text:
      In re Roberto O. Maldonado Nieves, querellado.

      Número: AB-2013-51

      Resuelto: 23 de abril de 2015

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, en in-forme; Roberto O. Maldonado Nieves, pro se.

   per curiam:

En esta ocasión, nuevamente estamos obli-gados a ordenar la suspensión de un miembro de la profe-sión legal de la práctica de la abogacía debido a un patrón de incumplimiento con lo ordenado por este Tribunal y des-atención a los requerimientos que la Oficina de la Procura-dora General le ha cursado como parte de un proceso dis-ciplinario iniciado en su contra. De este modo, pues, reafirmamos que, independientemente de los méritos que refleje una queja presentada contra un letrado, el no responder oportunamente a las órdenes emitidas por este Tribunal o la Oficina de la Procuradora General —y, además, no proporcionar razones adecuadas por la cual se ha visto imposibilitado de cumplir con los términos concedidos — , expone al letrado a la imposición de sanciones de la más grave severidad, pues semejante conducta obstaculiza la función reguladora de este Tribunal. Por tal razón, ordena-mos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Roberto O. Maldonado Nieves del ejercicio de la abogacía.

A continuación, reseñamos los antecedentes fácticos y procesales que nos llevan a este dictamen.

I

El Ledo. Roberto O. Maldonado Nieves fue admitido al ejercicio de la abogacía el 10 de enero de 1986 y al de la notaría el 29 de febrero de 1988.

Este caso comenzó con la presentación, el 15 de enero de 2013, de una queja contra el licenciado Roberto O. Maído-nado Nieves (licenciado Maldonado Nieves o el querellado) por parte de la señora Brenda Maldonado Espada (señora Maldonado Espada o la quejosa). Debido a que las alega-ciones contenidas en dicha queja no constituyen el funda-mento del dictamen que hoy emitimos, prescindimos de un recuento exhaustivo de ellas.

En apretada síntesis, en la queja la señora Maldonado Espada relata que forma parte de la sucesión del Sr. Julio Maldonado Falcón que, a su vez, cuenta con el Sr. Paulino Maldonado Falcón, hermano del causante, como albacea nombrado mediante testamento (señor Maldonado Falcón o el albacea). Con el propósito de gestionar los trámites relacionados con los bienes que componen el caudal relicto, la señora Maldonado Espada y los otros herederos contra-taron los servicios del Ledo. Pedro J. Rodríguez Samalot. Por su parte, el señor Maldonado Falcón contrató al que-rellado para que éste le asistiera en su labor como albacea de la sucesión, ya que él no reside en Puerto Rico. En lo sustantivo, las alegaciones incluidas en la queja presen-tada por la señora Maldonado Espada contra el licenciado Maldonado Nieves pueden caracterizarse como de dos tipos. Por un lado, la queja le imputa al querellado el haber desempeñado sus obligaciones profesionales de manera negligente. Ello por, entre otras cosas, no contestar du-rante el transcurso de más de un año sendas comunicacio-nes suscritas a él por el licenciado Rodríguez Samalot exi-giendo información relacionada con la labor del albacea y el estado de las obligaciones legales de éste con la sucesión, y por negarse a acceder a la celebración de una reunión entre las partes. Por otro lado, la queja le imputa al licen-ciado Maldonado Nieves el haber tomado varias acciones y determinaciones en contravención a sus responsabilidades y en perjuicio de los intereses de la sucesión, como también el haber fungido como albacea de facto, en violación a las disposiciones aplicables del Código Civil de Puerto Rico. Por todo lo anterior, la quejosa solicitó que le ordenáramos al querellado a que se comunicara con la representación legal de los herederos, proporcionara toda la información previamente requerida de él e informara si había deven-gado honorarios con cargo al caudal relicto para que, de ser así, procediera a devolverlos.

Así las cosas, el 28 de febrero de 2013, la Honorable Secretaria de este Tribunal cursó una comunicación al li-cenciado Maldonado Nieves en la que le concedió diez días a partir del recibo de ésta para contestar las alegaciones hechas en su contra. El 10 de marzo de 2013, el querellado compareció y solicitó una extensión para presentar su contestación. En esta primera ocasión, el letrado señaló que, debido a que varios de sus familiares enfrentaban en-fermedades serias, había tenido que asumir obligaciones adicionales a su labor regular que le habían impedido responder a la queja. Así las cosas, el 26 de enero de 2013 se le concedió un término adicional de veinte días para que atendiera la queja en su contra. El 7 de mayo de 2013, vencido el término, compareció el licenciado Maldonado Nieves y solicitó hasta el 28 de ese mes para presentar su contestación invocando los mismos fundamentos que la vez anterior. Luego de que el 14 de mayo de 2013 la Subsecre-taría de este Tribunal le concediera un nuevo término de diez días, el 13 de junio de 2013 el querellado presentó una tercera solicitud de prórroga. Esta vez, señaló que recien-temente había sido víctima del escalamiento de su hogar y que, durante la comisión del alegado acto delictivo, le hur-taron tres computadoras, entre ellas aquella en la que es-taba trabajando la contestación a la queja. Sin embargo, como parte de su solicitud el licenciado Maldonado Nieves no acompañó, como tampoco había hecho en sus compare-cencias anteriores, documentación fehaciente acreditando que las razones invocadas le imposibilitaron cumplir cabal-mente con su deber de contestar la queja correspondiente.

Referido el asunto a nuestra atención, el 24 de junio de 2013 emitimos una Resolución en la que le concedimos al licenciado Maldonado Nieves un término final de cinco días, contados a partir de su notificación, para que compa-reciera y contestara la queja presentada en su contra. En la Resolución le apercibimos, además, que un nuevo in-cumplimiento podría conllevar la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluyendo su suspensión inme-diata del ejercicio de la profesión.

Según surge del expediente, el querellado finalmente contestó la queja presentada en su contra mediante un es-crito de 18 de junio de 2013, notificado el 20 de junio de 2013 vía fax y por correo el 24 de junio de 2013. En lo pertinente, el licenciado Maldonado Nieves señaló que en-tre él y la quejosa o los demás herederos de la sucesión no existe y nunca ha existido una relación de abogado-cliente e hizo hincapié en que su labor en el asunto se ha limitado a orientar al albacea y realizar las diligencias solicitadas por éste. Negó, además, toda alegación hecha en su contra en cuanto a conducta impropia o ilegal. No obstante, el querellado reconoció no haber respondido a las múltiples misivas que tanto el licenciado Rodríguez Samalot como los herederos le habían cursado. Por tanto, el licenciado Maldonado Nieves se comprometió a que dentro de los si-guientes cuarenta y cinco días llevaría a cabo las gestiones necesarias para que el albacea culminara su labor, que re-mitiría una relación de las labores realizadas tanto por él como por el albacea a los herederos y que procedería a no-tificar a este Tribunal al respecto.

Referida la queja y la contestación del querellado a la Oficina de la Procuradora General, conforme lo dispone la Regla 14(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, la Oficina cursó a las partes unos requerimientos de documentos e información. Ello como parte del proceso in-vestigativo que, en virtud del esquema establecido por el precitado Reglamento, le encomendamos realizar para que nos proporcionara las recomendaciones que estimara perti-nentes y nos colocara en posición para tomar una determi-nación informada de la queja ante nuestra consideración. Posteriormente, la Oficina de la Procuradora General soli-citó, y este Tribunal concedió mediante Resolución el 31 de enero de 2014, una prórroga de treinta días para presentar el correspondiente Informe. Todo ello —cabe señalar— ani-mado por el interés de proveer a las partes implicadas un tiempo adicional para comparecer y presentar aquella docu-mentación que considerasen pertinente y así asegurar una investigación adecuada y responsable sobre el asunto refe-rido a su evaluación. Sin embargo, el licenciado Maldonado Nieves nunca atendió el requerimiento que la Oficina le cursó.() Por consiguiente, al momento de formular su In-forme, la Oficina de la Procuradora General solamente contó con la comparecencia de la señora Maldonado Espada, quien sí proveyó documentación dirigida a sustentar sus alegaciones.

Examinado el Informe de la Procuradora General, el 25 de marzo de 2014 concedimos al licenciado Maldonado Nieves un término de veinte días, a partir de la notificación de la correspondiente Resolución, para expresarse sobre el mismo o se entendería que se allanaba a sus recomendaciones. El querellado compareció el 22 de abril de 2014, ocho días luego de vencido el término, para solicitar una prórroga. Adujo estar enfrentando complicaciones de salud que provocaron que se atrasara en su trabajo. Sin embargo, una vez más omitió presentar documentación fe-haciente acreditando las razones que invocaba para justifi-car tanto su desatención al término provisto como su solici-tud de una nueva prórroga. No obstante, el 11 de septiembre de 2014 fue nuevamente agraciado con un término final de diez días para cumplir con la Resolución del 25 de marzo de 2014. El licenciado Maldonado Nieves compareció por úl-tima vez el 23 de septiembre de 2014, no para cumplir con lo ordenado por este Tribunal el 25 de marzo de 2014, sino para nuevamente solicitar un término adicional. Al día de hoy —luego de siete meses de vencido el segundo término concedido para cumplir con esta Resolución— el licenciado Maldonado Nieves no ha vuelto a comparecer. Tampoco ha informado si ha cumplido con las labores que en su escrito del 18 de junio de 2013 se comprometió a realizar dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a su presentación.()

Resumidos los antecedentes fácticos y procesales, y con-tando con el beneficio de la comparecencia de la Oficina del Procurador General, procedemos a enunciar los fundamen-tos que atienden la conducta del querellado y la procedente sanción.

II

Este Tribunal tiene el deber ineludible de asegurar que todos los profesionales admitidos al ejercicio de la abogacía dentro de nuestra jurisdicción cumplan sus fun-ciones de forma responsable, competente y con la mayor diligencia para con los tribunales y sus compañeros. In re Del Castillo Del Valle, 191 DPR 633 (2014). Conforme a esta obligación reguladora, el Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX, pauta las normas mínimas que deben guiar a todos los abogados y abogadas sujetos a nuestra jurisdic-ción disciplinaria. Como parte de la obligación de todo abo-gado y abogada de propiciar un orden jurídico eficaz, el Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra, le impone a todo abogado y abogada el deber de “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”.

