author: El Juez Asociado Sb. MacLeaby,

text:
    El Pueblo v. Bianchi, Jr. et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 446.

    Resuelto en junio 24, 1912.

    Derecho Penal — Comisión del Delito. — Cuando se imputa a dos acusados el delito de acometimiento y agresión consistente en haber causado grave daño corporal a una persona, tirándole con cáscaras de huevos llenos de agua, y de la prueba resulta que los dos actuaron juntos en la comisión de dicho acto ilegal, ambos son autores de la comisión del delito de acuerdo con el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Criminal, sin que sea necesario probar cuál de los dos lanzó la cáscara del huevo.
    Id. — Intención Criminal — Presunción—Juego de Carnaval con CAscaras de I-Iuevos Llenas de Agua. — El lanzar cáscaras de huevos llenas de agua ■ contra una persona está prohibido por la ley y constituye un acto ilegal y es malum in se. Es una presunción legal que toda persona que voluntariamente ejecuta un acto intenta la realización de las consecuencias naturales y pro-babiea de dieho acto y todo acto ilegal se presume cometido con intención. maliciosa y punible, sin que pueda alegarse como excusa el que dicho acto se ejecutó jugando carnaval y el ser una costumbre muy antigua.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. José de Diego y Alfredo. Amoldo.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

Habiéndose originado este caso en la corte municipal de Mayagüez, pasó luego a la corte de distrito de ese distrito en donde se celebró un nuevo juicio y dictó sentencia contra los apelantes, que fueron condenados al pago de una multa de $50 cada uno y las costas, y en defecto de dicho pago a prisión alternativa en la cárcel, de un día por cada dollar que dejaran de satisfacer. Esta sentencia fué dictada en 20 de marzo último.

La denuncia expresa que los acusados voluntaria y cri-minalmente y con intención de causarle grave daño corporal a la Srta. Sara Williams, le acometieron y agredieron ti-rándole con objetos 'de materias duras (huevos), y causán-dole un golpe de consideración sobre el ojo derecho, por lo que posteriormente tuvo necesidad de ser atendida por un médico.

En esta apelación dos son los fundamentos que se han presentado por los cuales se solicita la revocación de la sen-tencia. Primero, la insuficiencia de la prueba; y segundo, la carencia de intención criminal en el acto realizado.

Hemos examinado cuidadosamente la prueba presentada en el juicio, en la cual se fundó la acusación. .La defensa no presentó ninguna. Cinco testigos declararon con respecto al acometimiento y agresión. El primer testigo fué la Srta. Sara Williams, profesora de instrucción pública, quien decla-ró que en la noche del 7 de febrero último se encontraba en el balcón de la casa del Sr. Monafeld que está situada en la calle de Méndez Yigo; que vió un coche que venía y recibió un fuerte golpe en un ojo con un cascarón de huevo que estaba lleno de agua o de algún otro líquido, causándole esto un daño de tal modo que se le ennegreció el ojo al día si-guiente, habiendo estado completamente ciega por espacio de dos días después y que durante el juicio veía con mucha difi-cultad.

El testigo Santiago Birón, policía insular, declaró que en la noche del día 7 de febrero a las 8 y media se encontraba de servicio en Mayagüez, a caballo, para evitar el juego de carnaval con cascarones de huevo. Que estando frente al Hotel América pasó un coche frente a él que conducía a Juan Bianchi, Jr. y a Francisco Llavat que son los acusados y al pasar por la casa de Mr. Monafeld vió que ellos tiraron algo que él supuso serían cascarones de huevos y que en aquel mo-mento gritó una mujer, siendo ésta esa señorita americana que estaba allí con la mano puesta en la frente. Que siguió en persecución del coche, lo paró frente a la casa del Sr. de Diego, habiendo encontrado allí una caja que contenía alre-dedor de 100 cascarones de huevo que contenían agua y ha-rina.

El Doctor Perea Fajardo, médico y oculista, declaró que la noche del 7 de febrero asistió a la Srta. Sara Williams que había recibido un golpe y tenía una fuerte equimosis o contusión en el borde superior e inferior del ojo derecho. Que esa noche solamente formuló una receta, pero al día si-guiente le hizo un examen cuidadoso en el ojo, encontrando que había recibido una fuerte contusión en el iris y en la retina, habiendo tenido en la retina una pequeña hemorragia que le impedía ver y que le produjo muy fuertes dolores de cabeza.

Los dos testigos Gerardo Monafeld y Antonio Quintana corroboraron las declaraciones de los tres anteriores.

De esta prueba puede inferirse lógicamente que el día 7 de febrero último se encontraban ellos jugando carnaval en Mayagüez, en cuyo juego tomó parte el acusado, consis-tiendo esta participación en pasar por la calle de Méndez Yigo tirando cascarones de huevo llenos de agua a personas que pasaban por la calle y sobre aquellas que se encontra-ban en los balcones de las casas. El policía de servicio ob-servó que el acusado pasó en un coche frente a la casa en donde residía la Srta. Williams; que un objeto se le tiró desde el coche, oyendo al mismo tiempo un grito de una mujer y viendo a la Srta. Williams ponerse las manos sobre la cara. Corrió detrás del coche alcanzándolo y parándolo, habiendo encontrado dentro del mismo dos cajas una de las cuales contenía alrededor de 100 cascarones llenos de agua y la otra con harina. La señorita perjudicada recibió un fuerte golpe en el ojo derecho con un cascarón de huevo lleno de agua que se le tiró desde la calle. Las declaraciones de la perjudicada y del policía corroboradas por la del médico y otros dos testigos justifican la conclusión a que puede lle-garse lógicamente, de qué el cascarón de huevo fue tirado por el acusado o por uno de ellos. No importa saber cuál de ellos fué el que lo tiró; ambos realizaban un acto ilegal, siendo, por tanto, los dos autores en la comisión del delito. (Art. 36 del Código de-Enjuiciamiento Criminal.) Debemos resolver que existió la intención criminal en este caso. Es una presunción legal que un acto ilegal se comete con inten-ción ilegal, y también, de que cada persona conoce las conse-cuencias naturales y probables de sus propios actos ejecu-tados voluntariamente.

Según nuestro estatuto una intención maliciosa y culpable se presume de la deliberada comisión de un acto ilegal con el fin de perjudicar a otro. (Ley de Evidencia, art. 101.)

Nuestro Código Penal, artículo 12, declara que una inten-ción maliciosa y criminal se presume por la manera y deli-beración con que se intente o cometa un acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro.

Además, el acto de tirar cascarones de huevo realizado por los acusados es uno prohibido por la ley, y al encontrarse dichos acusados ocupados en este juego que alegan era uno inocente, estaban infringiendo la ley; además, el acto reali-zado por ellos se llevó a efecto de modo intencional, y mali-ciosamente, y era nn acto ilegal malum in se. El daño fué la consecuencia natural y probable de la ejecución del acto, y la falta de intención por parte de los acusados de cansar algún daño no puede presentarse como excusa legal por la infracción de la ley. Podemos hacer referencia en apoyo de esta doctrina a un caso de Georgia, o sea el de Hill v: The State, anotado en 36 Am. Rep., 120. Ese caso es muy seme-jante al de autos y la opinión es clara, y extensa,‘habiéndose expresado la corte en el curso de dicha opinión en la forma siguiente:

“La única defensa es que él tiró de juego, sin intención maliciosa o dañina y sin tratar de causar daño o siquiera de proporcionar un golpe, confiando en la habilidad que tenía su compañero de escuela para taparse * * *. El tirar piedras a otros por gusto es un juego peligroso, porque la tendencia de este juego es herir o proporcionar golpes, y no hay seguridad alguna de que en un determinado caso el daño sea ligero más bien que grave. Cuando se ha tirado una piedra y ha salido con toda la fuerza, el daño que pueda ocasionar en donde dé no es una cuestión de cálculo, sino en gran parte de mera casuali-dad.” (Hill v. The State, 36 Am. Reports, 120.)

Los casos de Texas a que se ha hecho referencia pol-los apelantes no sostienen su alegación. El caso de Ware v. The State, 24 Texas Court of Appeals Reports, dice:

“La intención de causar daño se presumirá cuando un daño ha sido causado, pero cuando no se ha causado éste, no habrá tal presunción, debiéndose probar la intención.”- (Ware v. State, 24 Texas Court of Appeals, 521.)

