text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. The Shell Company (Puerto Rico) Limited, et als., acusados y apelados.
    Núm. 7482.

    Sometido: Mayo 12, 1939.

      Resuelto: Febrero 6, 1940.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, Enrique Có'rdova Díaz, Subprocurador y R. A. Gómez, Fiscal de este Tribunal, Miguel Guerra Mondragón y Rafael Rivera Zayas, abogados aso-ciados, abogados todos del apelante; Jaime Sifre, Jr., y Antonio J. MaUa, James R. Beverley, R. Castro Fernández y Ryder Patteny Hartzéll, Kelley é Hartzell y Rafael O. Fernández., José López Baralt y José Carbia Miranda, abogados, respectivamente, de va-rios de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Eico apela de una resolución dic-tada por la Corte de Distrito de San Juan declarando con. lugar las excepciones perentorias y desestimando la acusa-ción presentada contra los apelados.

En 13 de julio, 1934, el Fiscal de. Distrito de San Juan radicó una acusación enmendada contra las corporaciones e individuos arriba mencionados, imputándoles una infracción de las disposiciones de la ley insular titulada “Ley para proteger el comercio contra coacciones y monopolios,” apro-bada el 14 de marzo de 1907 (Comp. 2373-2379). Las alega-ciones principales de la referida acusación leen así:

“Y el fiscal alega que Jas antes mencionadas corporaciones, dentro del período de tiempo, según se ha hecho constar en esta acusación, se combinaron y confabularon, unas con otras, ilegal, voluntaria y maliciosamente y en un plan común, previamente concertado y con-venido entre ellas, con el único fin de cohibir e impedir la legal y libre competencia entre dichas corporaciones, y la legal y libre com-petencia en el tráfico y comercio, y en la contratación del negocio de distribución y venta de gasolina en el distrito judicial de San Juan y en la municipalidad de San Juan, jurisdicción de esta corte; y tal plan común y tal propósito así concertado y convenido fué eje-cutado y llevado a la práctica por medio de los agentes, represen-tantes y empleados, cuyos nombres se han consignado en el segundo párrafo de esta acusación, . . .
“Y el fiscal alega que tales corporaciones, y tales agentes, managers, representantes y empleados, para ejecutar y llevar a la práctica el plan común concertado y convenido de mutuo acuerdo, con anteriori-dad a la iniciación de este procedimiento y dentro del período de tiempo, según antes se ha expresado, ilegal, voluntaria y maliciosa-mente, convinieron y acordaron la fijación, de tiempo en tiempo, de precios uniformes y arbitrarios, a que debía venderse, al por mayor y al detall la gasolina en el municipio de San Juan y e'n el distrito judicial del mismo nombre, y de ese modo, en virtud de tal con-venio, fijaron, mantuvieron, impusieron y exigieron, precios unifor-mes, y han continuado y continúan ilegalmente manteniendo y exi-giendo dichos precios uniformes y arbitrarios y obteniéndolos de los consumidores; . . .

Contiiráa alegando la acusación que como parte de dicho plan común las corporaciones acusadas convinieron en vender y suplir gasolina solamente a aquellos traficantes al de-tall que se comprometieron a venderla a] precio único fijado por dichas corporaciones; que éstas lograron obtener la con-formidad de los detallistas a vender únicamente a los precios por ellas fijados; que para lograr el éxito de su plan común, las corporaciones acusadas se confabularon entre sí y con los detallistas antes mencionados en la imposición de castigos y multas a todo traficante que vendiera a un precio más bajo que el fijado por dichas corporaciones, consistentes tales mul-tas en la suspensión temporal del suministro de gasolina al castigado, unas veces, y otras en la suspensión definitiva del suministro de gasolina al castigado, hasta eliminarlo del ne-gocio.

Los acusados excepcionaron la acusación por los siguien-tes fundamentos:

1. Que la acusación imputa más de un delito, en violación del Artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico.
2. Que la Corte' de Distrito de San Juan carece de jurisdicción para conocer del proceso:
(a) Porque la ley de marzo 14, 1907, supra, cesó de estar en vigor cuando el Congreso de los Estados Unidos adoptó la ley titu-lada “An Act to encourage national industrial recovery, to foster fair competition, and to provide for tbe construction of certain useful public works, and for other purposes” aprobada el 16 de junio de 1933, por el Presidente de los Estados Unidos.
(6) Porque la susodicha ley de marzo 14, 1907, supra, también cesó de estar en vigor cuando se aprobó en agosto 19, 1933, el “Có-digo de Competencia Razonable” bajo las disposiciones de la “Ley de Rehabilitación Industrial Nacional” que estaba en vigor en Puerto Rico durante el tiempo cubierto por la segunda acusación enmen-dada, y errando la Asamblea Legislativá de Puerto Rico enactó la ley núm. 2, aprobada por el Gobernador de Puerto Rico el 15 de agosto de 1933.
(o) Porque si dicha ley para proteger el comercio contra coaccio-nes y monopolios, estuvo en vigor en alguna ocasión después del 16 de junio de 1933, lo que los acusados niegan, dicha ley cesó de estar en vigor cuando se aprobaron las modificaciones para Puerto Rico del “Código de Competencia Razonable para la Industria Petro-lera” bajo las disposiciones de la susodicha “Ley de Rehabilitación Industrial Nacional” de junio 16, 1933.
(el) Porque aún asumiendo que dicha ley estuviera en vigor y que los cargos inputados fueran ciertos, dichos actos fueron sancio-nados por la ley del Congreso titulada “An Act to encourage national industrial recovery, to foster fair competition, and to provide for the construction of certain useful public works, and for other purposes,” aprobada el 16 de junio, 1933; por el “Código de Compe-tencia Razonable para la Industria del Petróleo” aprobado por el Presidente de los Estados Unidos en agosto 19, 1933, y las modifica-ciones de dicho Código aprobadas el 27 de marzo de 1934, y por la ley núm. 2 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 15 de agosto de 1933; y que esta sanción actúa en carácter de in-dulto legislativo total y completo, convirtiendo en legal lo que ante-riormente pudiera haber sido ilegal.
(e) Porque los hechos alegados en la segunda acusación enmen-dada no constituyen delito público.

El 23 de agosto de 1938 la corte de distrito dictó resolu-ción declarando con lugar las excepciones perentorias y or-denando el sobreseimiento del proceso, y contra dicha reso-lución El Pueblo de Puerto Pico ha instruido el presente re-curso.

El apelante alega que la corte de distrito cometió los si-guientes errores:

1. Al resolver que la ley local contra coacciones y monopolios de marzo 14, 1907, no estaba en vigor en marzo 19, 1934, feeba en que se radicó la acusación original, fundándose en que dicha ley local fué suspendida y dejó de estar en vigor al aprobarse la “Ley de' Re-habilitación Industrial Nacional” por el Congreso de los Estados Uni-dos en junio 16, 1933, y al aprobarse también por la Asamblea Le-gislativa de Puerto Rico la ley núm. 2 de agosto 15, 1933.
2. Al tomar conocimiento judicial de que el Presidente de los Es-tados Unidos a virtud de la autorización eoncedídale por la “Ley de Rehabilitación Industrial Nacional” aprobó en agosto 19, 1933, un código titulado “Código de Competencia Razonable para la In-dustria Petrolera, ” y del hecho de que el Administrador del ‘ ‘ Código de Competencia Razonable para la Industria Petrolera” aprobó en marzo 27, 1934, un código titulado “Código de Competencia'Razonable para la Industria Petrolera en Puerto Rico.”
3. Al — asumiendo que la corte pudiera haber tomado conocimiento judicial de la aprobación de dichos códigos — no resolver que dichos códigos no autorizaban los actos imputados en la acusación enmen-dada.
4. Al declarar con lugar la excepción perentoria y ordenar el ar-chivo y sobreseimiento del proceso.

En el presente recurso no están envueltas la constitucionalidad y validez de la legislación local contra mono-polios. Esa cuestión fué resuelta de manera definitiva polla Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253, 82 L. Ed. 235.

La cuestión fundamental sometida a nuestra considera-ción es qué efecto tuvieron en la ley local sobre monopolios (a) la “Ley de Rehabilitación Industrial Nacional” de ju-nio 16,1933 (48 Stat., Part 1, Ch. 90, p. 195; 15 USCA., Secs. 701-712), (b) La Ley núm. 2 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de agosto 15, 1933 (Leyes de 1933 (2) pág. 15), y (o) los Códigos de Competencia Razonable para la Indus-tria Petrolera.

Las partes pertinentes'de la opinión emitida por la corte inferior leen así:

“Es de conocimiento judicial que bajo la autoridad que le confe-ría la ley al Presidente de los Estados Unidos, éste aprobó, en agosto 19, 1933, el código titulado “Code of Fair Competition for the Petroleum Industry”. También se aprobó y promulgó el Código de Competencia Razonable para la Industria Petrolera en Puerto Rico ■en 27 de marzo de 1934, por Harold L. Ickes, Administrador del Có-digo de Competencia Razonable para la Industria Petrolera.
“Tanto las leyes antimonopolistas de los Estados Unidos, como la ley de 14 de marzo de 1907 de Puerto Rico, quedaron suspendidas y sus efectos paralizados al aprobarse la National Industrial Recovery Act, del Congreso de los Estados Unidos, adoptada con el fin de dar paso al vasto programa de rehabilitación industrial que era y es la meta viva de la administración del actual Presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y poner fin, entre otras cosas, al estado caótico de los negocios. Y si alguna duda quedara en la mente del juzgador, fué disipada con la mera lectura de la ley adoptada por la Legislatura de Puerto Rico y aprobada por el Gobernador de Puerto Rico en 15' de agosto de 1933, titulada “Ley para declarar la norma que deberá seguirse en vista del estado de emergencia prevaleciente y que causa desempleo y desorganización en las industrias; para eximir ciertas leyes de las disposiciones de las leyes contra los mono-polios, vigentes en Puerto Rico, y para otros fines.” La Sección 2 de esta ley dispone:
“ ‘Mientras la Ley del Congreso aprobada en 16 de junio de 1933 para estimular la rehabilitación industrial nacional, fomentar la com-petencia razonable, disponer lo necesario para la construcción de cier-tas obras públicas de utilidad, y para otros fines, conocida también como la Ley de Rehabilitación Industrial Nacional, esté en vigor y durante los siguientes sesenta días, cualquier código, convenio, o li-cencia aprobada, prescrita o expedida y que esté en vigor de acuerdo con el Título I de dicha ley, y cualquiera acción que se haya tomado en cumplimiento de las disposiciones de la misma, durante dichos pe-ríodos, estarán exentos de las disposiciones de las leyes contra mono-polios en vigor en Puerto Rico y especialmente de las disposiciones •de la ley “Para proteger el comercio contra coacciones, y monopolios”, ■aprobada en 14 de marzo de 1907.’
“Según los principios generales del derecho y de la jurispruden-cia, cuando una ley de carácter penal es derogada o suspendida en sus efectos, las penalidades que ella imponía no pueden hacerse efe'c-tivas por infracciones cometidas mientras la misma estaba en vigor, a menos que la ley que la suspenda o derogue así lo disponga de manera clara y directa. 16 C. J. 70, 72; State v. Mitchell, 110 Texas 498; United States v. Chambers, 291 U. S. 217, 78 L. Ed. 763. Esta doctrina ha sido aceptada en Puerto Rico en Ex Parte Mauleôn, 4 D.P.R. 123 (2da. ed.) y en El Pueblo v. Alvarez, 47 D.P.R. 757. La ley bajo la cual se procesa a un individuo debe estar en vigor tanto al cometerse el acto que motiva la acusación, como al tiempo de ésta. (Citas.)
“Convenimos en que la le'y no fué hecha para proteger la comi-sión de actos ilegales. Pero para que un acto sea ilegal tiene que haber una ley que así lo declare. Si como antes se ha expresado las leyes antimonopolistas federales y las de los territorios quedaron en suspenso, pree'samente e'n lo que respecta a los actos imputados, o sea de vender ei petróleo a un precio uniforme y ñjo, tales actos de-jaron de ser ilegales para convertirse en lícitos.
“Es cierto que el Código de Competencia Razonable para la In-dustria Petrolera en Puerto Rico no fué aprobado y promulgado hasta el 27 de marzo de 1934, o sea 8 días después de presentada la acusación original, pero es cierto también que desde 16 de junio de 1933, que se aprobó por el Presidente' ele los Estados Unidos la Ley de Rehabilitación Industrial Nacional, y más especialmente desde el 15 de agosto de 1933, que se' aprobó por el Gobernador de Puerto Rico la Ley para declarar la norma del estado de emergencia, etc., las leyes contra monopolios en los Estados Unidos, incluso Puerto Rico, quedaron suspendidas. ’ ’