Sabido es que incumplir los deberes que imponen la ley y el ordenamiento ético acarrea sanciones disciplinarias. In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015). Reiteradamente, hemos expresado que tal incumplimiento adquiere mayor trascendencia cuando esas faltas se cometen durante la tramitación de un proceso disciplinario iniciado contra un miembro de la profesión. In re Irizarry Irizarry, 190 DPR. 368, 374 (2014); In re Buono Colón, 187 DPR 379, 382 (2012). Consecuentemente, hemos sido enfáticos al señalar que el deber de atender de manera diligente y escrupulosa toda orden emitida por este Tribunal es aún más patente durante los procesos disciplinarios, por lo que su incumplimiento puede acarrear la imposición de sanciones severas, incluyendo la suspensión inmediata de la profesión. In re Bryan Picó, supra; In re Montes Díaz, 184 DPR 90, 93-94 (2011); In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011). Como expresamos en In re Ortiz Álvarez, 163 DPR 245, 248 (2004), “la naturaleza pública de la profesión de abogado impone a la clase togada la más estricta observancia a los requerimientos relacionados con las investigaciones sobre asuntos disciplinarios”.

Indudablemente, este Tribunal no puede tomar de forma liviana la asunción de parte de un abogado de una actitud de indiferencia y menosprecio ante su autoridad. In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015). Lo mismo debe decirse con respecto a la autoridad ejercida por aquellas entidades públicas llamadas a intervenir en la consecución de un pro-ceso disciplinario contra un letrado, como es el caso de la Oficina de la Procuradora General, por virtud del Regla 14 del Reglamento de este Tribunal, supra. In re Chardón Dubós, 191 DPR 201 (2014); In re Ponce Ponce, 190 DPR 504, 509 (2014); In re Miranda Gutiérrez, 188 DPR 745, 747 (2013). Ello debido a que la desatención a sus requerimien-tos “tiene el mismo efecto disruptivo en nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden directamente emitida por nosotros”. In re Ponce Ponce, supra, pág. 509. Véanse: In re Ortiz Álvarez, supra, pág. 249. Por tal razón, en In re López Bocanegra, 183 DPR 224, 226 (2011), advertimos que “el incumplimiento con los requerimientos de la Oficina de la Procuradora General es igualmente reprochable y acarrea las mismas sanciones que la falta de atención a las órdenes de este Tribunal”.

A la vez, también hemos sostenido que constituye una falta de respeto hacia los procedimientos ante este Tribunal el que un abogado o abogada incurra en una indebida, irrazonable e inexcusable tardanza al formular su contestación a una queja presentada en su contra. In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 376; In re García Ortiz, 187 DPR 507, 517 (2012); In re Vargas Soto, 146 DPR 55 (1998). Independientemente de los méritos que demuestre una queja presentada en contra de un abogado o abogada, o cuán adecuado el procedimiento disciplinario sea para atender los reclamos particulares del quejoso, todo letrado y letrada tienen la obligación de responder prontamente a nuestros requerimientos. In re Sosa Suárez, 191 DPR 261 (2014); In re Torres Trinidad, 183 DPR 371, 374 (2011). Por consiguiente, el incumplimiento con este deber evaluarse de manera separada e independiente de la causa que en primera instancia motivó el inicio de una investigación disciplinaria.

Por último, debemos enfatizar que toda vez que un letrado o letrada está sujeto al cumplimiento de una orden emitida directa o indirectamente por este Tribunal, está obligado a cumplir con tal orden dentro del término que se le ha concedido. De lo contrario, deberá comparecer como regla general previo al vencimiento del término para proveer una razón adecuada por la cual se ha visto imposibilitado de cumplir con su deber de atender cabal y oportunamente la orden en cuestión. En el segundo supuesto, el abogado o abogada no solamente tiene la obligación de proporcionar una explicación detallada de la razón que, a su entender, amerita que se le extienda una prórroga, sino que además debe, cuando así proceda, acompañar su comparecencia con documentación fehaciente que acredite la existencia de la razón o razones que invoca.

III

En el presente caso, los hechos demuestran que el licen-ciado Maldonado Nieves ha incurrido en un patrón exten-dido de incumplimiento y desatención a las ordenes emiti-das por este Tribunal y por la Oficina de la Procuradora General como parte de un proceso disciplinario iniciado en su contra mediante le presentación de una queja por su conducta profesional.

En primer lugar, desde la presentación de la queja por parte de la señora Maldonado Espada el 15 de enero de 2013 hasta el momento cuando el letrado la contestó me-diante un escrito de 18 de junio de 2013, transcurrieron aproximadamente cinco meses. Durante ese período, el in-cumplimiento del querellado con los tres términos que se le extendieron, llevó a que este Tribunal tuviese que emitir una Resolución para apercibirle que un incumplimiento adicional lo expondría a la imposición de sanciones disci-plinarias severas. Tal inobservancia del licenciado Maldonado Nieves no solamente refleja su incumplimiento con el deber de atender de manera diligente y escrupulosa toda orden emitida por este Tribunal, sino que constituye ade-más una indebida, irrazonable e inexcusable tardanza con su obligación de contestar toda queja presentada en su contra. Ello, como ya se ha señalado, es contrario a la con-ducta respetuosa para con los tribunales que el Código de Etica Profesional le exige a todo abogado y abogada, parti-cularmente cuando se trata de un proceso disciplinario.

Por otro lado, la actitud de absoluta desatención asu-mida por el licenciado Maldonado Nieves ante los requeri-mientos de documentos e información que la Oficina de la Procuradora General le cursó como parte de su función dentro del esquema disciplinario que dispone el Regla-mento de este Tribunal constituye, de por sí, una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. Ello debido a que, como ya mencionáramos, tal incumplimiento “tiene el mismo efecto disruptivo en nuestra función regu-ladora de la profesión que cuando se desatiende una orden directamente emitida [por este Tribunal]”. In re Ponce Ponce, supra, pág. 509.

Es menester señalar que la conducta en contravención a las normas mínimas que impone el Código de Ética Profe-sional del licenciado Maldonado Nieves se agrava por el hecho de que, luego de haber solicitado y obtenido una pró-rroga más para responder al Informe presentado por la Oficina de la Procuradora General, no ha vuelto a compa-recer para atender de manera responsable el proceso disci-plinario que se inició en su contra. Este Tribunal no puede sino castigar severamente la asunción de una conducta de desidia de tal magnitud.

Por último, no debemos culminar sin antes enfatizar lo siguiente. Podemos especular sobre las motivaciones y si-tuaciones que llevan a un letrado a no contestar oportuna-mente una queja disciplinaria presentada en su contra o no atender los requerimientos que se le dirigen durante la tramitación de un proceso disciplinario. Entre ellas, quizás algunos estarían inclinados a considerar que la queja ca-rece de mérito alguno o, incluso, que la presentación de una queja no es el vehículo adecuado mediante el cual el quejoso debe ventilar los reclamos que plantea. Aprovecha-mos, pues, esta ocasión para dejar meridianamente claro que sin una adecuada y fundamentada comparecencia, es-tas motivaciones o situaciones no proveerán justificación alguna que lo exima de cumplir o atender oportunamente las órdenes que, directa o indirectamente, emita este Tribunal. Independiente de los méritos que a primera o segunda vista refleje una queja o lo adecuado que sea el mecanismo disciplinario para la tramitación del asunto particular, todo abogado y abogada tiene la obligación in-eludible de cooperar con un proceso disciplinario iniciado en su contra, o se expone a sanciones de naturaleza inde-pendiente a la queja presentada. Y es que tiene que ser así. De lo contrario, el trámite y, a su vez, la evaluación de una queja quedarían al arbitrio del querellado, en vez de —y como solamente puede ser— sujetarse a la autoridad ejer-cida por este Tribunal.

Por los fundamentos que anteceden, se ordena la sus-pensión inmediata e indefinida del licenciado Maldonado Nieves del ejercicio de la abogacía. Se ordena, además, al Alguacil incautar su obra notarial, incluyendo su sello notarial, y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal. En caso de que el licenciado Maldonado Nieves esté representando a clientes ante nuestros tribunales en la actualidad, se le impone el deber de notificarles sobre su inhabilidad de continuar representándolos, devolverles los honorarios por trabajos no realizados e informar opor-tunamente de su suspensión a cualquier foro judicial y ad-ministrativo en el que tenga un caso pendiente. Deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en un término de treinta días contados a partir de la notifica-ción de la presente opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón no interviene.

      (1) La Oficina de la Procuradora General le cursó el requerimiento mediante correo regular y correo certificado el 15 de noviembre de 2013, y se lo reenvió el 25 de noviembre de 2013.

      (2) Según surge del expediente, de acuerdo con la última comunicación recibida de la quejosa el 29 de enero de 2015, el licenciado Maldonado Nieves aún no ha cumplido con lo que se obligó el 18 de junio de 2013.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Nancy Rivera Sepúlveda.

      Número: TS-12,672

      Resuelto: 28 de abril de 2015

      Geisa M. Martínez Marrero, en informe; Nancy Rivera Sepúl-veda, pro se.

   per curiam:

A pesar de haberle cursado varios requeri-mientos a la Leda. Nancy Rivera Sepúlveda (licenciada Rivera Sepúlveda) para que acreditara haber completado las horas crédito exigidas por el Programa de Educación Jurí-dica Continua (PEJC), esta ha hecho caso omiso. Consis-tentemente hemos expresado que dicha conducta es in-aceptable, por lo que acarrea la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión. In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015). Evaluemos los antecedentes fácticos que hoy nos llevan a suspender inmediata e indefinidamente a la licen-ciada Rivera Sepúlveda de la práctica jurídica.

I

La licenciada Rivera Sepúlveda fue admitida al ejercicio de la abogacía el 26 de enero de 1999. Seis meses más tarde se integró también a la práctica notarial.

