author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    M. Taboada & Co. y A. Fernández Hno. & Co., demandantes y apelantes, v. Prudencio Rivera Martínez, en su carácter de Comisionado del Trabajo, demandado y apelado.
    Núm. 7311.

    Sometido: Enero 13, 1937.

      Resuelto: Abril 13, 1937.

      Leopoldo F'elín, abogado de los apelantes; Hon. Procurador General B. Fernández García, Luis Janer, Subprocurador y Pedro Santana, abogado del Departamento del Trabajo, abogados del ape-lado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El Centro de Detallistas de Provisiones de Puerto Rico, una asociación organizada de acuerdo con la ley de corpora-ciones sin fines pecuniarios, y M. Taboada y Compañía y Fernández Hermano y Compañía, dos sociedades mercan-tiles constituidas con arreglo al Código de Comercio, acogién-dose a los preceptos de la ley núm. 47 relativa a sentencias y decretos declaratorios de 1931 (pág. 379) pidieron a la Corte de Distrito de San Juan que declarara nula por anti-constitucional la Ley núm. 49 de 1935 ((2) pág. 539), decre-tada para regular las boras de trabajo de personas empleadas en los establecimientos comerciales, industriales y en otros negocios lucrativos, y para otros fines.

La parte demandada que lo fue el Comisionado del Tra-bajo Prudencio Rivera Martínez, excepcionó la demanda por indebida acumulación de partes demandantes, porque el Centro de Detallistas no tenía capacidad para demandar, por defecto de partes demandadas y por falta de becbos sufi-cientes para determinar una causa de acción.

La Corte de Distrito resolvió dictas excepciones — expo-niendo por medio de sn Juez Sr. de Jesús amplia y cuida-dosamente las razones que a ello la llevaron — declarando con lugar la de indebida acumulación de partes demandantes, la de incapacidad legal para demandar del Centro de Detallistas y la de falta de causa de acción y sin lugar la de defecto de partes demandadas.

Nada más gestionó el Centro de Detallistas. Las mer-cantiles demandantes archivaron una demanda enmendada. Reprodujo contra ella el demandado su excepción de falta de hechos y la corte estimando que la demanda enmendada y la original eran substancialmente iguales en cuanto a los moti-vos alegados para pedir la antieonstitueionalidad de la ley, por los fundamentos que había expuesto anteriormente declaró la excepción con lugar y dictó sentencia desestimán-dola, sin especial condenación de costas.

No conformes las demandantes apelaron para ante esta Corte Suprema señalando en su alegato la comisión de dos errores, así: ■

“I. — One la corte inferior erró al declarar, concluir y fallar que la Ley núm. 49 de agosto 7 de 1935, ya citada, es constitucional y válida.
“II. — Que igualmente erró dicha corte al dictar sentencia deses-timando la demanda enmendada de estas apelantes.”

Ambos errores serán estudiados y resueltos’ conjuntamente.

La ley cuya declaración de nulidad se solicita es como sigue (Sesión Extraordinaria de 1935, pág. 539):

“Léy para regular las horas de trabajo de las personas empleadas en los establecimientos comerciales, industriales y en otros negocios lucrativos, y para otros fines.
“Decrétase por la' Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Sección 1. — A ninguna persona se le empleará o se le permitirá que trabaje en ningún establecimiento comercial, industrial, agrí-cola o en cualquier otro negocio lucrativo, más de ocho (8) horas durante cualquier día natural, excepto cuando ocurriere cualquier evento extraordinario, o cualquiera emergencia causada por fuego, hambre o inundación, por peligro a la vida, a la propiedad, a la se-guridad o salud pública, o en cualquiera otra circunstancia especial, siempre que el Gobernador de Puerto Rico por recomendación del Comisionado del Trabajo declarare subsiguientemente que las dis-posiciones de esta ley no deberán aplicarse a estos casos excepdona-dos y que por lo tanto las infracciones cometidas han sido excusa-bles; Disponiéndose, que la limitación de ocho (8) horas establecida por esta sección, y en todos los trabajos normales, fuera de las ex-cepciones ya anotadas, puede ser ampliada a un período que no ex-cederá de nueve (9) horas durante cualquier día natural, a condi-ción de que a toda persona de ese modo empleada a salario, jornal o en otra forma, por más de ocho (8) horas durante cualquier día natural, se le pagará por el trabajo que haga durante tal período extra, a un tipo que sea doble del salario que se le esté pagando por hora de trabajo precedentes.
“Sección 2. — En los casos en que existiere la amenaza de perderse una cosecha por falta de brazos, o de que no hubiere suficiente personal disponible para despachar un embarque de frutas o de cual-quiera otro producto perecedero, el Gobernador de Puerto Rico, me-diante recomendación del Comisionado del Trabajo, podrá suspender temporalmente para tales casos específicos los efectos de esta Ley en cuanto a la limitación de horas, pero no así en cuanto al tipo de jornal doble que se establece como pago por las horas que se traba-jaren en exceso de las ocho (8) horas diarias de labor que fija esta Ley.
“Sección 3. — Todo patrono fijará en un sitio visible del estable-cimiento, planta, finca o sitio de trabajo, según fuere el caso, un anuncio impreso expresando el número de horas de trabajo que. se exige diariamente a los empleados durante cada día de la semana, las horas de comenzar y terminar el trabajo, la hora en que empiéza y termina el período dest'nado a tomar los alimentos; Disponiéndose, que el tiempo señalado para tomar los alimentos no será menor de una hora.
“En -los establecimientos comerciales, industriales, agrícolas o destinados a otros negocios, lucrativos donde se empleen personas con horas alternadas durante todos los días de la semana, deberá fijarse un aviso especial, haciendo constar el nombre de cada uno de los empleados, y las horas que trabajen en cada día de la semana.
“Las horas fijadas en los avisos constituirán evidencia prima facie de que tales horas de trabajo en cada establecimiento constituirán la división de la jornada legal.
“Es obligación ele todo patrono solicitar los modelos impresos de estos avisos, los cuales serán suministrados gratuitamente por el Departamento del Trabajo.
“Sección 4. — En esta Ley, a menos que del contexto de ella se deduzca otra cosa, se aceptarán las siguientes definiciones de palabras y frases de la misma:
“ ‘Patrono’ incluye toda persona natural o jurídica y el admi-nistrador, superintendente, capataz, mayordomo y representante de dicha persona natural o jurídica.
“ ‘Ocupación lucrativa’ incluye toda obra o todo trabajo en fac-torías, molinos, centrales, talleres de maquinaria o establecimiento o sitio de cualquier clase donde haya una fábrica o empresa mecá-nica, y en almacenes, tiendas, establecimientos o sitio de cualquier clase, donde se realizan operaciones mercantiles; en fincas, haciendas estancias o sitios de cualquier clase, en los cuales se dirijan empresas agrícolas de horticultura o pastoreo, y en toda empresa de minería o pesquería o de cualquiera otra índole, industrial, comercial o agrí-cola.
“ ‘Establecimiento’ incluye todo edificio, fábrica, taller, tienda o sitio de carácter análogo en' el cual se realice alguna ocupación lu-crativa.
“ ‘Plantación’ incluye toda hacienda, estancia u otro lote de tierra en que se ejerza alguna ocupación lucrativa.
“Sección 5. — El Departamento del Trabajo queda por la presente autorizado y se le ordena que ponga en vigor las disposiciones de esta Ley, para perseguir las .infracciones a la misma, para citar tes-tigos, tomar juramentos y declaraciones, obligar la presentación de libros, nóminas de pago, documentos y cualquiera otra evidencia, y para visitar y examinar por medio de su jefe o de los auxiliares que éste designe, los edificios de cualquier establecimiento o finca a que se refiere esta Ley.
“En el cumplimiento de los deberes que por esta sección se le imponen, podrá utilizar los servicios de la fuerza policíaca, los fiscales de distrito, jueces municipales o de paz, y los márshals de todas las cortes.
“Sección 6. — Lo que constituye una ‘emergencia’, un ‘evento ex-traordinario’, una ‘circunstancia especial’, o cualquiera otra condi-ción que justifique la suspensión temporal de cualquiera de las dispo-siciones de esta Ley de acuerdo con las anteriores secciones de la misma, lq determinará el Comisionado del Trabajo con la aprobación del Gobernador de Píierto Rico.
“Sección 7. — Esta Ley no afectará ni invalidará en forma alguna las disposiciones vigentes .de la Ley núm. 80, aprobada en 5 de mayo de 1931 y enmendada en 15 de abril de 1935, en cuanto a la concesión de permisos por el Comisionado del Trabajo para trabajar boras extras en la terminación de trabajos urgentes o necesarios que deben efectuarse dentro de tiempo determinado en talleres, fábricas, fac-torías, o- cualquiera establecimiento industrial, comercial o agrícola, ni en cuanto al pago de un tipo doble de compensación por boras extras fijado en la misma. Tampoco disminuirá el alcance ni modifi-cará ó derogará en forma alguna las disposicones de la Ley núm. 54 aprobada en abril 28 de 1930, enmendando el Artículo 553 del Código Penal de Puerto Rico, cuya Ley por la presente se declara en todo su vigor y efecto. Tampoco serán afectadas ni invalidadas las disposi-ciones de la Ley núm. 73, ‘Regulando el Trabajo de Mujeres y Niños y Protegiéndolos contra Trabajos Peligrosos’, aprobada en 21 de ju-nio de 1919 y enmendada en 24 de abril de 1930, la que también se declara en todo su vigor y efecto.
“Sección 8. — Todo patrono que infrinja esta Ley, o alguna sec-ción o disposición de la misma, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y castigado con multa que no será menor de veinti-cinco (25) dólares, ni mayor de cien (100) dólares, o cárcel por un período no menor de cinco (5) días ni mayor de treinta (30) días, o ambas penas a discreción del tribunal; en caso de reincidencia se le impondrá una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares, o cárcel por un período no menor de treinta (30) días ni mayor de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del trbiunal.
“Sección 9. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la pre-sente, queda por ésta derogada.
“Sección 10. — Esta Ley empezará a regir a los noventa días des-pués de su 'aprobación.
“Aprobada en 7 de agosto de 1935.”

Y los motivos de inconstitucionalidad que se alegan son, substancialmente, siete, a saber;

1. Que la limitación contenida en la sección primera de la ley menoscaba las obligaciones de los contratos ya cele-brados por las demandantes con sus empleados y constituye una limitación de la libre contratación, violando la sección 2, incisos 1, 5 y 9 de nuestra Ley Orgánica así como la En-mienda XIV, sección primera de la Constitución de los Estados Unidos de América.

2. Que la dicha sección primera contiene una delegación al poder ejecutivo de facultades y funciones que competen al poder judicial violando las disposiciones de la Ley Orgánica y de la Constitución relativas a la separación de poderes.

3. Que la repetida sección viola el principio sobre igual protección y aplicación de las leyes contenido en la sección 2 de la Ley Orgánica y en la sección 1 de la enmienda 14 a la Constitución, en tanto en cuanto se priva a las deman-dantes de la protección del poder judicial y de las leyes sus-tantivas y adjetivas que protegen los derechos de los ciuda-danos.

