author: El Juez Asociado Señob Cókdova Dávila,

text:
    José Hidalgo, peticionario y apelado, v. Pedro Duprey, Secretario Auditor del Municipio de Aguadilla, demandado y apelante.
    No. 6771.

    Sometido: Mayo 1, 1935.

      Resuelto: Junio 26, 1935.

      Hon. Procurador General Benjamin J. Horton y Luis Janer, Sub-procurador, abogados del apelante; García Méndez (& García Mén-dez y Angel G. Hermida, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

José Hidalgo solicita que por medio de un auto de mandan mus se ordene a Pedro Duprey, Secretario Auditor del Muni-cipio de Aguadilla, que expida al peticionario un certificado de crédito por la suma de $9, alegando que es acreedor del referido municipio por la expresada suma y deudor al mismo tiempo por una suma igual, y que interesa, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2' de la Ley No. 8 de abril 8 de 1931 (pág. 153), según fue enmendada por la No. 15 de abril 13 de 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 215), se le expida dicho certificado para cancelar la deuda por igual suma que tiene contraída con dicho municipio.

Alega además el peticionario que el Alcalde de Aguadilla, Sr. Wenceslao Herrera, está dispuesto a dar su aprobación al certificado de crédito cubriendo el importe de la suma referida, pero que el Auditor Municipal se negó a expedirlo por las razones que a continuación se expresan:

“1. Porque no era posible expedirle el certificado de crédito que solicitaba como parte de la segunda quincena de su sueldo correspon-diente a agosto de 1933, porque la nómina que estaba en turno de ser pagada era la correspondiente a la segunda quincena de junio de 1932.
“2. Porque las disposiciones legales aplicables a los sueldos es la contenida en el artículo 85 de la Ley Municipal y que consiguiente-mente cada período de salario debía pagarse en su totalidad a todos los funcionarios y empleados; y
‘ ‘ 3. Que no se deben pagar sueldos con certificados de crédito si no se paga a todos los demás funcionarios y empleados el mismo período, ya sea el pago hecho en parte con cheques y en parte con certificados de crédito.”

El demandado en su contestación acepta los hechos ale-gados en la solicitud y reproduce los motivos que tuvo para no expedir el certificado de crédito a favor del peticionario, alegando que siempre ha estado y estará dispuesto a expedir esos certificados si sus actuaciones no están en conflicto con la ley, circulares y'reglamentos promulgados a tal fin, y que siendo subsidiario del Auditor de' Puerto Rico tiene que acatar, observar y cumplir la ley, reglamentos y circulares que’ regulan' la contabilidad municipal.

La Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia decla-rando con lngar la solicitud y ordenando qne por el deman-dado se expidiera el certificado de crédito qne solicita el peti-cionario, sujeto a la aprobación del Alcalde de Aguadilla, sin especial condenación de costas.

Alega el demandado apelante que la corte inferior erró al prescindir de las disposiciones del artículo 85 de la Ley Municipal (No. 53) de 1928 (pág. 335), al darle la extensión que dió a la palabra genérica “acreedor”, usada en la sección segunda de la Ley No. 8 de 1931, enmendada por la No. 15 de 1933, incluyendo en dicho término a los funcionarios y empleados municipales, y al no considerar como parte de-mandada necesaria en este recurso al Auditor Insular.

Arguye el demandado que existen dos leyes que cubren la misma materia: La Ley Municipal de 1928, que en su artículo 85 específicamente regula el pago de los sueldos de los empleados y funcionarios municipales de no existir fondos disponibles, y la Ley No. 8 de abril de 1931, enmendada por la Ley No. 15, de abril 13 de 1933, que en su sección 2a., de una manera general, ordena la emisión de certificados por los municipios a favor de sus acreedores, cuando por falta de fondos disponibles no puedan satisfacer sus obligaciones en dinero.

Estima el apelante que el artículo citado de la Ley Municipal prohíbe que se expida aisladamente un certificado de crédito a un empleado del municipio. Admite, sin embargo, que estos certificados pueden expedirse a todos los empleados y funcionarios municipales para pagárseles total o propor-cionalmente sus sueldos, porque así se cumpliría con ambas leyes, sin establecer indebidos privilegios a favor de deter-minado empleado o funcionario.

La sección 2a. de la Ley No. 8 de 1931, según fue enmendada por la No. 15 de 1933, dice así:

■‘Tocia persona natural o jurídica que sea 'acreedora de cualquier 'municipio, sin distinción de motivos, tendrá derecho a obtener del Auditor Municipal, y éste estará obligado a expedir, con la aprobación del alcalde, un certificado o certificados de crédito cubriendo el total o parte de dicha acreencia. El Auditor Municipal hará constar clara-mente en estos certificados de crédito el concepto de la deuda y en nin-gún caso podrá expedir dichos certificados % menos que lo adeudado por el municipio al acreedor haya sido regular y legalmente contraído y que además haya sido consignado en presupuesto para el pago de la misma.. Estos certificados de crédito cancelarán en igual cantidad lo adeudado por el municipio a la persona en favor de quien se libre dicho certificado.’'

El artículo 85 de la Ley Municipal dice así:

“Cuando un municipio no tuviere fondos suficientes para pagar íntegramente los sueldos de sus funcionarios y empleados, los fondos que tuviere disponibles se distribuirán entre dichos funcionarios y. em-pleados en proporción a sus. respectivos sueldos. ’ ’

Convenimos con el apelante en que el artículo 85 de la Ley Municipal está en toda su fuerza y vigor, sin que haya sido derogado por el artículo 2o. de la Ley No. 8 de 1931, enmendada en 1933. Y pensamos así, porque estas disposi-ciones no cubren la misma materia, como pretende el ape-lante, ni se advierte conflicto entre ellas, pudiendo interpre-tarse ambas aisladamente sin que la una tenga que intervenir con la otra. La primera dispone el pago proporcional de los sueldos de funcionarios y empleados municipales, si hubiere fondos disponibles, y éstos no bastasen para cubrir esos sueldos en toda su integridad; la segunda impone al Auditor Municipal el deber de expedir certificados de crédito a los acreedores del municipio, una vez cumplidos los requi-sitos que exige la misma ley. Si antes de imponerse este deber al Auditor Municipal, no se expedían certificados de crédito a favor de un empleado o funcionario municipal, es sencillamente porque no existía el precepto que hoy autoriza expresamente esta operación y no porque lo prohibiese el artículo 85 de la Ley Municipal. Un municipio sin fondos disponibles no puede hacer uso de este artículo, que solamente tiene aplicación cuando hay fondos de que disponer. Para este único propósito, para hacer uso de la distribución pro-porcional cuando no puedan pagarse los sueldos en toda su integridad, es que se aprobó esta disposición legal, y no para prohibir la expedición de certificados de crédito a los emplea-dos municipales. La ley de 1931, enmendada en 1933, se refiere exclusivamente a créditos que tenga una persona en cualquier municipio, por los cuales pueda obtener el libra-miento de un certificado.

El presente caso es de sencilla comprensión. José Hi-dalgo, acreedor y deudor del municipio, interesa se le expida, un certificado por su crédito de $9 para cancelar su deuda por igual suma en el municipio de Aguadilla. Esta opera-ción, que en nada perjudica los intereses de la municipalidad,, facilita al empleado el pago de algo que adeuda al municipia y descarga a esta entidad de una obligación contraída con el referido empleado. De este modo ambas partes resultan mutuamente beneficiadas, sin infringir en modo alguno las disposiciones de la ley.

Conviene aclarar que el artículo' 2o. de la Ley No. 8 de 1931 concedía a toda persona jurídica que fuese deudora del Tesoro Insular por contribuciones, o de cualquier municipio por patentes, arbitrios u otros conceptos, y acreedora a la vez de dicho municipio, el derecho a obtener del Auditor Municipal, con la aprobación del alcalde, un certificado de crédito cuyo importe no fuera mayor que el importe total de la patente, arbitrio o contribución adeudada por dicha persona. La enmienda de 1933 no parece exigir esta mutua relación de acreedor y deudor, puesto que suprime las dispo-siciones que acabamos de citar, aun cuando las últimas pa-labras de dicho artículo enmendado introducen cierta con-fusión, cuando dicen que estos certificados de crédito cáncer larán en igual cantidad lo adeudado por el municipio a la persona a favor de quien se libre dicho certificado. La deuda no puede cancelarse a menos que haya sido pagada y el cer-tificado de crédito no es otra cosa que un reconocimiento por escrito de la obligación contraída por el municipio. Pero cualquiera que sea la interpretación que pueda dársele a este artículo, la verdad es que según lia sido enmendado, concede a todo acreedor de un municipio el derecho de ob-tener un certificado de crédito, cuando se ba cumplido con los requisitos exigidos por el referido artículo. Si se interpre-tase esta disposición en el sentido de que no es necesaria la mutua relación de acreedor y deudor, la enmienda resultaría mucbo más liberal y beneficiosa para el acreedor.

La corte inferior, en su opinión, comenta el referido .artículo 85 de la Ley Municipal en la siguiente forma:

“La sección 85 de la Ley Municipal no ba sido propiamente en-mendada por las Leyes de 1931. La sección 85 sé refiere a la forma en que se bacen los pagos cuando el municipio no tuviere fondos, suíisuficientes para pagar íntegramente los sueldos de sus funcionarios o empleados, mientras que la ley sobre certificados de crédito sencilla-mente autoriza la expedición de certificados como evidencia del crédito o créditos que en el municipio tengan los distintos acreedores.
“El artículo 85 no tiene nunca el propósito de impedir el que el acreedor de un municipio obtenga la expedición de un certificado cre-ditivo de un crédito, cualquiera que sea su clase o naturaleza, espe-cialmente si consideramos que la ley sobre expedición de certificados de crédito ba sido una ley de emergencia con el propósito de facilitar a los empleados y acreedores municipales el que obtengan evidencia de sus respectivas acreencias a los efectos de ulteriores operaciones por parte de ellos, haciendo así posible el funcionamiento de la maquinaria municipal en estos tiempos de depresión mundial, depresión que se ha hecho sentir hondamente en Puerto Rico como consecuencia de los ci-clones que devastaron la Isla en los años 1928 y 1932. Negar esto sería ir contra el verdadero propósito que inspiró a los Legisladores al apro-bar la Ley de 1931 y 1933, relativas a la expedición de los certificados de crédito.”

