author: El Juez Peesidente Sb. HeRnáudez

text:
    Longpré et al., Demandantes y Apelantes, v. Wolff et al., Demandados y Apelados, y Rucabado, Interventor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre cancelación de hipoteca.
    No. 1171.
    Resuelto en julio 23, 1915.
    Deuda- — Extinción de la Deuda pob Pago — Hecho Probado. — Una vez aceptado como un hecho probado que el demandante satisfizo al demandado la tota-lidad de la deuda, se impone como consecuencia la conclusión legal de que dicha deuda quedó extinguida por el pago, con arreglo al artículo 1124 del Código Civil.
    Pd. — Pago Hecho de Buena Pe — Retención de la Deuda — Pago Válido. — El pago hecho de buena fe a la persona en posesión del crédito con anterioridad al embargo del interventor, sin que se hubiera pedido judicialmente la reten-ción de la deuda, es válido.
    Td. — Pago de la Deuda — Cancelación de Hipoteca. — Una vez verificado el pago de una deuda en su totalidad, se adquiere por el deudor el derecho a obtener la cancelación de la hipoteca que la garantizaba.
    Anotación Preventiva de Embargo — Efectos de la Anotación. — Los efectos de una anotación preventiva de embargo, según el artículo 44 de la Ley Hipo-tecaiia, en armonía con el 1824 del Código Civil, son los de que el acreedor que la obtenga será preferido en cuanto a los bienes anotados, solamente a los que tengan en cuanto al mismo deudor otro crédito contraído con pos-terioridad a dicha anotación.
    Id. — Derecho Real o Hipotecario — Preferencia de Acreedores. — La anotación preventiva de un embargo anotado por providencia judicial y dirigido única-mente a garantir las consecuencias del juicio, no crea ni declara derecho al-guno, no altera tampoco la naturaleza de las obligaciones, ni puede convertir en real o hipotecaria la acción que carezca, de este carácter, y no produce otros efectos que el de que el acreedor que la obtenga sea preferido en cuanto a los bienes anotados, a los que tengan con el mismo deudor otro crédito con-traído con posterioridad a dicha anotación.
    'Terceros — Títulos Anteriores Inscritos. — Los terceros a que se refieren los artículos 23, 25 y 27 de la Ley Hipotecaria, son únicamente aquellos que sobre las fincas o derechos que son objeto del. litigio tienen inscritos con anterioridad sus respectivos títulos.
    Documento Privado — Pecha del Documento Privado — Terceros.—La fecha do un documento privado no se contará respecto a terceros sino desde el día en que hubiera sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entre-gase a un funcionario público por razón de su oficio. 1

      Id. — Documento de Pago — Reconocimiento de Autenticidad — Palta de Im-pugnación — Pecha de los Pagos. — Quien reconoce la autenticidad de docu-mentos de pago sin impugnar sus fechas ni invocar razón alguna que los vicie de nulidad, tiene que aceptar las consecuencias legales de ese recono-cimiento, quedando impedido por sus pu'opios actos de impugnar su fuerza, probatoria en el extremo relativo a la fecha de los pagos.
    Id. — Prueba—Otros Elementos de Juicio — Tercero.—El artículo 1195 del Có-digo Civil es de estricta aplicación cuando no hay más prueba de un acto o contrato que el documento privado, pero ese artículo no se opone a que me-diante un documento de aquella clase unido a otros elementos de prueba, se estime probado en perjuicio de tercero, el acto o contrato a que se refiere. Dicho artículo contiene una presunción de derecho que cede a la prueba en contrario.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. E. E. Scoville j Enrique Rincón.

    Abogados del interventor: Sres. Alvares Nava & Domín-guez.

    Los demandados no comparecieron.
   El Juez Peesidente Sb. HeRnáudez

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en esta ciudad de San Juan a 18 de agosto de 1909 ante el Notario don Manuel F. Rossy, Ramón Wolff Aboy y Gustavo Mourraille, éste último por sí' y como administrador de la Central Puerto Real de que era dueño en unión de su madre Nancy Nerón Longpré y de sus, hermanos Matilde, Amada, Emilia y Víctor Mourraille, ce-lebraron contrato de compraventa en virtud del cual el pri-mero, o sea Ramón Wolff Aboy, vendió a los demás una finca de su propiedad con cabida de 230 con 74 centavos situada en la Isla de Vieques, por precio de $28,750, de los cuales el vendedor confesó haber recibido anteriormente la suma de $8,750, obligándose los compradores a pagar los $20,000 res-tantes en 30.de junio de 1917, y quedando hipotecada la misma finca en garantía- del pago del precio aplazado.

En la misma .escritura se hizo constar que los compradores respetarían un contrato de arrendamiento de la finca, exis-tente a favor de la sociedad Díaz & Aboy por un período de 10 cosechas consecutivas a vencer el 30 de junio de 1917,. siendo convenido qne el vendedor Ramón Wolff- Aboy per-cibiría el canon del arrendamiento de $112 mensnales en con-cepto de intereses de los $20,000 de la hipoteca constituida a. sn favor y qne si por cualquier circunstancia el Ramón Wol'ff Aboy pudiera entregar la finca vendida a sus compradores antes de vencer dicho arrendamiento éstos pagarían los $20,000 de la hipoteca, en la siguiente forma: $10,000 a los 6 meses de la entrega e igual cantidad 6 meses después, o sea al año.

En noviembre 9, 1911, los compradores adquirentes de la. finca de que se deja hecho mérito presentaron demanda en-mendada a la Corte de Distrito dé San Juan, Sección 1a.,. contra Ramón Wolff Aboy y la sociedad Díaz & Aboy, con súplica de que el Éamón Wolff Aboy fuera condenado a otor-gar a los demandantes carta de pago de la hipoteca de $20,000 constituida a su favor por la expresada escritura de 18 de agosto de 1909, y que de no hacerlo así dentro del plazo que señalara la sentencia, procediera el marshal de la corte a hacerlo en nombre de dicho demandado al cual se condenara también a pagar a los demandantes la suma de $1,500 que después de pagado el crédito hipotecario les quedaba adeu-dando, con intereses, costas y honorarios de abogado, con-denándose además a la sociedad demandada Díaz & Aboy a. pagar a los demandantes desde la fecha de la sentencia el canon mensual de $112 que por arrendamiento pagan al demandado Wolff.

Además de los hechos consignados en la escritura de 18 de agosto de 1909, tanto con respecto al contrato de compra-venta como al de arrendamiento, alegaron los demandantes como fundamento de su acción que con posterioridad a la fecha de dicha escritura habían entregado al demandado Ramón Wolff Aboy a cuenta de los $20,000, varias sumas, hasta el punto de que antes del 15 de junio de 1911 le habían satisfecho la totalidad del crédito con exceso, cuyo exceso as-ciende aproximadamente a la' suma de' $1,500 que les adeuda el Ramón Wolff Aboy, sin que éste se haya prestado a otor-garles la correspondiente carta de pago a pesar de haber sido requerido para ello.

La rebeldía del demandado Eamón Wolff Aboy fué ano-tada en 25 de abril de 1913, por no haber comparecido a contestar o excepcionar la demanda, no obstante los edictos publicados para su citación, y aunque la sociedad Díaz & Aboy ■de la que son socios Eamón y Encarnación Aboy y Benitez, ;y José Agustín Díaz, contestó la demanda en 16 de febrero de 1912, oponiéndose a ella, posteriormente, en 1a. de marzo de 1913, estipularon dicha sociedad y los demandantes que aquélla retiraría, su contestación a la demanda enmendada y no presentaría ninguna otra contestación en el pleito, ni de modo alguno pondría obstáculo a la cancelación de la hipoteca solicitada en la demanda..

En 29 de noviembre de 1911 Mateo Eucabado solicitó per-miso de la corte para intervenir en el presente pleito asocián-dose a los demandados, cuyo permiso le fué concedido por orden de 4 de diciembre siguiente, y en la demanda de inter-vención solicitó se declarara sin lugar la demanda ordenando •que los demandantes no recobren nada de los demandados, a cuyo fin aleg’a: (a) que ante la misma corte, y bajo el No. 4926, sigue una demanda contra. Eamón Wolff Aboy en cobro de la suma de $12,000 con sus intereses a razón del 12 por ■ciento anual a contar desde el 29 de julio de 1911, fecha de la interposición de dicha demanda; (b) que esa demanda se funda en que el día 24 de junio de 1911 el demandado Wolff suscribió a favor de Eucabado un pagaré debidamente auten-ticado ante el notario Frank Antonsanti, por la expresada cantidad de $12,000 a vencer el día 24 de junio de 1916 con intereses al 12 por ciento anual, en cuyo pagaré se constituía como garantía especial de dicha obligación la participación que Wolff poseía en el establecimiento mercantil Wolff’s Auto Garage; (c) que Wolff, desatendiendo aquella garantía cedió en venta pública con fecha 27 de junio de 1911 ante el notario Sr. Guerra,, a Juan Michell, la participación que tenía en el referido establecimiento, y sólo posee como únicos bienes Tin crédito hipotecario por $20,000 el cual ha sido embargado por don Ramón Aboy Benitez para garantir nna reclamación de $20,000 qne tiene entablada y pendiente contra aquel; (d) que para aseguramiento de la sentencia que pudiese re-caer en el pleito iniciado por Rucabado contra Wolff, la corte de San Juan en auto de 31 de julio de 1911 ordenó sin exigir fianza, el embargo de bienes suficientes del deudor-Wolff y el marshal en su virtud embargó el crédito hipotecario por valor de $20,000, inscrito en el Registro de la Propiedad de Huma-cao a favor de Wolff; (e) que el crédito .embargado es el mismo cuya cancelación se intenta en el presente pleito; (/) que tal embargo fué anotado en el expresado registro con fecha 11 de agosto de 1911; (g) que la cancelación pretendida afecta profundamente a los intereses de Rucabado como acree-dor auténtico con prelación de embargo sobre el’ crédito cuya cancelación se pide, desde fecha muy anterior a la presenta-ción de la demanda original en este pleito; (h) que niega todos y cada uno de los hechos alegados en la demanda, con excepción de los que se refieren a la constitución e inscripción de la hipoteca por $20,000 a favor de Ramón Wolff Aboy.

Como defensa especial alega Mateo Rucabado que los de-mandantes no tienen causa de acción contra él ni contra Wolff porque Rucabado es un tercero -sin conocimiento civil o material alguno de las transacciones o pagos habidos entre- los demandantes y-el demandado Wolff, que no constaban en el registro de la propiedad en el momento de inscribir su derecho como acreedor de Wolff.