4. Que los motivos de anticonstitucionalidad 2 y 3 se aplican a la sección 6 de la ley en tanto en cuanto dispone que lo que constituye “emergencia”, “evento extraordi-nario”, “circunstancia especial”, lo determinará el Comisio-nado del Trabajo con la aprobación del Gobernador.

5. Que por la sección 8 se crea y castiga un nuevo delito sin que en el título de la ley se haga referencia al mismo violándose de tal modo la sección 34 de la Ley Orgánica.

6. Que haciéndose aplicables las disposiciones de la sección primera a todos los empleados, en cuanto comprende a las demandantes que son compañías mercantiles, constituye un ejercicio excesivo y arbitrario del poder de policía.

7. Que en tanto en cuanto se impone un castigo consistente en multa o cárcel, las demandantes que son compañías mer-cantiles quedan expuestas a ser privadas de su propiedad sin el debido proceso de ley.

Para basar su contención citan las apelantes en primer término el caso de Lochner v. New York, 198 U. S. 45. En dicho caso la Corte Suprema de los Estados Unidos por una mayoría compuesta por sólo cinco de sus jueces declaró anti-constitucional un estatuto del estado de Nueva York que prohibía a panaderos y reposteros trabajar más de diez horas al día, cuya constitucionalidad había sido sostenida por la Corte de Apelaciones estadual. Disintieron los Jueces Señores Harlan, White y- Day, emitiendo el primero su opinión con la cual estuvieron conformes sus colegas. Disintió también el Juez Señor Holmes, que expuso sus motivos separadamente.

La opinión de la corte fué emitida por el Juez Señor Peckham. Lochner fué condenado por violar la sección 110 de la Ley del Trabajo del estado de Nueva York que ordena:

“Sección 110. — Soras de trabajo en las panaderías y confiterías.— No se requerirá ni permitirá a ningún empleado que trabaje en nin-guna fábrica de galletas, panadería, repostería o confitería más de sesenta horas en cada semana o más de diez horas por día, a no ser con el fin de trabajar menos horas el último día de la semana; ni más horas en cada semana que aquéllas que hagan un promedio de diez horas por día, durante los días de la semana en que tal empleado trabaje.”

Y la opinión, tras un estudio detenido de todas las cues-tiones envueltas, termina diciendo:

“Es evidente que la limitación en las horas de trabajo provista en esta sección del estatuto que sirvió de base a la acusación y a vir-tud de la cual fué convicto el demandante en el recurso de error, no tiene una relación tan directa ni un efecto tan substancial sobre la salud del empleado que nos justifique en considerarla realmente como una ley sanitaria. A nuestro juicio el verdadero fin y objeto fueron simplemente reglamentar las horas de trabajo entre patrono y empleado (siendo todas personas sui juris), en los negocios pri-vados que no fueran en forma alguna dañinos a la moral o de una manera real y efectiva perjudicial a la salud del empleado. Bajo tales circunstancias la libertad que entre patrono y empleado existe para contratar entre sí en relación con su empleo, y al definir éste, no puede ser prohibida o menoscabada sin violar la Constitución Federal.
“La sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York así como aquélla de la Corte Suprema y de la Corte del Condado de Oneida, deben ser revocadas y devolverse el caso a ]a Corte del Condado para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.”

El Juez Señor Harlan estudia también en su opinión disi-dente todas las cuestiones envueltas y, en parte, dice:

“Admitiendo entonces que existe la libre contratación y que ésta no puede ser violada aun bajo la sanción de una disposición legisla-tiva directa, pero asumiendo según podemos asumir de acuerdo con el derecho ya establecido, que tal libertad de contratación está sujeta a aquellas reglamentaciones que el estado pueda razonablemente pres-cribir para el bien común y en beneficio de la sociedad, ¿ cuáles son las condiciones en cuya virtud el poder judicial puede declarar que dichas reglamentaciones son en exceso de la facultad legislativa y por ende nulas? Sobre este punto no hay lugar a divergencias de crite-rio, puesto que la regla es universal, que una disposición legislativa, ya fuere federal o estadual, nunca debe ser ignorada o considerada nula a menos que, fuera de toda duda, la misma sea clara y palpa-blemente en exceso del poder legislativo. En Jacobson v. Massachusetts, supra, dijimos que la facultad que tienen las cortes para re-visar actuaciones legislativas con respecto a una cuestión que afecte el bienestar público, existe tan sólo ‘cuando lo que ha sido hecho por la Legislatura cae dentro de la regia de que si un estatuto que se supone haber sido aprobado para proteger la salud pública, la moral pública o el bienestar público, no tiene relación real o efectiva con tales objetos, o constituye fuera de toda duda, una invasión clara y palpable de los derechos garantizados por la ley fundamental’— citando Mugler v. Kansas, 123 U. S. 623, 661; Minnesota v. Barber, 136 U. S. 313; 320; Atkin v. Kansas, 191 U. S. 207, 223. Si existe duda respecto a la validez del estatuto esa duda en su consecuencia debe ser resuelta en favor de su validez, y las cortes no deben in-tervenir sino dejar a la Legislatura que asuma la responsabilidad al haber aprobado legislación poco sabia. Si el fin que la Legislatura trata de cumplir es uno hasta el cual se extienden sus facultades, y si los medios utilizados para lograr* tal fin, aunque no sean los más sabios ni los mejores, no están sin embargo clara y palpablemente prohibidos por la ley, entonces las cortes no pueden intervenir. En otras palabras, cuando se ataca la validez de un estatuto, el peso de la prueba, para así decir, recae sobre aquéllos que sostienen su in-constitucionalidad. McCulloch v. Maryland, 4 Wheat. 316, 421.
“Apliquemos esos principios al presente caso.”
“Es claro que este estatuto fué aprobado con el objeto de prote-ger el bienestar material de las personas que trabajan en panaderías y confiterías. Podría ser que el estatuto tuviera por origen, en parte, la creencia de que los patronos y empleados de tales establecimientos no estaban situados en la misma base, y de que las necesidades de estos últimos con frecuencia les compelían a someterse a tales exigen-cias que indebidamente minaban sus fuerzas. Sea ello como fuere, el estatuto debe interpretarse en el sentido de que expresa la creencia de los habitantes de Nueva York de que por regla general y en el caso del hombre promedio, un trabajo que exceda de 60 horas por semanas en tales establecimientos, puede poner en peligro la salud de aquéllos que así trabajen- Si esta legislación es o no sabia, ello es algo que no incumbe a las cortes determinar. Bajo nuestro sistema de gobierno a las cortes no les interesa la sapiencia o política de la legislación. De forma pues, que al determinar la cuestión de la fa-cultad para intervenir en la libre contratación, las cortes pueden investigar si los medios prescritos por el estado son germanos con un fin que puede ser legalmente cumplido y si éste tiene una relación real y efectiva con la protección de la salud, conforme ésta queda envuelta por la labor diaria de las personas, ya fueren hombres o mujeres, que estuvieren empleados en panaderías o confiterías. Mas al inciar esta investigación encuentro que es imposible, dada la ex-periencia corriente, decir que en este caso no existe una relación real y efectiva entre los medios empleados por el estado y el fin que se trata de realizar a virtud de su legislación. Mugler v. Kansas, supra. Tampoco puedo decir que el estatuto no tiene una relación apropiada o directa con la protección a la salud que cada estado debe a sus ciudadanos. Patterson v. Kentucky, supra; o que no promueve la salud de los empleados en cuestión, Holden v. Hardy, Lawton v. Steele, supra; o que la reglamentación prescrita por el estado sea entera-mente irrazonable y extravagante o totalmente arbitraria, Gundling v. Chicago, supra. Mucho menos puedo decir que el estatuto sea, fuera de toda duda, una invasión clara y palpable de los derechos garanti-zados por la ley fundamental. Jacobson v. Massachusetts, supra."
“Las estadísticas demuestran que el período diario de labor entre los trabajadores en los distintos países es, en Australia, 8 horas; en Gran Bretaña, 9; en los Estados Unidos, 9% • en Dinamarca, 9% ; en Noruega, 10; en Suecia, Francia y Suiza 10%; en Alemania 10%; en Bélgica, Italia y Austria, 11; y en Rusia, 12.
“Sabemos judicialmente que la cuestión relativa al número de horas durante las cuales un obrero debe trabajar continuamente, ha sido durante largo tiempo, y aun es, objeto de seria consideración por los pueblos civilizados y por aquéllos que tienen conocimiento especial de las leyes sanitarias. ..."
“Permítaseme decir que el estatuto de Nueva York, en los particu-lares aquí envueltos, no puede resolverse que está en conflicto con la Enmienda Catorce, sin ampliar el alcance ele la enmienda mucho más allá de su fin original y sin traer bajo la supervision de esta corte, cuestiones que se suponen haber pertenecido exclusivamente a los departamentos legislativos de los varios estados al ejercer su fa-cultad admitida de proteger la salud y seguridad de sus ciudadanos mediante aquellos reglamentos que a su jucio considere más sabios. Las leyes sanitarias de toda índole constituyen, dijo el Juez Presi-dente señor Marshall, parte de aquel cúmulo de legislación que ‘abarca cuanto está dentro de los límites territoriales del estado, que no ha sido cedido al Gobierno General; cuanto pueda ser ejercitado ventajosamente por los estados mismos.’ Gibbons v. Ogden, 9 Wheat. 1, 203. Una decisión al efecto de que el estatuto de Nueva York es nulo a tenor de la Enmienda Catorce, a mi juicio, acarrearía con-secuencias de naturaleza tremendas y altamente perjudiciales, puesto que tal decisión seriamente mutilaría el poder inherente de los es-tados para cuidar de las vidas, salud y bienestar de sus ciudadanos. Son ésas cuestiones que pueden mejor ser controladas por los estados. La conservación de los justos poderes de los estados es tan vital como la preservación de los poderes del Gobierno General.”

