author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Oronoz, Demandante y Apelado, v. Román, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre terminación de comunidad de bienes.
    No. 1680.
    Resuelto en diciembre 14, 1917.
    Comunidad de Bienes — División de Comunidad — Excepción Pbevia de Falta de Hechos para Determinar una Causa de Acción. — Examinada la deman-da se resolvió que aducía hechos suficientes para determinar una causa de -acción sobre terminación de comunidad de bienes.
    Id.- — Jurisdicción—Valor de la Cosa Sobre que Versa el Pleito. — En una de-manda sobre terminación de una comunidad de bienes presentada en una eorte de distrito, no' es necesario alegar el valor de los bienes para dar au-toridad a la eorte para conocer del pleito ya que los tribunales de distrito en esta isla son cortes de jurisdicción general.
    Aplazamiento del Juicio — -Suspensión por Falta de Prueba — Requisitos de la Moción. — No basta para cumplir' con el artículo 202 del Código de Enjui-ciamiento Civil que la parte que solicita el aplazamiento del juicio por falta de prueba haga la petición jurada y en ella alegue que la prueba era esencial y no pudo obtenerse no obstante la diligencia de la parte, y ofrezca ©videncia para demostrar tales aseveraciones; sino que es necesario que alegue hechos demostrativos de la importancia esencial de la prueba y también de que se ha practicado la debida diligencia para obtenerla.
    Sentencia — Lectura en Corte Abierta — Buena Práctica. — Es una buena prác-tica anunciar en corte abierta las sentencias dictadas, pero tal requisito no es absolutamente necesario para la validez de las mismas.
    Demanda — Enmiendas a la Demanda — Discreción Judicial. — Las cortes de jus-ticia tienen amplia discreción para permitir al demandante enmendar su demanda en el mismo acto del juicio, sobre todo cuando la enmienda en nada varía los términos en que el problema jurídico fué planteado desde el principio y no existe el más leve motivo para pensar que pudiera perjudicar al demandado.
    Comunidad de Bienes — División de Comunidad — Cuestiones Sometidas a y Decididas por la Corte. — Lo que en verdad quedó finalmente envuelto y se-discutió y se sometió por las partes a la corte en este pleito, fué si el de-mandante tenía o no el dominio del 96 por ciento de la finca y si el deman-dado era o no el dueño de toda la finca o simplemente del 4 por ciento, y si el asunto quedaba resuelto a favor del demandante, entonces si debía o-no decretarse la división de la finca y en qué forma. >Se decidió: que, bajo tales circunstancias, no cometió error la corte de distrito al resolver por su sentencia todas las cuestiones que le fueron finalmente sometidas.
    Id. — Id.—Testigos Conocedores de la Finca. — En una demanda sobre división de comunidad de bienes no es error fundamental el admitir declaraciones-de testigos conocedores de la finca para mostrar cuáles eran sus condiciones- • topográficas a los efectos de decidir si dicha finca desmerecería al dividirse en dos porciones.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. Juan García Ducós y Luis Llorens Torres.

    Abogados del apelado: Sres. Beichard & Beichard.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso se titula “sobre terminación de-comunidad de bienes” y en ella se alegan los siguientes hechos:

1. Que demandante y demandado son mayores de edad, etc.

2. Que demandante y demandado son los únicos intere-sados y dueños en común y proindiviso, en la proporción de un noventa y seis por ciento el primero y un cuatro por dente el segundo, de toda la finca que se describe .a continuación: (Se describe en efecto una finca de cuarenta y seis cuerdas y media.)

3. Que el antes reseñado innuíeble se halla libre de toda carga o gravamen y obra inscrito en el registro de la pro-piedad del distrito en el tomo 35 de San Sebastián, al folio 210 vuelto el condominio del demandante y al 211 vuelto el del demandado.

4. Que ni las partes en este pleito, ni sus causantes lian celebrado pacto, convenio o contrato alguno de conservar in-divisa la finca rústica ya deslindada.'

5. Que contra la voluntad del actor, el demandado se lia apoderado y viene disfrutando de la totalidad del inmueble deslindado en el hecho segundo, percibiendo y apropiándose cuantos frutos, rentas, beneficios y utilidades produce, sin entregar al demandante la parte proporcional que de ellos le corresponde.

6. Que el demandado se opone a la división de la cosa común y a que se- adjudique a uno de los condueños, indem-nizando éste al otro, y

7. Que de partirse materialmente el terreno en cuestión, las porciones resultantes sufrirán demérito y desproporción.

Basándose en esos hechos el demandante solicitó de la corte que decretara la división de la finca, y en el caso de que ésta no pudiera llevarse a efe.cto, que ordenara su venta en pública subasta dividiéndose proporcionalmente el precio entre los condueños.

El demandado alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y que la corte no tenía jurisdicción por razón de la materia. Ambas excepciones fueron declaradas sin lugar y el demandado ar-chivó su contestación aceptando los hechos primero y cuarto de la demanda, negando los otros, y alegando como materia nueva, en resumen, que estaba en posesión de la totalidad de la finca y que era el dueño absoluto de ella por haberla ad-quirido en pública subasta, por adjudicación en pago, a con-secuencia de cierto pleito que siguió contra el anterior dueño-de la misma; que él y sus causantes han poseído por más de treinta años, y que si el demandante adquirió el condo-minio a que se refiere en su demanda, ]o fue con fecha posterior a la adquisición del demandado y de personas que ni eran dueños, ni estaban en posesión del inmueble.

Trabada así la contienda, se señaló el 31 de agosto de 1916 para la vista. En dicho día el demandado pidió la sus-pensión, se opuso el demandante y la corte desestimó la so-licitud del demandado'.

El demandante pidió permiso para enmendar la demanda adicionando al hecho segundo las palabras “valorada en tres mil dollars” y a la súplica las palabras “ordenando su división en la forma que estime adecuada.” El demandado se opuso y la corte permitió la enmienda.

Entonces se procedió a la práctica de las pruebas y final-mente la corte dictó sentencia declarando “terminada la co-munidad de bienes inmuebles solicitada” y ordenando “la venta en pública subasta del dicho inmueble y la correspon-diente distribución proporcional del precio así obtenido en-tre las partes en este pleito, en la proporción del 96 por ciento del valor total al demandante y el 4 por ciento del dicho valor al demandado. Sin especial condena de costas.”

La sentencia aparece “Dada en Cámara, en Aguadilla, P. IL, hoy dos de noviembre de 1916.” Firmada por el juez; certificada por el secretario, y registrada en el libro de sentencias de la corte.

El 2 de diciembre de 1916 el demandado apeló. Luego •consta de los autos que el 9 de enero de 1917 se dió lectura en corte abierta a la sentencia hallándose presentes los abo-gados de ambas partes, y que el 29 de enero de 1917 el de-mandado alegando que la lectura de la sentencia en corte abierta constituía una enmienda verificada fuera de termino, pidió que la actuación de la corte fuera reconsiderada, de-jándola sin efecto, a fin de que quedara subsistente la sen-tencia tal y como fue dictada. La corte negó la solicitud del demandado.

Archivada la transcripción de los autos en esta Corte Suprema, se celebró la vista del recurso y el caso quedó de-finitivamente sometido a nuestra consideración y resolución.

En su alegato la parte apelante sostiene que la corte sen-tenciadora erró: 1, porque declaró sin lugar las excepciones-previas; 2, porque negó la suspensión de la vista; 3, por-que dictó en cámara la sentencia; 4, porque la enmendó fue-ra de término; 5, porque resolvió implícitamente, dentro de un pleito de “terminación de comunidad de bienes,” una pre-ferencia de títulos; 6, porque declaró sin lugar la prescrip-ción alegada por el demandado; 7, porque apreció indebi-damente la prueba; 8, porque permitió al demandante en-mendar su demanda en el mismo acto del juicio, sin haber notificado ni dado traslado a la parte contraria, y 9, porque permitió que se probara la divisibilidad o indivisibilidad de una cosa por medio de testigos.

1. Examinemos el primer error. Se alega en la-demanda, en resumen, que el demandante y el demandado son dueños en común de cierta finca y que el demandado ha violado las regias de la comunidad apoderándose del inmueble y apro-piándose de todos sus productos, por virtud de lo cual el demandante pide que la comunidad sea disuelta. Si esos hechos se examinan a la luz del artículo 399 del Código Civil que di;-;' que hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece proindiviso a varias personas, y a la del 407 del mismo cuerpo legal que prescribe que nin-gún propietario está obligado a permanecer en la comunidad, pucliendo pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, se concluirá sin esfuerzo alguno que estuvo justifi-cada la corte de distrito al declarar sin lugar la primera de las excepciones del demandado.

También lo estuvo al declarar sin lugar la segunda por-que siendo la de distrito de Aguadilla una corte de jurisdic-ción general, no era necesario que se alegara en la demanda el valor de la cosa sobre que versa el pleito para que quedara establecida su autoridad para conocer del mismo. Yéase el caso de Lowande v. García, 13 D. P. R. 271, en donde se trata ampliamente esta cuestión.

2. El demandado pidió la suspensión del juicio porque intentaba presentar como prueba cierta certificación del Te-sorero de Puerto Bieo y la declaración de un testigo que le había sido imposible obtener no obstante haber ejercitado la debida diligencia .para ello. La parte contraria se opuso porque si bien se aseguraba que la declaración del testigo era esencial, no se expresaba por qué, ni se alegaba el mo-tivo por el cual no había podido comparecer el testigo, y en cuanto a la certificación porque el demandado había tenido amplio tiempo para obtenerla, no obstante lo cual estaba con-forme con que se concediera un término al demandado para presentarla con tal de que no se suspendiera el juicio, ya que había traído todos sus testigos. La corte negó la suspensión.

Una moción para transferir un juicio por falta de prueba, dice el Código de Enjuiciamiento Civil en su artículo 202, sólo puede hacerse mediante declaración escrita y jurada de-mostrando la importancia esencial de la prueba con que se cuenta, y que se ha practicado la debida diligencia para ob-tenerla.

La petición del demandado fué jurada y en ella se alega que la prueba que no había podido obtenerse, no obstante la diligencia de la parte, era esencial. También- se consigna en el pliego de excepciones lo que sigue: “y ofreció prueba para demostrar tales aseveraciones.” Pero eso no basta. Para cumplir con la ley es necesario alegar en- la moción hechos demostrativos de la importancia esencial de la prueba y también de que se ha practicado la debida diligencia para obtenerla.

En su alegato la parte apelante se limita a expresar que se le causaron graves perjuicios al no permitírsele la prác-tica de una prueba de tal importancia, pero nada expresa que nos permita juzgar si en realidad de verdad era o no importante la evidencia.

3. Los errores señalados con los números 3, y 4, pueden considerarse conjuntamente.

Una sentencia, según está definida por la misma ley, es la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento. Artículo 188 del Código de Enjui-ciamiento Civil. El secretario deberá llevar, con el protocolo de la corte un libro que se titulará “Libro de Sentencias,” ■en el cual se registrarán éstas, dice el misino código en su artículo 231.

En el presente caso se celebró un juicio en corte abierta y el pleito quedó sometido a la corte. Luego ésta archivó su sentencia por escrito decidiendo definitivamente los de-rechos de las partes, y el secretario la registró en el libro •de sentencias. El hecho de que en la sentencia aparezcan las palabras: “Dada en Cámara,” no tiene importancia a nues-tro juicio.