La demanda de intervención fué excepcionada por los demandantes por el fundamento de no aducir hechos suficien-tes para determinar una causa de acción,, y contestada además con nna negación general de todos y cada uno de los hechos alegados en dicha demanda de intervención.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 4 de abril de 1914 declarando 'sin lugar la demanda,' sin especial conde-nación de costas, y contra ella interpusieron los demandantes recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Además de la prueba, testifical ministrada por la parte actora tendente a comprobar el pago de los $20,000 RecRo por los demandantes al demandado Eamón Wolff Aboy y las pro-mesas de éste de cancelar la Ripoteca, consistente dicRa prueba en las declaraciones de los testigos Gustavo Mou-rraille, Juan MicRell y Luis Amedée Bonet, fia venido también al juicio prueba documental de la misma parte actora, con-sistente en tres cartas de Eamón Wolff a Gustavo Mourraille que trascribimos a continuación :

Primera Carta. — Vieques, P. R., abril, 1911. Sr. G. Mourraille, Vieques. Estimado Gustavo: Te suplico me des un giro por $2,000 &, cuenta de mi finca que con lo que tengo tomado, $11,221.76 a cuenta de la hipoteca de $20,000 (veinte mil dollars) que tengo a mi fr. que hacen un total de $13,221.76, quedando a mi favor por saldo de toda cuenta $6,778.24. Tuyo affmo. amigo, (Firmado) R. Wolff.”
“Segunda Carta. — San Juan, P. R., abril 13, 1911. Sr. don Gustavo Mourraille, Vieques, P. R. Mi estimado amigo: Tengo este gusto para adjuntarle el pagaré del banco por $8,000 (ocho mil dollars), préstamo que pude conseguir Mr. Welty me hiciese. Recomienda él que al garantizar Ud. dicho documento lo haga con el sello de la Central Puerto Real. También requiere que Ud. con el portador remita una carta a dicho banco con que le manifieste que Ud. reco-gerá dicho documento a su vencimiento, esto es, llenar la misma fór-mula que cuando Ud. me garantizó la pasada vez. He hecho extender el documento por la suma de $8,000, pero tan pronto me sea descon-tado, que será'el lunes a primera hora, remitiré a Ud. por correo o dejaré depositado en dicho banco según Ud. desee, los $2,000 que Ud. me adelantó y de los cuales me he dado por recibido. Suyo affmo. amigo y S. S., (Firmado) R. Wolff.
‘ ‘ Tercera Carta.- — Estimado Gustavo: Adjunto le incluyo un check por $1,500, parte devolución de los $2,000 que Ud. me ade-lantó. Siendo posible que parte de éstos me hagan falta para efec-tuar algunas' operaciones en New York, yo he descontado $500, que se los devolveré a mi regreso. También lo he hecho, o mejor dicho, me he. tomado la libertad, únicamente fundado en que me restan allá 700 y pico de dollars, si nó no lo hubiera hecho. Esta la escribo desde el vapor y por esa circunstancia no soy más extenso. Su affmo., Moncho. ” ...

También fueron aportados como prneba documental dos pagarés a* favor del American Colonial Bank, suscritos por Bamón Wolff y garantizados por G-. Mourraille como manager de la Central Puerto Beal, por $10,500 y $8,000 respectiva-mente, el primero pagado en Io. de abril de 1911, y el segundo de fecha 13 de los mismos mes y año, así como un cheque contra American Colonial Bank, de G. Mourraille como manager de la Central Puerto Beal, a favor de Bamón Wolff de 12 de abril de 1911, por la suma de $2,000, habiendo sido satisfechos ambos pagarés por la" Central Puerto Beal.

La representación del interventor Bucabado admitió la existencia de dichos documentos y que fueron pagados en la fecha que expresan, aunque salvqndq sus derechos con res-pecto al interventor.

Dicha representación de Bucabado ha suministrado prueba demostrativa de los siguientés hechos:

1o. Que Bamón Wolff como deudor y E. Yidal como fiador suscribieron en 24 de junio de 1911 un pagaré a favor de Mateo Bucabado o a su orden, por valor recibido de $12,000 a vencer el 24 de junio de 1916 con el interés del 12 por ciento anual, obligando Wolff especialmente al pago de dicha suma la participación que tenía en el establecimiento mercan-til que giraba en esta plaza bajo la razón social Wolff’s Auto Garage, cuyo pagaré fué autenticado en 28 de junio citado por medio de affidavit ante el Notario Prank Antonsanti.

2o. Que por escritura pública de 27 de junio de 1911 Ba-món Wolff Aboy vendió’ su participación en la sociedad Wolff’s Auto Garage.

3o. Que en el caso civil No. 4926, de Mateo Rucabado v. Ramón Wolff en cobro de dinero, la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., dispuso por orden de 31 de julio de 1911 se librara mandamiento al marshal para el embargo de bienes del demandado Wolff en cantidad suficiente a asegurar la suma de $12,000 de principal y $1,000 más en que se calcu-laban los intereses devengados y por devengar y las costas judiciales, cuyo embargo fué practicado en el crédito hipo-tecario cuya cancelación se pide y anotado en el Eegistro de la Propiedad de Iíumacao con fecha 11 de agosto de 1911.

4o. Que en otro caso civil iniciado ante la Corte de Dis-trito de Humacao y trasladado luego a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Bico, caso seguido por Bamón Aboy Benitez contra Bamón Wolff et al., sobre extin-ción de derecho de propiedad, declaración de otro derecho e indemnización de daños y perjuicios, el juez de la corte de Iíumacao por orden de 7 de marzo de 1910, ordenó el embargo de bienes al demandado por la suma de $20,000 para pago de daños y $500 más para costas, habiéndose practicado dicho embargo con notificación a los demandados menos Bamón Wolff Aboy, y dádose conocimiento del mismo al Eegistro de la Propiedad de Humacao en marzo 14, 1910. Es de notar que en el acto del juicio convinieron las partes que el pleito en que se practicó ese embargo había sido desistido desde hacía más de un año.

La corte inferior en su opinión consigna el resultado de la prueba practicada en los siguientes términos:

‘•La prueba practicada demuestra claramente que el Sr. Mou-rraille satisfizo al demandado Ramón "Wolff Aboy con anterioridad al embargo trabado en el crédito hipotecario inscrito en el registro, por lo menos la cantidad de $19,721.76. El demandado Wolff reco-noce en carta fechada en Vieques en 12 de abril de 1911, haber to-mado a Gustavo Mourraille la suma de $11,221.76 a cuenta de la hipoteca. En esta carta pide al Sr. Mourraille $2,000, los cuales fueron entregados oportunamente, haciendo un total de $13,221.76. Posteriormente Wolff recibió $8,000 de dicho, Sr. Mourraille de los cuales devolvió,$1,500, quedando los $6,500 restantes abonados al cré-dito hipotecario. Esto demuestra claramente, sin dejar lugar .a la más mínima duda, que Mourraille abonó a Ramón Wolff $19,721.76 a cuenta de la hipoteca.”

No se ha alegado la existencia de fraude alguno con rela-ción a los pagos hechos por Mourraille a Wolff, sobre cuyo particular dice la corte inferior:

‘‘Deseamos hacer constar que en el presente caso no ha habido combinación fraudulenta de ninguna clase. El Sr. Mourraille satis-fizo a Wolff el importe de la hipoteca y sus manifestaciones fueron tan ingenuas y sinceras que dejaron en nuestro ánimo la impresión que produce siempre una conciencia recta y honrada.”

Como se ye por los párrafos que dejamos transcritos de la opinión de la corte inferior, el juez incurre en cierta con-tradicción acerca del pago de la deuda por los demandantes al demandado Eamón Wolff Aboy, pues primeramente ex-presa que Mourraille abonó a Wolff por lo menos $19,721.76-a cuenta de la hipoteca y después afirma que Mourraille satis-fizo a Wolff el importe de la hipoteca. La segunda afirmación nos parece más ajustada al resultado de las pruebas, si ade-más de la prueba documental se tienen en cuenta la declara-ción de Gustavo Mourraille con explicación detallada de las. diversas partidas de dinero satisfechas a Wolff, y las admi-siones de que la hipoteca había sido satisfecha, hechas por Wolff a los testigos Amedée Bonet y Juan Michell.

Aceptando, pues, como hecho probado que los demandan-tes satisficieron al demandado Eamón Wolff Aboy la totalidad de la deuda, se impone como consecuencia la conclusión legal-de que dicha deuda quedó extinguida por el pago con arreglo al artículo 1124 del Código Civil, el cual entre los modos de extinguirse las obligaciones enumera como principal el pago o cumplimiento de ellas, estableciendo el artículo 1132 que el' pago hecho de buena fé al qne estuviere en posesión del cré-dito liberará al deudor y el 1133 que no será válido el pago' hecho al acreedor por el deudor después de habérsele orde-nado judicialmente la retención de la deuda.

En el presente caso el pago fué hecho de buena fé por Mourraille al demandado Wolff Aboy que estaba en posesión, del crédito, con anterioridad el embargo del interventor sin que se hubiera ordenado judicialmente a Murraillé la reten-ción de la deuda, y por tanto el pago fué válidamente hecho y liberó a losa demandantes con relación al demandado Wolff' Aboy. , .

La conclusión legal antedicha nos lleva a otra, cual es la de que una vez verificado el pago de la deuda en su totalidad,, se adquirió por el deudor el derecho a obtener la cancelación de la hipoteca, que era accesoria de la obligación principal y de ésta recibía vida

Dicha conclusión era un derecho del deudor que’ no puede ser estorbado o impedido por el interventor Mateo Encabado sin más razón que la de haber obtenido anotación preventiva de embargo sobre .el crédito hipotecario de Eamón Wolff Aboy, no cancelado- en el registro.

Los efectos de una anotación preventiva de embargo según el artículo 44 de la Ley Hipotecaria, en armonía con el 1824 del Código Civil, son los de que el acreedor que la obtenga será preferido en cuanto a los bienes anotados solamente a los que tengan contra el mismo deudor otro crédito contraído con posterioridad a dicha anotación.

Interpretando el artículo 44 de la Ley Hipotecaria al resolver el caso de Fernández v. Márquez y Cía., et al., 3 D. P. R., 214, (2a. Ed.), establecimos la siguiente doctrina:

“Con arreglo a lo dispuesto terminantemente en el artículo 44 de la Ley Hipotecaria, y a>lo declarado con repetición por él Tribunal Supremo de España, entre otras sentencias, en la de 12 de mayo de 1886 y en la de este tribunal del 1 de noviembre de 1902, la ano-tación preventiva de un embargo, acordada por providencia judicial y dirigida únicamente a garantir las consecuencias del juicio, no crea ni declara derecho alguno, no altera tampoco la naturaleza de las obligaciones, ni puede convertir en real e hipotecaria ia acción que carezca de este carácter, y no produce otros efectos que los de que .el acreedor que la obtenga sea preferido, en cuanto a los bienes ano-tados solamente, a los que tengan contra el mismo deudor otro cré-dito contraído con posteridad a dicha anotación.”

Esa misma doctrina fué ratificada en el caso de Hidalgo v. García de la Torre, 4 D. P. R., 66, (2a. Ed.).

Los demandantes no persiguen contra Ramón Wolff Aboy el cobro de un crédito contraído con posterioridad al de Mateo Encabado que motivó la anotación preventiva del embargo de que se trata. No son los demandantes acreedores de Wolff Aboy sino deudores de éste. No se discute en este caso pre-ferencia de créditos; y por tanto el artículo 44 de la Ley Hipotecaria, lejos de favorecer las pretensiones del interventor está contra ellas al establecer qne el qne obtenga anotación de embargo a su favor será preferido en cnanto a los bienes anotados solamente a los que tengan contra el mismo deudor otro crédito contraído con posterioridad a la anotación.

La mera anotación del embargo no da derecho a Mateo Eucabado para oponerse con éxito a la cancelación. . El reco-nocimiento de ese derecho equivaldría a reconocerle un de-recho real sobre el crédito embargado, cual si ese crédito estuviera hipotecado para garantir el crédito del mismo En-cabado contra Wolff Aboy. Eucabado no se cuidó de que Wolff Aboy le garantizara su crédito con hipoteca sobre el crédito que pudiera tener contra los demandantes, y no cabe en el orden legal que por medio de una anotación de embargo obtenga el mismo resultado que le hubiera dado la constitu-ción de una hipoteca.

Opina el juez inferior que de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de España y por esta misma corte, el interventor Eucabado no ha adquirido ningún derecho real sobre los bienes embargados y tampoco puede considerarse como tercero dentro de las prescripciones de la 'Ley Hipotecaria, que de acuerdo con el Código Civil única-mente le concede el derecho de preferencia respecto a dos bienes anotados y sólo en cuanto a créditos posteriores; pero entiende que en cuanto a las disposicines del Códig.o Civil, Eucabado es un tercero cuyos derechos no pueden discutirse sino en virtud de la prueba que para no dar entrada a la simulación y al fraude exije la ley, y estableciendo como fun-damento que los demandantes no han presentado documento público alguno de fecha anterior a la anotación del embargo, sino documentos privados para justificar el pago de la deuda cuya fecha respecto de Eucabado, no puede , contarse sino desde el día en que fueron presentados en el juicio, con arreglo al artículo 1195 del Código Civil, llega a la conclusión de qne aunque 'realmente haya sido pagada la deuda, respecto de Encabado que es tercero no puede estimarse pagada sino con posterioridad a la anotación del embargo, y por tanto el crédito hipotecario embargado está sujeto a las resultas del juicio de. Rucabado contra Eamón Wolff Aboy.