El caso de Donaldson v. The State dice lo siguiente:

“Para que exista acometimiento y agresión, la intención de causar daño debe concurrir con el empleo de la violencia ilegal sobre la persona contra la cual se realiza el acometimiento; pero el más mínimo grado de fuerza es bastante para que haya violencia y el daño que se haya tratado de realizar puede ser a los séntimientos o la mente de este último, lo mismo que en cuanto a la persona material. Si tal daño fuera la consecuencia natural de la violencia empleada, la inten-ción ilegal se presume a menos que la presunción esté rechazada pol-la prueba.” (Donaldson v. The State, 10 Tex. Court of Appeals, 307.)

No existe nada en la prneba qne ■ aparece en los antos para qne se rechace la presunción del daño por parte de los apelantes. El hecho de qne estuvieran jugando carnaval, y qne es nna costumbre establecida desde hace tiempo el tirar cascarones de huevos y otras sustancias duras a los observadores, no es una disculpa para que la ley se infrinja, y tal costumbre no rechaza la presunción de que las partes tuvieron por objeto las consecuencias naturales de los actos celebrados. El castigo fijado por la corte sentenciadora fué razonable y justo y la sentencia debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Burgos, Jr.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 437.
    Resuelto en junio 24, 1912.
    Derecho Penal — Violación—Coartada.—En un caso de violación no es esencial probar la fecha exacta de la comisión del delito, siendo suficiente el probarla aproximadamente.
    Id. — Instrucciones al Jurado. — No és errónea la instrucción dada por el tribunal al jurado en un caso de violación, en el sentido de que si el jurado llega a la conclusión de que en una fecha anterior a la presentación de la acusación y alrededor de la feeha a que se refiere la acusación, tuvo lugar el acto carnal, el jurado debe presentar un veredicto de culpabilidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado, del apelante: Sr. Manuel M. Sama, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el acusado fué procesado y declarado culpable ante la Corte de Distrito de Ponce, de un delito de vio-lación. La sentencia que se le impuso fué de cinco años de presidio. • El acusado resultó ser un joven de 17 años y su-víctima una joven de 11 años de edad. Solamente era nece-sario probar en este caso dos becbos: primero, la comisión del acto carnal, y segundo, qne la ■ joven era menor de 14 años.

La única defensa presentada por el acusado fné la de coartada. Si el acto se realizó el día 14 de octubre según declararon algunos de los testigos, entonces la prueba de coartada era de gran consideración. Pero pudo ocurrir el día anterior o antes de ese día. No era necesario que se pro-bara la fecba precisa. Era bastante con que fuera una fecba aproximada.

En el alegato del apelante sólo se consigna un error y la apelación está fundada en esta cuestión solamente. Dicbo error es el siguiente:

La corte cometió error al dar al jurado la siguiente ins-trucción :

"El jurado habrá oído que el testigo Verdesia en su declaración se ha referido a la fecha exacta del catorce. Si en este caso llega el ju-rado a la conclusión de que en una fecha anterior a la acusación (la acusación se formuló el día 15 de diciembre de 1911), si el jurado está convencido fuera de duda razonable de que en una fecha anterior al 15 de diciembre de 1911 en que se presentó la acusación en este caso, y alrededor de la fecha a que se refiere la acusación, o en esa fecha, este acusado Francisco Burgos tuvo actos carnales con la niña Dionisia Luna, conocida por Leonor Burgos, y si el jurado'por la prueba prac-ticada en este caso llega a la conclusión de que esa niña tiene once años, considerando al efecto la certificación que sobre ese extremo se ha presentado, entonces el jurado tiene que venir a esta corte con un veredicto de culpabilidad contra el acusado.” (Página 5 del transcript.)

La cuestión, se discutió para producir una primera im-presión y no se ba citado autoridad alguna en apoyo de la actitud adoptada por el abogado.

El Fiscal cita en su alegato con relación a este punto una opinión de la Corte Suprema de California que es comple-tamente pertinente a la cuestión. Esa corte expresa la ley en la siguiente forma:

“La cor Je dió al jurado la siguiente instrucción:
“La esencia del crimen acusado en esta información, es 'criminal-mente burtar y llevar el ganado.’ Esto se alega ocurrió en o alrede-dor de el 20 de noviembre, 1890. Ustedes verán que el día preciso en que tuvo lugar, no se alega. ‘En o alrededor,’ son las palabras de la acusación; y les instruyo que si ustedes creen de la evidencia eu este caso, fuera de duda razonable y basta una certeza moral, que el acu-sado burtó, o ayudó a burtar el ganado mencionado en la acusación, aunque no crean que fué liecbo el 20 de noviembre sino algunos días cerca de esa fecha, entonces su veredicto debe ser de ‘ culpable. ’ Por-que la ley mira al crimen cometido, y no al día preciso de su comisión, si cometido antes de la presentación, de la acusación, y dentro de un tiempo razonable de la fecha fijada. Esta es la ley en todos los casos, excepto cuando el tiempo es la esencia del crimen cometido, y, como be dicho antes, el tiempo no es la esencia del crimen en este caso.
“La defensa del apelante fué la de coartada, y mientras con argu-mentos atacó el principio envuelto en la instrucción arriba mencio-nada, no citó ninguna jurisprudencia en su apoyo. Dos testigos lla-mándose ser partícipes (particeps criminis) con el apelante en la comisión del hurto, testificaron que acompañados por él ellos tomaron posesión y llevaron el ganado el día 20 de noviembre. Otras personas testificaron que vieron al apelante en posesión del ganado un día o dos después en un condado contiguo. La evidencia del apelante tendía fuertemente a demostrar que él se encontraba en el pueblo de Gridley el día 20 de noviembre, un pueblo situado a varias millas de distancia de la escena del supuesto hurto. Bajo estos hechos, la instrucción expresa la ley, y no podemos comprender cómo al darla infringió de algún modo los derechos del apelante. Como dijo la corte, la fecha exacta de la comisión del crimen era inmaterial. El hecho material es, jcometió el apelante el hurto? El no fué privado del efecto de su evidencia sobre la cuestión de coartada por la instrucción de la corte; estuvo ante el jurado para todo el efecto que pudiera tener, y sin duda fué debidamente pesada por los jurados al llegar a su vere-dicto. Si tuvo fuerza suficiente, destruyó lo dicho por sus cómplices con respecto a la fecha del hurto, y destruyendo sus testimonios en este particular, naturalmente la debilitaría con respecto a la cuestión principal, pero todas estas cuestiones se presentaron al jurado, y fue-ron debidamente consideradas. Suponemos que la evidencia del ape-lante estableció fuera de duda su presencia en el pueblo de Gridley durante todo el día 20 de noviembre; tal hecho no hubiera autori-zado a la corte de aconsejar al jurado de absolver por razón del alibi. Otra vez, si la evidencia en este caso, hubiera indicado la culpabilidad del apelante basta una certeza moral, y concediendo su alibi como pro-bado, como fué tentado hacerlo, ciertamente su absolución no hubiera resultado de tales condiciones. Un alibi completo y perfecto establece como un hecho que la parte no cometió la ofensa; pero el alibi que se trataba de demostrar en este caso, si hubiera sido demostrado, hubiera faltado completamente al llenar tal requisito de la ley.”

