author: El .Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Aurelio D’Anglada Braza, demandante y apelado, v. Ana Cerdá, demandada y apelante.
    Núm. 7885.

    Sometido: Junio 7, 1939.

      Resuelto: Julio 14, 1939.

      Enrique Báez García, abogado de la apelante; Miguel Santoni y A. Cadilla Ginorio, abogados del apelado.
   El .Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se estableció contra la resolución de la Corte de Distrito de Areeibo que denegó una moción de la deman-dada en la que, por conveniencia de los testigos, solicitó el traslado del pleito a la Corte de Distrito de Mayagüez. Estu-diaremos en primer término la demanda y luego la contes-tación para determinar así las cuestiones en controversia (issues) y estar en condiciones de apreciar la materialidad y pertinencia de las declaraciones de .los testigos propuestos por la demandada.

La. demanda alega• en. síntesis que la demandada contrató los servicios del demandante para-que le adminis-. trase sus propiedades radicadas en Mayagüez y que en. retribución de estos servicios la demandada pagaría al demandante el 12% por ciento de las sumas que él cobrara o fueran cobradas bajo su administración y dirección por concepto de rentas de dichas propiedades, y que además recibiría la cantidad de $50 mensuales para su manutención y hospedaje. Que a virtud de dicho contrato el demandante empezó sus trabajos el primero de mayo de 1935 y los con-tinuó hasta el 7 de septiembre de 1937. Hace entonces una relación de los distintos trabajos que alega haber hecho para la demandada y concluye expresando que las rentas por él cobradas ascendieron a $19,185.66, correspondiendo al demandante el 12% por ciento de dicha suma, o sea $2,398.21. Que la demandada sólo abonó a dicha cantidad $189, re-sultando un balance a favor del demandante montante a $2,209.21, por cuya suma solicita sentencia con intereses legales desde la interposición de la demanda, más las costas y honorarios de abogado.

En su contestación niega la demandada las alegaciones esenciales de la demanda y como “Materia Nueva de De-fensa” alegó:

Que el demandante era primo de su fenecido esposo y que habiendo emigrado a Puerto Rico en busca de trabajo, se dirigió a la casa de la demandada en Mayagüez, donde permaneció unos veinte días, dirigiéndose luego a Nueva York, de donde regresó poco después sin haber logrado conseguir trabajo, habiéndole facilitado la demandada el dinero necesario para su regreso a Puerto Rico. Que con el fin de socorrerlo, le ayudó a sostenerse en Puerto Rico, y que habiendo enfermado la demandada en el mes de .julio de 1935 y teniendo que permanecer con tal motivo en San Juan, suplicó al demandante que recibiese a nombre de ella las cantidades que semanalmente acostumbraba entregarle su cobrador, Sr. Courtier, y que dichas sumas fueran ingre-sadas en las oficinas del Royal Bank of Canada, Sucursal de Mayagüez, a disposición de la demandada. Que final-mente el demandante fué admitido permanentemente en Puerto Rico por las autoridades de Inmigración a fines de agosto de 1937, y desde esa fecha cesó la demandante de prestarle la ayuda acostumbrada. Que el 31 de agosto de 1937 el demandante, con gran sorpresa de la demandada, le pasó un estado de cuenta en que le cobraba la cantidad de $2,804.06, con lo cual no estuvo conforme la demandada.

Termina la contestación con súplica de que se desestime la demanda, imponiendo al demandante el pago de las costas, gastos y honorarios de abogado.

Tales son, en síntesis, las alegaciones de una y otra parte.

En el affidavit de méritos que se acompañó a la moción de traslado, aparece una extensa relación de testigos, resi-dentes todos en Mayagüez, los cuales anuncia la demandada se propone utilizar en su defensa. Hemos examinado .el relato que hace la demandada de lo que declararía cada testigo y con excepción de la declaración de aquélla y de la de su empleado Sr. Courtier, las demás son, a nuestro juicio, inmateriales a las cuestiones en controversia o sustituíbles por otra prueba.

El primer testigo propuesto por la demandada después del Sr. Courtier es el Lie. Alfredo Arnaldo, Jr. El testigo Arnaldo, Jr. se propone declarar que fué abogado de la demandada en vida de su esposo José Braza; que al morir su esposo, la demandada necesitó una persona que se hiciera cargo de cobrarle las rentas de sus propiedades y con ese fin nombró al Sr. Courtier, redactando el testigo el contrato de servicios correspondiente.

Asumiendo que fuera pertinente probar que la deman-dada había celebrado tal contrato con el Sr. Courtier, ¿qué finalidad tendría la declaración de este testigo? Bastaría la declaración de Courtier o la de la demandada, o el propio contrato, que hablaría por sí mismo, sin necesidad de la asistencia al juicio del Sr. Arnaldo.

Fernando B. Colón. — Se propone declarar este testigo que es Manager de The Royal Bank of Canada, sucursal de Mayagiiez, que la demandada tiene allí una cuenta de ahorros y otra corriente; identificará los cheques expedidos por la demandada a la orden del demandante y con vista de los libros, declarará también sobre los distintos giros enviados por la demandada al demandante a la República Dominicana. Si la demandada sostiene que nunca tuvo contrato de admi-nistración con el demandante, ¿ qué issue prueba ella con demostrar las cantidades que pueda haber donado al de-mandante? Pero asumiendo que tal prueba sea pertinente, ¿acaso los cheques y giros cobrados y necesariamente endo-sados por el demandante al hacerlos efectivos, no sería todo lo que necesitaría probar la demandada, sin que para ello fuese necesario la presencia de este testigo? En cuanto a la identificación de la firma del demandante, indudablemente que no necesita la declaración de la persona que pagó los cheques, pues dadas las relaciones existentes entre deman-dante y demandada, asumiendo que el demandante negase la autenticidad de su firma, fácihnente podría ella probarla.

El segundo testigo en la relación que hace la demandada sería el Secretario de la Corte de Distrito de Mayagiiez. Se propone la demandada probar con este testigo que la Corte, de Distrito de Mayagüez expidió al Sr. Courtier una licencia para portar armas en el año 1934, que aún está en vigor, que el fundamento que hubo para expedir tal licencia fue el de haberse alegado que el Sr. Courtier era cobrador de la demandada y que con tal motivo tenía en su poder diaria-mente fuertes sumas de dinero pertencientes a ella; que demostrará con el récord de dicho expediente que durante el tiempo que el demandante alega haber sido administrador, el Sr. Courtier siguió en el desempeño de su cargo, y que estando presente el demandante se tramitó prórroga de la indicada licencia de portar armas.

Asumiendo que tal prueba fuese pertinente, bastaría una copia certificada de la licencia, sin necesidad de que el Secre-tario de la Corte de Distrito de Mayagüez tuviese que tras-ladarse a la Corte de Distrito de Arecibo.

Federico Laveszary. — Se propone probar la demandada con este testigo que allá por el mes de junio de 1937 la demandada siguió un pleito en la Corte Municipal de Maya-güez contra dicho testigo y que éste personalmente transigió el pleito con la demandada en la oficina del Lie. Enrique Báez' García mediante la intervención de dicho letrado y del . Sr. Courtier, sin que en ningún momento interviniese el demandante en dicho asunto.

Asumiendo que esta prueba fuese pertinente, la declara-ción de este testigo podría fácilmente ser sustituida por la del Sr. Courtier o la del Lie. Enrique Báez García.

Adrede hemos omitido la declaración que se proponen prestar la demandada y su empleado Courtier, por ser regla' bien establecida en materia de traslados que cuando de un traslado por la conveniencia de testigos se trata, la inconve-niencia de las partes ni la de aquellos testigos que sean sus empleados es factor a considerar para resolver la moción. Wrin v. Ohlandt, 213 Cal. 158, 1P. (2d) 991; Pacific States Corp. v. Shepardson, 105 Cal. App. 747, 288 P. 714; Barnett v. United Oil Co., 42 P. (2d) 656; Baird v. Smith, 68 P. (2d) 979.

■ Descartadas las declaraciones de la demandada Sra. Cerdá y de su empleado Sr. Courtier, tan sólo nos quedan los testi-monios de los testigos cuyas declaraciones hemos extractado. Pero, como hemos visto, son inmateriales unas, y otras sus-tituíbles por otra prueba, y siendo ello así, tales declara-ciones no deben ser consideradas al resolver la moción de traslado por conveniencia de tales testigos. Miller & Lux v. Kern County Land Co., 140 Cal. 132, 138, 73 P. 836; Won Fung Hing v. San Francisco Relief and Red Cross Funds, 15 Cal. App. 537, 115 P. 331; Blossom v. Waller, 30 Cal. App. 439, 158 P. 509.

