text:
    Asociación de Maestros de Puerto Rico, demandante y apelada, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7652.

    Sometido: Diciembre 14, 1938.

      Resuelto: Marzo 24, 1939.

      Son. Procurador General B. Fernández García j C. Andréu Pibas, Subprocwador General, abogados del apelante; Virgilio Brunet., abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

En agosto 6 de 1931, de conformidad con autoridad legis-lativa expresa, el Comisionado del Interior vendió una parcela de terreno qne medía 880 metros cuadrados a la Asociación • de Maestros de Puerto Rico. La venta contenía una condi-ción resolutoria al efecto de que la compradora debía cons-truir en el término de cinco años, “un edificio de dos plantas, -adecuado a los fines de la Asociación, y a Un costo que no será menor de cincuenta mil dólares. . .” '(Véase la Resolu-ción Conjunta núm. 16 de 1925, Leyes de ese año, pág. 1019.) La condición fué cumplida más tarde y el edificio conocido -por “Templo del Maestro” fné inaugurado formalmente durante el mes de abril del año 1935.

En enero 15 de 1935, para fines contributivos, el Tesorero .-de -Puerto Rico tasó el solar de la Asociación, y más tarde cobró la contribución correspondiente al año fiscal 1935-36. La contribuyente alegó que según el artículo 291 del Código Político (Estatutos Kevisados de 1911, pág. 582), el terreno había quedado exento de contribuciones en abril de 1935, al ser terminado el edificio de la Asociación. Sostuvo, por tanto, que no surgió en julio de 1935 el deber de pagar las contri-buciones para el siguiente año. En su consecuencia, se hizo el pago bajo protesta y se entabló el presente recurso. El Tesorero apela de una sentencia dictada a favor de la deman-dante.

Sería conveniente explicar que aunque esta apelación envuelve tan sólo la devolución de las contribuciones sobre la propiedad del solar para el año contributivo 1935-36, la demandante originalmente trataba de recobrar las contribu-ciones correspondientes a varios años anteriores. La senten-cia original de la corte de distrito declaró sin lugar la demanda y fuá tan sólo en reconsideración que se decretó la devolución de las contribuciones correspondientes a 1935-36, ascendentes a $114.82.

El razonamiento de la corte de distrito fué el siguiente:

“Las partes sometieron al tribunal la moción ele reconsideración de la sentencia en este caso en cuanto deniega la devolución de la contribución pagada bajo protesta sobre el solar descrito en la de-manda por el año económico 1935-1936, por entenderla demandante que dicha contibución debió ser cancelada, toda vez que de acuerdo con el artículo 291, apartado (e) del Código Político, tanto el solar como el edificio, estaban exentos de la contribución; y por cuanto si bien la contribución quedó impuesta por el artículo 295 del Código Político el 15 de'enero de 1935, la misma no era pagadera, o sea de-bida, liasta el 1ro. de julio cuando comenzó el año económico 1935-1936, de acuerdo con el artículo 330 del referido Código, para cuya fecha ya el edificio ‘Templo del Maestro’ estaba terminado y utili-zado como centro de educación y cultura y como desde abril de 1935 quedaron exentos de tributación para la imposición de contribuciones, tanto el solar como el edificio, por el artículo 291 citado, la contribu-ción cobrada por el año económico 1935-1936 sobre el solar parece contraria a ley y es de justicia su devolución.”

El inciso (e) del artículo 291 del Código Político, supra, provee:

“Artículo 291. — Estarán exentas de tributación para la imposi-ción de contribuciones las propiedades siguientes:
=» * * * * * *
“(e) Todo edificio utilizado y destinado exclusivamente para el culto religioso, incluyendo escaños, asientos y muebles dentro del mismo; todo edificio utilizado para centro de educación, literario, cien-tífico o caritativo, con los muebles, enseres y aparatos pertenecientes al mismo; y toda superficie de terreno, cuya extensión no exceda de cinco cuerdas, en el cual dicho edificio o edificios esté o estén cons-truidos; siempre que tales terrenos y edificios no sean arrendados o utilizados de otra manera con el fin de que produzcan un benefi-cio pecuniario, ya al arrendador, ya al arrendatario. ’ ’

No tenemos duda alguna de que el edificio al quedar ente-ramente terminado y al ser inaugurado, cumplió con las condiciones del artículo anterior y que, por ende, en su opor-tunidad tenía derecho a la exención en él prescrita. La única cuestión que está ante nos gira sobre la determinación de la fecha en que surge por primera vez la responsabilidad personal de un contribuyente en relación con las contribuciones de cualquier año fiscal, toda vez que los cambios en el uso o dominio de la propiedad des'pués de dicha fecha no afectan tal responsabilidad.

La apelada cita jurisprudencia al efecto de que una exención de la naturaleza de la que está bajo nuestra consideración puede ser aplicable tan pronto como se inicia la construcción del edificio cultural o religioso. Hemos examinado las autoridades y nos vemos precisados a concluir que no representan el criterio de la mayoría. En 34 A.L.E. 634, a la página 672, se dice:

“De ordinario se ha resuelto que no están exentos del pago de contribuciones los terrenos sobre los cuales se están fabricando, o se proponen de buena fe construir, edificios que habrán de ser utilizados para fines caritativos. Boston Soc. v. Boston, (1880) 129 Mass. 178, Children’s Seashore House v. Atlantic City, (1902) 68 N.J.L. 385, 59 L.R.A. 947, 53 Atl. 399; Institute, of Holy Angels v. Ft. Lee, (1910) 80 N. J.L. 545, 77 Atl. 1035 . . . (más casos citados.) . . .”

Hay un principio general bien conocido al efecto de que una exención de contribuciones hecha a virtud de un estatuto debe ser interpretada estrictamente.

El artículo 291, supra, claramente exime tan sólo el “edi-ficio utilizado para «entro de educación, literario, cientí-fico. . .; y toda superficie de terreno cuya extensión no exceda de cinco cuerdas, en el cual dicho edificio o edificios esté o estén construidos.” (Bastardillas nuestras.) Para disfru-tar del privilegio el edificio tiene que ser utilizado y destinado al fin especialmente dispuesto. El contexto claro del esta-tuto es de por sí suficiente para destruir la contención de la apelada.

El Tesorero señala dos errores. Sostiene el primero que la corte cometió error al reconsiderar parcialmente su sentencia original, toda vez que la moción de reconsideración no estaba sostenida por ninguna jurisprudencia o principio de derecho. Si se acepta que una corte tiene facultad para modificar o dejar sin efecto, sua sponte, sus propias sentencias, entonces no hay razón para condenar su proceder por el mero hecho de que la parte perdidosa, al pedir tal modificación, deja de citar jurisprudencia. Está dentro de las facultades de una corte el corregir aquélla que a su juicio es una resolución equivocada, y aunque la jurisprudencia pudo tal vez haber fortalecido la posición asumida, ella no era indispensable. Además, en este caso específico la demandante hizo constar en su moción de reconsideración la ley en que fundaba su petición.

El error restante es en verdad importante. El Tesorero sostiene que cuando se “tasan” bienes inmuebles de conformidad con los artículos 298 y siguientes del Código Político, en enero 15 de cualquier año fiscal, la persona a cuyo nombre son tasados es inmediatamente responsable del pago de las contribuciones sobre la propiedad correspondien-tes a tal tasación, es decir, las del siguiente año fiscal que se inicia el primero de julio próximo. Basado en estas pre-misas el Tesorero sostiene que cualquier cambio que baya en el dominio o en la naturaleza contributiva de la propiedad con posterioridad al 15 de enero, aunque ocurra antes del primero de julio, cuando vence el primer semestre de la con-tribución, no afecta la responsabilidad del dueño que figuraba como tal en enero 15. Ese dueño es aún responsable del pago de toda la contribución.

En el párnafo (F) de su estipulación de becbos las partes convinieron en las siguientes circunstancias:

“ (F) Que en dicho solar no se había edificado ni existía construc-ción alguna para la fecha en que se impuso la contribución antes mencionada. ’ ’

El párrafo que antecede aparentemente contiene una admi-sión en favor del Tesorero. La imposición de una contribu-ción debe seguir a una tasación válida de bienes para fines contributivos. Toda vez que la contribuyente no levanta cuestión alguna sobre la validez de la tasación de la propie-dad ni respecto a su terminación, nos sentimos obligados a resolver que ambos requisitos fueron cumplidos.

El artículo 298 del Código Político dispone que los bienes raíces serán tasados- “a nombre de la persona que fuere dueña de los mismos o que estuviere en posesión de ellos el día 15 de enero.”

Aunque no hemos podido bailar ninguna disposición esta-tutaria específica ni decisión local alguna respecto al momento en que por primera vez surge en esta jurisdicción la respon-sabilidad del pago de una contribución sobre la propiedad, las decisiones uniformes de varios estados de la Unión ban expresado un criterio bien definido. La fecha en que la tasa-ción de bienes para fines contributivos queda terminada parece ser aceptada por la mayoría como determinante de tal res-ponsabilidad..

La necesidad de fijar una fecha, anterior al momento físico cléí cobro, en que el estado' puede definitivamente calcular sus ingresos para el siguiente año fiscal, es obvia. Toma tiempo el preparar la lista,de las tasaciones sobre las propiedades, las planillas y los recibos de contribuciones. El estado con-tributivo (taxable status) de la propiedad debe permanecer inalterado después de determinado período de tiempo y con anterioridad a la fecha del pago de la contribución, puesto que el Tesorero debe tener una base fija sobre la cual flotar sus empréstitos, aumentar o reducir las contribuciones, etc.

Ésta, opinamos, es la razón fundamental de la regia. Ade-más, el cobro resultaría incierto y poco prácticg si el estado tuviera que permitir exenciones, seguir la pista a nuevos compradores o distribuir las contribuciones entre los dueños subsiguientes durante el mismo año.

En casos de ventas a compradores que de por sí están exentos del pago de contribuciones, se ha resuelto que el dueño del terreno al tiempo de la tasación es personalmente responsable del pago de las contribuciones impuestas sobre el mismo. El Fiscal General de Puerto Rico una vez emitió una opinión a ese efecto. 14 Opiniones del Attorney General 448. Véanse .también Gloster Lumber Co., Inc. v. Adams County, 163 So. 541; Buckout v. City of New York, 82 App. Div. 218 (N.Y.); Prytania St. Market Co. v. City of New Orleans, 110 La. 835, 34 So. 797; Wood v. McCook Waterworks Co. et al., 149 N. W. 417; New Orleans Bank and Trust Co. v. City of New Orleans, 147 So. 42, 176 La. 946; City of Oakland v. Whipple, 39 Cal. 112 y 61 Corpus Juris 171, párr. 126.

En el caso de Wood, supra, se dice:

“¿Canceló la venta que de los bienes se hizo a la.ciudad en julio primero la responsabilidad de la parte demandada a pagar la contri-bución, debido al hecho de que después que la propiedad pasó a la ciudad no estaba sujeta al pago de contribuciones? Creemos que la respuesta a esta pregunta debe ser adversa al demandado. El caso no es distinto de lo que sería si luego de la parte demandada haber radicado sus planillas y de haber hecho el tasador la tasa.ción, y mien-tras dicho demandado aiin era dueño de la propiedad, hubiera dedi-cado ésta a un nuevo uso que la eximiera del pago de contribuciones. Tal nuevo uso no le exoneraría de responsabilidad. New York v. Commissioners, 104 U. S. 466, 26 L. ed. 632.”

