author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Agapito Díaz, demandante y apelado, v. Victoriana Ramos y Anastacio Olivero, demandados y apelantes.
    Núm. 7673.

    Sometido: Noviembre 18, 1938.

      Resuelto: Diciembre 16, 1938.

      Leopoldo Santiago Carmona, abogado de los apelantes; Bubón & Oehoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

Agapito Díaz instituyó una acción de desahucio en pre-cario contra Victoriana Ramos y Anastacio Olivero, solici-tando el lanzamiento de los demandados de cierta casa y solar por ellos ocupados. Alegó el demandante ser dueño de la totalidad del solar, incluyendo la parte ocupada por la casa, la cual admitió el demandante pertenecía a la deman-dada Victoriana Ramos. Siguió el caso sus trámites ordi-narios, dictándose sentencia por la Corte de Distrito de Ba-yamón a favor del demandante en 10 de diciembre de 1934, decretando el desabncio de los demandados y condenándolos al pago de las costas.

Contra esta sentencia apelaron los demandados para ante este tribunal, siendo confirmada la misma porque hallándose uno de sus jueces fuera de Puerto Pico, los cuatro restantes se dividieron de tal forma que dos de ellos votaron por la confirmación de la sentencia y los otros dos por su revoca-ción (51 D.P.E. 822). Devuelto el mandato a la corte inferior, el demandante radieó su memorándum de costas en el cual incluye una partida de $250 para honorarios de abo-gado, $10 por honorarios del secretario por concepto de ra-dicación y señalamiento, y $2.20 por derechos de emplaza-miento.

Los demandados radicaron un escrito de impugnación al memorándum de costas, en el que alegan que el demandante no tiene derecho a cobrarlas porque en la opinión dictada por la Corte Suprema confirmando la sentencia apelada no se hace mención de costas. Eefiriéndose entonces a los ho-norarios de abogado, arguye que en la fecha en que se con-firmó la sentencia por el Tribunal Supremo el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, sobre costas, había sido enmendado por la Ley (núm. 94) de 11 de mayo de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 239), y que de acuerdo con esta ley la condena de costas no incluye honorarios de abogado a me-nos que específicamente lo exprese el tribunal sentenciador; que el desembolso de $2.20 que aparece consignado en el me-morándum de costas por gastos de emplazamiento tampoco está autorizado por el artículo 327 del Código de Enjuicia-miento Civil según fué enmendado por la citada ley de 11 de mayo de 1937, y que asumiendo sin aceptarlo, que el de-mandante tuviese derecho a recobrar honorarios de abogado, el montante de éstos no debe exceder de $25, habida cuenta del tiempo que duró la vista del caso y de la prueba presen-tada, consistente, por parte del demandante, en dos docu-mentos.

Conforme resolvimos en el caso de Mason v. White Star Bus Line, Inc., 53 D.P.R. 337, y más tarde en el de Soltero v. Vélez, 53 D.P.R. 566, la ley por la cual debe regirse el memorándum de costas en este caso no es la existente al tiempo de confirmarse la sentencia, sino la qne imperaba en la fecha en qne se dictó la sentencia por la corte inferior en el año 1934. De acnerdo con la ley qne entonces regía, la condena de costas inclnía honorarios de abogado, a menos qne expresamente el tribunal los excluyese en el pronuncia-miento de costas. Ramíres v. American R. R. Co., 28 D.P.R. 181, 182; Brac v. Ojeda, 27 D.P.R. 658; Cortés y Segura v. Cortés, 43 D.P.R. 473. No hay duda, pues, qne de acuerdo con la sentencia dictada por el tribunal a quo el demandante tiene derechb a honorarios de abogado, y qne al apelarse y confirmarse la sentencia sin revocarse el pronunciamiento de costas qne contenía, quedó en todo su vigor la sentencia ape-lada, incluyendo desde luego el pronunciamiento de costas.

La única cuestión a determinar ahora es si el montante de los honorarios de abogado es razonable, consideradas las circunstancias especiales que han concurrido en este caso. Es evidente la falta de temeridad por parte de los demandados al defenderse de la acción de desahucio contra ellos establecida y la mejor prueba de ello es el hecho de que dos de los jueces de este tribunal entendieron que la sentencia debió ser revocada. Excluido el elemento de temeridad y habida cuenta de la naturaleza del pleito, en que no se levantaron difíciles cuestiones de derecho, en que la prueba fue breve, así como también el valor de la cuestión en controversia, que según hemos visto se trataba en parte de una casa comprada por la demandante por $250 y el solar que la sostenía, habida consideración de todas estas circunstancias, repetimos, entendemos que la partida concedida por concepto de honorarios de abogado debe reducirse a la cantidad de $100, que estimamos justa y ’razonable de acuerdo con dichas circunstancias.

Las partidas de honorarios del secretario por concepto de radicación y señalamiento no hay duda alguna que están comprendidas en el concepto de costas judiciales y lo mismo sucede con respecto a los gastos incurridos para emplazar a los demandados.

De acuerdo con la ley que en la fecha de la sentencia imperaba, el memorándum de costas debía presentarse dentro de los diez días siguientes a la devolución del mandato. Por consiguiente, no tienen razón los apelantes al insistir ahora en que el memorándum de costas fue presentado tardíamente al no radicarse dentro de diez días de dictada la sentencia en la corte inferior.

La demanda en el pleito principal de desahucio fue presentada por los abogados Dubón y Ochoteco en representación del demandante, y el hecho de que fuese el Sr. Ochoteco el que asistió al juicio no impide que su socio, Sr. Dubón, jure el memorándum de costas, si tenía la necesaria información.

Por las razones expuestas, procede modificar la resolución apelada, reduciendo la partida de honorarios de abogado a $100, y asi modificada, debe confirmarse.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino.


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text:
    Virginia Valentina Martínez y Mató, conocida por Carolina Martínez y Mató, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1025.

    Resuelto: Diciembre 20, 1938.

      Oscar Souffront, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por. escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

La recurrente solicita que reconsideremos nuestra resolución de 26 de julio último (53 D.P.R. 622), en la que se sostiene que el pacto de hacer extensiva una hipoteca al derecho de homestead que sobre la finca hipotecada pueda tener la deudora o sus sucesores en interés, es nulo por ser contrario a la ley de hogar seguro vigente (Ley núm. 87, de 13 de mayo de 1936, pág. 461).

La moción está basada principalmente en un dictum que aparece en el caso de Franceschi v. Claudio Elena, 51 D.P.R. 495, 502, que tratando de aclarar la decisión en el de Rodríguez v. Registrador, 51 D.P.R. 372, dice así:

"Debemos hacer constar, para evitar que se pueda dar al referido dictum mayor alcance que el que tuvimos en mente, que lo que qui-simos decir fue que el dueño de un derecho de hogar seguro puede venderlo, permutarlo o gravarlo, siempre que lo haga constar ex-presamente en la escritura o instrumento correspondiente; y que el derecho de homestead se transmite también al comprador de un inmueble, cuando el vendedor por los términos del contrato vende, cede y traspasa todo su título e interés sobre el inmueble y entrega la posesión física del mismo al comprador, sin hacer expresa reserva de su derecho de hogar seguro.”

Sostiene también la recurrente que al amparo de lo re-suelto en el caso de Franceschi v. Claudio Elena el 7 de mayo de 1937, se han otorgado un gran número de contratos de hipoteca sobre propiedades cuyo valor apenas excede de $500, en que los deudores tienen un posible derecho de hogar seguro que hipotecaron expresamente, y cuyas hipotecas aceptaron los acreedores al amparo de la ameritada decisión.

En primer término diremos una vez más que el caso de Franceschi v. Claudio Elena interpreta la Ley de homestead aprobada el 12 de marzo de 1903 (Comp., secciones 1000 et seq.), ley. que fue derogada por la que rige en la actualidad y regía cuando se celebró el contrato de hipoteca que motiva el recurso gubernativo que nos ocupa. La ley que se aplicó en el caso de Franceschi v. Claudio Elena permitía la renun-cia al derecho de homestead siempre que ésta se consignase expresamente en la escritura de enajenación, mientras que la que ahora impera, por el contrario, declara que “el dere-cho de homestead es irrenunciable y cualquier pacto en con-trario se declara nulo.” (Sección 1, Ley núm. 87 de 1936, pág. 461).

En segundo término, la cuestión envuelta en el caso de Rodríguez v. Registrador, supra, fue la validez de una cláu-sula de una escritura de compraventa en la que el vendedor, con el expreso consentimiento de su esposa, enajenó cierta finca de la sociedad de gananciales, con todos sus usos, etc., “incluyendo en esta venta el derecho de hogar seguro que tengan o puedan tener los esposos ... a fin de que pueda •disfrutar de ella como única y legítima dueña.” Y este trh bunal, sosteniendo la validez de dicha cláusula, se expresó así:

“La cuestión a decidir en este recurso gubernativo es si una venta de propiedad inmueble en que se hace constar que el derecho de hogar seguro está incluido en el precio de la compraventa cons-tituye un pacto contrario a la disposición legal arriba copiada. A nuestro juicio no lo constituye.
“El hecho de que el hogar seguro sea irrenunciable no significa •que una vez creado y en existencia, no pueda, cuando sea en bene-ficio de la persona poseedora de tal derecho, ser vendido, permutado o estar sujeto a otros posibles incidentes del dominio.
' ‘ Cuando una persona tiene el dominio absoluto de una propiedad y la vende, teniendo con ello la intención de enajenar o de disponer de su título e interés completos, el derecho de hogar seguro necesa-riamente se amalgama (merges) en el derecho mayor de dominio. Iii praesmtia majoris cessat potentia minoris.”

Ése fué el ratio decidendi del caso de Rodríguez v. Registrador, y el obiter dictum que aparece en el de Franceschi v. Claudio Elena, supra, no sienta jurisprudencia, debiendo reci-birse con la consiguiente reserva tanto por los tribunales como por la profesión y el público en general.

La'recurrente no impugna el ratio decidendi de Rodríguez v. Registrador. Por el contrario, se sirve del mismo para argumentar que si el dueño de un inmueble sujeto a derecho-de hogar seguro puede voluntariamente venderlo, y la ena-jenación y entrega del mismo transmite el derecho de hogar seguro a menos que se haga expresa reserva de dicho derecho,; con tanta más razón puede el mismo dueño hipotecarlo, gra-vando expresamente, como en este caso, el derecho de homestead, porque lo más incluye lo menos.

El argumento a primera vista parece decisivo, pero cae-por su peso una vez que se analiza a la luz del saludable pro-pósito que inspira a la ley, cual es asegurar un hogar al deudor para él y su familia.