La concesión de una moción de traslado basada en la .conveniencia de los testigos descansa principalmente en la sana discreción de la corte inferior y sn resolución no será alterada en apelación a menos 'que se demuestre un claro abuso de discreción. Plum v. Forgay Lumber Co., 118 Cal. App. 76, 4 P. (2d) 804; Avila v. Meherin, 68 Cal. 478, 9 P. 428; Pacific States Corp. v. Shepardson, supra; Kenyon v. Hartford Acc. & Indem. Co., 86 Cal. App. 266, 260 P. 954; Park v. Gruwell, 15 Cal. App. 509, 115 P. 252.

A nuestro juicio la corte sentenciadora no hizo mal uso de su discreción. Actuó correctamente al resolver la moción de traslado y por consiguiente procede desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Cruz, acusado y apelante.
    Núm. 7741.

    Sometido: Julio 3, 1939.

      Resuelto: Julio 14, 1939.

      Fernando Zapater, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Julio Cruz fue sentenciado a pagar una multa de $50 y las costas por una infracción al artículo 142 del Código Penal; Apeló para ante este tribunal. En su alegato imputa varios ¡errores a la corte sentenciadora, entre, ellos el de que los hechos denunciados no constituyen una infracción al artículo 142 del Código Penal. La denuncia, en lo pertinente, dice así:

“Yo, Ventura Barnés . . . formulo denuncia contra Julio Cruz, por delito de infracción al artículo 142 C. P. cometido de la manera siguiente: Que en 29 de noviembre de 1938, y en Ponce, del Distrito Judicial Municipal de Ponee, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R, el citado Julio Cruz, siendo empleado o socio de la firma comercial M. Colón Figueroa, Suers., contra quien había pen-diente el proceso número 3615 ante la Seo. Ia. Corte Municipal de San Juan promovido por M. Peña & Co., S. en C., en cobro de dinero, demoró y entorpeció el embargo de la guagua automóvil Núm. C-923, propiedad de M. Colón Figueroa, Suers., ocultándola y sustrayéndola del poder del denunciante que como Márshal de esta Corte acababa de embargarla en el precitado procedimiento.”

Conocido el texto de la denuncia, veamos ahora el del precepto legal que se alega infringido:

“Art. 142. Toda persona contra la cual hubiere algún proceso pendiente o sentencia pronunciada para la entrega o restitución de bienes muebles, y que fraudulentamente ocultare, vendiere o dispu-siere de dichos bienes con el propósito de entorpecer, demorar o de-fraudar a la persona que hubiere promovido el proceso u obtenido la sentencia, o que con tal propósito alejare dichos bienes fuera de la jurisdicción de los tribunales bajo la cual se hallaban al entablarse el proceso o pronunciarse la sentencia incurrirá en la pena prescrita en el precedente artículo. ’ ’

La luz necesaria para la correcta interpretación del pre-cepto transcrito nos la da la frase inicial del artículo, a saber: “Toda persona contra la cual hubiere algún proceso pendiente o sentencia pronunciada para la entrega o restitu-ción de bienes muebles.”

De manera que para que se infrinja este artículo, la ■ocultación, venta, etc., demora o entorpecimiento, tiene que ser en relación con un pleito o procedimiento para la entrega o restitución de bienes muebles, “for the recovery of any ■personal property”, como dice el texto inglés, y de la faz de la denuncia resulta que el pleito o procedimiento a que la misma se refiere era uno en cobro de dinero, habiéndose expedido la orden de embargo para asegurar la efectividad de la sentencia. Conforme dispone el artículo 3 del Código Penal, sus disposiciones y artículos deberán interpretarse “según el recto sentido de sus términos, a fin de que llene su objeto y facilite la administración de justicia.”

No podríamos, sin violentar la letra y el espíritu de la ley, resolver que un incidente de embargo en un pleito en cobro de dinero es un pleito o procedimiento para la entrega o restitución de bienes muebles. Por consiguiente, conve-nimos con el fiscal de este tribunal y con la defensa, desde luego, en que los hechos denunciados no constituyen una infracción al artículo 142 del Código Penal, pues no se trata de un pleito para la entrega o restitución de bienes muebles.

Procede declarar con lugar el recurso, revocar la sen-tencia y absolver al acusado.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Manuel Borrás Rosado, et al., demandantes y apelantes, v. Catalina del Carmen Menéndez Santana, et al., demandados y apelados.
    Núm. 7739.

    Sometido: Mayo 11, 1939.

      Resuelto: Julio 19, 1939.

      Ulpiano Crespo, Jr., abogado de los apelantes; Félix Santoni, abogado de los apelados.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Ciertos sobrinos a quienes su tío Antonio Borrás Iguina, natural y vecino de Arecibo, había dejado parte de sus bienes en un testamento que otorgara en enero 29 de 1930, iniciaron este pleito a la muerte del mismo ocurrida en junio 4 de 1933, pidiendo la nulidad de otro testamento por él otorgado en febrero 5, 1932, bajo el cual murió y por el cual instituyó por su única y universal heredera a su esposa la demandada Catalina del Carmen Menéndez Santana.

Como causa de la nulidad alegaron que debido a una enfermedad constitucional grave, el cerebro de su tío llegó a debilitarse de tal modo que se sometió a la voluntad de su esposa quien astutamente y a sabiendas de que ello era falso le hizo creer que los demandantes eran sus enemigos, logrando que revocara el testamento que había hecho a su favor.

Contestó la demandada negando las alegaciones de la demanda que la perjudicaban y sosteniendo la validez del testamento de 1932.

: ’ Fue el pleito a juicio. Una y otra parte practicaron prueba y la corte basándose en el resultado de la mi Km?) apreciada a la luz de la ley vigente sobre la materia, dictó sentencia declarando la demanda sin lugar.

Los demandantes apelaron y en su alegato señalan como único error el cometido a su juicio por la corte al apreciar la prueba.

Hemos leído la evidencia y estamos enteramente conformes con la apreciación que de ella hizo el juez sentenciador en su opinión. Es así:

“En el supuesto de que los demandantes tuvieran un interés legal para pedir, la nulidad del último testamento del señor Borrás, y no siendo herederos forzosos, tendrían que demostrar a tenor de los ar-tículos 622 y 636 del Código Civil cualquiera de las siguientes causas : dolo, fraude, violencia o falta de requisitos esenciales en el otorga-miento del testamento.
“(1) La demanda babla de astucia, sugerencias, presión, usurpa-ción de derechos y otras conclusiones de igual índole, pero a pesar del gran número de frases que se emplean para demostrar en teoría un propósito egoísta y fraudulento por parte de la esposa, no se alegan hechos específicos que demuestren dolo, la forma como se empleó la violencia o los medios materiales del fraude. Tampoco hay alegación alguna sobre falta de requisitos esenciales en el otorgamiento del tes-tamento.
“La presión ejercida sobre el testador, que alegan los demandantes, se hace descansar en la gran debilidad física y mental que padecía con motivo de su enfermedad; sin embargo, el perito que presen-taron para justificar la base de su demanda, declaró que las facultades, intelectuales y mentales de Borrás no fueron nunca afectadas por su enfermedad ni después ni antes de la fecha del testamento. En igual sentido declararon tres médicos más que asistieron al señor Borras, afirmando que el finado mantuvo su carácter y voluntad a pesar de-las enfermedades que padecía. Documentos otorgados por Borras: con posterioridad al testamento fueron introducidos como prueba, en-tre los que se encuentran uno en que figuran los demandantes y dos: escrituras otorgadas por el mismo abogado que les representa. Las manifestaciones que hicieron dos testigos con respecto a que Borrás: cambiaba de parecer de un día para otro cuando estaba enfermo,, fueron tan poco convincentes y carentes de importancia, que no pue-den ser consideradas como demostrativas de que el testador sufriera anormalidad alguna de sus facultades intelectuales, sobre todo, después del dictamen rotundo de los peritos de ambas partes.
“(2) El concepto del dolo, fraude o violencia en los testamentos de que habla el artículo 622 del Código Civil, implica actuación del testador bajo la presión del miedo o la influencia del engaño, que le obliguen a seguir la voluntad extraña o cambiar la suya en cuanto a la institución hereditaria. Puede aceptarse que dentro de esa es-fera quepan aquellos casos en que tomando ventaja de la debilidad • extrema de un enfermo grave se sugestione su mente y se domine su voluntad pero para pedir la nulidad ele un testamento en tales casos, hay que traer al juzgador'una prueba robusta y coetánea que conec-te directamente el otorgamiento de la institución con hechos de la acción ejercida para que la llevara a cabo. No se puede actuar por suposiciones ni por el solo hecho de que el testador estuviese enfermo al tiempo ele testar, ya que la mayoría de los testamentos se otorgan en estado de enfermedad.
“La única prueba de los demandantes para demostrar que la de-mandada Catalina Menéndez ejerció presión sobre su esposo para que otorgara un testamento a su favor y revocara el primero, son mani-festaciones aisladas de ella que fueron negadas bajo juramento, y. que resultan tan fuera de lugar en la forma y oportunidad como se le atribuyen, que no pudieron convencernos y que demostrarían a lo sumo un estado de hostilidad entre ambas familias motivado por las .exigencias de los demandantes, mientras su tío estaba enfermo, en ■obtener con premura el traspaso de las parcelas de terreno objeto de la escritura marcada como Exhibit D de los demandantes.
“Si esto fué lo que molestó al viejo enfermo o si él creyó que ac-tuaba más cuerdamente en dejar a su esposa su herencia, son consi-deraciones personalísimas en las que no debemos ni queremos inter-narnos. ,
“Aun en el supuesto de que el cuido afable, paciente y cariñoso «de su esposa, reconocido en la silla testifical por uno de los deman-dantes, hubiese halagado de tal modo al testador que a consecuencia ■de esa conducta se formara en él la voluntad de instituirla única Reredera, olvidando a sus sobrinos no tendríamos motivos legales para ,'armiar el testamento, de acuerdo con el estatuto, a no ser que se hu-biese perjudicado la legítima de algún heredero forzoso.”

