author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Jueza Asociada Se-ñora Fiol Matta, Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez,

text:
    Mildred Vélez Cortés et als., demandantes y recurridos, v. Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, Inc. et al., demandados y peticionarios.

      Número: CC-2008-394

      Resuelto: 9 de marzo de 2009

      José S. Silva Cofresí, Juan J. Casillas Ayala y Eva Y. Mundo Sagardía, abogados de la parte peticionaria; Charles S. Hey Maestre, Adalina De Jesús Morales y Luis Amauri Suárez Zayas, abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El 7 de mayo de 2008 la parte peticionaria, Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, Inc., presentó ante nuestra consideración una petición de certiorari acompa-ñada de una moción en auxilio de jurisdicción. El 21 de mayo de 2008 ordenamos la paralización de los procedi-mientos en instancia y luego expedimos el auto.

Hemos revisado y evaluado con detenimiento el expe-diente del caso, así como los argumentos de las partes, y por estar igualmente dividido el Tribunal se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal de Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió una opinión de conformidad, a la que se unió el Juez Asociado Señor Rivera Pérez. La Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disi-dente, a la que se unió el Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Jueza Asociada Se-ñora Fiol Matta,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Coincido con la sentencia emitida por el Tribunal en el día de hoy. El pago de la mesada al que obligan las leyes laborales de este país responde a un interés de proteger a los empleados de las prácticas abusivas e injustificadas de sus patronos y, a su vez, sirve de instrumento punitivo para disuadir del incumplimiento con la ley. Sin embargo, el pago “voluntario” de una compensación especial intitu-lada “mesada” por Baxter a los empleados de la planta de Carolina cesanteados injustificadamente, de ninguna ma-nera se puede tomar como el pago de la compensación de-bida por la Ley de Indemnización por despido injustificado en Puerto Rico, infra. La intención del pago voluntario de Baxter respondió a una política interna de la compañía de reconocer los años de servicios prestados. Así se hizo enten-der a los empleados en varios boletines informativos. Inter-pretar esta acción de otra forma cancelaría la obligación contractual del patrono de pagar la bonificación por años de servicios que surge de sus manuales internos. No puedo avalar esa consecuencia.

Los boletines informativos que publicó la compañía se-manalmente muestran con claridad la intención del desembolso. En el segundo boletín con relación al cierre de la planta se contesta la pregunta formulada por los em-pleados sobre el pago de lo que Baxter denominó una “me-sada” a los que serían afectados por el cierre. Allí, la com-pañía anunció que aunque en caso de un cierre de la planta no es obligatorio pagar la mesada, Baxter la pagaría junto con otros beneficios. Al empleado se le prometió una com-pensación equivalente a un mes de sueldo, el sueldo una semana por cada año de servicio, más un 10% de dicho total. Además, como parte de su política interna de recono-cimiento por los años de servicios de sus empleados, Baxter anunció que también ofrecería orientaciones y talleres a los empleados afectados sobre el desempleo, la búsqueda de empleo, cómo hacer un résumé y un “Programa de Apoyo Emocional”.

El tercer boletín informativo sobre este asunto aclaró particularmente que:

Todo empleado que renuncie o sea despedido no cualifica. La mesada es un pago voluntario especial como agradecimiento a su valiosa aportación hasta el último día de empleo determi-nado por su gerente y supervisor. (Enfasis suplido.)

El boletín informativo decimotercero vuelve a hacer hin-capié en la voluntariedad del pago. Señaló que:

La Ley 80 es para penalizar al patrono cuando despide injus-tificadamente (ilegalmente) al trabajador. Como les he indi-cado en el pasado, un cierre de Planta [sic] por razones de reestructuración económica es legal y por lo tanto por ley no tiene que indemnizar a sus trabajadores. Baxter aunque por ley no tiene que indemnizar a sus empleados, decidió hacerlo voluntariamente.

El boletín informativo decimosexto anunció que la com-pañía estaría brindando servicios para ayudar al empleado durante el período anterior al cierre final de la planta de Carolina “de manera voluntaria y por el agradecimiento al valioso servicio de sus empleados. No es porque hayamos violado alguna ley”. (Enfasis suplido.) El boletín decimoc-tavo reitera que, a pesar de que la ley no obliga al patrono a “pagar bonificación (mesada) en el caso de cierre de planta, lo hacemos como un símbolo de agradecimiento”.

Las expresiones de Baxter en estos boletines niegan que dicho pago responda a la necesidad o intención de cumplir con la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. see. 185 et seq.), y ni siquiera sugieren que este pago podría sustituir o complementar el pago de la mesada que obliga la ley, puesto que ésta es una indemnización por un acto ilegal. Por el contrario, Baxter negó firmemente que estu-viera cometiendo una ilegalidad y siempre afirmó que dicho pago era un pago voluntario en agradecimiento a los servicios prestados por los empleados cesanteados. La com-pensación que pagó Baxter a estos empleados tampoco se sujetó a condición alguna. Así pues, necesariamente debe-mos respetar el carácter contractual del pago por cesantía que surge de una política interna de la compañía, pues no hay una razón meritoria que justifique que favorezcamos con otra interpretación al patrono demandado.

Además, y más importante aún, la fórmula para deter-minar el pago de lo que Baxter denominó “mesada” no con-cuerda con lo que estrictamente dispone la ley. Véase Art. 1 de la Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. sec. 185a). Por todo esto, no podemos asumir que la compensación que hizo Baxter es equivalente al pago de la mesada que exige la ley. Es im-portante señalar que el primer artículo de la ley específi-camente dispone que la indemnización se debe calcular to-mando en cuenta los años de servicio, proveyendo para ello una compensación fija y una progresiva. Según la fórmula legislada, si el empleado es despedido dentro de los prime-ros cinco años, la indemnización fija será equivalente al sueldo de un mes. Si el despido sucede después de cinco años de empleo y hasta los quince años, la indemnización será igual al sueldo correspondiente a dos meses. Si el em-pleado es despedido luego de quince años de servicio, la indemnización fija corresponderá al sueldo de tres meses. En todos los casos, esta indemnización fija se suplementa con una indemnización progresiva, equivalente a una se-mana por cada año de servicio. 29 L.P.R.A. see. 185a.

Según surge de las varias demandas, los empleados que solicitan nuestra intervención fueron cesanteados entre los meses de mayo a diciembre de 1998. La gran parte de ellos había trabajado en la fábrica de Carolina desde 1961; ésta era la fábrica de Baxter de más años en operación en Puerto Rico. Del anejo que acompaña la primera demanda surge que ninguno de ellos había trabajado menos de diez años al momento de su despido, con excepción de dos, quie-nes comenzaron a laborar en 1989 y 1991. Por lo tanto, la compensación de un mes de sueldo que Baxter ofreció a sus empleados es muy inferior a lo que debieron haber reci-bido, de tratarse realmente de la mesada que contempla la Ley Núm. 80.

Con este trasfondo fáctico, las actuaciones de Baxter, al denominar “mesada” lo que no lo es, me parecen un intento de confundir al empleado en cuanto a los remedios a su alcance, más aún cuando el pago por la cesantía se com-puta similarmente sobre la base del salario, pero con una fórmula que no contempla los años de servicio prestados. Además, pretende obligar al empleado a renunciar a sus derechos cuando es despedido sin justa causa. Esto es con-trario a las disposiciones específicas de la Ley Núm. 80 y la doctrina reiterada de este Tribunal, según la cual la me-sada es irrenunciable y nulo cualquier contrato que dis-ponga lo contrario. 29 L.P.R.A. sec. 185i. Véanse: García Burgos v. A.E.E.L.A., 170 D.P.R. 315 (2007); Soc. de Ga-nanciales v. Vélez & Asoc., 145 D.P.R. 508 (1998).

Por otra parte, no puedo concluir que el pago “volunta-rio” de Baxter responda a los mismos intereses que el pago de la mesada al que obliga la Ley Núm. 80. Es cierto que ambas indemnizaciones responden al daño que surge del despido. En cuanto al patrono, no obstante, son obligacio-nes muy distintas. La obligación de pagar la mesada es una obligación extracontractual, que responde a una viola-ción de ley, es decir, al despido injustificado. El pago “vo-luntario” de un dinero que no equivale a esta indemniza-ción, no cumple con la Ley Núm. 80 ni promueve la política pública laboral. Por lo tanto, la decisión del patrono de pagar un dinero a sus empleados cesanteados no tiene nin-gún efecto en cuanto a su obligación de pagar una indem-nización si se determina que dichos empleados fueron des-pedidos ilegalmente.

El 15 de agosto de 2008 la Asamblea Legislativa en-mendó la Ley Núm. 80 tomando en consideración una si-tuación similar al asunto que nos atañe. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 278 de 15 de agosto de 2008 reco-noce que algunas empresas en proceso de cierre o reorga-nización entregan un dinero a sus empleados cesanteados y distingue esta práctica del pago de la mesada. Según la Exposición de Motivos, mediante esta práctica las empre-sas en proceso de cierre comparten la liquidación de sus bienes con los obreros, lo cual debe fomentarse; ello no cumple, sin embargo, con el pago de la mesada cuando el despido es injustificado. Esta Ley Núm. 278 enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. '80 (29 L.P.R.A. sec. 185g), para establecer que cuando el despido de un empleado se funda-mente en el cierre total o parcial de las operaciones del establecimiento,

... se considerará como compensación especial toda cuantía de dinero recibida por los obreros producto de la liquidación o cierre del negocio o programas empresariales para compartir ganancias con sus empleados. Estas cuantías en nada afectan cómputo o derecho a reclamar compensación y la indemniza- ción progresiva, dispuesta en el Artículo 1 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada. (Énfasis suplido.) Artículo 7 de la Ley Núm. 78, supra.

Cabe señalar que en el informe de la Comisión del Tra-bajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto del Senado 2455, se recogen unos seña-lamientos que merecen nuestra atención. Entre éstos, la Procuradora del Trabajo expone que en las jurisdicciones estadounidenses, el pago por cesantía o “severance payment”

... corresponde a la suma de dinero entregado a un empleado despedido en medio de un proceso de cierre total o permanente o una reorganización de la empresa para la cual labora dicho empleado. Dicha suma de dinero no se considera mesada .... (Énfasis en el original.) Informe Negativo sobre el P. del S. 2455, Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, 18 de junio de 2008, pág. 3.