El 19 de marzo de 2013, la Leda. Geisa Marrero Martí-nez, Directora del PEJC, compareció ante nos en represen-tación de la Junta de Educación Jurídica Continua (Junta) para alertarnos sobre el incumplimiento de la licenciada Rivera Sepúlveda con los requisitos establecidos en el Re-glamento del PEJC de 2005 (Reglamento de 2005), 4 LPRA Ap. XVII-E, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2009. Además de adver-tirnos que la letrada no pagó la cuota de $50() ni compa-reció a los procedimientos de rigor luego de haber sido de-bidamente citada, la Directora del PEJC nos informó que la togada tampoco ha completado los créditos correspon-dientes a los dos periodos subsiguientes()

Examinado el Informe() el 2 de mayo de 2013 emitimos una Resolución en la que le concedimos a la licenciada Rivera Sepúlveda un término de 20 días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la profesión por no cumplir con los requisitos de educación jurídica continua. La Resolución se notificó inicialmente por correo certificado y, posteriormente, mediante entrega personal.() El 9 de septiembre de 2013 la letrada compa-reció solicitando un término adicional de 60 días para to-mar los cursos adeudados y evidenciar lo anterior. Aten-dida la moción de la licenciada Rivera Sepúlveda, el 13 de diciembre de 2013 se le concedieron 60 días para que se pusiera al día con los requisitos de educación jurídica continua y acreditara su cumplimiento.()

El 3 de abril de 2014 la letrada compareció nuevamente y solicitó un término adicional de 60 días para cumplir. Ex-plicó que se encontraba desempleada desde diciembre de 2010, por lo cual no contaba con los medios económicos ne-cesarios para completar los cursos. Es por dicho motivo que el 30 de mayo de 2014 dictamos una Resolución mediante la cual le concedimos la segunda prórroga solicitada.()

Pasado un tiempo en exceso del otorgado a la letrada para subsanar la deficiencia señalada por el PEJC sin que ésta cumpliera, el 8 de octubre de 2014 se le entregó per-sonalmente una copia de nuestra Resolución fechada el 3 de octubre de 2014, que le concedía un periodo de 10 días para que presentara la certificación de cumplimiento con el PEJC. No obstante, aún hoy la letrada no ha comparecido.

II

Dentro de nuestro poder inherente de regular la profe-sión legal tenemos el deber de asegurarnos que los miem-bros admitidos al ejercicio de la abogacía ejerzan la profe-sión responsable, competente y diligentemente. In re Vera Vélez, supra. Para ello el Código de Ética Profesional par-ticulariza cuáles son las normas mínimas de conducta que deben exhibir los letrados en el desempeño de sus funciones. íd. En cuanto al comportamiento ante los tribu-nales específicamente, el Canon 9 de dicho cuerpo legal exige de los abogados una conducta que se caracterice por el mayor de los respetos. 4 LPRAAp. IX. ínsito en dicho precepto se encuentra el deber de los abogados de atender diligente y oportunamente las órdenes de este Tribunal, en particular, cuando se trata de procedimientos relativos a su conducta profesional. In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014). Por lo tanto, hemos reiterado que ignorar las órdenes judiciales, además de constituir un serio agravio hacia la autoridad de los tribunales, infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. In re Pérez Román, supra; In re Irizarry Irizarry, supra.

Como resultado, hemos sido consistentes en ordenar la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión de aque-llos letrados que incumplen con las órdenes de este Tribunal. In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015). “[E]sta actitud de indiferencia y menosprecio a la autoridad del Tribunal no puede ser tomada livianamente, ya que cons-tituye un curso de acción inaceptable que acarrea la sus-pensión inmediata de la práctica jurídica”. In re Vera Vélez, supra, pág. 227.

Según expusimos anteriormente, una vez la Junta nos refirió las incomparecencias e inobservancias de la licen-ciada Rivera Sepúlveda con los requisitos reglamentarios del PEJC, le concedimos a la abogada amplia oportunidad para subsanar las deficiencias señaladas y acreditar su cumplimiento. No obstante, y a pesar de haberle otorgado varias prórrogas para ello, la licenciada finalmente incum-plió nuestras órdenes. Consistentemente, hemos censu-rado cursos de acción como éste.

III

Por los fundamentos antes expuestos, decretamos la sus-pensión inmediata e indefinida de la Leda. Nancy Rivera Sepulveda del ejercicio de la abogacía y la notaría. Le orde-namos notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos y devolverles, tanto los expedientes de los casos pendientes como cualesquiera honorarios recibi-dos por trabajos no realizados, e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrati-vos del país en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar a este Foro el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días, a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”y Sentencia. El Alguacil de este Tribunal procederá a incautarse de la obra notarial de la licen-ciada Rivera Sepulveda, incluyendo su sello notarial, y de-berá entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para el correspondiente examen e informe a este Tribunal. Notifíquese personalmente esta Opinión “per cu-riam” a la Leda. Nancy Rivera Sepulveda por la Oficina del Alguacil de este Foro.

Se dictará Sentencia de conformidad.

      (1) El Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (Re-glamento) dispone la imposición automática de una cuota de $50 por el cumplimiento tardío con el mínimo de horas crédito exigidas en su Regla 28 (4 LPRAAp. XVII-E). Véase Regla 30 del Reglamento, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (2) Nos referimos a los periodos comprendidos entre el 1 de marzo de 2009 al 28 de febrero de 2011 y del 1 de marzo de 2011 al 28 de febrero de 2013.

      (3) Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua (Incomparecencia a vista informal).

      (4) La notificación mediante correo certificado se realizó el 9 de mayo de 2013 y la entrega personal el 21 de agosto de 2013.

      (5) La Resolución fue notificada vía correo certificado el 23 de diciembre de 2013, pero fue devuelta, por lo que se le notificó personalmente el 3 de febrero de 2014.

      (6) La Resolución de 30 de mayo de 2014, la cual se notificó por correo certificado el 4 de junio de 2014, también fue devuelta.


author: El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón Juez Asociado Señor Es-trella Martínez.

text:
    Municipio de Rincón, recurrido, v. Héctor Velázquez Muñiz y otros, peticionarios.

      Número: CC-2014-0429

      Resuelto: 29 de abril de 2015

      Jorge L. Cajigas Morales, del Bufete Cario-Cajigas, abogado de la parte peticionaria; Pedro E. Ortiz Alvarez, Tania I. Delgado Corcino y Luis E. Meléndez Cintrón, de Pedro Ortiz Alvarez, LLC, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón

emitió la opinión del Tribunal.

(Regla 50)

A pesar de que el recurso de epígrafe se sometió ante nuestra consideración para dilucidar una controversia sus-tantiva surgida en un pleito de expropiación forzosa, los pro-cesos judiciales previos a su presentación han puesto de ma-nifiesto un asunto procesal jurisdiccional sobre el cual este Tribunal no ha tenido la oportunidad de expresarse luego de la implantación de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009. Esto es, ¿qué efecto tiene la presentación oportuna de una moción de reconsideración ante el Tribunal de Pri-mera Instancia sobre la jurisdicción de un foro apelativo que tiene bajo consideración un recurso de apelación o de certio-rari sobre el mismo asunto que le fuera sometido con ante-rioridad? Examinemos los hechos pertinentes.

I

El 10 de marzo de 2014, el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de San Juan, dictó Resolución y Orden en el caso Núm. KEF-2011-0123, Municipio de Rincón v. Héctor Velázquez Muñiz, sobre Expropiación Forzosa. La notificación y el archivo en autos de la copia se realizaron el 21 de marzo de 2014. Inconformes con la determinación, el 3 de abril de 2014, Gilberto Velázquez Sánchez, Héctor Ve-lázquez Muñiz y Jorge O. Cajigas Acevedo (peticionarios), junto a la sucesión de Rosa María Muñiz, acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de “certiorari” (KLCE201400435). Casi simultánea y oportunamente, el municipio de Rincón (Municipio o recurrido) presentó una Moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia por estar igualmente en desacuerdo con la deci-sión de ese foro.() El 22 de abril de 2014, el foro primario declaró “no ha lugar” la solicitud de reconsideración.() Ocho días más tarde, es decir, el 30 de abril de 2014, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari,() Las determinaciones anteriores, las cuales resultaron adversas para ambas partes, provocaron la pre-sentación de dos peticiones de certiorari: una, el 27 de mayo de 2014 por el Municipio ante el Tribunal de Apela-ciones (KLCE201400692) y la otra presentada ante nos el 5 de junio de 2014 por los peticionarios, la cual es objeto del presente escrito.

En desacuerdo con la revisión solicitada ante nos, el 17 de junio de 2014, el Municipio sometió una Moción de des-estimación al amparo de la R. 32(b)(1) del Reglamento del Tribunal Supremo. Argumentó que, dado que este había presentado oportunamente una moción de reconsideración ante el foro de instancia y, conforme a los efectos que este acto procesal conlleva, el recurso presentado ante nos por los peticionarios el 5 de junio de 2014 era prematuro. En consonancia con lo anterior, el Municipio solicitó que lo desestimáramos por falta de jurisdicción.

Por otro lado, y bajo un razonamiento opuesto al expre-sado por el Municipio sobre el asunto jurisdiccional arriba indicado, el 20 de agosto los peticionarios nos sometieron una moción en auxilio de jurisdicción. En esta solicitaron la paralización de los procedimientos en el caso pues, ha-biendo un segundo recurso de certiorari pendiente de reso-lución ante el Tribunal de Apelaciones (KLCE201400692), podría resultar en determinaciones incompatibles con las que en su día tomara este Foro sobre el mismo asunto en el recurso. Luego de analizar los planteamientos esgrimidos por ambas partes en sus respectivos escritos, el 28 de agosto de 2014 emitimos una Resolución en la que parali-zamos los procedimientos en el caso, con el fin de atender la controversia procesal jurisdiccional surgida. ()

Tal y como hemos reiterado consistentemente, las cues-tiones relativas a la jurisdicción de un tribunal, por ser privilegiadas, deben resolverse con preferencia a cuales-quiera otras. Peerles Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). Teniendo esto en mente, expedimos el auto de certiorari solicitado en virtud de la facultad que nos confiere la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal,() para atender el asunto jurisdiccional suscitado, y confir-mamos la Resolución emitida por el Tribunal de Apelacio-nes el 30 de abril de 2014 por otros fundamentos. Veamos.

