author: El Juez Presidente Señor Del Toko

text:
    Gobierno de la Capital, demandante y apelante, v. Casino Español, demandado y apelado.
    Núm. 7731.

    Sometido: Abril 2, 1940.

      Resuelto: Mayo 22, 1940.

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelante; R. Cuevas Zequeira, abogado del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toko

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre reivindicación de bienes muebles. Se reclama un retrato de Isabel II, Reina de España, pin-tado por Federico Madrazo. Eué resuelto en contra de la parte demandante que apeló y señala en su alegato dos erro-res, el primero atribuido a la corte sentenciadora al apreciar la prueba y el segundo al declarar prescrita la acción ejer-citada.

El debate fué planteado por el Gobierno de la Capital de Puerto Rico, parte demandante, como sigue:

El Gobierno de la Capital es el sucesor del Municipio de San Juan, y como tal, dueño del retrato reclamado. Este se encuentra en la posesión ilegal del demandado. Vale treinta mil dólares.

El Casino Español, demandado, negó que el demandante fuera dueño del retrato y en contrario alegó que él es el dueño por haberlo adquirido por donación que le hiciera en 1913 don Manuel Fernández Juncos.

Como materia nueva alegó que la acción ejercitada por el demandante había prescrito de acuerdo con los artículos 1863, 1856 y 616 del Código Civil Revisado que corresqron-den a los artículos 1862, 1855 y 549 de la edición de 1930.

Eué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia de septiembre 12,1936, como ya dijimos, en contra del deman-dante, por estimar que el retrato se encontraba en la legí-tima posesión del demandado a virtud de donación que le hiciera don Manuel Fernández Juncos y el tiempo trans-currido. Declaró prescrita la acción del demandante.

Examinemos la prueba. El primer testigo que llamó el demandante fué Roberto H. Todd. Dijo, en resumen, que a partir del 1903 sirvió como Alcalde de San Juan por muchos años y en varias ocasiones, y antes, en 1901, como Concejal. No vió el retrato de que se trata en el municipio. Se le mos: tró un libro titulado “Inventario firmado el 25 de septiembre de 1873” en cuya página 6 tiene la siguiente anotación: “Un retrato al óleo de cuerpo entero, de doña Isabel II, de marco dorado. Cuatro mil pesos”, y manifestó que suponía que fuera del Ayuntamiento de San Juan. El libró fue introdu-cido en evidencia y admitido sin objeción.

Yió el retrato en casa de don Manuel Fernández Juncos, un español bien acreditado, de muy buen arraigo entre puer-torriqueños y españoles, que fue Ministro de Hacienda durante la Autonomía. El retrato estaba en la sala junto a otros cuadros. Volvió a verlo en el Casino Español cuando estaba en la calle de la Fortaleza, en su salón principal. En mejores condiciones que antes. Observó que tenía la si-guiente inscripción, “Ayuntamiento de Puerto Bico” y luego el nombre del autor, Madrazo. Era el testigo entonces Alcalde de San Juan y no bizo gestión alguna para reclamar el retrato. Nada manifestó en sentido contrario a un inspector de Auditoría. Se comunicó con el Sr. Pérez Lozada, Secretario del Casino, quien le dijo que éste había adquirido el retrato por donación o compra, no recuerda bien, de don Manuel Fernández Juncos. Y no investigó más.

Se leyó entonces una declaración jurada de José Mauleón, manifestando que comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de San Juan de Puerto Bico, hoy Gobierno de la Capital, siendo Alcalde Militar el Dr. Francisco del Valle Atiles y entonces vió en el salón de sesiones del Ayuntamiento el cuadro de que se trata. Que los cuadros permanecieron allí hasta el cambio de soberanía en 1899 y luego no sabe por qué no continuaron en la posesión del Pueblo en el Ayunta-miento.

Llamado Arsenio B. Bodríguez, inspector de la oficina del Auditor de Puerto Bico declaró que como tal practicó una investigación en los libros del Gobierno de la Capital relacionada entre otras cosas con el retrato de la Beina Isabel II pintado por Madrazo y habló con el Sr. Todd al igual que con los Sres. Mariano Abril, Adolfo de Hostos y Mario Brau respecto del asunto; que examinó el inventario que cubre hasta el año 1873 y rindió su informe.

Luis A. Castro, Secretario de la Capital, dijo que el •archivo del municipio data de 1631 y hecho un examen no encontró en él documento oficial alguno del que conste que el Municipio se desprendiera de la propiedad o posesión del cuadro de doña Isabel II. Sí consta que el cuadro se com-pró por suscripción de los vecinos de San Juan quienes lo •donaron al Municipio.

Esa fué la evidencia aportada por el demandante. El demandado llamó a Juan García Verdomar, de setenta y cinco años de edad, nacido en la Coruña, España. Lleg’ó a esta isla en diciembre 3, 1885. Fué empleado del Municipio desde mediados de julio, 1890, guardia urbano primero, luego orde-nanza del Alcalde. Continuó sirviendo hasta que el Sr. Todd desempeñó la Alcaldía siendo entonces jubilado. Yió en el salón de sesiones el retrato de la Reina. Recuerda que cuando el cambio de soberanía, 1898, vió a don Manuel Fer-nández Juncos en el Ayuntamiento con otros señores pa-seando por las galerías inmediatas al salón y hablando “de los objetos de España”, y observó que un señor preguntó a don Manuel “¿Para qué tú quieres eso1?” y que él contestó, “Pues para hacer un museo.”

José Pérez Lozada, Secretario del Casino Español desde 1909, declaró que en el Casino había dos retratos de la Reina Isabel II pintados por Madrazo, uno de ellos de tamaño monumental, de cuerpo entero, que fué adquirido por dona-ción de don Manuel Fernández Juncos, procer de la colonia española, reconocido tanto como amigo de los españoles como del país puertorriqueño.

Presentado al testigo un libro, lo reconoció como el de actas del Casino de 6 de diciembre 1907 a marzo 1916. El demandado introdujo en evidencia el párrafo final del acta que figura a la página 249 en lo relativo al cuadro de la Reina Isabel II. Se admitió con la objeción del demandante.

Siguió el testigo declarando que desde 1913 en que el cua-dro fué donado al Casino, éste lo colocó en el salón anexo al de baile. Cuando el Casino se instaló en la Calle de San José y luego en la de Fortaleza, estaba en el salón de baile. Abora, en la Casa de España, está en el salón de lectura. El retrato fué retocado y barnizado y se le puso un marco nuevo. El Casino nunca ba sido inquietado en la posesión del mismo. La inscripción que el retrato tiene dice “ Ayuntamiento de Puerto Rico, 1866.”

Recuerda baber visto el retrato en casa de don Manuel Fernández Juncos allá por el año 1899 ó 1900 y le consta personalmente que don Manuel lo donó al Casino. Este no tiene edificio. Está alojado en la Casa de España con otra institución española. El solo documento que tiene para acre-ditar la donación es el acta. El retrato puede valer cinco mil pesos.

Compareció Ramón Fernández Náter, bijo de don Manuel. Dijo que el retrato en litigio fué llevado a su casa allá por. el año 1898, en octubre. Antes lo tenían tirado en el Muni-cipio en un cuarto que babía abajo donde babía trastos viejos. Lo llevaron a su casa junto con otros objetos pro-cedentes del Municipio. “Mi padre vió ese cuadro allí y él sintió mucbo esto y babló con el Alcalde don Francisco del Valle Atiles, y don Francisco le dijo que no tenía inconve-niente en cederle ese cuadro a él, pero tenía sus temores que babía un gobernador militar, el General Ortega, que sin él ... . Estuvo (el General) en casa .... le dijo a mi padre que él no ponía ningún inconveniente en que esos cua-dros pasaran a manos de él, que fueran para él.”

Manifestó que el retrato estuvo siempre colocado en sitio ostensible en las varias casas que vivió su padre. “Al morir mi madre, quedó mi padre solo, con mis hermanas, y cogie-ron una casa más pequeña y papá le regaló ese retrato de Isabel II al Casino Español.” Durante el tiempo que el cuadro estuvo en poder de su padre, nunca fué reclamado por el Municipio.

Llamado Angel Cruz, Archivero del Gobierno de la Capital desde julio 1934 citado para que trajera los inventarios posteriores al 1898, declaró que dado el término breve que se le diera no pudo encontrarlos, no siendo fácil la búsqueda porque no estaban organizados.

Se le presenta un libro y contesta, “Por el conocimiento que tengo, y lo que puedo leer aquí, es un libro de actas que dice ‘ Material Ayuntamiento San Juan, 1899.’ ” Se le pide que diga si en el libro “aparece o no un acuerdo relativo a un cuadro de la reina doña Isabel II de España.” Contesta que para ello tendría que leer todo el libro. El incidente se repite en relación con otros, sin que el testigo aporte dato concreto alguno sobre el particular.

Terminada la prueba del demandado, el demandante llamó nuevamente al Inspector de la Auditoría de Puerto Pico Arsenio E. Eodríguez. Dijo que la oficina del Auditor tiene a su cargo la propiedad y cuentas de los Municipios de Puerto Eico. Se le muestran los libros de- actas del Municipio de San Juan de 1898, 1900 y 1901 y dijo que los babía exami-nado cuando practicó la investigación y también otros — 1895 a 1935 — “página por página buscando a ver si existía algún acuerdo donde se donara, transfiriera, vendiera o de modo alguno se cedieran esos cuadros de la Eeina Isabel II, pin-tado por Madrazo, y el de don Eamón de Castro, pintado por Campeche”, al Casino Español o al señor Marxuacb. La investigación, que ordenó el Auditor como consecuencia de una denuncia, le llevó un mes completo. Eindió un informe, copia del cual se ofrece en evidencia. Se opone el deman-dado y el Juez resuelve “que quede como prueba ofrecida y no admitida. ’ ’

La declaración termina así:

“P. — ¿En alguna ocasión se quejó el Municipio de San Juan .0 el Gobierno de la Capital de que le faltaban esos cuadros?
“R. — No señor.
“P. — ¿De modo que eso obedeció a una queja de un individuo particular, a una denuncia?
“R. — Sí señor.”

Sigue la declaración de Mario Brau Zuzuárregui, Director del Museo Insular. A la fecha del juicio tenía sesenta y seis años. Conoció el Ayuntamiento de Puerto Rico desde la edad de diez — la Casa Consistorial — donde había varios retratos, entre ellos el de Isabel II. Asegura que el cuadro de Isabel II estuvo allí basta tres años y pico después de la llegada de los americanos, el mismo que luego vi ó en el Casino Español retocado y barnizado convenientemente. Calcula su valor en dos mil dólares.

Tras una serie de preguntas termina reconociendo que fué él el que originó esta controversia con miras más bien a que se investigara la suerte que había corrido no el retrato de Isabel II sino el del General Castro.

