text:
    Brunet, Sáenz & Compañía, Demandante y Apelada, v. Dalmau, Demandado y Apelado, e Iraola, Tercerista y Apelante.
    No. 3164.

    Visto: Febrero 29, 1924.

      Resuelto: Mayo 28, 1924.
    Tercería de Bienes Muebles — Prueba Contradictoria Sobre la Propiedad Em-bargada. — Beelamó el tercerista apelante en este caso la propiedad del iruelc embargado por el aereedor, alegando que el deudor le había hecho dación del mismo en pago de precio aplazado. La corte inferior al apreciar la prueba contradictoria dió crédito a la del aereedor, según la cual, antes de embargarse el trnelo, el ahora tercerista admitió que no era dueño de éste, habiéndose probado además que el ahora tercerista dejó en poder del márshal una orden para segundo embargo a fin de cobrar su deuda. Se resolvió: que tal prueba era contradictoria y que no fué errónea su apreciación.
    Sentencia de G. Castejón■, J. (Guayama), a favor de la demandante y contra el tercerista, por la suma de $1,000 y los intereses y las costas, excluyendo honorarios de abogados.

      Confirmada.

      M. A. Martínez, abogado del apelante; J. S. Alegría, abogado de la demandante apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribuna].

Brunet, Sáenz & Compañía es la demandante y apelada en este caso. La expresada firma con el fin de cobrar una deuda, embargó un automóvil de carga, el cual según la manifestación del acreedor embargante pertenecía a Juan Dalmau, alegado deudor. Robustiano Iraola intervino como tercerista y alegó que el truck era suyo. En lo que res-pecta al aereedor y el tercerista la corte dictó sentencia en favor del primero.

El apelante tercerista prestó declaración tendente a es-tablecer el hecho de que él había vendido un truck directa-mente al demandado Dalmau; que la licencia de dicho truck de carga quedó a nombre del sobrino de Iraola, o de Iraola mismo; que Dalmau no pagó todo el precio de venta sino que siguió debiendo a Iraola la suma de $2,000; que como Dalmau no podía pagar dicha deuda él verificó un contrato de dación en pago con Iraola de la propiedad.

La prueba presentada por el acreedor, por otra parte, tendió a acreditar que antes de embargarse el indicado truck nn representante de dicho acreedor, sn abogado, y el marshal de la corte se presentaron donde Iraola quien negó ser el dueño de la propiedad, o según la manifestación de nno de los testigos, dijo qne el título a la propiedad lo te-nía Dalmau. Asimismo, según los testigos del acreedor Iraola manifestó qne él encontró el truck en la calle, lo co-gió y llevó a sn casa para asegnrar sn deuda. También los testigos del acreedor dijeron qne Dalmau al ser' embargada la propiedad no manifestó como se declaró en el juicio que el truck había sido traspasado a Iraola, sino que pidió tiempo para poder llevar a cabo cierta transacción n otro ofrecimiento. Después que el acreedor había embargado el truck, actuando por consejo del abogado de dicho acreedor, Iraola a la vez dejó en poder del márshal una orden de embargo para cobrar su deuda. La corte de distrito resolvió este conflicto de prueba en favor del acreedor y nos senti-mos obligados a confirmar la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cruz, Acusado y Apelante.
    No. 2059.

    Visto: Julio 16, 1923.

      Resuelto: Mayo 29, 1924.
    Asesinato — Prueba—Conclusiones de los Testigos — Error no Perjudicial.— ®n un caso de asesinato, cuando la conclusión de un testigo sobre la muerte de la víctima va seguida de una exposición detallada de los heehos en que se funda, el error al no eliminar la conclusión no es perjudicial.
    Id. — Prueba de Reputación — Error no Perjudicial. — Se resolvió en el presente caso que si bien la respuesta del detective en cuanto a que eonocía al acu-sado “pues no es el primer caso en que interviene con él” era claramente impertinente, sin embargo el hecho de no haberse formulado objeción a la pregunta que originó tal respuesta, el de que la moción para eliminarla era más bien vaga y general y el de que tomando en consideración todas las circunstancias se concluye que el veredicto demostró más bien simpatía que prejuicio hacia el acusado, permiten concluir que el error al no eliminar tal respuesta no requiere la revocación.
    Id. — Instrucciones—Comentarios del Juez sobre la Gravedad del Delito. — No incurre en error el juez que en sus instrucciones al jurado hace comentarios acerca de la gravedad del delito, considerado en sí mismo y por su propia naturaleza, sin-relacionar esa gravedad del hecho criminal con el acusado a quien se imputa su comisión.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Berra, J. (San Juan, Distrito Segundo), condenando al acusado a odio años de presidio por homicidio vo-luntario.

      Confirmada.

      F.' Cervoni, abogado del apelante; José JS. Figueras, Fiscal, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado por un delito de asesinato, con-victo de homicidio voluntario y alega haberse cometido por la corte inferior los siguientes errores:

“l0. La corte se negó a eliminar la parte de la declaración del testigo Eafael Igaravíclez que dice ‘que mientras el policía Juan Fernández llevaba a cabo la captura de Chuchu, éste mató al po-licía. ’
“2o. La corte se negó a eliminar la parte de la declaración de Eafael Igaravídez, que dice que Fernández cayó por una herida de bala que recibió.
“3o. La corte se negó a eliminar la parte de la declaración del detective Inocencio Díaz que dice que hace tiempo conocía a Chuchu pues no es el primer caso en que interviene con él.
“4o. La corte desestimó la moción de nonsuit presentada por la defensa, en sentido de que la corte ordenara al jurado absolver al acusado por no justificar la prueba presentada, el delito imputado al acusado.
“5o. La corte en sus instrucciones dijo al jurado: ‘Estamos en presencia de un delito grave, del delito más grave de todos los que se cometen contra la persona: el delito de asesinato.’
“6o. La1 corte instruye: ‘Tenéis aquí prueba de dos clases. Prueba directa .... y la prueba circunstancial' de los que vieron al herido y vieron al muerto; la del médico, la del capitán, la del detective, que vieron como huía, como escapaba el agresor.
“•7o.'La defensa no ha presentado prueba y sus argumentaciones, como habéis oído, han tendido a establecer posibilidades, hipótesis, de la inocencia del acusado.
“8°. Si vosotros llegáis al convencimiento ele que este hombre es-taba allí, en acecho, es decir oculto, que vió venir a los policías, se prepáró para dar la muerte al que se le acercara, que acechaba a esos policías; si llegáis a ese convencimiento, si ese convencimiento está libre de duda razonable, será vuestro deber declarar al acusado culpable de asesinato en' primer grado.
“9o. La defensa ha presentado a la corte, para que os instruya, ciertas indicaciones, algunas de las cuales voy a aceptar, si bien creo que ya están dichas las voy a repetir.
“Si la causa de la muerte no aparece satisfactoriamente probada ante el jurado el acusado debe ser absuelto.
“Sobre este punto parece que la defensa ha intentado establecer la teoría de la posibilidad de la muerte por otra caus'a. Vosotros habéis oído la declaración del doctor Rodríguez, fué repreguntado, expuso su opinión, dijo exactamente el sitio en que el interfecto re-cibió la herida, describió ante vosotros la estructura anatómica de ese sitio, nombró las arterias que cruzan casi superficialmente por esa región del cuerpo. El" certificó la muerte. y la causa de ella. Oísteis su opinión y oísteis su declaración. Si creéis lo que él dijo, si creéis que la muerte fué producida por la herida, de acuerdo con la opinión del doctor, y si creéis que el autor de la herida fué Gó-mez y las circunstancias en que la produjo, vuestro deber será traer un veredicto de culpabilidad en el grado que vosotros creáis, ya de asesinato en primer grado, ya de segundo grado, ya de homicidio voluntario.”

La moción para eliminar la parte de la declaración a que se alude en el primer señalamiento de error se fundó en “que la muerte debía probarse con mejor evidencia.” En-tonces se le preguntó al testigo: “ ¿ Cómo fué que el acu-sado mató al policía?”, a lo que el abogado se opuso diciendo que no estando probado todavía el hecho de la muerte no podía preguntarse sobre la forma de la muerte. Enton-ces el fiscal presentó la certificación de defunción del poli-cía, que fué admitida sin objeción.

La parte de los autos que sigue inmediatamente a este incidente es como sigue:

“Continúa declarando el testigo que esa tarde en momentos en que se ocupaba con los guardias a sus órdenes de la captura de Chuchu, cuando efectuaba el arresto de Candelario Rosado en una casa cercana al sitio donde falleció Fernández sintieron varios dis-paros de revólver y vió el testigo caer al guardia Juan Fernández y, momentos después, vió al acusado tirarse del sitio, donde estaba y desaparecer por allí. — Dice el testigo que Fernández cayó por una bezuda de bala que recibió. — La defensa pide la eliminación de la respuesta y la Corte niega la eliminación. — La defensa tomó excep-ción. — Que inmediatamente que vió caer al guardia Fernández corrió al sitio de donde se había tirado Cbucbú acompañado de Inocencio Díaz y de Candelario Kosado. Y encontraron al Cabo Juan Vein-tidós herido y a Fernández muerto. — Que eso ocurrió en Bayamón en un terreno aecidentadq; que vió a Chuchu Góm.ez en momentos en que colgándose de la rama de un árbol desapareció. — No vió que el policía le hiciera nada a Chuchu.. — Que el policía y el cabo subían hacia el monte entre una abra que forman allí dos cerros y el decla-rante vió los disparos, vió caer al policía, a quien luego vió muerto.”

Si la conclusión en cuestión no fuere una relación con-cisa de los detalles envueltos, entonces claramente que él error cometido al negarse la corte a conceder la moción de eliminación quedó subsanado por la pronta exposición de los hechos en los cuales se fundaba la conclusión.

El error, de haber alguno, alegado en el segundo señala-miento, de igual manera no era perjudicial por razones se-mejantes.

La cuestión levantada en el tercer señalamiento no está tan fuera de dudas. El testigo, después de declarar con res-' pecto a los disparos hechos al policía por el acusado, ya había manifestado que sabía que fué Jesús Cruz Gómez, porque lo conocía y lo había visto salir de la casa para el cerro unos quince minutos antes de llegar a la casa el tes-tigo. Entonces, después de dar algunos otros detalles, se dice en los autos que el testigo:

“Preguntado por el Fiscal declara que hace algún tiempo conoce a. Chuchu pues no es el primer caso en que interviene con él. La defensa pide la eliminación de esta última parte de la declaración, o sea la parte que dice que no es la primera vez que interviene con Chuchu, porque tal declaración tiende a levantar prejuicios en el ánimo del jurado. El Fiscal se opone a la eliminación argumen-tando' que las manifestaciones del testigo son explicativas de por qué conoce a Chuchú y la Corte la desestima. La defensa tomó excepción. ’ ’

Tal práctica no debe recomendarse. Aunque el pretexto de qne la información aportada de tal modo por nn bien co-nocido detective, miembro de la Policía Insular, qne explica cómo fné qne el testigo llegó a conocer al acusado es bas-tante plansible, tal vez para considerarse como nna circuns-tancia atenuante, queda, sin embargo, el lieclio de qne no bubo ninguna necesidad de tal explicación. El efecto natural y lógico y la clara tendencia de tal manifestación, como dijo la defensa, sería llevar prejuicios a la mente del jurado. Si originó o no una impresión real, es otra cuestión.

La pregunta era impertinente y no debió baber sido he-cha por el fiscal, que debió allanarse inmediatamente a la moción para eliminar la contestación. No habiéndolo hecho así, el juez sentenciador debió haber concedido la moción manifestando al jurado que hiciera caso omiso de la refe-rencia a investigaciones anteriores y explicándoles que el acusado no - estaba sometido a un juicio por ningún delito que no fuera el imputado en la acusación; que su carácter no estaba puesto a discusión y se presumía que era bueno.