Con razón se dice que la Ley Hipotecaria es ley de ter-cero, y con igual propiedad podría decirse que la de homestead es ley de protección contra acreedores. Esta tenden-cia de la ley a proteger la familia contra sus acreedores no-data de los tiempos modernos, encontrándose preceptos en. la Ley Mosáica que tendían a ese fin. Howe, en su obra titu-lada “Estudios de Derecho Civil”, segunda edición, página 27, a este respecto dice:

“El contrato de prenda también hace su aparición en los tiem-pos más remotos, anticipándose considerablemente a lo que llamaría-mos una hipoteca. La Ley Mosáica, reconociendo la práctica que-ya existía, de usar el contrato de prenda para garantizar deudas,, prohibía que se diera en prenda el molino de piedra de que se valía la familia para moler sus alimentos; exactamente al igual que se-declaran exentas de ejecución por deuda las herramientas do un. artesano o como la exención que antiguamente existía en Inglaterra a favor de los implementos y útiles agrícolas (wainage) de un la-brador.”

Para las exenciones que la ley concede en Puerto Rico, véase el artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Es por esa razón que la ley no regula, ni menciona siquiera,, las ventas que voluntariamente pueden hacer los propieta-rios, dirigiendo su atención exclusivamente a dictar reglas para proteger el derecho de homestead en las ventas pro-movidas por los acreedores por virtud de sentencia o. ejecu-ción, en relación con las cuales prescribe:-

“Sección 5. No se liará venta alguna por virtud de sentencia o ejecución de ninguna finca urbana o rústica cuando se reclamare u ocupare la misma como hogar seguro (homestead), inscrita o no o» el registro de la propiedad, a menos que se obtenga por ella una sumo, mayor de quinientos (500) dólares.
“Sección 6. En caso de no formularse reclamación alguna ante-el oficial encargado de verificar la subasta, la persona con dereeho-a la reclamación de homestead podrá dentro del término de sesenta (60) días contados, desde la fecha en que la subasta se celebró, en-tablar acción ordinaria correspondiente.”

Vamos a transcribir, por estimarlos pertinentes, los-siguientes párrafos del caso de Brame and Wife v. Craig, 12 Bush (75 Ky.) 404, citados con aprobación en el de Brannon v. Bohannon, 96 S.W. (2d) 1036, 1038, que dicen así:

“La exención del derecho de hogar seguro no constituye un de-recho real sobre el inmueble, sino un privilegio que contra sus. acreedores disfruta el que lo ocupa como jefe de familia; y aunque-el hogar seguro no está sujeto a una venta coercitiva por un acree-dor, sin embargo la enajenación o traspaso que del inmueble afecto-ai hogar seguro haga su propietario, no está prohibida por el esta-tuto. ’ ’
“Somos de opinión que la Ley de Hogar Seguro (homestead) asegura para el deudor la propiedad exentada, protegiéndola de las; garras de sus acreedores, sin impedirle a él vender la propiedad afecta al homestead y por consiguiente una enajenación así hecha, en que medie precio o consideración, transmite al comprador todo el interés-que sobre el inmueble tenía el vendedor.” (Bastardillas nuestras.)

Sin embargo, no puede decirse lo mismo sobre el dere-cho del propietario a gravar con hipoteca o en cualquier otra forma su derecho de homestead, pues como sostenemos en la. opinión anteriormente emitida (53 D.P.R. 622, 626):

““El contrato de hipoteca implica necesariamente el derecho de-ejecución y venta de la cosa hipotecada para hacer efectiva la ga-rantía. Siendo ello así, declarando la sección 1 de la ley que el'. ■derecho de homestead es irrenunciable y que cualquier pacto en ■contrario es nulo y la sección 5 que no se hará venta alguna por virtud de sentencia o ejecución de ninguna finca urbana o rústica cuando se reclamare u ocupare la misma como hogar seguro ... a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos (500) dólares, claro es que cualquier hipoteca que intente extenderse al derecho de homestead es contraria a la ley en tanto en cuanto a ese •derecho respecta. Y si es contrario a la ley el contrato en lo que al homestead respecta, es nulo por el precepto expreso del artículo 1207 del Código Civil (edición de 1930) que dice así:
“ ‘Art. 1207. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláu-sulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público.’

¿Y qué beneficio práctico alcanzaría el acreedor, pregun-tamos abora, con obtener una hipoteca sobre el derecho de homestead, si luego, al incumplir su contrato el deudor y tratar el acreedor de hacer valer su derecho de hipoteca mediante ejecución, se tropieza con la infranqueable barrera que le opone la sección 5 de la Ley de Homestead, que le dice que no se hará venta alguna por virtud de sentencia o ejecución de ninguna finca urbana, o rústica cuando se recla-mare u ocupare la misma como hogar seguro, inscrita o no en el registro de la propiedad, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de $500, cantidad ésta que la ley reserva al deudor?

Podría argüirse por el recurrente que de acuerdo con los razonamientos expuestos en esta opinión, una finca cuyo valor fuese $500 no podría ser hipotecada. Aparentemente parece tener razón el recurrente, pero el argumento es insos-tenible cuando se considera que el valor de una propiedad, cualquiera que sea su clase, es un factor variable de acuerdo con las circunstancias existentes en la fecha en que la cosa trate de venderse. Por ejemplo, una finca que hoy valga $500, en el transcurso de una semana o quizá de veinticuatro horas su valor puede quintuplicarse, pudiendo suceder esto mediante el establecimiento de una factoría frente a ella, la apertura de una calle que aumente su valor, o cualquier otra circunstancia semejante. En igual forma puede .reducirse considerablemente el valor de una finca y por esta razón no puede de antemano determinarse de manera concluyente cuál lia de ser el valor de ella en una fecha cierta. Nada bay que impida a un propietario cuyo inmueble tenga un valor de $500 constituir una hipoteca siempre que la misma no la haga extensiva expresamente al derecho de homestead. Si al tiempo de ejecutarse la hipoteca la finca excede de $500, el exceso se aplicará al pago del crédito. Si en esa misma fecha su valor no ha excedido de $500, entonces nada puede obtener el acreedor si esta finca está sujeta al derecho de homestead. En otras palabras, el acreedor que presta dinero con garantía de una finca cuyo valor al tiempo de consti-tuirse la hipoteca no excede de $500, asume el riesgo de que en la fecha de ejecución no pueda hacer efectiva la garantía.

Podría también argüirse que como es potestativo en el deudor reclamar el derecho de homestead, mientras no lo reclame la obligación será válida y desde luego el acreedor podrá hacer efectiva su hipoteca, y por consiguiente no debe impedirse al propietario hipotecar su homestead.

Tal proposición es completamente insostenible en Dere-cho, puesto que estaría constituyéndose en esa forma una obligación condicional cuyo cumplimiento dependería exclusi-vamente de la voluntad del- deudor, situación legal que no sanciona el artículo 1068 del Código Civil, edición de 1930, que prescribe que “cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula.” Si se inscribiese una hipoteca de esta naturaleza, se estaría inscribiendo una obligación nula.

Antes de terminar deseamos consignar que en el dictum del caso de Franceschi v. Claudio Elena que se transcribe al principio de esta opinión, equivocadamente se agregó la palabra “gravarlo” después de las palabras “venderlo” y “permutarlo”. El caso de Rodríguez v. Registrador en manera alguna hace referencia al derecho de hipotecar o gravar el derecho de homestead, sino al de enajenar en venta privada el inmueble afecto al homestead.

Por las razones expuestas, no ha lugar a la reconsidera-ción solicitada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Casto Luis Calderón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1035.

    Sometido: Noviembre 29, 1938.

      Resuelto: Diciembre 21, 1938.
    D. Guerrero Noble, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Casto Luis Calderón es dueño de cierta finca rústica ins-crita en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, al folio 217 del tomo 16 de Carolina, finca número 715. Por su procedencia se baila afecta dicba finca a una anotación de lis pendens practicada a virtud de providencia judicial desde el primero de noviembre de 1900, al folio 44 del tomo 7 de Carolina, anotación A, sin que conste del Regis-tro que dicba anotación baya sido prorrogada conforme exige la ley.

En una declaración jurada que describe detalladamente la finca 715 antes mencionada y expone los becbos arriba rese-ñados, el abogado don Diego Guerrero Noble, en represen-tación del Sr. Casto Luis Calderón, solicitó del Registrador •de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, la cancela-ción del referido aviso de demanda.

El registrador la denegó, por el fundamento qne expresa ■en la nota que extendió al calce de la declaración jurada, y la cual dice así:

“Denegada la cancelación del aviso de demanda que se solicita en este affidavit, en vista de lo resuelto por la Hon. Corte Suprema en el caso ‘Fernández v. Registrador’, 52 D.P.R. 354, y tomada en su lugar anotación preventiva por 120 días a favor del solicitante, al folio 217 del tomo 16 de Carolina, Finca núm. 715, nota al margen de la inscripción Ira.”

Precisamente por los fundamentos expresados en el caso de Fernández v. Registrador, 52 D.P.R. 354, procede la can-celación del aviso de demanda, puesto que en el referido caso se establece una distinción entre los avisos de demanda ano-tados a virtud del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil y los que se anotan por providencia judicial a virtud de los artículos 42 y 43 de la Ley Hipotecaria, para concluir que los primeros no están comprendidos dentro del artículo 388-A de la Ley Hipotecaria y que los segundos lo están, resolviéndose en dicho caso que una anotación hecha de con-formidad con el artículo 91 antes citado continúa en vigor mientras el pleito que la motivó se halle pendiente, mien-tras que las hechas de conformidad con los artículos 42 y 43 de la Ley Hipotecaria se rigen por el artículo 388-A de la misma ley y pueden cancelarse después de cuatro años de anotadas si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendiere el litigio.

Tratándose como se trata en este caso de una anotación practicada desde el año 1900 a virtud de mandato judicial, sin que aparezca que la orden para anotar el aviso de demanda ha sido prorrogado por orden del tribunal donde se instituyó el pleito, procede, de acuerdo con el caso de Fernández v. Registrador, supra, revocar la nota recurrida y ordenar la cancelación del aviso de demaa%da a que se contrae la decía- ración jurada de que antes s'e ha hecho mérito, sin devengar más derechos.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    José Vázquez, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada; Jacinto Caquías, obrero recurrido.
    Núm. 160.

    Sometido: Noviembre 18, 1938.

      Resuelto: Diciembre 21, 1938.

      Virgilio Brunet y Miguel A. Casiano, abogados del recurrente; üf-León Parra, abogado de la Comisión demandada;' Frank Torres, abogado del obrero recurrido.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la Comisión Industrial de Puerto Pico dictó una resolución el 31 de enero de 1938, en la que declara que el obrero Jacinto Caquías, en la'fecha en que sufrió cierto accidente del trabajo, trabajaba para el patrono José Váz-quez, que éste empleaba más de cuatro obreros y que no-estaba asegurado, en violación de la ley. Concluye la reso-lución declarando a José Vázquez patrono no asegurado y ordenando que el caso sea liquidado y el montante de la liquidación cobrado a dicho patrono en la forma que deter-mina la ley.

