author: El Juez Asociado Señob Tbxidob,

text:
    The Fajardo Sugar Growers Association, demandante y apelada, v. Central Pasto Viejo, Inc., The United Porto Rican Sugar Co., José Lugo y Pablo Bravo, demandados y apelados.
    No. 4924.

    Sometido: Diciembre 4, 1929.

      Resuelto: Febrero 13, 1931.

      Joaquin Vendrell, abogado de los apelantes; Arturo Aponte, abogado de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob Tbxidob,

emitió la opinión del tribunal.

De las alegaciones de la demanda en este caso aparece que la demandante posee en arrendamiento una finca en el barrio G-uayacán, término de Ceiba, colindante por el oeste con la hacienda “Oriente” que está en posesión de la deman-dada Central Pasto Viejo, Inc., desde el 30 de junio de 1928,. por virtud de un arrendamiento; que entre esas fincas desde hace más de treinta años, y aun por tiempo inmemorial, existe un camino de seis metros de ancho, que conduce desde el mar hasta la carretera de Ceiba a Naguabo, atravesando la hacienda “Oriente”, y que ha sido utilizado por la demandante desde hace más de veinte años, poseyéndolo todo ese tiempo,, para las necesidades o servicio de su finca; que las deman-dadas Central Pasto Viejo, Inc., y United Porto Eican Sugar Co., mediante sus empleados José Lugo y Pablo Bravo desde los últimos días de julio, 1928, valiéndose de peones y em-pleados han impedido a la demandante el uso del camino, cercándolo con alambre de púas en la parte que colinda con la hacienda “Oriente”, y que habiendo la demandante hecho-derribar la cerca, los demandados amenazaron ponerla de nuevo, y se están preparando a hacerlo, privando a la de-mandante de la posesión y disfrute del camino. Fundándose en esos hechos pidió la demandante una resolución por la que-se la amparara en la posesión y se ordenara a los demanda-dos la abstención de todo acto de perturbación en tal posesión.

Los demandados, en su contestación, negaron los hechos-esenciales de la demanda, que les perjudicaban, y, como de-fensa, alegaron que la demandante lia tenido en arrenda-miento la hacienda “Oriente” basta el 30 de junio de 1928, y en ese concepto ha disfrutado el servicio de callejones, ve-redas y caminos para la conducción de frutos y materiales, sin que en ningún tiempo hayan abierto los dueños anterio-res, ni los actuales, de esa finca, camino alguno sobre ella para el servicio exclusivo de la demandante, o de persona al-guna.

Fué el caso a juicio; se presentó y practicó la prueba de las partes, incluyendo la inspección ocular; y la Corte de Distrito de Humacao, dictó sentencia declarando con lugar la demanda y ordenando a los demandados se abstengan de actos de perturbación en la posesión de la demandante. Y ésta es la sentencia apelada.

La parte apelante señala en su alegato un error, el así formulado:

“La Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao cometió error al dictar su sentencia declarando con lugar la demanda porque tal sentencia es contraria a las pruebas practicadas y a la Ley No. 43 proveyendo el procedimiento para recobrar la posesión de pro-piedad inmueble, según quedó enmendada por la ley de fecha 14 de noviembre de 1917.”

Como se percibe por la simple lectura de este señala-miento, se ofrecen con él dos cuestiones: una de apreciación de prueba, y la otra de error en derecho. No es la forma más apropiada la de presentar las cuestiones unidas y en bloque.

Parece que la principal contención de la apelante es que la demandante Fajardo Sugar G-rowers Association venía disfrutando varios callejones y caminos como arrendataria de la Hacienda Oriente, y que ese arrendamiento cesó. La de-mandante ha venido sosteniendo que estaba en posesión del camino cuando se realizaron los actos de perturbación, y por veinte años antes; y que lo estaba como arrendataria de la finca en el barrio de Guayacán, que en la demanda se describe como compuesta de 350 cuerdas de terreno, y colindando por su oeste con la Hacienda Oriente. La demandada alegó que nunca se había abierto en la “Oriente” camino alguno que discurriera por esa finca, para uso exclusivo de la deman-dante, o de cualquiera otra entidad.

En la opinión de la corte sentenciadora se da por probado que la demandante y sus causantes tuvieron en arrendamiento la Hacienda Oriente basta primero de julio de 1928, y que tuvo por veinte años el uso de dicha finca en arrendamiento, y por virtud del mismo ha venido durante ese tiempo disfru-tando el camino de que se trata, “el cual conserva realizando en él obras de desagüe tales como alcantarillas, y además la construcción de puentes para el paso de vías del ferrocarril que explotaba la demandante para el transporte de sus ca-ñas.” Y se dice, además, lo siguiente:

“No bay contención alguna en este caso en cuanto a la posesión como un hecho, pues se acepta que ésta ha existido por varios años en poder de la demandante y sus causantes, si bien se sostiene que ha sido en concepto de arrendamiento, el cual ha cesado actualmente.”

Y la parte apelante, en su alegato dice:

“Como puede apreciarse del extracto que hemos hecho de las declaraciones de los testigos que fueron utilizados por ambas partes durante la vista del caso, la demandante-apelada, Fajardo Sugar Growers Association, computando el término de posesión de sus an-tecesores en título, de las fincas Guayacán y Oriente, estuvo disfru-tando dicha posesión a título de arrendamiento, arrendamiento que venció el 30 de junio de 1928.
“La posesión que alega la demandante-apelada del camino en cuestión, no es consecuencia de un hecho aislado de la misma deman-dante-apelada, sino que proviene del contrato de arrendamiento ce-lebrado con los causahabientes de dicha demandante, y después de la misma demandante con el dueño o dueños de la finca Oriente, y como tal arrendataria, naturalmente tenía derecho a disfrutar de la totalidad de la finca, con las reservas y limitaciones estipuladas en el contrato de arrendamiento y obligada a su vez a entregar la to-talidad de la finca en la misma forma que la recibió.

Como punto de partida, tenemos que, en realidad, se ad-mite el hecho de la posesión; y se discute el origen (título) de la misma, y la extinción de dicho título por expiración del arrendamiento. Tanto que la misma parte apelante, argu-mentando, dice:

“Si el derecho posesorio de la demandante cesó con el término del arrendamiento, ¿ cómo podemos admitir que subsista esta posesión como hecho, cuando la posesión de la finca Oriente, con todas sus dependencias, caminos, veredas y cualquier clase de servidumbre, existentes en la misma finca, la estuvo disfrutando por un título de arrendamiento constituido por el dueño o dueños de la finca ? ’ ’

Aparece claramente que se trata por la apelante de dis-cutir el título a la posesión. Toda la cuestión, en cuanto a este extremo, se refiere a la existencia de la posesión en con-cepto de arrendataria, y a su cesación una vez que terminó el arrendamiento, y como consecuencia legal de tal expira-ción de término. Pero, la cuestión en estos interdictos o injunctions, no es una de título, y de deducciones legales; es una de hecho y como tal debe ser tratada en este procedi-miento. En varias ocasiones ha dicho este Tribunal Supremo, que no es necesario en los interdictos probar el derecho a la posesión; así, en el caso Alfaro v. Alonso, 27 D.P.R. 56, se declaró que la prueba del derecho por el que el demandante está en posesión no es necesaria.

Es indudable que este interdicto ha sido tomado de la le-gislación procesal española. En ésta (Ley de Enjuicia-miento Civil para Cuba y Puerto Rico, artículo 1654) se pro-hibía al juez admitir prueba cualquiera que no se refiera a la posesión o tenencia, y a los actos de despojo o de perturba-ción. En nuestra ley primera, la No. 43 de 1913, la sección 1, da el interdicto en favor de la parte que demuestre haber sido privada de la posesión material por actos violentos o fraudulentos de la otra parte. En la ley No. 11, de 14 de noviembre de 1917, ya se toma el concepto igual al del ar-tículo 1649, de la Ley de Enjuiciamiento Civil para Cuba y Puerto Rico, y se concede el remedio legal al que ha sido ■“perturbado en la posesión o tenencia” y para recobrar, no el título o el derecho, sino la posesión material.

Lo que se intenta, y se logra, por medio de ese procedi-miento sumario, en el que ni se discute ni se decide el título, es lo que los autores llaman la protección posesoria. Todo poseedor tiene derecho a que se le respete en su posesión; tal es el concepto legal contenido en el artículo 448 del Có-digo Civil de Puerto Rico. En el poseedor hay un presunto dueño; y en la posesión hay un estado de hecho a respetar por todos y a ser mantenido por la ley.

Manresa, al tratar de los interdictos, ha dicho:

“No cabe duda, por lo tanto, de que lo mismo el poseedor civil que el poseedor natural, lo mismo el que posee en concepto de dueño, que el que posee en concepto de no dueño, pueden ejercitar interdic-tos.” Manresa, Comentarios al Código Civil, Tomo 4, cuarta edi-ción, página 218.

La ley ha ido más allá de lo que va el comentarista, y ha facultado para el interdicto, no sólo al poseedor, sino al te-nedor de la cosa. Así se ha dicho por el Tribunal Supremo de España en sentencia de 1 de abril de 1884, Andrés Fer-nández Conceiro y su esposa contra Ignacio Conceiro. Dijo el tribunal:

“Considerando que con arreglo al artículo 724 de la ley de En-juiciamiento civil de 1885, que se invoca en el recurso, el interdicto de recobrar no sólo compete a los que tienen la posesión jurídica, sino también a los que se hallan en la tenencia de la cosa, o, lo que es lo mismo, en la simple ocupación actual y corporal de ella, con derecho o sin él, como claramente lo demuestra el texto de dicho ar-tículo al emplear las palabras posesión o tenencia, que tienen distinta significación en el lenguaje forense, y en el común.”

En el caso Ortiz v. Silva, 28 D.P.R. 384, sostuvo este tribunal que en los procedimientos de injunction para recobrar la posesión no puede resolverse un conflicto de título, por ha-llarse envuelto “el derecho de posesión”. Y en Solís v. Castro, 36 D.P.R. 105, se dijo:

“. . . . pero en los injunctions para retener y recobrar la pose-sión, lo que se dilucida es simplemente una cuestión de hecho, y no de derecho, y su esfera de acción está bien limitada.”

En el caso Vicente v. Ortiz, Comisionado de Sanidad, 38 D.P.R. 106, hemos dicho:

"En vista de que el procedimiento de injunction para recobrar la posesión se está convirtiendo en pleitos sobre propiedad alegándose ■títulos, presentándose planos de las fincas y haciéndolos tan volumi-nosos como los pleitos de reivindicación, queremos decir una vez más, ■como hemos declarado otras veces, que la única cuestión en estos injunctions es si el demandante tenía la posesión o tenencia material •de la cosa de que ha sido perturbado o despojado en el año prece-dente a la presentación de la demanda y si tal despojo existió, y que la contestación debe limitarse a admitir o negar la posesión alegada, por el demandante y los actos de despojo o perturbación de que se queja, pues como la posesión como hecho, no puede estar en dos per-sonalidades distintas a un mismo tiempo, fuera de los casos de in-divisibilidad, debe ser cuestión de alegación y de prueba únicamente .y de decisión por el tribunal si el demandante tenía o no la posesión y si teniéndola fué despojado de ella o perturbado en la misma por el demandado. Eso es todo en estos pleitos pues la cuestión del de-recho con que se posee y la de hasta donde lleguen las respectivas fin-cas no es materia propia de estos procedimientos sino de los juicios plenarios sobre propiedad, y por esto las partes y las cortes deberán limitar las presentes contiendas a la sola posesión y a su despojo o perturbación.”

