author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Cabranes, Demandante y Apelante, v. Central Vannina, Demandada, y Gual et al., Citados de Evicción y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre inexistencia de contrato y otros extremos.
    No. 2328.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Excepción Previa — Moción de Eliminación. — Una resolución declarando con lu-gar una excepción previa no es errónea por el hecho de haber sido dictada estando pendiente de resolución una moción del demandante solicitando la eliminación de la excepción previa.
    Venta -de Bienes de Menores, en 1896 — Subasta de Bienes de Menores — Pa-tria Potestad.' — 'Autorizado en 1890 un apoderado por una madre con pa-tria potestad sobre su hijo menor de edad para vender bienes inmuebles de éste, podía el apoderado solicitar autorización judicial para la venta, la cual, de acuerdo eon el artículo 2015 del Código de Enjuiciamiento Civil Español, párrafo segundo, no era necesario que se hiciera en pública subasta.
    • Id. — Facultades del Apoderado — Extinción del Mandato — Causa de Acción.— No aduce hechos suficientes una demanda para anular lo hecho por el man-datario cuando ya se había extinguido el mandato, cuando no se alega en ella que el mandatario tenía conocimiento de la extinción del mandato.

      Jd. — Costas—Discreción Judicial. — La condena de costas es discrecional en el tribunal (Zorrilla v. Orestes, 28 D. P. B. 746), y examinados los autos no vemos que la corte inferior abusara de tal discreción al imponerlas al de-mandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Guerra Mondragón <& Sol-devila.

    Ahogado de la parte demandada: Sr. D. Monserrat, Jr.

    Abogado de los apelados: Sr. J. Texidor.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La Central Vannina es la demandada en este pleito pero habiendo comparecido y solicitado qne fueran citados de evicción los anteriores dneños comparecieron entonces José Grual y Tomás Grual y alegaron contra la demanda la excep-ción previa de qne no adnce hechos determinantes de causa de acción, que fué resuelta a su favor, y recayó sentencia declarando sin lugar la demanda.

En el recurso de apelación que interpuso el demandante alega como primer motivo de error el de haber procedido la corte a la vista de la excepción previa, base de la sen-tencia, sin que antes se hubiera notificado de ello al deman-dante en forma legal.

Según el alegato del apelante ese primer motivo de error se funda en que si bien fué notificado de la petición de los apelados de que la excepción fuese incluida en el calendario especial para ser vista el 31 de mayo de 1920, el secretario no le notificó que había hecho la inclusión solicitada. No hay constancia alguna en los autos de que.el secretario no le hiciera esa notificación y por eso huelga considerar esta cuestión. Además la vista no tuvo lugar ese día sino el 7 de junio.

El segundo motivo de error es porque la corte no debió considerar la excepción cuando el demandante había solici-tado su eliminación mediante moción que fué discutida mu-cho antes de haberse resuelto la excepción previa de los apelados.

Después de presentada por los apelados sn excepción y antes de ser vista el demandante solicitó que fuera eliminada aquélla, pero la vista de la excepción tuvo lugar a los dos días y fué resuelta antes de que se resolviera la moción de eliminación, siendo la queja ahora del apelante que fué re-suelta la excepción sin haber sido resuelta la moción de eli-minación.

No encontramos que en esto exista perjuicio para el de-mandante porque a pesar de haber sido resuelta la excep-ción la corte podía dejar sin efecto su resolución si resolvía después que la excepción debía ser eliminada.

Besueltas estas cuestiones consideraremos el tercer mo-tivo de error fundado en haber sido declarada sin lugar la demanda por estimarla insuficiente para constituir causa de acción.

El hecho fundamental de la demanda es que estando el demandante bajo la patria potestad de su madre y residiendo ambos en España la madre, en 11 de abril de 1890, por sí y como legítima representante del demandante confirió po-der a Bamón Yaldés Cobián, entre otras cosas, para vender bienes; que el apoderado fué autorizado por el Juzgado de Primera Instancia de Vega Baja el 21 de noviembre de 1890 para vender la finca del demandante que es objeto de este pleito y que el apoderado verificó la venta el 3 de diciembre de 1890 sin mediar subasta pública y cuando ya la madre había perdido la patria potestad sobre el demandante por haber contraído segundas nupcias en España el 26 de sep-tiembre del mismo año.

Según hemos resuelto en el caso de Benitez contra El Registrador, 17 D. P. R. 234 una madre con patria potestad sobre su hijo puede en el uso y ejercicio de los derechos anejos a la patria potestad conferir facultades a nn tercero para que obrando en representación de ella ejecute actos como el de cancelar nn gravamen hipotecario constituido a favor del menor, acto qne entraña una verdadera enajenación.

En este caso podía el apoderado solicitar la- autorización judicial para la venta porque autorizado por la madre para vender los bienes de su hijo menor podía ejecutar los actos necesarios para poder verificar la venta; y no era necesario que la venta se hiciera en pública subasta porque tal requi-sito no. era necesario cuando el padre o -la madre tenía la patria potestad, según el artículo 2015, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es cierto que según el artículo 168 del Código Civil Es-pañol la madre del demandante perdió la patria potestad sobre él desde el momento qué contrajo segundas nupcias y que por esto acabó el poder que como madre del demandante otorgó a favor de Eamón Valdés, pero a pesar de haberse extinguido tal mandato, lo hecho por el mandatario, igno-rando la causa que hizo cesar el mandato es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contra-tados con él de buena fe, según el artículo 1738 de dicho Código Civil, y como la buena fe se presume siempre, para que la venta que hizo el apoderado de bienes del demandante pueda considerarse nula es necesario que en la demanda se alegue que la hizo sabiendo que la madre del demandante había contraído segundas nupcias ya que sin la alegación de este conocimiento la venta aparece haber sido hecha váli-damente. Y como tal alegación afirmativa no se hace en la demanda carece de hechos terminantes de causa de acción y la corte no cometió el error que se le atribuye.

El último motivo del recurso se refiere a la imposición de costas al demandante.

La condena de costas es discrecional en el tribunal Zorrilla v. Orestes, 28 D. P. R. 746, y examinados los autos lio vemos que la corte inferior abusara de tal discreción al imponerlas al demandante.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y ITutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


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author: El Juez Asociado Se.. Wole,

license: Public Domain

text:
    García, Demandante y Apelante, v. Aguayo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad y otros extremos.
    No. 2403.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Nuevo Juicio — Devolución del Caso para Nuevo Juicio — Sentencia Nula.— Cuando el Tribunal Supremo devuelve un caso a una corte inferior para la celebración de un nuevo juicio el caso queda abierto nuevamente como si no se hubiera celebrado juicio alguno, y una sentencia dictada sin celebración de tal nuevo juicio es enteramente nula.
    Prueba — Suficiencia de la Prueba no Considerada — Nuevo Juicio — Discre-ción. — No habiendo entrado la corte inferior en la suficiencia de la prueba por fundarse su sentencia en la defensa de cosa juzgada, declarada insoste-nible esta defensa por el Tribunal Supremo, puede éste, discrecionalmente, devolver el caso para un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante-. Sr. L. Mwños Morales.

    Abogados de lós apelados: Sres. J. Tons Soto y D. Mon-serrat, Jr.

   El Juez Asociado Se.. Wole,

emitió la opinión del tribunal. En cierta fecha anterior al año 1899, Juan García y Villa-rraza llegó a la ciudad de Ponce procedente de Cuba con dos niños a quienes presentó como sus hijos legítimos debido a su matrimonio con Manuela Fernández. Se sabía enton-ces que él era viudo por haber fallecido dicha Manuela Fer-nández. También fué un hecho indubitado, sin embargo, que uno de estos niños, un hijo, nació mientras Juan García tenía su primera esposa viva de modo que dicho hijo no era legí-timo. Sea esto como fuere Juan García Villarraza casó con Josefa Aguayo en Ponce y en la partida de matrimonio él se describió como viudo de Manuela Fernández. Los dos ni-ños eran tenidos, según hemos dicho, como hijos legítimos suyos y. así fueron considerados por todo el mundo hasta el fallecimiento de don Juan García ocurrido en 27 de abril de 1899. Posteriormente Josefa Aguayo tuvo informes que le hicieron sospechar o creer que estos dos niños no eran los hijos 'legítimos de dicho Juan García y al efecto con su hija radicó una demanda para que ella y su hija legítima fueran declaradas las únicas herederas de Juan García con-virtiendo a los hijos mencionados en primer término a los cuales hemos hecho referencia, en demandados .en ese pleito. Sus supuestos nombres eran Rodolfo Manuel Abraham Gar-cía y Fernández y Elvira Juana Manuela Joaquín García y Fernández. La (Arte de Distrito de Ponce, donde el pleito fué establecido, resolvió a favor de la legitimidad de Elvira García. Esta sentencia fué apelada a la Corte Suprema de Puerto Rico y revocada, expresándose lo siguiente en la opinión:

“Por las razones expuestas entendemos que el juez cometió error en el juicio al rechazar pruebas que debió admitir y que la prueba practicada es insuficiente para justificar la sentencia dictada, proce-diendo en su consecuencia la revocación de la orden que denegó la celebración de nuevo juicio y consiguientemente la. revocación de dicha sentencia con las costas del juicio y del recurso a cargo de la parte demandada y apelada.” Aguayo et al. v. García, 11 D. P. R. 274.

La sentencia de esta corte devolvía el caso para un nuevo juicio o ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión.

Después de haber sido devuelto el caso a Ponce nada se hizo inmediatamente pero poco después los demandantes com-parecieron ante la corte y manifestaron haber renunciado todo derecho a un nuevo juicio y solicitaron que la corte die-tara sentencia a sn favor. A esta solicitad o moción se opnso Elvira García pero la corte, sin embargo, la consideró y en 25 de abril dictó la siguiente sentencia:

“En el estado actual del expediente parece a la corte difícil esta-blecer los derechos afirmativos de la demandada si verdaderamente tiene derechos en la herencia de su reputado padre. La corte dicta sentencia declarando con lugar la demanda con costas a la deman-dada, pero reservando a ésta el derecho a recurrir ante cualquier corte competente en calidad de demandante para establecer sus dere-chos, si algunos tuviere.”

Subsiguientemente, o en noviembre de 1918, Elvira Gar-cía radicó la presente demanda que se titula “Nulidad y otros Extremos,” pero que tiene por objeto probar el matri-monio de sus padres y sus derechos a la herencia de Juan García y Villarraza.

Entre otras cosas la demandada alegó la defensa de cosa juzgada y después de un juicio en el cual ambas partes pre-sentaron prueba la corte dictó sentencia a favor de los de-mandados por el único fundamento de cosa juzgada.