Si hubo alguna otra circunstancia en los autos en la cual pueda basarse una sospecha de verdadero prejuicio, cual-quiera duda razonable en la mente de esta corte en rela-ción con la instrucción como se le dió al jurado, o cualquier otra cosa hubiera podido influir en ellos indebidamente al emitir un veredicto de culpabilidad, entonces el error aquí alegado sería bastante para cambiar la balanza y justificar una revocación.

Pero por otra parte, no se formuló ninguna objeción a la pregunta que motivó la respuesta que fué luego impug-nada; la moción para eliminar más bien fué vaga y general, y nó parece que se contestara de algún modo la indicación que hizo el fiscal sobre la admisibilidad de la declaración. No existe base en los autos para las afirmaciones del abo-gado contenidas en el alegato del apelante respecto al es-tado de la opinión pública; y tomando todo en considera-ción el veredicto del jurado demuestra simpatía hacia el acu-sado más bien que prejuicio contra él. La teoría de la dev-fensa, y al parecer la única razón provechosa en que hu-biera podido fundarse cualquier esperanza de absolución, era la posibilidad por sí sumamente remota de que a falta de una autopsia, la muerte pudo haber resultado de alguna causa que no fuera por una herida producida por el acu-sado.

El Fiscal no trató de observar el mismo procedimiento de investigación, ya en el interrogatorio del, detective, o en el de cualquier otro testigo. La declaración en sí, es a lo sumo una simple insinuación, y aparte de la presunción de perjuicio, de existir alguno, o de la inferencia que ha de hacerse de la naturaleza del relato mismo, nada existe en los autos que indique verdadero perjuicio. En verdad, se-gún ya se ha indicado todas las circunstancias indican una conclusión contraria.

Por tanto, nos vemos obligados a declarar, que el error alegado en el tercer señalamiento, apareciendo como apa-rece solo sin estar sostenido por ningún otro aspecto del caso, o, en vista de las circunstancias que indican de modo positivo la ausencia de verdadero prejuicio, no es motivo suficiente para ordenar un nuevo juicio.

El razonamiento bajo el cuarto señalamiento es que no habiéndose hecho la autopsia, la prueba no demuestra fuera de duda razonable que la herida que recibió Fernández no fue causada por otro compañero en la descarga cerrada a que hizo referencia un testigo, ni, en todo caso, que la muerte fué consecuencia de la herida. Será bastante con decir que no podemos convenir con este parecer del asunto.

La contestación al quinto señalamiento puede verse en el caso de El Pueblo v. Boria, 12 D.P.R. 170, donde esta corte resolvió, citando del sumario, que:

“No incurre en error el juez que en sus instrucciones al jurado hace comentarios acerca de la gravedad del delito, considerado en sí mismo y por su propia naturaleza, sin relacionar esa gravedad del hecho criminal con el acusado a quien se imputa su comisión.”

Los restantes señalamientos no requieren gran conside-ración. El cargo, en conjunto, fné amplio y completo, ra-zonable e imparcial, y no desfavorable o perjudicial a nin-gún derecho sustancial del acusado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Marrero, Demandante y Apelado, v. The American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelante.
    No. 2947.

    Visto: Junio 12, 1923.

      Resuelto: Mayo 29, 1924.
    Negligencia — -Daños y Perjuicios — Alegaciones—Caijsa de Acción.— No es necesario que en la demanda se alegue la ley, reglamento, jurisprudencia o costumbre que imponga el deber del demandado para eon el demandante, si de los beehos surge la existencia de tal deber. Tampoco que se expongan los beehos en todos sus detalles. Éstos pueden establecerse luego por la prueba.
    Id. — Patrono—Empleado—Besdonsabilidad del Patrono por los Actos de su Empleado. — Examinadas las circunstancias concurrentes en este caso, se con-cluyó que el patrono era responsable de los actos negligentes de su empleado.
    Ib. — Camino Público — Carreteras Insulares. — Demostrando la prueba testifical, así como el resultado de la inspección oeular, que el accidente ocurrió en un paso a nivel que cruza un camino o callejón abierto al público du-rante el día, por el que transitan vehículos y personas, es preciso concluir que no erró la corte al calificar de público dieho camino. Tal declaración no implica que la corte calificara el camino de carretera pública insular.
    Ib. — Pasos a Nivel — Precauciones al Cruzarlos — Automóviles de Vía. — Una compañía ferrocarrilera está obligada a dar aviso por medio de campana o silbato no sólo al acercarse a un cruce existente en calle o carretera insular sí que también a un cruce con un camino privado carretero usado por el público, reconocido por la propia compañía que colocó ella misma los avisos permanentes necesarios para advertir su existencia; y tal obligación, así como todas las que impone el art. 3, letra q, de la Ley Núm. 70 definiendo las compañías de servicio público * * * , aprobada en 1917, referentes a locomotoras, deben cumplirse por los automóviles de vía de las propias com-pañías.
    Ib. — No Contributoria. — No puede atribuirse negligencia eontributoria a un de-mandante que antes de cruzar un paso a nivel se detuvo, observó la vía en tanto en cuanto la configuración del terreno y sembrados le permitían ha-cerlo y qne no viendo ni oyendo nada anormal cruzó la vía en momentos en que apareció súbitamente y a gran velocidad corriendo sobre ella el auto-móvil que le causó las lesiones.
    Id. — Prueba Contradictoria. — Introdujo la demandada como prueba en este caso cierta declaración prestada por el demandante en la clínica, poco tiempo después de herido, ante un notario, tomada por un agente de la compañía demandada. En ella se consignaba que el accidente se originó al tratar el demandante de salvar una vaca que conducía. El demandante presenta prueba pericial y de testigos tendente a demostrar que el demandante no se encontraba en condiciones de declarar a conciencia después del golpe 'reci-bido en la cabeza y de haber sido anestesiado para la amputación del brazo,, y que contestaba afirmativamente a todo cuanto se le preguntaba. Se re-solvió: qiie la eorte inferior procedió correctamente negando crédito a tal prueba de la demandada.
    SENTENCIA de T. Bryan, J. (Mayagiiez), en pleito de indemnización declarando con lugar la demanda con las costas.

      Confirmada.

      M. Acosta Velarde, abogado de la apelante; Benet & Souffront, abo-gados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre daños y perjuicios. La sentencia se dictó en contra de la demandada condenándola al pago de $2,900, y ésta apeló, señalando en su alegato la comisión de ocho errores, a saber:

“1. La Corte erró al dictar sentencia contra la demandada por-que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción a favor del demandante.
“2. La Corte incurrió en manifiesto error al dictar sentencia contra la demandada porque el demandante no presentó evidencia tendente a demostrar ni probó que la persona que guiaba el auto-móvil de vía y que se alega ocasionó el accidente fuese o era em-pleado de la demandada.
“3. La Corte erró al dictar sentencia en contra de la deman-dada porque no hubo prueba de que el automóvil de vía que se alega arrollara al demandante estuviese manipulado por un empleado de la Corporación demandada o que dicha persona estuviese en el desempeño de sus obligaciones como tal empleado de la demandada o dentro de sus atribuciones de su cargo como empleado de la de-mandada.
“4. La Corte incurrió en manifiesto error al dictar sentencia en contra de la demandada por el fundamento de que el camino por donde caminaba el demandante y sitio donde ocurrió el accidente era un camino público. .
“5. La Corte incurrió en manifiesto error al dictar sentencia en contra de la demandada por el fundamento de que la demandada no acortó la velocidad del automóvil de vía que se alega arrolló al demandante ni que el auto de la demandada diera aviso alguno al acercarse al sitio del accidente.
“6. La Corte incurrió en manifiesto error al dictar sentencia contra la demandada por el fundamento de que la demandada, fué negligente en el manejo o manipulación del automóvil de vía que se alega arrolló al demandante y que esto era la causa próxima del accidente.
“7. La Corte incurrió en manifiesto error al declarar que el demandante no fué culpable de negligencia contributoria.
“8. .La Corte incurrió en manifiesto error al dictar sentencia a favor del demandante porque según el peso y preponderancia de la prueba, la demandada no fué culpable de negligencia ni' de la causa próxima del accidente y según el claro peso y preponderancia de la prueba el demandante fué culpable de negligencia contributoria siendo esto la causa próxima e inmediata del accidente."

Examinemos el primer error: Sostiene la parte apelante que la demanda no aduce hechos suficientes para determi-nar una causa de acción contra la demandada, porque en ella no se alegan hechos ni circunstancias de los cuales surja un -deber por parte de la demandada para con el de-mandante.

En la demanda se sostiene que el demandante fué arro-llado por un automóvil de vía de la demandada al cruzar la vía por un paso a nivel que intercepta un camino transi-tado que existe frente a una central azucarera que se en-contraba en plena molienda, hechos conocido^ por la deman-dada, sin que el demandante pudiera evitarlo no obstante haberse parado y observado, pues dicho automóvil apareció de súbito y a velocidad excesiva, extraordinaria, sin dar aviso de su aproximación en forma alguna.

No es necesario que en la demanda se alegue la ley, re-glamento, jurisprudencia o costumbre que imponga el de-ber del demandado para con el demandante, si de los hechos, surge la existencia de tal deber. Tampoco que se expongan los hechos en todos sus detalles. Estos pueden establecerse-luego por la prueba. La demanda, a nuestro juicio, es sú-' fieiente, sobre todo examinada en conexión con la evidencia' aportada en el acto de la vista. Quizá sea conveniente ex-presar qne aquí la prueba presentó un caso más completo que el expuesto en la demanda y qne la cuestión suscitada en él primer error se levantó por vez primera ante este Tribunal Supremo. No quiere esto decir que una cuestión semejante no pueda levantarse de tal modo, pero después que la prueba ba suplido cualquier deficiencia de la demanda, la posición del demandado es muy distinta.

La conclusión a que liemos llegado está estrechamente relacionada con los otros errores señalados. Al estudiarlos y resolverlos, tendremos ocasión de fijar con mayor clari-dad y precisión nuestro criterio. Todos se refieren a la prueba y parece oportuno comenzar por transcribir los he-chos declarados probados por la corte sentenciadora. Son así:

'“En virtud de la prueba practicada, la corte entiende que ésta estableció concluyentemente los siguientes hechos:
‘ ‘ Qué Ramón 'Marrero el demandante el día 12 de junio de 1921 y como a la una más o menos de la tarde conducía una vaca en dirección a los terrenos contiguos a la factoría de la central The Mayagüez Sugar Co., desde los terrenos opuestos a la misma, sepa-rados de aquéllos por las 'vías de la demandada, teniendo necesa-riamente que atravesar el paso nivel o la vía indicada, frente a la factoría, de dicha central; que a esa misma hora y en 'dirección Norte, la demandada manejaba por dicha vía un automóvil de su propiedad, tripulado por empleados de la misma en funciones pro-pias del ejercicio de sus deberes y ocupaciones habituales, como tales empleados, de la demandada, el cual automóvil venía a una velo-cidad excesiva guiado descuidada y negligentemente, sin tomar pre-caución alguna para garantizar' las vidas de las personas que pu-dieran cruzar por dicha víá y sin dar aviso en forma alguna de su aproximación al paso nivel existente frente a la central The Maya-güez Sugar Oo., el cual se encuentra indicado con los signos de cos-tumbre; que la demandada no acortó la velocidad de su dicho auto-móvil al acercarse a dicha central'y paso nivel ni dió aviso alguno al acercarse o cruzar otro paso nivel que se encuentra a unos ochenta metros distantes antes que aquél, ni acortó la velocidad ni dió señal o aviso.alguno al tomar una curva que se encuentra como a diez o veinte metros antes del primer paso nivel o sea como a cien metros del paso nivel en que fné arrollado el demandante.
“Quedó probado también satisfactoriamente, a juicio de la Corte, que el demandante transitaba con la dicha vaca por un camino pú-blico que conduce desde la carretera a la factoría de la Mayagüez Sugar Co. por donde transitan muchas personas que necesariamente tienen que atravesar la vía de la demandada por dicho sitio para llegar a la factoría, siendo así que la demandada tenía que saber que dicha factoría estaba en plena actividad por estar en época de zafra, máxime cuando los establecimientos de dicha factoría especialmente sus chimeneas se distinguen desde cualquier punto de la vía y tenían que haber sido observados por los tripulantes del automóvil aludido, quienes sabían que se acercaban a la plaza de una central. Que el demandante Ramón Marrero antes de lle-gar al paso nivel se detuvo a una distancia conveniente miró hacia la parte Norte de la vía sin que pudiera hacerlo hacia la parte Sud por'impedírselo una plantación de caña y unas cepas de malojillo que llegaban hasta muy cerca de la vía; que asimismo escuchó para cerciorarse de si se aproximaba por la vía algún tren, locomo-tora o automóvil, pero no habiendo oído aviso alguno de la aproxi-mación de tren, máquina o automóvil alguno, echó por delante la vaca que traía y salió del callejón hacia la vía donde fué cogido y arrollado por el automóvil de la demandada mencionado, sin que tuviera tiempo de poderlo evitar, pues dicho automóvil apareció de súbito y a una velocidad tan excesiva, sin haber dado aviso alguno de su aproximación que el demandante no pudo advertirlo, a pesar de que por lo peligroso de dicho cruce, la demandada debió haber usado cuidado especial para evitar un accidente, y asimismo da por probado que dicho accidente fué motivado única y exclusivamente por la gran negligencia y descuido de la demandada al manejar dicho automóvil en la forma alegada sin que el demandante incu-rriera en negligencia alguna contributoria, habiendo quedado la Corte absolutamente convencida que dicho accidente no hubiese ocu-rrido de haber la demandada ejercido debido cuidado, acortando la marcha del automóvil y dando aviso de su aproximación.
“La velocidad que llevaba dicho automóvil puede juzgarse por las propias declaraciones de los testigos de la demandada, tripu-lantes del automóvil que manifestaron no haberse dado cuenta del accidente, a pesar de que el mismo es un hecho probado indubita-blemente,
“La corte encuentra asimismo probado que como resultado del accidente relacionado, el demandante sufrió la fractura conminuta del húmero en su tercio inferior del brazo derecho, sufriendo- ade-más laceraciones y contusiones de importancia en el aspecto interno de la pierna derecha, laceraciones y heridas en la región frontal izquierda y laceración en el tercio inferior de la pierna izquierda, y que tuvo que ser conducido a la clínica del Dr. Pedro Perea en la ciudad de Mayagüez, donde sufrió la amputación del brazo derecho como consecuencia de la fractura del húmero, habiendo estado re-cluido en cama con grave peligro de su vida por el término de 42 días durante los cuales sufrió dolores extremadamente agudos y cu-raciones dolorosas, habiendo quedado dicho demandante inútil e im-posibilitado para el trabajo, debido a la pérdida de su brazo de-recho, por lo que los daños alegados en la demanda, o sea la suma de dos mil dólares por la pérdida de su brazo derecho e imposi-bilidad física para los trabajos agrícolas a los cuales se dedicaba el demandante durante un tiempo prudente de 25 años, la suma de cuatrocientos dólares por gastos médicos, medicinas y clínica, más la suma de quinientos dólares por los padecimientos físicos y morales sufridos por el demandante incluyendo los dolores agudos producidos por los golpes y contusiones y por las curaciones, han quedado satis-factoriamente probados. ’ ’

Un estudio cuidadoso de la transcripción, nos lleva a concluir que la prueba fue debidamente apreciada por la corte, y que en aquellos extremos en que bubo conflicto, no se ba demostrado que dicba corte al resolverlo actuara mo-vida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera error manifiesto.

Hecha esta afirmación general, siguiendo el orden adop-tado por la propia parte apelante en su alegato, examina-remos conjuntamente los errores segundo y tercero.

Sostiene la parte apelante que no hubo prueba que de-mostrara que el automóvil que ocasionó el accidente fuera guiado por un empleado de la demandada, ni que el em-pleado de la demandada que en él iba hubiera actuado den-tro del radio de sus atribuciones, motivos por los cuales no puede concluirse que la demandada sea responsable por el daño causado. Y cita la apelante en apoyo de su conten-ción, entre otras, las siguientes autoridades:

“Un amo es responsable por los actos de sus sirvientes cometidos., du.rante el curso de su empleo, pero no por los actos cometidos fuera de su empleo.” Kline v. C. P. R. R. Co., 37 Cal. 400.
“Fuera de los límites de su empleo es t'an extraño a su amo como cualquiera otra persona.” Story on Agency, 452; Smith on Master and Servant, 160.

La demandada admitió que un automóvil de vía de su propiedad pasó de San G-ermán a Mayagüez como a la una de la tarde del 32 de junio de 1921, ocupado por Arturo García, Jorge Orcasitas y Pedro Fernández, y está demos-trado por la evidencia más allá de toda duda razonable que fue dicho automóvil el que ocasionó el accidente.

¿Quiénes eran los viajeros? Orcasitas, declarando como testigo de la parte demandada, dijo que trabajaba con la demandada en calidad de pagador, que en cumplimiento de su deber salió de San Juan para Ponce en el tren para pa-gar. Preguntado: “¿En qué forma regresó usted?”, con-testó: “Nosotros tuvimos, yo tuve que quedarme en el taller; por un agente que quedaba por pagar en el taller de Ponce y oí decir que estaba el carro ese allí, y entonces el muchacho este García dijo que él sabía manejar y yo le dije, pues vámonos en él, porque yo tenía que ir a San Juan, era. domingo y quería pasarlo en casa, y además al otro día había oficina j yo tenía que estar allí.” Negó que tuviera atribuciones para tomar el automóvil de vía y pre-guntado: “¿Cómo obtuvieron Uds. el auto?”, contestó: “El auto estaba allí, me dijeron que estaba allí el carro y yo quería irme para San Juan y como este muchacho me dijo que sabía manejarlo, yo le dije vamos a cogerlo y nos va-mos en él a San Juan.”

García, también declarando como testigo de la parte de-mandada, dijo que para la fecha del accidente era un detective del gobierno. Preguntado: “¿Iba con Ud. el pagador de lá-compañía?,” contestó: “Iba el pagador y otro em-pleado de la compañía, yo iba en calidad de detective. Es-tábamos en período de huelga y había que vigilar la vía y cuidar el personal de la compañía.” Manifestó-además que salió de San Jnan con el pagador en el tren, que perdieron el tren en que debían regresar y “Entonces''encontré un se-ñor Fernández de apellido y tuvimos una conversación y Orcasitas dijo si liubiera algún auto por abí lo cogeríamos y nos marcharíamos. ’ ’ Preguntado ‘ ‘ ¿ Quién cogió el auto ¶ ’ ’, contestó: “Pues el auto lo iba a coger Orcasitas pero don Pedro se opuso y puso una-razón muy poderosa y le dijo, García conoce el camino, va con Uds. y puede tomar pre-cauciones en las cuadrantes y en los pasos niveles, porque yo creo que con siete años de práctica tengo suficiente para apreciar cuando debo retrancar, y ahora me sometería a una prueba también de que conozco los caminos, cogí el guía, los-frenos mejor dicho porque .ese carro no tiene guía, so-lamente frenos y gasolina y al llegar un poco más allá de Guayanilla paré el carro porque los abanicos no funeiona-■ban y se calentaba mucho.”

Fernández, el otro viajero, no declaró. Según los otros testigos era un emplea"do de la demandada que venía a San Juan para curarse un brazo en el Auxilio Mutuo.

A nuestro juicio las declaraciones de Orcasitas y García examinadas en relación con la realidad de los hechos, sos-tienen el criterio de la corte sentenciadora. La demandada es responsable. Orcasitas era su pagador. Fue a Ponee en el cumplimiento de sus deberes. Su oficina estaba en San Juan. Debía regresar a ella y debía aprovechar el domingo. Esto último se deduce de su dicho: “Perdí el tren.” Y lo perdió por no haber podido terminar a tiempo su trabajo. Entonces tomó el automóvil. Este tuvo que serle entregado o por lo menos su salida tuva que ser conocida por los Otros empleados de la compañía. Las vías están bajo el control de la compañía. No pueden usarse a cualquier hora. Todo obedece a un plan trazado con exactitud matemática. De otro modo los choques serían inevitables. Por más que el pagador dijo que quería regresar a su casa por ser día de fiesta, declaró también que tenía que estar al día si-guíente en su oficina. Se concibe su declaración tendente a liberar de responsabilidad a la compañía, pero la reali-dad de los hechos se impone.

Lo mismo sucede con la declaración del detective García. Era sí un funcionario del gobierno, pero en aquel momento servía, a la compañía y se encargó del manejo del automó-vil con el consentimiento del pagador y a sugestión de Fer-nández, el otro empleado.

Bajo esas circunstancias, creemos que el pagador actuó dentro del radio de sus atribuciones, con el conocimiento y consentimiento de la demandada, al tomar el automóvil de vía para regresar a San Juan. Pero aunque hubiera des-. obedecido las órdenes del patrono, éste sería responsable.

“Un amo no sólo está obligado a dar instrucciones adecuadas a sus sirvientes cuando los envía a mandados en que puede él quedar sujeto a responsabilidad, sino que está obligado a ver que sus ins-trucciones sean obedecidas.” McClung v. Dearborne, 8 L. R. A. 204.
“La regla es que en cuanto a los actos de un sirviente dentro del límite general de su empleo mientras se encuentra al servicio de su amo, cometidos con el propósito de beneficiar el servicio o los intereses del amo, éste será responsable bien que el acto se cometa negligente, licenciosa o aún maliciosamente, y aun cuando el acto concreto haya sido en exceso de su autoridad y directamente con-trario a sus instrucciones.” Terry v. Bufford, L. R. A. 1915 F.

Sostiene la parte apelante al argumentar su cuarto se-ñalamiento de error que fue grandemente perjudicada al declarar como declaró la corte que el demandante transitaba por un “camino público.”

A nuestro juicio el error no existe. No creemos que la corte de distrito al usar dichas palabras tuviera la inten-ción de sostener que se trataba de una carretera pública insular, por ejemplo. La palabra “público” está usada en el sentido de que el camino era transitado libremente por el público. No sólo existe la prueba de testigos sino la de inspección ocular. En. esta última se hizo constar lo que signe:

“A partir de la carretera qne conduce desde la ciudad de Maya-güez a San Germán Basta la Central azucarera ‘Mayagüez Sugar Co.’ hay un trozo de camino o callejón por el que transitan auto-móviles, carretas de bueyes y gentes de a ‘pie,’ teniendo la anchura necesaria para ello.
“A unos 40 metros antes de llegar a la factoría azucarera expre-sada. conocida por Central Roehelaise, el mencionado camino está cru-zado en ángulo recto por la vía férrea de la American Railroad of Porto Rico que transita sus carros en dirección de Mayagüez a Ponce y vice-versa.
“Andando por el callejón en dirección a la Central se encuentra uno, a la mano derecha, con unos avisos de la Compañía demandada elevados en un poste que los hace conspicuos que tienen impresos en grandes letras las palabras ‘mire, deténgase, oiga el tren’, situa-dos a ocho' metros de la vía o sea del cruce de la misma con el ca-mino. ’ ’

Los errores cinco y seis deben estudiarse conjuntamente. Ambos se refieren a ]a negligencia de la demandada.

La prueba es evidente en el sentido de que el automóvil d.e,la demandada cruzó el paso a nivel de que se trata sin dar, aviso alguno y caminando a una velocidad extraordi-naria. ■

“’ Antonio Otero, dijo que el automóvil “iba muy ligero, a toda velocidad, ligero, ligero, a todo lo más ligero.” Guillermo Lange, otro testigo del demandante, declaró que el automóvil caminaba a “una velocidad tremenda, que casi no se vió, como a cincuenta o sesenta millas.” Santiago Guerra depuso: “Yo no sentí ruido de automóvil, el auto-móvil iba a una velocidad que casi no se veía.” Y por úl-timo el testigo Antonio ítovira manifestó que la velocidad del automóvil era “fuerte, grande.” Esas declaraciones, unidas a la deducción que de las propias manifestaciones de los que viajaban en el automóvil hace la corte sentenciadora en su declaración de hechos probados, sostienen la conclu-sión de dicha corte en cuanto a la velocidad extraordinaria.

