author: El Juez Peesidente Señoe Del Tobo,

text:
    The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, sustituído por Rafael Sancho Bonet, demandado y apelante.
    Núms. 6716, 6717, 6718, 6719, 6726 y 6868

    Sometidos: Marzo 3, 1936.

      Resueltos: Junio 12, 1936.

      Son. Procurador General B. Fernández García (Benjamín J. Horton y M. Rodríguez Berra en el alegato), B. Cordovés Arana, Procu-rador General Auxiliar y Hernán Franco, Sub pro curador, aboga-dos del apelante; Jaime Sifre, Jr. y Horacio Fmnceschi, aboga-dos de la apelada.
   El Juez Peesidente Señoe Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En estos recursos están envueltas las mismas cuestiones de derecho. La Fajardo Sugar Company of Porto Rico pagó bajo protesta ciertas contribuciones sobre ingresos retenidas en su origen que para los años 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 y 1929, le impuso y cobró el Tesorero de la Isla y acudió a la Corte de Distrito de San Juan demandando su devolución con más los intereses legales desde la interposición de la demanda y las costas, en seis pleitos separados. Contestó el Tesorero. Fueron los pleitos a juicio y todos se fallaron en pro de la demandante.

Apeló el demandado y en un alegato común a todos los re-cursos, señala los siguientes errores:

“1 — La Corte de Distrito erró al sostener, como fundamento de la sentencia, que el situs de la deuda pagada por la demandante a L. "W. & P. Armstrong radica en la ciudad de New York.
“2. — Erró también la corte al sostener que aunque los intereses de la deuda fuesen pagados con dinero procedente del precio del azúcar fabricado por la deudora en Puerto Rico, que la transacción del acreedor y del deudor se celebró en New York, y que allí se con-sumó el contrato cuando en New York se devolvió el capital del prés-tamo y sus intereses al liquidarse semestralmente la cuenta corriente entre las partes.
“3. — También erró la corte al declarar que la cuestión planteada en este caso es similar a la resuelta por la Corte de Circuito de Ape-laciones para el Primer Circuito, que confirmó la del caso de Domenech v. United Porto Rican Sugar Company, 62 Fed. (2d) 552, 556.
“4. — También erró la corte al sostener que en el presente caso se trata como en el de Domenech v. United Porto Rican Sugar Company, supra, de imponer una contribución ‘a corporaciones no resi-dentes, por concepto del ingreso ganado o que debió ganarse a causa de transacciones celebradas y totalmente ejecutadas o consumadas fuera de los confines de Puerto Rico’.
“5. — Cometió error la corte al apreciar erróneamente las prue-bas admitidas en el juicio y al dictar sentencia declarando con lugar las demandas y ordenando la devolución de la contribución pagada bajo protesta, en cada caso.”

Como puede verse de los propios errores señalados, la cuestión a estudiar y resolver se reduce a determinar el ver-dadero situs de la transacción que dió origen a los ingresos sobre los cuales se impusieron las contribuciones.

La demandante alegó en sus demandas que es una cor-poración organizada de acuerdo con las leyes de esta Isla; que L. W. & P. Armstrong era desde 1924 y es una sociedad comercial organizada bajo las leyes del estado de Nueva York donde tenía y tiene su oficina principal; que dicha so-eiedad ni ahora ni en tiempo alguno ha tenido oficina o agente en Puerto Pico; que las cantidades recibidas por dicha so-ciedad representan intereses sobre adelantos hechos por ella a, la demandante en Nueva York en cuenta corriente abierta en dicha ciudad a virtud de un convenio allí formalizado; que la demandante de acuerdo con dicho convenio envió azú-cares a la sociedad para que ésta los vendiera, como lo hizo, acreditándole el producto y cobrándose del mismo los inte-reses; que los adelantos nunca estuvieron garantizados con gravamen alguno sobre bienes inmuebles situados en Puerto Bico y los intereses no lo eran sobre bonos, pagarés u otras «obligaciones que devenguen interés.

Alegó además la demandante en sus demandas que el co-bro de las contribuciones era erróneo, arbitrario e ilegal en-tre otros motivos,

(c) Porgue la suma cobrada por L. W. & P. Armstrong por con-cepto de intereses sobre un préstamo efectuado y consumado en su totalidad fuera de esta Isla es una obligación personal cuyo ‘situs’ a los efectos de la tributación es el del domicilio 'del acreedor.
“ (d) Porque los intereses cobrados por L. W. & P. Armstrong no son intereses sobre bonos, pagarés u otras obligaciones que deven-.guen intereses (interest-bearing obligations).
(e) Porque la suma así cobrada por L. W. & P. Armstrong por concepto de intereses no constituye ingreso tributable por el Teso-rero de Puerto Rico porque tales ingresos no fueron derivados de fuentes radicadas dentro de Puerto Rico.”

En sus contestaciones el demandado admitió algunas ale-gaciones de las demandas y negó otras, alegando como de-fensa adicional en todas:

'“1. — 'Que los intereses pagados proceden del uso o aprovecha-miento del capital invertido por la contribuyente en Puerto Rico; que el capital por el cual la demandante ha pagado los intereses .a "L. Y". & P. Armstrong, según alega en la demanda, está invertido en Puerto Rico; que la fuente de esos intereses recibidos por L. W. & P. Armstrong es Puerto Rico y por tanto los intereses pagados están su-jetos a la contribución sobre ingresos retenida en el origen.”

Sometidos los seis casos por la misma evidencia, apre-ciando ésta dijo la corte sentenciadora en sn relación del caso y opinión.

“La prueba claramente demuestra que en virtud del convenio-de que antes se ba hecho mención, celebrado entre la demandante, The Fajardo Sugar Co., y la firma L. "W. & P. Armstrong de New York, la segunda compraba para la primera en los Estados Unidos,, maquinarias, sacos y otros artículos que pudiese necesitar la deman-dante para su industria, artículos y efectos que eran pagados en New York por L. ~W. & P. Armstrong a los vendedores y cargados-a la cuenta corriente que con esta firma tenía la demandante. La demandante enviaba sus azúcares a New York y allí se vendían por L. W. & P. Armstrong, la cual después de deducir los fletes y demás-gastos, acreditaba en sus libros el producto neto del azúcar a la cuenta de la demandante. Semestralmente se liquidaba la cuenta,, pagándose, desde luego, capital e intereses a razón de 6% anual con los fondos que en poder de L. W. & P. Armstrong tuviese la demandante.
“También quedó probado satisfactoriamente que la firma L. W. & P. Armstrong no ha tenido oficina ni agente en la Isla de Puerto-Rico y que el crédito a favor de L. W. & P. Armstrong nunca estuvo garantizado con hipoteca ni con gravamen real sobre inmuebles ra-dicados en Puerto Rico y que los intereses cobrados por dicha firma, no eran intereses sobre bonos, pagarés y otras obligaciones que de-venguen interés.
“Tales hechos indudablemente demuestran que se trata en este caso de una contribución impuesta sobre un crédito cuyo situs ra-dica fuera de los límites territoriales de Puerto Rico y cuyo' dueño, reside también fuera de esta Isla.”