Esta es la jurisprudencia, y ésa es la doctrina de los tra-tadistas. La ley encuentra en la posesión un estado de he-cho que tiene en sí el germen del supremo derecho de dominio, o que ha nacido con él y es su externa y visible manifestación. Sin la garantía de que el poseedor sea, como dice nuestro Có-digo Civil en su artículo 448, no ya amparado o reconocido sino “respetado en su posesión”, no tendrá razón de ser que ella ocupara un lugar en la vida social, en la vida económica, y en la vida jurídica de los pueblos. T en consecuencia la ley provee al respeto de la posesión, no sólo de aquélla, ro-deada de todos los atributos y requisitos necesarios para en-gendrar el dominio, sino de la que no es, en su apariencia, más que la simple tenencia de la cosa, con o sin título. Y así el artículo 443 del Código Civil consagra ese respeto a la po-sesión en esta forma:

“Un arrendatario que carece de remedio adecuado en ley, y a quien se inquieta en la posesión de la finca arrendada, puede acudir al procedimiento de injunction, para impedir repetidos actos de des-pojo. . . .”

En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Es-paña en 21 de noviembre de 1904, publicada el 4 de diciembre del mismo año, en pleito entre Don José Parcerisa contra Don José Bonet, se tiene como definitivo que el arrendatario tiene el derecho a interponer y seguir el interdicto de reco-brar la posesión, y se dice:

“Considerando además que, establecido que todo poseedor, cuyo carácter tiene el tenedor de la cosa para su disfrute, aunque perte-nezca el dominio a otra persona, tiene derecho a ser respetado en su posesión, y si fuese inquietado en ella, deberá ser amparado por los medios que las leyes de procedimientos establecen, vienen'estas dis-posiciones, contenidas en los artículos 446 y 432 del mismo Código y 1631 de la ley de Enjuiciamiento, a corroborar el sentido del pro-pio derecho sentado en el considerando anterior.”

El derecho, eseucialmeute, arranca del artículo 1560 del Código Civil Español, el que es igual al 1463 de nuestro Có-digo, que dice:

“Art. 1463. — El arrendador no está obligado a responder de'la perturbación de mero hecho que un tercero causare en el uso de la finca arrendada; pero el arrendatario tendrá acción directa contra el perturbador.”

No quiere esto decir que el arrendador no tenga el dere-cho perfecto de interponer, si le' acomoda, el interdicto o cualquiera otra acción; lo que el Código dice es que “no está obligado a responder”, dejando así en libertad al arrendata-rio, poseedor en alguna forma, para ejercitar la acción nece-saria. En la armónica relación que existe entre los pre-ceptos del Código Civil ese artículo no puede ser estudiado sino a la luz de los artículos 435 y 448 del mismo texto legal, a que ya nos hemos referido.

En cuanto a la apreciación de la prueba, y teniendo en cuenta que en ella existe conflicto a resolver, y que la corte la apreció en su conjunto, no encontramos error alguno. La demandante, en su prueba testifical presentó las declaraciones de Luis de Celis, Francisco Cruz, W. Crager, Eafael López, Nicolás Alturet y Severiano Soto para acreditar la existencia del camino alegado en la demanda, la construcción, entretenimiento y reparación de puentes de concreto y de madera, por la Fajardo, en ese camino, su uso constante por la misma central para paso de peonaje y de arrastre, y su cierre en la Oriente por la demandada en 30 o 31 de julio. A más se practicó una inspección ocular. La demandada presentó su prueba testifical para demostrar que no existía ese camino, al menos, como tal, sino un callejón, cuyo uso sólo se establecía por permiso del Sr. Sandoz y que había otros caminos, que eran los usados.

En rebuttal la demandante presentó otro testigo; y a más una escritura otorgada en 5 de agosto de 1910, entre Don Pablo Sandoz, Doña Demetria Sandoz, Don Luis Biefkohl, y la Fajardo Development Co., en la que hay una cláusula que dice:

“Asimismo se obliga la compañía compradora a afirmar y arre-glar el camino o callejón que existe en el sitio denominado ‘ Guaya-cán’, de tal manera que puedan pasar dos carros.”

Y además una carta de Doña Demetria S. viuda de San-doz a Fajardo Sugar Co., de 16 de agosto de 1923, que dice:

“The Fajardo Sugar Co., Fajardo, P. R. Muy Señores míos y amigos: Acuso recibo de su atta. fecha 9 del corriente mes y re-firiéndome a su contenido les manifiesto que el recibo de la contribu-ción de herencia está en poder del Registrador de Humaeao. Tan pronto me sea devuelto junto con la inscripción de partición de bienes de la sucesión se los remitiré.
“Aprovecho esta ocasión para manifestarles que según último con-trato está especificado el arreglo del camino del Daguao hasta mi re-sidencia. Hasta la fecha, nada se ha hecho. Les agradeceré me in-formen por escrito si piensan bacer dicho arreglo. De Ud. atta. amiga y S. S., (firmada) D. S. Yda. de Sandoz.”
■ “ (Hay una nota en el encabezado de la carta que dice: ‘Mr. Veve: Vea el contrato. Creo tiene razón Doña Demetria.’ J. B. A.)”

En apoyo de esta opinión debemos citar aquí nn párrafo de la decisión en el" caso Fernández Beyes v. González Betancourt, resuelto por este tribunal en 30 de enero de 1931:

“La posesión actual o mera tenencia puede ser en la cosa o en el disfrute de un derecho, según el artículo 443 del Código Civil, y por esto la posesión o tenencia del uso de una servidumbre puede ser objeto del procedimiento de injunction para recobrar la posesión. Que la posesión de una servidumbre de paso por un camino privado que atraviesa la finca de un demandado puede ser recobrada por me-dio de injunction o interdicto establecido por la ley para recobrar la posesión, es cuestión resuelta desde el año 1878 por el Tribunal Supremo de España, tomo 42 Jurisprudencia Civil, pág. 523, pues ha-biéndose alegado que tal interdicto se da contra el despojo de cosa pero no de derechos, dicho tribunal declaró insostenible ese motivo porque bajo el nombre de posesión se entiende comprendida la cuasi posesión para los efectos de esa clase de interdictos que afecta a la cosa corporal que se posee como también a un derecho de servidumbre que se ejercita o cuasi se posee. Y en la de 1881, tomo 47 Jurispru-dencia Civil, pág. 100, el mismo tribunal en un caso en que se atacó un interdicto concedido para recobrar una servidumbre, dijo: ‘Que conforme a la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo, fun-dada, entre otras leyes, en la Ia., tít. 30, Partida 3»., el interdicto de recobrar es procedente siempre que se prive a cualquiera de cosas muebles o raíces, o del ejercicio de un derecho; pues que resolvién-dose en esta clase de juicios sumarísimos cuestiones de orden público, lo mismo se afecta privando a uno con violencia o clandestinamente de una cosa corporal que poseía, como de un derecho de que cuasi poseía’. Esas sentencias fueron citadas y seguidas por nosotros en el caso de Echevarría vda. de Subirá v. Saurí, 38 D.P.R. 745, antes citado, en el que se declaró con lugar un injunction o interdicto para recobrar la posesión de una servidumbre de paso. ’ ’

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Joaquín Díaz & Díaz, demandante y apelante, v. Francisco Delgado Negroni, casado con Rita Oppenheimer, y Antonio Delgado Negroni, casado con Ruth E. Capple, demandados y apelados.
    No. 5039.

    Sometido: Enero 14, 1931.

      Resuelto: Febrero 13, 1931.

      López de Tord & Zayas Pizarro, abogados del apelante; Tous Sota é¡ Zapater, abogado de los apelados.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Por segunda vez pende este asunto ante esta Corte Su-prema. La primera fué resuelto dejándose reafirmada, con el disentimiento de uno de los jueces, la siguiente jurispru-dencia: “De acuerdo con el artículo 1571 del Código Civil, el comprador de una finca tiene derecho a ejercitar la acción de desahucio contra el poseedor material de la misma aun-que éste la tenga arrendada por más de seis años y el com-prador lo sepa, cuando el arrendamiento no está inscrito en el registro de la propiedad, y salvo pacto en contrario.” Díaz v. Delgado, 38 D.P.R. 629. La opinión emitida al efecto,, termina así:

“La sentencia debe, pues, revocarse, como al principio dijimos. Se permitirá al demandante enmendar su alegación. Lo expuesto en su proyecto- de enmiendas sobre la inscripción del arrendamiento es aún confuso. Si ello quiere decir que el arrendamiento se inscribió sobre la totalidad de las fincas A, B y C y luego se canceló sobre la mitad a virtud de la acción de retracto, nos inclinamos a creer que la cancelación indicada no beneficiaría al demandante. Tampoco es aun suficientemente clara la enmienda propuesta a la segunda causa de acción. Debe alegarse la cláusula del contrato con respecto al pago con entera precisión y de igual modo en qué consiste la falta de pago, porque si la verdadera obligación del arrendatario consistía en-depositar el canon en un banco de Tauco durante la semana y así lo hizo, no habría causa de acción.
“Por virtud de todo lo expuesto, se revoca la sentencia apelada y el caso se devuelve a la Corte de Distinto de su origen para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.”

Devuelto el caso a la corte de su origen, el demandante enmendó su demanda. Los demandados se allanaron a que se decretara el desahucio en cuanto a la finca letra D y re-sistieron la acción en cnanto a las otras fincas, A, B y C. En el curso de la opinión emitida en Díaz v. Delgado, 38 D.P.R. 629, 633, se había dicho:

“Con respecto a dicha finca D nos encontramos frente al caso de nn contrato de arrendamiento no inscrito en el registro que el comprador no se obligó a respetar al adquirir la finca. Siendo ello así, su derecho al desahucio parece tan claro a virtud del precepto legal aplicable vigente en Puerto Rico, que apenas puede discutirse.”

La vista del pleito en la corte de distrito fué larga. El récord elevado consta de 846 páginas.- Con los alegatos pre-sentados en esta corte, se acerca a mil.

El asunto es confuso. Esta opinión se entenderá mejor si se lee en sn integridad la que dejamos citada y que ocupa las páginas 629 a 645 del volumen 38 de las Decisiones de este tribunal. .

