author: El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

text:
    Felícita Calvo Ríos, demandante apelante, v. Bárbara Ramírez de Arellano y Rosa Amparo o Rosa Esther García, demandadas apeladas.
    No. 6075.

    — Sometido: Enero 30, 1934.

      Resuelto: Abril 27, 1934.

      A. Díaz Viera, abogado de la apelante; Leopoldo Felvú, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Felicita Calvo Ríos, hermana y heredera de Socorro Calvo Ríos, solicita la nulidad de cierta disposición testamentaria otorgada por José García Acevedo, instituyendo su única y universal heredera a Bárbara Ramírez de Arellano. Se pide además la reivindicación de una finca que se describe en la demanda y la devolución de una suma de dinero.

Socorro-Calvo Ríos, esposa de José García Acevedo, fa-lleció en el Manicomio Insular de Puerto Rico el día 11 de octubre de 1931, sin haber otorgado testamento. Su hermana Felicita Calvo Ríos fué declarada su única y universal here-dera en virtud de resolución judicial.

José García Acevedo falleció en 25 de febrero de 1924, siendo esposo de Socorro Calvo Ríos, sin dejar ascendientes o descendientes, ni hermanos ni sobrinos. El referido José García Acevedo otorgó testamento en 2 de febrero de 1924, instituyendo su única y universal heredera a la demandada Bárbara Ramírez de Arellano, y en caso de que ésta muriese antes que él, a Rosa Amparo García, sin otra limitación o condición que la del usufructo viudal que correspondía a su esposa Socorro Calvo Ríos.

Se procedió a la liquidación, partición y adjudicación de la herencia del finado. La viuda, entonces incapacitada, estuvo representada por un defensor judicial designado por la corte de distrito, y con la intervención de éste se practi-carón dichas operaciones, en las qne, en pago de sn herencia y de ciertas deudas o bajas, se adjudicó a la heredera Bár-bara Ramírez de Arellano la finca que se describe en la demanda.

Como segunda causa de acción se alega que en 24 de enero de 1929 dicha adjudicataria y heredera testamentaria vendió a su hija y codemandada en esta acción Rosa Amparo Barcia, la finca antes mencionada, sin que, según la demanda, me-diara precio, valor o consideración alguna, realizándose tal enajenación, según la demanda, simuladamente, con el fin de que la apelada Rosa Amparo García apareciera como ter-cero para evitar así una reclamación de parte de los herederos de Socorro Calvo Ríos. Se alega además que la demandada Bárbara Ramírez de Arellano continuó cobrando las rentas y productos de la finca para defraudar en sus derechos a la viuda del finado, que en esa época estaba recluida en el Manicomio Insular.

Como tercera cansa de acción se alega que en las opera-ciones antes mencionadas se adjudicó a la apelada Bárbara Ramírez de Arellano la suma de $7,000, importe de un pagaré suscrito por José García Acevedo pocos días antes de su fallecimiento, más la suma de $2,040 de intereses devengados. Se añade que dicho pagaré es nulo y sin ningún valor, por no haber mediado en su otorgamiento precio, valor o consi-deración alguna, y que dicha transacción se verificó y dicho pagaré fué firmado por José García Acevedo y aceptado por la demandada Bárbara Ramírez de Arellano con la intención de defraudar a Socorro Calvo Ríos, esposa de José García; que la misma nunca prestó su consentimiento a dicha obliga-ción por sí o por medio de su tutor; que el referido pagaré es nulo y sin ningún valor por las relaciones existentes entre la demandada Bárbara Ramírez de Arellano y José García Acevedo, quienes vivían en público concubinato, sosteniendo relaciones amorosas entre.sí; que el otorgamiento de dicho pagaré era una limitación al derecho de propiedad adquirido en la sociedad de ganaciales habida entre José García Acevedo y Socorro Calvo Ríos; que dicha suma de $9,040 ha sido indebidamente cobrada y que Socorro Calvo Ríos se encon-traba incajjacitada en el Manicomio en las fechas a que se refiere el pagaré.

Los demandados excepcionaron la demanda sobre la base de que la misma no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. La corte inferior declaró con lugar la excepción previa y dictó sentencia desestimando la demanda por entender que la misma no era susceptible de enmienda.

Se alega que la corte inferior erró al sostener que el ar-tículo 920 del Código Civil es aplicable solamente a la suce-sión intestada y que aplicar este artículo a la sucesión testada equivaldría a privar al testador de la libre disposición de sus bienes. Se añade que se cometió error también al de-clarar que la demanda no aduce hechos suficientes para deter-minar una causa de acción.

La cuestión planteada por las partes se reduce a deter-minar si el artículo 920 del Código Civil tiene aplicación a la sucesión testada. Esta disposición figura en el Código Civil en el articulado que trata “Del Orden de Suceder”, que comienza con la línea recta descendente, y todas estas disposiciones siguen a las que rigen para la sucesión intes-tada.

Este artículo, que figura con el No. 909 en la edición del Código Civil de 1930, dice así:

“A falta de hermanos y sobrinos, hijos de éstos, sean o no de doble vínculo, sucederá en todos los bienes del difunto el cónyuge sobrevi-viente. ’ ’

Es claro que este artículo debe aplicarse únicamente en los casos de sucesión intestada. Si así no fuera, se daría el caso de que un cónyuge, que puede disponer libremente de una parte de su propiedad aunque tenga descendientes o ascendientes, se vería privado de hacerlo cuando careciese de herederos forzosos, de hermanos y sobrinos.

En este caso, si se aplicara el artículo 920 a la sucesión testada, todos los bienes del difunto pertenecerían al cónyuge sobreviviente. Scaevola, en el tomo 16, pág. 450, de sus “Comentarios al Código Civil”, dice que “la herencia del cónyuge en propiedad es la señalada en el artículo 952 con referencia a la sucesión ah int&stato.” Este artículo 952 del Código Civil español equivale al artículo 920 de nuestro Código Civil, hoy 909 en la edición de 1930. Véase también Manresa, “Comentarios al Código. Civil Español”, tomo 7, pág. 156, quinta edición.

A nuestro juicio, la corte inferior aplicó correctamente la ley al concluir que el cónyuge viudo en este caso no tiene derecho alguno' a heredar de acuerdo con el artículo 920 del Código Civil.

En este caso se trata de una herencia testada, en la cual el testador dejó a salvo los derechos de su esposa, reserván-dole la cuota usufructuaria. No aparece que los derechos de la viuda en cuanto se refiere al usufructo hayan sido lesio-nados. Por el contrario, en la demanda se alega que Socorro Calvo Ríos estuvo representada por un defensor judicial en el ayalúo, liquidación, partición y adjudicación de los bienes relictos al fallecimiento de José G-arcía Acevedo.

La corte inferior dictó sentencia desestimando la demanda, basándose en que la misma ño era susceptible de enmiendas. Opinamos que con respecto a la tercera causa de acción debe concederse a la demandante la oportunidad de aclarar sus alegaciones. Se habla en esta parte de la demanda de un pagaré de $7,000 otorgado simuladamente por José G-arcía Acevedo pocos días antes de su fallecimiento y entregado a Bárbara Ramírez de Arellano con la intención de defraudar a su esposa Socorro Calvo Ríos, quien en dicha fecha se hallaba recluida en el Manicomio Insular. Se añade que esta operación limitaba los bienes de la sociedad de gananciales existentes en dicha fecha. Si en realidad se trata de decir que José G-arcía Acevedo y Bárbara Ramírez de Arellano se .pusieron de acuerdo para simular un pagaré y disponer de una cantidad perteneciente a la sociedad de gananciales, pri-vando a Socorro Calvo Ríos de una parte de sus bienes, la demandante debe tener oportunidad para aclarar su demanda introduciendo la enmienda correspondiente. Si en virtud de una transacción fraudulenta se privó a la viuda de sus bienes gananciales o una parte de los mismos, Felicita Calvo Ríos, en su carácter de heredera, tiene derecho a establecer la correspondiente reclamación.

Debe confirmarse la sentencia apelada en cucmto a las dos primeras caitsas de acción y revocarse en cuanto a la tercera, devolviéndose el caso a la corte inferior para pro-cedimientos ulteriores de acuerdo con los términos de esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Senos CÓRdova Davila,

license: Public Domain

text:
    Porto Rican American Sugar Refinery Inc., demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 6638.

    — Sometido: Abril 5, 1934.

      Resuelto: Abril 30, 1934.

      Hon. Procurador General Benjamin J. Horton y M. Rodríguez Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; F. Parra Capó, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Senos CÓRdova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, Porto Rican American Sugar Refinery Inc., dueña de una industria de refinar azúcar establecida en la ciudad de Ponce, solicita la devolución de $17,907.03 que satisfizo bajo protesta por concepto de contribuciones y que, según se alega, le fueron indebidamente cobrados. En 15 de febrero de 1925 la Sucesión de J. Serrallés, creadora de esta nueva industria, pidió que se le eximiera del pago de toda clase de contribuciones por un período de diez años. Esta solicitud, dirigida a la Comisión de Servicio Público, se presentó al amparo de la Ley No. 92 de 1917, promulgada en 1919. La exención solicitada fué concedida en 19 de enero de 1926. La Sucesión de J. Serrallés, con el objeto de se-parar los bienes exentos de otros que no gozaban de igual pri-vilegio, formó una corporación doméstica, subsidiaria, con el nombre de la demandante, a la cual bizo trasmisión formal de los bienes exentos de contribución y de la franquicia que la Comisión de Servicio Público concediera a dicha sucesión. La trasmisión de la franquicia quedó formalizada en marzo de 1927, y fué aprobada por dicha Comisión de Servicio Público.

La Ley No. 92, promulgada en 1919, fué enmendada por la Ley No. 16 de 20 de may o de 1925 (pág. 133). La exen-ción de contribuciones se concedió con posterioridad a la enmienda. Ambas leyes, la promulgada en 1919 y la de 1925, fueron enmendadas por la Ley No. 10, aprobada en mayo de 1927 (pág. 431).

Se alega en la demanda que de este modo quedó exenta del pago de contribuciones la industria de refinar azúcar y que no obstante el Tesorero de Puerto Eico, en 18 de mayo de 1929, requirió de pago a la demandante por la suma de $13,689.30 por concepto de contribuciones sobre ingresos co-rrespondientes al año 1928. Estas contribuciones más los recargos, ascendentes a $14,494.92, fueron pagadas bajo pro-testa en la Colecturía de Rentas Internas de Ponce en 13 de marzo de 1930.

En la segunda causa de acción se alega que en 25 de abril de 1930 la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley No. 40 (Leyes de ese año, pág. 315), sobre exención de con-tribuciones a industrias nuevas, derogando las anteriores, y que después de estar en vigor esta ley la demandante fue requerida por el Tesorero para el pago de $3,402.11, por con-tribuciones correspondientes al año de 1929, que fueron pagadas también bajo protesta en 3 de junio de 1930.

Celebrada la vista del caso con asistencia de ambas partes, la demandante ofreció su prueba que fué admitida. La demandada no presentó evidencia alguna. Su defensa se basa en que la demanda no aduce Lechos suficientes para deter-minar una causa de acción. La corte inferior resolvió el caso en definitiva declarando con lugar la demanda y conde-nando al demandado a devolver las cantidades reclamadas, más los intereses, sin especial condenación de costas.

Se atribuyen a la corte inferior seis errores. Todos ellos atacan la suficiencia de la causa de acción.

La Comisión de Servicio Público, en 19 de enero de 1926, dictó su resolución eximiendo a la Sucesión J. Serrallés, durante un período de diez años, del pago de contribuciones sobre su refinería de azúcar, incluyendo la planta, los solares ocupados por los edificios, la maquinaria, implementos, mobi-liario y equipo adicional de la propiedad de dicha sucesión utilizados en su planta o factoría para la manufactura de azúcar refinada que se proponía establecer.