Es una buena práctica anunciar las sentencias dictadas en corte abierta, pero tal requisito no es absolutamente ne-cesario para la validez de las mismas. Si el juicio se cele-bra debidamente y el caso queda sometido a la corte y ésta luego archiva su sentencia por escrito y el secretario la re-gistra en el libro de sentencias, queda cumplido todo lo que la ley exige.

4. El error marcado con el número 8, no existe. ,Las cortes de justicia tienen amplia discreción en materia de en-miendas. Además, en este caso las enmiendas eran innece-sarias y no existe el más leve motivo para pensar que pudie-ran perjudicar al demandado. Ya hemos dicho que la de-manda era suficiente sin que fijara el precio de la finca y que, aceptando como ciertas sus alegaciones, el demandante tenía •derecho a pedir como pidió la división de la finca. El agre-gar, por virtud de la enmienda, la petición de que esa divi-sión se ordenara en la forma que estimara adecuada la corte, én nada varió los términos en que el problema fué planteado desde el principio. Las reglas que deben seguirse para la división de la comunidad, las fija el mismo legislador. Véase el artículo 409 del Código Civil, los siguientes y sus concor-dantes del mismo código.

5. Los errores 5, 6, 7 y 9, o sean los que se refieren a ha-berse resuelto en este pleito una cuestión de prelación de títulos, a no haberse sostenido la defensa de prescripción alegada por el demandado, a haberse apreciado indebida-mente la prueba y a haberse aceptado la prueba de testigos para demostrar la indivisibilidad de la finca, los estudiare-mos conjuntamente.

La demanda presenta un caso de división de una cosa poseída en común. La contestación, ‘ alegando en su materia nueva el derecho exclusivo del demandado por virtud de ha-ber comprado la totalidad de la finca, presentó el caso baje un aspecto distinto.

A nuestro juicio no es de decisiva importancia para la resolución de este- pleito la cuestión de si el demandante ca-lificó debidamente la acción que estableció en la corte de dis-trito de Aguadilla,. Véase el caso de Aponte et al. v. Verdiales, 24 D. P. R. 353. El demandante alegó que era dueño de un condominio de un noventa y seis por ciento en deter-minada finca rústica que poseía en común con el demandado,, dueño a su vez de un condominio de un cuatro por ciento, y pidió la división de la comunidad. El demandado alegó que él era dueño de la totalidad de la finca, no de un condominio de un cuatro por ciento. Así quedó trabada la contienda. No se trata de un procedimiento' especial, como el de desa-hucio, por ejemplo, sino de un pleito ordinario. El deman-dado no rehusó entrar en la investigación de los títulos. La prueba fue amplia y la verdadera cuestión en disputa fue bien entendida por ambos contendientes. Lo que en verdad está envuelto y se discutió y se sometió por las partes a la corte en este pleito fué si el demandante tenía o no el dominio del noventa y seis por ciento de la finca y .si el demandado era o no el dueño de toda la finca o simplemente del cuatro por ciento, y si el asunto quedaba decidido en favor del demandante, entonces si debía o no decretarse la división de la finca y en qué forma.

La prueba del demandante, documental y testifical, de-muestra que en la escritura de partición de los bienes de doña Eosa García, otorgada en San Sebastián, el 28 de junio de 1878, ante el Notario Eusebio de Arce, se adjudicó la finca a que se refiere este pleito, a'Antonio, Celestino, Cristina, Luisa, y Victoriana Cardona y García, hijos dé doña Eosa. Antonio, Cristina, Luisa y Victoriana entregaron la finca a su hermano Anacleto Cardona para' que aprovechándose de sus productos cuidara a uno de los condueños de la misma. Celestino Cardona, que había perdido la razón. El 26 de septiembre de 1901 falleció en estado de soltería el dicho Celestino j fueron declarados sus herederos por la Corte de Distrito de Mayagiiez el 29 de- octubre de 1903 sus herma-nos Antonio, Cristina, Luisa, Victoriana y Anacleto, corres-pondiendo a cada uno una quinta parte del veinte por ciento que pertenecía a Celestino. Las proporciones de los condo-minios quedaron así: Antonio, Cristina, Luisa y Victoriana un veinte y cuatro por ciento cada uno, y Anacleto, un cuatro por ciento. Después de la muerte de Celestino y de la decla-ratoria de herederos, Antonio, Cristina, Luisa y Victoriana permitieron que su hermano Anacleto,. que era pobre, conti-nuara viviendo en la finca y disfrutara de sus productos con la obligación de que pagara" las contribuciones. La parti-cipación de 24 por ciento correspondiente a Antonio fue ad-judicada a su hijo José Eamón Cardona Lugo, según consta de la escritura de partición de bienes otorgada el 2 de fe-brero de 1915 ante el Notario Blasco Pagán. La participa-ción de 24 por ciento correspondiente a Cristina, se adjudicó también a su hijo José Torres Cardona, por escritura de partición otorgada el 4 de febrero de 1915 ante el Notario José D. Eodríguez. Finalmente, por escritura de 9 de marzo de 1916 otorgada ante el Notario Arturo Eeiehard, Victo-riana y Luisa y José Eamón Cardona y José Torres vendie-ron sus participaciones al demandante Joaquín Oronoz Eo-dón, quien inscribió su condominio de 96 por ciento en el registro de la propiedad en 18 de marzo "de 1916. Los do-cumentos a que nos liemos referido anteriormente también constan inscritos en el registro de la propiedad desde el 7 de enero' de 1916. Como se ve la prueba del demandante pre-senta un caso a su favor enteramente claro.

La prueba del demandado demuestra que el dicto deman-dado José Tomás Román rádicó una demanda en cobro de 1,800 dólares el primero de agosto de 1913 contra Anacleto Cardona; que el demandado fué emplazado y no habiendo comparecido se dictó sentencia contra él en rebeldía el 13 de diciembre de 1913; que se libró ejecución para satisfacer la sentencia y en cumplimiento de ella el márshal, en 6 de marzo de 1914, vendió en pública subasta la finca de que se trata en este pleito, como de la propiedad del deudor Anacleto Cardona al demandado José Tomás Román, y que éste, en diciembre de 1914, inició una información de dominio dé la finca de referencia, en mayor cabida, habiéndose opuesto Luisa Cardona, José R. Cardona y José Torres y hallándose •a la fecha de las pruebas pendiente de resolución.

Por medio de su otra prueba, el demandado intentó de-mostrar que Anacleto Cardona fué dueño de toda la finca. La parte que pudiera considerarse más importante de esa prueba, es la declaración del dicho Anacleto Cardona quien' aseguró primero que la finca perteneció toda a su hermano Celestino y luego admitió que fué heredada de sus padres no sólo por Celestino sino por sus otros hermanos, y quien aseguró también que hacía unos doce años, días después de la muerte de Celestino, sus hermanos le vendieron la finca ■otorgándole un documento pero que no podía presentarlo porque se le había perdido. La declaración de Anacleto, que no obstante haber rematado la finca desde unos tres años .antes el demandado continuaba viviendo en ella, fué contra-dicha por la declaración bajo juramento de su hermana Luisa Cardona.

La prueba del demandado demuestra, pues, que el márshal le vendió la totalidad de la finca como de la propiedad de Anacleto Cardona, dos años antes de iniciarse este pleito. La corte sentenciadora llegó a la conclusión de qne existió evidencia de nna combinación fraudulenta entre el deman-dado y Anacleto Cardona, pero no creemos que los indicios que pueden observarse sean suficientes para demostrar la existencia del fraude. Partiremos de la base de que el de-mandado actuó de buena fe.

Por virtud de la compra él adquirió todos los derechos de Anacleto Cardona y nada más. ¿Era Anacleto Cardona dueño de la totalidad de la finca o simplemente condueño de un cuatro por ciento adquirido por herencia de su hermano Celestino? La prueba en cuanto a este extreíno es por com-pleto deficiente. Ya hemos visto la propia declaración de Anacleto, vaga, incierta, que fue impugnada, además, por otras declaraciones, entre ellas, según ya hemos consignado, por la de su hermana Luisa.

Frente a esa prueba deficiente, está la clara y completa historia del título del demandante, título que consta inscrito en el registro.

Bajo tales circunstancias se impone como única conclu-sión la de la corte sentenciadora; esto es, que quedó plena-mente evidenciado que el demandante es dueño de un con-dominio de un 96 por ciento de la finca en cuestión y que el demandado es dueño de otro condominio de un 4 por ciento.

Destruida la eficacia del título del demandado a la tota-lidad de la finca, reducido a sus justos límites dicho título, volvemos al caso sencillo que presentó el demandante en su demanda: una finca perteneciente en común y proindiviso a dos personas, una de las cuales no quiere continuar en la co-munidad y solicita la división de la cosa.

Dicha división debe decretarse. ¿En qué forma? El de-mandante presentó prueba testifical tendente a demostrar que la finca -desmerecería si se dividía en dos porciones. La corte asistida de las partes practicó, además, una inspección ocular. Parece que la finca tiene un frente muy estrecho a la carretera y no podría dividirse dando salida a dicha ca-rretera a las dos porciones. Basada en la evidencia, la corte, de acnerdo con lo dispuesto en el artículo 413 del Código Civil, ordenó que la finca fuera vendida y repartido su pre-cio entre los condueños.

No creemos que la corte errara al admitir declaraciones de testigos conocedores de la finca para mostrar cuáles eran sus condiciones topográficas, que la corte tuvo además oca-sión de observar por sí misma. Convenimos en que perso-nas expertas hubieran podido aportar mayor luz, pero no creemos que se cometiera error fundamental alguno.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que se ha im-partido justicia substancial en este caso y por tanto que debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada-la sentencia apelada.

-Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

IjOS Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-adre v no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Díaz Navarro, Peticionario, v. Kern, Fiscal General de Puerto Rico, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de mandamus al Fiscal General de Puerto Rico,
    No. 167.
    Resuelto en diciembre 14, 1917.
    Mandamus — Cargos Públicos — Nombramiento de Aspirantes. — Cuando un car- . go está ya ocupado por una persona quo ejerce las funciones del mismo, el mandamus no será de aplicación para obligar al nombramiento de otro as-pirante o para resolver la cuestión del derecho al puesto.
    Id. — Deber del Demandado — Improcedencia del Auto. — Cuando de la faz de la solicitud no resulta claro el deber por parte del demandado de ejecutar el acto que pretende el peticionario, no procede la expedición de un auto de mandamus.

    TjOS hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.

      El demandado también compareció en nombre propio y por sn Fiscal, Salvador Mestre.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Herminio Díaz Navarro presentó a esta Corte Suprema nn escrito solicitando la expedición de nn auto de mandamus ordenando al Attorney General de Puerto Rico que disponga la entrega al peticionario de los protocolos notariales del Distrito de San Juan.

