text:
    The Royal Bank of Canada, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 45.

    Sometido: Mayo 7, 1945.

      Resuelto: Noviembre 13, 1945,

      Brown, Newsom <& Córdova y José L. Hernández, abogados del .peti-cionario; Iíon. Procurador General Interino Julio Suárez Garriga y M. Velázquez Flores, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, Tesorero Insular, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso fué interpuesto-para revisar la decisión del Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico por la cual des-estimó la querella presentada por The Royal Bank of Canada contra resolución del Tesorero de Puerto Rico, de fecha 20 de octubre de 1941, desestimando cierta petición de reem-bolso radicada por el Banco. Los hechos de este caso pue-den sintetizarse así:

El 14 de febrero de 1941 el Banco presentó su planilla de contribución sobre ingresos correspondiente al año com-prendido entre el 1ro. de diciembre de 1939 y el 30 de no-viembre de 1940, pagando en la misma fecha la contribución sobre su ingreso neto a base del tipo de 14.375 por ciento que regía para esa fecha tanto para las corporaciones do-mésticas como para las extranjeras. Pero habiéndose apro-bado el 12 de abril de 1941 la Ley núm. 31 de 1941 (pág. 479) con efecto retroactivo al 1ro. de enero de 1940, fijando a las corporaciones extranjeras un tipo cqntributivo de 19 por ciento y a las domésticas de 17 por ciento, el 11 de julio de 1941 el Tesorero dirigió al Banco una notificación exi-giéndole el pago de una contribución adicional de $6,693.61 a base del tipo aumentado a 19 por ciento por ser el Banco una corporación extranjera. El 21 de julio de 1941 el Banco pagó al Tesorero dicha cantidad consignando que pagaba bajo protesta la suma de $2,894.54 representativa de la diferencia entre la contribución adicional al tipo de 17 por ciento impuesto a las corporaciones domésticas y el de .19 por ciento correspondiente a las extranjeras. El 9 de agosto de 1941 el Banco radicó una querella original ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones solicitando la devolu-ción de la contribución que alegaba haber pagado bajo pro-testa. El 14 de septiembre siguiente 'radicó ante el Teso-rero una petición de crédito o reembolso de la misma suma. Como ya hemos indicado, esa petición de reembolso fue de-negada por el Tesorero el 20 de octubre de 1941 y el 17 de noviembre siguiente, es decir, dentro de los treinta días de dictada la resolución del Tesorero, el Banco radicó ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones una nueva querella para revisar esa decisión del Tesorero. La nueva querella fué enmendada el 17 de febrero de 1942.

El Tribunal de Contribuciones, el 2 de marzo de 1945, dictó resolución denegando la querella por el fundamento de que la contribución en este caso no había sido pagada bajo protesta, y que por consiguiente no podía reclamarse su de-volución.

En The Coca Cola v. Tribl. Contribuciones, 65 D.P.R. 152, 154, 155, en que se levantó esta misma cuestión, dijimos:

“En su contestación alegó el Tesorero que el Tribunal de Con-tribuciones carecía de jurisdicción porque aunque la contribuyente decía haber pagado la contribución bajo protesta, el pago debía con-siderarse como voluntario, de conformidad con lo resuelto en Blanco v. Tribl. de Apelación, 61 D.P.R. 23 (1942). Alegó además el Teso-rero que la contribución de 20 por ciento impuesta a las corporacio-nes extranjeras era constitucional.
“El Tribunal de Contribuciones se declaró sin jurisdicción para conocer del caso, y consecuentemente desestimó la querella, invocando en apoyo de su resolución el caso de Blanco v. Tribl. de Apelación, supra, que sostiene que el pago de la contribución hecho bajo cir-cunstancias similares a las del presente caso, no constituye uno bajo protesta, a pesar de que el contribuyente, al verificarlo, expresamente alegue que lo hace bajo protesta y se consigne así en el recibo de La contribución.
“Convenimos con el Tribunal de Contribuciones en que el pago en el presente caso fué voluntariamente hecho, pues al verificarlo la contribuyente no lo hizo por compulsión ni amenazas de embargo o de venta de sus bienes. Blanco v. Tribunal de Apelación, supra. Pero como hemos indicado, la reclamación de la peticionaria está basada en las secciones 64 y 75 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos y esas secciones no requieren que para que proceda el reintegro la contribución haya sido pagada bajo protesta”.

Es verdad que este Tribunal, en una línea de casos que se citan en The Coca Cola v. Tribl. de Contribuciones, supra, entre ellos el de Yabucoa Sugar Co. v. Domenech, 50 D.P.R. 692, confirmado por la Corte Suprema de los Estados Unidos (Bonet v. Yabucoa Sxogar Go., 306 U. S. 505 (1939)), sostuvo que la facultad conferida al Tesorero por el artículo 75 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos para verificar el reintegro era discrecional, y que por consiguiente contra esa resolución no podía recurrirse a los tribunales; pero como dijimos en Coca Cola v. Tribl. de Contribuciones, supra:

. . esa regla ha sido variada por la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943 (pág. 601), vigente desde el 13 de agosto de 1943, que en su sección 3 prescribe:
“ ‘Todas las acciones, recursos o procedimientos que deban subs-tanciarse ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Pico se ini-ciarán mediante instancia jurada de la persona o entidad recu-rrente . . . dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la notificación que a la misma haga el Tesorero de 'Puerto Rico, en cualquiera de los siguientes casos: ... (4) denegatorias de reem-bolso de cualquier contribución pagada indebidamente o en exceso o cobrada ilegalmente por cualquier otra causa; . . .’ ”.(2)
“(2) La Asamblea Legislativa, al autorizar la revisión de la decisión del Tesorero, adoptó el .procedimiento similar establecido en la Ley de Contribuciones sobre Ingresos federal.
“Véase a este efecto 10 Mertens, Law of Federal Income Taxation, sec. 58.47, pág. 350- et seq., especialmente la sec. 58.52, pág. 361, que indica que no se requiere el pago bajo protesta”.

Pero la nueva querella para revisar la resolución del Tesorero de 20 de octubre de 1941 fue radicada el 17 de noviembre siguiente, es decir, un año, ocbo meses y veintisiete días antes de que por la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943 se concediese apelación contra las denegatorias de reembolso. En tales circunstancias debemos determinar si el derecho de apelación concedido por la Ley de 15 de mayo de 1943 puede retrotraerse a denegatorias de reintegro decididas más de treinta días antes de la vigencia de esa ley.

En el caso de The Coca Cola v. Tribl. de Contribuciones, supra, la solicitud de reintegro fue denegada el 23 de julio de 1943 y de esa resolución apeló la contribuyente el 16 de agosto siguiente, es decir, dos días después de la vigencia de la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943 y dentro de los treinta días que ésta concede para solicitar la revisión de la denegatoria de reembolso. Pero en el caso de autos la reso-lución denegando el reintegro se dictó, como ya liemos in-dicado, el 20 de octubre de 1941, y de esa resolución apeló la contribuyente el 17 de noviembre de 1941, o sea, nn año, ocbo meses y veintisiete días antes de la vigencia de la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943.

En el caso de Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337, 340, refiriéndonos a la retroactividad de las leyes pro-cesales, dijimos:

“La regla general invocada por la apelante al efecto de que las leyes de,carácter procesal tienen efecto retroactivo y se aplican tanto a los casos pendientes en la fecha de su aprobación como a los futu-ros, está muy bien establecida y umversalmente aceptada. Pero es regla de oro en materia de interpretación de leyes que el objeto primordial . de todas las reglas de hermenéutica no es conseguir un objeto arbitrario preconcebido, sino dar efecto al propósito del legis-lador. Spicer v. Benefit Asso. R. E., 90 A.L.R. 517, 522. En armo-nía con este principio, la regla general invocada por la apelante, como todas las de su clase, tiene una excepción, y es que no se da efecto retroactivo a las leyes procesales cuando de la propia ley resulta expresa o implícitamente que no fué ésa la intención del legislador. Paulsen v. Reinecke, 97 A.L.R. 1184, 1186; Stallings v. Stallings, 148 So. 687, 689.”

Aplicando al presente caso los principios enunciados eu el de Mason, supra, fuerza es concluir que el estatuto que nos ocupa, a pesar de ser de carácter adjetivo, no es de aplica-ción : en primer término, porque el caso de autos no estaba pendiente cuando se aprobó la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943, y en segundo lugar, porque de la propia ley fácil-mente puede inferirse que no fué la intención del legislador restablecer todos los casos decididos al amparo de la legis-lación anterior más de treinta días antes de su vigencia, ya que esa situación crearía un caos, pues resurgiría una mul-titud de reclamaciones contra el Tesorero que ya habían sido definitivamente adjudicadas.

Es verdad que en el caso de autos el Banco radicó un escrito de apelación dentro- de los treinta días siguientes a la denegatoria de reembolso, pero como en aquella fecha no existía el derecho de revisión que vino a concederse un año y más de ocho meses después, ese escrito de apelación no le dió derecho alguno al peticionario para mantener vivo un caso que ya había sido definitivamente resuelto por una de-cisión que, desde que se dictó, fue firme, ni lo colocó en si-tuación más ventajosa que la de aquéllos, que siguiendo la la ley éntonees én vigor, acataron la decisión del Tesorero.

Por las razones expuestas procede confirmar la decisión del Tribunal de Contribuciones.

       “ La sección 64(a) prescribe en parte:
      “ 'Cuando cualquier contribución sobre ingresos o beneficios excesivos im-puesta por esta Ley ... o por cualquiera otra ley, se liubiere pagado en exceso, el montante de dicho exceso será acreditado a cualquier contribución sobre ingre-sos o beneficios excesivos o a cualquier plazo de las mismas que estuviere ven-cido, y cualquier remanente de dicho exceso será reintegrado inmediatamente al contribuyente ’.
      “Y la sección 75 prescribe:
      " 'El Tesorero queda autorizado para remitir, reintegrar, y devolver todas las contribuciones errónea o ilegalmente impuestas o cobradas y las penalidades cobradas sin autoridad, y toda contribución que aparezca injustamente impuesta o en cantidad excesiva o de cualquier manera erróneamente cobrada,- y hará un informe a la Legislatura de Puerto Bieo al empezar cada sesión ordinaria, de todas las transacciones que en esta sección se autorizan’ ”.

       El cálenlo que se Rizo en The Coca Cola v. Tribl. de Contribuciones, con respecto a la vigencia de la ley, es erróneo, pues computando los noventa días excluyendo el 15 de mayo de 1943 en que fué aprobada la ley e incluyendo el último de los noventa días contados a partir de esa fecha, la vigencia dó la Ley no empezó hasta el 14 de agosto de 1943.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Carmen Beatriz Ramírez, peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. R. Ramírez Pabón, Juez, demandada.
    Núm. 1611.

    Sometido: Noviembre 5, 1945.

      Resuelto: Noviembre 13, 1945.

      J. A. Suris Agraít, abogado de la peticionaria; José M. Bamírez de Arellano, abogado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

' La Corte de Distrito de Mayagüez en un caso de desa-hucio apelado de la Corte Municipal de San Germán, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. Si Men el Juez no dictó una opinión al resolver el caso, en dicha sentencia hizo constar lo siguiente:

“La Corte, después de apreciar la prueba documental y testifical practicada por las partes y da estudiar detenidamente los alegatos presentados en relación con las defensas especiales levantadas por el demandado en su - contestación a la demanda enmendada, por el resultado de la prueba practicada declara sin lugar en todas sus partes la demanda interpuesta en este caso y condena a la deman-dante al pago de las costas de esta acción, sin incluir honorarios de abogado.”

La demandante en dicho caso solicitó de la corte que dic-tara una opinión fundamentando su sentencia y la corte, después de oír a las partes, denegó dicha moción, y la de-mandante solicita que esta Corte Suprema expida un auto de ■certiorari para revisar esta actuación de la corte inferior.

Si Men es cierto que la Eegla 52(a) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil dispone en lo pertinente que:

“En todos los casos la corto expondrá los hechos que estime pro-bados y separadamente consignará sus conclusiones de derecho y orde-nará que se anote la sentencia correspondiente; ... . No será necesario solicitar que se consignen conclusiones de hecho y de dere-cho a los efectos de una revisión. Las conclusiones de hecho basa-das en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas y se tomará en cuenta la oportunidad de la corte sentenciadora para juzgar de la credibilidad de los testigos. ...”

es obvio que el fin primordial de dicha disposición es poner a esta Corte Suprema en condiciones de poder determinar si las conclusiones de hecho y de derecho a que llegó la Corte de Distrito estuvieron justificadas o no y que el hecho de que dicha corte no las consignara no priva a una parte del derecho de revisión cuando ésta proceda.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Desahucio (Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil) en la acción de desahucio sólo se concede una apelación y en sn conse-cuencia la sentencia dictada por la corte inferior en este caso, no es apelable para ante este Tribunal. El hecho de que la corte inferior no diera cumplimiento a la Regla 52 (a), supra, en un caso como el de autos, no constituye un error de procedimiento que justifique la expedición del auto solicitado. Debe desestimarse la petición.


author: El Juez Asociado Señor, Snyder

text:
    Rafael A. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 41.

    Sometido: Abril 9, 1945.

      Resuelto: Noviembre 13, 1945.

      Hon. Procurador General Interim Jesús A. González y Ramón Gan-día Biscombe, Procurador General Auxiliar, abogados del peticio-nario ; J. J. Ortiz Alibrán, abogado de la interventora, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor, Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El Tesorero de Puerto Rico notificó a la contribuyente una deficiencia en su planilla de contribuciones sobre ingre-sos correspondiente al 1935 con motivo de haber el Tesorero rechazado ciertas deducciones hechas por la corporación en su referida planilla. El Tribunal de Contribuciones con-firmó la acción del Tesorero, excepto que sostuvo la conten-ción de la contribuyente de que tenía el derecho a deducir tres pagos hechos por ella en 1935 por servicios prestados en 1934, como sigue: (1) $400 por honorarios de abogado; (2) $500 por honorarios de ingeniero; (3) $4,500 que repre-sentan 6 meses de sueldo del Presidente de la corporación. A solicitud del Tesorero, expedimos el auto de certiorari para revisar la decisión del Tribunal de Contribuciones en cnanto a estas tres partidas.

Fundamentalmente la controversia gira alrededor del sistema de contabilidad empleado por la corporación— si sus libros se debieron llevar sobre la base de “cobrado y pagado” (cash basis) o sobre la base de “incurrido y devengado” (accrual basis). Sin embargo, en cuanto a las dos primeras partidas, no puede prevalecer el criterio del Tesorero aun cuando conviniéramos con su. contención de que los libros eran llevados, o debieron llevarse, sobre la base de “incurrido y devengado”.

El abogado y el ingeniero no enviaron sus cuentas hasta el 1935, si bien sus servicios se prestaron en 1934. Y el récord no contiene convenio anterior alguno que fijara sus honorarios. En su consecuencia, la corporación no tenía modo de enterarse hasta el 1935 de cuál sería su responsa-bilidad en cuanto a estas dos partidas.

Como se indica en 2 Mertens, Law of Federal Income Taxation, Sección 12.91, págs. 273^1, “La fórmula básica para determinar si una partida de gastos puede ser incurrida, está predicada en la cuestión de haberse fijado la responsa-bilidad. De ordinario, ésta no se fija si dicha partida está en controversia ... Si los gastos son indeterminados en cuanto a responsabilidad, éstos no han sido incurridos y no pueden deducirse por los contribuyentes que operan sobre la base de ‘incurrido y devengado’.” La teoría es que hasta que hayan ocurrido todos los sucesos que fijen la suma a ser deducida y que determinen la responsabilidad de hacer el pago, no hay base para una deducción. . . .

“Algunos ejemplos servirán para demostrar los princi-pios generales expuestos en esta sección . . . Los honora-rios de abogado han sido denegados como gastos incurridos.” Véase American Industrial Corporation v. Com’r, 20 B.T.A. 188, 202 (1930). Cf. artículo 70 de nuestro Reglamento sobre Contribuciones sobre Ingresos; 51 Harv. L. Rev. 1115.

•No debe interpretarse como que resolvemos que los gas-tos o ingresos de nn año de nn coníribnyente qne opera so-bre la base de “incurrido y devengado,” pneden ser siempre transferidos sin riesgo algnno a cualquier año posterior bajo un convenio en el que la factura del acreedor .sea delibera-damente retenida basta, el año siguiente. Véase el articulo 111 del Reglamento. Pero como ocurre en este caso la con-tribuyente, actuando de bqena fe-y sin que medie culpa o actuación de su parte, no determinó ■ en 1934 su responsabi-lidad por los servicios de 1934 simplemente por no haber recibido basta el 1935 una cuenta por una suma específica, la responsabilidad de la corporación no .se .incurre basta 1935.

El resultado práctico es que si, según .alega la contribu-yente, sus libros, en cuanto a estas partidas, eran llevados sobre la base de “cobrado y pagado”, éstas eran deducibles en 1935 porque de hecho fueron desembolsadas en dicho año. Por otro lado, aun si los libros fueron, llevados, o debieron haberse llevado, según alega el Tesorero, sobre la base de “incurrido y devengado”, estas dos partidas de hecho no se incurrieron hasta él 1935. El Tribunal de Contribuciones por tanto actuó correctamente al permitir la deducción en 1935 de-estas dos partidas de gastos.

La partida restante envuelve el sueldo del Presidente'-de la corporación por los últimos seis meses de 3934. El Presidente, a quien se le pagaban $9,000 anuales, estuvo fuera de Puerto Rico durante los seis meses en cuestión, en parte por motivos de salud y en parte prestando servicios a la corporación. El Presidente declaró: “al regresar me encontré con que la compañía no me había abonado esa eanti-tidad. Yo la reclamé y entonces la compañía me la pagó en 1935.”

La corporación no alega que negara en algún momento sn responsabilidad por dicto sueldo. De ser ése el caso, por los motivos ya expuestos en cuanto a las dos primeras par-tidas, quizás la corporación podría argüir que su responsa-bilidad por dicto sueldo tabiendo sido fijada por primera vez en 1935, el haberse pagado el mismo en 1935 le daba derecto a reclamar una deducción en 1935, ya se llevaran sus libros sobre la base de “cobrado y pagado” o ya sobre la base de “incurrido y devengado”.

Por el contrario, la corporación en efecto admite que el sueldo era un sueldo fijo y corriente que se devengó fuera de toda duda en 1934. Sin embargo, alega que el pago del mismo en 1935 le daba derecto a una deducción en su pla-nilla de 1935 ya que lievaba sus libros sobre la base de “co-brado y pagado”. Por tanto, para resolver en cuanto a esta partida, debemos remitirnos al sistema de contabilidad de la contribuyente.

En el interrogatorio el contable de la corporación declaró de manera general que la contribuyente llevaba sus libros sobre la base de “cobrado y pagado” “Con ciertas excep-ciones .... en algunos casos tay facturas grandes que Se asientan en unos libros, se acreditan en las cuentas corres-pondientes y se pagan tan pronto tay fondos disponibles. Pero generalmente los gastos pequeños, sueldos, fianzas, se pagan, se cargan cuando realmente se pagan.”

En el contrainterrogatorio el contable insistió en su de-claración que el método de contabilidad era sobre la base de “cobrado y pagado”, a pesar de su declaración en el contrainterrogatorio como sigue: “P. ¿Dice usted que la corporación se dedica a la compra y venta de mieles, fabri-cación de alcoholes, licores, perfumes, y todas aquellas ma-nufacturas y explotaciones industriales o mercantiles que se derivan de esos productos? R. Sí, señor. P. ¿A eso se de-dica la corporación? R. Sí, señor. P. Cuando ustedes pa-saban balance y al preparar el estado de ganancias y pér-didas para desde luego determinar el beneficio, ¿tomaban us-tedes en consideración los inventarios a principio y final de año? R. Sí, señor. P. ¿Entonces ése es el sistema de ‘cash basis’f R. Sí, señor. P. ¿Usted conoce lo que es el sistema de ‘accruals’, en español, ‘incurrido y devengado’? R. Sí señor. P. ¿Sabe si para el sistema de inventario es necesa-rio llevarse sobre la base de ‘incurrido y devengado’? R. Sí, señor.”

Es cierto que la Ley de Contribuciones sobre Ingresos no prescribe ningún sistema uniforme de contabilidad. Ar-tículo 66 del Reglamento. Sin embargo, la sección 14(b) de la Ley dispone que: “ . . . ingreso neto será computado ... de acuerdo con el sistema de contabilidad usado regular-mente por el contribuyente en sus libros; pero si él no lle-vare libros de contabilidad, o si el sistema usado no refleja claramente su ingreso, la computación será hecha de acuerdo con el sistema que en opinión del Tesorero refleje claramente el ingreso.”

Los artículos 63-66 del Reglamento fueron promulgados para implementar la sección 14(6). Disponen que (Artículo 63) “El ingreso no puede ser determinado meramente cal-culando el recibo de efectivo, ya que la Ley reconoce otras partidas como factores determinantes del ingreso, tales como inventarios, . . . ”. Y que (Artículo 65) “Un sistema de contabilidad no puede . . . ser considerado como que refleja el ingreso a menos que todas las partidas de ingreso bruto y todas las deducciones sean tratadas con razonable consis-tencia.”

También encontramos en el artículo 45 del Reglamento lo siguiente: “Para que se refleje el ingreso neto fielmente, inventarios al principio y final de cada año son necesarios en todo caso, en que la producción, compra, o venta de mer-cadería sea un factor de ingreso.”

Y lo más importante de todo, nuestro Reglamento reco-noce que “eneualquier caso en que se haga necesario el uso de un inventario, ningún asiento relacionado con compras y ventas podrá fielmente reflejar un ingreso excepto el sistema de ‘incurrido y devengado’ (Artículo 65).

En virtud de lo antes expuesto, no podemos concordar el testimonio del contable al efecto de que la corporación ope-raba sobre la base de “cobrado y pagado” con su testimo-nio posterior de que la corporación preparaba inventarios los qne, de conformidad con su propia declaración, exigía que los libros se llevasen sobre la base de “incurrido y de-vengado”.

El Tribunal de Contribuciones trató de vencer esta difi-cultad llamando “híbrido” el sistema de contabilidad de la corporación y afirmando que era propio para la contribu-yente asentar algunas de sus transacciones sobre la base de “incurrido y devengado” y otras sobre la base de “cobrado y pagado.” Para sostener esta posición, el Tribunal de Contribuciones citó 2 Mertens, supra, sección 12.05, pág. 134.

Mertens indica a la pág. 134 que “Las peculiaridades de un negocio de determinado contribuyente pueden requerir algunas desviaciones bien de un estricto sistema de conta-bilidad de ‘cobrado y pagado'9 o de ‘incurrido y devengado’.” Asumiendo, sin decirlo, que en alguna de las situaciones discutidas por Mertens, permitiríamos tal práctica (Cf. Mass. Mutual Life Ins. Co. v. U. S., 288 U. S. 269, 273-74; Security Mills Co. v. Com’r, 321 U. S. 281, 287) nada encon-tramos en la prueba en este caso que justifique dicha acción para el negocio corriente de compraventa de esta corpora-ción.

El testimonio del propio contable es al efecto de que uu negocio de compraventa, que requiera inventario, exige que se emplee el sistema de “incurrido y devengado”. Sin embargo, no trató de justificar el alegado uso del sistema de “cobrado y pagado”; su única explicación — que el sistema de “cobrado y pagado” se usaba excepto para algunas tran-sacciones grandes para las cuales no habían disponibles su-ficientes fondos — ciertamente no es suficiente para justificar la desviación del sistema de “incurrido y devengado” para este negocio de compraventa. Ya sean las transacciones grandes o pequeñas, de ordinario un negocio de compraventa que necesita inventarios requiere el sistema de “incurrido y devengado”.

Indicamos de paso que aun si hubiéramos encontrado que era posible el permitir el uso de ambos sistemas de conta-bilidad por esta corporación, la única partida ahora bajo nuestra consideración — el sueldo del Presidente — no podía asentarse sobre la base de “cobrado y pagado”. El mismo Presidente declaró que “Todo lo relacionado con el negocio de la compañía: ventas, compras, etc.” estaba bajo su control. Pero si se admite que el aspecto de compraventa del negocio, incluyendo su ingreso y los inventarios, deben tra-mitarse por el sistema'de “incurrido y devengado”, el sueldo del Presidente, que tiene obligaciones de venta, no puede se-pararse, sacarse del sistema de “incurrido y devengado”, y transferirse a un sistema de “cobrado y pagado”. Es de-cir, si el sistema de “incurrido y devengado” debe usarse para ingreso proveniente de ventas en un negocio de com-praventa, el sistema de “cobrado y pagado” no puede ar-bitrariamente usarse para gastos de venta incurridos para producir tal ingreso.

“No obstante la opción concedida a los contribuyentes, es el propósito de la Ley exigir planillas que claramente re-flejen el ingreso tribntable. Dicho fin no puede cumplirse a menos que el ingreso recibido y los egresos a deducirse sean tratados consistentemente. . . Es una interpretación ra-zonable de la Ley de que el mismo sistema debe aplicarse a ambos lados de la cuenta.” United States v. Mitchell, 271 U. S. 9, 12-13. Véase además Mass. Mutual Life Ins. Co. v. U. S., 288 U.S. 269; Fackler v. Com’r, 39 B.T.A. 395 (1939); 2 Mertens, supra, sección 12.08, págs. 141-42.

Por tanto, el Tesorero estuvo justificado al concluir que • el sistema de “cobrado y pagado” no reflejaba claramente el ingreso de la corporación, en cuanto- al sueldo de 1934 fijado al Presidente, que podía clasificarse solamente bajo el sistema de “incurrido y devengado”. En su consecuen-cia, tenía derecho, de conformidad con el artículo 14(b) de la Ley y el artículo 64 del Reglamento, a rechazar la de-ducción en 1935 por el pago del referido sueldo de 1934 en 1935, por el fundamento de que el sueldo se devengó en 1934 y debió, bajo el sistema de “incurrido y devengado”, ha-berse deducido en dicho año 1934.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será modifi-cada restableciendo aquella parte de la deficiencia que se re-laciona con el sueldo del Presidente. Así modificada, se con-firmará la decisión y se devolverá el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

       Bajo el sistema de “cobrado y pagado”, las partidas de ingreso y egreso son asentadas según éstas se reciban o se paguen. Las partidas de ingre-sos adeudados al contribuyente, pero no recibidos, o los gastos incurridos, pero aún no pagados, no se incluyen hasta que son de hecho recibidos o pagados por el contribuyente.
      Si las partidas de ingreso se asientan cuando se lija el derecho a recibir-las (ya se hayan recibido o no); y si se asientan los gastos al tiempo de surgir la responsabilidad de pagarlos (ya se paguen o no), entonces decimos que los libros se llevan por el sistema de “incurrido y devengado”. Véase U. S. v. Anderson, 269 U.S. 422, 441; Brown v. Helvering, 291 U. S. 193; Spring City Bowndry Co. v. Commissioner, 292 U. S. 182, 184; Niles Bement Pond Co. v. U. S., 281 U.S. 357, 360; Uncasville Mfg. Co. v. Com’r., 55 F.2d 893, 895 (C.C.A. 2d, 1932); Magill, Taxable Income, Bevised Edition, Capítulo 5, passim.

      ‘‘IJn oficial de una corporación contribuyente también era abogado. Como tal abogado prestó ciertos servicios a la corporación en 1937. La corpo-ración, que operaba el sistema de 'incurrido y devengado’, no supo el montante de su cuenta hasta enero de 1938. Se resolvió que el gasto era correctamente deducible en 1938, toda vez que la contribuyente tuvo por primera vez conoci-miento da hechos suficientes para determinar su responsabilidad. Motion Picture Corporation of California, 46 B.T.A. 1278, Memo. Op. Dkt. 104651 (Feb. 17, 1942).” 2 Mertens, supra, 1945 Suplemento, pág. 81. Véase Com’r of Internal Revenue v. Blaine, Mackay, Lee Co., 141 F.2d 201 (C.C.A. 3d, 1944); Lucas v. Ox Vibre Brush Co., 281 U. S. 115. Cf. Searless Real Estate Trust v. Commissioner, 25 B.T.A. 1115 (1932).

      La responsabilidad contributiva de un profesional, qué' usualmente opera sobre la. base de "cobrado y pagado”, al recibir tales honorarios,'levanta una cuestión diferente, sobre la cual no exponemos comentario alguno. Cf. Flete v. Com’r, 43 B.T.A. 140 (1940); Freeman v. United States, 3 F. Supp. 301, confirmado en 71 F.2d 969 (C.C.A. 3d, 1934); Magill, supra, pág. 182.

       “Ya el Tesorero no atribuye poder mágico alguno a la descripción de sistemas tales como ‘cobrado y pagado’ o ‘incurrido y devengado’ . . .’’ 3 Mertens, supra, sección 12.05, pág. 134. Los lieelios predominan, y no cual-quier denominación que el contribuyente elija para aplicársela a su sistema de contabilidad. Véase Squire v. Denman, 18 F. Supp. 287, confirmado en 111 F.2d 921 (C.C.A. 6, 1940).

      En verdad, la misma sección de Mertens citada por el Tribunal de Con-tribuciones dice a la pág. 134 lo que ya liemos indicado en nuestro Reglamento: “• • • el contribuyente no puede arbitrariamente desviarse del sistema general de contabilidad que usa. Todas las partidas de ingreso bruto y todas las deduc-ciones deben ser 'tratadas con razonable consistencia'; cuando e3tán envueltos inventarios, ningún sistema de contabilidad reflejará claramente el ingreso 'a menos que sea el sistema de "incurrido y devengado” ' .Véase 51 Harv. Law. Bev. 71G, 721.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 29.

    Sometido: Mayo 28, 1945.

      Resuelto: Noviembre 14, 1945.

      Hon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández y A. D. Marchand Paz, Procurador General Auxiliar, abogados del peti-cionario; Dubón & Ochoteco y Otero Suro & Otero Suro, aboga-dos de la interventora, querellante en el pleito principal; Colegio de Abogados de Puerto Rico, representado por los abogados Rafael O. Fernández, Jorge. Luis Córdova, J. J. Ortiz Alibrán y R. Rodriguez Lebrón, como amicus curiae; Daniel F. Kelley, como amicus curiae también.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La firma de abogados Dubón & Ochoteco solicitan reconsi-deremos nuestra decisión de 21 de mayo último, dictada en este caso. El Colegio de Abogados de Puerto Rico y el abo-gado Daniel F. Kelley, respectivamente, solicitaron permiso para intervenir en concepto de amici curiae y se les concedió, advirtiéndoles que debían radicar su alegato en el plazo de quince días, con notificación a la parte contraria, es decir, al Tesorero de Puerto Rico, quien podría replicar dentro de los cinco días después de notificado. Las partes todas radicaron sus alegatos, los abogados Dubón & Ochoteco, el abogado Kelley y el Colegio de Abogados, a favor de la moción de recon-sideración, y el Tesorero de Puerto- Rico en contra de la misma.

Los hechos del caso fueron expuestos en la opinión que sirvió de base a nuestra resolución de 21 de mayo de 1945, ante, pág. 9, por lo que resulta innecesario repetirlos aquí. Bastará decir que las cuestiones envueltas consistieron en de-terminar :

(a) Si las sociedades de abogados están incluidas en el término “sociedad” a que se refiere la sección 2(a)(3) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, y

(b) Si estándolo, la sociedad tiene derecho a deducir de su ingreso bruto una cantidad razonable para sueldos u otra compensación por servicios personales realmente prestados por sus socios. Sección 32 de la Ley lie Contribuciones So-bre Ingresos.

I

En cuanto a la primera cuestión resolvimos que una sociedad de abogados es legal, que la sociedad es una persona jurídica distinta de los socios, que es una de las sociedades de profesionales a que se refiere la sección-2(a) (3) de la Ley y por consiguiente, al igual que las demás sociedades, está obligada a pagar contribución sobre ingresos. ' A lo que dijimos en la opinión original sobre estos extremos nada tenemos que agregar.

II

Resolviendo la segunda cuestión dijimos en nuestra opinión original que, de conformidad con el articulo' 1572 del Código Civil, cada socio es deudor a la sociedad de lo que prometió aportar a ella; que como en las sociedades profesionales cada socio se obliga a aportar su industria, es decir su trabajo profesional, a cambio de lo cual recibe la participación convenida en los beneficios de la sociedad, al prestar tales servicios no está haciendo más de lo que se obligó a hacer a virtud del contrato social y de las disposiciones del artículo 1572, y que por consiguiente, al fijársele un sueldo por la sociedad, ésta no tiene derecho a deducirlo de su ingreso bruto.

Empero, la sección 2(a)(3) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos expresamente prescribe que el término “so-ciedad” incluye las sociedades civiles, mercantiles, industria-les, agrícolas y profesionales o de cualquier otra clase, estu-vieren o no constituidas por escritura pública o documento privado. Y'la sección 32(a)(1) a su vez prescribe que al computar el ingreso neto de una corporación o sociedad su-jeta a la contribución impuesta por la sección 28, se permi-tirán, entre otras, la deducción de una cantidad razonable por concepto de salarios u otras compensaciones por servicios personales realmente prestados. Pero como las sociedades de abogados son sociedades profesionales y la.sección 32(a)(1) concede la deducción a todas las sociedades sin excluir a las profesionales, si damos efecto legal tanto a la sección 2(a)(3) como a la 32(a)(1), tenemos que concluir que una sociedad de abogados como es la contribuyente en este caso, tiene de-recho a deducir de su ingreso bruto una cantidad razonable pagada a sus socios por servicios personales realmente pres-, tados a la sociedad.

Podría argüirse que, como en el presente caso, el ingreso total de la sociedad está representado por la suma de los ho-norarios percibidos por los dos socios, ese total representa el valor de los servicios prestados por ellos a la sociedad, pues es de presumirse que al pagárseles los-honorarios co-rrespondientes a esos servicios es porque los clientes que los pagaron estimaron que el precio que se les cobró' era razona-ble.' Pero ese argumento pierde de vista que la ley impone la contribución no sobre el ingresa bruto, sino sobre el neto* y que ’para computar éste, es. preciso hacer las deducciones que permite la ley, entre las cuales se hallan los sueldos ra-zonables que la sociedad pagó al .socio o empleado.

En la Ley Federal de Contribución sobre Ingresos, con-trarió’a'lo que sucede en la de Puerto Rico, las sociedades no están incluidas entre las entidades sujetas al pago de tal con-tribución. Por consiguiente es imposible encontrar un prece-dente que sea de aplicación directa al presente caso-. Pero Mertens, tratando de lo que debe entenderse por salario ra-zonable a los efectos de su deducción por el contribuyente,-dice:

“Factores a ser consideradas para determinar la razonabilidad: Al determinar si el salario o compensación pagado es razonable, la situación debe considerarse en su totalidad. Por lo general ningún factor aislado es decisivo. Hay varias reglas que han sido común-mente aplicadas para determinar la razonabilidad del salario o com-pensación' en cuestión, tales como la proporción entre el salario en controversia y la suma de todos los salarios y el ingreso neto, el volumen del negocio, la extensión o alcance del trabajo del empleado, la calificación del empleado y su contribución al negocio, importe de los salarios pagados al empleado en años anteriores, la situación eco-nómica del país, salarios que se pagan a empleados que rinden ser-vicios similares en empresas análogas; la facilidad de conseguir otras personas que. puedan desempeñar el cargo que ocupa el em-pleado, y la política que con respecto a salarios ha seguido la cor-poración en cuanto a todos los empleados. ... Al considerar la dis-cusión en las secciones que siguen, es importante no perder de vista que raras veces la aplicación de un solo factor da un resultado satisfactorio, y que por lo regular, es el concurso de los distintos factores adecuadamente considerados en relación con el caso particular lo que suministra la contestación final.” 4 Mertens Law of Federal Income Taxation, sección 25.51.

Aplicando por analogía a las sociedades profesionales los principios enunciados por Mertens para determinar cuál se-ría el sueldo razonable en cada caso, deberán tomarse en cuenta, entre otros, los siguientes factoi'es: (a) nivel profe-sional del que prestó el servicio; (fe) el promedio que un pro-fesional de su categoría ganaba en la comunidad en la fecha en que dichos servicios fueron prestados; y (c) naturaleza y volumen del trabajo realizado. Cf. P.R.Ry.Lt. & P. Co. v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 597.

Es sabido que los servicios de un profesional de poca ex-periencia y habilidad no pueden tener el mismo valor que los de un líder de su profesión. Si el valor razonable del servi-cio del empleado o socio fuese la totalidad de lo que ingresó en la sociedad por su trabajo, ¿qué beneficio obtuvo la socie-dad al emplearlo? Tendríamos que concluir que en ese caso el socio trabajó exclusivamente para él y no para la sociedad. Por consiguiente en el presente caso la sociedad tiene de-recho a deducir de su ingreso bruto, no la totalidad de los honorarios que ingresaron sus socios respectivamente, sino el valor razonable de los servicios realmente prestados por ellos computados de acuerdo con los factores que antes hemos enunciado.

III

El Tesorero aceptó como razonable los $12,000 que a cada socio se asignó como sueldo; pero negó que la cantidad de $22,814.14 que en adición al sueldo se distribuyó de por mitad entre los socios, fuese, como alegaba la contribuyente, una compensación adicional razonable por servicios realmente prestados por ellos, alegando en contrario el Tesorero que el pago de esa última cantidad era una mera distribución de beneficios. Sin embargo, expresamente admitió en sus alegaciones y en la vista de'l caso ante el Tribunal de Contribuciones y más tarde ante este Tribunal, que si en realidad la cantidad de $11,407.07 la hubiera recibido cada socio en con-eeptQ de pagó por servicios realmente prestados, su pago hu-biera sido razonable, y que aún una cantidad mayor también lo hubiera sido.

En verdad la posición del Tesorero con respecto a la llamada compensación adicional no es perfectamente clara, pero no obstante su ambigüedad, con el fin de hacer justicia sustancial, debemos interpretar liberalmente sus alegaciones en el sentido de que su posición es que el pago de la compen-sación adicional no representa un sueldo razonable por ser-vicios realmente prestados y que por consiguiente no es deducible del ingreso bruto.

Pero el Tribunal de Contribuciones, tras una extensa dis-ensión en la que erróneamente sostuvo que las sociedades de abogados no tienen existencia legal, y arguyendo además que, como en el caso de autos, los honorarios recibidos por la firma constituyen sus únicos ingresos, los cuales “guardan necesariamente relación con el valor de los servicios pres-tados personalmente por sus socios a sus clientes”, revocó la resolución del Tesorero denegando la deducción de esa partida. El Tribunal de Contribuciones, al hacer este pro-nunciamiento, no aplicó la norma antes enunciada para de-terminar si esa deducción era o no un sueldo razonable. Por el contrario, dió por descontado, por los fundamentos a que acabamos de referirnos, que la contribuyente tenía derecho a esa deducción.

Siendo erróneo ese pronunciamiento del Tribunal de Con-tribuciones contra el cual recurrió el Tesorero por medio del presente recurso de certiorari, procede a nuestro juicio anu-larlo y devolver el caso a dicho Tribunal para que, de con-formidad con los principios enunciados en esta opinión, y en la opinión principal en tanto en cuanto no han sido modifica-dos por la presente, celebre una nueva vista limitada a de-terminar si la contribuyente tiene o no derecho a esa de-ducción.

Se declara, con hogar la moción de reconsideración- y en su consecuencia nuestra opinión principal, en tanto en cuanto esté en conflicto con los principios enunciados en esta opinión, queda por la presente revocada. ' '


author: El Juez Asociado Señor Snydee

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cayetano Cáceres, acusado y apelante.
    Núm. 10,951.

    Sometido: Noviembre 8, 1945.

      Resuelto: Noviembre 14, 1945.

      Celestino Iriarte -y Rafael A. González, abogados del apelante; Ron. Procurador General E. Campos Del Toro, L. Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar, y J. Rivera, Barrera, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snydee

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apela de la sentencia de la corte de distrito imponiéndole treinta días de cárcel por abandono de'menores. Se le acusa de no haber suministrado alimentos a su supuesto hijo natural, quien en agosto de 1944, fecha en que se radicó la denuncia, contaba tres años y ocho meses de edad. La única 'cuestión ante nos es si la prueba fue suficiente para sostener la convicción.

La madre del menor declaró qne vivió en la casa del acusado desde 1932 durante seis años y medio; que abandonó la casa del acusado por estar ambarazada; qne sostuvo “relaciones sexuales” con el acusado, y que tuyo un hijo de él; que el acusado le dijo “que cuando se aprobara la ley para reconocimiento de hijos, que él me lo reconoce-ría; y no lo lia becho; y además no le ha dado alimento”; que cuando lo requirió para que le suministrara alimentos, el acusado siempre decía “después”.

El único otro testigo que compareció en el juicio fué el hermano de la madre, quien declaró que en una ocasión el acusado vino a casa de su hermana a ver el niño, pero nada dijo con respecto a éste excepto “que estaba grandeeito”.

Como ya hemos resuelto, el testimonio de la madre, sin corroboración, puede ser suficiente para sostener una convic-ción en un caso de esta índole. Pueblo v. De Jesús, 57 D.P.R. 708; Pueblo v. Irizarry, 59 D.P.R. 947; Pueblo v. Bernabe, 63 D.P.R. 400. El testimonio de la madre, sin embargo, no exige ipso facto la convicción. Dicho testimonio, como cual-quier otro, puede ser insuficiente. Así lo indicamos en el caso de De Jesús, a la pág. 712, cuando citamos con aprobación nuestro lenguaje en Pueblo v. Rotger, 55 D.P.R. 139, 141, al efecto de que “No apareciendo de la prueba que al tiempo de la concepción de la niña el acusado viviera en concubinato coa-la denunciante, ni apareciendo tampoco que en fecha deter-minada comprendida dentro del período de gestación hubie-sen tenido ellos relaciones sexuales, . . . la prueba no de-muestra más allá de duda razonable la paternidad de la niña en el apelante.”

Toda vez que la madre nunca especificó, ni aún aproxima-damente, la fecha o fechas en que tuvieron lugar las alegadas relaciones sexuales, no podemos, bajo la doctrina del caso de Botger, ver cómo la corte de distrito pudo haber llegado fuera de duda razonable a la conclusión de que el acusado era el padre de la criatura.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y se dictará otra absolviendo al acusado.


text:
    El Municipio de Ponce, demandante y apelado, v. Alberto Vidal Vilaret y su esposa Josefa Santiago Rivera, demandados y apelantes.

      Núm. 9018.

    Sometido: Abril 6, 1945.

      Besuelto: Noviembre 15, 1945.

      Gustavo Rodríguez y R. V. Pérez Marchand, abogados de los ape-lantes; F. M. Susoni, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 11 de febrero de 1925 Alberto Vidal y su esposa cele-braron un contrato con el Municipio de Ponce a virtud del cual los primeros constituyeron a favor del segundo una/ser-vidumbre a perpetuidad para el tendido de los tubos del acueducto sobre una faja de terreno que atraviesa cuatro fin-cas de su propiedad. La servidumbre incluye, además,, un derecho de paso a favor del Municipio sobre las cuatro fin-cas, de cuatro metros de ancho, a lo largo de la tubería, para facilitar su construcción, conservación e inspección, debiendo el Municipio colocar a lo largo de la tubería portones y can-dados con dos llaves, reservándose los dueños de la fincas el derecho de utilizar la superficie del terreno sobre la tubería, pero sin cansar daños al tnbo matriz.

Como precio de esta servidumbre, el Municipio les con-cedió el derecho de tomar a perpetuidad 18,000 galones de agua por cada veinticuatro horas distribuidos proporcional-mente para las cuatro fincas. afectadas por la servidumbre, bajo las siguientes condiciones: (1) La acometida e instala-ción del contador será por cuenta del Municipio. (2) Las con-cesiones de agua serán utilizadas por los dueños de la pro-piedad para usos domésticos, abrevaderos de ganado y lim-pieza de establos, siendo entendido que los dueños de las pro-piedades afectadas por la servidumbre tendrán el derecho de tomar mayor cantidad de agua por día para los mismos fines, pagando, desde luego, el excedente de agua de acuerdo con la tarifa que rija. (3) “El Municipio de Ponce se compro-mete a sacar a pública subasta de acuerdo con la ley, el te-rreno que ocupa la toma de agua actual, una vez que se haya decidido que no será necesaria al servicio de acueducto.”

El 3 de abril de 1941 el Municipio de Ponce instituyó este pleito sobre rescisión de contrato y como causa de acción, en adición a los hechos expuestos,'sustancialmente alegó: Que los demandados, en violación del mencionado contrato de ser-vidumbre y con el propósito de apropiarse de mayor canti-dad de agua que la autorizada por el contrato, conectaron al tubo matriz del acueducto cuatro acometidas que se identifican en la demanda; que mediante el uso de bombas y un molino de motor han venido utilizando 624,000 galones de agua por cada veinticuatro horas en exceso de los 18,000 a que as-ciende la concesión; que dicho- exceso lo han utilizado para fines de regadío en contravención a las especificaciones del contrato y sin pagar al demandante cantidad alguna por dicho exceso; y que con el nso ilegal de esas aguas los demanda-dos afectan vitalmente la capacidad del acueducto, privando á la comunidad del agua necesaria para fines domésticos y amenazando la salud pública. Termina la demanda supli-cando una sentencia con los siguientes pronunciamientos:

“(a) Declarar rescindido y rescindir el contrato formalizado a virtud de la escritura núm. 5 de 11 de. febrero de 1925, otorgada ante el notario Domingo Sepúlveda en cuanto a las cláusulas b, c, dy e;
“(6) Disponiendo la desconexión y clausura de toda acometida o conexión de tubos al tubo matriz del acueducto a todo lo largo de dicho tubo que pasa a través de las propiedades de los deman-dados, sujetas al contrato de servidumbre;
“(o) Condenando a los demandados solidaria y mancomunada-mente a pagar las costas, gastos y honorarios de abogado de este trámite”.

Los demandados interpusieron excepciones previas de falta de causa de acción y la de existir otra acción pendiente ante la misma corte por la misma causa; y que en el su-puesto de que la demanda fuese suficiente, de la faz de la misma aparece que la acción ejercitada está prescrita.. Ha-hiendo sido desestimadas reprodujeron en sn contestación la de insuficiencia de hechos para constituir una causa de ac-ción, y por primera vez alegaron la excepción de defecto de parte demandante.

Considerando el caso en sus méritos, la corte inferior dictó sentencia declarando nulo el contrato en controversia por ser a su juicio contrario al orden público y condenó a los demandados al pago de $2,000 de honorarios de abogado y las costas.

Sostienen los demandados-apelantes que la corte erró al desestimar su excepción previa de insuficiencia de hechos constitutivos de causa de acción.

La acción rescisoria está regulada por el artículo 1243 del Código Civil y sólo pueden rescindirse los contratos especificados en dicho artículo, el cual dice así:

“Artículo 1243. Son rescindibles:
“1. Los contratos que pudieren ■ celebrar los tutores sin autori-zación de la corte de distrito competente, siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos.
“2. Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión a que se refiere el número anterior.
“3. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no pue-dan de otro modo cobrar lo que se les deba.
“4. Los contratos que se refieran a cosas litigiosas cuando hubie-sen sido celebrados por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes o de la autoridad judicial competente.
“5. Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley.”

Comentando Manresa el artículo 1291 del Código Civil Español idéntico al 1243 del nuestro, dice:

“I. Casos de rescisión enumerados por la ley.- — La enumeración que la ley hace de los contratos rescindibles, tiene el siguiente, al-cance : no circunscribe la rescisión • a los cuatro que primeramente enumera, puesto que salva en el quinto con toda amplitud cualquier otro que estuviese, determinado especialmente por otro precepto; pero sirve para indicar que, a falta de texto que lo autorice, no se podrá utilizar, ni aun invocando perjuicios u otras razones, la acción, rescisoria, que es excepcional, no ordinaria”.
(8, Manresa, Comentarios al Código Civil Español, pág. 730).

Es evidente que el presente caso no está comprendido en los cuatro primeros números del artículo 1243. Por consi-guiente, debemos determinar si el contrato celebrado entre el Municipio de Ponce y los demandados está comprendido en el"número cinco, es decir, entre aquéllos que, por dispo-sición especial de la ley, son rescindibles.

Entre los casos a que se refiere el número cinco, en que por disposición especial de la ley procede la acción reseisoria, se hallan ciertos artículos relacionados con el contrato de compraventa — que desde luego, no son de aplicación al presente caso — y el artículo 1077 del Código Civil que concede la facultad de resolver las obligaciones recíprocas, en el caso de que uno dé los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

Examinemos, pues, el artículo 1077 del Código Civil:

“Artículo 1077. — La facultad de resolver las obligaciones se en-tiende implícita en las recíprocas, para el caso de. que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
“El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
“El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que la autoricen para señalar plazo.
“Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros ad-quirentes, con arreglo a los artículos 1247 y 1250 y las disposiciones de la ley hipotecaria.”

No todo incumplimiento de una obligación contractual da derecho a la acción resolutoria que concede el artículo 1077 del Código Civil. Para que la acción exista es preciso que la obligación incumplida tenga el carácter de recíproca. Por esa razón, para determinar si la obligación incumplida por los demandados da lugar a la resolución del contrato, precisa previamente fijar el concepto de las obligaciones re-cíprocas.

En los contratos bilaterales existen prestaciones y com traprestaciones a tal extremo interdependientes entre sí, que la una es la causa determinante de la otra, y el cumplimiento de esa obligación por un contratante constituye el motivo del contrato para el otro, y viceversa. Así vemos que en el con-trato de compraventa la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida es el motivo del contrato para el comprador, y la obligación correlativa del comprador de entregar el pre-cio es a su vez el objeto del contrato para el vendedor. Tales son las obligaciones recíprocas que contempla el artículo 1077 del Código Civil.

Existen, además, otras obligaciones que se incorporan a los contratos cuyo objeto es meramente completar y aclarar las estipulaciones de los contratantes, las cuales no consti-tuyen el verdadero motivo para la celebración del contrato y se denominan obligaciones accesorias o complementarias. Tales son en la compraventa, por ejemplo, entre otras, la obligación del vendedor de responder de la evicción y sanea-miento y la del comprador de pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el contrato. El in-cumplimiento de estas obligaciones accesorias o complemen-tarias, dará lugar a una acción de daños y perjuicios o a cualquiera otra que justifiquen las circunstancias de cada caso, pero nunca a la acción resolutoria regulada por el ar-tículo 1077 del Código Civil, reservada exclusivamente para el caso del incumplimiento de las obligaciones recíprocas.

Don José Castán en su moderna obra “Derecho Civil Es-pañol Común y Foral, Sexta Edición Devisada (1943), Tomo 2, pág. 482, explicando el concepto de las obligaciones recí-procas, dice:

“El citado .art. 1,124 es de gran importancia por su constante aplicación en la práctica, y ba motivado copiosa jurisprudencia del Tribunal Supremo. Entre sus declaraciones destacan las siguientes:
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“2) Que para la aplicación del art. 1,124 se requiere: a) Que se trate de obligaciones en las que el principio de reciprocidad esté perfectamente caracterizado, puesto que no entra en juego dicho ar: tículo cuando se trata de obligaciones que, estando incorporadas a un contrato unilateral o bilateral, tienen puro carácter accesorio o complementario con relación a aquellas prestaciones, o contrapresta-ciones en su caso, que constituyen el objeto principal del contrato.”

El Sr. Castán cita en apoyo de su tesis las Sentencias de 24 de octubre de 1899 (88 J. C.171), 14 de febrero (123 J. C. 490) y 29 de septiembre de 1912, 13 de'marzo de 1930 (193 J. C. 251), 5 de enero de 1935 (217 J. O. 36) y 24 de octubre de 1941.

Y Manresa lo explica así:

“. . . La bilateralidad o reciprocidad de las obligaciones supone desde luego que los dos sujetos, términos necesarios de la relación obligatoria, sean a la vez deudores y acreedores el uno del otro. Pero no basta con esto: significa aquélla nota de estas-obligaciones algo más, una reciprocidad tan perfecta, que haga proceder ambas relaciones de una misma causa, siendo también cada obligación su-puesto de la correlativa, no concibiéndose, en suma, la una sin la otra. . . . Aún más; celebrado un contrato de préstamo comodato, tiene el comodatario la obligación de restituir, y puede tener el como-dante la de abo.nar- a aquél gastos hechos en la cosa contractual, y, sin embargo, no se da en tales obligaciones la nota de reciprocidad en su genuino sentido, puesto que, distinguiendo bien en aquéllas, se ve que no tienen rigurosamente su origen en una misma, idéntica causa, y, sobre todo, que no surgen a la vez, como necesarias ambas y fundamento mutuo la una para la otra. En cambio sí percibimos con toda evidencia esa nota de reciprocidad comparando en la com-praventa las obligaciones de comprador y de vendedor para entregar respectivamente el precio y la cosa; o en el arrendamiento las de acree-dor y arrendatario, para permitir el uno el uso de la cosa arrendada, y para pagar el otro la merced convenida, etc. etc., y es que en todos esos casos no podemos, sin desnaturalizar cada obligación, imaginarla sin la otra.” (Manresa, Comentarios al Código Civil Español, T. 8, pág. 148.) (Bastardillas nuestras.)

Pero donde con más claridad se ilnstra el concepto de las obligaciones recíprocas es en la Sentencia del Tribunal Supremo de España de 5 de enero de 1935, 217 Jurisprudencia Civil, pág. 36. Los hechos del caso pueden resumirse así:

Doña Antonia Pellicer había entregado al Banco de Reus de Descuentos y Préstamos, que más adelante llamaremos Banco de Reus, ciertas letras de cambio que habían vencido y no habían sido satisfechas. Para evitar que el Banco pro-cediese al cobro judicial de las letras de cambio, doña Antonia Pellicer y el Banco de Reus celebraron un contrato a virtud del cual el Banco se obligó a no ejecutar dichas le-tras durante un término de cinco años, y como compensa-ción a dicha renuncia doña Antonia Pellicer se obligó a in-demnizar al Banco hasta la suma de 150,000 pesetas por ra-zón de cualquier pérdida o perjuicio que se le pudiera oca-sionar como consecuencia de esa posposición, si dentro de cinco años no hubiese podido conseguir el reintegro de lo adeudado al Banco. Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, doña Antonia Pellicer se obligó a depositar en el Banco de Reus en metálico y sin interés la cantidad de 150,000 pesetas, la cual no podía reclamar hasta transcurrido un plazo de cinco años, facultando al Banco para hacer su-yas en su caso la totalidad o la parte necesaria de dichas 150,000 pesetas para aplicarla a las pérdidas sufridas por el indicado concepto. Se consignó en el contrato que teniendo en cuenta el sacrificio que había representado a la señora Pellicer la garantía constituida, toda vez que había tenido que tomar a préstamo del Banco de Cataluña las 150,000 pesetas al interés del 5 por ciento anual, el Banco de Reus tomó a su exclusivo cargo la obligación de pagar al de Ca-taluña los intereses de las 150,000 pesetas prestadas a la señora Pellicer con entera indemnidad de ésta. El Banco de Cataluña, sin embargo, no fué parte en el contrato celebrado entre el Banco de Reus y la señora Pellicer y nunca relevó a la señora Pellicer de la obligación de pagar dichos intere-ses en el caso de que el Banco de Reus no lo hiciera. Des-pués de haber pagado éste algunos de los plazos de intere-ses, se enteró la señora Pellicer que el Banco de Reus había dejado de satisfacerlos y estableció este pleito para resolver el contrato celebrado con el Banco de' Reus, alegando que' el demandado había dejado de cumplir una obligación recí-proca al no pagar los intereses al Banco de Cataluña y so-licitó que, resuelto el contrato, se le entregase la cantidad de 150,000 pesetas que había depositado en el Banco. El Juzgado de Primera Instancia de Reus declaró con lugar la demanda y en su sentencia, equivocando el verdadero con-cepto de la obligación recíproca, se expresó así:

“Ningún artículo del Código Civil autoriza para dar a las obli-‘ gaciones recíprocas el sentido de correlación que el demandado le quiere atribuir, sino sencillamente el significado gramatical de la reciprocidad, o sea, que cada uno de los contratantes tenga obli- . gaciones que cumplir para con el otro, o no, entre sí, bastando para convencerse el considerar, primero, que en las obligaciones deri-vadas de los contratos de arrendamiento y compraventa, por ejemplo hay muchas, como las de hacer reparaciones, mantener la posesión, comunicar cualquier usurpación, no variar la forma, responder de la eviceión y saneamiento, etc., que no dejan de ser recíprocas a pesar de que no sean correlativas, y las de entregar la cosa o el precio; y segundo, que la expresada teoría conduciría al absurdo de que un contratante pudiera faltar al cumplimiento de todas sus obligaciones que no tuvieran correlatividad con las del otro, y que, sin embargo, no pudiera éste exigirle la resolución de las suyas.”

Recurrió el Banco para ante la Audiencia de Barcelona y dicho Tribunal revocó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Reus. Recurrió entonces la señora Pellicer para ante el Tribunal Supremo de Madrid y éste confirmó la sen-tencia de la Audiencia de Barcelona, y, entre otras cosas, dijo:

“Primero. Que del mencionado convenio nacieron dos claras obligaciones recíprocas, a saber, la del Banco de Reus, de no ejer-citar ninguna acción dimanante de ciertas letras de cambio contra doña Antonia Pellicer y otras personas, y la de doña Antonia Pe-llicer de indemnizar a dicho Banco los perjuicios y pérdidas que pudiera sufrir a causa de las operaciones de cambio referidas, hasta la suma de 150,000 pesetas, si dentro de cinco años no se reintegrase el Banco de todas ellas; obligación esta última garan-tizada mediante la constitución de un depósito en metálico y sin intereses por aquella cantidad.
“Segundo. Que además se estableció en dicho convenio otra obligación a cargo del Banco de Reus, al consignarse en él que, teniendo en cuenta el sacrificio que había representado a doña Antonia la garantía constituida a favor del Banco de Reus de Des-cuentos y Préstamos, puesto que para procurarse las 150,000 pesetas depositadas había debido tomarlas a préstamo del Banco de Cataluña al interés del 5 por 100 anual, el Banco de Reus tomaba a su exclusivo cargo la obligación de pagar al referido Banco de Cataluña los intereses de las 150,000 pesetas prestadas a la repetida doña Antonia Pellicer, con entera indemnidad de ésta.
“Considerando que para que pueda hablarse de obligaciones bilaterales o recíprocas hace falta, no sólo que en un mismo contrato se establezcan prestaciones a cargo de ambas partes, sino que la obligación de cada una de ellas haya sido querida como equiva-lente de la de la otra, y, por consiguiente, exista entre ellas una mutua condieionalidad; de donde se desprende fácilmente esta doble consecuencia:
“Primera. Que, como ya tiene declarado esta Sala, es nece-sario para la aplicación del art. 1.124 del Código Civil, que el prin-cipio de reciprocidad esté tan perfectamente caracterizado, que no se conciban unas obligaciones sin otras (sentencias de 14 de marzo de 1913 y 30 de Octubre de 1917.)
‘1 Segunda. Que no entra en juego dicho artículo cuando se trata de obligaciones que, estando incorporadas a un contrato unilatertal o bilateral, tienen puro carácter accesorio o complementario, con rela-ción a aquellas prestaciones 'y contraprestaciones, en su caso, que constituyen el objeto principal del contrato.*’ (217 Jurisprudencia Civil, págs. 45, 46) (Bastardillas nuestras.)

Aplicando al caso que nos ocupa los principios que aca-bamos de enunciar, fácil será concluir que las obligaciones recíprocas en el caso de autos son: por parte de los deman-dados, la constitución de la servidumbre, y por parte del demandante, la concesión de la cantidad de 18,000 galones de agua por cada veinticuatro horas; y que la obligación de los demandados de no usar el agua para otros fines que no fuesen los estipulados, es una obligación accesoria o com-plementaria. Por consiguiente, aceptando que la hubiesen violado los demandados, esa obligación, por no ser recíproca, no da lugar a la resolución del contrato. Como' antes hemos indicado, esto no implica que en casos como el presente en que la evidencia tiende a demostrar que los demandados vio-laron la obligación accesoria de no usar el agua para fines de regadío, el demandante carezca de recurso alguno para obtener reparación. Bien pudo el demandante, mediante ac-ción de daños y perjuicios por incumplimiento de dicha obli-gación, obtener reparación por el agua ilegalmente consu-mida por los demandados, y por un auto de injunction im-pedir la repetición del acto ilegal, todo ello sin perjuicio de la acción criminal que pudiera instituir por el hurto del agua.

Pero el juez de la corte inferior, en vez de declarar con lugar la excepción previa de falta de hechos constitutivos de causa de acción, la denegó y resolviendo el caso en sus méritos, declaró que el contrato celebrado entre el deman-dante y los demandados era nulo por ser contrario al orden público. Es de notar que en la demanda no se hace alega-ción alguna con respecto a la supuesta nulidad del contrato ni se solicita ese remedio, limitándose el demandante a pe-dir que se rescinda el contrato aunque de un modo sui ge-neris, pues solicita que los demandados sean privados del agua a que les da derecho el contrato, continuando el de-mandante gozando de sus beneficios. Los demandados tam-poco solicitaron que el, contrato fuese declarado nulo, limi-tando su súplica a pedir que la demanda fuese desestimada. E1 juez confundió la acción rescisoria o resolutoria con la acción de nulidad. Si bien es verdad que en una y otra el término de prescripción es de cuatro años, y que al decre-tarse la rescisión lo mismo que al decretarse la nulidad, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieren sido materia del contrato con sus frutos y el pre-cio con sus intereses, de ese modo dejando las cosas en el estado en que se hallaban al perfeccionarse el contrato, es lo cierto qué son dos acciones distintas. A este efecto dice Balcón:

“Tiene buen cuidado nuestro Código, de no confundir, como lo hacen algunos Códigos extranjeros, la rescisión y la nulidad; por-que, efectivamente, la rescisión y la nulidad no son cosas iguales en el derecho, por más que a veces se confundan sus efectos.
“La rescisión invalida un contrato válidamente formadoj y lo invalida a virtud de una justa causa descubierta con posterioridad a su celebración. La nulidad es una declaración de que el contrato no ha existido nunca, por haber faltado en su formación alguno de los requisitos esenciales del mismo. La rescisión y la nulidad dejan sin efecto los contratos; pero la rescisión los deja por mo-tivos de equidad que no afectan realmente a su validez. La nuli-dad los deja por motivos que afectan a su misma existencia. Por consiguiente, las causas de la rescisión y las causas de la nulidad son y no pueden menos de ser distintas; y este es el motivo por qué el Código las trata con la debida separación.” (Falcón, Código Civil, Tomo 4,. págs. 122, 123.)

Siendo, como son, dos acciones distintas y no existiendo en las alegaciones ni en la prueba base alguna para que el juez pudiese decretar la nulidad del contrato, erró al dictar la sentencia apelada: Crespo v. Crespo, ante, pág. 341.

Procede por lo expioesto revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar la que debió haber dictado la corte inferior, o sea, declarando sin lugar la demanda con imposición de costas al demandante.

      La demanda alegaba que los demandados utilizaban un total de 12,000 galones de agua por cada veinticuatro horas, pero durante el juicio esta alega-ción se enmendó haciendo subir el exceso a 624,000 galones por cada veinti-cuatro horas.

      Las cláusulas b, o, d j e, según aparecen del contrato de servidumbre, son las siguientes: (Pág. 20, T. de E.).
      “b. — El Municipio de Ponce concede a doña Josefa Santiago de Vidal y a su esposo don Alberto Vidal, el derecho de tomar a perpetuidad diez y ocho mil galones de agua por cada veinticuatro horas, distribuidas proporeionalmente para las cuatro fincas afectadas por la servidumbre. La acometida e instalación del contador será por cuenta del Municipio.
      "Es convenido que en caso de emergencia, se dará a las partes contra-tantes las mismas oportunidades que a la ciudad de Ponce, en proporción a sus respectivos intereses.

        “o. Es entendido que las concesiones de agua serán utilizadas por el dueño de la propiedad para usos domésticos, abrevaderos de ganado y limpieza de establos.
      “d. Queda convenido que el dueño de las propiedades afectadas a esta servidumbre se reserva el derecho de tomar mayor cantidad de agua por día para los mismos fines, pagando, desde luego, el excedente de agua, de acuerdo con la tarifa que rija.
      “e. Queda convenido que el Municipio de Ponce se compromete a sacar a pública subasta de acuerdo con la ley, el terreno que ocupa la toma de agua actual, una vez que se haya decidido que no será necesaria al servicio del acueducto. ” _

      Los autores, la jurisprudencia y algunos códigos usan indistintamente los vocablos "resolutoria” y "rescisoria”, y aunque a los efectos del artículo 1077 del Código Civil la eorreeta denominación de la acción es "resolutoria”, en realidad el uso de uno u otro vocablo no afecta el fondo de la cuestión.