Consideramos que en ese caso se resuelve completamente la cuestión. La instrucción dada por la corte sentenciadora al jurado fué correcta. El jurado encontró que los hechos en los que se fundaba la defensa de alibi estaban en contra del acusado, por lo que su única defensa quedó eliminada. Se le fijó el castigo más bajo que la ley prescribe sin duda en consideración a su edad, y no existiendo errores aparentes en los autos, estando la sentencia justificada por el veredicto que se fundó en los hechos probados, debe confirmarse en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo v. Calderón.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 426.
    Resuelto en junio 24, 1912.
    Derecho Penal — Abuso de Confianza — Prueba Contradictoria. — En los casos de prueba contradictoria, la apreciación que de la misma hace el tribunal sen-tenciador debe ser aceptada por este tribunal cuando no se demuestre que ha existido pasión, prejuicio o parcialidad, ni se ha- cometido manifiesto error.
    Id. — Abuso de Confianza — Elementos del Delito. — Para que se entienda per-petrado el delito de abuso de confianza, se necesita comprobar la existencia de los siguientes elementos: 1. Una propiedad determinada, materia del delito; 2. Que tal propiedad se confió a otra persona en alguna de las formas especificadas en los artículos 446 al 450 del Código Penal; y 3. Que esa otra persona se apropió de ella fraudulentamente.
    Id. — Intención Fraudulenta. — El que recibe una montura prestada con la con-dición de devolverla al día siguiente y en lugar de hacerlo así la vende apro-piándose su importe, demuestra la intención fraudulenta que tuvo al realizar ese acto.

      Id. — Valor de los Bienes Apropiados — Defecto Fundamental. — Aunque la de-nuncia en este caso es defectuosa por no haberse consignado en ella el valor de los bienes materia del delito, sin embargo, como el caso fué tramitado desde el primer momento como misdemeanor, como el valor de los expresados bienes quedó claramente establecido en juicio como inferior a cincuenta pesos, y como no se ha demostrado que el acusado sufriera el más leve perjuicio, tal defecto no puede estimarse como fundamental y servir de base en la apela-ción para la revocación de la sentencia.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Adrián Agosto.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso, jurada ante el juez de paz de Toa Alta el 27 de octubre de 1911, en lo pertinente, dice así:

‘1 Que en el día 15 de octubre de 1911 a las 11 a. m. y en el barrio Gráteteos del distrito judicial del juzgado de paz de Toa Alta, com-prendido en el Distrito Judicial Municipal de Bayamón, el citado acu-sado (Elias Calderón), voluntaria, maliciosa y criminalmente y con intención fraudulenta, dispuso de una montura compuesta de freno, sudadero y silla, que le prestara para trasladarse de mi casa a este pueblo. ’ ’

En el acto del juicio oral, celebrado ante la corte del dis-trito el 26 de diciembre de 1911, declararon, por la acusación, 1. Norberto Rosado, el denunciante, quien, entre otras, bizo las siguientes manifestaciones: “que el acusado llegó a su casa y le dijo: ‘me presta la silla y el freno y el sudadero para ir al pueblo y por la mañana te la devuelvo ’ y todavía no se la ña devuelto cuando este juicio se celebró en Toa Alta; que el acusado le pidió prestado y se quedó con el sudadero, el freno y la silla; que hicieron un arreglo y entonces el acusado le dijo: ‘te lo voy a pagar en dinero’; que eso se lo dijo el día 16 de este mes y que le pagó.” 2. Eusebio Rodríguez, quien en lo pertinente se expresó así: “que el acusado le dijo a Noberto en esta forma, ‘préstame la silla, el freno y el suda-dero que yo te lo devuelvo por la mañana,’ que no sabe si Norberto recuperó la silla y el sudadero”; y 3. Pablo Pérez, quien dijo: “que el acusado fué por la tarde y le dijo a Ñor-berto: mira a ver si me puedes prestar la silla, el freno y el sudadero para ir al pueblo y yo por la mañana te lo devol-veré.” Por la defensa sólo declaró el propio acusado. Su declaración fué como sigue: ‘ ‘ Que lo que pasó con la silla y el sudadero fué que él llegó a la casa de Norberto y le compró una yegua en la cantidad de $27, y como se la compró sin avíos venía para el pueblo y como estaba lloviendo le dijo a Norberto : ‘esa silla me la vendes’ y él le dijo: ‘no la quiero vender, pero si me das lo que pido por ella te la vendo ’; que Norberto le dijo que se la vendía en $5 con todo y el freno; que se' la llevó bajo condición de que si le convenía le daría los cinco pesos; que él se llevó la silla y la vendió y le mandó razón a Noberto para que viniera a buscar el importe de la silla, y el mismo día lo había denunciado, pero esto no obstante, él le pagó la silla.”

Con la denuncia y las pruebas referidas como base, el juezr de distrito declaró culpable a Elias Calderón del delito de abuso de confianza y le impuso la pena de dos meses de cárcel y las costas. Contra esa sentencia, dictada el 26 de diciembre de 1911, se interpuso el presente recurso de apelación.

El apelante alega que lo único demostrado por la prueba es la existencia de un préstamo a uso (comodato), y el Fiscal sostiene que la prueba demuestra la existencia de un verda-dero delito de abuso de confianza.

La prueba es contradictoria. Los testigos de la acusación tienden a establecer que los objetos a que se refiere la denun-cia fueron entregados al acusado para que los devolviera al día siguiente y que el acusado jamás los devolvió, entregando-su precio al perjudicado después que había sido por éste de-nunciado. El de la defensa tiende a establecer que los objetos-fueron vendidos por el denunciante al acusado j que éste indi-có a aquél que tenía a su disposición el precio, y se lo pagó finalmente. La corte sentenciadora resolvió el conflicto en favor de los testigos de la acusación, y su apreciación debe ser aceptada por nosotros como la justa y procedente, dadas las circunstancias del caso y de acuerdo con la jurisprudencia re-petidamente aplicada por este tribunal.

El delito de abuso de confianza {embezzlement), está pre-visto y castigado en "el Capítulo VI del Tit. XVII de nuestro Código Penal, artículos 445 al 455. Es un crimen contra la propiedad y el legislador lo hace consistir, en general, en la fraudulenta sustracción o malversación {appropriation) de bienes {property), por una persona a quien habían sido con-fiados {entrusted).

No se trata, pues, del apoderamiento de la propiedad ajena sin consentimiento, ni conocimiento del dueño, o por medio de la violencia, o a virtud de falsas y fraudulentas simulaciones. La propiedad en este caso se entrega con conocimiento y con-sentimiento del dueño, o de su legítimo representante, a otra persona en cuya honradez se confía, y esta otra persona, abu-sando de la confianza que en ella se deposita, fraudulenta-mente toma para sí la propiedad.

El Tribunal Supremo ele los Estados Unidos, en el caso de Moore v. United States, 160 U. S., 268, dijo: “Abuso de con-fianza es la fraudulenta apropiación de bienes por una persona a quien habían sido confiados, o en cuyas manos estaban legalmente. Se diferencia del hurto en el hecho de que la po-sesión original de los bienes era legal, o con el consentimiento del dueño, mientras que en el hurto, debió existir la intención criminal desde el momento de la sustracción de los bienes. ’ ’

Para que se entienda perpetrado el delito de abuso de con-fianza, se necesita comprobar la existencia de los siguientes elementos: 1. Una propiedad determinada, materia del de-lito ; 2. Que tal propiedad se confió a otra persona en alguna de las formas especificadas en los artículos 446 al 450 del Có-digo Penal, y 3. Que esa otra persona se apropió de ella frau-dulentamente.

La existencia del primer elemento está plenamente demos-trada en este caso. La materia del delito la constituye la montura a que se refieren la acusación y las pruebas, con-sistente en silla, freno y sudadero.

También lo está la del segundo. “Confiar” es “entregar en confianza,” “poner bajo el cuidado de otra persona,” depo-sitar en otro “confiando en su fidelidad.” (Smith v. Marden, 60 N. H., 509, 510. 4 Words and Pirrases, 3746.) Y en el pre-sente caso Norberto Rosado, dueño de la montura, la entregó al acusado para que la usara y se la devolviera al día siguien-te, y si así lo bizo, fué porque confió en él ¡ porque creyó en su fidelidad. El acusado puede considerarse -propiamente como un depositario (bailee) y el acto por él realizado cae dentro de las prescripciones del artículo 449 en relación con el 445 ambos del Código Penal, si podemos concluir que la existencia del tercer elemento se encuentra también comprobada.

“Un amo puede entregar bienes a su sirviente bajo tales circunstancias que den al serviente la posesión y no mera-mente la custodia, como cuando le presta un caballo u otra propiedad para usarla en su propio negocio; y en tal caso si el sirviente fraudulentamente se adiieña de la propiedad, es culpable, no de turto, sino de abuso de - confianza, como cualquier otro depositario (bailee).” (Clark and Marshall. The Law of Crimes, p. 508.)

