author: Juez Asociado Señor Estrella Martínez, al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García. Juez Asociado Señor Martínez Torres.

text:
    Doral Financial Corporation, Doral Bank, Doral Mortgage LLC, Doral Insurance Agency, Inc. y Doral Properties, Inc., peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Hacienda y Hon. Melba Acosta Febo, en su capacidad oficial de Secretaria del Departamento de Hacienda, recurridos.

      Número: CC-2014-766

      Resuelto: 16 de septiembre de 2014

      Carlos Rivera Vicente, Anthony Murray-Steffens y Ramón L. Rosario Cortés, de Cando, Nadal, Rivera & Díaz, P.S.C., abogados de la parte peticionaria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Zarel Soto Acabá, procurador general auxiliar, abogados de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

A la petición de certiorari y a la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, presentadas por la parte peticionaria, “no ha lugar” a ambas.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, facsímil y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo, Interina. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular de conformidad, al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto disidente. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo se unió en parte al voto disidente emitido por el Juez Asociado Señor Martínez Torres en lo relacionado con las razones que este esboza para paralizar los procedimientos del caso de epígrafe. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se inhibió.

(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez, al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García.

Por considerar que las normas reglamentarias de este Tribunal proveen los mecanismos necesarios para evitar que una minoría de 2 Jueces, sea cual sea su composición, pueda paralizar procedimientos cuando una vasta mayoría de Jueces y Juezas opinamos lo contrario, estoy conforme con la determinación adoptada hoy.

Nunca promoveré que una Sala de Verano tenga el poder de veto para paralizar procedimientos si media un criterio mayoritario del Pleno del Tribunal. Eso precisamente fue lo que ocurrió. Nuestro Reglamento provee herramientas para evitarlo y esos mecanismos se utilizaron para que todas y todos los miembros de este Tribunal ejercieran responsablemente su derecho al voto en este asunto.

Finalmente, paralizar los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia sería contraproducente e inconsistente con los pronunciamientos de esta Curia, dirigidos a promover una rápida resolución de estacontroversia de alto interés público.

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres.

Hoy este Tribunal se niega a dar curso a un acuerdo de la Sala de Verano para emitir una orden de paralización en auxilio de jurisdicción. La Regla 6(b) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B, no faculta a ningún Juez a votar en un asunto que está referido a una sala de verano si el Juez no está asignado a ella. Meramente permite que una mayoría de Jueces o la Jueza Presidenta convoque al Tribunal en pleno a una reunión extraordinaria en la que se consideraría si el Pleno interviene o no en el caso en agenda. Sin embargo, en violación del Reglamento, todos los integrantes del Tribunal votaron en un asunto luego de que el Juez Asociado Señor Estrella Martínez no estuvo conforme con el resultado de la votación en su sala. Ese precedente es nefasto y si ese va a ser el curso a seguir me pregunto para qué nos dividimos en salas.

Además, al pasarle por encima a la sala sin que ninguna de las partes lo haya solicitado dejamos la duda en la percepción pública de por qué en este caso no se siguió el proceso ordinario. En verano, el Pleno del Tribunal está en receso. ¿Por qué levantar el receso solamente para atender este caso? ¿Será convincente la explicación?

La sala acordó paralizar. Como dispone el Reglamento, al Tribunal en pleno le tocaría decidir al comienzo de la sesión regular si expide o no. Mientras tanto, lo que procedía era emitir una Resolución que recogiera el acuerdo de la Sala de Verano. Eso no es un reclamo de poder de veto. El Tribunal en pleno siempre tendrá que pasar juicio sobre lo que la sala acordó, en el momento que el Reglamento dispone para ello. Lo que objeto es que se releve a una sala en un caso particular, sin reunir al Tribunal, por una discrepancia con lo que esa sala acordó. Así pues, mi reclamo no es al automatismo; es a que no cambiemos las reglas del juego para forzar un resultado.

La mayoría convocada de forma ultra vires podrá emitir una Resolución, pero eso no la legitima. Por el contrario, nos deslegitimiza a todos por seguir un proceso distinto al que se dispone en el Reglamento. No reconozco la validez de ninguna votación que no se lleve a cabo como el Reglamento dispone. Sea como sea, puedo protestar, pero no puedo evitar que se certifique la Resolución acordada en violación de nuestro Reglamento. El daño a la imagen de este Tribunal es irreparable.

Dicho esto, me corresponde explicar públicamente por qué la Sala de Verano acordó paralizar. Un examen del dictamen del Tribunal de Apelaciones nos convenció de que la parte peticionaria, Doral Financial Corporation (Doral), tiene un planteamiento fuerte en los méritos que, de no atenderse en esta etapa, conllevaría ordenar un nuevo juicio.

En síntesis, en este caso hay que interpretar la See. 6051.07 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, 13 LPRA see. 33207. Su texto es idéntico a su contraparte federal, la See. 32.3.4.2 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos, 26 USC see. 7121. Por eso deben interpretarse de manera similar, pues debemos “presumir que también se adoptó la interpretación dada a dicha ley en su lugar de origen”. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 578 (2010). Véase, además, Legarreta v. Tesorero de P.R., 55 DPR 22, 25 (1939).

Siguiendo esa norma de hermenéutica, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que en este pleito, en el que el Gobierno de Puerto Rico quiere que se declare nulo un acuerdo contributivo con la peticionaria Doral, el estándar probatorio aplicable es el de prueba robusta y convincente, y es necesario probar la intención de cometer un “fraude o engaño, o falseamiento de un hecho pertinente”. See. 6051.07(b), supra. Siguió, así, lo resuelto por los tribunales especializados {Tax Courts) que han interpretado la ley federal equivalente. Véase, por ejemplo, Halpern v. C.I.R., TC Memo 2000-151 (US Tax Court Memos 2000), y casos allí citados (clear and convincing proof).

El Tribunal de Apelaciones revocó. Sin negar que la norma probatoria bajo el estatuto federal es la descrita en el párrafo anterior, la rechazó y, en su lugar, ordenó que aplique la regla general de preponderancia de prueba. Doral cita la jurisprudencia federal para señalar el error del foro intermedio. Además, señala que la garantía constitucional contra el menoscabo de los contratos (Art. II, Sec. 7, Const. PR) exige que para declarar nulo este contrato el gobierno tiene que cumplir con el quantum de prueba más riguroso.

Los casos federales que interpretan la See. 32.3.4.2, supra, señalan también que para probar el engaño o el falseamiento de un hecho pertinente necesario para invalidar un acuerdo contributivo, el gobierno tiene que demostrar un “intento deliberado de engañar o inducir a error similar al que se requiere para probar fraude”. (Traducción suplida). Ravetti v. U.S., 74 AFTR2d 94-6617, 6736 (1994) (“deliberate intent to deceive or mislead similar to that required to prove fraud”). Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones hizo un análisis distinto basado en otras fuentes y rechazó la interpretación de la See. 32.3.4.2, supra.

Un estudio inicial de la interpretación del Tribunal de Apelaciones arroja que esta parece ser contraria a la que los tribunales especializados han dado a la legislación similar. La decisión del foro intermedio afecta irremediablemente cómo se conducirá el juicio señalado para comenzar mañana, 17 de septiembre de 2014. Hay que evaluar con detenimiento los planteamientos de las partes para evitar que se cometa un error revocable que, como señalé en mi voto disidente en Doral et al. v. ELA et al. II, 191 DPR 190 (2014), a la larga sea esfuerzo y tiempo perdidos. Por eso, considero ineludible paralizar el inicio de ese proceso, en auxilio de nuestra jurisdicción.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Gladys E. Guemárez Santiago, querellada.

      Número: CP-2012-16

      Resuelto: 18 de septiembre de 2014

      Gisela Rivera Matos, procuradora general auxiliar, Karla Z. Pacheco Alvarez y Tatiana M. Grajales Torruella, subprocuradoras generales; Gladys E. Guemárez Santiago, pro se; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial.
   per curiam:

Hoy nos vemos obligados a separar de la abogacía a una letrada que con sus actuaciones violó la médula de la profesión legal: el deber de honradez y el esfuerzo ineludible de promover y defender la dignidad y el honor de la abogacía en Puerto Rico.

I

La Leda. Gladys Guemárez Santiago (licenciada Guemárez Santiago) fue admitida al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico el 1 de febrero de 1985 y prestó juramento como notaría el 17 de junio de 1988.

La Querella de epígrafe se remonta a una Queja presentada contra la licenciada Guemárez Santiago el 4 de febrero de 2004 por el Dr. Enrique Vázquez Quintana (doctor Vázquez Quintana o el quejoso). La Queja que presentó el doctor Vázquez Quintana mediante Declaración Jurada alude a una Demanda que presentó en su contra la licenciada Guemárez Santiago el 27 de septiembre de 2001. Por ser esencial para la disposición de la Querella de epígrafe, pasamos a discutir detalladamente los pormenores de la mencionada Demanda.

Según mencionado, el 27 de septiembre de 2001 la licenciada Guemárez Santiago presentó una Demanda por impericia médica en contra del quejoso en representación de su cliente, Alexandra Rodríguez Rodríguez (Alexandra Rodríguez Rodríguez v. Dr. Enrique Vázquez Quintana u otros, KDP-2001-1801). En síntesis, en la Demanda se alegó que el doctor Vázquez Quintana manejó negligentemente un tratamiento médico relacionado con un tumor de tiroides de la paciente Rodríguez Rodríguez. En la Demanda se reclamó la cantidad de un millón de dólares ($1,000,000) en daños y perjuicios.

Sin embargo, tras varias incidencias procesales, la licenciada Guemárez Santiago renunció a la representación legal de la demandante Rodríguez Rodríguez. Luego de tres (3) años de litigación, el caso por impericia médica contra el doctor Vázquez Quintana fue eventualmente desistido, ya que la demandante no poseía evidencia pericial alguna para probar sus alegaciones en contra del doctor Vázquez Quintana.

Debido a esa reclamación en su contra, y tras el desenlace del caso, el 14 de abril de 2004 el doctor Vázquez Quintana presentó una reclamación civil en contra de la licenciada Guemárez Santiago y su dienta. El quejoso alegó que, a causa de la reclamación frívola que presentó en su contra la licenciada Guemárez Santiago, este sufrió daños severos, vio afectada su reputación como médico y tuvo que incurrir en gastos adicionales para cubrir sus primas de seguros contra reclamaciones por impericia médica. Véase Dr. Enrique Vázquez Quintana y otros v. Gladys Guemárez, y otros, KDP-2004-0545. A su vez, y como hemos mencionado, el 4 de febrero de 2004 el quejoso presentó una Queja contra la licenciada Guemárez Santiago ante este Foro.

