author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

text:
    BL Investment Inc., peticionario, v. Hon. Franklyn Rivera Rivera, Registrador de la Propiedad, Sección de Fajardo, recurrido.

      Número: RG-2008-03

      Resuelto: 4 de marzo de 2011

      Teodoro L. Tapia Gómez, abogado de la parte peticionaria; Franklin Rivera Rivera, registrador de la propiedad, parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario, BL Investments Inc., nos solicita que revoquemos la recalificación del Registrador de la Propie-dad de la Sección de Fajardo, Hon. Franklin Rivera Rivera, mediante la cual denegó la inscripción de una escritura de venta judicial. La escritura concedía al peticionario el cin-cuenta por ciento (50%) en común pro indiviso de una finca como perteneciente al Sr. Eduardo Enrique Sánchez Claudio. No obstante, según consta en el Registro de la Propiedad, esta fue adquirida por el matrimonio formado por el señor Sánchez Claudio y la Sra. Emma Maymí García, quien falleciera intestada posteriormente.

Resolvemos que no procede su inscripción en el Registro de la Propiedad porque la comunidad postganancial for-mada por el señor Sánchez Claudio y los herederos de la causante no ha sido liquidada. A su vez, los herederos no han consentido a la otorgación de la escritura de venta judicial de una participación específica sobre el inmueble.

A continuación, exponemos los hechos que dieron géne-sis a la controversia ante nuestra consideración.

I

El 13 de septiembre de 1973, el Sr. Eduardo Sánchez Claudio y su esposa, la Sra. Emma Maymí García, compraron la finca 5534, inscrita al Folio 95 del Tomo 103 del Registro de la Propiedad de Luquillo. Surge del Registro de la Propiedad el fallecimiento de la señora Maymí García el 12 de febrero de 1987 y la inscripción subsiguiente del de-recho hereditario a favor de los herederos de la causante con relación a la finca.

Así las cosas, BL Investments Inc. obtuvo una sentencia en rebeldía de cobro de dinero contra el señor Sánchez Claudio por la suma de veintidós mil quinientos dólares ($22,500) de principal, catorce mil doscientos ochenta y seis dólares con cuarenta y cinco centavos ($14,286.45) de intereses al 18 de junio de 1998 y los que de ahí en ade-lante se acumularan al prime rate anual, y la suma de dos mil doscientos cincuenta dólares ($2,250) por honorarios de abogado. Esta fue anotada en el Registro de Sentencias del Registro de la Propiedad el 24 de abril de 2003. Posterior-mente, se obtuvo una Orden y Mandamiento de Ejecución de la Sentencia para “la venta en pública subasta de la porción de 50% del demandado del... inmueble para con el producto de la venta pagar a la parte demandante las can-tidades adeudadas de la Sentencia”.

El 4 de diciembre de 2003 se celebró la subasta y se adjudicó la buena pro al peticionario por la suma de treinta y nueve mil treinta y seis dólares con cuarenta y cinco centavos ($39,036.45). Según el acta de subasta emitida, el 25 de marzo de 2004, el notario Teodoro L. Tapia Gómez otorgó la Escritura Núm. 44 de Venta Judicial por la cual el peticionario adquiría el cincuenta por ciento (50%) pro indiviso de Eduardo Enrique Sánchez Claudio en la propiedad.

Así las cosas, el 23 de abril de 2004, BL Investments Inc. presentó la escritura al Registro de la Propiedad. Em-pero, su inscripción fue denegada el 30 de agosto de 2007, toda vez que la finca aparece inscrita a favor del señor Sánchez Claudio y sus hijos, mientras que en la escritura solamente comparecía como demandado el señor Sánchez Claudio. Oportunamente, el peticionario presentó el escrito de recalificación en el que alegó que el señor Sánchez Claudio era dueño del cincuenta por ciento (50%) pro indiviso de la propiedad y que no existía “disposición legal alguna que prohíba la compraventa de la parte de un codueño, y por el contrario el Artículo 333 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 1278, lo permite”.

Por su parte, el Registrador de la Propiedad denegó la inscripción el 8 de noviembre de 2007. Apuntó que

[1] a finca consta inscrita a favor de una comunidad hereditaria en la que los herederos y el viudo son los dueños de todos los activos y pasivos del causante hasta que ocurra el acto particional. El Art. 95 de la Ley Hipotecaria dispone que no se inscribirán enajenaciones o gravámenes de cuotas específicas en una finca que no se haya adjudicado antes en la correspon-diente partición. Caso de Sociedad de Gananciales v. Registrador, 151 D.P.R. 315 (2000).
El acto particional confiere a cada heredero la propiedad ex-clusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados. Art. 1021 CCPR, 31 LPRA 2901.
No es inscribible la venta judicial ante nuestra consideración porque no es ejecutable una participación concreta de una finca perteneciente a una comunidad hereditaria en la que no ha mediado una partición y adjudicación. Caso de Osorio v. Registrador, 113 D.P.R. 136 (1982).

El peticionario instó un nuevo escrito de recalificación. Expresó que aunque el cincuenta por ciento (50%) de la propiedad fue inscrito a favor de la comunidad hereditaria, el restante “constaba inscrito a favor del señor Sánchez Claudio como patrimonio exclusivo en común pro indiviso, por ser su mitad ganancial de la adquisición por compra que realizó junto a su esposa, ya fallecida”. Añadió que era solamente con relación a la mitad perteneciente a la comunidad hereditaria sobre la que operaba el Art. 95 de la Ley Hipotecaria y del Registro de Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2316. Señaló que esa disposición no permitía la ins-cripción de cuotas específicas antes de la partición de la herencia, salvo cuando comparecieran todos los herederos en escritura pública dando su consentimiento o mediando una resolución judicial firme. Concluyó que la venta judicial de referencia era inscribible en cuanto al cincuenta por ciento (50%) de la propiedad perteneciente al señor Sán-chez Claudio, puesto que el acreedor de un comunero puede, para hacer efectivo su crédito contra este, embargar la participación o el interés exclusivo de los bienes, y venderla y adjudicársela en subasta pública en conformidad con lo expresado en Carle Dubois v. Benitez, 46 D.P.R. 188 (1934).

El 21 de enero de 2008, el Registrador de la Propiedad denegó la inscripción de la escritura por los mismos funda-mentos esgrimidos en la notificación de 8 de noviembre de 2007.

Inconforme, el peticionario presentó el Recurso Guber-nativo de autos el 7 de febrero de 2008. Señaló las objecio-nes siguientes a la calificación:

1. Erró el Honorable Registrador de la Propiedad al determi-nar que la finca de la que se enajena el cincuenta porciento perteneciente a Eduardo E. Sánchez Claudio en la Escritura de Venta Judicial consta inscrita a favor de una comunidad hereditaria.
2. Erró el Honorable Registrador de la Propiedad al determi-nar que la escritura de venta judicial es una ejecución de una participación concreta de una finca perteneciente a una comu-nidad hereditaria.
3. Erró el Honorable Registrador de la Propiedad al denegar la inscripción de la escritura de venta judicial cuarenta y cuatro de veinticinco de marzo del dos mil cuatro ante el notario Teo-doro L. Tapia Gómez. (Énfasis en el original.) Recurso guber-nativo, págs. 4-5.

El peticionario presenta ante nos los mismos argumen-tos expuestos en sus escritos de recalificación.

Por su parte, el Registrador expresa que surge del Re-gistro que la finca está inscrita a nombre del señor Sán-chez Claudio y de sus hijos como miembros de una comu-nidad de herederos. Arguye que aunque el derecho hereditario en abstracto es enajenable, no es así respecto a un inmueble en específico. Esboza que hasta que ocurra el acto particional, todos los activos y pasivos pertenecen a la comunidad hereditaria. Sostiene, además, que dado que la escritura cede una porción específica sobre un inmueble, esta no procede en derecho. Añade que tres (3) de los cua-tro (4) herederos no fueron traídos como parte ni notifica-dos de la acción de cobro de dinero.

Contando con la comparecencia de ambas partes, proce-demos a resolver.

II

A. La sociedad de gananciales y la comunidad post-ganancial

La Sociedad Legal de Bienes Gananciales es el régimen económico supletorio establecido en el Código Civil de Puerto Rico que rige durante el matrimonio a falta de capitulaciones matrimoniales válidas. R. Serrano Geyls, Derecho de familia de Puerto Rico y legislación comparada, San Juan, Ed. U.I.A., 1997, Vol. 1, pág. 320. Esta empieza el día de la celebración del matrimonio y concluye al disolverse, ya sea por muerte, divorcio o nulidad. 31 L.P.R.A. sees. 3681 y 3712.

Durante su vigencia, existe una presunción de ganan-cialidad sobre todos los bienes del matrimonio, así como sobre las deudas y obligaciones que fueran asumidas por cualquiera de los cónyuges durante este. 31 L.P.R.A. secs. 3647 y 3661. Véanse: Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 D.P.R. 966 (2010); Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583 (1968). No obstante, su disolución conlleva la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges. 31 L.P.R.A. sec. 381.

