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      In re José A. Miranda Daleccio, querellado.

      Número: CP-2013-6

      Resuelto: 15 de septiembre de 2015

      Lisa M. Durán Ortiz, procuradora general interina, Minnie H. Rodríguez López y Jannette Ortiz Acosta, procuradoras generales auxiliares, Tatiana M. Grajales Torruella, Karla Z. Pacheco Alvarez y Tanaira Padilla Rodríguez, subprocuradoras auxiliares; Pedro J. Torres Mar cano y John Donato Olivencia, abogados del querellado; Carlos S. Davila Vélez, comisionado especial.
   per curiam:

Este Tribunal tiene la encomienda de atender una querella presentada contra el Ledo. José A. Miranda Daleccio, a quien se le imputa infringir los Cánones 12, 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional, infra. Por entender que el proceder del letrado se apartó de lo que prescriben los referidos cánones, procede ejercer nuestra facultad disciplinaria. Veamos.

I

El caso de autos se inició en el 2011 cuando la Sra. María E. Bellido Díaz y su esposo, José M. Rovira Martinó (querellantes) presentaron una queja contra el Ledo. José A. Miranda Daleccio (licenciado Miranda Daleccio o querellado). En esencia, los querellantes expresaron que contrataron los servicios del licenciado Miranda Daleccio para que los representara en un pleito civil. A esos fines, el 18 de octubre de 2005, el letrado, en representación de Servicios Médicos de Hormigueros, Inc., los querellantes y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, presentó una demanda (caso KPE-2005-3883) sobre incumplimiento de contrato e injunction permanente contra MCS Health Management Options, Inc., Medical Card System, Inc., Hostos Medical Services, Inc., el Dr. José C. Román Cario, su esposa Fulana Román y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por éstos. De acuerdo con los querellantes, el licenciado Miranda Daleccio faltó a su deber de diligencia en la tramitación del aludido caso.

En específico, señalaron que el togado no contestó los mecanismos de descubrimiento de prueba cursados por los demandados, así como tampoco se opuso a ninguna de las mociones de desestimación presentadas por éstos. Adujeron que el pleito fue desestimado debido al incumplimiento de éste con varias órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. Asimismo, argüyeron que el licenciado Miranda Daleccio incumplió con el deber ético de mantenerlos informados de todo aspecto importante ocurrido en el asunto que se le encomendó, ya que no les notificó que el caso para el cual fue contratado había sido desestimado.

Posteriormente, el licenciado Miranda Daleccio presentó su contestación a la queja. En ésta, ofreció su versión con relación a los términos de su contratación, las complejidades del caso para el cual se contrató, el alto costo de los trámites y los servicios profesionales prestados. Además, indicó que en una reunión con el señor Rovira Martinó dialogó en torno a la desestimación del caso KPE-2005-3883 y la posibilidad de presentar nuevamente el reclamo, por en-tender que la desestimación era sin perjuicio.

El 7 de septiembre de 2011, la queja contra el licenciado Miranda Daleccio fue referida a la Oficina del Procurador General. Así las cosas, el 23 de enero de 2012, la Oficina del Procurador General presentó un informe en el cual señaló que el licenciado Miranda Daleccio quebrantó los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Ética Profesional, infra. Por su parte, el letrado presentó un escrito intitulado Reacción a Informe del Procurador General. En síntesis, reconoció que incurrió en errores con relación a su desempeño en el caso KPE-2005-3883. Expresó que se trataba de un evento aislado que respondía a una situación personal por la que atravesaba en esos momentos, entiéndase: (1) la litigación de un caso personal en materia de derecho de familia; (2) la súbita muerte de su hermano, y (3) la eventual afección de salud de sus padres como consecuencia de tal fallecimiento. Señaló que los perjuicios sufridos por los querellantes fueron causados por motivos involuntarios. Además, el licenciado Miranda Daleccio enfatizó en que, tras varios trámites apelativos instados por los querellantes, el caso KPE-2005-3883 se encontraba activo.

Examinado el referido informe, el 6 de julio de 2012, emitimos una Resolución mediante la cual ordenamos a la Oficina del Procurador General presentar una querella contra el licenciado Miranda Daleccio. En cumplimiento con el mandato de este Tribunal, el 12 de febrero de 2013, se presentó la respectiva querella. En ésta, se imputó al licenciado Miranda Daleccio la infracción de los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Etica Profesional, infra.

En particular, la Oficina del Procurador General sostuvo que el letrado quebrantó los preceptos del Canon 12, infra, al no acatar varias órdenes dictadas por el foro judicial y causar dilaciones innecesarias en el trámite del caso. Asimismo, señaló que lo dispuesto en el Canon 18, infra, fue transgredido, ya que el licenciado Miranda Daleccio no defendió diligentemente los intereses de sus clientes ni evitó que éstos incurrieran en gastos o demoras irrazonables. De acuerdo con la Oficina del Procurador General, la acción judicial incoada por los querellantes fue desestimada por motivo de la falta de diligencia del letrado en el trámite de dicho pleito, lo cual se evidenció con la copia certificada del expediente judicial. Del mismo modo, la Oficina del Procurador General concluyó que el licenciado Miranda Daleccio contravino el Canon 19, infra, al no mantener informados a sus clientes de todo asunto importante con relación a la gestión encomendada. En particular, el letrado no les informó de la situación precaria de su acción judicial ni tampoco de la sentencia que la desestimó.

Tras varios trámites procesales, el 3 de mayo de 2013, el licenciado Miranda Daleccio presentó un Escrito en Contestación de Querella. Por medio de éste, solicitó que los argumentos esgrimidos en su contestación a la queja y reacción al informe de la Oficina del Procurador General se acogieran como su contestación a la querella. Nuevamente, hizo hincapié en que los intereses de los querellantes no se afectaron, toda vez que el caso KPE-2005-3883 sigue tramitándose ante el Tribunal de Primera Instancia. Ante ello, solicitó el archivo de la querella presentada en su contra.

Examinada tanto la Querella como la contestación a ésta, el 8 de octubre de 2013, dictamos una Resolución mediante la cual nombramos al Hon. Carlos S. Dávila Vélez para que, en calidad de Comisionado Especial, recibiera prueba y rindiera un informe con las determinaciones de hechos y recomendaciones pertinentes. Luego de varios eventos procesales ante el Comisionado Especial, el 17 de marzo de 2014, la Oficina del Procurador General presentó ante este Tribunal una Solicitud de Enmienda a Querella. En síntesis, expresó que tras reevaluar el expediente del caso y la prueba disponible se encontró evidencia suficiente para imputar al licenciado Miranda Daleccio la violación al Canon 38 del Código de Etica Profesional, infra. Por lo tanto, solicitó enmendar la querella de autos para incluir el cargo de violación al aludido canon. Atendida esta solicitud, la declaramos "con lugar”. Así las cosas, la Oficina del Procurador General presentó una querella enmendada en la cual imputó al letrado la violación al Canon 38, infra, al incurrir en conducta impropia o apariencia de la misma. Además, argumentó que el desempeño del querellado en la tramitación del caso KPE-2005-3883 no exalta el honor y la dignidad de la profesión a la que pertenece.

Con posterioridad, el licenciado Miranda Daleccio presentó su contestación a la querella enmendada. Esencialmente, negó que hubiera incurrido en infracción del Canon 38. Expresó que no facturó ni intentó cobrar honorarios por gestiones no realizadas y que los honorarios facturados corresponden a los servicios prestados y no pagados. Adujo que las cantidades facturadas no fueron objetadas por los querellantes y que de éstos presentar un reclamo de esa índole las cantidades se ajustarían. En la alternativa, alegó que cualquier diferencia con los cómputos de servicios prestados y facturados se debió a un error o negligencia excusable en su sistema de facturación.

Cabe señalar que durante los procedimientos ante el Comisionado Especial, el licenciado Miranda Daleccio solicitó enmendar su contestación a la querella. Así las cosas, presentó un escrito intitulado Contestación Enmendada a Querella y Memorial Explicativo. En éste, aceptó que quebrantó los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Etica Profesional, infra. En lo concerniente al Canon 38, aceptó la imputación, pero aclaró que no facturó ni intentó cobrar honorarios por gestiones no realizadas. Además, indicó que en aras de mitigar los daños de los querellantes, presentó una demanda contra su aseguradora ante el Tribunal de Primera Instancia. Por su parte, la Oficina del Procurador General no tuvo objeción al escrito presentado por el querellado. No obstante, aclaró que éste no puede alegar la existencia de una comunicación efectiva con los querellantes, ya que nunca le informó de la desestimación del caso KPE-2005-3883.

Luego de los trámites de rigor, el 29 de abril de 2014, el Comisionado Especial emitió su Informe. Concluyó que el licenciado Miranda Daleccio infringió los Cánones 12,18,19 y 38 del Código de Etica Profesional, infra. En cuanto al cargo por violación al Canon 38, estimó pertinente aclarar que la Oficina del Procurador General nunca le imputó al letrado cobrar o intentar cobrar honorarios por gestiones no realizadas. Finalmente, el Comisionado Especial señaló que al momento de imponer la sanción disciplinaria correspondiente este Tribunal debe considerar varios factores, a saber: (1) la aceptación de los cargos por parte del togado; (2) que al presente el caso KPE-2005-3883 está ventilándose ante el Tribunal de Primera Instancia; (3) que el querellado goza de una excelente reputación profesional y personal, y (4) que no medió ánimo de lucro en sus actuaciones.

II

Cónsono con su facultad inherente de regular la profesión, este Tribunal tiene la encomienda de procurar que los miembros admitidos a la práctica de la abogacía ejerzan sus funciones de forma responsable, competente y diligente. In re Del Castillo Del Valle, 191 DPR 633, 639 (2014); In re Rodríguez Amaro, 189 DPR 307, 312 (2013); In re López Morales, 184 DPR 334, 347 (2012); In re Gutiérrez Santiago, 179 DPR 739, 743 (2010). A esos efectos, el Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, contiene las normas mínimas de conducta que deben guiar a los miembros de la profesión en el desempeño de su función. In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Ortiz Delgado, 189 DPR 826, 830 (2013); In re Falcón López, 189 DPR 689, 695 (2013). El referido Código tiene el objetivo de propiciar que éstos se desempeñen en armonía con los más ilustres principios éticos y morales, para beneficio de la profesión jurídica, la ciudadanía y nuestras instituciones de justicia. In re Guemárez Santiago, supra, pág. 618; In re Ortiz Delgado, supra, pág. 830; In re Falcón López, supra, pág. 695.

