text:
    Rivera, Demandante y Apelado, v. Fernández et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3203.

    Visto: Abril 25, 1924.

      Resuelto: Julio 26, 1924.
    División de la Comunidad — Consentimiento de Todos dos Condueños. — Se re-vocó en este caso la sentencia que declaró con lugar una demanda para pediv que sea elevada a documento público la división de una finca practicada por agrimensor en un plano en que constan las adjudicaciones hechas a los con-dueños quienes firmaron el plano, porque la prueba demostró que la división no fué hecha por todos los que a la fecha en que se hizo eran condueños.
    Id. — Contbademanda—Partes Demandantes. — Una contrademanda contra los demandantes y contra otras personas no puede prosperar, porque no pueden traerse al pleito como eontrademandados a personas que no eran deman-dantes.
    SENTENCIA ele M. Rodríguez Berra, J. ('San Juan, Segundo Distrito), en una acción sobre otorgamiento de escritura, declarando con lugar la demanda y sin lugar la contrademanda, con las costas y honorarios de abogado al demandado.

      Revocada.

      H-. Torres Sola, R. Ramírez y J. B. Boto, abogados de los apelantes; R. Rivera Zagas y E. Díaz Viera, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

(. Se' demanda en este pleito que sea elevada a documento publico la división de una finca practicada por un agrimen-sor en el que constan las adjudicaciones que fueron Fechas a los condueños quienes firmaron su conformidad en ql mismo plano, y se apela de la sentencia que accedió a la -pe-tición del demandante.

Por escritura pública de 11 de marzo de 1914 en que comparecieron Carmen Vélez, viuda de Domingo Alemán, por sí y por sil bija incapacitada Carlina y Ramón Alemán, como componentes de la sucesión de Domingo Alemán, dicha snc'esión transó un pleito con la sucesión de José Rodrí-guez y traspasó a favor de cinco personas, a saber: Car'men Rodríguez García, Nicolasa de iguales apellidos, Eva-risto Quiñones, Pedro Quiñones y Antonio Matos Ocasio, la propiedad de una finca de cuerda y cuarto de terreno radi-cada en el barrio de Hato Rey, de Río Piedras, colindante por el Norte con la calle de Santo Domingo, por el Sur con Arturo Acevedo y Trinidad Vázquez, por el Este con la ca-rretera que de San Juan conduce a Río Piedras, y por el Oeste' con la vía de los carros eléctricos.

El día 30 de ese mismo mes y año fué levantado por un ..agrimensor un plano de dicha finca en el que fueron segre-gadas tres pequeñas parcelas, de las cuales una fué adjudi-cada a Enrique González Darder y otra a Timoteo Gonzá-lez, sin que conste a quién fué adjudicada la tercera, y el ■resto de la finca fué dividido en cinco porciones siendo ad-judicada una a cada una de las cinco personas que habían adquirido la finca por escritura de 11 de marzo' de 1914, que no consta haya sido inscrita en el registro de la pro-piedad.

Por otra escritura pública del año siguiente, 28 de diciembre de 1915, Carmen Vélez, viuda de Domingo Alemán, por sí y como heredera de su hija Carlina, vendió a las mismas cinco personas antes mencionadas, por precio que confesó recibido de ellas, tres cuartas partes que dijo per-tenecerías por sus gananciales y por herencia de su hija, 'de la misma finca antes relacionada, aunque sus colindancias varían un poco. En esta escritura no intervino Ramón Ale-mán y fué inscrita en el registro de la propiedad en cuanto a la participación de Evaristo Quiñones Rodríguez.

Esas cinco personas han enajenado por documentos pú-blicos el condominio indiviso que cada una tenía de una quinta parte de tres cuartas partes en dicha finca, pertene-ciendo' ahora una de esas auintas nartes de tres cuartas •partes indivisas' al demandante Domingo Rivera Almodóvar, tres a José Martínez Llonín y la otra al otro demandado Bernardo Fernández Porrero, quien además adquirió la cuarta parte que en la finca tenía el heredero Ramón Ale-mán.

En la demanda se alega que dichas cinco personas y además Enrique González Darder y Timoteo González eran dueños de la finca según la escritura de 28 de diciembre de 1915 de- tres cuartas partes, siendo la otra cuarta parte de Ramón Alemán. No hay prueba alguna en los autos del título de Enrique González Darder ni de Timoteo González y no sabemos por qué después de haber obtenido dichas cinco personas-un título de toda la finca por transacción, otorga-ron otro documento en el que aparecen comprando tres cuar-tas partes de esa finca, pues la explicación que se da de que ese documento se hizo para corregir las colindancias no nos satisface, ya que substancialmente son iguales en ambos títulos y sobre todo por la diferencia grande que hay entre ambos, pues por el primero adquirieron toda la finca y por el segundo solamente tres cuartas partes y por dis-tinta causa. Pero cualquiera que haya sido la razón de lo sucedido tenemos que tomar por base la alegación de la de-manda respecto a que esas cinco personas eran dueñas de tres cuartas partes de la finca según la escritura de 28 de diciembre de 1915 y que la otra cuarta parte era de Ramón Alemán por herencia, y por tanto, habiendo sido dividida la finca en el plano entre dichas cinco personas sin interven-ción del condueño Ramón Alemán, quien por consiguiente no recibió participación alguna por su cuarta parte, la división y adjudicaciones hechas en el plano de 30 de marzo de 1914 no puede ser elevada a documento público como división de la finca porque no fue hecha por todos los que entonces eran condueños. El mismo demandante al contestar una contrademanda en este caso manifestó que la división se ha-bía hecho solamente de tres cuartas partes de la finca, la que no resulta justificado del plano ni de la prueba, y de todos modos las personas que intervinieron en la división no estaban justificadas sin el consentimiento de Ramón Ale-mán para determinar las tres cuartas partes que habían de dividirse entre sí.

Los demandados contrademandaron para que se decrete la división de la comunidad y dirigieron esa eontrademanda contra el demandante y contra otras dos personas que no son partes en este pleito, por lo que por este motivo no es procedente, pues los demandados no pueden por una contra-demanda traer al pleito a otras personas que en él no figu-raban como demandantes. 34 Cyc. págs. 712 y 715.

En vista de lo expuesto llegamos a la conclusión de que debemos revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar otra declarando sin lugar la demanda y también la contra-demanda, sin especial condena de costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Monagas, Demandante y Apelado, v. Rivera et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3267.

    Visto: Junio 10, 1924.

      Resuelto: Julio 26, 1924.
    Cortes de Igual Categoría — Injunction de una Corte para Restringir Proce-dimientos de Otra — Jurisdicción.—Cuando se presentó la demanda de injunction origen de este pleito, ya la Corte Suprema había resuelto la cuestión, de traslado a favor de la Corte de Distrito de Mayagüez, y eso no obstante, el segundo mandamiento para ejecutar 1a. sentencia dictada en rebeldía por la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, y que había caído por su base a virtud de la resolución del Supremo (Santalís v. El Zenit, 28 D. P. R. 701), fué expedido. Si no de hecho, de jure el pleito estaba bajo la juris-dicción de la Corte de Distrito de Mayagüez. Además, los bienes embarga-dos y que corrían el riesgo de ser vendidos en pública subasta, estaban su-jetos a una administración judicial decretada por la Corte de Distrito de Mayagüez, y se trataba de ocho pólizas distintas que podían ser adquiridas por otras tantas personas, siendo evidente la multiplicidad de procedimientos que podría surgir. Bajo .esas circunstancias es necesario concluir que el injunction para impedir que el marshal de la corte de San Juan vendiera las pólizas fué librado con jurisdicción por la Corte de Distrito de Mayagüez, siendo por lo tanto el presento caso una excepción a la regla que prohibe a una corte restringir por medio de injunction los procedimientos de otra de igual categoría.

      SENTENCIA de A. Acosta, J. (Mayagüez), declarando con lugar de-manda de injunction, con las costas.

      Confirmada.

      H. F. Besosa, abogado de los apelantes; J. Sabater, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del . tribunal.

Juan A. Monagas como administrador de los bienes del finado John J. Siebert, estableció en la Corte de Distrito de Mayagüez un pleito sobre injunction contra J. Rivera Cabrera, Márshal de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, y la Corporación Simmons Hardware Co., de Missouri.

En la demanda se alegó, en resumen, que la corporación demandada inició, el 7 de noviembre de 1921, en la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, un pleito en co-bro de pesos contra Healy & Siebert; que los herederos de Siebert alegando ser la verdadera parte demandada en dicho pleito comparecieron en el mismo a los solos efectos de pedir el traslado a la Corte de Distrito de Mayagüez, lu-gar de su residencia; que el traslado fue negado y la reso-lución apelada para ante la Corte Suprema; que la corpo-ración Simmons Hardware Co. siguió gestionando y obtuvo una sentencia en rebeldía del demandado y para ejecutarla embargó una goleta de la propiedad de los herederos de Siebert y se la adjudicó por una suma menor que el importe de la sentencia por no existir postores el día de la subasta; que así las cosas la Corte Suprema el 28 de julio de 1922 resolvió la cuestión de traslado revocando la resolución de la Corte de Distrito de San Juan y ordenando que el pleito fuera remitido a la de Mayagüez (31 D.P.R. 135); que eso no obstante la corporación demandada obtuvo del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan que expidiera un manda-miento para continuar la ejecución de la indicada sentencia en rebeldía y en cumplimiento del mismo se embargaron ocho pólizas de seguro pertenecientes a los herederos de Siebert, por lo que éstos, para impedir el remate y evitar una muí-tiplicidad de procedimientos, acudieron a la corte de su. do-micilio y entablaron la demanda de injunction a que nos re-ferimos en el párrafo primero de esta opinión.

Se libró una orden de injunction preliminar, quedando en entredicho las partes. La demandada excepcionó la de-manda alegando que la Corte de Mayagüez carecía de juris-dicción. La excepción fué declarada sin lugar concediéndose a la demandada quince días para contestarla. No se apro vechó del plazo la demandada, apeló para ante esta Corte Suprema y su apelación fué desestimada por tratarse de una orden que no ponía fin al litigio. Solicitó la parte de-mandante, vista la actitud de la demandada, que se dictara sentencia, y así lo hizo la corte quedando en tal virtud con-vertida en perpetua la orden de injunction preliminar. Y contra esa sentencia, dictada el 11 de enero de 1924, fué que se interpuso el presente recurso de apelación.

Antes de entrar en los méritos del caso, diremos que debe declararse sin lugar la moción de la parte apelada pi-diendo la desestimación del recurso por tratarse de una cuestión académica. Es cierto que de los autos resulta que la sentencia que sirvió de base a los embargos' fué declarada 'nula por la propia Corte de Distrito de San Juan que la dictara, que apelada la resolución fué desestimado el re-curso quedando por tanto firme la declaración de nulidad y que siendo ello así parece es innecesario resolver si proce-día o nó el injunction paralizando cierta subasta declarada ya nula de modo definitivo. Sin embargo queda en pie por lo menos una condena eñ costas que hace indispensable in-vestigar y resolver si la corte que la impuso tenía o nó ju-risdicción para ello.

La verdadera cuestión legal envuelta ha sido bien pre-sentada por la parte apelante, así: ¿Puede una corte res-tringir, suspender o anular por medio de injunction las ac-tuaciones, sentencias o mandamientos de otra corte de igual ■categoría?