Se hablaba en 1904. De entonces acá, el avance ba con-tinuado. Del alegato de la parte apelada tomamos lo si-guiente :

“Cuando finalizó la Gran Guerra, en el Tratado de Paz suscrito en Versalles por las principales potencias del mundo, al instituirse la Sociedad de las Naciones como instrumento para conservación de la paz universal, se declaró que ésta no puede estar fundada más que sobre la base de la justicia social, y ‘considerando que existen condi-ciones de trabajo que implican para numerosas personas la injusticia, la miseria y las privaciones, lo cual engendra un descontento tal, que la paz y la armonía universal corren peligro, y que es urgente me-jorar estas condiciones, por ejemplo, en lo que concierne a la regla-mentación de las horas de trabajo, la fijación de la duración máxima de la jornada de la semana de trabajo, etc.’, y ‘reconociendo que el bienestar físico, moral e intelectual de los trabajadores asalariados es de una importancia esencial desde el punto de vista internacional,’ se creó la Oficina Internacional del Trabajo. Y las Altas Partes Contratantes afirman en el artículo 427 del célebre Tratado:
“ ‘Reconocen que la diferencia de clima, de costumbres y de usos, de oportundad económica y de tradición industrial privan de mo-mento la uniformidad absoluta de las condiciones de trabajo. Pero, persuadidas de qpe éste no debe ser considerado simplemente como un artículo de comercio, piensan que existen métodos y principios para la reglamentación de sus condiciones, que todas las comuni-dades industriales deben aplicar en tanto las circunstancias especiales en que puedan encontrarse se lo permitan.
“ ‘Entre estos métodos y prineipos parecen de una importancia particular y urgente, los siguientes:
“ ‘1. — Que el trabajo no debe considerarse simplemente como una mercancía o artículo de comercio.
“ ‘2. — El derecho de asociación no contrario a las leyes, lo mismo para los obreros que para los patronos.
“ ‘3. — El pago de los trabajadores de un salario que les asegure un nivel'conveniente tal, que le comprenda en el tiempo y en su país.
‘4. — La adopción de la jornada de 8 horas, o de la semana de 48, donde no eslé implantada.
‘5. — Reposo periódico de 24 horas como mínimo, que debe com-prender los domingos, siempre que sea posible.
“ ‘6. — La supresión del trabajo de los niños y la obligación de establecer en el trabajo de muchachos de ambos sexos las limitaciones necesarias para permitirles continuar su educación y asegurar su desarrollo físico.
“ ‘7. — El principio de salario igual, sin distinción de sexo, para un trabajo de igual valor.
“ ‘8. — La reciprocidad de tratos económicos entre obrero nacional y obrero extranjero.
“ ‘9.’ — Cada Estado debe organizar un servicio que comprenderá mujeres, a fin de garantizar la aplicación de las leyes y reglamentos para la protección de los trabajadores.’
“En la primera reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Washington en 1919, con asistencia de todas las naciones signatarias del Tratado de Versalles y de las que luego hicieron su adhesión al pacto de la Sociedad de Naciones, se aprobó un convenio internacional limitando a ocho horas la jornada de tra-bajo y a cuarenta y ocho horas el límite de trabajo a la semana. Veintidós naciones han ratificado .ya este convenio, figurando entre ellas: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Ca-nadá, Checoeslovaquia, Chile, Colombia, España, Francia, Italia, Holanda, Polonia y Suecia. (Revista Internacional del Trabajo, Vol. XII, núm. 1, julio de 1935.)
“La jornada de 8 horas rige, asimismo, en los siguientes estados que han aprobado leyes especiales sobre la materia: Bulgaria, China, Cuba, República Dominicana, Estonia, Grecia, Hungría, India, La-toxda, Lituania, Ecuador, Méjico, Nicaragua, Nueva Zelandia, Portugal, Rumania, Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia.
“En la SIN reunión de la Conferencia Internacional del Tra-bajo, celebrada en Ginebra este año, se aprobó un proyecto de con-venio que consagra 'el principio de la semana de 40 horas, aplicado •en tal forma que no implique disminución en el nivel de vida de los obreros. ’
“De manera, que el espíritu prevaleciente en la actualidad en los países más avanzados del mundo es el de limitar a 40 horas, la semana de trabajo ...

Que la opinión de la minoría en el repetido caso de Lochner, supra, era la correcta, lo reconoció implícitamente la propia Corte Suprema doce años más tarde al declarar constitucional una ley del estado de Oregon cuya sección segunda prescribía:

“Sección 2. — Ninguna persona será empleada en cualquier molino, factoría o establecimiento industrial en este Estado más de 10 horas diarias, excepto los guardianes (watchmen), empleados dedicados a hacer reparaciones de emergencia en que haya peligro para la vida o la propiedad; disponiéndose sin embargo, que los empleados pue-den hacer trabajo extra (work overtime) siempre que no exceda de 3 horas en cualquier día, y bajo la condición de que cada unidad de tiempo extra, se pague a razón de salario y medio del convenido para la misma unidad de trabajo regular.”

Se impugnó dicha ley como contraria a la enmienda catorce de la Constitución por intervenir con el derecho a la libre contratación, violar el derecho a la propiedad y consti-tuir una legislación de clase, como ahora se impugna la de Puerto Eico. La Corte Suprema estadual declaró sin lugar la impugnación sosteniendo la constitueionalidad de la ley, y apelado el caso a la Corte Suprema nacional, ésta, sin hacer referencia al caso de Lochner, supra, confirmó la sen-tencia recurrida.

La opinión de la corte lo fue como en el caso de Lochner, supra, por una mayoría de cinco Jueces, disintiendo el Juez Presidente señor White y los Jueces señores Devanter y. Me Reynolds. El Juez señor Brandéis no intervino. La ma-yoría la formaron los Jueces señores McKenna, Holmes, Day,, Pitney y Clarke, emitiendo la opinión el primero. De ella transcribimos lo' que signe:

“Mas no es necesario que bagamos pesquisas a fin de determinar ]as razones que bubo para el criterio legislativo. No se nos requiere-que estemos seguros de las razones precisas para su ejercicio, ni que estemos convencidos de la sabiduría del mismo. Bast v. Van Demands Lewis Go., 240 U. S. 342, 365. Basta para nuestro fallo que la. legislación que se está considerando fuera aprobada en el ejercicio de una facultad gubernamental admitida; y el hecho de que no sea. tan completa como podría serlo ni tan rígida en sus prohibiciones, da-quizás lugar a mucha laxitud, es más leve en sus penalidades de lo-que podría serlo, no milita contra su legalidad. Esto podría ser un. defecto que diera lugar a crítica y a diferencias de criterio, pero la: validez constitucional de la legislación no puede determinarse por el grado de precisión de sus disposiciones o remedios. Las nuevas nor-mas son de ordinario tentativas en sus comienzos y avanzan en fir-meza a medida que avanzan en aceptación. De la mente legislativa1 nunca salen perfectas en su alcance o aplicación. Puede que el tiempo < sea necesario para ajustarlas a las costumbres y condiciones y a me-dida que se justifican o que dejan de hacerlo, pasan del período de-prueba al triunfo, del de duda a la derogación.
“Echando a un lado las consideraciones generales y volviendo a la cuestión inmediata que nos concierne, o sea, la validez del ejer-cicio de la facultad en la Ley de Oregon, nuestra opinión de la misma, es que no infringe los límites constitucionales.
“Este caso ha sido sometido por el demandante bajo la contención: de que la ley es una sobre jornales y no una que determina el número-de horas de trabajo, y basa su caso en esa contención. Hacia la misma; dirigimos nuestra decisión y no discutimos ni consideramos las con-tenciones más amplias de los letrados del estado que tienden a justi-ficar la ley aun si se tratara de una sobre reglamentación de sueldos..
“Se sostiene que la ley aun considerada como una que reglamenta: las horas de labor, no es necesaria o útil ‘para la conservación de la. salud .de las personas empleadas en molinos, factorías y estableci-mientos fabriles. ’ De los autos no surgen hechos que sostengan esta contención, y contra ella está el criterio de la legislatura y de la Corte Suprema, que dijo: ‘En vista del bien conocido hecho de que-las costumbres en-nuestras industrias no sancionan un día de trabajo-de más de 10 horas, no puede resolverse, como cuestión de derecho, que el requisito legislativo sea irrazonable o arbitrario en lo que a las-horas de trabajo se refiere. . . .’ ” Bunting v. Oregon, 243 U.S. 426, 437.

Que el caso de Lochner quedó desde entonces virtualmente derogado La sido bien entendido por jueces y juristas. De la resolución de la corte de distrito transcribimos a este respecto lo que sigue:

“El caso de Bunting v. Oregon indudablemente revocó el anterior de Lochner v. New York. Así lo entendió el Juez Presidente Taft cuando dijo que el caso de Lochner había sido revocado sub silencio por el de Bunting v. Oregon.
“El Dean Burdick del Colegio de Leyes de la Universidad de Cornell, en su reciente obra ‘La Ley de la Constitución Americana’, pág. 581, refiriéndose al caso de Bunting v. Oregon, supra, dice lo si-guiente :
“ ‘Este estatuto (el de Oregon) fué declarado constitucional en una breve opinión en que se acepta sin discusión la constitucionali-dad de la reglamentación de las horas de trabajo, y el caso de Loch-ner ni siquiera se menciona aunque en principio está indudablemente, revocado. ’
“El extinto Juez Holmes refiriéndose a la mención que del caso de Lochner se hace en el de Adkins v. Children’s Hospital, 67 L. ed. 785 (un caso sobre salario mínimo a mujeres), dijo:
“ ‘Yo suponía. . . . que al caso de Lochner v. New York, 198 U. S. 45, se le concedería un merecido descanso. ’
“Además de los juristas antes mencionados, opinan y consideran revocado el caso de Lochner v. New York, el Juez Learned Hand de la Corte de Circuito de Apelaciones del Segundo Circuito, el Prof. Freund, el Prof. Handler de Columbia, el Prof. Frankfurter, y el Dean Roscoe Pound del Colegio de Leyes de la Universidad de Harvard. Véase al efecto el artículo del Prof. Frankfurter titulado ‘Horas de Labor y el Realismo en el Derecho Constitucional’ pu-blicado en 29 Harvard Law Review, 353, 371 y el del Juez Learned Hand titulado ‘Debido Procedimiento de Ley y el Día de 8 horas’ publicado en 21 Harvard Law Review, 495.”

Se cita una opinión de la Corte Suprema de Nuevo Méjico,, la emitida en el caso de State v. Henry, 90 A.L.R. 805, para sostener ezzl criterio contrario, pero sus razonamientos no nos-convencen.

Examinado el estatuto de Puerto Pico a la luz de lo. que llevamos expuesto, se concluye fácilmente que fue decretado por la Legislatura dentro de sus facultades. Pero se insiste por las apelantes en que es arbitrario por ser de aplicación general a todos los empleados sin tomar en consideración la naturaleza del empleo. No tienen razón, a nuestro juicio.

Volviendo al caso de Bunting, esta vez a la opinión de la Corte Suprema estadual, encontramos en ella lo que sigue:

“Es también nna máxima de Derecho Constitucional que se presume que una legislatura actúa dentro de las limitaciones constitu-cionales, con conocimiento completo de los hechos y con el propósito de promover el interés público y que las cortes no deben fácilmente resolver que la legislatura al aprobar una ley ha traspasado las limi-taciones constitucionales. La legislatura es el juez exclusivo de la corrección y necesidad de la ley. Si puede existir un estado de hechos que justifique una ley, se presumirá que tal estado de hechos existe.. .. ” State v. Bunting, 71 Ore. 259, L.R.A. 1917-C, 1165,

Y no sólo puede concluirse aquí que “puede existir” un estado de hechos que justifique una ley general como la que estamos examinando, aplicable a empleados como los de las sociedades mercantiles demandantes, si que a nuestro juicio tal estado de hechos existe. Dice a este respecto la corte sentenciadora:

“Es de conocimiento público la costumbre introducida en esta Isla, de proporcionar oportunidad a las .personas que .trabajen du-rante el día para tomar cursos nocturnos. Se han creado no sólo escuelas nocturnas para enseñar a leer y escribir, reduciendo así el analfabetismo que tanto nos perjudica en la consecución de dere-chos políticos, si que también tenemos cursos de artes y oficios, de escuela secundaria y universitarios. Una persona que trabaje 8 horas solamente, está en mejores condiciones físicas y mentales que el que trabaja 10 ó 12 horas diarias, para estudiar por la noche en una escuela o universidad y ampliar así sus conocimientos en su arte u oficio, o hacerse de una profesión. No es menos sabido que el cansan-cio físico o mental es una impedimenta para el estudio. Esta sola con-sideración, independientemente de las razones de salud que concurren, sería suficiente para que una persona razonable descubra en la ley de 7 de agosto de 1935 el propósito de promover el bienestar público. En otras palabras, no puede decirse que al reducir la jornada a 8 boras, la legislatura ba actuado injusta o arbitrariamente, y siendo ello así, la legislación cae bajo el ‘police power” y se justa a lo dis-puesto en el inciso 10 del artículo 2 de la Ley Orgánica que dice así:
“ ‘Nacía de lo contenido en esta ley será interpretado en el sen-tido de limitar la.facultad de la Asamblea Legislativa para decretar leyes para la protección de la vida, salud y seguridad de empleados y obreros.’ ”

No es sólo el bienestar de los empleados lo que tiende a asegurar y fomentar la ley que se impugna, si que también el de los patronos y el del público en general.

