author: El Juez Asociado SR. MacLeaev,

text:
    Laurnaga & Co., Sucesores, Apelantes, v. Vélez et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 924.
    Resuelto en marzo 17, 1913.
    Injunction — Daños a la Propiedad — Demandado.—El dueño de una finca atra-vesada por un río que se considera dueño de sus orillas y de las cuales varias personas sacan cascajo sin su consentimiento, no necesita para presen-tar una solicitud de injunction, investigar si dichas personas actúan bajo órdenes de un superior, sino que le basta indagar los nombres de dichas personas y hacerlas partes demandadas, aun cuando algunas' de ellas sean confinados del presidio y actúen todas bajo las órdenes del Comisionado del Interior.
    Id. — Disolución del Injunction Preliminar — Apelación—Palta de Parte Demandada. — El mero hecho de que no haya sido incluido como demandado ■una parte necesaria, no es motivo bastante por sí sólo para confirmar en apelación una resolución disolviendo el injunction preliminar.
    .Dios — Propiedad del Cauce. — Antes de la ocupación americana, los ríos de Puerto Rico y sus cauces eran del dominio público y como tales pertenecían a la Corona de España.
    Ríos .no Navegables — Propiedad de los Mismos. — Los ríos no navegables y sus cauces fueron cedidos por el artículo 8 del Tratado de París a los Estados Unidos y en virtud de la sección 13 de la Ley Poraker quedaron bajo la dirección y a beneficio de El Pueblo de Puerto Rico.
    Id. — Cauce.—Según la ley de aguas vigente en esta isla, el cauce de un río com-prende toda la extensión que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordi-narias.
    Id. — Riberas.—Se entienden por riberas las fajas laterales de los cauces de los ríos comprendidas entre el nivel de sus bajas aguas y el que éstas alcaneen en su mayores crecidas ordinarias.
    Id. — Márgenes.—Por márgenes se entienden las zonas laterales que lindan con las riberas.
    Id. — Propiedad de las Riberas; — Las riberas de los ríos forman parte del cauce y son del dominio público y pertenecen a los Estados Unidos cuando el río es navegable y a El Pueblo de Puerto Rico cuando no lo es.
    Arroyos — Propiedad del Cauce. — El cauce de los arroyos que atraviesan fincas del dominio privado pertenece al dueño de la finca.
    Ríos — Cascajo.—El cascajo que se encuentra en el cauce natural de los ríos no navegables en esta isla pertenece a El Pueblo de Puerto Rico.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Garlos Franco Soto y José de Quzmán Benitez.

    Abogado de los apelados: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado SR. MacLeaev,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso los apelantes solicitaron que se decre-tara nn injunction para impedir que los apelados sacaran grava y cascajos del río “Culebrinas” en aquella parte en qne el mismo sirve de lindero y pasa por sus terrenos.

Las alegaciones contenidas en la solicitud de injunction pueden expresarse como sigue: que la sociedad demandante es dueña en absoluto de las fincas rústicas descritas en la demanda bajo las letras “A” y “B”; que a corta distancia de la parte posterior de las edificaciones situadas en esa por-ción de terreno descrita por la letra “A” está el río “Cule-brinas,” cuyas márgenes son bastante altas, habiendo sus aguas socavado el terreno basta llegar a las partes laterales de dichas edificaciones, por cuya razón los demandantes se han visto obligados a tener que poner todos los años paredes de contensión con el fin de evitar los graves daños a que están expuestas las 'referidas edificaciones, especialmente en las épocas en que el mencionado río ha crecido; que los deman-dados, sin el consentimiento y no obstante las protestas hechas por la sociedad demandante, ilegalmente penetraron en los terrenos pertenecientes a la referida finca en los días 22, 23, y 24 de octubre último, sacando de los mismos cascajo y grava, haciendo excavaciones y sacando dichos materiales, y particularmente del mismo sitio en la orilla del río en donde la sociedad demandante ha construido sus muros o paredes de contensión, haciendo aun mayor el peligro de daños que amenazan destrucción con motivo del expresado río. Que de continuar ejecutando los demandados estos actos, la sociedad demandante recibirá graves e irreparables perjuicios, puesto que los cimientos de manipostería que se encuentran situados al lado del referido río, indudablemente serán perjudicados y debilitados, causando así graves peligros.

La solicitud interesando la expedición del injunction fue debidamente jurada y presentada a la Corte de Distrito de Aguadilla, y dicha corte en 30 de octubre de 1912, expidió un injunction preliminar' u orden restrictiva, habiendo primera-mente exigido nna fianza a los demandantes en la suma de $500, que fné prontamente presentada.

El día primero de noviembre del año último, el Fiscal de la Corte de Distrito de Aguadilla compareció a nombre y en representación del Attorney General de Puerto Eico en de-fensa de los demandados, y presentó una moción en la cual solicitó que se anulara la orden'de injunction preliminar que había sido anteriormente expedida, alegando que los deman-dados se encontraban sacando grava del río “Culebrinas” por orden del Comisionado del Interior de Puerto Eico y que dicha grava pertenecía al Pueblo de- Puerto Eico, la que se sacaba de la superficie de la tierra con tenedores a una distancia que no era menor de treinta metros del sitio en que se encontraba el terraplén, sobre cuyo terraplén, y a una -distancia no menor de siete metros de sus partes latera-les, estaban los cimientos de una pared o cerca de la casa que pertenece a los demandantes y que, de acuerdo con la Ley de Aguas y el Código Político, el Comisionado del Interior de Puerto Eico teñía facultades para ordenar la extrac-ción de grava de los cauces de los ríos. La referida moción estaba jurada por información y creencia por el Fis'cal, y se acompañaba a la misma un affidavit del demandado, Manuel Vélez, en el que se repetían y contenía en sustancia los hechos expresados' por dicho funcionario.

Al celebrarse la vista de la moción, se presentaron contra-affidavits por los demandantes ampliando los hechos expre-sados en la solicitud de injunction y ‘contradiciendo los affidavits que fueron presentados en apoyo de la moción para que se anulara el injunction.

La Corte de Distrito de Aguadilla dictó uña resolución el día 12 de noviembre último; dejando sin éfectó el injunction preliminar que hasta - entonces ■ se había expedido contra los demandados, por los-fundamentos legales que se expresan en la mencionada resolución.

. Los apelantes alegan "en su Alegato qué la ’Córte' de’Dis-trito de Aguadilla cometió error al anular el injunction pre-liminar que había sido expedido en este caso. A juicio del abogado de los apelantes, dos cuestiones se presentan en este caso: una de ellas se refiere a los daños irreparables qne pueden originarse a los demandantes debido a la extracción de la grava en el sitio de referencia en las orillas del río, en cuyo sitio los demandantes ban construido paredes de con-tensión con el fin de evitar los daños que amenaza el río a dichos establecimientos en sus paredes y cimientos; y la segunda cuestión envuelta y que se deduce de la primera, se refiere al derecho que tienen los demandantes a las márgenes y riberas del río “Culebrinas” que atraviesa la finca de los demandantes como propiedad particular, y a la entrada ilegal de los referidos demandados en los terrenos de los deman-dantes. Con motivo del supuesto error que se alega, fué cometido por la Corte de Distrito de Aguadilla, los apelantes suplican a este tribunal que revoque la resolución dictada por la corte inferior, disolviendo el injunction preliminar que había sido expedido, dejando en toda su fuerza y vigor la expresada resolución de la corte inferior, que fué dictada primeramente el día 30 de octubre último y por virtud de la cual la solicitud de injunction había sido considerada su-ficiente, y los demandantes con derecho a la misma, y que se expida una orden por esta corte concediendo un auto de injunction contra los demandados, con las costas.

Los apelados ante este tribunal alegan que fueron indebi-damente incluidos en este caso como tales demandados y son meramente partes nominales y que no tienen interés alguno en la acción, y que además son empleados, por así de-cirlo, encontrándose bajo las órdenes inmediatas del Co-misionado del Interior; que no tienen otra cosa que hacer sino obedecer las órdenes de su jefe; que la única parte verdadera en este procedimiento es el Comisionado del Interior, quien es necesaria e indispensablemente parte en el mismo; y alegan, además, como materia de defensa, que tres de los cinco demandados son confinados del presidio, que se encuentran cumpliendo sentencias con trabajos forzados, ocupados como trabajadores en las carreteras públicas, y que uno de los otros demandados es el guardia bajo cuya custodia se encuentran estos presos, y que el primero de los cinco, a saber: Manuel Yélez, es el capataz que está al frente del cuerpo de trabajadores en las carreteras públicas. Alegan los apelados por conducto del Fiscal de esta corte, que el mero hecho de que los demandantes no hayan incluido como parte en este pleito al Comisionado del Interior, es una razón suficiente para confirmar la resolución apelada.

No creemos que esta última afirmación es una proposición correcta.