Tras la disolución del matrimonio, y por consiguiente la conclusión de la sociedad de gananciales, ambos ex cónyuges participan por partes iguales en una comunidad ordinaria de bienes que exhibe características propias y que está compuesta por todos los bienes del haber antes ganancial. Véanse: J.L. LaCruz Berdejo y otros, Elementos de Derecho Civil, 4ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1997, T. IV, pág. 353; Serrano Geyls, op. cih, pág. 457; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. IV, pág. 164. Esta comunidad postganancial carece de regulación legal, pero como hemos expresado, está sujeta a las normas establecidas en los Arts. 326 al 340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1271-1285, de no haber contrato o disposiciones especiales. Véanse: Montalván v. Rodríguez, supra, págs. 421-422; Metropolitan Marble Corp. v. Pichardo, 145 D.P.R. 607 (1998); Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219 (1984). Sin embargo, se distingue por ser una comunidad ordinaria de la que sus comuneros ostentan una cuota abstracta sobre la antigua masa ganancial y no una cuota concreta sobre cada bien que la compone. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra; Pagán Rodríguez v. Registradora, 177 D.P.R. 522 (2009); Cruz v. Sucn. González, 72 D.P.R. 308, 318 (1951). Véanse: Serrano Geyls, op. cit., pág. 457; LaCruz Berdejo, op. cit., págs. 353-354; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 7ma ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. IV, págs. 215-216. Véase, además, R. Rosario Cortés, La comunidad de bienes antes y después de disolverse el matrimonio: sociedad legal de gananciales y comunidad de bienes postganancial, 44 Rev. Jur. U.I.P.R. 67, 73-74 (2009-2010). Tal característica la asemeja a la comunidad hereditaria. LaCruz Berdejo, op. cit, pág. 354; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. EDERSA, 1999, T. XVIII, Vol. II, págs. 587-591; A. de Cossio y Corral, Tratado práctico y crítico de Derecho Civil, Madrid, Ed. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1963, pág. 248. Esto, pues "se mezclan y confunden provisionalmente los bienes de los ex cónyuges hasta que se liquida finalmente la comunidad”; momento en el cual se concreta el derecho a la mitad del patrimonio en bienes determinados. Montalván v. Rodríguez, supra, pág. 416; Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra. Véase, además, Rosario Cortés, supra.

Por otra parte, durante la vigencia de la comunidad postganancial, que puede extenderse por un tiempo prolongado hasta su liquidación, cada uno de los cónyuges posee una cuota independiente, alienable y homogénea con el derecho a intervenir en la administración de los bienes comunes y a pedir su división. Montalván v. Rodríguez, supra, págs. 421-422, citando a LaCruz Berdejo y otros, op. cit., pág. 353; Vega v. Tossas, 70 D.P.R. 392 (1949). Por lo tanto, el cónyuge puede válidamente vender, ceder o traspasar sus derechos y acciones sobre la masa de la comunidad previo a su liquidación final, mas no puede disponer por sí mismo de bienes de la comunidad, o cuotas determinadas y específicas de éstos debido a que la comunidad se gobierna por el “régimen de mayorías para la gestión y de unanimidad para los actos de disposición”. LaCruz Berdejo, op. cit, págs. 353-354. Véanse: Alameda v. Registrador, 76 D.P.R. 230 (1954); Cruz v. Sucn. González, supra; Cortés v. El Registrador, 20 D.P.R. 141 (1914); Escalera v. Falú et al., 19 D.P.R. 751 (1913). Véase, además, de Cossio y Corral, op. cit., págs. 244-245. No obstante, cabe señalar que el comprador adquiere estos derechos y acciones sujetos a la liquidación. Véanse: Alameda v. Registrador, supra; Vega v. Tossas, supra.

Por todo lo anterior, no podemos sostener que tras la disolución del matrimonio y previo a la liquidación de la comunidad postganancial, el cónyuge deudor tenga inscrita la mitad del bien antes ganancial, sino que debe esperar a que el bien o la fracción de este le sea adjudicado. Pues, no es hasta la liquidación de la comunidad —proceso que requiere la formación de un inventario, el avalúo y la tasación de los bienes, así como el pago de deudas, cargas y obligaciones de la extinta sociedad de gananciales— que se puede afirmar la existencia de un sobrante o ganancia que ha de dividirse y adjudicarse entre los excónyuges o sus respectivos herederos. 31 L.P.R.A. secs. 3691 — 3701. Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, supra; Janer Vilá v. Tribunal Superior, supra.

B. Herederos del cónyuge finado y la comunidad post-ganancial

Por otra parte, debemos destacar que ante el fallecimiento de uno de los cónyuges, el patrimonio en liquidación tiene dos (2) titulares: el cónyuge superviviente y los herederos del cónyuge fallecido. Véanse: Méndez v. Ruiz Rivera, 124 D.P.R. 579 (1989); Cortés v. El Registrador, supra. Véanse, además, LaCruz Berdejo, op. cit., pág. 353; Serrano Geyls, op. cit, pág. 457; Puig Brutau, op. cit, pág. 164. Estos últimos “reciben la misma posición que hubiera tenido su causante en la comunidad disuelta”. LaCruz Berdejo, op. cit, pág. 354.

En tales casos, el proceso de liquidación de la comuni-dad postganancial es un requisito para la posterior partición entre herederos. Véase Méndez v. Ruiz Rivera, 124 D.P.R. 579 (1989); Piazza v. Registrador, 78 D.P.R. 301 (1955). Véase, además, E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, San Juan, Ed. U.P.R., 2005, pág. 491. Esto, pues, ambas comunidades coexisten y no es hasta la liquidación de la primera que se puede determinar lo que finalmente le corresponde a la segunda. L. Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, Derecho de familia y de la persona, Barcelona, Ed. Bosch, 2007, pág. 338; De Cossio y Corral, op. cit, págs. 242 y 252.

Ahora bien, durante la indivisión de la comunidad postganancial, esta se rige por las reglas aplicables a este tipo de comunidad. De Cossio y Corral, op. cit, pág. 250. No obstante, dadas las similitudes que comparten ambas comunidades y ante la carencia de una reglamentación legal, las normas de la comunidad hereditaria nos sirven de guía y pueden resultar aplicables por analogía con las adecuaciones necesarias. LaCruz Berdejo, op. cit., pág. 354.

C. Efectos regístrales durante la comunidad postganancial

Por otro lado, ante la conclusión de la sociedad de gananciales y la indivisión de la comunidad postganancial se generan numerosas situaciones con efectos registrales. Algunas han sido atendidas por nuestro ordenamiento. Por ejemplo, ya hemos sancionado la inscripción de la venta, la cesión o el traspaso de derechos y acciones sobre la masa de la comunidad postganancial previo a su liquidación. Cortés v. El Registrador, supra. No obstante, la inscripción de una enajenación está sujeta al resultado de la liquidación de la comunidad cuando no hay acuerdo entre los titulares para ello. Alameda v. Registrador, supra, pág. 246.

Asimismo, en aquellos casos en los que el matrimonio se disuelve por divorcio, el Art. 1330 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3714, permite la inscripción de la sentencia firme de divorcio, de esta recaer sobre bienes inmuebles. Sin embargo, el reglamento hipotecario requiere para estos casos iguales medidas que para la inscripción del derecho hereditario, restringiendo así la transmisión e inscripción de una participación concreta sobre una finca:

A tenor con lo dispuesto en el Artículo 95 de la “Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad” [30 L.P.R.A. sec. 2316] y la see. 870.198 de este título, tanto en la inscripción del derecho hereditario como en la sentencia de divorcio que pueda inscri-birse bajo el Artículo 1330 del “Código Civil” [31 L.P.R.A. sec. 3714], el Registrador hará constar claramente que la finca o derecho donde se inscriba pertenece a un patrimonio indiviso y que no podrán ser transmitidos o gravados cuotas o porciones del dominio sobre la finca o derecho de que se trate, sino por todos los titulares, a menos que haya mediado partición y adju-dicación inscrita a favor del transmitente. (Corchetes en el original.) Art. 102.1 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, Reglamento Núm. 2674 de 9 de julio de 1980, según enmendado. Véase además, Pagán Rodríguez v. Registradora, supra.

Estos límites para la transmisión o el gravamen de los bienes de la comunidad postganancial surgida por divorcio, así como para su inscripción en el Registro de la Propiedad, obedecen a que ambos cónyuges o sus herederos son copar-tícipes por partes iguales de la masa en liquidación como expusiéramos previamente. Puesto que los intereses que se pretenden proteger y los efectos que acarrean son simila-res, la postura que ha tomado nuestro ordenamiento en cuanto a la transmisión de bienes de la comunidad postga-nancial surgida por divorcio, así como para el derecho he-reditario, aplica a la comunidad postganancial en caso del fallecimiento de uno de los cónyuges. Por lo tanto, tampoco se inscribirán enajenaciones o gravámenes de cuotas espe-cíficas en un inmueble que no haya sido adjudicado antes en la correspondiente liquidación de la comunidad postga-nancial, salvo una partición previa y adjudicación inscrita a favor del transmitente o por el consentimiento de todos los titulares.

Por otro lado, en cuanto a la inscripción del derecho hereditario, el Art. 95 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, establece, en lo pertinente, que:

Se inscribirá el derecho hereditario a favor de todos los que resultaren herederos, cuando se trate de bienes adquiridos por herencia y no se haya hecho todavía la correspondiente parti-ción, si lo solicita alguno de los interesados; expresándose en el asiento la parte que a cada uno de ellos corresponda y el derecho a la cuota usufructuaria del cónyuge supérstite, si lo hubiere. En el caso de que se tratare de bienes que tengan la presunción de gananciales, la inscripción se verificará sólo en cuanto a la parte que pudiera corresponder al cónyuge difunto.
Para inscribir adjudicaciones concretas, deberán determi-narse en escritura pública o por resolución judicial firme, los bienes o partes indivisas de los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero, o también escritura pú-blica a la cual hayan prestado su consentimiento todos los interesados, si se adjudicare solamente una parte del caudal y aquellos tuvieren la libre disposición del mismo. No se inscribirán enajenaciones o gravámenes de cuotas es-pecíficas en una finca que no se haya adjudicado antes en la correspondiente partición. (Enfasis suplido.)

Por lo tanto, ante un presunto bien ganancial, el Regis-trador de la Propiedad carece de la facultad para extender la inscripción del derecho hereditario a la totalidad del bien. Este debe limitar la inscripción a favor de los herede-ros a lo que, según el Registro de la Propiedad, correspon-día al causante con relación a los bienes de la comunidad postganancial. Para ello no se requiere la liquidación previa de la sociedad de gananciales. Piazza v. Registra-dor, supra, pág. 304.

