author: El Juez Presidente Sr. Hernández

text:
    Ninlliat, Demandante y Apelante, v. Suriñac et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre acción rescisoria.
    No. 1369.
    Resuelto en junio 6, 1916.
    Venta con Pacto de Betro — Betracto—Términos—Nota de Consumación-Tercero. — Cuando en una escritura de venta eon pacto de retro inscrita en el registro se conceden dos términos al vendedor para ejercitar el derecho de retracto, el segundo a opción del vendedor, al vencimiento del primer término, el comprador puede obtener del registrador que extienda la corres-pondiente nota marginal de consumación al asiento de inscripción, y para que el segundo término pueda surtir efecto contra tercero es necesario el otorgamiento de nueva escritura y su inscripción en el registro de la pro-piedad.
    Id. — Derechos Incompatibles. — Según el artículo 1172 del Código Civil, una obligación queda extinguida por otra posterior cuando la primera y la segunda son de todo punto incompatibles. Así el derecho de adquirir una cosa in-mueble mediante retracto, queda extinguido por la adquisición real y efectiva de la misma por compra, por ser ambos derechos incompatibles.
    Nulidad de Venta — Fraude—Causa de Acción. — Cuando en una demanda para que se declare rescindida la venta de cierto solar y edificios efectuada por un marshal en subasta pública a favor del demandado como representante de sus hijos menores de edad se alega que éste sabía que tales bienes per-tenecían al demandante e instó maliciosamente el embargo y la venta de los mismos eon objeto de defraudarlo y de -arrebatarle torticeramente la propiedad de los mismos, ella determina una causa de acción, pues muestra la existencia de un agravio a cuya reparación tiene derecho el demandante.
    Id. — Terceros—Personalidad.—No tiene el carácter de tercero el que compra eon conocimiento de que su vendedor no es dueño de la" cosa vendida, la que había sido adquirida antes legítimamente por otra persona. Ni merecen •tampoco el concepto de terceros los hijos menores de un comprador para quienes adquirió los bienes su padre eon conocimiento de que no pertenecían al vendedor, porque no cabe separar la personalidad de dicho comprador como tal comprador de la de él, como representante de sus menores hijos.
    Id. — Buena Fe — Conocimiento.—No tiene buena fe el que con conocimiento del acto o contrato en virtud del cual uno se ha desprendido del dominio de la cosa, y sabiendo por lo tanto, y de ciencia propia, que correspondo a otra persona, la compra, o por cualquiera otra clase de contrato la obtiene del antiguo dueño con pleno conocimiento de que no lo es, y aprovechándose del descuido que tal vez tenga el primer adquirent.e en hacer la inscripción, se apresura a llevar la suya al registro para que eon arreglo al artículo 17 de la Ley Hipotecaria no pueda ya inscribirse aquélla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José Sabater y Francisco Soto Gras.

    Abogados de los apelados: Sres. Fernando Vázquez y N. B. K. Pettingill.

   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por el de-mandante Luis Ninlliat contra sentencia que en 28 de mayo del año próximo pasado 1915 pronunció la Corte de Distrito de Mayagüez, declarando sin. lugar la demanda por el fun-damento de que los hechos en ella consignados no determinan una causa de acción.

Los hechos fundamentales de la demanda que debemos aceptar como ciertos para la decisión del recurso, son los siguientes:

I. Por escritura pública de 2 de abril de 1898, inscrita en el registro de la Propiedad de Mayagüez, el demandante Luis Ninlliat compró a la mercantil de Mayagüez J. Tornabells & Co., el solar que se describe en la demanda.

TI. El comprador Luis Ninlliat por otra escritura de la misma fecha e inscrita también en el registro de la propie-dad, vendió el mismo solar a Luis Arán y Lancy.

III. Dicha escritura de venta por Luis Ninlliat a Luis Arán y Lancy, contiene la siguiente cláusula:

1 ‘ Tercera. — Esta venta, se hace eon la condición de que Ninlliat desde ayer, o sea desde el día primero de este mes y a vencer todos los días últimos de cada mes, y por el término de tres años contados desde dicho día de este mes usufructuará la finca pagando a Arán por vía de alquiler la suma de 60 pesos mensuales y que si Ninlliat durante ese término de tres años devuelve a Arán los ameritados seis mil pesos, éste le volverá a vender toda la finca en el estado que se encuentre a la hora en que Ninlliat la readquiriera; bien entendido que si pasa este término sin la devolución de los signifi-cados, seis mil pesos quedará Arán libre de la obligación de volver a vender la finca a Ninlliat; pero para este caso consiente el mismo Arán en que luego de posesionado de la finca se la volverá a entre-gar por dos años más, a Ninlliat, para que siga utilizándose de sus productos en la forma que mejor le convenga, siempre que la conserve en buen estado y le siga pagando los sesenta pesos mensuales de alquiler, conviniendo por último en que durante estos otros dos años de prórroga, Arán volverá a vender la finca a Ninlliat, si éste le devuelve los seis mil pesos que hoy se han ajustado como precio de toda la finca puesta en estado de ser habitados sus establecimientos descritos. ’ ’

IV. Vencido el primer plazo de la condición transcrita, Luis Arán solicitó y obtuvo del Registrador de lá Propiedad de Mayagüez que pusiera la nota marginal de consumación al asiento de inscripción del referido contrato de compra-' venta.

V. Antes de vencer el segundo término de dos años seña-lado al vendedor para retraer el solar, Ninlliat lo compró por escritura pública de 5 de septiembre de 1902, constitu-yendo el comprador hipoteca a favor del vendedor Arán sobre el mismo solar para responder de $2,200, parte del precio aplazado en que se realizó la venta.

VI. La anterior escritura de 5 de septiembre de 1902, no fue inscrita en el registro de la propiedad, según alega el demandante, por olvido o negligencia del agente a quien Ninlliat encargó de la gestión de la inscripción, por más que Ninlliat estaba en la equivocada creencia de que el documento se encontraba inscrito en el registro basta que se vió privado de su propiedad por los demandados.

VII. Del registro de la propiedad de Mayagüez consta que transcurrido el primer término de tres años a que se refiere la condición transcrita, se puso en el registro la nota marginal de consumación del contrato con fecha 29 de junio de 1901, sin que aparezca del mismo registro nota alguna de consumación de venta o consolidación por el transcurso del-otro término de dos años a que alude la misma condición.

VIII. El demandante Ninlliat ha pagado totalmente la hipoteca que por escritura de 5 de septiembre de 1902 cons-tituyó a favor de Luis Arán, y la viuda de éste, la deman-dada Francisca Arán, en. su carácter de administradora de los bienes del finado Luis Arán, otorgó a favor de Ninlliat la correspondiente carta de pago y cancelación por escritura de 9 de marzo de 1909, en cumplimiento de orden de la Corte de Distrito de Mayagüez de 11 de febrero anterior, cuya escritura tampoco fué inscrita en el registro de la propiedad.

IX. El demandante empezó a construir y siguió constru-yendo en varias fechas hasta el año 1908, en el solar des-crito, edificios que no están terminados, los que según su apreciación valen actualmente de $6,000 a $8,000, habiendo hecho ésas obras de su peculio particular, de buena fe, y en la creencia de que las hacía en su propio provecho y en terrenos de su pertenencia.

X. Ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, Camilo Süriñac, a nombre de sus menores hijos los demandados, siguió un pleito en cobro de dinero contra Francisca Arán en su carácter' de administradora de' los bienes del finado. Luis Arán, y obtuvo sentencia a su favor en 19 de julio de 1909, por la suma cíe $2,037.89 y $38.80 de costas.

XI. El marshal de dicha corte solicitó y obtuvo del regis-trador para ejecutar la referida sentencia, anotación de embargo sobre la finca de que se trata en 7 de agosto de 1909.

XII. El mismo márshal vendió en pública subasta todo el derecho, título o interés que Luis Arán tuviera o pudiera tener en la finca, y en el acto de la subasta, el día 13 de septiembre de 1909, el abogado Fernando Vázquez, defensor de los menores demandados, obtuvo la bnena pro por la suma de $300 otorgándosele en su consecuencia la correspon-diente escritura de venta que fué inscrita en el registro el 22 de marzo de 1910.

XIII. El demandante no tuvo noticia del anuncio de la subasta del solar, en primer lugar, porque su descripción es muy semejante a la de otros solares que se encuentran en el mismo sitio, sin que en el anuncio se Rubiera lieclio mención de los edificios en él construidos, mucho más importantes que el solar mismo, y en segundo lugar, porque el anuncio fué publicado en el periódico local de Mayagüez ' ‘ La Ban-dera Americana,” de escasa circulación.

XIV. Camilo Suriñac, padre representante de los menores Suriñac fué empleado de la casa J. Tornabells & Co. de quien Luis Ninlliat adquirió primeramente el solar y luego fué el Suriñac uno de los liquidadores de dicha casa y em-pleado también de la de comercio titulada L. Arán, en las fechas en que el demandante adquirió el solar y lo vendió a Luis Arán y Lancy, estando enterado Suriñac de las ope-raciones habidas entre el demandante y Luis Arán con refe-rencia a dicho solar.

XV. Camilo Suriñac sabía de propio conocimiento que el solar, aunque inscrito en el registro a favor de Luis Arán, era de la exclusiva propiedad del demandante, y que éste lo estaba poseyendo, sabiendo también Suriñac que los edificios construidos en el solar fueron construidos de buena fe por el demandante.

XVI. Camilo Suriñac, no obstante el anterior conoci-miento, instigó maliciosamente el embargo y venta de los bienes mencionados, y con objeto de defraudar al demandante y arrebatarle torticeramente la propiedad de dichos bienes, los adquirió en la subasta en representación de los menores demandados por el ínfimo precio de $300 que no cubría la cuadragésima parte del verdadero valor de tales bienes.

XVII. Fallecido Luis Arán y Lancy, sucediéronle como herederos las demandadas Francisca Arán y Consuelo Arán.

XVIII. Los demandados no poseen bienes con qué liaeor efectivas las responsabilidades civiles en que lian incurrido con motivo de sus actos, y alega el demandante que no puede exigírseles de otro modo, ni obtener la reparación de los graves perjuicios sufridos, sino mediante el ejercicio de la acción rescisoria entablada en la demanda.