En el caso de Benítes v. Pórtela et al., 27 D.P.R. 919, 922, esta corte por medio de su Presidente Hernández se expresó así:

“La cuestión levantada sobre falta de jurisdicción de la Corte de distrito de Humacao para espedir el injunction solicitado no es nueva y antes de ahora ha sido considerada y resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Sucn. Iglesias v. Bolívar, 11 D.P.R. 571. Entonces dijimos que con arreglo a la jurisprudencia de California era necesario entablar los procedimientos de injunction en la corte que dictara la sentencia o decreto cuya ejecución se tratara de ’suspender o en la corte en que se siguieran dichos procedimientos; y para sostener esa doctrina nos referimos a los casos de Crowley v. Davis, 37 Cal. 268; Hockstacker v. Levy, 11 Cal. 76; Uhlfelder v. Levy, 9 Cal. 615; Gorham v. Toomey, 9 Cal. 77; Chipman v. Hibbard, 8 Cal. 270; Bickett v. Johnson, 8 Cal. 35; y Revalk v. Kraemer, 8 Cal. 71. Y el fin de dicha- regla, como dijo el Juez Sr. Sprague en el caso de Crowley v. Davis, no ha sido precisamente • proteger los derechos de las partes sino más bien proteger los dere-chos de las cortes de igual categoría, para evitar conflicto de juris-dicción, demora y la confusión en la administración de justicia.
“Y antes de resolver el caso de Sucn. Iglesias v. Bolívar, supra, en otro caso anterior de The Bonnie Fruit Co. v. Dávila et al., 7 D.P.R. 442, dejamos establecido que una solicitud en que se pide .un mandamiento de injunction para suspender un procedimiento es un incidente' o procedimiento colateral de la demanda principal, y es regla de procedimiento que el que conoce de lo principal debe co-nocer de lo accidental o accesorio.”

Esa es la regla general, pero existe la excepción y el caso que examinamos está comprendido dentro de ella como veremos en seguida.

Cuando se presentó la demanda de injunction, ya la Corte Suprema había resuelto la cuestión de traslado a favor de la Corte de Distrito de Mayagüez, y eso no obstante, el se-gundo mandamiento pará ejecutar la sentencia dictada en rebeldía por la Corte de San Juan y que había caído por su base a virtud de la resolución del Supremo (Santaliz v. El Zenit, 28 D.P.E. 701), fue expedido. Si no de hecho, de jure el pleito estaba bajo la jurisdicción de la Corte de Dis-trito de Mayagüez. Además, los bienes embargados y que corrían el riesgo de ser vendidos en pública subasta, esta-ban sujetos a una administración judicial decretada por la Corte de Distrito de Mayagüez, y se trataba de ocho pólizas distintas que podían ser adquiridas por otras tantas perso-nas, siendo evidente la multiplicidad de procedimientos que podría surgir. Bajo esas circunstancias es necesario con-cluir que el injunction fué librado con jurisdicción por la Corte de Distrito de Mayagüez.

En el propio caso de Uhlfelder v. Levy, 9 Cal. 608, citado en el de Benitez v. Pórtela, supra, en apoyo de la regla general, se dice:

“Es cierto que pueden haber excepciones a la regla general, de que una corte de distrito no puede restringir los procedimientos de otra. Un caso que no viene dentro de la razón de la regla no vendría dentro de la regla misma. Así también en casos en que las prescripciones del Código requieran que la acción sea juzgada en un condado particular, entonces cabría la excepción. Desde luego, una prescripción positiva del estatuto, que requiere que un pleito se radique en un condado particular, debe cumplirse.’' 9 Cal. 608, 614.

El derecho que tiene un demandado a serlo en la corte del lugar de su domicilio, está garantizado expresamente por la ley, y aquí ese derecho le había sido ya reconocido por la Corte Suprema cuando la orden de injunction fué expedida.

“Bajo la regla de que una corte no puede controlar los autos de otra corte,” dice Corpus Juris, “se ha resuelto usualmente que una corte no puede- prohibir la expedición. por otra de' una orden de ejecución; ni el embargo o el cumplimiento de una orden de ejecu-ción librada en virtud de tal sentencia de otro tribunal, ni una venta en virtud de tal sentencia, aun cuando una orden de ejecu-ción de la corte de un condado sea puesta en manos del alguacil de otro condado. En algunos casos, sin embargo, el derecho de una corte a prohibir, el cumplimiento de una orden de ejecución librada por otra corte, ha sido reconocido. Una corte puede prohibir la comisión de actos ilegales en virtud de auto final de otra corte, tales como el embargo o venta de propiedad exenta, o de terreno re-clamado como homestead, o el cumplimiento de una orden de ejeeu-ción librada en virtud de sentencia nula o ya satisfecha.” 15 C.J. 1143.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Busigó, Demandante y Apelada, v. Sucesión de la Texera, Demandada y Apelante.
    No. 3181.

    Visto: Marzo 14, 1924.

      Resuelto: Julio 26, 1924.
    ÉilÍación — Prueba de la Peliaoión. — En la opinión se analiza la evidencia ofre-cida por los demandantes nacidos en 1909 y 1913 y se concluye que la filia- ' ción quedó suficientemente probada.
    Sentencta de R. Díaz Cinirón, J. (Ponce), en una acción de filia-ción, declarando con lugar la demanda, con las costas.

      Confir-mada.

      M. Bahamonde y L. López de Victoria, abogados de la apelada; G. Rodríguez, abogado de la apelante.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Josefa Busigó en representación de sus menores hijos Julio y Angel inició un pleito en la Corte de Distrito de Ponce contra la Sucesión de Agustín de la Texera compuesta de Belén de la Texera, hermana de Agustín, en demanda de una sentencia que declarara que los dichos menores.son hi-jos naturales reconocidos de Agustín de la Texera.

Contestó la parte demandada oponiéndose y alegando que Texera vivió siempre solo en su propia casa oficina, sin que tuviera relaciones de concubinato con mujer alguna y falleció en casa de la demandada asistido de sus familiares.

Pué el pleito a juicio. Practicóse la prueba ofrecida por ambas partes y la corte finalmente dictó sentencia decla-rando la-demanda con lugar. No conforme la parte deman-dada apeló, señalando en su alegato dos errores así:

“La corte incurrió en un manifiesto error al admitir probado los hechos alegados por la demandante en su demanda.
“La corte incurrió en manifiesto error de derecho al admitir que la evidencia ofrecida por la demandante es de aquellas que la ley y la jurisprudencia admiten para justificar la filiación de un hijo na- , tural. ’ ’

Ambos errores fueron discutidos conjuntamente, invo-cando especialmente para sostener el segundo la jurispru-dencia establecida últimamente por este tribunal en el caso de Medina v. Sucesión Bird, 30 D.P.R. 158, a saber:

“El concubinato a que se refiere el inciso 3 del artículo 189 del Código Civil tal como regía en 1903 es la condición de vivir juntos como marido y mujer sin estar casados, el supuesto padre y la ma-dre de la persona que reclama el reconocimiento. No es suficiente que un hombre coloque' a una mujer en una casa y frecuentemente la visite, especialmente si él tiene un hogar propio independiente como la prueba tiende a mostrar en este caso.
“En una demanda entablada al amparo del artículo 189 del Có-digo Civil tal' como regía en 1903 en la cual se alega que el supuesto hijo natural es el fruto de las relaciones amorosas que sostuvo la demandante con el demandado, es necesario probar que éstos, al tiempo de la concepción, tenían la intención de casarse o estaban comprometidos para ello.”

Estamos conformes con las siguientes manifestaciones contenidas en el alegato de la parte apelante:

,“La cuestión planteada envuelve; una acción de filiación de dos hijos naturales, nacidos uno el 14 de julio de 1909 y el otro el 29 de noviembre de 1923. La evidencia, pues en cada caso se regula por la ley vigente al tiempo de los respectivos nacimientos.
‘ ‘ Siendo esto así, son aplicables los preceptos del artículo 189 del ■ Código Civil revisado respecto al hijo nacido en el año 1909, y los del artículo 193 de la ley de la Asamblea Legislativa aprobada el año 1911, respecto al hijo nacido en el año 1913.
“Con relación al primero de esos hijos, la demandante tenía que probar de una manera clara y con pruebas vigorosas, cualquiera de los siguientes extremos:
“1. Que existía escrito indubitado de Agustín de la Texera que expresamente reconozca su paternidad.
“2. Que pública o privadamente tuvo por hijo al ñiño de que se trata, o que lo hubiera llamado hijo en conversación, o que se ocupó de la educación o sostenimiento del mismo.
“3. Que' la demandante y Texera se hallaban viviendo en concu-binato al embarazo y nacimiento del niño, o que al ocurrir ese naci-miento ellos llevaban relaciones amorosas.
“Con relación al segundo de esos hijos, la demandante tenía que probar de una manera clara y con prueba vigorosa también,, los ex-tremos siguientes:
“1. Que existía escrito indubitado de Texera que expresamente reconozca su paternidad.
“2. Que el hijo se hallaba en la posesión continua del e'sta’do de hijo natural del padre de acuerdo con los actos de éste o de su fa-milia.
“3. Que la demandante y el supuesto padre vivían en concubi-nato al embarazo o nacimiento del hijo, o que estaban en relaciones amorosas cuando tuvo lugar el nacimiento.
“14. La existencia- de prueba auténtica de la paternidad. ’ ’

Pero liemos examinado las pruebas y a nuestro juicio los Lechos y la ley justifican la sentencia.

Después de acreditados por prueba documental el naci-miento de los menores y la muerte de Agustín'de la Texera, el primer testigo que declaró fué la demandante. Su testi-monio llena diez y ocho páginas de la transcripción. Fué sometida a un largo y hábil contrainterrogatorio, pero se mantuvo siempre firme. Conoció a .Texera desde señorita, después se casó y quedó viuda. Pasaron tres años y Texera comenzó a enamorarla. Texera era dentista y la declarante tenía su boca en muy mal estado y él ofreció curarla. Ella fué a su despacho y él insistió en sus amores y le propuso que viviera con él y si se portaba bien se casaría con ella. Al fin se unieron y vivieron bajo el mismo techo, pagando él los gastos y atendiendo al nacimiento de los hijos pro-ducto de la unión. Texera atendió a la educación de los hijos, “dondequiera que los encontraba los llevaba y los 11a.-maba como hijos de él.” El tenía “la idea de que hoy o mañana fueran legítimos porque esa era la idea de él.” La declarante vivía con su madre. Texera contribuyó para arre-: glar la casa, le compró muebles, dormía regularmente allí. Al levantarse, lá declarante le preparaba- té porque no to-maba café por ser un hombre siempre enfermo del estómago. Insistió repetidamente en sus repreguntas el abogado de la parte demandada y la declarante reconoció que Texera te-nía en su oficina una habitación con todo lo necesario y que en ella dormía varias veces y que una vez se enfermó y per-maneció en su oficina a donde fué a asistirlo la declarante, retirándose cuando' llegó su hermana. Finalmente Texera se alejó de la declarante porque tuvo un disgusto con la madre de la declarante que insistía en que él debía casarse. Repreguntada si había atendido toda la vida a Texera, con-testó : ‘ ‘ Toda la vida hasta que murió nó, porque como des-pués de eso yo le dije que estábamos así en disgustos con mi mamá, que él se puso a hablar de ella y yo no se lo iba a permitir, yo le dije: si usted no quiere vivir más, yo sé trabajar, yo trabajaré y quedamos así.” Volviendo otra vez sobre los hijos dijo la declarante refiriéndose a Texera: “Paseaba con los dos, con el más grandecito y con el otro que estaba empezando a andar. Por la tardecita ha-bía veces que los llevaba a la plaza, él se sentaba allí y los nenes se ponían a jugar. . . . . Sí, señor, tenía que verlo toda la gente, porque es un pueblo chiquito.”

