author: El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

text:
    Shell Chemical Yabucoa, Inc., recurrida, v. Gloria E. Santos Rosado etc., demandados; Shell Chemical Yabucoa, Inc., recurrida, v. Secretario de Hacienda etc., peticionarios.

      Número: CC-2011-585

      Resuelto: 23 de octubre de 2012

      Luis R. Román Negrón, procurador general, María C. Umpie-rre Marchand, procuradora general auxiliar, y Leticia Ca-salduc Rabell, subprocuradora general, abogados de la parte peticionaria; Jéssica Hernández Sierra, de Goldman Antonetti & Córdova P.S.C., abogados del Centro de Re-caudaciones de Ingresos Municipales; Juan A. Marqués Díaz y Britt E. Arrieta Rivera, de McConnell Valdés LLC, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos permite estudiar el requisito juris-diccional de pago previo que contiene el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83-1991 (21 L.P.R.A. sec. 5098a(a)). En particular, debemos determinar el efecto que tiene el incumplimiento del contribuyente con el pago previo, tal y como lo dispone ese artículo. Además, debemos resolver si este efecto se debe aplicar prospectivamente.

Por entender que el Tribunal de Apelaciones erró al no desestimar la causa de acción, se revoca la sentencia recurrida. Pasemos, pues, a exponer los hechos que dieron origen a la controversia planteada en el caso de epígrafe.

I

Shell Chemical Yabucoa, lnc. (Shell) es una compañía organizada al amparo de las leyes de Puerto Rico, que se dedica al proceso de refinería, procesamiento y mezcla de petróleo crudo. El 1 de septiembre de 2009, el Departa-mento de Hacienda (Hacienda) envió a Shell dos notifica-ciones sobre requerimiento de pago de la contribución especial sobre la propiedad inmueble, conforme al Art. 22 de la Ley Núm. 7-2009, según enmendada, 13 L.P.R.A. ant. sec. 9401. La notificación hacía referencia a dos catastros de propiedad de Shell y requería el pago de una contribu-ción anual de $135,223.28 por uno y de $60,729.38 por el otro.

Inconforme con la totalidad de la contribución im-puesta, Shell presentó una solicitud de revisión adminis-trativa en Hacienda y en el Centro de Recaudación de In-gresos Municipales (CRIM). Shell acompañó con su solicitud dos pagos que totalizaban $78,381.06, o lo que es igual al 40% de la totalidad de la contribución anual noti-ficada e impugnada. Hacienda no se expresó en el término de sesenta días establecidos en el Art. 3.48(a) de la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, conocida como Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991 (Ley de Contribución Municipal).

Ante la inacción administrativa, el 23 de diciembre de 2009, Shell acudió al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y presentó una demanda contra Hacienda para impugnar la totalidad de la contribución especial notificada. En la demanda solicitó que se cancelaran las notificaciones de imposición contributiva enviadas y que se le reconociera como entidad exenta. Argumentó que con-forme al decreto de exención que ostenta no estaba sujeta a esa contribución, debido a que bajo los efectos de la Sec. 3701 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. ant. sec. 9401, sus propiedades no se utilizan para fines comerciales. Solicitó, además, que se le reintegraran los pagos realizados conforme a la Ley de Contribución Municipal. En la alternativa, Shell requirió la retasación de la propiedad para que se tomara en consideración el efecto de la suspensión de sus operaciones de refinería y se celebrara una vista para determinar la valoración de la propiedad.

De otra parte, obraba pendiente una demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, incoada por Shell el 29 de octubre de 2009 contra el CRIM. En esta demanda, Shell también impugnó la totalidad de la contri-bución especial notificada. Como ambos pleitos contenían cuestiones comunes de hechos y de derechos, las partes solicitaron conjuntamente la consolidación de los pleitos en la Sala de Humacao. Así las cosas, ambas salas declararon “con lugar” la consolidación y el pleito continuó ventilán-dose en la Sala de Humacao, foro donde se inició el caso de mayor antigüedad.

Luego de los trámites de rigor y otros asuntos procesa-les no relevantes, el 27 de agosto de 2010, Hacienda pre-sentó una moción de desestimación. Alegó que Shell no cumplió con los requisitos jurisdiccionales dispuestos en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, para que el tribunal pudiese asumir jurisdicción sobre su impugnación. Hacienda aseveró que Shell tenía que satisfacer el total de la deuda para que el tribunal adquiriera jurisdicción, pues el pago del cuarenta por ciento del impuesto estaba disponi-ble para quienes estuvieran conformes con una parte de la tributación e inconforme con otra. Shell se opuso a la des-estimación y refutó que a pesar de estar en desacuerdo con toda la contribución notificada, tenía la opción de pagar únicamente el cuarenta por ciento de la totalidad del tributo en cuestión.

El 20 de octubre de 2010, el Tribunal de Primera Ins-tancia notificó una resolución mediante la cual declaró “no ha lugar” la moción de desestimación presentada por Hacienda. Ese tribunal concluyó que tenía jurisdicción so-bre el pleito y ordenó la continuación de los procedi-mientos.

Inconforme, el 22 de noviembre de 2010, Hacienda acu-dió mediante un recurso de certiorari al Tribunal de Apelaciones. Señaló, como único error, que el foro primario no tenía jurisdicción debido a que Shell incumplió con el requisito jurisdiccional de pago provisto en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, ya que solo pagó el cuarenta por ciento de la deuda contributiva.

Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones emitió una sen-tencia en la cual sostuvo que Shell incumplió con el requi-sito jurisdiccional de pago cuando se impugna la totalidad del impuesto. El foro apelativo concluyó que Shell tenía que pagar el cien por ciento de la contribución, ya que im-pugnó la totalidad de la contribución notificada. Señaló que la opción del cuarenta por ciento solo estaba disponible para quienes estaban conformes con una parte del impuesto.

No obstante, el Tribunal de Apelaciones entendió que no procedía la desestimación de la demanda, sino que se le debía dar la oportunidad a Shell de subsanar el defecto jurisdiccional que enfrentaba su reclamación. El 25 de abril de 2011, inconforme con la decisión del foro apelativo, Hacienda presentó una moción de reconsideración cuya de-negatoria fue notificada el 14 de junio de 2011.

Oportunamente, el 13 de julio de 2011, Hacienda acudió ante esta curia mediante el recurso de certiorari que nos ocupa y planteó el señalamiento de error siguiente:

Erró crasamente el Tribunal de Apelaciones al denegar la des-estimación solicitada por el E.L.A. y devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para darle oportunidad a la parte demandante-recurrida a “subsanar el defecto jurisdiccional que enfrenta su reclamación”. Ello, toda vez que al incum-plirse con un requisito de carácter jurisdiccional, el tribunal queda privado de jurisdicción y lo único que puede hacer es desestimar la causa de acción. (Enfasis en el original). Petición de certiorari, págs. 12-13.

Expedido el recurso y con el beneficio de las compare-cencias de ambas partes, resolvemos.

I — I i — I

A. Art. 3.48 de la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, conocida como Ley de Contribución Municipal sobre la Pro-piedad de 1991

El Art. 22 de la Ley Núm. 7-2009, según enmendada, conocida como Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, creó una contribución especial sobre la propiedad inmueble. Con esta ley se adoptaron los procedimientos seguidos por el CRIM para trabajar la contribución especial. En específico, este artículo incorporó el Subtítulo CC —Sees. 3701-3707— al Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Estos artículos establecieron la contribución especial sobre la propiedad inmueble con fines residenciales.

Posteriormente, mediante la Ley Núm. 37-2009 se enmendó el Subtítulo CC del Código de Rentas Internas, supra, para extender la contribución especial a la propiedad inmueble con fines comerciales. A fines de aclarar los parámetros de la contribución especial, Hacienda emitió la Carta Circular de Rentas Internas 2009-08. En esta carta Hacienda aclaró la regla general que se ha de seguir cuando se solicita una revisión administrativa e impugnación judicial de la contribución especial. En lo pertinente, la carta dispone que:

... [A]quellos contribuyentes que deseen solicitar una revisión administrativa o impugnar judicialmente la contribución, de-berán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 3.48 de la Ley Núm. 83 y el Reglamento 7221 del CRIM, en-tendiéndose que cualquier referencia en dicha ley o en dicho reglamento al CRIM o su Director, se tendrá como referencia al Departamento de Hacienda o al Secretario de Hacienda. Carta Circular de Rentas Internas 2009-08, pág. 2.

La Ley Núm. 83-1991, según enmendada, conocida como Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991, le confirió a los municipios el poder y la facultad de tasar, imponer, notificar, determinar y cobrar las contribuciones sobre la propiedad. En 1998, mediante la Ley Núm. 135-1998, la Asamblea Legislativa incorporó el Art. 3.48 a la Ley Núm. 83, supra, para establecer el procedimiento para la revisión administrativa e impugnación judicial de la contribución especial. En lo que nos concierne, el Art. 3.48 de la referida ley indica:

(a) Revisión administrativa. Si el contribuyente no estu-viere conforme con la notificación de la imposición contribu-tiva emitida por el Centro de conformidad con las sees. 5076 y 5077 de este título, podrá solicitar por escrito una revisión administrativa donde se expresen las razones para su obje-ción, la cantidad que estime correcta e incluir, si lo entiende necesario, la evidencia o documentos correspondientes, dentro del término de treinta (30) días calendarios, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las sees. 5076 y 5077 de este título, siempre y cuando el con-tribuyente:
(1) pague al Centro de Recaudación la parte de la contri-bución con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;
(2) Pague al Centro de Recaudación la totalidad de la contribución impuesta.
El contribuyente que solicite una revisión administrativa, según se dispone en esta sección, no podrá acogerse al des-cuento por pronto pago dispuesto en la see. 5093 de este título, excepto cuando pague la totalidad de la contribución im-puesta, dentro de los términos prescritos por ley para tener derecho al descuento.
El Centro deberá emitir su decisión dentro de un término de sesenta (60) días a partir de la fecha de radicación de la soli-citud de revisión administrativa por el contribuyente. ...
El procedimiento de revisión administrativa deberá comple-tarse como requisito previo para que un contribuyente que no estuviere conforme con la decisión sobre imposición contribu-tiva la impugne, según lo dispone el inciso (b) de esta sección.
(b) Impugnación judicial. Si el contribuyente no estuviere conforme con la determinación emitida por el Centro, de con-formidad a las sees. 5076 y 5077 de este título y el inciso (a) de esta sección, podrá impugnar la misma ante el Tribunal de Primera Instancia dentro del término de treinta (30) días ca-lendario, a partir de la fecha de depósito en el correo de la notificación provista por las sees. 5076 y 5077 de este título siempre y cuando dicho contribuyente, dentro del citado tér-mino:
(1) Pague al Centro de Recaudación la parte de la contribu-ción con la cual estuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere conforme, o;
(2) Pague al Centro de Recaudación la totalidad de la con-tribución impuesta.
Tanto la presentación de la impugnación, como el pago de la contribución impuesta, ya sea en su totalidad o en la parte con la cual se estuviere conforme, así como el pago del cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no se estuviere conforme, dentro del término dispuesto, se consideran de carácter jurisdiccional. (Enfasis nuestro).