Es evidente que la corte inferior procedió a declarar con lugar las excepciones perentorias y a ordenar el archivo y sobreseimiento de la acusación, en la teoría de que el efecto ineludible y automático de la sección 5 de la Ley de Rehabi-litación Industrial Nacional (15 U.S.C.A. sec. 705) y de la sección 2 de la ley local de agosto 15, 1933, fué suspender y dejar sin efecto las disposiciones de la “Sherman Antitrust Act” y de la ley local contra monopolios de marzo 14, 1907. Tal conclusión, a nuestro juicio, es errónea.

La Ley de Rehabilitación Industrial Nacional provee:

“See. 705. — Los códigos, convenios y licencias estarán exentos det efecto de las leyes contra monopolios; etc.
“Mientras esté en vigor este capítulo (o cuando de una licencia se tratare mientras la sección 704 (a) de este título esté en vigor) y durante los siguientes sesenta días, cualquier código, convenio o li-cencia aprobados, prescritos o expedidos y que estén en vigor de acuerdo con este capítulo, y cualquier acción que se haya tomado en. cumplimiento de las disposiciones de la misma durante dichos perío-dos, estarán exentos de las disposiciones de las leyes contra monopo-lios de los Estados Unidos.”

La ley insular de agosto 15, 1933, en sn sección 2, supra, sigue el texto exacto del estatuto federal.

Debemos tener presente que la acusación original fue ra-dicada el 19 de marzo de 1934 y que en ella se alega especí-ficamente que los actos imputados a los acusados fueron co-metidos dentro del año inmediatamente anterior a la inicia-ción de este procedimiento mediante la presentación de la acusación. No hay manera de determinar si los actos espe-cíficos imputados a los acusados fueron cometidos antes o después de aprobarse la Ley de Rehabilitación Industrial Nacional o la ley local de agosto 15, 1933.

No hay duda, a nuestro juicio, de que si las disposiciones antes citadas de la Ley de Rehabilitación Nacional y de la ley local pudieran interpretarse como una derogación de las leyes federal y local contra monopolios, los acusados no po-drían ser procesados por cualquier conspiración o confabu-lación ilegal en coacción del comercio que ellos pudieran ha-ber celebrado antes o después de la aprobación de los esta-tutos derogatorios. Somos del criterio de que no puede atri-buirse tal efecto a la legislación que nos ocupa. Las dero-gaciones implícitas no deben ser favorecidas. La intención de la Asamblea Legislativa de derogar una ley “debe ser clara y evidente.” Red Rock v. Henry, 106 U. S. 596, 601, 602, 27 L. Ed. 251, 253. El fin claro y manifiesto de la sec-ción 5 de la Ley de Rehabilitación Industrial Nacional (15 U.S.C.A. sec. 705) y de la sección 2 de la ley local de agosto 15, 1933, fné eximir de las disposiciones de las leyes contra monopolios de los Estados Unidos y de Puerto Rico cual-quier código, convenio o licencia aprobados, prescritos o ex-pedidos de conformidad con las disposiciones de dichas leyes así como cualquier actuación realizada bajo dichos código,, convenio o licencia, mientras dichas leyes estén en vigor y durante los sesenta días siguientes.

Que la intención del Congreso no fue derogar las leyes contra monopolios sino meramente eximir de sus disposicio-nes a aquellos que cumplieran con ciertas condiciones pre-vias al disfrute de la exención, queda demostrado de manera clara y evidente por las siguientes disposiciones de la Ley de Rehabilitación Industrial Nacional (15 U.S.C.A. 705-a y 706):

“Sec. 705o. Limitación y exención provistas en la Sección 705.
“La exención provista en la sección 705 se extenderá únicamente a los convenios y actuaciones realizados de conformidad con la misma (1) que contengan los requisitos de la sección 706(a), que incluyan salarios mínimos, horas máximas y la prohibición de emplear meno-res; y (2) que prohíban prácticas de competencia desleal contrarias a las leyes vigentes incluyendo, las leyes contra monopolios, o que constituyan prácticas de competencia desleal bajo las secciones 41 a 51 de este título. (Junio 14, 1935, c. 246, sec. 2, 49 Stat. 375.)
“Sección 706. — Radicación de las declaraciones necesarias como requisito previo a la recepción de los beneficios de la ley, reglas y reglamentos: investigaciones por la Federal Trade Commission.
“(a) Ninguna asociación o grupo mercantil o industrial tendrá derecho a recibir los beneficios de las disposiciones de este capítulo hasta que radique con el Presidente una declaración que contenga la información relativa a las actividades de la asociación o grupo que el Presidente por reglamento prescriba.
(b) El Presidente queda autorizado para prescribir reglas y re-glamentos tendientes a garantizar que cualquier organización que se acoja a los beneficios de este capítulo represente en verdad el co-mercio, industria o subdivision representada por tal organización. Cualquier organización que viole tales reglas o reglamentos dejará de tener de'recho a acogerse a los beneficios de este capítulo.
“(o) A instancias del Presidente la Federal Trade Commission practicará las investigaciones que sean necesarias para permitir al Presidente poner en vigor las disposiciones de este capítulo, y para tales fines la comisión tendrá todas las facultades de que está investida en relación con las investigaciones especificadas en el capítulo 2 de este título. (Junio 16, 1933, c. 90, título 1, sec. 6, 48 Stat. 198).”

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha conocido re-cientemente de una situación similar en el caso de United States v. Borden Company, et al., resuelto el 4 de diciembre, 1939, y publicado en 84 L. Ed. 143. La acusación del gran jurado en dicho caso, que alegaba una confabulación y cons-piración en contravención a la sección 1 de la Ley Sherman contra monopolios, fue impugnada a través de excepciones perentorias y de mociones para anular (motions to qioash) fundadas en que la producción y distribución de productos agrícolas, incluyendo la leche, había sido puesta fuera de las disposiciones de la Ley Sherman por la “Agricultural Marketing Agreement Act” de junio 3, 1937 (50 Stat., Part 1, Ch. 296, p. 246); y en que la Pure Milk Association, como una asociación agrícola cooperativa, y sus funcionarios y agentes, estaban exentos de ser procesados bajo la Ley Sherman, por la sección 6 de la Ley Clayton (15 U.S.C.A. sec 17). La corte de distrito resolvió en síntesis que debido al efecto de los estatutos más recientes la acusación no imputaba de-lito público bajo la Ley Sherman contra monopolios y en su consecuencia ordenó el archivó y sobreseimiento de la causa. La Corte Suprema en su opinión revocando la sentencia de la corte de distrito, y devolviendo el caso para ulteriores procedimientos, dijo:

“Es de notarse que la corte de distrito atribuye e’ste efecto a la Agricultural Marketing Agreement Act por sí misma, es decir, a la forma en que opera, en ausencia y sin tomar en consideración el al-cance y efecto específicos de cualesquiera convenio sobre distribución celebrados por el Secretario de Agricultura, o de cualesquiera órdenes libradas por él a tenor de la ley. A juicio de la corte inferior, la existencia de la autoridad de que el Secretario de Agricultura estaba investido — aunque éste no la ejercitara — destruía totalmente'la apli-cación y el efecto de la sección primera de la Ley Sherman en lo que a la distribución de productos agrícolas se refería.
“En nuestra opinión esta conclusión es errónea. En la Ley Agrí-cola no aparece semejante indicación. Si bien se le da efecto expre-samente, según veremos, a convenios y órdenes que pueda celebrar y emitir el Secretario de Agricultura, no hay indicio alguno de que en su ausencia, y fuera de tal autorización limitada y de los requisitos que éstos contengan, el tráfico en productos agrícolas esté despojado de las salvaguardias fijadas por la ley contra monopolios y esté su-jeto a las restricciones no importa cuán irrazonables, que productores y distribuidores en confabulación, y sus aliados, tengan por bien im-poner. No nos es posible hallar que tal concesión de inmunidad por virtud de la inacción o acción limitada del Secretario ocupe sitio alguno en el plan estatutario. No podemos creer que fuera la inten-ción del Congreso crear ‘tan inmenso qriebrantamiento en los reme-dios y sanciones históricas.’
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“La Ley Sherman es una ley amplia que prohibe restricciones irrazonables al comercio interestatal, y la monopolización o su tenta-tiva, con sanciones penales. La Ley Agrícola es un estatuto limitado que se refiere específicamente a determinadas transacciones que pueden ser reglamentadas mediante actuación oficial en determinada forma ...
“. . . Para llevar a cabo esa política se adoptó un plan específico. A los agricultores y a otras personas no se les permite que utilicen sus propios proyectos y que celebren cualesquiera convenios o acuerdos que deseen, irrespeetivamente de las restricciones que el comercio les imponga. El programa estatutario a seguirse bajo la Ley Agrícola requiere la intervención del Secretario de Agricultura, quien habrá de celebrar audiencias y dictar conclusiones. La intención obvia es disponer aquellos convenios razonables que en determinados casos y a la luz de las circunstancias reveladas, se consideren razonables. Los métodos que la Ley Agrícola permite para llegar a ese resultado son dos: convenios de distribución y órdenes. Para dar validez a los convenios de distribución el secretario debe participar en ellos . . . Que el eanrpo cubierto por la Ley Agrícola no es el mismo que el com-prendido por la Ley Sherman, se desprende de manera clara del he-cho de que la primera está limitada por la actuación prescrita, de la que participa y dirige un funcionario del Gobierno que procede bajo la autoridad específicamente otorgádale por el Congreso. En lo que se refiere a acuerdos y convenios no celebrados en esa forma ni dirigidos por el Secretario, la Ley Agrícola en manera alguna está en pugna con las prohibiciones y penalidades de la Ley Sherman, y su censura de las actuaciones privadas al entregarse a las confabula-ciones y conspiraciones que impone la restricción prohibida al comer-cio interestatal, permanece inalterable.
“No es necesario que elaboremos este punto toda vez que la Ley Agrícola de por sí define expresamente hasta qué alcance sus disposi-ciones hacen inaplicables las leyes contra monopolios. Esa definición puede hallarse en la sección 5(b) de la Ley de Ajuste Agrícola, co-piada en la Agricultural Marketing Agreement Act, en relación con los convenios agrícolas y dispone lo siguiente:
“ ‘A fin de llevar a efecto la política declarada de este capítulo, el Secretario de Agricultura tendrá facultad — luego de la debida notificación y de la oportunidad para ser oído — para celebrar conve-nios de distribución con agricultores, productores, asociaciones de productores y con otras personas que se dediquen a traficar con pro-ductos agrícolas, pero tínicamente con respecto a aquel tráfico que esté en el curso del comercio interestatal o extranjero, o que directa-mente grave, obstruya o afecte el comercio interestatal o extranjero en tales productos. La celebración de semejantes convenios no se con-siderará que infringe ninguna ley contra monopolios de los Estados Unidos, y cualquier acuerdo de esa índole será tenido por legal: Dis-poniéndose, que semejante convenio no continuará en vigor una vez vencido el término de este capítulo.’
“Estas disposiciones explícitas que exigen la intervención y auto-rización oficial, demuestran fuera de toda duda hasta qué punto el Congreso tuvo la intención de que la Ley Agrícola hiciera que la Ley Sherman fuera inaplicable. Si el Congreso hubiera deseado otorgar cualquier inmunidad ulterior, indudablemente el Congreso así lo hubiera dicho.
“Un convenio celebrado por el Secretario como parte’, una orden dictada por él, o una decisión arbitral o un convenio por él apro-bado, de conformidad con la autoridad conferídale por la Ley Agrícola y a tenor de los términos de la inmunidad descrita, serían desde luego una buena defensa a una acusación bajo la Ley Sherman, puesto que tal acusación 'trataría de castigar algo que se convino válida-mente con el Secretario o se ordenó por éste. La Ley Agrícola no va más allá.
“Nuestra conclusión es que la Ley de Ajuste Agrícola, según fué reenactada y enmendada por la Agricultural Marketing Agreement Act, no contiene fundamento alguno para que se interprete contra la Ley Sherman como no aplicable a las acusaciones contenidas en los cargos (counts) 1, 2 y 4.”

