author: El Juez Peesidente Se. del Tobo, El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    King, Demandante y Apelante, v. Fernández et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre reivindicación y daños y perjuicios.
    No. 2514.
    Resuelto en mayo 31, 1922.
    Reivindicación — Doble Venta de Bienes Inmuebles — Propiedad de la Oosa Ob-jeto de Doble Venta. — Probado que las ventas del bien inmueble de que se trata hechas a las personas de quienes trae causa el demandante se verificaron en 1904 y 1906 inscribiéndose en 1905 y 1906 y que la misma cosa se‘traspasó en 1914 a la persona de quien traen causa los demandados habiendo sido ins-crita en dicho año, es necesario concluir que la propiedad corresponde al de-mandante.
    Id. — Id.-—Tercero.—No puede un tercero ampararse en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria aunque hubiera adquirido de quien en el registro aparecía como dueño y hubiera inscrito su título, cuando éste se anula a virtud de otro ante-riormente inscrito en el mismo registro.
    Id. — Id.-—Daííos t Perjuicios. — No demostrándose que los demandados en este caso ni sus causantes ocuparan con mala fe la finca objeto de la doble venta, no procede la condena de daños y perjuicios contra ellos.
    Id. — Id.—Edificación en Suelo Ajeno. — Probado que la casa enclavada sobre si solar objeto dft la doble venta fué construida por quien de buena fe creía que era dueño d*. la tierra sobre la cual edificaba, el caso debe regularse por lo prescrito en el artículo 370 del Oédigo Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. H. G. Molina.

    Ahogado de los apelados: Sr. M. M. Ginorio.

   El Juez Peesidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del trihnnal.

La presente es nn pleito sohre reivindicación, daños y perjuicios y nulidad de título. El demandante alegó que era dueño de determinadas tierras situadas en Santurce, San Juan, P. R., y que dentro de ellas los demandados ocupa-ban, sin título válido, un solar de doscientos setenta metros cuadrados de superficie. Los demandados alegaron que ocu-paban en efecto el solar indicado pero no sin título, sino a. virtud de compra, y que dicho solar no estaba comprendido-dentro de los terrenos del demandante. Fué el pleito a jui-cio y la corte, finalmente, lo resolvió en contra -del deman-dante, quien interpuso entonces el presente recurso de ape-lación.

¿Está o no comprendido el solar ocupado por los deman-dados dentro de las tierras del demandante1? Esta es la pri-mera cuestión .que debe estudiarse y resolverse.

No hay conflicto en cuanto a cuáles son los títulos que ambas partes ostentan y en cuanto a su origen. Las tierras de que se trata valían muy poco en el pasado. Luego, a virtud del crecimiento de la ciudad, fueron aumentando de valor. Antiguamente constituían parte de una finca rústica. Hoy se han ido fraccionando y se destinan a la fabricación de casas.

Veamos primero cuáles son las tierras del demandante, su título y origen.

El demandante alega ser y según el registro es dueño de dos porciones de terreno que se describen así:

“(a) uebana: Solar radicado en el barrio de Santurce, sitio del ‘Machuchal’ de esta ciudad, compuesto de 47 metros 70 centímetros por el norte colindando con el mar; 92 metros por el sur, con una calle; 160 metros por el este colindando con Ceferino del Valle; y 131 metros cincuenta centímetros con una calle y don Libertad Torres Grau, o sea al oeste. (Inscrita al folio 143 vuelto, tomo 61 de San Juan, finca No. 2599, inscripción segunda.)
“(6) FINCA URBANA o solar en el barrio de Santurce sitio del ‘Machuchal’ de esta ciudad, compuesto de 20 metros de frente por 30 de fondo, o sean 600 metros cuadrados, colindante por el norte con el mar, por el sur y este con la Sociedad Margarida y Compañía, y por el oeste con una calle abierta por dicha sociedad en la misma finca. (Inscrita al folio 66 del tomo 38 de San Juan, finca No. 2465, .inscripción tercera). ’ ’

Ambas fincas fueron adquiridas por el demandante King de los herederos de Charles A. Catlin por compra hecha cons-tar en escritura pública otorgada el 22 de diciembre de 1917, inscrita en el registro.

La finca letra (a) fué segregada por su dueño Margarida y Compañía de la finca No. 2109 inscrita al folio 191 del tomo 49 del Municipio de San Juan, Registro de la Propiedad de San Juan, y vendida a Catlin el 15 de febrero de 1906, por escritura pública que se inscribió, como inscripción primera de una finca independiente, el 23 de abril de 1906.

La finca No. 2109, de diez cuerdas de terreno, se formó a su vez por segregación de otra mayor yrfué adquirida por Margarida y Compañía por compra a Raimundo Palacios. Su inscripción primera como finca independiente data de Oc-tubre 14, 1902.

La finca letra (b) fué vendida por Libertad Torres Grau a Catlin por escritura pública otorgada el 28 de febrero de 1905 e inscrita, como inscripción segunda de la finca, en el registro el 2 de abril de 1906. Torres Grau la adquirió a su vez, por compra, de Margarida y Cía., el 31 de agosto de 1904, habiéndola segregado Margarida y Cía. de su finca No. 2109. La inscripción a favor de Torres Grau es la primera de la finca independiente y se hizo el 12 de julio de 1905.

Veamos aliora cuál es el título, y su origen, de los de-mandados.

La demandada Francisca Fernández, esposa del otro de-mandado Pedro Bolívar, adquirió, por compra, de Ramona Aragunde, un solar, con una casa edificada en el mismo, que se describe así:

“Finca Urbana o solar con casa, sitas en el sitio ‘Machuehal’ sección norte del barrio de Santurce de esta ciudad, siendo la casa terrera de maderas y cobijadas de hierro galvanizado, y el solar mide 10 metros de frente al norte en colindancia con una calle abierta colindando con el mar; 17 metros por el fondo, sur, colindando con don Charles A. Catlin; 20 metros por el este en lindes con solar de doña Concepción Tudela y 20 metros por el oeste en lindes con una calle abierta en terrenos de Margarida & Cía.; dando esas me-didas una superficie de 270 metros cuadrados.”

La escritura de venta se otorgó el 26 de enero de 1917 y se inscribió, como inscripción segunda de la finca indepen-diente, el 18 de abril de 1917.

La vendedora Aragunde adquirió el solar, por compra, de Anastasio Quiñones, inscribiéndose su título como inscripción primera el 2 de abril de 1916. Se describe el solar lo mismo que en la inscripción segunda, pero no se bace constar que exista en él casa alguna.

El vendedor Quiñones segregó el solar de otro de mayor extensión que adquirió, por compra, de Margarida y Cía., el Io. de julio de 1914 y que se describe así:

“ubbana: Solar que radica eu el sitio de ‘Machuehal’ sección norte del barrio de Santurce de esta ciudad, compuesto de 1587 metros 50 centímetros cuadrados, en colindancia por el norte en 60 metros con Margarida & Co. por el sur en 65 metros con Charles A. Catlin; por el este en 30 metros con Henry "W. Dooley, y por el oeste en 20 metros con Margarida & Co.”

La inscripción a favor de Quiñones tiene fecba julio 20, 1914, y el vendedor Margarida y Cía. segregó el solar ven-dídole de la finca No. 2109, de diez cnerdas, a que nos refe-rimos al trazar la historia del título del demandante.

Muestra, pues, el registro, sin lugar a dudas de ningún género que las dos porciones de terreno del demandante y el solar de los demandados figuran inscritos como tres fin-cas independientes y que ahondando en su origen las tres formaron parte de una sola finca, la 2109, de diez cuerdas, perteneciente a un solo dueño, Margarida y Oía.

A primera vista, no 'resulta conflicto del registro. El dueño de una finca tiene derecho a segregar porciones de ella y a venderlas. Las porciones segregadas se convierten en fincas independientes y-como tales se inscriben. General-mente lo que-hace el registrador es llevar nota de las super-ficies vendidas. Este método, suficiente en el mayor número de los casos, es deficiente cuando se trata de dividir una gran finca en solares. Sin la ayuda de un plano, es muy difícil formar entonces un juicio exacto de la situación de cada solar. En el presente caso las notas de las superficies ven-didas no demostraban que los terrenos de la finca principal se hubieran agotado y el registrador fué inscribiendo las se-gregaciones sin reparo alguno. Y así las segregaciones de las fincas pertenecientes hoy al demandante se inscribieron desde 1905 y 1906 y la de la finca perteneciente a los deman-dados desde 1914.