En la fecha en que la exención fué concedida estaba en vigor la Ley No. 16 de la Asamblea Legislativa de Puerto Eico aprobada el 20 de mayo de 1925, por la cual se enmen-daba la sección 2a. de la Ley No. 92 promulgada en marzo 31, 1919, y expresamente se disponía que las exenciones de pago de contribuciones, de acuerdo con dichas leyes, no in-cluían las contribuciones de ingresos.

Como hemos visto, cuatro son las leyes aprobadas pol-la Legislatura de Puerto Eico sobre exención de contribu-ciones, a saber: No. 92 de 1917, promulgada en 1919; No. 16 de 1925; No. 10 de 1927; y No. 40 de 1930.

La Ley No. 92 de 1917, promulgada en 1919, en .su ar-tículo primero, determina cuáles son las industrias o facto-rías que se entienden por nuevas, y en su artículo segundo dispone que dichas industrias, fábricas o factorías estarán exentas de toda clase de contribuciones durante un período que no exceda de diez años, como se determine por la Comi-sión de Servicio Público, cuyo término se contará desde In-completa instalación de la fábrica o factoría. Estas son todas las disposiciones de la ley promulgada en 1919. Se alega que la misma era una ley inexistente en la fecha en que se concedió la exención de contribuciones a la Sucesión de J. Serrallés. Ésta es una de las leyes que han sido-con-sideradas nulas en virtud de una decisión de la Corte de Circuito de Boston. En 4 de mayo de 1931, la Legislatura aprobó una ley (No. 74, Leyes de 1931, pág. 463) declarando válidos todos los actos y actuaciones de los funcionarios, junta de gobierno y empleados del Pueblo de Puerto Eico llevados a cabo con ocasión a las leyes y resoluciones con-juntas que fueron promulgadas por el Secretario Ejecutivo de Puerto Eico en virtud de la sentencia dictada por esta Corte Suprema en 11 de marzo de 1919, y que en alguna forma no hayan sido impugnadas ante las cortes de justicia antes de ahora.

La Comisión de Servicio Público dictó su resolución de 15 de febrero de 1925 en virtud de la solicitud presentada por la Sucesión de J. Serrallés. Ésta es una actuación de un organismo del gobierno que a nuestro juicio ha quedado con-validada por la ley de 1931.

El artículo 2o. de la ley de 1917, promulgada en 1919, tal y como fue enmendado en 1925, dice así:

“Dichas industrias, fábricas o factorías estarán exentas de toda clase de contribuciones durante un período que no exceda de diez años, como se determine por la Comisión de Servicio Público, cuyo término se contará desde la completa instalación de la fábrica o fac-toría; Disponiéndose, que cuándo la nuev'a industria consistiere en someter a un nuevo proceso de purificación o refinación un producto elaborado en el país, la exención de contribución no comprenderá a dicho producto elaborado ni a los aparatos y establecimientos emplea-dos para obtenerlo y se extenderá únicamente al nuevo proceso de refinación y purificación y a sus aparatos, establecimientos y pro-ductos; Y disponiéndose, además, que tal exención no comprenderá las contribuciones sobre ingresos (meóme tax) que deban imponerse de acuerdo con la ley.”

Aquí tenemos a la Legislatura, seis años después de apro-bada la ley original sobre exención de contribuciones a ciertas industrias, enmendando su artículo segundo y declarando que la exención no comprenderá las contribuciones sobre ingresos.

En 1927 el Gobernador de Puerto Rico, en su mensaje dirigido a la Legislatura, hizo la siguiente recomendación:

“EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES.
“Sería bueno liberalizar la ley general eximiendo a las nuevas industrias del pago de contribuciones por determinado período de tiempo. . El inmenso beneficio derivado de las nuevas industrias esta-blecidas en la Isla, es tan grande que el Gobierno bien puede ofrecer las más liberales condiciones para que se establezcan aquí.
“Un caso especial merecedor de vuestra consideración es el de la planta de refinar azúcar de la Mercedita. Esta nueva industria, que representa una gran ■.'inversión de dinero, es de tal importancia y valor para la isla que el Gobierno debe estimularla basta el mayor grado posible. Debe concedérsele una exención completa del pago de toda contribución por un período de tiempo liberal.
“Otro ejemplo de gran importancia es el proyectado estableci-miento de una planta de Celotex en Puerto Rico. Esta representa la inversión de algunos millones de dólares y el empleo de centenares de obreros. Debe estimularse por todos conceptos y eximirla del pago de tocia contribución durante un buen período de tiempo.
“Estos casos y otros parecidos 'pueden resolverse mediante legis-lación especial; pero tal vez fuera mejor liberalizar y bacer exten-siva la ley general a ellos y a todas las demás industrias nuevas. Puede presumirse sin temor a equivocación que la pérdida de estas contribuciones quedará más que equilibrada por el mejoramiento general ele las condiciones industriales de la Isla. Nada- de lo que puede hacerse en este sentido sería de mayor beneficio que el establecimiento de nuev'as industrias.
“Al redactar la ley tal vez sería mejor no extender la exención a los productos de estas industrias vendidos en Puerto Rico.”

En 12 de mayo de 1927 la Legislatura enmendó nueva-mente el artículo 2o. de la ley de 1917, promulgada en 1919 que había sido enmendado en 1925, y que entonces quedó redactado así:

“Dichas industrias, fábricas o factorías estarán exentas ele toda clase de contribuciones que no sean las ele renta interna sobre ventas, uso o consumo y la cuota de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, durante un período que no exceda de diez años, como se determine por la Comisión de Servicio Público, cuyo término se contará desde la completa, instalación de la fábrica o factoría; Disponiéndose, que cuando la nueva industria consistiere en someter a un nuevo proceso de purificación o refinación un producto elaborado en el país, la exen-ción de contribución no comprenderá a dicho producto elaborado ni a los aparatos y establecimientos empleados para obtenerlo y se ex-tenderá únicamente al nuevo proceso de refinación o purificación y a sus aparatos, establecimientos y productos; Y disponiéndose, ade-más, que tal exención no comprenderá las contribuciones sobre ingre-sos (iiieome tax) que deban imponerse de acuerdo con la ley, excepto en aquellos casos en que la petición para ser declarada industria nuev'a, hubiere sido presentada a la Comisión de Servicio Público antes del 20 de mayo de 1925, fecha en que fué enmendada esta Ley.”

La enmienda qne antecede concede la exención de las con-tribuciones sobre ingresos a las industrias nuevas cuya solici-tud hubiere sido presentada antes del 20 de mayo de 1925, y esto se hace después de haber recomendado el Gobernador en su mensaje una exención completa a la refinería de azúcar del pago de ’toda contribución por un período liberal. En este caso la solicitud fue presentada antes de la fecha indicada. El demandado parece sostener que siendo nula la ley de 1917, promulgada en 1919, la solicitud referida no debió surtir efecto legal. Nada dice la parte apelada acerca del efecto que hayan podido producir las enmiendas de 1925 y 1927, reviviendo el artículo 2o de la ley en cuestión. En cuanto a la ley de 1931, el demandado arguye que ha debido alegarse la convalidación y la impugnación o no impugnación de los actos efectuados en virtud de la ley promulgada en 1919. A nuestro juicio, una vez alegado el acto, la convalidación del mismo es una cuestión de derecho que no necesita ser alegada.

La Ley No. 40, aprobada en 1930, es una ley nueva, completa, que prescinde de las anteriores y expresa con claridad el propósito de la Legislatura. El artículo 2o. de dicha ley dice así:

“Dichas industrias nuevas y sus edificios, maquinarias, materiales, franquicias, etc., y en general todos los bienes, derechos y privile-gios pertenecientes a dichas industrias que sean necesarios para su trabajo y funcionamiento, estarán exentos de toda clase de contribu-ciones por un período que no exceda de diez años, según se determine por la Comisión de Servicio Público, cuyo término se contará desde la completa instalación industrial; Disponiéndose, que la exención no comprenderá la cuota de.la Ley de Indemnizaciones a Obreros; Y disponiéndose, además, que los municipios quedan por la presente au-torizados para conceder igual exención de licencias, patentes y arbi-trios municipales a aquellas industrias que previamente fuesen decla-radas industrias nuevas por la Comisión de Servicio Público, por un término que no exceda del concedido por dicha Comisión; Disponién-dose, que todas aquellas industrias que han sido declaradas industrias nuev'as y cuya solicitud se hizo al amparo de la Ley número 92, pro-mulgada en 31 de marzo de 1919, estarán exentas de la contribución sobre ingresos (income tax) desde su declaración de industria nueva; pero no así aquéllas cuya solicitud y declaración de iádustrias nuevas fué hecba durante la vigencia de la Ley número 16, aprobada en 20 de mayo de 1925, y las que obtuvieren tal declaración en el futuro.”

En el artículo 3o. se dice que esta ley será aplicable a todas las industrias establecidas en Puerto Rico que ya ban obte-nido la exención de contribuciones.

El último disponiéndose del artículo 2o. es claro y no deja lugar a dudas. Arguye el demandado que la frase “estarán exentas de la contribución sobre ingresos” se refiere al porvenir y no al pasado. No concebimos cómo las palabras de la ley puedan ser susceptibles de esta interpretación, cuando expresamente se dice que estarán exentas de contri-bución desde su declaración de industria nueva. Entiende la parte apelante que la Legislatura no tiene facultades para modificar los términos de una concesión beeha por la Comi-sión de Servicio Público y que los términos de la resolución de 1926 no pueden ser alterados sin actuación ulterior de la referida Comisión, es decir, que la demandante no puede gozar de los beneficios de la ley sin acudir nuevamente a la susodicha Comisión pidiendo una ampliación de su exención de contribuciones para ajustarla a la nueva legislación.

La demandante no tiene necesidad de solicitar lo que la ley le concede. Si la exención de contribuciones sobre in-gresos se extiende a todas las industrias declaradas nuevas,, cuya declaración se hizo al amparo de la ley promulgada en 1919, y la demandante es dueña de una industria que obtuvo esta declaración al amparo de dicha ley, ¿para qué repetir nuevamente un acto que ha sido ya ejecutado y legalizado por leyes posteriores? La letra de la ley es tan clara que hiere la retina con la intensidad de su luz. La facultad de la Legislatura para decretar la exención es una cuestión que no admite dudas. La Comisión de Servicio Público ha sido creada por la Ley Orgánica; pero sus poderes en cuanto a las industrias que deben ser exentas de contribuciones emanan de la Legislatura de Puerto Rico. La exención y su alcance en cuanto a los bienes es función que corresponde al poder legislativo. En este caso la Comisión de Servicio Público dijo ya todo lo que tenía que decir e hizo todo lo que tenía que hacer, y no hay necesidad de que la demandante dé ningún otro paso para gozar de la exención decretada por la Asamblea Legislativa. La ley habla por sí misma y para interpretar sus disposiciones no es necesario hacer ningún esfuerzo mental.

Opinamos que la corte inferior no ha cometido los errores que se le atribuyen y que debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Vicente Zayas Pizarro, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, P. R., recurrido.
    No. 903.

    — Sometido: Noviembre 24, 1933.

      Resuelto: Abril 30, 1934.

      Vicente Zayas Pizarro, por su propio derecho. El registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente presentó al Registrador de la Propiedad de Utuado dos certificados de compraventa de bienes inmuebles que le habían sido expedidos por el Colector de Rentas In-ternas de Adjuntas, en la subasta celebrada el día 18 de abril de 1933, por falta de pago de contribuciones, contra la sucesión de Pedro A. Puig y Coll.