Gran parte del razonamiento en apelación se dirigía a la cuestión de si la reserva de derecho a Elvira García impedía que la sentencia se convirtiera en cosa juzgada. No hemos tratado de estudiar las autoridades en este particular con gran cuidado, o si esta reserva era o no nula. Pero cree-mos que lo fué la sentencia. El efecto de la sentencia de este tribunal era devolver el caso para un nuevo juicio en el cual ambas partes fueran oídas. Era una completa aper-tura del caso y dejaba la anterior sentencia a favor de los demandados como si ninguna hubiera sido dictada. Siendo la sentencia en la corte inferior a favor de los demandados, este tribunal al revocarla no dictó sentencia a favor del de-mandante y no hizo ninguna insinuación semejante en su opinión o sentencia de modo que cuando el caso volvió a la-. Corte de Distrito de Ponce su condición era igual a si nose hubiera celebrado ningún juicio en tanto se trataba de la-. facultad de la corte para dictar sentencia. Por tanto, para dictar de tal modo una sentencia era necesariamente indispensable un juicio. Naturalmente los demandantes en el anterior pleito hubieran deseado obtener una sentencia sin un juicio pero el peso recaía en ellos todavía para presentar un caso y dar a la demandada Elvira García otra oportu-nidad de defenderse. Esta oportunidad de defenderse nunca se dio. Ella meramente fué oída sobre una moción para que se dictara sentencia después de haber renunciado los demandantes a nombre propio su derecho a un nuevo juicio. Habiéndose dictado la sentencia sin darse a la demandada Elvira García la oportunidad de ser oída ante la corto y presentar su caso, era enteramente nula.

El apelado en este tribunal empieza el alegato tratando' de demostrar que Elvira García, la demandante, jamás pre-sentó debidamente un caso y particularmente nunca probó el matrimonio de sus padres. En el juicio la demandante. Elvira García ofreció un documento tendente a probar el matrimonio de sus padres. Este documento fué objetado. La corte, sin embargo, admitió el escrito como un documento auténtico "para darle desde luego el valor y efecto que tu-viera como evidencia.” Esta era una partida de matrimo-nio la cual es como sigue:

"República de Cuba. — Presbítero Luciano García y González, Cura interino de la Parroquia de Ascenso de San José de Güira de Melena, Provincia y Diócesis de la Habana. — Certifico: Que en el li-bro primero supletorio de matrimonios al folio 136 y 137, se encuentra la partida siguiente, al margen, ‘Número 113. D. Juan García Vi-llarraza con Da. Manuela Fernández y Rodríguez. — Viudo y soltera, blancos.’ Al frente, ‘el día 29 de noviembre de 1883, el Presbítero D. Rafael Asunción Toymil y Zapela, Cura entonces de esta iglesia de San José de Güira de Melena, Provincia y Diócesis de la Habana; publicadas en esta iglesia las tres canónicas proclamas que dispone el santo Concilio de Trento, de cuya lectura, transcurrida veinte y cuatro horas después de la última, no resultó impedimento canónico ni civil, cerciorado de que los contrayentes no necesitaban el consenti-miento paterno; examinados de doctrina cristiana, llenos todos los demás requisitos, asistió al matrimonio que por palabras de presentes y como lo manda la santa madre iglesia, contrajeron don Juan García y Yillarraza, natural de Málaga, España, de 31 años de edad, hijo legítimo de don Antonio García, natural de la Rambla y doña María Yillarraza, natural de Zaragosa, de estado viudo de doña Carmen Beltrán, y de profesión Cirujano-Dentista; y doña Manuela Fernán-dez Perdigón, soltera, natural de la Habana y vecina de esta feligre-sía, de 24 años de edad, de profesión su casa, hija legítima de don Manuel Fernández Loreze, natural de Asturias, España, y de doña Dominga Perdigón, natural de la Habana. Fueron padrinos don Manuel Fernández Loreze y doña Juana Fernández Perdigón y tes-tigos don Antonio Toymil, natural de Regla, Habana, profesor de instrucción pública y don Esteban Hernández, propietario natural y vecinos de esta, casados. Y en cumplimiento del decreto de Exmo. :Sr. Obispo Diocesano de fecha 23 de junio de 1896, por haberse que-mado el archivo de esta iglesia el día 5 de enero de este año 96, yo Presbítero Luciano García y González, Cura Párroco interino de la misma, lo firmo a 2 de octubre de 1918. Luciano García Pbro., rú-brica.’ Conforme a su original. Güira de Melena a 3 de octubre de 1918.— (Firmado) Luciano García, Pbro. — Presbítero Alberto Mén-dez y Núñez, Prelado doméstico de su santidad, doctor en la facultad de sagrada teología, dignidad de Arcediano de la S. I. catedral, Secre-tario de Cámara y Gobierno del Obispado de la Habana. — Certifico: Que la firma y rúbrica que anteceden son al parecer iguales a las que usa en sus escritos el señor Pbro. Luciano García, Cura Párroco in-terino de la iglesia de Güira de Melena en esta Provincia.. — Y para que conste firmo la presente en la Habana a 4 de octubre de 1918 años. — (Firmado) Doctor Alberto Méndez. — Arcediano Secretario.
“ Comulate General of the United States of America at Flabana, Republic of Cuba. — I, The undersigned, Joseph A. Springer, Vice-Consul of the United States of America at Habana, Republic of Cuba; Do hereby certify, that the signature to the foregoing and annexed document, to which is also affixed the seal of the secretary’s office of the Bishopric of Habana is known to me to be the true and genwvne signature of Rev. Doctor Alberto Méndez, Arch-Deacon of the cathedral, Secretary of Chamberí and Government of the Bishopric of Habana, who certifies to the signature to the certificate of Parish Priest of Gum de Melena and as such, to dll his official acts fulls faith and credit are due and giving as well in court as thereout. — In testimony whereof, I have hereunto set my hand and affixed the seal of this Consulate General at Hdbcma, Republic of Cuba, this fourth day of October, 1918. — (8gd.) Joseph A. Springer, Consul of United States of America at Habana, Republic of Cuba. — Fee No. 6199 canceled.” .

Si este documento fué prueba pertinente del matrimonio de los padres de Elvira G-arcía es una cuestión sobre la cual esta corte no tiene una opinión definitiva. El documento fué admitido como prueba por la corte por el valor que tuviera, pero como fiemos visto al llegar el momento de la sentencia la corte no resolvió sobre el efecto de este documento sino que dicha sentencia fué dictada exclusivamente sobre la defensa de cosa juzgada. Tal vez en esta apelación como el peso de la prueba recaía en la demandante para establecer un caso tenemos derecho a revisar la pertinencia de este docu-mento para probar el matrimonio de los padres de la de-mandante o en otras palabras para decir si hubo alguna prueba en los autos que demuestre el matrimonio de los padres de la demandante. Pero como era una cuestión que nunca resolvió la 'corte inferior preferimos ejercitar nues-tra discreción devolviendo el caso para la celebración de un nuevo juicio en el cual las partes puedan ser ampliamente oídas sobre la cuestión de si Elvira García es o no hija legí-tima de Juan García Yillarraza.

En el primer juicio la sentencia fué dictada a favor de Elvira García. Esta sentencia se revocó y no se dió a la demandada Elvira García otra oportunidad al llegar el caso a Ponce para probar su referida legitimidad. En el segundo verdadero juicio que trajo como consecuencia la sentencia contra la cual se -ha interpuesto esta apelación la cuestión del matrimonio vel non de Juan García y Manuela Fernández nunca fué resuelta por la corte inferior. Este fué un caso en que una joven era considerada por todo el mundo por un número de años como lá hija legítima de Juan García y así tenida por su propia madrastra hasta la fecha del falle-cimiento de dicho Juan García. Aunque alguna de la prueba ofrecida de la legitimidad tal vez no podía ofrecerse de nin-gún modo, no estamos convencidos de qué el documento ofre-cido como prueba, el cual liemos transcrito, no sea prima facie un documento válido tendente a probar el matrimonio, procediendo como procede de fuente adecuada en Cuba, esto es, del registro parroquial. Es cierto que aparece de la faz del documento que era un documento reconstruido por haber desaparecido el original y los argumentos de los apelados en cuanto a su incompetencia para establecer el matrimonio no carecen de fuerza.

Estamos convencidos, sin embargo, de que esta deman-dante debe tener otro juicio amplio en el cual la corte inferior después de oir a las ■ partes- podrá considerar comple-tamente la cuestión, ño sólo de la validez de la partida de matrimonio, sino también bajo las circunstancias especiales y peculiares de este caso, dar a la demandante, de ser po-sible, la oportunidad de probar el matrimonio de sus padres, aliunde. No estamos tan seguros de que no exista otra prueba de crédito o semejante que pueda tender a aclarar la alegada partida de matrimonio si en realidad es defec-tuosa. No pretendemos limitar a las partes-o a la corte en manera alguna en la discusión de la pertinencia de la suso-dicha partida, pero como ésta no es una mera cuestión de propiedad sino de probar una hija su legitimidad recono-cida hasta la muerte de su padre, creemos que toda la fa-cultad discrecional de la corte debe ejercitarse para darle una amplia oportunidad de ser oída sobre ese punto y sus consecuencias.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio.

. Revocada la sentencia y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Garcés, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente, de la Corte dé Distrito de Mayagüez en cansa por Asesinato en Segundo Grado.
    No. 1573.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Asesinato — Grados del Asesinato. — Si el acto que resulta en la muerte de otra persona y se imputa como asesinato no es uno de los 'específicamente enu-merados en el artículo 201 del Código Penal y no hubo intención de matar, el asesinato puede ser de segundo grado; pero cualquier acto que sea mali-cioso, premeditado y deliberado y cause la muerte de un ser humano es ase-sinato, bien de primero o de segundo grado. Por tanto, como la ausencia de la intención de matar puede reducir el delito de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado, el imputar que el acto fué malicioso, premeditado y deliberado, más bien que una descripción del acto en sí de dar muerte constituye una imputación de asesinato en segundo grado.
    Id. — Nuevo Juicio — Renuncia.—El acusado solicitó un nuevo juicio por el fun-damento de indebidas admisión y exclusión de prueba, pero en su moción no hizo en absoluto especificación alguna de esos errores. Por razón de esta omisión el acusado renunció a los errores en la admisión y exclusión de prueba y esta corte no hubiera revocado la sentencia a menos que encontrara un error fundamental en la admisión y exclusión de pruebas.
    Id. — Instrucciones al Jurado.. — No se tomó excepción alguna a las instrucciones al jurado y aunque la corte pudo haber ido más lejos, no sólo fueron las instrucciones suficientes en general, sino que el acusado también pidió cier-tas instrucciones que fueron concedidas y dadas en la forma solicitada.
    Id. — Id.—No es error por parte de la corte, sin solicitud de los jurados, el lla-marlos de nuevo para darles ulteriores instrucciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    • Ahogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. José F. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una • apelación contra una sentencia que declara culpable al acusado de un delito de asesinato en segundo grado. Después del juicio el acusado presentó una moción para que no se dictara sentencia la cual fué declarada sin lugar y esta actuación de la corte se alega como primer error.