D. Acreedores privativos de un titular de la comunidad postganancial

Con relación a los acreedores de la extinta sociedad de gananciales, aplica la máxima de que “[l]a separación de bienes no perjudicará a los derechos adquiridos con anterioridad por los acreedores”. 31 L.P.R.A. see. 3715. Sin embargo, en cuanto a las deudas adquiridas por uno de los cónyuges tras la disolución del matrimonio, estas recaen sobre su propio patrimonio y no sobre el patrimonio común. Por ende, como cualquier otra obligación, el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros, incluyendo los que le correspondan de la comunidad postganancial. 31 L.P.R.A. sec. 5171. Empero, sobre estos últimos bienes —en conformidad con lo expresado— la res-ponsabilidad se limita a la cuota abstracta del deudor en la masa común y no podrá concretarse en bienes determina-dos sino hasta la liquidación de la comunidad. Diez-Picazo, op. cit, pág. 216.

A pesar de que la normativa expuesta es adecuada para resolver la controversia ante nos, estimamos prudente exa-minar cómo se ha atendido este asunto en España. A estos efectos, observamos que la distinguida Dirección General de los Registros y del Notariado de España ya ha exami-nado esta controversia desde hace décadas, es decir, ha analizado la enajenación de los derechos que a un excón-yuge le pueda corresponder sobre un bien común, y ha ad-mitido que

[d] isuelta la sociedad de gananciales y en tanto se ultima su liquidación, no puede afirmarse que la propiedad de cada uno de los concretos bienes que la integra corresponda a los cón-yuges por cuotas indivisas, de las que puedan disponer sepa-radamente o que puedan ser ejecutadas para la satisfacción de sus deudas privativas ....
... Debe tenerse en cuenta, además, que la satisfacción pre-via de las deudas y cargas de la sociedad conyugal puede de-terminar, incluso, la inexistencia misma de remanente parti-ble ....
Bien se comprende que los pretendidos “derechos de un cón-yuge sobre un concreto bien de la sociedad ganancial disuelta pero no liquidada” carecen de sustantividad jurídica y no pue-den ser configurados como un verdadero objeto de derecho susceptible de enajenación judicial; la incertidumbre sobre su mismo contenido impide su adecuada tasación y hace inviable su subasta en términos que garanticen equitativamente todos los intereses concurrentes, así los del ejecutado como los del actor y los de los eventuales postores .... Resolución de 8 de julio de 1991, Dirección General de los Registros y del Nota-riado, BOE Núm. 202 de 23 de agosto de 1991. Véase, además, Resolución de 6 de noviembre de 2009 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, BOE Núm. 7 de 8 de enero de 2010.

Por los mismos fundamentos, la Dirección General de los Registros y del Notariado incluso ha rechazado el re-flejo registral para el embargo de derechos de un titular sobre bienes concretos de la comunidad postganancial. Resolución de 20 de junio de 2007 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, BOE Núm. 173 de 20 de julio de 2007. Esto a diferencia del embargo de la cuota global que le corresponde al excónyuge de la comunidad postga-nancial; embargo que se puede anotar en lo que le pueda corresponder al deudor. Véanse: J.L. Seoane Spiegelberg, La protección del acreedor en la Sociedad Legal de Gananciales, en L. Zarraluqui, Temas de actualidad en derecho de familia, Madrid, Ed. Dykinson, 2006, pág. 233; Diez-Picazo, op. cit, pág. 216.

El análisis descrito nos persuade. Dado que durante la comunidad postganancial el excónyuge solamente posee «na cuota abstracta sobre la masa comunal, es contra ese interés sobre el que se puede dirigir el acreedor de sus deudas privativas. No obstante, los acreedores del cónyuge deudor no quedan desprotegidos, puesto que

... nuestro Código Civil contiene un sistema completo de de-fensa en favor de dichos acreedores, y no hace distinción entre las ocultaciones, simulaciones o enajenaciones hechas por otros deudores, en cualesquiera otras clases de obligaciones, y las ocultaciones, simulaciones o enajenaciones hechas por los cónyuges durante el matrimonio, o durante la comunidad de bienes que se produce desde que [se] disuelve la sociedad hasta que la liquidación y adjudicación final, a su vez, disuelve la comunidad. Alameda v. Registrador, supra, pág. 241.

A esos efectos, el acreedor tiene a su disposición los re-medios provistos con carácter general por el ordena-miento.

hH I — i J-H

Dentro del marco jurídico enunciado, procedamos a resolver la controversia de autos.

Comencemos por apuntar que hay presunción de ganan-ciales sobre la finca 5534. Así las cosas, tras el falleci-miento de la señora Maymí García, los titulares del inmue-ble son: el señor Sánchez Claudio y los herederos de la cónyuge finada. El primero, en cuanto a su cuota en la comunidad postganancial y en lo que le corresponda por ley con carácter de heredero forzoso; los segundos en cuanto a la posición que hubiera tenido su causante en la comunidad. No obstante, ambos ostentan una cuota abs-tracta sobre la masa ganancial y poseen sobre el referido inmueble aquel interés que el derecho sobre la totalidad del patrimonio les concede.

Aunque el peticionario objeta la determinación del Regis-trador de la Propiedad respecto a que la finca consta ins-crita a favor de una comunidad hereditaria, tal determina-ción es correcta en cuanto a la parte que pudiera corresponder al cónyuge difunto. Esto al amparo del Art. 95 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, que dispone que la inscripción del derecho hereditario se verificará solo en cuanto a la parte que pudiera correspon-der al cónyuge difunto. Como consecuencia, esa comunidad no abarca la totalidad del bien. Por lo tanto, es incorrecto señalar que no es transmisible una participación concreta de la finca hasta la partición y adjudicación de la comunidad hereditaria. Habrá que esperar a la liquidación de la comu-nidad postganancial para confirmar tal expresión.

En el caso de autos, surge del Registro de la Propiedad la inscripción a favor de los herederos de la participación del causante y, por consiguiente, del régimen de comuni-dad postganancial en el que se halla el inmueble.

Por otro lado, a pesar de que el señor Sánchez Claudio tiene derechos sobre parte de la comunidad postganancial y tiene la facultad para vender, ceder o traspasar sus de-rechos en los bienes de la comunidad previo a su liquida-ción final, a este corresponde solamente una cuota abs-tracta sobre la masa ganancial y no una cuota concreta sobre cada bien. Esa cuota —que en un principio es la mi-tad de los beneficios y de las cargas— se materializará pos-teriormente a través de la liquidación de la comunidad, momento cuando se conocerá si existen o no bienes ganan-ciales a repartir a su favor y si la finca en cuestión es uno de ellos. A estos mismos principios está sujeto el comprador de tales derechos.

El peticionario argumenta que según el Art. 333 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1278, y lo resuelto en Carle Dubois v. Benitez, supra, el acreedor de un comunero puede embargar la participación o el interés en su parte específica de los bienes y venderla en subasta pública para hacer efectivo su crédito contra el comunero-deudor. No nos convencen sus argumentos tras examinar con deteni-miento los hechos ante nos.

Ciertamente, la comunidad postganancial es una comunidad ordinaria de bienes que está sujeta a las nor-mas establecidas en los Arts. 326 al 340 del Código Civil, supra, de no haber contrato o disposiciones especiales. No obstante, hemos señalado que la comunidad postganancial como sucesora de la sociedad de gananciales tiene unas características propias y que a pesar de que sus comuneros cuentan con una cuota, esta no recae sobre cada bien, sino sobre la totalidad de la masa otrora ganancial. Por lo tanto, la aplicación de las disposiciones de la comunidad de bienes ordinaria se circunscribe a aquello compatible con la naturaleza de la comunidad postganancial. Por ello, el embargo de la participación del comunero debe atenerse a las particularidades de la comunidad postganancial, esto es, al interés del comunero en la masa y no en un bien específico.

Además, el caso de autos es distinguible de lo resulto en Carle Dubois v. Benitez, supra. En ese caso autorizamos el embargo y la venta de la participación correspondiente al señor Benitez Díaz en un bien de la comunidad que éste formara con herederos de su fallecida esposa. En ese caso acogimos la alegación de una de las partes respecto a que se había practicado un inventario y liquidación de los bie-nes de la comunidad postganancial, constituyéndose una comunidad ordinaria en todos sus extremos entre el cón-yuge viudo y los herederos. íd., pág. 192. Además, el acree-dor se limitó a solicitar cualquier derecho, interés o parti-cipación que pudiera tener el deudor en el inmueble indiviso. íd., pág. 194.

A contrario sensu, en el caso de autos, el peticionario compró por venta judicial un porcentaje concreto del bien inmueble cuando solamente era transmisible la participa-ción del señor Sánchez Claudio sobre la totalidad del patrimonio. Ello, por no ser enajenable una participación concreta sobre el bien para satisfacer una deuda privativa sin la debida liquidación de la comunidad que nos compete. Ya luego de liquidada esa comunidad postganancial, de co-rresponder al cónyuge viudo una participación concreta so-bre el bien, ésta es ejecutable e inscribible. En vista de lo anterior, no procede requerir al Registrador de la Propie-dad que inscriba la escritura que concede al peticionario un porcentaje concreto de la propiedad como pretende.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la denega-toria de inscripción.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La Sucesión de Maymí García está compuesta por sus hijos —Eduardo Enrique Sánchez Maymí, Ana Alicia Sánchez Maymí y Miguel Ángel Sanchez Maymí— así como su esposo en cuanto a la cuota usufructuaria.

       Apéndice del Recurso gubernativo, págs. 10-13.

       íd., pág. 25.

       íd., pág. 26.

       íd., pág. 27.

       Sin embargo, de no liquidarse la comunidad de bienes en un plazo corto, cabe examinar si el aumento o la disminución del valor del patrimonio al momento de la liquidación responde al mero pasar del tiempo o a la gestión exclusiva de uno de los cónyuges, puesto que de rebatirse la presunción de equivalencia de cuotas, el au-mento en valor del bien o en la producción de frutos se dividirá conforme al trabajo y la gestión de cada excónyuge. Montalván v. Rodríguez, 161 D.P.R. 411 (2004).