Ocho horas de trabajo de un empleado sano, alegre y fuerte, que se ilustra constantemente y se siente satisfecho dentro del régimen de justicia social en que vive, rinden más que diez o doce o catorce de ese mismo empleado agotado por el exceso de su esfuerzo, o contrariado por la privación de libertad que implica un tiempo tan largo y continuo de sujeción, o abatido o enconado al sentirse víctima de un régimen claramente discriminatorio en contra suya, discrimen que viene de tan lejos que pasa como algo natural y justo, como lo que debe ser a fin de que el orden y la economía social no se altéren.

Y en cuanto al pueblo en general sólo mentes estrechas pueden dejar de percibir lo que para su bienestar significa el ser servido por patronos y empleados que actúan comen-zando por servirse a sí mismos, respetándose y ayudándose mutuamente.

La experiencia demuestra que cuando estas leyes se aceptan y aplican de buena fe por patronos y empleados, el negocio no sufre; al contrario, la ganancia equitativa crece y surge una situación de mutua confianza y verdad que con-tribuye eficazmente a la dignificación de todos los seres humanos y por consiguiente a su bienestar.

Es cierto que en muchos casos las horas sobrantes se pierden en la ociosidad generadora del vicio o en el vicio mismo y el empleado entonces en vez de mejorar, degenera. Pero ésa es la excepción y no la regla. El progreso es generalmente armónico en las sociedades y cuando éstas llegan a un estado de civilización que permite la adopción de leyes como la que estamos considerando, ya cuentan en su seno con organizaciones religiosas, de recreo y culturales bien prepa-radas para proporcionar a los empleados el medio de usar su tiempo sobrante en su perfeccionamiento físico, intelectual y espiritual. Y son los patronos de certera visión los que mayores esfuerzos hacen por sostener debidamente esas insti-tuciones y por guiar hacia ellas a sus empleados.

La justicia, esto es, dar a cada uno lo que es suyo, cons-tituye la base más firme y perdurable del bienestar social y cuando en ella se inspira la Legislatura y dicta leyes dentro de sus facultades claramente tendientes a asegurarlo, la constitucionalidad de esas leyes debe ser vigorosamente soste-nida por los tribunales, porque ellas están dentro de la letra vivificada por el espíritu de la Constitución. No fué un gobierno de clases, de privilegios el que la Constitución orga-nizó. Fué un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo el que quedó por ella consagrado.

Tampoco es arbitrariamente discriminatoria la ley. “No existe el discrimen arbitrario entre las personas empleadas en los establecimientos comerciales, industriales y otros nego-cios lucrativos y las empleadas no dedicadas a tales negocios”, dijo con razón la corte de distrito en su resolución fundada, y agregó: “La ley de Oregon cuya constitucionalidad fué sostenida por el Tribunal Supremo de aquel Estado y por el Tribunal Supremo Nacional, en el caso de Bunting v. Oregon, estaba concebida, como hemos visto, en iguales términos que la nuestra, y no se resolvió que tal discrimen existiese. Además, no se habrá ocultado a nuestra legislatura al aprobar la ley impugnada, la tendencia que existe en los negocios lucrativos de obtener del obrero o empleado el mayor bene-ficio posible, mientras que no existe la misma tendencia cuando se trata de otros empleos en que no hay el incentivo del lucro.”

Por el hecho de que la Legislatura otorgara al Comisionado del Trabajo con la aprobación del Gobernador la facultad de determinar lo que constituía “emergencia''', “evento extraordinario” y “circunstancia especial” a los •efectos de la suspensión de la ley, no se violó a nuestro juicio ■el principio constitucional de la división de poderes.

En el caso de Hampton & Co. v. United States, 276 U. S. 394, 405, la Corte Suprema dijo:

“La bien conocida máxima ‘Delegaia %ootestas non potest delegare aplicable a la ley de agencia tanto en la ley general como en el derecho común, es bien entendida, y ha tenido mayor aplicación en la interpretación de la Constitución Federal y de las constituciones estaduales que en el derecho privado. La Constitución Federal y las constituciones estaduales de este país dividen los poderes guber-namentales en tres ramas: la primera es la legislativa; la segunda, la ejecutiva, y la tercera, la judicial; y la regla es que en la admi-nistración ■ del gobierno el Congreso o la Legislatura deben ejercer el poder legislativo, el Presidente o el Ejecutivo del estado, es decir, el Gobernador, el poder ejecutivo, y las cortes o la judicatura, el poder judicial, y el. hacer efectiva esa división constitucional, cons-tituye una violación de la Ley Fundamental Nacional, si el Con-greso cede su poder legislativo y lo pasa al Presidente y a la rama judicial, o si por ley trata de investirse a sí mismo o de investir sus miembros del poder ejecutivo o del poder judicial. Esto no •equivale a decir que las tres ramas no sean partes coordinadas de un gobierno y que cada una de ellas en el campo de sus obligaciones no pueda invocar la acción de las otras dos ramas en tanto en cuanto la acción así invocada no equivalga a una invasión del campo cons-titucional de la otra rama. Para determinar qué puede hacer al •solicitar ayuda de otra rama, el alcance y la naturaleza de esa ayuda deben ser fijados de acuerdo con el sentido común y con las necesidades inherentes de coordinación gubernamental.
“El campo del Congreso envuelve muchas variedades de acción legislativa, y con frecuencia al Congreso le ha sido necesario uti-lizar funcionarios de la rama ejecutiva, dentro de ciertos límites de-finidos, para asegurar el efecto exacto deseado por sus actos legis-lativos, invistiendo a tales funcionarios de la discreción necesaria para aprobar reglamentación * pública, interpretando el estatuto y prescribiendo los detalles- necesarios para su ejecución, aun al ex-tremo de imponer la pena por la violación de tales reglamentos. United States v. Grimaud, 220 U. S. 506, 518; Union Bridge Co. v. United States, 204 U. S. 364; Buttfield v. Stranahan, 192 U. S. 470; In re Kollock, 165 U. S. 526; Oceanic Navigation Co. v. Stranahan, 214 U.S. 320.”

Los procedimientos judiciales son. lentos por regla general. La propia legislatura fué cuan lejos pudo en materia de defi-niciones en la ley. No le era dable 'determinar de antemano la existencia de las situaciones extraordinarias de que trata. Su sentido común le indicó que la coordinación gubernativa resultaría más eficiente y más práctica encomendando la facultad a la rama ejecutiva que a la judicial, y así lo hizo. El derecho de los ciudadanos para recurrir en propios casos a los tribunales no quedó con ello abrogado.

Por último deseamos consignar, aunque parece que este motivo de nulidad fué abandonado ya que no se argumenta en el alegato de las apelantes, que no creemos que la ley que se impugna viole la sección 34 de nuestra Ley Orgánica porque en su título no se refiera expresamente a la sanción penal que su sección sexta contiene.

El objeto de esa prohibición constitucional, como dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos hablando por el Juez, señor Field en el caso de Louisiana v. Pilsbury, 105 U. S. 278, 289, es, “impedir la práctica, corriente en los cuerpos-legislativos en que tal provisión no existe, de incorporar en el mismo proyecto de ley materias incongruentes, sin rela-ción entre sí o con el objeto especificado en el título, a virtud-de la cual frecuentemente se adoptan, sin llamar la atención, medidas que de haber sido conocidas, hubieran tenido oposi-ción, y sido derrotadas. Esto sirve así para evitar sorpresas en la legislación. Pero no fué el propósito prohibir la unión, en el mismo proyecto, de diferentes disposiciones si ellas son-germanas con la materia general indicada en el título.” Y esta propia Corte Suprema, en el caso del Pueblo v. Arrocho, 34 D.P.R. 847, citó y aplicó la siguiente jurisprudencia tal como se encuentra resumida en Euling Case Law, a saber:

“Una ley no es anticonstitucional porque contenga más de una materia cuando las distintas materias son afines al asunto principal, o se relacionan directa o indirectamente con el asunto principal, y tienen una relación mutua con el asunto de la Ley, sin ser extrañas a la misma, o cuando las disposiciones de la ley son de igual naturaleza y legítimamente caen bajo el mismo tópico.” 25 R. 0. L. 844.
“Puesto que un estatuto puede comprender todas las materias afines al asunto principal, puede incluir todos los medios que puedan ser justamente considerados como accesorios y necesarios o apropia-dos para llevar a cabo los fines que están propiamente comprendidos dentro del asunto general. Una ley puede contener muchas dispo-siciones y detalles para llevar a cabo el fin legislativo, y si los mismos tienden de una manera legítima a efectuar ese fin la ley 'no es con-traria a la disposición constitucional.” Id. 846.

La Ley núm. 49 de 1935 que se dictó para regular las horas de trabajo de ciertos empleados establece preceptos de carácter prohibitivo. Esos preceptos requieren sanción penal que no está en conflicto con la letra ni con el espíritu de la ley, ni puede tenerse como materia distinta de la enunciada en su título, si que más bien como accesoria o necesaria para llevar a cabo los fines propiamente comprendidos dentro del asunto en general.

No existiendo, pites, ninguno de los motivos de mconsti-tucionalidad alegados, debe declararse •el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Cóbbova Dáyila

license: Public Domain

text:
    West India Oil Co., (P. R.), peticionaria y apelada, v. Jesús Benítez Castaño, como Administrador, y Bolívar Pagán, como Tesorero de la Capital de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7312.

    Sometido: Noviembre 18, 1936.

      Resuelto: Abril 15, 1937.

      J. Validejuli Rodríguez, abogado de los apelantes; James R. Beverley, R. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señor Cóbbova Dáyila

emitió la opinión del tribunal.

Por ordenanza número 37, de enero 7 de 1932, la Junta de Comisionados de la Capital impuso un arbitrio de ciento cincuenta dólares anuales por cada bomba instalada y/o funcionada dentro de la jurisdicción de la Capital para el expendio de gasolina. Por ordenanza número 122, de febrero 6 de 1933, varió dicho arbitrio a cuarenta dólares anuales por cada bomba instalada y funcionada en una vía pública, acera o plaza, y a veinte dólares anuales por cada bomba instalada dentro de terreno público o privado. Por ordenanza número 130, de abril 3 de 1933, impuso tipos iguales a los establecidos por cada bomba en la ordenanza número 122, derogando esta última. Finalmente, por ordenanza número 144, de junio 6 de 1933, impuso un arbitrio idéntico al impuesto en la refe-rida ordenanza número 122.