Tras varios incidentes procesales, el foro primario inicialmente desestimó la reclamación presentada por el doctor Vázquez Quintana por entender que entre éste y la licenciada Guemárez no existía una relación abogadocliente. Sin embargo, el 30 de junio de 2010 el Tribunal de Apelaciones emitió una detallada Sentencia de cincuenta y seis (56) páginas en la que se revocó la determinación del foro primario.

Específicamente, el foro apelativo intermedio encontró probados, entre otros, los hechos siguientes: Primero, que previo a presentar la reclamación por impericia médica contra el doctor Vázquez Quintana, la licenciada Guemárez poseía al menos dos (2) Informes Periciales de médicos en los que se concluía que este no había incurrido en negligencia alguna durante el tratamiento de la dienta de la querellada. Segundo, que a pesar de poseer estos dos (2) Informes Periciales, la licenciada Guemárez Santiago procedió a presentar la Demanda en contra del doctor Vázquez Quintana. Tercero, que durante el procedimiento de descubrimiento de prueba, la licenciada Guemárez Santiago ocultó la existencia de estos dos (2) Informes Periciales, tanto al Tribunal de Primera Instancia como a la representación legal del demandado. Cuarto, que durante el procedimiento de descubrimiento de prueba la licenciada Guemárez Santiago le informó al Tribunal y a la parte demandante mediante contestaciones a pliegos de interrogatorios que se encontraba en el proceso de contratar peritos para presentar tales pliegos como evidencia en contra del doctor Vázquez Quintana. Quinto, y por último, la propia dienta de la licenciada Guemárez Santiago testificó que esta le había informado que no entregaría los dos (2) Informes Periciales que exoneraban al doctor Vázquez Quintana hasta tanto lograra contratar otro perito.

Por todo lo anterior, y tras examinar la prueba contenida en el expediente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del foro primario y concluyó que la licenciada Guemárez Santiago respondía por los daños ocasionados al doctor Vázquez Quintana por haber presentado una reclamación frívola en su contra. Atales efectos, devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que determinara la cuantía en daños a la que tendría derecho el doctor Vázquez Quintana.

Tras esta determinación del Tribunal de Apelaciones, el 16 de noviembre de 2011 le remitimos el expediente a la Oficina del Procurador General y le ordenamos que presentara el correspondiente Informe. El 19 de enero de 2012 el Procurador General presentó su Informe, en el que concluyó que ameritaba comenzar una acción disciplinaria en contra de la licenciada Guemárez Santiago, ya que había quedado demostrado en las Sentencias emitidas por los foros inferiores que esta había incumplido con los cánones éticos de la profesión legal.

Específicamente, el Procurador General concluyó que la querellada había presentado una Demanda a pesar de con-tar con prueba pericial que exoneraba de responsabilidad al potencial demandado. Además, cuando la parte demandada envió un primer pliego de interrogatorios, la licenciada Guemárez Santiago no fue honesta en sus contestaciones y ocultó la existencia de los dos (2) Informes Periciales que poseía. Por otro lado, en sus reiteradas manifestaciones al Tribunal, la licenciada Guemárez Santiago informó que se encontraba en el procedimiento de buscar prueba pericial, lo que indujo al foro de instancia a conceder prórrogas que obligaron al quejoso a continuar invirtiendo tiempo y esfuerzo en defenderse de una reclamación que carecía de méritos.

El 25 de mayo de 2012, instruimos al Procurador General a presentar la Querella correspondiente. Así las cosas, el 19 de julio de 2012 el Procurador General presentó una Querella sobre conducta profesional contra la licenciada Guemárez Santiago por violaciones a los Cánones 17, 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Oportunamente, la letrada presentó su Contestación a la Querella. En esta adujo escuetamente que entendía que el caso que presentó contra el doctor Vázquez Quintana era uno meritorio, que en todo momento brindó una representación adecuada a su dienta, que nunca fue su intención inducir a error al tribunal y que genuinamente se esforzó por exaltar el honor y la dignidad de la profesión legal.

El 26 de septiembre de 2012 designamos a la Hon. Eliadís Orsini Zayas como Comisionada Especial, quien celebró varias vistas en los días 31 de octubre y 2 de diciembre de 2013, 30 de enero y 11 de marzo de 2014. La Comisionada Especial rindió su Informe el 7 de mayo de 2014.

La Comisionada Especial examinó la voluminosa prueba que consta en el expediente y determinó que existía prueba clara, robusta y convincente para probar los cargos imputados a la licenciada Guemárez Santiago. Específicamente, la Comisionada Especial concluyó que la querellada había presentado una reclamación frívola en contra del doctor Vázquez Quintana a pesar de poseer Informes Periciales en los que se concluía que este no había incurrido en mala práctica de la medicina. Además, concluyó que la letrada faltó a su deber de sinceridad y honradez al ocultar la existencia de estos Informes Periciales, tanto al Tribunal como a la parte demandada. Finalmente, la Comisionada Especial determinó que la licenciada Guemárez Santiago faltó a su deber de preservar el honor de la profesión legal al presentar una Demanda frívola y obligar a la parte demandada a incurrir en gastos y provocarle angustias para defenderse de una reclamación para la cual la parte demandante no contaba con prueba qué sostener.

Contando con el beneficio del Informe de la Comisionada Especial y de la comparecencia de la licenciada Guemárez Santiago, procedemos a analizar las normas aplicables.

II

El Código de Ética Profesional recoge las normas mínimas de conducta que rigen a los abogados y las abogadas, y promueven un comportamiento ejemplar para beneficio de la ciudadanía, la profesión y las instituciones de justicia. In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826 (2013); In re Falcón López, 189 DPR 689 (2013).

En particular, hemos establecido que el Canon 17 del Código de Ética Profesional, supra, en lo pertinente, indica que “la comparecencia de un abogado ante un tribunal debe equivaler a ‘una afirmación de su honor de que en su opinión el caso de su cliente es uno digno de la sanción judicial’ ”. In re Guzmán Guzmán, 181 DPR 495, 509 (2011). A su vez, hemos mencionado que cuando un abogado firma una alegación en un caso, ello significa que el letrado ha leído la alegación y que, de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia, está bien fundamentada y cuenta con evidencia para probarla. Id. Es por ello que he-mos sido enfáticos en establecer que cuando un abogado “presenta una demanda [o una petición al tribunal] sin tener toda la información necesaria para poder determinar si existe [,] o no, una causa de acción, ciertamente falla en actuar con la máxima diligencia que impone el Código de Ética Profesional”. In re Flores Ayffán I, 170 DPR 126, 133 (2007).

Por otro lado, hemos expresado que el Canon 18, supra, impone a todo abogado “el deber de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando de la forma en que la profesión jurídica generalmente estima adecuada y responsable”. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 750 (2014).

En específico, ese Canon establece, en lo pertinente, lo siguiente:

Este deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente. La misión del abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consiguiente, al sostener las causas del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan. 4 LPRAAp. EX, C. 18.

Por ello, hemos expresado que "el deber de diligencia profesional del abogado establecido en el Canon 18 es totalmente incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia en el trámite de un caso”. In re Reyes Coreano, supra, pág. 751.

A su vez, esta Curia se ha expresado en cuanto al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Este canon establece, en lo pertinente:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho.

Es decir, la conducta de un abogado o de una abogada debe ser sincera y honrada frente a todos, tanto los tribunales como las partes adversas en un caso, y ante todo acto concebible del proceso judicial. In re Iglesias García, 183 DPR 572 (2011). En In re Reyes Coreano, supra, pág. 756, apuntamos que

[e]l deber establecido en el Canon 35 se infringe por el simple hecho de faltar a la verdad, independientemente de los motivos de la falsedad. En esencia, no es necesario que se haya faltado a la verdad deliberadamente o con la intención de defraudar o engañar. Por lo tanto, no es defensa no haber obrado de mala fe o deliberadamente, ni con intención de engañar, como tampoco lo es que no se le haya causado daño a un tercero. Lo fundamental es que se falte a los valores de honradez y veracidad, pilares de la profesión legal. (Énfasis suplido y escolios omitidos).

Por último, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que el abogado o la abogada "deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Por ende, este Canon “exige que todo abogado se conduzcan de tal forma que exalte la dignidad y el honor de su profesión”. In re Reyes Coreano, supra, pág. 757. Es por ello que hemos señalado enfáticamente que “por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen”. In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 822 (2007). Véanse: In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005); In re Silvagnoli Collazo, 154 DPR 533, 541 (2001); In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542, 556 (2000).

Además, conviene mencionar que este Tribunal ha expresado que las determinaciones de hecho que hace un Comisionado Especial en un procedimiento disciplinario merecen nuestra deferencia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la prueba. In re Ayala Vega II, 189 DPR 816 (2013).

Ala luz de este crisol doctrinario, pasemos a analizar los hechos de la Querella de epígrafe.

III

Como hemos mencionado, en la Querella se le imputa a la licenciada Guemárez Santiago violar el Canon 17, supra, por presentar un Demanda frívola en contra del doctor Vázquez Quintana. Según podemos colegir del Informe de la Comisionada Especial, no hay duda que la letrada de epígrafe tenía en su posesión dos (2) Informes Periciales de médicos que indicaron que, en su opinión, el doctor Vázquez Quintana no había incurrido en negligencia alguna durante el tratamiento que le proveyó a la dienta de la licenciada. Es decir, previo a comparecer a las puertas del foro judicial, la letrada conocía que ya dos (2) peritos que ella misma contactó no habían encontrado acto negligente alguno por parte del doctor Vázquez Quintana. Estos hechos quedaron probados tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en el Tribunal de Apelaciones. Concurrimos con la Comisionada Especial en que la licenciada Guemárez Santiago violó el referido Canon 17.

Sin duda, la reclamación civil que la licenciada Guemárez Santiago presentó contra el doctor Vázquez Quintana fue una reclamación frívola, conociendo que no contaba con prueba para sostener sus alegaciones. Como hemos visto, la firma de un abogado en una Demanda es una afirmación sobre su honor de que las alegaciones se hacen de buena fe y que habrá evidencia para sostenerlas. En el caso de la reclamación que presentó la licenciada Guemárez Santiago, hemos visto que esta poseía Informes Periciales que exoneraban al demandado. Aun así, decidió presentar una reclamación de impericia médica. Este tipo de práctica es inaceptable y atenta contra la médula misma de la profesión. Es sencillamente insostenible permitir que miembros de la profesión legal utilicen los tribunales para atacar, intimidar o destruir reputaciones de personas a sabiendas de que las alegaciones no se sostienen con la evidencia o documentación que el abogado ha revisado.