En lo pertinente al asunto que nos ocupa, debemos señalar que el Canon 12 del Código de Ética Profesional impone al abogado el deber ineludible de tramitar las causas que le son encomendadas de forma responsable, con puntualidad y diligencia. In re Hernández González, 188 DPR 721, 727 (2013); In re Vélez Báez, 176 DPR 201, 207 (2009). Expresamente, el canon dispone que

[e]s deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos, ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente. 4 LPRAAp. IX, C. 12.

En repetidas ocasiones hemos expresado que la incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal y, peor aún, las actuaciones y omisiones que coloquen en riesgo la causa de acción de los clientes, son violaciones patentes al Canon 12. In re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 543 (2012); In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 198 (2012); In re Cuevas Vázquez, 174 DPR 433, 441 (2008). La falta de diligencia en la tramitación de los casos constituye un tipo de conducta irresponsable y contrario a lo establecido en el referido canon. In re Valentín Custodio, supra, pág. 543; In re Cuevas Vázquez, supra, pág. 441; In re Rosado Nieves, 159 DPR 746, 757 (2003). La obligación de ser puntual en el trámite del litigio y desplegar todas las diligencias necesarias frente al tribunal ha de cumplirse por el abogado durante todas las etapas del litigio. In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 750 (2011); In re Rodríguez Villalba, 160 DPR 774, 779 (2003); In re Collazo I, 159 DPR 141, 148 (2003).

Además, cónsono con lo que dicta el Canon 12, hemos enfatizado que los togados deben la más estricta observancia a las órdenes judiciales. La continua desobediencia a las órdenes judiciales demuestra una grave infracción a los principios básicos de ética profesional que exigen el mayor respeto hacia los tribunales. In re Cuevas Borrero, supra, pág. 198; In re Collazo I, supra, pág. 149. Ello, pues, el comportamiento de todo abogado “no debe ser otro que el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial”. In re Cuevas Borrero, supra, pág. 198. Véase In re Díaz Alonso, Jr., 115 DPR 755, 762 (1984).

Por su parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. Di, impone a todo letrado el deber de defender los intereses de su cliente de forma capaz y diligente, “desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Id. Véanse, además: In re Guemárez Santiago, supra, pág. 618; In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014); In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 750 (2014). A su vez, el Canon 18 establece claramente que es impropio de un abogado asumir la representación legal de un cliente cuando sabe que no puede llevar a cabo una labor competente y que no puede prepararse de forma adecuada, sin que ello conlleve gastos o demoras irrazonables a su cliente. 4 LPRAAp. IX, C. 18.

Reiteradamente, hemos señalado que el deber de diligencia constituye una obligación básica y elemental del abogado hacia su cliente. In re Pietri Torres, supra, pág. 488; In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 842 (2010). Es por ello que un togado quebranta su deber de diligencia cuando no realiza las gestiones que le fueron encomendadas en el tiempo oportuno, de la forma adecuada y sin dilaciones. In re Pietri Torres, supra, pág. 488; In re Reyes Coreano, supra, págs. 750-751. Por lo tanto, el deber de diligencia que surge del Canon 18 es del todo incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia en el trámite de un caso. In re Guemárez Santiago, supra, pág. 619; In re Pietri Torres, supra, pág. 488; In re Reyes Coreano, supra, pág. 751.

En atención a lo anterior, este Tribunal ha enumerado una serie de situaciones que, a modo de ejemplo, constituyen una violación al deber de diligencia que emana del Canon 18. Éstas se refieren a las circunstancias en que un abogado: (1) no comparece a los señalamientos del tribunal; (2) no contesta los interrogatorios sometidos; (3) no informa a las partes sobre la presentación de un perito; (4) desatiende o abandona el caso; (5) permite que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una acción, o (6) incurre en cualquier tipo de actuación negligente que pueda conllevar o, en efecto, resulte en la desestimación o archivo del caso. In re Santos Cruz, 193 DPR 224 (2015); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 38 (2011); In re Vilches López, 170 DPR 793, 798 (2007). Véase, además, S. Steidel Figueroa, Etica y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, págs. 180-181. En lo que atañe al caso de epígrafe, este Tribunal ha sostenido, sin ambages, que aquella actuación negligente que pueda conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o el archivo del caso, viola el Canon 18. In re Santos Cruz, supra; In re Cuevas Borrero, supra, pág. 199; In re Pujol Thompson, 171 DPR 683, 689 (2007).

Por otra parte, el Canon 19 dispone, en lo pertinente, que “[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. 4 LPRA Ap. IX. Sin duda, esta obligación es un elemento indispensable en la relación fiduciaria que existe entre el abogado y su cliente. In re Santos Cruz, supra; In re Muñoz, Morell, supra, pág. 752; In re Colón Morera, 172 DPR 49, 57 (2007); In re García Muñoz, 170 DPR 780, 788 (2007). Además, constituye un deber ético independiente de la diligencia que, en virtud del Canon 18, se exige al abogado durante su gestión profesional. In re Santos Cruz, supra; In re Hernández Pérez I, 169 DPR 91, 103 (2006).

Reiteramos que es una obligación ineludible de todo miembro de la profesión informar a su cliente de cualquier determinación que le sea adversa, más aún cuando ésta ponga fin, total o parcialmente, a una causa de acción. In re Santos Cruz, supra; In re Hernández Pérez I, supra, pág. 104. Enfatizamos en que “los casos pertenecen a los clientes y ellos tienen derecho a estar informados de todos los trámites importantes que sucedan”. In re Muñoz, Morell, supra, pág. 753. En fin, es deber del abogado cerciorarse de que su cliente esté debidamente informado de to-dos los asuntos importantes que se susciten en la tramitación de su caso. In re Santos Cruz, supra.

Por último, del Canon 38 (4 LPRA Ap. IX) surge que los letrados deben esforzarse, al máximo de su capacidad, en exaltar el honor y la dignidad de su profesión. Estos deben conducirse de forma digna y honorable y evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. íd. Cónsono con ello, consecuentemente este Tribunal ha ex-presado que por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercitan. In re Guemárez Santiago, supra, pág. 620; In re Ayala Vega I, 189 DPR 672, 682 (2013); In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 822 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005).

Examinados los preceptos pertinentes, procedemos a ex-poner nuestro criterio en lo que respecta al asunto que nos ocupa.

III

Según indicado, al Ledo. José A. Miranda Daleccio se le imputa transgredir los Cánones 12, 18, 19 y 38 del Código de Etica Profesional que rige nuestra profesión. Luego de evaluar la prueba que obra en su expediente, concluimos que éste se apartó de lo que dictan los mencionados cánones. Veamos.

Convenimos con el Comisionado Especial en cuanto a que el licenciado Miranda Daleccio contravino lo establecido en el Canon 12. Como se expuso, reiteradamente éste hizo caso omiso a las órdenes dictadas por el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, en repetidas ocasiones desobedeció los requerimientos del foro judicial dirigidos a que contestara el descubrimiento de prueba cursado por los demandantes, que reaccionara a las solicitudes de desestimación instadas por éstos y que mostrara causa por la cual no se le debían imponer sanciones. Así, constituye un hecho irrefutable que el licenciado Miranda Daleccio no fue diligente ni responsable en la tramitación de la causa que se le encomendó. Todo lo contrario, su continuo incumplimiento con las órdenes emitidas por el tribunal ocasionó dilaciones innecesarias y, peor aún, que se desestimara el caso de sus clientes.

A su vez, coincidimos con el criterio del Comisionado Especial con relación a que el licenciado Miranda Daleccio violó el Canon 18. La evidencia desfilada demostró que éste no fue competente ni diligente al tramitar la acción judicial de los querellantes. Como se señaló, el pleito incoado por éstos fue desestimado por motivo de la falta de diligencia del letrado. Sin duda, ello ha aparejado gastos y demoras irrazonables a los querellantes, en clara transgresión a lo establecido en el Canon 18.

Por su parte, también concluimos que el querellado infringió el Canon 19. Es evidente que éste incumplió con su deber ineludible de mantener informados a sus clientes sobre los asuntos importantes que surgieron en la tramitación del caso que se le encomendó. Esto es, el licenciado Miranda Daleccio no procuró informarles las incidencias procesales de su causa de acción y, más grave aún, no les informó de su desestimación.

En fin, también consideramos que el licenciado Miranda Daleccio contravino el Canon 38. Su desempeño en la tramitación de la gestión judicial para la cual se contrató se caracterizó por actuaciones y omisiones intolerables, por desidia, despreocupación y displicencia. Evidentemente, el proceder del querellado fue contrario al deber de esforzarse al máximo de su capacidad, al igual que exaltar y preservar el honor y la dignidad de la profesión a la que pertenece.

Ahora bien, tal como lo indicó el Comisionado Especial, existen varios factores atenuantes que podemos considerar al momento de imponer la sanción disciplinaria al licenciado Miranda Daleccio. A esos efectos, tomamos como atenuantes a favor del querellado que éste constituye su primer proceso disciplinario, que aceptó las infracciones cometidas y expresó sentirse arrepentido por sus actuaciones. Asimismo, existe prueba en el expediente que da cuenta de la buena reputación del letrado en su carrera profesional. Por último, cabe señalar que el caso KPE-2005-3883 está activo y tramitándose ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo cual los querellantes no han perdido su causa de acción.

Ante el escenario descrito, nos vemos obligados a ejercer nuestra facultad inherente de regular la profesión y, en consecuencia, suspender inmediatamente del ejercicio de la abogacía al licenciado Miranda Daleccio por el término de 3 meses.

IV

En virtud de los fundamentos expuestos, suspendemos inmediatamente del ejercicio de la abogacía al Ledo. José A. Miranda Daleccio por el término de 3 meses.

En consecuencia, se impone al señor Miranda Daleccio el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportunamente de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam” y sentencia.

Por su parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Miranda Daleccio y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y sentencia al Sr. José A. Miranda Daleccio a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El licenciado Miranda Daleccio fue admitido al ejercicio de la abogacía el 8 de agosto de 1990 y a la práctica de la notaría el 26 de septiembre del mismo año.

       Esencialmente, surge de los autos que el licenciado Miranda Daleccio desatendió varias órdenes emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en las cuales se le requería lo siguiente: (1) contestar los mecanismos de descubrimiento de prueba cursados por los demandados; (2) reaccionar a varias mociones de desestimación instadas por los demandados, y (3) mostrar causa por la cual no le debían imponer sanciones económicas.

