author: El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Iturregui et al., Acusado y Apelante.
    No. 2252.

    Visto: Abril 15, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Adulteración de Leche — Precintos de los Envases de Leche. — El hecho de que la leche hubiei'a sido vendida, por la persona que se la compró al gana-dero cuando estaba en tránsito desde la ganadería al depósito en donde resultó adulterada, no exime de responsabilidad al vendedor; y el heeho de tener precintos los envases no excluye la posibilidad- de que fuera adulterada des-pués de ser recogida de la ganadería.
    Id. — Id.—La ignorancia del vendedor en cuanto a la adulteración de la leche no le -exonera de responsabilidad.
    SENTENCIA de- Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), ¿n causa por adulteración de leche, condenando a Iturregui y absol-viendo a otro de los acusados.

      Confirmada.

      Campillo é Campillo, abogados del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del 'apelado.
   El Juez Asociado Señor FraNco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se apela de una sentencia que condena al acusado a su-frir cinco días de cárcel por tener y ofrecer en venta leche adulterada.

Se alega como único motivo de error no haberse probado que el acusado hubiera estado en ningún momento en pose-sión de la leche adulterada.

El acusado vendía leche a Cándido López que era dueño de un puesto para la venta de dicho artículo. El 14 de marzo de 1923, a instancias de López y en momentos de llegar la leche al puesto para ser entregada y antes de ser rotos los precintos,.uno de los inspectores.de sanidad tomó una muestra que resultó adulterada. No se discute el he-cho de la adulteración de la leche. El acusado, alega qué la leche era comprada a Julián Molinari, dueño de una va-quería en Carolina. Este la ponía en envases precintados en la carretera y de ahí era recogida por un truck por or-den del acusado. A-1 llegar el truclc a Santurce el acusado desde un cafetín daba las órdenes al chauffeur para su en-trega a los distintos puestos. Existen otros detalles en la prueba de que López se babía quejado con frecuencia al acusado que la lecbe venía floja y babía resultado adulte-rada antes de la denuncia. El acusado ofreció llamar la atención a Molinari, dueño de la vaquería, diciendo que ba-bía conseguido que los envases vendrían precintados, aun-que no con candados porque era una dificultad para ven-dería durante el camino.

- La prueba demuestra, por tanto, que una vez recogida por orden del acusado la lecbe en el camino, él era el dueño de la misma y quedaba en su posesión material para dis-tribuirla y venderla en la forma que mejor creyera. El becbo de tener precintos los envases no excluye la posibili-dad de que fuera adulterada después de recogida, porque de la misma prueba resulta que los precintos son suscepti-bles de quitar y poner y están de venta en las quincallas.

T tampoco sería una defensa la falta de conocimiento de la adulteración por el acusado, porque la sección 1* de la ley núm. 59 de 1910 (Comp. see. 5787) también castiga el mero hecho de tener u ofrecer en venta lecbe adulterada o diluida, y en estos casos no es necesario probar que se adul-teró o diluyó- con la intención de ofrecería en venta, ni que la persona acusada fué quien la adulteró, ni que sabía que estaba adulterada. El Pueblo v. Gautier, 20 D.P.R. 328; El Pueblo v. Calderón, 17 D.P.R. 484; El Pueblo v. Rodríguez, 23 D.P.R. 839; El Pueblo v. Vázquez, 26 D.P.R. 14.

Por lo expuesto, la sentencia debe confirmarse.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    Hijos de Tomás Pietri, Demandantes y Apelados, v. Vicens Hermanos, Demandados y Apelantes.
    No. 3271.

    Visto: Mayo 8, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Cuenta Corriente — Causa be Acción- — Sentencia un Rebeldía. —'Cuando se trata de.una demanda en cobro de dinero por la venta de géneros y no se alega un convenio respecto al tiempo del pago, la presunción es que el v'en- , dedor -tiene derecho al pago inmediato del precio a la entrega de la mer-canela, y la simple alegación de estar vencida la deuda es suficiente, 13 n tales circunstancias no es de aplicación el artículo 1095 del Código Civil y es válida la sentencia dictada en rebeldía por el secretario.
    Sentencia en rebeldía registrada por el Secretario, Corte de Dis-trito de Ponce, en acción sobre cobro de dinero.

      Confirmada.

      V. Zayas Pizarro, abogado de los apelantes; L. Torres Grau, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes alegan haber vendido a la demandada las siguientes partidas de sirop de cañas, en la cantidad, precio y fecha siguientes:

Mayo 8 do 1922, 13 barriles a $11 cada uno-$143. 00
18 de 1922, 20 barriles a $11 cada uno- 220. 00
19 de 1922, 15 barriles a $11 cada uno- 165. 00
“ 26 de 1922, 11 barriles a $11 cada uno- 121. 00

El precio hace xin total de $649, del qne se deducen $20 ■qne confiesan recibidos los demandantes, quedando na re-manente de $629 qne se alega estar vencido y qne la de-mandada no ha satisfecho en todo ni en parte.

La demandada excepcionó la demanda por falta de cansa de acción. Desestimada la excepción, no fné contestada la demanda, por lo qne se anotó la rebeldía y se registró sen-tencia por el secretario.

No conforme la demandada apeló de la sentencia, y en •su alegato se sostienen como errores: haberse desestimado la excepción previa a la'demanda, y haberse registrado sen-tencia en rebeldía sin alegarse en la demanda la fecha del vencimiento de la obligación.

Los dos errores serán considerados conjuntamente, pues uno y otro se basan en la falta de alegación en la demanda qne determine el vencimiento de los $629 qne se reclaman.

La demanda alega, sin embargo, qne dicha suma está vencida, pero sostiene la apelante qne ésta es una conclusión legal. Planteada así la cuestión, realmente levantaría un punto legal y el secretario no tendría facultad para dictar la sentencia conforme al artículo 194 del Código de Enjui-ciamiento Civil que especifica los casos en que aquel fun-cionario puede dictar sentencias en rebeldía. Pero en este caso se trata de una demanda en cobro de dinero por la venta de géneros o mercaderías, y no alegándose que haya existido un convenio respecto al tiempo del pago, la presun-ción es que el vendedor tiene derecho al pago inmediato del precio a la entrega de la mercancía, y la simple alegación de estar vencida la deuda es suficiente. 6 R.C.L. 897; 21 E.C.L. 11.

En verdad que en la demanda se habla de intereses re-cíprocos al 10. por ciento, pero aparte de que la simple mención de tal interés no implica por sí sola la concesión del plazo, la venta de las partidas no fué simultánea y sí en diferentes fechas dentro del mismo mes y el demandante había recibido $20 a cuenta del precio, lo que parece explicar la estipulación de intereses entretanto la apelante recibía la última entrega.

La misma circunstancia de no aparecer de la demanda que se concediera un plazo al deudor ni deducirse de la na-turaleza de la obligación, hace inaplicable el artículo 1095 del Código Civil que sostiene la apelante haberse infringido.

Por lo expuesto, la sentencia debe confirmarse.


author: El Juez PbesideNte Sbñob del Tobo,

text:
    Arrache et al., Demandantes y Apelados, v. Carlsson, Demandado y Apelante.
    No. 3173.

    Visto: Enero 15, 1924. •

      Resuetto: Mayo 31, 1924.
    Desahucio — Sustitución be Paute Demandante — Demanda Complementaria.— Si el demandante en un caso de desálmelo se desprende del título a la pro-piedad objeto del litigio, pendiente éste, la acción puede continuarse a nom-bre del cesionario con permiso de la corte, y el hecho del traspaso' puedo ale-garse por medio de demanda complementaria.
    Id. — Excepción Previa a la Contestación — Sentencia Sobre las Alegaciones. —Cuando la contestación del demandado en una acción de desahucio en pre-cario continuada por el comprador de la finca pendiente el litigio, alega como única defensa que el demandado posee a virtud de arrendamiento contratado con el primitivo dueño, pero rio' que el nuevo dueño conociera el arrendst-miento y se hubiera de algún modo obligado a respetarlo, o que el arrenda-miento estuviera inscrito en el registro; procede la excepción previa a la contestación aducida por el demandante y en su consecuencia debe declararse con lugar la demanda por no haberse alegado una defensa meritoria.
    SeNTENCTá ele Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando con lugar demanda de desahucio.

      Confirmada.

      Esieves e I. Solclevila, abogados del apelante; García Méndez & 'Gar-cía Méndez, abogados de los apelados.
   El Juez PbesideNte Sbñob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Tomasa Guzmán presentó una demanda de desahucio en la Corte de Distrito de Aguadilla contra Ernesto Carlsson, alegando ser dueña de cierta finca rústica cuya posesión detentaba el demandado sin su consentimiento y contra su voluntad.

Se señaló el 3 de octubre de 1923 para la primera compa-recencia y en dicho día se presentó una moción alegando que después 'de radicada la demanda, la demandante había vendido al Dr. José S. Arrache y a doña Francisca y don Juan Arrache la finca objeto del litigio y los actuales due-ños interesaban continuar la tramitación del pleito “por en-contrarse el demandado disfrutando precariamente la finca,” y pedían qué la Sra. Guzmán fuera sustituida por ellos como parte demandante. El demandado se opuso y la corte re-solvió la cuestión suscitada así: “La corte' entiende que ésa es una cuestión discrecional y por tanto admite la subro-gación por sustitución, y si por virtud de la sustitución el abogado no se halla en condiciones de defenderse hoy, no tiene inconveniente la corte en señalarle otra fecha.”

El propio día 3 de octubre se radicó una demanda com-plementaria. El demandado al par que se opuso a la ad-misión de la demanda complementaria adujo en contra de ella las excepciones de falta dé hechos suficientes, indebida acumulación de partes y ambigüedad. La corte decidió ad-mitir la dicha demanda complementaria. El demandado so-licitó un plazo para contestarla y la corte transfirió la pri-mera comparecencia para el 11 de octubre de 1923.

En dicho día comparecieron las partes. La demandante propuso su prueba consistente en documentos y testigos. Acto seguido los demandantes presentaron una excepción previa contra la contestación del demandado, y el abogado de Lile solicitó un receso de diez minutos para estudiar las alegaciones, que le fue concedido. El demandado por medio de su abogado se allanó a la excepción y pidió una hora para formular una contestación enmendada. La corte acce-dió y la contestación enmendada fue archivada. Está re-dactada de tal modo que puede concluirse que admite la certeza de la venta a los demandantes Arrache. Luego como materia nueva, alegó que ocupaba la finca a virtud de arrendamiento celebrado con la anterior dueña.

Se procedió entonces a discutir las excepciones del de-mandado y fueron declaradas sin lugar. Quiso el deman-dado introducir su prueba y se opusieron los demandantes alegando que la contestación no contenía hechos suficientes para constituir una buena defensa. La corte resolvió tener por ofrecida la prueba propuesta por el demandado reser-vándose admitirla o nó después de estudiar la cuestión plan-teada por los demandantes y se levantó la sesión para con-tinuarla al cabo de unas horas. Al constituirse de nuevo el tribunal, declaró con lugar la excepción por los siguientes fundamentos:

“Porque el supuesto título alegado por el demandado para estar en posesión de la finca es un simple proyecto de arrendamiento que no llegó nunca a concretarse en nada definitivo y que en el supuesto caso que hubiese constituido un contrato de arrendamiento en forma, entonces habría sido necesario especificar en la contestación que tal .contrato estaba inscrito en el registro de la propiedad y hacía efecto contra tercero o si no alegar que de tal contrato o convenio tuvieron conocimiento los nuevos adquirentes de la finca José S. Juan o Francisca Arrache y Battistini, y que se comprometieron a respetarlo. No habiendo hecho ninguna de estas dos alegaciones la contestación ca-rece de hechos suficientes para constituir una oposición' o defensa contra la demanda y, en su consecuencia, declara con lugar la de-manda y decreta el desahucio en la forma solicitada en la misma.”