Investiguemos la existencia del tercer elemento. ¿Actuó fraudulentamente el acusado?

La palabra “fraudulentamente,” tal como se usa en una acusación alegando que el acusado fraudulentamente se apo-deró (embezzle) y convirtió en su propia utilidad una cierta suma de dinero, cualifica las palabras apoderó (embezzled) y convirtió, y es indicativa del motivo por el cual se realizó el acto. (State v. Jamison, 38 N. W., 508, 509; 74 Iowa, 602; 3 Words and Phrases, 2956.)

En el presente caso se demostró que el acusado pidió prestada la montura para devolverla al día siguiente, y que el dueño de la propiedad tuvo en él confianza y se la prestó en efecto. La obligación del acusado era devolver la propie-dad a su dueño, y ¿ qué hizo ? El mismo declaró que la había vendido, esto es, que la había convertido en su propia utili-dad. El no tenía autoridad alguna para hacerlo; él no podía verificarlo sin violar sn promesa, y cuando trató de explicar el acto'por él realizado alegó nn lieclio, el de la compra, con-trario a la verdad según lia sido establecida por la prueba del Fiscal a la que, como hemos dicho, dió entero crédito, el tribunal sentenciador. La propiedad era de otra persona y al venderla y al apropiarse sn importe, el acusado cometió un acto delictivo previsto y castigado en nuestro Código Penal. Su intención fraudulenta puede .presumirse por la manera y deliberación con que realizó el acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro. (Art. 12 del Código Penal.)

En un alegato adicional presentado por el abogado del acu-sado, se sostiene que no especificándose en la denuncia el valor de la montura, tanto la corte municipal que conoció original-mente de la causa, como la corte de distrito que actuó en grado de apelación, procedieron sin jurisdicción, y se citan en apoyo de tal teoría las decisiones de esta Corte Suprema en El Pueblo v. Alomar, 10 D. P. R., 297, y El Pueblo v. Alfonso, 14 D. P. R., 799. ’

Hemos examinado cuidadosamente ambos casos, y si bien .se refieren a delitos de abuso de confianza y establecen, de acuerdo con la ley, que la cuantía de la propiedad materia del delito, es determinante de la calificación del mismo como felony o misdemeanor, no resuelven la cuestión concreta que aquí se ha suscitado.

En la denuncia se expresaron con toda claridad cuáles fue-ron los bienes que se entregaron al acusado y se alegó que el acusado voluntaria, maliciosa y criminalmente y con inten-ción fraudulenta dispuso de ellos. El acusado fué notificado con toda precisión del cargo que se le imputaba. Los tér-minos de la denuncia no podían inducirle a error y eran bas-tantes para que pudiera preparar su defensa.

Una silla de montar, un sudadero y un freno, son objetos que pueden valer más o menos, pero que tienen siempre algún valor. No aparece que el acusado excepcionara la denuncia en las cortes inferiores, y en el acto del juicio él mismo declaró que Norberto le había dicho que le vendía la silla con todo en cinco pesos; que él se la llevó bajo condición de que, si le convenía, le daría los cinco pesos; que la vendió, y que final-mente entregó su importe, a Norberto.

Fijar el importe, era esencial para determinar si el hecho imputado al acusado constituía un misdemeanor o un felony, y en realidad de verdad, la denuncia hubiera estado más com-pleta si se hubiera consignado en ella el valor de la montura.

Pero es lo cierto que este caso fué tramitado desde el primer momento como un misdemeanorque se formuló de-nuncia y no acusación; que conoció originalmente la corte municipal y luego en apelación la de distrito; que el valor de los bienes materia del delito quedó claramente fijado por la prueba en cantidad inferior a cincuenta pesos; que la pena impuesta al acusado está dentro de los límites señalados para los casos de delitos menos graves; que no se ha demostrado que el acusado sufriera el más leve perjuicio por haberse dejado de consignar el valor de los bienes, y que en tal virtud el defecto que pudiera existir en la denuncia no puede esti-marse como fundamental y servir de base para la revocación de la sentencia.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Aldrey.

Juez disidente: Sr. Wolf.

VOTO PARTICULAR DEL JUEZ ASOCIADO SR. WOLE.

En este caso se presentó prueba de otras negociaciones que tuvieron lugar entre el acusado y el denunciante. Tam-bién hubo prueba de haber vendido un caballo el denunciante a Calderón. Es cierto que el denunciante declaró que Calde-rón tomó prestada una silla de caballo y otros objetos y que fué acusado por habérselos apropiado, pero la prueba es algo indeterminada. Examinando el caso bajo todos sus aspectos no puede excluirse la suposición de que Calderón hubiera creído que él también tenía derecho a quedarse con la silla de montar y pagarla después. A mi juicio no ha quedado satis-factoriamente establecida la intención del acusado de apro-piarse y dedicar a su propio uso dicha silla sin recompensar de algún modo al denunciante. Y no habiéndose probado la intención criminal fuera de duda razonable, el acusado no debió haber sido declarado culpable. Algunos de los casos que' se relacionan con esta cuestión son los siguientes: McElroy v. The People, 202 Ill., 478-479; State v. Marco, 32 Oregon, 177; State v. Littschke, 27 Oregon, 193.

No habiendo sido probada satisfactoriamente la intención del acusado en este caso, me veo obligado a disentir de la opinión de la mayoría.


author: El Juez Asociado Se. Aldebt,

text:
    El Pueblo v. de Jesús.
    ApelaoxÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 438.
    Resuelto en junio 24, 1912.
    Derecho Penal — Violación—Edad de la Víctima — Renuncia de la Mejor Evidencia. — El acusado que jiermite sin objeción alguna la presentación de prueba testifical para probar la edad'de la víctima, renuncia a la presentación de otra evidencia mejor que pueda existir y es por tanto ocioso que este tribunal resuelva en este caso, si la certificación de nacimiento del registro civil es la mejor prueba para demostrar la edad de la perjudicada.
    Id. — Elementos de Prueba. — Un tribunal puede considerar todo elemento de prueba que se le presente sin objeción de la parte contraria.
    Id. — Declaración de la Víctima — Corroboración.—De acuerdo con el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal enmendado por la ley de marzo 11 de 1909, es un requisito en casos de violación el que la declaración de la perjudicada sea corroborada.
    Id. — Corroboración de la Declaración de la Víctima. — Para que una declara-ción pueda estimarse corroborada, no es preciso que todos sus particulares lo hayan sido, sino que es bastante con que lo sea en algunos extremos ten-dentes a relacionar al acusado con el crimen que se le imputa.
    Id. — Confesión del Acusado. — La confesión hecha por el acusado del delito de violación que se le imputa no sólo es una corroboración de la declaración de la perjudicada, sino que por sí sola constituye prueba suficiente del delito.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado dél apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldebt,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Concepción de Jesús fné acusado ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a. por el delito de violación cometido el día 6 de agosto de 1910, en la persona de la niña menor de catorce años, Amalia de Jesús.

En vista de la alegación de inocencia hecba por el acusado se celebró el juicio correspondiente ante un jurado, el que lo declaró culpable de ese delito, y habiendo sido negada una solicitud de nuevo juicio que hizo el acusado, fué éste conde-nado a sufrir la pena de cinco años de presidio con trabajos forzados, contra cuya sentencia y resolución que le negó el nuevo juicio, interpuso apelación para ante esta Corte Su-prema. ‘

Los motivos en que el apelante se funda para pedir la revo-cación de la sentencia son dos: 1°. Que no se probó la edad de la víctima de acuerdo con la ley; 2. Que no se probó la reali-zación del hecho criminoso imputado al acusado. Estos dos motivos fueron también el fundamento de la solicitud de nuevo juicio.

Sostiene el apelante que la manera de probar la edad de la perjudicada es con la certificación del registro civil de naci-mientos y que sólo en defecto de esta clase de evidencia, ha podido admitirse otra, por lo que llega a la conclusión de que la edad de la niña no ha sido probada de acuerdo con- la ley, y estima que ello es un fundamento para revocar la sentencia y ordenar un nuevo juicio.