Al discutir la evidencia el demandado apelante analiza el convenio suscrito en Nueva York y luego otro celebrado el mismo día en Puerto Rico por las mismas partes en el que la sociedad compareció representada por su apoderado y por virtud del cual la demandante se comprometió a venderle la cosecha total de azúcares que produjera, comprara o de otro modo adquiriera en Puerto Rico, obligándose la socie-dad a proporcionar buques para el transporte, quedando es-tipulado que el título pasaría al comprador al ser entregado el azúcar y puesto a bordo de cualquier buque en el puerto de embarque, y luego, en parte, dice:

“La Corte seguramente verá que estos contratos otorgados el mismo día, del mismo mes y año, simultáneamente en Fajardo y en New York, son en realidad un solo CONTRATO, para todos los efec-tos de esta controversia. .... •
“Los adelantos de dinero durante la vida del contrato y con pos-terioridad, (por haberse prorrogado de común acuerdo las estipula-ciones), no fueron hechos por la firma L. W. & P. Armstrong como simples prestamistas, sino como agentes fiscales o financieros de la compañía azucarera, y con las garantías de convertirse en adquiren-tes y dueños de las cosechas de azúcar. El dinero solamente se em-plearía en preparar y fomentar cosechas de azúcar, es decir, planta-ciones de caña, de colonos, inclusive, en cantidad suficiente.
“Esos adelantos revisten las características esenciales de los prés-tamos refaccionarios, salvo la de la inscripción en el Registro de la Propiedad.
“Asumiendo que tales transacciones eran de simple préstamo, fuerza es convenir en que las sumas prestadas no eran devueltas en dinero, sino en azúcaR, y en los puertos de embarque en puerto Rico. Luego, no cabe afirmar que el contrato de préstamo fué “esti-pulado y consumado enteramente en New Yorksino que toda esa transacción completa se estipuló simultáneamente en New York y en Puerto Rico; y en cuanto a la entrega de los azúcares, en cuanto al pago de las cantidades adelantadas e intereses, verificábase, de he-cho, en especie, azúcar, exclusivamente en Puerto Rico.
“El acreditar en la cuenta a la Fajardo Sugar Co. las sumas que debía acreditársele, eso sólo era lo que. del contrato se realizaba en New York; lo formal, la pura formalidad del asiento en los libros; ■pero el hecho, la entrega de los azúcares, el empleo y uso de las su-mas adelantadas, para levantar las cosechas, el pago de las cantida-des adeudadas se verificaba en Puerto Rico al entregarse a bordo los cargamentos de azúcar.
“Admitimos que se trata de contribuyentes extranjeros no resi-dentes, que no tienen ni tenían un agente autorizado en Puerto Rico para verificar el pago de sus obligaciones. (Aunque se reveló que tenían tin agente para firmar el contrato de 21 de enero en Fajardo y para inspeccionar los embarques.) Pero este agente no Recibió jamás suma .alguna de los demandantes para la firma prestamista.’'

Es indudable que el contrato celebrado en Puerto Pico está íntimamente relacionado con el celebrado en Nueva York y no bay duda tampoco de que de acuerdo con lo estipulado en el contrato sobre venta de azúcares la sociedad adquiría aquí mismo en Puerto Pico en los puertos de embarque la pro-piedad de los azúcares vendídosle.

Sin embargo, esas circunstancias aunque dan color al caso y explican la actitud del demandado, no son suficientes para concluir que el “situs” del préstamo realizado en Nueva York que dió origen a los intereses percibidos por la socie-dad no residente sobre los cuales se cobraron a la deman-dante las contribuciones de que se trata, cambió de Nueva York a Puerto Rico.

“El lugar donde el interés se paga”, se dice en Holmes Federal Taxes, Sixth Edition, pág. 399, “carece de impor-tancia; la cuestión a determinar es si se paga o no sobre bonos, pagarés u otras obligaciones de residentes que deven-gan intereses, ya fueren corporaciones o de otra índole.”

Además, creemos que la envuelta en estos casos es una cuestión resuelta. Por más esfuerzos que se bagan no es posible distinguirlos del de Gallardo, Tesorero, v. United Porto Rican Sugar Company, 42 D.P.R. 646, en el que esta Corte Suprema siguiendo jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que las deudas de una corporación no son bienes sino obligaciones del deu-dor que sólo tienen valor en manos del acreedor y que por tanto sólo pueden tasarse a los efectos contributivos en el domicilio de éste. La sentencia fue apelada para ante la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito. Al confirmarla, dicha corte, por medio del Juez Sr. Bingham, se expresó así:

“La Corte Suprema de Puerto Rico al interpretar estas leyes fué del criterio que ‘la contribución se impone a los acreedores o al crédito’; no trató de determinar a cuál. Resolvió, sin embargo, que la contribución era ilegal, ora se impusiese al acreedor no resi-dente o al crédito — la deuda. Creemos que es indisputable que la contribución se fija al acreedor no residente, y que es una medida por el ingreso o interés del préstamo o préstamos para determi-nado año; que no es una contribución impuesta simplemente al cré-dito o a la deuda. La cuestión a determinar entonces es si la Le-gislatura de Puerto Rico tenía jurisdicción y autoridad para im-poner una contribución sobre ingresos a corporaciones acreedoras no residentes que no tenían lugar de negocios en Puerto Rico ni hacían negocios allí por mediación de agentes o en alguna otra forma. La respuesta a la pregunta es tan evidente que al meramente exponer la proposición tenemos su propia respuesta. La Legislatura de Puerto Rico carece de autoridad o jurisdicción para imponer una contri-bución a corporaciones no residentes a base de ingresos devengados o a devengarse en transacciones celebradas y realizadas enteramente fuera de los límites territoriales de Puerto Rico. No tiene mayor facultad a este respecto que un estado.
“Mas si pudiera decirse que las leyes en cuestión no fijaban una contribución a los acreedores no residentes sino que era una impuesta al crédito o a la deuda, de los cuales los intereses en verdad forman parte, tal deuda o crédito no tiene situs en Puerto Rico. Su situs estaba en Maryland, fuera de la jurisdicción de Puerto Rico y la Legislatura de Puerto Rico no tenía autoridad o jurisdicción sobre el mismo ni podía imponerle una contribución. La deuda era un mero objeto (chose in action) o una propiedad personal intangible, cuyo situs estaba en Maryland donde estaba organizada y hacía negocios la corporación acreedora. La cuestión relativa al situs imponible de una deuda ha sido determinada por la decisión reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Farmers’ Loan & Trust Co. v. Minnesota, 280 U. S. 204, 50 S. Ct. 98, 100, 74 L. Ed. 371, 65 A.L.R. 1000, en la cual la doctrina previamente enunciada en el caso de Blackstone v. Miller, 188 U. S. 189, 23 S. Ct. 277, 47 L. Ed. 439, fué revocada expresamente, y la decisión en Cleveland, P. & A. Railroad Company v. Pennsylvania State Tax on Foreign-Held Bonds, 15 Wall. 300, 320, 21 L. Ed. 179, fué confirmada. Al hablar de dicho caso, se dijo allí:
‘Cleveland, P. & A. Railroad Co. v. Pennsylvania—“respecto a la contribución estadual sobre bonos poseídos en el extranjero”—15 Wall. 300, 320, 21 L. Ed. 179, resolvió claramente que el estado ca-recía de facultad para imponer contribución al dueño de bonos de una compañía ferroviaria doméstica, librados y pagaderos fuera de sus límites cuando éstos eran expedidos a. ciudadanos y residentes de otro estado y se hallaban en poder de éste. Por voz del Juez Asociado Sr. Field la Corte dijo:
“ ‘ “Las deudas de una corporación, al igual que las deudas de los individuos no son bienes del deudor en forma alguna; son obligaciones del deudor, y sólo tienen valor en poder de los acreedores. Para éstos constituyen propiedad y en poder de ellos pueden ser tributables. Calificar de propiedad las deudas de un deudor es sim-plemente usar el término equivocadamente. Toda la propiedad que pueda existir en la naturaleza de las cosas, en las deudas de corpo-raciones, pertenece a los acreedores, a quienes son pagaderas, y si-guen el domicilio de éstos, doquiera se hallen. Sus deudas no pueden localizarse separadamente de las partes a quienes son debidas. Este principio puede ser expuesto en muchas formas distintas, y soste-nido por citas de numerosos casos, pero ningún número de autorida-des ni ninguna forma de expresión podría agregar nada a su obvia verdad, que se reconoce al simplemente enunciarlo.” ’ ” Domenech, Treasurer, v. United Porto Rican Sugar Co., 62 F. (2d) 552, 555.

Deben confirmarse, las sentencias recurridas.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Cardona alias Don Pepito, acusado y apelante.
    Núm. 5645.

    Sometido: Diciembre 20, 1935.

      Resuelto: Junio 15, 1936.

