author: El Juez Asociado Señor Snydee,

text:
    González Padín Co., Inc., peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 91.

    Sometido: Julio 1, 1946.

      Resuelto: Febrero 26, 1947.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y IT. González Blanes, abogados de la peticionaria; Son. Procurador General Interino Luis Ne-gron Fernández (E. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato) y Carlos Samtana Becerra, Procurador General Auxi-liar, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snydee,

emitió la opinión del tribunal.

En 1943 el Tesorero le notificó a Padín ciertas deficiencias de contribuciones sobre ingresos correspondientes a los años 1937 a 1941, inclusive. Padín radicó una solicitud con el Te-sorero en la que no solamente le pedía la reconsideración de la deficiencia para el 1938, si que también hacía una recla-mación para que se le dedujeran ciertos intereses que había pagado en 1938 pero que no había deducido en su planilla para dicho año. En 1944 el Tesorero denegó esta solicitud en lo que se refería a la reconsideración de la deficiencia del 1938, pero concedió la reclamación para que se dedujeran los intereses que Padín había pagado y dejado de deducir en 1938. Toda vez que estos intereses constituían una suma mayor que las deducciones indebidas en que se basaba la defi-ciencia de 1938, Padín había pagado en exceso su contribución del 1938. La resolución del Tesorero disponía por tanto; (1) Se había satisfecho la deficiencia del 1938; (2) el exceso en el pago de la contribución para 1938, ascendente a $2,063.15, en vez de reintegrársele a Padín en efectivo, se le abonó a la deficiencia pendiente para el 1939.

No hubo litigio alguno en cuanto al año 1938. Sin embargo, Padín impugnó ante el Tribunal de Contribuciones las deficiencias para los otros años. El Tribunal de Contribucio-nes, previa la correspondiente vista, redujo en parte la defi-ciencia para 1939 y ordenó al Tesorero que radicara un nuevo cómputo para 1939 de conformidad con su decisión. Pero cuando el Tesorero radicó el nuevo cómputo en 1946,'se negó a incluir en el mismo el crédito por el pago en exceso de la contribución de 1938 para la deficiencia de 1939, por el fun-damento de que en 1944 su antecesor había actuado errónea-mente al conceder este -crédito. Según el Tesorero, este cré-dito era erróneo por el motivo de que en 1943, cuando Padín por primera vez reclamó los intereses que había dejado de deducir en 1938, la reclamación ya estaba prescrita por el tér-mino prescriptivo de cuatro años provisto por la sección ■64(b) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos. Padín ra-dicó una oposición al nuevo cómputo para 1939 en tanto en cuanto éste no incluía el crédito por el exceso en el pago de la contribución de 1938. El Tribunal de Contribuciones sos-tuvo la actuación del Tesorero. Expedimos el auto de certio-rari a solicitud de Padín para revisar esta decisión del Tribunal de Contribuciones. '

I

En su primer error Padín admite argüendo que en 1943, cuando por primera vez reclamó que había pagádo en exceso la contribución de 1938, ya estaba prescrita una reclamación de reintegro o de crédito del exceso a tenor con la sección 64(b). Pero no obstante alega que cuando el Tesorero le notificó una deficiencia para 1938, con ello abrió para investigación todo el año contributivo, haciéndole posible a Padín hacer la reclamación por la suma pagada en exceso, que resultó cuando dejó de deducir en su planilla de 1938 ciertos intereses pagados en dicho año. Arguye Padín que este resultado emana, ya sea de la doctrina de reconvención (recoupment) o de la establecida en Lewis v. Reynolds, 284 U.S. 281.

Si bien no existe autoridad estatutaria para ello, la re-convención lia sido aplicada a pleitos contributivos para evi-tar se obtengan ventajas de la inconsistencia:- las cortes se han negado a permitirle al Gobierno que tramite una transac-ción o un evento contributivo a base de determinada teoría y luego, cuando el término prescriptivo impide una acción de reintegro en cuanto a dicha teoría, permitirle cambiar ésta y cobrar una contribución sobre una teoría inconsistente. Bull v. United States, 295 U.S. 247; Stone v. White, 301 U.S. 532; Rothensies v. Electric Storage Battery Co.,_U.S.-, resuelto el 16 de diciembre de 1946; 10 Mertens, Law of Federal Income Taxation, sec. 58.39, págs. 328-31; McConnell, The Doctrine of Recoupment in Federal Taxation, 28 Va. L. Rev. 577, 583, et seq.; Zimet, Tax Refund Claims and the Statute of Limitations, 1 Tax Law Rev. 45, 48-50; Maguire y Zimet, Hobson’s Choice in Federal Taxation, 48 Harv. L. Rev. 1281, 1321-25.

Pero si el propósito de la reconvención en casos contribu-tivos es evitar la inconsistencia en la tramitación de una transacción, surge el hecho de que bajo esta doctrina una re-clamación que ya está prescrita puede usarse por medio de la reconvención contra una reclamación del Gobierno por con-tribuciones solamente si la reclamación de reconvención “es de la naturaleza de una defensa proveniente de algún aspecto de la transacción sobre la cual se basa la acción del deman-dante.” Bull v. United States, supra, pág. 262. “Nunca se ha tenido en mente que esta doctrina permita que una trans-acción se compense con otra, sino permitir únicamente que se examine en todos sus aspectos una transacción que es objeto del pleito de un demandante, y que se dicte sentencia y se imparta justicia con vista de la transacción en su totalidad. ’ ’ Rothensies v. Electric Storage Battery Co., supra, pág_

Qué constituye la misma transacción a los fines de la re-convención es asunto que puede ser de difícil solución en otros casos. Pero este caso no brinda dificultad alguna sobre dicha cuestión. La actuación principal del Gobierno envolvía deducciones indebidas Lechas por Padín en 1938 por depre-ciación, deudas incobrables y donaciones. Estas partidas de 1938 no tenían relación alguna con la partida en que Padín basa su reconvención: el n© haber deducido los intereses pa-gados en 1938. Por tanto, no procede la reconvención en este caso porque la reclamación de reconvención del contri-buyente no surge de la misma transacción o del evento idén-tico sobre los cuales se basa la reclamación del gobierno.

La reconvención no prospera aqní por un motivo adicio-nal. Suponemos que bajo el caso de Lewis v. Reynolds, dis-cutido más adelante, Padín tenía derecho a compensar la de-ficiencia de 1938 con el exceso en el pago de los intereses en 1938, aun cuando un pleito de reintegro de dicho exceso estu-viese prescrito por otro lado. Pero el Tesorero hizo algo más. La reclamación de intereses de 1938 excedía la defi-ciencia de 1938. El Tesorero, además de considerar satisfe-cha la deficiencia de 1938, le abonó el exceso a la deficiencia de 1939. Pero el hecho de que éste era un abono a la defi-ciencia pendiente de 1939, en vez de un pago en efectivo, no convierte este caso en una controversia .en relación con la contribución de 1939. Por el contrario, la controversia én este caso nunca ha envuelto nada que no sea la contribución de 1938 — tanto las deducciones rechazadas sobre las que se basó la deficiencia como los intereses reclamados usados para compensar la deficiencia, surgieron de transacciones pertene-cientes exclusivamente al 1938.

Pero una vez que se admite que aquí solamente está en-vuelto el año 1938, es obvio que Padín no tenía derecho por vía de la reconvención a que le abonaran los $2,063.15 a la deficiencia de 1939. “La reconvención, distinta a la compen-sación y a la contrarreclamación estatutarias, no permite una sentencia afirmativa para aquél que la alega con éxito. Es un escudo, no una espada. Lo más que puede hacer es pro-tegerle contra una reclamación del contrario.” Electric Storage Battery Co. v. Rothensies, 152 F.2d 521, 526 (C.C.A. 3, 1945), revocado por otros fundamentos,_U.S_, supra; Pennsylvania R. Co. v. Miller, 124 F.2d 160 (C.C.A. 5, 1941); McConnell, supra, 579-86, 603; Restatement, Judgments, pág. 217.

Al concederle a Padín este crédito de $2,063.15, el Teso-rero resolvió la controversia sobre el 1938 dándole a Padín lo que en efecto era una sentencia afirmativa por dicha canti-dad. Pero no hemos encontrado un solo caso, y ninguno ha citado Padín, en que una reclamación de reconvención haya resultado en una sentencia afirmativa para el demandado. En verdad, la misma teoría de la reconvención en pleitos con-tributivos — una reclamación inconsistente basada en la misma transacción puede vencerse al extremo de que el reclamante ya se ha beneficiado de una teoría diferente cuya impugna-ción ya es muy tarde para interponer, — demuestra lo impro-pio de permitir una sentencia afirmativa. Las cortes no per-mitirán al demandante, por medio de un término prescriptivo, enriquecerse injustamente usando dos teorías inconsistentes en cuanto a la misma transacción. De la misma manera, si bien las cortes rescatarán al demandado de esta precaria si-tuación, no le concederán una ventaja permitiéndole recobrar una sentencia afirmativa que no hubiera podido obtener en un pleito independiente contra su adversario por medio de una reclamación de reconvención que, por sí sola, ha prescrito.

Pasemos ahora al caso de Lewis v. Reynolds, en que Padín también descansa en su primor señalamiento de error. Dicho casó resuelve que si el contribuyente demanda por reintegro de contribuciones sobre ingresos, el gobierno puede compensar la reclamación del demandante con la responsabilidad de éste sobre cualquier otra pérfida del mismo año, a pesar del hecho de que el término prescriptivo habría impedido por otro lado una notificación de deficiencia por la misma. Véanse Moran v. United States, 19 F.Supp. 557 (Ct. Cls., 1937); Globe Gazette Printing Co. v. United States, 13 F. Supp. 422 (Ct. Cls. 1936); Hendler v. United States, 17 F. Supp. 558, 568 (Dist. Ct., Md., 1936). La opinión en el caso de Lewis consiste en efecto de un párrafo que dice como signe (pág. 283): “Si bien las leyes que autorizan los reintegros no le dan poder específicamente al Comisionado para reajustar una planilla dondequiera que se reclama un pago en exceso, la autoridad para ello se infiere necesariamente. Antes de que se autorice el reintegro debe aparecer un pago en exceso. Si bien el término prescriptivo puede haber impedido la tasación y el cobro de cualquier suma adicional, no destruye el derecho de los Estados Unidos a retener los pa-gos ya recibidos cuando éstos no exceden la cantidad que pudo haberse tasado y exigido correctamente.”