En otro sitio la corte dice:

“Supongamos que el demandado en julio primero hubiera vendido la propiedad ya tasada y con el dinero obtenido de la venta hubiera comprado bonos de los Estados Unidos: ¿Se hubiera librado ésta del pago de contribuciones? Claro que no. El hecho de que la tasación y la contribución posteriormente impuesta sobre la propiedad no se hubieran convertido en un gravamen sobre ésta en tal forma que hi-ciera al adquirente responsable de la misma, es cuestión que carece enteramente de importancia.”

Las razones para que se fije un término a partir del cual surge la responsabilidad personal son expresadas del modo siguiente por el Juez Cooley en su brillante obra sobre contri-buciones :

“MomeNto de la Tasación.' Las tasaciones se hacen periódica-mente, y en muchos de los estados una vez al año. Cuando se requiere una tasación anual, si el funcionario meramente copia para el año ,1a lista del año anterior, la tasación será nula. La reglamentación de cos-tumbre es que la tasación debe hacerse o completarse en determinado día o prepararse para determinado día. Esto ñja la responsabilidad de las personas y de las propiedades sujetas a la contribución para el año. De esto surgen algunas inconveniencias y desigualdades, mas alguna reglamentación de esta índole es indispensable. No puede te-nerse ocupado todo el año a un cuerpo de funcionarios contributivos simplemente para que vigilen los traspasos de propiedades, el movi-miento de las personas, y las vicisitudes de los negocios, para poder igualar las cargas sobre ellos; las tasaciones periódicas, de producir injusticias en un caso, pueden corregirlas en el próximo, y en su to-talidad es probable que resulten justas. Sea ello como fuere, consti-tuyen la mejor reglamentación que la ley puede establecer. ‘En la imposición de contribuciones es imposible lograr justicia e igualdad exactas y precisas a todas luces. Si tratamos de lograrlo, tendría-mos quizá que dividir las contribuciones de un año sobre determinado artículo entre una docena de individuos distintos que lo poseyeron en diversas épocas del año y entonces estaríamos tan lejos del fin deseado como cuando empezamos. La proposición es utópica. La Asamblea Legislativa debe adoptar algún sistema práctico;’ y este sistema práctico puede bailarse en el antes indicado. Por ende, toda persona debe pagar contribuciones sobre sus bienes muebles de acuerdo con la tasación hecha en determinada fecha, y toda propiedad inmue-ble de acuerdo con el val¡or fijado en la lista de contribuciones co-rrespondiente. Los cambios en el dominio o en el valor de la pro-piedad habidos con posterioridad al momento de la tasación no pue-den ser tomados en cuenta para fines contributivos hasta el momento en que se haga una nueva tasación. Esta es la regla general.’* Cooley on Taxation, Vol. 3, pág. 2138, sección 1062.

Como en el presente caso ,se admite que la contribución se había impuesto antes de construirse el edificio sobre el. solar, ha desaparecido la dificultad de determinar cuándo tal. tasación quedó completada.

Bajo estas circunstancias, y en vista de las autoridades-citadas, la sentencia de la corte inferior debe ser revocada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Meléndez Andrades, acusado y apelante.
    Núm. 7423.

    Sometido: Febrero 6, 1939.

      Resuelto: Marzo 24, 1939.

      Miguel A. Muñoz, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luís. Janer, Fiscal Auxiliar., abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Luis Meléndez Andrades fué sentenciado por la Córte de Distrito de San Juan- a pagar una multa de $100 o en su. defecto a cumplir noventa días de cárcel. El 10 de marzo del año pasado interpuso recurso de apelación para ante este tribunal. El 15 de octubre último, no habiendo el apelante perfeccionado su recurso, es decir, no habiendo elevado el legajo de sentencia ni presentado en la corte inferior la trans-cripción de evidencia o pliego de excepciones y exposición del caso, ni habiendo solicitado prórroga alguna a ese efecto, el fiscal de este tribunal radicó una moción interesando que se desestime el recurso. Se señaló la moción para el 12 de diciembre del año pasado, apareciendo de los autos que habían sido notificados el fiscal y el acusado Luis Meléndez Andra-des. El 12 de diciembre el acusado no compareció a la vista de la moción de desestimación y apareciendo de la certifica-ción que acompañó el fiscal que el acusado había dejado trans-currir el término legal sin perfeccionar el recurso, el mismo día se dictó una orden desestimándolo. Solicitó el acusado, el 14 de diciembre, que reconsiderásemos nuestra resolución del 12 del mismo mes y que se restableciese la apelación dán-dole oportunidad “para cumplir con los términos y condicio-nes de la apelación y para someter este asunto a ese Hon. Tribunal por sus méritos como es de ley.”

El 30 de diciembre del año pasado el fiscal radicó un informe expresando que, apareciendo del affidavit ele méritos radicado por el acusado que no fué éste notificado personal- • mente de la moción de desestimación, se allanaba el fiscal a que se dejase sin efecto la resolución de 12 de diciembre último, a fin de dar una oportunidad al acusado de contes-tar la nueva moción de desestimación que en la misma fecha volvía a radicar el fiscal. En armonía con el informe de dicho funcionario, se resolvió dejar sin efecto la desestima-ción del recurso y se señaló la vista de la segunda moción del fiscal para el día 16 de enero último. El 12 de enero el acu-sado solicitó la suspensión de la vista señalada para el 16, y con la conformidad del fiscal se decretó la suspensión, seña-lándose para el 6 del mes pasado, fecha en que se celebró la vista con asistencia e informe oral de ambas partes.

De los autos resalta que el recurso de apelación se inter-puso desde el 10 de marzo del año pasado. Asumiendo que desde esa fecha hasta el 14 de diciembre, en que compareció el acusado solicitando la reconsideración de la orden de 12 de diciembre que desestimó el recurso, el acusado hubiese estado bajo la creencia de que se estaba perfeccionando su apelación o que ya había sido perfeccionada, aun así, desde el 14 de diciembre del año pasado, en que tuvo conocimiento de haberse desestimado su apelación, basta el 6 de febrero último, fecha de la segunda vista, el acusado ha tenido tiempo más que suficiente para perfeccionar su recurso, radicando en este tribunal la documentación necesaria. Hasta la fecha nada ha hecho en ese sentido que pudiera mover nuestra dis-creción en su favor. En tales condiciones, forzoso es concluir que el acusado ha sido negligente en la prosecución de su recurso y procede, por consiguiente, desestimarlo.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Francisca Cristina Morales, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1040.

    Sometido: Febrero 8, 1939.

      Resuelto: Marzo 27, 1939.

      José Oliver Sdbater, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La recurrente en este caso emitió en 20 de octubre de 1938 un pagaré hipotecario al portador, por la suma de $600, garan-tizándolo con hipoteca sobre una finca urbana en Mayagiiez. En la escritura de hipoteca se hizo constar, entre otras, la siguiente condición:

(d) El préstamo contraído' lia sido para mejorar la propiedad hipotecada y por ministerio de ley estará exenta la deudora de ale-gar- en el futuro cualquier defensa de Hogar Seguro por ejecución futura de esta hipoteca, lo que hace constar la deudora, como cuestión resolutiva de este contrato.”

Presentada al registro la escritura, practicó el registrador su inscripción en cuanto a la hipoteca, pero la denegó en cuanto a la condición (cí) supra, por medio de la siguiente nota:

“Se hace constar que esta inscripción se deniega en cuanto a la cláusula letra (d) consignada en el documento porque la escritura no comprende la celebración de un contrato previo de préstamo y por-que el derecho de hogar seguro no es hipotecable de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ’ ’

Por el presente recurso se solicita la revocación de dicha nota.

De acuerdo con lo dispuesto en la sección 2 de la Ley núm. 87 de mayo 13 de 1936 ((1) pág. 461), el derecho de hogar seguro puede ser embargado y vendido en ejecución de sentencia cuando la deuda que se cobra es parte del pre-cio de adquisición o compra del inmueble o fué contraída para hacer mejoras en la propiedad. Las partes contratan-tes eh un contrato de préstamo con garantía hipotecaria pue-den estipular, sin que a ello se oponga ley alguna, que la cantidad tomada a préstamo será dedicada a reparaciones o mejoras en la finca hipotecada y que una vez invertida dicha suma de acuerdo con lo estipulado el deudor no podrá invo-car el derecho de hogar seguro en caso de ejecución de la garantía hipotecaria. Opinamos, sin embargo, que no obs-tante el que las partes hayan estipulado que la cantidad tomada a préstamo habrá de ser invertida en reparaciones o mejoras en la finca hipotecada, el prestatario podrá invocar con éxito su derecho de hogar seguro, en caso de ejecución de la garantía hipotecaria, si probare a satisfacción del tribunal que la cantidad tomada a préstamo no fué realmente usada para los fines estipulados y que la estipulación tuvo como único objeto el de encubrir una renuncia del derecho de hogar seguro, prohibida por la ley que declara dicho derecho irrenunciable.

El primer fundamento de la nota recurrida carece a nuestro juicio de méritos. Es cierto que la escritura de hipoteca en garantía de un pagaré hipotecario al portador no es un contrato bilateral en el momento de su otorgamiento, ni puede ser considerada como tal hasta que el pagaré haya sido negociado por el deudor mediante su entrega a la persona que a su vez le entrega el importe del préstamo. Pero tan pronto como el deudor recibe el importe del préstamo y el acreedor acepta el pagaré, como evidencia de la deuda, la oferta contenida en la escritura'de hipoteca se convierte en un contrato válido y obligatorio para una y otra parte contratante.

El artículo 153 de la Ley Hipotecaria, según fué enmendado por la Ley núm. 33 de 7 de marzo de 1912 (Leyes de ese año, página 70) autoriza la emisión de pagarés hipote - carios sin determinación específica del nombre del acreedor, pudiendo ser emitidos genéricamente a la orden. de la persona a favor de la erial los documentos puedan ser trans-feridos o endosados por el deudor hipotecario. Y no vemos razón alguna de carácter legal o moral que pueda obligarnos a sostener que la inserción en el pagaré o en la escritura de hipoteca de una estipulación como la consignada en la cláu-sula letra (d) supra es contraria a derecho. '

El segundo fundamento de la nota recurrida es igual-mente insostenible. No encontramos nada en la escritura que motivó la nota recurrida que pueda ser interpretado como una hipoteca del derecho de homestead. Lo único que hace la deudora es estipular que el dinero que espera recibir de la persona que adquiera el pagaré le es necesario “para repa-rar y modificar la casa que enclava en el solar.” Y la conse-cuencia legal de tal estipulación es impedir que la deudora invoque el derecho de hogar seguro en caso de ejecución.

La nota recurrida debe ser revocada, debiendo proceder el registrador a practicar la inscripción solicitada.


author: El Juez Asocíalo Señor Travieso

text:
    Lorenza Acevedo, demandante y apelante, v. Anastasio Romero, demandado y apelado.
    Núm. 7503.

    Sometido: Mayo 25, 1938.

      Resuelto: Marzo 28, 1939.

      José M. Valentín Estoves y Buenaventura Estoves, abogados de la apelante; José D. Rodríguez, abogado del apelado.
   El Juez Asocíalo Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos alegados en la demanda, sucintamente expues-tos, son como sigue:

Doña Encarnación Pérez Rodríguez dispuso en su testa-mento, que no teniendo descendientes ni ascendientes con derecho a heredarla legaba a Isabel Rosado y María Bar-tola Acevedo, en común pro indiviso y en la proporción de una mitad para cada una, cierta finca urbana en el pueblo de Lares, con la condición de que dichas legatarias habrían de acompañar al hermano de la testadora, Juan Pérez Rodrí-guez, durante el resto de su vida y que no podrían enajenar la finca “hasta tanto que no ocurra el fallecimiento del suso-dicho Juan Pérez Rodríguez.”

