author: El Juez Asociado Se. del TokO',

text:
    El Pueblo, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección 1ª., Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., negando la inscripción de una escritura sobre arrendamiento de una parcela de manglares.
    No. 238.
    Resuelto en julio 16, 1915.
    Recursos Gubernativos — Nota Consentida — Consecuencias de los Propios Actos de una Parte. — Cuando una nota es consentida en la vía gubernativa por la parte recurrente, debe estar y pasar dicha parte por las consecuencias de sus propios actos.
    Id. — Desestimación del Recurso — Partes Interesadas. — La desestimación de un recurso gubernativo por no 'haber sido interpuesto en tiempo por el recu-rrente, ha de entenderse sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a otras partes interesadas que en nada han intervenido en el registro para pedir la inscripción del mismo documento y recurrir gubernativamente de la califi-cación del registrador. Véase Colonial Company v. El Registrador, 1 S. P. R., 396, 401.
    Manglares de la Bahía de San Juan — Arrendamiento o Venta — Facultades del Comisionado del Interior.- — De' acuerdo con las leyes vigentes, y espe-cialmente por la de marzo 11, 1909, el Comisionado del Interior de Puerto (Rieo, que es el funcionario apropiado para ello, está expresamente facultado para, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, arrendar por el número de años que estime conveniente, o vender, los manglares o poyales pertenecientes a El Pueblo de Puerto Rico que circundan la bahía de San Juan, sin que sea aplicable al caso el precepto general contenido en el artículo 1451 del Código Civil.
    Arrendamiento — Precio Cierto. — El precio cierto es un requisito esencial en todo contrato de arrendamiento, pudiendo consistir dicho precio ya en una cantidad de dinero expresamente pactada para ser satisfecha en períodos de tiempo fijos, como sucede de ordinario; ya en una compensación material evidente que el arrendador reciba del arrendatario a cambio del disfrute de la cosa arrendada, como ocurre en este caso.
    Venta — Arrendamiento—Exención del Pago de Contribuciones. — Cuando El Pueblo de Puerto Rico vende sus tierras, para que éstas dejen de pagar con-tribuciones, es necesario que se las exima expresamente por la autoridad que tenga facultades para ello; mas cuando El Pueblo se limita a arrendar sus propiedades, entonces no es necesario que las exima expresamente del pago de contribuciones para que se entienda que lo están. En caso de venta, El Pueblo se desprende de la propiedad; en el de arrendamiento, la conserva, percibiendo un precio cierto a cambio del disfrute de la misma.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Howard L. Kern, Attorney General de Puerto Pico.

    El Registrador recurrido Sr. José S. Belaval, compareció por medio de su sustituto Sr. Emigdio S. Grinorio.
   El Juez Asociado Se. del TokO',

emitió la opinión del tribunal.

Antes de entrar en la resolución de las cuestiones envuel-tas en este recurso gubernativo, debemos hacer referencia a la decisión de esta corte en el caso de Behn v. El Registrador de San Juan, 21 D. P. R., 513. De una parte el'Comisionado del Interior de Puerto Eico y de otra Hernand Behn, otorga-ron cierta., escritura pública sobre arrendamiento de una par-cela de manglares pertenecientes a El Pueblo de Puerto Eico, situada en l’a bahía de San Juan. El arrendatario Behn pre-sentó el contrato para su inscripción en el registro y el regis-trador se negó a ello por los motivos que expresó en nota fechada el 15 de junio de 1914. El arrendatario no estableció dentro del término legal recurso gubernativo contra la nota de 15 de junio de 1914.

Así las cosas, las indicadas partes contratantes otorgaron otra escritura pública por virtud de la cual ratificaron y expli-caron más detalladamente las cláusulas del primitivo con-trato de arrendamiento y el arrendatario acudió de nuevo al registro de la propiedad. El registrador, por nota de 24 de agosto de 1914, estimó que sólo quedaban subsanados por virtud de la nueva escritura, ciertos defectos, pero no otros de naturaleza fundamental consignados en su nota de 15 de junio de 1914. El arrendatario apeló entonces para ante esta Corte Suprema contra ambas calificaciones del registrador.

Al considerar el recurso establecido por el arrendatario, esta corte, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por la misma, se limitó a examinar y a resolver si se habían sub-sanado o nó por la parte interesada los defectos consignados por el registrador en su nota de 15 de junio, 1914, ya que dicha nota había sido consentida en la vía gubernátiva por la parte recurrente, debiendo estar y pasar dicha parte por las consecuencias de sus propios actos. Behn v. El Registra-dor de San Juan, 21 D. P. E-., 513, 522: Aplicada esa regla, no pudo esta corte decidir las cuestiones en realidad de verdad más importantes envueltas en el recurso, circunstancia que nos llevó a consignar en la opinión emitida al efecto, Behn v. El Registrador, 21 D. P. R., 513, 525, lo que sigue:

“También debemos en justicia hacer constar que lo resuelto por el registrador obliga en este caso, dentro del orden administrativo, al arrendatario que presentó el documento y consintió la resolución, mas no al arrendador que en nada intervino en el registro. Esta cuestión está resuelta por la ley y la jurisprudencia. Artículo 6 de la Ley Hipotecaria; Colonial Company v. El Registrador, 1 D. P. R., 396, 401.”

Transcurrió algún tiempo y el arrendador presentó en el registro las escrituras de referencia, volviendo el registrador a negarse a inscribirlas, por medio de la siguiente nota contra la cual el arrendador por su abogado el Attorney General de Puerto Bieo, interpuso el presente recurso gubernativo. La nota recurrida, dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, que es la escritura número 5 y fecha 21 de mayo de 1914, otorgada en esta ciudad ante el notario Don Roberto H. Todd, con vista de 'la señalada con el número 64, -otorgada en esta ciudad el 29 de julio de. 1914 ante el notario Don Herminio Díaz Navarro, por los siguientes de-fectos :
“1. Carecer de facultades el Comisionado del Interior para cele-brar un contrato de arrendamiento por más de seis años, según el artículo 1451 del Código Civil o por más de quince años, previa apro-bación del Consejo Ejecutivo, según el artículo 135 del Código Polí-tico, toda vez que la ley para autorizar el arrendamiento .o venta de los manglares que rodean la bahía de San Juan, aprobada en once de marzo de 1909, no le concede expresa y terminantemente esa fa-cultad, como lo requiere el citado artículo 1451 del Código Civil, que es el precepto fundamental en esta materia; y es regla de interpre-tación legal que no se entienda derogada una prohibición expresa de la ley, sino cuando, de un modo expreso también, lo determina el legislador.
“2. Que la ley citada de la Asamblea Legislativa autoriza al Co-misionado del Interior sólo para arrendar o vender todo o parte de los manglares, en sus secciones Ia. y 12a; y el clausulado que consta en la precedente escritura ni corresponde al de un contrato de venta de la parcela a que se refiere, ni al de arrendamiento de la misma; puesto que, en cuanto a este último, no se estipula el canon, renta o precio cierto por el goce O1 uso de la cosa que se dice arrendada, y, por tanto, carece de uno de los requisitos esenciales del contrato de arrendamiento, que fija el artículo 1446 del citado Código Civil vigente.
“3. No resulta expresa y claramente cumplida la condición de la sección 2a. de la ley citada, puesto que, el arrendatario solamente contrae en la cláusula 2a. de la escritura la obligación, vaga e inde-terminada, de rellenar el terreno. 1
“4. Por que la facultad de arrendar o vender una parcela de los manglares, que confiere la sección 12a. de la indicada ley, está limi-tada al caso de que dicha venta o arrendamiento fuera conveniente, por los motivos que consigna aquella, y estos motivos no resultan de la escritura anterior.
“5. En cnanto a la servidumbre establecida en la cláusula 14a. no está autorizado el Comisionado del Interior para constituirla con arreglo a la ley del caso.
‘ ‘ 6. Que la exención de contribuciones que establece la cláusula 7a. no es la que autoriza la sección 3a. de la expresada ley de 11 de marzo de 1909.
“7. El convenio comprendido en la última parte de la cláusula 9a. de la escritura no está autorizado por la antedicha ley de 11 de marzo de 1909; no tomándose en su lugar anotación preventiva, con arreglo a lo resuelto por la Dirección General de los Registros de la Propie-dad y del Notariado fecha 30 de marzo de 1878, jurisprudencia acep-tada por la Corte Suprema dé Puerto Rico en el caso de Barreras v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, página 556, tomo 15 D. P. R. San Juan, P. R., 19 de mayo de 1915.' El Registrador, José S. Belaval.”

