author: El Juez Asociado Seño®. Todd, Je.,

text:
    Otilio Sandoval, demandante y apelante, v. Jacobo Simonet. demandado y apelado.
    Núm. 8644.

    Sometido: Junio 4, 1943.

      Resuelto: Julio 21, 1943.

      E. Pér.ez Casaldue, abogado del apelante; Francisco M. Susord, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seño®. Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

En sn demanda original en este caso Otilio Sandoval el 8 de diciembre de 1939 demandó a John Doe como tenedor de tres pagarés hipotecarios al portador que por las sumas de $8,000, $5,000 y $4,000 había otorgado al demandante el 12 de mayo de 1937 y alegó en los hechos cuarto y quinto:

“IV. Que en los primeros días del mes de noviembre de 1939, el demandante buscó entre sus documentos personales las tres obli-gaciones hipotecarias antes reseñadas para proceder a su cancelación correspondiente después de haberle sido devueltas por el banco y pagada la obligación que motivó su dicha expedición y a pesar de las diligencias y búsquedas practicadas no ha podido encontrarlos y considera los mismos extraviados.
“V. Que el demandante no ha entregado, cedido, endosado ni en forma alguna traspasado a persona alguna las repetidas obliga-ciones hipotecarias transcritas en el hecho primero de esta demanda.”

Solicitó sentencia declarando nulas y sin ningún valor dichas obligaciones y ordenando la cancelación del gravamen inscrito en el registro de la propiedad sobre varias fincas de su propiedad. Publicados los edictos correspondientes em-plazando al supuesto tenedor de los pagarés, John Doe, com-pareció entonces Jacobo Simonet y en su escrito hizo cons-tar que era dueño y único tenedor de los pagarés por habér-selos entregado el demandante a virtud de obligaciones con-traídas con él.

La corte inferior ordenó al demandante enmendar su de-manda sustituyendo a Jacobo Simonet como demandado y haciendo las alegaciones pertinentes. Así lo hizo el deman-dante y en su demanda enmendada negó haber hecho negocio alguno con el demandado respecto a los pagarés y que se los hubiera entregado o dado en garantía en ninguna forma, y alegó:

“5. Que el demandante es casado con una hermana del deman-dado desde el año 1934; que en abril del año 1937 la demandada (sic) se fué a San Juan recluyéndose en el Hospital ‘Auxilio Mutuo’ para dar a luz ñl último de los hijos habidos en el matrimonio, y contra la voluntad del demandante se quedó viviendo en Santuree en la casa de sus padres, a la que el demandante estuvo visitando por algún tiempo, una vez o dos por semana, quedándose a dormir en ella los sábados y domingos, hasta que su esposa le manifestó que no debía visitarla más en -dicha casa.
“6. Que haciendo ahora un recuerdo exacto de fechas, lugares y personas en relación con el extravío ele las mencionadas obligaciones, puede alegar que allá para el año 1938, al pagar al Banco Boyal Bant of Canada de San Juan el importe de un préstamo que había tomado a dicha institución con la garantía colateral de las obliga-ciones de referencia, le fueron devueltas las mismas, las que el de-mandante llevó consigo hasta la casa donde vivía su esposa con sus padres y el demandado en este caso, y al informarle a su esposa que había pagado el préstamo al banco y recogido los pagarés que le mostraba, ella le pidió que no llevara las obligaciones a Manatí por-que podían extraviárseles; que las dejara guardando en su poder ofreciendo devolvérselas cuando él se las requiriese; que posterior-mente, al requerir a su esposa la devolución de esos documentos ésta negó haberlos recibido y se negó a entregarlos.
“7. Que el demandante y su esposa, Sylvia Simonet, viven se-parados desde el día a que se hace referencia en el hecho quinto de esta demanda, y desde esa fecha su esposa habita en la misma casa donde vive su hermano, el demandado en este caso.
“8. Que existe una acción de divorcio entre el demandante y su esposa en la que esta Hon. Corte dictó sentencia a favor de la de-mandante Sylvia Simonet, sentencia que fue apelada por el deman-dado Otilio Sandoval, demandante en este caso.
“9. Que el demandado y su mencionada esposa, se han puesto de acuerdo para privar al demandante de la posesión de los pagarés a que se refiere esta demanda, con el propósito de entorpecerle en sus negocios y quitarle la libre administración de sus bienes.”

El demandado aceptó y negó algunos de estos hechos en sn contestación y en oposición alegó:

“Que el demandante abandonó a su esposa Sylvia Simonet y a sus hijos, habiendo convenido a requerimiento del demandado a que éste suministrara todo lo necesario a la subsistencia de ellos durante todo el tiempo que durase la acción de divorcio en garantía de cuyos desembolsos el demandante convino en entregar y entregó voluntariamente al demandado las obligaciones hipotecarias envuel-tas en esta acción y que el demandado en consideración a dicha transacción ha venido sosteniendo a la esposa del demandante y a sus hijos en todos sus gastos durante todo el tiempo desde el año 1937 hasta la actualidad sin que el demandado en ningún momento haya satisfecho los mismos en todo ni en parte.”

La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y el demandante estableció el presente recurso de apelación en el que alega que la corte sentenciadora erró al negarse a decretar la devolución de los pagarés que obran en poder del demandado, a pesar de no haber demostrado éste tenerlos en sn poder, temporal o permanentemente, a virtud de algún traspaso válido que le hiciese el dueño de ellos, el demandante apelante en este caso, y al abusar de sn discreción condenando al demandante al pago de honorarios de abogado.

Aun cuando el apelante no hace nn señalamiento de error específico imputando pasión, prejuicio o parcialidad a la corte inferior al discutir el primer error lo hace casi ex-clusivamente a base de que las palabras usadas por el juez sentenciador en su opinión demuestran que actuó movido por pasión y prejuicio. No creemos que sea ésta una buena prác-tica, Cf. Luis Colón Vega v. El Gobierno de la Capital, resuelto el 18 de mayo de 1943 (ante, pág. 25), ya que lo que el error señalado envuelve es la determinación de si la con-clusión legal a que llegó la corte inferior está sostenida por la prueba presentada. Si un apelante desea bacer una im-putación de pasión, prejuicio o parcialidad debe hacerlo en un. señalamiento específico al efecto y además, debe existir base o justificación en el récord que lo sostenga. Colón v. Gobierno de la Capital, supra.

En la vista del caso solamente declararon el demandante y el demandado y la corté inferior dió más crédito a la declaración del demandado y resolvió el conflicto de la evidencia a su favor diciendo:

. Pero la teoría del demandado se amolda más a las circuns-tancias que rodean las relaciones entre Sandoval, su esposa, y la familia de ésta; y además, es un hecho del cual la corte está con-vencida, que durante los últimos años, por lo menos, desde que se presentó la demanda de divorcio, Sandoval no ha atendido económi-camente a su esposa e hijos.
“De existir una intención o combinación fraudulenta, el deman-dado pudo alegar que Sandoval le cedió los pagarés por valor recibido y pudo hasta negociarlos a un tercero. La posición en que se coloca, demuestra que sólo pretende que el demandante reintegre los desem-bolsos hechos para atender a su hermana.”

Que la corte inferior quiso hacer completa justicia al de-mandante lo demuestra el hecho de que en su sentencia, a pesar de haber declarado sin lugar la demanda, hizo constar que: “Este fallo no implica que el demandado pueda ceder o gravar los pagarés descritos en la demanda como si fuera dueño de ellos,«mientras no le sean adjudicados judicialmente, salvo acuerdo con el demandante.”

La única cuestión legal que plantea el apelante en su ale-gato es que aceptando qué los pagarés fueran dados en prenda por el demandante al demandado: “Uno de los re-quisitos esenciales al contrato de prenda es que se consti-tuye para asegurar el cumplimiento de una obligación. Pero tiene que ser, naturalmente, de una obligación válida.”. Y arguye que no puede considerarse válida la obligación en este caso condicionada a qne el demandado habría de pagar alimentos a la esposa e hijos del demandante mientras se tramitara y resolviera el pleito de divorcio, por ser contra-rio al artículo 1069 del Código Civil, preceptivo de qne:

“Artículo 1069. — Las condiciones imposibles, las contrarias a las buenas costumbres y las prohibidas por la ley, anularán la obligación que do ellas dependa.
“La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta. ’ ’

No tiene razón el apelante a nuestro juicio. La condi-ción impuesta en este caso para la devolución de los pagarés no fué, como dice el apelante, el qne “el esposo logre divor-ciarse de su esposa”, qne sí sería contrario a las buenas cos-tumbres e inmoral, sino qne fué para garantizar el pago de la “manutención de sus hijos y de su esposa (del deman-dante) y todos los gastos en los cuales yo incurriera mien-tras durase la demanda (sic) de divorcio que había presen-tado su esposa contra él”, según declaró el demandado. No vemos nada inmoral o contrario a las buenas costumbres en el hecho de que un esposo desee garantizar los gastos que a él corresponde sufragar mientras se sustancia una acción de divorcio. Nada hay en la prueba que justifique la conclusión del apelante de que la garantía fué dada con la condición de que cualquiera de los esposos pudiera conseguir el divorcio.

Tampoco es aplicable el precepto del artículo 1078 del Código Civil, citado por el apelante, de que “Entiéndese por día cierto aquél que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo,” en el sentido en que pretende aplicarlo, es decir, sosteniendo que “no puede decirse que habrá de llegar necesariamente el día en que Sylvia Simonet y Otilio Sandoval habrán de divorciarse.” Empero, sí es aplicable a la situación de hechos que la corte inferior consideró* probada, es decir, que la garantía se dió mientras se tramitaba la ac-ción de divorcio. Es obvio que el día en que ha de terminar dicha acción, si no ha terminado ya, tiene necesariamente que venir, aunque al momento de constituirse la obligación se ignorara cuándo. Está de más decir que una de las for-mas en que puede terminar la referida acción es por la re-conciliación de las partes, como señala el propio apelante.

No se cometió el primer error. Tampoco el segundo, pues Ja condena al pago de honorarios de abogado es una que descansa en la sana discreción de la corte sentenciadora y no se nos ha convencido de que en este caso baya abusado de la misma.

Se confirma la sentencia apelada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

license: Public Domain

text:
    José Luis Rodríguez y Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1124.

    Sometido: Julio 10, 1943.

      Resuelto: Julio 21, 1943.

      TI. Torres Sola, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La dueña de una finca urbana otorgó una hipoteca sobre la misma a favor de Adolfo Rauschenplat y su esposa para, garantizar un préstamo de $1,500. Al morir Rauschenplat, este crédito hipotecario, que estaba reducido a $1,200, fué adjudicado mediante partición de bienes que fué inscrita en el registro como sigue:

“Los esposos Adolfo Rausehenplat y Olimpia Gutiérrez del Arroyo son dueños del crédito hipotecario sobre esta finca por mil quinien-tos dollars que refiere la inscripción tercera, que según el documento presentado está reducido a mil doscientos dollars y habiendo falle-cido el señor Rausehenplat su viuda y herederos han procedido a la partición de los bienes que dejara, adjudicando dicho crédito hipo-tecario en parcial pago de su haber a la heredera Octavia Rauschen-plat, vecina de Toa Baja, quien lo inscribe así reducido, según escri-tura de partición. . (Bastardillas nuestras.)

