author: El Juez Asociado Se. Aldkey,

text:
    Janer et al. v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 105.
    Resuelto en enero 16, 1912.
    Cancelación de Mención de Gravamen — Mandamiento de Cancelación — De-fecto Subsanable. — Los preceptos del número 4 del artículo 104 de la Ley Hipotecaria, que exigen que el asiento de cancelación de toda inscripción, contenga los nonibres de los interesados en ésta, no son aplicables al caso en que no existe asiento alguno de inscripción del gravamen que se ordena can-celar, sino solamente una mención en la inscripción de la finca, no constitu-yendo por lo tanto defecto alguno subsanable, el no expresar el mandamiento’ de cancelación los nombres de los acreedores a favor de quienes se hizo lai mención del gravamen.
    Id. — Mención de Gbavamen — Manera de Cancelarla — Nota Marginal. — Para; hacer la cancelación de una mención de un gravamen hecha en la inscripción de una finca, no es necesario hacer asiento de cancelación, sino sencillamente poner una nota al margen del último asiento de la finca, ereditiva de la can-celación, y cuya nota no necesita reunir las circunstancias exigidas para los asientos de cancelación de inscripción.
    Id. — Expediente .de Liberación — Procedimiento para Cancelar una Mención de un Gravamen. — Para obtener la cancelación de la meneión de un gravamen hecha en la inscripción de una finca, no es necesario seguir el procedi-miento que para la liberación de los gravámenes existentes regula el título 13 de la Ley Hipotecaría, pues tal caso no es de los .taxativamente enume-rados en el articuló 347 de dicho título, pudiendo los interesados obtener dicha cancelación por medio de una acción ordinaria.
    Id. — Acción Rescisoria — Mención de un Gravamen en una Inscripción.’ — Lá mención de un gravamen hecha en la inscripción de una finca a favor de acree-dores desconocidos, no constituye una inscripción de una acción rescisoria a favor de dichos acreedores, y por lo tanto, no cae dentro de los preceptos del párrafo 3o. del artículo 23 de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Los recurrentes comparecieron en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En los libros del Registro de la Propiedad de Caguas apa-rece que Doña María Carballo y Gil adquirió e inscribió por título de compra una finca rústica de setenta y siete cnerdas, situada en el barrio de Tomás de Castro, del término municipal de Caguas.

De la inscripción segunda de esa finca al folio 220 vuelto, del tomo diez del ayuntamiento de Caguas, finca número 533, consta que Da. Marfa Carballo falleció el 21 de enero de 1892 bajo las disposiciones contenidas en la cédula testamentaria que luego fué declarada testamento, en la que, después de, manifestar que su segundo esposo Don Francisc'o Osuna ha-bía contraído algunas deudas, declaró ser su voluntad que fueran pagadas de los bienes que dejaba, e instituyó por sus herederos a dos hermanos suyos en una mitad y a su esposo en la otra mitad; que practicadas las operaciones particio-nales de los bienes dejados por esa señora, fué adjudicada a Don Francisco Osuna la finca mencionada en pago de su he-rencia, quien la inscribió a su nombre a título de herencia sin perjuicio de tercero.

En esta inscripción se hizo constar que la adjudicación se hizo con la condición de quedar el adquirente responsable al pago de las deudas declaradas por la señora Carballo en su cédula testamentaria. Parece que la finca pertenece ahora a los Señores recurrentes, quienes presentaron en el expre-sado registro un mandamiento, librado por el secretario de la corte municipal de Caguas, en el que se hace constar que en pleito seguido ante dicha corte por Don Julio B. Janer Már-quez y su esposa Da. Rosa Vilá Santana contra los acreedores desconocidos de la testamentaría de Doña María Carballo Gil, sobre extinción de deuda y cancelación de gravamen que aparece mencionado en la inscripción de la finca a que ante, liemos hecho referencia, la corte dictó sentencia por la que de-claró que tales acreedores no tienen derecho a reclamar a los demandantes Don Julio B. Janer Márquez y su esposa Da. Rosa Vilá Santana el montante de las deudas ascendentes a cuatrocientos cincuenta dollars, que es el valor de la finca su-jeta al pago de tales, deudas testamentarias, y que esas deu-das quedaban totalmente extinguidas, así como que por el registrador de la propiedad se procediera a cancelar tal gravamen que aparece mencionado en sus libros.

La cancelación ordenada y consignada en ese mandamien-to fue hecha por el registrador, pero consignando defectos subsanables que aparecen en la nota puesta al pie del manda-miento, la que lee como sigue:

“Hecha la cancelación a que se refiere el precedente documento al margen de las inscripciones primeras de las fincas número 1234 y 1235, a los folios 134 vuelto y 140 del tomo 25 de este ayuntamiento, con el defecto subsanable de ser el mandamiento cancelatorio insufi-ciente, porque siendo a propósito para el objeto de la cancelación que se solicita, no es, sin embargo, completo; faltándole el expresar los nombres de las personas a favor de quienes se gravó dicha finca al ser adjudicada a Don Francisco Osuna López para pago de las deudas que tenía, pues, si el número cuatro del artículo 104 de la Ley Hipo-tecaria exige que la cancelación de toda inscripción ha de contener los nombres de los interesados en las inscripciones, como interesados en las mismas, ha de tenerse a los acreedores de Don Francisco Osuna López, cuyos nombres no se puedan insertar en la inscripción por no resultar del documento cancelatorio, luego éste es insuficiente y adolece, según el artículo 149 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria del expresado defecto subsanable. Ahora bien, si no pudieran deter-minarse los nombres de dichos acreedores y como éstos, lo que tienen inscrito a su favor es una acción rescisoria cuya causa explícita consta del mismo registro, según el párrafo tercero del artículo 23 de la Ley-Hipotecaria, el dueño de dicha finca podrá liberarla de la expresada acción rescisoria, siempre que ésta estuviere extinguida con arreglo a lo que en el artículo 347, número 4 de dicha ley, se establece. Caguas, junio 7 de 1911.”

Contra esta nota lian interpuesto Don Julio B. Janer y sn esposa el presente recurso gubernativo en solicitud de que se revoque la consignación de los defectos subsanables expre-sados.

El primer defecto consignado por el registrador es que el’ mandamiento no expresa los nombres de las personas a cuyo favor se gravó la finca, lo que entiende ser necesario para, que el mandamiento sea completo.

Si bien es cierto que el No. 4 del artículo 104 de la Ley Hi-potecaria exige que el asiento de cancelación de toda ins-cripción contenga los nombres de los interesados en ésta y por ello debe expresarlos el documento que sirva para la. cancelación, sin embargo, como en el presente caso no exis-te asiento alguno de inscripción del gravamen que s'e ordena, cancelar, sino solamente una mención en la inscripción de la finca, no es necesario para cancelarla hacer asiento de can-celación sino sencillamente poner una nota al margen del úl-timo asiento de la finca, creditiva de la cancelación,, nota que no necesita reunir las circunstancias exigidas para los asien-tos de cancelación de inscripción, por lo que fné improcedente-consignar el defecto snbsanable referido. (Véase la resolu-ción de la Dirección General de los Registros, de 5 de noviem-bre de 1883, y la R. O. de 12 de abril de 1884.)

En cuanto al segundo defecto consignado por el registra-dor, no puede éste insistir en que tales acreedores tienen ins-crita una acción rescisoria que sólo pueda extinguirse por ex-pediente de liberación, ya que en 9 de marzo del año último,, resolviendo un recurso originado por la cancelación de esa. misma mención, dijimos lo siguiente:

“No vemos que para obtener la cancelación intentada sea necesario-seguir el procedimiento que para la liberación de los gravámenes exis-tentes regula el título 13 de la Ley Hipotecaria, pues el presente caso no es de los que taxativamente enumera el artículo 347 de dicho título, pudiendo los interesados hacer uso de su derecho por los trámites ordinarios en el juicio que corresponda y ante la corte que sea com-petente.
“En ese juicio podrán ser atinentes las alegaciones hechas para sostener el recurso.
‘ ‘ En apoyo de nuestra opinión, vienen las resoluciones de la Direc-ción General de los Registros de España de 16 de abril de 1878, 10 de octubre de 1879 y 16 de diciembre de 1889.”

Por las razones expuestas, debe revocarse la nota del Re-gistrador de la Propiedad de Caguas en cuanto consigna los citados dos defectos subsanables al hacer la cancelación del gravamen a que se refiere el presente recurso.

Revocada.

Jueces concurrentes • Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Roig v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Humacao.
    No. 108.
    Resuello en enero 25, 1912.
    Denegatoria de Inscripción — Fundamento de la Nota — Facultades de los Registradores. — Recurrida una nota denegatoria de la inscripción de una escri-tura de servidumbre y revocada dicha nota por el Tribunal Supremo,' no tiene facultades un registrador de la propiedad para volver a denegar de nuevo la inscripción de dicha escritura por fundamentos distintos de los consignados en la primera nota, pues es obligación de los registradores reunir en- una sola, nota todos los motivos legales de su negativa.
    Recursos Gubernativos- — Resoluciones del Tribunal Supremo — Doctrina de. Stare Decisis. — Las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en. re-cursos gubernativos contra notas de los registradores de la propiedad, son ejecutorias y causan estado en el orden administrativo respecto al caso que lo motiva, sin que sea lícito levantar de nuevo el mismo caso con infracción del incontestable principio que prohíbe el fallar dos veces el mismo asunto por una misma autoridad.
    Id. — Partes Interesadas en un Recurso Gubernativo. — Las únicas partes que pueden intervenir en un recurso gubernativo son la parte realmente intere-sada que presenta el documento para su inscripción en el registro, y el regis-trador de la propiedad que deniega la inscripción, según así se desprende de la Ley sobre Recursos Gubernativos de marzo 1, 1902, y _ cualquier precepto de la Ley Hipotecaria o de su reglamento que se oponga a dicha ley, ha sido derogado por ella.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco González- Fagundo.

    El registrador compareció. en nombre propio.
   El Juez PresideNte Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 15 de noviembre de 1896, Don Rodolfo Leoncio Pérez y Polanco, dueño entonces de la hacienda “Providencia,” radicada en el término municipal de Huma-cao, segregó de ella y vendió a Don Antonio Roig Torrellas una parcela de doce cnerdas de terreno con los edificios, es-tablecimientos, maquinaria y dependencias que en esa porción existían, conviniéndose por la cláusula 6a. de dicho contrato que el vendedor se obligaba a permitir por los terrenos de su finca “Providencia” y sin perjuicio de sus plantaciones, los •caminos que el comprador considerase necesarios.

La‘expresada venta fué inscrita en el Registro de'la Pro-piedad de Humacao, y también lo fué la servidumbre conve-nida en la cláusula mencionada, tanto con relación al predio sirviente que conservó el nombre de “Providencia,” cómo en •cuanto al predio dominante segregado, que vino a recibir el nombre de “El Ejemplo,” sin que tales inscripciones hayan sido canceladas en el registro de la propiedad.