      ■Celestino Triarte, Héctor González Blanes y James R. Beverley, abo-gados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acusación por el delito de portar armas prohibidas. En el curso de nuestra opinión emitida en el caso de asesinato contra este mismo acusado, núm. 5646, decidido recientemente, dijimos que el acusado no tenía más autoridad para portar un arma, según se desprendía de los autos, que la que surgiría de sus deberes como celador. Las partes en este caso se ban basado en la evidencia presentada en dicho caso de asesinato y en un poco más de prueba adicional. Esta consistía en la declaración de Enrique Ortega, Superintendente de Obras Públicas, y de Bafael González, encargado de los terrenos públicos. Ellos manifestaron que Cardona estaba autorizado por el Comisionado del Interior para portar un arma dentro de la propiedad que debía custodiar. Cardona portaba en realidad un revólver con que dió muerte a Cosme.

Estando los hechos más o menos admitidos, el fiscal sostiene que al Comisionado del Interior no se le da facultad para autorizar a nadie a portar un arma. Esta facultad, en general, reside en las cortes de distrito. El apelante no nos ha citado nada que nos convenza de que el Comisionado del Interior pueda otorgar tal derecho.

A pesar de la indicación que hicimos en nuestra opinión anterior, se desprende, al hacer una investigación, que los disparos tuvieron lugar en un sitio público. Originalmente el terreno pertenecía a El Pueblo de Puerto Bieo, quizá en su carácter particular, pero la región o el sitio específico en que ocurrieron los disparos desde largo tiempo ha y se había dedicado al uso público y se habían construido y trazado allí casas y calles muy cerca dél lugar exacto en que Cardona portaba el arma.

Nada' hay directamente en la ley que autorice a un agente o celador que porte armas en la propiedad de su principal. El dueño, sin embargo, está autorizado para hacerlo así y bajo la palabra “dueño” hemos incluido a los agentes y su-perintendentes a cargo de las propiedades. Pueblo v. Bosch, 43 D.P.R. 741; Pueblo v. Rodríguez, 43 D.P.R. 749.

En varios casos era una cuestión dudosa si la persona armada podía portar el arma hasta una vía pública. Resolvimos por mayoría que el agente podía hacerlo así al trasladarse a su casa y regresar de ésta. Ninguna de esta jurisprudencia se extendería al caso de portar un arma en sitios realmente dedicados al público. Se probó que el acusado portaba un arma prohibida y la sentencia debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Carlos Armstrong e Hijos, Sucrs., S. en C., demandante y apelada, v. José Rodríguez y Municipio de Salinas, Arturo Godreau, Luis Lorenzi y Diosdado Dones, demandados y apelantes los dos primeros.
    Núm. 6804.

    Sometido: Diciembre 5, 1935.

      Resuelto: Junio 18, 1936.

      Fernando B. Fornaris y Leopoldo Tormos García, abogados respecti-vamente, de los apelantes; Alberto 8. Poventud, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

José Rodríguez López obtuvo la buena pro en un contrato de construcción del municipio de Salinas, bajo el cual se le liarían pagos mensuales. El 14 de octubre de 1932, antes de que se terminara el trabajo, Rodríguez otorgó una escritura por la que cedía a Armstrong e Hijos, en consideración a los materiales ya entregados y por entregarse, todos sus de-rechos a percibir del municipio- futuros pagos bajo el con-trato. De acuerdo con esta cesión, el municipio entregó dos cheques a Armstrong e Hijos. Al vencerse el siguiente pago, Rodríguez solicitó del municipio que se lo efectuara a él y no a la cesionaria. El municipio no hizo pagos ulteriores a la cesionaria, pero sí le pagó un cheque a Rodríguez por $752.08. La cesionaria requirió del municipio el pago de esta suma y al negarse éste a cumplir con lo solicitado, entabló el pre-sente litigio. La Corte de Distrito de Ponce falló a favor de la demandante y tanto el municipio como Rodríguez, que eran demandados, apelaron.

La ley es perfectamente clara, bajo circunstancias similares, al efecto de que cuando están envueltas personas naturales, un deudor está en la obligación de pagar al cesionario, y por consiguiente está directamente sujeto a una acción. Sin embargo, cualquier persona que haga negocios con un municipio está obligada a conocer sus limitaciones, no importa las que éstas fueren. Aquí el municipio fue notificado de la cesión e hizo dos pagos bajo la misma a la cesionaria. No había duda de la aceptación y todos los pagos futuros debieron haberse hecho a Armstrong e Hijos, de acuerdo con los términos de la cesión aceptada. El municipio fué notificado de que Rodríguez había perdido todo derecho y título a cualesquiera pagos futuros y debió haber efectuado el pago directamente y, de ser necesario, haberlo incluido en el pre-supuesto.

Los apelantes sostienen que no existe ningún principio en la Ley Municipal que autorice a un municipio a constituirse en mandatario de persona alguna. Este caso, sin embargo, no presenta cuestión alguna de mandato. Se creó una no-vación o algo muy parecido.

Otro señalamiento de error es que el municipio, no ha-biendo sido parte en la cesión de Rodríguez a Armstrong e Hijos, no quedaba obligado por la misma. La ley, como hemos dicho, es claramente en sentido contrario cuando están envueltas personas naturales, y el apelante no nos ha citado nada que demuestre que un municipio no estaría igualmente obligado después de la debida notificación y aceptación, se-gún se hizo en este caso. En verdad, dudamos si sería ne-cesaria una aceptación formal.

Los apelantes también arguyen que habiendo pagado el cheque en controversia a Rodríguez, la corporación demandada no puede ser compelida sin el consentimiento de la Asamblea Municipal a hacer el pago a la demandante. Este punto específico ha sido resuelto por varias decisiones de esta corte, según las cuales los municipios han sido obligados a pagar obligaciones contractuales irrespectivámente de la actuación de la Asamblea Municipal para su pago. Soltero v. Piris, 49 D.P.R. 387, y casos citados. La cuestión podría afectar levemente la ejecución de la' sentencia, pero el municipio está obligado a proveer para su pago.

Las consideraciones generales que anteceden son sosteni-das por las siguientes autoridades:

El Juez Dillon, en su segundo volumen sobre la materia de corporaciones municipales, dice:

“Una cesión de dinero vencido o por vencer bajo los términos del contrato, en contraposición a la cesión del contrato mismo, es generalmente sostenida como válida.” Dillon, Municipal Corporations, sección 832, págs. 1277, 1278.

Un examen de la sección arriba citada revelará cnán lejos han ido las cortes al sostener cesiones como la presente. Otras citas qne sostienen los pnntos ya disentidos son: Brace v. City of Gloversville, 167 N. Y. 455; Dickson v. City of St. Paul, 97 Minn. 258; McKay v. City of N. Y., 46 N. Y. App. Div. 579; Field v. City of New York, 6 N. Y. 179; City of San Antonio v. Stevens, 126 S. W. 666; 19 R.C.L. 1080 et seq., y 44 C. J. 132, párrafo 2238.

El demandado Rodríguez también apela y sostiene por va-rias razones qne la corte no tnvo derecho a obligar al muni-cipio por concepto de pagos futuros. Si la cesión se examina, se verá claramente que Rodríguez se desprendió de todos los derechos a los pagos futuros, conforme vencían. Por lo tanto, carece de interés en estos pagos futuros y, no teniendo interés, no puede propiamente oponerse o .sugerir que era un mandato que tenía derecho a revocar. Además, los autos demuestran que hasta cierto punto no se adeudan pagos adi-cionales a Rodríguez, ya que él no terminó el trabajo y el municipio mismo tuvo que hacerlo.

•Por tanto, la sentencia debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
      Ex Parte Juan Antonio Corretjer, peticionario.
    Núm. 105.

    Sometido: Junio 16, 1936.

      Resuelto: Junio 18, 1936.

      P. Albizu Campos. Gilberto Concepción de Gracia, Juan Valldejuli Rodríguez, Federico F. Virella y J. M. Toro Nazario, abogados del peticionario.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Antonio Corretjer por medio de sus abogados pre-sentó ante esta Corte Suprema en la tarde del jueves 11 de junio actual una solicitud de hábeas corpus alegando substan-cialmente que se hallaba recluido en la cárcel del distrito de San Juan bajo la custodia de su alcaide Andrés A. Lugo, habiéndolo conducido a ella Donald A. Draughon y Stanley Sheppard, márshal y submárshal respectivamente de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico, a virtud de auto de prisión expedido por Robert A. Cooper en su carácter de juez de dicho tribunal.

