text:
    Luz Delia Pedragón Ferrer, peticionaria, v. Hon. Ismael Purcell Soler, recurrido.

      Número: RG-2014-0001

      Resuelto: 12 de diciembre de 2016

      Julio C. Colón Ortiz, abogado de la parte recurrente; Ismael Purcell Soler, registrador de la propiedad de Guayama, re-currido, pro se.

   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

En esta ocasión nos compete ejercer nuestra jurisdicción gubernativa para repasar los contornos de la facultad cali-ficadora del Registrador de la Propiedad al momento de evaluar escrituras de venta judicial, para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

n—I

El 28 de mayo de 2013, el Ledo. Julio C. Colón Ortiz, presentó una escritura de venta judicial en el Registro de la Propiedad, Sección de Guayama. La escritura presen-tada fue otorgada el 27 de abril de 2013 y, en ésta, la Sra. Luz Delia Pedragón Ferrer (peticionaria) figuraba como compradora, mediante la segunda subasta de una propie-dad sita en el municipio de Salinas. El licenciado Colón Ortiz acompañó la escritura de venta judicial con las co-pias certificadas siguientes: (1) de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia; (2) de la orden de ejecu-ción; (3) del mandamiento de ejecución, y (4) del acta de subasta pública, de la cual surgía que el alguacil tuvo ante su consideración el edicto de la subasta correspondiente.

El 5 de noviembre de 2013, el Registrador de la Propie-dad (Registrador), Hon. Ismael L. Purcell Soler, notificó una serie de faltas que impedían la inscripción de la escritura. Específicamente, señaló las siguientes:

• No se acredita que el demandado haya sido notificado de aviso de subasta mediante correo certificado con acuse de recibo. Regla 51.8 Procedimiento Civil.
• Deberá acompañar como documentos complementarios los siguientes documentos judiciales debidamente certificados por la Secretaría del Tribunal: (a) Aviso de Subasta (b) Acta de primera subasta (c) Notificación de Sentencia en Rebeldía por Edicto (d) Certificación de publicación de edictos conforme los establece el artículo 51.8 de las reglas de Procedimiento Civil, (Véase enmienda a este artículo por la Ley 17 del 12 de agosto de 2000).
• Se [sic] garantiza la hipoteca un título negociable, deberá cancelar éste al momento de otorgarse la escritura de adjudicación. Art. 138 L-H- Art. 188.2 RH - Empire Life Ins. vs. Reg. 105 DPR 136. Apéndice, pág. 2.

Oportunamente, el licenciado Colón Ortiz presentó una solicitud de recalificación. En ésta destacó que no se in-cluyó el edicto de subasta como documento complementa-rio, puesto que el alguacil había declarado que lo tuvo ante sí en el acta de subasta pública. No obstante, acompañó el escrito de recalificación con una copia certificada del edicto de subasta, en aras de evitar cualquier confusión al respecto. Con relación a los otros documentos complemen-tarios requeridos por el Registrador, el licenciado Colón Ortiz sostuvo que solicitar estos documentos constituía una intromisión indebida en la función judicial y que la Ley Hipotecaria de 1979, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 (30 LPRA see. 2001 et seq.) (Ley Hipotecaria), y su Regla-mento no contemplaban la presentación de esos documen-tos como requisitos para la inscripción de una escritura de venta judicial. Indicó que de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y de los documentos que acompañaron la solicitud de inscripción, no se desprendían irregularidades en el procedimiento judicial que justifica-ran requerir su presentación.

Por último, el licenciado Colón Ortiz manifestó reparos con la notificación de faltas del Registrador, aduciendo que la falta relacionada con la cancelación de gravámenes era ambigua, lo que impedía garantizar su cumplimiento. En cuanto a esto, argumentó que el Registrador había errado al concluir que existía un gravamen posterior, en atención a los documentos presentados. Es decir, argüyó que el Re-gistrador había errado al exigir el cumplimiento con lo dis-puesto en el Art. 138 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA ant. see. 2462, que solo aplica a escrituras de cancelación de hipotecas en garantía de títulos transferibles por endoso, pero no así para escrituras de venta judicial. A éstas últi-mas, según asevera, les aplica el Art. 134 de la Ley Hipo-tecaria, 30 LPRA ant. see. 2458.

Así las cosas, el 2 de marzo de 2014, el Registrador de-negó la solicitud de recalificación presentada. Esencial-mente, adujo que los documentos complementarios solici-tados tenían el propósito de evidenciar el cumplimiento, por parte del Tribunal de Primera Instancia, con los requi-sitos plasmados en la Regla 58.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V.

Con relación a la falta relacionada con la cancelación de gravámenes, el Registrador explicó que la escritura de venta judicial presentada no contenía una expresión que certificara que el notario había recibido el pagaré para pro-ceder a cancelarlo, según lo requiere el Art. 138 de la Ley Hipotecaria, supra. El Registrador destacó, además, que la escritura no especificaba el tipo de gravamen del que se trataba y que, en todo caso, era un requisito ineludible cancelar el título o el pagaré al momento de otorgar una escritura de venta judicial.

Inconforme, el licenciado Colón Ortiz presentó este re-curso gubernativo, en el que reiteró los argumentos esbo-zados en su solicitud de recalificación e imputó al Registra-dor la comisión de cuatro errores relacionados con las faltas notificadas() Contando con la comparecencia de am-bas partes, estamos en posición de resolver.

Como cuestión de umbral, resulta preciso deter-minar si el Registrador erró al requerir que, en la escritura de venta judicial, se hiciera constar la cancelación del pagaré. El Art. 138 de la antigua Ley Hipotecaria, supra, disponía, en lo pertinente:

Sin peijuicio de lo dispuesto en el art. 136 de esta ley sobre la cancelación de gravámenes posteriores, las inscripciones de hipoteca constituidas para garantizar obligaciones represen-tadas por títulos transferibles por endoso o pagaderos al por-tador, cualquiera que sea la denominación que se les asigne, se cancelarán total o parcialmente mediante escritura otorgada por los tenedores legítimos de los títulos expresados. En todo caso deberá hacerse constar en la escritura la identificación de los títulos y su inutilización o reducción parcial en el acto de otorgamiento. (Énfasis nuestro)

Por otra parte, y en lo que respecta a las ventas judiciales, el Art. 134 de la Ley Hipotecaria de 1979, supra, establecía, en lo pertinente, que “[s]erán canceladas de oficio las inscripciones de hipoteca, cuando de las sucesivas ins-cripciones de la finca resulte que ésta o el derecho sobre el que se constituyó la hipoteca fue ejecutado o vendido en pú-blica subasta”.

Una lectura integrada de ambos artículos no apunta a que éstos sean mutuamente excluyentes. Es de-cir, un notario no está exento del requisito de constatar, en la escritura de venta judicial, la reducción o inutilización del pagaré que representa la obligación que es objeto del pleito judicial. En todos los casos en que una obligación esté garantizada por una hipoteca que, a su vez, esté re-presentada por un pagaré, será indispensable que, cuando tal garantía se ejecute o se venda el bien en pública su-basta en cobro de la obligación, se cancele e inutilice el pagaré que la representa. Nótese, además, que el citado Art. 138 de la Ley Núm. 198 claramente alude a todo caso en el que las obligaciones estén representadas “por títulos transferibles por endoso o pagaderos al portador, cual-quiera que sea la denominación que se les asigne”.

Asimismo, los preceptos relativos a las ventas judiciales contenidos en el Reglamento de la Ley Hipoteca-ria de 1979 apoyan tal conclusión. En lo que concierne a la controversia ante nuestra consideración, el Art. 183.3, al detallar el procedimiento a seguir para la ejecución por la vía sumaria, establece que “[e]l tribunal se asegurará de que el título que representa la obligación garantizada se cancele, sea o no negociable este”. Art. 183.3 del Regla-mento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Regis-tro de la Propiedad de 9 de julio de 1980 (Reglamento), según enmendado, Reglamento Núm. 2674 del Departa-mento de Justicia, pág. 99. Asimismo, el Art. 188.2 del Re-glamento, pág. 101, dispone que, en aquellos casos en los que se declaren desiertas las tres subastas y la finca se le adjudique al acreedor ejecutante, este último podrá solici-tar al alguacil que otorgue la escritura de adjudicación correspondiente. En estas instancias, el artículo exige que “[d]e garantizar la hipoteca un título negociable, se cance-lará éste al momento de otorgarse la escritura de adjudi-cación, y se hará constar la reducción que corresponde”. Id.

Eximir al notario de cumplir con el requisito de cancelar el pagaré en la escritura de venta judicial provoca incertidumbre, la cual es inconciliable con la seguridad ju-rídica que nuestro sistema registral busca alcanzar y es, además, jurídicamente incorrecto. Ello, porque la hipoteca que garantiza el pago de la obligación principal contenida en el pagaré, ha dejado de existir al cobrarse la deuda me-diante la ejecución o la venta de la propiedad hipotecada. Al cesar la obligación de pagar, tiene que cancelarse el pagaré. Véase Plaza del Rey, Inc. v. Registrador, 133 DPR 188 (1993). La hipoteca inscrita en el Registro de la Pro-piedad deja de existir, como deja de existir la obligación garantizada. A todas luces, una incongruencia de ese tipo entre el registro y la realidad jurídica es insostenible y atenta contra la seguridad del tráfico jurídico.

La nueva ley hipotecaria, denominada Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015 (Ley 210), 30 LPRA see. 6001 et seq., tiene como uno de sus objetivos simplificar el procedimiento ordinario de ejecu-ción de hipotecas y agilizar la inscripción de las escrituras de venta judicial. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 210-115. Así, el Art. 112 de la Ley Núm. 210, 30 LPRA see. 6149, según enmendada, dispone lo siguiente:

Vendida o adjudicada la finca o derecho hipotecado y consig-nado el precio correspondiente, en esa misma fecha o fecha posterior, el alguacil que celebró la subasta procederá a otor-gar la correspondiente escritura pública de traspaso en repre-sentación del dueño o titular de los bienes hipotecados, ante el notario que elija el adjudicatario o comprador, quien deberá abonar el importe de tal escritura. La orden que confirma la adjudicación o venta de los bienes hipotecados dispuesta en el Artículo 107 de la presente Ley, no será requisito previo para la otorgación de la escritura pública de traspaso por el alguacil de los bienes hipotecados al adjudicatario o comprador, aun-que sí para que pueda quedar inscrita. El abogado que haya comparecido en el proceso legal en representación de la parte demandante, del adjudicatario o comprador, o haya compare-cido como oficial autorizado de estos últimos en el proceso de pública subasta, estará impedido de autorizar dicho instru-mento público en su capacidad de notario. En dicha escritura el notario dará fe de haber inutilizado y cancelado el pagaré garantizado con la hipoteca objeto de ejecución. El alguacil pondrá en posesión judicial al nuevo dueño, si así se lo solicita dentro del término de veinte (20) días a partir de la venta o adjudicación. Si transcurren los referidos veinte (20) días, el tribunal podrá ordenar, sin necesidad de ulterior procedi-miento, que se lleve a efecto el desalojo o lanzamiento del ocu-pante u ocupantes de la finca o de todos los que por orden o tolerancia del deudor la ocupen. (Énfasis nuestro).