Muerto Don Rodulfo Pérez Polanco, fué dividida la finca ‘“Providencia’’ entre sus herederos, y adjudicado a su hija Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez una porción de 53 cuerdas 75 centavos de otra, que como finca independiente y con el nombre de “Vega del Recreo,” fué inscrita en el regis-tro de la. propiedad, sin expresión de la condición estipulada en la escritura de 15 de noviembre de 1896.

Así las cosas, presentó Don Antonio Roig Torrellas al Registrador de la Propiedad de Humacao, la escritura de 15 de noviembre de 1896, con un escrito en el que le pedía hiciera constar en la finca “Vega del Recreo,” adquirida por Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez, a título de adjudicación por herencia testada, la servidumbre estipulada en dicha es-critura, por ser una porción del predio sirviente que se llamó ‘1 Providencia, ” y en 'razón a qne si un predio sirviente se divide entre dos o más, la servidumbre no se modifica y cada lino de ellos tiene qne tolerarla en la parte qne le corresponda.

La inscripción de servidumbre solicitada fné denegada por el registrador mediante nota de 15 de mayo de 1911, por la única razón de aparecer que la citada finca “Vega del Recreo” fué inscrita a favor de Doña Julia Ana María Pérez y Sán-chez libre de dicha servidumbre, por virtud de un título posterior al de constitución de la misma (art. 17 de la Ley Hipo-tecaria), tomando en su lugar la anotación por 120 días que dispone la ley. ,

Interpuesto contra la nota expresada recurso gubernativo, fué aquélla revocada por resolución de esta corte de 11 de octubre ele 1911 (17 Dec. de P. B., 954), ordenando se verifi-cara por el registrador la inscripción solicitada; pero lejos de verificar el registrador dicha inscripción, volvió a dene-garla por medio dé la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de'servidumbre que en. virtud de la cláusula 6a. de este documento lia sido solicitada en cuanto a la finca ‘Vega del Recreo’ compuesta de 53 cuerdas 75 centavos y sita en el barrio Teja de esta jurisdicción, como parte que era de la denominada ‘Providencia’ por bailarse dicha finca ‘Vega del Recreo’ inscrita en la actualidad a favor de Gr. Martínez y Compañía-, por título de com-pra, libre de tal gravamen, tomando en su defecto anotación por 120 días, de acuerdo con la ley, en el tomo 28 de Humacao, al folio 153 vuelto, finca número 1199, anotación letra B. Humacao, 11 de no-viembre de 1911. Miguel Planellas, Registrador de la Propiedad.”

Esa nota fia sido recurrida por Don Antonio Roig Torre-Has y es la materia del presente recurso.

Hemos examinado la documentación acompañada al re-curso y de ella aparece que con fecha 27 de febrero de 1911 fué inscrita en el Registro de la Propiedad de Humacao una escritura otorgada en 29 de diciembre del año anterior ante el Notario Don Antonio de Aldrey, por la que Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez vendió la finca denominada, “Vega del Recreo,” adquirida por adjudicación en la testamentaría de Don Rodulfo Leoncio Pérez y Polanco, a la mercantil “G. Martínez y Cía.” por precio de 12,500 dollars, bajo las condi-ciones que en dicho documento se expresan, sin hacerse mé-,,rito de la servidumbre de que se trata.

■ Como se ve, la inscripción de la escritura de venta otor-gada por Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez a favor de G-. Martínez y Compañía, fué hecha en el Registro de la Pro-piedad de Humacao con anterioridad al 15 de mayo de 1911, en que el registrador denegó a Don Antonio Roig Torrellas la inscripción de servidumbre sobre la finca “Vega del Re-creo,” por el único fundamento de haber sido inscrita dicha finca libre de dicha servidumbre, a favor de Doña Julia Ana María Pérez y Sánchez y a virtud de un título posterior al de su adjudicación. No hizo entonces el registrador la más ligera indicación de estar inscrita la finca libre de servidum-bre, como ya lo estaba, a favor de la sociedad G. Martínez y Compañía, habiendo venido a exponer ese motivo al denegar nuevamente la inscripción en la nota hoy recurrida de 15 de noviembre de 1911.

El registrador al extender dicha nota se extralimitó en el uso de sus facultades, pues éstas quedaron limitadas después de la resolución de esta Corte Suprema de 11 de octubre de 1911, ordenando, la inscripción, a practicar las operaciones necesarias para llevarla a cabo, sin que le fuera entonces nevmitido traer a discusión la procedencia o improcedencia de la inscripción por otro motivo distinto del ya consignado en la nota de 15 de mayo de 1911, pues cuando el registrador de-niega una inscripción es su deber reunir en una sola nota' to-dos los motivos legales de su negativa, según jurisprudencia ya establecida por la Dirección General de los Registros de España, ratificada por la sección Ia. de la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1°. de 1902. La exposición de unos mo-tivos sin consignar otros, demuestra que aquellos solos han influido en la mente del registrador al denegar la inscripción, y así el debate originado entre la parte interesada y el regis-trador con motivo de nota denegatoria de inscripción, queda contraído únicamente a la disensión sobre procedencia o im-procedencia de aquellos motivos, y la resolución que se dicte en el recurso gubernativo es ejecutoria y causa estado en el orden administrativo respecto al caso que lo motiva, sin que .sea lícito levantar de nuevo el mismo caso con infracción dej ■incontestable principio que prohíbe el fallar dos veces el mis-mo asunto por una misma autoridad. Si se admitiera la doc-trina contraria, nunca se constituiría en el orden gubernativo un estado de derecho serio y estable. La parte que obtuviera en su pro una resolución en recurso gubernativo, se vería en-vuelta tantas veces en otros tantos recursos cuantas fueran las razones que por partes plugiera después al registrador in-vocar, aunque éstas ya existieran al consignar la nota que mo-tivó el recurso decidido como sucede en el presente caso.

En apoyo de la doctrina que sostenemos, podemos citar las .resoluciones de la Dirección General de los Begistros de Es-paña de 4 de Febrero de 1867, de 14 de enero de 1893, de 21 de noviembre de 1899 y de 30 de noviembre de 1897.

No cabe discutir si la nota recurrida se sostiene o nó por el fundamento que la motiva. Ello equivaldría a traer nueva-mente a discusión un caso ya anteriormente resuelto con ca-rácter ejecutorio.

Alega el registrador que por error clerical no se consignó en la nota denegatoria de inscripción de 15 de mayo de 1911 la razón fundamental de dicha denegatoria, consistente en que la finca “Vega del Becreo” se hallaba inscrita por título de compra a favor de G. Martínez y Compañía, libre del gravamen que se trata de imponerle.

Tal alegación es inadmisible, pues no hay razón alguna que la justifique.

Ha comparecido en el presente recurso la sociedad G. Mar-tínez y Compañía solicitando se le admita a intervenir en el mismo a los solos efectos de sostener la nota recurrida, a cuyo fin ha presentado alegato escrito.

La Ley sobre recursos contra resoluciones de los registra-dores de la propiedad, de marzo Io. de 1902, no reconoce tal derecho a G-. Martínez y Compañía, como lo demuestra la simple lectura de las secciones Ia., 2a., 3a. y 5a. de la citada ley.

Las tínicas partes en el presente recurso son Don Antonio Roig Torrellas, que presentó el documento para la inscrip-ción de servidumbre y el Registrador de la Propiedad de Hu-macao que la denegó'.

Cualquier precepto de la Ley Hipotecaria o de su Regla-mento que pueda invocar la sociedad Gr. Martínez y Compañía en su favor, lia sido derogado por la sección 10 de la ley de marzo 1°. de 1902.

Si la mencionada sociedad sufre algún perjuicio puede ejercitar su derecho en la vía correspondiente, pero no en la gubernativa.

Por las razones expuestas, opinamos que procede la revo-cación de la nota recurrida, sin. dar intervención en el pre-sente recurso a la sociedad Gr. Martínez y Compañía, ordenán-dose al registrador que verifique la inscripción de servidum-bre denegada, sin perjuicio de que la expresada sociedad pue-da ejercitar los derechos de que se crea asistida, en la vía correspondiente.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro' y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Ramos v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 109.
    Resuelto en enero 25, 1912.
    Expediente Posesorio — Demotos Insubsanables — Naturaleza del Derecho que se Trata de Inscribir.. — Para poder inscribir en el registro una finca en virtud de un expediente posesorio promovido por el marido a nombre de la esposa, es necesario que consto si dicha finca ha de reputarse como bien de la sociedad de gananciales o privativo de la esposa, y careciendo el expediente de constancia alguna que justifique tales extremos, adolece de un defecto insubsanable que impide su inscripción.
    Id. — Prueba del Estado Civil de la Promovente. — No es requisito indispensable en un expediente posesorio, que conste del mismo el estado civil de la pro-movente al. tiempo de la adquisición de la finca objeto de dicho expediente, sino' que tal estado puede acreditarse por medio de cualquiera prueba pro-cedente en derecho.
    Id. — Defectos Subsanables — Testigos en los Expedientes Posesorios — Justi-ficación del Carácter de Propietarios — Facultades del Registrador.— Constando de un expediente posesorio que los testigos declaran bajo juramentp ante el juez sobre su vecindad y condición de propietarios y que el juez apreció que tales condiciones exigidas por la ley se habían justificado debida-mente, tal apreciación debe ser aceptada por el registrador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ramón Ramos García presentó en la corte municipal de Caguas el 27 de octubre de 1899, un escrito promoviendo in-formación posesoria a nombre de su legítima esposa, Doña Dolores Ortiz y Ferrer, alegando al efecto que su dicha es-posa era dueña de un predio de terreno de ocho cuerdas que hubo por compra hacía seis años, desde cuya fecha lo venía poseyendo sin oposición por parte de nadie. En dicho escrito se consignan como extremos a justificar, los siguientes: “Pri-mero : del hecho de ser aquélla poseedora, a nombre propio, de la expresada finca; y segundo: de datar esa posesión de más de seis años.”

Tramitado el expediente, de acuerdo' con la ley, el juez municipal de Caguas lo aprobó el día dos de noviembre .de 1899 y presentado al registro de la propiedad del distrito para su inscripción, el registrador se negó a'ello por medio de la si-guiente nota, contra la cual se ha interpuesto el presente re-curso gubernativo.

“Nó admitida la inscripción del precedente documento, por el defecto insubsanable de no expresarse en el mismo, la naturaleza del derecho que se trata de inscribir, de tal modo, que no deje lugar a duda, pues no es posible juzgar si la finca que comprende, pertenece a la sociedad de gananciales, o si es propiedad exclusiva de Da. Dolores Ortiz y Ferrer, confusión que sólo podría desvanecerse, si de este expediente constara el estado civil de la misma Da. Dolores Ortiz Ferrer, en el momento en que adquirió dicha finca; habiéndose exten-dido en su lugar, anotación preventiva por ciento veinte días,- al folio 100 del tomo 33 de este ayuntamiento, finca número 1615, anotación letra A; con el defecto además subsanable, de no constar si los testi-gos que declaran -en esta información, son propietarios del término municipal en que radica la mencionada finca. Caguas, 23 de sep-tiembre de 1911.”