Esta Curia tuvo la oportunidad de analizar el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, en el caso de Villamil Development v. C.R.I.M., 171 D.P.R. 392 (2007). En ese caso tuvi-mos que resolver si el requisito jurisdiccional del pago de la totalidad de la contribución notificada se refería al periodo anual o al periodo semestral. Luego de analizar el derecho concluimos que:

En el caso hoy ante nuestra consideración, Villamil pagó $105,873.64 al CRIM dentro del término de 30 días a partir del depósito en el correo de la notificación de contribución. Dicho pago no fue suficiente para cumplir con el requisito ju-risdiccional establecido en el Art. 3.48 de la Ley, pues la suma pagada no constituye la totalidad de la contribución anual me-nos el 10% de descuento, ni la parte de la contribución anual con la cual estuviere conforme más el 40% de la contribución anual con la cual no estuviere conforme. Para cumplir con lo establecido en el Art. 3.48 de la Ley Villamil debió haber pa-gado al CRIM: (1) $226,788.41, suma que corresponde a la parte de la contribución anual con la cual estuvo conforme más el 40% de la parte de la contribución anual con la cual no estuvo conforme; o (2) $211,747.30, suma que corresponde a la totalidad de la contribución anual impuesta menos el 10% de descuento por pronto pago. No lo hizo. Por consiguiente, tanto el CRIM como los tribunales recurridos actuaron correcta-mente al denegar la impugnación presentada. (Énfasis suprimido).

Como podemos observar, en el caso citado resumimos claramente las únicas dos alternativas que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, dispone. Estas alternativas son: (1) que el contribuyente pague la porción con la cual estu-viere conforme y el cuarenta por ciento de la porción con la cual no está conforme, o (2) que el contribuyente pague todo el tributo cuando impugna la totalidad de la contri-bución.

Posteriormente, en el caso de Lilly del Caribe v. CRIM, 185 D.P.R. 239 (2012), volvimos a interpretar el mencionado artículo. En ese caso expresamos que “cuando el legislador se ha manifestado con un lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda intención legislativa”. Por lo tanto, luego de analizar el texto de la ley, concluimos que la interpretación hecha en el caso de Villamil Development v. CRIM, supra, fue correcta. Claramente el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, dispone las circunstancias en las que es permisible el pago del cuarenta por ciento de la deuda contributiva impugnada. En el caso de Lilly del Caribe v. CRIM, supra, pág. 253, explicamos más a fondo los dos escenarios que tiene disponible un contribuyente. En lo pertinente, se dispuso que:

La primera alternativa está disponible para el contribuyente que impugne el tributo parcialmente. En ese caso, el contribu-yente pagará el 100% del impuesto que no cuestionó. Ahora bien, como incentivo para que no se cuestione innecesaria-mente todo el impuesto, se permite que el contribuyente pague tan solo el cuarenta por ciento del monto que realmente disputa. Es decir, la opción de pagar el cuarenta por ciento se limita a la porción del impuesto con el que se está en des-acuerdo, pero no en cuanto a la totalidad de la deuda. El se-gundo escenario se configura cuando el contribuyente impugna la contribución completa. Ante ese panorama, el ciudadano está obligado a pagar la contribución en su totalidad, acogién-dose al diez por ciento de pronto pago que contempla el Art. 3.43 de la Ley Núm. 83, supra, 21 L.P.R.A. sec. 5093. (Énfasis nuestro).

B. Requisito jurisdiccional del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra

Como sabemos, la jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Para que el tribunal pueda atender y adjudicar un caso tiene que tener tanto jurisdicción sobre la materia como sobre las partes litigiosas. La jurisdicción sobre la materia se refiere a la capacidad del tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal. Cuando no hay jurisdicción sobre la materia, el tribunal carece de autoridad y poder para entender en el asunto.

Recientemente, en Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 D.P.R. 901 (2011), reiteramos nuestra pauta sobre las circunstancias inexorablemente fatales que conlleva la falta de jurisdicción sobre la materia, estas son: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden otorgar voluntariamente al tribunal jurisdicción sobre la materia ni el tribunal puede arrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta); (4) los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos deben examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) un planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualesquiera de las partes o por el tribunal motu proprio.

La falta de jurisdicción es una defensa que no se renuncia y se puede levantar en cualquier etapa de los procedimientos. Le corresponde a los tribunales ser celosos guardianes de su jurisdicción. Es deber ministerial de todo tribunal, cuestionada su jurisdicción, examinar y eva-luar con rigurosidad el señalamiento, pues este incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia.

Los requisitos jurisdiccionales son “aquellos que deben cumplirse antes de que el tribunal pueda conocer del pleito”. Como vemos, el incumplimiento de una parte con un requisito jurisdiccional establecido por ley, priva al tribunal de jurisdicción para atender los méritos de la controversia. En estos casos, si un tribunal carece de jurisdicción también carece de discreción, y los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde la ley no la confiere. Es decir, la ausencia de jurisdicción es insubsanable. Tan pronto el tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la materia, está obligado a desestimar el caso. Cualquier sentencia dictada sin jurisdicción es nula en derecho y, por lo tanto, inexistente.

De otra parte, en casos contributivos hemos ex-presado que los requisitos jurisdiccionales “no son otra cosa que la expresión de condiciones o requisitos cuyo cumplimiento el Estado exige para que se le demande. Por lo tanto, deben ser cumplidos estrictamente, y en la misma forma que se ha exigido por el legislador”. No debemos perder de perspectiva que cuando el legislador provee para que el contribuyente pueda litigar contra el gobierno la reclamación del impuesto que se le formula, en ese mo-mento el gobierno está renunciando a su inmunidad de soberano. Es por eso que los requisitos que el estatuto exige a tales fines son de cumplimiento estricto y, por lo general, de carácter jurisdiccional para los tribunales.

Debido a las consecuencias fatales que acarrea determinar que un término es de naturaleza jurisdiccional, debe surgir claramente la intención del legislador de imponerle esa característica al término. Según lo anterior, los tribunales deben interpretar el estatuto para encontrar la expresión clara del legislador en cuanto a la naturaleza del término. Al hacer esta interpretación primero deben acudir al texto de la ley. Si este es claro y libre de toda ambigüedad, el propio texto es la mejor expresión de la intención legislativa. Solo si se encuentra ambigüedad, los tribunales deben entonces asegurarse de dar cumplimiento a los propósitos legislativos.

Podemos apreciar que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, dispone expresamente que tanto el término para la presentación de la impugnación como el pago de la contribución impuesta se consideran requisitos de carácter jurisdiccional. La Asamblea Legislativa creó este mecanismo con carácter jurisdiccional para que un contribuyente promueva su acción impugnatoria solo cuando tenga bases sólidas. La Comisión de Asuntos Municipa-les y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Represen-tantes redactaron un informe sobre el R de la C. 1543, 13ra Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria, 12 de junio de 1998 (eventual Art. 3.48, supra). En el informe explican el propósito del requisito jurisdiccional del pago previo de la contribución inmueble anual. El informe in-dica, en lo pertinente, que:

Además se establece que durante ese término, el contribu-yente deberá pagar la parte de la contribución con la cual es-tuviere conforme y un cuarenta por ciento (40%) de la parte de la contribución con la cual no estuviere de acuerdo o, en su lugar, la totalidad de la contribución impuesta garantizándole el rembolso total de la misma, en caso de prevalecer en su reclamación. También se dispone que cuando se pague parte de la contribución, el contribuyente no se podrá acoger al des-cuento por pronto pago dispuesto en el Artículo 3.43.
Estas disposiciones uniforman el procedimiento de cobro de las contribuciones a los establecidos en el caso de impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia, para que el CRIM pueda cumplir con su deber ministerial de distribuir a los mu-nicipios la parte cobrada. Esto es recurriendo directamente a los Tribunales y dejando de pagar la contribución impuesta hasta tanto el Tribunal emita su decisión sobre el caso. Lo anterior afecta los ingresos que reciben los municipios por este concepto sobre todo, cuando conscientes del proceso de revi-sión administrativa [el] contribuyente acude al Tribunal como subterfugio para dejar de pagar sus contribuciones. íd., pág. 2.

Por lo tanto, el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, es claro y libre de toda ambigüedad cuando expresa que el pago de la contribución, tal como dispone, constituye un requisito jurisdiccional para el perfeccionamiento del recurso de revisión administrativa o impugnación judicial, de manera que es indispensable su cumplimiento.

III

En el caso ante nos, Shell impugnó la totalidad de la contribución especial notificada por Hacienda, sin embargo, solo pagó el cuarenta por ciento de la contribución notificada. Como ya hemos resuelto, el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, solo contempla dos alternativas para el pago de la contribución. La primera dispone que el contri-buyente pague el cuarenta por ciento de la contribución, únicamente cuando impugna el tributo parcialmente. Por otro lado, la segunda alternativa establece que el contribu-yente pague el cien por ciento de la contribución cuando impugna la contribución completa. Por lo tanto, Shell tenía que pagar el cien por ciento de la contribución, ya que im-pugnó la totalidad de la contribución notificada.

De otra parte, Shell alegó en la demanda que no es con-tribuyente para propósitos de la contribución especial, ya que sus propiedades no se utilizan para fines comerciales y, por consiguiente, no tenía que agotar los remedios administrativos. No obstante, Shell optó conscientemente por seguir la acción de impugnación que concede el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, y no un remedio en equidad. Así pues, tenía un procedimiento adecuado que le garantizaba el debido proceso de ley para hacer cualquier reclamación que tuviera en torno a la contribución especial. Con ello, sujetó su reclamo al requisito jurisdic-cional que allí se dispone. No puede pretender ahora eva-dir el requisito jurisdiccional dispuesto en el Art. 3.48, supra.

Precisado lo anterior, examinemos el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra. Podemos observar que en este artículo, el legislador estableció expresamente que los requisitos para promover una revisión administrativa o una impugnación judicial son de carácter jurisdiccional. Dado su tenor literal concluimos que la ley es clara y libre de ambigüedad. Como mencionáramos, si el texto de la ley es claro y libre de toda ambigüedad, el propio texto es la me-jor expresión de la intención legislativa. Por consiguiente, el contribuyente que impugne la contribución especial tiene que cumplir con los requisitos del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, para que el tribunal pueda adquirir juris-dicción y atender su controversia. En otras palabras, el in-cumplimiento con los requisitos jurisdiccionales del Art. 3.48, supra, priva de jurisdicción a los tribunales. La falta de jurisdicción es una consecuencia fatal que no puede ser subsanada por las partes ni por el tribunal. Una vez se incumplen estos requisitos jurisdiccionales lo único que procede es la desestimación de la causa de acción.

