text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Ex rel. Dr. José Mendín Sabat, demandante y apelante, v. Sergio Seijo, Antonia Brandi y Augusto Padilla, querellados y apelados.
    No. 5996.

    Sometido: Abril 14, 1932.

      Resuelto: Abril 26, 1932.

      Son. Attorney General Interino, A. Ortiz Toro; R. Rivera Zayas, L. Tormes j A. Beyes Delgado, abogados del apelante; Bolívar Pagan, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico, a requerimiento del Doctor José Mendín Sabat, Director de Beneficencia del municipio de Arecibo, inició un procedimiento de quo warranto en la corte de distrito contra Sergio Seijo, Antonia Brandi y Augusto Padilla, a fin de que la corte declarara que el que-rellado Sergio Seijo no tenía derecho a desempeñar él puesto de Alcalde del municipio de Arecibo, ni tampoco a sustituirlo en el mismo los otros querellados Antonia Brandi, Tesorera-Directora Escolar, y Augusto Padilla, Director de Obras Públicas, correspondiendo la sustitución al querellante en su carácter de Director de Beneficencia.

Que Seijo fué electo alcalde de Arecibo y estaba desempe-ñando dicho puesto al iniciarse el procedimiento y lo está aún, y que el querellante y los otros querellados eran y son el Director de Beneficencia, el Tesorero-Director Escolar y el Director de Obras Públicas del dicho municipio, son hechos admitidos. Tampoco hay duda alguna de que en el caso de vacante, correspondería al Director de Beneficencia desem-peñar interinamente, en primer término, el puesto de alcalde, y sucesivamente al Tesorero-Director Escolar y al Director de Obras Públicas, y de que el Director de Beneficencia ha requerido a Seijo para que le entregue el cargo y Seijo se ha opuesto, siendo también conocida la actitud contraria al querellante de los otros dos querellados.

Las cuestiones en controversia son las de si existe real-mente una vacante en el puesto de alcalde por haber sido Seijo debidamente destituido por la Asamblea Municipal y la de si el querellante no obstante haber sido nombrado Director de Beneficencia, se encontraba al iniciarse el pro-cedimiento y se encuentra aún suspendido de su empleo por autoridad competente.

Para probar que el querellado Seijo había sido destituido de su cargo de alcalde, el querellante presentó copia . certificada de los procedimientos que tuvieron lugar en la Asamblea Municipal de Areeibo, tales como constaban en el return de cierto caso de certiorari seguido ante la propia corte de distrito, y ocurrió lo que sigue:

“Abogado Sr. Bolívar P-agan. Me opongo a la presentación de esta evidencia. Voy a citar ley y jurisprudencia para demostrar que esto no es admisible en evidencia en este caso. (Argumentó). Tampoco es evidencia primaria.
“Hon. Juez. ¿Cuál es el objeto de la presentación de la eviden-cia?
“Abogado Sr. Rivera Zayas. Probar las alegaciones tercera y cuarta de nuestra contención. (Argumentó).
“Hon. Juez. La Corte admitiría esos documentos eondicional-mente para darle el valor probatorio que puedan tener, argumen-tando las partes en el fondo si es prueba o no admisible, pero pre-feriría la prueba primaria, la que obra unida a los autos.
“Abogado Sr. Rivera Zayas. Eso. Eso está bien.
“Hon. Juez. La Corte admite esa prueba ahora eondicional-mente, para que las partes argumenten en el fondo del caso su ad-misibilidad, y se reservará una excepción a la parte que perjudique la resolución de la Corte.”

Luego la corte en su. relación del caso y opinión decidió:

■ “El documento, sobre cuya genuinidad hemos de dictaminar, es una relación detallada de ciertos presuntos procedimientos incoados por la asamblea municipal de Areeibo, con el fin de conocer de una impugnación pública que culminó en la destitución del señor Sergio Seijo como alcalde del municipio de Areeibo, cuya relación viene firmada por siete de los once asambleístas que componen dicho cuerpo.
“La prueba testifical aportada por el relator tendió a evidenciar: que el día primero de septiembre de 1931, como a las dos de la tarde, José Toledo García, presidente de la asamblea municipal, ex-pidió ima convocatoria a los demás miembros para una sesión que habría de efectuarse al día siguiente; que al reunirse los asam-bleístas la noche del 2 de septiembre de 1931, y estando enfermo el secretario interino del municipio, José Santos Rodríguez, se nombró secretario accidental a otro ciudadano para que actuase como tal; que no habiendo podido conseguirse el libro oficial de actas de la asam-blea municipal, los nueve miembros presentes de dicho organismo acordaron llevar adelante los procedimientos y posteriormente deci-dieron además presentar como constancia de dichos procedimientos el llamado return suscrito por los propios asambleístas. .
“De manera que los escritos que forman el legajo denominado return no son copias certificadas de sus originales obrantes en el Ubro oficial de actas.
“Por otra parte, los querellados presentaron en evidencia una certificación expedida por el secretario municipal interino, credi-tiva de que, según el libro oficial de actas, la asamblea municipal de Arecibo no ha celebrado sesión oficial alguna desde el día 9 de julio de 1931 hasta el momento de su expedición, 22 de diciembre de 1931.
“De modo que, de un lado, tenemos a siete asambleístas que sus-criben un llamado return, que, a juicio de ellos, contiene todas las actuaciones verificadas por la asamblea con respecto a la impugna-ción y destitución del alcalde Seijo; y del otro, tenemos una certi-ficación expedida por el funcionario encargado de los libros de actas oficiales, que dice no haberse verificado sesión alguna.
“La Ley Municipal vigente dispone:
“ 'Artículo 25. — La Asamblea Municipal hará constar sus pro-cedimientos, resoluciones y las ordenanzas que aprobare, en actas que se llevarán en libros encuadernados y foliados, habilitados por certificación del Presidente y SecretcM-io, extendida en la primera página útil de cada libro, creditiva del número de páginas en blanco de que consta cada uno de tales libros. Estos libros se conservarán por el Secretario de la Asamblea y constituirán récords del mismo carácter y naturaleza que las actas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.’ Bastardillas nuestras. Leyes de 1928, página 353.
“La Garta Constitucional (Ley Orgánica) de Puerto Rico, al re-ferirse a la Legislatura Insular, prescribe:
“ ‘Artículo 34. — * * * * *
“ ‘Cada Cámara llevará un libro de actas, y podrá, a su volun-tad, de tiempo en tiempo, publicarlas, y la votación por lista sobre cualquier cuestión se hará constar en el acta cuando lo exigiere una quinta parte de los miembros presentes.’
“Y, congruente con esta prescripción constitucional, el Código Político dispone que el Libro de Actas de cada una de las Cámaras, de la Asamblea Legislativa, deberá ser autenticado por las firmas del presidente y secretario respectivos. Art. 27 Código Político.
“Se dispone además por nuestra ley fundamental que el hecho de estampar su firma el presidente de cada Cámara en los proyectos y resohcciones se fiará constar en el acta. Y este libro de actas, o estatutos o resoluciones publicadas, o copias certificadas expedidas por el secretario de sus originales del libro de actas, son el único medio de probar los procedimientos de la Asamblea Legislativa. Art. 69, inciso 2, Ley de Evidencia.
“Si los libros de actas de las asambleas municipales constituyen récords del mismo carácter y naturaleza que las actas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, (Art. 25 Ley Municipal), la ad-misión de evidencia ajena a dichos libros debe regirse por idénticas normas a las que gobiernan las actas de ese cuerpo colegislador.
“Así como no sería posible probar los procedimentos de una cualquiera de las Cámaras de la Asamblea Legislativa mediante el dicfio o escrito firmado por los legisladores — aunque el número de los firmantes constituya la mayoría del total de sus miembros — si tal acto o procedimiento no consta en el Libro de Actas,, así también son inadmisibles tales escritos con pretensiones de evidenciar pro-cedimientos de una asamblea municipal, cuando dicfios actos no cons-tan en el libro de actas de la legislatura municipal.
“La Ley de Evidencia fija la forma en que pueden probarse los actos de una corporación municipal de Puerto Rico, así:
“ ‘Artículo 69. — Otros documentos oficiales podrán probarse como sigue:
2 * *
“ ‘2. * * # # # * *
“ ‘3. * * * # # * #
<< * * * * # . # *
“ ‘5. Los actos de una corporación municipal de Puerto Rico, o de una junta o departamento de la misma, mediante copia, certifi-cada por el correspondiente archivero, o mediante un libro impreso, publicado por autoridad de dicha corporación.’ Ley de Evidencia, Estatutos Revisados, pág. 307.
“Nuestro Tribunal Supremo, en decisión rendida el día 25 de enero de 1932, en el caso de El Pueblo v. Marquez Rivera, interpreta los incisos 5 y 6 del Art. 69 de la Ley de Evidencia. Se trataba de un caso de violación y para probar la edad de la perjudicada se presentó por el ministerio público una certificación expedida por el secretario-auditor encargado del registro civil de San Sebastián. Refiriéndose a este documento, nuestro más alto tribunal se expresa de este modo:
“ 'A .nuestro juicio la certificación no era admisible por no ser copia fiel y exacta de la inscripción, como sostuvo la defensa, y por tanto carecía de fuerza legal. En una palabra, que no podía considerarse a virtud de su presentación como introducida en evi-dencia la inscripción del nacimiento de Marcelina Soto, la perjudi-cada.
“ ‘La Ley de Evidencia es terminante. Todo funcionario público bajo cuya custodia obrare algún documento público está en la obli-gación de facilitar, al requerírsele, copia certificada del mismo, dice su art. 48. Y al determinar el 69 como podrán probarse otros do-cumentos oficiales, prescribe en sus números 5 y 6: “Los actos de una corporación municipal de Puerto Rico, o de una junta o de-partamento de la misma, mediante copia, certificada por el corres-pondiente archivero, o mediante un libro impreso, publicado por autoridad de dicha corporación. 6. Los documentos de cualquier otra clase en Puerto Rico, mediante el original o una copia, certifi-cada por el guardador legal de aquél.’ El Pueblo v. Marquez Rivera, resuelto en 25 de enero de 1932.
“Así pues, no siendo los documentos que se tratan de introducir en evidencia copias certificadas de originales constantes en el libro oficial de actas de la asamblea municipal y por lo contrario apare-ciendo que en dichos libros no se hizo constar acuerdo alguno desde el día 9 de julio de 1931 hasta el presente, hay que concluir inde-fectiblemente que el legajo denominado ‘Return de la Asamblea Municipal de Arecibo’ es inadmisible, como evidencia en este caso.”

De suerte que al no admitirse la evidencia, el caso cayó por su base y, como lógica consecuencia, la petición fue deses-timada. Repetidamente hemos dicho que no es buena prác-tica reservarse la resolución de si una prueba presentada es o no admisible, para después de sometido definitivamente el pleito. Tal cuestión debe decidirse durante el juicio. Si es verdaderamente difícil, es preferible suspender la vista por el tiempo que sea absolutamente necesario para estudiarla y resolverla y entonces seguir con el juicio adelante.

En su alegato el apelante señala como errónea la decisión de la corte y argumenta extensamente el señalamiento. La parte apelada también discute hábilmente la cuestión en su alegato.

