author: El Juez Pbesidente Seño®, Del Tobo,

text:
    Guillermo Cruz, demandante y apelado, v. White Star Bus Line, Inc., demandante y apelante.
    No. 6397.

    Sometido: Enero 8, 1934.

      Resuelto: Abril 3, 1934.

      C. Triarte y F. Fernández Cuyar, abogados de la apelante; J. Valide juli, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente Seño®, Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de daños y perjuicios reclamados con mo-tivo de cierto accidente. Se falló en favor del demandante en marzo 7, 1933. No conforme la demandada, apeló para ante esta Corte Suprema. La transcripción se radicó en ju-nio de 1933. En julio siguiente la parte apelada solicitó que se desestimara por frívolo el recurso. Se opuso la apelante en una moción bien razonada y la corte declaró no haber lu-gar a la desestimación. La transcripción consta de más de 230 páginas y la moción de oposición demostraba, al parecer, un caso digno de estudio.

Solicitó la apelante varias prórrogas para la presentación de su alegato que le fueron concedidas. Se opuso el apelado a la concesión de nuevas prórrogas y el alegato fué finalmente radicado en octubre 9, 1933, y en diciembre 7 siguiente volvió el apelado a solicitar la desestimación del recurso por frí-volo, impugnando extensa y cuidadosamente cada uno de los errores señalados por la apelante.

Ambas partes fueron oídas en enero 8 último sobre los méritos de la moción que envuelve los del recurso, y si éste no se decide ahora definitivamente, quizá no pueda señalarse de nuevo para verse en su fondo hasta el término de noviem-bre, 1934, o el de enero, 1935.

Siendo ello así, ilustrados como hemos sido en dos ocasio-nes por los informes de los abogados de ambas partes, plan-teadas todas las cuestiones por la apelante en su alegato e impugnadas por el apelado en su moción, estando ante nos-otros completa la transcripción, y habiendo tenido qne hacer el estudio de la totalidad del caso, estudio que nos ha llevado a la conclusión de qne la sentencia apelada debe confirmarse, así lo decidiremos. Depuradas todas las cuestiones que el apelante suscita, el recurso resulta frívolo en verdad.

El primer error se señala como sigue:

. "Cometió error manifiesto, y actuó con pasión, prejuicio y par-cialidad, la corte inferior al apreciar la prueba practicada por las partes, y declarar que ‘la teoría del demandante es la más plausible y la más probable,’ y que ‘la conducta del chauffeur de la deman-dada fue la causa eficiente del daño’.”

En la relación del caso y opinión que sirve de base a su sentencia, declaró probados el juez de distrito los siguientes hechos:

"Guillermo Cruz, comerciante y vecino de Río Piedras, demanda a The White Star Bus Line, Inc., que es una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico dedicada al transporte de pasajeros en guaguas u ómnibus nntre San Juan y Río Piedras, en reclamación de la suma de $15,600.00 por vía de indemnización de daños y perjurios, como consecuencia de lesiones recibidas en el brazo izquierdo mientras viajaba como pasajero en una de las gua-guas de la demandada.
"Allá por el 8- de diciembre de 1931, como a las 7 de la noche más o menos, el demandante tomó -en Río Piedras con dirección a San Juan y en calidad de pasajero, pagando el pasaje, la guagua de la demandada P — 29, que era manejada por el chauffeur Juan Mar-tínez, quien allí y entonces se encontraba en el desempeño de sus deberes como empleado y en beneficio de la demandada, y por la parada 37 de dicho trayecto, de Rió Piedras a San Juan, hubo un choque o rozamiento entre dicha guagua y el truck C-1171, guiado por Pablo Rivera, que caminaba en _ dirección contraria, o sea de San Juan a Río Piedras, recibiendo el demandante varias contusio-nes, consistentes en fracturas por tres partes del brazo izquierdo y fragmentación de los huesos de dicho brazo.
"La evidencia del demandante, consistente en las declaraciones de Guillermo Cruz, Dr. Basilio Dávila, Marcelo Clemente, Pablo Rivera, Leocadio Márquez, Vicente Machuca y Juan Félix Fuentes, ha tendido a demostrar que desde que salió de Río Piedras en dirección a San Juan la guagua de la demandada, guiada por el re-feríelo chauffeur Juan Martínez y que conducía muchos pasajeros, corría a exagerada velocidad y sobre lo cual se le llamó la atención por varios pasajeros; que por dos o tres ocasiones la guagua trató de pasar a un carro turismo que iba delante, guiado éste por Juan Félix Fuentes y quien caminaba bastante ligero, de 30 a 35 millas; que al llegar por la parada 37, Hato Rey, el automóvil seguía ca-minando delante de la guagua, acelerando la marcha para no de-jarse pasar por aquélla, mientras que en dirección opuesta se apro-ximaba el truck guiado por Pablo Rivera y al tratar de pasar la guagua al carro turismo, se echó al centro de la carretera en forma tal que, no teniendo espacio suficiente, se encontró eon el truck e hizo que el lado izquierdo de la guagua chocara o rozara con el lado izquierdo del truck; que en ese momento gritó una señora que iba con su esposo en un a,siento delantero, y el demandante, que estaba sentado en el tercer asiento izquierdo de la guagua, se levantó sú-bitamente y se agarró a uno de los pilares o varillas de la barandilla izquierda de la guagua al tiempo que cruzaban ambos vehículos, re-cibiendo primeramente una herida en el dedo índice de la mano iz-quierda y luego la fractura de la muñeca y como no pudo sacar el brazo, se le fracturó también el antebrazo y el húmero; que el truck iba por su derecha y despacio; que la guagua no paró cuando el accidente sino que continuó su marcha y como dos paradas más ade-lante viró y llevó el herido a Río Piedras, primero al hospital municipal y luego a la Clínica Pereira Leal, y que allí quedó recluido y se le atendió por espacio de 25 ó 30 días por los Dres. Pereira Leal y Basilio Dávila y después estuvo yendo diariamente a curarse por espacio de 2 ó 3 meses y quedando incapacitado en un 75 a 80% de las funciones del brazo izquierdo.
“La evidencia de la demandada, por las declaraciones de Juan Martínez, Ana María Ayala de Pagán, Jacinta Vega, Marina Billour (sic), Ramón Delgado, José Olavarrieta y Gabriel Hernández, ha ten-dido a demostrar, que la guagua caminaba a pequeña velocidad, poco a poco, de 12 a 15 millas, y por su derecho; que delante de la guagua, en dirección de Río Piedras a San Juan, venía el carro turismo, a una distancia de 12 a 15 metros, y de San Juan para Río Piedras iba el truck; que el carro turismo cruzó al truck que ca-minaba por el centro de la carretera, y entonces dicho truck se desvió hacia la guagua, rozando ambos vehículos de la mitad de las cajas para atrás; que Guillermo Cruz iba en el tercer asiento del lado izquierdo, llevando el brazo recostado a lo largo de la ventanilla pero sin sobresalir fuera según la testigo Marina Billour o con la mano en la cabeza y el codo en la barandilla y sin llevarlo por fuera porque le hubiera llamado la atención según el chauffeur Juan Martínez, y que al rozar los dos vehículos la guagua dió un sacudeón, la señora de don Ramón Delgado gritó, y Guillermo Cruz gritó tam-bién diciendo: ‘Ay mi madre’ y resultándole fracturado el brazo izquierdo; que la guagua siguió más adelante hasta encontrar un sitio para virar y regresó a Rfo Piedras llevando al herido al hospital; que la rozadura fué pequeña, por el lado exterior izquierdo de la guagua, teniendo ésta en su interior un letrero que decía que la compañía no era responsable en caso de accidentes ocasionados a los. pasajeros al sacar la cabeza O" brazos por fuera de las venta-nillas; y que el demandante fué el único pasajero que en ese acci-dente fué lesionado.
“La evidencia es contradictoria, como ocurre generalmente en casos de daños y perjuicios por .accidentes en el manejo de vehículos de motor. La teoría del demandante es la más plausible y la más probable. La colisión fué una rozadura o raspaso entre la guagua y el truck por el lado izquierdo de ambos vehículos, debido a la ne-gligencia del chauffeur de la guagua al tratan de pasar al carro tu-rismo, yendo en disputa o regateo con éste a una velocidad mayor que la permitida considerado el ancho y tráfico del camino, pues al cruzarse con el truck el espacio resultó insuficiente, yendo este último vehículo por su derecha.
“Con excepción del chauffeur Juan Martínez, quien en el examen directo dij o que Guillermo Cruz tenía el brazo por fuera de la ba-randilla o la mano en la cabeza y el codo en la barandilla, mientras que en el examen de repreguntas expresó que no le vió llevar el codo por fuera de la barandilla porque le hubiera llamado la aten-ción, ningún otro testigo manifestó, lo que es materia de defensa de la demandada, de que el demandante llevara el brazo por fuera de la ventanilla del asiento que ocupaba, pues Marina Billour declaró meramente que el demandante llevaba el brazo recostado sobre la ventanilla, hacia dentro de las barandillas de hierro, y ‘como muchas veces acostumbramos llevarlo’; sin que ello implique negligencia en el pasajero que, en caso de accidente por la negligencia del conductor-, le impida recobrar.”