El Tribunal de Apelaciones interpretó correctamente que el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, es claro y contiene requisitos jurisdiccionales. No obstante, expresó que a pesar de Shell no cumplir con los requisitos jurisdic-cionales, no procedía desestimar la causa de impugnación. Shell alegó que el Tribunal de Apelaciones actuó correcta-mente al darle efecto prospectivo a su determinación. Ar-gumentó que no tenía forma de saber que Hacienda haría una nueva interpretación sobre este artículo. También ex-presó que esta nueva interpretación le violó el debido pro-ceso de ley, porque no tuvo un aviso adecuado sobre la nueva norma establecida. Además, añadió que esta nueva interpretación tiene el efecto de negarle acceso al foro judicial para impugnar la contribución.

Conforme a la jurisprudencia aludida y el derecho apli-cable, resulta forzoso concluir que carecen de méritos las alegaciones de Shell en cuanto a que procedía darle efecto prospectivo a la decisión del foro apelativo. Shell no puede alegar que no tenía forma de saber que Hacienda haría una nueva interpretación sobre el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra. Desde el 2007, en el caso de Villamil Development v. CRIM, supra, interpretamos que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, contempla solo dos alternativas. Las alegaciones de Hacienda no son nuevas interpretaciones del artículo como expresa Shell.

De otra parte, según expresamos en el caso de Lilly del Caribe v. CRIM, supra, y como bien resolvió el foro apelativo, el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, es claro en cuanto a las circunstancias en las que es permisi-ble el pago del cuarenta por ciento de la contribución y cuando se tiene que pagar el cien por ciento de la contribu-ción al impugnar la contribución notificada. Quiere decir, que no existe otra posible interpretación al artículo. Es evidente que el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, no contempla la interpretación que pretendió establecer Shell. Es por eso que Shell no puede alegar que confió en una norma anterior que quedó desplazada por una nueva norma. Debido a que el texto del Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, es claro y libre de ambigüedad, su disposición siempre ha sido la norma establecida. Por lo tanto, a Shell no se le violó el debido proceso de ley.

No obstante, a pesar de su interpretación, el foro intermedio no desestimó la causa de acción y le dio la oportunidad a Shell de subsanar el defecto jurisdiccional. Ciertamente, erró el foro apelativo intermedio; un requisito jurisdiccional no puede ser aplicado prospectivamente. Las partes no pueden alegar que se la ha violado el debido proceso de ley por no tener una notificación adecuada o que el resultado sería injusto. Ante un mandato claro y expreso de la ley, se tiene que hacer valer tal mandato como lo expresó el legislador. Cuando se incumple con el requisito jurisdiccional que estableció el legislador la única alternativa es la desestimación de la causa, pues tal defecto es insubsanable. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones solo poseía jurisdicción para dictaminar que no la tenía.

Shell tenía que cumplir con el requisito jurisdiccional como se establece en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, cuando se impugna la totalidad de la contribución. Shell debió saber que la consecuencia de incumplir con el requi-sito jurisdiccional de la forma dispuesta por el estatuto en controversia era la desestimación de la acción de impugna-ción contributiva. Por lo tanto, su incumplimiento privó de jurisdicción al tribunal.

Acorde a lo anterior, es importante aclarar que la inter-pretación que esta Curia ha hecho sobre el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra, no pone en riesgo la seguridad jurí-dica de quienes descansan en decretos de exención, como hizo Shell en este caso. Simplemente explicamos que el contribuyente que impugne la totalidad de la contribución especial, utilizando la acción de impugnación que concede ese artículo, está sujeto al requisito jurisdiccional que allí se dispone. Una vez el tribunal atiende el caso en sus mé-ritos y resuelve a favor del contribuyente, la ley le garan-tiza el rembolso total de la contribución pagada. En lo que nos concierne, el Art. 3.48(b) de la Ley Núm. 83, supra, indica:

... Si la decisión del Tribunal fuere favorable al contribuyente y éste hubiere pagado la contribución impugnada en o con posterioridad a lo establecido en este artículo, dicha decisión dispondrá que se devuelva a dicho contribuyente la contribu-ción o la parte de ella que estimare el Tribunal fue cobrada en exceso, con los intereses correspondientes por ley, computados desde la fecha de pago de la contribución impugnada.

Por lo tanto, podemos observar que no se pone en riesgo la seguridad jurídica de quienes descansan en decretos de exención. Una vez el contribuyente cumpla con el requisito jurisdiccional podrá defender su decreto de exención ante el foro judicial. Si el tribunal resuelve que, en efecto, el contribuyente está exento de la contribución especial, ten-drá derecho al rembolso de la contribución que pagó y, ade-más, tendrá derecho a los intereses correspondientes por ley computados desde la fecha en que pagó la contribución.

Según los fundamentos expuestos, era necesario que Shell pagara la totalidad de la contribución notificada como requisito jurisdiccional antes de presentar su acción judicial. Al no hacerlo privó de jurisdicción al foro judicial para atender su reclamo. Por lo tanto, procede desestimar la causa de impugnación.

IV

En armonía con lo antes señalado, se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, como resultado, se desestima la causa de acción por falta de jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

concu-rrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Hernández Denton hizo constar la expresión si-guiente:

El Juez Presidente Señor Hernández Denton disiente de la opinión mayoritaria por las mismas razones expuestas en su disenso en Lilly del Caribe v. CRIM, 185 D.P.R. 239 (2012).

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opi-nión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

       Cabe señalar, que Shell Chemical Yabucoa, Inc. ahora es conocida como Buckeye Caribbean Terminals, LLC. Sin embargo, para fines de este caso utilizare-mos el nombre de “Shell”, tal y como surge del epígrafe. Véase Alegato de Shell, pág. 1.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 76-101.

       21 L.P.R.A. sec. 5098a(a).

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 237.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 342.

       21 L.P.R.A. sec. 5098.

       13 L.P.R.A. ant. sec. 9401-9408.

       Ley Núm. 120-1994 (13 L.P.R.A. ants. secs. 9401-9408).

       21 L.P.R.A. sec. 5001 et seq.

       Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 83 (1991 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 689).

       A pesar de que este artículo fue posteriormente enmendado por la Ley Núm. 71-2010, presentamos el artículo sin enmendar, ya que era el vigente cuando se suscitó la controversia. De todas formas, lo relacionado con el aspecto jurisdiccional no sufrió cambio alguno con la nueva ley.

        Villamil Development v. C.R.I.M., 171 D.P.R. 392, 405-406 (2007).

        Lilly del Caribe v. CRIM, 185 D.P.R. 239 (2012); Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 231 (2010); Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 D.P.R. 634 (2000).

        Lilly del Caribe v. CRIM, supra.

        Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 D.P.R. 393 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675 (2011).

       J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil puertorriqueño, Colombia, Ed. Nomos, 2010, pág. 25. Véase también, S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra.

       J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. I, pág. 192.

        Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra; Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005).

        Souffront v. A.A.A., supra; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003).

       I. Rivera García, Diccionario de términos jurídicos, 3ra ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2000, pág. 235.

        Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., 154 D.P.R. 742 (2001).

        S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007); Virella v. Proc. Esp. Rel. Fam., supra.

        S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra. Véase, además, Cuevas Segarra, op. cit., pág. 193.

        S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848 (2009).

        S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Montañez Rivera v. Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917 (2000).

        Cafeteros de Puerto Rico v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 633, 641 (1961).

        Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 720, 733 (2010).

       Id.; Ortiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 572, 575 (1987); Robert Vizcarrondo v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 566, 574 (1983).

        Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra; J. Directores v. Ramos, 157 D.P.R. 818, 823 (2002); Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 615 (1997).

        Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 D.P.R. 849 (2010).

        Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra; Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, supra.

        Lilly del Caribe v. CRIM, supra.

       El P. de la C. 1543 se convirtió eventualmente en el Art. 3.48 de la Ley Núm. 83, supra.

        S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, págs. 682-683; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra, pág. 355.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Enmiendas a las Reglas 33(i)-(j), 40(d) y 41(a)(1) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

      Número: ER-2012-004

      Resuelto: 23 de octubre de 2012
   RESOLUCIÓN

La Regla 33 (i) y (j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, utiliza la palabra “réplica” al referirse a los alegatos que sometan las partes contrarias al recurso. Esto ha causado confusión entre los abogados sobre si está permitido someter alegatos en respuesta al alegato en oposición de un recurso. No lo está. Es por ello que encontramos necesario sustituir el vocablo “réplica” por “alegato de la parte apelada o recurrida” en los incisos antes mencionados.

Por otro lado, en el Reglamento antes indicado se adop-taron medidas que incorporan adelantos tecnológicos diri-gidos a facilitar el intercambio de información y reducir el volumen de papel generado en los casos sometidos para nuestra consideración. Es ese el caso específico de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, mediante la cual se permite a las partes presentar en formato digital los documentos que forman parte del apéndice.

Sin embargo, para agilizar los procesos y asistir al Tribunal en su tarea revisora, es necesario que en los recursos en que las partes opten por someter las copias del apéndice en forma digital se incluya con cada copia impresa una copia del dictamen administrativo si el caso se originó en una agencia administrativa, así como las copias de los dic-támenes judiciales que son objeto del recurso. Además, en ocasiones hemos confrontado dificultades al acceder a los documentos que conforman el apéndice cuando se someten en formato digital en aquellos casos en que el índice corres-pondiente se incorpora en el mismo archivo que el apéndice en un disco compacto (cd). En esos casos, el número de página registrado en los folios se altera al insertar el índice al inicio del mismo archivo en el cd. Para corregir esta problemática se enmienda la referida Regla 40 del Regla-mento de este Tribunal para aclarar que las copias del ín-dice del apéndice deben someterse de forma impresa y debe indicar en qué disco compacto, archivo digital y pá-gina digital aparece cada documento.

Por último, hubo una omisión en la. Regla 41 del Regla-mento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, que por error alteró su signi-ficado, de manera que es necesario corregirla.