Pero el demandante sostiene que la realidad de las cosas es que dentro de sus fincas está la ocupada por los deman-dados; que cuando Margarida y Cía. en 1914 vendió a Qui-ñones los 1587 metros 50 centímetros de los cuales se segre-garon los 270 poseídos en la actualidad por los demandados, ya había vendido esos mismos 1587 metros 50 centímetros, en 1904 y 1906, a los causantes del demandante y que el con-flicto existente debe resolverse de acuerdo con las reglas fija-das en la ley para los casos de doble venta.

El juez sentenciador refiriéndose a la prueba practicada durante el juicio dijo: “la corte ha llegado a la conclusión de que el solar de la demandada no se encuentra enclavado dentro de los límites del solar del demandante.”

Si esa conclusión fuera correcta, la resolución del caso sería sencillísima, pero un estudio detenido de las alegaciones y las pruebas, nos lleva a una conclusión-contraria y la solu-ción del problema se complica.

Es un hecho que no puede negarse que los solares segre-gados por Margarida y Cía. de su finca No. 2109 y vendidos uno en 1904 a Torres G-rau y otro en 1906 a Catlin, solares que hoy pertenecen al demandante, colindaban, en la descrip-ción que se dió de ellos al segregarlos y venderlos y al ins-cribir las ventas en el registro, con el mar.

Es otro hecho que tampoco puede negarse que si se deja subsistente la sentencia apelada, las tierras del demandante perderían por completo su colindancia con el mar. La co-lindancia norte sería entonces con las tierras vendidas a Qui-ñones de las cuales se segregó la porción ocupada por los demandados. Quizás sería conveniente hacer constar aquí que parece que existen otros pleitos pendientes con los po-seedores de todas las tierras vendidas a Quiñones.

Y es, por último, otro hecho que tampoco puede negarse, que para reconocer a las tierras del demandante su colin-dancia norte con el mar, es necesario incluir dentro de ellas las tierras vendidas por Margarida y Cía. a Quiñones en 1914, Cuando hablamos de colindancia con el mar, claro es que debe entenderse con la zona marítima.

Si esto es así, si esto resulta tan claro de los autos ¿cómo es posible explicar la sentencia recurrida? Se explica por la siguiente circunstancia. Al fijarse la colindancia sur de la finca mayor del demandante, o sea de la vendida por Mar-garida y Cía. a Catlin en 1906, se expresó que lo era con una calle y no solo se determinaron las colindancias por los pun-tos cardinales sino que se fijó la extensión de cada colindan-cia. Y así, comenzando a medir las tierras del demandante a partir de la dicha calle, és necesario también reconocer que es Tin hecho cierto y admitido que si se da a las colindancias la exacta extensión que marca el título, y se agrega a la finca mayor la menor con ella colindante, o sea la vendida por Margarida y Cía. a Torres Gran en 1904, las tierras del de-mandante no llegarían al mar, quedando entre ellas y el mar espacio suficiente para situar las tierras vendidas por Mar-garida y Cía. a Quiñones en 1914. La corte parece que es-timó que el problema se resolvía en justicia reconociendo al demandante la superficie indicada por sus títulos, aunque se le privara de su colindanoia con el mar, y dictó la sen-tencia de que se deja hecho mérito.

¿Pudo adoptarse por la corte tal criterio? A nuestro juicio no pudo. Veamos lo que dice el Código Civil. Es así:

“Artículo 1372. — La obligación de entregar la cosa vendida com-prende la de poner en poder del comprador todo lo que exprese el contrato, mediante las reglas siguientes:
“Si la venta de bienes inmuebles se hubiese hecho con expresión de su cabida, a razón de un precio por unidad de medida o número, tendrá obligación el vendedor de entregar al comprador, si éste hr exige, todo cuanto se haya expresado en el contrato; pero si esto no fuere posible, podrá el comprador optar entre una rebaja pro-porcional del precio, o la rescisión del contrato, siempre que en este último caso, no baje de la décima parte de la cabida la disminución de la que se le atribuyera al inmueble.
“Lo mismo se hará aunque resulte igual cabida, si alguna parte de ella no es de la calidad expresada en el contrato.
“La rescisión, en este caso, sólo tendrá lugar a voluntad del com-prador, cuando el menor valor de la cosa vendida exceda de la dé-cima parte del precio convenido.”
“Artículo 1373. — Si en el caso del artículo precedente, resultare mayor cabida o número en el inmueble que los expresados en el con-trato, el comprador tendrá la obligación de pagar el exceso de precio si la mayor cabida o número no pasa de la vigésima parte de los señalados en el mismo contrato; pero si excediere de dicha vigésima parte, el comprador podrá optar entre satisfacer el mayor valor del inmueble, o desistir del contrato.”
“Artículo 1374. — En la venta de-un inmueble, hecha por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque resulte mayor o menor cabida o número de los expresados en el contrato.
“Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos o más fincas las ven-didas por un sólo precio; pero si además de expresarse los linderos, indispensables en toda enajenación de inmuebles, se designaren en el contrato su cabida o número, el vendedor estará obligado a en-tregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos, aún cuando exceda de la cabida o número expresados en el contrato; y si no pudiere, sufrirá una disminución en el precio proporcional a lo que falte de cabida o número, a no ser que el contrato quede anu-lado por no conformarse el comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló.”
“Artículo 1375. — Las acciones que nacen de los tres artículos an-teriores prescribirán a los seis meses, contados desde el día de la entrega.”

Parece que las ventas de Margarida y Cía. a Torres G-rau y a Catlin lo fueron por precio alzado, pero de la certifica-ción del registro presentada como prueba, no puede llegarse a una conclusión exacta sobre el particular. Lo que sí re-sulta evidente de la certificación, de los títulos y de las de-claraciones de testigos y peritos, es que desde el primer mo-mento se fijó a ambas fincas su colindancia norte con el mar. Basta el simple otorgamiento de la escritura para que el comprador se entienda puesto en posesión de la finca que adquiriera. En tal virtud debe entenderse que Torres G-rau y Catlin fueron puestos en posesión de las fincas de que se trata por Margarida y Cía., desde 1904 y 1906, respectiva-mente. Pero bay además en los autos una declaración que es conveniente transcribir para formar un claro concepto de la realidad de las cosas. Nos referimos a la del testigo H. W. Dooley, que, en parte, se expresó así:

“Que tuvo amistad eon Catlin y le'habló a él con respecto a la venta de los terrenos porque estaba interesado en comprarlos, pero en eso el Sr. Catlin se embarcó para los Estados Unidos y falleció. Luego habló con su hermano que deseaba vender los terrenos y es-taba tratando con él la compra-venta cuando él también murió. En el año 1915, empecé a tratar con ellos otra vez para la compra de la finca. Primeramente la finca tenía nna cerca de alambre, después cuando Catlin estaba fuera casi estaba abandonada porque Mr. Cat-lin no lia tenido representante alguno aquí en el país. Al fin del año 14 o al principio del 15, en diciembre o enero, yo noté algunos estacones puestos aM, llevaron un carro de estacones, no estaban' puestos en la tierra; estaban solamente echados ahí, 25 ó 30. Yo vi a don Juan Margarida ahí durante cuatro o cinco semanas. Un día jo le encontré allí con don Paco Torres. Eué al principio de febrero, porque escribí al abogado de la Sucesión de Mr. Catlin el día 17 de febrero del año 15. Aquel día Margarida no dijo nada, pero don Paco Torres me dijo que él estaba comprando una parcela de terreno allí de Margarida. Me enseñaron el sitio donde hoy está la casa de Bolívar. Yo le dije que Margarida no tenía ningún de-recho de' vender ese terreno ya vendido a Catlin y yo estaba tra-tando con él sobre la compra de la finca. En aquella misma época, en el año 14, yo estaba haciendo un paseo de la finca de “King’s Court” a la finca de del Valle.”

Se ve, pues, que Margarida y Cía. estaba en la obligación, de entregar y entregó a Catlin lo que le había vendido de acuerdo con los linderos. La venta de Torres Giran, a Catlin se efectuó en 1905 y las dos fincas unidas forman una man-zana que está en armonía con las otras que se observan en el plano general que se presentó de la urbanización de aque-llos lugares. La pequeña finca procedente de Torres Gfrau es de gran importancia para completar la manzana, precisa-mente por su colindancia con el mar.

Si Margarida y Cía. después de haber vendido a Torres G-rau y a Catlin, se convenció de que Catlin tenía dentro de sus linderos mayor superficie que la que indicaban sus títulos, debió haber, actuado de acuerdo con los preceptos que deja-mos transcritos del Código Civil, pero nunca pudo, válida-mente, después de transcurridos unos ocho años, por sí mismo, emplazar los metros que indicaban los títulos de Catlin co-menzando la mensura por la calle del sur, arrebatarle la co-lindancia norte con el mar y vender el exceso resultante a otra persona. Y eso fué lo que, según la prueba practicada, hizo Margarida y Cía. Claro es que esta declaración se hace únicamente a los fines de este pleito. Margarida y Cía. no lia sido parte en. el mismo y por lo tanto no pnede perju-dicarle.

Siendo todo ello así, es necesario concluir qne se trata de nn verdadero caso de doble venta qne debe resolverse de acnerclo con las reglas fijadas por el mismo legislador, a saber:

“Artículo 1376. — Si una misma cosa se hubiese vendido a dife-rentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble.
“Si fuere inmueble, la. propiedad pertenecerá al adquirente que •antes la haya inscrito en el registro.
“Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión; y faltando ésta, a quien presente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe.”

Y como resulta que las ventas a Torres Grau y a Catlin, de quienes trae causa el demandante, se verificaron en 1904 y 1906 y están inscritas desde 1905 y 1906, y la misma cosa se vendió a Quiñones, de quien traen causa los demandados, en 1914, y en ese año se inscribió, es necesario concluir-que habiendo sido el título del demandante primeramente inscrito en el registro, y a mayor abundamiento primeramente otor-gado, el conflicto, de acuerdo con la ley y la justicia, debe en su favor resolverse.

Pero los demandados alegan que tienen la condición de terceros e invocan el artículo 34 de la Ley Hipotecaria y la decisión de esta corte en el caso de Ayllón y Ojeda v. González y Fernández, 28 D. P. R. 67.

El caso de Ayllón se refería a una situación legal dis-tinta y en cuanto al artículo 34 de la Ley Hipotecaria, los propios términos en que aparece redactado demuestran que en vez de favorecer perjudica a los demandados.

El artículo 33 de la indicada ley consagra el principio de que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, y el 34 limita el alcance del principio, disponiendo que "los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para ello no se invalidarán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el de-recho del otorgante.a virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro.” Las itálicas son nuestras.

Puede aceptarse que los demandados son terceros, puede aceptarse que adquirieron de quien en el registro aparecía como dueño (Ramona Aragunde), pero como su título se anula a virtud de títulos anteriores (Torres G-rau y Catlin) que estaban inscritos en el registro, queda en pie en toda su integridad el principio del artículo 33. La venta de Mar-garida y Cía. a Quiñones fue nula. No pudo trasmitir por ella una propiedad que ya había vendido y que el comprador había inscrito en el registro. La buena fe de Quiñones, de Ramona Aragunde y de los demandados y la inscripción de sus títulos en el registro, no son suficientes. Lo hubieran sido solamente a virtud de una disposición especial de la ley, artículo 1376 del Código Civil, si Torres Grau y Catlin hu-bieran dejado de inscribir sus títulos o los hubieran inscrito después del de Quiñones. No hay envuelta en este caso cues-tión de prescripción alguna.

Algo se insinuó en el acto.de la vista con respecto a que el demandante al adquirir en 1917 conocía la situación de hecho creada por virtud de la doble venta de Margarida y Cía. a Quiñones en 1914. Nada influye tal conocimiento. Aceptando que lo tuviera, a la única conclusión a que podría llegarse es a la de que el demandante al comprar a los here-deros de Catlin asumió el riesgo de perder parte de las tie-rras, pero a virtud de la compra en las condiciones que ésta se hizo, esto es, trasmitiendo el vendedor todos sus derechos y acciones, el demandante quedó colocado en el mismo lugar de Catlin.

Veamos ahora la cuestión de daños y perjuicios. Se alegó en la demanda que la posesión de los demandados era de mala fe y que había causado al demandante perjuicios por valor de mil dólares. En el acto de la vista se trató de pro-bar que el uso del terreno valía y que por la ocupación del solar se había obstaculizado la urbanización, fijándose la cuan-tía de los perjuicios en la dicha suma de mil dólares.

Nada hay en los autos que demuestre la mala fe actual de Quiñones, ni de la Aragunde, ni de los demandados. Apa-rentemente ellos actuaron de buena fe y sufrirán por la de-cisión de este pleito todos o alguno o algunos de ellos ver-daderos perjuicios. Siendo esto así, creemos que la verda-dera justicia en este caso consiste en resolver que la tierra ocupada por los demandados pertenece al demandante y or-denar su entrega y nada más.

Hay, por último, algo que no puede pasar desapercibido a esta corte y es la casa levantada en el solar ocupado por los demandados. Dicha casa no fué construida por Catlin. Lo fué por quien de buena fe creía que era dueño de la tierra sobre la cual edificaba. Siendo ello así el caso debe regu-larse por lo prescrito en el artículo 370 del Código Civil, a saber:

“Artículo 370. — El dueño del terreno en que se edificare, sem-brare o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización establecida en los ar-tículos 455 y 456 del Capítulo III, Título Y, o a obligar al que fa-bricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.”

Véase el caso de El Pueblo v. Municipio de San Juan, 19 D. P. R. 656, 667.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la senten-cia apelada y dictarse otra declarando que el solar ocupado por los demandados pertenece al demandante, que el título de los demandados a dicho solar es nulo, que no ha lugar a la condena de daños y perjuicios y que la situación de V casa se regulará por lo dispuesto en el artículo 370 del Có-digo Civil quedando el pleito abierto en .cuanto a este extremo en la corte de distrito.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN DE JUNIO 20, 1922.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.

El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelante solicita la reconsideración de la sentencia de esta corte pronunciada el 31 de mayo último, alegando que .este tribunal erró: 1, al resolver que la po-sesión de los demandados era de buena fe; 2, al aplicar el artículo 370 del Código Civil, y 3, al no imponer las costas a los demandados.

1. A virtud de un examen cuidadoso de los hechos y la ley el tribunal concluyó que no se había demostrado la mala fe de los demandados. Insiste el apelante en la declaración del testigo Dooley. Según el propio Dooley su conversación con Margarida y Paco Torres, esposo y apoderado de la Ara-gunde, fué a principios de febrero del año 15. Según las escrituras públicas y el registro, Margarida vendió a Qui-ñones el Io. de julio de 1914, quedando inscrita la venta en julio 20, 1914. Quiere decir que a la fecha de la advertencia de Dooley ya los terrenos habían sido vendidos por Mar-garida a Quiñones y éste había inscrito su -título sin dificul-tad en el registro. La esposa de Torres no compró de Mar-garida sino de Quiñones y aún en cuanto a ella sería muy dudoso que las palabras de Dooley pudieran tener el efecto de destruir su buena fe. Pero ni Margarida, ni Quiñones, ni la Aragunde han sido demandados en este pleito. Con res-pecto a la buena fe de la Sra. Fernández, la verdadera de-mandada, no hay la más leve duda.

Como cuestión de hecho el tribunal estimó que no se probó la mala fe de la parte demandada. No cabe reconsiderara la sentencia por el primer error alegado.

2. Tampoco por el segundo. Todo el derecho que tiene, se le ha reconocido al demandante. La casa fue fabricada por una persona que compró el terreno de quien aparecía como dueño en el registro y a quien creyó dueño. Para esos casos es que el legislador puso en vigor précisamente el ar-tículo 370 del Código Civil.

3. La cuestión de costas es discrecional y el tribunal sigue creyendo que hizo buen uso de su discreción, no obstante las manifestaciones que contiene la moción de reconsideración. No fueron los demandados temerarios al defenderse en este caso. La cuestión envuelta no era clara. La corte de dis-trito creyó que debía resolverse en favor de los demandados.