Ciertamente, este artículo consolida lo dispuesto en los Arts. 134 y 138 de la anterior Ley Hipotecaria, supra, que como discutimos son los artículos aplicables a esta controversia. El Art. 112 de la Ley 210, supra, al igual que los de la anterior ley, hacen patente que el notario, en la escritura de venta judicial, deberá dar fe de haber inutili-zado y cancelado el pagaré garantizado con la hipoteca ob-jeto de ejecución.

En el presente caso, según se desprende de la sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia, el 28 de septiembre de 1998, se otorgó un pagaré a favor de Doral Mortgage Corp. por la suma principal de $40,000. Para garantizar el pago de ese instrumento, se constituyó una hipoteca sobre el inmueble objeto de la venta judicial que nos ocupa. Sin embargo, al momento de otorgar la es-critura de venta judicial, el notario no canceló el referido pagaré. Al así proceder, incumplió con lo dispuesto en la antigua Ley Hipotecaria y su Reglamento. Por tal razón, no erró el Registrador al notificar como falta que no se había cancelado el pagaré en la escritura de venta judicial.

Corresponde, entonces, evaluar los méritos de los otros señalamientos de error planteados por el peticionario. Por estar estrechamente relacionados, atendemos los errores relacionados con el momento y el modo de la calificación.

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Como se mencionó, el peticionario sostiene que el Regis-trador erró al demorarse 123 días en atender su escrito de recalificación. Asimismo, arguye que las faltas que le fueron notificadas no fueron claras, por lo que se le dificultó interpretarlas.

Si bien es cierto que, según el Art. 71 de la anti-gua Ley Hipotecaria, el Registrador tenía treinta días para disponer de un escrito de recalificación, este Tribunal ha resuelto que dicho término “no es, ni puede ser, fatal”, sino de carácter directivo. Véanse: Senior Las Marías Corp. v. Registrador, 113 DPR 675, 683 esc. 5 (1982); Algarín v. Registrador, 110 DPR 603 (1981). No obstante, el hecho de que el término sea de carácter directivo no es óbice para que, al amparo del Art. 66.3 del Reglamento, se inicie el procedimiento de una queja por demora. Véase CRIM v. Registradora, 193 DPR 943, 948 (2015).

Anteriormente, hemos advertido que la naturaleza direc-tiva del término de treinta días “no releva a los [...] registra-dores de la propiedad de su obligación de hacer un esfuerzo máximo por cumplir con el referido término”. Senior Las Marías Corp,, supra, pág. 683 esc. 5. Dado que, en el pre-sente caso, el escrito de recalificación no fue atendido hasta 123 días después de su presentación, precisa advertir nue-vamente a los Registradores sobre la importancia de ejercer sus funciones con la diligencia requerida y sin incurrir en demoras que obstaculicen la inscripción de documentos en el Registro.

En lo que respecta a la presunta imprecisión en la notificación de las faltas, el Art. 65 de la Ley Hipotecaria de 1979 (30 LPRA ant. see. 2268) exige al Registrador que la notificación de faltas contenga todos los motivos legales en los que se basa la calificación. Por otra parte, este artí-culo establece la autonomía del Registrador al momento de calificar los documentos presentados. ("El registrador ten-drá autonomía en su facultad calificadora y contra su cali-ficación solamente procederá el recurso [gubernativo]”).

De las faltas notificadas en el presente recurso, no surge ima ininteligibilidad o ambigüedad que imposibilite su comprensión. Lo que sí se infiere de la notificación es que el Registrador erró al momento de citar la disposición legal que resumió en la falta. Resulta preciso, pues, recordarle a los Registradores que, en la notificación de las faltas, “[e]s necesario que [...] citen el precepto legal que sostiene la de-negatoria de que se trate”. S.B. Pharmco P.R. Inc. v. Registrador, 148 DPR 336, 352-354 (1999). Ello evita confusiones y permite que la parte interesada pueda rectificar el error cometido o someter un escrito de recalificación con cabal co-nocimiento del fundamento legal por el cual denegaron su inscripción. “Después de todo, la nota denegatoria no debe inducir a error. Tampoco debe provocar la indefensión de aquellos que de buena fe quieran impugnar la calificación del Registrador de la Propiedad”. Íd., pág. 353.

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En su último señalamiento de error, el peticionario ar-guye que lo resuelto en el caso de C.R.U.V. v. Registrador, 117 DPR 662 (1986), es inaplicable a este caso. Asimismo, sostiene que no era necesario acreditar que el demandando en el caso de ejecución de hipoteca hubiese sido notificado del aviso de subasta mediante correo certificado con acuse. En esencia, su contención principal es que, dado que en C.R.U.V. v. Registrador se interpretó una Regla de Proce-dimiento Civil que posteriormente fue enmendada, la norma allí pautada carece de vigencia. No le asiste la razón.

En C.R.U.V. v. Registrador, supra, este Tribunal dicta-minó que las escrituras de venta judicial no revestían el carácter de los documentos expedidos por autoridad judicial contemplados en el tercer párrafo del Art. 64 de la Ley Hipotecaria de 1979, supra. Al así proceder, se identificó “una categoría intermedia o híbrida: los documentos nota-riales avalados por un trámite judicial”. L.R. Rivera Rivera, Derecho registral inmobiliario puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Ed. Jurídica, 2012, pág. 291. En atención a ello, se determinó que, al solicitar la inscripción de una escritura de venta judicial, se debía acreditar el cumpli-miento con la Regla 58.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, que, en aquel momento, regulaba todo lo relativo a las ventas judiciales. Esto, porque la calificación de los do-cumentos notariales comprendía la validez de los actos y contratos contenidos en ellos, según lo dispuesto en el Art. 64 de la Ley Hipotecaria de 1979, supra.

La regla que actualmente detalla el procedimiento al que han de adherirse los tribunales al momento de llevar a cabo una venta judicial es la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Ésta corresponde a la anterior Regla 51.8 que se interpretó en C.R.U.V v. Registrador. En la Regla 51.7, tal y como se hacía en la regla anterior, se condiciona la validez de la venta judicial al cumplimiento con el aviso de venta en la forma allí indicada. En lo que atañe el señalamiento de error ante nuestra consideración, la Regla 51.7 exige que la copia del aviso de venta sea enviada al deudor por sentencia, y a su abogado, vía correo certificado con acuse de recibo.

Dado que el incumplimiento con este requisito procesal anula la venta judicial celebrada, no erró el Registrador al requerir evidencia que acreditara que el deudor fue notifi-cado del aviso de subasta mediante correo certificado. Asi-mismo, los demás documentos requeridos, tienen el propó-sito de verificar el cumplimiento con los requisitos procesales dispuestos en la Regla 51.7 de Procedimiento Civil. “Debemos recordar que ‘en materia de venta judicial se proclama como postulado fundamental que no existe pre-sunción a favor de que todo se ha hecho en forma adecuada por el Alguacil’ ”. C.R.U.V. v. Registrador, supra, pág. 669, citando a M.R. Aguiló, La calificación de los documentos ju-diciales, 77 Rev. Der. Pur. 83, 91 (1981). Precisamente por ello, corresponde al comprador probar que se ha cumplido cabalmente con las reglas y los estatutos aplicables.

Después de todo, la función calificadora del Registrador abarca “las formas extrínsecas de los docu-mentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos”. Art. 64 de la Ley Hipotecaria de 1979 (30 LPRA ant. see. 2267). Para cumplir cabalmente tal fun-ción, este artículo dispone específicamente que el Registra-dor podrá “requerir que se produzcan los documentos ne-cesarios para una adecuada calificación, bien sean éstos notariales, judiciales o administrativos”. Véase, además, Art. 116.2 del Reglamento. Por otra parte, este Tribunal ha dispuesto, reiteradamente, que tanto la Ley 198 como su reglamento le asignan al Registrador una facultad limi-tada al calificar un documento judicial. Santiago v. E.L.A., 163 DPR 149 (2004). Véanse, además: R & G Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 DPR 241 (2002); Narváez v. Registrador, 156 DPR 1 (2002); U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 DPR 448 (1998).

V

En mérito de la discusión que antecede, no erró el Regis-trador al requerir que, en la escritura de venta judicial, se hiciera constar la cancelación del pagaré que representaba la garantía ejecutada. Asimismo, actuó correctamente el Re-gistrador al requerir documentos que evidenciaran el cum-plimiento con los requisitos procesales que establece la Re-gla 51.7 de Procedimiento Civil, supra. Esto, en virtud de lo resuelto por este Tribunal en C.R.U.V. v. Registrador, supra.

Por otra parte, y como se discutió, resulta ne-cesario aprovechar la oportunidad para, nuevamente, re-cordar a los Registradores de la Propiedad la importancia de su magisterio y reiterar que éste ha de ejercerse con extrema diligencia y rigurosidad. La inobservancia de los términos dispuestos para cumplir con sus funciones y el incumplimiento con los requisitos que rigen la notificación de faltas, especialmente la referencia al precepto legal que las motiva, son incompatibles con el puesto de Registrador de la Propiedad. Los Registradores deben ser rigurosos y meticulosos al notificar faltas y deben atender con la pre-mura que ameritan los documentos que se presentan para ser calificados en aras de garantizar su pronta inscripción.

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la reca-lificación recurrida.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrió sin opinión escrita.

      (1) Los señalamientos de error planteados son los siguientes; (1) tardarse 123 días en atender la recalificación; (2) determinar que a la escritura de venta judicial presentada le aplicaban las disposiciones del Art. 138 de la Ley Hipotecaria de 1979 (30 LPRA. ant. sec. 2462), el Art. 188.2 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Reglamento Núm, 2674 del Departa-mento de Justicia (Reglamento Hipotecario), y la Regla 51,8 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V; (3) determinar que las notificaciones de faltas no deben ser claras, pues le corresponde al presentante interpretarlas, y (4) determinar que lo resuelto en C.R.U.V. v. Registrador, 117 DPR 662 (1986), aplicaba al caso.

       La controversia ante nuestra consideración se rige por las disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 (Ley Hipotecaria), 30 LPRA see. 2001 et seq., y su Reglamento, por ser la ley vigente al momento que se suscita la controversia que hoy atendemos. Como se sabe, esta ley fue derogada por la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210-2016, según enmendada, 30 LPRA see. 6001 et seq. El Art. 322 de la Ley Núm. 210-2016 indica que ésta entrará en vigor noventa días después de su aprobación. Como veremos, la nueva ley reafirma lo dispuesto en la citada Ley Núm, 198, con lo cual el resultado a que llegaríamos al amparo del nuevo estatuto sería el mismo. Véase discusión, infra.