Argumentando el error dice la apelante en su alegato:

“La prueba fué contradictoria en los extremos esenciales del caso. Era necesario y lógico,, por tanto, en orden a dirimir justa e impareialmente tal conflicto, recurrir, primero a los hechos en que estuvieron de acuerdo todos los testigos, de ambas partes, y segundo a los beehos físicos incontrov'ertidos, prueba ésta que, de acuerdo con los principios fundamentales de evidencia, debe tener más valor pro-batorio que cuantas declaraciones testificales se presenten para des-virtuarla. (Véase Groth vs. Thomann, 110 Wis. 488, 496; 86 W. W. 178, 181).”

Y seguidamente expone que todos los testigos estuvieron contestes en que la colisión fué una mera rozadura, en que viajando en la guagua muclios pasajeros, sólo uno resultó lesionado y en que la rozadura no ocurrió estando paralelos los tres vehículos sino cuando el carro de turismo iba delante de la guagua. Sostiene que esas circunstancias debieron ne-cesariamente llevar a la corte a dirimir el conflicto de la evi-dencia en contra del demandante.

No estamos conformes. La rozadura pudo ser leve, pero es un hecho que no puede ni siquiera discutirse que fué la que ocasionó las lesiones al demandante. El que otros pa-sajeros no recibieran lesiones sí que puede admitirse que se debiera a la levedad del choque, pero ello no destruye el hecho de que el demandante pudiera ser lesionado en la forma en que alegó y la corte sentenciadora declaró probado que lo fué. Y el hecho de que el roce entre la guagua y el truck tuviera lugar antes de que la guagua pasara al carro de tu-rismo, no quiere necesariamente decir que no se debiera al acto imprudente del chauffeur de la guagua al querer pasar a dicho carro.

Nada revela pasión, prejuicio o parcialidad por parte de la corte sentenciadora. Ninguna circunstancia física se ha puesto de manifiesto por la apelante que demuestre como una consecuencia ineludible que dicha corte apreciara la prueba erróneamente.

El segundo señalamiento es como sigue:

“Erró la corte sentenciadora al decidir y establecer, como cues-tión de derecho, que el demandante no fué negligente al llevar el brazo recostado sobre la ventanilla de la guagua.”

Cita al discutirlo la apelante un buen número de decisio-lies de tribunales y algunos aiitores para sostener que cuando un pasajero viaja con el brazo fuera de la barandilla, espe-cialmente cuando el conductor lo probibe por medio de una regla que se anuncia en sitio visible del vehículo, y ocurre un accidente al pasajero, debe considerarse a éste como culpable de negligencia contributoria, y en tal virtud carente de de-recho para reclamar contra él dueño del vehículo aunque el chauffeur del mismo hubiera sido también negligente al con-ducirlo.

Corpus Juris resume la jurisprudencia sobre la materia, así:

“Es regla prevaleciente que constituye negligencia per se que un pasajero ele un ferrocarril voluntaria o inadvertidamente saque el brazo, mano, codo o cualquier otra parte de su cuerpo por la venta-nilla de un tren en movimiento más allá del borde exterior de la ven-tanilla, o de la superficie externa del carro a fin de ponerse en con-tacto con objetos u obstáculos que estén cerca de la vía, y que no se puede obtener indemnización alguna por lesiones que a no haber ■sido por tal negligencia no hubiesen surgido. Pero según algunas autoridades la cuestión de si un pasajero es culpable de negligencia ■contribuyente al comportarse en esta forma mientras el tren va en movimiento y al recibir lesiones a causa de tal hecho deberá ser de-terminado por el jurado de conformidad con todas las circunstan-cias del caso. No constituye negligencia que un pasajero se siente con el codo en el alféizar de la ventanilla estando ésta abierta, sin ■sacarlo fuera del carro, aunque a consecuencia de cualquier sacudida ■o brinco se le lance el brazo fuera y sufra lesione.s. En cuanto a tranvías urbanos, la regla es menos estricta en lo que se refiere a tener el codo o brazo por fuera, o a estar agarrado a los postes de un tranvía abierto, etc., que cuando se trata de ferrocarriles corrien-tes, y se ha resuelto generalmente que no constituye negligencia per ■se el hacerlo así, sino que es cuestión de hecho que depende dé las circunstancias del caso.” 10 C. J. 1139.

Aceptando que la misma regla se aplique a guaguas des-' tinadas al transporte público de pasajeros, veamos cuáles fueron las circunstancias que concurrieron en este caso con-creto.

Después de declarar probados los hechos que dejamos transcritos Mzo mención la corte sentenciadora de alguna ju-risprudencia y continuó expresándose como sigue:

“La conducta del chauffeur de la demandada fué realmente la-causa eficiente del daño. El demandante no fué negligente, pues no-puede considerarse como tal, bajo las circunstancias del caso, el he-cho de llevar el brazo recostado sobre la ventanilla y agarrarse a las barandillas o pilares, para lo cual tenía necesariamente que extender la mano hacia fuera, cuando por la negligencia del chauffeur de la demandada, sin la cual el daño no hubiera ocurrido, se produjo-la conmoción o sacudimiento del vehículo, el grito de un pasajero, y el choque o rozamiento de los dos vehículos.
“No es éste el caso en que un pasajero asume voluntariamente-una posición de peligro, que no toma las precauciones propias de un hombre prudente y razonable para evitar un daño, o que el per juicio-so deriva directamente de su propio descuido o negligencia, que le impida reclamar por lesiones sufridas; ni queda relevada de respon-sabilidad la compañía, en casos como el presente, por el hecho de-haber fijado en su vehículo el letrero prohibiendo a los pasajeros sacar la cabeza o brazos por fuera de las ventanillas.”

Analizada la evidencia, no demuestra a nuestro juicio que el demandante viajara con el brazo fuera. Refiriéndonos a las dos declaraciones que pudiera considerarse que favorecen más a la demandada, las de sus testigos Juan Martínez y Marina Brillón, encontramos que el primero que era el que guiaba la guagua en que viajaba el demandante, en el interrogatorio directo se expresó así:

“A. — ¿Usted "nos puede describir la posición en que estaba en ese asiento —T.—Yo lo vi en esta posición. — A.—¿Encima de qué tenía ese brazo? — T.—No me fijé si iba encima de la varilla o hacia fuera de la . . . — A.—-(Int.) ¿Usted no se fijó? — T.—No, señor.— A.- — i Pero usted sabe si ese brazo iba dentro de la guagua, o encima del respaldar del asiento-, o fuera de la guagua, descansando sobre las varillas de la guagua? — T.—Dentro de la guagua no iba.- — A.—¿Us-ted está seguro de eso? — T.—Sí, señor. — A.—¿Por qué está seguro-de eso ? — T.—Porque lo noté con la cabeza que yo creí que venía un poco dormido, guayado; vi que venía dormido en la guagua.”

Pero ese mismo testigo en el trámite de repreguntas se-produjo como sigue:

“A. — Entre las barandas esas de hierro que están a los lados y el hueco, o el borde de la ventana, no se puede recostar el codo. . . —T.— (Int) Sí, pero queda uno derecho. — A.—¿Usted vió que el codo del señor Cruz fuera por fuera? Que usted lo viera. — T.-—Si lo veo le llamo la atención.- — -A.—¿Entonces cuando usted lo vió que estaba recostado, usted no vió que llevara nada por fuera? — T.—Por eso le dije, que no lo había notado. — A.—Pero si hubiera ido por fuera usted le llama la atención, ¿no es así? Si hubiese llevado el codo o el brazo por fuera, usted le hubiera llamado la atención al verlo? — T.—-Si lo veo le llamo la atención.”

Y que la testigo Brillón declaró en el interrogatorio directo :

“A. — Esplíquele a la Corte lo que usted vió? — T.—Yo venía en la guagua por Hato Rey y pasó uñ truck muy ligero y rozó con la guagua. Yo noté que le hirió un brazo al señor Guillermo Cruz; lo llevaba recostado de la ventanilla. — . . . — T.—Cuando el truck rozó con la guagua el señor -Guillermo Cruz, que llevaba el brazo re-costado de la ventanilla, recibió un golpe muy fuerte en el brazo. — - . . . — A.—¿Usted había visto al señor Cruz antes del accidente? — ■ T. — Sí, señor. — A.—¿Y le había visto el brazo recostado de la ven-tanilla? — T.—Sí, señor, lo llevaba recostado de la ventanilla. — . . . —A.—Y a usted qué le pasó con motivo de ese choque? — T.—Sola-mente que me asusté porque no faltó nada para la guagua -irse a la cuneta. ’ ’

Y a repreguntas del abogado del demandante:

“A. — ¿Había espacio donde recostarlo que no saliera el brazo? — ■ T. — Había. Él lo puso en la ventanilla como muchas veces acostum-bramos. — A.—Póngalo usted en ese sitio. Y fuera de esa barandilla había una cosa de hierro, ¿verdad? — T.—Sí, señor. — A.—¿Y él tenía entre el hierro y el marco de la ventanilla recostado el brazo? ¿En esta forma ? — T.—Sí, señor. — A.—¿ Así ? ¿ En línea recta en la baran-dilla? — T.—Sí, señor. — A.—¿No fuera de la barandilla? — T.—En la barandilla dije que lo traía.” .