Estamos conformes con la afirmación hecha por el juez, inferior de que Encabado no es tercero dentro de las prescrip-ciones de la Ley Hipotecaria, pues según doctrina de las sen-tencias del Tribunal Supremo de España de 17 de mayo y 12 de diciembre de 1898 los terceros a que se refieren los artículos. 23, 25 y 27 de la Ley Hipotecaria son únicamente aquellos que sobre las fincas o derechos que son objeto del litigio tienen inscritos con anterioridad sus respectivos títulos. Valdecilla v. Auffant, 1 D. P. R., 304; Vidal y Cía. v. El Banco Territorial y Agrícola, 2 D. P. R., 231; Batista v. Taboas et al., 15 D. P. R., 409; y Sociedad Española de Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D. P. R., 83.

Tampoco tenemos inconvenientes en admitir que Ruca-bado es un tercero con arreglo a los preceptos del Código' Civil y que como tercero le es aplicable el artículo 1195 del Código Civil, preceptivo de que la fecha de un documento' privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiera sido incorporado o inscrito en un registro' público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron,," o desde el día en que se entregase a un funcionario público' por razón de su oficio.

Con arreglo a ese artículo, si Wolff Aboy hubiera exten-dido a favor de los demandantes uno o varios recibos de entregas parciales de la cantidad adeudada y no hubiera habi-do más prueba de esas entregas que los tales recibos, y hubie-ra Rucabado impugnado.su fecha, desde luego que Rucabado' tendría razón en la defensa de su derecho al amparo de aquel artículo.

Pero es que en el caso presente no se trata de recibos de cantidades satisfechas firmados por Ramón Wolff Aboy sino que en prueba de los pagos de la deuda por los demandantes a Wolff Aboy han venido al juicio cartas suscritas por Wolff Aboy y documentos de crédito que ban tenido ingreso en una institución banearia extraña tanto a los demandantes como al demandado Wolff: Aboy, habiendo además Mourraille explicado las circunstancias de los pagos becbos, y declarado dos testigos sobre admisiones de Wolff Aboy acerca del pago-de la deuda y conformidad del mismo en cancelar la hipoteca.

Aún más, el mismo interventor Mateo Eucabado admitió en el acto del juicio la existencia de los dos pagarés y del check aducidos como prueba por la parte demandante y tam-, bién que fueron pagados en la fecha que expresan, aunque salvando sus derechos; según dice, con respecto al interventor. Es decir, que Eucabado ha admitido la certeza y autenticidad de las fechas del pago de los expresados documentos cuyas fechas son anteriores a la de la anotación del embargo, y sólo discute el alcance y validez de tales documentos en cuanto a él, escudado con el artículo 1195 del Código Civil, sosteniendo que esas fechas no son auténticas en perjuicio suyo.

Nos parece que si Eucabado reconoce la autenticidad de dichos documentos .sin impugnar su fecha ni invocar razón alguna que los vicie de nulidad, tiene que aceptar las conse-cuencias legales de ese reconocimiento, quedando impedido por sus propios actos de impugnar su fuerza probatoria en el extremo relativo a la fecha de los pagos.

Opinamos que el artículo 1195 del Código Civil es de es-tricta aplicación cuando no hay más prueba de un acto o con-trato que el documento privado pero ese artículo no se opone a que mediante un documento de aquella clase unido a otros elementos de juicio, se estime probado en perjuicio de tércero el acto o contrato a que se refiere, según sentencia del Tribunal Supremo de España de 18 de febrero de 1898, Jur. Civ., tomo 83, p. 408.

La anterior doctrina ha sido ratificada por el expresado tribunal en sentencia de 16 de abril de 1910 en la que esta-blece “que si bien no puede negarse al recurrente don Cons-tantino Yega la cualidad de tercero, por.no haber intervenido en los dos contratos de compraventa'en virtud de los cuales don Vicente Alvarez adquirió de don Ildefonso Alvarez el dominio de las. tres fincas' rústicas, de donde arranca su dere-cho a retraer cuatro de' igual clase lindantes con aquellas que con otras vendió don Carlos Vega al demandado por escritura pública de 17 de agosto de 1908, no por ello se ha de entender, como sostiene el recurrente, que la fecha legal de los dos pri-meros contratos extendidos en documento privado no es la consignada en ellos, debiendo contarse la fecha respecto de ter-ceros, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1227 del Código. Civil (1195 del Código Revisado) desde el día posterior a la escritura priblica mencionada en que dichos documentos fueron llevados a la oficina liquidadora del impuesto de derechos reales, porque el artículo citado contiene una presunción de derecho que cede a la prueba en contrario, y la audiencia sentenciadora ha declarado apreciando la de testigos, no im-' pugnable en casasión, que las fechas que constan en aquellos documentos son las en que se celebraron los contratos.”

Jurisprudencia Civil, tomo 117, p. 663.

Tenemos, pues, que según jurisprudencia del Tribunal Supremo de España que aceptamos como buena, el artículo 1227 del Código Civil Español que es el 1195 del nuestro, solo contiene la presunción de que la fecha de un documento privado, a falta de prueba en contrario, es, respecto de ter-ceros, la del día en que ha sido incorporado o inscrito en un registro público o en que murió cualquiera de los que lo firma-ron, o en que fué entregado a un funcionario público por razón de su oficio.

Con arreglo a la doctrina expuesta, habiéndose demos-trado como se ha demostrado en el juicio por cartas del demandado Wolff Aboy, por documentos de crédito, por prueba testifical del demandante y aun por la del mismo inter-ventor que la deuda de los demandantes a favor del deman-dado Ramón Wolff Aboy fué satisfecha con anterioridad a la fecha en qúe se tomó anotación del embargo en el registro de la propiedad, como así Ío ha apreciado la corte inferior, surge como conclusión lógica que ese pago produce efectos legales respecto del interventor Encabado y qne por tanto debe cancelarse la hipoteca qne lo garantiza, según solicitan los demandantes.

La doctrina qne dejamos establecida no puede calificarse de peligrosa en el sentido de qne dentro de ella quepa la posi-bilidad de qne después de embargado un crédito hipotecario el deudor se ponga de acuerdo con el acreedor para simular el pago con anterioridad a la fecha del embargo y destruir los derechos del acreedor a cuyo favor se hizo la anotación, pues si el pago se verificó con anterioridad ha de probarse debidamente, nunca con la sola presentación del documento privado, y si se admitiera la doctrina contraria también podía el acreedor formar una combinación fraudulenta con un ter-cero para defraudar los derechos del deudor y exigir a éste la repetición del pago de una obligación ya satisfecha.

Él mismo juez de la corte inferior aceptó la buena doctrina durante la celebración del juicio, pues cuando la representa-ción del demandante presentó como evidentíia documentos •privados de pago, se expresó en los siguientes términos: “La Corte manifiesta que entiende que si se. le prueba satis-factoriamente que este señor (Gustavo Mourraille) pagó al Sr. Wolff, este pago surte efecto contra cualquier otra persona a menos que se demuestre que ha habido fraude entre este señor y el Sr. Wolff contra los intereses del interventor; ahora, desde luego, un documento privado, es una regla general, que su fecha no se empieza a contar sino cuando se han llenado los requisitos que determina el Código Civil * * *. Entiende la corte que si en las fechas en que se embargó este crédito en el registro de la propiedad había sido satisfecho, el hecho de que no haya sido cancelado ese día no es motivo para que éste haya adquirido algún derecho; adquirió lo que en realidad había; si en aquel día no se debía nada, nada adquirió en virtud del embargo.”

Nuestra resolución en el caso de Córdova et al. v. Suris et al., 19 D. P. R., 1180 no sostiene la teoría contraria que luego sostuvo el juez en su opinión, pues ese caso y el presente son enteramente distintos: en aquel se trataba de una tercería de dominio en que sólo presentó la parte demandante para probar su derecho un documento privado otorgado a su favor por el esposo con anterioridad al embargo que motivó la tercería. En el presente caso se trata de la cancelación de una hipoteca con prueba bastante de que la deuda garantizada había sido satisfecha con anterioridad al embargo.

Debiendo, como ya hemos dicho, cancelarse la hipoteca constituida por los demandantes a favor del demandado Ramón Wolff Aboy, pqr haber sido satisfecho totalmente el crédito cuyo pago garantiza, la sociedad demandada Díaz & Aboy está obligada a pagar en lo sucesivo a los demandantes el canon que por arrendamiento de la finca hipotecada venían satisfaciendo al demandado Wolff Aboy en concepto de inte-reses de la deuda.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia apelada y en su lugar dictarse otra por la que, declarando extinguida mediante pago la deuda de $20,000 contraída por los demandantes a favor del demandado Ramón Wolff Aboy en escritura pública de 18 de agosto de 1909, se decrete y ordene la cancelación de la hipoteca que garantiza dicha deuda constituida sobre finca rústica descrita en la mencio-nada escritura, condenando además a la sociedad demandada Díaz & Aboy a pagar desde la fecha de la sentencia a los demandantes, el canon de $112 mensuales que por arrenda-miento de la finca hipotecada venían satisfaciendo al deman-dado Wolff Aboy en concepto de intereses de la deuda, sjn especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolff, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidente Se. Heenández emitió

license: Public Domain

text:
    Martorell et al., Demandantes y Apelantes, v. J. Ochoa & Hno. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia., en cansa sobre nulidad y reivindicación.
    No. 1218.
    Resuelto en julio 23, 1915.
    Autorización Judicial — Bienes de Menores — Derogación de Leyes — Código Civil Español — Ley de Enjuiciamiento Civil Antigua. — Los artículos- 56, 58 y 63, No. 23, de la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua, que comenzó a -regir el Io. de enero de 1886 a virtud de real decreto de 25 de septiembre de 1885, han sido derogados por el 164 del Código Civil Español, que comenzó a regir el Io. de enero de 1890 a virtud de real decreto de 31 de julio de 1889, en cuanto se refiere a competencia judicial para conceder autorización para enajenar bienes de menores o incapacitados.
    Id. — Enajenación o Gravamen de Bienes de Menores — Artículo 164 del Código Civil Español — Interpretación de la Legislatura — Domicilio— Juez del Domicilio del. Menor. — Atendidos los términos claros en que está redactado el artículo 164 del Código Civil Español, fué la intención de la legislatura, al establecer la necesidad de la autorización judicial para la enajenación o gravamen de bienes de menores, que esa autorización fuera concedida por el juez del domicilio del menor y no por cualquier otro juez, fijando así la autoridad que debía completar la capacidad civil del padre o de la madre del menor, sin que esta capacidad pueda completarse en otra forma que la establecida por el dicho artículo.
    Id. — Jurisdicción Voluntaria — Doctrina del Tribunal Supremo de España— Cuestiones de Competencia — Sumisión Expresa o Tácita — Excepción a la Regla. — Es doctrina del Tribunal Supremo de España que en los actos de jurisdicción voluntaria no tienen cabida las cuestiones de competencia, por-que la ley concede ésta al juez ante quien se haya acudido, pero esta regla tiene su excepción cuando, en un caso como el presente, el código establece un precepto irreconciliable con ella, o sea el de que la autorización para enajenar o gravar bienes de menores o de incapacitados ha de concederse por el juez del domicilio de éstos.
    Recursos Gubernativos — Resoluciones de los Registradores. — Las resoluciones dictadas en recursos gubernativos contra notas de los registradores de la propiedad no son obligatorias para los tribunales de.'justicia.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres: José Tous Soto y Ma-mtel Bous Soto-

      Ahogados de los apelados: Sres. Bosch & Soto.