II

A. Moción de reconsideración

La moción de reconsideración fue establecida formal-mente en nuestra jurisdicción en 1937 al ser incorporada en el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 como un me-dio para que el tribunal sentenciador modificase o corri-giese sus determinaciones.() Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997); H.A. Sánchez Martínez, La reconsideración de resoluciones u órdenes interlocutorias y de sentencias finales, 15 (Núm. 3) Rev. Jur. UIA 367, 370 (1981). Sin embargo, ya este Tribunal había reconocido su utilidad en Dávila v. Collazo, 50 DPR 494 (1936). En aquel entonces, expresamos:

El objeto principal de una moción de reconsideración es dar una oportunidad a la corte que dictó la sentencia o resolución cuya reconsideración se pide, para que pueda enmendar o co-rregir los errores en que hubiere incurrido al dictarla. Dávila v. Collazo, supra, pág. 503.

Sobre el particular y, aproximadamente sesenta años más tarde, reiteramos en Lagares v. E.L.A., supra, que el propósito primordial de la moción de reconsideración es permitirle al tribunal sentenciador rectificar cualquier error que haya cometido en sus determinaciones. Véase, además, Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213 (1999). Es decir, la regla reconoce la “facultad inherente de nuestros Tribunales de corregir sus providencias”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1371.

A pesar de los cambios sufridos desde su incorporación en nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 47 de Procedi-miento Civil ha tenido como norte que los jueces ejerzan su facultad, hoy conferida por la Ley de la Judicatura de 2003, de “[inspeccionar y corregir sus providencias y órde-nes con el fin de ajustarlas a la ley y la justicia”. 4 LPRA sec. 24o(h).()

De este modo, las anteriores Reglas de Procedimiento Civil que atendían lo atinente a la reconsideración, le con-cedían inicialmente un término de cinco días y, posterior-mente, un término de diez días al tribunal sentenciador para que reconsiderara sus determinaciones, una vez pre-sentada una solicitud a tales efectos. A partir de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 se dispuso que si transcu-rría ese término sin que el tribunal hubiese tomado alguna acción con relación a la moción de reconsideración, se en-tendía que había sido rechazada de plano y que el término para recurrir en alzada no había sido interrumpido.

Específicamente, la Regla 47 de Procedimiento Civil de 1958 disponía, en lo pertinente:

[...] El Tribunal, dentro de los 5 días de haberse presentado dicha moción, deberá rechazarla de plano o señalar vista para o[í]r a las partes. Si la rechazare de plano, el término para apelar se considerará como que nunca fue interrumpido. Si señalare vista para o[í]r a las partes, el término para apelar empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificación de la resolución del Tribunal re-solviendo definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsidera-ción dentro de los 5 días de haber sido presentada, se enten-derá que la misma ha sido rechazada de plano. El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 DPR 791, 794-795 (1965).

En El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, interpre-tando esa regla, expresamos, no obstante, que aun cuando la moción hubiera sido declarada “sin lugar” en el término de cinco días o que se entendiera que había sido rechazada de plano por el tribunal no haber actuado en ese tiempo, el juez sentenciador no quedaba privado de su facultad para reconsiderar sus determinaciones si la moción planteaba una cuestión sustancial y meritoria, y en bien de la justicia debía señalar una vista para escuchar a las partes, siem-pre y cuando no hubiera sido privado de jurisdicción por haberse interpuesto un recurso de apelación o revisión, o por haber expirado el término para recurrir en alzada.

Posteriormente, la Regla 47 de Procedimiento Civil de 1979 aumentó el periodo en el que el tribunal debía aten-der la moción de reconsideración a diez días. Sin embargo, permanecieron inalteradas las demás disposiciones. Es de-cir, si el tribunal la rechazaba de plano se consideraba que el término para acudir en alzada no había sido interrumpido. En cambio, si el juez tomaba alguna deter-minación relacionada a la moción de reconsideración, es decir, la “consideraba”,() el término para recurrir en al-zada comenzaría a contar desde la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la resolución, me-diante la cual se resolviera definitivamente la moción. Por otro lado, si el tribunal no actuaba en los diez días de haber sido presentada, se entendía que la moción de reconsidera-ción había sido rechazada de plano. Regla 47 de Procedi-miento Civil de 1979, 32 LPRAAp. III.

Aproximadamente cuatro décadas después de haber resuelto El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, pero en esta ocasión interpretando las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, reiteramos en Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003), que el tribunal de instancia conservaría jurisdic-ción y, por lo tanto, se entendería que el término para re-currir en alzada había sido interrumpido, siempre que ese foro considerara la moción de reconsideración antes de que transcurriera el término para recurrir en alzada o antes de que una de las partes presentara un recurso ante el foro apelativo. Aunque en ese caso se trataba de un recurso de apelación, no se hizo distinción alguna en cuanto al recurso de certiorari. De hecho, al citar a El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, supra, se extendió esta interpretación al re-curso de certiorari textualmente.()

En otras palabras, dado que si la moción de reconside-ración era rechazada de plano, ya fuera mediante una ac-tuación afirmativa del foro sentenciador o por no haber actuado en el término provisto por la regla, no se interrum-pían los términos para recurrir en alzada, establecimos ju-risprudencialmente que el foro primario retenía jurisdic-ción para atender esa solicitud siempre y cuando no hubiese transcurrido el término para recurrir en alzada o no se hubiese presentado un recurso ante el foro apelativo intermedio.

En 2009, las Reglas de Procedimiento Civil fueron objeto de ciertas enmiendas, incluyendo cambios significativos en las mociones de reconsideración. En específico, luego de incorporados los cambios, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V,() dispone:

La parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o resolución.
La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdic-cional de quince (15) días desde la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de reconsideración de la sentencia.
La moción de reconsideración debe exponer con suficiente particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la parte promovente estima que deben reconsiderarse y fundarse en cuestiones sustanciales relacionadas con las determinacio-nes de hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales.
La moción de reconsideración que no cumpla con las especi-ficidades de esta regla será declarada “sin lugar” y se enten-derá que no ha interrumpido el término para recurrir.
Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notifica-ción de la resolución resolviendo la moción de reconsideración.
La moción de reconsideración se notificará a las demás par-tes en el pleito dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla para presentarla ante el tribunal de manera simultánea. El término para notificar será de cumplimiento estricto. (Enfasis nuestro).

Uno de los cambios más significativos es el relativo al efecto de la presentación de una moción de reconsideración oportuna y que cumpla con los requisitos dispuestos en la regla. Sobre el particular, la regla provee expresamente que, una vez se presente una moción de reconsideración, los tér-minos para recurrir en alzada quedarán automáticamente suspendidos. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Ira ed. rev., San Juan, [Ed. del autor], 2012, pág. 292. Es decir, a diferencia de la regla anterior en la que el término para recurrir en alzada se entendía interrumpido únicamente si el tribunal consideraba la moción, ahora la mera presentación paraliza automáticamente el término concedido en ley para acudir ante un tribunal de mayor je-rarquía y comenzará a transcurrir una vez resuelta defini-tivamente la solicitud de reconsideración.() Id. Véase, además, Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014); Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1366 y 1371.

Se deroga así, la obligación de examinar si el tribunal la declaró o no ha lugar de plano, bien por acción afirmativa o bien por inacción dentro de los diez (10) días de su presentación. Ya no es necesaria ulterior evaluación de la actuación del tribunal sen-tenciador a los efectos de considerar si la moción de reconside-ración paralizó o no el término, o cu[á]ndo se notificó, si la con-sideró o no. [...] Con esta Reforma se pretende imprimir certeza sobre cuándo el término para recurrir en apelación ha quedado interrumpido y promover de esta forma la economía procesal, al evitar que la parte perdidosa, ante la incertidumbre que existía de si se había interrumpido el término o no, presente un escrito de apelación que luego, ante las confusas divisiones interpreta-tivas, podría considerarse prematuro o tardío; dependiendo no sólo de la actuación del Tribunal de Primera Instancia, sino cuándo, cómo y si fue o no oportunamente notificada antes de perder su jurisdicción. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1371.

Pero, ¿cómo armonizamos las enmiendas incorporadas a esta disposición procesal, en específico la que provee para la interrupción automática del término para recurrir en alzada, con los efectos que produce la presentación ante el Tribunal de Apelaciones de una apelación o la presentación y expedición de una petición de certiorari, según lo dis-puesto en la Regla 52.3 de Procedimiento Civil? Veamos.

B. Efectos de la Presentación de una Apelación o de un Recurso de “Certiorari”

La Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone, en su parte pertinente:

(a) Una vez presentado el escrito de apelación, se suspende-rán todos los procedimientos en los tribunales inferiores res-pecto a la sentencia o parte de ésta de la cual se apela, o las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en contrario, ex-pedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión involucrada en el mismo no comprendida en la apelación. Disponiéndose, que no se suspenderán los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia cuando la sentencia disponga la venta de bienes susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean vendidos y su importe depositado hasta tanto el tribunal de apelación dicte sentencia.
(b) La presentación de una solicitud de no suspenderá los procedimientos ante el tribunal recurrido, salvo orden en con-trario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos en el tribunal recurrido, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo contrario.

Conforme lo anterior, con la mera presentación del escrito de apelación se suspenden automáticamente ante el tribunal de instancia todos los procedimientos que están relacionados con la sentencia o con aquella parte de la cual se apela. () R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 473. Es decir, desde ese mo-mento el Tribunal de Primera Instancia pierde jurisdicción para atender cualquiera de los asuntos sobre los cuales se está apelando.() íd., pág. 474; Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012).() Sin embargo, es importante tener presente que el nombre no hace la cosa.() Por lo tanto, solo se atenderá como apelación, con los consecuentes efec-tos que produce su presentación, aquellos recursos en los cuales se recurra de una sentencia final dictada por el foro primario. Art. 4.006 de la Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA see. 24y) (Ley de la Judicatura de 2003); Regla 52.2 de Proce-dimiento Civil, 32 LPRAAp. V. Para “ello es necesario exa-minar la determinación del foro de instancia para asegu-rarnos si ésta constituye una resolución revisable, mediante certiorari o si se trata de una sentencia, la cual es apelable”. Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 848 (2007). El contenido del escrito y la determi-nación de la que se recurre, y no el título, será lo que de-terminará su naturaleza. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1526.