El caso de Leiuis no envolvía reconvención; envolvía “re-ajuste de partidas no relacionadas dentro de un solo año, más bien que reconvención.” McConnell, supra, pág’. 599. Que los dos conceptos si bien relacionados, son diferentes, lo de-muestra el hecho de que el caso de Lewis no es siquiera ci-tado por la Corte Suprema en los casos de reconvención.

Zimet, supra, pág. 48, expone la base para la doctrina de Lewis como sigue: “. . . existe a los fines de la contribución federal sobre ingresos un concepto fundamental de que la ley impone la contribución con referencia a un período fijo de tiempo. El período anual es una cuestión de necesidad si la ley se va a administrar; se le ha llamado la piedra angular de nuestra estructura contributiva. Ahora, nuestra contri-bución 110 se impone, si bien quizá puede imponerse, sobre los ingresos brutos; se impone sobre los netos, para cuya debida determinación deben considerarse y combinarse muchos fac-tores. Si se maneja incorrectamente cualquier factor, todo el cálculo debe hacerse de nuevo. Cuando es necesario que se haga un nuevo cálculo, ya sea mediante una reclamación de reintegro o una tasación de deficiencia, debe ser dicho cálculo lo más correcto posible.”

Suponemos, sin decidirlo, que llegaríamos al mismo resul-tado que el caso de Lewis y que éste es de aplicación tanto cuando el contribuyente como cuando el Tesorero es el de-mandado. Pero lo mismo que en los casos de reconvención, la doctrina del caso de Lewis es un escudo y no una espada —sólo puede utilizarse como una defensa y no para obtener una sentencia afirmativa. McConnell, supra, pág. 605; 52 Harv. L. Rev. 300, 303. Una vez más, como en el caso de reconvención, es claro que a una persona a quien se le per-mite como cuestión de ajuste equitativo emplear defensiva-mente una reclamación ya prescrita por otro lado, no puede permitírsele que convierta dicha reclamación en un arma para obtener una sentencia afirmativa que no hubiera podido obtener de haber radicado demanda por separado.

Una vez que reconocemos que la doctrina del caso de Lewis es un escudo y no una espada, aparente es que no se aplica a los hechos de este caso. Toda vez, según hemos visto, que aquí sólo estaba en controversia el ingreso de 1938 —precisamente sólo en el caso en que esté envuelto el ingreso para el mismo año es cuando se aplica el caso de Lewis — la reclamación de la demandada por los intereses de 1938 puede a lo sumo compensar la deficiencia de 1938.' Pero aquí el an-tecesor del Tesorero fué más lejos y en adición a tomar dicha medida también le abonó a la deficiencia de 1939 la parte de la reclamación por los intereses de 1938 que excedía la deficiencia para dicho año. Mediante esta última actuación el Tesorero en efecto le concedió a Padín una sentencia afir-mativa en violación a la regla de que la doctrina de Lewis v. Reynolds no puede invocarse para obtener tal sentencia afirmativa.

Pero el arco de Padín tiene otra cuerda. Tiene una re-clamación de compensación de 1938 para una deficiencia de 1938. La primera es mayor que la última. No se permite sentencia afirmativa una vez que la reclamación de compen-sación para 1938 ha satisfecho la deficiencia de 1938. Sin embargo Padín propone que la parte excedente de la recla-mación de compensación de 1938 se use para satisfacer una deficiencia no relacionada de 1939. Esto desde luego amplia-ría la doctrina de Lewis permitiendo que una reclamación de compensación ya prescrita sea usada para satisfacer una re-clamación de un demandante aún cuando esta última sea para un año diferente que la reclamación de compensación. Ma-guire y Zimet, supra, haciendo hincapié en el punto de que tanto la decisión como el raciocinio del caso de Lewis limitan la reliqnidación de la contribución a sólo un año, rechazan esta proposición de Padín a la pág. 1324 como sigue:

“Si se empieza a saltar los límites del año específico a que se con-trae la reclamación de reintegro, no se llegaría a ningún punto de parada hasta alcanzar los límites extremos en que dieron comienzo las relaciones económicas entre el gobierno y el contribuyente. Tales acrobacias violentarían las nociones convencionales de la estabilidad legal.
“Argumentándolo concretamente . . . el término prescriptivo pro-híbe el cobro de más contribución o la concesión de más reintegro, o cualquier cosa a éstos equivalente, pero no la exacta reliquidación. La mera reliquidación procede dentro de los límites de una unidad de doce meses. No procede cuando se pretende gobernar una obliga-ción contributiva de tal unidad con una obligación contributiva ya prescrita perteneciente a otro período igual.”

En la Parte II hacemos todo esfuerzo posible para en-contrar un término prescriptivo. Por tanto, escasamente pa-rece razonable que destruyamos mediante interpretación judicial el término prescriptivo sobre este punto y permitamos contrarreclamaciones de ambas partes extendiéndose al prin-cipio de la imposición de contribuciones en Puerto Rico, sim-plemente porque un contribuyente o el Tesorero litigue una reclamación contributiva en particular. Más aún, aunque se. nos persuadiera de que debemos abrir esta caja de Pandora de litigios, una deficiencia de 1937 ascendente a más de $7,000 — suma considerablemente mayor que la que Padín trata de recobrar aquí — fue declarada prescrita por el Tribunal de Contribuciones. La teoría que presenta Padín aquí, de prosperar, nos obligaría a la vez a compensar la deficien-cia de 1937 con la reclamación que Padín hace aquí y con ello se eliminaría esta última.

Parece obvio que aun si aceptáramos el caso de Lewis v. Reynolds en esta jurisdicción, debemos seguir la regla que establece, cual es la de limitar la reliquidación de las contri-buciones al año de la reclamación que dió lugar a la contro-versia. Y esto quiere decir que la parte de la reclamación de los intereses de 1938 aquí envuelta no puede usarse para compensar la deficiencia de 1939.

II

Como liemos visto, en 1946 el Tesorero, al radicar un nuevo cómputo, dejó sin efecto aquella parte del crédito por el exceso pagado en la contribución de 1938, que su antecesor le Rabia concedido a Padín en 1944 para abonarlo a una defi-ciencia pendiente para 1939. El segundo señalamiento de error es que si al radicar este nuevo cómputo en 1946 el Te-sorero estaba en efecto notificando a Padín de una nueva de-ficiencia para 1938, esta nueva deficiencia estaba prescrita por el término de siete años provisto en la sección 60(d)(1) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos.

Cuando el Tesorero llega a la concisión de que por error ha hecho un reintegro erróneo, éste puede reabrir el caso, reliquidar la contribución rechazando el reintegro y enviarle al contribuyente la notificación de una nueva deficiencia, siempre y cuando que el término prescriptivo no haya expirado. Burnet v. Porter, 283 U.S. 230; Page v. Lafayette Worsted Co., 66 F.2d 339 (C.C.A. 1, 1933); Austin Co. v. Commissioner of Internal Revenue, 35 F.2d 910 (C.C.A. 6, 1929); 10 Mertens, supra, sec. 58.103, págs. 425-26; Maguire y Zimet, supra, págs. 1292-93, nota 40; 49 Yale L. J. 1250, 1265.

Suponemos, sin decidirlo, que la radicación por el Tesorero de un nuevo cómputo en 1946 equivalía a una notificación de nueva deficiencia para 1938, a pesar del hecho de que se hizo dentro de un procedimiento que envolvía una contribución de 1939 y a pesar de que el Tesorero no siguió el procedimiento estatutario establecido para ello. Véanse Ballester v. Tribunal de Antelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 768; Fiddler v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 202. Cf. P.R.Ry., Lt. & P. Co. v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 597. La dificultad estriba en que con el fin de ajustarlo lo más posible a la definición estatutaria de una deficiencia, véase Ba- llester v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, supra, el dinero envuelto en el reintegro erróneo es tratado como si nunca se liubiera pagado originalmente por el contribuyente. Por tanto el término prescriptivo para tal nueva deficiencia se calcula desde la fecha en que hubiera empezado a correr si la contribución nunca se hubiera pagado originalmente, y no desde la fecha del reintegro erróneo. Carney Coal Co. v. Commissioner, 10 B.T.A. 1397, 1403-04; C. E. McCutchen v. Commissioner, 16 B.T.A. 569; 10 Mertens, supra, pág. 426, casos citados en las notas 92, 93. En su consecuencia, el de-recho del Tesorero a notificar* a Padín una nueva deficiencia empezó a correr en 1938 y ya había prescrito cuando el Teso-rero radicó su cómputo en 1946.

Aparentemente el Tribunal de Contribuciones decidió que si la actuación del Tesorero fuera considerada como una no-tificación de una nueva deficiencia, no estaría prescrita por-que la deficiencia era para 1939, la que todavía se podía im-poner en 1946. Esto fue erróneo. Como ya hemos indicado, esta controversia gira exclusivamente en torno a la deducibi-lidad de una pequeña parte de los intereses pagados por Pa-dín en 1938. El Tesorero no creó una controversia en rela-ción con la contribución de 1939 cuando le abonó a Padín el' exceso de la contribución de 1938 a la deficiencia de 1939 en vez de hacer un reintegro en efectivo por el pago en exceso-de 1938. La deficiencia. — de haber sido una — es para 1938, y no para 1939. Por tanto está prescrita por el término de píete años provisto en la sección 60(a)(1).

Sin embargo, la notificación de una nueva deficiencia no es el único método que tiene el Tesorero para cobrar las contribuciones. Puede entablar un pleito para el cobro de contribuciones sin tasar una deficiencia, dentro del período de siete años provisto por las secciones 60(1) y 61(c) de la Ley de Contribuciones sobre Ing*resos. Por tanto, surge la cuestión en cuanto a si la modificación del cómputo hecho por el Tesorero en 1946 fue en sustancia un pleito para cobrar contribuciones de 1938 sin la tasación de una deficiencia.