   El Juez Peesidente Se. Heenández emitió

la opinión del tribunal.

Con fecba 5 de junio del año próximo pasado 1914 pro-dnjeron demanda ante la Corte de Distrito de San Jnan, Seo-ción Ia., 'Miguei, Luis, Gerardo, Teresa y Antonio Matorell y Torrents contra J. Ochoa y Hermano, Pedro, Carmen y Catalina Martorell y Torrents y Eosa Torrents y Bisect bajo las siguientes alegaciones:

Primera. Que las demandantes tienen respectivamente 23, 25, 21, 27 y 30 años de edad y los demandados- J. Ochoa y Hermano son una sociedad mercantil con domicilio en esta capital.

Segunda. Que Eosa Torrents en representación de los demandantes adjudicó en pago a un tal Juan Eoure Dalmau, en virtud de autorización dada por el Juzgado de Ia. Instancia de Catedral de la ciudad de San Juan y por auto del mes de Febrero, 1897, los condominios correspondientes a dichos de-mandantes en una finca rústica radicada en el barrio de Jaguas del término municipal de Ciales, con cabida de 355 cuerdas según se describe en la demanda.

Tercera. Que Eosa Torrents vecina entonces de Ciales, con domicilio allí, dentro del distrito judicial de Arecibo, pro-cedió a otorgar la referida adjudicación en pago en virtud de la autorización concedida por el mencionado juzgado de Ia. instancia de Catedral, quien carecía de jurisdicción en el asunto. - ’ '

Cuarta., Que Eosa Torrents no obtuvo autorización del Juzgado de Ia. Instancia de Arecibo para otorgar la expre-sada venta.

Quinta. Que por escritura otorgada en marzo 1897 ante el Notario don Antonio Alvarez Nava, Juan Eoure hipotecó la finca a favor de la mercantil j. Ochoa y Hermano y des-pués se la vendió por escritura' de mayo, 1903, otorgada ante el notario Jacinto Texidor, constándole a dicha mercantil que la adjudicación hecha a Eoure fué autorizada por el Juzgado de Ia. Instancia de Catedral sin jurisdicción en el asunto.

Sexta. Que J. Ochoa-y Hermano se encuentra actualmente en posesión de la finca y ha estado en posesión de ella desde el año 1903, percibiendo los frutos y rentas de la misma, que valen más de $20,000. "

Séptima. Que los socios componentes de la mercantil J. Ochoa y Hermano y en especial su gestor Severo Ochoa que concurrió al otorgamiento de la venta, sabían que el domicilio, residencia y vecindad de la señora Torrents y sus hijos era en el pueblo de Ciales y que en su término radicaba la finca vendida.

Octavo. Que la adjudicación de la finca se verificó para el pago de 10,000 pesos provinciales, siendo entonces su valor, superior a 25,000 pesos de la misma moneda.

Novena. Que a cada uno de los demandantes correspon-den en la finca de que se trata un condominio de 1/8'parte de la mitad o sea 1/16 parte en plena propiedad, y un condo-minio de 1/7 parte de 1/16 parte en nuda propiedad.

La demanda concluye con la súplica de que se declare nula por sentencia la adjudicación en pago de la finca en cuanto a los condominios correspondientes a los mismos demandan-tes, y que se condene a la sociedad demandada a reintegrarles los expresados condominios con los frutos y rentas percibi-dos y podidos percibir, de los cuales deberá rendir cuenta la demandada, siendo condenada además en • costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

A la anterior demanda opuso la representación de J. Ochoa y Hermano como excepciones previas la de que no aducía hechos suficientes para determinar una causa de ac-' ción, entre otras razones que se expondrían oportunamente, por haber prescrito la acción- de acuerdo con los artículos 1301 del Código Civil Español y 1268 del Código Civil de Puerto Rico; la de que existe en la demanda indebida acu-' mulación de partes demandadas por cuanto se incluyen como demandados a Pedro, Carmen y Cataliná' Martorell y To- ■ rrents, y a Rosa Torrents y Risech que no tienen interés alguno en la acción y contra los cuales nada se alega en la demanda ni se pide en la súplica de -la misma;' y la de que' varias acciones han sido indebidamente1 acumuladas Toda vez ■ que juntamente con la acción -principal de-nulidad se ejercita ' la de reivindicación que es subsidiaria ■ é • independiente de ■ aquella, siendo una personal y la otra real y requiriendo por tanto lugares distintos para la celebración del juicio.

Discutidas las excepciones por medio de briefs, el juez por sentencia de 16 de septiembre de 1914 declaró con lugar la excepción previa en que se alegaba que la demanda no aduce hechos bastantes para determinar una causa de acción, y en su consecuencia sin lugar la demanda, sin especial con-denación de costas, contra cuya sentencia interpuso la repre-sentación de la parte demandante recurso de apelación, para ante esta Corte Suprema, sometido a nuestra consideración después de haber alegado ambas partes por escrito y oral-mente cuanto han estimado conducente a la defensa de sus respectivas pretensiones.

Alega la parte demandante como motivos legales para sostener su recurso, los siguientes errores que estima haberse cometido por la corte inferior al declarar con lugar la excep-ción previa de falta de causa de acción:

Io. Inaplicación del artículo 164 del Código Civil Español vigente al concederse la autorización y cuyo precepto fue reproducido por el artículo 229 del Código Civil Devisado vigente al otorgarse la venta.

2o. Aplicación indebida de las sentencias de la Corte Su-prema de España de 22 de julio y 30 de septiembre, 1875, 6 de octubre de 1876 y 2 de junio de 1877 y de las resoluciones de la Dirección General de los Begistros de España de 22 de enero de 1866 (1886) y 9 de mayo de 1889.

3o. Falta de aplicación de la sentencia de esta Corte Suprema en el caso de Esteras v. Arroyo, 16 D. P. R., 725 y su antecedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Garzot v. Rubio, 209 U. S., 303.

Examinemos el primer motivo del recurso y para ello fijemos cuál era la legislación vigente en Puerto Bico y por tanto aplicable al otorgarse a Bosa Torrents en representa-ción de los demandantes por el Juzgado de Ia. Instancia de Catedral de esta ciudad en febrero de 1897 la autorización cuya nulidad se pide. :

Estaban entonces vigentes en Puerto Eico la Ley de Enjuiciamiento Civil que comenzó a regir en Io. de enero de 1886 a virtud de Eeal Decreto de 25 de septiembre del año anterior, y el Código Civil que comenzó a regir en Io. de enero de 1890 a virtud de Eeal Decreto de 31 de julio de 1889.

Como se ve, la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil fué anterior a la del Código Civil.

Las reglas determinantes de la competencia según la Ley de Enjuiciamiento Civil citada, que pueden ser atinentes al caso son las comprendidas en los artículos 56, 58 y 63 que en lo conducente dicen así:

“Art. 56. — Será juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase, aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.
“Esta sumisión sólo podrá hacerse al juez que ejerza jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado.
“Art. 58. — Se entenderá hecha la sumisión tácita:
“Primero. Por el demandante en el mero hecho de acudir al juez interponiendo la demanda.
“Segundo. Por el demandado en el hecho de hacer después de personado en el juicio cualquiera gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria.
“Art. 63. — Para determinar la competencia, fuera de los casos ex-presados en los artículos anteriores, se seguirán las reglas siguientes:
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“23. En las autorizaciones para la venta de bienes de menores o incapacitados, será juez competente el del lugar en que los bienes se hallaren o el del domicilio de aquellos a'quienes pertenecieren.”

El artículo 164 del Código Civil Español vigente en el año de 1897 en que se concedió a la demandada Eosa Torrents por el Juzgado de Ia. Instancia de Catedral de esta ciudad la autorización argüida de nulidad por la parte demandante, está concebido en los siguientes términos:

“Art. 164. — El padre o la madre en su caso no podrán enajenar los bienes inmuebles del hijo en que les corresponda el usufructo o la administración, ni gravarlos sino por causas justificadas de. uti-lidad o necesidad y previa la autorización del juez del domicilio, con audiencia del ministerio fiscal, salvas las disposiciones' que, en cuanto a los efectos de la transmisión, establece la Ley Hipotecaria.”

Atendidos los preceptos .legales qne dejamos transcritos-resalta a sn simple lectura la contradicción entre los artículos ■ 164 del Código -Civil Español y 63, No. 23, de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, y los 56 y 58 de esa misma ley, si es que éstos dos últimos se refieren .a actos de jurisdicción voluntaria, pues el -artículo 164 exige por modo imperativo ■ la autorización del juez del domicilio para enajenar o gravar-bienes inmuebles de menores, mientras que esa autorización,' según el artículo 63, No. 23, fia de concederse por el juez del lugar en que los bienes se bailaren o. por el juez del domi-cilio de aquellos a quienes pertenecieren, y según los artículos 56 y 58 por cualquier juez de jurisdicción ordinaria y que la tenga para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado, en el supuesto de que la competencia que deter-minan esos dos artículos, como fiemos dicfio antes, se refiera tanto a la jurisdicción contenciosa como a la voluntaria.

No nos toca decidir en el presente caso cuál sea la exten-sión y alcance de los artículos 56 y 58 de la Ley de Enjui-ciamiento Civil respecto de todos los actos de jurisdicción voluntaria, sino resolver si esos dos artículos y el 63 en su No. 23, fian sido derogados por el 164 del Código Civil Español, con relación a casos como el presente.

Opinamos que esa derogación existe ppr más que conten- ■ taristas tan ilustrados como Manresa y Scaevola comentando el artículo 164 del Código Civil Español sostienen que el artículo 1976 del Código.Civil sólo derogó los cuerpos legales, usos y costumbres que constituían el derecho civil común en todas las materias que fueran objeto del Código, pero no el derecho adjetivo o procesal, entendiendo Manresa que la Regla 23 del‘artículo 63 de la Ley-de Enjuiciamiento Civil, es complementaria de la del artículo 164 del Código pivil y Scaevola que el precepto del Código Civil es terminante sin qne llegne a establecer qne sn aplicación sea de necesidad absolute con exclusión de los preceptos de la Ley de Enjui-ciamiento Civil.

El primero de dichos comentaristas, Manresa, se expresa en los siguientes términos, tomo 2, p. 42, de sns comentarios:

“Respecto a nuestro código no puede haber duda alguna de que para la enajenación de bienes inmuebles o para gravarlos, es precisa la autorización judicial. Dicha autorización debe solicitarse, dice el código, ante el juez del domicilio; pero como la competencia es una cuestión que pertenece al derecho adjetivo y la disposición final del código sólo deroga el derecho civil común, entendemos que continúa vigente y es complementaria de la del presente artículo la regla 23 del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que 'en las autorizaciones para la venta de bienes de menores o incapa-citados será juez competente el del lugar en que los bienes se bailaren, o el del domicilio de aquéllos a quienes pertenecieren. ’ Sin embargo, para evitar cuestiones, lo más prudente será acudir al juez del domi-cilio. Respecto al procedimiento, debe observarse el que determina el título 11 de la primera parte del libro tercero de la Ley de Enjui-ciamiento Civil.”

El segundo, Scaevola, tomo 3, pág. 309, de su obra Código Civil, comentado y concordado (3a. edición), dice:

“La autorización ha de obtenerse, conforme al artículo, del juez del domicilio, y aunque no expresa de qué. persona se sobreentiende del de los padres, pues sabido es, según el artículo 64 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el domicilio de los hijos constituidos en potestad es el de sus padres. Esta misma ley, en el caso 23 del artí-culo 63, señala como juez eonpetente el del domicilio de los hijos, y además el del lugar en que los bienes se encuentren, precepto alter-nativo muy práctico y conveniente, puesto que es de suponer que haya más compradores en el sitio donde puedan ser conocidos el valor y la utilidad de los bienes, que no donde se desconocen estos requisitos. ¿..Seguirá subsistente esta doble competencia? Aunque por las razo-nes que manifestaremos más adelante entendemos que el código no ha derogado ni ha podido derogar la Ley de Enjuiciamiento Civil, la disposición de aquél sobre este extremo es terminante, puesto que declara que la autorización ha de obtenerse del juez deí domicilio.”

T más adelante el mismo Scaevola, tomo 3, página 311, dice:

“El código es Lina ley sustantiva y civil cuya publicación sólo puede afectar a las de su misma índole no a las de naturaleza diversa, esto es, a las adjetivas o procesales como es la de Enjuiciamiento Civil. Además la disposición final derogatoria del código sólo hace perder su fuerza a las leyes que constituyen el derecho civil común, y esto en las materias que son objeto del mismo, derogación, por tanto, que no puede alcanzar a una ley que, como la de que venimos ha-blando no forma parte del derecho civil común, menos aún en una materia que no es objeto del código y que por el contrario viene a llenar el vacío del mismo.”

En cnanto al comentarista Manresa es de notarse que en relación con el artículo 1976 del Código Civil Español, dice en el tomo 12, página 900 de sus comentarios:

“Concretando en su análisis los términos del artículo que exami-namos, debemos sentar como conclusión indudable que por él se dero-gan las disposiciones del derecho común civil de carácter puramente sustantivo, excepto aquellas que se hubieren estimado o declarado subsistentes; y por tanto, el precepto derogatorio contenido en dicho artículo no rige respecto de las demás leyes civiles de índole pro-cesal,’ a no ser que por su peculiar naturaleza hayan sido objeto de precepto especial contrario en el código o no puedan coexistir con los que en el mismo se establecen.”

Esa doctrina de Manresa nos parece buena y refuerza nuestra opinión en el presente caso.

El artículo 164 del Código Civil Español, según alega la ilustrada representación de la parte apelante, no ña querido establecer una regla de competencia, un precepto adjetivo, sino determinar lp. manera, el medio, la autoridad que debe completar la capacidad civil del padre o madre del menor en los casos de enajenación o gravamen de bienes inmuebles de sus hijos menores, cuya capacidad para tales casos les limita el mismo, artículo. Contiene un precepto sustantivo que deroga los que abiertamente se opongan al mismo en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, anterior a la publi-cación de dicho Código.

El artículo 1976 del Código Civil, dice así:

“Quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho civil común en todas las materias que son objeto de este código, y quedarán sin fuerza y vigor, así en su con-cepto de leyes directamente obligatorias como en el de derecho suple-torio. Esta disposición no es aplicable a las leyes que en este código se declaran subsistentes.”

En fuerza del anterior precepto derogatorio no podemos menos de admitir haber sido derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el derecho civil común en todas las materias que son objeto del Código Civil, pero no por ello hemos de llegar a la conclusión de que dicho Código Civil no deroga los preceptos del Código de Enjuicia-miento Civil entonces vigente que estuvieren en oposición con sus propios preceptos.

El mismo Código Civil en su artículo 5 establece que las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores y no pre-valecerá contra su observancia el desuso ni la costumbre o la práctica en contrario, y si hemos de dar aplicación a ese precepto es obvio que las disposiciones contenidas en el Código de Enjuiciamiento Civil que están en oposición con las del Código Civil han sido derogadas sin que puedan tener vigor al mismo tiempo unas y otras disposiciones.

La Ley de Enjuiciamiento Civil en virtud del artículo 1976 del Código Civil no ha sido derogada por éste en su totalidad, pero indudablemente lo ha sido en cuanto esté en contradicción con dicho código por el principio de que toda ley posterior deroga la anterior cuando hubiere conflicto entre ellas.

En corroboración de la anterior doctrina es de consig-narse la establecida por el Tribunal Supremo de España en sentencia de 12 de junio de 1894 en caso sobre discernimiento del cargo de curadores testamentarios, cuya sentencia con-tiene los siguientes considerandos:

“Considerando que la Ley de Enjuiciamiento Civil rigió en su totalidad desde su publicación en todas las provincias, y que todo 'lo comprendido en dicho cuerpo legal dejó en su virtud de formar parte del derecho foral y pasó a ser legislación común de España:
“Considerando que siendo las disposiciones de la Ley de Enjui-ciamiento Civil parte del derecho general y no del llamado foral, en lo que estén en contradicción con el Código Civil, ley posterior, han sido derogadas por el artículo 1976, y no puede pretenderse su sub-sistencia por consecuencia de lo ordenado en el artículo 12 de éste, pues en él se mantiene sólo enfrente del código el derecho foral, es decir, el excepcional, pero no el común, que antes de la promulgación de aquél regía para determinadas materias en las provincias o terri-torios de fuero:.
“Considerando que la resolución recurrida, al ordenar que los interesados acudan al juzgado municipal y al consejo de familia, ajustando sus peticiones a lo dispuesto en los títulos 9 y 10 del libro Io. del Código Civil, en nada infringe ni desconoce la ley Ia., título 4°., libro 5o. de las Constituciones de Cataluña, que sanciona la facultad del padre de nombrar en testamento y en toda especie de última voluntad tutores para sus hijos, ni la voluntad expresada por el padre de los menores en su testamento, puesto que dicha vo-luntad y la ley que le atribuye eficacia han de cumplirse dentro de las disposiciones legales que determinan el discernimiento y el ejer-cicio de la tutela, que antes del Código Civil eran los artículos del título 2o. del libro 3o. de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ahora son las de los títulos 9o. y 10 del libro Io. del Código.”

En esa sentencia se establece que la Ley de Enjuicia-miento Civil pasó a ser legislación común de España y que sus disposiciones forman parte del derecho general, estando derogadas por el artículo 1976 en cuanto estén en contradic-ción con el Código Civil, por lo que las disposiciones relativas al discernimiento y ejercicio de la tutela que antes del Código Civil estaban comprendidas eñ los artículos del Título II del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son ahora las de los Títulos IX y X del Libro I del Código Civil.

En virtud de la derogación de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1887 determinantes de la com-petencia-judicial para conceder autorizaciones de enajenar bienes de menores en cuanto estén en conflicto con el artículo 164 del Código Civil, opinamos, atendidos los términos claros en que está redactado dicho artículo, que sólo al juez del domicilio del menor compete dar la autorización de enajena-ción o constitución de gravamen y que desde que comenzó a regir el Código Civil ha sido derogada cualquier facultad que por la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior se estimara concedida al padre o a la madre para someterse en tal caso a otro juez que no fuera el del domicilio de su hijo.

El legislador quiso al establecer la necesidad de la autori-zación judicial para la enajenación o gravamen de bienes de menores, que esa autorización fuera concedida por el juez del domicilio del menor y no por cualquier otro juez, y al establecerlo así fijó la autoridad que debía completar lá capa-cidad civil del padre o de la madre del menor, sin que esa capacidad pudiera completarse en otra forma que la esta-tuida por el artículo 164.

El Juzgado de Ia. Instancia de Catedral al conceder a Eosa Torrents la autorización de que se trata ejecutó un acto ■contra la ley y por tanto nulo de conformidad con el artículo 4 del Código Civil que entonces regía, y la Corte de Distrito d.e San Juan, Sección Ia., cometió error estimando válida dicha autorización por haber dejado de aplicar el artículo repetidas veces citado.

Es cierto que el Tribunal Supremo de España tiene esta-blecido en varias sentencias, y señaladamente en las de 22 de julio y 30 de septiembre de 1875, 6 de octubre de 1876, y 2 de junio de 1877, 1-a doctrina de que en los actos de juris-dicción voluntaria no tienen cabida las cuestiones de compe-tencia porque la ley concede ésta al juez ante quien se baya acudido, cuya doctrina ha sido invocada por la Dirección •General de los Eegistros de España en resoluciones de 22 ■de enero, 1886, 9 de mayo de 1889, y 8 de febrero de 1907, y aun por esta misma Corte Suprema al resolver en 25 de marzo de 1905 recurso gubernativo de Solá contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas, 8 D. P. B., 213; pero es de tenerse en cuenta que en ninguna de esas sentencias y resoluciones se ha decidido que los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1886 qne puedan ser atinentes a la competencia del juez en los casos a qne se refiere el artículo 164' del Código Civil Español que comenzó a regir en esta Isla en Io. de enero de 1890, deben continuar apli-cándose no obstante el precepto de dicbo artículo 164.

Por el estudio que fiemos fiecfio no tenemos conocimiento de un solo caso en que se fiaya levantado y decidido la misma cuestión legal sometida fioy a nuestra consideración.

T conste que aún en el caso de que se aceptara la sumisión expresa o tácita como regla de competencia en los actos de jurisdicción voluntaria, esa regla podría tener su excepción en un-caso como el presente en que el Código Civil en su artículo 164 establece un precepto irreconciliable con dicha regla, o sea el de que la autorización para enajenar o'gravar bienes de menores fia de concederse por el juez del domicilio' de éstos.

Suponiendo, pues, que en los actos de jurisdicción volun-taria pudiera determinarse la competencia por la sumisión expresa o tácita según la Ley de Enjuiciamiento Civil de’ 3886, fiemos de llegar a la conclusión de que desde que co-menzó a regir el Código Civil de 1889 únicamente el juez del domicilio del menor puede conceder la autorización para la venta o enajenación de sus bienes y que por tanto la ju-risprudencia del Tribunal Supremo de España de- que dejamos fiecfio mérito y la doctrina establecida por la Direc-ción de los Registros no son de aplicación al presente caso, habiendo incurrido por tanto en error la corte inferior al hacer aplicación de esa jurisprudencia y de esa doctrina, aparte de que las resoluciones dictadas en recurso contra los Registradores de la Propiedad no son obligatorios para los tribunales de justicia.

Hemos examinado el primero y segundo motivos de la apelación y nos abstenemos de examinar el tercero por cuanto el presente caso fia de resolverse teniendo en cuenta la ley y jurisprudencia vigentes en la fecha en que se dictó por el Juzgado de Ia. Instancia de Catedral el auto del mes de febrero de 1897 concediendo la autorización cnya nulidad se pide, y no la ley y jurisprudencia posteriores a esa fecha.

Como' la corte inférior sólo consideró la excepción pro-puesta por los demandados de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, sin que entrara en el examen de las demás, también nos abste-nemos de prestar a éstas consideración, sin perjuicio de conocer de ellas cuando fueren resueltas por dicha corte inferior y la resolución viniere a nosotros en grado de apelación.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada en cuanto se funda en la excepción de que los hechos de la demanda no determinan una causa de acción, y con-tinuarse el juicio de acuerdo con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada, debiendo con-tinuarse el juicio de acuerdo con los prin-cipios enunciados en la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Pkesidente Se. Heenández

text:
    Martorell et al., Demandantes y Apelantes, v. J. Ochoa & Hno. et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre nulidad y reivindicación.
    No. 1219.
    Resuelto en julio 23, 1915.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1218, Martorell et al. y. J. Ochoa fy Hno. et al., página 31.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes Sres. José Tous Soto y Manuel Tous Soto.

    Abogados de los apelados: Sres. Bosch & Soto.

   El Juez Pkesidente Se. Heenández

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en el presente caso de un pleito promovido ante la Corte de Distrito de San Juan por los demandantes contra los demandados para obtener la nulidad de una escritura pú-blica de venta de ciertas participaciones de dominio sobre bienes inmuebles, otorgada en 8 de marzo de 1904 ante el Notario don Herminio Díaz Navarro por Eosa Torrents a •nombre de los demandantes, sus hijos, siendo éstos menores de edad, a favor de la sociedad 'J. Ocho a y Hermano.

Fúndase la acción de nulidad ejercitada en que si bien Eosa Torrents obtuvo por auto de 28 de abril de 1902 de la Corte de Distrito de San Juan, autorización para la venta de dichos condominios, esa autorización era nula por haberla otorgado una coi-te que carecía de jurisdicción para ello, pues la Corte de Distrito de Arecibo era la que la tenía según ley, en atención a ser Ciales, pueblo de ese distrito, el domicilio de la madre y sus hijos, y radicar allí también los condominios vendidos.

La demanda fué excepeionada por no aducir hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción, por prescripción de la acción, por indebida acumulación de partes, y también por indebida acumulación de acciones.

La corte declaró con lugar la excepción de falta de acción y sin considerar las demás excepciones propuestas, dictó sen-tencia en 16 de febrero de 1914 por la que desestima la demanda sin especial condenación de costas, contra cuya sen-tencia interpuso la representación de. la parte demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte apelante como motivos del recurso, los siguientes errores:

Primero. Inaplicación del artículo 164 del Código Civil Español vigente al concederse la autorización, precepto repro-ducido por el artículo 229 del Código Civil revisado que regía al otorgarse la venta. '

iSegundo. Aplicación indebida de las sentencias de la Corte Suprema de España de 22 de julio y 30 dé septiembre de 1875, 6 de octubre de 1876 y 2 de junio de 1877, y de las reso-Iliciones de la Dirección General de los Eegistros de España de 22 de enero de 1866 (1886) y 9 de mayo de 1889.

Tercero. Falta de aplicación'de la sentencia de esta Corte Suprema en el caso de Esteras v. Arroyo, 16 D. P. R., 725 y sn antecedente de la Corte Snprema de los Estados Unidos en el caso de Garzot v. Rubio, 209, U. S., 303.

Al resolver en el día de lioy el recurso de apelación No. 1218 en otro caso análogo entre las mismas partes y sobre igual materia en cuyo recurso fueron alegados los mismos errores o motivos que se invocan para sostener el presente, consideramos detenidamente los dos primeros de dichos mo-tivos, absteniéndonos de considerar el tercero, y llegamos a la conclusión de que procedía revocar la sentencia apelada, como así lo hemos hecho.

Por las mismas razones que consignamos en nuestra opi-nión que sirvió de fundamento a la decisión del recurso No. 1218, las que aquí ratificamos y reproducimos, tenemos- que llegar a idéntica decisión final.

Es de revocarse la sentencia apelada y continuarse el juicio de acuerdo con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada, debiendo con-tinuarse el juicio de acuerdo con los princi-pios enunciados en la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Peesidehte Se. Heeháhdez,

text:
    Valladares, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección 1ª., Recurrido.
    Recurso gubernativo. contra nota del Registrador de la1 Pro-, .piedad de San Juan,,S.ección Ia., denegando la inscripción /.de.una escritura de agrupación de fincas.
    No. 235.
    Resuelto en julio 24, 1915.
    Agrupación dé Vincas — Parcelas" con Cabida Indeterminada — Inscripción en el Registro. — ^Cuándo se trata‘de agrupación-de’dos fincas’‘ una de ellas con cabida conocida en el registro y la de la otra sin conocerse, con la particula-ridad de haberse segregado parcelas con cabida determinada, es preciso saber cuál es la cabida que queda a la finca de que se han segregado las parcelas, para así poder apreciar si la cabida que se da a la nueva finca formada por la agrupación se ajusta o nó a la verdad y realidad de los hechos y a los asiento's del registro.
    Id. — Diferencia en Cuanto a la Medida Superficial de la Einca Agrupada.— Cuando en la escritura de agrupación se afirma por el recurrente que la nueva finca tiene una cabida determinada, por habérselo dicho un ingeniero perito en la materia, mientras que el registrador sostiene en su nota que esa cabida está equivocada, porque hecho el cálculo correspondiente con sujeción a las medidas de los lados consignadas en la descripción, sólo se obtiene una cabida inferior a la que se atribuye a la nueva finca, no es el Tribunal Supremo el llamado a decidir cual es la parte equivocada, si el registrador o el recurrente, sino que éste, si desea inscribir la medida superficial exacta de la finca agru-pada, está en el deber de presentar al registrador certificación exacta de la mensura expedida por perito competente.
    Id. — Causa pasa Verificar la Agrupación — Conveniencia o Voluntad del DueSo. — ISTo existe en la Ley Hipotecaria ni en su Reglamento precepto al-guno que exija causa para verificar la agrupación de fincas. Basta la con-veniencia o la voluntad del dueño, siempre que llene los requisitos necesarios para que mediante la reunión o aglomeración territorial de diferentes in-muebles o raíces inscritos con números diferentes pueda constituirse una sola finca.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: ¡SV. Frank Antonscmti.

    El registrador sustituto recurrido, Sr. Emigdio S. G-inorio, compareció en nombre propio.
   El Juez Peesidehte Se. Heeháhdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de agrupación de fincas No. 9 otor-gada en esta ciudad'de San Juan a 26 de abril del corriente año 1915 ante el notario Frank Antonsanti Capó, hizo constar doña Mariana Valladares Colón, viuda de Hoaré, que era dueña de un solar radicado en el barrio de Santurce de esta ciudad con superficie de 681 metros 25 centímetros cuadrados, y de otro solar con casa habitación en el propio barrio de San-turce, con 18 varas de frente a la carretera y su fondo hasta llegar al mar por la parte Sur, sin que se exprese su cabida, ambos solares inscritos en el registro de la propiedad; que del segundo solar había cedido al ferrocarril de circunvala-ción dos parcelas a ambos lados de la vía, de 83 metros 25 cen-tímetros cuadrados y 236 metros, cuarenta centímetros cua-drados, respectivamente, inscritas ambas en el registro; que también había vendido del mismo a la American Railroad Company of Porto Rico una parcela de 7,794 metros 67 cen-tímetros también inscrita en el registro; que igualmente hizo venta de otro pedazo de terreno del propio solar con super-ficie de 4000 metros 41 decímetros cuadrados (sic), sin que se exprese que tal venta ha sido inscrita en el registro; y que las dos parcelas de que actualmente era dueña estaban unidas y formaban un solo cuerpo por lo que había resuelto agrupar-las como las agrupaba, para que se inscribieran en el registro de la propiedad bajo un solo número y como una sola finca en la forma siguiente:

“Parcela de terreno en el barrio de Santurce, término municipal de San Juan, compuesta de treinta y cinco mil metros cuadrados y una' casa de madera techada de zinc; dicho solar colinda por el Norte con la carretera y vía del tranvía eléctrico, por donde mide veinte y cinco metros;- por el Este colinda con terrenos y casa de Salvador Suau en cuatrocientos ochenta metros y con Trueba y Olivas en noventa y siete metros con tres décimos-; por el Sud, cuarenta y dos metros con diez décimos, con solar de los señores Truebas y Olivas; y en cuarenta y cuatro metros con una calle en proyecto que la separa de la vía de la American Railroad Company of Porto Rico; por el Oeste con una calle en proyecto que la separa de terreno de la Sucesión Hernández, en una .distancia de cuatrocientos, sesenta y cinco metros ochenta y cinco centésimas, y también por este costado con solar del Doctor Francisco Goenaga y solar de María Enriqueta Hoaré y Valladares, en una extensión entre ambos solares, de cien metros. ’ ’

Presentada en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., para su inscripción, el anterior documento, el registrador la denegó por medio de nota que a la letra dice así:

“Denegada la inscripción del anterior documento por los defectos insubsanables siguientes: -Primero. Porque no habiéndose hecho la segregación de cuatro mil metros cuarenta y un decímetros cuadra-dos que expresa el título, y no constando' del registro la cabida de la finca de la que aquella debe efectuarse, no puede conocerse el número de metros que como resto de la misma finca pueda ser objeto de la agrupación. Segundo. Porque la cabida de treinta y cinco mil metros que se dá a la finca resultante de la agrupación parece estar equivocada, por cuanto, heebo el correspondiente cálculo con arreglo a las medidas de los lados consignadas en la descripción, arroja sólo una cabida, salvo error u omisión, de treinta y un mil setecientos-catorce metros noventa y dos .centímetros cuadrados, inferior en tres mil doscientos ochenta y seis metros a la atribuida a la finca agrupada. Tercero. Porque no se describe el resto que se ha querido agrupar de la finca descrita en segundo lugar en el documento', y Cuarto. Porque no existe causa que haga necesaria 'la agrupación que se efectúa para quedar el inmueble inscrito a favor de la misma dueña de las fincas que lo constituyen. Se ha extendido la .anotación pre-ventiva correspondiente por cuatro meses, al folio 113 del Tomo 15 de Santurce Sud, finca 555, anotación letra A. San Juan, mayo 27 de 1915. El Registrador Sustituto. Emigdio S. Ginorio.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por doña Mariana Valladares viuda de Iíoaré.

Opinamos qu.e la nota recurrida se sostiene por los tres primeros motivos que en ella se consignan, pero no por el cuarto.

Si del registro no aparece haberse hecho del segundo solar de que se deja hecho mérito, la segregación de los 4,000 metros 41 decímetros cuadrados (sic) vendidos a Truebas y Oli-va, y tampoco consta del registro la cabida de dicho solar, resulta desconocido el número de metros que de dicho solar quedan después de verificada tanto esa segregación como las de las dos parcelas cedidas al ferrocarril de circunvalación y la de la otra parcela vendida a la American Railroad Company of Porto Eico.

T al registrador importaba saber cuál era el número de metros que quedaba del segundo solar después de verificadas las segregaciones a que se refiere'la’escritura de 26 ,de abril del corriente añq, para poder determinar si es.e resto de,me-tros sumado a.los 681 metros 25 centímetros del-primer solar dan o no la superficie de 35,000 metros cuadrados que afirma la recurrente ser la cabida de la finca agrupada.

Tratándose como se trata en el presente caso de una es-critura de agrupación de fincas, una de ellas con cabida cono-cida en el registro, y la otra sin conocerse, con la particulari-dad de haberse segregado parcelas con cabida determinada,,' se hace preciso saber cual es la cabida que queda a la finca de que se fian segregado las parcelas, para así poder apreciar si la cabida que se da a la nueva finca formada por la agru-pación, se ajusta o nó a la verdad y realidad de los hechos y a los asientos del registro.

Se afirma en la escritura cuya inscripción ha sido dene-gada que. la nueva finca formada >por agrupación tiene una cabida de 35,000 metros cuadrados mientras que el registrador sostiene que esa cabida parece estar equivocadaj pues hecho el cálculo correspondiente con sujeción a las medidas de los lados consignadas en la descripción, sólo se obtiene una ca-bida, salvo error u omisión, de 31,714 metros 92 centímetros cuadrados, inferior en 3,286 metros a la que se atribuye a la nueva finca.

Contra esa afirmación del registrador manifiesta la recu-rrente en su alegato que persona perita en la materia como lo.es un ingeniero le ha dicho que dentro del perímetro mar-cado en la escritura existe el número de metros que en ella se consigna. Este tribunal no es el llamado a definir cuál es la parte equivocada, si el registrador o la recurrente; pero opinamos que si la interesada deseaba inscribir la niedida superficial exacta de la finca agrupada, estaba en el deber de presentar al registrador certificación exacta de la mensura, expedida por perito competente.

La descripción del resto que quedara del segundo solar después de segregadas las parcelas del mismo que dejaron de pertenecer a doña Mariana Valladares ha debido hacerse en la escritura ya que no constaba del registro, para su debida identificación.