       El Art, 234 de la Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015 (30 LPRA see. 6386) dispone expresamente, en lo pertinente, que “[e]l incumplimiento con el tér-mino dispuesto en este Artículo dará lugar a sanciones disciplinarias según se dis-ponga por reglamento”,

       En cuanto a la notificación de sentencia en rebeldía por edicto, de la senten-cia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 17 de mayo de 2012 se desprende que la parte demandada fue emplazada mediante la publicación de edic-tos y nunca compareció al pleito. Por tal razón, en atención al texto de la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, supra, era necesario que la sentencia en rebeldía le fuese notificada por edicto. Véase Bco. Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 (2015).

       El Art. 64 de la Ley Núm. 198 de 1979 dispone, en lo pertinente:
      “En cuanto a los documentos expedidos por la autoridad judicial, la calificación expresada se limitará:
      “(1) Ala jurisdicción y competencia del tribunal; a la naturaleza y efectos de la resolución dictada si ésta se produjo en el juicio correspondiente; y si se observaron en él los trámites y preceptos esenciales para su validez;

        “(2) a las formalidades extrínsecas de los documentos presentados, y
      “(3) a los antecedentes del Registro”. 30 LPRA. ant. see. 2267.


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license: Public Domain

text:
      In re Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico.

      Número: EC-2016-01

      Resuelto: 14 de diciembre de 2016
   RESOLUCIÓN

Mediante una Resolución emitida el 2 de septiembre de 2004, este Tribunal constituyó la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico (Comi-sión Notarial), adscrita al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial de Puerto Rico (Secretariado). In re Comité Estudio y Eval. Not. II, 162 DPR 784 (2004). La Co-misión Notarial se creó “con el propósito de recomendar cualesquiera cambios que se entiendan necesarios a la le-gislación y reglamentación, en específico, la Ley Notarial y su Reglamento y a otras leyes relacionadas”. íd.

A la Comisión Notarial se le encomendó, además, “rea-lizar una investigación exhaustiva sobre cómo varían las prácticas notariales en las distintas regiones y rendir un informe que integre hallazgos y recomendaciones para ha-cer efectivos los propósitos de la presentación eficiente de los servicios notariales y el poder inherente de este Tribunal para regular el notariado”. In re Comité Estudio y Eval. Not. II, supra, págs. 784-785.

En cumplimiento con su encomienda, en agosto de 2010, la Comisión Notarial rindió el Informe de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Fundación Notarial en Puerto Rico (Informe de la Comisión Notarial o Informe de 2010).

La primera parte del Informe de 2010 se centró en una investigación sobre el notariado puertorriqueño y su prác-tica profesional. En su segunda parte se presentaron reco-mendaciones de enmiendas a la Ley Notarial de Puerto Rico y al Reglamento Notarial de Puerto Rico. Asimismo, se propusieron cambios relacionados a la formación acadé-mica de los y las aspirantes al ejercicio de la notaría, la admisión a la práctica notarial y el desarrollo profesional del notariado. En la tercera parte se discutieron temas vin-culados a la ética notarial, los asuntos no contenciosos ante notario o notaria, la mecanización de las operaciones de la Oficina de Inspección de Notarías y los principios funda-mentales del notariado latino, aplicados en la práctica notarial de Puerto Rico.

En atención a la profundidad de la evaluación realizada y a la relevancia del Informe de la Comisión Notarial, me-diante Resolución emitida el 10 de septiembre de 2015, con-vocamos a los y las miembros de la Conferencia Notarial a la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Notarial de Puerto Rico (Conferencia Notarial). In re Conferencia Notarial I, 193 DPR 696 (2015). En esta convocatoria ordenamos que “ [1] as labores de la Conferencia Notarial se enmarcarán en la presentación y discusión del informe rendido por la Comisión [Notarial]”. íd.

Puntualizamos, además, que se evaluarían las recomen-daciones ante nuestra consideración tras la aprobación de las Reglas para la Implantación de la Ley de Asuntos No Contenciosos Ante Notario. In re Conferencia Notarial I, supra, pág. 696. También se dispuso que el “Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, la Oficina de Inspección de Notarías, la Oficina de Administración de los Tribunales y el Tribunal Supremo estudiarán y analizarán luego de la Con-ferencia los comentarios y las sugerencias que se presenten durante esta”. In re Conferencia Notarial II, 193 DPR 917, 919 (2015).

En conformidad con lo dispuesto por este Tribunal, la Conferencia Notarial se celebró el 23 de octubre de 2015 en el Centro de Recepciones del Gobierno de Puerto Rico, con la colaboración y diligencia del Secretariado. In re Conferencia Notarial II, supra.

En concordancia con el calendario y finalizada la presen-tación del Informe de la Comisión Notarial, la audiencia se dividió en diecisiete talleres grupales compuestos por un máximo de diez personas. El Secretariado se encuentra en la última etapa de la compilación de los comentarios y las sugerencias recibidas en estos talleres grupales. Con esta información recopilada, el Secretariado redactará un in-forme que, en un periodo de treinta días, remitirá para el oportuno estudio de la Oficina de Inspección de Notarías, la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Aboga-cía y la Notaría, el Programa de Educación Jurídica Continua y la Oficina de Administración de los Tribunales. Estos componentes deberán enviar sus comentarios y recomenda-ciones al Secretariado en un plazo no mayor de treinta días.

El Secretariado presentará a este Tribunal un informe final de la Conferencia Notarial, para lo que se le concede un término de dos meses contados a partir de haber reci-bido los comentarios de los componentes mencionados. En su comparecencia, el Secretariado certificará que ha remi-tido copia de su informe a los y las miembros de la Comi-sión Notarial.

Con el plan de trabajo trazado, y en aras de que se ac-tualicen las recomendaciones contenidas en el Informe de 2010, se reconstituye la Comisión Notarial, que se compon-drá de las y los miembros siguientes:

1. Ledo. Dennis D. Martínez Colón, presidente
2. Hon. Carmen E. Ávila Vargas
3. Leda. Belén Guerrero Calderón
4. Leda. Carmen Hilda Carlos Cabrera
5. Ledo. Israel Pacheco Acevedo
6. Ledo. Héctor L. Torres Vilá
7. Ledo. Luis Mojica Sandoz
8. Leda. Helga L. Pérez Ríos
9. Ledo. José M. Biaggi Junquera
10. Ledo. Arsenio Comas Rodón
11. Leda. Edeli M. Placeres Miranda
12. Leda. Rosibel Carrasquillo Colón
13. Ledo. Pedro Ortiz Bey
14. Ledo. Ricardo J. Ramos González

La Comisión Notarial contará con el apoyo jurídico y técnico del Secretariado para cumplir con esta encomienda en un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de presentación del informe de la Conferencia Notarial. Se le exhorta al Presidente de la Comisión Notarial a conformar un equipo de trabajo compuesto por un número determi-nado de sus miembros, con el propósito de actualizar aque-llas propuestas contenidas en el Informe de 2010, que pue-dan ser objeto de consideración por este Tribunal para adoptar cambios al ordenamiento notarial. Esta actualiza-ción deberá descansar en los comentarios y las recomenda-ciones que smjan del informe de la Conferencia Notarial presentado por el Secretariado.

A base de su estudio y evaluación independiente, la Co-misión Notarial podrá incluir otras recomendaciones que tenga a bien realizar para elevar el estándar de calidad, transparencia, eficiencia y probidad moral de quienes ejer-cen la función notarial en Puerto Rico.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


author: El Juez Asociado Señor Colón Pérez Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
    Municipio Autónomo de Peñuelas, representado por el Hon. Walter Torres Maldonado, alcalde, peticionario, v. Ecosystems, Inc., recurrido.

      Número: CC-2015-0325

      Resuelto: 19 de diciembre de 2016

      Verónica A. Pagán Torres y Juan De Jesús Vélez, abogados del Municipio Autónomo de Peñuelas, parte recurrente; Miguel L. Torres Torres, abogado de la parte recurrida; José A. Cuevas Segarra, de Bufete José A. Cuevas Segarra, abo-gado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Colón Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso nos corresponde determinar si el Municipio Autónomo de Peñuelas puede prohibir válida-mente, mediante una ordenanza municipal, el uso de material de relleno de construcción —en específico, agregado manufacturado a base de cenizas producto de la quema de carbón por la producción de energía— dentro de sus límites territoriales.

Adelantamos que, al examinar detenida y cuidadosa-mente las disposiciones legales que gobiernan el asunto, contestamos la interrogante en la afirmativa dado que, au-sente una disposición en contrario del gobierno estatal, prevalece la ordenanza municipal. Veamos.

I — !

El 25 de marzo de 2013, la Oficina de Gerencia de Per-misos (OGPe) expidió un Permiso General Consolidado (permiso consolidado), junto a la Junta de Calidad Ambien-tal (JCA), a favor de Ecosystems, Inc. (Ecosystems o recu-rrida) para la construcción de una instalación de sistema de relleno sanitario en la carretera estatal PR-385, km. 4.4 en el barrio Encarnación del municipio de Peñuelas (Mu-nicipio o peticionario). El propósito de dicha instalación era disponer de forma final de los desperdicios sólidos no peligrosos. El referido permiso consolidado meramente au-torizaba la construcción de un vertedero; nada disponía en cuanto a materiales de construcción o relleno a ser utiliza-dos en la instalación que se construiría.

El 9 de abril de 2013, con vigencia a partir del 10 de abril del mismo año, la Legislatura Municipal de Peñuelas aprobó la Ordenanza Núm. 13, Serie 2012-2013 (Orde-nanza Municipal) con el fin de prohibir el uso de cenizas procedentes de la quema de carbón en plantas generadoras de energía como material de relleno o construcción. Especí-ficamente, la ordenanza en cuestión dispone que

[s]e prohíbe el uso de cenizas procedentes de la quema de car-bón, en plantas generadoras de energía, como material de re-lleno y su depósito sobre terrenos en los límites territoriales del Municipio de Peñüelas. [A t]oda persona natural o jurídica que viole esta prohibición, se le impondrá una multa adminis-trativa de $5,000.00 dólares. Apéndice del Certiorari, pág. 92.

Dicha Ordenanza Municipal establece, además, que toda persona —ya sea desarrollador, constructor, compañía o persona jurídica o natural— que interese realizar una construcción en el Municipio, “presentar[á\, al momento de[l\ pago de los arbitrios municipales, una declaración ju-rada donde certificar[á] que en su proyecto no se usa[n] cenizas derivadas de la quema de carbón como material de construcción o relleno, llámese AGREMAX o con cual-quier otro nombre comercial”. (Énfasis suplido). Apéndice del Certiorari, pág. 92.

