author:
(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez. Juez Asociado Señor Colón Pérez.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Lory Frey, peticionaria.

      Número: CC-2017-455

      Resuelto: 7 de junio de 2017

      Arturo Guzmán Guzmán, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinadas la Solicitud de paralización de los procedi-mientos ante el honorable Tribunal de Primera Instancia y el Certiorari, presentados en el caso de epígrafe, se provee “no ha lugar” a ambas solicitudes.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, por fax o co-rreo electrónico y, posteriormente, por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez proveería “no ha lugar” en esta etapa. Los Jueces Aso-ciados Señores Estrella Martínez y Colón Pérez emitieron sendos votos particulares disidentes. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez no intervino.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

Ante la evidente realidad de que en este caso se lesio-nan derechos constitucionales fundamentales y se atenta contra el derecho de la imputada de delito a que se le ga-rantice el debido proceso de ley, disiento de la determina-ción que hoy toma una Mayoría de este Tribunal. Contrario a lo dictaminado, considero que la controversia ante nues-tra consideración ameritaba la intervención oportuna de este Tribunal, toda vez que nos enfrenta a una lamentable situación en la cual se expuso a una persona a los rigores de un proceso penal sin considerar las barreras lingüísti-cas que le impidieron entender y comprender el proceso criminal. De esta forma, es indudable que en los procedi-mientos celebrados contra la imputada de epígrafe hubo una ausencia crasa de las garantías mínimas del debido proceso de ley, a tal grado, que no se cumplió con el requi-sito elemental de una notificación adecuada que le permi-tiera comprender los cargos presentados en su contra.

Examinemos el contexto fáctico y procesal en que se de-sató la controversia de epígrafe.

I—i

A la Sra. Lory Frey se le imputó la comisión de tres delitos graves y dos menos graves por violar la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA see. 5001 et seq., debido a hechos pre-suntamente ocurridos el 16 de marzo de 2017. Así las co-sas, el 17 de marzo de 2017 se celebró la vista de determi-nación de causa probable para arresto de acuerdo con la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II (Regla 6). Al comienzo de la vista de Regla 6, se le informó al juez que presidía la vista que la señora Frey no tenía la capa-cidad para entender y comprender el idioma español. Ante ello, se determinó cualificar como intérprete a la agente de la Policía de Puerto Rico que mantuvo custodiada a la pe-ticionaria hasta que fue sometida al procedimiento según la Regla 6. Cabe señalar que la referida agente estaba ejer-ciendo sus funciones como miembro de la uniformada al mismo tiempo en que fungió como intérprete de la imputada. Además, según alegó la señora Frey, la agente pertenecía a la misma unidad policiaca que los agentes in-vestigadores que testificaron en contra de la imputada.

Celebrada la vista según la Regla 6, el juez determinó causa para arrestar a la peticionaria y pautó la celebración de la vista preliminar al amparo de la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. En consecuencia, el 6 de abril de 2017, la señora Frey presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de desestimación al am-paro de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Esencialmente, solicitó que los cargos en su contra fueran desestimados, conforme a lo dispuesto en Pueblo v. Branch, 154 DPR 575 (2001), ya que no se le garantizó el debido proceso de ley al asignarle como intér-prete una agente de la Policía que no estaba debidamente cualificada para ejercer tal función; que custodió a la im-putada en su carácter de oficial del orden público; que la-boraba en la misma división que los agentes investigadores que presentaron los cargos en contra de la imputada, y que no fue juramentada en la función de intérprete, lo cual minó la confiabilidad del proceso.

Por su parte, el Ministerio Público se opuso a la deses-timación fundamentándose en que la moción de desestima-ción al amparo de la referida Regla 64(p) solo procede luego de celebrada la vista preliminar, por lo cual no se extiende a la vista sobre Regla 6. Además, argüyó que la agente que fungió como intérprete fue cualificada por el juez a cargo de la Regla 6 y que los procedimientos se celebraron pau-sadamente para asegurar la traducción. Atendidos los planteamientos de las partes, el foro primario declaró “sin lugar” la desestimación, por entender que el tribunal tomó las medidas para garantizar la participación de un intér-prete en el procedimiento sobre la Regla 6.

Inconforme, la señora Frey recurrió al Tribunal de Ape-laciones y sostuvo que se le violaron sus derechos constitu-cionales al asignarle como intérprete a una agente que le custodió en su carácter de oficial del orden público y cuyas cualificaciones para ejercer la función de interpretación de lenguas eran cuestionables. Asimismo, presentó una solici-tud para paralizar los procedimientos ante el foro prima-rio, particularmente la celebración de la vista preliminar, hasta que se resolviera la controversia. El foro apelativo intermedio confirmó la determinación del Tribunal de Pri-mera Instancia. Entendió que la solicitud de desestimación fue prematura por presentarse antes de la celebración de la vista preliminar. Por su parte, el juez Nery E. Adames Soto emitió un voto disidente, en el cual expresó:

[A]un reconociendo que la vista bajo la Regla 6 no es un mini-juicio, ni tampoco una VP [...], lo cierto es que una vez esté presente el imputado de delito en dicha etapa, se activan unos derechos que no pueden ser soslayados. En presencia de la imputada, el mínimo que se puede exigir bajo el debido pro-ceso procesal es que entienda lo que allí sucedió, y que el in-térprete que se designe ofrezca unas garantías básicas de confiabilidad.
[HJaber designado como intérprete a la Agente de la Policía, que trabaja en la misma División de los Agentes que testifica-ron en contra de la peticionaria en la Regla 6, lesiona el sentido de juego limpio que debe acompañar al proceso. (Enfasis suprimido). Apéndice del Certiorari, págs. 56-57.

En desacuerdo con el dictamen del Tribunal de Apela-ciones, el 5 de junio de 2017 compareció ante nos la señora Frey mediante una Solicitud de Paralización de los Proce-dimientos ante el Honorable Tribunal de Primera Instan-cia y un Certiorari. Particularmente, señala como error lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal Apelativo, al sostener la deter-minación del Tribunal de Primera Instancia mediante la cual se declaró no ha lugar de [sic] la solicitud de desestimación al amparo de la Regla 64 P de Procedimiento Criminal, bajo el fundamento errado de que “el Tribunal tomó las medidas para garantizar la participación de un intérprete en el proceso criminal”, cuando el cumulo [sic] de circunstancias procesales minaron y soslayaron la asignación de interprete [sic] y por ende viciaron irreparablemente las garantías constitucionales mínimas del debido proceso de ley privando a la imputada de sus derechos a un debido proceso de ley en su modalidad pro-cesal y sustantivo por razón de su impedimento lingüístico para entender y comprender el idioma español, acción incon-sistente e incongruentfe] con la normativa establecida en Pueblo v. John Kelvin Branch, 154 DPR 575, (2001 TSPR 100). Certiorari, pág. 9.

Así las cosas, una Mayoría de este Tribunal determinó proveer “no ha lugar” tanto a la solicitud de paralización como a la petición de certiorari presentadas por la señora Frey. En consecuencia, no me queda más que disentir del curso de acción seguido por los fundamentos que expondré a continuación.

HH h-H

Sin lugar a dudas, este caso nos presentaba una gran oportunidad para evitar que continúen perpetuándose in-justicias de esta índole, en las cuales se les priva a los ciudadanos de sus derechos constitucionales por diversas barreras producto del origen social, impedimentos físicos o de naturaleza lingüística, como el caso que nos ocupa. No solamente se han obviado derechos consagrados tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la Constitución federal, sino que se han vulnerado garantías fundamentales contenidas en normas internacionales aplicables en toda la esfera penal. Ello en un llamado “balance de intereses” en el que prevalece el interés del Estado de encauzar sus ca-sos sobre el derecho constitucional que le asiste a un im-putado de delito de que se le garantice el debido proceso de ley.

Como es sabido, la garantía constitucional del debido proceso de ley está consagrada en el Artículo 2, Sección 7, de la Constitución de Puerto Rico y en la Enmienda XIV de la Constitución federal. Asimismo, es preciso señalar que, si bien nuestra Constitución y la Constitución federal no reconocen expresamente un derecho constitucional a que el tribunal le asigne un intérprete al imputado de delito, se ha interpretado que ese derecho emana de la garantía constitucional a un debido proceso de ley Pueblo v. Branch, supra; Pueblo v. Tribunal Superior, 92 DPR 596 (1965); Marino v. Ragen, 332 US 561 (1947). Véase, también, M. Gardner y L.W. Davis, Justicia para Todos: Ensuring Equal Access to the Courts for Linguistic Minorities, 9 Utah B.J. 21 (2006). Resulta importante destacar que en Pueblo v. Branch, supra, reconocimos que existe una obli-gación constitucional de proveer un intérprete a un impu-tado de delito que no comprende el idioma español, al am-paro de la cláusula constitucional que garantiza el debido proceso de ley. Aun cuando en aquel entonces la controver-sia estaba enmarcada en las incidencias ocurridas en la vista preliminar, opino que igual trato debe aplicarse para la vista según la Regla 6.

Nociones fundamentales de justicia, según han sido atendidas en el derecho Constitucional e internacional, me mueven a salvaguardar el derecho de los ciudadanos a un debido proceso de ley mediante el reconocimiento de su de-recho a contar con un intérprete debidamente calificado durante todo el procedimiento criminal llevado en su contra, cuando ha demostrado su incapacidad lingüística para comprender tales procesos. Primeramente, cabe mencionar que, en previsión de la discriminación idiomática, la Decía-ración Universal de Derechos Humanos dispone que toda persona tiene todos los derechos y las libertades allí pro-clamadas, sin distinción alguna de idioma, origen nacional o cualquier otra condición. Declaración Universal de los Derechos Humanos, A.G. Res. 217(111) A, N.U. Doc. A/RES/ 217(111) (10 de diciembre de 1948). Una disposición similar se incluyó en el Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Véase Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969), en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf. Asimismo, en el Artículo 8(a) de la citada Convención Americana se esta-blece que u[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a [...] ser asistido gratuitamente por [un] traductor o intér-prete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal [...]. íd. De igual modo, en el Artículo 14(f) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce que todo imputado de delito tiene el derecho a ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada en su contra. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A.G. Res. 2200(XXI), N.U. Doc. A/RES/ 2200 (XXI) (16 de diciembre de 1966); http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2200(XXI)&Lang=SArea=RESOLUTION. Cabe destacar que se ha interpretado que ese derecho emana, a su vez, de los derechos que tie-nen las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a tener su propia vida cultural y emplear su propio idioma. F.A. Gómez Sánchez Torrealva, El Acceso a un intérprete como manifestación del ejercicio del derecho de defensaApuntes sobre la identidad cultural y los derechos lingüísticos 9 (2009).

