author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Wilfredo J. Rivera Cintrón, peticionario.

      Número: CC-2010-0980

      Resuelto: 19 de abril de 2012

      Lisa M. Durán Ortiz, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, abogadas de la parte recurrida; Zinia I. Acevedo Sánchez, de la Sociedad para la Asistencia Legal, División de Apelaciones, abogada de la parte peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos resolver si la posesión simul-tánea de las drogas conocidas como marihuana, cocaína y heroína constituye uno o tres delitos al amparo del Art. 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, conocida como la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404. De igual forma, nos corresponde auscultar si a la Ley Núm. 4 (24 L.P.R.A. see. 2101 et seq.) le aplica la parte general del Código Penal de 2004 y, en particular, la figura del “concurso de delitos” regulada en los Arts. 78-79 de ese Código, 33 L.P.R.A. sees. 4706-4707.

I

Como parte de un operativo de drogas, varios agentes de la Policía de Puerto Rico intervinieron con el Sr. Wilfredo Rivera Cintrón. Le incautaron 21 bolsas de heroína, 82 bol-sas de la droga conocida como “crack”, 38 bolsas de cocaína y 11 bolsas de picadura de marihuana. Transcripción de la vista de juicio, Apéndice, pág. 15. Contra el señor Rivera Cintrón se presentaron tres acusaciones por violar el Art. 401 de la Ley Núm. 4 (24 L.P.R.A. see. 2401). Específica-mente, se le imputó poseer heroína, cocaína y marihuana con intención de distribuirlas. Se presentó una acusación por cada una de las sustancias controladas incautadas.

No obstante, a la luz de la prueba que se presentó du-rante el juicio por tribunal de derecho, el Tribunal de Pri-mera Instancia declaró al peticionario culpable de otro de-lito distinto, a saber, tres infracciones al Art. 404 de la misma Ley Núm. 4, supra, posesión simple o sin intención de distribuir.

De este modo, el 30 de septiembre de 2009, el foro pri-mario dictó sentencia. En ella, impuso una pena de tres años de cárcel en cada uno de los tres cargos, para un total de nueve años de prisión. Dispuso, además, que la pena se cumpliría consecutivamente y mediante sentencia suspen-dida en un programa privado de rehabilitación. Durante el acto en que se dictó sentencia, la defensa del señor Rivera Cintrón solicitó que el cumplimiento de las penas fuera concurrente. Consideró que los delitos imputados surgie-ron de la misma situación de hechos y de la misma transacción. Por entender que era un asunto discrecional, el Tribunal de Primera Instancia declinó su solicitud y mantuvo el cumplimiento consecutivo de las penas.

En desacuerdo, el señor Rivera Cintrón presentó un re-curso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El acu-sado señaló que no se probó su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Además, adujo que no procedía cum-plir sentencia por tres cargos de forma consecutiva, pues a su modo de ver, el foro primario “piramidó [sic] las penas de un mismo hecho en una misma fecha- un solo acto”. El foro apelativo intermedio emitió una sentencia el 28 de septiembre de 2010 y confirmó el dictamen del foro primario. Luego de discutir y concluir que se probó la cul-pabilidad del peticionario más allá de duda razonable, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que el foro primario no erró al imponer una pena total de nueve años que habría de cumplirse consecutivamente. Cimentó su proceder en que la doctrina del concurso de delitos no podía aplicarse a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. A tales efectos, expresó:

Es un hecho cierto que el presente caso, es uno de concurso ideal homogéneo, pues se viola la misma disposición legal más de una vez (Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas). Por tanto, aunque este caso es sobre concurso real de delitos, por no estar atemperada la Ley de Sustancias Controladas al mo-delo de pena dispuesto en el Código Penal de 2004, el foro de instancia podía imponer una pena de tres años por cada delito de posesión de sustancias controladas. Todo ello, pues las pe-nas no pueden agregarse. Asimismo, respecto al modo de cum-plir las penas, aplica la Regla 179 de Procedimiento Criminal [34 L.P.R.A. Ap. II] la cual le concede discreción al foro de instancia para su imposición de manera concurrente o consecutiva. Apéndice, pág. 165.

Oportunamente, el señor Rivera Cintrón solicitó recon-sideración, que fue denegada. Aun inconforme, el señor Rivera Cintrón presentó ante este Foro el recurso de epígrafe. Señaló que el Tribunal de Apelaciones erró al “considerar que la posesión simult[á]nea y en un solo acto de tres sustancias constituye tres delitos distintos”. Peti-ción de certiorari, pág. 10. Además, esbozó que si existía un concurso de delitos, no procedía que las penas fuesen cum-plidas de manera consecutiva. Valga apuntar que el señor Rivera Cintrón no adujo como error la insuficiencia de la prueba presentada para sostener su convicción. Por ello, renunció a ese planteamiento en este Tribunal.

Mediante Resolución de 1 de abril de 2011 expedimos el auto de certiorari. Ambas partes comparecieron y expresa-ron su criterio. Pasamos a resolver este asunto novedoso.

H

>

El Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, dispone lo siguiente en lo que nos concierne:

(a) Será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o inten-cionalmente, posea alguna sustancia controlada, a menos que tal sustancia haya sido obtenida directamente o de conformi-dad con la receta u orden de un profesional actuando dentro del marco de su práctica profesional, o excepto como se auto-rice en este capítulo.
Toda persona que viole este inciso incurrirá en delito grave y convicta que fuere será castigada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agra-vantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuan-tes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. (Én-fasis nuestro).

Como se aprecia, los elementos constitutivos del delito de posesión de sustancias controladas estatuido en el Art. 404, id., son dos: (a) poseer alguna sustancia controlada sin receta u orden emitida por un profesional autorizado; (b) con intención criminal. ()

En lo que respecta a cuáles son las sustancias controladas prohibidas, notamos que el Art. 202 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2202, contiene una diversidad de disposiciones que establecen cinco clasificaciones de sustancias controladas. Ade-más, identifica por separado las drogas conocidas como marihuana, cocaína y heroína. En este caso, no existe con-troversia de que al señor Rivera Cintrón se le probó, más allá de toda duda razonable, que poseía las tres drogas mencionadas al mismo tiempo y con intención criminal. Entonces, procede que dilucidemos, en primera instancia, si el señor Rivera Cintrón cometió un delito, tal como él aduce, o cometió tres delitos como sostuvo el Tribunal de Apelaciones.

La Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, proviene en gran medida de la Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970 (21 U.S.C.A. sec. 801 et seq.). Véase el Informe Conjunto de las Comisión de Salud y Bienestar, y de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1323, eventual Ley Núm. 4, supra.

Aunque la controversia que nos ocupa parece ser recu-rrente en el foro primario, la realidad es que no es hasta este momento que nos topamos con ella. Así pues, procede que auscultemos cómo la jurisdicción federal, de donde proviene nuestra legislación, ha resuelto controversias similares. Al hacer el análisis, tendremos presente que “[c]uando una de nuestras instituciones derive de determi-nada tradición jurídica, los precedentes de ésta tendrán valor persuasivo en esta jurisdicción, sin olvido de desarro-llos valiosos en otros sistemas, aunque sujeto siempre a las realidades específicas de nuestro medio”. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 588 (1983). Véase, además, R.E. Bernier y J. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 451.