El patrono solicitó la reconsideración y le fué concedida. En el acto de la nueva vista-se limitó el patrono a impug-nar la jurisdicción de la Comisión Industrial, fundándose en que el obrero Jacinto Caquías, al ocurrir el accidente, tra-bajaba bajo la inmediata dirección de Pedro Rojas, pero según se desprende de la copia certificada de la resolución a la moción de reconsideración, el peticionario no ofreció prueba alguna tendente a controvertir la presentada en la vista anterior que motivó la resolución de 31 de enero de 1938, en la cual se le declaró patrono no asegurado.

En su solicitud de revisión el peticionario alega que k Comisión, en las dos vistas antes mencionadas, limitó las defensas del patrono a determinar si éste empleaba cuatro o más obreros y “no ofreció oportunidad alguna para pre-sentar otras defensas de acuerdo con la ley. ’ ’

A nuestro juicio, la petición de revisión es insuficiente, porque la cuestión de si el patrono empleaba cuatro o más obreros y si José Vázquez era o no el patrono del obrero lesionado, son cuestiones puramente de becbo, no revisables dentro de este procedimiento a menos que se baya privado al patrono del derecho de presentar prueba para controvertir la del obrero, pero esto no aparece de la petición ni de las dos resoluciones de la Comisión que a la misma se acompañan. Aunque se dice que la Comisión “no ofreció oportunidad alguna para presentar otras defensas de acuerdo con la ley”, no se expresa en qué consistían esas defensas, para que este tribunal pueda determinar si su exclusión fué o no errónea. Pudieron ofrecerse otras defensas completamente impertinentes y en ese caso ningún error de derecho se cometió al rechazarlas.

Por lo expuesto, debe declararse sin lugar él recurso de revisión.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    José González Lueso, recurrente y apelante, v. Corte Municipal de Ciales, Hon. Luis Martorell, Juez, recurrido y apelado; y Epifanio Rodríguez Santiago, Interventor, demandante en el pleito principal.
    Núm. 7425.

    Sometido: Marzo 10, 1938.

      Resuelto: Diciembre 22, 1938.

      V. Polanco de Jesús, abogado del apelante; Angel Rivera Colón, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la_ opinión del tribunal.

Epifanio Rodríguez constituyó hipoteca voluntaria a favor de José González Lueso sobre su mitad indivisa en una finca que medía aproximadamente cuarenta cuerdas, para garan-tizar un préstamo de $1,256.72. El derecho de hogar seguro fué expresamente reservado y Rodríguez residía en dicha finca al momento en que se otorgó el contrato. El acreedor ejecutó la hipoteca y después de serle adjudicado el interés del deudor, éste radicó demanda en la corte municipal corres-pondiente en reclamación de su derecho de hogar seguro. Rodríguez nunca había abandonado la posesión de la finca. El acreedor tuvo la opción de pagarle $500 a Rodríguez o de separar y traspasarle el título a la casa con terrenos sufi-cientes 'hasta cubrir dicha suma. No cumplió con ninguna de dichas alternativas y el deudor demandante trató de ejecu-tar su sentencia.

Después de la ejecución de la hipoteca pero antes de radi-carse el pleito de hogar seguro, el acreedor y los otros comu-neros privadamente convinieron en dividir la comunidad de bienes y el interés envuelto en el presente litigio se fijó en quince cuerdas y una casa. La corte municipal ordenó la ejecución de la sentencia contra dichas quince cuerdas y Gon-zález Lueso recurrió ante la Corte de Distrito de Arecibo por certiorari para revisar dicha orden. El presente recurso de apelación ha sido interpuesto contra las decisiones de la corte de distrito rehusando expedir el auto de certiorari y negándose a reconsiderar su negativa.

Aunque se señalaron cinco errores, solamente dos verdaderas cuestiones necesitan ser consideradas. La primera de éstas se refiere a la posibilidad de establecer y reclamar un derecho de hogar seguro en el interés pro indiviso que pueda tener una persona sobre una propiedad inmueble. En el caso de López Rudón v. López, 48 D.P.R. 324, resolvimos que la viuda del dueño de una participación indivisa en bienes de una comunidad podía defenderse con éxito de un desahucio entablado por el acreedor de su esposo basándose en la defensa de que ella había sucedido a-1 derecho de hogar seguro que su esposo tenía establecido en dicha propiedad. No vemos razón alguna para variar dicho criterio.

El otro punto envuelto es si el procedimiento seguido por la corte municipal estuvo correcto. Asumiremos, ya que no se levanta cuestión alguna de hecho, que el apelado reside en la porción de terreno adjudicádale al apelante cuando este último dividió o trató de dividir la comunidad de bienes con .los demás.

El derecho de hogar seguro ha sido diversamente carac-terizado como un gravamen sobre la propiedad, un título {estate), un cuasi título (guasi-estate) y cómo un derecho al uso y ocupación de un hogar. Lá determinación de su ver-dadera naturaleza es cuestión evasiva pero se lia establecido definitivamente un principio fundamental al efecto de que la legislación que establece el derecho de hog'ar seguro tiene por miras la protección y conservación de bogares ya exis-tentes al tiempo' de efectuarse la venta forzosa o ejecución de la sentencia y no la creación de bogares para las clases menesterosas. Su objetivo principal es proteger más que remediar.

Hay varios casos de esta corte en que se ba discutido la naturaleza del derecho de bogar seguro. La Sección 1 de la Ley de Hogar Seguro de marzo 12, 1903, que es la ley aplicable al presente caso (Estatutos Revisados de 1911, Sec-ción 1000) dispone:

“Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios con-tenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estuviere ocu-pado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho o título sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y excepción hecha también de lo que más adelante se establece; Disponiéndose, que en caso de arrendamiento u otro contrato análogo nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de que se prohiba al dueño o propietario de dicha estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, entrar de nuevo en posesión de dicha propiedad de acuerdo con lo estipu-lado en dicho contrato de arrendamiento o convenio, al faltarse al cumplimiento de las condiciones del mismo.”

Aunque pueden aducirse muchos argumentos en favor de cualquiera de las teorías arriba expuestas en cuanto a la naturaleza del derecho de hogar seguro, por lo menos en esta jurisdicción parece haberse establecido claramente que dicho derecho ha sido clasificado no indefinidamente como un “estate” sino como un “estate” en la propiedad. En el caso de Federal Land Bank v. Corte Municipal, 47 D.P.R. 942, el Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, dijo:

“El propósito de la legislación relacionada eon el homestead se realiza haciendo efectiva la exención e imponiendo limitaciones sobre el jus disponendi por venta o testamento. A este respecto dice Waples:
“ ‘Es la propiedad, no un privilegio relacionado con ella — o un derecho no disponible o un ouasi-estate que no envuelva derecho de propiedad no transferable — lo que se declara exento de ejecución. Es la propiedad que, en ausencia de exención, podría ser ejecutada. Los derechos y privilegios personales no disponibles no son respon-sables de ejecución bajo ninguna circunstancia. Pueden perderse por ejecución de aquello en que descansan si no se hace reserva alguna; y, bajo algunas circunstancias, han sido reservados en ventas de homestead. Son beneficios inseparablemente conectados con el homestead, pero que no lo constituyen.’
“No transmite el homestead propiedad o título alguno ni su constitución tiene el efecto de cambiar el status del dueño en cuanto a la propiedad. La ley se limita a conceder al jefe de familia el derecho de continuar en el goce y disfrute de su hogar y a decirles a los acreedores que no pueden poner sus manos en él. Esto, a nues-tro juicio, es bastante. El derecho del jefe de familia a continuar poseyendo lo que es suyo, pero que dejaría de serlo a no ser por la protección concedida por la ley, recae directamente sobre la cosa y está de tal suerte unido a ella que el homestead no tendría existencia si se separase del título de la propiedad. . . .
“. . . En el caso de Browing v. Harris, 99 Ill. 460, la Corte Su-prema de Illinois, interpretando la ley de 1873, que, dicho sea de paso, ha sufrido algunas enmiendas, se expresa así:
“ ‘Puesto que el derecho de homestead ha sido, por la ley en-mendatoria de 1873, convertido en un estate, hay que concluir que, como ocurre con todos los demás estates, no puede tener exis-tencia separada, independientemente del título que constituye uno de sus elementos esenciales. Cada dueño de un homestead, bajo la presente ley, tiene un estate en la propiedad, ya sea en fee (domi-nio) de por vida o por años (for life or years) hasta cubrir una cantidad de $1,000. Cuando el jefe de familia, teniendo el dominio de la propiedad, muere, y el derecho pasa al cónyuge sobreviviente, marido o mujer, por operación de la ley, se crea un usufructo du-rante su vida {life estate) para el propósito de tal estate of homestead, y los herederos recuperarán el dominio solamente cuando ter-mine este usufructo. De igual manera, cuando el hogar seguro pasa a los hijos de la familia, se crea un usufructo por años {estate for years) por operación de la ley, para los propósitos de tal estate of homestead en los hijos.’
"Las disposiciones de la ley de Illinois y la de Puerto Pico en este respecto son iguales, con la diferencia de que allí se le llama estate for Ufe al derecho que adquire el viudo o viuda cuando pasa a disfrutar del derecho de homestead y aquí le llamaríamos usufructo vidual. Lo mismo ocurre con los menores. Allí se le llama estate for years y aquí podría llamarse usufructo temporal, puesto que dura hasta que los hijos adquieren la mayoridad.
"En el caso de Fritts v. Fritts, 131 N. E. 584, resuelto por la Corte Suprema de Illinois, dice dicho tribunal, interpretando la misma ley:
"‘Es una regla en este estado que el homestead es algo más que un derecho de ocupación, exento de embargo y venta por deu-das. Cuando el terreno ocupado como homestead no excede en valor de $1,000, no puede constituirse ningún gravamen en tal terreno ni llevarse a cabo ninguna venta válida durante la existencia del homestead estate, aunque se procure vender tal propiedad sujeta al derecho de homestead. El terreno comprendido en el mismo no puede ser vendido para pagar las deudas del dueño de la tierra durante la vida de su viuda y la minoridad de sus hijos.’
"Las disposiciones que menciona y comenta el tribunal de Illinois aparecen en el artículo cuarto de nuestra ley de homestead, que figura hoy con el número 544 en nuestro Código Civil, edición 1930. Según este artículo, no se hará venta alguna, por virtud de sentencia o ejecución, de ninguna estancia, plantación o predio de terreno y de los edificios que contengan, cuando la misma sea re-clamada u ocupada como hogar seguro, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de $500. Nuestra ley, como la de Illinois, prohibe en absoluto la venta de la propiedad cuando la misma no tiene un valor mayor de $500 ó cuando no pueda obtenerse una suma en exceso de esta cantidad.”

Somos dfe opinión que bajo la teoría del caso de Federal Land Bank v. Corte Municipal, supra, el deudor a quien se le trata de ejecutar la propiedad sujeta al derecho de hogar seguro para el pago de sus deudas, tiene el derecho afirmativo de recibir $500 ó de que se le separe un pedazo de terreno de dicho valor, siempre asumiendo para la última alternativa que su propiedad valga más de $500. De todos modos, el acreedor tiene derecho a devolver al deudor su finca original en completo pago de la reclamación de hogar seguro valga ésta o no $500. El deudor tiene derecho a uno de los siguientes remedios:

1. Si la finca vale menos de $500 tiene derecho a conser-var la misma o recibir la suma de $500 de manos del acreedor.

2. Si la finca vale más de $500 tiene derecho a—

(a) Recibir $500 ó

(b) Que se le asigne un pedazo de la finca original por

dicho valor.