Por admisión de Baxter, el “Puerto Rico Severance Pay and Benefits Policy” de 1994 contiene unas guías sobre el pago de la compensación especial que ofreció como “mesa-da” a los empleados cesanteados y aborda asuntos relacio-nados con otros beneficios, como el pago de vacaciones, con-tinuación de cubierta médica, becas de estudios, entre otros. La compensación que recibieron los empleados res-ponde a la aplicación de esta política interna. Específica-mente, el primer boletín informativo de 24 de octubre de 1995 explica que “se utilizará la Política de Cesantía que se distribuyo [sic] el año pasado”. No cabe duda que la fuente de la obligación de Baxter de pagar la compensación especial no es la Ley Núm. 80, sino sus políticas internas respecto a los beneficios contractuales que ofrece a sus empleados.

En Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones de Estados Unidos, los manuales internos de los empleados son parte de las obligaciones contractuales que asume el patrono. En Santiago v. Kodak Caribbean Ltd., 129 D.P.R. 763, 775-776 (1992), resolvimos que “[e]l manual de una empresa que contiene las reglas y reglamentos del trabajo y que establece las normas, beneficios y privilegios que dis-frutará el empleado!,] forman parte del contrato de trabajo”. Por lo tanto, el pago de los beneficios a que tienen derecho los empleados en virtud de un manual es una obli-gación contractual. El beneficio del “severance payment”, como se reconoce en Estados Unidos, o de una indemniza-ción por años de servicio, no responde a los mismos intere-ses que la mesada propia de nuestra jurisdicción. Por lo tanto, no se pueden asemejar estas compensaciones espe-ciales a la responsabilidad extracontractual que surge con motivo del despido sin justa causa que contempla la Ley Núm. 80.

Es menester recordar que nuestra Ley Núm. 80 no tiene un equivalente en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Nuestra legislación laboral tiene su evolución histórica propia, desde el Código de Comercio de 1886, que protegía a los “dependientes del comercio” sujetos a un con-trato sin término fijo, concediéndoles el derecho a ser in-demnizados por los daños causados en casos de despido injustificado. R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, 8va ed., [ed. de autor], 2005, pág. 110. Con la Ley Núm. 43 de 28 de abril de 1930 entró en vigor en Puerto Rico una legislación para establecer el derecho de todo obrero empleado por tiempo indefinido que fuese despedido sin justa causa y sin previo aviso, a una compen-sación equivalente al sueldo de una semana, una quincena o un mes, dependiendo de la forma acostumbrada del pago de salario del empleado. 1930 Leyes de Puerto Rico 357 y 359. La Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949 dispuso tam-bién una compensación por despido injustificado. 1949 Le-yes de Puerto Rico 127 y 129.

La legislación vigente, Ley Núm. 80, añadió a la “mesa-da” una compensación progresiva del sueldo de una se-mana por cada año de servicio. El 17 de septiembre de 1996 se aprobó la Ley Núm. 234 con el propósito de aumen-tar nuevamente el remedio en casos de despido injustifi-cado mediante un pago escalonado del sueldo de uno a tres meses. 29 L.P.R.A. sec. 185a. Finalmente, la Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005 duplicó el monto de la indemniza-ción fija que dispone la ley y estableció el pago escalonado de la indemnización progresiva. 29 L.P.R.A. sec. 185a. Como vemos, la historia de nuestra legislación protectora del trabajo siempre ha mostrado tendencias claras hacia la protección de los obreros y empleados ante la posibilidad del despido.

Reconociendo las deficiencias de las varias legislaciones, la Asamblea Legislativa a través de los años se ha dado a la tarea de aprobar enmiendas a estas leyes para disponer de un mejor remedio para la clase trabajadora. No obs-tante, muchos estudiosos de esta materia han concluido que aún el remedio exclusivo de la Ley Núm. 80 resulta insuficiente.

Por último, la posibilidad de imponer a Baxter el pago de la mesada por despido injustificado dispuesta por la Ley Núm. 80, a la vez que la compensación especial que conce-dió la empresa según su obligación contractual, a mi enten-der no constituye una doble penalidad. No dudamos que ambas compensaciones van dirigidas a la indemnización de unos daños ocasionados por el acto del despido. Sin embargo, nuestras expresiones en S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 D.P.R. 651 (2002), prohibiendo una doble penalidad contra el patrono se dan en el contexto de una reclamación bajo dos leyes que establecen, cada una, un derecho a indemnización como penalidad por los mis-mos hechos. En el caso ante nuestra consideración, la única reclamación de los demandantes es al remedio exclu-sivo que provee la Ley Núm. 80. No estamos ante un caso de concurrencia de reclamaciones ni de penalidades.

Por estas razones estoy conforme.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez,

a la que se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Se encuentra ante nuestra consideración un nuevo inci-dente en el drama procesal que generó el cierre de opera-ciones de la planta de Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, Inc., sita en Carolina. En esta ocasión, debía-mos resolver si el pago que efectuó voluntariamente Baxter a sus empleados al cierre de sus operaciones en la planta de Carolina, podía acreditarse al pago que le corresponde hacer en concepto de mesada bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada (Ley Núm. 80).

Desafortunadamente, este Tribunal nuevamente y erra en peijuicio de la parte peticionaria.

Repasemos nuevamente los hechos que sirven de tras-fondo a esta controversia.

I

Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, Inc. (Baxter) es una corporación foránea organizada bajo las leyes de Alaska, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico y que se dedica a la manufactura de productos médi-cos y farmacéuticos en Puerto Rico. En 1995, Baxter anun-ció públicamente que luego de un análisis de sus operacio-nes mundiales y como mecanismo para mejorar su competitividad en una economía globalizada, se proponía reestructurar y consolidar sus operaciones en distintos lu-gares del mundo, incluyendo a Puerto Rico. Como resul-tado de ello, en 1998 Baxter cerró la planta de Carolina, consolidando las operaciones de alguno de los productos que allí se producían en otras plantas en Puerto Rico (Ja-yuya y Aibonito), y en otras plantas en Estados Unidos (Carolina del Norte e Illinois) y descontinuó la producción de otros productos que se manufacturaban en Carolina (tu-bos renales). Como parte de su reestructuración, Baxter vendió su operación en Culebra y cerró el almacén que ope-raba en Carolina.

Los empleados que fueron cesanteados por Baxter al cierre de sus operaciones recibieron una indemnización por terminación de empleo que se calculó a base de un mes de sueldo, una semana por cada año de servicio, más el 10% de esa suma. La compañía comunicó a sus empleados el pago de esta indemnización mediante un memorando de 31 de octubre de 1995. En este memorando Baxter catalogó el pago como la mesada. Indicó expresamente que aun cuando la Ley Núm. 80 no requería el pago de mesada por el cierre de una planta, “Baxter ... pagará mesada así como proveerá otros beneficios a los empleados regulares”. En este memorando se indicó a los empleados cómo se haría el cómputo de la mesada, si la “mesada afecta el desempleo”, y cuándo se pagaría.

Así las cosas, varios empleados de Baxter presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una demanda sobre despido injustificado, represalias y discrimen por razón de edad, al amparo de la Ley Núm. 80; la Ley contra el Dis-crimen en el Empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. see. 146 et seq.), y la Ley de Represalias contra Empleados, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991 (29 L.P.R.A. see. 194 et seq.). En total, se presentaron cuatro demandas separadas, las cuales, eventualmente, se consolidaron.

En las demandas presentadas se alegó, en síntesis, que Baxter, a pesar de decretar el cierre total de las operacio-nes en la planta de Carolina, verdaderamente no cesó sus operaciones, sino más bien las transfirió a otras plantas en Puerto Rico y Estados Unidos. Se alegó que no hubo el cierre de operaciones que contempla la Ley Núm. 80 como justa causa para un despido. Los demandantes, en sus res-pectivas demandas, alegaron también que la cesantía obe-deció a represalias de parte del patrono por motivo de una querella que se presentara ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico por los hechos antes descritos. Baxter contestó las demandas presentadas negando lo aseverado y presen-tando, a su vez, varias defensas afirmativas.

Luego de que se consolidaran las demandas presenta-das, Baxter solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor según el fundamento de que el despido de los deman-dantes se debió exclusivamente al cierre total de las ope-raciones de la planta de Carolina, lo que era justa causa bajo la Ley Núm. 80. Negó que el despido estuviese moti-vado por razón de la edad de los empleados o fuese como represalia por éstos haber presentado una querella ante la Unidad Antidiscrimen. Además, planteó que la reclama-ción de discrimen por razón de edad estaba prescrita en tanto el término comenzó a transcurrir desde que se le no-tificó la fecha de la cesantía, no desde la fecha del despido como tal.

Por su parte, el 4 de septiembre de 2001 los demandan-tes solicitaron que se dictase sentencia sumaria a su favor según el fundamento de que el despido fue injustificado, discriminatorio y producto de represalias por la presenta-ción de la querella en la Unidad Antidiscrimen por un grupo de empleados.

Celebrada la vista en su fondo, el tribunal primario dictó sentencia parcial enmendada. En la sentencia dic-tada, el tribunal concluyó que el despido fue injustificado y los demandantes tenían derecho a la compensación que concede la Ley Núm. 80. El tribunal ordenó a las partes a ponerse de acuerdo sobre la suma que le correspondía a cada demandante como mesada. Señaló, que de no lograrse un acuerdo, pautaría una vista evidenciaría para determi-nar las cantidades de las indemnizaciones. Además, de-claró “sin lugar” la solicitud de sentencia sumaria de Baxter en torno a la reclamación al amparo de la Ley Núm. 100 y, en su lugar, efectuó un señalamiento para la conti-nuación de los procedimientos en lo relativo a las reclama-ciones conforme a la referida ley.