En cuanto al último motivo de la nota recurrida no existe en la Ley Hipotecaria ni en su reglamento, precepto álguno que exija causa para verificar la agrupaciónn de fincas. Bas-ta la conveniencia o la volunntad del dueño siempre que llene los requisitos necesarios para que mediante la reunión o aglo-meración territorial de diferentes inmuebles o raíces inscritos con número distinto pueda constituirse una sola finca.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota recu-rrida, menos en la parte relativa al cuarto motivo que le sirve-de fundamento.

Confirmada la nota recurrida menos en la parte relativa al cuarto■ motivo.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcliiso-n.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Sánchez et al., Peticionarios, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado, y Coffinet et al., Interventores.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Humacao en una causa sobre injunction.

    No. 151.
    Resuelto en julio 24, 1915.
    'Certiorari' — Remedio Adecuado, Rápido y Eficaz — Recurso Ordinario. — Se ha decidido repetidas veces por los tribunales del Continente y por esta Corte Suprema, que siendo, como es, el certiorari un recurso extraordinario, no cabe ejercitarlo cuando existe otro adecuado, rápido y eficaz en el curso ordinario de la ley.
    Id. — Apelación—Recurso de Apelación Pendiente. — El recurso ordinario debe ser adecuado, rápido y eficaz y el hecho de que no sólo exista el recurso ordinario de apelación, sino que además dicho recurso se haya ejercitado y aparezca pendiente, no impide la expedición del auto de certiorari de una manera absoluta, pues si el tribunal se convence de que los fines de la jus-ticia requieren que haga uso de su jurisdicción, puede expedir el auto y revisar los procedimientos.
    Injunction — Dilación Injustificada en la Administración de Justicia — Cer-tiorari. — Cuando se trata de una demanda de injunction por virtud de la cual ciertas personas que estaban en la posesión de plantaciones de cañas dulces de su propiedad, en menos de quince días, sin oírseles, son echadas fuera y sustituidas en la posesión y gobierno de las plantaciones por otras, cuatro meses de espera en la tramitación de un recurso de apelación, cuando el tribunal tiene a su alcance medios bastantes para inmediatamente decidir la cuestión envuelta, constituye una dilación injustificada en la administra-ción de la justicia.
    Id. — Refacción Agrícola v Molienda de Cañas. — Limitándose la ley sobre con-tratos de refacción agrícola y molienda de cañas a prescribir que puede pedirse el cumplimiento específico del contrato por medio de injunction, tal remedio debe tramitarse de acuerdo con la ley que en general los regula en Puerto Rico: Leyes de 1906, págs. 81 a 85. '
    Apreciación de las 'Pruebas — Examen de las Pruebas — Delegación de Estas Punciones en el Márshal. — bíi en la ley creando el cargo de márshal de distrito, de 1904, ni en ninguna otra ley vigente en Puerto Rico, ni en la jurisprudencia de los tribunales sobre la materia, existe precepto alguno por virtud del cual un juez de distrito puede delegar en el márshal su facultad de examinar y apreciar las pruebas, y adoptar las medidas necesarias con arreglo al resultado de dicha apreciación. Aunque es cierto que en algunos casos puede un márshal ejercer funciones en cierto modo judiciales, por regla general los poderes y deberes de dicho funcionario son de naturaleza ministerial.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. G. Travecier y Arturo Aponte, Jr.

    Abogado de-los interventores: Sr. Herminio Díaz.

    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de certiorari interpuesto por Francisco Sánchez y su esposa Mercedes Pagán, a los efectos de obtener la revisión de ciertos procedimientos seguidos en un pleito sobre injuntion tramitado en la Corte de Distrito de Humacao.

Expedido el mandamiento, se elevaron los autos originales en el indicado pleito, a saber: “Corte de Distrito de Humacao. No. 3957. Barones, Augusto y Constantino Goffinet v. Don Francisco Sánchez y su esposa doña Mercedes Pagán, sobre injuntion.” Examinados dichos autos, resulta: Que en la dicha Corte de Distrito de Humacao se archivó la deman-da fechada el 19 de junio de 1915, alegando, en resumen, que los demandados habían celebrado con los demandantes cierto, contrato de. refacción agrícola por virtud del cual se compro-metieron a cultivar determinado número de cuerdas de cañas dulces, y que no obstante tal compromiso y a pesar de haber cumplido los demandantes por su parte todas sus obligaciones, los demandados habían abandonado sus trabajos de cultivo y de sostenimiento de las cañas plantadas ascendentes a unas doscientas ochenta cuerdas, hasta tal punto, que si las cosas continuaban de tal modo, las cañas se perderían por completo. En la demanda se alega finalmente que la conducta de los de-mandados causa a los demandantes perjuicios calificados por la ley de nueve de marzo de 1911, de irreparables. A la de-manda se acompañó el contrato original de refacción, hacién-dolo parte de la misma. Esto no obstante, dicho contrato se desglosó sin dejar copia de los autos, a instancias de los demandantes. La demanda no tiene nota de presentación.

El 21 de junio, o sea tres días después de la fecha de la demanda, la corte de distrito, sin oir a los demandados, dictó una orden que copiada a la letra, en lo pertinente, dice así:. '

“Vista la solicitud de injunction de los demandantes en esta acción Barons August y Constant Goffi.net contra Francisco Sánchez: Rodríguez y su esposa Mercedes Pagan interesando una orden de injunction de acuerdo con lo que dispone la ley de 9 de marzo de 1911 enmendando la ley titulada ‘Ley sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas y para otros fines,’ aprobada en 9 de marzo de 1910, para que los dichos demandados se abstengan de dis-poner o vender las cañas en pie que tienen los referidos demandados en terrenos de las fincas de los señores Valdés en el pueblo de San Lorenzo como no sea de acuerdo con lo convenido en el contrato de refacción agrícola celebrado entre los señores demandantes y los demandados en esta acción, registrado en el Registro de la Propiedad de Caguas el día 5 de febrero de 1914 y para que procedan inme-diatamente a cóntinuar los demandados en el cultivo de las ya dichas cañas de acuerdo asimismo con dicho contrato, requerido encaso de no querer hacerlo, se les aperciba de desacato y de sustituir a los demandantes en dicho cultivo, si así no lo hiciesen sin demora alguna.
“Apareciendo satisfactoriamente probado por la demanda jurada que se presenta solicitando el auto de injunction y por el contrato registrado que viene adosado a dicha demanda, que la- solicitud se ajusta a las prescripciones de la ley;
“PoR tanto, se ordena a los demandados en este caso Francisco Sánchez Rodríguez y Mercedes Pagan qne se abstengan de disponer o vender las cañas en pie qne tienen en la finca de los señores Valdés y qne se describen en el contrato predicho registrado en el Registro de la Propiedad de Cagnas en 5 de febrero' de 1914, como no sea de acuerdo con lo qne dispone el ya citado contrato, y que procedan inmediatamente a continuar su cultivo, apercibido de desacato y de sustituir a dichos demandados en dicho cultivo, si así no lo hicieren sin demora alguna, debiendo los demandantes prestar una fianza de un mil dollars, a favor de los demandados en esta acción, para res-ponderle de los daños y perjuicios que pudiera irrogársele con mo-tivo de esta orden de injunction

El 22 de junio se prestó tina fianza por mil pesos y el 23 de junio el marshal notificó a los demandados lo ordenado por el juez.

El 23 de junio los demandados impugnaron la fianza. El 26 de junio los demandantes reconociendo qne la fianza era defectuosa, la sustituyeron por otra suscrita y jurada el 25 de junio, y la corte, el 30 de junio, a instancias de los deman-dantes, dejó sin efecto el señalamiento hecho para decidir sobre la validez de la primitiva fianza, y ratificó su orden de 21 de junio de 1915.

Así las cosas, los demandantes, el 1 de julio de 1915, pre-sentaron una moción a la corte que no aparece notificada a la parte contraria, pidiéndole que dictara una nueva orden ampliatoria en el sentido de que si el marshal encontrase las cañas en el estado de abandono especificado en la moción, procediera inmediatamente a notificar a los demandados así como a los démandantes- que desde la hora de la notificación los últimos se hacían cargo del cultivo de las cañas.

La corte, sin oir a la parte demandada, el mismo día 1 de julio de 1915, dictó una orden que copiada a la letra, en lo pertinente, dice así:

“Vista la anterior moción jurada, la corte ordena, qne como am-pliación de la dictada en el día de ayer, se libre nuevo mandamiento al marshal, en el sentido de que, si al cumplir el que le fué entregado en el día de ayer, encontrase que el señor Sánchez Rodríguez, de-mandado, no lia procedido al cultivo de las cañas, a que la demanda se refiere y a que se refiere la referida orden, están en condiciones por la falta de cultivo, y que probablemente se perderán sin ese cul-tivo en breve tiempo, proceda a notificarles a dicho señor Sánchez Rodríguez y a su esposa, así como a los demandantes representados por su apoderado, señor Prudencia Wittman, que desde la hora de la notificación', estos últimos se harán cargo del cultivo de las cañas comprendidas en la demanda, dando cuenta a esta corte de los tra-bajos que dicha corporación haga mensualmente, y de las cantidades que mensualmente emplee en dichos cultivos.”

Dicha orden fué diligenciada por el marshal el 2 de julio en la siguiente forma:

1 ‘ CeRtimco : que en virtud de esta orden el día primero de julio de 1915 me trasladé a la jurisdicción de San Lorenzo y después de haber recorrido la plantación de cañas de los esposos Sánchez Rodrí-guez y haber encontrado que el dicho Sr. Francisco Sánchez no había procedido al cultivo de las cañas a que la demanda se refería y que mucha parte de ella estaba cubierta por la yerba, procedía notificar a don Francisco Sánchez Rodríguez y a Mercedes Pagán (su esposa) que desde .aquel momento los demandantes Sres. Barons August y Constant G-offinet se harían cargo del cultivo de las cañas compren-didas en la demanda,_dando> cuenta 'a la Corte de Distrito de Huma-cao de los gastos mensuales que haga la corporación demandante. Entregué copia de las órdenes a los demandados personalmente.”

Los demandantes en el pleito sobre injunction intervinie-ron en este recurso de certiorari y alegaron que debía deses-timarse por constar de los mismos autos en el repetido pleito de injunction que los peticionarios en el certiorari y deman-dados en el injunction habían apelado para ante este Tribunal Supremo de las' órdenes de 21 y 30 de junio y 1 de julio de 1915 arriba transcritas.

Así es en efecto, pero los peticionarios han alegado que bajo las circunstancias que concurren, el recurso de apela-ción no resulta adecuado y eficaz para la defensa de su d.ere-■cho.

Se ha decidido repetidas veces por los tribunales del Con-tinente y por esta misma Corte Suprema, que siendo como es el certiorari un recurso extraordinario, no cabe ejercitarlo cuando existe otro rápido, adecuado y eficaz en el curso ordi-nario de la ley. No basta, pues, que exista un recurso ordi-nario, sino que debe ser clicbo recurso adecuado y eficaz para la defensa del derecho que se reclama.

El hecho de que no sólo exista, como en verdad existe en este caso, un recurso ordinario de apelación contra las órde-nes de 21 y 30 de junio último y 1 de julio actual, sino que además dicho recurso se haya ejercitado y aparezca pen-diente, no impide la expedición del auto de certiorari de una manera absoluta. Si el tribunal se convence de que los fines de la justicia requieren que haga uso de su jurisdicción, puede, a nuestro juicio, expedir el auto y revisar los procedimientos.