Es la propiedad la que está exenta de venta y no el derecho de hogar seguro. Desde luego, tan pronto como la propiedad pierde su carácter como hogar seguro, queda sujeta inmediatamente al pago de las deudas de su dueño.

La sentencia y resolución apeladas deben ser confirmadas.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Almedo Méndez (a) Cocuyo, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 7117 y 7118.

    Sometidos: Noviembre 8, 1938.

      Resueltos: Diciembre 22, 1938.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Almedo Méndez (a) Cocuyo, fué sometido a juicio a vir-tud de una acusación en que se le imputaba el delito de aten-tado a la vida. El jurado le declaró culpable de acometi-miento y agresión grave y de la sentencia así dictada se inter-puso el presente recurso de apelación.

Según se alegó en la acusación los hechos imputados fueron:

“. . . Porque el referido acusado, Almedo Méndez (a) Cocuyo, allá en o por el día 7 de noviembre de 1935 y en la ciudad de Yauco, . . . voluntaria e ilegalmente, con malicia, premeditación y delibe-ración y con la intención de causarle muerte ilegal, atacó con un revólver, arma mortífera, al ser humano Angel Fraticelli, haciéndole va'rios disparos con dicha arma e hiriéndolo en distintas partes del cuerpo. . . .”

El apelante señala cuatro errores. El primero de éstos ataca el haberse admitido dos declaraciones juradas por el juez de la corte inferior. De la transcripción de evidencia, que es nuestra fuente de información auténtica, se desprende que el primer testigo de cargo, Bautista Gralarza, luego de declarar que había visto al acusado disparar contra Fraticelli en la noche en cuestión, mostró marcada ten-dencia a contradecirse haciendo las siguientes manifestacio-nes:

“Fiscal: ¿Usted vió o no vió el arma?
“R. — El revólver yo no lo vi.
“P. — ¿Entre este acusado y Fraticelli ocurrió algo allí en esos momentos, alguna discusión, alguna pelea, o no bubo nada?
“R. — De eso yo no . . .; eso yo no lo vi, allí había un millón de borrachos.
“P. No, hombre, si ocurrió algo entre ellos cuando los dispa-ros. . . .
“R. — To no sé. Yó solamente oí los disparos ésos. Es más, a nosotros nos llevaron a la Corte y el Jefe de la Policía nos amenazó a todos los testigos a declarar allí.”

El fiscal entonces sentó las bases para impugnar su pro-pio testigo preguntándole si no había declarado lo contrario ante el juez municipal. Luego del testigo haber- identificado su propia declaración jurada, que le fue mostrada, el fiscal la presentó como prueba para impugnar su credibilidad.

Un incidente más o menos similar ocurrió durante el exa-men de otro testigo de cargo llamado José Arocho. En ambas ocasiones la declaración preliminar fue ofrecida y admitida tan sólo con el fin de impugnar al testigo. El ape-lante sostiene que la corte admitió los documentos como prueba positiva de cargo. Esta aseveración no está soste-nida por la prueba. Por el contrario, de los autos y de las instrucciones se desprende que el juez las admitió expresa-mente tan sólo para la impugnación del testigo. No hallamos que se cometiera error.

En sus instrucciones al jurado el juez hizo un resumen sucinto de lo que cada testigo había dicho. En el segundo señalamiento el apelante sostiene que la corte relató equivocadamente la declaración de Bautista G-alarza o sea, el primer testigo de cargo, y que al así hacerlo perjudicó el caso del acusado. En adición al hecho de que este testigo se contradijo abiertamente y de que el tribunal instruyó al jurado que su testimonio debía ponerse en duda, la relación équivocada, a nuestro juicio, carecía de importancia, y fué puramente técnica. El juez dejó de incluir en su resumen la primera parte de la declaración del testigo, que había sido-así:

“Fiscal: Contésteme la pregunta: ¿Quién hizo allí disparos de-revólver ?
“Testigo: Yo sentí dos o tres disparos de revólver.
“Fiscal: ¿Pero quién hizo esos disparos? Esa es la pregunta mía.
“Allí los comentarios de la gente decían . . .
“Juez: Los comentarios no, lo que usted vió. Si usted no vió, pues no vió.
“Allí estaba parado Almedo Méndez.
“Fiscal: ¿Quién hizo los disparos de revólver allí? Es mi pre-gunta.
“¿Usted no oyó la pregunta mía?
“Pues allí estábamos. ...
“La pregunta mía es quién hizo disparos de revólver, señor, quién disparó allí un arma, si alguien disparó.
“Pues el señor Almedo Méndez.
“¿El acusado?
“Sí, señor.”

De lo que antecede puede verse que el testigo no había contestado la pregunta del fiscal. Su primera respuesta positiva fué aquélla a que la corte se refirió en sus instruc-ciones. No vemos que se cometiera error.

En el siguiente señalamiento se sostiene que el acusado no tuvo un juicio imparcial. La base para esta conclusión es que al impugnarse la declaración de Galarza por el fiscal, la corte, a moción de éste, y luego de haberse retirado el jurado, ordenó se arrestara al testigo por el delito de perjurio en corte abierta, de conformidad con la ley de marzo 9, 1911 (pág. 136). La corte continuó diciendo que castigaría a cualquier testigo que cometiera perjurio en su presencia y condenó en términos generales la práctica de pres-tar falso testimonio. '

La objeción exacta es qne el resto de los testigos habían sido llevados a nna habitación contigua cnya pared tan sólo-tenía de 8 a 10 pies de alto, al momento en qne la corte hizo-las anteriores manifestaciones, y qne algunos de ellos se rati-ficaron en sns declaraciones originales por temor a ser cas-tigados. El acusado trató de establecer el hecho de qne las-declaraciones prestadas ante el juez municipal habían sido-obtenidas mediante coacción y no habían sido voluntarias* Las declaraciones de los testigos utilizados para este fin son tan flojas que no podemos ver cómo un jurado pudo haber-les dado crédito. G-alarza dijo que el jefe de la poficia les amenazó a todos y les dijo que “aquí tienen que declarar la-verdad de cualquier manera, si no, los vamos a meter a la cárcel porque ustedes son unos bandidos.” Otro dijo que el jefe estaba con mucho coraje y tenía un fuete en la mano, y que por temor declaró en la forma en que lo hizo. Otro testigo manifestó que el jefe les dijo que declararan la ver-dad, e incidentalmente informó a la corte que el acusado y el jefe estaban de malas. Caía dentro de las atribuciones del jurado creer o no a cualquier grupo de testigos. No puede-criticarse a la corte por las observaciones que hizo respecto-ai delito de perjurio, aún asumiendo que los testigos la oye-ran. No podemos ver que se cometiera error alguno.

El último error señalado alega que el veredicto es con-trario a la prueba y a derecho. Hemos leído la transcripcióny hallamos que este error carece de mérito. Es innecesario-discutir el señalamiento en su totalidad.

El apelante también fué acusado y convicto del delito de-portar armas prohibidas. En apelación no se ha radicado un alegato separado, por lo que estamos obligados a decidir el caso conjuntamente con el más grave que ya hemos con-siderado, especialmente por haberse sometido el presente pol-la misma prueba.

Ambas sentencias deben ser confirmadas.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Cancel, acusado y apelante.
    Núm. 7290.

    Sometido: Diciembre 14, 1938.

      Resuelto: Diciembre 22, 1938.

      E. Martínez Avilés, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Areeibo encontró al acusado Carlos Cancel culpable de infringir el artículo 137 del Código Penal y le condenó a pagar $15 de multa o en su defecto a ■sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satis-facer.

La denuncia se radicó originalmente en la corte municipal del distrito judicial municipal de dieba ciudad y lee así:

“. . . el referido acusado Carlos Cancel, entonces y allí, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, resistió, demoró y estorbó al .aquí denunciante, quien es y era para la fecha arriba indicada un funcionario público que cumplía deberes del cargo de Inspector Insular de Pesas y Medidas, a sabiendas el aquí acusado que a quien resistía, demoraba y estorbaba era un funcionario público que ac-tuaba en su carácter de tal Inspector y en ocasión de proceder a contrastar una bomba de gasolina del Sr. Pascasio Cancel (hermano del aquí acusado) me demoró, resistió y estorbó, interrumpiéndome ■en tai labor con ademanes provocativos y frases despectivas y desa-fiantes al tenor siguiente: ‘Parejero, usted no me quita de ahí; el único que puede hacerlo es el mecánico de San Juan’, frases dichas,, repito, en tono violento y caminando a sn vez hacia la bomba con eL propósito manifiesto de no dejar que en mi carácter de Inspector Insular de Pesas y Medidas, verificara la labor de contrastar la ‘bomba supia/ obligándome con su actitud a no poder realizar la indicada labor, en dicho día.”

No conforme el acusado apeló para ante este tribunal y alega por vía de excepción previa que la denuncia no imputa al acusado el delito prescrito en el artículo 137 del Código Penal (misdemeanor) y sí el prescrito en el artículo 84 del mismo cuerpo legal, que es un delito felony.

De acuerdo con la interpretación que este Tribunal Supremo ha dado a ambos artículos, “la diferencia entre esos-dos delitos es que en el castigado en el artículo 137 basta la sola resistencia, demora o estorbo a un funcionario público en el cumplimiento de alguna de las obligaciones de su cargO' o al tratar de cumplirla, mientras que esos mismos actos son penables como delito grave de acuerdo con el artículo 84 cuando se usa la amenaza o violencia para disuadir o impe-dir que un funcionario ejecutivo cumpla cualquiera obliga-ción impuéstale por la ley. Así ha sido resuelto por este tribunal. El Pueblo v. Ramos, 13 D.P.R. 336, y El Pueblo v. Lind, 40 D.P.R. 777.” El Pueblo v. Brunet, 48 D.P.R. 173, 175.

Examinada la denuncia a la luz del referido caso, no apa-rece alegada en ella la amenaza o violencia que castiga el artículo 84 del Código Penal, por lo que no erró la corte inferior al encontrar culpable al acusado del delito provisto en el artículo 137 del mismo código.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Línea Borinquen, Inc., demandante, apelante y apelada, v. Fajardo Development Co. y American Railroad Company of Porto Rico, demandadas, apeladas y apelante la última.
    Núm. 7271.

    Resuelto: Diciembre 23, 1938.