       En síntesis, el licenciado Miranda Daleccio demandó a su aseguradora (Universal Insurance Co.) y solicitó que se dictara sentencia declaratoria estableciendo que su póliza de seguros cobija la reclamación extrajudicial de los querellantes, razón por la cual la aseguradora debía responder.

       En numerosas ocasiones este Tribunal ha afirmado que al momento de determinar la sanción disciplinaria que se le impondrá al letrado, se pueden considerar varios factores, a saber: (1) la reputación en la comunidad; (2) el historial previo; (3) si es la primera falta; (4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (7) si ninguna parte se ha visto peq'udicada; (8) el resarcimiento al cliente, y (9) cualesquiera otras circunstancias que medien como atenuantes o agravantes de acuerdo con los hechos. In re Hernández González, 188 DPR 721, 729 (2013); In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 205 (2012).


author: PER CURIAM:

text:
      In re Yadira Hance Flores, querellada.

      Número: CP-2011-0018

      Resuelto: 17 de septiembre de 2015

      Luis R. Román Negrón y Margarita Mercado Echegaray, procuradores generales, y Jannelle M. Laforet Matos, procuradora general auxiliar; Angel Vital Vázquez, abogado de la querellada; Yadira Hance Flores, pro se; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   PER CURIAM:

HH

La Leda. Yadira Hance Flores fue admitida al ejercicio de la práctica de la abogacía el 4 de enero de 1988 y al de la notaría el 9 de febrero de 1989. El 22 de noviembre de 2010, la Oficina del Procurador General presentó la querella que nos ocupa. En ésta se le imputaron violaciones a los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. Estas imputaciones surgieron como consecuencia de una resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones, mediante la cual se le ordenó a la Secretaria de dicho foro que notificara a este Tribunal sobre la conducta de la licenciada Hance Flores. En esencia, las actuaciones de la licenciada que resultaron en el referido están relacionadas con una apelación que el Sr. Félix Rivera Ruiz, por derecho propio, presentó ante el Tribunal de Apelaciones.

Según se desprende del Informe de la Comisionada Especial, el señor Rivera Ruiz había indicado en su escrito inicial ante el foro apelativo intermedio que fue representado por la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) durante los procedimientos criminales en su contra ante el Tribunal de Primera Instancia y que, luego de haber sido encontrado culpable y sentenciado, necesitaba que se le asignara un abogado de oficio para la etapa apelativa. Luego de los trámites de rigor, el 21 de septiembre de 2009, el Tribunal de Primera Instancia de Carolina emitió una orden designando a la licenciada Hance Flores como abogada de oficio del señor Rivera Ruiz.

A pesar de esta designación, el 24 de noviembre de 2009, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución mediante la cual solicitó al foro de instancia que aclarara si el señor Rivera Ruiz sería representado por un abogado de oficio o por la SAL. En respuesta, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la que precisó que la licenciada Hance Flores había sido designada como la abogada de oficio del señor Rivera Ruiz. Así las cosas, el 24 de febrero de 2010, el Tribunal de Apelaciones autorizó a la licenciada Hance Flores a gestionar la obtención de una copia del ex-pediente ante la SAL. No obstante, el 17 de mayo de 2010, el señor Rivera Ruiz presentó una Moción Informativa por Derecho Propio y en Solicitud de Remedio. En ésta alegó que su padre se había comunicado con la licenciada Hance Flores y que ésta le había informado que no tenía conocimiento de la designación realizada por el foro primario. Además, la licenciada indicó al padre del señor Rivera Ruiz que, aun si le asignaran la apelación, no tenía tiempo para representar al hijo de éste. En la moción presentada, el señor Rivera Ruiz indicó que la SAL no tenía reparo en asumir su representación legal en el proceso apelativo, por lo que solicitó que se relevara de la designación a la licenciada Hance Flores y que su caso fuera asignado a la SAL.

En atención a la moción presentada, el Tribunal de Apelaciones, mediante Resolución, procedió a ordenar a la Secretaria que remitiera copia de ésta a la licenciada Hance Flores, concediéndole un término de 15 días para expresarse sobre el contenido de la misma e informar las gestiones realizadas en el caso hasta ese momento. Se le apercibió a la licenciada que, de no cumplir con lo ordenado, el asunto sería referido a este Tribunal. La licenciada Hance Flores, sin embargo, no compareció. En vista de ello, el 30 de junio de 2010, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución mediante la cual le impuso una sanción de $100 y ordenándole nuevamente cumplir con lo requerido en la resolución previa. Una vez más, se le advirtió que su incumplimiento resultaría en un referido a este Tribunal.

El 10 de julio de 2010, el señor Rivera Ruiz compareció nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones mediante una Segunda Moción Informativa por Derecho Propio y en Solicitud de Remedio. En ésta alegó que la licenciada Hance Flores había incumplido con lo ordenado por ese foro y que su padre había intentado infructuosamente comunicarse con la licenciada Hance Flores para que ésta actuara como representante legal de su hijo. Una vez más, solicitó al foro apelativo intermedio que su caso fuera asignado a la SAL y que se relevara a la licenciada Hance Flores de su representación legal. El 24 de agosto de 2010, el señor Rivera Ruiz presentó una tercera moción para solicitar lo mismo.

El 24 de agosto de 2010, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución mediante la cual le concedió al señor Rivera Ruiz 30 días para comparecer con nueva representación legal. Conforme los apercibimientos contenidos en las resoluciones previas, el Tribunal de Apelaciones nos refirió el asunto para que procediéramos a evaluar las actuaciones de la licenciada Hance Flores.

Por nuestra parte, el 13 de septiembre de 2010 ordenamos a la licenciada que se expresara en torno a su incumplimiento con las resoluciones del Tribunal de Apelaciones. El 5 de octubre de 2010, la licenciada presentó una moción en la que alegó que no tenía conocimiento de haber sido designada como abogada de oficio del señor Rivera Ruiz. Indicó que no había encontrado expediente alguno en sus archivos relacionado con el caso y que sólo había encontrado una correspondencia sobre el caso en un buzón ubicado en la segunda planta del local donde ubicaba su oficina, la cual estaba ocupada por unos inquilinos con quienes no tenía relación. Aceptó, sin embargo, que había recibido una llamada por parte del padre del señor Rivera Ruiz mientras se encontraba fuera de Puerto Rico y que le había indicado a éste que se trataba de una confusión, puesto que ella no tenía clientes confinados. Alegó que, a su regreso, no había encontrado correspondencia alguna relacionada con el caso. La licenciada Hance Flores también aceptó haber recibido llamadas por parte de la madre del señor Rivera Ruiz en otra ocasión, cuando también se encontraba fuera de Puerto Rico. No obstante, señaló que le había solicitado que le informara al juez que ella no había recibido la notificación de la designación correspondiente. Aclaró, además, que le indicó que, aun si recibiera la designación, solicitaría que se le relevara del caso. Esto, puesto que su práctica se centraba en Derecho Civil y Corporativo, y nunca había llevado un caso de asesinato. Por último, la licenciada Hance Flores indicó en su moción que le había aclarado a la señora madre del señor Rivera Ruiz que no se estaba negando a representar a su hijo, sino que le había recomendado que éste recibiera una representación por parte de un abogado con experiencia.

Evaluada la moción de la licenciada Hance Flores, referimos el asunto a la Oficina del Procurador General para la presentación del informe correspondiente. En su informe, el Procurador General concluyó que había suficiente evidencia para imputarle a la licenciada violaciones a los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, supra.

Evaluado el informe del Procurador, el 10 de junio de 2011 ordenamos la presentación de la querella, lo que ocurrió el 22 de noviembre de 2011. En ésta, el Procurador le imputó violaciones a los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional.

Mediante un mandamiento emitido el 5 de noviembre de 2011, ordenamos a la licenciada presentar su contestación a la querella presentada en un término de 15 días. Luego de que se le concedieran dos términos adicionales para contestar, la licenciada Hance Flores presentó su contestación el 20 de abril de 2012. En ésta negó haber incurrido en conducta antiética, puesto que no tenía conocimiento de que había sido designada como abogada de oficio del señor Rivera Ruiz. Negó, además, haber expresado al padre de este último lo que se informó al Tribunal de Apelaciones. Ex-presó, además, que pedía excusas si había cometido algún error y que siempre había demostrado que estaba dispuesta a cooperar en la representación de indigentes.

Luego de varios trámites procesales, el 17 de julio de 2013 se celebró una vista en la que la licenciada Hance Flores compareció con su representante legal. En ésta, se discutieron ampliamente los planteamientos de las partes y se estipuló la evidencia documental. El caso se sometió el 16 de octubre de 2013.

Según se desprende de las determinaciones de hechos contenidas en el Informe de la Comisionada Especial, durante el periodo del 5 de mayo de 2008 al 6 de mayo de 2013, la licenciada Hance Flores atendió 18 casos que le fueron asignados, todos de naturaleza penal y por delitos graves, si bien ninguno de ellos versaba sobre un proceso apelativo. Además, entre los documentos que forman parte del expediente se encuentra la orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, mediante la cual se designa a la licenciada Hance Flores como abogada de oficio del señor Rivera Ruiz en la etapa apelativa. Se notificó esta orden a la licenciada a su dirección de récord, la cual aparece, además, en toda la correspondencia que ésta ha sometido a lo largo del procedimiento disciplinario.

Cabe aclarar, sin embargo, que las determinaciones de hecho de la Comisionada Especial apuntan a la falta de notificación de la resolución mediante la cual el Tribunal de Apelaciones autorizó a la licenciada Hance Flores a gestionar una copia del expediente del caso. Véase Informe de la Comisionada Especial, pág. 15. Asimismo, las determinaciones de hecho confirman que la licenciada Hance Flores se encontraba fuera del País cuando recibió las distintas llamadas telefónicas por parte del padre y la madre del señor Rivera Ruiz. Véase id., pág. 20. No obstante, la Comisionada Especial señaló que, desde que recibió la primera llamada en junio de 2010 hasta que recibió la resolución dictada por este Foro el 13 de septiembre de 2010, la licenciada Hance Flores no realizó gestión alguna conducente a averiguar si, en efecto, había sido designada como abogada de oficio del señor Rivera Ruiz.

Evaluado el Informe de la Comisionada Especial, las determinaciones de hecho contenidas en éste, así como los documentos que constan en el expediente, procedemos a evaluar la conducta de la licenciada Hance Flores a la luz de los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Ética Profesional, supra.

II

En múltiples ocasiones hemos expresado que los abogados y abogadas que ejercen la práctica en nuestra jurisdicción desempeñan una función eminentemente pública, por lo que se les considera oficiales de los tribunales. Véase In re Rodríguez Santiago, 157 DPR 26, 31 (2002). A esos efectos, los abogados y abogadas del País tienen un deber ineludible, que comparten con el Estado, de garantizar a los imputados de un delito asistencia legal en todo proceso criminal. Véase Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Este derecho, de entronque constitucional, se ha reconocido, además, como un componente fundamental del debido proceso de ley. Véanse: In re García Muñoz, 160 DPR 744 (2003); In re Rodríguez Santiago, supra; Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599 (1993).

A tenor con este mandato constitucional, el Canon 1 del Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone lo siguiente:

Constituye una obligación fundamental de todo abogado luchar continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal.
En la consecución de este objetivo el abogado debe aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable de rendir servicios legales gratuitos a indigentes, especialmente en lo que se refiere a la defensa de acusados y a la representación legal de personas insolventes. La ausencia de compensación económica en tales casos no releva al abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, diligentes y entusiastas.
También es obligación del abogado ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligación incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos.

Al interpretar el referido canon, consistentemente hemos afirmado que los abogados y abogadas admitidos a ejercer la profesión legal en nuestra jurisdicción tienen la obligación ética de asumir la representación legal de un indigente cuando es designado como abogado de oficio por un tribunal. Véase In re Rodríguez Santiago, supra, pág. 35. Además, hemos afirmado que, luego de la designación de oficio correspondiente por un tribunal, asumir la representación legal de un indigente en un procedimiento criminal no sólo constituye una obligación ética, sino también un deber impuesto por ley. Véase In re García Muñoz, supra, pág. 753.

Para facilitar la consecución de ese deber ético, el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, 4 LPRAAp. XXVIII-A, establece las normas que han de regir cuando un miembro de la profesión legal es designado como representante legal de un indigente en un procedimiento criminal. A esos efectos, el Reglamento dispone que, cuando se hace una designación de oficio, “[a]l abogado o abogada de oficio se le notificará de la orden de asignación, primero mediante vía telefónica y luego por correo, con copia de la denuncia”. 4 LPRAAp. XXVIII-A, R. 13(c). El Reglamento también establece el procedimiento mediante el cual se puede solicitar la revisión de tal designación ante el Tribunal de Apelaciones. Véase Id., R. 23. Jurisprudencialmente, hemos reconocido la falta de experiencia en un área del Derecho como fundamento para objetar la designación de oficio. Véase Pueblo v. Morales, 150 DPR 123 (2000). Esto, puesto que exigir a un miembro de la profesión legal que carezca de experiencia en la práctica penal representar a un acusado en un procedimiento criminal conllevaría obligarle a infringir el Canon 18 del Código de Etica Profesional. Véase Id.

Por otro lado, el Canon 9 del Código de Ética Profesional impone a los abogados y abogadas el deber de “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Ese deber incluye la obligación de atender con premura y diligencia las órdenes del tribunal y de comparecer a los señalamientos de los procedimientos judiciales cuando así le sea requerido. In re Hoffman Mouriño, 170 DPR 968 (2007); In re Roldós Matos, 161 DPR 373 (2004). Repetidamente he-mos señalado que la desatención a las órdenes emitidas por los tribunales de justicia constituye un grave insulto a la autoridad de éstos, en directa violación al deber de la conducta exigida por el referido Canon. In re Rosa Rosa, 183 DPR 759, 765 (2011).

Al complementar el deber de respeto y diligencia dispuesto en el Canon 9 del Código de Ética Profesional, el Canon 12 impone, de forma general, a los abogados y abogadas la obligación de desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución de las causas de acción que se ventilan ante los tribunales. Véase 4 LPRAAp. IX, C. 12. Este deber de puntualidad y responsabilidad tiene como propósito principal evitar el entorpecimiento de los procedimientos que se ventilan ante los tribunales en aras de garantizar la resolución rápida y efectiva de las controversias. Véase In re Vélez Báez, 176 DPR 201 (2009).

Por último, el Canon 18 del Código de Ética Profesional dispone que “[e]s deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. 4 LPRA Ap. IX. En el pasado, hemos señalado que la inacción, el desinterés y la desidia en la tramitación de una causa de acción de un cliente constituyen una violación al deber que impone este canon. Véase In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433 (2008). Además, hemos sido inequívocos al afirmar que todo miembro de la profesión legal en nuestro País tiene un deber de defender los intereses de su cliente empleando la mayor capacidad, diligencia, responsabilidad, efectividad y lealtad, por lo que la desidia y la inacción son incompatibles con el ejercicio de la abogacía. Véase In re Padilla Pérez, 135 DPR 770, 776 (1994).

III

Al evaluar la conducta de la licenciada Hance Flores a la luz de los preceptos éticos anteriormente discutidos, es forzoso concluir que sus actuaciones representan violaciones a los deberes consagrados en los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Etica Profesional.

Al ignorar la orden del tribunal designándola como abogada de oficio del señor Rivera Ruiz, la licenciada Hance Flores no solo eludió su deber de proveer representación legal a un indigente en un procedimiento criminal, sino que, además, permitió que su inacción y desidia repercutieran negativamente en el proceso apelativo al que éste estaba sujeto. Como vimos, en tres ocasiones distintas, el señor Rivera Ruiz se vio forzado a solicitar la intervención del Tribunal de Apelaciones para intentar lograr la comparecencia de la licenciada Hance Flores. Además, los padres del señor Rivera Ruiz intentaron comunicarse con la licenciada en repetidas ocasiones, sin lograr que ésta les proveyera información con relación a su designación de oficio y el estatus de la apelación de su hijo. Si bien el expediente demuestra que la orden designando a la licenciada Hance Flores como abogada de oficio del señor Rivera Ruiz fue notificada a la dirección postal correcta y nunca fue devuelta, correspondía a la licenciada Hance Flores, una vez fue informada de su designación por parte de los padres del señor Rivera Ruiz, realizar las gestiones necesarias para indagar al respecto.

La licenciada Hance Flores debió, además, desplegar las diligencias necesarias para comparecer ante el Tribunal de Apelaciones una vez ese foro emitió distintas resoluciones apercibiéndole de las consecuencias que conllevaría su incomparecencia. Surge del expediente que la mayoría de estas órdenes le fueron notificadas a la dirección correcta. Sin embargo, no fue hasta que este Tribunal intervino en el asunto que la licenciada Hance Flores compareció para justificar su dejadez e incomparecencia.

De haber tenido objeción a la designación, la licenciada Hance Flores pudo haber presentado oportunamente el recurso de revisión correspondiente, según lo establece el Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal. De esta forma, hubiera garantizado que el señor Rivera Ruiz recibiera asistencia legal por parte de otro abogado. Como discutimos, su objeción pudo haber estado fundamentada en su falta de experiencia en procedimientos apelativos o en delitos como los que le fueron imputados al señor Rivera Ruiz.

Además de la presunta falta de notificación, la licenciada Hance Flores también planteó como defensa que, en ocasiones previas, ha representado a clientes indigentes luego de ser designada como abogada de oficio. No obstante, argüyó que los casos que le fueron asignados en el pasado versaron sobre delitos de menos gravedad que el imputado al señor Rivera Ruiz y que, en ocasiones en que había sido asignada a un caso penal por un delito grave similar, había solicitado el relevo correspondiente. No obstante, como anticipamos, en esta ocasión la licenciada Hance Flores no presentó objeción a su designación pues ni tan siquiera atendió la orden notificando la misma o realizó las diligencias necesarias para atender responsablemente la situación una vez tuvo conocimiento del caso.

IV

Si bien la conducta de la licenciada Hance Flores se aparta de los deberes éticos que impone el Código de Ética Profesional, al momento de determinar la sanción disciplinaria correspondiente debemos evaluar los factores que hemos determinado que constituyen circunstancias atenuantes. En el pasado, hemos identificado las circunstancias atenuantes siguientes: (1) la reputación del abogado o abogada en la comunidad; (2) si se trata de la primera falta; (3) la aceptación de su error y su sincero arrepentimiento; (4) si se trata de una conducta aislada; (5) si medió ánimo de lucro en su actuación; (6) si resarció al cliente, y (7) cualesquiera otras consideraciones, atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos. In re Arraiza Miranda I, 190 DPR 151, 163 (2014).

En el caso que nos ocupa, la licenciada Hance Flores presentó evidencia que apunta a la existencia de algunos de estos atenuantes. Por ejemplo, la licenciada ha ocupado posiciones de responsabilidad en el servicio público y lleva ejerciendo la práctica de la abogacía y la notaría por más de veinte años sin que se le haya imputado alguna violación ética. Además, la evidencia demuestra que ha atendido cerca de 18 casos de oficio en los últimos años y que no ha habido señalamiento de conducta impropia en su desempeño en esos casos. De las declaraciones juradas que constan en el expediente se desprende, también, que la licenciada Hance Flores goza de excelente reputación en su comunidad, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Por último, es preciso destacar que en las actuaciones de la licenciada Hance Flores no medió ánimo de lucro y que su conducta no resultó en un perjuicio mayor para el señor Rivera Ruiz, quien finalmente fue representado por la SAL a nivel apelativo. La Comisionada Especial reconoce en su Informe que se trató de un incidente aislado y que la licenciada ha demostrado una genuina preocupación y arrepentimiento por los inconvenientes que causó su falta de diligencia profesional. Véase Informe de la Comisionada, págs. 38-39.

En atención a la presencia de estas circunstancias atenuantes, procedemos a censurar enérgicamente a la licen ciada Hance Flores por su conducta violatoria de los Cánones 1, 9, 12 y 18 del Código de Etica Profesional. Se le apercibe que incurrir en conducta similar en el futuro acarrearía la imposición de sanciones disciplinarias más severas.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.

       Dicha Resolución únicamente fue notificada a la SAL.

       Esta evidencia fue estipulada por la Oficina de la Procuradora General. Además, la presencia de estas circunstancias atenuantes fue avalada en el Informe de la Comisionada Especial.