Agrega el demandante que tanto el embargo anotado a favor de los menores demandados como el título de adqui-sición de los mismos están afectados por la condición reso-lutoria de poder aquél redimir el solar dentro del segundo plazo de dos años á que se refiere la escritura de 2 de abril de 1898, pues no se fia puesto en el registro la nota de con-solidación de la venta por transcurso de dicho plazo y dentro de éste obtuvo el demandante la propiedad absoluta de la finca por la escritura de 5 de septiembre de 1902.

La demanda concluye con la súplica de que se declare rescindida la venta del solar y edificios en él enclavados, efectuada por el marshal de la Corte de Distrito de los Esta-dos Luidos para Puerto Eico, Harry S. Hubbard, en 13 de septiembre de 1909, y se ordene en su consecuencia sean can-celadas en el registro de la propiedad la anotación de con-sumación de venta a que se refiere el Iíecfio IV de la demanda, así como la inscripción de venta del solar a favor de los de-mandados, librándose para ello el oportuno mandamiento por duplicado al. Registrador dé la Propiedad de Mayagiiez.

Los demandados Suriñac contestaron la demanda ale-gando entre otras defensas la de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y discutida esa excepción fué declarada con lugar dictándose en su consecuencia sentencia en 28 de mayo de 1915 por la que fué desestimada la demanda y ordenado el archivo del pleito, con costas al demandante, contra cuya sentencia se ha interpuesto el presente recurso de apelación, corno al prin-cipio indicamos.

Tiene razón la corte inferior al estimar que la nota de consumación puesta al margen de la inscripción de la venta del solar por Luis Ninlliat a Luis Arán en escritura de 2 de abril de 1898 es eficaz en derecho.

La cláusula 3a. de la escritura de 2 de abril de 1898, con-tiene dos extremos. Es el primero que si Ninlliat durante tres años a contar desde el día 1o. de abril citado, devolvía a Arán los 6,000 pesos, precio de la finca, Arán volvería a vendérsela a Ninlliat, quedando libre Arán de esa obligación si pasaba diclio término sin verificarse la devolución de los 6,000 pesos. El segundo extremo de la cláusula es que si pasaba el término de tres años sin verificarse la devolución de los 6,000 pesos, consentía Arán en entregarla nuevamente por dos años más a Ninlliat para que siguiera utilizándose de sus productos en la forma que mejor le conviniera por canon mensual de 60 pesos, conviniendo, además, en que durante estos otros dos años de prórroga Arán volvería a vender la finca a Ninlliat si éste le devolvía los. 6,000 pesos expresados.

No hay, según las palabras de la condición transcrita, un término de cinco años para retraer, sino dos términos, uno de tres años y otro de dos. Si hubiera sido la voluntad del comprador otorgar al vendedor un plazo de tres años que sin formalidad alguna se entendería prorrogado por dos años más, para ejercitar el derecho de retracto, se hubiera expre-sado así en la escritura, o desde luego se hubiera fijado el término de cinco años, sin consignar conceptos que exijan para el derecho de retraer después de vencidos tres años, la constitución de otro pacto. de retro por dos años más.

De la demanda resulta que vencieron los tres años a que se refiere la primera parte de la cláusula tercera de la escri-tura de 2 de abril de 1898 sin que Ninlliat hubiera devuelto a Arán durante ese tiempo la suma de 6,000 pesos, precio de la venta, y como el no cumplimiento de las condiciones resolutorias o rescisorias de los actos o contratos inscritos debe hacerse 'constar en el registro por medio de una nota marginal, según el párrafo 1°. del artículo 16 de la Ley Hipo-tecaria, el comprador Arán, para dar aplicación al precepto de dicho artículo pudo solicitar como solicitó del registrador que pusiera la nota marginal de consumación al asiento de inscripción del contrato de compraventa del solar. Esa nota no fué prematura, según alega la parte demandante, pues había vencido ya el término de tres años para el retracto de la finca sin que fuera necesario esperar el transcurso de dos años más, y, por tanto, no está viciada de nulidad ni le son tampoco aplicables los artículos 4 del Código Civil y 33 de la Ley Hipotecaria que el apelante invoca en su ale-gato y cita como infringidos por la sentencia recurrida.

Transcurridos los tres años concedidos a Ninlliat para retraer la finca bien pudo, amparado por la cláusula tercera de la escritura de 2 de abril de 1898, exigir de Arán la concesión de un nuevo término de dos años para retraer la finca bajo las mismas condiciones del primer plazo. Ese nuevo término de dos años, considérese o no como una prórroga del primero de tres años, debía inscribirse en el registro de la propiedad para que surtiera efecto contra tercero, y para ello era necesario el otorgamiento de la escritura pública correspondiente, tínico medio de obtener la inscripción, según los artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria.

Lejos de acudir Ninlliat al anterior procedimiento-, com-pró por escritura pública de 5 de septiembre de 1902 el solar sin condición alguna, constituyendo hipoteca voluntaria a favor de Aran sobre la finca vendida para responder a éste de $2,200, parte del precio aplazado por el que se realizó la venta.

Mediante esa escritura, el derecho a retraer que tuviera Ninlliat en virtud de la segunda parte de la condición de la cláusula estatutoria del retracto, quedó extinguido por el dominio absoluto que adquirió Ninlliat sobre el solar. Según el artículo 1172 del Código Civil, una obligación queda extinguida por otra posterior cuando la primera y la se-gunda son de todo punto incompatibles y esa incompatibi-lidad vino a existir en el presente caso pues el derecho de adquirir una cosa mediante retracto queda extinguido por la adquisición real y efectiva de la misma.

Opinamos que los huellos expuestos en la demanda no determinan causa de acción para pretender la rescisión de la venta del solar y edificios hecha por el marshal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico, Harry S. Hubbard, en 13 de septiembre de 1909, en cuanto dicha pretensión se funda en la nulidad de la nota de consumación de venta del solar que por escritura de 2 de abril de 1898 hizo Luis Ninlliat con pacto de retro a favor de Luis Arán. Tal nota de consumación no fué prematura, sino puesta en tiempo debido, según dejamos expuesto, y por sí sola no puede traer vicio alguno a la venta hecha por el marshal de la Corte Federal en 13 de septiembre de 1909'.

Pero es que también se ha alegado en la demanda bajo los Números XIV, XV y XVI que Camilo Suriñac estaba enterado de las operaciones habidas’ entre Ninlliat y Luis Arán con referencia al solar y también sabía de propio cono-cimiento que el solar aunque inscrito en el registro a favor de Luis Arán era de la exclusiva propiedad del demandante, sabiendo además que los edificios levantados sobre el solar habían sido construidos de buena fe por Ninlliat no obstante lo cual Suriñac instigó maliciosamente el embargo y venta de los mencionados bienes y con objeto de defraudar al de-mandante y arrebatarle torticeramente la propiedad de dichos bienes, los adquirió en la subasta en representación de sus menores hijos por precio que no cubría la cuadragésima parte del verdadero valor de los bienes subastados.

Entendemos que esas alegaciones combinadas con otras atinentes de la demanda determinan una causa de acción, pues muestran la existencia de un agravio a cuya reparación tiene derecho el demandante. Luis Ninlliat, según las alega-ciones de la demanda, había adquirido de Luis Arán por escritura pública de 5 de septiembre de 1902, el solar de que se trata y había hecho edificaciones en él por valor de $6,000 a $8,000, de buena fe y en la creencia de que las hacía en solar propio, y sabedor 'Suriñac de esos hechos remató en subasta pública representando a sus menores hijos, solar y edificios cual si fueran de la propiedad de Aran. No puede acogerse Suriñac a lo¡» beneficios que la ley concede a los terceros, pues no tiene tal carácter,' saín endo como sabía que el solar y edificios que remataba como de la propiedad de Aran habían sido adquiridos antes legítimamente por Ninlliat. Surís v. Quiñones et al., 17 D. P. R. 646 y 670. Y no debe alegarse que Suriñac compró no para sí sino para sus menores hijos mereciendo éstos por tanto el concepto de terceros, pues no cabe separar la personalidad de Camilo Suriñac como tal Suriñac de la de Suriñac como representante de sus menores hijos, y tiene que perjudicar a éstos el conocimiento que su padre tenía de la venta del solar y edificios hecha anteriormente por Luis Arán a Luis Ninlliat. Rivas v. Voigt, 1 S. P. R. 219, 224 y 225.

Comentando el Sr. Gómez de la Serna el artículo 27 de la Ley Hipotecaria, en su obra sobre la materia, Tomo I, página 587, preceptivo de que para los efectos de dicha ley se considera tercero a aquel que no haya intervenido en el acto o contrato inscrito, levanta la cuestión de si son terceros el escribano y testigos que intervienen en un documento público, y sostiene la negativa, expresándose en los siguientes términos:

“No tiene buena fe el que habiendo presenciado el acto o contrato en virtud del cual uno se ha desprendido del dominio de la cosa y sabiendo, por lo tanto, y de ciencia propia, que corresponde al que delante de él la adquirió, la compra, o por cualquiera otra clase de contrato la obtiene del antiguo dueño con pleno conocimiento de ([úe no lo es, y aprovechándose del descuido que tal vez tenga el primer adquirente en hacer la inscripción, se apresura a llevar la suya al registro para que con arreglo al artículo 17 no pueda ya inscribirse aquélla en que él intervino como escribano o como testigo. Favorecer esta adquisición tan de mala fe en perjuicio del que ad-quirió la misma cosa con buena fe, no sería moral ni justo: si pre-valeciera, se abriría ancha puerta a lamentables abusos * *

Aceptamos como buena esa teoría estimándola aplicable al presente caso, y repetimos lo que ya dijimos al resolver el caso citado de Rivas v. Voigt:

“Aun cuando la Ley Hipotecaria es una ley de crédito que sólo atiende en sus prescripciones al interés de la propiedad territorial, no es posible presumirla despojada de las demás cualidades que las leyes deben poseer, una de las cuales es que sea justa y no lo sería si consintiera que sólo por haberse cumplido estrictamente sus pre-ceptos, dejando de cumplir los que los más elementales de honradez imponen, se convirtiesen en hechos legítimos los que una conciencia honrada reprueba como inmorales.”

La inscripción del solar y edificios de que se trata a favor de los hijos de Suriñac en el registro de la propiedad, sa-biendo como sabía el padre de ellos Camilo Suriñac que solar y edificios pertenecían al demandante Ninlliat, no puede ser-virles por sí sola de escudo para contrarrestar las pre-tensiones del demandante e impedir una reparación de sus derechos lesionados.