Los demandantes encontraron cinco hombres trabajando en el río “Culebrinas” sacando grava del mismo. Dichos demandantes no tenían que alegar por virtud de qué autori-dad se encontraban allí los demandados, alegando, como lo hicieron, que eran los dueños de la finca en donde estaba la grava; y considerando que las personas que la sacaban del - río, estaban allí en violación del derecho de los deman-dantes, todo lo que tenían que hacer para establecer su ac-ción y solicitar tin injunction era determinar los nombres de las personas a quienes encontraron infringiendo sus dere-chos según lo entendieron. Si los demandados no eran las debidas partes contra quienes el injunction debía haber sido expedido, ellos pudieron alegar ese derecho como materia de defensa, lo que hicieron en la moción que presentaron para que se anulara la orden prohibitoria, que fué declarada con lugar por la corte. La corte de distrito presenta como una de las razones que tuvo para anular la orden de injunction preliminar, el hecho de que los demandantes en su soli-citud de injunction, no revelaron todos los hechos esenciales y dejaron de expresar la autoridad por virtud de la cual los demandados ejecutaban dichos actos. Indudablemente que esta cuestión tal como fué considerada por el juez de la corte inferior, sirvió de base a la alegación que fué presentada por el Fiscal y que ha sido precisamente considerada y deses-timada por esta corte. Pero, aparte de esta cuestión pre-liminar, el criterio adoptado por el Fiscal en cnanto a las cuestiones esenciales envueltas en este caso, no es esencial-mente distinto del que tiene el abogado de los apelantes; aunque, sin embargo, él alega lo contrario de las proposi-ciones presentadas y sostiene que no ba sido cometido nin-gún error por la corte sentenciadora.

Examinemos, por tanto, las cuestiones envueltas en esta apelación.

La primera se refiere a los daños irreparables que pueden ocasionarse a los demandantes con motivo de la extracción de grava del cauce del río y la consiguiente debilitación de los muros o paredes de contensión y cimientos de las edifi-caciones pertenecientes a los demandantes. Esta es simple-mente una cuestión de hecho que ha sido negada en el affidavit de los demandados y que la corte al examinarla la resolvió en contra de la alegación de los apelantes. La distancia del lugar en que la grava se extraía de las paredes, que se alega están corriendo peligro de debilitarse a consecuencia de tales actos, es demasiado grande para hacer que el peligro resulte inminente o, a la sumo, que hayan probabilidades de ocasionarse, a menos que el trabajo de extracción de grava continuase por un período de tiempo considerable y se ex-tendiera a una superficie mucho mayor que aquella que ha sido demostrada por los autos en este caso.

La segunda cuestión envuelta en esta discusión es aun de más importancia, fundándose, como se funda, en el derecho de propiedad a la grava que se extraía, cuyo derecho de pro-piedad alegaron los apelantes que tenían ellos solamente, y que, por otra parte, el Fiscal alegaba lo tenía El Pueblo de Puerto Eieo bajo el cuidado e inspección del Comisionado del Interior.

Los ríos y sus cauces, según existen en Puerto Eico, eran de dominio público con anterioridad a la ocupación ameri-cana, y, como tales, pertenecían a la Corona de España. Por virtud del Artículo VIII del Tratado de París, fueron cedidos a los Estados Unidos de América; y según el artículo 13 de la Ley Orgánica, quedaron puestos por el Congreso bajo la dirección del Pueblo, de Puerto Bico, por quien, y a beneficio del cual habían de ser conservados junto con otras propie-dades "los-ríos no navegables y sus cauces.”

El Código Civil Bevisado, que empezó a regir en primero de julio de 1902, comprende los ríos y sus cauces entre otras propiedades de dominio público. Véanse los artículos 327 y 414, párrafo primero.

' Por “cauce” de un río se entiende, de acuerdo con la Ley de Aguas vigente y que rige en esta isla, el terreno o su-perficie cubierta.por las aguas del río en sus mayores cre-cientes ordinarias. Por “riberas” se comprende las orillas laterales del cauce de los ríos que se extienden desde las aguas a su más bajo nivel al punto o línea donde llegan a alcanzar en sus mayores crecientes ordinarias. Por márgenes se entienden las orillas de los ríos que están limitadas pol-las riberas.

Las riberas forman, de tal modo, parte del cauce del río y son, por consiguiente, del dominio público; perteneciendo a los Estados Unidos cuando el río es navegable y al Pueblo de Puerto Bico cuando no lo es. Los ríos quedan expresamente sujetos también a la servidumbre a que hace referencia el artículo 36 de la Ley de Aguas, y de igual modo, las már-genes, que como regia general pertenecen a individuos par-ticulares, dentro de una zona de tres metros de ancho. Esto podrá comprenderse mejor de un examen del diseño que se acompaña:

Ambas partes en esta acción bacen referencia a la Ley de Aguas, de la cual liaremos algunas citas:

“Artículo 32. Alveo o cauce natural de un río o arroyo es el terreno que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.
“Art. 33. Los álveos de todos los arroyos pertenecen a los dueños de las heredades de los terrenos que atraviesan, con las limita-ciones que establece el artículo 31 respecto de los álveos de las aguas pluviales.
“Art. 34. Son de dominio público: Io. Los álveos o cauces de los arroyos que no se bailen comprendidos en el artículo anterior. 2o. Los álveos o cauces naturales de los ríos en la extensión que cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias.
“Art. 35. Se entiende por riberas las fajas laterales de los álveos de los ríos comprendidos entre el nivel de sus bajas aguas y el que éstas alcancen en sus mayores avenidas ordinarias, y por márgenes, las zonas laterales que lindan con las riberas.
“Art. 36. Las riberas, aun cuando sean de dominio privado en virtud de antigua ley o de costumbre, están sujetas en toda su ex-tensión, y las márgenes en una zona de tres metros, a la servidumbre de uso público en interés general de la navegación, la flotación, la pesca y el salvamento.1 ’

Fin esta apelación, las dos partes se fundan en el artículo' 133 del Código Político, usando el apelante, al parecer, la versión española y el apelado la inglesa, las que contienen ligeras diferencias; el texto español expresa que el Comi-sionado del Interior vigilará todas las obras públicas insu-lares, incluyendo los edificios, caminos y puentes públicos,, fuerzas hidráulicas, los ríos navegables y sus construcciones, y la versión inglesa expresa, además de esto, que tendrá a su cargo toda la propiedad insular. Las palabras “tendrá a su cargo” parecen haber sido omitidas en la traducción espa-ñola. Sin embargo, según hemos considerado estas cues-tiones, esta diferencia entre los dos textos puede que no sea importante. Existe una diferencia determinada en la Ley de Aguas en los artículos que hemos citado entre arroyos y ríos. Ambos se mencionan en el artículo 32, y en el 33 se dice que los cauces de todos los arroyos pertenecen a los dueños de las fincas que atraviesan. El artículo 34 expresa que los cauces o álveos de los arroyos que no estén incluidos en el artículo anterior pertenecen al público, como también los terrenos cubiertos por los cauces naturales o álveos durante sus mayores crecientes ordinarias.

Por tanto, si “Culebrinas” es un arroyo, ciertamente el cauce de esa parte del mismo que atraviesa la finca pro-piedad de los demandantes les pertenece, siendo ellos dueños de la grava que contiene. Sin embargo, si esta corriente es un río, de acuerdo con el artículo 34, el terreno cubierto por su cauce' natural o álveo durante las mayores crecientes or-dinarias pertenece al Pueblo de Puerto Rico; y, por con-siguiente, es éste el dueño de la grava que contiene. En ninguna parte de estos autos aparece la palabra “arroyo,” pero, la corriente de donde se tomó toda la grava, se denomina un río. Por lo tanto, debemos resolver, como lo hizo la corte sentenciadora, que la grava que se extraía por los deman-dados del río, pertenecía al Pueblo de Puerto Rico, y los de-mandantes no tenían ningún derecho a la misma. En su consecuencia, los demandados que obraban por órdenes del Comisionado del Interior estuvieron justificados y protegidos al sacar dicha grava para el uso de las carreteras públicas. Según apreciamos esta cuestión, la orden apelada anulando el injunction preliminar debe confirmarse. Surgen otras cues-tiones y muchas podrían ser argumentadas en esta discusión con respecto a los daños irreparables, así como a la conti-nuación de dichos actos, multiplicidad de pleitos y otras de igual índole, pero no hay necesidad' de discutirlas al resolver este caso, fundándose, como el mismo se funda, en la pro-piedad de la grava que se extrae por los demandados del río “Culebrinas.”

No apareciendo en los autos que se haya cometido nin-gún error fundamental, la sentencia dictada por la corte inferior debe ser confirmada en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Cruz et al., Apelantes, v. Ortiz, Apelado
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 854.
    Resuelto en marzo 17, 1913.
    Enmienda de Alegaciones — Sentencia Dictada en Apelación. — Cuando un pleito ha quedado definitivamente terminado por virtud de senteneia dictada en grado de apelación, no puede ser enmendada en la corte inferior la de-manda que lo originó y, por lo tanto, no constituye error la denegación de la enmienda.
    pos hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Jsoé A. .Poventud.

    Abogado del apelado: Sr. José Tous Soto.'

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal. .