ICuál era la condición del sitio? Ta liemos visto que la de un .paso a nivel de un camino. Existía además otro paso a nivel como a ochenta metros de distancia y una curva a diez. Siendo ello así, ¿erró la corte sentenciadora al con-cluir cpie la demandada fné negligente y qne su negligencia fue.la cansa del daño?

Invoca la parte apelante una decisión de esta Corte Su-prema que estableció "la siguiente doctrina:

“No bay regla alguna legal por la cual sea negligencia per se el que una compañía de tranvías corra sus tranvías a velocidad en una zona sub-urbana, y la jurisprudencia tiene una tendencia con-traria. La conclusión a- que llegan las autoridades es que aunque la compañía de tranvías debe ejercer gran cuidado en la velocidad de sus tranvías dentro de la zona urbana, en las zonas ínter-urbanas o rústicas el tranvía es más bien semejante a un ferrocarril, y la regla es que una persona que reclama daños por un accidente ocu-rrido en esas zonas, debe demostrar que la velocidad era irrazonable dentro de las circunstancias.” Morales v. Porto Rico Ry. Light & Power Co., 27 D.P.R. 769.

Y cita entre otras autoridades las siguientes:

“Aunque los empleados de la demandada omitieran el tocar cam-pana y dar aviso por medio del pito, esto no constituye negligencia per se.” 22 R.C.L. 996.
“Aunque bay un ligero conflicto entre las autoridades en cuanto a si son necesarias las señales en los cruces privados, el peso posi-tivo de las autoridades está en el sentido de que no son necesarias a menos que un estatuto así lo disponga.” Elliot on Eailroads, i(2da. ed.) see. 1150.
“El mero hecbo de que la gente algunas veces o aún frecuente-mente cruce la vía en un sitio donde no bay derecho al paso público no exige razonablemente que la Compañía lo considere como un cruce público y como regla general la compañía no está obligada como cuestión de derecho, en circunstancias ordinarias, a hacer señales de que se acerca uno de sus trenes.” Elliot on Eailroads, sec. 1151, p. 305 y casos citados en la nota 22. Véase R.C.L., tomo 22, sección 233, p.1004. 33 Cyc. 964.

Para juzgar, en justicia, este caso, es necesario conside-rar en conjunto todas las circunstancias concurrentes.

No se trataba de nn paso a nivel corriente, sino de un cruce hacia una central, cuyas chimeneas, según la prueba, se divisaban a distancia. Además existía cerca otro cruce y una curva, como hemos dicho, y los testigos declaran que los trenes de la compañía al pasar daban aviso. El cruce estaba debidamente reconocido. Había sido aceptado por la demandada. Ella había colocado los avisos acostumbrados para evitar accidentes.

La demandada es dueña de sus vías. Pero cuando ad-mite un cruce, comparte su derecho. Acepta que el público puede, lo mismo que ella, usar el sitio. De ahí que tanto ella como el público tengan que tomar las debidas precau-ciones.

“Las obligaciones, derechos y deberes de los ferrocarriles y vian-dantes en los cruces de caminos son mutuos y recíprocos. Ninguno de.ellos tiene un derecho exclusivo a usar sus vías y el público tiene el derecho de paso. El ferrocarril tiene el derecho a usar su vía y el público a usar el cruce, y cada uno debe actuar con la debida consideración a los derechos del otro. 22 R.C.L. pág. 987, sec. 215.
“3. La ley aplicable está contenida en el art. 3, letra q. de la Ley No. 70 definiendo las compañías de servicio público .... apro-bada en 1917, (2), p. 449, que dice:
“ 'Si se tratare de una compañía de ferrocarril, ésta deberá construir y conservar cadenas, portones u otros aparatos adecuados de protección, en todos los cruces a nivel de las carreteras públicas insulares y en los demás cruces públicos que la Comisión designare y, con sujeción a las reglas, reglamentos y órdenes de la Comisión, deberá cercar o de otra . manera adecuada guardar o proteger sus ' vías, en aquellos sitios que la Comisión designare, de modo que los animales no puedan entrar en ella; deberá instalar en sus locomo-toras campanas y silbatos que deberán usarse al acercarse a curvas, túneles y a los cruces de caminos o calles y siempre que fuere nece-sario como advertencia de la aproximación de dichas locomotoras y trenes los que reducirán la velocidad al mínimum en los cruces de calles; y deberá usar, después de la puesta del sol, las luces que sean necesarias y que la Comisión determine.”

Se sostiene que sólo hay obligación de usar las campa-nas y silbatos al acercarse a un cruce existente en una ca-lie o carretera, dando a la carretera la condición de insular o enteramente dedicada al público. No estamos conformes. Cuando el legislador quiso referirse únicamente a las carre-teras insulares lo hizo expresamente como en el párrafo primero del artículo transcrito. En el párrafo segundo usó la palabra “camino” que tiene un significado mucho más amplio. Por “camino” se entiende, según Escriche, “la tierra bollada por donde transitan los pasajeros de unos pueblos a otros, o por donde se va de un punto a otro. Los caminos son públicos o privados. Caminos públicos son los que van de un pueblo a otro; y privados, los que sólo sirven para usar el paso a las heredades de algún distrito. Unos y otros pueden ser carreteros o de herradura; son carreteros o carriles, aquellos por donde se puede andar en carruajes; y de herradura, aquellos por donde pasan caba-llerías.”

El camino en este caso puede considerarse como un ca-mino -privado carretero usado por el público y por tanto al cruzar por el paso a nivel que sobre él existía, especialmente yendo como iba el automóvil a gran velocidad y existiendo como existían una curva y otro cruce tan cercanos, debió la demandada dar señales de su aproximación.

Es cierto que la ley se refiere a locomotoras, pero es cierto también que se hizo para imponer deberes a las com-pañías de ferrocarriles de servicio público y que regula el uso de las vías. Todo lo dicho con respecto a locomotoras, teniendo en cuenta el espíritu y el propósito de la ley, es aplicable a los automóviles de vía que pueden correr, según manifestó un perito en el acto de la vista, a sesenta y se-senta y cinco millas por hora, y que cruzan haciendo mucho menos ruido que las locomotoras.

El séptimo error se refiere a la negligencia contributo-ria del demandante. Examinada la evidencia resulta que se-gún la declaración del propio demandante y la de varios testigos, el demandante conducía una vaca para los terrenos ele la central. Al llegar al cruce se detuvo y observó y como nada oyera ni viera, soltó la vaca que cruzó la vía yal él hacerlo, súbitamente apareció el automóvil y tuvo lu-gar el accidente sin poderlo él evitar. A virtud de la confi-guración del terreno y de unas siembras que existían, el demandante no podía ver sino muy poco del sitio por donde apareció el automóvil.

Introdujo la demandada• como prueba cierta declaración prestada por el demandante en la clínica, poco tiempo des-pués de herido, ante un notario, tomada por un agente de la compañía demandada. En ella se consignaba que el ac-cidente se originó al tratar el demandante de salvar la vaca que conducía. El demandante presentó prueba pericial y de testigos tendente a demostrar que el demandante no se en-contraba en condiciones de declarar a conciencia después del golpe recibido en la cabeza y de haber sido anestesiado para la amputación del brazo, y que contestaba afirmativa-mente a todo cuanto se le preguntaba.

A nuestro juicio la corte procedió correctamente al no dar crédito a la prueba de la demandada. Quedando en pie la del demandante, se concluye que éste fué todo lo diligente que pudo. El accidente se debió única y exclusivamente a la negligencia de la demandada.

Tampoco existe el octavo y último error, que es un re-sumen de todos los demás señalados. La prueba practicada es convincente. La indemnización que se pidió desde el primer momento fué moderada y aparece detalladamente ex-plicada en la demanda. La sentencia pudo y debió dictarse como se dictó concediendo todo lo pedido, que no es lo usual en estos casos. El pleito fué laborioso y en sus alegatos ambas partes han presentado con amplitud y empeño sus respectivas posiciones. A nuestro juicio la única resolución justa que procede dictar es confirmar la sentencia.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.


author: El Juez Peesidente Señor del Toro,

text:
    Ronda, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Demandado y Apelante.
    No. 3038.

    Visto: Enero 22, 1924.

      Resuelto: Mayo 29, 1924.
    'Sentencia en Rebeldía — Anulación de Sentencia en Rebeldía — Discreción Judicial. — El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil no faculta a las cortes para dejar sin efecto una sentencia en rebeldía que es válida prima fade, cuando el demandado formula la petición después de transcurridos seis meses de dictada la sentencia.
    Id. — Cobro de Pesos — Sentencia en Rebeldía Dictada bor. el Juez. — ’Cuando la corte ha adquirido jurisdicción sobre las partes en un pleito sobre cobro de dinero, la sentencia dictada en rebeldía por el juez no deja de ser válida por el hecho de que la ley confiera también al secretario de la corte facultad para dictarla.
    Sentencia de J. A. López Acosta, J. (San Juan, Primer Distrito), en acción en cobro de dinero, negando apertura de rebeldía.

      Confirmada.

      A. Agosto, abogado del apelante; B. II. Blondel, abogado del ape-lado.
   El Juez Peesidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito se originó en una corte municipal. Versa so-bre cobro de pesos. Compareció el demandado y formuló excepciones previas que fueron desestimadas. Solicitó una prórroga para contestar qne le fué concedida. Transcurrió el término sin que lo hiciera y el demandante pidió que se anotara su rebeldía y se dictara sentencia en su contra. Así lo hizo la corte municipal el 10 de noviembre de 1921, noti-ficándose la sentencia al demandado el propio día.

El 15 de noviembre de 1921 aparece archivada en los autos una contestación a la demanda. Sigue una moción del demandante de fecha 29 de junio de 1922 pidiendo la ejecu-ción de la sentencia. Al día siguiente el demandado pidió que se abriera la rebeldía y se le eximiera de los efectos de la sentencia. Acompañó dos affidavits. La- parte contraria se opuso y la corte municipal declaró sin lugar la petición del demandado. No conforme éste, apeló para ante la corte de distrito. La corte oyó a las partes y el 6 de marzo de 1923 desestimó el recurso. De la sentencia dictada, apeló el demandado para ante este tribunal.

En su alegato señala el apelante tres errores cometidos, a su juicio, por la corte: 1, al no dar valor legal a conve-nios hechos por los abogados de record; 2, al reconocer valor a una sentencia que ambas partes habían convenido en tener por inexistente, y 3, al dejar en vigor una sentencia dictada sin jurisdicción por la corte municipal.

Los dos primeros errores pueden y deben estudiarse con-juntamente.

En uno de los affidavits acompañados a la moción de apertura de rebeldía se expresó por el abogado de la de-mandada que entre él y el abogado del demandante se ha-bía convenido que el demandado podría radicar su contesta-ción basta el 15 de noviembre de 1921 y que la sentencia dictada se tendría por no existente. El convenio no se for-muló por escrito ni se dió cuenta de él a la corte. El abo-bado del demandante con quien dice el abogado de la deman-dada que formuló el convenio había cesado en su represen-tación cuando la moción fué archivada. La única prueba aportada de la existencia del convenio consiste en el indi-cado affidavit.

La oposición del demandante se basó, 1, en que de los autos no aparecía ninguna circunstancia que diera motivo a la nulidad; 2, en que ni la moción ni los affidavits mos-traban méritos bastantes para conceder lo pedido, y 3, en que el propio artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil invocado por el demandado fijaba un término de seis meses para hacer la petición y dicho término había trans-currido.

El último fundamento fué el que en realidad de verdad sirvió de base tanto a la resolución de la corte municipal como a la de distrito.