En la transcripción no aparece incluido el particular del libro de actas del Casino Español ofrecido en evidencia por el demandado y admitido por la corte con la oposición del demandante. A ese particular se refiere el juez sentenciador en su relación del caso y opinión, así:

“Sigue el señor Fernández Juncos en posesión del cuadro basta 1913, fecha en que dicho señor lo dona al Casino Español, según aparece del acuerdo que figura en el acta de la sesión celebrada el 23 de diciembre de 1913 transcrito a los folios 248 y 249 del libro de actas de dicho centro social. El precitado acuerdo dice así:
“ 1 Se acuerda también aceptar el obsequio que don Manuel Fernández Juncos hace al casino con el muy apreciable presente del cuadro al óleo de la que fué Reina de España, doña Isabel II, pintado por el insigne Madrazo, y que se den al Señor Fernández Juncos las más cumplidas gracias.’ ”

Examinada la evidencia en relación con el fallo de la corte, hay que concluir que no fue cometido el primero de los erro-res señalados, o sea el que se refiere a la apreciación de la prueba.

Prescindiendo de ciertas manifestaciones innecesarias, más o menos justificadas, que su opinión contiene, lo que la corte sentenciadora declaró probado fué que desde 1866 el Municipio de San Juan poseía y tenía inventariado como de su propiedad un cuadro de la Reina de España Isabel II, que decoraba el salón de actos de la casa consistorial; que al ocurrir el cambio de soberanía (1898) don Manuel Fernán-dez Juncos obtuvo del Alcalde de San Juan Sr. Francisco-del Valle Atiles con la intervención del último Gobernadoi Militar Español de la Isla, General Ortega, la entrega de dicbo cuadro, poseyéndolo desde entonces y donándolo en 1913 al Casino Español que aceptó la donación y colocó el cuadro en sitio visiMe en los varios edificios que ña ocupado, poseyéndolo a su vez sin reclamación de nadie basta enero 20, 1936, en que este pleito fué entablado. Y esa declaración de becbos probados encuentra amplio apoyo en la evidencia.

Abora bien ¿pudo el Alcalde por sí solo o con el asenti-miento del Gobernador, disponer del cuadro, en la forma en que lo hiciera? ¿Adquirió don Manuel Fernández Juncos un título válido a la propiedad del retrato, a virtud de la entrega?

Esas preguntas tienen necesariamente que contestarse en la negativa. No cabe otra respuesta. El acto del Alcalde y el del Gobernador no estuvieron autorizados por la ley. Ellos no tenían facultad para disponer de la propiedad del Municipio en la forma en que lo hicieron. El Sr. Fernández Juncos no adquirió por la entrega derecho al dominio del retrato. Ley Municipal de 1896, artículos 89 y siguientes y 118 y siguientes; Pueblo v. Municipio de San Juan, 19 D.P.R. 656.

Pero la entrega fué una reahdad y realidades también fueron la posesión del retrato por parte de don Manuel Fernández Juncos públicamente, en concepto de dueño y sin interrupción basta 1913, la donación hecha por él en esa fecha al demandado, la aceptación por éste y su posesión pública,, pacífica, como dueño, hasta 1936, y esas realidades se invocaron por el demandado como defensa a la acción ejercitada en contra suya.

¿ Surge de ellas el derecho del Casino Español, ■ deman-dado, a continuar en el disfrute del bien mueble de que se trata, no obstante el título original del municipio y la entrega ilegal que del mismo se hiciera al poseedor de quien trae-causa el demandado, como resolvió la corte del distrito? Yeámoslo.

El artículo 1862 del Código Civil, ed. 1930, invocado por el demandado, dispone:

“Artículo 1862. — Las acciones reales sobre bienes muebles pres-criben a los seis años de perdida la posesión, salvo que el poseedor baya ganado por menos término el dominio, conforme al artículo 1855, y excepto los casos de extravío y venta pública, y los de burto o robo, en que se estará a lo dispuesto en el párrafo tercero del mismo artículo citado.”

El 1855 a que se hace referencia dispone:

“Artículo 1855.- — El dominio de los bienes muebles se prescribe por la posesión no interrumpida de tres años con buena fe. .
“También se prescribe el dominio de las cosas muebles por la posesión no interrumpida de seis años, sin necesidad de ninguna otra condición.
“En cuanto al derecho del dueño para reivindicar la cosa mueble perdida o de que hubiese sido privado ilegalmente, así como respecto a las adquiridas en venta pública, en bolsa, feria o mercado, o de comerciante legalmente establecido y dedicado babitualmente al trá-fico de objetos análogos, se estará a- lo dispuesto en el artículo 393, capítulo III, título V, libro segundo de este código.”

T el 393:

“Artículo 393. — La posesión de los bienes muebles adquiridos de buena fe equivale al título. Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente, podrá reivindicarla de quien la posea.
“Si el poseedor de la cosa mueble perdida o sustraída la hubiese adquirido de buena fe en venta pública, no podrá el propietario obtener la restitución sin reembolsar el precio dado por ella.
“En cuanto a las cosas adquiridas en la bolsa, feria o mercado, o de un comerciante legalmente establecido y dedicado habitualmente al tráfico de objetos análogos, se estará a lo que dispone el Código de Comercio. ’ ’

El 549 del propio cuerpo legal, también invocado por el-demandado, al determinar los diferentes medios de adquirir la propiedad incluye entre ellos el de la prescripción y el de la donación.

Comentando Manresa el artículo 1962 del Código Civil Español igual al 1862 del nuestro que dejamos copiado, se ■expresa como sigue:

“Esta regla de prescripción es consecuencia de la establecida para la adquisitiva de dicba clase de bienes. En efecto: en el examen heebo de las disposiciones comprendidas en el artículo 1955, vimos que la prescripción ordinaria del dominio de las cosas muebles se producía por la posesión no interrumpida y con buena fe durante tres años, y la extraordinaria tenía lugar por el transcurso de seis años en la posesión de la cosa que se prescribe, sin necesidad del concurso de ningún otro requisito. Y si por virtud de cualquiera de dichas prescripciones el poseyente adquiere el dominio de dichas clases de bienes, es indudable que por el lapso del término marcado para cada una de ellas habrá de extinguirse el derecho del propie-tario, y por consiguiente, la acción que al mismo pudiera corresponder para reclamar o reivindicar la cosa objeto de la prescripción, porque no puede existir el dominio en dos personas distintas, a no ser en caso de indivisión. Por eso el artículo 1962, que establece dicha regla de prescripción, establece el término de seis años para cuando no haya ganado dicho dominio el poseedor por menos tiempo; es decir, para el caso de que no se haya producido con anterioridad la pres-cripción ordinaria.
“En cuanto a las otras salvedades que consigna, no son más que reproducción de las establecidas en el párrafo 3o. del citado art. 1955, según el eiial, habrá de estarse en dichos casos a lo dispuesto en el 464, y como al ocuparnos de lo’ relativo al término para la prescrip-ción adquisitiva de las cosas muebles expusimos cuanto a dichos ex-tremos se refiere, nos remitimos a lo entonces dicho y no insistimos más en este punto. ’ ’ 12, Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 795 de la cuarta edición.

Lo antes dicho, en lo pertinente, fué:

“A primera vista parecerá que existe cierta contradicción entre el precepto del art. 1940, que exige en todo caso como condición precisa para la prescripción adquisitiva ordinaria la concurrencia de justo título, y el de los párrafos indicados del 1955 según lo que no es necesario dicho requisito para la prescripción ordinaria ni para la extraordinaria en cnanto a las cosas muebles; pero dicha contra-dicción desaparece teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 464,. con arreglo al cual, la posesión de los bienes de dicha clase, adquirida, de buena fe, equivale al título, y, por lo tanto, la disposición del artículo 1940 en la parte que exige la concurrencia de dicho requi-sito se refiere a aquellos casos en que la posesión por sí solo no equivalga a él como sucede en la prescripción adquisitiva ordinaria de los bienes inmuebles.
“Fuera del caso de la prescripción de las cosas muebles con buena fe en todos los demás es necesario el justo título para la prescripción ordinaria; y faltando dicho requisito sólo puede tener lugar la extra-ordinaria.
“La prescripción extraordinaria de cosas muebles, autorizada por el párrafo 2o. del art. 1955 antes indicado, no requiere ningún otro requisito más que la posesión continuada por el término expresado en el mismo, y así lo tiene declarado el Tribunal Supremo, con rela-ción a los efectos públicos, en sentencia de 31 de marzo de 1902 (93 J. C. 528), en la que, entre otras cosas, se estableció la doctrina de que 'el dominio de las cosas muebles, entre las cuales se comprenden los efectos públicos, prescribe por el transcurso de seis años, sin más requisito que el lapso de tiempo, y que la sentencia que no aplica esta doctrina consagrada por el segundo apartado del art. 1955 del Código Civil, lo infringe.’ Excusado es decir que esa posesión con-tinuada por dicho espacio de tiempo, que la ley estima como medio eficaz para la adquisición de dichos bienes por prescripción, ha de ser tenida en concepto de dueño, pues si bien la ley no lo dice, hay que sobreentenderlo así en vista del precepto del art. 447, que establece que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio, pues la generalidad de dicha regia excluye toda distinción respecto de este particular entre la prescripción ordinaria y la extraordinaria.” 12, Manresa, Comentarios al Código Civil Español, págs. 760 y 762 de la cuarta edición.

Véanse además las decisiones de esta corte en los cases de García et al. v. Sabino et al., 19 D.P.R. 279 y García et al. v. Suro et al., 19 D.P.R. 755, donde la cuestión de prescrip-ción de bienes muebles ordinaria y extraordinaria se encuen-tra discutida.

Y si aplicamos la ley, el comentario y la jurisprudencia a los hechos de este caso, tendremos necesariamente que con-cluir que el primer poseedor ya había adquirido por pres-cripción extraordinaria el dominio del retrato cuando lo donó al actual y que aunque no fuera así, el actual o sea el Casino siempre lo habría adquirido ya se aplique el período de tres, ya el de seis.

No seis años transcurrieron en cuanto al primero, si que alrededor de catorce y no tres o seis en cuanto al segundo si que alrededor de veinte y tres. En junto entre ambos más de treinta que es el tiempo que se necesita para prescribir el dominio sobre bienes inmuebles.

Es, pues, evidénte que a virtud de la prescripción adqui-rió en todo caso el demandado el derecho que alegó en su defensa y perdió el demandante el que ejercitó en su acción.

Sin embargo, el demandante aleg*a que eso sería así si de particulares se tratara, pero que siendo él como es una corporación de gobierno creada para facilitar la administración del estado, la prescripción no corre en contra suya, es decir, sostiene que le es aplicable la máxima Nullum tempus occurrit regi.

En el caso de El Pueblo v. Dimas, 18 D.P.R. 1061, 1081, dijimos:

“Al fijar los derechos del demandado en este caso con referencia a la cuestión de prescripción, sólo podemos considerar los hechos acae-cidos hasta el año de 1898 en que cesó la soberanía española en esta Isla y comenzó la americana. A partir de esa fecha, no era posible adquirir por prescripción los terrenos de que se trata en este pleito. A este respecto se expresa así el juez sentenciador:
“ ‘. Según la máxima Nullum tempus occurrit regi, aplicada en el derecho inglés como una regla invariable, no podía adquirirse ningún título a los terrenos de la Corona por la posesión adversa de los mismos. Esta regla ha sufrido más tarde algunos cambios por los estatutos. La doctrina inglesa prevalece en los Estados Unidos, donde como en Inglaterra, no puede adquirirse título alguno contra la Soberanía por medio de la posesión adversa. De acuerdo con este principio, únicamente por medio de una ley del Congreso haciendo directamente la concesión o autorizando a algún funcionario público para que la lleve a efecto, es que puede adquirirse el dominio sobre terrenos pertenecientes al Estado. En este caso, aunque los terrenos cedidos a los Estados Unidos pudieran adquirirse por prescripción bajo las antiguas leyes, no obstante, si el dominio no llegó a conso-lidarse en el poseedor antes de haberse realizado la cesión, la pres-cripción no puede alegarse contra los Estados Unidos. Yéase sobre estos extremos el tomo 1, pág. 1111 y 1112 del Cyc.
“ 'El mismo principio se aplica en favor de los Estados de la Unión. En la ausencia de una disposición autorizando la prescrip-ción de los terrenos que a los Estados pertenezcan, no puede adqui-rirse título por la posesión adversa.
“ 'Aunque la Legislatura del país hubiese permanecido en silencio, el dominio del pueblo sobre los terrenos de su propiedad no podría prescribir hoy aplicando la misma regla que a los Estados se aplica La Asamblea Legislativa, sin embargo, ha consignado este precepto en el Código Político, cuyo artículo 9 dice de modo claro y termi-nante, que no puede adquirirse título a terrenos baldíos insulares por la posesión adversa de los mismos.
“ ‘De acuerdo con esta doctrina, aunque los terrenos cedidos a los Estados Unidos y adquiridos más tarde por el Pueblo de^ Puerto Rico, estuvieran sujetos a prescripción bajo las leyes en vigor ante-riormente, no obstante, si al efectuarse el cambio de Soberanía el dominio no se había consolidado en el poseedor, la prescripción quedó interrumpida, no pudiendo invocarse hoy en contra de la parte demandante.
“ ‘La prescripción como dice muy bien el Sr. Manresa, en sus comentarios al Código Civil Español, no es un derecho creado o adquirido ya, sino una mera espectativa, una esperanza, cuyo cum-plimiento o realización depende de una multitud de eventualidades; y como no es un derecho adquirido, no puede estimarse sujeta su realización a la legislación que antes rigiera, y bajo cuyo imperio quedara perfeccionado dicho derecho, o el acto jurídico de que tuviera origen, o al que debiera su nacimiento.
“ ‘En virtud del cambio de Soberanía, consumado al firmarse el Tratado de Paz, se operó un cambio fundamental en las leyes polí-ticas de este país, e ipso facto quedaron completamente derogadas todas las leyes de origen político, así como aquéllas que dependían de la voluntad del Soberano, tales como la disposición y gobierno de la propiedad pública.
“ ‘Es una doctrina firmemente establecida que cuando una Sobe-ranía cede a otra algún territorio, las leyes de la primera autorizando la enajenación de la propiedad pública y la autoridad de los funcio-narios encargados de llevarla a efecto, quedan completamente dero-gadas. (More v. Steinbach, 127 U. S. 70, 81; Ely’s Adm’r. v. United States, 171 U. S. 220, 230; United States v. Vallejo, 1 Black 541; Harcourt v. Gaillard, 12 Wheat 523.)
“ ‘De acuerdo con esta doctrina, los terrenos cedidos por la nación española a los Estados Unidos, deben gobernarse y regularse por las leyes de este país y no por las leyes de la nación cedente.’
(Opinión del Juez sentenciador, Sr. Córdova Dávila, págs. 36, 37 y 38 de la transcripción.)”

Mas eso se dijo en relación con el Pueblo de Puerto Pico, entidad soberana, no en relación con los municipios. Con respecto a éstos la regla apficable se fijó en el caso de Logan County v. City of Lincoln, 81 Ill. 156, 158, como sigue:

“Nuestra interpretación de la ley es que, en relación con todos los derechos de carácter público, con respecto a la propiedad poseída para uso público, o por virtud de fideicomiso, las corporaciones muni-cipales no están sujetas a los estatutos de limitación (prescripción); pero en relación con los contratos o meros derechos privados, la regla es diferente, y tales corporaciones, al igual que los ciudadanos par-ticulares, pueden alegar o tienen que sufrir que se alegue contra ellas, la prescripción.”

Y con mayor extensión y más amplio y convincente razo-namiento por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Metropolitan R'D v. Dist. of Columbia, 132 U. S. 1. Hablando por la corte el Juez Sr. Bradley se expresó, en parte, como sigue:

“Alega el apelante que él (el Distrito de Columbia) no se halla sujeto al ‘Estatuto de Limitaciones’ (prescripción) por tres razones: primero, por la dignidad con que se halla investido por participar del poder soberano del gobierno; segundo, porque él no está incluido dentro de los términos del estatuto de limitaciones en vigor en el Distrito; y tercero, porque asumiendo que las palabras generales del estatuto sean lo suficientemente amplias para incluir al Distrito, sin embargo, las corporaciones municipales no están sujetas a las disposiciones del estatuto a menos que sean especialmente mencio-nadas.
“1. La primera cuestión a decidir será, por consiguiente, si el Distrito de Columbia es o no un mero cuerpo municipal, o si posee tal carácter soberano o se baila en tal forma identificado con o es representativo de la soberanía de los Estados Unidos que puede invocar las prerrogativas y exenciones de la soberanía. ’ ’

Examina entonces el gobierno del distrito y los cambios que tuvieron lugar desde su organización y continua:

‘ ‘ Somos claramente de opinión que el demandante es una corpora-ción municipal, con derecho a demandar y ser demandada, y sujeta a las reglas ordinarias que gobiernan la ley de procedimientos entre particulares.
“2. Pero la Corte Suprema del Distrito supone que las corpora-ciones municipales no están comprendidas en las palabras del estatuto de limitaciones. Veamos si es posible sostener ese criterio.
“El estatuto en vigor en el Distrito es el de Maryland, aprobado en 1715, c. 23. La ley, en cuanto concierne a las acciones personales, es fundamentalmente igual a la de 21 James I. Comienza con el siguiente preámbulo: ‘Por cuanto, nada puede resultar más esencial a la paz y tranquilidad de esta, provincia que la estabilización de los títulos de la propiedad de sus habitantes, para cuya realización no puede adoptarse mejor medida que limitar el tiempo para el comienzo de acciones semejantes a aquéllas que son juzgadas en las cortes de esta provincia, desde el momento que surge la causa de acción. Se resuelve por tanto que todas las acciones de.... deberán ser comen-zadas dentro de.... ’
“Las corporaciones son ‘personas’ en derecho. No existe razón aparente por la cual no deban ser incluidas en el estatuto. Se admite que las corporaciones privadas están incluidas. ¿Por qué entonces las corporaciones municipales ser excluidas? Ciertamente que no será basado en que ellas no son ‘personas’, pues eso excluiría a las corporaciones privadas. Se hallan por consiguiente, dentro de los términos de la ley.
“3. ¿No caen igualmente dentro del espíritu y razón de la ley? Están ciertamente dentro de la razón del preámbulo. Tanto con-cierne a los intereses y tranquilidad públicos el que se limite a las corporaciones municipales el tiempo para instituir acciones como a los individuos o corporaciones privadas. La razón aducida en el preámbulo como fundamento para la aprobación de la ley, se aplica a todos; y además, demuestra que los fines de la ley son beneficiosos, y que por lo tanto, deben ser liberalmente interpretados. No puede desde luego, ser aplicable al poder soberano. Ninguna ley de carácter restrictivo se aplica al soberano, salvo que así se disponga expresa-mente. Y especialmente ninguna ley que afecte nn derecho basada en negligencia o ‘laches’, porqne la negligencia y ‘laches’ no pueden ser imputadas al soberano. Y no importa que el soberano sea un monarca individual, una república o un estado. El principio se aplica a todo soberano. La razón usualmente aducida para explicar esta prerrogativa es que el soberano no responde de la desidia de sus agentes. Pero, sea cual fuere la verdadera razón, tal es la ley general — la ley universal, salvo que expresamente se renuncie a ella. El privilegio sin embargo, envuelve una prerrogativa y no puede ser invocado por ninguna persona inferior al soberano, ya sea esa persona natural o corporativa.
“A duras penas resulta necesario el discutir con más amplitud la cuestión de la aplicabilidad del estatuto de limitaciones a una corporación puramente municipal, cuando ésta se encuentra compren-dida dentro de los términos generales de la ley. Se decidió expresa-mente que era aplicable en los casos de Kennebunkport v. Smith, 22 Maine 445; Cincinnati v. First Presbyterian Church, 8 Ohio 298; Cincinnati v. Evans, 5 Ohio St. 594; St. Charles County v. Powell, 22 Missouri 525; Armstrong v. Dalton, 4 Devereux, (Law) 568; y en otros casos citados en las monografías que aparecen en Wood on Limitations, Sec. 53; 2 Dillon on Municipal Corporations, Secs. 668, 3a. ed. El Juez Dillon, en la sección citada de su obra, dice muy acertadamente:
“ ‘Es bien clara la doctrina de que la máxima, “nullum tempus occurrit regi,” es de aplicación al poder soberano y que los Estados Unidos y los varios Estados no están, salvo un pronunciamiento ex-preso, en contrario, sujetos a las disposiciones del estatuto de limi-taciones. Si bien se considera a las corporaciones municipales como agencias públicas, que ejercitan, a nombre del estado, funciones pú-blicas, hay sin embargo muchos casos que sostienen que tales corpora-ciones no están exentas de la aplicación de los estatutos de limita-ciones y que por el contrario, tales estatutos, al menos con respecto a toda acción real o personal, se aplica tanto en favor o en contra de estas corporaciones en igual forma y extensión que contra las per-sonas naturales.’
“No es necesario determinar cuál puede ser la regla con respecto a usurpaciones de terrenos y estorbos públicos surgidos como conse-cuencia de intrusiones (encroachments) en las carreteras y otros sitios públicos. Son éstas generalmente ofensas contra el poder soberano mismo, y como tales, ningún período de tiempo puede pro-tegerlas. Cuando el derecho de propiedad en tales sitios está inves-tido en la municipalidad, la reclamación de tal derecho pnede estar o no sujeta a la ley de prescripción. No expresamos opinión sobre este punto, ya que el mismo puede ser afectado por consideraciones que no están envueltas en el presente caso.”

Aplicando la regia del modo más amplio, esto es, tomando en cuenta la diferencia reconocida por la Corte Suprema de Illinois y por Dillon e insinuada en el párrafo final de la parte de la opinión de la Corte Suprema Federal que deja-mos transcrita, aún así no quedaría comprendido este caso entre los no prescriptibles, por no tratarse de un bien de uso público.

Como pauta a seguir puede tomarse la fijada por el Código Civil, ed. 1930, en sus artículos 255, 256 y 257. Según ellos son bienes de dominio público, los destinados al uso público, como caminos, canales, ríos, torrentes, y otros análogos, y éstán destinados al uso público en Puerto Rico y en sus pueblos los caminos insulares y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico.

Todos los demás que los municipios posean, se declaran patrimoniales, esto es, bienes de propiedad privada, prescri-biéndose que se regirán por las disposiciones del Código, entre las cuales se encuentran las relativas a la prescripción.

El bien de que aquí se trata por más que en verdad pudiera considerarse como una obra de arte adquirida y preservada por el municipio para beneficio del público, no está comprendida entre las especificadas por la ley como de dominio o uso público, ni es a ellas análoga. Por lo menos ni la parte apelante fia citado ni fiemos podido nosotros encontrar entre Jos precedentes españoles y americanos que fiemos consultado nada que nos permita llegar a una con-clusión contraria.

Eso resuelto claro es que debemos resolver también que el segundo y último de los errores señalados, el relativo a la aplicación al caso de la ley de prescripción, tampoco fue cometido y que procede en su consecuencia lev desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la sentencia y con la primera parte de la opinión. En cuanto a la segunda está también conforme pero en algo por otras razones.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Antonio Soto Zaragoza, demandante y apelante, v. Leslie A. MacLeod y Rafael Sancho Bonet, en su carácter de Auditor y Tesorero de Puerto Rico, respectivamente, demandados y apelados.
    Núm. 7857.

    Sometido: Marzo 26, 1940.

      Resuelto: Mayo 22, 1940.

      C. H. Julia, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Mglcolm y E. de Aldrey, Procurador General Auxiliar, abo-gados de los apelados.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La petición en este caso se basa en los siguientes hechos:

Antonio Soto Zaragoza fue nombrado para el cargo de Jefe de Negociado y Secretario de la Junta de Revisión e Igualamiento y tomó posesión en noviembre 27, 1933, todo ello de acuerdo con las secciones 4, 5 y 6 de la Ley núm. 75 de agosto 2 de 1923 ((1) pág. 605), titulada “Ley para crear una nueva Junta de Revisión e Igualamiento y enmendar los artículos 308, 310 y 313 del Título IX, Capítulo 1 del Código Político de Puerto Rico, y para otros fines,” que en lo per-tinente leen así:

“Sección 4.- — -Por la presente ley se crea el Negociado de la Junta de Revisión, que se compondrá de: un jefe, que será a su vez, secre-tario nato de la Junta de Revisión e Igualamiento; un jefe auxiliar y subsecretario; un inspector; un taquígrafo en inglés y español y traductor; dos mecanógrafos y un mensajero. El Secretario tendrá el deber de llevar dos libros de actas,...
“Sección 5.- — El Tesorero de Puerto Rico procederá a nombrar con carácter fijo y permanente el personal del Negociado de la Junta de Revisión, como sigue:
Un Jefe de negociado y secretario de la Junta de Revisión e
Igualamiento, con sueldo anual de_$4, 000
Un jefe auxiliar y subsecretario, con sueldo anual de_ 3, 000
Un inspector, con sueldo anual de- 2, 500
Un taquígrafo y traductor, con sueldo anual de- 1, 800
Dos mecanógrafos, con sueldo anual de $700 cada uno_ 1, 400
Un mensajero, con sueldo anual de- 500
"Sección 6. — Para pago del sueldo de los empleados relacionados en la anterior sección, así como para mobiliario, máquinas de escribir y efectos de escritorio y para gastos de viajes y dietas de los miembros de la junta, y de los empleados del Negociado cuando tuvieren nece-sidad de viajar en cumplimiento de sus deberes oficiales, se asigna la suma de treinta mil (30,000) dólares anuales de cualquier dinero existente en la Tesorería de Puerto Rico no destinados a otros fines en los años económicos de 1923-24 y 1924-25 y sucesivos años fiscales.”

Alega el demandante que desde la fecha de su nombra-miento basta junio 30, 1936, se le pagó su sueldo a razón de $3,135 anuales y desde julio 1, 1936, basta junio 30 de 1938 a razón de $3,500, privándole así de la suma total de $3,241.76, la cual reclama mediante este procedimiento de mandamus, por carecer de otro remedio legal adecuado.

En su contestación negaron los demandados que el cargo que ocupa el peticionario tuviera en la feeba en que se hizo su nombramiento un sueldo de $4,000, y alegaron en con-trario que en la fecha en que fué nombrado y tomó posesión . el peticionario, dicho cargo tenía asignado en presupuesto un sueldo de $3,135 anuales. Negaron específicamente todos los hechos esenciales de la demanda, y como defensas espe-ciales alegaron: (a) que la demanda no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción, y (b) que siendo el cargo que ocupa el peticionario uno que no tiene término de duración, no es de aplicación el párrafo 13 de la sección 34 de la Ley Orgánica de Puerto Pico.

Visto el caso ante la Corte de Distrito de San Juan, dictó ésta sentencia desestimando la petición de mandamus, y con-denando al peticionario al pago de costas, sin incluir hono-íarios de abogado. En el presente recurso interpuesto por el peticionario se señalan como errores cometidos por la corte sentenciadora:

(1) Haber declarado que el párrafo 13 de la sección 34 de la Carta Orgánica es sólo aplicable a funcionarios públicos nombrados por término fijo.
(2) Al declarar que el peticionario no es nn funcionario público.
(3) Al no declarar si un funcionario que acepta un cargo con una limitación y un sueldo ya establecido tiene o no derecho a que se le pague el sueldo completo que estatuye la ley.
(4) Al no declarar que un estatuto especial no puede modificarse por una ley general como lo es la del presupuesto.

Discutiremos dichos señalamientos en el mismo orden en que aparecen expuestos.

La Ley Orgánica, en su sección 34, párrafo 13, dis-pone:

“Artículo 34. — . . . .
“Con excepción de aquellos casos en que se disponga lo contrario en esta Ley, ninguna ley prorrogará el término de ningún funcio-nario púllico, ni aumentará o disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento, ni permitirá a ningún funcio-nario o empleado percibir compensación por más de un cargo o empleo.” (Bastardillas nuestras.)

Es indudable que todas las prohibiciones contenidas en el párrafo transcrito, con excepción de la última, se refieren exclusivamente a funcionarios públicos nombrados por un término fijo. Después que un funcionario público ha sido elegido y nombrado para ocupar un cargo por un término y sueldo fijados por la ley de su creación, ninguna ley puede prorrogarle el término, ni aumentarle ni disminuirle el sueldo a que tenía derecho en la fecha de su elección o nombra-miento. Que la ley no extiende esa protección a los. “em-pleados públicos” es evidente, pues solamente habla de ellos cuando dispone que ninguna ley permitirá a ningún funcio-nario o empleado percibir compensación por más de un cargo o empleo.

No creemos necesario para la resolución del caso entrar a discutir si el Jefe de Negociado y Secretario de la Junta de Revisión e Igualamiento es un funcionario público o un simple empleado, aun cuando nos inclinamos a convenir con la corte inferior en que es un “empleado,”, por ser sus deberes de carácter puramente clerical, sin envolver en manera alguna delegación ejecutiva de soberanía por el estado. 22 R.C.L. 374.

La aceptación de la teoría más favorable al peticionario, o sea la de que él es un funcionario público, no variaría en nada nuestra decisión. El peticionario, según su propia alegación, fué nombrado y tomó posesión de su cargo en 27 de noviembre de 1933, cuando ya regía el presupuesto para el año fiscal 1932-1933, en el que se asignaba la suma de $3,135 para pagar el sueldo del Jefe de Negociado y Secretario de la Junta de Revisión e Igualamiento durante di'cb.0 año económico. Esta Corte Suprema ha resuelto en varios casos que un funcionario nombrado y que toma posesión por un término y con un sueldo fijados por una ley tiené derecho a la diferencia existente entre el sueldo fijado por la ley y las sumas asignadas en el presupuesto durante el término para el cual dicho funcionario fué nombrado. Véanse: Durand v. Sancho Bonet, 50 D.P.R. 940; Ponsa Parés v. Winship, 51 D.P.R. 160; y Samalea v. Winship, 51 D.P.R. 240.

.El caso de Ponsa Parés v. Winship, 53 D.P.R. 915, es aplicable al de autos. Ponsa Parés había ocupado el cargo de Fiscal del Distrito de Bayamón por un término de cuatro años, durante los cuales recibió el sueldo de $3,850 anuales fijado por la ley de 1930. En julio 13 de 1935 se le nombró para un nuevo término de cuatro años, cuando ya había empe-zado a regir el presupuesto para el año fiscal 1935-36, en el que se asignaba la suma de $3,291.75 para el sueldo del Fiscal de Bayamón. Al resolver el caso en contra del demandante dijimos:

“El espíritu y fin del párrafo décimotereero de la sección 34, supra, son impedir acción legislativa luego de hacerse una nomina-ción o renominación, según sea el caso. En el presente recurso la Asamblea Legislativa actuó con anterioridad a la fecha del segundo nombramiento....
“.. .Lo que el párrafo décimotereero prohíbe es que se prorrogue el'término de ningún funcionario público o que se aumente o dismi-nuya su sueldo durante el término para el cual fué nombrado, de, ser nombrado por un término, no importa cuál sea la regla para aquellos casos en que no existe un término fijo. (Citas.)”

En el caso de autos la Asamblea Legislativa ya había actuado, reduciendo el sueldo a $3,135 anuales, cuando el peticionario aceptó y tomó posesión de su cargo. El peti-cionario no puede alegar que se ha violado el precepto cons-titucional por él invocado, pues la acción legislativa se realizó con anterioridad a su nombramiento, y él aceptó el cargo a sabiendas de que el sueldo que había de recibir1 era el de $3,135 anuales fijado en la Ley de Presupuesto. El único cambio hecho en el sueldo del peticionario con posterioridad a la fecha de su nombramiento fué, según sus propias alega-ciones, para aumentárselo a $3,500 anuales en los presupues-tos para los años fiscales 1936-37 y 1937-38, de lo cual no se queja el peticionario.

Deben desestimarse los dos primeros señalamientos.

El tercer señalamiento debe también ser desestimado por la autoridad del caso de Ponsa Parés v. Winship, 53 D.P.R. 915. Allí resolvimos que un funcionario que acepta un cargo con un sueldo fijado en la Ley de Presupuesto no tiene derecho a que se le pague el sueldo mayor fijado originalmente por la ley creadora del cargo.

La cuestión que nos presenta el cuarto señalamiento es la siguiente: ¿Es constitucionalmente válida la reducción hecha en el presupuesto del sueldo del Jefe del Negociado y Secretario de la Junta de Revisión e Igualamiento fijado por la Ley núm. 75 de 1923?

En apoyo de su contención de que tal reducción es anti-constitucional invoca el apelante el párrafo 15 de la sección 34 de la Carta Orgánica, que dice:

“El proyecto de presupuesto general no comprenderá nada más que asignaciones para los gastos ordinarios de los departamentos ejecutivos, legislativo y judicial, para el pago de intereses de la deuda pública y para escuelas públicas. Todas las demás asigna-ciones se consignarán en proyectos separados, abarcando cada uno una sola materia.”

Y arguye que no siendo el peticionario un funcionario de ninguno de los departamentos mencionados en el párrafo-arriba transcrito, su sueldo no podía ser incluido en y mucho-menos rebajado por el presupuesto. Veamos si tiene o no-razón el apelante.

El artículo 308 del Código Político, según fue enmendado-por la sección 1 de la Ley núm. 75 de 1923 (Leyes de 1923, (1) pág. 605) dispone que para la revisión de la tasación de la propiedad y resolver las reclamaciones de los contri-buyentes, “habrá en el Departamento de Hacienda, una. Junta permanente de revisión e igualamiento con oficina abierta, etc.” La sección 5 de la misma Ley núm. 75, supra, dispone que el personal del Negociado de la Junta de Revi-sión, creado por la sección 4, supra, será nombrado con carác-ter firme y permanente por el Tesorero de Puerto Rico. Como se ve, la Junta de Revisión e Igualamiento está, adscrita por virtud de la ley de su creación al Departamento-de Hacienda, que forma parte de la rama ejecutiva del Gobierno Insular. El presupuesto para 1933-34, que regía en la fecha en que el peticionario tomó posesión de su cargo, ajustándose a lo dispuesto en la Ley Orgánica, asigna los fondos necesarios para cubrir los gastos ordinarios del Gobierno en las tres grandes ramas o departamentos que lo constituyen: Departamento Legislativo, Departamento Eje-cutivo y Departamento Judicial.

El Departamento Ejecutivo está constituido por la oficina del Gobernador; la del Secretario, Ejecutivo; la Rama Eje-cutiva del Departamento de Justicia o sea la oficina del Pro-curador General; el Departamento de Hacienda, con todos los negociados, secciones, divisiones y juntas al mismo ads-critos, entre ellos la Junta de Revisión e Igualamiento; la oficina del Auditor, con todos sus negociados y divisiones; el Departamento de Instrucción y los departamentos del Interior, Sanidad, Agricultura y Comercio, y del Trabajo.

Los sueldos de los empleados fijos y permanentes de la Junta de Revisión e Igualamiento son y deben ser conside-rados como gastos ordinarios del Departamento de Hacienda, que es parte integrante del Departamento Ejecutivo del Grobierno Insular; y las asignaciones para cubrir dichos sueldos pueden ser incluidas en el presupuesto general, sin que al hacerlo así se viole precepto alguno de la Ley Orgá-nica.

El apelante invoca también a su favor los párrafos 8 y 9 de la sección 34 de la Ley Orgánica, que leen así:

“No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no baya sido expre-sada en el título. (Itálicas nuestras.)
“Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni se dará mayor alcance a sus disposiciones, ni se' conferirán las facultades en ella contenidas, haciendo referencia a su título solamente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, enmendada, extendida o confe-rida será decretada nuevamente y publicada en su totalidad.”

La Corle Suprema de 'Washington interpretó disposicio-nes idénticas de la Constitución de dicho Estado, en un caso similar al de autos: State v. Clausen, 138 P. 653. La Asam-blea Legislativa pasó una ley fijando el sueldo del Auditor Auxiliar, y posteriormente, en la ley general de presupuesto se aumentó dicho sueldo. El Auditor Auxiliar solicitó un auto de mandamius para que se obligase al Auditor a pagarle el sueldo fijado por el presupuesto. La cuestión fué plan-teada así por la corte:

“Si la Asamblea Legislativa puede proveer en una ley de pre-supuesto general para el aumento de sueldo de un funcionario cuyo sueldo ha sido previamente fijado por una ley general, y, en el caso de que pueda, si el título de la ley de presupuesto general de 1913 es sufieiénte bajo el artículo 2, secciones 19 y 37 de la Constitución del Estado, son las cuestiones a decidir.
“Las leyes de presupuesto, aun cuando son de duración limitada, son, sin embargo, leyes generales. Son muy cuidadosamente prepa-radas y consideradas con madurez. Si no violan la Constitución y se encuentra que están en un conflicto irreconciliable con una ley permanente, debe sostenerse que esta última ha sido suspendida o derogada durante el tiempo en que la ley de presupuesto esté en vigor. (Citas.)
“Durante más de 20 años la práctica seguida por la Asamblea Legislativa y por los departamentos ejecutivos del estado ha sido la de crear nuevos cargos y empleos y fijar los sueldos de los nuevos y de los antiguos funcionarios mediante una simple referencia al cargo en la ley de presupuesto general de gastos. Ha sido, y está bien que así sea, la política de las cortes al interpretar los estatutos ave-riguar cuál ha sido la intención de la rama legislativa del gobierno. No puede encontrarse una luz más segura que la de la práctica esta-blecida por el cuerpo legislativo, porque un hábito, si es tolerado y consentido por el pueblo durante un período de años, y si no viola en manera alguna las disposiciones de la Constitución, se convierte en una costumbre, y de la costumbre se dice que no existe ley más alta que ella.”

Es muy amplia la jurisprudencia que sostiene que la Asamblea Legislativa puede aumentar o disminuir el sueldo de un funcionario o empleado público, mediante la ley de presupuesto, aun cuando exista una ley por la cual se fijó el sueldo para el cargo o empleo. La única limitación es la de que al hacer uso de esa facultad no debe violarse nin-gún precepto constitucional. Véanse: Buchanan v. State Treas., 68 S. C. 411, 415, 47 S. E. 683; Plowden v. Beattie, 193 S. E. 651; U. S. v. Mitchell, 109 U. S. 146, 27 L. Ed. 887; Belknap v. U. S., 150 U. S. 588, 37 L. Ed. 1191.

En Belknap v. U. S., supra, la situación era idéntica a la del presente caso. Belknap fué nombrado agente de las Tribus Indias de California de acuerdo con una ley que fijaba para dicho cargo un sueldo de $1,800 anuales. En la fecha en que se le nombró, el presupuesto asignaba solamente $1,500 para el pago de dicho sueldo. Belknap ocupó el cargo durante 10 años, recibiendo $1,500 por cada uno de los primeros cinco años y $1,000 por los cinco restantes. En la acción entablada para recobrar la diferencia entre el sueldo fijado por el estatuto creador del cargo y el asignado en el presupuesto, se resolvió:

‘'Cuando a estos hechos se añade que el demandante al recibir su primer nombramiento tuvo aviso de que §u sueldo había de ser $1,500, que era el asignado con anterioridad por el Congreso, y al ser nom-brado de nuevo que era de $1,000, y que durante sus años de servicio él recibió el sueldo asignádole en pago completo dq sus servicios, creemos que debemos resolver que él ha recibido todo lo que en justicia y por ley tiene derecho a recibir, y que la sentencia de la Corte de Reclamaciones debe ser confirmada.”

Véanse además: United States v. Fisher, 109 U. S. 143, 27 L. Ed. 885; Wallace v. U. S., 133 U. S. 180, 33 L. Ed. 571; Dunwoody v. U. S., 143 U. S. 578, 36 L. Ed. 269; O'Donoghue v. U. S., 289 U. S. 516, 77 L. Ed. 1356; y Williams v. U. S. 289 U. S. 553, 77 L. Ed. 1372.

Por las rabones expuestas debe confirmarse la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Scm Jum en 10 de jumo de 1938.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    Francisco Correa Serrano, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta de los Comisionados M. León Parra, F. Paz Granela y Juan M. Herrero, demandada, y Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Estado, recurridos.
    Núm. 199.

    Sometido: Mayo 20, 1940.

      Resuelto: Mayo 22, 1940.

      Virgilio Brunet y Miguel A. Casiano, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la Comisión; Hon. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procurador General Auxiliar y Víctor J. Vidal González y G. Atiles Moréu, Asesores Legales los dos últimos del Fondo del Estado, abogados del Administrador recurrido.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El obrero recurrente sufrió un accidente del trabajo el 17 de febrero de 1939. El Administrador del Fondo del Estado le proporcionó el tratamiento necesario y siguiendo el dictamen de su médico lo dió de alta como curado y sin incapacidad alguna, el 3 de junio siguiente. No estando conforme el obrero con la decisión del Administrador del Fondo del Estado en cnanto declaraba que no tenía incapa-cidad alguna, recurrió a la Comisión Industrial de Puerto Eico alegando que no podía hacer movimiento alguno con el cuello y que por consiguiente había quedado incapacitado como resultado del accidente.

La Comisión Industrial ordenó al asesor médico de la misma, Dr. Luis C. Boneta, que lo recluyera eu una clínica y lo sometiese a los exámenes que fueran necesarios para determinar el grado de incapacidad, si alguno tenía. Des-pués de recluir el obrero en la Clínica Industrial por espacio de dos semanas, el Dr. Boneta informó a la Comisión Industrial que el obrero tenía una incapacidad que estimaba en la pérdida de nn 33% por ciento de sus funciones fisiológicas. Ordenó la Comisión una nueva vista, en la que oyó los infor-mes de los Dres. Boneta y Díaz García, este último médico del Fondo' del Estado, y finalmente resolvió reconocer al obrero una incapacidad de 30 por ciento. Se concedió al obrero la correspondiente indemnización, pero estimando éste que además tenía derecho a que se le pagasen las dietas correspondientes a las dos semanas que estuvo recluido en la Clínica Industrial para que se pudiera determinar la inca-pacidad que antes le había negado el Administrador del Fondo del Estado, presentó una petición a ese efecto en la Comisión Industrial. Desestimada su moción, solicitó la reconsideración y también le fué denegada. Fué entonces que interpuso el presente recurso.

La Ley de Compensaciones a Obreros, como toda ley de justicia social, debe ser interpretada tan liberalmente como sea posible para llevar a efecto cumplidamente los propósitos que la inspiran. Por esa razón deben facilitarse al obrero los medios necesarios para que con el menor sacrificio pecuniario de su parte pueda hacer efectivo su derecho. En este caso, la Comisión Industrial, por la insistencia del obrero, pudo hacerle justicia concediéndole la indemnización a que tenía derecho y que antes equivocadamente le había sido denegada. No fué por motivos imputables al obrero que el Dr. Díaz G-arcía no descubrió su incapacidad. Si una nueva observación logró descubrirla, justo es que esta nueva observación se considere como una continuación de la primera, y si antes se le pagaron dietas por el tiempo que estuvo en observación, también deben pagársele en la segunda ocasión, indemnizándole así el tiempo que dejó de trabajar por causas ajenas a su voluntad.

La moción eliminatoria sometida juntamente con el recurso de revisión debe desestimarse, porque si bien el párrafo cuya eliminación se solicita es impertinente, no es materia escandalosa ni perjudica en forma alguna a la parte que solicita su eliminación.

Procede, por lo expuesto, declarar con lugar el recurso y revocar la resolución de la Comisión Industrial de Puerto Bico de 4 de abril de 1940 y la denegatoria de reconsideración de 10 del mismo mes, y ordenar a la Comisión Industrial que disponga que por cuenta del Fondo del Estado se paguen, al obrero las dietas correspondientes a los quince días que estuvo recluido en la Clínica Industrial sometido a la, obser-vación del asesor médico de la Comisión.


text:
    María Sabina, Jesús y Victoria Rivera, representados por su madre con patria potestad, Julia Rivera, demandantes y apelantes, v. Francisco Cardona, demandado y apelado.
    Núm. 7998.

    Sometido: Diciembre 5, 1939.

      Resuelto: Mayo 22, 1940.

      Benjamín Ortiz, abogado de los apelantes; F. González Fagundo, abogado del apelado.

         Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso es la de si un hijo ilegítimo en quien no concurre la condición de hijo natural (artículo 125, Código Civil, ed. 1930), puede instituir una acción en reclamación de alimentos contra sus alegados padres sin que previamente conste la paternidad o mater-nidad, según sea el caso, a virtud de sentencia firme dictada en proceso criminal o civil, o resulte de un documento indu-bitado del padre o de la madre en que expresamente reco-nozca la filiación.

La cuestión así planteada gira alrededor de la interpre-tación que deba darse al artículo 129 del citado cuerpo legal, que literalmente dice así:

“Art. 129. El derecho a los alimentos de que habla el artículo • anterior, sólo puede ejercitarse:
“1. Si la paternidad o maternidad se infiere de una sentencia firme dictada en proceso criminal o civil.
“2. Si la paternidad o maternidad resulta de un documento indu-bitado del padre o de la madre en que expresamente reconoce la filiación. ’ ’

Kn el presente caso la sentencia fné dictada a base de una excepción previa interpuesta contra una demanda que no contiene alegación alguna con respecto a la existencia de la sentencia firme o documento indubitado en que conste la paternidad. Por consiguiente, nuestra disensión debe limi-tarse a determinar si el pronunciamiento sobre la paternidad puede hacerse dentro del pleito de alimentos sin necesidad de que previamente se haya obtenido sentencia firme decla-rando la paternidad.

La cuestión en controversia no es del todo nueva en esta jurisdicción. En una serie de casos criminales que empieza con el de El Pueblo v. Rohena, 52 D.P.R. 313, resuelto el 4 de noviembre de 1937, seguido por los de El Pueblo v. López, 54 D.P.R. 294; Pueblo v. Rotger, 55 D.P.R. 139; Pueblo v. Pérez, 55 D.P.R. 677, y que termina con el de El Pueblo v. Rogelio Díaz, resuelto en el día de ayer (decisión per mriam), ha venido sosteniéndose por este tribunal que el hecho de la paternidad, o sea la relación de padre e hijo que pueda exis-tir entre el acusado y el menor que alega haber sido abandonado, puede ser establecido dentro del proceso por abandono de menores. En el caso de El Pueblo v. López, supra, donde más extensamente se discute la cuestión, ha dicho este tribunal, por voz de su Juez Presidente Sr. Del Toro:

“Se insiste en que el estatuto penal habla de hijos ilegítimos reconocidos y en que el artículo 129 del Código Civil expresamente prescribe que el derecho a alimentos de los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condición legal de naturales, sólo podrá ejercitarse si la paternidad o maternidad se infiere de una sentencia firme dictada en un proceso criminal o civil o si resulta de un documento indubi-tado del padre o de la madre, en que expresamente reconozca la filiación.
"Los hijos ilegítimos se dividen en dos clases, a saber: hijos nacidos fuera del matrimonio pero de padres que al tiempo de su concepción hubieran podido casarse, e hijos nacidos fuera del matri-monio de padres que al tiempo de su concepción no hubieran podido contraerlo. Los primeros se llaman naturales y es para ellos que la ley establece la acción de reconocimiento. Artículos 125, 126 y 127 del Código Civil, ed. 1930. Para los segundos no hay tal acción. Sólo les reconoce la ley civil — artículo 128 del Código — el derecho a ser alimentados por sus padres de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43.
"No hay duda de que la palabra recohocidos usada por el legis-lador en relación con el hijo ilegítimo en la ley penal — artículo 263 del Código Penal, ed. 1937 — lo fué por inadvertencia. Pero partiendo de la base de su existencia entendemos que significa que sólo se comete el delito cuando lo es por un padre que pudiendo deja de alimentar a hijos ilegítimos que ha tenido pública o privadamente como tales o que por ser sus hijos en realidad de verdad se hubiera visto obligado a reconocer si concurriera en ellos la condición de naturales, y dando a lo prescrito en el Código Civil — artículo 129 — ■ una interpretación razonable, en armonía con la enmienda legislativa de la ley penal de 1931 (Ley núm. 36 de 1931, pág. 353), entendemos que la sentencia dictada en un proceso criminal a que se refiere puede ser la que se dicte dentro del proceso criminal que por abandono del hijo ilegítimo se siga como se siguió en este caso.
"Si se demuestra en él fuera de duda razonable que el padre sabía que el menor era su hijo o que lo había tenido como tal y por consiguiente como tal debía reconocerlo o lo había reconocido y que eso no obstante voluntariamente y sin excusa legal había dejado de cumplir las obligaciones que la ley le impone de proveerle del indispensable alimento, vestuario o asistencia médica, debe ser condenado aunque no se presente el documento a que se refiere el párrafo segundo o la sentencia dictada en pleito civil de que habla el párrafo primero del artículo 129 del Código Civil tantas veces citado.
"Dentro del estado actual de nuestro derecho, la sentencia dictada en proceso criminal a que se refiere el repetido artículo no puede ser otra que la que se dicte en la causa criminal por abandono donde todos los hechos esenciales pueden quedar debidamente establecidos. La obligación del padre surge del hecho sustancial de serlo. Probado en debida forma que lo es y que siéndolo dejó de cumplir su obli-gación en la manera que la ley penal establece, el delito debe enten-derse cometido.
“Véanse los siguientes casos en los cuales se resolvió que no obs-tante existir como existe un procedimiento especial para la declara-toria de herederos, cuando un heredero ejercita alguna acción como tal sin haber antes recurrido a dicho procedimiento, puede dentro del pleito y a los efectos del mismo acreditar su. condición mediante prueba apropiada: Morales et al. v. Landráu et al., 15 D.P.R. 782, Soriano et al. v. Rexach et al., 23 D.P.R. 573, Fortis v. Fortis, 25 D.P.R. 69, 76; Sucn. Rodríguez v. Pérez, 25 D.P.R. 78, 82, Casanovas & Co. v. Ramírez et al., 25 D.P.R. 625, 627; Méndez v. Martínez, 26 D.P.R. 96, 100, Sucesión Torres Negrón v. Torres et al., 29 D.P.R. 909, Ginorio v. Registrador, 50 D.P.R. 400, 401.”

Al empezar nuestra discusión dijimos que la cuestión no es del todo nueva en esta jurisdicción, porque solamente se ha promovido en casos criminales por abandono de menores; pero en verdad no vemos razón .alguna que nos obligue a variar el criterio ya establecido, cuando de una demanda de alimentos se trate en un caso civil como el que nos ocupa.

La urgencia de toda reclamación de alimentos requiere que para que la sentencia por tardía no resulte ilusoria, el procedimiento para obtenerlos sea rápido y esté exento de innecesarias dilaciones. Consciente de esa necesidad el legis-lador, expresamente ha decretado que contra la sentencia que se dicte en casos sobre reclamación de alimentos se podrá utilizar el recurso de apelación sin que esto obstaculice la ejecución de aquélla. Artículo 618, Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933. A ningún fin que no sea el de per-judicar innecesariamente el derecho del reclamante conduce el obligarlo como condición previa a su acción de alimentos a vencer a su progenitor en un pleito para determinar su paternidad, cuando esa cuestión puede resolverse sin dificul-tad alguna dentro del mismo pleito de alimentos, haciendo de. ese modo menos costosa y más rápida la reclamación.

Además de los casos citados en el de Pueblo v. López, supra, en que sé ha permitido la tramitación de declaratorias de herederos dentro de pleitos de daños y perjuicios, reivin-dicación, etc., tenemos en nuestra jurisprudencia otro prece-dente que por analogía es aplicable a la cuestión que ahora se discute. Se trata de la interpretación del artículo 1081 del Código Civil (ed. 1930), que prescribe:

"Art. 1081. Si la obligación no señalare plazo, pero de su natu-raleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los tribunales fijarán la duración de aquél.
"También fijarán los tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor.”

La interpretación estricta de este precepto exige que en los casos a que el mismo se refiere, se recurra previamente al tribunal para que fije el plazo y una vez fijado, y sólo cuando vencido éste no se baya cumplido la obligación, podrá establecerse la acción para exigir su cumplimiento. Podría alegarse que mientras no venza el plazo previamente fijado por el tribunal, la causa de acción no existe y por consi-guiente sería prematura la acción establecida con anteriori-dad a la fijación del plazo. Sin embargo, este tribunal sin disidencia alguna, en el caso de Nicorelli v. Ernesto López & Co., 26 D.P.R. 55, en bien de la justicia y de la rapidez de los procedimientos desechó la interpretación estricta a que venimos refiriéndonos e interpretó el referido artículo resol-viendo que la fijación del plazo a que se refiere el artículo 1081 supra, puede hacerse dentro del pleito en cobro de la obligación.

Posteriormente, en el caso de Jiménez viuda de Cobián v. Ramos, 51 D.P.R. 387, 390, este tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, citando con aprobación el de Nicorelli v. López supra, se expresó en los siguientes términos:

"En el caso de Hijos de T. Pietri v. Vicens Hnos., 33 D.P.R. 248, 250, dijimos que la circunstancia de no aparecer de la demanda que se concediera un plazo al deudor ni deducirse de la naturaleza de la obligación hace inaplicable el artículo 1095 (1081, ed. 1930) del Código Civil que el apelante considera infringido. Pero aun cuando así no fuese, aunque de la naturaleza y circunstancias de la obliga-ción contraída se dedujese que ha querido concederse' un plazo al deudor, entendemos que en bien de la justicia y de'la rapidez de los procedimientos, debe seguirse adoptando la regla fijada por esta corte en Nicorelli v. E. López & Cía., 26 D.P.R. 55, donde se resolvió que cuando en una acción para el cobro de una deuda reconocida en documento público, la corte por virtud del resultado de las pruebas, llega a la conclusión de que se intentó fijar un plazo para el pago y no se fijó, puede señalarse el que se estime justo conforme al artículo 1095 del Código Civil (1081, edición 1930), sin que sea necesario el ejercicio de una acción previa limitada a la fijación del plazo. La corte en dicho caso analiza los preceptos del Código Civil, cita a Manresa y Scaevola, y dice que de sus razonamientos se des-prende, siendo más claros los del comentarista Scaevola, que puede ventilarse toda la cuestión en un solo pleito. Y así debe ser. El demandado en este caso adeuda cierta cantidad a la parte deman-dante. Tiene la obligación de entregarla cuando se le reclame. ¿Para qué ha de imponerse al acreedor la obligación'de iniciar dos acciones, una para fijar el plazo y otra para exigir el pago de la deuda, cuando ambas cosas pueden ser resueltas en una misma acción? Opinamos que la corte inferior no cometió el error que se le atribuye.”

El derecho a alimentos está tan íntimamente relacionado con la determinación de la paternidad, que no vemos razón, alguna, siguiendo el precedente de Nicorelli v. López, supra, que impida resolver toda la controversia en un solo proce-dimiento, ya se dirija éste a la declaración de la paternidad y como un incidente del mismo se reclamen alimentos, ya se trate, como en el presente caso, de una reclamación de ali-mentos donde incidentalmente se establezca la paternidad.

La dilación que ha habido en la resolución de este pleito, sometido el 5 de diciembre del año pasado, no parece armo-nizar con los argumentos expuestos anteriormente en rela-ción con la rapidez que debe imprimirse a un procedimiento sobre reclamación de alimentos. Debemos consignar, sin embargo, que la dilación en este caso fué motivada por las amplias discusiones a que el mismo dió lugar en el seno del tribunal.

Por lo expuesto, procede, a nuestro juicio, declarar con lugar el recurso, revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: Ei; Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    Domingo, Juan y Juana María Matos Rodríguez, demandantes, apelados y apelantes, v. Cándido Salvat Maldonado, Iraida Medina Vda. de Matos y la Sucesión de Francisco o Froilán Matos Rodríguez, Etc., demandados, apelantes y apelados.
    Núm. 8078.

    Sometido: Mayo 3, 1940.

      Resuelto: Mayo 22, 1940.

      Antonio E. Suliveres, abogado de los demandados, apelantes y ape-lados; Luis Mercader, abogado de los demandantes, apelados y apelantes.
   Ei; Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La principal cuestión a resolver en los recursos que una y otra partes ban interpuesto en este caso, es si la corte sentenciadora cometió error manifiesto en la apreciación de la prueba.

La de los demandantes tiende a demostrar que Jaime Matos, policía insular, adquirió desde bace varios años, en parte a título de herencia y el resto por compra, dos fincas rústicas de 33.60 y 19.40 cuerdas respectivamente, radicadas en el término municipal de Utuado. No pudiendo adminis-trarlas personalmente por impedírselo sus deberes oficiales, encargó de ello, desde que las adquirió, a su hermano Froi-lán Francisco Matos, quien las cultivaba y vivía en una de ellas con su esposa e hijos.

No resulta de la prueba que Jaime Matos pagase a su hermano un sueldo determinado por los servicios que le prestaba, pero sí aparece que atendía a todas las necesidades de Froilán y su familia. .

Con posterioridad a la adquisición de las fincas, contrajo matrimonio con Iraida Medina, enfermera de profesión, viviendo el matrimonio del sueldo que uno y otra ganaban en sus respectivas ocupaciones. No tuvieron hijos y conti-nuaron viviendo en la población. Después de varios años de casados, fué trasladado de Utuado al pueblo de Jayuya, donde fué muerto pocos días después, allá por el año 1935. No teniendo descendientes ni ascendientes, deberían here-darle sus hermanos. A su muerte, quedaron en poder de su. viuda Iraida Medina varios documentos, entre ellos un pagaré al portador, suscrito por Jaime Matos, el 8 de mayo de 1934, pagadero a su presentación y garantizado con hipoteca sobra las dos fincas mencionadas. Algún tiempo después, su viuda, que ningún interés tenía en las dos fincas por ser bienes privativos de su esposo y haber recibido ella del Gobierno, según declaró, unos $4,000 por concepto de indemnizaciones con motivo de la muerte de su marido, entregó el pagaré a Froilán, quien, según ella, lo pidió para llevar a cabo ciertas gestiones en relación con unas escrituras. Dos años después murió Froilán y el pagaré vino a poder de Cándido Salvat, casado con una hermana de la viuda de Froilán. Una vez en posesión del pagaré, Salvat instó un procedimiento suma-rio ejecutivo para su cobro, procedimiento que culminó en la adjudicación de las dos fincas al acreedor en satisfacción del pagaré. No obstante esta adjudicación, la viuda de Froilán ha continuado viviendo en las fincas, realizando actos de dominio sobre ellas, como si tal adjudicación no se hubiera efectuado.

Los demandantes, hermanos de Jaime, instaron este pleito para que se decretase la nulidad del procedimiento ejecutivo y la consiguiente adjudicación de las fincas a Sal-vat, y se condenase además a los demandados al pago de los frutos producidos por dichas fincas.

La prueba de los demandados tiende a demostrar que dos meses después de suscribir el pagaré, Jaime fué donde su hermano Froilán y deseando retribuirle los servicios que por varios años le había prestado en la administración de las fincas, se lo entregó, declarando unos unas veces que la entrega fué absoluta y otras que lo dió en garantía, sin que en manera alguna resulte que se hiciera liquidación alguna o se señalase determinada cantidad como montante de la supuesta deuda.

Conviene consignar aquí que la viuda de Froilán, decla-rando por los demandados, aseguró que su esposo cogía los frutos que producían las fincas, que Jaime no percibía nada de ellas y que este último vivía de lo que él y su esposa ganaban (T. de E. 187).

Dos años después de la muerte de Jaime falleció Froi-lán después de una prolongada enfermedad, pero antes de morir llamó a su casa a Cándido Salvat, y como el primero, según los demandados, adeudaba al segundo unos $1,400 más o menos por concepto de provisiones tomadas en el “ven-torrillo” de Salvat y por refacción de las fincas, para lo cual en ocasiones, según los demandados, le tomó hasta $25 semanales, entregó el pagaré a Salvat con encargo de que al ejecutar las fincas hipotecadas devolviese a sn esposa e hijos cualquier cantidad que en exceso de los $1,400 pro-dujese la subasta; y en caso de que no se presentasen pos-tores y se le adjudicasen las fincas, les diese entonces la cantidad de $1,000 en efectivo. Ningún documento se for-malizó para acreditar este convenio. Después de adjudica-das las fincas a Salvat, según él y la viuda de Froilán, en cumplimiento de lo pactado entregó aquél a la viuda $650 en efectivo, y como arrendó a ésta las fincas a razón de $250 anuales pagaderos por adelantado, retuvo dicha cantidad, quedando a deber a la viuda de Froilán, de acuerdo con el pacto celebrado con su esposo, la cantidad de $100.

La corte inferior no creyó la prueba de los demandados, y comentándola se expresó así:

"La explicación de la parte demandada para demostrar cómo el pagaré vino a poder de Salvat, mientras más se considera, menos convence. Es una historia mal ideada y peor expuesta.” (L. de S. pág. 28.)

Más adelante, en el curso de su opinión, analizando la misma prueba, dijo:

"Salvat declaró que para la fecha en que adquirió el crédito de $3,500, sólo tenía declarada como contribución una pequeña finca. Lo que pagaba de contribución por ella demuestra que no tendría un valor de más de quinientos dólares. Declaró, además, que para esa época trabajó en la P.R.R.A., ganando noventa dólares. Es difícil concluir que él pudiera realizar los negocios con los cuales pretende explicar su adquisición del crédito hipotecario.
"Además del parentesco de Salvat con Angela Matos, hay otra circunstancia que ayuda a la convicción de que el traspaso fué simu-lado. Salvat nunca tomó posesión de las fincas después de ejecutarla judicialmente. La viuda de Francisco Matos y sus hijos han conti-nuado poseyéndolas hasta el presente. Se presentó como prueba un documento que pretende ser un arrendamiento hecho por Salvat a la viuda de Francisco. Este documento se hizo después de presen-tada la primera demanda en este litigio. Basta leer la afirmación que hace la parte demandada al final de su contestación, diciendo que las fincas nunca han producido para pagar el dinero que se invierte en ellas, para concluir que el canon anual de doscientos cincuenta dólares, y las contribuciones, que se consignó en el referido contrato de arrendamiento, fue una suma caprichosa, que nunca podría pagar la supuesta arrendataria.' ’

La prueba de los demandados nos convence de que el juez sentenciador dirimió correctamente el conflicto de la prueba a] resolverlo a favor de los demandantes. Yeámoslo.

Consideremos primero la versión de los demandados sobre la manera en que el pagaré al portador llegó a manos de Froilán. De la declaración de la viuda de éste, quizás la más autorizada para declarar sobre la cuestión, por lo que no debemos ponerla en duda — siendo como es una de los demandados — , resulta que Froilán percibía el producto de las fincas y que Jaime Matos no percibía nada, pues él vivía de su sueldo y de lo que ganaba su esposa, que como resulta de 1a. prueba, era enfermera y trabajaba en el Hospital Municipal de Utuaclo. Si esto era así, ¿qué deuda podía toner Jaime con Froilán por concepto de administración de las fincas, que necesitase retribuir con una cantidad que según la prueba de los demandados era mayor que el valor de las propias fincas? Por el contrario, era Froilán quien gratui-tamente se había beneficiado con los bienes de su hermano, y si aTguien era deudor, debería serlo Froilán y no Jaime Matos, que ningún beneficio personal había recibido del tra-bajo de su hermano. En segundo término, asumiendo sin aceptarlo que Jaime Matos quisiera beneficiar a su hermano, ¿a qué entregarle un pagaré al portador garantizado con hipoteca, vencedero a su presentación, exponiéndose de ese modo a que su hermano pudiese endosarlo e inmediatamente le ejecutasen las fincas sin consideración alguna? Si su pro-pósito era ayudar a su hermano, más fácil le hubiera sido entregarle una cantidad en efectivo, reconocer adeudarle determinada suma o en último extremo donarle una parte de las fincas, cosa que podía hacer fácilmente por tratarse de bienes privativos suyos y carecer de herederos forzosos.

Consideremos ahora cómo llegó el pagaré, 'según los demandados, a poder de Salvat. Resulta de la prueba quo la esposa de Salvat era hermana de la de Froilán; que Sal-vat era un hombre de escasos medios económicos y' que el establecimiento donde Froilán llegó a tomar la respetable suma de $1,400 era un “ventorrillo” de campo, como declaró el propio Salvat, manifestando algunos testigos de los deman-dantes que tenía unas veces existencias por valor de $25, otras por $50, y a veces nada tenía. Aparte de estas cir-cunstancias, es difícil creer, asumiendo la existencia de la deuda, que Froilán, un hombre de experiencia, necesitando y adeudando dinero, se guardara un pagaré por espacio de tres años (murió en 1937), no hiciera diligencias para cobrarlo o negociarlo, y al sentir que se aproxima el fin de su vida, llame al acreedor para entregarle un valor que asciende a casi el doble de la deuda, poniendo así el destino de su familia a merced de su acreedor, sin ocuparse siquiera de que se consigne por escrito lo pactado, cosa que le hubiera sido fácil puesto que según la prueba de los demandados la transacción se llevó a efecto en presencia del testigo Alvarez, profesor de instrucción pública, y quien a instancias de los demandantes finalmente admitió que un hermano suyo so hallaba casado con una hermana de Salvat.

Arguyen los demandantes que la corte sentenciadora erró al desestimar la demanda en cuanto a la segunda causa de acción, que se refiere a los frutos producidos y que erró también al no condenar a los demandados al pago de los honorarios de abogado.

Refiriéndose a dicha segunda causa de acción, la corte sentenciadora se expresó así:

“La parte demandante no presentó prueba específica y convin-cente en que pudiéramos fundar una decisión justa con respecto a la segunda causa de acción sobre daños y perjuicios.”

Tiene razón la corte sentenciadora. Los únicos testigos que declararon -sobre este extremo fueron Daniel Ramos Matos y Domingo Matos Rodríguez. Del examen de repre-guntas del primero tomamos lo siguiente:

“P. Cuando el ciclón de San Felipe, ¿vio esa finca de Jaime Matos? — Ver por dentro no.
“P. Después de San Felipe, ¿la ha volteado? — Tampoco.
“P. ¿Y sin voltear la finca dice que puede producir cuatro quintales de café? — Es el promedio. Le hablo de un promedio y puede dar más y menos.
“P. Y antes de San Felipe, ¿no vió la finca? — He pasado.
“P. ¿Por el camino? — Sí, señor.
“P. ¿No sabe cuántas cuerdas hay sembradas de frutos menores? —Que paso para mi finca y del camino veo parte.
“P. ¿No sabe las cuerdas que hay? — No, señor.
“P. ¿Cómo dice que hay ocho cuerdas de café si hace diez años que no ve la finca? — Es un cálculo.
“P. ¿Tampoco sabe lo que se sembró de tabaco? — Jaime Matos me dijo.
“P. Lo que sepa de conocimiento propio. — Creo que se sem-braban ...
“P. Creo no, lo que ha visto. — No voy a voltear...
“P. ¿Y por qué cree que se sembraban de once a doce cuerdas? —Una vez él dijo...
“P. ¿ Quién? — Jaime Matos.
“P. No me diga lo que dijo él. ¿Los conocimientos que tiene de eso es porque Jaime Matos se' lo dijo? — Sí, señor, que le habían tocado once cuerdas.
“P. ¿Desde antes del ciclón no ha visto la finca? — Bien, he pasado.” (T. de E., pág. 103.)

De la del segundo, también tomamos de su examen de repreguntas:

“P. ¿Sabe cuánto café se cosechó el año pasado en esa finca? — • No sé definitivamente, porque no tomé nota.
“P. El año atrasado, ¿sabe cuántos quintales se cogieron en esas dos fincas? — Tampoco.
“P. Y en el año 1935, ¿sabe los quintales de café que produjo esa finca? — No, señor.
“P. ¿Lo que hace es un cálculo de acuerdo con la plantación, con la siembra y palos que hay allá, pero no sabe lo que produjo?...
£ÍP. ¿Usted sabe si el año pasado hizo una cosecha mala o buena? — Regular.
“P. ¿No ba oído decir a todos los agricultores que era mala y quejándose que estaban arruinados? — Sí, señor; pero las cosechas no son malas todos los años.
“P. ¿Pero en comparación? — Regular. No sería de las mejores, pero no de las más malas.
“P. ¿No sabe cuánto produjo esa finca? ¿Cuánto había sem-brado de batatas en esa finca? — -Tres cuerdas.
“P. ¿T de café, ocho? — Sí, señor.
“P. De guineos, ¿cuántas? — Tres cuerdas también.
“P. Dice que se produjo once cuerdas de tabaco. ¿Cuántas se sembraron el año pasado? — Once cuerdas.
“P. ¿Cuánto tabaco produjo? — -Allí no baja de seis a siete quintales.
“P. ¿Sabe la liquidación que hubo del tabaco? — No me ocupé.
“P. ¿No sabe si se quedó a deber del tabaco o si dió beneficio?— No lo sé.
”P. ¿Es agricultor de tabaco? — Sí, señor.”
(T. de E., 131, 132.)

Convenimos con los demandantes en que en un caso como éste, en que no sólo lia existido temeridad, si que hasta mala fe por parte de los demandados al pretender privar a los demandantes de lo que legítimamente les pertenece, no hizo buen uso de su discreción la corte sentenciadora al no conceder a los demandantes una cantidad razonable por concepto de honorarios de abogado, a pesar de que entre los demandados se encuentran dos menores de edad.

Se quejan los demandados de que la corte sentencia-dora admitió en evidencia el acta de requerimiento que hicie-ron los demandantes por medio del notario F. Figueroa Maestre a la demandada Iraida Medina viuda de Jaime Matos; que erró también al permitir al Notario y a uno de los testigos declarar sobre el contenido del acta, la que según los demandados es nula por no haber sido firmada por la. re-querida, y además porque el notario autorizante era entonces abogado de los demandantes, alegando también que las mani-festaciones que hiciera Iraida Medina eran comunicaciones privilegiadas por tratarse de que ella era en aquel momento la cliente' del notario. El hecho de que el acta notarial no hubiese sido firmada por la requerida no la hace inadmisible como prueba. El notario da fe de las manifestaciones que en su presencia hizo la requerida y es la fe del notario y no la firma' de la requerida la qué da valor probatorio al acto. Véase Colón v. The Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 592, 622.

Pero prescindiendo de la admisibilidad del acta y de la declaración del testigo Figueroa Maestre, la declaración de Daniel Matos Ramos, independientemente del acta y de la declaración de Figueroa Maestre, tiende a demostrar que el pagaré al portador, según la manifestación de Iraida Medina, estuvo en manos de ésta por algún tiempo después de la muerte de su esposo. Tomamos de la declaración de dicho testigo: ' ’’ '

“P. Ese vale hipotecario, ¿dónde quedó a la muerte de Jaime Matos? — En poder de la señora, de Iraida Medina.
“P. ¿Cómo sabe que quedó en poder de ella? — En primer lugar, sabíamos que estaba allí.
# * ■* # # * *
“P. ¿Cómo lo sabe? — Tuvimos cierta reunión y ella declaró y dejó todos sus papeles y se le encargó que los conservara. (T. de E., pág. 93.)
* * * * * * *
“P. Después que murió él (Jaime Matos), ¿cómo sabe que quedó en poder de la viuda? — Tuvimos cierta reunión y ella manifestó los papeles y lo que tenía ella pendiente y entre ellos el vale hipotecario.
“P. ¿Se reunieron para eso? — Sí, señor; tuvimos varias reuniones y se autorizó para que lo guardara.
“P. ¿Además de ese vale, tenía algo más? — Las escrituras.
“P. ¿De qué? — De las fincas.
“P. ¿Todos la autorizaron para que los siguiera guardando? — • Sí, señor.
“P- ¿Ella continuó en posesión de ese vale al portador y docu-mentos ? — Siempre.
■ ‘‘P. ¿Hasta cuando? — Hasta por el 1937 que supimos que el vale no estaba en su poder de ella. (T. de E., pág. 94.)

Asumiendo que la corte hubiese errado al admitir el acta y permitir declarar al notario Figueroa Maestre, tal error, de haberse cometido, no pudo perjudicar a los demandados, puesto que descartando esa evidencia, la declaración del tes-tigo Ramos prueba suficientemente las manifestaciones que hiciera Iraida Medina al efecto de que a la muerte de su esposo tenía en su poder el pagaré en controversia. Pero podemos ir más lejos aun y hasta descartar por completo la declaración del testigo Daniel Ramos, toda vez que el resto de la evidencia que ante sí tuvo el juez sentenciador es tan preponderante que por sí solo basta para sostener la sen-tencia dictada.

Por lo expuesto, procede modificar la sentencia apelada en el sentido de condenar además a los demandados al pago de $200 por concepto de honorarios de abogado, y asi modi-ficada, confirmarla.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Rafael Aponte Ramírez y Juana Arzuaga Milián, conocida por Juana Arzuaga Ramos, como madre con patria potestad de sus hijos menores de edad, Miguel, Ena y Marina Ramos Arzuaga, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1069.

    Sometido: Mayo 13, 1940.

      Resuelto: Mayo 23, 1940.

      B. Calderón Rocfoiguez y Ramón Melendez Lima, abogados de los re-currentes; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso gubernativo en el que está envuelta la cuestión de si cierta división de una comunidad es en realidad una venta de bienes inmuebles de menores.

El 15 de febrero de 1940, en Caguas, comparecieron ante notario público Rafael Aponte y su esposa Juana Delgado, de una parte, y de la otra, Juana Arzuaga como madre con patria potestad sobre sus menores hijos Miguel, Ena y Marina Ramos.

Expusieron que los comparecientes de la primera parte eran dueños de cinco octavas partes indivisas de cierto solar y los comparecientes de la segunda parte o sean los meno-res, eran dueños cada uno de una octava parte indivisa del solar, en junto, ocho octavos, o sea el solar en su integridad; que ambas partes habían resuelto dividir la comunidad y que tratándose de un bien indivisible se acogían a los artículos 413 y 1027 del Código Civil—340 y 1013 de la edición de 1930—y a la jurisprudencia de esta Corte Suprema esta-blecida en los casos de Sánchez v. Registrador, 21 D.P.R. 478 y Martínez v. Registrador, 23 D.P.R. 356.

Al efecto otorgaron valorar la finca en ochocientos cin-cuenta dólares y adjudicarla a los comuneros esposos Aponte-Delgado con la obligación de pagar a cada uno de los otros comuneros los menores Miguel, Ena y Marina Ramos la suma de ciento seis dólares veinticinco centavos, tomando Aponte “posesión de la totalidad de la dicha finca urbana adju-dicádale en esta división de comunidad.”

Se hizo constar además en el documento que Aponte pagó en efectivo en presencia del notario a la señora Arzuaga, en su carácter de madre con patria potestad sobre los menores, el precio de los condominios de sus hijos, otorgando ella la correspondiente carta de pago.

Presentado el documento para su inscripción en el regis-tro, el registrador la negó, como sigue:

“Denegada la inscripción del precedente documento, y tomada en su lugar anotación preventiva por 120 días a favor de don Rafael Aponte Ramírez, al folio 126 del tomo 196 de Caguas, finca núm. 2738, dup., anotación letra C, por resultar del documento que el con-trato en sí, envuelve un acto de enajenación de condominios indivisos que en el inmueble corresponden a los menores Miguel, Ena y Marina Ramos Arzuaga, representados por su señora madre con patria po-testad, Juana Arzuaga Milián, conocida por Juana Arzuaga Ramos, y no una división de comunidad como dice el documento, sin que la madre con patria potestad sobre dichos menores haya obtenido la correspondiente autorización judicial de la corte de distrito, requerida por el artículo 159 del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según ha sido interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Burset, recurrente, v. Registrador de la Propiedad, recurrido, Tomo 49, D.P.R., página 49. Caguas, a 30 de bril de 1940. (fdo.) L. Abella, Registrador.”
En su alegato los recurrentes sostienen que:
“La adjudicación en este caso, si bien tiene el carácter de una ena-jenación, no es esencialmente una venta, y en ella no se exige auto-rización judicial para llevar a cabo la división de la comunidad, en la forma en que ha sido realizada. Sánchez v. Registrador de la Propiedad, 21 D.P.R. 478; y Martínez et al. v. El Registrador de Caguas, 23 D.P.R. 356.
“Y finalmente sostenemos que tratándose como se trata en el pre-sente caso, de una división de comunidad de bienes, son a ella apli-cables las reglas concernientes a la división de la herencia. Art. 340 del Código Civil, supra.”

Tras un estudio detenido del caso creemos que tiene razón el registrador, siéndole estrictamente aplicables los principios establecidos en el de Burset v. Registrador, 49 D.P.R. 49, a saber:

“Si bien para la división de la cosa común no necesitan los meno-res de la aprobación judicial y de la subasta pública cuando están representados por el padre, o, en su caso, por la madre, sí la necesitan para enajenar su participación en la propiedad.”
“Cuando ordenada la venta de una propiedad bajo el Artículo 338 del Código Civil — en la cual interviene un menor como copar-tícipe que no puede legalmente consentir — los demás comuneros con-vienen en que se adjudique la propidad a uno de ellos, la venta debe llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones de la ley que exigen además de la aprobación judicial el requisito de la pública subasta.”

La jurisprudencia quedó ratificada en el caso de Costa v. Piazza, 51 D.P.R. 689, 702, en el que se estudia con ampli-tud la cuestión, se analizan los casos de Sánchez v. Regis-trador, supra, y Martínez v. Registrador, supra, se hace referencia a las decisiones de la Corte Suprema Federal en Longpré v. Díaz y Quiñones, 237 U. S. 512, y de esta Corte Suprema en Del Rosario v. Rucabado, et al., 23 D.P.R. 473, y se dice:

“Posteriormente, en Milán v. Registrador, 41 D.P.R. 98, en Mercado v. Registrador, 41 D.P.R. 522, y en Burset v. Registrador, 49 D.P.R. 49, esta corte sostuvo que la adjudicación de una finca po-seída en común, a uno de los comuneros, no es una división de la comunidad y sí una enajenación de la propiedad, para la validez de la cual se necesita la autorización judicial y la subasta pública que requiere el artículo 388 del Código Civil, cuando alguno de los comu-neros sea menor de edad.”

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la nota recurrida.