El caso de El Pueblo v. Márquez, 43 D.P.R. 46, invocado por la corte sentenciadora, no tiene aplicación. Allí la cer-tificación estaba expedida por el secretario municipal, y no se consideró admisible por no ser nna copia exacta de su. original. Aquí se presentaron los mismos originales y no se admitieron por no ser copias expedidas por el funcionario que de acuerdo con la ley debía tenerlos bajo su custodia, funcionario que había expedido además una certificación nega-tiva de la existencia de los originales en los récords a su cargo. Se trata, pues, de casos distintos.

No hay duda alguna que de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica y de la Ley Municipal citadas por la corte de distrito, los procedimientos de las Asambleas Municipales puertorriqueñas se hacen constar en libros de actas que lleva y custodia el secretario del municipio que es un funcionario nombrado por el alcalde. Tampoco la hay de que de acuerdo con el precepto de la Ley de Evidencia que también cita el juez sentenciador, la manera de probar esos procedimientos es a virtud de copias certificadas de los mismos expedidas por el Secretario.

Esa es la regla normal y general. Pero existen excep-ciones.' Y el apelante sostiene con razón a nuestro juicio que este caso está comprendido dentro de ellas.

Veamos lo sucedido. Como se ha indicado, los documentos de que se trata se habían elevado en forma de return en un caso de certiorari iniciado ante la misma corte. El return comienza así:

1 ‘ Corte de Distrito de ARecibo. — Sergio Seijo vs. Asamblea Municipal de Areeibo. — Civil No. 12733. — Certiorari.—Return de la Asamblea Municipal de Areeibo, P. R. — Asamblea. Municipal de Arecibo, Puerto Rico. — Sesión Especial del día 3 de noviembre de 1931.
“Resolución. — Para acordar los documentos que constituyen el ‘Return’ de esta Asamblea Municipal al Auto de Certiorari expe-dido por la Hon. Corte de Distrito de Arecibo, en el caso Civil No. 12733, de Sergio Seijo vs. Asamblea Municipal de Arecibo, P. R.„ y para otros fines.
“Por cuanto, esta Asamblea Municipal resolviendo un pliego de Cargos formulados por Martín Martínez y Jovito de la Rosa contra Sergio Seijo, Alcalde de Arecibo, declaró a éste culpable del cargo que se le formulara por Conducta Inmoral y Contraria a la Ley, en varias de sus especificaciones, y en 15 de septiembre de 1931 le destituyó definitivamente del cargo de Alcalde de Arecibo;
“Por cuanto, para revisar el Procedimiento de Impeachment que ha culminado en su destitución el dicho Sergio Seijo ha recurrido, mediante Certiorari, ante la Hon. Corte de Distrito de Arecibo, y dicho Tribunal ha ordenado sean enviados al mismo, para su re-visión, los procedimientos habidos en dicho ‘Impeachment’,
“Por tanto: Resuélvase for la Asamblea Municipal de Are-cibo, P.. R.—
“Primero.: — Que el ‘Return’ a dicho Auto de Certiorari sea ele-vado por esta Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., a la Hon. Corte de Distrito de Arecibo, certificado por los miembros de la Asam-blea presentes en la sesión del día de hoy, ya que habiendo sido re-querido el Secretario Interino, Sr. José Santos Rodríguez, se ha negado a concurrir.—
“Segundo: — Dicho ‘Return’ lo constituyen todos los documentos,, órdenes, citaciones, acuerdos y resoluciones adoptados por esta Asamblea Municipal, en dicho Procedimiento de Impeachment. Y por la presente se envían al Hon. Tribunal de Distrito de Arecibo, los siguientes documentos que existen en la inmediata custodia del señor José Toledo García, Presidente de esta Asamblea:
“1. Pliego de cargos, original, radicado con el Presidente de la Asamblea, Sr. José Toledo García, contra el Sr. Sergio Seijo, en su carácter de Alcalde de Arecibo, por Martín Martínez y Jovito de la Rosa, y declaración jurada sobre el acto de la notificación.
“2. Convocatoria original expedida por el Presidente de la Asam-blea, Sr. José Toledo García, el l9 de septiembre de 1931, llamando a la Asamblea Municipal de Arecibo, a una Sesión Especial para considerar dichos cargos.
“3. Copia de las notificaciones que, por orden del Presidente de la Asamblea, fueron diligenciadas en las personas del Sr. Sergio Seijo, Alcalde acusado, y José Santos Rodríguez, Secretario Inte-rino del Municipio de Arecibo, entregada a éstos en l9 de septiembre de 1931, por el ciudadano José María Román, así como el certifi-cado de notificación que bajo juramento ha firmado éste.
“4. Originales del informe rendido por un Comité designado por la Asamblea para estudiar dicho pliego de cargos, y de la resolu-ción de la Asamblea, adoptada en 2 de septiembre de 1931, to-mando jurisdicción sobre el procedimiento de Impeachment incoado, fijando fecha para que el Alcalde contestara, y fecha para la vista de los cargos, y suspendiéndolo de empleo y sueldo, provisionalmente, designando sustituto al Director de Beneficencia, Dr. José Mendín Sabat.
“5. Original, con su certificado, de diligenciamiento, de la cita-ción expedida al Alcalde impugnado, bajo la firma de los Asam-bleístas, según acuerdo adoptado en la sesión del día 3 de sep-tiembre de 1931, diligenciada en la persona del Sr. Sergio Seijo, por el Sr. Francisco Morales Colón, Sub-Marshal de la Corte Municipal de Arecibo, en 3 de septiembre de 1931, según aparece de su certificado de notificación jurado ante el Juez Municipal en 14 de septiembre de 1931.
“6. Original, con su certificado de diligenciamiento, de la Con-vocatoria del Sr. Presidente de la Asamblea Municipal de Are-cibo, llamando a ésta a sesión Especial para continuar el Procedi-miento de Impeachment incoado contra el Alcalde, Sr. Sergio Seijo, para el día 14 de septiembre de 1931.
“7. Copia de las notificaciones cursadas por el Presidente de la Asamblea Municipal al Sr. Alcalde acusado y al Secretario Inte-rino, Sres. Sergio Seijo y José Santos Rodríguez, y entregadas a éstos por el Sr. José María Román, avisándoles nuevamente de la fecha fijada para la vista del caso.
“8. Original de la relación y opinión del caso dictada por el Comité de Ponencia designado por la Asamblea en su sesión del día 14 de septiembre de 1931, y aprobada unánimemente por la Asamblea en 15 de septiembre de 1931.
!í9. Original de la Resolución de la Asamblea Municipal de 15 de septiembre de 1931, aprobada en primera, segunda y tercera lec-turas, en votación por lista, haciendo suya la relación y opinión del caso, y destituyendo al Alcalde de Arecibo, P. R., Sr. Sergio Seijo, de su mencionado cargo, junto con su certificado de Notifica-ción diligenciado por el referido Francisco Morales Colón, jurado ante el Juez Municipal en 16 de septiembre de 1931.
“10. Originales de los juramentos suscritos por el Secretario Accidental de la Asamblea, Sr. Tomás Méndez y el Taquígrafo, Sr. Jesús Rosado, según fueron prestados en la sesión del 14 de sep-tiembre de 1931.
“11. Una certificación de las actas levantadas por la Asamblea Municipal de Arecibo, a través de su Secretario Accidental Sr. To-más Méndez y el Presidente Sr. Toledo 'García, y aprobadas por la Asamblea en sus sesiones dé los días 3, 14 y 15 de septiembre de 1931 y 2 de noviembre de 1931 y autorizadas por las firmas de todos los asambleístas presentes, ante el Hon. Juez Municipal de Arecibo.
“Tercero: — Que el original de esta Resolución sea acompañado a dicho Return, y así mismo se acompañe una certificación del Se-cretario Ejecutivo de Puerto Rico, creditiva de quiénes son en la actualidad los miembros de la Asamblea Municipal de Arecibo, la Convocatoria original expedida -para este acto y la Resolución original adoptada por la Asamblea Municipal de Arecibo en 2 de noviembre de 1931.
1 ‘ Cuarto: — Que luego de aprobada esta Resolución, firmándola todos los Asambleístas presentes, y autorizadas por el Ilon. Juez Municipal sus firmas, sean entregados dichos documentos por el Sr. Presidente de la Asamblea, a la Hon. Corte de Distrito-de Arecibo, junto a una moción que deberá preparar el abogado de esta Asam-blea, para la comparaeencia de este Organismo.
“(Firmados José Toledo García, Pres. Asamblea Mpal. de Ate-cibo, P. R. — Tomás Méndez, Secretario Accidental. — M. Cortés Nieves. — José Cruz Gerena.— (Al dorso) Tomás García. — Santos Pérez. —Teodoro Villanueva. — Alfredo Martínez.
“ Affidavit Número 11634. — Las anteriores firmas han sido es-tampadas en la Resolución que antecede por los Sres. José Toledo García, Presidente de la Asamblea Municipal de Arecibo, Tomás Méndez, Secretario Accidental de dicho cuerpo, y Manuel Cortés Nieves, José Cruz Gerena, Tomás García García, Teodoro Villanueva, Santos Pérez Lugo y Alfredo Martínez, Asambleístas Municipales de Arecibo, a quienes conozco personalmente. El acto de la firma se llevó en el Salón de sesiones de la Asamblea Municipal de Are-cibo, donde dichos Sres. estaban reunidos en Sesión Especial. — Are-cibo, P. R., a 3 de noviembre de 1931.— (Firmado) Puro Girau, Juez Municipal de Arecibo. — (Hay un sello de la Corte Municipal de Arecibo y un sello de Rentas Internas de 25 centavos, debida-mente cancelado).”