El objeto de la moción para que no se dictara sentencia era insistir en que en la acusación no se imputó un cargo de asesinato. La acusación es esencialmente la siguiente:

“El fiscal formula acusación contra Plácido Garcés Zapata, por un delito de asesinato, felony, cometido de la manera siguiente:
“El citado acusado Plácido Garcés Zapata, allá en o por boras de la noche del día 9 al 10 de mayo de 1919, y en el pueblo y Municipio de Lajas, P. R., Territorio de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., allí y entonces ilegal, voluntariamente, con ma-licia, premeditada y propósito firme y deliberado, y demostrando tener un corazón maligno y pervertido dió a Carmen Juana Delgado y Lugo, que era ser humano, y a la que acometió y agredió con una navaja, infiriéndola una herida en el cuello, parte superior de la tráquea, herida que dividió todas las partes blandas comprendidas en dicha región, y llegó hasta alcanzar el fondo posterior de la laringe, y fué causa ilegal de la muerte de la referida Carmen Juana Delgado y Lugo, que era la esposa del acusado.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

La teoría del apelante es que la acusación no alega que el acusado con malicia premeditada dió muerte a su referida esposa,- más específicamente, que la alegación de que el acu-sado con premeditación y deliberación cortó el cuello a su esposa no es equivalente a una alegación de que con preme-ditación y .deliberación dió él muerte a su referida esposa.

Los artículos 199, 200 y 201 del Código Penal definen el asesinato y su división en grados, a saber:

“Artículo 199. — Asesinato es dar muerte'ilegal, a un ser humano, con malicia y premeditación.”
“Artículo 200. — Dicha premeditación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se manifiesta el propósito deliberado de quitar la. vida ilegalmente a un semejante. Es tácita, cuando no resulta notable provocación o las circunstancias, que concurren a la muerte demues-tran un corazón pervertido y maligno.”
“Artículo 201.- — -Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, o tortura,' y toda clase de muerte' alevosa, deliberada y preme-ditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio de mo-rada, rapto, robo, asalto, o mutilación, constituye asesinato de primer grado; siendo de segundo grado todos los demás.”

De acuerdo, con las autoridades si un bombre da un golpe a otro con malicia premeditada y ocasiona la muerte, esto puede ser asesinato, dependiendo de las ■ circunstancias se-gún se desarrollen en la acusación' misma o en .el juicio. Demato v. People, 35 L. R. A., (N. S.) 621 y notas; 13 R. C. L. 777; El Pueblo v. Figueroa, 16 D. P. R. 373; 21 Cyc. 712.

Es suficiente que el acto ejecutado fuera malicioso, deli-berado y premeditado y causara la muerte. Si hubo una intención en el momento, de causar la muerte, o el acto de que se acusa es uno de aquéllos específicamente enumerados en la ley como constitutivos de asesinato en primer grado, el acusado puede ser declarado culpable de asesinato en ese grado. Si el acto imputado no es uno de aquéllos específica-mente enumerados en el artículo 201 del Código Penal y no bubo ninguna intención de matar, el asesinato puede ser,en segundo grado, pero cualquier acto que sea malicioso, preme-ditado y deliberado y que cause muerte tiene que ser asesi-nato en primero o segundo grado.

La única cosa entonces de que el acusado podría quejarse, si en la acusación no se expresa que el acto de matar mismo era malicioso, deliberado y premeditado, sería que la acu-sación dejaba de alegar los becbos de los cuales el asesinato en primer grado podría inferirse. Tal estado de cosas no ocurre en la presente acusación .pero en ella se dijo que el acusado deliberada y maliciosamente y con premeditación acometió y agredió a Carmen Juana Delgado con una navaja, infiriéndole una herida en el cuello que dividió las partes blandas de la tráquea y llegó a alcanzar el fondo posterior de la laringe. La inferencia natural y ordinaria de cortar el cuello a otro sér humano en la forma en que se describe en la acusación es que el acusado intentó ocasionar la muerte de su víctima. Degollar a una persona es equivalente a ma-tar a una persona. La única duda que podríamos tener sería de si los hechos como han sido alegados en la acusación de ser probados constituirían algo que no sea asesinato en primer grado. Cuando un hombre deliberada y premeditada-mente degüella a su esposa la cuestión sería si no debía pre-sumirse que él quiso ocasionar la muerte de ella. El ar-tículo 199 del Código Penal no expresa distintamente que el acto de dar muerte deba ser deliberado y premeditado, pero la conjunción “con” indica que el acto de dar muerte debe ir acompañado de malicia deliberada y premeditada, y cuando el acto es deliberado, malicioso y premeditado y ocasiona muerte cae dentro de la definición de asesinato. La acusación ante nos describe enteramente un acto deliberado, malicioso y premeditado que acompaña o precede a la muerte. Como siempre debe liaber un acto que preceda a la muerte, necesa-riamente la deliberación y premeditación es aplicable al acto mismo más bien que a la muerte que resulta. El perito del acusado en este caso declaró respecto al hecho de que una persona con el cuello cortado podría andar varios metros lo que quiere decir que debe transcurrir un período de tiempo entre el acto y la muerte. La malicia, premeditación y deliberación comienzan con el acto y lo acompañan hasta su resultado final. Debe agregarse que la acusación informó.al acusado de que se le imputaba un “asesinato” y tal representación puede servir de ayuda a las expresiones dudosas de una acusación.

Siendo clara la jurisprudencia en cuanto a que la falta de una intención de matar'puede rebajar el delito, de asesi-nato en primer grado' a asesinato en segundo grado, cual-quier posible aspecto del caso que acompañe al acto de que se queja el apelante con las palabras malicioso, premeditado y deliberado, más bien que para describir así el verdadero acto de matar todavía mostraría hechos en la acusación que imputan asesinato en segundo grado. El acusado fué decla-rado culpable de asesinato en segundo grado y no podemos decir que la sentencia no se ajusta a la acusación.

El segundo señalamiento de error es la negativa de la corte a conceder un nuevo juicio. Este error se divide en seis partes, la primera de las cuales ya hemos discutido. En la moción de nuevo juicio así como en esta corte, bajo el párrafo llamado (5) el apelante agrupó todos los actos de la corte en la admisión y exclusión de pruebas. Esto es, el apelante solicitó un nuevo juicio por el fundamento de in-debida admisión y exclusión de la prueba, pero en su moción de nuevo juicio no hizo absolutamente ninguna especificación de cuáles eran estos errores. Hablando en rigor, con esta omisión el' acusado renunció a los errores en la admisión y exclusión de la prueba y no debemos revocar el caso a menos que encontremos un error fundamental en tanto se trate de tal admisión o exclusión. La corte se negó a permitir que los' testigos dijeran que la persona muerta o su padre era bobo, por la teoría de que los testigos sólo debían declarar en cuanto a hechos y no formar juicio de los mismos. Es cierto que el abogado del acusado había. anunciado al em-pezar su caso que él trataba de probar que la interfecta su-fría de ataques epilépticos y era descendiente de gente idiota y demente. La teoría de la defensa era que la mujer muerta cometió suicidio. Parte de la teoría de la corte al excluir referencias acerca de su padre era que debía probarse pri-mero que ella era clemente, pero de todos modos -la corte tuvo razón al excluir las opiniones de testigos que no eran peritos y que no hablaron primero de los hechos de los cuales deducían ellos su supuesta insanidad o la de sus antecesores. La corte en manera alguna trató de impedir al acusado pre-sentar prueba respecto a los ataques epilépticos u otros actos de Juana Helgado tendentes a mostrar irresponsabilidad o una inclinación a cometer suicidio, o algún otro hecho seme-jante. El abogado del apelante se queja de que la corte interviene a veces sua sponta, pero esto se hizo generalmente después de haber sugerido a la corte la clase de preguntas que había ele excluirse.

El apelante también dice que las razones para hacer obje-ciones a la prueba debían formularse en el momento en que la corte resuelve sobre la prueba. Sin embargo, la corte puede en cualquier momento excluir pruebas que considera indebidas y su actuación quedará justificada si aparece que la prueba fué excluida debidamente. Es casi enteramente lamparte que se queja de la prueba que desea sea excluida, quien debe expresar sus objeciones a la corte. A menudo se ahorra mucho tiempo en una corte mediante la objeción de un abogado y la objeción se declara inmediatamente con lugar cuando era claro que la prueba ofrecida fué inadmi-sible. La corte siempre oirá a la parte contra quien se dicta la resolución a menos que no se haya éstablecido una norma en el juicio. La parte favorecida, sin embargo, no necesita más ayuda que la actuación misma de la corte.

El apelante también se queja de que no se permitió a su perito manifestar en términos generales qué era un ataque epiléptico. Esto como cuestión hipotética era claramente erróneo.

Habiendo el apelante declarado tendente a mostrar que el acusado y su esposa vivían en harmonía el Gobierno en refutación presentó prueba creditiva de que un juez de paz tuvo una vez que intervenir en un disgusto habido entre ellos. No encontramos error o perjuicio en la admisión de esta prueba.

Las demás cuestiones alegadas en cuanto a la admisión o exclusión de pruebas no requieren especial mención.

Bajo el apartado, (c) se queja el apelante en no haber la corte informado suficientemente acerca de la prueba cir-cunstancial. La instrucción de la corte en este particular fué como sigue:

“La corte instruye al jurado que para declarar culpable al. acu-sado por evidencia circunstancial solamente, es necesario no sólo que todas las circunstancias concurran para demostrar que él cometió el crimen de que se le acusa, sino que ellas sean incompatibles de cual-quiera otra conclusión razonable. No es suficiente que las circuns-tancias probadas coincidan, concuerden y bagan probable la hipótesis buscada para establecer el objeto de la acusación, sino que debe ex-cluirse cualquier otra hipótesis fuera de la culpabilidad, y cada hecho aislado de que se ha de hacer la deducción de culpable debe probarse por medio de pruebas que satisfagan el ánimo de su conciencia de jurado en el mismo grado que es necesario satisfacerles con respecto al becho en cuestión en caso de que la prueba sea directa. ’ ’

Encontramos que ésta fué una instrucción amplia sobre evidencia circunstancial.

También creemos que es suficiente la instrucción sobre duda razonable, la que no consideramos necesario citar.

Se alega haberse cometido error en cuanto a la instruc-ción de asesinato en segundo grado, y se cita el caso de El Pueblo v. Roldán, pero en ese caso la corte definió que asesinato en segundo grado era un delito cometido sin pre-meditación y deliberación, que es la característica de todo asesinato. En el presente caso la corte no dejó de expresar que la premeditación y deliberación eran esenciales al ase-sinato en segundo grado. La corte definió el asesinato en primer grado el que se ocasiona con malicia expresa pero que existía asesinato en segundo grado cuando la malicia era tácita, pero la corte no dejó, como hemos dicho, de incluir los elementos de deliberación y premeditación. Verdadera-mente que decir que existía asesinato en segundo grado cuando la malicia era tácita probablemente es dar al acusado algo más de aquello a que tenía derecho a esperar. Creemos que podrá verse que puede existir °el asesinato en primer grado de acuerdo con la definición del artículo 200 del Có-digo Penal cuando la malicia es tácita.