Califica su detención y prisión de ilegales y signe expo-niendo los hechos que culminaron en la sentencia dictada por la Corte Federal declarándolo culpable de desacato e impo-niéndole un año de prisión en la cárcel de distrito de San Juan.

Expone los motivos que tiene para calificar de ilegal su prisión, invoca la jurisdicción de esta corte para expedir autos de hábeas corpus, se refiere al hecho de haberse negado a expedirlo en este mismo caso la Corte de Distrito de San Juan, llama la atención hacia determinada actitud del Pre-sidente y su gabinete y a la presentación de cierto proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos en relación con esta Isla y termina suplicando que se ordene al alcaide Lugo que traiga al peticionario ante esta corte para que sea in-vestigada la causa de su prisión, permitiéndosele entre tanto permanecer en libertad bajo fianza.

La solicitud fué considerada por el tribunal en pleno en la mañana del 12 de junio en curso, siendo nuestra primera impresión declararla de plano sin lugar, especialmente des-pués de haber leído la razonada opinión emitida por el Juez de Jesús de la Corte de Distrito de San Juan negando la expedición del auto.

Sin embargo, tratándose como se trataba del ejercicio del derecho de hábeas corpus y no existiendo precedentes den-tro de la corte misma, preferimos oír por escrito a los abo-gados del peticionario sobre la cuestión de jurisdicción en-vuelta y al efecto concedimos un plazo de cuatro días. Se ha presentado en efecto un alegato que ha sido estudiado cuidadosamente y que no altera nuestra primera impresión.

Por virtud del Tratado de París celebrado entre los Estados Unidos de América y España, proclamado en Washington en 11 de abril de 1899, España cedió a Estados Unidos la Jsla de Puerto Eieo que los Estados Unidos gobernaron militarmente hasta el primero de mayo de 1900 en que comenzó a regir la primera Carta Orgánica decretada por el Congreso y aprobada en abril 12, 1900 (31 Stat. L., p. 77, Comp. 6611-6651).

Puerto Rico quedó desde entonces convertido en nn te-rritorio americano organizado aunque no incorporado al seno de la Unión.

Prescribió el artículo 33 de la constitución del territo-rio que el poder judicial residiría en las cortes y tribunales de Puerto Rico establecidos ya y en ejercicio creados a vir-tud de órdenes generales del gobierno militar, entre los cua-les se encontraba está Corte Suprema.

Seguidamente por la sección 34 se ordenó que Puerto Rico constituiría un distrito judicial denominado “el Distrito de Puerto Rico”, debiendo nombrar el Presidente para el mismo un Juez de Distrito, un Fiscal y un Mársbal que constituirían la “Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico” — sucesora de la Corte Provisional de los Estados Uni-dos establecida por el gobierno militar — con igual jurisdic-ción que las Cortes de Distrito de los Estados Unidos, decre-tándose que “las leyes de Estados Unidos referentes a apelaciones, recursos por causa de error, o por violación de ley, de oertiorari, traslación de causas y otros asuntos y pro-cedimientos, que rigen para las cortes de los Estados Unidos respecto a las cortes de los distintos Estados, regirán tambián para todos los asuntos y procedimientos entre la Corte de los Estados Unidos y las Cortes de Puerto Rico.”

Por la sección 35 se regularon los recursos por causa de error o por violación de ley y las apelaciones de las de-cisiones finales del Tribunal Supremo de Puerto Rico y de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Y así quedó instaurado en esta isla no ya desde que el Congreso le dió una forma de gobierno civil territorial si que desde que fué ocupada y gobernada militarmente, un sis-tema de cortes de justicia semejante si no idéntico al de cor-tes federales y estaduales que rige en los Estados Unidos de América.

La segunda Ley Orgánica — la aprobada en marzo 2, 1917 —conservó la forma territorial de gobierno con sus cortes de justicia insulares y federales, haciéndola en algunos extre-mos más armónica aún con la forma de gobierno genuina-mente norteamericana.

Siendo ello así, debe concluirse y se concluye que es apli-cable a este.caso la jurisprudencia establecida por las cortes del continente' resolviendo cuestiones similares.

Puede encontrarse alguna discrepancia en esa jurispru-dencia antes de que la Corte Suprema nacional interviniera. Después, los campos de jurisdicción de las cortes de los esta-dos y territorios de la IJnión y los de las cortes federales quedaron tan clara y definitivamente deslindados, que apenas se concibe que pueda surgir conflicto alguno.

Hace cerca de noventa años dicba Corte Suprema nacio-nal por voz de su Juez Presidente Roger B. Taney, en los casos de Ableman v. Booth y United States v. Booth, 62 U. S. 506, 523, 524, se expresó así:

“No ponemos en tela ele juicio la autoridad de una corte estadual o de un juez que esté autorizado por las leyes estaduales a expedir el auto de Rabeas corpus, para librarlo en cualquier caso en que la parte esté encarcelada dentro de sus límites territoriales, siempre y cuando no aparezca de la petición que la persona encarcelada está bajo custodia por la autoridad de los Estados Unidos. La Corte o el juez tiene el derecho a investigar, en esta clase de procedimiento, por qué causa y por qué autoridad el prisionero está confinado dentro de los límites territoriales de la soberanía del estado. Y es el deber del marshal, o de la persona que tenga ía custodia del prisionero, hacer saber al juez o a la corte, mediante el debido diligenciamiento, la autoridad por la cual lo retiene bajo custodia. Este derecho de investigar por un procedimiento de habeas corpus, y el deber del oficial de efectuar el diligenciamiento, surgen necesariamente del ca-rácter complejo de nuestro gobierno, y de la existenciá de dos sobe-ranías distintas y separadas dentro del mismo límite territorial, cada una de ellas restringida en sus poderes y cada una dentro de su es-fera de acción, prescrita, por la 'Constitución de los Estados Unidos, independientemente de la otra. Pero luego de hecho el diligencia-miento y de notificado judicialmente el juez o la corte estatal de que la parte está detenida bajo la autoridad de los Estados Unidos, ellos no pueden seguir adelante. Entonces saben que el reo está dentro del dominio y jurisdicción de otro gobierno, y que ni el auto de bábeas corpus ni ningún otro procedimiento expedido bajo la autoridad del estado pueden trascender la línea divisoria existente entre las dos soberanías. Él está entonces dentro del dominio y exclusiva juris-dicción de los Estados Unidos. Si ba cometido un delito contra sus leyes, solamente sus tribunales pueden castigarlo. Si.está errónea-mente encarcelado, sus tribunales judiciales pueden ponerlo en li-bertad y concederle un remedio. Y aunque, como bemos dicbo, es el deber del mársbal o de la persona que le tiene detenido, bacer saber, mediante el debido diligenciamiento, la autoridad por la cual le detiene, es a la par su deber imperativo obedecer el procedimiento de los Estados Unidos, retener al prisionero bajo su custodia, y ne-garse a obedecer el mandato u orden de cualquier otro gobierno. Y por consiguiente es su deber no llevar al prisionero, ni permitir que sea llevado, ante un juez o corte del estado por un bábeas corpus expedido bajo la autoridad estatal. Ningún juez o corte de estado, después de ser informado judicialmente que la parte está encarce-lada por autoridad de los Estados Unidos, tiene derecho a intervenir con él, o a requerirle para que se le traiga a su presencia. Y si la autoridad de un estado, en la forma de un procedimiento judicial o de otro modo, tratara de controlar al mársbal u otro oficial o agente autorizado de los Estados Unidos, en cualquier respecto, en la custodia de su prisionero, será su deber resistirse a ello, y llamar en su ayuda cualquier fuerza que pudiera ser necesaria para man-tener la autoridad de la ley en contra de cualquier interferencia ilegal. Ningún procedimiento judicial, sea cual fuere la forma que asuma, puede tener autoridad legal más allá de los límites de la jurisdicción de la corte o juez que lo expide; y toda tentativa de hacerlo cumplir más allá de sus fronteras, no es otra cosa que una violencia ilegal.” Ableman v. Booth y United States v. Booth, 62 U. S. 506, 523, 524.