El Registrador de la Propiedad de TJtuado se negó a inscribir dichos certificados por el fundamento de que los bienes todavía aparecen inscritos a nombre del causante don Pedro Antonio Puig, y no a nombre de sus herederos, porque no existe presunción legal alguna al efecto de que una herencia esté yacente o no haya sido reclamada, y porque el importe de dichas contribuciones cubre deudas originales en los años 1930-31 y 1931-32, según se hace constar en el certificado de venta. El recurrente alega que el recurrido c'ometió error al aplicar literalmente a este caso las dispo-siciones del artículo 20 de la Ley Hipotecaria y al interpretar y atribuirle a dicho artículo un alcance que en realidad no tiene.

Arguye el recurrente que no hay necesidad de inscribir previamente a favor de dichos herederos, porque El Pueblo de Puerto Rico, al ejecutar dichas propiedades, no hizo otra cosa que ejecutar una hipoteca legal que de acuerdo con la ley tiene preferencia a cualquier otro gravamen y es de una categoría superior a las hipotecas voluntarias, debiendo aplicarse a este caso la misma jurisprudencia que hace innecesaria la previa inscripción a favor de los herederos en las ejecuciones de créditos hipotecarios de acuerdo con repetidas decisiones de éste tribunal. Passalacqua v. Registrador, 6 D.P.R. 42; Zayas v. Registrador, 14 D.P.R. 607; Orcasitas v. Registrador, 21 D.P.R. 553; Zagas v. Registrador, 28 D.P.R. 116; García v. Registrador, 41 D.P.R. 469.

La doctrina sentada por este tribunal se basa en la Real Orden de 22 de julio de 1.896, que copiada literalmente dice así:

“En vista de una instancia del Gobernador del Banco Hipotecario y atención a qne por lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Hipo-tecaria esa dirección lia considerado necesaria la previa inscripción a fav'or de los herederos del deudor para que pueda inscribirse a nombre del comprador la escritura de venta de dichos bienes otorgada en virtud del procediminto ejecutivo o el testimonio de la adjudica-ción a favor del acreedor hipotecario lo cual produce en muchos casos suspensiones en el procedimiento y dificultades . . . Vistos los 'arts. 105 y 133 de la Ley Hipotecaria . . . Considerando que la intención del legislador al redactar este artículo (el 20) no fué otra que la de impedir que se trasmitiese o gravase un inmueble por persona que no tuviese derecho para ello: — Considerando que esa intención no se contraría por inscribir la venta o adjudicación de inmuebles hipote-cados o fav'or del comprador o del acreedor adjudicatario sin hacer la previa inscripción a favor de los herederos del deudor, ya que dichos herederos o el juez en su representación, no obran como dueños del inmueble, que en realidad no han adquirido, sino como sucesores del deudor en sus obligaciones para que éstas queden cumplidas, y en tal concepto, aunque se omita la mera ritualidad de la previa ins-cripción, no puede decirse que haya verdadera transgresión del ar-tículo 20 de la ley, puesto que el dominio pasa directamente del deudor al comprador o adjudicatario; — Considerando que interpre-tando de esta suerte el repetido art. 20, desaparece la antinomia, ma-nifiesta que existe entre su .texto- literal y lo preceptuado en los arts. 105 y 133 de la misma ley, cuya capital importancia no puede des-conocerse, ni cuyos efectos pueden limitarse, porque son dichos ar-tículos los que determinan la naturaleza de la hipoteca y señalan las condiciones de efectividad de la acción hipotecaria y reflejan, en fin, el espíritu general que informa la totalidad de la ley; — S. M. la Reina Regente en nombre de su augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII (Q.D.G.) de conformidad con lo consultado con el Consejo de Estado en Pleno y lo propuesto por esa dirección General, ha- tenido a bien disponer que en los casos de venta o adjudicación de inmuebles hipotecados a virtud de procedimiento ejecutivo seguido a instancia del acreedor hipotecario contra los herederos del deudor, o del tercer poseedor, no precisa la previa inscripción ’a favor de los mismos para •que pueda inscribirse la escritura de venta o el testimonio de la adju ■ dieación. ’ ’

Basta leer esta Real Orden para comprender que la misma se refiere a ventas o adjudicaciones decretadas en ejecución de hipoteca, sobre obligaciones contraídas por el dueño del inmueble, y no sobre las que hubiesen surgido después de su muerte, ya que, según dicho decreto, los here-deros “no obran como dueños del inmueble, que en realidad no han adquirido, sino como sucesores del deudor en sus obligaciones para que éstas queden cumplidas.” La inten-ción del legislador no se contraría ni se infringe el artículo 20 de la Ley Hipotecaria por las razones expresadas, aunque se omita la mera ritualidad de la previa inscripción, “puesto que el dominio pasa directamente del deudor al comprador o adjudicatario.” La Real Orden no puede referirse a hipotecas constituidas por la voluntad de los herederos o por su omisión en pagar las contribuciones sobre el inmueble originadas después de la muerte del deudor o tercer poseedor como ocurre en casos de hipoteca legal.

Las contribuciones que sirvieron de base al procedimiento de apremio y que culminaron en la venta de las fincas al recurrente corresponden a los años 1930-31 y 1931-32. El dueño, Pedro A. Puig y Coll, falleció en primero de abril de 1930. De modo que la cantidad adeudada al Pueblo de Puerto Rico parte de una fecha posterior a su muerte, no pudiendo prescindirse en este caso de la inscripción previa a favor de los herederos, aun en la hipótesis de que fuese aplicable el Real Decreto de 1896, si se tratara de contribu-ciones devengadas durante la vida del Sr. Puig.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Torio,

text:
    Alfredo Rondón, demandante y apelante, v. The Aetna Casualty & Surety Company, demandada y apelada.
    No. 5818.

    — Sometido: Enero 12, 1934.

      Resuelto: Abril 30, 1934.

      Leopoldo Peliú y Miguel Olmedo, abogados del apelante; Hartzell, Kelley & Hartzell y B. O. Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Torio,

emitió la opinión "clel tribunal.

Este caso se originó en la Corte de Distrito de San Juan. Alfredo Rondón por conducto de su padre con patria potes-tad José María Rondón demandó a The Aetna Casualty and Surety Co., una corporación dedicada al neg’ocio de seguros organizada en el estado de Connecticut y autorizada para bacer neg’ocios en Puerto Rico, en reclamación de $3,602.75, importe de cierta sentencia dictada contra Juan Basabe.

Según se alega en la demanda, el 13 de febrero de 1926, en Santurce, el demandante fué gravemente lesionado por la guagua “Palmira” del porteador público Basabe a conse-cuencia de lo cual se inició un pleito que fué fallado conde-nando a Basabe a pagar al demandante $3,000 como indem-nización y las costas fijadas luego en $602.75. La sentencia quedó firme..

Basabe a la fecha del accidente estaba asegurado por la demandada a virtud de “póliza de responsabilidad” expedida en febrero 14, 1925, para tener efecto basta el medio día del 14 de febrero de 1926.

Esa “póliza de responsabilidad o fianza” para responder de los daños cansados por dicho porteador público a cual-quiera persona o propiedad ajenas, fué archivada en la Co-misión de Servicio Público de Puerto Rico como requisito previo para la obtención del certificado de necesidad y con-veniencia por el porteador, quedando la demandada obligada por ella a pagar no sólo los daños y perjuicios a que fuese condenado dicho porteador público asegurado, sino las cos-tas, gastos e intereses a que fuere condenado dicho porteador público por razón de litigio entablado contra el mismo por daños causados a la persona y a la propiedad, según se ex-presa en las siguientes cláusulas de dicha póliza y del pliego de estipulaciones que forma parte de la misma, a saber: Pó-liza JA-3512794, de la Aetna Casualty & Surety Co. A. (1) la responsabilidad de la compañía a virtud de esta póliza queda limitada según se expresa en el párrafo A. del pliego de estipulaciones, los cuales límites serán aplicables a cada automóvil cubierto por esta póliza. (2) En adición a los límites expresados en el párrafo A, del pliego de estipulacio-nes, la compañía pagará todos los gastos resultantes de re-clamaciones al asegurado por motivo de pérdida según queda expresado, y todas las costas impuestas al asegurado, junto con intereses, en cualquier procedimiento legal defendido por la compañía de acuerdo con los pactos y condiciones de esta póliza, y todos los intereses que se devenguen después de ano-tada la sentencia hasta la fecha del pago sobre la parte de dicha sentencia que no exceda de los límites de la responsa-bilidad de la compañía según se expresa en el párrafo A de las estipulaciones; pero el asegurado no asumirá voluntaria-mente responsabilidad alguna; ni dicho asegurado, sin el consentimiento por escrito de la compañía, incurrirá en gasto alguno o transigirá reclamación alguna, a no ser a expensas propias; siempre que la compañía lo solicitare, el asegurado ayudará a obtener informes y prueba y la comparecencia de testigos. — Pliego de estipulaciones.- — -Cláusula I. — Responsa-bilidad. — Pérdida o gastos, o ambas cosas, resultantes de reclamaciones al asegurado debido a lesiones corporales o muerte, o ambas cosas, accidentalmente causadas, o que se alegue baber sido causadas, a cualquier persona (excepto em-pleados del asegurado) por razón de la posesión o uso del automóvil descrito; disponiéndose, que la responsabilidad de la compañía por pérdida en un accidente que resulte en lesio-nes corporales o muerte, o ambas cosas, a una persona, queda limitada a la cantidad expresada en el pacto II, párrafo A, y, con sujeción al mismo límite para cada persona, la respon-sabilidad total por pérdida motivada por un accidente cual-quiera está limitada a la cantidad expresada en Pactos I-II, párrafo A. — Pacto I (A)- — La responsabilidad de la compa-ñía a virtud de los siguientes riesgos, según antes se definen y con sujeción a todas las condiciones contenidas o endosadas en esta póliza, está limitada a las cantidades que no excedan las de los seguros aquí especificados y al período o término de la póliza expresado como sigue: — II.—Responsabilidad y consideración. — Responsabilidad por daño personal: Límite por cada persona, $5,000; por daño a la propiedad ajena, $3,000; Total por accidente: $13,000. Y esta póliza es expe-dida por la compañía mediante el pago hecho a ella por el asegurado de la suma de $300.

Esta póliza fue expedida por la compañía aseguradora demandada, The Aetna Casualty & Surety Co., originalmente a Agustín Aponte, siendo posteriormente, en 29 de junio, 1925, endosada por dicha compañía al porteador piíblico Juan Ba-sabe.

El demandante Alfredo Rondón no era empleado del por-teador público Juan Basabe en la fecha del accidente arriba indicado. Los abogados de la compañía aseguradora deman-dada defendieron al asegurado Juan Basabe en todos los pro-cedimientos en corte hasta el momento del juicio, siendo aqué-llos los Sres. Hartzell, Kelley & Hartzell.

La póliza estaba en vigor en la fecha del accidente que dió origen a la sentencia de la corte antes aludida, había sido aprobada por la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, previo dictamen del Attorney General, de febrero 24, 1925, y se hallaba archivada en la secretaría de dicha comisión, con arreglo al reglamento de la misma de junio 30, 1925, como documento indispensable para la obtención del certificado de necesidad y conveniencia por todo porteador público.

La cantidad que se reclama a virtud del fallo de la corte de distrito de San Juan de fecha 9 de diciembre, 1926, contra el porteador público Juan Basabe, no ha sido satisfecha ni en todo ni en parte, ni por el porteador público Juan Basabe, ni por ninguna otra persona o entidad a su nombre.

El contrato de seguro se hizo en consideración al pago de la prima de $300 verificado por el asegurado a la compañía aseguradora.

Emplazada la demandada, compareció alegando las si-guientes excepciones previas:

“1. — Que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.
“2. — Que la demanda es ambigua y también dudosa (uncertain) en las alegaciones de sus párrafos cuarto y quinto, porque impropia-mente se hacen en ellos alegaciones alternativas sobre la naturaleza de cierto contrato de seguro, calificándolo primero como una póliza de seguridad y luego como una fianza, debiendo el demandante, que alega conocer el contenido de dicho contrato, alegar su naturaleza en forma más precisa y específica.”