Procederemos a estudiar los motivos en que basa su nega-tiva el registrador por el mismo orden en que aparecen en su nota, poro antes liaremos un extracto del contenido de las escrituras de 21 de mayo y 29 de julio de 1914.

Se otorgó la primera ante el Notario Público Roberto H. Todd, por Ernest S. Wheeler, Sub-Comisionado del Interior, actuando como comisionado por encontrarse vacante dicho cargo, y Hernand Behn, quienes elevaron a escritura pública y ratificaron un contrato de arrendamiento que habían cele-brado el 12 de noviembre de 1913. La propiedad arrendada consiste en una parcela de manglares del Pueblo de Puerto Rico, situada en la bahía de San Juan, al este del muelle de San Antonio, y los términos y condiciones del contrato pueden resumirse como sigue:

1. Treinta años de plazo contados a partir del 12 de no-viembre de 1913, sin que el arrendatario, sus sucesores o cesionarios, tengan que pagar canon de arrendamiento, siem-pre que cumplan con las otras condiciones que se les imponen;

2, el arrendatario deberá construir una línea de muelles o malecón, dragar el canal y rellenar el terreno, en la forma en que se especifica,, gastando en las referidas obras una suma no menor de $105,000 moneda americana;

3, dicho arrendatario comenzará los trabajos de mejoras especificadas, dentro de cuatro meses de la fecha del contrato, y concluirá dichas mejoras dentro de dos años de dicha fecha, “siendo entendido y convenido que las referidas condiciones con respecto a las fechas de empezar y completar dicho tra-bajo quedan substituidas por las condiciones enumeradas en el párrafo número uno (1) de las condiciones suspensivas del arrendamiento, copia de las cuales se hizo parte de la propo-sición original sometida por el referido arrendatario para el arrendamiento del terreno en cuestión;”

■ 4, el arrendamiento no empezará a tener efecto hasta ha-berse completado por el arrendatario las obras especificadas y hasta que éstas sean aceptadas por la Junta del Puerto de San Juan ;

5, todo el terreno rellenado, el malecón y el dragado, que-darán de la propiedad del Gobierno Insular, libre de gastos, a la terminación del contrato;

6, los edificios que construya sobre el terreno el arrenda-tario, serán de su propiedad siempre que los retire dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del contrato. De otro modo quedarán de la propiedad del Gobierno Insular, libre de gastos;

7, la propiedad arrendada y sus mejoras quedarán exentas del pago de contribución, pero todas las demás propiedades sobre el terreno rellenado estarán sujetas al dicho pago;

8, el arrendatario hará todas las reparaciones que le or-dene la Junta del Puerto de San Juan y entregará al Gobierno Insular la propiedad arrendada en buenas condiciones;

9, dicho arrendatario, construirá y mantendrá durante la vida del arrendamiento un malecón "permanente en el frente del agua del terreno arrendado, con sujeción a las condiciones que se especifican, quedando además estipulado y convenido que “en lo que se refiere a aquella parte de la propiedad arrendada que da frente al Canal de San Antonio el referido arrendatario construirá un malecón temporal, siendo enten-dido y convenido que dicho arrendatario podrá, si así quisiese hacerlo, hacer una proposición suplementaria al Consejo Eje-cutivo de Puerto Eico, que podrá ser rechazada o aceptada a discreción del mismo, en cualquier tiempo antes de cinco años anteriores a la expiración de su arrendamiento, ofreciendo construir un malecón permanente para tomar el lugar del malecón temporal, en consideración de una extensión de los términos de este arrendamiento.”

10, El árrendatario dragará y mantendrá, durante la vida del contrato, a lo largo del malecón permanente construido por él, un canal de treinta metros de ancho y de una profundidad no menor que la fijada en el mapa de “Mejoras del Puerto de San Juan.”

11, el arrendatario rellenará y mantendrá la propiedad arrendada a un nivel no menor de un metro cinco centímetros sobre la mínima marea baja;

12, el arrendatario no emprenderá las obras sin antes reci-bir la aprobación de la Junta del Puerto de San.Juan.

13, el malecón y la proyectada área de calle al final y corea de la orilla del embarcadero, al este del Muelle de San Antonio, (plano de mejoras del Puerto de San Juan), no serán arrendados, debiendo construirse el malecón correspondiente a dicha sección por el Gobierno Insular cuando lo crea con-veniente, sin que el arrendatario pueda reclamar nada por la falta de su construcción;

14, el arrendador proporcionará al arrendatario dentro de - dos años contados a partir de la fecha del contrato, “un derecho de vía que conduzca a la propiedad arrendada, en tal sitio, que dicho arrendatario pueda tener acceso razona-blemente seguro y conveniente a dicha propiedad siempre que el referido derecho de vía se proporcione sobre terrenos per-tenecientes al Gobierno Insular.”

15, El arrendatario usará .la propiedad como depósito para almacenaje de carbón, aceite, etc., y para la venta de dichos productos;

16, se concederán iguales derechos a todos los que quieran comprar los artículos almacenados, “bajo una tarifa estable-cida por el concesionario dependiente de las cantidades compradas;”

18, para atracar al muelle debe obtenerse el consenti-miento del arrendatario, y

19. Los barcos del Gobierno de los Estados Unidos, en caso de emergencia, tendrán derecho de prelación, libre de gasto alguno, a usar del depósito.

La segmnda escritura, o sea la de 29 de julio de 1914, se otorgó por las mismas partes ante el Notario Público Her-minio Díaz Navarro y en ella se hizo constar que el arrenda-miento de la parcela se sacó a público remate bajo las condi-ciones que constan en el documento' que se agrega a la escri-tura; "que en dicho remate sólo fué licitador el señor Behn, agregándose también a la escritura su proposición escrita; que a virtud del remate se otorgó el documento de 12 de no-viembre de 1913 que se insertó íntegro y se ratificó en la escritura de 21 de mayo de 1914; y que el contrato fué auto-rizado por el Consejo Ejecutivo, en sesión pública celebrada el 23 de octubre de 1913, según documento que se une de igual modo a la escritura.

Las cláusulas- tercera, décima cuarta y novena de la escri-tura de 21 de mayo de 1914, quedaron aclaradas en la de 29 de julio del mismo año del siguiente modo: con respecto a la tercera, que las llamadas “condiciones suspensivas del arrendamiento ’ ’ eran las que constaban de un documento qm-se unió a la escritura y que el contenido de ese documento demostraba que el contrato de que se trata era de interés público puesto que el arrendatario se comprometía a invertir una buena suma de dinero en el saneamiento de terrenos de-secados de la propiedad del Pueblo de Puerto Rico; en cuanto a la décima cuarta, que el derecho de paso o vía que el arren-dador se compromete a facilitar al arrendatario está basado en la obligación que le impone el artículo 574 del Código Civil, toda vez que la parcela arrendada no tiene otra salida propia que por los terrenos del Pueblo de Puerto Eico que forman el resto de la finca de que aquella lia sido segregada, y con respecto a la cláusula novena, que lo hecho constar obedecía al estudio que en el Departamento del Interior se había lle-vado a efecto para que la obra de relleno, dragado y construc-ción de malecones del Puerto de San Juan quedara técnica-mente finalizada.

1. Yeámos si el Comisionado del Interior tiene o nó facul-tades para arrendar la propiedad de que se trata, por más de seis años.

El cargo de Comisionado del Interior fue creado por la Ley Orgánica de Puerto Eico. La sección 24 de dicha ley, es como sigue:

“Q)ue el Comisionado del Interior vigilará todas las obras de ca-rácter público, y tendrá a su cargo todos los edificios, fincas y terre-nos públicos no pertenecientes a los Estados Unidos, llenando los re-quisitos -y cumpliendo las demás obligaciones que determine la • ley; y pasará al Secretario del Interior de los Estados Unidos, por con-ducto del Gobernador, los informes que aquél le exigiere, los cuales se trasmitirán todos los años a'l Congreso.”