Inconforme con tal determinación, Baxter recurrió ante el Tribunal de Apelaciones y este foro revocó la determina-ción recurrida tras concluir que el despido fue justificado.

Insatisfechos con esta determinación, los demandantes recurrieron ante este Tribunal. Mediante Sentencia de 30 de junio de 2005, revocamos el dictamen recurrido. La sen-tencia dictada concluyó que “por no haberse dado un cierre total, ni temporero ni permanente, sino que Baxter tras-ladó la operación de la planta de Carolina, hubo un despido injustificado de sus empleados según la Ley 80, ... [por lo que] estos tienen derecho a la indemnización corres-pondiente”. Se reinstaló así, “la determinación del foro primario en cuanto a la reclamación bajo la Ley 80”.

Respecto la determinación de discrimen y represalias, resolvimos que el tribunal apelativo había errado al desestimarlas. Devolvimos el caso para que se celebrara la vista en su fondo en cuanto a este asunto. Cabe aclarar que el asunto que hoy nos ocupa, si procede acreditar al pago de la mesada bajo la Ley Núm. 80 el pago por terminación de empleo que efectuó Baxter, no fue objeto de revisión en el certiorari presentado en ese momento, por lo que no fue un asunto que atendimos en la sentencia dictada.

Devuelto el caso al foro de instancia, el 12 de mayo de 2006 los demandantes presentaron una moción solicitando que se ordenara el pago de la mesada. Los demandantes informaron que las partes intentaron, sin éxito, llegar a un acuerdo sobre las cuantías a pagarse ya que Baxter argüía que se debía acreditar al pago de la mesada bajo la Ley Núm. 80 el pago hecho en concepto de terminación de empleo. Sobre este asunto, los demandantes señalaron que Baxter nunca alegó el pago como defensa afirmativa en su contestación a la primera demanda presentada el 10 de mayo de 1999 ni planteó dicho asunto ante el Tribunal de Apelaciones, ni en su recurso y posteriores solicitudes de reconsideración ante este Tribunal, de modo que renunció al planteamiento.

El 19 de junio de 2006 Baxter se opuso a la solicitud de los demandantes y, a su vez, solicitó que se le acreditara la compensación pagada a los demandantes al momento de la cesantía. Adujo que dicha compensación —que ascendió a $3,423,331— fue denominada como “mesada” y así se le notificó a los empleados. Además, adujo que este pago po-seía las mismas características y el mismo propósito de la mesada concedida al amparo de la Ley Núm. 80, ya que se computó a base de los años de servicio, el salario más alto devengado e, incluso, se le añadió un 10% adicional. A su juicio, no deducir las sumas ya pagadas resultaría en una doble compensación por los mismos hechos y un enriqueci-miento injusto por parte de los demandantes. Planteó, ade-más, que la reclamación de los demandantes a los efectos de exigir el pago íntegro de la mesada adicional a lo ya pagado era contrario a los principios de buena fe, equidad y trato justo.

Por otro lado, Baxter planteó que aun cuando no for-muló expresamente la defensa de pago en su contestación a la primera demanda, incluyó la defensa de aceptación y pago en finiquito, en la cual se encuentra subsumida la del pago. Expuso, además, que incluyó la defensa de pago en su contestación a dos de las demandas presentadas, por lo que al consolidarse los casos todas las defensas que se ha-bían presentado se acumularon. De modo que no se trataba de un asunto novel que era desconocido por los demandan-tes, ni mucho menos renunció a dicha defensa.

El 3 de octubre de 2006 el Tribunal de Primera Instan-cia emitió una resolución y orden, ordenando a Baxter a pagar, entre otros, la totalidad de la mesada que concede la Ley Núm. 80, sin deducción alguna. También impuso el pago de un interés de 5.25%, acumulado y computado a partir del 28 de abril de 2003, fecha de la sentencia parcial enmendada que dispuso de forma final de la reclamación sobre despido injustificado. El tribunal concluyó que Baxter nunca planteó previo a la etapa de ejecución de senten-cia, sus argumentos en torno al alegado crédito que osten-taba a raíz de las cuantías que pagó a los empleados a la fecha de su cesantía; por lo cual, renunció a dicha defensa. Como consecuencia, conforme a la doctrina de la ley del caso, no podían revisarse asuntos relativos a la reclama-ción bajo la Ley Núm. 80 que fueron adjudicados de forma final y firme.

Inconforme, Baxter recurrió al Tribunal de Apelaciones mediante un certiorari. Asimismo, solicitó la paralización de los procedimientos ante el foro de instancia mientras se dilucidaba el recurso en sus méritos. El foro apelativo or-denó la paralización de los procedimientos relativos a las cuantías adeudadas por motivo de la sentencia parcial enmendada.

En su petición de certiorari, Baxter presentó los mismos argumentos esgrimidos previamente ante el foro primario. Argüyó, además, que el foro primario incidió al imponer el pago de intereses a computarse desde la fecha de la sen-tencia parcial enmendada, en vista de que en tal fecha no se habían fijado las cuantías específicas por ser pagadas en concepto de mesada, por lo cual resultaba irrazonable cal-cular los intereses a partir de dicha fecha.

Tras varios trámites procesales, el tribunal apelativo emitió sentencia confirmando la resolución recurrida. Dicho foro resolvió que conforme a la doctrina de la ley del caso, procedía el pago íntegro de la mesada, sin acreditarle a Baxter las cuantías pagadas por ésta a los demandantes. Sobre el particular, indicó que la compensación otorgada por Baxter a sus empleados obedeció a su liberalidad y en agradecimiento por los años de servicio de sus empleados, por lo cual no cabía hablar de enriquecimiento injusto.

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que la imposición de intereses legales se computara desde la fecha de la senten-cia parcial enmendada, en vista de que a pesar de que en tal fecha no se fijó el monto final por pagarse, se trataba de un cálculo matemático basado en una fórmula determi-nada y conocida a cabalidad por las partes. En particular, destacó que las reclamaciones de los 209 empleados, sobre cuyas reclamaciones no existía disputa, eran exigibles desde que se emitió la sentencia parcial enmendada reco-nociéndole su derecho a la mesada. Sin embargo, el tribunal advirtió que era improcedente la imposición de intere-ses en cuanto a los 98 demandantes cuyas mesadas aun estaban en disputa, y en torno a los cuales aún existía una “controversia bona fide sobre los criterios necesarios para fijar a la mesada, incluso, sobre si procede o no, por lo que el dictamen parcial no fue realmente definitivo en cuanto a ellos”.

Inconforme aún, el 7 de mayo de 2008 Baxter acudió ante este Tribunal y mediante moción en auxilio de juris-dicción, solicitó la paralización de los procedimientos hasta la adjudicación final del recurso de certiorari presentado. El 21 de mayo de 2008 ordenamos la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

En su recurso, Baxter alegó que incidió el foro apelativo al

... enmendar por fíat judicial la exclusividad de remedios de la Ley de Despido Injustificado;
... negarse a acreditar las sumas cuantiosas ya pagadas en concepto de mesada, en contravención al mandato de la propia Ley 80;
... aplicar la doctrina de la ley del caso cuando lo relativo a la cuantía de las mesadas no fue objeto de adjudicación en la sentencia parcial enmendada;
... ignorar que la negativa a descontar el pago efectuado por Baxter resulta en la concesión de un remedio excesivo; e
... imponer el pago de intereses legales antes de que exis-tiese una sentencia ordenando el pago de una suma específica, ya que el asunto sobre las cuantías a concederse quedó pen-diente para una vista evidenciaria a celebrarse posterior-mente.

Expedimos el recurso. Hoy, este Tribunal confirma la sentencia dictada por el foro apelativo intermedio.

II

La Ley Núm. 80 “le brinda a los trabajadores que han sido despedidos sin justa causa, la oportunidad de disfru-tar de una indemnización que les permita suplir sus nece-sidades básicas durante el tiempo que les pueda tomar con-seguir un nuevo empleo”. (Enfasis nuestro.) Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 375 (2001).

El Artículo 1 de la Ley Núm. 80 dispone que todo em-pleado que trabaja mediante remuneración de alguna clase, contratado por tiempo indeterminado, que es despe-dido de su cargo sin que haya mediado justa causa, tiene derecho a recibir de su patrono “en adición [sic] al sueldo que hubiere devengado: (a) el sueldo correspondiente a un mes por concepto de indemnización-, (b) una indemnización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicio”. (Énfasis nuestro.) 29 L.P.R.A. sec. 185a. Como vemos, la compensación a la que tiene derecho todo empleado está descrita en la ley como una “indem-nización”. Siendo así, su objetivo es “resarcir los daños su-fridos a consecuencia del despido. Esta indemnización no equivale a una remuneración o salarios por los servicios prestados ni constituye un sustituto del sueldo”. Alvira v. SK & F Laboratories Co., 142 D.P.R. 803, 809 (1997). Su propósito es, como ya apuntamos, ayudar a “suplir [las] ... necesidades básicas [del empleado cesanteado] durante el tiempo que [tome] conseguir un nuevo empleo”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., ante.

En Alvira v. SK & F Laboratories Co., ante, reconocimos que este tipo de protección que la ley le brinda a los em-pleados y obreros de nuestro país es “único”. Unjust Dismissal, Ch. 10.40, Sec. 10.40 [1] [a] (2007)(“Puerto Rico is unique in having legislation providing compensation for any employee under an indefinite term contract who is discharged without good cause.”) En tal rigor, el tratadista Lex Larson comenta lo siguiente:

Puerto Rico is unique in having legislation providing compensation for any employee under an indefinite term contract who is discharged without good cause.
Puerto Rico has enacted what amounts to a mandatory severance pay statute. This law provides indemnity to employees under indefinite term contracts that are discharge without good cause. The indemnification consists of one month’s salary and one week’s salary for each year worked prior to discharge. Employees are further entitled to back pay due them, and any amounts already earned in commissions and pay for vacation time not taken due to work demands. Unjust Dismissal, Ch. 9, Sec. 9A.04[1], pág. 9A-53.