Oyó la corte a ambas partes y declaró finalmente con lu-gar las excepciones concediendo al demandante diez días para enmendar.

Presentó el demandante su demanda enmendada alegando los mismos hechos ya alegados y además que en el pleito que siguiera contra Basabe se expidió mandamiento de ejecución de sentencia el 24 de noviembre de 1930 y fué devuelto con la manifestación del marshal de que Basabe carecía de bienes, y que la póliza contenía la siguiente

"Cláusula de insolvencia. — (2) Se entiende y se acuerda que la insolvencia o bancarrota del asegurado u otras personas con derecho al beneficio nacido de esta póliza no relevará a la compañía del pago de daños por lesiones o pérdida ocasionados durante la vigencia de este seguro. En caso que una orden de ejecución de sentencia contra el asegurado u otro demandado se devuelva sin haber sido satisfecha en una acción entablada por el lesionado (o si la muerte resultare a causa del accidente, por la parte a quien corresponda el derecho' de acción) con motivo de tal insolvencia o bancarrota, podrá mantenerse una acción por el lesionado, e sus sucesores, contra la compañía por el importe de la sentencia en dicha acción, siempre que no exceda el límite de la póliza.”

También se alegó que el dictamen del Attorney General sobre la póliza fue así:

"He examinado las fianzas No. 6770, — 3512551,—3512477, y 3512794, expedidas por la Porto Rican American Ins. Co. y la Aetna Casualty & Surety Co., para garantizar a los señores Andrés Medina, Bou, Rivera & Co., y Agustín Aponte en el cumplimiento de la responsabilidad que como porteadores públicos les cobija por los preceptos de la regla III del Reglamento para vehículos de motor, aprobado por la Comisión de Servicio Público en 3 de junio, 1924, y encuentro que dichas fianzas se ajustan a la ley en cuanto a su forma y ejecución.”

T se acompañó a la demanda copia certificada de la pó-liza en cuestión.

Volvió la demandada a excepcional- la demanda y la corte a declarar con lugar sus excepciones con permiso para en-mendar. De la resolución de la corte se transcriben los si-guientes párrafos:

"La demandada excepcionó la demanda, alegando no aducir hechos suficientes para constituir una causa de acción. Funda esta insuficiencia en el hecho de no establecerse nexo jurídico entre de-mandante y demandada el libramiento de la póliza y pronunciamiento de la sentencia, y que la falta de pago de la sentencia por insol-vencia del asegurado, es hecho ocurrido después de iniciado este pleito, y su alegación varía la causa de acción.
“Bn realidad, se alega un hecho ocurrido después de iniciado el litigio pero antes de enmendarse la demanda, y no varía la causa de acción.
“Pero ¿puede ejercitarse esa acción sin el cumplimiento de las condiciones precedentes? Indudablemente no. La aseguradora tenía interés real en intervenir y estaba asistida del derecho de intervenir en la acción en la cual se estableció la responsabilidad de su asegu-rado y se tasó el importe de los daños. La defensa del asegurado por la compañía es uno de los pactos y condiciones de la póliza. Ño se alega que se le notificara el litigio, ni se le hizo parte del mismo. El becbo de que los abogados de la compañía aseguradora fueran los que defendieran al asegurado nada significa, si la comparecencia y asistencia de ellos no fué autorizada por la aseguradora. La inob-servancia de esa condición a lo menos que puede obligar al deman-dante es a repetir la evidencia, ya que la demandada tenía derecho al defender al asegurado, a tener su día en corte.
“El demandante estima que el contrato es uno de fianza, mientras que la demandada sostiene que es uno de seguro. El documento forma parte de la demanda. No importa cómo se le llame, sino lo que del mismo resulta.
“La corte entiende que dados los términos del contrato es uno de seguro: una póliza.
“En las condiciones generales de la póliza, a que se refiere la demanda, bajo' el epígrafe ‘limitación de responsabilidad,’ Cláusula ‘A’, se provee que la compañía-pagará las reclamaciones procedentes de cualquier procedimiento legal defendido por la compañía, y además se provee que ‘siempre que la compañía lo solicitare el asegurado ayudará a obtener informes y pruebas y la compare-cencia de testigos’, así como a practicar transacciones y a la trami-tación de apelaciones; y bajo el epígrafe ‘Reclamaciones y Pleitos contra el asegurado’, Cláusula ‘C’, se provee que el asegurado cooperará con la compañía en todo tiempo para facilitar la resolu-ción de reclamaciones y pleitos. En ninguna parte se alega que el asegurado cumpliera con las condiciones de la póliza.
“Por otra parte, ya se considere que el Reglamento de la Comisión de Servicio Público aplicable es el de 3 de junio 1924, y no el de 30 de junio 1925, que se dice por el demandante fué el que consideró el Tribunal Supremo en Aetna Casualty & Surety Co. v. Rondón, 41 D.P.R. 101, como lo que se prestó fué una póliza de seguro, según se desprende incuestionablemente del documento en sí, aunque el Procurador General le llamara ‘fianza’ en su dictamen, el deman-dante está sujeto a las cláusulas y condiciones estipuladas al deman-dar basado en la misma.”

Una segunda demanda enmendada fné archivada. Con-tiene los hechos alegados anteriormente y se consigna expre-samente en ella que al comenzar Basabe su negocio estaba en vigor la regia tercera del reglamento de la Comisión de Ser-vicio Público de junio 3, 1924, y que en cumplimiento de esa regla y sujeto-a la misma fué que Basabe radicó en la Co-misión su fianza o póliza que la comisión aceptó previo dic-tamen favorable del Attorney G-eneral.

La demandada pidió a la corte que eliminara la última demanda enmendada por no serlo en verdad y que sóbrese yera en el pleito.

La corte resolvió la cuestión planteada así:

“En el caso de Sucesión Vélez et al. vs. Vélez, et al., 23 D.P.R, 617, se resolvió que una moción para que se elimine una demanda enmendada y para que se dicte sentencia decretando el sobreseimiento del pleito, fundada en que es una reproducción exacta de la original desestimada y que no corrige los errores o equivocaciones existentes, equivale a una excepción; y que cuando una corte concede permiso a una parte para presentar una alegación enmendada, la nueva no puede ser una reproducción exacta de la anterior o con ligeros cambios que en verdad no corrijan los errores o equivocaciones señalados.
“En efecto, en la segunda demanda enmendada de este caso, que consideramos, si bien se omiten algunas palabras y se agregan otras, en nada alteran el alcance de la primera demanda enmendada.. Es prácticamente una reproducción de la anterior, sin cambio sustancial alguno, que constituya un cumplimiento de la resolución de marzo 21, 1931.
“La moción del demandado equivale a una excepción a la segunda demanda enmendada y no aduciendo ésta, como tampoco la anterior, hechos suficientes para determinar una causa de acción, debe soste-nerse dicha mocjión.
“El demandante manifiesta en su alegato que ‘es cierto que en el litigio de este demandante contra el asegurado Juan Basabe, el Tribunal Supremo resolvió un incidente en el que declaró doctrina aparentemente adversa a nuestra contención, pero en aquel incidente no se resolvió nada relacionado con la cuestión que debatimos ahora.’ La teoría del demandante ahora es que por las cláusulas o condiciones de la póliza, respecto a la cláusula de insolvencia y la Regla de la fin-misión de Servicio Público, de 3 de junio 1924, está autorizado para dirigirse directamente contra la compañía, con la sola base de la sentencia dictada contra el asegurado. Pero es que de la póliza aparece que la compañía convino ‘en asegurar al asegurado (Basabe) y sus representantes legales, con sujeción a los términos y condiciones de la presente y de los endosos a ella adheridos,’ contra los riesgos expresados en el pliego de estipulaciones anexos a la póliza, prove-yéndose en el pliego de las estipulaciones que la responsabilidad de la compañía será por ‘pérdida o gastos, o ambas cosas, resultantes de reclamaciones al asegurado.’ La compañía no se obligó a pagar por el asegurado, sino a pagar al asegurado la pérdida o gastos que éste tuviese por reclamaciones entabladas contra él, y, desde luego, sujeto ello al cumplimiento por el asegurado de las condiciones de la póliza.
“El demandante, en cumplimiento de la resolución de la corte, no alegó en la demanda enmendada que el asegurado hubiera cumplido con todas las cláusulas y condiciones de la póliza, para tener derecho a reclamar basado en la misma y por tanto no establece hechos sufi-cientes para constituir una causa de acción. Es regla que cuando el asegurado deja de cumplir con las condiciones de la póliza, cesa la responsabilidad de la compañía aseguradora, y no subsiste derecho alguno de acción por parto de la tercera persona perjudicada. Schoenfeld v. New Jersey Fidelity & Plate Glass Ins. Co., 203 App. Div. 796, 192 N. Y. Supp. 606; Roth vs. National Automobile Mut. Casualty Co., 202 App. Div. 667, 195 N. Y. Supp. 865, Schroeder v. Columbia Casualty Co., 126 Misc. 205, 213 N. Y. Supp. 649.”

Dictada sentencia de conformidad con las anteriores con-clusiones y consideraciones, apeló de ella el demandante ha-biéndose presentado por ambas partes alegatos reveladores de un amplio estudio de todas las cuestiones envueltas en el litigio.

La primera cuestión que debe considerarse y resolverse en este caso es la de si ha sido ya prejuzgado por el de Aetna Casualty & Surety Co. v. Rondón, 41 D.P.R. 101, en el que esta corte dijo:

“Parece que el demandante descansó en el Reglamento de la Comisión de Servicio Público de junio 30, 1925, que impone a los dueños de automóviles de servicio público como lo era el del deman-dado que le causó el daño, la prestación de una póliza de responsabili-dad ‘que responderá de la indemnización que se adjudique por el tribunal correspondiente a cualquier persona que sufra lesión, daño o perjuicio en su persona o intereses, o a sus herederos en caso de muerte, por virtud de cualquier accidente ocurrido y debido al uso descuidado, negligente o defectuoso del vehículo de motor utilizado como porteador público, ya sea éste operado directamente por el con-cesionario o por cualquiera de sus agentes, empleados o subalternos,"' pero esa regla no es aplicable a este caso por haber comenzado a regir, según sus propios términos, después de ocurrido el accidente. Y aunque lo fuera no sería suficiente para sostener por sí sola la orden de embargo sin haberse demostrado que la.póliza en efecto se prestó por la Aetna, que por sus cláusulas el demandado estaba autorizado para dirigirse directamente contra ella con la sola base de la sentencia dictada contra su asegurado y que se había dado su día en corte a la aseguradora citándosele en forma, circunstancias que no sólo no se probaron sino que no se alegaron debidamente.”

Ambos casos guardan la más estrecha relación, pero como aquí se ha establecido un pleito independiente en el que se está dando a la demandada su día en corte, en el que cono-cemos la póliza y en el que se invoca un Reglamento distinto de la Comisión de Servicio Público, debemos considerarlo y resolverlo por sus propios méritos.