       Las disposiciones relativas a la aceptación de la herencia a beneficio del inventario y el derecho a deliberar aplican al proceso de liquidación de la sociedad de gananciales como derecho supletorio. 31 L.P.R.A. sec. 3699. Véase Janer Vilá v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 281 (1964).

       Este Tribunal se expresó con relación al límite de la inscripción del derecho hereditario en bienes que forman parte de una comunidad postganancial, previo a que se promulgara la ley hipotecaria de 1979. En García v. El Registrador de Guayama, 27 D.P.R. 624, 627 (1919), expresamos:
      "... Todo lo que correspondía al difunto corresponde ahora a sus herederos y para verificar la inscripción en que así conste no se requiere en verdad como ele-mento indispensable la liquidación de la sociedad de gananciales .... [E]l registrador teniendo en cuenta las constancias del registro pudo limitarse a inscribir lo que, según el registro, correspondía al causante de los peticionarios, esto es, la mitad de las fincas, sujeta la inscripción a las resultancias de la liquidación de la sociedad de gananciales.”
      Hoy, las disposiciones pertinentes de la ley hipotecaria requieren expresamente la inscripción del derecho, en cuanto a lo que le correspondería al cónyuge finado con relación a los bienes de la comunidad postganancial.

       La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado “cons-tituye un alto y científico cuerpo de doctrina, en materia civil e hipotecaria, que orienta, aunque no vincule, en el proceso o procedimiento relativo a la inscripción, suspensión o denegación de los asientos solicitados”. J.L. LaCruz Berdejo y otros, Elementos de Derecho Civil: III Bis Derecho Inmobiliario Registral, Madrid, Ed. Dykinson, 2001, pág. 294, citando la Sentencia de 22 de diciembre de 1994.

       En Alameda v. Registrador, 76 D.P.R. 230 (1954), tuvimos la oportunidad de hacer un análisis profundo sobre las acciones que tiene disponible el acreedor para proteger la realización de su derecho al cobro de un crédito durante la comunidad postganancial.

       Cónsono con esto y con relación a la finca, surge de la inscripción del derecho hereditario en el Registro de la Propiedad lo siguiente:
      “Descripción: Urbana: Descrita conforme.
      “Cargas: Servidumbres que se relacionan en la inscripción Ira, y a la hipoteca que resulta de la misma.
      “Inscrita a favor de Eduardo E. Sánchez Claudio y su esposa Emma Maymi.
      “Titular fallecido: Emma Maymi García ... falleció en Río Piedras, el día 12 de febrero de 1987, sin otorgar testamento.
      “En Resolución emitida el día 12 de marzo de 1990, fueron declarados únicos y universales herederos de la causante sus hijos ... y su esposo Eduardo Enrique Sán-chez Claudio, ... en la cuota usufructuaria que determina la ley.
      “Instancia dirigida al Registrador de la Propiedad de fecha 25 de mayo de 1990, suscrita bajo affidavit número 8766 ante Frank Quiñones, en que se solicita se ins-criba la participación del causante a favor de los mismos.”

       Dispone el Art. 333 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1278, como sigue:
      “Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utili-dades que le correspondan, pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla o hipo-tecarla, y aun sustituir otro en su aprovechamiento y darla en arrendamiento, salvo si se tratare de derechos personales, pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños, estará limitado a la porción que se les adjudique en la división al cesar la comunidad, y el efecto del arrendamiento será conferir al arren-datario, durante el término del contrato, las facultades del condueño en orden a la administración y mejor disfrute de la cosa común.”


source: Caselaw Access Project

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license: Public Domain

text:
      In re Luis A. Nieves Nieves, querellado.

      Número: CP-2009-10

      Resuelto: 7 de marzo de 2011

      Carmen A. Rivera Cintrón, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; Osvaldo Toledo Martínez, abogado del querellado; Crisanta Gonzá-lez Seda, comisionada especial.
   per curiam:

A menos que la práctica del Dere-cho se atempere con una preocupa-ción genuina de servir el bien co-mún con una definición más profunda y abarcadora de la respon-sabilidad social del abogado además de atender los intereses del cliente a quien represente, no será m[á]s que una herramienta para satisfacer in-tereses privados con preocupación principal en los márgenes de ganancia.

G. Figueroa Prieto, Reglamentación de la conducta profesional en Puerto Rico: pasado, presente y futuro, 68 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 729, 801 (1999).

I

El Ledo. Luis A. Nieves Nieves fue admitido al ejercicio de la abogacía el 7 de julio de 1992 y al del notariado el 5 de julio de 1993. Fue suspendido de la práctica de la notaría mediante una opinión emitida por este Tribunal el 3 de julio de 2007. In re Nieves Nieves, 171 D.P.R. 843 (2007). Los hechos que originan esta querella surgen luego de que, en su desempeño como abogado, el licenciado Nieves Nieves acordara representar a la Sra. Claribel Collazo Rosado en el caso Claribel Collazo Rosado v. Universidad de Puerto Rico, KDP 1999-1062, que se presentó en junio de 1999, al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146-151). Mediante dicha demanda, la señora Collazo Rosado exigió el resarcimiento de los su-puestos daños y perjuicios ocasionados por la Universidad de Puerto Rico (U.P.R.) al no renovarle el contrato de empleo, luego de que trabajara para dicha institución por cuatro años.

El 22 de mayo de 2000 la U.P.R., por conducto de su representación legal, presentó una moción de desestima-ción en la que adujó que no procedía la desestimación del pleito por no aplicar a la U.P.R. la Ley Núm. 100, supra. La U.P.R. fundamentó su posición en que al ser ésta una cor-poración pública que no opera como empresa privada, queda fuera del alcance de esta ley. Posteriormente, el 9 de junio de 2000 el Tribunal de Primera Instancia ordenó a todas las partes en el pleito que en diez días replicaran en torno a la moción de desestimación presentada. Debido a que el licenciado Nieves Nieves no cumplió con la orden del Tribunal de Primera Instancia dentro del término seña-lado, la representación legal de la U.P.R. requirió al tribunal que desestimara el pleito.

Así las cosas, en la vista de seguimiento celebrada el 8 de agosto de 2000, el tribunal concedió quince días adicio-nales al abogado Nieves Nieves para que replicara a la moción de desestimación de la U.P.R. Pasados más de dos meses desde que se celebró la vista de seguimiento, la U.P.R. repitió su solicitud de desestimación. La parte de-mandante —representada por el licenciado Nieves Nieves— contestó unos interrogatorios que se le cursaron fuera de término y, con ello, violó la orden que dictó en sala abierta el foro primario para que los contestara dos meses antes.

El 25 de octubre de 2000 se celebró la Conferencia con Antelación a Juicio. Sin embargo, el letrado Nieves Nieves no ayudó a confeccionar el informe con antelación al juicio, no compareció a esta reunión ni excusó su incom-parecencia. El tribunal emitió una minuta en la que le re-quirió, entre otras cosas, que mostrara justa causa por la cual no debía ser sancionado por su incomparecencia a la conferencia pautada. Además, se le impuso una sanción económica de $100 a favor del Estado y una sanción adicio-nal de $100 a favor de la otra parte. Por último, el mismo día en que no se pudo celebrar la Conferencia con Antela-ción al Juicio, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden para mostrar causa en la que concedió un término fatal de diez días para que el licenciado Nieves Nieves ex-presara por qué no se le debían imponer sanciones econó-micas adicionales a las ya impuestas.

A pesar del trámite largo y accidentado que tuvo este caso, el licenciado Nieves Nieves nunca presentó escrito alguno al Tribunal de Primera Instancia para defender los intereses de su cliente ni para cumplir con las órdenes de ese foro. En cambio, mantuvo un patrón de desdén e indi-ferencia que culminó en una sentencia desestimatoria de la acción el 10 de mayo de 2001.

Por este patrón de dejadez, la señora Collazo Rosado presentó una queja jurada el 24 de noviembre de 2007 en nuestra Secretaría. En ese documento relató que nunca fue notificada del trámite procesal del caso. De igual forma, señaló que no fue informada de la desestimación de su caso hasta el 2006.

Por otro lado, la señora Collazo Rosado alegó que durante el proceso judicial, el abogado Nieves Nieves le informaba que el caso iba bien, que tenía un 95% de probabilidad de prevalecer y que la U.P.R. la reclutaría nuevamente, cosa que no sucedió. La señora Collazo Rosado indicó, además, que siempre estuvo dispuesta a negociar con la parte demandada, pero el abogado no quiso hacerlo y prohibió que ella se comunicara sobre los pormenores del caso con personas vinculadas a la U.P.R.

El licenciado Nieves Nieves contestó la queja el 25 de abril de 2008. Señaló que la razón por la cual no prosperó el caso fue porque la U.P.R. prevaleció cuando el tribunal acogió una moción de sentencia sumaria. Según el licen-ciado Nieves Nieves, a la señora Collazo Rosado se le noti-ficó la moción de sentencia sumaria, pero no se presentó a su oficina hasta el 2006. Adujo, por otro lado, que nunca le infundió a su cliente esperanza alguna de que iba a preva-lecer en el pleito ni le prohibió negociar con la parte demandada.

La señora Collazo Rosado replicó a la contestación del querellado el 5 de septiembre de 2008. Indicó que le pagó $500 para los gastos iniciales. Se reafirmó en sus alegacio-nes originales y en que la desestimación del caso fue por la incomparecencia del querellado en más de tres ocasiones en las que fue citado por el Tribunal de Primera Instancia. Añadió que para el 2003, cuando ya el caso había sido des-estimado, el abogado le solicitó una evaluación siquiátrica que se usaría en el caso. La señora Collazo Rosado se so-metió a la evaluación siquiátrica y entregó a su abogado el informe con el resultado. Por último, informó que cuando se enteró de la desestimación, el abogado no le informó la razón por la cual el caso no prosperó y le habló de una apelación que estaría lista en treinta días.