En 1902, la Legislatura de Puerto Eico, fijó con toda pre-cisión las facultades del Comisionado, actuando sobre la base previamente establecida por el Congreso de los Estados Uni-dos. Véanse los artículos 133 al 137, ambos inclusives, del Código Político. El artículo 135, de dicho Código, dice así:

“El Comisionado del'Interior podrá, previa aprobación del Con-sejo Ejecutivo, disponer el arrendamiento, por un período que no exceda de quince años; y con el consentimiento de la Asamblea Legis-lativa, la venta de todos los terrenos cedidos a la Isla de Puerto Rico por los Estados Unidos o que en adelante le cedieren éstos, o de otro modo adquiridos.”

En 1909 la Legislatura de Puerto Eico consideró necesario para contribuir a las mejoras del Puerto de San Juan, auto-rizar el arrendamiento o la venta de los manglares que lo rodean, y al efecto decretó la necesaria ley. Las secciones 1, 2 y 12 de dicha ley, (Leyes de 1909, pág. 203), que son las .que guardan más estrecha relación con este caso, dicen así:

“Sección 1. — El Comisionado del Interior, mediante la aprobación del Consejo Ejecutivo, queda por la presente autorizado y facultado para arrendar por el’ término de años que en cada caso fuere con-veniente, o vender en pública subasta, todos los manglares o poyales pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico que circundan la bahía de San Juan..
“Sección 2. — En todo arriendo o venta efectuado con arreglo a las disposiciones de la presente se dispondrá al arrendatario o com-prador la condición de desecar los terrenos arrendados o vendidos, dentro de cierto número de años, consignándose dicho plazo en el contrato de arrendamiento o escritura de venta, y la falta de cum-plimiento de esta condición será causa suficiente para la cancelación del arriendo o, en caso de venta,, para que el Gobierno de Puerto Rico, por medio del Comisionado del Interior y con la aprobación del Consejo Ejecutivo, exija la devolución del terreno al Pueblo de Puerto Rico, bajo condiciones y en circunstancias que se estimaren justas y equitativas al tiempo de efectuarse.
“Sección 12. — 'Además de la facultad que por la presente se le confiere para vender en pública subasta los manglares y poyales que circundan la bahía de San Juan, estará también facultado el Comi-sionado del Interior, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, para arrendar o vender cualquiera parte de dichos terrenos mediante negó • ciación directa, sin recurrir a subasta pública, cuando dicho arriendo o venta fuere conveniente en conexión con el otorgamiento de alguna franquicia o cuando claramente resultare en interés público el efec-tuar en esta forma algún arriendo o venta de dichos terrenos, y en tales casos el contrato de arrendamiento o escritura de venta' con-tendrá las estipulaciones a la duración del arrendamiento, las mejo-ras que deberán realizarse en los terrenos arrendados o vendidos, el empleo que habrá de darse a los mismos y demás condiciones que se estimaren de interés público:”

Como puede verse por los preceptos de ley citados, el Comisionado del Interior de Puerto Rico, el funcionario apro-piado para ello, está expresamente autorizado para, con la aprobación del Consejo Ejecutivo, arrendar o vender los man-glares o poyales pertenecientes al Pueblo de Puerto*' Rico que circundan la bahía de San Juan. Y a nuestro juicio, la auto-rización 'concedídale en la ley especial citada, es bastante para arrendar elidios manglares o poyales por el número de años qne se estime conveniente, no siendo aplicable a este caso expresamente previsto por el legislador, el precepto general del Código Civil (art. 1451) -invocado por el registrador en sn nota. El arrendamiento de los manglares cjne circundan la baila de San Jnan, debe regirse, por voluntad de la Legis-latura por la repetida ley de marzo 11, 1909, decretada ex-presamente para ello.

2. ¿Puede calificarse de arrendamiento el contrato de qne se trata en este caso? El registrador sostiene qne no, porque, según él, carece de uno de los requisitos esenciales qne para la existencia de diefio contrato fija el artículo 1446 del Código Civil, a saber, la estipulación del canon, renta o precio cierto por el goce o uso de la cosa qne se da en arrendamiento.

En efecto, el artículo 1446 invocado prescribe que “en el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.”

Abora bien ¿implica el hecbo de haberse consignado en el contracto que se trata de inscribir en el registro, que el arren-datario no tendrá qne pagar canon de arrendamiento alguno,-la no existencia de precio cierto en la transacción celebrada ?

A nuestro juicio es necesario reconocer que dieba cláusula introduce cierta confusión, pero, teniendo en cuenta qne el uso de las tierras se cede en consideración al relleno de las mismas, al dragado de un canal y a la construcción de un malecón, en cuyas obras debe invertirse una suma no menor de ciento cinco mil pesos, la última pregunta enunciada debe responderse en la negativa, y como consecuencia de ello en la afirmativa la primera.

Scaevola, en su Código Civil, tomo 24, pág. 403, al tratar-sobre el 'precio como requisito esencial del contrato de arren-damiento se expresa así:

“Según nuestro modo de pensar, en el precio no hay que mirar 'tanto a la transmisión de su propiedad como a la compensación eco-nómica del provecho que el arrendador concede al arrendatario per-mitiéndole ejercitar en la cosa de su pertenencia actos y percepciones de propietario. Esta compensación económica, útil a los dos contra-tantes, sea cualquiera el modo de efectuarla, es la que caracteriza la merces en el arrendamiento, porque' por ella el contrato cumple su fin en la vida social.”

Y Manresa, en sus Comentarios al mismo Código, tomo 10, página 451 (2a. edición), ocupándose de la materia en cuestión, dice:

“Se ha discutido ampliamente si el precio puede consistir en especie, pero distinta de aquella que se obtenga de la cosa, y mien-tras unos se han decidido por calificar el contrato en que tal ocurriera de innominado, otros han optado por mantener el concepto de arren-damiento.
‘ ‘ Parécenos lo más acertado seguir la opinión que formula Pacifici-Mazzoni, diciendo que, en tesis general, siempre que de una parte haya concesión del derecho personal de goce de una cosa y de otra traslación de propiedad de otra cosa en equivalencia de tal goce, existe arrendamiento. Aunque, en último término, esto implicará siempre una cuestión de prueba, en la cual lo que habrá que probar será cuál fué la intención de las partes, si celebrar un arrendamiento u otro contrato de distinta naturaleza.”

Además, la cuestión de si el contrato celebrado es o no de arrendamiento, lia sido suscitada por el "Registrador a los efectos de negar al Comisionado del Interior la facultad do otorgarlo de acuerdo con la ley de 11 de marzo de 1909, ya que dicha ley se refiere únicamente a contratos fie venta y arrendamiento. Pero si bien es verdad que la ley califica de venta y arrendamiento los contratos cuya celebración auto- ' riza, también lo es que prescribe que en todo arriendo o venta * * * se impondrá al arrendatario o comprador la condi-ción de'desecar los terrenos arrendados o vendidos, dentro de cierto número de años, consignándose dicho plazo en el contrato de arrendamiento o escritura de venta.”

La condición de desecar un terreno inundado no es común en contratos de arrendamiento, pero en esta ocasión el legis-lador la tuvo en cuenta y él mismo calificó de arrendamiento el contrato que debía celebrarse imponiendo diclia condición. En tal virtud, más importancia tiene, a los efectos de inves • tigar las facultades del Comisionado del Interior, las condi-ciones del contrato que se le autoriza celebrar, que la califica-ción del mismo.

Nos parece, oportuno transcribir también aquí la opinión del comentarista Scaevola emitida al tratar sobre el precio en los contratos de arrendamiento, en el mismo tomo y página de su Código Civil arriba citados:

“* * Tomando en cuenta la difusión de la vida económica y la complejidad de formas jurídicas que aquella engendra, hay que admitir y adaptar estas formas al género a que pertenezcan, aunque sus caracteres accidentales difieran bastante del arquetipo. Es mucho menos práctico eliminarlas, llevándolas al campo de los contratos in-nominados, donde reina un libertarismo an orgánico opuesto a la vida normal de la contratación, que afiliarlas a un tipo de los conocidos y regimentados. ’ ’

3. A nuestro juicio no existe el defecto señalado con el número 3, por el registrador. Las obligaciones contraídas por el arrendatario, según se desprende de la simple lectura de los documentos, no son vagas e indeterminadas, sino expre-sas y precisas, y el contrato celebrado está en armonía con la letra y el espíritu de la ley para autorizar el arrendamiento o venta de los manglares que rodean la bahía de San Juan, de 11 de marzo de 1909.