La presentación de una petición de certiorari no produce el mismo efecto en los procedimientos ante el foro recurrido. Por disposición de la propia regla, la mera presentación de un recurso de certiorari no suspende los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo or-den en contrario emitida por el Tribunal de Apelaciones. Regla 52.3 de Procedimiento Civil; Regla 35(A)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B; Hernández Colón, op. cit., pág. 478. A diferencia de lo que ocurre con las apelaciones, “el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Es decir, descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado”.() (Cita omitida). Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1533-1534. Es por esa incertidumbre, de si finalmente se va a expedir o no el auto de certiorari solicitado, que se ha establecido que la mera presentación de ese recurso no paraliza los procedimientos ante instancia. Su lógica radica en que por tratarse de cuestiones interlocutorias, no siempre es necesario o conveniente detener los procedimientos en instancia, en especial cuando no están relacionados con el resto del proceso. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1546.

Ahora bien, una vez expedido el auto de certiorari se suspenderán los procedimientos ante el foro primario y este pierde jurisdicción sobre los asuntos objeto del recurso.() Así pues, se requiere una actuación afirmativa del Tribunal de Apelaciones para que queden paralizados los procedimientos ante el tribunal recurrido, salvo orden en contrario. Véase, además, el inciso (A)(1) de la Regla 35 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

Una vez se paralizan los procedimientos en el foro de ins-tancia, éste pierde su jurisdicción para continuar atendiendo los asuntos relacionados a las controversias planteadas en el Tribunal de [Apelaciones]. Si el tribunal de instancia resol-viese o actuase sobre algún asunto paralizado, dicha actuación sería nula. Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556, 570 (1999).

III

Luego de analizar la normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico, y en aras de armonizar las disposiciones de las reglas discutidas, es forzoso concluir que el efecto de la presentación de una moción de reconsideración sobre la jurisdicción del foro de instancia dependerá de si se ha presentado algún recurso ante el Tribunal de Apelaciones previamente y del tipo de recurso de que se trate.

No existe duda alguna de que una moción de reconside-ración interpuesta oportunamente y sometida antes de que se haya presentado algún recurso ante el tribunal apela-tivo intermedio, suspenderá los términos para recurrir en alzada y cualquier recurso apelativo que se presente previo a su resolución debe ser desestimado por prematuro.()

Es suficiente ahora la presentación de la moción y todo re-curso apelativo antes de su resolución ante el Tribunal Apela-tivo debe desestimarse por prematuro, ya que para que el Tribunal Apelativo pueda considerar el mismo, es necesario que la determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre la moción de reconsideración sea notificada correctamente a to-das las partes como requisito insoslayable y sine qua non del debido proceso de ley. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1371.

En otras palabras, es menester esperar a que el Tribunal de Primera Instancia disponga finalmente de la moción de reconsideración para recurrir al foro apelativo intermedio.

Bajo este nuevo esquema, [...] la parte perdidosa que haya presentado en tiempo una moción de reconsideración no puede apelar la sentencia mientras no se haya resuelto dicha moción, pues la sentencia no se convierte en definitiva o en final hasta que dicha petición haya sido denegada o resuelta de cualquier otra forma, pero de manera afirmativa. Cuevas Segarra, op. cií., pág. 1371.

Por otro lado, si antes de presentarse la moción de recon-sideración una de las partes acude en alzada, la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia para atender una moción de reconsideración que se presente luego dependerá de la naturaleza del recurso. A esos efectos, es menester exami-nar minuciosamente los dos principales recursos apelativos y los distintos escenarios que se pueden suscitar bajo cada uno de ellos.

En primer lugar, si una de las partes presenta un recurso de apelación antes de haberse presentado una moción de reconsideración ante el foro primario, por disposición expresa de la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, se suspenderán en el Tribunal de Primera Instancia todos los procedimientos respecto a la sentencia o la parte de ella de la cual se apela. Esto tiene como resultado que el tribunal primario quedará privado de su facultad de acoger la moción y, por lo tanto, de reconsiderar su decisión.

Por el contrario, y tomando en cuenta que la mera presentación de una petición de certiorari no suspende los procedimientos ante el tribunal recurrido, en la eventualidad de la presentación de un recurso de esta naturaleza previo a una solicitud de reconsideración, el foro primario conservará jurisdicción para atender esta última, siempre y cuando el Tribunal de Apelaciones no haya expedido el auto de certiorari antes de presentarse la moción de reconsideración. Es decir, si en los quince días provistos en la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, una de las partes presenta un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apela-ciones y posteriormente se presenta, en término, una solici-tud de reconsideración ante el foro de instancia, sin que el auto de certiorari haya sido expedido, el tribunal primario conservará jurisdicción para acoger la moción de reconside-ración y la petición de certiorari deberá ser desestimada. En ese caso, es imprescindible que la parte que presente opor-tunamente la moción de reconsideración acuda ante el Tribunal de Apelaciones a la brevedad posible para ponerlo al tanto del acontecimiento y este pueda actuar en cuanto al recurso que le fuera presentado como corresponda, según lo aquí dispuesto. Sin embargo, por disposición de la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, supra, si se somete la petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y este expide el auto antes de que se presente una moción de reconsidera-ción ante el foro primario, este último perderá jurisdicción desde ese momento y, por consiguiente, la facultad para atender la solicitud de reconsideración.

Con esta interpretación logramos armonizar el efecto in-terruptor automático que provee la nueva Regla 47 de Pro-cedimiento Civil, supra, con los efectos que produce la pre-sentación y la expedición de los recursos apelativos ante el Tribunal de Apelaciones, según reconocidos en la Regla 52.3 del mismo cuerpo legal. Siendo esto contrario, en parte, a lo resuelto bajo Caro v. Cardona, supra, en cuanto a que por la mera presentación de un recurso, ya fuera de apelación o de certiorari, el Tribunal de Primera Instancia perdía jurisdicción para considerar una moción de reconsi-deración que le fuera sometida, queda hoy modificado, a la luz de la diferencia legislada en la Regla 47 de Procedi-miento Civil de 2009 por el efecto de la presentación de una moción de reconsideración.

Por lo tanto, y en consonancia con lo provisto en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, aclaramos que a diferencia de lo que ocurre con la presentación de un re-curso de apelación, con el cual quedan automáticamente suspendidos los procedimientos a nivel de instancia, la mera presentación de una petición de “certiorari” no priva de jurisdicción al foro primario para atender una moción de reconsideración que ha sido presentada oportunamente.

En cuanto a la situación particular presentada ante nos en el presente recurso, y de conformidad con nuestro orde-namiento y lo hoy expresado, resolvemos que la Moción de Reconsideración presentada ante el Tribunal de Primera Instancia por el Municipio el 7 de abril de 2014 paralizó automáticamente los términos para recurrir en alzada. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones debió haber deses-timado el recurso KLCE201400435, iniciado por los peticio-narios, y no debió considerarlo y denegarlo en los méritos como hizo. Según expresado, el auto de certiorari en ese re-curso no había sido expedido por el Tribunal de Apelaciones al momento de la presentación en término de la moción de reconsideración ante el foro primario, por lo que este último conservaba jurisdicción para considerar la moción.()

IV

En virtud de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, supra, y de los principios esbozados, atendidas las mo-ciones de las partes, expedimos el auto de certiorari solici-tado y confirmamos la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 30 de abril de 2014, aunque por distintos fundamentos. En consecuencia, dejamos sin efecto la para-lización ordenada y devolvemos el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió las ex-presiones siguientes, a las cuales se unió el Juez Asociado Señor Rivera García:

Voto conforme con la Opinión Mayoritaria porque interpreta y aplica correctamente las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V. Surge claramente del esquema establecido por las Reglas 47 y 52.2(g)(h) de Procedimiento Civil, supra, que la mera presentación de una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones no priva de jurisdicción al Tribunal de Pri-mera Instancia para considerar una moción de reconsideración presentada oportunamente. Los efectos que pueda tener lo anterior no son producto de la Opinión que hoy emite el Tribunal; son consecuencia del texto de las Reglas 47 y 52.2(g) de Proce-dimiento Civil, supra. No podemos alterar las reglas debido a las inconveniencias que genera la norma legislada. Tampoco es deseable que el mismo asunto dentro del caso se considere a la vez en dos tribunales distintos. Eso es contrario a la economía procesal. Sin embargo, al intentar corregir los problemas de la anterior Regla 47 hemos creado otro, patente en los casos de certiorari interlocutorio como este. El problema que aborda el Tribunal y las opiniones disidentes se corrige eliminando la in-terrupción automática del término para recurrir por certiorari una vez se presenta una moción de reconsideración en el Tribunal de Primera Instancia. La Regla 47 debería diferenciar los efectos de la presentación de una moción de reconsideración al presentar un certiorari y al apelar. No obstante, no lo hicimos al enviar las reglas a la Asamblea Legislativa. Ahora, según el esquema constitucional, corresponde a la Rama Legislativa en-mendar las Reglas 47 y 52.2(g) de Procedimiento Civil, supra, para corregir la anomalía que señalan las opiniones disidentes y promover una solución justa, rápida y económica de los pro-cedimientos ante los tribunales.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez disintieron mediante sendas opiniones escritas.

— O —

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

No podemos permitir que las normas procesales de nuestro ordenamiento se interpreten de forma tal que se convierta el proceso judicial en un campo minado, en donde las partes se enfrenten en un juego para ver quién cae en una trampa primero. (Enfasis suplido)^)

Nuevamente me veo obligada a disentir de una determi-nación de este Tribunal relacionada a la figura de la Mo-ción de Reconsideración que regula la Regla 47 de Procedi-miento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véase Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014).