Examinemos el defecto insubsanable. El recurrente Ba-món Saraos alega que del expediente aparece qne la finca la adquirió su esposa estando con él casada y que, por tanto, debe reputarse como un bien ganancial, pero nosotros hemos exa-minado el expediente y no hemos encontrado en ninguna par-te del mismo que conste lo que afirma el recurrente. No puede inscribirse la finca como un bien privativo de la esposa, por-que aun cuando parece que acreditarlo así fue el propósito del expediente, en él no se hizo constar ni menos se probó que la Doña Dolores Ortiz hubiera comprado la finca antes de su matrimonio con el recurrente, o después con su dinero exclu-sivo. Ni puede tampoco inscribirse como ganancial, porque, si bien aparece que se adquirió la finca a título oneroso, no consta que se adquiriera en constante matrimonio.

La nota del Begistrador en tal virtud, y en cuanto a la negativa de inscripción, debe confirmarse, pero aclarándola en el sentido de que no es preciso que el estado civil de Doña Dolores Ortiz al tiempo dé la adquisición, tenga que constar necesariamente del expresado expedienté, sino que tal estado puede acreditarse por medio de prueba procedente en derecho-.

Examinemos el defecto subsanable consignado por el re-gistrador. No existe, a nuestro juicio, porque del expediente consta que los testigos declaran bajo juramento ante el juez sobre su vecindad y condición de propietarios y el juez apre-ció que tales condiciones exigidas por la ley se habían justifi-cado debidamente, y tal apreciación debe ser aceptada por el registrador, de acuerdo con la doctrina claramente expuesta en la Resolución de la Dirección General de los Registros, de 8 de marzo de 1892, cuyos considerandos copiados a la letra dicen así:

“Considerando que la apreciación de la calidad y circunstancias de los testigos que intervinieron en un expediente posesorio, está ex-clusivamente sometida al juez que dirige la información y admite, como buena la declaración de aquéllos, a cuyo objeto es árbitro de exigirles los documentos que repute necesarios para dejar acreditadas las dos condiciones determinantes de su idoneidad legal:
“Considerando que, una vez establecida ésta por el juzgador, me-diante las pruebas aducidas y estimadas bastantes por aquél, no debe el registrador llevar basta tal punto su calificación, sino que ha de partir, como de hechos inconcusos, de que son vecinos y propietarios los que en calidad de tales han sido admitidos a la información por la única autoridad que en tal concepto, podía admitirlos o rechazarlos:
1 ‘ Considerando que esta doctrina, basada en la necesidad de trazar un límite a la calificación de los registradores cuando recae en docu-mentos expedidos por la autoridad judicial, al par .que respeta aquella ■importante función deja a esta autoridad toda aquella independencia de que necesita para dirigir el procedimiento de que es parte inte-grante la apreciación de las pruebas.”

Atendidas las razones expuestas, la nota del registrador ■debe confirmarse en lo conforme y revocarse en lo adverso con esta opinión.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Rossy v. Mollfulleda et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 755.
    Resuelto en enero 29, 1912.
    Cancelación de Inscripción — Adjudicación de Finca Rústica en Virtud de Remate. — Inscrita en el registro la adjudicación de una finca rústica en vir-tud de remate, no procede la cancelación de esa inscripción, sin que la persona a favor de quien se haya hecho, preste su consentimiento y sin que se alegue y pruebe en debida forma la razón legal que autorice tal cancelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ambas partes comparecieron en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra orden de la Corte de Distrito de San Juan denegando can-celación de la inscripción de escritura de compraventa en el registro de la propiedad.

En juicio seguido ante la Corte de Distrito de San Juan, por Manuel Rossy v. Juan Mollfulleda, Damiana Huertas y la Sucesión Cussó sobre cobro de honorarios, dicha corte, a moción de la parte demandante, dispuso entre otras cosas, por orden de 26.de mayo de 1906, se librara mandamiento al registrador de la propiedad para que tomara anotación de la prohibición de enajenar o gravar una finca de 200 cuerdas, ochenta de ellas sitas en el barrio de Cuevas de Trujillo Alto y las ciento veinte restantes en el barrio de Sabana Llana de Río Piedras, pertenecientes todas a Damiana Huertas.

En el pleito de que se deja hecho mérito recayó senten-cia contra los demandados en 23 de enero de 1907 y para ejecutarla procedió el marshal en 13 de diciembre del mismo año a la subasta de la finca de 80 cnerdas, parte de la de 200 de Damiana Huertas, cuya finca fué adjudicada a Don Luis Campillo; pero no habiéndose podido dar posesión de ella a Campillo, convinieron Rossy, Campillo y Mollfulleda, como representante éste de su esposa Damiana Huertas, en que se dejara sin efecto el remate celebrado.

Sin que aparezca justificado en el récord que tuviera lugar otra subasta, Mollfulleda presentó escrito a la Corte de Dis-trito de San Juan en 25 de julio del año próximo pasado, solicitando fuera cancelada la inscripción hecha en el Regis-tro de la propiedad de San Juan, tomo 17 de Río Piedras, de la escritura de venta de nna finca de 120 cnerdas adjudi-cada, según Mollfnlleda, a Eossy por precio de $100, bajo colindancias falsas e imaginarias, la que no existía en la juris-dicción de Eío Piedras, por más que así se suponía.

Tal pretensión fné denegada por orden, cuya feolia no ■consta y esa es la orden recurrida por Mollfnlleda.

Admitiendo como reales y positivos los tedios de subas-ta-, adjudicación y otorgamiento de la escritura de venta de la finca de 120 cuerdas a favor de Eossy, con' su inscripción en el registro, opinamos qne la cancelación de esa inscrip-ción no puede ordenarse, ya porque Eossy no fia prestado su consentimiento para ello, ya porque a falta de dicto con-sentimiento, no se ta alegado y probado en forma debida razón legal qne la autorice. (Arts. 79 y 82 de la Ley Hipotecaria.)

Por las razones expuestas, debe confirmarse la orden ape-lada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaey,

text:
    Clausells v. Schuck.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce."'
    No. 647.
    Resuelto en enero 29, 1912.
    Excepciones Previas — Palta de Constancia en Autos de la Resolución, Re-caída — Presunción.—Cuando en un caso se hubieren presentado excepciones previas a la demanda, y a la vez una contestación, planteando cuestiones de hecho y de derecho, las cuestiones de derecho deben ser resueltas primera-mente, y cuando de los autos no consta la resolución recaída a las excepciones previas y aparece que se ha dictado sentencia sobre las cuestiones de hecho, la presunción es que las excepciones previas fueron desestimadas.
    Aguas — Acción Declaratoria de Propiedad — Demanda Ambigua y Dudosa— Palta de Hechos Suficientes para Constituir una Causa de Acción.— Examinada la demanda en el caso de autos, en virtud' de la cual se ejercita la acción declaratoria de propiedad de aguas para regadío, el Tribunal Supremo en apelación resolvió que las excepciones interpuestas contra la de-manda por el demandado de falta de causa de acción y ambigüedad e ineer-tidumbre en la demanda, debieron ser declaradas con lugar, por ser demasiado confusas y dudosas las alegaciones hechas en la demanda relativas al título de concesión y prescripción reconocida administrativamente, en que el deman-dante descansa su derecho.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Felipe Gasalduc.

    Abogado del apelado: S'r. José Tous Soto.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción declaratoria de propiedad de aguas de regadío. El demandante alega ser el dueño y estar en posesión de unas doce cuerdas y media de terreno, y que esa extensión de terreno tiene derecho al uso para el riego de cuatro litros y dos centilitros (4.02) de agua-por segundo, y que el demandado detenta el derecho de regadío del deman-dante. El demandado niega esas alegaciones. Vista la causa, la corte declaró con lugar la demanda y dictó sentencia a favor del demandante, declarando que el terreno en cuestión tenía derecho por prescripción al riego, y que este derecho había sido reconocido administrativamente, y que tenía dere-cho a utilizar tres litros treinta y un centilitros (3.31) de agua por segundo, del fío “Cerrillos” o “Bucaná” de un volumen de agua de treinta y seis litros cincuenta y un centilitros (36.51) de agua por segundo, derivándose dicha agua por un canal que pertenece en común a las haciendas “Marcelina,” “Rescate” y “Mallorquína,” y condenando al demandado en costas. También se desestimó la reconvención. Esta sen-tencia fue dictada por la Corte de Distrito de Ponce en 29 de abril de 1910. Oportunamente se entabló recurso de apela-ción contra la misma el 10 del siguiente mes. El 27 de julio, 1910, se dictó una orden fijando las costas contra el deman-dado, inclusos $200 como.honorarios de abogado. Tres días más tarde se apeló contra esta orden. La transcripción de los autos se presentó en este tribunal el 15 de diciembre de 1910; y posteriormente se presentaron alegatos por ambas partes, teniendo lugar la vista del caso con argumentación oral del apelante y sin que el apelado argumentara oralmente, y el caso está pendiente de nuestra consideración en vista de los autos incluyendo los alegatos.

Aunque no se lia presentado un pliego formal de errores, de acuerdo con las regias, en la discusión se suscitan cuatro cuestiones por el apelante, a las cuales podemos dirigir nues-tra atención, cambiando ligeramente el orden en que han sido sometidas. Estas cuestiones son las siguientes:

1. Excepciones previas a.la demanda.
2. Contestación a la demanda.
3. Reconvención del demandado.
4. Prescripción.

De los autos consta que se presentó una excepción a la demanda, por el fundamento de que las alegaciones de1 la misma no expresaban hechos suficientes para constituir una causa de acción; pero de los autos no consta qué resolución se tomó respecto a la excepción previa. En el presente caso debe presumirse que dicha excepción previa fué resuelta y desestimada.. En el caso de López v. American Railroad Co. of P. R., se resolvió ser regla general que cuando en un caso se hubieren presentado excepciones previas a la demanda, y a la vez una contestación, planteándose cuestiones de dere-cho y de hecho, las cuestiones de derecho deben - ser resuel-tas primeramente; y en los casos en que ambas cuestiones, de derecho y de hecho, se hubieren planteado, y se hubiera celebrado el .juicio del caso juzgándose las cuestiones de hecho y dictándose sentencia en el caso, se presumirá en la apelación que las cuestiones de derecho fueron previamente resueltas por una orden desestimando las excepciones. (11 P. R. R., 157.)