El peticionario alega en su escrito lo que sigue:

“Que es como consta en el archivo de esa Corte Suprema el aho-gado en ejercicio más antiguo de esta localidad.
“Que como también consta en los archivos de esa Corte Suprema venía desempeñando el cargo de Archivero General de los protocolos notariales del distrito.
‘ ‘ Que por 'haber sufrido un accidente automovilista fué declarado por la Corte de Distrito de San Juan incapaz en el ejercicio de su profesión.
“Que en virtud de ello fué nombrado para el dicho cargo el abogado Sr. Juan Guzrnán Benitez.
“Que la Corte de Distrito de San Juan en la resolución que de-bidamente certificada acompaña, hubo de declararme hábil para el ejercicio de mi profesión y en tal virtud habiendo el que suscribe acudido al Attorney General para que ordenase al Sr. Guzrnán Be-nitez se le entregara el archivo general de protocolos notariales, se negó a hacerlo dicho Attorney General según así se comprueba con la comunicación general que va adjunta.”

La negativa consta en una carta que copiada textualmente dice así:

“Septiembre 21, 1917. Lodo. Heeminio Díaz NavaeRO, San Juan, P. R. Señoe: He recibido su carta del día 14 del mes en curso, solicitando se le nombre archivero general del distrito, comunicando tal nombramiento al Sr. Juan Guzrnán Benitez, para que éste pro-ceda a la entrega del archivo. En contestación le informo que el Sr. Guzrnán Benitez, fué nombrado por mí archivero general de este distrito, de acuerdo con la ley, y que no considero que deba revocar tal nombramiento. Ahora bien, si Ud. entiende que Ud. tiene más derecho que este señor a desempeñar el cargo, puede discutir la existencia de tal derecho con el actual archivero general, ante los tribunales de justicia. Atentamente, Howard L. KeRN, Attorney General.”

¿Es el auto de mandamus, el remedio adecuado en este caso ?

Según- se desprende de la solicitud, Juan de Guzmán Be-nitez fú.é nombrado archivero general cuando el peticionario fue declarado incapaz. Ahora pretende el peticionario, que habiendo quedado sin efecto su declaratoria de incapacidad, esta corte ordene al Fiscal General de Puerto Rico, en un procedimiento en el que no tiene intervención Guzmán Beni-tez, que restituya al peticionario en su empleo, privando de él a Guzmán.

En su obra sobre funcionarios públicos, dice Constan-tineau: '

• “Es un principio muy antiguo y saludable de la ley común, que el derecho de una persona que alega ocupar un cargo, no puede considerarse en un procedimiento en el que no es parte * * *. Este principio es sostenido a la vez por razones de política pública y de justicia. Por razones de política pública, porque será contrario a los intereses de la comunidad el permitir que los actos de un oficial de facto sean atacados colateralmente, al traer a discusión el de-recho al cargo de tales funcionarios. Por razones de justicia, por que fallar sin darle a la persona oportunidad de ser oída y sin que tuviera oportunidad para defenderse, sería contrario a la equidad natural. Por tales razones el citado principio ha recibido el apoyo universal de un gran número de autoridades.” Constantineau, Public Officers and the de facto doctrine, pág. 591.

T High, en su obra sobre remedios especiales, dice:

“Al determinar hasta qué extremo podrán intervenir propia-mente las cortes por medio de un mandamus relacionado con la pose-sión de cargos públicos, es necesario recurrir a un principio importante frecuentemente discutido en nuestras páginas y que puede muy bien ser considerado como el principio dominante en toda la jurisdicción sobre mandamus. Esto es, que en todos aquellos casos en donde existe otro remedio adecuado, el auto de mandamus no es concedido. Aplicando este principio a casos donde el remedio ha sido solicitado para determinar cuestiones relacionadas eon la posesión o el derecho a un cargo, los tribunales casi uniformemente se han negado a pres-tar su ayuda por medio de mandamus, puesto que el remedio por información de quo waranto es justamente considerado como el más apropiado y eficaz para decidir en cuanto al derecho a un eargo público # * *. Y puede ser considerado ahora como regla es-tablecida por infinidad de autoridades que cuando un cargo está ya ocupado por una persona que ejerce las funciones del mismo, el mandamus no será de aplicación para obligad al nombramiento de otro aspirante o para resolver la cuestión del derecho al puesto # * Y siempre que sea aparente por desprenderse de la faz de las alegaciones que la cuestión presentada envuelve una resolu-ción en cuanto á la persona debidamente electa a un puesto, el auto de mandamus no será expedido.” High’s Extraordinary Legal Remedies, pág. 60.

Es cierto que esta Corte Suprema lia conocido de casos de mandamits en los que estaba envuelta la cuestión del de-recho de una persona a continuar desempeñando un cargo' público, pero en tales casos los peticionarios habían sido separados de su empleo sin el debido procedimiento legal. Aquí no. Aquí se acepta que otra persona fué nombrada y está desempeñando el cargo que pretende el peticionario. Lo que el peticionario sostiene es que habiendo desaparecido' las causas que motivaron su separación, tiene derecho a vol-ver a ocupar el cargo. La autoridad que tiene el poder y el deber 'de hacer el nombramiento, ha rehusado separar al archivero general actual Guzmán Benitez para nombrar en su lugar al peticionario. Guzmán pudiera considerar que tiene derecho a continuar en el empleo y no puede ser con-denado sin dársele la oportunidad de ser oído. Es evidente la improcedencia del mandamus. Véanse los casos de Maverick Oil Co. v. Hanson et al., 29 Atl. 461 y People ex rel. Wren v. Goetting, 30 N. E. 969.

Además, el caso del peticionario no está expresamente resuelto por la ley notarial, (véanse las secciones 34, 35 y 36 de la misma), ni por la jurisprudencia, ni es tan claro que pueda sostenerse, que el Fiscal General estaba en la obli-gación ineludible de nombrarlo, y siendo ello así, bajo este aspecto tampoco sería procedente la expedición de un auto de mandamus.

Debe desestimarse la solicitud.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados-Wolf-y Hutchison.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey r.o intervinieron.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Gandía, Peticionario, v. Texidor, Juez de Distrito, Demandado, y Porto Rico Fertilizer Company, Interventora.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de ]a Corte de .Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre cobro de dividendos.
    No. 205.
    Resuelto en diciembre 14, 1917.
    Ordenes — Facultad de la Oorte Para Modificarlas. — La facultad de una corte de distrito para modificar las órdenes por ella puestas en vigor, sobre todo antes de haberse dictado sentencia final, es necesariamente plenaria, y la cuestión primordial es siempre si la orden tal como quedó finalmente favorece los intereses de la ley y la justicia.
    Certiorari — Examen de Libros — Discreción Judicial. — Una orden enmendato-ria de otras anteriores dictadas conforme al artículo 314 del Código do Enjuiciamiento Civil, limitando el examen por el demandante de libros de la corporación demandada en pleito sobre cobro de determinados dividen-dos que él alega han sido declarados a su favor en dichos libros, a los asientos hechos hasta la fecha de la radicación de la demanda, es materia dudosa de revisión por medio del recurso de certiorari, por tratarse más bien de una materia discrecional que de una cuestión de procedimiento tal ■como las define la ley de certiorari.

    Examen de Libros — Asientos con Posterioridad a la Demanda — Prueba para Ellos. — Es regla que el demandante puede examinar en los libros de una sociedad mercantil u otra análoga, demandada, en que él tenía interés, los asientos hechos con posterioridad a la demanda, cuando tales hechos pueden relacionarse con los consignados en ella pero debe demostrar la necesidad o materialidad de dicho examen.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. José de Guzmán Benitez.

      Abogado del demandado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

    Abogados de la interventora: Sres. Cayetano Coll y Cuchí y Eugenio Benitez Castaño.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió-la opinión del tribunal.

El peticionario Pedro Gandía Córdova, demandante en un pleito seguido ante la Corte de Distrito de San Juan en co-bro de determinados dividendos que él alegaba habían sido declarados a su favor en los libros de la Porto Rico Fertilizer Company, obtuvo de la Corte de Distrito de San Juan una orden para examinar los libros de la compañía, fundada en el artículo 314 del Código de- Enjuiciamiento Civil. Durante la tramitación de los procedimientos no fué un sólo juez el que continuamente intervino en el caso sino que por razón de los cambios habidos fueron varios los jueces que dictaron órdenes en el mismo. Las partes en el caso hicie-ron varias mociones y contra-mociones, y el peticionario fué requerido para presentar un affidavit, particularizando los libros que él deseaba examinar. Finalmente el peticionario ■obtuvo de la corte una orden permitiéndole examinar deter-minados libros que habían sido relacionados en un affidavit enmendado que él presentó. La orden permitiendo examinar los libros era ilimitada en cuanto a la fecha de los mismos. Después de alguna oposición por parte de la demandada, que es la verdadera parte contraria en este caso, compareció ante la corte y pidió que se modificara la orden general en el sentido de limitar el examen a los asientos hechos hasta la fecha de la demanda. Cuando esta solicitud fué hecha a la corte, el juez que finalmente había expedido la orden permitiendo un examen general había sido sustituido por el Juez Texidor, y éste accedió a la solicitud de la demandada y limitó el examen a la fecha mencionada en la demanda. Es para revisar esta última orden que la presente solicitud pidiendo un auto de certiorari ha sido presentada.

El peticionario alega que las órdenes hechas anterior-mente por la Corte de Distrito de San Juan fijaban el dere-cho del peticionario a examinar los libros y que el Juez Texidor no tenía poder ni autoridad para modificar las mis-mas puesto que el peticionario tenía un derecho adquirido a examinarlos. No discutiremos muy extensamente la fa-cultad de una corte de distrito para modificar las órdenes por ella puestas en vigor, sobre todo, antes de haberse dic-tado sentencia final. La facultad es necesariamente plenaria,. y la cuestión primordial es siempre si la orden tal como quedó finalmente, favorece los intereses de la ley y de la justicia. De paso diremos que el Fiscal G-eneral de Puerto Rico, por conducto del Fiscal de esta corte, compareció en el acto de la vista en representación del juez, que es el de-mandado nominal en este caso. No nos explicamos la ne-cesidad de tal comparecencia en un pleito entre particulares,, en el que no está envuelto un interés público especial.

El peticionario insiste que para los fines de probar las alegaciones de su demanda se le debió haber dado mayor amplitud en el examen de los libros y que la limitación de fechas y especialmente la limitación a la de la demanda, ha-cen ilusoria y de ningún valor para él la orden de examen tal como fué expedida por la corte. No vemos completa-mente claro, asumiendo como hemos la facultad de la corte para modificar' su acción, que una orden negando o ’ conce-diendo permiso para examinar libros sea materia propia de revisión por medio del certiorari. El solicitante pidió exa-minar los libros, la corte concedió el permiso finalmente con restricciones, y la acción de la corte se refería más bien a materia' discrecional que a una cuestión de procedimiento, tal como las define la ley de certiorari.