Algunos años después la jurisprudencia establecida quiso distinguirse limitándola a los casos en que el prisionero es-tuviera detenido bajo la indisputable autoridad de los fun-cionarios del gobierno federal, dando de tal modo entrada a las cortes de los Estados para intervenir y juzgar la cuestión y el asunto fué llevado de nuevo a la Corte Suprema y ésta, por medio entonces de sn Juez Asociado Stephen J. Field, se negó a ello enfáticamente, como signe:

“En las decisiones se ban becbo algunas tentativas y a ellas se ha llamado nuestra atención, para limitar la opinión emitida por esia Corte en Ableman v. Booth, y The United States v. Booth, a casos en que el prisionero es retenido bajo custodia por indis-cutible autoridad legal de los Estados Unidos en contraposición a su encarcelamiento so color de dicha autoridad. Pero es evi-•dente que la decisión no admite tal limitación. Hubiera sido in-necesario poner en vigor, ampliando el razonamiento en la forma en que lo hace el juez presidente, la posición de que cuando ■es evidente al juez o funcionario que expide el auto que el reo está detenido por indisputable autoridad legal, no debe seguir adelante. Ningún juez federal puede, aún en tal caso, exonerar a la parte del encarcelamiento, excepto -mediante fianza cuando la misma es permi-sible. Siendo la detención por autoridad legal admitida, ningún juez puede poner en libertad al prisionero, excepto en esa forma, no importa cuál sea el estado del proceso. Cuanto se quiere decir por el contexto usado es que el juez o la corte del estado no debe ■seguir adelante cuando aparece, de la petición de la parte, o del ■diligenciamiento hecho, que el prisionero está retenido por un ofi-cial de los Estado Unidos bajo algo que, en verdad, supone ser la autoridad de los Estados Unidos; esto es, una autoridad cuya vali-dez ha de determinarse por la Constitución y las leyes de los Es-tados Unidos. Si una persona así detenida está ilegalmente encar-celada, es a las cortes o funcionarios judiciales de los Estados Uni-dos a quienes corresponde, solamente, concederle un remedio.” Tarble’s Case, 80 U. S. 397, 410, 411.

En sn consecuencia, apareciendo de la propia solicitud que el peticionario se encuentra preso a virtud de una sen-tencia del juez que preside la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para el Distrito de Puerto Rico, ejecutada por el Márshal de la misma, esta Corte Suprema no tiene derecho a intervenir en el asunto.

La administración de la justicia no sufre interrupción ni daño algunos. Sólo se resuelve que la obra de dar lo que sea suyo al peticionario no corresponde en este caso a las cor-tes insulares. Corresponde a las cortes federales cuya his-toria de imparcialidad al par que de firmeza es de todos co-nocida.

Nada más deberíamos decir. La resuelta es la cuestión fundamental envuelta. Todas las otras accesorias levantadas carecen de fundamento sólido.

Es cierto que el Congreso — artículo 48 de la Ley Orgánica según fué enmendado en marzo 4, 1927 — autorizó a este Tribunal Supremo y a las Cortes de Distrito de Puerto Eico y a los respectivos jueces de los mismos para expedir autos de habeas corpus “en todos los casos en que dichos autos pue-dan concederse por los jueces de distrito de los Estados-Unidos”, pero esa autorización sólo puede interpretarse como-una norma de las diferentes situaciones en que las cortes in-sulares dentro de su propio campo de acción pueden y podrían actuar aunque no existiera ley alguna decretada por la Le-gislatura de Puerto Eico sobre la materia.

Una interpretación que permitiera a las Cortes Insulares y a sus jueces invadir el campo ocupado por la Corte Federal sancionada y regulada por la propia Ley Orgánica, des-naturalizaría el sistema judicial existente y crearía graves-conflictos. No sólo sería esa interpretación contraria al es-píritu general de la Ley Orgánica vigente, si que también-a la expresa disposición contenida en la sección 42 de la misma, a saber:

“Las leyes ele los Estados Unidos referentes a apelaciones, re-cursos por causa de error o por violación de ley y de certiorari, tras-lación de causas, y a otras cuestiones o procedimientos que rigen, para las Cortes de los Estados Unidos respecto a las Cortes de los. distintos Estados, regirán también para tales cuestiones y proce-dimientos entre la Corte de Distrito de los Estados Unidos y las-Cortes de Puerto Rico.”

La presentación de un proyecto de ley en el Senado,, aunque su aprobación se recomiende por el Poder Ejecutivo, no convierte dicho proyecto en ley, ni afecta el status de las leyes en vigor que son las que regulan los actos realizados bajo el imperio de las mismas. Ninguna influencia, pues, pueden. tener en la resolución de este caso las alegaciones que en esa dirección contiene la solicitud.

En el alegato presentado se hace énfasis en el hecho de que el funcionario que tiene actualmente bajo su custodia al peticionario no es un funcionario federal sino insular. So invoca la autoridad de 29 C. J. 124: “Cuando la detención es ejercida por funcionarios estatales so color de autoridad federal, las cortes del estado pueden considerar procedimien-tos de hábeas corpus.”

El párrafo completo es como sigue:

"Lía jurisdicción para expedir autos de hábeas corpus conferida a las cortes estatales por las leyes del estado no se extiende a exo-nerar de la custodia a personas detenidas por funcionarios de los Es-tados Unidos so color de autoridad de la leyes de los Estados Uni-dos, aunque anteriormente muchas -cortes estatales sostuvieron la regla de que las cortes de los estados podían, en procedimientos de hábeas corpus, determinar la legalidad de la detención por autori-dad federal. Aun cuando la detención sea de hecho ilegal, la lega-lidad del encarcelamiento será determinada por las cortes o fun-cionarios judiciales de los Estados Unidos. Cuando no aparece en la solicitud que la detención es por autoridad federal, la corte es-tatal puede librar el auto y proceder a la investigación para satis-facerse suficientemente de la naturaleza de la autoridad para la de-tención. Cuando la detención es ejercida por funcionarios estatales so color de autoridad federal, las cortes del estado pueden consi-derar procedimientos de hábeas corpus.” 29 C. J. 123, 124.

Como puede verse la cita no tiene el alcance que el peti-cionario pretende. La cuestión ha sido además resuelta cla-ramente en contra de su, contención en Ex parte Le Bur, 49 Cal. 159, 162, en cuyo caso el Juez Presidente William T. Wallace de la Corte Suprema de California se expresó, en parte, así:

"El reo está detenido bajo custodia por las autoridades del Go-bierno de los Estados Unidos a virtud de la sentencia dictada por la Corte de los Estados Unidos en Oregon y no se sostiene que el término de su reclusión haya expirado. La circunstancia de que esté confinado en una prisión del estado y bajo la custodia de su alcaide carece de importancia a este respecto, pues éstos no son otra ■cosa que agencias y medios para su reclusión adoptados por los Es-tados Unidos con el consentimiento del estado.
“Siendo el peticionario un prisionero detenido por las autorida-des del Gobieimo de los Estados Unidos, a virtud de sentencia dic-tada por una corte federal con jurisdicción exclusiva en el caso, es mi deber, en armonía con los estatutos del estado, tenerle recluido. Código Penal, sección 1486.”
El caso de Passett v. Chase, 107 So. 689, resuelto por la Corte Suprema de Florida en marzo 18, 1926, en el que tanto descansa el peticionario es Men distinto al presente.

En dicho caso Isidore Passett fue arrestado por el sheriff del condado de Date, Estado de Florida, y puesto en prisión en la cárcel de Miami, Florida. Solicitó un auto de hábeas corpus a la corte de circuito del condado y su diligenciado mostró que se mantenía al peticionario en prisión por virtud de un mandamiento expedido por el .Juez Presidente de la Corte Suprema del Distrito de ColumMa que no descriMa ningún delito pero ordenaba que el acusado Passett, “si se ■encuentra en su distrito ’ ’ sea detenido y llevado ante la corte criminal de dicho distrito para responder al delito de que se le acusaba. Unida al mandamiento había una copia de la acusación formulada contra el peticionario por haber rehusado mantener al menor de siete años Wallace Passett “contrario a la ley para tal caso hecha y prevista y a la paz y al gobierno •de los Estados Unidos.”