       Como explicamos, durante el proceso disciplinario, la licenciada Hance Flores ha sostenido que en ningún momento se negó a prestar sus servicios como abogada de oficio, puesto que no fue notificada de tal designación. Cabe destacar que no surge del expediente evidencia alguna tendiente a indicar que la orden se le notificó mediante vía telefónica, según lo requiere la Regla 13(c) del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, 4 LPRAAp. XXVIII-A. Sin embargo, correspondencia posterior y las llamadas que recibiera de los padres del señor Rivera Ruiz claramente alertaron a la licenciada de su designación, por lo que debió haber realizado las gestiones necesarias para constatar si, en efecto, el tribunal la había designado como representante legal del apelante.


author: La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez Juez Asociado Señor Rivera García, al que se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco. Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Edwin Méndez Pérez, peticionario.

      Número: CC-2015-448

      Resuelto: 17 de septiembre de 2015

      Víctor A. Mélendez Lugo, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogado del peticionario.
   La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

(Regla 50)

En esta ocasión nos corresponde resolver si el periodo de tiempo que una persona acusada estuvo no procesable —por motivo de no comprender la naturaleza de los procedimientos en su contra— debe descontarse de la pena impuesta mediante sentencia una vez la persona acusada ad-vino procesable y se reanudaron los procedimientos. Por las razones que se ofrecen a continuación contestamos afirmativamente esa pregunta y resolvemos que un acusado sumariado, que es declarado “no procesable”, continúa estando privado de su libertad para efecto de la Regla 182 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, y del Artículo 68(a) del Código Penal, 33 LPRA see. 5101, disposiciones que reglamentan el tiempo que ha de abonarse a la sentencia en un caso como el de autos.

HH

El 12 de mayo de 2014, al Sr. Edwin Méndez Pérez (peticionario) se le encontró causa para arresto por infracción al Art. 58 de la Ley Núm. 246-2011, conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley Núm. 246), el cual está catalogado como un delito grave. 8 LPRA see. 1174. En la misma fecha el peticionario fue puesto en detención preventiva al no pagar la fianza impuesta.

El 27 de mayo de 2014, su abogada le informó al Tribunal de Primera Instancia que el peticionario parecía no entender los procedimientos en su contra “por razón de defecto y/o condición mental". A raíz de ello, en esa misma fecha el juez suspendió los procedimientos y citó a las partes a una vista al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, que habría de celebrarse el 11 de junio de 2014 y en la que se determinaría la capacidad del peticionario para encarar el procedimiento penal.

No obstante, la vista no se llevó a cabo, pues el Departamento de Corrección y Rehabilitación no transportó al peticionario al hospital de psiquiatría para una evaluación previa. Por las mismas razones, otra vista pautada para el 9 de julio de 2014 tampoco pudo efectuarse. Finalmente, el 13 de agosto de 2014 tuvo lugar la vista, en la cual, luego del testimonio del perito psiquiatra nombrado por el tribunal, se determinó que el peticionario se encontraba no procesable. Allí, el juez de instancia ordenó “el traslado del confinado a Psiquiatría Forense de Río Piedras tan pronto haya una cama disponible”.

En los meses siguientes, el Tribunal de Primera Instancia citó a las partes a varias vistas de seguimiento. Algunas de éstas se pospusieron porque el Departamento de Corrección y Rehabilitación no llevó al peticionario a la evaluación previa; otras sí se efectuaron y en ellas se concluyó que el peticionario continuaba no procesable.

En la vista de seguimiento que tuvo lugar el 17 de febrero de 2015, luego de las correspondientes evaluaciones, se determinó que el peticionario ya se encontraba mentalmente capacitado para enfrentar el proceso. De manera que el 18 de marzo de 2015 se realizó la vista preliminar y se encontró causa para acusar por infracción al Art. 58 de la Ley Núm. 246, supra. Las partes fueron citadas para el 26 de marzo de 2015, fecha en que tendría lugar la lectura de acusación y el juicio en su fondo.

Sin embargo, el 26 de marzo de 2015, el Ministerio Público le informó al tribunal que había llegado a un acuerdo con el peticionario para que la denuncia fuera reclasificada a los efectos de imputar violación al Art. 136 del Código Penal del 2012 (33 LPRA see. 5197) —el cual es un delito menos grave, con pena máxima de seis meses de cárcel— en lugar del Art. 58 de la Ley Núm. 246, supra. A cambio de ello, el peticionario haría alegación de culpabilidad por violación al referido Art. 136 del Código Penal, supra. Luego de los trámites de rigor, el tribunal aceptó el acuerdo y ordenó enmendar el pliego acusatorio.

Acto seguido, el juez declaró culpable al peticionario por el Art. 136 del Código Penal, supra, y lo sentenció a seis meses de cárcel. Utilizando el análisis que pautó este Tribunal en Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228 (2010), caso que versaba sobre la manera de calcular el término máximo de seis meses de detención preventiva cuando el acusado está no procesable, el juez procedió a descontar de la sentencia el término de un mes y veinte días por motivo del tiempo que el peticionario había estado “en preventiva”. Esto es, solamente contó del 12 de mayo de 2014 —cuando fue detenido por no pagar fianza— hasta el 25 de mayo de 2014 y del 17 de febrero de 2015 —cuando se concluyó que ya se encontraba procesable— hasta el 26 de marzo de 2015, fecha en que dictó sentencia. Así pues, no consideró el periodo en el que el peticionario había estado no procesable, desde el 27 de mayo de 2014 hasta el 17 de febrero de 2015.

Oportunamente, la representación legal del peticionario solicitó reconsideración y alegó que éste había cumplido en exceso de la pena impuesta, pues llevaba en prisión desde el 12 de mayo de 2014 y por lo tanto —en atención a la Regla 182 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II, y al Art. 68(a) del Código Penal del 2012 (33 LPRA see. 5101)— se le debía abonar a la sentencia todo ese tiempo. La reconsideración fue declarada “sin lugar”.

El peticionario recurrió al Tribunal de Apelaciones y reiteró su planteamiento. El Ministerio Público, representado por la Oficina de la Procuradora General, presentó un escrito en el cual, luego de exponer el derecho aplicable, concluyó: “tomando en cuenta las circunstancias particulares de este caso, no nos oponemos a la solicitud del peticionario”.

El 27 de mayo de 2015, notificado el 28 de mayo, el Tribunal de Apelaciones dictó sentencia, en la que modificó la decisión del Tribunal de Primera Instancia a los únicos efectos de descontar dos días adicionales de la sentencia. En todo lo demás, el foro intermedio confirmó al de primera instancia.

Inconforme con esta determinación, el 2 de junio de 2015 el peticionario presentó ante este Tribunal una Petición de Certiorari y señaló como único error:

Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar una sentencia del tribunal de instancia que dispone que no se abone al cumplimiento de la sentencia del peticionario la totalidad del tiempo en que éste estuvo privado de su libertad, contrario a lo dispuesto por el estado de derecho vigente.

En la misma fecha, el peticionario también presentó una Moción en Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción. En ésta nos solicitó que, en vista de que había estado sumariado por un periodo de tiempo mayor al de la pena impuesta, ordenáramos su excarcelación mientras atendíamos el recurso de certiorari. El 5 de junio de 2015, declaramos “con lugar” la Moción en Solicitud de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción y ordenamos la excarcelación sujeto a ciertas restricciones que estarían en vigor hasta que dispusiéramos finalmente de la controversia.

Al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B, procedemos a expedir el recurso de certiorari y resolver esta controversia.

HH hH

A. La Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 344, establece, en lo pertinente: “[l]a detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses”. Este Tribunal ha expresado anteriormente que el término “detención preventiva” se refiere al periodo anterior al juicio en el cual el acusado se encuentra sumariado debido a que no prestó fianza. Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, 503 (2001); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 701 (1999). La referida disposición constitucional dispone que el juicio contra el acusado detenido preventivamente debe comenzar no más tarde de seis meses o, de lo contrario, el acusado será puesto en libertad sin que ello implique la desestimación de la causa. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1995, Vol. II, págs. 333-334.

La detención preventiva que no excede de seis meses forma parte de las garantías sobre juicio rápido que reconoce nuestro ordenamiento. Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 DPR 183, 191 (2012). Ésta pretende desincentivar la dilación y promover que el Ministerio Público actúe diligentemente, limitando su autoridad para mantener bajo custodia indefinida a un acusado que no pagó fianza y que se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. Id; Pueblo v. Alcaide, supra, pág. 503; O.E. Resumil, Derecho procesal penal, New Hampshire, Ed. Butterworth, 1993, T. 2, Sec. 25.4(a), pág. 248.

En Pueblo v. Pagán Medina, supra, interpretamos la relación entre esta garantía constitucional y la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, la cual versa sobre el procedimiento que se ha de seguir cuando se cuestiona si un acusado se encuentra mentalmente capacitado para encarar el procedimiento penal en su contra. En Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 244, dijimos que el término durante el cual el imputado se encuentra no procesable debe excluirse de los seis meses que tiene el Estado para dar comienzo al juicio. Establecimos que ese término se cuenta desde que el juez tiene base razonable para dudar de la capacidad mental del acusado; ello a pesar de que esa determinación inicial se debe confirmar en una vista posterior con la ayuda de peritos, así como de otra evidencia. Id., pág. 246. El fundamento detrás de esa conclusión es que el procedimiento contra el acusado se suspende desde que el juez hace la determinación de base razonable y, por lo tanto, el Ministerio Público está impedido de actuar. Id., pág. 243. Un término de juicio rápido no debe, pues, operar contra el Ministerio Público cuando éste se halla incapacitado para actuar.

B. Nuestro ordenamiento también reconoce que una persona convicta no debe permanecer privada de su libertad más tiempo del que se disponga en la sentencia. Este principio se articula principalmente a través de dos disposiciones legales: la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 68 del Código Penal de 2012, supra. La primera de éstas establece:

El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad cualquier persona acusada de haber cometido cualquier delito público se descontará totalmente del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad.

Asimismo, y en lo pertinente, el Art. 68(a) del Código Penal, supra, dispone:

A la persona convicta de delito se le abonarán los términos de detención o reclusión que hubiera cumplido, en la forma siguiente:
(a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier convicto desde su detención y hasta que la sentencia haya quedado firme, se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena, cualquiera que sea ésta.

Anteriormente hemos dicho que ambas disposiciones deben interpretarse en conjunto. Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 657 (2012) (citando con aprobación el Informe de Reglas de Procedimiento Penal del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 2008). Así, para que aplique la bonificación que disponen la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 68(a) del Código Penal, supra, “hace falta que [al imputado] se le prive de su libertad, se le acuse y, posteriormente, se le ingrese para cumplir una sentencia por los mismos hechos por los que se le detuvo en primera instancia”. Pueblo v. Contreras Severino, supra, pág. 657. Por su parte, la profesora Dora Nevares-Muñiz ha expresado que el Artículo 68, supra, “provee para el abono de la pena de los días en que la persona estuvo recluida previo a que su sentencia fuera firme o bajo alguna medida de restricción de libertad anulada o revocada”. D. Nevares-Muñiz, Derecho penal puertorriqueño: parte general, 7ma ed. rev., San Juan, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2015, pág. 383.

Así pues, al considerar el propósito y el efecto de disposiciones como la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 68(a) del Código Penal, supra, surge diáfanamente que ambas giran alrededor del hecho de la privación de libertad que sufre el acusado durante el curso del procedimiento penal. Pueblo v. Contreras Severino, supra, pág. 657. Reconociendo estas circunstancias y basándose en el valor que en nuestro ordenamiento jurídico tiene la libertad del individuo, ambas disposiciones ordenan que el tiempo que una persona acusada permanezca privada de su libertad, pendiente la conclusión del proceso en su contra, se abone a la pena impuesta mediante sentencia por los mismos hechos.

Al aplicar la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Artículo 68(a) del Código Penal, supra, en circunstancias como la de autos, los tribunales no pueden emplear el mismo análisis utilizado en Pueblo v. Pagán Medina, supra, pues éste fue pensado para algo distinto; esto es, para calcular el tiempo que debe excluirse del cómputo del término máximo de seis meses de detención preventiva. El razonamiento en ese caso no reparó (no tenía por qué hacerlo) en el hecho per se de si el allí imputado continuó estando privado de su libertad, luego de que se encontró base razonable para dudar de su capacidad mental para enfrentar el juicio. Por el contrario, lo decisivo en Pueblo v. Pagán Medina, supra, fue precisar el momento en que, por motivo de la determinación de base razonable, los procedimientos quedaron suspendidos y, por lo tanto, el término de seis meses de detención preventiva antes del juicio dejó de transcurrir contra el Ministerio Público. “Es desde ese momento [de la determinación de base razonable] que el ciudadano no está sujeto a ser procesado, la privación de su libertad responde a otras razones y, por ende, no se encuentra bajo detención preventiva”. Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 244.

Por su parte, en el caso de la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y del Art. 68(a) del Código Penal, supra, lo decisivo es el tiempo que una persona haya estado privada de su libertad desde el momento en que inició el procedimiento penal y hasta que se dictó la sentencia condenatoria. Ello, independientemente de si el procedimiento penal contra el acusado sumariado estuvo suspendido en algún momento por motivo de una determinación de no procesabilidad. Para propósitos de abonar a la sentencia el tiempo que estuvo detenido, lo determinante no es si el Ministerio Público se hallaba imposibilitado de actuar, sino la efectiva privación de libertad en la que se encontraba el acusado no procesable.

I—I l-H I—I

Por no prestar fianza, el peticionario fue puesto en detención preventiva el 12 de mayo de 2014. El 27 de mayo de 2014, el juez concluyó de manera preliminar que el peticionario se encontraba no procesable, por lo cual suspendió los procedimientos y citó a las partes a una vista según la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra. Debido a dilaciones atribuibles al Departamento de Corrección y Rehabilitación, esa vista no se celebró hasta el 13 de agosto de 2014, cuando se confirmó la determinación preliminar de que el peticionario se encontraba no procesable y se ordenó que fuera trasladado a Psiquiatría Forense de Río Piedras. El 17 de febrero de 2015, el tribunal concluyó que el peticionario se encontraba mentalmente capacitado para someterse al procedimiento penal, por lo cual el 26 de marzo de 2015 lo declaró culpable por infracción al Art. 136 del Código Penal, supra, y lo sentenció a seis meses de cárcel.

Tras aplicar el análisis de este Tribunal en Pueblo v. Pagán Medina, supra, el juez de instancia descontó de la sentencia el término de un mes y veinte días en concepto de detención preventiva; esto es, desde el 12 de mayo de 2014 hasta el 25 de mayo de 2014 y desde el 17 de febrero de 2015 hasta el 26 de marzo de 2015. El Tribunal de Apelaciones confirmó por el mismo fundamento, pero modificó la sentencia para descontar dos días adicionales de la condena.

Como adelantáramos, erraron los tribunales recurridos al abonar solamente el tiempo que el peticionario estuvo en detención preventiva, obviando el hecho de que éste siguió privado de su libertad luego de que se suspendieran los procedimientos por razón de no ser procesable. Una persona acusada no deja de estar bajo la custodia y la jurisdicción del Estado por el hecho de no encontrarse procesable. Pueblo v. Pagán Medina, 175 DPR 557, 573 (2009); Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 501; Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, págs. 362-363. Los cargos criminales continúan pendientes y la razón del tratamiento es que el acusado recupere la capacidad para que pueda ser sometido al proceso y juzgado. Tampoco se trata en estos casos de un privilegio o de una decisión voluntaria; el juez, bajo fundamentos de debido proceso de ley, está obligado a suspender los procedimientos y ordenar el traslado para tratamiento. Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 501; Chiesa Aponte, op. cit., Vol. III, pág. 349. Es decir, a pesar del tratamiento clínico, el Estado continúa privando de su libertad al acusado de una manera coercitiva.

Por lo tanto, al momento de aplicar la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 68(a) del Código Penal, supra, para descontar de la sentencia el tiempo que el peticionario estuvo privado de su libertad, los foros recurridos debieron incluir el periodo en el cual el peticionario estuvo no procesable; periodo que comenzó el 27 de mayo de 2014 con la determinación preliminar de no procesabilidad y que culminó el 17 de febrero de 2015 cuando, luego de la evaluación y testimonio del perito, se pudo concluir que ya podía encarar el proceso en su contra. De haberlo hecho así, resultaba que el 26 de marzo de 2015, al dictarse la sentencia de seis meses de cárcel, ya el peticionario ha bía cumplido con la condena, pues llevaba privado de su libertad desde que fue puesto en detención preventiva el 12 de mayo de 2014; es decir, desde hacía más de diez meses. Incidieron, pues, los foros recurridos al no dar por cumplida la sentencia desde el momento mismo en que ésta fue dictada.

IV

Por los fundamentos expuestos, revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones, así como la del Tribunal de Primera Instancia. Se confirma la orden de excarcelación dictada por este Tribunal el 5 de junio de 2015 y se ordena la eliminación de cualquier restricción de libertad impuesta.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado Señor Rivera García concurrió con una opinión escrita, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió una opinión de conformidad.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera García, al que se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

Concurro con el resultado alcanzado en la opinión que antecede en la medida que, desde el momento en que el Sr. Edwin Méndez Pérez acudió en revisión ante este Tribunal, este ya había cumplido en prisión un periodo de tiempo mayor a la pena de seis meses impuesta por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia condenatoria. Por lo tanto, no hay duda de que debemos confirmar la orden de excarcelación dictada por esta Curia el 5 de junio de 2015 y ordenar la eliminación de cualquier restricción a la libertad impuesta por esa orden.

Ahora bien, muy respetuosamente entiendo que este resultado debió emitirse en una Sentencia, no mediante una opinión del Tribunal, la cual establece un precedente normativo innecesario que carece de los hechos pertinentes y oportunos para su adopción. Nótese que hoy una mayoría de este Tribunal resuelve que, según la Regla 182 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, el periodo que un acusado sumariado pasa internado en una institución psiquiátrica recibiendo tratamiento médico, luego de una determinación de no procesabilidad, debe descontarse de la sentencia que finalmente imponga el Tribunal.

De esta manera, concluyen que estar internado en Psiquiatría Forense, por ejemplo, equivale a una privación de la libertad para efectos de la referida regla. Más allá del genuino debate que una afirmación como esa puede provocar —e independientemente del respetable criterio que tenga cada uno de mis compañeros y compañeras sobre el particular— el problema con esta interpretación extensiva de lo que constituye “privación a la libertad” es que del expediente no surge que el señor Méndez Pérez fuera, en efecto, trasladado e ingresado a hospital psiquiátrico alguno. Véase Opinión, pág. 784 esc. 2.

En ese contexto, una mayoría del Tribunal está adoptando una normativa concerniente al concepto “privación a la libertad” y sus implicaciones frente a una reclusión en un hospital psiquiátrico, a pesar de que de los hechos del caso de epígrafe no surge que este fue ingresado en alguna institución de esta naturaleza. Por el contrario, lo que sí surge del expediente es que estuvo en prisión en todo momento hasta el día que le dictaron sentencia. De hecho, así lo reconoció el señor Méndez Pérez en sus respectivas comparecencias e, incluso, el propio Ministerio Público al allanarse a la solicitud de excarcelación presentada por este.

Así las cosas, el cuadro fáctico ante nuestra consideración se limita a una persona que fue ingresada en prisión por no pagar fianza y permaneció en prisión hasta el momento que se le dictó la sentencia, independientemente de que hubo un periodo en que estuvo declarado no procesable. Al estar en prisión en todo momento, no hay duda de que procede abonarle ese periodo a la sentencia condenatoria dictada, según dispone claramente la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra. En ese sentido, no hay espacio para discutir qué implicaciones tiene para el abono en la sentencia el que una persona sumariada esté internada en una institución psiquiátrica recibiendo tratamiento médico. Eso es una discusión que, en su momento, debemos sostener, pero para la cual los hechos del presente caso no ofrecen el cuadro idóneo. Es por ello que en esta ocasión concurro con laopinión que antecede.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

Estoy conforme con la Opinión Mayoritaria que resuelve que el periodo en que un imputado de delito se encuentra no procesable debe descontarse de la condena impuesta. Entiendo que tanto la Regla 182 de Procedimiento Criminal, infra, como el Art. 68(a) del Código Penal, infra, requieren que el tiempo que una persona hubiere permanecido privada de su libertad debe descontarse totalmente del término que debe cumplir en su sentencia.

Empero, por la importancia que reviste la norma que hoy adoptamos, procedo a abundar en torno a las consideraciones constitucionales que obligan al legislador y las razones adicionales por las que estoy conforme con la opinión que hoy emite este Tribunal.