Asumiendo, sin embargo, que tenemos la facultad nece-saria, encontramos que el peticionario ni en su demanda ni en su affidavit demostró que era necesario o material para él examinar en los libros de la Porto Rico Fertilizer Company los asientos hechos después de la fecha de la demanda. La demanda establece que el primer reparto de dividendos tuvo lugar en junio de 1916 y que por razón de tal distribución, una suma de $8,234.06 pertenecía al peticionario y había quedado a su disposición en la tesorería de la demandada-interventora; que más tarde la firma de Gandía & Stnbbe quedó disnelta y que el peticionario vendió a Stubbe las 60 acciones que tenía en el capital social de la Porto Rico Fertilizer Company, pero que tal dividendo de $8,234.06 quedó siempre a disposición del peticionario. La demanda alega también por información y creencia del demandante que dichas 60 acciones fueron consideradas como de la propiedad de Gandía & Stubbe y retenidas por la corporación deman-dada a los fines de la liquidación de Gandía & Stubbe. Nada encontramos en la demanda que demuestre por qué es nece-sario un examen de los asientos en los libros posteriores a la fecha de la radicación de' la demanda; ni tampoco acla-ran- este punto los procedimientos o affidavits habidos pos-teriormente. El efecto de los affidavits radicados por el peticionario fué únicamente especificar los libros determi-nados que él deseaba.

El demandante había sido Presidente de la Porto Rico Fertilizer Company y conocía y tenía interés en todos los ■procedimientos y en la propiedad de la corporación hasta el momento en que se retiró. No obstante, convenimos con la corte inferior en que el demandante no demostró que fuera necesario un examen en los libros de la compañía más allá de la fecha en que se radicó la demanda. Hay una ligera ambigüedad en la orden final de la corte inferior que pudiera hacer creer que tenía la idea de que un demandante nunca puede examinar en unos libros aquellos asientos que son pos-teriores a la fecha de la demanda. La regia es necesaria-mente opuesta en materia de sociedades mercantiles y otras análogas, y en cualquier caso en que el daño alegado es con-tinuo. Creemos, sin embargo, que la corte sólo quiso decir que ni la demanda ni los procedimientos demostraban que fuera necesario un examen de los libros de la compañía más allá de la fecha de la demanda.

Visto el estado del pleito y de las cuestiones levantadas, no vemos razón alguna para modificar la orden de la corte, y por tanto el auto de certiorari expedido debe ser anulado.

Sin lugar la solicitud y anulado el manda- . miento expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Porto Rico Fertilizer Company, Peticionaria, v. Rossy, Juez de Distrito, Demandado, y Gandía, Interventor.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la .Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en pleito sobre cobro de dividendos y otros extremos.
    No. 201.
    Resuelto en diciembre 14, 1917.
    •Certiorari — Sucesivas Actuaciones de las Partes — Cuestión Académica.— Cuando por virtud de sucesivas actuaciones de las partes en el pleito y es-pecialmente del peticionario, que constituyen una renuncia de cualquier de-recho al recurso de certiorari, la situación legal cambia de tal modo que nada queda por resolver excepto una cuestión académica, el auto expedido debe ser anulado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. Cayetano Goll y Cachi y Eugenio Benitez Castaño.

    El juez demandado no comparéció.
    Abogado del interventor: Sx. José de Guzmán Benitez.

   emitió la opinión del tribunal. Se trata de una solicitud de certiorari, entre las mismas partes realmente interesadas que en el caso de Gandía v. Texidor que acabamos de resolver. Creemos que las suce-sivas actuaciones de las partes en aquel caso y especialmente las de la demandada presentando a la corte varias mociones, constituyeron una renuncia de cualquier derecho que pudiera tener ésta a la expedición dol auto. En todo caso la sitúa-ción legal lia cambiado de tal modo que nada nos queda por resolver, excepto una cuestión académica, y por tanto el auto de certiorari expedido debe ser anulado.

Sin lugar la solicitud y anulado el auto de cer-tiorari expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-clrey no intervinieron.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Toro et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en causa por delito de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes.
    No. 1205.
    Resuelto en diciembre 18, 1917.
    Acometimiento y Agresión oon Circunstancias Agravantes — Transgrfso-res — Fuerza Necesaria Para la Expulsión. — En este caso ios acusados, en la creencia de que ciertos .jóvenes eran una qiartida de malhechores con fines perversos, y que era su deber hacerlos abandonar el sitio, y sin ase-gurarse primero en debida forma de la naturaleza de los propósitos de los supuestos transgresores, los atacaron con armas de fuego y blancas hiriendo gravemente a uno de ellos. Se resolvió: que los acusados no estuvieron justificados al hacer uso de fuerza indebida y que lo hicieron sin tener ex-cusa legal alguna, siendo por tanto culpables de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Loa liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José de Jesús Tisol.

    Abogado del apelado: <Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del .tribunal Un número de jóvenes, en su mayoría de Ponce, salieron de dicha ciudad a una pesquería a Gfuayanilla. En dicho pueblo consiguieron para alojarse la casa de un amigo. Al-gunos de ellos se fueron a un bote que estaba en el agua y otros durmieron en el balcón de la casa, esperando la madru-gada para comenzar su diversión. Los acusados y otras personas, todos gente honrada que vive en la vecindad y tiene allí sus ocupaciones, concibieron la idea de que el grupo •de pescadores era una banda de malhechores con fines per-versos y que era el deber de ellos hacerles abandonar el sitio. Pero lo hicieron en una forma que no era la correcta. Ellos no se aseguraron primero, en debida forma, de la naturaleza de los propósitos de los supuestos transgresores, sino que avanzaron sobre ellos asaltándolos con armas blancas y de fuego habiendo sido malamente herido uno de los testigos de cargo, que apenas pudo escapar de un daño mayor. Los. acusados manifiestan que ellos llamaron sin que recibieran contestación, y la única defensa en este caso es que ellos ac-tuaron movidos por buenos propósitos y nunca con inten-ción criminal.

La acusación imputa un acometimiento y agresión con in-tención de cometer asesinato. El caso fue sometido al ju-rado previas muy cuidadosas instrucciones dadas por la corte, y el jurado demostró que había tomado en cuenta la intención al declarar a los acusados culpables de acometi-miento y agresión con circunstancias agravantes. La corte también tomó en cuenta el móvil condenando al principal acusado a $300 de multa o en su defecto prisión, y a los de-más-a $100 de multa o a un término de prisión relativo.

El caso de People v. Kilvington, 104 Cal. 86, 37 Pac. 799, fue uno en que un policía disparó a un supuesto reo, y en él se estableció que el derecho de un oficial encargado de mantener el orden a disparar mientras hace un arresto, es una cuestión de hecho a resolver por el jurado. Esto siem-pre es así cuando la persona que está haciendo el arresto tiene alguna aparente justificación legal para disparar contra supuestos delincuentes. En este caso, sin embargo, aun cuando hubo un juicio por jurado nada había en la prueba que justificara los violentos ataques de los acusados. ISTadie tiene el derecho de matar o de herir a un mero trans-gresor, excepto cuando, por lo menos, se demuestre que fué necesario ejercer alguna fuerza para expulsarlo. 5 C. J., 743 et seq; 21 Cyc. 792; 21 Cyc. 972. Los actos de los acusados en este caso a lo que más se asemejan, buscando una analogía en la ley, es al arresto de una persona, pero en estos casos la persona que está haciendo el arresto no está justificada al hacer uso de fuerzá indebida. 5 C. J. 424 et seq. Más o menos directamente hemos aplicado estos prin-cipios en los casos de El Pueblo v. Cruz, 25 D. P. R. 327, y El Pueblo v. Figueroa, 16 D. P. R. 373. En el primer caso un policía disparó contra un muchacho que iba huyendo, y la corte declaró que la intención de disparar y hacer blanco existía independientemente del motivo que tuviera el indi-viduo en particular. Hemos dicho a menudo, al igual que todas las demás cortes, que la intención debe presumirse en determinados actos ilegales. Los acusados en este caso ata-caron sin tener excusa legal alguna, y las posibles conse-cuencias de tales actos son en realidad de verdad graves.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Asociado Sr. Al-drey no intervinieron.


text:
    Sucesión Garriga et al., Peticionarios, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado, y Marrero, Interventor.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 202.
    Resuelto en diciembre 18, 1917.
    Apelaciones Procedentes de las Oortes Municipales — Inclusión en 'el Ca-lendario — Señalamiento para Vista — Cuestiones de I-Iecho.' — Es el deber de las.cortes de distrito, conforme a la sección 31 de la Ley de 11 de marzo de 1908, al serle elevada una apelación procedente de una corte municipal, anotar el caso en el calendario y llamarlo a vista, sin que pueda. la corte dictar sentencia a favor del demandante apelado a virtud de moción de éste fundada on que al demandado y apelante le había sido anotada la. - rebeldía en la corte municipal y que no había ninguna cuestión de hecho ante la corte. lia práctica seguida en California, que sólo permite sean revisadas las cuestiones de hecho, no tiene concordancia con los preceptos-de la ley de Puerto Rico.
    Id. — Excepciones Previas a la Remanda — Contestación, Tiempo para Pre-sentarla. — En demandado-apelante tiene derecho de solicitar _ que una ex-cepción previa a la demanda, presentada en la corte municipal, sea con-siderada "al anunciarse la vista de la apelación,” y también la corte puede concederle más tiempo para contestar, ya inmediatamente o más tarde-como más se atenga al espíritu del Código de Enjuiciamiento Civil y es-pecialmente de su sección 36. .

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario : Sres. Parra é Pérez Marchand.

    El juez demandado no compareció.
    Abogado del interventor: Sr. Garlos Brunet.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal. Los peticionarios fueron demandados en la Corte Municipal de Juana Díaz y excepcionaron la demanda. La excep-ción fue desestimada y se concedió un término a los peticio-narios, como demandados en el caso, para contestar. No hicieron alegación alguna dentro del término concedido, y el secretario de la corte municipal anotó la rebeldía. La corte municipal entonces, y por virtud de la rebeldía, dictó-sentencia en contra de los peticionarios. De esta sentencia apelaron los peticionarios para ante la Corte de Distrito de Ponce, y el pleito fué radicado en 18 de abril de 1917; .El 13 de junio de 1917 el demandante, entonces apelado, com-pareció ante la corte y solicitó sentencia basándose en que-la rebeldía de los demandados había sido anotada en la corte-municipal; que los demandados .nada hicieron para levan-tar la rebeldía y que no contestaron; que no había ninguna cuestión de hecho ante la corte de distrito y que la apelación era únicamente dilatoria. Posteriormente, previa la cele-bración de la vista, la Corte de Distrito de Ponce dictó, el ■ 26 de julio de 1917, sentencia a favor del demandante y apelado.

La Lev de marzo 11, 1908, leyes de 1908, página 124, re-glamentando las. apelaciones, después de las dos secciones en que determina la forma de presentar y radicar las apelacio-nes, provee en su 3a. sección lo que sigue:

“Sección 3. — La corte de .distrito anotará la causa en el calendario o lista de señalamientos de pleitos civiles que hayan de verse opor^ tunamente, conforme a las disposiciones de la ley y al reglamento judicial para el régimen del calendario. Al anunciarse la vista de la apelación el tribunal, a instancia del apelante, revisará y tomará en consideración cualesquiera providencias, resoluciones o autos por los cuales se creyére aquél perjudicado. Resueltas que fueren estas cuestiones, se procederá a la vista de la causa, a menos que la corte estimare que la demanda o contestación está sujeta a excepción previa, y en tal caso, la corte, a su arbitrio, podrá permitir que se enmiende dicha demanda o contestación. Una vez dispuesto el pleito para la vista, se tramitará como nuevo juicio, rigiendo para el mismo todas-las disposiciones y reglamentos judiciales que afecten a la vista de pleitos originalmente entablados ante las cortes de distrito. Si el demandante dejare de comparecer ante la corte de distrito, ésta de-sestimará la demanda por abandono de acción, y dictará sentencia a favor del demandado, imponiendo las costas al demandante.”