Sostiene el apelante que cuando se otorgó la póliza y cuando ocurrió el accidente estaba en todo su vigor' el regla-mento de la Comisión de Servicio Público aprobado en junio 3, 1924, cuya regla tercera es como sigue:

“Regla III. — Fianza para casos de accidentes y cancelación del certificado. — La Comisión antes de autorizar la expedición del certi-ficado de necesidad y conveniencia exigirá del peticionario la pres-tación de una fianza hipotecaria o por una compañía de seguros legal-mente autorizada para hacer esta clase de negocios en Puerto Rico, por una cantidad que fijará la Comisión y que en ningún caso será menor de tres mil (3,000) dólares por cada vehículo y que respon-derá de la indemnización que se adjudique por el tribunal correspon-diente a cualquier persona que sufra lesión, daño o perjuicio en su persona o intereses, o a sus herederos en caso de muerte, por virtud de cualquier accidente ocurrido y debido al uso descuidado, negligente o defectuoso del vehículo de motor utilizado como porteador público, ya sea éste operado directamente por el peticionario o por cualquiera de sus agentes, empleados o subalternos. Tal fianza será aprobada por la Comisión de Servicio Público, después de examinada en cuanto a su forma y ejecución por el Attorney General de Puerto Eico, y archivada en la oficina del Secretario de la Comisión, antes de que el vehículo a que se contraiga dicha fianza se ponga en el servicio.
“(a) Al ocurrir cualquier accidente la Comisión podrá, previa investigación, revocar el certificado de necesidad y conveniencia ex-pedido sin que dicha revocación afecte la fianza prestada, la que continuará en toda su fuerza y vigor hasta que las cortes resuelvan respecto al accidente.”

Y que conteniendo como contiene la póliza una cláusula que dispone que: “Si cualquiera de los términos o condicio-nes de esta póliza estuviere en conflicto con la ley de Puerto Rico tales términos y condiciones no tendrán efecto en cuanto no concuerden con dicha ley. Cualquiera disposición especí-fica del estatuto vigente en Puerto Rico reemplazará a cual-quier condición de esta póliza que fuere incongruente con tal estatuto, ’ ’ la regla tercera de la comisión forma no sólo parte f de la póliza si que predomina en caso de conflicto y convierte ) la póliza en una de responsabilidad equivalente a una fianza.'

La parte apelada por el contrario sostiene que la póliza por ella expedida no se convirtió jamás en fianza, 1, porque la Comisión de Servicio Público no tenía facultad para dic-tar una regla como la que se invoca; 2, porque dicha regla fué derogada por la de junio 30, 1925, de la misma comisión; 3, porque dejando la referida regla la forma y otorgamiento del contrato al juicio del Procurador General, la póliza quedó aprobada en la forma en que fué expedida por la demandada, y 4, porque la repetida regla no da a los lesionados el derecho a reclamar directamente a la compañía aseguradora.

La primera cuestión que suscita la apelada quedó resuelta en su contra en el caso de Santiago v. Comisión de Servicio Público, 37 D.P.R. 500, como ella misma reconoce en su alegato. Los argumentos que expone para sostener que esta corte fué demasiado lejos, no nos convencen, quedando en su consecuencia en pie la jurisprudencia establecida, a saber:

“Dos proposiciones abarca el problema. Se alega por el deman-dante que la Comisión, de acuerdo con los propios términos del ar-tículo 38 del Acta Orgánica de 1917 tal como estaba redactada antes de la enmienda, sólo tenía facultades para regular el servicio de porteadores públicos por ferrocarril, y se sostiene además que aunque las tuviera para regular toda clase de porteadores, jamás esas facul-tades alcanzarían a conceder un monopolio como lo ha concedido por la franquicia.
“Examinemos la proposición primera. Es cierto que por el ar-tículo 38 del Acta Orgánica se confiere expresamente a la Asamblea Legislativa poder para decretar leyes relativas a la reglamentación de los precios, tarifas y servicio de los porteadores públicos por ferro-carril en Puerto Rico, y a la Comisión para poner en ejecución leyes de ese carácter mediante reglamentación adecuada, pero a nuestro juicio tal disposición que aparece en el último párrafo del artículo, se adoptó como una consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior en relación con la no aplicabilidad en Puerto Rico de la Ley sobre comercio entre estados y sus enmiendas y las leyes sobre aparatos de seguridad a que se refiere el párrafo inmediatamente anterior.
“Si se examina el comienzo del artículo 38 se verá cuán amplio es. Prescribe que ‘Toda concesión de franquicias, derechos y privi-legios de carácter público o cuasi público, será otorgada por una Comisión de Servicio Público . . .’ Y la Legislatura de Puerto Rico, que en este respecto tiene facultades similares a las de cual-quier estado de la Unión con la única limitación de que sus leyes pueden ser anuladas por el Congreso, desde el propio año de 1917 aprobó la Ley No. 70 de que antes hemos hecho mención y por ella todas las compañías que actuaran como . porteadores públicos en general fueron sometidas a la jurisdicción de la Comisión. Quizás sea conveniente citar el artículo 52 de la dicha Ley No. 70 que comienza así: ‘La Comisión tendrá poder para otorgar franquicias, derechos, privilegios o concesiones para fines ptiblieos o cuasi públi-cos incluyendo el derecho de usar o cruzar carreteras, caminos o cau-ces de agua públicos ...
“En el caso de Kane vs. State of New Jersey, 242 U. S. 160, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo:
“ ‘En ausencia de legislación nacional sobre la materia, la auto-ridad del estado para reglamentar el uso de sus carreteras por vehículos de motor que trafican en el comercio interestadual es apli-cable tanto a los que pasan a través del estado como a aquéllos que trafican solamente dentro del mismo.’
“No era necesaria, pues, la autorización especial del Congreso. La facultad residía en la Legislatura a la cual el Congreso, artículo 25 de la Ley Orgánica, le concedió todos los poderes legislativos locales en Puerto Rico, y 1a. Legislatura pudo delegar sus poderes en la Comisión.
“ ‘El poder para hacer leyes está investido en la legislatura, según las constituciones de todos los estados, y se ha creído que es muy dudoso que el departamento legislativo pueda delegar en cualquier otro cuerpo o autoridad el poder para conceder franquicias, en vista de que el ejercicio de tal autoridad envuelve una alta confianza creada y conferida para beneficio de aquellos que la han concedido', y tal confianza se le confiere a la legislatura. Sin embargo, parece estar ya resuelto que las legislaturas de los estados no solamente pueden ejercer su soberanía directamente, sino que pueden delegar cualquier parte de ella a cuerpos legislativos inferiores que a su juicio sea prudente para fines locales.’ 12 R.C.L. 187.
“La circunstancia de que al enmendarse el artículo 38 por la Ley Butler las palabras ‘porteadores públicos por ferrocarril’ se sustituyeran por ‘todos los porteadores públicos, ’ no puede tener más alcance que el de desvanecer cualquier duda que pudiera suscitarse. No creemos que tenga aplicación a este caso la máxima ‘Expressio unius est exclusio alterius,’ pues ya dijimos que el párrafo de que se trata tiene su explicación lógica como complemento del anterior. De todos modos, bien puede sostenerse que regía ya la enmienda cuando actuó la Comisión, aunque estuviera constituida en la forma en que lo estaba.
“La segunda proposición es la que abarca el campo de investiga-ción más amplio.”

La segunda cuestión levantada fue objeto de amplia discusión en alegatos adicionales presentados por los abogados de ambas partes en noviembre 28, 1933, y enero 10, 1934. No es fácil de resolver. Trataremos de desentrañar la verdad tal como podamos entenderla.

En junio 3, 1924, la Comisión de Servicio Público aprobó el Reglamento para la explotación Úe vehículos de motor de servicio público qii& funcionen como porteadores públicos en-tre puntos fijos y rutas determinadas.

No Lay cuestión con respecto a la vigencia de ese regla-mento cuando la póliza de que se trata en este caso fue ex-pedida, informada por el Procurador General y archivada con la Comisión. Tampoco la hay sobre el hecho de que esa póliza era la que estaba vigíente cuando ocurrió el accidente origen de esta reclamación. Pero se sostiene por la parte apelada que cuando el accidente ocurrió — febrero 13, 1926— el reglamento de 1924 había sido derogado por el de 30 de junio de 1925 de la misma comisión titulado reglamento para la explotación de vehículos de motor de servicio público que funcionen como porteadores públicos.

Comparando ambos reglamentos se observa que el pri-mero, o sea el de 1924, se refiere exclusivamente a vehículos de motor usados como porteadores públicos entre puntos fijos y rutas determinadas, esto es, a los llamados “guaguas,” y que el segundo, o sea el de 1925, comprende todos los ve-hículos de motor de servicio público que funcionen como por-teadores públicos, esto es, tanto los llamados guaguas como cualquiera otra clase de vehículos siempre que sean de motor.

La regla tercera del reglamento de 1924 tuvo el claro pro-pósito de garantizar al público en general exigiendo al por-teador como requisito previo la prestación de una fianza hi-potecaria o por una compañía de seguros para responder de la indemnización que pudiera adjudicarse por un tribunal a cualquier persona que sufriera .a virtud del uso descuidado, negligente o defectuoso del vehículo.

La regla tercera del reglamento de 1925 es similar a la del 1924, pero contiene un disponiéndose que dice:

“. . . la prestación de fianza o póliza de responsabilidad por parte de los automóviles de servicio público a que antes sé hace referencia en este reglamento no se exigirá basta julio 1, 1926.”

Y es en ese disponiéndose y en la cláusula derogatoria con-tenida en el reglamento de 1925, en que se basa la parte ape-lada para sostener que la regla tercera del reglamento no estaba en vigor a la fecha del accidente y por tanto que en esa fecha no existía regla alguna que exigiera la prestación de fianza por parte del porteador para garantizar las perso-nas que tuvo en mente la comisión en 1924.

Examinemos los términos de la cláusula derogatoria. Es-tán contenidos en la regla diez y siete del Reglamento de 1925 y son así (itálicas nuestras):

"El presente reglamento deroga cualquier otro anterior en aquellas partes que estv/uieren en conflicto, así como cualquiera .otra regla o reglamentación dictada con prioridad a la aprobación del mismo, y deberá publicarse en dos periódicos de circulación general en Puerto Rico; Disponiéndose, que la derogación por cualquier tribunal de cualesquiera de las reglas de este Reglamento no afectará la vigencia de las demás reglas.”

¿Está en conflicto la exigencia de la regla tercera del re-glamento de 1924 en cuanto a la prestación de fianzas por parte de los porteadores públicos entre puntos fijos y rutas determinadas como lo era Basabe, con el disponiéndose de la regla tercera del Reglamento de 1925?

A nuestro juicio, habidas en consideración todas las cir-cunstancias concurrentes, la pregunta debe responderse en la negativa.

En el cumplimiento de sus deberes y siguiendo la línea de conducta seguida en los estados del continente, la comisión comenzó por dictar reglas tendentes a'garantizar al público aplicándolas a aquellos porteadores que consideró de mayor riesgo. Convencida luego de que el riesgo se extendía a to-dos, a todos exigió la garantía. La regia tercera del Regla-mento de 1925 obedece al mismo propósito que la regla ter-cera del reglamento de 1924, sólo que abarca un campo mayor. Se concibe perfectamente que a la nueva clase de vehículos de motor que se incluía se le diera un plazo para cumplir con la exigencia, pero no se concibe que la comisión fuera a dejar sin protección al público en relación con aquella otra clase de vehículos- — -las guaguas — que ya había sido reglamentada y había cumplido con los requisitos exigidos por la regla-mentación, que es el caso de autos.

La tercera y cuarta cuestiones se estudiarán y resolverán conjuntamente.

Conocemos el dictamen del Procurador General emitido en cumplimiento de la regla. Dicho funcionario tuvo la opor-tunidad de hacer que todo quedara esclarecido a fin de que se diera cumplimiento al verdadero propósito de la comisión. No lo hizo así. O no se penetró bien de dicho propósito o examinó de modo muy superficial el documento. Y así pasó éste en la forma en que fue redactado, de la cual no puede prescindirse a los efectos de. fijar las obligaciones contraídas por las partes en el mismo.