En United States v. David, 656 F.2d 153 (5to Cir. 1981), el Quinto Circuito Federal de Apelaciones tuvo que diluci-dar si la posesión simultánea de marihuana y de la droga conocida como “metacualona” constituía uno o dos delitos. En su análisis, ese foro concluyó, luego de analizar el his-torial legislativo de la legislación federal, de la cual se derivó la nuestra, que la intención del Legislador fue “penalizar la posesión de cada sustancia controlada”. (Traducción nuestra). Id., pág. 159. El Undécimo Circuito Federal de Apelaciones llegó a una decisión idéntica en la sentencia no publicada United States v. Thompson, 2006 WL 760261, esc. 2.

Por su parte, el Sexto Circuito Federal de Apelaciones tuvo que resolver una controversia similar en United States v. Pope, 561 F.2d 663, 669 (6to Cir. 1977). Allí, la contención del acusado era a los efectos de que la posesión simultánea de heroína y metadona constituía un solo delito y no dos como argumentó el Ministerio Público. Ese Tribunal, luego de hacer un análisis integrado de la Ley de Sus-tancias Controladas de Puerto Rico, resolvió que la pose-sión simultánea de heroína y metadona constituye dos delitos separados. Cimentó su decisión en que la heroína tenía clasificación I, mientras que la metadona tenía clasificación II.

El Cuarto Circuito de Apelaciones llegó a una decisión semejante en United States v. Grandison, 783 F.2d 1152, 1155-1156 (4to Cir. 1986). En ese entonces, el acusado Grandison argüyó que la posesión simultánea de heroína y cocaína constituía un solo delito, porque todos los hechos surgían de un solo incidente y, además, las sustancias con-troladas se descubrieron en el mismo salón y fueron descu-biertas simultáneamente. No obstante, el foro apelativo federal le dio la razón al Ministerio Público y resolvió que realmente se trató de dos delitos. Id., pág. 1156. Ese tam-bién es el parecer del Segundo Circuito Federal de Apela-ciones, según resuelto en United States v. De Jesus, 806 F.2d 31 (2do Cir. 1986).

La postura del Primer Circuito Federal de Apelaciones es cónsona con la de los otros tribunales mencionados. En particular, el Primer Circuito sostuvo en United States v. Bonilla Romero, 836 F.2d 39, 47-48 (1988), que la posesión simultánea de diferentes sustancias controladas constituía delitos distintos. Incluso, ese foro esbozó que una interpre-tación textual del artículo revelaba su alcance. En especí-fico, indicó:

We believe these holdings are consistent with the plain meaning of §841 (a) (1) which creates a violation for possession of “a controlled substance”, not for “a controlled substance or group of controlled substances”. Id., pág. 47.

B

Nos parece altamente persuasiva la interpretación que los distintos tribunales federales de apelaciones dan a la ley federal de sustancias controladas, que es muy similar a la nuestra.

El Art. 404 de nuestra ley, supra, establece que quien posea alguna sustancia controlada con intención criminal infringe ese precepto. Entonces, la controversia medular consiste en auscultar si la frase "alguna sustancia contro-lada” puede interpretarse como la posesión de varias sus-tancias controladas al mismo tiempo. Una interpretación del texto del Art. 404, supra, y de la intención legislativa que la motivó nos lleva a concluir que ese artículo se que-branta cada vez que una persona posee una sustancia con intención criminal.

No podemos concebir cómo se puede concluir que la frase “alguna sustancia controlada” recoge la situación en que una persona posee varias sustancias controladas a la vez. Es decir, lo que pretende el peticionario es que enmen-demos el Art. 404, supra, para que lea “alguna sustancia controlada o algunas sustancias controladas”. Si la Asam-blea Legislativa hubiese querido que la posesión simultá-nea de diferentes sustancias controladas constituyera un solo delito, así hubiera redactado el Art. 404, supra. No obstante, el legislador no lo hizo.

Resolvimos de forma similar en Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113, 127 (1966), aunque en un contexto distinto. En esa ocasión, determinamos que una persona que le quita la vida a dos seres humanos en un accidente automo-vilístico transgrede dos veces el derogado delito de homici-dio, regulado en el Art. 203 del Código Penal de 1937 (33 L.P.R.A. ant. see. 635). En particular, indicamos:

Con la muerte ilegal, no maliciosa, de “un ser humano” en ocasión de realizarse un acto legal sin la debida prudencia o circunspección, queda perpetrado un delito de homicidio involuntario. Los Arts. 205 y 206 hablan en términos singula-res como “para que la muerte constituya ... homicidio será preciso que la víctima muera” y “ninguna persona podrá ser convicta de ... homicidio a menos que la muerte de la persona,” etc. No se refieren a “seres humanos,” ni a personas muertas.” Se incurre pues, en delito, con perfecta independen-cia y sustantividad cada vez que un ser humano muere en esas circunstancias. Pueblo v. Matos Pretto, supra, pág. 127.

Así pues, concluimos que la posesión simultánea de marihuana, cocaína y heroína constituye tres delitos distintos al amparo del Art. 404, supra. Dicho de otro modo, se incurre en delito, con perfecta independencia y sustantividad cada vez que, con intención criminal, se posee una sustancia controlada sin receta u orden emitida por un profesional autorizado. Sin embargo, ello no dis-pone de la controversia ante nuestra consideración. Como siguiente paso metódico, nos toca resolver si la decisión del Legislador de no tipificar la posesión simultánea de marihuana, cocaína y heroína como un solo delito vulnera la Constitución de Estados Unidos o la de Puerto Rico.

I — I H-I I — 1

A

En Pueblo v. Santiago, 160 D.P.R. 618, 626 (2003), mencionamos que un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico “es que ninguna persona será puesta en riesgo de ser castigada dos veces por el mismo delito”. Específicamente, la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos esboza que “nadie podrá ser sometido por la misma ofensa dos veces a un juicio”. L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 189.() Por su parte, el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico establece que “[n]adie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito”. L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. El propósito de esa garantía constitucional es evitar que el Estado abuse de su autoridad y hostigue a un ciudadano con pro-cedimientos múltiples por un solo hecho delictivo. Pueblo v. Santiago, supra, pág. 627.

El desarrollo jurisprudencial del Tribunal Supremo de Estados Unidos de América revela que aún se encuentra vigente el análisis que se empleó en: Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932), reiterado en Texas v. Cobb, 532 U.S. 162, 172-173 (2001); Rutledge v. United States, 517 U.S. 292, 297 — 298 (1996); Ball v. United States, 470 U.S. 856, 861-864 (1985); Whalen v. United States, 445 U.S. 684, 691-695 (1980); Brown v. Ohio, 432 U.S. 161,167-168 (1977). Allí, el Tribunal Supremo federal indicó que la norma aplicable para determinar si el mismo acto, o la transacción, constituye una violación de dos disposiciones legales distintas es analizar si cada disposición penal infringida requiere prueba de un hecho adicional que la otra no exige. Blockburger v. United States, supra, pág. 304.()

La profesora Olga E. Resumil Ramírez interpreta lo re-suelto en Blockburger v. United States, supra, de la forma siguiente:

El análisis estricto de esta doctrina lleva a la interpretación de que casi ningún caso de concurso estaría protegido contra procesos múltiples toda vez que en casi la totalidad de los casos la tutela penal que distingue las conductas punibles por su tipificación contienen elementos distintos que lo caracteri-zan a tenor con el bien tutelado. O.E. Resumil Ramírez, Dere-cho procesal penal, San Juan, Ed. Butterworth, 1993, T. II, Sec. 26.10, pág. 337.

A una conclusión similar llegó el profesor Chiesa Aponte. Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. 2, Sec. 16.5, págs. 420-421.