Por otro lado, también consideramos que se demostró que la licenciada Guemárez Santiago violó el Canon 18, supra. Como discutimos, este canon exige que los abogados y las abogadas representen los intereses de sus clientes de manera adecuada y diligente. En este caso, la letrada de epígrafe indujo a error al foro judicial y a la parte demandada al no ser honesta en sus contestaciones a varios pliegos de interrogatorios. Como vimos, el Canon 18 prohíbe que, mientras se defienden las causas del cliente, los miembros de la profesión legal lleguen al extremo de cometer crasos engaños. En este caso, quedó demostrado que la licenciada Guemárez Santiago ocultó información y le mintió al tribunal, a sus compañeros abogados y a su propia dienta.

Como si ello no fuera suficiente, compartimos el criterio de la Comisionada Especial en el sentido de que la abogada querellada tenía el control de toda la situación procesal del caso presentado contra el doctor Vázquez Quintana. En este representaba y asesoraba a una dienta quien, como producto de su representación legal negligente, fue demandada y afectada en su patrimonio por decisiones judiciales', todo ello producto de las acciones llevadas a cabo por la licenciada Guemárez Santiago al presentar una reclamación judicial frívola.

Por último, encontramos también que la letrada de epígrafe incumplió con los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Quedó demostrado que esta faltó a su deber de honradez hacia los tribunales, las otras partes y su propia cliente. Esconder la existencia de opiniones periciales que iban en contra de las alegaciones de una Demanda que decidió presentar en el foro judicial es un acto burdamente deshonesto y rebasa las fronteras de lo ético. No nos queda duda de que con ello mostró un pobre respeto al deber de preservar el honor y la dignidad de la profesión legal, según lo exige el Canon 38.

En conclusión, quedó demostrado que las actuaciones de la licenciada Guemárez Santiago fueron las que propiciaron la presentación frívola de una Demanda por impericia médica contra el doctor Vázquez Quintana. Esa reclamación permaneció activa en el Tribunal de Primera Instancia por alrededor de tres (3) años, lo que obligó a la parte demandada a defenderse y, simultáneamente, forzó al foro judicial a atender un pleito que a todas luces era frívolo. La conducta de la licenciada Guemárez Santiago obstaculizó la función judicial so pretexto de promover los intereses de su cliente. Para colmo, obligó a una parte a defenderse de un pleito que ella sabía era frívolo desde antes de presentarlo. Lo que es más, las acciones de la letrada de epígrafe ocasionaron que su dienta fuera demandada y terminara respondiéndole civilmente al doctor Vázquez Quintana.

Las actuaciones impropias y antiéticas de la licenciada Guemárez Santiago, que quedaron probadas con prueba clara, robusta y convincente, son muy serias y deshonran la profesión legal. Por lo tanto, separamos indefinidamente a la licenciada Guemárez de la práctica de la abogacía.

IV

Por todo lo anterior, se suspende inmediata e indefinidamente a la licenciada Guemárez Santiago del ejercicio de la abogacía. La licenciada deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opinión y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez se inhibió.

       El 19 de agosto de 2004 este Tribunal ordenó al Procurador General que realizara una investigación y presentara un Informe sobre las alegaciones contenidas en la Queja instada por el doctor Vázquez Quintana. Posteriormente, el 17 de mayo de 2005 acogimos una recomendación del Procurador General y paralizamos los procedimientos de la Querella de epígrafe hasta que finalizaran los procedimientos de la reclamación civil que presentó el doctor Vázquez Quintana contra la licenciada Guemárez Santiago.

       La licenciada Guemárez Santiago presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal para revisar la Sentencia del foro apelativo intermedio. Este fue declarado “no ha lugar”. Vázquez Quintana v. Guemárez Santiago y otros, CC-2010-785.

       De hecho, consta en autos que la cliente de la licenciada Guemárez Santiago, la cual fue demandada por el doctor Vázquez Quintana, tuvo que acogerse a la protección de la Ley Federal de Quiebras.


text:
      In re Integración de Salas de Despacho.

      Número: ES-2014-3

      Resuelto: 19 de septiembre de 2014
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, se constituyen las Salas de Despacho siguientes:

Primera Sala de Despacho:
Hon. Liana Fiol Matta, presidenta
Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Hon. Roberto Feliberti Cintrón
Segunda Sala de Despacho:
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta
Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo
Hon. Luis F. Estrella Martínez
Tercera Sala de Despacho:
Hon. Rafael L. Martínez Torres, presidente
Hon. Edgardo Rivera García
Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez

De surgir un empate en la votación de alguna de las Salas de Despacho, se designará a otro Juez o a otra Jueza que no forme parte de la sala en la que surgió el empate, en orden sucesivo de antigüedad.

Esta Resolución entrará en vigor el miércoles 1 de octubre de 2014.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Camelia Montilla Alvarado

Secretaria del Tribunal Supremo Interina


author: Juez Asociado Señor Martínez Torres, al que se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, al cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García. Jueza Presidenta Señora Fiol Matta. Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
      In re Comunicación del Lcdo. Carlos J. López Feliciano.

      Número: MC-2014-213

      Resuelto: 29 de septiembre de 2014
   RESOLUCIÓN

Examinada la comunicación del 24 de septiembre de 2014 que envió a este Tribunal el Ledo. Carlos J. López Feliciano, se ordena a la Directora Administrativa de los Tribunales que, dentro de un término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, muestre causa por la cual, en conformidad con las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, no deba notificárseles al licenciado López Feliciano y a los jueces de apelaciones Sixto Hernández Serrano y Olga Birriel Cardona, los resultados de la investigación sobre la queja presentada por estos contra el juez Carlos I. Candelaria Rosa en el caso Pueblo v. Héctor Cordero Cruz, J SC2008G-0337.

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax, teléfono, por la vía ordinaria y personalmente a través de la Oficina de Alguaciles de este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió un voto de conformidad, al que se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco emitió un voto particular de conformidad, al que se unió el Juez Asociado Señor Rivera García. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta emitió un voto particular disidente. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez disintió y emitió la ex-presión siguiente:

La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez disiente enérgicamente del curso de acción de una mayoría de este Tribunal por los fundamentos jurídicos expresados por la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta en su voto particular disidente. Enfatiza, además, que la facultad de administrar la Rama Judicial yace única y exclusivamente en la Jueza Presidenta y en la Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), quien es nombrada por, y responde a, la primera. Véase Art. V, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Véase, además, Art. 2.012 de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 24j. Entiende que este nefasto proceder no solo es una intromisión indebida con las facultades de la Jueza Presidenta, sino que además es una actuación ultra vires. Peor aún, la Resolución emitida es totalmente improcedente. En primer lugar, el Pleno de este Tribunal no tiene autoridad para emitir esta Resolución debido a que no hay caso o controversia pendiente ante este Foro que así lo justifique. Una mayoría de este Tribunal utiliza indebidamente el mecanismo de la Resolución para responder a una carta que el Ledo. Carlos J. López Feliciano le dirigió a la Hon. Fiol Matta en su capacidad de Jueza Presidenta. En segundo lugar, la solicitud del licenciado López Feliciano se tornó académica, pues la Jueza Presidenta ejerció oportunamente su facultad constitucional al ordenarle a la OAT que enviara copia del informe de la investigación y sus anejos al letrado y a quienes fueron sus compañeros de panel en el Tribunal de Apelaciones.

El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervinieron.

(Fdo.) Camelia Montilla Alvarado

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres, al que se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

La Constitución de Puerto Rico es clara en que el Poder Judicial lo ejercerá el Tribunal Supremo y no solamente su Jueza Presidenta. Art. V, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1. La Jueza Presidenta es la encargada de dirigir la administración de los tribunales, pero siguiendo las reglas que para ello apruebe el Tribunal Supremo en pleno, no solamente la Jueza Presidenta. Art. V, Sec. 7, Const. PR, supra. Véase, en general, In re Aprob. Rs. y Com. Esp. Ind., 184 DPR 575 (2012).

Podríamos reglamentar sin más trámite sobre el asunto que nos plantea el exjuez Carlos López Feliciano. Sin embargo, como política de sana administración pública, es sabio pedirle a la Directora de la Oficina de Administración de Tribunales cuál es su parecer.

Lo que es lamentable y vergonzoso es que haya integrantes de este Tribunal que desconozcan la diferencia básica entre las funciones cuasilegislativas que tiene este Tribunal para reglamentar y las funciones adjudicativas que ejercemos cada vez que resolvemos un caso. Esa distinción es un principio básico de derecho. Por eso no es necesario que exista un caso ante este Tribunal para que reglamentemos un asunto. Más aún, es nuestro deber hacerlo si advertimos una laguna o una interpretación de un reglamento que puede dejar desprotegida a una persona.

En fin, de lo que se trata es de utilizar nuestras facultades constitucionales de reglamentar la administración de esta Rama, con el único propósito de que marche bien la tarea judicial. El rol constitucional de la Jueza Presidenta como administradora de los tribunales no es la controversia.

En momentos como los que vivimos hoy no podemos visualizarnos como esfinges, es decir, como figuras inmóviles en pose eterna de genuflexión. En su lugar, procede una actitud de colaboración activa, aprobando normas de transparencia que ayuden a la Rama Judicial a ganarse la confianza del Pueblo. Oponerse a eso es obstaculizar ese esfuerzo y perjudicar el interés público. Es momento de tener voluntad y no de poner excusas. Por eso, voto conforme con la Resolución del Tribunal para que la Directora de la Oficina de Administración de Tribunales se exprese.

Voto particular de conformidad emitido por la

Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, al cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García.

Ante la situación en que se encuentra la Rama Judicial, los miembros de este Tribunal tenemos dos alternativas. La primera, y la que parecen adoptar los votos disidentes, es la del silencio y la continuación del sistema “más de lo mismo” que fomenta lo que algunos medios de comunicación han llamado “la dimensión desconocida” de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). La segunda, y la que adopta una Mayoría del Tribunal, es la de promover y emprender nuevos caminos e instaurar el principio de transparencia en todas las labores de la Rama Judicial. Por entender que ese es el camino correcto, estoy conforme con la determinación de emitir una Orden de Mostrar Causa a la Directora Administrativa de los Tribunales.

Como ya he expresado en otras ocasiones, ante la coyuntura en que se encuentra la Rama Judicial, el inmovilismo no es una opción. Por eso lamento que algunos compañeros se refugien en argumentos burocráticos para no atender esta situación de manera eficiente. Ante el pedido que realizó directamente a este Tribunal el Ledo. Carlos J. López Feliciano, procede como mínimo que este Tribunal le provea una oportunidad a la Directora Administrativa de los Tribunales para que muestre causa por la cual no deba notificar los resultados de la Queja en cuestión a los jueces que la promovieron.