Conocemos la historia de los pleitos para recobrar reintegros erróneos en el sistema federal. Los casos federales resuelven (a) qne tal pleito no es un procedimiento para el cobro de contribuciones, sino más bien un pleito cuya radicación el gobierno siempre ha tenido derecho a efectuar para recobrar dinero ilegalmente pagado por error por un funcionario gubernativo. Smyth v. United States, 92 F.2d 900 (C. C.A. 10, 1937); United States v. Tuthill Spring Co., 55 F.2d 415 (List. Ct., Ill., 1931); Champ Spring Co. v. United States, 38 F.2d 988 (Dist. Ct., Mo., 1929); Talcott v. United States, 23 F.2d 897 (C.C.A. 9, 1928); Craig v. Commissioner, 18 B. T.A. 86, 90; y (b) que en ausencia de una disposición legislativa específica para ello, el término prescriptivo nunca corre contra tal pleito. United States v. Wurts, 303 U.S. 414; Smyth v. United States, supra; Woolner Distilling Co. v. United States, 62 F.2d 228 (C.C.A. 7, 1932); United States v. Bartron, 35 F.2d 765 (Dist. Ct., S.D., 1929).

Al resolver los casos federales que no había prescripción contra los pleitos para recobrar los reintegros erróneos, el Congreso se dio cuenta en seguida del resultado injusto. Por tanto aprobó la sección 610 de la Ley de Rentas Internas de 1928, 26 IT.S.O.A., Leyes de Lentas Internas, págs. 460-61, disponiendo que tales pleitos deben radicarse dentro de dos años después de hacerse el reintegro. Y en vista de los casos resueltos con anterioridad al 1928 al efecto de que todavía no existía tal término prescriptivo, se ha resuelto que la sec-ción 6*10 4‘no concedió al Gobierno un nuevo derecho, sino que es una limitación del derecho del Gobierno establecido hacía tiempo a demandar en cobro de dinero ilegal o erróneamente pagado del tesoro público,” United States v. Wurts, supra, pág. 416; Seidman’s Legislative History of Federal Income Tax Laws, págs. 569-72; United States v. Bartron, supra; 10 Mertens, supra, secs. 58.101-104, págs. 422-27.

Las secciones 60(1) y 61(c) fueron copiadas en 1924 por nuestra Legislatura de la Ley Federal. Por tanto, se puede argumentar que lo mismo que en el sistema federal un pleito para recobrar mi reintegro erróneo no es nn pleito para co-brar contribuciones, sino mi pleito para recobrar dinero ile-galmente pagado por error por un funcionario gubernativo; y que toda vez que nuestra Legislatura no lia seguido la pauta del Congreso al aprobar la sección 610 en 1928, no existe término prescriptivo contra tal pleito.

Sin embargo, los casos que resuelven que la Ley Federal, de la que fueron copiadas las secciones 60(1) y 61(c) en 1924, no incluía un término prescriptivo para pleitos por reinte-gros erróneos, fueron resueltos, según hemos encontrado, con posterioridad a 1924 y por tanto no nos obligan. Pero aparte de las fechas de dichos casos federales, no podemos convenir que, como problema de procedimiento y jurisdicción bajo la ley local, un pleito para recobrar un reintegro erró-neo no es un pleito en cobro de contribuciones. Debe recor-darse que no nos preocupamos, como en el sistema federal, con el problema de determinar cuál de tres cortes — el Tribunal Contributivo, la corte de distrito o la Corte de Recia-, mariones — tiene jurisdicción en un caso específico prove-niente de una controversia sobre contribuciones. Cf. Commissioner v. Gooch Co., 320 U.S. 418. Cuando el Tesorero demanda para recobrar un reintegro erróneo, trata de cobrar una deuda proveniente de una obligación contributiva lo mismo que-si él hubiera reliquidado la contribución y enviado una notificación de nueva deficiencia lo que, como hemos visto,, los casos resuelven puede hacer para recobrar un re-integro erróneo. Y la corte ante la cual se ventila el caso estará llamada a decidir una cuestión de responsabilidad con-tributiva. En verdad, esto es suficiente para conferirle ju-risdicción a nuestro Tribunal de Contribuciones, toda vez que dicho Tribunal tiene jurisdicción exclusiva sobre “todas las acciones ... y reclamaciones do cualquier índole, relaciona-das con, o que afecten la imposición, cobro, pago, devolución o reembolso de toda clase de contribuciones. . .” Sección 4, Ley núm. 169, Leyes de Puerto Rico, 1943; Andréu Aguilar & Co. v. Corte, 64 D.P.R. 809. Por tanto, somos de opinión que, sin referirnos a la dialéctica a que recurren los casos federales para determinar qué corte tiene jurisdicción en un caso específico, un pleito para recobrar un reintegro erróneo en esta jurisdicción es en sustancia un pleito en cobro de con-tribuciones. Y como fiemos visto, un pleito en cobro de con-tribuciones está gobernado por el período prescriptivo de siete años provisto en las secciones 60(a) (1) y 61(c).

Eesolver lo contrario equivaldría a decir que la Legisla-tura tuvo la intención de dejar pendiente para siempre la cuestión de si el Tesorero fiizo un reintegro erróneo. No es-tamos preparados para imputarle a la Legislatura tan irra-zonable intención. En verdad, todas las consideraciones a favor de un estatuto de estabilidad en el que descansa el Te-sorero en la Parte I y que se mencionan en el caso de Electric Storage Battery Co. se aplican con igual fuerza al pre-sente

Habiendo llegado a la conclusión de que el período prescriptivo de siete años para los pleitos en cobro de contri-buciones se aplica al presente, debemos determinar cuándo em-pieza a correr dicho término. La sección 610, aprobada por el Congreso en 1928, específicamente provee que en un pleito para recobrar un reintegro erróneo, la prescripción empieza a correr desde la fecha del pago del reintegro, y no de su concesión. United States v. Wurts, supra. La sección 610, desde luego, no es de aplicación aquí. Pero el caso de Wurts indica a la página 418 un principio general que también es pertinente en este caso: el término no empieza a correr hasta que el derecho del gobierno ha tomado una forma que puede hacerse valer efectivamente.

Cuando el Tesorero trata de recobrar un reintegro erró-neo mediante una notificación de deficiencia, debe tratarse el caso, como hemos visto, como si la contribución nunca se hu-biera pagado originalmente, con el fin de cumplir con la defi-nición estatutaria de una deficiencia, -y en su consecuencia el término empieza a correr desde la fecha en que se radica la planilla. Pero la situación es necesariamente diferente cuando en su lugar está envuelto un pleito para recobrar un reintegro erróneo. Concedemos argüendo para beneficio del contribuyente que el crédito en 1944 del exceso en el pago de la contribución de 1938 para abonar a la deficiencia pen-diente para 1939, equivalió a un pago en efectivo. Sin embargo, el Tesorero no tenía una causa de acción contra Padín que él pudiera hacer valer efectivamente hasta 1944, por la sencilla razón de que el Tesorero escasamente podía recobrar un reintegro erróneo antes de que de hecho concediera el re-integro en 1944. Paulson v. United States, 78 F.2d 97 (C.C.A. 10, 1935). Y tratando la modificación del Tesorero al cómputo en 1946 como si de hecho fuera un pleito para re-cobrar un reintegro erróneo, el pleito para recobrar el re-integro erróneo hecho en 1944 no está prescrito: se radicó en 1946, varios años antes de que espirara el término prescrip-tivo de siete años.

El resaltado a que llegamos no es tan satisfactorio como el provisto por el Congreso cuando aprobó la sección 610 de la Ley Federal de 1928 como un estatuto de estabilidad. Allí, si el Comisionado desea radicar un pleito para recobrar un reintegro erróneo, debe hacerlo dentro de dos años de hacerse el pago del reintegro al contribuyente. Aquí, el con-tribuyente viene obligado a considerar su responsabilidad contributiva para determinado año como no liquidada defini-tivamente por un período considerablemente mayor: el con-tribuyente tiene cuatro años para solicitar el reintegro de un pago en exceso, y el Tesorero tiene siete años más. des-pués de pagar el reintegro para radicar pleito con el fin de recobrarlo como un reintegro erróneo. Pero por lo menos, como ya se ha indicado, hemos evitado el resultado de los ca-sos federales resueltos entre 1924 y 1928 que decidieron que este último derecho del Tesorero nunca prescribía.

Eesta sólo indicar que se clasifica un reintegro como erróneo si se hizo en virtud de una reclamación que como en este caso ya estaba prescrita por el término prescriptivo cuando la reclamación se hizo por primera vez. Esto quedó demostrado por la historia de la sección 610 de la Ley Federal de 1928. Como hemos visto, la sección 610 no creó el derecho al reintegro sino que instituyó un período de pres-eripción sobre nn derecho existente. United States v. Wurts, supra. La sección 608, que define como erróneos los reinte-gros de reclamaciones prescritas, no es la fuente exclusiva del derecho al reintegro; todavía existen, independientemente de la sección 608, otros tipos de reintegros no cubiertos por sus términos, aunque al presente sujetos al período prescrip-tivo de dos años de la sección 610. Smyth v. United States, supra; Hughes v. Commissioner, 21 B.T.A. 1075. Por tanto todavía es una cuestión sin resolver qué otras clases de reinte-gros pueden clasificarse como erróneos. Pero a nuestros fines, lo importante de la sección 608 es que al definir un reintegro erróneo — con el propósito de establecer un término prescrip-tivo sobre nn derecho existente, no para crear uno — específi-camente define como erróneo un reintegro hecho después que la reclamación correspondiente ha prescrito. El resultado final es que no importa cuántos otros reintegros puedan o no clasificarse como erróneos, el reintegro en este caso fué y es un tipo clásico de reintegro erróneo anterior a e indepen-dientemente de la see. 608. Por tanto, es un reintegro erró-, neo dentro del significado de nuestra Ley, que no tiene ni la sección 608 ni la 610. Y esto es cierto prescindiendo de los méritos de la reclamación antes de que ésta prescribiera. 10 Mertens, supra, sec. 58.01, pág. 424, nota 87; véase Smyth v. United States, supra.

Ill

Padín alega que el crédito conferídoie por el Tesorero de una parte del exceso en el pago de su contribución para 1938 para abonarlo a su deficiencia pendiente para 1939 equivalía a un reintegro del mismo en efectivo, y que en su consecuen-cia el único medio que tiene el Tesorero para desenredar esta transacción ya terminada es demandar a Padín en un pleito nuevo e independiente con el fin de recobrar el referido re-integro como erróneo, y no como hizo aquí modificando el cómputo para la deficiencia de 1939.