Luego declaró el testigo Juan Belazco y en parte, dijo:

“Yo sé que don Agustín tuvo dos niños en doña Josefa Busigó y que él vivía con ella en una casa en la calle Buena Vista extremo este y que varias veces yo pasaba por ahí y lo veía a él de noche en la vivienda esa y una noche yo le pregunté: ¿qué tu buscas por aquí? y dice: nada yo vivo por aquí con esta muchacha y tengo " dos hijos en ella y uno más que se le murió. El estaba incli-nado a reconocerlos’porque él visitaba cierta familia en Yauco y la familia le llamaba la. atención sobre reconocer los niños y ellos de-cían que él decía que sí, que los iba a reconocer.”

Respondiendo a la siguiente pregunta: “¿Quiere decir que usted sabe eso de que él vivía en concubinato porque usted pasó una vez por allí y lo vió?” Contestó: “No pre-cisamente en concubinato, porque habiéndose enfermado una vez don Agustín de la Texera, que tenía su oficina en el cen-tro del pueblo, la señora ésta vino a asistirlo.”

Luego dijo que vió los niños en la oficina de Texera y agregó: ‘.‘Pues los acariciaba, los llamaba y había un niñito, particularmente,, que él tenía la quijada de abajo pronun-ciada para adelante y aquel chiquito que se murió tenía el mismo defecto y yo le decía: mira chico exactamente salió a tí.”

Amelia Vans declaró que era comadrona y que a reque-rimiento de Texera que la fué a llamar personalmente, asis-tió a Josefa Busigó en el nacimiento de sus hijos. Su de-claración está llena de detalles. A la siguiente pregunta: “¿Vivía don Agustín Texera en la misma casa esa?”, con-testó: “Yo siempre lo. encontré allí todas las veces qué fui.”

Emeterio Collado testificó que conoció a Texera en Yauco y vió a los niños en su oficina, quienes le llamaban papá. Los niños eran tres, uno murió. Preguntado: “¿Usted le habló alguna vez a él si esos niños estaban reconocidos o nó?”, contestó: “No, pero él me dijo una vez: yo los re-conoceré con el tiempo, porque son hijos míos.”

Con respecto a vivir juntos, expresó que Josefa Busigó vivía en la calle Buena Vista, en la casa .de la madre, y que muchas veces al pasar por allí vió en la casa .a Texera.

Por último declaró el niño Julio Busigó, de trece años de edad, que dijo que Texera era su padre, que lo acariciaba y le compraba zapatos y lo llevó a la escuela, que cursaba ahora el cuarto grado; que su padre murió en Ponce en casa de su familia; su mamá lo llevó; subió a la casa donde estaba el cadáver, una casa grande, de dos pisos, y a las tres y media de la tarde al salir el entierro lo siguió yendo hasta el cementerio.

Por la parte demandada declararon los testigos Emilio-Bacó, Luis Quesadá, Antonio de Carde, Luis Sotomayor y Alberto de la Texera. Todos ellos eran amigos íntimos o. parientes de Texera. Aseguran haberle conocido bien y sos-tienen que jamás se enteraron de que Texera tuviera relacio-ucs amorosas con Josefa Busigó; que Texera vivía en su habitación, en su oficina, y comía allí o en casa de determi-nadas familias; que jamás' recibieron de él confidencias en el sentido de que tuviera hijos naturales. Tiende alguno de los testimonios a negar la asistencia de niño alguno al en-tierro de Texera.

Esa fué la evidencia ofrecida por las partes a la con-ciencia del juzgador. El juez de distrito no emitió la opi-nión clara y precisa que debió emitir, pero basándonos en su fallo, debemos concluir que dió crédito a los testigos de la parte demandante.

De peso son sin duda las declaraciones de los testigos de la parte demandada. Parecen personas serias que dicen la verdad, pero volviendo a las declaraciones aportadas por la parte demandante, especialmente a la de Josefa Busigó, se llega a la conclusión de que no es concebible que pueda fa-bricarse una prueba semejante, y la conciencia queda satis-fecha de que es un hecho cierto la existencia de las relacio-nes entre Texera y Josefa y el nacimiento de los hijos, los demandantes, y otro más que murió, como consecuencia de dichas relaciones.

Surge seguidamente la otra cuestión envuelta, o sea la de si la prueba aporta todos los requisitos que exige la ley para el reconocimiento.

A nuestro juicio la existencia del concubinato quedó de-mostrada satisfactoriamente. El hecho de que Texera tu-viera una habitación en su propia oficina en donde durmiera a su conveniencia y siguiendo su costumbre de hombre sol-tero, no obsta para concluir que vivió bajo el mismo techo, a las claras, con Josefa Busigó. No se trata de relaciones .de momento, sino de un estado que duró varios años. No existe un sólo hijo: fueron tres. Texera ayudó a reparar la casa en que vivía Josefa con su madre y la amuebló y allí dormía regularmente y allí era visto por sus vecinos y allí tomaba su desayuno que le preparaba su querida o con-cubina.

También qn^dó comprobado qne el primer bijo fué pú-blica y privadamente reconocido por el padre quien lo llevó a la escuela y a la plaza pública del pueblo en que nació y vivía, y realizó otros actos repetidos de reconocimiento. Y con respecto al bijo más pequeño bien puede sostenerse par-tiendo de la base de una situación creada y desarrollada por tanto tiempo, que se bailó desde su nacimiento en la pose-sión del estado de bijo natural y así continuó basta la muerte del padre, no obstante el alejamiento de éste en los últimos meses de su vida de su concubina por los motivos que ella explicó al declarar en el juicio.

La evidencia presenta a Texera como un hombre raro y enfermo y vacilante que eludió siempre el cumplimiento pleno de sus deberes para con la mujer que a él se entregó y para con los bijos que con ella tuvo, pero que a virtud de sus actos dejó prueba bastante de la realidad de los hechos y de su intención, para que una corte pueda suplir por su sentencia el acto solemne y fehaciente para todos que dejó de hacer en vida.

jDebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Burgos, Demandante y Apelado, v. Berretiaga & Martín, Demandada y Apelante.
    No. 3273.

    Visto: Junio 13, 1924.

      Resuelto: Julio 26, 1924.
    Embargo de Bienes Muebles — Disolución de Embargo — Venta Judicial Nula. —Si los bienes muebles embargados, son entregados al deudor a virtud de transacción del pleito, el embargo queda disuelto, por lo que la posterior venta por el marshal de tales bienes sin nuevo embargo, a solicitud del de-mandante, es nula.
    Oobro de Dinero — Sentencia en Eebeldía — Nulidad de Sentencia,.— Probado que en un pleito anterior en el que el demandante reclamaba $66.52 del de-mandado, a virtud de transacción el acreedor demandante convino en recibir y recibió la suma he $50. Se resolvió: que la sentencia en rebeldía gestio-nada y obtenida por el acreedor once meses'después de celebrada la transac-ción por virtud de la cual fué condenado el deudor a pagar los $66.52 y las costas, es nula por fundarse en una causa falsa, pues el demandado no adeudaba la suma a que fué condenado.

      SENTENCIA de G. Casiejón, J. (Guayama), declarando nula la sen-tencia de la corte municipal y nulos los demás procedimientos en ejecución y remate de bienes, con las costas..

      Confirmada.

      J. J. Aponte, abogado de la apelante; A. Porrata, abogado del ape-lado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia favorable al demandante en la Corte Municipal de Guayama, la parte demandada apeló para ante la corte de distrito. Se oyó en ésta de nuevo la prueba y volvió a dictarse sentencia favorable al demandante y la parte demandada a apelar, esta vez para ante la Corte Su-prema. Diez errores señala la apelante en su alegato que lian sido rebatidos en el de la parte apelada. Hemos exa-minado las alegaciones, las pruebas y los alegatos, y a nues-tro juicio los hechos han sido expuestos y todas las cuestio-nes envueltas resueltas por la corte inferior debidamente en la opinión emitida para.fundar su sentencia. El juez de distrito Sr. Castejón se expresó así:

“Este es un caso que procede en apelación de la Corte Municipal' de Guayama.
“De la prueba practicada en el juicio que tuvo lugar ante esta corte lian resultado probados los siguientes hechos:
“Que en noviembre 17, 1921, la demandada en estos autos, que-es una Sociedad Mercantil, dedujo demanda ante la Corte Municipal de Guayama en contra del hoy demandante Tomás Burgos, recla-mándole la suma de $66.52, procedente de mercaderías y efectos de' comercio que les fueron vendidos y a más las costas del litigio.
“Que por vía de aseguramiento de' sentencia se decretó y prac-ticó el embargo en bienes del deudor Burgos, trabándose el mismoen un automóvil .... cuyas diligencias tuvieron lugar al siguiente día de presentada la demanda, o sea el 18 de noviembre de 1921;
“Que en la propia fecha el acreedor y el deudor, pues así lla-maremos en lo sucesivo a las partes del primer pleito — celebraron-un convehio por virtud del cual el deudor Burgos abonaría a la-acreedora Berretiaga y Martín la suma de cincuenta dólares: veinte y cinco dollars entregados en el acto y los $25.00 restantes en un-' pagaré que había de garantizar el Sr. José Forcelledo, y pagadero. el día 16 de diciembre de 1921, o sea al mes siguiente del convenio, obligándose la sociedad acreedora a entregar al deudor el automóvil embargado.
“Tales estipulaciones fueron cumplidas en todas sus partes por 'ambos contratantes; obteniendo Berretiaga y Martín el pago de la suma ofrecida y además el documento garantizado por Forcelledo, el cual hízose efectivo por este último en 14 de enero de 1922, un mes escaso después de vencida la obligación.
“Que así las cosas y por una moción que no tiene fecha, la acree-dora solicitó sentencia en rebeldía contra el deudor por el total de la suma reclamada o sea sesenta y seis dollars cincuenta y dos centavos y las costas, la cual fué anotada y dictada en 6 de octubre de 1922, condenándose al deudor al pago de las sumas reclamadas;
“Que en primero de noviembre' de 1922, la acreedora Berretiaga y Martín solicitó la ejecución de la sentencia, y que se librara orden de venta al Márshal 'de los bienes embargados la cual fué librada por la cantidad reclamada con más de siete dollars por concepto de costas;
“Que previo los trámites de ley el remate de los bienes tuvo lu-gar el día 28 de noviembre de 1922, adjudicándose los bienes em-bargados a la acreedora por el importe de la sentencia;
“Y que a virtud del citado remate el Márshal se incautó de nuevo del automóvil entregándolo a la acreedora en pago de su crédito;
“Que el demandado en este caso trabajaba con el automóvil en cuestión de cuya explotación vivía, habiendo estado sin trabajar por espacio de tres meses, siendo sus entradas o ganancias de $20.00 se-manales, y que el automóvil en cuestión tenía en la fecha en que le fué quitado al demandante un valor de $200.00.
“La cuestión en discusión en el presente caso se hace descansar en los términos de la transacción, pues si bien el demandante alega que a virtud de ella quedó levantado y terminado el pleito, la de-mandada sostiene que el convenio no produjo tales efectos y que el demandante se comprometió a pagar todos los gastos del pleito in-cluso honorarios de abogado ascendentes entonces a la suma de quince dollars, que unidos a los diez y seis dólares cincuenta y dos centavos resto del principal, sumaban la cantidad de $31.50 a favor de la demandada y la cual se comprometió a pagar el demandante a cinco dólares mensuales.
“Pero cualquiera que sea la interpretación que quiera darse a la transacción, es un hecho cierto’ que al solicitarse la anotación de rebeldía y sentencia el demandante Burgos no adeudaba a la deman-dada la suma de $66.52 reclamada, y por cuya cantidad fué anotada la citada sentencia, siendo claro como la luz meridiana que tal re-solución fué obtenida sin causa, por sorpresa y en perjuicio del deu-dor que babía reducido su deuda a una cantidad inferior a la sen-tencia, bien se acepten sus alegaciones o las de la propia demandada.
“La ejecución de bienes del deudor se llevó a cabo a virtud de la tal sentencia. Y surge en nuestra mente la siguiente pregunta: ¿Estaban los bienes del deudor spmetidos a la orden de embargo luego de haber sido entregados al mismo, a virtud de la transacción o convenio habido entre las partes? La respuesta que se impone es negativa. Bien conocidos son los preceptos que regulan la pose-sión de bienes embargados, los cuales se consideran ‘en custodia^ legis’ mientras permanecen en poder del Marshal o de otra persona en representación del demandante, estimándose disuelto el embargo cuando se pierde por el Marshal o por el depositario la posesión de la propiedad mueble embargada.
“ ‘. . . . Excepto en cuanto esté autorizado por una disposición especial del 'estatuto en su consecuencia, el marshal no puede dejar los bienes en poder del deudor sin disolver el embargo.’ (See. 132, 17 R.C.L., pág. 136).
“La doctrina que sostiene la disolución del embargo por la pér-dida de posesión de los bienes muebles embargados está sancionada por todas las autoridades.
“En Ruling Case Law, tomo 2, pág. 868, se dice:
“ ‘Que si se pierde la posesión legal de los bienes y objetos per-sonales que han sido embargados, el embargo que está sujeto a dicha posesión, queda disuelto.’ Sandford v. Boring, 12 Cal. 539; Westerns v. Door, 48 Am. D.I.C. 259; y el mismo principio se establece en 4 Cyc. 654.
“A la luz de tales principios se hace fácil llegar a la conclusión que la acreedora Berretiaga y Martín no tenía derecho alguno para proceder a la venta del automóvil en cuestión el cual estaba ya fuera del embargo y por tanto que tal venta fué ilegal.
“En conclusión podemos decir que tanto por la sentencia cuanto por el embargo, Berretiaga y Martín no estaban autorizados para la venta de los bienes: ¿n cuanto a la primera por fundarse la misma en una causa falsa, pues el deudor Burgos no adeudaba la suma que forma el importe de tal sentencia; y en cuanto al segundo por ha-ber quedado disuelto a virtud de la entrega al deudor de los bienes embargados.
“En tal virtud, somos de opinión que por ello procede declarar como declaramos nulos y sin valor legal alguno la sentencia dictada por la Corte Municipal de Guayama, el día 6 de octubre de 1922, en el pleito 1794 de Berretiaga y Martin v. Tomás Burgos, sobre co-bro de dinero, así como todos los procedimientos subsiguientes a la misma y tendentes a su ejecución, tales como orden de ejecución y remate de bienes del deudor; disponiéndose que el automóvil rema-tado vuelva a la posesión del demandante en este caso, Tomás Burgos, y para el caso de que el mismo no se encuentre en poder de la de-mandada Berretiaga y Martín, ésta abonará al demandante Burgos como precio del mismo, la suma de doscientos dólares; disponiéndose, además, que la citada demandada pagará al demandante la suma de trescientos dólares en concepto de daños y perjuicios por lo dejado de ganar por el demandante y además por el uso y disfrute del re-ferido automóvil, pudiendo Berretiaga y Martín obtener del deman-dante Burgos, no obstante esta sentencia, el resto de su crédito. Las costas de este caso se imponen a la demandada.”