En efecto desde el 10 de noviembre de 1921 en que se dictó la sentencia al 30 de junio de 1922 en que se .presentó la petición del demandado, había transcurrido con exceso el término de seis meses que como máximum fija el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil invocado expresa-mente por el demandado.

El artículo 140 de nuestro Código es similar al 473 del de California, y la Corte Suprema de dicho estado, inter-pretándolo, ha establecido la siguiente doctrina:

"Para ampararse en esta sección, la petición debe hacerse den-tro del término prescrito: la corte no tiene poder para dejar sin efecto una sentencia u orden, que no sea nula sobre su faz, después de expirado el término limitado por esta sección. Hartman v. Olvera, 49 Cal. 101; Dunsmuir v. Coffey, 148 Cal. 137; y otros casos citados en Fairall’s Code of Civil Procedure, Part one, p. 437.”

El hecho de que la parte demandante no impugnara el affidavit de la parte demandada, no implica necesariamente que aceptara la verdad de lo en él consignado. A menos que el tercer error esté bien establecido, la sentencia en este caso no era nula por su faz, ni existía dato alguno en los autos demostrativo de su nulidad, y por lo tanto la petición debió haberse formulado dentro del período estatutorio.

Sostiene el apelante argumentando el tercer error que la corte no tenía jurisdicción para dictar la sentencia. Que era el secretario el único que podía dictarla por tratarse de un pleito en cobro de pesos. Invoca el artículo 194 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.

Desde el momento que la demanda se interpuso y fue el demandado citado debidamente, la corte adquirió -juris-dición. En este caso no sólo fué el demandado citado si que además compareció y formuló excepciones previas y pi-dió una prórroga. Para facilitar el despacho de los asun-tos, la ley concede autoridad al secretario para registrar sentencias en limitados casos, pero esto no quiere decir que la corte no tenga autoridad para dictarlas. Si a la corte acude la parte interesada y la corte opta por pronunciar la sentencia, dicha sentencia es enteramente válida. En la corte es en.la que reside originalmente la autoridad.

. No habiéndose cometido ninguno de los errores señala-dos debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución 'de este caso.


author: El Juez Peesidente Señor del Toko,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pacheco, Acusado y Apelante.
    No. 2150.

    Visto: Enero 17, 1924.

      Resuelto: Mayo 29, 1924.
    Delito Contra el Erario — Alegación Innecesaria — Acusación Suficiente.— Cumplo con los requisitos exigidos por el art. 372 del Código Penal de Puerto Pico, inciso 1°., una acusación en la cual se alega que siendo el acusado Comisionado Municipal de Hacienda del Municipio de G-uayanilla, P. B., y como tal encargado de recibir, guardar, traspasar o desembolsar fondos pú-blicos a dicho municipio, recibió y tuvo bajo su posesión oficial $590.15, cuya suma se apropió para su uso particular o el de otra persona. No era indispensable hacer constar expresamente quo los fondos pertenecían al erario público. Tal conclusión se deduce do los hechos alegados. Sin embargo, se recomienda la alegación expresa en casos semejantes como práetica mejor.

      Id. — Bill of Particulars — Discreción Judicial. — La función del pliego de par-ticulares en un caso criminal es informar al acusado más ampliamente del cargo que se le hace, cuando la acusación es buena como pliego de alega-ciones y la corte es de opinión que el acusado tiene derecho a alguna infor-mación adicional antes de obligársele a ir a juicio. Y cuando el apelante no demuestra la necesidad en que estaba de tales especificaciones o que sufrió perjuicio, la negativa de la corte no será revocada en apelación.
    Sentencia de R. Dias Ontrón, J. (Ponce), condenando al acusado a un año de presidio por delito contra el erario.

      Confirmada.

      Martínez Nadal y Tormes & Colón, abogados del apelante; José E. IHgueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Peesidente Señor del Toko,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apelante fue condenado por la Corte de Dis-trito' de Ponce a sufrir nn año de presidio como antor de nn delito contra el erario público. No conforme, apeló, se-ñalando en sn alegato tres errores. cometidos, a sn juicio, por la corte, 1, al declarar sin lugar sn moción en solicitud de nn bill of particulars; 2, al negarse a conceder nn nnevo jnicio, y 3, al declarar culpable al acusado.

No hay base para estudiar y resolver el tercero de los errores señalados. La prueba no se elevó a esta corte. En. el alegato sólo se discute en verdad el primer error, pero en el acto de la vista, oralmente, el abogado del acusado insistió en que la acusación no imputa la comisión de un delito, cuestión que se levantó en la moción de nuevo juicio y que por tanto está comprendida en el segundo error y que, aunque no lo estuviera, podría ser levantada en cual-quier momento. Procederemos a su estudio.

La acusación, base del proceso, copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“Mediante esta información el G-ran Jurado del Distrito de Ponee, P. R., el día 26 de marzo de 1923 acusa a Tomás A. Pacheco del delito contra el erario público (felony) cometido del modo siguiente: El referido Tomás A. Pacheco, en el período de tiempo comprendido entre el 14 de septiembre de 1921 al 16 de agosto de 1922 y en el distrito de Ponce, P. R., siendo Comisionado Municipal de Hacienda del Municipio de Guayanilla,. P. R., encargado de recibir, guardar,, traspasar o desembolsar fondos públicos pertenecientes a dicho Mu-nicipio, recibió y tuvo bajo su posesión oficial quinientos noventa dollars y quince centavos ($590.15), moneda de los Estados Unidos de curso legal, y allí y entonces, fraudulentamente, sin. autoridad de ley, maliciosa y criminalmente, se apropió para su uso particular o de otra persona, los precitados quinientos noventa dólares quince centavos ($590.15) moneda de los Estados Unidos de curso legal.”

El título diez y seis del Código Penal trata de los delitos contra el erario de Puerto Rico. Su primer artículo, el 372 del Código, contiene, diez formas distintas de cometer el delito. Es la primera la aplicable a este caso. Dice:

“Todo funcionario de Puerto Rico o de cualquier municipio o distrito local y toda persona encargada de recibir, guardar, traspa-sar o desembolsar fondos públicos que (1) sin autoridad legal los apropiare en todo o en parte, para su uso particular o el de otra persona'; .... incurrirá en pena de presidio por uno a diez años, quedando además incapacitado para ejercer cargo público.”

Se sostiene por el apelante que si bien en la acusación se expresa que el acusado es un funcionario de- un munici-pio encargado de recibir, guardar, traspasar o desémbolsar fondos públicos pertenecientes a dicto Municipio y se le im-puta el tedio de taber recibido y tenido bajo su posesión oficial $590.15 y el de habérselos apropiado fraudulenta-mente para su uso particular, en ninguna parte de ella se consigna que dichos fondos fueran dineros pertenecientes al erario público.

A nuestro juicio la acusación hubiera sido más completa si se hubiera consignado expresamente en ella que los dine-ros apropiados pertenecían al erario, pero creemos que de sus términos puede llegarse a la realidad de dicha conclu-sión. Se concibe que un comisionado de hacienda municipal merezca tal confianza a sus convecinos que éstos le en-treguen fondos para que los custodie y en tal caso si el Co-misionado se apropiara de dichos fondos no cometería el delito por el que fué aquí juzgado y condenado el acusado. Pero ése no es el caso que presenta la acusación. Aquí se dice que los dineros de que se apropió el comisionado los “tuvo bajo su posesión oficial.’7 Si no recordamos mal, el abogado del apelante se refirió al caso de dineros pertene-cientes a algún contratista de obras municipales que pudie-ren ser por él depositados en el comisionado. Creemos que la acusación, tal como está redactada, excluye también dicho caso. Lógicamente, examinada en conjunto la acusación, se concluye que contiene la afirmación implícita de tratarse de fondos públicos y no privados.

La conclusión a que hemos llegado está sostenida por la jurisprudencia. Dice Corpus Juris:

“En una acusación contra un funcionario público, se permite gran liberalidad en la descripción del dinero o fondos apropiados, por razón de la necesidad del caso, y es innecesario especificar con certeza la clase determinada de dinero o fondos, si se trata de mo-nedas de oro o plata, o de billetes de curso legal, o expresar la deno-minación de cada moneda o billete, o especificar cuándo o de quién el dinero fué recibido, pero en tal acusación debe haber certeza en cuanto a la alegación de la suma fija de dinero que ha sido apro-piada. No es necesario alegar expresamente que el dinero era de los fondos públicos, sino que es bastante con que ese hecho apa-rezca de las alegaciones sobre el cargo que ocupaba el acusado y la forma en que recibió el dinero.’' 20 C. J. 463-4.

El texto se apoya en las siguientes autoridades que con-signan en la nota No. 90: “State v. Eames, 39 La. Ann. 986, 3 S. 93; State v. Munch, 22 Minn. 67. Véase también el caso de People v. Hamilton, 3 Cal. Unrep. Cas. 825, 32 P. 526, al efecto de que una alegación de que el dinero era recibido por el acusado ‘en su capacidad oficial’ constituía una alegación del becbo que determinaba su carácter de ‘fondos públicos,’ de acuerdo con el artículo 426 del Código Penal.” 20 C.J. 464, nota 90.

No obstante lo que dejamos expuesto, recomendamos eomp la mejor práctica la de consignar de modo exprqso a quién pertenecen los fondos defraudados.

Eesta sólo considerar la cuestión relativa al bill of particulars.

Conocemos ya la forma en que aparece redactada la acu-sación. El acusado pidió una información en detalle con-sistente en (a) fecha o fechas en que se hizo la apropia-ción, en caso de haber, sido en diferentes partidas; (6) fecha exacta o lo más aproximadamente posible en que se hizo la apropiación y si fué en una sola partida; (c) cantidad o cantidades apropiadas para su uso particular; (d) cantidad o cantidades apropiadas para uso de otra persona; (e) nom-bre y apellido de esa persona a que se refiere la acusación, o circunstancias personales que sirvan para identificarla.

La corte negó la petición y tendría que demostrarse que había abusado de su discreción para que la sentencia pudiera ser revocada. Véase la anotación al caso de State v. Leiois, 69 W. Va. 472, en Am. Ann. Cas., 1913 A, pág. 1208:

“La función del pliego de particulares en un caso criminal es informar al acusado más ampliamente del cargo que se le hace, cuando la acusación es buena como pliego de alegaciones y la corte es de opinión que el acusado tiene derecho a alguna información adi-cional antes de obligársele a ir a juicio. U. S. v. Tubbs, 94 Fed. 356;’ Cooke y. People, 231 Ill. 9, 82 N. E. 863; People v. Jaehns, 4 N. Y. Crim. 161; Com. v. Bartilson, 85 Pa. St. 482.”

Véase también el caso de El Pueblo v. Pinero, 31 B.P.R. 1, donde esta cuestión fue tratada.

No demuestra el apelante en su alegato la necesidad en que se encontraba para preparar su defensa de conocer los particulares que pidió. Tampoco que fuera perjudicado, si es que en realidad de verdad lo fué, por no habérselos pro-porcionado el fiscal.

.Bajo esas circunstancias y siguiendo la acusación las pa-labras del estatuto y conteniendo una información general suficiente, no creemos que la corte errara al negar la peti-ción del acusado, ni menos que abusara de su discreción.

El recurso interpuesto debe declararse sin lugar y con-firmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Pbesideítte Señob del Tobo, El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Jiménez, Peticionario y Apelado, v. Cruz et al., Opositores y Apelantes.
    No. 3114.

    Visto: Enero 17, 1924.

      Resuelto: Mayo 29, 1924.
    Administración Judicial de Herencia — Citación de los Herederos: Cuándo-Está Bien Hecha. — Para citar a los herederos a la comparecencia orde-nada por la corte como consecuencia de una petición sobre nombramiento de administrador judicial, basta quo la citación se haga con entrega de copia de la misma. Tal citación no es nula porque no se entregue a los herederos copia del diligeneiamiento, ni de la petición, aunque sería una buena práctica la entrega de copia de la petición.
    Id. — Comparecencia—Renuncia Implícita de Objeciones a la Citación. — Con-vocados los herederos a la reunión señalada por la corte para proveer una petición de administración judicial, algunos que habían pedido la nulidad de las citaciones y obtenido la posposición de la vista, finalmente asistieron a la comparecencia en la cual presentaron prueba y propusieron candidatos para cubrir el cargo. Se resolvió: ■ que bajo tales circunstancias se presume que los opositores habían renunciado sus objeciones a la citación.
    Id. — Causa de Acción para Pedirla — Bienes Sujetos a la Administración; Carácter de los Mismos.- — El hecho de que en la petición sobre nombra-miento de administrador judicial se consignara que la finada había dejado como bienes sujetos a partición las fincas Tendal y Piñal Marión, no per-mite concluir que “la corte erró al incluir en la administración como bienes privativos bienes que eran gananciales.” Ya fueran bienes privativos de la finada dichas fincas, ya gananciales, muerto antes el esposo e indivisa, aún su herencia, las fincas pertenecían en su totalidad a los herederos y eran bienes sujetos a administración con las reservas que pudieran imponer las circunstancias concurrentes.
    Id. — Id.—Apelación Pendiente — Comunidad de Bienes. — La existencia de una apelación pendiente cuya resolución decidiría sobre el carácter de ciertos bienes de la herencia, no impide que se decrete la administración judicial. Tampoco la existencia de una comunidad formada por algunos herederos, impide a otro heredero que no forma parte de la comunidad, solicitar la administración y a la corte decretarla.
    ResolucióN de Pablo Berga, J. (Iíumacao), decretándose una admi-nistración judicial.

      Gonfirmada,.

      J. Guzmán Benitez y B. Arce, abogados de los apelantes; F. Gon-zález, abogado del apelado.
   El Juez Pbesideítte Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Jiménez y Jiménez, heredero forzoso de doña Eladia Cruz y Jiménez, presentó en la Corte de Distrito de Iíumacao una solicitud pidiendo el nombramiento de un administrador judicial de los bienes dejados a su falleci-miento por doña Eladia. Archivada la solicitud el 9 de marzo de 1923, se señaló la comparecencia que la ley prescribe para el 23, ordenándose la citación de todos los inte-resados en la herencia. La citación se verificó en los días 14, 15 y 17 de marzo con entrega de una copia de la misma a cada uno de los interesados.

El 21 de marzo de 1923 los herederos citados, por medio de su abogado José de Guzmán Benitez, presentaron una moción sobre nulidad de las citaciones para la junta. En ella alegaron que las citaciones eran defectuosas porque no se entregó a las personas citadas copia de la petición, ni copia del diligeneiamiento. - No obstante consignarse en la moción que la comparecencia se hacía al solo efecto de ■ so-licitar la nulidad de las citaciones, en la moción se pide a la corte que proceda con cautela porque existían pendientes pleitos entre el peticionario y los demás herederos y podría prejuzgarse la condición de ciertos bienes, y porque se ha-bía constituido una comunidad de bienes que venía adminis-trando éstos debidamente, estando a disposición del peticio-nario y de los demás miembros de la Sucesión Jiménez Cruz la parte que les correspondía.

El propio día 21 de-marzo en que la moción a que nos liemos referido fué archivada, se presentó otra sobre sus-pensión de la comparecencia,' acompañada de una estipula-ción por virtud de la cual ambos abogados, el del peticiona-rio y el de los demás herederos, estipularon, en razón a la enfermedad que padecía el de los últimos, que la compare-cencia sé suspendiera haciéndose un nuevo señalamiento para la primera semana de abril próximo.

La nueva comparecencia se señaló para el 10 de abril de 1923 y el 7 del propio mes los herederos representados por el abogado Guzmán Benitez presentaron una moción expre-sando que el abogado de récord era el Sr. Guzmán pero que por seguir enfermo delegaba su representación en el'abo-gado Sr. Arce.

El 10 de abril se celebró la comparecencia con asistencia de los interesados por sus abogados, y la corte, al día si-guiente, dictó la orden apelada cuya parte dispositiva, dice:

“Por tanto, la Corte decreta la administración judicial de los bienes de Eladia Cruz y Jiménez y ordena a las partes que, dentro de cinco días, propongan de común acuerdo, una persona para de-sempeñar el cargo y si no llegaren a un acuerdo, que sometan a la Corte los nombres de tres personas por cada parte, para proceder la Corte a hacer el nombramiento.”

Figura en los autos un escrito titulado “Impugnación de vista” firmado por el abogado Arce y archivado el propio 10 de abril de 1923, en el cual hace constar su excepción por haberse desestimado la moción de nulidad y por haberse ce-lebrado la vista privándose a sus representados de los me-dios necesarios para preparar su defensa por no habérseles entregado copia de la petición:

Expuestos los hechos, procederemos al examen de los errores señalados por los apelantes en sn alegato,. Son tres, a saber:

1. La corte erró al declarar sin lugar la moción de nu-lidad ;

2. La corte erró al incluir en la administración como privativos bienes que eran gananciales, y

3. La corte erró al decretar la administración sin espe: rar la resolución de cierta apelación pendiente ante la Corte Suprema en la cual estaba envuelta la condición de los bie-nes.

En cuanto al primer error, bastará decir que en ninguna parte de la transcripción consta que la corte de distrito de-clarara, directa y expresamente la moción de nulidad sin lu-gar. Implícitamente lo hizo porque la corte seguramente estimó que a virtud de la moción de suspensión, acompa-ñada de la estipulación a que nos' hemos referido, la peti-ción de nulidad había sido abandonada.

La ley nada dice con respecto a la entrega de una copia de la petición a las personas a quienes se cita. Quizá aten-dida la naturaleza del procedimiento dicha copia sea inne-cesaria, aunque nos parece que sería mejor práctica entre-garla.

De haberse cometido algún error, no procedería la revo-cación de la orden apelada, bien por haberse abandonado la impugnación, ya por no ser perjudicial. En la misma mo-ción de nulidad y en todos los procedimientos posteriores demostraron los herederos representados por el Sr. Gfuzmán Benitez que estaban enterados hasta la saciedad de lo que se trataba y por tanto- en condiciones de preparar sus de-fensas. Quizá sea conveniente consignar para juzgar la ac-tuación de los apelantes, que del acta de la vista de la com-parecencia consta que los apelantes presentaron prueba e informaron por medio de su abogado. El acta termina así:

“Para el caso de que la Corte resuelva que procede la adminis-tración, el abogado de los opositores propone para el cargo de ad-ministrador a los herederos Joaquín Jiménez Cruz, Josefa Jiménez Cruz, y a Eladia Jiménez Cruz, y el abogado del peticionario pro-pone a Antonio A. Roig y a Domingo Matanzo.”

No existe tampoco el segundo error. Basta leer la reso-lución recurrida para concluir que la corte se limitó a de-cretar la administración judicial y a fijar un día para que las partes sometieran los nombres de tres personas, para proceder a elegir el administrador.

Después que se nombra el administrador y que el admi-nistrador entra en posesión de su cargo, es que se forma el inventario de los bienes de acuerdo con la ley de procedi-mientos legales especiales. La resolución apelada nada re-solvió sobre la naturaleza de los bienes en este caso. El becbo de que en la petición sobre nombramiento se consig-nara que la finada babía dejado como bienes sujetos a par-tición las fincas Tendal y Piñal Marién, no tiene importan-cia. Ya fueran bienes privativos de la finada dichas fincas, ya gananciales, muerto antes el esposo e indivisa aún su herencia, las fincas pertenecían en su totalidad a los here-deros y eran bienes sujetos a administración con las reser-vas que pudieran imponer las circunstancias concurrentes.

Con respecto ai tercer error diremos que el hecho de que existiera una apelación pendiente ante el Tribunal Supremo en la que la controversia versaba sobre si el título de las fincas Tendal y Piñal Marién pertenecía a la sociedad de gananciales que la finada formó con su esposo o a la finada exclusivamente, no impedía que se decretara la administra-ción. Fallecidos los esposos, todos los bienes correspondían a sus herederos, como ya hemos indicado. Mientras la división se practicaba y cada cual recibía individualmente lo suyo, alguien tenía que administrar y para esos casos está la ley en que basó su solicitud el peticionario. — Articuló 23 •de la Ley sobre Procedimientos Legales Especiales de 1905, Comp, de 1911, página 327. La existencia de la comunidad formada por una parte de los herederos invocada en la mo-ción sobre, nulidad y luego probada ampliamente en la. com-parecencia, no podía obligar al heredero forzoso que en ■ella no intervino, el peticionario.

Debe declararse sin lugar el recurso interpuesto y confir-marse la orden apelada.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.

resolución sobre Reconsideración de junio 25, 1924.

El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la reconsideración de la sentencia dictada en ■este caso por esta corte en mayo 29, 1924, por los siguien-tes fundamentos:

‘‘A. Que la sentencia de este Hon. Tribunal exime al comunero peticionario Manuel Jiménez y Jiménez de los efectos y consecuen-cias de la administración privada de los bienes que Rabian acordado legalmente los otros comuneros opositores, bajo la consideración ■errónea de que él no intervino en esa administración.
“B. Que la misma sentencia levanta, sin embargo, el conflicto de dejar subsistente dos administraciones sobre los misnios bienes.
“C. Que sostenida la administración judicial, Ra de comprender bienes que no estaban en la posesión material de Eladia Cruz y Ji-ménez al fallecimiento de ésta; y que esa administración es, además, innecesaria. ’ ’

Hemos estudiado de nuevo las cuestiones envueltas en el recurso a la luz de las manifestaciones de la parte apelante ■contenidas en su escrito de reconsideración y a nuestro jui-cio ésta no cabe, pero sí es conveniente aclarar que nuestra ■sentencia de 29 de mayo y la opinión emitida para funda-mentarla no tienen más alcance que resolver en sentido afir-mativo que cabía el nombramiento de administrador judicial a la muerte de doña Eladia Cruz viuda de Jiménez pero que en manera alguna prejuzga la validez o no validez de la. comunidad constituida en vida de doña Eladia para ad-ministrar la herencia indivisa de su esposo, ni los actos posteriores a la muerte de doña Eladia realizados por dicha comunidad.

Parece que lia llegado el momento en que deponiendo ren-cores y prejuicios todos estos condueños se dividan sus bie-nes cada uno cediendo algo en beneficio de la armonía, por-que de seguir como hasta ahora se consumirán dichos bie-nes en gastos judiciales y continuarán siendo motivo de separación y encono en vez de fuente de bienestar.

Denegado.


author: Be Juez Asociado Señok Woue, El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Polanco, Demandante-Apelante-Apelado, v. Société Anonyme des Sucreries de Saint Jean, Demandada-Apelada-Apelante.
    No. 2766.

    Visto: Noviembre 20, 1923.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Siembra y Molienda de CaStas — Interpretación de Contrato. — Kn este caso el’ colono demandante celebró un contrato de siembra y molienda de cañas con la central demandada por el cual se obligó a sembrar y cultivar 250 cuerdas durante las zafras de 1913, 14, 15, 16 y 17 para ser molidas por la deman-dada, la cual se obligó a pagar al colono el 6 por ciento de la caña molida o el precio más alto que durante el contrato pagara a cualquier otro colono. Interpretando esta última cláusula, se resolvió: que habiéndose probado que la central pagó mayores precios a otros colonos, el' demandante tiene derecho-a tal aumento, hubiera o no paridad entre su contrato y los de los colonos beneficiados, no debiendo estimarse tampoco que el demandante dejó de cumplir el contrato por el hecho de que en algún caso no hubiera cosechado a razón de quince toneladas por cuerda, pues bastaba con probar que cultivó 250 cuerdas de terreno de un año para otro.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Iíumaeao), en acción sobre cobro -de cantidad, declarando sin lugar la demanda y la contrademanda,, sin costas.