Nos limitamos a resolver la cuestión legal de si los hechos alegados en la demanda determinan causa de acción y nos abstenemos de traer a nuestro examen y consideración cues-tiones ajenas al punto debatido.

La demanda, apreciada en su conjunto, muestra causa de acción y en su consecuencia es de revocarse la sentencia apelada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Iturrino, Peticionario y Apelado, v. Iturrino, Opositora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en cansa sobre administración judicial.
    No. 1437.
    Resuelto en junio 9, 1916.
    Vacaciones, Definición de.' — Una vacación ha sido definida como todo el tiempo comprendido entre el final de un término y el comienzo de otro, y también como el intermedio de los procedimientos judiciales; el descanso de las cortes; el tiempo dentro del cual las eortes no celebran sesiones.
    CAjiara — Significación.—El término “cámara” en su sentido corriente significa el despacho particular, la oficina de un juez u otro sitio donde se oyen mo-ciones, se dictan órdenes o el juez lleva a cabo algún trabajo fuera de la corte durante el término o en vacaciones, en cuestiones en que no es nece-saria una vista ante un juez o jueces que están celebrando sesión.
    Administración Judicial — Administradores Permanentes — Administradores Interinos — Vacaciones de las Cortes. — Por disposición expresa de la ley, (see. 26 de la ley de procedimientos legales especiales), las eortes de distrito de Puerto Rico no tienen facultad para tramitar en vacaciones peticiones de administración judicial; pero esto no obstante, en casos urgentes, de acuerdo con los poderes generales que les confiere el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado en 1905, (leyes de 1905, p. 211), pueden nombrar durante las vacaciones administradores interinos, debiendo seguir, en lo posible, las reglas fijadas por el estatuto para el nombramiento de administradores permanentes.
    Id. — Cónyuge ALudo. — Heredero con Mayor Participación. — A falta de cón-yuge viudo, la administración de los bienes de la herencia corresponde al heredero con mayor participación. Artículo 31 de la ley de procedimientos legales especiales.
    Id. — Solicitud no Jurada — Administrador Interino — Ocultación o Sustrac-ción de Bienes — Mayor Participación en la Herencia — Capacidad y Hon-radez, Prueba en Contra de. — La mera insinuación en una solicitud no jurada para que se nombre un administrador interino de que existen muebles y semovientes entre los bienes de la herencia que pueden ser ocultados o sustraídos, no es'bastante para que el juez de distrito, sin existir prueba alguna en contra de la capacidad y honradez del mayor partícipe, prescinda en absoluto de él y le impida conservarlos y administrarlos hasta que sean debidamente partido? y entregados a sus legítimos dueños.
    Id. — Cuestión Sub-Judioe — Reconocimiento en Forma Auténtica y Reha-ciente — Hijos Naturales — Falta de Personalidad. — Cuando todavía está sub-juáice la cuestión de si el documento en que consta el reconocimiento de nn hijo natural es o no el que requieren la ley y la jurisprudencia para que se entienda hecho el dicho reconocimiento en forma auténtica y feha-ciente, carece el pretendido hijo natural' reconocido de personalidad para solicitar eomo heredero la administración judicial de los bienes de la herencia de su alegado padre natural de acuerdo con la ley de procedimientos legales especiales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José de Guzmán Benitez.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 25 de agosto de 1915, hallándose en vacaciones la Corte de Distrito de Agnadilla, Luis Iturrino y López solicitó la administración judicial de los bienes’ dejados a su fallecimiento por el doctor Juan Dionisio Iturrino y Eivera fallecido bajo testamento en Cataño el 8 de octubre de 1918. En la solicitud presentada al efecto se alega que el peticionario es hijo natural auténticamente reconocido del dicho doctor, en virtud de expediente y decreto emanado del Superior Go-bierno Eclesiástico de fecha 10 de octubre de 1884; que ha-biendo sido preterido en el testamento otorgado por su padre natural, inició un pleito en la dicha Corte de Distrito de Aguadilla que fué fallado a su favor por sentencia de 4 de junio de 1915 que declaró nulo el referido testamento, nula la institución de heredero hecha en el mismo a favor de la única hija legítima del doctor llamada Camila Teresa de Jesús Iturrino, y abrió la sucesión intestada del finado; que el peticionario tiene en tal virtud, como hijo natural reconocido y heredero forzoso, interés en el procedimiento; y que la única persona con derecho a suceder al doctor además del peticionario es la mencionada Camila Teresa de Jesús Itu-rrino que se halla en posesión material de todos los bienes-de la herencia consistentes en. fincas rústicas y urbanas y otros bienes muebles y semovientes que tienen un valor aproximado de veinte y cinco mil pesos y que están situados, en su mayor parte, en San Sebastián, P. R. La solicitud está jurada pero no documentada.

El 8 de septiembre de 1915 el peticionario presentó otro escrito a la misma corte, que aún se hallaba en vacaciones, solicitandp el nombramiento de nn administrador interino, indicando para el cargo a Santiago López. El escrito no está jurado.

El once de septiembre de 1915 el juez, bailándose aún la corte en vacaciones, nombró administrador interino a la persona designada por el peticionario, quien debería prestar nna •fianza de veinte mil dólares antes de entrar en el desempeño de su' cargo.

El mismo día once de septiembre de 1915 la corte mandó citar a Camila Teresa de Jesús Itnrrino, para nna jnnta qno debería celebrarse el 28 de diclio mes para tratar del nom-bramiento de administrador.

Así las cosas, el 25 de septiembre de 1915, Camila Teresa de Jesús Itnrrino solicitó qne sé dejara sin efecto la administración decretada, y disentida sn solicitud, el 28 del mismo mes, el juez de distrito, el 8 de octubre de 1915, cuando habían terminado ya las vacaciones,' la declaró sin lugar dejando subsistentes la administración judicial decretada y el nombramiento de administrador interino hecho en vacaciones, reservándose hacer en su día un nuevo señalamiento para la comparecencia de la hija legítima del finado a los efectos del nombramiento definitivo de administrador. Contra esa resolución de la corte interpuso Camila Teresa de Jesús Iturrino el presente recurso de apelación.

Sostiene la parte apelante que la Corte de Distrito erró:

1, al tomar en consideración y resolver la solicitud de administración hallándose como se hallaba en vacaciones; 2, al nombrar el administrador interino, por no demostrar los hechos alegados en la solicitud que se estuviera en el caso que sanciona el artículo 30 de la Ley de Procedimientos Lega-les Especiales; 3, al permitir la enmienda del juramento de Ja solicitud inicial, y 4, al declarar que el peticionario tenía el carácter de heredero forzoso del doctor Iturrino.

1. Examinemos el primer error. Es un hecho admitido que cuando se presentó y se mandó tramitar la petición de administración judicial en este caso, la corte de distrito se Rallaba en vacaciones, y como el artículo 26 de la Ley de, Procedimientos Legales Especiales de 1905, tal como fue en-mendado en 1906, dispone que “si diclia corte de distrito estuviere en vacaciones, la petición se presentará en la próxima sesión,” el apelante sostiene que la corte de distrito erró al actuar en la forma en que lo hizo.

Una vacación ha sido definida como “todo el tiempo com-prendido entre el final de un término y el comienzo de otro,” y también como “el intermedio de los procedimientos judiciales; el descanso de las cortes; el tiempo dentro del cual las cortes no celebran sesiones.” Véase 7 R. C. L. 992.

Al tratar de los poderes de los jueces en cámara o en va-caciones, se expresa Cyc., así:

“Cuando la ley autoriza o tiene por objeto que se ejecute un acto judicial, se entiende que quiere significar que la corte^ dentro del término puede ejecutarlo, y que el juez en vacaciones no puede, sin tener autoridad expresa, actuar sobre el mismo. Aunque la prece-dente es una regla general, es evidente que las reglas cuyo fin es la protección de los derechos, de nada servirían si quedaran privados los jueces de toda facultad en cualquier otro tiempo que no fuera aquel en que la corte está celebrando sesión. Como consecuencia de esto en una época muy lejana asumían los jueces el derecho de ejer-citar facultades judiciales en cámara y en vacaciones, lo que según su criterio tendía a beneficiar la tramitación de los asuntos de la corte sin intervenir de un modo especial con el derecho de cualquier litigante.” 23 Cyc. 543.
“En los Estados Unidos las facultades de los jueces en cámara han sido ampliadas por la Constitución y el estatuto, y en Canadá por el estatuto; y al determinarse la facultad que tiene un juez en cámara o en vacaciones, siempre sería conveniente consultar la cons-titución local y los estatutos. A falta de prohibición constitucional, puede la legislatura conferir a los jueces la facultad de ejecutar actos judiciales en vacaciones o en cámara; pero con exclusión de aquellas facultades que ejercitaban los jueces de acuerdo con la ley común en cámara y en vacaciones, un juez puede únicamente ejer-citar aquellas funciones judiciales autorizadas expresamente por la constitución o el estatuto, y debe proceder teniendo muy en cuenta las limitaciones de dichas funciones, pues si se excede de las mismas sus actos serán nulos. Pero las cortes no interpretarán el estatuto que les confiere esa facultad en el sentido de establecer limitaciones y restricciones que no hayan sido expresadas en el mismo, y carecen de facultad para adoptar reglas de ninguna clase que limiten el ejercicio de las atribuciones conferidas por el estatuto.” 23 Cyc. 544.

En Puerto Eico la ley general vigente sobre la materia está contenida en la ley para enmendar el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil, aprobada en 8 de marzo de 1905, Leyes de 1905, p. 211, que copiada a la letra dice así:

“Sección 1. — Queda modificado el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Civil en la forma que sigue:
“Los jueces de distrito podrán dictar en sus despachos, si así se solicitare:
“(a) Las providencias, autos y órdenes de todo género que se insten en los asuntos ex parte, o sea en aquellos en que no exista contienda.
“(5) Los autos de mandamus, certiorari, inhibitorios y prohibitorios.
“(c) Las providencias, autos interlocutorios, y toda resolución afectante al procedimiento o encaminada a asegurar la efectividad de la sentencia, que se soliciten antes de contestar la demanda o des-pués de contestada, y también en el período de ejecución de sentencia.
“En los casos a que se contraen los apartados letras (b) y (c) la parte o partes que se consideren agraviadas, podrán dentro de los cinco días siguientes oponerse a la resolución recaída, y la oposición así suscitada, se resolverá por el juez, también en su despacho, dentro' de un plazo máximo de diez días, a contar de la fecha en que se pre-sentare la oposición. '
"Sección 2. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda derogada.
“Sección 3. — Esta Ley estará en vigor, desde la fecha de su aprobación.”