Como ya dijimos antes, el apelante admite que se pueden pagar con certificados de crédito todos los sueldos o una parte proporcional de los mismos a todos los empleados o funcionarios municipales, pero niega que esto pueda hacerse aisladamente, porque constituiría una indebida preferencia y privilegio a favor del funcionario favorecido por el certi-ficado. Arguye el apelante que si en este caso específico el peticionario obtuviese el certificado que solicita, estaría cobrando a cuenta de sns sueldos atrasados la suma de $9 para satisfacer sn deuda en el municipio, sin que ninguno de los demás empleados y funcionarios perciban en la misma proporción parte alguna de sns respectivos haberes atrasados, constituyendo esta operación una indebida preferencia y un privilegio a favor del apelado. No podemos aceptar este criterio. Si hubiese fondos disponibles en el municipio para cubrir únicamente parte de los sueldos de los empleados, y se pagase con estos fondos el sueldo del peticionario o de cual-quier otro empleado sin hacer una distribución equitativa y proporcional, entonces se estaría estableciendo claramente un privilegio en favor del funcionario que recibió los beneficios del pago. Pero cuando un empleado municipal tiene con-traída una deuda con el municipio y se expide un certificado de crédito para el pago de la misma, no se está haciendo uso de ningún fondo disponible ni concediéndosele ningún privi-legio en perjuicio de sus compañeros.

La sección 2a. de la Ley No. 8 de 1931, enmendada en 1933, no establece distinciones. Esta ley impone al Auditor Municipal el deber de expedir, con la aprobación del alcalde, un certificado o certificados de crédito a toda persona natural o jurídica que sea acreedora de cualquier municipio, sin dis-tinción de motivos. No hay razón alguna para excluir a los empleados y funcionarios municipales que sean acreedores de la municipalidad, de los efectos de esta disposición que cubre a todos los acreedores sin establecer excepciones.

En el último motivo de error se alega que la corte no consideró al Auditor de Puerto Rico parte demandada necesaria en este litigio. Entiende el demandante que este error debe desestimarse de plano, porque no se formuló excepción alguna sobre este particular en la corte inferior. Según aparece de los autos, el demandado apelante se limitó a decir en su contestación que la demanda debió establecerse contra el Auditor de Puerto Rico. Suponemos que su objeción se basa en el artículo 74 del Código de Enjuiciamiento Civil, según el cual cuando no se pueda llegar a una completa reso-lución de la controversia sin la presencia de otras personas, da corte deberá disponer la comparecencia de éstas. No creemos que esta disposición sea aplicable al presente caso'.

De acuerdo con el inciso tercero del artículo 33 de la Ley Municipal, Leyes de 1928, páginas 363, 365, el Auditor Municipal tendrá todas las facultades, funciones y deberes con respecto al municipio que corresponden al Auditor de Puerto Rico con respecto al Gobierno Insular, con sujeción a las disposiciones de la Ley Orgánica y a los reglamentos que dictare diebo Auditor de Puerto Rico, y firmará los libra-mientos y órdenes de pago que Layan de efectuarse de los fondos municipales. . La ley sobre certificados de crédito dis-pone que el Auditor Municipal deberá expedir los certifi-cados a cualquier acreedor que lo fuere del municipio, sin distinción de motivos, con la sola limitación de que tales cer-tificados de crédito deberán tener la aprobación del alcalde. En el presente caso el alcalde está dispuesto a dar su aproba-ción al certificado, en el caso de que sea expedido por el Auditor. Como se ve, la ley impone un deber al Auditor Municipal y únicamente requiere que el certificado sea apro-bado por el Alcalde. El Auditor de Puerto Rico, por lo tanto, no es una parte necesaria para la resolución de la con-troversia suscitada en este litigio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Carmen Centrale, Inc., demandante y apelante, v. Rafael Vázquez, demandado y apelado.
    No. 6465.

    Sometido: Noviembre 15, 1934.

      Resuelto: Junio 26, 1935.

      Jaime Sifre, Jr. y A. Ortiz Toro, abogados de la apelante; M. A. y L. A. García del Rosario, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En una acción de interdicto para recobrar la posesión, la demandante Carmen Céntrale, Ine., alega que hasta el día 14 de febrero de 1933 tuvo la posesión real y material de una finca de 205 cnerdas de terreno y 75 centésimas de otra, de-nominada Ortega, sita en el barrio del Pueblo, término municipal de Toa Baja, y que en la referida fecha el deman-'dado Rafael Vázquez, sin conocimiento ni consentimiento do la demandante, penetró en dicha finca, tomando posesión de una parcela de la misma, compuesta de 11 pies de frente por 8 pies de fondo, en lindes por el norte, sur y oeste con -la finca Ortega y por el este con la finca Ingenio.

Se alega además en la demanda que la demandante se ha visto privada del disfrute de la referida parcela de terreno, que forma parte de la finca principal, la cual linda por el norte con el Caño del Cocal, por el sur con el camino vecinal de Toa Baja, por el este con terreno del antiguo ingenio San Pedro y por el oeste con terreno de la Hacienda Constancia. Se solicita una sentencia restituyendo a la Carmen Centrale, Inc., en la posesión de la referida parcela y condenando al ‘demandado para que se abstenga en lo sucesivo de penetrar en dicha porción de terreno y de realizar acto alguno de posesión en la misma.

Practicada la prueba de ambas partes, qne consistió en el testimonio de varios testigos y la inspección personal del juez, la corte declaró sin lugar la demanda, con imposición de costas a la demandante, excluyendo honorarios de abogado.

Se atribuyen a la corte inferior cinco errores que se re-fieren a la apreciación de la prueba, a la declaración de la corte de que “en vista de todos los hechos y circunstancias la demandante no tuvo la plena posesión de la parcela que se describe en la demanda dentro del tiempo alegado”, a su omisión en no aplicar rectamente ciertas disposiciones del código, al no aplicar a la prueba de la demandante las pre-sunciones establecidas por el artículo 102 de la ley de evi-dencia en sus apartados 27 y 31, al ignorar los principios de los artículos 21 y 162 de dicha ley, y al desestimar la demanda e imponer las costas a la demandante.

La prueba aportada por la demandante es a nuestro juicio deficiente. Es verdad que en la demanda se alega la posesión real y material de la finca Ortega que se describe con sus colindancias, haciéndose constar que la parcela ocupada por el demandado forma parte de dicha finca; pero no se presentó evidencia alguna para probar estas alegaciones que fueron negadas por el demandado en su contestación. Si la descripción de la finca denominada Ortega no ha sido probada, si ignoramos sus linderos y su cabida, no estamos en condiciones de concluir que la parcela en litigio forma parte de la finca referida. Los testigos de la demandante hablan de una finca denominada Ortega y dicen que la parcela forma parte de esa propiedad, pero guardan silencio en cuanto a la descripción y linderos de la finca principal.

La demandante nos dice en su alegato que la prueba demuestra que la parcela que se reclama queda dentro de los límites de la finca Ortega. La demandante parte seguramente de la base de las alegaciones de la demanda. Nosotros tenemos que atenernos exclusivamente a la prueba. Las alegaciones de la demandante no lian sido sostenidas por el testimonio de sus propios testigos, qne nada' dijeron con respecto a los linderos y cabida de la referida finca Ortega. No es posible declarar acreditado nn becho, tomando como base meras alegaciones, ajenas a toda prneba, sobre todo enando las mismas fian sido específicamente negadas. Tam-bién dice la demandante qne la prneba demuestra de nna manera indubitada la posesión de las fincas Ortega e Ingenio y se pregunta si no es natural qne siendo como es arrenda-taria de dichas fincas, snrja la presunción de que posee la totalidad del terreno. No estaría desacertada la demandante al formular su juicio si se hubiese probado la posesión de la finca Ortega con sus linderos y colindancias y se hubiese demostrado que la parcela reclamada se encuentra incluida dentro de los límites de la finca referida. Pero en ausencia de esta prueba no cabe aplicar el principio invocado por los abogados de la demandante. Convenimos en que la posesión no requiere la ocupación física de todo el terreno que se considera poseído, porque esto es materialmente imposible. La posesión de un inmueble con sus linderos cubre todo el terreno comprendido dentro de sus límites, cuando no se demuestra que parte de ese inmueble ha pasado a posesión de otra persona. La demandante cita el caso de McColman v. Wilkes, 51 Am. Dec. 637, de donde copiamos lo siguiente:

“La posesión real se distingue de la posesión implícita antes de-finida. Significa una ocupación material y continua o el ejercicio de un completo dominio; y esto podría ser, en primer lugar, bien la ocu-pación de hecho del total que se posee (que generalmente se llama pedis possessio, y podría denominarse posesión sustancial) ; o bien, en segundo lugar, una ocupación de parte en representación del todo, siempre que haya prueba suficiente en cuanto a los límites del área total que se reclama y en circunstancias tales que la ley haga extensiva a dichos límites la posesión de la parte ocupada.
“La dificultad en aquellos casos en que se pretende extender la po-sesión a más de lo que está a la vista ocupado, estriba siempre en de-terminar sus límites. Más allá de los límites de su extensión no existe la posesión, ya sea material o implícita. Dentro de dichos límites la posesión es toda material. La extensión no depende meramente de la prueba sobre los límites dentro de los cuales se alega la posesión, sino con frecuencia de la naturaleza de una reclamación contradictoria y de la consiguiente posesión; y algunas veces se considerará ser más o menos según la persona con quien el poseedor litiga. ’ ’

También se cita el siguiente párrafo de Ramos v. Director de Terrenos, 39 Jurisprudencia Filipina 184, 189, que nos permitimos transcribir:

“La contestación nos l'a indica la doctrina relativa a la posesión presunta. La regla general es la de que la posesión y el cultivo de parte de un terreno, a título de dueño de todo él, constituye una po-sesión presunta de todo el terreno si el resto no se halla en posesión adversa de otro. (Barr vs. Gratz’s Heirs (1819), 4 Wheat, 213; Ellicott vs. Pearl (1836), 10 Pet., 412; Smith vs. Gale (1892), 144 U.S., 509.) Desde luego hay gran número de excepciones a esta regla, siendo una de ellas la que se refiere, en particular, al tamaño del te-rreno en controversia, con relación a lo que realmente posee el reclamante. En el presente caso sólo es necesario aplicar la regla general.
“El reclamante tiene un título aparente; ha obrado de buena fe; ha gozado una posesión pública, tranquila, y notoria de parte del te-rreno, lo suficiente para dar a entender a los vecinos y a todo el mundo que el terreno era para su uso. (Véanse arts. 446, 448, Código Civil.) La posesión, a los ojos de la ley, no significa que haya necesidad de posar los pies en cada m,etro cuadrado de terreno para que pueda de-cirse que está uno en posesión. Ramos y su causante cumplieron los requisitos de la ley partiendo del supuesto de que el terreno era agrí-cola del Estado.”

En lo que se refiere a la excepción relacionada con las dimensiones del terreno, se ha declarado que la posesión de la parte por el todo no se aplica cuando la parcela es demasiado grande. Paine v. Hutchins, 49 Vt. 314. También ha declarado el mismo tribunal que esta doctrina se aplica cuando la naturaleza de la reclamación y color del título es aparente, pero no cuando el terreno no tiene límites definidos. Langdon v. Templeton, 28 A. 866, 66 Vt. 173.

En el presente caso, descartando las alegaciones que se relacionan con la finca Ortega, que no han sido probadas, debemos atenernos exclusivamente a la prueba practicada con respecto a la parcela en litigio. Los testigos de la deman-dante declaran sobre ciertos actos aislados realizados por la demandante en la parcela referida. La corte inferior no consideró estos actos bastantes para justificar la alegada-posesión. Hemos estudiado detenidamente la prueba y no estamos convencidos de que el tribunal sentenciador baya incurrido en los errores que se le atribuyen.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Andrés Aybar Muñoz y Luciana Aybar Muñoz, demandantes y apelantes, v. Natalia Vara Smith, demandada y apelada.
    No. 7061.

    Sometido: Jimio 24, 1935.

      Resuelto: Junio 26, 1935.
    Los apelantes comparecieron en persona; Juan B. Soto, Juan F. Soto y M. Rivera de la Vega, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes sostienen este pleito sin abogado que los defienda. La sentencia dictada después de un juicio les fué contraria y contra ella interpusieron esta apelación. Después de radicada en este tribunal la transcripción de los autos para esta apelación se nos pide por la apelada que la deses-timemos por ser frívolo el recurso establecido.

El objeto de este pleito es que se declare nula una resolución judicial que declaró heredera abintestato de María Carolina Smith Aybar a su hija legítima Natalia Yara Smith, que es la apelada. La demanda se funda en algunos defectos de procedimiento que dice existir en esa declaratoria de herederos, pero su fundamento principal es que Natalia Vara Smith no ha existido nunca, por lo que los dos demandantes alegan ser los únicos herederos de María Carolina Smith Aybar, sin consignar en su demanda el grado de parentesco que ellos tienen con la persona de cuya sucesión se trata, por donde pueda venirse en conocimiento de que ellos serían los herederos si es cierto que Natalia Vara Smith no ha existido. De paso queremos decir que la apelada ha vivido siempre en España y también la persona de quien fue declarada heredera.

La corte inferior fundó su sentencia en que la demanda no aduce causa de acción porque los demandantes no alegaron el parentesco que tengan con María Carolina Smith Aybar, de cuya sucesión se trata, además en que no demostraron su carácter de herederos y en que se probó que Natalia Vara Smith es persona que existe.

No habiéndose alegado por los demandantes que sean parientes de María Carolina Smith Aybar, pues su manifesta-ción de que son sus únicos herederos es una conclusión de derecho, y habiendo demostrado la prueba que Natalia Vara Smith existe pues un testigo declaró que conocía personal-mente en España a Natalia Vara Smith, quien en 1929 compareció ante un notario público y otorgó ante él un poder a favor de una persona residente en esta isla, no surge el derecho de los demandantes a impugnar la declaratoria de herederos a que se refiere este pleito, por lo que su apelación resulta frívola y dehe ser desestimada.


text:
    Francisco Marchán Sicardó y José Martínez Llonín, demandantes y apelados, v. Bernardo Fernández Porrero, demandado y apelante.
    No. 6243.

    Sometido: Mayo 18, 1935.

      Resuelto: Junio 26, 1935.

      Wilson P. Colberg, abogado del apelante; Dubón óe Ochoteeo, 'abogados del apelado Martínez Llonín.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Bernardo Fernández Porrero, qne por sn muerte ba sido substituido por su viuda y sus herederos, obtuvo por cesión un crédito por sentencia contra José Martínez Llonín y cuando para ejecutar la sentencia estaba anunciada la venta de bienes del demandado, fue suspendida la subasta por orden de la Corte de Distrito de San Juan. Esa orden de suspen-sión es la que ba dado motivo al presente recurso de apela-ción.

El apelante no ba presentado su alegato en este recurso, pero en otra apelación que estaba pendiente en este tribunal entre las mismas partes con el núm. 6408, convinieron los litigantes, con la aprobación de esta corte, en que el alegato que se presentase en el segundo recurso serviría para resolver el primero. En efecto uno de los motivos de error que alegó el apelante en el otro recurso es por haber sido sus-pendida la subasta. El apelado no presentó alegato en el recurso segundo, que tiene el núm. 6408, porque solicitó y obtuvo que esa apelación fuera desestimada. En cuanto al presente recurso núm. 6243 su vista tuvo lugar el 7 de marzo de este año con una estipulación de las partes de que el apelado pudiera presentar su alegato dentro de veinte días, pero no lo ha radicado a pesar de las varias prórrogas que le fueron concedidas, la última de las cuales venció el día 15 del presente mes.

En el otro caso núm. 6408, que tenía el núm. 4585 en la corte inferior, la apelación se interpuso porque la corte de distrito a instancia del demandado Martínez Llonín nombró un síndico que se posesionara de ciertos bienes y los conser-vara hasta que fuese resuelta determinada apelación. Como consecuencia de tal nombramiento de síndico y a petición de Martínez Llonín, deudor por. sentencia, la corte ordenó la suspensión de la subasta en la que se iba a vender parte de esos bienes para satisfacer la sentencia.

No es cuestión a resolver ahora si era procedente o no el nombramiento de un síndico porque ésa era la cuestión en la otra apelación que fue desestimada. La única que se propone para este recurso es que la corte inferior erró al ordenar la suspensión de la subasta en la que se anunciaba la venta de bienes para satisfacer una sentencia firme.

Para conseguir esa suspensión alegó Martínez Llonín el referido nombramiento de síndico, que el márshal embargó parte de los bienes comprendidos en la sindicatura y que la venta de ellos entorpecería la posesión y conservación de los mismos por el síndico e interferiría con la jurisdicción de la corte en cuanto a dichos bienes. El mismo día de esa moción la Corte de Distrito por las razones expresadas en la moción, sin oír- a la parte contraria, decretó la suspensión de la su-basta a que nos hemos referido hasta que otra cosa se dis-pusiera.

Embargados bienes para asegurar la efectividad de una sentencia que luego se dicta y queda firme, no puede suspenderse la venta de los bienes para cumplir la sentencia por ei hecho de que se nombre un síndico para que administre esos bienes. Según el peso de las autoridades, el nombramiento de nn síndico para el demandado en nna acción pendiente no priva al demandante de nn gravamen ya obtenido ni le impide que proceda a ejecutarlo. 23 R.C.L., pág. 49, párrafo 51 (Nota 16). En verdad no existió motivo legal para decretar la suspensión de la subasta para cumplir la sentencia dictada antes del nombramiento del síndico.

La resolución apelada debe ser revocada.


author: El Juez Asociado Señob AldRey,

text:
    Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico, demandante y apelada, v. Pedro Cruz Reyes, demandado y apelante.
    No. 6008.

    Sometido: Abril 11, 1934.

      Resuelto: Junio 26, 1935.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Dubón é Ochoteco, J. Henri Brown, C. Bu-iz Nazario, G. E. González y G. Benitez Gautier, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob AldRey,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Cruz Beyes fue demandado por Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico para que le pague $1,315.68 por la venta condicional que le kizo de un autocamión {truck). Condenado al pago interpuso esta apelación.

El primer motivo que alega el apelante para que revoquemos la sentencia dictada contra él es que la corte inferior cometió error al admitir como prueba en el juicio once pagarés, violando así el artículo 4 de la Ley de Corporaciones Privadas.

Esos pagarés están firmados por Pedro Cruz a la orden de J. Octavio Seix & Co., Inc., y cada uno tiene un endoso firmado por Baúl Quevedo que dice “ J. Octavio Seix & Co., Inc., por R. Quevedo, tesorero.”

Dice el apelante que esos pagarés no debieron ser admi-tidos como prueba porque Raúl Quevedo, tesorero de J. Octavio Seix & Co., Inc., no estaba autorizado para hacer tal endoso sin la aprobación del presidente de la corporación, según aparece de los estatutos de la misma. Aunque ante la corte inferior se expusieron varias razones para que esos pagarés no fueran admitidos como prueba, sin embargo, la cuestión que ahora propone el apelante no fué alegada ante la corte inferior por lo que podríamos dejar de resolverla según resolvimos en el caso de Nadal v. Miranda, 27 D.P.R. 323. Sin embargo, el presidente de J. Octavio Seix & Co., Inc., declaró extensamente en el juicio sin que en ninguna parte de su testimonio manifestase que no autorizó al tesorero para que firmara dichos endosos o que tal autorización no estaba concedida.

Como segundo motivo del recurso se alega que la corte inferior cometió error al no aplicar a este caso la doc-trina legal expuesta en el artículo 463 del Código de Comercio. Según este precepto si se omitiere la expresión de la fecha en el endoso, no se transferirá la propiedad de la letra, y se entenderá como una simple comisión de cobranza. Aunque esa disposición legal se refiere a las letras de cambio, sin embargo, es aplicable a los pagarés a la orden porque el artículo 532 del mismo código dispone que las libranzas a la orden entre comerciantes y los vales o pagarés también a la orden que procedan de operaciones de comercio, producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio, excepto la aceptación, que es privativa de éstas. La omisión de la fecha de un endoso en cuanto a que no transfiere la propiedad sólo crea una presunción controvertible de la exis-tencia de una comisión de cobro de los pagarés, cosa susceptible de ser destruida por prueba de la fecha de los endosos, según resolvimos en el caso de American Colonial Bank v. Camacho, 35 D.P.R. 958, ratificada en Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico v. Colón, 47 D.P.R. 640, haciendo referencia al de Noriega & Alvarez v. Cruz & Co., 33 D.P.R. 559. La fecha de los endosos en el caso presente fué pro-bada con la declaración que prestó en el juicio el Sr. Villavicencio, quedando así destruida la presunción antes mencio-nada, por lo que no hubo error en la corte inferior al admitir como prueba tales pagarés.

También alega el apelante que la corte inferior cometió error al estimar que el demandado no probó que la demandante obtuvo el contrato de venta condicional mediante fraude, como expuso como defensa en su contestación enmendada en el juicio.

El contrato de venta condicional del autocamión está fechado en San Juan el 10 de junio de 1929 a favor de la Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico y está firmado por el demandado Pedro Cruz y por dos testigos. El demandado reconoció como suya su firma en ese documento. El testigo Sr. Villavicencio, empleado de la deman-dante, declaró qne esa venta fué concertada con sn aprobación por nn empleado de la demandante, el Sr. Morey, qne antes lo había sido de J. Octavio Seix & Co., Inc. El principal testigo del demandado lo fné el Sr. Jacinto Octavio Seix, qnien manifestó qne el contrato de venta lo convino en Ponce su empleado Sr. Morey por cuenta de J. Octavio Seix & Co., Inc., y lo mandó en blanco con la firma del demandado a sn oficina de San Jnan, donde la demandante se apoderó del contrato y lo pnso a sn nombre. Pero de la prneba apa rece también qne entre la corporación J. Octavio Seix & Co., Inc., de la cnal es presidente Seix, y la demandante en este pleito, existían entonces varios litigios judiciales; qne dicho Sr. Seix estnvo ansente en Santo Domingo y Haití en el mes a qne se refiere el contrato de venta condicional y qne annqne el Sr. Seix declaró qne en esa fecha era empleado snyo el Sr. Morey, se presentó prneba docnmental respecto a qne entonces dicho empleado recibía sneldo de la demandante, lo qne trató de explicar Seix diciendo qne la demandante le pagaba por cuenta de J. Octavio Seix & Co., Inc. Tenemos qne hacer constar también qne J. Octavio Seix & Co., Inc., había estado vendiendo por algún tiempo vehícnlos de motor de la Brockway Motor Track Corporation of New York, la qne encomendó lnego sns negocios en esta isla a la deman-dante cnando snrgieron diferencias entre la corporación de Seix y la de Nueva York; y qne la venta del antocamión al demandado fné hecha en los momentos en qne Seix cesaba de venderlos y se encargaba de ese negocio la demandante. En vista de esos hechos y circunstancias y teniendo presente qne el frande no se presnme sino qne hay que probarlo clara y convincentemente, según hemos resuelto en varias oca-siones, no podemos decir qne la corte inferior cometió error al declarar qne no se probó el frande alegado por el demandado.

Dice por último el apelante qne la corte inferior erró también al apreciar qne la ley y los hechos están a favor de la demandante.

Por la enunciación de ese motivo de error pnede verse qne es consecnencia de los otros qne hemos considerado y resuelto en contra del apelante, de tal modo qne vnelve a analizar la prueba; sin qne el hecho de qne cnatxo meses después de celebrado el contrato de venta entregase el demandado el autocamión a J. Octavio Seix & Co., Inc., sin consentimiento de la demandante, pueda eximirlo del pago, según hemos resuelto en el caso de Román v. Martínez, 25 D.P.R. 654.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Alduey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gilberto Acevedo Feliciano, acusado y apelante.
    No. 5803.

    Sometido: Junio 17, 1935.

      Resuelto: Junio 28, 1935.

      T. Acosta Bands, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

        Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Alduey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante notificó por escrito al secretario de la Corte de Distrito de San Juan qne apelaba de la sentencia dictada contra él, pero dejó de notificar su apelación al fiscal del distrito, por lo qne se nos pide que desestimemos este re-curso.

A esa moción se opuso el apelante alegando qne si bien es cierto qne el fiscal no fue notificado de la apelación, está impedido de solicitar la desestimación de acuerdo con los casos de El Pueblo v. Varela, 41 D.P.R. 889, y de El Pueblo v. Mercado, 45 D.P.R. 750. Estos casos no son de aplicación al presente porqne en nno de ellos el fiscal- tenía conocimiento efectivo y escrito de la apelación, pnes firmó una estipulación con el abogado del apelante para someter la transcripción de la evidencia para su aprobación, renunciando así cualquier defecto formal de la falta de notificación: y en el segundo existió una notificación escrita de la apelación, que fue recibida por el fiscal. El caso presente no es igual ni análogo a los citados pues la manifestación que hizo el ape-lante al dictarse sentencia contra él de que deseaba apelar la misma y que se le fijara una fianza para estar en libertad no equivale a una notificación de la apelación porque entonces no estaba interpuesta, lo que se hizo después notificándola por escrito al secretario; ni el hecho de que el taquígrafo notificara su transcripción de la evidencia entregando copia de ella al fiscal y que luego fuera aprobada por la corte en sesión pública implica notificación alguna de apelación al fiscal.

Por lo expuesto se declara com lugar la moción del fiscal y se desestima la presente apelación.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Horacio Figueroa, acusado y apelante.
    No. 5467.

    Sometido: Enero 30, 1935.

      Resuelto: Junio 28, 1935.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Jcmer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la.opinión del tribunal.

Figueroa fue convicto de infringir el inciso (a) del artículo 12 de la Ley para Reglamentar el uso de Vehículos de Motor (Leyes de 1916, páginas 144, 152). Ese inciso lee como sigue:

“{a) Las personas que manejen vehículos de motor en los cami-nos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades.”

La denuncia radicada en la corte municipal imputaba que:

“ ■ . - el referido Horacio Figueroa manejaba el vehículo pe-sado de motor No. 11-469, sin ejercitar el debido cuidado y tomar las precauciones razonables para garantizar la seguridad y vidas de las personas, llevando amarrada con un cáñamo, de la cual colgaba, una de las tapas posteriores de dicho truck, haciendo que ésta columpiara de un lado para el otro, de tal manera que, al llegar a dicho sitio, hectómetro 9 de la mencionada carretera, al pasar dicho truck por el lado del denunciante, la dicha tapa le dió al denunciante de tal manera que lo echó al suelo ocasionándole golpes graves que lo de-jaron sin conocimiento, fracturándole el cráneo, por lo que tuvo que ser recluido en el Hospital de Damas de Ponce.”

Al ser llamado el caso para juicio de novo la corte de distrito declaró sin lugar una excepción perentoria basada en que la denuncia no imputaba delito alguno, y esto se señala como error. El apelante se funda en el caso del Pueblo v. Borque, 25 D.P.R. 594, y Pueblo v. Rivera, 26 D.P.R. 439. La denuncia en el caso de Borque decía que:

”.el referido acusado que guiaba como conductor el auto No. 519 de su propiedad, maliciosa y voluntariamente no tomó las debidas precauciones en el manejo de dicho auto para garantizar vi-das y propiedades, dando lugar a que el referido auto chocase con el niño Joaquín Solá, el cual recibió contusiones de las que fué asis-tido en la Sala de Socorro de Santurce.”

El fiscal insistió en que la denuncia estaba en orden toda vez que seguía la fraseología del estatuto. Lo que se dijo en el caso de Borque debe interpretarse a la luz de los he-chos y de la cuestión suscitada ante este tribunal. La de-nuncia no imputaba un delito ni bajo el inciso (a) ni bajo ningún otro inciso del artículo 12 de la Ley. La contención del fiscal no podía ser sostenida aún si la denuncia hubiese seguido literalmente el contexto del inciso (a). Ese inciso prescribe en términos amplios y generales una regla de con-ducta para aquellas personas que guían vehículos de motor en la vía pública. En tales casos no basta que la denuncia siga la fraseología del estatuto. Debe ser más específica a fin de advertir al acusado de manera más definida de la na-turaleza de la acusación que se le imputa. Este es el prin-cipio general en que se basa el caso de Borque, el cual fué seguido por este tribunal en los casos de Pueblo v. Rivera, supra; Pueblo v. Salgado, 27 D.P.R. 881; Pueblo v. Matienzo, idem 918, y distinguido en el de Pueblo v. García, 28 D.P.R. 954.

Esta corte nunca ha dicho en un caso como el presente que sería imposible imputar un delito bajo el inciso (a) a menos que tal delito también estuviese incluido en algún otro inciso del artículo 12. Todo lo contenido en opiniones anteriores que pudiera así interpretarse por inferencia o deducción debe ser considerado como obiter dicta, ya que hasta el presente no nos habíamos visto precisados a consi-derar un caso como el que tenemos ante nos. Por primera vez nos confrontamos con una denuncia que claramente im-puta un delito comprendido por las disposiciones del inciso (a) y no por cualesquiera otros incisos del artículo 12 de la ley. El inciso (a) no es un mero preámbulo o párrafo de introducción. Es completo de por sí y enteramente in-dependiente de los otros incisos del artículo 12. Cada uno de los otros incisos es de por sí igualmente completo y en-teramente independiente del inciso (a). Una infracción de cualquiera de los otros incisos podría ser imputada como un delito separado sin referirse en absoluto al inciso (a). Una violación de uno o más de esos incisos podría también ser imputada a manera de especificación como una infracción al inciso (a). Empero, esto no es así en lo que respecta a to-dos los demás incisos. La infracción del inciso (h), por ejemplo, no podría ser imputada siguiendo la terminología de dicho inciso, sin más, como una infracción.del inciso (a). Una violación del inciso (b) no podría en forma alguna equi-valer a una infracción del inciso (a). Por otra parte, el in-ciso (a) comprende un número crecido de delitos que no po-drían ser imputados como una infracción de cualquiera de los otros incisos. Un conductor que por ejemplo hace re-troceder su vehículo repentinamente y sin dar aviso, de una calle transversal hacia una calle de bastante tránsito, con menosprecio de la seguridad de vidas y propiedades, sería culpable de una flagrante violación del inciso (a) pero no se le podría imputar con éxito una infracción de cualquiera de los otros incisos. El presente caso es otro ejemplo saliente. No es necesario que multipliquemos los ejemplos de esta ín-dole. Si no pudieran imputarse otras infracciones del in-ciso (a) que las de los demás incisos, entonces la Legisla-tura hizo algo fútil y vano al redactar ese inciso y no po-demos concebir que ésta fuera la intención legislativa. Por tanto, resolvemos que la corte de distrito no cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria.

El segundo señalamiento es que la sentencia es contra-ria a los hechos y a la prueba. La médula del argumento es que el denunciante fue culpable de negligencia contribu-yente al caminar en la misma dirección que el autocamión por la izquierda de la carretera en vez de por la derecha. Tal negligencia contribuyente, de existir, no constituye una defensa y la contención, según lia sido desarrollada en el alegato del apelante, carece de mérito.

Lo qne antecede resuelve las cuestiones suscitadas por el apelante. Sin embargo, en el curso de nuestra propia discusión del caso se ha impugnado la validez del estatuto mismo. En apoyo del criterio de que es nulo por lo incierto, se nos ha llamado la atención hacia las siguientes autoridades: Czarra v. Board of Medical Supervisors, 25 App. D. C. 443; United States v. Capital Traction Co., 34 App. D. C. 592; United States v. Cohen Grocery Co., 255 U. S. 81; Connally v. General Construction Company, 269 U. S. 385; State of West Virginia v. Lantz, 26 A. L. R. 894; State v. Diamond, 20 A. L. R. 1527; Cinard v. State, 300 S. W. 64; y Stevenson v. Houston & T. C. R. Co., 19 S. W. (2d) 207.

En la nota puesta al caso de State of West Virginia v. Lantz, (1922) en la página 898, el anotador dice:

“Aunque los casos de Georgia y Pennsylvania, conforme se verá más adelante, están en conflicto, se ha resuelto generalmente que es-tatutos u ordenanzas que disponen que ninguna persona conducirá o guiará un vehículo de motor imprudentemente o a una velocidad mayor que la que sea razonable y adecuada, tomando en considera-ción el ancho, tránsito y uso del camino, y las reglas generales y acostumbradas del mismo, o en tal forma qu.e ponga en peligro la propiedad, vida, o bienestar de una persona, no son nulos por ser demasiado vagos, inciertos e indefinidos para sostener una acusación criminal. ’ ’

Luego de citar casos de Nebraska, Ohio y Wisconsin, el anotador cita dos interesantes extractos de Mulkern v. State, (1922-Wis.) 187 N. W. 190 y State v. Schaeffer (Ohio) 117 N. E. 220. Véase también Gallaher v. State (1923) 29 A. L. R. 1059, y nota; Commonwealth v. Pentz, 247 Mass. 500, 143 N. E. 322; y People v. Maki, 223 N. W. 70.

En la Corte Suprema de los Estados Unidos hay dos corrientes de decisiones, fácilmente distinguibles la una de la otra y distinguidas repetidamente por la Corte Suprema misma. Una de estas corrientes inclnye casos como el de United States v. Cohen Grocery Co., y Connally v. General Construction Co., supra. La otra incluye casos como los de Nash v. United States, 229 U. S. 373; Miller v. Strahl, 239 U. S. 426; y Omaechevarria v. Idaho, 246 U. S. 343.

En el caso de Nash, la corte tenía ante sn consideración las disposiciones penales de la Ley Sherman Contra los Monopolios, y por voz del Juez Asociado Sr. Holmes, dijo:

“La objeción que se aduce a las disposiciones penales del esta-tuto se cree están justificadas por los casos de The Standard Oil Co. v. United States, 221 U. S. 1, y United States v. American Tobacco Co., 221 U. S. 106. Pueden tomarse esos casos en el sentido de que han establecido que únicamente caen dentro de la ley aquellos contratos y combinaciones que con motivo del espíritu o la natu-raleza inherente de los actos que se proponen realizar, perjudican los intereses públicos al restringir indebidamente la competencia o al obstruir en forma impropia el curso de los negocios. 221 U. S. 179. Y entonces se dice que el delito así definido por el estatuto contiene en su definición un elemento de gradación (degree) respecto al cual los cálculos pueden diferir como consecuencia de lo que un hombre puede ir á prisión porque su sano criterio no anticipó el de un jurado compuesto de hombres menos competentes. La propo-sición germana de que ‘la criminalidad de un acto no puede depen-der de que un jurado pueda creerlo razonable o irrazonable y la de que debe haber alguna precisión y certeza,’ es citada del finado Juez, Sr. Brower, mientras desempeñaba el cargo en la Corte de Circuito. Tozer v. United States, 52 Fed. Rep. 917, 919.
“Pero aparte del derecho, común en lo que a la restricción del comercio por el estatuto se refiere, la ley está plagada de casos en que la suerte de un hombre depende de que calcule acertadamente, es decir, de la manera en que más tarde un jurado lo haga, de una cuestión de gradación. Si su criterio está equivocado no solamente puede incurrir en una multa o en un corto período de prisión, como sucede en el presente caso, sino que también puede incurrir hasta en la pena de muerte. ‘Un acto que produzca la muerte de un seme-jante puede ser asesinato, homicidio, o un accidente desgraciado de acuerdo con el grado de daño que le rodee’ según la experiencia ordinaria bajo las circunstancias conocidas por el actor. ‘El signifi-cado mismo de la ficción de malicia implícita en tales casos en el derecho común fué que un hombre tal vez tendría que responder con su propia vida de las consecuencias que no intentó ni previo.’ Commonwealth v. Pierce, 138 Massachusetts, 165, 178. Commonwealth v. Chance, 174 Massachusetts, 245, 252. ‘El procedimiento seguido en tales casos es examinar si un deber social común, bajo las circuns-tancias concurrentes, hubiera aconsejado una conducta más circuns-pecta.’- 1 East P. C. 262. Si una persona produce la muerte a un semejante al conducir un automóvil violentamente contra una muche-dumbre, ella podría ser convicta de asesinato no importa cuán re-motamente pudiera anticipar el resultado. Véase Reg. v. Desmond, y otros ejemplos en Stephen, Dig. Crim. Law, artículo 223, primera edición, pág. 146. Si tan sólo guió un vehículo negligentemente por una calle tal vez sólo se le condene por homicidio involuntario o por un delito menor. Reg. v. Swindall, 2 C. & K. 230; Rex v. Burton, 1 Strange, 481. Y en el último caso podría hacérsele responsable no embargante ser su creencia que actuaba tal cual lo hubiera hecho-un hombre prudente. Véase The Germanic, 196 U. S. 589, 596. Pero sin aducir ulterior argumentación el recurso casi queda resuelto por el caso de Waters-Pierce Oil Co. v. Texas (No. 1), 212 U. S. 86, 109, en que la decisión del Juez Brewer y otras similares fueron citadas en vano. Somos de opinión que no hay dificultad constitucional al-guna que se oponga a que se haga cumplir la parte penal del esta-tuto. ’ ’

En el caso de Miller v. Strahl la corte discutía la consti-tucionalidad de una ley estadual que imponía a todos los dueños de hoteles de determinada clase el deber “en caso de que ocurriera un incendio dentro del mismo de notificar a todos los huéspedes inmediatamente y hacer cuanto estu-viese a su alcance para salvar a tales huéspedes o inquilinos.” De la opinión emitida por el Juez Asociado Sr. McKenna, tomamos el siguiente extracto :

“El demandante en el recurso de error sostiene además que el estatuto ‘carece del debido proceso de ley’ toda vez que ‘deja de prescribir una regla fija de conducta.’ Se alega que el requisito de que ‘uno deberá hacer cuanto esté a su alcance’ deja de informar a una persona de inteligencia ordinaria lo que debe o no debe hacer bajo determinadas circunstancias.
“Las reglas de conducta deben ser necesariamente expresadas en términos generales y depender para su aplicación de las circunstan-cias, y éstas varían. Podría ser cierto, según dice el letrado, que 'los hombres tienen temperamentos distintos' siendo algunos 'verda-deros cobardes y muy pocos verdaderos héroesque el cerebro de algunas personas funciona 'rápida y normalmente ante el peligro mientras que otras pierden todo dominio de sus acciones.’ Es evi-dente que no pueden prescribirse reglas para afrontar estos tempe-ramentos tan distintos. Sin embargo, todos deben ser sometidos a juicio. ¿Y qué mejor prueba podría fijarse que la de hacer ‘cuanto esté al alcance de uno’ de acuerdo con las circunstancias?
“El caso cae, por tanto, bajo la regla de Nash v. United States, 229 U. S. 373, y no bajo la de International Harvester Co. v. Missouri, 234 U. S. 199.”

En el caso de Omaechevarria v. Idaho, la corte tenía bajo su consideración nna ley del estado que prohibía a “cualquier persona encargada de un rebaño de ovejas que le per-mita pastar en cualquier finca anteriormente ocupada por ganado vacuno” y luego proveía que: “la prioridad del derecho posesorio entre los dueños de ganado vacuno y la-nar, a cualquier finca, deberá ser determinada por la prio-ridad en el uso acostumbrado y ordinario de la misma como finca de ganado vacuno o lanar.” La opinión de la corte, emitida por el Juez Asociado Sr. Brandéis, lee en parte como sigue:

“Segundo: También se sostiene que el estatuto de Idaho, por ser de carácter penal, es tan vago en sus términos, que viola la garantía constitucional de la Enmienda XIV relativa al debido proceso de ley, toda vez que deja de determinar los límites de una ‘finca’ o el período de tiempo que es necesario para que una ocupación anterior sea una ocupación ‘usual’ dentro del significado de la ley. Las personas familiarizadas con las condiciones de las fincas que estén de-seosas de observar la ley tendrán poca dificultad en determinar lo que ésta prohíbe. Expresiones similares son corrientes en los estatu-tos penales de otros Estados. Este estatuto no presenta mayor in-certidumbre o dificultad en su aplicación a hechos que necesariamente varían, de la que repetidamente ha sido sancionada por este Tribunal. Nash v. United States, 229 U. S. 373, 377; Miller v. Strahl, 239 U. S. 426, 434.”

En Cline v. Frink Dairy Company, 274 U. S. 445, el Juez Presidente, Sr. Taft, escribió la opinión de la corte. Se re-solvió que una ley contra monopolios del estado de Coloradoera inconstitucional. El caso siguió el de United States v. Cohen Grocery Company, supra, así como otros de la misma índole que fueron revisados extensamente. Empero, la doc-trina del caso de Nash fué reafirmada y distinguida en la página 464 en la siguiente forma:

“ .... Es cierto que cuando se trata de una cuestión como la de negligencia, es decir, de una regla de conducta para impedir que un hombre de inteligencia ordinaria cause daño a sus vecinos, se en-tenderá que todos cumplirán tanto sus disposiciones civiles como las. penales. Es una regla de conducta que todo el mundo se supone co-nocer y que debe hacerse cumplir a fin de que la sociedad pueda existir sin riesgo alguno. En el caso de Nash dijimos (página 377), ‘Pero aparte del derecho común en lo que a la restricción del co-mercio por el estatuto se refiere, la ley está plagada de casos en que-la suerte de un hombre depende de que calcule acertadamente, es de-cir, de la manera en que más tarde un jurado lo haga, de una cuestión de gradación. Si su criterio está equivocado no solamente puede in-currir en una multa o en un corto período de prisión, como sucede en el presente caso, sino que también puede incurrir hasta en la. pena de muerte. “Un acto que produzca la muerte de un semejante puede ser asesinato, homicidio, o un accidente desgraciado de acuerdo con el grado de daño que le rodee” según la experiencia ordinaria bajo las circunstancias conocidas por el actor .... “El procedimiento seguido en tales casos es examinar si un deber social común, bajo las circunstancias concurrentes, hubiera aconsejado una conducta más-circunspecta.” 1 East P. C. 262. Siguiendo la autoridad del caso de Nash, sostuvimos en el de Miller v. Oregon, por un per curiam, 273 U. S. 657, una condena por el delito de homicidio bajo un esta-tuto de Oregon, que hacía que la siguiente regla de conducta sir-viera para determinar si se cometía o no un delito público:
“ ‘Toda persona que maneje un vehículo de motor en las vías públicas de este estado conducirá el mismo en forma cuidadosa y prudente, a una velocidad que no exceda de 30 millas por hora, y dentro de los límites de ciudades y pueblos no incorporados, a no-más de 20 millas por hora, y por cruces y frente a escuelas a no más de 12 millas por hora, y en ningún caso a una velocidad que ponga en peligro la propiedad o la vida o bienestar ajenos. (Cap. 371, Leyes Generales de Oregon, 1921, Sección 2, inciso 16).’
“La acusación fué formulada bajo la última cláusula de este estatuto. No es injusto ni arbitrario exigir responsabilidad criminal a aquellas personas que conducen un instrumento de locomoción tan posiblemente peligroso, como lo es un automóvil, por una vía pública, toda vez que ellas saben y deben saber el grado de prudencia que es necesario ejercer para no producir daño a los demás bajo las con-diciones prevalecientes en una vía pública. Véase Hess v. Pawloski, ante, pág. 352.
“Pero no procedería someter a un hombre de inteligencia ordi-naria al riesgo de una acusación por no haber ejercido sabiamente su preparación económica o mercantil cuando hay envueltos tantos factores de índole distinta, que ni la persona que ha de resolver an-ticipadamente ni el jurado que ha de juzgarle después de ocurrido el hecho puede a conciencia y con toda certeza determinar el resul-tado. Guando a una decisión sobre si cierta utilidad en un negocio complicado es razonable se agrega la determinación de si una res-tricción minuciosa de legislación contra monopolios impedirá un be-neficio razonable en lo que a determinado artículo concierne, tene-mos una disposición por demás impracticable para la resolución del jurado. La legislatura debe fijar el ‘standard’ más simple y más definidamente antes de que una persona pueda cumplirlo o de que un jurado pueda actuar.”

Parece que huelgan los comentarios. Nuestra conclusión es que el inciso (a) no es nulo por incierto.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Juan y Concepción Vargas, peticionarios, v. Enrique S. Mestre, Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Aguadilla, demandado.
    No. 1038.

    Sometido: Junio 24, 1935.

      Resuelto: Junio 28, 1935.

      Enrique Báez García, abogado de los peticionarios; José D. Rodríguez y Francisco Acevedo, abogados del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

A solicitud de Juan y Concepción Vargas, por su abo-gado, se expidió nn auto de certiorari en este caso para re-visar una orden de la Corte de Distrito de Aguadilla negán-dose a desestimar la apelación interpuesta para ante ella en el pleito seguido en la Corte Municipal de Lares por Abdón Carrero contra Estanislao Vargas sobre cobro de dinero.

Los autos originales reclamados demuestran que la deses-timación se pidió por la parte apelada basándose en lo dis-puesto en la Ley No. 31 de 1934 (pág. 293), a saber, “que el apelante deberá solicitar la inclusión del pleito en el calen-dario o lista de señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo baya de celebrarse subsiguientemente a la radicación del caso” y en lo resuelto por esta Corte Suprema en Guerra v. Carrión, 47 D.P.R. 798, 800, respecto a la aplicación inmediata de dicba ley no sólo a los pleitos que se iniciaren a partir de su vigencia si que también a los ya iniciados.

Demuestran, además, los autos que en 11 de noviembre de 1932 la parte apelante solicitó la inclusión de su pleito en el calendario por medio de un escrito que lleva adherido un sello de cinco dólares.

Siendo ello así, no puede sostenerse que el apelante dejó de pedir la inclusión de su pleito en el calendario. No cabe interpretar la Ley No. 31 de 1934, Leyes de 1934, pág. 293, en el sentido de exigir nna nneva solicitad de inclnsión. No. fné ésa la situación qne surgió en el caso de Guerra v. Carrión, supra, ni en el de Manrique v. Corte, 48 D.P.R. 619 en los qne se dió a dicha ley aplicación.

El hecho de qne el apelante nna vez incluido el pleito en el calendario no solicitara el señalamiento de la vista, no es motivo de desestimación de acnerdo con la ley invocada. Interpretando nna ley anterior semejante, dijo esta corte en el caso de W. I. Cox Co. v. Corte de Distrito de Humacao, 36 D.P.R. 202, 203:

“La Ley No. 93 para reglamentar las apelaciones contra senten-cias de las cortes municipales, promulgada en 31 de marzo de 1919 (1917 (2) 17, Apéndice) y que es la pertinente en la materia, dice así en su sección 3a., letra (6) : ‘Si el apelante dejase de solicitar la inclusión del pleito en el calendario, el juez de distrito declarará desierto el recurso, imponiéndole las costas; y el secretario remitirá inmediatamente la causa a la corte inferior para la ejecución de la sentencia apelada. ’
“Esta disposición legal es clara en sus palabras y dispone que el juez de distrito declare desierto el recurso cuando el apelante de-jase de incluir su pleito en el calendario por lo que de acuerdo con el artículo 13 del Código Civil no puede menospreciarse su letra para atender a su espíritu, y mucho menos para poner en la ley palabras o conceptos que no tiene, como en este caso en que disponiéndose en la ley que se declare desierto el recurso solamente cuando el apelante no solicita la inclusión del pleito en el calendario, la corte inferior lo declaró desierto por otro motivo distinto, no expresado en la ley. Ni tampoco era ése el espíritu de la ley toda vez que incluido el pleito en el calendario estaba conseguida la rapidez en el procedi-miento por cuanto cualquiera de las partes podía solicitar el seña-lamiento de día para juicio.”

En tal virtud, siendo correcta la resolución de la corte de distrito, debe anularse el auto expedido y devolverse el pleito a la misma para que continúe en ella tramitándose de acuerdo con la ley.


text:
    Margarita Bertrán de Picardo y su esposo Benito Picardo, demandantes y apelantes, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6611.

    Sometido: Mayo 8, 1935.

      Resuelto: Junio 28, 1935.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelantes; Ron. Procurador General, Benjamin J. Horton j B. Oordovés Arana, Subprocurador, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre devolución de contribuciones pa-gadas bajo protesta. Se inició por demanda radicada en la Corte de Distrito de Humacao el 11 de noviembre de 1931. Presentáronse por el demandado mociones eliminatorias, que-dando archivada una segunda demanda enmendada en marzo 11, 1932.

En ella se alega substancialmente que dueño Diego Zal-duondo de varias fincas rústicas las hipotecó a favor de la demandante para garantizar un crédito de veinte mil dóla-res por escritura de marzo 5, 1927, que se presentó en el Registro de la Propiedad de Humacao en marzo 9, 1927, y se inscribió en abril 6, 1927; que vencido el crédito, no fué satisfecho, iniciando la demandante para su cobro en fe-brero 21, 1931, un procedimiento sumario, en el que se ordenó finalmente la venta en pública subasta de las fincas hipote-cadas que se llevó a efecto en julio 5, 1931, mediante adju-dicación de las mismas a la demandante en pago parcial de su crédito; que en marzo 5, 1927, las fincas hipotecadas no se encontraban afectas en el registro a carga alguna a favor del Pueblo de Puerto Rico y que al adquirirlas la de-mandante en julio 5, 1931, las encontró embargadas por el Pueblo para responder de $1,767.57 de contribuciones adeudadas impuestas sobre ellas y, además, de $1,744.30 de los cuales $530.45 correspondían a contribución sobre ingreso del año 1925, y el resto a contribuciones por las primas de seguro obrero, años 1926-27 a 1929-30; que para evitar el procedimiento de apremio y la venta de las fincas que había adquirido pagó la contribución territorial sin protesta y bajo protesta las otras; que cuando dichas otras contribuciones se impusieron a Zalduondo éste tenía bienes muebles sufi-tientes para satisfacerlas y el Departamento de Hacienda no hizo gestión alguna para cobrarlas embargando dichos bienes; que cuando la hipoteca constituida a favor de la demandante por Zalduondo se inscribió, no aparecía en el registro anota-ción alguna de embargo a favor del Pueblo; que el embargo se trabó en octubre 1, 1930, teniendo Zalduondo otros bie-nes, a fin de obligar a la demandante a pagarlo cuando ad-quiriera las fincas para librarlas; que desde antes de 1926 no trabajaban obreros asegurados en las fincas en cuestión, y que éstas sólo respondían al Pueblo de los tres últimos años de contribución territorial.

Excepcionó y contestó la demanda el demandado. Sos-tuvo, en resumen, que el Pueblo tenía derecho al cobro total de las contribuciones de que se trata.

Pué el pleito a juicio. Ambas partes presentaron prueba y la corte en abril 29, 1933, dictó sentencia declarando la demanda sin lugar, sin especial condenación de costas.

Apeló la demandante, radicando la transcripción en fe-brero 8, 1934 y su alegato en junio Io. siguiente, señalán-dose la vista del recurso para mayo 8, 1935, en que en efecto tuvo lugar quedando definitivamente sometido el caso a nuestra consideración y resolución.

Tres errores señala la apelante en su alegato cometidos a su juicio por la corte sentenciadora al resolver que la evi-dencia de la demandante no fué suficiente para destruir la presunción de que el demandado cumplió con la ley bus-cando primero bienes muebles de Zalduondo para el cobro de la contribución; al decidir que la contribución sobre in-gresos constituía un gravamen preferente al hipotecario de la demandante, y al decidir de igual modo que era prefe-rente a la hipoteca la contribución sobre seguro obrero.

Examinemos el primer señalamiento de error. Se trata de una cuestión de hecho. Resolviéndola, la corte sentenciadora, en su relación del caso y opinión, se expresó así:

“La Corte oyó la evidencia presentada por la demandante con relación al dominio del contribuyente moroso sobre determinados bienes muebles, libres de gravamen, con la venta de los cuales hu-biera podido hacerse efectiva la contribución no territorial por el mismo adeudada, y, aquilatando previamente dicha evidencia, en-tiende que la misma no es suficiente para controvertir totalmente la presunción que existe de que el señor Tesorero de Puerto Rico, por conducto de sus agentes, cumplió con sus obligaciones de ley y buscó para la ejecución los correspondientes bienes de don Diego Zalduondo, sin encontrarlos por no poseerlos éste en concepto alguno, no siendo suficiente la evidencia presentada al efecto por la demandante para convencer a la Corte efectivamente de que dichos bienes existían en las condiciones en que se ha alegado por la demandante.”

Hemos leído la declaración de Diego Zaldnondo, única prueba aportada por la demandante sobre el particular. Dice ciertamente que tenía bueyes, caballos, carros y otros bienes a la fecha en que debía las contribuciones de que se trata que, dado el valor que les atribuye, hubieran sido sucientes para hacer con ellos efectiva su deuda sin necesidad de recurrir al embargo de sus bienes inmuebles, pero parece que no mereció entero crédito al juez sentenciador.

La evidencia documental presentada en oposición por el demandado y admitida sin objeción por la demandante de-muestra que se ordenó el cobro de la contribución proce-diéndose al embargo y venta de propiedad mueble de Zal-duondo y que éste fue requerido para que la mostrase y no habiéndolo hecho se procedió a su busca con resultado ne-gativo, siendo entonces que se embargaron sus bienes in-muebles.

Preguntado Zalduondo por el demandado sobre el hecho del requerimiento contestó “que no recuerda si fué reque-rido por algún agente de rentas internas para que dijera los bienes muebles que tenía,” contestación que bajo las cir-cunstancias concurrentes pudo considerarse como evasiva.

No' creemos que, con lo que existe en los autos, pueda concluirse que la corte sentenciadora erró al considerar in-suficiente la prueba de la demandante. A nuestro juicio no quedó demostrada de modo claro la existencia de bienes muebles del deudor propios y bastantes para hacer efectiva la deuda. Tampoco que el embargo de los bienes inmuebles del deudor se practicase “con el fin de obligar a la aliora demandante, cuando adquiriera las fincas a pagar dichos embargos”, como se alega en la demanda.

Se sostiene que la conclusión de la corte sentenciadora fué errónea porque partió de la base de una presunción que no existe. En efecto dicha corte expresó en lo que dejamos transcrito de su relación del caso y opinión, que la presun-ción de que el Tesorero había cumplido con su deber por conducto de sus agentes, no fué destruida. Pero antes ha-bía dicho que había “aquilatado previamente” la evidencia presentada por la demandante.

El artículo 102, párrafo 15, de la Ley de Evidencia, 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, establece como una presunción disputable que los deberes de un cargo han sido cumplidos con regularidad. Aquí se disputó la pre-sunción mediante las alegaciones y la evidencia que cono-cemos y fué entonces que el funcionario demandado presentó su evidencia documental. El juicio final de la corte se formó tras una consideración de todos los elementos apor-tados por las partes. Si la declaración de Zalduondo le hu-biera merecido entero crédito, pudo llegar a una conclusión distinta, pero aquilatada por él previamente dicha. declara-ción, no la consideró con fuerza suficiente para destruir la presunción de que el Tesorero, por sus agentes, cumplió con su deber trabando el embargo sobre bienes inmuebles del deudor después de haber requerido a éste para que se-ñalara bienes muebles y de no haberlos encontrado, pre-sunción que no sólo surgía de la regla en sí, si que fué ro-bustecida por las afirmaciones contenidas en la evidencia documental del demandado. Véase el caso de United States v. Carr, 132 U. S. 644, 653.

Desde luego que la presentación de documentos en los que conste por la propia certificación de los funcionarios públicos que éstos realizaron determinados actos, no es for-taleza inexpugnable. Puede atacarse y destruirse. Y el Gobierno debe estar alerta e ir a juicio bien preparado'para demostrar con otra prueba si fuere necesario que tales ac-tos se realizaron en verdad. Lo que aquí sucede, repetimos, es que la evidencia aportada por la demandante no mereció entero crédito a la corte y es en realidad deficiente.

¿Se cometió el segundo? Veámoslo.

No impugna la apelante la legalidad de la contribución de ingresos. Sólo sostiene que habiéndose publicado el 29 de julio de 1930 en la Colecturía de Eentas Internas de Fajardo, o sea con pesterioridad no sólo a la constitución (marzo 5, 1927) si que al vencimiento (marzo 5, 1930) de la hipoteca, no puede cobrarse con pereferencia a ésta, de conformidad con la misma ley que invoca el demandado o sea la sección 83 de la Ley No. 74 de 1925 (pág. 401) que dice así:

“Sección 83. — Las contribuciones impuestas por esta Ley, y sus penalidades, recargos e intereses, constituirán en todos los casos un crédito preferente a favor de El Pueblo de Puerto Rico sobre la propiedad mueble e inmueble y derechos reales del contribuyente, desde y después de la fecha de la publicación de tal contribución en la oficina del Colector de Rentas Internas de la municipalidad, y dichas contribuciones serán cobradas por el Tesorero de Puerto Rico del mismo modo y mediante el mismo procedimiento de apremio es-tablecido por la ley actual para el cobro de contribuciones sobre la propiedad. ’ ’

No estamos conformes. En el texto inglés de la ley que debe prevalecer por ser ésta copia casi literal de la ley federal sobre la materia de 1924 (Calaf v. Gallardo, 36 D.P.R. 147, 150) en vez de “crédito preferente” se dice “first lien” que tiene un significado más amplio.

Cuando la hipoteca se ejecutó ya constaba debidamente publicado el “first lien” a favor del Pueblo y como lo era a virtud de una ley que regía desde antes de constituirse la hipoteca, no cabe sostener que interfiriera con las obliga-ciones que surgen de aquel contrato. De ahí que sea ente-ramente aplicable el caso de Provident Institution v. Jersey City, 113 U. S. 506, 514, 515, en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos por medio de su Juez Bradley, se ex-presó así:

“Es innecesario determinar por abora cuál puede ser el efecto de esos estatutos, a este respecto, sobre hipotecas que fueron consti-tuidas con anterioridad al estatuto de 1852. Las hipotecas de la de-mandante no fueron constituidas antes de empezar a regir ese esta-tuto, sino mucho después. Cuando la demandante tomó sus hipo-tecas, conocía cuál era la ley; sabía que según la ley si las autori-dades de la ciudad suministraban agua de Passaic a la finca hipote-cada, el importe de dicha agua, tal cual establece su reglamento y exige la ciudad, constituiría un gravamen preferente sobre el solar. Optó por aceptar sus hipotecas sujetas a esta ley; y es inútil sostener que el resolver que su gravamen es secundario a los cánones adeu-dados por concepto de agua, ora estén vencidos o no, equivale a pri-varle de su propiedad sin el debido proceso de ley. Su propio acto volitivo, su propio consentimiento, es un elemento que forma parte de la transacción. Los casos a que hace referencia el letrado en el sentido de que resuelven lo contrario y que deciden que el consen-timiento prestado en contra de las disposiciones de la Constitución es nulo, no tienen aplicación a los casos aquí envueltos."

Una cuestión nueva se suscita discutiendo el error. La apelante invoca en su favor de la Ley No. 14 de agosto 24 de 1933 ((2) pág. 77), cuyas secciones 1, 3 y 5, disponen:

“Sección 1. — Por la presente se declaran gravámenes preferentes a toda otra carga o gravamen por contribuciones o por cualquier otro' concepto, los créditos hipotecarios y los créditos refaccionarios, con excepción de las contribuciones sobre la propiedad gravada por tres años y la anualidad corriente.
“Sección 3. — Se declara que esta Ley tendrá y tiene efecto re-troactivo en cuanto a cargas y gravámenes por contribuciones adeu-dadas que no sean sobre la propiedad y a las cuales de acuerdo con las disposiciones de leyes anteriores a ésta se les hubiera dado el ca-rácter de gravamen preferente.
“Sección 5. — Las contribuciones impuestas por la ‘Ley de Con-tribuciones sobre Ingresos de 1924’ y las cuotas de indemnizaciones a obreros, sus penalidades, recargos e intereses, serán cobrados por el Tesorero de Puerto Rico mediante el mismo procedimiento de apre-mio establecido por la ley para el cobro de contribuciones sobre la propiedad, pero el embargo que se practique sobre bienes inmuebles y derechos reales solamente tendrá preferencia desde la fecha de su inscripción en el registro y únicamente sobre gravámenes y cargos posteriores a dicha fecha. El registrador de la propiedad al recibir la notificación del embargo tomará nota de la misma al margen o a continuación de las inscripciones de las fincas o derechos reales del contribuyente. El Tesorero de Puerto Rico, por sí o por medio de sus empleados deberá acudir al Registro de la Propiedad procedente para anotar el correspondiente embargo sobre los bienes inmuebles o derechos reales que figuren a favor del deudor, tan pronto tal con-tribución haya sido impuesta; Disponiéndose, que si El Pueblo de Puerto Rico se adjudicare para el cobro de esta contribución y sus recargos una propiedad sujeta a un gravamen anterior, el dueño de tal gravamen podrá ejecutarlo contra dicha propiedad haciendo a El Pueblo de Puerto Rico parte demandada en el procedimiento que se siga, para lo cual El Pueblo de Puerto Rico otorga su consenti-miento. ’ ’

Y sostiene la dicha parte apelante qne esa ley aunque se aprobara con posterioridad a su demanda y al pago de la contribución bajo protesta, le es aplicable y resuelve de plano a su favor la cuestión envuelta en el litigio.

Tampoco estamos conformes. El efecto retroactivo de esa ley, como alega la parte apelada, se refiere a contribu-ciones adeudadas a la fecha en que empezó a regir, no a las que ya hubiesen sido pagadas o estuviesen en litigio.

La sentencia en este caso se dictó en abril 29, 1933, ba-sada en una opinión que declara que las contribuciones de que se trata pagadas bajo protesta en septiembre 5, 1931, eran gravámenes preferentes a la hipoteca en cuestión, y el derecho reconocido al Pueblo' no debe ser afectado por la retroaetividad que se dé a la ley, porque ello equivaldría a revocar por ley la sentencia de la corte de distrito, función que corresponde a esta Corte Suprema dentro de un recurso de apelación.

En el caso de Charles Baumbach Co. v. Singer, 86 Wis. 329, 56 N. W. 873, se dijo:

“La querellada es una acreedora por sentencia de la firma de Schwartz & Co., y entabló procedimiento de embargo (garnishee pro- aess) contra Singer, que es la cesionaria de dicha firma mediante ce-sión voluntaria. Se desprendía indisputablemente que el comisionado del tribunal que recibió la fianza del cesionario dejó de hacer cons-tar su aprobación al dorso de la misma. Por tal motivo la corte sen-tenciadora resolvió que la cesión era nula y que la firma que trabó el embargo era responsable. Esta misma cuestión fue resuelta en Shakman v. Schlueter, 77 Wis. 402, 46 N.W. Rep. 542; y, de acuerdo con el razonamiento y la autoridad de ese caso, es claro que la sentencia de la corte inferior era correcta.
“Después de dictada sentencia en este caso se aprobó el capítulo 276 de las Leyes de 1893, el que, refiriéndose a tales fianzas, trata de disponer que ‘todas las fianzas hasta ahora prestadas y archivadas . . . por el referido comisionado judicial son por la presente su-ficientemente aprobadas y declaradas válidas.’ Esta ley no puede afectar la sentencia dictada en este caso. ‘La acción legislativa no puede retrotraerse a controversias pasadas, ni revocar decisiones que las cortes, en el ejercicio de su autoridad indubitada, han dictado, toda vez que ello equivaldría al ejercicio del poder judicial.’ Cooley, Const. Lim. (6ta. Ed.) p. 112. Debe confirmarse la senten-cia de la corte superior.”

De acuerdo con el estado de la ley cuando el pago bajo protesta se hizo y cuando la sentencia recurrida fué dictada, la recurrente debía la contribución, careciendo por tanto de derecho para ajustar la acción que interpuso. La Legisla-tura no pudo tener la intención de crear un derecho basado en una transacción anterior, especialmente cuando existe sentencia en favor de una de las partes que resultaría per-judicada al darse a la ley efecto retroactivo.

La pregunta formulada debe contestarse, pues en la ne-gativa: No se cometió el segundo de los errores señalados. Tampoco el tercero.

Para sostener que las cuotas por seguro obrero no deben cobrarse con preferencia a su crédito hipotecario, invoca la recurrente lo resuelto por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en el caso de Domenech v. Lee, 66 P. (2d) 31, a saber:

“Las siguientes contribuciones se refieren a las primas impuestas para la Comisión de Indemnizaciones a Obreros para los años fiscales 1928-1929 a 1930-1931, inclusive, más recargos, ascendentes en total a $4,501.86. La sección 38 de las Leyes de Puerto Rico (Ley núm. 85) aprobada el 14 de mayo de 1928, provee:
“ ‘El Tesorero de Puerto Rico queda por la presente facultado y autorizado para imponer, tasar y recaudar de todo patrono de obre-ros incluidos en esta Ley, y se le ordena que les imponga, tase y recaude, semestralmente y por anticipado, las cuotas anuales deter-minadas con arreglo al precedente artículo sobre el importe total de los jornales pagados por dicho patrono a obreros que tenían o hu-bieren tenido derecho a los beneficios de esta Ley, durante el año anterior a la imposición de las cuotas, si ésta hubiere estado vi-gente; . . .
“ ‘Las cuotas se fijarán tan pronto se reciba en las oficinas del Superintendente de Seguros el estado duplicado a que se hace referencia en el artículo 40, tomando como base para dicho fin la can-tidad total desembolsada por dicho patrono, por concepto de jornales de los obreros empleados por cada patrono durante el año anterior, que tenían o hubieren tenido derecho a los beneficios de esta Ley. Al patrono que no pagare el total de las cuotas que le fueren legal-mente impuestas, dentro del plazo fijado por el Tesorero se le con-cederán treinta (30) días de gracia y si vencido este término el pa-trono no pagare, el Tesorero de Puerto Rico, sin excusa ni dilación alguna, trabará embargo sobre cualesquiera bienes del patrono y pro-cederá al cobro de la cuota adeudada como si del cobro de la con-tribución sobre la propiedad se tratare; Disponiéndose, que el Te-sorero de Puerto Rico podrá cobrar recargos por cada mes o fracción del mismo, en que las cuotas permanezcan sin pagarse, a razón del uno (1) por ciento mensual; Y disponiéndose, ademéis, que el Teso-rero de Puerto Rico queda facultado, para utilizar los servicios de los funcionarios y empleados de la Comisión, para ayudar a las ges-tiones del cobro de las cuotas y las tramitaciones de los embargos que procedieren. ’
“La sección 40, después de imponer a todo patrono de obreros con derecho a los beneficios de la ley la obligación de radicar un estado por duplicado, bajo juramento, expresando el número de obreros em-pleados por dicho patrono y la cantidad total de jornales pagados a dichos obreros durante el año económico anterior, o bien prueba de estar asegurado en alguna de las formas autorizadas por la ley, dis-pone que las cuotas o primas serán computadas sobre la suma total de jornales prescritos en las secciones 37 y 38 de la ley, y en el segundo párrafo se dispone:
“ ‘Por la presente se declara que el cobro de estas cuotas tiene carácter preferente sobre cualquier otra deuda del patrono y que la misma constituirá un gravamen sobre la propiedad del patrono tan pronto dicha cuota deje de ser satisfecha al aviso de pago, con la misma prelación que las primas de seguro adeudadas a los asegura-dores de acuerdo con el código civil.’
“Por la sección 55 las cantidades existentes en el fondo de depó-sito para indemnizaciones a obreros creado por el artículo Io. de una ley similar aprobada en 13 de abril de 1916, fueron reasignadas para llevar a efecto las disposiciones de dicha ley, y por la sección 57 toda ley o parte de ley que se oponga a la misma quedó por ella derogada.
“La ley de 1916 (Leyes de ese año, núm. 19). era en muchos as-pectos similar a la de 1928. Sin embargo, en vez de imponer pri-mas o cuotas semestrales, basadas en el total de los jornales, las im-ponía anualmente, y el último párrafo de la sección 14 proveía:
“ ‘Si el patrono no pagare las cuotas que le fueren legalmente impuestas, el 'Tesorero de Puerto Rico decretará el embargo de bie-nes de dicho patrono y procederá a la subasta de los mismos por los trámites establecidos en la Ley para asegurar y hacer efectivas las contribuciones sobre la propiedad adeudadas y no satisfechas.’
“A este respecto las disposiciones de la cláusula últimamente ci-tada de la ley de 1916 son substancialmente similares a las de la úl-tima cláusula citada de la sección 38 de la ley de 1928. Pero la ley de 1916 no contenía una disposición similar a la contenida en la úl-tima cláusula de la sección 40 de la ley de 1928, al efecto de que estas primas o cuotas tienen carácter preferente sobre cualquiera otra deuda del patrono y que las mismas constituyen un gravamen sobre la propiedad del patrono con la misma preferencia otorgada a las primas de seguro adeudadas a los aseguradores bajo el Código Civil (véase el artículo 1824).
“El párrafo arriba citado de la sección 40 de la ley de 1928 que constituye tales primas o cuotas en un gravamen y les da la misma preferencia otorgada a las primas de seguro adeudadas a los asegu-radores bajo el Código Civil (artículo 1824) y que el Tesorero sos-tiene les da prelación sobre cualquier gravamen hipotecario, no fué aprobada hasta el 14 de mayo de 1928, o sea unos dos años después de haberse otorgado el gravamen hipotecario aquí envuelto. Siendo ello así, somos del criterio que esta disposición de la ley no debe ser interpretada en el sentido de darles un gravamen superior y prefe-rente sobre la hipoteca del interventor, ya que el darles tal efecto equivaldría a menoscabar la obligación de los contratos creada por la hipoteca constituida en favor de la George L. Squier Manufacturing Company en 1926. Carta Orgánica de Puerto Rico, sección 2, párrafo 5 (48 USCA, sección 737, párrafo 5). Por tanto, El Pueblo de Puerto Rico no tenía un gravamen superior y preferente a la bipoteea sobre los bienes inmuebles para el cobro de estas primas o cuotas.
“No consideramos la doctrina del caso de New York Terminal Co. v. Gaus, 204 N. Y. 512, 98 N. E. 11, aplicable al presente. Allí se resolvió que el Estado de Nueva York, a virtud de un estatuto que le concedía un gravamen por el pago de ciertas contribuciones y por razón de su soberanía bajo el derecho común, tenía un gravamen superior y preferente a los constituidos anteriormente sobre los bienes del contribuyente. La ley de Puerto Rico en 1916, vigente al otor-garse la hipoteca en 1926, no fijaba un gravamen sobre los bienes inmuebles, como lo hacía el estatuto de Nueva York, y nada hay aquí que demuestre que bajo la ley civil El Pueblo de Puerto Rico, a virtud de su soberanía, tenga algún derecho superior y preferente al de los otros' acreedores, y mucho menos sobre un acreedor hipote-cario anterior. En el caso de Marshall v. New York, 254 U. S. 380, 41 S. Ct. 143, 65 L. Ed. 315, se dice en verdad que según el derecho común de Nueva York, tal cual ha sido heredado de Inglaterra, el Estado, por razón de su soberanía, no tiene prioridad sobre un gravamen existente con anterioridad, en ausencia de un estatuto que otorgue tal gravamen.”

La opinión de la Corte de Circuito parte de la base de la Ley No. 19 de 1916 (pág. 51) como única existente cuando se constituyó la hipoteca y si ello fuera en verdad así, tendríamos que reconocer la existencia del tercero de los errores señalados. Pero la Ley No. 19 de 1916 fué de-rogada por la Ley No. 10 de 1918 (pág. 55) que tal como fué enmendada por la Ley No. 102 de 1925 (pág. 905) con-tiene al final de su artículo 13 una disposición que dice:

“Por la presente se declara que el cobro de estas cuotas tiene ca-rácter preferente sobre cualquier otra deuda del patrono y que la. misma constituirá un gravamen sobre la propiedad del patrono tan pronto dicha cuota deje de ser satisfecha al aviso de pago.”

Si se hubiera llamado la atención de la Corte de Cir-cuito hacia esa disposición legal, de acuerdo con su propio ^razonamiento hubiera llegado seguramente a una conclusión distinta.

En este caso concreto que estamos estudiando y resol-viendo las cuotas por seguro obrero impuestas a Zalduondo-por los años fiscales 1926-27 y 1927-28 lo fueron de acuerdo con la Ley No. 10 de 1918, enmendada por la Ley No. 102 de 1925 y el aviso de pago se dió en septiembre 28, 1927, convirtiéndose desde entonces dichas cuotas en gravamen preferente sobre la propiedad del patrono a cualquier otra, deuda constituida antes o después, pero con posterioridad desde luego al año de 1925 y por consiguiente de la hipoteca, de la recurrente que lo fue en 1927.

Las otras cuotas o sea las correspondientes a los años fiscales 1928-29 y 1929-30 se impusieron de acuerdo con la Ley No. 85 de 1928 (pág. 631) dándose los avisos de pagoen marzo 11, 1929, y marzo 25, 1930, respectivamente. El artículo de la ley de 1928 que corresponde al 13 de la de 1918 enmendada en 1925, es el 40 que en lo pertinente dice:

“Por la presente se declara que el cobro de estas cuotas tiene carácter preferente sobre cualquier otra deuda del patrono y que la misma constituirá un gravamen sobre la propiedad del patrono tan pronto dicha cuota deje de ser satisfecha al aviso de pago, con la misma prelación que las primas de seguro adeudadas a los asegura-dores de acuerdo con el código civil.”

La ley es clara y aunque se aprobó después de constituida la hipoteca de la recurrente no menoscaba el contrato hipo-tecario porque cuando éste fué celebrado regía otra ley similar que tuvo que ser tomada en consideración por las partes contratantes.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.