      Revocada en cuanto se declaró sin lugar la demanda y confirmada en lo demás.

      H. G-. Molina, abogado de la demandada-apelada-apelante; Sar-miento & Puig, abogados del demandante-apelante-apelado.
   Be Juez Asociado Señok Woue,

emitió la opinión del tribunal.

El día 11 de abril, 1912, José Nicolás Polanco celebró un contrato de molienda de cañas con la corporación deman-dada de 250 cnerdas de cañas para las zafras de 1913, 1914, 1915, 1916 y 1917, y entregar el producto para molerse a la referida demandada. Esta última convino recíprocamente en entregar a Polanco el 6 por ciento de la caña molida. La controversia gira sobre mía cláusula especial de benefi-cio contenida en el contrato y que dice así: “La Central Santa Juana se compromete a beneficiar al Sr. Nicolás Po-lanco durante la vigencia de este contrato, con el beneficio concedido sobre el pago de las cañas a cualquier otro co-lono.” La significación indubitada de esta frase, algo pa-recida a la cláusula de la “nación más favorecida” era 'que Polanco recibiría por la caña entregada a la Central un precio tan alto como el recibido por cualquier otro colono. Hubo prueba no refutada tendente a acreditar que en los años 1913 y 1914 uno de los colonos de la Central recibió el 6% por ciento de la azúcar y que' en los años 1916 y 1917, uno o tal vez dos colonos recibieron el 7 por ciento. En el interrogatorio de repreguntas un colono que recibió el 7 por ciento manifestó que la mitad del 1 por ciento era para transportación a distancia, pero otro colono recibía el 7 por ciento directamente sin limitación. Alguna otra alegación fiizo Polanco pero la conclusión de la corte y la prueba misma está en contra de tal reclamación. Hubo prueba cre-ditiva del valor de la caña entregada por Polanco. La corte, sin embargo, resolvió que Polanco no tenía derecho al pre-cio extra porque había dejado de cumplir con el contrato principal y también la corte indicó que no estaba satisfecha de que los pagos a otros colonos no se hacían bajo condicio-nes diferentes a las del contrato de Polanco. La corte dictó sentencia contra Polanco y también dictó sentencia contra la demandada declarando su 'contrademanda sin lugar. Cada una de las partes ha apelado.

Como cuestión prima facie hubo prueba que no fué re-futada respecto al pago de precios mayores a otros'colonos. Los testigos no han sido atacados. No existe ninguna prueba en oposición. La corte meramente inquirió si existía una absoluta paridad en cuanto al contrato del demandante con la Central y la misma central con los demás colonos. Asi-mismo estamos exactamente en igual situación que estuvo la corte inferior al apreciar la prueba. La prueba fué oída por un juez que cesó en su puesto antes de que fuera archi-vado el récord en maquinilla y por virtud de una estipula-ción el caso fué sometido al nuevo juez sobre las alegacio-nes, documentos y prueba archivada escrita en maquinilla. No tenemos duda de que el demandante probó un caso prima facie de pagos mayores-a otros colonos durante la vigencia del contrato.*

La defensa principal es que el demandante dejó de cum-plir su parte del contrato y por tanto no puede exigir el cumplimiento de la cláusula especial de beneficio. La corte dice que Polanco tenía la obligación de “entregar” 250 cuerdas de cañas cada año por virtud del contrato celebrado en abril 11, 1912, y que él no lo hizo así y que la intención de las partes fué que la cláusula especial de beneficio era solamente aplicable en caso de cumplimiento.

No hemos podido entender exactamente lo que se quiere decir con la “entrega” de 250 cuerdas de cañas. El con-trato requiere a Polanco sembrar, plantar y cultivar 250 cuerdas de terreno. Algo así como si fuera una condición implícita en el contrato se hac.e referencia por la corte y la central apelada a la necesidad de cosechar 15 toneladas por cuerda, pero no existe tal condición o mención en el con-trato. Lo que la corte dijo fué que la prueba tendía a de-mostrar que una cuerda en la región en cuestión debida-mente cultivada debía producir 15 toneladas de caña. No hubo prueba satisfactoria alguna de tal condición general si semejante cosa podía surgir en una finca, o entre estas partes, y el contrato nada dice sobre la cantidad de caña que ha de producirse. Todo lo que el demandante tendría que probar es que él cultivó de un año a otro substancial-mente 250 cuerdas de terreno y esto la prueba tiende a de-mostrar a nuestra satisfacción.

La prueba de Polanco respecto al año 1915 fué aceptada 37 confirmada- por la central. Las partes estuvieron confor-mes en qne el cultivo fuese abandonado prácticamente ese año.

La central a la vez conviene en que Polanco cultivó 250 cuerdas en el año 1913. La contención principal es que a Polanco le faltaron unas 100 cuerdas en 1914. Polanco de-claró que él cultivó 250 cuerdas en ese año. El fué llamado como testigo dos veces. En su primera declaración estuvo interesado principalmente en probar las liquidaciones que babía becbo con la compañía, los precios y cantidad de caña entregada. Cuando el demandante con otro testigo ofreció prueba para corroborarse en cuanto a la cantidad de caña entregada, la demandada alegó que lio era la debida refuta-ción y además por la razón de que la demandada babía aceptado la declaración de Polanco acerca del número de cuerdas entregadas. Después declaró Polanco que babía cultivado 250 cuerdas en el año 1914 y con semillas de plan-tilla. Ahora bien, aunque esta declaración subsiguiente no está sostenida como lo estuvo la anterior, no tenemos nin-guna razón para dudar de ella y estamos satisfechos de que toda la prueba demuestra un cumplimiento substancial con el contrato.

Polanco tenía también la obligación bajo un contrato de cultivar otras 100 cuerdas y los autos y la prueba admitida de Polanco explica la disposición de estas 100 cuerdas. Al-gún tiempo después de la zafra de 1914 la central escribió a Polanco quejándose de que de una plantación de 345 cuer-das hubo un rendimiento por término medio de solamente cinco toneladas por cuerda. Este número de 345 cuerdas es aproximadamente 250 y 100 y parece ser una admisión de que Polanco tenía bajo cultivo las 250 cuerdas necesarias. Parte de la controversia giró sobre el becbo de que en el año 1914 Polanco no abandonó el terreno que producía menos de 18 toneladas por cuerda. De su contrato, sin embargo, resulta claro que tal abandono sólo era obligatorio después del segundo corte. La central no duda que en los años 1916 y 1917 Polanco tenía las 250 cuerdas necesarias bajo cultivo. Fué el rendimiento del año 1914, según creemos, lo qne Mzo que la central impugnara la siembra de ese año. Convenimos con la corte en que Polanco no tenía derecho a los 25 centavos extras pagados en 1917 o 1918.

Existen algunas consideraciones que son esencialmente importantes que a nuestro modo de ver resuelven el caso en su totalidad. Cada año o más a menudo la central ha-cía liquidaciones con Polanco y le pagaba el precio estipu-lado en el contrato. En ningún momento dudó ella sobre sus siembras excepto en la carta de 1914 a la cual hemos hecho referencia, y que fué escrita a virtud de una aprecia-ción errónea de los términos del primitivo contrato. La compañía recibió la caña, la aceptó prácticamente sin re-paro y estaba obligada a pagar el precio. El precio no era solamente el 6 por ciento convenido en el contrato original sino el que debía pagarse a cualquier otro colono. No ve-mos ninguna diferencia entre esto y la aceptación por un comerciante de una cantidad menor de artículos de los que han sido pedidos, aún suponiendo que Polanco en realidad cultivó menos de la cantidad de caña que había convenido.

Sin embargo, hemos revisado la prueba también porque la contrademanda en parte se funda en la falta de Polanco en cumplir su contrato. Algunas de las precedentes consi-deraciones indicativas del. cumplimiento resuelven- esta parte de la contrademanda. La corte no encontró ninguna prueba de daños y perjuicios para sostener la contrademanda pero basamos nuestra decisión en el cumplimiento por parte de Polanco. Si quedase alguna duda las liquidaciones ponen término a toda esta clase de contrademanda.

Volviendo nuevamente a la question relativa a los bene-ficios, el hecho de que Polanco de año en año no hiciera ninguna reclamación extra del precio apenas sería una re-nuncia, pues no hay prueba satisfactoria de que él tuviera conocimiento de los arreglos hechos con otros colonos sino después de la liquidación, con excepción de la de 1917 y la de ese año él se negó a firmarla. La demanda alegaba que Polancó no tuvo noticia de estos beneficios hasta un mes o dos antes de iniciarse el pleito, pero la prueba de-mostró que tenía conocimiento de esto en octubre de 1916. La liquidación de ese año se hizo en julio. El demandante pidió permiso para enmendar en este particular, y si bien no consta que su petición fuera resuelta, la incongruencia no fue fatal. Dudamos también, sin resolver definitivamente, si un conocimiento anterior hubiera sido una renuncia.

Como parte de su contrademanda o reconvención. la de-mandada también alegó la entrega y uso por Polanco de ciertos bueyes pertenecientes a ella así como la alegación de que los bueyes estuvieron mal cuidados y que algunos sq murieron. Estamos conformes con la corte inferior en que el uso de estos, bueyes no era objeto de ningún contrato y fué un acto meramente gratuito por parte de la demandada para ayudarse y también a Polanco en la preparación de la cosecha. Este acto gratuito era semejante a algunas de las concesiones que se hacían a otros colonos para ayudarles a transportar sus cañas y cuyas concesiones con tal fin la corte inferior se negó a considerar como un beneficio den-tro de la letra y espíritu de la citada cláusula especial de beneficio.

Los beneficios de los años 1913, 1914, 1916 y 1917 re-sumidos en el alegato del apelante importan la suma de $9,196.48 y estas cantidades están de acuerdo con la decla-ración de Polanco, la que parece no haber sido refutada en relación con esto.

Al revocar esta sentencia, siguiendo la regla general no •imponemos costas a la demandada, especialmente porque su defensa no careció de algún mérito y la demandada des-truyó algunas de las alegaciones hechas por el demandante y éste se vió obligado a enmendar varios extremos en el juicio y pretendió hacer otras enmiendas.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra a favor de Polanco por la suma de $9,196.48 con intereses so-bre dicha cantidad al 6 por ciento a partir del día 21 de septiembre de 1917, fecha de la presentación de la demanda, v confirmarse en sus demás pronunciamientos.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACION DE AGOSTO 1, 1924

El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El abogado manifiesta ahora, que en su alegato original no trató de contestar a los cálculos hechos por Polanco por-que él consideraba los cálculos o la reclamación frívolos. El abogado asume entonces que este tribunal aceptó los cál-culos del abogado de Polanco sin hacer un examen de los autos. Este es un claro error. Comprobamos cuidadosa-, mente las manifestaciones hechas por Polanco, en los autos, en las cuales demostró sucesivamente que las cuatro parti-das de su reclamación eran $556.20, $459.71, $5,999.54 y $2,181.03. En verdad que en un sitio redujo su reclamación de $2,174.19 a $459.71, y obtuvo permiso para enmendar su demanda en este sentido. Estos cálculos están hechos todos en la declaración de Polanco después de ofrecer como prueba la alegada carta circular de la central. Nuestra opinión expresa que las cifras hechas por el apelante estaban de acuerdo con su declaración. Sin embargo, la corte hubiera estado justificada en aceptar las conclusiones o cálculos que hizo Polanco en su alegato, a falta de impugnación.

La apelada tenía al parecer tanta confianza en su con-trademanda o en el incumplimiento por parte de Polanco, según fuere, que no trató originalmente de atacar la*" base o bases en las cuales descansaba la reclamación. Insiste la apelada en su moción en que el tipo convenido en el con-trato en pagarse a Polanco, era de 6% en vez de 6.. Pa-rece que en cuanto a esto los autos no fueron examinados con cuidado. AI final del contrato de abril 11, 1912, hay una nota que explica que de los 6% que menciona el con-trato, 6 era el pago de la caña y % para gastos. La con7 testación de la demandada admite esto específicamente y es así:

"Que en los dos contratos relacionados, la demandada se obligó a satisfacer al demandante, en pago de cada quintal de caña qne recibiera, seis libras de azúcar, y además, en concepto de ayuda para el transporte de las cañas, nn cuarto de libra de azúcar, tam-bién por cada quintal de caña."