Por virtud de todo lo expuesto, debe negarse la reconsi-deración solicitada.

Denegada.

Jueces concurrentes: >Sres. Asociados Wolf, Al drey, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre daños y perjuicios, in-cidente de traslado.
    No. 2730.
    Resuelto en mayo 31, 1922,
    por los fundamentos de los casos Nos. 349 y 350 de Toro y Lippitt v. Corte de Distrito de San Luán, de mayo 22, 1922.
    Abogado del apelado: Sr. M. Benitez Flores.

    Abogado del apelante: Sres. J. H. Brown y G. Ruiz Na-zario.

   Revocada la sentencia y ordenado el traslado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    Goico, Demandante y Apelada, v. Rodríguez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2440.
    Resuelto en mayo 31, 1922.
    Hipoteca — Tipo de Interés — Tipo Convencional — -Estipulación—Intención.— En un contrato de Mpoteea el tipo convencional de intereses será permitido después de vencida la obligación cuando existe estipulación en este sentido-, y también lia sido resuelto frecuentemente que tal tipo puede permitirse aún en ausencia de un convenio expreso al efecto cuando de los términos de la obligación misma resulta enteramente manifiesto que ésta fué la intención de las partes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. S abater.

    Abogados de la apelada: Sres. Benet & Sowffront.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

A virtud de una apelación anterior fué revocada la sen-tencia original dictada en este caso y devuelto éste para ul-teriores procedimientos. La opinión contiene una exposición completa de los hechos y puede verse en la página 530 del tomo 28 de las Decisiones de Puerto Rico.

Subsiguientemente la corte inferior basada en los hechos ya presentados como prueba y sin emitir una opinión dictó sentencia a favor de la demandante por la suma de $347.15, que es el saldo de la-deuda basta el día 8 de septiembre de 1919, más la suma de $12.72 por concepto de intereses a ra-zón del 12 por ciento desde esa fecha basta el día 31 de diciembre del mismo año, en que venció todo el término de la hipoteca, más el interés legal del 6 por ciento sobre dicha suma de $347.15 desde la fecha citada en último término hasta sil' total solvento, ascendente a la fecha de la sentencia, o sea, en enero 19, 1921, a la suma de $$22.56, “o” dice ade-más la sentencia, “o sea una totalidad de $382.43, más el interés legal de dicha suma desde esta fecha hasta su total solvento,” y las costas del pleito.

La inferencia es clara de que la corte inferior mantuvo su criterio respecto a la interpretación dada primeramente a los términos de la hipoteca con excepción solamente del único punto por el cual fué revocada la anterior sentencia, o sea, la duración del contrato en cuanto al tipo de interés para comprender un período de tiempo subsiguiente a la' fecha del vencimiento de la hipoteca.

Ahora lo mismo que en la anterior apelación asume el ape-lante pero no demuestra ya mediante argumentos o por cita de autoridades que tal interpretación es errónea. El lenguaje del documento está ciertamente sujeto a la interpretación que se le ha dado y después de una consideración más minuciosa de la cuestión nos inclinamos a convenir con la corte sen-tenciadora.

La disposición en cuanto al término e intereses conside-rada por sí sola es perfectamente clara: “la hipoteca se cons-tituye por cinco años, y al interés del 12 por ciento anual.” Si bien las palabras que siguen “pagadero en la siguiente forma” gramaticalmente parecen referirse sólo a los intere-ses, es una circunstancia significativa que los varios plazos que entonces se enumeran comprendan en cada caso parte del principal, así como la suma de intereses especificada. Asi-mismo la cláusula apremiante del párrafo que sigue inme-diatamente muestra igual inexactitud de expresión, pero en conjunto parece conferir al acreedor el derecho a considerar o no vencida toda la deuda para la oportuna reclamación judicial si lo estimare conveniente caso de no satisfacerse cual-quiera de los plazos concertados. Difícilmente pudo haber sido la intención de las'partes que la renuncia de este pri-vilegio por el acreedor por no poder el deudor hacer pron-tamente el pago parcial envolvería la pérdida del derecho a exigir el tipo convencional de intereses durante todo el término. Interpretando en conjunto el párrafo primero, y en relación con el segundo, no podemos decir que no fué la intención de las partes que el tipo convenido incluyera y se aplicara a los plazos vencidos y no satisfechos.

Siendo esto cierto, la regla que ha de prevalecer puede verse al principio del texto citado en nuestra anterior opi-nión: “Está bien establecido que el tipo convencional de in-terés será permitido después de vencida la obligación cuando existe estipulación en este sentido, y también ha sido fre-cuentemente resuelto que tal tipo puede permitirse aún en ausencia de un convenio expreso en tal sentido, cuando de los términos de la obligación misma interpretados debida-mente resulta enteramente manifiesto que esta fué la inten-ción de las partes.”

La corte inferior, por tanto, no cometió error el conceder intereses de acuerdo con el contrato en vez de adoptar el tipo legal como medida de daños y perjuicios.

Las cuestiones ahora planteadas son sustancialmente las mismas que las que se trataron de someter en la anterior apelación. El discutir estas cuestiones en sus detalles no conduciría a fin práctico alguno. La mayor parte de ellas dependen de la hipótesis excluida a virtud de la interpreta-ción que se dió al contrato por el juez sentenciador con la que estamos de acuerdo.

Esperábamos que cierta obiter dicta de nuestra anterior opinión podría servir ya de incentivo para un arreglo o si no de estímulo para la ulterior investigación de los aboga-dos en caso de prolongarse la controversia. Que ni uno ni otro resultado sobrevino tiende únicamente a aclarar la re-gla general de que las declaraciones incidentales (obiter) sólo representan una pérdida así de tiempo como de energía.

Como quizá aparece de la exposición de hechos ya adop-tada, supra, al hacer los demandados el depósito en la corte existía una diferencia de poco más de $100 en los cálculos contradictorios del importe adeudado entonces. La apelada, sin embargo, nos llama la atención hacia una circunstancia que no se tuvo en cuenta en la primer apelación, o sea, que la primitiva sentencia fué dictada unos tres, meses antes del vencimiento del término fijado en la hipoteca. Por consi-guiente el pronunciamiento en cuanto a los intereses al tipa convencional hasta que fueran satisfechos nunca hubiera pro-ducido efecto legal alguno después del vencimiento si la sen-tencia hubiera sido satisfecha dentro del término indicado.. Por otra parte, este parecer pasa por alto el derecho de ape-lación. Aunque la sola cuestión resuelta en la anterior ape-lación fué la relativa al tipo a que debían concederse inte-reses después del vencimiento, este no fué el único punto' levantado y la situación de los demandados en ciertos otros: particulares no era enteramente insostenible. La demandante1 admitió la corrección de una partida que nunca había sido abonada a la cuenta. Se dice que no hubo prueba del exceso sobre el importe de los intereses vencidos y envueltos en el pago del primer plazo, pero ninguno • de los intereses que se trató de cobrar son de fecha anterior a este pago. El hecho de haberse satisfecho este plazo en su totalidad no sólo no se niega sino que se admite implícitamente y la fija-ción del importe de intereses'realmente vencidos entonces y la diferencia entre éste y la suma satisfecha es una mera cuestión de aritmética. Si bien esta diferencia no es grande debió haber sido concedida. Excepto por esta omisión la probable inadvertencia de los intereses compuestos al tipo legal sobre la suma de $22.56 a que se refiere el juez sen-tenciador, de ser errónea, podría considerarse como com-prendida en la regla de de minimis non curat lex. Puede ser que una actitud menos agresiva por parte de la demandante hubiera ahorrado mucho tiempo, molestias y gastos a ambas partes. Los demandados han obtenido una revocación y tie-nen ahora derecho a qne se modifique la sentencia. Alguna excusa más para volver a presentar la cuestión ante esta corte puede verse en las indicaciones hechas, tal vez impro-piamente, al resolverse la primera apelación. El pronuncia-miento en cuanto a costas debido a que no excluye expresa-mente los honorarios de abogado incluiría esta partida de acuerdo con recientes decisiones de esta corte. Si el importe de tales honorarios debe fijarse ahora bajo la base de una compensación razonable por el tiempo y trabajo empleado, el resultado representaría una suma fuera de toda propor-ción a la cantidad envuelta y muy en exceso de los $200 esti-pulados en la hipoteca. Apreciadas todas las circunstancias nos sentimos obligados a resolver que los demandados no de-ben ser requeridos al pago de honorarios de abogado.