El Tesorero de la Capital, con la aprobación del Admi-nistrador de la misma, notificó a la peticionaria que debía pagar una suma alzada de $9,800 antes del 21 de diciembre de 1935, por concepto de los arbitrios impuestos en las refe-ridas ordenanzas, amenazándola con embargar su propiedad en caso de no ser satisfechos dichos arbitrios antes de la mencionada fecha.

La peticionaria solicitó de la Corte de Distrito de San Juan la expedición de una orden de mjtmcticm permanente, prohibiendo a los demandados realizar acto alguno tendente al cobro de los mencionados tributos y embargar y vender en pública subasta para el cobro de los mismos, propiedad alguna de la referida peticionaria.

En la solicitud se alega que los demandados pretenden cobrar “patentes” por bombas que nunca han sido ni son poseídas, funcionadas o controladas por dicha peticionaria en su negocio de vender gasolina y aceite, pues intentan cobrar los referidos arbitrios sobre veintisiete bombas de gasolina y dos de aceite, cuando la peticionaria sólo ha poseído y funcionado durante los años fiscales de 1932-1933 hasta 1934-35, veintidós bombas durante el año terminado en junio 30 de 1932; veintiuna bombas durante el año terminado en junio 30 de 1933; quince bombas durante el año terminado en junio 30 de 1934, y catorce bombas durante el año termi-nado en junio 30 de 1935.

Accediendo a lo solicitado, la Corte de Distrito de San Juan expidió una orden para mostrar causa, ordenando a los demandados abstenerse de cobrar los arbitrios en cues-tión, en el ínterin se realizaba la mencionada comparecencia. Solicitan los demandados la desestimación de la petición de injunction, alegando sustancialmente que la peticionaria tiene un recurso en ley, adecuado y eficaz. Conjuntamente con esta moción los referidos demandados radicaron una excepción previa de falta de causa de acción. Sometidas estas cues-tiones por alegatos, la corte de distrito declaró ambas sin lugar y expidió una orden de injunction preliminar ordenando a los demandados que en el ínterin se resolviese la procedencia o improcedencia del injunction permanente, se abstuviesen de realizar acto alguno tendente a efectuar el cobro de dichas contribuciones y de embargar propiedad alguna de la peticio-naria.

La corte inferior expidió el auto preliminar de injunction, basándose únicamente en que se trata de cobrar a la deman-dante, de acuerdo con las alegaciones, una contribución o impuesto sobre un número de bombas que la misma no posee ni ha poseído durante los años fiscales especificados en la demanda.

Para resolver la cuestión que sirvió de base a la resolución de la corte inferior, es innecesario acudir a la Ley núm. 99 de 1931 (pág. 627) según fue enmendada en 4 de mayo de 1933 (Leyes de 1932-1933, pág. 255). Autoriza esta ley, en su artículo 32 <a, una acción ordinaria para recobrar las contribuciones satisfechas bajo protesta y dispone que no se dará ningún otro recurso ni se expedirá auto alguno para impedir o demorar la recaudación. Basta aplicar los prin-cipios generales de derecho, sin necesidad de invocar los pre-ceptos de la referida ley, para llegar a la conclusión de qne la demandante no puede impedir por medio de nn auto de injunction el cobro de la contribución, por la única razón aducida en la opinión del tribunal <a quo en apoyo de su reso-lución, toda vez que no ba pagado u ofrecido pagar el importe de los arbitrios sobre el número de bombas que admite poseer.

La apelada trata de impedir el cobro de ciertos arbitrios por el funcionamiento, dentro de la jurisdicción de la Capital, de un número determinado de bombas, parte de las cuales posee, alegando que los demandados tratan de cobrarle “patentes” por bombas que nunca ba poseído, funcionado o controlado.

A juicio de la corte inferior, el cobro de tal contribución a la demandante sobre bombas que no posee equivale a pri-varla de su propiedad sin el debido procedimiento de ley, añadiendo que para tales casos el recurso de injunction ofrece un remedio adecuado, sin que sea óbice para ello la sección 32 <j, de la citada Ley núm. 99 de 1931.

No bay duda de que los tribunales de equidad pueden expedir autos de injunction para detener el cobro de las con-tribuciones cuando concurren circunstancias que justifican la actuación judicial. Los tribunales, sin embargo, no favorecen el ejercicio de la acción judicial a menos que sea necesario para proteger los derechos sustanciales de la parte que invoca la jurisdicción de equidad. El. auto de injunction debe ex-, pedirse en un caso claro cuando el daño a la parte quere-llante es realmente sustancial. Estos son los principios gene-rales de derecho en ausencia de una prohibición expresa de la ley. Cuando existe esta prohibición, los tribunales están obligados a darle efectividad a menos que concurra una de esas circunstancias excepcionales y extraordinarias que de-terminan y justifican la jurisdicción de equidad.

La peticionaria admite que es dueña y tiene instaladas dentro de la Capital de Puerto Rico, para el expendio de gasolina al detall, cierto número de bombas, pero alega que los demandados intentan imponer y cobrar patentes o arbi-trios sobre un numero mayor de bombas que las que en realidad posee, funciona o controla.

Éste es un caso en que, estrictamente hablando, no puede decirse que se trate de una tasación o valoración excesiva, sino más bien de la reclamación de un arbitrio sobre una pro-piedad que no pertenece al presunto contribuyente. En casos de contribución excesiva, los tribunales sostienen que para que el contribuyente pueda utilizar Ja jurisdicción de equidad, debe satisfacer u ofrecer el pago de la contribución, descar-tando el exceso de la misma.. La equidad no impedirá el cobro de una contribución parte de la cual es legal y válida, a menos que se pague o se ofrezca el pago de dicha porción. Esta doctrina no se aplica cuando la tasación es completa-mente nula. 61 C. J. 1089; 16 L.R.A. (N. S.) 807, 811; L.R.A. 1916A 972, 979.

En el caso de Bismarck Water Supply Co. v. Barnes, L.R.A. 1916A 965, 971, la Corte Suprema de North Dakota se expresó así:

“El simple hecho de que la contribución del demandante pueda ser mayor de la de una mayoría de los contribuyentes en el estado, no le da derecho para acudir a una corte de equidad. Como se dijo por la Corte Suprema de los Estados Unidos en ‘State R. Tax Cases’, 92 U. S. 575, 614, 23 L. ed. 663, 674: ‘Es una cosa muy be-neficiosa para las corporaciones o los individuos cuyas contribuciones son muy crecidas, obtener un injunction preliminar con respecto a todas sus contribuciones, dilatar el litigio del caso por varios años, y entonces, si al final se decide que sólo una pequeña parte de la contribución debe ser no pagada, allanarse al pago del balance. Esto no es equidad. Es una violación directa del primer principio de la jurisdicción de equidad.’
“Al tiempo que esta acción fué comenzada, el demandado Barnes, como sheriff del Condado de Burleigh, se había apoderado de cierta propiedad perteneciente al demandante. Éste tenía entonces un re-medio adecuado en ley, pagando las contribuciones bajo protesta y promoviendo demanda para recobrar el exceso ilegal. (Citas.)”

En el caso de Sieffried v. Raymond, 60 N. E. 868, 869, resuelto por la Corte Suprema de Illinois, se sostiene que una corte de equidad debe conceder nn remedio mediante injunction contra la imposición de una contribución sobre propiedad que está exenta de tributo y dice que en caso de que se trate de cobrar una contribución parte de la cual está exenta, la equidad impedirá el cobro de esta parte, si es posible distin-guir la parte de la contribución que está exenta de la que no lo está. Añade la corte que en casos en que la contribución legal y la ilegal estén de tal modo mezcladas que no puedan ser distinguidas, debe decretarse el injunction sobre toda la propiedad.

La doctrina sentada por los tribunales no puede ser más equitativa. Ya se trate de una contribución excesiva o de nn tributo impuesto sobre propiedad que no pertenece al presunto contribuyente, si parte de la contribución se adeuda legalmente, el deber de la persona afectada por el cobro de la contribución es pagar u ofrecer el pago de la contribución que adeuda, para colocarse en condiciones de utilizar la juris-dicción de equidad.

La peticionaria sostiene en su alegato que no puede deter-minarse exactamente qué parte de esos arbitrios que intenta cobrar el municipio se contraen a las bombas que en realidad de verdad ha poseído y funcionado. Arguye que el Colector Municipal intenta cobrar una suma alzada de $9,800 sin que pueda haber manera o forma alguna de determinar en este estado del procedimiento cómo es que se reparten o dividen los arbitrios de $9,800 sobre las distintas bombas de gasolina. No estamos conformes con este criterio. Claramente se alega en la demanda que se impone nn arbitrio de $40 por año por permiso para el mantenimiento de cada bomba que ocupe, total o parcialmente las vías públicas, aceras o plazas, y $20 por año por cada bomba instalada dentro de terreno público o privado.

La peticionaria sabe dónde es que tiene instaladas sus bombas y no ignora la cantidad que debe pagar sobre las. que, según alega, le pertenecen. Bien pudo pagar u ofrecer-el pago de este arbitrio y solicitaí el vnjimction sobre los arbitrios impuestos a las bombas que según alega no posee ni funciona o' controla.

La propia demandante admite que de ser válidas las orde-nanzas imponiendo los arbitrios que abora se impugnan, éstos ascenderían a la suma de $1,850. Sin embargo, ni siquiera esta cantidad se ba satisfecho u ofrecido satisfacer, de acuerdo, con las alegaciones de la demanda.

En cuanto a la validez de las ordenanzas impugnadas, nos dice la peticionaria en su alegato que no resulta claro si el tributo impuesto por las referidas ordenanzas constituye contribuciones sobre la propiedad o arbitrios. Alega que paga los siguientes impuestos y contribuciones para beneficio de la Capital de Puerto Eico:

(а) Contribuciones sobre la propiedad durante el año 1936 montante a 2.54 por ciento sobre el valor de las propiedades, incluyendo desde luego las bombas para el expendio de gasolina.

(б) Un arbitrio de $200 trimestrales por licencia para traficar en gasolina al por mayor.

(o) Un arbitrio de $5 a $15 trimestrales por licencia por el negocio de venta de gasolina al detall sobre cada una de las estaciones de servicio o establecimientos en que se en-cuentran instaladas las referidas bombas, montando este arbitrio a $200 al año.

Arguye la peticionaria que si los tributos impuestos se consideran como contribuciones sobre la propiedad, son anti-constitucionales por varios fundamentos, entre ellos por falta de uniformidad, porque imponen un recargo que excede del 2 por ciento de la valoración de la propiedad radicada dentro de la capital, porque son confíscalo rio s y porque imponen una doble contribución.

A nuestro juicio, aunque dichas ordenanzas establecen como base para computar los referidos tributos el pago de una cantidad fija por cada bomba para el expendio de gaso-lina o aceite que funcione dentro de la Capital, dichos tributos se cobran por el permiso de funcionar las referidas bombas, constituyendo claramente arbitrios por concepto de licencias.

La diferencia entre lo que constituye un arbitrio y una contribución sobre la propiedad ha sido claramente estable-cida por los tribunales. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sugerido, por ejemplo, los siguientes puntos de ^ista:

“Un arbitrio y una contribución sobre la propiedad, cuando am-bos se asemejan, de ordinario pueden ser distinguidos por los res-pectivos métodos adoptados para fijarlos y para determinar su cuantía. Si la contribución se impone directamente por la legisla-tura sin tasación alguna, y su importe se determina por los negocios realizados o por el punto hasta el cual se han disfrutado o ejer-cido por el contribuyente los privilegios conferidos, independien-temente de la naturaleza o valor del activo del contribuyente, el tributo será considerado como un arbitrio, más si la contribución se computa sobre la base del valor de la propiedad y se fija por tasadores, en el lugar en que la misma está ubicada o en el domici-lio del dueño, aunque se incluyan privilegios en la valoración, la misma será considerada como una contribución sobre la propiedad.” Saving v. Coit, 6 Wall. (U. S.) 594; 18 L. ed. 897.

La Corte Suprema de California se ha expresado del modo siguiente:

“En términos generales, el objeto de una contribución sobre la propiedad es obtener rentas. Tal contribución no impone ninguna condición ni fija restricción alguna sobre el uso de la propiedad así tributada. Una contribución de privilegio, aunque sea aprobada con el fin de obtener rentas y que como tal ha de ser distinguida de la contribución por licencia, o del cargo reglamentario impuesto en armonía con el poder público del estado, se fija sobre el derecho a ejercer un privilegio, y su pago se hace invariablemente una condición precedente al ejercicio del privilegio envuelto.” Ingels v. Riley (Cal. 2) 53 Pac. (2) 939.

En McKenney v. Alexandria, 147 Va. 157, 136 S. E. 588, se resolvió que una ordenanza municipal en la que se dispone que toda persona que venda gasolina por medio de una bomba {curb pump) situada ya en la vía pública o en una propiedad privada, pagará la cantidad de $25 por cada gasómetro (discharge standard), no impone una contribución sobre dieho artículo sino un arbitrio por el privilegio de llevar a cabo eí referido negocio.

No siendo los tributos impuestos por las ordenanzas im-pugnadas contribuciones sobre la propiedad, sino arbitrios,, las razones aducidas por la apelada para sostener que dichas-ordenanzas son inconstitucionales no necesitan ser conside-radas.

La apelada alega, además, que asumiendo que dichos; tributos son arbitrios, los mismos son ilegales y nulos, entreoirás razones, porque las referidas bombas de gasolina son un. elemento necesario del negocio de venta y distribución de gasolina y los tributos impuestos por dichas ordenanzas constituyen una doble tributación, porque a la peticionaria se leimpone y cobra por el Gobierno Insular un arbitrio de 7 centavos por galón de gasolina que venda o importe (Ley núm. 40-de 24 de abril de 1931, pág. 361); un arbitrio por el privilegiode dedicarse al negocio de vender gasolina al por mayor; y otro arbitrio por el privilegio de dedicarse a vender gasolina al detall (Ley núm. 17, aprobada en 3 de junio de 1927, pág. 459). Alega también que dichos arbitrios son ilegales y nulosporque privan a ¡a apelada de la igual protección de las leyes y se establece un discrimen en contra de ella, que utiliza bombas de gasolina en su negocio mientras quedan libres del tributo- aquellas personas y entidades que expenden gasolina sin usar bombas para' ello; porque las ordenanzas que los imponen proveen que es el Tesorero de la Capital el llamado a determinar quién será la persona sujeta al pago de la contribución o arbitrio y tal delegación de poder al mencionado. Tesorero es ilegal e inconstitucional.

Es claro que el elemento sobre el cual se fijan los tributos en cuestión no es una parte necesaria del negocio .de venta de gasolina en general, que puede venderse en otras formas que no sea por medio de bombas. ' La contribución debe ser sostenida cuando el elemento sobre el cual se fija la contribu-ción adicional no es parte necesaria o usual del negocio en general. Sucs, de C. y J. Fantauzzi v. Asamblea, Municipal de Arroyo, 295 F. 803; Fajardo Development Co. v. Camacho, 35 D.P.R. 355.

Las alegaciones contenidas en la demanda sobre este particular no justifican la expedición de un auto preliminar de injunction. Para conceder este remedio no solamente deben existir todos los elementos y requisitos de un caso que caiga dentro de la jurisdicción de la corte, sino que de acuerdo con la mayoría de las decisiones no debe haber duda en la mente judicial de que la contribución o el método adoptado para su efectividad resultan claramente inconstitucionales. Lewis & Spelling “Law of Injunction”, 421.

La inconstitucionalidad de la ley debe ser clara para que esté justificada la acción judicial impidiendo el cobro de las contribuciones.

De las alegaciones de la demanda no surge claramente la inconstitucionalidad de las ordenanzas, que no se acompañan a la misma, ni tampoco estamos en condiciones de decir que se trata de un caso de doble tributación prohibido por la ley.

Alegan los apelantes que la corte inferior erró al declarar sin lugar la moción solicitando la desestimación de la petición de injunction, toda vez que la sección 32 a de la ley de 1931 confiere al contribuyente un remedio legal, eficaz y adecuado, de pago bajo protesta y acción ordinaria para recobrar las contribuciones así pagadas.

Sostiene la peticionaria que dicho precepto legal no con-fiere un remedio legal adecuado, porque no provee el pago de intereses al contribuyente sobre la cantidad satisfecha bajo protesta, en caso de que la contribución resulte ilegal, y porque sólo concede al contribuyente una reclamación preferente y no un derecho claro y absoluto a reintegro, pues aunque dis-pone que la cantidad pagada bajo protesta debe ser reinte-grada, no contiene una disposición mandatoria obligando al Tesorero al reintegro inmediato, y porque además dicho pro-cedimiento expone al contribuyente a una multiplicidad de litigios.

Convenimos en que la mencionada sección 32 a no dispone pago de interés algnno.

Esta corte lia sostenido qne en nna acción para recobrar contribuciones pagadas bajo protesta, el contribuyente no puede recobrar intereses a menos que se autorice expresa-mente. The Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, Tesorero, 20 D.P.R. 86, 88. De acuerdo con el criterio adoptado por este tribunal, el contribuyente que satisfaga contribución al G-o-bierno de la Capital bajo protesta y demande en cobro de las referidas contribuciones, no podrá recobrar intereses sobre la cantidad así pagada, porque no bay ley que autorice dicbo pago.

Abora bien, el hecbo de que no se disponga por la sección 32, ni por ninguna otra ley, el pago de intereses al contribu-yente sobre la cantidad satisfecha bajo protesta por concepto •de contribuciones adeudadas al Gobierno de la Capital, jes motivo bastante para que se expida un auto de mjimction im-pidiendo el pago de la contribución?

No fue hasta el año 1926 que se impugnó en Estados Unidos el procedimiento de pago bajo protesta como inade-cuado si no se disponía el pago de intereses. 42 “Harvard Law Review”, 435. La cuestión fue planteada ante esta •Corte Suprema por primera vez en el caso de Texas Co. (P.R.) v. Junta de Comisionados, 49 D.P.R. 934. En dicbo caso, al impugnar la constitucionalidad de una de las orde-nanzas envueltas en el presente caso (Ordenanza mím, 144, •de 6 de junio de 1933), en un recurso de certiorari incoado unte la Corte de Distrito de San Juan, la peticionaria alegó •como fundamento de su petición que el remedio de pago bajo protesta que establece la sección 32 a no es un remedio legal ■eficaz y adecuado que impida al contribuyente el uso del ■certiorari que provee la sección 46 de la antes mencionada Ley núm. 99 de 1931. Por voz del Juez Travieso, este tribunal hizo el siguiente análisis de la jurisprudencia federal existente sobre el particular:

“Aporta el apelante, como columna sostenedora de su contención de que el remedio legal que concede la sección 32 a es inadecuado y que por eso tiene derecho al recurso de certiorari, el caso de Procter & Gamble Distributing Co. v. Sherman, 2 F. (2) 165. En este caso, el demandante acudió ante la Corte de Distrito de los Estados Uni-dos en Nueva York, como Corte de Equidad, en solicitud de un auto de injunction,' que es un remedio de equidad, para prohibir a las autoridades de aquel estado que le cobrasen a la corporación deman-dante ciertas contribuciones. Se pidió por el demandado la desesti-mación de la demanda por insuficiencia de sus alegaciones. La corte sostuvo que la demanda era suficiente y que el demandante tenía de-' recho a recurrir a la jurisdicción de Equidad, porque en su opinión la ley del Estado de New York envuelta en el caso no ofrecía al de-mandante un remedio legal adecuado, por los motivos: (1) la frase ‘may be refunded to such corporation,’ podrá ser reintegrada a dicha corporación, es ambigua y deja en duda si el contribuyente podría obligar a que se hiciese el reintegro, en caso de que las autoridades se negasen a hacerlo; y (b) porque el estatuto en cuestión rehúsa expresamente conceder intereses sobre el importe reintegrado.
“En el caso de Southern California Telephone Co. v. Hopkins, 13 F. (2d) 814, la demandante acudió también a una Corte de Equi-dad en solicitud de injunction, para impedir el embargo y la venta de aparatos telefónicos, con el fin de hacer efectiva una contribución local, que la demandante consideraba ilegal por ser una contribu-ción doble, prohibida por las leyes de California. El demandado-pidió la desestimación de la demanda de equidad, alegando que el demandante tenía un remedio legal adecuado, consistente en pagar la contribución y demandar su devolución. La demandante replicó que el remedio legal que le concede el estatuto de California no es adecuado porque obligaría a la demandante a incoar una multiplici-dad de pleitos, y además, porque la demandante no podría recobrar intereses sobre la suma que le fuera reintegrada. La Corte de Dis-tinto de California desestimó la demanda. Apelada la sentencia, la Corte de Circuito del Noveno Circuito, siguiendo el precedente esta-blecida por el caso de Procter v. Gamble, supra, revocó el fallo de la corte inferior y decretó el injunction solicitado, por entender que el remedio legal que el estatuto de California ofrecía al demandante no era adecuado. Apelado el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, éste confirmó la sentencia y sostuvo que el remedio que daba el estatuto era inadecuado porque no disponía el pago de intereses sobre las cantidades pagadas bajo protesta, durante el tiempo necesario para obtener una sentencia; y que el remedio en equidad era permisible. Véase Hopkins v. Southern Cal. Tel. Co., 275 U. S. 399-400.”

Copiamos a continuación lo que dijo la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Hopkins v. Southern, Cal. Tel. Co., 275 U. S. 399, por nosotros citado:

“Los peticionarios mantienen que bajo los artículos 3804 y 3819 del Código Político de California, los demandados pudieron haber protegido sus derechos pagando la contribución y promoviendo una acción para recobrarla. Pero si estos dos artículos se aplican en cir-cunstancias como las aquí presentadas, es cosa que no resulta cierta. El artículo 3819 concede un remedio al dueño; y Warren v. San Francisco, 150 Cal. 167, intima con énfasis que dicho artículo se aplica únicamente a los verdaderos dueños. Si el arrendatario que ha pagado las contribuciones sobre la propiedad del dueño puede re-cobrar bajo el artículo 3804'también es dudoso. Los abogados difieren ampliamente con respecto al significado de estos artículos y las opiniones de la Corte del Estado no disipan la duda. En nin-guno de los procedimientos autorizados por la ley puede el interés sobre pagos ser recobrado por el tiempo necesario hasta que se dic-ten las sentencias. El Condado y diez y seis municipalidades están interesados en las contribuciones demandadas y si los peticionarios hubiesen recibido pagos, sería de su incumbencia hacer una pronta distribución. Considerando todas las circunstancias, nosotros no en-contramos un claro y adecuado remedio en ley. El procedimiento de equidad debe permitirse.”