Esa sección, a nuestro parecer, es mandatoria. El inter-ventor se apoya en la práctica'corriente en California, pero la ley de dicho Estado, que sepamos, no es igual a la nuestra. Es el deber de la corte ele distrito incluir la causa en el ca-lendario, y entonces llamar la apelación para juicio. En-contramos en la ley algo así como una presunción de que el demandado lia contestado, pero en cualquier caso es deber ele la corte el llamar a juicio la apelación. Ahora bien, si cuando la apelación es llamada no se ha presentado aún la contestación, la corte puede quizás conceder más tiempo al demandado para contestar, 3m inmediatamente o más tarde, como más se atenga al espíritu del código de enjuiciamiento civil y especialmente de su sección 36. En este caso, sin embargo, se radicó una excepción en la corte municipal, y bajo las palabras de la ley los demandados y apelantes tenían el derecho de solicitar que dicha excepción fuera considerada “al anunciarse la vista de la apelación.” El interventor in-kiste en que no había ninguna controversia de hecho, pero esiste una cuestión legal. Si los peticionarios, demandados en la corte municipal, - estaban convencidos de que su ex-cepción era procedente, quizás la manera más rápida de le-vantar la cuestión ante la' Corte de Distrito fué la que ellos usaron. La práctica de California que sólo permite sean re-visadas las cuestiones de becho, no tiene concordancia en los preceptos de nuestra ley.' Creemos que en todos los casos la apelación debe ser llamada a juicio y que la corte debe decidir qué otros pasos son necesarios.

La sentencia-de 26 de julio, 1917, debe ser anulada y el caso anotado en el calendario en la forma que la ley dispone.

. Con lugar la solicitud y anulada, la sentencia ' de la corte inferior.

jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

El Juez Presidente Sr. Hernández y el Asociado Sr. Al-drey no intervinieron. .


text:
    Agostini, Recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, Recurrido.
    Eecurso gubernativo contra nota del Eegistrador de la. Pro-piedad de Mayagüez denegando la inscripción de una es-critura de venta.
    No. 348.
    Resuelto en diciembre 18, 1917.
    Poderes — Venta de, Einca — Identificación de la Propiedad. — En un poder especial para autorizar la venta de una sola finca como de la propiedad del poderdante, no es suficiente para identificar la misma el que se baga una mera referencia general de que está situada en determinada calle de una ciudad, no importando cuán amplias sean las palabras confiriendo la auto-rización para vender la propiedad.
    Instrumentos Públicos — Subsanación por Affidavit. — La presentación de un affidavit no es la manera adecuada de subsanar un defecto existente en un documento público.
    Los- hechos están expresados eu la opinión.
    Abogado de la recurrente: S. Angel A. Vázquez.

      El-registrador recurrido, Sr. Eafael Tirado Yerrier, com-pareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal

Convenimos, en el presente recurso gubernativo, con el registrador, que en un poder especial para autorizar la venta de una sola finca como de la propiedad del poderdante, no es suficiente para identificar la misma el que se llaga una mera referencia general de que está situada en la Calle de Méndez Vigo, de Mayagüez, no importando cuán amplias sean las palabras confiriendo la autorización para vender tal pro-piedad.

Hasta cierto punto la recurrente, reconoció que el poder era defectuoso pues ofreció al registrador un affidavit que tenía por objeto subsanar el defecto. Hemos resuelto fre-cuentemente que la presentación de un afklavit no es la ma-nera adecuada de "subsanar un defecto existente en un do-cumento público. No creemos que sea de importancia el otro defecto de no acreditarse la procedencia del título, siempre que la finca sea en otra forma suficientemente iden-tificada.

La nota del registrador debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sk. Hutchisox,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vélez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por delito de alteración de la paz pública.
    No. 1198.
    Resuelto en diciembre 21, 1917.
    Alteración de la Paz Pública — Uso de Armas Mortíferas en Persecución de un Ladrón Dentro del Hogar de un Vecino. — Admitiendo ad arguedum

      causa que una persona pueda perseguir a un ladrón hasta dentro de la casa de su vecino y allí arrebatarle la cosa robada sin incurrir en responsabilidad ■ penal por razón de la ausencia de intención criminal, sin embargo, si el perseguidor sin aparente justificación o excusa recurre al uso de armas mortíferas para realizar su propósito, perturbando así la tranquilidad del hogar será culpable del delito de alteración de la paz.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. E. H. F. Dottin.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal

   El Juez Asociado Sk. Hutchisox,

emitió la opinión del tribunal.

José Yélez sacó de sn bolsillo la suma de $5 en billetes de banco, los pasó de nna mano a otra para buscar menudo para pagarle a Narciso Rosado 25 centavos que le debía, cuando Rosado le arrebató'los billetes de las manos y tomó las de Villadiego refugiándose en casa de Fidel Correa.

La prueba del Fiscal nos revela que Yélez siguió a Ro-sado hasta dentro de la' cosa de Correa y que allí tuvo lugar una refriega dando por resultado el que se rompieran algunos adornos de salón y el que se alterase la paz y tranquilidad de Francisca Osorio esposa de Correa, que como a la sazón hallábase en ropas menores llamó al momento a su esposo.

Fidel dice que cuando llegó estaban los dos hombres aga-rrados, que ellos peleaban, que Narciso se tapaba con una silla y que el testigo, viendo que tanto su presencia como su orden para que se fueran de su morada fueron desatendidas, se metió en otra habitación, cogió un revólver que tenía para la defensa de su hogar, y disparó .al aire, hiriendo a José Vélez. El no trata de reconciliar la circunstancia de herir en una pierna al intruso con la de disparar al aire, sino que deja por completo esta cuestión a la imaginación de la corte. Por consiguiente su declaración cuando menos se halla abierta para la interpretación de que el espacio comprendido en la habitación no estaba vacío.

Al terminar la defensa su examen de repreguntas el tes-tigo también menciona el interesante detalle de que Yélez le tiraba a tajar con una navaja a Rosado, pizca de informa-ción nueva al parecer sobre la que bizo hincapié el fiscal en el re-examen directo. Incidentalmente cuando el testigo lle-gó a este punto se insinúa que Rosado empleó la silla como arma contundente más bien que como escudo de defensa.

Yélez dice que él y Correa no estaban muy de buenas por razón de que le debía $3 a Correa, quien niega la existencia tanto de la enemistad como de la deuda. Yélez manifiesta también que él había prometido pagar la susodicha deuda cuando volviera a trabajar y que Correa le había contestado que sabía que lo iba o embrollar, pero que se la pagaba de cualquier manera.

Hay otra prueba que no necesitamos discutir.

Celebrado en la corte de distrito un juicio de novo, Vélez fué convicto por alterar la paz y condenado a sufrir la pena de dos meses de cárcel y al pago de costas. Lo que le sucedió a Correa y a Rosado no aparece de los autos, y por supuesto no es sustancial. Lo mencionamos meramente en relación con el tercer motivo de error, infra, que carece por completo de méritos. El apelante insiste en que:

11Primero: La corte sentenciadora, a juicio del acusado, cometió error al dictar sentencia condenatoria contra él, porque en el juicio se probó que los hechos realizados por el acusado fueron muy dis-tintos a lo relatado en la denuncia, y que hubo ausencia total, de parte de José Vélez, de malicia e intención de alterar la paz.
“Segundo: La corte cometió error al condenar al acusado José Vélez por alteración de la paz, toda vez que se probó en el juicio que los actos realizados por él fueron cometidos en defensa de su pro-piedad y no constituyen tal alteración de la paz.
“Tercero: La corte cometió error al sentenciar a José Vélez por alteración de la paz, porque se probó en el juicio, por unanimidad de testimonio, que fueron otros los culpables del mencionado delito, pero no el acusado José Vélez.

ÍSTo necesitamos hacer distinciones en este momento sobre el grado exacto de fuerza que puede legalmente una persona emplear para recuperar bienes muebles ilegalmente arrebatados por otra persona. Nos remitimos sin comentarios a una acotación en el caso de Kirby v. Foster, 14 L. R. A. 317 y a 5 C. J. 775, como punto de partida para ulteriores investigaciones sobre esta cuestión. Admitiendo ad argu-endum causa de que una persona, puede perseguir a un la-drón liasta dentro del bogar de su vecino y allí arrebatarle la cosa robada sin incurrir en responsabilidad criminal por una posible alteración de la paz por razón de la ausencia-de una intención criminal, sin embargo no se sigue que el per-seguidor en caso semejante pueda sin aparente justificación o excusa recurrir al uso de armas mortíferas para realizar su propósito.

El juez sentenciador pudo haber creído y es de presumir que creyó el testimonio de Correa aunque ningún otro tes-tigo llegó a ver la navaja y el acusado niegue que la tuviese, punto basta el cual su testimonio está corroborado basta cierto punto y el modo en que se ba desarrollado este aspecto del caso quita la posibilidad de la narrativa según la ba contado Fidel. No se ba planteado la cuestión de la' defensa propia, basándose la teoría del acusado según se desprende de su propia declaración y la de otros testigos en que el acusado no llegó a entrar en absoluto a la casa. No consta que el uso innecesario de la navaja no produjese , directamente el empleo de la silla y consiguiente destrucción de los objetos de adorno y perturbación de la paz.

Nos vemos inclinados a sostener, sin embargo, que la pena impuéstale al acusado es algo excesiva. El acusado, según parece, llegó a pasar algún tiempo, recluido en un hospital si no en la cárcel. Dadas las circunstancias del caso, creemos que para satisfacer los fines de la justicia, basta-ría con una pena de cinco dollars de multa con la alternativa de prisión a falta de pago de la misma.

La sentencia apelada debe ser modificada de conformidad y confirmada con la susodicha modificación.

Confirmada la sentencia apelada, pero modifi-cándola en el sentido de condenar al acusado a $5 de multa y en defecto de pago a un día de cárcel por cada dólar.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Nicorelli, Demandante y Apelado, v. Ernesto López & Compañía, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1689.
    Resuelto en diciembre 21, 1917.
    Demanda Defectuosa — Deficiencias Suplidas por la Contestación y la Prueba — Cuestión Académica. — Resulta de interés- meramente académico el resolver en grado de apelación si una demanda es o no deficiente, cuando las deficiencias alegadas por el demandado fueron suplidas por' él mismo por medio de su contestación y de su prueba.
    Contratos Escritos — Prueba Oral para Contradecirlos. — No puede admitirse prueba oral para contradecir, variar, añadir o quitar de los términos de un documento válido. Esta regla no es aplicable cuando la controversia es entre una de las partes del contrato y otra persona qué’ no es parte ni co-partícipe en el mismo.
    Cobro de Pesos — Plazo para el Pago de la Deuda — Falta de Fijación — Ac-ción Previa para Establecerlo. — Cuando en una acción para el cobro de una deuda reconocida en documento público, la corte por virtud del resultado de las pruebas llega a la conclusión de que se intentó fijar un plazo para ol pago y no se fijó, puede señalar el que estime justo conforme al artículo 1095 del, Código Civil, sin que sea necesario el ejercicio de una acción previa limitada a la fijación del plazo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado ciel apelante: Sr. G. Domínguez Rubio.