Se queja también el apelante de que todo el tenor de las instrucciones era contra el acusado toda vez que se hizo mu-cho hincapié en el asesinato en primero y segundo grado y muy poco se dijo respecto a lo que debía hacer el jurado en caso de tener una duda razonable en cuanto a la culpa-bilidad del acusado. Sin embargo, en todo juicio se hace más o menos necesario para la corte explicar con alguna extensión lo que es asesinato en primero y en segundo grado mientras que sólo se necesitan pocas palabras para decir lo que tiene qne.hacer el jurado de tener alguna duda razo-nable respecto a la culpabilidad del acusado, y la corte ins-truyó al jurado en lo que era necesario para declarar culpable al acusado basado en prueba circunstancial, excluyendo cualquier otra conclusión razonable, e hizo esto varias veces. La corte dijo que la ley presumía que todo hombre era ino-cente y que a menos que ellos creyeran que su culpabilidad había sido probada fuera de duda razonable, o que si existía alguna duda razonable de su culpabilidad, era el deber del jurado darle e'1 beneficio de la duda y declararlo no culpable.

Además en cuanto a todas estas instrucciones no se tomó excepción y aunque como invariablemente ocurre, otras cosas pudieron haberse dicho por la corte, no sólo fueron suficientes las instrucciones en general sino que el acusado solicitó ins-trucciones específicas todas las cuales fueron concedidas y dadas en la forma solicitada o en términos equivalentes.

Después de haberse retirado el jurado y por cierta razón que no aparece de la faz de los autos, la corte llamó nue-vamente al jurado para darles instrucciones adicionales y principalmente para decirles que debían considerar la prueba y no permitir que nada extraño les afectara. Hemos exa-minado cuidadosamente estas instrucciones adicionales y en ella nada encontramos que hubiera perjudicado al acusado. El derecho de la corte de volver a llamar al jurado es claro. People v. Perry, 65 Cal. 568, y sólo revocaríamos en caso de estar convencidos de que las instrucciones adicionales ha-bían perjudicado al acusado. Verdaderamente las instruc-ciones adicionales de la corte serían aplicables igualmente a las instrucciones ya dadas de que el jurado no debía per-mitir que el hecho de que el acusado mismo no declaró afec-tara a su deliberación.

El último error alegado es que la prueba es contraria al veredicto. En cuanto a esto el apelante- no recapitula la prueba sino que simplemente nos llama la atención a alguna contradicción en la prueba y a cierta de la alegada prueba contradictoria entre los propios testigos del Gobierno, pero sin darnos una idea de lo que realmente ocurrió en el caso excepto hasta donde ha sido alegada en la acusación. El fiscal al contestar al acusado asimismo deja de ayudar a la corte pues nos refiere a los autos en general sin tratar de resumir la prueba. Encontramos que la prueba era sufi-ciente. Ella tendía a mostrar que en cierta noche el acusado y su esposa estando solos en una habitación con dos niños pequeños la mujer encontró su muerte; que fué degollada por dos heridas; que la navaja con la cual se infirió la herida fué encontrada cerrada lejos del lugar donde ella cayó y detrás de la cama; que el acusado fué hallado con sus manos algo ensangrentadas y que sus uñas mostraban to-davía señales de sangre; que el acusado dijo- que su esposa se había suicidado y que alguna sangre había caído sobre él cuando la cogió después-de varios brincos. Esta fué con tal vez algo más, la prueba no contradicha en el caso. Un testigo pericial del Gobierno declaró que según el carácter de la herida era de opinión que no podía haber sido causada por uno mismo. Esto fué contradicho por el perito del acu-sado. Además hubo prueba de un muchacho de doce años de edad que dijo oyó al acusado y a su esposa peleando en el momento de ocurrir el asesinato y que-ella dijo: “No me mates que yo me mato.” La credibilidad de este testigo fué impugnada y no es muy satisfactoria pero ésta era una cuestión de la incumbencia del jurado. De igual modo otro testigo dijo que los oyó peleando en el camino el día de la alegada muerte >y se trató de probar por medio de un testigo que merecía crédito que la posición en que dijo se encontraba era una imposible. La defensa se basó en el suicidio y se presentó muy poca prueba para justificarla. Hubo bastante prueba de los ataques epilépticos pero no la suficiente para originar una fuerte duda respecto a si las heridas no fueron inferidas por ella misma, y el jurado, por supuesto, tenía derecho a inferir que la muerte no se debió al acto de Juana Delgado misma.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison firmó conforme con la sentencia.


author: El Juez Pbesidente Se. Heenández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. G. Garau y Cía., Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa por infracción a la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 1638
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Pan Palto de Peso — Tolerancia por Defectos en el Peso — Conocimiento Judicial. — Ni la corte de distrito, ni el Tribunal Supremo pueden tomar cono-cimiento judicial de los reglamentos promulgados por el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas en virtud de la facultad que le confirió la Legislatura en la Ley No. 13 de 1917.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. Domínguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Eigueras, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Se. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

En la denuncia se imputa a la acusada el delito de in-fracción a la sección 15 de la Ley de Pesas y Medidas apro-bada en agosto 18, 1913, consistente en vender pan cuyo peso por bollo había de ser una libra avoirdupois, teniendo un promedio de 16 gramos y 8 décimas de gramo (16.8) de me-nos por bollo, siendo esto mayor que la tolerancia concedida por el Jefe del Negociado de Pesas y Medidas.

■ La Corte de Distrito de Guayama, que conoció del juicio en grado de apelación, declaró a la acnsada culpable por sentencia de 21 de mayo de 1920 y le impuso $1 de multa con las costas, porque de acuerdo con los reglamentos apli-cables al caso, en cantidades menores de 25 bollos se concede una tolerancia de quince gramos por cada bollo de pan, y de la prueba practicada aparece que en los trece bollos ocupados existía una falta de peso de cuatro décimas de gramo por bollo, que en los trece bollos asciende a una falta de peso de 5.20.

La Ley No. 13, aprobada en 12 de abril de 1917, para reglamentar el peso de los bollos de pan que se vendan u ofrezcan en venta en Puerto Eico y para otros fines, dispone en su sección 2a. que el Jefe del Negociado de Pesas y Me-didas establecerá aquellas variaciones o tolerancias razona-bles que tanto por exceso como por defecto puedan ser apli-cables ai peso indicado de los bollos.

No ban venido al juicio como prueba los reglamentos a que se refiere el juez inferior en su sentencia para conocer cuál sea la tolerancia de falta de peso permitida por el Ne-gociado de Pesas y Medidas en cantidades menores de 25 bollos.

Ni la corte inferior ni esta corte pueden tomar conoci-miento judicial de dichos reglamentos, los cuales habrían de servir de base tanto para justificar la denuncia como la sen-tencia pronunciada. No hubo por tanto la debida prueba para declarar culpable y condenar a la acusada apelante. El Pueblo v. Cuadrado, 27 D. P. R. 840.

Procede revocar la sentencia apelada y absolver a la apelante.

- Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelado, v. Sánchez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en nn caso de mandamus.

    No. 2335.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Mandamus — Causa de Acción — Becas.—No aduce hechos suficientes una solici-tud de mandamus para obligar a un auditor municipal a formalizar libra-miento para el pago de una beca creada por ordenanza municipal bajo la autoridad de la Ley No. 19 de marzo 9, 1911, cuando tal solicitud no espe-cifica la clase de estudios que cursa o intenta cursar el peticionario, pues faltando esa alegación no hay base para determinar si está, comprendido o • no dentro de los beneficios de la ley.
    Id. — Vigencia ds la Ley de 1911 Autorizando a los Municipios para Crear B'ECAS. — Quaere: si está vigente o no la Ley No. 19 aprobada en 9 de marzo de 1911 facultando a los municipios de Puerto Rico a sostener estu-diantes en los colegios y universidades en los Estados Unidos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. G. Travecier.

    Abogados del apelante: Hon. Attorney General y Sr. A. Arroyo.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La solicitud de mandamus radicada en la secretaría de la Corte de Distrito de Humacao en 28 de julio de 1920 con-tiene las siguientes alegaciones atinentes al recurso, que para mayor claridad numeraremos por orden alfabético y trans-cribimos a continuación:

(a) Que Jesús María Rodríguez es un joven menor de-edad, hijo del querellante, y que actualmente cursa estudios, en la Universidad de Valparaiso, Ind. (U. S. of A.)

(b) Que la Asamblea Municipal de Humacao en el pre-supuesto de 1919 al 20 consignó la suma de $300 para ayu-dar a los estudios del joven Jesús María Rodríguez, cuya, cantidad había de pagarse por trimestres.

(o) Que en el trimestre comprendido entre marzo 1 y 31 de mayo de 1920, se expidió por el Hon. Vicente Ortiz, Co-misionado de Servicio Público, jefe de la dependencia, libra-miento de pago por dicho trimestre ya vencido (expedido primero junio, 1920) y el querellado se negó a ordenar el pago de los $75 correspondientes al referido trimestre sin cansa legal o motivo justificado.

(d) Que el acuerdo del municipio de Humacao es válido y se ajusta a los preceptos de la actual Ley Municipal y el querellante no tiene otro medio que el presente recurso para obligar al contador a cumplir el acuerdo de la asamblea municipal que el presente.

' La solicitud concluye con la súplica de que se ordene al querellado a formalizar el libramiento correspondiente para que el Tesorero del municipio pague el referido trimestre y los sucesivos mientras esté en vigor la ordenanza.

La corte de Humacao en 30 de julio de 1920 ordenó al Auditor Municipal de Humacao pague a Jesús María Ro-dríguez la suma de $75 por el trimestre de abril, mayo y junio de 1920 inmediatamente después de recibir la notifi-cación de la orden y si no lo hiciere comparecería ante la. corte en 9 de agosto siguiente a mostrar causa para el in-cumplimiento.

El auditor municipal contestó por medio de su abogado Rafael López Antongiorgi que aceptaba por ser ciertas las alegaciones (a) y (6) y también la (c) menos en cuanto se negaba a hacer el pago sin causa legal o motivo justificado y también negó en términos absolutos la alegación letra (d). Como materia nueva- expuso que no existe en la Isla de Puerto Rico ley o precepto legal alguno que autorice a los municipios de Puerto Rico para sostener estudiantes en los colegios y universidades de los Estados Unidos y que la Ley No.' 19 de marzo de 1911 que autorizaba a los munici-pios a cpnceder becas para que jóvenes estudiantes pudieran cursar estudios de agricultura, agronomía, selvicultura y las varias ramas de ingeniería quedó derogada a partir de la aprobación de la Ley Orgánica qne probibe pagos de esta naturaleza cuando la institución en que se cursan dichos es-tudios no está bajo el control absoluto de El Pueblo de Puerto Rico.

La corte, por sentencia de 13 de agosto de 1920, declaró con lugar la solicitud presentada y en su consecuencia dictó nn auto definitivo de mandamus en los términos solicitados.

De esa sentencia apeló el demandado.

