text:
    Gustavo Muñoz Díaz, demandante y apelante, v. Pedro Solá Colón, demandado y apelado.
    No. 6584.

    Sometido: Enero 22, 1934.

      Resuelto: Enero 25, 1934.

      B. Atiles Moren, abogado del apelante; González Fagundo & González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

En 8 de noviembre de 1933 la Corte de Distrito ■ de Hu-macao condenó al demandante Gustavo Muñoz Díaz a satis-facer al demandado Pedro Solá Colón la cantidad de $655 por concepto de costas y honorarios de abogado. Esta resolución se dictó al resolver la corte, con la comparecencia de ambas partes, un memorándum de costas radicado por la parte de-mandada. No conforme el demandante con la mencionada resolución, interpuso contra la misma el presente recurso de apelación.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso por-que no se lia radicado transcripción de evidencia, ni pliego de excepciones ni exposición del caso y porque el término para radicar la transcripción de la apelación, venció el día 22 de diciembre de 1933, no habiéndose radicado en dicha fecha en esta Corte Suprema. Entiende la parte apelada que la ape-lación interpuesta resulta completamente frívola, porque, ca-reciendo esta corte de información suficiente para poder con-siderar si la resolución apelada es errónea o no, debe pre-valecer la presunción de que la corte inferior resolvió la cuestión de acuerdo con las resultancias de los autos.

En oposición a la solicitud del demandado, alega el ape-lante que la transcripción de autos ha sido ya radicada y que no necesita transcripción de evidencia o éxposición del caso para sostener las cuestiones de derecho que tiene el propósito de plantear. Arguye que la apelación no es frívola y que se propone demostrar (a) que no existe en Puerto Rico derecho a indemnizar a los testigos; (6) que el memorándum de cos-tas hay que notificarlo a la parte, pues después que una sen-tencia es firme cesa la representación del abogado y es la parte la única persona a quien debe hacerse la notificación; (c) que el memorándum de costas en este caso debió ser jurado por la parte y no por el abogado.

La cantidad concedida por la corte inferior al de-mandado apelado se distribuye en la siguiente forma:

Honorarios del secretario_ $5. 00
Indemnización de testigos__ 50. 00
Honorarios de abogado del demandado_ 600. 00

El demandado reclamó en su memorándum $150 por in-demnización de testigos durante las tres veces que se cele-bró el juicio. El demandante se limitó a impugnar esta partida por excesiva, diciendo que debía rebajarse a una suma razonable, sin establecer ninguna otra objeción. Ahora sostiene en apelación que no existe en Puerto Rico derecho a indemnizar a los testigos. No aparece en los autos la sen-tencia original que debió servir de base al memorándum de costas. Esta omisión sería acaso bastante para desestimar la apelación. Compañía Azucarera del Toa v. Galán, 30 D. P.E. 199. Sin embargo, debemos asumir, ya que no cono-cemos la evidencia aportada, por no haberse elevado a esta eorte una transcripción de la misma, que la corte inferior concedió $50 por indemnización de testigos, para resarcir al apelado de gastos y desembolsos necesariamente becbos. La palabra costas, en su más amplia acepción, incluye también -desembolsos. Así lo sostiene la Corte de Distrito de Apelaciones de California, Tercer Distrito, en el caso de Bond v. United Railroad, 20 Cal. A. 124, 128 Pac. 786; y así lo ha sostenido esta corte en el caso de Brac v. Rafael Ojeda, 27 D.P.R. 658, interpretando el artículo 339 del Código de En-juiciamiento Civil, tal y como fue enmendado por la Ley nú-mero 15 de 19 de noviembre de 1917.

En Bond v. United Railroads, supra, la Corte de California dice que en su sentido general la palabra costas, cuando se emplea con referencia a litigios, comprende desembolsos y sumas específicas permitidas por la ley como indemnización a la parte victoriosa por sus gastos. En su acepción más estrecha, la palabra costas excluye desembolsos, pero dándole a esta palabra un significado liberal, comprende, según la misma corte, las costas tasables y los desembolsos.

En el caso de Brac v. Ojeda, supra, esta corte dice que de acuerdo con la Ley número 15 citada, la condena de costas comprende también el pago de los desembolsos necesaria-mente hechos por la parte a quien fueron concedidos y el de los honorarios de su letrado. Es, pues, evidente que la corte inferior giró dentro de sus atribuciones al aprobar la partida que se refiere a indemnización de testigos. No estando esta corte en condiciones de emitir juicio alguno con respecto a la prueba que, como ya hemos dicho, no ha sido elevada a este tribunal, debemos asumir que el tribunal inferior concedió la referida suma para resarcir al demandado de desembolsos en que necesariamente incurriera, teniendo en cuenta la eviden-cia aportada.

El memorándum de costas aparece notificado al abogado de la parte demandante, y esto basta. Domínguez v. Días, 18 D.P.R. 986. El juramento prestado por el abogado es también suficiente.

De los autos elevados a este tribunal resulta claramente que el recurso de apelación interpuesto es frívolo y que debe ser desestimado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Teodora, Domingo e Inocencio Costa Beltrán, demandantes y apelantes, v. Julián Piazza Canosi, Francisco R. de Jesús, Lorenza Beltrán y Luciano Caraballo, demandados y apelados. Los Mismos v. Los Mismos.
    Nos. 6541 y 6579.

    Sometidos: Enero 15, 1934.

      Resueltos: Enero 26, 1934.

      B. Muñoz Barrios, abogado de los apelantes; Gustavo Bodríguez, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el primero de los casos arriba titulados los deman-dantes apelan de una resolución en que se les negó el derecho a proseguir su recurso de apelación m forma pauperis. La corte oyó la moción y la prueba sobre ella presentada. Nin-guna de esta prueba lia sido elevada a este tribunal y, en su consecuencia, la apelación debe ser desestimada.

En el segundo caso la corte concedió una prórroga para que el taquígrafo preparara la transcripción de la evidencia, estando ésta concebida en los siguientes términos: “30 días después de una resolución que habrá de dictar ese Hon. Trihn-nal en nn caso que al tiempo de obtener la prórroga estaba ya apelado para ante ese Hon. Tribunal.” Los apelados ci-tan jurisprudencia al efecto de que el término concedido era demasiado indefinido. No sin tener cierta duda, nos inclina-mos a creer que el término es definido y daremos a los ape-lantes el beneficio de nuestra duda y denegaremos la moción de desestimación.


author: El Juez Asociado Señor "Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Román Cabán, acusado y apelante.
    No. 5133.

    Sometido: Noviembre 22, 1933.

      Resuelto: Enero 26, 1936.

      Luis A. Rosario, abogado del apelante; R. A, Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué convicto de incendio malicioso con arreglo al artículo 407 del Código Penal, por baber pegado fuego a una pieza de caña como de 1 y2 cuerdas.

El apelante sostuvo que la acusación era insuficiente por no alegar qne la pieza de caña valía más de $50. El estatuto dispone:

“Toda persona que voluntaria y maliciosamente quemare algún puente de valor de más de cincuenta dollars, o cualquier edificio o embarcación que no fuere materia de incendio malicioso o tabaco, o ranchón de tabaco, o cualquiera plantación creciente o por cosechar, pasto o árbol o cualquiera cerca, no perteneciente a dicha persona, incurrirá en pena de presidio por uno a diez años.”

La corte inferior resolvió que los cincuenta dólares men-cionados en ese artículo sólo se referían a puentes, o sea, el primer objeto especificado en el estatuto. Convenimos en que las palabras “cincuenta dollars” se aplican únicamente a puentes, y que no se fija valor para las demás cosas. De-bió baber sido la intención de la Legislatura que podría im-putarse el delito de incendio malicioso a cualquier persona que pegase fuego a cualquier propiedad designada en el es-tatuto, no importa cuál fuere su valor, con excepción, desde luego, de puentes.

La corte inferior resolvió esta cuestión en una forma algo más elaborada, y puede acudirse a su opinión.

De igual forma estamos enteramente satisfechos con el razonamiento de la corte de distrito al efecto de que el delito de incendio imputado en este caso no se divide en grados, y no era necesario hacer una mención específica de grado alguno.

El acusado asimismo se queja del proceder del jurado al venir a la corte en solicitud de que se le informara cuál era la pena máxima y mínima que podía imponerse. El apelante se esfuerza en demostrar que el jurado estaba prejuzgado en su contra al hacer esa solicitud a la corte, pero convenimos con el fiscal en que, por el contrario, el jurado parecía téner algunas dudas en favor del acusado. Además, si el jurado hace una petición indebida a la corte a causa de alguna idea errónea que pueda tener respecto a sus facultades o a cualquier otro extremo, sería deber del apelante de-mostrar en forma más positiva cuál filé en realidad la idea del jurado. Hasta ahora se nos hace imposible imaginar que nn error de esta olase de parte del jurado constituye motivo para anular el veredicto {mistrial).

Asimismo dudamos que el error haya sido debidamente señalado ante este tribunal, de acuerdo con la jurisprudencia que hemos sentado en El Pueblo v. Maldonado, 45 D.P.B. 417, y al resolver una moción para reconsiderar en el mismo caso, en 45 D.P.R. 915. En otras palabras, no bastaba decir:

“Que hubo un manifiesto error por parte del jurado al apartarse de sus deberes como jueces de hecho, y comportarse en forma tal, que el veredicto rendido no fué el resultado de una deliberación, sana, juiciosa, correcta y concienzuda.”

La supuesta mala conducta del jurado debió ser expuesta más específicamente.

Los otros errores se refieren a la apreciación de la prueba y cabe aplicar la regla de que el veredicto no será general-mente revocado en apelación; y no hallamos error substan-cial alguno en las instrucciones de la corte.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Jije£ Asociado Señoe Aldbey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Almodóvar de Jesús, acusado y apelante.
    No. 5204.

    Sometido: Noviembre 23, 1933.

      Resuelto: Enero 26, 1934.

      José Verary, Jr., abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Jije£ Asociado Señoe Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Emilio Almodóvar de Jesús interpuso esta apelación contra sentencia que lo condenó por delito de hurto menor sub-siguiente.

E'l primer motivo alegado para su recurso'es por haber permitido la corte inferior que un policía declarase sobre manifestaciones del acusado sin que estuviera conectado con el delito.

Después de probarse el corpus delicti puede permitirse evidencia de admisiones, manifestaciones o confesiones de un acusado; y en este caso no sólo estaba probado el corpus de-licti con la declaración de Manuel López de que de su esta-blecimiento le fueron sustraídos 300 cigarros con sus anillas y sin sellos de rentas internas, sino que también había sido presentada evidencia que relacionaba al acusado con esa sus-tracción, pues dos testigos declararon que al día siguiente el acusado ofreció en venta a uno de ellos cigarros que no le compró porque no tenían sellos de rentas internas; y otro testigo declaró que los cigarros sustraídos fueron fabricados para él por Manuel López, quien puso en su conocimiento la sustracción de ellos inmediatamente y le dijo que si iban a vendérselos los comprara para poder averiguar la sustracción y que al día siguiente de ella el acusado le ofreció en venta 300 cigarros con sus anillas y sin sellos de rentas internas, de los que le compró 200 por menos precio del que realmente tenían los cigarros; los cuales, según el perjudicado, son los mismos que le fueron sustraídos. Por consiguiente, no existo el error alegado.

■ [2] El segundo motivo se funda en que la corte inferior cométió error al permitir prueba de la reincidencia del acu-sado sin haberse probado su culpabilidad fuera de duda ra-zonable.

Cuando la prueba de reincidencia fué presentada existía además de las declaraciones antes mencionadas la que prestó el policía José G-erena, según la cual el acusado le dijo vo-luntariamente ante el jefe de distrito que él había sustraído los cigarros y que vendió 200 a Morales. Esa prueba cir-cunstancial era bastante prima facie para considerar probada la culpabilidad del acusado, por lo que después de ella era admisible la prueba de su reincidencia en ese delito.

En el último motivo se dice que la corte inferior cometió grave y manifiesto error al considerar el alcance de la prueba practicada apreciándola con pasión, prejuicio y parcialidad.

No existe ningún hecho en los autos, ni se alega, que de-muestre que la corte, actuó con pasión, prejuicio y parciali-dad, por lo que la cuestión a decidir es si cometió un mani-fiesto error en su apreciación de la prueba.

Después de practicada la prueba del fiscal a que nos he-mos referido presentó la suya la defensa del acusado, quien declaró que vendió a Manuel Morales los 200 cigarros que fueron ocupados, los cuales él fabricó, pues es tabaquero; que acostumbra vender cigarros sin los sellos de rentas internas, y que no dijo al policía Gerena que los había sustraído. Un testigo que presentó declaró que no ha visto al acusado que haga cigarros pero sí que los vende; y otros dos manifesta-ron que han visto" al acusado hacer cigarros. Al jefe de la policía del distrito dijo que ante él y el policía Gerena mani-festó el acusado que había vendido los 200 cigarros ocupados pero no que él los había sustraído, aunque en las repreguntas del fiscal manifestó que no recordaba si el acusado había dicho o no que había sustraído esos cigarros.

• No creemos que la corte inferior cometiera manifiesto error en la apreciación de toda la prueba pues, aun prescindiendo de lo declarado por el policía Grerena, solamente resulta una contradicción entre la del fiscal y la del acusado respecto a si los cigarros comprados por Morales fueron fabricados por López o por el acusado; conflicto que resolvió el tribunal en contra del acusado, y como la restante prueba del acusado no destruye la del fiscal, no podemos declarar que existe el motivo de error que resolvemos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Pbesidente Senos Del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cecilio Molina y Modesto Ayala, acusados y apelantes.
    No. 5349.

    Sometico: Enero 16, 1934.

      Resuelto: Enero 29, 1934.

      F. Fernández Cuyar, ’abogado de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Senos Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló acusación contra Cecilio Molina y Modesto Ayala imputándoles la comisión de un delito de escalamiento en primer grado, cometido como sigue: “Los referidos acusados .... allá por el día 16 de agosto de 1933, y en San Juan, P. R., del Distrito Judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente, pene-traron, en boras de la noche, en la casa perteneciente a y de la propiedad de Rafael Torres, con la intención entonces j allí de cometer hurto.”

Leídales la acusación, los acusados alegaron que eran ino-centes y solicitaron juicio por el Tribunal de Derecho. La corte les nombró de oficio al abogado Sr. Fernández Cuyar y con su asistencia se celebró el juicio el 22 de septiembre último.

El primer testigo que declaró fué Rafael Torres. Dijo que el becbo ocurrió el 17 de agosto de 1933 en la Carretera Nueva, Parada 22, de Santurce, San Juan, en el garage de su casa — que es de cemento y madera, con tecbo y se cierra con candado — donde tenía guardada una pintura que había comprado y que valía treinta dólares. El garage “pertenece a la casa en que nosotros vivimos;” “. . . no es nuestra, es una casa alquilada;” “. . . la casa es propiedad de doña Lola, viuda de Alcaide,” a quien se la tiene alquilada, pa-gando las rentas su mamá. El testigo tiene una casa en la Parada 30, Hato Rey. Para pintarla había comprado la pin-tura que le fué robada.

Continuó declarando sobre admisiones de su culpabilidad por parte de los acusados y declararon luego los otros testi-gos del Fiscal Julio G-ordón, José Flores y Pedro R. Arroyo. Entonces aparece del récord que dijo la defensa: “Nosotros, Sr. Juez, solicitamos que se absuelva libremente a los acu-sados porque hay una discrepancia entre la acusación y la prueba;” que argumentó su moción, que preguntado si tenía prueba que presentar contestó: “Nosotros descansamos en nuestra moción,” y que la corte declaró ésta sin lugar, pro-cediendo a dictar sentencia en contra de los acusados.

No conformes éstos, apelaron para ante este tribunal, señalando como único error el cometido a su juicio por la corte de distrito “al desestimar la moción de nonsuit o ex-cepción perentoria formulada por los acusados al terminar la prueba del Pueblo, y al condenar a dichos acusados sobre la evidencia practicada por El Pueblo, la cual demuestra una discrepancia fatal, con la acusación presentada por el Fiscal del Distrito.”

A fin de fijar bien la posición de los apelantes parece con-veniente transcribir del alegato de sn abogado lo que signe:

“La acusación en el presente caso alega clara y expresamente que el escalamiento en controversia.se perpetró en una casa ‘perteneciente a y de la propiedad de Rafael Torres.’ (Trans, de Autos, p. 1). No se describe dicha casa en ninguna otra forma, ni se da su dirección de calle y número. La única descripción de la casa es la que dice que pertenece a y es propiedad de Rafael Torres. Bajo esta alega-ción, el Fiácal estaba obligado a probar que el escalamiento imputado a los acusados-apelantes se perpetró en una casa de Rafael Torres, y no podía en forma o manera alguna sostener la acusación con prueba de que tal escalamiento se realizó en otra casa cualquiera.
“La prueba, sin embargo, no solamente demostró que la casa refe-rida no era propiedad de Rafael Torres, sino que fue más allá y demostró que era propiedad de Doña Lola Viuda de Alcaide (Trans, de Evid. p. 7) y que estaba arrendada a la madre del Sr. Rafael Torres. Pero más aún y más importante: la prueba del Pueblo demos-tró asimismo que el Sr. Rafael Torres es propietario de una casa, dis-tinta a la referida en la acusación, y situada en Hato Rey, Stop 30, estando esta propiedad inscrita a nombre del Sr. Torres, y siendo la única casa perteneciente a y de la propiedad de dicho señor. (Trans, de Evid. p. 7.)
‘ ‘ Tal es la discrepancia que sirvió de base a la moción de nonsuit de los acusados-apelantes en la corte inferior y que motiva el presente único señalamiento de error en el recurso de apelación entablado.
“Creemos innecesario argumentar extensamente al efecto de que en una acusación por escalamiento es absolutamente indispensable des-cribir en alguna forma el sitio donde se alega haberse cometido el de-lito. Es elemental la proposición y está sostenida por la razón y la jurisprudencia. No requiere, sin embargo, el estatuto, ni la juris-prudencia, que se haga la descripción del sitio en cierta y determinada manera. Lo que se requiere es que la descripción formulada en la acusación dé suficiente conocimiento al acusado de los hechos que se le imputan, de modo que pueda prepararse para defenderse de ellos. En el presente caso, el Fiscal ha descrito el sitio por su propiedad y pertenencia; es decir, ha alegado que el escalamiento se cometió en unco casa propiedad de y perteneciente a Rafael Torres. No es nece-sario, desde luego, que se describa en esa forma precisamente, pero si así se hace y es ésa la única descripción del sitio, entonces una dis-crepancia entre la alegación y la prueba en este respecto es fatal y da derecho al acusado a ser absuelto.”

La acusación no fné excepcionada por insuficiente. Tam-poco se solicitó una mayor especificación. Se entró a juicio sin protesta y se permitió declarar sin objeción al perjudi-cado en la forma que fiemos extractado sobre el sitio en que se perpetró el delito. Fué al terminar la prueba que se alegó la incongruencia que sirve de base al único error señalado para sostener el recurso y pedir la revocación de la sentencia.

En apoyo de su argumento invocan los apelantes la si-guiente regia que es en verdad la correcta:

“Una incongruencia substancial entre la alegación y la prueba respecto a la propiedad de la cosa es fatal y da derecho al acusado a que se le absuelva, a menos que, como ocurre a veces, por estatuto se provea que una incongruencia no perjudicial a este respecto sea insubstancial, y la incongruencia no sea en realidad perjudicial.” 9 C. J. 1061.

¿Existe aquí la incongruencia? Se alegó en la acusación que la casa pertenecía y era de la propiedad de Rafael Torres y demostró la prueba que la casa la tenía alquilada Rafael Torres, pagando su señora madre, que con él la habi-taba, los alquileres.

No es lo mismo ser dueño que arrendatario. Sobre eso no fiay cuestión. Pero en casos de esta naturaleza se fia resuelto que puede alegarse que la pertenencia del inmueble reside en el que lo ocupa a la fecfia en que se comete el delito aunque en realidad no sea su dueño. Véase 9 C. J. 1043 a 1049, secciones 77 a 90.

Y la razón de la regla consiste según se expresa en uno de los casos citados, en el de State v. Burns, 155 Iowa 488, 490, en que: “El objeto de la alegación relativa a la propie-dad (ownership) de la casa en una acusación por escalamiento es especificar e identificar el delito. Escalamiento no es un delito contra el título de la finca. Es un delito contra la se-guridad de la morada o vivienda. En una acusación por escalamiento 'propiedad significa cualquier posesión que sea válida contra el escalador.’ Bajo diversas circunstancias puede establecerse la propiedad igualmente en una persona o en otra, en el dueño o en su inquilino.” 9 C. J. 1044.

Específicamente se resolvió en el caso de Johnson v. State, 48 Tex. Cr. Rep. 339, 341:

“Se sostiene que como Bryant no era dueño de la casa sino sola-mente un inquilino, es decir, tenía el dominio de ella como arrenda-tario, la prueba era incongruente con la acusación, en la cual se ale-gaba que Bryant tenía la propiedad y ocupación de la casa. No existe mérito alguno en esta proposición. Él tenía el dominio de la casa como tal inquilino y era un dueño especial dentro del espíritu del estatuto. Linhart v. State, 33 Texas Crim. Rep., 504; Reed v. State, 34 Texas Crim. Rep., 597; Willis v. State, 33 Texas Crim. Rep., 168.”

El hecho de que no fuera Torres el que pagara la renta tampoco es importante. En otro caso de Texas, Scoville v. State, 81 S. W. 717, se decidió que:

“En un proceso por escalamiento, prueba que demostraba que el perjudicado y su hermano ocupaban la casa escalada y que el hermano del perjudicado pagaba la renta, era prueba de que el perjudicado y su hermano eran inquilinos en común, siendo dicha prueba con-gruente con la alegación de pertenencia del inmueble en cualquiera de los dos.”

No habiéndose cometido el error que señala el apelante, ni resultando del examen que hemos hecho de los autos que se cometiera ■ cualquiera otro que pudiera considerarse fundamental, no obstante reconocer que la acusación, con res-pecto al sitio en que se cometió el delito, pudo y debió redac-tarse en forma más específica y correcta, procede que él re-curso sea declarado sin lugar y confirmada la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Wiole,

text:
    Roig Commercial Bank, demandante y apelado, v. Santiago Iglesias Silva y su esposa Doña Cruz Rodríguez, demandados y apelantes.
    No. 6456.

    Sometido: Enero 22, 1934.

      Resuelto: Enero 31, 1934.

      G. Cruzado Silva, abogado de los apelantes; González Fagundo & González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado solicita la desestimación de este recurso por-que el alegato deja de cumplir con el reglamento de este tribunal. Hallamos que esto es así en ciertos particulares, mas los defectos no son suficientes para desestimar el recurso sin dar a los apelantes la oportunidad de enmendar.

Igualmente el apelado solicita la desestimación- poi ser frívolo el recurso. En la fecha en que este caso fué visto, en otra causa en que el letrado del apelado también repre-, sentaba a una de las partes, se suscitó la cuestión relativa a nuestro derecho a desestimar casos por frívolos. Según entonces indicó el Juez Presidente, una moción para desestimai un caso por frívolo es algo similar a la anticipación de una vista sobre los méritos, y por tanto que el apelado en su moción para desestimar debe exponer las razones por las cuales el caso es frívolo. Esto no se hizo en la moción que tenemos ante nuestra consideración; por consiguiente, debe de clararse sin lugar la moción para desestimar, dándose permiso a los apelantes para que enmienden su alegato en consonancia con el Eeglamento de esta corte, sin perjuicio de! derecho del apelado a presentar una nueva moción para desestimar el recurso por frívolo cuando se radique el alegato : y similarmente para que renueve su moción para desestimai si los apelantes dejan de radicar un nuevo alegato.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Banco de Puerto Rico, como liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Portela y Gustavo Quiñones, demandados y apelantes.
    No. 6544.

    Sometido: Enero 22, 1934.

      Resuelto: Enero 31, 1934.

      L. Llorens Torres, abogado de los 'apelantes; González Fagundo & González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, al igual que en Roig Commercial Bank v. Santiago Iglesias Silva et al., ante p. 106, el apelado sostiene que la apelación es frívola toda vez que los demandados fueron debidamente notificados, se anotó la rebeldía y se re-gistró sentencia por el secretario de la corte de distrito contra los demandados. Si la demanda era buena, los beebos alegados, tal cual ban sido expuestos por la moción, consti-tuyen prima facie una apelación frívola.

Por consiguiente, examinando el alegato en este caso, según frecuentemente hacemos, bailamos que los dos primeros señalamientos de error se refieren al becbo de que la demanda no aduce suficientemente en qué capacidad el Banco Comercial comparecía, es decir, si como corporación, sociedad o como qué. La demanda demuestra que el Banco de Puerto Pico inició el pleito como liquidador del Banco Comercial, y que éste llegó a ser tal liquidador a virtud de una orden de la Corte de Distrito de San Juan fechada, mayo 8 de 1933. Bajo estos hechos, creemos que carece de importancia si el banco era una corporación, una sociedad o una entidad distinta, toda vez que surgiría la presunción de que el liquidador designado ejercía sus funciones debidamente. Igualmente, como un liquidador fué nombrado para el banco en mayo 8, 1933, es probable que pudiéramos tomar conocimiento judicial en dicha fecha de que tal banco estaba incorporado de conformidad con la Ley de Bancos de nuestra Isla, la cual exige que todos los bancos sean incorporados.

De igual modo, bajo el primer señalamiento de error los apelantes también alegan que en un pleito basado en un pagaré endosado la mera presentación del mismo es insuficiente. Bajo la práctica universal, al igual que de conformidad con la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, el tenedor de un pagaré tiene prima facie derecho a demandar en cobro del mismo, independientemente de cuál fué su causa (■consideration) original. En otras palabras, que la regla es aplicable tanto a la persona originalmente obligada como a un endosatario.

En el tercer señalamiento de error los apelantes sostienen que la corte no tenía derecho a anotarles la rebeldía, toda vez que el emplazamiento era insuficiente. Los apelan-tes nos refieren a los incisos 4 y 5 del artículo 89 del Código de Enjuiciamiento Civil, que leen como sigue:

“La citación irá dirigida al demandado, firmada por el secretario y librada bajo el sello de la corte, y deberá contener:
# # * * * * *
“i. — En una acción originada de un contrato para obtener dinero, o el importe de daños y perjuicios solamente, se fiará constar la prevención de que si no compareciere y contestare el demandado según se le ordena, el demandante obtendrá fallo por la cantidad exigida en la demanda, especificando la suma.
“5. En las demás acciones, la prevención de que si no compare-ciere y contestare el demandado según se le ordena, el demandante solicitará de la corte le sea concedida la petición que hubiese hecho en la demanda. El nombre del abogado del demandante se fiará constar al dorso de la citación.”

El emplazamiento en- cuestión lee así:

“Y se notifica a ustedes que de no comparecer a contestar dicha demanda, dentro de diez días después de notificados si la notifica-ción se hiciere en el distrito, y dentro de los veinte días si se hiciere fuera del distrito, pero en la, Isla de Puerto Rico, y dentro de los cuarenta días si se hiciere en otra parte, el demandante podrá soli-citar le sea concedida la petición hecha en la demanda condenándoles a ustedes a pagarle $3,900.00 importe del pagaré cuyo pago se re-clama, intereses sobre dicha suma al 12% anual desde nov. 1 de 1931 hasta la fecha de su pago total y definitivo juntamente con las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado que origine l'a presente acción.”

Somos de opinión que para los fines de dar jurisdicción a la corte, el emplazamiento era suficiente bajo uno u otro párrafo y que los demandados fueron suficientemente notifi-cados de que el demandante obtendría fallo por la cantidad exigida en la demanda, o que solicitaría de la corte que le concediera la petición que hubiese hecho en la demanda. Creemos, sin embargo, que se trataba de una acción bajo el párrafo 4 y por ende que el emplazamiento cumplía suficien-temente con las disposiciones del mismo.

Como el pagaré en este caso fue otorgado en 1931, la ley de la Legislatura reglamentando el tipo de interés que lia de cargarse sobre las obligaciones aprobada el 17 de agosto de 1933 no es aplicable. Esa ley no tiene efecto retroactivo. Esto resuelve el cuarto señalamiento de error.

Las anteriores consideraciones resuelven las principales contenciones de los apelantes y la apelación debe ser deses-timada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    West India Machinery & Supply Company, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 6237.

    Sometido: Enero 26, 1934.

      Resuelto: Enero 31, 1934.

      R. Díaz Collazo, abogado del apelante; Don. Procurador General B. Dorton y M. Rodríguez Berra, Procurador General Auxiliar, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La West India Machinery & Supply Company inició este procedimiento para recobrar ciertas contribuciones pagadas bajo protesta sobre un número de tractores usados para fines agrícolas. El demandado excepcionó por falta de hechos su-ficientes para determinar una cansa de acción. El Juez de Distrito sostuvo la excepción y declaró sin lugar la demanda. La teoría de ésta, al igual que la contención principal del de-mandante ante la Corte de Distrito fué que tractores desti-nados y utilizados para fines agrícolas están exentos de con-tribuciones de conformidad con las disposiciones del inciso 8 de la sección 16 de la Ley de Eentas Internas, tal cual fué enmendada en 1931 (Leyes de ese año, páginas 507, 509) por la subdivisión 6 de dicha sección. Sin embargo, la apelante parece haber abandonado esta posición insostenible y se con-forma ahora con argüir que el Tesorero no podía de ningún modo exigir más del 10 por ciento del precio de venta. La ley fija:

“Sobre todo vehículo de motor, incluyendo . . . tractores, . . . que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de diez (.10) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico; Disponiéndose, que sobre la. venta, traspaso, fabri-cación, uso o introducción en Puerto Rico de vehículos de motor o lanchas y botes de motor descritos en esta sección, cuyo precio de venta en Puerto Rico exceda de mil quinientos (1,500) dólares y no exceda de dos mil (2,000) dólares el impuesto será de doce y medio (12%) por ciento sobre el precio de v'enta, y sobre la venta, tras-paso, fabricación, uso o introducción en Puerto Rico de vehículos de motor, automóviles y camiones descritos en esta sección, cuyo precio de venta en Puerto Rico excederá de dos mil (2,000) dólares, . . . el impuesto será de quince (15) por ciento sobre el precio de venta; . . .”

El mero hecho de que los tractores no son mencionados eo nomine en una n otra cláusula del Disponiéndose no es suficiente para establecer la exención de tractores agrícolas del aumento en exceso de 10 por ciento sobre vehículos de motor cuyo precio de venta exceda de $1,500. No hay razón aparente por la cual tractores cuyo precio de venta exceda de $1,500 deban estar exentos del impuesto mayor aplica-ble a otros vehículos de motor cuyo precio de venta es igual-mente superior a $1,500. Los tractores están necesariamente incluidos en la frase “vehículos de motor . . . descritos en esta sección, ’ ’ ya que ellos están así específicamente incluidos por la primera cláusula de la subdivisión 8 (que acabamos de copiar en parte) inmediatamente anterior al Disponiéndose en cuestión. En ninguna otra parte de da sección 16 se “des-criben” o definen vehículos de motor de manera tal que ex-cluyan los tractores.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Cóedoya Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Desiderio Rivera Oquendo, acusado y apelado.
    No. 4797.

    Sometido: Diciembre 6, 1933.

      Resuelto: Enero 31, 1934.

      B. A. Gomes, Fiscal, abogado del apelante; R. Martines Nadal y E. Martines Rivera, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Cóedoya Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En acusación presentada contra Desiderio Rivera Oquendo por nn delito de homicidio voluntario, se alegó por el fiscal que el referido Desiderio Rivera Oquendo, allá por el día 14 de diciembre de 1930, en el barrio Pellejas, de Adjuntas, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, Puerto Rico, ile-gal, voluntaria e intencionalmente, y en ocasión de una sú-bita pendencia o arrebato de cólera, acometió y agredió con un machete, arma mortífera, al ser humano Miguel Rivera Oquendo, infiriéndole varias heridas que le produjeron la muerte instantáneamente.

Celebrado el juicio ante un jurado en la Corte de Dis-trito de Ponce, el acusado fué declarado culpable del de-lito que le fué imputado. El día fijado por la corte para dictar sentencia, el referido acusado solicitó la suspensión de la misma, la anulación del veredicto, su absolución y el sobreseimiento y archivo del caso. El fiscal formuló su oposición a la moción del acusado, que fué resuelta favora-blemente por la corte, declarando contrario a la prueba y a derecho el veredicto del jurado, decretando su nulidad, orde-nando el sobreseimiento y archivo del caso, la absolución del acusado y la cancelación de la fianza prestada. Apeló El Pueblo de Puerto Rico de esta resolución y en apoyo del re-curso interpuesto alega que la corte inferior cometió error al anular el veredicto por considerarlo contrario a la prueba y a derecho, y al ordenar el sobreseimiento y archivo del caso y absolver al acusado, cancelando la fianza.

Elevado el caso a este tribunal, celebróse la vista del mismo sin que el acusado presentase alegato alguno. Esta corte expresó sus dudas acerca de la procedencia de una mo-ción para que no se dictara sentencia, y acerca de si la ac-tuación de la corte inferior al ordenar el archivo y sobresei-miento del proceso impediría futuras actuaciones en el mis-mo, y señaló una nueva vista ofreciéndose a ambas partes la oportunidad de presentar alegatos.

Sostiene el ministerio público que la corte inferior actuó sin autoridad al resolver favorablemente la moción solicitando que no se dictase sentencia. El acusado mantiene un criterio opuesto. Una moción in arrest of judgment es una solicitud del acusado para que no se dicte sentencia en virtud de una declaración o veredicto de culpabilidad o de un veredicto contra el acusado sobre una alegación de convicción o absolución anterior. Artículo 305, Código de Enjuiciamiento Criminal, texto inglés; 1185, Código Penal de California. Una moción para que no se dicte sentencia debe basarse únicamente en las razones enumeradas en el artículo 153 del Código de Enjuiciamiento Criminal, es decir, en cualquiera de los defectos mencionados en el referido artículo que aparezca de la faz de la acusación, a menos que la objeción baya sido renunciada por el acusado al no excepcionar oportunamente la acusación. Una moción basada en cualquier otro motivo no especificado en la ley, debe ser declarada sin lugar. El artículo 305 del Código de Enjuiciamiento Criminal, equivalente al 1185 del Código californiano, dice así en su texto inglés:

“A motion in arrest of judgment is an application on tbe part of tbe defendant tbat no judgment be rendered on a plea or verdict of guilty, or on a verdict against tbe defendant, on a plea of a former conviction or acquittal. It may be founded on any of the defects in tbe information mentioned in section 153, unless the objection has been waived by a failure to demur, and must be made before or at tbe time the defendant is called for judgment.”

Insertamos este artículo en inglés porque la traducción al castellano- no es todo lo correcta que fuera de desear.

El artículo 153, equivalente al 1004 del Código de California, dice así:

“El acusado podrá poner reparos a la acusación, cuando de su contenido resultare cualquiera de las circunstancias siguientes:
“1. No ajustarse en su fondo a los requisitos establecidos en los artículos 71, 72 y 73;
“2. Imputarse en ella más de un delito-;
“3. No constituir delito público los hechos denunciados.
“4. Contener cualquiera materia que de ser cierta, constituiría una justificación o excusa legal del delito denunciado, o excepción legal que excluya la acción.’3

En el presente caso el acusado no basa su solicitud en de-fectos que surjan de la acusación. En la moción se alega que el veredicto del jurado fué contrario a la prueba presentada en el juicio, y que el acusado demostró su inculpabilidad con absoluta preponderancia de evidencia, a pesar de lo cual el jurado, de un modo caprichoso y arbitrario, y haciendo se-guramente especulaciones mentales, fuera de la prueba, de-claró culpable al acusado sin tener evidencia que sostuviera tal veredicto. La prueba, a juicio del acusado, demostró cla-ramente que privó de la vida a Miguel Rivera Oquendo en defensa de su persona, de su hogar y de su hermana Aurelia Rivera.

La objeción de que el veredicto es contrario a la prueba o de que la evidencia aportada en juicio no es suficiente para sostenerlo, no puede servir de base a una solicitud para que no se dicte sentencia (motion in arrest of judgment). 16 0. J. 122.

En el caso de People v. Cully, 167 App. Div. 333, la corte se expresó así:

“El demandado se declaró no culpable. Fué juzgado y convicto, y más tarde una moción para suspender la sentencia (motion in arrest of judgment) fué concedida. El fiscal alega que el propósito de la apelación es procurar un veredicto que sirva para determinar definitivamente la práctica y procedimientos a seguir por la Corte de Sesiones Especiales (Special Sessions) en mociones para que no se dicte sentencia. Alega que la ilustrada corte parece estar bajo la impresión de que es propio dejar sin efecto la sentencia cuando la corte está en duda acerca de si los hechos probados en el juicio son suficientes para sostener el delito imputado en la acusación.
“Antes de la adopción del Código de Procedimiento Criminal se sostuvo en People v. Thompson, 41 N. Y. 1, que un'a moción para que no se dicte sentencia puede basarse solamente en algún defecto en el récord, y no en nna equivocación de la corte sobre el juicio o del jurado al rendir su veredicto, y que el testimonio no constituye parte del récord. (Véase también People v. Alien, 43 N. V. 28).
“Bn Jacobousby v. People, 6 Plun. 524, el Juez Daniels, en una opinión que fué adoptada por la Corte de Apelaciones (64 N. Y. 659) dijo: ‘Se insiste en que la sentencia en este caso debió haberse sus-pendido, porque la prueba no demostró que la casa considerada como escandalosa estaba situada en el décimoséptimo barrio de la ciudad de Nueva York, según se alegó en la acusación. Esta posición es claramente insostenible, porque las mociones in arrest of judgment no están apoyadas por simples defectos de evidencia. Estas mociones se basan sobre supuestos defectos en el récord, del cual la evidencia producida en el juicio no forma parte.”

Signe la corte citando otras decisiones en apoyo de esta misma doctrina y termina diciendo que puesto que la corte inferior tuvo jurisdicción de la materia y puesto que los he-chos relacionados en la acusación constituyen un crimen, la corte actuó sin autoridad al dictar la orden suspendiendo la sentencia.

En el caso de State v. Shappy, 65 Atl. 78, resuelto por la Corte Suprema de Vermont, se decidió que la corte no puede, en una moción de arrest of judgment, considerar si la evi-dencia es suficiente o no para sostener un veredicto.

En el caso de U. S. v. Marrin, 159 Fed. 768, se resolvió que una moción in arrest of judgment no puede prevalecer cuando hay que acudir a la evidencia para apoyar las razones que sirven de base a dicha moción. Sostiene la corte que la evidencia no forma parte del récord para el propósito de resolver una moción de esta naturaleza y que únicamente pue-den considerarse el récord y la acusación.

Véanse también los casos de State v. Kelly, 87 Atl. 128; State v. Young, 132 N. W. 813; State v. Pellerin, 118 La. 547, 4.3 So. 159.

La jurisprudencia de California es abundante en el sen-tido de que la moción in arrest of judgment procede única-mente cuando aparecen de la faz de la acusación algunos de los defectos señalados por el estatuto.

En el caso de People v. Indian Peter, 48 Cal. 251, la corte se expresó así:

“Es una cuestión decidida en este estado que los únicos motivos que pueden servir de base a una moción para que no se dicte sen-tencia son aquéllos enumerados en el estatuto, es decir, aquellos de-fectos que surgen de la acusación en la cual está basado el veredicto.

People v. Dick, 37 Cal. 277; People v. Sansome, 98 Cal. 235; People v. Fair, 43 Cal. 137; People v. McCarty, 48 Cal. 557; People v. Johnson, 71 Cal. 384; People v. McConnell, 82 Cal. 620; People v. O’Leary, 77 Cal. 30.

En el caso de People v. Wilbur, 165 Pac. 729, la misma corte de California dijo:

“Una moción in arrest of judgment impugna la suficiencia de la acusación para imputar un delito público. El propósito de tal mo-ción no es otro que el de establecer una excepción. Es práctica-mente una excepción interpuesta, a una acusación con posterioridad a la convicción. Necesariamente, entonces, la cuestión sometida a nosotros es si los hechos expuestos en la acusación constituyen o no un delito público.”

De acuerdo con la jurisprudencia establecida no hay duda alguna de que en este caso no procede la moción presentada por el acusado para que no se dicte sentencia. La corte inferior no tuvo autoridad para dictar la orden apelada, porque la moción del acusado no señala ningún defecto en la acusación que pueda servir de base para sostener dicha moción de acuerdo con la Ley.

En cuanto a si la orden de la corte inferior impide o no futuras actuaciones en el casó, arguye el fiscal que ésta no es una cuestión que debe resolverse en este recurso, de-biendo esperarse a que sea planteada oportunamente por el propio acusado. Sostiene además el fiscal que la resolución apelada es completamente nula, y no meramente errónea, y en apoyo de su conclusión cita el caso de People v. Stoll, 143 Cal. 689. Dispone el Código Penal de California que en cualquier momento después de practicada la prueba de cual-quiera de las partes, la corte, si considera esta prueba insu-ficiente para autorizar una convicción, puede aconsejar al ju-rado que absuelva al acusado. Conforme a esta disposición la corte puede aconsejar, pero no ordenar, la absolución. En el caso de People v. Stoll, supra, la corte, en vez de aconsejar la absolución, ordenó al jurado que trajese un veredicto de no culpable y esto lo hizo a raíz del informe del fiscal pre-sentando el caso al jurado y exponiendo los hechos que se proponía probar. La corte basó su orden en la exposición de estos hechos y la aceptación de los mismos por el acusado. De la opinión emitida por la Corte de California en dicho caso transcribimos lo que sigue:

“Se imputó al acusado un delito de asesinato del cual se declaró no culpable, e iniciada la vista del caso, el jurado prestó juramento y quedó debidamente constituido. El fiscal, en su informe inicial al jurado, expuso lo que se proponía probar, y, una vez terminado su informe, el acusado solicitó que se instruyera al jurado la absolu-ción del acusado. Después de alguna discusión entre el abogado y la corte, ésta sometió la siguiente instrucción: ‘Caballeros: lían oído ustedes la discusión que ha tenido lugar aquí entre los abogados y la corte, de acuerdo con los hechos admitidos en este caso, según han sido expuestos por el fiscal y admitidos por el abogado del acu-sado, y yo les ordeno a ustedes que rindan un veredicto en favor del acusado, por la razóu de que, en mi opinión, bajo los hechos del caso en la forma en que han sido admitidos, el homicidio cometido estuvo justificado.’ ”

Termina la Corte de California su opinión con el siguiente párrafo:

“El abogado del acusado apelado, considerando la orden de la corte inferior para absolver como una orden meramente errónea, de-dica su alegato casi exclusivamente a discutir la proposición de que la orden de la corte debería ser confirmada porque el acusado había sido puesto una vez en jeopwrckj y que la revocación no serviría nin-gún propósito sustancial. Nosotros hemos estudiado esta cuestión de jeopardy bastante extensamente en esta misma opinión. Nos he-mos referido a algunos casos aplicables y a otros análogos. En todos esos casos, sin embargo, hubo como cuestión de hecho un juicio y prueba presentada al jurado. Al terminarse la presentación de esa prueba, y al cerrarse el caso por el fiscal, la corte erróneamente or-denó al jurado que absolviera. Pero ese error se cometió por la corte en el ejercicio de su jurisdicción. En el caso de autos, sin embargo, la orden de la corte fué no solamente errónea, sino absolutamente nula, lo cual, junto con el hecho de que dicha orden nula fué dic-tada a petición del acusado, puede establecer una gran diferencia en la alegación de jeopardy en que ahora insiste el acusado. No cree-mos necesario que resolvamos esa cuestión ahora. El derecho para interponer la alegación de jeopardy es una cuestión de privilegio personal de la cual el acusado puede o no aprovecharse. Cuando se llame este caso para juicio de nuevo en la corte inferior, el acusado puede que no haga tal alegación. El puede sentirse satisfecho y des-cansar sobre los méritos de su propio caso en el fondor pero sea como fuere, habrá tiempo suficiente para resolver dicha cuestión cuando sea interpuesta por el acusado en la corte inferior y cualquier acción que se tome sobre ella en la corte inferior puede venir ante nosotros en apelación. La proposición sobre la cual nosotros desea-mos resolver particularmente ahora, es que una corte no puede nunca aconsejar a un jurado a la terminación de un informe de presenta-ción de un caso por el fiscal que absuelva al acusado; que eso sola-mente puede hacerse a la terminación del caso por el fiscal después de haber venido toda la evidencia al jurado en la forma y por el uso generalmente reconocidos.
"Con respecto a la orden instruyendo al jurado absolver, se re-voca, y el caso debe ser devuelto a la. corte inferior para nuevo juicio.”

En el curso de su opinión la Corte Suprema de California concluye que la instrucción al jurado ordenando la absolución, si se hubiese sometido después de practicada la prueba de cualquiera de las partes, habría sido meramente errónea; pero sostiene que dicha orden fué nula por haberse dictado sin autoridad antes de practicarse prueba alguna y a raíz del informe del fiscal presentando el caso al jurado.

Arguye el fiscal que no puede haber jeopardy si se trata de un acto nulo y mantiene además el criterio de que esta cuestión debe reservarse para ser resuelta cuando sea opor-tuna y debidamente planteada por el acusado.

En el caso resuelto por la Corte Suprema de California, los Jueces Angellotti y Van Dyke emitieron dos opiniones disidentes, y el Juez Beatty nna opinión concurrente. El Juez Angellotti admite que la corte incurrió en error al or-denar la absolución del acusado a raíz de la presentación del caso por el fiscal, pero dice que no puede llegar a la conclu-sión de que el veredicto rendido en favor del acusado fuese absolutamente nulo, y entiende que a menos que pueda esta-blecerse esta conclusión, la orden de la corte no debe ser re-vocada. Añade, entre otras cosas, el referido juez, que el jurado rindió ciertamente un veredicto de no culpable, y que este veredicto en favor del acusado, en tanto en cuanto no baya sido anulado a solicitud del mismo, irrespectivamente de los errores de la corte y del consentimiento o solicitud del acusado para su rendición, constituye un impedimento a una nueva acusación. El Juez Van Dyke opina que habiéndose sometido a la corte inferior todos los hechos esenciales en apoyo de la acusación, y considerado por dicha corte que tales hechos no justificaban una convicción, ésta pudo haberse dirigido al jurado aconsejando la absolución. La corte, sin embargo^ cometió el error de ordenar dicha absolución y es inútil, a juicio del Juez Van Dyke, devolver el caso para un nuevo juicio, porque el veredicto rendido impide que el acu-sado sea nuevamente juzgado por el mismo delito.

La disparidad de criterio entre los jueces disidentes y la mayoría de la corte estriba en que ésta considera que la or-den del tribunal a quo fué absolutamente nula, mientras que el Juez Van Dyke la juzga simplemente errónea y el Juez Angellotti estima que el veredicto del jurado no constituye una absoluta nulidad.

Es claro, a nuestro juicio, que la corte inferior fué más allá de sus atribuciones al dictar la orden apelada por el fiscal. Es verdad que la corte, una vez resuelta favorablemente la moción in arrest of judgment, debe poner en libertad al acusado en caso de que se halle detenido, o cancelar su fianza si no aparece evidencia suficiente para imputarle la perpe-tración de algún delito; pero esto puede hacerse cuando la moción del acusado se basa en defectos de la acusación y la corte, después de resolverla, se convence de la inutilidad de un nuevo proceso por no aparecer evidencia suficiente para imputar la perpetración de un delito. Es decir, la moción del acusado no puede basarse en insuficiencia de prueba ni la corte puede resolverla teniendo en cuenta dicba insuficien-cia; pero si el acusado señala defectos en la acusación que determinen una resolución en su favor, la corte puede enton-ces recurrir a la evidencia con el fin de penetrarse de si hay o no prueba bastante para incoar un nuevo proceso. La corte, al resolver una moción de esta naturaleza, no tiene autoridad para apreciar la prueba, por ser ésta una función reservada exclusivamente al jurado. La acusación es el puente por donde necesariamente tiene que pasar la corte para, después de suspender los efectos de la sentencia, decretar la libertad del acusado si no surge de los autos prueba suficiente para imputarle la perpetración de un delito. En el presente caso la corte no pudo llegar a examinar la evidencia, porque la moción del acusado no se basa en ningún defecto de la acu-sación, que, dicho sea de paso, reúne todos los requisitos que la ley exige para imputar un delito de homicidio voluntario. La orden de la corte se dictó, además, a solicitud del acusado, quien pidió que se suspendiese la sentencia, que se anulase el veredicto, y se sobreseyese y archivase la causa contra él in-coada. La corte anuló el veredicto por ser contrario a la evidencia, y decretó la absolución del acusado, sin autoridad alguna para entrar en la apreciación de la prueba al resolver una moción in arrest of judgment.

El acusado pudo haber solicitado que la corte ordenara al jurado su absolución perentoria una vez practicada la prueba, o la concesión de un nuevo juicio después de rendido el veredicto. No lo hizo así y prefirió presentar esta moción, en la cual alega que la prueba aportada en juicio demostró claramente que privó de la vida a Miguel Rivera Oquendo en defensa de su persona, de su hogar y de su hermana Aurelia Rivera. Estas cuestiones no deben ser resueltas en una moción de esta naturaleza, sobre todo cuando el acusado no carece de recurso para plantearlas con toda amplitud.

En el caso de El Pueblo v. Méndez, 40 D.P.R. 757, citado por la corte inferior en apoyo de su resolución, se interpuso apelación contra la sentencia por ella dictada, y este Tribunal revocó dicba sentencia por entender que el acusado actuó en defensa del bogar, y que el homicidio por el mismo cometido estaba justificado. El hecho de que en dicho caso el apelante atribuyera a la corte inferior el error de no haber anulado el veredicto y que esta corte anulara el veredicto y revocara la sentencia, no cambia el carácter del recurso interpuesto que fué uno de apelación de sentencia y no de una moción in arrest of judgment, como ocurre en el presente caso. En la opinión emitida en dicho caso no se dice que la corte inferior ^tuviese autoridad para anular un veredicto por insuficiencia de prueba mediante una orden in arrest of judgment dictada a solicitud del acusado.

Alega el acusado que si, como arguye el fiscal, el sobreseimiento provisional o suspensión de la sentencia en una causa criminal puede solicitarse únicamente fundado en que la acusación no reúne los requisitos del artículo 153 del Código de Enjuiciamiento Criminal, entonces la sentencia absolutoria no es apelable por haberse dictado a base de una moción que no se fundaba en ninguno de los defectos mencionados. Ciertamente, el acusado no señaló ningún defecto en la acusación, pero solicitó la suspensión de la sentencia, la anulación del veredicto y su absolución en una moción que condujo a la corte a cometer el error de dictar una orden suspendiendo la sentencia (arresting judgment). Esta moción se conoce en la nomenclatura legal americana con el nombre de arrest of judgment. La solicitud del acusado tiene este carácter y ha sido presentada en este concepto. La corte pudo negarla o declararla con lugar. Optó por lo último y el fiscal promovió este recurso de apelación de acuerdo con el inciso cuarto del artículo 348 del Oódigo de Enjuiciamiento Criminal, según el cual puede apelar de una orden suspen-diendo la sentencia (arresting judgment). Es innegable qne la corte inferior dictó una orden in arrest of judgment y qne esta orden fné dictada a solicitud del acusado. Opinamos que la referida orden es apelable.

Debe revocarse la resolución apelada y devolverse él caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señob Cóbdova Davila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. West India Oil Co., corporación representada en Puerto Rico por Enrique Hernández, A., San Juan, P. R., acusada y apelante.
    No. 5161.

    Sometido: Diciembre 21, 1933.

      Resuelto: Enero 31, 1934.

      J. Qarbia Miranda; abogado de la apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob Cóbdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

West India Oil Company, una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Nueva Jersey y autorizada para hacer negocios en Puerto Pico, fué acusada por el Fiscal del Distrito de Ponce de haber infringido la sección 14 de la Ley No. 135, de Pesas y Medidas, aprobada en 1913 y enmendada por la Ley No. 30 de 1921. Se alega, entre otras cosas, que la acusada, allá por el día 11 de mayo de 1932, siendo dueña de un establecimiento comercial en Ponce dedicado a la venta de gasolina, tenía un aparato para medir líquidos, que usaba para medir la gasolina que vendía, cuyo aparato registraba, demostraba e indicaba medidas falsas, según la comprobación llevada a cabo en dicho aparato por el inspector de pesas y medidas Sr. Juan E. Seijo con las medidas modelos sumi-nistradas por el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas para hacer comprobaciones.

La acusada fué declarada culpable por la corte inferior y condenada a pagar veinticinco dólares de multa.

El primer error atribuido a la corte inferior se basa en que la acusada fué declarada convicta en virtud de un procedimiento directo contra ella, cuando debió estable-cerse éste contra su patrono, oficial o director, y asimismo dictarse sentencia, en caso de que procediera, contra dicbo patrono, oficial o director, y no contra la corporación como entidad jurídica. Se arguye que en la acusación se imputa directamente un delito a la corporación apelante, cuando la sección 20 de la Ley de Pesas y Medidas se refiere primera-mente a personas naturales que infrinjan dicba ley, y en se-gundo término a las personas jurídicas, las cuales, según se desprende de dicha sección, deberán ser castigadas en la persona del patrono, oficial, director, accionista o agente, inter-pretación que resulta confirmada más tarde al expresar dicha sección que la persona así convicta será castigada con multa o prisión. Entiende la apelante que si el propósito hubiera sido enjuiciar a las personas jurídicas como tales entidades, se hubiera omitido en la ley la penalidad de la prisión, ya que es común y corriente que a ninguna persona jurídica se le puede imponer como castigo por un delito cár-cel o prisión.

Copiamos a continuación la sección 14 de la Ley de Pesas y Medidas enmendada en 1921 (Leyes de 1921, pág. 179), que según la acusación, fué infringida por la apelante:

“Sec. 14. — Ninguna persona usará, ordenará, ni permitirá que se use, ninguna pesa o medida, báscula, balanza, romana u otro instru-mento, aparato o utensilio, en la computación de peso o medida en cualquiera transacción industrial o comercial que no se ajuste a las pesas y medidas modelos que en esta ley se prescriben, ni tendrá ni permitirá que se tenga en su establecimiento comercial o industrial tal pesa o medida, báscula, balanza, romana, instrumento, aparato o utensilio; y ninguna persona usará, ordenará ni permitirá que se use en cualquiera transacción industrial o comercial ninguna báscula, balanza, romana u otro instrumento, aparato o utensilio para la com-putación de peso o medida que registre, demuestre o indique un peso o medida falso, ni tendrá ni permitirá que se tenga en su esta-blecimiento comercial o industrial tal báscula, balanza, romana, ins-trumento, aparato o utensilio.”

La sección 20, que según la apelante excluye a las corpo-raciones, dice:. *

“Toda persona que infrinja cualquiera de las precedentes dispo-siciones de esta ley o de las reglas y reglamentos prescritos en cum-plimiento de la misma, y toda persona que, como patrono, o como oficial, director, accionista, o agente de cualquier corporación, o como miembro de una razón social o compañía, o de otro modo, disponga, ordene, permita o consienta cualquiera infracción de las precedentes disposiciones de esta Ley o de dichas reglas o reglamentos, será con-siderada culpable de un delito menos grave (misdemeanor), y con-victa que fuere en una corte de jurisdicción competente, será casti-gada por la primera falta con una multa máxima de cinduenta dó-lares o con prisión que no exceda de cincuenta días, y por la segunda falta, con una multa no menor de cincuenta dólares, ni mayor de doscientos cincuenta dólares, o con prisión por un término no mayor de noventa días, y por las subsiguientes faltas, con una multa que no sea menor de doscientos dólares ni mayor de quinientos dólares, y con prisión por un término que no sea mayor de un año.”

Es regia general establecida por la jurisprudencia mo-derna que la palabra “persona” incluye, para los efectos de la comisión de delitos, tanto la persona natural como la ju-rídica. Según el artículo 559 del Código Penal, la palabra “persona” incluye a una corporación así como a una persona natural. ■

En State v. Mc Cool, 111 Pac. 477, se dijo:

“En varios de los Estados referidos hay una disposición esta-tutaria en el sentido de que la palabra ‘persona’, cuando se usa en un estatuto de carácter penal, incluye a las corporaciones. No hay semejante disposición en este estado, ni hallamos decisión alguna en él, que así lo resuelva, aunque en el caso de State v. Williams, 74 Kan. 180, 85 Pac. 938, se decide que la palabra ‘persona’ usada en el artículo 314, relativo a delitos y castigos (Estatutos Generales de 1909, Sección 2814) con referencia a la persona contra quien se ha cometido un libelo, incluye a„una corporación. Cabe muy bien pre-guntar: Si la palabra ‘persona’ usada para designar a aquélla contra quien se ha cometido un libelo, incluye a una corporación, ¿por qué no debe incluir también a una corporación si esa palabra se usara, para designar a la persona culpable, o supuestamente culpable, del libelo ? El estatuto de que se trata, al usar las palabras ‘toda persona que, por sí, o por su sirviente o empleado, o como el sirviente o empleado de otro, use' etc., parece casi sugerir que con la palabra ‘persona’ se tuvo la intención de incluir a upa corpora-ción. La ley fué promulgada a fin de impedir un abuso determi-nado, y es materia de conocimiento ordinario en el estado que tanto grandes corporaciones como individuos estaban cometiendo el abuso de vender mantequilla en paquetes contentivos de un peso menor al exigido por la ley, y, puede decirse, de un peso menor al que el público atribuía a tales paquetes. Que un individuo que después de la aprobación de la ley ofreciera, en venta o vendiera un paquete conteniendo un peso menor al prescrito, fuese culpable de un delito, y que una coi’poración pudiera continuar esa práctica con impuni-dad, parece repugnante a toda idea de justicia, y resolvemos, de acuerdo con la tendencia general y desarrollo de la ley, que la pala-bra ‘persona’, siendo como es la segunda palabra en la sección 15, tal como allí se usa, incluye a una corporación.”

En el caso United States Tire Co. v. Keystone Tires Sales Co., 66 A.L.R. 1264, la corte dijo:

‘‘Es verdad que la palabra ‘corporación’ no está usada expre-samente en el capítulo, pero es claro para nosotros que ha sido in-cluida en la palabra ‘parte’. No- hay ciertamente nada en la ley que demuestre la intención en la legislatura de excluir a las corporacio-nes. Es una regla general de derecho que cuando la palabra ‘persona’ o ‘parte’ se usa en un estatuto, es bastante amplia para incluir corporaciones, personas artificiales, a menos que la intención de ex-cluir tales personas artificiales sea completamente obvia.”

La primera parte de la sección 20 de la ley de pesas y me-didas anteriormente copiada impone una penalidad a toda persona que infrinja la sección 14 de dicha ley y además a toda persona que incurra en la misma infracción como pa-trono, oficial, director, accionista o agente de una corpora-ción. No hay duda alguna de que la primera parte de dicha sección se extiende a todas las personas, naturales y jurídi-cas, si se interpreta aisladamente, descartando la parte en que expresamente se mencionan las personas que además in-curran en responsabilidad penal. La palabra “toda” que antecede a la palabra “persona” tiene una significación am-plia y general. En nuestro sentir el hecho de que se men-cionen expresamente determinados empleados, agentes u ofi-ciales de la corporación, no limita el alcance y extensión de la palabra “persona” en la primera parte de dicha sección. La ley ha querido ser completamente clara quizás con el pro-pósito de evitar qne oficiales o agentes de nna corporación, evadan sn responsabilidad en nn caso determinado, alegando qne la corporación es la única responsable, cnando en reali-dad de verdad la responsabilidad debe recaer sobre todas las personas naturales o jurídicas qne han tomado parte en la infracción de la ley. Qne esta alegación puede presentarse lo demuestra el caso de State v. Burnam, 128 Pac. 219, donde el secretario tesorero y administrador de la corporación, pre-tendió escudarse con la alegación de que, de acuerdo con la prueba, estaba exento de pena, ya que el delito era uno co-metido por la corporación. De la opinión emitida en este caso copiamos el siguiente párrafo:

“Alega el apelante que el delito fué cometido por la corporación y que, bajo los hechos, él está inmune de castigo. No podemos estar conformes con esta interpretación de la ley. El estatuto dispone que toda persona qne venda, entregue u ofrezca a la venta o tenga en su posesión, con el propósito de vender o entregar leche con un grafio menor al fijado por la ley, será culpable de un misdemeanor. Éste es un reglamento aprobado para la protección de la salud pública, y la penalidad se impone sin tener en cuenta ninguna intención crb minal con el fin de asegurar tal diligencia y hacer prácticamente im-posible la violación de la ley.”

La ley no es inaplicable a las corporaciones por el hecho de que las infracciones a la misma se castiguen con multa o prisión. No estamos de acuerdo con la acusada, cuando dice que si el propósito de la ley hubiese sido incluir a las corpo-raciones como tales entidades, se habría omitido la prisión como penalidad. La corte puede imponer multa o prisión cuando se trate de una persona natural, y limitarse a impo-ner una multa cuando se trate de una persona jurídica. En el caso de State v. Ice & Fuel Co., 166 N. C. 366, 52 L.R.A. (N.S.) 216, 81 S.E. 737, se dijo:

“En verdad, las corporaciones explotan en la actualidad tantos negocios de todas clases, que se liarían ineficaces muchos estatutos penales para la protección del público, si no fueran aplicables a la mala conducta de las corporaciones, cuando el. estatuto se aplicaría a la misma conducta de un individuo. En el caso presente la cor-poración tiene el negocio de la venta de carbón y hielo, y violó el estatuto mediante la falsa simulación de vender una tonelada de carbón, cuando lo cierto es que sólo entregó 1750 libras, con la inten-ción de engañar, tan plenamente como pudiera haberlo hecho un individuo. Es cierto que cuando el estatuto fija una pena de multa o prisión, sólo la multa puede imponérsele a la corporación. Pero eso no constituye motivo para que no se le imponga la multa. La corporación no debe quedar totalmente libre de castigo por el hecho de que no se le pueda encarcelar.” State v. Belle Springs Creamery Co., 83 Kan. 389, L.R.A. 1915D 515, 111 Pac. 474; Southern R. Co. v. State, 125 Ga. 287, 114 Am. St. Rep. 203, 54 S. E. 160, 5 Ann. Cas. 411; United States v. Union Supply Co., 215 U. S. 50, 54 L. ed. 87, 30 Sup. Ct. Rep. 15; United States v. John Kelso Co., 86 Fed. 304; State v. Seattle Nat. Bank, 33 A.L.R. 1206.

El segundo error atribuido a la corte inferior consiste en haberse declarado sin lugar la moción de nonsuit cuando no se presentó como prueba el instrumento o aparato que se alegaba registraba medidas falsas.

En apoyo de este alegado error cita la corporación ape-lante la sección 10 de la Ley de Pesas y Medidas que en sín-tesis expresa que desde el primero de febrero de 1914 todo aparato, báscula, utensilio, etc., usado para medir o pesar, deberá estar sellado, marcado y comprobado de acuerdo con la ley y que cuando no se cumpla con estos requisitos dicho aparato o artículo será decomisado y denunciado su dueño o la persona que lo usa, y el artículo así decomisado se retendrá como prueba y que cualquier pesa, medida, báscula, etc., que resulte falsa, será decomisada.

La parte apelante arguye que la ley dispone que todo apa-rato o instrumento que se use en violación de dicha ley será decomisado y se retendrá como prueba, que en este caso debió haberse presentado en evidencia por el Pueblo de Puerto Pico la bomba con la cual se alegó que la corporación acusada violó la Ley de Pesas y Medidas y que al incurrirse en esta omisión dejó de probarse la acusación establecida contra la corporación apelante.

El becbo de que la ley disponga que el artículo decomisado se retendrá como prueba, no quiere decir que el caso no pueda ser satisfactoriamente probado sin la presentación material de dicbo aparato en evidencia. La ley castiga el uso o la te-nencia en un establecimiento comercial de una pesa o medida falsa y eso nada tiene que ver con la ocupación del aparato. Este aparato podrá ser, como cuestión de becbo, decomisado y ocupado o no; pero la omisión de este deber no puede exi-mir de responsabilidad al acusado, si se prueba que lo ba tenido y usado en su establecimiento. Es un caso igual al de la portación de un arma prohibida. El que la lleva es res-ponsable por la portación del arma, independientemente de que le baya sido ocupada, y no es necesaria la presentación de la evidencia material si bay medios de probar y se prueba que el acusado portaba dicba arma.

El tercer error atribuido a la corte inferior consiste en haberse declarado convicta a la corporación apelante sin que se presentara prueba de la vista preliminar a que se refieren las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal que comienzan en el artículo 453 y terminan en el 460, ambos inclusive. Substancialmente son éstas las mismas disposiciones que comienzan en el artículo 1390 del Código Penal de California y terminan en el 1397, ambos inclusive.

Es de notarse que la acusada no planteó oportunamente esta cuestión en la corte inferior, ante la cual compareció presentando una excepción perentoria a la acusación, por medio de su abogado quien la representó también en el acto de la vista de la causa.

Las disposiciones contenidas en los artículos del Código de Enjuiciamiento Criminal invocados por la apelante, tienen el propósito de facilitar los medios de que una corporación, que infrinja un estatuto penal, pueda ser colocada bajo la jurisdicción del tribunal correspondiente. La corporación es un ser artificial que no puede ser arrestado y por eso se libra contra ella una cédula de citación en vez de un mandamiento de arresto, practicándose la diligencia en el presidente n otro administrador, secretario, cajero o director de dicha corpo-ración.

En el caso de State v. Security Bank, 51 N. W. 337, la Corte Suprema de South Dakota dice que éste es todo el propósito y objeto de estas disposiciones, probablemente tomadas del Código de California, y añade: “Estos procedimientos solamente se intentan como un medio de traer a la corpora-ción acusada ante el magistrado después que un gran jurado ha autorizado una presentación (presentment) y esto es ne-cesario únicamente porque la corporación no puede ser traída ante dicho magistrado en virtud de un mandamiento de la corte (tench warrant), como ocurre con las personas natu-rales.'"’

En el caso de Progress Club v. State, 76 S. E. 1031, se cita como autoridad el caso Southern Ry. Co. v. State, 325 Ga. 290, 54 S. E. 162, 114 Am. St. Rep. 203, y se dice:

“Puesto que en este caso la citación no fué hecha en la forma prescrita por- la ley, y no ha sido renunciada (waived) de acuerdo con la doctrina de esta Corte Suprema, la corte sentenciadora no pudo legalmente proseguir y la sentencia dictada es necesariamente una nulidad.”

En el caso de Southern Ry. Co. v. State, supra, a que se hace referencia en la anterior decisión, la corte dijo:

“El Código Penal, en su sección 938, prescribe los procedimien-tos contra una corporación que ha sido acusada (indicted). Puesto que esta persona intangible no tiene existencia física y no puede ser detenida mediante arresto, la legislatura ha dispuesto un medio de-terminado de citación, en virtud del cual la corte adquiere el poder de oír y determinar el cargo contra la corporación acusada. El único propósito de la citación y notificación, prescritas en dicha sec-ción, es traer a la persona artificial ante la jurisdicción de la corte para que sea juzgada. Mientras la citación no se haya practicado en la forma prescrita o haya sido renunciada (waived) por la cor-poración, el juicio no puede legalmente proseguir. Si la corporación voluntariamente comparece en corte por medio de abogado y excep-eiona la acusación (indictment) la corporación está ante la corte y los procedimientos pueden continuar sin hacer referencia a la re-gularidad de la citación. La comparecencia y alegación mediante excepción pueden considerarse análogas a la acción voluntaria de una persona natural, que tiene conocimiento de una acción contra ella, comparece ante la corte sin esperar a que se libre mandamienlo de arresto y excepciona o interpone cualquier otra objeción a la acusación. Después de excepcionar o contestar la acusación no tiene importancia alguna que se haya librado o no un mandamiento de arresto; en virtud de su comparecencia voluntaria la corte adquiere jurisdicción sobre la persona para todos los propósitos del juicio en particular. Igualmente, cuando la corporación excepciona la sufi-ciencia de la acusación, se somete a la jurisdicción de la corte y en-tonces no tiene importancia si la citación fué regular o irregular. No hubo error en denegar la anulación de la acusación debido a irre-gularidad o insuficiencia de la citación.”

La doctrina sentada por la Corte Suprema de Georgia es aplicable al presente caso en que, la corporación acusada pre-sentó una excepción perentoria a la acusación y compareció por medio de abogado a la vista de la causa. El propósito de la ley ba quedado cumplido con la comparecencia volun-taria de la apelante ante la corte sentenciadora y es tarde ahora para promover por primera vez una cuestión de esta naturaleza, especialmente cuando no hay prueba alguna en los autos de que no se haya cumplido con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal invocados por la apelante.

Se alega por último que la corte inferior cometió error al declarar convicta a la acusada apelante mediante prueba que no sostiene los hechos alegados en la acusación.

Arguye la acusada que la prueba ofrecida en este caso “fué única y exclusivamente tendente a demostrar la pose-sión del aparato por parte de la acusada apelante, sin demos-trar siquiera la' realización de una venta aislada con el mismo, pudiendo inferirse de esta circunstancia y de la prueba adu-cida que el mismo estaba sin ser utilizado para el negocio y en espera de ser inspeccionado por el investigador de pesas y medidas, tal y como lo revela la misma prueba.”

De acuerdo con la sección 14 de la ley citada, ninguna persona usará, ordenará ni permitirá que se use ninguna pesa o medida falsa, ni tendrá ni permitirá que se tenga en su establecimiento comercial o industrial tal pesa o medida.

En la acusación se alega que West India Oil Company es dueña de un establecimiento comercial dedicado a la venta de gasolina, en la calle Simón Bolívar, esquina a las calles 25 de Enero y Fe, de Ponce, y que la referida corporación voluntaria e ilegalmente tenía, adaptado para el uso, un apa-rato para medir líquidos que usaba allí para medir la gasolina que vendía.

De modo que se imputó a la corporación apelante la te-nencia del referido aparato en su establecimiento comercial y se dice además que usaba este aparato para vender gaso-lina. Ambas cosas están prohibidas por la ley: la tenencia y además el uso de la pesa o medida falsa. Cualquiera de las dos modalidades que resulte probada es bastante para que pueda recaer una declaración de culpabilidad. La prueba demuestra que la acusada tenía en su establecimiento comer-cial el aparato que se describe en la acusación. El Inspector de Pesas y Medidas, Juan Seijo, declaró exactamente lo mismo que se dice en la acusación: que la West India Oil Company posee y explota un establecimiento comercial para la venta al detalle de gasolina en la Avenida Simón Bolívar; que tiene allí instalado un aparato para medir líquidos o para medir la gasolina que vende; que ese aparato se denomina contador para medir gasolina; que fue comprobado por el testigo y que es el mismo que se describe en la acusación.

Debe desestimarse este alegado error y confirmarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Asociado Senos, Cósdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Félix Figueroa, acusado y apelante
    No. 5315.

    Sometido: Febrero 1, 1934.

      Resuelto: Febrero 2, 1934.

      E. González Mena, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos, Cósdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 8 de julio de 1932 Florencio López y Félix Figueroa fueron acusados conjuntamente de un delito de escalamiento en primer grado perpetrado, según la acusación, en el término municipal de Isabela, distrito judicial de Aguadilla. Se alega que los acusados, obrando juntos, maliciosa y voluntariamente, y con intención criminal de cometer hurto o ratería, penetra-ron en la casa residencia de Manuel Amador substrayendo de dicha morada varios artículos. El coacusado Florencio López se declaró culpable y el apelante Félix Figueroa, luego de haber alegado su inocencia, fue declarado culpable por un jurado y condenado por la corte inferior a la pena de un año de presidio con trabajos forzados. Como único error para solicitar la revocación de la sentencia el acusado apelante alega que el veredicto rendido por el jurado es contrario a la prueba, ya que la misma consiste de la declaración de un cómplice que no fué corroborada, siendo, por lo tanto, insu-ficiente para sostener dicho veredicto.

Dispone el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal que no procede la convicción por declaración de un cóm-plice, a no ser que ésta sea confirmada por alguna otra prueba que joor- sí misma y sin la ayuda del testimonio del cómplice, tienda a demostrar la relación dél acusado con la comisión del delito; no siendo suficiente dicha corroboración si sólo prueba la perpetración del delito o las circunstancias del mismo.

En el caso de El Pueblo v. López, 34 D.P.R. 260, esta corte reproduce las siguientes palabras, tomándolas de una decisión de California qne a sn vez las copia de nn caso de Tejas:

“ ‘Sugerimos esta forma como una prueba adecuada: eliminad del caso la evidencia del cómplice y entonces examinad la evidencia del otro testigo o testigos, con el objeto de determinar si hay prueba inculpatoria — prueba tendente a conectar al acusado con el delito. Si existe, el cómplice está corroborado; si no existe ninguna prueba inculpatoria, no hay corroboración, aunque el cómplice pueda ser corroborado en cuanto a cualquier número de hechos por él ju-rados.’ ”

Hemos examinado detenidamente toda la prueba aportada en este caso y, si exceptuamos la declaración de Florencio López, no bay en los autos prueba alguna que relacione al acusado con el delito que se le imputa. Florencio López, acusado conjuntamente con Félix Figueroa, declara que éste le invitó a cometer el delito, que actuaron de común acuerdo y que quien penetró en la casa y sustrajo los artículos hurta-dos, fue el acusado apelante, quedándose el testigo en el bal-cón. No hay prueba alguna que corrobore el testimonio de este cómplice ni que tienda a relacionar al acusado con el de-lito. El veredicto del jurado ha tenido que basarse exclusi-vamente en el testimonio de Florencio López y la sentencia dictada como consecuencia de este veredicto debe ser revocada y absolverse al acusado.