¡Seguidamente convenimos en que la regla está establecida claramente como nna proposición general qne el abonar nn exceso en el pago de las contribuciones para determinado año a contribuciones pendientes de pago para otro año, constituye pago de estas últimas de manera tan efectiva como si tales pagos se hubieran hecho en dinero. United States v. Swift & Co., 282 U.S. 468; United States v. Botany Worsted Mills, 98 F.2d 880 (C.C.A. 3, 1938). Y reconocemos que en su consecuencia procede que “Cuando se determina más tarde que el abono del exceso fué erróneo, la deuda contra la cual se abonó el exceso y se dió por extinguida, permanece extinguida. En tal caso, se ha resuelto que la única cuestión de responsabilidad contributiva pendiente se relaciona con el año respecto del cuál se concedió el abono erróneo.” 10 Mertens, supra,- sec. 58.35, pág. 321. En verdad, ya habíamos llegado a esta última conclusión cuando resolvimos en la Parte II que una deficiencia estaba prescrita aquí porque la suma en controversia envolvía una contribución de 1938 (año en que se hizo el pago en exceso erróneamente) y no de 1939 (el año a que se abonó el crédito). Pero la aceptación de éstas dos exposiciones de la ley no exige necesariamente la conclusión de que el Tesorero debe en su consecuencia instar una nueva acción por la cantidad aquí envuelta.

En el caso de Commissioner of Internal Revenue v. Newport Industries, Inc., 121 F.2d 655 (C.C.A. 7, 1941), la Corte fué aún más lejos que nuestro Tribunal de Contribuciones en ' este caso. En el caso de Neivport el Comisionado concedió una reclamación por un pago en exceso y lo abonó a una de-ficiencia de un año anterior. El balance en descubierto para el año anterior fué pagado por el contribuyente. Luego, el Comisionado llegó a la conclusión de que había concedido erróneamente la reclamación por el exceso en el pago. En-tonces dejó sin efecto la reclamación del exceso revocando el crédito abonado a la deficiencia para el año anterior y re-instalando la referida deficiencia. La Corte Contributiva re-solvió que la reclamación por el exceso en el pago era la par-tida en controversia; que la concesión de un crédito para abonárselo a una deficiencia de un año anterior equivalía a pagarlo en efectivo; que sólo procedía un pleito para recla-mar un reintegro erróneo; y que por tanto la actuación del Comisionado al reinstalar la deficiencia para el año anterior era errónea. 40 B.T.A. 980. La Corte de Circuito, si bien aparentemente concediendo que el año en que se pagó en ex-ceso, y no el año anterior, era lo que estaba en controversia, sin embargo revocó a la Corte Contributiva y sostuvo la ac-tuación del Comisionado, en vista del Lecho de que el término prescriptivo no había vencido para un pleito en cobro de un reintegro erróneo. Dijo a la pág.. 657:

“Alega el demímclado lio que el Comisionado carezca de autoridad para corregir una actuación errónea, sino que no debe ejercitar esla autoridad excepto mediante un pleito para recobrar el reintegro erróneo. En este caso, en vez de radicar tal pleito, el Comisionado sencillamente revocó el crédito, consiguiendo el mismo resultado. En verdad el recurrir a un método para corregir el error en vez de recu-rrir al otro, no privó al demandado de algo a que tuviera derecho, porque de haber error, el demandado todavía le debe al Gobierno, e importa poco al demandado qué forma asuma dicha deuda. Toda vez que no vemos objeción legal a los métodos elegidos por el Comi-sionado, condenarlos sería intervenir indebidamente con la discreción administrativa.”

Aquí, lo mismo que en el caso de Newport, el término pres-criptivo no había vencido contra un pleito en cobro del rein-tegro erróneo. Por tanto parece que sería una formalidad inútil si resolviéramos que el Gobierno debe demandar inde-pendientemente para el cobro de un reintegro erróneo en la contribución de 1938 y no puede conseguir el mismo resultado práctico retirando el crédito concedídole a Padín para abo-narlo a su deficiencia de 1939. Y esto parece particularmente así en esta jurisdicción donde, contrario al sistema federal, todos los casos contributivos se ventilan ante la misma corte.

Sin embargo, no es necesario decidir si vamos a ir tan lejos como el caso de Ne%vport. Véase 10 Mertens, supra, págs. 322-3, nota 54. En dicho caso la controversia contri-butiva referente al año anterior había sido terminada me-diante el pago del balance por el contribuyente, y el Comisio-nado la revivió con una deficiencia que envolvía la contribu-ción para otro año. Nuestros hechos son diferentes. Si bien el pago en exceso de 1938 había sido abonado a la deficiencia de 1939, el balance de ésta no se había pagado aún. El caso que trataba de la deficiencia de 1939, todavía estaba pendiente en el Tribunal de Contribuciones, que había ordenado al Te-sorero la radicación de un nuevo cómputo. A pesar de la re-gla de que tal crédito equivale a dinero en efectivo, el dinero propiamente dicho todavía estaba en manos "del Gobierno.

En Otis Elevator Co. v. United States, 36 F. Supp. 328 (Ct. Cls., 1941) la Corte se confrontó con una situación pare-cida. Allí el Comisionado resolvió que la contribuyente ha-bía pagado en exceso su contribución para 1930, pero retuvo el reintegro del exceso hasta que se determinara la respon-sabilidad contributiva de la contribuyente para otros años que estaban pendientes ante la Junta de Apelaciones Contri-butivas. Más tarde, el Comisionado se revocó en cuanto al exceso en el pago de 1930, resolviendo que como cuestión de hecho había una deficiencia en vez de un exceso en el pago para dicho año. Al resolver el pleito traído por la contribu-yente a favor del Gobierno, la Corte dijo (pág. 332): “aun cuando las contribuciones se hubieran de hecho reintegrado y si surge luego que se reintegraron erróneamente, los Estados Unidos pueden radicar un pleito y recobrarlas. Talcott v. United States, 9 Cir., 23 F.2d 897, y casos allí citados. Champ Spring Co. v. United States, 8 Cir., 47 F.2d 1. A fortiori, si antes de que se haga un reintegro de las mismas, se descubre que como cuestión de hecho la demandante no ha pagado en exceso su contribución, no es necesario reintegro alguno.” Véanse también Daube v. United States, 289 U.S. 367, 371-2; Ridgway v. United States, 18 Ct. Cls. 707, 714-15; United States v. Michel, 282 U.S. 656; Stone v. White, supra; Parker, Administrative Res Judicata, 40 Ill. L. Rev. 56, 69-70.

En resumen, aquí el Tesorero estaba impedido por el tér-mino prescriptivo de tasar una nueva deficiencia. Pero no estaba impedido por el término prescriptivo de radicar un pleito en cobro de un reintegro erróneo. Y a pesar del hecho de que la única cuestión aquí en controversia envolvía un re-integro erróneo para 1938 mientras que el caso pendiente ante el Tribunal de Contribuciones trataba del año 1939, este Tribunal no obstante no exigirá la mera formalidad de un nuevo pleito independiente para el cobro del reintegro erró-neo de 1938, si el Tesorero en vez de hacer el reintegro erró-neo en efectivo lo abonó a una deficiencia pendiente en 1939 y luego descubrió que el reintegro era erróneo antes de la terminación del caso pendiente que envolvía la deficiencia de 1939. Bajo dichas circunstancias el Tesorero puede dejar sin efecto el reintegro y retirar el crédito abonádole a la de-ficiencia pendiente de 1939. En verdad esto está conforme al espíritu, si no a la letra, de la sección 64(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de que los pagos en exceso de contribuciones serán abonados a cualquier contribución sobre ingresos que adeude .el contribuyente y al artículo 124 del Código Político de que "No se pagará dinero a ninguna persona por concepto de . . . reclamación entablada contra la Tesorería Insular, si el interesado se hallare en descubierto con el Pueblo de Puerto Rico, por deudas atrasadas . . . mien-tras no hubiere aquél arreglado sus cuentas con el Tesorero de Puerto Rico y satisfecho a éste todas las cantidades de las cuales fuere responsable. . Véase Cherry Cotton Mills v. United States, 327 U.S. 536.

Finalmente, Padín se queja de que el Tribunal de Contribuciones no tenía jurisdicción sobre la cuestión aquí en controversia. Pero ya hemos indicado en la Parte II que, con el fin de concederle a los contribuyentes el beneficio del término prescriptivo que se halla en las secciones 60(1) y 61(c), resolveríamos, contrario a los casos federales, que un pleito para recobrar un reintegro erróneo es un pleito en cobro de contribuciones. Una vez que lleguemos al resultado de que la controversia en este caso es en efecto un pleito para co-brar contribuciones, de la misma manera la sección 4 de la Ley núm. 169 que crea el Tribunal de Contribuciones confiere jurisdicción a dicho Tribunal para resolver este caso.

Tampoco nos impresiona el argumento de que ninguna re-solución administrativa del Tesorero — requisito previo bajo la sección 4 para conferirle jurisdicción al Tribunal de Con-tribuciones — se dictó en este caso. Debe tenerse en cuenta que éste no es un caso en que el contribuyente trata de obte-ner remedio del Tribunal de Contribuciones. -Aquí el propio Tesorero ha hecho una determinación administrativa que a su vez lo ha llevado a hacer una reclamación ante el Tribunal de Contribuciones. Bajo dichas circunstancias la actuación del Tesorero al enmendar su cómputo, junto a su escrito de oposición a la solicitud de Padín para que se restaure el cóm-puto original, constituyó cumplimiento sustancial con el requi-sito de la sección 4 para que se emita una resolución adminis-trativa. Cf. Andréu, Aguilar & Co. v. Corte, supra.

Enfáticamente convenimos con Padín y el Tribunal de Contribuciones que el Tesorero debería litigar tales cuestiones tratando de enmendar las alegaciones más bien que sometiendo un cómputo, después que se ha resuelto el caso, calculado sobre una teoría diferente a aquélla sobre la cual se juzgó el mismo. Y el Tribunal de Contribuciones deberá en el futuro, como cuestión de pureza en los procedimientos, exigir alegaciones enmendadas más bien que la remisión de un cómputo que envuelve cuestiones substantivas ajenas a aquéllas suscitadas por las alegaciones. Pero si al contribu-yente se le da la debida oportunidad de confrontarse con la nueva cuestión suscitada, como pasó en este caso, no vemos qué error perjudicial sufre el contribuyente por el procedi-miento aquí seguido. Véanse Fiddler v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 202; Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 972.

IV

Hemos estado suponiendo que el reintegro hecho por el Tesorero en 1943 por el exceso en el pago de la contribución de 1938 fué erróneo porque la reclamación para ello no se hizo dentro de cuatro años desde la fecha en que la contribución se pagó, estando por tanto prescrita bajo la sección 64(&) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos. Pero alega Padín que este reintegro se hizo a tenor con la sección 75, no a tenor con la 64, de la Ley; y que en la 75 no hay término prescriptivo para las reclamaciones; y en su consecuencia que el reintegro no fué erróneo.

La sección 64(a) provee que “cuando cualquier contribu-ción sobre ingresos . . . impuesta por esta Ley ... se hubiere pagado en exceso, el montante de dicho exceso será acredi-tado a cualquier contribución sobre ingresos . . . que estu-viere vencido y [a] cualquier remanente de dicho exceso será reintegrado inmediatamente al contribuyente.” La sección 64(¡b) dispone que “. . .'no se concederá ningún crétido o reintegro después de cuatro años desde la fecha de pago de la contribución, a menos que antes de vencidos esos cuatro años el contribuyente radique una reclamación. . .”. (Bas-tardillas nuestras.)

Por otro lado, la sección 75 dice como sigue: “El Teso-rero queda autorizado para remitir, reintegrar y devolver to-das las contribuciones erróneas o ilegalmente impuestas o co-bradas y las penalidades cobradas sin autoridad, y toda con-tribución que aparezca injustamente impuesta o en cantidad excesiva o de cualquier manera erróneamente cobrada; y hará, un informe a la Legislatura de Puerto Rico al empezar cada sesión ordinaria, de todas las transacciones que en esta sección se autorizan.”

Al copiar la sección 64 de la Ley Federal, nuestra Legis latura también copió la disposición de la misma que contenía un término de prescripción. Pero cuando copió la 75, omitió el término prescriptivo que se encuentra en el estatuto Federal. Cf. Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U.S. 505, 509. Esto puede haber sido debido al hecho de que el remedio bajo la sección 75 para dicha fecha en casos de pagos voluntarios era solamente administrativo y no se podía hacer valer judicial-mente. Bonet v. Yabucoa, supra. Pero ahora que tal caso, que surge de la sección 75, puede litigarse en las cortes, The Coca Cola Export Sales Co. v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 152, un término prescriptivo, aunque no exista to-davía, es tan necesario para dichos casos como para aquéllos que surgen de la sección 64. Véase nota 4. Y ciertamente no hay razón alguna para que ampliemos el alcance de la sección 75 con ti fin de aplicarla a los casos.que la misma no cubre cla-ramente. Por el contrario, todas las consideraciones políti-cas a favor de un término prescriptivo que se consideran a través de esta opinión nos llevan a la conclusión de que la sección 75, sin un término prescriptivo, de ser posible no debe interpretarse como que absorbe los casos que caen en la sección 64, que sí contiene un término prescriptivo. “Más vale algo que nada” es tan cierto en la ley prescriptiva como en cualquier otra parte. Con estas consideraciones en mente, pasamos al problema de determinar si la sección 64 o la 75 se aplican a los hechos del presente caso.

No vemos fin práctico alguno en examinar en detalle la historia legislativa de las secciones 64 y 75 y sus equivalen-tes federales, con la excepción de indicar qne los casos fede-rales aparentemente resuelven qne las equivalentes federales a las secciones 64 y 75 se refieren a diferentes materias: el pago por el contribuyente a iniciativa propia frente al pago hecho a instancia del Tesorero. Huntley v. Southern Oregon Sales, Inc., 102 F.2d 538 (C.C.A. 9, 1939); United States v. The Lederer Terminal Warehouse Co., 139 F.2d 679 (C.C.A. 6, 1943); In re Tindle’s Estate, 59 F. Supp. 667 (Dist. Ct., Pa., 1945). Al indicar que el equivalente federal de la sec-ción 64, con un corto período prescriptivo, se aplica a los pleitos para recobrar pagos en exceso, mientras que el equi-valente federal de la sección 75, con un período prescriptivo mayor, se aplica a tasaciones y cobros erróneos o ilegales por parte del Tesorero, estos casos federales afirman que el Con-greso evidentemente consideró que “se necesita menos tiempo para descubrir errores en las planillas contributivas prove-nientes de cálculos erróneos o de meros pagos en exceso que para determinar la naturaleza errónea o ilegal de una tasa-ción.” United States v. The Lederer Terminal Warehouse Co., supra, 681; Huntley v. Southern Oregon Sales Inc., supra, 543.

tíi esos casos federales fueran decisivos, nuestra búsqueda tocaría a su fin: éste es un pleito de reintegro de un pago en exceso y por tanto la sección 64 es de aplicación con su tér-mino prescriptivo. Pero este caso no nos exige determinar si estaríamos dispuestos a seguir en todas las ocasiones los casos federales que establecen la diferencia arriba indicada entre pleitos traídos bajo los equivalentes federales de las secciones 64 y 75. Tampoco creemos necesario en este caso desentrañar las secciones 64 y 75 que con frecuencia han sido consideradas conjuntamente. Artículo 341, Reglamento; The Coca Cola Export Sales Co. v. Tribunal de Contribuciones, supra; Sucesores de A. Mayol & Co., Inc. v. Sancho, Tes., 51 D.P.R. 149. La contención de Padín cae aquí por un motivo más fundamental. De prevalecer tenemos que resolver que únicamente la sección 75 se aplica a este caso. Esto es así porque si la sección 64 así como la 75 se aplican, entra en juego el estatuto prescriptivo de cuatro años de la sección 64. Pero los claros términos de la sección 64 proveen un pe-ríodo prescriptivo para reintegro de exceso en el pago de contribuciones, que es exactamente lo que está envuelto aquí. Y toda vez que Padín no hizo su reclamación dentro del pe-ríodo prescriptivo provisto en la sección 64, basta esto para resolver este punto contra Padín.

Tampoco puede alegarse que Padín tenía derecho a radicar una solicitud de reintegro sin ningún término prescriptivo de conformidad con la Ley de 12 de febrero de 1904 (Stat. Comp. 1911, Sección 2365). Rechazamos una contención similar en Loíza Sugar Co. v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 304. La regla es que si existe una ley especial referente a una contribución específica — en este caso, la sección 64(a) — esta última y no una ley general, cual lo es la Ley de 1904, gobierna. Loíza Sugar Co. v. Domenech, Tesorero, supra; P. R. Fertilizer Co. v. Domenech, Tes., 50 D.P.R. 405; Mayagüez Light, Power & Ice Co. v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 30, 32. Cf. R. Santaella & Hnos. Inc. v. Tribunal de Contribuciones, ante, pág. 867.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será confir-mada.

       Hemos examinado y encontramos claramente insostenible la contención de Padín de que este caso cumple con la fórmula de la “misma transacción", simplemente porque tanto la acción principal como la reclamación de reconvención surgieron del mismo año contributivo. En nuestra discusión que más adelante hacemos del caso de Lewis v. Reynolds, suponemos que una vez que el gobierno notifica al contribuyente una deficiencia, éste tiene derecho a compensar la defi-ciencia con un crédito por pago en exceso en cuanto a cualquier otra partida del mismo año, aun cuando la reclamación de compensación no está relacionada con la partida de la deficiencia, y aun cuando un pleito independiente de reintegro en cuanto a la partida compensada estuviera prescrito por otro lado por el tér-mino prescriptivo. Como veremos esto está predicado en la teoría de que cuando una parte se toma la iniciativa y abre un año específico, ese año está sujeto a un reajuste completo, y le da derecho al adversario a usar reclamaciones ya pros-critas para compensar la reclamación principal. Pero si bien ésta es una doctrina relacionada, es diferente a la reconvención, que está fundada en la teoría equi-tativa de que todas las contribuciones y los créditos que surgen de la misma tran-sacción — ya se paguen o se obtengan las contribuciones o créditos en los mismos o en diferentes años — deben reajustarse sin referirse al término pi-escriptivo con el fin de evitar el enriquecimiento injusto de una parte que intenta tramitar in-consistentemente la misma partida en épocas diferentes.

       La palabra “transacción" según se usa en la exposición de la doctrina de reconvención en los casos que envuelven partes privadas, y tal como so usa en las disposiciones estatutarias y en las reglas de procedimiento que tratan con la interposición do contrarreclamaciones, ha sido tratada como un término de sig-nificado amplio y flexible. Véanse Moore v. N. Y. Cotton Exchange, 270 U.S. 593, 610; Lesnik v. Public Industrial Corporation, 144 F.2d 968, 975 (C.C.A. 2d, 1944); Utilities Service v. Walker, 78 F.2d 18, 23 (C.C.A. 3rd, 1935); 1 Moore’s Federal Practice Under the New Federal Rules 682-84. Cf. Avellanet v. Porto Rican Express Co., 64 D.P.R. 693. Pero todos estos casos tratan sobre cuestiones y hechos que distan mucho de la cuestión aquí presentada; ninguno de ellos en-volvía el revivir reclamaciones viejas por medio de la reconvención o cualquier otro recurso procesal. Debe darse énfasis al hecho de que la reconvención en casos contributivos presenta problemas que no están resueltos por las decisiones en otros campos en lo que concierne a qué es la “misma transacción"; y como expone claramente el caso de Electric Storage Battery Co., tiene un alcance mucho más limitado en pleitos contributivos que en otros casos.

       Zimet, supra, diee a la pág. 70: “ . . . Lewis v. Reynolds sólo permite una defensa y no puede usarse para justificar una sentencia afirmativa. Esto puedo ser corregido judicialmente; pero de no serlo, debe ser corregido legisla-tivamente.” Por los motivos aquí expuestos, no podemos convenir que tal “co-rrección judicial” deba hacerse.

       En vista del resultado a que llegamos en el siguiente párrafo, suponemos, sin decidirlo, que el término prescriptivo general de quince años contenido en el artículo 1864 del Código Civil, no es de aplicación a un pleito instado por ei Gobierno para recobrar un reintegro erróneo de contribuciones.

       ‘ ‘ Probablemente sería casi intolerable, por lo menos el Congreso lo lia catalogado como poco aconsejable, el tener un sistema de contribuciones sobre ingresos bajo el cual nunca se llegaría al día en que se termine la controversia y que exija al contribuyente y al gobierno estar listo para el día menos pensado presentar comprobantes, probar acontecimientos, establecer valores y recordar de-talles de todo lo que comprende una controversia de contribuciones sobro ingresos. De allí que un término prescriptivo sea un elemento casi indispensable de justicia y do administración práctica de una política de contribuciones sobre ingresos,
      ‘‘Recientemente liemos tenido la oportunidad de señalar la razón y el carácter de tales períodos prescripts vos. ‘Los períodos preseriptivos, como la doctrina de equidad sobre incuria (laches) en sus efectos concluyentes, están diseñados para promover la justicia evitando las sorpresas mediante el resurgimiento de recla-maciones que se han dejado quietas liasta que se liaya perdido la evidencia, la memoria baya fallado, y se lian desaparecido los testigos. La teoría .es que aun cuando una persona tiene una reclamación meritoria, no es justo no poner al adversario sobre aviso para defenderse dentro del período de prescripción y que el dereclio de estar libre do reclamaciones viejas viene a prevalecer después de cierto tiempo sobro el derecho a proseguirlas’ . . .”.-TJ.S.-.

       Véanse United States v. Swift & Co. y United States v. Botany Worsted Mills, infra, discutidos en la Parte III.

       Las razones para tratar la modificación del cómputo del Tesorero como en efecto un pleito para recobrar un reintegro erróneo están discutidas -en la Parte III, infra.

       Véase la Parte IV, infra.

       No consideramos la cuestión en este caso de si un reintegro do una recla-mación prescrita podría recobrarse por el Tesorero como un reintegro erróneo si en vez de hacer caso omiso del término prescriptivo, el Tesorero hubiera hecho reintegro deliberadamente, ya sea con o sin un acuerdo final por escrito a tenor con la sección 73 de la Ley de Contribución sobre Ingresos. Botany Worsted Mills v. United States, 278 U.S. 282; L. Loewy & Son v. Commissioner of Internal Revenue, 31 F.2d 652 (C.C.A. 2, 1929). Toda vez que no hay prueba en el récord de este caso al efecto de que el Tesorero a sabiendas trató de renunciar al término prescriptivo al hacer este reintegro, dejamos esta cuestión para otra ocasión. Véase United States v. Garbutt Oil Co., 302 U.S. 528; cf. United States v. Michel, 282 U.S. 656.

       Padín aparentemente no trae el argumento de que la regla altamente técnica de Ramón Morán & Cía. v. Corte de Distrito, 55 D.P.R. 637, al efecto de que un pleito en cobro de contribuciones debe instarse por El Pueblo de Puerto Bieo, representado por el Gobernador, y no por el Tesorero, prevalece de acuerdo con las leyes vigentes. En Andréu, Aguilar & Co. v. Corte, supra, dijimos a la pág. 814: “Opinamos que el propósito de la ley creando el Tribunal de Con-tribuciones fué el de establecer un tribunal, con jurisdicción exclusiva, ante el cual puedan comparecer, tanto los contribuyentes como el Tesorero de Puerto Bico, e incoar cualquier acción, procedimiento o recurso que esté relacionado con o que afecte la imposición, cobro, pago, devolución o reembolso de toda clase de contribuciones y arbitrios.”

       Suponemos, sin decidirlo, que cuando Padín incluyó en su moción de reconsideración de la deficiencia de 1938, una reclamación por el pago en exceso de la contribución de 1938 por haber dejado de deducir los intereses pagados en 1938 cumplió con los requisitos para una solicitud de reintegro.
      Aquí también, lo mismo que en la'nota 3a, creemos innecesario investigar si el artículo 1864 del Código Civil es de aplicación a este punto.

       Notamos que en el easo de The Coca Cola Export Sales Co., no exami-namos la cuestión de si una reclamación de reintegro de un pago en exceso cae bajo la sección 64 o la 75. Discutimos la cuestión como si tal reclamación pu-diera radicarse bajo cualquiera de las dos secciones y resolvimos que una recla-mación bajo la sección 75 podía llevarse actualmente a las cortes así como anta el Tesorero, aun cuando el pago de la contribución hubiera sido voluntario. Somos de opinión todavía que el llegar a las cortes está permitido en tales easos bajo la actual ley. Pero ahora que la cuestión ha surgido, hacemos constar claramente que una reclamación por exceso en el pago como la de este easo y la de The Coca Cola Export Sales Co. surge bien bajo la sección 64 exelusivamenie o por lo menos bajo las dos secciones, 64 y 75, y que el término prescriptivo provisto en la sección 64 se aplica a dicha reclamación.


source: Caselaw Access Project

author: Ex- Juez Presidente Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Félix Nieves Peluyera, recurrente, v. El Registrados de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1204.
    Sometido: Febrero 24, 1947.

      Resuelto: Marzo 5, 1947.

      Luis Bícndin, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   Ex- Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El Colector de Rentas Internas de Aguas Buenas siguió un procedimiento de apremio contra el contribuyente J.osé Ayala Falcón o su sucesión compuesta de su viuda María Nieves y ocho hijos todos mayorés de edad, para el cobro de contribuciones correspondientes a los años 1939-40 y 1940-41, ascendentes a $54.56; y para hacer efectivo el cobro de dicha suma embargó y vendió en pública subasta una finca de 60 cuerdas de terreno y una casa, las cuales fueron adjudi-cadas al aquí recurrente.

En el certificado de compra de bienes inmuebles entregado por el colector al comprador, se hace constar que tan pronto como fué recibido el certificado de embargo debidamente re-gistrado, se dictó notificación de embargo “habiéndose noti-ficado del embargo a Juan Reyes, mediante la entrega de una copia de la notificación de embargo con fecha 17 de diciembre -de 1940, éste como condueño y contribuyente, a tenor de lo que disponen los artículos 336 y 342 del Código Po-lítico.” Se hace constar, además, que “según lo dispone el .artículo 315 del Código Político de Puerto Rico, se ha notifi-cado de esta venta a la Sucn. de José Ayala Falcón compuesta de su viuda doña María Nieves y de sus hijos mayores de edad, etc.”

Presentado el certificado de compra para su inscripción en el Registro de la Propiedad de Caguas, el Registrador de-negó la inscripción “por-constar del Registro que la finca ob-jeto de la subasta figura inscrita a favor de José Ayala Fal-cón, y no a favor de la Sucesión de éste compuesta de las personas mencionadas en dicho certificado, contra quienes fué seguido el procedimiento.” El documento fué retirado en noviembre 1, 1946; y habiendo sido presentado de nuevo, después de haberse inscrito la declaratoria de herederos de José Ayala, volvió el Registrador a denegar la inscripción “por resultar que el embargo de la finca aparece notificado a Juan Reyes, como condueño y contribuyente, sin que tal ca-rácter se haya acreditado en este Registro, y resultar ins-crita la finca a favor de la Sucesión de José Ayala Falcón y de María Nieves Falcón Alicea, compuesta de Juliana, Angel, Gabriela, Irene, Dolores, Móniea, Eladio Ayala Falcón, de Felipa Rivera Ayala y de Carmelo Machuca, mayores de edad, es a estos componentes de ambas sucesiones a quienes ha debido notificarse el embargo, de acuerdo con lo prescrito en los arts. 336 y 342 del Código Político, cuya notificación es la que da jurisdicción al colector para proceder a la venta en pública subasta de la finca embargada.”

Sostiene el recurrente que la notificación del embargo do la finca fué hecha a Juan Reyes, como “contribuyente y've-cino”, y no como “condueño y contribuyente”, según se hace constar en el certificado de compra; y alega que esa notifica-ción, la cual presenta, se ajusta a los preceptos de los ya ci-tados artículos del Código Político.

De la copia certificada de la resolución sobre declaratoria de herederos de don José Ayala Falcón, presentada por el recurrente, resulta que dicho señor, dueño del inmueble objeto de la subasta, falleció intestado el día 15 de julio de 3933, dejando como sus únicos y universales herederos a su viuda y a los hijos ya mencionados. Correspondiendo las contribuciones que se trataba de cobrar, a los años 1939-40 y 1940-41, es evidente que los deudores de las mismas eran los componentes de la Sucesión de José Ayala Falcón.

El artículo 336 del Código Político provee el procedimiento para efectuar el embargo de bienes y dispone que después de recibir el consentimiento escrito del Tesorero, el Colector dictará una notificación escrita de “embargo de la propiedad mueble del contribuyente moroso”; y que “dicho embargo será ejecutivo tan pronto como se haya notificado de él, haciendo la entrega de una copia de la notificación a algún miembro de la familia o dependiente mayor de edad.” Dispone además el citado artículo, que “cuando el Colector o agente no encuentren a ningún miembro de la familia o de-pendiente del deudor, llamará a dos vecinos como testigos de la entrega de dicha notificación de embargo, y dejará dicha notificación en poder de los testigos citados, y si no se encon-trasen vecinos dispuestos a hacerse cargo de la notificación, se fijará o pegará ésta en los efectos, muebles u otra propie-dad de dicho deudor, después de lo cual dicha notificación de embargo se considerará como entregada al deudor.”

El artículo 339 del Código Político autoriza al Tesorero para ordenar el embargo y venta de bienes inmuebles, cuando el contribuyente no tiene bienes muebles sujetos a embargo o cuando dichos bienes no fuesen suficientes para cubrir el im-porte de las contribuciones. El artículo 342 del mismo Có-digo dispone que al recibo de la orden de embargo espedida por el Tesorero y del certificado del Registrador, “el Colector dará aviso al dueño de dicha propiedad en la forma que determina el artículo 336 de este título, al efecto de que si todas las contribuciones, penalidades y costas adeudadas por dicho dueño no fueren satisfechas dentro del período de tiempo que más adelante se prescribirá para el anuncio de la venta de dicha propiedad, ésta será vendida en pública su-basta. ’ ’

• Interpretando el artículo 336 del Código Político, este Tribunal resolvió en González v. Pirazzi, 23 D.P.R. 399, 406, en donde la notificación del embargo se hizo a uno sólo de los varios dueños de la finca, lo siguiente:

“En la fecha del embargo y de la venta los verdaderos dueños de la finca con derecho inscrito eran no solamente Natalio González sino también los apelantes, y todos tenían derecho a la notificación según las disposiciones del Código Político como de la ley en general. (Citas.) En este caso Jos dueños de la finca no fueron notificados sino solamente uno de ellos. No importa que el artículo 336, supra, exprese que la notificación debe hacersé a un miembro de la familia. La familia a que se refiere dicho artículo se supone do antemano que es la familia que vivo en el lugar. Un primo no es un miembro de la familia de los primos, condueños que viven separados. Creemos que este razonamiento se desprende del mismo artículo 336 y do oíros artículos del Código Político. La teoría correcta es -que la notifica-ción debe hacerse a los dueños, a sus familiares si éstos se encuentran en el sitio, o se dejará en poder de los testigos cuando no pueden ha-llarse todos los dueños.”

En el presente caso el embargo de la finca no fué notifi-cado a ninguna de las nueve personas que componían la Su-cesión de José Ayala Falcón, quienes eran en aquella fecha los dueños de la finca y deudores de la suma reclamada por el- Tesorero. Del certificado presentado al Registro no apa-rece que el Colector hiciera gestión alguna para notificar a los dueños del inmueble, no obstante aparecer del mismo cer-tificado que todos ellos eran residentes del Barrio Sumidero de Aguas Buenas, que es el mismo barrio en que radica la finca. Tampoco aparece que la copia de la notificación hu-biese sido entregada a algún miembro de la familia o algún dependiente mayor de edad, residente en la finca embargada. En el certificado se hace constar afirmativamente que la co-pia de la notificación fué entregada a Juan Reyes, como con-dueño y contribuyente. La declaratoria de herederos y la certificación del registrador, presentadas por el recurrente, demuestran que los únicos dueños del inmueble en la fecha en que se practicó el embargo eran los herederos de José Ayala Falcón, ninguno de los cuales fué notificado del embargo. No siendo Juan Reyes condueño de la finca, hecho que admite el recurrente, tenemos, pues, que la notificación del embargo se hizo a Juan Reyes, un perfecto extraño, en su carácter de “contribuyente”. Y aun cuando aceptáramos como cierto que la copia de la notificación fué entregada a Juan Reyes “como contribuyente o vecino”, siempre tendría-mos que llegar a la conclusión de que la notificación del embargo no se ajustó al estatuto, pues éste no autoriza la noti-ficación a un “contribuyente”, ni tampoco a un “vecino”. Es solamente cuando el colector no puede encontrar al deu-dor o a algún miembro de la familia o dependiente residente ..en la finca, que la ley autoriza al Colector para llamar dos vecinos — y no uno solo — como testigos de la entrega de la no-tificación del embargo, dejando en poder de dichos dos tes-tigos la copiá de la notificación.

La notificación de la venta, hecha por el Colector a la Sucesión dueña del inmueble, en nada puede cambiar la situación creada por la falta de notificación del embargo. El artículo 315 del Código Político dispone que en todos los casos en que se embarguen y vendan bienes raíces para el pago de contribuciones, el Tesorero “notificará la inscripción de dicha venta a todas las personas que tuvieren una hipoteca, o gravamen sobre dicha propiedad, consignando en la notificación la fecha de la venta, la suma en que se hubiere vendido la propiedad y los demás datos que estimare oportunos.” El propósito de dicha notificación a los acreedores hipotecarios o dueños de gravámenes es poner a éstos en conocimiento de lo ocurrido para que puedan hacer uso del derecho de redención que les concede el artículo 348 del mismo Código. El artículo 315 no impone al Tesorero la obligación de notificar la venta al dueño de la finca vendida en pública subasta; y es obvio que así sea, pues debe presumirse que el contribuyente cuya propiedad ha de venderse en pública subasta ha sido suficientemente informado si y cuando el Colector cumple con los requisitos de los artículos 342 y 343 del Código Político. La falta de notificación del embargo no quedó suplida o subsanada por la notificación de la venta. El embargo de propiedades para el cobro de contribuciones no será ejecutivo mientras no haya sido notificado en la forma prescrita por los artículos 336 y 342 del Código Político.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Leonor Amezaga Balparda, Ricardo y Manuel de Mendizabal Amezaga, demandantes y apelantes, v. Ramón Agudo y Hotel Palace, Inc., demandados y apelados.
    Núm. 9412.
    Sometido: Diciembre 13, 1946.

      Resuelto: Marzo 5, 1947.

      Salvador Suau, Wilson P. Colberg y Jorge L. Córdova, abogados de los apelantes; Guillermo Silva, Félix Ochoteco, Jr., y Luis E. Bubón, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 30 de octubre de 1933 los demandantes arrendaron al demandado Ramón Agudo un edificio radicado en esta ciudad, conocido por el Hotel Palace. Entre otras condiciones del contrato se estipularon las siguientes:

“Segunda: El plazo de este arrendamiento es de diez años a contar del día primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro y & vencer por tanto el treintiuno de diciembre de mil novecientos cua-rentitrés. Esto término se entenderá prorrogado a diez años más si el arrendatario no avisara con seis meses de anticipación a la íeeha de su vencimiento, su deseo o decisión de cesar en el arriendo.
“Tercera: El canon convenido es el siguiente: ochocientos ochenta DÓLARES mensuales durante los primeros cinco años o sea desde el primero de enero de mil novecientos treintieuatro a treinü-uno de diciembre de mil novecientos treintiocho; novecientos ochenta dólares mensuales en los restantes cinco años comprendidos en el pe-ríodo de primero de enero de mil novecientos treintinueve a treinti-uno de diciembre de mil novecientos cuarentitrés.
“Cuarta: En caso de que el arrendatario haga uso de la pró-rroga convenida pagarán el canon a razón de mil cien DÓLARES men-suales durante el tiempo de duración de la misma.
“El canon fijado lo pagará el arrendatario al administrador, apo-derado o representante en esta ciudad de los arrendadores a la pre-sentación de simple recibo; concediendo aquél a éstos treinta días de gracia o espera para satisfacer su importe.”

En lo que respecta a hacer uso de la opción concedida por Já cláusula segunda, el arrendatario no se conformó con guar-dar silencio, sino que por carta de 16 de febrero de 1943 no-tificó a los arrendadores su decisión de prorrogar el contrato a diez años más a partir del 1ro. de enero de 1944. Hallán-dose el arrendatario en posesión del inmueble a virtud de la referida prórroga, los demandantes, con fecha 28 de diciem-bre de 1945, instaron contra él() este pleito de desahucio. La acción no se funda en falta de pago sino en incumplimiento de otras condiciones del contrato. En el curso del juicio, jnientras se practicaba la prueba de los demandados, éstos presentaron una moción solicitando la desestimación de la de-manda por falta de jurisdicción fundándose en que el inmue-ble objeto del pleito es dedicado a hotel y tiene más de 25 habitaciones dedicadas a hospedaje; que los demandados se hallan en posesión del mismo en virtud de un contrato que fué novado a partir del 1ro. de enero de 1944 y que los de-mandantes no habían cumplido previamente con las disposi-ciones del-Reglamento Federal de Inquilinato en sus seccio-nes 6(a) (3) (1) y 6(d)(1) (2).()

Oídas las partes, la corte inferior declaró con lugar la mo-ción y dictó sentencia desestimando la demanda. Contra esta sentencia los demandantes interpusieron el presente re-curso.

La sección 1(b)(4) del Reglamento Federal de Inquilinato, prescribe que sus. disposiciones se aplican a cualquier contrato de arrendamiento en vigor, de cualquier estructura completa o propiedad, que se hubiera celebrado después del maximum rent date( ) (octubre 1ro., 1942 en Puerto Rico) y con anterioridad a la fecha en que empezó a regir el Reglamento (febrero 1ro., 1944 en Puerto Rico), mientras dicho arrendamiento permanezca en vigor sin que el arrendatario o inquilino tenga facultad para cancelar o de otro modo terminar el arrendamiento.

Tanto los demandados como la corte inferior sostienen que el arrendamiento en cuestión venció el 31 de diciembre de 1943 y que el efecto de la carta de 16 de febrero de 1943 J!ué empezar un nuevo contrato a partir del 1ro. de enero de 1944. Si en verdad se inició un nuevo contrato en la fecha últimamente indicada, los demandantes venían obligados por las disposiciones del Reglamento Federal de Inquilinato y no habiendo cumplido con las disposiciones de la sección 6, relativa a las notificaciones que debían hacer antes de radicar su demanda, la corte carecería de jurisdicción para conocer del caso y consecuentemente procedería la confirmación de la sentencia. Si por el contrario, la carta de febrero 16 de 1943 sólo tuvo el efecto de continuar el mismo contrato que se ini-ció el 1ro. de enero de 1943, en tal caso, habiendo éste prin-cipiado antes del 1ro. de octubre de 1942, no es de aplicación al Reglamento y consecuentemente la sentencia debe ser re-vocada.

En el contrato que formalizaron los arrendadores y el arrendatario el 30 de octubre de 1933, los primeros se obligaron irrevocablemente a ceder al segundo el uso del edificio Hotel Palace por veinte años sujeto a la condición resolutoria de que, vencidos los diez primeros años, el arrendatario podía darlo por terminado; notificando a los arrendadores' por escrito su determinación seis meses antes de expirar dicho plazo.

Conforme prescribe el art. 1066 del Código Civil, será exi-gible desde luego toda obligación que contenga condición re-solutoria, sin perjuicio de los efectos dé la resolución. En otras palabras, contrario a lo que sucede con la obligación afecta a condición suspensiva, la obligación sujeta a condición resolutoria surte efecto legal desde el preciso momento en que surge el concurso de voluntades. Desde ese instante la obligación existe en su integridad como si la condición no se hubiera pactado. Por supuesto, sobre la obligación sujeta a condición resolutoria, pesa la amenaza de caducidad, si la condición llega a cumplirse; pero si no se cumple, la obliga-ción se consolida, es decir, no surge una nueva obligación, sino que subsiste inalterada la original. 8 Manresa, Comen-tarios al Código Civil Español, (4ta. ed. 1929), pág. 122.

En el presente caso la obligación resolutoria no fué cum-plida, pues el arrendatario no hizo uso de su opción para terminar el contrato al vencimiento de los primeros diez años. Por lo tanto, al expirar el término para hacer uso de la opción, cesó la amenaza de caducidad de la obligación y ésta quedó consolidada sin solución de continuidad, quedando subsistente el contrato de arrendamiento por el término de veinte años como si la condición resolutoria nunca hubiera existido, esto es, como si el plazo convenido en el contrato de 30 de octubre de 1933 hubiera sido de veinte años a contar del 1ro. de enero de 1934 y no de diez años prorrogable a diez años más a opción del arrendatario.

Los contratantes, dice el art. 1207 del Código Civil, pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a la ley, a la moral ni al orden público. La condición resolutoria del contrato en cuestión era perfectamente lícita. Esa condición era tan parte de la causa del contrato, como las otras que los contratantes tuvieron a bien pactar. Era tan beneficioso al -Arrendatario, que no sería aventurado decir que posiblemente éste no hubiera celebrado el contrato si no se le hubiera asegurado de ese modo que al vencer los primeros diez años podía continuar su negocio por diez años más sin la amenaza de ser perturbado en la posesión del edificio. Al mismo tiempo, le aseguró la ventaja de poder terminar a su voluntad el armidamiento al vencer los primeros diez años, si para esa fecha el estado de su negocio así lo aconsejase.

Tanto los demandados como la corte inferior ponen mucho énfasis en la circunstancia de que el precio del arrendamiento durante los últimos diez años es mayor que el estipulado para los primeros diez años del contrato. Esa circunstancia la señalan como indicativa de que el 1ro. de enero de 1944 se inició un nuevo contrato. No podemos aceptar esa tesis. La variación en el precio del contrato de arrenda-miento es corriente, especialmente cuando el plazo es largo y el arrendamiento de la propiedad tiene por objeto la explo-tación de un negocio. En tales casos, se acostumbra pactar un canon más bajo para los primeros años y otro más alto para los años posteriores, en la esperanza de que el desenvol-vimiento del negocio para el cual se arrendó la propiedad, permita al arrendatario pagar un canon mayor. En el pre-sente caso podemos notar que aun para los primeros cinco años del primer plazo de diez años se convino un precio de $880 mensuales y para los ÚHirnos cinco años de ese mismo plazo el precio de arrendamiento se convino en $980. Nadie podría argüir por esa circunstancia que en los primeros diez años de arrendamiento bubo dos contratos distintos. Los casos de Bianchi v. Registrador, 43 D.P.R. 198; Pueblo v. Felíu, 47 D.P.R. 11; Smith v. Registrador; 18 D.P.R. 169 y Nieva v. Guánica Céntrale, 27 D.P.R. 555 citados por los demandados, y el de León Parra v. Gerardino, 58 D.P.R. 489 citado por los demandantes, en el cual el contrato se prorrogó por tácita reconducción, no arrojan luz alguna sobre esta ma-teria y prolongaríamos innecesariamente esta opinión tra-tando de distinguirlos.

Hasta donde liemos podido investigar, la Corte Federal de Emergencia de Apelaciones todavía no ha tenido oportunidad de resolver directamente esta cuestión; pero de sus decisiones fácilmente se infiere que cuando sea necesario resolverla, lo hará en el sentido de que cuando se prorrogue un contrato en condiciones similares a la de este caso, se entenderá que la posesión del arrendatario después de la prórroga, arranca de la fecha en que se empezó el término original. Wynnewood Park Corporation v. Bowles, 143 F.2d 355; Sonnabend v. Bowles, 140 F.2d 983 y Patrick Cudahy Family Co. v. Bowles, 138 F.2d 574.

Habiendo empezado el 1ro. de enero de 1934 la posesión de que disfrutaban los demandados cuando se radicó la de-manda, no es de aplicación a este caso el Reglamento Federal de Inquilinato. Por consiguiente, erró la corte a quo al des-estimarla por falta de jurisdicción.

Procede, revocar la sentencia y devolver el caso para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

      O La demanda original se dirigió contra Eanión Agudo solamente; pero más tarde se enmendó para unir, como demandada, a Hotel Palace, Inc., como cesionaria de los derechos de Agudo como arrendatario.

      (2) Esta sección del Beglamento exige, como cuestión previa a una demanda de desahucio, que el demandante haga ciertas notificaciones al inquilino y a la Oficina de Administración de Precios.

      (3) Maximum rent date os la fecha determinante de la renta mayor que puede cobrar el propietario tomando por baso lo que rentaba la propiedad en esa fecha.


author: El Juez Asociado Señoh Snydeb

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael Arcelay de la Rosa, interventor.
    Núms. 117, 118, 119 y 120.
    Sometidos: Febrero 26, 1947.

      Resueltos: Marzo 5, 1947.

      Hon. procurador General Interino, Luis Negrón Fernández, y Cernios Santana Becerra y Elmer Toro Lucchetti, Procuradores Generales Atixiliares, abogados del peticionario; F. Fernández Cuyar, abo-gado del interventor, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señoh Snydeb

emitió' la opinión del tribunal.

Este caso versa sobre una deficiencia de contribuciones so-bre ingresos resolviendo el Tribunal de Contribuciones algu-nos puntos a favor del Tesorero y otros a favor del contri-buyente. El Tribunal de Contribuciones ordenó al Tesorero que radicara un cómputo a tenor con su decisión. El Teso-rero, aun cuando no liabía radicado todavía el cómputo, pre-sentó una solicitud de certiorari ante este Tribunal. Expedi-mos el auto para revisar las conclusiones del Tribunal de Contribuciones adversas al Tesorero en cuanto a jurisdicción y a una cuestión substantiva. Consideramos abora una mo-ción de desestimación radicada por el contribuyente por el fundamento de que la solicitud de certiorari, habiendo sido presentada antes de que el Tesorero radicara el cómputo, es prematura.

Ya liemos resuelto que cuando una decisión es enteramente adversa al contribuyente, o como ocurre aquí, parcialmente adversa al contribuyente, debe radicarse un nuévo cómputo antes de que podamos actuar. Sólo cuando la decisión es enteramente adversa al Tesorero es que no se necesita el nuevo cómputo para que el Tesorero pueda invocar nuestra jurisdicción. Island Needlework Inc. v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 723; Tesorero v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 898. Aparentemente el Tesorero sustenta el criterio de que estos casos fueron resueltos erróneamente en tanto en cuanto se aplican a una petición de certiorari radicada por el Tesorero.

Arguye el Tesorero que el propósito de la Eegla 29 del Tribunal de Contribuciones, que requiere un cómputo antes de que sea final .una decisión, es permitirle al contribuyente pa-gar bajo protesta con el fin de poder invocar la jurisdicción de este Tribunal; y que toda vez que el Tesorero puede venir ante nos sin que se efectúe tal pago, el cómputo no es una con-dición precedente a la radicación por el Tesorero de una petición de certiorari ante este Tribunal.

La dificultad estriba en que si tratásemos como final una decisión, aun cuando no se radique un cómputo, a los fines de revisarla a instancias del Tesorero, el resultado sería que en un caso como éste en que la decisión favorece parcialmente a cada parte, la decisión sería final para una y no para la otra. Pero el procedimiento depurado exige en el caso co-rriente, que la decisión sea final al mismo tiempo para todas las partes. Es más, si permitiéramos que el Tesorero si-guiera adelante en este caso para revisar aquella parte de la decisión con la cual no está conforme, sin la radicación del cómputo, el contribuyente se quedaría en el aire: no podría pedirnos que revisáramos aquella parte de la decisión que le perjudica debido a la falta de un cómputo; o, si desea aca-tar la decisión y pagar inmediatamente con el fin de evitar la acumulación de intereses, no podría hacerlo sin un cóm-puto.

No estamos conformes con la contención del Tesorero de que la Regla 29 no debe aplicarse al Tesorero, porque de apli-cársele, le permitiría, retardando la radicación del cómputo, fijar el período jurisdiccional dentro del cual el Tesorero como parte puede radicar una petición de certiorari. La Ee-gla 29 dispone un período limitado dentro del cual el Teso-rero debe radicar el cómputo. Es el deber del Tribunal de Contribuciones estar pendiente de que el Tesorero lo radique dentro de dicho período o dentro de una prórroga razonable.

Queremos poner énfasis una vez más, sin embargo, en el hecho de que la, disposición de la Eegla 29 al efecto de que una decisión no es final hasta que se radique el cómputo, no debe usarse para litigar cuestiones ajenas a la liquidación del cómputo. La vista sobre el cómputo, de celebrarse alguna, debe limitarse a una controversia matemática. A las partes hay que hacerles comprender que no pueden litigar sus plei-tos fragmentariamente. ’ Deben presentar todo su caso en el juicio en los méritos. La vista en cuanto al cómputo debe limitarse solamente a esa cuestión, y no puede utilizarse como un recurso para relitigar las cuestiones que fueron o debieron haberse presentado al Tribunal de Contribuciones en la vista sobre los méritos. Gonzáles Padin Co., Inc. v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 964. Si cualquiera de las partes pretende en ese momento levantar un punto que debió ha-berse litigado dentro del procedimiento propiamente dicho, el Tribunal de Contribuciones debe negarse a oírlo, a no ser a tenor con una moción para que se deje sin efecto la decisión y se celebre una nueva vista con enmiendas apropiadas de las alegaciones. Y el Tribunal de Contribuciones debe declarar con lugar esa moción en muy raras ocasiones y solamente por ios motivos más sustanciales.

Arguye también el Tesorero que la radicación de un cómputo equivaldría a ejecutar la decisión, y haría académica una solicitud posterior de certiorari interpuesto por el Tesorero. No estamos de acuerdo. El fin primordial del cómputo como ya se ha indicado es darle a la decisión dictada carácter de final de manera que el contribuyente pueda pa-gar o solicitar un recurso de certiorari. Por consiguiente, el hecho de radicar el cómputo no puede de ningún modo intervenir con el derecho del Tesorero a obtener la revisión de esta Corte de la parte de la decisión con la cual está en desacuerdo. Aunque el contribuyente proceda a pagar toda o parte de la contribución de acuerdo con el cómputo, esta Corte uo oslará impedida de ordenar pagos ulteriores si más tarde sostenemos la teoría del Tesorero.

La moción del contribuyente para que se desestime este recurso por prematuro se declarará con lugar.