      Susoni & Defendini, abogados de la apelante y apelada; Mariano Acosta Velarde, abogado de la apelada y apelante; Jaime Sifre, Jr. y A. Ortiz Toro, abogados de la Fajardo Development Co.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACION

La apelante, American Railroad Company of Porto Rico, basa su moción de reconsideración en el hecho de que la Línea Borinquen, Inc., es una corporación de servicio público que opera a virtud de un “certificado de necesidad y convenien-cia” otorgádole por la Comisión de .Servicio Público; que una regia de dicha Comisión exige a todos los vehículos de motor que están sujetos a su jurisdicción que se detengan por completo a diez pies de distancia de todo paso a nivel antes de cruzar el mismo y que en su consecuencia la deman-dante está impedida de recobrar como cuestión de derecho, toda vez que la violación de la ameritada regia de la Comi-sión de Servicio Público constituye negligencia per se.

En apoyo de su razonamiento la apelante alega que una orden de la Comisión de Servicio Público tiene fuerza de ley; que tales órdenes deben cumplirse estrictamente. La ape-lante también alega qne los casos citados por este Tribunal ■en sn opinión—García v. American Railroad Co., 45 D.P.R. 762; López v. American Railroad Co., 50 D.P.R. 1 y Ruberté v. American Railroad Co., 52 D.P.R. 164—no son aplicables al presente, toda vez qne esos casos se refieren a accidentes ocurridos entre trenes ferroviarios y vebícnlos privados de motor que no caían bajo la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público y que por tanto no estaban sujetos a la regla que dispone que se detengan por completo antes de cruzar cualquier paso a nivel.

En sus conclusiones, la corte de distrito resolvió que la Línea Borinquen, Inc., no babía sido culpable de negligencia contribuyente. Al confirmar la sentencia de la corte de dis-trito resolvimos que babía suficiente prueba para sostener a la corte inferior. Por tanto, la única cuestión pendiente es si la infracción de la orden de la Comisión de Servicio Público constituye o no negligencia per se.

La regla general, conforme- dijimos en nuestra opinión anterior en este caso y en los casos de García, López y Ruberté v. American Railroad Company, supra, allí citados, es que el dejar de pararse, mirar y oír al cruzar los rieles de un ferro-carril no constituye negligencia per se, sino que es cuestión que debe resolverse de acuerdo con los becbos del caso. Véanse también Chesapeake & O. Ry. Co. v. Kennard’s Administrator, 300 S. W. 335, 222 Ky. 115; Stevens v. Ill. Central Railway Co., 6 La. A. 165.

La contención de la apelante al efecto de que la orden que requería a la apelada que se detuviera por completo antes de cruzar el paso a nivel constituye negligencia per se, no es correcta. Creemos que la regla es que la infracción de un estatuto u ordenanza, que no contribuye directamente a un accidente, no constituye negligencia contribuyente en forma tal que exonere a una persona que ba sido culpable de negligencia.

En Newcomb v. Boston Protective Department, 146 Mass. 596, 4 Am. St. Rep. 354, 16 N. E. 555, la parte demandada solicitó se transmitiera la siguiente instrucción:

“Si ese acto ilegal contribuyó a las supuestas lesiones, el deman-dante no ejercía el debido cuidado, y, en su consecuencia, no tiene derecho a instruir este recurso.”

La corte, al decidir la cuestión, resolvió lo siguiente:

“ . . .La instrucción solicitada en este caso hubiera sido apli-cable tan sólo al resolver el jurado que el acto ilegal del demandante contribuyó al accidente. El jurado puede así concluir; y somcs del criterio que, al llegarse a tal conclusión, independientemente de la cuestión de si, vista desde todos los ángulos, su actuación íuó negligente o no, la corte no podía propiamente permitirle que obtu-viera indemnización. En su consecuencia, la instrucción debió ha-berse dado.’ ”

En la anotación al caso anterior (12 A. L. R. 458) halla-mos lo siguiente:

“Sería quizá propicio hacer constar ahora, en lo que respecta a la conclusión de la corte al efecto de que no hubiera habido en absoluto derecho a indemnización, como cuestión de ley, si el acto ilegal del demandante contribuyó a las lesiones por él recibidas, que muchas de las cortes que han pasado sobre la cuestión que conside-ramos aparentemente han quedado convencidas al extremo de con-siderar el acto ilegal meramente como prueba de negligencia a ser considerada por el jurado en relación con los hechos en su totalidad, sin penetrar en la cuestión de si el acto ilegal debe tenerse o no como negligencia per se. Y, continuando, la corte de Massachusetts en el caso de Newcomb, al resolver que la corte inferior acertada-mente se negó a dar la instrucción solicitada al efecto de que 3 a parte demandante no podía obtener indemnización si al momento del accidente violaba la ordenanza y, en su consecuencia, realizaba un acto ilegal, dijo: ‘Esta solicitud pasa por alto la distinción existente entre la ilegalidad como causa y la ilegalidad como con-dición de la transacción en que se basa el demandante, o entre aque-llo que es un elemento esencial de su caso cuando todos los hechos se desprenden y aquello que no forma parte del mismo, sino que es solamente una circunstancia concurrente. La posición de un vehículo que ha sido chocado por otro puede haber sido o no una de las causas de la colisión. Desde luego, pudo no haber sido chocado dé no haber estado en el sitio donde fué golpeado. Mas esto equivale a la aserción de una condición esencial y no de una causa del im-pacto. La distinción está entre aquello que directa y próximamente produce o contribuye a producir un resultado como causa eficiente y aquello que es una condición necesaria o una circunstancia concu-rrente del mismo. Si la posición del vehículo del demandante era tal, en relación con las circunstancias ordinarias y concurrentes, que de ordinario produciría el accidente, ello indica que tal posición-contribuyó al daño. Más aún en dicho caso las causas externas-pueden haber sido tan exclusivas en su alcance y ser tan ajenas a> la posición del vehículo que ello equivalga a una mera condición y no haya intervenido en producir el resultado. Cuál es causa que contribuye a un accidente es de ordinario cuestión a resolver por el jurado, de conformidad con los hechos del caso específico; y así se ha resuelto en muchos casos como el que está ante nos.’ ”

En la misma nota también se dice: “que la mera simul-taneidad de la infracción de una ordenanza de tránsito y un accidente no hace de por sí que tal infracción sea una causa concurrente del daño”, y que “tampoco la violación de una ordenanza para reglamentar el tránsito de vehículos impide que se obtenga indemnización en la teoría de que el deman-dante está obligado a fundar su recurso en su propia viola-ción de la ley, caso en el cual tal violación sería necesaria-mente una causa próxima; al menos cuando el demandante puede presentar, y presenta, un buen caso, sin tener que refe-rirse a ninguna infracción de la ley por parte suya. . .

“Y aunque la infracción de un estatuto u ordenanza, al ser la causa próxima de un accidente, puede suscitarse como defensa, el estatuto u ordenanza infringidos deben haber sido aprobados en favor de la persona que trata de invocar su violación, a distinción del público en general o de una clase a que necesariamente se aplica la ordenanza. . .

“. . . se ha resuelto que la infracción de una ley para reglamentar la velocidad de vehículos no impide que se ob-tenga indemnización por las lesiones recibidas cuando la velo-cidad excesiva no es una causa que contribuye directamente al accidente. . .”

• Por tanto, cómo la actuación de la Línea Borinquen, Inc., en este caso no constituye negligencia per se, y como la corte de distrito resolvió que no hubo negligencia contribuyente por parte de dicha Línea Borinquen, la moción d,e reconsidera-ción debe ser declarada sin lugar.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.'


text:
    Juana Pérez, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7396.

    Sometido: Marzo 23, 1938.

      Resuelto: Diciembre 23, 1938.

      Miguel A: Bustelo, abogado de la apelante; Ilon. Procurador General B. Fernández García y Angel C. Calderón, Subprocurador, abogados del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La demandante en este caso es la madre de un niño de tres años que cayó y. se ahogó en un tanqne de inmersión per-teneciente al demandado. Además de una causa de acción por la muerte del menor, la madre adujo otra causa de acción para recobrar daños y perjuicios por los daños personales sufridos por ella mientras trataba de salvar a su hijo. El demandado excepeionó la demanda por dos fundamentos: (a) falta de jurisdicción sobre El Pueblo de Puerto Eico, y, (b) falta de hechos para determinar una causa de acción. La corte inferior declaró con lugar las excepciones y, de con-formidad con la moción de la demandante para que se dic-tara sentencia sobre las alegaciones, declaró sin lugar la demanda. Contra tal sentencia ha sido interpuesto el pre-sente recurso de apelación.

Aunque nos inclinamos a creer que el presente recurso, tal cual el mismo ha sido aducido, no cae dentro de las disposiciones del artículo 1803 del Código Civil (ed. 1930) que permite pleitos contra El Pueblo'de Puerto Eico por los daños cometidos por sus agentes especiales, preferimos decidir el caso en los méritos de las alegaciones mismas.

En substancia, se alega en la demanda que El Pueblo de Puerto Eico era dueño y controlaba un tanque de inmersión utilizado para la exterminación de ciertos parásitos que afec-tan al ganado; que el tanque “tenía y tiene una apariencia peculiar que atrae la curiosidad de las personas y principal-mente la de los niños” . . .; que el tanque estaba situado en propiedad de un tercero y fue construido por El Pueblo de Puerto Eico a través de un contratista independiente; que se halla enclavado a la vera del batey de la casa de la deman-dante; que el hijo de ésta, atraído por la apariencia peculiar del tanque, se acercó, cayó en dicho tanque de inmersión y se ahogó; que la muerte del menor se debió a la negligen-cia del demandado por tener construido el aludido tanque demasiado cerca de la casa de la demandante y por carecer el mismo de protección alguna y además por estar abierto al libre acceso de cualquier viandante, y principalmente de lo.s niños.

La otra causa de acción depende de la suficiencia de la que acabamos de mencionar y es innecesario discutirla.

De un examen detenido de las alegaciones que hemos resumido se desprende que la demandante descansaba en la teoría de peligro atrayente (attractive nuisance). El accidente ocurrió dentro de la propiedad de un tercero, donde bajo cualquiera otra teoría, el niño no tenía derecho a estar. A nuestro juicio, la demanda deja de alegar hechos suficientes para aducir una causa de acción contra el demandado por mantener un peligro atrayente. No se hace una descripción satisfactoria de lo que constituía la atracción para el niño en cuestión ni existe alegación alguna de que el demandado sabía, o en el ejercicio de cuidado ordinario debió haber sabido, que los niños serían atraídos al tanque de inmersión. En otras palabras, la demandante dejó de alegar hechos de los cuales debió haber surgido el deber del demandado de protegerse contra los niños. La alegación de que la casa de la demandante estaba junto al sitio en que se construyó el tanque es insuficiente. Palta también la alegación que tan frecuentemente se hace de que era probable que los niños se congregarían o jugarían en los alrededores del lugar donde ocurrió el accidente. La mera posibilidad de que un niño pueda ser atraído y lesionado carece de importancia. Debe existir la probabilidad de que el niño sea atraído y lesionado, pues en este último caso la presencia del niño debe ser anticipada por el demandado. Véanse 50 Harvard Law Review 737; Restatement of the Law of Torts, pág. 920; y el análisis de la cuestión hecho por el Juez Córdova D'ávila en el caso de Ramos v. Sucn. Serrallés, 51 D.P.R. 343.