A. El apelante alega en apoyo de su excepción previa que:

(a) No hay causa de acción, pues en el hecho primero de la demanda se afirma que la hacienda “Marcelina” tiene a su favor, por concesión desde el año 1846 y por prescrip-ción desde el año 1848, el derecho de regar 44 hectáreas 23 áreas o sean 112.42 cnerdas, y en el hecho cuarto se dice qne la porción de 12.42 la compró Francisco Romero a Josefa Ortiz en 14 de agosto de 1848 y la agregó a la hacienda “Mar-celina.” Se alega, pues, que es concluyente que la concesión de aguas de riego y el derecho adquirido por prescripción se contraen ambos, única y exclusivamente a la hacienda “Marcelina” en sí y nó a los terrenos que se le incorporaron después, como fueron esas 12.42 cuerdas que dice el deman-dante haber adquirido como porción de terreno con derecho a riego. El apelante, prosigue diciendo, que en 31 dé diciem-bre, 1848, sólo hacían cuatro meses y diez y seis días que Romero había entrado en posesión de ese terreno y él no pudo adquirir el derecho a riego por prescripción, pues este dere-cho nace del uso del agua por un período de veinte años no interrumpido, y no del mero uso de la misma durante cuatro meses y días.

Tampoco puede alegarse, continúa diciendo la excepción previa, que ese número de cuerdas gozaba del riego por ex-tensión de los derechos de que gozaba la auténtica hacienda “Marcelina,” pues las concesiones y derechos adquiridos por prescripción son para las tierras y nó. para los dueños de ellas, los cuales no pueden pasarlos de un terreno a otro, ni aprovecharse los dueños de los beneficios que'la ley ha con-cedido a los terrenos.

La argumentación precedente es bien clara y puede resu-mirse en la forma siguiente: Si en 14 de agosto de 1848, Romero incorporó a la hacienda “Marcelina” la porción de 12.42 cuerdas y dicha hacienda tenía entonces una concesión para riego desde el año 1846, se sigue en consecuencia que las 12.42 cuerdas no tenían participación en el riego concedido por la ley. Si la hacienda “Marcelina” también tenía derecho á riego por prescripción reconocida administrativamente en 1848 y la prescripción necesita veinte años para reconocerse por el Gobierno, como esas 12.42 cuerdas se incorporaron a la hacienda “Marcelina” en 14 de agosto de 1848, no adqui-rieron derecho a riego por prescripción.

(&) El demandado además alega en la excepción que la ■demanda es ambigua, ininteligible y dudosa; sosteniendo que si Guillermo Schuck compró la hacienda “Marcelina,” como, •dice el demandante en el hecho segundo de su demanda, siendo así y puesto que la persona que adquiere el todo adquiere cada una de sus partes, no podía quedar una de sus partes para que la comprara Carlos Clausells, que es lo que suce-dió, según su afirmación, por lo que se contradijo a sí mis-mo; y, si Schuck no adquirió toda la hacienda “Marcelina,” ■era, por consiguiente, obligación del demandante alegarlo así en su demanda, y no manifestar en ella lo contrario, trayen-do de ese modo gran confusión en su alegato que lo hace ambiguo y dudoso.

Si el derecho a riego de esas 12.42 cuerdas se adquirió por concesión o por prescripción, ¿por qué, pregunta el ■demandado, no se dice claramente en la demanda y nó en la forma ambigua en que consta en su hecho primero, al men-cionar el riego de la totalidad de la hacienda “Marcelina,” ■omitiéndose detallarlo al nombrar el riego de la porción dicha de 12.42 cuerdas? El derecho a riego de esta porción, ¿es por concesión o por prescripción, y desde qué fecha?

Examinando la demanda encontramos que estas excepcio-nes están bien fundadas y que es ambigua y dudosa y que no ■expresa hechos suficientes para determinar una causa de acción. (Código de Enjuiciamiento Civil, art., 105, aparta-dos 6 y 7.) El estatuto exige que la demanda contenga una relación de los hechos que determinan la causa de acción en lenguaje usual y conciso. (Art. 103, apartado 2, del mismo Código.)

La parte esencial de la demanda dice así:

‘ ‘ Io. Que la hacienda ‘1 Marcelina, ’ ’ sita en el término municipal de Ponee, barrio de “Machuelo Arriba,” propiedad actualmente de Don Guillermo Schuck, tiene a su favor desde el año 1846, cuando era propiedad de Don Francisco Romero, por concesión y por prescrip-ción, reconocida administrativamente, desde 1848, el derecho de regar' con las aguas del río “Cerrillos” o “Bucaná,” una extensión de 44 hec-táreas, 23 áreas, o sean 112.42 cuerdas, parte integrante de dicha hacienda, compuesta en 1870 de 127 hectáreas, 43 áreas y 21 eentiáreas, derivando al efecto 36 litros 51 centilitros (36.51) por segundo, de dicho río, por un canal, toma y represa que pertenece en comunidad a las haciendas “Rescate,” “Marcelina” y “Mallorquína,” según consta del cuadro de distribución de aguas entre los regantes de dicho río, publicado en la Gaceta de Puerto Pico de 19 de septiembre de 1883.
“2o. Que después de tener dichas 112.42 cuerdas reconocido el' derecho de regadío, adquirió el demandado, por título de compraventa,, la referida hacienda “Marcelina,” incluyendo en ella ‘cien cuerdas7 de las 112.42 que tenían derecho de riego, pero nó las 12.42 cuerdas restantes, cuyo dominio - fue adquirido por el demandante, a quien pertenece en la actualidad.
“3o. Que de los 36 litros 51 centilitros de agua repartidos a las 112.42' cuerdas regables de la hacienda “Marcelina” correspon-den proporcionalmente a las 12.42 cuerdas propiedad del demandante, 4 litros 2 centilitros, que utiliza el demandado.
“4o. Que la- descripción de las 12.42 cuerdas de la propiedad del demandante, sita en el barrio -de “Machuelo Arriba” de este término municipal, es como sigue: ‘Al norte el río ‘Bayagán’ en la proximi-dad de su confluencia con el ‘Bucaná’ o ‘Cerrillos’ que la separa de la hacienda ‘Marcelina’,- al este el camino del barrio de ‘Maragüez’; al oeste el callejón que conduce a la hacienda ‘Rescate’; y al sud el demandante Carlos Clausells, antes la hacienda ‘Rescate’ propiedad de Doña Irma Castaigne; siendo esta porción la misma que en escri-tura de 14 de agosto de 1848, ante el Notario Luis Capó, Don Francisco Romero compró a Doña Josefá Ortiz y agregó a la hacienda ‘Marcelina.’ En mérito de lo expuesto, suplico a la honorable corte que declare el derecho del demandante a'utilizar 4 litros 2 centilitros por segundo de las aguas del río ‘Cerrillos’ o ‘Bucaná’ ascendentes a 36 litros 51 centilitros por segundo, correspondientes a la hacienda ‘Marcelina,’ según el cuadro de distribución oficial, derivándolas por el canal comunero de las haciendas ‘Marcelina,’ ‘Rescate’ y ‘Mallor-quína,’ y que condene al demandado en costas.”

De tul examen detenida de estas alegaciones es difícil decir exactamente qué es lo que pide el demandante y en qué hechos definitivos basa sus pretensiones. Siendo así, debió haberse declarado con Ingar la excepción previa a la de-manda'.

. Apareció en el curso del juicio que el demandante con-fiaba en un reconocimiento de su derecha que se le hizo en el año 1870, Este hecho no aparece de las alegaciones y nos parece que fue una cuestión de la cual debió informarse al de-mandado por medio de la demanda. De todos modos, ésta y otras cuestiones de prescripción y abandono pueden promo-verse de modo más adecuado en un nuevo juicio después de presentarse una demanda más específica.

Como estos errores de la corte sentenciadora exigirán que se revoque su sentencia y que se le devuelva la causa para trámites ulteriores, es innecesario discutir las otras cuestio-nes que pudieran colegirse de los autos. ( ■

En vista de la revocación de la sentencia dictada el 29 de abril, se hace innecesario examinar la orden dictada el 27 de julio sobre honorarios de abogado, pues su revocación, es una consecuencia de la sentencia dictada en la cuestión anterior. Debe dictarse sentencia en consonancia.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PresideNte Sr. HbrNÁNdbz,

text:
    Forteza v. Enrich.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 718.
    Resuelto en febrero 7, 1912.
    Divorcio • — ■ Trato Cruel — Injurias Graves — Suficiencia de la Demanda— Tiempo, Lugar y Modo de los Malos Tratos. — Es suficiente una demanda de divorcio fundada en el trato cruel e injurias graves que determina el ar- • tículo 164 del Código Civil Revisado, en la cual se hace la alegación de que "el repetido maltrato de palabras y obras por parte del demandado a la demandante, pegándole y causándole injurias corporales al extremo de tener que abandonar el domicilio conyugal para buscar refugio al lado de sus: padres,” sin que sea necesario expresar en la demanda las circunstancias detalladas de tiempo, lugar y modo de dichos malos tratos, las cuales pueden reservarse para el período probatorio.
    APRECIACIÓN DE LA PRUEBA — PARCIALIDAD, PASIÓN O PREJUICIO.-No demostrán-dose a este tribunal que el juez sentenciador al apreciar la prueba procediera con parcialidad, .pasión, prejuicio o manifiesto error, dicha apreciación no será revocada en apelación.
    Divorcio — Reconciliación—Defensa no Alegada en la Contestación. — No habiéndose alegado en la contestación a una demanda de divorcio como de-fensa, la reconciliación de los cónyuges, no puede pilantearse dicha alegación por primera vez en apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. López Landrón y Rincón.

    Abogado del apelado: Sr. Cayetano Coll y Cuchí.

    Abogado de El Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez PresideNte Sr. HbrNÁNdbz,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de San Juan en 10 de marzo del año próximo pasado, declarando roto y disuelto el matrimonio entre las partes del pleito, por pausa de trato cruel, debiendo quedar la hija ha-bida de tal matrimonio, aún en la menor edad, bajo la patria potestad de la demandante, sin especial condena de costas.

■Dió origen al pleito la demanda presentada por Josefa Eorteza que copiada literalmente dice así:

“Comparece la demandante y alega: Que está casada con el de-mandado desde el mes de octubre de 1909, cuyo matrimonio se verificó en Palma de Mallorca, y del cual nació una niña que está en poder del demandado.
“Que el demandante y demandado han vivido en Vega Baja du-rante el último año bajo el mismo techo; y que en muchas ocasiones casi a diario, el demandado ha maltratado de palabras y obras, a la demandante, pegándole y causándole injurias corporales, al extremo de verse obligada la demandante a dejar la casa de su esposo y buscar refugio al lado de sus padres.
‘ ‘ En virtud de lo que suplica a la corte que se sn&a declarar roto el vínculo matrimonial, y subsistente la patria potestad en el cónyuge inocente, más las costas.”

El demandado al contestar la demanda aceptó el lieclio primero de la misma y negó general y específicamente el se-gundo, sin alegar otras causas- de defensa; y celebrado el juicio, la corte dictó sentencia en los términos ya expresados, sometida o nuestra consideración a-virtud del recurso de ape-lación.