En tal virtud, y por la autoridad además del caso de García v. Humacao Fruit Company, 25 D.P.R. 682, debe de-clararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Guayama el 6 de noviembre de 1923.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Figueroa, Acusado y Apelante.
    No. 2245.

    Visto: Julio 21, 1924.

      Resuelto: Julio 29, 1924. .
    Exposición del Caso en Causas Criminales; Prórroga para Badicarla — Dili-gencia del Apelante. — De acuerdo con la teoría de que en casos criminales la corte sentenciadora tiene discreción para admitir una exposición del caso fuera de término, el Tribunal Supremo, teniendo en cuenta que en el presente caso se trata de una sentencia a prisión perpetua y que el apelante sólo estaba retrasado un día cuando fué radicada la moción de prórroga que le fué ne-gada, concedió un nuevo término al apelante para radicar la exposición del caso.
    MociÓN del apelante sobre radicación de la exposición del casó, en apelación de sentencia por asesinato.

      Con lugar la moción.

      B. Pa-gím, abogado del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Guayama el apelante, con-victo de nn delito de asesinato en primer grado y senten-ciado a reclusión perpetua, después de haber obtenido una o dos prórrogas del término, solicitó de la corte nueva pró-rroga para radicar una exposición del caso. La corte negó la prórroga debido a que la moción que para ella se hizo llegó a la oficina del Secretario' demasiado tarde. En rea-lidad de verdad la moción sólo llegó con un día de retraso pero la corte creyó que carecía de discreción para concederla de conformidad con la jurisprudencia sentada por esta corte. Cualquiera que baya sido la ley o la práctica en apelaciones en casos civiles, liemos interpretado la ley en un sentido algo diferente en las apelaciones criminales. Rivera v. Sepulveda, 25 D.P.R. 197. Este caso demuestra claramente que en un caso criminal la corte sentenciadora tiene discre-ción para admitir una exposición del caso radicada fuera del término señalado, si el apelante prueba su diligencia, y tiene asimismo la corte inferior discreción para prorrogar el término para tal radicación.

El apelante sólo estaba retrasado un día y la moción de prórroga llegó a Guayama por correo el mismo día en que el término vencía, pero no llegó a la oficina del secretario. Aunque estaríamos más satisfechos si el apelante ..hubiera ' demostrado que la exposición del caso estuvo lista para ser radicada y tal vez hizo algún affidavit de ser meritoria la apelación, sin embargo, en un caso en el cual está envuelta una sentencia de reclusión perpetua estamos dispuestos a ser liberales. Por tanto debe expedirse una orden por la cual se autorice a la Corte de Distrito de Guayama para recibir, considerar y aprobar la exposición del caso y remi-tirla luego a este tribunal como parte de los autos con tal que dicha exposición del caso sea radicada en la referida corte de distrito en o antes del quince de agosto de 1924. .


author: El Juez Asociado Señor Wole, JUEZ ASOCIADO SR. FRANCO SOTO.

text:
    Andreu, Demandante y Apelado, v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., Demandada y Apelante.
    No. 2910.

    Visto: Febrero 5, 1924.

      Resuelto: Julio 29, 1924.

      Sentencias — Negligencia—Res Inter Alios Acta. — Cuando como consecuencia del mismo accidente A y B obtienen sentencia a su favor contra el mismo de-mandado, estas sentencias no pueden ser ofrecidas como prueba en una ac-ción independiente establecida por C. contra el mismo demandado aún cuando la reclamación de C surja del mismo accidente. Diehas sentencias son res inter alios acta en cuanto a C.

      Estoppels — Impedimentos.—Los impedimentos deben ser mutuos y a menos que se hubiera podido alegar un impedimento contra. C debido al incumplimiento de A y B la sentencia a favor de A y B no puede constituir impedimento al demandado en una acción establecida por C.
    SentenCia ele P. Berga, J. (Iiiimacao), en una acción de indemniza-ción de daños y perjuicios, declarando con lugar la demanda con las costas.

      Revocada.

      J. H. Brown y C. Buiz Nazario, abogados de la apelante; A. Aponte, Jr. abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Martín Andréu alegó en su demanda que debido a la ne-gligencia de la demandada la casa de María García, viuda de Carrión, cogió fuego el cual se propagó a la del deman-dante.

La controversia quedó trabada y en el juicio, con el fin de probar dicha negligencia, se ofrecieron como prueba- las sentencias y autos de otros casos, a saber: una sentencia dictada a favor de María García y contra eh demandado, y otra sentencia a favor de Sergio Brignoni y contra, la misma demandada. La demandada se opuso a la presentación de estos autos como prueba sustancialmente por el fundamento de que las sentencias dictadas contra la demandada y a favor de otras personas no eran obligatorias para ella en un pleito establecido por el presente demandante. La corte ad-mitió los autos y sentencias y los consideró como un impedi-mento (estoppel) contra la demandada. Esto fué un error y así fué alegado en esta corte.

Los arts. 59 y 61 de la Ley de Evidencia prescriben lo siguiente: >

“Art. 59. — El efecto de una sentencia o decreto definitivo en una acción, o un procedimiento especial, ante un tribunal o juez de Puerto Rico o de los Estados Unidos, con jurisdicción para pro-nunciar sentencia o decreto, es como sigue:
“1. En caso de una sentencia o decreto contra una cosa especí-fica, o con respecto a la prueba de un testamento, o la administra-ción de los bienes de un finado, o con referencia a la condición o relación personal, política o legal, de determinada persona, la sen-tencia o decreto será concluyente, en cuanto al título a la cosa, o el testamento, administración, o condición o relación de la persona.
“2. En los demás casos, el fallo o decreto, en cuanto a la materia directamente juzgada, será concluyente entre las partes y sus suce-sores en interés por título adquirido posteriormente al comienzo de la acción, o del procedimiento especial, las cuales estuvieron litigando por la misma cosa, bajo el mismo título, y en el mismo carácter, siempre que tuvieren noticia expresa o tácita de estarse- substan-ciando la acción o procedimiento.
“Art. 61. — Las partes se considerarán ser las mismas, cuando aquellas entre las cuales fuere ofrecida la evidencia, se bailaban en opuestos lados en el litigio anterior, aunque otras partes hubieren estado unidas a ambas o a cualquiera de las dos.”

Cualquier sentencia dictada contra una persona que no es parte o causahabiente en el asunto es res inter alios acta, e impertinente. Wood v. Davis, 7 Cranch (U.S.) 271; Kapioloni Estate v. Atcherley, 238 U.S. 138; Womach v. St. Joseph, 10 L.R.A. (N.S.) 140, 28 Cyc. 1237, et seq.; Lady Wenman v. Mackenzie, 5 El. & Bl. 454, 119 Beprint 550.

Si las sentencias en los casos ofrecidos hubieran sido á favor del demandado no se le hubiera ocurrido al deman-dante, y con mucha razón, que él estaba impedido por el hecho de no haber ganado sus pleitos los demandantes en los otros casos. Está bien establecido, sin embargo, que el im-pedimento debe ser mutuo. Goshon v. Thomas, 20 Md. 234, citado con aprobación en Chesapeake L. & T. Co. v. Western Assurance Co., 99 Md. 433, 58 Atl. 16, Alexander v. Walter 8 Gill 239, 50 A.D. 688, Nowach v. Knight, 44 Minn. 242; 46 N. W. 349; 21 C.J. 1067, 23 Cyc. 1238; Lady Wenman v. Mackenzie, supra.

Casos seguidos por un contribuyente aparentemente en sentido contrario pueden ser armonizados a virtud de la teoría de que el contribuyente representa al público y que este último es la verdadera parte interesada. Asimismo pueden distinguirse los casos en que lia habido algún nexo legal entre las partes en las diferentes acciones.

Brown v. Missouri Pac. Co., 96 Mo. App. 164, fue un caso en el cual el marido y la mujer demandaron mancomu-nadamente por daños y perjuicios debidos a la esposa y ob-tuvieron sentencia a su favor. Subsiguientemente el marido estableció demanda por pérdida de servicios y la corte de-claró que la anterior sentencia constituía un impedimento (estoppel) a su favor. Se alegó que el marido no era parte necesaria ni siquiera adecuada en la acción original. La corte cita casos que tienden a demostrar la presencia real, o la representación de( una parte en el pleito original como comprendidos en la regla de partes o causahabientes obli-gados. Excepto en cuanto a que el caso gira sobre la pre-sencia real del marido como parte, no existe nada que nos convenza de que él o su opositor quedarían de algún otro modo impedidos.

• Somos también de opinión de que la corte incurrió en error al admitir el montante de los cánones de arrenda-miento de la casa destruida, si bien el demandante nada alegó en cuanto a esto.