La sentencia apelada debe ser modificada a fin de que ;se ajuste al parecer aquí expresado, y así modificada, con-firmada.

Modificada la sentencia dictada por la corte inferior en enero 19, 1921.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Asocia-dos Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. "Wole,

text:
    G. H. Hammond Company, Demandante y Apelante, v. Diego Agüeros & Co., S. en C., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito' de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre incumplimiento de con-trato.
    No. 2504.
    Resuelto en mayo 31, 1922.
    Compraventa — Entrega de la Cosa Vendida — Interpretación del Término "Lo Más Pronto Posible.” — Cuando no se fija fecha para la entrega de efeetos vendidos, dicha entrega debe hacerse dentro de un tiempo razonable. Cuando se usan palabras como éstas: "lo más pronto posible,” etc., no significan éstas que el envió ha de hacerse el mismo día, o al día siguiente, o así sueesi-vameute, sino que ha ele hacerse con una prontitud que en. cierto modo es mayor y en algunos casos mucho mayor que el tiempo razonable exigido cuando en el contrato nada se dice sobre la cuestión del tiempo. Cuando las palabras “lo más pronto posible” se emplean en un contrato, el efecto de las decisiones es en gran parte que el tiempo es parte esencial del contrato, correspondiendo la prueba de su cumplimiento al vendedor.
    Id. — Id.—Demora en la Entrega de Efectos Vendidos. — Cuando la cuestión en-vuelta es si la entrega de los efectos vendidos se hizo o no “lo más pronto posible,” la corte está obligada a resolver como cuestión de hecho o como cuestión mixta de derecho y de hecho si bajo todas las circunstancias hubo una demora irrazonable en verificar la entrega de los efectos.
    Id. — Prueba de la Costumbre. — La prueba de la existencia de una costumbre en el negocio es admisible para probar la interpretación que ha de darse a cier-tas palabras de un contrato.
    Id. — Demora Razonable en la Entrega de Efectos Vendidos. — En el presente caso en que las partes habían estado negociando durante años y sufrido demo-ras de 20 días en los embarques de efectos vendidos a la demandada el primer embarque de una orden para entregar “lo más pronto posible’’ se hizo des-pués de 28 días de firmado el contrato. Se resolvió: que la demora de 8 días más sobre demoras toleradas en otras ocasiones no es irrazonable, a menos que alguna condición peculiar se acredite por la cual se haga necesario para el comprador tener antes la mercancía.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Soto Oras & Siam.

    Abogados de la apelada: Sres. Chas. Hartzell y F. Ra-mírez de Arellano.

   El Juez Asociado Se. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Las partes en este pleito celebraron el siguiente contrato:

“Vendimos a los Sres. Diego Agüeros & Oo., San Juan, cincuenta (50) cajas manteca pura ‘El Cerdo.’ 4/25 libras, a $39.30 costo, flete y seguro San Juan. Dos expediciones quincenales del punto de origen,, primera expedición lo más pronto posible. Sujeto a toda contingencia del tráfico terrestre y marítimo. San Juan, P. R., Julio 26, 1919. The G. H. Hamñiond Oo. (Firmado) S. Ramírez & Oo., Agentes. D. Agüero & Oo.”

En supuesto cumplimiento de este contrato los deman-dantes remitieron 25 cajas de manteca el día 23 de agosto, 1919, y la segunda expedición la hicieron en 5 de septiembre, 1919, ambas consignadas a esta ciudad. En otras palabras, la primera expedición se hizo 28 días después de firmarse el contrato y surgió la cuestión de si la expedición o expe-diciones hechas por los demandantes cumplían con los tér-minos del contrato, el cual exigía que la primera expedición debía hacerse “lo más pronto posible”. Los demandantes establecieron esta acción en reclamación del importe del pre-cio y la corte inferior dictó sentencia a su favor.

Hemos considerado las siguientes autoridades y decisio-nes en cuanto al significado de palabras semejantes a “en seguida” (forthwith), “lo más pronto posible” (as soon as possible), “inmediatamente” (immediately), “directamente” (directly), y otras por el estilo cuando entran a formar parte de un contrato para entrega de efectos: Claus Shear Co. v. Lee Hardware House, 6 A. & E. Ann. Cas. 243; Hydraulic Engineering Company v. McHaffic Goslett & Co., 23 Eng. Ruling Cases 561 y casos; Tobias v. Lissberger, 12 N. E. 15, 59 A. R. 509; Sentenne v. Kelly, 59 Hun. 512; Leuis v. Hover, 16 N. Y. S. 534; Hawkins v. Studdard, 136 Ga. 727; Arthur v. Wright, 57 Hun. 22; Bowser v. Arkinson, 161 Mo. App. 450 y casos; Sunshine Cloak & Suit Co. v. Roquette, L. R. A. 1916, E. 932 y notas; 23 R. C. L. 1370; 13 C. J. 583; 9 C. J. 779. La condición de la ley que ha de infe-rirse de estos casos es más o menos como sigue: cuando no se fija fecha para la entrega de los efectos dicha entrega debe efectuarse dentro-de un tiempo razonable. Cuando se usan palabras como éstas “lo más pronto posible,” etc., no significan éstas que el envío ha de hacerse el mismo día, o al día siguiente, o así sucesivamente, sino que ha de ha-cerse con una prontitud que en cierto modo es mayor y en algunos casos mucho mayor que el tiempo razonable exigido cuando en el contrato nada se dice sobre la cuestión del tiempo. Cuando las palabras “lo más pronto posible” se emplean en un contrato, el efecto de las decisiones es en gran parte que el tiempo es parte esencial del contrato. La omisión en fijar una fecha definida está, como declaró la corte inferior, en cierto modo en favor del vendedor. Por otra parte no debe haber demora indebida por parte del vendedor y convenimos con los apelantes qne el peso de la prueba in-cumbe al vendedor para demostrar el cumplimiento del con-trato ; en otras palabras, que hubo una entrega lo más pronto posible según la interpretación más o menos aceptada de las palabras “lo más pronto posible,” o como fueron entendidas por las partes.

Algunos de los primeros casos se revisaron en el de Claus Shear Company v. Lee Hardware House, supra. La corte después de discutir la significación de las palabras “en se-guida” (forthivith), “inmediatamente” (immediately), etc., se expresó como sigue: “Tales palabras jamás indican una absoluta exclusión de ningún intervalo de tiempo sino que significan únicamente que no mediará ningún lapso de tiempo irrazonable antes del cumplimiento,” citando autoridades. La corte entonces prosigue: “La cuestión de si la determi-nación de lo que es un tiempo razonable es un punto legal para la corte o de hecho para el jurado, es una cuestión acerca de la cual existe gran conflicto de autoridades.” La corte resolvió finalmente que era una cuestión mixta de ley y de hecho. En una nota al caso anterior se dice que en un nú-mero de casos relativamente pequeño se ha aceptado sin dis-cusión especial que la cuestión era de derecho, pero en un número mucho mayor de decisiones, como en el caso repor-tado, la cuestión ha sido de hecho para el jurado.

El artículo 1095 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Si la obligación no señalare plazo, pero de su naturaleza y cir-cunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los tribunales fijarán la duración de aquél.
“También fijarán los tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor.”

Si bien este artículo se refiere a deudores, ha sido apli-cado a obligaciones en general y parece que la cuestión de lo que es un tiempo razonable es más o menos de hecho para la corte. Nos inclinamos al parecer de que en un caso como el presente la corte está obligada a resolver como cuestión de hecho o como cuestión mixta de derecho y de hecho si bajo todas las circunstancias hubo una demora irrazonable en verificar la entrega de los efectos.