Nótese que, a diferencia de lo que intiman los votos particulares disidentes, el licenciado López Feliciano no está solicitando meramente que se le entregue un documento que recoja los resultados de una investigación disciplinaria. El peticionario sostiene que él tiene derecho a que se le notifiquen los resultados en conformidad con las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRAAp. XV-B. Como sabemos, esa notificación tiene serias consecuencias en el ámbito de las Reglas de Disciplina Judicial e incide directamente con la transparencia que debe regir en los procedimientos de la Oficina de Administración de los Tribunales. Por eso, es-toy conforme con la determinación de una Mayoría del Tribunal.

Finalmente, en cuanto a los méritos de si el licenciado López Feliciano es una “parte promovente” de la Queja presentada en contra del juez Carlos I. Candelaria Rosa, y a diferencia de algunas expresiones disidentes, considero que no es apropiado adelantar criterio alguno en esta etapa hasta contar con la posición de la Directora Administrativa de los Tribunales.

Voto particular disidente emitido por la

Jueza Presidenta Señora Fiol Matta.

Disiento de la determinación de este Tribunal sobre el asunto de epígrafe, pues en el contexto de esta situación, el Pleno no tiene autoridad para emitir una orden de mostrar causa a la Oficina de Administración de los Tribunales. Además, ese proceder es totalmente innecesario, pues ante la solicitud que me hiciera el Ledo. Carlos J. López Feliciano de que le enviara copia del informe de la investigación disciplinaria que se llevó a cabo contra el juez Carlos I. Candelaria Rosa, ordené a dicha oficina que le enviara la copia solicitada a él y a los jueces Olga E. Birriel Cardona y Sixto Hernández Serrano.

No se ha presentado ningún recurso ante la consideración del Pleno de este Tribunal que le conceda jurisdicción para actuar y emitir una orden de mostrar causa. Lo que recibió el Pleno y en lo que se basa la determinación mayoritaria es una copia de una carta dirigida a mí, como Jueza Presidenta de este Tribunal, en la cual el licenciado López Feliciano, indica que se enteró del resultado de la investigación contra el juez Candelaria Rosa por un periódico digital.

Por otra parte, solo procedería una notificación a los miembros del Panel de Jueces del Tribunal de Apelaciones si concluyéramos que estos son partes promoventes del procedimiento disciplinario. Sin embargo, sostengo que esta determinación sería incorrecta.

Los procedimientos disciplinarios contra los jueces están regulados específicamente por las Reglas de Disciplina Judicial, que enmendamos recientemente. Para el momento cuando se tramitó el asunto de epígrafe, la Regla 5 de Disciplina Judicial establecía, taxativamente, dos maneras de iniciar una investigación disciplinaria en contra de ün miembro de la Judicatura: (1) mediante la presentación de una queja bajo juramento por una persona interesada ante la Oficina de Asuntos Legales y (2) mediante una solicitud por escrito del Juez Presidente o la Jueza Presidenta, de un Juez Asociado o una Jueza Asociada, o del Director o la Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales.

Del trámite de la investigación en contra del juez Candelaria Rosa surge que el Tribunal de Apelaciones, específicamente el panel al cual pertenecía el entonces juez López Feliciano, le notificó al Juez Presidente una Resolución en la que se le informaba sobre la conducta del juez Candelaria. El Panel apelativo solicitó al Juez Presidente que determinara si procedía ordenar el inicio de una investigación disciplinaria. Es decir, no se sometió el asunto al procedimiento disciplinario por conducto del Juez Presidente, pues las reglas no lo permiten. Lo que ocurrió fue que se refirió la situación a su atención, este la evaluó y decidió solicitar el inicio de una investigación, ejerciendo la facultad que le conceden las Reglas de Disciplina Judicial.

En conclusión, no procede que este Tribunal emita una orden de mostrar causa ante una situación que me fue referida como Jueza Presidenta y en la que no hay caso presentado ni partes en controversia. Es en esas circunstancias, aquí ausentes, que el Pleno tiene el poder para proveer ese remedio. Además, este proceder resulta académico porque ya ordené que se le entregue copia del Informe al licenciado López Feliciano y a los demás miembros del Panel de Jueces del Tribunal de Apelaciones. Esta acción honra el principio de transparencia que he decidido promover, yrespeta además las disposiciones reglamentarias de este Tribunal.

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Despropósitos, nos recuerda el jurista español Francisco Rubio Llórente, “son [...] hechos o dichos fuera de razón, de sentido o conveniencia”; y añado, “o sin relación con la cosa de que se está hablando”. Tal como invita Rubio Llórente a propósito del referéndum catalán, juzguen si el concepto aplica a los eventos en este Tribunal.

Tomando prestado una página del teatro del absurdo, cuatro miembros de este Foro ordenan a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) a que muestre causa por la cual no se le deba ordenar a hacer algo que ya hizo. A saber, que muestre causa por la cual no se debe notificar una determinación de archivo de un asunto disciplinario, a pesar de que hace unos días eso hizo la OAT; función ésta, la de notificación, de carácter puramente administrativo. ¿Qué puede mover al Tribunal a actuar con tal nimiedad?

La respuesta a esta interrogante hay que calibrarla observando que la orden que se emite supone, sin duda, una intromisión indebida en el día a día de la gestión administrativa de esa Oficina. Como sabemos, la Constitución del Estado Libre Asociado confiere a la Jueza Presidenta, a través de la Directora de la OAT, la facultad exclusiva de administrar los tribunales. Const. PR, Art. V, Sec. 7. Además, en este “caso” no hay tal caso, controversia o queja que atender ante nuestra consideración. Lo que tenemos los Jueces es copia de una carta que el licenciado López Feliciano le dirigió a la Jueza Presidenta.

Conscientes de la endeble posición jurídica de la Resolución que hoy se anuncia, se elucubra una teoría, también producto del absurdo, que sostiene que, habida cuenta de que la Constitución del Estado Libre Asociado faculta al Tribunal a aprobar reglas para su administración —Const. PR, Art. V, Sec. 7— también se tiene la facultad para intervenir en asuntos administrativos y cerciorarse de que se “cumpla” con el Reglamento.

A poco que se escudriñe tal “razonamiento” se pone en evidencia su mero espejismo. Lo que los cuatro Jueces —y sospecho que la mayoría de los nuevos miembros de este Tribunal— en efecto sostienen es que a través de la facultad de reglamentar se puede vulnerar, negándole efectividad y eficacia, la cláusula constitucional que le encomienda a la Jueza Presidenta el poder exclusivo de administrar los tribunales.

Dicho de manera más sencilla. La Constitución dice que el Tribunal puede hacer A, pero que sólo la Jueza Presidenta puede hacer B. Los Jueces lo que han hecho es precisamente lo que no pueden: hacer B alegando que lo hacen mediante el ejercicio de A. Es decir, a través del ejercicio de A se tiene la facultad para hacer B, ejercicio conferido ex-clusivamente a la Jueza Presidenta. Claramente éste es un argumento que refleja, como poco, falta de honestidad intelectual. A fin de cuentas, en el empeño de asumir las prerrogativas de la Presidencia, tal parece que la Constitución poco importa, pues sus mandatos se consideran meros “argumentos burocráticos”.

       Véase E. Laureano, Noticel, Referido de Comisión de Derechos Civiles contra jueza cae en la dimensión desconocida de OAT, disponible en: http://www.noticel.com/ noticia/166437/referido-de-comision-de-dereehos- civiles-contra-jueza-cae-en-ladimension-desconocida-de-oat.html

       4 LPRA Ap. XV-B, R. 5.

       Francisco Rubio Llórente, “Despropósitos”, La Vanguardia, 29 de septiembre de 2014.

       M. Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Ed. Gredos, 2002, pág. 967.


text:
      In re Aura Del Castillo Del Valle, querellada.

      Número: CP-2013-27

      Resuelto: 1 de octubre de 2014

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Amarilis Ramos Rodríguez, Milvia A. Rivera Rivera, procuradoras generales auxiliares, y Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general; Carmen M. Quiñones Núñez, abogada de la querellada; Carlos S. Dávila Vélez, comisionado especial.
   per curiam:

En observancia del proceso establecido en la Regla 15 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, y con el firme objetivo de mantener la confianza del Pueblo en la calidad de los servicios legales que recibe, nos vemos obligados a suspender indefinidamente de la abogacía a un miembro de la profesión.

A continuación, procedemos a esbozar el escenario fáctico y procesal que origina nuestro dictamen.

I

Este caso tuvo su génesis en 2007, cuando la Leda. Aura Del Castillo Del Valle (licenciada Del Castillo o querellada) presentó una serie de querellas por hostigamiento sexual y acoso laboral contra varios fiscales, entre los cuales se encontraban los fiscales Wilson González Antongiorgi y Ariel H. Chico Juarbe. Durante ese tiempo, la licenciada Del Castillo también se desempeñaba como fiscal en el distrito de Arecibo. Es menester señalar que las reclamaciones incoadas por la licenciada Del Castillo no prosperaron, por lo que fueron archivadas o desestimadas por los foros correspondientes.

En 2009, la licenciada Del Castillo presentó ante este Tribunal una queja ética contra los fiscales González Antongiorgi y Chico Juarbe y las Ledas. Ana A. Quintero Santiago e Inés del C. Carrau Martínez. La licenciada Del Castillo alegó que estos letrados incurrieron en hostigamiento, acoso laboral, acoso moral y persecución. Asimismo, argüyó que entorpecieron su renominación como fiscal.

A raíz de lo anterior, el 12 de febrero de 2010, el fiscal González Antongiorgi presentó una queja ética contra la licenciada Del Castillo. En esencia, el mencionado fiscal sostuvo que la licenciada Del Castillo falseó los hechos alegados en las diferentes reclamaciones incoadas en su contra. Del mismo modo, adujo que la querellada hizo falsas imputaciones sobre su persona al Sr. Samuel Álvarez, investigador de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, que se encontraba evaluando su nominación al puesto de Fiscal de Distrito. Además, el fiscal González Antongiorgi señaló que, en una vista ante el Senado, el señor Álvarez declaró bajo juramento cómo la licenciada Del Castillo quiso manipular el proceso de investigación y las imputaciones deshonrosas que hizo, las cuales se investigaron y resultaron ser falsas. Mediante resolución dictada el 9 de abril de 2010, este Tribunal consolidó la queja presentada por el fiscal González Antongiorgi con la presentada por la licenciada Del Castillo.