Siendo dueños los esposos Negroni-Rodríguez de tres fin-cas rústicas situadas en la jurisdicción de Yauco, designadas en la demanda con las letras A, B y C, las dieron en arren-damiento a su hijo Francisco Negroni por término de diez años. El matrimonio Negroni-Rodríguez quedó disuelto por •sentencia de divorcio y dueño cada cónyuge de una mitad de las fincas. Negroni vendió su mitad al demandante Díaz. Poco después, la señora Rodríguez, vendió la suya a los her-manos Francisco y Antonio Delgado, a quienes acababa de subarrendar las fincas el arrendatario Francisco Negroni. Díaz ejercitó la acción de retracto contra los hermanos Delgado. Estos terminaron por allanarse, dictándose la consi-guiente sentencia, y dueño Díaz de la totalidad de las fincas, inició este pleito de desahucio fundado en dos causas de ac-ción. En la forma que hemos indicado, fué el pleito final-mente a juicio y la corte lo decidió en contra del demandante, quien, no conforme, interpuso el presente recurso de apela-ción.

La primera causa de acción se basa en que al adquirir los subarrendatarios, hermanos Delgado, aquí demanda-dos, el condominio de la señora Rodríguez, quedó extinguido el arrendamiento sobre dicho condominio, por confusión de derechos, sin que reviviera a virtud de la sentencia de re-tracto. Siendo ello así a juicio del demandante y apelante, los demandados quedaron ocupando las fincas en precario en cuanto al indicado condominio y su derecho a desahuciarlos resulta claro.

No estamos conformes. No hay duda alguna de que el contrato de arrendamiento por diez años sobre las fincas A, B y C, se inscribió en el registro. El comprador estaba, en tal virtud, en la obligación de respetarlo. Es cierto que los subarrendatarios hicieron constar que, convertidos en dueños de la mitad de las fincas que tenían subarrendadas, quedaba extinguido el arrendamiento en cuanto a esa mitad, pero como se dejó la compra sin efecto porque el otro condomino ejercitó el derecho que .la ley le concedía de adquirir para sí el condominio en cuestión, sin efecto quedó también la con-fusión de derechos mencionada. Los actos que se realizan por los hombres no tienen sólo las consecuencias que a cada parte interesen, sino todas las consecuencias que natural y legalmente se derivan de ellos. Si el arrendamiento se de-claró extinguido por los propios subarrendatarios, fue por-que ellos se consideraron dueños. Si dejaron de serlo por-que la otra persona que tenía un derecho preferente al de ellos a adquirir el condominio, lo ejercitó y le fué reconocido,, la confusión desapareció al desaparecer su base, y el arren-damiento continuó como si nada hubiera ocurrido.

Examinemos la otra causa de acción, la de falta de pago, que es la que en verdad, presenta las cuestiones que más nos han hecho vacilar en la resolución de este litigio.

Es necesario dividir su estudio en tres partes, a saber:

1. La alegada falta de pago o depósito de los cánones co-rrespondientes al 30 de marzo y al 6 de abril de 1925;

2. El depósito de un gran número de cánones en los días martes y miércoles, en vez del lunes de cada semana como fija el contrato, y

3. La alegada falta de pago, de depósito, o de consigna-ción de los cánones correspondientes a una mitad de las fin-cas desde el 14 de abril, 1925, basta el 1 de marzo, 1926, pe-ríodo durante el cual se estuvo tramitando el pleito de re-tracto.

Veamos la primera cuestión o sea la relativa a los cáno-nes de 30 de marzo y 6 de abril de 1925.

El demandante Díaz compró su condominio a Negroni el 26 de marzo de 1925. Tenía derecho a percibir una parte del canon semanal del arrendamiento que vencía el 30 del propio mes y la totalidad del que venció el 6 de abril siguiente. Sos-tiene que jamás percibió dichos cánones. Los demandados en contrario alegan que no teniendo conocimiento Francisco Negroni del contrato celebrado entre Díaz y su arrendador, pagó a éste el canon que venció el 26 de marzo y depositó a su favor el que venció el 6 de abril. ¿Lo probaron?

Antes de exponer nuestro criterio, conviene conocer el do la corte sentenciadora sobre el particular. Es así:

“De la evidencia practicada y de su.apreciación, la Corte no está convencida que los cánones correspondientes a los plazos vencidos en 30 de marzo y 6 de abril de 1925, no fueran pagados por Francisco Negroni.
“Pero en el supuesto de que Francisco Negroni no verificase el pago de esos cánones, tal falta de pago, ¿puede originar una causa de acción reseisoria del arrendamiento por desahucio? Entendemos que no, por la razón de que los Delgado son terceros y sólo pueden perjudicarles aquellos motivos reseisorios que consten en el Registro de la Propiedad, y no apareciendo de éste, no procede dicha causa de acción reseisoria de desahucio.”

En manera alguna podemos estar conformes en que los demandados en este caso, siendo como son los subarrenda-tarios de Francisco Negroni, puedan tener el carácter de ter-ceros, con respecto al arrendamiento celebrado entre Negroni y los dueños de las fincas. Si se aceptara esa teoría, cual-quier arrendatario qne hubiera dejado de pagar los cánones del arrendamiento, podría resistir la acción de desahucio ba-sada en tal motivo, con subarrendar la finca a otra persona. Esta alegaría que estaba en posesión de la finca y que no po-día desalojársele de ella por falta de pago del canon de arren-damiento, porque él era un tercero a quien no podían perju-dicar los actos del que le subarrendó.

Los mismos demandados, no obstante sostener que son terceros, se cuidaron de presentar prueba del pago del arren-damiento por parte de Francisco Negroni. ¿Cuál fué esa prueba y qué alcance tiene?

Comprendemos, en efecto, la dificultad de los demandados para probar el pago de esos cánones, que hace resaltar su abogado en su alegato, dado lo tarde que se inició la demanda de desahucio, pero todo demuestra que éste no era un caso corriente desde sus comienzos y por lo tanto que los deman-dados debieron estar alerta y prepararse para resistir cual-quier ataque a su derecho con la prueba necesaria, especial-mente en lo que respectaba al pago de los cánones de arren-damiento, ya que la ley de desahucio prescribe en su sección 9:

“Cuando la demanda se funda en falta de pago del canon o pre-cio convenido en un contrato, no se admitirá al demandado otra prueba que la del recibo o cualquier otro documento en .que conste haberse el pago verificado.”

Uno de los demandados declaró que le constaba el pago del canon correspondiente al 30 de marzo de 1925 hecho por Francisco Negroni a sus arrendadores, porque Francisco Ne-groni no solamente le mostró sí que le hizo entrega del recibo, recibo que no pudo encontrar a la fecha del juicio. Esa. prueba fué admitida con la objeción de la parte demandante, y aunque la admisión estuviera justificada, sería de un valor muy dudoso, y sólo podría tener influencia favorable al caso de los demandados no teniendo Francisco Negroni conoci-miento de la venta hecha por su padre Andrés al demandante Díaz, lo que es aún más dudoso.

El pago o la consignación del canon correspondiente al 6 de abril de 1925, se trata de demostrar por los demandados por la consignación hecha por Francisco Negroni a favor de Andrés Negroni en el banco el 7 de abril, 1925. Se demostró en verdad qne tal consignación se hizo, pero se demostró tam-bién por la propia declaración de Andrés Negroni qne cuando le llevaron el certificado o cheque él no recuerda bien que era —le dijo al mismo que lo entregó: “Lleve usted eso a don Joaquín Días o a los Delgado, porque yo ya no soy dueño de esa propiedad” y el canon volvió al banco y nunca ha sido recibido por Díaz, no habiéndose probado siquiera que se transfiriera el depósito a su nombre.

Y con respecto a este depósito sí que no puede invocarse en modo alguno lo que prescribe el artículo 1430 del Código Civil, a saber: “El deudor que antes de tener conocimiento de la cesión, satisfaga al acreedor, quedará libre de la obli-gación”, porque a la fecha del 7 de abril de 1925 ya el cono-cimiento de la cesión de Andrés Negroni al demandante Díaz, no sólo por parte de Francisco Negroni, sino por parte de los demandados, era evidente, no a virtud de simples inferencias como a la fecha del 30 de marzo anterior, sino por una ad-misión solemne hecha constar en la escritura de subarrenda-miento, otorgada por Francisco Negroni y los demandados el propio 7 de abril, así:

“ ‘Quinto: Que posteriormente el don Andrés Negroni Lluberas trasmitió en venta a favor de don Joaquín Díaz y Díaz, su expresada participación de una mitad en cada una de las antes expresadas fincas, cuyo traspaso efectuó mediante la escritura pasada ante el Notario don Rafael Arjona Siaea con fecha 26 de Marzo corriente.’ ”

Pero se insiste por los apelados en que aunque la prueba aportada no fuera suficiente para demostrar que se habían satisfecho a Díaz los cánones correspondientes a los días 30 de marzo y 6 de abril de 1925, habiendo aceptado el depósito de los que siguieron, existe la presunción de que dichos cá-nones anteriores fueron pagados (Art. 102 de la Ley de Evi-dencia) y el contrato de arrendamiento quedó reconocido y subsistente. Esto nos lleva al estudio del segundo motivo en que se basa la acción de desahucio por falta de pago.

No bay duda alguna que los demandados depositaron se-manalmente en el banco los cánones del arrendamiento co-rrespondiente al condominio que el demandante compró a An-drés Negroni desde el 13 de abril de 1925 basta el 1 de marzo de 1926 en que a virtud de la sentencia de retracto el deman-dante Díaz quedó convertido en dueño de la totalidad de la finca, depositando a partir de esa fecba todo el canon a favor del dicho Díaz. Tampoco la hay sobre el hecho de que algu-nos depósitos no se hicieron en el día de la semana especifi-cado en el contrato sino en otro día de la propia semana.

¿ Cumplieron los demandados limitándose a depositar los cánones en el banco?

Para contestar la pregunta en forma afirmativa basta transcribir la cláusula tercera de la escritura de arrenda-miento otorgada el 21 de octubre de 1924, en G-uayanilla, ante el notario Padró, por los entonces esposos Negroni-Rodríguez y su hijo Francisco Negroni Rodríguez, que dice:

‘ ‘ TERCERA: Constituye el canon de este arrendamiento, la suma de VeiNte v Cinco Dólares Semanales, que el don Francisco pa-gará al don Andrés, cada día lunes, y los depositará en cualquier institución bancaria de esa población, a la disposición del don An-drés. ’ ’

¿Qué efecto tiene la falta de depósito en el día especifi-cado 1

A nuestro juicio el mismo que la falta del pago en el día especialmente señalado para ello. Pero aun admitiendo que esto sea así, sostienen los demandados que habiendo sido aceptado el depósito por el demandante no puede alegarse el hecho como causa determinante del desahucio.

Para basar su afirmación de que el demandante aceptó el depósito, alegan los demandados que el banco era el agente del demandante y en todo caso que al no rechazar el deman-dante los depósitos, los aceptó implícitamente.

El banco no actuaba como agente del demandante, sino de los demandados, como lo revela una carta presentada come prueba, dirigida por los demandados al banco que dice:

“Desde el día lunes 13 de los corrientes y en adelante cada día lunes de cada semana, se servirán tener la bondad de poner a la disposición de don Joaquín Díaz y Díaz de este pueblo la suma de (doce dollars 50/100) $12.50 cantidad que cargarán a n/ cuenta.”