Posteriormente Octavia Rausehenplat traspasó a Bár-bara Fernández el referido crédito hipotecario mediante es-critura pública que fue inscrita en el registro en la siguiente manera:

“Octavia Rausehenplat es dueña de un crédito hipotecario por mil quinientos dollars de capital que refieren las inscripciones ter-cera y sexta, adquirido por herencia, y Jorge Nevares López, como apoderado de su esposa Octavia Rausehenplat, cede el expresado cré-dito hipotecario, que estío reducido según expresa a la suma de mil doscientos dollars a favor de Bárbara Fernández Látimer viuda de Echevarría, ...” (Bastardillas nuestras.)

En el año 1942 Bárbara Fernández otorgó una escritura de cancelación por $1,200 como pago total y definitivo del referido crédito.' Después de inscribir la indicada escritura de cancelación, el registrador añadió la siguiente nota:

“Hecha la .cancelación con vista de otro documento, al folio 221 tomo 157 S. Norte, finca 6866, inscripción 7. por nota. San Juan, Abril 21, 1943. — (Fdo.) A. Malaret. — Registrador.—Drehos. $4.00 No. 3 Arl. C. P. — Se hace constar que la hipoteca ha quedado vigente en el Registro en cuanto a $300 que no fueron cedidos a Bárbara Fernández. ’ ’

Se interpuso el presente recurso gubernativo para revi-sar la negativa del registrador a cancelar totalmente el cré-dito hipotecario de $1,500.

Alega el registrador que ningún documento presentádole demuestra lo que ocurrió en relación con los $300 del crédito original de $1,500, que ningún documento demuestra que dicha cantidad ha sido pagada al acreedor original, Adolfo Raus-chenplat, y que esta porción del crédito pndo muy bien haber sido cedida a una tercera persona, cuyos derechos se perju-dicarían cancelando totalmente la hipoteca. Sin embargo, el peticionario afirma que la escritura de partición de la heren-cia de Adolfo Rauschenplat y la escritura otorgada por Olim-pia Rauschenplat traspasando dicho crédito a Bárbara Fer-nández demuestran ambas suficientemente el pago de los $300 del crédito con anterioridad al otorgamiento de la escritura de partición.

Estamos conformes en que de la nota del registrador en cuanto a la escritura de partición aparece que todo lo que quedaba de la escritura de hipoteca — $1,200—fué traspasado en dicho documento a Octavia Rauschenplat. La escritura de partición específicamente dice que se le* adjudica a ella “dicho crédito hipotecario”. Si el acreedor hipotecario hu-biera anteriormente cedido a un tercero, $300 de este cré-dito, como alega el registrador que sea el caso posiblemente, la escritura de partición hubiera dicho más bien- que se le ad-judica a ella “el remanente del referido crédito”. También tiene alguna significación que ninguna tercera persona se ha presentado a inscribir otra porción del crédito. Siendo cla-ramente manifiesto el reconocimiento de los herederos del acreedor original en cuanto a que el crédito continuó en vigor solamente en la suma de $1,200, resolvemos que el regis-trador cometió error al negarse a cancelar el crédito en total por el pago de $1,200. Véase art. 82 de la Ley Hipote-caria (Art. 6766, Estatutos Revisados, Ed. 1911, pág. 1126) y Héreter v. El Registrador de la Propiedad, 18 D.P.R. 812.

La nota del registrador será revocada, y se ordenará que inscriba la escritura de cancelación, eliminando la nota recu-rrida.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Snydee

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Cortés, acusado y apelante.
    Núm. 10146.

    Sometido: Julio 6, 1943.

      Resuelto: Julio 21, 1943.

      A. Beyes Delgado y P. Santos Borges, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Superno, abogado de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Snydee

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de una infracción al artículo 260 del Código Penal (pág. 185, ed. 1937) que lee, en su parte pertinente, como sigue:

“Toda persona que maliciosamente cometiere cualquier acto im-púdico o lascivo, fuera de los que constituyeren otros delitos previs-tos en el Código Penal, con un niño menor de catorce años de edad, o con el cuerpo de diclio niño o cualquiera parte o miembro del mismo, con la intención de despertar, incitar o satisfacer la impu-dicia, pasiones o deseos sexuales de dicha persona o de dicho niño, será culpable de delito grave (felony) y recluido en la penitenciaría por un período que no excederá de cinco años. ’ ’

El acusado fue convicto por un jurado y sentenciado a cumplir dos años y medio de prisión. En apelación señala como único error que la evidencia aducida por El Pueblo es-tableció un delito diferente al que se le imputó en la acusaeión — bien sea violación, o ataque con intención de cometer violación — y que la corte inferior por lo tanto incurrió en error al declarar sin lugar su moción de nonsuit presentada al finalizar El Pueblo la presentación de su caso de acuerdo con la disposición del artículo 260 limitando su aplicación a actos diferentes a los que constituyen otros delitos bajo el Código Penal.

La declaración prestada por la perjudicada consistió en que en el año 1939, cuando contaba diez años de edad, el acu-sado la había empujado contra unos mato jos en una pieza de caña, quitándose parte de sus ropas y quitándole parte de las de ella, y “abusó” de ella con su miembro viril, rozán-dole sus partes pudendas con el mismo. También afirmó que le había introducido como una pulgada el miembro viril en sus órganos genitales, sangrando un poco como consecuencia del acto. Hubo cierta prueba corroborativa de la hermana y de la madre de la testigo. Sin embargo, un médico, que examinó a la niña inmediatamente después del incidente en cuestión, manifestó que no había habido penetración del hi-men, no encontrando prueba aguna de hemorragia. Encon-tró, sin embargo, pequeños cardenales en los labios, que en su opinión fueron causados por un acto de violencia efec-tuado bien con el pene o con un dedo.

La corte de distrito instruyó al jurado en cuanto a la diferencia entre el delito aquí imputado y el de violación (Ar-tículo 255, Código Penal) y el de ataque con intención de co-meter violación (Artículo 222, Código Penal). El jurado podía inferir razonablemente de sus instrucciones, a las cua-les el acusado no hizo objeción alguna, que si encontraba de la evidencia que se había cometido alguno de estos delitos,, el acusado no podía ser convicto de una infracción al artículo 260. A la luz de estas instrucciones, el jurado tuvo que ha-berle dado crédito a la declaración del doctor en cuanto a que no hubo penetración, y de que el acusado no había por tanto violado la niña. De igual manera, el jurado debe ha-ber concluido que, a pesar de que el acusado cometió los ac~ tos impúdicos,” éste no había asaltado a la perjudicada con la necesaria intención de cometer violación. Bajo dichas cir-cunstancias, el jurado estaba en libertad de declarar al acu-sado culpable de una infracción al artículo 260. Por tanto dejaremos en pie su veredicto a ese efecto.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez; Asociado Señor Snyder

text:
    Eva Ramos Gómez, demandante y apelada, v. Pedro García y Great American Insurance Co., demandados y apelantes.
    Núm. 8786.

    Sometido: Julio 6, 1943.

      Resuelto: Julio 21, 1943.

      Hugh B. Francis y Federico J. Pérez Almiroty, abogados de los apelantes; Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y TI. González Blanes, abogados de la apelada.
   El Juez; Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El 30 de noviembre de 1941 la demandante Eva Ramos iba de paseo con Rafael Rodríguez en su motocicleta de dos asientos. El guiaba la motocicleta y ella .iba sentada en el asiento trasero. Los acompañaban otras dos parejas pa-seando de igual manera en motocicletas. Como a las cinco de la tarde, en el viaje de regreso, la motocicleta de Rodrí-guez estaba estacionada, en dirección a San Juan, cerca de la Destilería Brugal, esperando por una de las motocicletas que aparentemente se había quedado sin gasolina. Mientras la demandante y Rodríguez estaban sentados en la motoci-cleta, con los pies en la carretera para guardar el equilibrio, una guagua, propiedad del codemandado G-arcía, venía en la misma dirección — es decir, hacia San Juan. Cuando la gua-gua se acercó a la motocicleta, apareció un automóvil pri-vado, que venía en dirección opuesta; es decir, de San Juan a Bayamón. Creyendo aparentemente que podía pasar por el espacio que había entre el automóvil que venía y la moto-cicleta estacionada, el chófer de la guagua continuó su marcha a una velocidad excesiva sin tocar su bocina. La parte tra-sera derecha de la guagua chocó con la motocicleta, lanzando Rodríguez y a la demandante al fangal que había al lado de la carretera, lesionándolos, quedando la demandante sin conocimiento.

La corte inferior resolvió que el chófer de la guagua ha-bía sido negligente “(■a) en tratar de pasarle a la motoci-cleta en los momentos en que se acercaba por el lado opuesto-de la carretera otro vehículo, lo que le obligó a pasar tan cerca de la motocicleta que al enderezar la guagua para con-tinuar su marcha por la carretera chocó con aquélla, dando-violentamente con su parte trasera derecha en el manubrio-izquierdo de la motocicleta; (b) en no reducir la velocidad de la guagua al pasar a la motocicleta y (c) al no tocar “klaxon” para avisar al conductor de la motocicleta que iba a pasarlo”. Como consecuencia se dictó sentencia a favor de-la demandante como sigue:

Honorarios médicos (Dr. Casanova) $200. 00'
Honorarios médicos (Dr. del Toro) 2. 50
Por lesiones recibidas y dolores físicos y mentales sufridos 2, 500. 0O
Por pérdida en capacidad para trabajar 500. 00-
$3, 202. 50-

También se concedieron a la demandante honorarios de-abogado en la suma de $150 y las costas. Los demandados apelaron de esta sentencia, habiendo la demandante radicado-una moción para que se desestimara el recurso por frívolo..

Los demandados hicieron poco esfuerzo para contradecir la prueba que establece los hechos arriba mencionados.. A lo sumo los demandados intentaron probar que Rodríguez acababa de poner en marcha su motocicleta y la había lanzado contra la guagua. Pero esta prueba no mereció crédito a la corte de distrito, y la prueba creída por ésta sostieneampliamente la sentencia. En un caso algo parecido, esteTribunal resolvió — citamos del sumario — “Cuando debido a la imprudencia del chauffeur de una guagua al pretender pasar a otro vehículo en el momento en que un truck viene en dirección contraria, la guagua roza con el truck y se ocasionan lesiones a un pasajero de la guagua, tal rozadura, por leve que sea, es fuente de obligaciones.” (Cruz v. While Star Bus Line, Inc., 46 D.P.R. 435). Véase también, Claudio v. Delgado, 44 D.P.R. 753.