También lo estamos con las citas de la ley y su inter-pretación y aplicación a los hechos del caso que contiene la (.opinión.

Aun hay más, creemos que la prueba demuestra clara-mente el motivo que tuvo el testador para variar de voluntad.

Los propios demandantes llamaron a declarar a la viuda de su tío la demandada Menéndez Santana. Del resumen hecho por el mismo abogado de los demandantes en su ale-gato de la declaración de dicha señora, tomamos lo que sigue :

“. . . Que su esposo Antonio Borras, si lo molestaban se ponía mág malo, que los hijos de su cuñado Miguel Borras fueron donde él a hablar de un negocio sobre el traspaso de unas escrituras a nombre ele Antonio Borrás y le exigieron qne traspasara esas escrituras y viendo qne él por estar malo no hacía las diligencias y se demoraba, los sobrinos de él volvieron y le exigieron la escritura y ese día pasó mala noche y al proponerle Borrás a sus sobrinos el hablar con su abogado, los sobrinos le contestaron que tenían un abogado que lleva-rían para traspasar la escritura y eso le molestó mucho y bajó en-fermo como estaba y no encontrando al abogado Santoni se encontró con el abogado Cadilla y arreglaron y les pasó la escritura.”

Y de la parte de la declaración transcrita verbatim en el propio alegato, copiamos:

“P. — ¿A qué achaca el hecho de que sin haberlos ofendido elios st retiraron? — Eso digo. Ellos comprendían que lo habían ofendido y él se quedó ofendido; y es más, después que hizo ei segundo tes-tamento me dijo: he hecho esto, porque si han tenido desconfianza los sobrinos míos de mí, que siempre los he considerado, qué será des-pués que te quedes, si llegas a quedar tú.”

Al incidente refiriéndose dijo el testigo de la parte deman-dada Jaime Balseiro, contestando a las preguntas de su abo-gado Sr.‘ Santoni:

“P. — ¿Conoció el testigo a Antonio Borrás? — Sí señor . . . P.— Algún día del mes de enero de 1932 don Antonio Borrás fue a donde el declarante con motivo de una escritura que le solicitaban unos de sus sobrinos Borrás Rosado? — Sí, señor. — P.—Diga el testigo lo que pasó allí y entonces. — Una tarde, como a la una y media llegó Plá-cido y Juan Borrás con Antonio Borrás a la oficina. — P.—¿ Qué oficina? —A la oficina de Ud. Félix Santoni para hacer un traspaso de una pro-piedad que decían que era de Borrás, pero no estando Ud. no se pudo otorgar la escritura, porque tenía que redactar el contrato. — P.—¿Yo dónde estaba ? — En San Juan. — P.—¿ Con ese motivo hablaron ? — Llegó allí lo más apesadumbrado, como lo habían tratado los sobrinos y casi lloró y dijo que lo habían tratado mal y no esperaba de ellos que hicie-ran eso ... P. — ¿ Y don Antono Borrás estaba disgustado por esa ra-zón? — Sí, señor; se disgustó con ellos, y después que se fueron ellos seguimos conversando de distintas cosas y hablando me dijo: tengo un gran sentimiento de esos muchachos, que me hayan tratado así; que hayan desconfiado de mí y no quería que a su esposa la fueran a tratar como lo habían tratado a él y que deseaba enmendar su testa-mento.”

Y seguidamente respondiendo al abogado de la parte de-mandante, manifestó:

“P. — ¿Allí mismo, por motivo del disgusto manifestó la voluntad? —De cambiar su testamento. — P.—¿Y mencionó a la esposa? — Sí, señor; la mencionó diciendo que no quería que los hijos de Miguel fueran a hacer con su esposa lo que habían hecho con él.”

El testador no tenía herederos forzosos. Partiendo de la base de qne estaba en posesión de sus facultades mentales, podía variar en cualquier momento, si así lo deseaba, su última voluntad. Sólo de su voluntad dependía el que sus sobrinos los demandantes heredaran o no de sus bienes. Su buena disposición hacia ellos lo llevó a hacerlos partícipes de su herencia. Sin que tuviera que expresar motivo alguno, sin que nada constara sobre el particular, pudo revocar su testamento de 1930 y otorgar el de 1932. De suerte que la prueba va aún más allá de lo que el juzgador necesitaba para fallar en la forma en que lo hizo no existiendo, como no existe, evidencia alguna concluyente de incapacidad por parte del testador o de que el testamento se hubiera otorgado con violencia, dolo o fraude.

Su esposa vivió con Borrás treinta y siete años. Al hogar-llevaron sobrinos de él y de ella y los atendieron y educaron. La misma falta de hijos hizo que los cónyuges dependieran más el tino del otro, y la larga enfermedad del esposo aten-dido constantemente por la esposa hizo su unión más es-trecha, más necesaria, más íntima. ¿Qué de extraño, pues, el testamento bajo el cual murió? Era la lógica determina-ción de un espíritu justo, especialmente después de la expe-riencia, que con sus sobrinos los demandantes tuvo.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Diosdado Romany, demandante y apelado, v. El Jurado del Hipódromo Quintana, Etc., y La Comisión Hípica Insular, Etc., demandados y apelantes.
    Núm. 7595.

    Sometido: Mayo 4, 1939.

      Resuelto: Julio 19, 1939.

      Diego O. Marrero, abogado de los apelantes; J. Validejuli Rodrigues, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Diosdado Romany, dueño de ejemplares de carreras que corren en los hipódromos de Puerto Rico, demandó al Jurado del Hipódromo Quintana y a la Comisión Hípica Insular en solicitud de una orden de injunction dirigida contra las per-sonas que los forman para que se abstuvieran de hacer efectiva cierta multa y de impedir al demandante que inscri-biera y corriera en las fiestas hípicas de la Isla los ejemplares que posee y que están inscritos de acuerdo con la ley.

Dictó la corte una orden de entredicho y los demandados pidieron que fuera disuelta, archivando además un escrito de excepciones previas. La corte por resolución de julio 22, 1937, declaró sin lugar las excepciones y no sólo se negó a disolver la orden de entredicho si que ordenó la expedición de un auto de injunction preliminar de conformidad con la solicitud del demandante. No conformes los demandados, apelaron para ante este tribunal. Dos errores señalan en su alegato, a saber: 1, que la corte erró al sostener que tenía jurisdicción para conocer del asunto, y 2, que erró también al declarar que la demanda aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Los hechos y razones en que el demandado basó su soli-citud, se exponen en ella como sigue:

“Segundo: Que el demandante es dueño, entre otros ejemplares, del caballo Julio CÉSAR, el cual estaba inscrito para tomar parte en las carreras de caballos que habían de efectuarse y se efectuaron en el Hipódromo Quintana con fecha 16 de abril de 1937, comenzando a las tres y media de la tarde.
“Tercero: Que el dicho ejemplar fué enviado al paddock, a la hora reglamentaria, y a pesar de ese hecho, y de haber tomado parte en la carrera para la cual estaba designado, que era la número 5, de las que se iban a celebrar según el programa oficial, el citado jurado le impuso una multa de cinco dólares, por la supuesta alegación de que el citado ejemplar había llegado al paddock fuera de la hora oficial.
“Cuarto: Alega el peticionario que dicho castigo o multa im-puesta, de cinco dólares al mencionado ejemplar, y como consecuen-cia, al compareciente, es injusta, impertinente e ilegal, por las razo-nes siguientes:
“(a) Porque en ningún momento se notificó al compareciente de imputación ni querella alguna, de que el mencionado ejemplar lle-gara fuera de la hora oficial al paddock;
(Z>) Porque no se le dió oportunidad al compareciente de defen-derse y ser oído, antes de que se impusiera la mencionada sentencia;
“ (c) Porque el mencionado ejemplar llegó a hora al citado paddock, y tomó regularmente y a tiempo, parte en la carrera para la cual estaba designado;
“ (d) Porque la imposición de dicha multa constituye la toma de la propiedad del compareciente sin el debido proceso de ley;
“ (e) Porque la actuación del Jurado es contraria a las leyes y reglamentos que rigen el deporte hípico en Puerto Rico y contraria a la Constitución de Puerto Rico y a las leyes de la Isla.
“Quinto: Alega el compareciente que el mencionado jurado así como también la Comisión Hípica, aquí demandada, se propone cobrar al demandante, la mencionada multa, y en caso de que éste no la satisfaga, amenazan al compareciente con suspenderle todos los ca-ballos de su establo si no hace efectiva la mencionada multa, no per-mitiéndole, con motivo de la suspensión de su ejemplar que ahora amenaza, que tome parte en las carreras „o fiestas hípicas en los hi-pódromos de Puerto Rico, y eso traería como consecuencia daños irreparables al compareciente, que no podrán ser compensados pecu-niariamente y no tendría ningún remedio el compareciente para evi-tar los mencionados pleitos.
“Sexto: Que el compareciente carece de todo remedio claro, expe-dito en las leyes para hacer valer sus derechos y solamente tiene el recurso de injunction que ahora ejercita, para evitar que los deman-dados realicen su propósito y perjudiquen al demandante en la forma que se ha expresado en esta solicitud, y le obliguen a una multiplici-dad de pleitos.”