La apelada en la corte inferior presentó prueba tendente a .establecer una costumbre por la cual la entrega dentro de treinta días había de considerarse como un cumplimiento con el uso de las palabras <£lo más pronto posible” en un con-trato para entrega de artículos. Los demandados se opu-sieron a la admisión de esta prueba por el fundamento de que no se había alegado una costumbre especial en la de-manda. Pero nos inclinamos más bien al parecer de que la prueba de la existencia de una costumbre en el negocio es admisible para probar la interpretación que ha de darse a ciertas palabras de un contrato. Y esta es una deducción que hacemos de los artículos 1210, 1211 y 1254 del Código Civil, Sección 4a. de la prueba, de peritos, a saber:

“Artículo 1210. — Sólo se podrá utilizar este medio de prueba cuando para apreciar los hechos sean necesarios o convenientes cono-cimientos científicos, artísticos o prácticos. ' ’
“Artículo 1211. — El valor de esta prueba y la forma en que haya de practicarse, son objeto de las disposiciones de la Ley de Enjui-ciamiento Civil.
“Artículo 1254. — El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en éstos la'omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse.”

Y también los artículos 2.9 y 35 de la Ley de Evidencia:

“ Artículo 29. — Los términos de un escrito se presume que fue-ron empleados en su acepción primaria y general, pudiendo, sin embargo, admitirse evidencia de que tienen una significación local, téc-nica o peculiar, y que fueron así empleados y entendidos al redac-tarse el documento, en el cual caso deberá interpretarse el convenio de acuerdo con dicha significación.'
“Artículo 35. — De conformidad con las precedentes disposiciones, podrá presentarse en un juicio evidencia de los hechos siguientes:
“10. El uso o costumbre para explicar el verdadero carácter do un acto, contrato o documento, cuando este carácter verdadero' no pudiese de otro modo esclarecerse; pero el uso nunca es admisible, excepto como medio de interpretación.”

Hubo alguna prueba tendente en cierto modo a acreditar una costumbre, pero convenimos con los apelantes en que no se demostró ninguna costumbre muy general como la alegada por el demandante, y nos sentimos, obligados a declarar que el demandante no probó una costumbre general. Tenemos asimismo alguna duda en cuanto a si-las declaraciones de estos testigos aunque eran comerciantes o peritos en el ma-nejo de artículos de embarques, eran enteramente pertinentes para probar que la fecha de la entrega fué o no razonable. La prueba era admisible pero no estableció una costumbre general.

Basamos la confirmación de esta sentencia en las rela-ciones existentes entre las partes mismas y el entendimiento de éstas, y sostenemos que la entrega no era irrazonable consideradas todas las circunstancias. El contrato mismo exigía una primera entrega lo más pronto posible. Uno de los demandados fué a declarar para decir que dadas las fluc-tuaciones en el mercado él no hubiera celebrado este con-trato si hubiera creído que la entrega se prorrogaría o lle-garía' a alcanzar a treinta días, pero admite el testigo inme-diatamente, y se admite en la contestación, que una primera expedición dentro de veinte días se hubiera considerado su-ficiente. La segunda expedición por tanto pudo hacerse 15 días después. De manera que las partes mismas tenían pre-sente una segunda expedición de cincuenta por ciento de los efectos, la cual podía prorrogarse a más de treinta días. Se alega en la contestación que en todos los contratos ante-riores entre el demandante y los demandados la conducta observada por el demandante fué hacer los embarques den-tro del límite máximo de veinte días después de firmado el contrato. Algunos de tales contratos ofrecidos como prueba mostraban qne las mismas palabras “lo más pronto posible” aparecían en estos documentos anteriores. El contrato ex-presa qne los embarques habían de hacerse quincenalmente y de esto pnede inferirse qne ambas partes sabían qne la casa embarcadora no cumpliría o podía cumplir con toda la orden en el día de su aceptación sino qne necesitaba más tiempo. El primer embarque se hizo veinte y ocho días des-pués de haber sido firmado el contrato. El segundo embar-que fué hecho trece días después. Por alguna razón que no se explica la primera expedición llegó a San Juan en 25 de septiembre pero la segunda el día 28. Creemos bajo estas circunstancias que la corte inferior estuvo justificada al de-clarar que no hubo demora irrazonable en el cumplimiento de este contrato. Cuando las partes han estado en negocia-ciones unas y otras por años y han sufrido demoras de veinte días en los embarques cuando varios embarques han de ha-cersé, creemos que no es irrazonable demorar una semana u ocho días más en el embarque, a menos que alguna con-dición peculiar se acredite por la cual se haga necesario para el comprador tener antes la mercancía. Algo así apa-rece como hecho en algunos de los anteriores casos en los cuales las cortes han resuelto que los períodos de tiempo de menos de treinta días no eran embarques hechos lo más pronto posible, apareciendo que algo había envuelto por lo cual las necesidades del comprador u otras cosas exigían razonablemente un embarque más pronto.

Los apelantes también alegan haberse cometido error en la imposición de gastos de almacenaje, seguro contra incen-dio e intereses y costas. Este es un caso que ha sido con-firmado aunque no sin dejar de tener dudas. Si bien existen indicaciones en los autos de que las partes sometieron la cuestión principal a una especie de arbitraje y la apelante rehusó someterse a esto, sin embargo, considerando las auto-ridades y los hechos la corte cree que no hubo gran grado de culpa desde un punto de vista legal en defender este pleito. Además, los autos revelan que la apelada negó en el juicio toda intención de cobrar el almacenaje, seguro y por lo menos oralmente también las costas.

Bajo estas circunstancias debe confirmarse la sentencia en tanto ordena se pague a la demandante el importe de la suma reclamada en la demanda y revocarse en cuanto a la condena de seguros contra incendio, gastos de almacenaje y costas.

Confirmada la sentencia apelada, en cuanto al pago de la suma reclamada y revocada en cuanto a la condena de gastos de almace-naje, etc. y costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Ramírez et al., Demandantes y Apelantes, v. Ramírez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre filiación y otros extremos.
    No. 2267.
    Resuelto en mayo 31, 1922.
    Paliación — Hijo Natural — Reconocimiento — Concubinato. •— La Ley 11 de Toro no establece diferencia entre los hijos naturales e incluye a los nacidos en concubinato y esa ley tampoco supone que un hijo nacido de padres que vivían juntos públicamente como marido y mujer tiene un estado legal es-tablecido sin la necesidad de una acción de filiación.
    Id.- — Id.—Prescripción.—En tanto la demandante funda su derecho al reconoci-miento en el concubinato público, no tenía ningún estado civil, y en lo que respecta a cualquier derecho que tuviera por razón de la legislación vigente con anterioridad al año 1911, su acción de filiación ha prescrito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. L. Llorens.

    Abogados de los apelados: Sres. Travieso & Iriarte y B. Forés.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

María Ramírez de Riera nació en el año 1868 y en su carácter de bija natural estableció una acción de filiación contra los demandados como herederos de su alegado padre natural. La corte inferior declaró con lugar una excepción previa a la demanda por el fundamento de la prescripción en armonía con las varias decisiones de esta corte citadas en los casos de Castro v. Solís, 19 D. P. R. 677, y Castro v. Solís, 23 D. P. R. 478. La apelante, sin embargo, en una hábil exposición de las condiciones históricas existentes a la fecha de la promulgación de la Ley 11 de Toro, trata de establecer una diferencia entre los hijos naturales y sos-tiene que un hijo natural cuyos padres vivían en concubinato público jamás tenía necesidad de establecer una acción de filiación sino que tal hijo natural tenía una condición legal {status) semejante a la de un hijo legítimo. Según la ape-lante solamente cuando un hijo nacía secretamente y el con-cubinato no era público una acción de filiación era necesaria para establecer el estado legal, y de ahí, arguye la apelante, la interpretación de la Ley 11 de Toro que dice así:

“Y porque no se pueda dudar quales son hijos naturales, orde-namos y mandamos que entonces se digan ser los hijos naturales, quando al tiempo que nascieren o fueren concebidos, sus padres po-dían casar con sus madres justamente sin dispensación; con tanto que el padre le reconozca por su hijo, puesto que no haya tenido la mujer de quien lo ovo en su casa, ni sea una sola. Ca concu-rriendo en el hijo las calidades susodichas,- mandamos que sea hijo natural.”

Conviene llamar la atención a dos particulares: primero que la ley transcrita no habla de concubinato en el sentido de conferir un derecho al reconocimiento, ni que por el con-trario esa ley tampoco asume necesariamente que un hijo nacido de padres que vivían juntos públicamente como ma-rido y mujer tiene un estado legal establecido sin necesidad de úna acción de' filiación. Prosigue la apelante ■ a disentir las condiciones existentes en la fecha de Las Siete Partidas y la legislación que hasta entonces existió. No había dnda alguna de que entonces y con anterioridad a. esa fecha el hijo que podía probar que sus padres vivieron juntos en concubinato público era' un hijo natural y como tal tenía de-rechos que reclamar de su padre, pero que dicho hijo tenía un estado civil legal establecido, no se infiere necesariamente. La Ley 11 de Toro, podemos repetir, decía que eran nece-sarias ciertas gestiones para adquirir un estado legal civil, y aún admitiendo que la susodicha ley sólo se refiere a hijos procreados en la casa de un hombre, ello no implica que no fueran necesarias hacer gestiones legales para establecer un estado legal, los hijos nacidos de padres que vivían en con-cubinato público antes de esa fecha.

La apelante cita un número de tratadistas los cuales, se-gún sostiene, demuestran que un hijo nacido de padres que vivían juntos en concubinato público era un hijo natural y tenía sin más reconocimiento todos los derechos de los hijos naturales. Algunas, de las citas más atinentes son tomadas de Arrazola, página 637, tomo 5 de su Enciclopedia, a saber:

“Para acabar de comprender cuan favorablemente miraba .el de-recho a la barraganía, y el carácter que se le dió, bastará presentar algunas disposiciones respecto a los hijos nacidos de tales uniones. En primer lugar éstos tenían desde luego una filiación- cierta; su padre estaba designado y probado en el mero hecho de ser dados a luz por una mujer que se hallaba ligada por unos vínculos que la ley reconocía y suponían fidelidad mutua; si el matrimonio so-lemne demostraba quien era el padre de los hijos de bendición, la barraganía demostraba asimismo el padre de los hijos naturales, o como la ley dice, de los hijos de ganancia.
“'Fuera de esto hallábanse determinadas las relaciones legales en-tre padres e hijos de barraganía; así aquellos respondían de los daños que éstos causaran, del mismo modo que sucedía en conse-cuencia de un matrimonio solemne. Por otra parte los hijos de ba-rragana tenían asegurada su capacidad para la sucesión de su padre y parientes, si bien con ciertas limitaciones, así por los fueros, como por las leyes generales de Castilla. En fin, fueron las leyes- tan favorables a la barraganía, que el hijo nacido de esta unión de padre hidalgo, no tenía obstáculo alguno para disfrutar de esta misma hidalguía.
“Y con efecto, medios había de acreditar la existencia de la barraganía, y de distinguir la del solemne matrimonio; reducíase a un contrato civil, y como tal se hacía constar, como tal se pro-baba; el medio más general, mucho más en un contrato de esta naturaleza y del que eran anejos varios particulares, sería induda-blemente el de formalizar escritura ante testigos; la intervención de éstos, con el nombre de ‘homes bonos’ ‘buenos omes’ era de mucha importancia, y se alude a ella como medio probatorio. A veces se consideraba la asistencia de testigos tan eficaz, que de ello pendía que una unión pásara como barraganía, o verdadero matrimonio, si no había otros medios de prueba. Esto es lo único que podemos .decir sobre el modo de contraerse y de probarse la barraganía; era una especie de consorcio conyugal, en cuya celebración no interve-nía la Iglesia, y por tanto los medios de prueba tenían que ser puramente civiles. A pesar de esto no estaba mal visto contraer semejantes uniones; eran muy frecuentes y generales; autorizadas, consignadas y regidas por las leyes, no se conceptuaban indecoro-sas, siempre que se respetaran las prohibiciones impuestas por el derecho, y se llenaran los requisitos por él exigidos: la opinión pu-blica y el legislador iban de acuerdo en esta parte, y la barraganía no imprimía nota desfavorable en quienes la habían contraído y la sostenían.
“Más no podían indistintamente todas las personas unirse en ba-rraganía de un modo lícito; el derecho había fijado ciertos impe-dimentos, ya por razón de vínculos anteriormente contraídos, ya 'obedeciendo a las consideraciones sociales, ya en fin pagando el de-bido tributo a los principios de moral y de orden público. El que estaba casado solemnemente no podía unirse públicamente a barra-gana; los fueros y las leyes antiguas de España nunca pudieron permitir unión tan escandalosa antes bien la aborrecían y la con-ceptuaban como un delito merecedor de severa pena corporal; en algu-nos fueros se establecía que si algún hombre casado tenía barragana, ambos fueran ‘ligados y fostigados’ y las leyes de partida excluyen de la capacidad para tener impunemente barragana al ‘embargado de casamiento’, disposición que guarda notable conformidad con la dictada muchos siglos antes en el Concilio I de Toledo, de que he-mos hablado anteriormente.”

Es evidente de acuerdo con esta cita que el descrito hijo natural tenía ciertos derechos, pero no vemos que se haya dicho que tenía el derecho a acudir a una corte en solicitud de una declaración de heredero sin establecer una acción.. No vemos que su estado legal civil estaba establecido sin la intervención de las autoridades públicas. Si alguna medida semejante no era necesaria, ¿cómo era posible distinguir en-tre un hombre que tenía más de una concubina, o cuyo con-cubinato aparente estaba invalidado por un matrimonio legal existente? Podía ser que los herederos legítimos de una persona nacida tal vez de un matrimonio legítimo anterior se dijera que tenían que probar que un alegado concubinato no era de orden lícito?

Nada tenemos que nos indique además que estos hijos naturales formaban parte de la sucesión legal de un hombre. Los mismos Romanos no reconocieron semejante relación legal civil. Por ejemplo, en las Instituías de Sohm, de la Ley Romana, se dice lo siguiente:

“Goneubinatus era el nombre que se aplicaba a ciertas relaciones cuasi matrimoniales, las cuales aunque envolvían algunos impedi-mentos legales eran, sin embargo, reconocidas por la legislación del Imperio *(desde Augusto) por constituir a la vez una forma de unión legítima entre un hombre y una mujer para el fin de una perma-nente y mutua compañía. A una concubina, sin embargo, no se llamaba uxor, ni participaba ella del rango y posición del hombre. Ni tampoco la prole de tal unión (técnicamente llamada ‘liberis naturales’) caía bajo la patria potestad de su padre. Un hombre que era casado no podía tener a la vez una concubina. Pues el con-cubinato, lo mismo que el verdadero matrimonio era por su natu-raleza monogamo, y por consiguiente incompatible con cualquiera otra relación de semejante naturaleza.”

Por otra parte hay dos tratadistas que tienen un criterio muy diferente. Véase a La Serna en sus comentarios„a la ley de Toro, página 514, donde se dice lo siguiente:

“Llámanse naturales los habidos de padres que al tiempo de la concepción o del nacimiento podían casar justamente y sin dispen-sación, con tal que el padre los reconozca por suyos, aunque no haya tenido en casa la mujer de quien los hubo ni sea una sola: Disposición de las Leyes de Toro que alteró considerablemente el derecho esta-blecido en las de Partida.”