En esta ocasión, una Mayoría del Tribunal lleva a cabo una interpretación de esa Regla que tiene el efecto de tras-tocar nefastamente el trámite de los casos en nuestros tribunales inferiores. Hoy se castiga a una parte que diligen-temente acudió al Tribunal de Apelaciones en los primeros días del término que el ordenamiento le provee para solici-tar la revisión de una determinación del Tribunal de Pri-mera Instancia. En el camino, una Mayoría del Tribunal fomenta el que los abogados esperen hasta el último día para presentar sus recursos apelativos, abre paso para pre-miar tácticas de litigación que atrasen los casos ante los tribunales y le quita toda eficacia a la Regla 1 de Procedi-miento Civil, 32 LPRAAP. V, que exige que interpretemos ese cuerpo reglamentario “de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”. Finalmente, en su aplicación la decisión mayoritaria re-presenta una enmienda a los términos que proveen las Re-glas de Procedimiento Civil para presentar recursos de cer- tiorari en el Tribunal de Apelaciones. Como veremos, a par-tir de hoy ese término es de quince días. ()

I

In limine, debo expresarme brevemente en cuanto al proceder que utilizó una Mayoría del Tribunal para emitir la Opinión que antecede. La Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.RR.A. Ap. XXI-B, nos provee un meca-nismo extraordinario para prescindir de términos específi-cos en un caso y proceder a resolverlo en aras de servir los mejores intereses de las partes involucradas. En ocasiones hemos hecho uso de esa disposición para resolver casos que involucran cuestiones de alto interés público. Véase, por ejemplo, Orraca López v. ELA, 192 DPR 31 (2014).

No obstante, en el caso de autos el municipio de Rincón presentó una Moción de Desestimación al Amparo de la R.32(b)(1) del Reglamento del Tribunal Supremo, en la que se limitó a argumentar que el recurso de certiorari presen-tado por el peticionario de epígrafe era prematuro por ra-zón de un asunto procesal. En vez de limitarse a disponer de esa moción mediante una Resolución, la Mayoría del Tribunal optó por utilizar el mecanismo extraordinario de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, supra, para pautar una norma de Derecho en cuanto a un asunto pro-cesal que solo trajo a colación la parte recurrida mediante una Moción de Desestimación. Las partes no tuvieron opor-tunidad de presentar alegatos para ilustrarnos en cuanto a la controversia que hoy resuelve una Mayoría del Tribunal.

Ante ese escenario, me parece desacertado que utilice-mos el mecanismo extraordinario de la citada Regla 50 de este Tribunal para disponer de una Moción de Desestima-ción presentada por una parte en el caso de referencia. En-tiendo que pautar una norma de Derecho sin que las partes ni siquiera lo hayan solicitado ni hayan tenido la oportuni-dad de exponer profundamente sus posiciones mediante sus respectivos alegatos es un proceder problemático. La Opi-nión Mayoritaria pauta una norma que obliga a los tribuna-les inferiores y, como veremos, tiene el efecto de alterar los términos para recurrir en alzada al foro apelativo interme-dio, por lo que como mínimo debimos contar con el beneficio de la argumentación de las partes antes de emitir una Opi-nión que altera el estado de Derecho en nuestra jurisdicción. Además, y a diferencia de otros casos, no nos encontramos ante una situación de alto interés público sino ante una con-troversia puramente procesal, por lo que no comparto el cri-terio mayoritario de disponer prematuramente de este asunto a través del mecanismo extraordinario de la Regla 50 de este Tribunal, supra, sin contar con los alegatos de las partes.

II

En cuanto a los méritos de la controversia procesal que decidió atender el Tribunal, debo reconocer que la lectura de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, que realiza la Mayoría es compatible con el texto de la Regla. El pro-blema es que esa es solo una de las posibles interpretacio-nes y, de acuerdo con la Regla 1 de Procedimiento Civil, supra, estamos llamados a interpretar ese cuerpo regla-mentario de forma tal que se promueva la solución justa, rápida y económica de las controversias ante nuestros tribunales.() Mi diferencia de criterio con la mayoría del Tribunal es que su interpretación lamentablemente cas-tiga a una parte diligente en un pleito, lo que la hace una determinación injusta, fomenta tácticas de litigio dilato-rías, lo que la convierte en una opinión que tolera el atraso de los casos y el encarecimiento de los litigios en Puerto Rico. En otras palabras, es un ataque frontal a la Regla 1 de Procedimiento Civil, supra.

En esencia, son tres (3) factores los que me impiden emitir un voto de conformidad con la Opinión que antecede. Primero, la situación procesal ocurrida en el caso de autos es extraordinaria, ya que son mínimas las ocasio-nes en que las partes en un pleito recurren al foro apela-tivo intermedio antes del término de treinta (30) días que proveen las Reglas de Procedimiento Civil para presentar recursos apelativos. Por lo tanto, la Mayoría del Tribunal pauta una norma mediante el mecanismo extraordinario de la Regla 50 de este Tribunal, supra, para un asunto sui generis que difícilmente se repetirá y que causará un dis-loque procesal en los pocos casos en que sí aplique.

Segundo, considero problemático que la Mayoría del Tribunal ordene que el Tribunal de Apelaciones tenga que “desestimar” un recurso de certiorari presentado en el tér-mino para ello. ¿Qué razón de Derecho ofrece la Mayoría para ordenar la desestimación de un recurso de certiorari presentado en el término que proveen las Reglas de Proce-dimiento Civil? Ciertamente no debería ser porque el re-curso es “prematuro” ya que, según nuestros precedentes, un recurso solo es “prematuro” si se presenta antes de que el foro apelativo tenga jurisdicción. Véase Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999); Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997). Como vimos, en nuestro ordenamiento, la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, le provee a las partes un término de treinta (30) días para recurrir al foro apelativo intermedio para revisar asuntos a través de un recurso de certiorari. El que una parte decida hacer uso de su derecho a recurrir al Tribunal de Apelaciones de manera rápida no convierte su recurso en “prematuro”, ya que el propio texto de esta Re-gla 52.2(b) permite a las partes presentar sus recursos de certiorari en cualquier momento de los treinta (30) días del término. Por ello, mucho menos puede concluirse que la presentación posterior de una Moción de Reconsideración de una parte “convierte en prematuro” un recurso de cer-tiorari presentado ante el foro apelativo intermedio por la otra parte. Por ello, no me queda claro bajo qué funda-mento de Derecho la Mayoría del Tribunal ordena la des-estimación de recursos de certiorari presentados en el tér-mino aplicable. Me temo que, tímidamente y entre líneas, la Mayoría del Tribunal lo que realmente quiere decir es que un recurso presentado a tiempo, de alguna forma, se convirtió en “prematuro” en el camino.

Por último, y unido a lo anterior, me preocupa que la norma que hoy se anuncia tiene el efecto, en su aplicación, de reducir el término para presentar recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones de treinta (30) a quince (15) días. Me explico. Según lo Opinión Mayoritaria, las partes ahora tendrán que cruzarse de brazos y “mirarse” durante los primeros quince (15) días del término, ya que si presen-tan sus recursos de certiorari en esos primeros quince (15) días, la otra parte “se lo convertirá en prematuro” con me-ramente presentar una Moción de Reconsideración ante el foro de instancia al amparo de la Regla 47 de Procedi-miento Civil, supra. Por lo tanto, en realidad de hoy en adelante las partes solo podrán recurrir mediante un re-curso de “certiorari” al foro apelativo intermedio luego del día quince (15) del término provisto en la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, supra.

Considero que con ese proceder se trastoca nuestro or-denamiento al validar interpretaciones procesales que atrasan la resolución de las controversias. Además, recor-demos que las partes pagan aranceles por estos recursos de certiorari que de hoy en adelante podrán convertirse en “prematuros” si una parte presenta una Moción de Recon-sideración ante el foro de instancia. Es decir, la parte que fue diligente y presentó su recurso de certiorari de manera rápida se ve penalizada ya que la otra ostenta una bala mágica” para “destruir” ese recurso a través de una Moción de Reconsideración en el día quince (15). Lamento que una Mayoría de este Tribunal avale ese tipo de mecanismo procesal. Ciertamente, el texto de la Regla 47 de Procedi-miento Civil, supra, no nos obliga a llegar a ese resultado.

HH 1 — I

En fin, no puedo prestar mi voto para interpretaciones reglamentarias que castigan a la parte diligente en un pleito. La norma que hoy se pauta es lamentable. Si usted es un abogado que se preocupa por su cliente, que tiene una necesidad particular de que un foro apelativo revise al foro de instancia rápidamente, sepa que de hoy en adelante debe quedarse sentado en su oficina y observar los días del calen-dario pasar. Solo si la otra parte del pleito no presenta una Moción de Reconsideración en los primeros quince (15) días que usted tiene para recurrir al foro apelativo, puede enton-ces resumir sus esfuerzos y presentar un recurso de certiorari. A la misma vez, si usted es un abogado que desea ponerle trabas procesales a la otra parte, y le notifican que este acudió en certiorari al foro apelativo intermedio en los primeros días del término, ríase y espere al día quince (15) para presentar una Moción de Reconsideración por el asunto que sea. De esa manera, usted hará uso de la “bala mágica” avalada por este Tribunal que “convierte en prema-turos” los recursos de certiorari presentados en el término pertinente.

Ante la obstinación de este Tribunal por continuar inter-pretando la figura de la Moción de Reconsideración de forma tal que afecte el procedimiento ordinario de los tribunales, es hora de que la Asamblea Legislativa enmiende la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, para salvar a las partes de las interpretaciones lamentables que este Tribunal ha rea-lizado en los últimos meses. Véase Morales Hernández y otros v. The Sheraton Corp., supra.

Por todo lo anterior, disiento.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Es-trella Martínez.

La Mayoría de este Tribunal hoy se ocupa de una situa-ción procesal atípica que surge únicamente cuando se pre-senta una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia posterior a que una de las partes acu-diera previamente mediante un recurso apelativo ante el Tribunal de Apelaciones.

En lo particular, concluye que si el recurso apelativo interpuesto fue una petición de certiorari, el Tribunal de Apelaciones vendrá obligado a desestimar automática-mente el recurso oportunamente instado, con el fin de que el Tribunal de Primera Instancia atienda la moción de re-consideración interpuesta a tiempo. Difiero de tal proceder.