Al considerar los beneficios obtenidos por otros colonos,’ nosotros y al parecer la corte inferior excluimos las libras o por cientos pagados a otros colonos, lo cual era una con-cesión por gastos o distancias extraordinarios y no al pre-cio mismo de la caña. Esto también lo demuestra nuestra opinión. Estábamos algo dudosos de si tanto Cabezudo como Manrique obtuvieron el 7 por ciento por la caña en-tregada lo mismo en 1916 que en 1917, pero abora creemos que ambos lo obtuvieron. No vemos que establezca ninguna diferencia el becbo de que Manrique recibiera el % por ciento toda vez que no tomó prestado ningún dinero en efec-tivo. Cuando los colónos toman dinero ai préstamo gene-ralmente pagan un quid pro quo de interés. Sin embargo» sólo era necesario para Polanco probar que uno dé ellos re-cibió el 7 por ciento. La base de comparación es el precio pagado por la caña, excluyendo la concesión extra hecha, bien a Polanco o a los otros colonos.

No es necesario, por tanto, tratar de analizar en detalle los varios cálculos becbos por la apelada. Por ejemplo, la apelada trata abora de demostrar que calculando los benefi-cios del año 1913, al tipo de Polanco sólo hubiera tenido derecho a $263.58. Al que es el correcto beneficio, Po-lanco entonces hubiera tenido derecho a $527.16, en vez de $556.20, que reclamaba. La apelada funda su cálculo en ciertos alegados promedios de precio para el año 1913. Po-lanco aparentemente no tomaba promedios sino que calcu-laba sobre cada entreg'a. Como este cálculo no se impug-naba en el alegato y ni fué claramente atacado con este fin en el juicio, creemos que es demasiado tarde para tratar de corregir cualquier posible error de cálculo becbo por el tes-tigo, por medio de una moción de reconsideración.

No podemos entender por qué una reclamación como ésta deba considerarse frívola a menos que la apelada qui-siera dar a entender que estaba enteramente satisfecha del incumplimiento por parte de Polanco. La central pagó evi-dentemente a otros más de lo que pagó a Polanco. Dicha demandada se encargó de resolver si Polanco tenía o nó de-recho a un beneficio por otros motivos que no fueran los expresados en el contrato. En ningún momento dió la central a Polanco una oportunidad para hacer una reclamación por dichos beneficios. Como ya hemos indicado, la central parecía creer que los anticipos eran suficiente excusa para no pagar beneficios. Pero entonces, como sostuvo el ape-lante, la cláusula de beneficios carecería de significado.

Una de las razones para la reconsideración es el haber resuelto esta corte que Polanco sólo estaba obligado a culti-var 250 cuerdas de caña y según lo interpretamos, eso es lo que dice el contrato. A riesgo de repetir lo que dijimos, podemos decir que si bien la central puede haber creído o deseado que Polanco debía cultivar 15 ó 18 toneladas por cuerda, el contrato no dice eso. No encontramos nada en la declaración del testigo de la demandada, Wittemans, que muestre un entendimiento o convenio- en cosechar 15 ó 18 toneladas por cuerda.

En cuanto al cumplimiento, estamos satisfechos en primer lugar en que la'carta de la central que hacía referencia a las 345 cuerdas no era meramente una circular. Trataba exactamente de la condición del cultivo de Polanco y le ur-gía que hiciera mayores esfuerzos. ' Estamos enteramente de acuerdo en que la apelada tal vez nunca autorizó así a Po-lanco a abandonar alguna parte del cultivo, pero estamos satisfechos de que la central consintió implícitamente cual-quier-falta al hacer sus varias liquidaciones, al escribir la carta y cuando ejercitó la superintendencia general que apa-rece de los .autos.

Dijimos que estábamos, dispuestos a dar crédito a las de-claraciones de Polanco respecto al cumplimiento, especial-mente porque sus manifestaciones acerca de las cantidades entregadas fueron aceptadas. La apelada desea que con-frontemos sus manifestaciones con las de su gestor Witte-mans. En general nos pareció que Polanco conocía sus pro-pios asuntos mejor que ningún otro. No estando puesta en tela de juicio su honradez, es mucho más probable que tenga él razón que no Wittemans. Los. autos en conjunto nos convencen de que o hubo un completo cumplimiento, o una renuncia por la central y que la contrademanda hubiera sido inconcebible como acción independiente si Polanco no hubiera insistido en sus derechos en cuanto a beneficios del contrato.

Denegada.


author: El Juez Asociado Señob 'Wole,

text:
    Conde, Demandante y Apelante, v. The Porto Rico Railway, Light & Power Co., Demandada y Apelada.
    No. 3096.

    Visto: Mayo 6, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Negligencia Oontributoria. — Una persona que al tratar de cruzar una vía férrea sin mirar, es golpeada por un. carro eléctrico que discurría por ella, es culpable de negligencia oontributoria y no tiene derecho a recobrar daños.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), en pleito de indemnización, declarando sin lugar la demanda con las costas.

      Confirmada.

      E. López Tizol, abogado del apelante; J. E. Brown y P. Amado Rivera, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob 'Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos ante nuestra consideración son semejantes a los del caso de El Pueblo v. Vázquez, (pág. 194) en tanto fue la persona golpeada quien se colocó en una situación de peligro, con la notable diferencia de que en este caso la corte dictó sentencia a favor de la demandada. En ausen-cia pues de un claro error y con cualquier conflicto en la: cuestión o cuestiones litigiosas esenciales, debe sostenerse la conclusión de la corte.

La corte inferior declaró probado que la- cansa próxima del accidente fué la negligencia del demandante. Hubo prueba tendente a acreditar que él fué llevado en un auto-móvil particular al sitio del accidente y se paró razonable-mente cerca de la vía del carro mientras el chofer cam-biaba una moneda; que él primero procuró ver si venía un carro eléctrico, estuvo dos minutos en conversación con el chofer del automóvil y entonces trató de cruzar la vía del carro sin fijarse. Al menos dos testigos declararon que el demandante corrió hacia el costado del carro eléctrico.

Hubo prueba tendente a demostrar que el motorista tocó su campana, pero aun cuando la alegada falta en tocar la campana fuera una negligencia, bajo los hechos del caso hubo negligencia contributiva por parte del demandante al tratar de atravesar la vía sin'mirar.

No hubo prueba para hacer que el caso quedara com-prendido en la doctrina referente a la última verdadera oportunidad de evitar el accidente (last olear chance), como alega sin demostrar el apelante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señou Wole,

text:
    Sostre, Peticionario y Apelante, v. Calzada, Alcaide, Opositor y Apelado.
    No. 2288.

    Visto: Mayo 27, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Arresto en Nombre del Pueblo — Mandamiento de Arresto Librado por el. Eiscal. — El artículo 38 del Código de Enjuiciamiento Criminal fué redac-tado originalmente para arrestos ordenados por un juez de paz. Cuando el fiscal de distrito es en cambio quien ordena el arresto no puede haber duda de que él está procediendo en nombre de El Pueblo de Puerto Utico; y el acusado, el alcaide de la cárcel y cualquier otro funcionario, tomará conoci-miento de tal hecho y de que el fiscal de distrito funciona en representación del pueblo y tiene derecho de hacer arrestos. Semejantes presunciones no sur-gen en favor de un juez de paz, como es el efecto de la sentencia en el caso de-TS<c parte Solares, 4 D. P. R. 84.
    Id. — Causa Probable para el Arresto. — Demostrando la prueba haberse hecho por el acusado un disparo deliberado con una admisión de premeditación, debe-concluirse que existió un caso prima facie.

      Habeas Corpus — Admisiones del Acusado — Confesiones del Acusado. — General-mente el recurso de habeas corpus no procede para investigar si manifesta-ciones del acusado constituyen admisión o confesión.
    Id.- — Desecho del Acusado a Oonebontakse con los Testigos. — Cuando el fiscal está investigando un delito antes o después de verificar un arresto, la ley no requiere de él confrontar al acusado con los testigos.
    ResoluCIÓn de Pablo Berga, J. (Humacao), denegando solicitud de habeas corpus.

      Confirmada.

      F. Cervoni, abogado del apelante; José E. Figüeras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señou Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El mandamiento de prisión en este caso fue el siguiente:

"Estados Unidos de América, El Presidente de los Estados Uni-dos. SS. El Pueblo de Puerto Kico versus Marcos Sostre. Al al-caide de la Cárcel de Distrito de Iíumacao. — Habiéndose, con esta .fecha dictado por mí una orden para que Marcos Sostre sea' dete-nido con el propósito de que responda al cargo que se le hace de Asesinato en Primer Grado, por haber dado muerte ilegal a Vicente Robles y al disparar a Pablo Lebrón, hecho ocurrido en Yabucoa, dentro del Distrito Judicial de Humacao, el día 29 de marzo de 1924, con premeditación y deliberación, por el presente se ordena a usted lo reciba bajo su custodia y lo detenga en tanto sea legalmente ex-carcelado."

El apelante en habeas corpus se queja de que el manda-miento de prisión no cumple con el artículo 38 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual es como sigue:

"Art. 38. — El auto de prisión estará concebido en estos términos:
"Distrito de * * ' A
"El Pueblo de Puerto llico al alcaide de la Cárcel del Distrito de * * Y
"Habiéndose con esta fecha dictádose por mí una orden para que-sea detenido con objeto de que responda al cargo que se le hace de (aquí se reseña brevemente la naturaleza del de-lito con especificación tan aproximada como sea posible, de la fecha y lugar en que se cometiera) por el presente se ordena a usted lo reciba bajo su custodia y lo detenga en tanto sea legalmente excar-celado.
"Fechado hoy día_de_de 18_”

Este artículo fué redactado originalmente para arrestos. ordenados por un juez de paz. Cuando el fiscal de distrito es en cambio quien ordena el arresto no puede haber duda de que él está procediendo por virtud de la autoridad que en él lia reposado El Pueblo de Puerto Rico; y el acusado, el alcaide de la cárcel y cualquier otro funcionario, tomará conocimiento de tal hecbo y de que el fiscal de distrito es el funcionario que representa ser. Ni el acusado ni el al-caide pueden dejar de saber por virtud de qué autoridad se hace el arresto. El fiscal de distrito tiene la clara auto-ridad de verificar arrestos. El es un magistrado por vir-tud del artículo 13 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Semejantes presunciones no surgen en favor de un juez de paz, como es el efecto de la sentencia en el caso de Ex parte Solares, 4 D.P.R. 84.

Encontramos que la prueba es suficiente para probar un caso prima facie, toda vez que se demostró haberse he-cho un disparo deliberado con una admisión de premedita-ción. Convenimos con el fiscal en que el hecho de si una manifestación es una admisión o confesión generalmente no debe ser objeto de investigación mediante hateas corpus. Hubo causa probable para detener al acusado. El Pueblo v. Baigés, 26 D.P.R. 148.

El tercer señalamiento de error alegado trata del dere-cho del acusado a ser confrontado con los testigos. Cuando el fiscal está investigando un delito antes de verificar un arresto, no encontramos en la ley nada que requiera de él confrontar al acusado con los testigos. El gran jurado era el precursor de las acusaciones presentadas por el fiscal de distrito y tal derecho én el acusado, o práctica no prevale-cía. Ni tampoco la actual ley del gran jurado confiere al acusado tal derecho. Una persona acusada de un .delito, como sostuvo la corte inferior, debe ser confrontada en un juicio, pero no al ser arrestada. La investigación del fiscal de distrito es privada. El Pueblo v. Reyes, 10 D.P.R. 253; El Pueblo v. Beltrán et al., 18 D.P.R. 944.

Debe 'confirmarse la resolución apelada.