En pleito seguido ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce por Luisa y Liboria de la Cruz Kearney contra Apolinar Ortiz sobre reclamación de dominio en finca rústica, daños y perjuicios y otros extremos, en que se opu-sieron excepciones previas a la demanda, discutidas y argu-mentadas dichas excepciones, aquella corte por sentencia de 29 de abril del año 1911, resolvió que la ley estaba a favor del demandado y en contra de los demandantes en cuanto a la segunda excepción previa, o sea por no aducir la demanda hechos suficientes para constituir una causa de acción, y en su consecuencia desestimó la demanda con las costas a los demandantes, los cuales interpusieron contra dicha sentencia recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

El recurso de apelación fué decidido por sentencia de 20 de diciembre de 1911, confirmando la sentencia apelada por las razones consignadas en la opinión del tribunal.

En dicha opinión se consignó que en las excepciones pre-vias del demandado formuladas a la demanda, estaban en-vueltas las cuestiones de defecto de partes, de estoppel y de' prescripción; que la corte inferior dictó sentencia a favor del demandado por el fundamento de que la demanda no-aducía hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción sin tomar en consideración las defensas de defecto de partes y estoppel; que los apelantes alegaban, en defensa del recurso, quince errores de los cuales el primero y último eran en sustancia iguales, pues tendían a probar que la sentencia era contraria a la ley y a la prueba presentada; que si ese-error fué cometido, no era necesario examinar minuciosa-mente las demás cuestiones traídas a discusión; que en una acción reivindicatoría en que se muestre un título hereditario r los hermanos de los demandantes, Mauricio y Francisco, son necesariamente partes; que los demandantes alegan en su de-manda que tienen derecho a una parte de la finca, y en la sú-plica piden se dicte sentencia declarando que les pertenecen tres quintas partes indivisas de dicha finca y que el expediente posesorio de ella y su inscripción en el Registro son nulos, ordenando además, se les pague la suma de $15,000 en con-cepto de rentas, productos y daños y perjuicios, sin que soli-citen de modo específico la declaratoria de nulidad de cierta cláusula testamentaria de que se hace mérito en la demanda, sin cuya nulidad no podría tener lugar la reivindicación; y que no pudiendo entablarse la acción reivindicatoría sino por el verdadero dueño, es un requisito fundamental que el de-mandante pruebe por modo claro y preciso que es dueño de la finca que trata de reivindicar y que ésta se encuentra en posesión del demandado. .

Después de invocarse en la opinión la sentencia de esta. Corte Suprema en el caso de Velilla v. Pizá, 17 D. P. R., 1112,. y otra sentencia del Tribunal Supremo de España de 13 de junio de 1901, de las cuales se transcriben- algunos párrafos, dicha opinión termina así:

“Aplicando al presente caso los principios enunciados en estas sentencias (las anteriormente citadas) encontramos que estos apelantes que reclaman la porción indivisa correspondiente a tres de los cinco herederos de su madre, kan establecido prematuramente esta acción reivindicatoría, por lo que la excepción previa formulada a la de-manda fué debidamente declarada con lugar. No es necesario discutir las demás cuestiones que aparecen de los autos. Debe confirmarse la sentencia dictada por la corte inferior.”

Las demandantes presentaron moción en 22 de enero del año próximo pasado a la Corte de Distrito de Ponce, solici-tando se les concediera permiso para presentar la demanda que acompañaban, enmendada, según alegan, con arreglo a la sentencia de esta Corte Suprema de 20 de diciembre del año anterior, Cruz et al. v. Ortiz, 17 D. P. R., 1180, dicha demanda enmendada, entre otras alegaciones, contiene la siguiente:

“Que en el mes de marzo de 1909, las demandantes Luisa y Liboria de la Cruz, presentaron la demanda original en este caso contra, y citaron judicialmente ante esta misma corte del distrito, al codeman-dado Apolinar Ortiz, pero no hicieron parte en el pleito a los cohere-deros Mauricio y Francisco de la Cruz, por cuyo motivo y por otros más, se excepcionó previamente dicha demanda por el Sr. Ortiz, cuya excepción fué sostenida por sentencia de esta corte, la que se apeló por dichas demandantes al Tribunal Supremo de la isla, resolviendo éste confirmar la sentencia apelada por él, solo fundamento de que los referidos Mauricio y Francisco de la Cruz eran partes necesarias en dicho asunto, la cual sentencia fué dictada en diciembre 20 de 1911. * * * >>

.Tal moción fué impugnada por la parte demandada y la corte de distrito la desestimó por resolución de 14 de marzo de 1912, denegando en su consecuencia la presentación de la demánda enmendada por carecer en absoluto de facultad para admitirla, toda vez que ya por esta Corte Suprema se ha dictado sentencia definitiva que ha puesto término a la cues-tión entablada haciendo imposible su continuación.

Dicha resolución ha sido apelada para ante esta Corte Su-prema, y está hoy sometida a nuestra consideración, con ale-gatos escritos de ambas partes.

Como motivos legales de su recurso, alega la representa-ción de la parte apelante que la corte inferior cometió error al desestimar la moción para radicar la demanda enmendada, pues ésta se ajustaba a los principios consignados en la opi-nión qne sirvió de fundamento a la sentencia pronunciada por esta Corte Suprema en 20 de diciembre de 1911, confir-matoria de la de la corte inferior por el único defecto de falta de partes demandantes, falta que podía subsanarse y qne tam-bién incurrió en error al dejar de admitir la demanda enmen-dada por carecer de facultades para ello.

De propósito hemos extractado la opinión que sirvió de fundamento a la sentencia de ésta Corte Suprema de 20 de diciembre de 1911. Ella muestra que además de estimar esta corte que Mauricio y Francisco de la Cruz Kearney, hermanos de Luisa y Liboria de los mismos apellidos, debían ser partes en el juicio, estimó también que la Luisa y la Liboria no podían ser consideradas dueñas únicas y exclusivas de las participaciones de condominio de las tres quintas partes de condominio que reclamaban sobre la finca a que se refiere la reivindicación por carecer de título para ello, por lo que la excepción previa formulada a la demanda fué debidamente declarada con lugar.

Como se ve, el primer error alegado descansa en una falsa apreciación de los fundamentos de la sentencia de 20 de diciembre del año 1911 que confirmó la de la corte inferior, no sólo por haber defecto de partes, sino porque los hechos alegados en' la demanda no determinaban una causa ■de acción. Siendo estos los fundamentos de la sentencia de 20 de diciembre de 1911, cae también por su base el otro error alegado para sostener el recurso, pues el juicio iniciado por Luisa y Liboria de la Cruz Kearney terminó por la sen-tencia que en grado de apelación pronunció esta corte en la fecha ya expresada. El caso quedó completamente cerrado y ya no puede abrirse en forma alguna, ni hay términos hábi-les para retroceder en el procedimiento y continuar la con-tienda.

Las demandantes Luisa y Liboria de la Cruz Kearney pudieron solicitar de la corte inferior que se les permitiera enmendar su demanda cuando esa corte estimó que los hechos expuestos en la misma no determinaban una causa de acción; lejos de hacerlo así, acudieron en apelación ante esta Corte Suprema contra la resolución de la corte inferior, y al pro-ceder así se sometieron tácitamente a las resultas del recurso, cuya decisión puso término a la contienda empeñada. En la forma en que el caso ha sido llevado, la corte inferior ha procedido con arreglo a derecho.

En apoyo de la doctrina establecida vienen las sentencias de la Corte Suprema de California, dictadas en los casos de People v. Jackson, 24 Cal., 630 y Sutter v. San Francisco, 36 Cal., 116-117.

Alégase, además, por la parte apelante, que de no admi-tírsele la demanda enmendada se encontraría prescrito en favor de los demandados el dominio que reclama, y carece-ría por tanto de objeto la iniciación de un nuevo juicio me-diante nueva demanda.

Semejante razón no puede conducirnos a la revocación de la orden apelada, pues si aquella es cierta, perjudicaría-mos los derechos ya adquiridos por el demandado para favo-recer los del demandante. Los tribunales deben atenerse estrictamente a la ley.

Por las razones expuestas, opinamos debe confirmarse la orden apelada de 14 de marzo del año próximo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary,. Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Ortiz, Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez.
    No. 595.
    Resuelto en marzo 25, 1913.
    Desecho Penal — Instrucciones al Jurado — Autenticación.—Para que este tribunal pueda examinar las instrucciones dadas por el juez al jurado, es indispensable que vengan autenticadas por el juez sentenciador, no pudiendo surtir el mismo efecto ni la certificación del taquígrafo ni la conformidad de las partes. '
    Id. — Instrucciones al Jurado — Crítica de la Prueba. — Para que este tribunal pueda considerar la omisión del • juez sentenciador consistente en no haber criticado o analizado las declaraciones de los testigos del acusado, es indispensable que éste pida a la corte sentenciadora que amplíe sus instrucciones al jurado en ese sentido.
    Los hechos están expresados en la opinión;
    Abogado del Pueblo: Sr. Frank Martines, Fiscal interino.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A.- Vásqties.