Como señala el profesor Mañalish Raffo, el llamado Blockburger test “exige que el tribunal compare [las] definiciones [de los delitos] para así verificar que cada uno requiera, a lo menos, un elemento que el otro no requiere. Si esto se da, entonces puede castigarse por más de un delito”. J.P. Mañalich Raffo, El concurso de delitos: bases para su reconstrucción en el derecho penal de Puerto Rico, 74 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 1021, 1068 (2005).

Ahora bien, “si la definición de uno de los delitos incor-pora todos los elementos que exige la definición del otro, entonces se trata de un solo delito, en la medida en que el segundo constituye un delito ‘menor incluido’ (lesser included offense)”. íd., págs. 1068-1069.

En Puerto Rico no contamos con jurisprudencia que brinde mayor protección en cuanto a esa cláusula constitucional. Por el contrario, en varias ocasiones hemos acogido la norma que se pautó en: Blockburger v. United States, supra. Pueblo v. González Rivera, 94 D.P.R. 686, 689 (1967); Pueblo v. Martínez Ríos, 89 D.P.R. 362, 365 (1963); Pueblo v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 47, 51 (1961). Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Doble exposición, 59 (Núm.) Rev. Jur. U.P.R. 479, 491 (1990).() Es decir, no hay factura más ancha. E.L. Chiesa Aponte, Los derechos del acusado y la factura más ancha, 65 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 83, 117-118 (1996).

El único precedente de este Foro que parece estar en conflicto con lo resuelto en Blockburger v. United States, supra, es Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.RR. 338 (1977). En ese caso, rechazamos aplicar el Blockburger test para resolver que procedía una convicción por tres delitos que surgían de un episodio criminal. En específico, resolvi-mos que había impedimento para castigar por los delitos de (1) posesión, (2) transportación y ocultación, y (3) distri-bución de heroína. Id., pág. 348.

Sustentamos nuestra decisión en que el Art. 63 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. ant. see. 3321) protegía una “pluralidad de acciones convergentes en un mismo acontecimiento antijurídico”, lo que ocurría “cuando se con-sumen en etapas sucesivas diversos delitos, con tan estre-cho ligamen causal entre cada estadio que el de rango mayor absorbe las sanciones correspondientes a los otros”. Pueblo v. Meléndez Cartagena, supra, pág. 348. Sin embargo, expresamos que la interpretación estatutaria hacía “innecesaria la consideración en términos constitucionales del resultado de imponer múltiples penas por el mismo acto”. Id., pág. 347. Dicho de otro modo, nuestra decisión descansó totalmente en el Art. 63 del Código Penal de 1974, supra, y no en la cláusula constitucional contra catigos múltiples.

B

En el caso que nos ocupa, para probar cada cargo se requirió prueba distinta e independiente, con su cadena de evidencia correspondiente para cada sustancia controlada. Esa prueba demostró que el señor Rivera Cintrón poseyó, simultáneamente, marihuana, cocaína y heroína, sustan-cias controladas que el legislador catalogó de forma dife-rente en la ley que nos ocupa. Como cada cargo requirió prueba distinta e independiente, se cumplió con el análisis establecido en Blockburger v. United States, supra, y su progenie. Tal como señalaron los profesores Chiesa Aponte y Resumil Ramírez, la protección constitucional que ofrece la cláusula contra castigos múltiples en este contexto es muy limitada.

Por consiguiente, concluimos que la determinación que hizo el foro apelativo intermedio, que hoy refrendamos, a los efectos de que la posesión simultánea de marihuana, cocaína y heroína constituye tres delitos distintos al am-paro del Art. 404, supra, no vulnera la Constitución de Es-tados Unidos ni la de Puerto Rico.

Ahora bien, como último paso analítico debemos auscul-tar si la parte general del Código Penal aplica a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. De ser así, proce-dería aplicar la figura del concurso de delitos, según se regula en los Arts. 78-79 de ese Código, supra.

IV

A

El Art. 11 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. see. 4639) expresa que “[l]os principios contenidos en este subtítulo aplican a la conducta regulada por otras leyes penales, salvo que éstas dispongan lo contrario”. Conforme a lo anterior, en nuestra jurisdicción la parte general del Código Penal aplica a las leyes penales especiales, a menos que estas contengan disposición en contrario. En el caso específico del concurso de delitos, la Asamblea Legislativa fue más enfática pues aprobó la Ley Núm. 317-2004, mediante la cual enmendó la Regla 179 de Procedimiento Criminal. 34 L.P.R.A. Ap. II. Como resultado de esa en-mienda, la Regla 179 quedó redactada de la forma si-guiente:

Regla 179. Sentencias consecutivas o concurrentes
Cuando una persona fuere convicta de un delito, el tribunal sentenciador, al dictar sentencia, deberá determinar si el tér-mino de prisión impuesto habrá de cumplirse consecutiva o concurrentemente con cualquiera o cualesquiera otros térmi-nos de prisión. Si el tribunal omitiere hacer dicha determina-ción, el término de prisión impuesto se cumplirá concurrente-mente con cualesquiera otros que el tribunal impusiere como parte de su sentencia, o con cualesquiera otros que ya hubie-ren sido impuestos a la persona convicta.
En casos donde exista un concurso ideal, concurso real, o delito continuado, se sentenciará conforme lo disponen las sees. 4706 a 4708 del Título 33, parte del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (Enfasis nuestro).

Al escudriñar detenidamente la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico nos percatamos de que esta no prohíbe que se aplique la parte general del Código Penal a los delitos tipificados en ella. Por ende, es necesario concluir, según el Art. 11 del Código Penal, supra, y la Regla 179 de Procedimiento Criminal, supra, que la parte general del Código Penal de 2004 aplica a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. La Prof. Dora Nevares-Muñiz concluye de forma distinta. En particular, menciona:

¿Cómo opera el concurso cuando se imputan delitos del Có-digo Penal y la Ley de Sustancias Controladas que no ha sido enmendada para adoptar el modelo del Código? Como esta ley no tiene una disposición que impida el concurso de penas como lo tiene la Ley de Armas, se atenderá a la Regla 179 de Pro-cedimiento Criminal. Entiendo que el juez impondrá una sen-tencia conforme el Art. 79 del Código Penal para las conviccio-nes bajo el Código y otra sentencia por la convicción bajo la Ley de Sustancias Controladas. Como bajo el Código se trata de penas de reclusión en años naturales, mientras que bajo la Ley de Sustancias Controladas son en años sujetos a la boni-ficación automática de la Ley de Corrección, las penas no pue-den agregarse. En ese caso, las penas se cumplirían de forma concurrente, salvo que el juez disponga que sean consecutivas. Regla 179 de Procedimiento Criminal. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal puertorriqueño: nuevo Código Penal de Puerto Rico, 5ta ed., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2005, pág. 408.

Aunque simpatizamos con el razonamiento de la profe-sora Nevares-Muñiz, no podemos refrendarlo. La Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico contempla un sis-tema de penas distinto al del Código Penal de 2004. Sin embargo, el legislador no indicó que la parte general del Código Penal aplicaría solo a leyes penales especiales que tuviesen un sistema de penas similar al de ese cuerpo. Por el contrario, la Asamblea Legislativa dispuso que la parte general del Código Penal aplicará a las leyes penales espe-ciales, salvo disposición en contrario. La Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico no contiene una disposición en contrario. Además, la Regla 179 de Procedimiento Criminal, supra, dispone diáfanamente que cuando exista un concurso de delitos, se sentenciará conforme a los Arts. 78-80 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4706-4708. Así pues, procede que analicemos la figura del concurso de de-litos a la luz de los hechos que nos ocupan.