Siendo ello así, si el banco dejó de depositar en la fecha exacta, su actuación era la actuación de los propios deman-dados y éstos eran responsables de las consecuencias que pu-dieran derivarse de ella.

En cuanto a lo que pudiera concluirse de la actuación del demandante, si bien no revela que rechazara expresamente el depósito, tampoco puede deducirse de ella que lo aceptara: De hecho jamás dispuso Díaz de las sumas depositadas a su favor y constantemente estuvo litigando, primero en el pleito de retracto, y en cuanto ese caso se decidió en su favor, en éste de desahucio.

Quizá si estas dilaciones en los depósitos fueran la única causa alegada y demostrada por el demandante para probar la falta de cumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de los demandados, su caso sería débil, en verdad, pero conocemos lo ocurrido con los cánones correspondientes al 30 de marzo y al 6 de abril de 1925, y vamos a examinar ahora el tercero y último motivo en que la falta de pago se basa y, todo combinado, fortalece el caso del demandante de tal modo, que nos vemos obligados a concluir que el desahucio procede.

Dentro del breve término que fija el estatuto, el 14 de abril de 1925, dueño el demandante Díaz de la mitad de las fincas por compra a Andrés Negroni, al enterarse de la com-pra hecha por los hermanos Delgado de la otra mitad, ejer-citó contra ellos la acción de retracto de que tantas veces se lia hablado en el curso de esta opinión. Opusiéronse los de-mandados contestando la demanda el 26 de junio de 1925. Al fin se allanaron por escrito de febrero 18, 1926, dictando la corte sentencia de conformidad, dos días después.

Durante todo el tiempo en que estuvo pendiente el pleito ■de retracto, los demandados sólo consignaron la mitad del canon a favor de Díaz. Resuelto el pleito, comenzaron a con-signar el canon completo. Nada hicieron con respecto a la mitad dejada de consignar, mitad que nunca ha percibido Díaz, ni que en modo alguno había sido consignada a su favor cuando inició este pleito de desahucio, ni después.

A nuestro juicio si bien era congruente con su posición dentro del pleito de retracto la actitud de los demandados al limitarse a depositar en el banco sólo la mitad del canon de ■arrendamiento, no hay duda alguna que debieron por lo me-nos consignar la otra mitad cuando el pleito de retracto quedó resuelto a favor del demandante, para que pudieran alegar el pleno cumplimiento por su parte del contrato de arrenda-miento, ya que Díaz, a virtud de la sentencia de retracto, re-sultó ser el verdadero dueño desde la fecha de la venta, por •el efecto retroactivo del cumplimiento de la condición resolu-toria de retro.

En contrario sostienen los apelados en su magnífico ale-gato que ellos no estaban obligados-a pagar los indicados cá-nones al demandante Díaz porque tratándose como se trataba ■de frutos civiles, según el artículo 362 del Código Civil, y siendo ellos poseedores de buena fe hasta que la sentencia de retracto fué dictada, le pertenecen de hecho y de derecho di-ehos frutos que se consideran producidos de día en día. Ar-tículo 453 del propio Código Civil.

No estamos conformes porque una de las premisas de que se parte es la de la buena fe de los demandados hasta que se ■dictó la sentencia, y de acuerdo con la ley y la jurisprudencia ■esa buena fe una vez dictada la sentencia sólo puede contarse a partir de la fecha en que los demandados fueron emplaza-dos de la demanda de retracto.

El artículo 438 del Código Civil vigente, dice:

“Artículo 438: Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe lo contrario. ’ ’

Y basándose Manresa en el 435 del Código Civil antiguo,, igual al 438 transcrito, se expresa así:

“Poseedor de buena, fe convertido en de mala fe. — Lo es, en virtud del art. 435, el que llega a conocer lo indebido de su posesión desde el momento en 'que se pruebe que lo conoció, como ya vimos al co-mentar dicbo artículo. Lo es también todo poseedor vencido, desde la primera citación judicial.
“Hay que aplicar las regias expuestas para el poseedor de buena fe basta el momento en que ésta se considera perdida, y desde ese momento en adelante las referentes al poseedor de mala fe. No bay más que separar las épocas de posesión.” 4 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Segunda Edición, 274.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones y debiendo decretarse el desahucio, no es necesario considerar la otra cuestión envuelta en el recurso sobre las dificultades surgidas con motivo de la toma de posesión y aprovechamiento de la finca letra D, a cuyo desalojo se avinieron los propios deman-dados. Al tomar posesión el demandante de las fincas A, B y C, tendrá la salida que interesa por dentro de sus pro-pias tierras.

Dehe revocarse la sentencia recurrida y dictarse otra de-clarando la demanda con lugar también en cuanto a las fincas letras A, B y G, sin especial condenación de costas.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Francisco Colón Caballero, promovente, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. A. R. de Jesús, Juez, demandada.
    No. 51.

    Sometido: Enero 12, 1931.

      Resuelto: Febrero 17, 1931.

      Arturo Aponte y R. García Cintron, abogados del peticionario; R. Buscaglia, abogado del demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta era una acción en cobro de dinero. Para asegurar la efectividad de la sentencia, se embargaron bienes raíces, pero, más particularmente, se incautó ganado perteneciente al demandado. Después de una demora considerable, la de-mandante pidió que se vendiera el ganado, por el fundamento de que el costo de mantenerlo sería setenta dólares mensua-les, y tal vez otros extremos que envolvían costas. La Corte de Distrito de San Juan ordenó la venta. Fué señalada para un día determinado, cuando el peticionario Francisco Colón Caballero acudió a este tribunal en solicitud de un auto inhi-bitorio, y se expidió uno ordenando, entre otras cosas, la suspensión de la venta.

No sin alguna razón la parte recurrida alega que el cer-tiorari sería un remedio más adecuado, y cita jurisprudencia al efecto de que cuando el certiorari procede, no cabe un auto inhibitorio. Sin embargo, si la corte no tenía poder o au-toridad para vender los bienes pendente lite, la materia en-vuelta era claramente una de jurisdicción, y el auto procedería per se. La política de este tribunal, cuando todos los he-chos están ante él, sería proceder bajo uno u otro remedio extraordinario, y si todos los beclios no están ante él, expe-dir un auto suplementario de certiorari, siguiendo la indica-ción de la Corte Suprema de los Estados Unidos en EccrParte Lange, 18 Wall. 163. No discutiremos más ampliamente la cuestión de jurisdicción, porque estamos convencidos de que debe anularse el auto por otros motivos.

El peticionario dijo que se embargaron otros bienes, pero la recurrida contesta eso suficientemente alegando que la sen-tencia en realidad sólo podía hacerse efectiva o asegurarse con el embargo sobre el ganado, toda vez que los otros bienes estaban hipotecados y no producirían resultados tangibles.

El peticionario también alegó que la única autoridad para la venta de bienes embargados era la sección 10 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias, cuando tales bienes eran “fungióles”. La versión inglesa del estatuto es “perishable”. Necesariamente, si el ganado no puede considerarse ni como “fungible” ni como “perishable”, la sección 10, supra, no tiene aplicación. Nos inclinamos al criterio de que debe prevalecer el texto castellano, pero si debiera prevalecer el inglés, hay dudas considerables de si la palabra “perishable” se aplicaría al ganado.

La recurrida basa su oposición en fundamentos más subs-tanciales. Mantiene que la facultad de ordenar una venta bajo las condiciones expresadas es inherente en los tribuna-les, y estamos conformes. Una corte tiene, o debiera tener, la facultad, cuando se halla en posesión de bienes, de conser-var el status quo a fin de que el embargo no resulte ilusorio o de que el demandante no reciba rnenos de lo debido.

La recurrida entonces hace hincapié en el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil. La jurisdicción para em-bargar el ganado fue concedida por la Ley para asegurar la efectividad de sentencias, y se colegiría que también se con-ceden “los medios necesarios para hacerla efectiva”. Para una interpretación, de la palabra “necesarios”, que no es en-teramente distinta, véase el caso de McCulloch v. Maryland, 4 Wheat. 316.

La recurrida también llama nuestra atención Lacia el in-ciso (h) de la sección 2 de la Ley para asegurar la efectivi-dad de sentencias. Esta ley se titula “Ley para asegurar la efectividad de sentencias. ” La primera sección de la misma dispone:

“Toda person,a que demandare en juicio el cumplimiento de una obligación, podrá obtener una resolución del tribunal que conociere de la demanda, adoptando las medidas procedentes, según los casos, para asegurar la efectividad de la sentencia que baya de dictarse en -el caso de prosperar la acción'ejercitada.”

La sección 2, bajo los incisos (a), (b), (c), (d) y (g), sienta varias reglas con respecto al procedimiento a seguir en determinadas causas de acción, y entonces viene la letra (h) que dispone:

“En lo no previsto en las reglas precedentes, el tribunal discre-cional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para ase-gurar la efectividad de la sentencia.”

Se arguye, siguiendo la idea de noscitur a sociis, que dicha letra (h) es sólo aplicable a diferentes causas de acción o a la incautación que ha de hacerse, y que no es aplicable a las facultades de la corte una vez que los bienes han sido embargados.

Debe recordarse que la ley es para asegurar la efectivi-dad de las sentencias. Las palabras usadas bajo la letra (h) son muy generales, y creemos que otorgan facultad a la corle para hacer lo que crea necesario para asegurar la efectividad de la sentencia después que se han embargado bienes; en otras palabras, que la letra (h) es una plena concesión de po-deres por parte de la legislatura para proteger a un deman-dante en el aseguramiento de su sentencia.

Ya sea correcta o no nuestra conclusión en lo relativo a la aplicación qne debe darse al inciso (h), los poderes inhe-rentes de la corte justificarían la venta del ganado en este caso en particular.

Debe amelarse el auto expedido.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.* El Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con la sentencia.

EN RECONSIDERACION

Marzo 6, 1931

Este es un caso en que la Corte de Distrito de San Juan adquirió jurisdicción sobre ganado con motivo de un embargo trabado. La idea de nuestra opinión original era que los varios artículos citados justificaban la actuación de la corte para proteger el gravamen ya adquirido, a fin de que el valor no disminuyera o desapareciera. Deseamos hacer énfasis sobre el hecho de que esta facultad descansa en la sana discreción de la corte y debe ser ejercida solamente en un caso adecuado.

El peticionario en su moción de reconsideración pinta los males que podrían sobrevenir si se permitiera qne todas las cortes dispusieran de ganado como en el presente caso. Si se hace una comparación de los males, vemos un peligro mayor en la desaparición de la protección concedida por el embargo que en el hecho de que la propiedad pueda ser vendida en anticipación de la ejecución. Yendo, quizá, un poco más lejos de lo necesario, debemos decir que ha de ser un caso excesivamente raro aquél en que un demandado no pueda evi-tar todos estos supuestos males prestando una fianza.

Debe declararse sin lugar la moción.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.