Por otro lado, dado el carácter reparador de la Ley Núm. 80, hemos reiterado que ésta deberá ser interpretada libe-ralmente a favor de los derechos del trabajador. Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998). Ello no obstante, también hemos destacado que es injusto penalizar a un patrono dos veces por los mismos hechos. S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 D.P.R. 651 (2002); Belk v. Martínez, ante. A tales efectos, en Belk v. Martínez, ante, pág. 241, indicamos:

Como la Ley Núm. 100, supra, compensa por los daños sufri-dos por el empleado, estos daños incluyen remediar los mis-mos que la Ley Núm. 80, supra, indemniza. La Ley Núm. 100, supra, compensa adecuadamente todos los daños que sufre el empleado despedido. Conceder una indemnización al amparo de dos (2) leyes distintas que tienen los mismos elementos, cri-terios y dependen de la misma prueba, penalizaría al patrono dos (2) veces por un solo acto. (Enfasis nuestro.) •

En S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., ante, pág. 667, nos reiteramos en esta norma, y señalamos que “si un demandante presenta una causa de acción contra su patrono por despido injustificado y discriminatorio, de de-terminar, el tribunal, que el despido, más que injustificado, fue en efecto discriminatorio, no se concederá una indem-nización bajo las dos leyes en cuestión, ... pues ello consti-tuiría una doble penalización motivada por unos mismos hechos”. (Enfasis nuestro.) De modo que hemos resuelto que no procede conceder mía doble indemnización a un em-pleado despedido sin justa causa, cuando las reclamaciones instadas bajo distintos estatutos tienen los mismos ele-mentos y criterios, se basan en unos mismos hechos y de-penden de la misma prueba, pues ello supondría una doble penalidad para el patrono y una doble indemnización para el empleado.

Por otro parte, hemos expresado en innumerables oca-siones que la compensación que establece la ley, conocida como la mesada, es el remedio exclusivo ante el despido injustificado. S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., ante; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., ante; Vélez Rodríguez v. Pueblo Int’l, Inc., 135 D.P.R. 500 (1994).

Expuesta la doctrina general, pasemos a aplicarla a la controversia que hoy pende ante nuestra atención.

III

A. En su recurso, Baxter arguye que incidió el Tribunal de Apelaciones al no acreditar a la mesada las cuantías ya pagadas a la fecha de la cesantía de los empleados. En apoyo a su posición esgrime variados argumentos. Princi-palmente, aduce que ordenar el pago de la mesada sin acreditar lo ya pagado a los empleados tiene el efecto de penalizar doblemente al patrono por unos mismos hechos, lo que hemos rechazado en el pasado. E.g. Belk v. Martínez, ante; S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., ante. In-dicó, que la compensación otorgada a los empleados a la fecha de su cesantía obedeció al interés del patrono de ase-gurar que estos contaran con los recursos económicos nece-sarios hasta obtener un nuevo empleo, es decir, que sirve el mismo propósito que persigue la Ley Núm. 80. Apunta ade-más, que la mesada provista por la Ley Núm. 80 es el único remedio disponible ante un despido injustificado, por lo que el no acreditar las cantidades ya pagadas al pago de la mesada que ordenamos, representa un remedio en exceso de lo que contempla la propia ley. Tiene razón Baxter cuando argumenta que de no acreditarse el pago ya hecho a lo que adeuda en concepto de mesada, conlleva su doble penalización por unos mismos hechos.

En este caso, la compensación voluntaria hecha por Baxter tiene todas las características del pago de mesada de la Ley Núm. 80 y se computa siguiendo los lineamientos de esta ley. Ya indicamos que Baxter en sus comunicacio-nes a sus empleados le describió el pago que haría como mesada y les informó también cómo lo calcularía. Fórmula que es similar a lo dispuesto en la Ley Núm. 80. Baxter calculó su pago a base de un mes de sueldo, una semana de sueldo por cada año de servicio, más el 10% de esa suma. La Ley Núm. 80 a su vez dispone, como ya adelantamos, que la mesada se paga a base del sueldo que hubiera reci-bido el empleado, el sueldo correspondiente a un mes y una indemnización adicional equivalente a una semana por cada año de servicio en el empleo. Se advierte de inmediato la gran similitud de la fórmula utilizada para el pago tanto de la mesada de la Ley Núm. 80 y el pago efectuado por Baxter por terminación de empleo.

Además, el pago hecho por Baxter participa de las ca-racterísticas de una indemnización tal y como ocurre con la mesada de la Ley Núm. 80. Baxter le indicó a sus emplea-dos que este pago tenía como propósito “ayudar al em-pleado en la transición al cierre de planta”. Boletín Infor-mativo No. 16 de 20 de junio de 1997. En otras palabras, la compensación concedida participa de las características de una indemnización, pues tenía como propósito resarcir los daños que ocasionaba la pérdida de empleo por el cierre de la planta. Este es precisamente el fin que persigue el pago de mesada que ordena la Ley Núm. 80, según resolvimos en Alvira v. SK & F Laboratories Co., ante.

El hecho de que el pago haya sido voluntario o que se aseveraba que fue en agradecimiento a los años de servicio, no detrae de la naturaleza reparadora del pago efectuado. Con lo cual, los paralelos con la mesada que ordena la Ley Núm. 80 son evidentes. Somos del criterio que imponer el pago de nueva partida por un mismo concepto y basado en unos mismos hechos —el cierre de la planta de Carolina— es claramente una acción punitiva contra el patrono que se revela, a nuestro juicio, irrazonable. No se justifica que en esta ocasión nos desviemos de lo que ha sido nuestra tra-yectoria de, por un lado, proteger al obrero de prácticas inescrupulosas del patrono, pero a la vez, rechazar la penalization doble del patrono por unos mismos hechos y un mismo concepto.

B. El Tribunal de Apelaciones y los recurridos recha-zan el planteamiento de Baxter de que se le acredite al pago de la mesada al amparo de la Ley Núm. 80 los dineros ya pagados a los empleados cesanteados, según el funda-mento que este asunto fue ya adjudicado en la sentencia que dictamos en este caso el 30 de junio de 2005. No tienen razón.

Señalamos anteriormente que en el caso que se trajo ante nuestra consideración la única controversia que se adjudicó fue si el despido de los empleados de Baxter fue injustificado o no de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 80. Contestamos esa pregunta en la afirmativa y de-volvimos el caso para que se computara el pago de la mesada. No estaba ante nuestra consideración el asuntó sobre el crédito, por lo que no pudo haber sido objeto de nuestro dictamen.

La expresión individual en reconsideración de tres jue-ces de este Tribunal sobre este asunto, no cambia la con-troversia en efecto resuelta en nuestra sentencia. No cabe hablar entonces de la doctrina de la ley del caso tal y como nos plantea la parte recurrida.

Y es que la única controversia que adjudicó el tribunal de primera instancia en su sentencia de 28 de abril de 2003, y que posteriormente revisamos, fue precisamente si hubo justa causa para el despido. Sobre el cómputo de la mesada, el foro primario le ordenó a las partes a reunirse para determinar su monto y les indicó que si no podían llegar a un acuerdo se celebraría una vista evidenciaría para determinar la cuantía. El planteamiento con respecto a los cómputos por hacer y qué créditos, si alguno, debían reconocerse, era un asunto por dilucidarse más tarde, como en efecto ocurrió.

Por otro lado, somos del criterio que si bien al contestar la primera demanda presentada en su contra Baxter no presentó la defensa afirmativa de pago, sí incluyó la de aceptación del pago como finiquito o la doctrina de acepta-ción y pago, y en ésta se encuentra subsumida la doctrina del pago como defensa.

Por otra parte, en varias de las demandas instadas con posterioridad a esa primera, Baxter sí presentó esta defensa. Como ya relatamos al inicio, todos los casos fue-ron posteriormente consolidados. En atención a lo anterior, somos del criterio que en efecto se encuentra válidamente ante nuestra atención la contención de Baxter respecto el pago hecho ya a los empleados cesanteados y su plantea-miento de que se le acredite al pago de mesada ordenado.

IV

Por último, Baxter alega que resulta improcedente la imposición de intereses cuando el tribunal nunca ha fijado las cuantías adeudadas a los demandantes ni consta en la sentencia el tipo de interés a pagarse. Por lo que, ausente una determinación sobre una suma líquida, no existe obli-gación alguna de pagar intereses retroactivos a la fecha de la sentencia parcial enmendada. No tiene razón.

La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, dispone que “[s]e incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y que está en vigor al momento de dictarse la sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fe-cha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satis-fecha 32 L.P.R.A. Ap. III. El texto citado es claro al hacer mandatario que un tribunal, al dictar sentencia en la que ordena la entrega de dinero, imponga el pago de inte-rés al tipo legal sobre la cuantía de la sentencia, sin excep-ción de clase alguna. Gutiérrez v. A.A.A., 166 D.P.R. 130 (2006).

En el caso ante nuestra consideración no se ha fijado el monto final de la cuantía que Baxter adeuda a los emplea-dos demandantes. Ello no obstante, sí se había ordenado desde el 28 de abril de 2003, el pago de la mesada y éste es un cómputo que se hace a base de la fórmula que se esta-blece en la propia la Ley Núm. 80. Lo que restaba entonces era el cálculo matemático a base de una fórmula preestablecida. El mandato de pagar ya estaba vigente.

En vista de ello, tiene razón el foro apelativo cuando concluye que procede el pago de intereses desde que se dictó sentencia parcial (28 de abril de 2003) sobre las me-sadas de los 209 empleados sobre las que no hay controversia. Sobre los demás casos donde hay disputas so-bre las mesadas, los cuales requieren la celebración de una vista evidenciaría para su fijación, no procedería el pago de intereses a partir del 28 de abril de 2003, sino más bien desde la fecha en que finalmente se determine la cuantía de la mesada.

Por los fundamentos expuestos revocaría la determina-ción del Tribunal de Apelaciones que concluyó que no se podía acreditar a los empleados cesanteados por Baxter el pago hecho ya por ésta en concepto de terminación de empleo. Respecto al cómputo de los intereses se confirma-ría la determinación del foro apelativo intermedio. Proce-dería entonces a devolver el caso al Tribunal de Instancia para la continuación de los procedimientos.