4. Los documentos presentados al registro, revelan la existencia de la circunstancia a que se refiere el registrador en el número cuatro de su nota de 19 de mayo de 1915.

La política del G-obierno de Puerto Rico con respecto a las mejoras del puerto de San Juan, quedó fijada en sus leyes. Los terrenos que se arriendan en este caso concreto están calificados en la actualidad de manglares o poyales. El con-trato de arrendamiento se otorgó sin duda alguna en conexión con la franquicia concedida para la edificación y explotación de un muelle. Y el relleno de terrenos inundados a la orilla de un puerto como el de San Juan, la construcción de un male-cón en el límite de esos terrenos con las aguas, y la edificación y operación de nn muelle de carga, descarga y almacenaje, son obras cuya utilidad pública es manifiesta, tanto más cuanto que, según el contrato, se realizarán sin costo alguno por parte del Pueblo de Puerto Rico y con la condición de que el dicho Pueblo no se desprenderá en ningún momento del dominio de las tierras y adquirirá el de las mejoras lleva-das a efecto en las mismas, al cabo de cierto número de años. Además, en este caso no se trata de un arriendo negociado directamente por el Comisionado del Interior sino llevado a efecto mediante subasta que fué luego aprobada por el Con-sejo Ejecutivo.

5. Nos parece que la explicación contenida en la escritura-de 29 de julio es suficiente para demostrar que la obligación que expresamente se contrae en el contrato de arrendamiento con respecto al deber de proporcionar paso al arrendatario siempre que sea por terrenos pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico, puede considerarse en cierto modo comprendida dentro de la prescripción del artículo 574 del Código Civil.

Ademas, leyendo todos los documentos presentados en este caso, se observa que al otorgarse el contrato de arrendamiento de que se trata, se tuvo en cuenta el plano de las mejoras del puerto de San Juan, que comprenden dragados, rellenos, cons-trucción de malecones, de muelles y de calles, etc., y la servi-dumbre de paso establecida, se sujetará a lo previamente fijado en el plano de dichas mejoras.

6. Aun cuando no se hubiera estipulado en la cláusula 7a. del contrato de arrendamiento de que se trata que El Pueblo de Puerto Rico no cobraría contribuciones por la propiedad arrendada, es bien claro que de acuerdo con la ley no las hu • biera percibido, porque la ley exime del pago de contribución la propiedad de El Pueblo de Puerto Rico, con la excepción que establece, en la cual no está comprendido este caso. Véase el artículo 291 del Código Político, en relación con el 296 del propio cuerpo legal.

Se comprende perfectamente que si el Pueblo vende sus tierras, para que éstas dejen de pagar contribuciones, sea necesario que se las exima expresamente por la autoridad qne tenga facultades para ello: de ahí la disposición de la sección 3 de la ley de 11 de marzo de 1909 que cita el regis-trador. El caso de venta es distinto del de arrendamiento. En el primero el Pueblo se desprende de la propiedad, deja de ser dueño. En el segundo la conserva, continúa siendo el dueño, percibiendo, además, un precio cierto a cambio del disfrute directo de la propiedad arrendada.

7. El convenio contenido en la última parte de la cláusula 9a. del contrato, a que se refiere el registrador en el número 7 de la nota recurrida, está en armonía con el plan general de mejoras del Puerto de San Juan, y como además, no im-pone obligación alguna al Pueblo de Puerto Eico, no creemos que pueda servir de base para la negativa a registrar la escri-tura presentada.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe revo-carse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García & García, Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción del artículo 553 del Código Penal.
    No. 711.
    Resuelto en julio 19, 1915.
    Cierre de Establecimientos — Consiitucionalidad del Artículo 553 del Código Penal Enmendado por Ley No. 131 de 1913 — Contratos Reherentes al Trabajo. — El artículo 558 del Código Penal enmendado por Ley No. 131 de 1933, que dispone que será suspendido todo trabajo a las 7 de la noche en los establecimientos comerciales especificados, no restringe el derecho a celebrar contratos referentes al trabajo, ya qne no es el proposito directo del estatuto la limitación de las horas de trabajo sino el regular los períodos de descanso o suspensión del trabajo durante la semana.
    Id. — Horas de Trabajo — Conocimiento Judicial. — Esta Corte Suprema tomará conocimiento judicial del hecho de que por lo general los hombres no podrán ni trabajarán diecinueve horas diarias.
    3d.' — Constitucionalidad de las Leyes Relativas al Cierre de Establecimien-tos — Reglamentaciones Civiles y Religiosas. — La eonstitucionalidad de las leyes relativas al cierre de los establecimientos el domingo ha sido general-mente sostenida en la mayoría de los estatutos por el fundamento de que dichas reglamentaciones son esencialmente civiles y no religiosas, cuya validez no está robustecida ni debilitada por el heeho de que el descanso que regulan sea el del domingo.
    Cierre de Establecimientos — Reglamentaciones Sobre los Mismos — Intención del Legislador. — Las cortes no investigarán respecto a las razones que los legisladores hayan podido tener en cuenta al aprobar reglamentaciones sobre el cierre de establecimientos siempre que ellas mismas no sean contrarias a la razón.
    Derecho Constitucional — Constitucionalidad de Estatutos — Deber de las Cortes. — Generalmente se ha resuelto que es el deber de las cortes sostener la eonstitucionalidad de los estatutos a menos que claramente resulte lo con-traído.
    Derecho Constitucional — Leyes de Aplicación General. — A fortiori una ley que es de aplicación general no debe ligeramente ser declarada inconstitu-cional.
    Id. — Orden Público — Ordenanzas o Reglamentaciones Relativas al Orden Público. — El heeho de que las ordenanzas o reglamentaciones de orden público produzcan en su aplicación un obstáculo al libre ejercicio de la ciase de no-gocios que están sujetos a ellas, no puede por sí solo poner a prueba su validez, si ellas proporcionan razonables facilidades para llevar a cabo el negocio, y no equivalen a una prohibición sino solamente constituyen una reglamentación del mismo.
    Id. — Interpretación de Leyes — Exenciones—Ocupaciones Particulares — Tra-bajos de Necesidad. — El hecho de que un estatuto exima a ciertas clases de su aplicación no lo hace inconstitucional cuando claramente aparece que las exenciones eran aquellas en que la ocupación particular sufriría pérdidas inmediatas o cuando las clases excluidas eran trabajos de necesidad. .
    Id. — Horas de Trabajo — Restricción para Contratar Sobre el Trabajo. — • Cuando un hombre está libre para contratar por dieciocho o diecinueve horas diarias no puede decirse que la obligación de suspender el trabajo por un período de cinco horas sea una restricción injustificada de su libertad para contratar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal.

García & García fueron acusados de haber infringido el artículo 553 del Código Penal enmendado (Ley No. 131 de 1913), porque en 8 de septiembre de 1913, voluntaria y mali-ciosamente tenían abierto al público su establecimiento de provisiones a las ocho y cuarto de la noche. El tínico objeto de esta apelación es discutir la eonstitucionalidad del referido artículo. Dicho artículo es como sigue:

“Los domingos durante todo el día, los días de fiestas legales desde las 12 m., y todos los días laborables desde las 6 p. m., menos los sábados y los sábados desde la 10 p. m., permanecerán cerrados al público, y una hora después de cerrado suspenderán todo trabajo para los empleados, los establecimientos comerciales e industriales, con excepción de los mercados públicos para la venta de artículos alimenticios de primera necesidad, las fábricas de azúcar y alcoholes, tahonas de café, farmacias, imprentas, garages, panaderías, hoteles, restaurants, bodegones, casinos, salones de billar, depósitos de hielo, puestos de carnes, puestos de leche, lugares donde sólo se venden refrescos, dulces, tabaco manufacturado, fósforos y periódicos, va-querías, mataderos, cocheras, muelles de espigón y de ribera, agen-cias funerarias, y los cafés; exceptuándose también las empresas de utilidad pública y cuasi pública y trabajos urgentes y necesarios para evitar peligros o considerables pérdidas de dinero. Los teatros u otros lugares dedicados exclusivamente a recreo o a fines de caridad tampoco estarán comprendidos en las disposiciones de este artículo, en cuanto se refiere a los fines indicados.
“Toda infracción de este artículo constituirá delito y se castigará con multa, que no excederá a eincuentá dólares ($50).”