La sentencia debe ser revocada, debiendo devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. FRANCO SOTO.

En la demanda de este caso se reclaman daños y perjui-cios por la destrucción de una casa con motivo de un incen-dio que se propagó de otra casa vecina en la que se originó «1 siniestro de unos alambres que transmitían la corriente eléctrica que suministraba la corporación demandada para dar luz, alegándose por el demandante que dicbo incendio se debió a negligencia y descuido de la demandada.

Se contestó la demanda liaeiéndose una negación general de los hechos, y la corte inferior, luego de celebrado el juicio dictó sentencia concediendo al demandante la suma de $400 y costas.

Con el' fin de probar que el incendio provino de una casa vecina y que fue debido a la negligencia y descuido de la de-mandada, el demandante ofreció en evidencia' los legajos de sentencias en dos casos seguidos en la corte inferior, respec-tivamente, por María García y Sergio Brignoni contra la misma demandada. Esta prueba fué admitida con oposición de la demandada, tomándose excepción. De aquí surge la única cuestión esencial para ser examinada, en esta apela-ción, pues dicha prueba es la que ha servido de base a la •corte inferior para fundar su sentencia.

El apelante sostiene que la corte inferior incurrió en error al admitir en evidencia los legajos originales en los casos arriba mencionados, porque para ser admisibles era necesario que existiera identidad de parte entre aquellos ca-sos y el presente, e identidad de cuestiones litigiosas. El apelante cita además en su apoyo el apartado 2 del artículo 59 en relación con el 61 de la Ley de Evidencia, (see. 1427 'Comp. 1911, p. 305). Estos artículos dicen:

"Art. 59. — El efecto de una sentencia o decreto definitivo en una acción, o un procedimiento especial, ante un tribunal o juez de Puerto Rico o de los Estados Unidos, con jurisdicción paí'a pro-nunciar sentencia o decreto, es como sigue:
"1. En caso de una sentencia o decreto contra una cosa especí-fica, o con respecto a la prueba de un testamento, o la administra-ción de los bienes, de un finado, o con referencia a la condición o relación personal, política o legal, de determinada persona, la sen-tencia o decreto será concluyente, en cuanto al título a la cosa, o el .testamento, administración, o condición o relación de la persona.
"2. En los demás casos, el fallo o decreto, en cuanto a la materia directamente juzgada, será concluyente entre las partes y sus suce-sores en interés por título adquirido posteriormente al comienzo de la acción, o del procedimiento especial, las cuales estuvieren litigando-por la misma cosa, bajo el mismo título, y en el mismo carácter,, siempre que tuvieren noticia expresa o tácita de estarse substan-ciando la acción o procedimiento.
“Art. 61. — Las partes se considerarán ser las mismas, cuando-aquellas entre las cuales fuere ofrecida la evidencia, se hallaban en opuestos lados en el litigio anterior, aunque otras partes hubieren estado unidas a ambas o a cualquiera de las dos.”

Bajo este aspecto que el apelante presenta la cuestión, parece realmente, a primera vista, que no habiendo sido parte el demandante en los dos casos antes citados, no existe la identidad de personas entre las que intervinieron en aque-llos casos y las del presente, y de este modo la contención del apelante es que' dichas sentencias no pueden tener con-secuencia legal alguna en este caso o producir el efecto de un estoppel o impedimento a la defensa de la demandada.

El apelante establece un principio general, pero este prin-cipio tiene sus excepciones. La identidad de- las personas se exige por el principio jurídico de res inter alios acta, pero si bien por regla general la cosa juzgada sólo surte efectos legales entre los que litigan y los que de ellos traen causa, como prescriben los artículos supra, de la Ley de Evidencia,' sin embargo, la cosa juzgada también tiene sus consecuen-cias legales en cuanto a personas extrañas cuando los dere-chos que invocan tienen los mismos fundamentos que los es-establecidos en el otro pleito por ser idéntico el objeto de-las demandas e idéntica la situación de las personas con re-lación al derecho de sus respectivas reclamaciones.

Black, en su obra “On Judgments” establece la distin-ción que hemos señalado, y dice:

“Una sentencia siempre es admisible y prueba concluyente aún contra extraños del hecho de haber sido dictada y de sus consecuen-cias legales necesarias. En otras palabras, ‘el registro de un vere-dicto y sentencia siempre es admisible para probar el hecho de ha-ber sido dictada dicha sentencia, o de haberse rendido tal veredicto, en cualquier caso donde se hace esencial el hecho de tal veredicto o sentencia, o la naturaleza o cuantía de tal sentencia.’ Este im-portante- principio se explica más detalladamente en una opinión de la Corte Suprema de Vermont, de la cual citamos lo siguiente: ‘Un veredicto o sentencia se ofrece en evidencia, ya para establecer el mero hecho de haberse pronunciado, y aquellas consecuencias lega-les que provienen del hecho, o se ofrece con un ñn indirecto, — esto es, para probar no sólo el hecho de que tal veredicto ha sido emitido, o dicha sentencia pronunciada, y así admitir todas las consecuencias necesarias y legales, sino como medio de probar algún hecho como ha sido declarado por el veredicto, o en cuya supuesta existencia se funda la sentencia. Para el primero de estos fines, esto es, para es-tablecer el hecho de que tal veredicto ha sido emitido, o dicha sen-tencia pronunciada, la sentencia misma no sólo es invariablemente admisible como la debida prueba legal, sino que generalmente es con-cluyente para establecer ese hecho. El mero hecho de que' tal sen-tencia fué.dictada nunca puede ser considerado como res inter alios acta, ni pueden tampoco ser consideradas así las consecuencias lega-les de una sentencia. Pero con referencia a cualquier hecho en cuya supuesta • existencia se funde la sentencia, el procedimiento puede o nó ser res inter alios acta, y por consiguiente puede o nó ser prueba <le acuerdo con las circunstancias, considerando la naturaleza de los hechos mismos y las partes.’ ” Black on Judgments, tomo II, págs. 914, 915.
“Dos clases de impedimentos (estoppel) surgen del registro de una sentencia; primero, del registro considerado como constancia o registro de la sentencia, y segundo del registro considerado como sen-tencia. Como constancia del hecho de haberse dictado la sentencia ■del registro implica absoluta veracidad y no puede ser atacado por nadie, sea o no parte en el procedimiento en el cual se hizo. Como sentencia, en cambio, el registro tiene el efecto consiguiente de evi-tar un nuevo examen sobre la veracidad de las cuestiones resueltas; pero en este sentido es como una regla que sólo es obligatoria para las partes en el procedimiento y sus causahabientes. Este efecto ulterior y secundario del registro considerado como sentencia también se conoce por impedimento por sentencia (estoppel by judgment) ; considerándose las cuestiones resueltas como cosa juzgada (res judi-cata).” 21 Corpus Juris, pág. 1064. 16 Cyc. 685.

En el caso de Stallcup v. Tocoma, 52 Am. Rep. 25, la ac-ción fué presentada por un contribuyente contra la ciudad de Tocoma para impedir el pago de intereses sobre ciertos bonos expedidos por la ciudad. La demanda fue excepeio-nada y la corte inferior sostuvo la excepción. El deman-dante eligió mantener sus alegaciones y la corte dictó sen-tencia desestimando la demanda. Se apeló de. la sentencia y uno de los fundamentos del apelante consistió en atacar la validez de los bonos, cuya validez había sido sostenida mediante sentencias definitivas en dos acciones anteriores por contribuyentes distintos. El lenguaje, de la Corte Su-prema del Estado de Washington en el curso dé su opinión es' como sigue:

“Pero como ya se ha observado, los casos de 'Seymour fueron se-guidos por un contribuyente a su nombre y en el de todos los de-más que estaban en la misma situación, la ciudad era la demandada principal en ellos, como es la única demandada aquí, y existe identidad en la materia objeto del litigio. En el primero de dichos casos se alegó que la ordenanza aprobada por las autoridades de la ciudad para someter las cuestiones relativas a la compra de la planta y aceptar los bonos, ordenanza que fué copiada en la demanda en esa acción, era nula, y se solicitó un injunction para restringir a los funcionarios de la ciudad de convocar una elección para someter dichas proposiciones a los votantes capacitados de la ciudad, debido a la alegada invalidez de la ordenanza. Esta corte, en apelación, sostuvo la validez y eficacia de la ordenanza.
“En el segundo caso, establecido después que el resultado de la elección por vfitud de las proposiciones sometidas a los electores ha-bía sido declarado pero antes de la expedición dé los bonos, se solicitó un injunction con el fin de prohibir a la ciudad y a sus funciona-rios expedir los bonos debido a la ilegalidad de la elección e invali-dez de los bonos. Lo que aparecía de la faz de los bonos se refería en la demanda la cual también contenía la alegación de que ‘la deuda que había de contraerse por la expedición de tales bonos .será mayor del 5% (límite de la obligación como ha sido fijada por la constitución) de la propiedad imponible en dicha ciu-dad, según se determina en la última tasación practicada para fines municipales. ’ Esta corte, en apelación, resolvió que los procedimien-tos atinentes a la elección fueron irregulares, y que los bonos (ex-ceptuando únicamente en cuanto a $70,000 que la corte autorizó fue-sen deducidos del importe total que había de librarse) no excedían del límite de la obligación impuesta por la constitución. Necesaria-mente la cuestión de la validez de los bonos envuelta en esta contro-versia fué resuelta en ese caso.”

Del legajo ele las sentencias en los casos que han sido referidos se puede ver que en ellos se determina que el in-cendio que destruyó la casa de María García “fue originado a virtud de negligencia de la compañía demandada.” Se desprende asimismo ele dichos autos que la demandada, como corporación de servicio público, se dedica al suministro de fuerza y luz.eléctrica; que llevó a cabo una instalación eléc-trica .para dar luz en la casa de dicha María García y que dicha instalación no se hizo en una forma segura y adecuada, dando lugar al incendio y destrucción de dicha casa.

Los hechos así sentados en dichas sentencias son conclu-yentes y definitivos en cuanto por ellos se deja establecido que el origen del incendio se debió a negligencia y descuido de la demandada. Esto constituye la verdad legal y como tal no se hacía necesaria, una- nueva investigación de la cues-tión ya resuelta en ese sentido, ya que se trata de pleitos que tienen el mismo objeto y en los mismos es idéntica la situación de las partes con relación a lo reclamado. Y a este respecto la conclusión de la corte inferior es como sigue:

“Entendemos que por dichas sentencias, firmes por no haberse establecido contra ellas recurso alguno, la demandada está impedida de negar que el incendio que destruyó la casa de María García, vda. de Carrión y que se trasmitió y causó daños a la casa del deman-dante, fué debido a su descuido y negligencia y por causa de sus alambres de corriente eléctrica, por haber sido parte en aquellos pleitos y constituir el accidente materia juzgada y eoneluyente sobre la misma. ’ ’

El apelante, no obstante, persiste que incumbía al deman-. dante probar que el incendio que destruyó su casa fué cau-sado por corriente eléctrica comunicada por alambres de la corporación demandada y que la corporación era culpable de negligencia; y para sostener que el récord de la senten-cia en el primer caso no es admisible en el presente para dejar probada la culpa o negligencia de la compañía deman-dada, cita en sn apoyo los casos de Bridger v. Ashleigh & S. R. Co., 3 S.E. 860; Karr v. Park, 44 Cal. 46; Womach v. St. Joseph, 201 Mo. (Cir. Ct.), 467, y 10 L.R.A., N.S., 140.

El primer caso lo cita el apelante como ilustrativo de la fuerza y existencia de la doctrina que hace inadmisible como evidencia el récord de la sentencia en este pleito.