       Nota : Véase el prefacio.


author: El Juez Asociado Senos. Wolf,

text:
    Abelardo Casanova Prats, peticionario y apelante, v. Ignacio Carballeira, Juez, Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, demandado y apelado.

      No. 5262.

    Sometido: Enero 20, 1931.

      Resuelto: Febrero 17, 1931.

      Abelardo Casanova Prats compareció por su propio derecho y re-presentación; F. Font, abogado del interventor recurrido.

         Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Senos. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de San Juan se embargó cierta propiedad para asegurar la sentencia que pudiera recaer a favor del demandante por la suma adeudádale. Abelardo Casanova Prats trató de intervenir, reclamando como suya la propiedad embargada. La Corte Municipal de San Juan resolvió que la intervención no procedía; que más bien ca-bía una reclamación contra el marshal por virtud de la Ley de 1907, Leyes de ese año, página 309. Como no procedía una apelación, Abelardo Casanova presentó ante la Corte de Distrito de San Juan una solicitud de certiorari. El auto fue expedido pero fué anulado más tarde, substancialmente por los mismos fundamentos qne hicieron que la corte municipal denegara la intervención. Por tanto, en esta apela-ción tenemos que determinar el alcance del derecho de inter-vención, y si el remedio otorgado por dicha ley de 1907 es exclusivo.

El artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone lo que sigue:

“Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá in-tervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un ter-cero se le permita ser parte en la acción o procedimiento seguido en-tre otras personas, ya asociándose al demandante para reclamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al demandado para oponerse a las pretensiones del demandante, o pidiendo algo en sen-tido adverso a las reclamaciones de demandante y demandado, cuya intervención se efectúa por medio de demanda, exponiendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y no-tificada a las partes que no hubieren comparecido y a los abogados de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una excepción a ella, como si fuese una demanda ordinaria.”

En Mari v. Mari, 26 D.P.R. 665, la contención fué que un acreedor que tenía un gravamen sobre los bienes embarga-dos no tenía derecho a intervenir. El recurso de interven-ción, como remedio del derecho civil, se trazó de Louisiana hasta California, y de este estado fué indirectamente adop-tado nuestro estatuto. Este tribunal aceptó la doctrina sentada en 2 R.C.L. 882-, de que no sólo existe ese remedio para determinar el dominio de bienes embargados, sino tam-bién en favor del que tenga un derecho sobre los mismos. Ci-tamos numerosas autoridades en el mismo sentido, entre ellas, Potlatch v. Runkel, 16 Idaho 192, anotado en 23 L.R.A. (N.S.) 536; el caso de Dennis v. Kolm, 131 Cal. 92, es igualmente aplicable.

Aunque ninguna de las dos cortes inferiores han descan-sado en ellos, existen dicta en el caso de Lessesne v. Porto Rico Drug, 39 D.P.R. 942, que aparentemente podrían soste-ner la conclusión a que ellas llegaron en este caso. Sin embargo, la cuestión esencial allí envuelta, según revelan los hechos y las citas, fué que un acreedor no garantizado no tenía derecho a intervenir para recuperar bienes embarga-dos. Nos adherimos a la posición adoptada en Mari v. Mari, supra. Véase además Pabón v. Solivellas, 26 D.P.R. 234. En Potlatch v. Runkel, supra, se resolvió que el hecho de que el supuesto interventor tuviera algún otro remedio adecuado para la protección de su derecho no era óbice para su dere-cho de intervención. Aceptamos ese principio a menos que haya en la Ley de 1907 algo que demuestre la intención total o parcial de derogar el artículo 72 del Código de Enjuicia-miento Civil. Las derogaciones tácitas no son favorecidas. La Ley de 1907, sección 5260 de la Compilación, a este res-pecto dispone:

“Que siempre que un marshal u otro agente judicial, procediere a cumplimentar una orden de ejecución, embargo, o cualquiera otra orden contra alguna propiedad mueble, y dicha propiedad, o cual-quiera parte de ella, fuere reclamada por un tercero, éste o su man-datario o abogado, podrá prestar juramento por escrito ante cual-quier funcionario autorizado para tomar juramentos, haciendo cons-tar que dicha reclamación se hace de buena fe, y presentarlo ai agente encargado de cumplimentar la orden de ejecución o embargo.”

Nada hallamos ahí que expresa o aun indirectamente cause la derogación del artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil. Los dos remedios pueden subsistir juntos.

No se atacó la demanda de intervención, pero la corte municipal puede considerar sus méritos.

Debe revocarse la resolución apelada y dictarse otra anu-lando la de la corte municipal, y se devuelve el caso a esa corte para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Texidor disin-tieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Consuelo Pérez, demandante y apelante, v. Sucesores de Manuel Pérez & Co., demandada y apelada.
    No. 5010.

    Sometido: Marzo 13, 1930.

      Resuelto: Febrero 17, 1931.

      Juan B. Soto y G. M. Pesquera, abogados de la apelante; Salvador Suau, abogado de la apelada.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este caso es si un administrador judicial puede instar acción por los daños y perjuicios que se alega surgieron con motivo de la negligencia que ocasionó la muerte ab intestato de una persona. La corte inferior re-solvió que po podía. La apelante se funda principalmente en el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil, que lee como sigue:

‘ ‘ Cuando la muerte de una persona mayor de edad fuere causada por el acto ilegal o negligencia de otra, sus herederos o representan-tes personales podrán entablar demanda por daños y perjuicios contra la persona causante de la muerte; y si dicha persona estuviere empleada por otra, responsable de su conducta, podrán también en-tablarla contra ésta. En toda demanda con arreglo a este artículo j al precedente, se regulará el importe de los daños y perjuicios que fueren justos vistas todas las circunstancias del caso.”

Ta liemos resuelto en varios casos — Carbou Rodríguez v. Mir, 36 D.P.R. 809 y Orta v. P. R. Ry. Light & P. Co., 36 D.P.R. 743 — que la verdadera fuente de una acción de daños y perjuicios en Puerto Rico son los artículos 1803 et seq. del 'Código Civil.

Hasta cierto punto, el artículo 61 lia sido copiado en nuestro Código de Enjuiciamiento Civil sin que baya mucha necesidad de él. En los Estados Unidos, donde regía el de-recho común, prevalecía el principio de actio personalis mo-ritur cum persona. Así, estatutos como el artículo 61 que generalmente emanaban de la Ley de Lord Campbell, fueron aprobados. Hemos resuelto que en Puerto Rico el principio arriba enunciado no es aplicable. P. R. Ry. L. & P. Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 340.

Sin embargo, si tomamos literalmente las palabras del ar-tículo 61, en Puerto Rico los representantes personales de un finado son sus herederos. En Estados Unidos la palabra “heredero” es por lo general aplicable solamente a aquéllos que reciben los inmuebles. Allí los administradores y alba-ceas representan ampliamente al finado, no sólo para el ajuste de sus deudas y asuntos similares, sino también para el co-bro y distribución de los bienes muebles pertenecientes a él. En Puerto Rico, el principio de sucesión universal, en forma modificada, es aplicable, y los herederos representan al fi-nado desde el momento de su muerte, teniendo derecho a to-dos sus bienes. La administración en Puerto Rico es para fines limitados, y cesa al hacerse una declaratoria de here-deros. Pérez v. Zeda, 35 D.P.R. 329.

En ciertos casos, quizás un administrador judicial podría incoar una acción, especialmente si es necesaria para satis-facer las deudas, o en ausencia de los herederos necesarios; pero el caso excepcional, si es que existe, debe aparecer de la demanda. De lo contrario, los herederos tienen el derecho exclusivo de entablar pleito a causa de la actuación negli-gente de una persona al ocasionar la muerte del causante:

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison disintieron.


author: El -Juez Asociado Señoe Aldrey,

text:
    Gabriel Capó Cintrón, et als., demandantes y apelados, v. A. Hartman & Co., et als., demandados y apelantes.
    No. 5325.

    Sometido: Enero 21, 1931.

      Resuelto: Febrero 17, 1931.

      Tous Soto di Zapater, Garlos J. Torres, abogados de los apelantes; José A. Poventud, Alberto S. Poventud, F. Parra Capó y E. Capó Gintrón, abogados de los apelados.
   El -Juez Asociado Señoe Aldrey,

emitió la opinión del tritribunal.

En la Corte de Distrito de Ponce fué presentada una de-manda titulada reclamación de frutos y productos de fincas rústicas en la que los demandantes alegan ser los herederos de doña Rosario Cintrón Sánchez vda. de Capó; que dicha señora fué dueña hasta su muerte de las dos fincas rústicas que describen, radicadas en Guayama, las que hasta cierta fe-cha estuvieron poseídas ilegalmeute por los demandados; que por sentencia firme ha sido declarada la propiedad de dichas fincas a favor de la madre de los demandantes y que durante el tiempo que esos predios han estado poseídos por los de-mandados han producido frutos cuyo valor se reclama, fijado en determinada cantidad de dinero, solicitándose condena de pago mancomunado y solidario contra todos los demandados.

Algunos de los demandados solicitaron que el pleito fuese trasladado a la Corte de Distrito de San Juan por tener en ella su residencia y tratarse de una acción personal. Así lo decretó la Corte de Distrito de Ponce en 21 de marzo de 1930, pero a instancia de los demandantes reconsideró esa resolu-ción y dispuso en 29 de marzo de 1930 que la traslación se hi-ciera a la Corte de Distrito de Guayama, fundándose en los artículo 75 y 79 del Código de Enjuiciamiento Civil, en nues-tra sentencia en el caso de Oliver v. Jayuya Development Co., 24 D.P.R. 834, y en el de Ellenwood v. Marietta Chair Co., 39 L. Ed. U. S. 913, (158 U. S. 105). Contra esta resolución han apelado los expresados demandados alegando que la Corte de Distrito de Ponce cometió error al ordenar el tras-lado a Guayama sin haber sido solicitado ese remedio por nin-guno de los demandados; y que también erró al trasladarlo a Guayama en lugar de a la Corte de Distrito de San Juan para donde fué solicitado por los apelantes.

Al contestar la parte apelada el alegato de los apelantes dice que la apelación debe ser desestimada porque la trans-cripción de autos que para ella se nos ha presentado no está certificada por el Secretario de la Corte de Distrito de Ponce sino por el de Guayama, y porque no contiene la resolución registrada que motiva la apelación.

La apelación contra la orden disponiendo la traslación del pleito a otro distrito no suspendió sus efectos de acuerdo con el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo que estando los autos en la Corte’ de Distrito de Guayama por virtud de la expresada resolución cuando la transcripción fué certificada por el secretario de esa corte, a él correspondía firmar la certificación de la transcripción por ser entonces la corte del juicio la del distrito de Guayama. Declarar lo contrario sería destruir el derecho de apelación que concede la ley, pues tampoco podría certificar el secreta-rio de la Corte de Distrito de Ponce la transcripción por no estar en ella dichos autos. La cita que hacen los apelados del caso de Rodríguez v. Rodríguez, 32 D.P.R. 673, no es de apli-cación al presente, porque aun cuando en él se dijo que la cer-tificación no fué firmada por el secretario de la corte que de-cretó la traslación sino por el de la corte a donde fué trasla-dado, sin embargo, no fué por ése motivo por el que la ape-lación en ese caso fué desestimada, sino porque la apelación no fué notificada al secretario de la corte en que fué dictada o registrada la resolución apelada, como requiere el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil.

El otro motivo alegado para la desestimación tampoco es sostenible, porque no tratándose de apelación contra sentencia, en cuyo caso debe ser registrada en el libro que para ello dispone el artículo 231 del Código de Enjuiciamiento Civil e incluirse en la transcripción la sentencia registrada, sino de una resolución, no es necesario tal registro para ésta, pues el artículo 295, No. 3, del mismo texto legal permite la apelación dentro de cierto tiempo de anotada en el libro de actas de la corte o de archivada en la secretaría; apareciendo de los autos que la resolución apelada fué registrada en la secretaría de la Corte de Distrito de Ponce pues su secretario la notificó a los abogados de las partes.

Pasemos ahora a resolver los motivos del recurso.

Si bien el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone en su No. 2 que el demandante podrá acumular va-rias acciones en reclamaciones para recobrar0 determinada propiedad inmueble con o sin resarcimiento por perjuicios por retención de la misma, o por daños causados a ella y por sus rentas y utilidades y que hemos declarado que la recla-mación de frutos de una finca detentada o ilegalmente poseída por un demandado puede ser acumulada a una acción reivin-dicatoría de la finca, sin embargo, ese precepto y doctrina no tienen aplicación al caso presente en que no se trata de un pleito de reivindicación sino de una acción independiente en. cobro de los frutos producidos por las fincas cuya propiedad y reivindicación se alega liaber sido declarada en otro pleito-anterior terminado por sentencia. Tampoco el artículo 285-del mismo código, citado igualmente por los apelados, tiene-relación a este caso, porque se refiere a que cuando se pidie-ren daños y perjuicios por la retención de una propiedad rei-vindicada en la que se hubiesen hecho mejoras permanentes por el demandado bajo pretexto de título contrario al del de-mandante, el valor de tales mejoras puede ser concedido como-una compensación de los expresados perjuicios.

La cuestión en el presente caso es si el distrito propio-para conocer del mismo es la Corte de Distrito de Guayama porque en ella radican los bienes cuyos frutos se reclaman,, siendo para ello necesario determinar si se ejercita una ac-ción personal o real, y si a pesar de ser in personam tiene,, sin embargo, un situs fijado por la ley para ser juzgada.

El artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, en lo-necesario ahora, dice así:

“Art. 75. — Deberán substanciarse en el distrito en que radique el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuestoen este Código, los pleitos que se sigan por las causas siguientes:
“1. Para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propiedad o interés en la misma, o para determinar en cualquiera forma dicho-derecho o interés, y por daños causados a propiedad inmueble.
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No se trata de recobrar por la demanda en este caso la-posesión de bienes raíces o de propiedad o interés en alguna propiedad ni de determinar en cualquiera forma dicho dere-cho o interés, pues el objeto es reclamar los frutos que han producido las dos fincas durante cierto tiempo en que siendo-propiedad de la causante de los demandantes han estado po-seídas por los demandados. Tampoco se trata por ella de ob-tener el pago de los daños causados por los demandados a propiedad inmueble, ya que no contiene alegación alguna en ial sentido, pues el haber dejado los demandantes de percibir el producto de esas fincas podrán ser daños causados a ellos mas no daños a la propiedad inmueble, como requiere el ar-tículo 75 citado, por lo que no está comprendida en él la pre-sente acción al objeto de que debe ser ejercitada en el distrito de Guayama donde están radicadas las fincas. El caso de Oliver v. Jayuya Development Company, 24 D.P.R. 834, no tiene relación con el presente, porque en él se alegaron daños causados a la finca por ocuparla el demandado para uso de los peones y del ganado.

Es igualmente inaplicable el artículo 79 del mismo código según quedó enmendado en 1928, porque si bien dispone que los pleitos para obtener daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 1803 del Código Civil deberán verse en el distrito' en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su ori-gen, en este caso no se ejercita la acción a que se refiere esa cita del Código Civil concedida contra la persona que por ac-ción u omisión cause daños a otro interviniendo culpa o ne-gligencia, sino la reconocida por los artículos 361, 365 y 1062 del Código Civil, preceptivos de que los frutos naturales,, los civiles y los industriales pertenecen al propietario; que no pertenecen al simple poseedor y deben ser devueltos junto con la cosa al propietario de la misma que la reclama, a me-nos que la posesión hubiese sido tenida de buena fe; y que el acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla.

En resumen, se trata en este litigio del ejercicio de una acción.personal que se ejercita con independencia del pleito reivindicatorío fallado, que no tiene determinado por el có-digo de procedimientos como situs el lugar donde radican las fincas, por lo que fué impropiamente trasladado a Guayama.

En vista de la conclusión a que llegamos no' es necesario considerar el segundo motivo del recurso, como reconocen los apelantes.

Por lo expuesto la resolución de 29 de marzo de 1930 reconsiderando la anterior de 21 de marzo del mismo año debe ser revocada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    The Board of National Missions of the Presbyterian Church in the United States of America, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 832.

    Sometido: Febrero 10, 1931.

      Resuelto: Febrero 19, 1931.

      .Enrique Báez García, abogado de la recurrente; el registrador re-currido no compareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del

tribunal.

La cuestión envuelta en este recurso versa sobre la in-terpretación que debe darse al número 5 del arancel de los registradores de la Propiedad, tal como quedó enmendado por la Ley número 32 de 1917, Leyes de 1917, II, 313. Tanto •el recurrente como el recurrido invocan en su favor la deci-sión de esta corte en el caso de Bravo v. Registrador, 39 D.P.R. 530.

Aunque bay que reconocer la fuerza de los argumentos ■del recurrente, creemos que su caso quedó resuelto por la de-cisión en el de Bravo, supra, no en el sentido que él sostiene, -sino en el que sostiene el registrador.

La cita de Morell que se incluye con aprobación en la de-cisión del caso de Bravo, supra, y el párrafo final de la deci-sión son terminantes. Se cobra por derechos vendidos y no por la venta de la finca como nnidad, lo mismo en el caso de qne los condominios se enajenen separadamente, en fechas dis-tintas, a varias personas, qne cuando la enajenación se hace en nn solo acto y cansa nna sola inscripción.

Debe confirmarse la nota.


text:
    The Yabucoa Sugar Co., peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. D. Sepúlveda, Juez, demandada.
    No. 721.

    Sometido: Junio 16, 1930.

      Resuelto: Febrero 19, 1931.

      Henry G. Molina-', abogado de la peticionaria; Hon. Procurador General James B. Beverley y A. Ortiz Toro, Primer Procurador General Attxiliar, abogados de El Pueblo.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Teniendo nna seria duda respecto a si en nna acción so-bre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta pro-cedería nna contrademanda, expedimos el presente auto de certiorari.

En la petición original, así como en el memorándum radicado en apoyo de la misma, la peticionaria se funda principalmente en la disposición de ley qne provee qne las decisiones c\e la Junta de Revisión e Igualamiento sean finales. Que el Tesorero mismo no está obligado por la decisión de dicha junta, es el tenor de las secciones 41, 42 y 43 de la Ley No. 43 de 1921, Leyes de ese año, página 347, así como de la opinión y sentencia de este tribunal en el caso de Sucrs. de L. Villamil & Co. v. Gallardo, 41 D.P.R. 362.

No bailamos qne dichas secciones fueran derogadas por la Ley No. 74 de 1925, Leyes de ese año, página 401. Las de-rogaciones constan en la página 549, y basta donde podemos entender los incisos (a) y (b) de la sección 87 de la referida ley, la No. 43 continuó en vigor en tanto en cuanto se refiere a la cuestión aquí envuelta, y ésta parece ser la idea de la peticionaria conforme expresa en el párrafo 8, subdivisión D, de la petición de certiorari. De todos modos, la petición no nos convence de que dicba ley anterior no esté aún en vigor.

Por tanto, la única cuestión que restaba por investigar era si el Tesorero podía radicar una contrademanda en este pleito sobre devolución de contribuciones. Hemos abrigado considerables dudas respecto al asunto, pero no creemos aconsejable resolverlas sin una presentación más amplia. Lo que deseamos recalcar es que la peticionaria no ba becho una verdadera discusión, y el Procurador General no radicó alegato alguno.

Debe anularse el auto expedido.


text:
    Julio Dieppa Iglesias, demandante y apelante, v. Francisco R. Rivera, demandado y apelado.
    No. 5002.

    Sometido: Febrero 12, 1931.

      Resuelto: Febrero 20, 1931.

      F. Gervoni Gely, abogado del apelante; Angel M. Yillamil, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito por persecución maliciosa en que la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia a favor del ■demandado. Se hizo mención del caso de Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342, donde se dijo que era necesario que el demandante ■estableciera tres elementos a fin de que pudiera obtenerse sentencia. Eran: primero, que el demandante había sido denunciado por el demandado; segundo, que el proceso había terminado en forma favorable al demandante; y, tercero, que el proceso fué seguido maliciosamente y sin causa probable. La teoría de la corte inferior fué que el demandante había dejado de establecer la falta de causa probable. El deman-dado imputó al demandante el haber dispuesto indebidamente de una vaca que le había sido confiada por el demandado. El demandante aportó evidencia tendente a demostrar que lá vaca le fué en efecto vendida. Así, surgió un conflicto en la ■evidencia, y la corte, analizándola, llegó a la conclusión de que no podía decir que hubiera falta de causa probable. A más, antes del demandado iniciar el proceso consultó con un abogado (de acuerdo con la corte uno de alta reputación) y dicho abogado aconsejó al demandado que tenía derecho a perseguir al demandante por el alegado abuso de confianza.

Hemos examinado la evidencia y el alegato del apelante, y no podemos decir que la corte se equivocara al llegar a la conclusión de que no se había demostrado la falta de causa probable. Los argumentos del apelante son de una natura-leza para convencer más bien a una corte sentenciadora que a un tribunal de apelación.

Como ejemplo del conflicto, el demandado asevera que ha-bía hecho varias gestiones para la devolución de la vaca; y, por otra parte, el demandante dijo que no se hizo gestión al-guna. Surgieron similares conflictos.

El apelante presenta motivos por los cuales no debió haberse seguido el consejo del abogado. Sin embargo, ordi-nariamente se precisará un caso fuerte para que un deman-dado no esté protegido por el consejo sincero de un abogado de buena reputación.

La actitud del demandante al tratar de exponer las ga-nancias que dejó de percibir con motivo de la persecución fue muy lejos de ser satisfactoria, y de por sí hubiera desincli-nado a la corte a creer sus manifestaciones.

Aunque el alegato no presentó señalamiento de errores, según lo requieren las reglas de este tribunal, sin embargo, al fin del alegato se expone un segundo supuesto error. El apelante se queja de que la corte inferior admitiera evidencia de un proceso contra el demandante radicado después que había terminado el caso de abuso de confianza. El apelante mantiene que esos hechos eran post litem motam. Estamos bastante convencidos de que para impugnar la veracidad de un testigo pueden ofrecerse en evidencia hechos ocurridos después de la controversia principal.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Angel Fernández, demandante y apelado, v. Gumersindo Falú y los esposos Juan Suárez Pérez y Mercedes Zengotita, demandados y apelantes.
    No. 4814.

    Sometido: Marzo 12, 1930.

      Resuelto: Febrero 26, 1931.

      Feliu é La Costa, abogados de los apelantes; Arturo Aponte, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre cumplimiento de contrato. Fue fallado por la Corte de Distrito de San Juan declarando con lugar la demanda. El demandado Fain no tiene en verdad interés en el litigio. La sentencia se dictó contra los deman-dados esposos Suárez-Zengotita y fueron éstos los que esta-blecieron el presente recurso de apelación, señalando en sn alegato la comisión de once errores.

El juez sentenciador emitió una opinión que parece con-veniente transcribir, pues contiene un claro resumen de las alegaciones y las pruebas y el razonamiento que lo llevara a decidir los problemas que se le plantearon, en contra de los demandados apelantes. Dice:

“De acuerdo con lo que se alega en la demanda, y se admite, bajo juramento, en la contestación, la corte considera probados los si-guientes becbos: que por escritura número 252, otorgada el 23 de septiembre de 1924, ante el notario Heriberto Torres Sola, el deman-dante compró a los demandados Falú y Suárez, una finca rústica de 161.52 cuerdas, sita en el barrio de Sabana Llana, del término municipal de Río Piedras; que en dicha escritura se insertó una cláusula, la letra de la cual, dice como sigue:
“ ‘TbrceRá: Es convenido que la finca enajenada en el párrafo primero de esta escritura se someterá a una mensura y ahora expre-samente don Gumersindo Falú cede, renuncia y traspasa a favor de don Juan Suárez y Pérez, cualquier número de cuerdas que resultare en exceso de las ciento sesenta y una cuerdas con cincuenta y dos cén-timos .que ha servido de base para el precio de esta enajenación, el importe de cuyo exceso, si lo hubiere, lo recibirá y hará suyo dicho señor Suárez y Pérez, a quien se lo pagará el comprador don Angel Fernández Ortiz a igual precio a que resulten las cuerdas vendidas por cada cuerda, conviniéndose además expresamente en que en todo lo concerniente a dicha mensura y cobro de exceso en cuerdas, si lo hubiere, se entenderán directamente don Juan Suárez Pérez y don Angel Fernández Ortiz, siendo los gastos de esa mensura pagaderos de por mitad entre uno y otro; .; que para mayor garantía y seguridad, el demandante y el demandado Suárez sus-cribieron uu documento, que copiado a la letra dice así:
“ ‘En Nagmabo, Isla de Puerto Rico, hoy día veintitrés de sep-tiembre de 1924, de una parte, Don Juan Suárez y Pérez, y de otra, Don Angel Fernández Ortiz, hacen constar: Que de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera de una escritura de esta fecha ante el notario Heriberto Torres Solá, efectuada entre Gumersindo Falú y Don Angel Fernández Ortiz, Don Angel Fernández Ortiz pagará a Don Juan Suárez y Pérez el exceso de cuerdas entre ciento sesenta y una cuerdas con cincuenta y dos centésimas y las cuerdas que re-sulten, a razón de $160.00 por cuerda; y además ahora expresamente se obliga dicho Juan Suárez y Pérez a indemnizarle a dicho Angel Fernández Ortiz a igual precio las cuerdas que falten en el caso de que medida la finca resulte tener menos de dichas ciento sesenta y una cuerdas 52 céntimos. La descripción de la finca a que este con-trato se contrae resulta de dicha escritura.’ (Siguen las firmas.)
“Admiten los demandados que el trabajo de la mensura se hizo por R. González Requena, el que levantó el plano correspondiente a dicha mensura; pero niegan de modo específico, que la finca tenga 145.94 cuerdas, como aparece de la mensura hecha, y asimismo nie-gan también, que por haberse hecho dicha mensura, sin haber sido notificados de la misma, tengan que pagar la mitad de los honorarios del ingeniero que realizó el trabajo, así como la diferencia en el nú-mero de cuerdas que existe entre la cantidad vendida, y la que apa-rece de la mensura. También los demandados radicaron una contra-demanda, en la que alegan que la mensura tenía que ser hecha por persona designada de común acuerdo por las partes, y que toda vez que esto no se hizo, debe la corte designar una persona para que lo haga.
“Fué el pleito a juicio el día 11 de abril de 1928, compareciendo sólo el demandante y los demandados Juan Suárez Pérez y Mercedes Zengotita. Al comenzar el juicio radicaron éstos una' contestación suplementaria, en la que alegan, bajo juramento, lo siguiente:
“ 'Que en julio 28 de 1927, por escritura pública número 125,. otorgada ante el Notario de Río Piedras, Heriberto Torres Sola, el demandante, por sí y como apoderado de su señora esposa, vendió la finca que se describe en la demanda, a Isidoro Ortiz, por lo que estos demandados alegan que desdé dicha fecha el demandante ha dejado de tener y no tiene ya derecho ni interés alguno en la presente ac-ción contra estos demandados.’
“A tenor de esta contestación pidieron a la corte en moción, se dictara sentencia por las alegaciones y se desestimara la demanda. Se opuso el demandante, y la corte declaró sin lugar dicha moción. Practicaron entonces la prueba, y quedó el caso sometido a la resolu-ción de la corte.
“De la prueba documental, surge claramente una relación contractual entre Suárez y Fernández, de la que es ajeno Falú, sobre la cabida de la finca vendida- por éste al demandante; y tal relación, aparece expresamente del documento que se transcribe en la demanda y en la eontrademanda, suscrito por Suárez y Fernández, y que antes copiamos.
“Contrato es todo acto o convenio por el que una o varias per-sonas consienten en obligarse con respecto de otra u otras, a dar al-guna cosa o prestar algún servicio. Esto es, el vínculo jurídico que nace del concierto de dos o más voluntades. ¿ Cuáles fueron las re-laciones voluntarias que dieron lugar al contrato? El documento a que antes nos referimos nos lo dice: Fernández pagará a Suárez el exceso de cuerdas entre 161.52 y las que resulten, a razón de $160.00 cuerda; Suárez pagará a Fernández, a igual precio, las que falten, en el caso de que, medida la finca, resulte tener menos de dichas 161.52 cuerdas. La cuestión, pues, parece sencilla. Sólo se reduce a determinar si en la finca vendida por Falú existen las 161.52 cuer-das. Si bay una cabida mayor, Fernández debe pagar el exceso; si la cabida es menor, Suárez debe indemnizar la diferencia. Ambas partes tasan la cuerda para estos efectos a $160.00. La prueba nos dice, sin que haya habido contradicción en cuanto.a esto, que men-surada la propiedad, sólo dió un área de 145.94 cuerdas. Un simple cálculo aritmético nos lleva a la conclusión de que faltaban 15.58 cuerdas del área total por que fué vendida. A razón de $160.00 cuerda, tal diferencia asciende a $2,492.80. Veamos ahora en qué condiciones se hizo la mensura. El demandado Suárez nos declaró que la mensura se hizo sin su consentimiento y que no se le dió per-miso para medir. Sin embargo, la larga correspondencia cruzada en-tre él y Fernández, no le abona en sus manifestaciones. Más bien nos da la impresión de que de modo contumaz, sin razón alguna, elu-dió siempre intervenir en la mensura, tal vez en la creencia de que haciéndolo así podría burlar la responsabilidad que se impuso al suscribir el contrato. Los términos de éste son claros, exentos de to da ambigüedad, y para un hombre como Suárez que nos dió la impresión de estar versado en estas contiendas judiciales, no pueden decir otra cosa, sino lo que clara, abierta y francamente dicen. Tampoco podía él ignorar la mensura de la finca. Conocemos al testigo González Re-quena y su testimonio nos merece entero y absoluto crédito; Suárez y Falú le señalaron sobre el terreno los puntos que debían servirle de norma y guía para hacer la mensura. Después de hecha, Suárez le pregunta cuál es la capacidad de la finca. ¿Protesta Suárez de ella? No. Pasivamente aguarda a que se desarrollen los hechos. ¿Puede él alegarnos ahora que como no se fijó fecha para la men-sura, se está en el caso de una obligación que no tiene plazo deter-minado y que debe regirse por los preceptos del artículo 1095 del Código Civil? No estamos dispuestos a aceptar la teoría. Lo primordial y cardinal en este caso era saber cuál era la cabida de la finca, ya que sobre ella giró el contrato. No puede dejarse al arbi-trio de uno de los contratantes, la validez y el cumplimiento de un contrato. De otra suerte, nunca hubiera habido agrimensor o inge-niero bastante hábil, a juicio de Suárez, para hacer la mensura. ¿ Por qué? Porque no le interesaba, porque él quería que las cosas conti-nuasen así indefinidamente. Y después de hecha la mensura: ¿qué le impedía a Suárez rectificarla? Porque el contrato no dice que la mensura se haría por persona escogida por ambas partes y de mutuo acuerdo. Sólo dice la cláusula tercera de la escritura que la finca se someterá a, una mensura, pero no establece la condición de que quien la baga sea escogido por ambos contratantes. Si no quiere ac-tuar uno de éstos, no obstante las oportunidades que el otro le brinda, éste puede realizar la mensura y darle traslado al rebacio a ella, para que la rectifique, y se convenza de la misma, a fin de )que puedan cumplirse los términos de la convención. La ley no puede exigir más. Fernández cumplió su parte en el contrato y no puede Suárez aprovecharse de su propia mora y negligencia al negarse, o eludir, el cumplimiento de la suya. El contrato es ley para las partes contra-tantes y su cumplimiento es ineludible para ellas. Un contrato bilateral y oneroso como el concertado entre Suárez y Fernández, no puede ser destruido por la voluntad de una sola de las partes con-tratantes.
“Nos queda por considerar, la cuestión que el demandado Suárez levanta en su contestación suplementaria; esto es, que enajenada la finca con posterioridad a la iniciación del pleito, y no habiéndose re-servado el demandante derecho alguno en relación con la mensura, ha perdido cualquier derecho que pudiera haber tenido contra los de-mandados. La razón de este argumento es que el demandado ha im-pedido con tal venta que se cumpla la condición de la que depende la responsabilidad del demandado Suárez. Además existe el hecho de que la venta se hizo con beneficio para el demandante, el que tam-bién la vendió por el número de cuerdas que la adquirió de Falú. No vemos cómo esto pueda alterar la relación contractual entre Suarez y Fernández. Si aceptamos para los efectos de este argumento que la finca hubiera tenido mayor cabida de 161.52 cuerdas, aun cuando Fernández la hubiera vendido sin beneficio, y aun con pér-dida, ¿no hubiera estado en el deber de indemnizar a Suárez por el exceso en el número de cuerdas? Por otra parte, la cuestión aquí planteada no es una referente al título de la finca; sino cuestión personal entre Suárez y Fernández sobre cobro de determinada suma de dinero, proveniente de un contrato por la mayor o menor cabida de la finca. Aparte de que probada como lo ha sido la mensura, sólo hay que considerar los efectos de la misma para el cumplimiento del contrato celebrado entre Suárez y Fernández. Este cumplió las con-diciones que se impuso; constituyó la hipoteca en garantía del cré-dito a favor de Suárez; la canceló; hizo medir la finca con conoci-miento y hasta intervención de Suárez (véase el testimonio de Gon-zález Requena), y ahora tiene derecho claro, absoluto, indiscutible, a que la otra parte contratante, o sea Fernández, también cumpla los términos de la convención acordada, abonándole la diferencia entre el número de cuerdas porque aparece vendida la finca y el que real-mente tiene, al precio convenido. La situación, pues, es de una cla-ridad meridiana. No hay sombras, medias tintas, ni penumbras. Fernández cumplió su parte del contrato. Suárez debe cumplir la suya.
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Los once errores que señalan los apelantes en su alegato pueden clasificarse así: 1, falta de hechos en la demanda para constituir una causa de acción; 2, impedimento por parte del demandante a virtud de sus propios actos para ejercitar esta acción; 3, falta de prueba e indebida apreciación de la misma; y 4, reglas erróneas de la corte en relación con la práctica de la evidencia.