   El Juez Asociado Sr. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Isidoro Ortiz fné acusado ante la Corte de Distrito de Mayagiiez de nh delito de perjurio y juzgado por un jurado quien lo declaró culpable de dicho delito, siendo> condenado por la corte a sufrir la pena de dos años de pre-sidio con trabajos forzados, sin costas y descontando el tiempo-de prisión sufrida.

Apelada esta sentencia, el único motivo en que se funda, el recurso, es que el juez de la corte inferior infringió el párrafo 8o. del artículo 233 del Código de Enjuiciamento Criminal tal como fné enmendado en 9 de marzo de 1911 al -dar sus instrucciones al jurado, pues al hacer el resumen del caso, omitió la crítica de la evidencia de la defensa, dejando así de expresar cuál- fué la presentada para sostener la alega-ción de inculpabilidad, dando esto por resultado que el jurado-diera un veredicto contrario a las pruebas.

En este caso no se ha redactado pliego de exposición de hechos ni de excepciones, sin duda porque el tínico error se-basaría en las instrucciones al jurado, y aun cuando éstas. son necesarias para considerar la cuestión propuesta, sin embargo, ban sido traídas al récord de apelación de una manera tan imperfecta que tendremos que prescindir de ellas.

Cuando el juez ba dado oralmente sus instrucciones al jurado, no basta que se presente ante nosotros como tales, un pliego en que el taquígrafo certifique que el mismo contiene las dadas por el juez, sino que es indispensable, según hace tiempo viene sosteniendo esta Corte Suprema en repetidos casos, que estén autenticadas por el propio juez que las trans-mitió. Ni aun la conformidad de las partes en la exactitud de las instrucciones es bastante para prescindir de la apro-bación que debe impartir el juez, porque pudiera darse el caso de que un descuido, o cualquier otro móvil, atribuyera al juez conceptos no emitidos o silenciara otros.

En el presente caso, si bien el pliego que contiene las instrucciones está certificado por el taquígrafo, carece de la .■antentificación del juez que conoció del juicio, por cuyo mo-tivo no podemos tenerlas como verdaderas y carecemos de base para considerar si el juez cometió o nó error. El Pueblo v. Torres, 9 D. P. R., 444; El Pueblo v. Dones, 9 D. P. R., 479; El Pueblo v. Negrón, 17 D. P. R., 681; El Pueblo v. Coll, 18 D. P. R., 361, y los casos de El Pueblo v. Laporte, (pág. 45) y El Pueblo v. Bonelli, (pág. 69), resueltos por nosotros en 24 de enero y 5 de febrero de 1913, respectivamente.

Pero de todos modos, si el defecto de las instrucciones era su insuficiencia por no haber criticado o analizado las decla-raciones prestadas por los testigos de la defensa, como sos-tiene el apelante, debió éste pedir a la corte en el juicio que ampliara sus instrucciones, y si así no lo hizo, no tendría ahora motivo para que nosotros consideráramos esa cuestión. Caso citado de El Pueblo v. Dones, 9 D. P. R., 469 y el de El Pueblo v. Boria, 12 D. P. R., 180.

Así, pues, careciendo de base para considerar el recurso y no existiendo error fundamental que corregir, debe ser con-firmada la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y dehToro.


text:
    Rosado, Apelante, v. Sucesión Matta, Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Plumacao.
    No. 931.
    Resuelto en marzo 26, 1913.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento — Prescripción.—Habiendo na-cido la demandante en enero 12, 1888 y fallecido su supuesto padre en enero 9, 1911, la acción de reconocimiento iniciada por ella en mayo 22, 1911, estaba prescrita, según el artículo 199 del Código Civil Revisado.
    Prescripción — Representantes del Difunto — Albaceas. —• Los preceptos del artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil sólo son aplicables a las ac-ciones que se ejercitan contra el alb'aeea o administrador de los bienes del difunto y contra el caudal de la herencia y nó a una acción que se ejercita contra los herederos del difunto, pues la palabra representantes (representatives) comprende el albaeea o el administrador, pero nó los herederos.
    Los hechos estáu expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José G. Torres.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se trata de decidir si la acción de Leoncia Rosado conocida por Zenobia Rosado, para reclamar su filiación qon relación al difunto Teodosio Matta con los beneficios consiguientes, ha prescrito, como así lo declaró la Corte de Distrito de Humacao, desestimando en su virtud la demanda de la Rosado por sentencia de Io. de noviembre del año próximo pasado, sin especial condenación de costas, contra cuya -sentencia es que se ha interpuesto el presente re-curso de apelación por la demandante.

Resulta de la demanda, y son hechos aceptados por la sucesión demandada, constituida ésta por la viuda e hijos de Teodosio Matta, que la demandante nació en 12 de enero de 1888 y que Matta falleció en 9 de enero de 1911, habién-dose presentado. dicha demanda en la secretaría de la corte inferior el 22 de mayo del último año citado.

Reconoce la representación de la parte apelante en su alegato escrito, que la acción entablada para reclamar la filiación, debe regularse por el artículo 199 del Código Civil Reformado, pero que ese artículo debe aplicarse en relación con la sección 41 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El artículo 199 del Código Civil en la parte atinente al caso, dice así:

“Artículo 199. La acción para reclamar su filiación dura basta dos años después de ser el hijo mayor de edad * * V’

Y el artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil tam-bién en la parte atinente dice textualmente:

“Artículo 41. Si una persona contra la cual puede ejercitarse una acción muriese antes de la terminación del período requerido para dar principio a la misma, podrá deducirse dieba acción contra sus representantes después de la terminación de aquel período y den-tro de un año después del nombramiento judicial del albacea o admi-nistrador testamentario.”

Ahora bien, Leoncia Rosado nació el 12 de enero de 1888 y llegó, por tanto, a la mayoría de edad, en iguales día y mes de 1909, según el artículo 317 del Código Civil, preceptivo de que la mayor edad empieza a los veintiún años cumplidos. Y como la acción para reclamar su filiación había de durar hasta dos años después de ser mayor de edad, o sea basta el 12 de enero de 1911, es obvio qué al fallecer Teodosio Matta el 9 de enero de ese mismo año, aun quedaban a la deman-dante tres días para poder ejercitar su acción de filiación. No la ejercitó basta el 22 de mayo y por tanto al ejercitarla estaba ya extinguida o había prescrito por haber transcu-rrido más de dos años despides de ser la demandante mayor de edad.

Y no puede escudarse Leoncia Rosado para la defensa de su derecho con el precepto del artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El texto inglés de dicho artículo en la parte que guarda relación con el presente caso, dice así:

“If a person against luhom an action may be brought die before the expiration of the time limited for the commencement thereof, an action may be commenced against his representatives after the expiration of that time, and within one year‘after the issuing of letters testamentary or of administration.”

La traducción literal es la siguiente:

“Si una persona contra quien una acción puede ejercitarse fallece antes del vencimiento del tiempo señalado para su comienzo, la ac-ción puede ser iniciada contra sus representantes después del venci-miento del término y dentro de un año después de la expedición de las cartas testamentarias o de administración.’''

Bajo la palabra “representatives”, representantes de la persona fallecida, vienen comprendidos en dicho artículo, no los herederos, sino el albacea o el administrador, pues, según el artículo 51 de la ley sobre Procedimientos Legales Espe-ciales aprobada en marzo 9, 1905, será deber de los adminis-tradores y mientras éstos se nombren de los albaceas, repre-sentar al finado en todos los procedimientos comenzados por o en contra del mismo antes de su muerte y en los que se promovieren después por o en contra del caudal de la herencia.

Tenemos, pues, que el precepto del artículo 41, sea cual fuere su significación y alcance, sólo puede, tener aplicación al caso en que la acción se ejercita contra el albacea o admi-nistrador de los bienes del difunto y contra el caudal de la herencia.

En el presente caso ni se ha ejercitado la acción de filia-ción contra el albacea o administrador de Teodosio Matta ni contra el caudal de su herencia. No es, por tanto, aplicable el artículo transcrito.