Creemos sí que debe interpretarse partiendo de la base de la vigencia de la regla y por tanto que debe resolverse que la compañía contrajo la directa obligación de pagar, hasta el límite fijado en la póliza, la indemnización que se pudiera adjudicar a cualquier persona que sufriera lesión por el tribunal correspondiente, pero creemos también que esa obliga-ción está condicionada a las estipulaciones contenidas en la póliza. La compañía quedó obligada para con el público pero en la forma que aparece de la póliza, visada por el Procura-dor General y aceptada por la comisión. Existe nexo jurí-dico entre el demandante y la demandada, pero ese nexo está regulado por los términos de la póliza.

Hemos estudiado la- jurisprudencia que ambas partes ci-tan, no sólo citan si que estudian en relación con los hechos de los casos en que fue establecida, y a nuestro juicio tra-tando de armonizarla en lo posible para aplicarla a los he-chos de este caso, sostiene la conclusión a que hemos llegado, que dispone de la cuarta cuestión levantada por la parte ape-lada en la negativa y en la afirmativa de la tercera.

La conclusión a que hemos llegado acerca de que existe un nexo jurídico entre las partes en este caso, está sostenida además por la propia cláusula de insolvencia de la póliza por virtud de la cual se autoriza el mantenimiento de una acción por el lesionado contra la compañía después de haber obte-nido sentencia contra el asegurado y de haberse devuelto sin satisfacerse la orden de ejecución de dicha sentencia a causa de la insolvencia del asegurado. Pero también en tal caso el mantenimiento de dicha acción está predicado a las estipu-laciones del contrato.

La jurisprudencia sobre la materia es amplísima. De todos los casos que hemos considerado nos limitaremos a ci-tar uno que en forma clara y vigorosa y tomando en consi-deración todos los intereses envueltos, fija la norma a que debe ajustarse la resolución de cuestiones como la aquí sus-citada. Nos referimos al de Coleman v. New Amsterdam Casualty Co., 247 N. Y. 271, en el que hablando por la Corte el Juez Sr. Cardozo se expresó así:

“Se arguye que el efecto de la sección 109 de la Ley de Seguros es crear una obligación original en favor del perjudicado por el importe de cualquier sentencia que se dicte contra el tenedor de la póliza independientemente del incumplimiento de cualquier condición entre asegurador y asegurado. No vemos -que exista base para tal resolución. (Véase Scboenfeld v. N. J. Fid. & Plate Glass Ins. Co., 203 App. Div. 796, 800; Roth v. Nat. Auto Mut. Cas. Co., 202 App. Div. 667, 669; Lorando v. Gethro, 228 Mass. 181, 185, 186). De conformidad con los términos expresos del estatuto, la acción debe ser ‘entablada por la persona lesionada . . . contra tal corporación bajo los términos de la póliza..’ Si pudiera hacerse caso omiso de los términos de una póliza, los aseguradores estarían impotentes para defenderse de cualquier picardía o embrollo. Entonces se les haría responsables aunque no se les hubiese notificado la reclamación ni se les hubiese dado oportunidad con razonable prontitud para inves-tigar los méritos de la misma. (Véase Lorando v. Gethro, 228 Mass. 181, 185). El demandante sostiene que un tenedor de una póliza en estado de quiebra que se confabule con un asegurador podría negarse a cooperar, permitiendo así al asegurador burlarse del remedio estatutario. De igual modo la demandada puede argüir que un asegurado en estado de quiebra podría confabularse con el recla-mante a fin de presentar al asegurador una responsabilidad ficticia. El estatuto surgió a consecuencia de un daño claro. (Véase Lunt v. Aetna Ins. Co., 253 Mass. 610; Roth v. Nat. Auto Mut. Cas. Co., supra). Antes de su aprobación la insolvencia del asegurado tenía el efecto de exonerar al fiador. La póliza era una de indemnización contra cualquier pérdida sufrida por el principal, y éste no podía sufrir pérdida alguna si no estaba en condiciones de pagarla. El efecto del estatuto es conceder al perjudicado una causa de acción contra el asegurador por el mismo remedio que tendría un principal solvente que trata de obtener indemnización y reembolso después que la sentencia ha sido pagada. La causa de acción ho es menor, pero tampoco es mayor. El asegurado y el reclamante tienen que acogerse a las condiciones del contrato.”

La situación no es enteramente igual en este caso a la del caso de Nueva York porque aquí no existe el estatuto que fue interpretado allí, pero ya dijimos que atendidas todas las circunstancias concurrentes a lo más que podía llegarse era a autorizar la acción directa del lesionado contra la compa-ñía sobre la base de la sentencia obtenida por aquél contra el asegurado pero tomando en consideración las estipulacio-nes hechas constar en el propio documento que estimó sufi-ciente el Procurador General y aceptó la comisión.

Se trataba entonces de algo nuevo que ha ido después per-feccionándose a virtud de leyes y reglas que no dejan lugar a dudas.

De acuerdo con la recomendación del Procurador General de junio 24, 1927, las pólizas que la comisión aprueba deben contener una cláusula que dice:

‘ ‘ Es convenido y entendido que bajo esta póliza cualquier persona (excepto el chauffeur y cobrador del vehículo) quien con motivo o a causa del funcionamiento o manejo del vehículo o vehículos que en esta póliza se especifican, sufra lesiones, daños y perjuicios en su persona o propiedad, puede, a su elección, establecer acción en la Corte correspondiente contra el dueño del vehículo o contra la com-pañía aseguradora o contra ambos conjuntamente, a fin de obtener indemnización por las lesiones, daños o perjuicios sufridos; enten-diéndose que en caso de muerte de la persona lesionada o perjudicada, sus herederos podrán establecer dicha acción.
“Se conviene y entiende además, que ninguna falta, culpa o negli-gencia por parte de/o imputable al dueño, chauffeur o cobrador del vehículo o vehículos comprendidos en esta póliza, por no haber cum-plido con algún requisito de esta póliza o de algún otro modo, será motivo para discutir esta póliza en lo que respecta o concierne a la persona lesionada o perjudicada.”

Y la sección 175 de la Ley No. 66 de 1921 (pág. 649) cono-cida por Ley de Seguro de Puerto Pico quedó enmendada por la Legislatura en 1929, de modo que lea como sigue:

“Sección 175. — Será ilegal toda cláusula en un contrato de se-guro que impida al asegurado el derecho de reclamar en los tribu-nales de justicia, en cualquier momento después de ocurrido el acci-dente, contra el cual se hizo el seguro, el importe de cualquier pérdida sufrida y que hubiere sido objeto de dicho seguro. Cuando el causante de los daños estuviere asegurado contra el accidente que produjo la pérdida o los daños y en el caso en que una póliza de seguro se hubiere expedido para beneficiar a un tercero, la acción para reclamar la indemnización que proceda, podrá presentarse con-juntamente contra el asegurado y la compañía aseguradora. El tribunal determinará no sólo la responsabilidad de la compañía, sino también el alcance de la pérdida.”

Tratar de interpretar el contrato celebrado en este caso en el sentido de que la póliza a virtud de la regia tercera del reglamento de 1924 no sólo responde al lesionado directa-mente, si que puede prescindirse al exigir esa responsabili-dad de si el asegurado cumplió o no con sus obligaciones para con el asegurador, sería bajo las circunstancias concurrentes, repetimos, claramente injusto para con el asegurador.

Creemos, sin embargo, que no deben cerrarse por completo las puertas a la reclamación del demandante, ya que quizá pueda encontrarse en condiciones de enmendar finalmente su demanda alegando específicamente que la sentencia que ob-tuvo a su favor lo fué en un pleito en el que el asegurado cumplió sus obligaciones para con su asegurador y en el que si éste no se defendió fué porque no quiso hacerlo o porque no tenía una defensa meritoria.

jDebe, pues, modificarse la sentencia recurrida concediendo al demandante quince dias para enmendar su demanda y así modificada confirmarse.

El Juez Asociado Sr. Wolf opina que la sentencia debe confirmarse sin modificación alguna.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario apelado, v. Manuel Gaetán Barbosa, Juez de la Corte Municipal de San Juan, Sección 1a., demandado apelante.
    No. 5757.

    — Sometido: Marzo 8, 1933.

      Resuelto: Abril 30, 1934.

      Arturo Aponte, abogado del acusado; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Una acusación contra Arturo Gallardo, Jr., alegaba lo si-guiente :'

“Yo, Pedro Acosta Forés, mayor de edad, vecino de San Juan, P. B., y Fiscal Municipal at Large, formulo denuncia contra Arturo Gallardo Jr., por un delito de Falsa Kepresentación (Misdemeanor) cometido de la manera siguiente:
“El referido acusado Arturo Gallardo Jr., con posterioridad al mes de octubre de 1929, y en San Juan, P. B., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, que a su vez forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. B., a sabiendas e intencionalmente, y valiéndose de falsas y fraudulentas simulaciones, y con la intención criminal de obtener la posesión y propiedad de la suma de treinta y dos dólares ochenta y cinco centavos ($32.85) pertenecientes a El Pueblo de Puerto Bico, una corporación pública y política, creada por una ley del Congreso de los Estados Unidos, con la intención de engañar y defraudar a El Pueblo de Puerto Rico, privándole de dicha suma de $32.85, falsa y fraudulentamente, simuló y representó a El Pueblo de Puerto Rico, que él, el acusado Arturo Gallardo, Jr., en su carácter de Agente General e Inspector General de Rentas Internas de El Pueblo de Puerto Rico había estado desempeñando sus deberes como tal Agente General e Inspector General de Rentas Internas durante los días 8, 9 y 10 de octubre de 1929, en el muni-cipio de Ponce, por lo que, según él, el acusado tenía derecho a cobrar de El Pueblo de Puerto Rico la referida suma de $32.85 por concepto de dietas y milla je, siendo dicha simulación falsa y fraudulenta, pues no era cierto que el referido acusado Arturo Gallardo, Jr., hubiese estado desempeñando sus deberes oficiales y en gestiones de su cargo, en los días 8, 9 y 10 de octubre de 1929, en dicho municipio de Ponce, y al acusado Arturo Gallardo Jr. allí y entonces, le constaba que tal simulación era falsa y fraudulenta, habiendo sido hecha por éste con el fin. de inducir a El Pueblo de Puerto Rico a entregarle la dicha suma de $32.85; y el mencionado El Pueblo de Puerto Rico, creyendo ser cierta dicha falsa simulación y únicamente inducido por ella, allí y entonces se desprendió de la propiedad de dicha suma de dinero y la entregó al acusado Arturo Gallardo Jr.
“Este hecho es contrario a la Ley y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

El proceso fué iniciado en la Corte Municipal de San Juan, y se presentó una excepción perentoria a la denuncia por falta de jurisdicción, toda vez que los hechos alegados imputaban un felony más bien que un misdemeanor. La Corte Municipal de San Juan sostuvo la excepción en noviembre 13, 1930. Apeló el Gobierno el 18 de noviembre, pero la Corte de Dis-trito de San Juan ordenó el archivo y sobreseimiento del caso por carecer de jurisdicción. El fundamento en que se basó la corte de distrito para negarse a conocer de la apelación fué que la orden de la corte municipal no era apelable; en otras palabras, que el estatuto concediendo apelaciones de las cortes municipales en causas criminales no autoriza a apelar de una orden o sentencia sosteniendo una excepción perento-ria, o de una orden o sentencia disponiendo el archivo y so-breseimiento de un caso. Para la apelación, los autos de la corte municipal habían sido elevados a la corte de distrito.

El 18 de marzo de 1931 el Pueblo de Puerto Pico solicitó y obtuvo un auto de certiorari, y finalmente la resolución que sobre la excepción previa dictó la corte municipal fue anu-lada y se ordenó la devolución del caso a la dicha corte para que continuara conociendo del mismo. Esta sentencia de la corte de distrito llevaba fecha de abril 21, 1931. La apela-ción que estamos resolviendo es contra esa sentencia.