HH

En el caso de autos, el asunto dirimido se plantea al atender la Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 32(b)(1) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, presentada por el Municipio de Rincón. En esta cuestionó la jurisdicción de este Tribunal y solicitó la des-estimación del recurso presentado ante nos por entender que era prematuro.!) El fundamento para tal argumento consiste en que el Municipio de Rincón sostiene que la mo-ción de reconsideración presentada por este, con posterio-ridad a que se interpusiera el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, tuvo el efecto de convertir la pe-tición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en un recurso prematuro.

Ante tal alegación, este Tribunal está obligado a reali-zar una determinación procesal jurisdiccional antes de atender los méritos de la petición presentada. Ahora bien, ello no significa que tenga que hacerse mediante una opi-nión que establezca un precedente, máxime ante las reper-cusiones adversas que tendrá la norma pautada.

Razono que, en este tipo de casos, pautar una norma mecánica y uniforme no resulta práctica, ya que no se po-drá atender la multiplicidad de escenarios procesales que pueden suscitarse. Incluso, podría afectar la administra-ción adecuada de los procesos ante las salas del Tribunal de Primera Instancia. Más aún, atenta y limita innecesa-riamente la facultad discrecional del Tribunal de Apelacio-nes para dirimir los criterios al expedir o denegar un re-curso de certiorari. Más importante aún, sin considerar que se podrían provocar resultados injustos a partes que han actuado diligentemente.

No obstante lo anterior, una vez la Mayoría de este Tribunal decide emitir un precedente, es mi obligación seña-lar una serie de preocupaciones en cuanto al resultado al que este Tribunal llega hoy. Así procedo.

I — I J-H

Estoy de acuerdo con la exposición y el análisis de dere-cho que se hace en cuanto a varios de los aspectos expues-tos en la Opinión Mayoritaria. A estos efectos, coincido con el examen que hace la Mayoría de este Tribunal sobre el hecho de que una moción de reconsideración presentada conforme dispone la citada Regla 47 interrumpe automáti-camente el término para acudir en alzada. Sobre este particular, es imperativo recordar que los casos atendidos por este Tribunal interpretando la anterior Regla 47 de Proce-dimiento Civil, 32 LPRA ant. Ap. III, tienen en común que la moción de reconsideración fue instada antes de que se presentara un recurso apelativo ante el foro intermedio. Por ello, las enmiendas introducidas en el 2009 a la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, deben ser exa-minadas a la luz de esa realidad. Así las cosas, se enmendó la Regla 47 para establecer que su presentación interrum-piría automáticamente los términos “para recurrir en al-zada”, siempre que se cumplan con los requisitos de forma. Ello, con el fin de atender los problemas prácticos que creó la jurisprudencia interpretativa aludida. De esta manera, se eliminaron las controversias de cómo y cuándo se debe entender como acogida la moción de reconsideración para fines de la interrupción del plazo para apelar. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366.

Ahora bien, la referida regla no dispone qué sucede cuando se ha presentado un recurso apelativo ante el Tribunal de Apelaciones antes de que se presentara la moción de reconsideración. Ello, pues recordamos que la paraliza-ción automática de la Regla 47, supra, es clara en cuanto dispone que “una vez presentada la moción de reconsidera-ción quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes”. (Enfasis suplido). Al así dis-poner, es claro que ésta no puede interrumpir lo que ya fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones. Tampoco fue concebida para estos efectos. Por tanto, la referida regla no tiene el alcance que persigue introducir la Mayoría.

Ante esa realidad, la Opinión Mayoritaria recurre a la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Al así hacerlo, interpreta correctamente que el Tribunal de Pri-mera Instancia pierde jurisdicción para atender una mo-ción de reconsideración interpuesta posterior a la presen-tación de un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones sobre aquellos asuntos sobre los cuales se está apelando. Asimismo, estoy conforme con que la presentación de un recurso de certiorari no conlleva el mismo efecto. De igual forma, coincido que cuando el recurso de certiorari presentado con anterioridad a la moción de reconsideración fue expedido, o el Tribunal de Apelaciones motu proprio o a solicitud de parte ha suspendido los procedimientos ante el tribunal recurrido, este también pierde jurisdicción sobre los asuntos objeto del recurso de certiorari. Véase Regla 52.3(b) de las de Procedimiento Civil de 2009, supra.

No obstante, discrepo con relación a que cuando el Tribunal de Apelaciones no ha expedido o suspendido los procedi-mientos, este venga obligado a desestimar automáticamente el recurso de certiorari presentado por razón de la presenta-ción posterior de la moción de reconsideración. Me explico.

En el caso de autos, no dudamos que cuando la petición de certiorari fue presentada no existía una moción de re-consideración que interrumpiera el término para ir en alzada. Ante tal realidad, no debe desestimarse un recurso de certiorari presentado antes de ser interpuesta una mo-ción de reconsideración que paralizara los términos para ir en alzada y en el término jurisdiccional de treinta días, contados desde el archivo en autos de copia de la notifica-ción de la sentencia o resolución recurrida, según provisto por la Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V. Es por esta razón que la Opinión Mayoritaria reconoce que el Tribunal de Apelaciones tiene facultad para expedirlo o paralizar los procesos y que con ello priva al Tribunal de Primera Instancia de su jurisdicción para atender la mo-ción de reconsideración posteriormente presentada. Por lo tanto, el recurso de certiorari no puede ser prematuro como se infiere de la Opinión. Como es sabido, lo crucial para determinar si un recurso es prematuro es su fecha de presentación. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 (1999). Es prematuro lo que ocurre antes del tiempo, es decir, un recurso prematuro es aquel que se presenta en la secretaría del tribunal apelativo antes de que este tenga jurisdicción. Véanse, Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153 (1999); Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 DPR 492 (1997).

Claro está, como el Tribunal de Apelaciones no ha expe-dido el recurso de certiorari ni paralizado o suspendido los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, nada impediría que el foro primario pueda entender en la moción de reconsideración. Sin embargo, ello no equivale a que el Tribunal de Apelaciones esté obligado a desestimar el recurso y que la parte que acudió diligentemente sea privada mecánica y automáticamente de que el foro apela-tivo intermedio dirima si procede o no atender en los mé-ritos el asunto ante su consideración.

La Opinión Mayoritaria de este Tribunal propone que cuando se presenta una moción de reconsideración posterior al recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y este no ha expedido o paralizado los procedimientos, el foro apelativo intermedio automáticamente desestime el recurso de certiorari incoado. Al así hacerlo, imponen a la parte liti-gante que promueve la moción de reconsideración el vago e impreciso deber de informar al Tribunal de Apelaciones, "a la brevedad posible”, para ponerlo al tanto de ese aconteci-miento de tal forma que el foro intermedio pueda actuar como corresponda, según lo establecido en la Opinión que hoy se emite.

La inquietud que permea con tal proceder radica en que dejamos al arbitrio de la parte litigante si cumple o no con esta disposición sin considerar que su incumplimiento po-dría conllevar consecuencias nefastas que limiten el acceso de una parte a los tribunales o la oportunidad de un reme-dio a tiempo por ese automatismo.() Igualmente, la Mayo-ría obvia que la práctica y el trámite ordinario no garanti-zará que la moción informativa sea referida al despacho de los paneles del Tribunal de Apelaciones para su pronta aten-ción y se afecten los derechos de los otros litigantes por el trámite de esta. Incluso, que durante este proceder se cru-cen las determinaciones de ambos foros en menoscabo de alguna de las partes. Además, la desestimación del recurso conlleva un gasto innecesario de aranceles a la parte que acudió diligentemente para que se atendiera su reclamo.

Debido a la complejidad de las situaciones que pueden surgir, reitero que no hubiese establecido una norma rígida y automática para disponer de la controversia. Empero, una vez una Mayoría de este Tribunal crea el precedente, me corresponde esgrimir que lo más prudente sería que, en aquellos casos donde esté pendiente un recurso de certio-rari presentado con anterioridad a una moción de reconsi-deración sin que haya sido expedido o paralizado los pro-cedimientos, el Tribunal de Apelaciones sea el que ausculte caso a caso si procede un ejercicio de prudencia judicial para no intervenir en el asunto ante su consideración.!)

I — i l-H

Por todo lo anterior, disiento del curso de acción adop-tado por una Mayoría, ya que hubiera declarado “no ha lugar” la Moción de Desestimación al Amparo de la R. 32(b)(1) del Reglamento del Tribunal Supremo, presentada por el municipio de Rincón. Así las cosas, hubiese atendido el recurso de certiorari presentado ante este Tribunal para determinar si procedía expedirlo o denegarlo, a la luz de las múltiples repercusiones e interrogantes aquí expuestas, las cuales no encuentran respuesta en la Opinión mayoritaria.

      (1) La Moción de reconsideración se presentó cuatro días más tarde, es decir, el 7 de abril de 2014.

      (2) Notificada y archivada en autos la copia el 24 de abril de 2014.

      (3) La Resolución de ese foro fue notificada y archivada en autos la copia el 8 de mayo de 2014.