       La Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005 alteró esta fórmula. La indemni-zación fija será equivalente al sueldo correspondiente a dos meses si el despido ocu-rre dentro de los primeros cinco años; el sueldo correspondiente de tres meses si ocurre luego de los cinco años hasta los quince años; o el sueldo correspondiente a seis meses si ocurre luego de quince años de servicio. Además habrá una indemni-zación progresiva, equivalente a una semana por cada año de servicio, si el despido ocurre dentro de los primeros cinco años, dos semanas por cada año de servicio si ocurre luego de cinco años hasta los quince años de servicio, o tres semanas por cada año de servicio luego de quince años. 29 L.P.R.A. sec. 185a.

       Este proyecto se aprobó el 15 de agosto de 2008, Ley Núm. 278.

       En esto Baxter es consecuente con la práctica de las compañías estadouni-denses, especialmente las manufactureras, de pagar este beneficio a sus empleados a base de una política de personal. Véanse las encuestas publicadas en Personnel Policies Forum, auspiciadas por el Bureau of National Affairs, de las cuales se puede concluir que los pagos por cesantía o “severance benefits” efectivamente responden a una política interna de las compañías como parte de los beneficios de empleo prometidos.

       El concepto de la indemnización por años de servicio se puede precisar como la “reparación pecuniaria por el daño originado por haber empleado su esfuerzo personal en beneficio de un patrón y no exclusivamente en el propio .... La causa jurídica de la indemnización emana de su definición. Consiste en un daño específico, que surge, no de la actividad del patrón, sino del contrato de trabajo mismo”. R.M. Mengod Gimeno, La indemnización por años de servicio, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1966, págs. 10-11.

       La norma de “employment-at-will”, propia de las jurisdicciones de los estados federados, surgió a finales del siglo XIX como parte de la filosofía económica del laissez-faire. Según se explica por los tribunales de los estados en Payne v. Western & A.R.R. Co., 81 Tenn. 507 (1884), y Martin v. New York Life Ins. Co., 148 N.Y. 117 (1895), la doctrina de “empleo a voluntad” permite al patrono que contrate emplea-dos por un término indeterminado, despedirlos libremente. Por la influencia del tra-tado de 1877 de Horace Wood, Treatise of the Law of Master and Servant Covering the Relation, Duties, and Liabilities of Employers and Employees, en el siglo XX esta norma se consolidó como la norma imperante en todos los estados de la unión estadounidense. Véanse: R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legisla-ción protectora del trabajo en el Derecho laboral puertorriqueño, 8va ed., [ed. de autor], 2005, págs. 110-111; C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez, Tratado de Derecho del Trabajo, San Juan, Pubs. JTS, 2003, pág. 151; D.J. Libenson, Leasing Human Capital: Toward a New Foundation for Employment Termination Law, 27 Berkeley J. Emp. & Lab. L. Ill, 117 (2006). El único estado con una legislación laboral que impone un requisito de justa causa para el despido de empleados sin término fijo es Montana, donde en 1987 se legisló para esos fines. Véanse: Wrongful Discharge from Employment Act, Mont. Code Ann. 39-2-901 et seq.; Whidden v. Nerison, 1999 MT 110. La única otra jurisdicción dentro de Estados Unidos, además de Puerto Rico, con un requisito de justa causa para el despido es Islas Vírgenes, cuya legislación entró en vigor el 29 de diciembre de 1986. Delgado Zayas, op. cit., pág. 111.

       El Artículo 217 del Código de Comercio disponía lo siguiente:
      “Si el contrato [sie] entre los comerciantes y sus mancebos o dependientes se hubiere celebrado por un tiempo fijo no podrá ninguna de las partes contratantes separarse, sin consentimiento de la otra, de su cumplimiento hasta la terminación del plazo convenido.
      “Los que contravinieran a esta cláusula, quedarán sujetos a la indemnización de daños y perjuicios, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes.” Código de Comercio de Puerto Rico, San Juan, Negociado de Materiales, San Juan, 1932, pág. 70.
      El Artículo 220, por su parte, disponía que:
      “En los casos de que el empeño no tuviere tiempo señalado, cualquiera de las dos partes podrá darlo por fenecido, avisando a la otra con un mes de anticipación.
      “El factor o_ mancebo tendrá derecho, en este caso al sueldo que corresponda a dicha mesada.” Id., pág. 72.
      Este artículo quedó expresamente derogado por el Artículo 4 de la Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949 (1949 Leyes de Puerto Rico 127).

       En su Tratado del Derecho del Trabajo, el Prof. Charles Zeno Santiago y el Ledo. Víctor M. Bermúdez, explican que “nos encontramos en una época donde los cambios son constantes y es propio que se evalúen los modelos económicos y se escudriñen los distintos sistemas jurídicos para que nuestra legislación social se mantenga a la vanguardia. A través de lo cual, se pueda mantener la estabilidad económica, política y social que se obtiene cuando los intereses de los trabajadores están en su justo balance con el de los dueños del capital.” Zeno Santiago y Bermúdez Pérez, op. cit., pág. 365.

       El cierre de la planta de Carolina fue paulatino, habiendo comenzado en 1995.

       El Tribunal de Primera Instancia enmendó la sentencia parcial para incluir las palabras sacramentales exigidas por la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en torno a que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre las reclamaciones en cuestión hasta la resolución total del pleito.

       Luego de nuestra determinación, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 95 de 30 de julio de 2007 enmendando la Ley Núm. 80, para dejar establecido que el cierre total, temporero o parcial constituye justa causa para el despido de un empleado. Específicamente se dispuso:

        “Se entenderá como justa causa para el despido de un empleado de un estable-cimiento:
      “(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.

        “Disponiéndose, que en aquellos casos en que la empresa posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, temporero o parcial de las operacio-nes de cualquiera de estos establecimientos, constituirá justa causa para el despido a tenor con este Artículo.” (Énfasis nuestro.)

       Aun cuando este asunto no estuvo ante la consideración del Tribunal y no fue objeto de nuestra decisión, tres jueces de este Tribunal expresaron criterio sobre el particular. Así, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez en una opinión disi-dente escrita y emitida en reconsideración, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton, apuntó que correspondía acreditar al pago de la mesada por la Ley Núm. 80 el pago hecho ya por Baxter por terminación de empleo y que el Tribunal debió considerar ese asunto y así disponerlo en su sentencia. Por su parte, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez, en una opinión de conformidad emitida en recon-sideración, expresó el criterio opuesto.

       No podemos pasar por alto también que el legislador ya expresó su criterio de que el cierre total, temporero o parcial de las operaciones de una fábrica constituye justa causa para el despido, de acuerdo con la Ley Núm. 80. Ley Núm. 95 de 30 de julio de 2007. No nos parece razonable, y por el contrario lo consideramos injusto, imponer en este caso una nueva penalidad por algo ya atendido por el legislador.


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author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Miguel A. Laborde Freyre.

      Número: TS-7492

      Resuelto: 16 de marzo de 2009

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; José M. Montalvo Trías, director eje-cutivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Miguel A. Laborde Freyre, pro se.

   per curiam:

El Lie. Miguel A. Laborde Freyre fue admi-tido al ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 1982 y al ejercicio de la notaría el 31 de enero de 1983. El 13 de febrero de 1998, mediante una opinión per curiam, le sus-pendimos indefinidamente del ejercicio de la abogacía por su reiterado incumplimiento con nuestras órdenes. El 27 de marzo de 1998, mediante resolución a esos efectos, le reinstalamos a la abogacía al cumplir con lo que se le había ordenado.

El 12 de julio de 1999 emitimos una opinión per curiam en la que le censuramos por la conducta desplegada du-rante la tramitación de un pleito de daños y perjuicios. Le apercibimos que en el futuro debía ser más diligente en la defensa de los intereses de su cliente y evitar entablar plei-tos viciosos, de lo contrario se expondría a unas más seve-ras sanciones.

El 4 de mayo de 2001 separamos nuevamente al licen-ciado Laborde Freyre del ejercicio de la abogacía por in-cumplir, de forma reiterada, con las órdenes de este Tribunal. Le ordenamos al Alguacil del Tribunal que se incautara de su obra notarial. El 7 de junio emitimos una resolución en la que le reinstalamos al ejercicio de la abo-gacía, mas no así al ejercicio de la notaría.

El 8 de octubre de 2001 la Oficina de Inspección de No-tarías (ODIN) nos rindió su informe sobre la obra notarial incautada al licenciado Laborde Freyre. Del informe some-tido se desprendían innumerables faltas en la obra notarial, algunas de las cuales podían viciar de nulidad los ins-trumentos otorgados. El 31 de octubre de 2001 ordenamos al licenciado Laborde Freyre a que subsanara las delicien-cias encontradas en su obra notarial y mantuviese infor-mado a este Tribunal de sus gestiones.

El 27 de junio de 2003 el licenciado Laborde Freyre fue objeto, nuevamente, de sanciones disciplinarias. En esa fe-cha, emitimos una opinión per curiam en la que le suspen-díamos del ejercicio de la profesión legal por el término de dos meses, luego de concluir que éste había infringido los Cánones 18 y 19 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El 23 de enero de 2004 le reinstalamos al ejercicio de la abogacía.

El 11 de octubre de 2006 la ODIN presentó una moción informativa sobre la obra notarial incautada del licenciado Laborde Freyre, en la cual nos indicaba que éste había subsanado algunas deficiencias, mas otras permanecían sin corregir. El 17 de noviembre de 2006 le concedimos un término de cuarenta y cinco días para subsanar las defi-ciencias señaladas por ODIN en su informe del 10 de octubre. El 7 de enero de 2007 el licenciado Laborde Freyre presentó una moción en cumplimiento de orden ante este Tribunal, en la cual nos informó que había subsanado al-gunas deficiencias y que se encontraba en el proceso de de subsanar las restantes. Nos solicitó un término adicional para ello. En respuesta a su petición, le concedimos un término de sesenta días para concluir su trabajo de rectifi-cación de deficiencias.

El 14 de mayo de 2007, habiendo transcurrido el tér-mino concedido sin que éste compareciera a informarnos el estatus de sus gestiones, le concedimos un término de quince días para que nos informara las gestiones realiza-das para cumplir con nuestra Resolución de 9 de febrero de 2007. Esta resolución le fue notificada personalmente el 6 de junio de 2007. El 21 de junio, el licenciado Laborde Freyre compareció ante este Tribunal con una escueta mo-ción en la cual nos informó que continuaba trabajando en la rectificación de las deficiencias y ofreció un sinnúmero de excusas para su incumplimiento. El 29 de junio de 2007 se le concedió un término de cuarenta y cinco días para concluir su labor. Esta resolución también le fue notificada personalmente.

Ante el incumplimiento con nuestra orden, el 9 de mayo de 2008 emitimos una nueva resolución concediéndole un término final de veinte días para cumplir con nuestra Re-solución del 9 de febrero de 2007. En esta resolución le apercibimos que su incumplimiento con ésta conllevaría la suspensión automática del ejercicio de la abogacía. La re-solución le fue notificada personalmente.

El 25 de junio de 2008 el licenciado Laborde Freyre com-pareció ante este Tribunal mediante una moción informa-tiva y solicitud de reconsideración en la que informa, “[c]on mucha tristeza”, que no ha cumplido con la Resolución de 9 de febrero de 2007. Vista la moción del licenciado Laborde Freyre, le concedimos un término a la ODIN para que se expresara sobre ésta. En su respuesta, ODIN nos informa lo siguiente: “el licenciado Laborde no se ha comunicado ni ha efectuado corrección alguna, por lo que permanecen sin aprobación los protocolos para los años 1991 al 1997 y el libro del Registro de Testimonios .... La obra notarial del licenciado Laborde permanece con las mismas deficiencias originalmente señaladas”. (Enfasis nuestro.) Moción en cumplimiento de orden, 1 de diciembre de 2008.

Por otro lado, el expediente personal del licenciado La-borde Freyre está plagado de innumerables otras órdenes que le hemos tenido que notificar ante su incumplimiento continuo con el pago de la fianza notarial, así como con la cuota de colegiación compulsoria.

I

Este Tribunal ha sido en extremo paciente y tole-rante con el licenciado Laborde Freyre, según se desprende del recuento antes reseñado. Su comportamiento a través de los años demuestra su total menosprecio para con las órdenes de este Tribunal. No hay que recordarle, ni a él ni a ningún miembro de la clase togada, lo que ya en tantas ocasiones hemos advertido, en el sentido de que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de im-ponerle sanciones disciplinarias. In re Ríos Rodríguez, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007).

Hemos señalado insistentemente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional. 4 L.P.R.A. Ap. IX. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). El Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que todo abogado deberá observar para con los tribunales urna conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 681. Nos parece sorprendente que luego del esfuerzo que conlleva la carrera de abogacía se desatiendan nuestras órdenes a sabiendas de que se pone en peligro el título que se ostenta.

No albergamos duda alguna de que el licenciado La-borde Freire es indigno de continuar ejerciendo el ministe-rio que es la profesión de abogacía. Su reiterado incumpli-miento con lo ordenado es la mejor evidencia de que no le interesa, ni es merecedor, de continuar desempeñándose como abogado.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la se-paración inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Lie. Miguel A. Laborde Freyre a partir de la notifica-ción de la presente opinión per curiam.

Imponemos al licenciado Laborde Freyre el deber de no-tificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir re-presentándoles, de devolver cualesquiera honorarios reci-bidos por trabajo no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administra-tivos del país. Además, deberá certificarnos dentro del tér-mino de treinta días, contados a partir de la notificación de esta opinión per curiam, el cumplimento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió.


text:
      In re José Luis Novas Dueño.

      Número: TS-2495

      Resuelto: 17 de marzo de 2009

      José Luis Novas Dueño, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud de Reinstalación, se reinstala al licenciado Novas Dueño al ejercicio de la abogacía.

A su vez, se reactiva la queja AB-2003-219, presentada por el Sr. Reichard Hartel contra Novas Dueño, y se ins-truye a la Secretaria del Tribunal que remita al Procura-dor General una copia de la contestación del abogado de 3 de agosto de 2005 al Informe del Procurador General del 16 de octubre de 2003, para que someta un informe suple-mentario luego de tener el beneficio de la posición del quejoso.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez provee-ría “no ha lugar”. El Juez Asociado Señor Martínez Torres denegaría la solicitud de reinstalación en esta etapa.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: PER curiam:

text:
      In re Wanda I. Marín Lugo.

      Número: AB-2008-182

      Resuelto: 18 de marzo de 2009

      María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Co-misión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   PER curiam:

I

La Leda. Wanda Ivelisse Marín Lugo fue admitida al ejercicio de la abogacía el 16 de julio de 1998 y el 3 de enero de 2000 prestó juramento como notario.

El 3 de julio de 2008 la Comisión de Ética del Colegio de Abogados compareció ante este Tribunal y nos informó que la licenciada Marín Lugo había desatendido múltiples re-querimientos que le había hecho dicha comisión para que contestara una queja instada en su contra por el Sr. Juan C. Santiago Berrios. Específicamente, la Comisión cursó cinco comunicaciones a la licenciada Marín Lugo informán-dole sobre la referida queja y concediéndole un término para que la contestara, pero dicha letrada nunca respondió. En su comparecencia, la Comisión acompañó co-pia de las misivas cursadas infructuosamente a la licen-ciada Marín Lugo, así como copia del expediente de la queja que las motivó.

Examinada la comparecencia de la Comisión de Etica, el pasado 25 de agosto de 2008 emitimos una resolución me-diante la cual le concedimos a la licenciada Marín Lugo un término de diez días para atender los requerimientos de dicha comisión y le ordenamos que, en ese mismo término, compareciera ante este Tribunal a exponer las razones por las cuales no debía ser disciplinada. Asimismo, apercibi-mos a la licenciada Marín Lugo que el incumplimiento con nuestras órdenes podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión.

La referida resolución se le notificó a la licenciada Ma-rín Lugo mediante entrega personal realizada por la Ofi-cina del Aguacil de este Tribunal el 9 de septiembre de 2008. A pesar de lo anterior, dicha abogada aún no ha com-parecido ante nos.

II

Es norma firmemente establecida que todo abogado tiene la ineludible obligación de responder a los requerimientos de este Tribunal, sobre todo cuando se trata de asuntos relacionados a su conducta profesional. Por ello, en reiteradas ocasiones hemos resuelto que no cumplir diligentemente con las órdenes de este Foro y demostrar indiferencia ante nuestros apercibimientos es razón sufi-cíente para suspender a un abogado del ejercicio de la abogacía. In re García Vallés, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Rodríguez Calderón, 172 D.P.R. 309 (2007); In re Rivera Torres, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Laborde Freyre 1, 154 D.P.R. 112 (2001); In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998).

Esta obligación se extiende a los requerimientos formulados por la Comisión de Etica del Colegio de Abogados. En consecuencia, un abogado que desatiende e incumple con los requerimientos de la referida Comisión de Ética respecto a alguna queja instada en su contra incurre en conducta impropia que acarrea la imposición de serias sanciones disciplinarias por este Tribunal. In re Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567, 568 (2004); In re Guede Mijares, 159 D.P.R. 396, 397 (2003); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531, 533 (2000).

En el caso de autos, la licenciada Marín Lugo hizo caso omiso a nuestra Resolución de 25 de agosto de 2008. No atendió los múltiples requerimientos de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. Evidentemente, la conducta contumaz de la licenciada Marín Lugo demuestra que ésta no está dispuesta a cumplir con nuestras órdenes y adver-tencias, por lo que ha ignorado sus obligaciones como miembro de la profesión. Procede, por lo tanto, que la sus-pendamos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría.

III

Por todo lo antes expuesto, se suspende inmediata e in-definidamente a la Leda. Wanda Ivelisse Marín Lugo del ejercicio de la profesión.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, de devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del País. Además, deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior, dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de la presente opinión per curiam y sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tarse de la obra y del sello notarial de la abogada suspen-dida, y entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Arturo Arzón Rivera.

      Número: AB-2008-113

      Resuelto: 18 de marzo de 2009

      Sarah Y. Rosado Morales, procuradora general auxiliar.
   per curiam:

Una vez más nos vemos en la obligación de suspender a un miembro de la profesión por incumplir con los requerimientos de este Tribunal y del Procurador General sobre un procedimiento disciplinario iniciado en su contra. Por las razones que se exponen a continuación, or-denamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Arturo Arzón Rivera del ejercicio de la abogacía.

I

El 12 de mayo de 2008 la Oficina del Procurador General presentó un informe ante este Tribunal en el que nos notificó sobre la falta de cumplimiento del Ledo. Arturo Arzón Rivera con sus requerimientos sobre la queja de epígrafe. En su comparecencia, el Procurador General relata que en octubre de 2005 se presentó una queja contra el licenciado Arzón Rivera por un incidente relacionado con la cancelación de un pagaré. Según los hechos expuestos en dicha queja, las partes interesadas en la cancelación del pagaré habían realizado gestiones para que el licenciado Arzón Rivera lo cancelara, mas éste no había respondido.

Ante estos hechos, en diciembre de 2007 el Procurador General solicitó al licenciado Arzón Rivera que respondiera a las alegaciones presentadas en su contra. El licenciado Arzón Rivera solicitó una prórroga hasta enero de 2008, la cual le fue concedida. No obstante, éste nunca respondió al requerimiento del Procurador General, por lo que se le en-vió otra comunicación en marzo de 2008 solicitando su respuesta. Al no recibirla, el Procurador presentó ante nos el informe de referencia, por lo que el 30 de mayo de 2008 emitimos una resolución en la que ordenamos la compare-cencia del licenciado Arzón Rivera, apercibiéndole de las posibles sanciones disciplinarias que conllevaría su incumplimiento.

Aún hoy el licenciado Arzón Rivera no ha comparecido ante el Procurador General ni ante este Tribunal. Por con-siguiente, decretamos su suspensión inmediata e indefi-nida del ejercicio de la abogacía.

II

En reiteradas ocasiones hemos expresado que los abogados tienen el deber y la obligación de responder dili-gentemente a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, particularmente los relacionados con procedimien-tos disciplinarios sobre su conducta profesional. Hemos señalado, además, que procede la suspensión inmediata de aquellos miembros de la profesión que incumplen nuestros requerimientos e ignoran los apercibimientos de sanciones disciplinarias. In re De Jesús Ortiz, 174 D.P.R. Ap. (2008); In re Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001). De igual manera, hemos resuelto que los abogados tienen la obliga-ción de responder diligentemente a nuestros requerimien-tos, independientemente de los méritos de la queja presen-tada en su contra. In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007).

Por otra parte, resulta ampliamente conocido que el incumplimiento con los requerimientos de la Oficina del Procurador General es igualmente reprochable y acarrea las mismas sanciones que la falta de atención a las órdenes de este Tribunal. In re Lassalle Pérez, 153 D.P.R. 368 (2001). Asimismo, hemos afirmado en múltiples ocasiones que desatender las comunicaciones relacionadas a procedi-mientos disciplinarios “tiene el mismo efecto disruptivo de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por el Tribunal”. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997). Véase, además, In re Rodríguez Bigas, supra.

Sin embargo, constantemente nos enfrentamos a un sin-número de abogados que incumplen las órdenes de este Tribunal y de los organismos a los cuales hemos encomen-dado la tarea de investigar posibles violaciones a las nor-mas que rigen la profesión. Es por ello que hemos resuelto que esa “actitud de indiferencia y menosprecio a la autori-dad del Tribunal Supremo merecen su suspensión indefinida”. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 683 (1992).

III

En el caso de autos nos enfrentamos a un abogado que ha incumplido con los requerimientos de este Tribunal y del Procurador General ante la queja presentada en su contra. Ello tiene el resultado de impedir que atendamos adecuadamente los méritos de las alegaciones formuladas contra la labor profesional del licenciado Arzón Rivera.

Su comparecencia en la otra querella presentada en su contra demuestra que, a pesar de encontrarse en condicio-nes de responder a la queja de epígrafe, deliberadamente ha ignorado los procedimientos de esta segunda queja en su contra y reta nuestra autoridad y la del Procurador General. Ello de por sí es suficiente razón para suspen-derle del ejercicio de la profesión.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se ordena la sus-pensión inmediata e indefinida del licenciado Arzón Rivera de la práctica de la abogacía.

El licenciado Arzón Rivera notificará a sus clientes que ■ por motivo de la suspensión no puede continuar con su re-presentación legal, y devolverá a éstos los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por tra-bajos no realizados. De igual manera, deberá informar de su suspensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente.

Por último, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal, en el término de 30 días, el cumpli-miento con lo antes ordenado. El Alguacil de este Tribunal se incautará inmediatamente de la obra y del sello notarial del abogado de epígrafe para que la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías el trámite correspondiente.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Cabe señalar que la conducta profesional del licenciado Arzón Rivera es objeto de otro procedimiento disciplinario ante este Tribunal, In re Arzón Rivera, CP-2008-18, por hechos distintos a los de la queja de epígrafe. En dicho procedi-miento, éste presentó su contestación a la querella el 20 de enero de 2009, por lo que aún está pendiente de resolución.


text:
      In re Lydia I. Otero Encarnación.

      Número: AB-2008-209

      Resuelto: 20 de marzo de 2009

      María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Co-misión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

El pasado 30 de septiembre de 2008 emiti-mos una resolución concediéndole un término de 10 días a la Leda. Lydia I. Otero Encarnación para que compareciera ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico y respondiera a sus requerimientos sobre una investigación que dicho foro conduce con relación a su con-ducta profesional. A su vez, le ordenamos comparecer ante nos para que expusiera sus razones, si alguna, por las cua-les no debiéramos imponerle sanciones disciplinarias. Por último, le apercibimos de que lo contrario podría conllevar consecuencias severas, como su suspensión indefinida del ejercicio de la profesión.

I

La Sra. Donna Marie Vázquez contrató los servicios pro-fesionales de Otero Encarnación, ya que su padre, el Sr. Luis Antonio Vázquez Vargas, deseaba presentar una ac-ción judicial para evitar que una de sus hermanas se apo-derara del caudal hereditario del padre de ambos, don Carmelo Vázquez Negrón. Con ese fin, acordaron por vía telefónica que un amigo de don Luis Antonio le entregaría $950 a Otero Encarnación como pago inicial por sus servicios. Tras la entrega de dicha cantidad, la señora Váz-quez se comunicó con Otero Encarnación y, presunta-mente, ésta le indicó que ya había presentado una “moción de emergencia” en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.

Con el pasar del tiempo, sin embargo, la señora Vázquez se enteró de que Otero Encarnación nunca había presen-tado la referida moción. Tampoco había constancia alguna en el Tribunal de Primera Instancia de una demanda sobre el asunto antes reseñado. En vista de ello, e inconforme con los servicios de Otero Encamación, la señora Vázquez le solicitó que le devolviera el dinero pagado. Sin embargo, nunca recibió una respuesta a sus llamadas ni recobró los $950 que había entregado a dicha abogada.

Así las cosas, la señora Vázquez presentó una queja ante la Comisión de Etica del Colegio de Abogados para que se examinara la conducta profesional de Otero Encar-nación y se le ordenara devolver la suma cobrada por los servicios que, supuestamente, nunca prestó. Recibida dicha queja, la oficial investigadora a cargo del caso le noti-ficó sobre ésta a Otero Encarnación mediante cuatro car-tas, tres de las cuales fueron enviadas por correo certificado con aviso de recibo. En estas comunicaciones, la oficial examinadora le solicitó que contestara la queja pre-sentada ante la Comisión de Etica y le apercibió de que desatender los requerimientos del Colegio de Abogados po-dría conllevar la imposición de severas sanciones discipli-narias por parte de este Tribunal.

A pesar de lo anterior, Otero Encarnación nunca con-testó la referida queja. Por tal motivo, la oficial investiga-dora compareció ante nos a través de una moción informa-tiva en la que expresó que debido a que la abogada de epígrafe no había contestado la queja, no estaba en posición de emitir una recomendación sobre el asunto pre-sentado en ésta. Así, pues, solicitó nuestra intervención para que tomáramos la acción correspondiente.

En atención a esta solicitud, el 30 de septiembre de 2008 emitimos la resolución antes mencionada, la cual fue diligenciada personalmente por personal de la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Según surge de la faz de la re-solución, ésta fue recibida por Otero Encarnación el 22 de octubre de 2008. A pesar de ello, ésta aún no ha compare-cido ante nos.

II

Como se sabe, todo abogado tiene la obligación de responder con diligencia a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, en particular aquellos asuntos que están relacionados con procedimientos sobre su conducta profesional. Así, pues, reiteradamente hemos señalado que procede suspender de forma automática a un abogado que no atiende con premura nuestros requerimientos y que se muestra indiferente ante nuestros apercibimientos de im-ponerle sanciones disciplinarias. In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007); In re Díaz Rodríguez, 166 D.P.R. Ap. (2005); In re Vega Lasalle, 164 D.P.R. 659 (2005); In re Quintero Alfaro, 161 D.P.R. Ap. (2007).

A pesar de ello, constantemente nos enfrentamos a cantidad de letrados que hacen caso omiso a nuestras órdenes y apercibimientos. Al parecer, olvidan que su “actitud de indiferencia y menosprecio a la autoridad del Tribunal Supremo merecen su suspensión indefinida”. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 683 (1992). En este sentido, como demuestra el citado precedente, la obligación de atender los requerimientos relacionados a un procedimiento disciplinario contra un abogado no se limita a aque- llos formulados por este Tribunal. Ésta se extiende tam-bién a los requerimientos formulados por el Procurador General, la Comisión de Etica del Colegio de Abogados y la Oficina de Inspección de Notarías. Véanse, e.g.: In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

III

En esta ocasión, nos enfrentamos al caso de una abo-gada que no ha atendido los requerimientos de este Tribunal ni de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados en torno a la evaluación de su conducta profesional. En primer lugar, Otero Encarnación no ha comparecido ante la Comisión de Ética para contestar sus requerimientos, lo que ha tenido el resultado de impedir que dicha entidad cumpla con su deber de investigar el proceder de ésta en cuanto a los asuntos para los cuales, presuntamente, fue contratada. Además, requerida por este Tribunal para acreditar su cumplimiento con su obligación de comparecer ante la Comisión de Ética, Otero Encarnación también ha ignorado nuestras órdenes.

Sin lugar a dudas, de todo lo anterior surge claramente que Otero Encarnación ha desatendido sus obligaciones como abogada. Esto indica que ya no desea continuar en el ejercicio de la profesión legal. En vista de ello, procede que decretemos su suspensión inmediata e indefinida del ejer-cicio de la abogacía.

IV

Por las razones antes expresadas, suspendemos a la Leda. Lydia I. Otero Encarnación inmediata e indefinida-mente del ejercicio de la abogacía por desatender tanto nuestros requerimientos como los de la Comisión de Etica del Colegio de Abogados en torno a la queja presentada en su contra.

Otero Encarnación notificará a sus clientes que por mo-tivo de la suspensión que le hemos impuesto no puede con-tinuar con su representación legal, y devolverá a éstos los expedientes de los casos pendientes y los honorarios recibi-dos por trabajos no realizados. Asimismo, informará de su suspensión a toda Sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en donde tenga algún caso pendiente.

Por último, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal, en el término de 30 días, que cumplió con lo antes señalado. El cumplimiento con estos deberes será notificado también a la Comisión de Etica del Colegio de Abogados. El Alguacil de este Tribunal se incautará in-mediatamente de la obra y el sello notarial de la abogada de epígrafe para el trámite correspondiente por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Fiol Matta no intervino.


text:
      In re Enrique J. León Malavé.

      Número: TS-12790

      Resuelto: 20 de marzo de 2009

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Enrique J. León Malavé, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Solicitud de Reinstalación a Ejercer la Abogacía y la Notaría, presentada por el Ledo. Enrique J. León Malavé, se autoriza la reinstalación del licenciado León Malavé al ejercicio de la abogacía y la notaría, efec-tivo inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Juan R. Cotto Vives.

      Número: TS-4470

      Resuelto: 24 de marzo de 2009

      Roberto Alonso Santiago, abogado del peticionario.
   RESOLUCIÓN

Atendida la Moción en Cumplimiento de Orden que el peticionario, Juan R. Cotto Vives, presentó el 20 de marzo de 2009, surge que éste cumplió con todos los requisitos que la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía recomendó como condición para su readmi-sión a la práctica de la profesión legal. A saber, el peticio-nario acompañó una certificación de que tomó un curso de repaso de reválida de abogacía y notaría. Luego de 23 años de suspensión de la profesión y ante el arrepentimiento por su conducta que ha expresado el peticionario, el Tribunal concluye que la solicitud de reinstalación procede tras el cumplimiento de los requisitos que la Comisión de Reputa-ción y la Oficina del Procurador General recomendaron.

Por consiguiente, se ordena la reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría del peticionario, Juan R. Cotto Vives. La reinstalación será efectiva cuando el peticionario informe a la Secretaria de este Tribunal su dirección, con- forme a la Regla 9(j) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Por su parte, nuestra Secretaria le remitirá al peti-cionario, por conducto de su abogado, los formularios nece-sarios para actualizar su información en el Registro Unico de Abogados y Abogadas.

Publíquese y notifíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Héctor J. Miranda Casasnovas.

      Número: TS-6160

      Resuelto: 2 de abril de 2009

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Héctor J. Miranda Casasnovas, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un miembro de la profesión legal por incumplir obs-tinadamente nuestras órdenes. Resulta verdaderamente increíble enfrentarnos a una gran cantidad de letrados que hacen caso omiso a nuestras órdenes y apercibimientos, conociendo que tal proceder conlleva la suspensión inme-diata e indefinida de la profesión.

I

El Ledo. Héctor J. Miranda Casasnovas fue admitido al ejercicio de la abogacía el 1ro de noviembre de 1978 y al ejercicio de la notaría el 17 de noviembre de ese mismo año.

El pasado 16 de enero de 2008, la Directora de la Ofi-cina de Inspección de Notarías (ODIN), Leda. Lourdes I. Quintana Lloréns, nos informó que el licenciado Miranda Casasnovas no había presentado ante esa oficina los índi-ces notariales mensuales correspondientes desde el 2002 hasta el 2008 ni los Informes de Actividad Notarial Anual correspondientes desde el 2002 hasta el 2006.

La Directora de ODIN nos informó, además, que el li-cenciado Miranda Casasnovas había sido suspendido del ejercicio de la abogacía y la notaría el 12 de marzo de 1999 por falta de pago de la cuota anual del Colegio de Abogados y por no contestar las órdenes emitidas por este Tribunal. No obstante, el licenciado Miranda Casasnovas fue reins-talado al ejercicio de la abogacía el 7 de mayo de 1999, pero no fue hasta el 18 de enero de 2002 que fue reinstalado al ejercicio de la notaría. Es desde ese entonces que el licen-ciado Miranda Casasnovas no ha presentado ante ODIN los índices mensuales notariales y los Informes de Activi-dad Notarial Anual.

Luego de examinar la misiva cursada por la Directora de ODIN, el 8 de febrero de 2008 emitimos una Resolución para concederle al licenciado Miranda Casasnovas un tér-mino de veinte días para que se expresara sobre la comu-nicación presentada por ODIN. Como el licenciado Miranda Casasnovas hizo caso omiso a nuestra Resolución, el 4 de abril de 2008 le concedimos el término final de diez días para que informara las gestiones realizadas para dar cumplimiento a nuestras órdenes. Le apercibimos en dicha Resolución que el incumplimiento con el término concedido conllevaría sanciones disciplinarias severas, incluso la sus-pensión del ejercicio de la profesión.

El 9 de mayo de 2008, transcurrido el término de diez días concedido al licenciado Miranda Casasnovas, éste compareció ante nos y argüyó que luego de ser reinstalado al ejercicio de la notaría, no reactivó su práctica, razón por la cual entendió que no estaba obligado a rendir los índices e informes notariales. Indicó, además, que nunca había re-cogido su Protocolo, Libro de Afidávit ni sello notarial. Por último, sostuvo que le tomó por sorpresa la comunicación de ODIN puesto que no tenía conocimiento del asunto ni había sido notificado anteriormente. En contestación a la moción presentada por el licenciado Miranda Casasnovas, la Directora de ODIN, licenciada Quintana Lloréns, ar-güyó que la reinstalación del abogado de epígrafe a la no-taría tuvo efectividad inmediata.

Evaluadas las mociones presentadas por el licenciado Miranda Casasnovas y la Directora de ODIN, el 26 de sep-tiembre de 2008 le ordenamos al licenciado Miranda Ca-sasnovas que presentara los informes notariales mensua-les y anuales adeudados dentro del término de treinta días. Asimismo, le ordenamos pagar su fianza notarial y le aper-cibimos de que el incumplimiento con nuestras órdenes conllevaría la imposición de medidas disciplinarias.

Al día de hoy, el licenciado Miranda Casasnovas no ha comparecido ante nos. Pasamos a resolver.

II

El Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial) y la Regla 12 de su Reglamento, imponen a todo notario la obligación de rendir índices mensuales sobre sus actividades notariales no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente al mes informado. De igual forma, los notarios tienen que remitir el índice mensual a ODIN aun cuando no hayan tenido actividad notarial durante ese mes. En tal caso, los notarios deberán enviar un informe negativo sobre la actividad notarial. Sobre estos extremos, el Art. 12 de la Ley Notarial, supra, expresamente dispone que “no será excusa válida para el incumplimiento de rendir el índice mensual de actividad notarial el hecho de que el notario haya dejado de ejercer el notariado”. Hemos resuelto que dicha obligación es de cumplimiento estricto y no requiere conocimientos especiales, pues se trata de “un procedimiento tan sencillo que corresponde a todos los notarios diseñar un método para asegurar su cumplimiento ...”.

Reiteradamente hemos enfatizado que la omisión de rendir índices notariales es una falta grave a los deberes que le impone la investidura de la fe pública notarial al notario, y por ello tal conducta merece severas sanciones disciplinarias. Debemos puntualizar, además, que dejar de enviar los referidos índices dentro del término exigido por ley puede prestarse a actuaciones de naturaleza grave y contribuir a la desviación de la fe pública que reviste a los notarios.

Evidentemente, el ejercicio del notariado exige un grado razonable de organización administrativa, supervisión, responsabilidad y consciencia pública. En armonía con lo anterior, en In re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005, 1007 (1991), expresamos que el abogado que no puede cumplir cabalmente con las obligaciones que le impone la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento debe, en el ejercicio de honestidad profesional, abstenerse de practicar el notariado.

Por otra parte, hemos señalado una y otra vez que todo abogado tiene el ineludible deber de responder diligentemente a las órdenes de este Tribunal. Por ello, hemos resuelto que la inobservancia e indiferencia de los abogados con nuestras órdenes es razón suficiente para suspender indefinidamente a un abogado del ejercicio de la abogacía. No cabe duda de que tal proceder constituye un acto obstinado de indisciplina y una patente violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional, el cual le exige a todo letrado el mayor respeto hacia los tribunales.

III

En el presente caso, el licenciado Miranda Casasnovas ha incumplido reiteradamente con su obligación de rendir los índices notariales mensuales y con su deber de actuar diligentemente ante las órdenes de este Tribunal. Tal y como señalamos, el licenciado Miranda Casasnovas no re-mitió a ODIN los índices notariales correspondientes desde el 2002 hasta el presente y tampoco entregó el Informe Anual sobre Actividad Notarial relativo desde el 2002 hasta el 2006.

No empece lo anterior, el licenciado Miranda Casasno-vas ignoró nuestra orden, no compareció y no presentó los índices notariales y los informes anuales ante ODIN. Su actitud de displicencia hacia este Tribunal no lo hace digno de continuar desempeñando la profesión legal. No cabe duda de que su indiferencia hacia las órdenes de este Tribunal y la falta de compromiso hacia el notariado eviden-cian que no le interesa continuar ejerciendo su profesión. Es preciso señalar que no es la primera vez que tenemos que ejercer nuestra facultad disciplinaria respecto al licen-ciado Miranda Casasnovas por incumplir con nuestras órdenes. Por eso, procede que decretemos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría.

Por los fundamentos expuestos y al amparo de nuestro poder inherente de reglamentar la profesión, se suspende inmediata e indefinidamente al licenciado Miranda Casas-novas del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone a Héctor J. Miranda Casasnovas el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir represen-tándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su sus-pensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país, si tiene algún asunto pendiente en éstos. Deberá, además, certificarnos dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”y Sen-tencia, del cumplimiento de estos deberes.

Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tarse de la obra y del sello notarial del abogado suspendido y entregarla a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para que realice la correspondiente investigación e informe.

       4 L.P.R.A. sec. 2023.

       4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

       4 L.P.R.A. sec. 2023.

        In re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005, 1007 (1991).

       Véanse: In re Castrillón Ramírez, 137 D.P.R. 459 (1994); In re Santiago Arroyo, 132 D.P.R. 239 (1992); In re Nogueras Cartagena, 127 D.P.R. 574 (1990).

        In re Montañez Miranda, 158 D.P.R. 738 (2003); In re Alvarado Tizol, 122 D.P.R. 587 (1988).

        In re Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001); In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 683 (1992).

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       El licenciado Miranda Casasnovas fue suspendido de la abogacía y la notaría mediante opinión per curiam y Sentencia de 12 de marzo de 1999 por incumplir con nuestras órdenes y no pagar la cuota de colegiación del Colegio de Abogados de Puerto Rico.