En apoyo del. recurso invoca la parte apelante como mo-tivos legales los siguientes;

Io. Falta de causa de acción-por lo que resulta de la de-manda. ' :v
2o. Falta de prueba de causa legítima de divorcio en favor de la demandante.
3o. Extinción de la acción de divorcio por reconciliación- de .las partes. ' •

El artículo 164 del Código'Civil enumera entre las causas de divorcio el trato cruel o las injurias graves, y relacionando esa causa con la segunda alegación de la demanda que deja mos transcrita, encontramos que los liechos contenidos en dicha alegación determinan la expresada causa de divorcio, por cuanto el repetido maltrato de palabras y obras por parte del demandado a la demandante, pegándole y causándole in-jurias corporales al extremo de tener que abandonar el domi-cilio conyugal para buscar refugio al lado de sus padres, cons-tituye verdaderamente el trato cruel exigido por la ley para constituir causa de divorcio.

Las circunstancias detalladas .de tiempo, lugar y modo de dichos malos tratos no tenían que alegarse en la demanda, según sostiene la parte apelante, sino que pudieron reservarse para el período probatorio.

Tampoco encontramos sostenible el segundo motivo del-recurso.

Cuatro testigos declararon por la parte demandante y cinco por la parte demandada.

Veamos lo que dicen los testigos de la parte demandante.

Juan Forteza, padre de la demandante declara qne como a los cuátro meses de casados Josefa Forteza y Conrado En-riela, éste comenzó a maltratar e injuriar a su esposa, lo que hizo una y mil veces, según le refirió su hija, la que el día siguiente de haber regresado de España el testigo, le comunicó la resolución de abandonar el domicilio conyugal para irse al de su padre, pues unos días antes el marido le había pegado una bofetada, cuya señal le mostró, llamándola negra, y dicién-dola que le bastaba ser del país para ser negra, disgusto originado por dinero y nada más que por dinero; que Enrich quería pidiera su esposa al declarante.

José Pérez dice que la demandante y el demandado tenían disgustos y peleaban a cada momento, y un día, a fines del año 1910, estando en su casa, contigua a la de los consortes Enrich Forteza, sintió un gran escándalo y vió a la Forteza en brazos de Enrich llorando y quejándose de que le había dado un puntapié, de lo que dió aviso a la casa de Juan Forteza ha-biendo venido entonces la madre de Josefa y llevádose a ésta.

Francisco Aguiló, socio de Juan Forteza, refiere que un día, en el mes de octubre de 1910, observó aglomeración de muchachos frente a la casa de Conrado Enrich, de quien era amigo íntimo, y habiendo entrado vió que Enrich tenía cogida por el cuello a su señora con una mano, teniendo en la otra un revólver que le quitó y devolvió después de haberlo descargado. Agrega el testigo que Enrich le ha confesado que un día, no sabe por qué motivo, le dió una bofetada a la Josefa, y como ésta buscara refugio en la letrina de la casa, por la parte de arriba que está descubierta, le echaba latas de agua hasta que la obligó a salir de allí.

Josefa Forteza, la demandante, afirma que desde que se casó ha ,venido Enrich dándole una vida muy mala porque quería pidiera dinero a su padre, y la última vez que 'la mal-trató fué dos o tres días antes de regresar Juan Forteza de España, golpeándola y abofeteándola muchas veces, por lo que hubo de refugiarse en la letrina de la casa de la que salió obligada por los cacharros de agua que por la parte dé arriba le echaba Enrich, habiéndole dado éste entonces nn puntapié ■en el vientre, con la circunstancia de encontrarse entonces en los postreros meses de embarazo. Qne siguió viviendo con el •esposo en la misma casa y durmiendo con él en la misma cama, hasta qne al regreso de sn padre abandonó el domicilio con-yugal para volver como lo hizo al hogar paterno.

Hasta aquí los testigos de la parte demandante. Veamos ahora lo que dicen los de la parte demandada.

Conrado Enrich, el demandado, niega que en ocasión al-guna haya maltratado de hecho o de palabra a su esposa, pues siempre han vivido en la mayor armonía y bajo el mismo techo hasta el 29 de diciembre de 1910 en que la Josefa aban-donó el domicilio conyugal para irse al de su padre por exci-taciones de éste con el fin de pedir el divorcio, habiendo tenido .graves diferencias con su suegro hasta el punto de haberle éste maltratado una vez en Mallorca a la salida del teatro, dándole dos pescozones por haber ido en busca de su esposa *que había asistido sin su permiso a dicho teatro en compañía de su padre.

José Náter G-arcía refiere que presenció cuando Forteza propuso a su hija se divorciara de Enrich, quien es hombre de buen carácter y demasiado tolerante con su suegro, sin que ■entre marido y mujer, cuyo trato ha frecuentado, hayan me-diado malos tratos de obras o de palabras, pues vivían como •dos ángeles.

Brígida Meléndez dice que la demandante se fué a la casa paterna y abandonó con disgusto la de su marido por excita-ción de su padre Juan Forteza, quien le ofreció tratarla como ,a las demás hijas y pagar los gastos del divorcio, no habiendo ■observado en ocasión alguna que demandante y demandado .tuvieran disgustos.

Manuel Sandoval depone que demandante y demandado -vivieron cerca de su casa hasta el mes de diciembre de 1910 y jamás observó que mediaran entre ellos disgustos graves o palabras insultantes, pues por el contrario, Enrich daba buen •tratamiento a su esposa, siendo un hombre' de costumbres buenas y fino trato. Agrega que una vez vió que Juan For-teza dió una bofeteda a Enricb, no sabe por qué motivo.

Eosa Pavón refiere que vivió en la casa de los esposos Enricb Forteza unos tres meses; que Enricb es de carácter pacífico y vivía con su esposa en la mejor armonía; y que Juan Forteza sacó a su hija del domicilio conyugal, llevándo-sela a su propia casa con disgusto de Enricb, quien no había dado motivo para tal resolución.

En síntesis dejamos consignadas las pruebas de ambas partes y los méritos que unas y otras arrojan, no nos permiten llegar a la conclusión de que el juez inferior procediera con parcialidad, pasión, prejuicio o manifiesto error en su apre-ciación.

Ya hemos dicho antes de ahora que en los casos en que las declaraciones de los testigos sean contradictorias, está dentro de las atribuciones del jurado, o en su defecto, dentro de las del tribunal sentenciador el armonizarlas, si fuere posible, o de lo contrario, decidir a qué parte se debe dar cré-dito. La corte inferior dió crédito a las declaraciones de los testigos de la parte demandante y ella estaba para hacerlo en posesión de mejores datos que nosotros, que ni presenciamos los debates del juicio, ni vimos a los testigos, ni oímos sus declaraciones, ni podemos darnos cuenta de su modo de de-clarar y de las vacilaciones en que acaso incurrieran.

Cierto que tenemos a la vista el escrito de exposición de hechos en que se relatan las pruebas, pero ese escrito no puede presentar a nuestra consideración el cuadro del juicio con la viveza del. colorido y amplitud de detalles con que se desa-rrolló en la corte inferior.

Aceptamos, pues, las conclusiones de hecho de dicha corte, que se sostienen por las pruebas, y aceptándolas tenemos que llegar forzosamente a la conclusión de derecho a que llegó declarando con lugar la demanda.

En cuanto al tercer motivo del recurso como la reconcilia-ción no fué alegada al contestar la demanda, no podemos con-siderar tal excepción en el presente recurso.

Pox las razones expuestas, procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Jaeces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Balasquide v. Rossy, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari.

    No. 86.
    Resuelto en febrero 9, 1912.
    OrdeN Inapelable — Nombramiento de Síndico — Certiorari.—Es jurisprudencia constante de este tribunal que una orden sobre nombramiento de síndico, dic-tada por una corte de distrito, no es apelable por sí sola, y, en propios casos, dicho nombramiento es revisable inmediatamente por medio del recurso extraordinario de certiorari.

    Alimentos Provisionales — Resoluciones Apelables — Certiorari.—Aunque de acuerdo con el artículo 84 de la Ley ■ de Procedimientos Legales Especiales de marzo 9, 1905, la sentencia que se dicte en juicios sobre alimentos, es apelable, como en el caso de autos no se siguió el procedimiento marcado por dicho artículo, y como la orden concediendo alimentos fuá al parecer un deber más que se impuso al síndico, cuyo nombramiento es objeto de revisión por medio de este recurso, la jurisdicción de este tribunal se extiende a conocer también dentro de este mismo recurso, de la expresada orden sobre alimentos provisionales.
    Jueces — Facultades para Reconsiderar Ordenes Dictatas por su Prede-cesor. — Un juez tiene derecho para reconsiderar las órdenes dictadas por su predecesor, en pleitos sometidos a su jurisdicción, siempre que dicho recurso se ejercite en tiempo oportuno y las circunstancias del' caso así lo requieran.
    Nombramiento de Síndico Después de Dictada Sentencia. — La ley vigente au-toriza el nombramiento de síndico en un pleito en que se haya dictado sen-tencia, para dar cumplimiento a la misma, para disponer de los bienes de acuerdo con ella, o para conservarlos -mientras se resuelve una apelación; todo lo cual implica que haya bienes realmente envueltos en el litigio.
    Id. — Casos en que Procede. — La facultad de nombrar un síndico aunque diri-gida a la sana discreción del tribunal, no es arbitraria, y es una facultad muy delicada que debe ejercitarse con gran cautela y solamente cuando las circunstancias del caso exijan un remedio urgente o cuando la corte tenga motivos suficientes para creer que exista peligro inminente de que pueda ocurrir una pérdida, y nunca deberá ejercitarse dicha facultad en casos du-dosos.
    Nombramiento de Síndicos en Casos Sobre Beconocimiento de I-Iijos Natu-rales Después de Dictada la Sentencia — En easos de esta naturaleza para que el juez pueda en el ejercicio de su discreción nombrar un síndico, debe antes oir ampliamente a ambas partes y tener ante él verdaderos techos demostrativos de que tal nombramiento es en verdad necesario y constituye el mejor medio para la conservación de los bienes.
    Alimentos Provisionales — Procedimiento para Decretarlos — Pruebas.—En casos de solicitud de alimentos provisionales no sólo es necesario alegar y probar que se tiene derecho a ser alimentado, sino que para que la corte pueda fijar la cantidad que deba abonarse, es necesario que tenga datos sobre las necesidades del que pide y los medios del. que debe prestarlos.
    Los Lechos están expresados en la opinión..
    Abogados del peticionario: Sres. José Guzmán Benitez y Juan Guzmán ■ Benít-ez.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Herminio Díaz,' Francis H. Dexter y Gay. Goll Cuchí.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari interpuesto por Antonio Balasquide Gómez contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., para que se anulen cier-tas órdenes sobre nombramiento de un síndico y concesión de alimentos, dictadas en el pleito seguido por Enrique Camacho contra Antonio Balasquide sobre filiación y reconoci-miento y declaratoria de herederos.