B

Además de la protección constitucional contra castigos múltiples, antes discutida, nuestro ordenamiento jurídico contiene los Arts. 78-79 del Código Penal de 2004, supra, que regulan respectivamente, el concurso ideal y real de delitos. El Art. 78, supra, dispone:

Subcapítulo TV Concurso
See. 4706. Ideal y Medial de delitos
Cuando sean aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales, cada una de las cuales valore aspectos diferentes del hecho, o cuando uno de estos es medio necesario para realizar el otro, se condenará por todos los delitos concurrentes, pero sólo se impondrá la pena del delito más grave, seleccionada de la mitad superior del intervalo de pena.()

Mediante el concurso ideal, una persona realiza un solo acto que infringe varias disposiciones penales. L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal sustantivo, Pubs. J.T.S., 2007, pág. 69. Véase, además, Pueblo v. Alvarez Vargas, 173 D.P.R. 587 (2008). La glosa española en el tema ex-presa que “no puede valorarse igual una acción que produce un solo delito, que cuando esa misma acción realiza varios delitos. En este último caso, la aplicación de uno solo de los tipos delictivos no agotaría la valoración plena del complejo delictivo”. F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal: parte general, 7ma ed., Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, pág. 462.

Al explicar el concurso ideal, los estudiosos del tema diferencian el concurso ideal heterogéneo del concurso ideal homogéneo. Chiesa, op cit., pág. 69. El concurso ideal heterogéneo se configura cuando un hecho transgrede dos o más delitos distintos. Mañalich Raffo, supra, pág. 1036. Por su parte, en el concurso ideal homogéneo se viola el mismo tipo penal varias veces. Santiago Mir Puig explica que el concurso ideal, según regulado en el Código Penal español,

... no ha pretendido alcanzar al llamado concurso homogéneo, que necesariamente implica igual gravedad de los delitos en concurso. La razón material podría verse en que en esta clase de concurso de delitos, que se da cuando mediante una con-ducta se producen varios resultados, en realidad no concurre un solo “hecho”, sino tantos “hechos” cuantos resultados pro-ducidos dolosamente, estos es: que no se trata de un propio concurso ideal, sino de un concurso real .... Ahora añadiré que sólo admitiendo dicha pluralidad de hechos puede explicarse que en el ejemplo propuesto [matar a varias personas con una sola bomba] se afirme la existencia de un concurso de delitos de homicidio, es decir, varios “homicidios”. Si no correspon-diese un hecho distinto para cada muerte, sólo podría decirse que existe un hecho con varias muertes, no con varios homici-dios, pues el delito de homicidio no sólo requiere la muerte, sino el hecho de matar. Cada delito de homicidio requiere un hecho homicida. S. Mir Puig, Derecho Penal: parte general, 7ma ed., Buenos Aires, Ed. B de f, 2005, págs. 640-641.

A una conclusión idéntica llega la profesora Nevares-Muñiz en cuanto a nuestro Código Penal de 2004:

El Artículo 78 regula el concurso ideal que algunos llaman heterogéneo. Distíngase que, no se atiende en este artículo lo que los tratadistas denominan concurso ideal homogéneo. Cuando se viola la misma disposición penal más de una vez como parte de un mismo hecho, (e.g., un conductor impacta con su automóvil a otras personas) y causa tres lesionados, se trata de un concurso real, atendido en el Art. 79 de este Código. D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2008, págs. 111-112.

Como se aprecia, en nuestra jurisdicción, el concurso ideal homogéneo se trata como uno real, según regulado en el Art. 79, supra, que dispone:

See. 4707. Real de delitos
Cuando alguien haya realizado varios delitos que sean juz-gados simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva su propia pena, se le sentenciará a una pena agregada, que se determinará como sigue:
(a) Cuando uno de los delitos conlleve pena de reclusión de noventa y nueve (99) años, ésta absorberá las demás.
(b) Cuando más de uno de los delitos conlleve reclusión por noventa y nueve (99) años, se impondrá además una pena agregada del veinte por ciento (20%) por cada víctima.
(c) En los demás casos, se impondrá una pena para cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder la pena agregada del veinte por ciento (20%) del límite máximo del intervalo de pena para el delito más grave. (Enfasis suplido).

La profesora Helen Silving define el concurso real de delitos como “[v] arias unidades de conducta que se suceden una a otra con intervalos más o menos largos, pero juzga-das en conjunto, [que] pueden violar la misma ley o diversas leyes”. H. Silving, Elementos constitutivos del delito, San Juan, Ed. Universitaria, 1976, pág. 180. Por su parte, la profesora Nevares-Muñiz explica que en “la doctrina penal civilista el concurso real se trata como una figura procesal que requiere que se juzgue al actor en un mismo proceso por todos los delitos que cometió”. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal puertorriqueño: parte general, 5ta ed., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2005, See. 8.4.6, pág. 354.

Sobre la forma de computar las penas cuando hay con-curso real, el Prof. L.E. Chiesa Aponte expresa que el Có-digo Penal de 2004 “dispone que la pena impuesta en estos supuestos no puede exceder ‘el 20% del límite máximo del intervalo de pena máxima del delito más grave’. Esto equi-vale a multiplicar la pena máxima por 1.20”. Chiesa Aponte, op. cit, pág. 68. Conforme a lo anterior, en los casos en que haya un concurso real de delitos, lo que pro-cede es sumar las penas de todos los delitos. Luego, se multiplica el límite máximo del intervalo de pena para el delito más grave por 1.20. Entre esas dos sumas se escoge la más baja. Pueblo v. Alvarez Vargas, supra, pág. 600.

C

En este caso, el foro apelativo intermedio indicó que existía un concurso ideal homogéneo, porque se violó la misma disposición penal tres veces. Sin embargo, entendió que la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico no estaba atemperada al modelo de penas dispuesto en el Có-digo Penal de 2004, por lo que el foro primario contaba con discreción para imponer las penas consecutivas, según la Regla 179 de Procedimiento Criminal, supra. El Tribunal de Apelaciones estuvo correcto en cuanto a la primera ase-veración, pero incorrecto en cuanto a la segunda.

Como se explicó anteriormente, la parte general del Có-digo Penal aplica a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia no tenía discreción para imponer las penas consecutivamente. Lo que procedía era computar la pena conforme al Código Penal.

Sin lugar a dudas, en este caso se configuró un concurso ideal homogéneo de delitos, porque se violó la misma dis-posición penal (Art. 404, supra) tres veces. Como se indicó, ese tipo de concurso se atiende conforme dispone el Art. 79, supra.

Así pues, concluimos que el señor Rivera Cintrón trans-gredió el Art. 404, supra, tres veces, lo que constituye un concurso real. Realizado el cómputo correspondiente, de-terminamos que el señor Rivera Cintrón debe cumplir seis años de prisión, que serán consumados mediante sentencia suspendida en un programa privado de rehabilitación, se-gún dispuso el foro primario.

En este caso el límite máximo del intervalo de pena para el delito más grave es cinco años. Véase el Art. 404, supra. Adviértase que primero se suman todas las penas, que en este caso totalizan nueve años. Luego, se multiplica el límite máximo del intervalo de pena para el delito más grave que en este caso es cinco años por 1.20, para un total de seis años. Entre las dos sumas seleccionamos el total de seis años por ser menor. Véase Pueblo v. Álvarez Vargas, supra, pág. 600.