Con la evidencia practicada en este caso como base, no cabe aplicar la jurisprudencia que invoca la apelante.

Por el tercer señalamiento se sostiene que la corte erró al fijar la indemnización en $2,450 y por el cuarto y último que también erró al imponer las costas a la demandada.

Oigamos otra vez a la corte sentenciadora explicando las razones de sn fallo. Dice:

“La evidencia demostró que el demandante sufrió mucbo como consecuencia de las fracturas de su brazo izquierdo, que no puede ■cerrar la mano, ni doblar el brazo, estando el codo fuera de sitio, y que está incapacitado en un 80% de las funciones del brazo.
“El demandante trabajaba como primer dependiente de comercio con su cuñado Julio Rivera Mojica, en Río Piedras, donde percibía un sueldo mensual de $60.00, más un 33% en los beneficios; y des-pués del accidente lia continuado prestando servicios en la tienda, aunque no en las mismas condiciones que antes, debido a su incapa-cidad parcial permanente en las funciones de la mano izquierda y recibe por ello compensación consistente en sus alimentos y vestidos, que tienen un valor de $35.00 a $50.00 por mes. Para determinar los beneficios que el demandante declaró eran de $90.00, o sea más que el sueldo, no existe base cierta para determinarlos.
“En la Clínica Pereira Leal, de Río Piedras, donde el deman-dante fué hospitalizado, depositó $50.00, cobrándosele $5.00 por día; más debe satisfacer $200 al Dr. Basilio Dávila, por sus servicios mé-dicos y atención durante dos meses, incluyendo el trabajo de cuatro placas radiográficas, y $200.00 al Dr. Pereira Leal, quien también le asistió. Las sumas dadas a las enfermeras en concepto de pro-pinas o regalos no pueden recobrarse. Sobre lo pagado- por medi-cina no hubo evidencia.
“Por los dolores físicos, morales, y angustias sufridas por las le-siones, así como por la incapacidad parcial permanente en las fun-ciones del brazo izquierdo en un 75 a 80%, no estando el lesionado inutilizado totalmente para el trabajo de dependiente de comercio, pues conserva el uso de la mano- derecha, la corte señala una indem-nización de $2,000.00, más $450 por gastos de atención médica y clínica. ’ ’

Las circunstancias concurrentes tales como se exponen por la corte sentenciadora surgen de la evidencia practicada y justifican la suma fijada como indemnización.

En cuanto a las costas, se impusieron debidamente. El demandante se vió obligado a recurrir a los tribunales para reclamar la indemnización. La demandada negó la negligencia imputada a su chauffeur e imputó a su vez negligencia al demandante y sometido el caso al crisol de un juicio celebrado ante una corte de justicia, ésta dió sin vacilaciones la razón al demandante. La imposición de las costas al de-mandado que sin razón hizo que se causaran, era lo justo.

No habiéndose cometido los errores señalados, m exis-tiendo posibilidad algima de que pueda revocarse la senten-cia reciwrida, procede la desestimación del recurso contra la misma interpuesto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Señor Del Toro,

license: Public Domain

text:
    In re: José María Franceschi, et als., Albaceas, peticionarios y apelados, v. López de Tord & Zayas Pizarro, interventores y apelantes.
    No. 6646.

    Sometido: Abril 2, 1934.

      Resuelto: Abril 5, 1934.

      López de Tord & .Zayas Pizarro, por su propio derecho; Henry Q. Molina, M. León Parra y F. González Fagundo, abogados de los apelados.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Pbesidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Por dos motivos se solicita la desestimación de la apela-ción interpuesta en este caso, á saber: porque no es apelable la resolución recurrida y porque el recurso establecido es frí-volo.

El 21 de febrero último la Corte de Distrito de Ponce dictó una resolución por virtud de la cual se negó a aprobar cierta fianza personal por noventa mil dólares prestada por los he-rederos de José María Praneesclii a fin de asegurar la efec-tividad de la resolución que pudiera dictarse en la reclama-ción de honorarios de abogado presentada por los Sres. Ló-pez de Tord y Zayas Pizarro dentro de los procedimientos sobre administración de la herencia y rebajó la cuantía de dicha fianza a cincuenta mil dólares, disponiendo las clases de garantías que serían satisfactorias a la corte.

Los Sres. López de Tord y Zayas Pizarro apelaron de la-resolución en cuanto rebajó la cuantía de la fianza y sostie-nen que dicha resolución participa de la naturaleza de una orden anulando parcialmente un embargo y puede conside-rarse comprendida dentro del artículo 295, inciso tercero, del Código de Enjuiciamiento Civil, a los efectos de la apelación. Citan en apoyo de su contención los casos de Hermida y Palos v. Gestera, 20 D.P.R. 452, Osorio v. Vizcarrondo, 35 D.P. R. 174, National City Bank v. de la Torre, 44 D.P.R. 459 y West India Oil Co. v. Soto, 44 D.P.R. 533.

El caso es en verdad peculiar. No se encuentra ex-presamente comprendido en el inciso tercero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia invocada se estableció en casos que de él difieren porque ya en ellos se habían trabado los embargos, pero quizá no esté desprovista de razón la contención de los apelantes y pueda considerarse que participa de la naturaleza de una anulación parcial de un embargo y por tanto que es apelable. Dejaremos, no obstante, la cuestión abierta para un más detenido estudio, ya que no es necesario resolverla porque si el recurso existiera debería siempre desestimarse por frívolo en este caso concreto.

En la propia moción de desestimación hace referencia la parte apelada al recurso de certiorari por ella establecido pidiendo la revisión de la resolución de febrero 21 en cnanto por ella se excluyó de las fianzas que podrían prestarse, la personal.

Ese recurso fué decidido por esta corte, negándose la ex-pedición del auto y en el curso de la opinión emitida al efecto se dijo:

“Si los honorarios de abogado constituyen gastos de administra-ción y existe una reclamación pendiente por servicios profesionales que se alegan han sido prestados a la administración judicial, es natural que el radio de la discreción judicial tenga alguna amplitud para asegurar el pago de los servicios alegados, a fin de que pueda hacerse efectiva inmediatamente la sentencia final que se dicte, en caso de que la corte llegase a la conclusión de que se debe a los abogados López de Tord & Zayas Pizarro alguna cantidad.” Frmoeschi v. Corte de Distrito, 46 D.P.R. 406.

Y recientemente se dijo también por esta Corte Suprema en el caso de Sosa v. Corte de Distrito, 46 D.P.R. 282:

“La apreciación de los probables perjuicios a compensar y en su consecuencia la fijación de la cuantía de la fianza, corresponde a la sana discreción de la corte sentenciadora, y tendría que demostrarse un claro abuso de esa discreción para que esta Corte pudiera inter-venir. ’ ’

Se ve, pues, que el énfasis en ambas decisiones se puso •en la facultad discrecional de la corte de distrito para fijar la extensión de la garantía. Claro es que en la generalidad •de los casos se toma por base la cuantía de la reclamación para determinar la de la fianza, pero ello no quiere decir que la corte esté de tal manera obligada por dicha cuantía que no pueda ejercitar su juicio y fijar una cantidad -menor en propios casos. Aquí se reclaman noventa y siete mil dólares por servicios profesionales prestados en relación con la he-rencia de Franceschi que se encuentra en administración judicial. La corte desde un principio fijó la fianza que debían prestar los herederos para garantizar la reclamación de los abogados en menos de la cantidad por éstos reclamada sin •que éstos se quejaran, y luego la redujo aun más, estable-ciendo entonces los abogados la presente apelación. La mis-ma peculiaridad del caso a que antes hicimos referencia lo-hace más apropiado para el ejercicio de su discreción por parte de la corte. No se reclama algo que trae su origen de-causas enteramente desconocidas para el tribunal; se recla-man honorarios por servicios prestados dentro de la admi-nistración que está bajo la jurisdicción y alta inspección del tribunal, y éste, por tanto, se encuentra en perfectas condi-ciones para, velando por los intereses de todos, tomar las medidas conducentes a garantizarlos en justicia. Las razo-nes que expresara el juez en su resolución no tienen gran importancia, es la conclusión a que llegara la que en verdad la tiene.