El demandado-apelante al iniciar su alegato en apoyo del recurso manifiesta “que por conducto del Attorney General •que comparece somete a la consideración de este Tribunal Supremo el alegato con el fin de que se resuelvan en un sen-tido o en otro las cuestiones planteadas,” y por modo ex-preso hace constar el Attorney General “que por las .circuns-tancias de ser el Ledo. Rafael López Antongiorgi el abogado del municipio de Humaeao, se retiró éste de la representa-ción del apelante, y que siendo las cuestiones planteadas en el caso de sumo interés para- El Pueblo de Puerto Rico el Attorney General que suscribe el alegato, aún cuando tiene dudas sobre las cuestiones que va a plantear, desea presen-tarlas y someterlas ante este tribunal a fin de que por el mismo se resuelva lo que sea procedente en justicia y de acuerdo con la ley.”

El Attorney General formuló los siguientes señalamientos de errores:

1. Los municipios de Puerto Rico no están autorizados ni por la Ley Municipal ni por ningún otro estatuto público aprobado por nuestra Asamblea Legislativa para conceder becas a estudiantes de colegios y universidades de los Es-tados Unidos.

2. La Ley No. 19 de 1911 fia sido derogada por el párrafo 19 de la sección segunda del Acta Jones.

La parte apelada niega que se hayan cometido los erro-res apuntados y al amparo de la Ley No. 19 de 1911, cuya vigencia sostiene, pide la confirmación de la sentencia re-currida.

Sin entrar a considerar si dicha ley lia sido derogada y estimándola vigente a los efectos del recurso, opinamos que los heclios alegados en la demanda no colocan al peticionario dentro de las condiciones exigidas por aquélla para disfru-tar del beneficio que solicita. T aunque tal cuestión no se fia levantado en la corte inferior ni ante esta Corte Suprema la levantamos de oficio en ejercicio de nuestra jurisdicción.

La Ley No. 19 aprobada en 9 de marzo de 1911 contiene siete secciones y la primera reza textualmente como sigue:

“Sección Ia. — Por la presente se faculta a los municipios de pri-mera y segunda clase y, con la aprobación del Gobernador a los mu-nicipios de tercera cl3.se, para sostener a jóvenes en los colegios y universidades de los Estados Unidos, con fondos a su disposición, con objeto de cursar estudios y graduarse en las siguientes materias: Agricultura, Agronomía, Selvicultura, y las varias ramas de Inge-niería. ’ ’

En la solicitud de mandamus que dejamos transcrita se alega que la Asamblea Municipal de Humacao en el presu-puesto del 1919-20 consignó la suma de $300 para ayudar a los estudios del joven Jesús María Rodríguez que cursaba estudios en la Universidad de Valparaiso, Indiana, pero no se expresa cuáles fueron esos estudios para poder apreciar si estaba comprendido entre los que menciona la sección in-dicada; y en virtud de tal omisión tenemos que llegar a la conclusión de que el peticionario no mostró tener derecho a la apropiación hecha a su favor, pues por más que también alega que el querellado se negó a ordenar el pago de la suma asignada sin causa legal o motivo justificado y que el acuerdo del municipio de Humacao es válido y se ajusta a los preceptos de la Ley Municipal, esas son conclusiones legales, ineficaces para los fines de su pretensión.

Es de revocarse la sentencia apelada, declarándose sin lugar el auto definitivo de mandamus solicitado, sin especial condena de costas.

Revocada la sentencia apelada y declarado sin lugar el mandamus.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y HutcMson.


text:
    Pabón, Demandante y Apelante, v. López et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayag’üez en -pleito sobre filiación y otros extremos.
    No. 2341.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Defensor Judicial — Alegación de Capacidad del Defensor Judicial — Presun-ción. — Cuando en una demanda interpuesta por un defensor judicial a nom-bre de su defendido se alega un debido nombramiento, esto será suficiente para establecer su capacidad de tal, pues mientras no se demuestre lo con-trario se presume que el nombramiento fué lieclio legalmente.
    Acción de Filiación — Indebida Acumulación de Acciones — Indebida Acumula-ción de Partes Demandadas. — A la acción de filiación no pueden acumularse otras causas de acción contra personas que no sean miembros de la sucesión a que el demandante alega pertenecer, especialmente cuando se trata de re-clamar derechos con respecto a distintas fincas y resulta que se hace partes a personas quienes no tienen ninguna relación con la acción de filiación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. L. Llorens Torres y P. Amado Rivera.

    Abogados de los apelados: Sres. J. Sabater, B. Forés y F. Manuel Toro.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

A la demanda en este caso se opuso una excepción pre-via que fué declarada con lugar, por el fundamento de que el demandante no tenía capacidad para demandar y que exis-tía una indebida acumulación de acciones y de partes de-mandadas.

• Hemos resuelto en el caso de Lucero et al. v. Herederos de Vilá, 17 D. P. R. 153 que no discutiremos la orden de una corte en que se nombra defensor judicial a una persona, y por tanto la demanda al alegar un debido nombramiento era suficiente.

La sentencia debe ser sostenida por el otro fundamento. El demandante acumuló a una acción de filiación una soli-citud de declaratoria de herederos, una petición sobre nuli-dad de otra declaratoria de herederos, una acción para la cancelación de inscripciones en el registro a favor de ciertos demandados, una acción reivindicatoria y de daños y per-juicios. La teoría del apelante es que el derecho a cada una de las sucesivas causas de acción es la consecuencia ló-gica del primer derecho. Aún un hijo legítimo no podía acumular en la demanda de filiación todos los derechos de acción que como tal hijo legítimo tendría él contra otros que no fuesen parte de la sucesión a que dicho hijo pertenecía. La objeción de indebida acumulación de acciones se robus-tece por la acumulación de demandados. Se hace defender a partes que eran dueños o poseían la finca y que no tienen otro interés en el pleito de filiación que no sea el de que una acción favorable lo sujetara a una reclamación por dicha finca para no insistir en el hecho de que varias fincas en las cuales diferentes personas tienen interés están envueltas en este litigio. No sólo hay una pretendida reivindicación de una finca sino también otra finca hipotecada y arrendada respecto a la cual el demandante solicita nulidades.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Flores, Demandante y Apelado, v. Sucesores de Pérez Hermanos, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2416.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Negligencia al Manejar un Automóvil — Daños y Perjuicios. — Una alegación general de negligencia en el manejo de un vehículo, a falta de una solicitud para que se detallen más los hechos, es una alegación suficiente.
    íd. — Id.—Aviso Necesario. — Cuando un agente peligroso como un vehículo de motor retrocede o va a retroceder, el conductor debe primero dar aviso y asegurarse de que puede hacerlo sin causar daño a las personas o a la pro-piedad. La ley prescribe que los trueles lleven un observador o que estarán provistos de un espejo que permita al conductor mirar hacia atrás, pero aun-que en este caso los apelantes no cumplieron eon la ley, el mero cumplimiento no les eximiría de responsabilidad.
    Id. — Medida de los Daños. — La indemnización por daños es compensatoria y la determinación de la cuantía nunca depende de la capacidad de la demandada para pagar o de su grado de negligencia; depende más' bien de la capacidad del lesionado y sus sufrimientos y quizás indirectamente de la mayor o me-nor riqueza de la comunidad.
    Id. — Id.—Las cortes de apelación pueden determinar la cuantía de la indemniza-ción especialmente cuando no hay otro daño permanente que la pérdida de un pie o una pierna, como en el presente caso.
    Id. — Id.—Al fijar la cuantía de los daños merecen considerarse: los gastos de la curación, el valor del tiempo perdido, el sufrimiento físico y mental y la rebaja permanente en la capacidad para ganar dinero, siendo este último elemento el más variable al determinar una compensación. Las cortes no hacen distinción entre un joven de 21 años y un menor, y éste tiene a su favor todas las presunciones de que será una persona de condiciones norma-les y en condiciones de ganar lo que dicha persona ganaría.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Chas. Hartzell y F. Ra-mírez de Arellano.

    Abogado del apelado: Sr. J. II. Brown.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes en este caso no presentaron un señalamiento de errores sino que discutieron los alegados errores {seria-tim) en su alegato. El apelado en cambio resumió las cues-tiones contendidas. La primera se refiere a la suficiencia de la demanda y principalmente a si hubo la debida alega- ■ ción de negligencia. Hubiera sido mejor si la demanda hu-biera alegado que el automóvil de la demandada al retro-ceder negligentemente lesionó al demandante, pero nosotros con la mayoría de las otras cortes liemos resuelto general-mente, que una alegación general de negligencia en el ma-nejo de un vehículo a falta de una' solicitud para que se de-tallen más los hechos es una alegación suficiente.- House v. Meyer, 100 Cal. 592, 35 Pac. 308, 29 Cyc. 570, 571; Cunningham v. Los Angeles Railroad Company, 115 Cal. 561, 47 Pac. 452.

Convenimos con el apelado y la corte inferior en que prác-ticamente no hubo ninguna prueba de negligencia eontribu-toria. Según la corte, y no vemos razón alguna para variar, el muchacho no tenía ningún indicio de que el truch que estaba detenido pudiera retroceder y nosotros asimismo no vemos que la demandada haya probado que algún aviso se diera al niño de que el truch iba a retrocéder.

Los apelantes también alegan que la prueba no revela negligencia por parte de la demandada y que el peso de la misma está decididamente a su favor. La ley es clara .de que cuando un agente peligroso como un automóvil retro-cede o va a retroceder, el conductor debe primero asegurarse de que puede hacerlo sin cansar daño a las personas o a la propiedad. ■ La ley prescribe que los truchs lleven un obser vador o que deberá estar provisto de un espejo que permita al conductor ver si hay alguien detrás de la máquina, pero aunque creemos qu„e los apelantes no cumplieron con la ley, el mero cumplimiento no eximiría necesariamente a un de-mandado de responsabilidad. Lo esencial es que la gente que está detrás del truch sea avisada antes de ponerse en movimiento el truch. Aunque algunos de los testigos de la demandada declararon tendente a demostrar que el conductor del truch avisó primero al niño y a los demás que se retiraran de detrás del automóvil, el peso de la prueba es que el conductor, si bien declaró lo contrario, nunca se bajó del truch y que nada les hizo saber a los muchachos. La manifestación del conductor del truck y de uno de sus tes-tigos de que se les dio aviso a los muchachos no está sos-tenida por el resto de la prueba y no nos convence:

Dudamos, además, cuando se trata de niños, si sería sufi-ciente un mero aviso, pero la regla es que antes de que una máquina se ponga en movimiento el conductor debe tener bastante motivo para creer que no bay ninguna. persona o propiedad en su camino. El juez de la corte inferior estaba tan convencido del incumplimiento del conductor del truck que dijo que en su práctica judicial pocas veces babía visto una prueba que de modo más concluyente satisfaga su con-ciencia.