V

Por todo lo anterior, revocamos la sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones. Determinamos que el señor Rivera Cintrón debe cumplir seis años de prisión, que serán con-sumados mediante sentencia suspendida en un programa de rehabilitación privado, según dispuso el foro primario.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) Sobre el tema de la intención en el Derecho Penal véase, en general, Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 D.P.R. 699 (2011).

      (2) El texto original en inglés es el siguiente: “no person shall he subject for the same offence to be twice put in jeopardy”. U.S.C.A., ed. 1987, pág. 35.

      (3) El texto en inglés indica: “The applicable rule is that where the same act or transaction constitutes a violation of two distinct statutory provisions, the test to be applied to determine whether there are two offenses or only one, is whether each provision requires proof of a fact which the other does not”. (Enfasis suplido).

      (4) Como muy bien señala el profesor Chiesa Aponte, la protección del derogado Art. 63 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3321), era mayor que la que ofrece la cláusula constitucional contra castigos múltiples. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. 2, pág. 181. Sobre la protección que brindan los Arts. 78-79 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sees. 4706-4707), nos expresaremos más adelante.

      (5) El Art. 78, supra, regula también el llamado concurso medial. Este surge cuando existen “dos [hechos] perfectamente diferenciados; pero la conexión íntima entre los delitos cometidos, que es una teleológica de principio a fin, hace que el legislador los equipare al concurso ideal propiamente dicho”. F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal: parte general, 7ma ed., Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, pág. 463. Como este caso no versa sobre ese tipo de concurso, no profundizamos en su análisis.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera García

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Vicente Rodríguez Maldonado, recurrido.

      Número: CC-2010-0810

      Resuelto: 20 de abril de 2012

      Daphne M. Cordero Guilloty, María C. Umpierre Marchará, procuradoras generales auxiliares, y Zaira Z. Girón Ana-dón, subprocuradora general, representantes de El Pueblo de Puerto Rico, parte peticionaria; Eliezer Rodríguez Cin-tron, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso nos brinda la oportunidad de precisar los requisitos para el archivo definitivo y sobreseimiento de un caso, luego de que las partes llegan a un acuerdo de tran-sacción según lo dispone la Regla 246 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Específicamente, la controver-sia que debemos evaluar gira en torno a si un tribunal puede reinstalar una denuncia archivada de acuerdo con la referida regla, cuando no se satisficieron los requerimien-tos establecidos en esta y se ha incumplido con los térmi-nos de la transacción habida entre las partes. Para resolver adecuadamente el recurso que nos ocupa, reseñamos los hechos de mayor relevancia y los incidentes procesales acaecidos.

I

El 24 de abril de 2008 el Ministerio Público presentó una denuncia contra el Sr. Vicente Rodríguez Maldonado (señor Rodríguez Maldonado o recurrido) por haber infringido el Art. 205 del Código Penal de Puerto Rico() disposición que tipifica la usurpación. Específicamente, se le imputó que el 10 de diciembre de 2007 penetró en un domicilio ajeno sin el consentimiento expreso del dueño para realizar actos de dominio. En consecuencia, el foro primario determinó causa probable por el delito imputado.

En la vista celebrada el 11 de junio de 2009, las partes informaron al tribunal que habían llegado a un acuerdo de transacción. Indicaron además, que la propiedad usurpada era objeto de un conflicto entre los miembros de una Sucesión. Surge de la minuta de la vista que la defensa comunicó al foro juzgador que se realizaron unas ofertas de compraventa sobre ese mismo inmueble, que finalizarían la controversia.!) Igualmente, el perjudicado y el recurrido manifestaron al tribunal que habían llegado a un acuerdo para transigir el delito. Este acuerdo consistía en que el Ministerio Público solicitaría el archivo del cargo de usur-pación luego de que el peijudicado aceptara que Rodríguez Maldonado ocupaba la propiedad en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito entre él y un tercero. Asimismo, pactaron que el recurrido se obligaba a desalojar la propie-dad el 30 de noviembre de 2009.

En consecuencia, el perjudicado declaró bajo juramento que le constaba que el acusado suscribió un contrato de arrendamiento con un tercero y la fecha cuando debía des-alojar el inmueble en cuestión.() Del mismo modo, con-signó que estaba de acuerdo en llegar a una transacción del caso y que haría lo propio en la esfera civil con su abo-gado y con la representación legal de la Sucesión.

Cónsono con lo enunciado y ya que las partes llegaron a un acuerdo, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa criminal en conformidad con la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra. Por consiguiente, el foro de instancia de-cretó en sala el archivo del caso de acuerdo con el citado precepto sin la imposición de las costas.() Empero, por error del foro primario, en la sentencia consta que el ar-chivo se decretó segün la Regla 247() de Procedimiento Criminal, en lugar de la Regla 246.() Subsiguientemente, el 15 de diciembre de 2009 el Tribunal de Primera Instan-cia enmendó la referida sentencia para corregir el error en su dictamen.()

AsI las cosas, el 2 de diciembre de 2009 el señor RodrI-guez Maldonado presentó una solicitud para que se le con-cedieran dos meses adicionales para desalojar el inmueble ocupado. Adujo que en la residencia vivian menores de edad y que ann no habIa encontrado otra vivienda. For su parte, mediante Resolución de 7 de diciembre de 2009 el foro primario coligió que la sentencia era final y firme, y que la petición serIa considerada como una enmienda a la sentencia.() En atención a ello, pautó una vista para el 25 de enero de 2010. La FiscalIa expresó ese dia que la solici-tud de archivo del caso por transacción fue prematura. For ese fundamento, solicitó que se dejara sin efecto la senten-cia dictada el 11 de junio de 2009 y peticionó la continua-ción del proceso criminal, incluyendo una acción para que se encontrara al recurrido incurso en desacato. En conse-cuencia, el tribunal dejó sin efecto la sentencia sobre el archivo del caso y señaló juicio en su fondo para el 11 de febrero de 2010.

Inconforme con ese proceder, el 9 de febrero de 2010 el señor RodrIguez Maldonado presentó una moción de reconsideración. En su escrito, arguyó que el foro primario no tenIa jurisdicción para dejar sin efecto una sentencia final y firme. Además, adujo en su petición que el Estado estaba impedido de procesarlo dos veces por el mismo delito. AsI las cosas, en la vista celebrada el 11 de febrero el Tribunal de Primera Instancia se reservó su determinación sobre la moción de reconsideración y reseñaló el juicio para el 23 de febrero de 2010. En esa fecha, el Ministerio Fiscal manifestó su oposición a la petición de reconsideración de la defensa y solicitó la imposición de un desacato al recu-rrido por su incumplimiento con el desalojo de la residencia en la fecha convenida. Por su parte, el foro primario de-claró “no ha lugar” a la moción de reconsideración y señaló el juicio para el 31 de marzo de 2010.

Aún insatisfecho, el señor Rodríguez Maldonado acudió al Tribunal de Apelaciones. Ese foro judicial, mediante una sentencia de 16 de agosto de 2010, revocó el dictamen del tribunal de instancia que había dejado sin efecto el archivo de la causa de acuerdo con la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra.()

No conteste con el proceder del foro a quo, el Pueblo acudió oportunamente ante nos mediante un recurso de certiorari y formuló los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia y decretar que, a pesar de que el Sr. Rodríguez Maldonado no cumplió con la condición suspensiva impuesta al archivo decretado al amparo de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, el Tribunal a quo no podía reactivar el proceso criminal pues carecía de jurisdic-ción para atender la controversia.
En la alternativa, erró al no decretar la nulidad del archivo, por no satisfacerse los criterios de la Regla 246, mucho más cuando su determinación descansó en la premisa equivocada de que el Ministerio Fiscal podría encauzar [sic] nuevamente al aquí recurrido por el mismo delito. Petición de certiorari, pág. 7.