Y los motivos que los demandados tuvieron para sostener qne la corte no tenía jurisdicción para actuar y que la soli-citud no contenía hechos suficientes que justificaran la expe-dición del auto de injunction solicitado, fueron:

(a) Porqu'e de acuerdo con lo que dispone el artículo 18 de la Ley Hípica vigente, tal y como quedó enmendado por la Ley número 17, aprobada en 15 de julio de 1935, esta Corte carece de jurisdicción para conocer y resolver en un recurso extraordinario como el de injunction sobre la decisión del Jurado y de la Comisión Hípica Insular, . . .
“(6) Porque la Ley Núm. 17, aprobada el 15 de julio de 1935, solamente da intervención a las Cortes de Distrito en aquel caso en que se trate de la cancelación de una licencia de un hipódromo, por la Comisión Hípica Insular, . . .
“ (c) Porque, examinando la legislación hípica que se ha llevado a cabo en Puerto Eico, aparece que por la ley número 21 de 1925, artículo 21 de dicha ley (véase Leyes de 1925, página 155), se conce-dió el recurso de injunction para suspender la ejecución de cualquier orden, acuerdo o resolución de la Comisión Hípica Insular, de sus funcionarios o empleados que lesionare derechos garantizados por la Constitución o por las leyes de- P. E.; pero al aprobarse más tarde las leyes números 40 y 11 del 1927 y de 1932 respectivamente, el re-curso de injunction que se concedía en la ley número 21 de 1925, fué eliminado; y al aprobarse la Ley número 17 de 1935 específica-mente se prohibió al tribunal conceder recurso ordinario o extraordi-nario . . . demostrándose así el propósito de la Legislatura, de que los tribunales de justicia no intervengan por medio de este recurso en casos como el que se plantea en esta acción . . .
“(el) Porque, en esta jurisdicción, aun cuando en la considera-ción sobre la concesión de injunction se haya aplicado y se aplique la jurisprudencia que rige el mismo como remedio de equidad, es lo cierto que el recurso es estatutario, por lo que, para concederse, es preciso que aparezca de las alegaciones de la petición, que la Corte tiene jurisdicción para conceder el remedio, . . .
“ (e) Porque de acuerdo con las alegaciones de la petición de injunction, no se exponen las relaciones contractuales en las cuales exista una mutualidad de obligaciones entre las partes, cuyo cumpli-miento se pueda exigir específicamente, sino que por el contrario, se alega un derecho unilateral . . . San Juan Racing & Sporting Club v. Foote, Juez de Distrito, 31 D.P.R. 161,...
“ (/) Porque en este pleito lo que pretende el demandante es que los Tribunales revisen las actuaciones del Jurado del Hipódromo Quintana, a fin de determinar si las mismas han sido legales o no, cuando la decisión de dicho Jurado es inapelable para ante la Comi-sión Hípica, siendo inapelable a la vez para ante la Corte de Distrito, y el injunction no es un remedio para revisar errores de procedi-miento.
“ (g) Porque de acuerdo con el inciso 3 de la sección 4 de la Ley de Injunction, aprobada el 8 de marzo de 1906,-no .se puede otorgar un injunction para impedir el cumplimiento de un estatuto público, por funcionarios del público y en beneficio del público; . . .
(h) Porque, de acuerdo con la jurisprudencia, no procede la concesión de un injunction cuando los derechos del peticionario no so-lamente son dudosos, sino que de los hechos expuestos en la petición aparece que el peticionario y no el demandado es el infractor de al-gún precepto legal; . . .
‘ ‘ (i) Porque es doctrina bien conocida en la jurisprudencia la que establece el principio de que no se debe conceder un injunction para impedir que se aplique un castigo por funcionarios con poder para ello, en cumplimiento del estatuto en virtud del cual actúan tales funcionarios; . . .
(j) Porque también es doctrina bien conocida en la jurispru-dencia la que sostiene que no debe concederse un injunction cuando la -concesión del -mismo pudiera resultar en ayuda para la perpetra-ción de actos ilegales por parte del peticionario y la concesión del injunction en este caso podría resultar en tal ayuda, . . .
“ (7c) Porque de las propias alegaciones del demandante aparece que el castigo de que se trata, de ponerse en vigor, no acarrearía daño irreparable al demandante, sino que por el contrario es susceptible de compensación pecuniaria, ...”

Los fundamentos de la resolución recurrida constan en la misma como sigue:

“1. — De sostener los puntos de vista de los demandados, tendría-mos que declarar, si no toda, parte de la Ley Hípica nula en cuanto no concede un remedio para revisar actuaciones del Jurado que pu-dieran ser dictadas sin autoridad de ley o sin oportunidad de au-diencia cuando se trata de sanciones púnitorias.
“2. — La demanda expone motivos o razones de pedir suficientes, a nuestro juicio, para ameritar la intervención judicial.
"3. — La equidad puede y debe extender su brazo cuando se trata de situaciones como la expuesta en la petición. Para los fines de una excepción previa, es sabido que los lieehos de la petición se consi-deran como ciertos, más si como en .el presente caso la petición está debidamente jurada.
"4. — La circunstancia de que se trata de una multa de $5.00 y tal cosa no constituye, según se alega, un daño irreparable, no empece para la concesión del remedio. La ley y la equidad.no actúan sobre sumas de dinero, smo sobre personas que se amparen en principios de justicia y de derecho. Si pudiera establecerse el principio de que el Jurado de un hipódromo puede actuar en modo arbitrario y ca-prichoso de imponer multas, que en este caso es de $5.00, pero que en otro caso pudiera ser de mayor cuantía, y por el no pago de dicha multa impedir que el peticionario pueda correr sus caballos y sus-penderlo así en el ejercicio de su negocio, sería contrario al más elemental principio de justicia, ya que es conocido el aforismo que donde existe la violación de un derecho debe haber un remedio para-corregir tal violación.”

Hemos estudiado cuidadosamente el alegato de los ape-lantes y no nos convence de que la corte actuara sin juris-dicción y de que la demanda no aduce hechos suficientes para la expedición de un auto de injunction preliminar.

Es cierto que la ley sobre la materia que tantas veces invocan los apelantes prescribe que las decisiones del jurado serán firmes e inapelables, excepto en los casos en que su decisión imponga un correctivo mayor de tres meses de sus-pensión o cien dólares de multa en los cuales podrá apelarse para ante la Comisión Hípica Insular y que también prescribe que el fallo de la Comisión será definitivo e inapelable, con determinada salvedad que no es la de este caso, y luego ordena que contra el mismo los jueces y tribunales no admi-tirán demanda ni recurso judicial alguno ordinario ni extra-ordinario. Ley Núm. 17 de 1935, (2) págs. 93 y 99.

En primer lugar interpretada literalmente la ley encon-tramos que la última prohibición se refiere al fallo de la Comisión, no a un caso como éste en que se trata de una decisión del jurado “firme e inapelable”.

T en segundo lugar aquí se alegó y se admitió a los fines de la excepción previa que la multa se impuso en violación del precepto reglamentario que ordena al jurado que “Antes de imponer castigo alguno deberá practicar, hasta donde sea posible, una investigación de los hechos denunciados, tomando todas las declaraciones bajo juramento y dando la oportu-nidad al querellado de ser oído en su defensa.” Regla 96, inciso (h) del Reglamento formulado de acuerdo con la ley por la Comisión.

De ahí que esta corte, vigente ya lá ley tal como quedó enmendada en 1935, ante una situación semejante resolviera, en el caso de Hernández v. Comisión Hípica, 50 D.P.R. 100, copiando del resumen, lo que sigue:

“El derecho o los derechos que asisten a un jockey castigado sin dársele la oportunidad de defenderse, son extraordinarios; y no' dando remedio alguno específico la Ley Hípica ni el reglamento de la Co-misión y prohibiendo además dicha ley una apelación ante dicha Co-misión o ante las cortes, un injunction para que no se le impida correr como tal jockey procede bajo el artículo 677, incisos 2, 4 y 5 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933).”

Resuelta la cuestión de jurisdicción suscitada, veamos si los hechos alegados son suficientes para sostener la expedi-ción del auto de injunction preliminar.

Lo son, a nuestro juicio, porque- de ellos surge que el jurado actuó fuera del precepto reglamentario indicado.

Pudo la Legislatura ordenar como ordenó que el fallo del jurado no fuera apelable, dándole así carácter definitivo y final a su resolución. Ello está en armonía con la naturaleza de las cuestiones a resolver y de las relaciones envueltas, pero no pudo autorizar como no autorizó al jurado a actualar bitrariamente, sin ajustarse a la ley de sn creación y a las reglas adoptadas de acuerdo con la misma, porque ello sería destruir los principios de un verdadero gobierno de ley como es el nuestro.

Bastaríale al jurado alegar y probar si a ello fuese llamado y si es ésa la verdad de lo ocurrido, que juzgó el. caso del peticionario aplicando la ley y el reglamento, para que la corte nada más investigara y declarara la petición sin lugar con imposición de las costas y honorarios al que sin razón reclamó su auxilio. Pero esa alegación y esa prueba son necesarias una vez que se formula ante una corte de justicia una demanda como la que aquí se formuló para que el principio constitucional invocado quede en pie.

“No se pondrá en vigor en Puerto Rico ninguna ley que privare a una persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedimiento de ley, o que negare a una persona de dicha isla la protección igual de las leyes”, comienza declarando el artículo 2 de nuestra Ley Orgánica, y son las cortes de justicia las llamadas a velar porque esa declaración sea en la práctica una realidad.

Procede en tal virtud la confirmación de la resolución apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Antonio Rivera, demandante y apelado, v. Juan J. de Arce, demandado y apelante.
    Núm. 7768.

    Sometido: Julio 1, 1939.

      Resuelto: Julio 19, 1939.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelado; Adolfo Garda , Veve, abogado del apelante.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Por sentencia de mayo 12 último se revocó la recurrida en este caso y se dictó otra desestimando la demanda, con costas (54 D.P.R. 777).

En mayo 20 la parte apelada presentó una moción soli-citando permiso para enmendar su demanda. La parte ape-lante no sólo se opuso a la concesión del permiso si que ha pedido además que se resuelva su apelación por el otro fundamento no considerado en la opinión de esta corte.

En efecto en dicha opinión se dijo:

“No conforme el demandado, apeló. Sostiene que la corte sen-tenciadora no adquirió jurisdicción porque el emplazamiento del de-mandado es nulo, y sostiene además que la demanda no alega hechos suficientes para dar jurisdicción a la Corte y para basar la sentencia porque no describe la finca de modo tal que pueda identificarse.
“La falta de hechos es tan clara que no necesitamos entrar en el examen del emplazamiento. No se dice en la demanda dónde se en-cuentra la finca.”

Creemos que en verdad tiene razón el apelante al sostener que el permiso para enmendar se ha solicitado demasiado tarde pero como eso no obstante quizá nos inclináramos a concederlo, nos sentimos obligados a considerar y resolver la cuestión de la falta de jurisdicción por razón de la alegada nulidad del emplazamiento.

Tal como aparece de los autos la constancia de haberse emplazado al demandado es la qne signe:

‘ ‘ CERTIFICADO DE DIRIGENCIAMIENTO PERSONA PARTICULAR,-Yo, Mar- ' tin Reina Oquendo, debidamente juramentado, declaró: Qne soy mayor de 18 años, vecino de Humacao, P. R., no soy parte ni tengo interés en esta acción.
‘ ‘ Certifico : Qne recibí el presente emplazamiento a las cuatro de la tarde del día cuatro de marzo de 1938, y qne notifiqué el mismo personalmente a las 8 :11 de la mañana del día siete de marzo de 1938 a Juan J. de Arce, demandado mencionado en dicho emplaza-miento, entregando a dicho demandado y dejando en su poder perso-nalmente en un corte de cañas en el barrio Puerto Real de Yieques, una copia de dicho emplazamiento, y en poder del demandado Juan J. de Arce una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito men-cionado en dicho emplazamiento,' habiendo hecho constar con mi firma al dorso del emplazamiento el sitio y fecha de su entrega y notifica-ción.
“Fechado hoy día 8 de marzo de 1938.— (f) Martín Reina, De-clarante.
“Jurado y firmado ante mí por Martín Reina Oquendo, mayor de edad, casado, empleado y vecino de Humacao, Puerto Rico, a quien doy fe conocer personalmente en Humacao, Puerto Rico, a 8 de marzo de 1938. — Mariano Acevedo Zeno, Secretario. Por (f) Modesto Agosto Torres, Subsecretario.”

Y alega el apelante:

“Como se ve, este individuo que dijo haber practicado la diligen-cia del emplazamiento, lo único que hizo fué jurar que era mayor de 18 años, ser vecino de Humacao, no tener interés en el asunto y no ser parte en la acción. Esto fué lo que juró. Lo demás que con-signa en la diligencia lo hace por vía de certificación. Y como una persona particular no puede certificar nada, es indudable que este em-plazamiento no confirió jurisdicción a la corte inferior, no habiendo debido ella dictar sentencia, como lo hizo, por ser improcedente.”

No hay duda que cuando el emplazamiento no se practica por el márshal la persona particular que lo verifica no está autorizada para certificarlo. Sin embargo, la certificación no constituye un defecto fatal cuando como en este caso se jura la actuación.

A ese efecto se decidió en el caso de Mitchell v. National Surety Co., 206 F. 807, 809, “.. .qne nn affidavit de diligen-oiamiento por nna persona particnlar, a manera de certifi-cación, a la qne se añadió nn jurat exponiendo qne el mismo había sido snscrito y jurado, etc., ante nn notario público, no era fatalmente defectuoso meramente porque no se decía en el cuerpo del mismo qne el certificante estaba declarando bajo juramento.” Y en Bancroft “Code Practice and [Remedies”, pág. 1364, se dice: “Un affidavit en forma de certi-ficado seguido por nn jurat qne declara que ha sido firmado y jurado ante nn notario público es suficiente, aun cuando no se diga en el cuerpo del certificado qne el deponente declara bajo juramento.”

Pero si bien ello es así, hay otro defecto que tratándose como se trata de un caso en rebeldía, es más serio. Consiste en que no consta del diligenciado que la persona que hizo el emplazamiento fuera al practicarlo mayor de diez y ocho años de edad.

En el caso de Buonomo v. Sucesión Juncos, 28 D.P.R. 409, 413, en el que se alegó la falta de jurisdicción de una corte para dictar sentencia porque no constaba que la persona que emplazó al demandado fuera cuando actuó mayor de diez y ocho años, se resolvió:

“Hemos estudiado cuidadosamente las cuestiones suscitadas. Las cortes generalmente se inclinan en casos de esta naturaleza a soste-ner la eficacia de las sentencias impugnadas. Podrían encontrarse tal vez argumentos para combatir la existencia de los errores apuntados bajo los números 2, 3 y 4, pero el señalado con el número 1 es tan patente y la jurisprudencia es tan terminante sobre el particular, que nos vemos obligados a convenir, por razón de él, con el deman-dante, que el título de la parte demandada carece de valor porque la corte que dictó la sentencia, base de dicho título, no consta que llegara a adquirir jurisdicción sobre la persona de los demandados en el pleito.
“En el caso de Andino v. Knight, 20 D.P.R. 198, 201, citando la jurisprudencia en que se basaba para ello, este tribunal se expresó así:
‘La diligencia de citación debe demostrar por sí misma que ba sido cumplido todo lo necesario para que pueda estimarse buena, Linnot v. Rowland, 119 Cal. 452, 51 P. 687; People v. Bernard, 43 Cal. 385; y cuando es practicada por persona que no es el mársbal, debe aparecer de ella que tenía más de diez y ocbo años en el momento de llevarla a efecto, Maynard v. McCrellish, 57 Cal. 355; Howard v. Galloway, 60 Cal. 11; Doerfler v. Schmidt, 64 Cal. 265; Lyons v. Cunningham, 66 Cal. 42; Barney v. Vigoreaux, 75 Cal. 376; Horton v. Gallardo, 88 Cal. 581, así como el lugar en que se practicó, Lynch v. West, 63 W. Va. 571, 60 S. E. 606.
“ ‘También debe contener la afirmación jurada de que no es parte en la acción, por ser uno de los requisitos que exige la ley para que una persona distinta del marshal pueda practicar la citación. Por tanto cuando, como en el caso presente, se han dejado de cumplir ios extremos expresados, no aparece del diligenciamiento que el se-cretario estuviera facultado para registrar la rebeldía ni que el tribunal adquiriera jurisdicción sobre el demandado para juzgarlo. Barney v. Vigoureaux y Horton v. Gallardo, supra. ’ ’ ’

Y Bancroft en sn obra “Code Practice and Remedies”, Yol. II, pág. 1365, expone la doctrina en la siguiente forma:

“Cuando el emplazamiento se efectúa por persona que no es el marshal, su affidavit debe demostrar que reúne los requisitos que exige el estatuto para poder efectuarlo. Así, debe demostrar que sobrepasaba la edad que dispone el estatuto en el momento de efec-tuar el emplazamiento, y no meramente al tiempo dé preparar el cer-tificado de diligenciamiento.”