Y Benito Gutiérrez en su tratado sobre- la Ley Civil de España, tomo 1, página 585, edición de 1868, al referirse a la Ley de Toro, se expresa así:

“Tampoco es necesario, según ella, que la concubina viva en casa ni sea una sola. No sé qué dudas ha podido ofrecer esta frase, cuando gramaticalmente examinada, si no se entiende así, no tiene sentido: unida con las palabras antecedentes, explicándola según algunos pretenden, como condicional, la versión que resulta es la siguiente: con tanto que el padre lo reconozca por su hijo; con tal que haya tenido la mujer'de quien lo hubo en casa, esto ni siquiera es castellano, y sobre ser un defecto gramatical, semejante traduc-ción sería un absurdo jurídico; la Ley de Toro, es correctaria de las Partidas: allí era innecesario reconocer el hijo de la barragana que entraba en la familia con el asentimiento de los parientes y hasta con solemnidades: hoy el reconocimiento es indispensable, por-que todo concubinato es unión furtiva; pero mal podrían ir juntas ambas circunstancias cuando si en algún caso pudiera excusarse el reconocimiento debía ser teniendo el varón en casa a la mujer de quien hubo.el hijo. Unirla con las palabras que se siguen es tam-bién imposible. Si se insiste en que la cláusula sea afirmativa, en lugar de ser negativa, el sentido que arroja es contradictorio, sería un logogrifo. Con tal que haya tenido la mujer en casa, ni sea una sola, esto es lo que resulta y esto es un absurdo. Habría sido una insensatez exigir en el concubinato condiciones que no podría tener hoy que las costumbres le reprueban; relegadas semejantes uniones a la categoría de un vicio, la ley no pudo darle reglas, no pudo man-dar que sea una la mujer con quien una persona viva malamente, y no solo no debió exigir, sino que está obligada a evitar que la tenga en casa con escándalo. De advertir es que aún por la ley de partida que autoriza esta especie de contrato jurado, no era tam-poco de esencia la cualidad de habitación común requerida por de-recho civil, pues como observa Gregorio López en la glosa 7 a la Ia., tit. XY, si los hijos de barragana que el padre tenía fuera de casa, no eran naturales cuando éstas se entregaban a otros hombres, además de aquél que las tenía por amiga, claro es que sucediendo lo contrario, si guardaban cierta consecuencia, los hijos podían ser naturales aunque ellas viviesen en casa aparte. /
"El artículo más grave es el que se refiere al reconocimiento;.' son de distinta índole las dificultades que con motivo de este acto pueden ocurrir, ¿ el reconocimiento ha de ser voluntario, o puede ser forzoso?, ¿ha de ser expreso, o basta que sea tácito? Llamas en el número 129, dice: ‘Este requisito no lo pedía el derecho romano, ni era necesario pues habiendo de vivir la concubina en casa del eoncubinario, obraba la presunción de que éste era el padre. Como la Ley de Toro extendió el beneficio de la naturalidad a los engen-drados de mujeres que los padres tenían fuera de casa, cesó la pre-sunción, y fué necesario en su lugar establecer el reconocimiento del padre.’ Por manera que según él, todavía en nuestro tiempo, estando la mujer en casa del padre el reconocimiento dejaría de ser preciso. ¿Autoriza la ley semejante presunción? De ninguna manera. Aunque son tantos y tantos sabios los escritores que esto afirman, según puede verse en Gómez número 2, del com. se nos figura que es demasiado favorable esa presunción, y ni puede ni debe permitirla la ley. Esa presunción rige en el matrimonio, ¿pero hay comparación entre un lazo solemne y una unión libre? ¿entré la santidad de los deberes de una buena esposa, y la facilidad de vida y de costumbre de una manceba? El reconocimiento es siempre indispensable: si ha de ser voluntario, si puede arrancarse por fuerza, no tenemos que decirlo aquí, cuestión es esta que reservamos intacta para más adelante; conviene, sin embargo, recordar que si el con-cubinato es un acto libre, las consecuencias de la paternidad pueden sm’ forzosas; continuamente se están viendo querellas de estupro, en las cuales, probado el delito, manda el tribunal si ha habido prole, que el reo la reconozca por suya, supliendo con su sentencia el reco-nocimiento.
“Por lo demás, la ley no exige ni exigió nunca que éste sea ex-preso, basta que sea presunto; sabemos el peligro de estas presun-ciones, la falibilidad de los medios, aún los que parecen más seguros, recordamos lo mucho que se ha escrito y declamado en contra de ciertos indicios y de ciertas conjeturas, pero sobre todas esas razones más o menos atendibles, está la ley, está la jurisprudencia. El Tribunal Supremo ha declarado que la ley 11 de Toro no exige que el reconocimiento del padre sea expreso, ni antes de ella lo exigía otra alguna, porque la 7a., tít. XXII, lib. IV del Fuero Real, tiene por objeto en la fórmula que sanciona, como lo patentizan sus mismas palabras, no el reconocimiento, sino la adopción de los hijos natu-rales, ora estén ya reconocidos como tales a la sazón, ora no lo estén, (Sent, de 8 de octubre de 1855). De conformidad con esta senten-cia se declaró por otra de 10 de mayo 1860 que no vale citar las leyes de Partida, pues las cuestiones sobre declaración de hijos na-turales, deben ser resueltas con arreglo a la Ley 11 de «Toro, o sea Ia., tit. Y, Libro X de la Nov. Rec.”

Asimismo “'puesto que” se define como “aunque” en el Diccionario de Salvat. Somos de opinión, por tanto, de que las palabras “puesto que no baya tenido la mujer de quien lo ovo en su casa”, como ban sido expresadas en el antiguo Castellano, quieren decir,' haya o no tenido el padre a la mu-jer en su casa. En el caso de Castro v. Solís, 19 D. P. R. 677, dimos esta interpretación a la Ley 11 de Toro, y no vemos que exista razón suficiente para variar nuestra de-cisión. En verdad que la misma parte que era demandante en el caso de Castro v. Solís, había establecido otra demanda y fué promovida la excepción de cosa juzgada. En el se-gundo caso se levantó el punto de no haber quedado real-mente resuelta la cuestión de prescripción en el primer caso por ser obiter dictum, y la corte entonces citando el razona-miento del primer caso de Castro v. Solís, resolvió que la acción, sin embargo, había prescrito. 23 D. P. R. 478.

En el caso de Castro v. Solís, dijimos que era necesaria una acción de filiación aún antes de la citada ley de Toro. Nos sentimos obligados a declarar que en tanto la deman-dante funda su derecho en el concubinato público, ella no tenía ningún estado legal civil, y que con respecto a cual-quier derecho que tuviera por virtud de' la legislación vigente con anterioridad al año 1911, su acción de filiación había prescrito.

En 26 de enero de 1865, la Corte Suprema de España falló un caso en el cual un hijo nacido de una concubina que vivía en la casa del padre natural estableció una acción de filiación en su carácter de hijo natural. En casación alegó-el apelante qne como este niño había nacido de nna concu-bina qne vivía en la casa del padre no era necesario ningún reconocimiento y por tanto qne la acción se establecía en violación de la Ley 11 de Toro y varias leyes de Partidas qne citó. En otras palabras, qne solo los hijos nacidos de mnjeres qne se tengan fuera de la casa del padre podían ser considerados en la clase de hijos naturales qne tenían dere-cho a iniciar una acción de reconocimiento. La corte resol-vió qne la Ley 11 de Toro era aplicable a los hechos del caso y qne no era necesario considerar las citadas leyes de Par-tidas.

Expresa, sin embargo, la apelante que es tal vez ahora qne por primera vez aparece declarado su derecho por la ley de 1911. Un estatuto casi siempre mira hacia adelante a menos que prevalezca nna intención diferente. Debe pre-sumirse qne no fué la intención de la Legislatura qne Ios-hijos nacidos con anterioridad al año 1911 debían quedar comprendidos en las disposiciones de esa ley. Por lo general hemos resuelto que la ley qne ha de aplicarse es la vi-gente al ocurrir el nacimiento del hijo. Yéase además la cuarta disposición transitoria del Código Civil como ha sido> interpretada por nosotros en el caso de Gual v. Bonafoux, 15 D. P. R. 559. La idea de la apelante de haber estado ella en el estado constante de hija natural se funda en la misma suposición de que no era necesario ningún reconocimiento.

Si entendemos a la apelante creemos que lo que sostiene es que como la cuestión que consideramos surgió a virtud de excepción previa a la demanda y como en dicha demanda ella expresa que ha estado en posesión continua del estado de hija natural, que esto debe tenerse por cierto. Pero en una excepción previa solo se admite la verdad de los hechos que han sido bien alegados. La apelante debe exponer los hechos que le confieren el estado. De lo contrario no esta-blece sino su conclusión de derecho. Pero en la demanda ante nos los hechos de cada alegación guardan entre sí reía-ción con la primera alegación y en ellos se establece entera-mente la naturaleza de • la • reclamación de su derecho como ya ha sido considerado por nosotros.

• Oreemos que resulta claro que los demandados contra quienes fué establecida esta acción tenían derecho a alegar la prescripción aún cuando son parientes colaterales. Ellos sucedieron en todos los derechos del padre de la demandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: “Conforme con la sentencia.”

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó parte en la vista de este caso.