Así las cosas, el 18 de junio de 2014 Ecosystems acudió ante la OGPe y la JCA para solicitar una modificación al permiso consolidado previamente obtenido. A tales efectos, el 25 de junio de 2014 se expidió un nuevo permiso conso-lidado mediante el cual se autorizó, entre otras cosas, la utilización de agregado manufacturado como material de relleno en la construcción. Sin embargo, a pesar de existir una prohibición en el Municipio en torno al uso de material proveniente de la quema de carbón como relleno sanitario, el permiso consolidado enmendado nada dispuso en torno a los materiales de construcción.

Más adelante, conforme a las facultades reservadas me-diante los permisos expedidos, personal de la JCA inspec-cionó el área de construcción de Ecosystems y supo de la utilización del agregado manufacturado conocido comer-cialmente como Agremax por parte de Ecosystems. A raíz de ello, el Municipio presentó una demanda en solicitud de injunction preliminar y permanente mediante la cual alegó que Ecosystems estaba violando la Ordenanza Municipal al utilizar el referido producto en su proyecto de sistema de relleno sanitario.

Tras varios incidentes procesales, que no es necesario pormenorizar aquí, el Tribunal de Primera Instancia emi-tió una Orden de entredicho provisional y ordenó a Ecosystems que desistiera de utilizar Agremax en el Municipio hasta que se dispusiera otra cosa. Posteriormente, durante la celebración de la vista de injunction ante dicho foro, Ecosystems presentó una solicitud de desestimación fun-damentándose en que la Ordenanza Municipal era ultra vires y, por lo tanto, nula. Según la contención de la recu-rrida, el Municipio carecía de autoridad para reglamentar el uso de Agremax, dado a que tal uso ha sido autorizado tanto por agencias estatales como federales. Además, Ecosystems argüyó que la vigencia de la Ordenanza tuvo el efecto de afectar sus derechos propietarios y su derecho al debido proceso de ley.

El 18 de septiembre de 2014, el Tribunal de Primera Instancia declaró “ha lugar” la demanda incoada por el Municipio y, en consecuencia, ordenó a Ecosystems el cese y desista de la utilización de Agremax. Según concluyó el foro primario, la controversia era de estricto derecho y se limitaba a establecer si el Municipio poseía autoridad para aprobar la Ordenanza Municipal y qué impacto tenía sobre el permiso consolidado enmendado otorgado por la JCA y la OGPe. Luego de evaluar el expediente, el Tribunal de Primera Instancia razonó que el permiso consolidado en-mendado no autorizaba expresamente el uso de Agremax o de agregado manufacturado a base de cenizas producto de la quema de carbón. Por esa razón, resolvió que la prohibi-ción municipal al uso de Agremax, o de cualquier agregado manufacturado a base de cenizas producto de la quema de carbón, era oponible a Ecosystems, pues no entraba en con-flicto con lo dispuesto en el permiso consolidado enmen-dado emitido por la JCA y la OGPe. Para el foro primario, si bien Ecosystems puede continuar la construcción, según lo autorizado, no podrá usar agregado manufacturado a base de cenizas de la quema de carbón como material de relleno. Ese foro fundamentó su decisión en que no surge del expediente que la JCA ni la OGPe hubiesen autorizado expresamente el uso de ese material. Por último, el tribunal sentenciador determinó que la Ordenanza Municipal es de aplicación general, que no interfiere de forma alguna con el permiso consolidado expedido a favor de Ecosystems relativo a la construcción de un sistema de relleno sanitario.

Inconforme, Ecosystems apeló la referida sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. La recurrida solicitó que el foro apelativo intermedio declarara la nulidad de la Ordenanza Municipal basado en que el asunto relativo a la regulación del uso y la disposición de residuos de combustión de car-bón está ocupado por legislación federal. Igualmente, Ecosystems argüyó que la Ordenanza Municipal era de aplicación específica y no general, por lo que el Municipio le violó su derecho al debido proceso de ley al no proveer una notificación adecuada de la aprobación de la referida ordenanza.

Por su parte, el Municipio alegó que la JCA no ha regu-lado el uso de Agremax y que la Ordenanza Municipal en cuestión complementa las disposiciones regulatorias de las agencias que atienden el asunto de desperdicios sólidos. Según el Municipio, ante la ausencia de una prohibición específica en alguna ley estatal, la legislación municipal aprobada mediante la Ordenanza Municipal es válida siempre y cuando no esté en contravención con legislación estatal. Finalmente, el Municipio sostuvo que la Orde-nanza Municipal es de aplicación general, por lo que Ecosystems estaba obligado a impugnar el precepto municipal dentro del término de caducidad de veinte días que dispone la Ley de Municipios Autónomos, infra.

Evaluados los planteamientos y las comparecencias de ambas partes, el Tribimal de Apelaciones dictó sentencia. Mediante la misma revocó en su totalidad la orden de injunction permanente emitida por el Tribunal de Primera Instancia y determinó que aunque la aplicación de la Orde-nanza Municipal era “teóricamente” general, “su efecto real es de aplicación particular a Ecosystems”, por lo que Ecosystems había quedado afectada por la actuación del Municipio. Por ello, el Tribunal de Apelaciones razonó que el término de caducidad de veinte días para impugnar alguna actuación de un municipio no había comenzado a transcurrir. Asimismo, el foro intermedio concluyó que el Municipio falló en demostrar la ausencia de un remedio ade-cuado en ley para la concesión de un injunction a su favor.

Insatisfecho aún, el Municipio acudió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari. En síntesis, alegó que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que la Orde-nanza Municipal aplicaba específicamente a Ecosystems y no de manera general, según dispuesto en el texto del re-ferido cuerpo legislativo y de acuerdo con su exposición de motivos. Además, alegó que el foro apelativo intermedio incidió al determinar que el Municipio debió haber notifi-cado a Ecosystems por escrito y correo regular y certificado de la aprobación de la Ordenanza Municipal para que co-menzara a transcurrir el término de veinte días dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos, infra, para impugnar la aprobación de una ordenanza o acto legislativo municipal. Entiende el Municipio que, por ser de aplica-ción general y no específica a Ecosystems, el término para impugnar la Ordenanza comenzó a transcurrir desde su aprobación.

Por su parte, Ecosystems compareció ante nos mediante su Alegato en Oposición a Certiorari. Repitió sus alegacio-nes en cuanto a la aplicación específica de la Ordenanza Municipal a sus operaciones. Asimismo, argüyó que el ente con la facultad para establecer los requisitos aplicables al manejo y la disposición, entre otros, de desperdicios sólidos es la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA). Por lo tanto, plantea que la Ordenanza Municipal es una nula y ultra vires.

Expedido el auto de certiorari y con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

HH H-i

Como cuestión de umbral, y para la correcta disposición de los asuntos ante nuestra consideración, es menester atender, en primera instancia, el planteamiento relacio-nado a cuál es el ente encargado en Puerto Rico de estable-cer los requisitos aplicables al manejo y la disposición, en-tre otros, de los desperdicios sólidos. Es decir, debemos determinar si las agencias de la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y los municipios del País pueden regular dicho asunto o si, por el contrario, es un campo ocupado por las agencias federales.

La doctrina de campo ocupado se ha desarrollado con el propósito de evitar conflictos regulatorios entre dos gobiernos, fomentando así una política uniforme. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009); Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 DPR 517, 523 (1977). Por ello, se entiende que existe jurisdicción exclu-siva del Gobierno federal sobre los asuntos de derecho federal en aquellas instancias en las que el Congreso así lo ha dispuesto expresamente o cuando la clara intención de la ley es privar de jurisdicción a los tribunales estatales sobre un asunto federal. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, págs. 856-858; Rodríguez v. Overseas Military, 160 DPR 270, 277-278 (2003); Yellow Freight System, Inc. v. Donnelly, 494 US 820, 823 (1990). Según se puede colegir, lo fundamental será determinar cuál ha sido la in-tención del Congreso al legislar.

De igual forma, se entiende que hay campo ocu-pado o desplazado en aquellas circunstancias en las que “cierto interés o propósito federal es tan dominante que no debe existir reglamentación estatal, o cuando la normativa estatal podría producir un resultado incompatible con los objetivos federales en determinada área”. Rodríguez v. Overseas Military, supra, pág. 282, citando a City of Burbank v. Lockheed Air Terminal, 411 US 624, 633 (1973). Conforme a esta doctrina, cualquier ley estatal que contra-venga una ley federal es nula. Véanse: Franklin California Tax-Free Trust v. Puerto Rico, 85 F.Supp.3d 577, 595 (D. PR 2015), citando a Tobin v. Fed. Exp. Corp., 775 F.3d 448, 452 (1er Cir. 2014); Crosby v. National Foreign Trade Council, 530 US 363, 372 (2000).

En conformidad con lo anterior, y pertinente a la controversia ante nuestra consideración, el Congreso de Estados Unidos creó la Ley de Conservación y Recupera-ción de los Recursos de 1976, según enmendada, 42 USC see. 6901 et seq., para atender los asuntos relativos a la disposición y almacenamiento de desperdicios sólidos y pe-ligrosos, entre otros. Meghrig v. KFC Western, Inc., 516 US 479, 483 (1996). Dicha legislación promueve un esquema de cooperación mediante el cual se exhorta a las municipa-lidades y estados a trabajar con el gobierno federal central para desarrollar prácticas de manejo de desperdicios que faciliten la recuperación de energía de desperdicios sólidos. 42 USC sec. 6902(a)(ll). Véanse, además: AES Puerto Rico, L.P. v. Trujillo-Panisse, 133 F.Supp.3d 409 (D. PR 2015); Blue Circle Cement v. Board of County Com’rs, 27 F.3d 1499, 1506 (10mo Cir. 1994). Asimismo, conforme a dicho estatuto federal, la EPA fue designada como la enti-dad encargada de identificar qué desperdicios son tóxicos o dañinos.

Sabido es que la EPA es la agencia federal encargada de proteger la salud de los ciudadanos y el medioambiente, ejecutando y obligando el cumplimiento de las leyes apro-badas por el Congreso de Estados Unidos. Como ente regu-lador, atiende aquellos asuntos nacionales relacionados con el cambio climático, polución del aire y el agua, sustan-cias tóxicas, seguridad química, entre otros. Particular-mente, por delegación del Congreso mediante la Ley de Conservación y Recuperación de los Recursos de 1976, la EPA fue el ente encargado de determinar si la ceniza de carbón era un desperdicio tóxico o no.