Aplicando esa ley general al caso que pende ante noso tros, la cuestión quedaría resuelta en contra del apelante, ya que las palabras: "en sus despachos,” puede considerarse que comprenden no sólo las órdenes que el juez dicta fuera de corte abierta durante los términos de labor, si que también las que acuerda mientras la corte se llalla en vacaciones.

"Durante las vacaciones,” dice la obra Cyclopaedic Law Dictionary, p. 942, “él juez en cámara dicta órdenes y reso-luciones en aquellos casos que son urgentes.”

Y la Encyclopaedia of Pleading and Practice, tomo 4, p. 337, se expresa así:

“El término ‘cámara’ en su sentido corriente significa el despacho particular u oficina de un juez u otro sitio donde se oyen mociones, se dictan órdenes o el juez lleva a cabo algún otro trabajo fuera de la corte, durante el término o en vacaciones, en cuestiones en que no es necesaria una vista ante un juez o jueces que están celebrando sesión. ’ ’

Bin embargo no es la ley general la que debe aplicarse, sino el precepto especial sobre la materia que dejamos trans-crito. Los términos en que está redactado ese precepto son categóricos, y la voluntad de la Legislatura debe cumplirse.

Esto no quiere decir que el juez no pueda tomar mientras se encuentra la corte en vacaciones medidas urgentes que tiendan a asegurar la buena administración y conservacióii de los bienes de las herencias, Ráyase o no iniciado el proce-dimiento durante alguiio de sus términos de labor. La misma parte apelante limita su impugnación por el motivo indicado a la tramitacióir de la solicitud de administración judicial en general, pero no' hace referencia al nombramiento de ad-ministrador interino en particular. Para acordar dicho nom-bramiento en vacaciones, en casos propios, la facultad de la corte de distrito es clara. No existiendo prohibición expresa en la ley de procedimientos legales especiales, es aplicable la regla general establecida en el artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Civil.

2. Examinemos el segundo error. La solicitud no jurada pidiendo el nombramiento de administrador interino, copiada a la letra, dice así:

“Comparece el peticionario por representación de su abogado y respetuosamente expone:
“1. Que ha presentado una petición sobre administración judicial de los bienes del finado Dr. Juan Dionisio Iturrino, iniciando con la misma este expediente.
“2. Que según se ha alegado en el hecho 7o. de la petición, la persona finada ha dejado bienes sujetos a partición, consistentes en fincas rústicas y urbanas:
“3. Qiue las fincas rústicas del finado producen café y ya ha co-menzado la cosecha del fruto; estando dichos bienes en la posesión material de la hija legítima del finado desde que falleció éste;
‘ ‘ 4. Que asimismo las fincas urbanas producen rentas y éstas son administradas por dicha hija legítima;
“5. Que existen además bienes semovientes en las fincas rústicas pertenecientes a la sucesión del finado,-que están asimismo bajo el .control absoluto de dicha hija legítima;
“6. Que tales productos y semovientes, son susceptibles de ser sustraídos y ocultados, con lo cual quedaría perjudicado injustamente el peticionario, quien nunca ha tenido intervención en dichos bienes ni tampoco ha recibido renta o producto alguno de los mismos;
“7. Que esta corte se halla en su período de vacaciones y de dila-tarse este asunto, tales bienes pueden ser ocultados y sustraídos y procede, de acuerdo con la ley y la justicia, una medida rápida que venga a proteger los derechos del peticionario; ' ■
“Por tanto: el peticionario, solicita de Y. Ií. que de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Procedimientos Legales especiales aprobada en marzo 9 de 1905, y enmendada por la No. 16 de 9 de marzo de 1911, y toda vez que no existe albacea testamentario, se sirva designar un administrador interino, bajo la-necesaria fianza, para que se haga cargo de los bienes y efectos del finado, mientras se nombre administrador permanente; y el peticionario, se permite designar para tal cargo a Don Santiago López, persona de reconocida honradez y probidad que puede desempeñar dicho cargo bajo la autoridad de esta honorable corte.
“Mayagüez, para Aguadilla, a 8 de septiembre de 1915. (Fir-mado) Ledo. José Sabater. Abogado del peticionario. Recibida por correo hoy 9 de septiembre de 1915.— (Firmado) Alberto García Ducós. Subsecretario.”

Dos días después de recibida en la corte la anterior soli-citud, el juez dictó la siguiente orden:

“A la moción precedente y de acuerdo con lo que determina el artículo 30 de la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales de 9 de marzo de 1905 enmendada en este punto por la Ley No. 16 de 9 de marzo de 1911, se nombra Administrador Interino de los bienes y efectos del finado Dr. Juan Dionisio Iturrino a D. Santiago López, designado por el peticionario, siempre qne preste fianza con dos buenos fiadores por la suma de ‘veinte mil dólares.’ Notifíquesele este nombramiento a los efectos oportunos. En su despacho a 11 de septiembre de 1915.' Firmado: Isidoro Soto Nussa, Juez.”

La facultad de la corte de distrito para nombrar un ad-ministrador interino mientras se nombra el administrador permanente, es clara.

Nada dice la ley con respecto a las personas que deban ser nombradas, pero a nuestro juicio deben seguirse en lo posible las reglas fijadas por el estatuto para el nombra-miento de administradores permanentes. Véanse los casos de Díaz et al. v. Cividanes, 23 D. P. R. 847 y Escudero v. Sabater, 23 D. P. R. 854.

Según el mismo peticionario, los bienes dejados por su alegado padre natural estaban en poder de su única bija legítima Camila Teresa de Jesús Iturrino, que era, de acuerdo con la ley, la que mayor participación tenía en la herencia y a la que correspondía, por tanto, a falta de cónyuge viudo, su administración. Artículo 31 de la ley de procedimientos legales especiales.

Siendo esto así ¿cómo es posible, que por virtud de una solicitud ex parte, en que no se alega razón extraordinaria alguna, sin oirla previamente, el juez la privara de la dicha administración, encomendándola a un extraño en cuya desig-nación no tuvo participación alguna?

Tienen los jueces una gran discreción en estos casos, pero el ejercicio de esa discreción no es arbitrario.

Es cierto que en la solicitud que venimos examinando se alegó que las fincas rústicas de la herencia producían café y que se había comenzado la cosecha, y, además, que existían semovientes y que tales bienes “pueden ser ocultados y sus-traídos,” y es cierto también que el artículo 30 de la Ley de Procedimientos Legales especiales en su segundo párrafo, adicionádole en 1911, dice:

“En todo caso en qne cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 23 de esta ley que puedan solicitar la autorización judicial, ponga en conocimiento del juez que existen bienes muebles o semovientes susceptibles de ser sustraídos u ocultados,'el juez dictará una orden para que el márshal proceda a ocuparlos inmediatamente, practicando inventario y depositándolos en poder de persona abo-nada, que puede ser uno de los herederos, ínterin se hace por el juez el nombramiento de un administrador con la consiguiente fianza.”

Pero no basta la mera insinuación en nna solicitud, que ni siquiera está jurada, de que existen muebles y semovientes entre los bienes de la herencia que pueden ser ocultados y sustraídos, para que el juez se lance a alterar el orden exis-tente arrebatando al mayor partícipe la posesión de los bienes sin que exista prueba alguna en contra de su capacidad y honradez para conservarlos y administrarlos hasta que sean, debidamente partidos, entregados a sus legítimos dueños.

A nuestro juicio el juez se extralimitó en sus facultades en este caso al nombrar administrador interino al extraño propuesto por el peticionario, prescindiendo en absoluto del heredero que mayor participación tenía en la herencia y que se hallaba en posesión de los bienes de la misma.

3 y 4. La cuestión relativa a la enmienda del juramento, carece de importancia a los fines de la decisión de este re-curso. La que hace referencia a la personalidad del peti-cionario, debe estudiarse y resolverse, a nuestro juicio.

En la petición inicial se alegó que el doctor Iturrino murió bajo testamento en el cual pretirió al peticionario por cuyo motivo éste entabló un pleito sobre reclamación de partici-pación hereditaria y nulidad de actuaciones, que la corte de distrito resolvió a su favor por sentencia de 4 de junio de 1915; mas, según sostuvo Camila Teresa ele Jesris Iturrino en una moción jurada de impugnación, dicho pleito estaba pendiente en apelación ante este Tribunal Supremo al iniciarse el procedimiento sobre administración judicial.

No debemos decidir ahora si el peticionario tiene o no en realidad de verdad la condición de heredero del doctor Itu-rrino. Sólo debemos partir de la base de que tal condición ha sido impugnada en un pleito que aún pende de resolución en este mismo tribunal y que, por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta misma corte en los casos de Rivera v. Cámara, 17 D. P. R. 528, y Puente et al. v. Puente et al., 16 D. P. R. 582, no tiene aún personalidad bastante para solicitar como heredero la administración judicial de la herencia.

Podrá tener el peticionario otros medios reconocidos por la ley para asegurar los bienes que puedan corresponderle si finalmente se decide a su favor el pleito por él entablado, pero la solicitud de administración judicial que autoriza la ley de procedimientos legales especiales, le está aún vedada. Todavía está sub judice la cuestión de si el documento en que consta según él su reconocimiento es o no el que requieren la ley y la jurisprudencia para que se entienda el hijo natural reconocido en forma auténtica y fehaciente.

Por virtud de todo lo expuesto, debe declararse .con lugar el recurso establecido y revocarse la resolúción apelada.

Revocada la resolución apelada, y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Juez Asociado Sr. Wolf no intervinieron.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Echavarría et al., Recurrentes, v. El Registrador de Aguadilla, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador interino de la Propiedad de Aguadilla denegando la inscripción de una escritura de partición de bienes.
    No. 281.
    Resuelto en junio 9, 1916.
    Recurso Gubernativo — Nota Consentida — Defectos Subsanables. — Cuando uno de los motivos del recurso se dirige a impugnar los defectos consignados en nota anterior no susceptible de impugnación por haber sido consentida en la vía gubernativa, la Corte Suprema debe limitarse a examinar y resolver si han sido subsanados o no dichos defectos por la parte interesada.