Los demandados Pacen hincapié en el punto de que la demandante y Eodríguez viajaban en el curso de una empresa común cuando ocurrió el accidente, y que por tanto la negligencia de Eodríguez debe imputarse a la demandante. Es bastante dudoso que la doctrina de empresa común sea .aplicable a los Pechos del presente caso (véanse López v. American Railroad Co., 50 D.P.R. 1, 25; Pacheco v. Pomales, 55 D.P.R. 341; Príncipe v. American R. R. Co. of P. R., 22 D.P.R. 302). Pero no es necesario que resolvamos dicha cuestión, toda vez que la corte inferior resolvió que Eodríguez no fué negligente, y no encontramos razón para alterar dicha conclusión. Por tanto, no llegamos al punto de imputar a la demandante la negligencia de Eodríguez.

Los otros errores son igualmente frívolos. No fué impropio conceder honorarios profesionales ascendentes a $200 a un doctor que trabaja en un hospital público (Vega v. American Railroad Co. of Porto Rico, 57 D.P.R. 376). Y la corte de distrito no cometió error al conceder a la demandante honorarios de abogado, simplemente porque la reclamación de la demandante excedía un tanto de la cantidad de daños que en realidad se concedieron (Mercado v. American R. R. Co. of P. R., 61 D.P.R. 228).

Los demandados se quejan finalmente de la concesión de $2,500 como daños y de $500 por pérdida de su capacidad para trabajar. Las lesiones recibidas por la demandante, como correctamente se describen en su moción de desestimación, que se copia en parte en la nota al margen,() fueron de tal naturaleza que no encontramos abuso de la discreción conferida a la corte inferior a este respecto. Véase Font v. Viking Construction Corp., 58 D.P.R 689; Torres v. Fernández, 56 D.P.R 482, 496.

La moción para que se desestime el recurso por frívolo será declarada con lugar.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.

      (1) "La demandante era una costurera que se ganaba de diez a doce pesos semanales en su oficio, y éste requiere esencialmente el uso de sus brazos. Ella sufrió una de las fracturas más complicadas y difíciles, una fractura conminuta del tipo espiral en la cabeza quirúrgica del húmero izquierdo, una fractura peri-fragmental, es decir, que el hueso se rompió en varios fragmentos. Sufrió lo indecible durante mucho tiempo, asegurando el Dr. Casanova Díaz, quien es especialista en cirugía y jefe de la división de cirugía del Hospital de Distrito de Bayamón, que puede decir seguro que esa clase de fracturas duele mucho. •‘Realmente fué un problema’, declaró el médico. (Trans, de Evid., pág. 24). Se le puso un 'splint’ de metal, un triángulo formado de metal que ajustaba al •cuerpo, ‘lina férula ajustable en forma de triángulo’ amarrado al cuerpo por medio de correas, y este tormento lo tuvo que soportar durante cinco semanas, amarrado con correas alrededor del pecho y por encima del hombro, sin poder dormir ni moverse, y causándole un dolor penetrante porque había 'que tratar -de traer las partículas de hueso que hay sueltas’. (Trans, de Evid., pág. 26). 1E1 accidente le ocasionó una conmoción cerebral que a su vez le causó grandes vómitos. Sufrió también una gran contusión en la cabeza,' en la región temporal izquierda, y una herida de pulgada y media en el cráneo. También sufrió una muy fuerte contusión en el ojo izquierdo que le produjo hemorragia y gran infla-mación, además de dolores tortísimos de cabeza, y aun el día antes del juicio se le notaba todo el ojo amoratado. (Trans, de Evid. pág. 31). En cuanto al Urazo, aseguró el médico que ahora no está en las mismas condiciones que antes ■del accidente, aunque su posición fisiológica no ha sufrido cambio, diciendo ade-más que en una persona de la edad de la demandante (37 años) una fractura de esa índole tiene peores consecuencias que en una joven.
      ''La demandante declaró que aun en la actualidad no ve bien por su ojo Izquierdo, que tiene que fijar y forzar demasiado la vista, y que antes del acci-dente veía perfectamente bien por su ojo izquierdo. En su oficio tiene que coser mucho a máquina, para lo que tiene que forzar mueho la vista, cosa que antes hacía sin temor ni inconveniente algunos, pero ahora ello le produce dolor de •cabeza y en el cerebro, no pudiendo en consecuencia coser ni una cuarta parte de lo que antes cosía. Antes se ganaba dq^diez a doce pesos semanales, ahora tan sólo de tres a cuatro pesos por semana.”


text:
    María G. Vda. de Megwinoff, demandante y apelante, v. José B. Méndez García y Sobrinos de A. Méndez Hno., S. en C., demandados y apelados.
    Núm. 8691.

    Sometido: Junio 11, 1943.

      Resuelto: Julio 21, 1943.

      Bubón & Ochoteco, abogados de la apelante; E. TI. F. Dottin, abo-gado del apelado José B. Méndez García.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

María G-. vda. de Megwinoíf radicó demanda de daños y perjuicios ante la corte de distrito contra José B. Méndez. García y Sobrinos de A. Méndez & Uno. Alegó que es la dueña de un solar en San Juan descrito en la demanda y de-bidamente inscrito; que tiene cuatro casas en dicho solar;, que tres de ellas son de madera con su frente hacia la calle-San Andrés; que una de ellas es una casa de concreto con frente hacia la calle San Agustín; que los demandados son los dueños del solar contiguo; que a fines del mes de abiil de 1939 José B. Méndez García por sí y en representación de-Sobrinos de A. Méndez & Hno. procedió a hacer ciertas ex-cavaciones en sn solar con el fin de construir nn edificio de tres plantas con un sótano de diez pies de profundidad; que estas excavaciones se extendieron, sin el permiso de la de-mandante, hasta sn solar; que ella no había consentido a esta invasión de sns derechos de propiedad, y que los deman-dados no notificaron a la demandante de sn intención de cons-truir dicho edificio; qne tan pronto como ella tuvo conoci-miento de dicha invasión y de que los demandados intenta-ban construir en su solar varias columnas del nuevo edificio, así como su pared Oeste, se opuso fuertemente y exigió que los demandados suspendieran las obras; que, a pesar de su protesta, los demandados continuaron la obra y destruye-ron una verja de zinc propiedad de la demandante que se extendía de Norte a Sur en su solar; que los demandados, sin su consentimiento, construyeron unos andamios en el solar de la demandante, colocándolos sobre las casas de la de-mandante; y que los demandados construyeron una empa-lizada de madera frente a la casa de concreto de la deman-dante, impidiendo con ello a la demandante y a sus inquili-nos -el uso de la faja de terreno que separa el edificio de la demandante del solar de los demandados.

La demandante solicita se le concedan los siguientes da-ños :

(a) Destrucción total ele la verja de zinc y ele su base de concreto $100.00
(ó) Desprendimiento, debido a las excavaciones, de dos zocos de cemento del piso de madera de un ranchón. propiedad de la demandante; ruptura de una viga transversal que también sostenía el piso de madera del ranchón; desnivelación del piso del ranchón 150.00
(c) Desperfectos simples en las paredes y techos de los edificios, patios, etc. ■ , 50.00
(d) Desperdicios y basura arrojados en el solar de la demandante durante tres meses 100. 00
(e) Privación y usurpación por parte de los demandados de la franja de terreno de la demandante y uso de dicha franja por espacio de más de dos meses 500. 00
(/) Despojo por parte de los demandados de una franja de terreno, de 15 metros de largo por 26 centímetros de ancho propiedad de la demandante 750. 00
$1, 650. 00

La demandante también solicitaba daños punitivos ascen-dentes a $3,000, siendo el total reclamado de $4,650.

El demandado Méndez García negó casi todos los hechos alegados en la demanda. Admitió que es condueño del solar descrito en la demanda, y que había hecho las referidas excavaciones para construir el edificio. Sin embargo negó que él representara la sociedad Sobrinos de A. Méndez & Hno. y afirmó que las excavaciones se hicieron en su solar, y que aunque la verja de zinc de la demandante fué des-truida, este no se hizo maliciosamente y que había sido re-emplazada por la pared de concreto construida por él en el solar de la demandante.

Después de un juicio en los méritos y de una inspección ocular, la corte inferior dictó sentencia ordenando a José B. Méndez a pagar a la demandante la cantidad de $110 como daños y perjuicios más las costas .y desestimando la de-manda en cuanto a Sobrinos de A. Méndez & Hno., orde-nando a la demandante que pagara las costas de dicha so-ciedad. El total de los daños concedidos comprendía las si-guientes partidas:

$75. 00 por la destrucción de la verja de zinc
25. 00 para la nivelación del piso del ranchón
10. 00 para reparar los rotos y desconchados provenientes de la colocación del andamio .
$110. 00

La corte de distrito se negó a conceder daños por la pri-vación de la faja de terreno. La corte inferior también se negó a conceder daños punitivos por el fundamento de que el demandado no había sido descuidado o negligente.

En apelación la demandante señala varios errores todos ellos relacionados con la apreciación de la prueba. Alega que la corte inferior cometió error al conceder solamente $110 en calidad de daños, y al negarse a conceder las cantidades solicitadas en las partidas (b), (d), (e) y (/) de la demanda. En cuanto a la partida (e), la prueba demues-tra que el demandado construyó una verja cuando construía su edificio, que impedía a los inquilinos de la demandante usar la faja de terreno que separa ambos solares. Pero la corte inferior, después de su inspección, resolvió que ni la demandante ni sus inquilinos habían usado en realidad la referida franja de terreno con anterioridad a la construc-ción de la verja y que por tanto no- surgió ningún daño de la actuación del demandado a este respecto. No encontra-mos de qué manera podamos alterar esta conclusión de la corte de distrito.

En relación con la partida {el), después de examinar el récord, y especialmente la fotografía que demuestra la basura arrojada sobre el solar de la demandante, creemos que la corte inferior cometió error al no conceder daños en relación con la misma. La corte de distrito no menciona esta partida en su opinión. Por tanto, modificaremos la sentencia para concederle a la demandante $10 por esta partida.

En cuanto a la partida (&), la corte inferior dispuso correctamente de ella, concediendo solamente $25 por la desnivelación del piso de la cocina del ranchón, en vista de las declaraciones no contradichas de que los zocos que fueron aflojados y las vigas que fueron desprendidas fueron más tarde reparados por el demandado.

Pasamos ahora a la partida (/), referente a que el demandado, según se alega, privó a la demandante del uso de la faja de terreno de su propiedad. La corte inferior dispuso de esta partida como sigue:

. La demandante no tiene derecho a indemnización alguna por este concepto. Ella es la única culpable de lo ocurrido. Si Méndez García hubiera edificado de mala fe en los terrenos de la demandante, tendría ella derecho a exigir del mismo la demolición de la pared y columnas originalmente construidas y que actualmente se encuentran en el solar de la demandante, para que las cosas vol-vieran a su estado primitivo. Es nuestra opinión que los propios actos de la demandante le impiden hacer tal reclamación. No hay duda alguna de que la pared Oeste del edificio comenzó a construirse originalmente en los terrenos de la demandante y de que actualmente se encuentran en los mismos la cimentación de dicha pared y la pared, hasta el nivel del terreno, pero tal construcción venía haciéndose por el codemandado Méndez García de buena fe y en la creencia de que él estaba construyendo en el solar de su propiedad. La verja construida por la propia demandante entre ambos solares, y al Este de la cual estaba construyéndose la referida pared, es una prueba de que en ningún momento hubo la intención de despojar a la de-mandante ele franja de terreno alguna. Tan pronto como la deman-dante protestó, y después de practicarse una mensura, la construc-ción fué retirada veinte centímetros al Este de la verja que ella misma había construido, así pasó la demandante a disfrutar de veinte centímetros más de ancho en toda la colindancia Este de su solar con el solar del cual el codemandado Méndez García es condueño, superficie ésta que ella misma había abandonado al construir su verja.”