Por las razones expuestas, es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres.- Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wole, JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO

text:
    Orama et al., Apeladas, v. Oyanguren, Apelante.
    ApelaoxÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    MOCIÓN SOBRE CORRECCION DE AUTOS.
    No. 937.
    Resuelto en marzo 26, 1913.
    Transcripción de Autos — Documentos Insertados en los Autos. — La inser-ción y certificación por el secretario de una corte de un documento en una transcripción de autos, no implica que dicho documento deba considerarse como parte de los autos.
    Id. — Pruebas—Pliego de Excepciones.- — Una corte de apelación no puede apre-ciar qué prueba- documental u oral ha sido presentada en el tribunal inferior hasta que se incorpore en un pliego de exeepeiones firmado por el juez sentenciador y se agregue a los autos.
    Id. — Inserciones Hechas por el Secretario. — Aquellas actuaciones que según la ley deben.ser incorporadas en un pliego de exeepeiones no pueden ser agregadas a los autos por un secretario sin dicho requisito, y si lo hace care-cen de efecto legal alguno.
    Id. — Pruebas—Pliego de Excepciones — -Deber del Juez Sentenciador. — -El juez es el funcionario que .debe dar autenticidad a la prueba para los efectos de una apelación o de una transcripción de autos, y bajo su vigilancia está la prueba por ministerio de la ley, siendo su deber el procurar que el pliego de excepciones esté de acuerdo con los hechos.
    Id. — Minutas Hechas por los Jueces y Secretarios — Notas del Taquígrafo.— Ni las minutas hechas por los jueees y el secretario, ni las notas de un taquí-grafo, pueden surtir los efectos de un pliego de excepciones.
    Id. — Devolución al Tribunal Inferior. — En algunos casos un tribunal de ape-lación puede devolver al tribunal inferior la transcripción de autos para ser reformada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los promoventes: Sr. Eugenio Benitez Cas-taño.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Antonio Sarmiento.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Las apeladas lian comparecido ante este tribunal y presen-tado nna moción sobre corrección de autos. Dicba moción no está jurada, pero se alega en la misma que durante el juicio en la corte inferior se presentaron copias certificadas de las actas de inscripción de nacimiento de las apeladas. Que en dichas inscripciones las apeladas Ana Luisa y Ana Teresa Orama aparecen con los nombres de Ana Luisa Mérida y Ana Teresa Mérida, bijas naturales de Fabiana Orama. Alegan las apeladas que en los autos 'que ban sido elevados a este tribunal por la apelada se expresa lo siguiente: ‘1 Prueba de las demandantes. Ofrecidas como prueba copias certifica-das de las actas de nacimiento de Ana Luisa Mérida y de Ana Teresa Mérida, fué objetada su admisión por .la parte deman-dada, porque esos no son los nombres y apellidos de las deman-dantes y la corte las admitió a reserva de que pruebe el de-mandante que son las mismas personas. La parte demandada tomó excepción”; que el apelante en su alegato expresó que las demandadas con el fin de probar la fecba de su nacimiento presentaron dos certificaciones en las que los nombres resultan ser distintos de sus verdaderos nombres y que la corte erró-neamente admitió las referidas certificaciones. Continúa la moción alegando 'que las apeladas temen que este tribunal pueda ser inducido a error, puesto que (y en cnanto a este pun-to es ambigua dicba moción) los autos originales y la prueba testifical demostraron que las certificaciones se referían a' las demandantes y apeladas. Por lo que las apeladas solici-taron de este tribunal que se agregaran a los autos las certificaciones originales, copias de las cuales se acompañaron a la moción y fueron certificadas por el Secretario de la Corte de Distrito. Las certificaciones que se tratan de agregar a los autos que ahora se encuentran ante esta Corte, demues-tran, que no solamente el nombre de Mérida, sino también el nombre de Orama fué usado en relación con las apeladas.

¿Cuál es la índole o naturaleza de estas actas de inscrip: eión que ahora se nos pide que agreguemos a los autos del caso que está sometido a nuestra consideración? Según la •certificación del secretario de la corte de distrito, son ellas ■copias fieles y exactas de sus originales, presentados como prueba por las demandantes en el pleito número 5453, seguido •contra Margarita Oyanguren, existentes a los folios 21 y 22 •del expresado pleito. Pero no dice dicho secretario que fue-ran agregadas a ninguna alegación en forma de exhibit o •que de algún otro modo hubieran formado parte del legajo •de la sentencia, y en verdad que creemos, teniendo en cuenta las admisiones contenidas en la moción así como también de lo que resulta de los autos, que las expresadas actas de ins-cripción constituyen solamente parte de la prueba admitida durante el juicio por la corte con respecto a las cuestiones controvertidas por las apeladas y apelante. Las mencionadas .actas de inscripción no se copiaron enteramente o se les hizo formar parte de un pliego de excepciones o de una exposi-ción del caso. Los mismos autos contienen una exposición del caso y pliego de excepciones firmados por el juez de la corte inferior, quien certifica que en él están contenidos todos los •documentos pertinentes y necesarios y que la indicada expo-sición del caso y pliego de excepciones son exactos, verda-deros y correctos. No existe alegación alguna de que la ape-lante haya omitido algo de lo contenido en los autos en ape-lación y las apeladas no se fundan ni hacen referencia a ningún error o defecto en los referidos autos, de acuerdo con las reglas 55 y 56 de esta corte. Las apeladas solicitan de esta corte que agreguemos a los autos de este tribunal, fun-dadas solamente en la certificación del secretario, cierta prueba aislada o independiente que se supone fué sqmetida al juez con el fin de que pudiera resolver acerca de la verdad de las cuestiones controvertidas.

Puede ser cierto que estos documentos se encuentren en el expediente (file) de la causa en la corte inferior. Pero aun cuando aparezcan documentos en la transcripción de los autos en apelación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que por el hecho de que dichos documentos aparezcan dedal modo y hayan sido además certificados por el secretario, no forman parte de los autos en apelación. England v. Gebhardt, 112 U. S., 502; John v. Martin, 8 Wall., 354; Sire v. Ellithorpe Air Brake Co., 137 U. S., 579; Sargent et al., v. The State Bank of Indiana, 12 How. 384.

En el caso de England v. Gebhardt citado anteriormente, la corte entre otras cosas pertinentes, dice lo siguiente ;

“El mero hecho de encontrarse nn documento en el ex-pediente {files) de una cansa no hace que por ello dicho docu-mento forme parte de los autos. Si no ha formado parte de las alegaciones o procedimientos habidos en la cansa, deberá incluirse en los autos mediante alguna orden de la corte. Sargent v. State Bank of Indiana, 12 How., 371, 384; Fisher v. Cockrel, 5 Pet., 248, 254. Esto puede hacerse por medio de un pliego de excepciones o algo que sea equivalente a ello.” En el caso de Sargent et al. v. The State Bank of Indiana, arriba citado, la corte se expresa en los términos siguientes: “Con respecto a la procedencia y regularidad de esta soli-citud que ha sido presentada a la corte de circuito, debemos llamar la atención en primer lugar de que por el mero hecho de que un documento aparezca en el expediente {files) de una causa, no habrá de considerarse, que el mismo constituye parte de los autos de dicha causa. Para que pueda consi-derársele como parte de los autos, deberá estar comprendido en las alegaciones de la causa, o incluirse y remitirse en los autos por virtud de alguna orden de la corte dictada a soli-citud de las partes. Sin este requisito no habría más razón para considerar que dicho documento continuaba formando parte de los autos que la que existiría con respecto al cono-cimiento de los hechos por parte de un testigo que hubiera sido citado, pero no interrogado o las declaraciones orales pres-tadas ante un jurado, que no hubieran sido anotadas mediante excepciones o de otro modo.”

Por virtud del Código de Enjuiciamiento Civil, esta corte tiene facultades para redactar o aprobar un pliego de excep-ciones o exposición del caso cuando la corte inferior se niega a. ello. Pero aun §n dicho caso el plieg'o así firmado por todos o uno de los miembros de este tribunal,- deberá remi-tirse a la corte de distrito .para que allí se incluya en los autos. Con esta excepción, si es que lo es, esta corte no puede preparar los autos en apelación. El Pueblo v. Brenes, 9 D. P. R., 559; El Pueblo v. Acosta, 11 D. P. R., 249. En igual sentido se pronuncian los casos de Continental Insurance Company v. Rhoads, 119 U. S., 237; Goodenough Horseshoe Manufacturing Company v. Rhode Island Horseshoe Company, 154 U. S., 636; City of Santa Bárbara v. Eldred, 95 Cal., 378; Hyde v. Boyle, 86 Cal., 352; In re Gates, 90 Cal., 257. En el caso de Hardesty v. Hosmer, 4 App. D. C., 280, el Juez Presidente Sr. Alvey dice lo siguiente:

“En este caso se presentó una moción por la apelante Ofelia A. Hardesty solicitando permiso para presentar una copia del pliego y dos exhibits, cuyos originales se alegó habían sido presentados a la corte inferior, los que, según se expresó en la referida moción, habían sido extraviados, no pudiendo, por consiguiente, ser unidos a la transcripción re-mitida a esta corte. Pero el permitir que las indicadas copias de los documentos originales fueran traídas y presentadas a este tribunal en la forma solicitada, equivaldría a hacer que lo que debe constituir la transcripción de los autos en la corte inferior resultaran unos autos diferentes en esta corte de aquellos que realmente existen en la corte inferior, y dichos autos ante este tribunal no serían una transcripción autenticada por la certificación del secretario y sello de la corte. ’ ’ Véase también a Freeman on Judgments, artículo 79, citado con aprobación en el caso de United States v. Taylor, 147 U. S., 699, y 3 Cyc., 141, 180.

La corte de apelación no puede considerar la prueba pre-sentada en la corte inferior, a menos que la misma no se in-cluya en un pliego de excepciones firmado por el juez y que haya sido hecho parte de los autos en dicha corte inferior. Los casos que sostienen este principio son innumerables. Algunos de los más pertinentes acerca dé este particular y fallados por esta corte son los de Ramírez v. Surillo, 10 D. P. R., 327; Huertas v. Elzaburu, 10 D. P. R., 427; Barnés et al. v. El Pueblo, 12 D. P. R., 78; Julbe v. Guzmán et al., 15 D. P. R., 559; Calaf et al. v. Calaf, 16 D. P. R., 835; Rossy v. Molfulleda et al., 15 D. P. R., 866. En el caso de Ramírez v. Surillo, citado anteriormente y al cual se hace referencia en el de Huertas v. Elzaburu arriba citado, se dijo que no establecía diferencia alguna el hecho de qne la prueba presentada ante la corte inferior fuera documental o testifical, pues tan necesa-rio era en uno o en otro caso incluirla en un pliego de excepcio-nes. Los casos que pueden citarse como aplicables a este caso en cuanto al principio general, son los de John v. Martin, 8 Wall., 354; Metropolitan R. R. Co., v. District of Columbia, 195 U. S., 330, 332; Sire v. Ellithorpe Air Brake Co., 137 U. S. 583; City of Santa Bárbara v. Eldred, 95 Cal., 378; Hyde v. Boyle, 86 Cal., 352; In re Gates, 90 Cal., 257. En el caso de Campbell v. Hayes, 77 Cal., 36 se dijo: “Cuando hay necesi-dad de conclusiones por escrito, las cuales no aparecen en los-autos, se considerará que se ha renunciado a ellas, y si así no fue el error, debe demostrarse por medio de un pliego de excepciones, exposición del caso o por cualquier otro método adecuado por virtud del cual se presente la cuestión en los autos. Mulcaby v. Glasier, 51 Cal., 626; Reynolds v. Brumagin, 64 Cal., 254; Glenn v. Arnold, 56 Cal., 361. La certifi-cación del secretario de que no se renunció a las conclusiones, por escrito, no forma parte de los autos que podamos consi-derar. Dicha certificación no es parte del legajo de la sen-tencia y no tiene más valor probatorio que el que tendrían las declaraciones de los testigos que fueron prestadas du-rante el juicio y que fueron certificadas en igual forma. Con excepción de todo aquello que forma parte de los autos, con arreglo al estatuto, la certificación del juez es esencial para dar validez a los procedimientos. El objeto del pliego de ex-ciones o exposición del caso es formar los autos con aquello sin lo cual no constituirían dichos autos. Todos aquellos pro-cedimientos de una corte que deban ser remitidos a la corte de apelación mediante pliego de excepciones etc., no podrán ser incluidos en los autos de la causa por virtud de simples asientos lieclios por el secretario; y si se incluyen de tal manera, no surtirán efecto como parte de los autos en ape-lación. Right v. State, 20 Ind., 23; Wilson v. Trueluck, 19 Ind., 389; 7 Cyc., 222. En el caso de Hanna v. Maas, 122 U. S. 26, se dijo lo siguiente: “Las minutas del juez o se-cretario o notas taquigráficas, no pueden sustituir al pliego de excepciones, pues diclias minutas constituyen meramente memoranda que puede luego utilizarse para redactar el re-ferido pliego de excepciones. Pomeroy v. Bank of Indiana, 1 Wall., 592; Thompson v. Riggs, 5 Wall., 663; Young v. Martin, 8 Wall., 354; Insurance Company v. Lanier, 95 U. S., 171. Las excepciones deberán redactarse y aprobarse en de-bida forma en la corte inferior y no podrán ser enmendadas o redactadas nuevamente en esta corte. Stimpson v. West Chester Railway Company., 3 How. 553.”

De acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Evidencia, un registro judicial es el registro o asiento oficial de los pro-cedimientos de un tribunal de justicia o del acto oficial de un funcionario judicial en una acción o en un procedimiento especial, y según el artículo 56, un registro judicial de Puerto Rico o de los Estados Unidos podrá probarse mediante la presentación del original o de una copia de éste, certificada por el secretario u otra persona en cuya custodia legalmente se hallare. Aun suponiendo que un documento admitido como prueba se convierta en un registro judicial, es al juez a quien corresponde autenticarlo. Dicho funcionario es, según la Ley, el guardián legal de la prueba, quien solamente puede certi-ficarla por medio de un pliego de excepciones o algún otro documento semejante. Pero una parte de la prueba, aun cuando sea documental, continúa siendo solamente tal parte de la prueba y el secretario no tendría más razón para hacerla formar parte de los autos de la corte inferior que la que tendría para hacer igual cosa con respecto a las declaraciones prestadas por los testigos.

En la moción que consideramos, se lia tratado de agregar, a los autos una parte de la prueba sin habérsele sometido en forma alguna a la corte inferior. Si pudiera adoptarse esta práctica, los. hechos relativos al juicio fácilmente podrían ser desnaturalizados. Si cuando el pliego de excepciones iba a firmarse hubieran los apelados presentado el documento en su totalidad, la corte también hubiera podido insistir enton-ces en que se hubieran incluido otras pruebas. En este caso, sin embargo, la corte ha certificado que se ha incluido toda la prueba necesaria y pertinente. El pliego de excepciones fir-mado por el juez tiene el carácter de verdadero. State v. O’Brien, 18 Mont., 12 y 13, y se cita el caso de 9 Mont., 381, en el cual también se expresó que era obligación del juez, no solamente firmar lo que se le presenta como un pliego de excepciones, sino también examinarlo y ajustarlo a los hechos tanto en su forma como en verdad.

En algunos casos ocurre que la corte de apelación remite nuevamente la transcripción de autos a la corte inferior para que sea reformada. 3 Cyc. 146. ■ En este caso, nó solamente no se ha hecho tal solicitud, sino que sería necesario que el caso fuera uno extraordinario para que pudiéramos permitir que tal cosa se hiciera después de haberse presentado el alegato del apelante, y especialmente no lo haríamos en un caso en que los apelados tuvieron amplia oportunidad para copiar todo el documento sin que hubieran 'hecho ninguna indicación en cuanto al particular, y no alegan ahora ninguna explicación con respecto a tal omisión. Esta fue una excep-ción especial tomada por el apelante y era el deber de los apelados entonces y en aquel juicio el hacer la corrección. Además se hace difícil comprender si los documentos fueron admitidos, sujetos a su identificación por parte de los apelados mediante prueba testifical y si esa prueba se presenta ¿cómo podrían los mismos ser perjudicados por la referencia hecha en el pliego de excepciones o los comentarios del abogado? Si se ha omitido algo en el pliego, pudiera suceder que dicha omisión resultara más bien a favor que no en contra de los apelados. La moción debe ser denegada.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. del Toro emitió opinión concurrente con la cual estuvo conforme el Juez Asociado Sr. MacLeary.

OPINIÓN CONCURRENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO

Y CON LA CUAL ESTA CONFORME EL JUEZ ASOCIADO SR. MAC-LEARY.

En la exposición del caso y pliego de excepciones prepa-rado por el demandado y apelante y certificado por el juez sentenciador, aparece, copiado a la letra, lo que sigue:

' “Prueba de las demandantes.
“Ofrecidas como prueba copias certificadas de las ^ctas de nacimiento de Ana Luisa Mérida y Ana Teresa Mérida, es objetada su admisión por la parte demandada, porque esos no son los nombres y apellidos de las demandantes y la corte las admitió a reserva ,de que pruebe el demandante que son las mismas personas. La parte demandada tomó excepción.”

Luego, en la misma exposición del caso aparece, como declarado por el testigo Leocadio Martínez, lo siguiente: “Esas niñas se llaman Ana Luisa Orama, pero para dife-renciar los nombres, porque nacieron gemelas, le 'pusieron Ana Luisa y Ana Teresa Orama. Esas son las mismas que en la partida de bautismo aparecen con Ana Teresa Mérida y Ana Luisa Mérida, y eso es porque es otro nombre que le puso la madre; de eso está seguro el testigo.”

El juez sentenciador, entre otros, declaró probados los siguientes hechos:

“Que las demandantes son hermanas gemelas, habiendo nacido en San Juan el día 26 de julio de 1903.”

En el alegato presentado por el demandado y apelado, entre otros particnlares, se consigna lo qne sigue:

‘ ‘ Cuarto: Admitió indebidamente las certificaciones de nacimiento de Ana Luisa Mérida y Ana Teresa Mérida.
“Las demandantes, cuya filiación es controvertida en este caso, se llaman, según la demanda, Ana Luisa y Ana Teresa Grama y para probar la fecha de su nacimiento se presen-taron por la parte demandante dos certificaciones correspon-dientes a los nacimientos de Ana Luisa Mérida y Ana Teresa Mérida.
“Como no había relación entre los nombres y apellidos de las demandantes y los de las personas a las cnales se re-ferían las certificaciones presentadas, la demandada objetó la admisión de dichos documentos y la corte, sin embargo, las admitió a reserva de que el demandante probase que eran las mismas personas.”