El auto fue negado y el peticionario apeló para ante la Corte Suprema del estado que revocó la negativa y devolvió ■el caso a la corte de su origen con instrucciones de poner en libertad al peticionario.

Basada en esos hechos la Corte Suprema estatal estable-ció la siguiente jurisprudencia:

“Un mandamiento librado por la Corte Suprema del Distrito de ■Columbia, dirigido al márshal de tal distrito, no confiere autoridad alguna al márshal de la corte de distrito de los Estados Unidos'para ■el distrito sur de Florida ni al alguacil de ningún condado dentro «de tal distrito, que efectúa el arresto de conformidad con el mismo.”
“Una corte estadual no tiene derecho a considerar tina petición ele Rabeas corpns, ni a declararse con jurisdicción en la misma, en favor de un acusado detenido por un funcionario federal bajo y por virtud de proceso y autoridad federales o so color de los mismos.”
“Si al radicarse una solicitud de Rábeas corpus ante una corte estadual, se desprende que la persona que se alega estar ilegalmente privada de su libertad, está detenida por autoridad o so color de autoridad de los Estados Unidos por un funcionario de dicRo go-bierno, debe denegarse el auto. Si este RecRo no se desprende, el juez del estado tiene derecRo a investigar la. causa de la prisión y a determinar por qué autoridad la persona es detenida dentro de los límites del estado, y es el deber del márshal o del funcionario federal que tiene bajo la custodia al reo dar, mediante el debido diligencia-miento, información a este respecto. Mas, luego de Raber sido infor-mado el juez del estado a virtud del diligenciamiento de que la persona está detenida por un funcionario de los Estados Unidos por autoridad, o so color de autoridad de los Estados Unidos, éste no puede seguir adelante, sino que debe dejar la cuestión de la ilegalidad del en-carcelamiento a la determinación de las cortes o funcionarios judi-ciales de los Estados Unidos.”
“Pero la corte estadual tiene jurisdicción en Rábeas corpus de casos en que la persona que se supone estar ilegalmente restringida de su libertad se Ralla bajo la custodia de un funcionario estadual so color de autoridad federal, pero sin autoridad real para ello; y cuando se desprende que ello es así, y que tal funcionario estadual detiene a la persona bajo un procedimiento federal nulo que no le otorga autoridad alguna para arrestarle o para tenerle bajo su cus-todia, la corte estadual tiene el poder y la jurisdicción, y entonces es su deber hacerlo así, ordenar que se libre al acusado de tal cus-todia ilegal; y esto es especialmente así, cuando como ocurre en este caso la corte del estado ante la cual están pendientes los proce-dimientos de Rábeas corpus tiene ante sí a un funcionario de la misma corte. ’ ’

Como puede verse, el principio fundamental fijado final-mente por la Corte Suprema de los Estados Unidos se reco-noce y aplica en toda su amplitud. Ello se desprende con mayor claridad aun de la lectura de la extensa opinión de la Corte emitida por su Juez Presidente Armstead Brown.

Pudo y debió intervenir la corte estatal en dicto caso por-que el mandamiento expedido en el Distrito de Columbia no tenía validez en Florida. Allí se trataba de nna persona dete-nida en nna cárcel de nn estado por nn sheriff del estado a vir-tnd de nn mandamiento expedido fnera del estado, mientras que aquí se trata de nna persona detenida por nn márshal de nna corte federal a virtnd de nna sentencia dictada por dicha corte recluida en nna cárcel local situada dentro del propio distrito de la corte. Bajo esas circunstancias no es la regla del caso de Florida la qne rige sino la del de California que dejamos transcrita.

Por ultimo parece conveniente esclarecer qne nna corte o juez ante los cuales se presente una petición de hábeas corpus no están obligados a expedir el mandamiento cuando quedan plenamente convencidos por las propias alegaciones de la petición qne su expedición no procede.

La ley es tan fuerte, consagra con tanto vigor el derecho de los ciudadanos a no permanecer en prisión sino de acuerdo con la misma, qne expresamente dispone (art. 500 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal) que todo juez que después de habérsele hecho una solicitud en debida forma, se negare a expedir una orden para un auto de hábeas corpus, y todo funcionario o particular, a quien se dirija dicho auto que se negare a obedecer los mandatos del mismo, incurrirán en res-ponsabilidad y pagarán a la persona perjudicada una suma máxima de mil (1,000) dólares, que podrá reclamarse me-diante demanda ante cualquier tribunal competente, pero la propia ley (art. 472 del Código de Enjuiciamiento Criminal) dispone que presentada una solicitud interesando el auto de hábeas corpus al tribunal o juez competente para otor-garlo, si resultare que debe expedirse dicho auto, tendrá que hacerlo sin demora. Si no resultare, como hemos visto que no resulta en este caso, su claro deber es por el con-trario negar la expedición.

En tal virtud, por falta de jurisdicción, debe dictarse una orden declarando no haber lugar a expedir el auto de hábeas corpus que se solicita.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Rosario, acusado y apelante.

      Núm. 5784.

    Sometido: Diciembre 17, 1935.

      Resuelto: Junio 19, 1936.

      Juan Valldejuli Rodriguez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Rosario fné convicto de acometimiento y agresión grave.

La primera contención del apelante es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción para que se sobreseyera el recurso. Ésta se basaba en dos fundamentos. El primero de éstos era que el juicio no se Labia celebrado dentro de los 120 días en la Corte Municipal ■de Fajardo. El segundo, que el caso no se había visto en la corte de distrito dentro de 120 días de haberse radicado los autos en apelación. La moción de archivo y sobreseimiento fné presentada oralmente al llamarse el caso para juicio en la corte de distrito. En respuesta a la misma el fiscal de dis-trito manifestó:

"Fiscal. — Como un 90 por ciento de todo lo que ha dicho el abo-gado ha sido refiriéndose a documentos que obran en el récord, que-seguramente ha de ver S. S., para abreviar tiempo, nosotros vamos a limitarnos a contestar aquí dos o tres cositas, y es que si ha habido' dilaciones en este procedimiento, y eso está ahí, esas dilaciones fueron causadas, ni por los empleados del Departamento de Justicia, ni por el Fiscal del Distrito, que también es del Departamento de Justicia.
"Fiscal. — Y el Fiscal en cada Distrito es un delegado del Attorney General y no es más que un abogado de los asuntos del pueblo, al fin y al cabo, un abogado como otro cualquiera, pero del Pueblo de Puerto Rico; este caso se señaló varias veces, para este caso-el Fiscal dió dos viajes a Caguas.
‘ ‘ Juez. — ¿ Dió f
"Fiscal. — Dos viajes a Caguas desde aquí.
"Defensor. — Yo no cuento eso.
"Fiscal. — Entonces la pelota ésta ha dado tantas vueltas de ir y venir, precisamente a impulsos del propio acusado Carmelo Rosario hasta el traslado, hasta la apelación, hasta que el caso llegó aquí, porque si el Juez, Sr. Rodríguez Ortiz se inhibió, si vino el Juez Trigo en comisión especial, si el Juez Trigo lo trasladó a otra corte, si este caso se vió en esa corte, y si este caso vino a esta corte, todo eso fué a impulsos siempre del propio acusado y no del Pueblo-de Puerto Rico. Ésta era la cosa que queríamos dejar bien clara, porque no es lo mismo darse cuenta de esto cuando uno conoce las cosas que cuando uno va leyendo uno a uno, cada uno- de los papeles que integran el récord.
"Juez. — La Corte niega la moción de sobreseimiento.
"Defensor. — Tomamos excepción.”

El caso se originó en la Corte Municipal de Caguas y, luego de un traslado, se vió en la Corte Municipal de Fa-jardo. Al ser llamado para vista en la corte de distrito, el juez manifestó que la corte carecía de jurisdicción para conocer del caso y devolvió el mismo a la Corte Municipal de Caguas. Más tarde este tribunal en un procedimiento de mandamus ordenó a la corte de distrito que procediera a celebrar el mismo. Véase Pueblo v. Corte de Distrito, 47 D.P.R. 239.