    Abogado de la apelada: Sr. Manuel A. Martínez Dávila.

   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante inició este pleito para cobrar de la socie-dad demandada la suma de dos mil quinientos pesos. Nó hay duda' alguna con respecto a la existencia de la deuda. La duda surge con respecto a cuándo y cómo debe satisfa-cerse. La corte de distrito resolvió el conflicto fijando el plazo de sesenta días contados a partir de aquel en que quedara firme su sentencia. No conforme la parte deman-dada, apeló y en su alegato señala la comisión de cuatro errores, dos que se refieren a cuestiones previas resueltas por la corte de distrito, uno a la práctica de la prueba, y el último a la verdadera cuestión fundamental envuelta en el recurso.

Al ser emplazada, la demandada alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción y presentó cierta moción de eliminación. La corte re-solvió ambas cuestiones en contra de la demandada. Esta insiste en que la corte erró al proceder de tal modo.

Si se examina aisladamente la demanda, quizás tendría-mos que dar la razón a la apelante, pero es lo cierto que ésta, como veremos luego, suplió con su contestación y con su propia prueba las deficiencias de la demanda, (González v. Virella, 24 D. P. R. 401, 405), y en tal virtud considerar ahora los interesantes razonamientos expuestos en su alegato, sería estudiar y resolver una cuestión puramente académica.

En la demanda se alegó, en resumen, que la sociedad demandada debía al demandante la suma de dos mil qui-nientos pesos; que la deuda estaba vencida, era líquida y exigible y no había sido satisfecha ni en todo ni en parte, y que las gestiones para su cobro habían resultado infruc-tuosas. La demandada aceptó el hecho relativo a la capaci-dad de las partes y negó los otros en la forma en que esta-ban redactados, exigiendo prueba de su contenido. La de-mandada además en unas llamadas defensas especiales alegó que el 27 de octubre de 1915 Ernesto López y Cecilio Torres por escritura pública constituyeron una sociedad para ex-plotar una farmacia, consignándose en dicho documento que -adeudaban dos mil quinientos pesos pero sin decir a quién, ni cómo, ni cuándo debían pagarse; que en la hipótesis de que dicha suma fuera realmente debida al demandante, éste •no podía reclamarla porque desde julio de ’*1911 había ven-dido a otra persona el mobiliario, potería y enseres de la expresada farmacia, y que en la misma hipótesis, tampoco podía el demandante reclamar la deuda' porque había de-mandado previamente al socio de la demandada Ernesto López, y le había embargado sus derechos y acciones en la farmacia.

Llamado el caso para la vista, ambas partes presentaron sus pruebas, consistiendo la del demandante en un documento y dos testigos, uno de ellos el propio demandante, y la de la demandada en dos testigos, que lo fueron sus socios los dichos Ernesto López y Cecilio Torres.

El documento presentado por la demandante como prueba fué la escritura de 27 de octubre de 1915 mencionada en la ■demanda y en la contestación, o sea el documento por virtud -del cual López y Torres constituyeron una sociedad, regular colectiva bajo la razón de Ernesto López y Cía. para ■dedicarse a la explotación del negocio de farmacia y en el que se hizo constar que el socio López era dueño de un es-tablecimiento conocido por “Farmacia Nicorelli” cuyas •existencias valían'tres mil seiscientos pesos de los cuales debía dos mil quinientos. También consta en dicho docu-mento lo que sigue: “La sociedad Ernesto López y Compa-üía se hace cargo de los dos mil quinientos dollars adeudados por la Farmacia Nicorelli como antes se ha hecho mención.”

Los testigos fueron el propio demandante y Domingo Cri-no rmini. El .demandante declaró que la suma de $2,500 a -que se refería la escritura se le debía a él; que él fué el dueño de la Farmacia Nicorelli; que la vendió en $4,000 a Ernesto Puig sin que éste le pagara nada; que Puig la vendió también en $4,000 a Ernesto López y recibió de López pagarés por igual suma; que López se asoció a Torres Be-yes y entonces “convinieron con el declarante que la so-ciedad le pagaría $2,500 en todo el mes de noviembre del año 1915 en qne el Sr. Reyes vendería nna finca que teníaen Yabncoa y que los $1,500 restantes se los pagaría al tes-tigo el Sr. López Orengo; que requirió a la sociedad para que le pagara diclia suma y se negó a ello y que no le fian pa-gado ni parte ni el todo de dicha suma.” Y Girormini de-puso que Nicorelli le comisionó para avistarse con los de-mandados para que pagasen la suma de $2,500 dollars; y que fue a la botica y llamó al Sr. López quien por estar ocu-pado mandó a buscar a Torres; que éste vino y le habló del objeto de su visita no pudiendo conseguir nada; que le dijo' que no había podido vender la finca de Yabucoa y no tenía dinero, que lo demandaran. Que cuando llegó Torres él le dijo a lo que venía y Torres le dijo que no podían pagarle los 2,500 pesos a Nicorelli, pues no estaban vencidos; que mandara los recibos de 60 dollars mensuales.”

Cuando Nicorelli dijó en su declaración que la deuda con-signada en la escritura se le debía a él, el abogado de la parte demandada se opuso por entender que se “trata de-aclarar una falta en el documento por una persona que no es parte en el mismo, y antes de que eso pueda hacerse, han de cumplirse varios requisitos legales. Jones on Evidence,. Párrafos 434-437.”

En efecto en el párrafo 434 de The Blue Book of Evidence, tomo 3, página 145, se dice:

“La regla en su forma más breve es que no puede ad-mitirse prueba oral para contradecir, variar, añadir o qui-tar de los términos de un documento válido.”

- Pero también se dice al final de dicho párrafo, pág. 135,. del citado tomo 3, lo que sigue:

“La regla sobre prueba oral está, sin embargo, limitada, a las partes en el contrato o sus copartícipes. Cuando la controversia es entre una de las partes del contrato escrito y otra persona que ni es parte ni copartícipe en el mismo-no es aplicable la regla excluyendo prueba oral que tienda a variar, modificar o contradecir el escrito.”

Además, ya hemos visto que al consignar los fundamentos de sn excepción expresó la parte demandada qne antes de qne el testigo pudiera declarar habían de “cumplirse -varios requisitos legales” sin mencionar cuales eran. En sn ale-gato dice qne hubiera sido necesario establecer en la de-manda algún error o imperfección del escrito pnesto en con-troversia y cita el artículo 25 de la Ley de Evidencia. Ese artículo cqdensa de modo admirable la doctrina expuesta por Jones y se refiere a las partes, sus representantes o su-cesores en interés. Pero hay más, el requisito previo que exige la demandada, lo aportó ella misma 'en su contesta-ción al alegar que en la escritura de referencia se reconocía una deuda de 2,500 dollars pero no se expresaba el nombre del deudor, ni cómo ni cuándo debía pagarse, y al exponer varios hechos en la hipótesis de que el demandante fuera el acreedor.

Hemos discutido la cuestión en el terreno que la planteó la parte apelante, pero en verdad creemos que el principio de evidencia por ella invocado no tiene aplicación, porque por virtud de la declaración del demandante no se trató de “con-tradecir, variar, añadir o quitar de los términos del docu-mento” de que se trata. La declaración y el documento eran independientes, habiéndose presentado el último como prueba de la admisión por parte de la sociedad demandada de la exis-tencia de una deuda de dos mil quinientos pesos.

La prueba de la demandada, según dijimos, se limitó a las declaraciones de sus socios1 Ernesto López y Cecilio Torres, quienes coinciden con Nicorelli en el origen de la deuda pero difieren de él en que aseguran que se convino el pago a razón de sesenta pesos mensuales.

Véamos la opinión de la corte con respecto a la prueba. Es así:

“Si examinamos esta prueba en conjunto, sólo podremos llegar a la conclusión, de que tanto la de una como la de otra parte no se ha ajustado a la verdad. La del demandante trata de demostrar que •la cantidad de $4,000 se dividió en dos partes, obligándose la socie-dad a pagar $2,500 en el mes de noviembre, y el demandado López Orengo particularpnente los $1,500 restantes. Que la farmacia es-taba en malas condiciones es nn heclio evidente, toda vez que no solamente el comprador del demandante no liabía podido efectuar ningún abono a los $4,000, sino que, por el contrario, fué embargada por la. Porto Rico Drug Company por $1,000, de cuyo embargo ía libró la intervención del demandado Reyes. Aparece de la prueba, que estos demandados no tenían otros bienes que los que aportaron a la sociedad, y no es verosímil, que estando en estas condiciones los demandados, se fueran a obligar a pagar $2,500 al mes siguiente de haber empezado un negocio que estaba caído. Además, de las pruebas y manifestaciones del demandante aparece que la oferta de pago en noviembre, se hizo sujeta a la venta de una -finca que perte-necía al demandado Reyes, de modo que aun aceptando, como cierta dicha oferta, la fecha de pago sería condicional a la venta de la finca, y no aparece de la prueba que ésta se haya efectuado.
“La prueba del demandado dice que el demandante convino el pago a razón de 60 dollars mensuales, pero teniendo en cuenta la reducción de la deuda de $4,000 a $2,500. Tampoco es creíble que el demandante hiciese tal rebaja sino iba a mejorar las condiciones del pago en el negocio. Pero además, estas afirmaciones están con-tradichas por las manifestaciones del demandante, quien dice que el pago de $60 mensuales no se refería a esta negociación, sino a otra de unas medicinas que fueron embargadas y que estaban en poder del Sr. Bruno; y que la oferta a la rebaja a $2,500 fué con motivo de una transacción, que no se llevó a cabo, y que tenía como condi-ción esencial la entrega inmediata del dinero. Estas manifestaciones del demandante nos parecen más de acuerdo con los hechos.
“Del anterior examen, la corte estima que si bien las partes tu-vieron en mente la fijación de un plazo para el pago de la deuda, éste no quedó fijamente determinado. Y esto lo explica el hecho-de negarse el demandante a recibir los $60 mensuales que se le ofre-cieron, y el haber tratado de cobrar su crédito cuando pasó un tiempo razonable sin que se efectuase abono alguno de importancia.
“Reasumiendo esta prueba, no hay duda que la deuda a favor del demandante, era en su origen de $4,000; que la sociedad deman-dada se hizo cargo de pagar $2,500 de esa deuda; que no señaló plazo ni cantidad fija para el saldo de la misma, pero el pago debía efectuarse dentro de un tiempo razonable; que ha transcurrido dicho tiempo y la demandada no ha pagado el todo ni parte de dicha can-tidad, a pesar de haber sido requerida para ello por el demandant^ no habiéndose demostrado de una manera cierta, que las cantidades abonadas por el Sr. López Orengo antes de efectuarse el contrato de sociedad, lo hayan sido con cargo a esta cuenta.”

Habiendo la corte llegado a las anteriores conclusiones de hecho, estimó que estaba en el caso de usar de las facul-tades que le confería el artículo 1095 del Código Civil que dispone que si la obligación no señalare plazo pero de su naturaleza y circunstancias se dedujera que ha querido con-cederse al deudor, los tribunales fijarán la duración de aquél, y en tal virtud .declaró con lugar la demanda en la forma ya.indicada; esto es, para ser efectiva después de se-senta días contados a partir del en que quedare firme."