Presentada la solicitud debidamente jurada, se expidió el auto y se señaló día para la vista que se celebró con la asistencia e informe de lo.s abogados de ambas partes en el expresado pleito. Los autos originales del mismo fueron reclamados y están sometidos a nuestra consideración.

De dichos autos aparece que el 31 de enero de 1911, se archivó en la Corte de Distrito de San Juan una demanda enmendada establecida por Enrique Camacho, asistido de :su madre Martina Camacho como defensora, contra Antonio Balasquide Gómez, en la cual se alegan hechos demostrativos de que el demandante es hijo natural de Ramón Balasquide Gómez, hermano del demandado, y se solicita que se dicte sentencia declarando al demandante hijo natural reconocido y único heredero del dicho Ramón Balasquide.

Seguido el pleito por todos sus trámites, se dictó sen-tencia el 9 de agosto de 1911, declarando con lugar la de-manda con costas al demandado. Dicha sentencia fue noti-ficada a las partes el 15 de agosto de 1911. El demandado solicitó nuevo -juicio el 22 de agosto de 1911 y apeló de la sentencia el 12 de septiembre del mismo año.

Así las cosas, el demandante, el 27 de octubre de 1911, pidió a la córte nombrara un síndico que “ocupe los bienes mencionados y en litigio, los administre, cobre sus rentas,” etc., alegando para ello bajo juramento los siguientes hechos:

El de la sentencia a su favor. El de la apelación, y “que por virtud de dicha sentencia el demandante es el único dueño del caudal hereditario de Ramón Balasquide Gómez, com-puesto de las diversas participaciones hereditarias y bienes adquiridos pór otros títulos por Ramón Balasquide Gómez, según se describen en la demanda interpuesta ante esta mis-ma sección de la corte de Distrito de San Juan, cuya copia se acompaña; todos cuyos bienes están en posesión de los demandados, y, principalmente, del demandado Antonio Balasquide, quien reside fuera de la jurisdicción territorial de esta corte, y puede disponer ilegalmente de ellos, con fraude de los derechos de este demandante; y el peticionario alega y.cree que esa disposición fraudulenta de sus bienes por dichos demandados puede ocurrir en cualquier tiempo, sin modo hábil para este peticionario de impedirlo, a no ser por el nombramiento de un síndico por esta corte con arreglo a la ley. T el peticionario además, tiene motivos fundados para creer que se trata de ocultar y hacer desaparecer tales bienes,- con el fin de burlar la antedicha sentencia. Y todas las rentas y productos de dichos bienes las perciben dichos demandados a su solo provecho, sin rendir cuentas de nin-guna clase a este peticionario ni a ninguna otra persona, con el fin único de perjudicar los derechos de este peticionario, el cual se encontrará sin remedio- alguno que sea pronto y eficaz para evitar tales despojos.”

De la copia de la demanda a qne se refiere la petición, aparece qne dicha demanda se interpuso por Enrique Balas-quide Camacho contra Antonio Balasquide y otros, en recla-mación de herencia. En dicha demanda se alegan hechos tendentes a establecer el derecho del demandante y se ter-mina suplicando a la corte qne dicte sentencia declarando la nulidad de ciertas declaratorias de herederos y de una escri-tura otorgada el 5 de marzo de 1910 por Antonio y Ramón Balasquide ante Notario Público.

Presentada la petición, el juez en su despacho el mismo día 27 de octubre, dictó una orden que, copiada a la letra, en lo pertinente, dice así:

“Habiéndose presentado por el demandante en este caso, una soli-citud para que se proceda al nombramiento de un síndico que tome a su cargo la posesión y administración, bajo las órdenes de esta corte, de ciertos y determinados bienes especificados en la copia de la de-manda que se acompaña a dicha solicitud; y resultando de dicha peti-ción que la ley y los hechos están en favor de la misma, la corte, por la presente ordena:
‘ ‘ Que el lunes, treinta de octubre corriente, a las diez de la mañana se procederá en corte abierta al nombramiento de un síndico-adminis-trador, a fijar la fianza que debe prestar, y los demás procedimientos de ley, a no ser que los demandados comparezcan en dicho día y hora a mostrar causas por las cuales no deba procederse a ese nombramiento, debiéndose servir una copia de esta orden en uno de los abogados de récord de dichos demandados.”

Notificado el abogado del demandado, Juan de Guzmán Benitez, en la tpnde del viernes 27 de octubre, archivó una moción el 30 de dicho mes, oponiéndose al procedimiento se-guido y al nombramiento del síndico. Esto, no obstante, el juez resolvió oir y oyó, a los abogados de las partes en el día 30 señalado y el 31 dictó la siguiente:

“Orden nombrando un síndico administrador. — Por cuanto, el demandante en este caso Enrique Camacho, asistido de su madre Martina Camacho y por medio de sus abogados F. H. Dexter, Esq., Her-minio Díaz, Esq. y Cay. Coll Cuchí, Esq., han presentado ante esta Sec. 2a. de la Corte de Distrito de San Juan, una solicitud para el nombramiento de un síndico-administrador; de acuerdo con el apar-tado 3 del artículo 182 'del Código de Enjuiciamiento Civil;
“Y por cuanto, esta Sección-2a. de esta corte de distrito, después de considerar debidamente dicha solicitud, dictó una orden para que los demandados compareciesen en corte abierta el día treinta de octu-bre de 1911, a mostrar causas, si las tuvieren, para que no se efectuara •dicho nombramiento;
“Y por cuanto, habiendo comparecido ante esta corte todas las partes, asistidas de sus respectivos abogados, el día y hora señalado para ello, informando a la corte y discutiendo debidamente el caso, la corte, informada suficientemente sobre el punto;
“Ordena: Que debe declarar y declara con lugar la petición del nombramiento de un síndico-administrador hecha por el demandante;
“Y ordena además, que nombra como tal síndico-administrador .a Enrique Campillo Abrams;'
“Y ordena además,' que dicho síndico-administrador prestará una fianza para responder a su administración de diez, mil dollars ($10,000), aprobada por la corte;
‘1Y ordena además, que dicho síndico-administrador procederá, una vez prestada la fianza, a tomar posesión de los siguientes bienes, que se alegan constituyen el caudal hereditario de R. Balasquide:
Casa No. 23, Calle de la Fortaleza, valorada en_$17, 000
Casa No. 59, Calle de la Fortaleza, valorada en_ 8, 000
Casa No. 6, Calle del Depósito, valorada en_ 8, OO’O
Casa No. 3, Calle dé la Puntilla, valorada en_ 7, 000
Casa No. 10, Calle Nueva, valorada en_ 3, 000
Casa, sitio la Ollería, Santurce, 'valorada en_ 3, 000
Casa No.. 12, Calle de Isabel 2a., valorada en_ 11, 000
Casa No. 5, Calle del Depósito, valorada en__ 7, 000
Casa No. 8, Calle Nueva, valorada en_ 6, 000
Solar situado en el sitio Machuchal, barrio de Santurce de esta ciudad, (se describe).
URBANA, solar situado en Machuchal, barrio de Santurce de esta ciudad, (se describe).
“Y además ordena, que dicho síndico-administrador tendrá todos los demás poderes y obligaciones anexos a su cargo, debiendo llevar una cuenta exacta de su administración, depositando todos los dineros •en el Bank of Nova Scotia.”

Aparece también de los autos que Martina Camacho, por medio de su abogado compareció y-expuso a la Corte:

“Que por orden de esta fecha de 31 de octubre de 1911, el caudal hereditario de su hijo Enrique Balasquide Camacho, ha sido puesto en manos de un síndico.
‘‘ Que la peticionaria y el demandante tienen derecho a recibir una pensión mensual como alimentos mientras dura dicha administración.
“En virtud de lo cual pide a la corte 'que se sirva ordenar al síndico el pago a la peticionaria de una mensualidad de cincuenta, dollars. ’ ’

A dicha moción la corte, sin oir a la parte contraria,, resolvió como signe:

“Vista la resolución del -Tribunal Supremo en el caso Lucero, se concede como se pide; y el síndico entregará dicha mensualidad a la peticionaria. ’ ’

El Juez .Foote que dictó las órdenes sobre nombramiento de síndico y concesión de alimentos que hemos transcritor cesó en su cargo el 31 de octubre, pasando a ocupar el de Fiscal de esta Corte Suprema, y el 1 de noviembre comenzó a actuar el Juez Bossy. Ante este último y dentro del pleito de filiación, compareció el demandado Balasquide el 3 de noviembre de 1911 solicitando la reconsideración de las ex-presadas órdenes. El juez oyó a los abogados de ambas partes y, en 23 de noviembre de 1911, declaró sin lugar la moción del demandado por estimar que no tenía “poder para reconsiderar, anular, dejar sin efecto o modificar resolucio-nes dictadas por su predecesor.”

Expuestos los anteriores hechos que hemos considerado necesarios para la mejor inteligencia de este caso, estudia-remos las cuestiones envueltas por el siguiente orden:

Io. Si procede el recurso interpuesto.
2o. Si un juez de distrito tiene poder para reconsiderar las órdenes de su predecesor;
3o. Si es erróneo el procedimiento seguido para el nom-bramiento del síndico, y si los hechos demuestran un caso que requiera'tal nombramiento.
1 4o. Si es erróneo el procedimiento seguido para la conce-sión de alimentos.

Veamos la primera. Durante la vista del recurso los abo-gados del demandante en el pleito sobre reconocimiento, ale-garon que siendo apelables las órdenes cuya nulidad se soli-citaba, no procedía el ejercicio del recurso extraordinario de certiorari.

En cuanto a la orden sobre nombramiento de síndico, ya este mismo Tribunal Supremo ba resuelto en repetidos casos que no es apelable.

Salvá v. Sucesión Borrás, 8 Dec. de P. R., 201;

Salvá v. Sucesión Borrás, 8 Dec. de P. R., 203;

Moreno v. Martínez, 10 Dec. de P. R., 525; y

Fernández et al. v. Foix et al., decidido el 19 de abril de 1910, 16 Dec. de P. R., 249.

En tal virtud debe concluirse que, en propios casos, dicho nombramiento es revisable por medio del recurso extra-ordinario de certiorari.

Y en cuanto a la orden sobre alimentos, la ley después de disponer que toda reclamación sobre alimentos provisio-nales se tramitará- en la forma prescrita para el juicio de desahucio, establece que contra la sentencia que se dicte en esa clase de juicios, se puede utilizar el recurso de apelación. Leyes de 1905, p. 241.

Pero como en el presente caso no se siguió el procedi-miento marcado por la Ley, como la orden sobre alimentos fue al parecer un deber más que se impuso al síndico que acababa de nombrarse, y como la totalidad del pleito está sometido a nuestro examen, creemos que nuestra jurisdic-ción. debe extenderse también dentro de este recurso, a la repetida orden sobre alimentos provisionales.

Resuelta en sentido afirmativo la primera de las cues-tiones envueltas, nos referiremos a la segunda.