Luego de examinar el recurso, expedimos el auto de cer-tiorari y ordenamos a las partes que presentaran sus res-pectivos alegatos. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

HH I — I

Como norma general, no es una defensa para el impu-tado de delito que la víctima haya condonado la ofensa sufrida. Véase I LaFave, Substantive Criminal Law 2nd, Sec. 6.5, pág. 503 (2003). Ello es así porque la intervención del Estado para combatir la actividad criminal representa, no solo el interés particular del perjudicado, sino el interés social de armonía que el delito enerva. Pueblo v. Ramírez Valentín, 109 D.P.R. 13, 15 (1979). Por tal razón, que el agresor compense efectivamente los daños al ofendido no priva al Estado de ejercer su poder punitivo. Id. Empero, el principio de la reparación del daño forma parte del panorama jurídico penal y, a su vez, provee una alternativa a los rigores del procedimiento criminal en cuanto busca la reconciliación de las partes y la restauración del daño social ocasionado. Id. Véase, además, E.C. Viano, La justicia restauradora: una nueva perspectiva en derecho penal, vic-timología y criminología, 1 Rev. Der. Hum. y Transí. Conf. (2009). Así pues, en varias jurisdicciones se permite que en los delitos cometidos bajo circunstancias que denotan una ausencia de peligrosidad por parte del actor, la reparación de los daños causados extinga la responsabilidad penal. Pueblo v. Ramírez Valentín, supra. Véanse: LaFave, op. cit; H. Silving, Criminal Justice, Buffalo, N.Y., WM. S. Hein & Co. Inc., 1971, Vol. I, pág. 120, citando a E. Ferri (Kelly y Lisle, trads.), Criminal Sociology, Boston, Ed. Little, Brown and Company, 1917, pág. 553. En esos casos, por la naturaleza predominantemente privada del daño, la necesidad de sancionar la actividad criminal puede satis-facerse con la compensación del mal causado. Pueblo v. Ra-mírez Valentín, supra. Por esa razón, mediante la vía esta-tutaria y a modo de excepción, se ha permitido la transacción de ciertos delitos bajo determinadas circun-stancias. En general, se consideran transigióles solo aque-llos delitos menos graves que cumplan con los requisitos estatutarios establecidos y que a su vez generen una causa de acción civil a favor del perjudicado. LaFave, op. cit.\ J.F. Ghent, Construction and Effect of Statute Authorizing Dismissal of Criminal Action Upon Settlement of Civil Liability Growing Out of Act Charged, 42 A.L.R.3d 315 (1972).

Actualmente, la Regia 246 de Procedimiento Criminal, supra, establece los términos y las condiciones para la transacción de delitos en nuestra jurisdicción. Es pertinente señalar que esta regla tiene su génesis en los Arts. 445 a 447 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902. Estos artículos provinieron de las Sees. 1377 a 1379 del Código Penal de California, que a su vez tienen su origen en una ley de 1813 de Nueva York. Véanse: Pueblo v. Vázquez, 120 D.P.R. 369 (1988); People v. Moulton, 131 Cal. App.3d Supp. 10,16 (1982). A esos efectos, en People v. Moulton, supra, págs. 17-18, se analizan los orígenes del acuerdo transaccional:

All the statutes authorizing civil compromise of criminal actions trace their origins to a New York statute in effect in 1813, providing:
“That in all cases where a person shall, on the complaint of another, be bound by recognisance to appear, or shall, for want of surety, be committed, or shall be indicted for an assault and battery, or other misdemeanor, to the injury and damage of the party complaining, and not charged to have been done riotously or with intent to commit a felony, or not being an infamous crime, and for which there shall also be remedy by civil action, if the party complaining shall appear before the magistrate who may have taken the recognisance, or made the commitment, or before the court in which the indictment shall be, and acknowledge to have received satisfaction for such injury and damage, it shall be lawful for the magistrate in his discretion to discharge the recognisance, & c. or for the court also in their discretion, to order a nolle prosequi to be entered on the indictment....”. (1 N.Y.R.L. (1813) p. 499, sec. 19.) (Én-fasis en el original).

En nuestras reglas de enjuiciamiento criminal, las tran-sacciones de delito solo eran posibles en aquellos casos que involucraban la comisión de delitos menos graves. Así, el Art. 445 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902 expresaba lo siguiente:

Cuando sea detenida una persona para responder a una acusación de misdemeanor (delito menos grave), y el individuo perjudicado por el hecho que constituye delito tenga el recurso de indemnizarse del daño por medio de una acción civil, el asunto puede transigirse en la forma que dispone el artículo siguiente, excepto cuando el delito sea cometido:
(1) Por un empleado judicial o contra él, mientras esté en el ejercicio de las funciones de su cargo;
(2) Tumultuosamente;
(3) Con la intención de cometer un felony (delito muy grave). Comisión Conjunta codificadora legislativa de Puerto Rico, Code of Criminal Procedure of Puerto Rico / Código de Enjui-ciamiento Criminal de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, págs. 289-291, 1935.

Por su parte, el Art. 446 de ese mismo cuerpo legal es-tablecía los requisitos para que se efectuara la transacción en el ámbito penal, y a tales efectos disponía lo siguiente:

Si la parte perjudicada comparece ante el tribunal al que hayan de ser remitidas las declaraciones en cualquier mo-mento antes de la celebración del juicio, y reconoce plena-mente que ha recibido reparación por el daño causádole, el tribunal puede decretar discrecionalmente y previo pago de las costas devengadas, que se suspendan todos los procedi-mientos en persecución del delincuente, y que éste quede exo-nerado de la culpa; pero en tal caso los fundamentos que tenga el tribunal para dictar el auto deben exponerse en éste, e in-sertarse en el acta del tribunal. Dicho auto imposibilita la ins-trucción de otro proceso por el mismo delito. Comisión Con-junta Codificadora Legislativa de Puerto Rico, op. cit., pág. 291.

Asimismo, el derogado Art. 447 establecía que “[n]ingún delito público puede transigirse, como tampoco suspen-derse ningún procedimiento o proceso, para el castigo del mismo, en virtud de una transacción, sino del modo esta-blecido en este capítulo”. Comisión Conjunta codificadora legislativa de Puerto Rico, op. cit., pág. 291.

Tras la aprobación en 1963 de las Reglas de Procedi-miento Criminal se derogaron los citados artículos del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, pero su contenido —en esencia— fue recogido en la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra. Más adelante, esta norma fue enmendada por la Ley Núm. 53 de 1 de julio de 1988.() Esta legisla-ción, entre otros fines, requirió la participación y anuencia del Ministerio Público en el proceso para el archivo y so-breseimiento de un caso por transacción. De esta forma, se revocó por la vía legislativa lo pautado en Pueblo v. Vázquez, supra, en torno a que el Ministerio Público solamente debía ser oído en este proceso, pero no se necesitaba —ni era un requisito— su anuencia para que procediera el ar-chivo de un delito por transacción.

Subsiguientemente, tras la aprobación del Nuevo Código Penal de Puerto Rico de 2004, el referido estatuto fue enmendado nuevamente, esta vez por la Ley Núm. 317-2004 (34 L.P.R.A. Ap. II), para atemperarla al Art. 98 del Código Penal (reparación de los daños).() D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 9na ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2011, págs. 159-160. Esa enmienda añadió la categoría de los delitos graves de tercero y cuarto grado como parte de los delitos que se pueden transigir por medio de la Regla 246.