Fuera de la transcripción de la evidencia, los autos que tenemos a la vista consisten de la denuncia, sentencia y es-crito de apelación. Nada bay que revele qué procedimientos, si los hubo, tuvieron lugar en la Corte Municipal de Caguas mientras estaba pendiente el recurso de mandamus. Nada hay que demuestre qué sucedió en la Corte Municipal de Fajardo. Nada hay que denote qué tuvo la corte de distrito ante sí, como cuestión de récord en relación con éstas y otras cuestiones aducidas por el fiscal de distrito en su respuesta verbal a la moción oral del- acusado. No estamos prepara-dos para decir que el juez de distrito cometiera error al de-clarar sin lugar la moción.

En otras dos mociones verbales, el acusado trató de plantear las cuestiones de absolución anterior y de exposición por segunda vez. El alegato del apelante asume, más deja de demostrar, que la resolución errónea de la corte de distrito sobre la cuestión de jurisdicción y la devolución del caso al Juez Municipal de Caguas equivalían a una absolución. Nada hay en los autos que tenemos ante nos que revele que hubiera habido una exposición anterior al tiempo en que se dictó tal resolución. Por tanto, no existe base satisfactoria para la contención del apelante de que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar estas dos mociones.

Otra contención del apelante es que la corte de distrito carecía de jurisdicción porque la Corte Municipal de Fajardo tampoco la tenía. Esta contención descansa en supuestos defectos en los procedimientos de traslado que resultaron en la orden a virtud de la cual el caso fue transferido de la Corte Municipal de Caguas a la Corte Municipal de Fajardo. Fuera del hecho de que ésta es la misma cuestión resuelta en el procedimiento de mcmdamus incoado, nada hay en los autos que tiene este tribunal a la vista que sirva de base a una conclusión sobre los méritos de la teo-ría del apelante. Éste también ataca la jurisdicción de la corte de distrito fundado en que la denuncia original nó es-taba ante dicha corte. La sección 3 del Código de Enjuicia-miento Criminal dispone: “Todas las causas en que deban entender los jueces de paz o municipales, cuando se apelan a la corte de distrito, serán juzgadas atendiendo a la pri-mitiva denuncia o auto judicial, procediéndose de nuevo al juicio en la corte de distrito. El inciso 5to. del artículo 29 (Edición 1935) provee: “El juez de paz remitirá el suma-rio dentro del quito día al tribunal de distrito.-...”

El Capítulo V del Título VI del Código de Enjuiciamiénto Criminal versa sobre los “Procedimientos después de pre-sentada la acusación y antes de comenzarse el juicio.” El artículo 174 lee así:

“La orden de traslación deberá consignarse en acta, y copia cer-tificada de la misma se extenderá y trasmitirá al tribunal a que se traslada la causa, así como copia de todas las actuaciones, inclusas las fianzas prestadas para la comparecencia del acusado y de los testigos. ’ ’

■ El artículo 173 demuestra que ha de seguirse el mismo procedimiento tanto en las cortes municipales como en las de distrito.

Los únicos autos en la Corte Municipal de Fajardo que podrían ser elevados a la corte de distrito de conformidad con las disposiciones del artículo 29 fue la copia certificada de los autos que estaban ante la Corte Municipal de Caguas, trasmitidos a la Corte Municipal de Fajrdo en armonía con el artículo 174. Para los fines de la apelación interpuesta de la Corte Municipal de Fajardo para ante la Corte de Dis-trito de Humacao, la “denuncia primitiva” la constituía la copia certificada sobre la cual giró la vista del caso en la Corte Municipal de Fajardo de conformidad con el artículo 174. La corte de distrito no cometió error al declarar sin lugar el ataque a su jurisdicción fundado en que la denuncia que tenía ante sí no era la denuncia primitiva.

La contención final del apelante es que la sentencia es contraria a la prueba. Un examen cuidadoso de las decla-raciones no presenta ningún error que dé lugar a la revoca-ción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Tra-vieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado SeñOR Wole,

text:
    Diego Agüeros & Co., demandante y apelada, v. Alfredo Heres, demandado y apelante.
    No. 6752.

    Sometido: Diciembre 19, 1935.

      Resuelto: Junio 19, 1936.

      José S. Alegría, abogado del apelante; J. Pedro Miranda, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado SeñOR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es el pleito de Diego Agüeros & Co. contra Alfredo Heres. Después de una descripción de las partes, la demanda aduce lo siguiente:

“Que el demandado Alfredo Heres tomó en el establecimiento de la demandante gomas y neumáticos para automóviles por valor de $1,068.94, con obligación de pagar esta cantidad tan pronto fuere requerido para ello por la demandante.”

También se alegaba el requerimiento y la negativa del demandado.

Aunque quizá falten detalles, según insiste el apelante, o aunque la obligación podría ser expresada en forma distinta, resolvemos que la demanda, y especialmente el párrafo antes citado, aducía una causa de acción completa.

La objeción a la demanda fué presentada por primera vez en el juicio, y la corte correctamente decidió que cualesquiera deficiencias que existieran habían sido subsanadas por la prueba y que hubieran podido obtenerse mayores detalles solicitándose un pliego de particulares. Las fechas de las entregas carecían de importancia para el solo propósito de determinar una causa de acción, y también convenimos con la apelada en que cualquier incongruencia durante el juicio no podía afectar la expresión de la causa de acción.

Una moción de 'nonsuit fué declarada sin lugar. La apelada trata de sostener que dicha moción es en verdad una excepción previa a la evidencia y, si entendemos la teoría, que una incongruencia no podía ser objeto de una moción de nonsuit. Convenimos con el apelante en que sí podía serlo. Sin embargo, no hallamos tal incongruencia.

La prueba demostró que el demandado fué una vez agente de Diego Agüeros & Co. y vendía efectos de auto-móviles para dicha compañía, y que dicha agencia cesó por consentimiento de ambas partes. Entonces la evidencia de la demandante tendió a demostrar, y la corte la creyó, qne el demandado ordenó efectos de automóviles de la demandante para entregárselos a varias personas y a veces directamente al demandado, y en caso de qne no se pagaran las cuentas, que se podía insistir en la responsabilidad de este último. En detalle, hubo un número de papeles suscritos por el de-mandado al entregársele los efectos. Tenemos la idea de que la mayoría, si no todos los efectos, fueron entregados al de-mandado, mas quizá-algunos de ellos fueron entregados directamente a los supuestos compradores, pero siempre a ins-tancias del demandado, en el entendido de qne él sería res-ponsable. La prueba del demandante fue inequívoca en el sentido de demostrar que hubo una entrega al demandado o a instancias suyas. Por tanto, la moción de 'nonsuit fue pro-piamente declarada sin lugar.

En lo relativo a los otros señalamientos de error, la teoría del demandado fue que estas entregas por mediación suya, o directamente, fueron en cada caso una transacción de la demandante con las personas a quienes se entregaron los efectos. De la evidencia quizá se desprendería que al de-mandado se le pagaba una comisión por la venta de los efec-tos, pero según la prueba esto sería un descuento. La corte manifestó con claridad que creía al socio gestor de la de-mandante cuando éste especificó en detalle las entregas he-chas a variar personas por cuenta del demandado. Este dejó de establecer su relación de agente.

El demandado en la repregunta, al inquirírsele sobre ciertas cuentas que se suponían haber sido cargadas a algunos de los varios parroquianos, manifestó que sí estaban cargadas, mas sucedió que éstas no habían sido cargadas a ellos, sino a la propia cuenta del demandado directamente. Sin embargo, el argumento de la apelada, según puede admitirse, es defectuoso al dar énfasis al hecho de que la demandante no conocía a algunas de las personas a quienes se entregaban los artícnlos. Pnede verse fácilmente que si Eteres era un mandatario, no era necesario que su mandante conociera a las, personas con quienes él bacía negocios.

