author: El Juez Asociado Se. Wiole,

text:
    Just, Demandante y Apelado, v. Just et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de matrimonio (moción de reconsideración).
    No. 2503.
    Resuelto en julio 16, 1923.
    Nulidad de Matrimonio — Impotencia—Causa de Acción. — En reconsideración de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en este caso el 8 de julio, 1922, 30 D. P. B. 755, se resolvió que el artículo 131 del Código Civil no da derecho a particulares para anular un matrimonio por impotencia del esposo y se pregunta si este derecho no corresponde exclusivamente a la esposa. Se resolvió, además, que un hijo natural bajo tal artículo no tiene interés bas-tante después de muerto su padre para anular tal matrimonio por dicha causa de impotencia, suponiendo que el padre lo hubiere tenido en vida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado- de los apelantes: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    Abog’ado del apelado: Sr. J. B. Soto.

   El Juez Asociado Se. Wiole,

emitió la opinión del tribunal.

En la anterior opinión emitida en este caso, 30 D. P, E. 755, dijimos que entendíamos el artículo 179 del Código Civil en el sentido de que confiere únicamente a la esposa un derecho a anular un matrimonio por causa de impoten-cia de su alegado esposó si quería hacerlo y era sui juris. Insiste el apelado en que no puede darse tal interpretación al artículo 179 del Código Civil, toda vez que el derecho se confiere indistintamente a todas las personas que en dicho artículo se mencionan. En nuestra anterior opinión se hizo referencia a la jurisprudencia de Francia y Louisiana. In-siste el abogado en que tanto en Francia como, en Louisiana, el derecho a una acción de nulidad por el funda-mento de impotencia está limitado expresamente.

Este pleito fné establecido en virtud de la teoría de que aquí el esposo no sólo era impotente, sino de insuficiente capacidad mental. Una mujer que se casa con un hombre de capacidad mental insuficiente, teniendo conocimiento del hecho, es culpable de un fraude. El matrimonio es nulo ab initio y no hay medio de darle validez. Tanto en España ■como en Inglaterra y en los Estados Unidos el origen de las reglas y leyes referentes al matrimonio y al' divorcio se encontraba en la Iglesia. Una ojeada a la historia del ma-trimonio en Inglaterra y en los Estados Unidos revela que el derecho a solicitar la nulidad del matrimonio por el fun-damento de impotencia generalmente pertenecía a las par-tes si no a la parte perjudicada solamente, debido en cierto modo a su origen en la Iglesia. Notas al caso de State v. Yoder y Bernett v. Bernett, L. R. A. 1916 C.

Asimismo nos atrevemos a afirmar que en los Estados Unidos como en España un contrato matrimonial en el cual uno de los esposos era impotente,' era anulable únicamente y no nulo ab imtio.

Con éstos antecedentes, en el año 1902 la Legislatura aprobó el Código Civil de Puerto Eico, cuyo artículo 129, prescribe lo siguiente:

“Artículo 129. — El matrimonio es una institución civil que pro-cede de un contrato civil en virtud del cual un hombre y una mu-jer se obligan mutuamente a ser esposo y esposa, y a cumplir el uno para con el otro los deberes que la ley les impone. Será válido •solamente cuando se celebre y solemnice con arreglo a las prescrip-ciones de aquélla, y sólo podrá disolverse antes de la muerte de cualquiera de los dos cónyuges en los casos expresamente previstos en este Código.”

Creemos que la mera cita de este artículo es bastante para probar que la legislatura tuvo la intención de que la institución del matrimonio debía quedar sujeta a las mis-mas reglas que regulan los contratos en general, a menos que hubiera algo peculiar en la relación matrimonial que la hiciera nula ab initio.

El artículo 179 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Artículo 179. — La acción para pedir la nulidad del matri-monio corresponde a los cónyuges, al fiscal y a cualesquiera otras personas que tengan interés en dicha nulidad.”

Surge entonces la cuestión de si un hijo natural tiene un derecho de acción o interés en anular el matrimonio de su padre.

El artículo 130 del Código Civil prescribe lo siguiente:

Artículo 130. — Los requisitos necesarios para contraer matrimo-nio son:

“1. Capacidad legal de los contratantes;
“2. Consentimiento de las partes contratantes;
“3. Autorización y celebración de un contrato matrimonial me-diante las formas y solemnidades prescritas por la ley.”

Sigue entonces en el Código una llamada “Sección Pri-mera”, titulada “Capacidad” en la que están comprendi-dos los artículos 131 al 135 inclusive del Código Civil. En estos artículos se trata de ambos, la capacidad y el consen-timiento, y no se diferencian claramente, de modo que la “capacidad legal” del artículo 130, no puede igualarse a la “capacidad” a que se refiere la “Sección Primera.” Sostiene la apelante con considerable apariencia de razón, que el amplio derecho para pedir la nulidad conferido por el artículo 179, debe tomarse en relación con el artículo 178 que precede inmediatamente, según el cual un matri-monio es nulo cuando no se ha contraído de acuerdo Con los “requisitos exigidos por el Código.” Alega ella que los requisitos “o condiciones” están especificados en el ar-tículo 130 y que dicho amplio derecho para pedir la nulidad se refiere únicamente a ese artículo y por tanto a una falta de capacidad legal. Resultaría, por tanto, que la impoten-cia no es una falta de capacidad legal, sino únicamente nna incapacidad especial, como la menor edad, n otras in-capacidades tratadas en el artículo 131 y siguientes. La capacidad legal debe, por tanto, significar la capacidad cuya ausencia fiaría nulo el matrimonio áb initio. Los derechos de acción para pedir la nulidad que estaban separados en tiempo de España, quedaron agrupados en el artículo 179, y esta es otra consideración que sostiene el punto de vista de la apelante, la alegada esposa en este caso, pnes parece impo-sible que la legislatura hubiera agrupado todos los derechos de ac'ción en un artículo sin ninguna consideración de si el contrato matrimonial contraído de tal modo- era absoluta-mente nulo, o meramente anulable.

Nos inclinamos a resolver, sin otra consideración, que un contrato de matrimonio que es meramente anulable puede continuar o ser ratificado por los actos de las partes Con tal que sean sui juris, como se indica en nuestra opi-nión original. La amplia facultad del artículo 179, al in-cluir al fiscal, tiende a mostrar qué la nulidad que fia de solicitarse era de carácter público. Cuando dos personas mayores de edad y de sano juicio no fian contraído ningún matrimonio anterior, y nada más fia ocurrido que anulase el-matrimonio ah initio, la continuación del matrimonio, de ser anulable, es una cuestión entre las partes y como los demás contratos, está sujeta a confirmación, ratificación o algo semejante.

Volviendo a examinar los artículos 130 y siguientes se verá que la incapacidad a que los mismos se refieren a ve-ces fiará nulo un matrimonio ah initio y otras meramente anulable. Por preceptos específicos de los mismos las par-tes en ciertos casos pueden ratificar el matrimonio o renun-ciar sus derechos. Un menor que contrae matrimonio sin el consentimiento de sus padres puede convalidar el matri-monio al llegar a su mayor edad. El pupilo que contrae matrimonio con su tutor antes de que se aprueben definí-tivamente las cuentas de la tutela, etc., puede asimismo ratificar el matrimonio al llegar a su mayor edad. En el caso de Ledesma v. Agrait, 19 D. P. R. 566, resolvimos asi-mismo que las disposiciones del artículo 1362 permitían la ratificación de contratos en los que se observaban las for-malidades externas del artículo 1228. Pero la considera-ción principal por virtud de la cual resolvemos este caso es que el demandante, apelado, no lia demostrado un interés tal que le dé derecho a una acción. En cuanto a esta parte de la discusión puede suponerse que el artículo 179 se re-fiere a cualquiera clase de incapacidad.

El demandante aquí únicamente podía derivar su derecho a establecer esta acción debido a la muerte de su padre. Antes de esa fecha.él sólo tenía un interés en expectativa, que no es un interés suficiente, como indicamos en el caso de El Pueblo v. Alcaide, 29 D. P. R. 184.

Durante la vida de su padre, suponiéndole de sano jui-cio, el derecho a anular el matrimonio, si existió en abso-luto, pertenecía al padre del demandante, que reunió en si todos ‘los derechos universales, los cuales por la ley civil se trasmiten a un heredero. Creemos que es aparente que el artículo 179 se refiere a un interés que existe al cele-brarse el matrimonio, o por lo menos, cuando se descubre el alegado motivo de nulidad. Es un interés1 que debe exis-tir al celebrarse el matrimonio, aunque la causa de acción pueda surgir luego al descubrirse el defecto. Las partes en un contrato anulable que trae por consecuencia un ma-trimonio son las únicas,' excluyendo al fiscal, que tienen un derecho existente en anular el matrimonio.

No habiendo.el causante ejercitado el derecho de nulidad, si alguno tenía, este derecho no era una de las causas de acción que s¿ traspasaba a los herederos. Era personal en el causante.

Piemos dicho que el fiscal quizás debe ser excluido pero dudamos fuertemente si la intención de la legislatura fué autorizar al fiscal para anular un matrimonio celebrado en-tre personas sm juris cuando ese matrimonio es única-mente anulable, a menos que el gobierno tuviera algún ver-dadero interés en anular el matrimonio.

Además, dudamos seriamente, si es que no resolvemos, que es únicamente la esposa la que puede establecer una acción en contra de su marido por el fundamento de im-potencia. Esta es la regla general en los Estados Unidos y no se nos ba citado ningún caso en contrario.

Otras consideraciones conducen al mismo resultado general de que la legislatura no tuvo la intención de que un matrimonio anulable, como el que aliora consideramos, de-bía de ser anulado a solicitud de un heredero, directo o cola-teral. Las actuales leyes estatutorias de Puerto Eico no disponen absolutamente nada sobre los efectos civiles de un matrimonio contraído de buena fe. El artículo 69 del Có-digo Civil español sí lo hacía. Ese artículo ha sido supri-mido. Los hijos concebidos después de celebrado un ma-trimonio anulable podrían llegar entonces a convertirse no sólo en ilegítimos, sino sin derechos civiles. Nada se prescribe con respecto a su condición legal. Si dos personas que viven juntas por años como marido y mujer deseaban legitimar su prole y uno de los esposos era impotente, tai legitimación no podía tener lugar existiendo la oposición por un heredero. Semejantes resultados no podían estar en la mente de la legislatura y es el deber de la corte dar aquella interpelación a nuestros estatutos que no conduzca a estos u otros supuestos absurdos. Holy Trinity Church v. United States 143 U. S. 457.

Como el caso ha de devolverse para la celebración de un nuevo juicio es innecesario resolver si el demandante probó debidamente que él era el hijo del causante, pero la cues-tión puede ser presentada de nuevo.

Por estas razones dictaremos otra vez la sentencia qne anteriormente dictamos y qne ahora hemos reconsiderado.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Serrallés et al., Demandantes y Apelantes, v. ‘‘Sucesión de Juan Serrallés,’’ Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reivindicación de una finca, etc.
    No. 2850.
    Resuelto en julio 18, 1923.
    Reivindicación — Evidencia Acumulativa — Error no Perjudicial. — La no ad-misión de cierta evidencia documental acumulativa, tendente a acreditar el pago de contribuciones, de ser error, no fué perjudicial en este caso.
    •Id. — Evidencia—Presunciones'—Autenticación de Firma. — No constituye error el negarse a admitir en evidencia una carta sin fecha cuya firma no se autenticó y cuya antigüedad no quedó acreditada.
    Id. — Prueba Contradictoria — Apreciación de Prueba Contradictoria. — Anali-zada la prueba que sirvió de baso a la sentencia, se resolvió: que los autos no demuestran que al apreciarla en favor de la demandada, la corte inferior cometiera error fundamental alguno.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. R. Martínez Nadal.

    Abogado de la apelada: iSr. F. Parra Capó.

   El Juez Pbesidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Está envuelta en este pleito la cuestión de propiedad de cierta finca rústica denominada ££Las Hoyas,” situada en el término municipal de Santa Isabel.

Se alega en la demanda que la finca de que se trata fué comprada por don Juan Serrallés en 1877 para darla como la dió a su hermano don Marcial, causante de los deman-dantes, £íen recompensa de trabajos que el mismo le había hecho.” Que la escritura primeramente se redactó a nom-bre de don Marcial dándose a la finca el nombre de “Re-galo,” pero luego se otorgó a nombre de don Juan para ■que éste que estaba en mejores condiciones para ello, es-tableciera cierta reclamación con respecto a la cabida de la finca. Se alega además en la demanda que don Marcial po-seyó quieta y pacíficamente la finca, en concepto de dueño, basta su muerte ocurrida en 1906, entrando entonces en po-sesión sus herederos los demandantes y estándolo basta 1908 en que tuvieron que abandonarla a virtud de senten-cia de desahucio.

Contestó la sociedad demandada alegando que la finca en cuestión fué comprada en efecto por don Juan Serrallés ■de su dueño don José Cerdá pero no en 1877, sino en 1881. Negó que la adquisición se hiciera primeramente a nombre de don Marcial, ni definitivamente a nombre de don Juan para don Marcial. Expuso que don Juan a los efectos de evitar disgustos entre los mayordomos y su hermano don Marcial en relación con el cuido del ganado, adquirió “Las Hoyas” y la entregó a su hermano para que cuidara en ella el ganado que tenía, con la sola obligación de encar-garse del pago de las contribuciones de la finca. La pro-piedad permaneció siempre en don Juan. Al morir éste, fué adjudicada la finca a sus herederos y luego los herede-ros la aportaron a la sociedad demandada.

Se celebró el juicio practicándose una larga prueba tes-tifical y documental, y la corte, “como resultado de toda la evidencia en conjunto,” opinó que la ley y los hechos es-taban a favor de la parte demandada y dictó sentencia de-clarando sin lugar la demanda, con las costas a los deman-dantes.

No conformes los demandantes establecieron el presente recurso de apelación señalando los siguientes errores come-tidos a su juicio por la corte, 1, al dejar de emitir la rela-ción del caso y opinión que ordena la ley; 2, al negarse a admitir como prueba dos comunicaciones de apremio de la Alcaldía de Santa Isabel fechadas en 1899; 3, al admitir como prneba el testamento de don Juan Serrallés; 4, al admitir como prueba la partición de bienes llevada a efecto con motivo de dicho testamento; 5, al no admitir como prueba cierta carta de José Santiago; 6, al admitir, como prueba ciertos recibos de contribución; 7,' al apreciar en general la prueba en favor de la demandada, y 8, al re-conocer un valor probatorio que no .tiene a la intervención de’ don Marcial Serrallés en las operaciones particionales del caudal hereditario de su hermano don Juan,

Examinemos el primer error. Además de la sentencia existe una llamada relación del caso y opinión. Dicho do-cumento sólo contiene una conclusión general. No fué esa la intención de la legislatura. De acuerdo con el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó en-mendado en 1911, el juez “hará y archivará una relación breve del caso exponiendo los hechos según éstos resulten ante él y dando las razones^ en que funde su decisión. Las itálicas son nuestras. Esta corte ha insistido en que los jueces deben cumplir con el deber que la ley les impone, pero también ha resuelto, entre otros en el'caso de Quiñones v. Vivoni, 20 D. P. R. 490, 494, que la falta de cumplimiento de tal deber no lleva consigo la revocación de la sentencia.

Veamos el segundo error. Los demandantes introdu-jeron como prueba dos cartas firmadas por Francisco Se-garra que comienzan así: “Alcaldía Municipal de 'Santa Isabel.” Una está fechada el 15 de abril de 1889, otra el 16 de agosto de 1889. Ambas están dirigidas a don Mar-cial Serrallés y en ellas se le requiere para que pague sus contribuciones al Tesoro.

Para evitar una larga discusión técnica, puede acep-tarse que el error fué cometido. Esa aceptación no tiene-' importancia alguna para la decisión del recurso. El error no fué perjudicial. Con mejor prueba documental, — certifi-cación del Secretario del Ayuntamiento de Santa Isabel,— acreditó la parte demandante que sn cansante desde 1880 liasta la implantación del “Bill Hollander” pagó a título de dneño las contribuciones que se imponían a la finca “Las Hoyas.” La misma parte demandada admitió que la finca fué entregada a don Marcial con la única obligación de que pagara las contribuciones. Las cartas de que se trata cons-tituían prueba simplemente acumulativa.

A nuestro juicio no existen los errores señalados con los números tres y cuatro. Tanto el testamento como las ope-raciones particionales fueron propia y debidamente admi-tidos. Esta conclusión quedará explicada cuando examine-mos conjuntamente los errores siete y ocbo.

La corte no erró al negarse a admitir una carta sin fe-cha firmada por “José Santiago” no obstante la declara-ción de la testigo Mercedes Serrallés que dijo que la ha-bía encontrado entre los papeles de su padre. Su padre murió en 1906 y no consta con certeza cuándo la recibió. La antigüedad del documento no quedó acreditada y siendo ello así debió autenticarse la firma.

Tampoco erró la corte al admitir ciertos recibos del pago por la parte demandada de la contribución impuesta a la finca después del desahucio. En realidad de verdad dicha prueba carece de importancia.

En la discusión de los errores séptimo y octavo, espe-cialmente en la del primero, pues el octavo está compren-dido en el séptimo, es que descansa la decisión de este in-teresante litigio.

Extensa y hábilmente analiza la prueba la parte' apelante en su ■ alegato. Menos extensa pero no menos hábilmente la analiza también la parte demandada en el suyo. Sos-tiene, la parte apelante que alegó y probó que la finca en cuestión le pertenece a titulo.de compra que para él hizo el causante de la demandada y si así no se estimare, a virtud de prescripción. Existe una incongruencia entre lo alegado y lo que intentó probar con sus testigos en el juicio la parte demandante. En la demanda se alega nna donación remunerativa, los testigos hablan de una compra hecha con dinero de don Marcial quedando el título a favor de don Juan para ser traspasado en el momento oportuno. En la partición de los bienes que dejó a su fallecimiento don Mar-cial'se hizo figurar la finca de que se trata como adquirida por don Marcial y su esposa en 1883 a título de herencia de su menor hija Juana que a su vez la había adquirido por donación graciosa que le hiciera su tío y padrino don Juan Serrallés.

Hechas estas observaciones preliminares a las cuales llama la atención la parte demandada en su alegato, vea-mos a grandes rasgos cuál fué el resultado de la prueba.

No hay cuestión alguna con respecto a la identidad de la finca. La redamada,por los demandantes está poseída por la demandada.

Se admite por la parte demandada que el causante de los demandantes y luego éstos estuvieron en posesión de la finca desde 1881 hasta 1908 en que los demandantes fue-ron desahuciados. Y aquí surge el conflicto en dos extre-mos esencialísimos: punto de partida de la posesión; con-cepto de la misma.

La prueba escrita más antigua que aquí existe es la es-critura pública de 22 de agosto de 1881 por virtud de la cual don Juan Serrallés compró a su dueño don José Cerdá la finca de que se trata. En dicha escritura no se hace re-ferencia directa ni indirecta a don Marcial Serrallés. Pa-saron los años. Murió don Juan y entre sus bienes se in-ventarió la finca y se adjudicó a sus herederos. Los here-deros luego la aportaron a la sociedad demandada. A vir-tud de esa cadena de títulos probados por documentos pú-blicos, es que la demandada posee en la actualidad la finca .que reclaman como suya los demandantes.

¿Qué prueba aportan para ello? Los mismos demandan-tes la clasifican así: testifical, documental, admisiones. Examinemos la testifical.

El testigo Juan Príncipe declaró substancialmente, que la finca objeto de este pleito fué comprada en el año 1877, a principios de año para don Sebastián Marcial Serrallés quien entró inmediatamente en posesión de la misma en lo que se le transmitía la escritura, y se arreglaban ciertos inconvenientes; .que la venta en realidad la hizo don José Quesada pero que antes de otorgarse la escritura, aunque ya en posesión don Marcial Serrallés de la finca, éste en-contró que le faltaban unas 40 cuerdas y como era un hombre alcohólico y de genio un poco agresivo y de poca capa-cidad mental, el señor Quesada no pudo entenderse con él y entonces le pasó la escritura a don José Cerdá, pero éste tropezó con los mismos inconvenientes dél carácter y la. in-transigencia de don Marcial y tampoco le pudo pasar la es-critura por lo que entonces tuvo que intervenir don Juan Príncipe, el testigo, que es el que había .hecho de corredor en la venta y se dirigió a don Juan Serrallés y al contarle a éste los entorpecimientos que tenían con don Marcial para el otorgamiento de la escritura, don Juan Serrallés le dijo “tú sabes como es Marcial, no le hagan caso, pásame la escritura a mí y yo pago los dos mil pesos; porque yo tengo dinero de Marcial;” que entonces así se hizo y don José Cerdá pasó la escritura a nombre de don Juan; que desde el año 1877 hasta que se pasó la escritura y quedó legalizado el negocio transcurrieron por lo menos de 3 a 4 años; que don Marcial se hizo cargo de la finca y entró a a poseerla como dueño en el 1877 y que él lo vió haciendo actos de dueño sin ser interrumpido por nadie ni sin inter-vención de don Juan Serrallés desde esa fecha.

Juan Bota depuso: que en el año 1877 vino de España y se colocó de segundo mayordomo con don Juan Serra-llés en la hacienda “Mercedita,” la “Fe,” “Laurel” y otras de dicho señor; que luego ascendió a primer mayordomo y más tarde, al embarcarse el administrador don Pedro Salas, don Juan Serrallés lo ascendió a administrador general y que fué su empleado durante diez y seis años; que desde el año 1877 siempre le oyó decir en conversaciones a don Juan Serrallés que la estancia situada en “Las Ho-yas,” barrio del “Descalabrado,” Santa Isabel, era de su hermano don Sebastián Marcial Serrallés ; que esto lo de-cía don Juan Serrallés con frecuencia en conversaciones que tenía con sus mayordomos durante las comidas que hacían juntos; que recuerda que una vez le dijo delante de don Eduardo Wellemkamp, su apoderado general, don Pedro Salas su administrador de campo y don Perico Fournier su tenedor de libros; que durante los diez y seis años que per-maneció colocado con don Juan Serrallés nunca como ma-yordomo ni después como administrador general intervino ni recibió de don Juan órdenes de intervenir en la estancia de “Las Hoyas,” de su hermano'don Marcial; que como administrador general estuvo encargado durante varios años de la dirección del cultivo y administración de todas las fincas de don Juan Serrallés y que nunca intervino en la estancia de don Marcial; que en cambio administraba y dirigía una estancia de “Río Cañas” pegada al “Río Des-calabrado” de Santa Isabel y que está separada de la de don Marcial por el río y que recuerda perfectamente que volteando a caballo una vez esta estancia de “Río Cañas” en unión de don Juan, éste le dijo “mira ésa es la finca de mi hermano Marcial” y que entonces pasaron el río y la vieron y que recuerda que colindaba con un tal Salich, y con don Pedro María Descartes; que le consta que don Marcial Serrallés era el único que hacía actos de dueño en esa finca sin oposición de nadie y que no sahe si esa finca fué comprada por don Marcial o se la regaló don Juan Se-rrallés pero lo que sí sabe es que éste decía que era de su hermano don Marcial.

El testigo Alers declaró, que estuvo más de veinte años empleado con don Marcial Serrallés y que éste era' el único qne se tenía por dueño, administraba, vendía frutos, pa-gaba trabajos y ordenaba cultivos en la finca “Las Ho-yas,” sin rendirle cuentas a nadie y sin ser interrumpido por nadie en la posesión; que nunca vió a don Juan Serra-llés ni a los mayordomos o empleados ele éste voltear ni administrar ni ordenar nada en dicha finca y que esto fué así siempre durante la vida de don Marcial y durante los dos1 años después de su muerte, que la poseyeron como dueños, quieta, pública y pacíficamente sin interrupción de nadie sus hijos Marcialito, padre del menor demandante y la otra de-mandante su hija Mercedes, hasta el año 1908 en que por primera vez vió en el camino de esa finca a don Canuto del Valle, 'empleado .de la Sucesión de don Juan Serrallés quien le anunció que en aquel momento lo iban a desahuciar de la finca, pues él era el que estaba encargado de adminis-trarla entonces por orden de los hijos de don Marcial.

Y el testigo Salich depuso, que es de 74 años de edad; que siendo él un hombre como de 30 años había estado a hacer unos trabajos en una finca colindante ele la que aquí se reclama y ya estaba en posesión de ella quieta y pacífi-camente como dueño, don Marcial Serrallés,

Otros testigos declararon sobre los mismos extremos pero los anteriores son en verdad los testimonios más im-portantes y los expresamente invocados por los apelantes al discutir el séptimo error que estamos examinando.

Como admisiones se presentaron las de Juan Eugenio Serrallés y Eduardo Wellenkamp.- El primero, miembro de la sociedad demandada, según declaró la demandante Mercedes Serrallés, cuya declaración está corroborada por la de su costurera Martina Ramírez, allá por el 1908 cuando se tramitaba el desahucio, visitó a Mercedes y como ésta se le quejara le dijo que le quitaban la finca porque sa-bían que ella iba a venderla y malbaratar el dinero, pero que él sabía que era de ella. Y el segundo, apoderado general de la Sucesión Serrallés, según el testigo Manuel Vidal Sánchez, cuando el testigo fué a hablarle del asunto por tratarse del arreglo de la testamentaría de la esposa de don Marcial, respondió: “dígale a Marcial que no se apure, que no tenga miedo, que en cuanto yo me levante le pasaré la escritura de ‘Las Hoyas’ porque la Sucesión de don Juan Serrallés sabe que esa finca no es de ella, que esa finca es de Marcial. ’ ’

Con respecto al pago de contribuciones se presentó una Certificación expedida en 1914 por el Secretarúo del Ayun-tamiento de Santa Isabel, que, en lo pertinente, dice:

‘ ‘ Certifico: Que don Marcial Serrallés y Colón, desde el año mil ochocientos ochenta, hasta la implantación del Bill Hollander, pagó a título de dueño, las contribuciones que se le imponían a una finca compuesta de doscientas cuarenta y una cuerdas radicada en este término municipal, barrio Descalabrado, sitio ‘Las Hoyas’ y nombrada Regalo.”

Y otra autorizada por B. B. Dix, Tesorero interino, que expresa:

“Que según consta de los antecedentes que existen en este De-partamento correspondientes a la valuación de la propiedad del año económico de 1901 a 1902 Marcial Serrallés ha declarado poseer en el barrio Descalabrado, del término municipal de Santa Isabel, las siguientes propiedades: ‘Rústica ciento cincuenta y una cuerdas de terreno valoradas en $3,000, una casa en $200 y personal $1,152, total cuatro mil trescientos cincuenta y dos dollars. La planilla figura firmada — S. M. Serrallés — a las que se les asignó 43 dollars 52 cents., por toda contribución al año, la cual ha sido liquidada por recibo número 50 asst, del referido año económico de 1901 a 1902.”

Y, por último, se introdujo una carta que copiada a la .letra, dice-

“Sr. D. S. M. Serrallés: — Iída. Mercedita. — Marzo 17/889.- — Es-timado hermano: He amanecido hoy bien de mi garganta. Le dije a don Eduardo como yo salgo para Santo Domingo que él te pase la escritura de las Hoyas a tu favor; él sabe que esa finca lia sido comprada para ti. He recibido el maíz que bas remitido. Tu hermano, Juan.1 ’

Si se da crédito a la prueba de los demandantes, sería necesario concluir que la finca en cuestión les pertenece.

¿Apreció la corte de distrito esa prueba apasionada-mente1? ¿Cometió algún error manifiesto al resolver el con-flicto existente entre esa prueba y los títulos aportados por la sociedad demandada, en favor de ésta?

Analizada en sí misma, deja la prueba de los deman-dantes cierta duda en el ánimo del juzgador. Hay un fle-cho que no es posible destruir: la escritura de adquisición de la finca por don Juan Serrallés en 1881. Como la po-sesión de los demandantes cesó en 1908, el 1881 no era lo suficientemente antiguo para abarcar el período de treinta años necesario para la prescripción extraordinaria. Había que ir más lejos y Príncipe asegura que la finca fué com-prada en 1877; Bota dice que vino de España en 1877, y desde el 1877 oyó decir en conversaciones a don Juan que la finca era de don Marcial, y Salicfl, que tiene setenta y cuatro años, asegura que siendo un hombre de treinta observó que don Marcial era poseedor como dueño de la finca. La ex-plicación que da Príncipe no es satisfactoria. No se concibe cómo entró en posesión don Marcial en 1877 sin pagar nada y así permaneció hasta .1881, viéndose obligado el vendedor Quesada para obviar la dificultad de llegar a un acuerdo eon don Marcial a pasar el título a Cerdá y no pudiendo Cerdá entenderse tampoco con don Marcial tuviera que re-currir a don Juan que pagó entonces, cuatro años más tarde, el precio de la finca. No hemos podido encontrar en los autos ni un átomo de prueba c'on respecto a las ges-tiones que debía hacer don Juan en relación con la cabida de la finca, única circunstancia que motivó que el título fi-gurara a su nombre. La fecha de 1877 es, pues, sospechosa, por lo menos incierta. La misma certificación del Secre-tario del Ayuntamiento de Santa Isabel relativa al pago de contribuciones, sólo alcanza al 1880. Comprendemos per-fectamente qne la corte desechara por completo la teoría de la prescripción extraordinaria.

Veamos la donación remunerativa o .la. ¿adquisición en confianza por don Juan para don Marcial con dinero de éste.

Aunque hay prueba de la parte demandada que lo con-tradice, puede aceptarse que desde 1881 don Marcial entró en la posesión de la finca y pagó como dueño las contribu-ciones y ante el público aparecía como dueño. Esto, unido a las admisiones de Juan Eugenio Serrallés y Eduardo Wellenkamp y a la carta de don Juan Serrallés, ¿será su-ficiente para concluir que don Marcial no sólo aparecía sino que era en realidad de verdad el dueño de la finca?

Por sí sólo el hecho de pagar contribuciones como -dueño no es suficiente para probar el dominio. Tampoco lo es la posesión como dueño, sin justo título, a menos que trans-curran treinta años.

Veamos las admisiones. Es raro realmente que mien-tras se tramitaba el pleito de desahucio que supone una lu-cha de intereses entre familia generalmente enconada, fuera Juan Eugenio Serrallés a visitar a su prima tan a menudo como ella expresa en su declaración. Cuando el juicio se celebró, Juan Eugenio Serrallés vivía pero se encontraba fuera de Puerto Rico. En cuanto a la admisión de Wellen-kamp, que había fallecido, nos parece conveniente transcri-bir la crítica que de ella hace en su alegato el abogado de la demandada. Es como sigue:

“Suponemos que la corte habrá comprendido por la declara-ción de Manuel Vidal, por la de Mercedes Serrallés, que la in-tervención de este testigo es aigo más interesada que la de un mero testigo. Tiene su oficina de agente de negocios legales en el mismo local que el abogado del pleito, fué consejero de don Marcial, ha tenido la prueba documental en sus manos, para que no se per-diera, se ocupó de buscar y ordenar en el Archivo Notarial ciertos documentos para el pleito, importantes, etc.; de modo que su de-claración debe ser tomada con cautela, porque de hombres es el errar, y muchas veces, de muy buena fe llegamos al error guiados por la pasión que ponemos en el éxito de cierta empresa. Así re-sultan cosas que no son. fáciles de comprender. Por ejemplo: se-gún declara Yidal Sánchez (folio 64 y siguientes de la transcrip-ción), al morir la esposa de don Marcial, éste quiere arreglar su testamentaría para darle a sus hijos lo que les corresponde, y ha-bla con Yidal Sánchez para que obtenga de Wellenkamp el título de esa finca; Wellenkamp aplaza el asunto para cuando mejore de salud, y mandándole a decir a don Marcial ‘que no se apure, que la sucesión sabe que esa finca era de él.’ Pero es lo cierto que pasa el tiempo, muere Wellenkamp, muere luego don Marcial y esa tes- • tamentaría que tanto interés tenía en hacer don Marcial nunca se hizo. Certificación del Archivero General al folio 13 y siguientes de la transcripción, en la que se ve que al hacer los herederos do don Marcial su testamentaría dicen que esa-finca la adquirieron don Marcial y su esposa por herencia de una hija a quien se la había regalado don Juan; y que por muerte de la esposa se la ad-judicaron los herederos que eran dos menores, a don Marcial, para, el pago de deudas, sin que en ninguna de esas trasmisiones mediara título escrito; lo que indica que no hubo testamentaría en la que se hiciera esa adjudicación. Y este documento se hizo ante Ma-tienzo en donde trabajaba Yidal Sánchez, que sin duda en su con-versación con Wellenkamp y con don Marcial pudo obtener datos sobre el verdadero origen de la finca, que ahora resulta es distinto al que dice ese documento.”

Es la carta de don Juan Serrallés la única prueba que nos ba hecho vacilar en este pleito. Quizá el peso de ella nos obligaría a desechar las dudas y sospechas surgidas a virtud del examen en sí mismas de las declaraciones de los testigos de la parte demandante, pero la voz de don Juan no sólo se escucha en forma cierta a través de esa carta, ■sino por medio de su testamento. No olvidó don Juan, rico, a su hermano Marcial, de escasos bienes de fortuna. Lo nombró en su testamento albacea y le legó: “todas las can-tidades que le estuviere adeudando liasta e] día de su falle-' cimiento y además los terrenos de la estancia ‘Paraíso,’ si-, tuados en el barrio del ‘Real,’ y separados de los demás terrenos de su propiedad con exclusión de las aguas conce-didas a dichos terrenos para riego, las cuales pertenecen hoy a las Haciendas ‘Laurel,’ ‘Merc'edita’ y ‘Fe,’ y ordenó' asimismo a sus albaceas y herederos que auxilien a su ci-tado hermano en todo lo que se pueda y el estado de su capital lo permita.” Y no es posible concebir que un hombre, como lo demuestra la prueba que era don Juan Serra-llés, que se acordó al ir a hacer un corto viaje a Santo Domingo en 1889 que tenía pendiente el traspaso de la escri-tura de “Las Hoyas,” olvidara cumplir con ese deber para, con su hermano en el momento solemne en que disponía de sus bienes para después de su muerte y Cuando su atención estuvo fija en su dicho hermano y le legó las cantidades que le adeudaba y los terrenos de la estancia “Paraíso” y ordenó a sus herederos que continuaran auxiliándolo.

Quizá la intención de don Juan al comprar la finca “Las Hoyas” y entregarla a su hermano fue transmitirle tam-bién algún día el título de propiedad. Quizá reveló esa in-tención al escribir en 1889 la carta presentada como prueba. Pero es lo cierto que jamás llegó a traducir en un hecho de verdadero valor legal su intención y cuando llegó el momento de donar algunos bienes a su hermano escogió para ello la estancia “Paraíso.”

Pero hay algo más en la prueba aportada por la parte demandada. No sólo fué nombrado don Marcial albacea sino que como tal albacea intervino en las operaciones tes-tamentarias de don Juan y en esas operaciones autorizadas con la firma de don Marcial entre las fincas inventariadas como pertenecientes a la herencia figura la estancia de “Las Hoyas. ’ ’

Convenimos en que ello por sí solo no constituiría un impedimento absoluto para establecer esta reclamación, pero esa circunstancia unida a las otras que se han. anali-zado, nos lleva finalmente a decidir qne la conclusión a que llegara la Corte de Distrito se basa, a nuestro juicio, en una apreciación inteligente y justa de las alegaciones y las pruebas.

Tampoco se ban cometido los errores séptimo y octavo, y debe confirmarse, en todas sus partes, la sentencia ape-lada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “Conforme con la sentencia. ’ ’


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Carreño, Demandante y Apelada, v. Russell & Co., S. En C., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2887.
    Resuelto en julio 18, 1923.
    Da-Sos y Perjuicios bor Negligencia — Prueba de Propiedad. — La propiedad de un automóvil, puede establecerse por medio de evidencia testifical.
    Td. — Negligencia Crasa. — Probado que en una teresina de la demandada el agente de ésta cruzó un paso a nivel manejando la máquina de espaldas a la carretera, sin usar las cadenas existentes y sin cerciorarse de que la vía estaba libre, es necesario concluir que la demandada es culpable de negli-gencia crasa y por tanto responsable de los daños causados.
    Id. — Pasos a Nivel — Negligencia.—El heelio de que se le haya concedido vía franca al conductor de un vehículo que camina sobre vías férreas, no auto-riza al conductor para cruzar, sin precauciones, un camino público sobre el cual están tendidas las vías.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. F. Manuel Toro.

    Abogado de la apelada: Sr. E. Flores Colón.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, una menor representada por su guar-dián at litem, reclamó de la demandada la suma de dos mil ochocientos dólares por daños y perjuicios. Alegó que el 4 de octubre de 1921 al cruzar su automóvil por cierto paso a nivel que existe en la carretera de Ponce a Santa Isabel, fué dañado negligentemente por una teresina de la deman-dada, ocasionándole los perjuicios reclamados. Contestó la demandada. Admitió el hecho del encuentro de las dos má-quinas, pero alegó que se debió no a su negligencia sino a la de la demandante. Fué el pleito a juicio. Ambas partes introdujeron y practicaron prueba llevándose a efecto una inspección ocular de la cual no hay constancia en los autos. En agosto 9, 1922, la corte dictó sentencia condenando a la demandada a pagar a la demandante la suma de novecien-tos noventa y cinco dólares.

No conforme la' demandada apeló señalando en su ale-gato la comisión de cuatro errores, a saber: 1, la corte erró al declarar probado que el automóvil pertenecía a la de-mandante; 2, erró al fijar el montante de los daños; 3, in-currió en error al no resolver que el accidente se debió a la negligencia de la demandante, 4, erró al no reconocer el derecho de vía franca a la demandada.

Como puede verse todo está reducido en este caso a la apreciación de la prueba.

A nuestro juicio existe prueba suficiente en los autos de que el automóvil dañado pertenecía a’ la demandante. No era necesario aportar evidencia documental. El testigo José Toro declaró de modo terminante que pertenecía a la menor y explicó como había sido comprado y pagado. La corte creyó su testimonio. Las repreguntas de la parte de-mandada con respecto al origen del dinero levantan ciertas dudas, pero no son suficientes para destruir por sí solas la credibilidad del testigo.

En su relación del caso y opinión la corte sentenciadora explica que la cantidad de $995 cuyo pago ordena, se forma así: $600 por la pérdida en el valor del automóvil, $225 por.lo gastado en el arreglo de los desperfectos, $170 por la ganancia dejada de obtener.

Hemos examinado la evidencia y en ella bay base sufi-ciente para las Conclusiones de la corte sentenciadora. La corte fijó las cantidades mínimas. Todo depende de la cre-dibilidad de los testigos. La apelante no ba demostrado que la corte abusara de su discreción.

En cuanto a quién es el culpable del accidente, la prueba es contradictoria. Ya dijimos que no bay dato en los autos que demuestre el resultado de la inspección ocular fuera de la conclusión de la corte sentenciadora. Dicba prueba debió ser muy importante porque a virtud de ella pudo cer-ciorarse el juez de la existencia' del cañaveral, a que se re-firieron los testigos de la demandante, que impedía ver la teresina. Un- examen de los autos revela que el chauffeur de la demandante no fué en verdad todo lo diligente que debió, pero revela también una negligencia Crasa por parte de la demandada al entrar en el pasó a nivel manejando el maquinista de espaldas a la carretera, sin colocar las ca-denas existentes, o ya que no se colocaban, sin cerciorarse de si en ese momento atravesaba o no alguna persona, animal o máquina.

Sostiene el demandado que por el becbo de haberse ma-nifestado a su maquinista por el dueño del ferrocarril pri-vado que cruzaba la carretera, que tenía la vía expedita., podía pasar sin precaución alguna el camino público. No llega a tanto su derecho. El dueño del ferrocarril al con-ceder la vía franca podía ordenar que ninguna otra de sus máquinas se interceptara, pero no podía usar exclusiva-mente del camino sin tomar precauciones. El camino se construyó por el pueblo para beneficio del pueblo y el dueño del ferrocarril es simplemente una parte ctel pueblo igual a la demandante que es otra parte del pueblo. El permiso concedido a la demandada para instalar sus vías sobre la carretera y pasar por ellas sus locomotoras, teresinas v vagones, no es exclusivo, ni la autoriza para prescindir de ejercitar el debido cuidado. Tales permisos se otorgan vi-niendo obligados los concesionarios a colocar barreras o Ca-denas o a adoptar otras precauciones cuando usan la vía. Y en este caso no se adoptó medida alguna.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Cartagena, Etc., Demandante y Apelado, v. Dávila, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre desahucio (moción para desestimar la apelación).
    No. 3093.
    Resuelto en julio 18, 1923.
    Sentencias; Modo de Pronunciarlas — Registro de Sentencias. — Una vez que un caso ha sido debidamente sometido a una corte con jurisdicción, puede ésta dictar sentencia oralmente o por escrito en corte abierta, o por escrito dentro del término de sus sesiones sin necesidad de que lo haga en corte abierta, siendo en ambos casos el deber ministerial del secretario registrarla en el libro de sentencias y, además, de acuerdo con la ley vigente en Puerto Rico, unir una copia de la misma a los autos del pleito. La sentencia es el acto judicial de la corte; el registro el acto ministerial del secretario.
    Desahucio — Apelación de Sentencias de Desahucio — Desestimación por Ha-berse Radicado el Escrito de Apelación Fuera de Tiempo. — Dictada y re-gistrada la sentencia el 8 de junio y presentado el escrito de apelación el 15, es necesario concluir, tratándose como se trata de un caso de desahucio, que cuando el escrito se archivó había vencido el término fijado por la ley para establecer el recurso y en tal virtud que éste debe ser desestimado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. R. R. Rlondet y J. Vállde-juli.

    Abogado del apelado: Sr. F. Soto Gra-s.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de desahucio. La parte apelada pi-dió la desestimación del recurso de apelación interpuesto en el mismo, basándose en que se había establecido después ■de vencido el término de ley. Alegó que la sentencia se dictó y registró el 8 de junio último y por tanto que cuando el .apelante en 15 de junio archivó su notificación de apelación, habían transcurrido los cinco días que la ley especial sobre la materia concede para ello.

Se opuso el apelante alegando que la sentencia no había sido debidamente dictada ni registrada, que no obstante sus esfuerzos no le fué posible enterarse de su existencia hasta el 11 de junio en que le fué notificada y por tanto que su apelación establecida el 15 lo fué dentro del término de ley.

Atendido lo perentorio del término y pudiendo asistir la justicia al apelante, la corte permitió la presentación de affidavits y últimamente llamó a declarar al- Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, de donde procede la sentencia, a fin de aclarar debidamente los he-chos.

Puso de manifiesto la prueba practicada el hecho de que tanto el libro de minutas como el de sentencias no se llevan en la expresada corte con el cuidado debido, pero en lo que se refiere a la sentencia dictada en este caso la corte exa-minó la hoja original en que consta dictada y registrada con las firmas del juez y del secretario, asegurando el se-cretario bajo juramento que lo fué en el día que se expresa, o sea, el 8 de junio de 1923.

De la hoja indicada correspondiente al libro de senten-cias no encuadernado aún aparece que la sentencia en este caso se dictó en corte abierta. De la declaración del secre-tario, que se dictó en despacho. Todo induce a creer que el secretario dijo la verdad. Siendo ello así, ¿puede enten-derse la sentencia debidamente pronunciada?

• La parte apelante no ha citado precepto, de ley alguno, ni jurisprudencia de las cuales pueda deducirse que las sen-tencias deben pronunciarse necesariamente en corte abierta.

Una sentencia es la decisión definitiva sobre los dere-chos de las partes en un pleito o procedimiento. Artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Civil. Una vez que un caso lia sido debidamente sometido a una corte con juris-dicción, la corte puede dictar sentencia oralmente o por es-crito en corte abierta o por escrito dentro del término de sus sesiones sin necesidad de que lo baga en corte abierta, siendo en ambos casos el deber ministerial del secretario registrar la sentencia en el libro de sentencias y, además, de acuerdo con la ley vigente en Puerto Pico, unir una co-pia de la misma a los autos del pleito.

La sentencia es el acto judicial de la corte; el registro el acto ministerial del secretario. 15 B. G, L. 571. En este caso existió el acto judicial desde el momento en que el juez a quien s'e sometió debidamente el pleito de desahu-cio, basándose en las alegaciones y las pruebas y dentro de un término de sesiones^ decidió definitivamente '.sobre los derechos de las partes declarando con lugar la demanda, consignando su resolución por escrito y firmándola, y exis-tió también el acto ministerial ya que el secretario firmó el propio original y lo colocó en el sobre en que se conservan las hojas del libro de sentencias que una vez que llegan al número de doscientas, según declaró, son encuadernadas y así conservadas en los archivos de la corte.

De los affidavits aportados por la parte apelante resulta probado, a nuestro juicio, que si sus abogados practicaron gestiones a los efectos de enterarse de si se había dictado la sentencia, tales gestiones no fueron lo completas que pu-dieron haber sido. El secretario bajo juramento declaró que los abogados no inquirieron de él directamente si se había dictado la sentencia.

En la investigación de este caso hemos ido todo lo lejos que puede ir una corte de apelación. Ante nosotros la ver-dad legal es que la sentencia se dictó por escrito y se firmó por el juez, hallándose la corte en uno de sus términos de sesiones, el 8 de junio .último y fué registrada por el se-cretario en la misma fecha.

Desde el momento en que la sentencia quedó así perpe-tuada, estuvo al libre acceso de la parte apelante y co-menzó a correr el término para establecer la apelación. Ese término es de cinco días. La apelación se interpuso el día 15. Una simple operación aritmética demuestra que cuando la notificación se archivó, el derecho a apelar ya no existía. Barbosa v. Fernández, 28 D. P. R. 305; Ramírez v. Pérez, 25 D. P. R. 231, 234; Figueroa et al v. Sepúlveda, 24 D. P. R. 690.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimado el. recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto disintió. ■


author: El Juez Pbesidente Sb. del

text:
    Correa, Demandante y Apelante, v. Correa, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre desahucio en precario.
    No. 3047.
    Resuelto en julio 18, 1923.

      Reivindicación — Desahucio—Ejectment—Unlawful Detainer. — En la opinión se definen y distinguen las acciones de reivindicación y desahucio.
    Desahucio — Cuestiones de Propiedad. — Cuestiones de propiedad po son propias paia ser decididas en un pleito de desahucio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. A. Fiol Negrón

    Abogados del apelado: Sres. R. Martínez Nadal, Formes y Colón.

   El Juez Pbesidente Sb. del

Tobo, emitió la opinión del. tribunal.

Se ejercita en este caso la acción de desahucio en pre-cario.

La demandante alegó en su demanda enmendada, que era dueña de cierto solar que el demandado ocupaba preca-riamente, sin derecho alguno, sin pagar canon o merced y contra la voluntad de la demandante, y solicitó que se dic-tara sentencia condenando “al demandado a desalojar y dejar libres y expeditos a la disposición de la demandante los solares que ocupa propiedad de dicha demandante en. la- finca descrita en el hecho segundo de esta demanda, y si así no lo hiciere dentro del término de ley, que se or-dene al Marshal de esta corte que proceda al lanzamiento del demandado con las casas que posee de la finca ya des-crita. ’?

El demandado negó las alegaciones de la demanda y a su vez alegó que las casas que ocupaba en arrendamiento pertenecían al Pueblo de Puerto Rico y que si resultare que dichas casas estaban situadas en el solar que la demandada alegaba que le pertenecía, no era a él sino al Pueblo a quien .debía demandar la demandante.

í. Celebradas las comparecencias que ordena la ley, el juez resolvió el pleito en contra de la demandante y ésta inter-puso el presente recurso de apelación.

b .La prueba de la demandante Consistió en una escritura de la cual aparece que es dueña de un solar de las dimen-siones y colindancias del descrito en la demanda, en la de-claración de la propia demandante y en la del testigo Esteban Pérez. La demandante y su testigo sostienen, en re-sumen, que en el solar de la demandante el demandado tiene tres casas y que el demandado ocupa el solar y las Casas contra la voluntad de la demandante y se ha negado a le-vantar las dichas casas del solar.

La prueba del demandado consistió en un contrato por virtud del cual El Pueblo de Puerto Rico le arrendó entre otras propiedades las tres casas de referencia por término de cinco años, en cuyo contrato se expresa que el Pueblo es dueño de las casas; en la declaración del propio deman-dado que confirma el contrato, y en la demanda original en la cual la misma parte demandante alegó que las casas pertenecían al Pueblo.

Siendo esas las alegaciones y las pruebas, no creemos que exista motivo justificado para revocar la sentencia ape-lada. Basándose en la evidencia del demandado, la corte pudo concluir que las casas pertenecían al Pueblo y que solicitándose en la demanda no ya que el demandado de-jara personalmente a la libre disposición de la demandante el solar sino que levantara, — y si él no lo bacía que lo hi-ciera el Márshal, — las casas de que se trata, la verdadera parte interesada era el Pueblo, y no habiéndose obtenido su consentimiento, el juicio no podía seguir adelánte, de acuerdo con los principios bien establecidos por la ley y la jurisprudencia.

Insiste el apelante en su alegato en que aún aceptando la propiedad de las casas a favor del Pueblo de Puerto Rico su derecho es claro y cita en apoyo de su contención los si-guientes pasajes de “Corpus Jims”:

“Excepto en aquellos casos comprendidos en alguna de las ex-cepciones a la regla general de que la reivindicación (ejeciment) ' sólo procede contra un demandado que está en posesión, la acción debe establecerse contra la persona que tiene la posesión material del terreno. De modo que la acción no puede dirigirse solamente contra el verdadero dueño cuando la finca está en posesión de un arrendatario, sino que debe establecerse contra el arrendatario que está en posesión.” 19 C. J. 1073.
“Dentro del derecho común, y donde no existe un estatuto que altere la regladla acción reivindicatoria {ejectment) sólo puede es-tablecerse contra la persona que tiene la posesión material del te-rreno, y ninguna otra persona es parte demandada necesaria o adecuada.” 10 C. J. 1093-4.

Sin detenernos a considerar la importancia de las citas, bastará decir que se refieren a casos de reivindicación, no de desahucio. En la edición inglesa de la ley de desahucio, la acción se designa propiamente unlawful detainer. Las acciones de ejectment y unlaivful detainer, son distintas.

Dice Corpus Juris, refiriéndose a ejectment:

“La reivindicación {ejectment) ba sido definida como ‘una ac-ción par recobrar la posesión inmediata de bienes inmuebles;’ ‘una acción posesoria;’ ‘una acción para determinar el derecho de po-sesión del terreno en controversia;’ ‘un remedio para quien no es-tando en posesión alega tener un título superior.’ También ha sido definida como ‘una acción posesoria ex delicto, fundadada en una invasión, real o presunta, cometida por el demandado al entrar ilegalmente en posesión de la finca del demandante.’ ” 19 C. J. 1028.

T tratando de unlawful detainer, dice Oye.:

“La acción de desahucio, {unlwwful detainer), se basa en la injustificada retención de la posesión de bienes raíces por aquel cuya toma de posesión ha sido legal y justa pero cuyo derecho a la posesión ha terminado y se niega a desalojar, como en el caso de un arrendatario que continúa detentando la propiedad después de terminado el arrendamiento y a pesar del requerimiento del arren-dador para que se le ponga en posesión.” 39 Cyc. 835.

En los casos de Buettinger v. Hurley, 9 Pac. 197, 198, la Corte Suprema de Kansas, se expresó así:

“Ni son las acciones de desahucio {unlawful detainer) y de rei-vindicación {ejectment) una misma, o acciones de igual clase, en su esencia o en su forma. La primera se establece por una persona que reclama sólo la posesión de la propiedad inmueble y que funda su derecho a .recobrar dicha posesión solamente en una posesión anterior, material o presunta, por parte suya o de su causante, y contra quien no puede o está incapacitado para presentar dere-cho alguno de posesión en oposición al demandante, y ninguna cuestión de título o de propiedad puede ser ventilada en el caso; mientras que la segunda es una acción para recobrar el derecho de propiedad, en ley o en equidad, sobre un bien inmueble, con el título al mismo y el derecho incidental de posesión; y esas dos ac-ciones deben entablarse en distintos tribunales y' presentarse a las cortes mediante pliegos de alegaciones muy diferentes.” 9 Pac. 198-9.

En Puerto Pico para recobrar o retener la posesión que ba sido perturbada existe una ley especial, la No. 43 de 1913, enmendada por la No. 11 de 1917, y para recobrar el dominio, la acción reivindicatoría. El derecho al desahucio aparece consagrado en la ley sustantiva dentro de las pres-cripciones que se refieren a los “derechos y obligaciones del arrendador y el arrendatario,” y el ejercicio de tal derecho consta regulado en la ley especial sobre la materia apro-bada en 1905, cuya sección 2, dice: “Procederá el desahu-cio contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios, los administradores, encargados, porteros y guardas, pues-tos por el propietario en sus fincas, y cualquiera otra persona que detente la posesión material o disfrute precaria-mente sin pagar canon o merced alguna.”

El demandado no es inquilino, colono o arrendatario de la demandante. Tampoco fué puesto por ella como admi-nistrador, encargado, portero o guarda de la propiedad de que se trata. ¿Puede concluirse que detente la propiedad o la disfrute en precario, que es lo que realmente sostiene la demanda?

Detentación significa, según Escriche, “la tenencia o po-sesión de una cosa en nombre de otro” y detentador, se-gún la misma autoridad es “el que tiene o posee una cosa en nombre de otro, como el comodatario, depositario y otros, quienes pueden implorar el oficio del juez contra los perturbadores de su detentación.”

Precario “en su más estrecha acepción es un préstamo revocable a voluntad del que lo ha hecho; y se toma tam-bién por todo lo que se posee como un préstamo y a volun-tad del dueño, y así se llama precaria una posesión, para dar a entender que la tal posesión no es más que un efecto de la tolerancia del propietario, sin qne pneda dar derecho alguno al poseedor.” Cerra v. González, citando a Escriche, 29 D. P. R. 289, 291.

Basta penetrar en el significado de las palabras deten tación y precario para concluir que al usarlas el legislador quiso abarcar con ellas todas las relaciones que pudieran existir entre el dueño de la propiedad y aquellos que hu-bieran entrado en la posesión y la poseyeran en su nom-bre a virtud de contrato o por mera tolerancia, o como in-trusos, pagando o no pagando, y que no pudieran compren-derse en . los conceptos de inquilino, colono, arrendatario, administrador, encargado, portero o guarda, y la prueba no pone de manifiesto en este caso ninguna de esas relaciones entre la demandante y el demandado, ni cualquiera otra derivada de ellas, o independiente, que pudiera considerarse comprendida ’ dentro del espíritu de la ley. El demandado entró en la posesión de las casas y naturalmente del terreno sobre el cual se levantan, a virtud de un contrato legal con el dueño de las casas, sin que conste que algo conociera con respecto al alegado derecho de la demandante Como dueña de la tierra. El conflicto que parece esbozarse aquí es uno de propiedad de la tierra entre El Pueblo y la demandante, y tal conflicto, haciendo caso omiso de la cuestión de con-sentimiento, no es propio para ventilarse y resolverse en un juicio sumario de desahucio, como tantas veces hemos decidido.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Hutchison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Aldrey firmó: “Conforme con la sentencia.”

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    San Millán, Peticionario y Apelante, v. Asamblea Municipal de Arecibo, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en nn recurso de certiorari.

    No. 3073.
    Resuelto en julio 19, 1923.

      Certiorari ■— Parte Perjudicada por Acuerdos de Asambleas Municipales — Causa de Acción. — En el presente caso el peticionario fué elegido para el cargo de comisionado de servicio público, policía y prisiones, por un voto de siete contra seis miembros de la asamblea municipal. Se descubrió luego que uno de los asambleístas estaba incapacitado por razón de ciudadanía para desempeñar el cargo. Subsiguientemente se reunió la asamblea y se declaró nula la elección del peticionario y el cargo vacante, habiendo sido elegida otra persona en su lugar. El peticionario sostuvo que él nunca fué destituido legalmente y que continuó activamente en el desempeño de su cargo. Se resolvió: que el peticionario es parte perjudicada con derecho, como tal, a revisar por certiorari, al amparo del artículo 65 de la Ley Municipal, el acuerdo de la asamblea que declaró nula su elección.
    Id. — Habiendo la legislatura aprobado una ley especial de certiorari (artículo 65 de la Ley Municipal de 1919), una persona que es parte perjudicada por un acuerdo de la asamblea municipal, debe acudir a dicha ley y no a los principios generales de certiorari.

    Id. — Asambleas Municipales — Funcionarios de Facto. — Si después de elegido e instalado un miembro de la asamblea municipal se descubre que por no ser ciudadano americano estaba incapacitado para desempeñar el cargo, los acuerdos dé la asamblea en que intervino dicho miembro son válidos espe-cialmente cuando no fué impugnada ■ su elección, pues él, antes de descu-brirse su incapacidad, era un funcionario de facto.

    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. Rivera Zatyas.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Texidor.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La teoría de la corte inferior y de la apelada es que cuando una Asamblea Municipal que tiene el derecho de elección declara nula una elección, la persona prima facie elegida, si retiene su puesto e insiste en que no ha sido des-tituida legalmente o privada de su cargo, no ha sido perju-dicada por la actuación, voto o resolución adoptada por la Asamblea al anular o pretender anular la elección. No en-contramos ninguna autoridad, y las partes no nos han ci~ tado ninguna, para determinar exactamente cuando es que se destituye a una persona de su carg’o. Si la ley prescribe que un hombre no puede ser destituido, por ejemplo, sin una notificación y audiencia y el poder que lo nombra lo destituye sin que haya mediado una u otra, la destitu-ción es nula y la persona que se pretende destituir legal-mente tiene todavía el título al cargo. Por consiguiente, cuando las cortes expiden un auto de mandamus para re-poner a un hombre en su cargo no pueden ellas estar de-clarando o creando el carg’o. Ellas están quitando obstácu-los al ejercicio del cargo. Están declarando que el título ' existe.

En este caso la Asamblea Municipal de Arecibo, con el derecho de elección de varios comisionados, declaró que el co-misionado conocido por alcalde no había sido debidamente elegido, que su elección era nula y procedió a nombrar otra persona. Es perfectamente cierto que el peticionario en la corte inferior sostuvo que él continuó en el desempeño de su cargo activamente y que nunca fué destituido legal-mente, pero la Asamblea Municipal, por virtud de un ale-gado color de autoridad, o con o sin dicha autoridad, de-claró vacante el cargo. Todo acto siguiente del peticiona-rio estaría sujeto a ataque, sus subordinados podrían ne-garse a obedecer sus órdenes, el auditor podría también re-husar a aprobar sus cuentas y el público lanzado a la duda y confusión. La diferencia, entre un hombre' que abandona su oficina y sale a la calle por virtud de las órdenes o ac-tuación de una supuesta junta superior- o persona, y uno ■que en • actitud desafiante se sienta en su escritorio soste-niendo su derecho, no afecta seriamente a la cuestión fundamental, a la materia objeto de la revisión, o sea, si la persona a quien se trata de destituir tiene un buen título. Lo que la fuerza o fuerzas oponentes en cualquier caso han hecho es imputar un defecto en el título. El título mismo no se destruye, pero su ejercicio se interrumpe. Una per-sema cuyo título es puesto de tal modo en duda lia tenido derechos que han sido perjudicados o infringidos dentro del significado del artículo 65 (a) de la Ley No. 85 de 1919, Leyes de ese año, página 720, bajo el epígrafe “Recursos Judiciales,” que es como sigue:

“Art. 65. — La Corte de Distrito tendrá jurisdicción, a instan-cia de parte perjudicada:
“(a) — Para anular o revisar cualquier acto legislativo o admi-nistrativo de la Asamblea Municipal o Concejo de Administración o de. los Comisionados, que lesione derechos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorari.”

En este caso los derechos del peticionario surgieron por virtud de la misma ley conocida por Ley Municipal, si él había sido debidamente elegido alc'alde con arreglo a ella.

Los apelados también sostienen que el certiorari no pro-cede y basan su alegación en el alcance general del auto de cértiorari. Hemos resuelto varias veces que cuando la le-gislatura ha aprobado una ley especial que confiere a un ciudadano un derecho de acción, debe aCudirse a esa ley y no a los principios generales de certiorari. La definición, supra, del artículo 65 (a) es bastante amplia para incluir a' este caso.

La cuestión principal en este caso es si hubo una debida elección, siendo objeto de impugnación el derecho de votar de'uno de los miembros de la asamblea que tomó parte en lá elección.

Los apelados han hecho cierto comentario en su alegato sobre el derecho a promover mediante ataque colateral la cuestión de si una persona es un funcionario de facto, pero debe recordarse que el peticionario no está atacando la existencia de ningún cargo. Por el contrario, el peticio-nario, trata de sostener no solamente su misma debida elec-ción, sino el derecho de facto del alegado miembro de la asamblea que votó a favor del peticionario. No existe nin-gún. ataque.

'La Asamblea Municipal de Arecibo se reunió para nom- - brar un alcalde. El peticionario fué nominalmente elegido por un voto de siete contra seis. Se descubrió luego que uno de los miembros de la Asamblea no era ciudadano dé-los Estados Unidos y por tanto ‘ de acuerdo con la ley, no-tenía derecho alguno a ser elegido a la Asamblea. Subsi-guientemente se celebró una reunión de dicha Asamblea, la-elección del alcalde fué declarada nula, su cargo vacante y un sucesor nombrado en su lugar. El apelante sostiene que la reunión en la cual se trató de anular su elección fué-convocada ilegalmente y también alega que el miembro in-capacitado era mi funcionario de facto, siendo la elección del alcalde válida. Ineidentalmente, el peticionario sostiene que como el voto fué secreto no había medio de determi-narse por quién voto el miembro de la asamblea incapaci-tado y por tanto que no hay ninguna base determinable para anular la elección del alcalde. Se admitió expresamente en la votación final de la Asamblea que el voto del miembro-incapacitado no podía conocerse.

El alegado miembro de la Asamblea incapacitado fué-elegido en las elecciones pasadas en la misma forma que sus asociados. Después de la elección del alcalde, se. descu-brió que el miembro de la Asamblea en cuestión no era un ciudadano americano, sino español. En qué otros actos o resoluciones de la Asamblea intervino él, no se ha expre-sado. La siguiente cita del tomo 22 de Euling Case Law, pág. 588, es pertinente:

“Lord Ellenborough ha definido un funcionario de facto como-, uno que tiene la reputación de ser el funcionario que pretende ser y sin embargo no es un verdadero funcionario desde el punto-de vista legal. Otra definición más comprensiva es la siguiente r Una persona es un funcionario de facto cuando los deberes del cargo se ejercitan: ‘Primero. — -Sin un nombramiento o elección: conocidos, pero bajo tales circunstancias de reputación o con-formidad que podían inducir a la gente sin preguntar, a some-terse o invocar su acción, suponiendo que él es el funcionario que se tenía por tal. Segundo. — So color de un nombramiento o elec-ción tenido por válido pero en el que el funcionario no se babía ajustado a algún precedente, requisito o condición, como por ejem-plo, tomar un juramento, prestar una fianza o algo semejante. Tercero. — So color de una elección o nombramiento conocido, nulo porque el funcionario no era elegible, o porque existía una falta de autoridad en el cuerpo que lo elige o nombra, o debido a algún defecto o irregularidad en su ejercicio, tal inelegibilidad, falta de autoridad o defecto siendo desconocido del público. Cuarto. — So color de un nombramiento o elección becho bajo o de acuerdo con una ley pública anticonstitucional, antes que la misma sea decla-rada como tal. Y esto ba sido universalmente aceptado.”

Esta cita está sostenida por los casos de Wendt v. Berry, Ann. Cas. 1915C, 493, donde se citan otros casos. Howard v. Burke, 140 A. S. R. 159, y nota detallada en la página 171. Véase también Eos parte Dones, 10 D. P. R. 179; Hussey v. Smith, 99 U. S. 20; Ball v. U. S. 140 U. S. 118, sobre los derechos de funcionarios de facto. También 19 R. C. L. 886, 887. De acuerdo con estas autoridades no tenemos duda alguna de que los actos del miembro de la asamblea incapacitado, especialmente no habiendo sido im-pugnada su elección entonces, fueron válidos como los ac-tos de un funcionario de facto.

Tenemos alguna duda, lo mismo que el apelante, de si la convocatoria para la sesión extraordinaria fué legal con el fin de destituir al peticionario, pero no necesitamos resolver específicamente la cuestión.

Asimismo no vemos como podía determinarse el voto del miembro de la asamblea incapacitado y nos inclinamos al parecer de que incumbía a los impugnadores probar el voto del miembro incapacitado, y si esto era imposible, entonces la elección debía subsistir.

Tenemos dudas también de si la Asamblea tenía algún derecho a anular el nombramiento. Según la ley la Asam-blea tiene derecho a destituir después de una notificación y audiencia, pero el derecho de una asamblea para anular un nombramiento como tal no está claramente definido en-tre las facultades de una asamblea. Algo así como el auto de quo warranto parece ser el procedimiento adecuado para probar la validez de un nombramiento.

Debe revocarse la sentencia y la resolución de la Asam-blea Municipal de Arecibo anulando la elección de Rafael San Millán como Comisionado de Servicio Público, Policía y Prisiones, debe a la vez ser anulada, y anulada igualmente cualesquiera otras órdenes del Concejo que intervengan con el debido ejercicio del cargo de dicho Comisionado.

Revocada la 'sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Jtjbz Asociado Se. Wole,

text:
    Fuertes, Demandante y Apelado, v. Nogueras et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humaeab en pleito sobre reivindicación.
    No. 2720.
    Resuelto en julio 19, 1923.
    Compraventa de Finca Arrendada — Posesión Civil — Escritura t Entrega de la Cosa Vendida.' — Cuando una persona compra una finca por escritura pú-blica, aunque inmediatamente la deje en arrendamiento al mismo vendedor) la posesión civil se transfiere del vendedor al comprador. La posesión con-tinuada del arrendatario es la posesión del arrendador. El arrendatario puede considerarse que es un mero agente del dueño.
    Reivindicación — Título—Posesión del Demandante — Prueba.—Cuando un de-mandante aeredita tener su título desde una época remota, desde 1902 en el presente caso, así como los actos continuos de posesión, tiene derecho a reivindicar, particularmente si los demandados no prueban que exista ningún error en la adquisición del título del demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados de los apelantes: Sres. F. González, M. Tons Soto y L. Muñoz Morales.

    Abogado del apelado: Sr. A. Aponte, Jr.

   El Jtjbz Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Estamos snstaneialmente de acuerdo con la opinión emi-tida por la Corte de Distrito de Humacao, la cual pasamos a transcribir:

“Este es un pleito que ha seguido Don Faustino R. Fuertes contra tres demandados, a saber: contra los esposos Don Juan Nogueras y Doña Cristina Alvarez y contra la Fajardo Sugar Growers’ Association. Los hechos son los siguientes según la prueba.
“En el año 1903 Don Manuel González Fernández compró a Don Santiago R. Palmer una finca denominada ‘ oeroado Máldo-Nado’, compuesta en aquella fecha de 35 cuerdas 190 milésimas. A los diez días murió este señor González y , le sucedieron su viuda e hijos, quienes inscribieron el derecho hereditario sobre dicha finca. Poco después de esta inscripción practicaron los interesados las operaciones testamentarias de su causante y se adjudicó esta finca a Doña Clementina Lugo y Calzada, en unión de varias fincas más, como pago de su haber. Por último en 2 de octubre de 1912 la Doña Clementina le vendió todas ésta fincas, y entre ellas el ‘Cer-cado Maldonado’ que motiva el presente litigio, a Don Faustino R. Fuertes.
“Bueno es advertir que el mismo1 señor Palmer, que había ven-dido a Don Manuel González el ‘Cercado Maldonado’ de que se ha hecho, mención, dió poder a don Emilio Cuadra para venderle a Don Francisco Noya y esposa una porción de cien (100) cuerdas, que habría de segregar de una finca llamada ‘Cercado Torres’ o ‘Maizales.’
“Hecho este poder, el Don Emilio Cuadra le vendió a los es-posos Noya las cien (100) cuerdas aludidas, segregándolas del ‘Cer-cado Torres.’
“Ahora bien, el ‘Cercado Maldonado’ y el cercado ‘Torres’ eran dos fincas distintas e independientes, según el registro y según los planos y la realidad de los hechos.
“Resulta que cuando Don Manuel González compró, lo mismo que cuando Noya también compró, todas estas fincas estaban poseídas por Don Faustino R. Fuertes, y cuando se fueron a segregar las cien cuer-das de Noya, esta segregación se hizo tomando de la finca ‘Cer-cado Torres,’ las cuerdas indispensables, acto que realizó el agri-mensor señor Juan A. Dávila.
“Todavía en este tiempo seguían todas las fincas poseídas en arrendamiento por el Sr. Fuertes y hasta allá por el año 1904 o 1905, no entregó dicho señor Fuertes la finca de Noya al nuevo arrendatario Don Gustavo Preston. Y cuando él hizo entrega de esta finca en-tregó solamente las cien cuerdas y nunca el ‘Cercado Maldonado’, el cual conservó por algún tiempo más.
. “Algo después don Faustino Fuertes entregó también las fin-cas que le quedaban y que pertenecían a la Sucesión González, por haber muerto Don Manuel González, su causante.
“Esto fué allá por el año 1905. En 1912, el demandante Faustino Fuertes compró todas estas fincas. Pero las dejó en arrenda-miento a los mismos dueños. No necesitó inspeccionarlas porque las conocía desde hacía más de veinte años. Y resultó que en 1913 cuando fué a tomar posesión de dichas fincas, se halló con que le faltaba el ‘Cercado Maldonado’, el cual se encontraba poseído por la Central ‘San Cristóbal’ que en aquella fecha estaba en la Corte-Federal bajo un procedimiento de quiebra.
“Bien está que consignemos ahora que la finca de Noya fué ven-dida por este señor a la ‘Central San Cristóbal’ en 1911; pero en vez de aparecer cien cuerdas aparecieron ciento treinta y pico de cuertas, o sean las del ‘Cercado Maldonado’ y las cien cuerdas de Noya. Esto dió lugar a que el Registro de la Propiedad de TIu-macao se negase a inscribir la venta a favor de la Central ‘San Cristóbal’ en cuanto al exceso, apareciendo clara, y distintamente en dicho registro: ‘Que quedaba denegada la inscripción del exceso de las treinta y pico de cuerdas, porque no aparecían dentro de las mismas colindancias y porque era una diferencia demasiado notable para pasar por alto.’
“Con esta denegatoria en el registro de la propiedad en cuanto al exceso de treinta y pico de cuerdas y apareciendo noventa y ocho cuerdas y pico inscritas, porque ya se había hecho una pe-queña segregación de una cuerda y pico, la Central ‘San Cristóbal’ fué objeto de remate público, habiendo adquirido la buena pró en cuanto a esta finca ‘Noya’ la Corporación Náguabo Sugar Co., cau-sante de Fajardo Growers’ Association.
‘ ‘ En seguida de esto el demandante fué dpnde el señor Bird Arias, agente de dicha compañía, para que le entregase la finca una vez ■examinada la documentación de la misma. El señor Bird quedó en que diclia documentación sería vista en la oficina del Ledo. Muñoz Morales; pero no habiendo nunca llegado a fijar día para ello, el ■señor Fuertes se vió obligado a presentar una demanda en la Corte Federal contra la Naguabo Sugar Company que fué la que'inter-vino en el remate y la que adquirió la finca que luego vendió a la Fajardo Sugar Growers’ Association. En esta demanda se reclamaba la misma finca que hoy se reclama, o sea el ‘Cercado Maldonado.’
“En 1916 llegó a oídos del demandante que Nogueras pensaba ■comprar la finca ‘Noya’, por cuyo motivo el señor Fuertes, valién-dose para ello de los abogados Dexter y Aponte, le escribió una carta notificando a Nogueras la verdad de los hechos y advirtién-dole que él era el dueño de aquella finca nombrada ‘Maldonado’, la cual habían 'incluido, indebidamente en la finca ‘Noya’ y que si se obstinaba en hacer la compra lo haría a su perjuicio y no podría invocar la cualidad o concepto de tercero o de comprador inocente.
“El día 27 de diciembre de 1916, o sea una semana después de haber recibido Nogueras la carta de los señores Dexter y Aponte, él dicho'Nogueras compró a la Fajardo Sugar Growers’ Association sesenta cuerdas de la finca ‘Noya’, o sea lo que ellos llamaban la pai-te Sur de la carretera.
“Para hacer esta escritura se partió de la base de que la finca ‘Noya’ tenía ciento treinta y pico de cuerdas y que la parte al Sur de la carretera tenía sesenta y pico de cuerdas, cuando la verdad era que solamente tenía un área de noventa y ocho cuerdas ochenta y seis centavos toda la finca, según el Registro, y que la parte Sur de la •carretera solamente tenía un área de cuarenta cuerdas.
“La defensa de los demandados ha estribado en que la finca * Cercado Maldonado’ no ha existido nunca y que por tanto es im-procedente la demanda.
“Pero resulta que de acuerdo con la certificación del registro de la propiedad y de acuerdo con el plano antiguo de las fincas, el'‘Cercado Maldonado’ ha existido siempre, y ha existido con unas ■colindancias naturales que no pueden confundirse, a saber: Este, un caño y el río Añejo; Sur, Río "Viejo; Oeste, un cañito; y al Norte con la hacienda ‘Fe’ que era de Pereyó, de la que la separa un camino hoy carretera en construcción. Y estas colindancias na-turales de agua por todas partes menos por una son las que han aceptado' los mismos demandados en sus declaraciones como iden-"tifieación. Y si esto fuera pocQ el mismo señor Nogueras, en oe-tubre 3 de 1913, al comprar la finca ‘Islote Quiñones’ a Don José J. Benitez acepta como colindancia del Norte de la finca que en-tonces compraba, de esta manera: ‘Por el Norte, con el río Viejo que lo separa del ‘Cercado Maldonado’; de Don Santiago R. Palmer.’ 'Lo que quiere decir que aceptaba la existencia del ‘Cer-cado Maldonado.’
“Por último, para mayor identificación, bastará, examinar el exhibit número 3 de la prueba de refutación, o sea la escritura de venta de la Sucesión González a favor de la Central ‘San Cris-tóbal’; en mayo 15 de 1912, en la que aparece dicha sucesión Gon-zález vendiendo a la dicha Central una tira de terreno de la finca Cercado Maldonado, o sea de la misma finca en litigio. Luego es evidente que si la causante de los demandados aceptó en 1913 la existencia del ‘Cercado Maldonado,’ no es posible ahora que lo nieguen sus sucesores en interés.
“El demandado Nogueras ha alegado en su declaración ante la corte, que él compró de buena fe, puesto que le consultó al abo-gado Don. José Tous Soto y éste le dijo que podía comprar.
“Entendemos que esta circunstancia no favorece al demandado. El mismo señor Nogueras ha aceptado que los abogados del señor Fuertes le escribieron una carta en la que le advertían que debía abstenerse de comprar aquella finca y en la que le notificaban que la finca de Fuertes la habían incluido indebidamente en la finca de ‘Noya’, advirtiéndosele, además, que la finca en cuestión la tenía inscrita Don Faustino Fuertes a su favor en el Registro de la Pro-piedad y que había un pleito pendiente en la Corte Federal con motivo de ella. Nogueras reconoce haber recibido esta carta y a pesar de eso compra la finca, sin parar mientes en estos hechos y advertencias, que aparecían del registro de la propiedad y de la carta aludida. ¿En tales condiciones, puede estimarse la buena fe a los efectos del pago de los frutos o rentas? Desde el mo-mento en que Nogueras fué advertido de lo que sucedía, cesó su buena fe. Véase el artículo 366 del Código Civil, que dice así:
“Es poseedor de buena fe el que posee — como propietario por virtud de un título suficiente en sus términos y cuyos defectos son ignorados por el poseedor. La posesión de buena fe cesa desde el momento en que el poseedor conoce por sí mismo los defectos del título, o mediante el juicio que estableciere el propietario de la cosa para reivindicarla.’

Y.el artículo 365 del mismo Código, dice:

“ ‘Los frutos de la cosa no pertenecen al simple poseedor y deben ser devueltos juntamente con la cosa al propietario de la misma que la reclame, a menos que la posesión hubiese sido de buena fe. ’ ’
“Por las razones expuestas procede declarar con lugar la de-manda en todas sus partes, y si bien entiende esta corte que los-demandados Nogueras y su esposa deben satisfacer el importe de. los frutos civiles, la cuantía de los mismos deberá ser determinada oportunamente por un tribunal de arbitros designados por las par-tes y por la corte.
“Los demandados deben satisfacer las costas.
“Notifíquese a las partes para su debido conocimiento.
“Dada en Corte abierta hoy 20 de julio de 1920.
“ (Fdo.) R. Cuevas Zequeiba,
“Juez de Distrito.”

El primer señalamiento de error alegado por los ape-lantes es el siguiente:

“Error de hecho y de derecho al declarar que la finca descrita en el hecho segundo de la demanda, denominada ‘Cercado Maído-nado’ es de propiedad del demandante señor Faustino R. Fuertes, quien tiene derecho a reivindicarla de los actuales poseedores.”

En todo esto se asume y declara que el demandante tiene un derecho a, pero no en, la propiedad. Dicen los' apelantes:

“Con estos documentos se prueba suficientemente que Don Faustino R. Fuertes adquirió el derecho a la propiedad de la finca des-crita en la escritura de venta, viniendo obligada la s.eñora Lugo, vda. de González, a la entrega de la misma. Surge también la pre-sunción de su derecho EN la propiedad, de su condición de señor de la misma, con acción para reivindicarla. Pero es el caso que, con la misma prueba del demandante, aparece destruida esa presunción que a favor del hecho de la tradición levanta la escritura de compra-venta.

siendo la teoría que la posesión material nunca fué tras-pasada a Fuertes. Pero los autos muestran claramente y la-corte inferior así lo declaró, que al vender Doña Clemen-tina Lugo al demandante en el año 1912, éste último la dejó en posesión dándole la finca en arrendamiento que vencería en 1914.

Ahora bien, cuando nna persona compra nna finca aunque inmediatamente la deja en arrendamiento al mismo vendedor la posesióii civil se transfiere del vendedor al comprador. La posesión continuada del arrendatario es la posesión d.el arrendador. Esta es ley elemental. El arrendatario puede considerarse que es un mero agente del dueño.

Pero aún sin existir un arrendamiento, si el compra-dor permite al vendedor seguir en posesión, el derecho a la posesión, o la posesión civil se transfiere. Si fuera de otro modo la situación resultante sería un medio peregrino de reducir los varios períodos de prescripción los cuales hasta donde podemos ver en este caso llegarían a treinta años. Toda la cuestión está resuelta por el artículo 1365 del Código Civil, el.cual es como sigue:

“Art. 1365. — Se entenderá entregada la cósa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador.
“Cuando se haga la venta mediante escritura pública el otorga-miento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del con-trato, si de la misma escritura no resultare- o se dedujere clara-mente lo contrario.”

Puede ser que, prescindiendo de las excepciones mencio-nadas en el propio artículo, la presunción de la entrega cuando existe una escritura formal no es rebatible, pero no tenemos que resolver esa cuestión en este caso. Plubo una escritura formal, una inscripción en el registro y el debido arrendamiento. El artículo 446 del Código Civil puede también tener alguna aplicación y es como sigue:

“Art. 446. — líos actos meramente tolerados y los ejecutados clan-destinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con vio-lencia no afectan a lá posesión.”

1 Además, un contrato perfeccionado sin una escritura formal probablemente produciría el mismo resultado. López v. Lizardi, 27 D. P. R. 755.

Los demás señalamientos de error son una tentativa por parte de los apelantes para demostrar que la escritura de su causante comprendía la finca en cuestión. Los apelan-tes admiten substancialmente en apelación como revelan los autos y' la corte declaró probado que. ellos están en pose-sión de la finca que se trata. de reivindicar, aunque apa-rentemente negaron esto en su- contestación. Los viejos planos,- las escrituras, la prueba, todo tiende vigorosamente a acreditar que el “Cercado Maldonado” era una finca dis-tinta del “Cercado Torres.” La prueba revela que el título del causante procedía del “Cercado Torres.” Convenimos. Con el apelado en que los agrimensores de los demandados sin obrar de mala fe podían estar equivocados y . despista-dos por sus instrucciones.

Varios predecesores en derecho de los demandados re-conocieron la existencia del “Cercado Maldonado,” com-prando uno de ellos específicamente una pequeña faja de terreno perteneciente a esa propiedad. Como indica la corte inferior, las colindancias aquí son naturales y casi inequívocas, y según sugiere el apelado, si el vendedor de lós demandados en posesión de toda la propiedad hubiera querido traspasar una parte del “Cercado Maldonado” él lo hubiera mencionado expresamente, o descrito sus colin-dancias.

Independientemente de todo esto el demandante probó un título debidamente inscrito en el año 1902. Demostró que los demandados estaban en posesión del mismo y en contra del demandante, y tal posesión adversa continuó no obs-tante tener toda clase de aviso! Los demandados no nos han demostrado que exista ningún error en el origen del título del demandante o que tengan ellos un derecho superior.

Convenimos con los apelantes, sin embargo, en que no existe ninguna razón para anular el título de los deman. dados excepto en tanto esté en conflicto con el título del demandante. Debe, por tanto, modificarse la sentencia en este sentido, y así modificada, confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada¡ modificándola.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. ADole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponee en causa por adulteración de leche.
    No. 2061.
    Resuelto en julio 19, 1923.
    Delito contra la Salud Pública — Venta de Leche Adulterada — Ofreci-miento de Venta — Prueba Insuficiente. — En este caso se imputó al acu-sado el delito de ofrecer en venta como pura, leche de vaea adulterada con agua. La prueba se redujo a'demostrar que la muestra de leche se tomó del carro en que la conducía a las 5.3'0 a. m. hacia Ponee, poco antes de entrar a la ciudad. Se resolvió: que en ausencia de prueba de algún acto por parte del acusado, cuya contemplación fuera hacer una venta, la prueba aducida no es suficiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Martines Nadal, Tormes & Colón.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. ADole,

emitió la opinión del tribunal.

■ La ley No. 59, aprobada en marzo 10 de 1910, Leyes de' ese año, página 167, prescribe que toda persona que adul-terare o diluyere leche con la intención de ofrecerla a la venta, o que causare o permitiere que se ofrezca en venta; será culpable de delito menos grave (misdemearíor), etc. La adulteración o dilución con cualquier idea de venta está ampliamente prevista. Asimismo se castiga la venta sin tener en cuenta la intención y de igual modo sin conside-rar la intención, el lieclio de ofrecerla o tenerla en venta. Cuando se encuentra leclie adulterada es posible para el de-nunciante presentar una denuncia contra el delincuente que le informe si se le lia acusado de adulterar leche con in-tención de venderla, o si se le acusa de vender leche o algo semejante, sin que ninguna intención sea un elemento del delito. Las cortes en general y esta corte especialmente ha observado asiduamente la regia de que cuando un hombre vende leche adulterada su intención es inmaterial. Asimismo, - cuando él la ofrece o la tiene en venta. Pero el derecho de un acusado a que se le impute un cargo cla-ramente y a que la prueba siga el cargo continúa todavía siendo fundamental. Verdaderamente que como el estatuto en tales casos prescinde de la intención culpable, existe, si acaso, menos razón para prescindir de una equivalencia en-tre el cargo y la prueba. Si bien al redactar denuncias no se exige ninguna particularidad muy grande, sin embargo debe haber alguna exposición de hechos y el cargo debe ser probado. En este caso no tenemos necesidad de consi-derar la cuestión general de la diferencia de alegación que se exige en las acusaciones1 y denuncias, toda vez que el fiscal del Distrito de Ponce inició este caso por acusación en la Corte de Distrito de Ponce.

Alegaba la acusación que José Martínez el día 30 de septiembre de 1922, en la calle Villa, de Ponce, que forma parte de ese distrito judicial, ilegal y voluntariamente ofre-ció en venta como pura, leche de vaca que estaba adulte-rada con agua. La adulteración con la intención de vender u ofrecer en venta no se imputa al acusado, quizás por-que, como es la presunción, Martínez no adulteró la leche. No se le acusó de vender o tener en venta leche, como lo autoriza el amplio alcance del estatuto, sino única y exclu-sivamente de ofrecer en venta la leche adulterada.

La prueba fue que Martínez era el dueuo de un carro con licencia para vender leche del mismo. El inspector que dió lugar al arresto del acusado, declaró que el acusado venía entrando a Ponce por la prolongación oeste de la callo Villa a las 5:30 a. m. pero que no había llegado, a la misma ciudad de Ponce. Se demostró claramente que la leche es-taba adulterada como se alegó. Al terminar el caso el go-bierno, la corte declaró sin lugar una moción de absolución perentoria presentada por el acusado. El acusado ofreció prueba- tendente a acreditar que él compró la leche de va-rias personas en el camino, que era para venderla en la ciudad de Ponce pero que siempre antes de venderla él lle-vaba la leche a su casa, la sometía a un examen con el lactó-metro y echaba a un lado la que salía mala, y que no tuvo oportunidad de hacer esto en este caso.

Por supuesto qiie la corte de distrito tenía derecho a no dar crédito a todo el testimonio del acusado, pero aún así no encontramos ninguna prueba de un ofrecimiento en venta como se ha imputado. No había ningún ofreci-miento en venta, aunque puede, haber habido una intención de ofrecer la leche en venta. Quizás, si el cargo hubiera sido que el acusado tenía la leche en venta, la prueba hubiera tendido a sostener la acusación, pero aun en ese caso el acusado hubiera tenido derecho a la presunción de inocencia. Cuando se encuentra a un hombre en el camino con leche que ha sido recientemente comprada y él no ha tomado alguna medida que indiqtie que iba a venderla, du-damos seriamente si se ha establecido un caso prima facie por tener leche en venta. Claramente que no hay ningún ofrecimiento en venta, y en la ausencia de un ofrecimiento en venta en el camino, no podía haber tal ofrecimiento hasta qiie llegara a Ponce. El gobierno cita el caso de El Pueblo v. Pérez, 23 D. P. R. 877, en apoyo de la sentencia. Ese caso es diferente en sus hechos. En él se demostró que la leche estaba en un depósito que había estado abierto todo el día y resolvimos que había la presunción cuando una persona tenía un depósito de que estaba ofreciendo en venta la le-che que allí tenía. Que era únicamente una presunción y podía ser rebatida, quedó demostrado por la cita del caso de El Pueblo v. Andino, 21 D. P. R. 225, en el cual la pre-sunción fue destruida toda vez que la leche se ocupó inme-diatamente a su llegada al depósito y antes de que el acu-sado hubiera tenido la oportunidad de examinarla. Ade-más, la acusación en el caso 'de Pérez imputaba al acusado el hecho de que tenía y ofrecía leche en venta.

Un hombre que está en un camino fuera de la pobla-ción conduciendo leche en carros, aunque con licencia, no puede ser declarado culpable de ofrecer leche en venta sin que exista prueba de alguna medida cuya contemplación sea hacer una venta. Si se hubiera probado que Martínez hizo una sola venta procedente de su carro antes de ser deco-misada la leche el caso quedaría comprendido en el prin-cipio sentado en el caso de El Pueblo v. Pérez, supra, pero en ese caso había un sitio de costumbre para ofrecer leche en venta al público que estuvo abierto prácticamente toda el día en que se hizo el decomiso.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado,

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.