Siguen todos los documentos. Los designados bajo el número once, comienzan así:

“Asamblea Muüsticipal de Aeecibo, P. R.
“Nosotros, José Toledo García, Presidente de la Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., Manuel Cortés Nieves, Alfredo Martínez, Santos Pérez Lugo, Ernesto Viñas, José Cruz Gerena, Tomás Gar-cía, Teodoro Villanueva, y Serafín Orama, Asambleístas Municipales de Arecibo, P. R., y Tomás Méndez, Secretario Accidental de dicho cuerpo, reunidos en sesión especial en el salón de actos de la Asam-blea Municipal, casa Alcaldía de Arecibo, P. R., hoy día 2 de no-viembre de 1931, convocada previamente por el Presidente de la Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., para preparar el Return que ha de enviarse a la lion. Corte de Distirto de Arecibo, a virtud del auto de Certiorari expedido por dicho Hon. Tribunal en el caso de Sergio Seijo contra la Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., CERTIFICAMOS :
“PRIMERO: — Que en nuestro poder y bajo la custodia inmediata del señor José Toledo García, Presidente de la Asamblea Municipal, existe un libro de Actas, habilitado por esta Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., para hacer constar en él los procedimien-tos y resoluciones de esta Asamblea en el caso de Impeachment incoado por Martín Martínez y Jovito de la Rosa contra Sergio Seijo, Alcalde de Arecibo, P. R., del cual aparecen y transcribi-mos literalmente los siguientes particulares:
“A — Acta de Habilitación del Libro.
“Nosotros, José Toledo García, Presidente de la Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., y Tomás Méndez, Secretario Accidental de la Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., designados por dicha Asamblea, para actuar como secretario de la misma, en ausencia del Secretario interino Sr. José Santos Rodríguez, quien no ha com-parecido por encontrarse enfermo, y nosotros, Manuel Cortés Nieves, Teodoro Villanueva, José Cruz Gerena, Ernesto Viñas Vales, Alfredo Martínez, Serafín Orama, Santos Pérez Lugo y Tomás Gar-cía García, Asambleístas Municipales de Arecibo, P. R., CeRTIFIca-mos: que el presente libro, que se marca eon el No. 1 (número uno), Libro de Actas de Sesiones Judiciales de la Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., será utilizado para records de los procedimientos, acuerdos, resoluciones y providencias que adoptare la Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., en el caso de Impeachment contra el Alcalde de Arecibo, P. R., Sr. Sergio Seijo, en los cargos formula-dos contra éste por Don Martín Martínez y Jovito de la Rosa; que dicho libro tiene ocho folios de índice que no serán utilizados, y después de esta habilitación está foliado, con la misma, desde el número uno al ciento ochenta y cuatro inclusives, y que el mismo queda habilitado así, a los efectos que se indica. Firmados: José Toledo García, Pres. Asamblea Municipal, Tomás Méndez, Secretario Accidental, M. Cortés Nieves, Teodoro Villanueva, Alfredo Martínez, S. Orama, José Cruz Gerena, E. Viñas, Tomás García, Santos Pérez, Asambleístas.
“B- — Acta Número 1, Asamblea Municipal de Arecibo.
“Sesión Especial Judicial,
“En la ciudad de Arecibo, P. R., siendo las . . La certifi-cación termina como sigue:
“Certificamos, finalmente, que tanto el Libro de Actas de que se han tomado los particulares anteriomente transcritos y la docu-mentación original que se acompaña, se encuentran en poder de la Asamblea Municipal de Arecibo, bajo la inmediata custodia de su Presidente Sr. José Toledo García, por haberse negado a actuar en todo este procedimiento el Secretario Municipal de Arecibo, quien actúa interinamente, el Sr. José Santos Rodríguez, de cuyo hecho damos fe ahora los suscribientes y toda la documentación de este procedimiento.
“Y para enviar a la Hon. Corte de Distrito de Arecibo, como ‘Return’ al caso de Certiorari No. 12733, de dicho Hon. Tribunal, expedimós la presente, en Arecibo, P. R., a 3 de noviembre de 1931, en el Salón de Actos de la Asamblea Municipal de Arecibo, Casa Alcaldía. (Pdo.) José Toledo García, Pres. Asamblea Municipal; (Pdo.) Thomas Méndez, See. Accidental, (Pdo.) Alfredo Martínez, (Pdo.) M. Cortés Nieves, (Pdo.) Santos P'érez, (Pdo.) José Cruz Gerena, (Pdo.) Tomás García, (Pdo.) Teodoro Villanueva.
“Affidavit Número 11633. Yo, Puro Girau, Certifico: que en-contrándome en el Edificio Alcaldía de Arecibo, fui llamado por el Presidente de la Asamblea Municipal de AJrecibo, P. R., Hon. José Toledo García, quien me informó se estaba celebrando una sesión de la Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., y que deseaba dicho cuerpo que autorizase un affidavit de su autenticidad de las firmas de los asambleístas que aprobaban la transcripción que antecede, y en tal virtud certifico, que estando reunidos en el Salón de Sesiones de la Asamblea Municipal de Arecibo, P. R., los Sres. José Toledo Gar-cía, Manuel Cortés Nieves, Tomás García, José Cruz Gerena, Teo-doro Villanueva, Alfredo Martínez y Santos Pérez Lugo, a quienes conozco personalmente como Asambleístas Municipales de Arecibo, y el Sr. Tomás Méndez, Secretario Accidental de dicho cuerpo, pro-cedieron a firmar y en mi presencia firmaron la certificación que antecede, extendida en 29 páginas de papel legal; y certifico final-mente que las firmas que aparecen en esta certificación son las le-gítimas de dichos señores. Arecibo, P. R., en el Salón de Sesiones de la Asamblea Municipal de Arecibo, a 3 de noviembre de 1931.— Hago constar que dichos señores juran la certeza de dichas trans-cripciones.— (Pdo.) Puro Girau, Juez Corte Municipal. (Hay un se-lio de R. I. por valor de 25^, cancelado, y el sello oficial de la Corte Municipal de Axecibo).”

¿Pudo la Asamblea Municipal de Arecibo actuar en la forma en que lo hizo?

Se trataba de un procedimiento de impeachment contra el alcalde. El secretario del municipio nombrado por el al-calde se había negado a actuar. Los libros de actas del mu-nicipio no fueron puestos a la disposición de la asamblea, ni encontrados por ésta en la búsqueda qxie de ellos hizo. Bajo esas circunstancias, la asamblea estuvo justificada a nuestro juicio en nombrar una persona que actuara como secretario. De otro modo hubiera faltado al cumplimiento de un deber que la misma ley le imponía, permitiendo que la rebeldía de un funcionario hiciera ineficaz su propia y exclusiva juris-dicción.

Quizá la no asistencia del secretario a la primera sesión de la asamblea no hubiera sido bastante para calificar de rebelde su actitud, porque alegó que se encontraba enfermo, pero la manera como después se condujo demuestra sin lugar a dudas de ningún género que su propósito firme y deliberado fué no sólo dejar de cumplir su deber para con la asamblea, si que además obstruirla en cuanto le fuera posible a los efectos de que no pudiera actuar válidamente en la sustan-ciación de los cargos presentados contra el alcalde.

Bajo las indicadas circunstancias, las siguientes autori-dades sostienen la facultad de la asamblea para nombrar como nombró no el secretario del municipio, poder que corres-ponde al alcalde, sino-un secretario que actuara como tal en el procedimiento de impeachment, a saber: artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil, Dillon’s Municipal Corporations, Vol. 2, p. 876, El Pueblo v. Rodrígues,, 37 D.P.R. 425, Attorney General v. Crocker, 138 Mass. 214, y State Ex Rel. Patty v. Makee, 25 Pac. 294. Los casos de Massachusetts y Oregon, reportado el último en Pacific, se citan extensamente en el alegato del apelante.

Además, la asamblea fue excesivamente previsora al no limitarse a autenticar sus actuaciones por la fe que de ellas diera el secretario que nombrara, si que también al obtener que el juez municipal le prestara su cooperación en la forma en que lo hizo, y al ajustarse en todo cuanto más pudo a las prescripciones de la ley en la formación del nuevo libro de actas que habilitara. Difícilmente pudieron quedar auten-ticados en forma más fehaciente los procedimientos de corpo-ración alguna que se hubiera visto obligada a actuar en la forma en que actuó en este caso la Asamblea Municipal de Arecibo. Y no se conformó con ello, ,si que en el mismo pro-cedimiento de quo warranto declararon testigos que volvieron a identificar los documentos ante el propio juez sentenciador.

Siendo ello así, ¿pudo la corte de distrito rechazar la evidencia aportada por el relator! En manera alguna, a nuestro juicio. Se trataba de originales y los originales dentro del orden natural de las cosas tienen que constituir necesariamente en todos los casos la mejor prueba. Lo que sucede es que el Legislador basándose también en el orden natural de las cosas y en la realidad de los hechos, habiendo en consideración lo que significa y constituye un archivo público, autorizó su prueba por medio de copias certificadas por el funcionario que lo tiene bajo su custodia. Pero ello no quiere decir que si el original del récord público, por virtud de circunstancias especiales, se presentare como prueba, deba negarse su admisión por ser el original y no una copia. Lo que la ley requiere en última instancia es que ante el juzga-dor quede la mej or prueba de los hechos en controversia. La ley de evidencia resume en sus preceptos la experiencia y la sabiduría de los siglos en materia de prueba, dando reglas precisas para las diversas y complicadas situaciones que surgen en la práctica, y no debe ser interpretada de manera que anule su propósito fundamental y cuando se presente al juzgador lo mejor que existe deba éste rechazarlo porque no se ajuste a una norma establecida para probar aquello mejor sin necesidad de moverlo del sitio en que se encuentre.

Resuelta en sentido afirmativo la cuestión de si la prueba de los procedimientos de la asamblea en el caso del impeachment era admisible, veamos si demuestra o no que el proce-dimiento fué legal, y válida la destitución decretada.

Sostienen los querellados en primer término que no aparece de los documentos que la asamblea fuera convocada de acuerdo con la ley, ya que ésta (Ley Municipal de 1931, p. 609) prescribe en su artículo 29 que:

“ ... La asamblea municipal para oír y resolver cualquiera acusación presentada contra el alcalde, formulada por cualquier miembro de la asamblea municipal, por el Gobernador de Puerto Rico o por cualquier ciudadano, podrá reunirse previa convo-catoria del presidente de la misma, en cualquier fecba que noti-ficará el alcalde, dándole copia de los cargos con cinco días de an-ticipación al en que baya de celebrarse la vista, y luego de haber obtenido un quorum, para considerar la acusación formulada al al-calde, la asamblea podrá continuar reunida por todo el tiempo que fuere necesario para resolver el caso en definitiva; ...”

Todo el argumento descansa en que el texto castellano de la ley dice como podemos notar: “en cualquier fecba que notificará el alcalde” y de los documentos no resulta que el alcalde notificara fecba alguna.

El texto inglés de la ley dice: “of which the mayor shall be notified” y ello es lo correcto. Cualquier persona de inte-ligencia común al leer el artículo 29 de la Ley Municipal podría dudar de si lo que se quiso decir por el .Legislador fué que el alcalde notificara la fecha. Si es la asamblea la que podía oír cualquier acusación presentada contra el alcalde pudiendo reunirse al efecto previa convocatoria del presi-dente de la misma, ¿cómo se va a dejar la notificación y aun la fijación de la fecha al alcalde 1 Siendo dudoso el uso y significado del artículo el, su sentido debe ser buscado por su examen y comparación con las otras palabras y sentencias que le están relacionadas en el orden de una buena investiga-ción, para llegar a su verdadero significado (art. 17 del Có-digo Civil, 1930), y así procediendo se concluye que el signi-fica al y que su aparición en el texto de la ley se debe a un error de copia o tipográfico, que no puede tener el efecto de variar por completo el procedimiento a seguir.

Sostienen también los querellados que disponiendo la ley que los cargos se notificarán “con cinco días de anticipación al en que baya de celebrarse la vista” y demostrando los documentos que los cargos se notificaron el 3 de septiembre para verse el 14 del propio mes, la asamblea no tuvo facultades para actuar el 14.

A nuestro juicio la disposición legislativa no tiene el alcance que le dan los querellados. Debe concederse al al-calde un término mínimo de cinco días y la celebración de la vista debe ser rápida ya que el alcalde puede quedar sus-pendido como quedó en este caso, siendo la mejor práctica la de fijarla para un término que no exceda de cinco días, pero el hecho de que se fije para algunos días después no despoja de su jurisdicción a la asamblea. Nada demuestra una dilación abusiva reveladora de la intención de mantener al alcalde fuera de su puesto a virtud de la suspensión, sin investigar los cargos formulados y sin dictar la resolución definitiva que procediera. Aquí la suspensión se decretó el 2 de septiembre, notificándose el 3 y la investigación se prac-ticó el 14, y el 15 del propio mes se dictó la resolución final por la asamblea.