El apelante sostiene que éste no es el caso corriente de un conflicto de prueba y hasta cierto punto él tiene razón. Había cierta posibilidad mayor o cierta probabilidad, a juz-gar por la conducta de la demandante, al cargar las cuentas a los clientes más bien que al demandado, de que tales clien-tes fueran responsables. Esta posibilidad o probabilidad quedó disipada en la mente de la corte por el testimonio pres-tado por el socio gestor de la demandante. No era en abso-luto irrazonable que la demandante cargara las cuentas a los clientes del demandado, temporalmente, conforme éste lo so-licitaba, y aceptara pagos de ellos, y descansara finalmente en que el demandado las pagaría. Quedó no obstante un con-flicto en la prueba que la corte tenía derecho a resolver, y así lo hizo.

Debe, confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf,

text:
    Santos Buxó, Jr., demandante, apelado y apelante, v. Emigdio Osvaldo Sellés Roldán, Pedro Villafañe Cuevas y su esposa María Collazo, demandados, apelantes y apelados.
    No. 6683.

    Resuelto: Junio 26, 1936.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelantes ape-lados; Burset & Pérez Pimentel j Lucas F. Serbiá Córdova, abo-gados de los apelados apelantes.
   El Juez Asociado Señoe Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una moción para desestimar un recurso por haberlo dejado de proseguir con diligencia. La mayoría de la historia de este caso puede hallarse en las siguientes decisiones: Buxó v. Selles, 46 D.P.R. 748; 47 D.P.R. 313; 48 D.P.R. 827; y 49 D.P.R. 219. Se admitió originalmente que la sentencia en este caso fue dictada cuando los letrados de la parte apelante se hallaban ausentes de la corte, y los actuales están dispuestos a admitir que esta ausencia no ha sido justificada. De igual modo, aparece que los apelantes permitieron que transcurriera el período estatutario para elegir la forma en que iban a incorporar la prueba. En verdad, condonamos esto y permitimos a los nuevos abogados que dieran pasos ulteriores en el caso, al declarar sin lugar la segunda moción para desestimar en 47 D.P.R. 313. La resolución de esta corte, dictada el 26 de julio de 1934, fue al efecto de que los demandados podían elegir incorporar la prueba tomada en el juicio ex parte-, bien mediante una ex-posición del caso o mediante una transcripción de las notas taquigráficas. El 22 de agosto de 1934 los demandados, nominalmente por lo menos, optaron p*t>r incorporar la prueba valiéndose de la transcripción de las notas taquigráficas.

Sucedió que cuando los demandados solicitaron y obtu-vieron permiso de este tribunal para incorporar la prueba, ellos habían radicado, el mismo día en que solicitaban de este tribunal permiso para hacer tal incorporación, una moción en la Corte de Distrito de Humacao solicitando un nuevo juicio, basados en que el taquígrafo babía muerto y en que les sería imposible obtener la transcripción de sus notas. Se dió énfasis a esta imposibilidad en el siguiente párrafo, tomado de la moción para reconsiderar nuestra decisión que revocó la sentencia de la corte inferior concediendo un nuevo juicio (48 D.P.R. 827):

“Y si esto se resuelve por este Honorable Tribunal cuando se pierden unas libretas donde constan las notas de un juicio, ¿cuando pierde la vida la persona que las tomó y no es posible en forma alguna encontrar un medio o recurso para transcribirlas, ya que solamente esto puede hacerlo el taquígrafo que las tomó, por ser los signos de cada taquígrafo individuales y convencionales V’

Y, citando también de la moción de los apelantes solici-tando un nuevo juicio en la corte inferior:

"Que los demandados tampoco podrían acogerse a la transcrip-ción de la evidencia por la razón de que el taquígrafo que tomó las notas durante el juicio lo fue el señor Delfín López Rivera, quien falleció el 19 de febrero del 1934, y teniendo en cuenta la muerte del taquígrafo es imposible que él prepare la transcripción de la evidencia ni tampoco otro taquígrafo haga la traducción de1 dichas notas taquigráficas, porque siendo convencionales para cada taquí-grafo los signos que usa, es imposible materialmente que otro las lea, aunque su pericia sea extraordinaria, aparte de que la transcripción de la evidencia tiene que ser, por ministerio de la ley, certificada por el funcionario que interviene en el caso, y en el presente lo fue el fenecido Delfín López Rivera.”

De suerte pues que es aparente (y así lo indicamos en nuestra opinión declarando sin lugar la moción para reconsi-derar, 49 D.P.R. 219) que los demandados tenían conoci-miento de esta imposibilidad cuando solicitaron permiso para incorporar la evidencia, y sin embargo no lo informaron a este tribunal. Si esta imposibilidad nos hubiese sido comu-nicada, con toda probabilidad no habríamos permitido a los demandados que eligieran una forma alternativa de incor-porar la prueba. Los demandados no nos indicaron en forma alguna, al tiempo en que obtuvieron el aludido permiso para incorporar, qne también habían radicado nna moción de nuevo juicio en la corte inferior. Si la moción de los demandados hubiese sido al efecto de que se les permitiera, si fuere po-sible, incorporar la prueba, en caso de que la moción de nuevo juicio no tuviera éxito, su proceder hubiera sido más inteli-gible, y nuestro propio curso se hubiera hecho más claro.

Conforme sucede, los apelantes están en posición de haber elegido, según ellos mismos dicen, una forma de incorporar la prueba que nunca hubieran estado en posición de efectuar.

Después de haber hecho la elección de valerse de la trans-cripción taquigráfica, ubi supm, los apelantes obtuvieron de la corte inferior una serie de prórrogas para radicar la misma. Ahora sugieren que podrían descansar en la Ley número 19 de 1935 (Leyes de ese año, pág. 177), que dispone lo que sigue en su parte pertinente:

“. . . Disponiéndose, que en el caso de que el apelante hubiere optado por una transcripción de la evidencia para perfeccionar la apelación, y por muerte, incapacidad, ausencia del taquígrafo que tomó las notas o impedimento que apreciare la corte, no fuere po-sible radicar dicha transcripción, la corte, una vez determinada dicha imposibilidad, deberá conceder al apelante un término razonable para que radique entonces un pliego de excepciones o exposición del caso, en forma narrativa, según se dispone anteriormente. ’ ’

Nuestra idea de esta ley es que la misma sólo se aplica a casos eu que un apelante, habiendo optado originalmente por una forma de incorporar la prueba, se da cuenta más tarde de que tal forma es imposible, y no a un caso en que la imposibilidad, conforme admiten los apelantes, existía desde el principio y era por ellos conocida. Los apelantes optaron por una cosa vana y fútil. La Legislatura no tuvo en mente una ficción de hecho o de derecho. Puede resolverse que tal proceder de los apelantes al tratar de reproducir las notas taquigráficas era una nulidad <ab initio. Puesto que los ape-lantes no pueden basarse en la Ley de 1935, supra, es impo-sible que puedan incorporar la evidencia en la forma por ellos escogida.

Aun suponiendo que los apelantes pudieran fundarse en la ley da 1935, supra, ellos no han dado paso alguno, por lo que nosotros sepamos, tendente a incorporar la prueba, radi-cando una exposición del caso, tal cual dicha ley sugiere.

Por tanto, nos sentimos obligados a resolver que toda vez que el proceder de los apelantes al tratar de incorporar la prueba era una nulidad, ellos se encuentran en la posición de no haber radicado los autos a tiempo. Cuando no se in-corpora la prueba, se exige a la parte apelante que presente los autos ante este tribunal dentro del término de treinta días, contados a, partir de la fecha en que se radica el escrito de apelación. Regla 40 de este tribunal. Dicho escrito fue presentado el 17 de abril de 1934 y la transcripción no fué elevada a esta corte hasta el 31 de julio del mismo año. Pro-cede la desestimación, no obstante haber este tribunal conce-dido permiso para incorporar la prueba, toda vez que los apelantes no se situaron dentro del permiso concedídole, sino que optaron por seguir un camino imposible. En tanto en cuanto esta corte pueda ejercitar una discreción adicional, no creemos que debe demorarse al apelado por más tiempo en su sentencia favorable, especialmente en vista de que los ape-lantes no han radicado un verdadero 'affidavit de méritos. Decimos nuevamente, al igual que lo dijimos antes, que aunque había un caso meritorio sobre las alegaciones, no se hizo una demostración de méritos sobre los hechos.

La moción de desestimación debe declararse con lugar.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.