No estamos considerando ni determinando, la culpabilidad o inocencia de los acusados. Si el convenio bajo el cual los acusados procedieron a fijar, imponer y cobrar un precio uniforme arbitrario a la gasolina vendida por ellos, fué ce-lebrado en cumplimiento de las condiciones especificadas en las secciones 704 a 706 de la Ley de Rehabilitación Industrial Nacional, de tal forma que dichos acusados puedan aco-gerse a los beneficios de la exención de las leyes contra mo-nopolios, según provee la sección 705 de la referida ley, ello constituiría una defensa absoluta a los cargos que la acusa-ción contiene. Si, por otra parte, los acusados procedieron a actuar bajo un plan y convenio común, conforme se alega en la acusación, es decir, haciendo caso omiso y no cum-pliendo con las referidas condiciones previas, entonces ellos no tendrían derecho a recibir el beneficio de estar exentos de una acusación bajo las leyes contra los monopolios. Pode-mos decir aquí, parafraseando las palabras de la corte en el caso de United States v. Needle Trade Workers’ Industrial Union (D.C.N.Y.) 10 P. Supp. 201: “Si una conspiración de la índole alegada en esta acusación ha sido aprobada en cual-quiera de los códigos adoptados bajo la ley más reciente, no se ha llamado a ello nuestra atención.”

Tenemos que rechazar por lo poco convincente (wnsmmd) el argumento de los acusados de que el efecto legal de la mera aprobación del Código de Competencia Razonable para la Industria del Petróleo en Puerto Rico, fué perdonar, con-donar y legalizar los actos cometidos por ellos con anterio-ridad a la aprobación de dicho código. Según la acusación los actos imputados a los acusados fueron cometidos durante el año que transcurrió entre el 19 de marzo, 1933, y el 19 de marzo, 1934. El Código de Puerto Rico fué aprobado el 27 de marzo, 1934, es decir, ocho días después de radicarse la acusación. El Código de Competencia Razonable para la Industria Petrolera fué aprobado por el Presidente el 19 de agosto, 1933, o sea, siete meses antes de presentarse la acu-sación original. Se ban sometido para nuestra inspección co-pias de ambos códigos. En ellos hallamos una disposición idéntica, la sección 5 del artículo I que lee así:

“Sección 5. — Los convenios entre los competidores de la industria con el fin de llevar a cabo los objetivos de este código o cualquiera de ellos, o con el fin de eliminar duplicaciones innecesarias de facili-dades fabriles, de transporte y de distribución, quedan por la presente expresamente permitidos, pera tales convenios no tendrán efecto hasta que sean específicamente aprobados por el Presidente y se les haya dado la debida publicidad. Semejantes convenios pueden en cual-quier tiempo ser desaprobados por el Presidente y al ser así desapro-bados, dejarán de tener validez.” (Bastardillas nuestras.)

Los acusados no sostienen que el convenio, plan o com-binación bajo el cual ellos procedieron a realizar los actos imputádosles en la acusación, fuera jamás aprobado por el Presidente de los Estados Unidos, tal cual exige la sección 5 de los códigos, supra. No nos sentimos autorizados para presumir la existencia de tal aprobación, especialmente en vista de la manifestación contenida en el alegato de los acu-sados de que ellos “nunca han dicho que fueran directamente autorizados por el Presidente para entrar en acuerdo al-guno.”

Aplicando el razonamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de United States v. Borden Company, supra, al caso de autos, nos sentimos obligados a resolver que la presente acusación enmendada imputa clara y suficientemente en el lenguaje del estatuto, una infracción de las disposiciones de la sección 1 de la Ley de Puerto Rico contra monopolios de 1907; que ni la aprobación de la Ley de Rehabilitación Industrial Nacional, ni la aprobación por la Asamblea Legislativa de la Ley Núm. 2 de agosto 15, 1933, tuvieron de por sí el efecto de derogar o suspender los esta-tutos federal y local contra monopolios, o cualquiera de ellos; que tanto el estatuto federal contra monopolios como el insular, han continuado en toda su fuerza y vigor después de aprobarse la legislación de emergencia, y que cualquier persona que viole las disposiciones de las leyes contra monopo-lios, bien antes o después de aprobarse la legislación de emer-gencia, está sujeta a ser procesada y castigada a menos que pueda probar que los actos que se le imputan, estaban auto-rizados por un código, convenio o licencia, aprobados, pres-critos o expedidos en la forma provista por dicha legislación.

Debe revocarse la resolución de la> corle de distrito y de-volverse el caso a dicha corte para ulteriores procedimientos de conformidad con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la senten-cia y con la opinión, excepción hecha del párrafo de la misma que comienza con las palabras “No estamos considerando” y termina con la cita de 10 F. Supp. 201, por estimarlo in-necesario toda vez que se refiere a cuestiones extrañas a la controversia entre las partes.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Mayagüez Shipping Terminal, Inc., demandante y apelada, v. Salustiano Tirado, demandado y apelante.
    Núm. 8090.

    Sometido: Enero 15, 1940.

      Resuelto: Febrero 6, 1940.

      Gelpí & Gelpí, abogados del apelante; J. Alemañy Sosa y Federico Tilén, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante y apelada solicita la desestimación del recurso, alegando como cansas la frivolidad del mismo y el propósito del apelante de dilatar la ejecución de la sentencia.

La demandante alegó y probó que es arrendataria de una parcela de terreno perteneciente al Pueblo de Puerto Rico; que encontrándose en posesión de dicha parcela, concedió permiso al demandado para que instalara dentro de los lími-tes de dicho terreno un quiosco o caseta, montado sobre rue-das, sin pagar canon o merced alguna y con la condición ex-presa de que el demandado quedaba obligado a remover el quiosco, a solicitud de la demandante, mediante aviso de quince días de anticipación a la fecha señalada para reti-rarlo ; que el quiosco fué construido de acuerdo con dicho con-venio; y por último, que el demandado, al ser requerido de acuerdo con lo convenido para que retire el quiosco, se ha negado a hacerlo. El demandado se abstuvo de presentar prueba y se limitó a presentar una moción de nonsuit, la que fué declarada sin lugar.

El apelante no ha radicado aún su alegato, pero en su escrito de oposición a la desestimación del recurso establece los siguientes puntos:

1. Que’ ]a corporación demandante no probó que era arrendataria del Pueblo de Puerto Rico, porque no presentó una certificación acre-ditativa de que el contrato de arrendamiento contenido en la escritura presentada en evidencia hubiese sido aprobado por el Consejo Ejecu-tivo de Puerto Rico; y que por tanto la demandante no tenía capa-cidad para demandar.
2. Que la corte inferior no tenía jurisdicción sobre la persona del demandado ni sobre la materia de la acción.
3. Que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción de nonsuit.

La frivolidad de los tres alegados errores es patente. El demandado, habiendo aceptado la posesión y el permiso que le diera la demandante, está impedido de negar el título de la arrendadora. Artículo 463, párrafo 4, del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933). La falta de ratificación del arrendamiento por el Consejo Ejecutivo podría ser alegada por El Pueblo de Puerto Rico como base para el desahucio de la corporación demandante. El demandado no puede hacer uso de esa defensa en contra de la posesión que como arrendataria del Pueblo de Puerto Rico tenía la demandante en la fecha en que le otorgó permiso para construir el quiosco. Véase: Burgess v. Rice, 74 Cal. 590, 16 P. 496.

No cabe duda alguna de que la Corte de Distrito de Mayagüez tenía jurisdicción para conocer del caso. La relación entre la corporación demandante y el demandado terminó cuando aquélla optó por cancelar el permiso que había otorgado al demandado para estacionar el quiosco rodante dentro de los límites de la finca que poseía como arrendataria del Pueblo de Puerto Rico. Desde el momento en que expiró el plazo de quince días para la remoción del quiosco, el demandado está poseyendo el local que ocupa sin título alguno, está detentándolo. Siendo su posesión precaria, pro-cede el desahucio ante la Corte de Distrito. Véase: El Pueblo v. Giorgetti & Co., Ltd., 46 D.P.R. 61; Federal Land Bank v. Echeandía, 48 D.P.R. 320.

Por las-razones expuestas debe desestimarse por frívolo el - recurso.


author: El Juez Presidente Seíñor Del Toro

text:
    José Méndez López, demandante y apelado, v. Rafael Torres Alberti, Rafael López Nussa y Nereo Pirazzi sustituído por su heredero Rafael Pirazzi, demandados y apelantes los dos primeros.
    Núm. 7997.

    Sometido: Febrero 2, 1940.

      Resuelto: Febrero 7, 1940.

      Leopoldo Tornes García, abogado de los apelantes; Erasto Arjona Siaca y E. Huertas Zayas, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Seíñor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre injunction posesorio y se trata ahora sobre las costas que deben satisfacer los demandados al demandante.