El 23 de enero de 2012, la Oficina del Procurador General presentó su Informe ante este Tribunal. En lo concerniente a la queja incoada por la licenciada Del Castillo, la Oficina del Procurador General concluyó que los asuntos planteados por esta no constituyeron violaciones al Código de Etica Profesional, que rige la práctica de la abogacía. Además, sostuvo que lo alegado por la licenciada Del Castillo se trató de un asunto administrativo que fue atendido y resuelto por las agencias correspondientes en las múltiples ocasiones en que se presentó. En vista de ello, recomendó el archivo de la queja ética. En cuanto a la queja presentada por el fiscal González Antongiorgi contra la licenciada Del Castillo, la Oficina del Procurador General determinó que su conducta licenciada pudo haber infringido el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

El 2 de mayo de 2012, la licenciada Del Castillo presentó su escrito Contestación al informe del Procurador General; Solicitud de archivo de queja. En este, planteó que del expediente que sometió a la consideración de la Oficina del Procurador General no existe evidencia que apoye la recomendación emitida por esta. Por lo tanto, adujo que la Oficina del Procurador General no cuenta con prueba clara, robusta y convincente para evidenciar el alegado incumplimiento del Canon 35. Ante ello, solicitó el archivo de la queja en su contra.

Examinado el informe de la Oficina del Procurador General y la contestación de la licenciada Del Castillo, mediante Resolución emitida el 13 de julio de 2012, este Tribunal archivó la queja contra los licenciados González Antongiorgi, Chico Juarbe, Quintero Santiago y Carrau Martínez. A su vez, autorizamos a la Oficina del Procurador General a presentar la querella contra la licenciada Del Castillo.

A tono con el mandato de este Tribunal, el 6 de noviembre de 2013, la Oficina del Procurador General presentó la querella correspondiente. En esta, se le imputó a la licenciada Del Castillo violaciones a varios preceptos éticos. En particular, se alegó que la querellada contravino el Canon 29 (4 LPRA Ap. IX), al hacer imputaciones falsas que afectaron el buen nombre del fiscal González Antongiorgi, así como de otros miembros de la profesión. La Oficina del Procurador General fundamentó su postura en que los foros que investigaron y examinaron las reclamaciones de la licenciada Del Castillo determinaron que estas no procedían en Derecho y que no existía ápice de prueba en cuanto a las alegaciones presentadas.

Por su parte, la Oficina del Procurador General sostuvo que la querellada quebrantó los preceptos del Canon 35, supra. Argüyó que esta demostró falta de sinceridad y honradez, en claro detrimento de la profesión legal. Según la Oficina del Procurador General, la referida licenciada hizo alegaciones falsas y mintió bajo juramento ante los diversos foros administrativos en los cuales presentó las reclamaciones.

Por último, la Oficina del Procurador General le imputó a la querellada haber infringido el Canon 38 (4 LPRA Ap. EX). Adujo que la conducta desplegada por esta durante los procedimientos administrativos demuestra que no se esforzó en exaltar el honor y la dignidad de su profesión.

Así las cosas, el 27 de noviembre de 2013, la licenciada Del Castillo presentó ante este Tribunal su Solicitud bajo la Regla 15 del Tribunal Supremo. En este, indicó que desde marzo de 2010 ha estado recibiendo tratamiento psiquiátrico por parte de la Dra. María A. Rodil Cuadrado. Por ello, acompañó a su escrito una evaluación psiquiátrica realizada el 23 de noviembre de 2010 por la doctora. En esa evaluación se concluyó que a la licenciada Del Castillo le aquejan varias condiciones mentales o emocionales. Además, la querellada informó que fue declarada incapacitada por la Administración del Seguro Social Federal.

Del mismo modo, la licenciada Del Castillo incluyó en su solicitud una Certificación de Tratamiento suscrita el 26 de noviembre de 2013 por la doctora Rodil Cuadrado. Por medio de esta, la doctora expresó que la prognosis de la licenciada Del Castillo es similar a la proyectada en la evaluación psiquiátrica de 23 de noviembre de 2010. Asimismo, la doctora Rodil Cuadrado informó que no vislumbra mejoría en la condición de la licenciada Del Castillo, por lo que recomendó que esta no realizara tareas relacionadas al ejercicio de la abogacía.

Ante lo señalado por la licenciada Del Castillo, el 13 de diciembre de 2013, emitimos una Resolución en la cual designamos al Hon. Carlos S. Dávila Vélez como Comisionado Especial (Comisionado). Ello, con el fin de recibir prueba en relación a la capacidad mental o emocional de la licenciada Del Castillo, incluyendo el testimonio pericial de un panel designado, según lo dispone la Regla 15(f) (4 LPRA Ap. XXI-B. A su vez, ordenamos al Comisionado Especial rendir un informe en los plazos establecidos en esta regla.

El 23 de diciembre de 2013, el Hon. Carlos S. Dávila Vélez aceptó la encomienda de actuar como Comisionado. Ante ello, requirió que tanto la querellada como la Oficina del Procurador General designaran un psiquiatra con el propósito de conformar el panel de tres médicos psiquiatras para examinar a la licenciada y ofrecer su testimonio pericial al Comisionado, según lo dicta la Regla 15(c), 4 LPRAAp. XXI-B. De esta forma, el Comisionado designó al Dr. Fernando Cabrera. Por su parte, la Oficina del Procurador General nombró al Dr. Raúl E. López y la licenciada Del Castillo designó a la Dra. Margarita T. Vargas López al panel.

El 13 de marzo de 2014, la Oficina del Procurador General presentó el informe rendido por el doctor López. Un día después, la licenciada Del Castillo presentó el informe preparado por la doctora Vargas López. Por su parte, el 16 de mayo de 2014, el doctor Cabrera notificó a este Tribunal su informe psiquiátrico. Cabe señalar que los informes presentados por los tres médicos psiquiatras son concluyentes en cuanto a que la licenciada Del Castillo sufre de condiciones mentales o emocionales, que le dificultan realizar las funciones propias de la profesión de la abogacía y cumplir con las responsabilidades que ello requiere.

Luego de obtenidos los informes correspondientes, el 19 de mayo de 2014, el Comisionado emitió una orden en la cual pautó una vista para el 1 de julio de 2014. En esta, el Comisionado informó que en la referida vista se podía presentar evidencia testifical y documental, objeciones a los informes, así como interrogar y contrainterrogar a los integrantes del panel.

El 5 de junio de 2014, la querellada y la Oficina del Procurador General comparecieron en conjunto ante el Comisionado mediante Moción en cumplimiento de orden. En ella se indicó que la querellada conoce el contenido de las evaluaciones realizadas y que desea que el asunto quede sometido a base de estas. Habida cuenta de que las partes están de acuerdo en que las tres evaluaciones psiquiátricas son concluyentes y unánimes en relación al asunto particular, indicaron que la vista pautada no debía realizarse. Así las cosas, el Comisionado dejó sin efecto la vista señalada.

Sometido el asunto ante la consideración del Comisionado, éste recomienda que determinemos que la licenciada Del Castillo se encuentra emocionalmente incapacitada para ejercer la práctica de la abogacía. Por lo tanto, aconseja que la suspendamos indefinidamente, como una medida de protección social, al amparo de la mencionada Regla 15 de este Tribunal.

II

Según su poder inherente de regular la profesión, este Tribunal tiene la encomienda de procurar el buen funcionamiento del Poder Judicial y, por consiguiente, velar por que todos los miembros admitidos al ejercicio de la abogacía ejerzan sus funciones de forma competente y diligente. In re Rodríguez Amaro, 189 DPR 307 (2013); In re López Morales, 184 DPR 334, 347 (2012); In re Gutiérrez Santiago, 179 DPR 739, 743 (2010). En vista de que la práctica de la abogacía está revestida de un alto interés público, su ejercicio debe estar sujeto a parámetros más estrictos. In re De León Hernández, 187 DPR 1, 8 (2012). Es por ello que se deben tomar medidas cuando un miembro de la profesión enfrenta una condición mental o emocional que le dificulta el ejercicio cabal y adecuado de las funciones propias de su profesión. íd., págs. 7-8; In re Garrastegui Pellicia, 183 DPR 251, 256 (2011). En repetidas ocasiones hemos expresado que cuando la condición mental o emocional de un miembro de la profesión no le permite ejercer cabalmente las funciones y deberes propios de la abogacía, procede su suspensión indefinida mientras subsista su incapacidad. In re De León Hernández, supra, pág. 7; In re Garrastegui Pellicia, supra, pág. 257; In re Valentín Maldonado, 178 DPR 906, 911 (2010). Véase, además, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(a).

A tales efectos, la citada Regla 15 del Reglamento del Tribunal Supremo dispone un procedimiento particular para examinar los casos de aquellos letrados que enfrentan alguna condición mental o emocional, que les impide desempeñarse de forma competente o mantener una conducta en conformidad con los cánones éticos que regulan la profesión. In re Rodríguez Amaro, supra, pág. 6. Véase S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 373.

En lo que atañe al asunto ante nuestra consideración, la Regla 15(f), 4 LPRAAp. XXI-B, establece que si durante el transcurso de los procedimientos disciplinarios la parte querellada planteara la defensa de incapacidad mental, este Tribunal debe nombrar un Comisionado Especial. A tales fines, el Comisionado recibirá prueba de un panel de tres médicos psiquiatras que evaluarán a la parte querellada. Estos médicos serán designados por el Comisionado, la Oficina del Procurador General y la parte querellada. 4 LPRAAP. XXI-B, R. 15(c). El Comisionado queda facultado para citar a vistas y recibir y analizar la prueba que presenten las partes, incluyendo el examen de los informes que los tres peritos le realicen a la parte querellada. Las partes pueden renunciar a la vista señalada por el Comisionado y someter el asunto ante este a base de los informes de los peritos. Id.

Una vez sometidos los respectivos informes psiquiátricos, el Comisionado rendirá un informe con sus recomendaciones para que este Tribunal tome la determinación que corresponda. De este Tribunal decretar que la parte querellada no está mentalmente incapacitada, se ordenará la continuación de los procedimientos disciplinarios. 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(f).

De otra parte, si esta Curia dictamina que la parte querellada está mentalmente incapacitada, debe suspenderla indefinidamente del ejercicio de la abogacía. 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 15(g). Hacemos hincapié en que tal proceder no es considerado un desaforo; sino una medida de protección social. Id. Véanse: In re Rodríguez Amaro, supra, págs. 6-7; In re López Morales, supra, pág. 347; In re Garrastegui Pellicia, supra, pág. 257; In re Hernández Rodríguez, 181 DPR 643, 652 (2011); In re Costa del Moral, 164 DPR 943, 945 (2005).