Por escritura pública de 29 de mayo de 1930, las ya men-cionadas legatarias vendieron el inmueble al demandado Anastasio Romero, quien presentó al registro dicha escritura, acompañada del testamento de la causante, negándose el regis-trador a practicar la inscripción por motivo de la expresa condición de no enajenar que aparecía del testamento.

El ya citado Juan Pérez Rodríguez falleció el día 7 de octubre de 1934, y el 8 del mismo mes y año falleció María Bartola Acevedo, sin haber tenido una oportunidad de rati-ficar la venta hecha por ella a Romero antes del fallecimiento de Juan Pérez Rodríguez.

Con posterioridad al fallecimiento de Juan Pérez Rodrí-guez, en octubre 31 de 1934, el demandado presentó nueva-mente al registro la escritura de 29 de mayo de 1930. El Registrador practicó la inscripción fundándose en que ha-biendo fallecido ya Juan Pérez Rodríguez, “la condición da no poder enajenar el inmueble durante la vida de éste había quedado extinguida y por consiguiente la venta verificada el 29 de mayo de 1930 había quedado consolidada.”

La demanda de Lorenza Acevedo, madre y única heredera de María Bartola Acevedo, se basa en la alegada nulidad de la venta, por haber sido hecha en violación de la restricción testamentaria del derecho a enajenar y no haber sido en manera alguna ratificada o legalizada por los otorgantes.

El demandado, después de contestar específicamente los hechos esenciales de la demanda, admitiendo unos y negando otros, alegó como defensa especial que las legatarias habían cumplido fielmente la condición impuesta por la testadora, cuidando y acompañando a Juan Pérez Rodríguez hasta el momento de.su muerte; que el citado Juan Pérez Rodríguez compareció como parte en la escritura de venta de 29 de mayo de 1930 y aprobó la enajenación hecha por las legata-rias a favor del demandado; que de acuerdo con la doctrina de estoppel la demandante está impedida de atacar actos rea-' fizados por su hija María Bartola Acevedo, de quien alega ser heredera; y por último, que la venta efectuada por las legatarias no tenía que ser ratificada por éstas, bastando el fallecimiento de Juan Pérez Rodríguez para su convalidación.

Pué el pleito a juicio ante la Corte de Distrito de Agua-dilla la que después de examinar “las pruebas introducidas por ambas partes” y de tomar en consideración “las admi-siones del demandado y la prueba practicada,” llegó a las siguientes conclusiones de derecho:

(a) Que la prohibición de enajenar no tenía otro alcance que obligar a las legatarias a acompañar al beneficiado hasta que éste muriera.

(b) Que la concurrencia del beneficiado Juan Pérez Rodrí-guez en la escritura de venta y su renuncia de derechos no anuló ni invalidó la prohibición.

(c) Que en el caso de que la legataria hubiese sobrevivido al beneficiado, aquélla no hubiese podido anular la venta hecha al demandado, por el fundamento de que ningún título tenía sobre la propiedad al tiempo de cederla, por ser doctrina bien conocida la de que nadie puede ir contra sus propios actos; y que la demandante en este caso, como heredera de ,su hija, la legataria y vendedora, estaba también impedida (estopped) de reclamar lo que su causante no podía reclamar.

Basándose en las precedentes conclusiones, la corte inferior dictó sentencia desestimando la demanda, sin especial condenación de costas. Apeló la demandante, señalando como error de la corte sentenciadora el haber resuelto que la deman-dante y su causante estaban impedidas de impugnar la validez de la venta hecha por las legatarias a favor del demandado.

La aplicación que de la doctrina de estoppel hizo la corte inferior encuentra apoyo en la jurisprudencia de esta Corte Suprema, por la que se ha sostenido que una persona que conscientemente interviene y ayuda a' confeccionar un título, está impedida de negar que tal título sea justo, Vázquez v. Santalís, 26 D.P.R. 677; que la doctrina.de que nadie puede ir contra sus propios actos es tan conocida para el Código Civil, como para cualquier corte de equidad, Rabell v. Rodríguez, 24 D.P.R. 561; y que cuando un condueño enajena a favor de un tercero cuantos derechos tiene sobre la propiedad, él no puede ir contra sus propios actos impugnando el título de venta por falta de capacidad, Plantations Co. v. Smith, 23 D.P.R. 394. Véanse: 21 C. J. 1067, sección 26,; 21 C. J. 1182, sección 185.

Arguye la demandante y apelante que la doctrina de estoppel no es aplicable al caso de autos porque en el momento de adquirir ,1a finca ‘ ‘ dicho demandado sabía y está admitido en la escritura de compraventa número 53 de 29 de mayo dé 1930, que dicha María Bartola Acevedo y su colegataría qué le vendieron dicha'finca no podían hacerlo por virtud dé la prohibicioñ” qüe 'constaba en' el"testamento. Y en apoyó dé su contención cita jurisprudencia que sostiene que el estoppel no puede existir cuando ambas partes tienen igual conoci-miento de los hechos y una de ellas no ha hecho nada para engañar a la otra.

No tenemos medios suficientes para poder determinar si la contención de la apelante está bien fundada o si carece de méritos. La parte apelante no nos ha colocado en condiciones de que podamos examinar los hechos que tuvo ante sí la corte sentenciadora al dictar la sentencia recurrida. No se ha elevado ante esta corte la transcripción de la evidencia, ni una exposición del caso, y ni siquiera tenemos a la vista el testamento y la-escritura cuya nulidad se pide, sin cuyos documentos es imposible entrar a considerar el caso en sus méritos.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Manuel Antonio Solís, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. F. García Quiñones, Juez, demandada.
    Núm. 1171.

    Sometido: Marzo 27, 1939.

      Resuelto: Marzo 28, 1939.

      Virgilio Brunet, abogado, del peticionario.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

.,r, En la Corte Municipal.de Caguas se estableció un pleito contra el peticionario-y el demandado Ramón Flores . Blan-diño. Contra la sentencia qne declaró con lugar la demanda, apelaron los demandados para ante la Corte de Distrito de Humacao. En la corte de distrito el aquí peticionario exeep-cionó la demanda por el defecto de indebida acumulación de partes demandadas. Se declaró con lugar la excepción pre-via y en su consecuencia se ordenó la eliminación del deman-dado Flores Blandino. A pesar de no haberse radicado la correspondiente demanda enmendada, se señaló la vista del juicio oral para el día de boy, 28 de marzo, a la 1:30 de la tarde. El 22 del actual el peticionario solicitó la suspen-sión del juicio por el fundamento antes expuesto, es decir, por no bailarse el caso listo para juicio. No accediendo la corte a la suspensión, en el día de ayer radicó el peticionario la solicitud de certiorari de este caso, dándose cuenta de dicba solicitud al tribunal, como de costumbre, al terminar la sesión de la tarde.

Al examinar la' petición en el día de boy, lo más pronto que hemos podido hacerlo, nos encontramos con que el expedir el auto de certiorari a ningún fin práctico conduciría, pues la notificación llegaría a la corte inferior después de celebrado el juicio cuya suspensión interesa el peticionario.

La práctica de radicar recursos ante este tribunal en el último instante, sin damos una oportunidad de estudiar el asunto con el detenimiento que cada caso requiere, no es recomendable y no debe alentarse.

La tardanza en la presentación de la solicitud nos obliga a denegar la expedición del auto de certiorari, sin perjuicio de que el peticionario ejercite cualquier otro derecho que pudiera tener.


author: El Juez Asociado Señok Wolf

text:
    Tomás Molini Ruiz, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico y Bernabé Cruz, recurridos.
    Núm. 152.

    Sometido: Diciembre 19, 1938.

      Resuelto: Marzo 29, 1939.

      Luden Longchamps, abogado del recurrente; los recurridos no com-parecieron.
   El Juez Asociado Señok Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso de revisión se rige por la Ley de Indem-nizaciones por Accidentes del Trabajo de 1928, según fué posteriormente enmendada (Ley núm. 85 de 1928, Leyes de ese año, pág. 631). La única cuestión envuelta es la relativa a la validez de una transacción celebrada entre un obrero y un patrono no asegurado. Resumidos brevemente, los becbos ocurrieron en el siguiente orden:

Allá para el año 1933, Benjamín Cruz sufrió un accidente que le produjo la muerte. Su padre, Bernabé Cruz, como único beneficiario que de él dependía, radicó la correspon-diente solicitud de compensación ante la Comisión-Industrial, y se celebró una vista en 5 de marzo de 1937. En 20 de mayo del mismo año el patrono, Tomás Molini Ruiz, y el beneficiario del obrero transigieron la reclamación existente entre ellos por la suma de $700, que fué debidamente pagada, al beneficiario. Esta transacción quedó autenticada por affidavit núm. 1841 suscrito ante el notario público Angel Padró.

En abril 19, 1938, la Comisión Industrial diotó resolución sosteniendo la reclamación de Bernabé Cruz, declarando a Tomás Molini Ruiz un patrono no asegurado en violación de la ley, y concediendo una indemnización de $2,000. Luego en 25 de abril de 1938 las partes, por sus abogados, radicaron una estipulación en que hacían constar los términos de la transacción por ellas celebrada y solicitaban que la Comisión dejara sin efecto su decisión y archivara el caso. Por reso-lución de 20 de mayo de 1938 la Comisión se negó a acceder a la anterior petición, basada en la sección 21 de la Ley núm. 85 de 1928. Después de declararse sin lugar una moción de reconsideración, el peticionario, Tomás Molini Ruiz, radicó el presente recurso de revisión.

La sección 21 de la Ley núm. 85 de 1928, tal como fué enmendada por la Ley núm. 78 de 1931 (Leyes de ese año, pág. 477, 489), dispone:

“Sección 21. — Todo convenio, arreglo o transacción efectuado en-tre un obrero o un patrono o su asegurador sobre compensación, so-bre accidente, enfermedad o muerte, compensables de acuerdo con la presente Ley, serán nulos a menos que fueren sometidos a la aproba-ción de la Comisión Industrial según se provee en esta Ley; y en el caso de que fueren aprobados tendrán el efecto de relevar al patrono de toda responsabilidad ulterior, o por el accidente, enfermedad o muerte que motivó tal convenio o transacción; Disponiéndose, que la Comisión Industrial sólo tendrá facultad para aprobar arreglos o transacciones cuando los términos de los mismos estén de cuerdo con las disposiciones de la presente Ley; Y disponiéndose, además, que las disposiciones de esta Ley en lo que respecta a convenios no se re-fieren a aquellos que se celebren entre obreros y patronos que en violación de la Ley no se hayan asegurado en liinguna de las formas previstas en la sección 26, debiendo seguirse en estos casos el trámite que señala la sección '25.” (Bastardillas nuestras excepto las intro-ducciones a los “Disponiéndose.”

El patrono en este caso caía de lleno dentro de los términos del último Disponiéndose, toda vez que no- estaba asegurado bajo ninguna de las tres formas previstas por el artículo 26. En su consecuencia, de acuerdo. con • dicha .sección, ninguna transacción podía privar a la Comisión de conocer del. baso.