Examinados en sí los documentos presentados, encuéntrase que en las convocatorias, citaciones y sesiones de la asamblea se cumplió con los requisitos que marca la ley. La querella que dió origen al procedimiento fué presentada bajo juramento por dos ciudadanos. La asamblea se reunió primero para considerarla, citando al alcalde que no compareció. Acordó que era suficiente y decretó la suspensión del alcalde, fijando fecha para la investigación. El alcalde fué notificado con copia de la querella y de la fecha del señalamiento y tampoco compareció. La asamblea, citados todos los miembros que la componían y habiendo comparecido un numero suficiente, oyó la prueba practicada y dictó su resolución final declarando no probados algunos de los cargos y probados otros y a virtud, de los probados decretó la destitución del alcalde, resolución que quedó firme por no baber el alcalde apelado de ella para ante este Tribunal Supremo, recnrso directo qne le concede la ley. Ley Municipal de 1931, See. 29, Leyes de 1931, p. 610.

A virtud de todo lo expuesto, debe resolverse en la afir-mativa la primera cuestión en controversia, o sea la de si existe nna vacante en el puesto de Alcalde de Arecibo por haber sido el querellado Sergio Seijo, que lo desempeñaba por elección popular, debidamente destituido por la Asam-blea Municipal.

Examinemos la segunda. Alegan los querellados que aunque se llegara a la anterior conclusión, debería declararse sin lugar la solicitud de quo warranto, porque los autos demuestran que si bien el relator Doctor Mendín fué nombrado por el Alcalde Director de Beneficencia del Municipio de Arecibo, el propio alcalde le formuló cargos y lo suspendió de empleo y sueldo estando aún dichos cargos pendientes de investigación y resolución, correspondiendo, por tanto, la sustitución en el caso de que procediera, no al Director de Sanidad, sino al Tesorero Director Escolar, de acuerdo con la ordenanza de turnos aprobada por el municipio.

Los autos demuestran que a principios de septiembre de 1931, Seijo, como alcalde, dirigió una carta suspendiendo a Mendín como Director de Beneficencia, siendo contradictoria la prueba de la exacta fecha de la carta y la de su entrega, aportada por los propios querellados. Estos presentaron una copia que tenía fecha de septiembre Io. y al pie una nota que dice: “Entregada al Dr. José Mendín Sabat, en Arecibo, sept. 2, a las 7 y 45 minutos de la mañana. Fdo, Peo. Duprey.” Llamaron a declarar al Dr. Mendín y éste ase-guró que la carta no le fué entregada hasta el 4 de septiem-bre. Duprey no fué llamado a declarar.

El 8 de septiembre Seijo dirigió otra carta a Mendín comunicándole que Raeía como dos horas que la Corte de Dis-trito de San Juan había dictado una orden suspendiendo los efectos de un aparente acuerdo adoptado por la Asamblea Municipal que tendía a suspenderlo de su cargo y que ha-biendo investigado los hechos que dieron origen a los cargos que le formulara “hace varios días” creía justo declararle que lo encontraba inocente y lo reponía en su puesto. Con-testó el Doctor Mendín el 9 y el 10 volvió a escribirle Seijo a Mendín como sigue:

“. . . Señor: Recibí su carta de ayer, donde me notificaba que usted había 'vuelto a asumir las funciones de su cargo, pero desde las primeras horas de la mañana de ayer cuando le vi en su oficina, no he vuelto a verle trabajando como Ud. acostumbraba en su cargo. Por la presente le formulo el siguiente cargo: Usted ha Abando-NADO ENTERAMENTE LAS FUNCIONES DE SIT EMPLEO, ABANDONANDO el Servioio, Dejando sin Asistenoia Médica a los Paoientes Po-bres y no Cumpliendo Ninguna de las Demás Funoiones de su Cargo como Director de Beneeioencia de Arecibo. Por tal motivo, por abandono, le formulo el anterior cargo y desde hoy queda usted suspenso de empleo y sueldo, todo lo cual hago en ejercicio de fa-cultades que me confiere la vigente Ley Municipal. ...”

Contestó el Doctor Mendín defendiéndose y así quedó el asunto sin que conste que se haya tomado en él resolución alguna.

También presentaron, los querellados copia de la carta dirigida por el alcalde Seijo a la querellada Antonia Brandi. Lee así:

“2 de septiembre de 1931. Sra. Antonia Brandi de Seijo, Are-cibo, P. R. Señora: En ejercicio de facultades que me concede la Ley, por la presente nombro a usted Tesorero Director Escolar. del Municipio de Arecibo, Puerto Rico, para que tome posesión de dicho cargo hoy mismo, si le es posible, antes de las 10:00 A. M. Atentamente, Fdo. Sergio Seijo, Alcalde de Arecibo.”

Sostiene el relator que las suspensiones decretadas por Seijo no tienen eficacia porque Seijo estaba suspendido a su vez de su cargo de alcalde al decretarlas y alegan los quere-llados que habiendo la Corte de Distrito de San Juan decre-tado la suspensión de la orden de la asamblea, Seijo quedó restablecido en todos sus poderes en el caso de que los hu-biera perdido por el decreto de la asamblea, y por tanto, que su orden de suspensión de Mendín fue válida y está en todo su vigor.

“La suspensión de los funcionarios tiene lugar y efecto a partir del tiempo en que la orden de suspensión es expe-dida y notificada.” Rigiéndonos por este principio, la sus-pensión de Seijo como alcalde decretada por la Asamblea Municipal el 2 de septiembre y notificada al alcalde al día siguiente comenzó a tener efecto el 3 de septiembre.

Conocemos la prueba aportada por los querellados para demostrar la fecha de la suspensión de Mendín por Seijo. Aun cuando la primera carta de Seijo tuviera fecha Io. de septiembre, ¿cuándo fue notificada a Mendín? Entre una simple nota puesta por una persona al pie de una copia diciendo que entregó el original el 2 de septiembre y la decla-ración bajo juramento de la persona que la recibió soste-niendo que lo fue no el 2 sino el 4 de septiembre, el conflicto debe decidirse en pro de la declaración jurada, especialmente habida en consideración la rara conducta seguida por Seijo puesta de relieve no sólo por sus cartas del 8 y del 10 de septiembre dirigidas a Mendín, sino por la que dirigiera a la querellada Antonia Brandi, que es su propia esposa, nom-brándola en documento que lleva fecha 2 de septiembre, Teso-rero Director Escolar para que tomara posesión de dicho cargo ese mismo día, antes de las 10:00 A. M. Parece conveniente decir que las dos suspensiones del Dr. Mendín, las basó Seijo en cargos formulados por él mismo contra el Doctor.

Resuelto que la primera suspensión no se notificó hasta el 4, es bien claro que lo fué cuando ya Seijo estaba suspen-dido y, por tanto, que no tenía que ser obedecida. Pero se insiste en que es válida la suspensión del 10 de septiembre porque la suspensión de Seijo había sido suspendida a su vez por la Corte de Distrito de San Juan en cierto recurso de certiorari.

En efecto, cuando la asamblea acordó actuar sobre los cargos que se le presentaran contra el alcalde Seijo, éste se dirigió a la Corte de Distrito de San Juan y le pidió que reclamara los autos y decretara la nulidad del procedimiento, suspendiendo entre tanto la orden de suspensión de la asam-blea, y la corte accedió. " Luego la propia corte desestimó el auto de certiorari y de su resolución final Seijo apeló estando aún pendiente de resolución el recurso.

El relator en su alegato estudia ampliamente la natura-leza del recurso de certiorari, del clásico y del autorizado por la Ley Municipal, y el poder que las cortes tienen dentro del mismo. También sobre los efectos de una resolución deses-timando la petición y sobre los de la apelación de esa resolu-ción para ante el Tribunal Supremo. Los querellados tratan la cuestión ampliamente en su alegato.

No seguiremos ni al uno ni a los otros. Fuera cual fuere la autoridad que la corte de distrito tuviera para intervenir por certiorari, es lo cierto que se negó finalmente a ejercitarla cuando se enteró del becbo de haber sido el alcalde destituido de su cargo por la asamblea. El alcalde destituido tenía entonces un recurso rápido, directo, eficaz para ante el Tribunal Supremo, y al dejar de ejercitarlo, quedó firme la des-titución. Dentro de ese recurso pudo y debió Seijo haber levantado todas las cuestiones envueltas desde el principio hasta el fin del procedimiento de impeachment y esta corte hubiera resuelto si la querella era suficiente, si pudo decre-tarse la suspensión, si la asamblea se constituyó válidamente, si su resolución final estuvo bien fundada, etc.

Fué el propio querellado Seijo el que acató- la actuación de la asamblea y no puede invocar ahora otro recurso por él iniciado en el que se dictó cierta medida previa a su instan-cia, recurso desestimado totalmente después por improce-dente, para hacer en cierto modo ineficaz la destitución elimi-nando al Director de Sanidad y haciendo que la sustitución recaiga en su propia esposa nombrada por él Tesorero Director Escolar y sobre quien, como Directora Escolar, versaba uno de los cargos que se formularon contra él y se declararon probados por la asamblea, a saber:

“Es grave también y constituye violaciones de ley, y desorden administrativo, el permitir como lia permitido el Alcalde querellado, el que su esposa Doña Antonia Brandi, Directora Escolar de este Municipio, recibiera distintas cantidades de dinero, provenientes de la venta de Almueezos en los Comedores Escolares de este Muni-cipio de Arecibo, y de que ese dinero se dispusiera, sin ingresarlo en la Tesorería Municipal de Arecibo, según se le imputa en la es-pecificación Novena de la querella.”

A virtud de todo lo expuesto, debe de igual modo con-cluirse que cuando la segunda suspensión del Doctor Mendín fue decretada por Seijo, éste se encontraba suspendido válida-mente por la Asamblea y carecía de facultades para actuar.

Y así la segunda cuestión en eontrovérsia debe ser también resuelta en la afirmativa.

En el acto de la vista del recurso ante este tribunal, pidieron los querellados que en el caso de que esta Corte Suprema llegara a la conclusión de que debía revocar la sen-tencia de la de Distrito de Arecibo devolviera a ésta los procedimientos para que los continuara permitiéndoles intro-ducir su prueba. El relator se opuso fuertemente manifes-tando que tal medida dilataría de tal modo el asunto que cuando llegara a resolverse sería ineficaz por haber vencido el término por el cual fué elegido el alcalde.

En relación con esa petición muestran los autos lo que sigue:

.. “Abogado Sr. Pagán. Antes de empezar a presentar mi prueba, que quede claro en el récord, que toda esta evidencia, tanto la do-cumental como las declaraciones son condicionales, sujeta a lo que resuelva la Corte de si es admisible o no el retitrn ese.
“Hon. Juez. Si la corte resuelve que el denominado Return no es admisible en evidencia todas las declaraciones sobre eso quedan en el aire.
“Abogado Sr. Pagán. Me reservo el derecho de presentar prueba en caso de que eso no fuere admitido.
“Abogado Sr. Rivera Zayas. No puede ser. (Argumentó).
“Abogado Sr. Pagán. ¿Entonces eso lo discutimos en los alega-tos?
“Hon. Juez. Sí, en los alegatos se discute esa cuestión.”