Siendo ello así y tratándose de una situación que debe que-dar despejada lo más pronto posible, después de una cuida-dosa consideración de todas las circunstancias concurrentes^ creemos que no existe el más leve motivo para concluir que el juez de distrito abusara de su discreción al fijar en cin-cuenta mil dólares la cuantía de la fianza que los herederos deben prestar y por lo tanto que se trata de un recurso frí-volo que debe, en tal virtud, desestimarse.

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió en cuanto a la desestimación del recurso por frívolo.


author: El Juez Asociado Señoe Cókdova Dávila,

text:
    Pablo Bigio Rodríguez, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 959.

    Sometido: Marzo 21, 1934.

      Resuelto: Abril 5, 1934.

      B. Martinez Nadal, P. Navarro Ortiz j L. Llorens Torres, abogados del peticionario.
   El Juez Asociado Señoe Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita en este, caso la expedición de un auto de cer-tiorari para revisar las actuaciones de la Corte de Distrito de San Juan en un procedimiento de desacato incoado contra Pablo Bigio Rodríguez, quien sirvió de jurado en el juicio de la causa criminal seguida por el Pueblo de Puerto Rico contra Ramón G-rau, por un delito de robo. Excepcionada perentoriamente la querella formulada por el fiscal contra el peticionario, la corte desestimó las excepciones perentorias, basando su fallo en las razones expuestas en una laboriosa opinión.

En la solicitad se alega que el juicio contra Ramón Gran comenzó el 6 de febrero de 1934 y duró cuatro días, siendo disuelto el jurado el día 10 del mismo mes de febrero por no baber llegado a un acuerdo en el veredicto; que cinco días después, o sea el 15 de febrero de 1934, cuando dicha causa criminal ya había terminado con la disolución del jurado, esto es, cuando ya el caso no estaba pendiente ante la corte, el fiscal de la misma, Hon. Domingo Massari, radicó ante la expresada Corte de Distrito de San Juan una querella contra el ahora peticionario Pablo Bigio Rodríguez, imputándole la comisión de un delito de desacato por perjurio, consistente en que, al ser examinado sobre sus condiciones para servir el cargo de jurado, declaró falsamente que no tenía motivo alguno que le impidiera dar un veredicto imparcial, siendo tal declaración falsa, según alega la querella, porque el dicho jurado Pablo Bigio, posteriormente, durante las deliberacio-nes secretas del jurado, hizo manifestaciones a sus compa-ñeros y entre ellos realizó actos demostrativos de que había jurado falsamente sobre su imparcialidad para actuar como jurado en dicha causa.

En la querella formulada por el Fiscal del distrito de San Juan contra el peticionario, se exponen los siguientes hechos:

1. Que el día 6 de febrero de 1934 comenzó en la Corte de Dis-trito de San Juan la vista del juicio por jurado de El Pueblo de Puerto Rico versus Ramón G-rau, por un delito de robo cometido den-tro del distrito judicial de San Juan y para dicha fecha fueron ci-tados, de acuerdo eon la ley, el número de jurados del cual había de seleccionarse el panel de doce jurados que debía conocer de y resolver el mencionado caso criminal.
2. Que el juicio duró cuatro días, en el curso de los cuales se presentó toda la evidencia del caso, consistente en declaraciones de testigos, documentos y prueba de objetos.
3. Que así mismo y antes de quedar constituido el jurado, se tomó juramento a todos los señores jurados para proceder a cualificarlos y más tarde la corte tomó el juramento definitivo a los doce jurados que habían de oír la evidencia del caso para resolverlo de acuerdo con la prueba y con la ley.
4. Que entre los doce jurados que quedaron definitivamente ju-ramentados y que oyeron la evidencia del caso, uno de ellos, Pablo Bigio, de Río Piedras, contra quien se dirige esta querella, al ser examinado bajo juramento sobre sus condiciones para servir como jurado en el caso, declaró que no tenía motivo alguno, en relación con el acusado o los abogados defensores, Lies. Martínez Nadal, Navarro Ortiz y Díaz Yiera, que le impidiera rendir un veredicto im-pareial y justo.
5. Que terminado el período de la prueba, los informes de los abo-gados y las instrucciones de la corte, se retiró el jurado a deliberar y su deliberación duró más de veinticuatro horas, y luego de haber transcurrido dicho lapso de tiempo, el presidente del jurado y otros jurados manifestaron a la corte que era absolutamente imposible lle-gar a un veredicto, en virtud de cuyas manifestaciones la corte tuvo8 que disolver el jurado, quedando el caso sin resolución.
6. Y el fiscal alega que el no haber podido llegar a un acuerdo el jurado se debió exclusivamente a la actitud asumida por el mencio-nado Pablo Bigio, quien con el deliberado propósito de obstruir la administración de justicia de modo ilegal, voluntaria y maliciosa-mente, y de manera corrupta contestando falsamente acerca de su, imparcialidad para juzgar el caso, consiguió ser admitido a formar parte del jurado con el único fin de impedir que se rindiera contra dicho acusado un veredicto condenatorio. Y a fin de lograr su pro-pósito realizó en el curso de las deliberaciones los actos siguientes:
(a) Manifestó durante las deliberaciones del jurado “que había que absolver al acusado de cualquier manera.”
(b) Rehuyó y se negó a exponer razones y a oír argumentos.
(c) Se negó obstinadamente a discutir la evidencia en modo al-guno.
(d) Manifestó que así estaría tres días y una semana y un mes, todo el tiempo que fuera necesario.
(e) Se separó y alejó de los demás jurados, sentado en una silla recostada de la pared, sin querer oír argumentos.
■ (/) Pretextó que de la única manera que condenaría al acusado, sería que el jurado condenara también a un testigo del caso, que no estaba acusado, y cuya conducta era absolutamente extraña a la mi-sión judicial que debía realizar el jurado, de acuerdo con la ley, los hechos y las instrucciones de la corte.
(ff) Se negó a que se solicitaran nuevas .instrucciones de la corte.
(h) Rehusó aceptar indicaciones que se le hicieron de pedir a la corte la lectura de algún testimonio que le pudiera aclarar cualquier hecho.
(i) Expresó que “lo tenían que matar para que lo- pudieran cam-biar.”
(j) Manifestó a algunos jurados que él debía la colocación que tenía en el Departamento del Interior al Lie. Navarro Ortiz, contra quien no podía ir, así como tampoco contra su representado, siendo dicho abogado uno de los abogados defensores del bufete Martínez Nadal y Navarro Ortiz, que allí y entonces intervenía en la defensa del acusado.
(k) Manifestó, cada vez que se le acercaba un jurado para tratar de argumentarle y razonarle, que él no quería discutir, que cuando todos se pusieran de acuerdo para absolver al acusado se lo dijeran.
7. Y alega el fiscal que al actuar de ese modo el referido Pablo Bigio declaró falsamente, ocultando deliberadamente a la corte el favor que debía a uno de los abogados de la defensa, lo cual podía haber sido razón bastante para recusarlo motivadamente, y así mismo contestó falsamente cuando expresó que no existía motivo que le im-pidiera dar un veredicto imparcial y justo. Y habiendo así contes-tado falsamente bajo juramento a las preguntas que se le hicieran en corte abierta sobre esos extremos esenciales, tal actitud y tales he-chos los realizó el repetida Pablo Bigio con el propósito deliberado de obstruir la debida administración de justicia y en desacato y me-nosprecio del tribunal que había de juzgar al acusado Ramón Grau.

Negóse esta corte a expedir el auto de certiorari origi-nalmente solicitado para revisar las actuaciones de la corte inferior, y ahora comparece nuevamente el peticionario pre-sentando una enmienda a la solicitud, pidiendo que se recon-sidere nuestra resolución y que se le dé la oportunidad de ser oído por conducto de sus abogados para argumentar so-bre la procedencia de la expedición del auto.

La enmienda' a la solicitud, que damos por admitida, con-tiene la siguiente alegación:

“Que la vista del Desacato por Perjurio a que se refiere la Peti-ción original, en el presente recurso de Certiorari, estaba señalada por el Pión. Juez Pablo Berga para el día 27 de este mes, y ha sido apla-zada para celebrarse el día 4 del entrante mes de abril; que el peti-cionario, quien es uno de los jurados en este 'Distrito de San Juan, está actualmente formando parte del panel de jurados que desde hace más de una semana están en dicha Corte de Distrito para los juicios criminales que se están celebrando en el actual término ante dicha Corte; que cuantas veces ha sido llamado el peticionario Pablo Bigio, por haber salido en el sorteo que se hace en toda causa, ha sido recusado, a consecuencia del prejuicio que contra él ha levantado la querella del Fiscal y el proceso a .que se refiere el presente Certiorari ; y que, por tal motivo, dicho proceso, en el que la Corte de San Juan está actuando sin jurisdicción y en violación de la ley de procedi-miento, está causando irreparables daños y angustias al peticionario; y éste es otro motivo por el cual alegamos que el recurso de apela-ción, que pudiera haber en el futuro, dada la especialidad de este caso, no resulta un remedio adecuado y rápido y eficaz para librar al peticionario de las injurias que está sufriendo con dicho proceso.”