No quiere ello decir que se trate de un defecto de tal modo fatal que no pueda corregirse, ya que puede probarse que la persona que hizo el emplazamiento era en efecto mayor de edad cuando lo verificó.

Pero son tantas las circunstancias que concurren en este caso particular que no nos sentimos inclinados a ejercitar nuestra discreción en el sentido de conceder la enmienda. Si la parte tiene un derecho claro al terreno poseído por el demandante de la manera ilegal que ella dice, que lo reclame de nuevo en debida forma ante la corte de justicia competente.

La moción sobre enmienda debe declararse sin lugar.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    César Garcés, peticionario, v. Corte de Distrito de Arecibo, Hon. Luis Mercader, Juez Sustituto, recurrida.
    Núms. 327, 328, 329.

    Sometidos: Julio 15, 1939.

      Resueltos: Julio 19, 1939.

      Diego E. Ramos, abogado del peticionario; Luis Mercader, pro se.

   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

César G-arcés fué acusado ante la Corte Municipal de Arecibo de un delito de falsa representación en febrero 21,' 1938, de otro de acometimiento y agresión en diciembre 17, 1938, y de otro contra la Ley de Rentas Internas en enero 18, 1938.

Por los tres fué condenado y de las tres sentencias apeló para ante la corte del distrito radicándose en ésta los autos de la primera causa en marzo 26, 1938, de la segunda en enero 17, 1938 y de la tercera en abril 4, 1938.

Señalados por la corte de distrito los nuevos juicios en los tres casos, se pidió la suspensión de los mismos por el acusado por medio de su abogado y la corte accedió en mayo 16, -1938, en mayo 12, 1938 y en julio 1, 1938, respec-tivamente.

En junio 16, 1939, el aensado presentó mociones de sobre-seimiento y archivo en los tres casos. Son ignales substan-cialmente. Bastará transcribir la parte pertinente de la correspondiente al primero para enterarnos de sns funda-mentos. . Dice:

“2. Que en dicha solicitud de suspensión el acusado renunció su derecho al término prescriptive) que le favoreciera, así como a un juicio rápido.
“3. Que recientemente este acusado ha sido notificado para com-parecer a juicio en este caso, el que deberá tener lugar el próximo martes, día 20 de junio de 1939.
“4. Que desde la última suspensión concedida al acusado hasta la fecha actual ha transcurrido con exceso un año, sin que este acusado haya sido sometido a juicio.
"5. Que la renuncia a que se refiere el párrafo 2 es efectiva du-rante 120 días contados desde la fecha en que le fuera concedida la suspensión arriba mencionada, pero una vez expirado ese período entiende el acusado que el término de prescripción comienza a correr-de nuevo, no existiendo renuncia alguna hecha por el acusado posterior a dicho término de 120.”

Oídas las mociones, la corte las declaró sin lugar y el acusado radicó tres peticiones de mandamus ante esta Corte-Suprema. Expedidos los autos en forma alternativa, el diez, de julio actual compareció el demandado y alegó las razones, que tenía para que no se ordenara en definitiva lo solicitado.. También compareció el peticionario y argumentó en favor-de sus demandas.

Se invoca por el peticionario el caso de de Gracia v. Corte, 52 D.P.R. 607. En efecto en dicho caso esta corte resolvió, copiando del resumen, que “Cuando no se adoptan medidas que revelen acatamiento del mandato legislativo contenido en el inciso 2, artículo 448 del Código de Enjuicia-' miento Criminal y la imposibilidad material de luego cumplirlo y no ya transcurren 120 días si que 340 sin que se tome acción respecto al juicio de una causa pendiente, se-infringe el derecho constitucional del acusado a un juicio rápido y procede el mandamus para hacer valer dicho de-recho.”

T es lo cierto también que en cada uno de los casos que estamos considerando transcurrieron términos semejantes al del caso invocado sin que la corte actuara, pero aquí las circunstancias concurrentes son bien distintas a las del caso de de Gracia, supra.

En ese caso nunca el juicio fue señalado, ni el acusado pidió suspensión alguna, ni renunció expresa o tácitamente su derecho a un juicio rápido, mientras que en éstos la corte señaló dentro del término de ley los nuevos juicios y fue el acusado el que pidió para su propio beneficio que se sus-pendieran, renunciando además de modo expreso ‘ ‘ su derecho .al término- prescriptivo que lo favoreciera, así como a un juicio rápido” y luego no hizo gestión alguna hasta que se enteró que la corte había señalado otra vez día para los nuevos juicios.

Resumiendo la jurisprudencia, dice Corpus Juris:

“Un acusado puede renunciar a su derecho a un juicio rápido. Esto puede hacerlo bien consintiendo a ello, o dejando de oponerse, o solicitando la posposición del juicio.” 16 C. J. 448.

Y antes había dicho:

“El acusado no tiene derecho a ser absuelto cuando ha dilatado el juicio como consecuencia de sus propios actos, como . . . solicitar o consentir la posposición del juicio, ...” 16 C. J. 444.

El hecho de que después de la suspensión hubiera trans-currido más del término fijado por el estatuto sin que la corte actuara de nuevo señalando la vista, no tiene, dadas las circunstancias concurrentes en este caso, influencia deci-siva. La tendría si el acusado meramente hubiera consen-tido una suspensión pedida por el fiscal. Aquí como sabemos fué el propio acusado el que pidió la suspensión y no se limitó a pedirla si que expresamente renunció su derecho a un juicio rápido y “al término prescriptivo que le favore-ciera” y esa renuncia del término era prospectiva y no retrospectiva porque la corte había actuado con la rapidez debida señalando las causas en tiempo cuando las peticiones de suspensión se presentaron y las renuncias se hicieron.

En un memorándum presentado por el peticionario por su abogado después de la vista se insiste fuertemente en que los casos de El Pueblo v. Cepeda, 31 D.P.R. 489 y El Pueblo v. Buckley, 47 P. 1009, le favorecen.

En el primero de dichos casos esta propia corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Franco Soto, se expresó así:

“Antes de empezar el juicio, el acusado pidió de la corte se or-denara el sobreseimiento del caso, por el fundamento de haber trans-currido el término de 120 días sin que se hubiera celebrado el juicio y sin que el acusado hubiera pedido la suspensión del mismo.
“El fiscal se opuso a la moción y alegó que en noviembre de 1921 el acusado había estado conforme en suspender la vista del caso, cuya suspensión había sido solicitada por dicho fiscal.
“La acusación fué presentada el 4 de abril de 1921. En noviem-bre de 1921, fecha a que se refiere el fiscal, ya habían transcurrido más de siete meses desde la presentación de la acusación. El juicio fué celebrado después de aquella suspensión, el 3 de abril de 1922, transcurriendo de nuevo más de 120 días.
“Estamos conformes en que al acceder el acusado a la suspen-sión de la vista en noviembre de 1921, implícitamente renunció al derecho que tenía en aquel momento a que se sobreseyera la acusa-ción de acuerdo con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pero no en que su anuencia a la suspensión pueda inter-pretarse como una renuncia absoluta al derecho que a un juicio rápido le garantizan el artículo 11 del propio Código de Enjuicia-miento Criminal y el 2 de la Ley Orgánica.
“Si después de la suspensión la corte no señala la vista para dentro de un término razonable en armonía con el espíritu de la ley, concretado en cuanto a término razonable en el artículo 448 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, surge necesariamente en el acusado de nuevo el' derecho a pedir el sobreseimiento.
“Aquí la corte dejó pasar, como hemos consignado, después de suspendida la vista, más de cuatro meses sin celebrar el juicio, transcurriendo, por tanto, más de los ciento veinte días fijados por el propio legislador para el primer caso, y el sobreseimiento debió decretarse. Al no hacerlo así, cometió la corte el error que señala el apelante en su alegato.”

Como puede verse, las circunstancias varían. La renuncia implícita de Cepeda lo fué al derecho que tenía en el mo-mento de pedir la suspensión. De ahí en adelante comenzaba a regir con toda su fuerza el precepto legal. Mientras que en el caso que está ahora sometido a nuestra consideración la renuncia como ya dijimos era prospectiva y se hizo en términos tales que el derecho a un juicio rápido en sí mismo dejó de existir por la expresa voluntad del acusado.