Y los querellados procedieron entonces a presentar la prueba qne estimaron conveniente.

Si se admitiera la teoría de los querellados, los pleitos podrían dilatarse indefinidamente. El procedimiento quedó abierto a prueba y fue sometido finalmente a la decisión de la corte. Lo mismo que los querellados presentaron lo que alegan que es parte de su evidencia, pudieron y debieron pre-sentarla toda. Tuvieron su día en corte y no pueden que-jarse.

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dictarse otra declarando que Sergio Seijo no tiene derecho a desempeñar las funciones de Alcalde del Municipio de Arecibo, ni a recibir los honores, derechos y emolumentos que de dicho cargo se derivan y menos a ejercer las funciones del mismo y que al relator Dr. José Mendín Sabat corresponde como Director de Beneficencia del dicho municipio desempeñar interinamente el dicho cargo de Alcalde, no habiendo llegado, pues, el turno a Antonia Brandi ni a Augusto Padilla, debiendo expedirse mandamiento al Márshal de dicho Distrito para que en el caso de que el que-rellado Sergio Seijo se oponga, lo lance de las oficinas de la alcaldía instalando en ellas al relator Mendín, con apercibi-miento tanto a Seijo como a Antonia Brandi y a Augusto Padilla de no obstaculizar al relator en el ejercicio de las funciones de alcalde interino de Arecibo, so pena de incurrir en las penalidades que determina la ley, con imposición de las costas a los querellados.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    In re Guillermo Ortiz Guzmán, querellado y apelado, v. Leopoldo Venegas, Alcalde de Coamo, P. R., opositor y apelante.
    No. 5234.

      Sometido: Abril 13, 1932.

      Resuelto: Abril 26, 1932.

      E. Ramos Antonini, abogado del apelante; Leopoldo Tormes, Manuel A. Rivera, Agustín E. Font y F. Zapater, abogados del ape-lado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso sobre destitución de un funcionario público municipal, y la primera cuestión que surge al resolverlo es la del procedimiento a seguir en la corte de distrito.

En el caso de Gutiérrez v. Monclova, Alcalde, 39 D.P.R. 911, se decidió:

“Tratándose de la destitución de un funcionario, la apelación que establece el artículo 29 de la Ley Municipal como fue éste enmen-dado por Ley No. 92 de 1925 (pág. 709) requiere un juicio de novo en la corte de distrito y así los errores que puedan haberse come-tido en el juicio ante el alcalde carecen de importancia.”

El juez sentenciador sostiene que esa jurisprudencia no es aplicable a este caso, y tiene razón en verdad. La ley interpretada en el mismo, refiriéndose al recurso de apelación concedido al funcionario destituido, decía:

“ ‘La apelación se establecerá mediante escrito dirigido a la corte, del cual será notificado el alcalde, y el juicio deberá cele-brarse dentro del término de dos meses, después de establecido el escrito de apelación, debiendo la corte oír, en forma ordinaria, la evidencia necesaria para resolver la controversia; ....’”

Esa ley fue sustituida por otra, la No. 53, titulada “Ley estableciendo un sistema de gobierno local para los munici-pios de Puerto Pico,” aprobada en 28 de abril de 1928, que en su artículo 29, en lo pertinente, dice:

“Art. 29. — * * * * *
“Los funcionarios administrativos sólo podrán ser removidos de sus puestos por el Alcalde, y de esta decisión podrá apelar en un solo efecto, el funcionario perjudicado para ante la Corte de Dis-trito correspondiente, la cual deberá considerar y resolver las cues-tiones de becbo y derecho envueltas en la apelación dentro de un plazo no mayor de 30 días desde la radicación de la demanda en apelación. . . ”

Desapareció lo relativo a la práctica de la prueba, que fue lo que llevó a la corte en el caso de Gutiérrez, supra, a la conclusión de que debía celebrarse un nuevo juicio.

El apelante sostiene que la corte de distrito erró porque no obstante la resolución a que llegara en el sentido de que se trataba de una apelación distinta a la existente con ante-rioridad a la Ley No. 53 de 1928, no aplicó a su tramitación las reglas generales establecidas en la ley para tales recursos, permitiendo que quedara en los autos cierto escrito titulado “demanda de apelación”.

La cuestión es dudosa, pero la misma ley es la que em-plea tanto en inglés como en español las palabras demanda en apelación (complaint on appeal), y al darles la corte un significado más amplio que el que tienen el “un escrito mani-festando que se apela” {a notice stating the appeal) del artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil, no estuvo desprovista de fundamento, como veremos luego.

Tampoco creemos que la corte errara al decidir finalmente lo que debía constituir el récord de la apelación. Estuvo vacilante al principio y tomó diferentes medidas que rectificó hasta que finalmente se basó en las constancias que tuvo ante sí el alcalde para decidir el caso, traídas a la corte en forma auténtica y fehaciente, quedando de tal modo establecida la regla de que corresponde a la parte recurrente en estos recursos el archivar en la corte de distrito una transcripción fehaciente de los procedimientos que tuvieron lugar ante el alcalde a fin de que la corte quede colocada en las mismas condiciones en qne lo estaba el alcalde, y pneda cum-plir con su deber de “considerar y resolver las cuestiones de hecho y de derecho envueltas en la apelación”.

¿Cuándo y cómo debe archivarse la transcripción?

Aquí se permitió presentarla al apelante durante la vista. Parece conveniente oír al juez sentenciador sobre el particular. Dice en su opinión:

“Antes de proceder adelante, la corte desea repetir aquí lo que manifestó varias veces en el curso del caso: que la sección 29 de la Ley Municipal, supra, no establece de un modo claro y defini-tivo cuál es el procedimiento a seguir en estos casos. Se usa la palabra ‘apelación’, se limita el tiempo a treinta días desde el mo-mento en que se radica la demanda en apelación basta que la corte tiene que fallar, pero en realidad no puede decirse que puedan aplicarse los términos que concede el Enjuiciamiento Civil en casos de apelaciones. Entendiéndolo así la corte, libró una orden el 15 de enero para que por el demandado se enviara a la corte, en el término de diez días, toda la documentación y prueba que tuvo ante sí para resolver los cargos. El día de la vista, el demandado presentó una moción para que se anulara dicha orden, pues la sec-ción 29, supra, no la autorizaba, ya que habla de apelación y no de certiorari y que no debía imponerse al demandado el deber que incumbe al demandante de radicar los autos del caso. La corte de-claró con lugar esta moción, permitiendo, sin embargo, que el de-mandante presentase dicha documentación como única prueba en este caso, negándose la corte a darle al mismo el carácter de un juicio de novo.
“Opinaba y opina la corte que de acuerdo con los casos de Coll v. Todd, 35 D.P.R. 625 y Rosa González v. Todd, resuelto por nues-tro Tribunal Supremo en noviembre de 1929, que aun cuando no se trate de un recurso de certiorari y el estatuto emplee la palabra ‘apelación’, en casos de esta naturaleza, el deber del tribunal es revisar el procedimiento y la prueba habidos ante el alcalde para determinar si este funcionario al destituir actuó de acuerdo con la ley y si existió prueba que justificase la destitución.
“En 43 C. J. 677 se expresa la doctrina así:
“ ‘In some states, a special remedy in the nature of an appeal has been given by statute to one whom it is intended to remove from office for cause. Such an appeal brings before the court only the validity of the proceedings required by law before removal is made, and the discretion of the removing power avüI not be reviewed.’
“Es lógico que. así sea. De otra manera sería la corte la que estaría resolviendo los cargos y no el funcionario. La sección 29 de la Ley Municipal, siupra, dice que la corte resolverá las ‘cues-tiones de hecho y derecho envueltas en la apelación’ y resolvemos que éstas sólo pueden ser aquellas que surjan de la prueba y de los procedimientos habidos ante el alcalde, y que por este motivo la corte limitó la prueba del apelante a la transcripción de la evi-dencia y documentos presentados al alcalde.”

Si el recurrente estuviere en posesión de la transcripción al tiempo de radicar sn demanda en apelación, podría radi-caría en ese momento. Si no, en cualquier otro antes de la vista. Pero el hecho de radicaría como aquí la radicó du-rante la vista, no creemos que constituya error. Lo breve del tiempo fijado por la ley no permite, al parecer, otra cosa, y lo verdaderamente importante es que la vista termine que-dando el juez, en posesión de todo lo que necesita para fallar, y habiendo tenido las partes interesadas una oportunidad al presentar sus cuestiones y argumentos de tomar por base la totalidad del asunto.

Se insiste en que debió desestimarse el recurso porque no se presentó un señalamiento separado de errores. Realmente no se concibe una apelación sin que se aleguen los errores cometidos. Pero atendida la interpretación que se dió a lo dispuesto en la ley sobre la “radicación de la demanda en apelación”, pudiera decirse que esa demanda hace las veces del señalamiento de errores, ya que no es ella un simple escrito o notificación avisando que se apela, sino que en ella, como aquí se hizo, se expresa el porqué de la apelación.

Resueltas las cuestiones relativas a la tramita-ción del recurso en la corte de distrito, veamos ahora los fun-damentos que tuvo dicha corte para dictar su sentencia revocando la resolución del alcalde Venegas destituyendo al ' funcionario Doctor Ortiz de su cargo de Director de Benefi-cencia y ordenando su inmediata reposición, con costas.

La parte apelante sostiene que dicha sentencia es contra-ria a los hechos y a la ley, y qne en todo caso dehe ser revocada en cnanto a la imposición de las costas.

Oigamos de nnevo al juez sentenciador, esta vez, sobre los fundamentos de sn sentencia. Dijo:

“La prueba presentada por el demandante-apelante consistió en los cargos formulados, la contestación a los mismos, una moción de inhibición presentada por el demandante ante el alcalde, la resolu-ción de éste destituyéndole, el récord taquigráfico de la vista cele-brada ante el alcalde, en el que constan las declaraciones de todos los testigos, y la prueba documental presentada ante el mismo.
“La corte ha leído cuidadosamente las doscientas cuarenta y tres páginas de que consta el récord taquigráfico de las vistas celebra-das ante el alcalde de Coamo al substanciarse los cargos, y es de opinión que, si bien de acuerdo con la jurisprudencia un funcio-nario con poder para destituir no está sujeto a las sutilezas que gobiernan a una corte de justicia (González v. Todd, supra) y no tie-nen que observarse estrictamente las reglas de evidencia (43 C. J. 666, sec. 1104), en el caso de autos se llegó al otro extremo, es decir, el procedimiento llevado a cabo ante el alcalde, más bien que de un carácter administrativo cuasi judicial, tuvo todas las caracte-rísticas de un juicio criminal, en que el alcalde tenía a su lado a dos abogados, a los que llamaba ‘asesores’, los que, por sus ac-tuaciones, fueron verdaderos fiscales, siendo ellos, en puridad de ver-dad, los que inducían al alcalde a resolver cuestiones de carácter legal y le indujeron a actuar en perjuicio de los derechos del aquí demandante-apelante. La corte llega a esta conclusión porque apa-rece de dicho récord taquigráfico que a no ser por la interven-ción directa de uno de dichos abogados, el Ledo. Ramos Antonini, el alcalde no hubiera declarado con lugar la eliminación de ciertas alegaciones contenidas en la contestación que el demandante-apelante Dr. Ortiz hizo a los cargos, ni hubiera, como consecuencia, prohibido a éste presentar cierta prueba en apoyo de esas alegaciones, priván-dose así al apelante de parte de su defensa. Todo esto se hizo con la oposición del aquí apelante.
“Además, al empezar la vista de los cargos ante el alcalde de Coamo, el doctor Ortiz presentó una moción de inhibición que dice así:
“ ‘Hon. Alcalde. — Dr. Guillermo Ortiz Guzmán por medio de sus Abogados suscribientes, alega:
“ ‘Que el querellado no puede tener su day in Court con un jui-cio justo e imparcial, ni una oportunidad para defenderse ni una protección igual de ías leyes, si esta investigación es practicada, dirigida y resuelta por el Sr. Leopoldo Yenegas actuando como Alcalde por las razones siguientes:
“ ‘1. Porque los 10 cargos formulados no lo lian sido por razo-nes de ninguna querella, ni queja de persona alguna, y sí sólo por la intervención directa del propio Sr. Venegas, que no puede ser a la vez el denunciante, o querellante y el propio Juez de sus actos.
“ ‘2. Que el Sr. Yenegas con anterioridad a su nombramiento de Alcalde había dicho públicamente que destituiría de su cargo al que-rellado y que su nombramiento de Alcalde en parte se debió a su compromiso con sus amigos políticos adversos al querellado de sepa-rarlo de su puesto.
“ ‘3. Porque el Sr. Yenegas ha hecho públicas manifestaciones de reciente fecha de que confirmará los cargos y destituirá al que-rellado, cualquiera que sea el resultado de esta investigación.
“ ‘4. Porque el Sr. Yenegas, sin haberse resuelto estos cargos ha estado ofreciendo el puesto que desempeña el querellado a otros Médicos para nombrarlos inmediatamente después de esta investiga-ción.
“ ‘5. Porque el Sr. Yenegas tiene marcados prejuicios contra el querellado congratulándose de ser su enemigo personal.
“ ‘PoR Todas Estas Razones el querellado solicita que el Sr. Leopoldo Yenegas se inhiba del conocimiento de esta investigación por ser de justicia que intervenga en ella una autoridad libre de prejuicios como lo sería el sustituto del Alcalde. ’.
“Al ser leída esta moción ocurrió lo que aparece a las páginas 12, 13, 14 y 15 del récord taquigráfico y que, a los fines de esta opinión se hace necesario transcribir.
“ ‘Sr. Ramos: Nosotros vamos a solicitar que se desestime esta moción de inhibición por varias razones, unas de forma y otras de fondo, la primera de forma es que esta moción de inhibición, en que se hacen afirmaciones tan graves, realmente de carácter irres-petuoso para el prestigio y la personalidad del alcalde que está en-tendiendo en este caso, no viene hecha bajo juramento; (sigue ar-gumentando extensamente). * * * * * *
* * * Por las circunstancias expuestas solicito que se declare sin lugar la moción de inhibición.
“ ‘Alcalde: Se declara sin lugar la moción.
“ ‘Defensor: Con nuestra excepción por los motivos ... se nos niega prueba para sostenerla, para sostener esa moción de in-hibición.
“‘Alcalde: No.
“‘Defensor: Entonces pedimos presentar prueba.
“ ‘Ramos: Desearía ser oído.
“ ‘Defensor: Deseamos saber quién es el alcalde, si el señor Ramos o el señor Venegas.
“ ‘Sr. Ramos: Desearía que en este momento atienda un poco.
“ ‘Defensor: ¿Quién va a denegar eso, el alcalde o usted?
“ ‘Sr. Ramos: S. S. ha sido fiscal . . .
“ ‘Sr. Pont: Pero ya no soy fiscal.
‘ ‘ ‘ Sr. Ramos: Ha sido fiscal durante muchos años y sabe que un juez nunca resuelve una cuestión de ninguna de las partes sin que sean oídas las dos partes.
“ ‘Sr. Pont: Usted no es parte.
“ ‘Sr. Ramos: Yo, como asesor, en este momento represento al alcalde y tengo derecho a ser oído y a aconsejarle antes de que él resuelva.
“ ‘Sr. Pont: No, no es así.
“ ‘Sr. Ramos: De modo que no es que el Sr. Alcalde ... de la misma manera que S. S. no sabe nada de cirugía dental, puede que él no sepa nada de derecho y eso no mengua su personalidad; de modo que pregunta el compañero si el alcalde . . .
“ ‘Sr. Pont: Yo no vengo a discutir con S. S. y perdone, no es que rehuya el debate, yo me dirijo al alcalde, hemos planteado una cuestión de inhibición, si se nos permite prueba, sí o no para sos-tener esa moción.
“ ‘Sr. Ramos: Yo solicito . . .
‘ ‘ ‘ Sr. Pont: Pero ahora preguntamos si se nos permite prueba.
‘ ‘ ‘Alcalde: Si está denegada la moción no puedo admitirle prueba.
“ ‘Sr. Pont: ¿Nos prohibe presentar prueba para sostener esta moción de inhibición?
“ ‘Alcalde: Sí, señor.
“ ‘Sr. Pont: Tomamos excepción.’
“En cuanto a las eliminaciones solicitadas por el Ledo. Ramos Antonini, de la contestación y defensas especiales, ocurrió lo si-guiente, según aparece a las páginas 15 a 18 de la transcripción de la evidencia:
“ ‘ Sr. Ramos: Sr. Alcalde: nosotros vamos a solicitar antes que se ejnpiece a ofrecer la prueba en la sustanciación de este caso, va-mos a solicitar la eliminación de los siguientes particulares consig-nados en la contestación: Apartado sexto de la contestación, soli-citamos qne se eliminen desde donde dice “y se sostiene en contra-rio” hasta el final de dicho párrafo. Del apartado octavo, desde donde dice “dándose el caso” hasta el final de la oración qne ter-mina con la palabra “receta.” Solicitamos, además, qne se eliminen en total los apartados segundo y tercero de las defensas especiales. Las razones que tenemos para solictiar dichas eliminaciones, en cnanto a la primera del párrafo sexto, por entender nosotros que esto más bien sería base suficiente para una formulación de cargos que hiciera en particular y por separado el querellado contra el al-calde, en un procedimiento, bien sea de impeachment o el proce-dimiento adecuado y suficiente para lanzar fuera del cargo al alcalde, pero no en una defensa de los cargos que se están formulando. En cuanto al apartado octavo, hacemos el mismo comentario que el anterior, y en cuanto al párrafo segundo y tercero de las defensas especiales, porque en ellos se habla de enemistades personales del alcalde para con el querellado, de fines de venganza personal y otros actos del alcalde que al igual que en el anterior, serían propios para ser traídos en una formulación de cargos contra el alcalde, pero no en una defensa, porque esto es una defensa y no una formula-ción de cargos; por esas razones es que solicitamos que se eliminen.
“ ‘Defensor: Nosotros vamos a oponernos por tres motivos prin-cipales, el primero es que la moción es tardía; el segundo, que esta moción viene hecha por el compañero Ramos Antonini, que no es parte ni la ley le da facultades para tomar parte en la sustan-ciaeión de estos cargos; y, tercero, porque se priva al querellado de un derecho que está garantizado por las leyes vigentes y la Consti-tución de los Estados Unidos, de que se le dé toda la oportunidad para defenderse y tener su día en corte.
“ ‘Sr. Ramos: Antes de continuar adelante y antes de que re-suelva, yo voy a suplicar a los compañeros, a los efectos de evitarles repeticiones y llenar indebidamente el récord, que se entienda que todas las actuaciones mías anteriores y de ahora en adelante hasta la terminación del caso están objetadas de antemano por ustedes y así ya ustedes saben que ustedes no se someten a ninguna clase de intervención mía y que tienen derecho a esa objeción.
“ ‘Defensor: Nosotros no deseamos hacer transacciones ni hacer estipulación ninguna sobre ningún extremo en cuanto a este asunto, nosotros, según el compañero Ramos tome parte en cualquier actua-ción, tomaremos excepción por los motivos que creamos que tenemos derecho.
“ 'Sr. Ramos: Yo creo que es muy fundamental la objeción de S. S., con lo que yo le proponía se perjudicaba.
“ ‘Alcalde: Se declara con lugar la ehmienda del licenciado Ramos Antonini.
“ ‘Defensor: Con nuestra excepción por los motivos que cons-tan en nuestra oposición a la moción de eliminación.’
“Refiriéndonos en primer término a la moción de inhibición, la corte es de opinión que en ella se alegaban hechos que, de haber sido probados, incapacitaban al alcalde para actuar en la vista de los cargos contra el doctor Ortiz. En dicha moción no es que se hi-cieran afirmaciones graves de carácter irrespetuoso para el presti-gio y la personalidad del alcalde, como dijo el Ledo. Ramos Anto-nini, sino que se exponen hechos que, a juicio de la corte, reque-rían prueba y se le negó al querellado la oportunidad de probarlos. Es cierto que de acuerdo con la Ley Municipal vigente, en sus ar-tículos 29 y 36, el alcalde es el único funcionario autorizado para suspender o destituir a los funcionarios y empleados municipales, pero no lo es menos que el mismo artículo 29 dispone que:
“ ‘En caso de vacante, ausencia, suspensión, licencia, incapaci-dad, etc., del Alcalde, será éste sustituido por uno de los funcionarios administrativos municipales, exceptuando el Auditor o el Secretario; debiendo al efecto establecer previamente la Asamblea Municipal, en una de las sesiones, el orden de tal sustitución.’
“De manera que en casos de incapacidad del alcalde para actuar en un caso cualquiera, puede ser sustituido por el funcionario ad-ministrativo que haya designado la Asamblea Municipal. No nece-sita seria ni extensa argumentación el hecho de que un alcalde que es enemigo personal de otro funcionario municipal, y así lo expresa públicamente, no está en condiciones de actuar con una mente libre de prejuicios al juzgar a esa persona por cargos que él mismo le ha formulado. El más rudimentario espíritu de justicia exigía que no se eliminara la moción de inhibición, que se presentara la prueba para sostener los hechos alegados en ella y que el alcalde hubiera entonces resuelto la moción en su fondo, dando así también una oportunidad a esta corte para determinar si en realidad estaba o no incapacitado. Las mismas consideraciones son aplicables a la eliminación de las defensas especiales y el no permitirse prueba sobre ellas. No fueron éstas ‘Sutilezas’ en el procedimiento, sino un derecho a ser juzgado impareialmente que tenía el aquí apelante. La corte es de opinión que fué perjudicial a los derechos del ape-lante esta actuación del alcalde de Coamo. El funcionario o junta con autoridad para destituir están obligados a actuar con impar-cialidad y sin prejuicio. En 43 C. J. 664 se dice que el tribunal (el alcalde) deberá ser desinteresado e impareiaí — Andrews v. King, 77 Me. 224.
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“¡Resuelta la primera cuestión en la forma expuesta anterior-mente, la corte es de opinión que huelga entrar a considerar las de-más cuestiones envueltas en esta apelación, o sea las que se refieren a la prueba de los cargos, pues ésta, de haber estado capacitado el alcalde para actuar- — hecho que no resolvemos ni en la afirmativa ni en la negativa- — era cuestión de apreciación y análisis por dicho funcionario y de su discreción resolver, siempre que no hubiera una1 ausencia absoluta de prueba.”

Poco tendremos que agregar a los razonamientos del juez sentenciador.

Estamos conformes con el apelante en que nada ¡hay en la ley que prohíba a los alcaldes el valerse de asesores legales en la vista de estos casos, pero una cosa es un asesor legal y otra los ahogados que intervinieron en el procedimiento en este caso nombrados por el alcalde. Lo menos que puede, decirse es que causa extrañeza la manera en que dichos llamados asesores realizaron su misión.

Además, la sentencia apelada no se funda en el hecho de' la intervención, sino en el resultado de la misma contrario al derecho fundamental que el funcionario tenía de ser juz-: gado impareialmente.

Es cierto que el “Alcalde” es el único funcionario capa-citado para destituir los otros funcionarios municipales, de acuerdo con la ley, como sostiene el apelante, pero no el Alcalde Fulano de Tal. Cuando la persona electa como al-calde está incapacitada de actuar en un determinado asunto, la ley designa quién debe sustituirle, y el alcalde sustituto es entonces el funcionario capacitado para resolverlo.

No queremos decir que por el solo hecho de que sea el alcalde el que formule los cargos contra el funcionario, deba inhibirse. En manera alguna. El alcalde es el jefe ejecutivo de la administración municipal y en el cumplimiento de sus deberes puede venir en conocimiento directo.de actos realiza-dos por los funéionarios por él nombrados que exijan sn des-titución, y en tales casos ¿quién mejor que el alcalde para resolver el asunto, después de haber escuchado la defensa del funcionario o de haberle dado la oportunidad de defen-derse? El alcalde no actúa por su interés personal, sino en bien de una buena administración municipal.

Pero cuando se imputan al alcalde hechos de la naturaleza de los alegados en la moción de inhibición, la situación varía, y debe darse una oportunidad al funcionario de presentar su prueba. Si fueren ciertos, procedería la inhibición.

Argumentando el último error que señala, se expresa el apelante en su alegato, en parte, así:

“Condenar en costas al Alcalde en este caso se quiere decir con-denar en costas al Municipio de Coamo. No hay duda alguna que los cargos son suficientes. Más claro es todavía el hecho de que bubo prueba suficiente ante el Alcalde. . . .
“¿Es justo y procedente que ante un caso de esta naturaleza, .en que la sentencia de la Corte'de Distrito, y aun la confirmación de este Hon. Tribunal no habrán de determinar la inocencia del fun-cionario querellado, ni la terminación del caso, sino que lo único que habría de resultar sería el que habría de comenzarse de nuevo el caso con la propia corrección de aquellos dos errores de proce-dimiento que la Corte de Distrito consideró perjudiciales, 'y habría el Alcalde de Coamo de proseguir y por la prueba que indiscuti-blemente habría de ser la misma resultaría definitivamente separado el Dr. Ortiz G-uzmán de su cargo, es justo, preguntamos, que se condene en costas al Municipio de Coamo, en beneficio de un fun-cionario que fundamentalmente habría de resultar culpable?”

Habidas en consideración todas las circunstancias que con-curren, estima esta corte que no debieron imponerse las costas al alcalde.

En tal virtud, la sentencia apelada debe modificarse eli-minando de ella las siguientes palabras: “imponiéndose las costas al demandado” y sustituyéndolas por éstas: “sin especial condenación de costas”, y así modificada, deberá con-firmarse la sentencia recurrida.

•El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, a instancias de Juan I. Sosa, relator y apelado, v. José García Delgado, demandado y apelante.
    No. 5780.

    Sometido: Abril 22, 1932.

      Resuelto: Abril 26, 1932.

      B. Rivera Zayas, abogado de los apelantes; Harry B. Lienza,. abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de quo warranto ejercitado por El Pueblo de Puerto Rico a instancias ,de Juan I. Sosa. Se .trata de recobrar un cargo de asambleísta del municipio de Río Piedras. El relator es vecino y contribuyente del indi-cado municipio y ocupa en el mismo el puesto de Presidente del Comité Local del Partido Socialista-Constitucional.

En la querella se alega que el 28 de noviembre de 1930 la Asamblea Municipal de Río Piedras declaró vacante el cargo de miembro, que en ella desempeñaba Pablo Landráu, y que sin autoridad de ley, el propio día, eligió para cubrir la vacante al querellado José García Delgado, que no fué reco-mendado por el Comité Local de Río Piedras del partido Socialista-Constitucional que fué el partido que en dicho mu-nicipio triunfó en las elecciones de 1928. El secretario de la asamblea no comunicó al Comité la vacante ni le pidió la terna qne determina la ley.

Al contestar, alegó el querellado como defensa especial qne la querella no aducía -hechos suficientes para determinar una causa de acción. La corte, en su decisión final, resolvió la cuestión en contra del querellado, y éste, en su primer error sostiene que la resolución de la corte no estuvo bien fundada, porque no basta alegar que el partido Socialista-Constitucional triunfó en el municipio, si que es necesario expresar' además la afiliación política del causante de la vacante que se va a cubrir.

Invoca el querellado apelante el artículo 23 de la Ley No. 53 de 1928, que es la que rige este caso, que en lo pertinente, dice:

“Artículo 23. — Las vacantes que ocurran en las asambleas mu-nicipales, se cubrirán por estas mediante terna propuesta por el or-ganismo director local del partido a que pertenezca el candidato, con personas que tengan la condición de elegibles y sean de la misma filiación política del miembro que causare la vacante. ...”

Ese artículo debe interpretarse en relación con el 17 de la propia ley que determina:

“Artículo 17. — En todas las elecciones generales los electores de cada municipio elegirán una Asamblea Municipal, la cual se com-pondrá de once (11) miembros en los municipios de primera clase; de nueve (9) en los de segunda y de siete (7) en los de tercera. Cada elector tendrá derecho a votar por el número total de candi-datos que figure en la papeleta electoral. Los miembros de la Asamblea Municipal así elegidos desempeñarán sus cargos por el tér-mino de cuatro años y hasta que sus sucesores sean debidamente elec-tos o nombrados y tomen posesión.
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Siendo ello así, habiendo resultado triunfantes los candi-datos del Partido Socialista-Constitucional, esa sola alegación es suficiente para determinar que corresponde al organismo local del mismo el ejercicio de las funciones que la ley le asigna.

No es que la cuestión levantada por el querellado carezca de fundamento. Los términos en que está redactada la sec-ción 23 le favorecen. Pero la entera estructura de la Ley electoral nos lleva a la conclusión expuesta que quedará mejor explicada al examinar los Lechos suscitados por la contesta-ción y sobre los cuales versó la prueba.

El querellado admitió prácticamente todos los hechos de la querella — no sus conclusiones — y alegó:

“(a)- En 18 de septiembre de 1928, un núcleo de electores del Municipio de Río Piedras, constituyó e inscribió en la Secretaría de Puerto Rico un partido llamado ‘Partido Reformista’ y entre los candidatos postulados para la Asamblea Municipal figuraba Pablo Landráu, el mismo que causó la vacante llenada por el quere-llado, ....
“(b) En 14 de octubre de 1928, el Partido Socialista Constitu-cional, representado por: Don Ramón Negrón Plores, Dr. Manuel Soto Rivera, Don Esteban Ortiz, Don Ezequiel Mongil, Don Pedro N. Rodríguez y Don Juan Correa; y el Partido Reformista, al cual pertenece el querellado representado por: Lie. José Ruiz de Yal, Don Rafael M. Sehuek, Don Pablo Landráu, Don José García Dones, Don Carmelo Siaca Pacheco y Don Alfonso Vázquez Cabañas, todos debidamente autorizados por los respectivos Comités de los citados partidos, establecieron un pacto o convenio político para comenzar a regir desde el día 14 de octubre de 1928 hasta la expiración del término administrativo Municipal en enero de 1933. . . .
“ (e) En virtud de dicho pacto los dos partidos referidos se unie-ron para la campaña electoral de 1928 y para recabar para ellos la administración Municipal, comprometiéndose a sostener una candida-tura conjunta, conservando cada partido su personalidad y quedando integrados los organismos políticos de la localidad en la siguiente forma:
“El Comité Local por cinco miembros del Partido Socialista-Constitucional y cuatro miembros del Partido Reformista Local.
“La Asamblea Municipal por cinco miembros del Partido Re-formista local y cuatro miembros del Partido Socialista Constitu-cional.
“El Alcalde habría de ser en todo tiempo un miembro del Partido Socialista Constitucional, uno de los cargos de Comisionados de libre elección por parte del Partido Reformista y los demás cargos y em-pleos de por mitad para cada partido.
“(d) En cumplimiento de ese pacto los Reformistas se abstu-vieron de votar sn candidatura oficial y aportaron sus votos bajo la insignia del Partido Socialista-Constitucional y fué esta conjunción la que obtuvo la victoria en la contienda electoral para la adminis-tración de la cosa pública municipal, de acuerdo con el pacto.
“ (e) Ganada la elección, en la primera sesión de la Asamblea Municipal, y en cumplimiento del Pacto renunciaron inmediata-mente cuatro de los caballeros electos pertenecientes al partido So-cialista Constitucional para dar paso al nombramiento de cuatro Re-formistas, entre los cuales figuraba Don Pablo Landráu, que causó la vacante llenada, por el querellado, haciéndose dichos nombramien-tos en vista de ternas sometidas por el Comité Conjunto de ambos P'artidos eoaligados, único organismo local director de la conjunción partidista triunfante en la Municipalidad y de cuya autoridad dimanaban las ternas para cubrir vacantes en la Asamblea Municipal en todos los casos, ejerciéndose la presidencia de dicho Comité Con-junto por turno entre los miembros del mismo pertenecientes a ambas colectividades políticas.
“ (f) En abril de 1930, por virtud de divergencias surgidas en el seno del Partido Reformista, el Partido Socialista Constitucional, por conducto de los Comités Socialista y Republicano Púro, acorda-ron no reconocer a los miembros del Comité Conjunto pertenecientes al Partido Reformista que habían venido ejerciendo como tales, ni a quienes pretendían substituirlos, y en tal virtud cesó en sus fun-ciones el Comité Conjunto que, como se alega era el organismo director de la coalición partidista local triunfante en los co-micios. Se acompaña el documento marcado No. 3 para que forme parte de esta contestación.
“ (g) Habiendo vacado el cargo ocupado por el asambleísta Don Pablo Landráu, Reformista, la Asamblea Municipal nombró al que-rellado, José García Delgado, de la misma filiación política del Sr. Landráu, para cubrir dicha vacante, y si bien no se hizo por terna sometida por el Comité Conjunto, por haber éste cesado en sus fun-ciones se recibió una terna del Comité Local del Partido Reformista, con lo cual se ha cumplido esencial y substancialmente con la Ley Municipal, no teniendo el Partido Socialista Constitucional derecho ni autoridad alguna para someter una terna para este nombramiento que no podía recaer en favor de ningún republicano o socialista.”