Hubo gran discusión en los alegatos presentados por am-bas partes respecto a la aplicabilidad del caso de Lochner v. New York, 198 U. S., 45. El precepto del estatuto de New •York contenido en dicho caso era el de que ningún empleado contratará o convendrá en trabajar más de diez horas diarias. La disposición hacía referencia al oficio de panadero, ha-biendo resuelto la Corte Suprema de los Estados Unidos que el estatuto estaba en pugna con el derecho a contratar que existe entre el principal y sus empleados respecto al número de horas en las cuales podrían estos últimos trabajar en la panadería del patrono, y por tanto que constituía una infrac-ción injustificada, innecesaria y arbitraria de los derechos qne tienen las personas a celebrar contratos referentes al trabajo, y qne como tal está en conflicto y es nulo de acuerdo con la Constitución Federal.

Alegan los apelantes que el artículo en cuestión es una invasión de su libertad individual y de sus derechos a poner en ejercicio sus actividades y trabajo, y a la vez un ataque contra la propiedad, puesto que el referido artículo restringe el trabajo a ciertas horas determinadas. Los apelantes nie-gan toda, intención de impugnar ninguna parte de la ley rela-tiva al cierre de establecimientos los domingos, pero sostienen que la Legislatura no tiene ningún derecho a limitar sus horas en los días laborables. El artículo 553 según quedó final-mente redactado dispone que será suspendido todo trabajo a las siete de-la noche en los establecimientos comerciales de referencia; en otras palabras, que todo hombre está libre para trabajar y contratar trabajo por diez y nueve horas en todos y cada mío de los días, con excepción del domingo, y por veintidós horas el sábado. Esta corte tomará conocimiento judicial del hecho de que por lo general los hombres no pue-den ni trabajarán diez y nueve horas diarias. Por consi-guiente, los casos como el de Lochner v. New York, supra, no son de aplicación directa puesto que en el referido caso y en otros semejantes lo que se pretendió hacer fué limitar el número de horas de los trabajadores en cuestión a' unas diez horas al día, declarando la corte que esto constituía una infracción, contraria a la razón de la libertad para celebrar contratos.

El artículo 553 del Código Penal tal como fué original-mente redactado disponía simplemente que los establecimien-tos comerciales e industriales permanecerían cerrados en ciertas horas del domingo. El estatuto según ha sido enmen-dado prescribe que estarán cerrados los establecimientos du-rante todo el día del domingo y desde las 6 p. m., en todos los días laborables; en otras palabras, no es el propósito directo del estatuto la limitación de las horas de trabajo, sino el regular los períodos de descanso o suspensión del trabajo durante toda la semana. La constitucionalidad de las leyes relativas al cierre de establecimientos los domingos ba sido generalmente sostenida en la mayoría de los Estados Unidos por el fundamento de que dichas reglamentaciones son esen-cialmente civiles y no religiosas, cuya validez no está robus-tecida ni debilitada por el hecho de que el descanso que regu-lan es el del domingo. Hennington v. Georgia, 163 U. S., 299; Soon Hing v. Crawley, 113 U. S., 703, 710; Ex parte Jentzsch 112 Cal., 472; 37 Cyc., 541. Por tanto, la verdadera cuestión sometida a.nuestra consideración es siempre si la Legislatura al prescribir cierto número de períodos de descanso en la semana, procedió en contra de la razón. Se ha resuelto gene-ralmente que es el deber de una corte sostener la constitucio-, nalidad del estatuto a menos que claramente resulte lo con-trario. Ponce Lighter Co. v. Ponce, 19 D. P. R., 760, y autoridades citadas; People v. Neagle, 21 D. P. R., 339.

También ha sido resuelto frecuentemente que las cortes no investigarán respecto a las razones que los legisladores hayan podido tener en cuenta al aprobar dichas reglamenta-ciones siempre que las reglamentaciones mismas no sean con-trarias a la razón. Soon Ring v. Crowley, 113 U. S., 703; Cronin v. People, 37 A. R., 564, 82 N. Y., 318; Baher v. State, 12 N. W., 17, 18; People v. Gardner, 143 Mich., 107, 106 N. W., 542; Dobbins v. City of Los Angeles, 139 Cal., 184.

Soon Hing v. Crowley, supra, fué un caso en el cual la ciudad de San Francisco disponía ciertas reglamentaciones a fin de que los lavaderos de ropa permanecieran cerrados durante ciertas horas de la noche, y dice la corte:

“La objeción de que la sección cuarta es nula por el fundamento de que ella priva a un hombre dél derecho a trabajar a todas las horas carece asimismo de fuerza. Por amplio que sea el derecho de cada uno a seguir la profesión y emplear su tiempo en la forma en «que juzgue más conveniente a sus intereses, debe ejercitar dicho «derecho con sujeción a aquellas reglas que han sido adoptadas nor-ia sociedad para el bienestar común. Se imponen toda clase de res-triceiones a las acciones de los hombres no obstante la libertad que se garantiza a cada uno. Es la libertad regulada por leyes justas e imparciales. Las partes, por ejemplo, están en libertad para otorgar cualesquiera contratos que quieran hacer con un fin legal, pero la sociedad dice qué contratos serán por escrito y cuáles se harán ver-balmente, en qué días pueden ser otorgados, y durante tqué tiempo pueden hacerse valer si no se cumple con sus términos. Lo mismo sucede también con respecto a las horas de trabajo. En algunos particulares ha habido más reglamentación. Cuántas horas consti-tuirá un día de trabajo a falta de contrato, a qué hora cerrarán por la noche los establecimientos de nuestras ciudades, son materias de constante legislación. Las leyes que excluyen el domingo como día de descanso son válidas, no porque el Gobierno tenga ningún derecho a legislar para promover la observancia religiosa, sino por los dere-chos que tiene para proteger a’ todas las personas de la degradación física y moral que proviene del trabajo incesante. Dichas leyes siem-pre han sido consideradas como leyes beneficiosas y humanas, espe-cialmente para el pobre y necesitado,' para los trabajadores de nues-tras fábricas, talleres y sitios calurosos de nuestras ciudades; y su validez ha sido sostenida por las demás altas cortes de los Estados.”

Este fué un caso en el cual un precepto de la ley que hacía referencia a determinado oficio fué declarado válido. A for-tiori una ley que es de aplicación general no debe ligeramente sea declarada inconstitucional.

De igual manera en el caso de City of Butte v. Paltrovitch. 30 Mont., 18; 104 A. S. R., 698, fué sostenida una ordenanza que disponía que todas las casas de préstamos cerraran a las seis. La corte resolvió que el hecho de que las ordenanzas o reglamentaciones de orden público producen en su aplica-ción un obstáculo al libre ejercicio de las clases de negocios que están sujetos <a ellas no puede por sí sola poner a prueba su validez, y que si ellas proporcionan razonables facilidades para llevar a cabo el negocio no equivalen a una prohibición sino solamente constituye una reglamentación del mismo. Y en Ex parte Byrd, 5 A. S. R., 328, se sostuvo una ordenanza semejante relativa a los mercados.

También hacen referencia los apelantes al privilegio o exención que establece el estatuto. El hecho de que el esta-tuto exima ciertas clases ele su aplicación no lo hace incons-titucional cuando claramente aparece quo las exenciones eran aquellas en que la ocupación particular sufriría pérdidas inmediatas o cuando las clases excluidas eran trabajos de necesidad. Los apelantes no nos lian demostrado que haya sido incluida alguna en el estatuto que no deba incluirse, ó que se haya excluido alguna que deba incluirse. Este aspecto de la cuestión fué necesariamente resuelto por nuestra sen-tencia en el caso de El Pueblo v. Gillies & Woodward, 20 D. P. R., 500.

No vemos que esta reglamentación del negocio en Puerto Rico sea contraria a la razón. El hecho de que pueda tender incidentalmente a limitar las horas de ciertos oficios o profe-siones no puede afectar al principio envuelto. Este tribunal no puede salirse de su derrotero para decir que la reglamenta-ción restringe las horas de trabajo, con el propósito expreso de declarar que la ley es inconstitucional. Si se observa que en muchos de los recientes casos en los cuales ha estado en-vuelta la cuestión de la limitación de horas, las cortes han estado casi igualmente -divididas respecto a la rázonabilidad de tal reglamentación, no vemos que exista razón alguna para dar una interpretación forzada al estatuto con el objeto de declararlo inconstitucional. Un caso reciente sobre la razo-nabilidad de la reglamentación de horas es el de Stettler v, O’Hara, 139 Pac., 746-47. Cuando un hombre está libre para; contratar por diez y ocho o diez y nueve horas diarias no puede decirse que la obligación de suspender el trabajo por un período de cinco horas sea una restricción injustificada de su libertad para contratar. La legislatura pudo haber tenido en cuenta los intereses generales de la comunidad o los inte-reses y condiciones higiénicas de los determinados oficios y ocupaciones, pero cualesquiera que hayan sido sus motivos no creemos que sea irrazonable la ley de la Legislatura y debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada,.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Sevillano, Acusado y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción del artículo 553 del Códig’o Penal.-
    No. 710.
    Resuelto en julio 19, 1915.
    Besuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 711, M Pueblo v. García García, página 817.
    Abogado,del apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Sucesores de Abarca, S. en C., Demandante, v. Central Vannina, Demandada y Apelada, y Sobrinos de Ezquiaga, Acreedora y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en caso sobre cobro de pesos (preferencia de crédito).
    No. 1302.
    Resuelto en julio 20, 1915.
    Refacción Agrícola — Preferencia de Créditos — Crédito Simple — Pago Hecho en Concepto de Piador. — En este caso la mercantil Sobrinos de Ezquiaga celebró un contrato de refacción agrícola con la Central Vannina, entregando la primera a la segunda la suma de $200,000. . Cuando dicho contrato se celebró, la referida Central Vannina se encontraba adeudando al Banco Territorial y Agrícola la suma de $25,000 facilitádoles en concepto de préstamo y de cuya suma eran fiadores Sobrinoé de Ezquiaga quienes, al ser requeridos de pago, la hicieron efectiva en dos plazos. La corte inferior ordenó al master que considerara el crédito de $25,000 como simple, y en apelación se resolvió:

      1. Que el contrato celebrado entre Sobrinos de Ezquiaga y Central Vannina es uno de refacción agrícola eompu'endido en el párrafo 2°., artículo 1821 del Código Civil.
    2. Que el préstamo de $25,000 facilitado por el Banco Territorial y Agrí-cola a la Central Yannina y del cual eran fiadores Sobrinos de Ezquiaga no fué incluido en el primitivo préstamo de $200,000. •
    3. Que existe conflicto, que dirimió el juez inferior, con respecto a si los $25,000 tienen cierto carácter especial por virtud del cual los acreedores tienen derecho a retenerlos en garantía de las reclamaciones que surgieran con mo-tivo de azúcares entregados a ellos.
    1. Que es un hecho enteramente claro que los apelantes no se han colocado dentro de las prescripciones del párrafo 2o. del artículo 1824 del Código Civil, porque su reclamación por los $25,000 no se hizo constar en escritura pública ni fué inscrita en el registro; y
    5. Que el hecho de que Sobrinos de Ezquiaga fueran acreedores refacciona-rios por virtud del préstamo de los $200,000 no incluye el pago de los $25,000, como comprendido dentro del significado- del artículo 3o. de la ley de 10 de marzo de 1910, porque dicho pago no fué hecho por Sobrinos de Ezquiaga por razón de su condición de acreedores refaccionarios debido a los $200,000 que entregaron, sino .por la obligación que habían contraído en su calidad de fiadores.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la mercantil Sobrinos de Ezquiaga: Sr. Eduardo Acuña Aybgr.

    Abogados de los Síndicos Judiciales de la Central Yan-nina: Sres. Alvares Nava & Domínguez.

    Los demandantes no comparecieron.
   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 1824 del Código Civil de Puerto Rico según fué enmendado por la Ley, de Marzo 10, 1910, y la Ley de marzo 9, 1911, prescribe entre otras cosas lo siguiente:

“Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia:
# *
“2. Los créditos por refacción agrícola, en cuanto a los frutos de las fincas objeto de la refacción, según lo determinado en la ley especial sobre esta materia.
“6. Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números anteriores.”

En 20 de enero de 1915 la corte inferior dictó una reso-lución en la que se ordenaba al master nombrado por la corte-que considerara cierto crédito de Sobrinos de Ezquiaga como simple. En otras palabras,'la corte fué de opinión de que dichos Sobrinos de Ezquiaga no tenían derecho a preferencia alguna de acuérdo con ninguno de los párrafos que hemos transcrito y apelan ellos alegando que son acreedores por refacción agrícola según se define ésta en la Ley de marzo 10. 1910.

En 25 de agosto de 1913, la referida mercantil de Sobrinos de Ezquiaga celebró un contrato de refacción agrícola con la Central Vannina a virtud de cuyo contrato entregó dicha mer-cantil a dicha Central Vannina la suma de $200,000. Que éste fué un contrato de refacción agrícola y está comprendido en el párrafo 2o. del artículo 1824 del Código Civil no hay duda alguna. La referida Central Vannina se encontraba adeudando entonces al Banco Territorial y Agrícola la suma de $25,000 facilitada en concepto de préstamo a la mencio-nada Central de cuya suma eran fiadores Sobrinos- de Ez-quiaga. Hubo gran discusión durante la vista así como en los alegatos presentados por las partes acerca de las razones por las cuales no fueron incluidos estos $25,000 en el primi-tivo préstamo de $200,000, pero el hecho permanece en pie de que no fueron incluidos de tal modo. .También hubo prueba tendente a mostrar que la referida suma de $25,000 la tomó prestada la Central Vannina para refacción agrícola. Los fiadores fueron requeridos al pago de dicha suma de $25,000 al banco, suma que pagaron en dos plazos. Existe contradicción entre las partes respecto a si estos $25,000 te-nían cierto carácter especial por virtud del cual los acree-dores tenían derecho a retenerlos en garantía de las reclama-ciones que surgieran con motivo del azúcar entregada a ellos, pero no encontramos nada en los autos en vista de las con-clusiones generales a que llegó la corte inferior que nos jus-tifique en resolver el conflicto en favor de los apelantes. Aun cuando los apelantes hubieran probadc de modo concluyente que tenían tal entendimiento con la Central Vannina dudamos si por ello quedaron convertidos en acreedores refaccionarios por razón del dinero adelantado. Todavía hubieran pagado ellos los $25,000 como fiadores ordinarios obligados solida-riamente con sus deudores principales.

Es un hecho enteramente claro que estos apelantes no se han colocado dentro de las prescripciones del párrafo 2 del artículo 1824 del Código Civil puesto que su reclamación por los $25,000 nunca se hizo constar en escritura pública ni jamás fue inscrita. Los apelantes llaman, sin embargo, la atención al artículo 3 de la ley de marzo 10, 1910, el cual entre otros particulares prescribe lo siguiente:

“En caso de que el arrendatario o usufructuario por cualquier título no cumpliese sus obligaciones para con el dueño o represen-tante de la finca, el acreedor refaccionario podrá, al tener conoci-miento de ello, cumplir tales obligaciones por cuenta del deudor y con cargo al crédito de refacción agrícola. El acreedor podrá igual-mente subrogarse en las obligaciones del deudor para con terceras personas, con el único objeto de garantizar la efectividad del crédito refaccionario.”

Según entendemos la alegación, los apelantes expresan que siendo ya acreedores refaccionarios por virtud del prés-tamo de $200,000, el pago de los $25,000 era un pago com-prendido en el significado del referido artículo 3. Pero estos acreedores no pagaron los $25,000 por razón de su condición de acreedores refaccionarios debido a los $200,000 que entre-garon, sino que los pagaron por la obligación que habían contraído como fiadores.