Cónsono con lo anterior, y en lo que aquí nos atañe, el 17 de abril de 2015 la EPA promulgó una norma reglamentaria relativa a la disposición segura de residuos provenientes de combustión de carbón, a saber: Hazardous and Solid Waste Management System; Disposal of Coal Combustion Residuals from Electric Utilities, 80 Fed. Reg. 21302 (17 de abril de 2015) (Final Rule). Según se des-prende de su propio texto, el propósito de la Final Rule era fijar los criterios nacionales mínimos para la disposición de residuos de combustión de carbón. Véase 80 Fed. Reg. 21302-21303. Al respecto, la referida disposición regla-mentaria establece:

The legislation is clear that these are minimum requirements only, and without preemptive effect; states may therefore impose more stringent requirements, including the requirement that CCR facilities obtain a permit. This is also wholly consistent with longstanding EPA interpretations. See 44 FR 53438, 53439 (September 13,1979) (“the standards established in the criteria constitute minimum requirements. These criteria do not preempt other state and federal requirements. Nothing in the Act precludes the imposition of additional obligations under authority of other laws on parties engaged in solid waste disposal.”); see also 44 FR 45066 (July 31, 1979) (“EPA establishes only ‘minimum’ requirements under this portion of the Act which should not prevent States from developing broader programs or stricter standards under authority of State law.”). States may also incorporate the federal requirements into state law — whether through revisions to existing legislation or regulation, or through incorporating them into any permits issued to CCR facilities. Such an approach would also resolve commenters’ concerns about the potential for “parallel and redundant regulatory programs.” (Enfasis suplido). 80 Fed. Reg. 21332.

Según se puede colegir, mediante dicha norma, la EPA estableció aquellos requisitos mínimos, sin que ello tenga el efecto de desplazar cualquier acción o reglamentación estatal. 80 Fed. Reg. 21332. Es decir, los estados quedan facultados para imponer requisitos más estrictos en cuanto a este asunto, incluso el requisito de que las instalaciones dedicadas a disponer de residuos de combustión de carbón obtengan un permiso para ello. Id.

De igual forma, en cuanto a la implementación de estos criterios nacionales mínimos, la Final Rule expone lo siguiente:

In order to ease implementation the regulatory requirements for CCR landfills and CCR surface impoundments, EPA strongly encourages the states to adopt at least the federal minimum criteria into their regulations. EPA recognizes that some states have already adopted requirements that go beyond the minimum federal requirements; for example, some states currently impose financial assurance requirements for CCR units, and require a permit for some or all of these units. This rule will not affect these state requirements. The federal cri- teña promulgated today are minimum requirements and do not preclude States’ from adopting more stringent requirements where they deem to be appropriate. (Énfasis suplido). 80 Fed. Reg. 21430.

Del texto citado claramente se deduce que, en primer lugar, los estados no están obligados a adoptar o imple-mentar automáticamente la norma que nos ocupa, estable-cida por la EPA, sino que exhorta a las jurisdicciones a acoger los requisitos mínimos esbozados. Es decir, esta de-terminación de la EPA no impide que un estado adopte re-quisitos más estrictos, si lo estima necesario. Ausente al-guna disposición en contrario y según el texto íntegro de la Final Rule, es indiscutible que un estado puede, dentro de sus límites territoriales, prohibir válidamente la disposi-ción y uso de residuos de la quema de carbón resultado de la producción de energía.

HH HH i — I

Por otro lado, paralelo a la EPA, la JCA es la agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico encar-gada de proteger y conservar el medioambiente. Véase Ley Núm. 416-2004, Ley sobre Política Pública Ambiental, 12 LPRA see. 8001 et seq. Este estatuto declara que será

[...] política continua del Gobierno del Estado Libre Aso-ciado, incluyendo sus municipios, en cooperación con las orga-nizaciones públicas y privadas interesadas, el utilizar todos los medios y medidas prácticas, incluyendo ayuda técnica y financiera, con el propósito de alentar y promover el bienestar general y asegurar que los sistemas naturales estén saluda-bles y tengan la capacidad de sostener la vida en todas sus formas, así como la actividad social y económica, en el marco de una cultura de sustentabilidad, para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en armonía productiva y cumplir con las necesidades sociales y económicas y cualesquiera otras que puedan surgir con las presentes y futuras generaciones de puertorriqueños. (Énfasis suplido). 12 LPRA sec. 8001(a).

Por mandato expreso, la JCA quedó facultada para pre-parar y desarrollar proyectos y programas que, entre otros asuntos, atiendan lo relativo a la disposición adecuada de los desperdicios sólidos. 12 LPRA sec. 8002c. A tenor con ello, la JCA adopta las normas o reglamentos “para la dis-posición de desperdicios sólidos y para fijar los sitios y mé-todos para la disposición de estos desperdicios”. 12 LPRA sec. 8002c(b)(4)(A). En ese sentido, la JCA puede promul-gar aquellas normas y regulaciones necesarias para esta-blecer un método de registro, permisos y licencias para la ubicación y operación de plantas o instalaciones para la recuperación, el procesamiento y la disposición final de desperdicios sólidos. Véase 12 LPRA sec. 8002c(b)(9)(B). En cuanto a este particular, el referido estatuto dispone que “[l]os planos para la construcción de estas plantas o sistemas deberán ser sometidos” ante la consideración de la JCA para su correspondiente aprobación, “sin defecto de la obligación de los solicitantes de cumplir con las disposi-ciones de las demás leyes aplicables”. (Enfasis suplido). íd. Además, la JCA podrá emitir aquellas órdenes que estime necesarias para asegurar que la operación de estas plantas o sistemas no ocasionen daño al ambiente. íd.

Conforme al Reglamento para el Control de los Desperdicios Sólidos Peligrosos y No Peligrosos, según en-mendado, Reglamento Núm. 2863 de la Junta de Calidad Ambiental (Reglamento Núm. 2863), esta agencia otorga permisos para construir y operar instalaciones que se dedi-quen al manejo y la disposición de desperdicios sólidos. Véase Parte IX del Reglamento Núm. 2863, supra. Especí-ficamente, dispone que en toda circunstancia en la cual la JCA vaya a conceder un permiso de construcción, la agen-cia preparará un borrador y procederá a notificar “me-diante aviso público, la oportunidad de vistas públicas, emitirá una decisión final y contestará los comentarios”. Regla IX-912(E)(5)del Reglamento Núm. 2863, supra, pág. IX-49. Asimismo, en lo que aquí nos compete, se dispone que cuando un borrador de permiso ha sido preparado, la JCA publicará un aviso público mediante el cual provea, por lo menos, cuarenta y cinco días para recibir comenta-rios del público. Regla IX-912(H)(1) y (2), respectivamente, del Reglamento Núm. 2863, supra, págs. 52-53. Así, la JCA queda obligada a recibir los comentarios del público en general y, a su vez, facultada, dentro de su discreción, para celebrar vistas públicas en aquellas circunstancias en las que exista un “interés significativo” de parte del público. Regla IX-912(I) y (J), respectivamente, del Reglamento Núm. 2863, supra, págs. 55-56.

En cuanto al proceso de modificación de un per-miso ya otorgado por la JCA, la Regla IX-912(D) del Reglamento Núm. 2863, supra, págs. 45-48, establece, en lo aquí pertinente, que estos podrán ser modificados, revocados, reexpedidos o terminados a solicitud de cualquier parte o a iniciativa propia de la JCA. Ello, cuando las reglas aplica-bles hayan sido modificadas; los términos y las condiciones del permiso se hayan violado; la modificación sea esencial para proteger la salud humana y el ambiente; ante la exis-tencia de alguna condición de emergencia, o cuando el po-seedor de un permiso “ha fallado en exponer completa-mente los datos relevantes en la solicitud o durante el proceso de emisión del permiso, o ha incurrido en falsa representación de cualquier hecho en cualquier momento”. íd.

Asimismo, la referida regla dispone que a[c]uando se vaya a modificar un permiso, en conformidad con esta sec-ción, sólo las condiciones a ser modificadas serán reabier-tas a discusión cuando se prepare el nuevo borrador de permiso”. (Énfasis suplido). Regla IX-912(D) del Reglamento 2863, supra, pág. 47. Los demás aspectos del per-miso previamente otorgado quedarán en vigor hasta que termine su vigencia.

Por otra parte, la JCA promulgó el Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos, según enmendado, Reglamento Núm. 5717 de 14 de noviembre de 1999. Sin embargo, ningún acápite o sección del mismo define lo que es un agregado manufacturado ni dispone el tratamiento que deberá dársele, en lo aquí relacionado, a los diversos tipos de cenizas provenientes de la quema de carbón.

En fin, la JCA es la agencia encargada por ley para de-terminar la forma y manera en la que se debe instalar, operar y mantener las instalaciones para la disposición final de desperdicios sólidos, por lo que aprueba los permisos de construcción en conformidad con su política pública.

IV

Finalmente, la Ley Núm. 81-1991, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de Municipios Autónomos), 21 LPRA see. 4001 et seq., es la piedra angular de los procesos de re-forma municipal iniciados a principio de la década de los noventa. Véanse: M. Negrón Portillo y L. Santana Rabell, La reforma municipal en Puerto Rico: retos y oportunidades, Puerto Rico, Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, 1993, pág. 14; Alcalde de Guayama v. ELA, 192 DPR 329, 335 (2015).

Dicha reforma se instrumentó con el propósito de “ini-ciar un proceso de renovación político-administrativa del gobierno municipal con la finalidad de fomentar una mayor autonomía y la descentralización gubernamental de Puerto Rico”. (Énfasis suplido). Negrón Portillo y Santana Rabell, op. cit, pág. 14. Véanse: Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 DPR 1, 22 (2000); Alcalde Mun. de Humacao v. Ramos Cofresí, 140 DPR 587, 595 (1996). Entre las metas que se contemplaron al momento de aprobarla se encontra-ban: “(1) la transferencia de poderes, mecanismo de deseen- tralización de competencias del Gobierno Central hacia los municipios mediante el establecimiento de convenios. [...] (2) la reforma administrativa y (3) la autonomía fiscal, ra-zón por la cual se crea el Centro de Recaudación de Ingre-sos Municipales”. (Énfasis suplido y en el original). Mun. de Ponce v. A.C. et al., supra, pág. 22. Véase Ortiz y otros v. Mun. de Lajas, 153 DPR 744, 754 (2001).

De acuerdo con lo anterior, se declaró, como polí-tica pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, otor-gar a los municipios del País el máximo posible de autono-mía y proveerles las herramientas financieras, además de los poderes y las facultades necesarias para asumir un rol central y fundamental en el desarrollo urbano, social y eco-nómico de nuestro pueblo. Art. 1.002 de la Ley Núm, 81-1991, supra, 21 LPRA see. 4001 n. Véanse: Rivera Fernández v. Mun. Carolina, 190 DPR 196 (2014); The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 811-812 (2012); E.L.A. v. Crespo Torres, 180 DPR 776, 787 (2011).

Así pues, mediante la aprobación del referido es-tatuto, se amplió el ámbito de facultades y funciones de los municipios, se autorizó la transferencia de competencias de planificación y reglamentación de sus territorios, y se autorizó la delegación de otras materias de la competencia del Gobierno central. Gobierno Ponce v. Caraballo, 166 DPR 723, 731 (2006); Maymí v. Gob. Mun. Aut. Ponce, 151 DPR 689 (2000).