Mediante una Resolución de 4 de junio de 2009, ordena-mos a la Procuradora General la presentación de la quere-lla formal con los cargos correspondientes para continuar con el procedimiento disciplinario. En la querella se le imputó al licenciado Nieves Nieves la violación de los Cánones 9, 12, 18, 19, 35 y 38 del Código Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Al contestar la querella, el abogado Nieves Nieves, por conducto de su abogado, aceptó las infracciones de los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38, mas no aceptó la infracción del Canon 35. Por esta razón designamos a la Leda. Crisanta González Seda como Comisionada Especial para que recibiera la prueba necesaria y rindiera el informe sobre los hechos en controversia.

Como consecuencia de lo anterior, la comisionada Gon-zález Seda celebró una vista evidenciaría y emitió su in-forme, en el que respondió negativamente a la única con-troversia planteada, a saber, la violación al Canon 35. Con el beneficio del Informe de la Comisionada y de las comparecencias de la Procuradora General y del licenciado Nieves Nieves, procedemos a resolver.

II

Infracción del Canon 9

Según establece el Preámbulo de nuestro Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX n., “es de primordial importancia instituir y mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía”, por lo que “[l]a consecución de estos fines le impone a los miembros de la profesión jurídica, sobre quienes recae principalmente la misión de administrar la justicia y de interpretar y aplicar las leyes, el deber de desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e integridad”.

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, obliga al abogado a cumplir con su deber de atender pronta y diligentemente las órdenes del tribunal. Ordena, de igual forma, comparecer a los señalamientos notificados por el tribunal. Esto es corolario del respeto profundo que deben tener los abogados hacia el foro judicial. In re Otero Fernández, 145 D.P.R. 582 (1998).

El deber que nace al amparo del este Canon 9 se ex-tiende a todos los tribunales. En efecto, en In re Roídos Matos, 161 D.P.R. 373, 383 (2004), mencionamos lo siguiente:

Aunque el deber de respeto para con los tribunales que re-coge el Canon 9 lo hemos utilizado mayormente para sancio-nar la inatención de los abogados a requerimientos de este Tribunal dentro de procedimientos disciplinarios, de igual forma este postulado ético incluye indubitadamente el deber de todo profesional del derecho de atender con igual diligencia y seriedad las órdenes del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal [de] Apelaciones. (Escolio omitido.)

De igual forma, hemos reiterado en innumerables oca-siones que “ 'la desatención a las órdenes emitidas por los tribunales de justicia constituye un grave insulto a la au-toridad de éstos, en directa violación al deber de la conducta exigida por el referido Canon [9]’ (Corchetes en el original.) Id., citando el texto no publicado de In re Quevedo Cordero, 147 D.P.R. Ap. (1999).

Un análisis del trámite procesal del caso que propició esta querella revela que el Ledo. Luis A. Nieves Nieves hizo caso omiso a varias órdenes del Tribunal de Primera Instancia que le requerían replicar a la moción de desesti-mación presentada por la U.P.R. Asimismo, el letrado Nieves Nieves no compareció a la vista de conferencia con an-telación al juicio ni confeccionó el informe correspondiente, lo que ocasionó la suspensión de la vista. Incluso, el Tribunal de Primera Instancia impuso sanciones económicas al abogado por no cumplir con los términos. La reiterada in-acción del abogado ocasionó la desestimación de la de-manda, como sanción por el incumplimiento con las órde-nes del tribunal. En definitiva, como confiesa el propio querellado, su actuación infringió el referido Canon 9.

III

Infracción del Canon 12

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, impone al abogado el deber de tramitar las causas con puntualidad y diligencia. In re Vélez Lugo, 168 D.P.R. 492, 496 (2006). Asimismo, impone a los abogados la obligación de ser responsables en la tramitación de los casos que les son encomendados, para evitar que se entorpezca su resolución. In re López Montalvo, 173 D.P.R. 193 (2008).

Este canon dispone:

Canon 12. Puntualidad y tramitación de las causas
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de sus causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razo-nes poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente. (Enfasis suplido.)

El abogado debe cumplir con la obligación que se esta-blece en el Canon 12 en todas las etapas de un litigio. In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003); In re Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113 (1996). Conforme con lo anterior, se ha en-fatizado que los abogados deben la más estricta observan-cia a las órdenes judiciales. De otro modo, pueden quedar sujetos al rigor disciplinario. In re Collazo I, supra, pág. 148.

La continua desobediencia de las órdenes del tribunal demuestra una grave infracción a los principios básicos de ética profesional, que exigen el mayor respeto hacia los tribunales. In re Collazo I, supra, pág. 149. El comportamiento de todo abogado “ ‘no debe ser otro que el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial’ ”. In re Díaz Alonso, Jr, 115 D.P.R. 755, 762 (1984). La incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal que ocasione la suspensión y, peor aún, la desestimación de la acción judicial es una violación patente del Canon 12 del Código de Etica Judicial, supra. In re López Montalvo, supra; In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003).

La falta de diligencia del licenciado Nieves Nieves en la tramitación del caso se manifestó al no oponerse este a una moción de desestimación, al no comparecer a una vista y, por último, al incurrir en dilaciones indebidas, motivadas por el incumplimiento con varias órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Al así actuar —como tam-bién admite el propio querellado— incurrió en una viola-ción al Canon 12, supra.

IV

Infracción del Canon 18

El Canon 18 (4 L.P.R.A. Ap. IX) establece, en parte:

Canon 18. Competencia del abogado y consejo al cliente
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está [sic] consciente de que no puede ren-dir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazo-nables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable. (Enfasis suplido.)
Más aún,
[e]l Canon 18 del Código de Etica Profesional, ante, exige a todo abogado el deber de desempeñarse de forma capaz y dili-gente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando de aquella forma que la profesión jurídica en general estima ade-cuada y responsable. Así el abogado debe emplear la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In re Cuevas Velázquez, 174 D.P.R. 433, 442 (2008).

“Así también hemos sostenido, sin ambages, que aquella actuación negligente que pueda conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso, se configura violatoria del citado Canon 18.” In re Pujol Thompson, 171 D.P.R. 683, 689 (2007). “Y así debe ser, pues el deber de diligencia profesional del abogado es del todo incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia.” íd.

Cuando se infringe el Canon 18, “el perjuicio directo lo padece la propia parte negligente no logrando la concreción de lo pretendido”. R.L. Vigo, Ética del abogado: conducta procesal indebida, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2003, pág. 103. Es decir, se afectan los intereses del cliente que el abogado negligente intenta defender. Es por esto que “[l]a ética profesional ... exige al abogado que conozca las normas jurídicas y actúe en consecuencia, y en la medida en que nos encontremos con una capacitación inadecuada o con una atención inde-bida a la causa encomendada, estaremos frente a una falta a aquella ética”. Id.

Por otro lado, la diligencia “implica que el [abogado] realice las gestiones que le fueron encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solución de la controversia”. S. Steidel Figueroa, Ética y Responsabilidad del Abogado, San Juan, Pubs. J.T.S, 2010, pág. 179. En otras ocasiones hemos discutido situaciones prácticas que plantean una violación al deber de diligencia que impone el Canon 18. Entre estas, cabe destacar las siguientes:

1. No comparecer a los señalamientos del tribunal.

2. No contestar los interrogatorios sometidos.

3. No informar a las partes sobre la presentación de un perito.

4. Desatender o abandonar el caso.

5. Permitir que expire el término prescriptivo o jurisdic-cional de una acción.

6. Cualquier tipo de actuación negligente que pueda conllevar o, en efecto, resulte en la desestimación o archivo del caso. In re Vilches López, 170 D.P.R. 793, 798 (2007).

El licenciado Nieves Nieves, al representar a la señora Collazo Rosado, tenía el deber insoslayable de proteger los intereses de ésta y desempeñarse a la altura que requiere la profesión legal. La desatención del letrado querellado a las múltiples órdenes que emitió el Tribunal de Primera Instancia, su incomparecencia al señalamiento de vista so-bre conferencia con antelación al juicio y no preparar el informe relacionado, además de no oponerse a una moción de desestimación de la acción de su representada, la se-ñora Collazo Rosado, constituye una violación del Canon 18 del Código de Etica Profesional, como acepta cándida-mente el licenciado Nieves Nieves.

V

Infracción al Canon 19

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, impone a todo abogado el deber de mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que se le ha encomendado. Esto significa que todo abogado está obligado a informar a sus clientes sobre las gestiones realizadas para la tramitación de la causa de acción para la que fue contratado. In re García Ortiz, 176 D.P.R. 123 (2009). El deber de informar al cliente es un elemento imprescindible de la relación fiduciaria del abogado y el cliente. Por eso, la actuación de un abogado de mantener ajeno a su cliente de las incidencias de su caso lesiona el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, y al proceso general de impartir justicia. In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978).

El abogado que acepta un caso y no demuestra la competencia y diligencia que exige el ejercicio de la abogacía, y que no mantiene al cliente informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso, viola lo dispuesto tanto en el Canon 18 como en el Canon 19. In re Rosario, supra.

Al examinar el derecho comparado, notamos que la Re-gla 1.4 de Conducta Profesional de la American Bar Association impone al profesional del Derecho —al igual que lo hace nuestro Código de Ética Profesional— la tarea de mantener al cliente informado del estatus del caso. De esta forma, al mantener comunicación constante y regular con el cliente, se minimizan las ocasiones en que éste tiene que recurrir al abogado a buscar información sobre su caso. A.B.A., op. cit, pág. 18.

Hemos expresado, además, que un abogado no sólo debe representar a su cliente con fidelidad, lealtad y diligencia, sino que debe mantenerlo informado de todo asunto impor-tante que surja en el desarrollo del caso cuya atención le ha sido encomendada. In re Cardona Vázquez, supra, págs. 17-18. Es por eso que la comunicación con el cliente sobre fases importantes de los asuntos que atiende el abogado debe ser directa y efectiva. In re Maduro Classen, 137 D.P.R. 426 (1994).

Resulta menester aclarar que el Canon 19 impone el deber de comunicación al abogado y no al cliente. Es decir, el abogado que no informa al cliente los asuntos importantes del caso porque el cliente se tomó inaccesible, no evade su responsabilidad. En ese caso es necesario que el abogado indique las gestiones que realizó para comunicarse con su cliente.