En dicho caso se declaró, según alega el apelante, que en una acción del padre para recobrar daños ocasionados por un accidente y lesiones sufridas por su hijo menor de edad no es admisible la sentencia a favor de dicho menor obte-nida en su acción de daños y perjuicios resultando del mismo accidente y por la negligencia de la misma demandada siendo res inter alios acta.

Tal como se expresa el apelante parecería que el padre y el hijo fueron lesionados en el mismo accidente, pero éstas no fueron las circunstancias del caso. El hijo fué lesionado y el padre demandó a la compañía como guardián ad litem del hijo y obtuvo una sentencia a sn favor, y luego el padre reclama en su propio nombre por la pérdida de servicios con motivo de los daños sufridos por su hijo debido a la negligencia de la demandada. La razón de pedir -en una y otra acción era distinta y claro es que el récord de la sen-tencia del primer. caso cae dentro de la regla general res inter alios acta y no tiene aplicación al segundo caso.

En el caso de Karr v. Park, supra, la situación jurídica es idéntica al primero.

En los demás casos citados se trata de accidentes sufri-dos por la esposa y en donde el marido reclama daños para sí por los gastos de asistencia médica y por la pérdida de servicios que representaba la compañía de su esposa. Esta última por su propio derecho había demandado a la ciudad de St. Joseph por lesiones que recibiera a causa de una caída en una acera de la ciudad, imputando el accidente a negli-gencia de la demandada. La sentencia fué adversa a la de-mandante y confirmada en apelación. Posteriormente el ma-rido presentó la demanda en su propio nombre, y la deman-dada, la ciudad de St. Joseph, presentó el fallo a su favor en el primer caso como res judicata. Es verdad que 'la Corte Suprema de Missouri, en una extensa y bien prepa-rada opinión y en donde por primera vez se presentaba la cuestión, así como ocurre a esta Corte, revocó la decisión de la corte inferior y sostuvo que se cometió error al admitir el récord de la sentencia en el caso que había sido estable-cido por la esposa. Sin admitir ni disentir de los razona-mientos expresados en aquel caso, creemos sin embargo que los principios que allí se establecen sirven de apoyo para sostener nuestro punto de vista en el caso que nos ocupa. Aquella corte en uno de los mejores párrafos de su opinión, infiriéndose al demandante, dice:

'“Hagamos otras pruebas, esto es, veamos la justicia natural de .la cosa — aquella justicia natural que tiene su asiento en el corazón humano — y veamos si no era él un extraño.. ¿ Tuvo él una oportu-nidad de resarcirse sus daños en el pleito de ella? No. ¿Podía él •apelar en ese caso? No. ¿Fué oído él en corte en ese caso? No. ¿Tenía él dere'cho a ser oído en esa causa o pudo controlar los pro-cedimientos ? No. ¿ Podía él aducir prueba ? No. ¿ Pudo repregun-tar a los testigos presentados por el demandado ? No. ¿ Cómo •es que puede ser que Womach pierda su propio derecho de acción, .sus propios daños, por virtud de una sentencia dictada en otro caso en el cual no pudo él levantar un dedo para proteger ese derecho, o asegurar esos daños? Me parece que la proposición de estar obli-gado "Womach por la sentencia dictada contra su esposa es algo más que una paradoja — se levanta a la inconveniente altura de un sole-cismo en la ley.” 201 Mo. Rep. 481.

Si aplicamos el mismo razonamiento a nuestro- caso ten-dríamos: Que la compañía demandada pudo apelar en el primer pleito; que tuvo su día en corte o que tuvo el dere-cho a ser oída en dicho pleito; y así pudo tener el control del procedimiento y qrte por último estuvo en condiciones de repreguntar los testigos en el primer caso que le imputaba la negligencia o la culpa del daño. De otro lado resulta que la materia en disputa de los dos pleitos en el caso de Missouri era distinta y diferente la situación de ambos litigan-tes en cnanto al pnnto litigioso. A este respecto, en la opi-nión se dice:

“Es evidente qne no hubo tal ‘identidad de: la cosa reclamada;’ no hnbo semejante ‘identidad de la causa objeto de la petición.’ ” 201, Mo. Rep. 482.

Pero, también se añade qne no bay identidad en el carác-ter en qne ellos son litigantes.

Este es el pnnto qne debemos considerar en nuestro caso. Eo existe realmente la identidad de partes ni de ellas trae cansa el demandante. Hemos dicbo qne la identidad de partes se exige por el principio res- inter alios acta y qne el concepto de cansababientes implica nna relación de pro-piedad más bien qne personal, pero la excepción a aquel principio también existe siempre qne baya la identidad de cosas demandadas y las mismas razones de pedir qne se ale-garon en el primer pleito.

El récord de la sentencia en el caso de Mario García v. la demandada pone de manifiesto la identidad de la cnestión en litigio y la misma causa de negligencia o culpa de la de-mandada qne originó el daño en virtud de la cual se pre-senta esta reclamación. La cnestión de hecbo de qne el fuego se propagó de la casa de Mario García a la del de-mandante fué probado con evidencia independiente al récord de la sentencia, lo qne dió lugar a los daños ocurridos en la propiedad del demandante.

La sentencia en el primer pleito que tiene el carácter de •definitiva por no baber sido apelada por la demandada, con-tiene nna relación de los hechos qne declaran la negligencia ■o culpa de la demandada, y como memorial del hecho qne es •objeto de la misma el récord implica absoluta certeza y no puede ser impugnado por nadie, baya gido o nó parte en el procedimiento en que fué dictada dicha sentencia. 21 C. J. 1064, supra.

El último caso qne cita el apelante, 10 L.R.A. (N.S.) 140, es el mismo que acabamos de comentar de Womach v. St. Joseph. _

No está demás decir que en ese último caso se discuten los casos de Brown v. R. R., 96 Mo. App. 164; Morris v. Kansas City, 117 Mo. App., 298, en donde se establecen prin-cipios y razonamientos opuestos, y también se hace mención sosteniendo una teoría contraria los casos de Anderson v. Railroad, 9 Daly 487; Pettingill v. City of Yonkers, 1 N. Y. Supp. 805; Lindsay v. Danville, 46 Vt. 144.

En el caso de Brown v. Missouri Pacific Ry. Co., supra se hace mención de otros casos en apoyo del mismo y a este respecto en la opinión de la corte, se dice:

“Y en el caso de' State v. Branch, 134 Mo. loe. eit. 604, se dijo lo siguiente’: ‘Ni se considera como esencial al carácter de conclu-yente de la anterior sentencia que las partes son' enteramente las mismas que aquéllas en un pleito eii el cual se trata de discutir la misma cuestión en controversia. Unicamente las partes en la anterior sentencia y aquellas que tienen algún nexo legal con ellas son las que sus derechos han sido resueltos, pero pueden quedar obliga-das por ello en un procedimiento subsiguiente en el cual son partes, y que envuelve una cuestión litigiosa pendiente, aunque las partes contrarias no sean las mismas.’ Y en el caso de Nave v. Adams, 107 Mo. loe. cit. 420, se dijo que no es necesario para la efectividad de una sentencia anterior,, como resolución concluyente de determi-nada controversia, que las partes en ambas sean precisamente las mismas. A virtud de la alegación de res adjudicaba dos elementos son necesarios, a saber: identidad de la cosa reclamada, e identidad de la causa materia de la reclamación o causa del pleito. Gallagher v. City, 34 West Ya. 730. Pero no es necesario que precisamente las mismas partes fueran demandantes.y demandadas en los dos pleitos con tal que la misma materia objeto de la controversia entre dos o anas de* las partes, demandantes y demandadas en el pleito, respec-tivamente haya estado directamente envuelta o sido resuelta en el pleito. Wester Mt. M. Co. v. Virginia Co., 10 West Va. 250,” 96 Mo. App. Rep. 169-70.

Aplicando los principios sustentados en los varios casos citados, la opinión de la corte sigue diciendo:

‘‘Según los principios a que nos hemos referido, la sentencia en la acción mancomunada seguida por el marido y la esposa contra el demandado debe tenerse por concluyente en esta acción sobre todo punto esencial en la discusión que haya sido resuelto en aquélla. Aparece suficientemente de los autos de ese caso, admitidos como prueba, que las cuestiones planteadas sóbre la negligencia y la ne-gligencia contributoria fueron resueltas en favor de los demandan-tes. El perjuicio causado a la esposa por el cual se reclamaron da-ños fué el mismo en ambos casos. Las cuestiones planteadas sobre las cuales dependía el derecho a recobrar fueron exactamente las mismas en ambos casos.” 96 Mo. App. Rep. 171.

A la luz de los principios y casos citados se verá que era inmaterial que el demandante en el presente caso fuera una parte necesaria o la misma parte interesada en los pleitos citados de María García y Sergio Brignoni o que los de-mandantes sean idénticamente los mismos en este pleito y en los anteriores. La demandada es la misma en ambos pleitos y exactamente la misma cuestión en cuanto a la ne-gligencia de la demandada es el issue que fué objeto de li-tigación en los casos anteriores y es el que aparece envuelto en el presente. Dicha cuestión fué resuelta en los primeros casos y el récord de la sentencia en que aparece así decidida, es concluyente y un estoppel para la demandada en este caso.

Por las razones expuestas, la sentencia debía ser confir-mada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Aguilú, Demandante y Apelado, v. Olivieri et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3382.

    Visto: Julio 7, 1924.

      Resuelto: Julio 29, 1924.
    Desestimación de Apelación — Apelación Inexistente bor Palta de Pago de Costas — Costas de la Secretaría.. — En este caso la corte inferior concedió al demandado el derecho a litigar como insolvente tan sólo en cuanto a la ■ radicación de la contestación o alegaciones para la comparecencia pero no respecto a posteriores actuaciones. Pedida la desestimación del recurso entre otros motivos porque el escrito de apelación no llevaba adherido el sello de rentas internas correspondiente en coneepto de costas, se desestimó la apela-ción por ser de aplicación la doctrina del caso de Pn« v. Bonet, 30 D. P. R. 919.

      Moción de la parte ápelada para que se desestime la apelación.

      Con , lugar.

      C. Brunet, abogado de los apelantes; M. A. Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior dictó sentencia en este caso de desahu-cio declarando con lugar la demanda. .Los demandados no conformes establecieron el recurso de apelación y el deman-dante-apelado solicita se desestime dicho recurso por. dos motivosIo, porque los demandados archivaron el escrito de apelación sin fijar en él el sello de rentas internas; y 29, porque la fianza prestada por los demandados para apelar era nula y aunque se concedió a los demandados un término para prestar una nueva fianza, la corte carecía de jurisdiction para permitir que se archivara fuera del término de cinco días en que' debía quedar perfeccionada la apelación.

En relación con el primer motivo, la corte inferior re-solviendo una moción de insolvencia de los demandados ha-bía dictado la siguiente resolución:

“La corte, resolviendo la moción permite a la parte radicar sus alegaciones y contestación en este caso de desahucio sin que se vea precisada a pagar los gastos de derechos de la corte, haciendo cons-tar que toda vez que es condicional, solamente se permite esta radi-cación para estas alegaciones exclusivamente, pero no para ninguna otra posterior, sino que entonces, de ejercitar su derecho las partes, tendrán que pagar los derechos correspondientes.”

El apelado solicitó entonces que se eliminara el escrito de apelación fundándose en que no se había unido al mismo el sello de $5 correspondiente a las costas, pero la corte inferior, si bien negó la moción, ella ya no tenía jurisdicción para considerar la moción del apelado ni para modificar su propia orden en cuanto a la declaración condicional de in-solvencia de los demandados.