Asimismo, el Art. 2.004 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA see. 4054, facultó a los municipios para “ordenar, reglamentar y resolver cuando sea necesario o conveniente para atender las necesidades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo”. (Énfasis suplido). También se les delegó crear la política, las estrategias y los planes dirigidos a ordenar su territorio y ala conservación de sus recursos. 21 LPRA sec. 4054(h). Véase, además, E Figueroa Santiago, La promesa de autonomía municipal desde la perspectiva del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 3 (Núm. 1) Rev. Jur. AAPR 69 (2016).

Cónsono con lo anterior, y relacionado con la controversia ante nuestra consideración, la Ley de Munici-pios Autónomos le confiere a cada municipio del País la facultad de “reglamentar el manejo de desperdicios sólidos en armonía con la política pública ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, disponer por ordenanza la forma en que se llevará a cabo el manejo de desperdicios sólidos e imponer penalidades por violaciones a las normas que se adopten”. (Énfasis suplido). 21 LPRA see. 4055. A tales efectos, se define el concepto “manejo de desperdicios sólidos” como “la administración y control sistemático de todas las actividades asociadas a los desperdicios sólidos [...] ”. (Énfasis suplido). 21 LPRA see. 4055(4).

Así pues, salvo que otra cosa se disponga me-diante ley o reglamentación, la Legislatura Municipal queda revestida del poder de aprobar aquellas ordenanzas necesarias para promover y adelantar su propia política pública, siempre y cuando no contravenga la establecida por el Estado. Véase Art. 2.005 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 de Municipios Autónomos, 21 LPRA see. 4055. Véase, además, López, Fed. Coms. Unidos v. Mun. de San Juan, 121 DPR 75, 88 (1988) (“[T]oda ordenanza municipal regulatoria tiene que estar en armonía con el orde-namiento estatal, el cual ha de prevalecer en situaciones conflictivas”).

V

En el presente caso, la JCA y la OGPe otorgaron un permiso consolidado a favor de Ecosystems para la cons-trucción de un sistema de relleno sanitario. Como señala-mos anteriormente, nada se dispuso en cuanto a los mate-riales que se utilizarían en la referida construcción ni el tipo de relleno que manejaría Ecosystems.

Luego de la aprobación de la Ordenanza Municipal —objeto de este pleito por la Legislatura Municipal de Pe-ñuelas — , en la que se prohibió la utilización de cenizas derivadas de la quema de carbón como material de cons-trucción o de relleno, y a solicitud de Ecosystems, la JCAy la OGPe autorizaron una enmienda al referido permiso. Sin embargo, a pesar de existir la prohibición local del uso de cenizas producto de la quema de carbón por la produc-ción de energía, el permiso nada dispuso en tomo al uso de este tipo de material de construcción. Es decir, no se auto-rizó expresamente el uso del material prohibido por la Or-denanza Municipal. Tampoco surge que la intención de las agencias fuese que la vigencia de su permiso no se viera afectada tangencialmente por prohibiciones locales.

Ecosystems alega que la Ordenanza Municipal apro-bada por el Municipio es nula y ultra vires, toda vez que entiende que las entidades con “jurisdicción exclusiva” para regular lo relativo a los desperdicios sólidos son la EPA y la JCA. Es la contención de la recurrida que, con-forme a la Final Rule de la EPA y al Reglamento Núm. 2863, el campo fue ocupado. No le asiste la razón.

En primer lugar, tal y como discutimos anterior-mente, del texto claro promulgado por la EPA en 2015, leído en su totalidad, se desprende que la intención ex-presa de esta agencia fue establecer únicamente aquellos criterios nacionales mínimos para disponer de los residuos de combustión de carbón. Así, explícitamente se establece que las disposiciones de la Final Rule no impiden que un estado promulgue requisitos más exigentes que los estable-cidos por la EPA, según así lo considere. Véase 80 Fed. Reg. 21430 (“The federal criteria promulgated today are minimum requirements and do not preclude States from adopting more stringent requirements where they deem to he appropriate”). Siendo ello así, no existe duda en tomo a la clara intención de la EPA de permitir a los estados pro-mulgar y adoptar aquellas regulaciones que estimen nece-sarias para atender lo relacionado con la disposición de residuos de combustión de carbón. Nos resulta inescapable, pues, concluir que la EPA no ocupó el campo en cuanto a este asunto.

Por otra parte, Ecosystems arguye que el Reglamento Núm. 2863 aprobado por la JCA y las subsiguientes en-miendas al mismo tuvieron el efecto de que esa agencia administrativa ocupara el campo relativo a los residuos de combustión de carbón. Nuevamente, no le asiste la razón.

De una lectura íntegra del Reglamento Núm. 2863, junto a sus respectivas enmiendas se desprende que, en esencia, el mismo se limita a atender únicamente aquellos aspectos técnicos y administrativos relativos a las activida-des que se llevan a cabo en las instalaciones de desperdi-cios sólidos. Es decir, se atiende cómo habrá de realizarse, una vez permitida la construcción de una facilidad de esta índole, el manejo, monitoreo, almacenamiento y disposi-ción de los desperdicios sólidos. Nada se dispone en torno al uso de materiales de construcción.

Así pues, la JCA, entidad a la cual se le concedió, entre otras, la facultad de adoptar normas o reglamentos relacionados con la disposición de desperdicios sólidos y a los permisos y las licencias para la ubicación de instalacio-nes para la recuperación, el procesamiento y la disposición final de tales desperdicios, tampoco, hasta hoy, ha ocupado el campo en cuanto al uso de agregado manufacturado a base de cenizas de la quema de carbón como material de construcción. Nada impide que, posteriormente, la JCA ejerza su poder de reglamentación en cuanto a este asunto y ocupe expresamente el campo.

En vista de lo anterior, el Municipio está facul-tado para regular o prohibir el uso y manejo de agregado manufacturado a base de cenizas producto de la quema de carbón dentro de sus límites territoriales, pues no ha con-travenido la política pública del Estado, según delineada por la JCA. Véanse: Ley sobre Política Pública Ambiental, 12 LPRA sec. 8001(a); Art. 2.005 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA see. 4055; AES Puerto Rico, L.P. v. Trujillo-Panisse, supra, pág. 428 (“Puerto Rico law permits municipalities to ‘regulate the solid waste collection management in harmony with the environmental policy’ of the Commonwealth”).

Conforme a las disposiciones de la Ordenanza Municipal, cualquier persona o entidad jurídica queda facultada para utilizar, dentro de Peñuelas, cualquier otro tipo de material de construcción o relleno para cumplir con un plan de construcción. Tal es el caso de Ecosystems. Su de-recho a construir un vertedero o un sistema de relleno sa-nitario no queda afectado en modo alguno por la Orde-nanza Municipal ni por la decisión que hoy pronuncia este Tribunal. Cualquier contención en contrario no encuentra sustento alguno en derecho.

Así las cosas, en vista de lo expuesto, resolvemos que la Ordenanza Municipal aprobada por el Municipio que pro-híbe el uso de cenizas procedentes de la quema de carbón en plantas generadoras de energía como material de re-lleno es válida y oponible a Ecosystems, pues no contra-viene la política pública del Estado Libre Asociado vigente ni el permiso de construcción que emitieron la JCA y la OGPe.

Establecido lo anterior, solo nos resta determinar si la referida Ordenanza Municipal es de aplicación específica a Ecosystems, por lo cual se le debía notificar por escrito y correo regular y certificado, para que comenzara a trans-currir el término de veinte días para su impugnación, o si, por el contrario, era de aplicación general. Veamos.

VI

Como se sabe, la Ley de Municipios Autónomos esta-blece la forma en la que las ordenanzas y resoluciones de un municipio cobran eficacia. Asimismo, establece el meca-nismo que se debe incoar en caso de que se intente revisar alguna actuación legislativa municipal. A tales efectos, el Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos dispone, en lo aquí pertinente, de la manera siguiente:

(1) El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico enten-derá y resolverá [,] con exclusividad, a instancias de la parte perjudicada, sobre los siguientes asuntos:
(a) Revisar cualquier acto legislativo o administrativo de cualquier funcionario u organismo municipal que lesione de-rechos constitucionales de los querellantes o que sea contrario a las leyes de Puerto Rico.
(b) Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, resolu-ción, acuerdo u orden de la legislatura, del alcalde o de cual-quier funcionario del municipio que lesione derechos garanti-zados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por las leyes estatales.
(c) Compeler el cumplimiento de deberes ministeriales por los funcionarios del municipio.
(d) Conocer, mediante juicio ordinario, las acciones de recla-maciones de daños y perjuicios por actos u omisiones de los funcionarios o empleados del municipio por malicia, negligen-cia e ignorancia inexcusable.
En los casos contemplados bajo las (a) y (b) de este inciso, la acción judicial sólo podrá instarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el acto legislativo o adminis-trativo se haya realizado o que la ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya notificado por el alcalde o funcionario municipal autorizado a la parte querellante por escrito me-diante copia y por correo regular y certificado a menos que se disponga otra cosa por ley. Disponiéndose, que el término de veinte (20) días establecido en esta sección comenzará a decur-sar a partir del depósito en el correo de dicha notificación; y que la misma deberá incluir, pero sin ser limitativo, el derecho de la parte afectada a recurrir al Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior competente; término para apelar la deci-sión; fecha del archivo en auto[s] de la copia de la notificación y a partir de qué fecha comenzará a transcurrir el término. (Énfasis suplido). 21 LPRAsec. 4702.

Así, pues, la Ley de Municipios Autónomos esta-blece un término de caducidad de veinte días para impug-nar cualquier ordenanza, resolución o acuerdo de la Legis-latura Municipal o de cualquier funcionario del municipio, ante el Tribunal de Primera Instancia. Tratándose de un término de caducidad, el mismo no permite interrupción, de modo que se logre impartir certeza y finalidad a las actuaciones del gobierno municipal. Hardland Co. v. Mun. de San Juan, 139 DPR 185, 189-190 (1995); Acevedo v. Asamblea Mun. San Juan, 125 DPR 182 (1990).

Según se infiere, el transcurso del término de caducidad para impugnar tales actuaciones dependerá de si la orde-nanza, resolución o acuerdo municipal es de aplicación general o específica. Si su aplicación es general, se deduce que el término comenzará a transcurrir al día siguiente a la fecha de la actuación legislativa o administrativa. Hardland Co. v. Mun. de San Juan, supra; Acevedo v. Asamblea Mun. San Juan, supra. Por otra parte, cuando la orde-nanza, resolución o acuerdo municipal es de aplicación es-pecífica, el término de caducidad se entiende que ha co-menzado a transcurrir desde la notificación a la parte afectada por tal actuación. Id.

En el presente caso, Ecosystems sostiene que la Orde-nanza Municipal aprobada por el Municipio es de aplica-ción individual y específica, por lo que el Municipio estaba obligado a notificarle por escrito y por correo, regular y certificado, de tal actuación. Por ello, entiende que el tér-mino de caducidad de veinte días para impugnar tal acto legislativo no ha comenzado a transcurrir. Tras evaluar las disposiciones legales aplicables y el tracto procesal de este caso, resolvemos que no le asiste la razón.