La misma diferencia se advierte entre este caso y el de Buckley, supra. Allí dijo la Corte Suprema de California por medio del Juez Temple:

“El acusado no fué juzgado dentro de los sesenta días después de radicada la acusación. Solicitó por esta razón el sobreseimiento y archivo del proceso en su contra. Su moción fué desestimada y y se descansa aquí sobre el error de la resolución recaída. Tanto la constitución como las leyes garantizan un juicio rápido, y la see. 1382 del Código Penal dispone que se sobreseerá y archivará el proceso, a menos que puedan aducirse buenas razones en su contra, si un acusado a quien no se le ha pospuesto el juicio a petición suya, no se le celebra dentro de los 60 días después de radicada la acusa-ción. Se denegó la moción porque (1) el mismo acusado solicitó y obtuvo una prórroga; ....
“El caso fué pospuesto a petición del acusado, del día 12 de febrero, 1895, al día 13 — un día. ¿Podría privar por completo a un acusado una prórroga de un día concedida a solicitud suya de la garantía constitucional a un juicio rápido? Ciertamente no, e in-terpretar en esa forma el estatuto sería irrazonable.-”

Parece conveniente decir que en el caso de Buckley, supra, la corte consideró los méritos y concluyó que la evidencia era insuficiente para sostener el veredicto del Jurado en contra del acusado y que con esa parte de la opinión mos-traron su conformidad los jueces McFarland y Harrison, disintiendo en la parte que se refería al sobreseimiento. Otro de los jueces, el Sr. G-aroutte, estuvo conforme con la revocación por las razones que expuso en su opinión concu-rrente entre las cuales no se encuentra la del sobreseimiento. Sólo los jueces Van Fleet y Henshaw estuvieron conformes con la opinión íntegra del Juez Temple. Y parece conve-niente también llamar la atención a que la suspensión obte-nida por Buckley lo fue por un día, esto es, señalado el juicio para febrero doce obtuvo que se transfiriera para febrero trece y eso no obstante no se celebró hasta marzo diez y ocho.

Siendo las expuestas las circunstancias concurrentes en los tres casos, debe declararse no haber lugar a ordenar a la corte de distrito que los sobresea y archive y en su con-secuencia desestimarse las peticiones.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Juan Pacheco, por derecho propio y en representación de su hija menor de edad, Mercedes Pacheco, demandante y apelante, v. Juan Pomales y Guillermo Garáu, demandados y apelados.
    Núm. 7596.

    Sometido: Abril 14, 1939.

      Resuelto: Julio 19, 1939.

      Edgar S. Belaval, abogado del apelante; Luis F. Camacho y Adolfo Porrata Doria, abogados, respectivamente, de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan que declaró sin lugar una demanda de daños y perjuicios instada por Juan Pacheco, por derecho propio y en representación de su hija menor, Mercedes Pacheco, contra Juan Pomales y Guillermo Garáu.

Se demostró que el 7 de marzo de 1937, a las 11:45 a. m., un automóvil perteneciente a Guillermo Garáu y conducido por Julio Pomales, arrolló a Mercedes Pacheco, producién-dole ciertas lesiones. El accidente ocurrió en momentos en que el vehículo chocó con el encintado y se subió sobre la acera de un camino que hay en los terrenos de la Univer-sidad de Puerto Pico. Pomales iba acompañado de Guillermo Garáu, hijo. Ambos tenían 19 años de edad ai ocurrir el accidente. Es innecesario penetrar en todos lo-? hechos que dieron lugar al mismo, porque la decisión final del caso no depende de si el conductor fuá o no culpable de negligencia. Podría asumirse que lo fue.

El litigio se inició contra los padres de dichos jóvenes y en la demanda se alegaba que de conformidad con el inciso primero del artículo 1803 del Código Civil (ed. 1930) los padres eran responsables de la negligencia de los hijos menores de edad.

La contestación de los demandados es que Julio Pomales había vivido separado de su padre por espacio de muchos años; que no estaba bajo su autoridad y que no dependía en manera alguna de su familia; que su padre no era res-ponsable de los daños y perjuicios causados por él; que Guillermo Garáu, Mjo, era simplemente un pasajero del automóvil al momento de ocurrir el accidente, que iba allí sin permiso ni conocimiento de su padre, y que él no tenía dominio sobre el conductor del vehículo ni era en modo alguno responsable del accidente.

Sólo el testigo Andrés Porrata declaró que Pomales vivía con su padre. Su declaración no fué muy satisfactoria. Dijo que Pomales asistía a la escuela en Guayama y que su familia vivía en el campo, a unos 12 kilómetros de dis-tancia; que Pomales iba a la casa de su padre a pasarse los fines de semana. Más tarde al preguntársele si Pomales vivía en la ciudad, contestó “Él va y viene.”

Para impugnar su declaración los demandados ofrecieron cinco testigos, entre ellos el alcalde de Guayama, todos los cuales declararon que Pomales había estado ausente de su familia desde que era niño y que no dependía de su padre ni estaba bajo la autoridad de éste. La corte inferior dijo lo siguiente en el curso de su opinión: “Por mucho peso que queramos dar a la declaración de Andrés Porrata, ella no nos convenció en cuanto a que Julio Pomales viva con su padre Juan Pomales, ni vivía a la fecha del accidente.”

En lo que al otro joven, es decir Guillermo Garáu, hijo, se refiere, si bien es cierto que se probó que vivía con su padre al tiempo de ocurrir el accidente, sin embargo, él era meramente un pasajero del automóvil. La prueba demuestra que el padre de Garáu prestó el vehículo a Gregorio Vázquez para que viniera de Guayama a San Juan; que en el camino Vázquez recogió a Pomales y a Garáu, hijo, sin permiso o conocimiento del'padre de éste; que Garáu, hijo, se des-montó del automóvil en Eío Piedras, y que Vázquez y Pomales fueron a San Juan, donde Vázquez lo estacionó y lo dejó a cargo de Pomales. Éste lo tomó para dar un paseo, aparentemente sin conocimiento de Vázquez, se fué para Río Piedras y allí le pidió a G-aráu, hijo, que se montara con él. Al venir de regreso para San Juan ocurrió el accidente. Nada había que demostrara que Garáu, hijo, tuviera en absoluto algo que ver con la conducción y manejo del ve-hículo en cualquier momento. Según la prueba, Vázquez se consideró responsable de los daños ocasionados al automóvil de Garáu y pagó por las reparaciones. Esta prueba no fué controvertida y tiende a demostrar que Garáu, hijo, no tenía el dominio del automóvil de su padre sino más bien que el que lo tenía era Vázquez.

En su alegato el apelante levanta la cuestión de que el paseo era una “aventura común” (joint venture) y que ambos jóvenes son responsables de los daños ocasionados por uno de ellos. No existe prueba en apoyo de esta con-tención.

La corte inferior dice en su opinión:

' “En cuanto a la presencia de Garáu, Jr., en el automóvil que guiaba Pomales, no está claramente establecido por la prueba que no fuera un pasajero, ni que tampoco tuviese dominio o autoridad en el manejo o manipulación del vehículo. ”

En su alegato ef apelante señala ocho errores, pero sólo son importantes los errores 6 y 7 que discuten la cuestión relativa a la responsabilidad de los demandados. Algunos de los otros errores se refieren a un estado de cosas que tendría importancia si la corte inferior -hubiera resuelto que el conductor no fué' negligente.

El primer señalamiento de error se refiere a un elemento de daños y perjuicios y en su consecuencia no es menester considerarlo.

Tampoco resulta importante la actuación de la corte al ordenar que se presentara un pliego de especificaciones. Esto cubre el segundo señalamiento.

En los señalamientos tercero y cuarto, el apelante da gran énfasis a la actuación de la corte inferior al abrir la rebeldía de los demandados y al negarse a eliminar la con-testación y la excepción previa a la tercera demanda enmen-dada. No estamos en absoluto convencidos de que la corte no usara debidamente su discreción al ordenar la apertura de la rebeldía. Este tribunal siempre ba sido muy liberal en permitir enmiendas bajo el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. Igual práctica puede ser sostenida al negarse la corte inferior a eliminar la excepción previa y la contestación a la tercera demanda enmendada. Al deman-dante se le hizo necesario radicar tres demandas y ello de por sí tendería a demostrar que el proceder de la corte de distrito al permitir que las referidas alegaciones de los de-mandados permanecieran en los autos no fué un abuso de discreción.

En lo que al sexto señalamiento se refiere, el caso de Rodríguez v. Santos, 40 D.P.R. 48, parece ser directamente aplicable. Allí se resolvió:

Cuando un hijo abandona la casa paterna, poniéndose así fuera del alcance de la autoridad del padre y actúa por su cuenta y vive por sí, el padre no es responsable de los daños causados por los actos negligentes o ilícitos del hijo que así viva.
“Cuando la corte inferior apreciando la prueba en cuanto a si el hijo vivía o no en compañía del padre, llega a una conclusión con-traria y no se demuestra que actuara por pasión, prejuicio o par-cialidad o por manifiesto error, su conclusión debe sostenerse en apelación.
“En acción de daños y perjuicios contra un padre por los daños causados por el hijo, resuelta la cuestión de la responsabilidad del padre en sentido adverso al demandante, si ella es bastante por sí sola para terminar el caso, todas las demás cuestiones carecen de importancia y la omisión de no resolver éstas no puede constituir motivo de error.”

Y en lo que respecta al séptimo señalamiento, la corte inferior basó su opinión en el caso de López v. American R. R. Co. of P. R., 50 D.P.R. 1, donde este tribunal dijo:

“Es regla general reconocida en esta jurisdicción, que la ne-gligencia del conductor de un vehículo no puede imputarse a un pasajero.”

También se señala como error el haber dejado la corte de conceder las costas al demandante. Como la sentencia le fné adversa en la corte inferior y la misma es confirmada por este tribunal, no es menester considerar este señala-miento.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Ana Sánchez, demandante y apelada, v. Ramón González, demandado y apelante.
    Núm. 7888.

    Sometido: Marzo 10, 1939.

      Resuelto: Julio 19, 1939.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; B. A. Arroyo Bíos, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Por sentencia de la Corte de Distrito de Humacao, Ramón González, divorciado de Ana Sánchez, fué condenado a pagar a ésta para el sostenimiento de Ramón González Sánchez, hijo legítimo de las partes litigantes, la suma de siete dó-lares semanales.

En la demanda se adncía el divorcio con fecha 2 de octubre de 1936, en que la demandante fné declarada cón-yuge inocente y “a cnyo cuidado quedó el hijo habido en el matrimonio.” En el tercer párrafo de la demanda la de-mandante alegó que el demandado no le pasaba, ni para ella ni para su hijo, cantidad alguna para alimentos, ropa, alquiler de casa, médico y medicinas. En el quinto párrafo se alegaba que la situación económica de la demandante no le permitía atender a todas las necesidades del menor y estimaba que una cantidad de quince dólares semanales sería apropiada para atender a los gastos, y se solicitaba además las costas y honorarios de abogado.

En la contestación se expresaba que el demandado había suministrado alimentos a su hijo, en su propio domicilio, hasta unos días antes de la radicación de la demanda y que estaba dispuesto a continuar haciéndolo así si el hijo iba a casa del demandado a recibir los alimentos. En otro pá-rrafo de la contestación el demandado repetía que estaba dispuesto a sostener al menor y luego, como aseveración final, suplicaba de la corte dictara sentencia declarando sin lugar la demanda en cuanto a la petición de alimentos por parte de la demandante y con lugar en cuanto a la petición de alimentos por parte del hijo, siempre que éste los reci-biera en el domicilio del propio demandado.

El demandado radicó una moción de reconsideración. Mientras ésta se hallaba pendiente se iniciaron procedimien-tos de desacato en su contra. La moción de reconsideración fué plenamente considerada por la corte inferior y ésta modificó su sentencia original, concediendo $3.50 semanales y desestimando o declarando abandonados los procedimientos de desacato. El demandado apela de la sentencia final dic-tada;

En la corte inferior no se levantó la cuestión de la insuficiencia de la demanda, mas no obstante el primer señalamiento es al efecto de que ésta deja de aducir una causa de acción. Un examen de la demanda hace patente que en realidad el pleito no fué entablado propiamente. Ana Sán-chez debió posiblemente haber iniciado un pleito separado en solicitud de alimentos para su hijo. El apelante cita varios casos de este tribunal en que hemos resuelto que un pleito debe iniciarse a nombre o en representación de la parte realmente interesada. No discutiremos esta cuestión porque en la demanda había lo suficiente que demostrara que la demandante instaba el recurso en gran parte para el sostenimiento del menor, y el haberse dejado de decir que ella le representaba puede considerarse como cuestión de poca monta bajo las otras circunstancias del caso. Éstas son que el demandado mismo, en su contestación, entre otras posas, solicitaba o sugería que se dictara sentencia desesti-mando la demanda en cuanto a la esposa y con lugar en cuanto a la petición de alimentos por parte del hijo, con ciertas limitaciones.

En el curso de los procedimientos se hizo evidente que la demandante abandonó su reclamación personal y ello es-tuvo muy bien hecho, toda vez que la prueba reveló que luego de entablarse el pleito de divorcio se entregó a la demandante una escritura en que se le cedían ciertas pro-piedades, y no existe seria duda de que hubo un convenio a ese efecto o de que la corte en el pleito anterior fijó la cuantía de la pensión alimenticia. Por consentimiento de las partes, a no ser de otro modo, la controversia principal en este caso giraba en torno a los alimentos que el padre debe suministrar a su hijo. Esto cubre el primer señala-miento de error.

Como segundo señalamiento el demandado alega que la corte erró al dictar sentencia declarando con lugar la demanda, puesto que dicha sentencia infringía los artículos 143, 152 y 153 del Código Civil (ed. 1930). Según lo concebimos, el argumento esencial es que el padre fué privado de la patria potestad y que ésta se le dió a la madre en el pleito principal de divorcio. Los artículos específicos de la ley aplicable son los siguientes:

“Artículo 143. — Están obligados recíprocamente a darse alimen-tos, en toda la extensión que señala el artículo precedente:
“1. Los cónyuges.
“2. Los ascendientes y descendientes legítimos.
“3. Los padres y los hijos legitimados y los descendientes legí-timos de éstos.
“4. Los padres y los hijos ilegítimos y los descendientes legíti-mos de éstos.
“Artículo 152. La patria potestad sobre los hijos legítimos no emancipados corresponde, en primer término, al padre, y en ausencia, impedimento legal o muerte de éste, a la madre.
“Los hijos ilegítimos, y los adoptivos menores de edad, estarán bajo la potestad del padre o de la madre que los haya reconocido o adoptado. Si ambos los hubieran reconocido o adoptado, será en ese caso aplicable lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.
“Artículo 153. El padre y la madre tienen, respecto de sus hi-jos no emancipados:
“1. El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho.
“2. La facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente o de una manera razonable.”

El primer párrafo del artículo 107 del Código Civil (ed. 1930), según fue enmendado por la Ley núm, 44 de 1935, Leyes de 1935 (1) pág. 251, dispone:

“En todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y patria potestad de la parte a favor de la cual se hubiere dictado sentencia; pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y ex-tensión que acuerde el tribunal al dictar sentencia de divorcio, según los casos.”

Según esto, en un caso como el presente en que el padre pierde la patria potestad, él siempre está obligado a ali-mentar a su hijo legítimo. El apelante en realidad no controvierte esta relación o nexo jurídico. Lo. que trata de alegar es que la madre ha adquirido un derecho preferente a la patria potestad del menor y que la responsabilidad del padre es secundaria.

Aceptando como cierto lo dicho por el apelante, se des-prende qne el menor vivía con la madre y qne de ella¡ recibía edncación y otras atenciones. En la demanda se decía qne ella no estaba en condiciones de atender a todas las necesi-dades del menor y pnede resolverse qne la corte determinó esta cuestión al fijar la cnantía de los alimentos en la snma de $3.50 semanales. En los autos existe aun la sugestión de qne la madre era una mujer rica, aunque no nos es posible determinar si con esto se quiso decir que ella tenía bienes independientemente de la suma recibida como conse-cuencia de la disolución del matrimonio.

Creemos que las partes prácticamente llegaron a una con-clusión equitativa con sus actuaciones en la corte inferior. No hallamos razón alguna para variar la sentencia de la corte de distrito en lo que se refiere al deber del padre de dar a la madre para la alimentación del menor la suma de $3.50 semanales.

En el tercer señalamiento se ataca la sentencia en cuanto condena al demandado al pago de las costas, incluyendo la suma de $50 para honorarios de abogado. Éste era un caso en que el demandado fué llevado a un litigio por la madre a nombre propio y luego la reclamación abandonada. En el caso del menor se dictó sentencia originalmente condenando al demandado a pagar la suma de siete dólares semanales y en reconsideración esa suma fué rebajada a $3.50. Durante el curso del litigio se inició un procedimiento de desacato contra el demandado. Éste demostró en conjunto ser una persona de responsabilidad que meramente hacía lo que con frecuencia sucede, es decir, trataba de obtener un dominio mayor de su hijo. Creemos que la demandante en representación del menor puede tener derecho a las costas del procedimiento, mas no a los honorarios de abogado.

Debe modificarse la sentencia en el sentido de excluir los honorarios de abogado, y, así modificada, debe ser confir-mada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.