source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

license: Public Domain

text:
    Madeline Sánchez Díaz et al., peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Departamento de Justicia) et al., recurridos.

      Números: CC-2009-1080
    AC-2010-2

      Resueltos: 4 de mayo de 2011

      Eduardo Vera Ramírez, María Santiago Ramos y Anabelle L. Mullen Pacheco, abogados de la parte peticionaria; Eliezer Aldarondo Ortiz, Rosa Campos Silva, Simone Cataldi Malpica y Eliezer A. Aldarondo López, abogados de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Nuevamente debemos interpretar el alcance de las en-miendas al plan de cesantía implementado por la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, mejor conocida como Ley Especial Declarando Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Cré-dito de Puerto Rico (la Ley 7). En particular, nos corres-ponde examinar si erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que el Tribunal de Primera Instancia actuó sin jurisdicción cuando concluyó que las peticionarias estaban excluidas del plan de cesantía, en razón de pertenecer al personal del Registro de la Propiedad de Puerto Rico.

I

El 22 de octubre de 2009 Madeline Sánchez Díaz, junto a otras dos empleadas del Registro de la Propiedad, Lucila Flores Rivera e Ivette López Ortiz, instó una acción civil para solicitar un injunction preliminar contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) en razón de haber sido cesanteada de su puesto en virtud de la Ley 7. La parte demandante reclamó que no procedía su cesantía, ya que la Ley Núm. 37 de 10 de julio de 2009 había enmen-dado el Artículo 37.02 de la Ley 7 a los efectos de excluir el personal del Registro de la Propiedad del plan de cesantía. El E.L.A. adujo que dicha disposición no resguardaba el empleo de la señora Sánchez Díaz debido a que su clasifi-cación de empleo, Técnico de Sistemas de Oficina I, no era esencial. También levantó como defensa que el foro prima-rio carecía de jurisdicción para adjudicar la controversia porque la Ley 7 le confirió jurisdicción exclusiva a la Comi-sión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (la CASARH) para atender cualquier asunto relacionado a las cesantías.

Finalizadas las vistas, el Tribunal de Primera Instancia emitió, el 30 de octubre de 2009, una sentencia parcial en la cual decretó que las actuaciones de la parte demandada fueron ultra vires y, por lo tanto, las cartas de cesantía notificadas a las demandantes eran nulas e inoficiosas. La juzgadora del foro primario razonó que, por tratarse de un asunto de estricta interpretación del derecho, la adjudica-ción de dicho asunto no requería la pericia de la agencia administrativa. También concluyó que los miembros del personal del Registro de la Propiedad fueron incluidos de forma expresa en la lista de empleados exentos del proceso de cesantía del Artículo 37.02 de la Ley 7, según enmendada.

Inconforme, el E.L.A. presentó ante el Tribunal de Ape-laciones un recurso de apelación en el cual señaló que el foro primario había errado al asumir jurisdicción sobre el caso cuando le correspondía atenderlo exclusivamente a la CASARH, y al concluir que todo el personal del Registro de la Propiedad estaba excluido de la aplicación de la Ley 7. El 13 de noviembre de 2009 el foro apelativo revocó la sen-tencia parcial del foro primario y desestimó la demanda presentada. Concluyó que el pleito versaba sobre el princi-pio de mérito y que la Ley 7 le confería a la CASARH ju-risdicción primaria exclusiva sobre los asuntos de los em-pleados públicos cesanteados a tenor de dicho estatuto.

Posteriormente, la señora Sánchez Díaz presentó ante este Tribunal una petición de certiorari solicitando que se revocara el dictamen del foro apelativo. Adujo que este erró al: (a) determinar que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para atender los despidos decreta-dos por la Ley 7 en casos donde la controversia se limita a un asunto de estricta interpretación estatutaria sobre la exclusión de ciertos grupos; (b) determinar que el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para entender en los despidos decretados bajo la Ley 7 cuando se han alegado violaciones específicas a derechos constitucionales; (c) determinar que el pleito versaba sobre el principio de mérito; (d) determinar que no procedía un injunction pre-liminar, y (e) determinar que las peticionarias no estaban expresamente excluidas del plan de cesantía bajo la Ley 7, en contravención a la propia letra e intención legislativa de dicho estatuto.

Coetáneamente con la presentación de su demanda ante el foro primario, y bajo el mismo fundamento sobre la ex-clusión del personal del Registro de la Propiedad, la señora Sánchez Díaz presentó una apelación ante la CASARH para impugnar su cesantía. Luego de varios trámites pro-cesales, el 24 de marzo de 2010 la CASARH emitió una resolución en la cual declaró “no ha lugar” a la apelación presentada. Más tarde, el 18 de noviembre de 2010, el E.L.A. presentó ante este Tribunal una moción de desesti-mación de la reclamación instada por la peticionaria Sán-chez Díaz. En esa instancia alegó que por concurrir identi-dad entre la cosa, causa y partes de este reclamo, junto con que la determinación administrativa advino final y firme, se debe aplicar la doctrina de cosa juzgada.

De forma paralela a la señora Sánchez Díaz, Humberto Martínez Ortiz, junto a otros 24 empleados del Registro de la Propiedad, presentó ante el Tribunal de Primera Instan-cia una demanda similar contra el E.L.A. solicitando los mismos remedios que en la primera demanda, de acuerdo con las enmiendas al Artículo 37.02 de la Ley 7. El foro primario emitió una sentencia el 26 de octubre de 2009, en la cual dictaminó que la CASARH era el foro con jurisdic-ción exclusiva para atender cualquier asunto surgido de la impugnación de la Ley 7, no limitándose a la impugnación de las cesantías sino con referencia a todos los derechos de los empleados afectados por ella. De esta forma, el foro primario desestimó la demanda por falta de jurisdicción y refirió a los demandantes al foro pertinente, es decir, la CASARH.

Inconformes, los demandantes presentaron una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones y plantearon unos señalamientos de error similares a los del primer caso ante nuestra consideración. El foro apelativo confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y la parte de-mandante procedió a presentar un recurso de apelación civil ante este Tribunal.

El 4 de junio de 2010 este Tribunal emitió una resolu-ción en la cual se consolidó el caso del señor Martínez Ortiz, y otros empleados, con el de la señora Sánchez Díaz por versar ambos pleitos sobre la misma controversia Sin embargo, luego de varias conversaciones transaccionales encaminadas a finiquitar las controversias, el 13 de sep-tiembre de 2010 el señor Martínez Ortiz y otros deman-dantes del segundo caso presentaron ante este Tribunal una moción de desistimiento con perjuicio y la renuncia a la representación legal en su caso. La única demandante que permaneció en esa acción civil, ya que no aceptó las condiciones y los términos propuestos en el acuerdo tran-saccional, fue la señora Anca Santiago.

Nuevamente, el 15 de octubre de 2010 emitimos una Resolución en la cual concedimos a la señora Sánchez Díaz un término de 30 días para presentar su alegato, so pena de desestimación; mientras que a la señora Anca Santiago concedimos un término similar para informar su nueva re-presentación legal. Al día de hoy solamente la señora Sán-chez Díaz ha cumplido con nuestros requerimientos, ya que presentó oportunamente una moción informativa aco-giéndose a la Regla 33(k) de nuestro Reglamento. Sin embargo, esta presentó posteriormente ante este Tribunal una moción informativa sobre desistimiento por acuerdo transaccional, cuyo efecto fixe finiquitar la causa de acción presentada por ella, mas no la de las dos peticionarias restantes.

Examinados los casos consolidados y contando con la comparecencia de la parte demandada, procedemos a resolver.

II

Concretamente, la Ley 7 establece, entre otros asuntos, un plan de emergencia de reducción de gastos por parte del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Mediante el Artículo 37 se instituyó la segunda fase del plan de reducción de gastos, la cual conllevó cesantías involuntarias para la eliminación de puestos. Esta fase sería aplicable, con determinadas excepciones, a todas las agencias de la Rama Ejecutiva del Gobierno.

Más allá de la aplicabilidad del plan de cesantía, la Ley 7 también dispuso, en su Artículo 37.02, ciertas ex-cepciones a dicho plan para minimizar el impacto negativo a los servicios brindados por el Gobierno en las áreas relacionadas con la protección de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar. El Artículo 37.02 inicialmente mencionaba un número limitado de puestos exentos de las referidas cesantías involuntarias. Luego, el 19 de junio de 2009, las Comisiones de Hacienda y Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico presentaron ante dicho cuerpo legislativo el Informe Positivo sobre el P. de la C. 1640. En ese Informe ambos cuerpos realizaron una ex-tensa evaluación de la Ley 7 y presentaron “una serie de enmiendas adicionales a la medida con el fin de promover el desarrollo económico y proteger ciertos empleos en el sector público de alta importancia para el servicio de la ciudadanía”. (Enfasis nuestro.) Acto seguido, el 10 de ju-lio de 2009 se aprobó la Ley Núm. 37 para enmendar el Artículo 37.02 para ampliar la lista de los puestos exentos del plan de cesantías involuntarias. La nueva ley adicionó, entre otros, al personal del Registro de la Propiedad de Puerto Rico.

Hemos atendido recientemente otras controversias rela-cionadas a los grupos de empleados que están exceptuados del plan de cesantía de la Ley 7. En Negrón Matos et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 217 (2010), decidimos que la parte de-mandante, compuesta por diversos empleados de la Admi-nistración de Instituciones Juveniles (A.I.J.), no estaba ex-cluida del plan de cesantía. En aquella instancia los peticionarios argumentaron que la A.I.J., como agencia, quedó excluida de la Fase II, ya que el Artículo 37.02(b) incluía a “oficiales de corrección y oficiales juveniles”. Este Tribunal dictaminó que, en aras de proteger ciertos em-pleos en el sector público de alta importancia para el ser-vicio de la ciudadanía, la citada disposición de la Ley 7, según enmendada, solo excluía a ciertos empleados a base de sus clasificaciones, y no a la agencia por completo.

Luego, en Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 231 (2010), confirmamos el ratio deNegrón Matos al concluir que los demandantes sí estaban excluidos del plan de cesantía, no por ser empleados del Instituto de Ciencias Forenses, sino en razón de llevar a cabo funciones técnicas y de peritaje expresamente excluidas por el Artículo 37.02. Esto, conforme al historial legislativo del estatuto que re-vela, en parte, que “el legislador entendió necesario aumentar las exenciones a ciertos puestos que son esenciales para el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno”. De esta forma, reconocimos en dicha ocasión que al enmendar el Artículo 37.02 “el legislador salvaguardó los servicios esenciales del Gobierno, ya sea mediante exclusión estatutaria expresa o mediante la determinación que haga la J.R.E.F. sobre otros empleados no excluidos expresamente en la referida disposición”.

También atendimos en Báez Rodríguez lo referente a la jurisdicción delegada a la CASARH. Aclaramos que la Ley 7 sólo sustrajo de la jurisdicción ordinaria de los tribunales de justicia aquellas controversias relacionadas a la antigüedad en sus empleos de los empleados sanciona-dos, y dispusimos que cuando la controversia planteada no se relacione estrictamente a esta causa de impugnación, los tribunales de justica tendrán autoridad para ejercer su facultad jurisdiccional. Ello nos permite resolver, de en-trada, que las peticionarias tienen razón al alegar que el foro apelativo no debió negarle jurisdicción al Tribunal de Primera Instancia para atender su reclamo de exención estatutaria. Este caso no versa sobre el principio de mérito, como tampoco está en controversia el cómputo de la anti-güedad en el empleo de la señora Sánchez Díaz. Aquí es claro que la parte demandante impugna su cesantía basán-dose única y exclusivamente en que la letra del Artículo 37.02(Z) resguarda expresamente su puesto de los efectos de la Fase II de la Ley 7.

III

Ahora bien, ya dispuestas las controversias anteriores, procedemos a atender los demás errores alegados, todos los cuales se refieren al significado del texto legislativo sobre la exclusión del personal del Registro de la Propiedad de los efectos de la Ley 7.

En nuestra jurisdicción las normas básicas de interpretación gozan de rango estatutario. El Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico dirige al juzgador a no menospreciar la letra de la ley, bajo el pretexto de cumplir con su espíritu, cuando esta es clara y libre de toda ambigüedad. También por mandato estatutario nos vemos obligados a entender el lenguaje de una ley en su “más corriente y usual significación” atendiendo con prioridad el uso general y popular de las voces, ya que se presume que el legislador ha utilizado las palabras en su acepción común Por lo tanto, y como ejercicio de autodisciplina judicial, el tribunal no puede añadir o eliminar condiciones en una ley que no surgen de su redacción. A su vez, esto requiere de los tribunales de justicia el mayor grado de disciplina al aplicar una ley, para evitar sustituir el criterio del legislador por convicciones o creencias que pueda tener el juez

Igualmente hemos señalado, como norma general, que para interpretar correctamente una ley es necesario estudiarla y analizarla como un íntegro, ya que la lectura aislada y desconectada de porciones de una ley podría dar lugar a confusión Resulta, pues, necesario que en nuestra labor interpretativa armonicemos, hasta donde sea posible, todas las disposiciones de una ley con el propósito de lograr auscultar integrada, lógica y razonablemente la intención legislativa. Todo ello sin olvidar que las reglas de interpretación no son más que guías que ayudan al juzgador a esclarecer los fines del estatuto y no pueden utilizarse si el resultado contravendría la intención del legislador

Si bien es cierto que en Negrón Matos decidimos que ni el texto original, ni el enmendado, del Artículo 37.02 con-sideró excluir a todos los empleados de la agencia concer-nida, y que en Báez Rodríguez enfatizamos la protección estatutaria a los puestos que realizan funciones esenciales, no es menos cierto que en aquellas instancias interpreta-mos dos incisos que claramente excluían de los efectos del plan de cesantía unos puestos técnicos en particular Sin embargo, en el caso ante nuestra consideración debemos analizar un lenguaje de exclusión muy distinto.

En cuanto a los empleados exentos en el texto original de la Ley 7, el Artículo 37.02 se refería, en sus incisos (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) y (h), a empleos o cargos concretos y específicos. Al enmendar ese artículo y aumentar el nú-mero de empleos excluidos del plan de cesantía, la Ley 37 añadió empleos concretos a las disposiciones existentes bajo la Ley 7 pero también creó nuevos incisos para incluir empleos que son prescritos de forma general. Entre estos se encuentran los incisos (j), (k), (1) y (m) del Artículo 37.02 que incluyen: “[e]mpleados de la Comisión de Relaciones del Trabajo de Servicios Públicos y la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público”, “\p]ersonal de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio”, “\p]ersonal del Registro de la Propie-dad” y “\p]ersonal de la Junta de Libertad Bajo Palabra”.

En su moción en oposición a la petición de certiorari, el E.L.A. argumentó que el Artículo 34 de la Ley 7, según enmendada, es la disposición que rige sobre la aplicabili-dad de dicha ley y que ésta no exime de los efectos del plan de cesantía al Departamento de Justicia, que es la agencia a la cual está adscrito el Registro de la Propiedad. De esta forma la parte demandada resalta que el Artículo 32.07 debe ser interpretado conjuntamente con el Artículo 34. Señala, además, que al haber discrepancia en el lenguaje del Artículo 37.02, lo que corresponde es que la J.R.E.F. determine cuáles empleados quedarán, en efecto, exentos de la Fase II de la Ley 7.

Concretamente, nos encontramos ante una situación donde el término “personal” se contrapone al propio lenguaje del Artículo 37.02 que excluye a “los empleados de las Agencias que según sus clasificaciones llevan a cabo funciones esenciales”. Para propósitos de la interpretación judicial, y ante situaciones como la presente, este Tribunal ha expresado que la literalidad de una ley solo puede ser ignorada cuando esta es claramente contraria a la verdadera intención o propósito legislativo. Es entonces cuando debemos consultar el historial del estatuto a interpretarse, sin olvidar que “[l]a exposición de motivos de la ley, los informes de las comisiones y los debates en el hemiciclo, en adición [sic] al texto de ésta, son las fuentes de mayor importancia en la tarea de determinar el significado de un acto legislativo”. Si la función de las enmiendas de la Ley 37 era esclarecer la intención legislativa de la Ley 7, nos corresponde como máximo foro realizar un ejercicio de hermenéutica para descifrarla. En esta instancia lo que corresponde es penetrar la superficie verbal del problema, precisar el diseño y la razón de ser de las disposiciones legales involucradas y sopesar los intereses en juego, para intentar acercamos a la interpretación más justiciera.

Comenzamos, pues, por auscultar el significado del vocablo “personal” incluido en el Artículo 37.02(Z). En primer lugar, encontramos que el término “personal” no está definido en el texto de la Ley 7 ni en su historial legislativo. Cuando un estatuto no contiene una definición del vocablo en controversia la palabra debe entenderse en el sentido ordinario y usual que se le adscribe, tomando en consideración que “la interpretación judicial debe hacerse con fines socialmente útiles”. Así las cosas, no podemos negar que el término “personal” es amplio y abarcador. Este se define de forma general como el “[c]onjunto de las personas que trabajan en un sitio”, o como el “[cjonjunto de las personas que pertenecen a determinada clase, corpo-ración o dependencia. Empleados”. (Enfasis nuestro.) A su vez, y desde una perspectiva económica y administra-tiva, se refiere a un “[n] ombre genérico que se utiliza para designar el factor trabajo de una empresa o conjunto de empleados de la misma, cualquiera que sea su grado de cuálificación profesional, si bien se ha hecho clásica su cla-sificación en tres niveles o grupos: asalariados, mandos in-termedios y ejecutivos o directivos”. (Enfasis nuestro y en el original.) También desde el punto de vista laboral se ha definido de una forma similar, es decir: “[t]he working force or body of persons employed by an organization, firm or individual. The term ...is synonymous with employees, staff, and workers.” (Énfasis nuestro.)

Hemos de notar que si adoptamos cualquiera de estas definiciones del término “personal”, en su sentido común y corriente, y hasta técnico, se colige que el estatuto prescribe la exención del plan de cesantía a la totalidad de la fuerza laboral empleada en el Registro de la Propiedad. No obstante, y debido a la incongruencia lingüística del Artí-culo 37.02, debemos remitirnos al historial legislativo. De este se desprenden las expresiones siguientes:

Sra. González Colón: “Y a mí me parece importante excluir también el programa de Registro de la Propiedad, esos técni-cos que están entrando las notas y los documentos del registro de la propiedad, porque el registro de la propiedad, si estuviera al día y no tuviéramos los más de 658 mil documentos sin registrar, estuviera generando entre 200 y 350 millones de dó-lares al año, nuevo, limpio, que estarían en el Fondo General. Pero como no se le asigna el dinero para utilizar la tecnología y no se le asignan las manos para poder trabajar con esos casos seguimos perdiendo anualmente esa misma cantidad, y por eso estamos excluyéndolo de la Ley 7”. (Énfasis nuestro.)

Aunque la expresión de la Presidenta cameral alude a aquellos “técnicos que están entrando las notas”, lo cual, tomado aisladamente, se podría interpretar como indicio de que la enmienda buscaba excluir solamente a ese personal técnico, debemos notar el reconocimiento del atraso en la inscripción y la carencia de mano de obra en las la-bores del Registro de la Propiedad, lo cual fortalece el ar-gumento de que la exclusión se refiere al programa en su totalidad.

Abona a nuestro entendimiento de la intención legisla-tiva la posterior aprobación de la Ley Núm. 216 de 27 de diciembre de 2010, mejor conocida como Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad, la cual reconoció un atraso de 600,000 documentos a ser inscritos. Del historial legisla-tivo de esta pieza legislativa se desprende la preocupación de la Legislatura, ya que debido a “la situación económica general, la probabilidad de que se asignen más fondos al Registro de modo que puedan añadirse funcionarios que tramiten los documentos pendientes es mínima”. (Enfasis nuestro.)

La Orden Administrativa del Departamento de Justicia emitida en cumplimiento de la Ley 216 dispone que se asignará por sección un mínimo de dos “empleados” del Registro para llevar a cabo el proceso de identificación de documentos prescrito en su Artículo 3. Debemos notar que el personal que llevará a cabo estas funciones se denomina simplemente como “empleados” y tendrá las tareas si-guientes: verificar que el número de asiento y diario co-rresponda con el del documento en la minuta de presenta-ción, poner sellos de inscripción y cancelación, cotejar el proceso con la bitácora y llenar diversos formularios. Esto significa que el grueso del trabajo, o sea, la identificación y separación de documentos y comprobantes de 4,000 docu-mentos al mes, será realizado no por el personal pericial o técnico, sino por personal general que deberá ser reasig-nado, no importa sus puestos regulares, para cumplir con el proceso de inscribir los documentos atrasados. De esta forma podemos colegir que el uso del término “personal” en la Ley 37 es compatible con posteriores actos legis-lativos que buscan salvaguardar en su totalidad el pro-grama del Registro de la Propiedad, mediante un proceso de reubicación laboral del personal que llevará a cabo la fase inicial del proceso de inscripción expedita.

Recalcamos, además, que existe una clara distinción en-tre el lenguaje que se usa para identificar este personal y el utilizado por la Ley 7 para otras categorías de personal. Así, observamos que mientras el Artículo 37.02(i) se refiere al “personal pericial” del Instituto de Ciencias Forenses, el Artículo 37.02(n) se refiere al “personal de apoyo técnico” de Rehabilitación Vocacional. Es evidente que los em-pleados, o el personal, que han de ser excluidos del plan de cesantía de estas dos agencias se distinguen del término raso “personal”, utilizado sin calificación para describir los empleos del Registro de la Propiedad.

Este razonamiento hace eco nuevamente en las expre-siones recogidas en el historial legislativo, las cuales reve-lan que esta distinción no fue producto del azar o de un lapso de desapercibimiento:

Sr. Ontrón Rodríguez: “[Enmiendas para excluir de los despi-dos y cesantías voluntarias] ... Maestros de la escuela de Artes Plásticas, personal pericial y técnico de Ciencias Forenses ... empleados de la Comisión de Relaciones al Trabajo del Servi-cio Público, Registro de la Propiedad, vamos a incluir a los consejeros, también, de Rehabilitación Vocacional, y personal técnico y pericial de dicha oficina ...”. (Enfasis nuestro.)

En esta instancia el representante cameral es contun-dente al equiparar el término “personal”, en cuanto al Ar-tículo 37.02(Z), con el de “empleado”. Es decir, no solamente se intima que el programa del Registro de la Propiedad había de ser excluido de la Fase II en su totalidad, sino que el vocablo “personal” en solitario se utiliza conforme a su significado corriente y técnico que comprende a toda la plantilla laboral de la institución.

Procedemos ahora a examinar las razones por las cuales se enmendó la Ley 7. El P. de la C. 1640 esclarece en su Exposición de Motivos que en aras de proteger los intere-ses del pueblo de Puerto Rico “[e]s responsabilidad de esta Asamblea Legislativa velar porque [sic] las medidas que componen las Fases I, II y III del referido Capítulo se im-planten de una manera eficiente y responsable, cónsonas plenamente con los objetivos de política pública de esta Ley, según dispuestos en su Artículo 2”. Los fines de la Ley 7 se plasman nítidamente en dicho artículo, el cual declara expresamente ciertas metas gubernamentales, tales como: crear un plan integrado para “el restablecimiento la salud fiscal y las bases para que el Gobierno pueda im-pulsar el desarrollo económico”, entre otros asuntos.

Podemos deducir del historial legislativo que la inclusión del “personal” del Registro de la Propiedad en el Artículo 37.02(Z) cumple con los dos propósitos principales de las enmiendas presentadas por las Comisiones de Hacienda y Gobierno en su Informe Positivo, es decir: “promover el desarrollo económico y proteger ciertos empleos en el sector público de alta importancia para el servicio de la ciudadanía.” (Enfasis nuestro.) Esto es así debido a la importancia de los servicios del Registro de la Propiedad para el bienestar general de la ciudadanía. Es decir, allí se hacen constar las transacciones que afectan la titularidad de los derechos reales y otros derechos inscribibles que se imponen sobre los bienes inmuebles. De esta forma, al es-tar los documentos inscritos adquieren publicidad y dan eficacia a las garantías reales que confieren protección a adquirentes y acreedores, junto a la defensa y legitimación de las titularidades inscritas. En fin, el Registro de la Propiedad asegura el tráfico de los diversos negocios y ac-tos jurídicos, lo cual constituye el cúmulo de la seguridad jurídica, eslabón indispensable en la protección de la eco-nomía pública y en los esfuerzos para paliar los embates de una crisis financiera.

Para complementar nuestro análisis sobre la naturaleza socioeconómica del Registro de la Propiedad, nos remiti-mos a las palabras del doctor Vázquez Bote, quien señala la importancia que tiene esta institución en el desenvolvi-miento de nuestro país. Este expresa que “un buen Regis-tro de la propiedad, cuyo contenido es la expresión más fiel y posible de la realidad inmobiliaria, [es un] instrumento magnífico, y muy económico, ante la perspectiva del desa-rrollo de un país”. Además, nos reitera que este “[facilita] las transacciones y la colaboración social [y] ayuda a ambas partes que en aquél expresan su relación. Así estructurado, el Registro de la propiedad no sólo ayuda al desarrollo, sino que él mismo es [el] desarrollo”. (Enfasis nuestro.) A una conclusión similar se puede llegar al es-tudiar la función de nuestro Registro de la Propiedad en la protección de la seguridad jurídica, no tan solo a nivel local, sino dentro de un marco globalizado e internacional. De este enfoque se concluye, forzosamente, que “[s]¿ bien la seguridad jurídica integra el plexo de valores jurídicos esenciales de toda convivencia civilizada, y —por su impor-tancia y contenido— excede el marco que propone un aná-lisis estrictamente económico, corresponde asegurar que se trata de un valor operativo o condicionante del crecimiento económico”. (Enfasis nuestro.)

Según lo antes dispuesto, el eximir del plan de cesantía al personal del Registro de la Propiedad no solamente asegura el buen funcionamiento de un servicio esencial e indispensable para la ciudadanía, sino que propicia el desarrollo económico de Puerto Rico. Como ya vimos, la Exposición de Motivos de la Ley 7 informa que su fin es alcanzar un estado de crecimiento económico estable para salvar el crédito de Puerto Rico, mientras que las enmiendas de la Ley 37 tenían como fin asegurar el buen funcionamiento del Gobierno y, en particular, mantener a flote nuestra economía. Es evidente, entonces, que aumentar el número de personas que serán excluidas del plan de cesantía en el caso del Registro de la Propiedad redunda en el bienestar general de nuestro país, mientras que restarle empleados, aunque sean los no técnicos, resultaría en mermar la productividad de dicha institución que tanto dinero genera para el Gobierno mediante el cobro de aranceles.

El argumento del E.L.A., en cuanto a que el Artículo 34 refleja de forma fehaciente que no era la intención del le-gislador excluir de los efectos de la Ley 7 al Registro de la Propiedad en su totalidad, no nos convence. Aunque es cierto que el Artículo 34 debe ser interpretado conjunta-mente con el Artículo 37.02, el análisis del E.L.A. en nada atiende el historial legislativo del estatuto en cuestión e ignora por completo la naturaleza de la Ley 7 y la función socioeconómica del Registro de la Propiedad.

La importancia de esta institución es, en efecto, reconocida en el Artículo 37.02(Z), que distingue al Registro claramente del Departamento de Justicia al que no se eximió del plan de cesantía. Al unir esto a las distinciones entre los incisos de este articulado, en razón del uso del término “personal” frente a “personal técnico y pericial”, se comprueba la naturaleza indispensable de dichos empleos generales según la evaluación legislativa. En cuanto al tér-mino “personal del Registro de la Propiedad”, al este no delimitarse y, por ende, no reducirse su amplitud mediante la inclusión de un adjetivo o vocablo adicional que trace sus contornos, a saber, “personal técnico”, “personal peri-cial”, “personal administrativo”, “personal directivo”, etc., se revela la verdadera intención del legislador. Por otra parte, no es necesario recurrir a la J.R.E.F., como arguye el E.L.A., para determinar cuáles son los empleos esenciales dentro del término “personal” bajo el Artículo 37.02(1). En nuestro más reciente precedente determinamos clara-mente que la J.R.E.F. no tiene la potestad de limitar las exenciones dispuestas en la Ley 7, según enmendada. O sea, la J.R.E.F. solo puede ampliar la lista de los emplea-dos ya exentos y no está facultada para aplicar el plan de cesantía a los empleados cuyos puestos fueron incluidos expresamente en los renglones del Artículo 37.02.

Como ya hemos señalado, el uso continuo y distintivo del vocablo “personal” en las enmiendas a la Ley 7 no puede ser ignorado. Nada en el texto de la ley ni en el historial legislativo indica que la enmienda al Artículo 37.02 fue realizada a modo ejemplar o que haya sido pro-ducto de un error legislativo. Por el contrario, el término “personal” es utilizado no tan solo una vez, sino en tres ocasiones distintas y de forma consecutiva. En estas tres instancias la relación entre las agencias afectadas y sus funciones esenciales, sumamente delicadas en tomo a la seguridad y el bienestar económico de Puerto Rico, son evidentes. Tampoco se puede imputar que la Asamblea Le-gislativa hace cosas inútiles, máxime cuando se trata de la realización de un acto legislativo como la aprobación de una enmienda

Siguiendo estas consideraciones, concluimos que el le-gislador escogió cuidadosamente el vocablo que respondía a su verdadera intención. Contrario a lo que propone el E.L.A., si la Asamblea Legislativa hubiese querido refe-rirse a los empleos en el caso del Registro de la Propiedad a ser exentos como solo aquellos que fueran técnicos, hu-biese utilizado los términos “personal técnico” o “personal pericial” como lo hizo en los incisos (i) y (n) del Artículo 37.02 o hubiese añadido ejemplos concretos como en el caso del inciso (f). En el caso ante nuestra consideración, no seguir al pie de la letra el significado corriente de “personal” equivaldría a menoscabar los esfuerzos realizados por la Asamblea Legislativa de rectificar ciertas deficiencias de la ley especial y robustecer la economía de Puerto Rico, excluyendo del plan de cesantía a la fuerza laboral del Re-gistro de la Propiedad. Queda claro que la naturaleza y función del Registro de la Propiedad, junto al historial le-gislativo y el mismo texto de la Ley 7, según enmendada, denotan que esta interpretación cumple con el propósito económico de la ley especial.

En este caso, contrario a lo que ocurrió en Negrón Matos y Báez Rodríguez, no hace falta revisar las clasificaciones de los empleados cesanteados que recurren ante este foro para determinar si éstos se ubican en una categoría ex-cluida del plan de cesantía. Basta con que la parte deman-dante, como en el presente caso, sea empleado del personal del Registro de la Propiedad y haya sido cesanteado de acuerdo con la Ley 7.

En resumen, concluimos que la enmienda al Artículo 37.02 de la Ley 7 tuvo como finalidad expresa resguardar de los efectos del plan de cesantía a todos los empleados del Registro de la Propiedad de Puerto Rico. La letra de la Ley 7, según enmendada, y el historial legislativo avalan esta interpretación y justifican dicha medida en aras de corregir ciertas deficiencias del texto original de la ley especial.

Por todo lo antes expuesto, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se continúen los procedi-mientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

       La resolución de la CASARH nada resuelve en cuanto a la exclusión estable-cida por el Artículo 37.02 de la Ley 7 de 9 de marzo de 2009. En efecto, la misma sólo versa sobre la recertificación de la antigüedad de la señora Sánchez Díaz, computada en 7 años, 7 meses y 29 días.

       La petición de certiorari de la señora Sánchez Díaz fue expedida el 21 de mayo de 20Í0, mientras que el recurso de apelación civil de la señora Anca Santiago, acogido como certiorari, lo fue el 4 de junio de 2010.

       “Cualquier parte que haya sometido una petición o moción fundamentada con relación a la expedición de un auto podrá someter el asunto sin necesidad de presentar un alegato. Deberá hacerlo constar así en una moción informativa, y la fecha de presentación y notificación de dicha moción será equivalente para todos los fines pertinentes a la fecha de presentación y notificación del alegato. No obstante lo anterior, el Tribunal podrá ordenar que se prepare y someta un alegato en cualquier caso que lo considere necesario.” 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 33(k).

      O La moción informativa es clara en cuanto a que dicha transacción surtía el efecto de desistir de la causa de acción “única y exclusivamente para la demandante aquí compareciente, Madeline Sánchez Díaz”. Moción Informativa sobre Desisti-miento por Acuerdo Transaccional, 28 de febrero de 2011. Por otro lado, debemos resaltar que posteriormente recibimos una moción informativa adicional informando un acuerdo transaccional similar celebrado entre Lourdes Laclaustra De Jesús y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Moción Informativa sobre Desistimiento por Acuerdo Transaccional, 19 de abril de 2011. Sin embargo, no surge del expediente que dicha persona sea parte del caso de epígrafe, por lo cual la tomamos por no puesta.

       “Este Capítulo III será de aplicación a todas las Agencias cuyo presupuesto se sufraga, en todo o en parte, con cargo al Fondo General a la fecha de vigencia de esta Ley. Estarán exentas de la aplicación de esta Ley las ramas judicial y legisla-tiva, así como las agencias de gobierno e instrumentalidades gubernamentales ex-cluidas por el Artículo 5, Sección 5.3 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada; conocida como la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponién-dose, no obstante, que estará sujeta a la aplicación de esta Ley la Oficina propia del Gobernador.” Artículo 34 de la Ley Núm. 7.

       Los empleados del Registro de la Propiedad no aparecían especficamente mencionados en esa lista inicial.

       Informe Positivo sobre el P. de la C. 1640 de 19 de junio de 2010, pág. 16.

       “Sección 40. Se enmienda el Artículo 37.02 de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, para que se lea como sigue:
      “Artículo 37.02. — Exclusión de la aplicación de la Fase II.

        A fin de evitar un impacto negativo en los servicios brindados por el Gobierno y en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 2 de esta Ley, estarán exentos de las cesantías de la presente ley los empleados de las Agencias que según sus clasificacio-nes llevan a cabo funciones esenciales en protección de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar, según serán definidos por la JREF, tales como:
      (a) policías y bomberos, agentes del Cuerpo de Vigilantes, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales y la Oficina del Fiscal Especial Independiente;
      (b) oficiales de corrección y oficiales juveniles;
      (c) maestros asignados al salón de clases, incluyendo los transitorios durante el año escolar;
      (d) Directores, bibliotecarios, orientadores y empleados de comedores adscritos al Departamento de Educación;
      (e) maestros del Conservatorio de Música de Puerto Rico y de la Escuela de Artes Pálsticas;
      (f) profesionales de la salud (médicos, paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y técnicos de laboratorio);
      (g) trabajadores sociales,
      (h) operadores del sistema de llamadas de emergencia 911;
      (i) patólogos, personal pericial y técnico del Instituto de Ciencias Forenses;
      (j) empleados de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público y la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servi-cio Público;
      (k) Personal de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio;

        (l) Personal del Registro de la Propiedad',

      (m) Personal de la Junta de Libertad Bajo Palabra; y
      (n) Consejeros en Rehabilitación Vocacional y personal de apoyo técnico ....” (Enfasis nuestro.)

        Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 231, 249 (2010).

       íd., póg. 250.

       íd-

       En cuanto al señalamiento del E.L.A. sobre la aplicabilidad de la doctrina de cosa juzgada para con la señora Sánchez Díaz, al haber esta desistido del presente caso, y por ser la única peticionaria que compareció ante la CASARH para impugnar su cesantía conforme al Artículo 37.02 de la Ley 7, supra, el mismo no debemos atenderlo.

       31 L.P.R.A. sec. 14.

       31 L.P.R.A. sec. 15. Véanse, además: Bird v. Eastern Airlines, Inc., 99 D.P.R. 955 (1971); Cooperativa Cafetaleros v. La Capital, 82 D.P.R. 51 (1961); Bull Insular Line v. Sancho Bonet, Tes., 53 D.P.R. 865 (1938).

        Depto. Estado v. U.G.T., 173 D.P.R. 93, 110 (2008); Guzmán v. Calderón, 164 D.P.R. 220, 256-257 (2005); Mun. San Juan v. Banco Gub. Fomento, 140 D.P.R. 873, 884 (1996); Clínica Julia v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 521 (1954).

        A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816, 820 (1986); Delgado v. D.S.C.A., 114 D.P.R. 177, 182 (1983); Cirino v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 608, 616 (1964).

       íd.

       A saber, en Negrón Matos et al. o. E.L.A., 179 D.P.R. 217 (2010), el caso trataba sobre el Artículo 37.02(b) que incluye “oficiales de corrección y oficiales juveniles”, mientras que en Báez Rodríguez el Artículo 37.02(i) incluye los puestos de “[p]atólogos, personal pericial y técnicos del Instituto de Ciencias Forenses”. Debe-mos resaltar que aunque el Artículo 37.02(b) se mantuvo inalterado por la enmien-das de la Ley 37, el texto original del la Ley 7, que concernía al Instituto de-Ciencias Forenses, incluía en su Artículo 37.02(h) solamente a los “patólogos del Instituto de Ciencias Forenses”. En este último caso la enmienda resultó, más allá de cambiar la enumeración del referido inciso, en añadir otros empleos o puestos generales a la lista de los excluidos del plan de cesantía.

       Es decir, originalmente serían excluidos del plan de cesantía empleos o puestos particulares, tales como: policías, bomberos, oficiales de corrección y juveniles, maestros, bibliotecarios, médicos, paramédicos, enfermeras, farmacéuticos, téc-nicos de laboratorio, trabajadores sociales, operadores del sistema de llamadas de emergencia y patólogos.

       Moción de desestimación y/o en oposición a que se expida el recurso de autos, 12 de enero de 2010, págs. 12-14.

        Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 706 (2001). Véanse, además: Departamento Hacienda v. Telefónica, 164 D.P.R. 195, 204 (2005); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 538-539 (1999).

        Pueblo v. Negrón Caldero, 157 D.P.R. 413, 423 (2002); Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 D.P.R. 252, 275 (2000); Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363, 366 (1975).

        Pueblo v. Cosme Vargas, 96 D.P.R. 836, 842 (1969); Bacardi Corporation v. Tribl. Contribuciones, 75 D.P.R. 131, 137 (1953).

       M. Moliner, Diccionario de Uso del Español, Madrid, Ed. Gredos, 1991, pág. 717.
      Véanse, además, las definiciones siguientes: “Conjunto de empleados de una empresa. Plantilla.” M. Vaquero y A. Morales, Tesoro Lexicográfico del español de Puerto Rico, Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, San Juan, Ed. Plaza Mayor, 2005, pág. 602; “A body of persons usually employed (as in a factory, office or organization)”, Merridan Webster’s Collegiate Dictionary, Merriam-Webster, lOma ed., Springfield, 1993, pág. 867.

       I. Rivera Garcia, Diccionario de Términos Jurídicos, 2da ed., Orford, Ed. Equity, 1985, pág. 204.

       A.S. Suárez Suárez, Diccionario de Economía y Administración, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 1992, pág. 215. También, véase Diccionario de Economía y Negocios, Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1999, pág. 481 (“[elquipo de personas que for-man parte de la plantilla de una empresa y en la que prestan servicios”).

       P.H. Casselman, Labor Dictionary, Nueva York, Philosophical Library, 1949, pág. 357.

       P. de la C. 1640, Diario de Sesiones de 19 de junio de 2009, pág. 8.

       Informe Positivo de la Comisión de lo Jurídico y Ética sobre el P. de la C. 2683, de 22 de junio de 2010, pág. 7.

       Véase Parte III(B) (1 y 4), OA Núm. 2011-01 de 24 de enero de 2011, Medidas en Torno a la Implementación de la Ley Núm. 216 de 27 de diciembre de 2010 y el Artículo 13 del Reglamento Núm. 7988 de 4 de febrero de 2011.

       Notamos que, al igual que el término “personal” del Registro de la Propiedad, los términos “personal pericial y técnico” y “personal de apoyo técnico” del Ins-tituto de Ciencias Forenses y del programa de Rehabilitación Vocacional, correspon-dientemente, fueron incluidos en el texto del Artículo 37.02 de acuerdo con las enmiendas de la Ley 37.

       P. de la C. 1640, supra, pág. 21.

       Informe Positivo Conjunto P. de la C. 1640, de 25 de junio de 2009, pág. 5.

       Artículo 2 de la Ley 7, supra.

       P. de la C. 1640, supra, pág. 16.

       Véase el Artículo 7 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2051.
      Además, “[e]l registro efectúa una calificación de legalidad registral del negocio, dando por bueno y por auténtico, tanto el contenido de las afirmaciones de los otor-gantes como las certificaciones técnicas del propio notario derivadas de su estudio de los antecedentes que legitiman la operación, llámese título de propiedad, anteceden-tes dominiales, representaciones invocadas, situación impositiva, identidad y capa-cidad jurídica actual de los otorgantes para un otorgamiento plenamente valedero, y todo lo necesario para un ‘buen resultado jurídico’ del negocio de fondo documentado”. H. Pérez Montero, Necesidad social de la función notarial, 44 (Núm. 3) Rev. Der. Pur. 253, 275 (2005).

       “[S]ólo recientemente se ha comenzado a considerar la ausencia de seguri-dad jurídica como uno de los factores limitantes del crecimiento económico.” E.I. Highton y A.G.E. Vitale, La función notarial en la comunidad globalizada, Buenos Aires, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005, pág. 61.

       g Vázquez Bote, Sentido de la reforma hipotecaria en Puerto Rico, Tesis Doctoral en Derecho, San Juan, 1972, pág. 107.

       íd., pág. 110.

       Highton y Vitale, op. cit., pág. 61.

       P. de la C. 1640, supra, pág. 8.

       “[L]a facultad de la J.R.E.F. bajo el Artículo 37.02, supra, se limita a deter-minar cuáles otros empleados no incluidos en la lista deben ser excluidos de la apli-cación de la ley. ... Una interpretación contraria significaría que la enmienda limitó aún más las exclusiones dispuestas por ley al disponer que la J.R.E.F. es quien de-termina cuáles empleados dentro de esos renglones están exentos de la aplicación de la Ley Núm. 7.” (Enfasis nuestro.) Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., supra, pág. 250.

       En Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985), rechazamos una interpretación “literalista” de la ley en vista de que la Asamblea Legislativa había cometido un error palpable en la promulgación de la ley. En aquella instancia, este Tribunal dictaminó que si dicho error resulta ser contrario al resto de la ley o menoscaba su efectividad, este puede ser eliminado, como también puede añadirse una frase o palabras para que se pueda cumplir con la intención legislativa. Véase Rivera Cabrera v. Registrador, 113 D.P.R. 661, 664-665 (1982) (el cual se centra en un simple “error de trámite” o de “elemental factura oficinesca" que resultó en una discordancia de una sola línea entre nueve incidencias de enmienda para duplicar los derechos de arancel).

        Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254, 262 (1975); Flam-boyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884, 888 (1975).

       “[profesionales de la salud (médicos, paramédicos, enfermeras, farmacéuti-cos y técnicos de laboratorio).” Artículo 37.02(f) de la Ley Núm. 7.

       En cuanto al caso AC-2010-0002, el E.L.A. adujo que el reclamo de la señora Anca Santiago era académico y debía ser desestimado. Adjunto a su solicitud, la parte demandada nos produjo una Resolución en Reconsideración de la CASARH, de 30 de junio de 2010, donde se resolvió que, debido al dictamen de este Tribunal en Báez Rodríguez, la parte demandante sería reinstalada a su puesto en el Registro de la Propiedad. Se ha reconocido que un caso no es justiciable cuando se ha tornado académico, o sea, cuando este deja de presentar una controversia real que amerite la intervención de los tribunales de justicia. Véanse: Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969 (2010); Lozada Tirado v. Testigos de Jehová, 177 D.P.R. 893 (2010); Romero v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006); Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 D.P.R. 593 (1992); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Es norma trillada que un caso se torna académico cuando su condición de controversia viva y presente cesa por el transcurso del tiempo. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 (2000); P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995). Esto significa que la controversia real debe existir “en todas las etapas del proceso judicial, tanto en la inicial como en la apelativa”. Presidente de la Cámara v. Gobernador, Í67 D.P.R. 149, 157 (2006).
      Notamos que la señora Anca Santiago no cumplió con la Resolución de este Tribunal en la cual se le requirió que nos notificara su nueva representación legal dentro del término de 30 días. Tampoco compareció desde que expresó su negativa de aceptar la oferta de transacción del E.L.A. y no nos ha puesto en posición para determinar si, en efecto, fue reinstalada a su puesto. Por lo tanto, contando con la Resolución en Reconsideración de la CASARH, y como resultado de la ausencia de interés mostrado por la parte demandante, no nos queda más remedio que declarar su reclamo académico y desestimar su recurso de apelación civil.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

text:
    Pedro Matos Lorenzo y Antonia González García, deman-dantes y recurridos, v. Carmelo Rivera Tirado, Olga Freytes Borrero y la Sociedad Legal de Gananciales com-puesta por ellos, y Amerilis D. Navedo Dávila, demanda-dos y peticionarios.

      Número: CC-2010-256

      Resuelto: 11 de mayo de 2011

      Marisella Guzmán Delgado, abogada de la parte peticionaria; Sharon M. Hernández López, abogada de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Atendido el recurso de certiorari, se expide el auto. Asi-mismo, se dicta sentencia para revocar el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y reinstalar aquella emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad a la que se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Den-ton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. El Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Chameco y el Juez Asociado Señor Rivera García disintieron sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por

la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

a la que se une el Juez Pre-sidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

El recurso de autos nos permite expandir nuestros pro-nunciamientos respecto a la figura del contrato de opción. En particular, hoy examinamos si las partes del contrato de opción pueden establecer en qué forma se ejercerá el derecho de opción. Siguiendo el principio de la autonomía de la voluntad contractual, estimo que los contratantes pueden acordar, además del plazo en el cual se podrá ejer-cer la opción, la forma como deberá ejercerse, apartándose de la figura tradicional que sólo requiere la mera declara-ción de la voluntad para el efectivo ejercicio de la opción.

I

El 21 de marzo de 2006, los Sres. Pedro Matos Lorenzo y Carmelo Rivera Tirado suscribieron un contrato de op-ción a compra sobre una propiedad comercial, fijando el precio de venta en $130,000. Mediante ese contrato, el se-ñor Rivera Tirado concedió al señor Matos Lorenzo el de-recho de opción por un término de treinta días, es decir, hasta el 20 de abril. Este último pagó una prima de $3,000, los cuales serían restados al precio de venta una vez se ejercitara el derecho de opción. Las cláusulas y condiciones acordadas por las partes, que generan la controversia que hoy atendemos, disponen:

PRIMERA: Que LA PARTE VENDEDORA se obliga a darle la primera opción de la propiedad descrita ..., estipulándose el precio de venta en la cantidad de [$130,000.00].
TERCERA: Que las partes acuerdan que la cantidad de [$130,000.00], será pagada de la siguiente manera: en el día de hoy se hace entrega de la cantidad de [$3,000.00] como opción, y el remanente de [$127,000.00] se pagarán en o antes de treinta (30) días a partir del día de hoy.
QUINTA: En caso de incumplimiento o que no se puedan firmar las debidas escrituras, por causa o negligencia de LA PARTE OPTANTE, éstos perderán la opción entregada en el día de hoy. En caso de que LA PARTE VENDEDORA se viera imposibilitada de firmar la escritura, viene obligada la parte vendedora a devolver la opción entregada a LA PARTE OPTANTE.
SEXTA: De vencerse el término de esta opción y no firmarse la escritura, este contrato quedará nulo y LA PARTE VENDE-DORA queda en libertad de vender la propiedad a otro posible comprador. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 39.

Tras firmar el contrato, el señor Matos Lorenzo y su esposa, la Sra. Antonia González García, iniciaron gestio-nes en una institución bancaria para obtener el financia-miento de la compraventa. Aunque la referida institución aprobó la solicitud del préstamo el 5 de abril de 2006, su tramitación se extendió por varias semanas. Finalmente, el banco notificó a ambas partes que el cierre de la compra-venta y la concesión del préstamo se realizarían el 22 de abril de 2006. No obstante, el señor Rivera Tirado (optata-rio-vendedor) no se presentó a efectuar la transacción. En cambio, el 3 de mayo de 2006, éste vendió la propiedad a un tercero: la Sra. Amérilis Navedo Dávila.

Así las cosas, el señor Matos Lorenzo y la señora Gon-zález García, junto a su Sociedad Legal de Gananciales, presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia urna de-manda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjui-cios contra el señor Rivera Tirado y la Sra. Olga Freytes Borrero, así como la Sociedad Legal de Gananciales com-puesta por ellos. En síntesis, la parte demandante adujo que tras suscribir un contrato de opción de compra con el demandado, antes de vencer el plazo acordado en la opción, le notificó que deseaba comprar la propiedad. Asimismo alegó que los demandados conocían de sus gestiones para obtener el financiamiento de la compraventa y que, tanto el banco como los demandantes, le notificaron la aproba-ción del préstamo el 5 de abril de 2006.

Por otro lado, los demandantes sostuvieron que mien-tras tramitaban el préstamo con el banco, este le informó a los demandados que la institución tendría que retener cierta cantidad del precio de compraventa para saldar una deuda contributiva. Ello provocó, según se alegó en la de-manda, que los demandados expresaran que preferían vender la propiedad a otra persona que hiciera el pago en efectivo.

Tras celebrar un juicio en su fondo, el Tribunal de Pri-mera Instancia emitió una sentencia para desestimar la acción presentada. Determinó que cuando venció el plazo de treinta días concedido en el contrato de opción, el 20 de abril de 2006, los demandantes no estaban listos o dispues-tos para llevar a cabo la compraventa, ni habían acordado con los demandados una extensión al contrato de opción. Igualmente determinó que, al 20 de abril, la institución financiera aún no había recibido varios documentos indispensables para otorgar el préstamo. Por todo ello, el foro primario estimó que los demandados podían oponerse a la celebración de la compraventa y podían vender su propie-dad a cualquier otro comprador, como en efecto lo hicieron el 3 de mayo de 2006.

De esta determinación los demandantes acudieron al Tribunal de Apelaciones. Allí solicitaron la revocación de la sentencia del foro primario ya que, según alegaron, erró al “concluir que el perfeccionamiento de un contrato de opción de compraventa está sujeto al otorgamiento del contrato de compraventa y no a la afirmación por parte del optante de que se perfeccione el contrato de opción de compraventa”. Alegato de oposición, pág. 8. El foro apelativo intermedio revocó la sentencia recurrida y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia. Aquél concluyó que, dejando a un lado el asunto sobre si el contrato de compraventa se per-feccionó en el plazo, era necesario que el foro primario ad-judicara si los demandantes habían ejercido su derecho de opción en el término de treinta días que le fuera concedido según el contrato de opción.

Siguiendo el mandato del Tribunal de Apelaciones, y tras brindar a las partes la oportunidad de presentar evi-dencia adicional, el Tribunal de Primera Instancia emitió una nueva sentencia para declarar “sin lugar” la demanda. En su dictamen, el cual mantuvo todas las determinacio-nes de la primera sentencia, aclaró que los demandantes no ejercieron su derecho de opción mediante actos afirma-tivos en el término pactado. La sentencia se notificó el 30 de julio de 2009.

Inconformes aún, el 28 de agosto de 2009, los deman-dantes presentaron nuevamente un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en el cual reiteraron el error señalado en la apelación original y adujeron haber manifestado su intención de efectuar la compraventa en el plazo concedido. Por su parte, los demandados se opusie-ron al recurso y alegaron que los demandantes no realiza-ron actos afirmativos ni ejercieron su derecho de opción según los términos del contrato.

Atendidos los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones “modificó” el dictamen recurrido mediante sentencia notificada el 25 de febrero de 2010. Este expresó que el derecho de opción se ejerce con la simple manifesta-ción por el optante de su intención de perfeccionar el con-trato de compraventa, por lo cual es innecesario que la transacción definitiva se consuma dentro del plazo conce-dido para ejercer la opción. Por ello, y por entender que los demandantes sí habían comunicado a los demandados su interés de adquirir la propiedad objeto de la opción en los treinta días concedidos en el contrato, y que estos conocían de sus gestiones para obtener el financiamiento de la com-praventa, el foro apelativo intermedio concluyó que los de-mandantes habían ejercido su derecho de opción a tiempo y los demandados habían violado el contrato de opción. Cón-sono con lo anterior, el tribunal devolvió el caso al foro primario para que este fijara los daños sufridos por los demandantes ante el incumplimiento contractual de los demandados.

El 26 de marzo de 2010 acudió ante esta Curia la parte demandada mediante recurso de certiorari. Allí alegó que no incumplió el contrato de opción, ya que mantuvo la pro-piedad fuera del mercado por un término de treinta días y no fue hasta vencido ese plazo, sin que la parte recurrida ejerciera su derecho de opción según fuera pactado, cuando entonces decidió vender el inmueble a un tercero. Añadió que “estamos ante un contrato de opción de compra con unas cláusulas restrictivas que establecen la forma en que se puede ejercitar la opción”. Petición de certiorari, pág. 9. De otra parte, los peticionarios sostienen que los recurri-dos no realizaron actos afirmativos para ejercer su derecho de opción y que el Tribunal de Apelaciones erró al interve-nir con las determinaciones de hechos del Tribunal de Pri-mera Instancia.

Visto el recurso, el 15 de octubre de 2010, le concedimos a la parte recurrida un término para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. El 9 de noviembre de 2010, la parte recurrida presentó su oposición. Con el beneficio de la comparecencia de las par-tes, estamos listos para resolver.

II

A. Los contornos del contrato de opción en nuestro or-denamiento jurídico han sido delineados por la jurispruden-cia, debido a que en el Código Civil no existen normas al respecto. Ante tal omisión, hemos definido el contrato de opción como “el ‘convenio por el cual una parte (llamada concedente, promitente u optatario) concede a la otra (lla-mada optante), por tiempo fijo y en determinadas condicio-nes, la facultad, que se deja exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto a la celebración de un contrato principal’ ”. P.D.C.M. Assoc, v. Najul Bez, 174 D.P.R. 716, 724 (2008), citando a Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 D.P.R. 234, 246 (2002); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713, 722 (2001); Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 123 D.P.R. 571, 583 (1989). Esta definición contiene los elementos esenciales del contrato de opción. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág. 246. Véase, también, J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 15ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1993, T. IV, pág. 50.

El referido contrato otorga al optante la facultad de de-terminar, en el plazo concedido, si perfecciona el contrato definitivo, es decir, el contrato por el cual optó. Por ello, hemos acogido las expresiones del tratadista Puig Brutau a los efectos de que “no se opta por optar, sino que la opción es la posibilidad de perfeccionar un contrato previamente delimitado”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, pág. 50. Asimismo, el optatario está obligado a no frustrar la facultad que le asiste al optante mientras el plazo para ejercer el derecho de opción está vigente. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág. 250; Castán Tobeñas, op. cit, págs. 54r-55. Si se tratase de una opción de compra-venta, ello significaría cuidar la propiedad y mantenerla fuera del mercado para que ningún tercero pueda adquirirla.

Como norma general, el optante puede ejercer su dere-cho de opción simplemente notificando al optatario su vo-luntad de perfeccionar el convenio por el cual optó. Maya-güez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág. 246. Véase, además, Puig Brutau, op. cit., pág. 57 (“La declaración del optante tiene el carácter unilateral y recepticia, no sujeta a forma expresa, pero tendrá que constar de manera fehaciente”). No obstante, ese derecho queda extinguido con su renuncia, o si transcurre el plazo concedido sin que el optante ejerza la opción, se estima entonces caducado. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág. 249.

De otra parte, si la opción se ejerce en el plazo acordado, el contrato de opción queda extinguido y a su vez se per-fecciona el contrato aceptado, según haya sido previamente delimitado. Id. Desde entonces, y no antes, las partes están obligadas a satisfacer sus respectivas prestaciones mediante el contrato definitivo. Véase Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 796, 809-810 (1975), citando la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 23 de marzo de 1945 (“las recíprocas obligaciones ..., sobre esta base, han de exigirse después, pero no precisamente en el plazo establecido que atañe solo a la necesidad de formalizar la aceptación en su transcurso”).

B. Ahora bien, hemos reconocido que las normas gene-rales sobre las obligaciones y los contratos aplican al con-trato de opción. Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, supra, pág. 804; Pérez v. Sampedro, 86 D.P.R. 526, 529 (1962). Véase, además, Puig Brutau, op. cit., pág. 49. Por ello, rige aquí también el principio de libertad de contratación o au-tonomía de la voluntad contractual, según el cual las par-tes pueden pactar las cláusulas y condiciones que estimen convenientes mientras no contravengan las leyes, la moral ni el orden público. 31 L.P.R.A. sec. 3372; Alvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 17 (2005); Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 98 (2004); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García; supra, págs. 724-725; Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 289 (2001); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157, 169-170 (1994); Plaza del Rey, Inc. v. Registrador, 133 D.P.R. 188, 192-193 (1993). Una vez las partes prestan su consenti-miento, quedan entonces vinculadas por los términos del contrato, siendo este la ley entre las partes. 31 L.P.R.A. sec. 2994; Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579, 593 (1991); Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345 (1984).

Siguiendo estos principios, fiemos señalado que “el al-cance de la opción aludida no se puede fijar sin tomar en cuenta el contenido específico que en [el] contrato se le imparte”. Zeta Enterprises, Inc. v. E.L.A., 145 D.P.R. 1, 10 (1998). Así, ya hemos reconocido la posibilidad de que las partes convengan que el derecho de opción esté supeditado al cumplimiento de ciertas condiciones. Id. Véase, además, Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra. En estos ca-sos, aunque “[u]na opción típica implica que el poseedor del derecho tiene la iniciativa de decidir” si se celebrará el con-trato definitivo, en realidad el optante “no dispone de un ámbito ilimitado de voluntariedad”. Zeta Enterprises, Inc. v. E.L.A., supra, pág. 10. Vemos, pues, que se trata de “dis-posiciones [que] cualifican el ámbito de la opción, conforme a la voluntad de las partes contratantes”. Id.

Tras examinar estas normas, veamos ahora las alega-ciones de las partes.

h-i I — I HH

Las partes del caso de autos coinciden en que celebraron un contrato de opción en el cual los peticionarios (optata-rios) concedieron a los recurridos (optantes) la facultad ex-clusiva de decidir si adquirían un inmueble comercial, por el precio convenido de $130,000. Asimismo, están de acuerdo en que el período de opción tuvo una vigencia de treinta días a partir de la firma del contrato de opción. Empero, las partes tienen diferencias respecto a si el refe-rido derecho de opción fue ejercitado propiamente antes de que el plazo de la opción caducara.

Concretamente, los recurridos sostienen que los peticio-narios sabían de la intención de aquéllos de adquirir la propiedad y las gestiones que realizaban en una institu-ción bancaria para obtener el financiamiento de la compra-venta, todo ello en el plazo de treinta días concedido. Por lo tanto, afirman los optantes, al comunicar su voluntad a los optatarios ejercieron su derecho de opción, sin que fuera necesario realizar ningún acto ulterior. De otro lado, los peticionarios arguyen que en este caso en particular no era suficiente que los optantes comunicaran la intención de comprar el inmueble para que se entendiera ejercido el de-recho de opción, ya que el contrato suscrito por las partes delimitaba cómo se debía ejercer ese derecho.

La controversia suscitada entre los contratantes con-cierne la forma cómo se ejerce el derecho de opción. El núcleo de la disputa gira en torno a las supuestas restric-ciones que las partes incluyeron en el contrato de opción respecto a como los optantes podían consumar ese contrato. En otras palabras, tratamos aquí con la posibili-dad de que las partes convengan métodos específicos para el ejercicio de la opción. Al percatarnos de que no existe en nuestro acervo jurisprudencial normas que atiendan direc-tamente este asunto, estimamos apropiado examinar bre-vemente la doctrina civilista.

A. Como mencionáramos, en el ámbito de los contratos de opción las partes gozan de plena libertad para diseñar convenios que atiendan adecuadamente sus necesidades e intereses, siempre y cuando no violen la ley, la moral ni el orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372. Véase M.J. Godreau Robles, La Opción de Compra en Puerto Rico, 53 Rev. Jur. U.P.R. 563, 577 (1984) (“En la configuración de sus relaciones económicas, las partes que suelen recurrir a estos contratos preliminares operan den-tro del ámbito de la autonomía de la voluntad como gene-radora de las obligaciones. Son las partes quienes definen los límites de sus respectivas responsabilidades. De no me-diar circunstancias opresivas o violatorias de la buena fe, no hay por qué buscar en estos contratos resultados distin-tos a los que razonablemente puedan derivarse de la fina-lidad económica que persiguen los contratantes”)- La ma-yoría de las veces, los sujetos involucrados en un contrato de opción de compraventa oneroso acuerdan que el optata-rio mantendrá abierta su oferta de venta durante cierto plazo, en contraprestación a una suma de dinero que brinda el optante, comúnmente llamada “prima”. Desde entonces queda perfeccionado el referido contrato y el op-tante —mientras le asiste la facultad de ejercer la opción— no tiene ninguna obligación que satisfacer.

No obstante, la doctrina civilista ha reconocido que nada impide a las partes arribar a otros resultados que podrían considerarse atípicos. Véase J.Á. Torres Lana, Contrato y derecho de opción, 2da ed., Madrid, Ed. Trivium, 1987, pág. 153 (“las partes, al amparo una vez más del principio de autonomía de la voluntad, pueden configu-rar a su arbitrio la o las obligaciones que deba el optante cumplir, aunque en la práctica se detectará, en una mayo-ría abrumadora de ocasiones, que esta obligación consiste en el pago de una suma de dinero”). Por ejemplo, más allá de poder requerir el cumplimiento de ciertas condiciones previo al ejercicio de la opción, como las examinadas en Zeta Enterprises, Inc. v. E.L.A., supra, y en Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, varios académicos han afir-mado que las partes del contrato de opción de compraventa podrían acordar que el ejercicio de la opción venga acom-pañado del pago —parcial o total— del precio de la propie-dad objeto de venta.

A esos efectos, la profesora Sanciñena Asurmendi co-menta que los contratantes pueden incluir en el acuerdo de la opción de compra cláusulas que exijan que el optante ejecute ciertos actos simultáneos al ejercicio de la opción,

de forma tal que de, no realizarse, se estimará como no ejercido el derecho de opción. C. Sanciñena Asurmendi, La Opción de Compra, Madrid, Ed. Dykinson, 2003, pág. 220. Por ello concluye que “[c]uando en el contrato de opción de compra, las partes convengan la necesidad de pagar el pre-cio de la compraventa en el momento de ejercicio de la opción de compra, si el optante no realiza el ofrecimiento o no lo consigna, se entenderá que la opción no se ejerció en forma, aunque se haya ejercido en tiempo”.” Id., pág. 221. Véase, también, Puig Brutau, op. cit., pág. 61 (“Con el ejer-cicio del derecho de opción, el optante perfecciona la com-praventa proyectada, la cual queda pendiente de consuma-ción, sin perjuicio de que las partes hayan dejado establecido que en el momento de manifestar afirmativa-mente la opción el comprador, deba entregar o depositar, en todo o en parte, el precio convenido”). (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.)

Ante la novedad del asunto que hoy se nos plantea, re-sulta particularmente persuasiva la abundante jurispru-dencia civilista producida por el Tribunal Supremo de España. Hemos apreciado que ese Foro cuenta con una doctrina robusta, reiterada constantemente, que sanciona de manera positiva la libertad y autonomía de la cual go-zan las partes del contrato de opción para incluir en él aquellas exigencias que consideren adecuadas respecto a la forma en que se deberá ejercer el derecho de opción por el optante. Al aprobar este tipo de acuerdo, el Tribunal Supremo español ha expresado que, en ocasiones, la mera declaración de voluntad no es suficiente para ejercer la op-ción:

Tal ejercicio no basta por s[í] mismo cuando se ha convenido que ha de ir acompañado de pago del precio acordado para la compraventa, tanto total como en forma parcial. En el caso de autos ha quedado suficientemente probado que la recurrente no realizó pago ni desembolso alguno, conforme a los términos del contrato, con lo cual resulta que llevó a cabo un despliegue de voluntad incompleto y contradictorio del negocio, por lo que la opción perdió toda su eficacia, ya que se carecía de faculta-des para postergar el desembolso del precio a que se había comprometido y cuyo cumplimiento era factible, conforme queda sentado. En consecuencia, la opción ha de tenerse por caducada .... STS Núm. 941 de 2 de noviembre de 1995.

Asimismo, el citado Tribunal ha concluido que un con-trato de opción en el cual se pacta cómo podrá llevarse a cabo el ejercicio de la opción —por ejemplo, requiriendo del optante el pago simultáneo del precio de la compraventa—

... ni contradice la naturaleza del contrato de opción, ni su sometimiento a las normas generales de las obligaciones y contratos, dado el principio de autonomía de la voluntad y la facultad del [concedente], prominente u optatorio de poner condiciones al optante para su aceptación, lo que tampoco está en pugna con la libertad de juicio y criterio de éste, ni con la tradicional y vigente jurisprudencia ..., que tiene un carácter general, necesitado de las especificaciones de cada caso con-creto, pues la oferta no siempre se manifiesta de modo simple, sino con condicionantes elevados por el oferente a la cualidad de esenciales, de manera tal que si no se cumplen de modo estricto no se produce el concurso de la oferta y la aceptación .... STS Núm. 684 de 17 de noviembre de 1986.

B. Consideramos que la norma expuesta es el desen-lace forzoso del principio de la autonomía de la voluntad aplicado a los contratos de opción. Esa autonomía creadora gestó en su momento derechos atípicos como el derecho de superficie y el propio derecho de opción, ausentes en nues-tro Código Civil. La libertad y flexibilidad que este otorga en el Artículo 1207, 31 L.P.R.A. sec. 3372, para que los sujetos desarrollen convenios ajustados a sus intereses, li-mitados por el llamado a respetar la ley, la moral y el orden público, permite que las relaciones contractuales en nues-tra jurisdicción evolucionen y respondan de forma ade-cuada a las exigencias que los nuevos tiempos presentan. Son las partes contratantes las que mejor pueden decidir, mediante diálogos y negociaciones, cómo deben configu-rarse sus obligaciones.

Todo ello nos lleva a concluir que al amparo del artículo 1207 del Código Civil, supra, las partes de un contrato de opción pueden establecer no solo el plazo durante el cual estará vigente la opción, sino cómo deberá ejercerse el de-recho de opción en el plazo. Los medios o las restricciones, que así se diseñen, deben ser claros y conservar el carácter unilateral del ejercicio de la opción. Es decir, cualquier acto que se deba realizar junto a la tradicional declaración de voluntad para ejercer la opción, según sea acordado por las partes, siempre tiene que depender del arbitrio exclusivo del optante. De manera que el ejercicio de la opción no puede supeditarse a eventos que requieran la participación del optatario, ya que entonces se destruiría el carácter unilateral del ejercicio; característica esencial del contrato de opción.

Ante un despliegue de la voluntad para ejercer la op-ción, que no satisfaga el pacto respecto a la forma como el derecho de opción debió ser ejercido, se debe considerar un acto ineficaz por lo cual no perfeccionará el contrato definitivo. Sin embargo, mientras continúe transcurriendo el plazo de la opción, el optante conservará su derecho y podrá rectificar su conducta a los efectos de ejercer la op-ción cumpliendo con lo acordado por las partes. Véase J. Taima Charles, El Contrato de Opción, Barcelona, Ed. Bosch, 1996, pág. 256. Si venciera el plazo sin que el op-tante ejerza efectivamente la opción en la forma como las partes lo estipularon, su derecho habrá de caducar.

Finalmente, en ausencia de un pacto sobre la forma de ejercer el derecho de opción, debe bastar con la mera decla-ración de voluntad por parte del optante para que se con-suma el contrato de opción y, a su vez, se perfeccione el contrato definitivo por el cual se optó. En estos supuestos el optatario está vedado de requerir cualquier acto no pre-visto en el contrato de opción para que el optante pueda ejercer su derecho. Véase Torres Lana, op. cit., pág. 262.

Contando ya con las normas aplicables, pasemos ahora a evaluar el contrato de opción suscrito por las partes en el caso de autos. Para ello, debemos examinarlo siguiendo las reglas de interpretación dispuestas en nuestro Código Civil.

IV

La controversia suscitada entre las partes solo requiere que evaluemos si los contratantes delimitaron una forma específica en la cual se debía ejercer el derecho de opción, alejándose así de la norma general referente al ejercicio de la opción mediante la mera declaración de voluntad.

A esos fines, una lectura integrada del “Contrato de op-ción a compra” refleja que el término de treinta días, acor-dado como plazo de la opción por las partes, únicamente se estableció en el tercer inciso de las “Cláusulas y Condiciones”. En esa misma cláusula las partes acordaron el precio de la venta y cómo este sería desembolsado: pri-mero, el pago de una prima de $3,000 al firmarse el con-trato de opción y, segundo, el pago del remanente del precio “en o antes de treinta (30) días a partir del día [de la firma del contrato de opción]”. Id. Esta instrucción para realizar el pago del precio de la venta en treinta días, es la misma —y la única— que creó el plazo del derecho de opción. Por lo tanto resulta evidente que, al amparo de la estipulación del contrato, el término para el ejercicio de la opción quedó entrelazado al pago del precio de la compraventa. No se acordó meramente un plazo para ejercer la opción, se pactó un plazo de treinta días para que el optante ejerciera la opción entregando al optatario $127,000. Este acuerdo, conforme a la autonomía de la voluntad de las partes, re-guló la forma en que se habría de ejercer el derecho de opción. Siendo válido, los contratantes estaban obligados a cumplirlo cabalmente.

De otra parte, en la cláusula sexta del contrato se con-vino que “[d]e vencerse el término de esta opción y no fir-marse la escritura, este contrato quedará nulo y LA PARTE VENDEDORA queda en libertad de vender la pro-piedad a otro posible comprador”. Contrato de opción a compra, pág. 2, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 141. La parte peticionaria sostiene que la cláusula citada tuvo el efecto de condicionar el ejercicio de la opción a que se otorgara la escritura de compraventa. A su vez, alega que tras transcurrir el término de treinta días de la opción sin que se otorgara la escritura, la parte recurrida no ejer-ció su derecho de opción en tiempo y forma. En este ex-tremo, no le asiste la razón a los peticionarios.

Según discutimos previamente, aunque las partes en un contrato de opción disfrutan de libertad para diseñar el tiempo y la forma en que el derecho de opción podrá ser ejercido, los mecanismos que tengan por bien deberán con-servar las características esenciales del derecho de opción. En lo pertinente al caso de autos, la parte peticionaria no puede pretender leer la cláusula sexta como ahora pre-tende, pues ello significaría sujetar el ejercicio de la opción a un evento que requiere no solo un acto del optante, sino también la participación activa del optatario: la escritura de compraventa. En otras palabras, la consumación del contrato de opción y, por ende, la perfección del contrato definitivo de compraventa dependería de la voluntad y el consentimiento de ambas partes, no ya del optante exclusivamente. Ello, sin duda, es contrario a la figura de la opción, la cual se distingue por brindar únicamente al optante la facultad de ejercer el derecho de opción. Conse-cuentemente, la parte peticionaria no podía exigir el otor-gamiento de esa escritura como condicionante al reconoci-miento del ejercicio efectivo del derecho de opción.

A pesar de ello, visto todo lo anterior y conforme a la doctrina enunciada, debemos concluir que las partes inclu-yeron en el contrato de opción reglas concernientes a la forma como se ejercería el derecho de opción. Específica-mente, convinieron que, en caso de que los recurridos deci-dieran adquirir la propiedad objeto del contrato, tendrían que comunicar esa voluntad entregando el precio de la compraventa —restando la prima— en el plazo de treinta días a partir de la fecha cuando suscribieron el contrato de opción. Por ello, erró el foro apelativo intermedio al razo-nar que bastaba informar la intención de adquirir la pro-piedad para que se estimara ejercida la opción.

Según fue probado en los foros recurridos, los optantes no pusieron a disposición de los optatarios el precio de la compraventa ($127,000) en el plazo de la opción. Siendo así, independientemente de que la voluntad de los optantes respecto a la adquisición de la propiedad hubiera llegado a los optatarios a tiempo, la opción no fue ejercida efectiva-mente debido a que se incumplió el contrato de opción en cuanto a la forma del ejercicio de la opción. Véase Olazábal v. U.S. Fidelity, etc., 103 D.P.R. 448, 462 (1975) (“Los tribunales de justicia no pueden relevar a una parte de cum-plir con lo que se obligó a hacer mediante contrato cuando dicho contrato es legal y válido y no contiene vicio alguno”).

En conclusión, trascurrido el término de la opción sin que esta se ejerciera en tiempo y forma por los recurridos, caducó. Desde entonces la parte peticionaria podía poner en el mercado la propiedad sobre la cual se había optado y ofrecerla a cualquier otro posible comprador, como en efecto hizo.

       Aun cuando la sentencia del foro apelativo intermedio dispone que modifica la sentencia recurrida, al acoger la causa de acción que el foro primario había des-estimado, el Tribunal de Apelaciones realmente revocó la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

       Otras de las sentencias del Tribunal Supremo de España que muestran la referida doctrina son: STS Núm. 552 de 17 de septiembre de 2010 (“La libertad de pactos consiente que el ejercicio de la opción se supedite al simultáneo ofrecimiento del pago, o a su consignación, ... en cuyo caso tal ofrecimiento o pago opera como requisito o condición ineludible para el ejercicio de la opción”); STS Núm. 927 de 11 de octubre de 2002 (“nos hallamos ante una excepción a la regla general según la cual no es exigible la entrega de la cosa ni el pago del precio para que el ejercicio de la opción dé lugar a la perfección del contrato de compraventa”); STS de 24 de junio de 1993 (“existirán casos concretos en los que su ejercicio dependa de la simple manifestación de voluntad, sin necesidad de poner el precio a disposición del vende-dor hasta que se otorgue la escritura, pero en otros, como ocurre en el que nos ocupa, ha de pagarse ‘el día que se ejercitará la opción’, extremo obligatorio a virtud del ‘pacta sunt servanda’...”). Véanse, además: STS Núm. 752 de 5 de julio de 2006; STS Núm. 865 de 27 de octubre de 2005; STS Núm. 467 de 19 de mayo de 2003; STS Núm. 712 de 6 de julio de 2001; STS Núm. 112 de 14 de febrero de 1997; STS Núm. 116 de 25 de febrero de 1996; STS de 3 de febrero de 1992; STS de 12 de junio de 1992; STS de 1 de diciembre de 1992; STS de 6 de abril de 1987; STS de 7 de julio de 1986; STS de 6 de febrero de 1981.

       Los Artículos 1233 y 1235-1237 del Código Civil disponen:
      “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
      “Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratan-tes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.” 31 L.P.R.A. see. 3471.
      “Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre que los interesados se propusieron contratar.” 31 L.P.R.A. see. 3473.
      “Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá enten-derse en el más adecuado para que produzca efecto.” 31 L.P.R.A. see. 3474.
      “Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.” 31 L.P.R.A. see. 3475.