Conforme a lo anterior, se enmiendan las Reglas 33, 40 y 41 de nuestro Reglamento para que dispongan de la ma-nera siguiente:

Regla 33. Alegatos
(a) Esta regla aplica a todos los alegatos que se presenten ante este Tribunal, con excepción de los alegatos en recursos gubernativos.
(b) La cubierta del alegato incluirá solamente el epígrafe del caso, la identificación de la parte que lo presenta (alegato de la parte apelante o de la parte peticionaria, según sea el caso), el nombre, la dirección, el número de teléfono, el número de fax, la dirección del correo electrónico, si la tuviera, y el número del Tribunal Supremo del abogado o la abogada de la parte recurrida, y el nombre, la dirección y el número de telé-fono de las partes si no están representadas por abogado o abogada, con indicación de que comparecen por derecho propio.
(c) Inmediatamente después de la cubierta habrá un índice detallado del alegato, el cual se ajustará a las disposiciones de la Regla 38.
(d) En casos de jurisdicción original, el alegato de la parte peticionaria tendrá las siguientes partes numeradas, en el or-den que aquí se dispone:
(1) Las citas de las disposiciones legales que establecen la jurisdicción de este Tribunal;
(2) una breve relación de los hechos del caso, y
(3) una discusión a fondo de los méritos de la petición. Los alegatos de las partes contrarias sólo contendrán una dis-cusión de los méritos de la petición, que podrá incluir el as-pecto de la autoridad de este Tribunal para expedir el auto. Podrá incluirse una relación de los hechos si se está incon-forme con la que haya hecho la parte peticionaria.
(e) En casos de apelación (Regla 17), certiorari (Regla 20) y certificación (Regla 23), el alegato de la parte apelante o peti-cionaria, según sea el caso, tendrá las siguientes partes nume-radas, en el orden que aquí se dispone:
(1) Las citas de las disposiciones legales que establecen la jurisdicción de este Tribunal;
(2) una referencia a la sentencia, resolución u orden de la cual se apela o recurre, incluyendo el nombre y el número del caso, el tribunal que la dictó, la fecha cuando fue dictada (in-cluyendo, en los casos apropiados, la fecha cuando se archivó en autos la copia de la notificación de la sentencia, y en los casos en que no se hayan originado en el tribunal recurrido, una referencia completa a la sentencia, resolución u orden original) y la fecha cuando se presentó el escrito de apelación, certiorari o certificación;
(3) una breve relación de los hechos sustantivos y proce-sales que sean relevantes al recurso;
(4) un señalamiento breve y conciso de las cuestiones planteadas, incluyendo, en las apelaciones, la base jurisdiccio-nal en la cual se apoyan las cuestiones constitucionales impli-cadas, y
(5) una discusión por separado de los asuntos antes mencionados.
(f) El alegato que se menciona en los incisos (d) y (e) y el que se menciona en el inciso (i) no excederá de cincuenta (50) páginas, con exclusión del índice y del apéndice.
(g) El alegato en casos de jurisdicción original no tendrá que tener un apéndice; se podrá hacer referencia al apéndice de la petición.
(h) Con excepción de lo dispuesto en el inciso anterior, se hará formar parte del alegato que se menciona en el inciso (e) un apéndice que contendrá copia literal de:
(1) Las alegaciones de las partes y la sentencia o resolu-ción que se revisa, incluyendo las determinaciones de hechos y de derecho en que se funda, y
(2) cualquier otro documento que forme parte del expe-diente o legajo a que se refiere la Regla 35, y que la parte apelante o peticionaria quiera traer especialmente a la aten-ción del Tribunal. Las disposiciones de este inciso están suje-tas a la excepción provista en la Regla 34(f).
(i)NLos alegatos de la parte apelada o recurrida se presen-tarán al Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días desde que se presentó el alegato de la otra parte. Si la parte apelada o recurrida no estuviese de acuerdo con la relación de hechos presentada por la parte apelante o peticionaria, así lo hará constar e incluirá la propia. Si cuestiona, por el fundamento que sea, la autoridad de este Tribunal para conceder el reme-dio solicitado, discutirá tal asunto por separado. Excepto en los casos de competencia original, también se discutirá por separado cada una de las cuestiones planteadas por la parte apelante o peticionaria.
(j) Si la parte apelada o recurrida desea hacerlo, podrá aña-dir un apéndice a su alegato.
(k) Cualquier parte que haya sometido una petición o mo-ción fundamentada con relación a la expedición de un auto, podrá someter el asunto sin necesidad de presentar un alegato. Deberá hacerlo constar así en una moción informa-tiva, y la fecha de presentación y notificación de dicha moción será equivalente para todos los fines pertinentes a la fecha de presentación y notificación del alegato. No obstante lo anterior, el Tribunal podrá ordenar que se prepare y someta un alegato en cualquier caso que lo considere necesario.
(i) Una moción de desestimación que se presente en cual-quier caso no suspenderá los términos para la presentación de alegatos.
Regla 40. Forma de los escritos; copias
(a) Todos los escritos que se presenten al Tribunal y las co-pias de estos que se notifiquen a las partes deberán ir encabe-zados con el epígrafe del caso, con expresión del título y del número. Dichos escritos y todas sus copias deberán estar fir-mados por el abogado o la abogada, o por la propia parte si no tiene representación legal.
(b) Todo escrito que se presente a este Tribunal se hará en letra impresa del estilo Times New Roman, Courier New o Arial en tamaño 12, o su equivalente en cualquier programa de procesamiento de palabras, a doble espacio, en papel ta-maño legal (8 1/2" x 14"), por un solo lado del papel, con un margen izquierdo no menor de 1/2" y un margen derecho no menor de 1/2". Las páginas del escrito deberán perforarse y sujetarse al centro del margen izquierdo de la página, a no menos de seis (6) pulgadas por debajo del margen superior del papel. No se utilizará alambre o metal para sujetarlas.
(c) Todo documento que forme parte de un apéndice deberá cumplir con los requisitos establecidos en el inciso (b), excepto que se permitirá incluir fotocopias de documentos originales a espacio sencillo, siempre que dichas copias sean claramente legibles.
(d) La presentación de todo documento ante el Tribunal se hará en original y diez (10) copias, claramente legibles, que podrán ser fotocopias o de máquinas reproductoras. Sin embargo, las partes podrán presentar las copias del apéndice en forma digital. De elegir esta opción, se presentará un disco compacto (CD) por cada copia, a no ser que se requiera más de un disco compacto por cada copia. De ser más de uno, se iden-tificará cada disco compacto (CD) en orden numérico. Cada disco compacto (CD) se identificará con el epígrafe abreviado y el número del expediente, si ya lo tiene. Su contenido deberá estar en formato “.pdf” (Portable Document Format) única-mente, por lo que no se aceptarán discos compactos cuyo con-tenido esté en otro formato. Además, la parte que decida pre-sentar las copias del apéndice de forma digital, también deberá incluir una copia de su escrito y sus respectivos índices —con exclusión del apéndice— tanto en formato “.pdf” como en formato “.doc” o .docx". Esto no releva a las partes de su obligación de presentar las copias impresas de su escrito, in-cluyendo sus respectivos índices.
Cuando se presente el apéndice en forma digital, la nume-ración y el orden de las páginas en cada disco compacto (CD) deberán ajustarse a lo dispuesto en la Regla 34. Además, el índice impreso del apéndice deberá indicar el disco compacto (CD), el archivo digital y la página digital donde aparece cada documento incluido en el apéndice. También, junto con cada copia impresa del escrito, se incluirán copias impresas de los documentos siguientes:
(1) En casos originados en las agencias administrativas, la orden o resolución de la agencia que dio base al recurso y la sentencia del Tribunal de Apelaciones que es objeto del recurso.
(2) En casos originados en los tribunales, la orden, reso-lución o sentencia del Tribunal de Primera Instancia que dio base al recurso y la resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones que es objeto del recurso.
Será deber del Secretario o la Secretaria velar por el estricto cumplimiento de esta disposición y, en su caso, tomar las me-didas correctivas que dispone la Regla 9(d). Se hará la excep-ción de las diez (10) copias en los siguientes escritos, los cuales se presentarán en original y una copia:
(1) Mociones de prórroga.
(2) Mociones informativas.
(3) Mociones que certifiquen la notificación del recurso bajo la Regla 39(a).
(4) Mociones relacionadas con los cambios en la represen-tación legal o cambios de dirección.
(5) Mociones según la Regla 33(k).
(6) Alegatos de las partes luego de expedido un recurso discrecional o de acogida la apelación.
(7) Escritos en cumplimiento de orden para mostrar causa u otra orden emitida por el Tribunal.
(8) Mociones o escritos posteriores luego de haberse noti-ficado que el caso ha quedado sometido en sus méritos.
(9) Quejas contra abogados y abogadas.
(10) Mociones y escritos relacionados con quejas y proce-dimientos disciplinarios contra abogados, abogadas, notarios y notarías según la Regla 14.
(11) Transcripción de evidencia.
No obstante lo antes dispuesto, el Tribunal o la Secretaría podrán requerir que se presenten copias adicionales de cual-quier escrito cuando así lo considere necesario y solicitar co-pias impresas de aquellos documentos presentados de forma digital.
(e) La Secretaría del tribunal apelado podrá elevar en orí-ginal o en copia certificada el legajo o expediente a que se refiere la Regla 35.
(f) Cuando estas reglas dispongan el número máximo de pá-ginas para un escrito, éste no deberá presentarse con páginas en exceso de dicho máximo. El Tribunal no concederá excep-ciones, salvo mediante una moción justificativa con razones específicas y no con meras generalizaciones.
(g) El Secretario o la Secretaria no aceptará ni permitirá que se presente un memorando de autoridades por separado en apoyo de un escrito. Las autoridades pertinentes deben in-corporarse y discutirse siempre dentro del cuerpo de los res-pectivos escritos.
(h) Todos los escritos y las mociones que se presenten para el certiorari de acuerdo con la Regla 22 se presentarán en original y diez (10) copias.
Regla 41. Vistas orales
(a) Para los informes orales de los abogados y las abogadas se concederá el tiempo que a continuación se expresa, salvo que el Tribunal disponga otra cosa:
(1) En todos los casos, excepto en las mociones, el término máximo será de una (1) hora, que se dividirá como sigue: vein-ticinco (25) minutos a cada parte para el argumento principal y cinco (5) minutos a cada una para replicar.
(2) En la vista de las mociones, treinta (30) minutos: diez (10) minutos a cada parte y cinco (5) minutos a cada una para replicar.
(3) El Tribunal podrá, mediante una orden al efecto, au-mentar o disminuir dichos periodos en cualquier caso.
(b) El Secretario o la Secretaria anunciarán los asuntos una vez el Tribunal entre en sesión y se despacharán según el or-den establecido.
(c) Las causas podrán oírse conjuntamente a moción de cualquiera de las partes o por iniciativa del Tribunal, cuando las mismas partes comparezcan en cada causa o cuando se trate de las mismas cuestiones fundamentales, pero la conce-sión o denegación de una moción para la acumulación de cau-sas quedará siempre reservada a la discreción del Tribunal.
(d) Al dirigirse al Tribunal, y mientras hagan sus informes, los abogados y las abogadas deberán permanecer de pie, a me-nos que por causa de enfermedad o impedimento físico, el Tribunal les conceda permiso para permanecer sentados.
(e) Las partes deben suponer que todos los Jueces y las Jue-zas han leído los escritos previo a la vista oral. Al dirigirse al Tribunal, el abogado o la abogada deberá argumentar cada punto en sus méritos tratando de abstenerse de leer lo que argumenta o haciendo uso de ese recurso lo menos posible. Al hacer su informe oral, los abogados y las abogadas deberán: (1) señalar las cuestiones en controversia y (2) exponer su po-sición al respecto. Los abogados y las abogadas deberán limi-tarse a los asuntos en controversia. No deberán hacer referen-cia a hechos que no consten en los autos, a menos que hayan solicitado la venia del Tribunal para ello con la anticipación debida, mediante una moción escrita fundamentada y notifi-cada a las demás partes.
(f) No se permitirá la argumentación oral de cualquier parte que no haya presentado su posición por escrito. (Escolios omitidos).