El único fundamento de error que queda es que la sen-tencia de $17,000 es excesiva. El muchacho de once años tuvo que sufrir la amputación de un pie arriba del tobillo. La regla en todos los Estados Unidos así como en esta juris-dicción es la de dar una compensación a la persona lesio-nada. La determinación de la suma, como cuestión legal, nunca depende de la capacidad de la demandada para pagar dicha suma o de su grado de negligencia. Las cortes han tenido la tendencia de decir que la pérdida de una pierna o brazo, u otro miembro del cuerpo, en cierto sentido difícil-mente puede ser remunerada y frecuentemente las cortes de-berán resolver si un veredicto es o no excesivo teniendo en cuenta otros veredictos en el mismo Estado. Necesariamente que en el mismo Estado los veredictos variarán en las dife-rentes comunidades, dependiendo esto de la actitud de los jurados de la comunidad en particular. Se infiere de aquí que en Estados o comunidades de grandes riquezas los vere-dictos serán mayores que lo que serían en comunidades más pequeñas o pobres. No dudamos si conscientemente o no la riqueza de una comunidad desempeña realmente un papel al determinar la cuantía de un veredicto tanto por el jurado en primer lugar como por las cortes de revisión.

La regia es que un jurado es el juez de los hechos y por tanto las cortes de revisión son muy reliadas a dejar sin efecto los veredictos a menos que sea por motivos de pasión o prejuicio. Por otra parte, por lo menos una corte lia dicho que puede inferirse pasión o prejuicio del carácter ex-cesivo de un veredicto. Frecuentemente cuando los vere-dictos han sido crecidos las cortes los han caracterizado así al sostenerlos y también han comentado acerca del hecho de que el veredicto probablemente era mayor del que hubiera rendido el juez sentenciador o hubiera sido concedido por los jueces de revisión de haber sido los juzgadores. La idea en los. Estados Unidos de que el jurado es el juez de los hechos es tan fuerte que las cortes tienen que ver un exceso considerable antes de intervenir. Cuando un-juez juzga un caso como en Puerto Eico, por lo general se supondría que estaría menos influido por pasión o prejuicio que un jurado. Sin embargo, cuando los hechos no admiten duda en cuanto al daño, la corte de revisión tiene prácticamente el mismo derecho a considerar los fundamentos de la compensación que el que tenía la corte inferior. Dadas las circunstancias indiscutibles en que el demandante mismo se encuentra y el daño sufrido la corte de apelación está en buenas condi-ciones para limitar la cuantía de la indemnización especial-mente cuando no hay otro daño permanente que la pérdida de un pie o una pierna, como en el presente caso.

La medida de los daños ha sido diversamente expresada y tal vez una medida satisfactoria fué la indicada en el caso de Louisville Gas Company v. Fuller, 92 S. W. 566, como que es el gasto de la curación, el valor del tiempo perdido, la razonable compensación por el sufrimiento físico y mental y por la rebaja permanente en la capacidad para ganar dinero.

En el caso de Texas & New Orleans Railroad Company v. Brouillette, 130 S. W. 890, había un niño de dos años y siete meses de edad. La corte dijo “que él sufrirá mental y materialmente en el futuro, es una conclusión justificada por los hechos probados. Pero no hubo lesión física alguna con excepción de la pérdida de una pierna. Con excepción de ésto él es un niño saludable, bien desarrollado y normal. Verdad es que estará privado de muchos g’oees y privilegios de la niñez y en la edad viril será seriamente obstaculizado en la carrera de la vida; pero creemos que el veredicto y sentencia fueron por una suma mayor que lo que la prueba justificaba” y la corte rebajó el veredicto de $30,000 a $20,000.

En Virginia no se consideró excesiva la suma de $18,000 por la pérdida de una pierna, incluyendo $3,000 por hono-rarios del médico, Norfolk Southern Railroad Company v. Crocker, 84 S. E. 681. La suma de $15,000 no se consideró excesiva’ en el caso de Bugge v. Seattle Electric Company, 103 Pac. 826 por la pérdida de un pie. La demandante era una joven de 31 años de edad, soltera y ganaba $35 como ama de llaves, con casa y comida que importaba de $30 a $40 mensuales. La cuenta del médico fué un poco más de $500. La cantidad de $17,000 no se estimó excesiva en el caso de Colorado Springs, etc., Ry. Co. v. Kelley, 176 Pac. 307, por la pérdida de un pie, cuando una joven de veinte y cuatro años ganaba $40 mensuales como taquígrafa. La corte resolvió que no podía decirse que esto tiene que marcar su capacidad para trabajar durante toda su vida. La suma de $15,000 se estimó que no era excesiva para un muchacho de catorce años en el caso de Texas, Etc., v. McLeed, 131 S. W. 311, y veredictos tan crecidos como de $22,500 han sido sostenidos por las varias cortes del Estado de Nueva York. Por otra parte Missouri ha fijado un tipo de com-pensación por lesiones en una pierna o pie que no excederá de $10,000, y en Kentucky generalmente se ha hecho lo mismo. Si revisa uno los casos de Louisiana como aparecen en el Segundo Digesto de Louisiana bajo el título de Daños, pá-rrafo 105, puede ver uno que -un veredicto de más de $10,000 en ese Estado sería considerado excesivo. En el año 1910 en el caso de Williams v. W. R. Pickering Lumber Company, 125 La. 1087, la corte rebajó un veredicto de $20,078, por daños y perjuicios sufridos por- pm guardafreuo a $12,000 y en este caso el demandante babía perdido un brazo y una-pierna. Después de revisar los casos donde veredictos seme-jantes habían sido sostenidos por grandes sumas en Louisiana, la corte dijo que el abogado del demandado citó casos en los que veredictos por pérdida de un miembro del cuerpo de $2,000 a $6,000 habían sido confirmados. “Admitimos libremente,” procedió la corte, “que los casos citados no pueden ser harmonizados y que no hay reglas de ley sobre . la materia.” En el año 1911 esa corte resolvió que la suma de $2,500 era una compensación inadecuada para un mucha-cho de veinte meses de edad por la pérdida de una pierna hasta más abajo de la rodilla y el magullamiento de carne que en la curación dejó malamente cicatrizado el tejido en el otro pie, “aún cuando las circunstancias son tales que las condiciones pueden mejorar con el uso de un miembro artificial,” y la suma fué aumentada a $5,000. Danna v. City of Monroe, 129 La. 138. En 1913 la corte en el caso de Bell v. Houston & S. R. Co., 132 La. 88, resolvió que una sen-tencia por $10,000 por la pérdida de un pie era excesiva y sería rebajada a $7,500. La corte en 1912 había dicho que en vista de la depreciación en el poder del dinero para com-prar, la suma ele $7,500 no era demasiado como concesión para un hombre por la pérdida de un pie, quien dependía de su trabajo manual para su subsistencia, subiendo la sen-tencia a esa suma. Cross v. Lee Lumber Company, 130 La. 66. En el caso de El Paso Electric Railway Company v. Allen, 208 S. W. 739, la corte después de sostener un vere-dicto por $15,000, donde un miembro de un niño fué magu-llado hasta la rodilla siendo necesaria la amputación en la articulación de la rodilla, revisa los casos de Texas e indica que su revisión de los veredictos dependerá en gran parte de la capacidad para ganar dinero. En el caso de Standard Oil Company v. Titus, 219 S. W. 1077, la Corte de Apela-dones de Kentucky resolvió qne $15,200 no era nna compen-sación excesiva para un gnardafreno de 35 años de edad por nna lesión tal qne reqniere la amputación de la pierna odio pulgadas más abajo de la rodilla. La corte dijo, “Puesto qne el costo de vida ña subido grandemente y el valor de nn dólar para comprar es mucho menos de lo qne era, opinamos que el veredicto no es excesivo.” Véase tam-bién 14 L. K. A. 677, 17 O. J. 1104-1110.

La revisión de los casos qne hemos hecho nos convence de qne el elemento más variable al determinar la compen-sación de nna persona es su capacidad para ganar. Las cortes no hacen ninguna distinción particular entre nn joven de veintiún años y nn menor. Un niño tiene a su favor to-das las presunciones de qne será nna persona de condiciones normales y en condiciones de ganar lo qne dicha persona ganaría.

Si examinamos, pues, los hechos de este caso, a la luz de la jurisprudencia establecida por los tribunales del con-tinente, y fundada en los mismos accidentes tendremos qne reconocer que dichos tribunales basándose en hechos seme-jantes en algunas ocasiones han concedido indemnizaciones superiores a la suma de diez y siete mil dólares y en otros inferiores a esa suma.

Si examinamos los hechos de este caso a la luz de nues-tra propia jurisprudencia, encontraremos que en ninguno de los casos resueltos hasta ahora se ha acordado un veredicto en casos similares que ascienda a la indicada suma, aunque esta misma cuestión nunca ha sido enteramente presentada. La tendencia general de los veredictos en las cortes insu-lares ha sido muy conservadora en materia de la cuantía de las indemnizaciones, quizás consciente o inconscientemente siguiendo la tradición y teniendo en cuenta que el país en general no es rico. Hay una gran diferencia entre la riqueza per capita entre los ciudadanos del continente y de la Isla.

Considerando siempre todas estas cosas y el debido res-peto a la sentencia de la corte inferior que tuvo ante sí al niño y pudo juzgar en cierto modo sus posibilidades, reba-jaremos la sentencia a la suma de $12,000, pero sin querer indicar con esto que esta cantidad será un precedente aún en casos de accidentes semejantes.

La sentencia apelada debe ser modificada en la forma in-dicada y confirmada en sus demás particulares.

Modificada la sentencia apelada en el sentido de rebajar la indemnización a $12,000 y con-firmada en los demás particulares sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Juez Asociado Sr. Aldrey firmaron Conformes con la sentencia menos en la cuantía de la indemnización, pues opinamos que no debe pa-sar de $5,000.”


author: El Juez Peesidente Se. Heenandez,

text:
    Segarra, Demandante y Apelante, v. Santiago et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reclamación de condominios.
    No. 2243.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Reivindicación de Condominio — Cesión de Derechos Actuales pero no Futu-ros. — El traspaso de todo el interés o título que una persona tiene o pueda tener sobre cierta propiedad no comprende un interés adquirido más tarde por el eedente. Así, pues, una cláusula escrituraria en la cual A j B ceden, renuncian y traspasan con enajenación perpetua a favor de O todos los de-rechos j acciones que aquéllos tmieron, tienen o puedan tener por cualquier causa, título o motivo sobre cierta finca adquirida por el cesionario, renun-ciando asimismo aquéllos toda reclamación tanto privada como judicial so-bre dichos derechos sean éstos cuales fueren, no puede hacerse extensiva a derechos que posteriormente adquirieran los cedentes de quien podía transmi-tírselos, por impedir tal interpretación el artículo 1250 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados del apelante: Sres. José A, Poventud y Alberto 8. Poventud.

    Abogados de los apelados: Sres. J. Tous Soto, A. Ortis Toro y T. Castillo.