La sección 25 de la ley de 1928, supra, según fue enmen-dada por la Léy núm. 49 de 1930 (Leyes de ese año, pág. 395) lee:

“Sección 25. — En el caso de que ocurriese un accidente a un obrero cuando trabajare para un patrono que en violación de la ley no estuviese asegurado, la Comisión Industrial determinará la in-demnización que proceda más los gastos en que incurriere, y certi-ficará su decisión al Tesorero de Puerto Rico, quien impondrá y co-brará al patrono dicha indemnización y 'gastos incurridos y una y otros constituirán un gravamen (lien) sobre toda la propiedad del patrono con el mismo efecto legal y prelación que si fuere una con-tribución impuesta sobre dicha propiedad; Disponiéndose, sin embargo, que la Comisión dará tanto al patrono como al obrero en el caso, oportunidad de ser oídos y defender, ajustándose en lo posible a las prácticas observadas por las cortes de distrito; 'Y disponiéndose,, además, que, citadas las partes por el medio que la Cornisón adopte, si éstas o cualquiera de ellas no concurriera para ser oídas y defender, se entenderá que ésta o éstas renuncian a su derecho, y la Comisión, podrá fallar el caso en redeldía sin más demora.”

La Comisión Industrial citó en su decisión el artículo 21,. supra, el cual por sus propios términos excluye aquellos con-venios “que se celebren entre obreros y patronos que en violación ele la Ley no se haym% asegurado en ninguna de las formas previstas en la sección 26, ...” Por tanto, conforme liemos indicado, nuestra opinión es que a tenor de la fraseo-logía del artículo 21, las disposiciones de la Ley de 1928 en lo que respecta a convenios no se refieren al convenio cele-brado en este caso.

Pasaremos añora a considerar si la transacción celebrada por las partes debe ser reconocida por la Comisión. La sec-ción 25 no ñace referencia a convenios o transacciones. I Quiere esto decir que fuá la intención de la Asamblea Legis-lativa, en casos de patronos no asegurados, eliminar toda, posibilidad de una transacción o compromiso entre las par-tes? No se ña presentado alegato o argumento en apoyo de la decisión de la Comisión.

El único caso que hemos podido hallar en esta jurisdic-ción que trata sobre una cuestión similar es el de Nicot v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 35 D.P.R. 817, resuelto bajo la Ley de Indemnizaciones a Obreros de 1918 (Ley Núm. 10 de ese año, pág. 55). En dicho caso un obrero sufrió un accidente ordinario mientras trabajaba para un patrono no asegurado en violación de la ley. Mientras se hallaba pendiente su reclamación el obrero radicó un escrito solicitando el archivo de los procedimientos fundándose (a) en que el caso no estaba comprendido por la Ley de Indem-nizaciones a Obreros, y (b) en que él había recibido toda la asistencia necesaria de su patrono, reservándose el derecho a instruir un pleito ante la corte' correspondiente. De la opinión se desprende que el mismo día el obrero firmó una transacción a virtud de la cual, en consideración a las sumas de $42.50 y $43.50 recibidas, más los gastos médicos incurri-dos por el patrono, “renunció en absoluto a toda ley que pudiera favorecerle, reconociendo que las sumas recibidas compensaban satisfactoriamente las pérdidas sufridas en virtud del accidente ocurrido. ’ ’ La Comisión se negó a archi-var el caso y luego de una amplia vista concedió al obrero una compensación de $500. De la opinión emitida por la Comisión se desprendía que el empleado había transigido el caso bajo la impresión errónea de que él no podía obtener de la Comisión más de las sumas recibidas. La corte de distrito confirmó la indemnización concedida y en apelación este tribunal ratificó la decisión de la corte inferior. -Citamos de la opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Franco Soto en dicho caso:

“El apelante alega, en síntesis, que la corte inferior cometió error al considerar que la Comisión de Indemnizaciones a Obreros puede actuar sobre un caso en el que el propio interesado desiste de su recla-mación por haber sido compensado por su patrono, interviniendo dicho organismo en esa forma en la libre contratación entre ciudada-nos, y violándose con ello la Ley Orgánica y la Constitución de los Estados Unidos.
“El artículo 21 de la Ley Núm. 10 de Indemnizaciones a Obreros, aprobada en 25 de febrero, 1918, prescribe:
“ ‘Art. 21.- — Nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de privar al obrero lesionado, o a sus herederos de acuerdo con esta Ley, en caso de muerte, de la renuncia de las disposiciones de esta Ley, en cualquier tiempo antes de recibir compensación en virtud de la misma, y a reclamar y obtener daños y perjuicios de su patrono, de acuerdo con las disposiciones de ley antes de entrar ésta en vigor, cuando las lesiones sufridas por dicho obrero hubieren sido causadas por acto ilegal o negligencia criminal de su patrono (willful miscondu'ot); Disponiéndose, que solamente en este caso de renuncia, tendrá el obrero comprendido en esta Ley, o sus herederos de acuerdo con la misma, derecho a ejercitar la acción de daños y perjuicios contra el patrono.’
“Esta última disposición parece indicar el único caso en que el obrero lesionado o sus herederos pueden ejercitar la acción de daños y perjuicios contra el patrono, o sea, cuando las lesiones sufridas por dicho obrero hubiesen sido causadas por el acto ilegal o negligencia criminal de un patrono. En tal sentido la transacción que celebre un patrono con el obrero sólo es obligatoria entre ellos y se limita a la acción que bajo tal artículo hubiera tenido el obrero para acudir a las cortes. Por sus palabras la renuncia no puede tener otro al-cance. De otro modo la transacción en nada obliga a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, quien dentro de las circunstancias con-currentes en este -caso tiene jurisdicción exclusiva para oír y resolver el caso en la forma que lo hizo.”

'Conforme puede verse de una lectura del estatuto, la ley de 1918 no tenía disposición alguna relativa a transacciones o convenios entre el obrero lesionado y su patrono. La corte en el caso de Nicot resolvió que el único caso o la única situación en que un obrero podía válidamente renunciar los derechos concedídosle por la ley era aquél en que el aeci--dente ocurría por el acto ilegal o negligencia criminal del patrono, y que una transacción celebrada a base de cuales-quiera otros hechos no era obligatoria para la Comisión de Indemnizaciones a Obreros. Era tan sólo en ese caso especial, y únicamente después de una renuncia, que el obrero podía entablar una acción de daños y perjuicios contra su patrono.

Bajo la ley de 1928, según fué enmendada, los obreros y los patronos asegurados podían someter sus transacciones a la aprobación de la Comisión. Patronos no asegurados fue-ron intencionalmente dejados fuera de los preceptos ante-riores. (Véase la sección 21.) De acuerdo con esta ley los patronos no asegurados estaban sujetos tanto a una acción civil como a una reclamación bajo el estatuto y tenían que pagar la mayor de las dos indemnizaciones.

Siguiendo el caso de Nicot, los patronos no asegurados bajo la ley de 1928 se hallarían en la misma posición rela-tiva en lo que a la posibilidad de convenios, transacciones o compromisos se refiere, que todos los patronos bajo la ley de 1918. Esto significaría que toda vez que el estatuto no contiene precepto alguno respecto a convenios celebrados entre obreros y patronos no asegurados ellos no pueden, al tratar de transigir sus reclamaciones entre sí, privar a la Comisión de' conocer del caso. Un fallo o sentencia de la Comisión es la regla en estos casos. La excepción debe apa-recer claramente.

En el caso de Nicot el obrero explicó por qué había tran-sigido. En el presente no existe tal explicación, mas de los autos se desprende que el beneficiario del obrero no sabía escribir, y en su consecuencia posiblemente tampoco sabía leer, y que transigió un caso de una lesión fatal por $700 cuando la suma mínima fijada por la sección 3, inciso 5 de la ley de 1928 era $1,000 y la máxima, $3,000. Mencionamos estos hechos para demostrar lo desventajosa que fué la tran-sacción del beneficiario y para que salga a relucir la certeza del razonamiento del caso de Nicot.

Por las razones antes expuestas opinamos que la tran-sacción celebrada en este caso no estaba autorizada por la ley de 1928, supra, y que por tanto la Comisión Industrial no quedaba obligada por ella.

Las decisiones recurridas deben ser confirmadas.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolp

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., recurrida, y Manuel L. Miró, patrono, peticionario ante la Comisión Industrial.
    Núm. 162.

    Sometido: Enero 30, 1939.

      Resuelto: Marzo 29, 1939.

      Son. Procurador General B. Fernández García, E. de Aldírey, Procu-rador General Auxiliar, y Víctor J. Vidal González, Abogado éste del Fondo del Estado, abogados del recurrente; G. Benitez Gautier y Jorge Benitez Gautier, abogados del patrono, peticionario-ante la Comisión Industrial; M. León Parra, abogado de la Comi-sión recurrida.
   El Juez Asociado Señor Wolp

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de revisión interpuesto contra una resolución ele la Comisión Industrial negándose a archi-var un procedimiento radicado ante ella para revisar ciertas clasificaciones y primas de seguro. Los hechos, sustancial-mente, son los siguientes:

A fin de preparar su proposición para un contrato titu-lado “Mejoras al Sistema de Distribución del Acueducto de Ponce”, Manuel L. Miró consultó al Administrador del Fondo del Seguro del Estado respecto a la clasificación y prima de seguro que se aplicarían a tal proyecto bajo- la Ley de Indemnizaciones a Obreros. Se le informó que el tipo "sería el correspondiente a la clasificación núm. 7520, o sea $1.68 por cada $100 de sueldos pagados. Se adjudicó el contrato al contratista y en abril 26 de 1937 éste obtuvo la póliza núm. 8708 bajo el tipo y clasificación mencionados.

En mayo 19 de 1937 el Administrador del Fondo del Estado notificó a Miró que se había cometido nn error en la expedición de la póliza y que la misma tendría que ser cancelada o alterada para ajustarla a la clasificación núm. 6319 con un tipo de 5.75 por ciento en vez de 1.68 por ciento. Esta controversia quedó resuelta satisfactoriamente hasta fines del año fiscal 1936-1937, o sea hasta junio 30 de 1937.

Al tenerse que renovar la póliza para el año 1937-1938, el Administrador del Fondo del Estado insistió en que el contrato de Miró caía bajo la clasificación núm. 6319, cuyo tipo se había aumentado a 10.51 por ciento. Como el patrono venía obligado a asegurar de acuerdo con los términos del contrato, pagó la prima para el primer semestre, ascendente a $3,678.50, bajo protesta. Aparentemente nunca ha pagado la correspondiente al segundo semestre. El contrato fue ter-minado en abril de 1938, y el 10 de junio del mismo año el patrono radicó una petición ante la Comisión Industrial de conformidad con la sección 24 de la Ley núm. 45 de 1935 (Leyes de ese año, pág. 251, 303, y siguientes) para que se revisaran la prima y clasificación aplicádasle por el Adminis-trador del Fondo del Estado para el año 1937-1938. En esta petición el patrono levantaba las siguientes cuestiones:

(1) Que el Administrador del Fondo del Estado cometió error al incluir el contrato del patrono bajo la clave 6319 en vez de bajo la Núm. 7520;
(2) Que el administrador no tenía autoridad para hacer nuevas clasificaciones después del Io. de mayo de 1937, de acuerdo con la sección 23 de la Ley de indemnizaciones a obreros;
(3) Que el Administrador no podía alterar los términos bajo los cuales se expidió la póliza original, puesto que desde ese momento surgió un contrato que duraba el mismo tiempo que el proyecto del peticionario;
(4) Que el Administrador abusó de su discreción al aumentar los tipos para la clase de trabajo envuelto en este caso; y
(5) Que el Administrador cometió error al imponerle al recu-rrente un nuevo tipo de 10.51 por ciento.

El abogado del Administrador del Fondo del Estado con-testó y más tarde radicó una moción para que se desestimara el recurso basado en que la causa de acción del patrono babía prescrito en parte y porque era académico en vista de los incisos 3 y 4 de la sección 24 de la ley. Esta sección lee así:

• “Artículo 24. — Las decisiones del Administrador fijando y regu-lando las primas para cada grupo de oficios o industrias y la clasifi-cación de primas para regir cada grupo o industria en particular, o cualquier orden aumentando las primas a determinado patrono se-gún se dispone en el artículo anterior, podrán ser revisadas por la Co-misión Industrial de Puerto Rico de la manera siguiente:
“3. El patrono perjudicado podrá radicar en la Comisión Industrial de Puerto Rico en cualquier momento durante el año en el cual se hacen efectivas las decisiones del Administrador, una petición de revisión por dicha Comisión de las decisiones hechas por el Admi-nistrador con relación a los tipos o primas para uno o más oficios o industrias, dando los motivos por qué dichos tipos o primas debían enmendarse; y se requerirá que el Administrador comparezca y con-teste dicha petición dentro del término de diez (10) días. La Co-misión le dará preferencia al caso sobre los demás casos del calen-dario, y procederá a dictar su decisión final de acuerdo con las reglas que dicha Comisión haya promulgado.
“2. La revisión a que se hace referencia en el párrafo anterior no suspenderá en modo alguno el cobro de primas ni los efectos de nin-guna otra disposición de esta Ley; ni tampoco expedirán las cortes autos de injunction prohibiendo el cobro de dichas primas o contribu-ciones mientras se esté revisando el caso.
“3. En caso que la Comisión resuelva en el sentido de rebajar la prima que el Administrador haya fijado para cualquier clase de oficio o industria, no se ordenará en ningún caso ni al Administrador del Fondo del Estado, ni al Tesorero de Puerto Rico, que devuelvan el exceso que se haya pagado en primas o contribuciones sino que dicho exceso, calculado desde la fecha en que se radique la petición, se des-contará de las primas o contribuciones que hayan de recaudarse en el futuro a los patronos que hayan radicado las peticiones.
“4. En el caso que se modifique una clasificación por orden o decreto de la Comisión, según se dispone en la presente, el Adminis-trador calculará nuevos tipos, primas o contribuciones en la forma que determine la Comisión para aquellos patronos que tengan obreros o empleados comprendidos en la clasificación o clasificaciones obje-tadas; Disponiéndose, que dichos tipos, primas o contribuciones se calcularán desde la fecha en que se radicó la petición de revisión de la Comisión y sólo regirán hasta que termine el año económico a que pertenecía dicha clasificación o clasificaciones.
“Para poder llevar a 'cabo las disposiciones de esté artículo, el Administrador del Fondo del Estado celebrará vistas públicas, antes del primero de mayo de caria año, en distintas poblaciones de la Isla, notificándolo a todos los patronos asegurados de manera que ellos puedan comparecer y alegar lo que deseen respecto a su derecho en conexión con dichas agrupaciones de oficios o industrias. Esta noti-ficación deberá publicarse en dos periódicos de los de mayor circula-ción en la Isla.
“El Administrador del Fondo del Estado de igual modo tendrá derecho a cobrar individualmente a cada patrono en la misma indus-tria, el porcentaje de primas que a su juicio sea más justo y un re-cargo adicional sobre las primas que él fije, cuando por no hacerse uso de aparatos de seguridad industrial, por mala administración o debido a otras razones que no puedan explicarse satisfactoriamente al Administrador, ocurra en la fábrica, establecimiento o sitio de tra-bajo de dicho patrono, una serie de accidentes fuera de toda propor-ción con el número corriente que ocurra en establecimientos, factorías o sitios de trabajo similares a los de otros patronos que se dediquen a la misma industria o negocio; y a tal fin, el Administrador queda por la presente autorizado para dictar las reglas que estime opor-tunas. ’'

La Comisión Industrial, en una decisión fechada el 16 de diciembre de 1938, se negó a desestimar el recurso por opi-nar que había una importante cuestión envuelta respecto a si un patrono que asegura por el término de determinada obra no se encuentra en posición distinta, en lo que a las clasi-ficaciones se refiere, a aquel que emplea y asegura obreros regularmente durante una serie de años sucesivos. La Comi-sión expone los hechos en forma algo distinta a como lo hace el peticionario. Aunque el recurrente dice en su petición que el Administrador, en mayo de 1937, no insistió en su conten-ción de que la obra de Miró había sido clasificada errónea-mente bajo la clave núm. 7520 en vez de bajo la núm. 6319, ni en cobrar $5.75 en vez de $1.68 por cada $100 de salarios, la Comisión aparentemente asume que lo cierto era lo con-trario, puesto que procede a aprobar el derecho y poder del Administrador a corregir una clasificación efectuada bajo un supuesto error de becbo. Lo que la Comisión encuentra dudoso es si el Administrador, luego de corregir la clasi-ficación en mayo de la clave núm. 7520 a la núm. 6319, podía, dos meses más tarde, aumentar la prima para la misma cla-sificación de $5.75 a $10.75 por lo menos en lo que se refería a obras especiales.

Somos del criterio que la duda expresada por la Comisión no es frívola y merece ulterior consideración. Si se resol-viera el punto en favor del contratista, el caso no caería bajo la sección 24, supra, puesto que el recurso entonces no envol-vería una revisión sobre los méritos de la clasificación o prima de seguro, sino el cumplimiento de un derecho contractual. La sección 24 quizá no cubriría claramente la situación, puesto que la controversia no se basaría en un error de apreciación por parte de la Comisión al computar o fijar las primas de seguro ni al efectuar la clasificación.

Sea ello como fuere, ha surgido suficiente duda en nues-tras mentes respecto a las posibilidades de levantar cuestio-nes meritorias en este caso para que nos sintamos obligados a confirmar la decisión de la Comisión negándose a desestimar el recurso.

Se confirma la resolución de la Comisión Industrial de 16 de diciembre de 1938, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos de acuerdo con la ley.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Mediavilla, conocido por Luis Villa, acusado y apelante.
    Núm. 7116.

    Sometido: Febrero 2, 1939.

      Resuelto: Marzo 29, 1939.

      B. Martínez Nadal y C. H. Julia, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Luis Mediavilla fué acusado de un delito de asesinato en segundo grado cometido en la persona de Juan Cosme. El jurado lo declaró culpable de bomicidio voluntario y la Corte de Distrito de Bayamón le impuso la pena de siete años de presidio con trabajos forzados. Apeló para ante este tribunal, fundando su recurso en los seis errores que imputa a la corte sentenciadora, a saber:

“Primero: El veredicto en este caso es contrario a la prueba.
“Segundo: El veredicto en este caso es contrario a derecho.
“Tere-ero: La corte inferior cometió error al no dar las instruccio-nes especiales solicitadas.
“Guarió: La corte inferior cometió error al no dar instrucciones sobre defensa propia.
“Quinto: La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio.
Sexto: La corte inferior cometió error al negarse a incluir en la transcripción de evidencia la moción de nuevo juicio, las instruccio-nes especiales solicitadas y las excepciones tomadas a dichas instruc-ciones. ’ ’

En los dos primeros señalamientos de error se alega que el veredicto es contrario a la prueba y a la ley. La discusión de estos dos errores requiere que llagamos una reseña de la evidencia que tuvo ante sí el jurado.

La prueba de cargo tiende a demostrar que el interfecto, Juan Cosme, el día 6 de enero de 1937, fue a visitar a su cuñada, Beatriz Marrero, quien residía en el barrio Palma-rejo del término municipal de Corozal. Llevó unos dulces para los hijos de su cuñada y preguntó a ésta si sabía si aquel día habría algún baile por allí, contestándole Beatriz que no lo sabía. La obsequió entonces con vino que llevaba en una botella y luego almorzó en la casa. Después de haber almorzado llegó Luis Mediavilla, quien desde su matrimonio con Ana Negrón, hija de Beatriz, vivía en la casa de ésta. Beatriz se hallaba en la cocina y oyó que al entrar Media-villa éste y Cosme se saludaron, siguiendo Mediavilla para la cocina, donde entabló conversación con Beatriz, lamentán-dose él de que tenía que cortar un tabaco al día siguiente y que el tiempo que reinaba entonces no era propicio para tal operación. Cosme, que oía la conversación desde la sala, intervino diciéndole que debía hacer como acostumbraban en Comerío, deshojar el tabaco en la plantación en vez de cor-tarlo, a lo que repuso Mediavilla que no era partidario de ese sistema porque perjudicaba la calidad del tabaco. Al poco rato Mediavilla salió de la cocina y se dirigió a la sala, donde continuaba Cosme. Beatriz, que permaneció en la cocina, al momento oyó una detonación, creyó que sería un petardo y no bizo caso, pero inmediatamente después oyó una o dos más, y al ir para la sala vió los dos hombres agarra-dos en lucha corporal. Separó a Luis Mediavilla y notó entonces que Cosme se hallaba herido. Llamó al vecindario que le auxiliaran. Llevó el herido a la cocina, pero como tardaban en prestarle auxilio, lo condujo a su cama. En esos momentos llegó Fernando Santiago, el vecino más cer-cano, que oyó las detonaciones y a requerimiento de Beatriz fué a prestarle auxilio. Cuando entraba a la casa, se cruzó con Mediavilla que salía. Se dirigió a la cama donde yacía Cosme y le preguntó qué le había pasado, contestándole éste: “Que estoy herido. Mediavilla me cayó a tiros por nada.” Santiago pidió una hamaca a su casa y con la ayuda de otros vecinos trasladó al herido al Hospital San Alberto, en Baya-món, donde éste falleció al día siguiente a consecuencias de las dos heridas recibidas.

Ninguno de los testigos, tanto de cargo como de descargo, vió que Cosme tuviese arma o herramienta alguna en el sitio de los sucesos. Sólo el acusado, como veremos más tarde, declaró sobre el formón con que, según él, trató de agredirle el interfecto, declaración que indirectamente corroboró el Dr. Pinero, quien practicó la autopsia, el cual declaró que tuvo oportunidad de ver y hablar con Cosme mientras estuvo en el hospital, por ser él médico interno, y quien a repregun-tas de la defensa y refiriéndose al interfecto, declaró:

“Estaba consciente, cómo no, y siempre se quejaba ele que des-graciadamente no tuvo oportunidad de usar su arma, pero yo le decía que no se agitara; siempre insistía en eso mismo, insistía en que no pudo hacer uso de su arma, que sus hijos se liarían cargo de vengar su muerte.”

Las palabras que el testigo Fernando Santiago puso en boca del interfecto, que antes hemos transcrito, no fueron oídas por el niño Ernesto Negrcrn, cuñado de Mediavilla, quien llegó antes que Santiago a la casa de Beatriz.

Declaró esta última, además, que su bija Ana, la esposa de Mediavilla, bacía un mes babía requerido dos veces a Cosme para que no volviese a la pequeña tienda de ella, por-que Cosme iba allí a hablar con una mujer de mala reputa-ción de quien estaba celosa la esposa de Cosme, que a su vez era hermana de Beatriz y tía de Ana, y quien babía cri-ticado a ésta por permitir que Cosme hablase en su casa con la indicada mujer. Que Cosme se molestó por lo que le dijo Ana y le contestó que él sabía que ella actuaba por indi-cación de Mediavilla, su esposo, y agregó:

“Yo me creía tener un amigo, de hoy en adelante tengo un ene-migo; ésto lo arreglaremos él y yo más tarde.” (R., pág. 15.)

En el examen de repreguntas declaró Beatriz que como mes y medio antes de los sucesos Cosme vino a quejársele de lo que le babía sucedido con Ana, repitiendo lo anterior-mente expuesto.

El acusado describe la lucha que sostuvo con el interfecto .así:

“Viré para atrás, pero cuando pasé por medio de la sala, lo en-contré de frente; cuando entré a la salida, había dado una vuelta =a las piernas en donde estaba sentado y cuando fui a pasar brincó ele la mesa y me echó mano y me dice: ‘Hoy vamos a arreglar la que tú me debes,’ y se fué sobre mí, me empujó bastante fuerte; al caer allá, él quedó con una mano metida en la camisa; al ver eso, también hice movimiento — yo tenía el revólver en el seno — al yo meter la mano que vio el revólver, se me fué encima, encima y en-cima, y yo sacándole el cuerpo, y disparé un tiro al aire; se me fué encima y llegué al seto, arrinconándome al seto; al cogernos, ■se partió un pedazo de tabla abajo y me fui por el agujero; en la lucha me vi perdido y le-disparé un tiro; seguimos agarrados en la lucha y ahí le disparé otro tiro. Esa es toda la verdad.” (R., pág. 48.)

No hizo referencia a formón alguno que el interfecto tuviese en aquellos momentos, pero a continuación del relato que acabamos de transcribir, su abogado le preguntó:

“¿Cómo era ese formón?
“Un formón negro, bastante grande.
“¿Y el cabo?
De madera.
“FisCal,: El abogado es el que habla de formón ahora. Él no ha dicho nada de eso.
‘ ‘ ¿ Qué llevaba el otro en la mano ?
“Un formón.
“Cómo era ese formón?
“Negro, tenía bastantes pulgadas y el cabo de madera.” (R., pág. 48.)

En el curso de su declaración manifestó el acusado que el interfecto lo atacó con el formón, que el primer disparo lo hizo hacia arriba con el fin de atemorizarlo, pero el inter-fecto no retrocedía y fué entonces que se partió la tabla. (B., pág. 50.)

De la prueba resulta también que el acusado no fué ente-rado de las amenazas e injurias que se alega haber hecho Cosme con relación al acusado en presencia de su esposa, Ana Negrón.

Después que el testigo de descargo Juan Negrón Santana identificó el formón como de la propiedad del interfecto, la defensa lo ofreció en evidencia y fué admitido. (B., pág. 63.)

Tal fué en síntesis la prueba que motivó el veredicto del jurado. En su discreción en la apreciación de la prueba, el jurado no dió crédito a la defensa propia alegada por e} acusado. Al así hacerlo, no cometió error alguno, pues la evidencia es contradictoria. Nadie más que el acusado vio en poder del interfecto el formón en cuestión. El Dr. Piñero pone en boca del interfecto las manifestaciones que ya cono-cemos, de las que se puede inferir que el interfecto debió tener un arma de que no pudo hacer uso en los momentos en que fué atacado por el acusado. En cambio, la declaración de Beatriz Marrero, quien intervino cuando aún estaban aga-rrados el acusado y el interfecto, en momentos en que éste, herido ya, no tenía por qué ocultar el arma, pues de tenerla probablemente hubiera tratado de defenderse con ella, y las declaraciones de Ernesto Negrón, cuñado del acusado, y Fernando Santiago, quienes fueron los primeros en llegar y no vieron tal herramienta, pusieron al jurado en condiciones de dirimir el conflicto rechazando la versión del acusado, así como la del Dr. Pinero, en lo que a la defensa propia respecta. La prueba del fiscal contiene todos los elementos del delito de homicidio voluntario, y no creyendo el jurado la prueba rela-tiva a la defensa propia alegada por el acusado, es inelu-dible concluir que el veredicto del jurado no fué contrario a la prueba ni a la ley.

Los señalamientos de error 3 y 4 imputan a la corte sentenciadora no haber transmitido ciertas instrucciones especiales sobre defensa propia y no haber dado instrucciones generales sobre la misma materia.

Hemos examinado el récord taquigráfico y las instruccio-nes de la corte al jurado y nada aparece que indique que tales instrucciones especiales fueron solicitadas. Sólo aparece al final de las instrucciones y a manera de nota del taquígrafo, lo siguiente:

“Después de tomarse juramento al marshal y retirarse el jurado a deliberar, el Si?. Julia dijo: ‘Tomo excepción a la negativa de la Corte de instruir sobre las últimas instrucciones.’ ” (R, pág. 73.)

Las últimas instrucciones de la corte son las que aparecen en la página 73 del récord y se contraen a la duda razonable y a dar al acusado el beneficio de la duda sobre la clasifica-ción del delito, declarándolo culpable del menos grave, o sea el de homicidio voluntario, si no creyéndolo inocente tuvieren duda sobre la clasificación del delito, es decir, si era asesi-nato en segundo grado u homicidio voluntario. Ninguna otra excepción se tomó a las instrucciones y siendo ello así, no podemos considerar el alegado error. Pueblo v. Rodríguez, 34 D.P.R. 464, 468; Pueblo v. Ramírez, 50 D.P.R. 234, 271; Pueblo v. Saltari, 53 D.P.R. 893, 908.

Sostiene el acusado que la corte no transmitió instrucciones sobre defensa propia y que se concretó a darlas sobre defensa de morada.

Las instrucciones de la corte a que se refiere la defensa se hallan en las páginas 67-70 del récord y para la mejor inteligencia de la discusión las vamos a transcribir:

“La teoría del acusado es la de que él, si bien dió muerte a Juan Cosme, él lo hizo en defensa propia, dentro de su hogar. Para sos-tener esa teoría que condensa en el sentido de que al él regresar de la cocina de la casa de Beatriz Marrero, Juan Cosme se abalanzó contra él, le empuñó, sostuvieron una lucha; Cosme trató de sacar y sacó de su cintura un instrumento, tipo formón, y que al intentar agredirlo, él hizo uso de su revólver y le disparó tres tiros. Para sostener esa teoría presentó las declaraciones de Ana Negrón, Juan Negrón, Andrés Marrero, Andrés Figueroa, Félix Negrón, Juan Ne-grón y la propia declaración del acusado.
“Como he dicho, la teoría de la defensa, según la tendencia de su prueba, es la defensa propia dentro del propio hogar. El ar-tículo 209 de nuestrp Código Penal dice que puede justificarse un homicidio, entre otros casos, cuando lo cometiere alguna persona al defender su morada, propiedad o persona contra alguno que mani-fiestamente intente o procure, por medio de violencia o sorpresa, co-meter cualquier felony o que violenta, desordenada o tumultuosa-mente intente o procure penetrar en la morada de otro con el pro-pósito de agredir a alguna persona que se hallare en ella.
“Y dice el artículo 210 del mismo Código, qué la mera sospecha de la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en el ar-tículo 209 y a que se ha hecho referencia, para impedir los cuales puede legalmente cometerse el homicidio, no bastará para justificarlo la mera sospecha de que tal delito se va a cometer, sino que las cir-cunstancias que concurran deberán ser suficientes para excitar el temor de una persona razonable y será preciso que el matador obre sólo bajo la influencia de dicho temor.
“Un felony, saben los señores del jurado, que es un delito grave; es decir, un delito que se castiga con pena de presidio. Y todo acto ilegal de inferir algún daño violento en la persona de un semejante, con la intención de causarle daño, cualesquiera que sean los medios o el grado de violencia que se emplearen constituye un delito de agresión. Y tocia tentativa para cometer tina agresión o cualquier señal ele amenaza qne demuestre en sí o con palabras una intención inmediata, acompañada de aptitud para cometer la agresión es un acometimiento.
“La ley, ele modo terminante, consagra como circunstancia jus-tificativa del homicidio, la de cometerle al defender una morada. Ello no quiere decir que en tocio caso pueda quitarse la vicia ele un semejante que ilegalmente intente o procure penetrar en la morada ele otro o que dentro de la morada ele otro intente agredir o acometa y agrediere a una persona. Es necesario que manifiestamente intente o procure, por medio de la violencia o sorpresa, cometer un delito grave o agredir en forma violenta, desordenada o tumultuosa a al-guna persona que en ella se hallare; no siendo bastante para justi-ficar el homicidio la mera sospecha ele la comisión ele cualesquiera de estos delitos, sino que las circunstancias que concurran deberán ser de tal naturaleza que exciten el temor de una persona razonable y que el matador obre sólo bajo la influencia ele ese temor.
“El temor de que habla la ley, como en los casos de defensa pro-pia, no es el temor ele un cobarde, sino el temor ele una persona de moderado valor, ele espíritu sereno. La ley no puede negar su cas-tigo a quien causa la muerte de un ser humano guiado por insignifi-cantes motivos de temor de un daño personal o ele perder la vicia. Por eso se exige que la impresión producida en el ánimo del acusado esté acompañada ele circunstancias tales que despierten el temor de una persona razonable.
“Es mi deber decir a los señores del jurado que cuando la de-fensa propia se ejercita dentro del propio hogar, ésta es una circuns-tancia que la hace menos rígida. El morador puede repeler la fuerza por la fuerza en defensa de su persona, de la propia morada o de la propiedad contra aquél que manifiestamente intente o procure por medio de violencia y por medio de sorpresa, cometer un cielito grave o de agredirlo en forma violenta, desordenada o tumultuosamente y en este caso él no está obligado a retirarse o a escapar, sino que puede hacer frente a su adversario hasta asegurarse que el peligro lia ce-sado y si en esas circunstancias mata, el homicidio es justificable y deberá ser absuelto libremente.
“El jui’ado debe considerar la conducta del acusado y la conducta del interfecto, los medios y la fuerza empleados y todas las circuns-tancias concurrentes y si encuentra que ellas son bastantes para ex-citar el temor de una persona razonable y si estima que el acusado obró solamente bajo la influencia de dicho temor, según así se prescribe por la ley, la defensa habrá quedado establecida, o de lo contra-rio, deberá desecharse.”

Las instrucciones sobre defensa propia no son entera-mente correctas. Es regia bien establecida tanto en los casos criminales como en los civiles, que las instrucciones trans-mitidas al jurado deben corresponder al caso que surja de la evidencia practicada, y constituye error transmitir al jurado cualquier instrucción, por correcta que sea, en abs-tracto, cuando ésta no esté justificada por la prueba.

En el presente caso nada bay em la prueba tendente a demostrar que la muerte se realizó en defensa de morada. Si bien Mediavilla vivía en la casa donde se cometió el crimen y legalmente era aquélla su morada, no es menos cierto que Cosme se bailaba allí legalmente, con el beneplácito de su cuñada, la dueña de la casa. Aceptando como cierta la evi-dencia del acusado sobre defensa propia, todo lo que de ella surge es defensa propia en relación con la persona, pero no bay la más insignificante evidencia que justifique instruccio-nes sobre defensa de morada. Sin embargo, el error, a pesar de baber existido, no fué perjudicial al acusado, porque el jurado no pudo ser inducido a error por la instrucción, toda vez que la manera de conducirse el interfecto al penetrar en la casa no permitía al jurado dudar siquiera de que pudiera tratarse de una defensa de morada.

A este efecto dice Ruling Case Law:

“Aunque constituya error transmitir una instrucción que no sea aplicable al caso que surge de la evidencia, tal error es perjudicial solamente cuando la parte que lo alega haya podido ser perjudicada por la instrucción. Los tribunales, sin embargo, generalmente con-sideran perjudicial cualquier instrucción no justificada por la prueba, a menos que clarwinente aparezca qae el jurado no ha podido ser inducido a error por tal instrucción.” 14 R. C. L. 791.

Véanse además Pueblo v. Mejía, 33 D.P.R. 895; State v. Leatherwood, 194 P. 600, 602; State v. Moore, 233 P. 523, 525.

Aparte de estas consideraciones, tampoco hubiéramos podido tomar en cuenta el alegado error, pues conforme bemos dicbo anteriormente, el acusado no tomó excepción alguna a la instrucción sobre defensa propia transmitida por la corte, y no dió oportunidad alguna para reformarla. Pueblo v. Boria, 12 D.P.R. 170; Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263; Pueblo v. Matos, 26 D.P.R. 586; Pueblo v. Concepción, 30 D.P.R. 479; Pueblo v. Valentín, 36 D.P.R. 425, 427; Pueblo v. Peña Ramos, 39 D.P.R. 933, 935; Pueblo v. Maldonado, 45 D.P.R. 417, 422; Pueblo v. Mercado, 46 D.P.R. 152, 156; Pueblo ex rel. Rosario v. Ferrer, 47 D.P.R. 85; Pueblo v. Nieves, 48 D.P.R. 153.

No existe constancia alguna en los autos demostrativa de que se Rubiera solicitado y denegado un nuevo juicio en la corte inferior. La tínica constancia que tenemos ante nos es la aseveración del abogado defensor en el quinto señalamiento de error al alegar como tal la supuesta desestimación de la moción de nuevo juicio. No apareciendo de los autos que tal resolución se dictase, ni habiéndose siquiera apelado de la supuesta resolución denegatoria del nuevo juicio, no podemos considerar dicho señalamiento de error.

El sexto señalamiento de error imputa a la corte sentenciadora haberse negado a incluir en la evidencia la moción de nuevo juicio, las instrucciones especiales que alega fueron solicitadas, y las excepciones tomadas a la negativa de transmitir dichas instrucciones.

En cuanto a la moción de nuevo juicio, es evidente que no habiéndose establecido recurso alguno contra la resolu-ción denegatoria del mismo, no procedía incluir dicha moción en la transcripción de autos, puesto que la referida resolu-ción no fué objeto del recurso, que solamente se interpuso contra la sentencia. Véase el escrito de apelación en las páginas 4-5 de la transcripción de autos.

En cuanto a la negativa de incluir en la 'transcripción de evidencia instrucciones especiales que se alega fueron soli-citadas y denegadas, y las excepciones consiguientes, debió el acusado recurrir de dicha negativa para ante este tribunal y perfeccionar así la transcripción, antes de que el legajo •de sentencia fuese elevado a este tribunal. En otras pala-bras, dentro del recurso de apelación contra la sentencia no-pueden considerarse los defectos u omisiones de que puedan-adolecer la transcripción de evidencia y la transcripción de-autos.

Por lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia apelada. ■


author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Álvaro Walker, acusado y apelante.
    Núm. 7360.

    Sometido: Febrero 9, 1939.

      Resuelto: Marzo 31, 1939.

      R. Rivera Correa, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Pbesidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, en lo pertinente, dice:

“El referido acusado Alvaro Walker, allí y entonces, de una ma-nera ilegal, voluntaria y maliciosamente, tenía en su poder materias o sustancias que unidas entre sí resultan un fuerte explosivo, con el fin de aterrorizar o causar daño a cualquier propiedad.”

En su parte primera se expresa que se formula por infrac-ción al artículo 12 de la Ley núm. 67 de 1934 (pág. 459).

El título de esa ley es como sigue: “Para reglamentar la-manufactura, posesión, almacenaje, transporte, venta o dona-ción de explosivos en Puerto Rico, definiendo los delitos, estableciendo penas, declarando una emergencia, y para otros-fines.”(Pág. 459.) Y la sección pertinente de la misma, que-es la 12, ordena:

“Artículo 12. — Posesión con la Intención de Hacer Daño. — Cas-tigos. — Cualquier persona que tenga en su poder dinamita u otro explosivo químico o sustancia con la intención, de usarlo para hacer daño corporal, de aterrorizar o asustar a cualquier persona, o de hacer daño o destruir cualquier propiedad, o de hacer daño a la misma en cualquier forma, podrá ser castigada, convicta que fuere, a pagar una multa de no menos de ciento cincuenta (150) dólares ni más de tres mil (3,000) dólares, o con cárcel y trabajos forzados por un término de no menos de seis meses ni más de cinco años.”

Se castiga, pues, la posesión — con la intención indicada— de dinamita u otro explosivo químico o substancia. Lo que introduce confusión es el uso de la palabra substancia que no se encuentra en ninguna otra parte de la ley.

Ésta por su artículo primero dice que se aplicará a la manufactura, posesión, almacenaje, transporte, venta o dona-ción de explosivos según se definen en el artículo segundo.

La definición del artículo segundo es:

” ‘Explosivo o explosivos’ comprenderá cualquier compuesto quí-mico o mezcla mecánica que contenga unidades oxidantes y combustibles u otros ingredientes en tales proporciones, cantidades o en tal' envoltura que al ser encendida por el fuego, por fricción, conmo-ción, percusión o detonador cualquier parte de dicho compuesto o mezcla, pueda causar una repentina reproducción de gases calientes en grado tan alto que las presiones gaseosas resultantes sean capaces de producir efectos destructores de vidas, de miembros, o de los objetos contiguos, pero los que no incluirán la gasolina, el petróleo, la nafta, trementina, bencina, nitrocelulosa coloidal en hojas, o en barras, o granos de no menos de un octavo de pulgada de diámetro, nitrocelulosa mojada y mi compuesto de almidón y nitro mojado (ivet nitro starch) que contenga un veinte por ciento o más de hu-medad o de ácido píerico mojado que esté mojado en o que contenga un diez por ciento o más de humedad. Los artículos manufactura-dos, tales como balas, (fixed ammunition) para armas pequeñas, petardos, mechas de seguridad, fósforos, etc., no se considerarán como explosivos cuando las unidades individuales contengan explo-sivos en cantidad tan limitada, de tal naturaleza, o en tal envoltura que no sea posible que puedan producir una explosión simultánea destructora de dichas unidades en perjuicio de vidas, miembros o propiedades.”

El artículo 3 se refiere al embalaje de explosivos y al almacenaje el 4.

Los artículos 5, 6 y 7 a los polvorines para guardar legal-mente los explosivos. El octavo a las licencias para alma-cenaje de explosivos. El noveno al transporte de explosivos. El décimo al registro de ventas o donaciones de explosivos y el undécimo al uso ilegal de explosivos.

Todos tratan, pues, exclusivamente de explosivos. Es en el duodécimo que se emplean las palabras “dinamita” que tiene una acepción especial y “sustancia” cuya acepción es general y que teniendo en cuenta el propósito y el alcance de la ley debe necesariamente circunscribirse a substancias de naturaleza explosiva.

¿Cuál fué la intención del legislador al usar el término sin determinación expresa? ¿Fué la de incluir un caso como -el que se imputa en la denuncia, esto es, la posesión con él fin de aterrorizar o causar daño de substancias que unidos formen el explosivo?

Es cierto que el uso del singular incluye el plural pero siempre tendría que tratarse de substancias explosivas, no pudiendo extenderse el significado a substancias que mezcla-das formen el explosivo. En la definición se babla de mezcla y por mezcla se entiende algo que está Fecho, no que esté por Facer.

Quizá la verdadera intención de la Legislatura fué la de incluir entre los punibles el beclio de la posesión con el dañado propósito indicado de sustancias que mezcladas entre sí pro-duzcan el explosivo, a fin de evitar que se eluda su prohibi-ción, lo que sé lograría fácilmente teniendo todos los ingre-dientes listos y dejando su mezcla para el último momento, pero si ello fué así, no llegó a expresar su pensamiento con aquella claridad y certeza que nuestras instituciones exigen para que una persona pueda ser castigada por la comisión de un delito.

Para que el Fecho imputado en la denuncia quedara com-prendido en la ley, ésta tendría que enmendarse de manera que dijera “dinamitan otro explosivo químico o substancia explo-siva o substancias que mezcladas formen un explosivo”, o algo semejante.

Siendo ése el caso, debió prosperar la excepción peren-toria de no constituir delito público los becbos denunciados formulada por el acusado, habiéndose cometido por la corte en tal virtud el primero de los errores señalados al declarar sin lugar dicba excepción. .

Debe, en su consecuencia, prosperar él recurso, revocán-dose la sentencia apelada y absolviéndose al acusado, sin que sea necesario considerar y resolver el otro señalamiento de error.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.


author: Eii Juez Asociado Señok Travieso

text:
    Compañía Popular de Transporte, Inc., demandante y apelada, v. Carlos Gallardo, en su carácter de Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7682.

    Sometido: Febrero 7, 1939.

      Resuelto: Marzo 31, 1939.

      Eon. Procurador General B. Fernández García, Pablo Defendini.y R. García Cintrón, Subprocuradores, abogados del apelante; Artemio P. Rodríguez, abogado de la apelada.
   Eii Juez Asociado Señok Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 11 de marzo de 1937 la corporación demandante y apelante radicó en la oficina del Secretario Ejecutivo de Puerto Pico, para su archivo, el informe anual correspon-diente al año natural 1936. Dicho informe contenía todos los datos requeridos por el artículo 25 de la Ley de Corpora-ciones privadas de Puerto Rico, según fué enmendada por la Ley núm. 92 de 13 de mayo de 1936 (Leyes de 1936 (1) pág. 489), y un estado de las cuentas de la corporación, revi-sado y auditado por el Sr. Agustín Pérez Camy, Contador Público Autorizado. Negóse el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico a archivar el informe, devolviéndolo a la corpo-ración demandante, la* cual acudió ante la corte de distrito en solicitud de un auto de mandamus por el cual se obligara al funcionario demandado a cumplir con el deber que se dice ser ministerial de aceptar y archivar el informe tal y como le fué presentado.

Expedido el auto condicional y notificado el demandado, compareció éste mediante moción para la anulación del auto y desestimación de la petición por no aducir ésta hechos sufi-cientes para constituir una causa de acción; y en la vista celebrada ante la corte inferior alegó como razón específica para su negativa a archivar el informe, que el estado de cuen-tas que forma parte del mismo aparece revisado y auditado por Agustín Pérez Camy, Contador Público Autorizado, quien es también uno de los directores de la corporación a nombre de la cual se somete el informe; y que, a su juicio, para que sea válida, la revisión o certificación de las cuentas debe ser hecha por persona extraña a la corporación y no por uno de sus directores, aún cuando el director certificante sea un Contador Público Autorizado.

Expedido el auto perentorio de mandamus, apeló el deman-dado. Los tres señalamientos de error, considerados conjun-tamente, se resumen así:

La corte sentenciadora erró al sostener que un director de una corporación, que es al mismo tiempo Contador Público Autorizado, puede revisar y auditar un estado de cuentas de la corporación, que ha de formar parte de su informe anual requerido por la ley.