Bajo las circunstancias debemos confirmar la sentencia de la corte inferior.

El Juez Asociado Sr. Hutchison concurrió.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.


text:
    Tomás Burgos, demandante y apelante, v. Rafael Hernández González, como único heredero de doña Mercedes A. González Garriga, representado por su padre con patria potestad Rafael Hernández Usera, demandado y apelado.
    Núm. 7546.

    Sometido: Mayo 10, 1938.

    Resuelto: Diciembre 23, 1938.

      C. Domínguez Rubio, abogado del apelante; T. Bernardini de la Huerta, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Este caso fué resuelto a base de una excepción previa y en su consecuencia los hechos alegados en la demanda pue-den ser aceptados como ciertos. De ella se desprende que por escritura notarial de fecha 29 de octubre de 1926, Mercedes A. González Garriga, como resultado de la liquidación •de una herencia, reconoció adeudar la suma de $10,000 a Emilia Meléndez, esposa del demandante. Sin embargo, dicha cantidad fué retenida por Mercedes A. González en concepto de préstamo que vencería el 29 de octubre de 1930 y desde luego pertenecía a Emilia Meléndez. En 1930 se redujo el préstamo a $8,000 y por esta suma fué prorrogado por un período adicional de dos años. Antes de vencer esta prórroga, la acreedora Emilia Meléndez falleció bajo testa-mento y designó a su esposo Tomás Burgos único y universal heredero respecto a todos los bienes de que ella podía disponer libremente y sin perjuicio de los derechos de otras personas. Al momento de su muerte no se había convenido una nueva prórroga para el crédito de $8,000 ya mencionado, Posteriormente la deudora Mercedes González también falle-ció sin haber pagado parte alguna de la suma antes men-cionada ni los intereses convenidos para los meses de octu-bre y noviembre, 1932, ni los que vencieron posteriormente.

Fundándose en estos hechos Tomás Burgos, como heredero de la acreedora original, instó demanda en febrero 6 de 1936 contra Rafael Hernández González como único heredero e hijo de Mercedes A. González, representado por su tutor, que fué más tarde sustituido por su padre en el ejercicio de la patria potestad. En adición a los hechos antes expuestos se alegó que la finada esposa del demandante había sido sobre-vivida por su madre y por consiguiente que de acuerdo con la ley el demandante tenía derecho a la mitad de los $8,000, o sea a $4,000, pero dicha madre no se hizo figurar como parte en el litigio. Además de los $4,000 más los intereses alega-dos el demandante adujo una segunda causa de acción por la suma de $500 como daños y perjuicios por la demora en el pago de la deuda.

El demandado radicó una excepción previa por defecto de partes demandante o demandada y por falta de hechos para determinar una causa de acción. La corte inferior declaró con lugar ambas excepciones y como el demandante no en-mendó dentro del período estatutario, dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda con costas al demandante.

En apelación se señalan dos errores. El primero de ellos ataca la teoría de la corte sentenciadora al efecto de que no se adujo causa de acción alguna toda vez que no había habido partición ni adjudicación de la herencia. La corte resolvió que la partición debe preceder al derecho de un heredero a recobrar físicamente cualquier parte específica de la heren-cia aunque no para obtener la determinación judicial de su participación en la misma. El otro señalamiento ataca la necesidad de unir al coheredero bien como demandante o demandado, toda vez que el asunto en controversia es dinero.

El apelante niega que hubiera necesidad de efectuar una partición antes de poderse obtener sentencia en un caso como el presente, principalmente debido a que apenas parece ser necesario que los coherederos convengan en qué cantidad de dinero ha de recibir cada uno. El apelante alega en su alegato que todo dólar es similar. Hemos leído los comentarios de Manresa, Scarvola, Guijarro y Martínez Ruiz y otros sobre la cuestión que está ante nos y aunque ninguno de ellos toca el punto exacto en disputa, sus criterios generales sobre la cuestión sostienen la decisión de la corte inferior.

Al discutir el artículo 1068 del Código Civil Español, que es idéntico al 1021 de nuestro Código Civil, Manresa dice:

“Así, por la herencia se transmite la universalidad de bienes y derechos del causante; pero se transmite él todo indeterminadamente a todos los herederos, y por lo mismo ninguno de éstos puede decirse propietario exclusivo de cosa alguna de la sucesión. Al realizarse la partición es cuando el derecho de cada heredero se inW'h-ializa y determina, y adjudicando cosas o derechos particulares a uno de ellos en pago o representación de su haber o de su cuota indivisa, se adquiere por el adjudicatario la propiedad exclusiva de esos de-rechos u objetos especiales, y se pierde toda participación en las cosas o derechos de la herencia adjudicados a los demás.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, vol. VII, págs. 788-78-9.
“Cuando existe partición, o cuando se trata de hacer constar un derecho extensivo sobre bienes determinados de una herencia, en-tonces aun sigue siendo ese testamento o esa declaración de herede-ros el título primordial o esencial que justifica la transmisión del causante o sus sucesores, el título que acredita el derecho de éstos para dividir entre ellos los bienes, o para recibirlos, ya separados y determinados, en partición hecha por un tercero competentemente autorizado al efecto. Pero ese título no basta: es preciso además que conste de algún modo, en una u otra forma, según el objeto que se persiga o los' derechos que quieran hacerse efectivos, la exis-tencia de la partición, porque sólo ella puede conferir, como dice el art. 1,068, a cada heredero la propiedad exclusiva de los bienes que le hayan sido especialmente adjudicados. Título este último tras-lativo o declarativo, la Dirección general de los Registros minea ha negado su necesidad, aunque siempre la haya atribuido una im-portancia secundaria con relación a la Ley o al testamento, que en todo caso deben mirarse como título principal.” Id., pág. 791.
“Como dijimos en las ideas generales, la partición de la heren-cia envuelve en realidad un acto de traslación de la propiedad. Ha existido la indivisión o comunidad de bienes, y con ella el derecho de cada partícipe sobre su porción o cuota abstracta para enaje-narla o hipotecarla y existe luego la división de la cosa común, que sustituye aquella porción abstracta con bienes o cosas concretas y determinadas. Al cedente o enajenante sustituye en todo o en parte el cesionario y tiene derecho a intervenir en la partición.” Id., pág. 794.

La Sentencia del Tribunal Supremo de España de 26 de enero de 1906 (103 J. C. 171) en uno de sus considerandos más importantes resuelve:

“Que es doctrina del Tribunal Supremo, consignada en varias sentencias y especialmente en la de 4 de abril de 1905, que si bien el heredero puede disponer, aun antes de que se practique la división de la parte ideal o indeterminada que haya de corresponderle en la herencia, mientras ésta no se liquida, y, por consecuencia de ello, no se hace la correspondiente adjudicación de lo que a aquél corres-ponda, carece de verdadero título de dominio, y por consiguiente, no puede enajenar ni gravar bienes concretos y determinados a cuya universalidad le da derecho el testamento.”

Esta doctrina ña sido observada y sostenida por varias decisiones de esta corte. Muñoz v. Registrador, 41 D.P.R. 677, Capó v. Fernández, 27 D.P.R. 715 y Sucesión de Jesús v. Pérez, 28 D.P.R. 319. En todos estos casos los bienes envueltos eran inmuebles.

La duda que hemos abrigado ha sido disipada por las .aserciones de Manresa y Sctevola al efecto de que la “partition” es un acto de transmisión de título y no meramente uno que declara o fija los límites de un título ya conferido. Antes de efectuarse tal operación los herederos no tienen título espe-cífico alguno sobre ninguna parte de la herencia en forma tal que puedan disponer de la misma libremente. Véase Sentencia del Tribunal Supremo de España de junio 11, 1897. (81 J.C. 1112).

Desde luego es innecesario, y ciertamente irrazonable, cuando la herencia se compone ínteg’ramente de dinero, exi-gir la partición previa si todos los herederos son incluidos como partes litigantes. En tal caso el pleito podría consi-derarse como sustituto de la partición judicial. Empero, existen varias razones para exigir que todos los herederos sean incluidos. En primer lugar, no debemos perder de vista el hecho de que según la ley y la jurisprudencia/ los here-deros reciben la herencia en común y pro indivisa. Para poner fin a esta comunidad hay que consultar o dar plena oportunidad a todos para intervenir. En segundo lugar, el heredero que trata de recobrar una porción monetaria espe-cífica de una herencia puede que no tenga derecho a esa por-ción debido a anticipos héchosle por el testador o predece-sor que están sujetos a colación. Además aunque se admite que el demandado en el presente caso adeuda $8,000, esta cantidad la debe en globo y no debe forzársele, quizá a su propio riesgo, a que determine si el demandante tiene legal-mente derecho a $4,000 de la misma. Es en verdad mucho más adecuado que todos los herederos se unan en la demanda a fin de que la reclamación contra el deudor pueda ser plena y finalmente resuelta. Un testador no está obligado a dividir su obligación original en tantas deudas como herederos haya de su acreedor. Tiene derecho a pagar de una vez y para siempre, bien a todos los herederos directamente o a sus representantes debidamente nombrados.

Es además obvio que la cosa a dividirse en este caso no es específicamente dinero sino un “chose in action” o una reclamación y por ende momentáneamente indivisible.

Hubo una moción para desestimar el recurso por frívolo y académico, debido a una transacción celebrada posterior-mente por el apelante y varias otras personas. No podemos considerar la escritura en este momento ni en la forma pre-sentada. Como la apelación no parece haber sido frívola, la moción debe ser declarada sin lugar.

Por los motivos anteriores, la s&ntencia de la corte inferior debe ser confirmada.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Petra Cruz de Aybar, acusada y apelante.
    Núm. 7244.

    Sometido: Noviembre 29, 1938.