Por sentencia de enero 30, 1934, la Corte de Distrito de Ponce, al declarar con lugar la demanda, condenó a los tres demandados al pago de las costas. Dos de dichos demanda-dos, Torres Alberti y López Nussa, apelaron y su recurso fue declarado sin lugar. 52 D.P.R 943.

Archivado el mandato en la corte sentenciadora, el de-mandante presentó sn memorándum de costas y desembolsos, fijando los honorarios de sns ahogados en cinco mil dólares. El memorándum fué impugnado por los demandados.

Uno de éstos, Rafael Pirazzi, en marzo 29, 1938, y el de-mandante presentaron a la corte una estipulación haciendo constar que habiendo transigido amistosamente la cuestión de las costas,, el dicho demandado quedaba exonerado, sin que dicha exoneración impidiera al demandante proseguir su reclamación en cuanto a los otros demandados. La esti-pulación fué aprobada por la corte en los siguientes térmi-nos :

“. . . la Corte aprueba en todas sus partes la referida estipula-ción y en su virtud declara a Rafael Pirazzi y a Josefina Pirazzi relevados de toda obligación o responsabilidad con relación a las cos-tas y honorarios que contra ellos se hayan reclamado o puedan recla-marse por la parte actora con motivo del pleito de epígrafe.”

Presentaron los otros demandados una contestación en-mendada ampliando su impugnación, se celebró una vista en la cual se practicó evidencia y la corte en noviembre 22, 1938, dictó la siguiente

“ Resolución. — Visto el memorándum de costas y desembolsos ra-dicado por el demandante en agosto 12 de 1937; vista la contestación enmendada de los demandados Rafael Torres Alberti y Rafael López Nussa, de fecha 23 de mayo de 1938; vista la estipulación de fecha 29 de marzo de 1938, hecha entre Rafael y Josefa Pirazzi y el de-mandante, que fué aprobada por la Corte en 4 de abril del mismo año; tomada en consideración la evidencia presentada en el acto de la vista del memorándum de costas celebrada en 6 de septiembre de 1938, las constancias del récord de este caso y los alegatos presenta-dos por ambas partes, la Corte, por la presente aprueba dicho me-morándum de costas en las siguientes partidas:
“Honorarios del Secretario_ $5. 00
“Indemnización de 12 testigos a razón de $2.00 cada uno_ 24. 00
“Indemnización por gastos de viaje del testigo- Roberto Arroyo Vivas (2 viajes) de San Juan a Ponce_ 16. 06
“Honorarios de abogados del demandante que la Corte, por la presente, estima y fija en la suma de- 900. 00
Total_$945.06
“Entendiéndose que de la suma de $900 fijada como honorarios de abogado, debe rebajarse la de $300 (sic) que ya fueron pagados, en virtud de la estipulación antes mencionada por los herederos de don Nere'o Pirazzi al demandante José Méndez López; quedando re-ducida, por consiguiente, la suma de honorarios por pagar a la de $567 y, por consiguiente, se ordena y decreta que, en su oportunidad, y previos los trámites legales, los demandados Rafael Torres Alberti, Rafael López Nussa y Nereo Pirazzi Maffiola, sustituido este último por su sucesor y heredero Rafael Pirazzi, paguen, solidariamente, al demandante José Méndez López, el importe total de este memorán-dum de costas y desembolsos que ha quedado reducido a la suma en descubierto de seiscientos doce dólares con seis centavos ($612.06) pudiendo en su oportunidad, expedirse por el Secretario el correspon-diente mandamiento para hacer efectiva esta resolución.”

Contra esa resolución fue que los demandados Torres Alberti.y López Nussa interpusieron el presente recurso que fundan en cuantro errores cometidos a su juicio por la corte al considerar que la transacción celebrada por el demandante con uno de los demandados no los relevó de responsabilidad; al tomar como base la cantidad convenida en la transacción para fijar la cuantía de los honorarios; al determinar inde-pendientemente, si no fue así, dicha cuantía, y al resolver en general contra derecho el asunto.

Sólo existen en verdad dos cuestiones a considerar y a resolver, la cuantía de los honorarios y el efecto de la estipu-lación.

En lo que a la cuantía se refiere bastará decir que encuentra justificación en los autos. Bajo las circunstancias cóncurrentes y atendida la naturaleza del pleito, no importa que la faja de terreno cuya posesión se discutió fuera pequeña y de escaso valor material en sí misma. Como dijo uno de los abogados del demandante, Erasto Arjona Siaca, declarando ante la corte:

“Este caso tuvo cinco días de vista, se practicaron dos inspeccio-nes oculares en el sitio de los hechos del caso. Se presentaron ale-gatos muy extensos donde se discutió toda la materia sobre la Ley de Interdicto para recobrar la posesión. Hubo la mar de incidentes, mociones eliminatorias, excepciones previas, contestaciones, impug-naciones, mociones eliminatorias, etc., etc. Toda la transcripción de la evidencia consiste de quinientos ochenta y siete (folios), lo que da una idea de la extensión de la prueba oral de este caso. Nosotros creemos que la laboriosísima batalla jurídica, los esfuerzos de los abo-gados del demandante para probar los hechos, la tenacidad y persis-tencia de los abogados de los demandados, el prestigio y la gran competencia de los abogados del demandante, como un caso de jus-ticia, nosotros creemos que realmente estos honorarios deben ser va-lorados intrínsecamente, valdrían cincuenta mil dólares. Natural-mente que nosotros en vista de las circunstancias, al transigir con la Sucesión de Nereo Pirazzi admitimos que valían mil dólares y dicha Sucesión de Nereo Pirazzi pagó trescientos treinta y tres dólares. ’ ’

En cuanto a la estipulación sostienen los apelantes que tratándose de una obligación solidaria ninguno de los deudores puede, sin el consentimiento de los otros, aporcionarla, de acuerdo con el acreedor, y que si ello fuera posible, entonces debería concluirse que el pago hecho extingue la obligación por completo. Invocan el caso de Busquéts v. Compañía Curtidora, 53 D.P.R. 8 y los artículos 1094, 1096, 1098 y 1099 del Código Civil, Ed. 1930.

Se trata en efecto de una obligación solidaria. El caso invocado que siguió el de Franceschi v. Mario Mercado e Hijos, 45 D.P.R. 427 es autoridad sobre el punto. Los tres demandados Torres, López y Pirazzi fueron condenados en costas y quedaron en su consecuencia obligados a pagarlas solidariamente al demandante. La sentencia era apelable. Torres y López apelaron. Pirazzi no. E hizo más. Que-riendo ultimar el asunto, transigió con el demandante a quien entregó la suma que ambos estimaron razonable como la parte de la deuda que le correspondería finalmente satisfacer.

¿Pudo el demandado Pirazzi actuar de ese modo? A nuestro juicio pudo conformarse con la sentencia y dejar de apelar, ya que el criterio de los otros demandados no era obligatorio para él. También pndo pactar independiente-mente con el demandante el pago de las costas, pero sin qne sn pacto pudiera obligar a los otros demandados, ni legal-mente exonerarlo de la obligación solidaria contraída, y ése fué el alcance que dio la corte a la estipulación al dictar su resolución final en el asunto. Como hemos visto, los hono-rarios fueron fijados por ella en $900 y el deber de pagar-los se impuso a- los tres demandados. Se reconoció la exis-tencia del pago hecho por uno de los demandados, Pirazzi, y se aplicó a la reducción de la obligación como si hubiera sido hecho por todos.

Claro es que pudiendo el demandante acreedor dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios — artículo 1097 del Código Civil, Ed. 1930 — para cobrar lo que falta por sa-tisfacer, no va a hacerlo contra aquél con quien pactó y a quien exoneró en cuanto pudo, si que lo hará contra los otros demandados. Si así sucede .¿podrían dichos otros demanda-dos alegar perjuicio? A nuestro juicio la pregunta debe con-testarse en la negativa.

Si el pacto no se hubiera celebrado y el acreedor se hu-biera dirigido contra ellos, todo el derecho que tendrían contra el demandado que pactó sería el mismo que ahora tienen o sea el de reclamarle la parte proporcional correspondiente que ya por su propia voluntad se adelantó a satisfacer.

Los artículos del Código Civil que los apelantes invocan no son aplicables a una situación como la que presentan los hechos de este caso. El 1094, porque nada perjudicial hizo el deudor Pirazzi contra sus codeudores Torres y López; el 1096, porque no es posible considerar que hubo aquí nova-ción, compensación, confusión o remisión de la deuda hechas por uno de los deudores solidarios, dados los términos en que se realizó la transacción, y el 1098, porque el pago he-cho por uno de los deudores solidarios que extingue la obli-gación es el total y no el parcial que fué el que aquí se hizo. En cuanto al artículo 1099 bastará decir que la resolución apelada sigue sus preceptos, esto es, decide que la responsa-bilidacl de Pirazzi continúa siendo solidaria no obstante el pago qne bizo.

La confusión qne a primera vista se advierte desaparece •cuando se considera qne el concepto de solidaridad sólo se .aplica a la obligación de los deudores para con el acreedor, pero no a las relaciones de los deudores entre sí. Para con ■el acreedor la responsabilidad es solidaria. Entre los deu-dores la responsabilidad se divide. De modo claro y termi-nante prescribe el artículo 1098 del Código Civil que “el pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue'la •obligación” y que “el qne hizo el pago sólo puede reclamar •de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda con los intereses del anticipo.”

Por virUod de todo lo expuesto, no habiéndose, cometido ■nmguno de los errores señalados y estando por el contrario la ■actuación de la corte ajustada a los hechos y >a la ley, debe el recurso declararse sin lugar y confirmarse la resolución ■apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison

text:
    Antillas Electric Corporation, demandante, apelante y apelada, v. Municipio de Arecibo, demandado, apelado y apelante.
    Núm. 8115.

    Sometido: Enero 12, 1940.

      Resuelto: Febrero 7, 1940.

      Garlos J. Torres y Armando A. Miranda, abogados de la demandante apelante; Luis Mercader, abogado del demandado apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Ambas partes apelan de una sentencia sobre las alega-ciones dictada en un recurso instruido contra el Municipio de Arecibo. El demandado y apelante ha radicado una transcripción de autos. La demandante y apelante ha archi-vado copia certificada de su escrito de apelación y solicita se le autorice a acogerse a la transcripción presentada por el demandado y apelante. Las únicas objeciones suscitadas por el demandado y apelante son:

(а) El tribunal no ha resuelto ningún caso para ser tomado en cuenta a los efectos de la ulterior reclamación de un memorándum de costas.
(б) El demandado y apelante va a interesar del tribunal la deses-timación del recurso presentado por la demandante y apelante porque cuando se radicó el escrito de apelación el término para así hacerlo había expirado.
(c) La demandante y apelante tiene radicada solicitud para deses-timar la apelación interpuesta por el demandado y apelante.
(d) La situación es más apropiada para la demandante y ape-lante, recurrir al demandado y apelante para acceder a sus preten-siones como una cuestión de cortesía, que no acudiendo al tribunal para lograr un remedio compulsorio.

La apelación de la demandante y apelante envuelve tan sólo el pronunciamiento de costas. Se dictó sentencia por la suma de $3,743.89, más intereses legales, y las costas,, excluyendo honorarios de abogado. En ausencia de una ex-plicación, la primera objeción del demandado y apelante, de tener algún mérito, parecería estar — según podemos entender — tanto fuera de la cuestión como prematura. Lo mismo puede decirse de las objeciones segunda y tercera.

La cuarta objeción presenta una cuestión más seria, o mejor dicho, presentaría una cuestión más seria si no fuera por el hecho de que en ninguna de las dos apelaciones se requería la exposición del caso, y además debido a que es de presumirse que el municipio no pagó nada por su trans-cripción. Véanse las Leyes de Puerto Pico de 1938, pág. 235.

En Pardo v. Pardo, 19 D.P.R. 1188, este tribunal dijo r

.A menos que las partes estén conformes en presentar los mismos autos, en los casos en que ambas son apelantes podrá verse en seguida la necesidad que hay de archivar en la corte transcrip-ciones y especialmente exposiciones de hechos por separado. Puede ocurrir que la prueba que es indispensable para los fines de una apelación no sea necesaria para la otra, y vice versa. Cuando el marido y la mujer ambos litigan por el divorcio como sucede en este caso, es que tal vez llamen más la atención estas posibilidades. Los hechos relativos a la supuesta maleficencia de uno de ellos pueden ser enteramente independientes de aquéllos que hacen refe-rencia a la del otro. Aunque la esposa pudiera estar completamente conforme con la relación de hechos preparada por el marido para sostener su apelación, el marido podría verse en la necesidad de tener que alegar hechos enteramente distintos para sostener la sen-tencia ya dictada a su favor. Él tenía derecho a ser oído con el fin de proponer enmiendas, cambios y adiciones.”

De la opinión emitida en el caso de Estate of Bell, 157 Cal. 528, 531, tomamos el siguiente extracto (bastardillas nuestras):

“La razón por la cual el National Bank de D. O. Mills & Co., entabló una apelación separada fué que el Sr. Leicester, en repre-sentación de Louisa J. Thompson, rehusó unirse al mencionado National Bank en su apelación. Antes de archivarse la transcripción en una u otra apelación, el Sr. Leicester, a instancias del Sr. Alien, escribió una carta al Sr. Blakeman, suplicándole se allanara a que ambos recursos se vieran por medio de una sola transcripción. Para aquel entonces, los autos de la apelación instada por Louisa J. Thompson y otros (núm. 4582) ya estaban impresos y al agregársele a los mismos copia del escrito de apelación del National Bank, ellos hubieran sido una transcripción fiel y correcta para la apelación núm. 4583. Blakeman contestó por escrito manifestando que no se avenía a la estipulación, toda vez que con ello sus derechos podían resultar lesionados. Leicester entonces escribió a Blakeman ofre-ciéndole una estipulación redactada en tal forma que protegiera cualesquiera derechos que la señora Bell pudiera tener a objetar una u otra apelación, e informándole que una estipulación redactada en cualquier forma sería satisfactoria para la firma que él repre-sentaba siempre que la estipulación permitiera que se conocieran ambas apelaciones a virtud de una sola transcripción. A esto Blakeman replicó que se negaba a firmar una estipulación en el caso o a consentir en que ambos recursos fueran vistos mediante una sola transcripción de autos. Entonces el National Bank de D. O. Mills & Co. preparó y radicó una transcripción separada.
"Esto justificó plenamente a la corte inferior para condenar a la parte perdidosa al pago de la impresión de la transcripción adi-cional. Es cierto, desde luego, conforme sostiene el apelante, que sólo deben concederse las costas que sean necesarias. (Bank of Woodland v. Hiatt, 59 Cal. 580; Miller v. Highland, 91 Cal. 103, 27 P. 536.) Como parte perjudicada el banco tenía derecho a apelar de la orden (Estate of Fretwell, 152 Cal. 573, 93 P. 283) y no vemos razón alguna para que resolvamos que éste no tenía el derecho absoluto de apelar separadamente, si así lo deseaba. Sea ello como fuere, la interposición de un recurso separado se debió a la negativa de la otra parte a unirse al National Bank en la apela-ción. Bajo las reglas de este tribunal (Regla II, 144 Cal. xl, 78 Pac. vii), el banco apelante se vió precisado a archivar su trans-cripción dentro de determinado período de tiempo contado a partir de' la fecha en que radicó su escrito de apelación. No existe regla o estatuto que autorice a un apelante a omitir la transcripción de autos y a referirse meramente a la transcripción ya presentada en otra apelación. Tampoco encontramos caso alguno en que se haya resuelto que recursos de apelación separados e independientes, deban englobarse en una sola transcripción. Este procedimiento fué adoptado en el caso de Emeric v. Alvarado, 64 Cal. 529, 2 P. 418, pero dicho caso no resuelve ni indica que es el deber de los distintos apelantes unirse en la radicación de una transcripción. En Sharon v. Sharon, 68 Cal. 326, 9 P. 187, la corte se confrontó con varias apelaciones interpuestas en un solo caso por la misma persona. Es en verdad difícil ver cómo un apelante puede compeler a otro a que se una a él en la impresión y radicación de los autos. En tales casos se puede obviar la necesidad de radicar una segunda transcripción mediante una estipulación suscrita por todas las partes. En el caso de autos los apelantes en los dos recursos ofrecieron firmar tal esti-pulación, poro los querellados se negaron a ello. 'No puede entonces ella quejarse, después de semejante negativa, de que se imprimiera y radicara una nueva transcripción. Si ella se hubiese allanado a que ambos recursos se vieran por una sola transcripción, al asentir a la estipulación sometídale, se hubiera logrado dicho fin. La con-ducta de ella fué la causa directa de que se imprimieran y radicaran dos transcripciones, y es propio que cargue ahora con las conse-cuencias. Se sugiere que el National Bank pudo obtener de este tribunal una orden para que ambos recursos se vieran a virtud de una sola transcripción. No existe regla que autorice semejante orden. Es por lo menos dudoso que la misma fuera dictada por sobre la objeción de un querellado que insiste en que la presentación de transcripciones separadas es esencial para la protección de sus derechos. De todos modos, cuando tal insistencia influye para que el apelante radique su transcripción, no debe permitirse a la querellada, después de haberse decidido su recurso, que asuma una posición dis-tinta y sostenga que la radicación de los autos adicionales era algo innecesario. ’ ’

En Franqui v. Fuertes Hermanos, S. en C., 44 D.P.R. 712, 713, la transcripción elevada por la demandada apelante estuvo formada por “copias certificadas por el secretario de la sentencia que resolvió el pleito, del memorándum de costas y desembolsos, de la impugnación del mismo, de la resolución de la corte y del escrito de apelación y por la transcripción de la evidencia certificada por el taquígrafo y aprobada por el juez sentenciador.” Este tribunal dijo en la página 726:

“También apeló de la resolución fijando los honorarios en seis-cientos dólares la parte demandante. En marzo 15, 1932, la parte demandada solicitó la desestimación del recurso basándose en no haberse archivado la transcripción de la evidencia. Se opuso la parte demandante invocando cierta orden de la corte sentenciadora dictada a los efectos de que la misma transcripción sirviera para ambas apelaciones y la cuestión fué resuelta en los términos que constan de nuestra opinión de abril 8, 1932, que obra en el récord.
“La parte demandada solicitó reconsideración y ambas partes fueron oídas sobre la moción en el acto de la vista del recurso en su fondo. A virtud de la nueva argumentación de la parte deman-dada y de un mayor esclarecimiento de los hechos,tales como ocu-rrieron, no habiéndose avenido el demandante a pagar su parte correspondiente en los gastos de la transcripción, precisa concluir que la orden de la corte sentenciadora se dictó sin una base apro-piada y no puede favorecer al dicho demandante.
“Insistimos en que no deben radicarse transcripciones separadas para apelaciones contra la misma sentencia en que se trata de records iguales, pero convenimos en que debe existir un acuerdo entre las partes sobre el pago de los gastos. No sería justo imponer a una sola de ella todo el peso de los mismos.”

Sin embargo, en el presente caso el demandado y apelante ha radicado la transcripción completa del legajo de la sen-tencia. No parece haber razón satisfactoria alguna por la cual deba exigirse que la demandante y apelante duplique esa transcripción. De las objeciones interpuestas por el de-mandado y apelante se desprende que toda tentativa para ponerse de acuerdo hubiera resultado infructuosa. No debe exigirse que la demandante y apelante realice semejante tentativa como condición previa a la consideración de su solicitud. El conceder esta moción no perjudicaría ningún derecho sustancial del demandado y apelante.

La cuestión discutida en Pardo v. Pardo, supra, no está envuelta en el presente caso porque la transcripción no incluye la exposición del caso. El demandado apelante tendría derecho, desde luego, a ser reembolsado si hubiese pagado algo por esa transcripción. La cuestión es si a la demandante apelante se le debe requerir que pague una parte proporcional de lo que el demandado apelante hubiera tenido que pagar a no ser por su privilegio o exención estatutarios. Ninguna de las partes ha discutido ni sugerido este problema. Sin embargo, no es una mera cuestión de reembolso. Creemos que la demandante apelante no tiene derecho a compartir con el demandado apelante el derecho estatutario de este último y que se le debe exigir que deposite la mitad de la suma que hubiera sido cobrada por el secretario de la corte de distrito si sus derechos hubiesen sido satisfechos.

Si la demandante apelante entrega al Secretario de la Corte de Distrito de Arecibo, dentro del término de diez días, en sellos de rentas internas que serán cancelados por él, la cantidad últimamente mencionada — y archiva en la Secre-taría de esta Corte Suprema una constancia de que esa con-dición se ha cumplido — entonces el recurso será visto y re-suelto con la copia certificada del escrito de apelación radi-cada por ella, y con la transcripción del legajo de la sentencia archivado por el demandado apelante.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Petra Valle Figueroa, acusada y apelante.
    Núm. 7839.

    Sometido: Noviembre 10, 1939.

      Resuelto: Febrero 7, 1940.

      Enrique Báez García, abogado de la apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La apelante fué acusada y convicta de una infracción a la sección 4 de la Ley núm. 25 de 1935. La denuncia lee así:

"Que en 10 de agosto, 9 a. m., de 1938, y en la calle Tamarindo • de Mayagüez, P. R.., que forma parte del Distrito Judicial Municipal de Mayagüez, la acusada, Petra Valle Figueroa, allí y entonces, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente' portaba y conducía en su persona 5,000 fracciones de tickets o boletos, relacionados y corres-pondientes a doce bancas o loterías clandestinas o bolipools, que se explotan en esta Ciudad, denominadas La Bodega, etc., no autori-zadas por la ley, cuyas fracciones de tickets o boletos los portaba y poseía la aquí acusada a sabiendas de que las mismas pertenecían y se estaban utilizando en la explotación clandestina de dichas bancas o loterías clandestinas o bolipools, violando la ley. Que los compra-dores de dichos tickets, boletos o fracciones de éstos, corren la suerte o aventura de ganar dinero en premios.”

En el presente recurso se alega qne la corte sentenciadora erró al no absolver perentoriamente a la acusada por existir incongruencia entre las alegaciones y la prueba; al declarar culpable a la acusada sin que existiera prueba de su culpa-bilidad y sin que se estableciera que ella estaba incurriendo en alguno de los actos castigados por la ley; y al no dar a la acusada el beneficio de la duda razonable. Por referirse todos los supuestos errores a la suficiencia de la prueba, los discutiremos conjuntamente.

Para sostener la acusación, el fiscal presentó el testimonio del policía denunciante, quien declaró: que el día 10 de agosto de 1938, a las 9 de la mañana vió a la acusada en la calle Tamarindo de Mayagüez; que iba de recorrida con otro detective y al llegar a la residencia de Obdulia Rivera la acusada estaba allí en el balcón; que cuando él y su compañero subieron, la acusada tiró un pote y un paquete que contenía cinco mil fracciones de bolipool; que eran tickets de bolipool, de una lotería clandestina e ilegal, que se usan para venderlos y se ganan premios; que ocupó además unas libretas y lápices; que los tickets y demás efectos los encontró en un patio de una casa contigua a la de Obdulia Rivera; que fue la acusada la que los lanzó al sitio donde él los encontró. Y repreguntado por la defensa, contestó que él y su compañero iban en automóvil en persecución de un hombre que había cometido un escalamiento; que se bajaron frente a la casa de Obdulia Rivera para investigar sobre los objetos robados; que al desmontarse vieron a la acusada que corría y la vieron tirar los objetos por la ventana del lado de la casa. Por las declaraciones de los testigos de defensa quedó establecido el hecho de que la casa en .cuestión está situada en una esquina de la calle Tamarindo.

La alegada incongruencia consiste, según la apelante, en que en la denuncia se dice que la acusada portaba y conducía en su persona por la calle Tamarindo de Mayagüez los tickets de bolipool, y la prueba demuestra que el policía vio a la acusada en un balcón de una casa de dos plantas, cuando tiraba los tickets por la ventana, y no que la viese portando o conduciendo dichos tickets por la citada calle.

No existe, a nuestro juicio, la alegada incongruencia. Las palabras “y en Ja calle Tamarindo de Mayagüez” que figuran al principio de la denuncia, sólo tienen por objeto de-terminar el sitio donde se cometió el delito, para fijar de ese modo la jurisdicción de la corte ante la cual se formula la denuncia. La denuncia no alega que la acusada “portaba y conducía” los tickets “por la calle Tamarindo.” Lo que alega es que la acusada los portaba y conducía “en su persona” y “en la calle Tamarindo,” La ley no requiere, para la consumación del delito, que los tickets sean portados o con-ducidos por o a lo largo de una calle. La sección 4 de la ley dice:

“Toda persona que fuere sorprendida portando o conduciendo cualquier papeleta, billete, ticket, libreta, lista de números o imple-mentos, a sabiendas de que se utilizan o están utilizando para los juegos ilegales de la ‘bolita,’ ‘boli-pool,’ combinaciones clandestinas relacionadas con los ‘pools’ de los hipódromos de Puerto Rico, y loterías clandestinas, y toda persona que vendiere éstos o cuales-quiera otros análogos que se probare representar algún billete, suerte, acción o interés en dichos juegos ilícitos o conectados con la práctica de los mismos, será arrestada inmediatamente,...”

La prueba del Pueblo, a la que dió crédito la corte sentenciadora, demuestra que la acusada, estando en una casa situada en la calle Tamarindo, fue vista portando en sus manos, o sea en su persona, y lanzando al solar contiguo a dicha casa los tickets o boletos de bolipool ofrecidos en evidencia. Esa prueba es a nuestro juicio suficiente para sostener la acusación.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Maximino Souffront y Maximino, Rosa Angélica y Rafael Elías Souffront Muñoz, demandantes y apelantes, v. Carmen Georgina Franco Valdés, demandada y apelada.
    Núm. 7865.

    Sometido: Febrero 2, 1940.

      Resuelto: Febrero 7, 1940.

      Pablo Andino, abogado de los apelantes; E. II. F. Dottin, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demanda del pleito qne motiva este recurso va diri-gida a obtener una declaración de nulidad del procedimiento ejecutivo hipotecario seguido por la aquí demandada contra el demandante Maximino Souffront y su esposa Benigna Muñoz. Varias son las causas de nulidad que alegan los de-mandantes, entre ellas la de que el procedimiento ejecutivo fue dirigido contra Souffront y su citada esposa, cuando ésta había ya fallecido, no siendo requeridos de pago sus here-deros menores de edad, que en unión de su padre instituyen este pleito. Se alegó también que en el escrito inicial la eje-cutante no se obligó a indemnizar y resarcir los daños y perjuicios que pudieran irrogarse a los demandados por ma-licia o negligencia en la fiel exposición de los hechos, y final-mente, que se incluyó entre las sumas reclamadas por la de-mandante la cantidad de $98 por concepto de intereses de mora, criando su pago no había sido estipulado.

Contestó la demandada negando qne en la fecha en qne se instituyó y tramitó el procedimiento no viviera la deman-dada Benigna Muñoz, alegando en contrario qne según apa-rece del certificado del márshal en los autos de dicho proce-dimiento, fue ella requerida de pago juntamente con su esposo; alegó que en el párrafo séptimo del escrito inicial se obligó la ejecutante a indemnizar los daños y perjuicios que pudieran irrogarse a los demandados o a terceros inte-resados si hubiera existido malicia o negligencia en la fiel exposición de los hechos, y en cuanto a los intereses de mora, alegó que habían sido expresamente convenidos y fijados y que eran debidos al tiempo de la ejecución de la hipoteca por el período comprendido entre agosto de 1932 y octubre de 1933. Contrademandó además la demandada para el caso de que pudiera prosperar la demanda de nulidad, reclamando en dicha eontrademanda el montante de la hipoteca y demás deudas accesorias garantizadas por la misma.

A pesar de que la contestación fue radicada el 20 de no-viembre de 1937, no se celebró el juicio oral hasta el 31 de marzo de 1938 con la sola asistencia de la demandada y sus testigos, no obstante haberse incluido el señalamiento del juicio en calendario general y constarle al abogado de los demandantes tal señalamiento, según resulta del alegato que ha presentado en este tribunal.

La rebeldía de los contrademandados había sido anotada el 16 de febrero de 1938 y al no asistir los demandantes al juicio, la demandada solicitó se les diese por desisitidos de su acción y se procediese, como se procedió, a la prueba de la contrademanda, dictándose sentencia el 29 de abril de 1938 con los siguientes pronunciamientos: teniendo por desisti-dos a los demandantes, por abandono, de la prosecución de su acción; declarando sin lugar la eontrademanda, y conde-nando a los demandantes a pagar a la demandada la cantidad de $200 por concepto de honorarios de abogado.

A pesar de qne el juicio se celebró el 31 de marzo y la sentencia no se dictó hasta el 29 de abril siguiente, los demandantes, teniendo como tenían conocimiento de la celebración del juicio, en ningún momento trataron siquiera de invocar la discreción de la corte antes de que se dictara sentencia para que les diese una oportunidad de ser oídos. Por el contrario, dictada la sentencia los demandantes esperaron hasta el último día del término para radicar su escrito de apelación, y a pesar de que el récord fué radicado en este tribunal el 23 de octubre de 1938, después de siete u ocho prórrogas, radicaron su alegato el 23 de marzo de 1939.

La práctica dilatoria demostrada por los demandantes desde la iniciación de este pleito hasta la fecha sólo se ex-plica por lo que resulta de la prueba de la demandada al efecto de que dos días después de entregada posesión de la finca ejecutada a la demandante en el procedimiento hipotecario, el demandado volvió a apoderarse de ella y desde entonces viene disfrutándola sin pagar canon o merced al-guna ni tampoco las contribuciones territoriales sobre la re-ferida finca.

Si los demandantes no asistieron a juicio y por consi-' guiente no sometieron evidencia alguna, ¿qué otra sentencia podría dictar la corte inferior que no fuese la de darles por desistidos por abandono de su acción, conforme prescribe el inciso 3 del artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil?

Aún más, de la prueba que en apoyo de la contrademanda presentó la demandada, aparece que en el escrito inicial del procedimiento ejecutivo la demandante de manera expresa consignó que se obligaba a indemnizar a los demandados o a terceros interesados de eualesquier daños que pudieran irro-gárseles por malicia o negligencia en la fiel exposición de los hechos, no surgiendo afirmativamente que la Sra. Benigna Muñoz hubiese fallecido en la fecha en que se instituyó y tramitó dicho procedimiento ni qne no se hubieren convenido intereses de mora.

Por lo expuesto, 'procede desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada, pero resultando de los antos la frivolidad de este recurso, procede que hagamos uso de nues-tra discreción condenando a los apelantes al pago adicional de $100 por concepto de los servicios del abogado de la de-mandada en este tribunal.


author: El Juez Asociado Señob Tbavieso

text:
    Rosa María Arias Ríos, demandante y apelante, v. Eduardo Díaz Brink y su esposa Irene Alvarado Colón y el Márshal de la Corte de Distrito de Ponce, P. R., demandados y apelados.
    Núm. 7928.

    Sometido: Diciembre 19, 1939.

      Resuelto: Febrero 8, 1940.

      R. Atiles Moréu, abogado de la apelante; V. Zayas Pizarro, abogado de los esposos Díaz Brink-Alvarado, apelados.
   El Juez Asociado Señob Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandado Eduardo Díaz Brink y su esposa ejecu-taron por la vía sumaria una hipoteca constituida a su favor sobre una casa perteneciente a la demandante. Adjudicada la casa a los demandados y librada una orden para que el márshal les diera posesión y lanzara de la finca a la deman-dante, acudió ésta ante la Corte de Distrito de Ponce ale-gando su derecho de hogar seguro sobre la casa que le fué ejecutada, basándolo en que ella y su familia han ocupado dicha' casa desde que la adquirieron en 21 de diciembre de'** 1921; que nunca ha renunciado su derecho de homestead, ni el mismo le ha sido pagado en momento alguno por los de-mandados, como condición previa al lanzamiento, a pesar de haber sido requeridos para ello. Solicitó la demandante se dictara sentencia reconociendo su derecho de hogar seguro, decretando un injunction permanente para que los deman-dados se abstengan de lanzarla de la finca sin antes pagarle la suma de $500 por sus derecho de homestead, y condenando a los demandados en costas y honorarios de abogado.

Librada orden para que los demandados mostraran causa por la cual no debiera expedirse el auto de injunction preli-minar solicitado, se abstuvieron dichos demandados de com-parecer. Y celebrada la vista con la sola audiencia de la de-mandante, la corte de distrito dictó sentencia declarando sin lugar la demanda en todas sus partes, sin especial pronun-ciamiento en cuanto a costas y honorarios. La demandante ha interpuesto el presente recurso, alegando que la corte abusó de su discreción al negarse a librar el injunction pre-liminar; que cometió grave error al fallar el caso en su fondo sin oír a las partes; y que aplicó erróneamente el artículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria al resolver que la demanda de injunction tendía a interrumpir el proce-dimiento sumario ejecutivo.

En noviembre 28, 1939, después de haberse radicado la transcripción de autos en la secretaría de este tribunal, la parte apelante presentó nna moción en la que alega qne des-pués de haberse radicado el escrito de apelación la corte inferior dictó nueva orden para que se pusiera en posesión a los acreedores ejecutantes, orden que fué ejecutada, lanzán-dose de la casa a la demandante; que habiéndose ejecutado pendente lite los actos que se trataron de impedir por el injunction, procede se dicte sentencia por daños y perjuicios y se condene a los demandados a pagar a la demandante los $500 por su derecho de homestead; y que habiendo sido des-truida la casa en cuestión no procedería un injunction man-datorio para restablecer el statu quo.

En oposición a dicha moción alegan los demandados ape-lados que en ninguna parte del récord aparece que ante la corte inferior se practicara prueba alguna para establecer el derecho de homestead que se reclama; que según aparece de una certificación que se acompaña al escrito de oposición, la demandante tiene interpuesta ante la Corte Municipal de Ponee una acción contra los aquí demandados, en reclama-ción de su alegado derecho de hogar seguro, en cuya acción la demandante tiene un remédio legal expedito.

Sin expresar opinión alguna en cuanto a los méritos de la sentencia apelada, nos inclinamos a resolver - que el pre-sente recurso debe ser declarado sin lugar por las razones que pasamos a exponer.

Ejecutados los actos que la demandante trató de impedir mediante injunction, la apelación contra la sentencia denegatoria del auto se convierte en académica, pues no sería posible impedir la realización de un hecho ya consumado ni ordenar por medio de injunction la reconstrucción de una casa que ya no existe. La demandante apelante pudo, al radicar su escrito de apelación, acudir ante esta Corte Suprema en demanda de un injunction en apoyo de su apelación. No habiéndolo hecho así, la corte inferior quedó en libertad para hacer cumplir su orden de entrega de posesión a los demandados, no obstante la apelación interpuesta por la demandante, pues esa apelación no produce el efecto de prohibir, mientras se tramita la apelación, la ejecución del acto que se trataba de impedir por el injunction denegado. Sucesión Padró v. Lloreda, 24 D.P.R. 766; Viñas v. Lloreda, 25 D.P.R. 35.

No habiéndose ofrecido a la corte inferior evidencia alguna que establezca el derecho de homestead reclamado por la demandante, esta Corte Suprema no puede, en ausencia de tal prueba, conceder la indemnización de $500 que se reclama. Nuestra facultad está definida por el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), que lee así:

“Cuando se revocare la sentencia, orden o decreto del tribunal inferior, la corte procederá a pronunciar la sentencia, orden o decreto que debió haber dictado el tribunal inferior, salvo los casos en que fuere necesario aclarar determinados puntos de hecho, o que la indemnización que hubiere de fijarse o materia sobre la cual hubiere que decretarse, fuere dudosa, pues en cualquiera de estos casos se devolverá la causa para su revisión al tribunal inferior.
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La devolución del caso a la corte de distrito, para ulte-riores procedimientos, o sea para que las partes interesadas tengan una oportunidad de presentar pruebas en apoyo de sus respectivas contenciones, en nada beneficiaría a la ape-lante, pues dicha corte carecería de jurisdicción original para conocer de un caso como éste cuya cuantía no excede de la suma de $500. Además, la parte apelante, según consta de la certificación expedida por el secretario de la Corte Municipal de Ponce, tiene pendiente ante dicha corte una demanda contra los aquí demandados y apelados, en recla-mación de $500 por concepto de hogar seguro. Allí podrá obtener la demandante apelante remedio -legal adecuado para la protección del derecho que acredite tener. Existiendo un remedio legal adecuado, al cual ha recurrido la apelante, no procede la intervención de la equidad por medio de injunction.

Bebe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia recurrida, sin 'perjuicio de que la demandante pueda prose-guir su acción ante la Corte Municipal de Ponce.


text:
    Francisco I. Carreras, demandante y apelante, v. Municipio de Humacao, demandado y apelado.
    Núm. 8095.

    Sometido: Enero 25, 1940.

      Resuelto: Febrero 8, 1940.

      James R. Beverley, José López Baralt y Francisco González Fagundo, abogados del apelante; Miguel A. Burset, P. Pérez Pimentel y C. Ortiz Stella, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se estableció contra una sentencia que a base ■de una excepción previa de insuficiencia de hechos desestimó la solicitud de injunction preliminar y permanente, con impo-sición de costas al demandante, incluyendo la cantidad de $100 por concepto de honorarios de abogado. Precisa, por consiguiente, examinar las alegaciones de la demanda a la luz del artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil y de la jurisprudencia aplicable al caso.

Alega el demandante que es dueño de dos predios de terreno que describe, radicados en el barrio Río Abajo, de Humacao; que la indicada ciudad está construyendo un sistema de alcantarillado, y con el fin de depositar las aguas-sucias de dicho sistema, está construyendo un pozo de los que se conocen con el nombre de tanque “Inhoff” en una par-cela de terreno de Antonio líoig, Suers., S. en C., que también describe; que dicho tanque “Inhoff” se está construyendo a una distancia de 103.20 metros del eje de la carretera con la cual colindan las dos fincas del demandante antes mencio-nadas, en la primera de las cuales está enclavada una casa de vivienda y en la otra existen también cuatro casas de vi-vienda y un edificio dedicado a almacén y laboratorio de la Ebrey Chemical Works, de la cual es presidente el deman-dante; que de acuerdo con información y creencia del de-mandante, el citado tanque “Inhoff” quedará al descubierta una vez terminado y será cubierto por las avenidas ordina-rias del río, desparramándose por la parcela de terreno en que estará construido, todas las inmundicias y materias fe-cales, lo que causará perjuicios irreparables tanto al deman-dante- como a las personas que viven en las casas de su propiedad, perjuicios que no podrán ser compensados con dinero; que las emanaciones del referido tanque “Inhoff”' son perjudiciales a la salud, ofensivas a los sentidos e inte-rrumpen el libre uso de los bienes del demandante antes descritos, constituyendo así una “perturbación”; que el Municipio de Humacao fué notificado el día anterior a la radicación de la demanda de este caso, de la oposición del demandante a que continúe dicha obra, negándose a suspen-derla, estando trabajando en la misma el día de la radicación de la demanda; que el demandante carece de otro remedio-adecuado que no sea el procedimiento de injunction, para evitar la continuación de la obra.

Termina la demanda con súplica de una sentencia que ordene al municipio demandado que por sus empleados, agen-tes, contratistas o personas que actúen en conexión con el mismo, se abstenga para siempre de continuar dicha obra, y en caso de continuarla, se ordene la destrucción de dicho tanque por cuenta del demandado, con imposición de costas, y que mientras se sustancie este pleito, se dicte un injunction preliminar en los términos anteriormente expuestos, todo previa la prestación de la correspondiente fianza.

Tal fue en síntesis la demanda que la corte inferior de-sestimó por entender que no aducía hechos constitutivos' de la causa de acción ejercitada.

¿Cometió error la corte a quo al dictar tal sentencia? Esa es la cuestión que ahora pende ante este tribunal.

El artículo 277 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, a la vez que define la “perturbación” (nuisance), esta-blece el remedio contra la misma. Como existe discrepancia entre los textos inglés y español, debiendo prevalecer el texto inglés por ser el indicado precepto legal de origen norteame-ricano, lo transcribiremos en inglés y a continuación copia-remos la versión correcta en castellano:

“Section 277. — Anything which is injurious to health, or indecent, or offensive to the senses, or an obstruction to the free use of property, so as to interfere with the confortable enjoyment of life or property, is a nuisance, and the subject of an action. Such action may be brought by any person whose property is injuriously affected or whose personal enjoyment is lessened by the nuisance, and by the judgment the nuisance may be enjoined or abated, as well as damages recovered. ’ ’
“Art. 277. — Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente, u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la pro-piedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, constituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquier persona cuya pro-pieded sea afectada o cuyo bienestar personal sea menoscabado por la perturbación, y la sentencia podrá prohibirla o suprimirla, así como decretar el resarcimiento de los daños y perjuicios.”

El citado precepto legal no requiere, como pretende el apelado, que para impedir o evitar un nuisance, haya que esperar necesariamente a que el perjuicio exista. La juris-prudencia, tanto de California de donde procede el artículo 277 de nuestro Código, como la de la inmensa mayoría de los demás Estados, señala dos casos en que puede recurrirse al injunction como remedio preventivo para evitar el nuisance antes de que tenga efecto: (1) cuando se trata de un nuisance •per se; y (2) cuando no tratándose de un nuisance per se, el objeto o cosa, por la forma en que se use o maneje, pueda convertirse en un nuisance. En este último caso si el de-mandante demuestra que la cosa u objeto se usará o mane-jará en forma tal que necesaria e indefectiblemente se con-vertirá en un nuisance, procede el injunction en previsión de los daños irreparables que pueda sufrir el demandante en sus bienes o en su persona. Véanse Pennsylvania Co. v. Sun Co., 55 A.L.R. 873, y la extensa monografía al final de dicho caso, titulada: “Bight to Enjoin Threatened or Anticipated Nuisance.”

En el caso de autos, aceptando que el tanque “Inhoff” no es un moisance per se, si como alega el demandante se está construyendo a la distancia de su propiedad y en las condiciones expuestas en la demanda, no dudamos que se convertirá en un nuisance, pues estando el tanque descu-bierto, atraerá y será un criadero de moscas y despedirá malos olores, no sólo por el contenido del mismo, si que también al desparramarse por el terreno las materias fecales con motivo de las avenidas del río, todo lo cual, además de impedir a los habitantes de las casas del demandante el có-modo goce de la vida, exponiéndoles a enfermedades y mo-lestias, disminuirá necesaria y considerablemente el valor de la propiedad así afectada. Por consiguiente, el demandante no está obligado a esperar que el demandado termine su obra y a que los perjuicios anteriormente enumerados tengan lugar. ¿A qué esperar que se cause el perjuicio que de ante-mano se sabe ha de tener lugar para entonces suprimirlo? La ley no exige cosas inútiles. De ahí la regla que permite al demandante anticiparse a esa situación y solicitar un injunction, no prohibiendo al demandado la construcción del tanque, puesto que éste no constituye un nuisance per se, pero sí impidiendo que por la forma en que se trata de cons-truirlo se convierta en un nuisance. Claro es que para que el injunction proceda la corte debe quedar satisfecha por la evidencia, que indefectiblemente se ban de producir los efectos constitutivos del nuisance de que se queja el deman-dante, pues de otro modo el decreto de injunction estaría basado en meras sospechas o posibilidades más o menos probables.

En el caso de Sewerage District No. 1 of Siloam Springs et al. v. Black et al., 217 S. W. 813, resuelto por la Corte Suprema de Arkansas el 19 de enero de 1920 citando con aprobación el de Jones v. Sewer Improvement District No. 3 of Rogers, 19 Ark. 169, 177 S. W. 888, se dijo:

“El derecho a construir alcantarillados no implica el derecho a crear un nuisance público o privado. Es el deber de los Comisio-nados del Distrito de Alcantarillado construir dicho sistema de modo que no resulte en un nuisance para una vecindad o para un habi-tante particular de la misma; y es el deber de la ciudad, después que el alcantarillado le ha sido entregado, evitar el mismo resultado manejándolo debidamente y haciéndole reparaciones después de cons-truido ....
“Después de un detenido estudio de la totalidad del récord, somos de opinión que la clara- preponderancia de la evidencia de-muestra que el sistema de alcantarillado era manejado y mantenido de tal forma que constituía un nuisance. Nuestro estatuto, al auto-rizar a ciudades y pueblos a formar distritos para la construcción de un sistema de alcantarillado, no tuvo el propósito de autorizar la creación de un nuisance....
“La acción de los demandados al mantener negligentemente el alcantarillado, contribuyó próxima y eficientemente a la creación del nuisance. Así se manifiestan los principios fundamentales de la jurisdicción de equidad en materia de torts, y el derecho de los demandantes a un remedio en equidad es claro e indiscutible.”

En el caso de McPheeters v. McMahon, 131 Cal. App. 418, 21 P. (2d) 606, resuelto en 1933, se expidió por la corte sen-tenciadora una orden de entredicho y un i/nju/nction preli-minar para impedir que se abriera de nuevo a corta distancia de un hospital un salón de baile que había sido destruido por un incendio. Se alegó por el hospital demandante que cuando existía el salón anterior se formaban escándalos en los bailes, se pronunciaban en alto voz palabras obscenas y se hacía ruido con los motores y las bocinas de los automó-viles. La corte inferior concedió una orden de entredicho e injunction preliminar. En apelación se revocó la resolución de la corte inferior basándose en que un salón de baile no es nuisance per se y que para que la demanda adujese hechos constitutivos de la causa de acción ejercitada era preciso que existieran razones para creer que necesaria e indefectible-mente habían de repetirse los mismos ruidos y escándalos que se suscitaban un año antes cuando existía el anterior salón, especialmente cuando el nuevo podía estar bajo la dirección de otra persona que no permitiese tales escándalos y podían venir personas distintas de las que antes asistían a los bailes, no siendo bastante para expedir el injunction una simple sospecha o una mera posibilidad de que el nuisance pueda tener lugar. En el curso de su opinión se expresó así el tribunal:

“Raras veces debe expedirse, si es que se expide, un injunction-en un caso dudoso. El poder de la corte sólo debe ejercitarse cuando el derecho es claro y el perjuicio inminente, evitándolo así solamente a través del proceso protector y preventivo del injunction. (Willis v. Lauridson, 161 Cal. 106, 118 P. 530.)”

Véase también el caso de Bragg v. Ives, 140 S. E. 656, resuelto por la Corte de Apelaciones de Virginia el 22 de diciembre de 1927.

El hecho de que se alegue por información y creencia que el tanque no será cubierto, carece de importancia, a nuestro juicio. Ese es un hecho que está exclusivamente dentro del conocimiento del demandado y no del demandante. 32 C. J., pág. 324, sec. 536; 14 R. C. L., pág. 334, sec. 36.

La demanda de este caso aduce hechos constitutivos de la acción que se ejercita. Por consiguiente, erró la corte inferior al no dar al demandante una oportunidad de que pruebe sus alegaciones. Si por el mérito de la prueba la corte llegare a la conclusión de que en efecto el tanque “Tnhoff” lia de construirse en la forma indicada por el demandante, no prohibirá en absoluto su construcción, sino que simplemente impedirá por medio de injunction que se construya en forma tal que pueda constituir un nuisance para el demandante.

Por lo expuesto, procede revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mario N. Díaz Jiménez, acusado y apelante.
    Núm. 7930.

    Sometido: Febrero 1, 1940.

      Resuelto: Febrero 8, 1940.

      Andrés Ruiz, Jr., abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto y sentenciado a cumplir seis me-ses de cárcel por infracción al artículo 371 del Código Penal, que según quedó enmendado por la Ley núm. 57 de 27 de abril de 1931 (Leyes de 1931, pág. 401), dice así:

“Art. 371. Toda persona que empleare fuerza o violencia al invadir u ocupar terrenos u otras propiedades públicas o privadas, o que excitare o ayudare a otra persona para que lo baga, salvo en los casos y en la forma prevenida por la ley, incurrirá en pena que no excederá de dos años ni bajará de seis meses de prisión, o multa no mayor de mil ni menos de quinientos dólares. Toda persona que penetrare en domicilio ajeno contra la voluntad expresa del morador, o que en cualquier forma interviniere con el citado domicilio alte-rándolo, realizando actos de dominio, modificándolo o intentando baeer en el mismo cualquier reparación no importa la índole que fuere, salvo también en los casos y la forma permitida por la ley, incurrirá en penas que no bajará de tres meses ni excederá de seis meses de prisión, o multa de doscientos a quinientos dólares.”

Los tres errores que sirven de fundamento al recurso, se refieren a la suficiencia de la prueba, por lo que procederemos a examinarla.

De los autos resulta que la denunciante y el acusado contrajeron matrimonio en el año 1913 y desde algún tiempo antes de tener efecto los hechos denunciados, vivían separados en la misma casa, ocupando la denunciante una habitación donde tenía muebles y otros efectos adquiridos con dinero de la sociedad conyugal. La denunciante dormía y tomaba sus alimentos en la casa de una parienta suya que vivía en la misma calle y cuando no estaba en su habitación, la cerraba con un candado. La noche del 15 de noviembre de 1938, mientras la denunciante dormía en la casa de su pariente, el acusado, aprovechando su ausencia, se hizo acompañar de otra persona y abrió la puerta de la habitación, poniendo en la calle los muebles de su esposa.

¿Infringió el acusado el artículo 371 del Código Penal? Esa es la cuestión a resolver. El fin perseguido por el ci-tado artículo es evitar la alteración de la paz pública, tratando de impedir que una persona por la violencia, la intimidación o contra la voluntad expresa del morador de una casa o poseedor de una finca rústica, penetre en ella, obligando así al morador o poseedor a defender sn propiedad, cansándose con tal motivo la correspondiente alteración de la paz pú-blica. De ahí qne cnando el acusado penetra subrepticia-mente o en ausencia del morador o de cualquier otra, persona qne lo represente y pueda hacerle resistencia, no existe el delito definido en el artículo 371. En el caso de autos la denunciante no se hallaba presente cuando el acusado penetró y sacó los muebles de la habitación. Por consiguiente, no existió la posibilidad de una alteración de la paz.

Wharton, en su obra sobre “Criminal Law” (12a. ed., 1932, pág. 1667, sec. 1361) dice a este respecto:

“La entrada por una ventana abierta o abriendo la puerta con llave o valiéndose de cualquier ardid o artificio, por ejemplo, lleván-dose del sitio al dueño por medio de engaño y cerrándole la puerta después, o algo semejante, sin más violencia,. o aun amenazándolo con destruir sus bienes o ganado solamente, pero sin amenazas de violencia contra su persona, no ' se considera una entrada por la fuerza o la violencia.”

Refiriéndose a los elementos esenciales de este delito, dice Ruling Case Law:

“Siendo el principal propósito de la acción de allanamiento de morada (forcible entry and detainer) evitar la alteración de la paz, está bien establecido tanto bajo los estatutos- británicos como en aquellas jurisdicciones donde la definición no ha sido ampliada por legislación o interpretación judicial, que el allanamiento (forcible entry) sólo existe cuando para verificar la entrada se ha hecho uso de fuerza física o por medio de violencia o amenaza de violencia contra la persona que ocupa la propiedad.
“Por consiguiente, una entrada sin violencia y por una persona con derecho a la posesión, o una entrada ilegal sin hacer uso de la fuerza, violencia o amenazas, o en la que no se usa más fuerza que la que la ley presume en toda transgresión (trespass) no es un alla-namiento de morada dentro del significado del estatuto. Muchas entradas en la casa o propiedad ajena podrán ser evidentemente ilegales, y sin embargo no dan lugar a esta acción, a pesar de que se admita que toda entrada por la fuerza en la forma antedicha es ilegal.” 11 R.C.L. 1157, sec. 21.

Más adelante repite la citada obra:

“No puede existir duda alguna de que una entrada es a la fuerza (forcible) cuando se realiza o va acompañada de actos que constituyen o tienden a causar una alteración de la paz; como cuando una persona en posesión es lanzada por medio de fuerza que vence su resistencia o es acometida o agredida o algo semejante — en otras palabras, cuando la privación de la posesión se realiza por actos que envuelven fuerza, violencia o intimidación contra otros.” Obra citada, pág. 1158, sec. 22.

Para un estudio histórico de este delito, véase la monografía en la página 139 del tomo 18 de la obra American Decisions.

No podemos convenir con el fiscal de este tribunal en que los actos realizados por el acusado están comprendidos en la modalidad adicionada al artículo 371 por la precitada en-mienda de 1931, a saber: “. . o que en cualquier forma inter-viniere con el citado domicilio, alterándolo, realizando actos de dominio, modificándolo o intentando hacer en el mismo cualquier reparación ...” Tales frases están calificadas por las palabras con que empieza dicho párrafo, que dicen: “. . . Toda persona que penetrare en domicilio ajeno contra la voluntad, expresa del morador ...” No de otro modo pueden interpretarse las frases transcritas, pues de lo con-trario incurriríamos en el absurdo de que cualquier pene-tración en el domicilio ajeno para realizar reparaciones o cualquier otra obra, sería constitutiva de delito.

En el caso de El Pueblo v. Escobar, 36 D.P.R. 240, resuelto antes de la enmienda de 1931, se impugnaba la sufi-ciencia de una denuncia por infracción al artículo 371 del Código Penal, consistente la infracción en haber penetrado el acusado en determinada fecha ilegal, voluntaria y mali-ciosamente en la casa habitación de María Isabel Ayala, ti-rando los muebles de ésta a la calle y cerrando después con un candado, “todo hecho contra la voluntad de la referida María Isabel Ayala”, y se dijo por este tribunal:

“Si bien es requisito genérico de todo delito de alterar la paz pública qne baya sido perturbada la de algún vecindario o persona particular, pnesto qne hay hechos qne sin esa circunstancia no cons-tituyen delito, sin embargo, no siempre es necesaria esa alegación en las denuncias o en las acusaciones porque tal alteración de la paz de algún vecindario o de alguna persona salta del mismo hecho imputado en la acusación, como ocurre en el presente caso en el que si bien no se dice expresamente que se turbó la paz de María Isabel Ayala, tal alegación surge del mismo hecho imputado, pues si el' acusado en forma violenta penetró en la casa habitación de ella tirando sus muebles a la calle, cerrando después la casa con un candado y todo lo hizo contra la expresa voluntad de María Isabel Ayala, es lógico deducir de esos hechos que su paz fué alterada por realizarse contra su voluntad.”

• ■ Los hechos en este caso realizados por el acusado podrán ser todo lo reprobables que se quiera, pero no habiendo estado acompañados del elemento indispensable de fuerza, violencia o intimidación de causar daño personal, ni habiéndose reali-zado contra la voluntad expresa de la denunciante, no consti-tuyen una infracción del artículo 371 del Código Penal.

Siendo ello así, procede declarar con lugar el recurso, revocar la sentencia apelada y absolver al acusado.