I

En el caso ante nos, el 12 de mayo de 2014 se le encontró causa para el arresto por la infracción a un delito grave al Sr. Edwin Méndez Pérez (Méndez Pérez). Desde esa fecha, el señor Méndez Pérez fue restringido de su libertad al no poder prestar la fianza impuesta. Posteriormente, el 27 de mayo de 2014 se advirtió de la posibilidad de que el imputado no fuera procesable, por lo que se comenzó el proceso dictado por la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II. Sin embargo, luego de múltiples señalamientos, no fue hasta el 13 de agosto de 2014 que el Tribunal de Primera Instancia determinó que el señor Méndez Pérez no era procesable y ordenó su traslado a una institución psiquiátrica. Finalmente, el 17 de febrero de 2015 se determinó que el señor Méndez Pérez era procesable.

Posterior a ello, el 26 de marzo de 2015 el Ministerio Público llegó a un acuerdo con el señor Méndez Pérez de imputar una violación por otro delito a cambio de su declaración de culpabilidad. Así las cosas, y en esa misma fecha, el Tribunal de Primera Instancia declaró culpable al peticionario y lo sentenció a seis meses de cárcel. Asimismo, el foro primario descontó de la referida sentencia el término de un mes y veinte días, a saber: del 12 de mayo de 2014 al 25 de mayo de 2014 (trece días) y del 17 de febrero de 2015 hasta el 26 de marzo de 2015 (un mes y siete días).

Inconforme, el señor Méndez Pérez planteó que procedía descontar todo el tiempo que estuvo restringido de libertad sin considerar si ello fue por razón de su no procesabilidad. Con tal reclamo, acudió al Tribunal de Apelaciones. Por su parte, el Ministerio Público presentó un Escrito de Cumplimiento de Orden ante el Tribunal de Apelaciones en el que se allanó a la petición del señor Méndez Pérez al sostener que “el peticionario estuvo recluido en una institución penal al menos durante seis meses antes de que se le sentenciara. Es decir, el peticionario estuvo privado de su libertad al menos seis (6) meses”.

El foro apelativo intermedio no acogió el planteamiento del peticionario y optó por extender al abono de la sentencia la norma pautada en Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228 (2010), en cuanto a que no se utiliza para el cómputo de detención preventiva el tiempo que una persona no estuvo procesable. Asimismo, ese foro extendió tal determinación al momento desde que existe base razonable para creer que el acusado estaba mentalmente incapacitado, para fines de la controversia ante nos. Por lo tanto, solo modificó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia a los efectos de abonar dos días adicionales, por entender que se debía descontar desde el 12 de mayo de 2014 al 27 de mayo de 2014, fecha en la que se advirtió “base razonable” sobre la posibilidad de no procesabilidad del imputado.

En desacuerdo, el señor Méndez Pérez acudió ante este Tribunal mediante el presente recurso y una solicitud provisional de auxilio de jurisdicción. En síntesis, reiteró su reclamo de que procedía que se descontara todo el tiempo que estuvo privado de su libertad, incluyendo aquel en el que no era procesable.

Este Tribunal mediante Resolución emitida el 5 de junio de 2015 declaró “con lugar” la solicitud provisional de auxilio de jurisdicción y ordenó la excarcelación del peticionario, sujeto a ciertas condiciones.

II

De entrada debemos señalar que aunque durante el proceso reseñado el Ministerio Público se allanó a la petición del señor Méndez Pérez, ello no tornó en académica la controversia ante nuestra consideración.

Como es norma conocida, en las doctrinas que autolimitan la intervención judicial está la de academicidad. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). En este sentido, un caso es académico cuando no existe una controversia real, o cuando al dictarse una sentencia, por alguna razón ésta no tendría efectos prácticos sobre la controversia existente, convirtiéndose en una opinión consultiva sobre asuntos abstractos. íd., págs. 932-933; San Gerónimo Caribe Project v. ARPe, 174 DPR 640, 652 (2008).

No obstante, la norma jurídica ha reconocido una serie de excepciones a la doctrina de la academicidad que nos permiten la consideración de un caso que, de otro modo, resultaría académico en cuanto a su resultado o efecto inmediato. PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 676 (1995). Entre éstas se encuentra el hecho de que la controversia o polémica sea recurrente o susceptible de volver a ocurrir. Para ello debe existir una probabilidad de recurrencia, identidad entre las partes involucradas y la probabilidad de que el asunto sea capaz de evadir la revisión judicial. Véase Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 934, y casos allí citados.

Precisamente, en el caso ante nuestra consideración nos encontramos ante una situación capaz de repetirse nuevamente y en la que no existe una norma establecida que pueda ser aplicada de forma uniforme por los foros inferiores, por lo que nos corresponde expresarnos sobre el planteamiento sometido ante nuestra consideración, ya que aun cuando el Ministerio Público se allanó a lo peticionado, ello no fue avalado por los foros inferiores y es susceptible de volver a ocurrir. Por lo tanto resulta indispensable que este Tribunal se exprese a tales efectos de tal forma que exista una norma clara sobre cuánto se abona a la sentencia en casos de no procesabilidad. Véanse: UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 933. Procedemos a ello.

III

Uno de los derechos fundamentales del ser humano es el derecho a su libertad. Tan es así, que la Constitución de Puerto Rico contiene varios incisos en los que se adelanta tal propósito. Entre ellos, el que se reconozca como “derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad” así como el que “ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley”. Art. II, Sec. 7, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 296. Igualmente, se reconoce que en los procesos criminales el acusado goza de la presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. PR, supra, pág. 343. Como consecuencia, se garantiza que éste “tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio” y el que “la detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses”. íd.

Igualmente, nuestro ordenamiento constitucional y jurídico promueve la rehabilitación de las personas convictas de delito. De esta forma, nuestra Constitución consagra como principio “el tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Art. VI, Sec. 19, Const. PR, supra, pág. 440. Véase, además, Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011 (3 LPRAAp. XVTII et seq.).

Ante tal realidad, se codifica un sistema de penas en nuestro ordenamiento jurídico y, en igual medida, se reconoce la importancia de que una persona convicta de delito no exceda la pena impuesta privada de su libertad. Es de tal envergadura este derecho que se establece que el tiempo que una persona ha estado privada de su libertad se descuenta de su sentencia.

A estos efectos, la Regla 182 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II, dispone como sigue:

El tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad cualquier persona acusada de cometer cualquier delito público se descontará totalmente del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiera sufrido la privación de libertad. (Enfasis suplido).

Por su parte, el Art. 68(a) del Código Penal de 2012 (33 LPRA sec. 5101(a)), dispone lo siguiente:

A la persona convicta de delito se le abonarán los términos de detención o reclusión que hubiere cumplido, en la forma siguiente:
(a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier convicto desde su detención y hasta que la sentencia haya quedado firme, se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena, cualquiera que sea ésta.

Ambas disposiciones se interpretan conjuntamente. Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 657 (2012). Las disposiciones transcritas son diáfanas al establecer que la privación de libertad de una persona por razón de los hechos que se le imputan en la comisión de un delito se abona desde su detención hasta que recae la sentencia en su contra. Id. Véase, además, Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 DPR 183, 195 (2012). En otras palabras, la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 68(a) del Código Penal de 2012, supra, disponen que se le abone al convicto el tiempo que estuvo restringido de su libertad en espera de ser sentenciado por los mismos hechos por los cuales se privó de su libertad. íd.

En el caso de autos, la interrogante que suscita los hechos ante nuestra consideración es si la determinación de no procesabilidad constituye una privación de la libertad que debe ser considerada al momento de determinar cuánto se debe descontar de la sentencia a cumplir por el convicto. Para ello debemos examinar nuestras expresiones sobre la no procesabilidad y sus efectos. Veamos.

IV

El término procesabilidad se refiere a si una persona tiene la capacidad mental para enfrentarse a la naturaleza de un procedimiento criminal en su contra. Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, 499 (2001). Así, la no procesabilidad de un imputado de delito resulta de la incapacidad mental de éste al momento de encarar el proceso judicial en su contra. Pueblo v. Santiago Torres, 154 DPR 291, 300 (2001); Pueblo v. Castillo Torres, 107 DPR 551, 555 (1978). La importancia de que una persona entienda la naturaleza y propósito del procedimiento criminal que enfrenta radica en que no haya una violación al debido proceso de ley por su inhabilidad de defenderse adecuadamente. Véanse: Pueblo v. Santiago Torres, supra, págs. 301-302; E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1995, Vol. III, pág. 252. Es por ello que la Regla 240 de Procedimiento Criminal dispone que en ese instante se suspenden los procedimientos y se señala una vista para determinar el estado mental del acusado. 34 LPRA Ap. II, R. 240. En nuestro ordenamiento, “ninguna persona podrá ser juzgada, convicta o sentenciada por un delito mientras esté incapacitada”. Regla 239 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II.

Luego de los procedimientos, si el tribunal determina que el imputado no es procesable deberá ordenar su traslado a una institución para su tratamiento. Pueblo v. Santiago Torres, supra, pág. 301. Empero, durante el trámite posterior para evaluar si el imputado es procesable, no podemos olvidar que éste permanece bajo la custodia del Estado. Pueblo v. Pagán Medina, 175 DPR 557, 573 (2009). De hecho, uno de los efectos de la determinación de improcesabilidad conforme a lo dispuesto en la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, es que “el acusado permanecerá bajo la jurisdicción del tribunal”. Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 501. Claro está, no se puede permitir una reclusión “ad infinitum”, por lo que en casos donde permanezca la incapacidad del imputado y no exista la probabilidad sustancial de que advenga a estar capaz mentalmente, “se debe liberar de la institución adecuada del Estado donde recibe tratamiento, salvo que estén presentes circunstancias fácticas que señalen que debe ser internado involuntariamente bajo dicho procedimiento de internación civil”. Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 507.

Ahora bien, a la luz de lo expuesto este Tribunal ha resuelto cuál es el efecto de la determinación de no procesabilidad en cuanto al término de detención preventiva. En Pueblo v. Pagán Medina, supra, expresamos que el término de detención preventiva responde a un derecho constitucional arraigado en la presunción de inocencia que constituye un garante del derecho a un juicio rápido y a evitar un abuso de poder. Como consecuencia, una persona no debe estar más de seis meses detenida sin que se comience su juicio. No obstante, cuando el imputado de un delito no es procesable en virtud de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, no se puede aludir a que se encuentra detenido preventivamente, pues durante su reclusión no estaba en contemplación de juicio ni en espera de que se celebrara el proceso criminal en su contra. Ruiz v. Alcaide, supra. Así las cosas, pautamos que “al computar el término máximo de detención preventiva, debe excluirse, solamente el tiempo en el que el peticionario está efectivamente recluido en una institución adecuada para su tratamiento, por or-den del tribunal”. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 574. Ello, porque durante ese periodo el imputado no está sujeto a ser procesado, y por lo tanto “la privación de su libertad responde a otras razones y no está bajo detención preventiva”. (Énfasis nuestro). íd. Posteriormente, aclaramos que el tiempo que se excluirá del término de detención preventiva comenzará a contarse a partir de que exista “base razonable” para creer que el acusado se encuentra mentalmente incapacitado. Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228, 233 (2010).