Por otra parte, con relación a la función del intérprete, se ha reconocido la necesidad de asignar una persona que no solo cuente con conocimientos sobre el idioma extran-jero en cuestión, sino que pueda transmitir las ideas den-tro del contexto en el que se enuncian. Gómez Sánchez Torrealva, supra, pág. 11. En ese sentido, es importante de-signar profesionales que posean pleno conocimiento de los idiomas y de la terminología utilizada en el Derecho, de ma-nera que la persona auxiliada comprenda a sus interlocuto-res y estos últimos, a su vez, entiendan los argumentos ex-presados por el imputado en su idioma nativo. íd., págs. 11-12. También se ha expresado que, en aras de que la par-ticipación del intérprete sea eficaz y garantice los derechos del imputado, se debe evitar el incurrir en el error de creer que un individuo puede ejercer la función de intérprete por el mero hecho de ser bilingüe, pues más allá de eso, el intér-prete tiene que ser bicultural y estar capacitado técnica-mente para interpretar. Id., pág. 12 (citando a The Connecticut Judicial Branch, Servicios de interpretación y traducción, en: http://www.jud.ct.gov/Publications/Spanish/es212s.pdf). No menos importante, el elemento de neutralidad y ausencia de conflicto de intereses en la fun-ción interpretativa es vital para garantizar el cumplimiento de esta normativa y del debido proceso de ley.

En lo atinente a las etapas del procedimiento criminal en que participa el intérprete, en la Unión Europea se ha con-templado que éste participe desde la etapa investigativa, pues permite que la persona que desconoce el idioma en el que es procesada tenga conocimiento de los hechos que se le imputan y pueda ejercer de manera adecuada su derechos de defensa. Gómez Sánchez Torrealva, supra. Igualmente, se ha reconocido que el acceso a un intérprete constituye una manifestación del ejercicio del imputado para defen-derse, ya que protege su derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial. Id., pág. 13.

HH 1—I HH

Indiscutiblemente, en este caso hubo una ausencia crasa de las garantías mínimas del debido proceso de ley, a tal grado que la señora Frey no logró entender ni compren-der los cargos que se le imputan ni el proceso llevado en su contra. Particularmente, el juez a cargo de la vista sobre Regla 6 tuvo conocimiento de la falta de capacidad de la peticionaria para entender y comprender el idioma espa-ñol, por ser el inglés su idioma nativo. De igual forma, debía conocer que, como garantía mínima del debido pro-ceso de ley, le asistía el derecho a un intérprete neutral debidamente cualificado, de manera que la señora Frey pu-diera ser notificada adecuadamente de los cargos que se le imputan, entendiera el proceso criminal llevado en su contra, pudiera defenderse y fuera encausada en un procedi-miento justo.

No obstante, optó por asignar como intérprete a un com-ponente del órgano investigativo estatal, a saber, una agente de la Policía. Como situación agravante, el dominio que la agente tenía del idioma inglés no quedó debida-mente acreditado y se trata de la misma agente que custo-dió a la peticionaria en su carácter de oficial del orden pú-blico que laboraba con los agentes investigadores que presentaron cargos en su contra. Ante tales circunstancias, queda meridianamente claro que la intérprete designada no reúne los requisitos de un intérprete neutral y libre de conflictos de intereses para ejercer esa función. Resulta evidente que la confiabilidad del proceso quedó viciada. Considero que este asunto no puede tomarse livianamente, como lo hizo el juez que presidió el procedimiento sobre Regla 6, los foros recurridos y como hoy lo hace una Mayo-ría de este Tribunal.

El argumento principal para abdicar a su deber de ga-rantizarle a la señora Frey su derecho a un debido proceso de ley tiene su base en que el mecanismo procesal que pro-vee la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, solo está disponible luego de la celebración de la vista prelimi-nar en el caso de los delitos graves. No comparto ese criterio. Considero que predomina nuestro deber de hacer cumplir las garantías constitucionales e internacionales aquí discutidas, dirigidas a salvaguardar el debido proceso de ley de la ciudadana peticionaria. Recordemos que se ex-puso a una imputada de delito a los rigores de un proceso penal, aun cuando quedó clara su incapacidad lingüística que le impedía comprender los cargos que se le imputaron y el proceso llevado en su contra.

IV

En virtud de lo enunciado, disiento del dictamen emi-tido por una Mayoría de este Tribunal. En su lugar, revo-caría la determinación del Tribunalde Apelaciones.

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Colón Pérez.

Muy respetuosamente, disentimos del curso de acción seguido hoy por una mayoría de este Tribunal. Ello por entender que ante las circunstancias particulares de este caso —donde a la señora Lory Frey, quien alegaba no co-nocer el idioma español, se le imputó la comisión de tres delitos graves y dos delitos menos grave a tenor con la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000 (9 LPRA sec. 5001 et seq.)— no se salvaguardaron las ga-rantías mínimas del debido proceso de ley que le asisten a toda persona al enfrentarse ante un procedimiento criminal.

Como bien es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico cualquier acción penal comienza con la determinación de causa probable para arrestar, al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Véase, además, Pueblo v. Irizarry, 160 DPR 544, 555 (2003). Es, precisa-mente, desde ese momento que cualquier persona impu-tada de la comisión de delito queda sujeta a la jurisdicción del tribunal y, además, a responder por la comisión de los delitos imputados en un juicio adversativo. Íd., citando a D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal puertorriqueño, 5ta ed. rev., San Juan, Ed. Inst. para el Desarrollo del Derecho, 1998, pág. 43.

Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que, en la celebración de una vista para determinar causa probable para arresto, la persona imputada allí presente ten-drá derecho a “estar asistido de abogado, a contrainterro-gar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor”. (Énfasis suplido). Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra. Es decir, de esta forma, una vez se encuentra causa probable para arresto, el Estado ostenta la facultad de poder presentar la denuncia o acusación contra la persona imputada, según sea el caso. Pueblo v. Miró González, 133 DPR 813, 821 (1993).

Por otra parte, como sabemos, una vez una persona es imputada de delito menos grave y se encuentra causa probable para arresto, queda sujeta a la acción penal, dado a que el Ministerio Público está facultado para presentar la correspondiente denuncia por tal delito y, así, comenzar el proceso de juicio contra dicha persona. Sin embargo, si se determina causa probable para arresto por la comisión de delitos graves, previo a la celebración del juicio, nuestro esquema ordena la celebración de una vista preliminar.

Ahora bien, una determinación de causa probable para acusar, tras la correspondiente celebración de una vista preliminar, tiene el efecto de subsanar cualquier error que se hubiese suscitado en la determinación de causa probable para arresto. Pueblo v. Padilla Flores, 127 DPR 698 (1991); Pueblo v. González Pagán, 120 DPR 684 (1988). Sin embargo, este no es el proceder en lo que respecta a los delitos menos graves, puesto que bien es sabido que la vista preliminar no se celebra ante la imputación de la comisión de este tipo de delitos. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que un error en la determinación de causa probable para arrestar sea subsanado previo a la etapa de juicio. Por el contrario, dicha determinación es la que ac-tiva la acción criminal y la celebración de un juicio.

Es a raíz de lo anterior, y por entender que toda persona sujeta a un procedimiento criminal en su contra debe tener a su favor las salvaguardas mínimas del debido proceso de ley, que me veo en la necesidad de disentir en el presente caso. Aquí, si bien es cierto que a la señora Frey se le en-contró causa probable para arresto por la comisión de tres delitos graves, por los que se habrá de celebrar una vista preliminar, también se encontró causa probable para arrestar por dos delitos menos graves. Por estos últimos, como vimos, no se celebrará una vista preliminar, sino que se dará inicio a la etapa de juicio en su fondo. De este modo, me parece que la presentación de una moción al am-paro de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, pág. 543 (ed. 2016), es idónea en esta etapa de los procedimientos.

La alegación de una violación al debido proceso de ley —garantía fundamental en nuestro ordenamiento jurídico reconocida tanto por la Constitución del Estado Libre Aso-ciado como por la Constitución de Estados Unidos— por no contar la señora Frey con un intérprete imparcial a su dis-posición durante la celebración de la vista de causa probable para arresto, ya que ésta no domina el idioma español, me-rece nuestra atención. En dicha vista se utilizó como intér-prete, sin prestar juramento ante el foro primario, a una agente de la Policía de Puerto Rico (lo que podría conside-rarse a todas luces como una parte adversa en el procedi-miento criminal). Ello nos resulta, como poco, altamente cuestionable y un atentado contra los pilares básicos del de-bido proceso de ley que ostenta a su favor toda persona su-jeta a un proceso criminal. Es por ello que disentimos y, en su consecuencia, hubiésemos paralizado los procedimientos ante el foro primario y expedido el certiorari.

Recordemos que la garantía de un intérprete en los pro-cesos criminales debe entenderse como un componente más de un verdadero acceso a la justicia.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Ernesto Lebrón González, querellado.

      Número: CP-2015-8

      Resuelto: 8 de junio de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Claudia A. Rosa Ramos, procuradora general auxiliar, abogadas de la parte querellante; Daniel Villarini Baquero, abogado de la parte querellada; Ernesto Lebrón-González, pro se; Jeanette Ramos Buonomo, comisionada especial.
   PER CURIAM:

I

El Ledo. Ernesto Lebrón González (licenciado Lebrón González o querellado) fue admitido al ejercicio de la abo-gacía el 17 de noviembre de 1981 y prestó juramento como notario el 19 de mayo de 1982. El 9 de septiembre de 2011, la Leda. Carmen M. Quiñones Núñez (quejosa) presentó una queja contra el querellado. Los hechos que dieron ini-cio a esta acción disciplinaria son los siguientes.

La licenciada Quiñones Núñez representaba a la Sra. Cynthia I. Cabeza Elias y al Sr. Raymond Alfonso Rivera en el caso Cynthia I. Cabeza Elias et al. v. Ana del C. González et al., Civil Núm. DDP2009-0826, sobre daños y perjuicios. En ese pleito, el Tribunal de Primera Instancia desestimó una de las reclamaciones de la señora Cabeza Elias y el señor Alfonso Rivera, por lo que la licenciada Quiñones Núñez les recomendó que apelaran el dictamen ante el Tribunal de Apelaciones. Debido a que éstos no po-dían pagar los honorarios exigidos por la licenciada Quiño-nes Núñez para ese trámite, esta última les recomendó a la Leda. Margarita Carrillo Iturrino. Sin embargo, tampoco pudieron sufragar los honorarios solicitados por la licen-ciada Carrillo Iturrino.

Así las cosas, la señora Cabeza Elias le explicó lo ocu-rrido a su amigo y vecino, el licenciado Lebrón González, quien se ofreció solo a redactar el recurso de apelación so-lamente, ya que no quería involucrarse en el caso. La se-ñora Cabeza Elias aceptó su ayuda y el licenciado Lebrón González entendió que su participación se limitaría a la preparación del recurso y que la licenciada Quiñones Nú-ñez lo firmaría. En cambio, cuando la señora Cabeza Elias le explicó el acuerdo a la quejosa, la licenciada Quiñones Núñez entendió que el querellado sería el abogado “de ré-cord” ante el Tribunal de Apelaciones.

El jueves 23 de junio de 2011 a las 6:30 p. m., la señora Cabeza Elias y el señor Alfonso Rivera le entregaron al licenciado Lebrón González los documentos relacionados con el caso. En vista de que el término para presentar el recurso vencía el siguiente lunes 27 de junio de 2011, el querellado trabajó durante el fin de semana y logró ter-minar el escrito en la madrugada del último día para recurrir. Como no pudo conseguir la firma de la licenciada Quiñones Núñez, el licenciado Lebrón González decidió firmar a nombre de ésta, y presentó el recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

Posteriormente, el 6 de julio de 2011, la quejosa recibió del foro apelativo una notificación de deficiencia, pero ese mismo día el querellado le informó que había atendido el asunto. Sin embargo, el 8 de julio de 2011, la licenciada Quiñones Núñez recibió otra notificación de deficiencia y se percató de que el licenciado Lebrón González no aparecía como abogado “de récord”. Unos días después, al examinar una copia del recurso de apelación, se percató que alguien lo había firmado con su nombre sin su consentimiento. En consecuencia, presentó una moción informativa ante el Tribunal de Apelaciones

La licenciada Quiñones Núñez le recriminó a la señora Cabeza Elias y al querellado por haber firmado el recurso con su nombre El licenciado Lebrón González aceptó que no fue correcto firmar con el nombre de la licenciada, pero “entendió que, desde el punto de vista moral, no estaba ha-ciendo nada incorrecto, habiendo sido su propósito salvar la situación, es decir, que se presentara en tiempo el recurso”

La licenciada Quiñones Nuñez envió una declaración ju-rada a la Oficina de la Procuradora General y solicitó que se amonestara al licenciado Lebrón González por su conducta. En su contestación a la queja, el querellado se-ñaló que firmó de buena fe el recurso a nombre de la licen-ciada, con la mejor intención e interés, y que no le causó daño a nadie ni afectó el caso. Asimismo, indicó que toda-vía se le debían más de la mitad de los honorarios.

El 13 de noviembre de 2013, la Procuradora General rindió un informe. Determinó que el licenciado Lebrón González violó el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, por apartarse del deber de sinceridad y honradez. También señaló que mediante su conducta con-travino el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al no exaltar el honor y la dignidad de la profesión Posteriormente, emitimos una Resolución para instruir a la Procuradora General a presentar la Que-relia correspondiente y ésta así lo hizo. Los cargos en contra del querellado son los siguientes:

PRIMER CARGO: El licenciado Ernesto Lebrón González in-fringió los preceptos de sinceridad y honradez del Canon 35 de Ética Profesional y no se esforzó, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y la dignidad de la profesión, aun-que al así hacerlo conlleve sacrificios personales y no evitó hasta la apariencia de conducta profesional impropia en el trámite judicial en el caso KLCE201100831, al firmar el re-curso presentado ante el Tribunal de Apelaciones en el refe-rido caso bajo el nombre de otra abogada, firmando en lugar de su compañera de profesión, la licenciada Carmen M. Quiñones Núñez, defraudando su confianza, la del Tribunal de Apelacio-nes y la de sus clientes.
SEGUNDO CARGO: El licenciado Ernesto Lebrón González, en su conducta como funcionario del tribunal, infringió el de-ber de hacer su propia y cabal aportación a la administración de la justicia conforme a los preceptos del Canon 38 de Ética Profesional y al no actuar de forma digna, honorable, sincera y honrada en el trámite judicial en el caso KLCE201100831, al firmar el recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones en el referido caso bajo el nombre de otra abogada, firmando en lugar de su compañera de profesión, la licenciada Carmen M. Quiñones Núñez. Querella, pág. 7.

Por su parte, el licenciado Lebrón González contestó la querella y nuevamente aceptó que firmó el recurso con el nombre de la licenciada Quiñones Núñez. Sin embargo, se-ñaló que la queja presentada era injusta, irrazonable e in-merecida, porque no causó daño a las partes, cumplió con la labor encomendada y lo hizo con la intención de proteger el título de la licenciada Quiñones Núñez. Además, alegó que la quejosa inició el proceso disciplinario para desqui-tarse porque él le debe aproximadamente $500 por hono-rarios de abogado. En consecuencia, solicitó la desesti-mación de la querella.

Examinada la querella y la contestación del licenciado Lebrón González, nombramos a la Hon. Jeannette Ramos Buonomo, ex Jueza del Tribunal de Apelaciones, como Co-misionada Especial para que recibiera la prueba y nos rin-diera un informe con las determinaciones de hechos y las recomendaciones que estimara pertinentes.

Luego de varios trámites, la Comisionada Especial rin-dió un Informe. Concluyó que el querellado violó los Cáno-nes 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Reco-mendó como sanción una censura enérgica, en vista de que el querellado: (1) no tuvo ánimo de lucro al falsificar la firma; (2) genuinamente pensó que la licenciada Quiñones Núñez aceptó representar a la señora Cabeza Elias y al señor Alfonso Rivera ante el Tribunal de Apelaciones y que le estaba haciendo un favor al evitar que el recurso se pre-sentara tardíamente; (3) aceptó su falta; (4) pidió disculpas a la quejosa, y (5) está arrepentido de su conducta.

Examinemos la normativa aplicable a este asunto.

H—I

Nuestro Código de Ética Profesional establece unas normas mínimas de conducta aplicables a los miem-bros de la profesión legal en aras de “mantener un orden jurídico íntegro y eficaz Preámbulo del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 1 n. En lo pertinente, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, dis-pone que “[l]a conducta de cualquier miembro de la profe-sión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada”.

Hemos reiterado que el referido canon se viola con el “simple hecho objetivo de faltar a la verdad”. (Énfasis en el original). In re Astado Caraballo, 149 DPR 790, 799 (1999). Véanse: In re Prado Galarza, 195 DPR 894, 906 (2016); In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152, 163 (2014). De manera que, para contravenir el deber que impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, no es nece-sario que el abogado o la abogada haya faltado a la verdad deliberadamente, de mala fe o que le haya causado perjui-cio a un tercero. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 756 (2014); In re Torres Vinals, 180 DPR 236, 247 (2010). Sin embargo, esas circunstancias podrían evaluarse al deter-minar la sanción disciplinaria que debe imponerse. In re Astado Caraballo, supra.

Por otro lado, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, requiere que los letrados y las letradas exalten el honor y la dignidad de la profesión legal al máximo de su capacidad, aun cuando eso conlleve sacrifi-cios personales. Además, deben evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia y conducirse de forma digna y honorable, tanto en su vida privada como en el ejercicio de la profesión.

Este Tribunal ha señalado que contraviene este canon la conducta que afecta las condiciones morales del abogado o la abogada de tal forma que le hace indigno o indigna de pertenecer a este foro. In re Rodríguez López, 196 DPR 199, 208 (2016); In re Suárez Jiménez, supra, pág. 164; In re Reyes Coreano, supra, págs. 757-758. Por lo tanto, no es suficiente que el abogado o la abogada haya violado otros cánones de ética profesional para concluir que también vulneró lo dispuesto en el mencionado canon. Por el contrario, procedería evaluar si la conducta ante nuestra consideración resulta contraria a la dignidad y el honor de la profesión. In re Rodríguez López, supra; In re Suárez Jiménez, supra; In re Reyes Coreano, supra, pág. 758.

Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra consideración.

HH H-f

En el caso de autos, el licenciado Lebrón González falsi-ficó la firma de la licenciada Quiñones Núñez en un re-curso presentado ante el foro apelativo inter medio. Inde-pendientemente de las razones por las cuales incurrió en esa conducta, no cabe duda de que el querellado faltó a la verdad ante el tribunal, sus clientes y una compañera de la profesión. En consecuencia, violó lo dispuesto en el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra. Además, me-diante ese acto, el licenciado Lebrón González no exaltó al máximo de su capacidad la dignidad y el honor de la profesión. Falsificar la firma constituyó un acto que, de por sí, transgredió las obligaciones del Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra. Cabe resaltar que al refrendar el escrito con una firma falsificada, además de mentirle al Tribunal, el licenciado Lebrón González dio al traste con el propósito y la solemnidad que representa la firma de un abogado o abogada en nuestro ordenamiento legal. Véase Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

IV

En vista de que los cargos contra el querellado se pro-baron mediante prueba clara, robusta y convincente, nos corresponde imponer una sanción disciplinaria. Para ello, consideraremos lo siguiente: “el historial previo del licen-ciado; su reputación en la comunidad; si la conducta se realizó con ánimo de lucro; si aceptó los cargos imputados; su arrepentimiento, y cualquier otra consideración que se estime pertinente”. In re Toro González II, 193 DPR 877, 897 (2015).

La Comisionada Especial señaló en su Informe que el licenciado Lebrón González: (1) no tuvo ánimo de lucro al falsificar la firma; (2) genuinamente pensó que la licen-ciada Quiñones Núñez aceptó representar a la señora Ca-beza Elias y al señor Alfonso Rivera ante el Tribunal de Apelaciones y entendió que le estaba haciendo un favor al evitar que el recurso se presentara tardíamente; (3) aceptó su falta; (4) pidió disculpas a la quejosa, y (5) está arrepen-tido de su conducta. Además, esta sería la primera vez que el querellado es sancionado por este Tribunal desde que juramentó como licenciado hace 35 años.

En consideración a lo anterior, estimamos procedente suspender inmediatamente al licenciado Lebrón González por un término de un mes del ejercicio de la abogacía y notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clien-tes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. Además, deberá informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en que tenga asuntos pendientes. Por último, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en el tér-mino de treinta días a partir de la notificación de esta opi-nión per curiam y Sentencia. No hacerlo pudiere acarrear que no se le reinstale cuando lo solicite.

Asimismo, se le apercibe de que no será reinstalado a la profesión legal, hasta que no acredite mediante una certifi-cación del Programa de Educación Jurídica Continua que cumplió con todos los periodos adeudados y que no debe el pago de cuota alguna por cumplimiento tardío.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Lebrón González y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el examen e informe correspondiente a este foro. Notifíquese personalmente al licenciado Lebrón González esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres disintió y emi-tiría una censura enérgica, como recomendó la Comisio-nada Especial. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco suspendería al Ledo. Ernesto Lebrón González del ejercicio de la profesión por un término de tres meses. El Juez Aso-ciado Señor Colón Pérez hizo constar la expresión si-guiente:

Concurro con el resultado alcanzado por una mayoría de este Tribunal. Ello, dado a que, si bien coincidimos en que el Ledo. Ernesto Lebrón González infringió los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. EX, y que, en consecuencia, procede la suspensión de éste del ejercicio de la abogacía y la notaría, no estamos de acuerdo con que su san-ción se limite a un término de un mes. Ello, pues, en el proceso disciplinario ante la consideración de este Foro quedó clara-mente demostrado, y así lo acepta el propio licenciado Lebrón González, que éste —de manera deliberada y utilizando me-dios inconsistentes con la verdad— falsificó la firma de una compañera abogada (la Lcda. Carmen Quiñones Núñez). A nuestro juicio, esa conducta, la cual en ocasiones pudiese tener como resultado el inducir a error a las partes en un pleito, al propio Tribunal o a ambos, es altamente reprochable. No olvi-demos que la falsificación de una firma en un documento po-dría constituir un delito si se hiciere con la intención de defraudar. Art. 219 del Código Penal de 2004 (33 LPRA ant. sec. 4847). Así las cosas, evaluada la conducta empleada por el licenciado Lebrón González en el ejercicio de sus funciones como abogado, opinamos que procede suspenderlo del ejercicio de la abogacía por un término de tres meses.

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se inhibió.

       Examinada la moción informativa de la Leda. Carmen M. Quiñones Núñez, el Tribunal de Apelaciones atendió el recurso como uno presentado por derecho pro-pio y le ordenó a la licenciada Quiñones Núñez a informar en cinco días la dirección postal y física de la parte demandante.

       También le indicó a la señora Cabeza Elias que iba a renunciar a su repre-sentación legal.

       Informe de la Comisionada Especial, pág. 5.

       Recibido el Informe de la Procuradora General, emitimos una resolución en la que le concedimos un término de veinte días al Ledo. Ernesto Lebrón González para que se expresara sobre éste. Se le apercibió que de no comparecer en el término provisto, se allanaba a las recomendaciones formuladas por la Procuradora General. El licenciado Lebrón González no reaccionó al Informe.

       Explicó que la licenciada Quiñones Núñez lo representó legalmente en un trámite de divorcio.

       Surge además de la copia del recurso que en la primera página se tachó la palabra “Apelación”, incluida en el título, y se escribió a mano “Certiorari”, seguido por las iniciales “C.Q.N.”. Informe de la Procuradora General, Anejo VIII.

         Actualmente tiene una queja pendiente ante este Tribunal. Véase AB-2014-0366.

       Según informó el Programa de Educación Jurídica Continua, el licenciado Lebrón González incumplió con los periodos 2007-2009, 2009-2011, 2011-2013 y 2013—2016. En cuanto a ese último periodo, aún no se le ha notificado el Aviso de Incumplimiento.


text:
      In re Dora López Díaz (TS-2422), Carmen Cardona Rodríguez (TS-6202), Raúl Guemárez Nieves (TS-4101), Luis Flores Martínez (TS-9225) y Bernadette Arocho Cruz (TS-13,384).

      Número: AB-2014-252

      Resuelto: 8 de junio de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Claudia A. Rosa Ramos, procuradora general auxiliar, abogadas de la quejosa; Bernadette Arocho Cruz, pro se.

   PER CURIAM:

I

La Leda. Bernadette Arocho Cruz fue admitida al ejer-cicio de la abogacía el 30 de enero de 2001 y a la notaría el 24 de mayo de 2001. El 10 de julio de 2014, el entonces Secretario del Departamento de Justicia, Ledo. César R. Miranda, presentó una queja ante este Tribunal contra va-rios miembros de la profesión legal, entre ellos la licen-ciada Arocho Cruz. Explicó que la División de Crimen Organizado detectó ciertas irregularidades en la toma de varios testimonios mientras investigaba un esquema de apropiación ilegal y fraude. Mediante este, la persona dejaba su vehículo de motor en un concesionario de autos para darlo como trade-in en la compra de uno nuevo. Sin embargo, el Sr. Prudo Pagán Méndez, entonces gerente de la compañía Bella International, no completaba el proceso de trade-in, pues se apropiaba de las unidades y las vendía a terceros que desconocían de la ilegalidad del acto. En lo pertinente, el licenciado Miranda señaló que algunos de los traspasos de los títulos que se estaban investigando fueron juramentados por la licenciada Arocho Cruz.

En particular, las alegaciones contra la licenciada Aro-cho Cruz giran en torno a la autenticación de las firmas de la Sra. Constancia Díaz López y el Sr. Carlos Delgado Ortiz al dorso del certificado de título de un vehículo Honda Element 2003. Se desprende del índice Notarial de la licen-ciada Arocho Cruz que el 4 de agosto de 2011, esta auten-ticó las firmas del señor Delgado Ortiz y la señora Díaz López mediante el testimonio dé autenticidad Núm. 264. Asimismo, surge de una certificación que emitió el Depar-tamento de Transportación y Obras Públicas con relación al vehículo Honda Element 2003, tablilla FLL-897, que su traspaso se llevó a cabo el 18 de agosto de 2011, cuando la señora Díaz López lo cedió al señor Delgado Ortiz.

No obstante lo anterior, la señora Díaz López declaró que para el 2011 era dueña de un Honda Element color negro, el cual su hija, Connielyn García, dio en trade-in en Honda de Bayamón. Señaló que, en ningún momento, com-pareció ante la licenciada Arocho Cruz a juramentar o a firmar el título del vehículo, por lo que entiende que al-guien falsificó su firma. Además, indicó que no conoce al comprador del vehículo, que no se lo vendió y que este no firmó ningún documento en su presencia.

Por otro lado, el señor Delgado Ortiz declaró que adqui-rió el vehículo y que todo documento relacionado a la com-pra lo firmó con el gerente del dealer. A preguntas del fiscal, indicó que: no compareció ante la licenciada Arocho Cruz a juramentar o firmar al dorso del traspaso; no conoce a la licenciada; no autorizó a alguien a firmar a su nombre frente a esta última, y en ningún momento estuvo en su presencia la señora Díaz López.

En su contestación a la queja, la licenciada Arocho Cruz explicó que el 27 de julio de 2011 comenzó a trabajar en la gestoría “D & C Vehicle Registration” propiedad de la Sra. Cherllotte Duran Couvertier. Expuso que:

[e]l 4 de agosto de 2011, en mi primera semana de trabajo, la Sra. Duran Couvertier me solicita que le ayude urgentemente con un caso. Me present [ó] un expediente del concesionario de vehículos Vega Alta Motors. El referido vehículo era un Honda Element, tablilla FLL-897. Como dueña registral aparecía la Sra. Constancia Díaz López. En el expediente constaban los documentos de venta del vehículo al Sr. Carlos J. Delgado Ortiz, as[í] como copia fotostática [de] las identificaciones de am-bas partes y la autorización firmada por el Sr. Delgado para que D & C realizara el traspaso del vehículo a su nombre ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas. La Sra. Duran Couvertier me pidió que, por excepción, notarizara el traspaso, ya que por error las partes lo habían firmado en Vega Alta Motors y que el cliente ten[í]a urgencia en que se realizara el traspaso. Me mostr[ó] los documentos y pude co-rroborar que ambas firmas eran iguales a las que aparecían en las correspondientes licencias de conducir. El gerente de Vega Alta Motors se comunicó vía telefónica conmigo para solici-tarme que hiciera una excepción en este caso, ya que el cliente tenía prisa por realizar el traspaso. Le advertí al gerente, as[í] como a la Sra. Duran que no podía [notarizar el] documento si no tenía las personas presentes, pero ellos insistieron y me recalcaron que era la práctica común en estos casos. De ma-nera equivocada y sintiéndome presionada, procedí a notari-zar el documento según se me solicit [ó].

Señaló que en ningún momento sospechó que el vehículo era parte de un esquema de fraude. Además, re-conoció que cometió un error al juramentar el traspaso sin tener a las personas presentes y alegó que no obtuvo enri-quecimiento alguno de la transacción (cobró $6 por la jura-mentación) y que los ciudadanos involucrados no resulta-ron perjudicados. Explicó que la señora Díaz López “entreg[ó] su vehículo en ‘trade in’ y obtuvo el valor del mismo al hacer su compra de un nuevo carro, lo cual era su propósito. De igual forma, el Sr. Delgado Ortiz compr[ó] el vehículo, entreg[ó] sus documentos y autorizó por escrito que se realizara el traspaso del título”.

Posteriormente, la Procuradora General rindió un In-forme Preliminar. Con relación a la licenciada Arocho Cruz, indicó que no existe controversia en cuanto a que esta dio fe falsamente de que, el 4 de agosto de 2011, el señor Delgado Ortiz y la señora Díaz López firmaron en su presencia el dorso del certificado de título, autorizando el traspaso del auto en cuestión. Concluyó que lo anterior puede constituir una infracción a los Arts. 2, 12 y 56 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 LPRA secs. 2002, 2023 y 2091, las Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV, y los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Sin embargo, resaltó que la letrada

[...] aceptó sus actuaciones en etapa temprana de este pro-cedimiento, reconoció haber cometido un error, indicó que no hubo ánimo de lucro en sus actuaciones, pidió excusas y ma-nifestó que ante la queja presentada se le incautó su sello desde julio de 2014 viéndose afectada en el ejercicio de la no-taría y su capacidad para generar ingresos

Examinados los documentos pertinentes a la licenciada Arocho Cruz, y en vista de que no existe una controversia esencial de hechos, resolvemos sin trámite ulterior

HH H

Es sabido que en nuestro ordenamiento jurídico el notario es el custodio de la fe pública notarial y debe ejer-cer su labor con sumo esmero y celo profesional. Véanse: Art. 2 de la Ley Notarial, supra; In re Maldonado Giuliani, 195 DPR 670, 675 (2016); In re Vázquez González, 194 DPR 688, 694 (2016); In re Toro Imbernón, 194 DPR 499, 504 (2016). Además, está obligado a cumplir con las disposiciones de la Ley Notarial, su Reglamento y los cánones del Código de Ética Profesional. In re Palmer Ramos, 195 DPR 245, 254-255 (2016); In re Vázquez González, supra.

Un documento notarial avalado por la dación de fe de un notario se presume que cumple con todas las forma-lidades de ley y es legal, verdadero y legítimo. In re Rivera Aponte, 169 DPR 738, 741 (2006). Véase In re González Hernández, 190 DPR 164, 176-177 (2014). Asimismo, “la dación de fe brinda la confianza de que los hechos jurídicos y las circunstancias que acredita el notario fueron percibi-dos y comprobados con sus sentidos o ejecutados por él”. In re Rivera Aponte, supra, págs. 741-742. Véase In re Toro Imbernón, supra, pág. 505.

En lo pertinente, mediante un testimonio o decla-ración de autenticidad un notario puede dar fe de que, en determinada fecha, se firmó un documento en su presencia y que esa persona es quien dice ser. Art. 56 de la Ley Notarial, supra; Regla 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial, supra. Véanse: In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681, 689 (2015); In re Llanis Menéndez I, 175 DPR 22, 25 (2008). “La legitimación de la firma podrá o no comprender el juramento o afirmación”. Regla 67 del Reglamento Notarial, supra. “[E]l notario hará constar tanto en el testimonio, como en el Registro, su conocimiento personal del firmante o en su defecto la utilización de los medios supletorios que provee [el Art. 17 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2035]”. íd.

En vista de que las declaraciones juradas son tes-timonios de legitimación de firma, hemos reiterado que los notarios “ ‘[d]eben ser exigentes y abstenerse de dar fe notarial de [una] declaración jurada si la persona que va a otorgar el documento o la declaración jurada no ha compa-recido personalmente’ ”. In re Llanis Menéndez I, supra, págs. 25-26, citando a In re Sánchez Ruiz, 105 DPR 848, 849 (1977). Véanse: In re Vargas Velázquez, supra, pág. 690; In re Rivera Aponte, supra, pág. 744. Si el notario autoriza el documento en ausencia del firmante, trans-grede la fe pública notarial y perjudica la confianza depo-sitada en el sistema de autenticidad documental. In re Vargas Velázquez, supra, pág. 690; In re Llanis Menéndez I, supra, pág. 26; In re Rivera Aponte, supra, pág. 744.

Además, mediante ese acto el notario certifica un hecho falso y no solo viola la Ley Notarial, sino que también contraviene los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. Id. El Canon 18 le exige a los miembros de la profesión legal que realicen una labor com-petente, cuidadosa y diligente. Por lo tanto, cuando un no-tario contraviene las disposiciones de la Ley Notarial infringe el deber que impone este canon al no ejercer la profesión con el cuidado y la prudencia que esta requiere. In re Toro González II, 193 DPR 877, 890 (2015); In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679, 685 (2012).

Por otro lado, el Canon 35 le impone a los abo-gados y las abogadas el deber de conducirse de forma sin-cera y honrada y, en particular, “ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar testigos, al redactar afidávits u otros documentos [...] ”. Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Asimismo, el Canon 38 de Ética Profesio-nal, supra, dispone que estos y estas deben ejercer la pro-fesión de forma digna y honorable. Hemos señalado que una conducta contraviene este canon si afecta las condicio-nes morales del abogado, de tal forma que lo hace indigno de pertenecer a este foro. In re Rodríguez López, 196 DPR 199 (2016); In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152, 164 (2014).

Por último, el Art. 12 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2023, impone al notario y a la notaría el deber de ren-dir un índice Mensual de Actividad Notarial,

[...] no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente al mes informado, en el que liarán constar respecto a las es-crituras matrices y los testimonios por ellos autorizados en el mes precedente, los números de orden de éstos, los nombres de los comparecientes, la fecha, el objeto del instrumento o del testimonio, la cuantía de cada instrumento y el nombre de los testigos, de haber comparecido alguno.

Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra consideración.

J—I HH

Según mencionado, la licenciada Arocho Cruz aceptó que juramentó los traspasos sin tener a las personas que firmaron presentes. Al certificar un hecho falso en estas circunstancias la licenciada violó los Arts. 2, 12 y 56 de la Ley Notarial, supra, las Reglas 65, 66 y 67 del Reglamento Notarial, supra, y los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Esa ausencia de cautela y celo profesional, no solo quebrantó la función pública del nota-riado, sino que contribuyó a un esquema de fraude, aunque esa no haya sido la intención de la licenciada. Cabe señalar que la fe que se le otorgaba al documento perseguía evitar lo ocurrido en este caso, la suplantación de las partes al autorizar el documento notarial. In re Rivera Aponte, supra, pág. 743.

En consecuencia, procede imponerle una sanción a la licenciada Arocho Cruz. Para realizar esa determinación consideraremos lo siguiente: “el historial previo [...]; su re-putación en la comunidad; si la conducta se realizó con ánimo de lucro; si aceptó los cargos imputados; su arrepen-timiento; y cualquier otra consideración que se estime pertinente”. In re Toro González II, supra, pág. 25.

A pesar de que la licenciada Arocho Cruz aceptó que co-metió la falta, el acto que realizó constituye una violación grave de su deber como notaría. Por lo tanto, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida de la licenciada Arocho Cruz del ejercicio de la notaría. En consecuencia, la fianza notarial queda automáticamente cancelada. El Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Manuel E. Avila de Jesús, mantendrá incautados la obra y el sello notarial de la licenciada Arocho Cruz hasta que este Tribunal ordene lo contrario. Notifíquese personalmente la licenciada Arocho Cruz esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Esta opinión per curiam se limita a evaluar la conducta de la Leda. Bernadette Arocho Cruz. En cuanto a las Ledas. Dora López Díaz y Carmen Cardona Rodríguez y los Ledos. Raúl Guemárez Nieves y Luis Flores Martínez, el procedi-miento disciplinario aún no ha culminado.

       El 11 de julio de 2014, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, solicitó mediante una moción que, como medida cautelar, ordenáramos la incautación del sello y la obra notarial de la licen-ciada Arocho Cruz ante el referido del Departamento de Justicia. El 17 de julio de 2014 accedimos a esa petición y emitimos la resolución correspondiente.

       El fiscal Sergio Rubio Paredes, entonces director de la División de Crimen Organizado, prestó una Declaración Jurada donde hizo constar las situaciones de-tectadas y dio fe de las gestiones realizadas para corroborar la información obtenida de los testigos y documentos públicos.

       Informe Preliminar de la Oficina de la Procuradora General, Anejo XIII, pág. 73.

       Íd., Anejo XIV, pág. 85.

       Íd., Anejo X, págs. 50-53.

       Íd., Anejo XI, págs. 54-60.

       Contestación a la queja de la Leda. Bernadette Arocho Cruz, pág. 2.

       Íd., pág. 3

       Informe Preliminar de la Oficina de la Procuradora General, pág. 39.

       Véanse: In re Sánchez Ramos, 174 DPR 453 (2008); In re Davison Lampón, 159 DPR 448 (2003).

       Véanse: In re Vargas Velázquez, 193 DPR 681 (2015); In re Surillo Ascar, 160 DPR 742 (2003).

       La fianza se considerará buena y válida por tres años después de su termi-nación dados los actos realizados por la licenciada Arocho Cruz durante el periodo en que estuvo vigente.


author: per curiam:

text:
      In re José A. Feliciano Rodríguez, querellado.

      Número: CP-2015-15

      Resuelto: 12 de junio de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Migdalia Torres Díaz, abogada del querellado; José A. Feliciano Ro-dríguez, pro se-, Crisanta González Seda, comisionada especial.
   per curiam:

Una vez más nos vemos en la obligación de suspender inmediata e indefinidamente al Ledo. José Feli-ciano Rodríguez del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplir con los postulados éticos que, como mínimo, debe cumplir todo miembro de la profesión. En esta ocasión in-tervenimos disciplinariamente con éste por infringir los Cánones 9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Veamos.

f—i

El Ledo. José Feliciano Rodríguez (querellado) fue admi-tido al ejercicio de la abogacía el 9 de enero de 1970 y a la práctica de la notaría el 11 de febrero del mismo año. El 17 de agosto de 2012, la Sra. Allison Cuevas Peguero (quere-llante) presentó una queja contra el licenciado Feliciano Rodríguez. La queja surgió como consecuencia de un pro-ceso judicial de relaciones de familia en que el querellado se desempeñaba como representante legal del Sr. Ostris Anthony Pared Espinal, quien había instado el referido pleito contra la querellante. En síntesis, esta última cuestionó la forma como el querellado se condujo a través del proceso judicial. En vista de ello, es importante exponer varios incidentes procesales ocurridos en aquel momento.

Surge del expediente que, mientras se llevaba a cabo el proceso judicial sobre relaciones de familia, el querellado presentó una moción en la cual solicitó la descalificación de la Leda. Wendy Lind Casado, representante legal de la querellante. En ella adujo que la licenciada Lind y la que-rellante conspiraron para secuestrar a la menor habida en-tre ambas partes y, con ello, extorsionar al señor Pared Espinal. Además, alegó que éstas desarrollaron un plan para producirle el Síndrome de Estocolmo a la menor, que habían cometido graves faltas y delitos, que manipularon el caso con funcionarios de los tribunales, que estaban uti-lizando el proceso judicial para presionar al señor Pared Espinal, además de realizar otras imputaciones personales contra la querellante y su abogada. Ante estos señalamien-tos, la licenciada Lind solicitó la descalificación del licen-ciado Feliciano Rodríguez por haberla atacado al levantar falsas alegaciones en su contra.

Luego de sometidas ambas solicitudes de descalifica-ción, el querellado citó a la licenciada Lind para realizarle una deposición. Esta se opuso y solicitó una orden protec-tora al tribunal para impedirla. Subsiguientemente, el li-cenciado Feliciano Rodríguez presentó otra moción al Tribunal de Primera Instancia en la cual peticionó la descalificación de la licenciada Lind. Se fundamentó en que el Canon 22 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, prohibía que un abogado actuara en un caso como testigo de una de las partes.

Consecuentemente, el foro primario señaló una vista para discutir las solicitudes de descalificación. Tras ser sus-pendida la vista en varias ocasiones a petición del licenciado Feliciano Rodríguez, éste solicitó ser relevado de la repre-sentación legal del señor Pared Espinal por “diferencias irreconciliables e insalvables”. De hecho, llegado el día en que debía celebrarse la vista para atender las solicitudes de descalificación, el querellado se ausentó sin que el tribunal hubiera atendido la moción de renuncia a la representación legal. Ante este hecho, el Tribunal de Primera Instancia de-claró “no ha lugar” la solicitud de renuncia de representa-ción legal, pautó la vista para otra fecha y ordenó la compa-recencia del querellado al nuevo señalamiento. Este último volvió a ausentarse. Así las cosas, el foro primario declaró “no ha lugar” la moción de descalificación que presentó el querellado y “ha lugar” la solicitud de descalificación que presentó la licencia Lind.

A pesar de lo anterior, el querellado acudió posterior-mente al Tribunal de Apelaciones en representación del señor Pared Espinal con el objetivo de que se revocaran varias determinaciones que realizó el foro primario en va-rias fechas.* Empero, recurrió fuera del término corres-pondiente y sin incluir el apéndice del recurso, por lo que el foro apelativo lo desestimó.

Una vez sometida la queja ante nuestra consideración, el 21 de octubre de 2012 el querellado solicitó su desestimación. Argüyó que la queja era ilegible, que es-taba en manuscrito y que se trataba de una represalia por parte de la querellante y de su abogada por haber solicitado la descalificación de esta última. Atribuyó la presentación de la queja en su contra, de igual manera, a que poco tiempo antes el señor Pared Espinal había presentado una queja contra la licenciada Lind ante este Tribunal. Asimismo, aunque no presentó prueba sobre ello, cuestionó la salud mental de la querellante.

El 25 de enero de 2013 denegamos la solicitud de des-estimación y concedimos diez días al querellado para con-testar la queja. En su contestación, el licenciado Feliciano Rodríguez, en síntesis, alegó que no realizó las expresio-nes que le imputó la querellante y negó las alegaciones en su contra. Además, reiteró los argumentos esbozados en su moción de desestimación y adujo haber actuado diligentemente.

Así, pues, procedimos a remitir el asunto a la Oficina de la Procuradora General para que sometiera un informe so-bre los hallazgos de su investigación. En su informe la Pro-curadora General describió las alegaciones del querellado como “reprochables, impropias e imprudentes”. Sostuvo que incumplir con las órdenes del tribunal al no comparecer a las vistas y abandonar el caso sin estar autorizado a re-nunciar a la representación legal era contrario a las normas éticas con las que debe cumplir un abogado. Como conse-cuencia, concluyó que el querellado infringió los Cánones 9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

El 7 de mayo de 2014 el querellado presentó su contesta-ción al informe. Argüyó que no existía prueba clara, robusta ni convincente de que incurrió en tales violaciones éticas y que

[e]n los casos de relaciones de familia suele generarse un in-menso antagonismo entre las partes. Y que según queda de-mostrado, el Sr. Pared y la Sra. Cuevas han recurrido a una forma indecorosa de hacer alegaciones, [sic] Utilizando len-guaje inapropiado y ofensivo.
Es menester señalar, que las expresiones difundidas en los escritos que señala la Procuradora, fueron manifiestos de co raje y animosidad producida por estas circunstancias en las mociones presentadas por el Sr. Pared, luego de que estas fue-ran firmadas por el suscribiente. Es decir, el suscribiente [n]o fue quien hizo esas expresiones. Ni en contra de la Sra. Cuevas, ni la Leda. Lind. (Énfais suplido y en el original).

Luego de los trámites de rigor, que incluyeron la presen-tación de la querella correspondiente por la Oficina de la Procuradora General, así como la contestación del licen-ciado Feliciano Rodríguez, nombramos a la Hon. Crisanta González Seda, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, para que en calidad de Comisionada Especial recibiera la prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de hechos y las recomendaciones que estimara pertinentes. Celebradas varias vistas por la Comisionada Especial, el 24 de noviembre de 2016 rindió su informe. En éste coin-cidió con las determinaciones y conclusiones de la Procura-dora General. Particularmente, expuso que era el cliente quien redactaba los escritos y que el querellado no siempre les hacía correcciones ni verificaba si las correcciones se incorporaban antes de firmarlos. Determinó que las alega-ciones hechas contra la licenciada Lind al solicitar su des-calificación no estuvieron apoyadas por prueba alguna. Sostuvo, también, que el querellado no mostró arrepenti-miento por su conducta.

Así las cosas, el caso quedó sometido en sus méritos para la adjudicación por esta Curia. Examinado el marco fáctico que antecede, procedemos a exponer el derecho aplicable.

HH I—I

Sabido es que el Código de Ética Profesional esta-blece las normas de conducta éticas que como mínimo debe cumplir todo miembro de la clase togada. Por ello, la meta de cada abogado deber ser el conducirse a un nivel superior al estándar mínimo que establecen los referidos cánones. Sus actuaciones deben ser cónsonas con la rea-lidad de que “son funcionarios del Tribunal y ministros or-denados de la justicia; como tales, sus actuaciones deben estar encaminadas a mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, orientado esencialmente por los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano”. Es indispensable que los abogados sean cons-cientes de que “[e] 1 ejercicio diligente, responsable y com-petente de la profesión de la abogacía figura como un su-puesto fundamental en el quehacer de los profesionales del Derecho”.

A. Deberes del abogado hacia los tribunales

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, establece, en lo pertinente, que

[e]l abogado debe observar para con los tribunales una con-ducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o aten-tados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales. En casos donde ocurrieren tales ataques o atentados, el abogado debe interve-nir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales.

El deber impuesto por este canon, el cual está directamente relacionado con la obligación de todo abogado de propiciar la buena administración de la justicia, exige el cumplimiento diligente de las obligaciones asumidas y las órdenes de los foros judiciales. Precisamente, hemos re-conocido que “el menosprecio que demuestra un abogado que desatiende las órdenes o los requerimientos oficiales trastoca y afecta nuestra función reguladora de la profe-sión legal en Puerto Rico”, por lo que quebranta el canon precitado. En In re Rodríguez García, 197 DPR 515, 529-530 (2017), hicimos ciertas expresiones sobre la norma ética contenida en el Canon 9, las cuales resulta oportuno exponer in extenso a continuación:

En las innumerables ocasiones que hemos interpretado esta parte del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, he-mos reconocido que la falta de respeto que allí se sanciona es la que menosprecia la autoridad de los tribunales, ya sea porque un abogado se dirigió de forma soez, indecorosa o vulgar, des-acató las órdenes emitidas por los foros judiciales o sus depen-dencias, no notificó cambios en su dirección postal o física, realizó imputaciones o ataques infundados a un juez, cues-tionó maliciosamente la dignidad, honestidad y ecuanimidad de los miembros de la Judicatura, propició un trato discrimi-natorio e incurrió en incomparecencias injustificadas, entre otras. Véanse: In re Crespo Enríquez, [147 DPR 656 (1999)]; In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821 (2011); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011); In re Valcárcel Mulero I, 142 DPR 41 (1997). En un sentido más específico, el deber de respeto que surge del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, se manifiesta en dos vertientes específicas: el mandato de respetar las órdenes y directrices emitidas por los tribunales (respeto a la autoridad judicial) y la obligación de respetar a los jueces, empleados y funcionarios del tribunal en sus comparecencias e interaccio-nes con estos (respeto de carácter cívico). S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs JTS, 2010, pág. 312. (Énfasis suplido).

Incumplir con la obligación impuesta por el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra, amerita san-ciones disciplinarias que podrían incluir la suspensión in-definida del ejercicio de la profesión de la abogacía.

Cónsono con lo anterior, el Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra, impone a los miembros de la pro-fesión el deber de “ser puntual [es] en su asistencia y conciso [s] y exacto [s] en el trámite y presentación de las causas”, lo que conlleva “el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dila-ciones en su tramitación y solución”. El incumplimiento continuo con lo antes mencionado demuestra el desconoci-miento de los principios éticos más básicos, que exigen el mayor respeto hacia los juzgadores

Cabe destacar que reiteradamente hemos reconocido que “ ‘[l]a obligación establecida por el Canon 12 [...] ha de cumplirla el abogado en todas las etapas de un litigio, y comprende el acatar fielmente las órdenes del Tribunal’ ”. (Corchetes en el original) Por ello, “la incom-parecencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal, así como las actuaciones y omisiones que coloquen en riesgo la causa de acción de los clientes, son infracciones patentes” al Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra.

Por otro lado, el Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra, establece la conducta que debe obser-var la clase togada respecto a los testigos y los litigantes. En lo pertinente, este canon dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Un abogado debe tratar a los testigos y litigantes adversa-rios con respeto y consideración. No debe actuar inspirado por la animosidad ni por los prejuicios de su cliente ni debe per-mitir que éste dirija el caso ni que se convierta en el dueño de la conciencia del abogado.
Será impropio utilizar los procedimientos legales en forma irrazonable o con el fin de hostigar la parte contraria

En In re Irisarri Castro, 172 DPR 193, 210 (2007), manifestamos que si bien es cierto que el abogado tiene la obligación de defender la causa del cliente que le fue enco-mendada con gran vigor, energía y vehemencia, ello no im-plica que éste pueda ser irrespetuoso o imprudente. Es de-cir, los abogados como “actores principales en la litigación, deben ejercer, al máximo de sus facultades, el deber de cortesía, respeto y consideración que les impone el mencio-nado canon”. (Enfasis suprimido) Para que pueda darse un ambiente de respeto y consideración como exige el Canon 15, supra, “[e]l abogado debe evitar, en todo momento, que sus expresiones puedan ser interpretadas por los de-más participantes del proceso judicial como que pone en tela de juicio su honradez, moral y honestidad”. (Énfasis suprimido) Éstos tienen “que evitar el uso del lenguaje grosero o hacer imputaciones falsas y desprovistas de una razonable presunción de corrección”

B. Deberes del abogado hacia los clientes

El Código de Ética Profesional establece que la relación entre el abogado y su cliente

[...] debe fundamentarse en la absoluta confianza. Sujeto a las exigencias que surgen de las obligaciones del abogado para con la sociedad, las leyes y los tribunales, todo miembro del foro legal le debe a sus clientes un trato profesional caracteri-zado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más completa honradez. El abogado debe poner todo su empeño en llevar a cabo en esa forma su gestión profesional, y no debe dejar de cumplir con su deber por temor a perder el favor judicial o por miedo a perder la estimación popular. (Énfasis suplido)

A la luz de estos principios, el Canon 18 del Có-digo de Ética Profesional, supra, impone al abogado la obli-gación de rendir una labor idónea de competencia y diligen-cia; labor incompatible con la desidia, la despreocupación y la displicencia de los asuntos que se le han encomendado. Al así hacerlo, el Canon 18, supra, establece lo siguiente:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.
Este deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente. La misión del abogado no le permite que en de-fensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consiguiente, al sostener las causas del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan. No debe tampoco ceder en el cumplimiento de su deber por temor a perder el favor judicial ni la estimación popular. No obstante, un abogado puede asumir cualquier re-presentación profesional si se prepara adecuadamente para ello y no impone gastos ni demoras irrazonables a su cliente y a la administración de la justicia. (Enfasis suplido).

El deber de diligencia que impone este canon a “ ‘implica que el [abogado] realice las gestiones que le fueron encomendadas en momento oportuno, en forma ade-cuada y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solu-ción de la controversia’ ”. (Corchetes en el original). A tenor con esto, es impropio que “el abogado presente la acción correspondiente para luego desligarse del trámite del pleito”. Ello pondría en peligro los derechos de su cliente y entorpecería la administración de la justicia.

Asimismo, como parte de los deberes del abogado hacia su cliente, el Canon 20 del Código de Ética Profesio-nal, supra, es diáfano al consagrar que "cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una ra-zón justificada e imprevista para ello”. (Énfasis suplido). Es decir, este precepto ético establece que “ [1] a renuncia del abogado está sujeta a que el foro pertinente la autorice y a que él tome las medidas razonables para evitar ocasio-narle un perjuicio a los derechos sustantivos de su representado”. No hay duda en cuanto a que un abogado “no queda relevado de su responsabilidad con un cliente hasta que el tribunal así lo disponga [...] ”.

C. Deberes del abogado hacia los compañeros y la profesión

El Código de Ética Profesional contiene disposi-ciones específicas en cuanto a la relación de un abogado con sus compañeros y la profesión. Conforme establece el Canon 29 del Código de Ética Profesional, supra,

[/los clientes, no los abogados, son los litigantes. Cualquier rencor que exista entre los clientes no debe afectar la conducta de los abogados entre sí ni las relaciones hacia el litigante contrario. Debe evitarse escrupulosamente toda cuestión personal entre los abogados. En el trascurso de un juicio es impropio aludir a la historia personal o peculiaridades individuales o idiosincrasias del abogado adversario. Los coloquios entre abogados que causan dilaciones y provocan disputas deben también evitarse.
Será altamente impropio de un abogado hacer imputaciones falsas que afecten la reputación y el buen nombre de un compañero. Cuando existan fundados motivos de quejas graves contra colegas, es el deber del abogado someter sus cargos a las autoridades competentes, debiendo utilizar para ello los medios propios que dispone la ley. (Enfasis suplido).

Nótese que existe una “estatura moral e intelec-tual inherente al ejercicio de la abogacía [que] impone un debate jurídico libre de personalismos y posiciones subjeti-vas que lo degraden a vulgar diatriba”. (Enfasis suprimido). En vista de ello, en In re Irisarri Castro, supra, expresamos que

[s]i en el ardor de las defensas, en determinadas circunstancias, se acaloran los ánimos y se provocan distanciamientos, ello no debe perdurar; sobrevenida la calma reflexiva, debe reanudarse sin demora ese estilo, para mantener la dignidad y jerarquía de la profesión. Asimismo, hemos manifestado que la defensa del cliente no puede ser excusa para la falta de respeto y, menos, para lastimar la dignidad personal del abogado de la parte contraria. La práctica de la abogacía exige un constante respeto hacia los tribunales. Para reclamar derechos y solventar contro-versias no es menester lastimar la dignidad personal ni insti-tucional de los miembros de la Judicatura, así como de ninguna otra persona. (Escolio y énfasis suprimidos).

Por su parte, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, resalta los principios de sinceridad y honradez que deben permear la profesión de la abogacía. Al así hacerlo, dispone que “[l]a conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada”. Seguidamente —como es lógico pensar— establece que “[n]o es sincero ni honrado el utilizar medios que sean [incompatibles] con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho”. Este pre-cepto ético se fundamenta en que, como hemos expresado antes, “[l]a verdad es una cualidad ínsita e inseparable del ejercicio de la abogacía”. (Énfasis suprimido)

Al aplicar este canon, hemos afirmado que “[n]o es defensa, por consiguiente, no haber procedido delibera-damente, de mala fe, con la intención de engañar o defrau-dar, como tampoco que no se le haya causado perjuicio a un tercero”. “[T]odo el entramado de nuestro sistema judicial se erige sobre la premisa de que los abogados, sobre quienes recae principalmente la misión de administrar la justicia, han de conducirse siempre con integridad ante los foros judiciales”

Finalmente, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, establece la obligación de la clase to-gada de “esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exal-tación del honor y dignidad de su profesión [...] ”. La norma contenida en el referido canon impone a los abogados el “evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia” La mera apariencia de uña conducta impro-pia “ ‘tiene un efecto dañino sobre la imagen, la confianza y el respeto de la ciudadanía hacia la profesión, así como lo tiene la verdadera ‘impropiedad ética’ ”. De este modo, junto con el compromiso ético y moral que rige la profesión legal, el Canon 38, supra, exige que la clase togada examine continuamente su proceder Los miembros de la clase togada deben velar por que su conducta esté acorde con el puntual sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen.

En vista de lo anterior, “los deberes éticos contenidos en este canon, además de ser razón suficiente para sancionar a un abogado, atraviesan la totalidad de nuestro ordena-miento ético disciplinario”. Así, pues, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, permite “sancionar la conducta éticamente reprochable, aun cuando ésta bien pudiera subsumirse en otros cánones”.

Establecido el marco doctrinal aplicable, pasamos a determinar si el querellado incurrió en las violaciones imputadas.

l—l H—t HH

En este caso, la Comisionada Especial concluyó que el licenciado Feliciano Rodríguez aceptó la representación legal del señor Pared Espinal cuando tenía conocimiento de que no podía cumplir cabal y diligentemente con la respon-sabilidad profesional asumida. Señaló que ello fue lo que llevó al querellado a permitir que el cliente preparara los escritos y suscribirlos sin revisarlos ni corregirlos.

El querellado permitió que su cliente dirigiera el caso y le cedió la facultad de decidir el contenido de los escritos que se presentaban al foro judicial. Ello, sin que el abogado realizara un ejercicio idóneo y responsable de competencia y diligencia como exige el adecuado desempeño de la profesión. Como es sabido esto le está prohibido a toda la clase togada.

Un abogado no puede desatender sus deberes con el pre-texto de que su cliente asumió toda la responsabilidad del contenido de los escritos que se presentan en el tribunal. La firma de un abogado no es un mero complemento que embellece el documento. Cuando un abogado lo suscribe, garantiza que ha realizado una evaluación cuidadosa de su contenido y de cada expresión que se plasmó en él. Ello conlleva un ejercicio deliberativo indelegable de los abogados.

Por su incumplimiento y descuido, el licenciado Feli-ciano Rodríguez incluyó expresiones impropias e inadecua-das contra la otra parte y su abogada. Esto tuvo la conse-cuencia, a su vez, de que faltara a su deber ineludible de preservar el honor y la dignidad de la profesión y la buena relación entre compañeros mostrando una actitud respe-tuosa, sincera, honrada y de completa cordialidad.

No podemos pasar por desapercibido que el propio que-rellado admitió haberse apasionado con el caso y que se identificó con su cliente. Reconoció, además, en sus compa-recencias ante esta Curia que las mociones que se presen-taron en el Tribunal de Primera Instancia —que él había suscrito— contenían alegaciones con “lenguaje inapropiado y ofensivo” en contra de la querellante y de su represen-tante legal. Aunque consistía de imputaciones serias que podían afectar la reputación y el buen nombre de una compañera de la profesión, el escrito que el querellado pre-sentó ante el tribunal estuvo ausente de prueba que lo sustentara.

Como profesional del derecho, el licenciado Feliciano Rodríguez tenía la obligación de mantenerse dentro de los parámetros éticos de respeto y mesura que establece el Có-digo de Ética Profesional. Los rencores existentes entre su cliente y la querellante no podían afectar la relación que debía existir entre compañeros abogados. Su obligación era velar que los asuntos en los que estuviera interviniendo se llevaran a cabo con el respeto, decoro y solemnidad que exige la buena administración de la justicia. Así, quedaba impedido de permitir que su cliente dirigiera el caso y se convirtiera en dueño de su consciencia. Tal proceder no está a la altura en que la clase togada debe conducirse y desempeñar sus funciones. Mediante la conducta antes mencionada, el licenciado Feliciano Rodríguez violó los Cá-nones 15, 18 y 29 del Código de Ética Profesional, supra.

Con respecto al Canon 9 y 12 del Código de Ética Profe-sional, supra, el querellado también actuó en contraven-ción a estos postulados. En el proceso civil de relaciones de familia, el tribunal señaló una vista para el 16 de agosto de 2012 con el fin de atender el asunto de la descalificación de los abogados. Esta vista fue trasferida a petición del licen-ciado Feliciano Rodríguez para el 17 de septiembre de 2012. Ese día, el letrado solicitó un término para consultar un posible acuerdo de transacción, por lo que se pautó un señalamiento para el 1 de octubre de 2012. Cabe mencio-nar que este nuevo señalamiento tuvo la anuencia de todas las partes. Posteriormente, el licenciado Feliciano Rodrí-guez solicitó la suspensión de la vista alegando un conflicto de calendario. Días después, el licenciado Feliciano Rodrí-guez solicitó autorización para renunciar a la representa-ción legal de su cliente. Ahora bien, sin que tal autoriza-ción se concediera, se ausentó a la vista que había señalado el Tribunal de Primera Instancia. En ese momento, el tribunal estableció un nuevo señalamiento para la vista, de-negó la solicitud de renuncia a la representación legal que presentó el querellado y ordenó su comparecencia al nuevo señalamiento. A pesar de lo anterior, el licenciado Feliciano Rodríguez volvió a ausentarse.

Debemos resaltar que la Comisionada Especial con-cluyó que, aunque la defensa del querellado era que pre-sentaba las mociones para transferir las vistas, éste nunca proveyó evidencia de los alegados conflictos en su calendario. Igualmente, puntualizó que el licenciado Feli-ciano Rodríguez se ausentaba a las vistas sin que el tribunal hubiera autorizado su incomparecencia o hubiera determinado transferirlas. Violó, pues, los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra.

De igual manera, infringió los Cánones 18 y 20 del Có-digo de Etica Profesional, supra, cuando abandonó a su cliente en las referidas vistas sin haber obtenido la autori-zación del tribunal. Por su experiencia, y como surge del lenguaje claro del referido precepto, el querellado debía co-nocer que la mera presentación de una solicitud de relevo de representación legal no lo exoneraba de su obligación de comparecer en representación de su cliente; debía esperar hasta tanto el tribunal autorizara su renuncia.

Por otro lado, la presentación de una solicitud de desca-lificación sin presentar prueba alguna que la sostuviera, la citación a una toma de deposición a la abogada de la parte contraria con el objetivo de obtener su descalificación del caso a la luz del Canon 22 de Ética Profesional, supra, y con el fin de que se convirtiera en académica la vista en la que se iba a atender su solicitud de descalificación, consti-tuyen una violación al Canon 35 del Código de Ética Pro-fesional, supra. Con su proceder, el querellado no actuó de manera sincera ni honrada en toda exposición ante el tribunal, las partes y sus clientes.

Al mismo tiempo, la conducta del querellado se apartó de aquella que exalta el honor y la dignidad de la profesión. Según quedó probado, inter alia, éste procedió con desidia en el desempeño de su deber, realizó imputacio-nes serias contra una compañera de la profesión sin pro-barlas, dejó desprovisto a su cliente de un abogado en va-rias ocasiones a pesar de no haber sido autorizado para ello y, a su vez, faltó a su deber de respeto y consideración al tribunal. De hecho, parece cuestionable que el licenciado Feliciano Rodríguez solicitara la renuncia a la representa-ción legal de su cliente y, luego de haber sido descalificado por el tribunal por abandonar el caso y ausentarse a las vistas, acudiera sin notificar sobre ese particular al Tribunal de Apelaciones. De esta manera, el licenciado Feliciano Rodríguez también infringió el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

A la luz de los hechos y del derecho aplicable, es forzoso concluir que las actuaciones del licenciado Feliciano Rodrí-guez fueron contrarias a los Cánones 9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

IV

Luego de reconocer el incumplimiento del querellado, queda por determinar la sanción que se impondrá. Sobre ese particular, es importante ponderar los factores siguien-tes: (1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial; (3) si es su primera falta; (4) si ninguna parte resultó perjudicada con su proceder; (5) la aceptación de la falta y su arrepentimiento; (6) si es un comportamiento aislado, y (7) cualquier otra consideración, ya sea ate-nuante o agravante, que surja de los hechos particulares del caso.

Esta no es la primera vez que nos vemos en la obligación de intervenir por la conducta antiética de este abogado. En In re Feliciano Rodríguez, 147 DPR 275 (1998), lo suspendimos del ejercicio de la notaría por un término de tres meses y, posteriormente, en In re Feliciano Rodríguez, 150 DPR 859 (2000), ordenamos su suspensión indefinida de la práctica de la abogacía por infringir los Cánones 18, 23 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, habiéndolo re-instalado posteriormente.

V

Por los fundamentos expuestos, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de la notaría del Ledo. José A. Feliciano Rodríguez. Se le notifica que su fianza notarial queda automáticamente cancelada.

El señor Feliciano Rodríguez deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, devolverles los expedientes de casos pendien-tes e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar y certi-ficar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en un término de treinta días contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam”y Sentencia. Por su parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediata-mente la obra protocolar y el sello notarial del señor Feli-ciano Rodríguez y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investiga-ción e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam”y Sentencia al Sr. José A. Feliciano Rodríguez a través de la oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

        Osiris Anthony Pared Espinal v. Allison M. Cuevas Peguero, Civil Núm. FAL2012-0171.

       Moción reiterando solicitud ordenar inhibición de abogada, suplementado sobre desacatos y otros extremos, Apéndice de la Querella, pág. 13. Esta moción se acompañó con una declaración jurada emitida por el señor Pared Espinal, en la que indicó haberla leído y estar de acuerdo con la misma por constarle de propio conoci-miento las alegaciones incluidas, así como una expresión mediante la cual releva al licenciado Feliciano Rodríguez de cualquier responsabilidad por los hechos allí expuestos. Véase Juramento, Apéndice de la Querella, pág. 30.

       Véase Solicitud de descalificación de abogado de la parte demandante Ledo. José Feliciano RUA #3317, Apéndice de la Querella, pág. 31.

       Véase Informe de la Procuradora General, Apéndice de la Querella, pág. 4. Según el Informe de la Procuradora General, en el pasado el querellado había soli-citado la renuncia en otro proceso “tras alegar que ‘por razones personales, su cliente no había podido cooperar de manera adecuada con el abogado’ íd.

       Entre sus conclusiones, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la con-ducta del querellado contravenía varios postulados del Código de Ética Profesional. Véase Minuta Resolución en el Informe de la Procuradora General, Apéndice de la Querella, pág. 36.

        Osiris Anthony Pared v. Allison Cuevas Peguero, Caso Núm. KLAN20122076.

       Sohcitando desestimación de la querella por no cumplir con las reglas y des-cahficación de la querellfe] por motivos de salud, Apéndice de la Querella, pág. 64.

       Contestación a querella, Apéndice de la Querella, pág. 70.

       Informe de la Procuradora General, Apéndice de la Querella, pág. 9.

       Escrito complementario al escrito en oposición a la queja presentadla], de 7 de mayo de 2014, págs. 2-4.

       La Oficina de la Procuradora General presentó ocho cargos contra el licen-ciado Feliciano Rodríguez, en los que señaló unas violaciones a los preceptos éticos que había imputado inicialmente en su informe, a saber, violaciones a los Cánones 9, 12, 15, 18, 20, 29, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véase Querella, pág. 5.

        In re Irisarri Castro, 172 DPR 193, 209-210 (2007).

       Íd., pág. 210.

        In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541, 549 (2016).

        In re Rodríguez García, 197 DPR 515 (2017).

        In re Colón Collazo, 196 DPR 239, 242 (2016).

        In re Montalvo Delgado, supra, pág. 550.

        In re Montalvo Delgado, supra.

        In re Pagán Torres, 194 DPR 925, 929 (2016).

        In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 635 (2016), citando a In re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 543 (2012).

       4 LPRA Ap. IX, C. 15.

        In re Irisarri Castro, supra, pág. 210.

       Íd., págs. 210-211.

        In re Vélez Lugo, 175 DPR 854, 857 (2009), citando In re Vélez Cardona, 148 DPR 505, 507 (1999).

      6) Criterio general, 4 LPRA Ap. IX, Art. 18.

        In re Maldonado Maldonado, 197 DPR 802 (2017); In re Nazario Díaz, supra, pág. 636; In re Plaud González, 181 DPR 874, 886 (2011).

        In re Morell Bergantiños, 196 DPR 759, 763 (2016), citando a In re Amill Acosta, 181 DPR 934, 940 (2011).

        In re Nazario Díaz, supra, pág. 637.

       Íd.

       4 LPRA Ap. IX, C. 20.

        In re Montalvo Delgado, supra, pág. 553.

        In re Polanco Ortiz I, 196 DPR 126, 133 (2016), citando a In re Ortiz Guevara et al., 195 DPR 122 (2016).

        In re Irisarri Castro, supra, pág. 211.

       Íd.

       4 LPRA Ap. IX, C. 35.

       Íd.

        In re Ramírez Salcedo, 196 DPR 136, 148 (2016).

       Íd., pág. 149. Véase In re Rodríguez García, supra.

        In re Irizarry Vega, 176 DPR 241, 245-246 (2009). Véanse: In re Montañez Miranda, 157 DPR 275, 284 (2002); In re Curras Ortiz, 141 DPR 399, 402 (1996).

       4 LPRA Ap. IX, C. 38.

        In re Fingerhut Mandry, 196 DPR 327, 333 (2016), citando a In re Toro Iturrino, 190 DPR 582, 591-592 (2014).

        In re Prado Galarza, 195 DPR 894, 906 (2016), citando a In re Cuyar Fernández, 163 DPR 113, 117 (2004).

        In re Prado Galarza, supra, pág. 906.

         In re Fingerhut Mandry, supra, pág. 333.

       Íd.

       Véanse: Contestación a querella, 5 de noviembre de 2015, pág. 7; Escrito complementario al escrito en oposición a la queja presentadla], págs. 2-4.

        In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 668 (2015).