La única evidencia en este caso respecto de la edad de Amalia de Jesús es su propia declaración en el juicio, en la que manifestó que tenía trece años, y la de su padre, quien testificó que para la tormenta de San Ciríaco tenía su referida hija tres o cuatro meses de edad.

Es ocioso que tratemos y resolvamos ahora si la mejor evi-dencia de la edad de una persona es o nó la- certificación de su nacimiento librada con vista de los libros del registro- civil, ya que el acusado no hizo objeción a que los mencionados; testigo,^ declarasen respecto de la edad, y toda vez que uno de los ni-dios para probarla es por medio de declaraciones de testigos,

Si el acusado hubiera hecho tal objeción a esas preguntas fundado en que debía presentarse como mejor evidencia la certificación del registro civil, entonces deberíamos resolver tal cuestión; pero, no habiéndola hecho, abandonó, el derecho que pudiera tener a tal clase de evidencia y, habiendo .consen-tido aquellas preguntas, tácitamente admitió que se probara la edad por medio de testigos.

En el caso de Falero v. Felero, 15 D. P. R., 118, se ha tratado extensamente esta cuestión y se llegó a la conclu-sión que el tribunal puede considerar todo elemento de prueba que se le presenta sin objeción de la parte contraria. (Véasé también el de Pérez v. The Yabucoa Sugar Co., 15 D. P. R., 214.)

• En cuanto a la manera que el padre testificó, tomando conocimiento judicial de que la tormenta de Sán Ciríaco ocu-rrió en esta isla el 8 de agosto de 1899, llegamos a la conclusión de que en 6 de agosto de 1910, fecha que indica la -acusación como de la comisión del delito, tenía la perjudicada de once a doce años de edad.

El segundo motivo de error está basado en que la declara-ción de la perjudicada no ha sido corroborada, requisito que exige la ley de 11 de marzo de 1909 enmendando el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

La citada enmienda efectivamente exige que en delitos' de violación sea corroborada la declaración de la perjudicada, y esto requiere que hagamos un resúmen de la evidencia para venir en conocimiento de si tal requisito de la ley fué o nó cumplido. ' - 1

Be la exposición del caso que forma parte del récord de esta apelación, resulta que la única prueba presentada en el juicio fué la de la acusación, consistente toda en declaraciones-de testigos, los que sustancialmente declararon .así:

El Dr. Manuel Possas, que el día 8 de agosto de 1910 reco-■H:oció los órganos genitales de la niña Amalia de Jesús, encon-trando qne había sido desflorada, sin poder precisar si el acto se realizó con o sin la voluntad de ella, aunque bubo que ejer-cer alguna fuerza porque la niña era muy joven y todavía no era mujer.

Saturnino de Jesús, declaró ser el padre de dicha niña, la que tenía tres o cuatro meses de edad para la tormenta de San Ciríaco; que ese día quedó sola en su casa la niña y que el acusado no acostumbraba a visitar la casa del’declarante.

Amalia de Jesús testificó tener 13 años y vivir con su padre en Cataño; que conocía al acusado quien el día 6 de ■agosto como a la una de la tarde pasó por delante de su casa .guiando un coche y le pidió un poco de agua, la que le sirvió, •después de lo cual el acusado puso la copa en el suelo y co-giéndola por un brazo la echó en un catre, se bajó los panta-lones y tuvo actos carnales con ella; que gritó y llegó Pablo Meléndez quien la encontró llorando y la condujo al cuartel de la policía; que el acusado la amenazó y él le metió un pañuelo en la boca.

Pablo Meléndez expuso que un día del mes de agosto llegó con su bote y lo amarró cerca de la casa de Amalia de Jesús, •diciéndole entonces un muchacho, que en aquella casa estaba una niña echando sangre por entre las piernas, por lo que el •declarante fué allá, le preguntó a ésta lo que pasaba, ella le ■.contestó que un cochero le había metido un pañuelo en la boca y que cuando fué a la casita la muchachita estaba sola allí limpiándose.

El testigo Julio María Izquierdo, Jefe de la Policía Insular en Cataño, conoce al acusado, quien a preguntas que le hacía el declarante, le contestó que él había cometido el delito •de violación.

Justino Ortíz, también policía insular presenció cuando el ■acusado sin ser amenazado ni prometiéndosele nada, hizo en ^el cuartel la manifestación de que era verdad; que no sabía como lo había hecho y que estaba dispuesto a casarse con. la muchacha.

Para que una declaración pueda estimarse corroborada* no es preciso que todos sus particulares lo hayan sido, sino que es bastante con que lo sea en algunos tendentes a rela-cionar al acusado con el crimen que se le imputa.

El Pueblo v. Maldonado, 17 D. P. R., 23.

En este caso, como puede verse por el resumen que hemos hecho de las declaraciones, no está falta de corroboración la de la niña agraviada. La del Dr. Fosas comprueba que en ella se había cometido recientemente un ultraje, particular también corroborado por Pablo Meléndez, y la de los policías relacionan al acusado con el crimen, pues presentan su propia admisión respecto al hecho que se le imputa. Según dichos policías, a preguntas de uno de ellos y sin mediar amenazas ni ofertas, el acusado confesó su crimen, el que estaba dis-puesto a reparar mediante el matrimonio, y tal confesión es no sólo una corroboración de la declaración de la niña, sino que por sí sola es una suficiente prueba de su delito.

El Pueblo v. Alméstico, mayo 2, 1912.

People v. Josselyn, 39 Cal., 400.

Por las razones expuestas, la sentencia debe ser confir-mada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. "Wole,

text:
    Siragusa et al. v. El Pueblo de Puerto Rico et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 724.
    Resuelto en junio 24, 1912.
    Acción Reivindicatoría — Laguna o Gaño de Tiburones — Tierras Pantano-sas. — El heeho de que todas las tierras que formaban parte de la primitiva Laguna o Gaño de Tiburones, son de la propiedad de El Pueblo de Puerto Rico, no quiere decir, como consecuencia necesaria, que porque dicha laguna o caño antiguamente cubriera una gran extensión de terreno entre Areeibo y Barceloneta o porque las aguas se han retirado, o porque una parte considerable de los terrenos pantanosos de dicha región estuvieren antiguamente cu-biertos por las aguas de la laguna o del caño, que todos los terrenos húmedos o pantanosos que se encuentran hoy día en esa región pertenecen necesaria-mente a El Pueblo de Puerto Bico, como parte de las tierras que formaban dicha laguna.
    Id. — Gaño de Tiburones. — La palabra caño aplicada al Caño de Tiburones de Areeibo, no debe interpretarse en el sentido de que solamente comprende la anchura actual del canal o ■ corrientes de las aguas que es aproximadamente de 708 metros.
    Id. — Identificación de la Finca — Títulos.—Examinada la prueba en el caso de autos, el tribunal resolvió que los títulos presentados por los demandantes, para justificar el dominio de las fincas que reclaman, no demuestran clara-mente, ni se ha justificado con otra prueba, que dichos títulos se refieren a las tierras en litigio.
    Id. — Extensión Superficial Exacta del Terreno que se Beclama. — En una acción reivindicatoría es un requisito indispensable que el demandante determine de un modo preciso y concreto la extensión superficial de la propiedad que trata de reivindicar y en el caso de autos, el tribunal resolvió que los demandantes no habían cumplido con este requisito, pues no han determinado con exactitud la dimensión exacta del terreno que pretenden reivindicar y que forma parte de una finca mayor de la cual están en posesión.
    Id. — Identificación de la Finca — Linderos Indefinidos. — Examinada la prueba practicada en el caso de autos, este tribunal, resolvió que los linderos sur, este y oeste de la finca en litigio no han sido alegados ni probados de una manera definida, clara y preeisa. La colindancia sur se dice ser el Caño de Tibu-rones, pero sin alegar la longitud ni distancia en punto concreto para deter-minar'hasta qué parte del caño llega la finca, pues no se ha probado do una manera clara y terminante la anchura o extensión del caño. La eolin-daneia esto no ha sido probada de una manera que permita precisar la dis-tancia a que llega la finca por el este. La colindancia oeste alegada por los demandantes íuó contra dicha por el mismo colindante, quien declaró que él no colindaba al oeste con la totalidad de la finca en litigio) sino al oeste de la finca do la cual están en posesión los demandantes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Eduardo Acuña y Emidgio S. Ginorio.