El letrado querellado admitió que informó a la señora Collazo Rosado en el 2006 de la sentencia emitida en el 2001. Es decir, informó a la cliente que su caso había sido desestimado cuatro años después de que se dictó sentencia. De la respuesta a la querella presentada por el licenciado Nieves Nieves se puede colegir que este insinúa que no tuvo contacto con la cliente desde que la acción se desestimó. No obstante, el letrado no indicó qué gestión, si alguna, realizó para notificar a su cliente el resultado ad-verso del pleito. En cambio, la señora Collazo Rosado afirmó reiteradamente que existía una comunicación fre-cuente entre ella y el letrado. Sin embargo, no fue hasta el 2006 que se le informó de la desestimación del caso, lo que aceptó el licenciado Nieves Nieves y lo que sin duda cons-tituye una violación del Canon 19.

VI

Infracción del Canon 35

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, establece, en lo pertinente, que la conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, hacia sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. Allí se dispone que no es sincero ni honrado utilizar medios que sean inconsecuentes con la verdad y que no se debe inducir al juzgador a error mediante la utilización de artificios o de una falsa relación de hechos o del Derecho. In re Zapata Torres, 176 D.P.R. 545 (2009).

Hemos enfatizado que todo miembro de la profesión legal debe cumplir con los deberes de sinceridad, exaltación del honor y dignidad de la profesión. En virtud de ello, el abogado que provee al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, o que oculte información que deba ser revelada, incumple con este canon. No es defensa, en estos casos, que no se haya obrado de mala fe, delibera-damente o sin la intención de engañar, como tampoco lo es que no se haya causado daño a un tercero. In re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790, 799 (1999).

Como se deduce del primer párrafo del Canon 35, supra, la conducta de sinceridad y honradez que debe desplegar todo abogado en su desempeño se exige en todo momento y ante todos. En otras palabras, estas normas mínimas se exigen frente a todos: clientes, compañeros abogados y tribunales. Todo el entramado de nuestro sistema judicial se erige sobre la premisa de que los abogados, sobre quienes recae principalmente la misión de administrar la justicia, han de conducirse siempre con integridad ante los foros judiciales. In re Irrizary Vega, 176 D.P.R. 241 (2009).

La infracción del Canon 35 fue el único cargo que no aceptó el licenciado Nieves Nieves. Señaló que al momento de contestar la queja no tenía el expediente del caso con-sigo y no recordaba la naturaleza de la moción, aunque sí sabía que el caso fue desestimado. Indicó, además, que por esa razón utilizó un término incorrecto al referirse a la moción de desestimación, pero que se trató de un error de buena fe.

De igual modo, la Comisionada Especial señaló que aunque el licenciado Nieves Nieves no se ajustó a la verdad en su contestación a la queja, no hubo intención específica de mentir. A renglón seguido, añadió que no se presentó prueba clara robusta y convincente para disciplinar al abogado. No estamos de acuerdo con la apreciación de la Comisionada Especial. Concluimos que el querellado efec-tivamente incurrió en una violación del Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra.

Resulta menester, para fines de este análisis, diferenciar el grado de prueba requerido en acciones disciplinarias contra abogados, del elemento subjetivo requerido para que se configure una infracción del Código de Ética Profesional. En In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575, 584 (2001), resolvimos que el grado de prueba requerido para disciplinar a un abogado es el de prueba clara, ro-busta y convincente. Esto obedece a que “[e]n casos disci-plinarios contra miembros del foro está [en controversia] el derecho de éstos a ganarse el sustento como abogados”. (Énfasis en el original.) Id., pág. 585.

Por otro lado, es inmaterial si se obró de mala fe, deliberadamente o con la intención de engañar. Lo fundamental para que se configure una infracción al Canon 35 es que se falte a los valores de honradez y veracidad, pilares de la profesión legal.

En su contestación, el licenciado Nieves Nieves informó que la acción de la señora Collazo Rosado no prosperó por razón de una moción de sentencia sumaria de la U.P.R. La realidad es que no prosperó debido a una moción de deses-timación que se declaró “con lugar”. La Comisionada im-puta ese error a un desliz de buena fe. No estamos de acuerdo con el criterio de la Comisionada Especial.

Una lectura objetiva de la contestación del querellado denota un intento de zafarse de la querella mediante la táctica de argumentar que el caso no prosperó por razón de una moción de sentencia sumaria y no por una moción de desestimación a la cual no se opuso cuando debió hacerlo. De hecho, el licenciado Nieves Nieves expuso en su contestación a la queja inicial que “[c]uando un abogado comparece a repr[esen]tar a un cliente, si tiene éxito es felicitado. Si fracasa en su empeño, presentan querellas frívolas como ésta”. (Énfasis suplido.) Anejo II, pág. 3. La aseveración antes citada demuestra que el error del letrado Nieves Nieves no fue de buena fe y que, en cambio, lo que buscaba era presentar un panorama incorrecto sobre el asunto en cues-tión con el propósito de no enfrentar la queja. Es decir, el licenciado Nieves Nieves adujo que la razón para la deses-timación del pleito fue que el caso se resolvió en los méritos. No obstante, los hechos revelan que se desestimó por la negligencia del licenciado Nieves Nieves en el ma-nejo del caso y que el tribunal nunca entró a resolver los méritos de la acción.

De igual forma, en la contestación a la querella inicial de la señora Collazo Rosado, el licenciado Nieves Nieves no aceptó las imputaciones que ésta señaló, y no fue hasta que se presentó la querella formal por la Procuradora General, que el abogado aceptó la infracción de los Cánones 9, 12, 18, 19 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

En suma, la prueba que obra en el expediente y la cual se ha discutido demuestra que el letrado no mencionó en su contestación a la querella que nunca presentó un escrito en oposición a la moción de desestimación, a pesar de que el tribunal se lo requirió. Tampoco señaló que incumplió con varias órdenes del tribunal. Igualmente, adujo que la razón por la cual el caso no prosperó fue en los méritos, por una moción de sentencia sumaria, cuando la realidad es que el caso no prosperó por una moción de desestimación a la cual el abogado nunca se opuso en representación de su cliente. Al así actuar, el abogado Nieves Nieves faltó al deber de sinceridad y honradez que le impone el Canon 35.

VII

Infracción del Canon 38

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, esboza lo siguiente:

Canon 38. Preservación del honor y dignidad de la profesión
El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. ...
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida pri-vada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. En observancia de tal conducta, el abogado debe abstenerse en absoluto de aconsejar y asesorar a sus clientes en otra forma que no sea el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial y a los organismos adminis-trativos. ... (Énfasis suplido.)

La responsabilidad moral y ética que rige nuestra profesión obliga a todo abogado a examinar su comportamiento continuamente. In re Rodríguez Vázquez, 176 D.P.R. 168 (2009). En ese contexto, hemos insistido en que los abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión. Por tal razón, estos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen. In re Cuyar Férnandez, 163 D.P.R. 113, 117 (2004). De la misma forma,

[e]n innumerables ocasiones hemos señalado que los abogados son funcionarios del Tribunal y ministros ordenados de la jus-ticia y, como tales, sus actuaciones deben estar encaminadas a mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, “ ‘orientado esen-cialmente por los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano’ ”. Id.

Surge del los autos del caso que el abogado Nieves Nieves nunca contestó la moción de desestimación que pre-sentó la parte demandada. Además, contestó el descubri-miento de prueba que le fue notificado por la parte demandada fuera del término que estableció el Tribunal de Primera Instancia, a pesar de que se emitieron varias ór-denes al respecto. Es necesario puntualizar que el licen-ciado no compareció ante la vista con antelación al juicio y que faltó a su deber de reunirse con la parte contraria para confeccionar el informe de conferencia con antelación al juicio.

Todo este conjunto de incompetencia desembocó en la desestimación, con perjuicio, de la demandada en el caso Claribel Collazo Rosado v. Universidad de Puerto Rico, KDP 1999-1062. El desempeño demostrado por el letrado querellado manifiesta falta de responsabilidad y conducta impropia de su parte. La actuación antes descrita en nada promueve la sana administración de la justicia, propósito de umbral del Canon 38. Es por esto que el propio licen-ciado Nieves Nieves acepta que infringió este canon.

VIII

Resta ahora determinar la sanción que debemos imponer al querellado. Para imponer una sanción disciplinaria a un abogado por conducta impropia, es necesario considerar el historial previo del abogado; si éste goza de buena reputación; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; si su conducta se realizó con ánimo de lucro, y cualquier otro factor pertinente a los hechos. In re Rodríguez Lugo, 175 D.P.R. 1023 (2009); In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418 (2000); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

En In re De León Rodríguez, 173 D.P.R. 80 (2008), disciplinamos a un abogado que hizo caso omiso, por meses, a las órdenes del foro de primera instancia. Las órdenes del Tribunal de Primera Instancia le requerían que replicara una moción presentada por la otra parte que aducía un emplazamiento defectuoso. Una vez compareció ante el foro de instancia, el letrado no evidenció el diligencia-miento del emplazamiento. Esto produjo que el foro prima-rio desestimara la acción. Esta actuación demostró que el abogado le faltó el respeto al tribunal, principio jurídico que protege el Canon 9 del Código de Ética profesional, supra. Además, el letrado se desentendió completamente del trámite del caso y no atendió con diligencia y puntua-lidad su caso, lo que contraviene el Canon 12. Por esta actuación suspendimos al letrado De León Rodríguez por el término de seis meses.

Recientemente, en In re Santos Rivera, 172 D.P.R. 703 (2007), suspendimos por un mes a un abogado que no fue diligente en la representación de un caso de un cliente, retuvo indebidamente el expediente del litigio después de presentar su renuncia al tribunal correspondiente y, además, incumplió con el deber de todo abogado de brindar su dirección actualizada a nuestra Secretaría. Todo ello fue una clara violación al Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra.

