text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de Concesión del Día 26 de Julio de 2012.

      Número: EM-2012-05

      Resuelto: 9 de julio de 2012
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido a todo el personal de la Rama Judicial el jue-ves 26 de julio de 2012, libre con cargo a la licencia de vacaciones.

A tal efecto, y de acuerdo con nuestra facultad para re-glamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplica-bles a los procedimientos y trámites judiciales se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73) y se considerará el jueves 26 de julio de 2012 como si fuera día feriado. Cualquier tér-mino que venza ese día se extenderá hasta el 30 de julio de 2012, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera García

license: Public Domain

text:
    Construcciones José Carro, S.E., recurrido, v. Municipio Autónomo de Dorado et al., peticionarios.

      Número: CC-2010-1006

      Resuelto: 9 de julio de 2012

      Raúl I. Grajales García, abogado de la parte peticionaria; Fernando Barnés Rosich y Sonia S. Sierra Sepulveda, del Bufete Barnés Rosich, CSP, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

Comparece el Municipio Autónomo de Dorado (en ade-lante Municipio o peticionario) y nos solicita que revoque-mos una Sentencia del Tribunal de Apelaciones que modi-ficó orna Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró “no ha lugar” las solicitudes de sentencia sumaria presentadas tanto por el peticionario como por Construc-ciones José Carro, S.E. El foro apelativo intermedio con-cluyó que procedía la adjudicación de la controversia su-mariamente a base de los hechos incontrovertidos. En vista de ello, devolvió el caso al Tribunal de Primera Ins-tancia para que determinara qué efecto tiene que la orde-nanza municipal que impone el arbitrio de construcción en controversia solo se haya publicado en un periódico de cir-culación general.

Este recurso nos brinda la oportunidad de interpretar por primera vez el inciso (g) del Art. 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991 (21 L.P.R.A. see. 4057(g)), en adelante Ley de Municipios Autónomos o Ley Núm. 81, referente al pago de arbitrios de construcción. Específicamente, el efecto que conlleva declarar ineficaz una ordenanza municipal que, a su vez, contiene una cláu-sula de sanción penal por incumplimiento. Por considerar que la declaración de ineficacia que realice un tribunal solo tiene el efecto de anular la sanción penal contenida en la ordenanza, y no su totalidad, revocamos la determinación del foro a quo. Veamos los antecedentes fácticos que dieron génesis a la controversia que nos ocupa.

I

La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestruc-tura (AFI) adjudicó una subasta a favor de Construcciones José Carro, S.E. a un costo de $29,020,000. El proyecto de construcción tiene como objetivo el control de inundaciones y la canalización del Río La Plata dentro de la demarcación territorial del Municipio de Dorado.

Previo a comenzar los trabajos de construcción, el Mu-nicipio le requirió al recurrido el pago de $1,451,000 por arbitrios de construcción. Ello, conforme lo establecido en la Ordenanza Municipal Núm. 59, serie 1997 — 1998 (Orde-nanza 59), según enmendada por la Ordenanza Municipal Núm. 18, serie 2000-2001 (Ordenanza 18). Esta última aumentó el por ciento del arbitrio de construcción estable-cido originalmente en la Ordenanza 59. El recurrido, bajo protesta, pagó la referida suma y solicitó reconsideración al Municipio, la cual fue denegada.

Posteriormente, el recurrido presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia. En esta, afirmó que realizó el pago bajo protesta y, además, solicitó que la or-denanza se declarara ineficaz. En apoyo a su posición, alegó que las Ordenanzas 59 y 18 no se publicaron con-forme a la Ley de Municipios Autónomos, y, por ende, que estas nunca entraron en vigor. Fundamenta su alegación en el hecho de que la Ordenanza 59 tan solo fue publicada en un periódico de circulación general, obviando así el re-quisito de publicación en uno de circulación regional. Por ello, adujo que no se le podían aplicar las ordenanzas mu-nicipales mencionadas y, en consecuencia, correspondía que se le devolviera el dinero pagado por arbitrios.

Luego de varias incidencias procesales, el 22 de febrero de 2010, el Municipio solicitó que se dictara sentencia su-maria a su favor. Argüyó que la cantidad cobrada por arbi-trios municipales resultó del cálculo dispuesto por la Orde-nanza 18. Esta establece un cinco por ciento de impuesto sobre el precio total de la obra. Esbozó, además, que las leyes locales no requerían ser publicadas para que surtie-ran efecto y que, específicamente, la Ley de Municipios Au-tónomos no impone la obligación de publicar las ordenan-zas referentes a arbitrios municipales.

En respuesta a lo anterior, Construcciones José Carro, S.E. se opuso a esta solicitud y, a su vez, solicitó sentencia sumaria a su favor. Alegó que la falta de notificación de las ordenanzas tuvo el efecto de impedir que estas cobraran vigencia porque no fueron aprobadas conforme a derecho. Además, que la Ley de Municipios Autónomos establece que las ordenanzas que impongan sanciones penales se de-berán publicar en un periódico de circulación general y en uno de circulación regional, requisito que no se cumplió con respecto a la Ordenanza 59, la cual imponía una sanción penal.

Tiempo después, el 23 de junio de 2010, el foro primario emitió una Resolución por la cual denegó resolver el caso mediante sentencia sumaria. Fundamentó su decisión en la existencia de hechos materiales que impiden adjudicar el pleito sumariamente y en que “resolver que la orde-nanza no fue debidamente publicada conllevaría dejar sin efecto la intención del legislador”. Inconforme con esta determinación, el recurrido acudió ante el Tribunal de Ape-laciones mediante recurso de certiorari. Adujo que el foro primario erró al sostener la vigencia de las aludidas orde-nanzas, aun cuando estas no fueron publicadas con arreglo a la ley y a derecho. Además, señaló que la consecuencia de este incumplimiento es la ineficacia total de la ordenanza.

Consecuentemente, mediante Sentencia de 23 de sep-tiembre de 2010, el foro apelativo intermedio modificó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que el hecho de la falta de publicación de la Ordenanza 59 no estaba en controversia, por lo que existían hechos suficien-tes para emitir una sentencia sumaria. No conteste con esta determinación, el Municipio presentó una moción de reconsideración en la cual alegó que, aunque no se hubiese publicado correctamente la referida ordenanza, esto solo conllevaba la nulidad de la sanción penal contenida en esta y no de la ordenanza en su totalidad. Fundamentó dicho argumento en la Ley Núm. 199-1996, promulgada para añadir el Art. 2.007 a la Ley de Municipios Autónomos. Mediante Resolución de 13 de octubre de 2010, el Tribunal de Apelaciones rechazó revisar su dictamen.

Nuevamente inconforme, el Municipio comparece ante nos mediante recurso de certiorari para señalar que el foro apelativo intermedio erró en lo siguiente:

Erró el [Tribunal de Apelaciones] en su Sentencia al revocar la Resolución del [Tribunal de Primera Instancia] y expresar que la Ordenanza Núm. 59[,] supra, carece de validez debido a que no fue publicada conforme a derecho. Petición de certiorari, pág. 11.

En esencia, la posición del Municipio es que, de haberse cumplido el mandato de la Ley de Municipios Autónomos sobre cómo publicar una ordenanza que contiene una san-ción penal, solo corresponde que se declare inválida dicha sanción y no el resto de la ordenanza. Por lo tanto, solicita que mantengamos en vigor, y se aplique al caso de autos, las disposiciones según las cuales se realizó el cobro de arbitrios en cuestión.

Atendido el recurso de certiorari presentado por el peti-cionario, el 8 de abril de 2011 expedimos el auto solicitado. Contando con la comparecencia de ambas partes, procede-mos a resolver.

II

A. La Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991 (21 L.P.R.A. see. 4001 et seq.), se creó con el propósito de garantizar a los municipios un mayor grado de autonomía fiscal y gobierno propio para atender eficazmente las necesidades y el bienestar de sus habitantes. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 182 D.P.R. 267, 286 (2011). Conforme a esta política pública, esta ley regula las facultades de los municipios para lograr el mejor aprovechamiento y la fiscalización de las obras que se realicen dentro de sus límites territoriales.

No obstante, aunque los municipios carecen de poder inherente para imponer tributos, la Asamblea Legislativa puede delegarles esa facultad mediante mandato claro y expreso. HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, 166 D.P.R. 443, 453-454 (2005). A esos efectos, la Constitución de Puerto Rico establece que “[e]l poder del Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido”.