III

En el caso de epígrafe, la licenciada Del Castillo motu proprio solicitó el remedio adoptado por este Tribunal. Ex-presamente, reconoció que le aquejan varias condiciones que le imposibilitan ejercer la profesión. Efectivamente, los tres médicos psiquiatras que configuraron el panel coinciden en la condición mental o emocional que, en la actualidad, aqueja a la licenciada Del Castillo. La conclusión emitida por ellos no fue cuestionada por ninguna de las partes ante el Comisionado que dirigió los procedimientos de rigor. Por lo tanto, ha quedado establecido que la licenciada Del Castillo está impedida de ejercer la práctica de la abogacía por motivo de su condición mental o emocional. Ante este escenario y cumplido el proceso dispuesto en la Regla 15, es forzoso que ejerzamos nuestra facultad reguladora de la profesión.

IV

Por estos fundamentos, y luego de examinar los informes correspondientes, acogemos la recomendación emitida por el Comisionado Especial. En consecuencia, nos vemos obligados a suspender indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la Leda. Aura Del Castillo Del Valle, hasta tanto esta pueda acreditar que se encuentra capacitada para ejercerla nuevamente. Reiteramos que este dictamen no constituye un desaforo, sino una medida de protección social. Asimismo, se impone a la licenciada Del Castillo el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. También tendrá que informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, en el término de treinta días contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y sentencia.

Notifíquese personalmente a la Leda. Aura Del Castillo Del Valle por la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez se inhibieron.

       La licenciada Del Castillo fue admitida al ejercicio de la abogacía el 30 de junio de 1993.

       Esta Queja fue identificada con el número AB-2009-302.

       Esta Queja fue identificada con el número AB-2010-28.


author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

text:
    Miguel Romero et als., recurridos, v. Agustín Cabrer Roig et als., peticionarios.

      Número: CC-2013-0668

      Resuelto: 2 de octubre de 2014

      Ivette M. Berrios Hernández e Irene Córdova Rodríguez, abogadas de los peticionarios; Luis Raúl Díaz Marcano, abogado de los recurridos.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Comparecen ante nos el Sr. Agustín Cabrer Roig, su esposa, la Sra. Natalia Subirá Córdova, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos (peticionarios) y solicitan que revisemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta, el foro a quo confirmó una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Desestimación instada por los peticionarios.

El presente recurso nos brinda la oportunidad, inter alia, de determinar si un grupo particular de personas están excluidas de la protección que brinda la Ley Núm. 80, infra, sobre despido injustificado. Específicamente, debemos resolver si quienes se dedican individualmente a pres-tar servicios domésticos en la residencia de un particular están cobijadas por las disposiciones de ese estatuto.

Hoy resolvemos que, contrario a otros estatutos laborales, la Ley Núm. 80, infra, no excluye de su protección a los trabajadores en el servicio doméstico. Sin embargo, reiteramos que no toda persona que trabaja como medio para sustentarse económicamente es un “empleado” en el contexto de la Ley Núm. 80, infra. Por ello, en todo caso al amparo de este estatuto es necesario determinar in limine, y a la luz de los hechos particulares de cada caso, si la relación entre la persona que reclama los beneficios de la Ley Núm. 80, infra, y aquella contra quien los reclama es de patrono-empleado o de principal-contratista independiente.

Con ello en mente, pasemos a delinear los antecedentes fácticos que dieron génesis a la controversia de autos.

I

Según consta en el expediente de autos, el 14 de febrero de 2011, el entonces Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Ledo. Miguel Romero, en representación y en beneficio de la Sra. Daisy Nova Rosario, presentó una Querella contra los peticionarios por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley de Despido Injustificado, 29 LPRA see. 185a et seq. En la Querella se alegó que la señora Nova se desempeñó como empleada en el servicio doméstico para los peticionarios mediante un contrato sin tiempo determinado desde el 2 de junio de 1997, y que el 3 de noviembre de 2008 fue despedida sin que mediara justa causa para ello.

Luego de contestar la Querella presentada en su contra, el 1 de noviembre de 2011, los peticionarios presentaron una Moción de Desestimación. En esta alegaron, en síntesis, que las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra, no son extensivas a quienes se dedican a prestar servicios domésticos a particulares en sus hogares. En apoyo de su contención, hicieron referencia a la definición de “empleado” contenida en la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, 3 LPRA see. 301 et seq. Adujeron que, según el lenguaje utilizado en el referido estatuto, el legislador no tuvo la intención de incluir a los empleados domésticos en su definición de empleado.

Además, los peticionarios alegaron que la definición de la palabra “establecimiento” contenida en el Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, no puede ampliarse para incluir “hogar”. Para sustentar su planteamiento, los peticionarios hicieron referencia a una enmienda que se realizó en el año 2007 a la Ley Núm. 80, supra, con el propósito de clarificar el término “establecimiento” contenido en su Art. 2(d), 29 LPRA see. 185b.

Posteriormente, la señora Nova replicó a la Moción de Desestimación presentada por los peticionarios. Argüyó, en síntesis, que la Ley Núm. 80, supra, no excluye expresamente a los empleados domésticos de su aplicación. Además, señaló que las leyes laborales deben interpretarse liberalmente para lograr su propósito, resolviendo toda duda a favor del obrero.

Mediante una Resolución de 29 de noviembre de 2011, el foro primario acogió en su totalidad los argumentos esbozados por la señora Nova en su Réplica y, por consiguiente, denegó la Moción de Desestimación presentada por los peticionarios.

Inconformes, el 15 de enero de 2013, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones y repitieron los mismos argumentos vertidos en su Moción de Desestimación. El 26 de junio de 2013, el foro apelativo intermedio expidió el auto de certiorari presentado y confirmó el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia. Al igual que el foro primario, el tribunal a quo entendió que la Ley Núm. 80, supra, es extensiva a las personas que realizan labores domésticas dado que el referido estatuto no excluye de su aplicación a este grupo de trabajadores de manera expresa.

No contestes con esta determinación, el 7 de julio de 2013 los peticionarios acudieron ante nos mediante un recurso de certiorari en el que señalaron la comisión del error siguiente:

Erraron el TPI y el TA al determinar que la Ley 80 de marzo de 1976, según enmendada, es de aplicación a los empleados(as) domésticos(as). Petición de certiorari, pág. 3.

Atendido el recurso de certiorari presentado por los peticionarios, el 22 de noviembre de 2013 expedimos el auto solicitado. Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver sin ulterior trámite.

II

El esquema de protección laboral instaurado a través de la Ley Núm. 80, supra, persigue una finalidad dual. Por un lado, procura servir como medida de protección económica al empleado en el sector privado, y por otro, aspira a desalentar, mediante sanción, que los trabajadores sean despedidos injustificadamente de su empleo. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 294—295 (2011); Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 465 (2010), citando a Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001). Esa finalidad quedó indeleblemente plasmada en su Exposición de Motivos, que fue aprobada con el fin primordial de proteger

[...] de una forma más efectiva el derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la aprobación de una ley que, a la vez que otorgue unos remedios más justicieros y consubstanciales con los daños causados por un despido injustificado, desaliente la incidencia de este tipo de despido. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80 (1976 Leyes de Puerto Rico 268). Véanse, también: SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 379-381 (2011).

Cónsono con lo anterior, en su Art. 1 la Ley Núm. 80, supra, dispone que todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo, que sea contratado sin tiempo determinado y trabaje mediante remuneración de alguna clase tendrá derecho a recibir una indemnización de su patrono, además del sueldo que hubiese devengado siempre y cuando sea despedido de su cargo sin justa causa. 29 LPRA sec. 185a. Véase, además, Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 DPR 937, 949-952 (2011). Esta compensación se conoce típicamente como la “mesada” y la suma que será pagada en ese concepto dependerá de dos (2) factores: (1) el periodo de tiempo durante el cual el empleado ocupó su puesto y (2) el sueldo que devengaba en este. íd.

Ahora bien, la mesada es el remedio exclusivo disponible para los empleados que son despedidos injustificadamente. SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251, 260 (2014), citando a Porto y Siruano v. Bentley P.R., Inc., 132 DPR 331, 342 (1992). Ello es así, siempre y cuando no exista “alguna otra causa de acción al amparo de otras leyes que prohíban el despido y concedan otros remedios”. Vélez Cortés v. Baxter, supra, pág. 466, citando a García v. Aljoma, 162 DPR 572, 597 (2004).

En este punto es importante señalar que en nuestro ordenamiento jurídico no está prohibido absolutamente el despido. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, pág. 949; Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 904 (2011); Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 380. De modo que, en Puerto Rico, un patrono puede despedir a su empleado sin sanción alguna si este demuestra la existencia de una justa causa para ello. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 379-381; Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág. 755. Véase, también, Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 377-378; Es decir, en nuestro ordenamiento un patrono puede despedir a su empleado sin causa alguna y estará sujeto únicamente al pago de la mesada.

Así pues, la propia Ley Núm. 80, supra, en su Art. 2 detalla las distintas causales que constituyen justa causa para el despido. 29 LPRA sec. 185b. Esas instancias incluyen causales imputables a la conducta del empleado y aquellas de índole empresarial que versan principalmente sobre aspectos económicos vinculados a la administración de una empresa. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 4; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, pág. 950.

Finalmente, para adelantar el propósito de su naturaleza reparadora, la Ley Núm. 80, supra, invierte el orden de la prueba en casos civiles y le impone al patrono el deber de probar in limine que el despido fue justificado. Si así lo prueba, el patrono no estará obligado a pagar la mesada. Véase Secretario del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536 (1979). Además, la Ley Núm. 80, supra, dispone que en toda acción instada al amparo de esta, el patrono estará obligado a alegar en la contestación a la demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que estuvo justificado para quedar eximido del pago de la indemnización que dispone esa ley. 29 LPRA sec. 185k(a). En otras palabras, la Ley Núm. 80, supra, establece una excepción a la norma general de derecho que dispone que en toda reclamación judicial instada por una parte contra un demandando, sea el reclamante quien tiene la obligación de pro-bar sus alegaciones para prevalecer en un pleito. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 385-386.