    Abogados de los apelados: Sres. Foster V. Brown, Attorney General, y J. U. Broton.

   El Juez Asociado Sr. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda presentada en este easo se alega entre otras cosas, que los demandantes eran los únicos y univer-sales herederos de Antonio Boses Bisbal; que en 27 de mayo de 1889 y mediante una escritura pública, el referido Antonio Eoses Bisbal adquirió la finca número 855 a título de compra a Bamona Balseiro Macías, siendo la descripción de dicha finca la siguiente: Finca rústica radicada en el tér-mino municipal de Areeibo, barrio del Islote, cuyo nombre lleva, sitio de La Burrada, que mide más o menos 390 cuer-das de terrenos de pastos y cortadera, encierra una casa para habitación, y colindando al norte-con la ribera marítima; al sud con el Caño de Tiburones; al saliente con tierras de José Manuel Alvarez, y al poniente con las de Gregorio Pas-toriza. Que por traspasos sucesivos y transferencias de título adquirieron los demandantes de José Manuel Alvarez y Alvarez la finca situada hacia la parte este de la finca 855 que ya se ha descrito, siendo la descripción de la segunda finca rústica la siguiente: Finca radicada en el barrio del Islote, del término municipal de Areeibo, constante de 156 cuer-das y una fracción, colindante por el norte con el camino de Palmas Altas; por el sur con el Caño de Tiburones; por el este con tierras de Joaquín de Santiago, y por el oeste con otras tierras de Antonio Eoses, o sea la finca descrita ante-riormente, cuya segunda finca lleva el número 1504.

Alegan además los demandantes que adquirieron una ter-cera finca que lleva el número 1644, cuya descripción es la siguiente: Finca rústica radicada en el Barrio del Islote del término municipal de Areeibo, constante de 150-cuerdas, colindante al norte y este con tierras de Nicolasa Colón;' al sud con el Caño de Tiburones; y al oeste con tierras del mismo predecesor en título de los demandantes, o sea Antonio Eoses Bisbal, siendo la finca la número 1504 arriba descrita. La demanda sigue expresando que estas tres fin-cas se encuentran contiguas unas a otras y contituyen un solo cuerpo de tierra bajo la siguiente descripción, a saber: finca rústica radicada en el Barrio del Islote, lugar de La Burrada, del término municipal de Areeibo, constante de 696 cuerdas con 60 céntimos, colindantes por el norte, con la ribera marítima, el camino de Palmas Altas o Barceloneta y tierras de Nicolasa Colón; por el snd con el Caño de Tibu-rones y por el oeste, con tierras de Gregorio Pastoriza.

La alegación octava de la demanda, es la de que. los de-mandantes son los dueños de la referida finca y la fian po-seído quieta, pacífica y totalmente con buena fe y justo título, por un término no interrumpido que excede de 15 años basta el día 4 de junio de 1910.

En el párrafo noveno se alega que el día 4 de junio, 1910, el Fiscal de la Corte de Distrito de Arecibo sin título legal alguno penetró en la finca de los demandantes acom-pañado de varias personas más y. después de marcar con varios puntos sobre el terreno una línea que corriendo en dirección de este a oeste divide la finca aproximadamente por su mitad, ocupó en nombre de El Pueblo de Puerto Eico la porción de terreno comprendida entre dicba línea y el Caño de Tiburones, y despojando de ella a los demandantes, puso en posesión de la misma a Wenceslao Borda en representa-ción de dicbo Pueblo de Puerto Pico, ordenando a los allí presentes no lo inquietasen en dicba posesión.

Alegaron entonces los demandantes que algunos días des-pués del referido 4 de junio, varios operarios bajo las órde-nes de Wenceslao Borda levantaron una cerca de madera y alambre sobre la línea trazada por el Fiscal, dejando con ella completamente dividida la finca de los demandantes, e impidiendo en absoluto a éstos el uso y difrute de la por-ción de terreno comprendida entre la cerca y el Caño de Tiburones; que la citada porción de finca de que ban sido despojados los demandantes comprende una superficie de 435 cuerdas y una fracción de terreno firme, cultivado en parte y el resto de monte y de pastos, en cuya última parte de pastos se encontraban pastando varias reses vacunas al ocurrir el despojo de referencia, siendo las colindancias de dicba porción despojada las siguientes: al norte el resto de la finca de los demandantes, de la cual separa la cerca a que se contrae la precedente alegación; al este, tierras de Basilio Beyes antes de Juan José Tirado y anteriormente de Juan Bautista Salicrup; al sud el Caño de Tiburones, y al oeste con dicho caño y tierras de Gregorio Pastoriza. Los demandados negaron todas las alegaciones esenciales con-tenidas en la demanda.

La corte inferior después de hacer referencia a los pre-cedentes hechos sostiene en su opinión que los terrenos cu-biertos por las aguas del Caño de Tiburones, o Laguna, son de dominio público mientras no se justifique que pertenez-can a alguna persona, o que han pasado a ser propiedad particular por los medios que las leyes establecen. Continúa la opinión sosteniendo, que de acuerdo con el reglamento publi-cado en abril de 1884, son terrenos realengos, todas las tie-rras que no tengan dueños legítimos o lo que es lo mismo,, que no hayan pasado nunca al dominio privado, que por virtud del artículo 8o. del Tratado de Paz, toda la propiedad que entonces pertenecía a la Corona de España pasó a Ios-Estados Unidos y a su vez los Estados Unidos cedieron estas propiedades a El Pueblo de Puerto Rico.

Sentados estos hechos como premisas, la corte pasa en-tonces a examinar si alguno de estos terrenos que reclaman los demandantes estaba incluido dentro del perímetro de las tierras pertenecientes a la Laguna o Caño de Tiburones. La corte consideró en vista de la prueba, que la mayor parte de las 435 cuerdas que trataban de reivindicarse no era terreno firme sino húmedo o terreno pantanoso. La prueba en ver-dad demuestra que una gran parte de la finca de los demanr dantes se compone de cortadera y poyales, habiéndose admi-tido que cortadera y poyales son plantas que crecen únicar mente en los terrenos pantanosos o sitios húmedos. La corte expresa en su opinión que la prueba presentada por los de-mandantes y demandados en el presente caso la llevó a la conclusión de que las fincas en litigio sino todas, por lo me-nos la mayor parte de ellas, pertenecían a El Pueblo de Puerto Rico; que todas las fincas inundadas por las aguas; del caño son de dominio público, demostrando la prueba del demandádó que la cerca se había puesto en la línea divisoria ¡éntre la finca inundada y el terreno seco o firme.

Cita el juez la opinión de la Corte Federal en el caso de Marcelis v. Graham, 5 Federal Reports, 423, para demos-trar la naturaleza del Caño de Tiburones y su situación y qu.e todos los terrenos inundados pertenecían a El Pueblo de'Puerto Rico.

No creemos que sea necesario seguir a la corte en todos sus razonamientos. Se ha demostrado de modo evidente que las fincas que se dice que han formado parte de la laguna pri-mitiva o caño, pertenecen a El Pueblo de Puerto Rico; pero no creemos que debe inferirse de esto que porque existiera anteriormente una laguna que cubría una gran parte entre Arecibo y Bareeloneta, y que algunas de sus aguas se han retirado, o porque una parte considerable de los terrenos pantanosos en esa región estuvieron una vez cubiertos de agua del canal o lago, que los terrenos pertenecientes a El Pueblo de Puerto Rico comprenden necesariamente todos y cada uno de estos sitios pantanosos o lugares húmedos que se encuentran en la vecindad. Puede que a veces el canal se-haya salido de madre y que haya continuado así debido a las condiciones de la marea y dando esto por resultado que algunos terrenos que antes eran firmes se hayan convertido en pantanosos y que en ellos hayan podido crecer poyales y cortaderas; y según la prueba tampoco estamos satisfechos de que algún ingeniero en el año 1908 o con anterioridad a esa fecha hiciera una mensura y plano de los terrenos que estaban comprendidos en el Caño de Tiburones. Nunca se demostró que dicho plano o cálculo fuera otra cosa sino la opinión del ingeniero que hizo la mensura; ni se presentó ningún mapa o plano que demostrara la extensión precisa de la laguna.