Además, la creación de la Ley de Municipios Autónomos persigue descentralizar el gobierno y encarnar principios cardinales democráticos de participación ciudadana. Es por esto que se ha denominado al municipio como una “ ‘unidad básica para la administración comunitaria’ ”. Torres Santiago v. Mun. de Coamo, 170 D.P.R. 541, 548 (2007). La implementación de esta política pública descen-tralizadora resultó en un grado mayor de autonomía, me-jores herramientas financieras y una ampliación del marco de acción del municipio en espacios que le estaban vedados o grandemente limitados en el pasado. Id.

Cónsono con lo anterior, el Art. 2.002 de la Ley de Municipios Autónomos dispone que los municipios pueden, entre otras facultades, imponer contribuciones o arbitrios sobre las obras de construcción que se realicen dentro de sus límites territoriales. Este Artículo preceptúa, en lo pertinente, lo siguiente:

Además de las que se dispongan en otras leyes, el municipio podrá imponer y cobrar contribuciones o tributos por los con-ceptos y en la forma que a continuación se establece:
(d) Imponer y cobrar contribuciones, derechos, licencias, ar-bitrios de construcción y otros arbitrios e impuestos, tasas y tarifas razonables dentro de los límites territoriales del muni-cipio, compatibles con el Código de Rentas Internas y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sin que se entienda como una limitación, por el estacionamiento en vías públicas municipales, por la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de servicios, por la construcción de obras y el derribo de edificios, por la ocupación, el uso y la intervención de vías públicas y servidumbres municipales y por el manejo de desperdicios.
Toda obra de construcción dentro de los límites territoriales de un municipio, realizada por una persona natural o jurídica privada, o que sea llevada a cabo por una persona natural o jurídica privada a favor o en representación de, o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia o instrumentalidad del Gobierno Central o municipal o del gobierno federal, inclu-yendo aquella obra que no requiera la solicitud o expedición de un permiso por la Administración de Reglamentos y Permisos o por un municipio autónomo, deberá pagar arbitrio de cons-trucción correspondiente, previo al comienzo de dicha obra. (Enfasis nuestro).

El término arbitrio de construcción lo define la propia Ley de Municipios Autónomos como “aquella contribución impuesta por los municipios a través de una ordenanza municipal aprobada con dos terceras (2/3) partes [de la legislatura municipal] para ese fin, la cual recae sobre el derecho de llevar a cabo una actividad de construcción o una obra de construcción dentro de los límites territoriales del municipio”. En ese sentido, no existe otra obligación impuesta al municipio para la implementación de un arbitrio de construcción que no sea su aprobación por dos terceras partes de la legislatura municipal. Además, el Art. 5.007(f) de la Ley Núm. 81, supra, dispone el término que habrá de transcurrir para que cobre vigencia una ordenanza municipal al establecer que “[t]oda ordenanza y resolución regirá desde la fecha que se indique en su cláusula de vigencia, excepto en el caso de las ordenanzas que establezcan penalidades y multas administrativas las cuales empezarán a regir a los diez (10) días de su publicación en la forma dispuesta en este subtítulo”.

Por otro lado, el Art. 2.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, dispone que toda ordenanza que imponga una sanción penal “comenzar[á] a regir diez (10) días después de su publicación en uno o más periódicos de circulación general y de circulación regional, siempre y cuando el municipio se encuentre dentro de la región servida por dicho periódico”. En este sentido, la ley le impone al municipio la obligación de publicar la ordenanza en aquellos casos en que contenga disposiciones de carácter penal. Específicamente, deberá ser publicada en un perió-dico de circulación general y en uno de circulación regional. Es decir, para que la sanción penal cobre vida, deberá cum-plir con los requisitos establecidos estatutariamente.

Conviene puntualizar que, en su concepción, el precepto legal anterior proveía para que el municipio escogiera si cumplir con el requisito de publicar en un periódico de cir-culación general o en uno de publicación regional. Sin embargo, antes de aprobarse la ley, este cuerpo legal cambió la letra “o” por la letra “y”. Por ello, no cabe duda de que la intención legislativa fue concretar como requisito indispensable para aprobar una ordenanza municipal que con-tenga una sanción penal, el que esta se publique tanto en un periódico de circulación general como en uno de circu-lación regional.

El estado de derecho vigente para imponer y cobrar arbitrios ha sufrido varios cambios y modificaciones a través de numerosas enmiendas a la Ley Núm. 81, supra. Entre estas, se encuentra la Ley Núm. 199-1996, la cual se promulgó para añadir el Art. 2.007 a la Ley de Municipios Autónomos, supra. La referida ley establece un procedimiento para determinar el arbitrio de construcción, su imposición, cobro, exenciones, reclamaciones, rembolsos, sanciones administrativas y penales, y la facultad para formalizar acuerdos por escrito.

El citado artículo establece lo siguiente:

Pago del arbitrio de construcción — Reclamaciones y otros
(g) Incumplimiento.—
(2) Sanción penal — Toda persona que voluntariamente, deliberada y maliciosamente ofreciera información falsa, a sa-hiendas de su falsedad, respecto al valor de la obra que genera una actividad de construcción tributable, en cualquiera de las declaraciones deben presentarse ante el Director de Finanzas en conformidad con este subcapítulo; o que deliberada, volun-taria y maliciosamente dejare de rendir la declaración y co-menzare la actividad de construcción o dejare de pagar el ar-bitrio y comenzare la actividad, en adición e independiente-mente de cualquier disposición administrativa o penal aplica-ble, convicto que fuere, será castigado con una multa no mayor de quinientos [dólares] ($500) o con una pena de reclusión no mayor de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal. En el caso de que en una revisión judicial se deje sin efecto una ordenanza con sanción penal, se entenderá que sólo la sanción penal quedará sin efecto. (Enfasis nuestro).

En armonía con lo anterior, es necesario señalar que la sanción penal impuesta por los municipios equivale a una privación de la propiedad de una persona. Por lo tanto, requiere que al implementarse se cumpla con las garantías del debido proceso de ley. Este requisito de publicación tiene el efecto de informar a la ciudadanía de las ordenan-zas aprobadas; así cumple con la máxima constitucional de que nadie será privado de su propiedad sin el debido pro-ceso de ley.

Respecto al efecto que conlleva incumplir con los requi-sitos de publicación, la ley es clara. "En el caso de que en una revisión judicial se deje sin efecto una ordenanza con sanción penal, se entenderá que sólo la sanción penal que-dará sin efecto”. En síntesis, su incumplimiento resulta en la nulidad de la sanción penal y no de la ordenanza en su totalidad.

Analizado el marco estatutario provisto para que los municipios impongan arbitrios de construcción mediante ordenanzas municipales, pasemos a examinar los precep-tos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico que apli-can a la interpretación de las leyes y al principio de her-menéutica legal.

B. Como es sabido, aun la más clara de las leyes requiere interpretation. Nuestro ordenamiento jurídico consigna determinadas normas de hermenéutica legal, las cuales, en mayor o menor medida, se imponen como principios rectores del ejercicio de la función adjudicativa de los tribunales. Entre tales principios, se destaca aquel contenido en el Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14, el cual dispone que “[c]uando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.

Con el propósito de remediar las controversias y adjudicar los derechos que corresponden a las partes en un pleito, los tribunales tenemos la ineludible labor de interpretar los estatutos aplicables a la situación de hechos en particular que nos atañe. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. 1, pág. 241. Este proceso de interpretación, que recibe el nombre de hermenéutica legal, conlleva auscultar, averiguar, precisar y determinar cuál fue la voluntad legislativa al aprobar la ley. íd. Así, pues, es ampliamente aceptado el entendido de que solo hay una regla de interpretación que es absolutamente invariable y esta es que se debe descubrir y hacer cumplir la verdadera intención y el deseo del poder legislativo. Srio. del Trabajo, etc. v. P.R. Cereal Extracts, Inc., 83 D.P.R. 267, 275-276 (1961).

Como corolario de la doctrina, los tribunales, al ejercer su función interpretativa de la ley, deberán considerar el propósito o intención de la Asamblea Legislativa al aprobarla. Ello, para propiciar que se obtenga el resultado querido originalmente por el legislador. Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 D.P.R. 745, 767 (2010); Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 898 (1998); García v. E.L.A., 146 D.P.R. 725, 733 (1998). Hemos reiterado ante-riormente que los tribunales, como intérpretes finales de las leyes, nos encontramos en la obligación de lograr un resultado que se ajuste al propósito y a la política pública que inspiró a la Legislatura al aprobarlas. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712 (2012); Consejo Titulares v. DACo, 181 D.P.R. 945, 958 (2011). Esta normativa tiene como objetivo lograr que, finalmente, la determina-ción que el tribunal realice asegure el resultado que el le-gislador quiso obtener al aprobar la ley. Id.

A tenor con todo lo ánterior, señalan los tratadistas Ber-nier y Cuevas Segarra que

... la intención legislativa de una ley no debe buscarse en una frase aislada o en una de sus secciones; sino en el contexto de todo el estatuto, tomando en cuenta el propósito seguido por el legislador. Por eso, un artículo de una ley no debe interpre-tarse aisladamente, sino considerando la ley en su totalidad. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 245.

La voluntad de la Asamblea Legislativa al adoptar el estatuto queda reflejada a través del historial legislativo de la disposición legal. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 539 (1999). Primeramente, debemos acudir a la exposición de motivos de la ley, la cual, como regla general, recoge el propósito que inspiró su creación. íd. Otra fuente que puede clarificar la intención del legislador en la apro-bación de la ley son las manifestaciones de los miembros del cuerpo durante el trámite legislativo. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 242. Esto incluye los datos recogidos en el informe emitido por la comisión legislativa que estu-dió el proyecto de ley y las expresiones de los legisladores en el hemiciclo durante la sesión de aprobación del esta-tuto, según recogidas en el Diario de Sesiones. Id.

Examinadas las normas aplicables a la interpretación de las leyes y al principio de hermenéutica legal, pasemos a delinear los contornos de la figura procesal de sentencia sumaria.

C. Las Reglas de Procedimiento Civil fueron concebidas para asegurar “una solución ... rápida y económica de todo procedimiento”. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. A tales efectos, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, preceptúa lo referente al mecanismo de la sentencia sumaria. El propósito principal de la moción de sentencia sumaria es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan controversias genuinas de hechos materiales. Por su ánimo dinámico no ameritan la celebración de un juicio en su fondo, ya que lo único que resta es dirimir una controversia de derecho. Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994 (2009). Sobre este particular, el profesor Javier Echevarría nos indica que “[l]a sentencia sumaria constituye un mecanismo procesal mediante el que se le confiere discreción al tribunal para dictar sentencia sobre la totalidad de una reclamación, o sobre cualquier controversia comprendida en ésta, sin la necesidad de celebrar una vista evidenciaría”. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, Eds. Situm, 2010, pág. 204. Usada correctamente, la sentencia sumaria es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los calendarios judiciales. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 615, 638 (2009).

Por su parte, la Regla 36.3 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone que para dictarse sentencia sumaria, es necesario que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiese, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, se debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200 (2010); González Aristud v. Hosp. Pavia, 168 D.P.R. 127 (2006); Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000).

Respecto a la adjudicación por la vía sumaria, hemos señalado que cuando “se present[a] un caso que involucrfa] rma acción que requiera algún elemento subjetivo de intención, propósito mental o negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esencial, no [se] impide su concesión si no existe controversia en cuanto a los hechos materiales”. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 933 (2010). Según manifiesta el profesor Cuevas Segarra en su tratado de cerecho procesal civil,

[a]unque un Tribunal Apelativo debe utilizar los mismos crite-rios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dic-tar sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede considerar los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia. Las partes no pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones o affidávits que no fueron pre-sentadas oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo. El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. III, pág. 1042.

Solo procede dictar sentencia sumaria cuando surge claramente que el promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la controversia. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986). Cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos materiales en la controversia, no procede una sentencia sumaria. Id. En ocasiones anteriores hemos dispuesto que un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sus-tantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213, citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000. T. I, pág. 609. La Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 2009 se refiere a estos hechos como “esenciales y pertinentes”. 32 L.P.R.A. Ap. V.

De igual forma, hemos expresado que “cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. (Enfasis suprimido). Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. Toda inferencia que se haga de los hechos incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte que se opone a la misma. Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 D.P.R. 538 (1991); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. Al evaluar una moción de sentencia sumaria, los jueces no están limitados por los hechos o documentos que se aduzcan en la solicitud, sino que deben considerar todos los documentos en autos de los cuales surjan admisiones hechas por las partes, sean o no parte de la solicitud de sentencia sumaria. Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990).

Además, la sentencia sumaria “vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición justa, rápida y económica de los litigios civiles”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 220. Ahora bien, “el sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en corte, principio elemental del debido proceso de ley”. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000).

Acorde con lo anteriormente expuesto, debe quedar claro que si los hechos no están en controversia y el pleito solo presenta una cuestión de derecho, procede disponer del asunto mediante sentencia sumaria. En lo pertinente, en Piñero v. A.A.A., supra, estimamos procedente resolver por la vía sumaria una controversia de derecho que ver-saba sobre la interpretación de un estatuto y la validez de una resolución emitida por la Junta de Gobierno de la A.A.A.

Habiendo examinado el Derecho aplicable a los hechos del caso ante nos, pasemos a resolver las controversias ini-cialmente enunciadas.

III

En el presente caso, la parte recurrida alega que el cóm-puto de los arbitrios de construcción no fue calculado correctamente. Arguye que el tipo contributivo que le aplica es escalonado de cinco, cuatro y tres por ciento. Por su parte, el municipio indicó que impuso un arbitrio fijo de cinco por ciento, conforme a lo establecido en la Ordenanza 18. Además, señaló que el porciento escalonado pertenece a la Ordenanza 59, y que esta cifra fue expresamente en-mendada por la Ordenanza 18.

Específicamente, la Ordenanza Núm. 59 se creó para imponer y cobrar arbitrios en concepto de construcciones. En la misma, se estableció un pago de cinco por ciento del costo total de la obra de un millón de dólares, los próximos cinco millones al cuatro por ciento y todo exceso de seis millones al tres por ciento. A su vez, la Ordenanza 18 fue implantada para revisar el tipo contributivo de arbitrios aplicables a ciertos proyectos de construcción y para en-mendar la Ordenanza 59. En lo pertinente, esta ordenanza enmendó el porciento que se pagaría en las obras de cons-trucción a uno fijo de cinco por ciento. Como mencionamos anteriormente, la Ley de Municipios Autónomos le concede a los municipios la facultad de imponer arbitrios a toda obra de construcción que se realice dentro de sus límites territoriales. Esta facultad del municipio existe indepen-dientemente de cualquier otra contribución o tarifa dis-puesta en otras leyes.

Del expediente se deduce que Construcciones José Carro, S.E., alega que fue inducido a error por empleados del Municipio de Dorado. Que se le entregó copia de la Orde-nanza 59 y que nunca se le informó de la existencia de la Ordenanza 18. Además, aduce que las referidas ordenan-zas son nulas por no haber sido debidamente publicadas conforme lo establece la ley. Por su parte, el peticionario sostiene que la Ordenanza 59 entró en vigor, para fines del cobro de arbitrios de construcción, independientemente de que no haya sido publicada conforme a las exigencias que la Ley de Municipios Autónomos impone a las ordenanzas que contienen una sanción penal. En apoyo de su conten-ción, señala que el Art. 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4057(g)(2), establece expresa-mente que “[e]n el caso de que en una revisión judicial se deje sin efecto una ordenanza con sanción penal, se enten-derá que sólo la sanción penal quedara sin efecto”.

Ciertamente, convenimos con el Tribunal de Apelacio-nes en que el incumplimiento del municipio con el procedi-miento de aprobación de la ordenanza es un criterio que acarrea la ineficacia de la sanción penal contenida en esta. En ese sentido, colegimos que el foro intermedio actuó co-rrectamente en su interpretación de la Ley de Municipios Autónomos al determinar que es indispensable la publica-ción tanto en un periódico de circulación regional como en uno de circulación general.

Ahora bien, entendemos que erró el foro apelativo inter-medio al devolver el caso al Tribunal de Primera instancia para que determinara si ese hecho es suficiente para anu-lar la aludida Ordenanza 59, en cuanto al cobro de los ar-bitrios de construcción que en ella se establecen. No pode-mos coincidir con una interpretación que obvia el texto claro de la ley, el cual provee para que la declaración de ineficacia tenga efecto sobre la sanción penal únicamente. Así, pues, consideramos que debe quedar vigente el rema-nente de la Ordenanza Núm. 59, en lo que no corresponda a la sanción penal declarada ineficaz. Resolver lo contrario conllevaría la revocación de un estatuto esencial para la tramitación de los proyectos de construcción del municipio.

Según el crisol doctrinario anteriormente expuesto, co-legimos que el propósito de la Ley Núm. 81, supra, es otor-gar facultades de gobierno a los municipios para facilitar la tramitación y fiscalización de las obras de construcción que se realicen dentro de sus límites territoriales. Con el fin de preservar esta política pública, colegimos que la disposi-ción contenida en el Art. 2.007(g)(2) de la Ley de Munici-pios Autónomos debe ser interpretada literalmente, en aras de sostener la validez de las ordenanzas municipales. Conviene puntualizar que ante una ley clara y libre de toda ambigüedad, no debemos menospreciar su letra y contenido. No podemos coincidir con la determinación emi-tida por el Tribunal de Apelaciones, en la cual interpreta aisladamente las disposiciones de la Ley Núm. 81. De igual forma, no nos persuaden los argumentos esgrimidos por el recurrido, más bien los interpretamos como un intento de crear un subterfugio para evitar el pago de las contribucio-nes que le impuso el municipio.

Conforme a la discusión precedente, es menester inter-pretar este estatuto integradamente, armonizando el sig-nificado de sus distintas secciones y respetando la inten-ción de la Asamblea Legislativa al redactarlo. Nos vemos impedidos de invalidar una ordenanza municipal en su to-talidad por un tecnicismo en la interpretación de un artí-culo de la ley que provee para su creación.

Por último, aunque el foro de instancia determinó que no había controversia en que la Ordenanza 59 solo se pu-blicó en el periódico El Vocero, denegó la moción de senten-cia sumaria del recurrido por entender que existen contro-versias sobre hechos materiales. No obstante, el Tribunal de Apelaciones revocó esta determinación fundamentán-

dose en que “el TPI tenía que adjudicar la controversia que se le planteó a base de los hechos incontrovertidos”. En consecuencia, devolvió el caso al foro primario “para que adjudique si el hecho de que la Ordenanza 59 sólo se pu-blicó en un periódico de circulación general tiene el efecto de que la misma no ha entrado en vigor y, en consecuencia, si procede declarar ha lugar la reclamación de la peticiona-ria [Construcciones José Carro, S.E]”.

Resuelta la anterior controversia, concluimos que no existen hechos materiales que impidan adjudicar el pleito sumariamente, por lo que coincidimos con el foro apelativo intermedio en que estamos ante un asunto que es susceptible de resolverse por la vía sumaria, en este caso, a favor del Municipio.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca parcial-mente la Sentencia recurrida. Por un lado, se confirma la determinación del foro apelativo intermedio en cuanto re-solvió que incidió el foro primario al estimar que este caso no era susceptible de resolverse por la vía sumaria. Por otro lado, se revoca el dictamen impugnado en cuanto devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que determi-nara qué efecto tiene, si alguno, que la Ordenanza 59 solo se publicó en un periódico. De acuerdo con los principios que anteceden, un incumplimiento de esa naturaleza no ha-bría librado al recurrido del pago en concepto de los arbi-trios requeridos por el Municipio, que es independiente a la sanción penal dispuesta en la referida ordenanza. En con-secuencia, se mantiene en vigor el arbitrio impuesto por el Municipio y se declara “con lugar” la moción de sentencia sumaria presentada por este.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón no interviene.

       La referida ordenanza contiene una sanción penal que dispone como sigue en su Sección 21ra, pág. 11:
      “B. Sanción Penal: Toda persona que voluntariamente, deliberada y maliciosa-mente ofreciera información falsa a sabiendas de su falsedad, respecto al valor de la obra que genera una actividad de construcción tributable, en cualquiera de las de-claraciones deben presentarse ante el Director de Finanzas en conformidad con esta Ordenanza o que deliberada, voluntaria y maliciosamente dejare de rendir la decla-ración y comenzare la actividad de construcción o dejare de pagar el arbitrio y co-menzare la actividad, en adición e independientemente de cualquier disposición ad-ministrativa o penal aplicable, convicto que fuere, será castigado con una multa no mayor de $500.00 con una pena de reclusión no mayor de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal. En el caso de que en una revisión judicial se deje sin efecto una Ordenanza con sanción penal, se entenderá que sólo la sanción penal quedará sin efecto”. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 151-152.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 271.

       Art. VI, Sec. 2, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 420.

       Véanse, además: Exposición de Motivos y Art. 1.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 1991 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 459; López v. Mun. de Mayagüez, 158 D.P.R. 620 (2003); Mun. San Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 D.P.R. 873, 885 (1996).

       21 L.P.R.A. see. 4052.

       21 L.P.R.A. sec. 4001(cc).

       21 L.P.R.A. sec. 4207(f).

       21 L.P.R.A. see. 4053.

       Informe de Conferencia del Sustitutivo del Senado al P. de la C. 1296 de 29 de agosto de 1991, 6ta Sesión Ordinaria, lima Asamblea Legislativa, pág. 2.

       Véase Art. 2.007(g)(2) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 4057(g)(2).

       Íd.

       Véanse: E.L.A. v. Frig, y Alm. del Turabo, Inc., 155 D.P.R. 27 (2001); Nadal v. Depto. Rec. Nat, 150 D.P.R. 715 (2000).

       Véase, además, Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004).

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 290.

       Íd.


text:
    Luis Colón Alicea y otros, peticionarios, v. Frito Lays de Puerto Rico y otros, recurridos; Corporación del Fondo del Seguro del Estado, interventora.

      Números: CC-2011-0532
    CC-2011-0533

      Resueltos: 10 de julio de 2012

      José M. Biaggi Junquera, José M. Biaggi Landrón y Guillermo Arbona Lago, abogados de la parte peticionaria; Vicente Santori Margarida, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón

emitió la opinión del Tribunal.

El trayecto extenso recorrido por los dos recursos de cer-tiorari de epígrafe nos ofrece la oportunidad de reafirmar la importancia de que los tribunales de instancia aguarden recibir el mandato de un tribunal apelativo luego de revi-sar un caso en apelación o expedir un auto discrecional, antes de adquirir jurisdicción sobre el mismo nuevamente y continuar con los procedimientos del caso. Vaillant v. Santander, 147 D.P.R. 338, 351 (1998).

Mediante Resolución de 21 de octubre de 2011, le conce-dimos término a las partes para mostrar causa por la cual no debíamos expedir los recursos solicitados y revocar los dictámenes en cuestión del Tribunal de Apelaciones. Luego de examinar detenidamente el trámite procesal concer-niente a los recursos ante nuestra consideración, y con-tando con la posición de las partes concernidas, nos encon-tramos en posición de resolver.

I

Los procedimientos en instancia comenzaron el 21 de jimio de 1994 con la presentación de una demanda en da-ños y perjuicios que hicieron los peticionarios, Luis Colón Alicea (señor Colón), su esposa, María N. González López y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los peticionarios) en contra de Frito Lays de Puerto Rico (Frito Lays) y uno de sus empleados de nombre Orlando Irizarry Rosado (en conjunto, los recurridos). También comparecieron como demandantes en dicha ac-ción judicial los dos hijos de los peticionarios.

Según surge de la demanda, los peticionarios alegaron haber sufrido daños como consecuencia de un accidente automovilístico cuando un conductor de Frito Lays, en fun-ciones de su trabajo, impactó el automóvil en que viajaban los primeros. Dicho evento sucedió el 30 de junio de 1993. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (FSE) in-tervino en los procedimientos ante el foro primario con el propósito de recuperar los gastos en los que incurrió en el tratamiento del señor Colón como consecuencia de los da-ños causados por el accidente.

Una vez finalizado el juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia concluyó, mediante Sentencia de 3 de agosto de 2010 y notificada a las partes el 18 de ese mismo mes y año, que los daños reclamados por el señor Colón en su demanda se debían, en su mayoría, a lesiones previa-mente sufridas en su lugar de trabajo y para las cuales había estado recibiendo tratamiento en el FSE. En su dic-tamen, el foro primario declaró “no ha lugar” las causas de acción del resto de los peticionarios, así como la solicitud de lucro cesante del señor Colón y lo que reclamó el FSE. No obstante, ordenó a los recurridos pagar al señor Colón $60,000 por el agravamiento de su condición prexistente, y como compensación por los daños y angustias mentales su-fridos como consecuencia del accidente.

Transcurridos varios trámites ante el foro primario, el 22 de octubre de 2010, el señor Colón y Frito Lays recurrie-ron, por separado, al Tribunal de Apelaciones. Los recursos instados por éstos recibieron los Núms. KLAN201001534 y KLAN201001541, respectivamente. Mediante dos Senten-cias emitidas el 29 de octubre de 2010, el foro apelativo intermedio concluyó que ambas apelaciones eran prematu-ras, puesto que el Tribunal de Primera Instancia no le no-tificó al FSE la Sentencia. Dictaminó que, como consecuen-cia de lo anterior, el término para apelar no había comenzado a transcurrir, por lo que procedía una nueva notificación a todas las partes. El 9 de noviembre de 2010 se notificó la Sentencia emitida en el Recurso KLAN201001541 y un día después, es decir, el 10 de no-viembre de 2010, se notificó la correspondiente al Recurso KLAN201001534.

Conforme a las Sentencias dictadas por el foro apelativo intermedio, el 23 de diciembre de 2010, el Tribunal de Pri-mera Instancia emitió una Notificación Enmendada de la Sentencia a todas las partes. No obstante, no fue hasta el 13 de enero de 2011 que la Secretaría del foro apelativo intermedio remitió el mandato al Tribunal de Primera Ins-tancia en el Recurso KLAN201001541, y hasta el 24 de enero de 2011 que hizo lo propio en el Recurso KLAN201001534. Lo anterior quedó evidenciado por el hecho de que no fue hasta el 8 de febrero de 2011 que el Tribunal de Primera Instancia emitió una Notificación dándose por enterado de la Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

El 4 de enero de 2011, el FSE presentó una Moción de Reconsideración para cuestionar que no se hubiese orde-nado, como parte de la Sentencia, el rembolso de los gastos en los que incurrió dicha entidad para el tratamiento de los daños agravados ocasionados al señor Colón en el acci-dente en cuestión. El Tribunal de Primera Instancia acogió la Moción de Reconsideración del FSE mediante Orden de 12 de enero de 2011, y notificada a las partes el 21 de enero de 2011. Ordenó a los peticionarios que se expresaran con relación a la misma dentro del término de quince días. Así las cosas, el 18 de enero de 2011, los recurridos la refuta-ron mediante su Oposición a la Moción de Reconsideración. Pasados dos días, el 20 de enero de 2011 éstos presentaron, además, una Moción al Amparo de la Regla 47 de Procedi-miento Civil para oponerse a la Moción de Reconsideración del FSE por habérsele notificado tardíamente.

Por entender que la solicitud de reconsideración del FSE no tuvo efecto interruptor, el 21 de enero de 2011 los recurridos presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, al cual se le asignó el Núm. KLAN201100090. De este modo, dio inicio el primero de dos procedimientos judiciales ante el foro apelativo inter-medio, que transcurrieron paralelos hasta tanto el Tribunal de Primera Instancia dispuso de la Moción de Reconsi-deración del FSE.

Mientras tanto, los procedimientos ante instancia conti-nuaron su curso. Así, pues, el 26 de enero de 2011, los peticionarios se allanaron a la Moción de Reconsideración del FSE. Debido a que la Hon. Yazmín Nadal Arroyo, quien presidió el juicio, se encontraba ausente, el Hon. Raphael G. Rojas Fernández, mediante Orden de 8 de febrero de 2011, y notificada el próximo día 22, le refirió a la juez Nadal Arroyo las dos objeciones sometidas por los recurri-dos atinentes a la solicitud de reconsideración del FSE para que las atendiera a su regreso.

De otra parte, el 25 de febrero de 2011, los peticionarios solicitaron la desestimación del recurso de apelación KLAN201100090 presentado por los recurridos ante el Tribunal de Apelaciones. Adujeron como fundamento para ello que dicho recurso era prematuro, ya que para el momento de su presentación, el foro primario aún conservaba juris-dicción sobre el caso según la Moción de Reconsideración presentada por el FSE.

El 2 de marzo de 2011, ya de regreso a sus funciones, la juez Nadal Arroyo declaró “ha lugar” ambas mociones de los recurridos en las que éstos objetaron la solicitud de reconsideración del FSE. Su decisión le fue notificada a las partes el 4 de marzo de 2011. Una vez resuelto el asunto de la reconsideración del FSE a nivel de instancia, el 31 de marzo de 2011, los peticionarios presentaron el recurso de apelación KLAN201100409 ante el Tribunal de Apelacio-nes para solicitar la revocación de la Sentencia emitida por el foro de instancia. Los recurridos solicitaron la desesti-mación del mencionado recurso de apelación alegando, en apoyo a su moción, que el escrito de reconsideración some-tido por el FSE ante el Tribunal de Primera Instancia no interrumpió el término para apelar porque su notificación fue tardía. Argumentaron, por lo tanto, que el recurso de apelación se presentó fuera del término dispuesto para ello, por lo que el Tribunal de Apelaciones carecía de juris-dicción para atenderlo.

El foro apelativo intermedio evaluó las posturas de am-bas partes y resolvió que, en efecto, debido a la falta de notificación oportuna de la Moción de Reconsideración in-terpuesta por el FSE, ésta no tuvo el efecto interruptor pretendido por los peticionarios. Así, pues, mediante Reso-lución de 15 de abril de 2011 y notificada el 29 de ese mes, el Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de desesti-mación presentada por los peticionarios en el Recurso KLAN201100090.

De otra parte, y cónsono con su dictamen anterior, me-diante Sentencia de 27 de mayo de 2011, el Tribunal de Apelaciones desestimó, por falta de jurisdicción, el recurso de apelación KLAN201100409 que sometieron los peticio-narios por haberse presentado fuera de término. Inconfor-mes con tales determinaciones, el 29 de junio de 2011, los peticionarios presentaron ante este Foro dos recursos de certiorari en los que, en esencia, argumentaron que la pre-sentación de su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones había sido oportuna, mientras que el recurso de apelación presentado por los recurridos había sido prematuro.

El primer recurso de certiorari, CC-2011-532, corres-ponde a la Sentencia desestimatoria del recurso de apela-ción KLAN201100409, en el cual éstos aducen el siguiente error:

Erró el Honorable Tribunal de ... Apelaciones al determinar que la moción de reconsideración presentada no interrumpió el término para apelar, a pesar de que la misma fue acogida por el foro de instancia antes de que la sentencia adviniere final y firme. Caso Núm. CC-2011-0532, Pieza 1, Petición de certiorari, pág. 9.

Aunque por una razón distinta, expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos la Sentencia desestima-toria del Tribunal de Apelaciones, objeto de dicho recurso.

Por otro lado, en el recurso de certiorari CC-2011-533 se cuestiona la Resolución emitida en el recurso de apelación KLAN201100090, mediante la cual el Tribunal de Apela-ciones rechazó el argumento de que el recurso de apelación sometido por los recurridos se había presentado prematu-ramente. Dicha controversia se nos plantea a través del siguiente señalamiento de error:

Erró el Honorable Tribunal de ... Apelaciones al no desestimar por prematuro el recurso de apelación al haber sido radicado mientras estaba pendiente ante el Tribunal de [Primera] Ins-tancia la resolución de la moción de reconsideración del interventor. Caso Núm. CC-2011-0533, Petición de certiorari, pág. 9.

Nuevamente, aunque por razón distinta, expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones objeto de tal recurso. Veamos.

II

A. Efecto de la presentación de recursos ante los tribunales apelativos

El sistema judicial de Puerto Rico constituye un solo distrito judicial para fines jurisdiccionales. Con el propósito de hacer viable su buen funcionamiento se ha delimitado la autoridad de los tribunales para resolver los casos o controversias, asignándole competencias a cada uno de los distintos niveles que componen el Tribunal General de Justicia. De ese modo, los foros de primera instancia ejercen una competencia general y los otros dos estratos superiores, es decir, el Tribunal de Apelaciones y este Tribunal, ejercen una competencia apelativa. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. I, pág. 268; Cosme v. Hogar Crea, 159 D.P.R. 1, 7 (2003).

Según está estructurado dicho sistema judicial, si una de las partes de un caso no está conforme con las determinaciones, ya sea del Tribunal de Primera Instancia o del Tribunal de Apelaciones, tiene la oportunidad de que dicho dictamen lo revise el correspondiente foro de jerarquía superior. En cuanto a lo anterior, es preciso señalar que, como explicamos en detalle más adelante, el efecto de ese recurso en la autoridad del tribunal recurrido para continuar con los procedimientos dependerá de su naturaleza. Según el tipo de recurso interpuesto, puede sobrevenir, ya sea la suspensión automática de los procedimientos en el tribunal inferior o éstos continuarán hasta tanto el foro en alzada determine lo contrario.

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) regulan los asuntos atinentes a los procedimientos posteriores a la sentencia. Específicamente, en su Regla 52.3 se pormenorizan las implicaciones que tiene, en los procedimientos ante el tribunal recurrido, el presentarse o expedirse un recurso por un tribunal de superior jerarquía. Dicha regla provee lo siguiente:

(a) Una vez presentado el escrito de apelación, se suspende-rán todos los procedimientos en los tribunales inferiores res-pecto a la sentencia o parte de ésta de la cual se apela, o las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en contrario, ex-pedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión involucrada en el mismo no comprendida en la apelación. Disponiéndose, que no se suspenderán los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia cuando la sentencia disponga la venta de bienes susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean vendidos y su importe depositado hasta tanto el tribunal de apelación dicte sentencia.
(b) La presentación de una solicitud de certiorari no suspen-derá los procedimientos ante el tribunal recurrido, salvo orden en contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el tribunal recu-rrido, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo contrario.
(c) La presentación de una solicitud de certificación no inte-rrumpirá los procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal Supremo disponga lo contrario, por iniciativa propia o a petición de parte. En cuanto a las órdenes de entredicho provisional e injunction, se estará a lo dispuesto en la Regla 57.7 de este apéndice.
(d) No se suspenderán los efectos de una decisión apelada o recurrida, salvo una orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación, que incluya cualquiera de los remedios siguientes:
(1) Una orden de injunction, de mandamus o de hacer o desistir.
(2) Una orden de pago de alimentos.
(3) Una orden sobre custodia o relaciones filiales. 32 L.P.R.A. Ap. V.

Por otro lado hay que observar lo preceptuado tanto en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones como en el de este Foro. Sobre el particular, la normativa pertinente al foro apelativo intermedio contiene varias disposiciones, de-pendiendo, a su vez, de si se trata de una apelación, de un certiorari odeun proceso civil o criminal.

En específico, la Regla 18 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, prescribe los efectos de la presentación de una apelación en un caso civil:

(A) Suspensión. — Una vez presentado el escrito de apela-ción, se suspenderán todos los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia respecto a la sentencia, o parte de la misma, de la cual se apela, o a las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de Apelaciones; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión no comprendida en la apelación.
(B) Cuándo no se suspenderá. — No se suspenderán los pro-cedimientos en el Tribunal de Primera Instancia cuando la sentencia dispusiere la venta de bienes susceptibles de pér-dida o deterioro. En ese caso el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean vendidos y su importe depositado hasta tanto el tribunal de apelación dicte sentencia.
No se suspenderán los efectos de una decisión apelada, salvo una orden en contrario expedida por el Tribunal de Apelacio-nes, por iniciativa propia o a solicitud de parte, cuando ésta incluya cualesquiera de los remedios siguientes:
(1) Una orden de injunction, de mandamus o de hacer o desistir.
(2) Una orden de pago de alimentos.

(3) Una orden sobre custodia o relaciones filiales.

Cuando se trata de recursos de certiorari, es la Regla 35 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones la que fija los efectos de su presentación, dependiendo de si se trata de un caso civil o de uno criminal. Dicha regla dis-pone de la siguiente manera:

(A) En casos civiles.—
(1) La presentación de una solicitud de certiorari no suspen-derá los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instan-cia, salvo orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de Apelaciones. La expedi-ción del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Ape-laciones disponga lo contrario.
(2) Si la resolución recurrida dispusiera la venta de cosas susceptibles de pérdida o deterioro, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que se vendan las mismas y que se deposite su importe hasta que el Tribunal de Apelaciones re-suelva el recurso.
(3) No se suspenderán los efectos de una decisión recurrida, salvo una orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de Apelaciones, que incluya cualquiera de los remedios siguientes:
(a) Una orden de injunction, de mandamus o de hacer o desistir.
(b) una orden de pago de alimentos.
(c) una orden sobre custodia o relaciones filiales.
(B) En casos criminales. — La presentación de una solicitud de certiorari para que revise una sentencia condenatoria sus-penderá la ejecución de la sentencia, una vez prestada fianza, excepto cuando la sentencia recurrida disponga que la parte convicta quede en libertad a prueba, no se admita la presta-ción de fianza o una ley especial disponga que no se suspen-derá la misma. Mientras se sustancia el recurso de certiorari, el tribunal sentenciador conservará su facultad para modificar las condiciones de la libertad a prueba o para revocarla. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

Los efectos de la presentación o expedición de un recurso de apelación o de certiorari ante este Foro se encuentran igualmente establecidos en nuestro Reglamento. In re Reglamento Tribunal Supremo, 183 D.RR. 386 (2011). Específicamente, el inciso (c) de la Regla 17 de nuestro Reglamento atiende los aspectos relativos a la presentación de una apelación y dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:

(c) Efectos de la presentación del escrito de apelación
La presentación del escrito de apelación ante el Tribunal suspenderá los procedimientos en los tribunales inferiores, salvo una orden en contrario expedida por este Tribunal a ini-ciativa propia o a solicitud de parte. Los tribunales inferiores podrán continuar la consideración de cualquier otro asunto no comprendido en la apelación. In re Reglamento Tribunal Supremo, supra, pág. 434.

Lo atinente a los efectos de la presentación o expedición de las peticiones de certiorari se encuentra, por su parte, preceptuado en los incisos (j) y (k) de la Regla 20 de nuestro Reglamento. Los mismos disponen, respectivamente, lo siguiente:

(j) Efecto de la presentación de la solicitud de certiorari'.
(l) En casos civiles
La presentación de una solicitud de certiorari no suspen-derá los procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones o el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en contrario expedida por el Tribunal Supremo, a iniciativa propia o a so-licitud de parte.
Si la sentencia recurrida dispone la venta de bienes sus-ceptibles de pérdida o deterioro, el Tribunal Supremo, a inicia-tiva propia o a solicitud de parte, podrá ordenar la suspensión de los efectos de la sentencia o resolución.
(2) En casos criminales
La presentación de una solicitud de certiorari de una sen-tencia condenatoria suspenderá la ejecución de la sentencia una vez prestada fianza, excepto cuando la sentencia recu-rrida disponga que la parte convicta quede en libertad a prueba, no se admita la prestación de la fianza o una ley especial disponga que no se suspenda la misma. Mientras se perfecciona el recurso de certiorari, el tribunal sentenciador conservará su facultad para modificar las condiciones de la libertad a prueba o para revocarla.
(k) Expedición del auto de “certiorari”
El auto de certiorari se expedirá solamente por orden del Tribunal, a su discreción. La expedición del auto, tanto en ca-sos civiles como criminales, suspenderá los procedimientos en el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal disponga lo contrario. (Escolio omitido). In re Reglamento Tribunal Supremo, supra, págs. 447-448.

En resumen, lo que suceda en los procedimientos, y como consecuencia en la jurisdicción del tribunal recurrido, una vez se acude en alzada, variará según el tipo de re-curso instado. Es decir, dependerá de si se trata de un re-curso de apelación o de certiorari y de la naturaleza civil o criminal de la acción. Debido a las importantes implicacio-nes de índole jurisdiccional que ello conlleva, los tribunales concernidos deben estar atentos al desarrollo del caso a nivel del tribunal revisor y a la etapa procesal en la que éste se encuentra, previo a retomar acción en el mismo.

Una vez el tribunal de superior jerarquía adquiere ju-risdicción sobre el asunto presentado para su revisión y emite una determinación que adviene final y firme, tienen que coincidir ciertas condiciones procesales para que el tribunal recurrido vuelva a adquirir jurisdicción sobre el caso. Nos referimos específicamente a la remisión del mandato. Veamos.

B. Mandato

El mandato es una figura enmarcada dentro de los procesos apelativos judiciales. Reiteradamente la he-mos definido como el medio que posee un tribunal en alzada de comunicarle a un tribunal inferior qué determinación ha tomado sobre la sentencia objeto de revisión y ordenarle actuar en conformidad con la misma. Mejias et al. v. Carrasquilla et al., 185 D.RR. 288 (2012). En nuestro ordenamiento jurídico procesal han existido un sinnúmero de disposiciones que han gobernado los asuntos atinentes al mandato judicial. Este concepto se encontraba recogido anteriormente en la Regla 54.7 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III). Sin embargo, en nuestro nuevo esquema procesal civil, esto es, en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 no se incorporó una norma equivalente.

No obstante, en conformidad con la facultad que se nos reconoce en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V), para reglamentar el trámite de los recursos en los tribunales de apelación, la figura del mandato sí se encuentra delineada en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y en el Reglamento de este Tribunal. Cónsono con esto, la Regla 84(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece lo siguiente:

(E) Transcurridos diez (10) días laborables de haber adve-nido final y firme la decisión del Tribunal de Apelaciones, el Secretario (a) enviará el mandato al Tribunal de Primera Ins-tancia o a la agencia correspondiente, junto con todo el expe-diente original, cuando éste haya sido elevado. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

Nuestro Reglamento, por su parte, en la Regla 45 dis-pone sobre el particular lo siguiente:

(a) Diez días laborables después de la fecha en que se envió a las partes copia de la decisión del Tribunal en un caso, el Secretario o la Secretaria enviará el mandato al tribunal revi-sado, a no ser que se haya presentado una moción de reconsi-deración dentro de dicho periodo o que el Tribunal haya orde-nado la retención del mandato.
(b) Toda moción de reconsideración deberá presentarse den-tro del plazo jurisdiccional de diez días laborables mencionado en el inciso (a) de esta regla y no deberá exceder de diez pági-nas. ... Si el Tribunal deniega la moción de reconsideración, el mandato se enviará cuatro días laborables después de la fecha cuando se envió a las partes la copia de la resolución, a menos que se haya presentado una segunda moción de reconsidera-ción conforme a lo dispuesto en el inciso (c) de esta regla.
(c)... Si la segunda moción de reconsideración se deniega, el mandato se enviará al tribunal revisado el día siguiente.
(e) En cualquier caso en que una sentencia o resolución de este Tribunal pueda ser revisada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América mediante un recurso de certiorari, podrá retenerse, a solicitud de parte, la remisión del mandato al tribunal revisado por un término razonable. Si dentro de dicho término se archiva en la Secretaría una certificación del Secretario o Secretaria del Tribunal Supremo de Estados Uni-dos de América, que acredite que la petición de certiorari, el expediente y el alegato han sido presentados ante dicho Tribunal, se retendrá el mandato hasta que recaiga una disposición final del recurso de certiorari. A la presentación de una copia de la orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Amé-rica en la que se deniega la expedición del auto, se remitirá inmediatamente el mandato al tribunal revisado. En la mo-ción sobre retención del mandato, la parte promovente deberá señalar las cuestiones que se plantearán en el recurso de cer-tiorari, con referencia a los hechos y las circunstancias perti-nentes del caso.

El concepto mandato cobra especial relevancia en lo concerniente a los efectos de índole jurisdiccional que pueda tener su remisión al foro de origen. Según establecido en las disposiciones legales pertinentes, una vez el tribunal en alzada emite su determinación, y la misma adviene final y firme, se enviará el mandato correspondiente al foro recurrido. Es en ese momento que el recurso que estaba ante la consideración del foro revisor concluye para todos los fines legales, por lo que se entiende que no es hasta entonces que éste pierde jurisdicción en lo concerniente al asunto.

Once the mandate is issued, the ... court’s appellate jurisdiction formally ends. The ... court does have inherent power within a reasonable time to recall the mandate and cancel its effectiveness, and to restore its appellate jurisdiction, but only in very exceptional circumstances.
Following the issuance of the appellate mandate, the [lower] court is required to take any action that is consistent with the mandate, as stated in the judgment entered in the [appellate] court, and any written opinion of [such] court. Conversely, the [lower] court may not reconsider issues the parties failed to raise on appeal. It must attempt to implement the spirit of the mandate, and the court may not alter rulings impliedly made by the appellate court. (Énfasis nuestro y escolios omitidos). 3 Moore’s Manual, Federal Practice and Procedure Secs. 28.94[2]-28.94[3] [a] (2010).

Con relación a este particular, en Pueblo v. Pérez, 159 D.P.R. 554 (2003), reconocimos que el Tribunal de Apelaciones no puede conservar jurisdicción sobre un caso una vez ha resuelto todas las controversias ante su consideración y ha remitido el mandato al foro recurrido con instrucciones específicas de cómo actuar. Conforme a lo anterior, el tribunal sujeto a revisión no adquiere jurisdicción nuevamente para poder continuar con los procedimientos y ejecutar los dictámenes de la sentencia en alzada hasta tanto reciba el mandato del tribunal revisor. En otras pa-labras, es por el mandato que se le devuelve la autoridad para actuar, según lo dispuesto por el tribunal de mayor jerarquía.

En resumen, luego de paralizados los procedimientos en el foro de origen, éste pierde su facultad para atender las controversias planteadas en alzada y no vuelve a adquirir jurisdicción sobre ellas hasta tanto el tribunal revisor le remite el mandato correspondiente. Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 D.P.R. 556, 570 (1999).

Lo anterior tiene el efecto ineludible de anular toda ac-tuación que lleve a cabo el foro revisado, luego de que los asuntos se hayan paralizado y previo a recibir el mandato. Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, supra. Véase, ade-más, Vaillant v. Santander, supra.

Some time after the court of appeals has entered its judgment in a case on appeal, the court issues its mandate. The mandate is directed to the court below, which upon receipt of the mandate can take whatever further proceedings are appropriate or necessary in light of the mandate. Until the mandate issues, however, the case ordinarily remains within the jurisdiction of the court of appeals and the [lower] court lacks power to proceed further with respect to the matters involved with the appeal. (Énfasis nuestro y escolio omitido). 16AA Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters 4th Sec. 3987 (2008).

Parte de los inconvenientes procesales y sustantivos que provoca esta separación de eventos entre la disposición en alzada y el mandamiento se recogen, por ejemplo, en la siguiente expresión donde se ilustra el estado de derecho que se suscita durante el periodo que discurre entre ambas contingencias y el cual se designa como “limbo jurídico”:

Due to the needless separation of the issuance of a decision from the issuance of the corresponding mandate, federal courts have created a type of limbo in which decisions may exist for a period of time before being given full effect and precedential value through mandate. M.J. Stephan, J. Reidy y G. Krishnamurthi, Closing the Gap: Post-Decision, Pre-Man-date Mootness, 7 Seton Hall Circuit Rev. 287, 288 (Spring 2011).

De este modo, podemos decir que el mandato guarda una función dual que impacta la jurisdicción del tribunal de menor jerarquía. Primeramente, le reviste nuevamente con autoridad sobre el caso, a la vez que le per-mite disponer de éste conforme las directrices impartidas por la resolución o sentencia concernida.

In its most indispensable form, the mandate allocates judicial authority in two different ways. First, it vests the lower court on remand with jurisdiction. Second, it gives the lower court on remand the authority to render judgment consonant with the appellate court’s judgment. (Escolio omitido). J.L. Phillips III en Comentario, “It Ain’t over ‘Til it’s Over,”But Will it Ever Be?: The Elusive Procedural Finality of Bell v. Thompson and an Appellate Court’s Mandate, 60 Ark. L. Rev. 319, 342-343 (2007).

Ill

Conforme la evidencia no controvertida que consta en los autos del caso ante nos, el 29 de octubre de 2010, el foro apelativo intermedio desestimó, por prematuros, los dos (2) recursos que instaron Frito Lays y el señor Colón el 22 de octubre de 2010. La desestimación obedeció a que la noti-ficación de la Sentencia, de la cual las partes recurrían, resultó defectuosa porque no se le envió al FSE, parte in-terventora en el pleito.

Así las cosas, el 23 de diciembre de 2010, el Tribunal de Primera Instancia le envió la correspondiente notificación enmendada a todas las partes en el pleito.

No obstante, al así hacerlo, el foro primario no se per-cató de que para esa fecha el Tribunal de Apelaciones no le había remitido aún los mandatos correspondientes a las dos (2) apelaciones que instaron Frito Lays y el señor Colón. Por lo tanto, para todos los efectos legales, en ese momento el foro primario carecía de toda autoridad para actuar, incluso para emitir dicha notificación. Según rela-táramos anteriormente, no fue sino hasta el 13 de enero de 2011 que el Tribunal de Apelaciones remitió el mandato en el Recurso KLAN201001541, y hasta el 24 de enero de 2011 en que hizo lo propio en el Recurso KLAN201001534. Sin duda alguna, para el 23 de diciembre de 2010, el foro ape-lativo intermedio retenía la jurisdicción sobre ambos recursos.

De acuerdo con la normativa anteriormente esbozada, fue para las fechas en que los mandatos se remitieron al Tribunal de Primera Instancia que la jurisdicción se revir-tió a dicho foro. Por consiguiente, es desde ese momento que éste quedó en posición de implantar lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones. Como consecuencia, la notifica-ción de 23 de diciembre de 2010 y toda actuación posterior, ya sea del tribunal o de las partes, resultaron completa-mente nulas.

A base de lo anterior, nos es forzoso concluir que los términos para recurrir de la Sentencia de 3 de agosto de 2010 no han comenzado a decursar, dado que las dos (2) notificaciones realizadas por el foro primario con relación a la misma resultaron defectuosas. La primera, por no noti-ficársele a una de las partes en el pleito, y la segunda, por prematura, el tribunal actuó sin jurisdicción para así hacerlo.

Es meritorio mencionar que, posterior a la notificación enmendada de la Sentencia, sucedieron una serie de even-tos que incluyeron la presentación de una moción de recon-sideración ante el foro primario, recursos de apelación ante el foro apelativo intermedio y los recursos de certiorari de epígrafe actualmente ante nuestra consideración. Lamen-tablemente, este extenso trámite procesal tuvo, sin lugar a dudas, la infortunada consecuencia de consumir el tiempo y los recursos de los tribunales, y de permitir que las par-tes incurrieran en gastos que al final del día no tendrán efecto legal alguno.

En resumen, los eventos procesales en este recurso po-nen de manifiesto la situación anómala que puede surgir cuando los tribunales recurridos actúan sin jurisdicción, por el mero hecho de no aguardar hasta que el tribunal en alzada les remita el mandato correspondiente. Estas situa-ciones, lejos de promover la economía judicial y la justicia como pretende nuestro ordenamiento jurídico, provocan el congestionamiento de los tribunales con casos en los cuales el foro recurrido no tiene autoridad para intervenir y sobre los cuales cualquier dictamen emitido resultará nulo por falta de jurisdicción.

Lo anterior queda claramente evidenciado en el caso de autos: han transcurrido en exceso de dieciocho (18) años desde que ocurrió el accidente que dio origen al litigio, las partes se han visto obligadas a involucrarse en múltiples trámites procesales y todavía no se ha logrado obtener un remedio final.

De acuerdo con lo anterior, decretamos que la notifica-ción enmendada de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la cual se recurre es nula y, por consiguiente, el término para las partes apelar de la misma no ha comen-zado a discurrir.

IV

Por todo lo que antecede, se expide el auto de “certiorari” en el Recurso CC-2011-0532 y se confirma la Sentencia des-estimatoria emitida por el Tribunal de Apelaciones en el recurso de apelación KLAN201100409 instado por los peti-cionarios, aunque por fundamentos distintos a los expresa-dos por dicho foro.

Asimismo, se expide el auto de “certiorari” en el Recurso CC-2011-533 y se revoca la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones en el Recurso KLAN201100090. En cambio, se desestima la apelación iniciada por los recurri-dos, pues dicho foro carecía de jurisdicción para atenderla.

Conforme lo antes expuesto, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que, luego de recibir el man-dato correspondiente, la Secretaría de dicho tribunal noti-fique correctamente la Sentencia dictada el 3 de agosto de 2010 a todas las partes en el litigio.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       Como veremos más adelante, estos eventos van a ser determinantes para la solución de los recursos ante nos.

       Según surge del sobre timbrado sometido por los recurridos, no fue sino hasta el 13 de enero de 2011 que el Fondo del Seguro del Estado les notificó a éstos copia de su Moción de Reconsideración.

       Incluimos el siguiente listado de las fechas relevantes a la controversia plan-teada con el propósito de facilitar el análisis correspondiente:
      3 de agosto de 2010 — Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.
      22 de octubre de 2010 — El señor Colón y Frito Lays recurren al tribunal apela-tivo intermedio (Recursos KLAN201001534 y KLAN201001541, respectivamente).
      29 de octubre de 2010 — Sentencias del Tribunal de Apelaciones desestimando los recursos por prematuros, por falta de notificación de la Sentencia del tribunal recurrido a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (FSE).
      9 de noviembre de 2010 — Se notifica la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el Recurso KLAN201001541.
      10 de noviembre de 2010 — Se notifica la Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el Recurso KLAN201001534.
      23 de diciembre de 2010 — Notificación Enmendada de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de agosto de 2010.
      4 de enero de 2011 — Presentación de Moción de Reconsideración por el FSE.
      12 de enero de 2011 — Orden dando término a las partes para expresarse sobre la Moción de Reconsideración presentada por el FSE.
      13 de enero de 2011 — Notificación de la Moción de Reconsideración a los recurridos.
      13 de enero de 2011 — Notificación del mandato al Tribunal de Primera Instan-cia en el Recurso KLAN201001541.
      18 de enero de 2011 — Moción de los recurridos objetando la Moción de Reconsi-deración en sus méritos.
      20 de enero de 2011 — Moción de los recurridos objetando la. Moción de Reconsi-deración a base de la notificación tardía.
      21 de enero de 2011 — Notificación de Orden dando término a las partes para expresarse sobre la Moción de Reconsideración presentada por el FSE (dicha notifi-cación fue efectuada a las 8:07 a.m.).
      21 de enero de 2011 — Presentación del recurso de apelación de los recurridos ante el Tribunal de Apelaciones - KLAN201100090 (la misma ocurrió a la 1:50 p.m.).
      24 de enero de 2011 — Notificación del mandato al Tribunal de Primera Instan-cia en el Recurso KLAN201001534.
      8 de febrero de 2011 — Tribunal de Primera Instancia emite notificación dándose por enterado de la Sentencia del 29 de octubre de 2010 del Tribunal de Apelaciones.
      2 de marzo de 2011 — Orden del Tribunal de Primera Instancia declarando “no ha lugar” la Moción de Reconsideración presentada por el FSE.
      4 de marzo de 2011 — Notificación de Orden denegando Moción de Reconsidera-ción presentada por el FSE.
      31 de marzo de 2011 — Apelación presentada por los peticionarios ante el Tribunal de Apelaciones - KLAN201100409.

       En cuanto a los asuntos de naturaleza penal, véase la Regla 197 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

       En el caso de la presentación de un recurso de apelación en un procedimiento de naturaleza penal, véase la Regla 27 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.

       Véase, además, la Regla 45 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.RR.A. Ap. XXII-B, en lo relativo a los casos originados en la Comisión Estatal de Elecciones.

       La Regla 54.7 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III (ed. 2001)), disponía:
      “Transcurridos diez (10) días laborables de haberse archivado en autos la noti-ficación de la sentencia dictada por el Tribunal de ... Apelaciones, el secretario de dicho tribunal devolverá el mandato a la sala del Tribunal de Primera Instancia que emitió la sentencia apelada o la orden o resolución recurrida, junto con todo el expe-diente original, cuando éste hubiere sido elevado, a menos que se haya concedido o esté pendiente de resolución una solicitud de reconsideración o a menos que el Tribunal de ... Apelaciones o el Tribunal Supremo ordenen otra cosa”.

       Aprobadas en el 2009 y puestas en vigor a partir del 1 de julio de 2010.

       Lo concerniente al mandato sí permanece preceptuado en la Regla 214 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la cual postula:
      “Treinta (30) días después de haberse archivado en autos la notificación de la sentencia dictada en apelación o certiorari, se devolverá al Tribunal de Primera Instancia todo el expediente de apelación unido al mandato, a menos que se hubiere concedido o esté pendiente de resolución una solicitud de reconsideración o una pe-tición de certiorari ante el Tribunal Supremo, o a menos que de otro modo se orde-nare por el Tribunal de ... Apelaciones o por el Tribunal Supremo. Después de ha-berse remitido el mandato, el Tribunal de Primera Instancia librará todas las demás órdenes que sean necesarias para la ejecución de la sentencia”. (Énfasis nuestro).

       Según lo dispuesto en la Regla 52.3 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) y en la Regla 18 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, una vez presentados los recursos de apelación KLAN201001534 y KLAN201001541, los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, atinen-tes a la Sentencia dictada el 3 de agosto de 2010, quedaron suspendidos. En ese momento, el Tribunal de Apelaciones adquirió jurisdicción sobre los recursos y la conservó hasta que sus Sentencias de 29 de octubre de 2010 advinieron finales y firmes, y los mandatos relativos a las mismas fueron remitidos al foro primario.