Sostiene el apelante que la corte erró porque si el ofre-cimiento de pago se hizo para noviembre sujeto a la con-dición de que Torres Reyes vendiera su finca de Yabucoa.y la finca no se ha vendido, la obligación no es exigible. Lo manifestado por la corte no tiene-el alcance que le atribuye la parte apelante. La corte consignó que con respecto a la fecha del pago no le satisfacía la prueba de ninguna de las partes. Llegó a la conclusión de que se intentó fijar un plazo y no se fijó. Seguramente se habló de la venta de la finca. Tal vez de pagos mensuales. Todo eso quedó en lo incierto. Lo que si es cierto es que la demandada debe al demandante la suma que éste reclama; que se negó a pagarle, y que el demandante acudió entonces a una corte de justicia.

¿Debió acudir simplemente para pedir que se fijara un plazo para el pago de la deuda, o estuvo justificado en en-tablar una demánda exigiendo el pago desde luego ?

Es evidente que la teoría de la demanda no es la del ar-tículo 1095 del Código Civil. El demandante .alegó que la deuda estaba ya vencida y trató de probar lo alegado con su propia declaración. Quizás tuvo en cuenta la jurispru-dencia americana que establece que cuando no se ha fijado un plazo para el pago, la deuda se considerará líquida y exi-gible inmediatamente o al efectuarse el cobro. Véase el caso de Newhall v. Sherman, Clay & Co., 124 Cal. 509, y los otros en él citados.

Fué el propio juez el que por virtud del resultado de las pruebas aplicó el precepto legal citado. Y a nuestro juicio procedió rectamente al hacerlo así, y también al decidir que no era necesario, por lo menos en este caso, el ejercicio de una acción previa limitada a la fijación del plazo, y que todo podía quedar definitivamente terminado dentro de un sólo pleito y por una sola sentencia.

Dice el juez sentenciador que no ha podido encontrar nin-gún caso resuelto por la Corte Suprema de España que directamente decida esta cuestión. Las partes no citan nin-guno, ni liemos podido encontrarlo tampoco nosotros. Los comentaristas Manresa y Scaevola tratan ampliamente en sus obras sobre el artículo 1128 del Código Civil español, igual al 1095 del Código Civil de Puerto Rico, y de sus ra-zonamientos se desprende, con mayor claridad de los de Scaevola, que puede ventilarse toda la cuestión en un solo pleito.

Dice Manresa: “No lia dejado de suscitar dudas qué juez sera competente para fijar el plazo: si aquel a quien corres-ponda el litigio por la cuantía de la obligación, o siempre el de primera instancia, alegándose para esto último que la determinación de plazo es problema cuya cuantía parece inestimable. Nosotros, sin vacilar, entendemos que la pri-mera solución es la procedente, puesto que la determinación de plazo no pasa, sea cual fuere su importancia, de un ac-cidente en el cumplimiento de una obligación, que siendo de cuantía conocida, cae bajo la competencia del juez a quien por la misma corresponda.” 8 Manresa, Código Civil Es-pañol, 164.

Y dice Scaevola: “¿Qué procedimiento -habrá de seguirse para la determinación del plazo por los tribunales? La ley de Enjuiciamiento Civil no tiene ninguno que no sea el juicio ordinario de mayor cuantía, puesto que como el señalamiento de plazo es independiente de la cuantía de la obligación y, por lo tanto, no tiene valor apreciable, .sólo dicho procedi-miento es aplicable con arreglo al artículo 483 de la ley ■citada.

“No hablamos del caso en que se demanda al mismo tiem-po el cumplimiento de la obligación y el señalamiento de un plazo para este efecto. El caso es muy frecuente, y cuando ocurre, siendo accesorio lo último de lo primero, habrá de seguir necesariamente sus mismas regias.” 19 Scaevola, Có-digo Civil, 694.

. Por virtud de todo lo expuesto, y habiendo en considera-ción que la existencia de la deuda se reconoció en un docu-mento público desde el 27 de octubre de 1915; que la demanda se interpuso el 4 de enero de 1916, y la sentencia, sin especial condenación.de costas, se dictó el 27 de marzo de 1917 para ser efectiva dos meses más tarde, creemos que se ha impar-tido justicia substancial y debe confirmarse en todas sus partes la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Banco de Puerto Rico, Demandante, v. Solá e Hijos et al., Demandados, y Castro, Interventor y Apelado, y Mitjans, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en pleito sobre cobro de dinero y cancelación de inscripciones hipotecarias.
    No. 1703.
    Resuelto en diciembre 24, 1917.
    Anotación de Embargo — Desecho a la Propiedad del Deudor — Reclamacio-nes Posteriores a la Anotación. — De acuerdo con el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, un acreedor que verifica su anotación obtiene un derecho a la propiedad del deudor, conocido en la ley inglesa y americana como un lien. Este derecho claramente excluye a todas aquellas personas cuyas re-elamaeiones en contra de la propiedad tienen su origen en una fecha posterior a la de la anotación en el registro.
    Id. — Objeto de la Anotación — Terceros—Hipoteca.—El objeto de la anota-ción de un embargo en el registro es el de avisar a terceras personas que adquieren después algún derecho en los bienes que los perderán si el ano-tante obtiene sentencia a su favor. Ese caso presupone la existencia de opuestas reclamaciones a la propiedad, pero tal principio es aplicable asi-mismo a quien adquiere una hipoteca después de la anotación.
    Id. — Acreedor Hipotecario Posterior a la Anotación' — Notificación a los-Dueños. — Un acreedor hipotecario posterior a la anotación de un embargo' en el registro no es en sentido alguno un comprador o dueño de la propiedad a los efectos de la notificación que exige el artículo 71 de la Ley Hipote-caria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Abella Bastón y Andrés Mena.

    Ahogados del apelado: Sres. José y Manuel Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La controversia en esta apelación es una entre los dere-chos de nn acreedor qne embargó y otro que es hipotecario, y cuya hipoteca fné otorgada e inscrita después de verifi-cada la anotación del primero de estos acreedores. En este caso está envuelta la interpretación del artículo 71 de la Ley Hipotecaria, que transcribimos:

“Artículo 71. — Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajenados o gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la- anotación.
“Si los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventiva-mente, a tenor del artículo 42, números 2o. y 3°., fuesen adjudicados al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en pública subasta, se notificará la adjudica-ción o el anuncio al que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes o derechos.
“Dicha notificación deberá practicarse a instancia del actor, dic-tada que sea la sentencia firme de adjudicación o antes de verificarse el remate en el procedimiento de apremio, debiendo observarse lo que prescriben los artículos 260' al 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en las Antillas, 244 al 253 de la que rige en Filipinas.
“.Hecha la notificación a que se refiere el párrafo anterior, podrá el notificado librar los bienes de que se trate, pagando la cantidad consignada en la anotación para principal y costas, sin que se en-tienda obligado a satisfacer por este último concepto mayor suma que la consignada en la anotación. Si no lo biciere en el término de diez días, se procederá a cancelar en el registro la inscripción de su dominio, así como cualquiera otra que se hubiera extendido des-pués de la anotación, a cuyo efecto, y a instancia del rematante o del adjudicatario, sé despachará el oportuno mandamiento al registrador de la propiedad.
“Si la enajenación otorgada e inscrita durante el pleito fuere relativa a finca cuya propiedad se hubiere reclamado en virtud de demanda anotada preventivamente, con arreglo al número 1 del ar-tículo 42 de -esta Ley, será título hábil para que en su virtud se cancele aquella inscripción, un testimonio de lá sentencia firme favorable, al dominio del demandante.
“Las sentencias ejecutorias en que se imponga la pena de inter-dicción, o se declare la incapacidad para administrar de una persona, o se modifique su aptitud civil en cuanto a la libre disposición de sus bienes, serán documentos bastantes para cancelar las inscripciones de enajenaciones otorgadas durante la tramitación del juicio por el declarado incapaz, siempre que la demanda origen de la providen-cia hubiere sido anotada preventivamente en virtud de lo que ordena el artículo 42 en su número 5.”

De acuerdo con esta Ley un acreedor que verifica su anota-ción obtiene un derecho a la propiedad del 'deudor, conocido en la ley inglesa y americana como un lien. Este derecho claramente excluye a todas aquellas personas cuya§ recla-maciones en contra de la propiedad tienen su origen en una fecha posterior a la de la anotación en el registro. En el caso de Dávila v. El Registrador de Humacao, 24 D. P. R. 707, citado por el apelante, dijimos que el objeto de la anotación de una demanda en el registro es el de avisar a terceras per-sonas que adquieran después algún derecho en los bienes, que lo perderán si el anotante obtiene, sentencia a su favor. Ese caso presupone la existencia de opuestas reclamaciones a la propiedad, pero tal principio es aplicable asimismo a quien adquiera una hipoteca después de una anotación.

El apelante llama nuestra atención al hecho de que la ley hipotecaria exige que se dé aviso de la venta' de la pro-piedad a aquel que ha adquirido de un deudor. Siendo apli-cable el principio legal de que quien es primero en liecbo es primero en derecho, el acreedor en este caso tenía un derecho preferente. El acreedor hipotecario posterior no es en sen-tido alguno un comprador o dueño de la propiedad. El tiene un contrato de préstamo asegurado con la propiedad pero nada hay en el referido artículo 71 que exija se dé aviso a un acreedor hipotecario posterior. Cuando el acreedor hi-potecario en este caso aceptó la hipoteca sabía que había sido puesta en movimiento la maquinaria de la ley en contra del deudor. Puede haber sido la intención de la legisla-tura, como sucede frecuentemente, proteger la persona que ■está en posesión, pero cualquiera que haya sido el móvil de la legislatura no se demostró en lo más mínimo que fuera la intención exigir .a un acreedor que ha embargado que no-tifique al acreedor hipotecario posterior.

Se llevó a efecto la venta de la propiedad para satisfacer el embargo y el comprador fué un tal Robledo que vendió a Castro, el apelado en este caso. El apelante alega que el banco que hizo el embargo es la única persona que puede pedir la cancelación de la hipoteca, pero creemos que Ro-bledo y a su vez Castro necesariamente adquirieron todos los derechos del banco a este respecto. T también creemos que Castro adquirió la propiedad libre de la hipoteca y tenía derecho a la cancelación de cualquier gravamen aparente.

Existen otras especificaciones de errores que no han sido señaladas como requieren las reglas de esta corte y que por otros motivos no son necesarias considerar. Los apelantes debieron haber radicado por separado un pliego de señala-mientos de errores y no contentarse con discutirlos en forma corriente en el alegato que nos presentaroñ.

La orden apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Muñoz, Peticionaria, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado, y Burgos, Interventor.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez dé la Corte de Distrito de Pouee en pleito sobre daños y perjuicios por seducción.
    No. 200.
    Resuelto en diciembre 24, 1917.
    SENTENCIAS EN REBELDÍA- — PRUEBA NECESARIA PARA DICTARLAS-PRACTICA QUE Debe Seguirse — Daños y Perjuicios — Confesión de la Causa de Acción.— Dn una acción por daños y perjuicios, aun cuando no habiendo contestado el demandado tiene derecho el demandante a proceder de acuerdo con el pá-rrafo 2 del artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, no pueden con-siderarse como confesados los daños á menos que su montante haya sido jurado como un hecho, y aun entonces puede la corte ejercer su discreción y exigir prueba de los daños según la naturaleza del caso.
    Intervención — Interés que Deben Tener las Partes. — Cuando un padre es demandado por una seducción cometida por un hijo menor, éste no tiene el interés que exige la ley, no teniendo por tanto derecho a intervenir.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticio'naria: Sr. Garlos Bnmet.