En la moción de reconsideración se dice que liemos respondido a la petición original de certiorari con sólo tres palabras: “No ha lugar.” Comentando nuestra negativa a expedir el auto, dice el peticionario por conducto de süs ilustrados abogados:

“No creemos que el motivo de dicha resolución sea algún tecni-cismo procesal o la falta de algún requisito técnico, porque estamos seguros de que vuestro criterio no ha sido nunca propicio a desam-parar los derechos substanciales posponiéndolos a los requisitos de la técnica legal. Nos parece que vuestra resolución es hija de una de estas dos actitudes científicas: o que entendéis que en este caso hay apelación y que la apelación puede ser un remedio adecuado y eficaz para el peticionario; o que juzgáis correcta y razonable y científica la resolución y opinión del Hon. Pablo Berga, acompañada como exhibit F. de nuestra petición. En este último caso, deseamos mani-festaros que nosotros también, mirándola desde nuestro más humilde punto de vista científico, hemos apreciado la labor jurídica del juez en dicha Resolución; pero la hemos estudiado profundamente y creemos tener armas poderosas para demostrar que dicha Resolución es errónea y que no sólo lesiona los derechos constitucionales del peticionario, sino que también es perjudicial para la administración de la justicia en Puerto Rico.”

Nos negamos a expedir el auto solicitado después de ha-ber examinado la solicitud, pesado sus argumentos y consul-tado la jurisprudencia citada por el peticionario y por el Juez Berga en su opinión, complementándola con nuestra propia, búsqueda y estudio de las cuestiones planteadas. No esta-mos obligados a emitir una opinión cada vez que se niega la expedición de un auto de certiorari. Es cosa sabida que los tribunales de justicia no siguen esta práctica y que son muy contados los casos en que la negativa de la corte viene acom-pañada de una opinión. Hemos seguido la práctica general-mente establecida, porque no consideramos necesario, a los fines de la justicia, explicar en todos los casos las razones que motivan nuestra negativa, porque carecemos de tiempo para engolfarnos en esta labor, dada la frecuencia con que se acude a este procedimiento extraordinario, y porque de-bemos ejercitar libremente nuestro criterio y emitir opinión únicamente cuando a nuestro juicio la naturaleza del caso lo requiera. No es éste un caso que por su naturaleza justifique nuestra intervención inmediata para interrumpir el curso or-dinario de un procedimiento, dentro del cual puede estable-cerse en su día recurso de apelación si el fallo que se dicte por la corte inferior resulta adverso al querellado. No cree-mos que la resolución que se pretende revisar tienda a me-noscabar los principios de la justicia ni que prive de ningún derecho al peticionario. En la vista de la causa podrá éste ejercitar sus derechos con toda amplitud, oponiéndose a la admisión de la evidencia que considere inadmisible, tomando excepciones y poniendo de relieve su inocencia, si en reali-dad no es culpable de los actos que se le imputan. Un ju-rado que ha cumplido con sus deberes y emitido su voto obe-deciendo a los dictados de su conciencia, si se ve sometido a la prueba de responder a una acusación como la formulada contra el peticionario, no debe tener dificultades para disipar las sombras, alejar las dudas y remover las nubes que hayan podido proyectarse sobre su reputación, con motivo de los cargos de que ha sido objeto. No podemos convenir con los abogados del peticionario, por mucho respeto que su criterio nos merezca, que la resolución de la corte inferior perjudique la administración de la justicia en Puerto Rico. Nos damos cuenta de las responsabilidades qne asumimos y del respeto que deben merecernos los derechos de un individuo y de la sociedad en general. Es nuestro deber estimular la confianza en los tribunales y contribuir con nuestros esfuerzos a man-tener la pureza en la justicia y la rectitud en su adminis-tración. En el cumplimiento de esta misión, para nosotros sagrada y respetable, esta corte pondrá en ejercicio toda su fuerza moral y toda la autoridad que la ley le concede. Si la corte inferior careciese de jurisdicción para actuar y su resolución tendiera a lesionar los derechos constitucionales del peticionario y a perjudicar la administración de justicia, no habríamos vacilado en expedir el auto solicitado. Hemos estudiado detenidamente los-hechos relacionados en la que-rella, y las excepciones perentorias formuladas por el-peti-cionario, y opinamos que el procedimiento incoado contra el mismo debe seguir su curso natural y ordinario hasta que sea resuelto en definitiva.

En las excepciones perentorias a la querella se alega que los hechos expuestos en la ley no constituyen de-lito público, que no están previstos y penados por la ley para proveer un castigo sumario por delito de perjurio cometido en corte abierta y para otros fines, aprobada en 1911, y que la continuación de este proceso y de la práctica de prueba sobre el mismo, en la forma planteada por el fiscal, no puede efectuarse sin destruir la doctrina del secreto o inviolabili-dad de las deliberaciones del jurado.

No basa la corte inferior su resolución en la ley de desa-cato por perjurio, de la cual dice que no cubre el delito im-putado al querellado, sino en la ley definiendo el delito de desacato, aprobada en 1902, y enmendada en 1906, en el ar-tículo 7 del Código de Enjuiciamiento Civil, y en la facultad inherente de las cortes de distrito para castigar los desaca-tos cometidos a su autoridad.

No es el perjurio el fundamento básico de la querella, como insiste en sostener el peticionario, sino su conducta de-liberada, según los hechos alegados, de obstruir la adminis-tración de justicia haciendo uso de nn juramento falso y ocul-tando hechos que debió revelar, para conseguir ser admitido como jurado, con el único fin de impedir, en su carácter de tal, que se rindiera un veredicto condenatorio contra el acu-sado. La corte inferior desestimó las excepciones perento-rias por entender que los hechos alegados en la querella atri. • huyen a Pablo Bigio Rodríguez una conducta desdeñosa, ten-dente a obstruir la administración de justicia, y considerar que estos hechos imputan al querellado un delito de desacato. No está equivocado el tribunal a quo. Como hemos visto, en la querella se alega que el jurado no llegó a un acuerdo de-bido exclusivamente a la actitud asumida por Pablo Bigio, quien, con el deliberado propósito de obstruir la administra-ción de justicia de modo ilegal, voluntaria y maliciosamente, y de manera corrupta, contestando falsamente acerca de sq imparcialidad para juzgar el caso, consiguió ser admitido a formar parte del jurado, con el único fin de impedir que se rindiera contra el acusado un veredicto condenatorio. Se alega además que el referido Pablo Bigio declaró falsamente, ocultando deliberadamente a la corte el favor que debía a uno de los abogados de la defensa, y que asimismo contestó falsamente cuando expresó que no existía motivo que le im-pidiera dar un veredicto impareial y justo. Consideramos aplicable a este caso la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Clark v. United States, 289 U. S. 1. En dicho caso la Sra. Genevieve A. Clark sirvió de jurado en una causa criminal instituida contra William B. Foshay y otros. La referida señora fue empleada de la firma Foshay & Co., de la cual era miembro el acusado. Su esposo era también íntimo amigo de dicho acusado. La señora de-claró sin descubrir sus relaciones con la referida firma, que su mente estaba libre de prejuicios y que sólo tendría en cuenta la ley y la evidencia para dictar su veredicto. El juicio duró ocho semanas. Durante la primera semana del juicio la Sra. Clark hizo manifestaciones a varios de sus com-pañeros en el sentido de que ella estimaba que Foshay era una víctima de las circunstancias, que había ido a Nueva York en el otoño de 1929 a tomar $18,000,000 a préstamo, pero que a causa de la repentina depresión en el mercado tuvo que regresar sin un dólar. Preguntada por un jurado dónde ha-bía obtenido tal información. que no estaba apoyada por la evidencia, respondió que la tomó de un periódico que ella había leído antes del juicio. Más tarde dicha señora expresó su descontento con el Gobierno por la forma en que había tratado a los soldados después de la guerra. Durante las deliberaciones del jurado, después que el caso fué sometido finalmente, dicha señora anunció que puesto que el fiscal no había podido convencerla de'la culpabilidad del acusado, difícilmente podrían hacerlo los demás jurados. En ocasiones dicha señora colocaba sus manos sobre sus oídos cuando otros jurados trataban de razonarle, siendo inútil argumentarle, porque ella no estaba dispuesta a contestar. Manifestó dicha señora que un testigo del Gobierno bahía dado evidencia falsa én el Sur, tratando de que se declarara convicto a un hombre inocente. Esta información vino a ella en el curso de una conversación con su marido, que la había visto en el hotel, en la presencia del alguacil, mientras se celebraba el juicio. Después de haber estado una semana deliberando, el jurado fué disuelto por no haber llegado a un acuerdo. Los votos de once de ellos estuvieron siempre por convicción. El único voto por la absolución fué emitido por la Sra. Clark. Esta fué procesada y condenada por desacato en la corte de distrito donde se celebró el juicio de la causa mientras sir-vió de jurado. Esta sentencia fué confirmada por la Corte de Circuito de Apelaciones del Octavo Circuito y en última instancia por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso anteriormente citado. Hablando a nombre de la corte el‘ Juez ponente, Sr. Cardozo, se expresó en los siguientes términos:

, “ ‘Una obstrucción al cumplimiento de un deber judicial resul-tante de un acto realizado en-presencia de la corte es la caracterís-tica sobre la cual debe descansar la facultad para castigar por des-acato.’ El Juez Presidente White, en Ex parte Hudgings, 249 U. S.. 378, 383. La peticionaria no ha sido sentenciada- por ocultación, aunque la ocultación ha sido probada. Ella no ha sido sentenciada por jurar falsamente, aunque se ha probado- el falso juramento. A ella se le condena por haber hecho uso de un juramento falso y de ocultar la verdad, para lograr que se la aceptara como miembro del jurado y bajo el palio de esa relación obstruir el curso de la jus-ticia. Existe úna- distinción que no- debe ser ignorada entre el fraude cometido por un testigo y el fraude de un presunto jurado. Cuando-un presunto jurado es aceptado como miembro del jurado, él forma parte de la corte y es un miembro de la misma. In re Savin, 131 U. S. 267; United States v. Dachis, 36 F. (2d) 601. El juez que examina a los presuntos jurados (voir dJvre) está ocupado en la orga-nización de la corte. Si las respuestas que se dan a las preguntas-hechas son voluntariamente evasivas o a sabiendas de que son in-ciertas, el presunto jurado, al ser aceptado, es un jurado de nombre solamente. Sus relaciones para con la corte y para con las partes-está viciada desde su origen; es una mera: simulación y una farsa. Lo que se trataba de obtener era la elección de un árbitro imparcial. Lo que se logró fué la intromisión de un defensor partidista. Si un pariente de uno de los litigantes logra entrar en la sala de delibera-ciones con el disfraz de un jurado afable, el resultado no hubiese sido-distinto. Desde sus comienzos el juicio estaba predestinado a ser una nulidad.
“Los libros hacen la pregunta de si perjurio equivale a desacato, y la contestan con claras distinciones. Se ha dicho que el perjurio-cometido por un testigo no es suficiente cuando la obstrucción al poder judicial es tan sólo la inherente al error de declarar falsa-mente. Ex parte Iíudgings, supra. Para ofensas de esa índole el remedio de acusación es apropiado y adecuado. Por otra parte, una obstrucción al poder judicial no dejará de constituir desacato aun-que una de sus 'agravantes sea la comisión de perjurio. Cf. In re Ulmer, 208 Fed. 461; United States v. Appel, 211 Fed. 495; United States v. Karns, 27 F. (2d) 453; United States v. Dachis, 36 F. (2d) 601; Lang v. United States, 55 F. (2d) 922, 286 U. S. 523; United States v. McGovern, 60 F. (2d) 880. Debemos tener en cuenta todas las circunstancias y de éstas no es la menos importante la relación que hacia la corte tiene la persona acusada de desacato. El engaño cometido por un letrado puede ser castigado como desacato si tal engaño equivale a un abuso de las funciones de su cargo (Bowels v. United States, 50 F. (2d) 848, 851, United States v. Ford, 9 F. (2d) 990), y ello fuera de su calidad de punible si hubiese sido cometido por cualquier otra persona. Un presunto jurado que preste jura-mento como miembro del jurado, se convierte, al igual que el letrado, en un funcionario de la corte y debe someterse a restricciones similares. La peticionaria arroja sombras sobre la situación al dividir su conducta en partes cual si se tratara de errores separados que debieran castigarse separadamente. Lo que se castiga ha sido mal concebido, a menos que se conciba como una unidad, o sea, el abuso de una relación oficial mediante la ocultación y el fraude. Algunos de sus actos, o ninguno de ellos, pueden ser castigados como delito. El resultado total es en lo que a su responsabilidad en el presente caso se refiere. Ella ha jugado con la corte de la cual formaba parte y se ha burlado de sus procedimientos. Esto constituye desacato, independientemente de lo demás que sea. Sinclair v. United States, 279 U. S. 749; In re Savin, 131 U. S. 267.”

La otra cuestión que plantea el peticionario es la que se relaciona con el secreto que debe prevalecer en las delibera-ciones del jurado. En apoyo de que este secreto es absolu-tamente inviolable, cita el peticionario a los autores Jones y ’Wigmore, y el caso de El Pueblo v. Reyes, 6 D.P.R. 196. En el mismo caso de Clark v. United States, supra, la Corte Su-prema de la nación expresa su criterio con respecto a la inviolabilidad del secreto, reconociendo que existen algunas excepciones de fundamental importancia. El Juez ponente, Sr. Oardozo, dice que la doctrina se desarrolla y el privilegio se expone ampliamente en los comentarios del tratadista se-ñor Wigmore y añade que Ira sido reconocida en cierto grado por otros autores de prestigio en materias de evidencia: Hughes, Jones, Chamberlayne; pero de un modo que ha sido confundido con algo muy diferente: la capacidad de los tes-tigos para declarar en una impugnación de veredicto. Vea-mos lo que nos dice el eminente jurista sobre esta importan-tísima cuestión:

“La admisión de prueba respecto a la conducta de la peticiona-ria durante las deliberaciones del jurado-, no constituyó una negativa o menoscabo de ningún privilegio legal.
“Los libros sugieren la doctrina de que las argumentaciones y votos de los miembros del jurado, los media concludendi, son secre-tos, y no pueden revelarse a menos que se renuncie al privilegio. Cuanto se dice sobre la materia en los casos resueltos constituye un dictum más Men que una decisión. Véanse Woodward v. Leavitt, 107 Mass. 453, 460; cl. Matter of Cochran, 237 N.Y. 336, 340; 143 N.E. 212; People ex rel. Nunns v. County Court, 188 App. Div. (N.Y.) 424, 430; 176 N.Y.S. 858. Aun así los dicta, son significati-vos, toda vez que llevan consigo las implicaciones de una tradición inmemorial. La doctrina se desarrolla y el privilegio se expone am-pliamente en los comentarios de un erudito tratadista. Wigmpre on Evidence, (2a ed.) tomo 5, 2346. Ha sido reconocida en cierto grado por otros autores de prestigio (Hughes, Evidence, p. 301; Jones, Commentaries on Evidence, 2da. ed., 2212; Chamberlayne, Evidence, tomo 5, 3707), pero lo han hecho en forma tal que la han confun-dido con algo muy distinto: la capacidad de un testigo para decla-rar cuando se impugne un veredicto. Lo que nos interesa de mo-mento es el privilegio en sí. Más tarde habrá necesidad de acudir a la regla relativa a la impugnación del veredicto. En cuanto al origen del privilegio se nos hace referencia a las costumbres de an-taño y, para su defensa, al orden público. La libertad en los debates sería restringida y la independencia de criterio reprimida si a los miembros del jurado se les hiciera estar bajo la impresión de que sus argumentaciones y votos se darían a conocer públicamente. La fuerza de estas consideraciones no debe ser nagada. Pero el re-conocimiento de un privilegio no significa que carece de condiciones o excepciones. La política social que prevalecerá en muchas situa-ciones puede resultar fallida en otras de una política social diferente, compitiendo por la supremacía. Entonces incumbe a la corte me-diar entre ellas, fijándoles, en lo posible, un valor adecuado' a cada una y llamando en su ayuda a todas las distinciones y analogías que sirven de herramientas al proceso judicial. Esta función es ■ tanto más esencial cuanto que el privilegio tiene su origen en una tradi-ción inveterada, aunque vaga, y no se ha hecho tentativa alguna, ni en los tratados ni en las decisiones, de establecer sus linderos con precisión.
“Asumiendo que existe un privilegio que impide que impertinen-temente salgan a la luz las argumentaciones y el voto de un miembro del jurado mientras delibera, creemos que el privilegio no es apli-cable cuando la relación que le da vida ha sido iniciada o continuada fraudulentamente. Es posible que haya que hacer otrás excepciones en situaciones que no están ahora ante nos. Bastará consignar la que decide el presente caso. El privilegio toma como postulado una relación genuina, creada y sostenida honradamente. Si no se cum-ple esa condición, si la relación es meramente un engaño y un pre-texto, el miembro del jurado no puede invocar una relación asumida fraudulentamente, como un manto o palio para ocultar la verdad. Con esto no queremos decir que la mera imputación de haberse ac-tuado mal, sin más, será suficiente para que deje de existir el pri-vilegio. Debe haber una suficiente demostración prima facie que sa-tisfaga al juez de que debe hacerse la luz. Al producirse esta de-mostración, los debates y los votos habidos en el cuarto de delibera-ciones son admisibles como prueba corroborativa, que suplemente y confirme el caso que sin ellos existiría. Asumamos, por ejemplo, un proceso por el delito de soborno. Asumamos que existe prueba, directa o circunstancial, de que se ha pagado dinero a un miembro del jurado en consideración a su voto. Si se aceptara la argumentación de la peticionaria, nos llevaría a resolver que el caso de El Pueblo debe ponerse en manos de los jueces de hecho sin prueba de que el voto ha sido consecuencia de soborno. Esto equivale a pagar un precio demasiado alto por la garantía que debe tener un miembro del jurado respecto a su serenidad mental. People ex reí. Nunns v. County Court, supra.
“Hemos acudido a los precedentes en busca de una analogía, y la búsqueda no ha sido en vano. Existe un privilegio que protege las comunicaciones entre abogado y cliente. El privilegio se esfuma si se abusa de la relación. Un cliente que consulta a un letrado para que éste le dé consejos que le sirvan para la perpetración de un fraude, no recibirá ayuda de la ley. El debe permitir que se diga la verdad. Existen casos antiguos, y son aparentemente al efecto de que la mera imputación de ilegalidad, no sostenida por prueba alguna, romperá los lazos de las confidencias. Véanse e.g., Reynell v. Sprye, 10 Beav. 51, 54, 11 Beav. 618; In re Postlewaite, 35 Ch. D. 722; cf. Regina v. Bollivant (1900) 2 Q.B.D. 163, (1901) A.C. 196. Pero esta concepción del privilegio carece de fundamento en resoluciones posteriores. ‘Es evidente que sería absurdo decir que podría eliminarse el privilegio, haciendo meramente la imputación de fraude.’ O’Rourke v. Darbishire (1920), A. C. 581, 604. Para eli-minar el privilegio debe existir ‘algo que dé color a la imputación,’ debe existir ‘prueba prima facie de que tiene alguna base de hecho.’ O’Rourke v. Darbishire, loe. Cit., supra; también las páginas 614, 622, 631, 633. Al presentarse esa evidencia desaparecerá la reserva. Véase también Regina v. Cox, (1884) 14 Q.B.D. 153, 157, 161, 175; cf. Bujac v. Wilson, 27 N. Mex. 112; 196 Pac. 513; In re Niday, 15 Idaho 559; 98 Pac. 845. La sentencia de la Casa de los Lores en O’Rourke v. Darbishire hace de la materia una exposición definitiva. Tampoco depende la pérdida del privilegio de que se demuestre la existencia de una conspiración al demostrarse que el cliente y el abo-gado son igualmente culpables. El abogado puede ser inocente; sin embargo, el cliente culpable deberá permitir que la verdad salga a la luz. Regina v. Cos, supra; Matthews v. Hougland, 48 N. J. Eq. 455; 469; 21 Atl. 1054; State v. Faulkner, 175 Mo. 546, 593; 75 S. W. 116; Standard Fire Ins. Co. v. Smithhard, 183 Ky. 679, 684; 211 S.W. 441; State v. Kidd, 89 Iowa 54; 56 N. W. 263; cf. Bank of Utica v. Mersereau, 3 Barb. Ch. 528, 598; Covesey v. Tannahill, 1 Hill (N. Y.) 33, 41.
“Con la ayuda de esta analogía, podemos acudir a las costumbres sociales que compiten por la supremacía. Un privilegio que sub-siste basta que se abuse de la relación y que desaparece al demos-trarse la existencia de un abuso a satisfacción de la corte, se ha ha-llado que es una técnica que labora para la protección de las comu-nicaciones entre abogado y cliente. ,j Existe suficiente motivo para creer que se le declarará inadecuado para la protección de un miem-bro del jurado ? No hay duda de que tiene fundamento' la necesidad de que la conducta observada en la sala de deliberaciones está exenta del temor de que la misma se dé a conocer. La necesidad de que esa conducta sea pura e inmaculada no es menor. Un jurado de in-tegridad y de razonable firmeza no temerá decir lo que su mente siente si las confidencias habidas durante el debate no sirven de instrumento a la impertinencia o a la malicia. No debe esperar que se le proteja contra revelaciones de su conducta en caso de que haya prueba que arroje sombras sobre su honradez. La probabili-dad de que de vez en cuando haya seres pusilánimes que den rienda suelta a sus temores y permitan que intervenga el poder de represión de éstos, es demasiado remota e incierta para que sirva de pauta a la justicia. Debe ceder a la imperiosa necesidad, tan fatal en nues-tras costumbres, de preservar la pureza del juicio por jurado contra intromisiones de corrupción. Cf. Attoney General v. Pelletier, 240 Mass. 264; 134 N. E. 407; People ex rel. Hirschberg v. Board of Supervisors, 251 N. Y. 156, 170; 167 N. E. 204; State v. Campbell, 73 Kan. 688; 85 Pac. 784."

La vigorosa argumentación del Juez Cardozo demuestra que hay un principio • fundamental y supremo, al cual están. supeditados todos los demás, y es la pureza en las actuacio-nes judiciales para asegurar la realización de la justicia. El secreto en las deliberaciones del jurado es una costumbre tradicional, establecida como una cuestión de interés público, para que los jueces de hecho actúen con libertad de acción, y •expresen sus argumentos y emitan sus votos libremente, sin .sentirse cohibidos por el temor a la publicidad. La finalidad que se persigue.es la justicia; el secreto es un medio que fa-cilita su realización. Esta reserva debe desaparecer cuando no responda a sus fines, y sea necesario, para la protección ■de esos mismos fines, rasgar el velo y averiguar la verdad. Cuando la finalidad está en peligro, la sociedad, representada por el estado, debe utilizar sus fuerzas para salvarla del nau-fragio. Si se demuestra prima facie que en el recinto donde se reúnen los jueces de hecho para deliberar ha ocurrido al-guna anormalidad que afecte seriamente la realización de la justicia, lo cual no es imposible dentro de la imperfección hum.ana, el privilegio del secreto debe ceder ante una cuestión vital de interés público, a fin de que pueda llegarse al escla-recimiento de la verdad. La justicia no reconoce barreras. No hay campo vedado al ejercicio de su misión reparadora. Su radio de acción es ilimitado y sus brazos se extienden a todos los sitios donde se desarrollan las actividades huma-nas. Si la demostración prima facie se convierte en convic-vieción, entonces el castigo del culpable es también un medio para mantener la pureza en la justicia y facilitar su admi-nistración, ya que ejerce una influencia saludable y hace saber priblicamente que no hay impunidad para el fraude y la corrupción, cualquiera que sea el sitio en que se manifiesten. El mantenimiento de estos principios no puede infundir te-mores a ningún jurado, por apocado de espíritu que sea. El hombre íntegro y honrado no tiene nada que temer. El se-creto de las deliberaciones no llegará a ser violado, cuando los jurados han cumplido con sus deberes, porque no se pro-ducirá ningún principio de prueba que justifique la revela-ción.

La querella formulada contra Pablo Bigio Rodríguez con-tiene hechos bastantes para imputar un delito de desacato. 13i en esté caso puede producirse o no evidencia que tienda a •descubrir hechos ocurridos durante las deliberaciones del ju-xado, es una cuestión a decidir por la corte inferior cuando 'se abra el juicio a prueba. Entonces es que el juzgador debe decidir si ba habido o no una suficiente demostración primá facie que satisfaga su conciencia y justifique que debe ha-cerse la luz. El hecho de que los testigos citados para la vista del desacato sean los otros jurados que intervinieron en el caso de El Pueblo contra Ramón Guau no quiere decir que no pueda producirse, aun con estos mismos testigos, la demostración (showing) de un caso prima facie suficiente para satisfacer al juzgador de que debe romperse el sello del secreto y admitirse testimonio corroborativo.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


author: El Juez Asociado Señok Cókdova Dávila,

text:
    Smallwood Brothers, demandante y apelada, v. Rafael H. Benítez, demandado y apelante.
    No. 6640.

    — Sometido: Abril 2, 1934.

      Resuelto: Abril 6, 1934.

      M. Benitez Flores, abogado del apelante,- A. Sánchez Vahamúnder abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante y apelada ha solicitado la desesti-mación del recurso de apelación interpuesto en este caso por entender que dicha apelación es frívola y sólo tiende a dila-tar los procedimientos. La parte apelante alega en oposición que las cuestiones que afectan al fondo de las apelaciones no pueden ser ventiladas en simples mociones de desestimación, porque ello sería contrario 'al espíritu de la ley en materia de apelaciones y al derecho de los apelantes.

Es práctica establecida en esta jurisdicción que pro-cede la desestimación de un recurso de apelación cuando es evidente su frivolidad.