Por otro lado, en In re Hernández Pérez I, 169 D.P.R. 91 (2006), disciplinamos a un abogado por no mantener informados a sus clientes de la desestimación de su caso, lo que ocasionó que estos fueran demandados y recayera sentencia en su contra. En aquella ocasión, concluimos que el señor Hernández Pérez violó los Cánones 18, 19, 23 y 24, por lo que lo suspendimos del ejercicio de la abogacía por el término de un año.

Posteriormente, en In re Zapata Torres, supra, un abo-gado incurrió en una conducta que violaba el Canon 35, al proveer información falsa al tribunal sobre el emplaza-miento mediante edicto de la parte demandada. En aquella ocasión señalamos que la

... información que el querellado le ofreció al tribunal de ins-tancia de que había notificado el edicto y la demanda a la parte demandada sin acreditarlo como lo exige la regla y la no disponibilidad de dicha evidencia cuando el tribunal así lo so-licitó, para luego someter evidencia de una notificación tardía, son actuaciones que faltan a los deberes que impone el Canon 35 de Ética Profesional. In re Zapata Torres, supra, págs. 557-558.

Además de violar el Canon 35, encontramos que el abo-gado querellado quebrantó los Cánones 12 y 18. Por esta actuación, lo suspendimos por el término de dos meses.

Finalmente, en In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007), suspendimos por el término de dos meses al abo-gado querellado por violar el Canon 38. Mientras estaba suspendido de la abogacía, el letrado disciplinado actuó de manera tal que creó en la ciudadanía la impresión de que podía ejercer la profesión. Por entender que esa gestión del abogado constituía una apariencia de conducta impropia, ejercimos nuestra facultad disciplinaria en aras de preservar el honor y la dignidad de esta profesión.

En el caso que ahora nos ocupa se encuentran presentes ciertos atenuantes que conviene señalar. En primera instancia, el abogado aceptó la mayoría de las infracciones éticas. Unicamente cuestionó una. Hemos señalado que la aceptación de la falta constituye un atenuante a considerar, a la hora de sancionar a un abogado. In re Vilches López, 170 D.P.R. 793, 801 (2007).

Aunque el querellado señala en su contestación a la querella que el incidente es aislado, la realidad es que ya en una ocasión anterior este Tribunal disciplinó al letrado Nieves Nieves por su conducta como notario. Véase In re Nieves Nieves, supra. Separamos indefinidamente al abogado Nieves Nieves de la práctica de la notaría por unos errores crasos en su obra notarial. Esto es un agravante que debemos tomar en consideración.

Si analizamos los hechos de la querella, en unión a los hechos relatados en In re Nieves Nieves, supra, resulta for-zoso concluir que el licenciado Nieves Nieves refleja un pa-trón de incompetencia para practicar tanto la notaría como la abogacía.

Por otro lado, la señora Collazo Rosado y su esposo, el señor Rivera Díaz, suscribieron un acuerdo de transacción de responsabilidad civil bajo juramento, mediante el cual recibieron la cantidad de $15,000 del letrado Nieves Nieves, por los daños y perjuicios que éste pudo haber causado en su desempeño negligente. De este acuerdo se puede co-legir que el abogado querellado indemnizó a su cliente, lo que constituye otro atenuante. In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345, 363 (2001).

Considerado todo lo anterior, ordenamos la suspensión inmediata del Ledo. Luis Nieves Nieves de la práctica de la profesión por el término de un año. El querellado tiene el deber de notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar con su representación y deberá devolver a éstos los expedientes de los casos pendientes, así como los hono-rarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, tiene el deber de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton no intervino. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco impondría al abogado seis meses de suspensión.

       El 8 de agosto de 2000 el Tribunal de Primera Instancia concedió cinco días para que la parte demandante, es decir, la parte que representaba el licenciado Nieves Nieves, contestara unos interrogatorios cursados con anticipación. Sin embargo, no fue hasta el 2 de octubre de 2000, más de dos meses después, que se cumplió con esa orden.

       Se deduce del expediente que la orden para mostrar causa de 25 de octubre de 2000 fue notificada directamente a la señora Collazo Rosado por mandato de la juez, Hon. María del Carmen Gómez Córdova.

       La regla, en su totalidad, dispone de la forma siguiente:

        “Rule 1.4 Communication

      “(a) A lawyer shall:
      “(1) promptly inform the client of any decision or circumstance with respect to which the clients informed, consent, as defined in Rule 1.0(e), is required by these Rules',

      “(2) reasonably consult with the client about the means by which the clients objectives are to be accomplished',

      “(3) keep the client reasonably informed about the status of the matter,

      “(4) promptly comply with reasonable requests for information; and

      “(5) consult with the client about any relevant limitation on the lawyer’s conduct when the lawyer knows that the client expects assistance not permitted by the Rules of Professional Conduct or other law.

      “(b) A lawyer shall explain a matter to the extent reasonably necessary to permit the client to make informed decisions regarding the representation.” A.B.A., Model Rules of Professional Conduct, Center for Professional Responsibility, 2010, págs. 17-18.


author: PER curiam:

text:
      In re Wilfredo Zayas Nieves, querellado.

      Número: CP-2009-6

      Resuelto: 9 de marzo de 2011

      María A. Hernández Martín y Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradoras generales auxiliares, Leticia Casalduc Rabell y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradoras generales, abogadas de la parte querellante; Juan Pizá Ramos,
      abogado de la parte querellada; Wilfredo Zayas Nieves, pro se; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   PER curiam:

El Ledo. Wilfredo Zayas Nieves fue admitido al ejercicio de la profesión legal el 28 de junio de 2000. Esta controver-sia se relaciona con su desempeño profesional durante el trámite apelativo en el caso Pueblo v. Eliezer Santana Báez, KLAN 200500054. Pasemos a repasar los hechos de este caso.

I

El licenciado Zayas Nieves compartía oficina junto con el Ledo. Arturo Dávila Toro y otros abogados para la fecha de los hechos que le sirven de trasfondo a este caso. El licenciado Dávila Toro fue abogado del querellante, Sr. Eliezer Santana Báez, en un proceso penal en el cual este último fue convicto y sentenciado el 13 de diciembre de 2004. El licenciado Zayas Nieves no participó en la defensa del señor Santana Báez.

Una vez recayó sentencia, la apelación se tramitó en la oficina del licenciado Dávila Toro. El quejoso pagó al licen-ciado Dávila la cantidad de $3,400 para que presentara la apelación. El licenciado Zayas Nieves no recibió honorarios por parte del señor Santana para tramitar el recurso de apelación ni mantuvo una relación abogado-cliente con este antes de presentar la apelación.

El licenciado Zayas Nieves ayudó en la preparación del escrito y lo firmó, según este indica, “a petición del Ledo. Dávila Toro, sin saber que se estaba presentando el escrito un día tarde”. Además, presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones y él fue el único abogado que lo firmó.

El Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación por falta de jurisdicción, al haberse presentado fuera del tér-mino provisto para ello. Posteriormente, nos negamos a revisar el dictamen del foro apelativo intermedio.

Luego de nuestro dictamen, el señor Santana Báez pre-sentó una moción ante el Tribunal de Apelaciones titulada Moción bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. El foro intermedio acogió la moción presentada como una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que considerara la moción presentada. El foro primario proveyó “no ha lugar” a la petición del señor Santana Báez. Este acudió nuevamente en alzada y el tribunal apelativo intermedio, con la anuencia de la Oficina del Procurador General, ordenó al tribunal de instancia que considerara si se le había privado al convicto de su oportunidad para apelar el fallo condenatorio, por haberse presentado su recurso fuera del término provisto para ello. El tribunal de instancia, en esta ocasión, le nombró nuevos abogados de oficio al señor Santana Báez y, luego de una vista, procedió a resentenciarlo por los mismos delitos que ya había sido encontrado culpable y sentenciado el 13 de diciembre de 2004. El Ministerio Fiscal no se opuso a que se resentenciara al señor Santana Báez.

En el ínterin, el señor Santana había presentado una queja ante este Tribunal contra el licenciado Zayas Nieves para alegar que perdió su derecho a apelar por la negligen-cia del abogado. Referimos la queja presentada a la Oficina del Procurador General y eventualmente le ordenamos que presentara una querella. La Procuradora General presentó la querella correspondiente en jimio de 2009 y le imputó al querellado violación a los Cánones 18 y 26 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

El querellado contestó la querella presentada. En su es-crito, luego de relatar su relación con el señor Santana Báez, nos indicó que trató de ser diligente en “los trámites de apelación, pero por un error en el cómputo de los días, fue desestimado, lo que en ese momento nos sorprendió y actualmente reconocemos y lamentamos”. Posteriormente nombramos a la Leda. Crisanta González Seda comisio-nada especial, para que recibiera la prueba correspon-diente y emitiera un informe con sus conclusiones y recomendaciones.

El caso quedó finalmente sometido ante la Comisionada Especial por su expediente. Esta nos rindió su informe el 8 de noviembre de 2010. La Comisionada concluyó que se configuraron las violaciones éticas imputadas. El quere-llado no replicó al Informe de la Comisionada Especial, por lo que estamos en posición de resolver.

II

A. El Canon 18, supra, recoge el deber de diligencia de todo abogado en la atención de los asuntos de sus clientes. In re Dávila Toro, 179 D.P.R. 833 (2010). Este deber impone al abogado la obligación de desempeñarse de forma capaz y diligente cuando se encuentra inmerso en un asunto que conlleva defender los intereses de su cliente. En esta tarea, debe desplegar siempre sus conocimientos y habilidades de aquella forma que la profesión jurídica, en general, estime adecuada y responsable. In re Castro Colón, 177 D.P.R. 333 (2010). En innumerables ocasiones hemos puntualizado que el abogado incumple con este deber cuando asume una representación legal consciente de que no puede rendir una labor idónea y competente, o que no puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia. Véanse, entre otros: In re Dávila Toro, ante; In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005); In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003).