Esos hechos quedaron demostrados por la prueba, que los amplió en el sentido de que el Partido Reformista se dividió en dos grupos, habiendo solicitado ambos que se les recono-eiera preferente y exclusivo derecho dentro de la Coalición formada con el partido Socialista Constitucional a virtud del pacto invocado.

La corte de distrito en la relación del caso y opinión que sirve de base a la sentencia recurrida, se expresó, en parte, como sigue:

“El tribunal Supremo ele Puerto Rico, interpretando el Artículo 22 de la anterior Ley Municipal, ha resuelto:
“ ‘El Artículo 22 de la vigente Ley Municipal debe ser inter-pretado en el sentido de que las asambleas municipales están obli-gadas a cubrir las vacantes que ocurran en su seno con la persona que le proponga el organismo director local del partido que eligió el miembro cuya vacante haya de cubrirse, sin poder pedir que se le proponga más de una para cada vacante y sin tener derecho de la elección.’ Piovanetti et al. v. Paz et al., 28 D.P.R. 537.
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“El artículo 23 de la vigente ley, está redactado en iguales tér-minos que el 22 de la anterior, según fué enmendado en 1925, ex-cepto que aquél dispone que la propuesta se hará mediante terna.
“De manera, pues, que cuando ocurre una vacante en la asamblea municipal, ésta debe ser cubierta mediante terna de personas que tengan la condición de elegibles, que sean de la misma filiación po-lítica del miembro que causare la vacante, y a propuesta del orga-nismo director local del partido a que pertenezca el candidato; . . .
“El Partido Reformista de Río Piedras no fué a las urnas. Sus votos fueron dados al Partido Socialista Constitucional, que fué el que triunfó en la elección. Los candidatos de este partido, y no del Reformista, fueron los electos; y es claro que a dicho P'artido So-cialista Constitucional es al que corresponde, de acuerdo con la ley, proponer la terna para cubrir la vacante.
“Es cierto que después de las elecciones generales de 1928, el candidato electo del Partido Socialista Constitucional renunció, - y que por virtud del pacto o coalición se nombró a Pablo Landráu, del Partido Reformista, pero esta propuesta se hizo por un Comité Conjunto de los Partidos Reformista y Socialista Constitucional, o sea, en otras palabras, mediante recomendación de este último par-tido al cual pertenecía el candidato que causó la vacante. El par-tido Reformista que, aunque inscrito por petición, se abstuvo de acu-dir a las urnas como tal partido, y por tanto, no causó la vacante, carece de derecho, de acuerdo con la ley, a proponer terna para cubrir vacantes en la Asamblea Municipal de Río Piedras.
“Y la circunstancia de que el Comité'Conjunto de ambos parti-dos baya desaparecido o cesara en sus funciones porque los miem-bros de uno se negaran a reconocer a los del otro, quedando así prácticamente sin efecto el pacto o convenio político, no autoriza a la asamblea para actuar en la forma en que lo liizo. El nombra-miento de José G-areía Delgado beebo en esas condiciones es, pues, nulo, y no tiene efecto legal alguno.
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* * * El becbo de que ambos partidos hubieran comprome-tido su honor y su buena fe, y que luego hubieran roto el pacto o convenio, no obliga a la corte a reconocerlo en un recurso como el presente, que no es de equidad, y en que no se trata de un pleito entre dichos partidos sobre cumplimiento específico de contrato, ni se están ventilando cuestiones internas de la supuesta coalición.
“En un recurso de la naturaleza de Quo Warranto, el querellado debe demostrar la bondad y legitimidad de su título. 22 R.C.L. 716, 717.”

Por su segundo señalamiento el apelante sostiene que es erróneo el criterio de la corte sentenciadora. Pajo las cir-cunstancias que concurren y atendida la naturaleza de los partidos políticos y agrupaciones- de igual índole y los prin-cipios fundamentales que informan, las leyes electoral y municipal, nos parecen, por el contrario, convincentes las razones .expuestas por el tribunal sentenciador, debiendo, en tal vir-tud, confirmarse la sentencia recurrida. ■


author: El, Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Joaquín Cintrón, tercerista apelante, v. M. Vidal Alvarez & Co., y Josefa C. de Hernández, demandados apelados.
    No. 6031.

    Sometido: Abril 25, 1932.

      Resuelto: Abril 27, 1932.

      Luis A. Garda del Bosario, abogado del apelante; Angel A. Vázquez, abogado de los apelados.
   El, Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

E11 este caso se solicita la desestimación del recurso de apelación interpuesto por el tercerista apelante, por el fun-damento de que el apelante no ha proseguido su apelación eon la diligencia debida o de buena fe.

De la declaración jurada por Pedro N. Colberg, Secre-tario de la Córte de Distrito de San Juan, aparece: Que el recurso de apelación se interpuso en 12 de noviembre de 1931; que el tercerista optó, para perfeccionar su apela-ción, por la transcripción taquigráfica del juicio; que con fe-cha 21 de noviembre de 1931 la corte inferior ordenó al ta-quígrafo que procediese a radicar la transcripción de evi-dencia en el término de ley; que desde el 11 de diciembre de 1931, fecha en que se concedió la primera prórroga, la corte inferior ha concedido cinco prórrogas al tercerista ape-lante, todas de treinta días, habiéndose concedido la última en 6 de abril de 1932; que el tercerista apelante no ha de-positado en secretaría ninguna suma de dinero para pagar al taquígrafo los derechos que le corresponden por la trans-cripción del récord taquigráfico.

El taquígrafo, Juan Comas Vera, declara bajo juramento que desde el día 21 de noviembre de 1931, fecha en que se dictó la orden para la transcripción de la evidencia, el abo-gado del tercerista, Luis A. García'del Bosario, convino en pagarle dentro de breves días la suma de $30 como honora-rios por el trabajo de poner en limpio el récord; que va-rias veces ha solicitado del mencionado abogado que haga que su representado el tercerista le satisfaga los aludidos $30 para poder dar comienzo a poner en limpio el aludido récord taquigráfico, y que a pesar del tiempo transcurrido desde el 21 de noviembre de 1931 basta el 13 de abril de 1932, ni el tercerista ni su abogado le ban pagado los $30 mencio-nados, por cuyo motivo no ba procedido a poner en limpio las notas taquigráficas del juicio.

El abogado del tercerista, Luis A. García del Rosario, alega bajo juramento que en representación del demandante convino con el taquígrafo en pagarle la suma de $25 por el trabajo de la transcripción, y niega que conviniera en pa-garle la suma de $30 por dicbo trabajo; que debido a la crisis prevaleciente, al apelante en este caso no le fué posible conseguir inmediatamente el importe de $25 convenido con el taquígrafo por su trabajo de transcripción, y que por esta razón solicitó varias prórrogas de la corte de distrito, todas ellas necesarias; que el taquígrafo fué oportunamente advertido de la obtención de las referidas prórrogas, habién-dose mostrado conforme en todo momento y no creyendo pertinente solicitar la consignación del importe convenido por su trabajo; que el declarante advirtió al taquígrafo que la prórroga concedida en 6 de abril de 1932 sería la última que se iba a solicitar y le notificó que el trabajo de transcribir el récord podía verificarse dentro de la mencionada pró-rroga; que cree de buéna fe que el taquígrafo está traba-jando en transcribir el récord tomado en este caso y que la transcripción de la evidencia podrá radicarse antes de ven-cerse el término concedido por la orden de la Corte de Dis-trito de San Juan.

La corte inferior en este caso ba procedido con liberali-dad al conceder varias prórrogas al tercerista apelante. El liecbo de que éste ofreciera pagar $25 por la transcripción del i’écord y no $30 como dice el taquígrafo, no tiene nada que ver con la diligencia que ba debido desplegar el ape-lante para ultimar los trámites de la apelación. El abogado del apelante no dice que el taquígrafo está trabajando en transcribir el récord, sino que cree de buena fe que está lle-vando a cabo este trabajo. Esta manifestación es dema-siado vaga, porque la creencia del testigo no constituye una afirmación del techo de que el taquígrafo esté llevando a cabo en la actualidad el trabajo de la transcripción del récord taquigráfico. Tampoco se dice en la declaración jurada del abogado del tercerista que éste haya pagado ni que haya pro-metido nuevamente pagar al taquígrafo el importe de sus honorarios. Entendemos que el tercerista apelante no ha procedido con la debida diligencia para ultimar los trámites de la apelación.

Por las razones expuestas, opinamos que debe desesti-marse la apelación interpuesta por el tercerista Joaquín Cin-tron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Manuel Sevilla y Domingo Matos, acusados y apelante el segundo.
    No. 4611.

    Sometida: Abril 20, 1932.

      Resuelto: Abril 29, 1932.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Matos y José Manuel Sevilla fueron convictos en una corte municipal de alteración de la paz. Sevilla sa-tisfizo su multa y Matos apeló a la corte de distrito, donde luego de un juicio de novo fué nuevamente declarado culpable.

La denuncia imputa una infracción del artículo 368 del Código Penal por haberse reñido en cierta calle de determinado municipio, perturbándose de ese modo la paz y tranquilidad del inmediato vecindario. Nada hay que demuestre que se perturbara la paz de alguien en el vencindario, a no ser la del policía que fué un testigo presencial. Si un policía cae o no dentro de la protección del estatuto, es cuestión que no es necesario determinar añora. Véase, sin embargo, 9 C.J 388, sección 4, nota 32..

El policía y Sevilla, inspector municipal de obras públicas, estaban conversando entre una y dos de la madrugada, cuando Matos, el alcaide municipal, llegó e informó al policía de una alteración de la paz ocurrida en otro sitio. Entonces sobrevino una conversación entre Matos y Sevilla y culminó en una riña. Sevilla propinó el primer golpe. Este puñetazo fué la respuesta inmediata a ciertas palabras de parte de Matos que Sevilla consideró ofensivas. Sevilla declaró como testigo de defensa en la corte de distrito que primero él insultó a Matos, quien replicó en forma similar, y que la trompada siguió a esta respuesta. El policía no recordaba quien inició la conversación entre Matos y Sevilla. Él no oyó la injuria que Sevilla, de acuerdo con su declaración, dirigió primero a Matos.

Puede admitirse que la prueba en conjunto no revela un caso tan claro como en los de El Pueblo v. Torres, 18 D.P.R. 933, y El Pueblo v. Franquis, 24 D.P.R. 615. Sin embargo, los ñecños en el presente caso lo colocan, a nuestro juicio, dentro del principio de aquéllos. Para que una alteración de la paz constituya delito bajo el artículo 368 del Código Penal, debe ser voluntaria y maliciosa. La prueba en el caso de autos no establece el elemento de mens rea.

Debe revocarse la sentencia apelada.