El mismo abogado de los apelantes, si bien admite que la orden del .iuez declarando la insolvencia es confusa, aparece sin embargo suficiente clara dicha orden en cuanto limita exclusivamente la insolvencia a la contestación o alegacio-nes que los demandados hicieran en el acto de la compare-cencia, pero no respecto a ninguna otra actuación posterior. Y siendo esto así, es de entera aplicación el caso de Paz v. Bonet, 30 D.P.R. 919, en que dijimos:

“Cuando no se adhieren a un escrito de apelación los sellos de rentas internas correspondientes en concepto de costas, de acuerdo con la ley regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles, aprobada en marzo 11, 1915, dicho escrito es nulo y sin ningún valor, por ser ese requisito esencial al perfeccionamiento de la apela-ción; y si con él no se cumple antes de vencido el término para apelar, el status es el mismo que si no se hubiera apelado en tiempo. ’'

No siendo necesario considerar el segundo motivo ale-gado, y siendo bastante el primero para sostener la moción del apelado, la apelación debe desestimarse.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Román, Acusado y Apelante.
    No. 2259.

    Visto: Abril 25, 1924.

      Resuelto: Julio 29, 1924.
    Prohibición — Bebida Embriagante — Prueba.—La declaración de un testigo eu el presente caso de que por el olor supo que las botellas contenían ron y que era bastante fuerte, es suficiente para llegar a la conclusión de quo contenían más de la mitad del uno por ciento de alcohol por volumen y que por tanto era una bebida embriagante.
    SENTENCIA de E. Lloredo., J. (Arecibo), condenando al acusado por infracción a la ley de prohibición nacional.

      Confirmada.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue denunciado y condenado por infracción de la Ley de Prohibición Nacional por transportar en un saco sobre su persona cuatro envases de cristal conteniendo ron, bebida embriagante con más del medio por ciento dé alcohol, y annqne en esta apelación sostiene que no trans-portaba las botellas de ron a qne se refiere la denuncia sino que las conducía otra persona, sin embargo hubo testigos que declararon que era el denunciado quien las trasportaba, por lo que no podemos declarar que la corte inferior come-tió error en la apreciación de la prueba'al dar crédito a dichos testigos.

La otra cuestión tratada por el apelante en su alegato es que la prueba es insuficiente para sostener que dichas bo-tellas contenían licor embriagante. El único testigo que de-claró- sobre ese particular fue el policía que hizo la denun-cia quién manifestó “que eran cuatro botellas y que esta-ban llenas de ron; que sabe que es ron y que contiene alcohol porque lo ha visto muchas veces y por el olor; que no lo probó, que lo olió nada más; que el olor era bastante fuerte. ’ ’

Oreemos que esa prueba es suficiente porque el ron es •una destilación del jugo de la caña de azúcar que produce alcohol y su mayor o menor fuerza puede ser conocida ge-neralmente por el olfato, por lo que la declaración del tes-tigo de que por el olor supo que las botellas contenían ron y que era bastante fuerte es suficiente para llegar a la con-clusión de que contenían más de la mitad del uno por ciento de alcohol por volumen y que por tanto era una bebida em-briagante.

La sección 3* título 29 de la Ley de Prohibición Nacio-nal dispone que dicha ley sea liberalmente interpretada con el fin de que el uso del licor embriagante como bebida quede prohibido. En el caso de People v. Casellas, 209 Pac. 40, •se declaró que cierta evidencia de que un vino tiene un sa-bor fuerte es suficiente para demostrar que contiene más del uno por ciento de alcohol y en el caso dé Strada v. ü. 8., 281 Fed. 143 se sostuvo con referencia al tvhishy que no se necesita un perito científico para identificar un bien conocido artículo de manufactura y comercio de uso común.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo, Peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Demandada.
    No. 454.

    Visto: Jimio 23, 1924.

      Resuelto: Julio 29, 1924.
    Locura Peligrosa — Apelación de Sentencias por Locura Peligrosa. — El pro-cedimiento de locura peligrosa que regula la Ley Núm. 26 de 1912 es de carácter cuasi criminal, por lo que la apelación de una sentencia de locura peligrosa no se regula por el procedimiento que establece la Ley Núm. 13 de 1917, sino por el procedimiento ordinario de apelaciones criminales para ante las cortes de distrito.
    Solicitud de auto de certiorari a la Corte de Distrito de Ponce, R. Díaz Gintrón, J.

      Denegado.

      José B. Figueras, Fiscal, abogado del peticionario; F. Damos Anto-nini, abogado de la parte contraria.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte Municipal de Ponce declaró loco peligroso a Ra-món Francisco Quiñones Nazario,' y no estando conforme ■con la sentencia apeló para ante la corte de distrito. Es-tando en curso la preparación de la apelación, el fiscal del ■distrito presentó una moción a la corte inferior para que desestimara la apelación por no haberse elevado a dicha corte la transcripción del récord dentro de los 20 días que prescribe la ley núm. 13 de noviembre 14 de 1917-, (2) p. 225).

La corte inferior denegó la moción por resolución de .abril 22, 1924, y el fiscal ha recurrido ante nos mediante la presente petición de certiorari para que revisemos y decla-remos nula dicha resolución.

El fiscal alega sustancialmente para sostener su petición, ■que la ley No. 26 de 1912, (p. 62) para regular el trámite que ha de observarse por las cortes en los casos de locura peligrosa, es un procedimiento de carácter civil; que la sec-ción 3 de dicha ley prescribe que el caso se entrará en el libro de causas civiles, en nombre-de “El Pueblo de Puerto Rico,” como demandante, y de la persona denunciada como -demandada, y que el legislador calificó como cuestión de materia civil el caso de locura peligrosa, por tratarse de un procedimiento que afecta a la capacidad civil del demandado.

El juez inferior sostiene por el contrario que todos Ios-trámites del procedimiento le dan al caso un carácter de criminal, pues en dicha ley se dispone:

“1° Que el fiscal ostentará la representación ele El Pueblo de-Puerto Rico;
“29 Que radicada la acusación por el fiscal se procede, mediante-orden del juez municipal, al arresto del acusado, se le recluye o se le permite estar en libertad provisional bajo fianza;
“3° Que el acusado tiene derecho de estar representado por un abogado y que en caso de- insolvencia el juez puede nombrarle un abogado de oficio;
“49 Porque, solamente, el acusado tiene derecho de establecen apelación contra la sentencia dictada por la corte-.”

Tanto el 'fiscal como el juez inferior analizan la cuestión en sus caracteres más extremos, pero unas y otras conside-raciones demuestran que se trata de un procédimiento que-participa de ambos aspectos, civil y criminal, y que se hace-difícil establecer una línea divisoria que los separe. Sin embargo, apreciando que este procedimiento tiene por ob-jeto indagar y declarar un estado de demencia peligrosa para recluir la persona así declarada en un manicomio y no-la declaración de su incapacidad para administrar sus bie-nes, según se prescribe en el Código Civil Revisado, llega-mos a la conclusión que el procedimiento que se regula por la Ley núm. 26 de 1912 es un procedimiento cuasi criminal porque aunque se instituye de una manera civil se convierte en sus efectos en un procedimiento criminal. Véase 32 C. J. 627, y la nota del caso de Taylor v. Barguer, 47 S.W. 217, en el que se dice lo siguiente:

“Verdaderamente que como tales investigaciones generalmente-envuelven la cuestión de la libertad personal, es un procedimiento-cuasi criminal, debidamente dentro de la jurisdicción de la corte de circuito de Jefferson, división criminal. Existe, sin embargo, una. diferencia que se observa entre las meras investigaciones que envuel-ven un examen por parte del jurado respecto a si la persona some-tida a juicio no es de sano juicio y un lunático y la conservación y seguridad de la propiedad de una persona después de encontrada con tal incapacidad que generalmente requiere la intervención de una corte de equidad. En nuestra opinión la corte de circuito de Jefferson, división criminal, tiene jurisdicción sobre investigaciones de demencia, aunque no es exclusiva; por tanto, debe negarse el auto inhibitorio solicitado. ’ ’

Debe anularse el auto expedido.

El Juefc Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Manrique, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    No. 596.

    Sometido: Julio 21, 1924.

      Resuelto: Julio 29, 1924.
    Herederos — Venta Judicial de Bienes Heredados para Pagar Obligaciones del Causante — Aceptación de Herencia por Menores. — Cipriano Manrique demandó en cobro do rlinero a la sucesión de Gregorio Solá Delgado, com-puesta de su segunda esposa Antonia Díaz Oriazabala, de la hija legítima que procreó con ésta, nombrada Rosa María Solá Díaz, de los hijos legíti-mos procreados en el primer matrimonio del causante, nombrados Mareos, María, Néstor, Juan, Félix, Carmen, Trinidad, Aurora, Felicita y Marcelino Solá Fontánez, y del hijo natural Justo Solá de Jesús. El registrador denegó la inscripción de varias fincas vendidas para ejecución de la sentencia, por el fundamento principal de que habiendo inscrito sus participaciones los hijos del primer .matrimonio siendo menores de edad, éstos rio son responsables de la reclamación con todos sus bienes, pues la herencia de acuerdo con la ley no se puede entender aceptada por tales menores pura y simplemente sino a beneficio de inventario. Se resolvió: que no expresándose en la nota recu-rrida que del registro conste que las participaciones inscritas a nombre de dichos menores procedan de bienes particulares o que dichas participaciones inscritas no sean el resultado de la liquidación del caudal' correspondiente al primer matrimonio, no existo baso para confirmar la nota.
    Nota de L. Márquez, B. (Caguas), denegando inscripción de escri-tura de venta judicial.

      Revocada la nota.

    El propio recurrente y el registrador comparecieron por escrito.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es -un recurso contra la nota del Registrador de la Propiedad de Caguas que deniega la inscripción de una venta judicial otorgada por el márshal dé Humacao a favor del recurrente.

La nota recurrida dice:

“Inscrito este documento con vista de otro en cuanto a las parti-cipaciones indivisas que en las tres fincas correspondían a doña Antonia Díaz Oriazabala; Marcos, María, Néstor, Juan, ITélix, Carmen, Trinidad, Aurora, Felicita y Marcelino Solá Fontanez, Rosa María Solá Díaz y Justo Solá de Jesús, como sucesores o herederos de Gre- • gorio Solá Delgado, allí donde indica la’ nota puesta al margen de la descripción de cada finca; y denegada en cuanto a las participa-ciones que en dichas tres fincas corresponden a Marcos, María, Néstor, Juan, Félix, Carmen, Trinidad, Aurora, Felicita y Marcelino Solá Fontanez, como’ herederos de Juana Fontanez y además en cuanto a una cuarta parte eh la finca señalada en la escritura con la letra ‘B’ por los motivos siguientes: En cuanto a la primera parte de la nota denegatoria, por aparecer del documento que los demandados en la acción que dió lugar a la venta judicial para cum-plimentar la sentencia son la segunda esposa de Gregorio Solá — doña Antonia Díaz y los herederos o sucesores de' Gregorio Solá Delgado, no habiendo sido demandados los herederos de Juana Fontanez, no determinándose si la deuda origen de la desmanda fué producida du-rante el primer matrimonio de Gregorio Solá Delgado con Juana Fontanez o durante el segundo matrimonio con Antonia Díaz Oria-zabala, habiendo inscrito los herederos de Juana Fontanez sus parti-cipaciones en las tres fincas por herencia de dicha Juana Fontanez como menores de edad, sin que haya constancia que tales personas que son también herederos de Gregorio Solá Delgado ha¡yan acep-tado simplemente y legalmente la herencia del causante Gregorio Solá no pueden responder de las obligaciones de su causante con todos sus bienes o sea con aquellos que no les han correspondido por herencia de dicho causante: y en cuanto a la segunda parte de esta denegatoria por el motivo de hallarse la cuarta parte de la finca se-ñalada con la letra ‘B’ inscrita a favor de José Muñoz López persona distinta de los demandados en cuya representación fué vendida la finca a Cipriano Manrique, tomándose anotación preventiva a favor de Cipriano Manrique por ciento veinte días a los mismos folios y tomos que constan en las notas puestas al margen de la descripción ele cada finca, verificándose las inscripciones con l'os defectos subsa-nables de no haber sido aceptada la venta en forma legal y de no constar las circunstancias personales de los demandados sucesores da Gregorio Solá Delgado.”