Dentro de ese contexto, y por la importancia que tiene para nuestro análisis, citamos in extenso el texto de la norma procesal vigente:

Sólo podrán transigirse delitos menos graves, graves de cuarto grado o de tercer grado, cuando el imputado o el acu-sado se haya esforzado por acordar una compensación con el perjudicado y le haya restablecido en su mayor parte a la si-tuación jurídica anterior al hecho delictivo, o lo haya indem-nizado total o sustancialmente, en una situación en la que la reparación de los daños le exija notables prestaciones perso-nales, con el consentimiento del perjudicado y del ministerio público.
En aquellos casos en que esta regla permite la transacción, si la parte perjudicada compareciere ante el tribunal donde está pendiente la causa en cualquier momento antes de la ce-lebración del juicio y reconociere plenamente que ha recibido reparación por el daño causádole, el tribunal podrá en el ejer-cicio de su discreción y con la participación del fiscal, decretar el archivo y sobreseimiento definitivo del caso, previo pago de las costas. El tribunal expondrá los fundamentos del sobresei-miento y archivo, los cuales se harán constar en las minutas. El sobreseimiento y archivo así decretado impedirá la formu-lación de otro proceso contra el acusado por el mismo delito. (Énfasis nuestro). 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 246.

Ciertamente, del contenido de la transcrita Regla 246 se colige que no todo delito es susceptible de ser transigido por la previa compensación a la víctima. Pueblo v. Ramírez Valentín, supra. Este Tribunal ha aclarado que los delitos “donde no sólo se lesionan particulares intereses privados, sino que por el contrario se afectan fundamentales postulados sociales y comunitarios el procedimiento criminal es insoslayable”. Id., pág. 17. Cabe mencionar que esta norma no reconoce efectos definitivos a la transacción entre la parte peijudicada y el acusado para propósitos del archivo de la acusación penal. Id. Esto, pues dicha pauta concede discreción al tribunal para decretar finalmente el archivo y sobreseimiento del caso.

Consecuentemente, hemos apuntado que la discreción del tribunal en los casos de archivo por transacción “no es cosa baladí y denota en cambio, sabio criterio”. Pueblo v. Ramírez Valentín, supra, pág. 17. Ello es así, ya que es el juzgador quien “puede advertir circunstancias concurrentes con el delito que reflejen elementos de perversidad, temeridad o conducta tan crasamente antisocial en el acto delictivo que deban ser corregidos a través de la operación del mecanismo penal”. Id. El empleo de este sabio juicio es imperativo. Es necesario que el foro juzgador vigile y escu-driñe estos acuerdos para evitar el archivo de delitos en virtud de transacciones realizadas bajo cualquier tipo de coacción, chantaje o soborno.

Conforme con esos pronunciamientos y según surge del texto de la aludida regla, para que un acuerdo de transacción por un delito sea efectivo y pueda entonces archivarse definitivamente la causa pendiente, es necesario que el acusado se esfuerce por acordar una compensación para indemnizar total o sustancialmente al perjudicado por el daño causado. Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra. Para acreditar este esfuerzo, la referida norma exige que la parte afectada comparezca al tribunal y confirme que ha recibido la reparación del daño. Id. Es decir, el tribunal podrá decretar un archivo administrativo sujeto o condicionado a que el recurrido cumpla con los términos convenidos en la transacción, siempre y cuando no emita una sentencia de sobreseimiento hasta tanto la parte perjudicada le haya acreditado plenamente el cumplimiento total o sustancial de esta.()

De esta forma, salvaguardando la seriedad y los rigores del procedimiento criminal, el archivo y sobreseimiento de un caso —según esta regla— no puede ser realizado de forma caprichosa, insensata y ligera. Es por tal razón que el tribunal que archive una causa de acuerdo con los rigores de esta norma, tiene que exponer los fundamentos para el sobreseimiento y archivo, y así hacerlos constar en las minutas. Regla 246, supra. Solo después del cumplimiento de estos rigurosos requerimientos legales el tribunal, en el ejercicio de su discreción y con el consentimiento del Ministerio Fiscal, podrá decretar el archivo y sobresei-miento de la causa criminal que tiene ante su consideración. En consecuencia, debe enfatizarse que, una vez cumplidas las exigencias para proceder al archivo de un delito según este precepto de ley, la formulación de otro proceso por el mismo delito contra el acusado es improce-dente en derecho. Por el contrario, toda sentencia para ar-chivar que no observe las solemnidades y los requisitos prescritos en la enunciada regla, se considerará nula.

Así lo reconocimos en Pueblo v. Tribl. de Distrito y Colón, Int, 74 D.P.R. 838 (1953). En ese caso, el Ministerio Público presentó una denuncia contra el señor Colón por acometimiento y agresión grave. Sin embargo, ese mismo día la víctima presentó una moción de archivo y sobreseimiento según las disposiciones del derogado Art. 446 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935. En su escrito, adujo haber llegado a un “acuerdo amistoso” en el que el acusado le indemnizó por los perjuicios sufridos mediante el pago de “suficiente consideración de dinero”. Id., pág. 841. En respuesta, el tribunal archivó el caso por el delito imputado y el fiscal que presentó la denuncia estuvo de acuerdo. Subsiguientemente, otro fiscal presentó una acu-sación contra Colón por los mismos hechos, imputándole en el segundo cargo un delito de ataque para cometer asesinato. Id., pág. 842. El acusado formuló la alegación de doble exposición y de cosa juzgada, y solicitó el archivo de la acusación por el segundo cargo. Así las cosas, llegada la controversia a nuestra consideración, expresamos que nin-gún delito puede transigirse sino del modo establecido en las citadas reglas. Id., pág. 852. Por consiguiente, conclui-mos allí que el archivo del caso por transacción constituyó una sentencia nula que no podía surtir efecto alguno, por lo tanto, no procedía la alegación del acusado de doble expo-sición o cosa juzgada. Id., pág. 860.

Específicamente, ante la interrogante de si un tribunal está facultado a dejar sin efecto una orden de ar-chivo de denuncia, ordenar que esta última sea reinstalada y el caso sea llevado a juicio, en Pueblo v. Ruiz, 61 D.P.R. 444, 445 (1943), resolvimos en la afirmativa. En esa oca-sión concluimos que, aunque el sobreseimiento de una de-nuncia o acusación “tiene el efecto legal de poner fin a los procedimientos bajo tal denuncia o acusación; y ni la una ni la otra pueden ser reinstaladas para continuar el pro-ceso de acuerdo con ellas”, ello no aplica cuando la orden de sobreseimiento está todavía bajo el control del tribunal que la dictó y se determina que procede anularla, ya sea por motivo de fraude o de la comisión de un error de hecho o de derecho. íd., págs. 445-446. Véase Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 904 (1960). Por consiguiente, determinamos que el foro sentenciador podía dejar sin efecto su propia orden de archivo para reinstalar así el caso previamente sobreseído.

Más adelante, en Pueblo v. Tribl. Superior, supra, reconocimos que el tribunal sentenciador “puede y debe anular un sobreseimiento decretado por motivo de error en la aplicación de la ley”. (Enfasis nuestro). Id., pág. 922. Específicamente, concluimos que el error de derecho justifica la reconsideración de una sentencia dictada en un proceso criminal. Id.