Tal análisis no puede extenderse automáticamente a las circunstancias ante nuestra consideración. Como bien se expone en la Opinión Mayoritaria, ese raciocinio no responde al fundamento de la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, ni del Artículo 68(a) del Código Penal, supra. Éstas encuentran su cimiento en abonar el tiempo desde que una persona fue detenida y privada de su libertad hasta que se dicte sentencia por los mismos hechos imputados, es decir, la “efectiva privación de libertad”. Por lo tanto, se debe abonar el “tiempo que el peticionario estuvo privado de su libertad”. Como expusimos, mientras la persona se encuentra no procesable está privada de su libertad y sujeta a la continuación del proceso penal en su contra. Por ello, procede descontar de la pena a una persona sentenciada el tiempo que esté privada de su libertad.

V

Ante tal conclusión, en el caso de autos se debe considerar que el señor Méndez Pérez estaba restringido de su libertad desde que se determinó causa para arresto el 12 de mayo de 2014 hasta que se dictó su sentencia el 26 de marzo de 2015. Como consecuencia, no debe existir duda de que a ese momento había sido privado de su libertad en exceso de la sentencia de seis meses que le fuera impuesta.

A mi juicio, y a los fines de cuánto se debe abonar a la sentencia impuesta, carece de importancia la fecha en la que existía “base razonable” para pensar que el señor Méndez Pérez no era procesable o desde cuándo estuvo en una institución psiquiátrica por razón de su no procesabilidad como razonaron los foros recurridos. Como expusimos, lo determinante según la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 68(a) del Código Penal, supra, es simplemente desde cuándo estuvo privado de su libertad. Ello sucede incluso en una determinación de no procesabilidad. En estos casos, el esquema discutido expone claramente que una persona no procesable está restringida de su libertad y sigue sujeta al proceso criminal. De esta forma, resulta un hecho irrefutable que el señor Méndez Pérez fue restringido de su libertad desde la determinación de causa para arresto. Por lo tanto, es incuestionable el hecho de que éste había cumplido en exceso de la sentencia impuesta y procedía su excarcelación.

VI

Por lo expuesto, estoy conforme con la Opinión Mayoritaria. Ello, porque el tiempo que se abona a la sentencia dictada contra un imputado de delito incluye el que estuvo restringido de su libertad por razón de su no procesabilidad. El hecho de si estuvo o no recluido en una institución psiquiátrica en nada afecta el tiempo que debe abonarse a su sentencia ante el tajante lenguaje de la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, y el Art. 68(a) del Código Civil, supra. Ambas disposiciones, establecen sin ambages que el tiempo que una persona estuviere privada de su libertad o recluido desde su detención hasta dictada la sentencia, se descontará totalmente del término que deba cumplir esa persona de ser sentenciada por los mismos hechos. Como consecuencia, el hecho de desconocer si en efecto el peticionario estuvo recluido o no en una institución psiquiátrica, en nada afecta la norma que hoy avala este Tribunal.

       Resolución y orden, Apéndice, pág. 19.

       El expediente judicial a nuestra disposición no nos permite determinar concluyentemente si el señor Méndez Pérez fue internado por algún periodo de tiempo en la referida institución. Sin embargo, como se verá, ello no nos impide resolver la controversia.

       Sentencia nunc pro tune, Apéndice, pág. 34.

       Escrito en cumplimiento de orden, Apéndice, pág. 46.

       El Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia había calculado mal el tiempo de detención preventiva, pues contó desde el 12 de mayo de 2014 hasta el 25 de mayo de 2014, cuando realmente no fue hasta el 27 de mayo de 2014 que el juez suspendió los procedimientos por entender que el peticionario se encontraba no procesable.

       Al igual que el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones fundamentó su decisión en el análisis llevado a cabo por este Tribunal en el caso Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228 (2010).

       Petición de certiorari, pág. 7.

       Dado que el Ministerio Público se allanó a la solicitud del peticionario ante el Tribunal de Apelaciones, en aras de agilizar el trámite ante nos hemos prescindido de requerir su alegato según nos lo permite la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B.

       Con posterioridad a la decisión en el caso Pueblo v. Pagán Medina, supra, la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, se enmendó a los efectos de modificar el estándar de base razonable por el de preponderancia de la prueba.

       “Mientras el imputado, en quien se ha encontrado ‘base razonable’ para ordenar la evaluación de su condición mental, se encuentre en espera de tal evaluación, el Ministerio Público se encuentra, a su vez, legal y constitucionalmente vedado —‘con las manos atadas’— de proseguir con el procedimiento criminal que tiene el deber de ejecutar”. (Enfasis suprimido). Pueblo v. Pagán Medina, supra, pág. 243.

       Claro, si después de un tiempo razonable bajo tratamiento el acusado continúa improcesable y no existe probabilidad sustancial de que ello vaya a cambiar, “se [le] debe liberar de la institución adecuada del Estado donde recibe tratamiento, salvo que estén presentes circunstancias tácticas que señalen que debe ser internado involuntariamente bajo dicho procedimiento de internación civil”. (Citas omitidas y énfasis en el original). Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492, 507 (2001).

       El retraso en la celebración de la vista de no procesabilidad se debió a que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no realizó los trámites para la evaluación psiquiátrica previa del imputado.

       Periodo desde que fue sumariado el señor Méndez Pérez hasta unos días antes de que se trajera a colación la posible no procesabilidad del imputado.

       Periodo que corresponde desde que fue hallado procesable nuevamente hasta que se dictó la sentencia.

       Véase Escrito en cumplimiento de orden, Apéndice, pág. 57.

       Véase Opinión mayoritaria, pág. 791.

       íd., pág. 793.

       Para los efectos de qué sucede cuando se determina que la persona imputada no es procesable permanentemente, ésta debe ser liberada o proceder a su ingreso involuntario para tratamiento, conforme lo establecido en Ruiz v. Alcaide, 155 DPR 492 (2001).

       Obviamente, continuó confinado hasta que emitimos la Resolución ordenando su excarcelación el 5 de junio de 2015.


text:
    Asociación de Abogados de Puerto Rico, peticionaria, v. Alejandro García Padilla, en su carácter oficial como Gobernador de Puerto Rico, y Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurridos.

      Número: CT-2015-10

      Resuelto: 28 de septiembre de 2015

      John E. Mudd, abogado de la parte peticionaria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, e Iván Rivera Labrador, procurador general auxiliar.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción en Reconsideración a Certificación Intrajurisdiccional y Auxilio de Jurisdicción, presentada por la Asociación de Abogados de Puerto Rico el 23 de septiembre de 2015, se provee “no ha lugar”.

Notifíquese inmediatamente por teléfono y vía fax.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez hace constar las expresiones siguientes, a las cuales se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo:

Disiento y reitero que certificaría el recurso presentado por la Asociación de Abogados de Puerto Rico por las consideraciones expuestas en mi voto particular disidente emitido en Asoc. Abo. PR v. Gobernador I, 193 DPR 697 (2015). En consecuencia, ante la presentación del caso Civil Núm. K PE2015-3169, presentado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, lo hubiese certificado y hubiese consolidado ambos recursos. Véanse: Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de 2003 (4 LPRA sec. 24s); Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594 (2013).

(.Fdo.) María I. Colón Falcón

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rivera García, al cual se une la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

La imposición de un impuesto sobre las ventas y el uso (IVU) a los servicios legales que proveen los abogados y las abogadas a nuestra ciudadanía es un asunto que, al menos inicialmente, parecería ir más allá de las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa para establecer la política pública contributiva en Puerto Rico. Esto porque, por ejemplo, no tan solo se establece una medida que afecta la administración y el acceso a la justicia en su sentido más básico y primario —la búsqueda del ciudadano de asesoría legal— sino que se impone, además, como una condición necesaria e ineludible para que un grupo de abogados y abogadas practiquen la profesión legal en Puerto Rico, lo cual indudablemente trastoca la facultad inherente y exclusiva de este Tribunal Supremo de regular el ejercicio de la abogacía. En ese panorama, y ante la inminente vigencia del impuesto cuya inconstitucionalidad están impugnando tanto la Asociación de Abogados como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, no hay duda de que este Tribunal debió ejercer su poder discrecional para acoger el recurso de certificación intrajurisdiccional peticionado y certificar motu proprio la demanda civil K PE2015-3169.

Ciertamente, reitero mi posición de que este Tribunal debe utilizar sabiamente el ejercicio de su discreción y conforme a ello no debe avalar la preterición de los trámites judiciales ordinarios en cualquier caso en que se haga un reclamo de naturaleza constitucional. Después de todo, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones están facultados para atender tales reclamaciones. Siendo así, nuestra intervención temprana en un caso debe ser de manera excepcional y ante un cuadro fáctico que indudablemente requiera atención inmediata, como precisamente ocurre en el presente caso.

Hoy, lamentablemente, una mayoría de mis compañeros y compañeras fallan en ver tal urgencia y optan por declarar no ha lugar la primera moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria. En desacuerdo con ese proceder, disiento.

       Nótese que la Ley Núm. 72-2015 enmendó la Sec. 4210.01(c) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico para establecer un impuesto especial inicial de 4% sobre ventas y uso, aplicable a ciertos servicios profesionales designados realizados a partir del 1 de octubre del presente año, entre los cuales se incluyeron los servicios legales. Conforme a esta enmienda los abogados y las abogadas que brinden servicios legales, que cuenten con un volumen anual agregado de $50,000 o más, tienen hasta este miércoles 30 de septiembre para cambiar su certificado de registro de comerciante exento para convertirse en agentes retenedores del Departamento de Hacienda. En términos sencillos, esto implica que un gran número de abogados y abogadas en Puerto Rico tendrán que cobrarle a la ciudadanía que acuda en búsqueda de sus servicios la cantidad de 4% de IVU, lo cual eventualmente se convertirá en un 10.5%.

       Véase el Art. 3.002 de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre de Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 LPRA sec. 24s).