      Resuelto: Diciembre 23, 1938.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, aboga-dos de la apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión envuelta en este caso es si la acusada estuvo expuesta dos veces por el mismo delito (double jeopardy). Los Lechos que dieron lugar a la controversia, y que han sido aceptados por ambas partes, fueron los siguientes:

“En septiembre 26 de 1936 a las nueve de la mañana ante la Corte Municipal de San Juan, abierta la sesión, se llamó el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Petra Cruz de Aybar y otros, para celebrar el juicio de dichos acusados correspondiente a la denuncia presentada contra ellos por una supuesta infracción de las secciones 3 y 4 de la Ley número 25 de 17 de julio de 1935. (Leyes de 1935, (2) pág. 153).
“Luego de llamarse el caso para la celebración del juicio; de comparecer personalmente dicha Petra Cruz de Aybar y demás acusados — debidamente representados por su abogado, Ledo. E. H. F. Dottin — y de anunciarse por la representación que dichos acu-sados estaban listos para entrar a juicio, se dió formalmente co-mienzo al mismo en la siguiente forma: Se leyó la acusación, hi-cieron los a.cusados alegación de ‘no culpables’ y juramentados los. testigos, se procedió entonces a oír y se oyó gran parte de la decla-ración del testigo de cargo Raimundo Santiago, presentándose en el curso de dicha declaración y admitiéndose por el juez toda la-evidencia documental y real. Terminó el examen directo del testigo,, y estando así celebrándose el juicio y mientras dicho testigo era repreguntado por la defensa se personó en sala el Ledo. Jesús Gon-zález e interrumpiendo el proceso de una manera informal y oral-mente solicitó de la corte la descontinuación del mismo por razón, de habérsele informado que el fiscal de distrito, Sr. Romany, inten-taba comparecer para intervenir en la causa y no lo había podido» hacer oportunamente por haber salido para el pueblo de Carolina, en una investigación. El tribunal inmediatamente, a pesar de la protesta y tenaz' oposición de los acusados, quienes solicitaban la continuación del juicio (que estaba en toda su plenitud y a cuyos-resultados estaban expuestos) e invocaban, a la vez, su derecho a un. juicio rápido, descontinuó el mismo y lo señaló para el día 13 de-octubre de 1936 a las nueve de la mañana.
“En dicho día comparecieron los acusados, procediéndose a leér-seles de nuevo la acusación, comenzándose el juicio por segunda vez.. Al leérseles la acusación y requerir la Corte a los acusados para, que hicieran alegación contra la misma éstos hicieron, por escrito, la alegación técnicamente necesaria que envuelve la defensa de-‘former jeopardy’ y a la vez negaron la acusación. El tribunal desestimó la alegación de ‘former jeopardy’ y, con la oposición de los acusados, volvió de nuevo (esta vez estando presente el fiscal Sr. Romany) a comenzarse la introducción de y se introdujo la evidencia, de cargo. Declaró, por segunda vez, lo que, en el juicio anterior,, había declarado, el testigo Raimundo Santiago. Se presentó y ad-mitió nuevamente toda la prueba documental y real, que se pre-sentara y admitiera el día 26 de septiembre, terminando El Pueblo-en esta ocasión el juicio y absolviendo la corte a todos los acusados, a excepción de Potra Cruz de Aybar.’’

En apelación para ante la corte de distrito se reprodujo» la alegación de haber sido expuesta anteriormente por el! mismo delito y una vez más la corte la rechazó. La acu-.sada fue juzgada y convicta. La certeza de la anterior reso-lución sirve de base al único señalamiento de error señalado en apelación, y el fiscal de este tribunal se allana a que se revoque la sentencia.

De conformidad con los hechos anteriormente expuestos tenemos que resolver que la acusada fue indebidamente ex-puesta dos veces por el mismo delito y que en su consecuen-cia debe ser exonerada del pago de la multa de $200 impués-tale. Entre las autoridades que sostienen este criterio pue-den hallarse los casos de McCarthy v. Zerbst, 85 F. (2d) 640; Rosser v. Commonwealth, 167 S. E. 257; Pueblo v. Benítez, 19 D.P.R. 246.

Bebe revocarse la sentencia y absolverse a la acusada.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De •Jesús no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arturo del Valle Milán, acusado y apelante.
    Núm. 7269.

    Sometido: Diciembre 15, 1938.

      Resuelto: Enero 10, 1939.

      Leopoldo Tormos García, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Arturo del Valle Milán fué convicto de un delito de .alteración de la paz y sentenciado por la Corte de Distrito de Gruayama a pagar una multa de $15 y las costas, o en su de-fecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar de multa que' dejare de pagar.

En el recurso de apelación que interpuso para ante este-tribunal, imputa a la corte inferior la comisión de los siguien-tes errores:

“1. La Corte cometió error grave y perjudicial para el acusado en la apreciación y peso de la prueba presentada por el Pueblo.
“2. La Corte cometió error al declarar que existía conflicto entre la prueba presentada por el Fiscal y por el acusado, cuando en reali-dad tal conflicto o contradicción no existe y por el contrario la prueba del acusado sólo tendió a aclarar hechos declarados por los testigos, del Pueblo.
“3. La Corte cometió error grave y perjudicial para el acusado-ai admitir que los testigos del Pueblo declararon sobre hechos que podían cosstituir una forma distinta del delito de alterar la paz pú-blica y que no estaban alegados en la denuncia.
“4. La sentencia en este caso es contraria a las pruebas y a la ley.”

Los señalamientos de error 1, 2 y 4 se contraen a la apreciación de la prueba. Los discutiremos conjuntamente.

De la prueba resulta que el día de autos el apelante, que entonces era inspector de sanidad, ocupó cierta leche que se vendía clandestinamente en la ciudad de Gruayama. Juró las correspondientes denuncias y puso la leche a disposición del juez municipal. Después de radicadas las denuncias fue el acusado donde el juez municipal para que le permitiese agregar en las denuncias el nombre de un testigo de cargo y la entrevista que tuvo con dicho funcionario fué muy cordial, a la vez que respetuosa por parte del acusado para con el juez. Previa autorización de éste el acusado agregó a las denuncias el nombre del testigo que había omitido y se retiró. Poco tiempo después una persona interesada en la leche ocupada por el acusado solicitó del juez que se la devolviese, no accediendo éste, porque según él, los reglamentos de Sanidad prescriben que la leche así ocupada debe ser destruida. Le informaron entonces que la Sanidad aseguraba que el devolver la leche era discrecional en el juez. Esto lo inco-modó, y, dirigiéndose a un grupo en el cual se hallaba el acusado, preguntó quién había dicho que él podía devolver la leche, y como nadie le contestara, preguntó directamente al acusado si era él quien lo había dicho. El acusado con-testó negativamente, y entonces el juez, en presencia del grupo, se expresó en los siguientes términos:

. . yo no permito a ningún inspector de Sanidad ni ninguna persona que interfiera en mis funciones de Juez Municipal, mientras yo sea el Juez Municipal de esta Corte, todas las ejecutorias que baya aquí que ordenarse y hacerse cumplir, las haré como Juez Municipal porque yo no voy a permitir como Juez Municipal que un inspector de Sanidad me enseñe a mí lo que aprendí en la Universidad de Puerto Rico ...” (Récord, pág. 17.)

Estas manifestaciones del juez violentaron al acusado, lo hicieron enrojecer, según él, pero no tuvieron resultado al-guno, retirándose el juez a su oficina. Tres o cuatro minu-tos después volvió el juez a la oficina del Secretario y pidió los autos de los casos en cuestión, con el fin de ordenar la destrucción de la leche. En esos momentos el secretario le informó que el acusado había manifestado en presencia de unas muchachas que allí se hallaban que si el juez se atre-vía a devolver la leche le formularía cargos ante el Procu-rador General. Al oír esto el juez salió a la calle sin cha-queta, y al ver al acusado parado junto a una motocicleta, como a veinte pasos de la corte, lo llamó, y al llegar éste a la oficina del secretario, en presencia de este último, del márshal y de unas niñas, se desarrolló la escena que el juez describe así:

“. . . llegó el Sr. del Valle, le dije, ‘Ud. oyó, me oyó resolver este caso en sentido adverso a la petición de estos señores, después de haberse resuelto definitivamente esto, Ud. dijo aquí que si yo devol-vía la leche me formularía cargos, ¿ para qué Ud. hace eso ? ’, entonces él en forma violenta se retiró atrás, ‘lo digo y lo sostengo, no me venga abriendo la boca, aquí Ud. está acostumbrado a abrile la boca a todo el mundo en Guayama, pero a mí no me la abre, porque no soy de Guayama.’ Dije, ‘hágame el favor de salir de aquí, Ud. es ■un atrevido’; dijo, ‘no salgo nada, estoy radicando unas denuncias;’ dije, ‘Ud. la radicó ya hace tiempo’, dice él, ‘no me voy, sáqueme si puede.’ Caminó dos pasos atrás, llevó la mano violentamente hacia el sitio donde llevaba el revólver y a medias sacó un revólver, todo ello gesticulando, violentamente dijo: ‘Usted lo que pasa es que es .un chango, voy a partirle la cara.’ Le dije, ‘hágame el favor de salir de aquí, aquí yo soy el Juez.’ Dijo, él, ‘sálgase a la calle, que le voy a partir la cara’; digo, ‘llámenme un policía.’ Yo estaba desarmado, pero adentro está detrás de mí el Márshal de la Corte, que cuando vió el gesto de él sacando el revólver, cuando el Márshal vió que llevó la mano a la baqueta, el Márshal llevó su mano también a su baqueta, entonces dijo él: ‘No saque ese revólver.’ El Márshal dijo, ‘no lo voy a sacar, pero guarde el suyo porque Ud. está en la corte.’ Metió el revólver en el bolsillo, el Márshal no tuvo que sacar el de él, y le dijo: ‘¡Se va a ir o se va a quedar?’
“Mientras le decía yo, ‘hágame el favor, váyase de aquí, ¿se va a quedar en la corte?,’ empezó a caminar de espaldas, dándome el frente, diciendo, ‘Ud. es un chango, le voy a partir la cara, échese para la calle que le voy a partir la cara.’ En eso llegó el policía Colón en la puerta, se paró, digo: ‘Sáqueme este hombre de aquí’; y nuevamente eaminó hasta salir, en la puerta diciendo, ‘Véngase afuera, aquí estamos de igual a igual, no estamos en la corte’, y ‘poli-cía, sáqueme ese hombre de aquí.’ Dijo: ‘Móntese en ese carro y vámonos a la carretera,’ todo en forma violenta, alta voz, se habían aglomerado en la calle como alrededor de 18 ó 20 personas. Digo: * Ahora mismo voy a radicar una denuncia contra Ud. y lo voy a mandar a arrestar inmediatamente.’ Sacó carrera, no fué carrera, no corrió, caminó ligero hacia la esquina y se fué.”

No abrigamos la menor duda de que el carácter impul-sivo del juez fué lo que provocó el incidente desagradable. El becbo de que el acusado no opinase como él sobre su facultad para devolver la lecbe no era motivo para que se violentase y le dijese lo que transcribimos antes. El propio juez declaró que al bacer tales manifestaciones “el acusado se puso violento en su gesto, la faz, se puso nervioso. . .”, etc. Pero esta provocación por parte del juez no exime de responsabilidad al acusado. No se trata de una alteración de la paz por riña, en que por ser de aplicación la doctrina de defensa propia, no incurre en delito aquél que al ser ata-cado por otro no usa más fuerza de la necesaria para repe-ler la agresión, aunque con motivo de la riña se altere la paz pública. Pueblo v. Torres, 18 D.P.R. 933, y Pueblo v. Franquis, 24 D.P.R. 615.