El récord ampliamente justifica esta conclusión de la corte de distrito y por tanto no encontramos que la deman-dante haya sido privada por el demandado del uso de su te-rreno que le dé derecho a reclamar daños.

Asumiendo, sin resolverlo, que en esta jurisdicción se puedan conceder daños punitivos en esta clase de casos, convenimos con la corte inferior que bajo las circunstancias del presente caso la mala fe o negligencia crasa que son necesarias ordinariamente para justificar la concesión de tales daños no existen aquí. Era razonable el que el demandado creyera que cuando la demandante construyó su verja de zinc para separar los dos solares la línea sobre la cual la verja se construyó era la verdadera línea divisoria. Y cuando Méndez se enteró por primera vez de las contenciones de la demandante, inmediatamente hizo que un ingeniero practicara una mensura, y como resultado de la misma retiró en seguida la pared Oeste de su edificio. Tales circunstancias no justifican la imposición de daños punitivos.

Nada encontramos en este caso que justifique nuestra in-tervención con la actuación de la corte inferior al no conce-derle a la demandante honorarios de abogado.

La sentencia será modificada para concederle a la deman-dante $10 adicionales por el amontonamiento de basura y desperdicios en su solar, y así modificada, la sentencia será confirmada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    José Oller Oller, demandante y apelante, v. Segundo Cadierno, demandado y apelado.
    Núm. 8695.

    Sometido: Junio 10, 1943.

      Resuelto: Julio 28, 1943.

      Ángel A. Vázquez, abogado del apelante; Damián Monserrat, Jr. y Gabriel de la Haba, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en este caso el día 26 de febrero de 1934 y la misma fué confirmada por esta Corte Suprema el 6 de mayo de 1936, Oller v. Cadierno, 49 D.P.R. 873. Ninguna de las partes solicitó la eje-cución de la sentencia basta el día 18 de agosto de 1942 en que el demandado Cadierno así lo hizo. Se opuso el de-mandante y oídas las partes la corte inferior declaró con lu-gar la moción del demandado y ordenó la ejecución. Es de esta orden que ha apelado el demandante sosteniendo que la moción del demandado no aduce hechos suficientes para la concesión del remedio solicitado y que la corte inferior ac-tuó sin jurisdicción.

La sentencia dictada en el año 1934 dice así:

“Por los fundamentos de nuestra opinión que obra en autos y se hace formar parte de la presente, la corte dicta sentencia con los siguientes pronunciamientos:
“Declarando nulo el procedimiento ejecutivo hipotecario insti-tuido por Segundo Cadierno contra José Oller y Oller, condenando al demandado a restituir al demandante la finca que se describe en la demanda, con sus rentas que se estiman en $110 mensuales, ascen-dentes a $4,290 hasta el 14 de febrero de 1933, y desde esta fecha, a razón de $110 mensuales hasta el momento de la restitución de la finca;
“Condenando al demandante a satisfacer a Segundo Cadierno, como condición precedente a la restitución de la finca, la cantidad de $9,000, con intereses a razón del 10 por ciento anual devengados hasta el 3 de junio de 1929, ascendentes a $450, y los devengados desde esa fecha hasta el día en que la finca sea restituida a su legítimo dueño;
“Condenando al demandante a satisfacer al demandado la can-tidad de $845.33 pagada por el demandado por concepto de contribu-ciones desde el año 1928 hasta el 1932, ambos inclusive, y las que se hubieren pagado desde dicha fecha hasta el día de la restitución de la finca;
“Condenando al demandante a pagar al demandado la cantidad de $1000 por concepto de reparaciones y mejoras útiles para la finca.
“Cada parte pagará sus costas.” (Bastardillas nuestras.)

Arguye el apelante que habiendo transenrrido más de cinco años desde que se dictó la sentencia y siendo la misma divisible lo que pretende ejecutar el demandado es aquella parte de la sentencia que le favorece, o sea el cobro de las distintas cantidades de dinero a que fue condenado el de-mandante y que siendo esto así no podía decretarse la ejecu-ción de acuerdo con los artículos 243 y 239 del Código de Enjuiciamiento Civil. No tiene razón a nuestro juicio el apelante y creemos que la corte inferior interpretó bien el alcance de la sentencia cuya ejecución se solicitó al expre-sarse en esta forma:

“La sentencia, como se puede ver, es indivisible. No es mera-mente en cobro de dinero, aunque algunos de sus pronunciamientos condenan a las partes a pagar dinero. Es una sentencia en que se anula un procedimiento, y se ordena la restitución de una finca. Como condición precedente a la restitución, se condena al demandante a pa-gar ciertas sumas al demandado. A éste también se le condena a pagar al demandante un canon de arrendamiento durante el tiempo en que hubiere poseído la finca. Claramente aquella parte de la sentencia que dispone la restitución de la finca es susceptible de ejecución, con permiso de la corte, en cualquier momento. Y esa parte está ligada necesariamente con el pago al demandado de lo que le adeuda el demandante. Creemos que una sentencia de tal naturaleza no cabe dentro de la rígida limitación del Código de Enjuiciando: to Civil en cuanto a ejecución de sentencias en casos de cobro de dinero. Entendemos que los fines de la justica están mejor servidos inter-pretando restrictivamente dicha limitación.
“Arguye el demandante que debe denegarse la moción del de-mandado porque no aduce las razones que puedan existir para que se proceda ahora a la ejecución de la sentencia. Entendemos que, normalmente, basta alegar que la sentencia no ha sido aun ejecu-tada. Por otra parte, el demandante no ha aducido razón alguna indicativa de que la ejecución de la sentencia en este momento le sea mis perjudicial que en el 1936. Si bien tenemos discreción para negar el permiso para ejecutar la sentencia, no podemos negarlo caprichosamente. Si la sentencia no ha sido aun cumplida, debe cum-plirse ahora, ya que no hay nada que indique que la situación de las partes haya variado.”

El artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que:

“Artículo 243. — En todos los casos, excepto para cobro de dinero, podrá exigirse el cumplimiento de la sentencia o llevar a cabo su ejecución, después de un término de cinco años, a contar desde la fecha en que hubiere sido registrada mediante autorización de la corte a instancia de parte, o sentencia dada al efecto, en procedi-mientos adicionales.”

La sentencia dictada en este caso no es divisible. Im-puso, como condición precedente a la restitución de la finca, la devolución y pago del importe de la hipoteca, sus intere-ses y mejoras. Esta condición no la convirtió en una sen-tencia en cobro de dinero separable de aquella parte dispo-sitiva de la restitución. La corte inferior tenía discreción para ordenar la ejecución de acuerdo con el artículo citado.

La contención del apelante en el sentido de que él es el único que puede solicitar la ejecución de la sentencia en aquella parte que ordena la restitución de la finca, no puede prevalecer. Cualquiera de las partes afectadas por la sentencia, dado los términos en que fué dictada, pudo solicitar su ejecución, condicionada desde luego al cumplimiento de la totalidad de la misma. La obligación impuesta al demandado de restituir al demandante en la posesión de la finca y la obligáción impuesta al demandante de pagar las sumas de dinero adeudadas al demandado, son obligaciones recíprocas, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 1260 del Código Civil (Ed. 1930) al efecto de que “Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a que en virtud de la declaración de nulidad está obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le incumba.”

La corte inferior no ordenó la ejecución de la sentencia en aquefia parte que se refiere al pago por el demandante al demandado de las sumas reclamadas por éste, sino la ejecu-ción de la totalidad de la sentencia, y al así hacerlo no actuó sin jurisdicción.

Tampoco podemos concluir que abusó de su discreción por el hecho de que nó se practicara prueba “sobre las cuestiones controvertidas”, según sostiene el apelante, al argüir que en su oposición a la moción del demandado alegó que nada le debía por haber quedado compensadas las cantidades que las partes debían pagarse recíprocamente de acuerdo con la sentencia.

Nada hay en los autos que demuestre si la moción del demandado y la oposición del demandante fueron resueltas por la corte inferior después de celebrar una vista y tam-poco si celebrada ésta, se practicó prueba o- no. Sea ello como fuere, somos de opinión que dicha corte no erró al resolver la cuestión de compensación en la siguiente forma:

“Sostiene por último el demandante que nada debe al demandado, por cnanto, compensada la cantidad que debe pagar el demandado al demandante de acuerdo con la sentencia, contra la que adeuda éste a aquél, resulta el demandado deudor del demandante. Lo curioso es que, si el demandante tiene fe en su argumento, no baya pedido antes, ni pida abora, la restitución de la-finca.
“Indudablemente que debe entenderse compensada aquella parte de la reclamación del demandado que equivale a lo que la sentencia le concedió al demandante. Pero es evidente que, becba la compen-sación aun adeuda dinero el demandante al demandado. El deman-dante bace sus cálculos a base de la concesión de intereses sobre la renta que debe pagar el demandado por el uso de la finca. La sen-tencia no concedió intereses, ni hubiese sido justo concederlos, ya que tampoco se le concedió al demandado interés alguno sobre los plazos vencidos de intereses que adeuda el demandante. Si el demandado venía obligado a pagar la renta puntualmente, también tenía el de-mandante la recíproca obligación de pagar sus intereses a tiempo y •de imponerse intereses por mora en un caso, también procedería en ■el otro.
“Entendemos que procede la ejecución de la sentencia, a los fines de que el demandado pueda hacer efectiva aquella parte de su recla-mación que excede de la que contra él tiene el demandante. Tan pronto sea satisfecho lo que se adeuda al demandado, se restituirá la. finca al demandante. ’ ’

Se confirma la resolución apelada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Suyder

text:
    Alejandro Fernández et al., demandantes y apelantes, v. Dr. Honorio F. Carrasquillo, demandado y apelado.
    Núm. 8700.

    Sometido: Mayo 18, 1943.

      Resuelto: Julio 28, 1943.

      Luis Mercader, abogado de los apelantes; M. B. Carrasquillo y G„ Rivera Cestero, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Suyder

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación contra nna sen-tencia dictada al declararse con lugar una excepción previa interpuesta contra una demanda de inexistencia de ejecutivo sumario y daños y perjuicios provenientes del mismo.

La hipoteca en cuestión se otorgó en 1925 para garanti-zar un préstamo de los'demandantes apelantes. De acuerdo con la demanda en este caso, la escritura de hipoteca dispo-nía que el préstamo se pagaría “en plazo de dos años, con opción de prorrogar a los deudores por dos años más, de-vengando interés del 1 por ciento mensual, pagadero por el aludido término y mora hasta su efectivo pago; y para pa-gar los dichos deudores toda clase de gastos de hipoteca,, inscripción y cancelación, toda clase de contribución que pueda imponerse el capital prestado o a sus intereses . . . ”. La demanda alegaba también que la escritura de hipoteca disponía que la finca hipotecada respondería “en perjuicio’ de tercero de los $2,000 de capital, $200 de intereses y $200 para costas, gastos y honorarios de abogado en caso de liti-gio”.

No habiéndose pagado el referido préstamo, en 12 de ju-nio de 1931 el acreedor hipotecario instituyó ejecutivo hipo-tecario por la vía sumaria, de conformidad con la demanda en este caso para el pago de “los $2,000 del capital; $152 de^ intereses que dejó devengados desde 11 octubre de 1930; . . . más todos los que se devenguen hasta el total pago de la. deuda, y también $200 de costas y honorarios de abogado”. Las diversas etapas que culminaron en la venta en pública subasta de la finca de conformidad con el procedimiento eje-cutivo tuvieron lugar en 1931. Los apelantes alegan que su demanda aducía una causa de acción, toda vez que el pro-cedimiento sumario ilegalmente solicitaba la partida de $152 para intereses y la de $200 para cubrir costas y honorarios de abogado.

Es difícil comprender el argumento del abogado de los apelantes sobre este punto. El abogado lo expone de esta manera:

"De modo que si la escritura se hizo por dos años (a vencer en 1927) y se convino allí que los deudores tendrían dos años de prórroga (hasta 1929) y sólo se garantizó en la hipoteca el interés del plazo de dos años y los de mora pero no los de la prórroga, es evidente que el demandado al cobrar los $152 de intereses y los que se devenguen hasta el completo pago, lo hacía en el ejecutivo incluyendo los años de la prórroga que nunca estuvieron garantizados expresamente. ’ ’

Pero, toda vez que la hipoteca fué otorgada original-mente en 1925 por un plazo de dos años, la prórroga de dos años expiró en 1929. En su consecuencia la cuestión de si la hipoteca garantizaba o no los intereses desde 1927 a 1929 es académica. Esto se hace claramente evidente de la ale-gación de que se reclamaron los intereses desde el 11 de oc-tubre de 1930. Y de cualquier modo, la cuestión es una en-teramente frívola, toda vez que estamos satisfechos, de las alegaciones contenidas en la propia demanda de los apelan-tes, de que la hipoteca garantizó los intereses devengados durante toda la existencia del contrato y cualquier mora hasta que se efectuara el pago total de la deuda. Los pá-rrafos de la demanda que se citan más arriba demuestran del mismo modo que la hipoteca cubría honorarios de abo-gado en una suma convenida en caso de reclamación judicial.

Los apelantes también alegan que el ejecutivo hipotecario sumario era nulo al dejar de cumplirse con las disposiciones de la Ley núm. 81, Leyes de Puerto Rico, 1936, para que se efectuara el previo justiprecio antes de celebrarse la subasta. Los hechos en este caso son idénticos a los del caso de Sucn. Molina v. Soc. Protectora de Niños, 61 D.P.R. 830, 37, en el cual resolvimos, bajo las circunstancias de este caso, en contra de la contención de los apelantes.

No nos es posible comprender de qué manera pueden quejarse los apelantes de la actuación de la corte inferior al dictar sentencia después de declarar con lugar la excepción previa interpuesta contra la demanda, sin darle a los ape-lantes, según alegan, una oportunidad de enmendar su de-manda. La corte inferior actuó de esta manera por súplica de los propios apelantes. Después de dictarse la orden de-clarando con lugar la excepción previa, los apelantes, en vez. de solicitar permiso para enmendar, pidieron a la corte de distrito que dictara sentencia sobre la resolución, presumi-blemente con el fin de encontrar remedio en apelación.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociad© Señor De Jesús

text:
    Rafael de J. Cordero, en su carácter de Administrador del Fondo del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Eugenia Medina Rivera, peticionaria ante la Comisión Industrial.
    Núm. 265.

    Sometido: Julio 12, 1943.

      Resuelto: Julio 31, 1943.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, G. Benitez Gáutier, Procurador General Auxiliar j G. Atiles Moréu, J. Correa Suárez j Angel de Jesús Matos, abogados los tres últimos' del Fondo del Estado y abogados todos del recurrente; Víctor J. Vidal González, abogado de la peticionaria ante la Comisión.
   El Juez Asociad© Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Mientras Eugenia Medina Rivera prestaba servicios como ama de llaves del Porto Rico Sanatorium resbaló en las lo-setas de la cocina de dicho establecimiento y al caer se frac-turó el brazo izquierdo. Dicha empleada fué inmediatamente recluida en una clínica de esta ciudad por cuenta del asegu-rador, Fondo del Seguro del Estado. Al día siguiente de ser recluida se le ordenó trasladarse a su casa y continuar cu-rándose en el dispensario del Fondo del Seguro del Estado en Puerta de Tierra. Al trasladarse un día a dicho dispen-sario para ser curada, cumpliendo órdenes del médico para que fuese en dicho día, la empleada, sin tropezar con objeto alguno y sin explicarse la causa, perdió el equilibrio cayén-dose otra vez, y como consecuencia de la caída se fracturó el brazo derecho. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado le negó compensación por el segundo accidente, fundándose en que éste no había ocurrido con ocasión de su empleo ni obedeciendo órdenes de su patrono ni del Admi-nistrador del Fondo del Estado. Recurrió la empleada para ante la Comisión Industrial de Puerto Rico y ésta revocó la resolución del Administrador y ordenó que en relación con dicho accidente se le pagase la compensación que para dicha fractura señala la ley. Solicitó reconsideración el Adminis-trador y le fué denegada. Interpuso entonces el presente recurso.

La cuestión se reduce a determinar si debe considerarse este segundo accidente como acaecido en el curso y como consecuencia de su empleo y por lo tanto con derecho a com-pensación.

Al suministrar el Fondo del Seguro del Estado asisten-cia médica a esta empleada en relación con el primer acci-dente, cumplía una obligación impuéstale por la Ley de Com-pensaciones a Obreros. Igualmente, al obedecer la empleada la orden del médico del Fondo del Seguro del Estado para que fuese a curarse el día del segundo accidente, también cumplía ella el deber que la sección 5 de dicha ley impone a todo obrero o empleado que ha sufrido un accidente, de so-meterse al tratamiento facultativo provisto por el Adminis-trador. A ese efecto la citada sección 5 en lo pertinente dice:

‘‘La negativa u oposición sin justa cansa, del obrero o empleado a someterse al examen médico o tratamiento facultativo provisto por el Administrador surtirá el efecto de privarlo de su derecho a recibir compensación de acuerdo con esta Ley o entablar o seguir procedi-miento de acuerdo con la misma para obtener tal compensación.”

De no haber obedecido la empleada la orden del faculta-tivo dejando de ir a curarse el día por él indicado, que fue el del accidente, hubiera incurrido ella en la sanción pres-crita en el precepto legal .que en lo pertinente acabamos de transcribir. • Es innegable que una persona a quien con mo-tivo de una fractura en un brazo se le inmoviliza dicha ex-tremidad, no puede guardar al andar el mismo grado de equilibrio que guardaría en condiciones normales. De ma-nera, pues, que ál dársele de alta en la clínica donde estaba recluida y ordenársele que fuese a recibir asistencia a un dispensario, para lo cual tenía dicha empleada que caminar desde su casa hasta el sitio donde debía curarse, se le im-puso un riesgo en beneficio del Administrado'!', quien se eco-nomizó los gastos que representaba la reclusión de la em-pleada en la clínica hasta su completo restablecimiento. En tales circunstancias es lógico concluir que este segundo acci-dente ocurrido mientras la empleada se dirigía a recibir cu-ración, caminando por una calle por donde siempre acostum-braba transitar, fué uno que surgió en y como consecuencia de su empleo.

El caso de Mason v. Alexandre, 113 A. 925, citado por el abogado de la empleada, nos da luz en la solución del pre-sente recurso. Se trataba en el citado caso de un obrero que había sufrido un accidente en el curso de su empleo y mien-tras se dirigía a la oficina del médico del asegurador para curarse, abandonó la vía pública por donde caminaba, por consejo de una hija suya, y se dirigió por un atrecho donde tenía que cruzar las vías de un ferrocarril. Mientras cru-zaba la vía fue arrollado por el tren y como consecuencia de ese segundo accidente, falleció. El Comisionado resolvió que el obrero había muerto con motivo de un accidente surgido en el curso y como consecuencia de su empleo y concedió com-pensación a sus dependientes. La Corte Suprema de Erro-res de Connecticut revocó la resolución del Comisionado. Resolvió aquel tribunal que al dirigirse el obrero a la oficina del médico para ser curado, con el consentimiento y aproba-ción de su patrono, estaba haciendo algo que era incidental a su empleo y en beneficio propio y de su patrono. Pero el obrero no fue por una vía pública sino por un atrecho por donde no aparecía del récord que hubiera tenido él la cos-tumbre de transitar. Fundándose la corte en que el obrero asumió un riesgo extraordinario al dirigirse, sin conocimiento o consentimiento de su patrono, por el sitio de peligro a la oficina del médico, revocó la resolución del Comisionado. Claramente se infiere de la opinión que si el obrero hubiera recibido la muerte con motivo de un accidente mientras fuese caminando por la vía pública por donde ordinariamente acos-tumbraba transitar u otra donde no hubiese el peliro extra-ordinario del atrecho que tomó, la resolución del Comisio-nado hubiese sido sostenida, pues el tribunal declaró que el dirigirse donde el médico a recibir curación era un incidente del empleo para beneficio propio y del patrono.

Véase además el caso de Montaner, Administrador, v. Comisión Industrial y Albadalejo, 57 D.P.R. 233, citado por la Comisión y por la representación de la empleada lesio-nada.

Entendiendo como entendemos que el dirigirse la em-pleada en este caso a recibir curación en obediencia a la or-den que le diera el médico del Fondo del Seguro del Estado constituía un incidente de su empleo, procede desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Irma Fonseca Medina, acusada y apelante.
    Núm. 10000.

    Sometido: Junio 14, 1943.

      Resuelto: Julio 31, 1943.

      F. García Quiñones, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Irma Fonseca Medina fue denunciada como autora de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes, consistiendo la agravante en que la herida fue de ca-rácter grave. Declarada culpable por la Corte de Distrito de San Juan, conociendo del caso en grado de apelación, se dictó sentencia imponiéndole una multa de $50 ó un día de cárcel por cada dólar que deje de pagar. La corte inferior hizo constar que:

“La corte no tiene duda sobre la culpabilidad de la acusada. Hubo la herida que se ve claramente, una herida grave. Lo que alega no fue un caso de defensa propia lo que alega la defensa.”

No conforme Irma Fonseca recurrió para ante esta Corte Suprema imputando a la de distrito tres errores como come-tidos al declararla culpable apreciando la prueba con pasión, prejuicio y parcialidad, al resolver que la herida inferida era de carácter grave y al decidir que la apelante no actuó en defensa propia.

Hemos examinado la prueba y nada encontramos en ella que sostenga que la corte inferior actuara movida por pa-sión, prejuicio y parcialidad al apreciarla. Tampoco erró al resolver que la acusada no actuó en defensa propia al herir al agredido con una navaja gem. No se cometieron al primer y tercer error señalados. Veamos el segundo. ¿Pudo concluir como concluyó la corte sentenciadora además que la herida inferida era grave, y por tanto que existía la circuns-tancia agravante imputada?

El récord demuestra que una vez que Torres, el agredido, declaró que la apelante lo había herido, ocurrió lo que sigue:

“P. ¿Qué herida? (Muestra una cicatriz en la cara, en el lado izquierdo.)
“Sr. García Quiñones: Que el señor Juez la vea.
“P. Una herida en la cara, en el lado izquierdo, desde el maxilar en la región temporal hasta el maxilar casi, como de cuatro o cinco pulgadas de longitud.”

El texto inglés de la ley sobre acometimiento y agresión, que es el que debe prevalecer por proceder el statuto del Estado de Tejas (Lange v. El Pueblo, 24 D.P.R. 854), describe la agravante de que se trata así: “7. When a serious bodily injury is inflicted u/pon the person assaulted.” (Artículo 6, inciso 7 de la Ley sobre Acometimiento y Agresión de 1904, que sustituyó al artículo 287 del Código Penal, ed. 1937, pág. 157), o sea: “7. Cuando se infiere grave daño corporal a la persona agredida.”. De manera que la traducción castellana que aparece en el Código y que dice “7. Cuando se infiere una herida grave a la persona agredida” (bastardillas nues-tras), no es correcta, pues el concepto de “grave daño corporal” es más amplio que el de “una herida grave”.

En 5 Corpus Juris 734, se define la frase “grave daño corporal”, tomándolo del caso de Tejas, Bagley v. State, (Tex. Cr. A.) 150 S. W. 773, en la siguiente forma:

“Se lia definido ‘grave daño corporal’ como aquel que conlleva peligro o que da lugar a aprehensión. ”

En la nota 16 de la obra y página citadas se hace un re-sumen de varios casos de Tejas sobre la materia.

Una herida de cuatro a cinco pulgadas de longitud en la cara, como la inferida en este caso con una navaja gem, que deja una cicatriz que puede observarse meses después, puede calificarse de grave daño corporal siempre que la prueba demuestre que la herida fué una de carácter peligroso y que dió lugar a aprehensión, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia citadas.

Ahora bien, resolvemos que la mera apreciación que de una cicatriz haga el juez, sin prueba adicional de clase alguna, no es la forma de probar el carácter grave de una herida. No puede sostenerse como concluyente que el aspecto de una cicatriz sea por sí solo suficiente. Una herida cortante, superficial y extensa, puede dejar una cicatriz que por su apariencia haga creer que fué grave cuando en realidad fué leve, mientras que una herida penetrante puede dejar una cicatriz pequeña y sin embargo haber sido grave.

El segundo error fué cometido pero sólo conlleva la mo-dificación'de la sentencia en cuanto a la calificación del de-lito pues la pena impuesta, el mínimum para el acometimiento " y agresión grave, es igual al máximum del acometimiento y agresión simple.

Se modifica la sentencia apelada en el sentido de declarar culpable a la acusada de un delito de acometimiento y agre- sión simple con la misma pena impuesta, y así modificada se confirma.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


text:
    Rafael A. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, Etc., demandado.
    Núm, 1535.

    Sometido: Julio 30, 1943.

      Resuelto: Julio 31, 1943.

      II on. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, y M. Veláz-quez Flores, Procurador General Auxiliar, abogados del peticio-nario.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Nos negamos a expedir el auto de certiorari solicitado-por el Tesorero de Puerto Rico en este caso por considerar que la cuestión envuelta en el mismo, es decir, si los cónyu-ges en Puerto Rico, con anterioridad al 1° de enero de 1940, venían obligados a radicar con el Tesorero una planilla con-junta, con los ingresos de ambos, marido y mujer, babía que-dado resuelta por .nuestras decisiones en los casos de Casals v. Sancho Bonet, 53 D.P.R. 640, y Ballester v. Tribunal de Apelación, 61 D.P.R. 474, en sentido negativo de acuerdo con la sección 24(6) 1 de la Ley de Contribuciones sobre Ingre-sos de 1925 (pág. 401).

El peticionario ha solicitado reconsideración a nuestra ne-gativa a expedir el auto, a base de que el caso de Casals, supra, debe ser revocado.

En el caso de Ballester, supra, hicimos nn extenso esta-dio de la materia y expresamente al referirnos al caso de Casals, resolvimos qne:

. .Al hablar de ‘ingreso separado’ a la página 647 de dicho caso, esta Corte simplemente se refería al hecho de qne la Legislatura había autorizado a la esposa para declarar la mitad del ingreso ga-nancial en una planilla separada. Ni esa disposición estatutaria ni la actual en cuanto a que debe rendirse una planilla conjunta estable-cieron regla de propiedad alguna. Cada una de ellas constituía un método de declarar y calcular la contribución y ninguna de ellas aumentó o disminuyó los derechos de propiedad sustantivos de las partes respectivas. ...”

Ratificamos nuestra opinión de que la Legislatura de Puerto Rico tenía y tiene autoridad para exigir que los cón-yuges presenten sus planillas de ingresos, bien conjunta o separadamente, y que el hacerlo en una u otra forma no es-tablece regia de propiedad alguna.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


text:
    Margarita Romaguera Morillo, representada por su Defensor Judicial J. C. Santiago Matos, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    Núm. 1121.

    Sometido: Mayo 24, 1943.

      Resuelto: Julio 31, 1943.

      J. C. Santiago Matos, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Ponce doña Providencia Mo-rillo Vda. de Romaguera y su bija Margarita Romaguera Morillo, radicaron una demanda contra la sociedad José Ro-maguera e Hijos, solicitando se decretara la disolución y liquidación de dicha sociedad y, presentada copia de dicha demanda en el Registro Mercantil de Ponce con súplica de que se anotara en el mismo, el registrador se negó a virtud de la siguiente nota:

“Denegada la anotación de esta demanda en la hoja correspon-diente a la mercantil ‘José Romaguera/ e Hijos’, porque ningún ar-tículo del Código de Comercio autoriza la anotación de la demanda de disolución y liquidación de sociedad en el Registro Mercantil. De conformidad con la Ley sobre Recursos contra Resoluciones de los Re-gistradores de la Propiedad, aprobada en mayo 1 de 1902, se ha tomado anotación por 120 días al folio 121 del tomo 43 de Sociedades, hoja número 1504, anotación letra ‘A’. Ponce, a 15 de marzo de 1943.”

Para revisar esta nota se interpuso el presente recurso.

Admite la recurrente en su alegato “que al solicitar que en el Registro Mercantil se tome conocimiento de la demanda que nos ocupa, no nos amparamos para ello en el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, ni en el artículo 42 de la Ley Hipotecaria” y admite además que no ha encontrado que esta Corte Suprema haya pasado sobre la cuestión y que tampoco ha encontrado jurisprudencia de España que sos-tenga su contención de que una demanda solicitando la diso-lución de una sociedad deba y pueda ser anotada en el Re-gistro Mercantil. Sostiene, sin embargo, que de acuerdo con los artículos 15 y 18 del Código de Comercio y el artículo 38 del Reglamento Interino para la Organización y Régimen del Registro Mercantil, aprobado en 21 de diciembre de 1885, aun vigente, el recurrido debió anotar la demanda.

Es precisamente en estos artículos que el registrador re-currido se funda para sostener que no procede la anotación solicitada. Dichos artículos dicen así:

“Artículo 15. — En la hoja de inscripción de cada comerciante o compañía se anotarán:
“ 1. Su nombre o razón social;
“2. La clase de comercio u operaciones a que se dedique;
“3. La fecha en que deba comenzar o baya comenzado sus ope-raciones ;
“4. El domicilio, con especificación de las sucursales que hubiere establecido, sin perjuicio de inscribir las sucursales en el registro del distrito en que estén domiciliadas;
“5. Las escrituras de constitución de sociedad mercantil, cuales-quiera que sean su objeto o denominación; así como las de modifica-ción, rescisión o disolución de las mismas sociedades;
“6. Los poderes generales, y la revocación de los mismos, si la hubiere, dados a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios;
“7. El consentimiento expreso del marido a que se refiere el ar-tículo 6 de este Código;
“8. La revocación de la licencia dada a la mujer para comerciar;
“9. Las escrituras dótales, las capitulaciones matrimoniales, y los títulos que acrediten la propiedad de los parafernales de las mujeres de los comerciantes;
“10. Las emisiones de cédulas y obligaciones de comerciantes in-dividuales o compañías mercantiles e industriales, y las emisiones de acciones de socios comanditarios, expresando la serie y número de los títulos de cada emisión, su interés, amortización, la cantidad total de la emisión, y los bienes, obras, derechos o hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten a su pago.
“Las compañías extranjeras, mercantiles o industriales, colectivas o en comandita que quieran establecerse o crear sucursales en Puerto Rico, presentarán y anotarán én el registro, además de los documentos que se fijan para las de Puerto Rico, un certificado expedido por el cónsul de los Estados Unidos de estar constituidas y autorizadas con arreglo a las leyes del país respectivo. Si se tratare de compañías mercantiles o industriales (partnerships) constituidas en algún Estado de los Estados Unidos, dicho certificado lo expedirá el Secretario de Estado de dicho Estado.”
“Artículo 18. — Se inscribirán también en el registro todos los acuerdos' o actos que produzcan aumento o disminución del capital de las compañías mercantiles, cualquiera que -sea su denominación, y los que modifiquen o alteren las condiciones de los documentos ins-criptos.
“La omisión de este requisito producirá los efectos expresados en el artículo anterior.”
“Artículo 38. — Además de la inscripción de las escrituras a que se refiere el artículo 36 de este Reglamento, es obligatorio para las Sociedades inscribir:
“ 1. Todos los actos, acuerdos, contratos y circunstancias que pue-den influir sobre la libre disposición del capital, o sobre el crédito, así como los que alteren y modifiquen las condiciones de los docu-mentos inscriptos.
“2. Los poderos tanto generales como especiales para determi-nadas operaciones, así como la modificación, constitución y revocación de los mismos. Para la inscripción de estos actos los Registradores se atendrán a lo dispuesto en el artículo 31 de este Reglamento.
‘ ‘ 3. Las emisiones de acciones, cédulas, obligaciones de todas clases y billetes de Banco y la cancelación de las respectivas inscripciones.
“4. Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica en la forma y modo que establezcan las leyes.
“5. La prolongación de la Sociedad.
“6. Su rescisión parcial y disolución total, excepto cuando ésta tenga lugar por la terminación del plazo por el cual se constituyó, siendo en este caso voluntaria la inscripción. ’ ’

Una mera lectura de estos preceptos demuestra que nada hay en ellos que pueda servir de base a la contención de la recurrente de que una demanda puede ser anotada en el Be-gistro Mercantil.

Be confirma la nota recurrida.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


author: (El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Ramón Rivera Mojica, peticionario y apelado, v. Sixto M. Saldaña, Jefe de la Penitenciaría Insular, demandado y apelante. Vicente Adames Serrano, peticionario, y apelado, v. El Mismo, demandado y apelante. Juan Morales Feliciano, peticionario y apelado, v. El Mismo, demandado y apelante. Antonio Beltrán Benítez, peticionario y apelado, v. Balbino González, Alcaide de Cárcel, demandado y apelante.
    Núms. 8768, 8782, 8783, 8792.

    Sometidos: Julio 21, 1943.

      Resueltos: Julio 31, 1943.

      R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelante; los apelados concurrieron por su propio derecho.
   (El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 1 de la Ley para computar, como parte de la sentencia de presos, el tiempo que pasaren bajo custodia aguardando la vista de su causa, aprobada el 14 de marzo <de 1907 (See. 6362 Estat. Rev.) dispone lo siguiente:

‘ ‘ Sección 1. — Cuando una persona fuere acusada de -un delito eual-'quiera, y habiéndosele exigido fianza, no pudiere, por motivo de po-breza, conseguir fiadores, por lo que tuviere que estar bajo custodia •■aguardando la vista de su causa, si saliere sentenciada a un término ■de prisión, se le descontará de dicho término el tiempo que hubiere pasado bajo custodia, desde la fecha de su arresto hasta aquella en que se hubiere dictado sentencia definitiva en su causa.”

Alegando que de acuerdo con los términos de la ley ci-tada tenían derecho a que se les abonara la prisión preven-tiva que habían sufrido, los apelados en estos cuatro recur-sos radicaron sendas peticiones de mamdamus ante la Corte de Distrito de San Juan solicitando se ordenara al Jefe de la Penitenciaría Insular, los tres primeros, y al Alcaide dé-la Cárcel de Distrito de San Juan, el último, que liquidaran las sentencias que les habían impuesto distintas cortes de distrito en tal forma que se acreditara en todas y cada una de las sentencias dicha prisión preventiva. La corte inferior declaró con lugar las peticiones y el Fiscal apeló.

Aun cuando los recursos fueron tramitados separada-mente la cuestión envuelta es la misma en todos ellos, ex-cepto en el núm. 8782 de Vicente Adames Serrano que pre-senta otra adicional, y por tanto los resolveremos conjunta-mente en una opinión.

Los hechos, en cuanto a cada uno de los apelados, y la forma en que la corte inferior aplicó la ley a esos hechos,, han ludo resumidos por el fiscal de esta corte en su alegato,, en la siguiente forma:

“8768. llamón Rivera Mojica. (3 meses 10 días preventiva).. El 5 de agosto de 1942 fue sentenciado en forma consecutiva por la corte de distrito de Bayamón a un año de presidio en cada una de las dos causas por escalamiento en primer grado. A la fecha de su ingreso en la Penitenciaría había estado tres meses diez días en la Cárcel de Distrito de San Juan en sumaria.
“La corte inferior resolvió que se acreditara al peticionario el término de prisión preventiva (3 meses 10 días) a cada una de las. sentencias consecutivas dictadas, haciendo así, un total de 6 meses 20 días a ser abonado, en vez de los 3 meses 10 días realmente pasados, en sumaria.
“8782. Vicente Adames Serrano. (1 año, antes de ser senten-ciado, y 4 meses 10 días después de ser sentenciado hasta su ingreso, en el presidio.)
“Ingresó en la Cárcel de Distrito de Arecibo en 28 de septiembre de 1941 con tres autos de prisión por 3 delitos de escalamiento en primer grado.
“El 29 ele septiembre de 1942 fué sentenciado en las tres causas a 3 años en una, 3 años en otra y un año en la tercera.
“El 28 de octubre de 1942 apeló, quedando en sumaria basta el 11 de febrero de 1943.
“La corte inferior resolvió que se acreditara al peticionario el total del tiempo pasado en la cárcel antes de ingresar en el presidio (1 año, 4 meses, 10 días), a cada una de las sentencias dictadas, acreditando así 4 años y un mes, y en vez de un año que fué lo que realmente pasó en sumaria antes de ser sentenciado por la corte de distrito.
“8787. Juan Morales Feliciano. El 3 de julio de 1943 (sic) in-gresó en la cárcel de distrito de Mayagüez por tres causas de escala-miento en primer grado.
“ El 4 de septiembre de 1942 fué sentenciado a un año de presidio en cada causa por dos de dichos delitos, comenzando a extinguirlas el mismo día (sentencias consecutivas).
“El 5 de noviembre de 1942 fué sentenciado a un año de presi-dio por la tercera causa.
“En la cárcel de distrito, previamente a su convicción en las dos primeras causas, estuvo en sumaria 2 meses 1 día, que le fué acre-ditado por el Jefe del Presidio a la primera sentencia de las 2 con-secutivas dictadas el 4 de septiembre.
“La corte inferior resolvió que dicho término de 2 meses 1 día-debía acreditarse también a la segunda sentencia consecutiva, y a la tercera sentencia (concurrente en parte con las dos primeras) acre-ditando así un término de 6 meses 3 días por los 2 meses y un día realmente pasados en sumaria.
“8792. Antonio Beltrán Benitez. En octubre 16, 1942 fué sen-tenciado a 2 meses de cárcel por portar aj’mas, y no apeló, dejando extinguida dicha sentencia el 3 de diciembre de 1942.
“El 3 de marzo de 1943 fué sentenciado, en juicio de novo, por la Corte de Distrito de San Juan, a sufrir penas de 6 meses y 6 meses de cárcel en cada una ele dos causas por acometimiento y agre-sión grave y a 3 meses de cárcel por un delito de alterar la paz.
“La corte inferior resolvió que el período de cuatro meses desde 3 de diciembre de 1942 (en que dejó extinguida su sentencia por portar armas impuéstale el 16 de octubre de ese año) hasta el 3 de marzo-de 1943 en que fué finalmente sentenciado por la corte de distrito, era prisión preventiva que debía ser acreditada a cada una de las 3 sentencias dictadas contra el acusado. En esta forma se íe acredi-tarían 12 meses en vez de los 4 realmente sufridos de preventiva.”

En síntesis, la corte inferior resolvió qne la prisión pre-ventiva sufrida por cada nno de los apelados debe acredi-tarse a cada nna de las sentencias impuestas, debido a que se expidió mandamiento de prisión en cada nno de los casos. También ordenó, en el caso de Vicente Adames Serrano qne se le acreditara, en cada nna de sus sentencias, como parte •de dicha prisión preventiva, el tiempo que estuvo dicho ape-lado en la cárcel mientras se tramitaba su apelación de la •corte de distrito a la Corte Suprema.

El Fiscal de esta corte sostiene que la corte inferior erró al interpretar la ley de 1907, supra, en la forma en que lo hizo y creemos que tiene razón.

De hecho la corte inferior interpretó la sección 1 de la ley de 1907, supra, en el sentido de que la prisión preven-tiva sufrida por un acusado mientras se sustancian y resuel-ven definitivamente varias acusaciones que contra él penden, debe abonársele concurrentemente a todas las sentencias con-secutivas que la corte pueda imponerle en las mismas. Esta interpretación no está sostenida no 3m por la letra de la ley, sino que tampoco por su espíritu. El ejemplo que somete el Fiscal lo demuestra, cuando dice:

“. • • si un acusado está un año en sumaria aguardando la vista de cinco causas y finalmente es sentenciado en las cinco a un año de presidio en cada una, dictadas dichas sentencias para ser cumplidas consecutivamente, de seguir el principio establecido por la corte inferior aquí apelada, quedarían simultáneamente cumplidas las cinco ■sentencias consecutivas de un año cada una con la prisión preventiva de un solo año sufrida por el acusado. En otras palabras, sin ser concurrentes las sentencias, único medio a nuestro juicio en que podrían ser cumplidos los cinco años de las cinco sentencias de que hablamos con un solo año de prisión, quedarían extinguidos los cinco años mencionados correspondientes a las ya dichas cinco sentencias •consecutivas con un solo año de prisión preventiva. ...”

En el reciente caso de Cecilio Echeandía Font v. Sixto M. Saldaña, resuelto el 27 de abril de 1943 (61 D.P.R. 799), el peticionario pretendió, entre otras cosas, que debía deducir-sele de dos sentencias concurrentes que está cumpliendo, la bonificación que por buena conducta concede la sección pri-mera de la ley de 14 de marzo de 1907, y nos limitamos a decir que “Es tan absurda la pretención del peticionario al efecto de que debe dársele crédito por buena conducta sobre cada una de las dos sentencias, es decir, la de diez años y la conmutada, que creemos innecesario discutir esa cuestión. ”

Igualmente absurda nos parece la pretensión de los ape-lados en estos casos. De prevalecer, equivaldría a-sostener que el crédito que se le abone por el término de prisión pre-ventiva que sufra un acusado puede alargarse o acortarse de acuerdo con el número de casos que tenga pendientes y por los cuales fia sido arrestado y no ha prestado fianza. Ésta no pudo haber sido la intención legislativa. La prisión pre-ventiva puede y deber ser abonada al término de la primera sentencia que empezó a cumplir cada uno de los apelados, pero no a las demás.

En cuanto a la otra cuestión levantada en el caso núm. 8782 de Vicente Adames Serrano, es decir, si debe computarse como parte de la prisión preventiva el tiempo transcurrido durante la sustanciación de su apelación de la corte de distrito a la Corte Suprema á nuestro juicio depende de la interpretación que se dé a la frase “sentencia definitiva” usada en la ley de 1907 cuando dice: “se le' descontará de dicho término el tiempo que hubiere pasado bajo custodia, desde la fecha de su arresto hasta aquélla en que se hubiere dictado sentencia definitiva en su causa.” (Bastardillas nuestras.)

Sentencia definitiva condenatoria es aquella de la cual el acusado puede apelar para ante esta Corte Suprema, según el inciso 1 del artículo- 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En el caso Noel v. State, 188 Pac. 688, 690, se de-finió una sentencia en un caso criminal en esta forma:

“Una sentencia es la determinación final del jnicio de una causa criminal y es la orden de la corte, hecha en presencia del acusado y -de su abogado, dictando la sentencia (judgment) y ordenando que la mi siria, sea ejecutada en la forma prevista por ley.”

Véase además 38 Words and Phrases 597 et seq.

De manera que no tenemos duda de que la “sentencia definitiva” a que se refiere la sección 1 de la ley de 1907 es la que dicta la corte de distrito y no la que pueda dictar esta corte en apelación. Otras cláusulas de la sección indican que la intención legislativa fué limitar el alcance de la bonifica-ción hasta que dicha sentencia sea dictada. Dice la ley qu-.i cuando el acusado no ha prestado fianza “por lo que tuviere que estar bajo custodia aguardando la vista de su causa,... ” (Bastardillas nuestras). El texto inglés dice así: “ ... and is therefore held in custody while awaiting trial,...” (Bas-tardillas nuestras). Otro indicio de la intención legislativa lo encontramos en el título de la ley que expresamente dice: “Ley para computar, como parte de la sentencia de presos, el tiempo que pasaren en custodia aguardando la vista de su causa” o sea la misma fraseología usada en el texto de la ley. La vista de la causa tiene lugar ante la corte de dis-trito y es dicha corte la que dicta la sentencia definitiva. Si el reo apela para ante esta corte, la ejecución de la sentecia queda suspendida. (Sección 4 de la Ley de 12 de marzo de 1903, Código de Enjuiciamiento Criminal, pág. 249). Empero, no habiendo la Legislatura incluido expresamente el tiempo que transcurra en tramitarse la apelación como parte de la bonificación por prisión pre-ventiva, no debe descontarse dicho término de la sentencia cuando ésta es confirmada. La regla prevaleciente en los Estados Unidos es que a menos que el estatuto expresamente lo provea el tiempo que transcurra en una apelación no debe descontarse de la sentencia y que el término de la misma •empieza a contarse desde que se expide el mandato de la corte de apelaciones. 24 C.J.S., Criminal Law, sección 1995, b y d (3), págs. 1226, 1227.

Deben revocarse las sentencias apeladas y se dictarán otras declarando si/n luyar las peticiones de mcmdamvas.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.


text:
    Dolores Carreras, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. R. Cordovés Arana, Juez, demandada.
    Núm. 1524.

    Sometido: Junio 14, 1943.

      Resuelto: Julio 31, 1943.

      Edgar S. Belaval y Manuel García Cabrera, abogados de la peticio-naria; Carlos de Vázquez abogado del Juez demandado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El día 10 de febrero de 1943 la Corte Municipal de San Juan, Sección Tercera, dictó sentencia declarando con lugar una demanda de desahucio interpuesta por Dolores Carre-ras contra Julio Díaz. La sentencia fué notificada a las par-tes el día 15 de febrero de 1943. Dos días después la de-mandante radicó, una moción solicitando la reconsideración de -la sentencia y la corte, sin señalaría para vista ni oír a las parley, la declaró sin lugar el 4 de marzo habiéndose no-tificado la resolución el día 8 del mismo mes. Al día si-guiente, 9 de marzo, la demandante apeló para ante la Corte de Distrito de San Juan.

Elevados los autos el demandado solicitó la desestimación-del recurso por haberse interpuesto fuera de término... La-corte de distrito después de oír a las partes primero declaró sin lugar la desestimación solicitada, pero, solicitada la re-consideración, la declaró con lugar por entender que las dis-posiciones del artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley núm. 67 aprobada el 8 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 199), son aplica-bles a las mociones de reconsideración presentadas en las-cortes municipales.

Para revisar esta actuación de la corte inferior la'peti-cionaria radicó-el presente recurso de certiomri y expedimos el auto y oímos a las partes.

El artículo 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, según quedó enmendado por la Ley núm: 67 de' 1937, dis-pone lo siguiente :

“Artículo 292. — Una sentencia o providencia, dictada en un pleito-civil, excepto cuando hubiere adquirido expresamente el carácter de definitiva y firme, podrá ser revisada de acuerdo con lo prescrito en este código, y de ningún otro modo.
“Cualquier parte agraviada por una sentencia o resolución de una corte de distrito en una acción civil, podrá, dentro del término-improrrogable de quince días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia o dentro del término improrrogable de cinco días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, radicar en la corte que hubiere dictado la sentencia o resolución una petición ex parte para la revisión o reconsideración de su sentencia o resolución, haciendo constar en ella los hechos y los fundamentos de derecho sobre los cuales se basa la solicitud. La corte deberá resolver la moción de reconsideración dentro de los cinco (5) días después, de haberse radicado, y si la corte rechazare de plano la petición, el término para apelar de la sentencia o resolución de cuya revisión se trate se computará en la forma prevista por este código, como si no se hubiese presentado petición alguna de revisión o reconsideración.. Si la corte resolviere reconsiderar su sentencia o resolución u oír a las partes sobre la moción de reconsideración, el término para apelar se computará desde la fecha del archivo, como parte de los autos del caso, de una copia de la notificación hecha por el secretario de la' corte a la parte perdidosa de la resolución definitiva del tribunal. ’ ’

Arguye la peticionaria que el segundo párrafo del ar-tículo 292, supra, que fue la enmienda introducida en el año 1937, expresamente se refiere a las cortes de distrito y que siendo clara la letra del estatuto no puede por interpreta-ción judicial hacerse extensivo a las cortes municipales. Sos-tiene además que los términos de 15'y 5 días especificados en la enmienda la hacen inaplicable a las sentencias dictadas por dichas cortes.

No tiene razón, a nuestro juicio, la peticionaria.

Implícitamente ya esta corte resolvió en el caso de Amador v. Corte, 54 D.P.R. 821, que el artículo 292, supra, según enmendado, es aplicable a las cortes municipales, cuando dijimos que una moción sobre nulidad de sentencia a todos los efectos legales es una de reconsideración y que habiendo sido tomada en consideración (>entertained) por la corte municipal y no rechazada de plano, suspendió el término para ape-lar empezando a contarse el misum desde la fecha en que dicha corte declaró sin lugar la moción y que por tanto ha-bía errado la corte de distrito al desestimar la apelación in-terpuesta.

Decimos que la cuestión fue resuelta implícitamente por-que no se planteó expresamente en aquel caso la inaplicabi-lidad del artículo 292, supra, a las cortes municipales como ahora lo hace la peticionaria. Nos reafirmamos, sin embargo, en la conclusión a que llegamos en el caso de Amador, supra.

Con anterioridad a la enmienda del año 1937 al artículo 292 del Código de Enjuiciamiento' Civil esta corte, siguiendo la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito en Saurí v. Saurí, 45 F. (2d) 90, resolvió en varios casos, Municipio de Guánica v. García, 46 D.P.R. 397; Gran Logia de Distrito v. Logia Víctor Rojas, Inc., 48 D.P.R. 914 y Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 494, que una mo-eió'n de reconsideración suspendía el término para apelar. Empero, en el caso de Dávila v. Collazo, supra, dijimos:

“Es cierto que el alcance y el efecto que se lia atribuido a la interposición de la moción para reconsiderar una sentencia, por la jurisprudencia que hemos citado, se presta a prácticas dilatorias por parte de los litigantes perdidosos, interesados en posponer indefinida-mente la ejecución de la sentencia. Y es esta corte la primera en reconocer la necesidad de alguna medida legislativa que corrija el mal que hemos señalado y que defina en términos inequívocos el pro-cedimiento para obtener la reconsideración de las sentencias o reso-luciones dictadas por los tribunales insulares y el efecto y alcance que debe tener la radicación de una moción de reconsideración.
“Mientras la Legislatura no tome acción sobre el particular, esta Corte Suprema se considerará obligada a seguir la jurisprudencia sen-tada por la Corte de Circuito en Saurí v. Saurí, supra.

Diez meses después de esta decisión, la Legislatura en-mendó el artículo 292 en la forma que hemos transcrito.

Ahora bien, el hecho de que en la enmienda se haga re-ferencia expresamente a las cortes de distrito no implica que la misma no pueda aplicarse a las cortes municipales, pues de acuerdo con la sección 3 de la Ley Reorganizando el Sis-tema Judicial de Puerto Rico, de 1904, al crear las cortes mu-nicipales se dispuso “que todos los procedimientos ante dichas cortes deberán ser tramitados conforme a las reglas y procedimientos en práctica en la cortes de distrito.”.

Así, en el caso de Rivera v. Aybar, 32 D.P.R. 548, resol-vimos que los artículos 75 y 86 inclusives del Código do En-juiciamiento Civil que establecen las reglas fijando el lugar en el que deben verse los pleitos y los casos en que deben ser-trasladados a otra corte de distrito, eran aplicables a las cortes municipales; y en el de Pacheco v. Becerra, 28 D.P.R. 768, que el artículo 89 del mismo código en cuanto al término para contestar una demanda cuando el demandado es citado en el distrito en que se promueve la acción, también es apli-cable a las cortes municipales de acuerdo con la ley de 1904, supra.

Aplicar el artículo 292, según enmendado, snpra, a las cortes municipales establece nn procedimiento uniforme para todas las cortes en relación con las mociones de reconsidera-ción y tiende a dar efectividad a la panta qne sugerimos en el caso de Dávila v. Collazo, supra.

El argumento de la peticionaria de que los términos fija-dos en el artículo 292 están en conflicto con los fijados para las apelaciones de las cortes municipales a las de distrito, no es concluyente. Lo mismo sucede con el término fijado pol-la ley de desahucio en su sección 11 (Art. 630, Código de Enjuiciamiento Civil) para apelar, o sea, cinco días, el cual es el mismo tanto para las cortes municipales como para las de distrito y, sin embargo, hemos resuelto en Ramos v. Aviles, 58 D.P.R. 726 — que era un caso de desahucio — , que el ar-tículo 292 era aplicable y denegamos una moción de desesti-mación porque “ antes de expirar el término para apelar, la demandante solicitó la reconsideración de la sentencia y esta moción fue desestimada después de señalar una vista y oír a las partes, habiéndose interpuesto recurso cuatro días des-pués de notificarse a la demandante esa última resolución.’.

Y en el de Fabián v. Rodríguez, 53 D.P.R. 448, también un caso de desahucio, se resolvió, y citamos del sumario, que: “Una moción de reconsideración no produce el efecto de in-terrumpir el término para apelar cuando es simplemente de-clarada sin lugar.”.

De manera, que tanto en las cortes municipales como en las de distrito puede presentarse una moción de reconside-ración de sentencia al amparo del artículo 292, supra, pero incumbe al que la presenta hacerlo dentro del término que tiene para apelar y si la corte no declara con lugar o cita a las partes para oírlas dentro de dicho término, es su deber apelar antes de expirar el mismo, pues como resolvimos en el caso de Concepción v. Latoni, 59 D.P.R. 666, ratificando el de Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, 52 D.P.R. 445: “Cuando la corte sentenciadora no oye a las partes respecto a tina moción de reconsideración de sentencia y la declara sin lugar de plano, la moción no tiene el efecto de suspender o prorrogar el término para apelar.” (Sumario.)

La peticionaria admite en su alegato que si el artículo 292. del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, es aplicable al caso de autos “el escrito de apelación fué radicado fuera de término” y, siendo esto así, procede anular el auto expe-dido y desestimar la petición.

Los Jueces Presidente Sr. Del Toro y Asociado Sr. Tra-vieso no intervinieron.