text:
    American Colonial Bank of Porto Rico, Sucursal de Mayagüez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 724.

    Sometido: Junio 20, 1928.

      Resuelto: Junio 21, 1928.

      A. Ramirez Silva, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión <M tribunal.

El 25 de mayo de 1928 comparecieron ante notario Evan-gelista Segarra y su esposa y otorgaron una escritura pública en la cual expusieron que eran dueños de cierta finca urbana, que habían recibido cinco mil dólares a préstamo del American Colonial Bank, Sucursal de Mayagüez, y que en garantía de dicha suma y de otras para intereses y costas en caso de mora y reclamación judicial, constituían hipoteca voluntaria sobre su indicada finca. Todo se describe y detalla debida-mente.

Presentada la escritura en el registro, el registrador la inscribió pero “con el defecto subsanable de no haberse acep-tado el contrato por el acreedor hipotecario.” No conforme el acreedor, interpuso el presente recurso gubernativo. El registrador no ha formulado alegato en explicación o defensa de su nota como requiere la regia de esta corte.

La cuestión envuelta no sólo ha sido decidida en sentido adverso al criterio sustentado por el registrador por la Dirección General de los Registros- de España en resoluciones de 25 de junio de 1877, 291 de diciembre de 1880 y- 28 de noviembre de 1893 y por esta Corte Suprema en el caso de Santiago v. Registrador de Guayama, 25 D.P.R. 855, que cita el recurrente, si que también por esta corte recientemente en e] caso de Pérez Blanco v. Registrador de Guayama, 37 D.P.R. 632, donde se dijo:

“El registrador ha presentado un amplio alegato en apoyo de su nota, invocando lo resuelto por la Dirección General de los Regis-tros de España el 14 de marzo de 1893. Sostiene que no se trata aquí del caso corriente en que un deudor garantiza la deuda de un. acreedor con hipoteca voluntaria, sino de un contrato bilateral que resulta de un convenio celebrado con todos los acreedores del deu-dor, constituyéndose la hipoteca a favor de una persona distinta de los acreedores.
“Si se tratara de inscribir el convenio, si la inscripción obligara a los acreedores a respetar y cumplir dicbo convenio, tendría razón el registrador recurrido; pero lo qué se trata de inscribir es sim-plemente la hipoteca por virtud de la cual queda gravada la finca del deudor. Es el deudor el que sufre, el que sujeta su propiedad al pago de sus deudas. No compareciendo los acreedores al otor-gamiento, en nada pueden ser perjudicados por lo recitado en la escritura por el deudor, ni por el llamado trustee. La inscripción que se pide no tiene más efecto que obligar al deudor en la forma que él mismo ha querido obligarse. Si sus manifestaciones y las del se dicen-te trustee no son ciertas, todo el edificio construido cae-ría por su base.
“Siendo esto así, es perfectamente aplicable a este caso el de Santiago vs. Registrador de Guayama, supra. Allí esta corte, ba-sándose en un estudio de la cuestión envuelta y en lo decidido por la Dirección General de los Registros de España en 25 de junio de 1877, 29 de diciembre de 1880 y 28 de noviembre de 1893, resol-vió que:
“ ‘Según la doctrina del artículo 138 de la ley hipotecaria, las hipotecas voluntarias pueden constituirse válidamente no sólo por convenio de las partes, sino por la exclusiva voluntad del dueño de los bienes sobre que las mismas se constituyen, sin necesidad de que conste la aceptación de la persona a cuyo favor se impone el gravamen, razón por la que no constituye defecto subsanable el hecho de no acreditarse cumplidamente en la escritura presentada para su inscripción en el registro que la persona que en la misma compare-ció como apoderado del acreedor tenía en efecto tal carácter.’ ”

Como puede verse el caso que resolvemos es aún más sencillo que el de Pérez Blanco, supra, concurriendo además en él la circunstancia de ser el propio acreedor hipotecario el que interpone el recurso.

Debe revocarse la nota recurrida en cuando al defecto sub-sanable apuntado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro, JUEZ ASOCIADO SE. WOLF.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José A. Ayala, acusado y apelante.
    No. 2900.

    Visto: Noviembre 8, 1927.

      Resuelto: Junio 22, 1928.

      Pedro BaÁgés Gómez y Angel A. Vázquez, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El cargo que se imputa al acusado y apelante es como sigue:

“El referido acusado José A. Ayala, durante el año 1924, y en Mayagüez, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, y en ocasión de ser Marshal de la Corte Municipal de Mayagüez, siendo sus deberes como tal Marshal, entre otros, recibir el importe de las sentencias satisfechas por las personas demandadas en los procedimientos civiles, de la referida Corte, de una manera ilegal, voluntaria, maliciosa y fraudulentamente, se apropió en su beneficio y con perjuicio de Irene Bages, de una cantidad de dinero no me-nor de trescientos dólares, y la cual había sido confiada al acusado y recibida por él, en el curso de sus deberes como tal Marshal para ser entregados a dicha señora, defraudando de esta manera de dicha cantidad a Irene Bages, todo lo cual es contrario a la ley para tal caso hecha y prevista y contra la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

Alegó el acusado su inocencia, presentó varias mociones que fueron declaradas sin lugar y sometido finalmente a juicio, el jurado lo declaró culpable del delito de abuso de confianza imputáídole y la corte lo condenó a sufrir dos años de presidio con trabajos forzados. No conforme con la sen-tencia, apeló, señalando en su alegato la comisión de cuatro errores que examinaremos en el orden en que lo ban sido.

Sostiene la parte apelante que la corte erró al no decretar el arcbivo de la causa por no haberse trasmitido a la misma la transcripción de las notas taquigráficas de las actuaciones del gran jurado, con anterioridad a la lectura de la acusación.

La acusación se radicó el 26 de diciembre de 1924. El T de enero siguiente el acusado, fundándose en las secciones 30 y 31 de la ley No. 58 de 1919, estableciendo el gran jurado en Puerto Rico, presentó una moción pidiendo a la corte que decretara el archivo de la acusación radicada por no haberse remitido la transcripción íntegra de las notas taquigráficas de las actuaciones del gran jurado, antes del día 5 de enero ■én que se leyó la acusación.

Consta de los autos que el fiscal se opuso y que la corte declaró sin lugar la moción “después de oír la evidencia in-troducida y los argumentos orales de las partes. ’J La evi-dencia no se incluye en el récord.

Es cierto que la sección 31 de la Ley del Gran Jurado que se invoca dice que la transcripción se trasmitirá íntegra a la; corte debidamente certificada antes de la lectura de la acusa-ción, pero no ordena que la causa se sobresea y archivé cuando no se cumple con la regla.

De la misma moción del apelante consta que la acusación se leyó el 5 de enero. La moción se presentó dos días des-pués. No aparece que el acusado en el acto de la lectura exigiera el cumplimiento estricto de la ley. Si lo hubiera exigido, quizá la corte hubiera pospuesto la lectura hasta que la transcripción se hubiera archivado, pero nunca hubiera decretado su sobreseimiento.

Además, se presentó prueba a la consideración de la corte y esa prueba no se incluye en el récord. El apelante no ha colocado a esta corte en las mismas condiciones en que se encontraba la corte inferior, como .era su deber. Tampoco cita el apelante precepto de ley alguno que indique las con-secuencias de la falta de cumplimiento estricto de la ley en un caso como éste, ni jurisprudencia sobre el particular.

Bajo cualquier aspecto que la cuestión levantada se con-sidere, no es posible llegar a la conclusión de que se trata de un error que pueda por sí solo producir la revocación de la sentencia apelada,

Un día antes del juicio el acusado presentó a la corte una moción solicitando que ordenara al secretario de 1c misma que le permitiera examinar la transcripción taquigráfica de los procedimientos que tuvieron lugar ante’el gran jurado y que se encontraban bajo la custodia de dicho funcionario, alegándose como único fundamento que el secretario se había negado- a ello por estimar secretos dichos procedimientos y a consecuencia de tal negativa se veía privado del tier echo de examinar dicho récord y de esa manera prepa-rarse para sn defensa en el juicio.

La corte oyó a ambas partes y declaró finalmente la mo-ción sin lugar. La parte apelante sostiene que la resolución dé la corte fue errónea.

Cuando esta causa se inició regía aún en toda su extensión la Ley del Gran Jurado aprobada el 18 de junio de 1919, Leyes de 1919, pág. 303, limitada luego, en 1925, a la inves-tigación y persecución de delitos graves realizados por fun-cionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El Pueblo v. Ramos, 36 D.P.R. 821, 823.

Las secciones 2, 15, 18, 22; 27, 30, 31, 34 y 57 de la ley de 1919, dicen:

“Sección 2. — En cada término judicial la corte, siempre que fuere a su juicio necesario, ordenará la extracción por suerte de veinte nombres de la lista ordinaria de jurados, para que formen el Gran Jurado que ha de actuar durante el término.
“Sección 15. — Constituido que sea el jurado con doce o más miembros, la corte designará de entre ellos un presidente.
“Sección 18. — El Gran Jurado deberá retirarse al salón de ju-rados y proceder a la investigación de los delitos de su competencia. Al terminar sus funciones será disuelto por la corte.
“Sección 22. — -El Gran Jurado tendrá facultad para citar testi-gos y peritos y para examinarlos bajo juramento; para hacer ins-pecciones oculares y compeler la presentación de evidencia documen-tal o de cualquier otra clase, además de la ofrecida por el fiscal.
“Sección 27. — El Gran Jurado no estará obligado a oir al acu-sado ni la evidencia que éste ofrezca; pero debe pesar toda la que se le someta; y, cuando en su opinión, exista otra evidencia legal, a su alcance, que pueda destruir el cargo o explicar los hechos que lo constituyen, podrá ordenar que se produzca tal evidencia, y también examinar al acusado, si éste lo deseare después de adver-tido de su derecho de abstenerse de dar testimonio y de que el que diere podrá ser utilizado en su contra.
“Sección 30. — Las sesiones del Gran Jurado serán secretas. El taquígrafo de la corte o un taquígrafo designado al efecto por la corte, con cargo a El Pueblo de Puerto Rico, podrá estar presente en las sesiones para tomar la prueba y transcribirla.
“Sección 31. — En la transcripción taquigráfica se consignarán los nombres de los jurados que intervengan en la investigación, la prueba aducida y resolución de cada cargo, y se trasmitirá íntegra a la corte debidamente certificada antes de la lectura de la acusa-ción.
“Sección 34. — Todo miembro del Gran Jurado debe guardar se-creto acerca de cuanto se haya dicho en las deliberaciones de éste y de la manera como hayan votado él o sus colegas; pero cualquier corte puede compelerle a descubrir el testimonio prestado por un testigo ante el Gran Jurado en los dos casos siguientes:
“1. A los efectos de juzgar si dicho testimonio es consistente con la declaración prestada ante dicha corte.
“2. Bn el juicio de una acusación por perjurio contra el testigo.
“Sección 57. — Presentada que sea una acusación del Gran Ju-rado ante la corte se seguirán en lo sucesivo en cuanto sea posible los mismos procedimientos que si se tratara de una acusación del fiscal del distrito.”

Esta Corte Suprema en el caso de El Pueblo v. Torres Gómez, 33 D.P.R. 185, 190, después de transcribir las secciones 30, 31, 32 y 34 de la Ley del Giran Jurado, dijo:

“Aunque hay un momento oportuno para guardar secreto en el procedimiento del gran jurado, este momento pasa al formularse la acusación (indictment). Nos limitaremos a hacer una referencia de de Wigmore sobre Evidencia y sus citas a saber:”

Sigue la referencia que ocupa más de dos páginas ter-minando así:

“No quedan por tanto, en principio, ningunos casos en los cua-les desptiés que las funciones del gran jurado han terminado, el pri-vilegio de los testigos a que sus declaraciones no sean reveladas, debe considerarse que continúa. Esta es, en efecto, la ley que ha sido aceptada hoy generalmente. Sin embargo, no ha sido ordinaria-mente expuesto en una forma tan amplia. La frase corriente es que la divulgación puede ser necesaria ‘siempre que resulte necesa-ria en él cu,rso- de la justicia.’ Haciendo caso omiso de algunas ex-cepciones locales, en la práctica ésta no es una regla más estricta que la antes referida inferible del principio.” 5 Wigmore sobre-Evidencia, párrafo 2362, pág. 152.

Y continuó esta corte:

“El art. 31 es demasiado claro para ser discutido. Las notas taquigráficas deben ser trasmitidas a la corte y por tanto se con-vierten en un documento público. El art. 34 tiene por fin la compa-recencia de uno de los mismos jurados.
“Iowa y "Wisconsin son Estados que tienen leyes semejantes y sus cortes ban hablado. Havenor vs. State, 125 Wis. 444, 104 N. W. 116; State vs. Woodward, 132 Iowa, 675, 108 N. W. 753. El resultado final de estas decisiones y otras que hemos examinado es que las notas taquigráficas pueden ser usadas para fines de repre-guntas : que' aunque el documento que contiene las notas taquigrá-ficas no- puede ser ofrecido directamente como prueba puede ser iisado por el testigo cuya declaración se impugna para refrescar su memoria, y que tal testigo puede ser el mismo taquígrafo o un miem-bro del gran jurado.”

Los tedios ocurridos en el caso de Torres Gómez, supra, tomados de la opinión, fueron:

“Tal vez hubo alguna prueba de la cual el jurado tenía derecho a creer que Gómez indujo a Cambrelein a bajar la cuesta para ma-tarlo o quizás hasta que Gómez fué a la casa de Cambrelein con esa intención o idea reservada en su mente sujeta a lo que Cambrelein dijera o hiciera. Si Gómez tuvo tal intención en su mente un dis-paro hecho por Cambrelein no justificaría un homicidio en defensa propia. La cuestión principal en este caso, sin embargo, es si al acusado se le permitió en el juicio utilizar todos los recursos que la ley permite para sacar la verdad de los testigos.
“Las notas taquigráficas tomadas en la sesión del gran jurado fueron archivadas con la acusación original y llegaron al poder del abogado del acusado en cuyo poder estuvieron durante gran parte del juicio. Un testigo del gobierno, Pericás, había declarado res-pecto a la forma en que Gómez salió de la casa de Cambrelein y en cuanto a los sucesos anteriores a esto. En el examen de repre-guntas se le preguntó lo siguiente: ‘¿Ud. recuerda si durante la investigación que hizo el gran jurado en este mismo caso, en este mismo salón, entre el 19 de noviembre y ahora Ud. declaró bajo ju-ramento ante el gran jurado que Ventura Cambrelein desde arriba y Andrés Torres Gómez desde abajo continuaron discutiendo, pero al verles a ellos en este estado no pudimos aguantar a Ventura?’ El fiscal se opuso por el fundamento de que no se había establecido la debida base para la pregunta y la corte desestimó la objeción. El testigo al mismo tiempo de hacerse la objeción dijo que no re-cordaba. El acusado entonces preguntó si era que el testigo no re-cordaba haber prestado la declaración o no recordaba lo que dijo. Antes de haberse hecho esta segunda pregunta el fiscal solicitó que la primera fuera eliminada. La corte manifestó que resolvería la moción de la eliminación antes de terminarse el juicio pero no lo hizo. La corte no permitió que la segunda pregunta fuera contes-tada.
“Tanto el fiscal de la corte inferior como el de esta corte pare-cen estar bajo la impresión de que para poder confrontar e impug-nar a un testigo con manifestaciones inconsistentes era necesaria mayor especificación que la que aparecía de la pregunta que hemos transcrito. La norma sería ver si el testigo fácilmente entendería la fecha, lugar y circunstancias por virtud de las cuales la alegada manifestación inconsistente se hizo. Se le dijo el lugar, aproxima-damente la fecha, y la última se precisó haciendo una referencia a los procedimientos del gran jurado en el mismo caso. El testigo tuvo todas las oportunidades para conocer y entender la ocasión a que se hizo referencia, y según creemos no podía dejar de enten-derla.
“La corte excluyó la segunda pregunta basada en la teoría, se-gún entendemos, de que las sesiones del gran jurado son secretas. Si la corte estuvo equivocada en esto, el apelante fué limitado in-debidamente en su examen de repreguntas porque asumiendo que hubo una contradicción aparente en su declaración ante el gran ju-rado y el pequeño jurado el apelante tenía derecho a investigar un poco más. Si el testigo no recordaba haber declarado ante el gran jurado, esta falta impugnaría su memoria y si él dijo que no recor-daba haber contestado la pregunta como se le hizo, todavía podría ser interrogado con respecto a cuál de las dos manifestaciones era verdad y habérsele dado una oportunidad de explicar. Si él dijo que no había hecho la alegada manifestación que se impugna, y era esencial, pudo haber sido contradicho en debida forma como luego veremos. Hemos asumido que la pregunta original se hizo de buena fe, como sería la presunción, pues en verdad sería cosa muy grave preguntar a un testigo acerca de una manifestación, a menos que la manifestación real o aparentemente hubiese sido hecha ante el gran jurado como lo revelan las notas taquigráficas. Si las notas taquigráficas podían usarse de algún modo, la corte incurrió en error al circunscribir el derecho a hacer repreguntas. Artículo 2 de la Ley Orgánica, a saber, que en todos los procesos criminales el acusado gozará del derecho de carearse con los testigos de cargo. La idea principal del careo es la oportunidad para hacer repregun-tas. "Wigmore, See. 1398. Debe permitirse gran liberalidad en el examen de repreguntas de un testigo, con el fin de poner a prueba su exactitud o credibilidad, y cuando las preguntas hechas parecen referirse a hechos y circunstancias dentro del alcance general del interrogatorio directo, se comete error' al excluirlas. People vs. Westlake, 124 Cal. 452, y otros casos citados en el alegato del ape-lante. La corte probablemente no hubiera limitado el examen de repreguntas si hubiera creído que el abogado tenía derecho a utili-zar las notas taquigráficas en la forma propuesta. Desde luego que si el abogado no tenía derecho a usar las notas la corte no incurrió en error.
“El abogado solicitó en términos generales que se le permitiera usar las notas taquigráficas para interrogar a los testigos y la corte en una orden razonada lo negó. Técnicamente éste no es el modo de obtener el uso de las notas taquigráficas ya archivadas y en po-der del abogado, pero el abogado debe hacer preguntas a los testi-gos como se hizo en el examen del testigo Pericás. Debe hacerse constar, a medida que se examine cada testigo, que hubo alguna contradicción en su declaración en el salón de la corte y ante el del gran jurado. Si el abogado no estaba tratando de ofrecer manifes-taciones inconsistentes, y especialmente si nadie tenía ninguna idea ¡de que un testigo había sido inconsistente en su declaración, nada podría haber en las notas taquigráficas de ningún beneficio posible para la corte, el abogado, o la investigación de la verdad. Las no-tas taquigráficas nunca pueden ser usadas debidamente como un ins-trumento o medio de infundir temor a un testigo, sino que deben ser utilizadas únicamente con su fin legítimo de establecer la base de la contradicción. Sin embargo el uso debido de las notas taqui-gráficas, suponiéndose que.pueden usarse, se pretendió hacer en el interrogatorio del testigo Pericás y todo el caso después fué seguido por virtud de la teoría de que las notas de modo alguno no puedan utilizarse en el juicio, cuya actitud puede también haber impedido un interrogatorio amplio de los demás testigos. Examinaremos la ley del gran jurado.”

' Sigue entonces la parte de la opinión a que hicimos refe-rencia anteriormente y termina:

“Resulta, pues, que la corte incurrió en error al limitar el al-cance del examen de repreguntas del testigo Pericás y que la corte estuvo enteramente equivocada en su actitud hacia las notas taqui-gráficas. ’ ’

(a) Los hechos del caso de Torres Gómez, supra, y los de éste que estamos resolviendo, son, pues, distintos, pero es necesario reconocer que si la conclusión a que llegó esta Corte Suprema en el sentido de que al trasmitirse las notas taquigráficas a la corte de distrito se convierten en un docu-' mentó público se aplica sin limitaciones, el acusado tenía un claro derecho a examinarlas y el secretario y la corte de dis-trito ' estaban en el deber de permitirle el examen.

Las leyes de los diferentes estados de la Unión sobre la materia, no son iguales. No hay duda alguna que se ha ido avanzando en el sentido de llegar al límite a que llegó esta corte en el repetido caso de Torres Gómez. Analizando cuidadosamente toda la ley de este territorio a la luz de los hechos de este caso nos inclinarnos a creer que la conclusión a que llegáramos en el de Torres Gómez debe limitarse enten-diéndose que no excluye el ejercicio de una sana discreción por parte de la corte, aunque en verdad en evitación de difi-cultades y con el propósito de garantizar al acusado todos sus medios legales de defensa, esa discreción debe procurarse que se ejerza siempre en pro de la mayor publicidad que sea posible.

Parece conveniente citar el resumen de la jurisprudencia sobre la materia. Lo tomamos de Corpus Juris. Es así:

“En ausencia de disposición estatutoria al efecto, el acusado no puede, como cuestión de derecho, hacer que la prueba presentada al gran jurado le sea mostrada. Sin embargo, de acuerdo con algunos estatutos, además de hacerse constar en la acusación el nombre de los testigos que declaren ante el gran jurado, la transcripción taqui-gráfica de sus declaraciones debe ser radicada con la acusación y suministrársele copia al acusado o a su abogado. Pero de acuerdo con un estatuto que exija que la transcripción de la evidencia to-mada ante el gran jurado sea radicada con la acusación, no es nece-sario, con el fin de que los testigos puedan declarar, que tal trans-cripción se anexe a la acusación, si es debidamente identificada» Pueden presentarse como prueba cartas u otros documentos sin ne-cesidad de hacer referencia a ellos en la transcripción; pero se ha resuelto que cuando el fiscal toma libros de cuentas complicados de manos del acusado, para usarlos como prueba contra éste, el acu-sado tiene derecho a inspeccionarlos a fin de que tenga oportunidad de preparar su defensa.
* * * * * * * )
“El permiso para examinar las minutas del gran jurado no es-, un privilegio de derecho y si al acusado ha de permitírsele o no que-lo haga descansa en la discreción de la corte, pues la política general de la ley es conservar secretos los procedimientos ante un gram jurado.
“El permiso para inspeccionar las minutas del gran jurado puede ser concedido al acusado con el fin de presentar una moción para anular la acusación por uno o más de los siguientes funda-mentos: Que no está propiamente formulada, endosada y presen-tada, o que una persona que no debía estar presente durante la se-sión del gran jurado se encontraba allí; que los derechos constitu-cionales del acusado han sido violados; o cuando en alguna otra forma resulta necesario para los fines de ia justicia y para prote-ger los derechos del acusado. Se ha resuelto que una' inspección puede ser concedida para permitir al acusado prepararse para el juicio; pero también se ha resuelto, por el contrario, que una ins-pección no puede ser permitida con tal fin. lía sido decidido ade-más que tal permiso no será concedido por el fundamento de que la acusación fué declarada fundada sin que la evidencia fuera su-ficiente;. o cuando el acusado alega como fundamento de su moción algo que meramente constituye una defensa; o cuando el único re-sultado habría de ser colocar la prueba del gobierno en manos del acusado.
“La moción pidiendo tal permiso debe demostrar que los moti-vos para que se conceda el mismo existen en realidad, o contener hechos de los cuales buenos motivos puedan deducirse, y debe anti-cipar alguna razón suficiente para creer que las minutas, de ser inspeccionadas, habrían de revelar motivos suficientes para conceder la moción para anular la acusación.” 16 C. J. 801, 802.

Claro es que la jurisprudencia está basada en la ley. De allí los varios principios que establece porque son varias las leyes. El que las declaraciones se tomen por un taquí-grafo no es imperativo. Pero cuando se toman deben tras-mitirse a la corte antes de la lectura de la acusación, t1 Shall be submitted in full to the court,” dice el texto inglés de la ley. Leyes de 1919, p. 310. Es natural que así se haga. El gran jurado funciona temporalmente. Es la corte la qne siempre permanece en pie. Es ella la qne convoca al gran jurado y la qne recibe finalmente el resultado de su labor. Si se intenta proteger a los testigos, la protección no sería en verdad efectiva si no se extiende hasta el momento del juicio. No se trata de un derecho fundamental del acusado. El derecho fundamental del acusado consiste en confrontarse con los testigos de la acusación y ése lo tiene íntegro en el mo-mento del juicio.

La Ley de Puerto Rico no va tan lejos, por ejemplo, como la de Iowa. La sección 5276 de los códigos de este estado expresamente dispone que la acusación y las notas se archi-varán con el secretario y permanecerán en su oficina como parte del récord. También se dispone expresamente por la ley de dicho estado que se dará al acusado copia no sólo de la acusación, si que también de las notas. Sección 5277 de los códigos. State v. McClain, 130 Iowa 73, 77.

Nuestra ley sólo ordena que las notas se trasmitan o se sometan a la corte. ¿Debe esta disposición interpretarse en el sentido de despojar a la corte de toda discreción en cuanto ¿d uso de las mismas? A nuestro juicio todo puede armoni-zarse a fin de que quede cumplido lo que expresa el propio Wigmore en la cita del caso de Torres Gomes, a saber: “La frase corriente es que la divulgación puede ser necesaria ‘Siempre que resulte necesaria en el curso de la justicia,’ ’’ como al parecer resultó en el caso de Torres Gomes, supra.

Aquí, en este caso concreto sometido á nuestra conside-ración, conocemos la única causa alegada para pedir la ins-pección y sabemos que la corte de distrito dictó su resolución después de haber oído los argumentos orales de ambas partes. Nada induce a creer que abusara de su discreción. Sin embargo, para ulteriores casos deseamos recordar lo que dejamos expuesto, a saber: que la corte debe tratar de ejercer siempre su discreción en favor del acusado a fin de asegurar a éste las mayores oportunidades de defensa.

(b) Pero aceptando que de acuerdo con la ley y la doctrina del caso de Torres Gómez aplicada sin restricciones, debiera concluirse que la corte erró, ¿fue su error perjudicial?

Nada bay en los autos que lo demuestre. Al día siguiente de presentada la moción se llamó la causa para la vista. Preguntó el juez a las partes si estaban listas. Contestó afirmativamente el fiscal y la defensa dijo:

“Nosotros, señor Juez, no podemos anunciar que estamos listos puesto que bemos presentado una moción solicitando el sobresei-miento y archivo del caso . . .

Ninguna referencia hizo a su moción sobre examen de las notas. Y así entró a juicio, y repreguntó ampliamente a los testigos del fiscal y formuló mociones y objeciones reveladoras tíe un conocimiento pleno de los hechos sin que en modo alguno surgiera el menor obstáculo para su' defensa que pudiera estar basado en la falta de conocimiento de lo que pudieron haber declarado los testigos de cargo ante el gran jurado.

Bajo esas circunstancias, aunque se reconociera la exis-tencia del error, no siendo perjudicial no llevaría consigo la x evocación de la sentencia.

Al tercer error, que se refiere al sobreseimiento por no haberse celebrado el juicio dentro de los ciento veinte días que marea la ley, se allana el fiscal. Eso no obstante, un estudio detenido de los autos nos convence de que tampoco se ha probado su existencia.

Al llamarse el caso para la vista, el fiscal anunció que estaba listo. La defensa dijo:

“Nosotros, señor Juez, no podemos anunciar que estamos listos porque hemos presentado una moción solicitando el sobreseimiento y archivo del caso . . . nosotros vamos a proponer al Fiscal lo si-guiente : ¿ Admite que las cuestiones de hecho que alegamos en esta moción son ciertas? (Los hechos eran que la acusación había sido endosada por el Gran Jurado el 26 de diciembre de 1924 y el juicio se llamaba para celebrarse el 21 de mayo de 1925, sin que su cele-bración hubiera sido suspendida antes a petición del acusado).

Entonces la corte se expresó así:

“Este juicio fué suspendido a moción del Fiscal a la cual se opuso la defensa, y la corte entendió que el Fiscal tenía justa causa para la suspensión del caso y accedió a la suspensión solicitada por el Fiscal.

Luego el fiscal manifestó que aceptaba la certeza de los hechos alegados en la moción de sobreseimiento haciéndose constar además que la vista fué señalada para el 18 de marzo de 1925, que el fiscal solicitó la suspensión “por los motivos que aquí constan y que la moción de suspensión se haga parte con la resolución de Y. H. y el señalamiento hecho por Y. EL, y la orden de suspensión se haga parte del incidente sobre la moción de suspensión.” El juez preguntó al defensor: “¿Hay oposición?” y el defensor contestó: “En absoluto.” La corte resolvió: “Que se haga constar todo eso.” Pidió entonces la defensa que se hiciera constar también que se había opuesto a la moción de suspensión del fiscal y había tomado excepción a la resolución así: “porque no se hace constar del récord en qué consiste la justa causa para la de-mora, y porque entendemos que el hecho que se haya suspen-dido el caso no' interrumpe en forma alguna el término de ciento veinte días a que tiene derecho el acusado.”

El primer señalamiento o sea el hecho para el 18 de marzo estaba dentro de. los ciento veinte días, el segundo, o sea el hecho para el 21 de mayo rebasó el límite fijado por la ley en cerca de un mes. Esto es claro.

Ahora bien, ¿qué efecto produce la suspensión solicitada y obtenida por el fiscal?

A nuestro juicio depende todo de si la suspensión se debió o no a una justa causa y de la actuación posterior de la corte. Si la causa alegada era justa, cede el derecho del acusado a la realidad de los hechos. Y si la corte hizo el nuevo seña-lamiento dentro de un plazo razonable, cumplió debidamente la ley.

En la transcripción de los autos no aparece como debiera la. moción de suspensión ni la orden de la corte resolviéndola. De dichos documentos, según el fiscal y la corte, surgía la justa causa. Siendo ello así, la presunción de correcta que tiene la resolución del juez no ha sido destruida por el ape-lante.

La teoría del acusado es que necesariamente, no obstante la suspensión, la vista debió haberse señalado dentro de los ciento veinte días. Lo que decidimos es que cuando la corte ha cumplido señalando la vista dentro del plazo de ley y la vista se suspenda por justa causa a petición del fiscal, aunque la. corte debe siempre tratar de hacer un nuevo señalamiento en lo que resta del término, si no lo hace y las circunstancias que concurran justifican su actuación, no procede el sobre-seimiento.

El cuarto error no se señala debidamente. Parece suficiente contestación lo dicho por el fiscal de esta, corte en su alegato, que es como sigue:

“El apelante, al final de su alegato, establece cierto error, que no puntualiza al hacer el señalamiento de errores, pero que discute, alegando que se presentaron varios testigos de El Pueblo que no habían sido incluidos al dorso de la acusación presentada, y que dicha prueba fué una sorpresa para el acusado, quien no tuvo la opor-tunidad de defensa contra testigos que no aparecían de la acusa-ción.
“No creemos necesario hacer una extensa alegación a este Hon. Tribunal en el sentido de que no es fundamento para la revocación de la sentencia el hecho de que se presentaran por El Pueblo tes-tigos que no aparecían de la acusación o indictment. — El Pueblo vs. Alméstica, 18 D.P.R. 321; El Pueblo vs. Román, 18 D.P.R. 219.”

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Juez concurrente: Sr. Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con la sen-tencia y con la opinión, excepción hecha de la primera parte (a) de la discusión del 2g error.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió. El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. WOLF.

En el caso de El Pueblo v. Torres Gómez, 33 D.P.R. 185, se resolvió claramente que las notas taquigráficas tomadas durante nna sesión del gran jurado se convertían en un docu-mento público al ser transmitidas a la corte. En otras pa-labras, seg’ún se expuso en la opinión, después que terminan las sesiones del gran jurado, los motivos que ba habido para que se mantengan en secreto ban cesado, la Legislatura ha-reconocido que no es necesario guardar secreto por más tiempo y ba hecho que la transcripción taquigráfica se con-vierta en un documento público.

En la opinión de la corte en el presente caso se hace una cita de 16 Corpus Juris, al efecto de que las notas tomadas ante el gran jurado pueden hacerse públicas a discreción de la corte, pero la cita de casos del texto, en mi opinión, de-muestra definitivamente que esta regla existe solamente en ausencia de un estatuto a es© respecto. La regla del derecho común o de estados que no tienen un estatuto similar al nuestro, no podría prevalecer sobre la voluntad de la Legis-latura de Puerto Rico, según ha sido expresada en la Ley del Gran Jurado. Decir que la corte tiene discreción equivale a recurrir a una situación que existía en el derecho común o en aquellos estados que han seguido el derecho común, y a poner en la ley un elemento que la Legislatura no puso. Cuando la transcripción taquigráfica llega a ser un documento público, según hemos interpretado la ley, a la corte no le. queda más discreción que cuando se tratara de una demanda o una contestación. Ni' el juez ni el secretario pueden cam-biar la naturaleza de un documento público ni someterlo a la discreción de cualquiera de ellos. Esta corte necesariamente tuvo que tener serias dudas, y al leer la opinión de la mayoría, especialmente en vista de que en esta, parte del razonamiento' no todos los jueces concurrieron, yo no diría que el caso de El Pueblo v. Torres Gómez ha sido revocado.

El extremo sobre el cual los otros tres jueces estuvieron contestes fué que el acusado no sufrió perjuicio alguno. Cuando un acusado se ve privado de la oportunidad de repre-guntar para demostrar inconsistencias en las manifestaciones de los testigos que declaran contra él, entonces surge el per-juicio. A mayor abundamiento, en el caso de Torres Gomes el acusado ya tenía en su poder la transcripción taquigráfica de los procedimientos ante el Gran Jurado, pero no se reveló si existía o no una inconsistencia. La falta de oportunidad de repreguntar fué la razón fundamental para revocar dicho caso. El acusado no tuvo esa oportunidad en el presente caso.

La opinión de la mayoría dice que en los autos no apareen nada que demuestre perjuicio. Naturalmente. Un acusado nunca podría demostrar que ha sufrido perjuicio si no se le da la oportunidad de examinar las notas tomadas ante el Gran Jurado; si le son negadas por orden de la corte. El tiempo de que dispongo para escribir opiniones disidentes es limitado, y no examinaré las autoridades (probablemente hay algunas de este tribunal), pero me parece, si mal no recuerdo, que la regla es que en una causa criminal se presume que hay perjuicio cuando se comete error, y la falta de perjuicio debe -aparecer de los autos o de algunas circunstancias especiales del caso.

Por las razones que anteceden, disiento de la opinión de la- corte.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Roig Commercial Bank, demandante y apelado, v. Edardo Valladares, Isabel María Solá y Grillo y Salvador F. Solá, hoy su sucesión compuesta de sus hijos Delia Isabel, Salvador Félix y José Luis Solá y Solá, demandados y apelantes todos menos el primero.
    No. 4483.

    Visto: Junio 15, 1928.

      Resuelto: Junio 22, 1928.

      Andrés Mena Latorre, abogado de los apelantes; González Fagundo & González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El banco demandante obtuvo sentencia a sn favor por el montante de nn pagaré. Contra uno de los demandados, para probar que ella había otorgado poder a favor de su esposo, el banco presentó como prueba copia de una escritura de poder debidamente certificada por el notario. Se presentó objeción a que se admitiera este documento, en vista de que el banco que lo había obtenido no era parte interesada.. Muy acertadamente la. corte inferior resolvió que si bien la ley notarial decía que solamente ciertas personas podían obtener copias de escrituras, sin embargo, una vez obtenida, nada había que impidiera que fuesen ofrecidas como prueba.

Sin embargo, un banco que entabla una demanda fundada en un pagaré cuyo otorgante se supone estar actuando de con-formidad con la autoridad conferid ale en una escritura de poder, es una parte interesada en obtener copia de dicho poder. Una persona que contrata con un agente a nombre ■de su principal está siempre interesada en probar la exis-tencia de la agencia y tal interés generalmente es, pecuniario y suficiente.

Convenimos con la corte inferior y con la parte apelada en que de conformidad con el Artículo 119- del Código de Enjuiciamiento Civil, el otorgamiento y la autenticidad de un pagaré copiado en la demanda son admitidos a menos que se nieguen tales hechos en debida forma. Los apelantes dicen que no niegan el otorgamiento ni la autenticidad de dicho pagaré, pero niegan que el supuesto pagaré hipotético fuera identificado como el mismo pagaré en que se funda la demanda. La mejor respuesta a esta aserción es que el pagaré fué ofrecido como prueba durante el juicio, a pesar del hecho de que el banco demandante lo hizo por exceso de precaución. Este fué ofrecido como el pagaré que se describe en la demanda y no se hizo objeción específica por el fundamento de no haber sido debidamente identificado. Convenimos en que en la vista de un caso basado en un pagaré, un demandante debe probar que es dueño y tenedor del mismo en aquel entonces, pero esto fué hecho por el demandante.

La única defensa substancial, de podérsele llamar así, era que la demandada principal no recibió beneficio alguno del préstamo y nunca autorizó a su esposo como apoderado suyo a otorgar tal pagaré. La corte inferior contestó suficientemente esta contención citando el caso de Banco Comercial v. Arguinsonis, 35 D.P.R. 284. Convenimos con los apelantes en que una escritura de poder o un pagaré pueden ser atacados por varios fundamentos, aún si su autenticidad y otorgamiento son admitidos, pero no hallamos que durante el juicio se hiciera un ataque suficiente por medio de prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldret,

text:
    Rafael San Millán, demandante y apelado, v. José García Abreu, demandado y apelante.
    No. 4435.

    Visto: Junio 19, 1928.

      Resuelto: Junio 22, 1928.

      B. Agrait Aldea, abogado del apelante; B. Bivera Zayas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelado, Rafael San Millón, fué' nombrado por la Asamblea Municipal de Areeibo para el cargo-de' comisionado de servicio público, policía y prisiones de dicto-municipio de cuyo cargo tomó posesión, pero posteriormente-esa asamblea municipal dejó sin efecto diebo nombramiento y en su lugar nombró a José (Jarcia Abreu. Contra el último acuerdo estableció San Millón recurso de certiorari ante la Corte de Distrito de Areeibo, que fué resuelto en contra del peticionario, y entonces José (Jarcia Abreu tomó posesión del cargo. Apeló San Millón la resolución de la corte y- la revo-camos anulando el acuerdo de la asamblea municipal que anuló el nombramiento que bahía becbo a favor del demandante. San Millán v. Asamblea Municipal de Arecibo, 32 D.P.R. 281. Entonces Garcia Abreu abandonó el puesto.

Posteriormente San Millón demandó a José García Abreu para que le pagase la cantidad de $588.71 y sus intereses-legales por los sueldos que cobró durante dicho período como; funcionario de facto, y habiendo declarado la corte de distrito-a virtud de excepción previa formulada por García Abreu que la demanda no aducía hechos determinantes de causa de-acción, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, pero-fué revocada por este tribunal (San Millán v. García, 34 D.P.R. 326) declarando que un funcionario municipal de jure que ilegalmente ha sido separado de su. cargo puede recobrar del funcionario de facto el sueldo cobrado- por éste durante el período de exclusión ilegal de aquél. .

El apelante insiste ahora en las cuestiones en que fundó su excepción previa pero la sentencia últimamente citada resolvió la cuestión de derecho entre las partes, y después de ella sólo quedó pendiente la cuestión de hecho, en la que no hay controversia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Rafael Burgos Macías, demandante y apelado, v. Julio Esteves, demandado y apelante.
    No. 4317.

    Visto: Marzo 30, 1928.

      Resuelto: Junio 22, 1928.

      Antonio L. López y Luden Longchamps, abogados del apelante; 11. Muñoz llamos, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Burgos solicitó de 1a. Corte de Distrito' de Humacao la expedición de un auto de injunction dirigido contra Julio Esteves. La corte, considerando bastante la solicitud, fijó un día. para que compareciera el demandado a exponer razones por virtud de las cuales no debía librarse un auto con carácter permanente y, previa prestación de fianza por quinientos dó-lares, ordenó al demandado qne se abstuviera de continuar ejecutando los actos de que se quejaba el demandante. La fianza fue prestada y aprobada por la corte.

En el día señalado comparecieron ambas partes. Se dis-cutió primeramente una moción del demandado impugnando la suficiencia de la fianza que la corte declaró con lugar “de-jando sin efecto el injunction preliminar expedido.” En-tonces “de acuerdo con estipulación de las partes, se entró en el fondo de la cuestión” practicándose la prueba aportada por las mismas. Algún tiempo después la corte dictó senten-cia declarando sin lugar la petición,. Firme la sentencia el demandado archivó su memorándum de costas ascendente a $260 que fue aprobado después de los trámites de ley. La partida de honorarios monta a $250. Expedido mandamiento-para hacer efectivo el memorándum, el márshal lo- devolvió manifestando que el demandante carecía de bienes.

Entonces el demandado pidió a la corte que de acuerdo con lo que disponen los arts. 307 al 312 del Código de Enjuicia-miento Civil y lo que determina la ley No. 27 de 13 de abril de 1916 y la jurisprudencia establecida en el caso de Arbona Hnos. v. H. V. Christianson & Co., 26 D.P.R. 284, ordenara la citación de los fiadores a fin de que mostraran causa por qué no debía condenárseles al pago de las costas. La corte resolvió que habiendo sido dejada sin efecto la fianza, no procedía la citación de los fiadores que se solicitaba. Y contra esa resolución de la corte es que se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Estamos enteramente conformes con. el apelante en que las costas comprendiendo honorarios de abogado pueden recobrarse como parte de "los daños causados por la expedición indebida de un auto de injunction pudiendo dirigirse la acción contra el peticionario y sus fiadores, según ha resuelto esta corte en los casos de Moreno v. Martínez, 14 D.P.R. 383, Quiñones v. The American Railroad Company of Porto Rico, 17 D.P.R. 267 y Sucn. Jiménez v. Cruz, 31 D.P.R. 254, pero la situación aquí es distinta. En este caso la fianza se prestó con el único propósito de garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el mandamiento provisional de injunction. Fué impugnada por el propio demandado. La impug-nación se declaró con lugar y según las propias palabras de la corte el injunction preliminar expedido fué dejado sin efecto, conviniendo las partes en que continuara el procedi-miento basta ser resuelto como lo fué por el mérito de las alegaciones y las pruebas.

Aún en el caso de que no obstante haberse declarado in-suficiente la fianza por ellos prestada pudiera exigirse a los fiadores alguna responsabilidad, esa responsabilidad estaría limitada a los daños y perjuicios ocasionados exclusivamente por el injunction preliminar. Las costas que aquí se recla-man son las del pleito en su totalidad y véase lo que dice la jurisprudencia sobre la materia tal como la resume Ruling Case Law y se transcribe en el caso de Sucn. Jiménez v. Cruz et al., 31 D.P.R. 254, 255, citado por la propia parte apelante:

“ ‘Los honorarios que pueden recobrarse generalmente están li-mitados a aquellos que son necesarios al tratar de obtener la resolu-ción de un injunction, quedando excluidos los servicios prestados al hacerse una defensa general sobre los méritos, así como también los honorarios por servicios suministrados al pretender obtener sin éxito la disolución de un injunction. Por tanto, si un demandado en vez de procurar disolver el injunction preliminar trata más bien de im-pedir la expedición de un injunction perpetuo, o encamina sus es-fuerzos a hacer ineficaz la acción del demandante, el gasto incu-rrido por honorarios de abogado es un incidente en la acción y no puede recobrarse en concepto de daños y perjuicios originados por razón del injunction.’ ”

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la re-solución apelada.


text:
    Rafael Martínez Nadal, peticionario, v. Eduardo J. Saldaña, Secretario Ejecutivo, demandado.
    No. 256.

    Visto: Abril 30, 1928.

      Resuelto: Junio 25, 1928.

      M. Martínez Nadal, Adolfo Dones y Armando A. Miranda, abogados del peticionario; J. A. López Acosta, Procurador Generad Inte-rino y B. A. Gómez, Sub-Procurador, abogados del demandado; José Tous Soto, abogado del Partido Republicano Puertorriqueño, interventor.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Martínez Nadal, en representación del partido legalmente conocido con el nombre de “Partido Constitucional Histórico,” ba presentado una petición de mandamus, la que, según ba sido enmendada, puede decirse que tiene un triple aspecto, aunque desde luego, en la petición misma se solicita •que se bagan ciertas inscripciones. En primer lugar, acep-tando la ley tal como rige actualmente, dicbo partido alega haber llevado a las urnas en las últimas elecciones más del 20 por ciento de los votos emitidos en San Juan, y que, por tanto, de acuerdo con la sección 36 de la Ley Electoral, dicbo partido tiene derecho a nombrar candidatos para ese distrito por medio de convenciones debidamente convocadas, habién-dose celebrado en efecto una convención. El segundo aspecto ■de la petición es obtener el cambio de nombre del partido.. El tercer aspecto, que es el más importante, es que la sección 36 de la Ley Electoral sea declarada inconstitucional, en efecto porque al disponer que para que un partido pueda tener derecho a nombrar candidatos mediante convención, debe haber obtenido el 20 por ciento del total de votos depo-sitados en las últimas elecciones, la Legislatura ba excedido el límite de una reglamentación razonable de la franquicia electoral.

Para los fines generales de esta opinión debe agregarse ene durante las últimas elecciones se depositaron 253,520 votos, de los cuales 132,755 fueron depositados por el partido Unionista, 30,286 por el partido Republicano, 56,103 por el Socialista y 34,576 por el Constitucional Histórico, que es el partido interesado en esta petición. También hubo otros votos aislados.

Resolveremos primeramente los aspectos de menor importancia. La sección 36 de la Ley Electoral, según fné enmendada el 30 de junio de 1923, dispone:

“Cualquier partido político que hubiere depositado más del veinte (20) por ciento del voto total de la Isla para Comisionado a Washington en las precedentes elecciones generales, tendrá derecho a nombrar candidatos por medio de convenciones, debidamente con-vocadas. ’ ’

La mera lectura de esta sección nos lleva al convencimiento de que la intención de la Legislatura fue hacer que la dispo-sición relativa al 20 por ciento fuese aplicable al voto total depositado por un partido en la isla, y no al total de votos depositados en determinados distritos. La Legislatura tra-taba de definir lo que debía constituir un partido político.

Entramos a discutir la cuestión del nombre. En 1924, el antiguo Partido Republicano se dividió en dos sectores. Uno de ellos retuvo la maquinaria del partido, y continuó designándose con el nombre de Partido Republicano. El otro sector celebró una convención separada y llegó a ser conocido con el nombre de “Partido Constitucional Histórico,” que es el verdadero peticionario en este caso. El partido desea cambiar su nombre por el de “Partido Republicano Puro.” El demandado, en su carácter de Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, al igual que el interventor, el Partido Republicano Puertorriqueño, alegan que dicho Partido Republicano conserva aún el nombre y el emblema del partido. El peticionario alega que el Partido Republicano tiene convenida una fusión con el Partido Unionista, y que, por tanto, dicho Partido Republicano ha perdido su personalidad. Este, sin embargo, sostiene y demuestra que esta fusión no tendrá efecto legal hasta el día en que se celebren las elecciones.' La sección 42 de la Ley Electoral, según quedó enmendada el 7 de mayo de 1927, lee así:

“Ningún partido político adoptará como nombre o emblema nn nombre o emblema que se hubiere usado o adoptado previamente por otro partido político, en todo o en parte, si e’se otro partido to-davía reclama y usa dicho nombre o emblema.”

Estamos convencidos de que la Legislatura tenía derecho-a prohibir el uso de un nombre que otro partido utiliza par-cial o totalmente y que tal prohibición se hará extensiva a un nombre que el otro partido se proponga usar en las elec-ciones venideras. No importa que el día de las elecciones o posteriormente el otro- partido se proponga hacer una fusión con un tercer partido bajo un nombre distinto. El llamado Partido Republicano tiene una existencia legal independiente hasta el mismo día de las elecciones.

Podríamos decir incidentalmente que esto resuelve el derecho del partido legalmente reconocido como Partido Repu-blicano Puertorriqueño a intervenir en este procedimiento, según lo permitió el tribunal. Tal vez el interventor en su alegato ha discutido otras cuestiones, pero resolvemos que ello es inofensivo, especialmente en vista de que el peticio-nario no ha hecho objeción alguna a que el interventor com-parezca como amicus curiae. La intervención, no afectaba otros derechos que los correspondientes al partido mencio-nado.

El peticionario también alega que el candidato de su par-tido para comisionado residente obtuvo más de 90,000 votos en las últimas elecciones. Resulta este número de votos por-que el partido representado por él peticionario y el partido Socialista unieron sus fuerzas y postularon el mismo candi-dato. Quizá si las palabras de la ley electoral fuesen toma-das literalmente procedería tal interpretación, pero necesa-riamente la intención del legislador fué distinta. .

Antes de entrar a discutir la verdadera cuestión constitucional que tenemos ante nuestra consideración, sería conveniente hacer una ligera reseña de la historia de los partidos políticos de los Estados Unidos. Parece que hasta el año 1832 eran desconocidas las convenciones políticas se-gún se usaron posteriormente como medio de nombrar candi-datos y redactar plataformas. Más o menos en esa época y con posterioridad a la misma gradualmente comenzaron a usarse las convenciones, pero las papeletas electorales oficiales eran desconocidas por completo. Este estado de cosas, continuó, con pocas excepciones, por más de sesenta años. Un bosquejo tomado del Estado de Wisconsin demostrará las condiciones que prevalecían generalmente en los Estados Unidos. ‘ ‘ Había una gran variedad de papeletas electorales —no se exigía determinada calidad o color de papel — podían ser manuscritas o impresas o parcialmente manuscritas y parcialmente impresas, podía pegarse papel (stickers) y prácticamente no había restricción alguna sobre la libertad de acción del elector individual en lo referente a la forma de depositar su papeleta en la urna.” State Ex Rel Barber v. Circuit Court, 178 Wis. 468, 473. Frecuentemente se usaban papeletas conteniendo candidaturas íntegras preparadas por los organismos políticos. A fines del siglo, el sistema electoral australiano fué introducido, y bien pronto llegó a ser prácticamente universal. Es el sistema usado en Puerto Rico. Para la celebración de las elecciones, la Legislatura dispone que haya una papeleta oficial, cuya votación será secreta, y prescribe además toda la maquinaria electoral. La papeleta oficial, los partidos políticos o las personas con de-recho a estar representadas en las mismas, y cuándo son el objeto principal de la cuestión constitucional envuelta en este caso.

Más o menos en época contemporánea a la del sistema electoral australiano, el sistema de elecciones primarias o de preferencia fué introducido en los Estados Unidos. En éste se disponía la selección de ciertos candidatos en una elección celebrada varios meses antes de la elección general. Hasta cierto punto, esta elección primaria substituía las convenciones políticas, y así se le consideraba. Teóricamente, a esas pri-marias sólo asistían los afiliados de nn partido político. El objeto nominal de tales elecciones era quitar en lo posible el nombramiento de los candidatos de un partido, de las manos de los jefes políticos y ponerlos directamente en manos del pueblo. Podría decirse que una elección primaria era gene-ralmente propuesta para los partidos más importantes, o sea, para las organizaciones que hubieran depositado en las urnas un tanto por ciento crecido del voto total emitido en el es-tado en las elecciones anteriores. A los partidos que no habían depositado ese voto crecido, frecuentemente se les reservaba el derecho de reunirse en convenciones, siempre que. tales partidos hubiesen obtenido un tanto por ciento menor del voto total. También los partidos aún más pequeños con-servaron generalmente el derecho de figurar en la papeleta oficial mediante petición, bajo ciertas condiciones. General-mente, también se incluía una columna en la papeleta para votar independientemente de cualquier afiliación política. En un estado, el de Minnesota, donde se establecieron las pri-marias, el derecho a nombrar candidatos mediante convención fué abolido; pero bajo disposiciones muy liberales se con-servó el derecho de figurar en la papeleta oficial mediante petición. Puede que haya habido otros estados que también hayan suprimido las convenciones. El extremo que debe no-tarse es que el derecho de celebrar convenciones fué cuida-dosamente conservado/ hasta que, o a menos que, un sistema adecuado de elecciones primarias se introdujera en los dis-tintos estados. Nunca se ha adoptado el sistema de elecciones primarias en Puerto Pico.

Por tanto, los casos relativos a las condiciones de las cuales una legislatura ha.hecho que dependa el derecho a las elecciones primarias, deben ser examinados con cautela. El derecho a figurar en la papeleta oficial puede o no depender de las elecciones primarias. Puede haber formas indepen-dientes de figurar en la papeleta oficial. Algunas de las leyes aprobadas por las legislaturas se refieren al derecho de cele-brar elecciones primarias. Otras algo distintas hacen que el derecho a figurar en la papeleta oficial dependa, del resultado' de las elecciones primarias, a la celebración de las cuales el partido ya tenía derecho.

Cuando en los libros se mencionan por cientos tan altos como el 30, se refieren a cálculos basados en la fuerza del partido. En las primarias, con el fin de adquirir el derecho de figurar en la papeleta oficial, el partido debe en ciertos estados tener determinado tanto- por ciento no del voto total, sino del número de votos depositados por ese partido, di--gamos, por • ejemplo, para el cargo de gobernador en las elecciones anteriores. En otros estados las primarias deben expresar la verdadera voluntad de un número- considerable de los miembros del partido. El tanto por ciento así escogido no tiene relación legal- alguna- en estos casos con el voto total; depositado en el estado, sino que solamente determina la fuerza de un partido. En 1924 el juez que escribe- esta opi-nión expidió un auto alternativo de mandamus, acompañado de una opinión, en relación con la constitucionalidad de una sección diferente de la Ley Electoral. Martínez Nadal v. Saldaña, 33 D.P.R. 721. En ese caso, este juez se expresó así:

“Una elección de primarias, por sí, no constituye guía. Una ley tal no es la Ley de Elecciones. La gran corriente de autorida-des se pronuncia en el sentido de que para impedir el fraude y pro-ducir la fuerza del partido la legislatura puede exigir que el diez, veinte o treinta por ciento de los votantes de un partido aparezca el día de la elección primaria. Una de las razones para el número alto es estar seguro de que los candidatos son verdadera expresión del partido y que la selección primaria no es el resultado parcial obtenido por los votos de un partido contrario. Hay una hábil dis-cusión en el caso- de Ledgerwood v. Pitts, 125 S. W. 1036. .... No puede indicarse demasiado enfáticamente que el exigir que un determinado promedio de up partido anteriormente organizado esté presente en las urnas, nunca es otra cosa que una expresión de la fuerza del partido y por tanto siempre una posibilidad. Los líderes del partido con estos por cientos de todos sus miembros en un caso de emergencia pueden hallar las personas que van a las urnas.”

El sistema electoral australiano y el de elecciones pri-marias recibieron varios ataques, pero después de algún tiempo cada método o sistema fue aceptado casi uniforme-mente, y allá por el 1910 la jurisprudencia quedó fija (static). Gran parte de la historia y jurisprudencia sobre la materia puede bailarse en el caso de State ex rel McGrael v. Phelps, 144 Wis. 1, 35 L.R.A. (N. S.) 353, que puede decirse ba llegado a ser el caso principal y será mencionado varias otras eces en el curso de esta opinión.

Llegamos entonces a la cuestión esencial, o sea, si para que un partido tenga derecho a nombrar candidatos mediante convención el requisito impuesto por la Legislatura del 20 'por ciento del voto total depositado para Comisionado Resi-dente en las elecciones procedentes, es constitucional.

El poder gubernamental supremo puede reglamentar o disponer la celebración de elecciones en la forma que le plazca. Hasta que una constitución o un estatuto lo confiera, no existe el derecho natural al voto. Luego, ese derecho es un mero privilegio. La Legislatura de cualquier estado, sujeta tal vez a la Constitución de los Estados Unidos, puede hacer lo que le plazca. Cuando se redacta una constitución conce-diendo el derecho a ejercer la franquicia electoral, el derecho de la Legislatura queda claramente limitado por esa constitución. Minor v. Happersett, 21 Wall. 162; Gougar v. Timberlake, 148 Ind. 41, 62 A.S.R. 49, 37 L.R.A. 648, 46 N. E. 339; State ex rel McGrael v. Phelps, supra; State ex rel Barber v. Circuit Court, 178 Wis. 468, y casos allí citados; People ex rel Hotchkiss v. Smith, 206 N. Y. 231, 242; State v. Superior Court for King County, 60 Wash. 370, 111 Pac. 233, 140 A.S.R. 925; Attorney General v. Common Council, 78 Mich. 545, 18 A.S.R. 458, y nota; Katz v. Fitzgerald, 93 Pac. 112; State ex rel Plimmer v. Poston, 58 Ohio 620, 51 N. E. 150, 42 L.R.A. 238, con especial referencia a la opinión disidente; Independence Party Nomination, 57 Atl. 344; State ex rel Binner v. Buer, 174 Wis. 120; 20 C. J. 104 et seq., párrafos 90, 91 y 92; 9 R.C.L. 982 et seq., notas 10 y 11; 9 R.C.L. 1046 et seq., párrafos 63 y 64.

En los textos se hallan innumerables casos que han soste-nido el derecho de la Legislatura de reglamentar el sistema electoral australiano, el de primarias y el tanto por ciento de votantes en uno u otro sistema que dé derecho a figurar en las plumarias o en la papeleta oficial misma. En todas las opiniones está implícito, y con frecuencia mas o menos directamente expresado, que es una cuestión que incumbe al poder judicial determinar si la Legislatura se ha excedido o no en el ejercicio de una reglamentación razonable de las elecciones. State ex rel McGraél v. Phelps, supra, y otros casos. Mucho tiempo ha, el Juez Presidente Sr. Shaw, como portavoz de la corte, en el caso de Capen v. Foster, 12 Pick. 485, 23 A. D. 632, dijo que la Legislatura podía reglamentar dentro de límites constitucionales, pero que esa facultad no autorizaba el ejercicio de la autoridad legislativa en forma tal que, so pretexto y color de reglamentar, se destruyera o restringiera indebidamente el derecho mismo.. Con frecuencia pueden hallarse manifestaciones en el sentido de que si bien la Legislatura puede reglamentar, no puede entorpecer u obstruir seriamente la franquicia electoral. Una vez esta-blecido — dicen las cortes, — el derecho al voto es tan sagrado como cualquier otro derecho.

El 14 de mayo de 1928 la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que la relación existente entre la Carta Orgánica de las Islas Filipinas y sus asuntos gubernamentales era similar a la relación existente entre la constitución de un estado y el estado. Springer et al. v. Governor of the Philippine Islands. La Carta Orgánica de Puerto Rico estableció la franquicia electoral para Puerto Rico. Secciones 26, 27, 28, 29, 35 y 36. Estas secciones han sido copiadas íntegramente en el caso de Martínez Nadal v. Saldaña, 33 D.P.R. 721. Examinando esas secciones, no hay duda alguna de que las personas legalmente calificadas para votar en Puerto Rico tienen derecho a ejercer la franquicia electoral. Según la sección 35, la Legislatura puede, bajo ciertos límites, aumentar los requisitos, pero no puede privar o entorpecer u obstruir seriamente la franquicia electoral, una vez que ha sido otor-gada definitivamente.

La sección 36 de la Ley Electoral enmendada dispone:

“Cualquier partido político que hubiere depositado más del veinte (20) por ciento del voto total de la Isla para Comisionado., a Washington en las precedentes elecciones generales, tendrá dere-cho a nombrar candidatos por medio de convenciones debidamente-convocadas.”

Una disposición congruente con la anterior puede hallarseen la sección 14 enmendada, que lee así:

“Por partidos principales se significa los dos partidos políticos-, cuyos candidatos para Comisionado a los Estados Unidos obtuvieron el mayor número de votos, en primero y segundo término, deposi-tados para candidatos para aquel cargo en las precedentes eleccio-nes; por partido de la mayoría se significa el partido político cuyo-candidato para Comisionado a los Estados Unidos obtuvo el mayor-número de votos para candidato para dicho cargo en las elecciones1 precedentes; por partido organizado se significa un partido político' cuyo candidato para Comisionado a los Estados Unidos obtuvo un-veinte por ciento o más de la totalidad de votos para todos los can-didatos para aquel cargo en las elecciones precedentes; y cualquier partido político que haya adquirido la categoría de partido principal, partido de la mayoría o partido organizado, será considerado y tratado como tal hasta que un candidato de dicho partido para Comisionado a los Estados Unidos dejare de obtener en unas elec-ciones subsiguientes, el número de votos necesarios para alcanzar-dicha categoría de acuerdo con las reglas anteriormente expuestas en esta Sección.”

Oreemos que estas secciones, y especialmente la 36, nece-sariamente entorpecerán el derecho de los votantes en Puerto Rico. En el caso de State ex rel McGrael v. Phelps, supra, el Juez Asociado Sr. Marshall, hablando a veces quizá por sí mismo, demostró que había una zona neutral en la cual era peligroso que la Legislatura entrara. Dada la aceptación que el caso ha recibido, puede ser considerado como ley estable-cida. La corte declaró que dentro de esa zona neutral el tribunal debía seguir a la Legislatura, como lo hizo la corte de Wisconsin por el voto de la mayoría. Dos de los siete jueces disintieron. Los hechos sobre los cuales el Juez Marsh all evidentemente vaciló fueron los siguientes: La ley de 1909 disponía que si el número total de votos depositados en las elecciones primarias para todos los candidatos £íque eran postulados para determinado cargo en la papeleta de cual-quier partido” era el 20 por ciento o más” del número “depo-sitado para los candidatos de tal partido para gobernador durante la última elección general, ’ ’ el candidato que recibiera •el mayor número de votos “podía hacer figurar su nombre en la papeleta oficial en las próximas elecciones,” como can-didato de ese partido para tal puesto, etc. La diferencia •existente entre los jueces era si el requisito del 20 por ciento del voto total anterior del partido, aun en las elecciones primarias,' no era excesivo. La experiencia ha demostrado que si bien las personas van a votar a las elecciones generales en número suficiente, es difícil lograr que acudan a las pri-marias. ¿Debe un partido estar para siempre obligado a reunir sus huestes, especialmente en momentos de poca impor-tancia o cuando la nominación de determinado candidato es un hecho de antemano? Preguntas de esta naturaleza han •estado en las mentes de varios jueces.

Para tener una idea de lo que este requisito significaría, reproduciremos algunas cifras para Puerto Rico. Si la ley de Wisconsin hubiese prevalecido aquí, el Partido Unionista, que depositó 132,755 votos durante las últimas elecciones, tendría que producir 26,551 en las primarias, o sea, poco más del 10 por ciento del total de 253,520 de votos deposita-dos. El partido Socialista tendría que producir alrededor del 4 por ciento del voto total, y el Partido Republicano y el del peticionario, menos del 3 por ciento cada uno. La ley de Wisconsin y las de otros estados que exigen mi tanto por ciento alto en las primarias, serían claramente favorables a los par-tidos de la minoría, si el cálculo se hace tomando como base el número total de votos depositados en el estado. Si el cálculo se hace en relación con el número total de votos emi-tidos, el sistema de primarias es más fuerte para los partidos mayores que para los menores, pero al partido de la mayoría siempre debe serle posible reunir sus huestes, teniendo.un estímulo para hacerlo así.

En el caso de Wisconsin el Juez Marshall demuestra que disposiciones similares han sido sostenidas por las cortes, y pitó casos en que determinado tanto por ciento del voto total depositado había sido requerido en las primarias para poder figurar en la papeleta oficial. Mencionó tres casos que apa-rentemente requerían el 10 por ciento. Hemos examinado dos de ellos, y sólo exigían el 3 por ciento. El tercero era el caso de Minnesota titulado State ex rel Fitz v. Jensen, 86 Minn. 19, 89 N. W. 1126. Allí se exigía el 10 por ciento', se abolían las convenciones, pero se hacían disposiciones liberales para que los partidos tuvieran derecho a figurar en la papeleta oficial. En el caso de Minnesota, la corte dijo que algunos de los jueces creían que el tanto por ciento era crecido, pero evidentemente la corte resolvió que la fijación de este tanto por ciento no dejaba de ser un privilegio legislativo. El caso de Schafer v. Whipple (Col.) 55 Pac. 180, es uno de los que hemos hallado que demuestran que el estado exigía un tanto por ciento ascendente al 10 por ciento para que un partido pudiera' nombrar candidatos por convención, y se demostró que'una ley similar había, sido aprobada en el estado de Louisiana. Labauve v. Michel, 121 La. 374, 46 So. 430. En el caso de Colorado, un tanto por ciento menor del electorado puede obtener representación en la papeleta oficial mediante petición. No se levantó cuestión de constitucionalidad alguna respecto al derecho de fijar el 10 por ciento. No nos hemos detenido a examinar las condiciones existentes en Louisiana, pero allí se trataba únicamente de regular las primarias j no la papeleta oficial.

Desde luego que es físicamente imposible, dentro del tiempo de que disponemos, revisar todas las disposiciones estatutorias aplicables a determinada jurisdicción, y mucho-menos la jurisprudencia que abarca una cuestión tan general. Baste decir que el estudio que hemos hecho nos lleva al con-vencimiento de que cuando se limita el derecho de celebrar convenciones o aun de valerse de las primarias, el tanto por ciento raras veces excede del 5 por ciento del voto total de-positado, y generalmente es tan bajo como el 1, el 2 o el 3 por ciento. ' Podría decirse que el requisito del 10 por ciento es el límite de la zona neutral a que el Juez Marshall se refería, y que las legislaturas generalmente habían fijado un tanto por ciento mucho menor y dentro de límites estricta-mente razonables.

El Procurador G-eneral interino ha citado varios casos que han quedado cubiertos por el razonamiento que antecede. Sin embargo, hay un caso que es completamente distinto' y que no tiene aplicación alguna al presente. El estado de Washington dispuso que, con el fin de poder figurar en la papeleta oficial, un candidato debía haber obtenido el 40 por ciento de los votos depositados en las primarias, pero que si no se obtenía ese 40 por ciento, entonces debía hacerse la selección en otra forma. Respecto a este caso, por tanto, el 40 por ciento es una mera cifra, y no tiene relación alguna excepto en cuanto al resultado de las elecciones primarias mismas. Además, en el estado de Washington, por virtud de la misma ley, claramente se reservó el derecho a nombrar candidatos por convención para aquellos partidos que habían depositado menos del 10 por ciento de los votos depositados en las últimas elecciones. Los partidos qne obtuvieron más del 10 por ciento tenían derecho a recurrir a las primarias.

Se ban emitido varias ideas para explicar las exclusiones a que las legislaturas ban acudido. Una de ellas es que a menos que se fije el límite mínimo, cualquier pequeño grupo podría tratar de usurpar el derecho -de constituirse en un partido, al igual que, según lo han dicho las cortes en un número de casos, tres sastres de la Calle Tooley se llamaban a sí mismos “El Pueblo de Inglaterra. ’ ’ Sin embargo, cuando un partido puede obtener el 5 o el 10 por ciento del voto total de un estado-, no deja de ser una expresión considerable de la opinión pública. Otra idea, desde luego, es la de evitar que se llene demasiado la papeleta oficial, pero cuando una constitución concede el derecho al voto, un número considerable de electores no debe ser excluido por tal fundamento. La mejor opinión ha fijado un límite considerablemente más bajo. El estado de Wisconsin redujo el 20 por ciento del voto del partido al 10 por ciento, y, sin embargo, en un caso en que- se puso a prueba la ley, dos jueces disintieron de tal límite. State ex rel Bentley v. Hall, 178 Wis. 172. Debido a ciertas condiciones locales, el Partido Demócrata dejó de acudir en suficiente número a las primarias. La corte, no obstante, sostuvo el derecho de la Legislatura de fijar un límite mínimo razonable, citando con aprobación el caso de State ex reí McGrael v. Phelps, supra. La Legislatura pro-bablemente se rigió por la decisión de la corte en el caso de McGrael, y fijó un límite más bajo.

Una vez que el derecho al voto ha sido establecido defini-tivamente, el derecho del electorado a formar núcleos de opinión pública entre sí es tan sagrado como el derecho al voto. People v. Election Commissioners, 221 Ill. 9, 97 N. E. 323, 5 A. & E. Ann. Cas. 562; State ex rel Adair v. Drexel, 105 N. W. 174.

El caso de Johnson v. Grand Forks County, 113 N. W. (Dakota del Norte) es nno en que, entre otras cosas, la corte declaró que la Legislatura uo podía prescribir requisitos quo debía llenar el electorado o los candidatos en adición a los ya fijados por la Constitución, caso que está muy lejos de ser el que nos concierne. La corte citó el caso de Britton v. Board of Commissioners, 129 Cal. 337, 61 Pac. 1115, 51 L.R.A. 115. En ese caso, la corte, debido, podría decirse, a dispo-siciones constitucionales locales, declaró inconstitucional una ley de California que fijaba un límite mínimo del 3 por ciento. Aunque la tendencia, en lo esencial, ha sido hacia otra direc-ción, la opinión del Juez Asociado Sr. Henshaw ha sido citada con frecuencia. El dijo: “Los partidos políticos ac-tivos — partidos contrarios al partido dominante, — son, según se ha dicho, esenciales a la existencia misma de nuestro go-bierno. No puede negarse el derecho de cualquier grupo de hombres que sostienen credos políticos comunes o principios gubernamentales, de expresar sus ideas por medio de la orga-nización de partidos. ... No podría sostenerse una ley que impidiera tal organización política o que permitiera que esa organización cayera fraudulentamente en manos de sus adver-sarios. El proceder de los partidos políticos puede ser regla-mentado. La sabiduría del legislador muy bien puede ser ejercida al prescribir medios para poner coto a la corrupción política y al fraude; pero no puede permitirse que, so color de reglamentar, la Legislatura abra de par en par las puertas para que se cometan estos abusos mismos.’1’ Entonces la corte de Dakota del Norte citó de la obra del Sr. Wigmore sobre el sistema’electoral australiano, lo siguiente: “Pero debe recordarse que en este país puede haberse perdido la esperanza de que salga triunfante un- candidato, y, sin embargo, es importante y altamente deseable que tal candidatura figure como un medio de poner de manifiesto la fuerza de un sector del electorado o de determinado movimiento, llamando así la atención de los partidos principales y obligándolos - a modificar sus plataformas y su .política legislativa.”

La Legislatura puede reglamentar, pero no puede tras-pasar el límite de una reglamentación razonable. Las cortes, •podríamos decir que con algnna vacilación, ban bajado la cabeza ante la voluntad de la Legislatura cuando, al definir un partido político para los fines de las elecciones primarias, ba fijado un límite mínimo del 10 por ciento del voto total depositado en las elecciones precedentes. Generalmente en esos casos se ban dispuesto formas liberales para que un partido esté representado en la papeleta oficial. La Legis-latura, sin embargo, no tiene derecho a impedir que un par-tido exprese su voluntad mediante convenciones, a no ser que ese partido no represente una porción respetable de la comu-nidad. Por1 la experiencia en los Estados Unidos, puede de-cirse que un partido que hubiere depositado en las urnas más del 10 por ciento del voto total en las últimas elecciones es claramente demasiado fuelle para ser excluido. La ex-clusión que se trata de hacer necesariamente iimpide que un gran número de las personas con derecho al voto expresen la selección de sus candidatos en la manera normal. Decimos manera normal, porque en Puerto Rico la convención ha sido y es la única forma aceptada para que un partido reconocido pueda expresar su voluntad. Nó hemos encontrado caso alguno en que un partido, para ser considerado como tal para cualquier fin, haya tenido que exceder del 10 por ciento.

No es respuesta a esto argüir, como lo hizo el interventor, que un partido en minoría puede acudir al remedio de ins-cribirse por petición, y que el partido del peticionario de-mostró en la última campaña electoral que podía obtener el 10 por ciento por petición. El sistema de petición general-mente debe ser aplicado a un nuevo partido, o a un partido en decadencia, o a uno que no llegue a un límite razonable reconocido. En Alemania, recientemente treinta partidos políticos acudieron a los comicios. Aun habiendo tres o cuatro partidos políticos principales, cualquiera de ellos fácilmente puede tener menos del 20 por ciento del electorado. Debe permitirse que el pueblo exprese libremente sus ideales por medio de partidos, a menos que se trate de un caso de de minimis, según demuestra la referencia que se hace a los tres sastres de la Calle Tooley. Cuando se exige un número crecido, es difícil la inscripción por petición, la misma está sujeta a ataques, y somete a partidos más pequeños a serios inconvenientes.

La indicación de que actualmente existe en la papeleta oficial una columna independiente, necesariamente no consti-tuye una respuesta a esto. Desde tiempo inmemorial, las ventajas de la candidatura íntegra o de partido son dema-siado claras para que haya que comentarlas.

También se hizo la indicación de que la Legislatura de Puerto Rico desea conservar el sistema de grandes partidos. La Legislatura no tiene tal función en una república.- El electorado debe tener entera libertad de combinarse y de cam-biar su afiliación política cuando le plazca. Puede ser que en el día de hoy ciertos grupos crecidos sean deseables En el mañana, puede ocurrir todo lo contrario.

Tal vez si la ley sobre inscripción por petición hubiese sido más liberal, quizás podría decirse algo en favor del nombramiento de candidatos por petición. La Legislatura no ha creído prudente enmendar la sección 37 que exige el 10 por ciento del voto total, aun mediante petición, a pesar de que se considera crecido, y de que un juez de esta corte en 1924 expresó su criterio de que tal disposición era inconsti-tucional.

También se ha argumentado, o podría argumentarse, que la disposición relativa al 20 por ciento ha estado en nuestras leyes desde 1906. Nunca había sido atacada, tal vez porque no había habido ocasión para ello, aunque quizá pudo ata-cársele de acuerdo con la sección 29 de la Ley Foraker. Sea ello como fuere, la presente Carta Orgánica fué aprobada en 1917, y es la Constitución de Puerto Rico, independiente-mente de las leyes anteriores de nuestra Legislatura.

Para resumir, el derecho al voto está garantizado por la Carta Orgánica. En Puerto Rico no existen las elecciones primarias. Las primarias son nn substituto de las conven-ciones. Estas continúan siendo en Puerto Rico la forma ordinaria en que los partidos políticos designan sus candi-datos. Cualquier serio entorpecimiento del derecho a reu-nirse en convenciones, entorpece, por tanto, el derecho de los electores legalmente calificados de expresar su voluntad.

Por tanto, nos sentimos obligados a resolver que el requi- ' sito del 20 por ciento contenido en la sección 36 es irrazonable y nulo. No es necesario determinar específicamente para todos los casos cuál será el efecto de declarar esta sección inconstitucional. Simplemente resolvemos que el partido representado por el peticionario, y que depositó más del 10 por ciento del voto total emitido en las anteriores elecciones, tiene derecho a nombrar candidatos mediante .convenciones.

El Secretario Ejecutivo habló sobre discreción. Desde luego, el Secretario no sólo tendría discreción, sino el deber de negar una solicitud presentada por un peticionario que no represente un partido con derecho a celebrar convenciones. Si, según resolvemos, la sección 36 es inconstitucional, el deber de inscribir es claro. Que el recurso de mandamus procede para obligar al Secretario Ejecutivo a hacer esto, se desprende claramente de la Ley de Mandamus y de numerosas decisiones, algunas de las cuales hemos citado para otros fines en el curso de esta opinión.

Algo se dijo en las alegaciones, en los alegatos o durante la vista, sobre el hecho de que no se había recurrido al Secretario Ejecutivo para que hiciera una inscripción general del Partido Constitucional Histórico. Sin embargo, si según resolvemos, dicho partido tiene derecho a convocar convenciones y nombrar sus candidatos, el Secretario estaba obligado a inscribir las candidaturas para San Juan. Al presentársele una nueva petición, él estaría obligado a hacerlo así para toda la isla. El ha sido notificado suficientemente por la petición enmendada. En un asunto de esta naturaleza, cd. qúe el Secretario, bajo el consejo del Procurador General, está defendiendo la validez de la sección 36, no es necesario que se le baga un requerimiento expreso. A este respecto véase también el caso de Martínez Nadal v. Saldaña, 33 D.P.R. 721.

En tal virtud, siendo inconstitucional la sección 36 de la Ley Electoral vigente, es necesario concluir que el Partido Constitucional Histórico tiene derecho a inscribir la candi-datura del distrito de San Juan que eligió por convención y en su consecuencia, que debe expedirle el auto perentorio de mandamus solicitado.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Antonio Mattei Muñiz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 728.

    Sometido: Junio 22, 1928.

      Resuelto: Junio 25, 1928.

      J. A. Suris Agraít, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Mattei Muñiz, de estado casado, otorgó escritura publica con dos' hermanos suyos sobre división de la comu-nidad existente entre ellos en una finca rústica y de constitu-ción de una servidumbre de saca de agua y de abrevadero a favor de la porción que fué segregada, para él. En esa escritura no se expresó el nombre y apellido de la esposa de Antonio Mattei y cuando' el Registrador inscribió ese. documento hizo constar en cnanto a la inscripción de la ser-vidumbre el defecto subsanable de no expresarse en el docu-mento el nombre de la esposa de Antonio Mattei. Contra la consignación de ese defecto interpuso Antonio Mattei este recurso gubernativo para que revoquemos en ese particular la nota del Registrador.

Dispone la sección 16 de la ley notarial (sección 1994 de los Estatutos Revisados) que en el caso de que fuera casada la persona que aparezca como adquirente del derecho objeto del contrato, en los documentos públicos que autoricen los notarios, se expresará el nombre y apellido del cónyuge que no comparezca al otorgamiento; pero alega el recurrente que tal cosa no es necesaria en el documento que motiva este recurso porque la adquisición de la servidumbre se hace a título gratuito.

La ley no hace distinción. Exige ese requisito cuando una persona casada aparece como adquirente de un derecho sin distinguir si el derecho adquirido tiene el carácter de privativo o de ganancial, y nosotros no debemos hacer distin-ciones que pudo hacer el legislador' y que no hizo, quizás, en previsión de que el otro cónyuge pueda tener algún derecho en la adquisición.

La nota recurrida debe confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Félix Matos Bernier, demandante-apelante-apelado, v. Adelaida Coronas, Benito Zalduondo, Arturo Carreras, y Sergio León Lugo, demandados-apelados-apelantes; Félix Matos Bernier, demandante y apelado, v. Adelaida Coronas, Benito Zalduondo, Arturo Carreras y Sergio León Lugo, demandados y apelantes.
    Nos. 4101 y 4103.

    Vistos: Junio 7, 1928.

      Resueltos: Junio 27, 1928.

      Erasko Arjona Siaea y Carlos J. Torres, abogados de los apelantes; Francisco Parra Capó y L. Llorens Torres, abogados de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La finca objeto de este pleito, que es el solar con casa marcado con el No. 7 de la calle de la Victoria, hoy Simón Ivíoret, de la ciudad de Ponce, fue comprado por Adelaida Coronas Fernández por escritura pública del año 1878, es-tando casada con Vicente Gómez Gallero y fue inscrita a su favor en el Registro de la Propiedad en 1884. Después de ser viuda otorgó dicha señora escritura de venta de esa finca en España en el año 1921 a favor de Arturo Carreras Delgado en la que manifestó que en 1878 había comprado el solar con una casa de madera, que fue substituida en 1882 por otra de manipostería, o sea, de cal y ladrillo; que era de su exclusiva propiedad por haberla adquirido con parte del dinero que heredó de su padre; y que desde el año 1884 la había vendido con licencia de su esposo a Arturo Carreras, aunque no le otorgó escritura por causas ajenas a su volun-tad, No constando del registro que esa finca fuera un bien privativo de la esposa, en otra escritura del año 1923, otor-gada también en España, Adelaida Coronas y su hijo Vicente Gómez Coronas, como único heredero declarado judicialmente de su padre Juan Gómez Gallero, hicieron referencia a la escritura del año 1921 y ratificaron aquella venta, siendo inscrita la finca a nombre de Arturo Carreras el 18 de enero de 1924. Tres meses después de esta inscripción, por escri-tura de 23 de abril de 1924, Arturo Carreras Delgado vendió la mencionada finca a Sergio León Lugo, y a nombre de éste fué hecha en 12 de mayo de 1924 la tercera y última inscrip-ción de esa finca.

En junio de 1924 Félix Matos Bernier demandó a Ade-laida Coronas, a Benito Zalduondo, a Arturo Carreras y a Sergio León Lugo alegando que la expresada finca, que se describe en la demanda, le pertenece por haberla comprado en los últimos meses de 1918 y primeros meses de 1919 a Adelaida Coronas por mediación de su apoderado en esta isla Benito Zalduondo, venta que no se elevó a escritura pública debido a ciertos defectos que aparecían del registro de la propiedad según informes del notario encargado de' la escritura, no obstante lo cual tomó posesión de la finca, y por haber quedado la casa totalmente destruida, por los temblores de tierra ocurridos en esta isla allá por el 11 de octubre de 1918 edificó y reformó la casa con su peculio propio gastando unos $5,000; que la compra la hizo por $3,000, cantidad que por orden del apoderado de dicha señora quedó a su dis-posición en poder del demandante basta que fuese firmada la escritura correspondiente; y que posteriormente ba reque-rido al apoderado de la Sra. Coronas para que le otorgue escritura de esa, compraventa sin que él se la baya otorgada ni tampoco la señora Coronas.

Como segunda causa de acción se reprodujeron esas ale-gaciones y se agregaron las siguientes: que enteradqV el apoderado Zalduondo de las mejoras hechas en la casa -¡por el demandante, se confabuló y conspiró con su cuñado Arturo Carreras y con su poderdante Adelaida Coronas para des-pojar de esa finca al demandante y simulada y falsamente hicieron que apareciera en una escritura que se dice otor-gada en 1923 que Adelaida Coronas había vendido esa finca a- Arturo Carreras en 1884, siendo lo cierto que Carreras nunca ha sido dueño de ella: que Sergio León Lugo, Zal-duondo y Carreras, continuaron esa conspiración para des-pojar al demandante de la finca, y sabiendo que éste es su dueño y que la posee con tal título desde 1919, otorgaron la otra escritura por la cual Carreras vendió a León Lugo por $3,600 dicha finca, siendo ficticio ese precio; y que por esa compra Sergio León Lugo ha demandado en desahucio al de-mandante, demanda que ha sido conocida por el público y por la familia del demandante y que le ha causado sufri-mientos. Como tercera y última causa de acción se dan por reproducidas las precedentes alegaciones y se expone: que esos1 actos de los demandados han causado perjuicios al de-mandante en la cantidad de $10,000. Por esas alegaciones solicitó el demandante sentencia a su favor que condenase a Adelaida Coronas a otorgarle escritura de venta: que’de-clarase nulas las compras hechas por Carreras y por Sergio León con cancelación en el registro de sns inscripciones; y que los demandados le paguen $10,000 como indemnización de daños y perjuicios.

•El único demandado que contestó la demanda fue Sergio León Lugo, quien se opuso a ella y alegó como defensa su carácter de tercero por haber comprado de quien en el regis-tro aparecía como dueño, sin que en él exista asiento alguno a favor del demandante que lo llevara a tener conocimiento de que él era el dueño de la finca y la poseía; que pagó ante notario el precio de la compra que hizo y que no se confabuló con nadie para la compra; solicitando que la sentencia lo a.b|uelva de la demanda y declare con lugar sus defensas así como que es el único y legítimo dueño de la finca, y que el demandante la deje a su libre disposición,

Adelaida Coronas no fué citada y emplazada y en cuanto a Carreras y a Zalduondo se les anotó su rebeldía, celebrán-dose después el juicio y recayendo sentencia declarando con lugar la demanda en cuanto a Benito Zalduondo y Arturo Carreras Delgado a quienes condena mancomunada y solida-riamente a pagar al demandante la cantidad de $4,265.69 pór el importe de la inversión hecha en la finca por el demandante, y sin lugar la demanda en cuanto a estos dos demandados en todos los demás extremos; sin lugar también la demanda en todas sus partes en cuanto a Sergio León Lugo, a quien de-clara único y legitimó dueño de la expresada finca con buena fe y justo título sobre ella; y condena al demandante a que deje esa finca a la libre disposición de Sergio León Lugo.

Contra esa sentencia interpuso el demandante recurso de apelación que se ha tramitado en este Tribunal Supremo con el No. 4101, haciendo constar en su escrito que lo establecía en cuanto a los siguientes pronunciamientos: primero, en cuanto declara sin lugar la demanda en todas sus partes con respecto al demandado Sergio León Lugo; segundo, en cuanto declara con lugar las defensas interpuestas por Sergio León Lugo; tercero, en cuanto declara que Sergio León Lugo es el único y legítimo dueño de la finca con buena fe y justo tí-tulo sobre ella; cuarto, en cuanto condena al demandante Fé-lix Matos Bernier a que deje la finca en litigio libre y expe-dita al dicho demandado Sergio León Lugo; quinto, en cuanto declara sin lugar la demanda en todas sus partes con res-pecto a los demandados Arturo Carrera y Benito Zalduondo con referencia a los daños y perjuicios sufridos por el de-mandante Félix Matos Bernier, en adición a la suma de $4,265.69, invertida por éste en el inmueble litigioso.

También apelaron Zalduondo y Carreras, en cuyo recurso, tramitado bajo el No. 4103 de este tribunal, no han presentado alegato para sostenerlo por lo que debemos desestimar estas apelaciones.

Aunque la parte apelante alega quince motivos de error contra la sentencia apelada no tendremos necesidad de con-siderarlos separadamente porque todos ellos se refieren a tres cuestiones fundamentales, a saber: por no haber sido conde-nados los demandados Zalduondo y Carreras en daños y per-juicios en adición a los $4,265.69 que el apelante invirtió en la casa: en no haber condenado a Sergio León Lugo también a indemnización, y tercero, en haber declarado que Sergio León Lugo es el dueño de la finca y que tiene derecho a que se le entregue por el demandante.

Desestimada la apelación de Zalduondo y de Carreras contra la sentencia que los condenó a págar al demandante la cantidad de $4,265.69 como importe del dinero invertido por-el apelado en la casa en cuestión, queda firme esa condena en cuanto a ellos y sólo nos resta considerar en este particular si-debieron ser condenados también a pagar los $10,000' que se reclaman como indemnización de perjuicios, o parte de esa cantidad.

La demanda se limitó en su tercera causa de acción’ a reclamar esa cantidad como indemnización sin especificar en .qué consistían los daños; y en el juicio no presentó prueba de ellos, apareciendo solamente de ella que el demandante es nn escritor conocido y que la demanda de desahucio que contra él estableció Sergio León Lugo después de serle vendida dicha casa, la que fue declarada sin lugar y sin costas, le produjo sufrimientos y un gasto de $800 por su defensa en ese juicio.

En vista de lo expuesto la corte inferior no cometió error al dejar de condenar a Zalduondo y Carreras a indemnizar por esos perjuicios, ni tampoco en no condenar en ellos a Sergio León Lugo, porque como luego veremos, él ejercitó la acción de desahucio por ser dueño de esa finca.

. A fines del año 1918 y principios de 1919, Benito Zal-duondo, diciendo ser apoderado de Adelaida Coronas, resi-dente en España, sostuvo correspondencia con Félix Matos Bemier para venderle la finca en litigio, conviniendo en el precio, el cual nunca ha sido entregado por Matos, ni la escri-tura correspondiente se ha otorgado; pero mientras se otor-gase esa escritura el Sr. Matos Bernier se hizo cargó de alquilar la casa y de enviar el precio del arrendamiento a. Zalduondo, como, lo hizo, por lo menos hasta el 25 de febrero' de 1920 en cuya fecha escribió el apelante a Zalduondo una carta en la que le manifestaba haber alquilado la casa y remi-tiéndole el dinero por el arrendamiento de ella. Algún tiempo' después Matos Bernier hizo por su cuenta reformas en esa. casa y conceptuándose dueño de ella por su negociación con Zalduondo la ocupó con su familia. Tal era el estado de cosas cuando fué inscrita la venta hecha a Carreras y cuándo algún tiempo después también se inscribió la verificada a Sergio León Lugo.

En este pleito no se ha presentado prueba alguna de que Zalduondo tuviera poder expreso de Adelaida Coronas para vender sus bienes ni de que ésta interviniera para nada en las negociaciones de Zalduondo y de Matos Berni'er.

Con respecto a Sergio León Lugo tampoco hay prueba de que él tuviera conocimiento de las negociaciones habidas entre Zalduondo y Matos Bernier cuando compró la casa con su solar, de las que se enteró después de haber notificado su adquisición al Sr. Matos, quien ocupaba la finca en concepto de arrendatario, según le comunicaron Carreras y Zalduondo; y del registro nada aparece que impidiera a Carreras vender dicha casa y solar, inscritos a su nombre por título de compra, por lo que en vista de lo expuesto no podemos declarar que la corte inferior cometiera error al estimar que Sergio León Lugo hizo esa compra, cuyo precio pagó ante el notario que autorizó la escritura, de buena fe y que tiene un justo título a ella; y por eso tampoco cometió error al disponer, como solicitó el demandado León Lugo en su contestación como con-secuencia de sus defensas, que Matos Bernier deje esa finca a la libre disposición del comprador León Lugo.

Como el pleito se ha- seguido en Ponce y Zalduondo y Carreras viven en San Juan, así como otros testigos cuyas declaraciones quería utilizar el demandado León Lugo, se tomaron deposiciones a dichos testigos cuya admisión en el juicioi fué impugnada por el apelante, siendo éste uno de los motivos de su recurso; pero no solamente la Corte Municipal de San Juan encargada de tomar esas deposiciones comunicó oportunamente a la Corte de Distrito de Ponce el día señalado para tomarlas a fin de que fuesen notificados los abogados de las partes, lo que hemos de suponer que fué hecho por no haber prueba en contrario, sino que uno de los abogados del apelante admitió en el juicio que la notificación fué hecha pero insistió en su oposición porque no se le entregó copia del interi'ogatorio que se haría a los testigos. Sin embargo, tal requisito no era necesario porque la Ley de Evidencia que lo requiere para deposiciones tomadas fuera de esta isla no lo exige para las que aquí se toman, como puede verse por los artículos- 139 y 144 de dicha ley.

También alega el apelante que la corte inferior cometió error al no hacer aplicación en este caso del artículo 455 del Código Civil, que se halla en el capítulo que trata de los efectos de la posesión, y según el cual los gastos necesa-rios se abonen a todo poseedor, pero sólo el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se los satisfagan etc., de donde deduce que poseyendo la casa de buena fe en virtud de su negociación con Zalduondo tiene derecho a retenerla mientras le sea pagada la cantidad que en ella invirtió.

Hemos visto que si bien Zalduondo manifestó a Matos ser apoderado de Adelaida Coronas, no se ha probado que en efecto lo fuera ni que tuviera facultad expresa para venderla en nombre de ella y que la finca fué comprada por la Sra. Coronas estando casada, sin que conste del registro la proce-dencia del dinero empleado en esa compra, por lo que resulta ser ganancial, a pesar de lo cual Matos negociaba con Zal-duondo como apoderado de uno solo de los condueños, por lo que la posesión de Matos en la finca no puede ser considerada de buena fe contra los dueños, y por tanto no tiene derecho a retener la finca contra su actual derechohábiente hasta que le sean pagados los gastos hechos en la finca. Pero aun suponiendo que fuera un tercero de buena fe, tampoco tendría derecho a retener la finca contra Sergio León Lugo de acuerdo con el caso de Huyke v. Arrese, 12 D.P.R. 391, porque, como en él se dijo, las disposiciones del artículo 455 del código citado no tienen aplicación con aquellos que tuvieren el carác-ter de terceros por haber adquirido con las condiciones de la Ley Hipotecaria, y aunque haya poseído de buena fe carece de acción contra el tercero que compró, pues sobre la finca no pesaba carga alguna real.

Por los motivos expuestos la apelación No. 4103 inter-puesta por Zalduondo y por Carreras debe ser desestimada; y el recurso de Félix Matos Bernier, tramitado con el No. 4101, debe ser declarado sin lugar y confirmada en cuanto a él la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.