El texto de la Ordenanza Municipal explícitamente es-tablece que aplica a u[t]odo desarrollador,; constructor, com-pañía y/o cualquier persona jurídica o natural” que vaya a realizar un proyecto de construcción en el Municipio o de-posite relleno a base de cenizas procedentes de la quema de carbón para producir energía. (Énfasis suplido). Orde-nanza Municipal, págs. 2 y 3, en Apéndice del Certiorari, págs. 92-93. Es decir, no podemos colegir que la misma aplica exclusivamente a Ecosystems. Por el contrario, la misma aplica a cualquier compañía, presente o futura, que desee depositar o realizar un proyecto de construcción me-diante la utilización de agregado manufacturado prove-niente de la quema de carbón. Disponer lo contrario sería contravenir la intención clara del legislador municipal, se-gún quedó plasmada en el texto aprobado por la Legisla-tura Municipal de Peñuelas y su alcalde.

Como cuestión de hecho, en el caso ante nuestra consi-deración, Ecosystems parte de la premisa errada de tener a su favor un derecho propietario para el uso de Agremax, lo que automáticamente provocó que la Ordenanza Municipal fuera de aplicación específica. Nada más lejos de la verdad. Aquí, la JCA expidió un permiso de construcción a favor de Ecosystems, que nada disponía en cuanto al uso de Agremax en sus instalaciones. Luego, el Municipio aprueba la Ordenanza Municipal que prohíbe únicamente el uso de cenizas procedentes de la quema de carbón como material de construcción o relleno en las instalaciones, y que, a su vez, acepta cualquier otro material. Es con pos-terioridad a la aprobación y entrada en vigencia de tal or-denanza, un año y varios meses después, que Ecosystems solicita y obtiene a su favor un permiso enmendado que tampoco lo autorizó expresamente a utilizar Agremax en la instalación que se construiría en Peñuelas.

Así las cosas, debido a que la Ordenanza Municipal en cuestión es de aplicación general, el término para impug-narla comenzó a transcurrir al día siguiente de entrar en vigor. Como transcurrió más de un año antes de que Ecosystems la impugnara, el término establecido en la Ley de Municipios Autónomos caducó. Así, pues, se cometió el error señalado.

Precisa reiterar que lo aquí resuelto por este Tribunal no es óbice para que, de así entenderlo y conforme a los mecanismos provistos en ley, la JCA establezca la política pública del Estado Libre Asociado sobre este asunto.

VII

Por los fundamentos expuestos, por entender que el asunto relativo al uso de cenizas procedentes de la combus-tión de carbón no ha sido ocupado por el gobierno federal o estatal, y que el Municipio posee la facultad en ley para prohibir su uso dentro de sus límites territoriales, revoca-mos la determinación del Tribunal de Apelaciones y reins-talamos la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Notifíquese inmediatamente por correo electró-nico y, posteriormente, por la vía ordinaria.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con una opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Estoy conteste con resolver que la Ordenanza Municipal aprobada por el Municipio Autónomo de Peñuelas —prohi-biendo el uso del agregado manufacturado Agremax como material de construcción o relleno— es válida y, consecuen-temente, oponible a Ecosystems, Inc. No obstante, preciso abundar sobre el contenido del Permiso General Consoli-dado Enmendado y puntualizar sobre ciertos eventos que no se desprenden de la opinión mayoritaria.

HH

Tal y como narra la opinión mayoritaria, la presente controversia surge del Permiso General Consolidado (PGC) expedido, el 25 de marzo de 2013, por la Oficina de Geren-cia de Permisos (OGPe) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) a favor de Ecosystems, Inc. (Ecosystems). Éste fue otorgado para la construcción de un vertedero comercial en el barrio Encamación del municipio de Peñuelas (Munici-pio o peticionaria). De una lectura del PGC surge que Ecosystems no estaba autorizado a utilizar relleno en su construcción.

Por su parte, la Asamblea Legislativa del Municipio aprobó la Ordenanza Núm. 13, serie 2012-2013 (Ordenanza Municipal) el 9 de abril de 2013, efectiva el día siguiente, prohibiendo el uso de cenizas procedentes de la quema de carbón de plantas generadoras de energía, específicamente Agremax, como material de relleno o construcción.

La opinión mayoritaria menciona que la construcción del vertedero fue inspeccionada por el personal de la JCA. Sin embargo, considero que es preciso pormenorizar los ha-llazgos y el procedimiento administrativo que surgieron de tal evento, pues estos hechos son necesarios para la cabal comprensión del contenido de la enmienda que Ecosystems solicitó al PGC. Así, pues, el 6 de mayo de 2014 acaeció la referida inspección. Allí, los ingenieros identificaron varias violaciones al PGC y al Reglamento para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación, Reglamento Núm. 5754 de la Junta de Calidad Ambiental de 12 de febrero de 1998, según enmendado (RCEPS). Entre las vio-laciones, se encontró que Ecosystems se extralimitó de las facultades autorizadas en el PGC al rellenar ciertas áreas para la construcción de una vía de acceso al vertedero. Los materiales utilizados como relleno para la construcción de la carretera fueron agregado manufacturado Agremax y mogolla. En consecuencia, el Oficial Examinador reco-mendó la imposición de una multa de $10,000 a Ecosystems por haber rellenado ilegalmente.

En vista de ello, el 18 de junio de 2014 Ecosystems acu-dió a la OGPe y la JCA para solicitar la modificación del PGC y poder utilizar el agregado manufacturado como re-lleno en las instalaciones a ser construidas. El 25 de junio de 2014 se expidió la enmienda al permiso (PGC Enmen-dado) que autorizó el relleno para un volumen total de 70 mil metros cúbicos. La especificidad de los materiales que se utilizaría como relleno lo dispuso el Memorial Explica-tivo, documento sometido por el propio Ecosystems. De éste surge que se utilizará agregado manufacturado o mo-golla como material de relleno. Véase Memorial Explica-tivo, pág. 1, en Apéndice del Certiorari, pág. 154.

El Municipio —tras conocer sobre la utilización de Agre-max en el proyecto de Ecosystems— presentó, el 18 de agosto de 2014, una demanda en solicitud de un interdicto preliminar y permanente. En síntesis, alegó que Ecosystems violó la Ordenanza Municipal. Luego de varios inci-dentes procesales, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) emitió una Orden de Entredicho Provisional y ordenó a Ecosystems que desistiera de cualquier uso de Agremax en el Municipio hasta que se dispusiera de otra forma. Durante la vista, Ecosystems presentó una solicitud de deses-timación bajo el fundamento de que la Ordenanza Municipal era ultra vires y, por lo tanto, nula. Esto, al entender que las entidades con “jurisdicción exclusiva” para regular lo relativo a los desperdicios sólidos son la Agencia para la Protección Ambiental (EPA) y la JCA. Este razonamiento se basó en que el campo fue ocupado en virtud del Hazardous and Solid Waste Management System; Disposal of Coal Combustion Residuals from Electric Utilities, 80 Fed. Reg. 21302 (17 de abril de 2015), y el Reglamento para el control de los desperdicios sólidos peligrosos y no peligro-sos, según enmendado, Reglamento Núm. 2863 de la Junta de Calidad Ambiental. Además, Ecosystems argüyó que la Ordenanza Municipal afectó sus derechos propietarios y al debido proceso de ley.

Finalmente, el 18 de septiembre de 2014, el TPI declaró “con lugar” la demanda incoada por el Municipio y ordenó a Ecosystems el cese y desista de la utilización de Agremax. El foro primario concluyó que la Ordenanza Municipal es de aplicación general y no interfiere de forma alguna con el Permiso General Consolidado relativo a la construcción de un vertedero.

Inconforme con tal determinación, Ecosystems apeló ante el Tribunal de Apelaciones (TA). Allí argüyó nueva-mente la nulidad de la Ordenanza Municipal y la violación a su debido proceso de ley, puesto que la aplicación del pronunciamiento municipal es específica y no general.

Por su parte, el Municipio alegó que la JCA no ha regu-lado el uso de Agremax, por lo que la ordenanza en cues-tión es complementaria a las disposiciones regulatorias de las agencias que atienden el asunto de desperdicios sólidos. Asimismo, el Municipio alegó que la ordenanza es válida al no contravenir la legislación estatal. Además, al ser de aplicación general, Ecosystems estaba obligada a impug-nar el precepto municipal dentro del término de caducidad de veinte días que dispone la Ley de Municipios Autónomos. Véase Art. 15.002 de la Ley de Municipios Au-tónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA see. 4702).

El foro apelativo intermedio dictó una sentencia revo-cando en su totalidad la Orden de Injunction Permanente emitida por el foro primario. Además, determinó que aun-que la aplicación de la ordenanza era “teóricamente” general, “su efecto real es de aplicación particular a Ecosystems”, siendo esta última afectada. (Enfasis suprimido). Apéndice del Certiorari, pág. 28. Consecuentemente, el TA determinó que el término de caducidad para impugnar la actuación municipal no había comenzado a transcurrir.

Aún insatisfecho, el Municipio acudió oportunamente ante este Tribunal mediante un auto de Certiorari. En el recurso apelativo planteó que erró el foro apelativo inter-medio al concluir que la Ordenanza Municipal era de apli-cación específica a Ecosystems. Tal determinación tuvo el efecto de concluir que el término de caducidad para impug-nar la actuación del municipio comenzaría a transcurrir a partir de la notificación por correo de la Ordenanza diri-gida a Ecosystems.

En su alegato de oposición, Ecosystems repitió sus ale-gaciones en cuanto a la aplicación específica de la Orde-nanza Municipal y su nulidad.

H I — I

La mayoría de este tribunal atiende el efecto de la Or-denanza Municipal sobre el permiso otorgado a Ecosystems como limitado a la autorización para construir el ver-tedero comercial obviando el permiso enmendado. No obstante, considero que Ecosystems posee, válidamente, un permiso de construcción y uso de agregado manufactu-rado como material de relleno. Veamos.

Como fue señalado en los hechos, el PGC nada dispuso sobre la acción de rellenar en la construcción del vertedero comercial. Posteriormente, Ecosystems solicitó una en-mienda al PGC para que se le autorizara a rellenar 70,000 metros cúbicos con material agregado manufacturado o mogolla.

No debemos pasar por alto que tal enmienda fue apro-bada por las agencias pertinentes y —que hasta el momen-to— está vigente. Ecosystems, por lo tanto, posee una au-torización válida para utilizar en su construcción el agregado manufacturado o mogolla como material de relleno. Por otra parte, es necesario mencionar que es norma reiterada que los procesos administrativos están re-vestidos de una presunción de corrección y regularidad. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177 (2009).