Los apelados que en este caso son los síndicos, llamaron la atención hacia el hecho de que no trataban de restringir a los apelantes respecto a cualesquiera derechos que pudieran tener con motivo de cualquier contrato especial que alegaran con la Central Vannina, y en verdad que en la petición que presentaron a la corte los síndicos únicamente piden qué no se permita a los apelantes reclamar los veinticinco mil pesos de que se trata como crédito refaccionario. Entendemos, por consiguiente, que la resolución apelada debe ser confirmada, pero modificándola con el siguiente aditamento: ‘‘sin perjui-cio de los derechos de los acreedores Sobrinos de Ezquiaga de probar ante el Master cualquier relación o contrato especial que pudiera tener con la Central Vannina bajo cualquier otro concepto que no sea el de refacción agrícola.”

Confirmada la resolución apelada, sin perjui-cio de los derechos de los acreedores Sobri-nos de Ezqiáaga de probar ante el Master' cualquier relación o contrato especial 'que pudiera tener con la Central Vannina bajo cualquier otro concepto que no sea el de refacción agrícola.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    López, Peticionaria, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Humacao en una causa sobre nombramiento de tutor.
    No. 142.
    Resuelto en julio 20, 1915.
    Tutela — Cuentas be 'la Tutela — Rendición t Revisión de las Mismas — Dis-' creción Judicial — Ordenes Inconvenientes. — Eu cuestiones sobre rendición y revisión de cuentas de la tutela, si bien los jueces de distrito tienen cierta discreción, es una buena práctica que se dé al tutor del menor la oportunidad de ser oído antes de dictarse cualquier orden que pueda traer consigo incon-veniencias injustificadas.
    Id. — Fianza Amplia y Suficiente — Pago de Cuentas — .Cheques Refrendados bob el Juez. — Cuando en el ejercicio de una tutela el tutor ha prestado fianza amplia y suficiente para responder del cargo, es innecesaria cualquier dispo-sición relativa a que los cheques para pago de cuentas sean refrendados por el juez.

      Id. — Estado Mensual de los Cheques Pagados — Orden para Presentarlo. — Una orden para que so presente mensualmente a la corte un estado de los cheques pagados con fondos de la tutela debe ser dirigida al tutor y no al banco donde se encuentran depositados dichos fondos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la peticionaria: Sres. Víctor Burset y Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del demandado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El día 21 de abril, 1915, la Corte de Distrito de Hnmacao dictó la siguiente resolución:

“Por cuanto, Da. Josefa López de Bustelo, como tutora de la menor Palmira López G-uzmán, en el mes de octubre de 1914, radicó en la secretaría de este tribunal la cuenta de la tutela de dicha menor comprendiendo el período desde el 13 de julio de 1913 hasta el 12 de julio de 1914 sin qi^e esté jurada dicha cuenta y de la cual resulta que los ingresos durante dicho período ascendieron a la suma de $48j047.72, y los egresos a $47,998.66, resultando por tanto un bene-ficio líquido únicamente de $49.06.
“Por cuanto, existen en dicha cuenta partidas englobadas de can-tidades cargadas por todo un año y la presentación de dichas cuentas' por anualidades vencidas hace muy difícil la fiscalización de dichas cuentas por esta corte, con perjuicio de dicha menor.
“Por cuanto, los intereses de dicha menor 'exigen la rendición de cuentas mensuales ‘juradas’ por la tutora.
“POR tanto, la corte por la presente ordena a la tutora Da. Josefa López de Bustelo que a más tardar el 1 de mayo de 1915 presente una cuenta ‘jurada’ de dicha tutela a contar desde el día 12 de julio de 1914 hasta el 1 de abril de 1915 y que a partir de esa fecha e incluyendo desde el 1 de abril de 1915 presente mensual-mente a esta corte las cuentas de dicha tutela debidamente, juradas . por ella, cuyas cuentas mensuales deben quedar radicadas en la secre-taría de esta corte dentro del improrrogable plazo de diez días del mes siguiente al cual se refiere la cuenta, apercibida dicha tutora de que esta orden deberá ser cumplida en todos sus extremos, sin nin-guna clase de excusa o pretexto.
"Copia de esta orden deberá ser notificada por el marshal de este tribunal a dicha tutora en persona inmediatamente. Humacao, P. R., abril 21 de 1915. (Fdo.) R. Cuevas Zequeira, Juez de Dis-trito. ’ ’

Dos días después de esta resolución la corte .dictó otra resolución en los siguientes términos:

"Por Cuanto, Da. Josefa López de Bustelo, como tutora de la menor Palmira López Guzmán, en el mes de- octubre de 1914 radicó en la secretaría de este tribunal la cuenta de la tutela de dicha menor comprendiendo el período desde el 13 de julio de 1913 hasta el 12 de julio de 1914, de cuya cuenta resulta que los ingresos durante dicho período ascendieron a la suma de $48,047.72 y los egresos a $47,998.66, resultando un beneficio líquido únicamente de $49.06.
"Por cuaNTO, de dicha cuenta no es posible apreciar si los pagos que se hacen por cuenta de dicha tutela lo son en efectivo o por medio de cheques, ni tampoco en donde se guarda el dinero de dicha tutela, cuyo montante durante el período en el párrafo anterior montó a $48,047.72.
“Pon CUANTO, los intereses de dicha menor y la fiscalización de las cuentas de dicha tutela exigen que los pagos se hagan únicamente .por medio de cheques expedidos por la tutora y que el dinero ingrese en una institución bancaria designada por este tribunal.
"POR tanto, la corte por la presente ordena a la tutora Da. Josefa López de Bustelo, que a partir desde el día de hoy, ingresará todo el dinero que se reciba por razón de dicha tutela en la sucursal de Plumacao de "El Banco Comercial de Puerto Rico’ y que la cuenta en dicho banco se abrirá a nombre de la menor Palmira López Guz-mán y que solamente pueden expedirse cheques contra dicha cuenta mediante la firma de la tutora Da. Josefa López de Bustelo, cuyos cheques han de quedar refrendados y autorizados con la firma del juez de esta corte, debiendo expedirse cheques separados e indepen-dientes para cada gasto distinto que haya necesidad de pagar, que-dando terminantemente prohibido el que se hagan pagos en efectivo. Dicha institución deberá mensualmente presentar a esta corte un estado de dicha cuenta, radicando en este tribunal los cheques expe-didos por la tutora con la firma del juez de esta corte.
"Copia de esta orden deberá ser notificada por el marshal de este tribunal a dicha tutora en persona inmediatamente, apercibida .de que esta orden deberá ser cumplida en todos sus extremos, sin ninguna clase de excusa o pretexto. (Fdo.) R. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito.”'

Por virtud de un recurso de certiorari instado por la tu tora Josefa López de Bustelo, ambas resoluciones transcritas están sometidas a nuestra revisión.

Expedido el auto, la corte de distrito elevó a esta Corte Suprema los procedimientos originales y en un escrito de siete páginas que se designa como contestación a la petición, expuso y alegó varios lieclios adicionales y razones en los cuales sostiene que fundó las dos resoluciones impugnadas La peticionaria hace un fuerte ataque a la corte inferior en un extenso alegato, tanto-en lo que respecta a los hechos, como en cuanto se refiere a la ley. En el alegato que como contestación presentó el juez de distrito pretende sostener su posición.

Opinamos que las cortes de distrito tienen cierta discre ción en cuestiones de esta naturaleza; 5 Scaevola, 67, 68, 234; 1 Palcón, 366, 2 Manresa, 374, Gaillard v. Foster, 15 La. Ann., 121; pero también creemos que hubiera sido mejor práctica que el juez hubiera dado a la peticionaria alguna oportunidad .de ser oída antes de haber dictado cualquiera de las órdenes en cuestión. Por otra parte, si la peticionaria hubiera hecho en forma procedente y respetuosa en la corte inferior una relación de los bechos y una explicación tan amplia de toda la cuestión como la que fue sometida a la consideración de este .tribunal en este procedimiento, pudiera, tal vez, haber obte-nido, y sin duda que todavía puede obtener mediante la debida solicitud, el remedio que pueda ser necesario contra cualquier inconveniente injustificado que resulte de una u otra de las resoluciones dictadas. Si se viera que el juez de distrito se inclinaba a abusar de su discreción después de haber sido sometidos debidamente todos los hechos a su consideración, dicho abuso podría ser corregido rápida y prontamente; pero no creemos que sea necesario, dadas las circunstancias que rodean a esta controversia indebida, disentir abora en sus pormenores estas cnestiones.