Hemos transcrito el párrafo que antecede porque, como se verá, aunque en él se citan los intereses, no fué ésta la única razón que Mzo justificable, a juicio del Tribunal Supremo, el remedio en equidad.

La peticionaria cita el caso de Proctor v. Sherman, 2 F. (2d) 165, donde se dice lo siguiente:

“Pero completamente independiente de tal duda, el remedio es inadecuado en virtud de la negativa expresa de permitir intereses. No es respuesta decir que no se concedan intereses contra el soberano. (Citas.) Lo adecuado del requisito del remedio legal no puede ser apreciado por los remedios que se tienen contra una persona que no puede ser alcanzada por autos judiciales (who is exempt from all process). Si ésta fuera la pauta, la suma principal podría ser con-fiseacla. Si bien es cierto que no se me ha citado ninguna decisión :sobre la materia, me parece claro que no existe un remedio adecuado cuando se toma el dinero de otro como una condición para que pueda discutir judicialmente su derecho, simplemente para devol-vérselo, no importa cuanto tiempo después, luego de establecer que nunca debió habérsele requerido de pago. Cualesquiera que hayan podido ser nuestras nociones arcaicas acerca de los intereses, en las comunidades financieras modernas un dólar hoy vale más que un •dólar el año próximo, e ignorar el intervalo por no tener importan-cia, es colocarse en pugna con creencias bien establecidas acerca del valor. El presente uso de mi dinero es por sí mismo una cosa de valor, y si no adquiero compensación por su pérdida, mi remedio no constituye una reparación.”

Esta doctrina ha sido' también sostenida en el caso de Nutt v. Ellerbe, 56 F. (2d) 1058, 1062.

La Corte Suprema de Oklahoma, en Atchison, T. & S. F. Ry. Co. v. Elredge, 166 P. 1085, mantiene un criterio dis-tinto. En este caso se alegó, entre otras cosas, la inconsti-tueionalidad del remedio concedido, por no disponerse com-pensación por daños, honorarios de abogado y uso del dinero. El referido tribunal sostuvo que estas impugnaciones care-cían de mérito.

En el presente caso no es necesario resolver definitiva-mente la cuestión planteada, aunque aparece muy bien argu-mentada por los tribunales que sostienen que el remedio no ■es adecuado y que procede el injunction cuando no se con-ceden intereses. Decimos que no es necesario resolver defini-tivamente esta cuestión, porque la peticionaria no se ha colo-cado dentro de los principios de equidad para solicitar el auto de injunction. Cuando pague u ofrezca pagar lo que •debe por las bombas de gasolina que posee según las alega-ciones de la demanda, entonces podrá discutirse si está auto-rizada o no para solicitar la acción judicial por medio de un procedimiento de equidad. “He who seeks equity, must do •equity.” Esta es la regla aplicada por los tribunales en un caso de esta naturaleza.

También alega la peticionaria que la acción ordinaria no le ofrecería nn remedio efectivo, adecnado y rápido, y seguro en ley, porque el estado de las finanzas del Gobierno de la Capital es de tal modo embarazoso que equivale práctica-mente a un estado de insolvencia, no estando en posición dicho Gobierno de pagar sus cuentas corrientes a su venci-miento, motivo por el cual no podría recobrar los arbitrios que ilegalmente pretende cobrarle dicho Gobierno en caso de que sean más tarde declarados nulos. Se hacen además otras alegaciones específicas en apoyo de esta alegación general, y se alega que estas alegaciones han sido aceptadas por los demandados, quienes se limitaron a excepcional' la demanda por falta de hechos y a -presentar la defensa de que no procedía el auto de mjvMcUon por existir un remedio ordinario concedido por la ley.

Sin detenernos a discutir los méritos de las alegaciones sobre la insolvencia del Gobierno de la Capital, no creemos que el auto de mj'imction preliminar deba expedirse para impedir el cobro de una contribución, por el hecho de que los demandados se hayan limitado a exeepcionar la demanda. Si la cuestión previa hubiese sido desestimada, los demandados habrían tenido derecho- a contestar la demanda. Afirmar que han aceptado la insolvencia del Municipio por el hecho de haber establecido una excepción, es muy aventurado,, cuando se invoca la jurisdicción de la corte para un remedio en equidad, que tiene por objeto impedir el cobro de deter-minados arbitrios.

La Legislatura de Puerto Rico ha manifestado claramente su intención de que no se establezca recurso alguno para detener el cobro de las contribuciones en el Gobierno de la Capital.

Ésta es una precaución sabia y razonable que se adopta para la seguridad del Gobierno Municipal. Como dice la Corte Suprema de los Estados Unidos en Tennessee v. Sneed, 96 U. S. 69, no hay gobierno que pueda existir cuando se-permite que el cobro de sus contribuciones sea dilatado by every litigious man or every embarrassing mcm to whom, delay was more important them the payment of costs.

En Bismarch Water Supply Co. v. Barnes, supra, se dijolo siguiente:

“Se lia establecido como im amplio principio que en ningún' caso el cobro de una contribución será impedido cuando no se de-muestra un daño de carácter irreparable y este becbo debe apare-cer de las alegaciones de la solicitud. High, Inj. 362; Ritter v. Patch, 12 Cal. 298. Si la contribución es legal en sí misma, y la propiedad sobre la cual se impone está sujeta a contribución, en-tonces no puede decirse que tal agravio pueda resultar de su cobro. Puede, financieramente, molestar al contribuyente, arrojar dudas en su título, y hasta ocasionar su quiebra, pero ¿constituyen éstas ra-zones para la intervención de una corte de equidad? Seguramente no, o los poderes y procedimientos de tal corte encontrarían un amplio desarrollo. Es una cuestión indiferente para el interés pú-blico quién paga las contribuciones o de qué clase de propiedad se derivan. Pero es de la mayor importancia que las mismas sean pagadas rápidamente y con el menor costo posible al Tesoro público. Una parte no ocupa un campo muy equitativo cuando admite que el terreno de que es dueña está sujeto a contribución, que esto es justo y legal, pero que él utilizará el error o la negligencia de un funcionario como una excusa para dilatar o impedir el pago. El úl-timo artículo de propiedad personal sujeto a contribución pertene-ciente al hombre pobre puede ser incautado y vendido para el cobro de la contribución y los tribunales de equidad en muchos casos se abstendrán de intervenir; mientras que al hombre rico, con sus gran-des extensiones de terreno y dinero para pagar a sus abogados, si se le permitiera beneficiarse de tales sutilezas y tecnicismos podría in-definidamente posponer el pago de su obligación, arrojando así una. carga adicional en los contribuyentes cumplidores y colocando en situación embarazosa al Tesoro público.”

Después de baber estudiado detenidamente las alegaciones de la demanda, hemos llegado a la conclusión de que debe revocarse la resolución ¡apelada y devolverse \el oaso a la corte inferior para procedimientos ulteriores no incompatibles con los términos de esta opinión.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Junio 15, 1937

Alegaciones — Excepciones Pkevias — Hechos que Admiten o Aceptan. — Por el hecho de haberse interpuesto excepción, previa a una solicitud de mjimotion para detener el cobro de una contribución, no viene este tribunal obligado a aceptar como ciertas las concluciones de hecho establecidas en la petición declarando ilegal o inconstitucional la legislación que en ella se impugna, máxime cuando de las propias alegaciones surgen serias dudas acerca de la corrección del aserto en que la parte peticionaria se funda.

En ira extenso alegato solicitando la reconsideración de la sentencia dictada en el presente caso, alega la peticionaria .qne no se siente obligada a pagar o a ofrecer el pago de los •arbitrios sobre las bombas qne admite poseer, como medio 'de ponerse en condiciones de obtener el remedio de imjimction, toda vez qne dicha peticionaria impugna la validez de todas • las patentes o arbitrios impuestos.

Admite la peticionaria qne es dueña de cierto numero de bombas, que tiene instaladas dentro de la jurisdicción de la Capital de Puerto Rico, para el expendio de gasolina.

En virtud de la orden de injunction solicitada, se trata de impedir que los demandados apelantes cobren a la peticio-naria una suma alzada de $9,800 en concepto de arbitrios, .por el privilegio de instalar bombas de gasolina en terrenos públicos o privados dentro de la jurisdicción de la Capital. Como fundamento para la expedición de la orden de mjvmc'tion, se alega principalmente que los demandados intentan imponer y cobrar patentes o arbitrios sobre un número mayor de bombas de las que en realidad posee, funciona o controla, .que el remedio de pago bajo protesta es inadecuado, que las ordenanzas que imponen los arbitrios en cuestión son anti-constitucionales y que el Gobierno de la Capital se encuentra en estado de insolvencia.

. .Revocamos la orden preliminar de mjvmction dictada por la- corté inferior, porque, a nuestro juicio, de las alegaciones de la demanda no surge claramente que las ordenanzas im-pugnadas. sean .inválidas y nulas, y porque si bien es cierto que se pretende cobrar arbitrios sobre bombas que según las alegaciones la peticionaria no posee, también se intenta cobrar los mismos arbitrios por la instalación de bombas que la propia peticionaria admite poseer. A nuestro juicio, ya se trate de una contribución excesiva o de tributos impuestos sobre propiedad que el contribuyente no posee, el deber de la peticionaria era pagar u ofrecer el pago de los arbitrios que recaen sobre las bombas que ella misma admite poseer, a menos que se hubiese demostrado claramente la nulidad de las ordenanzas impugnadas. Si estas ordenanzas son válidas, la corte no puede impedir el cobro de los arbitrios impuestos sobre las bombas que el contribuyente admite haber poseído.

Hemos dicho que para que pueda detenerse el cobro de una contribución mediante un auto de mj'umctioii, cuando se alega que la legislación que la impone o el procedimiento para cobrarla es anticonstitucional, el contribuyente debe pre-sentar un caso claro de inconstitucionalidad.

Esta regia aparece enunciada por los comentaristas Lewis & Spelling en su tratado “The Law of Injunction”, en la forma que a continuación se expresa:

“Para que esté justificado un remedio de injunction contra una contribución, deben existir no solamente todos los otros elementos y prerequisitos de un caso dentro de la jurisdicción, sino que según se ha resuelto en la mayoría de las jurisdicciones, no debe haber duda en la mente judicial de que la contribución o el método adop-tado para hacerla efectiva es anticonstitucional o ilegal por otras razones. Esto equivale a decir (aplicando en una nueva forma la regla de que las cortes de equidad no intervendrán excepto cuando la ilegalidad de la contribución sea clara) que cuando existen serias dudas con respecto a la debida interpretación de la cual depende la validez de la contribución, el injunction debe ser denegado. Pero un injunction temporal algunas veces será concedido en tal caso con-dicionalmente, y en vista de circunstancias especiales, para impedir el cobro de la contribución hasta que la validez de la misma pueda ser determinada.” Lewis & Spelling, sec. 200, págs. 421, 422.