Estas enmiendas entrarán en vigor treinta días después de su aprobación y aplicarán a todos los recursos que se presenten a partir de su fecha de efectividad.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    Brenda I. Franco Resto, apelada, v. David Rivera Aponte, apelante.

      Número: AC-2011-0005

      Resuelto: 26 de octubre de 2012

      Rosa I. Ward Cid, abogada de la parte apelante; Maritza Miranda López y Helga L. Carrero Echevarría, abogadas de la parte apelada.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

Una vez más nos vemos precisados a analizar si ciertas partidas constituyen ingreso para propósitos del cálculo de una pensión alimentaria. Particularmente, en esta ocasión nos corresponde resolver si el pago por dieta y millaje que recibe un alimentante de su patrono constituye ingreso conforme a la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como Ley Orgánica para la Administración para el Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 501 et seq., y a las Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento Núm. 7135 del Departamento de la Familia, 24 de abril de 2006 (Guías de 2006).

Asimismo, debemos determinar si el dinero que se re-cibe de un premio de la Lotería Tradicional de Puerto Rico es ingreso para calcular la pensión alimentaria. Evaluadas las controversias, resolvemos ambas en la afirmativa.

I

El Sr. David Rivera Aponte y la Sra. Brenda I. Franco Resto procrearon una niña que al momento es menor de edad y está bajo la custodia de su madre. Según surge del expediente, para el 2008, cuando la menor estaba próxima a ingresar a la escuela, la señora Franco Resto presentó una petición de alimentos en su representación. Luego de que las partes completaron sus correspondientes Planillas de Información Personal (PIPE) y se celebró una vista, la Oficial Examinadora de Pensiones dictó una resolución en que impuso al señor Rivera Aponte una pensión alimenta-ria provisional de $402 mensuales a favor de la menor. En su PIPE, el señor Rivera Aponte no informó como parte de sus ingresos el dinero que le pagaba su patrono por dieta y millaje, ni el premio de la lotería que ganó meses antes.

Pasado más de un año de esa petición, en abril de 2009 la señora Franco Resto presentó una moción para solicitar aumento de pensión. Requirió la revisión de la pensión ori-ginalmente concedida a favor de la menor, ya que al mo-mento existían unos gastos que no fueron incluidos en la resolución original. El Tribunal de Primera Instancia aco-gió la solicitud de la señora Franco Resto y refirió el asunto a la atención de la Oficial Examinadora de Pensiones Alimentarias. Entretanto, la señora Franco Resto presentó una segunda moción ante el foro primario para requerir nuevamente la revisión de la pensión alimentaria. Argu-mentó que tenía información de que el señor Rivera Aponte omitió información en su PIPE, por lo que solicitó que, como parte del descubrimiento de prueba, se emitiera una orden al patrono del señor Rivera Aponte, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para que certificara sus ingresos, y otra a la Lotería Tradicional o Electrónica para que cer-tificara cualquier pago que el señor Rivera Aponte hubiese recibido. En noviembre de 2009 la Lotería Tradicional cer-tificó el pago de $120,000 y en enero de 2010, la AEE emi-tió certificación con relación al pago de dieta y millaje.

En la primera vista celebrada en octubre de 2009, la Oficial Examinadora recomendó una pensión alimentaria provisional de $256.15 bisemanal. En mayo de 2010 se celebró la vista final. En ella, las partes presentaron sus segundas PIPE y desfilaron prueba. Tras el correspon-diente análisis, la Oficial Examinadora rindió su informe. En sus determinaciones de hechos, concluyó que como em-pleado de la AEE el señor Rivera Aponte devengaba un ingreso anual de $42,972.27. Calculó que su ingreso neto anual era $29,298.37, es decir, $2,441.53 mensuales. Ade-más, la Oficial Examinadora tomó en consideración que para el 2009 figuraba una partida de $15,392.50 a favor del señor Rivera Aponte por dieta y millaje. Debido a ello, añadió a sus ingresos mensuales $1,282.70 y además $3,333.33, tras quedar evidenciado que el 15 de enero de 2008 la Lotería de Puerto Rico expidió un cheque a su nom-bre por $120,000. Esa última suma fue prorrateada a 36 meses y acreditada como ingreso mensual. En fin, en el 2009 se imputó al señor Rivera Aponte $7,057.56 como in-greso neto mensual. Por su parte, a la señora Franco Resto se le atribuyeron $1,704 como ingreso neto mensual.

Por otra parte, para la fijación de la pensión alimentaria suplementaria, la Oficial Examinadora tomó en considera-ción los siguientes gastos de la menor: $500 para la matrí-cula del colegio privado al que asiste; $205 para el pago de la mensualidad del colegio; y $805 para la compra de li-bros, materiales y uniformes. Además, se añadieron $499 anuales para el pago de unas clases de gimnasia que toma la menor y $625 por el campamento al que asiste los veranos. Los gastos escolares de la niña se prorratearon a $385 mensuales entre ambos padres. Se le impuso al señor Rivera Aponte la obligación de contribuir con el 80.55% del monto total de esos gastos. A su vez, la suma de las clases de gimnasia y campamento de verano fue prorrateada a doce meses, para un total de $102 mensuales. Conforme al por ciento establecido, al señor Rivera Aponte le corres-ponde contribuir con $82 para el pago de las actividades extracurriculares y con $228 para el pago de los gastos de educación.

En cuanto a las relaciones paterno-filiales, la Oficial Examinadora dispuso que se llevarían a cabo fines de se-mana alternos, el día de los padres, dos semanas en el mes de junio y dos semanas en el mes de julio. Además, reco-mendó que en la época navideña el señor Rivera Aponte compartiera con la niña unas horas y días específicos. Ex-hortó, también, a que en el cumpleaños del señor Rivera Aponte la menor compartiera con él unas horas. Tras cal-cular ese tiempo, la Oficial Examinadora concluyó que el señor Rivera Aponte compartiría un total de 1956 horas al año con su hija, lo que equivale a un 22.32% del tiempo total. Tras realizar el correspondiente cálculo, recomendó un ajuste de $349 a la pensión alimentaria básica, según disponen las Guías de 2006, supra.

Conforme lo anterior, redujo $349 a la pensión alimen-taria básica, por lo que luego del ajuste, la pensión alimen-taria resultó en $1,216 mensuales. A esa suma, la Oficial Examinadora le añadió las aportaciones para educación y actividades extracurriculares, por lo que la pensión resul-tante final ascendió a $1,526 mensuales. Esa suma se de-positaría a través de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) efectivo el 1 de mayo de 2009. Además, recomendó que se ordenara el pago retroactivo de $14,612 como resultado de la determinación del tribunal. Indicó que esa suma debía satisfacerse en varios plazos que deta-lló en su informe.

Tras evaluar el Informe de la Examinadora, el Tribunal de Primera Instancia lo acogió. Así, el 21 de junio de 2011 emitió una resolución en que modificó a $1,526 la pensión alimentaria de la menor. Según recomendó la Oficial Exa-minadora, ordenó pagar un retroactivo de $14,612 que de-bería ser satisfecho en un primer pago de $4,383.60 y a partir del 30 de junio de 2010, un plan de pago de $426.18 mensuales, hasta el saldo de la deuda. Además, el foro pri-mario le ordenó pagar una suma de $700 de honorarios de abogado a ser satisfecha dentro de sesenta días de notifi-cada la resolución.

Inconforme con esa determinación, el señor Rivera Aponte presentó ante el Tribunal de Apelaciones una ape-lación con una moción en auxilio de jurisdicción para que se paralizara una vista de desacato. Mediante resolución, el foro apelativo intermedio declaró “sin lugar” la moción en auxilio y ordenó a la señora Franco Resto a que presen-tara su alegato.

En esencia, el señor Rivera Aponte imputó al foro pri-mario errar al considerar como ingreso el dinero que recibe por dieta y millaje de su patrono. Añadió que se equivocó el Tribunal de Primera Instancia al imputar el ingreso neto disponible para la fijación de la pensión, ya que la cuantía resultante es excesiva y no representa las necesidades de la menor. Por último, sostuvo que el foro apelado erró al adoptar las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho presentadas por la Oficial Examinadora.

El foro apelativo intermedio resolvió que en virtud del principio de la interpretación extensiva del concepto "in-greso”, según definido por el Art. 2(16) de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 501(16), el pago recibido por dieta y millaje debía ser considerado como parte de su ingreso y no como rembolso de gastos. Argüyó el foro apelativo intermedio que “[l]a interpretación que nos sugiere equivaldría a acep-tar una deducción no contemplada por la ley, ya que aque-llos empleados que no reciben el reembolso de dichos gas-tos, podrían requerir entonces que se les deduzcan de sus ingresos los gastos de dieta y millajes en que efectivamente incurren”. Apéndice, pág. 21.

Con relación al premio de la lotería, el foro apelativo intermedio resolvió que no incidió el foro primario al con-siderar como ingreso no recurrente la suma de $120,000 y prorratearla a 36 meses. Fundamentó su conclusión en el Art. 7(A)(1)(d) de las Guías de 2006, supra, págs. 11-12. Así, entendió que ese cálculo moderó el impacto de la suma recibida. Resolvió que la Oficial Examinadora calculó la pensión a base de la aplicación de las Guías de 2006, supra, por lo que existía una presunción de corrección.

Finalmente, el foro apelativo intermedio no aceptó la alegación del señor Rivera Aponte de que la pensión im-puesta sobrepasaba lo que establece el Art. 4(34) de las Guías de 2006, supra, págs. 8-9, como reserva para su manutención.

Concluyó el Tribunal de Apelaciones que

[e]l argumento del apelante está sustentado en el ingreso neto que éste informó en su Planilla de Información Personal y Económica (PIPE), que asciende a $2,441.53 mensuales. Sin embargo, de la prueba desfilada y que consta en el expediente surgen ciertas discrepancias entre el ingreso bruto alegado por el apelante en la PIPE y lo que consta en la certificación emitida por el patrono. Además, el apelante omite en la PIPE las partidas obtenidas por concepto de dietas y millaje y el premio de la lotería recibido.
La prueba documental en el expediente apoya los cálculos que el foro primario consideró como ingresos del apelante y que incluyen el premio de la lotería y las dietas devengadas por éste. A partir de dicho cálculo, la pensión fijada no tiene el efecto de reducir la reserva de ingresos del apelante.
No basta con meras alegaciones para cuestionar la imposi-ción de la pensión alimentaria. El apelante no informó todos los ingresos devengados, indispensables para valorizar correc-tamente la pensión alimentaria de su hija. En ausencia de prueba que rebatiera la presunción de corrección de las deter-minaciones de hecho y conclusiones de derecho a las que llegó el foro sentenciador, este Tribunal no está en posición de in-tervenir con su apreciación. Apéndice, pág. 23.

Insatisfecho, el señor Rivera Aponte acudió a este Tribunal mediante recurso de apelación. En esencia, atribuye al Tribunal de Apelaciones errar al considerar ingreso el dinero que recibe de su patrono por dieta y millaje. Asi-mismo, afirma que incidió el foro apelado al confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que prorrateó el ingreso recibido por el premio de la lotería. Arguye, ade-más, que la imputación de esa partida crea un ingreso fic-ticio e inexistente, más aún cuando fue recibido previo a instarse la acción de alimentos. Finalmente, afirma que al ratificarse la determinación del foro primario, se avala la imposición de una pensión que excede significativamente las necesidades de la alimentista, lo que lo deja en un es-tado de total indefensión, al punto de privarle de la reserva reconocida por ley.

El 20 de mayo de 2011 acogimos el recurso como una apelación. Esto, en virtud del Art. 3.002(c) de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley 201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24s, que nos otorgó la competencia para atender un recurso me-diante apelación cuando se plantee la existencia de un con-flicto entre sentencias del Tribunal de Apelaciones en casos apelados ante ese foro. Con el beneficio de la compare-cencia de ambas partes, pasamos a resolver.

II

En ocasiones reiteradas hemos manifestado que la obligación de los padres de proveer alimentos a sus hijos menores está revestida del más alto interés público. Véanse: Llorens Becerra v. Mora Monteserín, 178 D.P.R. 1003, 1016 (2010); Ferrer v. González, 162 D.P.R. 172, 177 (2004); Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R. 785, 792 (1993); López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 28 (1988); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 72 (1987). Por eso,

... el derecho de los hijos a recibir alimentos, y la correlativa obligación de los padres a darlos cuando corresponda, tiene su génesis en el derecho natural, en los lazos indisolubles de so-lidaridad humana y de profunda responsabilidad de la persona por los hijos que trae al mundo, que son valores de la más alta jerarquía ético-moral y que constituyen una piedra angular de toda sociedad civilizada. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 69 (2001).

Cónsono con lo anterior, “[l]a obligación de brindar alimentos a los menores de edad surge de la relación paterno-filial que se origina en el momento en que la paternidad o maternidad quedan establecidos”. McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734, 745 (2004). Así, “la obligación de alimentar no sólo es un deber moral, sino que, además, se trata de un deber jurídico que, en nuestra jurisdicción, ha sido consagrado en varios de los artículos de nuestro Código Civil”. Martínez v. Rodríguez, 160 D.P.R. 145, 151—152 (2003). Estatutariamente, la obligación alimentaria está establecida expresamente en los Arts. 118, 142, 146 y 153 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 466, 561, 565 y 601. Véase, además, McConnell v. Palau, supra, pág. 745. “La referida obligación cubre todo lo que es indispensable al sustento del menor, su habitación, vestido y asis-tencia médica, entre otros”, según la posición social de la familia. íd., págs. 745-746. Véase, además, Art. 142 del Código Civil, supra.

Aunque la obligación alimentaria está recogida en el Código Civil, “[e]s un derecho de tan alto interés público que el Estado, como parte de su política pública, ha legislado ampliamente para velar por su cumplimiento”. Chévere v. Levis, 150 D.P.R. 525, 535 (2000). Véase, además, McConnell v. Palau, supra, pág. 745. Ejemplo de ello es la Ley Núm. 5, según enmendada. Particularmente, esa pieza legislativa “prescribe ciertas normas que rigen el proceso para fijar la pensión alimenticia”, con el propósito de que se establezca una pensión “justa y razonable” para el beneficio del menor alimentista. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1017. Véase, además, Art. 4 de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 503. En armonía con los postulados de la Ley Núm. 5 se promulgaron las Guías para Determinar y Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, supra. Con ellas, se pretende “determinar las pensiones alimentarias de los/as alimentistas menores de edad en Puerto Rico, basadas en criterios numéricos y descriptivos; los cuales faciliten el cómputo de la cuantía de la obligación alimentaria”. Art. 3, Guías de 2006, supra, pág. 1.

Respecto a la cuantía de la pensión que el alimentante deberá pagar al alimentista, el Art. 153 del Código Civil, supra, dispone que “[e]l padre y la madre tienen respecto a los hijos no emancipados: (1) el deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna”. Ahora bien, según ordena el Art. 146 del Código Civil, supra, el criterio rector para determinar una pensión alimentaria es que siempre sea proporcional a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe. Por ello, se reducen o aumentan “en proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo”, íd. Así,

... tal determinación debe ser realizada en consideración a dos criterios principales, a saber: (i) los recursos y medios de for-tuna del alimentante, de forma tal que se pueda determinar su capacidad económica para cumplir con su obligación ali-mentaria y (ii) las necesidades del alimentista, es decir, cuánto necesita éste para cubrir sus necesidades de sustento, habita-ción, vestido, asistencia médica y educación, conforme su po-sición social. Martínez v. Rodríguez, supra, pág. 153.

Además de lo anterior es importante que durante el pro-ceso evaluativo para la determinación de la pensión ali-mentaria, se ausculte “la capacidad económica del padre o la madre no custodio, como la del padre o de la madre custodio, toda vez que ambos están obligados a prestar ali-mentos de forma proporcional a sus recursos”. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1018. Véanse, además, López v. Rodríguez, supra, pág. 29; Vega v. Vega Oliver, 85 D.P.R. 675, 679 (1962).

Recientemente reiteramos en Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1017, el proceso evaluativo que debe realizarse para establecerse la capacidad económica del alimentante. Martínez v. Rodríguez, supra, pág. 156. Al ejecutar esa tarea, los conceptos “ingreso bruto” e “ingreso neto” son esenciales. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1019. De entrada, hemos establecido que la ley requiere que primeramente se determine el ingreso bruto del alimentante para luego establecer su ingreso neto. Id., pág. 1018. Véase, además, Martínez v. Rodríguez, supra, pág. 159. Este último se fijará luego de realizar las deducciones mandatorias y las aceptadas establecidas en la ley. Véanse: Art. 2(16) de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 501; Arts. 4(11) y 4(12) de las Guías de 2006, supra, pág. 3. Una vez hecho ese ejercicio, el cálculo arri-bado será, “el punto de partida para la fijación de la pen-sión alimentaria”. Martínez v. Rodríguez, supra, pág. 156; S. Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el derecho alimentario en Puerto Rico, San Juan, Pubs. STP, 2007, T. 1, pág. 8.05. En la realización de ese ejercicio, el Art. 19(b) de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A sec. 518(b), ordena que se tome en consideración también el capital o el patri-monio total del alimentante para fijar la pensión alimentaria. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1017. Por eso, hemos expresado que

[р]ara determinar la capacidad económica de cada alimen-tante es preciso tomar en cuenta todos los ingresos devenga-dos por éste, hasta los que no aparezcan informados en la pla-nilla de información personal. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406 (1993). El tribunal de instancia no está limitado a considerar sólo la evidencia testifical o docu-mental sobre los ingresos. “Puede, al fijar la cuantía de la pensión, considerar aspectos tales como el estilo de vida que lleva el alimentante, su capacidad para generar ingresos, la naturaleza y cantidad de las propiedades con que cuenta, la naturaleza de su empleo o profesión y sus otras fuentes de ingreso”. (Enfasis en el original). Argüello v. Argüello, supra, págs. 72-73.

Los incisos dieciséis y diecisiete del Art. 2 de la Ley Núm. 5 definen los conceptos “ingreso” e “ingreso neto”. 8 L.P.R.A. secs. 501(16) y 501(17). Sobre el concepto “ingreso”, el articulado dispone que

[с]omprende cualquier ganancia, beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales o compensación por servi-cios personales, incluyendo la retribución recibida por servi-cios prestados como funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Gobierno de los Estados Unidos de América, según lo permitan las leyes y reglamentos federa-les aplicables, de cualquier estado de la Unión de los Estados Unidos de América, o de cualquier subdivisión política de los mismos, o de cualquier agencia o instrumentalidad de cuales-quiera de las mencionadas entidades en cualquiera que sea la forma en que se pagaren; o de profesiones, oficios, industrias, negocios, comercio o ventas; o de operaciones en propiedad, bien sea mueble o inmueble, que surjan de la posesión o uso del interés en tal propiedad; también los derivados de intere-ses, rentas, dividendos, beneficios de sociedad, valores o la operación de cualquier negocio explotado con fines del lucro o utilidad; y ganancias, beneficios, rendimientos, fondos, emolu-mentos o compensación derivados de cualquier procedencia, incluyendo compensaciones como contratista independiente, compensaciones por desempleo, compensaciones por incapaci-dad, beneficios de retiro y pensiones o cualquier otro pago que reciba un alimentante de cualquier persona natural o jurídica. Art. 2(16), 8 L.P.R.A. sec. 501(16).

Por su parte, la ley define el “ingreso neto” como

[a]quellos ingresos disponibles al alimentante, luego de las de-ducciones por concepto de contribuciones sobre ingresos, se-guro social y otras requeridas mandatoriamente por ley. Se tomarán en consideración, además, a los efectos de la determi-nación del ingreso neto, las deducciones por concepto de planes de retiro, asociaciones, uniones y federaciones voluntarias, así como los descuentos o pagos por concepto de primas de pólizas de seguros de vida, contra accidentes o de servicios de salud cuando el alimentista sea beneficiario de éstos. La de-terminación final se hará según toda la prueba disponible, in-cluyendo estimados, estudios y proyecciones de ingresos, gas-tos, estilo de vida y cualquier otra prueba pertinente. Art. 2(17), 8 L.P.R.A. sec. 501(17).

Las definiciones que proveen las Guías de 2006, supra, son fundamentalmente idénticas en cuanto a esos conceptos. Véanse los Arts. 4(15), 4(16) y 4(18) de las Guías de 2006, supra, págs. 4-6. Específicamente, en cuanto al ingreso bruto, las Guías de 2006 lo definen como “la totalidad de los ingresos con los que cuentan [sic] la persona custodia y no custodia con anterioridad a descontarse las deducciones mandatorias y las aceptadas”. Art. 4(16) de las Guías de 2006, supra, pág. 5. Del ingreso bruto, comenta Sarah Torres Peralta que incluye “la totalidad de los ingresos del alimentante, interpretado este concepto en su más amplia acepción”. Torres Peralta, op. cit., pág. 8.14. Añade que “en la determinación inicial de lo que constituye ingreso bruto, se considerarán todos los emolumentos que recibe el alimentante, sin exclusión alguna. Ello es así, in-dependientemente de cuál es la fuente de la que provienen los ingresos del alimentante”. íd.

Precisamente en Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1020, expresamos que esa visión

... extensiva del concepto ingreso responde al propósito de la Ley Núm. 5 de asegurar el bienestar del menor alimentista y el derecho de éste a recibir alimentos en proporción a sus ne-cesidades y a los recursos reales de quienes están obligados a brindarle alimentos. Así, el Artículo 3 de la Ley Núm. 5 (8 L.P.R.A. sec. 502), establece que las disposiciones de esta ley deben interpretarse liberalmente a favor de los mejores inte-reses del menor que necesita alimentos.

Luego de un análisis ilustrativo del concepto de ingreso bruto de la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, conocida como Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, señalamos que al igual que el de la Ley Núm. 5 se redactó en sentido amplio y abarcador. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1022. Véanse, además: Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596 (2009); G. Meléndez Carrucini, Ingreso tributable: inclusiones y doctrinas, San Juan, Instituto de Contribuciones de Puerto Rico, Inc., 1991, págs. 149—152. Ahora bien, aclara-mos que “a pesar de la amplitud del lenguaje con el cual se define el concepto ingreso bruto, se confrontan con frecuen-cia dificultades ‘en la caracterización de partidas en cuanto a si son o no ingreso’ para fines contributivos”. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1023 citando a Meléndez Carrucini, op. cit., pág. 152. Explicamos que a pesar de las similitudes entre ambas definiciones, “ [e] 1 alto inte-rés público de asegurar el bienestar de los menores alimen-tistas y el derecho de éstos a recibir alimentos, inherente a su derecho a la vida, podría requerir una interpretación aún más abarcadora del concepto ingreso en el contexto de la imposición de una pensión alimenticia”. íd., pág. 1024.

A pesar de lo anterior, pautamos que “la interpretación del concepto ingreso debe concordar con el prin-cipio de proporcionalidad que rige la fijación de una pen-sión alimenticia”. Llorens Becerra v. Mora Monteserín, supra, pág. 1025. Por ello, “las inclusiones al amparo de este concepto deben, a su vez, representar ganancias, be-neficios, rendimientos o frutos con los que realmente cuente el alimentante, de forma tal que se establezca una pensión justa y razonable”. Id., pág. 1025.

III

En su alegato ante este Tribunal, el señor Rivera Aponte imputa como primer error que el foro apelativo in-termedio erró al concluir que el dinero recibido por parte de su patrono en dieta y millaje se debe computar como ingreso. Arguye que

[e]stos son pagos que el patrono le hace al empleado pero no como el resultado de un trabajo realizado o por concepto de salario o ingreso adicional. Se trata de gastos que el empleado no está supuesto a hacer pero que, lo hace porque sabe que su patrono se lo rembolsará y que, dadas ciertas circunstancias, los mismos son necesarios para que el trabajo a realizar pueda, en efecto, hacerse de la manera más eficiente. En otras palabras, el empleado incurre en el menoscabo temporero de su patrimonio, únicamente porque sabe que dicha porción de dinero le será devuelta por quien, en verdad debía haberlo gastado en un principio. Apelación, pág. 8.

A la luz de lo anterior, acredita que la partida de “gastos rembolsados” incluida en su Formulario 499R-2W-2PR no debe considerarse ingreso o beneficio que aumenta su pa-trimonio, sino como parte de las deducciones permitidas por el Art. 2(17) de la Ley Núm. 5, supra, en particular aquellas “otras requeridas mandatoriamente por ley”. En apoyo a lo anterior, razona que las Guías de 2006, supra, no definen cuáles son esas otras deducciones “requeridas mandatoriamente por ley” que se pueden deducir.

En contraposición, la señora Franco Resto alega que el pago de dieta y millaje que recibió el señor Rivera Aponte es un beneficio negociado como parte del Convenio Colec-tivo de su patrono y el gremio al que pertenece, la Unión Industrial de Trabajadores y Construcciones Eléctricas Inc. (UITICE). Asegura que un empleado de la AEE que esté bajo el convenio colectivo aprobado por la UITICE puede recibir el beneficio del pago de dieta y millaje aun-que no incurra en gastos. Afirma que esta es la situación del señor Rivera Aponte, quien supuestamente admitió en una vista ante la Oficial Examinadora que no tenía que acreditar gastos para recibir el pago por dieta y millaje.

Nunca nos hemos expresado sobre si la concesión del pago de dieta y millaje constituye ingreso para propósitos del cálculo de la pensión alimentaria. Sin embargo, varios tribunales de los estados de la Unión sí lo han hecho. La norma adoptada es que “[l]as dietas que recibe el empleado o funcionario en su empleo o trabajo, constituyen ingreso imputado en la medida que excedan de lo razonable”. Torres Peralta, op. cit., T. 2, pág. 10.47.

Particularmente, en In re Marriage of Worrall, 334 Ill. App.3d 550 (2002), el Departamento de Ayuda Pública de Illinois presentó una petición para aumentar la pensión alimentaria que el padre alimentante proveía a sus hijos tras un alegado cambio sustancial en las necesidades de los menores. El Tribunal de Circuito de ese estado negó la petición, pues encontró que los ingresos del alimentante eran insuficientes si se excluían del cálculo de sus ingresos las partidas que su patrono le pagaba por dieta y millaje para gastos de viaje. Inconforme, el Departamento apeló. El Tribunal de Apelaciones sostuvo que, en general, las partidas por dieta y millaje para gastos de viaje constitu-yen ingresos para efectos del cálculo de la pensión alimentaria. Ahora bien, ese foro aclaró que lo anterior es sin perjuicio de que el alimentante pueda probar en su día que esas partidas, en efecto, se utilizaron para gastos en la consecución de su empleo y no para su beneficio económico. De acreditar lo anterior, entonces las partidas correspon-dientes no podrían considerarse ingreso. A iguales efectos, véanse: In re Marriage of Tegeler, 365 Ill.App.3d 448, 456 (2006); In re Marriage of Crossland, 307 Ill.App.3d. 292, 295 (1999); Buckner v. Jordan, 952 S.W.2d 710, 711-712 (Mo. 1997); Voll v. Voll, CN93-09463, 1998 WL 665528 (Del. Fam. Ct. Apr. 13, 1998).

Precisamente en In re Marriage of Worrall, supra, el tribunal aclaró también que no veía razón para que la cuantía de la pensión alimentaria que un padre debe apor-tar dependa en anotaciones en su nómina que están sim-plemente designadas para obtener ventaja contributiva. Permitir ese resultado, razonó el tribunal, exaltaría la forma sobre la substancia. Id. Por ello, concluyó que las concesiones por dieta y millaje generalmente constituyen ingresos para propósito de calcular la pensión alimentaria. Sin embargo, ese ingreso está sujeto a reducirse en la me-dida que el alimentante pruebe que la cantidad otorgada como dieta y millaje fue utilizada para gastos de viaje y no para su beneficio económico. Al razonar de esa forma, dis-tinguió los pronunciamientos hechos en In re Marriage of Crossland, supra. Allí se resolvió que un padre alimen-tante no puede reducir de su ingreso bruto una partida por dieta y millaje si su patrono no designa una porción como tal en su talonario de sueldo.

En síntesis, el pago de dieta y millaje, en general, cons-tituye ingreso para efectos del cálculo de la pensión ali-mentaria de los hijos. Sin embargo, ese ingreso está sujeto a reducirse en la medida en que el alimentante demuestre que el dinero pagado por ese concepto fue utilizado para gastos de oficio reales y no para su beneficio económico. La carga de probar lo anterior recae en el alimentante.

El señor Rivera Aponte aduce que el dinero recibido por parte de su patrono por dieta y millaje no puede ser consi-derado un ingreso porque es el rembolso de unos gastos que le corresponde satisfacer al patrono. Es decir, afirma que se trata de unos gastos que a él no le concierne desem-bolsar, pero como sabe que su patrono se los rembolsará, los paga para que el trabajo pueda realizarse.

El derecho reseñado revela sin ambages que el dinero recibido en dieta y millaje deber ser considerado como ingreso para propósitos del cálculo de la pensión alimentaria a imponerse. Fundamentándose en las definiciones amplias y abarcadoras de “ingreso” contenidas en las leyes de alimentos de los estados, varios tribunales estatales han determinado que lo que se recibe en dieta y millaje es ingreso para propósitos del cálculo de la pensión alimentaria. Recordemos que la definición de ingreso contenida en la Ley Núm. 5 es amplia y abarcadora. Debido a ello, es razonable que en nuestra jurisdicción, al igual que se ha hecho en varios estados, consideremos ingreso el dinero recibido como partida de dieta y millaje.

Ahora bien, la designación de esa cuantía como parte de los ingresos de un alimentante no significa que no haya forma de demostrar lo contrario. Como se sabe, en la me-dida que esa suma no resulte en un beneficio económico, sino más bien en un gasto rembolsado, no procede impu-tarlo como ingreso. Sin lugar a dudas, existen instancias en que el pago recibido por dieta y millaje es el rembolso de gastos relacionados con el empleo que le corresponde sufra-gar al patrono. En esos casos, no cabe catalogar ese monto como un ingreso que enriquece o beneficia al alimentante.

No obstante, otro es el escenario cuando, por ejemplo, a un empleado se le rembolsan veinte dólares por dieta y millaje, pero realmente acreditó gastar quince. En esa cir-cunstancia, el exceso de cinco dólares es efectivamente un ingreso para fines de la Ley Núm. 5.

Del expediente no surge que el señor Rivera Aponte acreditara la procedencia de los gastos en que incurrió al momento en que la Oficial Examinadora adjudicó la par-tida de dieta y millaje como ingreso. Aunque la señora Franco Resto afirma en su alegato en oposición que en una de las vistas el señor Rivera Aponte aceptó que no tenía que acreditar gastos para recibir el pago por dieta y mi-llaje, no contamos con una transcripción de la vista que nos permita concluir eso. Por último, el derecho reseñado de-muestra que el hecho de que la partida de dieta y millaje aparezca en un Formulario 499R-2W-2PR como rembolso, no significa que en realidad lo sea. Como se indicó en In re Marriage of Worrall, supra, puede tratarse de anotaciones en su nómina que están simplemente designadas para ob-tener ventaja contributiva.

Así, aunque es correcta la adjudicación de esa cantidad como ingreso, procede que devolvamos el caso para que se le permita al señor Rivera Aponte documentar si, en efecto, el dinero rembolsado fue por gastos en que incurrió en la consecución de su oficio. Si eso se demuestra, la partida de dieta y millaje correspondiente a esos gastos no se conside-rará ingreso para fines de la Ley Núm. 5.

IV

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos el se-gundo y tercer error conjuntamente. Como segundo seña-lamiento de error, el señor Rivera Aponte aduce que se equivocó el foro apelativo intermedio al confirmar al foro primario en cuanto a la aplicación de las guías mandato-rias y establecer una pensión alimentaria que excede las necesidades de la alimentista y sus recursos económicos. Acepta que los $120,000 recibidos como premio de la Lote-ría Tradicional deben tomarse en consideración para deter-minar su capacidad económica. Esto, pues la Ley Núm. 5 dispone que se tomarán en consideración para determinar la capacidad económica de un alimentante, no solo el in-greso neto ordinario, sino el capital o patrimonio total de la persona obligada a pagar una pensión alimentaria. Sin embargo, está en desacuerdo con que se haya prorrateado esa cantidad de dinero en treinta y seis meses.