En vista del hecho de qne la peticionaria tiene prestada nna amplia fianza, creemos qne la disposición relativa a qne todos los cheqnes deberán "ser refrendados por el juez de dis-trito, es innecesaria. Si resaltara que el requisito referente a la rendición de cuentas mensuales era poco aceptable por producir serios inconvenientes a la peticionaria, podría modi-ficarse por • la corte inferior al serle presentada la debida prueba respecto a ese extremo.

La disposición referente a la expedición de cheques por separado para todos y cada uno de los gastos, así como la prohibición de no verificar ningún pago en efectivo, en la manera absoluta en que aparecen en las resoluciones impug-nadas, no es posible aceptarlas. Desde luego que en la prác ■ tica corriente tendrían que ser interpretadas de acuerdo con el sentido común y que por tanto no se llegaría nunca a los casos extremos que imagina la peticionaria, pero entendemos que el juez del distrito, para mayor claridad, debe modificarlas bajo la base de que el método 'ordinario de verificar los pagos en la tutela, sea por medio de cheques, pudiendo pagarse en efectivo en aquellos casos en que como, por ejemplo, los jor-nales de los labradores y pequeños empleados de las fincas rústicas, la costumbre y la necesidad requieren que se lleven a efecto de tal modo. El juez de distrito, después de una cuidadosa investigación de los hechos, podría ordenar que a partir de determinada suma, los pagos se hicieran por medio de .cheques.

La disposición relativa a que el banco en donde se manda depositar los fondos de la tutela, presente mensúalmente a la corte un estado de todos los cheques pagados, debe ser sustituida por otra que ordene a la tutora que presente dichos cheques con sus talones, la libreta de banco y la lista de los cheques devueltos, después de hacerse el balance de las cuen-tas en las fechas razonables y regulares que se fijen, o bien por cualquiera otra parecida que la corte estime necesaria y conveniente, dirigida siempre a la tutor a y no al banco.

El tono general de las resoluciones impugnadas revela cierto celo tal vez excesivo por parte de la corte de distrito. Debido a esta circunstancia, nos vemos obligados a abstener-nos de bacer la crítica, que de no ser por esto hubiera sido necesario bacer, de los términos en que está redactado el ale-, gato de la peticionaria.

Deben confirmarse los procedimientos que ban sido impug-nados menos en los particulares que anteriormente han sido expresamente desaprobados y devolverse el caso para que se actúe de nuevo sobre el mismo en forma que no sea incompatible con esta opinión.

Confirmadas las órdenes de abril 21 y 23, 1915, menos en los particulares que expre-samente se desaprueban en la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Alclrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    Gandía, Demandante y Apelado, v. Cabán, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa sobre desahucio.
    No. 1277.
    Resuelto en julio 20, 1915.
    Desahucio — Cuestiones de Propiedad — Conflicto de Títulos — Pleito Ordina-rio. — Cuando se trata de una verdadera cuestión de própiedad, de un conflicto de títulos, no es propio decidirlos dentro de los sumarios trámites de un juicio de desahucio, sino que deben ventilarse con las amplias oportunidades de un pleito ordinario.
    Id. — Desahucio en Precario — Contestación a la Demanda — Posesión en Con-cepto de Dueño. — Cuando en una acción de desahucio por precario el deman-dado contesta alegando que no posee en tal concepto sino en el de dueño, y presenta alguna evidencia que aparentemente demuestra que su posesión no os precaria, no debe declararse con lugar la demanda de desahucio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Enrique Márquez Muertas-

      Abogado del apelado: Sr. A. Suliveres.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un pleito sobre desahucio. En la demanda se alega, en resumen, que el demandante, vecino y comerciante de Arecibo, es dueño de una casa situada en San Sebastián que desde hace algún tiempo viene poseyendo y disfrutando la demandada sin pagar canon ni merced alguna, y que en repetidas ocasiones ha requerido para que desaloje la casa a la dicha demandada habiéndose ésta negado a ello.

La demandada, en su contestación, aceptó el hecho rela-tivo a las circunstancias personales del demandante y negó los otros, alegando además, como defensas especiales, en resu-jnen, las siguientes:

Que la casa a que se refiere la demanda es y ha sido siem-pre de la propiedad exclusiva de la demandada y de su madre doña Zoila Gabán viuda de Gabán; qué dicha casa se cons-truyó con bienes de la exclusiva pertenencia de Juan Tomás Gabán, padre de la demandada; que Gabán falleció cuando ya estaba construyéndose la casa y se terminó después de su muerte con dinero de la herencia; que durante la construc-ción, el esposo de la demandada Sr. Santiago intervino sim-plemente como esposo y representante de la demandada; que el demandante nunca ha entrado en posesión de la casa; que el marido de la demandada, presentó en 1913 demanda de divorcio contra la demandada y se trasladó a Arecibo y para privar a la demandada de la casa en cuestión y adquirirla más tarde después del divorcio se hizo demandar por el de-mandante en' este pleito, su amigo, por la suma de $2,200, embargándose la repetida casa; que la demandada, que resi-día en el- distrito judicial de Aguadilla, no fué hecha parte en el pleito sobre cobro de pesos; ni tuvo noticia del mismo hasta una fecha próxima al remate de la casa embargada; que el día del remate la demandada hizo saber al demandante que la casa era de la exclusiva propiedad de la demandada y de su madre, y radicó una demanda de tercería, y que el deman - dante instruyó una información acreditando a su favor la posesión de la casa como adquirida en remate contra Angel Santiago, y la inscribió en el registro de la propiedad.

Celebrada la vista, cada una de las partes presentó una amplia prueba en apoyo de sus respectivas pretensiones.

La del demandante tiende a demostrar que la propiedad de la casa en cuestión le fué adjudicada en pública subasta, en cierto pleito que en cobro de $2,200 siguiera contra Angel Santiago, esposo de la demandada. La adjudicación se hizo por la suma de cien pesos. La teoría que, al parecer, sus-tenta el demandante es la de que la casa pertenecía a la socie-dad de gananciales formada por el dicho Santiago y su esposa, la demandada, siendo dicha sociedad responsable de la deuda contraída por el esposo. Dijimos al parecer, porque en la misma evidencia del demandante — declaración de Angel Santiago— hay datos tendentes a probar que la casa no pertenecía a la sociedad de gananciales mencionada, sino privativamente al esposo Angel Santiago, por haberla edificado éste con bie-nes de su peculio particular procedentes de la liquidación de cierta sociedad mercantil que tuvo constituida con el padre de la demandada.

La prueba de la demandada, por el contrario, tiende a demostrar que la repetida casa se construyó en un solar del Ayuntamiento de San Sebastián, con maderas pertenecientes a la herencia de su padre Juan Tomás Cabán y con el pro-ducto de la venta de ganado y otros bienes también pertene-cientes a la herencia de su dicho padre; que cuando la casa fué rematada, no figuraba inscrita en el registro de la pro piedad; que la demandada y su esposo Santiago estaban separados, encontrándose pendiente entre ellos un pleito de divorcio, y que bajo tales circunstancias fué que se siguió el pleito en cobro de pesos contra su esposo, dejándose éste con-denar en rebeldía y habiendo declarado en el pleito de desa-hucio enteramente en favor del demandante.

Como puede verse por el resumen que, a grandes rasgos, dejamos hecho de las alegaciones y las pruebas, las cuestiones envueltas en este caso no son propios para ser decididas dentro de los sumarios trámites de un juicio de desahucio, sino más bien dentro de las amplias oportunidades de un pleito ordinario. Se trata de una verdadera cuestión de pro-piedad, de un conflicto de títulos, y ya esta Corte Suprema, eii repetidos casos, ha establecido que cuando en una acción de desahucio por precario el demandado contesta aleg’ando que no posee en tal concepto, sino en el de dueño, y presente alguna evidencia que aparentemente demuestre que su pose-sión no es precaria, no debe declararse con lugar la demanda de desahucio. Véanse: Miranda v. Cameron et al., 19 D. P. R., 488, y las decisiones citadas en el mismo.

En tal virtud debe revocarse la sentencia apelada y dic-tarse otra declarando sin lugar la demanda de desahucio, sin especial condenación de costas, reservando al demandante los derechos que puedan asistirle para que los ejercite en la forma que proceda.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y.Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison,