author: El Juez Asociado Sb. Wole, DEL JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ.'

text:
    Celis Alquier v. Méndez.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 686.
    Resuelto en marzo 7, 1912.
    Interpretación de Ley — Divorcio—Muerte de uno de los Cónyuges Después de Entablada la Acción — Continuación de la Acción por el Albacea.— De -acuerdo con la ley vigente sobre la materia, la muerte de uno de los cónyuges después de entablada la aceión de divorcio termina dicha aceión, sin que pueda el albacea del cónyuge difunto continuar la acción con el solo fin de determinar los derechos sucesorios del cónyuge superviviente y la cuota usufructuaria que pueda corresponderle en los bienes del difunto.
    Id. — Los tribunales al interpretar leyes dudosas deben tener presente la historia de la época en que se promulgaron.
    Id. — Divorcio—I4uerte.de uno de los Cónyuges. — La historia de la ley de marzo 9, 1905, relativa a herederos forzosos es examinada en la opinión. Como tal ley fué principalmente promulgada para reimplantar las disposiciones que existían anteriormente relativas a hijos naturales y se ha establecido en Puerto Bieo un sistema completamente nuevo de divorcio, las disposiciones de la sección 8 de dicha ley preceptivas de la continuación de la aceión de divorcio después de la muerte de uno de los esposos, deben ser interpre-tadas en el sentido de haber sido copiadas de la antigua legislación inadver-tidamente.
    Id. — Eficacia de todos los Preceptos de una Ley — Besultados Absurdos.— Aunque es verdad que existe el precepto legal de que debe darse efecto a todos los preceptos de una ley, también los tribunales han 'declarado que este pre-cepto debe observarse en tanto en cuanto tal interpretación no lleve a resul-tados absurdos.
    Id. — 'Oosas Inútiles. — No debe interpretarse una ley en un sentido tal que equivalga a que se hagan cosas inútiles y vanas con autorización de dicha ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. Jorge V. Domínguez.

    Abogado del apelado: Sr. Eduardo Acuña.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal. Doña Carlota de Celis Alquier en vida entabló nna acción de divorcio contra Don Ramón 'Méndez Cardona por trato cruel e injurias graves; pero la demandante falleció al pare-cer antes de ser contestada la demanda. Su albacea Luis de Celis Alqnier compareció pidiendo que el pleito continuara en su nombre para beneficio de los herederos de aquélla y con el único propósito de determinar la participación que Don Ra-món Méndez Cardona pudiera tener en su herencia y si tenía derecho a la cuota usufructuaria. El demandado compareció y se opuso a la petición del albacea, y la corte denegó dicha petición mediante una opinión bien razonada.

Al alegar el demandado en su oposición a dicha petición que teniendo el pleito por fin único la disolución del vínculo matrimonial y siendo la acción de carácter personal, con el fallecimiento de la demandante quedó disuelto el matrimonio; tal argumentación nos parece tan evidente que no requiere de-mostración; sin embargo, por razón de la ley y del procedi-miento de divorcio que existía en España en relación con la sucesión testada y por ciertas palabras anómalas contenidas en nna de nuestras leyes, se hace necesario entrar en nna am-plia argumentación.

El tribunal inferior nos dice que este es un caso sin pre-cedente alguno; que en España no podía haber ninguno por-que el procedimiento actual de divorcio es radicalmente dis-tinto dei anterior; que eñ tiempo de España el objeto del divorcio era suspender la vida común de los esposos sin disol-ver el matrimonio, mientras que hoy queda disuelto el vínculo matrimonial; que los efectos del divorcio eran, primero, la pérdida por el cónyuge culpable de todo lo que había recibido del otro sin derecho a reclamar nada; en segundo lugar, la pérdida de la administración de los bienes de la esposa en los casos en que el esposo fuera el cónyuge culpable; que en el estado actual de nuestra legislación, el divorcio es absoluto y la acción que la ley autoriza tiene por único fin el decretar la disolución del vínculo matrimonial, cuyo objeto queda conseguido completamente por la muerte de cualquiera de los esposos y así lo reconoce el artículo 163 del Código Civil al enumerar la muerte, el divorcio y la nulidad del matrimonio como causas determinantes de la disolución; que la acción de divorcio no es de aquellas que sobreviven y pasan a los herederos del difunto; que la cuestión de la pro-piedad de los cónyuges es de carácter accesorio y no puede tener una importancia o un efecto mayor que la disolución por la muerte, siendo ésta la causa principal, según la misma ley; que es lógico que la muerte como causa de disolución no puede coexistir con el divorcio; y que el sostener lo contrario equi-valdría a mantener por medios artificiales un estado o con-dición que se lia realizado ya naturalmente. Estas son par-tes de los argumentos aducidos por el tribunal inferior para llegar a la conclusión de que la ley de la Legislatura de marzo 9, 1905, no tuvo la intención de que una acción cuyo fin único había sido realizado por la muerte, pudiera ser continuada por el albacea de la testadora.

El artículo de la ley de marzo 9, 1905, que originó esta confusión, es el siguiente:

“Sección 8. — El viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado, o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, ten-drá derecho a una cuota, en usufructo, igual a la que por legítima corresponda a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos no mejorados.
“Si no quedara más que un sólo hijo o descendiente, el viudo o viuda tendrá el usufructo del tercio destinado por la ley a consti-tuir la mejora, conservando aquél la nuda propiedad hasta que por fallecimiento del cónyuge supérstite se consolide en él el dominio.
“Si estuvieren los cónyuges separados por demanda de divorcio, se esperará al resultado del pleito ”

Se alega que el último párrafo de este artículo da al albacea el derecho de continuar la acción de divorcio con el fin de determinar los derechos de los herederos de la esposa contra el marido.

El divorcio en su forma nneva fue promulgado en esta isla por el G-ohierno Militar y reconocido por el artículo 8 de la Ley Foraker. Las disposiciones fundamentales de la ley de divorcio fueron incorporadas en el Código Civil de 1902, artículos 163 al 179, de modo que en 1905, cuando fue apro-bada la ley de marzo 9, ya había sido suplantado el antiguo sistema de divorcio por el moderno. Pero el Código Civil de Puerto Pico de 1902 también modificó el antiguo Código Civil español en otros extremos y sobre todo, en lo que se refiere a las sucesiones tal como aparecen en los artículos 795, 796, 797, 801, 811, 812, 815, 821, 822, 823 y 824 del Código Civil de Puerto Pico. La ley de marzo 9, 1905, derogó todas estas disposiciones y constituyó'de nuevo en leyes todas 0las disposi-ciones relativas a la sucesión testada que habían regido antes de promulgado el Código Civil de Puerto Rico. Los artículos 163 al 179 relativos al divorcio permanecieron intactos. Los preceptos terminantes de la ley de marzo 9, 1905, son en rea-lidad una implantación nueva, palabra por palabra, de. los respectivos artículos del Código' Civil Español, Nos. 806, 807, 808, 809, 813, 823, 824, 825, 828, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, y 844. El artículo 834 del Código Civil Es-pañol, equivalente el artículo 8 de la ley que se discute, con-tiene además las siguientes palabras: “Si entre los cónyuges divorciados hubiere mediado perdón o reconciliación, .el super-viviente conservará sus derechos.” Este párrafo adicional fué omitido por nuestra Legislatura, probablemente por ha-berse insertado una disposición semejante en el artículo 172 del Código Civil de Puerto Pico. La intención del legislador giraba como se ve alrededor de la sucesión testada y no estaba fija especialmente en la cuestión de divorcio.

Si examinamos los artículos expresamente derogados por la ley de marzo 9, 1905, observaremos que muchos de ellos encierran preceptos relativos a los hijos ilegítimos reconoci-dos, quienes por la ley posterior han sido excluidos de entre los herederos forzosos. El artículo 821 del Código Civil de Puerto Rico, que, por ejemplo, se refiere a los derechos del cónyuge supérstite y del 'cual el citado artículo 8 es evidentemente una sustitución, también trataba del “hijo legítimo o hijo ilegítimo reconocido,” de modo que se demuestra de la misma ley que uno de los fines de la ley de-marzo 9, 1905, era colocar a los hijos ilegítimos en una clase distinta de los hijos legítimos. Por cierto que es un hecho conocido en nuestra historia local qire la eliminación de los hijos ilegítimos de la clase de here-deros forzosos fué objeto de discusión por np.uch.os años y fué el objeto principal de la ley de marzo 9, 1905. Los tribunales al interpretar leyes dudosas, deben tener presente la historia de la época en que se promulgaron.

Aldridge et al. v. Williams, 3 How (U. S.), 24.

U. S. v. Union Pacific R. Co., 91 U. S., 79.

U. S. v. Trans-Missouri Freight Assoc., 166 U. S., 319.

La ley de marzo 9, 1905, como ya hemos visto, suprimió los preceptos relativos a los hijos ilegítimos en general y ade-más implantó de nuevo la distinción que había existido antes con respecto a los hijos naturales. T al hacerlo así, nosotros creemos que por inadvertencia incluyeron en la sección 8 las palabras “si estuvieren los cónyuges separados por demanda de divorcio, se esperará al resultado del pleito.” Estas pala-bras coexistían con la ley de divorcio tal como fué promul-gada por las órdenes militares antes de 1902, y nosotros cree-mos que nadie hubiera sostenido en 1901 que las órdenes mili-tares y la Ley Foraker no habían borrado por completo la posibilidad de que se continuara una acción de divorcio des-pués de la muerte de uno de los cónyuges, o en otras palabras, en 1901 regía el Código Civil español al mismo tiempo que la ley reformada de divorcio, según fué establecida por leyes americanas. La Legislatura al promulgar de nuevo los pre-ceptos del antiguo Código Civil no tuvo la intención de modi-ficar la ley en lo tocante al divorcio tal como había existido antes de que empezara a regir el Código Civil de Puerto Rico. En otras palabras, el statu qiio existente antes de 1902 fué restaurado, pero la legislación aplicable al nuevo sistema de divorcio babía ya hecho imposible que una acción de divorcio pudiera ser continuada por el albacea de uno de los cónyuges.

Aun suponiendo que la Legislatura tuvo la intención de conceder a un albacea el derecho de continuar una acción de divorcio, no dispuso los medios necesarios para llevar a cabo tal propósito. Fue un casus omissus en la Legislación.

El objeto y fin únicos de una acción de divorcio continua-ron siendo, el obtener la sentencia de divorcio o sea el disolver el vínculo matrimonial.

Ya hemos visto que el artículo 8 sustituye al artículo 821 del Código Civil y que el artículo 821 necesitó un sustituto por razón de los preceptos que encerraba relativos a los hijos ile-gítimos.

Aunque es verdad que existe el principio legal de que debe darse efecto a todos los preceptos de una ley, también los tribunales han declarado que este principio debe observarse en tanto en cnanto tal interpretación no lleve a resultados absurdos.

Glover v. U. S., 164 U. S., 298.

U. S. v. Fisher, 2 Cranch (U. S.), 386.

Bailey v. Commonwealth, 74 Ky., 688.

Pond v. Maddox, 38 Cal., 572.

Los resultados absurdos que se seguirían serían el per-mitir que se continuara una acción de divorcio cuando ya se había conseguido su objeto. Mirándo la cuestión bajo otro punto de vista, si hubiera que esperar el resultado del pleito, un albacea tendría que esperar para siempre, porque no hay preceptos en la ley que establezcan los medios de continuar un pleito de divorcio ni decretarse el mismo habiendo fallecido una de las partes, por virtud de lo cual ha quedado disuelto el vínculo matrimonial. La ley no puede permitir que se ha-gan cosas inútiles y vanas.

Broom Maxims, 252.

25 Cyc., 220, y casos citados.

Además, el artículo 129 del Código Civil, de 1902, dispone de una manera clara y expresa que antes del fallecimiento de uno de los cónyuges, el matrimonio sólo puede ser disuelto en los casos fijados en la ley, los cuales, de acuerdo con el artí-culo 163, son el divorcio y la nulidad del matrimonio. En vista de preceptos tan terminantes de la ley en lo que se re-fiere al efecto del divorcio, la única forma en que podría de-cirse que la intención del legislador fué establecer una modifi-cación o excepción, sería por medio de disposiciones también de carácter terminante, y las palabras de la ley de marzo 9, 1905, carecen de la claridad y precisión'necesarias para esta-blecer un cambio en esta institución tal como existía.

Además, bajo nuestra actual legislación de divorcio, la se-paración como condición legal de que nos habla la ley, ha de-jado de existir, tal como existía bajo el artículo 68 del párrafo 1 del Código Civil español. Entonces, al iniciarse una 'acción de divorcio el tribunal decretaba la separación de los esposos, y esa separación, tal como se entendía en aquella época, no existe ya, pues de la misma naturaleza de las cosas resulta, que no puede subsistir una causa de acción después del falleci-miento de una persona en la que el único objeto es pedir que se decrete un divorcio.

Kirschner v. Dietrich, 110 Cal., 503;

McCurley v. McCurley, 45 Am. Rep., 717, 720.

Kimball v. Kimball, 82 Am. Dec., 194.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.

Juez disidente: Sr. Presidente Hernández.

OPINIÓN DISIDENTE

DEL JUEZ PRESIDENTE SR. HERNANDEZ.'

Siento discrepar de la opinión de mis ilustrados compañe-ros por los motivos que paso a exponer.

En 17 de junio del año 1910 Carlota de Celis Alquier pre-sentó demanda ante la Corte de Distrito de Humacao contra su esposo Ramón Méndez Cardona, en que después de alegar trato cruel e injurias graves del demandado para con la de-mandante, la existencia de bienes gananciales por liquidar a la disolución de la sociedad conyugal y la carencia absoluta de prole en el matrimonio, concluyó con la súplica de que en su día se dictara sentencia declarando roto el lazo matrimonial que unía a ambas partes, con las costas al demandado, y demás procedimientos del caso.

En 7 de enero del año próximo pasado, pendiente de em-pMzamiento el demandado, formuló petición a la misma corte Luis de Celis Alquier, en su. carácter de albacea testamentario de Carlota de Celis Alquier, la que había fallecido en 8 de agosto de 1910, solicitando que la acción de divorcio conti-nuara por y a nombre del peticionario, como albacea testamen-tario de los bienes de la demandante, para beneficio de los herederos de ésta y a los solos efectos de determinar la cuantía o participación que en dichos bienes y a título de cuota en usu-fructo pudiera tener el demandado Ramón Méndez Cardona.

En 17 de enero citado se personó en el pleito Ramón Mén-dez Cardona a sostener los derechos que le asistieran, y cuatro días después se opuso por medio de escrito a la pretensión de Luis de Celis Alquier, o sea a la substitución de parte deman-dante y continuación del pleito de divorcio hasta su termina-ción, alegando que en la demanda de la finada Carlota de Celis Alquier sólo se pedía que se declarara roto el vínculo matrimonial, y habiendo fallecido la demandante había quedado disuelto el matrimonio y roto para siempre dicho vínculo.

Discutidas la moción del albacea Luis de Celis Alquier y su impugnación, y presentada también por aquél demanda enmendada para el caso de que dicha moción fuera declarada con lugar, recayó resolución en 13 de marzo, que desestimó la moción del promovente con las costas al peticionario, quien interpuso contra tal resolución recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Examinemos el recurso á luz de los preceptos legales que puedan ser aplicables al caso.

El artículo 69 del Código de Enjuiciamiento Civil dice así.:

“Una acción, o procedimiento no termina por la muerte o incapa-cidad de una de las partes * * * siempre que la causa de uno u otra subsista o continúe. En caso de muerte * * * de una de las partes, la corte, previa moción al efecto, podrá permitir que con-tinúe la acción o procedimiento por o contra el representante o sucesor del muerto * * *. ”

El artículo 51 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales, aprobada en marzo 9 de 1905 está concebido en los siguientes términos:

“Será deber de ios administradores y mientras éstos se nombren de los albaceas, representar al finado en todos los procedimientos co-menzados por o contra el mismo antes de su muerte * * # y el albaeea o administrador quedará subrogado como parte en la acción.

En vista de los preceptos legales que dejamos transcritos, es incuestionable que el albaeea Luis de Celis Alquier puede representar a Carlota de los mismos apellidos en todas aque-llas acciones o procedimientos en que subsista o continúe la causa de unos u otros, y sólo nos toca examinar ahora si la causa de la acción de que se trata en el presente pleito, conti-núa o subsiste después de muerta Carlota de Celis Alquier. Para ello debemos acudir a nuestro derecho sustantivo local, atemperándonos a la doctrina consignada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Patton v. Brady, 184 U. S., 612.

El Congreso, dice aquel respetable tribunal, no ha preten-dido determinar qué clase de acciones sobreviven o subsisten a la muerte de una de las partes. La sección 955 de los Estatutos Revisados prescribe que “cuando cualquiera de las partes, bien demandante o demandada, en una acción pen-diente ante una corte de los Estados Unidos, muere antes de sentencia final, el albaeea o administrador judicial de tal persona puede en caso que la acción sobreviva, continuar o defender tal acción hasta sentencia definitiva. Esto no define las causas que subsisten. En ausencia o defecto de alguna ley especial, la cuestión en cada caso aislado debe resolverse por derecho común o por la Ley del Estado en el que se susci-tó y entabló la acción.”

La acción de divorcio, atendido su carácter personalísimo no subsiste y continúa después de la-muerte de cualquiera de los cónyuges, sino que se extingue, con arreglo a nuestro de-reebo sustantivo local.

El artículo 129 del Código Civil establece que el matrimo-nio sólo podrá disolverse antes de la muerte de cualquiera de los cónyuges, en los casos expresamente previstos en dicho Código, a saber: por la muerte del marido o de la mujer, por el divorcio legalmente obtenido y por declaratoria de nulidad del matrimonio, llevan-do consigo el divorcio la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad’y bienes de todas clases entre los cónyuges, según el artículo 173.

Como la acción de divorcio se dirige a obtener el rompi-miento del vínculo matrimonial, por más qüe venga como con-secuencia de ese rompimiento la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges, y como la rotura1, del vínculo conyugal se ha obtenido en el presente caso por-ta muerte de Carlota de Celis Alquier, de ahí que la demanda presentada no puede subsistir para perseguir un fin que ya se ha realizado.

Pero ¿podrá continuarse el pleito iniciado, no para obte-ner el divorcio sino a los fines que indicó en su moción el albacea Luis de Celis Alquier-?

Las. secciones 8a., 10a., y 11a. de la Ley de 9 de marzo de 1905 para modificar ciertos artículos del Código Civil, fijan los derechos del viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto prescribiendo la primera de dichas secciones, cuya pres-cripción es extensiva a-las dos restantes, que “si estuvieren los cónyuges separados por demanda de divorcio, se esperará el resultado del pleito.”

Ante precepto tan claro y terminante de la ley no cabe interpretación alguna, y se hace forzoso darle cumplimiento siempre que se trate de fijar los .derechos del cónyuge viudo, cuando al fallecimiento del otro estuvieren ambos separados por demanda de divorcio, en cuyo caso lo que procede es es-perar el resultado del pleito, o sea que se declare por sentencia si existe o nó la causa alegada para el divorcio.

Según regla de hermenéutica legal, las palabras de una ley deben siempre entenderse de modo que produzcan algún resul-tado, verba cwn effeetu sunt accipienda; y por tanto, es de rechazarse toda interpretación que deje sin sentido alguna cláusula o palabra de la ley, pues no puede creerse que el legislador haya querido hablar sin decir ni mandar nada.

Tal precepto ha sido ratificado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Washington Market Co. v. Hoffman, 101 U. S., 115.

“ ‘No tenemos,’ dice ese alto tribunal, 'el derecho de interpretar ninguna ley de una manera que impida que cualquier parte de su texto surta efecto. Es una regla cardinal en la interpretación de leyes, que, siempre que fuere posible, debe darse significación y efecto a cada palabra. En una época tan remota como aquella a que se refiere la segunda sección de Bacon’s Abridgment, se ha dicho que ■una ley en su totalidad debe ser interpretada de tal modo que, si es posible evitarlo, ninguna cláusula, sentencia, frase o palabra sea ;superflua, nula o insignificante. Esta regla ha sido repetida innu-merables veces. Otra regla igualmente reconocida es la de que cada parte de una ley debe ser interpretada en relación con todo el texto de la misma, procurando que todas sus partes estén en armonía, si esto fuere posible, y dando significación a cada una de las mismas.’ ”

T en el caso presente existe la posibilidad de dar aplica-ción al principio legal que dejamos apuntado, pues ella no nos lleva a consecuencias o resultados absurdos. Sería un ab-surdo continuar un pleito de divorcio para declarar la disolu-ción de un matrimonio que ya está disuelto por muerte de uno de los cónyuges; pero no hay absurdo alguno en que se con-tinúe ese mismo pleito, para determinar si había o nó causa legal de divorcio y con el solo fin de fijar los derechos del cón-yuge viudo.

Aun. más, la desheredación del cónyuge viudo que autoriza el artículo 832 del Código Civil puede, ser impugnada en el juicio que se inicie contra la representación del cónyuge muerto y en dicho juicio forzosamente tendrá que discutirse la existencia de la causa legal ele divorcio invocada para la des-heredación, al solo fin de anular ésta o dejarla subsistente. Siendo ello así ¿qué razón hay para que un pleito de divorcio que dejó iniciado el cónyuge difunto no pueda continuarse al solo fin de determinar si el cónyuge viudo tiene derecho o nó a la cuota vidual por existir causa legal de divorcio, según se pretende por el albacea de la finada Carlota de Celis Alquier?

T no solamente la letra de la ley exige la continuación del pleito de divorcio ya iniciado para fijar los derechos del cón-yuge viudo, sino que tatííbién lo demanda el espíritu que in-forma esa misma ley.

A este propósito dice el ilustrado comentarista Scaevola al comentar los artículos 834, 835, 836, 837, 838 y 839 del Código Civil, que son las secciones 8a., 9a., 10a., 11a., 12a. y 13a. de la ley aprobada en 9 de marzo de 1905.

“Goza tan importante y decisiva influenciada unión real de los cónyuges, la vida común de los mismos en el usufructo vidual, que el legislador decreta que si se hallare planteado el juicio de divorcio sin haber llegado al fallo, ‘se esperará el resultado del pleito.’
„ “El legislador, al establecer el precepto, ha obedecido, sin duda, a este razonamiento: La demanda de divorcio determina la separación provisional de los cónyuges (art. 68). Estado de derecho interino no puede producir efectos jurídicos definitivos. Si la adquisición o pér-dida del usufructo vidual depende de estar o no estar los cónyuges unidos legalmente al divolvérse el matrimonio, es conforme a razón que, pendiente pleito acerca del divorcio, haya que esperar a su resul-tado para afirmar o negar el usufructo.
“El legislador deja en suspenso el derecho, paraliza su movimiento de traslación hacia el cónyuge supérstite hasta que recaiga fallo en el litigio, sin distinguir caso alguno * * *.
“En el caso de muerte del cónyuge inocente y supervivencia del presunto culpable * * * hay que esperar el resultado del pleito, porque de la declaración o negativa del divorcio depende la adquisi-ción o no adquisición del usufructo por el supérstite. Aquí sí, el divorcio ejerce una influencia decisiva en la vida del usufructo y es forzoso atender el fallo del tribunal, en el que están interesados igualmente el supuesto cónyuge culpable y los herederos del inocente, porque la sentencia favorable a una de las partes, perjudica a la otra. Dependiendo el nacimiento del usufructo del fallo que pueda recaer en el pleito, es conforme a razón resignarse a conocer aquél.
“La afirmación de la facultad de continuar el pleito de divorcio los herederos del cónyuge premuerto, parece pugnar con el carácter personalísimo de la cuestión, ratificado por el precepto del artículo 106 del Código, según el cual, el divorcio solo puede ser pedido por el cónyuge inocente, mas no hay que olvidar que si se discute en este punto el divorcio, es principalmente con relación a un efecto civil del mismo. Y este particular supone derechos y obligaciones, transmisi-bles, por tanto, a los herederos del cónyuge fallecido.”

El pleito de divorcio iniciado por el cónyuge inocente y cuyo resultado debe esperarse, según precepto imperativo de la ley, para fijar los derechos del cónyuge viudo, ha de continuarse por el albacea mediante la correspondiente auto-rización judicial y por los trámites que para los juicios ordi-narios establece el Código de Enjuiciamiento Civil. El alba-cea Luis de Celis Alquier ha intentado el procedimiento ade-cuado a ese fin. La Legislatura no quiso establecer procedi-miento especial por no estimarlo necesario. Bastaba que ordenara se esperara el resultado del pleito de divorcio para que éste pudiera continuarse por los trámites ordinarios al solo fin, repetimos, de fijar los derechos del cónyuge viudo.

No hay, pues, duda alguna de que el pleito de divorcio des-pués de iniciado puede continuarse para decidir si existe o nó la causa de divorcio alegada; pero es condición indispensable que al ocurrir el fallecimiento del cónyuge demandante estén ambos separados por demánda de divorcio. ¿Qué separación es esa de que habla la ley?

El artículo.68 del Código Civil español prescribe que inter-puestas y admitidas las demandas sobre nulidad de matri-monio y sobre divorcio, se adoptarán entre otras disposiciones la de separar los cónyuges en todo caso, y así en'los pleitos do divorcio, la separación de los cónyuges, por orden judicial, siempre tenía lugar. Pero ese artículo lia sido derogado por el Código Civil Revisado en el cual no encontramos otro pre-cepto relacionado con la separación de los cónyuges en caso de divorcio que el consignado en el artículo 167, que dice:

“Si la mujer que litiga por el divorcio lia dejado, o declarado su intención de dejar, el domicilio del marido, la corte de distrito le señalará una casa en la cual estará obligada a vivir hasta la termina-ción del juicio.”

¿Será esa separación la requerida para la continuación del pleito de divorcio? Cmmc? quo no, por cuanto según sos-tiene la ilustrada representación de la parte apelada en su ale-gato escrito, el derecho que dicho artículo reconoce es un derecho limitado exclusivamente en su ejercicio a la mujer y de carácter sustancialmente potestativo, hasta el punto de que si la mujer no quiere ejercitarlo, $1 marido durante la sustan-ciación del pleito de divorcio vendría -obligado a soportar a la mujer en el domicilio conyugal. Los derechos del marido y de la mujer en ese caso no serían iguales, pues los del marido estarían sujetos a la voluntad o capricho de la mujer.

No pudiendo acudir al Código Civil antiguo para fijar el concepto de la separación de los cónyuges por demanda de divorcio a los efectos de la cuota vidual, pues el artículo 68 que establece en todo caso la separación por orden judicial cuando había demanda de divorcio, ha sido derogado, ni tam-poco al artículo 167 del Código Revisado por la razón ya ex-presada, ¿qué sentido debemos dar a aquel concepto, pues alguno debe tener, según la regla de interpretación de que de-jamos hecho mérito?

Es una regla bien establecida de interpretación que las palabras simplemente üsadas en las leyes deben tomarse en su significación propia, natural y genuina a menos que evi-dentemente resulte que el legislador les ha dado una significa-ción impropia o excepcional.

Separación, según el Diccionario de la Lengua Española, es “la acción y efecto de separar o separarse” y separar signi-fica “poner a una persona o cosa fuera del contacto o proximi-dad de otra. ’ ’ Un cónyuge estará fuera del contacto o proxi-midad del otro cuando no vivan ambos bajo un mismo tedio, en cuyo caso estarán separados. T no es necesario que tal sepa-ración se realice mediante orden judicial, pues la ley de 9 de marzo de 1905 no exige tal requisito. Basta que exista la se-paración por demanda de. divorcio para que se continúe el juicio basta llegar a su resultado y, en su consecuencia, otor-gar o nó al cónyuge viudo la cuota usufructuaria correspon-diente.

El mismo Código revisado autoriza la doctrina que deja-mos consignada, pues su artículo 832 anteriormente citado, al fijar las justas causas para la desheredación de un cónyuge por el otro, entre las cuales se encuentran las que dan lugar al divorcio, concluye con el siguiente precepto:

Para que las causas que dan lugar al divorcio lo sean tam-bién de desheredación, es preciso que no vivan los cónyuges bajo un mismo techo.

En ese caso no ha exigido el legislador que exista una orden judicial en virtud de la cual no vivan los cónyuges bajo un mismo techo y solo requiere como condición necesaria para la desheredación por alguna de las causas de divorcio, el hecho de la separación, o sea que los cónyuges no vivan bajo el mismo techo. No hay razón alguna que justifique la necesidad de una separación acordada judicialmente para la continua-ción de un pleito de divorcio, al solo fin de determinar los de-rechos del cónyuge viudo.

Opinamos que la separación de los cónyuges para que pueda continuarse el pleito de divorcio pendiente, es la misma separación que el Código Civil exige para la desheredación por causa legal de divorcio, o sea que no.vivan los cónyuges bajo un mismo techo. La razón de dicha condición es la misma en uno y en otro caso, a saber, la presunción de reconciliación si vivieran juntos.

Ahora bien, como en la demanda de fecha 17 de junio de 1910, se afirma que el demandado desde el 18 de mayo anterior, faltaba del domicilio conyugal, y bajo esa demanda falleció la demandante en 8 de agosto del mismo año, es claro que al ocu-rrir dicho fallecimiento estaban ambos separados por de-manda de divorcio, llenándose así el requisito de la separación que exige la ley para la continuación del pleito de divorció de que se trata.

Por las razones expuestas procede se revoque la orden ape-lada de 13 de marzo de 1911, permitiéndose a Luis de Celis Alquier, como albacea de Carlota de Celis Alquier, la con'' nuación del pleito de divorcio que ésta dejó iniciado a su falle-cimiento contra su esposo Bamón Méndez Cardona, a los solos efectos pretendidos por dicho albacea.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb,. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    Verdejo v. Sucesores de Oliva & Co.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan,
    No. 729.
    Resuelto en marzo 8, 1912.
    Daños y Perjuicios — Embargo—Aseguramiento de Sentencia — Interventor.— La Ley de Aseguramiento de Sentencias no es aplicable al caso de autos como fundamento para la indemnización que se reclama, porque esta aceión se ejercitó por un tercero que intervino en el pleito en donde se praetieó el embargo y no por los demandados en dicha acción, siendo aplicables a este caso los preceptos del artículo 1803 del Código Civil, según los cuales es necesario alegar y demostrar la existencia de culpa o negligencia pqra poder ejercitar con éxito esta acción.
    Id. — Valor de los Bienes Embargados — Pruebas.—Para que pueda concederse una indemnización por el menosprecio y deterioro de. bienes embargados es necesario que se justifique que han ocurrido por culpa o negligencia del demandado y para determinar el montante de la indemnización es indispensable probar el valor de los bienes al practicarse el embargo y su valor al levan-tarse el embargo.
    Id. — Bienes Embargados — Obligaciones del Dueño. — Cuando un tercero inter-viene en una aceión y reclama el dominio de los bienes en-’-,argados y la corte declara con lugar su reclamación, tiene el deber de tomar pososmn de dichos bienes inmediatamente y poner de su parte todos los medios ~a-a, evitar que continúen los perjuicios que pueda sufrir por motivo del embargo, y si omite el hacerlo no puede hacer responsable al que obtuvo el embargo del valor total de los bienes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José E. Benedicto.

      Abogado del apelado: Sr. Manuel F. Bossy.

   El Juez Asociado Sb,. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es nna acción por daños y perjuicios entablada por Mariano Verdejo contra Sucesores de Oliva & Co., en la Corte de Distrito de San Jnan, en la qne se reclamaban seis-cientos dollars ($600) como daños y perjuicios por baber em-bargado dichos demandados, como de la propiedad de Lucas Plaza y otros, un ranchón situado en la calle de Cerra en San-turee; alegando dicho Verdejo ser el dueño del ranchón, y así lo declaró la corte municipal de San Juan el 14 de septiem-bre, 1911, en un pleito entre las mismas partes.

La Corte de Distrito de San Juan, Primera Sección, dictó sentencia el 8 de mayo de 1911, a favor del demandante, con-cediéndole doscientos dollars ($200) de daños y perjuicios, sin especial condena de costas. Se trabó el embargo en este caso el 16 de septiembre de 1908; y aparece que el mismo día los demandados en el procedimiento de embargo vendieron sus derechos en el dominio del ranchón a,Mariano Verdejo, el cual inmediatamente intervino en el asunto ante la corte municipal, siendo en el procedimiento seguido ante esta última corte, que se dictó sentencia estableciendo su' dominio. La Corte de Distrito de San Juan fundó su sentencia por daños y perjuicios, a favor de Verdejo, en el hecho de que la corte municipal lo había declarado dueño de dicho ranchón, y que la sociedad demandada, Sucesores de Oliva & Co., le habían cau sado daños y perjuicios por su negligencia en embargar, y ocupar dicha finca durante un año, abandonándola finalmente. La sentencia de la corte municipal, oportunamente estable-ciendo su dominio, se hizo definitiva por no haber sido ape-lada. Hubo contradicción en la prueba sobre la cuestión del dominio, y el apelante en el presente caso trató de probar que la venta a Verdejo fue hecha con posterioridad a la ejecución del embargo, y también se insinuó que la venta hecha por Plaza y otros había sido fraudulenta. Sin embargo, debemos aceptar el dominio cómo res ad judicata, por no haberse ape-lado contra la sentencia de la corte municipal que lo estable-cía, la cual sentencia se bizo firme.

Se desprende de la prueba que después de haberse trabado el embargo, la corte se incautó del ranchón y lo entregó a Daniel Ramos como depositario. Después de la sentencia de la corte municipal estableciendo el dominio y levantando el embargo, no consta que ninguna de las partes de este pleito tomara posesión de la finca, o ejerciera dominio o control de la misma. El demandante Verdejo, en su demanda, especial-mente rechazó todo deseo o disposición a hacerse cargo del ranchón, alegando que estaba completamente arruinado por haberlo tenido abandonado los demandados Sucesores de Oliva & Go. Por otra parte, los Sres. Oliva & Co., en su con-testación alegaron que Verdejo al fallarse el pleito que esta-blecía su reclamación del dominio de la finca, pudo haberse posesionado inmediatamente del ranchón y así debió haberlo hecho, y que en vez de hacerlo, rehusó sin motivo justificado para ello, tomar posesión de él, dejándolo completamente abandonado.

La prueba demuestra que el edificio, tal como se hallaba, no era más que una simple armazón, sin piso ni techo, a ex-cepción de algunas pencas, y que estaba cercado- con tela o cortinas y que estaba expuesto a la intemperie, y que el ma-deramen se deterioró de tal manera que el .edificio dejó de tener valor alguno como tal. Sin embargo, la madera cierta-mente tenía algún valor como combustible, aunque no como otra cosa.

No se alega en la demanda, ni se ha consignado en la sen-tencia, ni se ha demostrado por la prueba, que cuando los Sucesores de Oliva & Go. hicieron que se trabara el embargo del edificio supieran ellos que no pertenecía a los demandados Plaza y otros, y que había sido adquirido por Verdejo, ni es importante el que lo supieran o no, excepto por lo que respecta a la cuestión de daños ejemplares ó punitivos que no se recla-man aquí.

Respecto a la cuantía de los daños y perjuicios, la prue-ba simplemente demuestra que la finca embargada valía, el día del embargo, de cuatrocientos a cuatrocientos cincuenta dollars, y Cárdenas, uno de los testigos, declaró que el día de la vista, es decir, el 8 de mayo de 1911, el ranchón era sim-plemente leña y no valía nada. En ninguna parte de los autos se prueba que al verificarse la vista, en el año 1909, estuviera el ranchón arruinado o que no sirviera, ni hay pruebas para demostrar a cuanto ascendía el deterioro o disminución de valor que sufriera durante el año en que estuvo embargado, ni aparecen de los autos pruebas para determinar la suma de doscientos dollars como cantidad específica de los daños y perjuicios que sufriera el demandante. ■

El derecho a percibir indemnización por daños y perjui-cios no nace en virtud de la ley para el aseguramiento de sen-tencias, puesto que tal indemnización no se ha exigido por los demandados en el pleito original, Plaza y otros, sobre cuya propiedad se trabó el embargo. Esta acción ha sido enta-blada por un tercero que intervino en dicho pleito y estable-ció su reclamación en cuanto a la finca embargada. La ley sobre el aseguramiento de sentencias no tiene aplicación a un caso como el presente que se rige por el artículo 1803 del Código Civil el cual requiere, para establecer la responsabili-dad, que haya existido culpa o negligencia por parte de los demandados. En el caso que nos acupa no so alega que los demandados hubieran incurrido en culpa o negligencia. De aquí el que no pueda prosperar la acción por daños y per-juicios, aun en el supuesto que Verdejo fuera el dueño de la finca embargada al efectuarse el embargo y que por sentencia de la corte municipal se le adjudicara el dominio de la finca.

Aun en el caso.de que se hubiera alegado en la demanda y probado en el juicio que existió culpa o negligencia por parte de los demandados, los autos no aducen prueba en cuanto a la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por el deman-dante. En el presente caso, en un procedimiento adecuado, pudiera quizás hacerse a los demandados responsables para con el demandante por cualquier deterioro o disminución en el valor del edificio embargado, siempre que esto Ixubiese ocu-rrido por culpa de ellos durante el año que duró el embargo ; pero para llegar a la cuantía, el demandante debió haber demostrado por medio de prueba adecuada el valor del edi-ficio en la fecha del embargo y el valor del material, bien fuera como leña o madera o en cualquiera otra condición en que pu-diera encontrarse al levantarse el embargo y al devolvérsele la finca, o dejarla a su disposición.

Además, era el deber de Verdejo, una vez que consiguió establecer su derecho al dominio del edificio y la corte se lo había adjudicado, el tomar posesión de él, y sacar del mismo todo el mayor producto, mediante venta o en otra forma, y de ese modo disminuir los daños que sufriera por causa del embargo. No habiéndolo hecho así, no puede hacer responsa^ bles a los demandados Sucesores de Oliva & Oo. del valor to-„ tal del edificio. Pero es inútil especular sobre este extremo de la cuestión, puesto que él no lo hizo así y no se presentó prueba en la vista en ese' sentido.

No existiendo prueba de la cuantía de los daños y perjui-cios realmente irrogados al demandante durante el año en que se le privó de la posesión de la finca, no ha quedado estable-cida la responsabilidad de los demandados y no debió haberse dictado sentencia contra ellos. Debe revocarse en consonan-cia la sentencia de la Corte de Distrito, y dictarse por este tribunal sentencia en este caso a favor de los demandados, que son los apelantes, declarándolos exentos de toda responsa-bilidad y que recobren todas las costas incurridas en este procedimiento.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Redinger v. Crespo.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 756.
    Resuelto en marzo 8, 1912.
    Daños t Perjuicios' — Animales—Responsabilidad del Dueño — Mayordomo.— Interpretando las disposiciones de los artículos 1804 y 1806 del Código Civil a la luz de los principios y de la jurisprudencia, es indudable que el dueño de animales es responsable de los daños y perjuicios que ocasionen penetrando en propiedades ajenas, sin que desvirtúe para nada esa responsa-bilidad el hecho de que dichos animales estaban al cuidado y bajo la direc-ción del mayordomo de la ñnca, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda tocar al mayordomo por tales daños.
    Id.' — Posesión de los Animales' — Posesión Civil y Natural.— Aun en el caso de que sólo fuera responsable la persona en cuya posesión se hallan los ani-males que han causado el daño, no por eso dejaría de ser responsable el dueño de los mismos, por el hecho de ser el mayordomo de su finca el que los 0 cuida y vigila, pues la posesión que éste tiene no es por dereeho propio sino a nombre de su principal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Suliveres.

    Abogados del apelado: Sres. Ricardo Agrait Aldea y José Martinez Dávila.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación tiene su origen en una acción que estable-ció Camden Redinger contra Francisco Crespo para que se le indemnizaran los daños y perjuicios que alegó había su-frido en su finca por la depredación de animales cabríos y bueyes del demandado, que le destruyeron cuarenta árboles de chinas y otros daños ascendentes todos a quinientos cin-cuenta pesos ($550). En el juicio las partes presentaron sus respectivas pruebas, y se dictó sentencia en la que se declaró que la demanda estaba bien fundada, habiéndose justificado los daños y perjuicios en la suma de $400, y ordenando que el demandante recobre del demandado la expresada suma y las costas.

Contra esta sentencia interpuso el demandado recurso de apelación para ante este tribunal que se encuentra pendiente de resolución, después de oirse los informes orales y escritos que oportunamente formularon ambas partes. Los hechos son en resumen, que el demandante y demandado eran dueños de fincas contiguas en la municipalidad de Vega Baja; y el demandado poseía ganado y cabras que se cuidaban en su finca y los atendía su mayordomo. Se ha alegado y probado que en los meses de marzo y abril del año pasado, los anima-les pertenecientes al demandado penetraron en la finca del de-mandante, destruyendo cuarenta árboles de chinas. El de-mandado alega como defensa, que con arreglo a los estatutos de Puerto Rico, a saber: el Código Civil, artículos 1804 y 1806,. es solamente la persona en cuyo poder se encuentran los animales, la responsable de los daños causados por ellos al penetrar en la finca de otro. En lo que pueden ser aplicables dichos artículos a este caso, se expresan como sigue:

' “Artículo 1804. — La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propias, sino por los de aquellas personas de quienes se deba responder ® * *.
“Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los que tuvieran empleados, o con oca-sión de sus funciones * * *.
“La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la dili-gencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.
“Artículo 1806. — El poseedor de un animal, o el que se sirve de el, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe.
“Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño pro-viniera de fuerza mayor o de culpa, del que lo hubiese sufrido. ’ ’

Al dictar su sentencia el Juez de Distrito del Distrito de Arecibo, la fundó en una resolución que es innecesario copiar aquí.

.Todo el caso se funda virtualmente en un solo punto, a saber: ¿quién es responsable de los daños y perjuicios, el dueño de los animales o el mayordomo de la finca que, real-mente tiene a su cuidado dichos animales? De un examen de las autoridades se ve que los principios de la ley española y americana son casi idénticos en cnanto a la responsabilidad del dueño en tales casos. El célebre comentarista Manresa refiriéndose a esta cuestión se expresa como sigue:

“Por la misma razón, aquel que por su industria, por su pro-fesión o por otras circunstancias, tuviere alguna otra persona a su servicio o bajo su dependencia o custodia, debe exigir de ella que cumpla su cometido con la actividad y diligencia necesarias; y si por faltar a éstas diere origen a un perjuicio, deben venir obligados a indemnizar al perjudicado aquel que tuviera a su servicio o bajo su vigilancia al que causó el daño, ya por no haber tenido el debido celo en la inspección en los actos de sus dependientes o subordinados, ya porque careciendo éstos, por regla general, de los medios de in-demnizar personalmente, no es justo que el que sufre un daño por causa de otro se vea privado de acción suficientemente eficaz para reclamar su reparación. (12 Comentarios de Manresa, págs. 608 y 609.)
“La responsabilidad impuesta por el artículo 1903 a los que deben responder por otras personas, no es subsidiaria sino directa, como lo exige la causa que la motivó; y la establece la ley por razón del in-cumplimiento de los deberes que imponen las relaciones especiales de autoridad o superioridad que median entre el que ha de reparar el daño y el que dió motivo a él con sus actos u omisiones.” (12 Co-mentarios de Manresa, págs. 611 y 612.)

El mismo comentarista continúa como sigue:

“De aquí que en vista de esa imposibilidad se suponga que aquel que posee o usa un animal por una razón de necesidad, o para su comodidad o recreo, se somete desde luego, por el mero hecho de su posesión o uso a todas las eventuales consecuencias y a todos los daños lúteriores que pudieran sobrevenir, aceptando asimismo implícita-mente por1 virtud de ese hecho la responsabilidad consiguiente, lo cual presupone la existencia de un consentimiento presunto o de un consentimiento tácito, por parte del poseedor, o usuario del animal, que ocasionó el daño, ccn la obligación de responder del mismo. De este modo suponen que debe entenderse en las acciones noxales la máxima por algunos combatida: ‘Cujus commoda ejus incommoda, nam commoda ei incommoda inter se reciprocantur pues aun cuando el daño no puede calificarse siriclo jare como una secuela directa de la propiedad o del uso, es siempre su consecuencia indi-recta y mediata, la cual debe explicarse por el principio causa causae est causa causati, cuando quiera determinarse la razón- de la res-ponsabilidad. ” (12 Comentarios de Manresa, págs. 621 y 622.)

Signe, expresándose el propio comentarista en las páginas qne siguen, de este modo:

“El espíritu del artículo 1905 es bien perceptible, y explícito resulta de los propios términos del mismo. Castígase en el la culpa o negligencia del que, pudiendo y debiendo evitar las conseeuenciás del uso o empleo de los animales, no lo evita por no adoptar los medios de previsión convenientes y adecuados a diebo fin, o porque, aun adoptándolos, no pudo conseguirse dicho resultado, por deber imputarse a sí mismo el riesgo que puede sobrevenir de utilizarlos, toda vez que al valerse de ellos,, acepta voluntariamente por ese hecho la responsabilidad de las consecuencias que puedan derivarse de él. En su virtud, siempre que el daño que se produzca sea una conse-cuencia propia y natural de la utilización del animal danmificador, independiente de toda intervención extraña o de cualquiera otra causa no imputable al poseedor o al que hace uso de él, deben éstos soportar dicha consecuencia reparando el daño causado, hubiera o no negligencia o falta de cuidado, porque al tener en su poder dicho animal, o al usarle, ya sabían a lo que podían exponerse.” (12 Comen-tarios de Manresa, págs. 626 y 627.)

Las autoridades americanas se expresan virtualmente en igual sentido general. Las encontramos compendiadas en el tomo 2 de Cyc., páginas 378-379, a saber:

“PARTES RESPONSABLES.
“(I) Dueño o encargado. — Contra nadie puede ejercitarse una acción por los daños y perjuicios causados por un animal que no le pertenece, atiende o dirige; pero una persona que cuida, atiende, o está encargada de animales viciosos es responsable por los perjuicios que ocasionen, sin que sea necesaria tener en cuenta la pertenencia de los mismos, y aun cuando tal cuidado sea sin consentimiento y contra el deseo del dueño del animal.
“(II) Quien es dueño o encargado. — Atender, quiere, decir pro-teger, y el que acaricia a un perro como si lo tuviere en su casa, y se toma el trabajo de hacer que le obedezca dirigiendo sus movimientos es el dueño o encargado, según el significado de la ley; pero el hecho de que se encuentre fortuitamente un animal en su finca, si no se le trata como se ha dicho, no convierte a tal persona en dueño, o persona encargado del mismo. Si el jefe de una casa de familia, que está en posesión y dominio de una casa o finca, deja o permite que se cuide un animal en su finca de tal modo, puede considerársele como encargado de dicho animal, ya pertenezca el mismo a su hijo o a su esposa; y si una mujer casada tiene todos los derechos de una sol-tera, feme sole, en lo que se refiere a sus bienes propios, puede ser responsable como encargada de un animal, aunque en realidad per-tenezca a' su marido, no siendo esto necesariamente así. Igualmente una corporación o sus oficiales, un' huésped, o un barco, pueden estar sujetos a responsabilidad. La persona que a sabiendas permite que se cuide un perro en su finca, por un empleado o sirviente, es un encar-gado según el alcance del estatuto; pero no sucede lo mismo, cuando el empleado vive en otra casa en la finca del patrono. El hecho de que otras personas excepto el demandado habían intervenido en el cuido de un animal no lo exime de ser considerado como la persona a cuyo cuidado está el animal dentro del significado del estatuto.” (2 Cyc., 378, 379 y casos citados.)

La Ley, según lia sido enunciada tanto por las autoridades españolas como por las americanas, claramente hace respon-sable lo mismo al dueño, que al encargado de animales realen-gos, de los daños y perjuicios que ocasionen penetrando en propiedades ajenas; y no importa si las cabras o animales que causaron el daño se encontraban realmente al cuidado o cus-todia de su dueño, o bajo la dirección del mayordomo de la finca. En uno y otro caso él es responsable, el dueño, según se ve claramente de las autoridades citadas; pero aun cuando el caso fuera como alega el apelante, o sea, que sólo la persona en cuya posesión puedan hallarse los animales, sería la responsable, es claro, sin embargo, que el demandado tenía suficiente posesión de los animales para establecer su respon-sabilidad. La posesión, según el Código Civil de Puerto Rico, se define en los artículos 433 y 434, como sigue:

“Artículo'433.- — Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute, unidos a la intención de haber la cosa o derecho como suyos.
“Artículo 434. — La posesión se ejerce en las cosas o en los de-rechos por la misma persona que los tiene y los disfruta, o por otra en su nombre. ’ ’

Puede ser que el dueño no tuviera el dominio directo y la posesión real o natural de los animales en su propia persona, pero él ciertamente los poseía por medio de su agente, según se expresa en el artículo 434. Por consiguiente, interpretán-dose correctamente nuestro Código Civil, se résolvió que la posesión de los animales la tenía el dueño de los mismos. Es-ta es también la ley en el continente americano, según se ha expresado en un caso de California que sirve de norma. El Juez Asociado, Sr. Bennett, al emitir la opinión del tribunal en aquel caso, se expresó como sigue:

‘‘Los anteriores preceptos de la ley española y mejicana no se diferencian esencialmente de los de la ley francesa. Es necesario, dice Domat, distinguir un derecho y un hecho en la idea general que se tiene de la palabra posesión; el derecho a poseer, y la tenencia real, que es el hecho. (1 Domat, Lib. 3, Tít., 7.) Considerada la posesión en su verdadero sentido, es la tenencia de una cosa que su dueño, o el que tiene motivos razonables para creer que lo es, tiene-a su cuidado, o en el de otra persona que lo representa en la pose-sión. (Id. 489, Lib. 3, Tít. 7, See. 1, art. I.) Expresa además dicho-juez, que la posesión supone un derecho y un hecho; el derecho a. gozar en unión del derecho de propiedad, y el hecho de la verdadera, tenencia de la cosa, que puede estar en poder del dueño o de otro que lo sustituya. (Id. Lib. 3, Tít. 7, Sec. 1, art. 2.) Además, úna persona puede poseer cosas corpóreas, ya sean movientes o semovien-tes, pero según sus distintas, naturalezas, la manera de poseerlas es distinta. Así una persona puede poseer bienes muebles, teniéndo-los guardados bajo llave, o en cualquiera otra forina a su disposición. Por ejemplo, una persona posee ganado, ya teniéndolo en su finca, o dándolo a otro para que lo cuide; se posee una casa habitándola, dejándola al arrendatario, o haciendo construcciones en ella. Uno posee terrenos, cultivándolos, recogiendo el cosecho, saliendo para dichos terrenos y regresando de ellos, y disponiendo libremente de los mismos. Sin embargo, aun cuando la posesión signifique la te-nencia de lo que poseemos, esta tenencia no debe considerarse epmo si fuera necesario que siempre tuviéramos en nuestras manos o ante nuestra vista, las cosas que poseemos. Pero una vez adquirida la posesión se sigue en ella sin que sea necesaria la tenencia real de la misma.” (Suñol v. Hepburn, 1 Cal., 263-264.)

De acuerdo con las autoridades que han sido citadas y otras más que pudieran citarse en gran número, somos de opinión que la sentencia de la corte inferior es enteramente correcta, no habiendo motivos para modificarla. Debe, por tanto, con-firmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tono,

text:
    Dávila v. Dávila et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 716.
    Resuelto en marzo 8, 1912.
    Acción Beivindicatoria — Excepciones Previas — Demanda Insuficiente — Título del Demandante. — En el presente caso el demandante reclamó la propiedad de 30 cuerdas de terreno alegando que formaban parte de una finca de 350 cuerdas que perteneció a su padre y que a la muerte de éste se adjudicó en su totalidad a su madre tramitándose a nombre de ésta un expediente posesorio que se inscribió en el registro a fin de que la adjudica-taria otorgara a los demás herederos, entre los cuales figura el demandante, el título correspondiente. El demandante no alegó que se le hubiera otor-gado su título ni que lo tuviera inscrito en el registro. El demandado tiene :su título inscrito en el registro de la propiedad. Se resolvió: que la demanda no aducía hechos suficientes para basar la acción reivindicatoría ejercitada, porque el de heredero no es título suficiente por sí solo para redamar para sí una .porción determinada de una herencia cuando existan otros herederos, y porque la partición alegada no se hizo en legal forma, y, aunque se le reconociere eficacia, no se alega que la adjudicataria otorgara al demandante el título .correspondiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado de los apelados: Sr. Augusto Malar et.

   El Juez Asociado Se. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia apelada en este pleito se dictó con motivo de excepciones previas establecidas por los demandados. Una de elidía excepciones, a la cual circunscribiremos nues-tro estudio por ser fundamental en este caso, fué la de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Dicha excepción se basa especialmente en que el demandante ejercita la acción reivindicatoría y no alega la existencia a su favor de un verdadero título de do-minio.

El demandante alega en su demanda que desde el año 1878 venía poseyendo una finca de 30 cuerdas que describe y que era parte de otra de 350 cuerdas que también describe, y “que esta finca de 350 cuerdas constituía el patrimonio del finado Andrés García y debía ser dividida entre su viuda Petrona Quiñones y sus diez hijos nombrados, Juan Andrés, Andrés Avelino, Vicente Ferrer, Luis Leonides, María del Carmen, Juana Francisca, María del Rosario y María de los Dolores Dávila y Quiñones y que al ocurrir el fallecimiento del causante hacia el año 1877, la sucesión así compuesta, acordó, toda vez que carecía de título escrito inscribible, que se hi-ciera la partición de los bienes, adjudicándosele a la viuda Señora Quiñones 50 cuerdas y la casa, y 30 cuerdas a cada hijo, lo que se llevó a efecto señalándose a cada heredero su lote y dándosele posesión del mismo, acordándose ade-más, en ahorro de gastos, que la Señora Quiñones promo-viera a su sólo nombre un informativo posesorio para ir después otorgando los títulos a sus hijos, entre los que se encontraba el demandante, de los lotes adjudicados a cada uno, a medida que a ellos les fuera necesario el título; y que así lo hizo la Doña Petrona Quiñones promoviendo in-formación posesoria de dicha finca que fué aprobada en 30 de junio de 1888 por auto del Señor Juez Municipal de Mo-rovis y fué inscrita debidamente en el Registro de la Pro-piedad de este Distrito, tomo quinto de Morovis, folio 101, inscripción primera, finca 229.”

T alega además el demandante que el lote que le corres-pondió, lo dió a su hermano Juan Dávila, que se hallaba en 'estado precario, para que lo cultivara sin pagar canon ni merced. Que su hermano murió y sus hijos los demandados Francisco y Joaquín Dávila continuaron poseyendo la finca en la mismas condiciones que su padre. Que el demandado Francisco Fuxench por medio de engaños y amenazas, ale-gando ser acreedor de Juan Dávila, hizo firmar a los hijos de éste un documento cuyo contenido desconocían, y posesio-nado de dicho documento, promovió a s'n nombre información posesoria aprobada el 9 de agosto de 1907, de la finca en cuestión, y la inscribió en el registro de la propiedad. T que el dicho Fuxench vendió la referida finca al otro demandado Evaristo Camacho, conociendo éste los vicios del título de su vendedor.

Habiendo en consideración de todo lo alegado por el de-mandante ¿podrá concluirse que establece un verdadero título a su favor suficiente para sostener la acción por él ejercitada? Veámoslo.

Si se aprecia que el dicho demandante solamente reclama a título de heredero, tal alegación no es suficiente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de España esta-blecida en su sentencia de 13 de junio de 1901, y por noso-tros mismos en las sentencias de Velilla v. Pizá et al., y Cruz et al. v. Ortiz, dictadas, respectivamente, el 5 y el 20 de diciem-bre de 1911.

T si se estima que pretendió alegar la existencia de una partición, que es la que de acuerdo con la ley confiere al here-dero la propiedad exclusiva de los bienes que se le adjudi-quen, los hechos por él expuestos no demuestran que dicha partición se hiciera en legal forma. Y aun aceptando como blieno el procedimiento seguido de acreditar la posesión de la finca de 350 cuerdas, único bien hereditario, a nombre de la Señora Quiñones, madre del demandante, e inscribirla luego en el registro de la propiedad; tampoco se alegó que la Sra. Quiñones otorgara a favor clel demandante el título que le correspondía, ni menos que el demandante hub i (ira inscrito dicho título en eí registro de la propiedad.

En tal virtud; el recurso debe declararse sin lugar y con-firmarse la sentencia apelada.

ij on firmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Correa et al. v. Correa et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 719.
    Resuelto en marzo 8, 1912.
    Nulidad de Institución de Herederos — -Nietos Naturales — Actos de Recono-cimiento. — Una demanda sobre nulidad de institución de herederos entablada 2Jor un hijo natural reconocido de uno de los hijos del causante do la suce-sión demandada que no alega específicamente los actos constitutivos de recono-cimiento de dicho demandante, es insuficiente, pues no basta insertar como se ha hecho en el caso de autos una cláusula del testamento de dicho causante relativa al legado que deja al demandante, pues el reconocimiento es un acto piersonalísimo que debe hacerse por el padre o la madre en su caso, o 25or ambos conjuntamente, o por virtud de una sentencia dictada en el juicio v correspondiente.
    Hijos Naturales — Derecho Sucesorios — Ley que Regula Dichos Derechos.— Es un principio bien establecido que las leyes vigentes al fallecimiento del causante, son las que deben regular los derechos de los herederos.
    Id. — Derecho de Representación — Padre Legítimo del Padre Natural. — De acuerdo con la legislación vigente el 13 de agosto de 1879, el hijo natural reconocido no tiene derecho a heredar, en representación de su padre natural, al 2>adre legítimo, de su padre natural y por lo tanto, el padre de las de-smandantes en este caso no era heredero forzoso del causante de la suce-sión demandada, y las demandantes carecen de acción para pedir la nulidad del testamento impugnado en la demanda.
    Id. — Derechos Sucesorios — Derecho de Representación — Código Civil. — De acuerdo con las disposiciones del Código Civil Español vigente en Puerto Rico en 1890, el hijo natural reconocido tampoco tiene derecho a heredar, en representación de su padre natural, al padre legítimo de su padre natural.
    Legado — Legatario—Derecho Habientes del Legatario. — Una demanda sobre reclamación de un legado en la cual se omite expresar la fecha del falleci-miento' del testador, es insuficiente, pues es indispensable conocer dicha fecha para saber si el legatario sobrevivió al testador para determinar si adqui-rió el legado y lo trasmitió a sus herederos, siendo de la incumbencia de los que reclaman un legado como habientes derecho del legatario, probar que éste es quien ha sobrevivido.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Srés. José G. Torres y Au-gusto Malaret.

      Abogado de los apelados: Sr. Félix Saiüoni. ■

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso sobre nulidad de institución de herederos, decidido sobre las alegaciones.

Angelina María y Teresa María de Jesús Correa, y Mon-serrate Dávila, viuda de Correa, establecieron una demanda en la Corte de Distrito de Arecibo contra la Sucesión de Felipe Correa y Micaela Fuentes, solicitando que la corte declarara nula la institución de herederos contenida en el tes-tamento mancomunado otorgado por los cónyuges Don Felipe Correa y Da. Micaela Fuentes en 1878 y nulas las parti-ciones hechas por los herederos de dichos cónyuges y las ins-cripciones que en virtud de las mismas se habían llevado a efecto en el registro de la propiedad, y que ordenara además la práctica de una nueva partición y el pago a las deman-dantes de nn legado de mil dollars consignado en el refe-rido testamento.

Para basar tales peticiones, alegaron las demandantes los siguientes hechos:

“Io. Que las demandantes son las únicas y universales herederas de Vicente Correa y Portalatín, las dos primeras como hijas y la última como viuda, según declaratoria hecha por esa corte de distrito.
“2o. Que la sucesión demandada la componen (se nombran las personas).
“3o. Que Don Felipe Correa y Molina, esposo que fue de Doña Micaela Fuentes y Zayas, falleció en Arecibo el día 13 de agosto de 1879, bajo testamento mancomunado con su dicha esposa, cuya cláu-sula décima tercia dice como sigue: ‘Los señores testadores instituyen por sus únicos y universales herederos de todos sus bienes, derechos y acciones a sus cinco hijos Don Gabriel, Doña Magdalena, Doña Sosa, Don José Nicolás y Doña Eita Correa, como asimismo a Doña Micaela Batistini y Correa en representación legal de su difunta madre Doña Josefa Correa para que lo hayan y lleven, con la bendición de Dios y la suya sin limitación alguna.’
“4o. Que la cláusula octava de dicho testamento es como sigue: ‘Legan al hijo natural de su, difunto hijo Don Carlos, nombrado Vicente Correa, la cantidad de mil pesos.’
“5o. Que el referido Carlos Correa y Fuentes era hijo legítimo de los cónyuges Felipe Correa y Molina y Micaela Fuentes y Zayas, el cual falleció en estado de soltería antes que sus padres, dejando dos hijos naturales reconocidos nombrados Manuel y Vicente; y habiendo muerto Manuel sin descendientes ni ascendientes quedó Vicente Correa como único heredero de dicho Carlos Correa, y por tanto, heredero también por representación legal de los referidos cónyuges Felipe Correa y Micaela Fuentes.
1 ‘ 6o. La viuda Doña Micaela Fuentes en unión de sus hijos Gabriel, Magdalena, Rosa, José Nicolás y Rita Correa y Fuentes y la nieta Micaela Batistini y Correa verificaron la partición de bienes a la muerte de Felipe Correa y Molina prescindiendo por completo del legítimo heredero Vicepte Correa en representación de su padre Carlos Correa y Fuentes, al cual no solamente nada se le adjudicó en pago de su legítima, si que tampoco se le pagó'el legado de mil pesos que figura a su favor en el testamento.
“7o. Doña Micaela Fuentes Zayas falleció en Arecibo posterior-mente el día 15 de agosto de 1890, cuando ya regía en Puerto Rico el Código Civil Español, bajo el mismo testamento mancomunado hecho con su esposo. En esta segunda partición, se prescindió tam-bién por completo de la legítima correspondiente a Vicente Correa en representación de su padre Carlos Correa, y tampoco se le pagó el legado de mil pesos a su favor.
“8o. Que entre los bienes de la herencia figuraban varias pro-piedades de las cuales se encuentran en poder de los herederos las siguientes: (se describen detalladamente). ’ ’

Los demandados alegaron, que la demanda no aducía lieclios suficientes para determinar una causa de acción. La corte sostuvo la excepción y mandó registrar su resolución corüo sentencia. Y contra esa sentencia se interpuso el pre-sente recurso de apelación.

Examinando en su totalidad la demanda, se observa que no obstante basar como basan las demandantes su derech.0 en su condición de herederas de Vicente Correa, hijo natural re-conocido de Carlos Correa y Fuentes, no se aleg~an específica-mente los actos constitutivos del reconocimiento del dicho Vicente como hijo del expresado Carlos. No basta la inser-ción en la demanda de la cláusula relativa al legado, pues el re-conocimiento es un acto personalísimo que debe hacerse por el padre o la madre en sn caso o por ambos conjuntamente, o por virtud de una sentencia dictada en el juicio correspon-diente.

Surge despúes otra cuestión que es sin duda la más esen-cial e importante en este caso, a saber: si un hijo natural reconocido es heredero forzoso, en representación de su padre en la herencia de sus abuelos, padres legítimos de su padre natural.

Para estudiar debidamente esta cuestión, es necesario fijar antes las fechas del fallecimiento de los abuelos, pues es un principio bien establecido que la ley o las leyes vigentes en •tales fechas, son las que deben regular los derechos de los herederos.

El abuelo, Don Felipe Correa, falleció el 13 de agosto de 1879 y la abuela, Doña Micaela Fuentes, el 15 de agosto de 1890. En cuanto al primero, rige, pues,/la legislación anterior al Código Civil Español, y en cuanto a la segunda, el Có-digo Civil Español:

La sexta de las Leyes de Toro, publicadas en 1505, que es la Ia., del título 8°. libró 5°., de la Recopilación, y la Ia., título 20, libro 10 de la Novísima, establece y fija- el derecho de suceder los ascendientes legítimos a sus descendientes y el de éstos a aquéllos. Sus prescripciones se refieren clara-mente a la familia legítima.

T la novena y la décima de dichas leyes, prescriben los casos en que los hijos bastardos e ilégítimos pueden o no heredar a sus madres ex-testamento y abintestato y la parte de los bienes que pueden mandar los padres a sus hijos ile-gítimos y naturales.

La ley de 16 de mayo de 1835 mejoró la condición de los hijos naturales, pero siempre relacionándolos únicamente con el padre o madre que los reconocieron.

No se nos ha cit ado por las recurrentes, ni hemos podido encontrar en la investigación de las leyes anteriores al Código Civil Español que lien.os practicado al efecto, ni un solo pre-cepto de ley, ni un solo precedente que autorice al hijo natural reconocido a heredar, en representación de su padre natural, al padre legítimo de su padre natural. T siendo esto así, es necesario concluir que el padre de las demandantes en este caso, no era heredero forzoso de Don Felipe Correa y que., por tanto, las demandantes carecen de acción para pedir la nulidad del testamento otorg’ado por Don Felipe y bajo el cual murió el 13 de agosto de 1879.

Examinemos la cuestión a la luz de lo preceptuado en el Código Civil Español hecho extensivo a Puerto Pico por real decreto de 31 de julio de 1889, para fijar los derechos de las demandantes con respecto a la herencia de Doña Micaela Fuentes, muerta el 15 de agosto de 1890.

El artículo 931 del Código Civil' Español dispone que los hijos legítimos y sus descendientes suceden a los padres y demás ascendientes sin distinción de sexo ni edad, y aunque procedan de distintos matrimonios.

Y el artículo 943 del propio Código determina que el hijo natural y el legitimado no tienen derecho a suceder abintes-tato a los hijos y parientes legítimos del padre o madre que lo haya reconocido, ni ellos al hijo natural ni al legitimado.

Estudiando dichos artículos y todos los demás del Código que establecen' los derechos de los hijos naturales, se con-cluye que si bien la condición de tales hijos continuó’mejo-rando, la idea fundamental de no extender más allá del padre o madre que los reconocían, los derechos hereditarios de dichos hijos con respecto a sus ascendientes, continuó inspi-rando al legislador español.

Manresa, en el tomo 7 de sus Comentarios al Código Civil, páginas 44 y siguientes, sostiene que los descendientes a que se refiere el artículo 931 son los legítimos y que el artículo 943 niega en absoluto al hijo natural y al legitimado el dere-cho de siieeder abintestato a los hijos y parientes legítimos del padre o madre que lo haya reconocido, comprendiendo entre los parientes a los abuelos, tanto por derecho propio como por derecho de representación. T luego expone, comen-tando el artículo 945 del Código, lo que sigue:

“Resulta de lo expuesto en el artículo anterior, que el hijo natural sólo se relaciona con el padre o la madre que le reconoció, y con ocasión del reconocimiento con otros hijos naturales al efecto de suce-der, con arreglo al artículo 945. No tiene más ascendientes que el padre o la madre; no tiene tampoco colaterales que puedan proceder de la línea ascendente; los mismos hermanos de su padre y sus des-cendientes son para él personas extrañas. En cambio puede crearse una familia legítima, cuyo tronco será él mismo y en la que sólo puede haber respecto a él, descendientes.”

Scaevola, en su comentarios a los artículos 939 al 942 del Código, tomo 16, página 396, dice: “Tampoco cabe alegar en contra el repetido y a nuestro juicio, equivocado argumento de que el hijo natural no puede suceder a la ascendencia legítima del padre o madre que lo reconoció: Primero, por-que, como veremos luego al comentar el artículo siguiente (943), esta prohibición que ha podido mantenerse en Fran-cia a virtud del artículo 756 del Código de Napoleón y en Italia por efecto del 748, en España mo puede prevalecer; y en segundo lugar, porque el descendiente natural del hijo legítimo es nieto natural de su abuelo y son recíprocamente abuelo y nieto naturales, no dándose, por tanto, el caso de que el parentesco legítimo herede al ilegítimo y vice versa. ’ ’

Y luego declarando inaplicable al caso la definición de la palabra “parientes” dada por Escrich en su Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, interpreta el artículo 943 del Código, en el sentido de que los parientes a que se refiere, son únicamente los colaterales.

Los dos grandes comentaristas españoles del Código Civil, sostienen, pues, opiniones contrarias en este caso. Hemos estudiado cuidadosamente los razonamientos por ellos aduci-dos y nos parece que los del Sr. Manresa están más en har-monía con el espíritu que informa el Código Civil al regular el orden de suceder, y con los precedentes históricos sobre la materia. Lo que sostiene Scaevola sería una innovación y las innovaciones en las leyes deben aparecer perfectamente claras.

Además, el Tribunal Supremo de España ña decidido esta cuestión en una sentencia que,-si bien no tiene fuerza obliga-toria en Puerto Pico por haber sido dictada después de haber dejado de regir el Código Español, tiene para nosotros toda la autoridad de sus propios fundamentos. Nos referimos a la sentencia de 13 de febrero de 1903, en la cual se estableció la siguiente doctrina:

“El hijo natural, cuyo difunto padre fuera hijo legítimo, no tiene derecho alguno a la herencia de su abuelo, aunque éste muera sin descendientes legítimos que le sobrevivan; lo cual aparece con plena evidencia, no tan sólo porque el artículo 943 del Código Civil niega al hijo natural derecho a suceder abintestato a los hijos y parientes legítimos del padre o madre que le haya reconocido, y por lo mismo al' abuelo; y porque dentro del orden de suceder establecido para los hijos naturales y sus descendientes en los artículos 939 al 944, no tiene lugar el nieto natural cuyo padre fuese legítimo, sino muy especial-mente atendida su directa aplicación al caso, porque heredando los hijos al padre por derecho propio, y por el de representación los nietos a su abuelo, según los artículos 932 y 933, este derecho tan sólo está concedido a los nietos y descendientes legítimos cuando el cabeza de la línea recta descendente sea un hijo legítimo, conforme a una doctrina secular admitida por nuestro Código como base del orden de suceder que el mismo' establece, y especialmente sancionada por el artículo 931, donde se da por supuesto que los descendientes llamados a suceder por tal línea han de ser hijos de legítimo matrimonio.”

T esta misma Corte Suprema de Puerto Rico, en el caso de Ex parte Smith et al., 14 D. P. R., 673; 14 P. R. R., 652, esbozó su criterio al consignar lo que sigue:

“No es de extrañar que ilustrados comentaristas del Código Civil Español opinen con relación al artículo 931 del mismo, que los des-cendientes a que ese artículo se refiere son los legítimos y no otros, pues según dejamos establecido, dicho artículo y el 905 de nuestro Código están informados por principios distintos. La interpretación de tales comentaristas puede ser buena, como buena reputamos la que hemos dado al artículo 905 de nuestro Código, que no es una repro-duceión del artículo 931 del Código Civil Español. Si lo fuera, acaso aceptaríamos la opinión de aquellos comentaristas. ’ ’

Habiendo en consideración de todo lo expuesto, es nece-sario concluir que también las prescripciones del Código Civil Español son adversas a las pretensiones de las deman-dantes y que éstas carecen de acción para pedir la nulidad del testamento de Doña Micaela Fuentes.

Examinemos abora la última de las cuestiones envueltas en este asunto: La de si la demanda aduce o no beclios sufi-cientes para sostener la reclamación de las demandantes en cuanto al legado de mil pesos.

En nuestra opinión no los aduce, porque omite expresar la fecha del fallecimiento de Vicente • Correa, fecha que es necesario conocer para saber si Vicente Correa sobrevivió a Don Felipe Correa y a Doña Micaela Fuentes, y por tanto, si adquirió el legado y lo trasmitió a sus herederas, las deman-dantes en este caso.

“Proviene la extinción del legado de parte del legatario en los casos siguientes: Io. Cuando el legatario mugre antes que el testador; Ley 35, título 9°., partida 6a., siendo de advertir que a los que reclaman el legado como habientes derecho del legatario toca probar que éste es quien ha sobrevi-vido;” * * *.
(3 Escrich, 859.)
“El legatario adquiere derecho a los legados puros y simples, desde la muerte del testador, y lo trasmite a sus here-deros.” (Art. 881 del Código Civil Español.)

En tal virtud el '-recurso interpuesto debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada sin perjuicio del derecho que puedan tener las demandantes a presentar una nueva demanda en reclamación del legado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Colón v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 115.
    Resuelto en marzo 11, 1912.
    Mandatario Verbal — Defectos Subsanables. — Los preceptos del artículo 1226 del Código Civil Revisado - no declaran nulos los contratos celebrados por mandatarios con poder o autorización verbal, por lo que la ’falta de no haber comparecido el comprador en forma legal al otorgamiento de la eseri-tuia no anula necesariamente la obligación y es de las que pueden subsa-narse. •
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. V. F. Rodríguez Ortiz.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso ha sido motivado por la negativa del Registrador de la Propiedad de Caguas a inscribir un docu-mento público de compraventa, por el motivo de que del mis-mo no resulta que la persona que en él representa al compra-dor tenga su autorización o su representación legal.

Del mencionado documento aparece que. el comprador es-tuvo en él representado por un mandatario verbal.

Ya hemos dicho repetidas veces que-el artículo 1226 del Código Civil Revisado sólo declara nulos los contratos cele-brados a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal, pero no los celebrados por mandata-rios con poder o autorización verbal, por lo que la falta de no haber comparecido el comprador en forma legal al otorga-miento de la escritura, no anula necesariamente la obligación y es de las que pueden subsanarse, por lo que de acuerdo con la Ley sobre Recursos contra los registradores de la propie-dad, de 1902, debió en este caso el de Caguas haber hecho la inscripción con el mencionado defecto. Véanse los casos:

Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador, 13 Dec. de P. R., 195; Gutiérrez v. El Registrador, 14 Dec. de P. R., 617; Maestre v. Registrador, 14 Dec. de P. R., 683, y Purcell v. El Registrador, 14 Dec. de P. R., 752.

De acuerdo con lo expuesto, la mencionada nota denega-toria debe ser revocada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado 'Sr. del Toro,

text:
    Jones, Obispo Católico de Puerto Rico v. El Registrador de la Propiedad.
    Recueso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 107.
    Resuelto en marzo 11, 1912.
    Bienes de Religiosos — Traspaso de los Mismos a su Comunidad. — Cualquier religioso o religiosa, por el hecho de otorgar sus votos solemnes, traspasa a la comunidad a que pertenece no sólo sus bienes presentes, sino todos los que pueda adquirir en el futuro. Qmdguid monachus adgmrit, monasle-■riwn aáguirü.

    Derecho Canónico — Personalidad de la Iglesia Católica. — Cuando t.e trata de resolver sobre las relaciones que existen entre una religiosa, un convento y un prelado diocesano, como sucede en este caso, son aplicables las reglas dictadas, en uso de las facultades que tiene para regir sus propias institu-ciones, la Iglesia Católica, cuya personalidad ha sido plenamente reconocida por la Corte Suprema de los Estados Unidos y por ésta de Puerto Rico, dentro, desde luego, de las limitaciones constitucionales y de los principios del derecho internacional.
    Censos — Efecto de su Inscripción a Pavor de una Religiosa — Cancelación.— Inscrito el censo en este caso a favor de una religiosa Carmelta y ctoigada su cancelación por el Obispo Católico de la diócesis a nombre del convento do las Monjas CarmeVtas, está lien hecha la cancelación porque, a] l'cado el prmcqfo de derecho canónico que dejamos estableció, ir.ferito el censo a lavor <e la religiosa, dé deiccho quedó úiscrito a favor de su convento y no iuede sostenerse que sea distinta la persona que hace la cancelación de aquella a cuyo favor está inscrito el derecho.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Quintín Negrón Sanjurjo.

   El Juez Asociado 'Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de ]a Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., la escritura No. 28 otorgada en esta ciudad el 26 de abril de 1911 ante el Notario Público Quintín Negrón Sanjurjo por Monseñor William A. Jones, Obispo Católico de Puerto Pico, y Manuel Carvajal, sobre can-celación de dos censos, el registrador, el 11 de mayo de 1911, hizo la de uno de ellos y no admitió la de otro, o sea la del cons-tituido sobre la casa No. 119 de la calle del Sol de esta ciudad, a favor de la monja Carmelita Sor Rosario María, del Señor San José Ramírez, por estimar el registrador que consig-nándose en la escritura que el censo de Sor María se declara revertido a su convento, no es posible inscribir la cancelación sin que antes sea inscrita la reversión indicada.

Es bien cierto que el artículo 20 de la Ley Hipotecaria prescribe que para inscribir o anotar los títulos en que se transfiere o grave el dominio ó la posesión de bienes inmue-bles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito .o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen.

Pero tal precepto, que es realmente fundamental dentro de nuestro sistema hipotecario, no es aplicable a este caso para negar la inscripción solicitada, pues de derecho quedó inscrito el censo de que se trata a nombre del Convento de las Monjas Carmelitas, en cuya representación hizo el Obispo Católico la cancelación, al inscribirse a nombre de la monja Carmelita Sor María, y en tal virtud, no puede decirse que el derecho esté inscrito a nombre de persona distinta del que lo ejercita.

Cualquier religioso o religiosa, por el hecho de otorgar sus votos solemnes, traspasa a lá comunidad a que pertenece, no sólo sus bienes presentes, sino también todo lo que pueda adquirir en el futuro. Quidquid monachus aclquirít, monaste-rmm adquirit.

Son estos principios de derecho canónico enteramente aplicables a este caso, ya que se trata de determinar los dere-chos correspondientes y las relaciones que existen entre una religiosa, un convento y un prelado diocesano, derechos y re-laciones fijados por las reglas dictadas en uso de las. faculta-des qne tiene para regir sns propias instituciones la Iglesia Católica, cuya personalidad fia sido plenamente reconocida por la Corte Suprema de los Estados Unidos y por ésta de Puerto Pico, dentro, desde luego, de las limitaciones consti-tucionales y de los principios del derecfio internacional.

Ponce v. Roman Catholic Church, 210 U. S., 296.

Jones, Obispo Católico de Puerto Rico Jr. Registrador de San Juan, Sec. 1a., 17 Dec. de P. R., 224, y Román v. Registrador de. San Juan, 17 Dec. de P. R., 321, resoluciones de la Corte Suprema de Puerto Bieo de febrero 14-, 1911, y marzo 24, 1911, respectivamente.

Por las razones expuestas, debe revocarse la nota recurri-da y ordenarse al registrador que verifique la inscripción soli-citada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

text:
    Quiñones v. El Registrador de la Propiedad.
    Recxjeso gubernativo contra nota del Begistrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 111.
    Resuelto on marzo 11, 1912.
    Cancelación be Hipoteca — Corporaciones—Presidente de una Coiípoeaí ióx.— El registrador de la propiedad inscribió una escritura de cancelación de hipoteca con el defecto subsanable do no haberse acreditado debidamente las facultades que por la junta do directores do la Porto Pican Leaf Tobacco Company le fueron conferidas a su presidente para hacer dicha cance-lación. Recurrida la nota se resolvió que apareciendo de la misma escri-tura que en el artículo 4 del reglamento de la Porto Rican Leaf Tobacco Company se dió a su presidente entre otras facultades la de cancelar hipotecas, es -indudable que tenía tal facultad y que la escritura no adolece del defecto subsanable apuntado.
    Los fiecfios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en 9 de noviembre de 1911 ante el Notario Don Rafael Arce Rollet, Don Lnis Toro Pas-sarell, como Presidente de la “Porto Rican Leaf Tobacco Co., ’ ’ canceló hipotecas constituidas a favor de dicha corpora-ción sobre tres fincas rústicas sitas en el término municipal de Gurabo; y presentada copia de dicha escritura al Registrador de la Propiedad de Caguas, verificó éste las inscripciones de cancelación con el defecto subsanable de no haberse acredita-do debidamente las facultades que por el Board de Directo-res de la Porto Rican Leaf Tobacco Co. le fueron conferidas a su Presidente Don Luis Toro Passerell para cancelar dichas hipotecas, según así lo hizo constar en nota de veinte de- diciembre del año citado.

La expresada nota ha sido recurrida en cuanto al defecto subsanable en la misma apuntado.

Examinada la escritura de cancelación, aparece de la mis-ma que en el artículo 4o. del Reglamento de la “Porto Rican Leaf Tobacco. Co.” se consignó que su Presidente podía dar y cobrar créditos y aceptar y cancelar las hipotecas que los garantizaran; y como el Registrador de Caguas reconoce que.-Don Luis Toro Passarell es Presidente de dicha corporación,, cuyo carácter también está justificado, es indudable que aquél tiene la facultad de cancelar hipotecas de que ha hecho uso al otorgar la escritura de que se trata.

Por las razones expuestas, debe revocarse la nota del Re-gistrador de la Propiedad de Caguas en la parte que -ha sido recurrida y declararse que la escritura de cancelación de hi-potecas es inscribible sin el defecto subsanable apuntado.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Quiñones v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 112.
    Resuelto en marzo 11, 1912.
    Cancelación de Hipotecas — Defectos Subsanables — Sociedad Liquidadora— Facultades y Poderes de una Sociedad Liquidadora. — El Registrador 'de la Propiedad de Caguas inscribió la escritura de cancelación de hipoteca objeto de este recurso con el defecto subsanable de no haber tenido a la vista la escritura de constitución de la sociedad Müllenhoff y Korber para saber los poderes y deberes de la sociedad liquidadora Korber y Compañía que canceló la hipoteca constituida por la anterior. Se resolvió que apare-ciendo de la escritura de cancelación que Korber y Compañía es liquidadora de Müllenhoff y Korber y que la sociedad liquidadora tiene todos los poderes y deberes que determinan los artículos 227 al 233 y 235 al 237 del Código de Comercio, entre cuyos poderes está el de extinguir las obligaciones con-traídas de antemano, era innecesario para el registrador tener a la vista la escritura que menciona, no existiendo por tanto defecto alguno subsanable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

   El Juez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en 30 de octubre de 1911 ante el Notario Don Rafael Arce Rollet, la sociedad mercan-til regular colectiva de esta capital titulada “Korber y Ca.,” por medio de su gestor Don Eduardo F. Woods, cuya socie-dad es liquidadora de la ya extinguida de Müllenhoff y Kor-ber, canceló hipoteca constituida a favor de Müllenhoff y Korber sobre una finca urbana y otra rústica de la propiedad de los esposos Don Nicolás Quiñones Cabezudo y Doña Dolores Giménez Cruz para garantir el cumplimiento de obli-gaciones de la sociedad “Quiñones Cabezudo y Ca.” que ha-bían sido solventadas; y presentada copia de aquella escri-tura al Registrador de la Propiedad de Caguas, verificó éste las inscripciones de cancelación con el defecto subsanable de no haberse tenido a la vista'la escritura de constitución de la Sociedad Müllenhoff y Korber de la que se dice liquidadora la de Korber y Ca., según se hizo constar en nota de 20 de diciembre del año 1911.

La expresada nota ha sido recurrida en la parte relativa al defecto subsanable que contiene.

Examinada la escritura de cancelación aparece de la mis-ma que la sociedad mercantil Korber y Ca. se constituyó por escritura de 31 de julio de 1911, siendo gestor administrador de la misma entre otros Don Eduardo F. Woods, con facul-tades para constituir, aceptar y cancelar hipotecas; que la sociedad Korber y Ca. es liquidadora de la de Müllenhoíf y Korber disuelta en la misma fecha y que esa sociedad de Kor-ber y Ca., según la escritura de disolución y liquidación de la de Müllenhoíf y Korber tendrá todos los poderes y deberes que determinan los artículos 227 al 233 y 235 al 237 del Código de Comercio.

Como se ve, a la sociedad Korber y Ca., como liquidadora de Müllenhoíf y Korber,. le han sido señalados los poderes y deberes que determinan los artículos ya citados del Código de Comercio, y no hay necesidad alguna de tener a la vista la escritura de constitución de la sociedad Müllenhoíf y Korber para venir en conocimiento de-esos poderes y deberes.

La Sociedad Korber y Ca., con arreglo al artículo 228 del Código de Comercio, tenía facultades en calidad de liquida-dora de Müllenhoíf y Korber, a percibir sus créditos, a ex-tinguir las obligaciones contraídas dé antemano, según fue-ran venciendo y a realizar las operaciones pendientes. • Si Quiñones Cabezudo y Ca. habían extinguido la obligación hi-potecaria contraída a favor de Müllenhoíf y Korber, en las facultades de la liquidadora Korber y Ca. estaba cancelar la hipoteca de que se trata.

Por las razones expuestas,' debe revocarse la nota del Re-gistrador de la Propiedad de Caguas en la parte que ha sido recurrida y declararse que la escritura de cancelación de hipo-tecas es inscribible sin el defecto subsanable apuntado.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.