• Creemos sin embargo que la sentencia en este caso tendrá que confirmarse por otros fundamentos y algunas de nues-tras consideraciones están conformes con la opinión de la Córte inferior. Los demandantes demostraron que estaban en posesión por lo menos de una parte de la finca qne recla-man y qne una parte de la misma estaba cultivada desde bacía algunos años; pero no estamos convencidos de qne los títnlo's qne ellos ban presentado en este caso incluyan o com-prendan las tierras qne reclaman. Parece qne existía alguna probabilidad acerca de qne sns fincas se extendían al sur de la cerca a qne se refieren los demandados, pero los títulos y la prueba no demuestran con la certeza que requiere un pleito de esta clase,, la verdadera colindancia del sur de dichas fin-cas que ahora reclaman. Hay testigos que expresan que la colindancia del sur es el actual canal o corriente del llamado Caño de Tiburones, cuya corriente se ha dicho que es de unos 7 u 8 metros de ancho, pero esta supuesta prueba que ha sido dada principalmente por los testigos de los demandan-tes es en su mayor parte una mera afirmación. Los testi-gos expresan que la finca llegaba hasta la corriente o canal; no dicen de donde obtuvieron este conocimiento ni tampoco demuestran que la descripción de la finca contenida en los títulos comprendiera actualmente la finca hasta el canal o corriente. Convenimos con la corte sentenciadora en que la palabra “caño” no se ha limitado solamente al canal o co-rriente actual de 7 u 8 metros.

Además, no se ha formulado alegación clara y concreta acerca de la colindancia del este de la finca de los deman-dantes. En la finca número 1644 que es la que está más hacia el este de las tres fincas que formaban el conjunto, apa-rece Nicolasa Colón al norte y al este y no hay prueba alguna que demuestre exactamente a qué distancia se encontraba Nicolasa Colón de Pastoriza al oeste. La prueba demuestra, y lo admiten los demandados, que Gregorio Pastoriza es la colindancia del oeste de las fincas de los demandantes, según aparece de sus títulos, que se encuentran inscritos en el regis-tro. También admiten los demandados que la colindancia del norte de las fincas número 855 y 1504 están bien fijadas; pero impugnan la situación de la finca número 1644 y alegan que los demandantes no han descrito de modo claro la sitúa-ción de la finca número 1644 con respecto a las otras dos. La descripción demuestra que la finca 1644 era contigua a la otra de Boses, siendo la prueba muy vaga con respecto al lugar y forma en que tales fincas eran contiguas. Sin embargo, aun suponiendo que fuera contigua o que en parte se encontrara en línea recta con las otras dos porciones de la finca, su extensión actual en la parte este no se fia demostrado. No aparece de las descripciones la forma de las determina-das porciones de la finca que constituyen la finca total que se reclama, o si ésta es rectangular o en forma de cuadrilá-tero, ni se trató de demostrar la forma de toda la propiedad. De ninguna de las inscripciones apareció la longitud de las líneas que forman los lados de las parcelas o de la finca que se reclama. Según toda la prueba demuestra, la finca en su totalidad puede extenderse indefinidamente hacia el este y estar toda situada al norte de la cerca colocada por los demandados.

Existe además alguna dificultad con respecto al lindero del oeste de la finca que se alega que los demandados retie-nen. Expresan los demandantes que tienen al oeste a Gregorio Pastoriza, pero este último al declarar como testigo hizo manifestaciones de gran consideración, con las que trató de demostrar que ninguna parte de su finca se encontraba al oeste de la porción que se alega fué despojada a los de-mandantes y que su finca se encuentra solamente al oeste dé-los terrenos de los cuales estaban todavía en posesión los demandantes. Los demandantes no determinaron clara y terminantemente el lindero del oeste y si Gregorio Pastoriza es la colindancia del oeste, los terrenos de los demandantes no pueden extenderse hasta el sur según ellos alegan.

Además, los demandantes poco o nada han ofrecido para probar el número de cuerdas que en realidad les queda aún y que están al norte de la palizada. De una mensura o exa-men podría conocerse el número exacto de cuerdas de terreno que quedan así como sus actuales colindancias. Sin tal prue-ba no puede quedar excluida la suposición de que los terre-nos de los demandantes pudieran tener una amplia exten-sión hacia el este.

Según ya hemos indicado se presentó prueba con la que se trató de demostrar que los demandantes estaban en po-sesión por lo menos de una parte del terreno que reclaman. Si hubieran establecido oportunamente una acción poseso-ria es posible que hubieran alcanzado algún éxito, pero en un pleito sobre reivindicación como éste, el demandante está obligado a determinar de modo preciso el terreno que recla-ma y luego presentar su prueba para establecer su título. Entendemos que el demandante dejó de cumplir con este requisito, por lo que no puede ponérsele en posesión de la finca que reclama.

La sentencia debe confirmarse.

Confirmada,.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PresideNte Se. Hernández,

text:
    El Pueblo v. Ruiz.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 436.
    Resuelto en junio 24, 1912.
    Derecho Penal — Ataque con Intención de Cometer Violación — Desistencia de la Ofendida. — En un caso de ataque con intención de eometer violación puede la atacada ser interrogada acerca de lo que hiciera para impedir que la violación se realizara, pues la resistencia que ella hiciera, reveladora de su voluntad, es elemento importante pai'a el esclarecimiento del delito.
    Id.' — Manifestaciones de la Ofendida — Bes Gestae. — En casos como el presente las manifestaciones hechas por la víctima inmediatamente o poco después del delito, son admisibles como parte de las res gestae, no para probar la comisión del delito sino para corroborar la declaración de la ofendida.
    Id. — Evidencia—Bopas de la Ofendida. — El estado de las ropas de la ofendida y las señales que ella mostrara de los actos de fuerza ejercidos sobre ella son materia de buena evidencia en casos como el presente, aunque esa evi-dencia sea testifical, por tratarse de hechos que están sujetos a la percepción de los sentidos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José J. Aponte.

      Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez PresideNte Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La presente causa se originó en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama a virtud de acusación formu-lada contra Florencio Ruiz, por delito de ataque con inten-ción de cometer violación cometido de la manera siguiente:

“El acusado Florencio Ruiz, el día 17 de mayo de 1911, en el barrio de Jauea de Santa Isabel, que forma parte del Distrito Judicial de Guayama, allí y entonces, voluntaria, criminal y violentamente, atacó a la Srta. Felicita Santiago, y por medio de la fuerza y de la violencia y contra su voluntad y su consentimiento, intentó criminalmente tener actos carnales con ella, que no era allí ni entonces su esposa. ’ ’

Juzgado el caso ante un jurado, éste pronunció veredicto declarando al acusado culpable del delito de ataque con in-tención de cometer violación, y como responsable de dicho delito, fué condenado por la corte en sentencia de 19 de octu-bre del año próximo pasado, a la pena de cinco años de pre-sidio con trabajos forzados y las costas y abono de la pri-sión preventiva sufrida, contra cuya sentencia interpuso Ruiz recurso de apelación.

Ha venido a esta corte la correspondiente transcripción de autos, en la que aparece un pliego de exposición del caso con las objeciones hechas por la defensa a la evidencia apor-tada por el Fiscal durante la celebración del juicio, no ha-biéndose hecho alegación alguna escrita u oral por el ape-lante en apoyo del recurso.

Veamos cuáles son las excepciones tomadas por la de-fensa a la prueba practicada y consideremos cada una de ellas.

Ia. Al declarar sobre el hecho Felicita Santiago, el Fiscal le preguntó: ¿Y qué fué lo que hizo desistir a este acusado? ¿Cuál fué el motivo por que este aciosado se levantó de aquel sitio y la dejó? El abogado defensor se opuso a la pregunta por el fundamento de que lo que en el juicio se trataba de probar era el ataque con intención de violar, y era imper-tímente averiguar ]o que la Felicita hizo para que el acu-sado no consiguiera su propósito. La -corte admitió la pre-gunta, el acusado tomó excepción y la testigo contestó: “Le dije ‘suélteme,’ y dijo, ‘Te voy a soltar, pero no digas q^^e fui yo’; que la soltó, porque vió venir a Nicanor Guzmán, quien estaba llenando unas latas de agua.”