   El Juez Peesidente Se. Heenandez,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por' el demandante José Policarpo Segarra Bonilla contra sentencia que pronunció la Corte de Distrito de Ponce declarando sin lugar la demanda radicada en dicba corte el día 8 de octubre de 1917 contra los demandados José Santiago Martínez y Francisco María Francesebi Gregory sobre reclamación de condominio y otros extremos.

Los becbos del caso son los siguientes:

Bamona Bonilla, al fallecer en 11 de mayo de 1889, era dueña de cierta finca rústica denominada “Yaní” que se describe en la demanda, y practicada la divisoria de sus bienes con aprobación judicial recaída en 19 de diciembre del mismo año, fué valorada dicha finca en 1,700 pesos, adjudicándose a’ cada uno de sus hijos herederos Carlos, Hipólito Aniceto y José Policarpo Segarra Bonilla, el demandante, una partici-pación en ella igual a 505.62 4/8 pesos y a su otra bija tam-bién heredera, María Francisca Belén, otra participación igual a 183.12 4/8 pesos, cuyas participaciones daban el valor total expresado de 1,700 pesos, y fueron inscritas en el Be-gistro de la Propiedad de Ponce.

Por escritura de 5 de junio de 1902, también inscrita en el registro, Nereo Pirazzi adquirió la participación del here-dero Hipólito Aniceto.

Fué subastada la finca en 1905 para pago de contribu-ciones al Tesoro de Puerto Bico mediante procedimiento de apremio, no contra los herederos mencionados de Bamona Bonilla sino contra la Sucesión de Severo Segarra, adjudi-cándose a Domingo Binaldi, sin que se diera aviso de la subasta a los herederos de la Bonilla ni a persona algnna a nombre de ellos, e inscribiéndose a sn favor en el registro.

Se subastó nuevamente la misma finca como de la pro-piedad de Binaldi en 1911 y fue adjudicada a Nereo Pirazzi, a cuyo favor fué inscrita en el registro.

Nereo Pirazzi, por escritura otorgada en diciembre de 1912, vendió la repetida finca a Juan José Caraballo por el precio de $3,000 de los cuales pagó el comprador la suma de $500 y constituyó hipoteca voluntaria a favor de Pirazzi por el resto de los $2,500, cuya venta e hipoteca fueron ins-critas en el registro.

Nereo Pirazzi cedió por escritura de 6 de septiembre de 1913, inscrita en el registro, el crédito hipotecario a Francisco María Franceschi Gregory.

Juan José Caraballo, por escritura de junio 16 de 1915 vendió la finca a Lorenzo Salicetti, y éste, acompañado de su esposa Teresa Vázquez, la vendió a José Santiago Mar-tínez por escritura de - 31 de diciembre de 1915, haciéndose cargo del pago de la hipoteca que sobre ella pesaba, siendo José Santiago Martínez el actual poseedor de la finca. Esas dos ventas no fueron inscritas en el registro.

El demandante José Policarpo Segarra Bonilla por es-critura de 10 de mayo de 1917 adquirió de Salvador Segarra la participación de 505.62 4/8 pesos que había sido adjudi-cada a su padre Carlos Segarra ya fallecido, y por otra es-critura de 31 de mayo citado adquirió también de 'María Francisca Belén la participación de ésta consistente en 183.12 4/8 pesos, teniendo así en la finca una participación igual a 1,194.37 % pesos constituida por la participación que le había sido adjudicada en la divisoria de los bienes de su difunta madre Ramona Bonilla y por las otras dos partici-paciones últimamente adquiridas por escrituras públicas.

En vista de los hechos que se dejan expuestos, alegados en demanda jurada, el demandante solicita que previos los trámites legales se dicte sentencia declarando:

(a) Que el demandante es dueño en pleno dominio de una partici-pación indivisa en la finca descrita en la demanda equivalente a $1,194.37 14 en el valor de $1,700 en que fué tasada dicha finca * * * cuyo condominio deben poner los demandados a la disposición del demandante.
(ó) Nulas y sin ningún valor ni efecto legal en cuanto afectan o puedan afectar los derechos del demandante las tasaciones, embargos y ventas en pública subasta de la totalidad de la finca en cuestión,, la venta de Nereo Pirazzi a Juan José Caraballo, la hipoteca existente hoy a favor de Francisco María Franceschi, la venta de Juan José Caraballo a Lorenzo Salicetti y la venta de Salicetti a José Santiago y Martínez; y se declaren nulas asimismo todas las anotaciones e inscripciones verificadas en el registro de la propiedad con respecto a la finca.
(c) Qlue el demandado José Santiago Martínez debe satisfacer al demandante la suma de $5,000 por concepto de frutos, rentas, bene-ficios y utilidades correspondientes a los expresados condominios del demandante y
(d) Que se condene igualmente a los demandados que se opusie-ren, al pago de las costas y gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

Los demandados José Santiago Martínez y Francisco Ma-ría Franceschi opusieron a la demanda la excepción previa de que los hechos alegados no constituían una causa de acción y esa excepción fué declarada sin lugar por orden de octubre de 1920.

A instancia del demandado José Santiago Martínez se dispuso se citara de evicción a los vendedores y anteriores dueños de la finca Lorenzo Salicetti y su esposa Teresa Váz-quez, Juan José Caraballo y Nereo Pirazzi.

Formularon contestación a la demanda José Santiago Martínez, Francisco María Franceschi y Nereo Pirazzi, y sin contradecir los hechos alegados en la demanda hicieron como materia nueva la siguiente alegación:

“Por escritura pública No. 71 de 3 de octubre de 1913 ante el Notario José Tous Soto, doña María Francisca Belén y don José Poli-carpo Segarra y Bonilla (el demandante) cedieron y traspasaron, en consideración a la suma de $250 pagada en el acto por el cesionario, a Nereo Pirazzi y Maffiola, todos los derechos y acciones ‘que tuvieran, tienen o puedan tener’ por cualquier causa, título o motivo sobre la finca rústica descrita en la demanda, renunciando a toda reclamación sobre dichos derechos, sean éstos cuales fueren: ratificando asimismo en dicha escritura todos los anteriores traspasos de dicha finca lle-vados a cabo por remates públicos celebrados por El Pueblo de Puerto Rico para el cobro de contribuciones y convalidando y dando por buenos tales remates cualesquiera que fuesen sus defectos de tramita-ción ; siendo el propósito de dicha escritura, según en ella se expresó, purificar de cualquier vicio o defecto el título del señor Pirazzi.”

Bajo las alegaciones de la demanda y de la contestación vinieron las partes al juicio y celebrado éste la corte dictó sentencia en 30 de abril de 1920 por la que declaró sin lugar en todas sus partes la demanda, condenando al demandante; en las costas, gastos, desembolsos del pleito y honorarios de abogado de los demandados. • El juez en su opinión hace, constar que la cuestión litigiosa había quedado limitada al condominio que el demandante adquirió de Salvador Segarra, hijo y heredero de Carlos Segarra Bonilla, pues el deman-dante en corte abierta y al empezarse la vista del caso de-sistió de su reclamación en cuanto a los demás condominios,, y sobre esa cuestión litigiosa se expresa en los siguientes términos:

“La cuestión única a resolver es si puede invocar José Policarpo Segarrá, el demandante, contra Nereo Pirazzi y los eausahabientes de éste, el título adquirido de su sobrino Salvador, a pesar de existir la escritura No. 71 de 3 de octubre de 1913.
“La corte entiende que el demandante, José Policarpo Segarra está impedido, pues existe contra él un estoppel para oponerse a dicho título, toda vez que de'la escritura de 3 de octubre de 1913 aparece, no sólo un reconocimiento del título de dominio de Pirazzi sobre la finca, sino también una ratificación expresa de la subasta por la cual Pirazzi llegó a ser dueño.
“La corte entiende que la renuncia de derechos pasados, presentes y futuros hecha por José Policarpo Segarra y Bonilla en la escritura tantas veces mencionada impide prosperar su demanda en este caso, porque de acuerdo con un principio de equidad ‘el título adquirido posteriormente por el cedente, cede o acrece en beneficio del cesio-nario.’ (Yéase Jones on Evidence, Bine Book, Sección 282; y véase 2, Ruling Case Law, Sección 41 (assignments), página 632).
“La equidad no puede permitir al cesionario, después de una cesión, sin limitación alguna, comprar un pleito para destruir o im-pugnar el título reconocido y constatado por él mismo, a su cesio-nario.”

La parte apelante alega como motivo del recurso que la corte cometió error al estimar que existe un.estoppel en contra suya y en su consecuencia también erró al dictar la sen-tencia apelada.

Para resolver la cuestión legal sometida a nuestra consi-deración conviene que transcribamos en la parte conducente la escritura de 3 de octubre de 1913, traída al juicio como prueba por los demandados, en cuya escritura fundan éstos únicamente su oposición a la demanda.

Dicha escritura fué otorgada por María Francisca Belén y José Policarpo Segarra Bonilla, de una parte, y Nereo Pi-razzi de otra, y en ella expresan los otorgantes que el com-pareciente Nereo Pirazzi es legítimo dueño en pleno dominio de la finca de que se trata. Sigue la descripción de la finca según se hace en la demanda. Contiene después la mención del título de Pirazzi por compra al Colector de Rentas In-ternas de Ponce para el cobro de contribuciones al contri-buyente moroso Domingo Rinaldi y después se consigna el siguiente hecho:

“Que como quiera que los comparecientes de apellido Segarra y Bonilla fueron anteriores condueños en la propiedad de dicha finca, quiénes también fueron morosos en el pago de contribuciones y dieron lugar a que se vendiese en pública subasta, comprándola entonces el referido don Domingo Rinaldi; y deseando los comparecientes to-dos que se purifique el título de dominio pleno sobre dicha finca de que disfruta hoy el señor Pirazzi, renunciando dichos anteriores con-dueños todo derecho y acción que pudieran tener sobre dicho inmue-ble llevan a cabo el contrato bajo las cláusulas siguientes:”

Esas cláusulas dicen así:

"Primera: Los comparecientes doña María Francisca Belén y don José Poliearpo Segarra y Bonilla ceden, renuncian y traspasan con enajenación perpetua, a favor de don Nereo Pirazzi y Maffiola todos los derechos y acciones que aquéllos tuvieron, tienen o puedan tener por cualquier causa, título o motivo sobre la finca rústica que ha sido descrita en esta escritura subrogando al cesionario en el lugar, grado y prelación de los cedentes sin limitación alguna, renunciando asi-mismo aquéllos toda reclamación tanto privada como judicial sobre dichos derechos sean éstos cuales fueren.
Segunda: Constituye el precio importe de esta cesión la suma de doscientos cincuenta dollars que el cesionario señor Pirazzi en este acto entrega a dichos cedentes en billetes de banco americanos de curso legal que contados y resultando exactos los pasan dichos cedentes a su poder en la proporción de ciento veinte y cinco dollars para cada uno y conformes otorgan el más eficaz recibo de dicha suma todo ello a mi presencia y la de los testigos instrumentales.
"Tercera: Queda expresamente convenido que por virtud de esta cesión quedan ratificados en todo su vigor y efecto los anteriores tras-pasos de esta firma, en cuanto a las participaciones de dichos cedentes se refiere llevados a cabo en remates públicos celebrados por El Pueblo de Puerto Rico por medio de sus autorizados agentes para el pago de contribuciones y que si algún defecto hubiese en la tramitación de aquellos embargos y remates se convalidan por la presente y se dan por buenos, exactos y legales como si se hubiesen ajustado exacta-mente al estatuto que regula la materia.
"Cuarto: Cada parte en.lo que le atañe acepta la presente escri-tura en todas sus partes por ser conforme a-lo convenido.”

Es un hecho fuera de discusión que por escritura de 10 de mayo de 1917 aportada al juicio como prueba, Salvador Segarra cede, renuncia y traspasa a favor de José Poliearpo Segarra Bonilla todos los derechos y acciones que tiene y le corresponden como heredero abintestato de su padre Carlos B. Segarra y Bonilla en la finca rústica de que se trata por precio de $90 subrogando en su lugar todo derecho y transmitiéndole a la vez cualquier acción o derecho que como tal heredero de su referido padre pueda corresponderle sin restricción ni limitación alguna.

Y cabe ahora preguntar ¿está impedido el demandante José Policarpo Segarra como causahabiente actual de los derechos de su hermano Carlos B. Segarra y Bonilla, en vir-tud de la escritura de ÍO de mayo de 1917, de reclamar los derechos de su referido hermano en la finca de que se trata por haber otorgado él y su hermana María Francisca Belén a favor de Nereo Pirazzi la escritura de 3 de octubre de 1913, cuyas cláusulas principales dejamos transcritas? Para dar contestación a la anterior pregunta debemos considerar y resolver si mediante la escritura de 3 de octubre de 1913 José Policarpo Segarra y Bonilla traspasó a favor de Nereo Pirazzi los derechos y acciones que aquél adquirió de su so-brino Salvador Segarra por escritura de 10 de mayo de 1917.

El artículo 1248 del Código Civil dice así:

“Artículo 1248. — Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
“Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.”

Según' el texto literal de la cláusula primera de la escri-tura de 3 de octubre de 1913, los hermanos José Policarpo, que es el demandante, y María Francisca Belén Segarra y Bonilla, ceden, renuncian y traspasan a Nereo Pirazzi, todos los derechos y acciones que aquéllos tuvieron, tienen.o pue-den tener por cualquier causa, título o motivo sobre la finca rústica “Tañí.”

Entendemos que tuvieron revela un tiempo pasado, y tienen un tiempo presente, y que ambas palabras, tuvieron y tienen se refieren'a derechos ciertos que tuvieron y tienen los hermanos José Policarpo y María Francisca Belén Se-garra y Bonilla sobre la finca “Yani.” Las palabras puedan tener muestran también un tiempo presente, pero con rela-ción a derechos inciertos y eventuales sobre la misma finca y no con relación a derechos futuros, pues si tal hubiera sido la intención de los cedentes, la hubieran expresado añadiendo al concepto puedan tener las palabras en lo sucesivo o en el futuro. La cláusula que examinamos no puede hacerse ex-tensiva a- derechos que posteriormente adquirieran José Po-licarpo y su hermana María Francisca Belén Segarra.

“El traspaso de todo el interés o título que una persona tiene o pueda tener sobre cierta propiedad no comprende un interés subsi-guiente adquirido por el cedente.” Wright v. Wright, 99 Ga. 324 25 S. E. 673.

Pero si alguna duda pudiera ofrecer el sentido de la fra-seología empleada, esa duda se desvanecería mediante apli-cación del artículo 1252 del código citado, que dice así:

“Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del con-junto de todas.”

El contenido de la escritura de 3 de octubre de 1913 re-vela que las partes se propusieron contratar sobre las par-ticipaciones dominicales de los cedentes y a esas participa-ciones debe contraerse la cesión de derechos y acciones pues ellas no podían contratar sobre derechos de otros condueños, como así lo dicen por modo expreso al consignar en la cláu-sula tercera que “por virtud de la cesión quedan ratificados en todo su vigor y efecto los anteriores traspasos de la finca en cuanto a las participaciones que a los cedentes se refie-ren.” No se hace ratificación alguna en cuanto a las parti-cipaciones que a otros condueños pudieran pertener ni tam-poco era posible hacerla pues José Policarpo y su hermana María Francisca Belén Segarra podían contratar sobre de-rechos propios, pero no sobre derechos de otros condueños.

Viene en apoyo de nuestra teoría el artículo 1250 del propio Código Civil, que dice así:

“Artículo 1250. — Cualquiera que sea la generalidad de los térmi-nos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre que los interesados se propusieron contratar.”

Ya liemos dicho antes que José Policarpo y María Francisca Belén Segarra se propusieron contratar sobre sus dere-chos en cuanto a las participaciones dominicales a ellos co-rrespondientes y no sobre los derechos de Carlos Segarra, lo que tampoco podían hacer, y en su consecuencia es claro que los derechos de Carlos Segarra para nada figuraron ni tenían que figurar en el contrato, o sea en la escritura de 3 de octubre de 1913 estando como estaban esos derechos fuera de la mente de los contratantes por haberlos adqui-rido José Policarpo Segarra cuatro años después. Ni cabe sostener en contrario que el deseo de los cedentes en la escri-tura de 3 de octubre de 1913 fué purificar el título • de do-minio pleno sobre la finca, de que disfrutaba Pirazzi, renun-ciando así todos los derechos y acciones que tuvieran o pu-dieran tener en'lo futuro o en lo sucesivo sobre la finca y renunciando además toda reclamación tanto privada como judicial sobre dichos derechos, sean éstos cuales fueren, pues la generalidad de esos conceptos está limitada por el hecho de que sólo José Policarpo y su hermana María Francisca Belén Segarra, son los que hacen la renuncia en los términos que expresa la cláusula primera de la escritura y por modo expreso se refieren a las participaciones a ellos correspon-dientes. Cuando la intención de una disposición general y la de otra particular resultaren incompatibles, ésta preva-lecerá sobre aquélla según el artículo 27 de la Ley’ de Evi-dencia.

En vista de las razones expuestas tenemos que- llegar a la conclusión de que los derechos y acciones de Carlos Se-garra sobre la finca “Yaní” adquiridos por José Policarpo Segarra mediante la escritura de 10 de mayo de 1917 no estaban comprendidos en la escritura de cesión de derechos y acciones otorgada a favor de José Policarpo y su hermana María Francisca Belén Segarra en 3 de octubre de 1913 y que por tanto el demandante José Policarpo Segarra no está impedido de reivindicar la participación qne correspondía a Salvador Segarra como heredero de su padre Carlos Se-garra en la finca £<Yaní” qne fné cedida por Salvador Se-garra a sn tío José Policarpo Segarra, el demandante, por títnlo oneroso, habiendo por tanto cometido la corte inferior el error alegado por el apelante.

Es de revocarse la sentencia apelada dictándose otra por la qne se declare qne el demandante José Policarpo Segarra Bonilla es dneño ele la participación indivisa de 505.62 4/8 pesos en la finca “Y-aní,” descrita en la demanda, cuya par-ticipación fné adjudicada a su hermano Carlos Segarra Bo-nilla-en la divisoria de bienes de su difunta madre .Ramona Bonilla, y la posee actualmente el demandado José Santiago Martínez; y qne son nulos en cnanto a esa participación los embargos, tasaciones, y ventas en pública subasta de la to-talidad de dicha finca, la venta de Nereo Pirazzi a Juan José Caraballo, la hipoteca a favor de Francisco María Frances-chi, la venta de Juan José Caraballo a Lorenzo Salicetti y la venta de Salicetti a José Santiago y Martínez, como igual-mente las anotaciones e inscripciones que con motivo de dichos actos se hayan verificado en el registro de la propie-dad, con respecto a la finca expresada, pero sólo en relación a la participación dominical que se reconoce al demandante José Policarpo Segarra, sin que haya lugar a condena especial de costas, gastos, desembolsos y honorarios de abo-gado.

Revocada -la sentencia apelada sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Rodríguez Hermanos, Recurrentes, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegatoria de la inscripción de una escritura particional.
    No. 484.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Partición de Herencia- — Contadores Designados in Solidum — Capacidad del Contador Partidor. — La partición de herencia llevada a eaho por dos conta-dores partidores nombrados in solidhm, por la testadora no es nula per se por el hecho de que uno de los contadores fuera heredero. Si dicha parti-ción fuera anulable la declaración de nulidad correspondería a una corte de justicia a instancia de parte interesada, pero no al registrador.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. I. Hernández.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Muerta María Ignacia Vega en 25 de septiembre de 1900 bajo testamento otorgado en 10 de marzo de 1898 se practi-caron en noviembre de 1901 por los contadores que ella nom-bró las operaciones divisorias de sus bienes, las cuales fue-ron aprobadas judicialmente a petición de los interesados for-mulada de acuerdo con el artículo 1079 del Código de Enjui-ciamiento Civil entonces vigente.

Fueron presentadas en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, dichas operaciones divisorias para la inscripción de las participaciones dominicales que en cierta finca rústica se habían adjudicado a los herederos Guadalupe Hernández Vega, Agustina Hernández Vega y Mariano Rodríguez Carrasquillo, y el registrador por medio de nota de 20 de septiembre de 1920 denegó la inscripción solicitada en los siguientes términos:

“Denegada la inscripción del precedente documento porque la partición hecha por los contadores entre los que figura don Juan José Rodríguez Vega quien también es heredero, es nula con arreglo al artículo 1057 del Código Civil Español, nulidad que no desaparece por la aprobación judicial que ba recaído, y sin que pueda tomarse como una formal ratificación por los interesados el hecho de haber firmado la solicitud para dicha aprobación, según se expresa en el auto, unos por sí y otros por sus representantes legales habiéndose tomado en su lugar anotación preventiva por el término legal.”

No estamos conformes con la nota transcrita.

Ciertamente que María Ignacia Vega en la cláusula dé-cima de su testamento nombró por sus albaceas testamen-tarios, contadores y partidores con la cualidad de in solidum a su hijo Juan José Rodríguez y a su yerno José G-onzález Cruz, los cuales practicaron las operaciones divisorias de que se trata. Y también el artículo 1057 del Código Civil Español idéntico al artículo 1024 del Código Revisado, esta-blece que £íel testador podrá encomendar por acto inter vivos o mortis catisa para después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cualquiera persona que no sea uno de los coherederos.” Pero en el presente caso debe tenerse en cuenta que los contadores fueron nombrados en calidad de in solidum, pudiendo por tanto cualquiera de ellos sin intervención del otro haber llevado a cabo la comisión dada por la testadora.

No vemos como la intervención en la partición del here-dero incapacitado para el cargo de contador pueda anular per se y necesariameíite dicha partición. Esta, a lo sumo, podría ser anulable, pero en procedimiento seguido en una corte de justicia a instancia de parte interesada.

Es de revocarse la nota recurrida y ordenarse la ins-cripción denegada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.