En 24 de octubre de 1932, Smallwood Brothers vendió a Rafael H. Benitez bajo contrato de venta condicional un au-tomóvil marca Ford Del Coupe, por el convenido precio de $1,110.14, bajo las siguientes condiciones: El demandado pagó a la demandante la cantidad de $100 en efectivo y entregó un automóvil marca Ford Tudor que la demandante aceptó en pago parcial por la suma de $250, y el demandado se comprometió a pagar el remanente, ascendente a la suma de $760.14, en diez y ocho pagos iguales mensuales de $42.23 cada uno, el primer pago en 30 de noviembre de 1932 y los otros pagos en el mismo día de cada uno de los diez y ocho meses subsiguientes, conviniéndose en que si vencido uno de los plazos mensuales no fuera pagado, se considerarían ven-cidos los restantes.

En el contrato también se convino que: “1. Cualquier pró-rroga o traspaso de este contrato o de dicho pagaré, no afec-tará en nada las condiciones de este contrato; 2. El compra-dor reconoce y admite que este contrato constituye el conve-nio en su totalidad entre las partes contratantes y que no existe otro contrato verbal o escrito entre las partes, en re-lación a la prenda vendida; 3. La falta del vendedor o sus sucesores para hacer uso de cualquiera de los derechos con-cedidos a él o a ellos por este contrato, no constituirá, ni debe interpretarse como una renuncia por parte del vendedor o sus sucesores de cualquiera de los derechos que él o ellos tienen en virtud de este contrato.”

Alega la demandante bajo juramento que el demandado ha dejado de pagarle un balance de $26.92 correspondiente al plazo vencido en mayo 30 de 1933 y los plazos vencidos en junio 30 y julio 30 de 1933, por la suma de $42.23 cada uno, por lo cual se consideran vencidos los restantes, que as-cienden en total a $491.45, y añade que la falta de pago de estas sumas constituye una violación del contrato.

El demandado, en su contestación, admite el otorgamiento del. contrato, pero alega que fue modificado, alterado y no-vado con el consentimiento expreso de la demandante, por lo cual no está obligado a pagar los plazos específicos expresa-dos en aquél. Alega además que por mediación de su abo-gado y representante concurrió a la oficina general de la demandante para hacer un abono de $80 a su cuenta y que dicha demandante se negó a aceptarlo, sin causa ni motivo alguno.

La corte inferior declara en la sentencia apelada que no se han cumplido las condiciones del contrato por parte del demandado, y ordena la incautación y entrega a la parte de-mandante del automóvil vendido condicionalmente, a tenor de lo dispuesto por la Ley de Ventas Condicionales, No. 61, de 13 de abril de 1916 (pág. 126), sin hacer especial condenación de costas.

Se presentó como prueba el contrato de venta condicional y además el testimonio de Juan G-. García, gerente de ventas y cobros de la demandante. El demandado no ofreció evi-dencia alguna.

El Sr. García declara que el primer plazo de $42.23 que venció en noviembre 30, 1932, se pagó en diciembre 1, 1932; que el segundo plazo, que vencía en diciembre 30, 1932, se pagó en enero 31, 1933; que el tercer plazo, que vencía en enero 30, 1933, se pagó en marzo 2, 1933; que del cuarto, que vencía en febrero, 1933, se pagó en abril 10, 1933, $42; que'en mayo 25, 1933, se pagó la cantidad de $100, expidién-dose un recibo, acreditada dicha suma a los meses de marzo y abril, y $25 al plazo de mayo, que vencía el día 30 de dicho mes y año.

A preguntas del abogado Sr. Benitez Flores, declara el demandante que dicho abogado estuvo en su oficina para en-tregarle la cantidad de $80, pero que no era lo vencido y no se lo qniso aceptar; qne la cantidad qne está vencida ascen-día a $111.38, y qne no fné aceptada porqne el caso estaba ya en la corte. Efectivamente, la oferta de pago de nna parte de la cantidad vencida se hizo después de haberse ini-ciado esta acción. No se ofreció prueba alguna para demos-trar que el contrato hubiese sido notificado, alterado, o no-vado como alega el demandado.

Opinamos que el recurso de apelación interpuesto es frí-volo y que debe ser desestimado.


author: El Juez Asocíalo Señor "Wole,

text:
    José Caballero Medina, demandante y apelante, v. Zenón Díaz Varcárcel, Heriberta Silva Urbina y Manuela Jubes Vda. de López, demandados y apelados; Santos Sanchidrián Jiménez, codemandado.
    No. 6652.

    — Sometido: Abril 2, 1934.

      Resuelto: Abril 6, 1934.

      B. Martínez Nadal, F. Navarro Ortiz ’, L. Llorens Torres y B. TL. Blon-det, abogados del apelante; II. Torres Sold y Harry B. Lienza, abogados de los apelados.
   El Juez Asocíalo Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Es éste un caso en que el apelado solicita la desestima-ción por dos razones, a saber:

(a) Que el apelante dejó de notificar el escrito de apela-ción a lina parte adversa y necesaria.
(b) Que dejó de obtener las debidas prórrogas para pre-sentar la transcripción de evidencia.

Tratando este último motivo parece que el apelante presentó varias mociones de prórroga a la corte de distrito y no consta de los autos que fueran provistas; sin embargo, parece que los varios jueces de la corte sentenciadora aprobaron posteriormente distintas extensiones de tiempo, por lo que, si en verdad las mociones anteriores quedaron sin pro-veer, las extensiones autorizadas posteriormente pueden considerarse como implícitamente aprobatorias a las mociones anteriormente radicadas, especialmente cuando' bay una regia de la corte de distrito exigiendo que tales mociones deben presentarse no personalmente al juez sino por conducto del secretario. En otras palabras, puede considerarse que las extensiones de los términos se concedieron mmc pro turns.

Con respecto a la falta de notificación del escrito de apelación a un codemandado consideramos que no tenemos bastantes datos ante nos para juzgar si efectivamente dicbo codemandado era parte necesaria o no.

No constan las razones en que se fundó el juez sentencia-dor para no cancelar la inscripción en el registro según se pedía en el pleito por la parte demandante.

Por tales razones la moción de desestimación debe dene-garse.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Haydee Carmen Manuela, Gladys Gloria Torregrosa, demandantes y apeladas, v. Victoria C. Dodd, demandada y apelante, y Rafael C. Torregrosa, demandado.
    No. 6600.

    — Sometido: Marzo 19, 1934.

      Resuelto: Abril 6, 1934.

      M. A. Garda del Rosario, abogado de la apelante; Frandsoo de la Torre, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del-tribunal.

Las apeladas solicitan la desestimación de este recurso, en efecto, debido a que para prepararse la transcripción de la evidencia algunas d,e las prórrogas para presentarla fue-ron solicitadas cuando la prórroga anterior babía expirado. Otro motivo para solicitar la desestimación es que la ape-lante babía dejado de pagar al taquígrafo $150, conforme fue ordenado por la corte.

Con respecto al pago de los honorarios del taquígrafoios autos demuestran que el taquígrafo mismo solicitó prórrogas después de la fecba en que la parte apelante se suponía baber dejado de pagarle. Esto es suficiente respuesta.

En lo atinente a una de las supuestas lagunas, los autos revelan que un término venció el 17 de diciembre de 1933, que era domingo, y, por ende, la apelante tenía todo el siguiente día para radicar su moción, y así lo bizo el 18.

El 5 de enero de 1934 el taquígrafo compareció' y solicitó una prórroga de veinte días. Las apeladas sostienen que los veinte días vencieron el 26 de enero de 1934. La apelante, por otra parte, alega que la prórroga anterior expiró el 6 de enero, que era un día feriado, y que el siguiente día era domingo, y, por consiguiente, que los veinte días debían em-pezar a contarse a partir del siguiente lunes, o sea, del 8 de enero, y que el 28 de enero cayó nuevamente en domingo, y, por tanto, que el término sólo expiró el 29 de enero, día en el cual se archivó la transcripción de la evidencia.

Teniendo dudas ordenamos que las apeladas hicieran que la corte inferior nos enviara copia certificada de la moción presentada por el taquígrafo, así como de la resolución de la corte. De un examen de estos documentos, tal cual han sido certificados, se desprende que el taquígrafo en realidad presentó la moción el 5 de enero con súplica de que los veinte días fuesen concedidos a partir de dicha fecha, queriendo decir con ello a partir del día en que se radicó la moción. Por tanto técnicamente, por lo menos, las apeladas tienen razón al insistir en que el término había expirado.

No obstante, como la apelante estaba bajo una impresión errónea razonable respecto al momento en que expiraba su prórroga, haremos uso de nuestra discreción y permitiremos que la transcripción de la evidencia archivada forme parte de los autos y que la apelación prosiga. Cruz vda. de Iglesias v. Municipio de San Juan, 39 D.P.R. 385; Gustavo Muñoz Díaz v. Pedro Solá Colón, resuelto (per curiam) en abril 4, 1934.

Debe declararse sin lugar la moción.