A. El peticionario está en lo correcto cuando acepta que el dinero recibido por el premio de la Lotería Tradicio-nal debe computarse como parte de sus ingresos. Desde hace mucho tiempo la jurisprudencia estatal ha reconocido que el ingreso recibido por un premio de la lotería consti-tuye ingreso y debe computarse para el cálculo de la pen-sión alimentaria. A esos efectos, como correctamente se-ñala la señora Franco Resto en su alegato en oposición, en In re Marriage of McCord, 910 P.2d 85 (Colo. Ct. App. 1995), el Tribunal de Apelaciones de Colorado, amparán-dose en la definición de ingreso bruto que establecía la ley del estado para ese entonces, señaló que aunque un premio de la lotería no esté expresamente definido en la ley como parte de los ingresos, el lenguaje amplio y abarcador del estatuto permite su inclusión como tal. A igual conclusión han llegado los tribunales de otros estados. Sobre ese particular, véanse, además: Green v. Scott, 687 So.2d 655, 658 (La. App. 2 Cir. 1997) (Las ganancias anuales producto de un premio de la lotería deben ser consideradas como in-greso bruto aunque representen un flujo de fondos no per-cibidos y estén en un premio. Ese flujo anual de fondos claramente aumenta los estándares de vida de quien los recibe y mejora su capacidad financiera para proveer a sus hijos.); In re Marriage of Nimmo, 891 P.2d 1002, 1006 (Colo. 1995) (El ingreso puede provenir de parientes, amigos, inversiones, fideicomisos o la lotería.); Pratt v. McCullough, 100 Ohio App.3d 479, 654 N.E.2d 372 (1995) (Los ingresos anuales del padre alimentante, que ascendie-ron a $307,692.30 luego de ganar un premio de la lotería, permiten un aumento en la pensión alimentaria de $3,276 a $31,215.38, aunque el alimentante alegue que esa canti-dad es mayor a las necesidades del menor alimentista.); County of Contra Costa v. Lemon, 205 Cal.App.3d 683 (1988) (Las ganancias completas del premio de la lotería son ingreso para propósitos de la determinación de la pen-sión alimentaria).

Como dijimos al inicio, tanto el Art. 2(16) de la Ley Núm. 5, supra, como el Art. 4(15) de las Guías de 2006, supra, incluyen en su definición de ingreso, las “ganancias, beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos o compensación derivados de cualquier procedencia”. Asimismo, el Art. 19(b) de la Ley Núm. 5, supra, ordena que “[p]ara la determinación de los recursos económicos del obligado a pagar una pensión alimentaria, se tom[e] en consideración, además del ingreso neto ordinario, el capital o patrimonio total del alimentante”. De la lectura de estos preceptos resulta forzoso ultimar que el lenguaje utilizado por el legislador fue lo suficientemente abarcador y amplio como para concluir que los premios recibidos por un premio de la lotería son ingreso para fines del cálculo de la pensión alimentaria.

B. El señor Rivera Aponte imputa también como error que el foro apelativo intermedio confirmara la determina-ción del foro primario de aplicar las guías mandatorias cuando la cuantía resultante como pensión excede los gas-tos informados del menor y lo deja en estado de indefen-sión.

De entrada, “existe una clara política pública de que las pensiones alimentarias se adjudiquen conforme a las guías mandatorias”. (Enfasis en el original). McConnell v. Palau, supra, pág. 754. A esos efectos, el Art. 19 de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 518, ordena que “[e]n todo caso en que se solicite la fijación o modificación, o que se logre un acuerdo o estipulación de una pensión alimentaria, será mandatorio que el tribunal o el Administrador, según sea el caso, determine el monto de la misma utilizando para ello las guías adoptadas a tenor con lo dispuesto en esta sección”.

De igual manera es conocido que “[l]a cuantía de los alimentos será proporcionada a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe, y se reducirán o aumentarán en proporción a los recursos del primero y a las necesidades del segundo”. Art. 146 del Código Civil, supra. Igual exigencia contiene la Ley Núm. 5, supra, al requerir que “[p]ara la determinación de los recursos económicos del obligado a pagar una pensión alimentaria, se tomará en consideración, además del ingreso neto ordinario, el capital o patrimonio total del alimentante”. Art. 19 de la Ley Núm. 5, supra. Compárese con Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 D.P.R. 492, 502 (2000).

Un análisis del derecho aplicable revela que el hecho de que la pensión alimentaria impuesta excediera los gastos que tenía la menor según desglosados en la PIPE, no es razón para concluir que la pensión es injusta, arbitraria o irrazonable. La cuantía de pensión alimentaria impuesta al señor Rivera Aponte surgió del cálculo de los ingresos que reportó en su PIPE.

Como último señalamiento de error, el señor Rivera Aponte no está de acuerdo con que se le prorrateara la cantidad recibida por el premio de la lotería en 36 meses. Arguye que no existe prueba en el caso que establezca que al solicitar los alimentos, ni al fijarse la pensión, él contara con el dinero recibido por el premio de la lotería. Añade que cuando se fijaron las pensiones en mayo de 2008 y octubre de 2009 ya él había cobrado el dinero y no había prueba en el expediente que estableciera que ese era un hecho desco-nocido para la señora Franco Resto. Sus argumentos no nos convencen.

Surge del expediente que cuando el señor Rivera Aponte completó la primera PIPE no informó los ingresos por dieta y millaje ni el premio de la lotería que ganó meses antes. Fue luego de un arduo descubrimiento de prueba que esa información surgió. Con esa actuación evidentemente el se-ñor Rivera Aponte ocultaba el incremento en patrimonio que eso le representaba. Que haya gastado el dinero no exime que se tome en consideración para propósitos del cálculo de sus ingresos. Avalar su propuesta alentaría que los padres gasten sus ingresos desmedidamente en detri-mento del bienestar de sus hijos.

Finalmente, no nos parece irrazonable que se haya pro-rrateado el premio de la lotería en 36 meses. En Clary v. Clary, 54 S.W.3d 568, 573 (Ky. Ct. App. 2001) el Tribunal de Apelaciones de Kentucky sostuvo, amparándose en In re Marriage of Bohn, 8 P.3d 539 (Colo. Ct. App. 2000), que “el receptor de una cantidad en pago único tiene acceso inme-diato a los fondos y por lo tanto es apropiado que se reco-nozca como ingreso esa suma total durante el año en que se recibió”. (Traducción nuestra). (“Unlike periodic payments, a recipient of a lump sum amount has immediate access to the funds and therefore recognition of the entire amount as income the year received is appropriate”). Véanse, además: Hazelwood v. Hazelwood, 2008-CA-001558-ME, 2009 WL 2837430 (Ky. Ct. App. Sept. 4, 2009); Collier v. Collier, 2008-CA-000293-ME, 2008 WL 7438781 (Ky. Ct. App. Oct. 3, 2008); Knochelmann v. Bjelland, 2003-CA-002258-MR, 2005 WL 3487955 (Ky. Ct. App. Dec. 22, 2005). Es decir, hay tribunales que han permitido que para propósitos del cálculo de la pensión alimentaria, se impute el dinero recibido en un solo pago como ingreso en el año contributivo en que se recibe.

En este caso, el premio de la lotería no se recibió en pagos periódicos, sino en un solo pago. Así, conforme a la jurisprudencia citada, se debió imputar como parte del in-greso para el 2008. Tratar análogamente el ingreso que se recibe por este concepto a como se computan las horas extras, comisiones, propinas o bonificaciones, según el Art. 7(A)(1)(d) de las Guías de 2006, supra, no fue razonable. El hecho que ese proceder resultara más beneficioso para el alimentante no era fundamento suficiente para aplicar el Art. 7(A)(1)(d), supra. El tratamiento especial que le dan las Guías de 2006, supra, a las horas extras, propinas y comisiones estriba en la variabilidad inherente de ese tipo de ingreso. La cantidad que un alimentante recibe por horas extras, propinas y comisiones puede variar constante-mente, por lo que resulta útil computar un promedio men-sual a la hora de calcular el ingreso bruto del alimentante. Ahora bien, la variabilidad del ingreso está ausente en el caso del premio que recibió el señor Rivera Aponte pues fue en un solo pago. Por consiguiente, no procedía prorra-tearlo.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que celebre una vista en que determine si el dinero recibido por el señor Rivera Aponte por dieta y millaje constituye el rembolso de gastos o un beneficio económico de su empleo y se impute como ingreso solamente la porción que no corresponda a un rembolso de gastos. Asimismo, lo devolvemos también para que se impute el premio de la lotería como ingreso total para el 2008 y se haga el correspondiente ajuste a la pen-sión alimentaria.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Rivera García concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       Aunque la resolución indica que esa cantidad era mensual, la parte apelada informa en su alegato en oposición que el acuerdo ante la Oficial Examinadora fue que esa cantidad se pagara bisemanalmente. El señor Rivera Aponte cumplió con lo acordado.

        Sonia Ramos Delgado v. Gabriel Reyes Ponce, KLAN-2007-0887; Magaly López Caraballo v. Antonio Bosques Arroyo, KLCE-2006-01468; María Cuoto v. Giovanni Alemán, KLCE-0000698.

       El tribunal señaló: “while the statute may not specifically include lottery winnings within the definition of income, its broad language satisfies us that the General Assembly intended to include lottery winnings as income for purposes of calculating a parent’s child support obligation”. Cabe señalar que este estatuto fue posteriormente enmendado y ahora excluye algunos premios de la lotería. Art. 10 del Uniform Dissolution of Marriage Act, Sec. 14-10-115(7)(a)(I)(A), C.R.S.

       Asimismo, el Art. 153 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 601, dispone que “[e]l padre y la madre tienen... el deber de alimentar [a sus hijos menores]... con arreglo a su fortuna”.

        “Artículo 7. Instrucciones para determinar la pensión alimentaria

      “(A) Cómputo de la pensión alimentaria básicaSe establecen los siguientes pa-sos para determinar la pensión alimentaria básica:
      1. Determinar el ingreso bruto anual de la persona custodia y la no custodia:
      “d) Para determinar la cantidad que se tomará en consideración por concepto de horas extras, comisiones y/o propinas; el/la juzgador/a deberá considerar, entre otros factores pertinentes, el promedio mensual recibido durante los treinta y seis (36) meses que anteceden a la vista. Cuando la persona custodia o no custodia lleve empleada menos de este período de tiempo, se promediará la cantidad efectivamente haya recibido a partir de la fecha de haber comenzado en el empleo”. Guías del 2006, supra, págs. 11-12.