En relación con esto último, es preciso destacar que una sentencia ilegal es la que un tribunal dicta sin jurisdicción o autoridad, en abierta contravención al derecho vigente. Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834, 838 (1963); E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 562. Por consiguiente, una sentencia así dictada es nula e inexistente, ya que los estatutos de penalidad son jurisdiccionales. Pueblo v. Lozano Díaz, supra. En atención a ello, una sentencia nula no puede afectar, menoscabar ni crear derechos. Pueblo v. Tribl. de Distrito y Colón, Int., supra, pág. 860, citando a State v. Bates, 61 Pac. 905, 83 A.S.R. 768, 772 (1900). Así pues, una actúación judicial inválida no debe conllevar consecuencias legales ni beneficios para ninguna de las partes. Pueblo v. Lozano Díaz, supra.

En ese contexto, en Pueblo v. Lozano Díaz, supra, sostuvimos que un tribunal tiene la facultad para corregir sentencias contrarias a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. También hemos reiterado que esta facultad puede ser ejercida a solicitud de parte interesada o motu proprio con el propósito de ajustar las sentencias a la ley, tanto para corregir un error en que hayan podido incurrir al imponerlas como para ajustarlas a cualquier situación de hechos probados por una u otra parte. Pueblo v. Román Feliciano, 181 D.RR. 679 (2011).

HH I — I l-H

El texto de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, es claro y preciso al requerir, antes del archivo y sobreseimiento de un caso, que se acredite ante el tribunal que la persona afectada por la acción delictiva ha sido indemnizada total o sustancialmente, recibiendo así la reparación del daño causado. Según la ley aplicable, no cabe hablar del cumplimiento de condiciones suspensivas para que un archivo ya decretado mediante sentencia de acuerdo con dicha regla advenga final y firme. Por ello, pasamos de plano a discutir los méritos del segundo error planteado por el Estado.

A la luz del marco fáctico enunciado, nos corresponde resolver si en el caso de autos, el foro primario tenía la facultad de dejar sin efecto el archivo de un delito al am-paro de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, que especifica que los archivos así decretados impedirán la formulación de un nuevo proceso. Las circunstancias par-ticulares apuntan a que el señor Rodríguez Maldonado fue acusado de usurpar una propiedad ajena. Ambas partes llegaron al acuerdo de que el recurrido abandonaría la pro-piedad en determinada fecha. Empero, el Ministerio Pú-blico solicitó el archivo sin que el recurrido hubiera desalo-jado aún la propiedad. Así también, el juez del foro primario ordenó el archivo y sobreseimiento de la denuncia sin que el perjudicado reconociera que el desalojo ocurrió y, por ende, que el daño fue reparado. Tal y como hemos pun-tualizado, para que pueda operar la transacción de la ac-ción penal al amparo de la citada regla procesal es necesa-rio que la parte peijudicada reconozca plenamente que ha recibido la reparación del daño causado por el imputado del delito. Empero, surge de los hechos que tenemos ante nuestra consideración que ese requisito no estuvo presente cuando el tribunal accedió a la solicitud de archivo por transacción.

Ante ese error y a solicitud del Ministerio Público, el foro de instancia actuó correctamente al dejar sin efecto la sentencia de archivo al amparo de la referida Regla 246 y pautar una fecha para la celebración del juicio. Contrario a lo alegado por el recurrido, el tribunal no estaba impedido de reconsiderar su craso error. Ante el incumplimiento con las exigencias del referido precepto procesal, la sentencia para el archivo fue prematura y errónea. Por tal razón, el Ministerio Público puede, en efecto, solicitar la reinstala-ción de la denuncia o acusación para la continuación del encausamiento criminal. En virtud de la amplia facultad de reconsideración de sus propios dictámenes, el foro juz-gador puede y debe anular un sobreseimiento decretado por error en la aplicación de la ley.

Por su parte, el reclamo de Rodríguez Maldonado re-sulta muy acomodaticio e incide sobre la sana administra-ción de la justicia. Exige que, a pesar de no haber cumplido con el desalojo acordado, este Foro resuelva que la errada sentencia de archivo advino final y firme, y que resolver lo contrario implicaría una violación a sus derechos. Esa des-atinada interpretación del Derecho aplicable no puede te-ner espacio en nuestro ordenamiento jurídico. Según he-mos afirmado en el pasado, es un principio fundamental de derecho que no se debe permitir que una persona derive beneficio de su propia estafa. Pueblo v. Ruiz, supra. La burla al sistema de justicia que propone el alegato del se-ñor Rodríguez Maldonado no puede, bajo ningún concepto, ser ratificada por esta Curia.

No cabe la menor duda que la sentencia de archivo y sobreseimiento dictada por el foro primario a favor del se-ñor Rodríguez Maldonado fue nula. Cónsono con ello, la continuación con los procedimientos judiciales en nada afecta los derechos que le garantiza nuestro ordenamiento jurídico al recurrido. En el caso de autos, el acusado nunca estuvo expuesto a los rigores de un juicio, como alega. Al ser sometido a un juicio en su fondo, cumpliendo con las exigencias del debido proceso de ley, el recurrido podrá in-terponer las defensas que procedan legalmente.

A la luz de la pauta que hemos afirmado, los foros primarios deben cumplir rigurosamente con los requisitos de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, previo a acceder a una solicitud de archivo. Es decir, el decreto de archivo y sobreseimiento de los casos debe ser realizado solo después de conocer real y específicamente el cumplimiento total o sustancial de lo convenido por las partes en el acuerdo de transacción. De este modo, salvaguardamos no solo los intereses particulares, sino también los postulados sociales y comunitarios que imperan en nuestro ordenamiento penal.

IV

Por todo lo anterior, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones y ordenamos la devolución del expediente de autos al foro primario para que continúe con los procedi-mientos judiciales conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) 33 L.P.R.A. see. 4833.

      (2) Véase Apéndice, pág. 89.

      (3) íd.

      (4) Específicamente, la minuta de la vista de 11 de junio de 2009 expresa: “A petición del Ministerio Público, el tribunal archiva el caso por la Regla 246 sin costas”. Apéndice, pág. 90.

      (5) Esta norma autoriza el sobreseimiento de una acusación por el Secretario de Justicia o un fiscal previa aprobación del tribunal. vease 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (6) Véase Apéndice, pág. 88.

      (7) Id., pdg. 44.

      (8) Id.

      (9) Es importante señalar que la decisión del Tribunal de Apelaciones, Panel de Ponce no fue unánime, pues el juez López Feliciano emitió un voto disidente. Véase Pueblo v. Vicente Rodríguez Maldonado, KLCE201000408, Apéndice, pág. 10.

      (10) 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (11) 33 L.P.R.A. see. 4726. Dicho artículo establece que:
      “En los delitos graves de tercer grado, en los delitos graves de cuarto grado y en los delitos menos graves, cuando el autor se haya esforzado por acordar una compen-sación con el perjudicado y le haya restablecido en su mayor parte a la situación jurídica anterior al hecho delictivo, o lo haya indemnizado total o sustancialmente, en una situación en la que la reparación de los daños le exija notables prestaciones o renuncias personales, el tribunal podrá con el consentimiento del perjudicado y del fiscal decretar el archivo y sobreseimiento de la acción penal”.

      (12) Tómese en cuenta que aunque no está definido en nuestro esquema proce-sal, el archivo administrativo es una modalidad generalizada por la cual los tribu-nales de instancia archivan temporalmente un caso que está inactivo, para que las estadísticas judiciales no lo reflejen como un caso pendiente de resolución.