      (4) Es menester mencionar que, posteriormente, el Municipio solicitó la recon-sideración de nuestra orden de paralización por entender que el asunto objeto del recurso se tornó académico. Ello por razón de que el Municipio obtuvo de la Junta de Planificación la consulta de transacción requerida por el foro primario como requisito indispensable para autorizar la expropiación en controversia. Paralelamente, el Mu-nicipio solicitó al Tribunal de Apelaciones la desestimación de su recurso de certio-rari (KLCE201400692) por la misma razón antes indicada. El foro apelativo inter-medio aceptó el planteamiento y lo desestimó mediante Sentencia emitida el 20 de agosto de 2014, notificada a las partes el 26 de agosto de 2014. En desacuerdo, los peticionarios solicitaron reconsideración de ese dictamen. Como resultado, tomamos conocimiento judicial de que el 8 de octubre de 2014 el Tribunal de Apelaciones paralizó los procedimientos en ese recurso, dejando en suspenso la moción de recon-sideración de los peticionarios, al ser informados de la paralización decretada por este Foro en el recurso de epígrafe.
      No tiene razón el Municipio al argumentar que el presente recurso se ha tornado académico. Nos explicamos. Mediante la resolución y Orden aquí recurrida, emitida el 10 de marzo de 2014, el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto una resolución anterior por medio de la cual se le hizo entrega material de la propiedad objeto de expropiación al Municipio, por este no haber cumplido adecuadamente con todos los requisitos procesales dispuestos en la Regla 58 de Procedimiento Civil, en la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991 y en el Boletín Administrativo Número OE-2004-04. Además, por medio de esa Resolución y Orden, se declaró “no ha lugar” la solicitud de desestimación instada por los peticionarios en la que alega-ban la falta de un fin público que diera lugar a la expropiación en cuestión. No conforme con que el foro de instancia hubiera dejado sin efecto la resolución me-diante la cual se le hacía entrega material de la propiedad, el Municipio presentó la Moción de Reconsideración de 7 de abril de 2014, arriba señalada. Por su parte y en desacuerdo con aquella parte de la Resolución y Orden que reconoció la existencia de un fin público, los peticionarios presentaron la petición de certiorari de 3 de abril de 2014 (KCLE201400435).
      De la denegatoria de la Moción de reconsideración, el Municipio presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones (KLCE201400692), impug-nando no solo que el foro de instancia hubiera dejado sin efecto la investidura de título, sino que se le solicitara como requisito para la expropiación la presentación de una consulta de ubicación, en lugar de una consulta de transacción o adquisición. Así las cosas, el 23 de mayo de 2014, la Junta de Planificación emitió una resolución mediante la cual autorizó la consulta de transacción sometida por el Municipio. A raíz de lo anterior, el 11 de agosto de 2014 el Municipio solicitó la desestimación del recurso presentado por ellos ante el foro apelativo intermedio (JKLCE201400692) por entender que este se había tomado académico. Evaluado y acogido tal planteamiento por parte de ese foro, el 20 de agosto de 2014 dictó Sentencia desestimando el recurso por academicidad. Es de los anteriores incidentes procesales y determinaciones que el Municipio acudió ante nos mediante Moción de Reconsideración argumentando que el recurso se había tomado académico. Sin embargo, de lo previamente indicado se desprende que aunque ambas partes recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones de una misma determinación (es decir, la Resolución y Orden de 10 de marzo de 2014), lo hicieron de diferentes asuntos. Por lo tanto, y contrario a lo que argumenta el Municipio, el hecho de haber obtenido uno de los varios documentos exigidos por el foro primario para dar paso a la expropiación no torna académico el recurso de marras, por medio del cual los peticionarios impugnan el fin público que diera base a la expropiación en cuestión.

      (5) 4 LPRAAp. XXI-B, R. 50.

      (6) Véase la Ley Núm. 67 de 8 de mayo de 1937, la cual enmendó el Art. 292 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA ant. see. 1251.

      (7) Anteriormente dicha facultad se encontraba contemplada en el inciso (8) del Art. 7 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA ant. see. 44, en el inciso (h) del Artículo 1 de la Ley Núm. 2 de 7 de marzo de 1983 (1983 Leyes de Puerto Rico 6), la cual enmendó la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1952, y en el inciso (h) del Art. 2.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Plan de Reorganización Núm. l[a] de 28 de julio de 1994 (1994 Leyes de Puerto Rico 2804).

      (8) Hemos establecido que el tribunal ha “considerado” la moción: cuando señala una vista para escuchar a las partes, le solicita a la parte adversa que exponga su posición por escrito, fundamenta la resolución mediante la cual declara “sin lugar” la moción o le remite la moción de reconsideración al juez que emitió la sentencia o resolución objeto de la reconsideración cuando este se encuentra enfermo o de vaca-ciones, entre otras. Castro v. Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 DPR 213 (1999); Rodríguez Rivera v. Autoridad Carreteras, 110 DPR 184 (1980).

      (9) En esa ocasión, citando a El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 DPR 791 (1965), expresamos lo siguiente:
      “PE]1 Tribunal no queda privado de su facultad para reconsiderar esa actuación suya [...] siempre que ya no se le haya [...] privado de jurisdicción por razón de haberse interpuesto contra la sentencia un recurso de apelación o de certiorari o no haya expi-rado el término para interponer dichos recursos”. (Enfasis en el original suprimido, énfasis suplido y escolio omitido). Caro v. Cardano, 158 DPR 592, 597 (2003).

      (10) A menos que se indique lo contrario, toda referencia posterior a las Reglas de Procedimiento Civil se refiere a las de 2009.

      (11) En consonancia, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil ordena en sus incisos (e) y (g) la interrupción de los términos para recurrir en alzada ante la presentación oportuna de una moción de reconsideración. 32 LPRAAp. V.

      (12) Para ello “[e]s necesario que el recurso haya sido debidamente interpuesto y perfeccionado conforme a derecho”. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 474.

      (13) No obstante, el Tribunal de Apelaciones puede emitir una orden, ya sea motu proprio o a solicitud de parte, para que el recurso de apelación no paralice los procedimientos ante el foro apelado. Además, por disposición de la misma regla, la apelación no suspende automáticamente los efectos de una orden de injunction, mandamus, de hacer y desistir, de pago de alimentos, ni de custodia o relaciones filiales. Tampoco se suspenden los procedimientos si la sentencia dispone la venta de bienes susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso se podrá ordenar la venta de estos y que su importe sea depositado hasta tanto el recurso de apelación sea resuelto. Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véanse, además: Hernández Colón, op. cit., pág. 474; J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, Ira ed. rev., San Juan, [Ed. de autor], 2012, pág. 313.

      (14) “De conformidad con la Regla 52.3(a) de Procedimiento Civil, la presenta-ción de un recurso de apelación de sentencia en un caso civil suspende los efectos de la sentencia apelada en cuanto a las cuestiones comprendidas en la apelación con el pleito; pero mantiene jurisdicción en cuanto a cualquier asunto no comprendido en la apelación. Cualquier cuestión no comprendida en la apelación puede continuar con-siderándose en el Tribunal de Primera Instancia.” (Enfasis nuestro). J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1547.

      (15) Véanse, por ejemplo, a In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 187 esc. 7 (2003), y a Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 127 (1998).

      (16) La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que debe tomar en consideración el foro apelativo inter-medio al expedir un auto de certiorari. Véase, también, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012).

      (17) Al igual que como ocurre con la presentación del escrito de apelación, la expedición del auto de certiorari no suspende los efectos de una orden de injunction, de mandamus, de hacer o desistir, de pago de alimentos o de custodia o relaciones filiales, salvo orden en contrario del Tribunal de Apelaciones.

      (18) En aras de que el término quede interrumpido automáticamente, además de oportuna, la moción de reconsideración debe cumplir con los requisitos de especifici-dad y particularidad expuestos en la Regla 47 de Procedimiento Civil. Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1 (2014).

      (19) La petición de certiorari en cuestión originalmente fue presentada en el término dispuesto para ello. No obstante, al momento de presentarse en término la moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia sobre el mismo asunto objeto del recurso de certiorari presentado ante el foro apelativo intermedio, y dado a que a esa fecha el recurso de certiorari aún estaba pendiente de resolución y no había sido expedido por el Tribunal de Apelaciones (por lo que no había asumido jurisdicción sobre este), el foro debía abstenerse de considerar el recurso y desesti-marlo para permitirle al Tribunal de Primera Instancia disponer apropiadamente de la moción de reconsideración de conformidad con lo provisto en la Regla 47 de Pro-cedimiento Civil, supra. En otras palabras, según tales hechos, la intervención del Tribunal de Apelaciones con el recurso de certiorari presentado ante este, ya no era posible una vez presentada oportunamente la moción de reconsideración sobre el mismo asunto objeto del recurso anteel foro de instancia.

      (1) Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 194 esc. 3 (2012).

      (2) Los hechos de la controversia ante nos están correctamente resumidos en la Opinión del Tribunal, por lo que no los repetiré en este disenso.

      (3) En ese sentido, véase la Opinión Disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez, pág. 1017, en la que se discute otra interpretación del texto de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 4 LPRA Ap. V, que va más acorde con la Regla 1 de Procedi-miento Civil, supra, y que evita prácticamente todos los problemas que ocasiona la norma pautada hoy por una Mayoría del Tribunal.

      (1) Posteriormente, ante la presentación de una moción en auxilio de jurisdic-ción por los peticionarios, la Sala de Verano compuesta por su Presidenta, la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta, el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez emitió Resolución el 28 de agosto de 2014 en la que se paralizaron los procedimientos hasta que este Tribunal dispusiera otra cosa. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta hizo constar que proveería “no ha lugar” a la moción en auxilio de jurisdicción y a la petición de certiorari.

      (2) A modo de ejemplo, en aquellas circunstancias en que no se paralizan los efectos de la determinación (injunction, mandamus, cese y desista, pago de alimen-tos, custodia o relaciones filiales) o cuando la moción de reconsideración no cumpla con los requisitos para ello, se puede privar a la parte que compareció en el término para presentar el recurso de certiorari de que el Tribunal de Apelaciones actúe sobre este.

      (3) El Tribunal de Apelaciones tiene mecanismos para, incluso, proveer un archivo administrativo del recurso de certiorari como sucede, por ejemplo, en la paralización automática por la Ley de Quiebras. Otra alternativa, que se debió considerar es aten-der la laguna procesal mediante una norma análoga a la dispuesta en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Mediante esta, se dispone expresamente que mientras esté pendiente una apelación o certiorari de una resolución final, el tribunal apelado no podrá conceder ningún remedio a menos que, de este determinar que está dispuesto a conceder el remedio, obtenga previamente permiso para ello del Tribunal de Apelaciones. Aunque ciertamente la Regla 49.2 está dirigida a los procesos una vez dictada sentencia, considero que pudimos auscultar la adopción de una interpretación análoga de una norma similar a situaciones como la de autos. Esta alternativa podría propiciar un control y coordinación más efectiva del caso por los tribunales en lugar de dejar ello al ardid de la litigación. A su vez, le reconoce a cada uno de los foros la potestad de ejercer su poder jurisdiccional, mientras se brinda la oportunidad al foro de instancia de corregir cualquier error que entienda cometió al dictar la resolución.