Basan los apelantes la insuficiencia de la demanda en que no se alega en ella que el perito que practicó la mensura fuera designado de común acuerdo por ambos contratantes, en que la acción es prematura por no haberse fijado en el contrato el plazo durante el cual debería ser medida la finca, y en que no se alega el requerimiento al demandado para practicar la medición.

Estudiados la cláusula tercera de la escritura de venta de Falú a Fernández y el contrato privado de Fernández y Suá-rez en que se basa este pleito, no se encuentra en ellos nin-guna disposición expresa en el sentido que alegan los apelan-tes." Se pactó que la finca vendida “se sometería a una men-sura”. Claro está que la consecuencia lógica de tal pacto es que la mensura se practicaría de común acuerdo entre las par-tes y que sólo estaría justificada una de ellas para actuar se-paradamente cuando la armonía no fuera posible a virtud de los actos injustificados de la otra, pero de esto no se infiere que existiera la necesidad de alegar expresamente en la de-manda que la mensura se había practicado por un perito nom-brado de común acuerdo por las partes. Bajo esas circuns-tancias nos parece suficiente la alegación que contiene la de-manda, a saber: ‘ ‘ Que de acuerdo con lo convenido entre el demandante y los demandados la finca objeto de la compra-venta tenía que ser mensurada. . . y alega el demandante que, comisionado el técnico don R. González Requena para proceder a dicha mensura, realizó el trabajo y levantó el plano. . .”

Es cierto también que no se fijó en el contrato un término expreso para practicar la mensura y que no hay duda alguna de que lo correcto era practicarla con conocimiento e inter-vención de ambas partes, pero a nuestro juicio, admitiendo la verdad de lo alegado en la demanda, como es necesario ad-mitirlo por tratarse de una excepción previa, de lo alegado se deduce que el curso ordinario de las cosas fué seguido al comisionarse al técnico González la práctica de la mensura. Pudo la demanda ser más clara y específica, pero tal como se formuló es suficiente y determina el derecho ejercitado.

Por el segundo error se levanta la cuestión de impedimento. Parece seria al principio, pero después de considerados los hechos fríamente a la luz de la opinión del juez sentenciador y de los alegatos de los abogados de las partes, se concluye que el juez estuvo acertado al resolver la misma en la forma en que lo hizo.

La acción que surgía del pacto celebrado entre Fernández y Suárez no feneció por la venta de la finca por parte de Fer-nández. La venta se verificó en julio de 1927. Este pleito se inició en mayo de 1925. En la venta de 1927 — Fernández a Ortiz — se describió la finca exactamente como aparece des-crita en la venta de 1924 — Falú a Fernández. El precio de la venta de 1924, según reza la escritura fué de $20,000, aunque Fernández sostiene que el verdadero precio fué el de $26,000 incluyendo la hipoteca que constituyó inmediatamente a favor de Suárez. El precio de la venta de 1927 fué $35,500. De ambos hechos, cabida y precio, derivan los apelantes el impedimento del demandante para continuar gestionando en este pleito.

No entraremos en la interesante discusión que sostienen los abogados de las partes en sus alegatos sobre si es o no aplicable a un caso como éste la doctrina de estoppel, o sea, sobre si no siendo los apelantes parte en la escritura de venta de 1927, pueden invocarla para impedir al demandante que actúe en contra de lo que en ella declarara. En cuanto al precio bastará decir que el demandante explicó que el au-mento no se debió a ganancia sino a haberse incluido en la venta las cañas que en la finca plantara, y que si a ello no se debiera, el que las tierras aumentaran de valor en el trans-curso de tres años, en nada alteraría los términos del con-trato de 1924 que tiene vida por sí solo. La cuestión relativa a la descripción de la finca, es más delicada. El demandante apelado explica que se debió a que el contrato-fué redactado por el notario que tuvo como base la anterior escritura. La explicación no tiene gran peso. Lo mismo que Fernández dió instrucciones al notario en cuanto al precio, que era diferente, debió darlas en cuanto a la cabida, que también era diferente. Pero nada conocemos con respecto al comprador Ortiz. La venta no se hizo a tanto por cuerda, sino por precio alzado. Quizá Ortiz estaba enterado de todo, y si no lo estaba, no sa-bemos lo que pueda hacer una vez que se entere de que a su vendedor le constaba a ciencia cierta que la cabida de la finca era menor y tenía un pleito entablado precisamente para re-clamar el precio de la diferencia en su contra.

Los errores tercero, cuarto y quinto, tercera clasificación, se refieren al resultado de la prueba. Oreemos que no se cometieron. La actitud del demandado Suárez surge de la prueba tal como la describe el juez sentenciador en su opinión. La mensura se practicó con su conocimiento y también puede decirse que con su intervención. Parece que todo lo que dió motivo a la cláusula tercera de la escritura de venta de 1924 y al contrato privado entre Suárez y Fernández se debió a cierta colindancia de la finca con £<la laguna de San José y un caño”. Quizá Suárez pensó que la línea se extendía más allá de lo verdadero y aceptó el trato-, pero hizo todo lo posible por no cumplirlo cuando la línea quedó fijada en la mensura de acuerdo con los planos levantados ■por el colindante de la laguna y el caño, El Pneblo de Puerto •Rico, y con su posesión désde 1917 o por lo menos desde 1922, y la superficie reducida en la forma indicada en la demanda.

¿Pudo darse crédito a la mensura? Se practicó por persona experta. Las deficiencias que anotan los apelantes en -su alegato, unas no existen y otras no tienen el alcance que les atribuyen. La forma de practicarla quedó explicada. Los datos que se proporcionaron al perito también. Los apelan-tes pudieron intervenir a tiempo y no lo hicieron. Pudieron practicar otra mensura por sus peritos, y tampoco lo hicie-ron. Prefirieron descansar en cuestiones técnicas que han ■quedado destruidas por la fuerza de los hechos mismos.

No creemos que el demandante tuviera la obligación de acudir a la corte para que fijara el término dentro del ■cual debiera practicarse la mensura. El no procedió a espaldas de los- apelantes y cuando se convenció de su actitud dilatoria y obstaculizadora, actuó por sí mismo y sometió su actuación y la del perito que practicó la mensura, al crisol de un juicio, en el que los apelantes tuvieron todas las garantías necesarias.

Que el juez sentenciador dijera en su opinión: “Conocemos al testigo González Requena y su testimonio nos merece entero y absoluto crédito”, ao vicia su conclusión de tal modo que deba revocarse la sentencia, como sostienen los apelantes sin citar autoridad alguna. Claro es que sólo dentro de la evidencia practicada en el juicio es que deben encontrarse los elementos en que se basan los fallos judiciales, pero no es posible evitar que los jueces como hombres que viven su vida de relación en la sociedad, tengan conocimiento personal de la conducta de muchos otros hombres que a vences comparecen ante ellos como testigos. ¿Cómo sería posible que el juez de los hechos, que lo es también de la credibilidad de los testigos, pueda en conciencia dar igual crédito a dos hombres- uno de los cuales le consta que tiene la costumbre de mentir y otro de los cuales ha visto conducirse siem-pre con honradez e integridad? Creemos, desde luego, que debe actuarse siempre con gran cautela y que la norma es que el juez no conoce a los testigos y juzga de sus testimonios por sus propios méritos y por el mérito de la conducta del testigo en la corte, mientras declara en el juicio, pero es imposible eliminar el elemento conocimiento personal del juez como tal cuando existe en la formación de su juicio sobre la credibili-dad que le merezca el testigo.

Los errores de la cuarta clasificación, o sea, los relativos a objeciones tomadas al practicarse la prueba, no serán con-siderados por escrito. No tienen mérito. De haberse come-tido algunos de ellos, jamás producirían la revocación de la sentencia porque no son perjudiciales. Se advierte una gran diferencia en la discusión que de ellos hace el abogado de los apelantes en su alegato con la de los cuatro primeros que son en los que en verdad pone verdadero énfasis.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Juan Colón González, demandante y apelado, v. Eduardo Méndez, demandado y apelante.
    No. 5243.

    Sometido: Febrero 10, 1931.

      Resuelto: Febrero 27, 1931.

      J. Alemañy Sosa,, abogado del apelante; José Veray, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado en una acción por daños personales apela de una sentencia adversa y alega que la corte de distrito co-metió error: al declarar sin lagar una moción de nonsuit; al resolver qne el accidente se debió a la negligencia del de-mandado; al negarse a darle valor a nna carta de descargo' (release) otorgada por el demandante en favor del deman-dado; al resolver qne el demandante no fné culpable de ne-gligencia contribuyente y al dictar sentencia en contra del demandado con costas y honorarios de abogado para el de-mandante.

La carta de descargo fué otorgada unas dos semanas des-pués del accidente. En aquel entonces el demandante estaba recluido en cama y continuó así por espacio de dos meses o más. No sabía leer ni escribir y en el momento del supuesto convenio no le fué posible poner su marca en el mismo sin la ayuda de otra persona. El juez de distrito declaró que la carta de descargo había sido obtenida mediante fraude, fal-sas representaciones y engaño y fué también de opinión que la causa (consideration) del mismo era inadecuada. Concu-rrimos con este criterio. No hubo conjunción de voluntades y por tanto no hay contrato o convenio que pueda hacerse-valer.

Si bien hay motivos para argumentar si el demandante-fué o no culpable de negligencia contribuyente, no alterare-mos la conclusión de la corte de distrito a este respecto.

Las otras contenciones claramente carecen de mérito.

La sentencia apelarla cíete ser confirmada.