B. A través de los años hemos sido consistentes en reiterar las normas que han de regir nuestra función interpretativa de la legislación protectora del trabajo. En el contexto particular de la Ley Núm. 80, supra, recientemente manifestamos que por su naturaleza inherentemente reparadora sus disposiciones deben interpretarse liberalmente a favor del trabajador, resolviéndose toda duda a su favor. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, pág. 951. Véanse, además: SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 6; Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 139 (2013); Vélez Cortés v. Baxter, supra, pág. 467; Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 DPR 155, 164 (2000); Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998); Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág. 771. De igual manera, hemos afirmado que la exclusión de una persona de su aplicación debe surgir expresamente del texto de la ley. íd., pág. 950. Véase, además, Cordero Jiménez v. UPR, supra, pág. 139. Estas normas de hermenéutica aplican igualmente a toda la gama de protecciones laborales recogidas en nuestra legislación protectora del trabajo. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, pág. 951; C. Zeno Santiago y V.M. Bermudez Pérez, Tratado de derecho del trabajo, San Juan, Pubs. JTS, 2003, T. I, pág. 94. El razonamiento detrás de estas normas de interpretación obedece a que nuestra legislación protectora del trabajo tiene como norte garantizar la mayor protección a los trabajadores. Cordero Jiménez v. UPR, supra, pág. 139; Cintrón v. Ritz Carlton, 162 DPR 32, 39-40 (2007). Así, en aras de cumplir con sus propósitos notoriamente sociales y reparadores, la exclusión de un empleado de los beneficios de la legislación laboral “debe ser clara y debe interpretarse restrictivamente”. López Santos v. Tribunal Superior, 99 DPR 325, 330 (1970). Véanse, además: Cordero Jiménez v. UPR, supra, 139; Jiménez Hernández v. General Inst., Inc., 170 DPR 14, 64 (2007).

A la luz de este crisol doctrinario, pasemos a atender la controversia ante nuestra consideración.

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A. Antes de adentrarnos a dilucidar el error señalado por los peticionarios, es menester contextualizar el tipo de empleado que protagoniza la controversia ante nuestra consideración. Para ello es pertinente acudir al Art. 1474 de nuestro Código Civil el cual dispone in extenso lo siguiente:

[e]l empleado para el servicio doméstico, ya sea para las atenciones personales del cabeza de familia o en general para el servicio de ésta, cuyo contrato de servicios se haya verificado por tiempo determinado, puede despedirse y ser despedido antes de expirar el término; pero si el principal despide al empleado sujeto a estas condiciones, sin justa causa, debe indemnizarle pagándole el salario devengado y el de quince (15) días más. (Enfasis suplido). 31 LPRA sec. 4112.

De lo anterior podemos colegir que el referido artículo dispone que un empleado doméstico es considerado como la persona que atiende las necesidades del jefe de familia o a la familia en general. Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 471 (2009). Recientemente, definimos a un empleado doméstico como aquella

[...] persona que ejerce funciones dentro de una residencia para beneficio de un miembro de la familia o a la familia en general. El término abarca personas que realizan funciones de cocinero, camareros, mayordomos, sirvientes, ama de llaves, institutriz, niñeras, porteros, conserjes, lavado y planchado de ropa, guardianes, jardineros, servicios de compañía, entre otros. Id., pág. 472.

Como se puede apreciar, el remedio provisto por el Art. 1474 del Código Civil, supra, se limita a aquellos empleados domésticos contratados por tiempo determinado que se despidan sin justa causa antes de expirar el término por el cual fueron contratados. Por lo tanto, es evidente que este artículo no aplica a aquellos empleados domésticos contratados por un término indeterminado. Con ello en mente, pasemos a atender los planteamientos vertidos por los peticionarios en apoyo de su petitorio.

B. En su único señalamiento de error los peticionarios alegan que erraron los foros inferiores al concluir que la Ley Núm. 80, supra, aplica a los trabajadores en el servicio doméstico. En síntesis, los peticionarios entienden que si la intención del legislador es incluir a los trabajadores en el servicio doméstico como acreedores de las protecciones de nuestra legislación laboral, esa intención debe constar ex-presamente en el texto de la ley. Por otro lado, razonan que si un estatuto guarda silencio en cuanto a si aplica o no a un trabajador en el servicio doméstico, no se puede concluir automáticamente que, en efecto, le aplica. No les asiste la razón.

Según hemos discutido, la exclusión de una persona de la aplicación de una ley laboral debe surgir expresamente del texto de la ley. Al comienzo de esta opinión señalamos que la ley Núm. 80, supra, en su Art. 1, dispone que aplicará a todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo que trabaje mediante remuneración de alguna clase, contratado sin tiempo determinado y que haya sido despedido de su cargo sin justa causa. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, pág. 950; Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op. cit., pág. 98. Es decir, la Ley Núm. 80, supra, aplica al universo de trabajadores que cumplan con los supuestos delimitados en el referido artículo. Como podemos apreciar, el Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, es claro y no establece una exclusión categórica de ningún grupo particular de trabajadores. Por lo tanto, ante el texto claro de la Ley Núm. 80, supra, es forzoso concluir que este estatuto no excluye expresamente de su aplicación a quienes se dedican a prestar servicios domésticos a particulares en sus hogares. Los argumentos de los peticionarios en apoyo de su contención nos invitan, de manera errada, a desvirtuarnos de las normas de interpretación estatutaria que rigen en nuestro ordenamiento. Como se sabe, en este ejercicio debemos acudir al texto de la ley y si este es claro y libre de toda ambigüedad, “la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14. Véase, además, Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 404 (2012).

Nótese, además, que en otras instancias la Asamblea Legislativa no ha sido tímida en expresar su intención diáfana de excluir a personas empleadas en el servicio doméstico de la aplicación de alguna legislación laboral. Véanse, por ejemplo: Ley Núm. 180-1998, conocida como Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad, 29 LPRA see. 250 et seq.; Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, conocida como Ley de Horas y Días de Trabajo, 29 LPRA see. 271 et seq., y Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, conocida como Ley del Bono de Navidad, 29 LPRA see. 501 et seq. De igual manera, tampoco ha titubeado en excluir de manera expresa a otros grupos de trabajadores de la aplicación de distintas leyes laborales. Id.

En cuanto a este particular, la “Guía para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada” en lo pertinente dispone que:

[l]a Ley Núm. 80, supra, hace extensiva su aplicación a todo empleado de cualquier sitio de empleo. Las personas que se desempeñan como empleados en el servicio doméstico no están excluidas de la aplicación de la ley por disposición específica alguna. Por lo tanto, las mismas están cubiertas por la Ley Núm. 80, supra. (Enfasis suplido). Guía Revisada de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, enmendada, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, rev. 30 de junio de 2014, pág. 41 (Guía Revisada).

Como podemos apreciar, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que es el ente con pericia para atender asuntos laborales en nuestra jurisdicción, coincide en que este grupo particular de trabajadores no está excluido de la aplicación de la Ley Núm. 80, supra.

En fin, acorde con nuestra jurisprudencia y luego de un análisis minucioso de las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra, resolvemos que esta no excluye expresamente de su aplicación a las personas que se dedican a prestar servicios domésticos a particulares en una residencia. No obstante, este hecho aislado no implica que este grupo particular de personas sean acreedoras de las protecciones que provee la Ley Núm. 80, supra, de manera automática. Esa determinación conlleva un análisis ulterior. Examinemos este particular.

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Como hemos mencionado, uno de los requisitos esenciales para reclamar las protecciones de la Ley Núm. 80, supra, es que exista una relación empleado-patrono. Así pues, dado que la política pública implantada a través de la Ley Núm. 80, supra, procura proteger a un empleado de un despido injustificado, es necesario que entre los actores del pleito haya existido una relación obrero-patronal. Ello es así puesto que la ruptura de esa relación particular es la que da lugar a aquello que la Ley Núm. 80, supra, busca desalentar: un despido que, a su vez, sea injustificado.

De no estar presente una relación empleado-patrono, estaríamos ante otro tipo de relación cuya ruptura no perfeccionaría un despido y, por lo tanto, no activaría las protecciones de la Ley Núm. 80, supra. Precisamente por ello es que hemos manifestado que la legislación protectora del trabajo aplica únicamente a quienes puedan catalogarse como “empleados”. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, pág. 952. De no existir una relación obrero-patronal, estaríamos ante un contratista independiente, ello pues nuestro ordenamiento no presume que todo el universo de personas que reciben una remuneración por una obra realizada son “empleados” para fines de la Ley Núm. 80, supra.

Así pues, la aplicabilidad la Ley Núm. 80, supra, conlleva un análisis más extenso y requerirá que, como cuestión de umbral, analicemos ponderadamente la relación que existe entre las partes para determinar si en efecto esta es una de patrono-empleado o principal-contratista independiente bona fide. En cuanto a este punto, la Guía Revisada apunta nuestro análisis en esa misma dirección y a esos efectos dispone que:

[l]a cubierta de la ley está limitada a las personas que rinden servicios en calidad de empleados. Esto significa que para que se dé la aplicación de la ley, el trabajador debe prestar servicios de forma regular y debe existir un nivel de dependencia económica y un grado de control considerable. La Ley Núm. 80, supra, no aplica a los trabajadores del servicio doméstico que constituyen contratistas independientes ni tampoco a los que ocasmnalmente realizan trabajo para una persona o entidad. (Énfasis suplido) Guía Revisada, supra, pág. 41.

A pesar de que la Ley Núm. 80, supra, se aprobó con el fin de proteger al empleado en la empresa privada, el legislador optó por no definir el término “empleado” expresamente en el texto del estatuto. No obstante, se ha definido ese término como aquella “persona que rinde servicios a un patrono y a cambio recibe de éste un sueldo, salario, jornal, comisión, bono, adehala o cualquier otra forma de compensación”. Guía Revisada, supra, pág. 75, citando a Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, pág. 952. Por otro lado, hemos definido la figura del contratista independiente como aquella persona que “dada la naturaleza de su función y la forma en que presta servicios resulta ser su propio patrono”. Id., pág. 952 citando a Acevedo Colom, op. cit., págs. 7-8.

No obstante la importancia y las implicaciones jurídicas que conlleva distinguir entre un empleado y un contratista independiente, en limitadas ocasiones es posible lograr una distinción categórica entre ambos conceptos. S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 765 (2000); Nazario v. González, 101 DPR 569, 572 (1973). Esto se debe a que en muchas ocasiones una persona puede ostentar un híbrido de rasgos característicos tanto de un empleado como de un contratista independiente. Id. Por otro lado, en otras instancias es necesario extrapolar el contenido del Contrato y el título con el cual las partes han denominado su relación de las circunstancias fácticas que demuestran cómo las partes verdaderamente interactúan entre sí. Id.; Nazario v. Vélez, 97 DPR 458, 463 (1969) (“la caracterización o denominación que hagan las partes respecto a la naturaleza de sus relaciones no es decisiva”); Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. Justicia, 117 DPR 230, 252 (1986) (“no es el nombre con que se denomina un acto el que determina su naturaleza, sino su contenido, según éste surge de un análisis del mismo y de todas las circunstancias que lo rodean”).

A través de los años hemos establecido una serie de criterios que facilitan el ejercicio que deben llevar a cabo los tribunales en aras de distinguir entre un empleado y un contratista bona fide, a saber:

(1) Naturaleza, extensión y grado de control que ejerce el patrono sobre la persona en la ejecución de la obra o trabajo;

(2) Grado de juicio o iniciativa que despliega la persona;

(3) Forma de compensación;

(4) Facultad de emplear y derecho de despedir obreros;

(5) Oportunidad de incurrir en ganancias y el riesgo de pérdidas;

(6) La titularidad del equipo y de las instalaciones físicas pro-vistas por el principal;

(7) Retención de contribuciones;

(8) Si, como cuestión de realidad económica, la persona que presta el servicio depende de la empresa para la cual trabaja;

(9) Permanencia de la relación de trabajo; y

(10) Si los servicios prestados son una parte integral del negocio del principal o se pueden considerar como un negocio separado o independiente por sí mismos. Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, supra, págs. 952-953, citando a Acevedo Colom, op. cit, págs. 9-10. Véanse, además: S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 768; Fernández v. A.T.P.R., 104 DPR 464, 465 (1975).

No obstante, este listado no pretende obstaculizar la tarea de precisar la naturaleza de una relación para determinar si se activa la protección de la Ley Núm. 80, supra. Por ello, el análisis multifactorial que ha de realizarse no puede ejecutarse bajo el pretexto de una uniformidad rígida. Lo anterior implica que en el análisis se ponderen cuidadosamente la totalidad de las circunstancias en las cuales se desenvuelve la relación entre las partes a la luz de todos los criterios anteriormente enumerados. Hernández v. Trans Oceanic Life Ins. Co., supra, pág. 773. Así, hemos enfatizado que “la determinación de quién es un contratista independiente no depende de factor aislado alguno, sino que hay que examinar el conjunto de circunstancias en que se desenvuelve la relación laboral”. Id., pág. 768. Véase, además, Fernández v. A.T.P.R, supra. De igual modo hemos expresado que “para dicha determinación no existe una regla absoluta, sino que depende de la importancia que se le atribuya a cada uno de los factores”. íd. Véase, además, Nazario v. Vélez, supra. En otras palabras, no necesariamente será suficiente con que se cumpla uno de los criterios, como tampoco es necesario que se cumplan todos.

En el caso de autos, los tribunales inferiores determinaron correctamente que la Ley Núm. 80, supra, no excluye expresamente de su aplicación a las personas que prestan servicios domésticos a particulares en sus hogares. No obstante, el análisis no termina ahí, pues resta adjudicar la controversia en cuanto a si entre los peticionarios y la señora Nova existía una relación obrero-patronal vis a vis una de principal-contratista independiente. Debido a la etapa procesal en la que se encontraba el caso de autos al momento de ser atendido por esta Curia, no contamos con los elementos de prueba necesarios para pasar juicio en cuanto a la relación habida entre los peticionarios y la señora Nova.

Por ejemplo, no nos consta si la señora Nova trabajaba exclusivamente para los peticionarios. Tampoco sabemos si la señora Nova tenía un horario fijo, si su ingreso variaba dependiendo de las tareas que llevaba a cabo o si los peticionarios le retenían parte de su sueldo para efectos contributivos. Tampoco nos consta si los peticionarios le proporcionaban los materiales que esta utilizaba para llevar a cabo sus labores o si, por otro lado, los peticionarios le detallaban la forma en la cual esta debía ejecutarlas. En fin, es necesario realizar un análisis ponderado de las circunstancias particulares del caso de autos junto a los criterios establecidos por nuestra jurisprudencia para poder auscultar adecuadamente la relación entre los peticionarios y la señora Nova.

Al no contar con las respuestas a todas estas interrogantes resulta necesario devolver el caso al foro primario para que dirima este asunto.

V

En fin, concluimos que la Ley Núm. 80, supra, no ex-cluye expresamente de su aplicación a quienes se dedican a prestar servicios domésticos a particulares en sus hogares. En virtud de lo anterior, este grupo particular de trabajadores podría ser merecedor de las protecciones que brinda la Ley Núm. 80, supra. No obstante, lo anterior dependerá de que estas personas rindan sus servicios en calidad de empleados propiamente. Para determinar lo anterior es necesario llevar a cabo un análisis holístico y ponderado, según las circunstancias particulares de cada caso, de los criterios establecidos por nuestra jurisprudencia que permiten a un juzgador distinguir entre un empleado y un contratista independiente bona fide.

VI

Por los fundamentos anteriormente esbozados, confirmamos y devolvemos el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos acorde con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez no intervinieron.

       La Querella fue presentada al amparo del procedimiento sumario estatuido en Ley la Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPEA see. 3118 et seq.

       En la Querella se especificó que el salario más alto devengado por la señora Nova en los últimos tres (3) años anteriores a cesar su relación con los peticionarios fue de trecientos cincuenta dólares semanales ($350). Por otro lado, se alegó que, conforme al periodo durante el cual la señora Nova prestó sus servicios a los peticionarios, tenía derecho a recibir la suma de doce mil doscientos cuarenta y seis dólares con cincuenta centavos ($12,246.50) en concepto de mesada. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 2.

       La Sec. 328 del referido estatuto dispone que:
      se entiende por ‘obrero’ o ‘empleado’ toda persona al servicio de cualquier individuo, sociedad o corporación, que emplee a una o más personas bajo cualquier contrato de servicios expreso o implícito, oral o escrito, bien sea hombre, mujer o niño, incluyéndose entre éstos expresamente a aquéllos cuya labor fuere de un carácter accidental.
      Las palabras ‘obrero’ o ‘empleado’ incluyen a todo trabajador que se emplee en cualquier establecimiento u ocupación fabril, comercial o agrícola, por una persona natural o jurídica, por alguna compensación y por el Gobierno Estadual o cualquiera de sus dependencias [...]”. 3 LPRA see. 328.

       En lo pertinente, el referido artículo dispone lo siguiente: “[t]odo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo, designado en lo sucesivo como el establecimiento”. 29 LPRA sec. 185a.

       La referida enmienda se realizó mediante la Ley Núm. 95-2007 (29 LPRA see. 95). En la Exposición de Motivos de la precitada ley el legislador manifestó que el propósito de la enmienda era “a los ñnes de clarificar que el término establecimiento” según utilizado en el inciso, incluye individualmente a cada oficina, fábrica, sucursal o planta en empresas que poseen varias de estas y de las cuales se realizará un cierre total, temporero o parcial de las operaciones.

       Recientemente en C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 337-338 (2011), expresamos las excepciones a la norma general de que la mesada es el remedio exclusivo disponible bajo la Ley Núm. 80, supra, a saber:
      “[...] (1) los remedios adicionales conferidos por conducta torticera del patrono, ajena a la mera violación de una disposición de las leyes del trabajo (Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., [106 DPR 517, 527 (1977)]); (2) los remedios adicionales provistos por leyes especiales (Vélez Rodríguez v. Pueblo Int’l, Inc., [135 DPR 500, 511 (1994)]), y (3) los remedios adicionales concedidos por un despido cuyo propósito e intención principal sea subvertir una clara política pública del Estado o algún derecho constitucional (Soc. de Gananciales v. Royal Bank de PR, 145 DPR 178, 192 (1998); Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132 DPR 331, 342 (1992); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 65 (1986))”.

       Ello siempre y cuando, según hemos indicado, no estemos ante una de las excepciones a la norma general de la mesada como remedio exclusivo. Como por ejemplo, que el patrono haya incurrido en discrimen o en alguna otra actividad prohibida por ley.

       El referido artículo también dispone que no se considerará justa causa para el despido aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. Por otro lado, la Ley Núm. 115-1991 conocida como la Ley de Represalias enmendó el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, para establecer que no se considerará justa causa para el despido la colaboración o expresiones hechas por un empleado, relacionadas con el negocio de su patrono ante cualquier foro administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico, cuando esas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información privilegiada según la ley.

       Será justa causa para el despido: (1) que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada, (2) que el empleado no rinda su trabajo en forma eficiente o lo haga tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del producto que produce o maneja el establecimiento o (3) que el empleado viole reiteradamente las reglas y los reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento del establecimiento, siempre que se le haya suministrado oportunamente copia escrita de estos. 29 LPRA sec. 185b.

       También será justa causa para el despido: (1) el cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento; (2) cambios tecnológicos o de reorganización, cambios de estilo, diseño o naturaleza del producto que produce o maneja el establecimiento, y cambios en los servicios rendidos al público, o (3) reducciones en empleo debido a una baja en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. 29 LPRA sec. 185b.

       A su vez, el Art. 1475 del Código Civil establece: “[a]demás de lo prescrito en los artículos 1473 y 1474 (sees. 4111 y 4113) de este título anteriores, se observará acerca de los contratos entre principales y domésticos lo que determinen las leyes y reglamentos especiales”. 31 LPRA see. 4113.

       En aquella ocasión afirmamos que esas funciones se limitaban a los empleados que las realizaban en la residencia. No obstante, indicamos que ello no es óbice para que ocasionalmente se realicen esas funciones fuera del hogar siempre y cuando el beneficio sea dirigido a un miembro de la familia o para la familia en general. Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 471-472 (2009).

       “[S]i el lenguaje de la ley no crea dudas y es claro en cuanto a su propósito, su propio texto es la mejor expresión de la intención legislativa”. Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 DPR 849, 862 (2010).

       Recientemente, en Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, supra, pág. 473, resolvimos que las funciones realizadas por una dama de compañía o dama acompañante, son propias de un empleado doméstico y que si bien es cierto que la Ley Núm. 180, supra, establece unos beneficios de vacaciones, esta excluye taxativamente a los empleados domésticos de su aplicación.

       Véase, además, A. Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 8va ed. rev., San Juan, [s. Ed.], 2005, pág. 193 (la Ley Núm. 80, supra, aplica a las personas empleadas en el servicio doméstico porque no están expresamente ex-cluidas de la ley).

       en la determinación que se haga sobre la clasificación de un individuo como contratista independiente o como empleado, el resultado tendrá el efecto en cuanto a la aplicabilidad de la Ley Núm. 80 [...] si un individuo no cumple con los requisitos de la definición de empleado dentro de una relación obrero-patronal y, por lo tanto, cumple con la definición de contratista independiente, la Ley Núm. 80 no protegerá ni proveerá remedios para ese individuo en caso de despido”. C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez Pérez, Tratado de derecho del trabajo, San Juan, Pubs. JTS, 2003, T. I, pág. 196.