Indudablemente que lo que se trataba probar en el jui-cio era el ataque con intención de cometer violación; pero ello no impedía que la testigo fuera interrogada por lo que hiciera para impedir que la violación se realizara, pues la resistencia que ella hiciera reveladora de su voluntad, era elemento importante para el esclarecimiento del delito.

La razón alegada por la defensa para sostener la excep-ción era a todas luces improcedente; y si se entendiera que la pregunta en sí era impertinente por dirigirse a conseguir una apreciación del testigo, razón que no se ha alegado y de la cual por tanto podríamos prescindir, entendemos que la corte cometió error al admitir la pregunta con infracción del artículo 19 de la Ley ele Evidencia, pero como de ese error no ha resultado al acusado perjuicio alguno, no vicia de nulidad la sentencia recurrida. El jurado en vista de los hechos relatados por la testigo, hubiera llegado a la mis-ma conclusión o deducción que ella.

2o. Declaró entre otras cosas el testigo Nicanor Gruzmán, que habiendo oído un grito desde el sitio donde se encon-traba, se dirigió a ver lo que ocurría, encontrándose a los pocos pasos con Felicita Santiago que venía llorando. Se-guidamente preguntó el Fiscal a dicho testigo: “¿Y qué más sucedió? a lo que contestójgque ella decía “¡Ay Nicanor de mi corazón!” El abogado se opuso a que se relataran las manifestaciones que a G-uzmán hubiera hecho la perju-dicada por ser contra la ley. El juez denegó la objeción, y el abogado tomó excepción. El testigo continuó declarando que la Felicita decía: “¡Ay Nicanor de mi corazón, que me quería un hombre forzar”; que ella estaba llorando y el testigo le preguntó: “¿Que te pasa? y ella contestó: “Un hombre me quería forzar; lo conozco de vista pero de nombre no”; que entonces le dijo el testigo: “¿Donde está ese hombre?” y ella contestó: ‘‘Por ahí va, ése,” y vió corriendo a Florencio Ruiz que es el acusado. Preguntó después el Fiscal al testigo “¿Ud. observó la ropa, el estado en que estaba Fe-licita Santiago?” a lo que contestó que sí; y el abogado se opuso a la pregunta por la misma consideración que la anterior, o sea por ser contraria a la ley. El juez la admitió, el abogado tomó excepción y el testigo con-' ti mió declarando que el estado en que se encontraba Felicita Santiago era toda sucia y con un arañazo en la cara.

Las manifestaciones de Felicita Santiago testificadas por G-uzmán fueron hechas a éste, como se ve, momentos des-pués de ocurrir el suceso y por tanto son admisibles como parte de las res gestae.

Es doctrina legal que la regla de que en un caso de vio-lación las manifestaciones de la mujer agraviada, hechas in-mediatamente o poco después de inferida la ofensa, es prueba buena como parte de las res gestae, no para probar la comi-sión de la ofensa sino en corroboración de la evidencia de la ofendida, es aplicable con igual fuerza en caso de ataque con intención de cometer violación.

State v. Imlay, (Utah), 61 Pac. Reporter, 557.

People v. Gage, 62 Mich., 271, 273.

Lights v. The State, 21 Tex. App., 308.

Sentell v. The State, 34 Tex. Cr. App., 260, 262.

People v. Barney, 114 Cal., 554.

People v. Stewart, 97 Cal., 238, 241.

El estado de las ropas d® la ofendida y las señales que ésta mostrara de los actos de fuerza sobre ella1 ejercidos, son materia de buena evidencia en casos como el presente, aunque esa evidencia sea testifical, por tratarse de hechos. que están sujetos a la percepción de los sentidos.

La evidencia admitida fué pertinente, propia y adecuada, y bajo ningún concepto contraria a la ley, como así se alegó, sin especificar la ley que fuera infringida.

People v. Figueroa, 134 Cal., 161.

Grimmett v. The State, 22 Tex. Ct. App., 36.

Lights v. The State, 21 Tex. App., 308.

State v. Sargent, (Oregon), 49 Pac., 889.

3a. El acusado hizo también objeción a la pregunta diri-gida por el Fiscal al testigo Mannel B>. Vázquez, cuya pre-gunta dice así: “Qué de particular presentaba esa niña en su cuerpo?” A esa pregunta se opuso el abogado por el fundamento de que el testigo era de referencia, y las mani-festaciones de la perjudicada en un caso de ataque con in-tención de cometer violación no debe ser materia de prueba, oposición que fué desestimada, tomando excepción el acu-sado. El testigo contestó que la situación en que encontró a la niña era que su traje estaba en completo estado sucio, alegando entonces la defensa, que primeramente había que preguntar al testigo si vió a la perjudicada, si llegó donde él y en qué sitio, lo que la corte estimó innecesario, tomando la defensa nueva excepción, después de lo cual el testigo con-tinuó declarando que el traje de la perjudicada estaba comple-tamente en un estado de suciedad y ella estaba sucia por l<& espalda.

El expresado testigo no era de referencia, ni fué pre-guntado por manifestación alguna que le hiciera la perjudi-cada. No vemos la necesidad de que el Fiscal preguntara al testigo si vió a la perjudicada, pues atendidas las mani-festaciones hechas era indudable que la había visto, bien lle-gando ella donde el testigo o el testigo donde ella, sin que tuviera importancia saber el sitio en que la viera; pero si el acusado deseaba conocer esos particulares ■ pudo ejercitar el derecho de repreguntar al testigo.

4°. El acusado pretendió que se eliminara del récord toda la declaración de la testigo Teresa Torres por ser de refe-rencia, lo que fué denegado por la corte tomándose excep-ción de tal negativa.

La declaración de Teresa Torres dice así:

‘ ‘ Que es la madre de Felicita Santiago; que el 17 de mayo de 1911, estaban en la hacienda Destino pero que ahora vive en Aibonito; que estaba tostando un café cuando pasó el caso; que su hija llegó a la cocina y ella estaba tostando un café; que su hija llegó bañada en lágrimas donde ella, y le dijo ‘¡Felá!, ¿qué te pasa? y dice, ‘¡que Flo-rencia Kuiz me quería forzar!’ y le dije, ‘véte donde está tu papá al cuarto hasta ver lo que se hace’; que él vestido de su hija estaba todo enlodado; toda desnuda: que estaba arañada en la cara y en la boca; el sucio del traje era por detrás o sea por la espalda, y que era prie-tusco: que no tiene ningún conocimiento directo de que el acusado haya atacado a la joven.”

El testimonio transcrito de Teresa Torres es admisible por las razones que ya hemos expuesto anteriormente, al tra-tar de las excepciones opuestas a las declaraciones del tes-tigo Nicanor Gnzmán y Manuel B. Vázquez.

Finalmente, el abogado del acusado pidió a la corte de-sestimara la acusación y ordenara el sobreseimiento de la causa, invocando el artículo 161 del Código de Enjuicia-miento Criminal, o sea por creer que los hechos expuestos en la acusación no constituyen el delito público de ataque con intención de cometer violación.

La acusación es suficiente, pues contiene una exposición de los actos constitutivos del delito en lenguaje conciso y corriente, y está redactada de tal modo que cualquier persona de inteligencia común puede entenderla.

Be imputa al acusado el hecho de haber atacado a Feli-cita Santiago con intención de tener actos carnales con ella, y por tanto, os suficiente para que el acusado pudiera de-fenderse y el tribunal pronunciar su sentencia como resul-tado de una convicción conforme a derecho.

Las instrucciones al jurado incluidas en el récord no es-tan autenticadas, pues no aparecen firmadas por el juez, y por tanto, esta corte se abstiene de examinarlas.

Hemos hecho un examen detenido de toda la prueba y ella sostiene la sentencia apelada. La pena está compren-dida dentro del término de nno a catorce años de reclnsión, qne al delito cometido señala el artículo 222 del Código Penal.

La sentencia debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.