El artículo 25 de la Ley de Corporaciones Privadas, aprobada en marzo 9,1911, y enmendada por la Ley núm. 12 de 1913 (pág. 57), fué enmendado en el sentido de adicionar el inciso 7, que dice textualmente así:

“(7) Toda corporación, sociedad anónima o compañía por ac-ciones, incorporada o constituida de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, deberá incluir en su informe anual un estado de sus cuentas debidamente revisadas y auditadas por contadores públicos.” (Bas-tardillas nuestras.)

¿Puede decirse que las cuentas han sido debidamente revi-sadas y auditadas cuando el contador público que las revisa y audita, continuando en el uso del anglicismo, es uno de los directores de la corporación? Nuestra contestación debe ser en la negativa.

El verbo inglés ‘ ‘ to audit, ’ ’ que ha pasado' a nuestro léxico como “auditar,” se deriva del latín “audire” y significa por tanto oír; y en relación con la contabilidad significa el pro-ceso de examinar oficialmente las cuentas, compulsando las entradas que aparecen en- los libros, tanto en el Debe como en el Haber, con los comprobantes correspondientes, para poder así determinar la corrección y exactitud del balance resultante. Véanse: Fuller & Hiller Hardware Co. v. Shannon & Willfong, 215 N. W. 611; N. Y. Catholic Protectory v. Rockland County, 144 S. 552; y Conover v. West Jersey Mortgage Co., 96 N. J. Eq. 441. V la jurisprudencia sostiene que el “audit” no es un mero proceso matemático, sino que incluye también la investigación, peso y apreciación de evi-dencia y el decidir si ciertas partidas deben ser incluidas en o eliminadas de las cuentas. Traveler’s Insurance Co. v. Pierre Engine Co., 123 N. W. 643; People v. Green (N. Y.) 5 Daly, 194.

El propósito del legislador al exigir que las corporaciones incluyan en su informe anual “un estado de sus cuentas debidamente revisadas y auditadas” no puede ser otro que el de ofrecer a las personas que puedan tener interés en cono-cer la verdadera situación económica de una corporación, un estado de cuentas practicado, revisado y certificado con todas las garantías de la imparcialidad y el desinterés de un con-tador público ajeno a la corporación que presenta el informe. Cameron v. Seaman, 69 N. Y. 396.

Si, como bien dice en su opinión la corte inferior, “una corporación no es otra cosa que una entidad artificial creada por virtud de una ley, a la que debe su existencia y de la cual emanan sus derechos y deberes”; si esa corporación “actúa, vive y se pronuncia a través de sus directores”; y si se puede decir, como dice la corte inferior, “que los direc-tores de la corporación, en lo que respecta a su administra-ción, es la corporación misma,” lógicamente, después de sentar tales premisas, tenemos que llegar a la conclusión inevitable de que el examen, ajuste y certificación de las cuentas de una corporación por uno de sus directores, aún cuando dicho director esté debidamente facultado para ejercer como con-tador público, no puede ser considerado como el estado de cuentas debidamente revisadas y auditadas que exige el esta-tuto. El contador público que certifica un estado de cuentas de una corporación de la cual es director, no puede despojarse de su condición de director y de su interés en la corporación, para actuar con la imparcialidad, independencia y desinterés con que actuaría un contador público ajeno a la corporación.

Es cierto que el estatuto no dispone expresamente que el contador público que deba revisar y certificar el estado finan-clero de la corporación no pueda ser uno qne sea al mismo tiempo director de la corporación. No es necesario qne el estatuto prohíba expresamente lo qne la bnena práctica y la moral pública aconsejan qne no se baga. Además, a nuestro juicio, el requisito de qne las cuentas deberán ser debidamente revisadas y auditadas no puede ser interpretado en el sentido de permitir a una corporación preparar su estado de cuentas por medio de uno de sus directores, empleados o agentes y hacerlo revisar y certificar por otro director, agente o empleado. Debemos resolver, por lo tanto, que las cuentas contenidas en el informe anual en cuestión no estaban debi-damente revisadas y auditadas y que faltando ese requisito el Secretario Ejecutivo de Puerto Eico procedió correctamente al negarse a archivar el informe.

Debe declararse con lugar el recurso y revocarse la sen-tencia recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Mediavilla, conocido por Luis Villa, acusado y apelante.
    Núm. 7350.

    Sometido: Febrero 2, 1939.

      Resuelto: Marzo 31, 1939.

      B. Martínez Nadal y C. H. Julia, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado ele El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión, del tribunal.

Luis Mediavilla fue convicto de un delito de portar armas y sentenciado por la Corte de Distrito de Bayamón a sufrir la pena de tres meses de cárcel. Apeló de dicha sentencia y funda su recurso en cuatro errores que imputa a la corte sentenciadora, a saber:

“Primero: La sentencia en este caso es contraria a la prueba.
“Segundo: La corte inferior cometió error al declarar culpable de la portación de un arma en su propia casa.
“Tercero-: La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción de reconsideración presentada en este caso.
“Cuarto: Aún cuando la corte inferior hubiese apreciado que el acusado portó el arma fuera de la casa, cometió error al declararle culpable, porque en la acusación se alega que lo portaba en casa de Beatriz Marrero y la prueba que lo coloca fuera, lo hace en su pro-pia finca.”

Los errores anteriormente expuestos pueden, reducirse a uno, o sea que la sentencia es contraria a la evidencia y a la ley.

A los efectos de discutir los errores anteriormente •expuestos, es preciso conocer la acusación, que dice así:

“El Fiscal formula acusación contra Luis Mediavilla, conocido también por Luis Villa, por una infracción al artículo 1 de la Ley Prohibiendo Portar Armas, de junio 25, 1924, misdemeanor, come-tida como sigue:
“El referido acusado, allá por el día 6 de enero de 1937 y en la casa de Beatriz Marrero, en el barrio Palmare jo de Corozal, que forma parte del Distrito Judicial de Bayamón, Puerto Rico, ilegal y voluntariamente portaba y conducía un revólver, siendo éste un arma con la cual puede causarse daño corporal.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de ‘El Pueblo de Puerto Rico.’ ”

Insiste el apelante en que la sentencia es contraria a la ley y a la evidencia porque, según él, el revólver fué portado en la casa de Beatriz Marrero, y resultando de la prueba que aquélla era también su residencia, los hechos probados no son constitutivos de delito. Es verdad que de acuerdo con la prueba practicada Luis Mediavilla vivía con su suegra, Beatriz Marrero, en la casa de ésta, pero también resulta de la declaración del propio acusado que éste, después de disparar el revólver dentro de la casa de Beatriz contra su semejante Juan Cosme, salió de allí portando el revólver y que lo botó en un platanal cercano a la casa de Beatriz.

Alega el acusado que en ningún caso podría ser convicto de portar armas, porque admitiendo que la portó fuera de la casa de Beatriz Marrero, resultaría entonces una incon-gruencia entre la acusación y la evidencia. En verdad, existe la incongruencia; pero ésta no es material.

En el caso de Berger v. U.S., 295 U.S. 78, 79 L. ed. 1314, la Corte Suprema de los Estados Unidos establece la regla con respecto a incongruencias entre la acusación y la prueba en los siguientes términos:

"En Washington & Georgetown R. Co. v. Hickey, 166 U. S. 521, 531, . . . esta Corte sostuvo que no debe considerarse material una incongruencia cuando la alegación y la prueba corresponden sustan-cialmente, o cuando la incongruencia no es de tal naturaleza que hubiere podido inducir a error al acusado en el juicio. Es verdad que esto se dijo en un caso civil, pero es aplicable igualmente a un caso criminal si se agrega el requisito de que la incongruencia no sea de tal forma que prive al acusado de su derecho a ser protegido contra otra acusación por el mismo delito.” (Casos citados.)

En el caso de autos, la. incongruencia no constituyó una sorpresa ni pudo inducir a error al acusado, porque fué él mismo quien declaró que salió de la casa con el arma. Tam-poco le priva de alegar con éxito la exposición o convicción anterior (former jeopardy), en caso de que fuere acusado nuevamente por el mismo delito, porque los hechos del caso son perfectamente precisos en cnanto al sitio, fecha y oca-sión en que portó ilegalmente el arma, y fácilmente podría el acusado identificar la transacción por medio de evidencia oral si fuere necesario. Meyers v. U. S., 3 F. (2d) (C.C.A.) 379, 380.

De la evidencia no resulta que el platanal donde dice el acusado que tiró el revólver se lialle en terrenos- del acusado ni tampoco de su suegra Beatriz Marrero. Todo lo que sobre este particular aparece del récord es lo siguiente:

“P. ¿Y el revólver?
“T. Lo boté en medio de la casa de Fernando Santiago y Beatriz Marrero, por un platanal que tenía, un yautial.” (R., pág. 54.)

Sabemos por la prueba que el acusado tenía una planta-ción de tabaco en terrenos de Beatriz Marrero, pero no consta quién era el dueño del terreno donde se bailaba el platanal. Tampoco puede determinarse por el récord con qué propó-sito salió el acusado de la casa de Beatriz inmediatamente después del crimen. Sólo consta del récord que salió y que ecbó el revólver en un platanal, pero no puede determinarse en qué momento y ocasión fué que se desprendió del arma, pues el becbo de que la botara en un platanal no implica necesariamente que saliera de la casa con ese propósito y que acto continuo tirase el arma. Pudo haberla botado en cual-quier otro momento anterior al juicio.

El caso de Pueblo v. Borges, 23 D.P.R. 524, no es de apli-cación al presente. Allí se probó que el acusado, después de usar un revólver en la realización de un delito, se dirigió al cuartel de la policía con el propósito de entregar el arma. Claramente surgió de la evidencia en aquel caso que el acu-sado, en los momentos en que le fué ocupada el arma, la por-taba con un fin lícito, es decir, entregarla a las autoridades. Pero en este caso, como antes bemos dicbo, no surge afirma-tivamente de la prueba, ni siquiera puede inferirse de la misma, los propósitos que animaban al acusado en los momen-tos en que salió de la escena del crimen con el arma en cues-tión, ni si fué en aquella ocasión que botó el arma.

El artículo 1 de la Ley de Portar Armas de 1905 (Comp. 1911, see. 5994), según quedó enmendado por la vigente Ley núm. 14, de 25 de junio de 1924 (Sesión extraordinaria, pág\ 115), literalmente dice así:'

“Artículo 1. — Toda persona que ilegalmente portare o condujere cualquier arma o instrumento, con el cual pueda causarse daño corporal, incurrirá en pena de prisión de un mes a seis meses.”

La ley antes citada, según fué enmendada por la anterior-mente dicha, en su artículo 5 determina a qué casos no serán aplicables las disposiciones de la misma, y el 6 y el 7 decla-ran quiénes podrán usar armas legalmente. De manera, pues, que aquellas personas que portaren armas y no estuvieren incluidas en las disposiciones de los artículos 5, 6 y 7 de la ley, según quedó enmendada, incurrirán en delito, sin que sea necesario por parte del Pueblo probar la intención con que se portare dicha arma, por ser ésta materia de defensa.

Como el acusado, en la fecha en que se cometió el delito, no estaba autorizado para portar armas, ni su caso se halla comprendido en los artículos 5, 6 y 7 de la citada ley, y no apareciendo tampoco de los autos que fuera su caso uno extraordinario, como el de Pueblo v. Borges, arriba citado, en que de la prueba resultaba que el acusado portaba el arma para fines lícitos en los momentos en que le fué ocupada, preciso es concluir que el arma se portaba ilegalmente y por lo tanto no cometió error alguno la corte sentenciadora al declararle convicto de dicho delito.

Procede confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.