Dictada sentencia de conformidad, fué apelada por el demandado para ante este tribunal, señalándose en su ale-gato los siguientes errores cometidos, 1, al admitir la susti-tución; 2, al permitir la demanda complementaria; 3, al declarar sin lugar las excepciones previas del demandado, y 4, al declarar con lugar la excepción a la contestación y decretar el desahucio.

1. El primero de los defectos no existe. El artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que una ac-ción no termina por la cesión de cualquier interés en dicha acción 'siempre que la causa subsista y permite en caso de “cualquiera otra cesión de interés” que la persona a quien se hizo el traspaso quede subrogada en la acción. Y la Corte Suprema de California en el caso de Camarillo v. Fenlon, 49 Cal. 203, estableció la siguiente doctrina: “Si el demandante en un caso de ejectment se desprende del tí-tulo a la propiedad objeto del litigio, pendiente éste, la ac-ción puede continuarse en su nombre, a menos que el cesio-nario solicite que se le tenga por demandante.” La ley puertorriqueña es igual a la de California.

2. Sostiene la parte apelante que la corte erró al admitir la demanda complementaria, sin hacer una sola cita de ley o jurisprudencia..

El artículo 134 del Código de Enjuiciamiento Civil au-toriza la presentación de demandas y contestaciones suple-mentarias para “alegar hechos esenciales al. caso ocurridos después de la anterior demanda o contestación,” y la juris-prudencia ha establecido que la admisión de dichas alegacio-nes descansa en. la sana discreción de la corte. Jacob v. Lorens, 98 Cal. 332.

¿Abusó en este caso la corte de su poder discrecional? Es indudable que el hecho del traspaso de la propiedad' puede considerarse esencial y ocurrió después de establecida la demanda. Siendo esto así, las condiciones exigidas por la ley parecen existir.

La tínica duda que Remos tenido al examinar la juris-prudencia en relación con los hechos de este caso, es la de si la demanda complementaria estableció o nó una nueva y distinta causa de acción, pues si la estableciera de una ma-nera independiente, no procedería. “Una nueva e indepen-diente causa de acción no puede ser sustituida por medio de una demanda complementaria.” Fairall’s Code of Civil Procedure, párrafo 464, citando los casos de Gleason v. Gleason, 54 Cal. 135, Jacob v. Lorens, 98 Cal. 332, y Gordon v. San Diego, 108 Cal. 264.

La demanda primitiva se basó en la condición precaria del demandado. También la complementaria. La causa de acción no fué, pues, variada. La cuestión del arrendamiento surgió como una defensa del demandado. Es evidente que el arrendamiento alegado, si es que el juez de distrito no está en lo cierto, en la primera parte de su resolución, hu-biera constituido una buena defensa en cuanto a la primi-tiva demandante y no constituye defensa válida alguna en cuanto a los actuales, pero esto no quiere decir que la causa de acción ejercitada sea distinta. Bajo esas circunstancias no creemos que pueda sostenerse que la corte de distrito abusara de su discreción al admitir la 'demanda complemen-taria, que fué, como hemos dicho, excepcionada y contes-tada por el demandado.

3. No nos detendremos a considerar el tercer error. No existe. Las demandas claramente aducen causa de acción para el desahucio.

4. La acción de la corte de distrito está justificada por sus propios fundamentos. Aunque pudiera existir duda con respecto al primero o sea a que el contrato de arrendamiento alegado por el demandado era un simple proyecto que no llegó nunca a concretarse en nada definitivo, el segundo es tan claro que no admite dudas de ningún género. En cuanto a los nuevos demandantes, nada meritorio alegó el deman-dado. Sosa v. Río Grande Agrícola Co., Ltd. 17 D.P.R. 1149, y Cuesta v. Ortiz, 29 D.P.R. 494. Reclamada la posesión por el dueño y hallándose en ella el demandado sin derecho alguno, el desahucio se imponía, y no erró, por tanto, la corte al decretarlo.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: Conforme con la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Presidente Señor- del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Aquino, Acusado y Apelante.
    No. 2157.

    Visto: Enero 22, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Perjurio — Desacato por Perjurio — Propósito be la Ley que lo Castiga- — De hechos del Acusado. — La idea fundamental que inspira la Ley No. 41 do 1911 "para proveer un castigo sumario por el delito de perjurio cometido en corte abierta y para otros fines” consta claramente de su propio título, de su seeción segunda y de su historia, a saber: castigar rápida y eficiente-mente a aquellos que faltando al juramento prestado, al respeto debido a Jas cortes y a su propia dignidad, declaran falsamente; y para que la ley resulte constitucional es necesario interpretarla de manera que en su aplica-ción no viole los derechos fundamentales- del acusado a conocer el cargo que se le imputa, a confrontarse con los testigos de la acusación, a ser condenado solamente mediante prueba legal y suficiente del delito que se le-imputa.
    Id. — Id.—Orden de Arresto y Comparecencia — Juicio y Sentencia. — Hay dos momentos en estos casos en que -se mueve y actúa la conciencia del juzgador. Es el primero cuando al prestar su declaración en el juicio, queda el juez convencido de que el testigo es perjuro y ordena su arresto y fija el día en que debe comparecer. Y es el segundo cuando habiendo ya actuado de tal modo se dispone a investigar el caso en sí mismo oyendo las pruebas de ambas partes y dictando finalmente su sentencia de acuerdo con la prueba practicada.
    Id. — Id.—Apelaciones.-—Cuando en estos casos la sentencia final se dieta por una • corte municipal, cabe apelar para ante la de Distrito competente la que cono-cerá del caso mediante, juicio de nuevo. Si la sentencia se dicta por la eorte de distrito originalmente, puede apelarse para ante el Tribunal Supremo. Como en todos los casos de apelaciones, en éstos la base para que el Supremo actúe y decida es la transcripción de los procedimientos que tu-vieron lugar en la corte inferior preparada de acuerdo con la -ley.
    Id. — Id.-—Prueba.—Habiéndose en este caso presentado como única prueba dé cargo la declaración del acusado que no es contradictoria en sí misma, no pudiendo aceptarse como suficiente el convencimiento ' del juez sentenciador •que para dictar la orden de arresto y comparecencia formara sobre la cuL pabilidad del acusado basándose on la prueba practicada en otro juicio-enteramente desconocido para la corte de apelación, debe declararse el re-curso con lugar y absolverse por falta de prueba al acusado.
    SbNtbnoia de Ángel Acosta, J. (Mayagüez), condenando al acusadoen delito de desacato por perjurio.

      Revocada.

      Benet é Souffront, abogados del apelante; José E. Figueras, Fiscal? abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor- del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

. Se trata de un caso de desacato por perjurio, castigado de acuerdo con la ley especial sobre la materia. Ley No. 41 de 1911, (p. 136).

El proceso comenzó por virtud de una orden que co-piada a la letra, en lo pertinente, dice:

“Por Cuanto, en el día de boy, y durante la vista en corte-abierta en esta Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez,. P-. R., de la causa criminal 4931, de El Pueblo de Puerto Rico contra Sixto Soto por atentado a la vida, cuyo delito consistió en haber atacado dicho Sixto Soto armado de un arma de fuego al sér hu-mano Genaro Bassat, infiriéndole con dicha arma de fuego varias heridas incisas de carácter grave con la intención de cometer Asesi-nato, fué llamado para declarar como testigo de la defensa el indi-viduo Marcelino Aquino quien después de haber prestado el debido-juramento en corte abierta, el que le fué administrado por el Secre-tario de la Corte, intencionalmente y contrario al juramento que acababa de prestar, declaró que Genaro Bassat disparó dos tiros de revólver contra Sixto Soto y que éste disparó tres tiros contra el primero, siendo tal declaración falsa y maliciosa, toda vez que Genaro Bassat no portaba revólver y recibió cinco heridas causadas-por cinco disparos distintos.
“Por cuanto: El Juez que presidió la vista de dicho caso y que es el mismo qué firma la presente orden ha quedado convencido de qiLe el expresado testigo Marcelino Aquino ha cometido perjurio en su declaración ante la corte en la forma antes dicha.
“Por tanto: El juez que provee, de su propia moción ordena que- el individuo Marcelino Aquino sea arrestado y detenido bajo la custodia del Alcaide de la Cárcel del Distrito de Mayagüez, y por la presente se le notifica para que comparezca en audiencia pública de esta Corte de- Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, el día 10 de marzo de 1923 a las 9 A. M. y muestre las causas que tuviere por las cuales no cleba ser castigado por desacato a la Corte. Dis-poniéndose, además, que el ofensor Marcelino Aquino para poder, permanecer en libertad provisional basta su comparecencia a responder de perjurio en Corte abierta, podrá prestar una fianza de $500. Mayagüez, P. N., a 5 de marzo de 1923.”

El 16 de marzo de 1923 para el cual fué transferido el juicio, comparecieron el acusado por su abogado y el fiscal del distrito. Se dio lectura a la acusación y tuvieron lugar, los siguientes procedimientos:

“El abogado del acusado y en representación del mismo y como cuestión formal alegó que la acusación u orden que en este casó inicia el proceso, no aduce hechos que constituyan el delito de per-jurio, haciéndolo constar a los fines del récord.
“La corte negó la moción del acusado manifestando queda prueba en este caso consiste en lo que manifestó el acusado en corte abierta,' ordenando al Secretario que lea la declaración prestada por el acusado.
“El Secretario de la Corte dió lectura a la declaración prestada por el acusado Marcelino Aquino.” (Se transcribe).
“El Juez preguntó a la defensa si tenía prueba y el abogado defensor preguntó a la corte si esa era toda la prueba del Pueblo a lo que el Juez contestó afirmativamente y entonces el defensor se dirigió en estos términos: Defensor. — El Pueblo debe probar que' este acusado ha cometido el perjurio en corte abierta y ahora todo, lo que hay es la declaración de él, que no está contradicha en nada, conforme desde el principio hasta el final.
“En este caso, señor Letrado, es un procedimiento sumario que es cuando la corte esté convencida y la corte está convencida de que cuando el testigo prestó la declaración que a sabiendas, en contra-de Su juramento, faltaba a la verdad y lo procesó por el perjurio en corte abierta o sea el desacato a la corte y señaló el día de hoy’ para oirle en su defensa, lo que tuviera por conveniente exponerle a la corte para no ser condenado por desacato. La corte le- ha leído ■ y ordenó al Secretario antes leer la orden de la corte y ha leído su> declaración y éste es el momento en que el acusado debe si 'tiene' pruebas, si tiene evidencia, o si quiere hacerlo así, demostrarlo a la corte.”
“Defensor: — Solamente la cuestión es la siguiente: Está bien en cuanto al convencimiento de la corte para dictar la ordeh'péro luego para la convicción la ley dice que de acuerdo con la prueba' sé" obrará. 1 De manera que tiene que apreciar la prueba, que el individuo co-metió el perjurio.
“Juez: — La ley dice: — La corte a moción propia ordenará el arresto y detención del ofensor; y dictará una orden que se notifi-cará a dicho ofensor para que comparezca y explique las razones que tuviere por las cuales no deba ser castigado por desacato a la corte. De manera que esa es la orden y este es el momento en que este acusado debe explicar las razones si alguna tiene, por las cua-les no debe ser condenado por desacato a la corte. El acusado den-tro del plazo que la corte fijare, presentará su defensa contra dicha citación, la corte oirá las declaraciones de la acusación y de la de-fensa, y después de practicadas las pruebas, dictará su resolución en el caso.
“El Fiscal solicitó de la corte que se presentara como prueba la declaración prestada por -Genaro Bassat anteriormente en el juicio que dió lugar al desacato, o sea el juicio anterior que se tomó por es-crito por el taquígrafo, en el juicio de atentado a la vida contra Sixto Soto, habiéndose opuesto el defensor, y la corte negó la mo-ción de admitir dicha declaración.”

El acusado ofreció entonces su prueba consistente en su propia declaración y en copias de las declaraciones presta-das en el juicio por atentado a la vida por los testigos Marcos Soto y José Paz.

Terminada la práctica de la prueba, el Juez dictó la si-guiente resolución:

“La corte de la apreciación de la prueba entiende que la ley y los hechos están contra este acusado. Está convencida de que este acusado en contra de su juramento ilegalmente y a sabiendas, dió una declaración falsa en corte abierta y ante el Jurado, de la evi-dencia practicada quedó suficientemente demostrado que Genaro Bas-sat no tenía revólver, ni hizo uso de armas de ninguna clase, sino únicamente- con sus propios puños, con su propia persona se tiró en-cima de Sixto Soto al cual desarmó. Por tanto la corte entiende que este acusado ha cometido un perjurio en corte abierta y le im-pone la pena de diez díaz de cárcel o en su defecto veinte dollars de multa.”

No conforme el acusado apeló para ante este tribunal. Én su alegato señala dos errores, así:

“La Honorable Corte inferior cometió manifiesto error.de derecho al declarar sin lugar la excepción perentoria de falta de hechos que constituyan un delito público, interpuesta a la orden o acusación en que se basa el presente caso.
“La Honorable Corte inferior cometió manifiesto error de hecho y de derecho y asimismo actuó bajo la influencia de prejuicio contra el apelante al apreciar la prueba en el presente caso y dictar sen-tencia condenando al apelante a diez días de cárcel o a veinte dó-lares de multa.”

El Fiscal del Supremo impugnó el primer señalamiento de error y, aunque terminó su informe pidiendo que la sen-tencia apelada fuera confirmada, expuso que tenía fuertes dudas en cuanto a si era posible adoptar el criterio de la corte sentenciadora en relación con el segundo error.

Ninguna de las partes en su alegato cita jurisprudencia directamente aplicable. Se trata de una ley nueva y quizá puesta en vigor por vez primera en Puerto Rico. En el caso de El Pueblo v. Fourquet, 17 D.P.R. 1077, el Attorney General Foster Y. Brown archivó un informe en el cual dijo que desde su llegada a Puerto Rico se le llamó la aten-ción sobre lo común que era el delito de perjurio y agregó:

“En la conferencia de Jueces, Fiscales y Abogados de la Isla, ce-lebrada en el Palacio del Gobernador el 17 de noviembre de 1910, se discutió extensamente ese asunto y fué la unánime opinión de aquella Asamblea de hombres distinguidos y de representación, que debía decretarse una ley propia y adecuada para corregir, si posi-ble fuese, ese gran mal. Para aquellos que están familiarizados y que conocen por completo las condiciones en que se encuentra Puerto Rico, en orden de obtener un veredicto de culpabilidad por este de-lito en juicio por jurados, parecía una imposibilidad y un esfuerzo inútil; y aun cuando los jurados al parecer están bastante dispues-tos a condenar en otras clases de delitos, sin embargo vacilaban y se mostraban rehacios para hacerlo en casos de perjurio y la opinión general que prevaleció fué que la ley debía contener alguna dispo-sición en virtud de la cual se pudiera castigar el perjurio por el Juez de la Corte, en vez de tener que someterlo a un Jurado.
“La conferencia no trató de adoptar y recomendar a la Legisla-tura la forma o modo de realizar la idea, sino que puso el asunto en manos de nna Comisión de Abogados y Jueces competentes. Como resultado del trabajo de los hombres de la Comisión se presentó un Proyecto de Ley a la Legislatura, el cual proyecto fué aprobado en 9 de marzo de 1911 prácticamente en la forma en que se presentó, excepción hecha de que se mitigó grandemente el grado de la pena. La ley tal como fué aprobada se titula ‘Ley para proveer un castigo sumario por el delito de perjurio cometido en corte abierta y para otros fines.7 ”

En dicho caso y en el de El Pueblo v. Válcourt, 18 D.P.B. 484, esta corte por medio de su juez asociado Sr. MacLcary estudió cuidadosamente la ley de que se trata y declaró que era constitucional.

Tía ley contiene cuatro secciones que deben ser examina-das conjuntamente para su debida interpretación. Dice así:

“Sección 1. — Si durante la vista de cualquier caso ante una Corte Municipal o de Distrito en Puerto Rico, compareciere un tes-tigo y prestare juramento o afirmación de decir verdad ante dicha corte, en cualesquiera casos en que se prestare dicho juramento o afirmación y después de prestado, intencionalmente y contrario al mismo, declarare como cierta cualquier cosa substancial que- el tes-tigo sabe que es falsa o que no es verdad, será culpable de perjurio; y si dicho juramento o afirmación se prestare en corte abierta y se violare en la forma expresada en la presente, entonces dicho testigo será culpable de desacato a la corte y castigado según se dispone más adelante en esta Ley. Si el juez que preside en dicho caso quedare convencido, en cualquier caso pendiente ante su corte, de que un testigo, después de haber prestado juramento o afirmación, según se dispone por la ley, de decir la verdad en cualquier asunto pendiente ante la corte, es culpable de perjurio según se define en la presente, Será entonces deber de dicho juez, ante quien se cele-brare el juicio, ordenar, y por la presente se le faculta para que ordene, a moción propia, el arresto y detención del ofensor; y dic-tará una orden que se notificará a dicho ofensor para que compa-rezca y explique las razones que tuviere por las cuales no deba ser castigado por desacato a la corte. El acusado, dentro del plazo que la corte fijare, presentará su defensa contra dicha citación, la corte oirá las declaraciones de la acusación y de la defensa, y después de practicadas las pruebas, pronunciará sentencia en el caso. Si de las. declaraciones prestadas, que se tomarán por escrito, la corte queda convencida de que la persona citada como se ha dicho ha sido culpable de perjurio, será entonces el' deber de la corte castigar a dicha persona como por desacato a ella, y la pena por dicho desacato será la de multa que no exceda de cien dollars, o encarcelamiento en la cárcel del distrito por un término que no exceda de tres me-ses, o ambas penas, a discreción del juez ante quien se celebrare el juicio del caso. Cualquier persona condenada en una Corte Municipal tendrá el derecho de apelar para ante la Corte de Distrito, como en cualquier otra causa criminal; y en caso que el desacato se cometiere originalmente en una Corte de Distrito, la persona con-denada en dicha Corte de Distrito tendrá el derecho de apelar al Tribunal Supremo.
"Sección 2. — La facultad que por la presente se da al juez de cualquier corte para castigar como desacato cualquier perjurio co-metido en corte abierta, no ha de entenderse en el sentido de quitar a las cortes el poder y la facultad de castigar por perjurio según lo dispuesto en otros estatutos y leyes de Puerto Rico, siendo el pro-pósito de esta Ley el tratar de manera sumaria los casos de perju-rio que se cometieren en corte abierta, siempre que la falsedad del testimonio sea manifiesta para el juez de la corte.
"Sección 3. — En el caso de que una persona sea condenada por perjurio, en procedimiento de desacato, y fuese perseguida en causa criminal por el mismo hecho, no será admisible evidencia alguna de la orden o sentencia dictada por el juez ni nada que con dicha or-den se' relacione.
"Sección 4. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente queda por ésta derogada.”

Las palabras del Attorney G-eneral Brown que dejamos transcritas expresan con verdad el origen de la ley. De los términos en que está redactada se desprende su espíritu y se deducen sus propósitos. Para que su espíritu y propó-sitos se cumplan sin violar preceptos constitucionales, ni chocar con las garantías que a los ciudadanos ofrecen nues-tras instituciones, es necesario interpretarla en armonía con esos preceptos e instituciones.

La idea es corregir rápidamente el perjurio. Mover la conciencia individual y social. Castigar sin vacilaciones al que faltando a la santidad del juramento prestado y al res-peto debido a las cortes de justicia y a su propia dignidad de hombre, declara falsamente. ¿Podrá existir un desacato mayor, mía burla más patente, que engañar a un juez de tal modo? Para castigar al culpable debe existir un proce-dimiento rápido, eficaz, al alcance de la corte. Pero dicho procedimiento debe ofrecer a la vez todas las garantías que nuestras instituciones reconocen al ciudadano.

Estudiando en su totalidad la ley de que se trata, se ob-serva que hay dos momentos en que se mueve y actúa la conciencia del juez. Es el primero cuando al prestar su declaración en el juicio, queda el juez convencido de que el testigo es un perjuro. Entonces es el deber del juez, a mo-ción propia, ordenar el arresto del testigo, fijando día para la comparecencia. T es el .segundo cuando el juez habiendo ya actuado, se dispone a investigar el caso en sí mismo, oyendo no sólo las declaraciones de la defensa, sino las de la acusación. Para que la ley sea constitucional, el acusado debe ser informado claramente del cargo, debe la acusación aportar la prueba de la existencia del delito y debe darse una oportunidad de defenderse al acusado, incluyendo su claro derecho a confrontarse con los testigos en su contra. Todo sumariamente, pero todo derecho garantido por igual.

Examinados los hechos de este caso concreto sometido a nuestra consideración y resolución, a la luz de los anterio-res principios, opinamos que no se ha cometido el primer error, pero sí el segundo.

Creemos que la orden de la corte iniciando el procedi-miento es suficiente. De ella se desprende la comisión del acto delictivo perseguido y a virtud de ella el acusado pudo preparar bien informado su defensa.

Pero la prueba aportada no fue en manera alguna bas-tante y el criterio del juez sentenciador, tal como se revela de sus manifestaciones en el acto de la vista en cuanto a sus facultades, es erróneo. No debe el juez basar su sen-tencia en su primera apreciación. Su primera apreciación lo llevó, a iniciar el procedimiento. Libre de prejuicios debe disponerse luego a juzgar el caso en sí mismo, indepen-dientemente, de acuerdo con la prueba que ante él se prac-tique.

La ley expresamente concede una apelación. ¿Cómo po-drán los jueces de la corte de apelación formar concepto si el juez sentenciador deja guardada en su propia conciencia la prueba que ¿preciara en un juicio distinto no conocido para ellos?

Si la apelación se establece de la corte municipal para ante la de distrito, como la corte municipal no es de récord, un juicio de nuevo tendrá que celebrarse ante la corte de distrito. Si el recurso se interpone de la corte de distrito para ante el Tribunal Supremo, el Supremo a virtud de la transcripción debe ser colocado en las mismas condiciones en que se encontraba la corte de distrito al rendir su sen-tencia.

Hemos examinado cuidadosamente la declaración de Aquino, única prueba 'de la acusación, y sólo podemos con-cluir a virtud de la presunción que existe de que todo hombre dice la verdad, que es verdadera. No incurre en contra-dicciones consigo mismo. Ciertas preguntas que se le hacen' parten de la base de otros hechos que serían conocidos por el juez sentenciador, pero que son enteramente desconocidos para nosotros. Las otras declaraciones aportadas por la defensa corroboran y confirman lo dicho por el acusado. ■'

Bajo esas circunstancias se impone la revocación de la sentencia recurrida y la absolución del acusado.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: .El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Toro, Demandante y Apelado, v. Sobrinos de Portilla, Demandada y Apelante.
    No. 3258.

    Visto: Marzo 13, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Servicios Profesionales por Precio Convenido — Apreciación de Prueba — Error'' Fundamental en la Apreciación de Pruebas. — El demandante,; tenedor' de' libros, reclamó de la demandada el valor razonable por • no baber mediado precio, de los servicios profesionales que a requerimiento dé ésta le babía prestado. Apelada la sentencia que declaró con lugar la demanda, se resol-vió: que la corte cometió error fundamental al apreciar la prueba, en la cual existe una carta por la que el demandante solicitó aumento de sueldq de la demandada, uno de cuyos párrafos termina así: “.en la actuali-dad se hace insostenible mi situación con el corto semanal de veinte pesos,” lo cual constituye una admisión de precio convenido, ratificada poco tiempo después al aceptar el demandante la rebaja de sueldo que por medio de una carta le notificó la demandada.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), en cobro de servicios profesionales, declarando con lugar la demanda, con las costas.

      Revocada.

      €r. de la Haba y A. Sarmiento, abogados de la apelante; R. Rivera Zayas, abogado del apelado.
   .El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada alega en síntesis que el demandante es tenedor de libros y que en tal concepto fué requerido por la sociedad demandada para practicar una investigación en los libros de contabilidad mercantil, formar un estado general de las operaciones, abrir nuevos libros y realizar en general todos los trabajos propios de un contable 3r tenedor de li-bros, empezando sus trabajos el 18 de junio de 1921 basta el 10 de octubre de 1922, durante cuyo tiempo estuvieron a su exclusivo cargo todas las operaciones de contabilidad mercantil; que el demandante estima que el valor razonable de sus servicios asciende a la cantidad de $3,198.33 y ha-biendo tomado a cuenta la cantidad de $1,467 resulta un balance a favor del demandante de $1,730.83 que la demandada se ha negado a pagar.

A la demanda se acompaña una liquidación de las canti-dades tomadas por el demandante durante el tiempo que prestó sus servicios a la demandada.

La demandada contestó la demanda alegando como de-fensa esencial “que desde que utilizó los servicios del de-mandante en 19 de abril de 1922 hasta 10 de octubre si-.guíente que prescindió de ellos, satisfizo-al demandante el "precio convenido de dichos servicios, o sean veinte dollars 'semanales hasta 1° de julio último y diez y siete dóllars cincuenta centavos semanales de l9 de julio hasta el 10 de octubre más mi mes de compensación legal por no tener establecido término sn contrato.”

La corte' inferior, después de oído el caso en sus méri-tos, dictó sentencia condenando a la sociedad demandada a satifacer al demandante la suma reclamada y costas.

No conforme la demandada, estableció este recurso y se-ñala como errores los siguientes:

“l9 Es contraria a la prueba en cuanto considera como una sola sociedad una de 'Sobrinos de Portilla' de 1921 y otra 'Sobrinos de Portilla’ de 1922 cuando son dos distintas sociedades que impone a esta que es la demandada responsabilidades que sólo deben ser atri-buidas a aquélla que no ha sido demandada.
“29 Declara con lugar una demanda en la que faltan hechos para determinar una causa de acción contra la demandada en cuanto se refiere a la remuneración por servicios profesionales del demandante desde 18 de junio de 1921 a 19 de abril de 1922.
'CP Es contraria a la prueba y a las alegaciones de las partes al . declarar con lugar la demanda en cuanto a la remuneración de los servicios profesionales prestados a la demandada desde 19 de abril, de 1922 a 10 de octubre del mismo año desestimando así la excepción de pago de dichos servicios alegada por dicha demandada que aque-llas alegaciones y prueba acreditan.
“49 La prueba no sostiene la valoración de los servicios aceptada ,por la corte.”

1 No encontramos bien fundados el primero y el segundo error. La contención de ser contrario a la prueba haber considerado como una sociedad la de “Sobrinos de Portilla” dé 1921 y otra de igual nombre de 1922, es cuestión que no se menciona como defensa en la contestación y no se puede levantar por primera vez en apelación. Por el contrario, en la contestación se acepta la responsabilidad de la socie-dad demandada sin hacer distinción alguna en cuanto al nombre, si bien se alega que los servicios del demandante fueron convenidos y pagados.

El tercer error versa sobre la apreciación de la prueba en cuanto se determina por la corte inferior el valor,razo-nable de los servicios prestados por el demandante y no se declara qne dichos servicios fueran convenidos. En este punto la conclusión de la corte inferior fué manifiestamente errónea. El propio demandante suministra prueba plena y satisfactoria de que sus servicios fueron previamente con-venidos, primeramente, a razón de $20 semanales y luego fueron rebajados a $60 mensuales ($17.50 semanales).

En 21 de noviembre de 1921 el demandante escribió a la demandada pidiendo aumento de salario en la siguiente forma:

San Juan, P. R., Nov. 21 de 1921.
“A los Sres. Sobrinos de Portilla en sus oficinas Isabel 2* Street, San Juan, P. R.
“Muy señores mios y amigos:
“Al recabar de la muy buena voluntad de Uds. un pequeño au-mento en mi salario, como contable de esta casa, no creo de necesi-dad tener que aducir todas las circunstancias o razones que me obli-garen a ello; por lo que, sólo me permito hacerles ligeras referen-cias al respecto del aumento del trabajo de compromiso en primera intención; tampoco quiero que lo entendáis como una exigencia de parte mía, pues mi intención se limita a llevar al convencimiento de Uds. que en la actualidad se hace insostenible mi situación con el corto semanal de veinte pesos.
“Yo comprendo muy bien que en las actuales circunstancias, y por razón de haber decrecido en parte el volumen de los negocios, guar-den Uds. una actitud lógica y razonable para limitar gastos; pero es así, que a ello vengo yo contribuyendo, toda vez que les economizo una remuneración de un millar de pesos anualmente con mis traba-jos como contable e intervención en asuntos relacionados con la Te-sorería de Gobierno; y por todo, yo sólo solicito el mínimo aumento de cinco pesos semanales, a reserva de que en su buen juicio y ge-nerosidad se me reconozca para los futuros resultados satisfactorios en los negocios, lo que Uds. voluntaria y generosamente quieran re-galarme.
“Soy,siempre a sus órdenes su servidor y amigo,

(Fdo.) Sixto Toro.”"

La demandada respondió por escrito al demandante, diciendo1:

“Nov. 22, 1921. — Sr. Don Sixto Toro, San Juan, P. R. — Esti-mado amigo nuestro: A la vista su estimada carta de ayer solici-tando un pequeño aumento de sueldo la que contestamos informán-dole que sentimos verdaderamente no estar en condiciones de acce-der a sus deseos en la' actualidad porque el plan de economías que hemos trazado no nos permite complacerlo.
“Tenemos fuertes compromisos que cumplir y Ud. sabe que he-mos tenido que rebajar el personal de la oficina y de los talleres; pero si más tarde la situación mejorara tenga Ud. la completa segu-ridad que le mejoraríamos su salario.
“Esperando que nuestras razones sean comprendidas por Ud., quedamos como siempre a sus órdenes sus atentos amigos y s. s.,”

Lejos de poder acceder la demandada a los deseos del demandante para que se le aumentase su remuneración, la demandada escribió al demandante meses después rebaján-dole el sueldo a la suma de $60 mensuales. Esta carta no-tificando la reducción, dice:

“Muy Sr. n/ y amigo: Debido a la crisis general que prevalece por la falta de trabajo y necesitando su cooperación para poder salir adelante, nos permitimos manifestarle que a partir del primero de julio próximo, su sueldo será en esta casa de $60.00 mensual.
“Tan pronto mejore la situación, su sueldo será como hasta ahora.
“Pedimos por lo tanto un cumplimiento satisfactorio por parte de Ud. en el desempeño de- su empleo, para ayudarnos a salir pronto de esta crisis.
“Somos sus attos. amigos y ss. ss.,
(Fdo.) Sobrinos de Portilla.”,

Estas cartas revelan por sí solas que se fijó la remune-ración que debía recibir el demandante y que las cantidades recibidas por dicho demandante fue el salario convenido por sus servicios. El demandante al solicitar el pequeño aumento de $5 en su salario, pedía además que se le hiciera la reserva, invocando la generosidad de la demandada y con el carácter de donación o regalo, que se le reconociera la posibilidad de recibir algo más, haciendo depender su petición del resultado satisfactorio que en el futuro pudiera tener en los negocios la demandada. Esta reserva, que fué efectivamente reconocida por la demandada en el sentido de que si la situación del negocio mejorara, la mejora se liaría al demandante en su sueldo, no obligaba a la deman-dada y aunque dicho demandante no hizo esfuerzo alguno tendente a demostrar las ganancias de la compañía o sus buenos balances, lo que solamente daba fuerza moral a su reclamación, la carta de la demandada dirigida al deman-dante para rebajar su sueldo, basándose en la crisis del ne-gocio y aceptando el demandante la rebaja, disipa toda duda en cuanto a que no se estipuló el salario bajo cual-quier aspecto en que el demandante' quisiera apoyarse para sostener su reclamación.

La prueba que ha podido ocasionar el error sufrido por la corte inferior al no darle a las cartas transcritas todo el valor que implica la propia admisión del demandante, es el testimonio de los testigos José Portilla y Félix Massó. Es-tos testigos realmente declaran que al demandante no se le habló de sueldo sino que tomara los gastos y que más tarde se arreglarían por haber dificultades entre los socios. A dichos testigos, sin embargo, que no son miembros actual-mente de la firma “Sobrinos de Portilla”, no se les puede dar más crédito que el que hemos dado a las admisiones del demandado por el conocido principio de que nadie puede ir contra sus propios actos.

Es posible asimismo que el fallo de la corte inferior, pues no aparece que se haya emitido opinión, se funde en ciertas partidas semanales tomadas por el demandante en exceso de las demás partidas uniformes. Pero estas parti-das excepcionales del total de sesenta y seis semanas, se reducen a seis. Las cinco primeras son anteriores a las fechas de las cartas que han explicado claramente la situa-ción de este pleito y la de $80 que se refiere a la última se-mana representaba un mes de compensación legal por no tener establecido término el contrato sobre la prestación de tales servicios.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia de la corte inferior y dictarse otra, declarando sin lugar la de-manda, sin costas.


author: El Juez Asociado Se. Pean go Soto,

text:
    Wichita Mill & Elevator Co., Demandante y Apelada, v. Sánchez, Demandado y Apelante.
    No. 3193.

    Visto: Marzo 20, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Juicio — Ausencia del Demandado en el Juicio — Pbueba Oebecida y Admitida sin Oposición — Objeciones Taedías en Apelación. — Celebrado el juicio sin que el demandado ni su abogado concurrieran, se dictó sentencia que más tarde se anuló a petición del demandado y sin oposición del demandante. Objetada en apelación la admisión de prueba documental del demandante principalmente por no aparecer quo tal prueba se hubiera ofrecido para un fin determinado, se resolvió: qne no habiendo sido objetada la prueba al ser ofrecida, la objeción es tardía.
    Sentencia de M. Rodríguez Berra, J. (San Juan, Distrito Segundo), en acción de cobro de dinero, declarando con lug'ar la demanda con las costas.

      Confirmada.

      3. R. Francis, abogado del apelante; Monserrat <& Monserrat aboga-dos de la apelada.
   El Juez Asociado Se. Pean go Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante Wichita Mill & Elevator Oo. demandó a Felipe Sánchez Osorio reclamándole la suma de $2,558 pro-cedente de 300 sacos de harina qne la demandante, por con-ducto de sus agentes Mier, Martínez & Oía., vendió al de-mandado.

El contrato se realizó por escrito y su copia literal es como signe:

“Pedido No. — Agosto 27, 1920. — Sr. "Wichita Mill & Elevator Co. Embarque a Felipe Sanchez Osorio, a San Juan, Carolina via: del molino. Cuando: Septiembre j Octubre. Condiciones: Gr/cta. cont. a la vista a pagar al recibo de la mercancía, descontando 10 e. por saco, 300 sacos de 200 lbs. c/u, harina de trigo P. ‘Creciente’ a fac-turar al mejor precio del mercado el día del embarque. Sujeto a confirmación por cable. Firmado: Por Mier & Martínez, Agente.— F. Sánchez Osorio.”

La demandante verificó el embarque de la mercancía en los meses estipulados de septiembre y octubre de 1920, en dos partidas de 150 sacos cada una. La primera partida fné retirada del muelle de este puerto por el demandado y utilizada en su negocio. El giro que representaba su im-porte y que acompañaba al conocimiento de embarque fué aceptado por dicbo demandado sin bacer objeción al cóm-puto del precio que venía calculado al mejor que arrojaba el mercado el día del embarque siguiéndose en esto una de las cláusulas del contrato. El giro, sin embargo, no fué pa-gado por lo que tuvo que ser protestado, originando los gas-tos de protesta la suma de $35. Los restantes 150 sacos-no fueron recogidos por el demandado a su llegada, por lo que los agentes de la demandante tuvieron que hacerse cargo de ellos con instrucciones del demandado para que, por cuenta de éste, realizara su venta. Dichos agentes así lo hicieron. La operación de venta se llevó a cabo, pero produjo un quebranto en el precio de $495 en relación con el que se cotizaba el día del embarque, cuya diferencia, unida al importe del giro protestado .y sus gastos, hace un total de $2,055 que el demandado no ha satisfecho y por lo que la corte inferior dictó, sentencia adjudicando su pago a la de-mandante.

El demandado-apelante señala como errores la admisión en evidencia de la prueba documental que fué presentada y considerar la corte inferior probadas las alegaciones esen-ciales de la demanda.

En relación con el primer error, es bastante decir que la prueba documental fué ofrecida y admitida sin que el de-mandado ni su abogado concurrieran a la vista del pleito. Es verdad que primeramente se dictó sentencia concedién-dose lo pedido en la demanda y que. luego a petición del de-mandado y sin oposición de la demandante se dejó sin efecto la sentencia para dar una oportunidad el demandado de presentar su prueba, pero consideramos que bajo las cir-cunstancias de este caso, fué discrecional de la corte inferior oir la prueba del demandado y era tarde objetar la prueba que ya había sido practicada por el demandante. Además, siendo el motivo principal aducido de que no apa-recía que la prueba documental se había ofrecido para un fia determinado, si no hubo objeción, quedaba admitida para todos los fines y debe ser considerada y concedérsele todo su valor. Maymón v. Victoria & Co., 25 D.P.R. 192.

Como error de apreciación el apelante alega que el pre-cio estipulado en el contrato era el mejor del mercado al llegar la harina a Puerto Rico y no el del embarque como estimó la corte inferior. El apelante está equivocado. El contrato no dice tal cosa. Su texto en ese extremo es claro y preciso, diciendo “a facturar al mejor precio del mercado el día del embarque.” Un poco que se hubiese fijado el apelante al leer el contrato hubiera visto su manifiesto error.

El apelante sostiene por último que no se probó que la demandante fuera mía corporación debidamente organizada, pero éste es un hecho que se desprende de la prueba del demandante.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Morales, Peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Demandada.
    No. 440.

    Visto: Enero 28, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.

      Anotación de Demanda — Fianza para Garantizar al Demandado de los Efec-tos de la Anotación — Certiorari.—No procede exigir fianza para obtener la anotación de nna demanda de acuerdo con el artículo 91 del Código de En-juiciamiento Civil, y si se exige, la orden dictada al efecto puede anularse mediante un procedimiento de certiorari.

    Resolución de Angel Acosta, J. (Mayagüez), decretando jirestación de fianza, impugnada por certiorari.

      Anulada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

      L. Muñoz Morales, abogado de la peticionaria; J. Sabater, abogado de la interventora.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de certiorari y la cuestión de procedimiento la qne signe: ¿puede nna corte decretar la cancelación de nna anotación de nna demanda en el registro, a no ser que el demandante preste fianza para garantir los daños y perjuicios que con la anotación ocasione a la parte contraria ?

María del Carmen Morales interpuso demanda en la Corte de Distrito de Mayagüez alegando haber formado desde el año 1879 una sociedad con Lino Cruz y Toro, apor-tando ambos bienes y trabajo, con objeto de repartirse por mitad las ganancias. Se especifican los bienes aportados. Se alega que los socios vivieron además en concubinato y que Lino Cruz murió en 1921 dejando por única heredera a la demandada quien se incautó de todos los bienes sin re-conocer su participación a la demandante. En la demanda se determinan como bienes dejados a su fallecimiento por Cruz sesenta y una propiedades distintas consistentes en fincas y créditos hipotecarios cuyo valor asciende a unos doscientos mil dólares.

De acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuicia-miento Civil, la demandante solicitó y obtuvo que su de-manda se anotara en el registro, y la demandada, alegando que la anotación le producía grandes perjuicios, solicitó a su vez de la corte que exigiera, a la demandante que prestara una fianza para indemnizarle en el caso de que su demanda no prosperara y si así no lo hacía que su anotación fuera cancelada.

Después de oir a ambas partes la corte declaró la moción de la parte demandada con lugar fijando una fianza de veinte y cinco mil dólares, y la demandante estableció entonces la., presente solicitud de certiorari.

Que la anotación produjo y seguirá produciendo dificul-tades a la parte demandada, es evidente. "Varios de los créditos hipotecarios vencieron y la parte demandada no pudo hacerlos efectivos, teniendo que depositarse su importe en la corte. Y el caso se seguirá repitiendo hasta la termi-nación del litigio. Si dicha terminación fuera favorable a la demandada, no podría ésta resarcirse de dichos perjuicios a no ser que se prestara la fianza exigida. Los hechos pa-recen justificar la medida adoptada, pero ¿la autoriza la ley?

No sólo compareció y archivó sn alegato el abogado de la peticionaria, si qne también compareció y archivó sn ale-gato el abogado de la demandada. El artículo 91 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil que concede el derecho, no exige el requisito de la fianza para ejercitarlo. Ni siquiera requiere la acción de la corte para obtener la anotación. Y ni la parte demandada ha citado, ni hemos podido encon-trar nosotros precepto alguno de ley o jurisprudencia que sostenga la acción de la corté de distrito. Las analogías a que se refiere la parte demandada con el procedimiento de injunction y la invocación que hace de los poderes inheren-tes de las cortes, no pueden servir a nuestro juicio para resolver el caso adoptando una regla que prácticamente po-dría anular el precepto legislativo en muchos casos.

La ley no exige fianza. La corte en tal virtud no puede-exigirla. Debe anularse la orden de que se queja la peticio-naria y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. FeaNco Soto,

text:
    Gustavo, Demandante y Apelante, v. Asamblea Municipal de Guánica, Demandada y Apelada.
    No. 3255.

    Visto: Mayo 23, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.

      Certiorari para Anular Ordenanza Municipal — Cuestión Académica. — Siendo el objeto del certiorari en este caso el obtener la nulidad de una ordenanza municipal y habiendo probado la demandada que la citada ordenanza había sido anulada por otra posterior, es preciso concluir que el recurso carecía de finalidad práctica.
    ib. it Anulación ;; — c 1 Derogación :; — Ordenanza Derogatoria. — Aunque los tér-minos “anular” y “derogar” (“annulment” and “repeal”) se definen y distinguen, el primero como un acto judicial que ejercen las cortes, y el se-gundo como uno legislativo que ejercitan los legisladores, 38. Oye. 382, lo cierto es que a la palabra “ anular ” no se le da en la jurisprudencia un •sentido técnico y se ha permitido expresar la misma idea en términos equi-valentes; así, pues, una ordenanza municipal “para anular y dejar sin-efecto ni fuerza legal” otra ordenanza, es una ordenanza derogatoria que no deja de ser válida por el fundamento de que sólo el poder judicial tiene facultad para anular las ordenanzas municipales.
    Id. — Comparecen oía Equivalente a Allanamiento — Honorarios de Abogado— Discreción Judicial. — Habiendo comparecido la demandada al objeto de pe-dir la anulación del auto de certiorari probando que la ordenanza impugnada había sido derogada, tal comparecencia equivale a un allanamiento, y al resolver el caso sin especial condenación de costas, la corte inferior hizo buen uso de su poder discrecional.
    BesolucióN de B. Días Ontrón, J. (Ponce), desestimando recurso de certiorari.

      Confirmada.

      B. Arjona Siaca y J. Validejuli, abogados del apelante; F. Colón Díaz, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Sb. FeaNco Soto,

emitió la opinión- del tribunal.

Se apela de una resolución de la corte inferior por la que se desestima una petición de certiorari para revisar cierta ordenanza aprobada en 23 de agosto de 1923 por la Asamblea Municipal de Tauco, tendente a restringir la ce-lebración de meetings políticos en la “Plaza Jiménez” de la población, alegando .el peticionario la inconstitucionalidad de la ordenanza por cuanto la misma coarta la libertad de palabra y el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente.

Al celebrarse este caso con vista del auto diligenciado (return) la demandada solicitó se desestimase la petición, apoyando su moción en otra, ordenanza aprobada por la misma asamblea en 26 de diciembre' de 1923 mediante la cual se anula y deja sin efecto la anterior ordenanza, cuya revisión constituía el objeto principal del recurso de cer-tiorari.

Como el fin único del peticionario se limitaba a obtener la nulidad de la ordenanza aprobada en 23 de agosto de 1923, la asamblea municipal al pasar la segunda ordenanza, dejando sin efecto la primera, ipso facto convirtió el issue contenido en la petición de certiorari en una cuestión aca-démica, quedando sin finalidad práctica, por lo que la corte inferior no cometió error al desestimar la petición, anu-lando implícitamente el auto que había sido expedido.

El apelante, sin embargo, sostiene, que la asamblea'mu-nicipal al anular expresamente la ordenanza anterior que es objeto del certiorari, no tenía tal facultad por ser función judicial, contraria en absoluto a la facultad de derogar, que es una facultad puramente legislativa.

La objeción del apelante parece que estriba en una cues-tión de palabras debiendo por tanto haber empleado la asam-blea la palabra “derogar” y no “anular”, al referirse a la primera ordenanza.

Aunque los términos “anular” y “derogar” (“annulment” and ‘.‘repeal”) se definen y distinguen, el primero como un acto judicial que ejercen las cortes, y el segundo como legislativo que ejercitan las legislaturas, 38 Cyc. 382, lo cierto es que la palabra “anular” no se le da en la juris-prudencia un sentido técnico y se lia permitido expresar la misma idea en términos equivalentes, como se hace en la ordenanza expresando además estas palabras: “y dejar sin efecto ni fuerza legal la ordenanza . . . .’’lo que implica una derQgación. Anular. — Abrogar, invalidar o abolir; hacer nulo. No es una palabra técnica y nada existe en oposición a la idea de que pueda expresarse con palabras equivalentes. Woodson v. Shinner, 23 Mo. 24. 1 Bouvier’s Law Dict. p. 201.

El apelante se queja además que la corte inferior al de-sestimar su petición erró, no imponiendo las costas a la apelada. Se funda en que la ley sobre costas tal como fué enmendada en noviembre 19 de. 1917, (1) p. 207, ley No. 38 sólo exime de honorarios de abogado a un demandado que no hubiere comparecido en el pleito o procedimiento, lo que no ocurre en este caso por haber comparecido expresamente la demandada. Sin embargo, la asamblea municipal al de-jar sin efecto su propia ordenanza, adelantándose a la ac-ción judicial, no hizo otra cosa sino allanarse a la petición del apelante y nos parece que la corte inferior hizo buen uso de su discreción al dictar su resolución sin especial con-denación de costas.

■ Por lo expuesto, la resolución inferior de 3 de enero de 1923 debe confirmarse.


author: El Juez Asociado Sr. Fraitco Soto,

text:
      Ex parte Durán, Peticionaria y Apelante, y Colón et al., Opositores y Apelados.
    No. 3162.

    Visto: Abril 10, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Administración Judicial de Herencia — Pago de Legados Concurriendo ' un Hijo Legítimo con Hijos Naturales — Tercio Libre. — Cuando un solo hijo legítimo concurre con hijos naturales, corresponde a éstos íntegro el tereio de libre disposición que equivale a la mitad de la legítima, larga que perte-nece al hijo legítimo. Este tereio libre, en su earáeter de legítima forzosa, no puede menguarse por las donaciones, mandas o legados hechos en testa-mento; y no sirve de excusa a una administradora judicial que pagó legados en tales condiciones sacándolos del tereio libre, el hecho de haber sido auto-rizada al efecto por la corte, cuando tal pago lo hizo después de presentada la demanda de filiación.
    Id. — Gastos y Honorarios en Pleito de Filiación; a Quién Competen.' — El pago de costas, gastos y honorarios de abogado de las partes en un pleito de filiación fallado a favor de los demandantes no debe cargarse por la admi-nistración judicial a la herencia y sí a los demandados exclusivamente.
    Resoluoión de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), denegando aprobación de las cuentas impugnadas en una admi-nistración judicial.

      Confirmada.

      J. de Quzmán Benitez j J. Martínez Dcivila, abogados de la apelante; L. Muñoz Morales, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Sr. Fraitco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra una resolución de la corte inferior negándose a aprobar ciertas partidas de la cuenta de administración final presentada por Julia Durán, admi-nistradora judicial de los bienes del finado José Manuel Batista.

Las menores Petronila y María Gil Batista Colón, bijas, naturales reconocidas del causante, impugnaron dichas par-tidas por los motivos siguientes;

Las partidas números 3, 4 y 6 que consignan el pago de ciertos legados, porque la cuota hereditaria de dichas, me-ñores debe salir del tercio de libre disposición, y no pueden pagarse del mismo esos legados.

Las partidas números 9, 10, 12, 17, 39 y 40, qne se refie-ren a pagos al taquígrafo, gastos de citación, indemnización a testigos, etc., y pago de honorarios a los abogados de de-mandantes y demandados, porque todos esos pagos no de-ben cargarse al caudal hereditario y sí a la viuda e hijo le-gítimo contra quienes se inició el pleito de filiación.

Y’las números 41, 42 y 43 que comprenden diversos gas-tos relativos al sostenimiento y manutención del hijo legí-timo, por ser excesivos. La negativa de la corte inferior no incluye, sin embargo, estas últimas partidas.

El récord de esta apelación solamente contiene las si-guientes actuaciones: (a) la cuenta rendida por la adminis-tración judicial; (b) el escrito de impugnación de la parte apelada, y (c) la resolución de la corte inferior que ha sido apelada.

De estas constancias, no obstante, se desprende que el causante José Manuel Batista otorgó testamento ordenando ciertos legados que resultan pagados de la cuenta presen-tada; que a su fallecimiento quedó la viuda y un solo hijo legítimo, como únicos herederos del finado; que las menores Petronila y María Gil Batista posteriormente fueron decla-radas hijas naturales del causante mediante declaración de una sentencia judicial; y que esos legados fueron pagados después de iniciado el pleito de filiación de las hijas natu-rales.

La sección 2 de la-ley para modificar y derogar ciertos artículos del Código Civil revisado, aprobada en marzo 9 de 1905, dispone que la legítima de los hijos y descendientes legítimos la constituyen las dos terceras partes del haber hereditario y la tercera parte restante será de libre disposi-ción., Y la sección 14 prescribe:

"Sec. 14. — Cuando el testador deje hijos o descendientes legíti-mos., e hijos naturales legalmente reconocidos, tendrá cada uno. ¡de éstos derecho a la mitad de la enota que corresponda a cada uno de los legítimos no mejorados siempre que quepa dentro del tercio de libre disposición, del cual habrá de sacarse, deduciendo antes los gastos de entierro y funeral.
“Los hijos legítimos podrán satisfacer la cuota que corresponda a los naturales en dinero o en otros bienes de la herencia a justa regulación.” Comp. see. 3886.

En este caso como el testador deja solamente un hijo le-gítimo en concurrencia con hijos naturales, corresponde a éstos íntegro el tercio de libre. disposición que equivale a la mitad de la legítima larga que pertenece al hijo legítimo.

Este tercio libre, en su carácter de legítima forzosa, no puede menguarse por las donaciones, mandas o legados he-chos en testamento. Estas donaciones o legados se respe-tarán mientras pueda cubrirse la legítima, reduciendo o au-mentando las mismas, si necesario fuere. Artículos 805 y 808, inciso l9, 'del Código Civil revisado. Y correspondiendo todo el tercio libre a las hijas naturales, se hace material-mente imposible que del .mismo se paguen los legados cual-quiera que sea la importancia del caudal hereditario, así como la de los legados ordenados por el testador.

Se insiste, no obstante, por la apelante que el pago de dichos legados se hizo antes de dictarse sentencia declarando hijas naturales a las apeladas y que para hacerlo se obtuvo la autorización de la corte inferior. Dé todos modos la au-torización de la corte inferior quedaba sujeta a la disposi-ción del artículo 808 supra, aparte de que la actitud de la apelante no estaba justificada solicitando dicha autorización y precipitándose a hacer el pago de los legados cuando ya se había iniciado el pleito de filiación y se trataba de una cne'stión legal en la que tenemos que presumir que debió es-tar bien asesorada por su abogado, pues la ignorancia de las léyés no excusa su cumplimiento, evitando así las consecuen-cias a que ha dado lugar el pago. Art. 3 del Código Civil.

¡. La eorte inferior, por tanto, no cometió error al desapro-bar- el pago hecho por la apelante de los legados, así como tampoco en cnanto a las demás partidas no aprobadas, toda vez que los gastos, desembolsos y honorarios de abogado que comprenden dichas partidas, se hicieron en interés exclusivo de la viuda y el hijo legítimo para sostener el pleito de fi-liación y a quienes únicamente beneficiaba o perjudicaba su resultado.

Por lo expuesto debe confirmarse la sentencia apelada. ■


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Suárez et al., Demandantes y Apelados, v. Asamblea Municipal de Carolina, Demandada y Apelante.

      No. 3119.

    Visto: Enero 24, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Asambleas Municipales — Expulsión de Miembros de las Asambleas Munici-pales. — Las asambleas municipales no están facultadas para expulsar a su& miembros.
    Resolución de M. Rodrigues Berra, J. (San Juan, Distrito Segundo), declarando con lugar petición de certiorari y anulando las orde-nanzas impugnadas.

      Confirmada.

      J. B. Soto, abogado de la. apelante; R. Rivera Zayas, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de la Carolina en esta Isla está compuesta por nueve delegados según la ley y estando to-dos presentes en la sesión que celebró en 19 de octubre de 1923 acordó por cinco votos la expulsión de dos de sus miembros, Mariano Suárez y Fernando Bodríguez, por el fundamento de que habían hecho manifestaciones desdorosas, difamatorias e impropias contra la asamblea y porque sin motivo justificado' se han opuesto a los acuerdos de la asam-blea que benefician los intereses de la comunidad. •

: Los dos delegados expulsados acudieron entonces ante la-Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, contra ese acuerdo, por medio del procedimiento de certiorari autori-zado por. el artículo 65 de la Ley Municipal vigente;, para que fuese, .anulado, y habiendo sido favorable -a los peticionarios la resolución final, la asamblea municipal interpuso este re-curso de apelación.

La cuestión que ba sido discutida en esta apelación es si las asambleas municipales están facultadas para expulsar, a sus miembros, sosteniendo la apelante que por no baber en la Ley Municipal precepto alguno que autorice ni limite tal facultad las asambleas municipales la tienen por ser inhe-rente a ellas de acuerdo con el derecho común, y cita algu-nas decisiones de tribunales que así lo han declarado fun-dándose en el derecho común de Inglaterra.

Planteada así la cuestión lo primero que hemos de de-terminar es si hay alguna disposición en la Ley Municipal que conceda tal facultad o que la limite.

Examinada dicha ley no encontramos precepto alguno que expresamente conceda tal poder a las asambleas municipa-les, pero como en el artículo 26 se enumeran las facultades que se confieren a las asambleas municipales y en ninguna de ellas se consigna la de expulsar alguno de los miembros que la componen, aunque el legislador las autorizó para se-parar de sus cargos por justa causa a los miembros del con-cejo de administración, y como por ser las asambleas muni-cipales creación de la Legislatura no ■ tienen otras faculta-des que las que expresamente le han sido conferidas, llega-mos a la conclusión de que habiendo la Legislatura consig-nado expresamente las facultades que les dió, tal artículo es una limitación de sus poderes de acuerdo con el principio de derecho inclusio unius est exclusio alterius y que por tanto no tienen autoridad para expulsar a sus miembros. Además, dicha ley en sus artículos 16, 19 y 20 especifica los casos en que las asambleas municipales pueden declarar va-cantes los cargos de los delegados a las asambleas munici-pales, o sea, por no presentarse a tomar posesión de su cargo, por persistir en ausentarse de las asambleas cuando no hay quorum y por estar ausentes de ellas durante un período de sesiones sin causa justificada, y como una expulsión produce necesariamente una vacante, y como la ley ha regulado los casos en que pueden declararse vacantes esos cargos 'opinamos qne tales artículos son otra limitación a la facul-tad de las asambleas para producir vacantes y por tanto ■que no están autorizadas para expulsar a sus miembros. Como Remos visto, la Legislatura autoriza a las asambleas municipales para separar a los miembros del concejo de ad-ministración y para declarar vacantes los cargos de los de-legados a las asambleas municipales en ciertos casos pero no las autoriza para expulsarlos, quizás porque siendo esos cargos de elección popular sólo quiso que fueran declarados vacantes por la voluntad de los delegados deducida de su conducta en los casos previstos por la ley pero ño por otro motivo, y también por lo peligroso que sería poner en ma-nos de la mayoría de las asambleas la expulsión de los de-legados que fueran contrarios a sus planes o ideas políticas.

Como la Asamblea Municipal de la Carolina no tenía facul-tad para expulsar de su seno a los peticionarios por no ha-berle sido conferida esa facultad expresamente y por estar limitadas sus atribuciones a las que le confirió la ley que la .creó, no se Race necesario decidir si tiene tal poder in-herente. de acuerdo con el derecho común de Inglaterra, tanto más cuanto que ese poder inherente derivado de ese derecho común ha sido rechazado en algunos estados de la Unión según puede verse en el caso de Attorney General ex rel. Allen H. Cole et al. v. Frank B. Stratton et al., 9 L.R.A.N.S. 572.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Aldkey,

text:
    Suárez et al., Demandantes y Apelados, v. Asamblea Municipal de Carolina, Demandada y Apelante.
    No. 3118.

    Visto: Enero 24, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    ñsÁM'BLEAS Municipales ; Expulsión de sus Miembros — Ordenanzas Regar, gando la Propiedad Municipal'Inmueble — Votación de Ordenanzas Mu-nicipales. — No teniendo facultades la asamblea municipal para expulsar a sus miembros (Suáree et al. v. Asamblea, Municipal de Carolina, No. 3119, resuelto en mayo 31, 1924), es preciso concluir que dos ordenanzas impo-niendo un recargo a la propiedad municipal inmueble, aprobadas en una sesión en que estaban presentes todos los miembros de que se compone la asamblea entre los cuales estaban los dos que fueron- ilegalmente expulsados y a los que no se permitió votar, son completamente nulas por no haber sido adoptadas por los votos de las dos terceras partes de los miembros de la asamblea, como exige el inciso C del artículo 49 de la Ley Municipal vigente.
    Resolución de M. Rodríguez Serra, J. (San Juan, Segundo Distrito), declarando con lugar petición de certiorari y anulando las orde-nanzas impugnadas.’

      Confirmada.

      J. B. Soto, abogado de la apelante; R. Rivera Zayas, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Este procedimiento de certiorari es consecuencia de otro entre las mismas partes que hemos resuelto en el día de hoy, que tiene el número 3119. En aquél hemos declarado que la Asamblea' Municipal de la Carolina no tuvo facultad para expulsar de su seno, como expulsó por acuerdo de 19 de fe-brero de 1923, a los delegados en ella Mariano Suárez y' Fernando Rodríguez.

El procedimiento establecido en este caso por esos dele-gados se funda en que tan pronto fueron ellos expulsados de la asamblea municipal por ese acuerdo ilegal, el mismo día, estando presentes los nueve delegados de que se com-pone dicha asamblea, entre ellos los peticionarios expulsa-dos, procedió la misma a aprobar por cinco votos contra dos, pues a los peticionarios no se. les permitió votar, dos ordenanzas recargando la contribución sobre la propiedad inmueble del expresado municipio por lo que solicitaron del tribunal que anulase esas ordenanzas, y habiendo sido así decretado-por lá corte, la Asamblea Municipal de la Carolina interpuso este recurso de apelación.

... El artículo 49 de. la Ley Municipal vigente según qqedó enmendado; en- el-año 1921, (p. 455) dispone lo siguiente:

“Art. 49. — Los ingresos municipales consistirán:
“A.
“B.
“C. En cualquier recargo de la contribución sobre la propiedad imponible del municipio, siempre que así se acordare por las dos. terceras partes de la asamblea municipal; o, cuando esto no fuere posible, bien por estar vacantes algunos de los cargos, o por falta de asistencia a las sesiones de algunos de sus miembros, .o por cualquier otra circunstancia, dichas ordenanzas podrán ser votadas por mayo-ría de sus miembros.”

Alega la parte apelante que aunque la expulsión de es-tos dos delegados fuera ilegal y nula, .sin embargo, basta que tal declaración fuera becba por un tribunal de justicia este acuerdo de su expulsión tenía que producir sus efectos, por lo que no habiendo sido anulado cuando tuvo lugar la votación de esas ordenanzas no podían considerarse a dichos delegados como presentes y con derecho a votar y por tanto podían ser aprobadas por mayoría de votos; y, ade-más, que según la ley pueden las ordenanzas de esa natura-leza ser votadas por mayoría siempre que por la obstinada-actitud de algunos de sus miembros no pueda hacerlo me-diante el voto de las dos terceras partes.

Si la asamblea municipal no tenía facultad o poder para expulsar a los dos apelados, y así lo hemos declarado, sú expulsión no podía producir efecto alguno aunque la nulidad del acuerdo de expulsión no hubiera sido declarado por los tribunales de justicia, porque lo que se hace sin facultad, poder o jurisdicción es como si nunca se hubiera hecho y por' tanto la expulsión de los apelados no produjo sus va-cantes a los efectos de que por ellas pudiera prescindirse del voto de las dos terceras partes de los miembros de la asamblea para la votación de las ordenanzas impugnádas. Sería -muy expedito para las asambleas municipales- el pro-ducir, vacantes de sus miembros, aunque ilegales, para apro-bar i ordenanzas- de la naturaleza de las que nos ocupan y prescindir de este modo de la voluntad de la ley de que sean aprobadas por las dos terceras partes de sus miembros.

Con respecto al otro particular expresado por la ape-lante en apoyo de las ordenanzas no creemos que la oposi-ción de algunos miembros de la asamblea, aunque sea obsti-nada, para la aprobación de determinadas ordenanzas sea circunstancia que justifique que se vote por mayoría y no por las dos terceras partes, obstinación que en manera al-guna resulta de los autos. Si tal teoría fuera sostenida que-daría anulada la voluntad de la Legislatura porque bastaría la discrepancia de opiniones respecto a la aprobación de la ordenanza, cosa que ocurre todos los días en todas partes, para que se prescindiera de los votos de las dos terceras partes. Las palabras de la ley “cualquier otra circunstan-cia” deben significar algo distinto de la discrepancia de opi-niones que impida la aprobación.

La resolución apelada debe ser confirmada.

< El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Wole, El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Muñiz, Demandante y Apelante, v. Cortés, Demandado y Apelado.
    No. 3072.

    Visto: Diciembre 13, 1923.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Demanda Sustituída — Admisiones.—Los hechos alegados en una demanda susti-tuida que además no estaba jurada, no puede considerarse, generalmente, ad-misiones. Tales alegaciones son más bien el trabajo del abogado.
    Declaraciones para Beneficio Propio (Self-Serving Evidence) — -Excepciones.—■ No son admisibles en evidencia declaraciones sobre manifestaciones que hi-ciera el demandado a unos testigos más-'bien después que durante el trámite actual de las negociaciones, cuando no se demuestra que tales manifestaciones caen dentro de una de -las excepciones que señala la ley.
    Incumplimiento de Contrato — Evidencia Admisible. — En este caso sobre' in-cumplimiento de contrato en el cual se alegaba que el demandado había con-venido con el demandante en comprar de acuerdo con. un inventario que se pasaría, las existencias de un establecimiento perteneciente al demandante, , las .que habían de ser entregadas a una tercera persona, se resolvió: ¡que él eitado inventario era admisible en evidencia y que la veraeiaad de los testi-gos acreditándolo se deja para la resolución del caso.
    Id. — Daños t Perjuicios. — El tratar de reclamar daños y perjuicios por dejarse de obtener- el precio de venta y la especulación sobre posibles ganancias era demasiado remoto.
    No. 3072.

      Resuelto en reconsideración: Agosto 1, 1924.
    Abogado t Cliente — Testigo Hábil. — Cuando existe controversia sobre una ale-gación y el cliente niega que la misma fué preparada de acuerdo eon la instrucción que se dió, el abogado que la preparó tiene derecho a declarar al pedirlo la parte contraria.
    SENTENCIA ele Enrique Lloredo.-, J. (Arecibo), en una acción sobre incumplimiento ele contrato y daños y perjuicios, declarándola sin lugar.

      Revocada y devuelto el caso 'para un nuevo juicio.

      J. B. Soto, abogado del apelante; S. Santoni, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda enmendada en este caso alegaba que el de-mandado había convenido con el demandante en comprar, de acuerdo con un inventario que se pasaría, las existencias de un establecimiento perteneciente al demandante, las que habían de ser entregadas a una tercera persona. El pago había de efectuarse mediante un pagaré con interés al 10 por ciento. La entrega se hizo a dicha tercera persona. De todos estos alegados hechos y más aun el demandante ofreció prueba. El incumplimiento del convenio fué alegado y a la vez se ofreció prueba del referido incumplimiento.

El demandado negó en términos categóricos la prueba del contrato objeto del pleito y presentó prueba tendente a demostrar que él convino en ser fiador de una parte del precio de venta con tal que la suegra de la tercera persona también fuera fiadora y se dijo que ella se negó. La corte declaró qiie existía un conflicto de prueba y lo resolvió en favor- del demandado, especialmente en vista de las admisio-nes contenidas en la demanda original.

La demanda original no estaba jurada y el apelante alega que fué preparada de modo contrario a sus instrucciones. En el juicio se permitió al primitivo abogado del deman-dante, no obstante la objeción formulada, declarar que la demanda estaba preparada de conformidad con las instruc-ciones.

La admisión de esta declaración parece constituir un error pero no lia sido materia de un señalamiento de error. Por lo general la comunicación del cliente es privilegiada y el cliente debe renunciar al privilegio.

Los Lechos de una demanda abandonada y sin jurar no han de considerarse como una admisión. Sobre esto el ape-lante insiste al discutir el alegado error de la corte al dic-tar sentencia a favor del demandado. Tal alegación se con-sidera que es trabajo del abogado y sólo debe considerarse como admisión bajo ciertas circunstancias especiales que aquí no aparecen.

El apelante llama la atención hacia el hecho de que la incongruencia entre las dos demandas no era grande. En la demanda original se pretendía hacer cumplir una fianza. La demanda enmendada demostraba que el convenio era el otorgamiento de un pagaré. Una mala inteligencia de la naturaleza exacta de la obligación del demandado con facili-dad podía surgir, especialmente cuando las existencias del establecimiento habían de entregarse a un tercero.

Se alega un error específico en relación con la prueba de dos testigos que declararon-sobre manifestaciones que les hizo el demandado, más bien después que durante el trámite actual de las negociaciones. En uno u otro caso el apelado, no nos ha citado nada que lleve estas manifestaciones fuera de la regla sobre declaraciones de referencia por ser mani-festaciones para beneficio propio (self-serving declarations). Este no era el caso donde para refutar la idea de invención de hechos (fabrication) los testigos declararon sobre mani-festaciones hechas antes de existir cualquier motivo de in-vención de hechos que a veces justifica la admisión; ni fué la prueba presentada para contrarrestar la oposición a la declaración del demandado como testigo. La admisión de esta declaración constituyó error. Wigmore on Evidence, vol. 2, see. 1126; Jones on Evidence, vol. V. sec. 869, p. 291 y siguientes; Mason v. Vestal, 88 Cal. 396, 398; People v, Doyell, 48 Cal. 85, 90; Barkly v. Copeland, 74 Cal. 1, y Kepp v. Silverman, 25 Mont. 296, 64 P. 884.

La corte también incurrió en error al negarse a admitir' el inventario. Este quedó suficientemente identificado por testigos del demandante, tuvieran o nó que ser creídos. Era una parte necesaria del caso del demandante y la corte des-pués de su admisión pudo todavía haber resuelto el con-flicto en favor del demandado. Al ser ofrecido dicho inven-tario como prueba durante la vista del caso del demandante la corte antes de admitirlo no estaba en la obligación de apreciar la veracidad de manifestaciones hechas por testi-gos al identificar el expresado inventario con actos o admi-siones del demandado. Si hubiera sido éste el único error, de no dar crédito- la corte a los testigos, no habría perjuicio pues el caso del demandante dependía de la veracidad de sus testigos.

La corte, fundó su decisión principalmente en el conflicto existente entre las dos demandas. Al apreciar la prueba in-debidas manifestaciones para beneficio propio fueron consi-deradas por la corte. Si bien la prueba del demandante era robusta todavía quedaba por razón de la prueba válida del demandado un conflicto en la prueba que debe ser resuelto por la corte inferior.

La resolución de la corte sobre la éxcepción previa debe ser declarada con lugar. El tratar de reclamar daños y perjuicios por dejarse de obtener el precio y la especula-ción sobre posibles ganancias era demasiado remoto.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio.

RESOLUCIÓN" SOBRE RECONSIDERACION DE AGOSTO 1, 1924

El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una moción en la cual el apelado solicitó dé esta corte la reconsideración o modificación de nuestra opinión y estamos dispuestos a conceder lo segundo.

En el juicio se permitió declarar al primitivo abogado del demandante, a pesar de la objeción formulada, que la demanda fué preparada de conformidad con las instruccio-nes que se le dieron. Dijimos entonces de paso (obiter) que' “La admisión de esta declaración parece constituir un error, pero no lia sido materia de un señalamiento de error. Por lo general la comunicación del cliente es privilegiada y el cliente debe renunciar al privilegio.”

Somos ahora más bien de opinión después de examinar las autoridades, a saber, Cormier v. Richard, 7 Mart. N. S. (La.) 177, y San Antonio etc. R. Co. v. Brooking, 51 S. W. 537; 40 Cyc. 2376, que cuando existe controversia sobre una alegación y el cliente niega que la misma fué preparada de acuerdo con la instrucción que se dió el abogado que la pre-paró tiene derecho a declarar al pedirlo la parte contraria» Este punto en particular, según hemos visto, no fué alegado como error y las partes están ahora en libertad para poder presentar la cuestión en la forma que crean conveniente.

No vemos tan claramente como alega el apelado, que una demanda no jurada y abandonada pueda' ser considerada como una admisión. Sin embargo, toda vez que la razón principal para la revocación fué la indebida admisión de prueba testifical tendente a corroborar al demandado, al de-volverse el caso a la corte inferior dejaremos a la corte y a las partes en libertad para promover la cuestión’ de nuevo-sobre el efecto de tal alegación abandonada.

La opinión original sera considerada como modificada de conformidad con esta opinión, debiendo remitirse copia de la presente opinión para ser tomada en consideración y en re-lación con la susodicha opinión original.

No ha lugar a dejar sin efecto la sentencia pero se modifica la opinión.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Díaz, Demandante y Apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., Demandada y Apelante.
    No. 3094.

    Visto: Diciembre 7, 1923.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Apelación — Término para Radicar la Transcripción de la Evidencia. — Juris-dicción — Desestimación de Apelación. — Si la corte de distrito omite pro-veer rma moción en la que el apelante solicitaba una prórroga para incor-porar la evidencia y además que fijara fecha para examinar nuevamente un testigo por haberse extraviado las notas taquigráficas de su declaración, y vence el término para radicar la transcripción, la apelación debe desestimarse, pues la única corte que tiene facultad para abrir tal rebeldía es -la corte de apelación.
    ResoluCión de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), en moción de prórroga para presentar exposición del caso, dene-gándola.

      Desestimada la apelación.

      J. H. Broivn j C. Ruiz Nazario, abogados de la apelante; Rincón <& Vizcarrondo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación se establece contra una resolución en que se niega la corte inferior a conceder una moción titulada “Moción solicitando, permiso para radicar una exposición del caso y pliego de excepciones y que se deje sin efecto el vencimiento del término concedido para ello.”

La moción bacía referencia a una sentencia dictada en 30 de agosto de 1922 y apelada en 29 de septiembre, y la concesión de cinco prórrogas particulares para presentar la propuesta incorporación de la evidencia. La última de es-tas prórrogas fue concedida en febrero 3 de 1923. Para ob-tener varias de las primeras prórrogas la apelante no hizo ninguna otra declaración que no fuera la de que las notas taquigráficas no liabían sido entregadas. Posteriormente,, sin embargo, el fundamento de la prórroga fué el becbo de-que un libro que contiene todas o parte de las notas de la muy importante declaración de Adalberto Díaz Mor se ha-bía extraviado.

En 14 de febrero de 1923, el apelado solicitó en este tribunal la desestimación de la 'apelación, moción que fue de-negada.

Estando pendiente la vista de la moción, ia apelante, dentro del término, o sea en marzo 7 de 1923, solicitó una nueva prórroga de treinta días pidiendo además en la misma moción que se señalara una feolia para bacer un nuevo examen al testigo Adalberto Díaz Mor.

En estas circunstancias y debido en parte a la enferme-dad del abogado y también al hedió de estar pendiente la moción de desestimación, el abogado o su auxiliar creye-ron que la corte concedería la moción para un nuevo examen de dicho testigo, que fijaría una fecha para el mismo y pro-rrogaría el término para la incorporación de la evidencia. La corte no hizo nada de esto y el término solicitado en marzo 7 venció en abril 6.

La corto inferior aparentemente estaba bajo la impre-sión de que tenía la facultad de acuerdo con el artículo 140 áel Código de Enjuiciamiento Civil para abrir de nuevo el caso y conceder una prórroga, pero se negó a hacerlo por razones que luego discutiremos. La mayoría del tribunal ya ha resuelto en varios casos y en una subdivisión de este caso que en apelación la jurisdicción se transferirá a esta corte. Díaz v. Porto Rico Railway, L. & P. Co., 32 D.P.R. 95, 99. Por virtud de tal traspaso de jurisdicción la única corte que tiene facultad para abrir una rebeldía en relación con una prórroga es este tribunal, y el artículo 140, supra, no autoriza a la corte inferior para abrir dicha rebeldía. Nuestra anteiúor desestimación de esta apelación como quedó hecha final supra, es sin embargo, en realidad la ley de este caso y debe desestimarse la apelación interpuesta.

El Juez Presidente Sr. del Toro firmó: “Conforme con la sentencia.”

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


text:
    Cortés, Peticionaria y Apelante, v. Comisión de Indemnizacíones a Obreros, Demandada y Apelada.
    No. 3098.

    Visto: Enero 29, 1924.

      Resuelto: Mayo 31, 1924.
    Accidentes del Trabajo — Resolución Final de la Comisión de Indemnizacio-nes — Apelación—Reconsideración.—Una resolución de la Comisión de In demnizaciones a Obreros es final y como tal apelable para ante la Corte do Distrito competente, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley No. 61 de 1921 sobre la materia. El hecho de que en la resolución concreta de que se trata se exprese que “podrá ser reconsiderada por la comisión a solicitud del obrero lesionado o patrono.” y la circunstancia de que el patrono solicitara la reconsideración, no privan al patrono de su derecho a apelar si finalmente, en tiempo, por la apelación se decide.
    Eesolución de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando sin lugar una petición de certiorari.

      Revocada y devuelto el caso.

      A. García Bucos, abogado de la apelante; El Attorney General y J. A. López Acosta, Guerra Mondragón &■ Soldevila, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Monserrate Cortés González como totora de Marcelino Méndez presentó en la Corte de Distrito de Aguadilla, el 10 de enero de 1923, una solicitud de certiorari contra cierta resolución de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros. El certiorari fue expedido y en el día de la vista la comisión pidió que la solicitud fuera desestimada porque la misma solicitante había acudido a la propia comisión pidiéndole que reconsiderara la resolución de que se quejaba en el procedi-miento de certiorari. No obstante la oposición de Monse-rrate Cortés González, la corte declaró con lugar la moción de la comisión, desestimó la solicitud de “certiorari” y anuló el auto expedido “por entender que la resolución re-currida que se pretende revisar no es definitiva.” La corte dispuso además que los autos se devolvieran a la comisión, de conformidad con su súplica, para que la comisión dictara su resolución definitiva en el asunto.

Al final de la resolución de la Comisión de Indemnizacio-nes a Obreros de que se trata, aparece lo que sigue: “Esta resolución podrá ser reconsiderada por la comisión, a soli-citud del obrero lesionado o patrono cuando la petición de reconsideración se haga dentro de los treinta días después de notificados.” La moción de reconsideración se hizo en efecto el 17 de enero de 1923, dentro del plazo marcado, y estaba pendiente de resolución cuando los autos fueron re-mitidos a la Corte de Distrito de Aguadilla en cumplimiento del auto de certiorari por ella librado.

No conforme la peticionaria con la decisión de la Corte de Distrito de Aguadilla, interpuso el presente recurso de apelación, señalando en su alegato tres errores. Sostiene la apelante que la resolución de la comisión es definitiva y por tanto errónea la decisión de la corte de distrito y que pue-den tramitarse a la vez ambos recursos, el de reconsidera-ción y el de apelación. No cita la apelante jurisprudencia alguna, refiriéndose solamente a la decisión de esta corte en el caso de la Comisión de Indemnizaciones v. Corte de Distrito de Aguadilla, 31 D.P.R. 402, en el que se llegó a la conclusión de que cierto certiorari era prematuro, para sos-tener que no es aplicable a este caso.

Estamos conformes con la apelante en la distinción que hace de ambos casos. En el resuelto el 19 de enero, se tra-taba de una decisión del presidente de la comisión de la cual debía acudir se “en reconsideración” a la comisión en pleno de acuerdo con lo dispuesto en la ley y aquí la reso-lución fué dictada por la comisión en pleno. La jurispru-dencia establecida no es, pues, aplicable. Este es un caso nuevo que debe resolverse por sus propios méritos.

¿La resolución de la comisión de que se trata, tiene o nó el carácter de definitiva?

La sección 8 de la ley sobre indemnizaciones de acciden-tes del trabajo tal como fué enmendada por la ley No. 61 de 1921, (p. 483), dice: “En cuanto a los casos de muerte o de incapacidad parcial permanente, deberán ser resueltos por la Comisión” y el artículo 9 de la propia ley, — Leyes de 1921, p. 487 — , concede al obrero recurso de apelación para ante la corte, de distrito de la decisión de la comisión. La ley no fija el trámite de reconsideración como uno que deba seguirse antes de acudirse a la apelación. Siendo ello así la pregunta formulada debe contestarse en la afirmativa.

¿Qué alcance puede tener lo consignado en su decisión por la comisión misma sobre la reconsideración? Todas las sentencias finales son susceptibles de reconsideración aun-que nada se consigne en ellas por la corte que las dicta, de acuerdo con la ley. Quizá la comisión en este caso concreto tuvo dudas de su propia resolución y estaba ansiosa de oir nuevamente a las partes. No conocemos cuál sea la prác-tica general. La comisión apelada no archivó alegato alguno. Pero si el caso que fiemos supuesto era la realidad, la co-misión lo que debió haber hecho fué señalar una nueva au-diencia antes de dictar su resolución definitiva.

Siendo el expuesto nuestro criterio, es necesario concluir que el recurso de apelación se interpuso debidamente para ante la corte de distrito.

La circunstancia de que se pidiera la reconsideración no altera la conclusión a que hemos llegado. Si la parte ape-lante de una manera clara hubiera manifestado ante la corte de distrito que desistía de la reconsideración, hubiera ella misma despejado su situación por completo. No lo hizo así y su pretensión de que se tramiten los dos recursos a la vez es claramente insostenible. Sin embargo, como insistió fuer-temente en sostener su apelación, opinamos que debió conti-nuar conociendo de ella la corte de distrito, y en tal virtud que la sentencia que dicho tribunal dictara es errónea y debe revocarse.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.