      Operaciones Divisorias — División de Bienes — Aprobación Judicial — Ratifica-oión por los Herederos — Negativa de Inscripción. — Cuando el registrador niega la inseripeión de operaciones divisorias por no haber sido éstas apro-badas judicialmente o ratificadas por un heredero que ha llegado a la mayoría de edad después de la fecha en que aquéllas se practicaron, el único medio de subsanar el defecto es presentar el justificativo de la aprobación de la autoridad judicial o de la ratificación por el heredero.
    Recurso Gubernativo — Defectos no Apuntados en Nota Anterior — Nuevos Defectos — Deber del Registrador. — El registrador no debe consignar en una segunda nota defectos que no apuntó en la primera, pues es su deber reunir en una sola nota todos los motivos legales de su negativa. La expo1 sición de unos motivos sin consignar otros demuestra que solo aquéllos han influido en la mente del registrador al denegar la inscripción.
    Id. — Cancelación de Adjudicaciones — Defecto Subsanable — Deber del Regis-trador — Examen del Registro. — Cuando el registrador en una primera nota ha consignado como defecto el no haberse cancelado ciertas adjudicaciones que estima vigentes, y después se le presenta documentación tendente a com-. probar la cancelación, es su deber, antes de negar por segunda vez la inscrip-ción, examinar los asientos del registro y consignar si las cancelaciones se han hecho o no, y si, por tanto, ha desaparecido o no el defecto por él apuntado.
    Defensor Judicial — Menores—Defecto Subsanable — Id. Insubsanable. — La falta de justificación en el registro del carácter de defensor de un menor constituye defecto subsanable y no insubsanable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Los recurrentes comparecieron en nombre propio.
    El registrador interino recurrido, Sr. Francisco Socorro, no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Habiendo decretado la Corte de Distrito de Mayagüez por sentencia de 24 de diciembre de 1903, confirmada por esta Corte Suprema, la rescisión de las operaciones divisorias del caudal de Venancio Esteves y Serrano fallecido en 14 de marzo de 1892 bajo testamento otorgado en la misma fecha, cuyas operaciones particionales habían practicado su .viuda y herederos en 12 de enero de 1901, procedieron dicha viuda y herederos en 15 de marzo de 1907 a practicar nuevas operaciones particionales que fueron protocolizadas en 23 de mayo de 191.4, y en ellas se adjudicaron a Herminia, Ignacia y José Echavarría y Maisonave en pago de un crédito hipotecario de que eran dueños y que se obligaron a satisfacerles la viuda y el heredero Segundo Esteves Alers, 2 porciones de terreno que representaban el haber de la viuda y de dicho heredero.

Dichas operaciones particionales fueron presentadas en el Registro de la Propiedad de Aguadilla para la inscripción de las porciones de terrenos adjudicadas a Herminia, Ignacia y José Echavarría y Maisonave, y el registrador denegó la inscripción por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento en cnanto a las parcelas de ciento veinte y nueve cuerdas treinta céntimos y treinta cuerdas setenta céntimos en el barrio de ‘Culebrinas’ lugar denominado ‘Sonador’ de San Sebastián adjudicadas a Doña Herminia, Doña Ignacia y Don José Echavarría y Maisonave, únicas de que se solicitó inscripción, porque siendo menor la heredera Doña Rafaela Esteves Alers en la época en que se practicaron las operaciones particionales de que trata, no tuvieron éstas la aprobación judicial correspondiente, no habiendo sido ratificadas posteriormente por dicha heredera, ya mayor de edad; y también porque la finca principal de que ahora nuevamente se segregan las parcelas mencionadas, fué adjudicada a Doña María Santoni y Aramburu, a Don Víctor Martínez, a ‘L. Orfila y Compañía,’ a Isabel Alers y a Mon-serrate, Mercedes y Rafaela Esteves Alers, en virtud de la división practicada en doce de enero de mil novecientos uno declarada rescin-dida por el Tribunal de Mayagüez, y dichas adjudicaciones por no haber sido canceladas, se hallan vigentes en la actualidad; así como también los traspasos de parte de dichas adjudicaciones hechas a Don Víctor Primo Martínez y González; y tomada en su lugar anotación preventiva que ordena la ley por el término legal, a favor de los señores Echavarría y Maisonave, a los folios cincuenta y sesenta del tomo 31°. de San Sebastián, fincas números 1775 y 1776, anotaciones letras ‘A’ y ‘A,’ practicadas con. vista de otros documentos y de un escrito; con los defectos subsanables, de no haberse acreditado por Doña Isabel Alers, su carácter de heredera de Don Ventura Esteves Alers; de no haberse acreditado por Don Segundo Esteves Alers, su carácter 'de defensor judicial de su menor hermana Doña Rafaela de iguales apellidos; ni por Don Alberto Bravo ni por Don Lorenzo Orfila, el carácter y facultades con que comparecieron en la nueva división del caudal del causante Don Venancio Esteves y Serrano. Aguadilla, 8 de septiembre de 1914. El Registrador. Rafael Tirado Verrier.”

Esa nota no fué recurrida oportunamente.

Las mismas operaciones particionales fueron presentadas nuevamente al expresado registro en 25 de marzo de 1916 con varios documentos tendentes a subsanar los defectos que habían impedido la inscripción solicitada, y el registrador volvió a denegar dicha inscripción por medio de la siguiente nota:

“No admitida la inscripción del precedente documento, que es la escritura número cincuenta y ocho otorgada en esta ciudad el día veinte y tres de mayo de mil novecientos catorce ante el Notario Don Arturo Reichard del Yalle, con vista de otros, en cuanto a las parcelas de ciento veinte y nueve cuerdas treinta céntimos y de treinta cuerdas setenta céntimos, radicadas en el barrio de Culebrinas, lugar denominado ‘Sonador’ del término municipal de San Sebastián, y tomada en su lugar anotación preventiva por el término de ciento veinte días a favor de Doña Herminia, Doña Ignacia y Don José Echavarría Maisonave, a los folios 54 vuelto y 64 del tomo 31 del ayuntamiento de San Sebastián, fincas números 1775 y 1776, anotaciones letras B, respectivamente, por los defectos insubsanables si-guientes: 1o. Porque siendo menor de edad la heredera Rafaela Esteves Alers al verificarse las operaciones particionales de bienes de que se trata, no han sido éstas sometidas a la aprobación judicial correspondiente (artículo 71 de la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales de 9 de marzo de 1905, tal como está enmendado por la de 8 de marzo de 1906, página 182); 2°. Porque en la partición de bienes, en la que está interesada la menor Rafaela Esteves Alers, no ha intervenido Don Yenancio Cabrero, contador nombrado por el tes-tador en su testamento, ni en su defecto se ha solicitado ni obtenido por la albacea Isabel Alers, el nombramiento de otro contador, de la corte de distrito competente, para verificar la división de la herencia (artículo 67 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 9 de marzo de 1905, tal como está enmendado por la misma ley anterior-mente citada); 3o. Porque habiendo sido calificado por esta oficina con fecha ocho de septiembre de mil novecientos catorce el anterior documento, sin que contra la calificación dé que dicha nota resulta, se haya interpuesto en tiempo, el debido recurso; y habiéndose to-mado de la negativa la anotación preventiva correspondiente, resulta como calificación consentida, que impide la renovación incesante de anotaciones de títulos no inscritos, que el interesado en la inscripción pretendida, no ha subsanado todos los defectos enumerados anterior-mente, qne son los mismos a qne se refiere la anterior nota, y los de no haber acreditado Don Segnndo Esteves Alers su carácter de defensor de sn menor hermana Rafaela Esteves Alers, aun cuando pueda serlo, teniendo como se demuestra tiene en la herencia de que se trata intereses opuestos a. los de su defendida, toda vez que como intere-sado por derecho propio interviene también en la partición. (Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de España de 30 de mayo de 1878, 13 de junio de 1890, y Resoluciones de nuestro Tribunal Supremo de 25 de junio y 4 de noviembre de 1909, Vol. 15, págs. 556 y 674, y 23 de junio de 1910, Vol. 16, pág. 637.) Aguadilla, abril 3 de 1916. Francisco Socorro, Registrador de la Propiedad Interino.”

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por Herminia, Ignacia y José Ecliavarría Maisonáve, quienes para obtener su revocación alegan los siguientes motivos:

Io. Que no es de aplicación al caso el artículo 71 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales invocado por el registrador, pues la falta de aprobación judicial en una tes-tamentaría puede ser suplida mediante la ratificación de ella por todos los interesados siendo mayores de edad como lo eran todos los que intervinieron en las operaciones partícionales de que se trata cuando se solicitó por los recurrentes la inscripción en el registro de las porciones de terreno que les fueron adjudicadas.

2o. Que no era necesaria la intervención del contador nom-brado” por el testador en las operaciones divisorias de Venancio Esteves Serrano ni tampoco era necesario el nombramiento de otro contador que lo sustituyera para verificar la división de la herencia.

3o. Que las adjudicaciones que impidieron la inscripción, aunque vigentes en la fecha de la primera nota del registrador habían sido ya canceladas cuando por segunda vez se solicitó la inscripción, y que el hecho de no haber acreditado Segundo Esteves Alers su carácter de defensor de su hermana Eafaela de los mismos apellidos, no constituye defecto insubsanable sino subsanable, sin que hubiera tampoco con-flicto alguno entre los derechos de dicho defensor judicial y los de su hermana Eafaela.

4o. Que al plazo dentro del cual debe el contador practicar la división de la herencia deben aplicarse por analogía los preceptos relativos a los albaceas, y, por tanto, transcurrido el año sin haberse prorrogado por el testador o por los interesados, debe considerarse válida la partición hecha después por los herederos mayores de edad.

No podemos considerar el primer motivo del recurso, pues ese motivo se dirige, no a subsanar sino a impugnar el primer defecto consignado en la nota de 8 de septiembre de 1914, cuya nota no es susceptible de impugnación por haber sido consentida en la vía gubernativa por la parte interesada.

Nuestra acción en el presente caso debe limitarse a examinar y resolver si han sido subsanados o no por la parte interesada los defectos consignados por el registrador en la mencionada nota, según doctrina ya establecida por esta Corte Suprema en los casos de Hernández v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, 14 D. P. R. 795 y 798; Barreras v. El Registrador, 15 D. P. R. 556 y 558; y Behn v. El Registrador, 21 D. P. R. 513 y 522.

Ciertamente que entre los documentos presentados al re-gistrador al solicitar la segunda inscripción que es materia del recurso, los hay tendentes a justificar que Eafaela Esteves Alers es actualmente mayor de edad por haber nacido en el año de 1887, pero esos documentos no demuestran que lo fuero en 15 de marzo de 1907 en que se practicaron las ope-raciones divisorias. El único medio de subsanar el defecto apuntado por el registrador en la nota de 8 de septiembre de .1914, consistente en la falta de aprobación judicial o de ratificación por la heredera Eafaela Esteves Alers, hubiera sido da presentación del justificante de la aprobación de la autoridad judicial o de la ratificación por dicha heredera.

Tampoco cabe discutir en el fondo el segundo motivo del recurso, pues el defecto a que alude no fué consignado en la primera nota de 8 de septiembre de 1914, y el registrador, por tanto, no lia debido consignarlo en sn segunda nota recurrida.

Cuando el registrador deniega una inscripción, es su deber reunir en una sola nota todos los motivos legales de su nega-tiva, según jurisprudencia ya establecida por la Dirección General de los Registros de España ratificada por la sección 1a. de la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1°., 1902. La exposición de unos motivos sin consignar otros demuestra que aquéllos solos han influido en la mente del registrador al denegar la inscripción. Roig v. El Registrador de la Propiedad, 18 D. P. R. 11.

El registrador traspasó los límites de sus facultades al consignar en la segunda nota como defecto para la inscripción la falta de intervención del contador partidor en la divisoria.

En cuanto al tercer motivo, lia presentado .a esta corte la parte recurrente documento tendente a demostrar que las cancelaciones de que se trata fueron hechas en el registro después de la nota de 8 de septiembre de 1914 y antes de la nota posterior recurrida; pero no aparece que hubiera sido presentado al registrador al solicitarse la segunda inscrip-ción, y, por tanto, no podemos tenerlo en cuenta para estimar si han sido canceladas o no dichas adjudicaciones. El regis-trador,. con examen de los asientos del registro, debió apre-ciar si las cancelaciones se'habían hecho y si, por tanto, había desaparecido el segundo defecto apuntado en su nota de 8 de septiembre de 1914, consignando por modo expreso su cali-ficación sobre el particular en la nota hoy recurrida.

El carácter de defensor de la menor Rafaela Esteves Alers no ha sido comprobado y, por tanto, subsiste como defecto subsanable, que de tal y no de insubsanable lo calificó el registrador en su nota de 8 de septiembre de 1914. Si era incompatible la propia representación de Segundo Esteves Alers con la de defensor de su hermana Rafaela de los mis-mos apellidos no es punto a discutir en el presente recurso por no haberse consignado tal defecto en la primera nota, y no poder ser motivo de la segunda.

También es materia extraña al presente recurso, la cuarta razón alegada para sostenerlo, pues como ya hemos dicho antes, nuestra acción debe limitarse a examinar y resolver si se han' subsanado o no los defectos consignados en la nota de 8 de septiembre de 1914.

En cuanto a los defectos subsanables consignados en dicha nota, se ha subsanado mediante la certificación correspon-diente el de no haberse acreditado que Isabel Alers compa-recía en su carácter de heredera de Ventura Esteves Alers, y también se ha demostrado mediante escritura pública el carácter y facultades con que compareció Lorenzo Orfila en la divisoria de que se trata. No sucede lo propio con la falta de representación de Alberto Bravo.

Por las razones expuestas, y aceptando las consignadas en la nota de 3 de abril de 1916, consistentes con aquéllas, es de confirmarse la expresada nota.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Peesidehte Sr. Hernández,

text:
    Gregory, Demandante y Apelante, v. El Tesorero de Puerto Rico, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre reintegro de cantidad pagada bajo protesta en concepto de contribuciones.
    No. 1484.
    Resuelto en junio 9, 1916.
    Sociedades Mercantiles — Compañías Colectivas — Id. en Comandita — Socios Gestores — Id. Comanditarios — Responsabilidad' de los Socios. — La respon-sabilidad de los socios comanditarios por las obligaciones y pérdidas de la compañía se limita a los fondos que pusieren o se obligaren a poner en la comandita, y la responsabilidad de los socios gestores tanto en la compañía colectiva como en la comanditaria, es personal y solidaria con todos sus bienes.
    Id. — Compañía en Comandita — Responsabilidad de los Socios Colectivos y Comanditarios — Carácter Distintivo de la Sociedad en Comandita — Pago de Contribuciones. — En la compañía en comandita el socio colectivo arriesga no solamente los bienes que aporta a la sociedad sino los demás que tenga. El socio comanditario no asume más riesgo que la pérdida del capital que aporta. Es ese carácter distintivo 'de la sociedad en comandita y no lia sido alterado o modificado en cuanto al pago de contribuciones por el artículo 292 del Código Político.
    Contribuciones — Pago de Contribuciones Bajo Protesta — Devolución de Con-tribuciones — Intención del Legislador — Código de Comercio — Socios Co-manditarios — Id. Colectivos. — Ha sido el fin del artículo 292 del Código Político determinar cuáles son las personas que deben pagar las contribu-ciones impuestas a una razón social que es la obligada al pago, individuali-zando, por decirlo así, esa razón social; y como los nombres de los socios comanditarios en una sociedad mercantil no pueden ser incluidos en la razón social, no fué el propósito por parte de la legislatura al referirse a socios en general el equiparar los socios comanditarios a los colectivos para pago de contribuciones, borrando así la diferencia que-entre unos y otros establece el Código de Comercio.
    Id. — Intención del Legislador. — Es una regla antigua y familiar de las cortes inglesas aplicable a toda clase de contribuciones, .particularmente a las con-tribuciones especiales, que el soberano está en la obligación de expresar su intención de fijar una contribución en lenguaje claro e inequívoco.
    Id. — Código de Comercio — Código Político — Derogaciones Tácitas. — El artículo 148 del Código de Comercio no ha sido derogado por el 292 del Código Polí-tico, pues los preceptos de uno y otro código pueden armonizarse. Las dero-gaciones tácitas no merecen ordinariamente la sanción' de las cortes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Peesidehte Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto contra sen-tencia que en 10 de febrero del corriente año 1916 dictó la Corte de Distrito de Mayagüez declarando sin lugar demanda interpuesta ante dielia corte en 9 de agosto de 1915 sobre reintegro de cantidad pagada bajo protesta al Tesorero de Puerto Rico en concepto de contribuciones.

Resulta de las alegaciones de la demanda y de la contes-tación en relación con las pruebas practicadas en el juicio:

Io. Que por escritura pública otorgada en la ciudad de San Germán a 11 de febrero de 1911, Andrés Irizarry Quiñones, Enrique Gregory, José R. Gregory Morfi, y Ulises Gregory Llorens constituyeron una sociedad mercantil en comandita bajo la razón Irizarry, Gregory & Co., sociedad en comandita, con domicilio en dicha ciudad, siendo los dos primeros socios gestores de la misma y comanditarios los dos últimos.

2o. Que la expresada sociedad fné modificada por otra escritura posterior de 18 de julio de 1911, prorrogándose su término por dos años más.

3o. Que por una tercera escritura de 30 de agosto de 1912, fué disuelta la sociedad transmitiendo a Enrique Gregory los otros tres socios todos los derechos y acciones que les correspondían en la sociedad y quedando Enrique Gregory hecho cargo del capital activo y pasivo de la sociedad extinguida.

4o. Que Ulises Gregory a virtud de requerimiento para el pago del segundo semestre de las contribuciones corres-pondientes al año económico de 1912 a 1913 repartidas a dicha sociedad y montantes con recargo a $31.80, las satisfizo bajo protesta.

La corte estima que el demandante recurrente, aunque socio comanditario de Irizarry, Gregory & Go., está sujeto al pago de las contribuciones impuestas a dicha sociedad con sujeción al artículo 292 del Código Político derogatorio del 148 del Código de Comercio, sin que el hecho de haber sido disuelta la sociedad en 30 de agosto de 1912, exima a Ulises Gregory del pago de las contribuciones correspondientes al segundo semestre del año económico de 1912 a 1913, y por tales fundamentos declara sin lugar el reintegro de $31.38 que pide el demandante Gregory.

Alega la parte apelante como motivos del recurso los siguientes:

(a) Que la corte erró al llegar a la conclusión de que por virtud de .lo establecido en el artículo 292 del Código Político los socios comanditarios son responsables del pago de las contribuciones adeudadas por la sociedad, y que el artículo 148 del Código de Comercio quedó derogado por el citado artículo 292 del Código Político.

(b) Que también erró ]a corte al apreciar que era legal el cobro ele contribuciones del segundo semestre del año eco-nómico de 1912 a 1913 a la sociedad Irizarry, Gregory & Co., cuando tal sociedad no existía al comenzar dicho segundo semestre en Io. de enero de 1913.

Según el artículo 148 del Código de Comercio todos los socios colectivos, sean o no gestores de la compañía en co-mandita, quedarán personal y solidariamente obligados a las resultas de las operaciones de ésta en los propios términos y con igual extensión que los de la colectiva, según dispone el artículo 127, mientras que la responsabilidad de los socios comanditarios por las obligaciones y pérdidas de la compañía quedará limitada a los fondos que pusieren o se obligaren a poner en la comandita, excepto en el caso previsto en el artí-culo 147.

El precepto del artículo 148 a que nos hemos referido es congruente con el artículo 122, según el cual en la compañía regular colectiva todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, y en la comanditaria uno o varios sujetos aportan capital determinado al fondo común para estar a las resultas de las operaciones sociales dirigidas exclusivamente por otros con nombre colectivo.

Los artículos 127 y 147 a que se refiere el artículo 148, prescriben, el piimero, que la responsabilidad de los socios, en la compañía cqlectiva, sean o no gestores- de la misma es personal y solidaria con todos sus bienes, y el segundo, que-si algún comanditario incluyese su nombre o consintiese su inclusión en la razón social, quedará sujeto respecto a las. personas extrañas a la compañía' a las mismas responsabili-dades que los gestores, sin adquirir más derechos que los correspondientes a su calidad de comanditario.

Como se ve, la responsabilidad de los comanditarios por las obligaciones y pérdidas. de la compañía, se limita a los fondos que pusieren o se obligaren a poner en la comandita,, y la responsabilidad de los socios gestores tanto en la com-pañía colectiva como en la comanditaria, es personal y soli-daria con todos sns bienes.

Bajo los anteriores preceptos legales, es claro qne según el Código de Comercio los socios colectivos, sean o no gestores, tanto en la compañía colectiva como en la comanditaria, están sujetos con todos sns bienes al cumplimiento de las obligaciones de la compañía de qne forman parte, sin qne los socios comanditarios tengan que responder de esas obligaciones con más bienes que los que aportaron a la sociedad comanditaria.

En la compañía en comandita el socio colectivo arriesga no solamente los bienes que aporta a la sociedad sino los -demás que tenga. El socio comanditario no asume más riesgo «que la pérdida del capital que aporta.

Es ese carácter distintivo de la sociedad en comandita y no ña sido alterado o modificado en cuanto al pago de contribuciones por el artículo 292 del Código Político cuyo texto literal es el siguiente:

“Artículo 292. — Los socios de casas mercantiles o de otros nego-cios, ya residan en un mismo lugar, o ya en distintos, estarán sujetos mancomunadamente al pago de contribución bajo su razón social, en el lugar en que sus negocios estén establecidos, por todos los bienes muebles empleados en éstos, incluyendo toda clase dé buques o em-barcaciones, botes y lanchas. En caso de que los socios establecidos tengan sus negocios en dos o más distritos de tasación, estarán sujetos al pago de contribución en cada uno de tales puestos u oficinas, en proporción a la propiedad que tengan, empleada en cada distrito. Cuando varios socios estén de esa manera sujetos mancomunadamente al pago de contribución, cada socio será responsable por el total de la misma.”

Ha sido el fin de dicho artículo determinar cuáles son las personas que deben pagar las contribuciones impuestas a una razón social que es la oblig;ada al pago, individualizando por decirlo así, esa razón social; y como los nombres de los socios comanditarios en una sociedad mercantil no pueden ser incluidos en la razón social, no aparece claro el propósito por parte de la legislatura al referirse a socios en general de equiparar los socios comanditarios a los colectivos para pago de contribuciones, borrando así las diferencias que entre unos y otros establece el Código de Comercio. El artículo 292 del Código Político no hace mención expresa de socios comanditarios y, por tanto, no podemos afirmar que con res-pecto de éstos contenga un precepto irreconciliable con el del Código de Comercio. Los preceptos de uno y otro código pueden armonizarse en la forma expuesta. Si hubiera sido el propósito de la legislatura someter a los socios comanditarios al pago de una contribución a que. por los preceptos del Código de Comercio no estaban sujetos, lo hubiera con-signado por modo expreso, pues ya dijimos al resolver el caso The Fajardo Sugar Co. v. El Tesorero de Puerto Rico, 22 D. P. R. 311, que es una regla antigua y familiar de las cortes inglesas aplicable a toda clase de contribuciones, particularmente a las contribuciones especiales, que el soberano está en la obligación de expresar su intención de fijar una contribución en lenguaje claro e inequívoco.

El artículo 148 del Código de Comercio no ha sido dero-gado por el 292 del Código Político, pues los preceptos' de uno y otro código pueden armonizarse. Ya hemos dicho antes de ahora que las derogaciones tácitas no merecen ordinaria-mente la sanción de las cortes. The American Trading Co. v. Monserrat, 18 D. P. R. 273; Pérez v. Sucesión Collado, 19 D. P. R. 1061; El Pueblo v. Concepción, 21 D. P. R. 311.

No puede sostenerse que el recurrente esté comprendido en la excepción del artículo 147 del Código de Comercio por haber incluido o consentido la inclusión de su nombre en la razón social de Irizarry, Gregory & Co., sociedad en comandita, pues no aparece que el Gregory que figura en dicha razón social sea el demandante Ulises Gregory y es de presumirse que lo sea Enrique Gregory que con Irizarry era socio gestor de la expresada sociedad, siendo comanditarios José R. y Ulises Gregory.

Como la sentencia cae por el primer motivo del recurso se hace innecesario examinar el segundo basado en que la contribución fue indebidamente cobrada por no existir la sociedad Irizarry, Gregory & Co. en el segundo semestre a que aquélla se refiere.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada, y expedirse certificación expresiva, de conformidad con la Ley No. 35 sobre la materia, aprobada en 9 de marzo de 1911, de que la contribución de que se trata fue pagada indebidamente y debe ser reintegrada al demandante.

Revocada la sentencia apelada y ordenado el reintegro de la cantidad pagada indebidamente.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y HuteMson.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Ledesma, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recueso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Arecibo denegando la inscripción de una escritura aclaratoria.
    No. 277.
    Resuelto en junio 12, 1916.
    Nombres — Rectificación de Nombres en Escritura Inscrita — Errores de Con-cepto. — Para subsanar el error cometido por los mismos interesados en una escritura pública que se inscribió en el registro al consignar en ella que uno de los otorgantes se llamaba Pedro Ledesma Serrano en vez de Juan Ledesma Serrano, basta el propio acuerdo de los interesados consignado en documento público, siendo inscribible el nuevo documento en el registro a los efeetos de la rectificación en él del error indicado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel Paz Urdaz.

    El registrador recurrido, Sr. Felipe Cuchí Arnau, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en el presente recurso gubernativo una cuestión relativa a la forma en que puede rectificarse el nombre de uno de los otorgantes de una escritura inscrita en el registro de la propiedad.

En diciembre de 1901 Salvador Ledesma adquirió para sus menores bijos, a título de compra, tres casas situadas en la ciudad de Arecibo. En la .escritura que se otorgó al efecto y que se inscribió en el registro se bizo constar que dichos bijos se llamaban Cruz, Manuel, Francisca, Pedro y Domingo Ledesma Serrano.

Pasó el tiempo. Se trató de vender las fincas adquiridas y al examinar los documentos se notó que comparando los nombres consignados en la escritura inscrita con los que apa-recían en el registro civil, existían diferencias y entonces los interesados, padre e bijos, resolvieron otorgar y otorgaron en efecto una escritura aclarando lo ocurrido a los efectos de rectificar el error en el registro de la propiedad. El error principal consistía en que el bijo nombrado Pedro Ledesma Serrano en la escritura de 1901, se llamaba en verdad, según el registro civil, Juan Ledesma y Serrano.

Al otorgarse la escritura de 1901 todos los hijos-de Le-desma eran menores. Al otorgarse la escritura aclaratoria de que se trata, el 20 de noviembre de 1911, Cruz María, Manuel y Francisca Ledesma y Serrano eran ya mayores de edad, Juan era menor pero estaba emancipado y sólo continuaba en su minoridad absoluta Domingo Ledesma y Serrano que estuvo representado por su padre Salvador Ledesma Taulet.

La escritura aclaratoria se presentó en el registro y el registrador se negó a hacer la rectificación solicitada por medio de la siguiente nota:

“Denegada la rectificación qne se interesa en la nota de presen-tación qne antecede, toda vez qne en el asiento qne se pretende recti-ficar, becbo por nn registrador qne ya ba cesado en este distrito, consta inscrito nn condominio en la finca a nombre de ‘Pedro Ledesma Serrano,’ y en el acta notarial aparece qne éste es el llamado ‘Juan’ en el acta del registro civil, siendo atribución exclusiva de los tribu-nales de justicia, en información ad perpetúan, la sustitución de nombres de una misma persona en documentos públicos; teniendo además en cuenta lo establecido en la regla 9a. del artículo 63 del Reglamento Hipotecario; y la Resolución de la Dirección General de los Registros de 8 de octubre de 1912; * * * Arecibo, 25 marzo, 1916.”

La regla 9 del artículo 63 del Reglamento Hipotecario, citada por el registrador, en lo pertinente dice así:

“Artículo 63. — Para dar a conocer con exactitud las fincas y los derechos que sean objeto de las inscripciones, ejecutarán los regis-tradores lo dispuesto en el artículo 9o. de la ley, con sujeción a las reglas siguiente: * * * Novena. Los nombres que deban consig-narse en la inscripción se expresarán según conste del título, sin que sea permitido al registrador, ni aún con acuerdo de las partes, añadir ni quitar ninguno. * * *.”

Y la resolución de la Dirección General de los Registros de España invocada por el dicho funcionario declaré:

“Qjue si el nombre de la persona a cuyo favor aparece practicada una inscripción es distinto del que se expresa en la escritura de acep-tación de su herencia, no procede inscribir ésta mientras no se acre-dite por información ad perpetúan que el causante usaba indistinta-mente los dos nombres.” Resolución de 8 de octubre de 1922.

A nuestro juicio ni el precepto reglamentario ni la reso-lución en que se funda el registrador, sostienen su negativa. Los interesados no pretenden que se añada o se quite nom-bre alguno. Tampoco tratan de aclarar el nombre de una persona fallecida, ni de perpetuar el hecho de que tal persona usaba indistintamente varios nombres. Su actuación está reducida a rectificar un error padecido no por el regis-trador, sino por ellos mismos en cierto título que se ins-cribió en su oportunidad en el registro. Para hacer tal acla-ración, basta la voluntad de los mismos interesados. Y para inscribirla en el registro, es suficiente que dicha aclaración se consigne como se consignó en efecto en otra escritura pública.

La Dirección General de los Eegistros de Esjiaña, por resolución de 18 de mayo de 1877, declaró que para rectificar el error nacido del mismo títnlo inscrito, de figurar radicando toda una finca en nn ayuntamiento, siendo así que parte de ella radica en otro, basta una certificación del ayuntamiento en que así se declare, la cual se inscribirá a continuación de la inscripción equivocada. Véase: 4 Galindo, Legislación Hipotecaria, 4a. ed., 105, y el tomo correspondiente a los años 1874-78 de la Colección Oficial de Leyes, etc., formada por la Dirección General de los Eegistros, página 436 y si-guientes. La Dirección calificó el error cometido en dicho caso como de concepto y, por tanto, rectificable de acuerdo con el altículo 262 de la Ley Hipotecaria, que dice así:

- “Los errores de concepto se rectificarán por medio de una nueva inscripción, la cual se fiará mediante la presentación del mismo título ya inscrito, si el registrador reconociere su error, o el juez o el tribunal lo declarare; y en virtud de un título nuevo, si el error fuese producido por la redacción vaga, ambigua o inexacta del título pri-mitivo, y las partes convinieren en ello, o lo declarare así una. sen-tencia judicial.”

Y el Tribunal Supremo de España por sentencia de 7 de junio de 1881, 46 Jurisprudencia Civil 408, decidió:

‘ ‘ Que si en la sentencia recurrida se consigna como un fiecfio cierto que en una escritura constitutiva de un préstamo con hipoteca de la casa objeto de la tercería en cuestión y que se inscribió en el registro de la propiedad, la otorgante dijo llamarse Josefa Piñeiro, siendo y llamándose Joaquina, y que la finca le pertenecía por herencia de su hermana Jacinta, cuando le correspondía únicamente la mitad por herencia de su hermana Josefa, y la otra mitad a su marido, que en dicha escritura sólo se obligó como fiador de su mujer; en tal con-cepto, la sentencia que da valor y eficacia a dicha inscripción en per-juicio del demandante que adquirió por compra a la Joaquina Piñeiro y su marido la referida casa en 1871, fundándose para ello en que la diferencia de nombre era un error material, cuando no puede cali-ficarse así porque no reconoce por causa una equivocación del regis-trador, sino que procedía y se cometió en el título, infringe los artí-culos 262 y 264 de la Ley Hipotecaria, puesto que el primero de aquéllos determina que los errores de concepto, cuando fuesen pro-ducidos por la redacción inexacta del título primitivo y las partes conviniesen en ello o lo declarase así una sentencia judicial, se recti-ficarán en virtud de título nuevo; y con arreglo al segundo, el con-cepto rectificado no surtirá efecto en ningún caso sino desde la feeba de la rectificación, que no había tenido lugar cuando.se dictó la sen-tencia, y por consiguiente no puede tomarse en cuenta para darle preferencia sobre la escritura de adquisición de la casa inscrita en el registro en 21 de noviembre de 1877.”

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse al regis-trador que verifique de acuerdo con la ley la rectificación solicitada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Municipio de Ponce, Demandante y Apelante, v. Solís, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa sobre demolición de propiedad.
    No. 1395.
    Resuelto en junio 13, 1916.
    Perturbación — Estorbo—Estorbo Público (Public Nuisance) — Alegaciones de la Demanda — Causa de Acción.- — La sola alegación en una demanda de que los lieehos expuestos en ella constituyen estorbo público (public nuisance) no es la exposición de hechos que determina la causa de acción por dicho estorbo público.
    Id. — Id.—Estorbo Privado (Private Nuisance) — Daños t Perjuicios. — En un estorbo público (public nuisance) el daño, inconveniente o perjuicio debe ser análogo si no mayor que el del estorbo privado (private misance) ya que generalmente afecta a un número mayor de personas.
    Id. — Id.—Infracción de Ordenanzas Municipales — -Reparación de Edificios.— La mera infracción de una ordenanza municipal haciendo adiciones, repara-ciones o construcciones en una casa en exceso de la licencia concedida por el municipio no constituye un estorbo público.
    Injunction — Reparación de Edificios — Permiso, Abuso o Extralimitación de. — Puede concederse el remedio de injunction para impedir la adición, reparación o construcción de un edificio. por el abuso o extralimitación del permiso concedido al solicitante por las autoridades sanitarias o municipales.
    Id. — Reparaciones Terminadas — Perjuicio—Mala Ee — -Infracción de Orde-nanzas Municipales — Reglamentos Sanitarios.- — Es improcedente el re-medio extraordinario de injunction cuando terminado de construir, reparar o adicionar un edificio en exceso del permiso dado por las autoridades sani-tarias o municipales, no se demuestra perjuicio, mala fe, o que la casa misma infrinja alguna ordenanza municipal o .reglamento sanitario.
    Buena Pe — Palta de Prueba en Contrario — Presunción.—No solamente se presume la buena fe, sino que, a falta de prueba clara en contrario, debe tenerse como un hecho cierto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Alfonso Lastra Charriez y Nemesio R. Canales.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco Parra.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La teoría qne sostiene la demanda en este caso era la de qne el demandado, en exceso de la licencia qne le fné dada por el municipio, hizo adiciones o construcciones en sn casa creando así un estorbo público (public nuisance), por lo qne fné solicitado nn injunction. Expresa la demanda entre otras cosas, qne el demandado había sido declarado culpable por infracción de las ordenanzas municipales relativas al particular, y que dicho demandado despectivamente no ha hecho caso de estas condenas y continuó construyendo sn casa; qne dicha construcción era un estorbo público (public nuisance), y que por razón de tal construcción ilegal el municipio deman-dante quedó privado de hacer valer las facultades que tiene para hacer cumplir las ordenanzas, perdiendo asimismo la fuerza moral y respeto de la comunidad. No se alegaron otros hechos en la demanda tendentes a demostrar el estorbo público. Decir en una demanda que los hechos referidos en ella constituyen estorbo pfiblico no es la exposición de hechos que constituye la causa de acción por dicho estorbo público. No discutiremos todas las razones técnicas respecto a qué persona o personas tienen derecho a establecer una acción para hacer desaparecer un estorbo público, pues con leer la demanda estamos convencidos de que jamás podría ser sostenida basada en la teoría de un estorbo público. Recientemente tuvimos ocasión de discutir algunas de las cualidades esenciales de un estorbo particular (private nuisance); Gier bolini v. Sucesión Rodríguez, 23 D. P. R. 870 y Colls v. Municipio de Lares, 23 D. P. R. 866; y en un estorbo público debe ser parecido, si no mayor, el daño, inconveniente, o perjuicio que generalmente afecta a un número mayor de personas.

El demandado contestó, el caso fué a juicio y la corte denegó el injunction, contra cuya providencia fué interpuesta esta apelación. No se presentaron hechos nuevos en el juicio que establezcan un perjuicio público. Hubo prueba tendente a demostrar que el demandado se excedió del permiso para edificar o construir que le fué dado por el municipio. El apelante dice en su alegato que el edificio terminado podría exponer a la municipalidad a la acción de los propietarios de casas y solares adyacentes, puesto que la casa del demandado fue construida sin sujeción a ninguno de los requisitos que exige la higiene u ornato municipal. Pero no apareció de la demanda o del juicio que el demandado había ejecutado alguna cosa o dejado de cumplir con algún deber que pudiera dar a sus vecinos cualquier derecho de acción contra él. La mera infracción de una ordenanza municipal no constituye un estorbo público.

La demanda, sin embargo, tal vez está sujeta a ser inter-pretada en el sentido de que la acción fué establecida para impedir una infracción de una ordenanza municipal, o a una interpretación semejante. La contestación del demandado y la prueba ofrecida en el juicio sostienen este parecer. El apelante, aunque tratando' de justificar la existencia de un estorbo público, insistió en que la cuestión principal es si el demandado se había o no excedido del permiso que le fué dado para construir por el municipio. Aunque no se emitió opinión en los autos hay lo suficiente para que parezca probable que la corte consideró el caso desde este punto de vista. En otras palabras, suponemos que la corte denegó el injunction porque consideró que el apelante había dejado de esta-blecer un caso suficiente para que fuera procedente ese remedio extraordinario.

Hubo prueba en el juicio tendente'a probar que deseando Juan Soils hacer cambios en su casa fué primero donde el jefe local del servicio de sanidad y obtuvo un permiso para hacer reparaciones que consistían en cambiar los pisos y setos de dicha casa y dotarla de vehtilación permanente en las puertas y ventanas interiores y exteriores, construirle una letrina sanitaria de acuerdo. con los planos del departamento de sanidad, y anexarle una casita que tenía en el patio. Entendemos que las ordenanzas municipales requieren la autorización previa de los funcionarios de sanidad antes de dársele permiso a un solicitante para construir. Sea esto como fuere, el permiso así concedido fué presentado a las autoridades municipales junto con la solicitud para hacer reparaciones. El permiso dado al demandado por el muni-cipio era únicamente para reparar su casa y no le daba facultad para adicionar un piso a la misma.

El demandante presentó en el juicio prueba tendente a mostrar que el demandado adicionó un piso enteramente nuevo a su casa y que la casa como quedó terminada era un edificio completamente nuevo. Creemos que el apelante,' por lo menos técnicamente, tiene razón en decir que el demandado realmente se extralimitó en la facultad que le fué conferida por el municipio. También nos inclinamos a creer que si el apelante hubiera hecho a su debido tiempo una solicitud para impedir la coñstrueeión por el abuso de dicha facultad, hu-biera podido concederse debidamente un auto de injunction.

Por otra parte no hay prueba satisfactoria, si alguna existe, de mala fe. No solamente se presume la buena fe, sino que después de la conclusión general de la corte en favor del demandado dicha buena fe a falta de jjrueba clara en sentido contrario debe tenerse como un hecho cierto. El ape-lado obtuvo un permiso de las autoridades de sanidad para hacer amplias reparaciones que presentó a las autoridades municipales en unión de su solicitud para obtener de estas últimas el permiso. Presentó sus planos a. las autoridades sanitarias y no solamente no hicieron éstas objeción a la construcción sino que existen indicaciones en los autos de que la casa fué puesta a prueba de ratas y que se hicieron otras cosas para dejarla toda en excelente condición.

Se' ha admitido que la casa está terminada y en el juicio no se presentó ningún hecho que nos convenza de que el edi-ficio terminado infrinja alguna ordenanza municipal.

Aun cuando pudiera suponerse, como indica el apelante, que el apelado engañó a las autoridades municipales, esto no obstante, no demostrándose que el resultado era perju-dicial en alguna forma, dudaríamos si debe concederse un injunction. Sin embargo, no se demostró la mala fe y aunque convenimos con el apelante en que el derecho a hacer repara-ciones no comprende el derecho a construir un nuevo edificio, creemos, sin embargo, que el apelado, en vista de las amplias reparaciones sugeridas por las autoridades sanitarias podría creer fácilmente que tenía derecho a seguir adelante y adi-cionar otro piso. Las cuestiones de sanidad han desempe-ñado necesariamente un papel importante en esta isla.

No vemos que existan razones para la expedición de un auto de injunction y debe confirmarse la providencia apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asorciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolución de este caso.