    El Juez demandado no compareció.
    Abogado del interventor Carmelo Burgos:' Sr. R. B. Pérez Marchcmd.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la ojñnión del tribunal.

Onelia Muñoz, quien alegó baber sido seducida por Carmelo Burgos, estableció una acción contra Juan María Bur-gos, padre de Carmelo, alegando también que el dicbo Carmelo era bijo de Juan María y vivía en compañía de su padre. El padre demandado compareció y excepcionó la demanda. La excepción fué • desestimada, concediéndose al demandado tiempo para contestar, y no habiendo sido radicada la con-testación, fué anotada su rebeldía. La demandante, habien-do reclamado $6,000 como daños, solicitó entonces de la corte que se registrara una sentencia por tal suma. La corte se negó a hacer esto. Casi al mismo tiempo, Carmelo Burgos solicitó permiso para intervenir en el. pleito como parte in-teresada. Sin levantar la rebeldía, la corte concedió el per-miso. La peticionaria alega que la orden de la corte negán-dose a dictar sentencia fué una violación de sus derechos, y que el permitir la intervención de Carmelo Burgos fué otra violación. La peticionaria cita la jurisprudencia de California al efecto de que en casos de rebeldía y bajo una ley análoga a la nuestra, las cortes de California no exigen prue-ba de la reclamación cuando la demanda está jurada, aunque se trate de daños ilíquidos. Las cortes han establecido que el montante de los daños puede considerarse como confesado. El artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil es, en su parte pertinente, como sigue:

“Artículo 194. — Podrá dictarse sentencia si el demandado dejare de contestar a la demanda, en los casos siguientes:
“1. En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente, si no se hubiere presentado la contestación _ al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación, o de su prórroga, si se hubiese concedido; el secretario, a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del demandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la sen-tencia para el pago de la cantidad especificada en la citación, con más las costas contra el demandado, o contra uno o más de los varios demandados, en los casos previstos en el artículo 96.
“2. En otros pleitos, si.no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación o de su prórroga si se hubiere concedido, deberá el secretario tomar razón de la rebeldía del demandado; después de lo cual podrá el demandante solicitar en la primera o cualquiera de las subsiguientes sesiones de la corte, que se le conceda lo pedido en la demanda. Si la rendición de una cuenta o la prueba de algún hecho fuere nece-sario para fundamentar el fallo de la corte, o dar cumplimiento al mismo, la corte podrá admitir la cuenta, o oir la prueba, o a su dis-creción, disponer el informe previo de peritos, y si para determinar la cuantía de perjuicios fuere necesario el examen de una cuenta extensa, podrá disponer también un dictamen pericial, según lo an-teriormente dispuesto.”

Este fué un caso comprendido en el apartado 2. El de-mandante debe pedir a la corte que le conceda el remedio solicitado. Si bien es cierto que la corte puede considerar un hecho como confesado cuando la demanda está jurada, empero el montante de los daños debe ser establecido en la demanda como, un hecho. Los’ párrafos 6, 8 y 9 de la de-manda en que se hace referencia a los daños, son como sigue:

“Sexto: Que la demandante quien antes de ser seducida por Carmelo Burgos, estaba reputada por pura y gozaba de la estimación y aprecio del público, sus amigas y familiares, ba perdido con motivo de haber sido seducida, por el acto ilegal y malicioso y voluntario de Carmelo Burgos, hijo menor 'del demandado, su reputación, y el apre-cio y estimación de sus amigas y familiares, quienes ya no dan a la demandante el mismo trato que antes lo que causa a la demandante Onelia Muñoz, grandes sufrimientos mentales, agravados por la pér-dida de su virginidad y el haberle faltado su nomo Carmelo Buidos a la promesa de matrimonio que le hiciera, lo que también coloca a la demandante en una situación difícil para contraer matrimonio con algún otro hombre, haciendo su porvenir incierto, incertidumbre que causa grandes sufrimientos a la demandante.
“Octavo: Que debido a los grandes sufrimientos mentales sufri-dos por la demandante descritos en la alegación sexta de esta demanda, y a lo incierto y dudoso del porvenir de la demandante, ésta ha su-frido daños y perjuicios, debidos única y exclusivamente, a los actos voluntarios ilegales y maliciosos -del Carmelo Burgos, que estima en la suma de seis mil dollars.
“Por todo lo expuesto, a la corte suplica la demandante Onelia Muñoz, que en su día, previo los trámites de ley, dicte sentencia en este caso y condene al demandado Juan María Burgos a pagar a ía demandante por los daños y perjuicios sufridos por ella y descritos en esta demanda la suma de seis mil dollars, más las costas, desem-bolsos de este pleito y una cantidad razonable para honorarios de abogado de la demandante.”

No existe una afirmación categórica del montante de los daños, sino únicamente que la demandante estima los daños por ella sufridos en la suma de $6,000. Si un hombre pene-tra en la propiedad de otro y destruye la siembra, la persona perjudicada puede conocer y jurar el montante exacto de los daños, aun cuando alguna otra persona o un jurado, pudieran no estar acordes con él. El demandante estaría entonces alegando los daños como un hecho positivo. Oreemos que ésta fue la situación en los casos de California a que hemos sido referidos.

Además, encontramos claro que bajo el texto del artículo 194, apartado 2, la corte puede ejercitar su discreción en al-gunos casos. Una persona puede jurar que ha sufrido- da-ños por valor de $6,000 y la corte puede no estar satisfecha de que sea verdadero o razonable y exigir prueba del mon-tante. Esta sería una buena práctica en un caso en que los daños son contigentes o en que existe una cuestión de agra-vios a los sentimientos o sufrimiento mental como ocurre aquí. En los casos- de California, los daños estaban definidos. En el de Toulumne v. Patterson, 18 Cal. 415, se trataba de la apropiación ilegal de un dinero. El de Patterson v. Ely, 19 Cal. 34, envolvía una cuestión de ocupación y uso de tie-rras. Hay conclusiones en esa opinión que parecen indicar que una corte puede diferir, en cuanto al montante de los daños,, cuando la prueba es inadmisible (incompetent). El caso de Johnson v. Vance, 86 Cal. 114, fué uno en qu,e se trataba de reivindicación y daños. Así también el de Huston v. Twin & City C. T. R. Co., 45 Cal. 553 es uno de daños específicos. En el presente caso la corte no estaba obligada a creer que los daños ascendieran a $6,000, aun cuando la demandante hubiera jurado que ése era el montante, lo que .no hizo. De, una nota que aparece en 20 L. R. A., N. S., 7, pudiera deducirse que es bastante dudoso si un caso de esta naturaleza es siquiera susceptible de fallo sin que se entre a considerar los daños. Por tanto no encontramos que haya habido error en la negativa de la corte a dictar sentencia.

Después de anotada la rebeldía, sin embargo, la causa de la acción debe estimarse como confesada. No compren-demos del todo la teoría de la corte admitiendo al hijo como una de las partes en el litigio cuando sólo quedaban por determinar los daños. El interés de Carmelo Burgos, hasta donde liemos podido ver, sólo existiría si el importe que su padre había de pagar fuera considerado como un anticipo y sujeto a colación. Aun así el hijo no tendría un interés inmediato que es lo que da la medida del derecho a ser parte, Pero la teoría de la demanda es la responsabilidad u obliga-ción del padre de responder por los actos del hijo. Este no es el caso en que un padre ha de pagar las deudas u obli-gaciones de un hijo. Esta es, bajo la teoría de la demanda, la obligación del padre, aun cuando' el hijo pueda tener una re sponsabilidad legal o moral parecida. La corte erró per-mitiendo al hijo intervenir no teniendo más interés que uno moral. Wys v. Fornaris, 24 D. P. R. 49; López v. Foote, 25 D. P. R. 552.

De un examen de todos los autos es imposible suponer que lo solicitado por el hijo fuera otra cosa que una tardía tentativa del padre a defenderse. Un camino más directo hubiera sido solicitar la apertura de la rebeldía que, dada la naturaleza extraordinaria del caso, la corte tenía discre-ción para conceder, si tal solicitud le hubiera sido hecha. Ha-cemos esta indicación sin la menor idea de dominar la ac-ción de la corte, pues puede' ser que en el acto de la compare-cencia sobre el montante de los daños, pudiera el padre de-fenderse hasta donde creyera conveniente. ’Ni tampoco que-remos que se entienda que entramos a considerar los méri-tos de la causa de acción.

La orden de la corte de julio 26, 1917, en cuanto admite a Carmelo Burgos como parte, debe ser anulada, confirmán-dose los procedimientos en los demás particulares.

Con lugar la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hut-chison.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


text:
    Acha, Demandante y Apelante, v. Guerra et al., Demandados y Apelados.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre tercería. (Moción de reconsi-deración.)
    No. 1717.
    Resuelto en diciembre 24, 1917.
    Beoonsideración de Sentencia — Notificación de la Moción a la Parte Con-traria. — Una .moeión sobre reconsideración de sentencia fundada en errores de procedimiento cometidos antes de dictarse la sentencia, debe ser notifi-cada a la parte contraria en el pleito conforme a las reglas 4 y 5 de las cortes de distrito que exigen no sólo la notificación de las mociones sino también la prueba de ello, y cuando falta tal notificación la corte no tiene facultad para anular su sentencia a virtud de la moción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. R. Sancho Bonet y Enrique Rincón Plumey.

    Los apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados reclamaron cierta cantidad de dinero y ob-tuvieron aseguramiento de sentencia. Los apelantes radi-caron una demanda de tercería. Una excepción previa fné interpuesta por los apelados y desestimada por la corte No. habiendo los apelados contestado dentro del término con-cedido por la corte, se dictó sentencia contra los mismos en 26 de junio de 1917 que se registró en la misma fecha. Los apelados radicaron una moción de reconsideración fundada en errores de procedimiento cometidos antes de dictarse sen-tencia, y, asumiendo como creemos que debemos asumir, que la transcripción de los autos es completa, encontramos que dicha moción no fue notificada al apelante. La corte dictó la orden que se solicitaba. Las reglas 4 y 5 de las cortes de distrito exigen no sólo la notificación de las mociones sino también la prueba de la notificación. Los apelados no han presentado alegato ni comparecido en la vista. Nada en-contramos en los autos que justifique la acción de la corte anulando la sentencia sin estar notificado el apelante, que era el demandante en la corte inferior y había obtenido sen-tencia a su favor. Faltando la notificación la corte no te-nía facultad para anular su sentencia a virtud de la moción, como se hizo en este caso. Creemos innecesario considerar las otras cuestiones- levantadas en apelación, pues no lo fue-ron en la corte inferior. La orden de julio 26, 1917, anu-lando la sentencia de junio 26, 1917, debe ser revocada.

Revocada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drev no intervinieron.