Pero la parte apelada, pasando por alto los principios anteriormente enunciados, se pregunta: “% Cómo va la peticio-naria a pagar los arbitrios sobre las bombas que posee, si precisamente su querella es que los mismos son ilegales y no posee un remedio adecuado en ley dentro del cual discutir y sostener su nulidad? ¿Cómo es lógico y, además de lógico, equitativo, obligar a este contribuyente a pagar los arbitrios a que nos referimos si esta misma corte no ha decidido la proposición por él levantada de que el remedio de pago bajo protesta no es adecuado, máxime cuando esta corte parece estar hondamente impresionada por las autoridades que de-ciden que el remedio ofrecido no es adecuado?”

Y preguntamos nosotros, ¿qué tiene que ver la existencia o inexistencia de una ley que prescriba un procedimiento adecuado con la cuestión resuelta? En la hipótesis de que la ley aprobada por la Asamblea Legislativa concediese el pago de intereses, la peticionaria tendría siempre derecho a que se le expidiese un auto de injunction para impedir el cobro de aquellos arbitrios impuestos sobre las bombas que no posee, a pesar de existir el remedio concedido por la ley. En cuanto a las bombas que posee, la alegada invalidez de la ordenanza debe ser clara, para que pueda decretarse el paro en el cobro del arbitrio, tanto si existe dicho remedio como si no hubiese hallado cabida nunca en nuestros estatutos. Sostener lo contrario equivaldría a ignorar los principios reconocidos por la jurisprudencia, dejando a la parte contra quien se solicita la orden de injunction a merced de las alega-ciones que tenga a bien establecer la peticionaria. No basta con que se establezca en la solicitud la conclusión de que una ley o una ordenanza es inválida. Es necesario, además, que surja claramente la invalidez, para que una corte de equidad esté justificada en decretar una orden de mjunction impi-diendo el cobro de una contribución.

En toda demanda es necesario alegar una causa de acción. En una solicitud de injunction, esta causa de acción debe ser completamente clara, sin dejar dudas en la mente judicial, cuando se alega la anticonstitucionalidad de una legislación y se persigue el propósito de impedir el cobro de un arbitrio o contribución. Y esta claridad no surge en eí presente caso. Nada más lejos de nuestro ánimo que tratar de prejuzgar la cuestión planteada, que no lia sido resuelta por la corte inferior. Como dijimos en nuestra opinión, el auto preliminar de mjvmcüon expedido se basó únicamente en haberse tra-tado de cobrar a la demandante una contribución impuesta sobre un número de bombas que no posee. Deseamos añadir que no existen en este caso circunstancias especiales para impedir el pago.de la contribución y por esta razón creemos que debemos sostener nuestro fallo revocando la resolución apelada.

Alega la peticionaria que toda su causa de acción estriba en el hecho de que “siendo las bombas parte indispensable de su negocio, las mismas no pueden ser impuestas por estar ya gravado el negocio, tanto por el Gobierno Insular como por el Gobierno Municipal.” Afirma que en la petición jurada alegó que “las referidas bombas de gasolina son elementos necesarios del negocio de venta y distribución de gasolina” y que los demandados admitieron dicha alegación a virtud de una excepción previa. Es decir, que por el hecho de que los demandados hayan interpuesto una excepción previa a la soli-citud, nosotros debemos estar obligados a aceptar como ciertas las conclusiones de hecho establecidas por la peticio-naria, declarando ilegal la legislación impugnada. La con-clusión de la peticionaria no puede obligarnos, sobre todo cuando de sus propias alegaciones surgen serias dudas acerca de la corrección de este aserto en que tanto énfasis ha puesto la parte apelada. La misma peticionaria no parece estar de acuerdo con su afirmación de que las bombas son parte indispensable de su negocio, cuando en la demanda alega que “con dichos tributos se priva a la peticionaria de la igual protección de las leyes y se establece un discrimen en contra de la peticionaria, que utiliza bombas de gasolina en su ne-gocio, mientras quedan libres del tributo aquellas personas y entidades que expenden gasolina sin usar bombas para ello.” A juzgar por estas alegaciones las bombas son un elemento indispensable para la venta de gasolina cuando esa venta la lleva a cabo la peticionaria; pero no lo son para otras personas y entidades qne según la demanda expenden gasolina sin usar bombas para ello.

También nos dice la peticionaria que si en definitiva se declarase la existencia de una doble tributación, resultaría lesionada en sus derechos, porque el Municipio es insolvente y no podría recobrar la suma satisfecha. Asumiendo' que esta conclusión sea correcta, también podríamos decir que la municipalidad de San Juan se vería privada de cobrar opor-tunamente los arbitrios, en caso de que la ordenanza fuese declarada válida. Es por esta razón que la peticionaria no debe tener derecho a detener el cobro de una contribución o arbitrio, sin establecer claramente la anticonstitucionalidad de la ordenanza. Toda la jurisprudencia está conforme en que el paro del cobro de una contribución es una cuestión seria que debe ser cuidadosamente estudiada por los tribu-nales antes de decidirse a decretarlo', sobre todo cuando aparte de lo indecuado del remedio no puede negarse que la Asamblea Legislativa ha declarado de una manera expresa y categórica que no debe detenerse mediante w/jwicüow* el cobro de una contribución.

No ha bugmr a lia reconsideración solicitada,.


author: El Juez Presidente SeSor Del Toro

text:
    Plaza Provision Company, Inc., peticionaria y apelada, v. Jesús Benítez Castaño, sustituído por Dr. Carlos M. de Castro, como Administrador, y Bolívar Pagán, como Tesorero, de la Capital de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7340.

    Sometido: Marzo 1, 1937.

      Resuelto: Abril 15, 1937.

      J. Valide juM, abogado de los apelantes; James B. Beverley, B. Castró Fernández, Byder Patten y José López Barált, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente SeSor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso in-terpuesto en este caso porque habiéndose radicado los autos desde junio 18, 1936, los apelantes, a la fecha de la moción— febrero 11, 1937 — no habían presentado el alegato que de acuerdo con la ley debieron haber presentado desde junio 28, 1936.

Reconocieron su falta los apelantes. Alegaron que se debía a la negligencia del empleado encargado del libro de términos en el bufete de su abogado. Acompañaron su ale-gato y haciendo énfasis en el mérito del mismo, pidieron que el recurso no fuera desestimado.

A los efectos de ejercitar debidamente nuestra discreción hemos examinado el alegato y encontramos que la única cuestión envuelta en el recurso es la de la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan para expedir el auto de injunction preliminar que expidiera paralizando el cobro de cierto arbitrio impuesto por una ordenanza del Q-obierno de la Capital.

Sostienen los apelantes que la corte carecía de autoridad dado el terminante precepto legislativo contenido en el ar-tículo 32 (>a) de la Ley (núm. 99) para establecer un gobierno especial para la Capital de Puerto Rico (Leyes de 1931, pág. 627) tal como quedó enmendada por la Ley núm. 32 de 1933, Leyes de 1933, pág. 255. Invocan la decisión de ésta corte en el caso de Texas Co. (P. R.) Inc. v. Junta de Comisionados, 49 D.P.R. 934.

La Legislatura en el precepto indicado fijó el pago bajo protesta y la reclamación de lo pagado ante los tribunales de justicia como el recurso único en caso de recaudación ilegal de rentas, contribuciones o arbitrios locales de la ■Capital y dispuso además que en ningún caso se expediría auto alguno para impedir la recaudación de dichas rentas, contribuciones y arbitrios locales devengados o para obstacu-lizar o demorar su recaudación. Si ese precepto rige en toda su integridad, debe resolverse que asiste la razón al apelante.

¿Qué decidió esta corte en el caso invocado?

Después de estudiar algunas decisiones que resuelven que el pago bajo protesta y la reclamación judicial de lo pagado sin comprender intereses, no es un remedio completo y ade-cuado que impida el que pueda recurrir se a la equidad, dijo la corte por medio de su Juez Asociado Sr. Travieso:

"De acuerdo con lay autoridades que preceden, podría tal vez haberse invocado la jurisdicción extraordinaria de la Corte de Dis-trito de San Juan, como corte de equidad, en solicitud de un auto de injunction, para impedir el cobro de la contribución en el presente caso, alegando la ineficacia del remedio que a la demandante concede la sección 32 (>a) de la Ley del Gobierno' de la Capital. Pero ese remedio de equidad no podría prosperar si, aparte del remedio de pago bajo protesta, existiese otro remedio legal adecuado para conseguir la revisión y anulación de la ordenanza.
"La dificultad del caso de autos estriba en que la demandante no ha acudido ante la corte de distrito en solicitud de que ésta, como Corte de Equidad, le proteja, mediante un auto de injunction, contra la aplicación de una ordenanza que considera ilegal, sino que ha invocado la intervención de la corte, para que ésta le conceda un remedio legal estatutario, el certiorari, que la corte puede conceder o negar, a su discreción, pero sólo en aquellos casos taxativamente provistos por el estatuto.
"En todos los casos que hemos citado, el demandante recurrió al injunction.
“La petición en el jjresente caso se ha basado exclusivamente en la alegada insuficiencia de los remedios legales que las leyes vigentes oírecen al contribuyente para protegerse contra una exacción ilegal de un gobierno municipal. Y hemos visto, que aun admitiendo la insuficiencia del remedio del pago bajo protesta que da la sección 32 (a) de la Ley del Gobierno de la Capital, la contención de la apelante no ba sido sostenida, pues ésta tiene otros recursos legales tan eficaces como el certiorari para proteger sus derechos.
“No pende ante nos la cuestión sobre si la demandante en este caso tendría o no derecho a un auto de injunction, para impedir el cobro del arbitrio sobre las bombas para expendio de gasolina; ni estamos tampoco obligados a emitir opinión sobre la legalidad o ilegalidad de la ordenanza.” ■

En el día de hoy, en el caso de West India Oil Co. P. R. v. Jesús Benítez Castaño g Bolívar Pagá (ante, pág. 273), esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, cita el de Texas Co. supra, amplía el estudio de la jurispru-dencia sobre el particular y dice:

“En el presente caso no es necesario resolver definitivamente la cuestión planteada, aunque aparece muy bien argumentada por los tribunales que sostienen que el remedio no es adecuado y que pro-cede el injunction cuando no se conceden intereses. Decimos que no es necesario resolver definitivamente esta cuestión, porque la peti-cionaria no se ha colocado dentro de los principios de equidad para solicitar el auto de injunction. Cuando pague u ofrezca pagar lo que debe por las bombas de gasolina que posee según las alegaciones de la demanda, entonces podrá discutirse si está autorizada o no para solicitar la acción judicial por medio de un procedimiento de equidad. ‘He who seeks equity, must do equityÉsta es la regla aplicada por los tribunales en un caso de esta naturaleza.”

Puede verse, pues, que aunque esta corte ha insinuado su criterio, no ha resuelto la cuestión de modo definitivo. Y como se trata de algo de verdadera importancia que debe quedar dilucidado y resuelto cuanto antes, creemos que de-bemos ejercitar nuestra discreción en el sentido de permitir que el alegato presentado fuera de tiempo por la parte ape-lante quede en los autos y el recurso continúe tramitándose de acuerdo con la ley, debiendo en su consecuencia declararse sm hogar la moción de desestimación.