A nuestro juicio es bien claro que un juez tiene autoridad para reconsiderar las órdenes dictadas por su predecesor, en pleitos sometidos a su jurisdicción, siempre que dicho re-curso se ejercite en tiempo oportuno y siempre que las cir-cunstancias del caso así lo requieran. Pero esta cuestión no es esencial en este asunto y, sin atondar su estudio, pasa-remos a considerar las otras envueltas en el mismo.

La ley vigente en Puerto Pico autoriza el nombramiento de un síndico después de dictada la sentencia, bien para darle cumplimiento o ya para disponer de los bienes de acuerdo con ella o para conservarlos mientras se resuelve la apela-ción. (Art. 182 del Código de Enjuiciamiento Civil.)

El nombramiento de síndico en este caso se hizo en un pleito que versó sobre el reconocimiento de un hijo natural y su declaratoria de heredero. Las alegaciones enmendadas y la sentencia dictada se refieren únicamente a dichos extre-mos. Los bienes a que pueda tener derecho el hijo natural, no se determinaron dentro del expresado pleito.

Siendo esto así, parece una consecuencia lógica del estudio de los hechos y la ley, la improcedencia del nombramiento de un síndico dentro del expresado pleito.

Pero aceptemos, a los efectos de pesar todas las circuns-tancias del caso, que se interpuso otro pleito en el cual se reclamaron los bienes hereditarios y que' las constancias de ese otro pleito pudieran tenerse en cuenta en relación con las del de reconocimiento, para determinar la procedencia del nombramiento de un síndico. .

Examinando la demanda en el pleito sobre reclamación de herencia, se observa que se alegan varias nulidades y que el exacto derecho de Ramón Balasquide Grómez a determina-dos bienes, vendrá a fijarse finalmente en las operaciones que deberán ordenarse y practicarse para la partición de ciertas herencias, en el caso de que prospere la demanda.

Examinando la relación de los bienes que se han mandado entregar al síndico, se concluye que la única base que ha podido tener la corte para señalarlos es la expresada demanda sobre reclamación de herencia y en esa misma demanda consta que algunos de dichos bienes fueron vendidos por Ramón Balasquide Grómez a su hermano, el demandado Antonio Ba-lasquide, por documento publico. Es cierto que se solicita la nulidad de dicho documento, pero tal nulidad no ha sido aún decretada por ningún tribunal.

Examinando la petición de nombramiento de síndico que se ha transcrito en los comienzos de esta opinión, se observa que sólo se alega que el demandado “puede disponer ilegal-mente” de los bienes; que “el peticionario alega y cree que esa disposición fraudulenta de sus bienes por dichos deman-dados “pu,ede ocurrir en cualquier tiempo, sin modo hábil para este peticionario de impedirlo, a no ser por el nombra-miento de un síndico,” y que “el peticionario tiene además, motivos fundados para creer que se trata de ocultar y hacer desaparecer tales bienes,” sin que se expresen cuáles son esos motivos.

T examinando por último la forma en que se resolvió la solicitud, se observa que no se practicaron pruebas, que el demandado alegó falta de tiempo para preparar su defensa y se opuso al nombramiento, y que la demanda sobre recla-mación de herencia acompañada a la solicitud, no había sido aún notificada a los demandados.

Tampoco se ha demostrado que los alegados derechos del demandante en los pleitos sobre reconocimiento y sobre re-clamación de herencia, no puedan protegerse de otro modo que no sea por el nombramiento de un síndico. El peticio-nario alega por el contrario que tal protección puede obte-nerse mediante el aseguramiento de la sentencia, la anotación de la demanda en el registro dé la propiedad, o el injunction para restringir al demandado o a cualquiera otra persona que esté- en posesión de los bienes, de gravarlos, venderlos o disponer de sus rentas o productos.

“Generalmente la solicitud, para 'él nombramiento de un síndico se dirige a la sana discreción de la Corte para que se ejercite como un medio auxiliar de cumplirse los fines de la justicia. Pero el poder conferido no es arbitrario y para que la acción judicial esté justificada bajo la base de la discre-ción, debe existir en realidad el caso qne reclame el ejerci-cio de dicha discreción.

“La facultad de nombrar nn síndico es muy delicada, espe-cialmente cuando se invoca por medio de solicitudes inter-locutorias ex parte, y debe ejercitarse con gran cautela, y sola-mente cuando las circunstancias del caso exijan nn remedio-urgente, o cuando la corte tenga motivos suficientes para, creer que existe peligro inminente de qne pueda ocurrir una. pérdida, para que no sea mayor el perjuicio que ocasione la. misma que aquel qne se trata de evitar. Jamás deberá ha-cerse uso de tal facultad en un caso de duda, y cuando con. el nombramiento no ha de obtenerse beneficio, o no resulta, perjuicio de su negativa o sea, cuando no es manifiesta la. necesidad de hacer el nombramiento. Debe la corte tomar en consideración las consecuencias para todas las partes, y no debe ejercitarse la facultad cuando hay probabilidades • que* tal ejercicio ocasipne injusticia o perjuicio a los derechos, privados, o si los hechos demuestran que el nombramiento' lesionará los intereses de otras personas, cuyos' derechos de-ben merecer tanta consideración por parte de la corte como-los del demandante. Debe el juez hacer su orden de modo-tal que si bien favorezca a una parte, no perjudique a otra,, y de no conseguirse esto generalmente deberá negarse' la soli-citud. ’ ’.

Sage v. Memphis Railroad Co., 125 U. S., 361; McNair v. Gourrier, 40 La. Ann., 353; 34 Cyc. 19 y 22 y casos citados.

Consideremos todo lo expuesto a la luz de la ley y de la jurisprudencia de los tribunales que hemos transcrito.

A virtud de la orden de la corte, -nueve casas valoradas en setenta mil pesos, y dos solares, se sacan del poder del peticionario y se entregan a un síndico para que los admi-nistre, todo ello sin haber dado una verdadera oportunidad para defenderse al demandado, contra su voluntad, y sin haberse exigido más prueba de los hechos consignados en la solicitud que la solicitud misma y la copia de cierta demanda sobre reclamación de herencia.

No es posible aceptar como bueno tal procedimiento. En casos de esta naturaleza debe oirse ampliamente a ambas partes y la corte para, en el ejercicio de su discreción, pro-ceder al nombramiento de un síndico, debe tener ante ella verdaderos hechos demostrativos de que tal nombramiento es en realidad de verdad necesario y constituye el mejor medio para la conservación de los bienes.

Siendo en tal virtud claramente erróneo el procedimiénto seguido y no habiéndose demostrado además que existan bie-nes envueltos en el litigio, en el cual se solicitó el nombra-miento, ni que tal nombramiento fuera necesario e indispensable en el caso de que tales bienes existieran para la conservación dé los mismos; la orden recurrida debe anu-larse devolviéndose los bienes ocupados a la persona o per-sonas en cuyo poder se encontraban al verificarse la ocupa-ción.

A igual resolución es necesario llegar en cuanto a la or-den sobre alimentos. La ley marca el procedimiento que debe seguirse y a tal procedimiento deben atemperarse los que acuden a las Cortes en solicitud de los mismos. En casos de tal naturaleza, no sólo es necesario alegar y probar que se tiene derecho a ser alimentado, sino que para que la Corte pueda fijar la cantidad que debe abonarse, es necesario que tenga datos sobre las necesidades del que pide y los medios del que debe, ya que, según al artículo 216 del Código Civil,, la cuantía de los alimentos será proporcionada a los recur-sos del que los da y a las necesidades del que los recibe y se reducirán ,o aumentarán en proporción a los recursos del pri-mero y a las necesidades del segundo. Hemos examinado' el caso de Lucero al cual parece referirse la orden recurrida,, y no encontramos que pueda aplicarse para sostenerla en modo alguno.

Como el procedimiento seguido para la solicitud y con-cesión de alimentos no es el autorizado por la ley, también debe concluirse que es erróneo y en su consecuencia anularse la orden recurrida.

Debe dictarse una sentencia de acuerdo con lo establecido en esta opinión.

Con lugar la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Jvez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Calero et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 373.
    Resuelto en febrero 12, 1912.
    Derecho Penal — Atentado a la Vida con Intención de Cometer Asesinato— Circunstancias Constitutivas de Asesinato — Premeditación. — En una acusación de atentado a la vista con intención de cometer asesinato no es necesario alegar la premeditación ni ninguno de los elementos constitutivos de asesinato.
    Id.' — Instrucciones del Juez al Jurado — Examen de la Prueba. — Examinadas las instrucciones del juez al jurado en el caso de autos en relación con la prueba practicada, el Tribunal Supremo resolvió que la corte inferior inter-pretó correctamente la prueba practicada y que las instrucciones fueron ajus-tadas a la ley.
    Id. — Errores Insignificantes — Revocación de la Sentencia. — Es regla general que los errores insignificantes que no afectan al resultado del juicio no pueden servir de base para la revocación de una sentencia.
    Id. — Errores en el Procedimiento — Prueba Plena de la Culpabilidad de los Acusados. — Es un principio aceptado por este tribunal y consignado en nues-tros estatutos, que los errores de procedimiento que se cometan durante el curso del caso no pueden produeir la revocación de una sentencia cuando la prueba de la culpabilidad del acusado es abrumadora y lleva a la conclusión inevitable de que el veredicto no puede ser otro sino de culpabilidad, aun cuando no se hubiera cometido error alguno en el procedimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. José de Diego y Jtim B. Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Jvez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició esta causa ante la Corte de Distrito de Aguadilla por virtud de una acusación formulada por el fiscal de aquel distrito en la que imputaba a los acusados Francisco Calero y Juan Calero la comisión de un delito de atentado a la vida, alegando en la referida acusación, que en uno de los días del mes de enero del año 1911, y en Aguadilla, los acusados, ar-mados de cuchillos y con intención'maliciosa y criminal y alevosamente, atacaron a Eugenio Chacón, causándole varias heridas con intención de matarlo. Al serles leída la acusa-ción a los acusados, éstos la negaron, celebrándose el juicio ante un jurado, que después de oir la prueba, los informes de los abogados y, las instrucciones de la corte, declaró culpables a dichos acusados del delito de atentado a la vida. De con-formidad con dicho veredicto, la corte condenó a cada mío de los acusados a cinco años de presidio, con trabajos forzados y pago de costas. Contra esa sentencia interpusieron los acu-sados recurso de apelación para ante este tribunal, y elevados los autos a esta corte, los que contienen el legajo de la senten-cia con las instrucciones dadas por el juez al jurado, y una exposición del caso en donde aparecen todas las declaraciones de los testigos, tanto de la acusación como de la defensa. Los apelantes y el apelado presentaron alegatos escritos en esta corte, celebrándose la vista de la causa ante este tribunal, en la que informaron oralmente distinguidos letrados que no habían firmado los alegatos escritos ni tomado parte en el juicio celebrado en la corte inferior.