Dentro de algunos días esta corte entrará en su término regular de vacaciones que comprende tres meses. Suponien-do que durante las vacaciones pudiera ultimarse la tramita-ción del recurso de apelación, la vista del mismo se señalaría para el mes de noviembre y la sentencia se dictaría probable-mente en noviembre o diciembre. De suerte que de no deci-dirse ahora la cuestión suscitada, su resolución tardará, por lo menos, cuatro meses. Si se tratara del cobro de una suma de dinero, de la reivindicación de una finca, etc., la circuns-tancia de la dilación de la sentencia por algunos meses, no podría servir de base para alterar los medios regulares de ejercitar los ciudadanos sus derechos de acuerdo con la ley. Pero se trata de una demanda de injunction por virtud de la cual ciertas personas que estaban en la posesión de planta-ciones de cañas dulces de su propiedad, en menos de quince-días, sin oírseles, son ecíiadas fuera y sustituidas en la pose-sión y gobierno de las plantaciones por otras personas, y en tal caso cuatro meses de espera constituyen una dilación injustificada en la administración de la justicia, cuando el tribunal tiene a su alcance medios bastantes para decidir inmediatamente la cuestión envuelta.

La ley invocada por el demandante en el pleito sobre injunction y aplicada por el juez de distrito, está contenida en las leyes de 1911, p. 195. Es la sección 19- de la Ley sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas de 1910, tal como quedó enmendada en 1911, y dice así:

“En caso de incumplimiento de un contrato para la molienda de cañas o para la entrega de la misma, la parte perjudicada por dielio incumplimiento podrá obligar al cumplimiento específico del contrato, por medio de un injunction, por lo que hace a la cosecha en pie y al cultivo en desarimllo al tiempo de la violación del con-trato; Entendiéndose, Que el remedio de cumplimiento específico o de injunction no será concedido en relación con los cultivos que no estén entonces en desarrollo, respecto a lo cual se deja a la parte perjudicada por el incumplimiento su acción legal por daños.’

Los peticionarios suscitan una interesante cuestión rela-tiva a si esa ley es aplicable o nó a este caso concreto. No creemos oportuno resolverla por ahora y partiremos de la base de que cabe solicitar un injunction para obligar al cum-plimiento específico del contrato celebrado por las partes en este caso, limitando nuestro examen a los procedimientos se-guidos por la corte.

A nuestro juicio dichos procedimientos son tan contrarios a la idea fundamental de la justicia que requiere que -se dé a toda persona una oportunidad para defender su derecho, antes de que pueda privársele del mismo; que deben ser revi-sados y anulados en su totalidad por esta Corte Suprema.

La ley de contratos agrícolas' so limita a prescribir que puede pedirse el cumplimiento específico del contrato por medio del injunction. Tal injunction es natural que se tra-mite de acuerdo'icon la ley que en general los regula en Puerto Rico. Leyes de 1906, págs. 81 a 85.

En el presente caso no se trataba de un injunction pre-liminar, sino de un injunction que en sí era todo un pleito, y el pleito fué.en verdad decidido totalmente sin audiencia de la parte demandada. Pero es más, se suscitó una cuestión de hecho que debía establecerse mediante prueba y el juez delegó el examen y la apreciación de esa prueba en el marshal, y el funcionario encargado de ejecutar las órdenes de la cor-te, quedó convertido en el verdadero juez de la misma,

Ni en la ley creando el cargo de márslial de distrito, de 1904, ni en ninguna otra ley vigente en Puerto Eico, ni en la jurisprudencia de los tribunales sobre la materia, encontra-mos que pueda apoyarse el procedimiento del juez.

Dice Oye, resumiendo la jurisprudencia, que los poderes y deberes de un márslial son ordinariamente de naturaleza ministerial, aunque puede algunas veces ejercer funciones judiciales y examinar pruebas y formar sus juicios que ban de ser la base de sus actos y conducta y de los actos y con-ducta de otros. (Véase 35 Cyc. 1527). En Puerto Eico tu-' vimos un caso en que los márshals ejercían funciones judicia-les, el de las tercerías que se suscitaban en la ejecución de las sentencias, procedimiento que fué luego abolido por la Legislatura. También sucede que los marshals suelen tener ciertos poderes especiales tales como la conservación de la paz y el arresto de delincuentes, la custodia y control de de-lincuentes, etc., que requieren la investigación por ellos mis-mos, de ciertos hechos y la adopción de medidas después de haber juzgado las circunstancias que concurran. . Pero en ninguna parte de la ley vigente, ni en ninguno de los casos que hemos podido examinar, hemos encontrado nada en apo-yo de que el juez pueda delegar en el márslial sus facultades de apreciar las pruebas, comisionándole además para que por virtud del resultado de su apreciación adopte la medida que estime procedente.

Por virtud de todo lo expuesto, deben anularse las órdenes de 21 y 30 de junio y de 1 de julio de 1915, dictadas por la Corte de Distrito de Plumacao en el indicado pleito No. 3957, devolviéndose ésto a la-dicha corte de distrito para que con-tinúe tramitándolo de acuerdo con los principios establecidos en esta opinión.

Con lugar la solicitud y anuladas las órdenes de 21 y 30■ de junio y 1 de julio, 1915.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Hernández, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,. Sección 2a., en causa sobre acometimiento y agresión con-circunstancias agravantes.
    No. 811.
    Resuelto en julio 24, 1915.
    Arresto sin Mandamiento — Misdemeanor—Arrestos por Funcionarios — Pron-titud en el Arresto. — Al hacer un arresto sin mandamiento por alteración de la paz pública o por cualquier otro misdemeanor el funcionario debe actuar prontamente cuando se comete el delito. Si no procede inmediata-mente después que se ha cometido el delito, por regla no podrá luego veri-ficar el arresto sin obtener un mandamiento y procediendo de conformidad con sus términos.
    Id. — Tiempo Razonable para Hacer el Arresto. — Cuando no hay discusióm sobre los hechos la cuestión relativa a qué es lo que se considera como un tiempo razonable dentro del cual puede verificarse el arresto por un funcio-nario sin mandamiento, es una cuestión que debe resolver la corte.
    Id. — Arresto por un Policía — Mandamiento de Arresto — Acometimiento y Agresión Simple. — Cuando ún policía después de haber visto la comisión de-un delito de misdemeanor se retira para ocuparse de otros asuntos o para' otros fines y luego regresa, no puede entonces sin mandamiento practicar el arresto por dicho delito; pero si, sin embargo, en esas condiciones lo verifica, sin informar al acusado de su facultad para arrestarlo o del delito de ■ que se le acusa, y en ese acto es acometido y agredido por el acusado, el acometi-miento y agresión es de carácter simple.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trujillo Güil.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal..

Gaspar Hernández fue acusado de haber cometido un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes en la persona de Higinio González, policía insular. La-declaración de este policía tendía a probar que en la noche-del 7 de marzo fue a la tienda del acusado a hacer que éste último le vendiera algo de comer a Juan de la Cruz para su familia.; que eso fue después de la hora hasta la cual se permite que estén abiertos los establecimientos, pero que una puerta de la tienda del acusado estaba abierta mientras todas las demás se encontraban cerradas; que el acusado se negó a vender nada, profiriendo contra el policía varias palabras insultantes, así como las de “canalla,” “ranchista,” y otras que indican que el acusado sospechaba que el policía había venido a hacerlo caer en una trampa. El policía se retiró continuando todavía el acusado usando lenguaje provocativo; que cuando el policía volvió luego, según dijo éste, y trató de arrestarlo por usar este lenguaje insultante y provocativo, el acusado le acometió y agredió, tirándole con varias cosas y dándole con una o más de ellas. No consta que el policía recibiera algún daño.

El testigo Pavón fue llamado por el Fiscal. La declara-ción de este testigo tendió a demostrar que la provocación partió del policía, pero al ser preguntado últimamente por el Fiscal, manifestó que antes había dicho a ese funcionario' que tiraron una botella en la tienda de G-aspar Hernández. Su declaración fué favorable a Hernández. El Fiscal pre-tendió probar que Pavón había hecho manifestaciones con-trarias, y tanto el Fiscal como el juez le hicieron preguntas tendentes a establecer el hecho de que la esposa del testigo estaba emparentada con la de Gaspar Hernández. Oreemos que a pesar de las irregularidades en su presentación, la prueba tendía a mostrar que Gaspar Hernández acometió y agredió a Higinio González. Por otra parte no somos de parecer de que cuando el policía volvió a la tienda de Hernán-dez estuviera entonces en el ejercicio de un deber oficial. Ex-presa el policía que él le dijo al acusado que estaba arrestado pero no existe nada que demuestre que dicho policía tenía en su poder un mandamiento de prisión o que informó al acusado' del delito por el cual se le acusaba. El artículo 121 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal prescribe lo siguiente :

“La persona que baga un arresto deberá informar a la persona que ba de ser arrestada de la intención de arrestarlo, de la causa del arresto, y de la autoridad que se tenga para hacerlo, excejíto cuando la persona que ha de ser arrestada esté en aquel momento empeñada en la comisión de un delito o en una tentativa para come-terlo, o- sea perseguida inmediatamente después de la perpetración del mismo, o después de su fuga de una .prisión. ’ ’

La ley sobre esta materia aparece expresada en el tomo 2 de Ruling Case Law, página 451, a saber:

“Al hacer un arresto sin mandamiento • por alteración de la paz u otro misdemeanor el funcionario debe actuar prontamente cuando se comete el delito. Si no procede inmediatamente después que se ha cometido el delito únicamente podrá luego verificar el arresto ob-teniendo un mandamiento y procediendo de conformidad con sus tér-minos. La misma regla es aplicable al arresto hecho por un indi-viduo particular en aquellos casos en que de actuar inmediatamente se permite el arresto sin mandamiento. La razón que hay para esta regla se basa en el principio de que la facultad para hacer un arresto ■sin mandamiento en un caso de misdemeanor existe únicamente cuando se hace necesario para conservar la paz pública. Cuando no hay discusión sobre los hechos la cuestión relativa a qué es lo que se considera como un tiempo razonable dentro del cual puede veri-ficarse un 'arresto por un funcionario sin un mandamiento es una ■cuestión que hasde resolver la corte. Una demora de media hora para solicitar ayuda al hacer un arresto puede ser razonable, mien-tras que una demora de dos horas tal vez no sea razonable particu-larmente si en el ínterin el funcionario no está haciendo nada rela-cionado con el arresto. Una demora de varios meses antes de tratar ■de verificar un arresto por infracción de una ordenanza no puede •estar justificada de ningún modo. La brevedad del intervalo en realidad no determina la existencia del derecho a proceder al arresto sin mandamiento, pero la demora meramente proporciona alguna claridad en la cuestión de si el arresto se verificó tan pronto como lo permitieron las circunstancias. Cuando un polieia después de haber visto una alteración de la paz o la comisión de cualquier otro misdemeanor se retira para ocuparse de otros asuntos, o para otros fines, y luego regresa, no puede entonces sin un mandamiento prac-ticar un arresto por dicho delito; pero cuando se hace necesario para el funcionario solicitar ayuda de otras personas puede emplear un tiempo considerable con tal objeto. El funcionario debe proceder a hacer el arresto inmediatamente y continuar su esfuerzo en tal sen-tido hasta efectuar el mismo. No ■ debe existir demora alguna al hacer el arresto y para justificarlo ha de haber un esfuerzo sin in terrupción en hacer el arresto por parte del funcionario o persona que detiene al delincuente y no podrá demorarse por ningún motivo que no esté relacionado con la realización del arresto.

Véanse también los comentarios al artículo 836 del Código Penal de California, equivalente al 116 del Código de Enjui-ciamiento Criminal. También el caso de Wahl v. Walton, 30 Minn., 506. No se ha mostrado razón alguna para que no se hubiera hecho el arresto cuando tuvo lugar la primera provocación que ha^sido alegada. El acusado no fué infor-mado de la facultad del policía para verificar el arresto o del delito de que se le acusaba. No hubo por tanto acometimiento y agresión grave y debe modificarse la sentencia.

Revocada la sentencia apelada en cuanto con-dena al acusado por un delito de acometi-miento y agresión con agravantes, y decla-rando al acusado culpable de acometimiento y agresión simple.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.