Cuando se trata de una alteración de la paz por medio de provocaciones, improperios, desafíos, etc., la persona a quien éstos van dirigidos no tiene derecho a contestar con otros insultos o improperios; todo lo que puede hacer es denun-ciar el caso ante los tribunales y no incurrir él en la misma falta. A este efecto dice Corpus Juris:

“No constituye una buena defensa que las palabras insultantes que tendieron a alterar la paz sean ciertas; que la esposa del acusado falsamente le informase que el denunciante la había insultado; que el denunciante hubiese dado motivo al lenguaje grosero del aerado por haberlo él provocado antes; o que el denunciante haya incurrido en el mismo delito que el acusado1.” 9 C. J. 389, y casos citados.

De manera, pues, que la conducta anterior del juez no jus-tificó al acusado para alterar la paz de aquél, del Secretario y de las niñas aludidas. Asumiendo que el juez también hubiese alterado la paz, el derecho del apelante era denun-ciarlo.

Consideremos ahora el tercer señalamiento de error. Dice así:

“La Corte cometió error grave y perjudicial para el acusado al admitir que los testigos del Pueblo declararan sobre hechos que po-dían constitiuir una forma distinta del delito de alterar la paz pú-blica y que no estaban alegados en la denuncia. ’ ’

Una de las modalidades del delito de alterar la paz, según lo define el artículo 368 del Código Penal, la constituyen los “desafíos o provocaciones.” En este caso el acusado no solamente usó un lenguaje ofensivo al juez, si que también lo desafió a pelear, lo invitó que bajase a la calle, y hasta hizo ademán de sacar un revólver. La prueba sobre el desafío y amenazas era claramente admisible, pues no sólo se alegó en la denuncia, no pudiendo por consiguiente alegar sorpresa el acusado, si que también la jurisprudencia declara que las distintas modalidades expresadas en el estatuto constituyen un solo delito — el de alterar la paz. 9 O. J. 389, y casos citados. 1

No cometió el juez inferior error alguno al admitir la prueba de las alegadas provocaciones y desafíos, y al basar su sentencia en esta modalidad del delito no lesionó ningún derecho del acusado.

Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia apelada*

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Benito Corsino, acusado y apelante.
    Núm. 7246.

    Sometido: Diciembre 21, 1938.

      Resuelto: Enero 13, 1939.

      Gustavo Giménez Sicardó, abogado del apelante; B. Á. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado. ■ !
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Benito Oorsino fué acusado y convicto por infracción de la Ley núm. 25 de julio de 1935 (Leyes de 1935, (2) pág. 153) por la que se declaran “estorbo público” los juegos cono-cidos generalmente como “bolita,” “boüpool” y las combi-naciones clandestinas relacionadas con los pools de los hipó-dromos de Puerto Pico.

La prueba ofrecida por el fiscal para sostener la acusa-ción consistió en 34 papeletas del alegado pool clandestino manipulado por el acusado, de las cuales aparecen 202 com-binaciones jugadas; y 14 papeletas no jugadas. Estas últi-mas están formadas por dos hojas exactamente iguales en cuanto a su texto, con la única excepción de que los núme-ros correlativos son distintos. Por ejemplo, en una de ellas el original lleva el número 10,324 y el duplicado el núm. 22,324; en otra, el original está numerado 10,399 y el dupli-cado lleva el número 22,399. Y así en todas las demás, con la particularidad de que en todas ellas los tres últimos nume-rales en cada original y en su correspondiente duplicado son idénticos. Toda esa prueba y además un telegrama y $2.8.1 en efectivo, producto de la venta de tickets, fueron ocupa-dos por la policía durante un registro de la casa residencia del acusado, practicado a virtud de orden de allanamiento expedida por el Juez de Paz de Kío Grande.

En el presente recurso se señalan como errores de la corte sentenciadora (1) haber admitido como prueba los impresos y efectos ocupados en casa del acusado; haber de-clarado sin lugar la moción para la absolución perentoria del acusado; y (3) haber apreciado erróneamente la prueba de descargo y llegado a conclusiones contrarias a la prueba.

La objeción del acusado a la admisión de la prueba documental se basó en que la orden de allanamiento no había sido devuelta, por el policía que practicó el registro, al funcionario judicial que la expidió, de acuerdo con lo dis-puesto por el Artículo 535 del Código de Enjuiciamiento Criminal. De la transcripción de evidencia anteónos aparece solamente la objeción formulada por el acusado y la reso-lución de la corte inferior denegando la moción de elimina-ción de la evidencia. El acusado apelante no ba hecho cons-tar en el récord el contenido de la orden, de allanamiento, ni tampoco el diligeneiamiento de la misma. No estamos, por consiguiente, en condiciones para poder determinar si se faltó en manera alguna a lo dispuesto en el citado pre-cepto legal.

No erró la corte inferior al declarar sin lugar la moción para la absolución perentoria del acusado. La prueba aducida por El Pueblo era a nuestro juicio suficiente para sostener las alegaciones de la acusación.

No encontramos que en la apreciación de la evidencia ni en la resolución de los conflictos surgentes de la prueba de una y otra parte se haya cometido un error manifiesto, ni tampoco que el juez sentenciador haya actuado en manera alguna bajo la influencia de la pasión, del prejuicio o de la parcialidad. Es nuestro deber respetar su fallo y como consecuencia confirmar la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    María Nazario, demandante y apelante, v. Rafael P. Muñiz, demandado y apelado.
    Núm. 7626.

    Sometido: Diciembre 9, 1938.

      Resuelto: Enero 13, 1939.

      L. Santiago Carmona, abogado de la apelante; Ramón S. Pesquera, abogado del apelado..
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En julio 1, 1931, la demandante otorgó escritura de hipo-teca a favor del demandado para, garantizar a éste la devo-lución de un préstamo de $500, más sus intereses al 1 por ciento mensual; y en 14 de octubre del mismo año constituyó una segunda hipoteca a favor del mismo demandado en garan-tía de otro préstamo por $250) a igual tipo de interés que el anterior.

En la demanda interpuesta en este caso la demandante alega que el demandado se comprometió a prestar a la deman-dante la suma de $750; que de esa suma el demandado retuvo $150 “como garantía de los intereses,” y entregó el resto o sea $600 en efectivo a la demandante; que la demandante se comprometió a pagar los $600 por ella recibidos, a razón de $30 mensuales y que de acuerdo con lo estipulado “pagó todos y. cada uno de los plazos convenidos y dejó totalmente pagada la obligación principal y los intereses el día 31 de julio de 1933;” pero que a requerimiento e insistencia del demandado le pagó además $30 en el mes de agosto, $35 en el de septiembre y $25 en el de octubre, 1933; y que no obs-tante baber sido pagado totalmente el crédito hipotecario, el ■demandado se lia negado a cancelar la hipoteca. Pide la demándante que se condene al demandado a otorgarle carta de pago y al pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

Contestó el demandado negando los hechos esenciales de la demanda e interpuso una contrademanda en la que pide se condene a la demandante al pago del principal e intere-ses sobre los dos créditos hipotecarios, por $500 y $250 res-pectivamente, más las costas, gastos y honorarios. No ha-biendo la demandante contestado la contrademanda, se anotó su rebeldía.

Celebrada la vista y examinada la prueba testifical y documental ofrecida por una y otra parte, la corte inferior llegó a la conclusión de que la demandante había pagado al ■demandado un total de $440 para abonar a su deuda y que los créditos hipotecarios no habían sido pagados en su tota-lidad. Y en su consecuencia dictó sentencia desestimando la •demanda, sin costas, y condenando a la demandante a pagar al demandado $60 como remanente del primer crédito de $500, más intereses al 1 por ciento mensual hasta la suma de $75; y la suma de $250 como importe del segundo crédito hipote-cario, con intereses al 1 por ciento mensual y $125 para gas-tos, costas y honorarios de abogado.

En el presente recurso, interpuesto por la demandante, se imputa a la corte inferior la comisión de siete errores, que discutiremos en el mismo orden en que han sido expues-tos.

En los dos primeros señalamientos se imputa a la corte sentenciadora el alegado error de haber admitido una ■contrademanda que a juicio del apelante no alegaba hechos suficientes para poder ser calificada como contrademanda, y ■sí como contestación.

No Irubo error en la admisión de la contrademanda. La demandante alegó que ella había pagado al demandado el importe total de dos préstamos hipotecarios y solicitó se orde-nase la cancelación de las hipotecas. El demandado contestó negando los hechos esenciales de la demanda y no habiendo recibido el importe de los préstamos, adicionó sn contesta-ción, presentando al mismo tiempo su contrademanda. Y esto lo hizo ajustándose a lo prescrito en los artículos 111 a 115 del Código de Enjuiciamiento Civil.

En el tercer señalamiento se alega que la cortede distrito carecía de jurisdicción para dictar sentencia en cuanto a la contrademanda por $250, importe de la segunda hipoteca, y que esa jurisdicción correspondía a la Corte Municipal de Bayamón.

Tampoco se cometió a nuestro juicio el alegado error. La corte de distrito tenía jurisdicción para conocer de la de-manda, no solamente porque de acuerdo con sus alegaciones-la cuantía envuelta excedía de $500, sino también por razón de la materia, por tratarse de una acción para la cancela-ción de créditos hipotecarios, sobre la cual carecen de juris-dicción las cortes municipales. Véase: Marrero v. Registrador, 32 D.P.R. 891. También tenía jurisdicción para cono-cer de la contrademanda, no solamente porque en ella se pedía sentencia por una suma mayor de $500, sino también porque habiendo adquirido jurisdicción por razón de la mate-ria objeto de la demanda, la corte de distrito también la adquirió para dictar una sentencia por la cual quedasen fija-dos y definitivamente adjudicados los derechos de una y otra parte. No importa que el demandado haya reclamado más de $500 y que la prueba haya demostrado que en realidad se le adeudaba menos de esa suma. Es la suma reclamada la que determina la jurisdicción de la corte. Turner v. Concejo Municipal de San Juan, 24 D.P.R. 594 y P. Millón & Co., Sucrs. v. Caamaño, 38 D.P.R. 193, 199.

Los señalamientos cuarto, quinto y sexto se refieren a la apreciación que de la prueba hiciera el tribunal sen-tenciador. Hemos examinado cuidadosamente la transcrip-ción de la evidencia y encontramos que ésta es suficiente para sostener el fallo recurrido, sin que aparezca en manera alguna que en su apreciación se haya cometido error manifiesto o que el juzgador haya actuado bajo la influencia de pasión, prejuicio o parcialidad.

En el séptimo y último señalamiento se alega como error de la corte inferior el haber ésta condenado a la contrademandada al pago de $75 por intereses, costas y honorarios, por el primer crédito, más $125 por iguales conceptos en cuanto al segundo.

Del examen de las escrituras por las cuales se constituye-ron los créditos ejecutados aparece que las cantidades esti-puladas por las partes contratantes para pago de intere-ses, costas, gastos y honorarios de abogado en caso de recla-mación judicial son las mismas concedidas por la corte inferior a la parte ejecutante. Siendo esas sumas líquidas y acor-dadas previamente por las partes contratantes, no hubo error en su concesión. Véanse: Arsuaga v. Corte, 43 D.P.R. 1001 y Balet v. Dávila, 44 D.P.R. 51.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.