Así las cosas, antes de que se fijara día para vista del recurso, comparecieron las apeladas ante esta Corte Suprema y presentaron una moción sobre corrección de autos, en la que después de hacerse referencia a los hechos que hemos consignado, se dice, con respecto a lo alegado por el apelante, lo que sigue:

“Que tales afirmaciones de la parte apelante podrían in-ducir a error a esta honorable corte, llevándola a la creencia de que, como inexactamente dice la demandada, la prueba ofrecida por la parte demandante y admitida por la corte sentenciadora, se refería a personas de nombres y apellidos distintos de los apellidos y nombres de las que en este pleito reclaman su filiación, cuando, en realidad de verdad, y de acuerdo con los autos originales de este pleito, la prueba se refería a las mismas personas demandantes, apareciendo éstas, como antes se ha dicho, en las actas de inscripción con el nombre de Mérida agregado a los de Ana Luisa y Ana Teresa, ambas hijas naturales de Fabiana Grama, lo cual dió lugar a la oposición de la parte demandada y a qne la corte, al admitir la prueba, lo hiciera con la salvedad de que se probase que se trataba de las mismas demandantes, cuyo extremo quedó com-pletamente justificado por la prueba testifical.”

A la moción acompañó la parte apelada copia de las dichas actas de nacimiento, certificada como sigue:

“Yo, Celestino Marrero, Secretario de la Corte de Dis-trito del Distrito Judicial de San Juan, P. B.,
“Certifico: que los insertos que preceden son copias fie-les y exactas de sus originales, presentados como prueba por las demandantes en el pleito número 5433, contra Margarita Oyanguren, existentes a los folios 21 y 22 del expresado pleito.
“Ya petición del Ledo. Eugenio Benitez Castaño, expido la presente en San Juan, P. B., a 25 de enero de mil novecien-tos trece. C. Marrero. Secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan.”

La parte apelante se opuso, y el caso quedó sometido a la resolución de este Tribunal Supremo.

La mayoría de los jueces de esta corte opina que la mo-ción debe declararse sin lugar por los motivos consignados en la opinión emitida por el juez Asociado Sr. Wolf. Noso-tros llegamos a la misma resolución, pero por los motivos que a continuación exponemos.

Nosotros creemos que las palabras usadas por el apelante no pueden inducir a error a esta Corte Suprema y por lo tanto no consideramos necesaria la corrección del récord pro-puesta por la parte apelada.

Lo primero que deberá considerarse y resolverse en su día con respecto.a las referidas actas de nacimiento, es si la corte sentenciadora debió o uó admitirlas como prueba. Si decidimos que debió admitirlas, si estimamos que existe en los autos prueba suficiente que demuestre-que tales actas se refieren a las demandantes en este pleito, entonces tendre-mos que concluir .que las demandantes presentaron como prueba sus actas de.nacimiento inscritas en el registro civil y que tales actas contenían-todos los -requisitos que la ley ordena-que se hagan constar en ellas y que la-fecha' del naci-miento consignada en los hechos declarados probados por' el juez sentenciador,/es la correcta y se tomó, si no existe en los autos otra prueba, de las dichas actas' no impugnadas eri} cuanto a tal extremo. Claramente se deduce, por lo que he-' mos expuesto, que los derechos que puedan -tener las apela-das no se perjudican en modo alguno por' no haberse inctuído; dentro de la exposición del caso la copia íntegra de las repe-tidas actas.

Si llegáramos a la conclusión de que los derechos de lá' parte apelada podían sufrir perjuicio, no vacilaríamos en decretar la corrección del récord.

Hemos estudiado cuidadosamente la jurisprudencia invo-' cada en la opinión de la mayoría de los jueces de esta corte' y estamos con ella enteramente conformes, pero, a nuestro juicio, dicha jurisprudencia no impediría en modo alguno, que se decretara la corrección del récord en este caso, si las circunstancias del mismo lo exigieran. ■ •

Es bien entendido que la única forma legal de presentar a la consideración de esta corte de apelación la prueba prac-' ticada en la corte sentenciadora, es incluyéndola en una ex-' posición del caso o en un pliego de excepciones debidamente preparado y certificado por el juez sentenciador; y que lá simple certificación del secretario de que un documento se presentó como prueba en un caso, no lo hace formar parte del récord del mismo. Véase Manuel v. Scott et al., 29 Mont., 37, citado en El Pueblo v. Guzmán, 15 D. P. R., 299, y en el de El Pueblo v. Meléndez, decidido el 7 de febrero último.

Pero en este caso que resolvemos, la cuestión es distinta. Las actas de nacimiento se mencionaron, en la forma trans-crita, en la exposición del caso, y no podremos ignorar en su día en la resolución del recurso, que se presentaron como prueba dichas actas y qué sobré ellas versó, además, la prueba testifical y que ellas sirvieron de base, apreciadas con las demás pruebas, para la declaración de los hechos probados en que fundó sus conclusiones 'de ley el juez sentenciador.

De acuerdo con lasección 40a del Reglamento de- éste' Tribunal Supremo, no deben copiarse íntegros los documentos en las relaciones de becbos, exposiciones del caso y pliegos de excepciones, sino que se bará una relación concisa de ellos, expresando su parte sustancial, a menos que la naturaleza de la cuestión planteada y resuelta baga necesario que se inserte en toda su extensión.

Si el apelante én el presente caso hubiera omitido inten-cionalmente, de mala fe, la copia de lo esencial, de las actas dé nacimiento, y se demostrara que podía beneficiarse con tal omisión, el becbo de que ni el apelado al examinar ni el juez sentenciador al certificar la exposición, se hubieran fijado en la omisión ¿sería suficiente para impedir en absoluto que la verdad se restableciera permitiéndose traer debidamente autenticada la copia de los documentos que, según la misma exposición del caso, se presentaron' y fueron admitidas como prueba1?

Creemos que nó.

• Se dirá qué la certificación expedida por el secretario debió haber sido visada por lo menos por el juez sentenciador. [Nosotros creemos que relacionando lo que se hizo constar én la exposición dél caso certificada por el juez sentenciador y lo que se hace constar en la certificación expedida por el secretario de'la corte sentenciadora, los documentos quedan perfectamente autenticados, pero si las circunstancias con-currentes nos' obligaran a decretar la corrección de la trans-cripción, entonces, para mayor seguridad, y teniendo en cuenta la exacta naturaleza de una exposición del caso, or-denaríamos qué las copias de las actas, junto con la de la exposición, se remitieran al juez sentenciador a fin de que certificara debidamente si las actas eran las mismas a que se refería la exposición.

La resolución de casos de esta naturaleza debe basarse, desde luego, én lo dispuesto en la ley, pero la ley, debe apli-carse atendidas' las circunstancias peculiares de cada caso e interpretarse teniendo siempre por norte los altos fines de ■la justicia.

Por las razones expuestas, debe declararse sin lngar la xno-' ción de los apelados sobre corrección del récord.


author: El Juez Asociado .Se. Wole,

text:
    Mojica, Apelado, v. González, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 849.
    Resuelto en marzo 27, 1913.
    Daííos y Pebjtjicios — Falta de Causa de Acción — Acción Beivindicatoria.— El demandante compró a los herederos de Juan Barreto Petana veinte y nueve cuerdas cincuenta y dos céntimos de una finca de treinta y dos cuerdas que el demandado poseía con título posesorio inscrito en el registro. Este último había firmado un documento obligándose a otorgar a dicha sucesión escritura de venta de la finca, tan pronto obtuviera título de dominio sobre la misma, pero en lugar de' hacerlo así la vendió a un tal Juan Delgado. Esta finca, según la demanda, aunque la poseía el demandado, era de la propiedad de Juan Barreto Petana. El demandante como adquirente de la parte de dicha finca ya mencionada, le reclama al demandado cierta cantidad -en concepto de daños y perjuicios por haber traspasado la finca al citado Delgado. Se resolvió que la demanda en este caso no aduce hechos suficientes, porque de la misma se desprende que el título quedó en Juan Barretó Petana o sus herederos, y éstos como tales tendrían siempre el derecho a la-reivindicación de la finca, cuyo derecho excluye la acción de daños y perjui-cios; además, aun en el supuesto de que los herederos tuvieran causa de acción de daños y perjuicios contra el demandado, la transmisión hecha por ellos al demandante se refería a su participación en la finca, pero nó al dereeho de acción contra el demandado por daños.
    Los hechos están expresados en la opinión. ■
    Abogado del apelante: Sr. Eugenio Benitez Castaño.

    Abogados del apelado: Sres. H. H. ScoviUe y Luis Mén-dez Vaz.