La negativa se funda en varios defectos, pero el recu-rrente admite el que se refiere a encontrarse la finca seña-lada con la letra “B” inscrita a “nombre.de persona dis-tinta de los herederos de Gregorio Sola;” no haberse acep-tado la venta en forma legal y el de no constar las circuns-tancias personales de los demandados, por lo que la conten-ción en' este recurso queda limitada en cuanto a las parti-cipaciones que en las tres fincas vendidas corresponden a Marcos, María, Néstor, Juan, Félix, Carmen Trinidad, Aurora, Felicita y Marcelino Solá Fontanez, como herederos de Juana Fontanez.

Las razones que aduce el registrador para sostener su negativa en esa parte de su calificación no aparecen del todo claras. De un lado parece alegarse por el registrador que habiendo contraído el causante segundas nupcias y no resultando del documento que la deuda fué originada du-rante el segundo matrimonio, se hacía necesario compren-der en la demanda a los herederos del primero, o sea, a los hijos de Juana Fontanez, primera esposa del causante. Pero esta presunción carece de fundamento porque en la demanda, según se desprende de la escritura de venta, están relacio-nados los herederos que componen la sucesión de uno y otro matrimonio. Por otro lado, el registrador insiste en su alegato que habiendo inscrito sus participaciones los hi-jos del primer matrimonio siendo menores de edad, éstos no son responsables de la reclamación con todos sus bienes, pues la herencia de acuerdo con la ley no se puede entender aceptada por tales menores pura y simplemente sino a be-neficio de inventario. Sin embargo, el registrador no ex-presa que del registro conste que las participaciones inscri-tas a nombre de dichos menores procedan de bienes particu-lares o que dichas participaciones inscritas no sean el resul-tado de la liquidación del caudal correspondiente al primer matrimonio.

Por todo lo expuesto la ñola debe revocarse y ordenarse la inscripción de la venta judicial de fecha 18 de enero de 1922 en cnanto a las participaciones en las tres fincas inscri-tas a nombre de los herederos Marcos, María, Néstor, Juan, Félix, Carmen, Trinidad, Aurora, Felicita y Marcelino Sola Fontanez.


text:
    Quiñones et al., Demandantes y Apeladas, v. El Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico et al., Demandados y Apelantes.
    No. 3316.

    Visto: Junio 12, 1924.

      Resuelto: Julio 29, 1924.
    Bancos — Nulidad de Elección de Directores — Causa de Acción — Residencia— Elección de Directores — Interpretación de Regla Sobre Residencia de los Directores del Banco. — Interpretando un estatuto del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico según el cual el presidente y dos vice-presidentes de la institución “deberán residir precisamente en la ciudad de San Juan,’’ se resolvió: que la residencia material de tales funcionarios en San Juan 1 no se’ requiere como requisito previo a la elección. Por lo que, una demanda para-que se declare la nulidad de la elección de alguno^de dichos funcionarios no aduce hechos suficientes si no alega que el demandado ha aceptado el cargo sin residir materialmente en San Juan, que es lo que significa la pala-bra “ precisamente ” que emplea el estatuto objeto de la interpretación.
    Sentencia de C. E. Foote, J. '(San Juan, Primer Distinto), en una acción sobre nulidad de elección de una sociedad anónima, decla- ^ rando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada.

      J. de Guznián Benitez, abogado de los apelantes; F. Soto Gras, abo-gado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se dictó sentencia sobre las alegaciones y se declaró que Manuel González y Martínez no es residente de la ciudad de San Juan; que por esta razón no es elegi-ble para el cargo de Primer Vicepresidente del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico; que su elección para dicho cargo, que se llevó a efecto el 18 de julio de 1923, es nula ■ y sin valor ni efecto alguno; y por último, que no tiene derecho a ocupar ese cargo y debe cesar en el desem-peño del mismo.

La demanda que fué interpuesta por los demandantes en su carácter de accionista del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, se dirigió contra esta institución'y los deman-dados Rafael Fabián y Manuel González y Martínez, quienes ■exeepcionaron dicha demanda fundándose en la indebida acu-mulación de partes demandadas y en la falta de hechos su-ficientes para determinar una causa de acción. Estas excep-ciones fueron declaradas sin lugar y ellas constituyen la materia más importante de los errores que la apelante se-ñala en su alegato.

En la demanda se alega que la Junta General de Accio-nistas del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, en sesión celebrada el 18 de julio de 1923, eligió para el cargo de Presidente al demandado Rafael Fabián y para el de Primer Vicepresidente al demandado Manuel González y Mar-tínez, quienes aceptaron dichos cargos y que’inmediatamente después de proclamarse el resultado del escrutinio, los de-mandantes, como accionistas presentes por medio de su apoderado protestaron de la elección y pidieron su reconsi-deración porque ninguno de dichos dos electos residía preci-samente en la ciudad de San Juan, pues Rafael Fabián tenía su residencia en Asturias, España, y Manuel. González y Mar-tínez la tenía en Salinas, P. R., y que la presidencia de la junta declaró no haber lugar a la reconsideración. Se alegó asimismo que los estatutos de la asociación disponen que el presidente y los dos vicepresidentes deberán residir precisa-mente en la ciudad de San Juan y se transcribe el artículo 88 de dichos estatutos, que dicen:

“Art. 88. — El consejo de Administración se compondrá de quince miembros, incluyendo el Presidente y dos Vicepresidentes, primero y segundo, quienes deberán residir precisament en la ciudad de San Juan, pudiendo los demás consejeros residir en esta ciudad o en cualquier otro punto de la Isla.”

No dice el estatuto que para ser elegido para cualquiera de dichos cargos se hace indispensable la residencia precisa-mente en San Juan como condición previa a la elección. Esto no se prescribe expresamente ni tampoco se puede lle-gar a tal conclusión mediante una interpretación liberal»: pues para eso tendríamos que forzar los términos de dicho estatuto. Por el contrario, una interpretación recta del mismo y más en armonía con el buen sentido de las cosas» nos conduce a afirmar que fué la intención del cuerpo legis-lativo del banco que intervino 'en su redacción, de imponer la condición de la residencia material en San Juan más bien para el ejercicio o desempeño del cargo y no como requisito' previo al acto de la elección, pues era la manera de consé-guir agentes que residiendo o trasladando su residencia a ;San Juan habían de prestar continuamente sus servicios al banco. Y si ésta es la lógica interpretación del artículo 88, supra, y no se alega en la demanda que uno y otro deman-dado han aceptado sus respectivos cargos sin residir mate-rialmente en San Juan, que es lo que implica la palabra “precisamente” que emplea el estatuto, claro es que la de-manda no contiene hechos suficientes para constituir una causa de acción.

Respecto a la indebida acumulación de partes demanda-das que alega el apelante, estamos más bien conformes con. los puntos de vista que sostienen los apelados y especial-mente con la regla general bien' establecida en Fletcher Cyclopedia of Private Corporations, vol. 5, pág. 5009, que dicer

En lo que respecta a los procedimientos seguidos contra funcio-narios que usurpan cargos de corporaciones, está bien establecido que pueden nombrarse como demandados varios funcionarios como--cuando se trata de síndicos de una corporación. La alegación de que tal acumulación de partes es indebida, se funda en la teoría de que cada funcionario desempeña un cargo independiente que debe ser objeto de una acción por separado. La cuestión surgió hacia el año 1776 en un caso que afectaba a los funcionarios de un pueblo y fué revocada por Lord Mansfield y sus asociados. Esta decisión ha sido observada en casos que afectan a funcionarios de corporaciones pri-vadas. ’ ’

En virtud de la conclusión a que hemos llegado por no ser suficiente la demanda, no es necesario considerar los demás motivos de error que disente el apelante, por lo que la sentencia de la corte inferior debe revocarse y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sin costas.


author: El Juez Peesidente Señoe. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Barbosa et al., Acusados y Apelantes.
    No. 2126.

    Visto: Mayo 22, 1924.

      Resuelto: Julio 30, 1924.
    Juicio KApibo — Sobreseimiento—Justa Causa para la Demora. — Examinada la causa alegada por el fiscal y considerada como justa por la corte de distrito, el tribunal, por las razones que se consignan en la opinión, decidió que no lo era, revocó la sentencia apelada y ordenó el archivo de la acusación.
    Sentencia de P. Berga, J. (Htimacao), condenando al acusado por infracción del artículo 84 del Código Penal.

      Revocada.

      . L. Mendín Rabat, abogado de los apelantes; José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Peesidente Señoe. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se formuló acusación contra Bafael Barbosa y otros im-putándoles la violación del artículo 84 del Código Penal. La acusación fué archivada el 8 de junio de 1922. Al con-testarla, los acusados pidieron que fuera sobreseída por ha-ber transcurrido más de los sesenta días que fija la ley en-tre su arresto y la presentación del cargo. El fiscal se opuso y la corte estimando que existía justa causa para la dilación, negó el sobreseimiento.

Los hechos alegados y apreciados por la corte como cons-titutivos de justa causa fueron que si bien el arresto de los acusados se verificó el 4 de febrero y la acusación no se for-muló hasta el 8 de junio, ello se debió a que las diligencias preliminares instruidas por el' juez municipal de Caguas no •se recibieron por el Fiscal de Humacao hasta el 17 de fe-brero, a que ya se había citado el término de Gran Jurado de febrero cuyo sorteo tuvo lugar el día 23, habiéndose pre-sentado a la corte. el 15 la lista de cansas qne iban a some-terse al Gran Jurado por cuyo motivo no se incluyó la se-guida contra los acusados, y a que el otro término de Gran Jurado no comenzó basta junio siguiente y sólo entonces fué que bubo oportunidad de presentar la acusación.

No estamos conformes. Los fiscales deberían estar en co-municación directa con los jueces municipales cuando éstos se encargan de instruir las primeras diligencias. T cuando los jueces municipales actúan, generalmente todas las decla-raciones se remiten por escrito, de modo que es sumamente fácil el estudio del fiscal. No se trataba de un caso compli-cado.'

Mientras la ley no sea modificada, los fiscales y los jue-ces en el ajuste de su trabajo, deben partir de la base de la existencia de la misma. Creemos que la causa pudo ser in-vestigada por el gran jurado que se sorteó en febrero. Ade-más, el plazo que medió entre el Gran Jurado que se sorteó en febrero y el que se sorteó en junio fué demasiado largo para cumplir con las exigencias de la vigente Ley de En-juiciamiento Criminal.

■ En el caso de El Pueblo v. Almodovar, 32 D.P.B,. 829, esta Corte Suprema se expresó así:

“En efecto, la misma corte expresa que uno de los términos de sus sesiones se celebró en mayo y junio de 1922 y que el Gran Ju-rado no se constituyó hasta el 12 de junio. Siendo ello así, habiendo podido constituirse el jurado en mayo y no demostrándose que dejara de constituirse en esa fecha por razones necesarias, surge claro el derecho del acusado de acuerdo eon la ley y la jurisprudencia ci-tada por la propia Corte de Distrito. Como los términos de las Cortes de Distrito de Puerto Rico son cinco de dos meses cada uno y como se reúne un Gran Jurado cada término, el plazo de sesenta días, que es el doble del fijado en California, no resulta imposible de cumplir.”

Debe revocarse la sentencia apelada y ordenarse el ar-chivo de la acusación.