No profundizaremos en una de ^ las cuestiones susci-tadas, a saber, que cuando fué librado el auto de certiorari los documentos o procedimientos no estaban en la corte municipal, sino en la de distrito. Esta expidió orden dispo-niendo la devolución de los documentos y procedimientos, a fin de que la corte municipal pudiera cumplir con el auto, y esto caía dentro de los poderes generales de la corte. Por cierto, tenemos alguna idea de que, luego de una debida no-tificación, la corte de distrito pudo haber prescindido de la devolución, ya que tenía ante sí los documentos y procedi-mientos.

Lo que principalmente nos impresiona es la demora en solicitar un auto de certiorari, en el supuesto'de que procediera. El Gobierno apeló sobre una teoría errónea, pero el apelante Gallardo no era responsable de ello. El hecho fué que después de haberse sostenido una excepción perentoria en la corte municipal, el apelante tenía derecho a que se actuara con prontitud. Es claro que cuando se radicó la solicitud de certiorari habían transcurrido más de ciento veinte días’ sin celebrarse juicio. Teniendo en cuenta — como podríamos hacerlo — que parte de la demora se débía indirectamente a la excepción perentoria presentada en la corte municipal, no obstante, un acusado tiene derecho a un juicio rápido, y no se nos ha dado explicación alguna por la demora entre la fecha en que fué sostenida la excepción y la de la solicitud de certiorari.

Convenimos con el Fiscal en qne el auto de certiorari emana de la rama de Derecho (law side) de una corte. ■Empero, una corte de ley tiene poderes en equidad, y éstos pueden ser invocados en un procedimiento de certiorari. Así, pues, G-allardo tenía derecho a que se denegase el certiorari, a causa de la dilación innecesaria. Qué constituye una demora innecesaria, se rige parcialmente por las disposiciones del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal y parcialmente por lo que la justicia del caso requiere. Gerardino v. People of Puerto Rico, 29 F. (2d) 517.

Como no se ha planteado, no prestaremos atención a la debatida cuestión del efecto de una orden de una corte municipal declarándose sin jurisdicción en un caso criminal.

Estamos inclinados a convenir con el Gobierno en que el delito imputado era misdemeanor, y en que, de ser susceptible de dos interpretaciones, procedía la acusación por el delito menor.

El apelante sostiene, sin embargo, que no hubo error de procedimiento en la corte municipal, y estamos conformes. La acusación fué radicada oportunamente, y se presentó una excepción perentoria, que fué vista. La corte municipal pudo o no estar equivocada al declararse sin jurisdicción, pero me-ramente decidió la cuestión que tenía ante sí.

Más bien creemos que el mandamus hubiera sido el reme-dio adecuado para obligar a la corte municipal a conocer del caso. Cuando esta corte denegó la apelación en un procedi-miento de desahucio, el mandamus fué el remedio invocado. Petition of Zeno, 14 F. (2d) 418.

Sin embargo, aun en el caso de una solicitud de mandamus, hubiera habido que aplicar los mismos principios relativos a un juicio rápido.

Debe revocarse la sentencia apelada y anularse el auto de certiorari.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Ernesto Fernando Schlüter, demandante y apelado, v. Sucesión de Benigno Díaz, compuesta de su viuda doña María Esterás Ramírez y sus hijos menores de edad María Dolores, Juana, Carmen Julia, Antonia, Aída o Adelaida, Benigno y Manuel, representados por su madre con patria potestad la dicha doña María Esterás Ramírez, demandada; y Artemio Camacho, opositor y apelante.
    No. 5941.

    — Sometido: Enero 26, 1933.

      Resuelto: Mayo 1, 1934.

      B. Ortiz Pacheco abogado del apelante; PL. B. Francis y C. Ortiz Stella, abogado del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Después de dictada sentencia en este caso ordenó la corte de distrito que sea cancelada en el registro de la propiedad cierta hipoteca y contra esa resolución se interpuso este re-curso de apelación.

Ernesto Fernando- Sehlüter, haciendo negocios bajo el nombre de Sehlüter & Cía., Sucrs., demandó en cobro de pagarés y de cánones de arrendamiento a la viuda e hijos de Benigno Díaz, por haber fallecido éste sin testamento, y embargó un solar radicado en Caguas que estaba inscrito en el registro de la propiedad a nombre de Benigno Díaz y cuyo embargo fué anotado en dicho registro. Después de anotado ese embargo fué inscrita en el registro de la propie-dad la venta que del mismo solar había hecho anteriormente Benigno Díaz a José Ramírez, quien posteriormente lo hipo-tecó para garantizar el pago de cuatro pagarés de $400 cada uno, siendo inscrita también esa hipoteca. Establecido- pleito de tercería de mejor derecho a ese solar por José Ramírez contra Sehlüter y contra la sucesión de Benigno Díaz terminó .por sentencia que declaró nulo y sin valor ni eficacia el título de compra de José Ramírez a Benigno Díaz, que ordenó la cancelación en el registro de la inscripción hecha en él a favor de José Ramírez, y que declaró en toda su fuerza y vigor el embargo practicado por Sehlüter en el registro. La cancelación ordenada de la inscripción del título del com-prador José Ramírez fué practicada en el registro. Vendido el solar para satisfacer la sentencia de Schlüter, le fué adju-dicado en pago parcial de su crédito y ese título de compra fué inscrito en el registro. Entonces solicitó Schlüter de la corte que ordenase la cancelación de la hipoteca que cons-tituyó Ramírez en garantía de los pagarés porque fué consti-tuida e inscrita después de estar anotado su embargo y porque el producto de la venta en subasta no dejó remanente alguno para aplicar al pago de gravámenes posteriores. Ordenó la corte que fueran citados por edictos los endosa-tarios de los expresados pagarés con apercibimiento de que si no comparecían ante la corte en el término que fijó a oponerse a lo solicitado por el demandante, la corte decre-taría la cancelación de la hipoteca que los garantizaba. Como consecuencia de los edictos publicados compareció en el pleito Artemio Camacho como endosatario de dos de esos pagarés y se opuso a la cancelación solicitada. Oídas las partes y las pruebas que presentaron recayó resolución de-cretando la cancelación en el registro de la hipoteca y contra ella se interpuso por Camacho esta apelación. El apelado Schlüter no ha presentado alegato alguno en este recurso.

Alegó el apelante en la corte inferior y repite ahora en el primer motivo de su recurso que la corte inferior no tenía jurisdicción para disponer la citación de los tenedores de los pagarés porque esa orden fué dictada durante las vacaciones de la corte.

Es cierto que esa resolución fué dictada en el período de vacaciones de la corte pero podía dictarse así porque según el artículo 22, letra c, del Código de Enjuiciamiento Civil, como quedó enmendado en 1905 '(Compilación, pág. 846) los jueces de distrito pueden dictar en sus despachos “Las pro-videncias, autos interlocutorios, y toda resolución afectante al procedimiento o encaminada a asegurar la efectividad de la sentencia, que se soliciten antes de contestar la demanda o después de contestada, y también en el período de ejecución de sentencia.” No tenemos duda de que la resolución im-pugnada afectaba al procedimiento porque su objeto fué la citación de los endosatarios de los pagarés para ser oídos antes de resolver la solicitud de cancelación interesada por Scblüter. Y también fué dictada en el período de ejecución de sentencia, por lo que la corte tenía jurisdicción para conocer del asunto. El hecho de que esa resolución contenga el pronunciamiento de que si los endosatarios de los pagarés no comparecen la corte accederá a lo solicitado por el deman-dante es meramente un aviso de lo que puede ocurrirles si no comparecen pero no es el ejercicio de discreción por el juez que dictó la orden para resolver el asunto y en efecto nada resolvió definitivamente sobre la reclamación interesada,

En el segundo motivo para esa apelación se dice que fué error de la corte inferior estimar que el embargo de Schliiter es válido. Se alega que no lo es porque cuando fué anotado el embargo en el registro la finca de que aparecía ser dueño Benigno Díaz ya no pertenecía a él por haberla vendido al apelante por escritura pública, que no fué inscrita, y porque la finca no estaba inscrita a nombre de los demandados sino de Benigno Díaz.

El primer aspecto de ese motivo .de error se funda en que el embargo debe ser anotado en el registro de la pro-piedad en bienes del deudor, según el artículo 42, No. 4, en relación con el 44 de la Ley Hipotecaria, y en que aunque al ser anotado el embargo aparecía la finca en el registro como de la propiedad del deudor Benigno Díaz, sin embargo, no lo era entonces porque la había vendido anteriormente a José Ramírez por escritura pública que no había sido inscrita en el registro pero que lo fué después de anotado el embargo, por lo que la anotación de ese embargo a favor de Schliiter es nula. En apoyo de esa afirmación cita la sentencia de este tribunal en el caso de Vélez v. Camacho, 8 D.P.R. 38, y la opinión del comentarista Morell en su tomo 3, págs. 92 a 94.

Esa cuestión es verdaderamente interesante en este caso por las circunstancias que en él concurren, pues ya hemos dicho que el comprador Ramírez hipotecó la finca para garantizar cuatro pagarés, dos de los cuales están endosados • al apelante Camacho, y que posteriormente fue declarado nulo por sentencia el título del comprador Ramírez en el pleito de tercería que él estableció contra Schlüter y contra la sucesión de Benigno Díaz, en el que no consta que fuera demandado ni que interviniera el ahora apelante Camacho, quien alega en la ejecución de’ la sentencia que obtuvo Schlüter contra los componentes de la sucesión de Benigno Díaz que es nula la anotación del embargo de Schlüter. En otras palabras, que ese embargo es nulo porque cuando fue anotado en el registro la finca era propiedad de Ramírez. Sin embargo, como la compra de Ramírez ha sido anulada y su inscripción cancelada en el Registro y como el crédito hipotecario del apelante dimana del título que tenía Ramírez, surge la cuestión de si el apelante Camacho puede, ampa-rándose en el título nulo de Ramírez, obtener que ese título surta el efecto de que por él se anule la anotación de Schlüter y la adjudicación que se hizo en la subasta, dando por resul-tado que su crédito hipotecario quede subsistente a pesar de estar constituido por una persona que no tenía un título legal de dueño de la finca que fué gravada con la hipoteca que garantizaba los pagarés de que es dueño el apelante Camacho. Indudablemente, la declaración de nulidad del título de Ramírez no puede perjudicar a Camacho por no haber sido parte en el procedimiento en que se hizo, pero ha producido un estado de derecho que no puede ser ignorado mientras otra sentencia, quizá a instancia de Camacho por el interés que tiene en la finca, no declare que el título de Ramírez es válido y que su inscripción debe subsistir, sur-tiendo así el efecto de que se obtenga la nulidad del embargo de Schlüter y de la adjudicación que se le hizo de la finca, cuestión que no es necesario resolver ahora colateralmente a instancia de Camacho mientras subsista la declaración de nulidad del título de Ramírez y la cancelación de su inscrip-ción en el registro. Por consiguiente, no podemos declarar ahora que la anotación del embargo de Schlüter y la adju-dicación qne se le hizo de la finca sean nulas, sin perjuicio de los derechos que el apelante Camacho pueda ejercitar y que ha ejercitado, pues tiene anotada en el registro su de-manda contra Ramírez y contra Schlüter en la que interesa que se declare nula la sentencia que anuló el título de Ramírez.

Con respecto a qne el embargo es nulo por no estar inscrita la finca a favor de los demandados cuando fué hecha la anotación del embargo, nos bastará decir que el artículo 126 del Reglamento Hipotecario en su párrafo cuarto autoriza la anotación aunque la finca esté inscrita a nombre del causante y no de los herederos demandados; sin que esa anotación sea nula de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Hipotecaria, ya que por ella se -viene en conocimiento de la finca anotada, de las partes a quienes interesa la anotación y de la fecha de ella.

En el tercer motivo se dice qne fué error de la corteinferior afirmar que es válido el título del demandante sobreel solar porque es nula la inscripción hecha a favor deSchlüter por no haberse inscrito previamente la finca a favorde los herederos de Benigno Díaz y por no haber satisfecho ellos las contribuciones por herencia.

El precepto del artículo 20 de la Ley Hipotecaria que exige la inscripción a favor del que transmite el derecho para que tal transmisión pueda ser inscrita no es tan absoluto que no tenga excepciones, como dicen Galindo y Eseosura en sus Comentarios a la Ley Hipotecaria, cuarta edición, tomo 2, pág. 210, cuando relaciona esas excepciones. Una de ellas es la reconocida por nuestra jurisprudencia en los casos de Passalacqua v. Registrador, 2 D.P.R. 59, y de Figueroa v. Registrador, 18 D.P.R. 260, cual es cuando la herencia está yacente, fundada en las resoluciones de la Dirección General de los Registros de 24 de julio de 1884 y de 25 de abril de 1890. En el último de los casos citados hemos dicho que está yacente la herencia no reclamada por nadie; y que mientras esté yacente, por haberse abstenido de su acepta-ción los llamados por la ley, se supone existente la persona-lidad del difunto. En este caso no hay hecho alguno del cual pueda deducirse la aceptación de la herencia por los demandados, como lo hubo en el caso de Figueroa, supra, en el que fueron declarados herederos los hermanos del difunto a instancia de uno de ellos y en el que el demandado inter-vino en el juicio como heredero reconociendo el crédito, aunque oponiéndose a su ejecución, pues no aparece de los autos hecho alguno de aceptación de la heréncia ni del cual pueda ser deducido, ya que lo único que consta es que por haber muerto intestado el deudor Benigno Díaz el pleito se instituyó contra su viuda y los hijos de ese matrimonio, quienes no comparecieron en él. Tampoco existe nulidad en la inscripción del título de Sehlüter.

En cuanto a que la inscripción es nula porque los here-deros de Benigno Díaz no han pagado los derechos por herencia o no se ha demostrado que estén exentos de tal pago, carece de fundamento porque ellos no han inscrito la finca a su nombre ni consta que hayan aceptado esa herencia,

Alega el apelante en el último motivo de su recurso que su crédito hipotecario no puede ser cancelado porque es un tercero hipotecario a pesar de haber sido anulado el título de José Ramírez y cancelada su inscripción en el registro, toda vez que adquirió su crédito hipotecario de persona que según el registro era el dueño de la finca.

Esa cuestión carece de importancia en este caso pues el apelante no es tercero hipotecario porque adquirió su crédito sabiendo por el registro que la finca que fué hipotecada tenía anotado un embargo anterior a favor de Sehlüter y que de acuerdo con el artículo 71 de la Ley Hipotecaria si bien pueden ser enajenados o gravados los bienes inmuebles o derechos reales anotados será sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación. De acuerdo con ese precepto hemos dicho en el caso del Banco de Puerto Rico v. Solá e Hijos, 26 D.P.R. 63, que un acreedor que verifica una anotación de embargo obtiene un derecho conocido en la ley americana e inglesa como lien, y qne ese derecho excluye claramente a todas aquellas personas cuyas reclamaciones en contra de la propiedad tienen su origen en una fecha posterior a la de la anotación en el registro. Por consiguiente, habiendo sido constituida la hipoteca en este caso por Ramírez después de estar anotado en el registro el embargo de Sehlüter, sabía el apelante al adquirir pagarés garantizados con esa hipoteca que esa operación la realizaba sin perjuicio dél derecho de la persona a cuyo favor se anotó el embargo, por lo que su crédito no puede subsistir después de la venta de la finca en el procedimiento en que el embargo fué anotado.

La resolución apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


author: El Juez Pbesidente Señoe Del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Gandía, acusado y apelante.
    No. 5333.

    — Sometido: Febrero 11, 1934.

      Resuelto: Mayo 2, 1934.

      B. Bivera Zayas, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señoe Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se apela de una sentencia de la Corte de Distrito de Are-cibo por virtud de la cual se condenó a Angel Gandía a su-frir la pena de treinta días de cárcel como antor de nn delito de portar armas prohibidas, alegándose que la corte cometió error al declarar sin lugar una moción del acusado sobre su-presión de prueba y al condenarlo a virtud de evidencia que no debió tomarse en consideración y sin la cual la otra apor-tada hubiese sido insuficiente.

De la transcripción resulta que se imputó al acusado el hecho de la portación sobre su persona de un revólver, arma expresamente prohibida por la ley, y que llamada su causa para verse en la corte de distrito presentó en efecto una mo-ción en solicitud de que el arma ocupada y las declaraciones relacionadas con ella fueran suprimidas y eliminadas como prueba por haberse ocupado el arma a virtud de un registro ilegal practicado cuando el acusado no estaba violando ley alguna y observaba una conducta correcta.

Se estipuló que se oyeran los testigos de cargo sin que ello implicara que el acusado renunciaba su moción. Declaró Domingo Beniamino, Jefe de Distrito de la Policía Insular, Dimas Padilla, guardia del mismo cuerpo, y Alejandro Díaz, vecino de Manatí. La defensa presentó como única, eviden-cia una copia de una sentencia dictada por la Corte Municipal de Manatí absolviendo al acusado de un delito de alte-ración de la paz. Y la corte declaró sin lugar la moción y dictó la sentencia a que nos referimos anteriormente.

A nuestro juicio la evidencia aportada no demuestra la práctica de un registro ilegal.

El Jefe Beniamino declaró que el 29 de abril de 1932 lle-vándose a efecto en Manatí las inscripciones de electores para las elecciones generales de noviembre próximo y estando en fila cien o más personas, el acusado trató de sacar de la fila a un elector, y lo arrestó, y al arrestarlo, lo registró y le ocupó un revólver.

El guardia Padilla dijo que en tal ocasión “hubo un pe-queño incidente en las filas . . . había un muchacho sentado en la fila y el acusado Angel Gandía trató de levantarlo . . . y se emburujaron los dos y avanzó el jefe y detrás yo . . . y Angel Gandía se echó mano aquí y avanzó el Jefe y le echó mano a nn revólver que tenía en el gabán.”

Por último Díaz manifestó qne “estaba sentado en nna silla en la fila . . . para ver si conseguía inscribirse y tenía un papelito en la mano ... y (el acusado) dijo: dámelo para verlo, y no se lo di, y salió por la puerta, y cuando salió afuera se fué a meter la mano en el seno, y el Jefe lo vió y le sacó un revólver.”

En tal ocasión y bajo esas condiciones pudo a nuestro jui-cio intervenir la Policía y ocupar el arma de que se trata en la forma en que lo hizo, sin que ello constituyera un registro ilegal.

Dice la sección 10 de la propia ley que prohíbe ía porta-ción de armas:

“Será ilegal que funcionario alguno de policía registre a un ciu-dadano que se conduzca pacífica y ordenadamente, con el objeto de confiscar algún arma de fuego o de otra clase especificada en esta Ley. Será legal, el verificar semejante registro a la persona que perturbare o amenazare ostensiblemente perturbar la paz, o a cualquier persona en estado de embriaguez, o que observare conducta desordenada o que hiciere ostentación de portar algún arma. Todo funcionario de po-licía que incurra en violación de este artículo, será responsable de misdemeanor y convicto que fuere, además de las penas impuestas por la ley será deshonrosamente separado de su cargo.” Ley No. 14 de 1924, Leyes de 1924, p. 121.

La circunstancia de que el acusado fuera denunciado tam-bién a virtud de los hechos ocurridos por el delito de tur-bar la paz y que la corte municipal lo absolviera, no tiene fuerza decisiva para demostrar en este caso que debe juz-garse por sus propios méritos, que el acusado observando una conducta correcta fuera víctima de un registro ilegal.

La declaración de Díaz es bien floja en verdad, pero aun así muestra claramente el origen del suceso. Las declara-. eiones de Beniamino y Padilla dan más color a la actuación del acusado que toma sus verdaderas proporciones cuando se la considera en relación con el acto que allí se realizaba, con la misión que allí tenían los encargados de impedir que el orden se alterara a fin de garantizar los derechos de todos por igual y con lo rápido y certero del juicio del funcionario que intervino y que puesto en práctica dió por resultado in-mediato el hallazgo del arma que se portaba en contravención de la ley.

Habiendo llegado a esa conclusión, y siendo la prueba de la portación ilegal del arma suficiente, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Salvador Echevarría, acusado y apelante.
    No. 5319.

    —Sometido: Abril 5, 1934.

      Resuelto: Mayo 3, 1934.

      Wilson Colt erg, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Salvador Echevarría interpuso esta apelación contra sen-tencia que lo condenó por delito de portar arma prohibida y el único motivo que alega para su recurso es que la corte inferior cometió error al resolver que los hechos establecidos por la evidencia constituyen el delito por el cual se le con-denó.

Los hechos demostrados por la evidencia son sencillos. No hay contradicciones de importancia entre los testigos. El apelante es mayordomo de una finca. Un día supo que un caballo de esa finca estaba en otra de don Jesús Rossy, donde había peleado con otro caballo. Fné allá y al ver qae se caballo había herido al del Sr. Rossy se llevó al de éste para car arlo y le dejó el sayo. Algún tiempo después, ya carado el caballo, lo llevó a la otra finca para entregarlo y llevarse el sayo, pero el mayordomo del Sr. Rossy se opaso a qae lo sacara de la finca sin aatorización de sa principal. Por esto se sascitó ana disensión y faé llamado an policía, qaien vió a Echevarría con an revólver y se lo ocapó. Esas dos fincas están separadas por ana distancia como de an ki-lómetro y para ir el apelante a la finca de Rossy tavo qae caminar por la carretera esa distancia.

La defensa del apelante se fanda en el caso de El Pueblo v. Bosch, 43 D.P.R. 741, y otros análogos a ése de'algnnos tribnnales de los Estados Unidos para sostener qae no por-taba el revólver ilegalmente sino en cnmplimiento de sas de-beres como mayordomo.

Los hechos en el caso de Bosch, sapra, son los siguientes: la finca de qae era mayordomo Bosch está atravesada por ana carretera, teniendo terrenos a ambos lados de la vía pública. Bosch salió con sa revólver de ana de esas porciones de te-rreno y faé por la carretera porqae sapo qa.e anos hombres estaban cortando yerba de la finca. Con vista de esos hechos declaró la mayoría de este tribnnal qae no existía el delito de portar an arma prohibida porqae penetrar en la vía pú-blica en esas condiciones caía claramente dentro de los de-beres del mayordomo y qae caando an celador o mayordomo de ana finca sale de sa propiedad para impedir la comisión de delitos, no hay posibilidad de atribaírsele la intención de violar la ley, qae no aparece caando de manera incidental penetra en la carretera sin intención de permanecer allí con sa pistola y qae an celador paede considerarse como qae está en sa propia finca caando penetra en ana carretera qae se-para dos predios de terreno pertenecientes a sa patrono.

Hemos expaesto al principio los hechos ocarridos en este caso y encontramos qae son distintos a los del qae ha sido citado, pues en el presente no se trata de una finca dividida en dos parcelas por la carretera; y cuando el apelante salió de la finca de que es mayordomo para llevar el caballo des-pués de curado a la otra finca no existía emergencia alguna, como en el caso de Boscfi.

El apelante no debió salir con su revólver para ir a la finca de otra persona para entregar un caballo y recoger el suyo, teniendo que caminar así por la carretera; estaba en una función de su cargo pero ella no requería que fuese ar-mado. La distancia que anduvo por la carretera no es de importancia, pues lo mismo es que anduviese por ella un ki-lómetro, como menos o más de esa distancia. En las circuns-tancias de este caso él no tenía derecho a transitar con un revólver por la carretera.

Por lo expuesto los hechos de este caso. justifican la sen-tencia apelada, la que debe ser confirmada.