   El Juez Asociado .Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

A la demanda presentada en este caso formuló el deman-dado nna excepción previa qne fue desestimada. El deman-dado a la vez presentó su contestación admitiendo en ella virtualmente ‘los hechos contenidos en dicha demanda, 'pero presentando iitiévas materias objeto de defensas para que se anulara la obligación,' cuyo cürrtplimierito se exigía. En el juicio, la discusión principal que surgió, fué con motivo de un documento escrito que fué presentado por el demandante, en el cual el demandado reconocía que estaba en posesión de las treinta y dos cuerdas de terreno pertenecientes a la suce-sión de Juan Barreto Petana por virtud de un título posesorio, pero que él, dicho demandado, traspasaría el mismo a la re-ferida sucesión tan pronto como hubiese obtenido un título de dominio. El demandado hizo caso omiso de su ofrecimiento y traspasó la finca a Juan Delgado causando así perjuicios al demandante, según se ha alegado. El demandado presentó y ofreció testigos de reputación para probar que el documento escrito había sido obtenido de él fraudulentamente, puesto que en realidad, él tenía derecho a las fincas en cuestión o a su equivalente, debido a los convenios que había efectuado con Juan Barreto Petana a quien el demandado había traspasado la finca en cuestión y por la cual jamás había recibido can-tidad alguna; que el padre en su lecho de muerte había suplicado a sus hijos que verificaran el pago al demandado; qúe él entró en posesión de la finca con conocimiento y consen-timiento de los hijos o algunos de los mismos y posterior-mente y a virtud de una gran insistencia y súplica por parte de ellos, estuvo conforme en venderles la finca firmando al efecto un contrato; que luego los hijos vinieron donde él y le hicieron ver que el susodicho convenio o contrato se había perdido, por lo que le suplicaron que firmara otro docu-mento que le entregaron, manifestándole que aquel que le pre-sentaban era enteramente igual al que había firmado anterior-mente; que él, dicho demandado, por. ser un sacerdote, se encontraba entonces expidiendo varias licencias de nacimiento y otras de igual clase, y firmó el documento sin haberlo leído.

. El demandante en esta acción es el comprador de las par-ticipaciones pertenecientes a la sucesión de Juan Barreto Petana. ......

.La corte,, después de..haber hecho un..detenido análisis de la prueba,.diqtó sentencia.a, favor del demandante por Ios-daños^ perjuicios que ,s.e..le. causaron ascendentes, a la- suma de $1,843, principalmente por haber existido nna gran con-tradicción en la prueba y teniendo en cuenta el principio de que todo aquel que firma un contrato, se presume que lo hace con conocimiento de causa, y que este documento era tan corto (constaba de menos de una hoja de papel) que el demandado solamente hubiera tenido que darle una ojeada para enterarse de su contenido, y además, porque existían incongruencias en la declaración del demandado.

La alegación principal en este tribunal ha versado sobre la prueba, si bien el apelante no ha dejado de hacer alega-ciones en cuanto al error cometido por la corte al desestimar la excepción previa. Pasemos a examinar la demanda.

Según ésta, el demandante Eusebio Mojica es vecino del Pueblo de Trujillo Bajo, y expresa que Juan Barreto Petana falleció intestado en 30 de enero de 1892, dejando a su viudá y trece hijos, treinta y dos cuerdas de terreno comprendidas en la jurisdicción de la Carolina; que algunos de los hijos falle-cieron, por lo que la madre entró en posesión de las participa-ciones correspondientes a los mismos, y que uno de los otros hijos murió dejando su participación a sus hijos y nietos; que el demandado, el día 13 de octubre de 1892, injusta e ilegal-mente, tomó posesión de dicho predio de terreno compuesto de 32 cuerdas, sabiendo perfectamente que no tenía título o derecho a dicho predio, y obtuvo un título posesorio de ese mismo terreno y de otra porción perteneciente a él, de igual cabida, haciendo un total de sesenta y cuatro (64) cuerdas; que después de haber obtenido el demandado dicho título posesorio el día 7 de octubre de 1901, otorgó a la su-cesión de Juan Barreto Petana un documento, en el cual admitió que del terreno contenido en.las sesenta y cuatro cuerdas, de las cuales había obtenido un título posesorio que había sido inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad, las 32 cuerdas ya descritas en la demanda, pertenecían a la sucesión de Juan Barreto Petana y no al demandado, com-prometiéndose en dicho documento a transferir dichas treinta y dos cuerdas de terreno a la mencionada sucesión tan pronto corao el demandado hubiese obtenido un título de dominio; que posteriormente el demandante adquirió por compra a varios miembros de la sucesión de Juan Barreto Petana 29.52 cuerdas de las treinta y dos cuerdas de terreno que per-tenecían a dicha sucesión; que a pesar de los distintos re-querimientos que se han hecho al demandado desde que ad-quirió las 29.52 cuerdas de terreno de los expresados here-deros, el demandado se ha negado y rehusado otorgar la escritura de dicha propiedad, de acuerdo con su compromiso o a entregar la posesión de ella a los herederos de Barreto Petana o al demandante, y que no obstante la existencia del mencionado contrato, el demandado ha vendido el terreno de referencia a Juan Delgado, otorgándole el correspondiente título, causando con esto, daños al demandante en la suma de dos mil dólares ($2,000) valor del terreno, y mil quinientos dólares ($1,500) por las rentas y beneficios de dicha propie-dad desde el 7 de octubre de 1901.

El apelante admite en su alegato que el demandante ten-dría una buena causa de acción si el pleito seguido hubiera sido por reivindicación, pero que no habiendo ejercitado dicha acción sino la de daños y perjuicios, que es subsidiaria, ésta no puede prosperar. El apelado por el contrario sostiene que al dejar González Lajo, al ser requerido para ello, de traspasar la finca al demandante, de conformidad con el con-trato, traspasándosela a otra persona, dicho demandado quedó responsable por daños y perjuicios.

Si fuera ésta una acción entablada por los herederos de Juan Barreto Petana ¿cuál sería entonces el derecho.de los mismos contra el demandado? Se alegó en la demanda que el título lo tenía el padre de dichos herederos habiendo pasado luego a ellos. No se alegó, que el demandado tuviera otro título que el posesorio. El apelado ni siquiera alega que el demandado obtuviera un título de dominio y que posterior-mente lo traspasara a Juan Delgado, sino que solamente expre-sa que dicho demandado adquirió un título posesorio y lo ins-cribió en el Registro de la Propiedad; de modo que en cuanto al demandado González Lajo, los herederos siempre, hasta el traspaso a Jnan Delgado, tuvieron una buena acción reivin-dicatoría o de otra clase, pues es bien conocido que un tituló posesorio no será eficaz en oposición al de otra persona con mejor derecho o al del verdadero dueño. (Ley Hipotecaria, artículo 394, y sus comentarios.)

González Lajo inscribió su título posesorio en el Registró de la Propiedad y vendió la finca a Juan Delgado. Este último no pudo adquirir más derechos que los que tuviera su causante. De modo que si González Lajo no tenía el dominio de la finca, tampoco lo tenía Delgado. La situación legal no mejoró por la venta hecha a Delgado. Su título continuó siendo posesorio y continuará siéndolo mientras no se eleve a título de dominio, lo que no resulta de la demanda. Por tanto, los herederos de Juan Barreto Petana a no ser por el traspaso que hicieron a Eusebio Mojica, hubieran podido cier-tamente ejercitar la acción reivindicatoría contra Juan Delgado.

¿Qué derechos de acción fueron los que adquirieron los herederos por virtud de la promesa hecha por González Lajo? Según hemos visto, la demanda se basa en el supuesto de que los herederos adquirieron un título en la finca, proveniente del padre de los mismos. Teniendo ya un verdadero título, según se ha alegado en la demanda, el traspaso hecho por González Lajo no podía conferirles más derecho. Ellos no fueron perjudicados, si se tiene en cuenta la demanda, por el hecho de que González Lajo no hiciera el traspaso, y por tanto, no surgió ninguna acción. Ellos tenían primeramente una causa de acción contra el apelante en reivindicación y después contra la persona a quien González Lajo hizo el traspaso. Y no hubieran quedado en mejor situación por el hecho de que González Lajo hubiera traspasado la finca a los mismos, conservando la posesión.. El solamente quedó obli-gado por su contrato a traspasar el título o aquella parte del mismo que, tenía. ' ■

Hay mucha más razón para resolver que .Eusebio Mojica carece de cansa .de acción. El no tenía relación alguna contractual con González Lajo ni era su causakabiente. El ape-lado, según la demanda, solamente adquirió 29.52 cuerdas de las 32 que pertenecían a los herederos de Juan Barreto Pe-tana. Les compró terrenos pero no sus derechos de acción ■contra González Lajo, si es que algunos tenían. El apelado compró cuando ya constaba del Registro que la finca había sido traspasada a Juan Delgado. El daño o perjuicio, si alguno hubo, se había causado a la sucesión, y si ellos le vendieron algo sin título alguno, su acción procede contra los mismos. Si tenían el título, entonces todavía tendría él una causa de acción contra Juan Delgado, quien según hemos visto, no adquirió título alguno contra los herederos de Juan Barreto Petana.

No se ha hecho alegación alguna de que Juan Delgado adquiriera por prescripción el dominio de los terrenos, im-pidiendo así que el demandante recobrara el terreno ni podría hacerse tal alegación porque, según la demanda, la posesión de González Lajo es fraudulenta y no se ha alegado que Juan Delgado haya estado en posesión por diez años.

La demanda es defectuosa de cualquier manera por no alegarse en ella ningún deber u obligación por parte del apelante para con el apelado o de que le sucediera en los derechos de alguno de los herederos de Juan Barreto.

La sentencia debe ser revocada y dictarse otra a favor del demandado, sin especial condenación de costas.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Juez disidente: Sr. MacLeary.

El Juez Asociado Sr. del Toro firmó haciendo constar estar conforme con la..sentencia, pero nó con todas los razona-mientos consignados qn la opinión.

La moción de reconsideración presentada en este caso fué .declarada sin lugar.