Es responsabilidad de los profesionales del Derecho actuar con diligencia en la representación de su cliente, por lo que aceptar un encargo de este presupone el compromiso de prestarle entera atención a sus asuntos. Y como dijimos en In re Dávila Toro, ante, esta “dedicación no puede estar subordinada al cobro de los honorarios o a cualquier otra circunstancia personal como, por ejemplo, una excesiva acumulación de trabajo”. In re Dávila Toro, ante, pág. 841, citando a A. Aparisis Millares, Ética y Deontología para Juristas, Pamplona, Eds. U. de Navarra, 2006, pág. 302.

En In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968, 980-981 (2007), aseveramos categóricamente que todo abogado debe llevar a cabo “[s]u gestión profesional ... aplicando ... sus conocimientos y habilidades, y su desempeño profesional [de forma] adecuadla], responsable, capaz y [eficaz]”. Véanse, además: In re Collazo Maldonado, supra; In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001). Allí nos reiteramos en que aquella actuación negligente que pueda conllevar, o en efecto conlleve, la desestimación o el archivo de un caso se configura, de suyo, en violación del citado Canon 18. In re Hoffman Mouriño, ante. Véanse, además: In re Dávila Toro, ante; In re Guadalupe, Colón, 155 D.P.R. 135, 154-155 (2001).

También hemos indicado lo siguiente: “Los abogados, como oficiales del tribunal, tienen una función revestida de gran interés público que genera obligaciones y responsabilidades duales para con sus clientes y con el tribunal en la administración de la justicia. ... Ello les impone el deber de asegurarse que sus actuaciones dentro de cualquier caso en que intervengan estén encaminadas a lograr que las controversias sean resueltas de una manera justa, rápida y económica.” In re Hoffman Mouriño, supra, pág. 891. Es por ello que el deber de diligencia profesional del abogado es del todo incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia. In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994).

El deber de diligencia constituye una obligación básica y elemental del abogado hacia su cliente. In re Dávila Toro, ante, pág. 842. Es este un deber ético destinado a preservar no sólo la lealtad al interés defendido, sino también al “crédito social que demanda la alta función que desempeña y que, como bien jurídico supremo, sustenta en última instancia la suma deontológica de la profesión”. R. Del Rosal, Normas deontológicas de la abogacía española: una doctrina construida a partir del ejercicio de la competencia disciplinaria, Madrid, Ed. Civitas, 2002, pág. 183. Esta obligación ética que no sufre modificación “cuando la defensa se ejerce de oficio, ... pues resulta exigible exactamente la misma diligencia que si la defensa le hubiera sido encomendada por su cliente de forma particular”. (Enfasis nuestro.) Id.

B. El Canon 26 del Código de Ética Profesional, supra, establece que, de ordinario, ningún abogado tiene la obligación de representar a determinado cliente. Por lo tanto, todo abogado tiene el derecho a aceptar o rechazar una representación profesional, por lo que en su gestión debe obedecer siempre a los designios de su propia conciencia y no los de su representado. En In re León Malavé, 172 D.P.R. 1036 (2008), reseñamos que la profesión de abogado exige la mayor responsabilidad y, de incurrirse en actos u omisiones negligentes en el ejercicio de esta labor, no cabe un relevo de responsabilidad.

Conviene que reseñemos en algún detalle lo ocurrido en In re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14, 17 (1986), por su relevancia a la controversia que hoy atendemos. En este caso, el Ledo. Carlos E. Siverio Orta compareció al tribunal en un pleito civil en varias ocasiones en sustitución del Ledo. Wilfredo Géigel, quien era el abogado de la parte demandante en ese pleito. Además, el licenciado Siverio firmó la de-manda instada así como varias mociones. El licenciado Géigel renunció a la representación legal del demandante, la cual el tribunal aceptó. El licenciado Siverio Orta nunca renunció a la representación legal en el caso. Eventual-mente, la demanda se desestimó por la incomparecencia del demandante por sí o por su abogado, a pesar de que se le había apercibido que de no comparecer se desestimaría el pleito.

El demandante presentó una queja contra ambos aboga-dos ante este Tribunal. El licenciado Siverio Orta adujo en su defensa que sus comparecencias al tribunal obedecían a que le unían al licenciado Géigel estrechos lazos de amis-tad y aprecio y deseaba ayudarle. En ese caso entre el de-mandante y el licenciado Siverio Orta no hubo contrato de representación legal, ni medió pago de honorarios. Véase In re Siverio Orta, ante, pág. 17.

Al evaluar la conducta del licenciado Siverio Orta concluimos que éste había faltado al Canon 26 del Código de Etica Profesional, supra. Al así resolver indicamos, basándonos en el Canon 26, que “ ‘una vez el abogado comparece ante un tribunal en representación de una parte, no puede dejar de descargar su responsabilidad con la debida diligencia, independientemente de la razón por la cual la asumió. Bajo estas circunstancias la parte se convierte en su cliente ante el tribunal y frente a los Cánones de Ética’ ”. íd., citado en In re Siverio Orta, supra, pág. 17. Aseveramos lo siguiente:

Los sentimientos de amistad, aunque laudables, no pueden interferir con el deber del abogado para con la justicia y el buen funcionamiento del sistema judicial. Una vez el abogado Siverio Orta firmó y presentó la demanda asumió ante el tribunal al responsabilidad indelegable de llevar a cabo es ges-tión profesional con el más alto grado de diligencia y compe-tencia posible. Su responsabilidad como abogado para con el tribunal no dependía ni podía depender de las circunstancias bajo las cuales asumió la representación profesional. (Enfasis nuestro.) In re Siverio Orta, ante, pág. 19.

En In re Siverio Orta, supra, pág. 19, limitamos nuestra sanción a una amonestación. Al así determinar, indicamos:

Tomando en consideración que las actuaciones del abogado Siverio Orta fueron motivadas por la equivocada creencia de que el señor Rivera Valencia no era su cliente, creencia que también compartía este señor, y que su proceder no se debió a incompetencia o desidia, lo amonestamos y advertimos que en el futuro este Tribunal no tolerará este tipo de conducta .... (Énfasis suprimido.) íd.

Con este trasfondo doctrinal pasemos a atender la con-troversia ante nuestra consideración.

III

Como reseñamos previamente, hemos resuelto que la presentación tardía de un recurso ante un foro apelativo que conlleve su desestimación se configura como una violación ética del abogado. La explicación del abogado de que el quejoso no era su cliente y que su intervención se limitó a ayudar en la preparación del recurso, no es del todo correcto, como tampoco lo exime de responsabilidad. Como se indicó, el licenciado Zayas Nieves firmó la apelación y la presentó ante el Tribunal de Apelaciones, siendo él el único abogado que firmó el escrito. Al presentar el recurso con su firma ante el foro apelativo intermedio, el abogado debió saber que con ese acto el señor Santana Báez se convertía en su cliente, por lo que no puede eludir las resultas de una gestión legal deficiente. Ese fue precisamente nuestro razonamiento en In re Siverio Orta, ante, y por lo cual amonestamos al abogado en ese caso.

Con lo cual, aim cuando el licenciado Zayas Báez no hubiese acordado explícitamente con el quejoso que le re-presentaría en la etapa apelativa de su caso, una vez firmó el escrito de apelación, en efecto, se convirtió en su cliente y desde ese momento debía descargar responsable y diligentemente su gestión profesional. Parafraseando nuestras expresiones en In re Siverio Orta, supra, una vez el licenciado Zayas Nieves firmó la apelación asumió ante el foro apelativo intermedio la responsabilidad indelegable de llevar a cabo su gestión profesional con diligencia y competencia. Claramente ello no ocurrió, pues la apelación se presentó tardíamente y el caso fue desestimado. Ello nos lleva a concluir, al igual que a la Comisionada Especial, que el querellado incurrió en las faltas éticas que se le imputan. Solo nos resta determinar la sanción que se ha de imponer.

Al determinar la sanción disciplinaria que pro-cede imponer cuando un abogado que ha incurrido en conducta reñida con los postulados éticos que guían el desempeño en la profesión legal, hemos tomado en cuenta los factores siguientes: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si ésta constituye su primera falta y si alguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su arrepentimiento sincero; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) el resarcimiento al cliente, y (vii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien según los hechos. Véanse: In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-311 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998). Estos criterios nos sirven de guía al determinar la sanción que procede imponer.

El licenciado Zayas Nieves lleva diez años ejerciendo la profesión de abogado y de notario. No consta en su expe-diente ni quejas ni querellas por su gestión profesional. En su contestación a la querella, aceptó su responsabilidad y lamentó que su conducta hubiera provocado la desestima-ción de la apelación. Por otro lado, no hay evidencia de que éste hubiera recibido honorarios por su gestión en el caso del quejoso.

De otra parte, el quejoso logró ser resentenciado con la anuencia del Ministerio Público el pasado agosto, luego de que el foro de instancia determinara que no tuvo una re-presentación legal apropiada en el proceso apelativo que dio base a esta querella. Ello le brindó al señor Santana Báez una segunda oportunidad de plantear sus argumen-tos en apelación, lo que ya hizo el 15 de septiembre de 2010.

Al sopesar todo lo anterior, censuramos al Ledo. Wil-ffedo Zayas Nieves por su conducta. Le advertimos que en el futuro deberá ser más cuidadoso con el trabajo que desempeña.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La relación de hechos la tomamos del informe que nos rindiera la Comisio-nada Especial que designamos para recibir la prueba. Este recoge, entre otras cosas, las estipulaciones de hechos acordadas por las partes que se incluyeron en el informe sobre conferencia preliminar entre abogados sometido ante la Comisionada Especial.

       El licenciado Siverio Orta firmó, junto al Ledo. Wilfredo Géigel, abogado del demandante, la demanda instada, presentó una moción en la cual sometía el arancel y compareció en otras instancias en incidentes de menor importancia, usualmente señalamientos que se suspendían. La demanda en este caso se había presentado en el Municipio de Arecibo donde el licenciado Siverio Orta tenía su oficina, mientras que la del licenciado Géigel ubicaba en Santurce.