En el alegato de los apelantes se consignan dos errores:

Io. Que la corte cometió error al apreciar la prueba afir-mando con absoluta seguridad en las. instrucciones que dió al jurado, que los testigos de la defensa nada sabían con respecto a los hechos, porque ninguno de ellos estuvo presente en el baile donde hirieron a Euge3iio Chacón.
2o. Que la corte afirmó enfáticamente en sus instrucciones, que cuando Eugenio Chacón levantó su varilla al ser cogido por un brazo por Francisco Calero, lo hizo con el fin de defen-derse, y en la creencia de que Calero no se conformaría con tenerlo cogido por el brazo solamente, sino que, por el con-trario, ese heclio sería el principio de una grave agresión.

El abogado de los apelantes fundó su caso en el informe oral que hizo ante este tribunal, en dos cuestiones: primera, que la acusación es insuficiente, y segunda, que la corte inferior cometió error en sus instrucciones al jurado expresando una opinión acerca de la prueba, y haciendo.una exposición errónea de la prueba presentada en el juicio. Trataremos de combinar los señalamientos de errores del alegato'de los ape-lantes con las cuestiones propuestas por el abogado en el informe oral durante la vista ante este tribunal.

En primer lugar, veamos si es o nó suficiente la acusación. Está es en su parte principal como sigue:

“El fiscal formula acusación contra Francisco Calero y Juan Calero por un delito de atentado a la vida (felony), cometido de la manera siguiente: Los citados Francisco Calero y Juan Calero en Aguadilla, P. R., en uno de los días del mes de enero de 1911 de una manera maliciosa, criminal y alevosa, atacaron armados de cuchillo a Eugenio Chacón, con la intención de cometer asesinato, causándole varias heridas. ’ ’

La excepción que se hace a esta acusación es que la misma no especifica las circunstancias que son necesarias para de-finir el delito de asesinato y especialmente que en ella no se alega, premeditación, a pesar de que ésta es un elemento indispensable del delito de asesinato. En una acusación presen-tada por ese delito debe ciertamente alegarse la premedita-ción; sin embargo, esto no es necesario hacerlo en una acusa-ción por el delito de atentado a la vida, siendo suficiente con que en tal caso la acusación se ajixste al estatuto y se observe substancialmente. Esto ha sido resuelto así en dos casos por la Corte Sxxprema de California en los que se imputaba-el delito de ataque con intención de cometer violación. (Véase el caso de The People v. Girr, 53 Cal., 629, y el de The People v. Gibson, 53 Cal., 601.) Por consiguiente, de conformidad con los casos de California, debemos declarar que en este caso la acusación es completamente suficiente.

. En segundo termino, veamos si las instrucciones dadas por la corte al jurado se ajustan o nó a la ley y si se hicieron de .acuerdo con el estatuto. La actual Legislatura pasó una ley enmendando el- párrafo 8o. del artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que termina así:

“Entonces el juez, en corte abierta y a presencia de las partes y de los abogados, hará un resumen del caso omitiendo todas las cir-cunstancias superfluas, llamando la atención del jurado hacia la cues1 tión esencial a resolver y puntos principales en discusión, expresando cuál ha sido la- prueba practicada para sostenerlos, con las observa-ciones que estime necesarias para el gobierno del jurado, y expre-sando su opinión solamente sobre las cuestiones de derecho que surjan de la prueba.”

Este estatuto simplemente aclara la ley, según existía en Puerto Eico desde la ocupación americana, o por lo menos desde la adopción del vigente Código de Enjuiciamiento Criminal. Debemos, de conformidad con el mismo, examinar las instrucciones dadas por la corte al jurado para determinar si se han hecho o nó con arreglo al estatuto. Los apelantes han formulado excepción a estas instrucciones porque, según se ha alegado, la corte cometió error al apreciar la prueba y al emi-tir una opinión sobre la misma. Ciertamente que la corte tenía el derecho y era su deber de hacer un resumen del caso al jurado, o sea, recapitular la prueba omitiendo todas las cir-cunstancias superfluas. Estaba además la corte en el deber de referirse a las cuestiones principales envueltas en el caso así como a las proposiciones de ley más importantes de la causa, haciendo una exposición de la prueba propuesta en apoyo de las mismas, indicando además el juez aquellas observaciones que considerara necesarias para instruir al jurado, manifes-tándoles al propio tiempo su opinión únicamente en las cues-tiones de ley que surjan de la prueba practicada por cual-quiera de las partes en el juicio. ¿ Se hizo esto- en el juicio ?

Al comentar sobre las instrucciones se ha dicho en favor ■de los apelantes, que al dar el juez las instrucciones al jurado afirmó de modo positivo que los testigos de la defensa no sabían absolutamente nada acerca de los becbos, puesto que ninguno de ellos se encontró presente en el baile en que fué herido Chacón.

De la prueba resulta que los testigos de la defensa, por lo menos uno o dos de ellos, estuvieron presentes en el baile, pero fué después de terminarse la contienda en que se le cau-saron las heridas a Chacón. Parece que estos testigos llegaron tarde y se encontraban 'en el patio o batey de la casa durante la mayor parte del tiempo, y que allí hablaron con Juan Ca-lero. Cuando entraron al salón del baile la contienda había terminado y ya Chacón se encontraba sufriendo a consecuen-cia de las heridas, pues dos de los' testigos manifestaron que vieron a Chacón herido. Probablemente es cierto todo esto, pero con ello se trata de probar que la corte se refirió correcta-mente a la prueba al decir que los testigos de la defensa, ha-ciendo referencia a los tres mencionados, o sea, a José Santiago, Francisco Montalvo y Juan Batillo, no se encontraban presentes en el baile en que Chacón recibió las heridas. T podemos indicar que si estuvieron presentes en el baile en que se causaron las heridas, no estuvieron presentes cuando éstas se produjeron, por lo que esta pequeña disparidad al hacer la exposición de la prueba es inmaterial.

Parece que fué el propósito de la defensa al proponer las declaraciones de estos tres testigos, probar una coartada con respecto a Juan Calero, mostrando que éste se encontraba en el batey de la casa y no en el cuarto del baile cuando se realizó el acometimiento. Pero la prueba es toda uniforme al afirmar que él se encontraba en el cuarto del baile cuando ocurrió la contienda, y que él fué el que causó por lo menos una de las heridas a Chacón, rompiéndosele el cuchillo al ocasionarle dicha herida, expresando a la vez su pesar por habérsele roto el cuchillo, y manifestando que hubiera matado a su víctima si no se le hubiera roto el cuchillo.

En tercer lugar, se alegó además, que la corte cometió error al sugerir que Chacón probablemente obró en defensa propia cometiendo error al exponer la prueba con respecto a este punto. Se ha dicho que la corte afirmó enfáticamente que cuando Chacón levantó su varilla al ser cogido por el brazo por Francisco Calero, obró así con el fin de defenderse, y en la creencia de que Calero al cogerlo por el brazo no trataba sola-mente de cogerlo, sino que por el contrario, ese acto era el principio de una fuerte agresión.

La corte en realidad instruyó al jurado sobre este particular en la siguiente forma:

“Pero ¿qué ha dicho en definitiva Francisco Calero que venga a justificar los extremos alegados por la defensa? Creo qué el jurado ha estado suficientemente atento para recordar los extremos de la declaración de Francisco Calero. El mismo ha declarado que si bien es cierto que Eugenio Chacón iba armado con una varilla de hierro, sin embargo, no le agredió con esa varilla. El que acometió a Eugenio Chacón fué Francisco Calero, quien, según su propia manifestación, dice que él .se levantó y lo cogió por un brazo. El hecho de coger un individuo a otro violentamente por un brazo sin causa ni motivo de ninguna especie, constituye un simple acometimiento; y en ese mo-mento, según la declaración del Calero, Eugenio Chacón levantó su varilla para defenderse en la creencia de que Francisco Calero no se hubiera conformado con tenerlo asido por un brazo, sino que tal hecho hubiera sido el principio de una fuerte agresión.”

Creemos que la corte interpretó correctamente la prueba con respecto a este particular y explicó al jurado el uso que hizo Chacón de la varilla de paraguas que llevaba en su mano y que se le ha conocido con el nombre de varilla en las declara-ciones. De todos modos, Chacón no acometió en manera al-guna a Francisco Calero, según lo declaró este último, y si la exposición de la prueba con respecto a esta, cuestión no fué estrictamente correcta, el error cometido por la corte al hacer el resumen de la prueba era muy insignificante y completa-mente inmaterial.

Finalmente vemos claramente de los autos que las defen-sas propuestas por los dos acusados eran distintas y completa-mente diferentes. Francisco Calero funda su absolución en la alegación de que aunque él infirió las heridas, o alguna de ellas, a Eugenio Chacón, esto lo hizo en defensa propia. Juan Calero alega que no estaba presente en la contienda y se funda en la prueba de coartada, habiendo tratado de pro-bar que se encontraba en la puerta del corral de la casa cuando se efectuaba el baile en que fué'herido Eugenio Chacón, y que dió origen a esta acusación. l)e un examen cuidadoso de los autos estamos convencidos de que ninguna de estas defensas quedaron justificadas por la prueba presentada durante el juicio. Además, si algún error se ha cometido en este caso, éste no efecta al fundamento de la imputación que se hace contra los acusados. Los errores insignificantes que no afec-tan al resultado del juicio, no -son bastantes para exigir la revocación de la sentencia.

Se ha resuelto por la Corte Suprema de Illinois, que dicha corte no revocará una sentencia condenatoria, aún en un caso de pena de muerte, cuando de la evidencia resulta que ha ha-bido prueba abrumadora de la culpabilidad del acusado, a me-nos que pueda decirse que mediante prueba suficiente podría surgir -una duda con respecto a la culpabilidad del acusado; y además, que debe confirmarse la sentencia, si se llega a la cor. elusion inevitable, de que el veredicto no pudo ser otro sino de culpabilidad, aun cuando ninguno de los errores que se han alegado se hubiera cometido. (People v. Cleminson, 250 Ill., 135; 95 N. E., 157.) El Dr. Wigmore al manifestar su apro-bación de esta sentencia de la corte, sé expresa como sigue: “Esta opinión llega al colmo de las modernas aspiraciones en la forma de considerar los tecnicismos de procedimiento. ’ ’ (VI. Ill. Law Eev. No. 4, p. 267.)

La enunciación de este principio y de una regla de proce-dimiento en apelación, que ha sido incorporada en un esta-tuto de Puerto Rico, tiene nuestra entera aprobación. (Véase la sesión especial, Leyes de 1904, pág. 10; Ley de 30 de mayo de 1904.)

De un examen cuidadoso y completo estudio de los hechos que se han desarrollado en este caso, así como de la ley apli-cable a los mismos, somos claramente de opinión de que los apelantes fueron culpables del delito de que se les acnsó, ha-biendo la corte inferior llegado a una debida conclusión y dic-tado correctamente su sentencia en el presente caso que debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf, no tomó parte en la resolución de este caso.