Ahora bien, debo aclarar que coincido con el análisis de la opinión mayoritaria respecto a que el Municipio está facultado para regular el manejo de desperdicios sólidos y, en vista de que no existe reglamentación federal o estatal relacionada al uso de las cenizas como material agregado para relleno, es válida la Ordenanza Municipal. No obs-tante, este Tribunal debió precisar la controversia si-guiente: ¿cuál es el efecto de la Ordenanza Municipal en el permiso que autoriza a Ecosystem a utilizar el agregado manufacturado como material de relleno en la construc-ción del vertedero comercial? Para aclarar esto, como cues-tión de umbral, es menester clarificar qué es un agregado manufacturado y cómo se cataloga el producto Agremax.

Los agregados, al igual que los materiales de construc-ción en general, son considerados “componentes importan-tes de una infraestructura’’. Actualmente, existen agre-gados naturales y agregados reciclados. Las principales fuentes de agregados naturales son las rocas, la arena y la grava. Sin embargo, ante el exponencial desarrollo urba-nístico y el impacto ambiental que producen las excesivas extracciones de estos recursos naturales, se han desarro-llado agregados que, mediante la manufactura, se confec-cionan del reciclaje de materiales como los escombros de las demoliciones de estructuras, del pavimento removido y, en lo pertinente a este caso, las cenizas provenientes de la quema de carbón.

Por su parte, el Agremax es un producto manufacturado por AES Puerto Rico, empresa que lo describe como un material de relleno compuesto por materiales reciclados, entiéndase, las cenizas provenientes de la combustión de carbón. Según lo antes discutido, queda claro que el Agremax es un tipo de agregado manufacturado.

Así, pues, retomando el lenguaje del PGC Enmendado, es innegable que la autorización para rellenar con agre-gado manufacturado se emitió en la acepción genérica o amplia del concepto, por lo que, potencialmente, incluiría material de relleno proveniente de las cenizas. Ahora bien, para cumplir con la reglamentación municipal, Ecosystems tiene que cerciorarse que el material agregado que utili-zará sea permitido en el Municipio. Como vimos, la Orde-nanza Municipal únicamente prohíbe un producto dentro de la gama de agregados manufacturados existentes, a saber, las provenientes de las cenizas.

Con esto en mente, es forzoso concluir que la Ordenanza Municipal no incide en el ejercicio de Ecosystems de relle-nar con agregado manufacturado. Es decir, Ecosystems puede utilizar cualquier agregado manufacturado como material de relleno, siempre y cuando no sea el agregado proveniente de cenizas de la quema de carbón, llámese Agremax o cualquier otro nombre comercial, dentro de los límites geográficos del Municipio. De esta forma procura-mos, ante estos hechos, armonizar las facultades de regla-mentación del Municipio con el poder de razón del Estado, como ordena la Ley de Municipios Autónomos.

II

En consideración de lo anterior, concurro con la opinión mayoritaria que emite este Tribunal.

       El Agremax es un material que suele ser utilizado como material de cons-trucción o relleno y proviene de la quema de cenizas de carbón.

       Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, págs. 26-27, en Apéndice del Certiorari, págs. 28-29.

       El referido artículo dispone, en lo aquí pertinente, de la manera siguiente:

        “The objectives of this chapter are to promote the protection of health and the environment and to conserve valuable material and energy resources by—

        “(11) establishing a cooperative effort among the Federal, State, and local governments and private enterprise in order to recover valuable materials and energy from solid waste”.

       Véase Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, “Los asuntos de la EPA” (última visita, 14 de noviembre de 2016).

       Si bien ello no está señalado como error en el recurso, del expediente del caso no surge claramente si se llevó a cabo o no.

       En el apartado Componentes de la corteza terrestre, Volumen total a rellenar, el Permiso General Consolidado indica cero metros cúbicos.

       Según la determinación de hecho núm. 13 del Informe del Oficial Examina-dor de 29 de mayo de 2014: “La señora Figueroa Andino [ingeniera que inspeccionó las instalaciones de Ecosystems] revisó las boletas de pasaje del material que se estaba utilizando para la construcción del camino de acceso al proyecto. Según la información contenida en las mismas, los materiales consistían en el agregado de cenizas de carbón conocido como ‘Agremax’, generado por la planta de generación de electricidad que usa carbón como combustible, Applied Energy Systems Puerto Rico, L.P., ubicada en Guayama; y mogolla de relleno de la corteza terrestre proveniente de la cantera Rita. Véase Informe del Oficial Examinador, Caso Núm. OA-14-RP-044-A, Junta de Calidad Ambiental, pág. 13, en Apéndice del Certiorari, págs. 105-106.

       La Regla 1220(B) del Reglamento para el Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación dispone que “[njinguna persona podré efectuar cambio alguno a un permiso CES previamente aprobado por la Junta de Calidad Ambiental, incluyén-dose todos los documentos y planos que forman parte del mismo, según radicado, sin la previa autorización de la Junta de Calidad Ambiental, excepto conforme a lo estable-cido en el Inciso P de la Regla 1230 de este Reglamento”. Reglamento Núm. 5754 de la Junta de Calidad Ambiental de 12 de febrero de 1998, según enmendado, pág. 18.

       El Memorial Explicativo menciona que el volumen final de la carretera ya construida con agregado manufacturado y mogolla se estima en, aproximadamente, 35,000 metros cúbicos. Apéndice del Certiorari, pág. 154.

       D. Wilburn y T. Goonan, “Aggregates from Natural and Recycled Sources: Economic Assessments for Construction Applications”, Structure of the Aggregates Industry, 1998, pág. 3, http://cimentquebec.com/wp/wp-content/uploads/2011/12/ Recycled-Aggregates-Study.pdf (última visita, 14 de diciembre de 2016).

       íd.

       íd.

       Agremax, AES Puerto Rico, http://aespuertorico.com/productos/ (última vi-sita, 12 de diciembre de 2016).

       Según la Ordenanza Municipal, se prohíbe el uso de “cenizas derivadas de la quema de carbón como material de construcción o relleno, llámese AGREMAX o con cualquier otro nombre comercial”. Apéndice del Certiorari, Sección 2da, pág. 92.

       Hacemos la salvedad, al igual que lo hace la Opinión del Tribunal, que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) puede, como asunto de política pública del Es-tado, regular el uso de agregados, incluso, las cenizas provenientes de la quema de carbón. La determinación que tome la JÓA sobre este particular, necesariamente, debe prevalecer sobre los dictámenes municipales. Lo contrario sería darle paso a la balcanización del Estado.


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de la Concesión de los Días 13 de Abril, 24 de Julio, 24 de Noviembre y 26 de Diciembre de 2017.

      Número: EM-2016-05

      Resuelto: 19 de diciembre de 2016
   RESOLUCIÓN

La Jueza Presidenta, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, emitió la Orden Administrativa OAJP-2016-011 de 13 de diciembre de 2016, con el fin de dar continuidad a las me-didas de control de gastos adoptadas por la Rama Judicial a partir del año fiscal 2014-2015. Estas medidas incluyen unas fechas de cierres parciales y cierres totales del Tribunal General de Justicia hasta el 31 de enero de 2018. Me-diante esta Orden Administrativa, el 13 de abril, 24 de julio, 24 de noviembre y 26 de diciembre de 2017 serán días de cierre total en la Rama Judicial. Durante un cierre total, los Centros Judiciales y otras salas de los Tribunales de Pri-mera Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo permanecerán cerrados, con excepción del Consor-cio Judicial de Noreste y de los jueces y las juezas de tumo que operarán como se acostumbra en un día feriado.

Como resultado de lo anterior, y al amparo de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos en las distintas leyes, reglas o re-glamentos a los procedimientos y trámites judiciales de los casos y asuntos que han de celebrarse en todas las Regio-nes Judiciales, se aplicará lo dispuesto en los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA sees. 72 y 73), por lo que se considerarán los días 13 de abril, 24 de julio, 24 de noviembre y 26 de diciembre de 2017 como si fueran feriados. Cualquier término que venza durante esos días, se extenderá al siguiente día laboral.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


text:
      In re Felipe Soto Ortiz.

      Número: TS-17,200

      Resuelto: 23 de diciembre de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Felipe Soto Ortiz, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinados el Segundo Informe Especial, la Moción Reiterando Incumplimiento de Orden, ambas presentadas por la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), y la Mo-ción Urgente Exponiendo Postura de la ODIN en Relación a Incumplimiento de Orden de Este Honorable Tribunal Supremo, presentada por el Ledo. Felipe Soto Ortiz, se pro-vee “no ha lugar” a la solicitud del licenciado Soto Ortiz.

Ante el incumplimiento del licenciado Soto Ortiz con las órdenes de este Tribunal, se le suspende inmediata e inde-finidamente del ejercicio de la notaría y se ordena al Algua-cil de este Tribunal que incaute inmediatamente el sello y la obra notarial bajo la custodia del licenciado Soto Ortiz y los entregue al Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, Director de la ODIN, para la correspondiente investigación e informe.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(JFdo.) Juan E. Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


text:
      In re Yarimar Soto Rivera.

      Número: TS-16,532

      Resuelto: 29 de diciembre de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   RESOLUCIÓN

El 16 de noviembre de 2015 emitimos una Resolución mediante la cual le ordenamos a la Leda. Yarimar Soto Rivera que mostrara causa por la cual no debía ser suspen-dida del ejercicio de la abogacía y de la notaría, en vista de ciertos incumplimientos con sus deberes como notaría. Así también, ordenamos la incautación preventiva de su obra protocolar y su sello notarial. La Oficina de Alguaciles del Tribunal Supremo le notificó personalmente a la abogada esa Resolución el 3 de diciembre de 2015. El 17 de diciem-bre de 2015, la licenciada Soto Rivera compareció y pre-sentó un escrito explicando que su incumplimiento se debió a percances de salud. Así las cosas, el 29 de diciembre de 2015, el Director de la ODIN presentó su Informe sobre el estado de la obra incautada. En consecuencia, el 29 de abril de 2016 le concedimos a la licenciada un término final e improrrogable de treinta días para que subsanara las deficiencias señaladas por la ODIN y le apercibimos de que su incumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias. El 8 de junio de 2016 compareció nueva-mente el Director de la ODIN e informó que la letrada no dio cumplimiento a la orden aludida.

Examinada la Moción Reiterando Incumplimiento de Orden y otros Remedios, presentada por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, y ante el incumpli-miento de la Leda. Yarimar Soto Rivera con las órdenes de este Tribunal, se le suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la notaría. Se le ordena, además, que en un término final e improrrogable de treinta días a partir de la notificación de esta Resolución, muestre causa por la cual no debamos suspenderla del ejercicio de la abogacía. Le advertimos de que el incumplimiento con esta orden puede acarrear la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión inmediata e indefinida del ejerci-cio de la profesión.

Notifíquese personalmente. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Señor Colón Pérez no intervino.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo