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author: per curiam:

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text:
      In re Carmen T. Agudo Loubriel.

      Número: AB-2015-331

      Resuelto: 28 de abril de 2017

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Robert A. Nelson, querellado; Carmen Teresa Agudo Loubriel, pro se.

   per curiam:

La Leda. Carmen T. Agudo Loubriel fue ad-mitida al ejercicio de la abogacía el 29 de diciembre de 1976 y a la práctica de la notaría el 17 de enero de 1977. El 5 de agosto de 2016, el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), nos sometió un Informe relacionado con una queja presen-tada por el Sr. Robert A. Nelson (promovente) en contra de la licenciada Agudo. En su Informe, la ODIN indicó que, a raíz de la queja, la abogada finalmente presentó ante el Registro de la Propiedad varias escrituras para las cuales fue contratada por el promovente, así como múltiples do-cumentos necesarios para establecer el trámite registral de ciertas propiedades. Señaló, además, que la licenciada Agudo había acordado devolver al promovente la cantidad de $314 cobrados en exceso por el trabajo realizado. A base de lo anterior, la ODIN nos recomendó darle un término a la abogada para devolver la suma antes mencionada y, una vez ésta certificase el cumplimento con nuestra orden a dichos efectos, archiváramos la queja con una amonesta-ción a la letrada por su conducta.

Conforme a lo anterior, el 23 de agosto de 2016 concedi-mos a la licenciada Agudo un término de 20 días para ex-presarse en torno al Informe de la ODIN. Igualmente le advertimos que, de no comparecer en el término provisto, se entendía que se allanaba a las recomendaciones formu-ladas en dicho Informe.

La licenciada Agudo no compareció según ordenado por lo que, mediante Resolución del 24 de febrero de 2017, le concedimos un término de 10 días para acreditar la devo-lución de los $314 so pena de sanciones. Por otra parte, le indicamos que, una vez confirmado el reembolso del dinero al promovente, se archivaría la presente queja. Nueva-mente, la licenciada Agudo incumplió con nuestra orden.

Así las cosas, el 29 de marzo de 2017 concedimos a la letrada un término final e improrrogable de 10 días, con-tado a partir de la notificación de nuestra resolución, para mostrar causa por la cual no debía ser separada de la pro-fesión por incumplir con las órdenes de este Tribunal.

Cumplido el plazo concedido sin recibir reacción alguna de parte de la licenciada Agudo, nos vemos obligados a ejercer nuestra facultad disciplinaria.

I—I

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone que la conducta de los abogados para con los tribunales debe caracterizarse por ser, ante todo, respetuosa. Esta exigencia comprende la obligación de todo letrado de cumplir pronta y diligentemente con las órdenes emitidas por los tribunales, en particular cuando estas se originan dentro del marco de un procedi-miento disciplinario. In re Candelario Lajara I, 197 DPR 722 (2017).

Desatender los requerimientos del Tribunal vul-nera los principios consagrados en el Canon 9, supra, y constituye una afrenta a la autoridad judicial. In re López Castro, 197 DPR 819 (2017); In re Candelario Lajara I, supra; In re Rodríguez Gerena, 197 DPR Ap. (2017); In re Mejías Montalvo, 197 DPR 439 (2017). Es por ello que la indiferencia a nuestras órdenes ha resultado consistente-mente en la suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía. In re López Castro, supra; In re Candelario Lajara I, supra; In re Rodríguez Gerena, supra; In re Mejías Montalvo, supra. De manera que un abogado que ignora nuestras advertencias, así como las oportunidades brinda-das para mostrar causa y presentar sus excusas por el in-cumplimiento, amerita ser suspendido de la práctica legal. In re Candelario Lajara I, supra.

r—i M

En vista de la indiferencia mostrada por la licenciada Agudo a nuestras órdenes y ante la falta de justificación por su incumplimiento a pesar de las múltiples oportuni-dades concedidas para hacerlo, decretamos su suspensión in-mediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Le ordena-mos notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles tanto los expedien-tes de los casos pendientes como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos, e informar inmediatamente de su sus-pensión a los distintos foros judiciales y administrativos en los que tenga algún asunto pendiente. Además, deberá acre-ditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de 30 días, a partir de la notifi-cación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Por otra parte, se le ordena al alguacil de este Foro in-cautar inmediatamente la obra y el sello notarial de la se-ñora Agudo y entregarlos al Director de la ODIN para el correspondiente examen e informe. Notifíquese personal-mente esta opinión “per curiam” y sentencia a la señora Agudo a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       La resolución se le notificó personalmente a la Leda. Carmen T. Agudo Loubriel (licenciada Agudo) el 6 de marzo de 2017, mediante un alguacil de este Tribunal.

       Nuestra orden se le notificó personalmente a la licenciada Agudo el 3 de abril de 2017 mediante un alguacil de este Tribunal.


text:
      In re Eliezer Soto Alicea.

      Número: TS-8717

      Resuelto: 28 de abril de 2017

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Notificando Incumplimiento de Orden y Solicitando Incautación Preventiva de Obra Pro-tocolar, presentada por el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), se toma conocimiento de su contenido. Del referido escrito se infiere que el Ledo. Eliezer Soto Alicea ha incumplido con la orden emitida por este Tribunal el pasado 17 de marzo de 2017. También se aduce que el notario presentó un es-crito en el cual informa que ha decidido cesar voluntaria-mente del ejercicio de la notaría; ello, sin la autorización expresa de este Tribunal y sin encaminar el trámite de rigor ante la ODIN, proceso que no podría completar por las deficiencias que prevalecen en su obra protocolar.

Asimismo, la ODIN afirma que el notario removió su obra protocolar de su sede notarial sin obtener la autoriza-ción del Director de la Oficina de Inspección de Notarías, según exigido por los Arts. 48 y 53 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA secs. 2072 y 2077, respectivamente.

Por otro lado, también se nos informa que el notario abandonó la jurisdicción de Puerto Rico sin haber notifi-cado a la ODIN de la designación de un notario sustituto durante el tiempo en que estará residiendo en el estado de Florida, Estados Unidos.

De igual manera, se acredita que el notario no ha actua-lizado su información en el Registro Único de Abogados y Abogadas del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Evaluados el informe notificando el reiterado incumpli-miento del Ledo. Eliezer Soto Alicea con las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico, la conducta desplegada y la indiferencia mostrada ante las órdenes de este Tribunal, se ordena la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría del letrado. Por consiguiente, se or- dena al alguacil de este Tribunal incautar inmediatamente la obra protocolar y el sello notarial del licenciado Soto Alicea y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para su examen e informe correspondientes.

Notifíquese personalmente. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


text:
    Gladys Bobé, Edgardo O. Díaz, Nelson Ramos Irizarry, Lymarie Rivera, Saribel Matienzo, Carlos Plá y María Fernández, recurridos, v. UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico, Inc., peticionario.

      Número: CC-2016-179

      Resuelto: 2 de mayo de 2017

      Salvador Antonetti Stutts, Carla García Benitez, Carlos A. Valldejuly Sastre y Alejandro J. García Caraballo, de O’Neill & Borges LLC, abogados de la parte peticionaria; Harold Vicente González, Harold Vicente Colón, Verónica Irizarry Báez, de Vicente & Cuebas, y Francisco Pujol Me-neses, de Francisco Pujol Law Offices, PSC, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

En Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991), atendimos una controversia muy similar a la que nos ocupa en este caso. En aquella ocasión, una entidad corpo-rativa, Unisys Puerto Rico, Ine., presentó una reclamación sobre cobro de dinero por la venta de un equipo de compu-tadoras en contra de otra corporación, Ramallo Brothers Printing, Inc. (Ramallo). A su vez, Ramallo presentó una demanda contra tercero en contra de Management Information Corporation (Management), en la cual solicitó la resolución de su contrato de suministro de un sistema de programación con esa compañía. Ante ello, Management exigió el cumplimiento específico de la cláusula de selec-ción de foro que pactó con Ramallo para que la controversia entre éstos se dilucidara en los tribunales de Michigan. No obstante, Ramallo se opuso a la solicitud por entender que Management era una parte indispensable en el pleito original y que, por lo tanto, su exclusión derrotaría la política pública del Estado de que comparezcan en el pleito todas aquellas partes indispensables para que puedan adjudi-carse las controversias.

A esos fines, en Unisys v. Ramallo Brothers, supra, reconocimos que las cláusulas contractuales de selección de foro son prima facie válidas y que quien se oponga a su aplicación tendrá el peso de la prueba. No obstante, adop-tamos cuatro circunstancias en las cuales no se aplicarán las cláusulas de selección de foro; éstas son las siguientes: (1) el foro seleccionado resulta ser irrazonable e injusto; (2) de ventilarse el caso, en dicho foro se incurriría en una clara y patente inequidad, o sería irrazonable o injusto; (3) la cláusula no es válida porque fue negociada mediando fraude o engaño, y (4) la implantación de dicha cláusula derrotaría la política pública del Estado. Luego de eva-luar la controversia enmarcada en los criterios señalados, resolvimos que —según las circunstancias particulares de ese caso— no procedía la implantación de la cláusula de selección de foro, pues ello resultaría en una clara y pa-tente inequidad para todas las partes del caso.

Como indicamos, las circunstancias de este caso son muy parecidas a las de Unisys v. Ramallo Brothers, supra, excepto que en esta ocasión nos corresponde aclarar el al-cance de la tercera excepción al cumplimiento de una cláu-sula de selección de foro. Es decir, nos corresponde puntua-lizar cuál es el fraude o engaño capaz de invalidar una cláusula contractual de selección de foro. Resolvemos que es el fraude o engaño en la inclusión de la cláusula de selección de foro, y no aquel relacionado a la firma del con-trato, el que hace ineficaz la cláusula.

Además, debemos determinar si al evaluar una petición de sentencia sumaria para exigir el cumplimiento especí-fico de una cláusula contractual de selección de foro, los hechos en controversia, para ser considerados, deben cir-cunscribirse a los fundamentos por los cuales se solicita la sentencia sumaria. Resolvemos que sí. Los hechos son los siguientes.

H

El 10 de abril de 2015, mediante la presentación de una Demanda Enmendada, la Sra. Gladys Bobé, el Sr. Nelson Ramos Irizarry, la Sra. Lymarie Rivera, la Sra. Saribel Ma-tienzo, el Sr. Carlos Plá y la Sra. María Fernández, entre otros (los recurridos), presentaron una solicitud de senten-cia declaratoria e injunction contra UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico, Inc. (UBS-PR o peticionaria). En esencia, los recurridos solicitaron que se declararan nu-los ciertos contratos de líneas de crédito que éstos suscribie-ron con la compañía UBS Bank USA (UBS-USA), entidad predecesora en interés de UBS-PR. A esos efectos, alega-ron que los referidos préstamos se aprobaron mediante fraude y engaño, pues ellos ignoraban que UBS-PR y sus corredores habían incurrido en violaciones de ley al tratar de manipular el valor en el mercado de esas inversiones y al ofrecerles tomar dinero prestado de UBS-USA, una entidad cuya existencia supuestamente desconocían. Además, argü-yeron que eran ilegales, ya que UBS-USA, la compañía que originó los préstamos, no estaba autorizada según las leyes de Puerto Rico para hacer negocios en nuestra jurisdicción.

El 22 de abril de 2015, UBS-PR presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción ante el Tribunal de Primera Instancia. En síntesis, alegó que ese foro no tenía jurisdicción para atender el asunto, pues los contratos in-cluían una cláusula de selección de foro que establecía que cualquier disputa o reclamación que surgiera en torno a los préstamos otorgados debía presentarse en los tribunales de Utah. Específicamente, la cláusula, firmada por los re-curridos y UBS-USA, dispone lo siguiente:

(17) Choice of Forum; Waiver of Jury Trial—

a) Any suit, action or proceeding arising out or related to this agreement or the transactions contemplated by this agreement or any judgment entered by any court regarding this agreement or the transactions contemplated by this agreement will be brought and maintained exclusively in the Third Judicial District Court for the State of Utah or in the United States District Court for the State of Utah. Each of the loan parties irrevocably submits to the jurisdiction of the courts of the Third Judicial District Court for the State of Utah and of the United States District Court for the State of Utah for the purpose of any such action or proceeding as set forth above and irrevocably agrees to be bound by any judgment rendered thereby in connection with such action or proceeding. Each of the loan parties irrevocably waives, to the fullest extent permitted by law, any objection which it may have now or in the future to the laying of venue of any such action or proceeding brought in any such court referred to above and any claim that any such action or proceeding has been brought in an inconvenient forum. (Énfasis suplido).

Por su parte, los recurridos presentaron su oposición a la moción de desestimación, en la cual alegaron que la cláusula de selección de foro era inaplicable. Ello pues, la entidad con la que habían pactado la cláusula (UBS-USA) ya no era parte en el pleito y, por ende, UBS-PR no podía invocar su cumplimiento.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden, en la cual determinó que la cláusula de selec-ción de foro invocada por UBS-PR no le aplicaba a esa entidad. A su vez, ordenó que se continuara con el descu-brimiento de prueba, según había sido calendarizado.

Consecuentemente, UBS-PR presentó un recurso de cer-tiorari ante el Tribunal de Apelaciones, KLCE201500624, junto a una moción en auxilio de jurisdicción para parali-zar el trámite ante el Tribunal de Primera Instancia. El foro apelativo intermedio expidió el auto y confirmó la de-terminación del tribunal de instancia. No obstante, en su Sentencia señaló que la controversia en este caso se tra-taba del cumplimiento estricto de una cláusula contractual. A su vez, indicó que el foro de instancia aún tenía que resolver el asunto sobre la validez de la cláusula para determinar el foro judicial en el que se atendería y adjudicaría el pleito en sus méritos.

Inconforme, UBS-PR acudió ante este Tribunal y señaló que el Tribunal de Apelaciones incidió al confirmar la de-terminación del foro de instancia. En ese entonces, esta Curia denegó tanto la solicitud de auxilio de jurisdicción como la petición de certiorari.

Posteriormente, UBS-PR presentó una moción de sen-tencia sumaria ante el Tribunal de Primera Instancia. En ese escrito la peticionaria, como sucesora de todos los inte-reses de UBS-USA sobre las líneas de crédito otorgadas a los recurridos, solicitó que se ordenara el cumplimiento es-pecífico de la cláusula de selección de foro y, por ende, se desestimara el pleito ante el tribunal de instancia. Es de-cir, explicó que el pleito en sus méritos debía presentarse por los recurridos en el foro seleccionado por las partes: los tribunales de Utah.

Por su parte, los recurridos presentaron su oposición a la moción de sentencia sumaria, en la cual argüyeron prin-cipalmente que no procedía la desestimación del pleito, ya que el tribunal de instancia había resuelto que la cláusula de selección de foro no le aplicaba a UBS-PR y que la de-terminación había advenido final, firme e inapelable. Ade-más, sostuvieron que existía una controversia genuina de hechos en cuanto a si UBS-USA accedió a prestarles dinero a los recurridos y si éstos aceptaron repagarlo. A esos efec-tos, los recurridos señalaron que, de varias deposiciones de algunos de los recurridos surgía, que éstos desconocían que UBS-USA y UBS-PR eran entidades separadas y que esta-ban haciendo negocios con UBS-USA.

Luego de examinar los argumentos de las partes, el foro de instancia denegó la solicitud por entender que existían hechos materiales en controversia. A su vez, en cuanto al asunto de la cláusula de selección de foro, dispuso que ya había sido resuelto por ese tribunal y confirmado por los foros superiores.

Así pues, UBS-PR acudió nuevamente ante el Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari, KLCE201600324, en la cual argüyó que el foro de instancia incidió al no desestimar sumariamente la demanda y al no ordenar el cumplimiento de la cláusula de selección de foro allí invocada.

Así las cosas, el foro apelativo intermedio coincidió con la determinación del tribunal de instancia en cuanto a la existencia de hechos materiales en controversia. No obs-tante, cabe destacar que los hechos a los que ambos foros aluden están relacionados a los méritos del caso y no al asunto sobre la validez de la cláusula de selección de foro. En cuanto a la mencionada cláusula, el Tribunal de Ape-laciones dispuso que aún “permanece al cometido del Tribunal de Primera Instancia resolver oportunamente la vi-gencia de la misma por las vías argumentativas y/o probatorias que conforme a su discreción determine, a fin de establecer el foro judicial en el que se adjudicará el pleito en sus méritos”.

Insatisfecho aún, el 7 de marzo de 2016 UBS-PR com-pareció ante nosotros mediante una Petición de certiorari y Moción urgente de orden de paralización inmediata en au-xilio de jurisdicción. En sus escritos nos solicitó la parali-zación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y, a su vez, pidió que revoquemos la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Específicamente, UBS-PR se-ñaló la comisión de dos errores:

Erró el tribunal apelativo al no exigir se ordenara el cumpli-miento específico de la cláusula de selección de foro invocada por UBS PR, basándose en controversias fácticas inmateriales a tal cumplimiento.
Erró el tribunal apelativo al no sopesar la evidencia presen-tada para concluir que, ante la ausencia de prueba alguna que ponga en duda la efectividad de la cláusula de selección de foro, aun así hacía falta una vista evidenciaría. Petición de certiorari, pág. 9.

Por su parte, los recurridos presentaron oportunamente su oposición a la referida solicitud. En ella, reiteraron sus argumentos anteriores sobre que UBS-PR pretendía volver a litigar asuntos que ya fueron atendidos y adjudicados por los tribunales.

Así las cosas, el 8 de marzo de 2016 emitimos una Re-solución, en la cual ordenamos la paralización de los pro-cedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y expe-dimos el recurso de certiorari.

Luego de examinar las circunstancias particulares del caso ante nuestra consideración, la totalidad del expe-diente y el estado de derecho aplicable, procedemos a resolver mediante los fundamentos que expondremos a continuación.

(—i HH

A. Las cláusulas contractuales de selección de foro

En nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de libre contratación. Por ello, cuando las partes contra-tantes efectúan un negocio jurídico pueden incluir las cláu-sulas y condiciones que estimen necesarias, siempre que éstas no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público. Consecuentemente, las obligaciones contraídas, según lo dispuesto, tendrán fuerza de ley entre los contra-tantes y deberán ser cumplidas por éstos. Así pues, si existen las condiciones necesarias para su validez, los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó.

Como parte de la voluntad e intención de los con-tratantes, éstos pueden incluir en sus contratos una cláu-sula de selección de foro. El propósito de incluir esa dispo-sición es establecer cuál será el foro donde se atenderán las disputas posibles que puedan surgir de la relación contractual entre las partes.

Como anticipamos, en Unisys v. Ramallo Brothers, supra, reconocimos que las cláusulas contractua-les de selección de foro son prima facie válidas y que quien se oponga a su aplicación tendrá el peso de la prueba. No obstante, existen una serie de criterios que se considerarán para determinar si las referidas cláusulas son inaplicables en ciertos casos. A esos efectos, hemos expresado que las cláusulas de selección de foro no aplicarán en las circuns-tancias siguientes:

1. El foro seleccionado resulta ser irrazonable e injusto.
2. De ventilarse el caso en dicho foro, se incurriría en una clara y patente inequidad, o sería irrazonable o injusto.
3. La cláusula no es válida porque fue negociada mediando fraude o engaño.
4. La implantación de dicha cláusula derrotaría la política pú-blica del Estado. (Énfasis suplido).

Es importante señalar que la parte que se opone a la aplicación de la cláusula de selección de foro tiene que de-mostrar que a ésta le aplica una de las excepciones. Ello, pues “[l]a validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”.

En cuanto a la excepción de foro no conveniente, hemos expresado que si la cláusula de selección de foro fue producto de la negociación entre los contratantes, quie-nes tuvieron que considerar las ventajas y desventajas del foro seleccionado, no es suficiente alegar que ese foro es inconveniente para que un tribunal decrete su inaplicabilidad. Por ello, en Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512, 522 (2009), resolvimos que “la parte que alegue que el foro seleccionado en el contrato es inconveniente, deberá demostrar que tal inconveniencia es tan grave que, para todos los propósitos prácticos, sería privado de su día en corte”. Ello pues, “no se puede con-cluir, sin más, que cumplir con la cláusula de selección de foro estipulada en el contrato es injusto e irrazonable”.

Por otro lado, este Tribunal aún no ha tenido la oportu-nidad de pronunciarse sobre la tercera excepción a la apli-cabilidad de una cláusula de selección de foro: cuando la referida cláusula no es válida por haber sido negociada me-diando fraude o engaño. Específicamente, nos compete aclarar en qué consiste el fraude o el engaño que invalida una cláusula contractual de selección de foro. Para ello, examinaremos jurisprudencia federal norteamericana donde este tema ha sido discutido ampliamente.

En el caso de Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 US 395 (1967), el Tribunal Supremo federal interpretó la See. 4 del United States Arbitration Act, 9 USCA sec. 4, la cual provee un remedio a la parte que exige el cumplimiento específico de un acuerdo de arbitraje. A esos efectos, la referida sección establece lo siguiente:

[...] The court shall hear the parties, and upon being satisfied that the making of the agreement for arbitration or the failure to comply therewith is not in issue, the court shall make an order directing the parties to proceed to arbitration in accordance with the terms of the agreement [...] (Énfasis suplido).

Así, el máximo foro federal resolvió que, cuando existe una reclamación sobre un alegado fraude en la inclusión de la cláusula de arbitraje en un contrato, los tribunales fede-rales solo atenderán las controversias relacionadas a la formulación del acuerdo de arbitraje. Ello, pues el esta-tuto no permite al tribunal federal considerar reclamacio-nes de fraude al suscribir el contrato en general.

Así las cosas, en The Bremen v. Zapata Off-Shore Co., 407 US 1 (1972), el Tribunal Supremo federal indicó que una cláusula de selección de foro que forma parte de un contrato en el que no ha mediado fraude debe tener pleno efecto. Además, en Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 US 506 (1974), se aclaró que el fraude que invalida una cláu-sula de selección de foro, al igual que una cláusula de ar-bitraje, es aquel relacionado con la cláusula misma. En lo pertinente, el máximo Foro federal expresó lo siguiente:

In The Bremen we noted that forum-selection clauses “should be given full effect” when “a freely negotiated private international agreement (is) unaffected by fraud [...].”
This qualification does not mean that any time a dispute arising out of a transaction is based upon an allegation of fraud, as in this case, the clause is unenforceable. Rather, it means that an arbitration or forum-selection clause in a contract is not enforceable if the inclusion of that clause in the contract was the product of fraud or coercion. (Enfasis suplido y citas omitidas).

De lo anterior se concluye que la alegación de fraude que invalida una cláusula de selección de foro no se trata de aquel fraude o engaño relacionado al contrato en general, sino en la inclusión de la cláusula de selección de foro. Así, la parte que pretende dejar sin efecto la cláusula de selección de foro tiene que atacar su validez de forma específica, demostrando que ésta fue incluida en el contrato como resultado de fraude o engaño. Por lo tanto, a una parte no se le debe permitir escapar de una cláusula de selección de foro por el solo hecho de reclamar la invalidez del contrato en general, ya que se presume válido y, por ende, la cláusula de selección de foro se mantiene vigente.

Siguiendo la doctrina, en Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute, 499 US 585 (1991), el Tribunal Supremo federal re-solvió que una cláusula de selección de foro en el boleto de un pasajero debe ser respetada cuando no hay evidencia de fraude o abuso para obtener la aceptación de la cláusula y cuando el contrato no se vio afectado por la mala fe en la selección del foro.

Cabe destacar que la mayoría de los tribunales —tanto los federales como los estatales— coinciden en que las cláusulas de selección de foro son apropiadas y obligatorias. Además, una gran cantidad de jurisdiccio-nes concuerdan en que solo en contadas ocasiones una cláusula de selección de foro será invalidada, fundamen-tada en haber sido incluida en un contrato como resultado de ffaude.

B. El mecanismo de la sentencia sumaria

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, contiene el mecanismo procesal que provee nuestro orde-namiento para que el tribunal pueda dictar una sentencia de forma sumaria. Ello con el propósito de facilitar la solución justa, rápida y económica de los pleitos en los cua-les no existan controversias genuinas de hechos materiales y, por ende, no ameritan la resolución de un juicio plenario.

A esos efectos, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite que cualquier parte en el litigio pueda solicitar al tribunal que dicte una sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad del pleito o cualquier parte de la reclamación. A esos fines, la regla dispone que el solici-tante deberá presentar una moción basada en declaracio-nes juradas u otra evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. Por ello, le corresponde a la parte que pro-mueve la moción de sentencia sumaria establecer su dere-cho con claridad y demostrar que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material.

En cuanto a lo que constituye un hecho material, hemos establecido que es todo aquel que puede afectar el resultado de la reclamación según el derecho sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real, por lo que cualquier duda es insufi-ciente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. Es decir, la duda debe ser de tal naturaleza que se pueda colegir la existencia de una controversia real y sustancial sobre hechos esenciales y pertinentes. Cabe destacar, que la regla se refiere a hechos “esenciales” y “pertinentes” a la controversia planteada en la solicitud de sentencia sumaria.

Por otro lado, la parte que se opone a que el tribunal resuelva el caso por la vía sumaria no podrá descan-sar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que deberá contestar en forma de-tallada y específica, como lo hiciera la parte solicitante.

Una vez presentadas la solicitud de sentencia su-maria y su oposición, el tribunal analizará tanto los docu-mentos incluidos en ambas mociones como los que obren en el expediente del tribunal, y determinará si la parte oposi-tora controvirtió algún hecho material y esencial o si hay alegaciones de la demanda que no han sido refutadas en forma alguna por los documentos. Así, el tribunal solo dictará una sentencia de forma sumaria cuando suija cla-ramente de los hechos materiales no controvertidos que el promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable y, además, cuenta con la verdad de todos los hechos necesa-rios para poder resolver la controversia.

I—I H-1 l—i

Por estar estrechamente vinculados entre sí, discutire-mos en conjunto los dos errores señalados.

En síntesis, UBS-PR argumenta que el Tribunal de Ape-laciones incidió al no ordenar el cumplimiento específico de la cláusula de selección de foro, basándose en controversias fácticas inmateriales a tal asunto y al determinar que era necesaria la celebración de una vista evidenciaría. Tiene razón.

Como mencionamos, cuando las partes incluyen una cláusula de selección de foro en un contrato, ésta debe ser respetada, pues obedece a la voluntad de los contratantes. Por ello, esta cláusula se presume válida y le corresponde a la parte que se opone a su cumplimiento probar la invalidez.

En este caso, UBS-PR, como sucesora de todos los inte-reses de UBS-USA relacionados con las líneas de crédito otorgadas a los recurridos, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia sumaria, para ordenar el cumplimiento específico de la cláusula de selección de foro contenida en el contrato suscrito. Es decir, la moción fue presentada con el único propósito de demostrar que las partes habían firmado una cláusula de selección de foro que conllevaba que el caso fuese atendido en Utah.

Por su parte, los recurridos alegaron fraude en los con-tratos suscritos con UBS-USA en su oposición a la moción de sentencia sumaria. Particularmente, éstos sostuvieron que las líneas de crédito fueron concedidas ilegalmente, ya que UBS-USA nunca estuvo autorizada en ley para otorgar préstamos en Puerto Rico. Además, adujeron que de las deposiciones que les tomaron a varios de ellos, surge que existe controversia sustancial en cuanto a si éstos acepta-ron repagar a UBS-USA el dinero prestado mediante las referidas líneas de crédito. Ello pues, los recurridos su-puestamente desconocían las circunstancias siguientes: la existencia de UBS-USA, el hecho de que UBS-USA era una entidad separada de UBS-PR y que estaban haciendo ne-gocios con UBS-USA en lugar de UBS-PR. Por ello, argü-yeron que los préstamos otorgados a ellos son nulos ab ini-tio y, consecuentemente, también es nula la cláusula de selección de foro.

De una lectura de las alegaciones de los recurridos contra la aplicabilidad de la cláusula de selección de foro se puede colegir que están dirigidas a rebatir la validez del contrato en general, supuestamente, por haber mediado en-gaño sobre quién era la parte contratante al momento de suscribir el acuerdo y por los otros fundamentos expuestos. Incluso, de la oposición a la moción de desestimación que se presentó, surge con claridad su conclusión de que “[l]os préstamos que sin autorización reglamentaria otorgó [UBS-USA] en Puerto Rico, son nulos ab initio y por con-siguiente, también es nula la Cláusula de Selección de Foro”. (Enfasis en el original). En fin, en su oposición, los recurridos no incluyeron alguna alegación específica-mente dirigida a rebatir la presunción de validez de la cláusula de selección de foro.

De acuerdo con la doctrina discutida, consideramos que la validez y aplicabilidad de una cláusula de selección de foro es un asunto de umbral que se debe atender antes de examinar la validez de un contrato en general. Ello pues, su propósito precisamente es que las partes diluciden las posibles controversias surgidas entre ellas en el foro esco-gido por éstas. La eficacia de la cláusula está protegida, pues el contrato se presume válido y, por ende, la cláusula también goza de dicha presunción hasta que se demuestre lo contrario.

Ahora bien, dado a que un foro debe determinar prime-ramente la validez de la cláusula de selección de foro, quien se opone a su aplicación tiene el deber de probar su invalidez. Es decir, tiene que atacar la cláusula en sí, no siendo suficientes las alegaciones contra el contrato en general. Como expusimos, cuando se intenta impugnar una cláusula de selección de foro por haber mediado fraude o engaño (como ocurrió en este caso) no bastará con alegar que el contrato en general se suscribió con esos medios, sino que habrá que demostrar que la cláusula de selección de foro se introdujo al contrato mediante fraude o engaño. De lo contrario, la cláusula mantiene su vigencia y las contro-versias que surjan del contrato, incluyendo las alegaciones de fraude en la contratación, se deberán adjudicar en el foro acordado.

Una vez aclarado el asunto de los requisitos para im-pugnar la validez de la cláusula por alegado fraude o en-gaño, pasemos a evaluar si procedía dictar sentencia de forma sumaria.

Como indicamos, en nuestro ordenamiento jurídico, una parte que presente una moción de sentencia sumaria de-berá presentar un escrito fundado en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de hechos materiales en contro-versia que sean pertinentes al mencionado propósito, se-gún las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. De igual modo, quien se opone a que se dicte sentencia sumaria deberá incluir en su moción aquella evi-dencia que esté dirigida específicamente a demostrar la existencia de controversias sobre hechos esenciales.

Por lo tanto, cuando se presente una moción de senten-cia sumaria con el único fin de exigir el cumplimiento es-pecífico de una cláusula contractual de selección de foro, el tribunal solo examinará si existe alguna controversia rela-cionada a la invalidez de la cláusula de selección de foro. Consecuentemente, no considerará algún otro hecho con-cerniente al caso en sus méritos o que esté orientado a impugnar el contrato en general. Ello pues, al momento de evaluar la validez de una cláusula de selección de foro, el cual constituye un asunto de umbral, lo que se analiza es la validez de la cláusula en sí, independientemente de las reclamaciones que se puedan tener sobre el resto del contrato.

De un examen del expediente podemos colegir que el Tribunal de Primera Instancia, al evaluar la moción de sentencia sumaria, lo hizo enmarcado en los méritos del caso y no en la controversia planteada en la moción sobre la validez y exigibilidad de la cláusula de selección de foro.

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones, al igual que el foro de instancia, evaluó los méritos del caso sobre la validez del contrato en general, coincidiendo con el tribunal de instancia en cuanto a la existencia de controversia a esos efectos. Además, señaló que le correspondía al Tribunal de Primera Instancia hacer la determinación sobre la validez de la cláusula de selección de foro. Conforme a la normativa expuesta, al evaluar de novo la moción de sen-tencia sumaria, el Tribunal de Apelaciones solo debió con-siderar los hechos materiales relacionados a la validez de la cláusula de selección de foro y no aquellos hechos mate-riales concernientes a las alegaciones del pleito en su totalidad.

Así, ante la moción de sentencia sumaria, los foros re-curridos tenían que limitarse a evaluar si la parte oposi-tora demostró que existían hechos materiales en controver-sia relacionados a algunos de los criterios establecidos en Unisys v. Ramallo Brothers, supra, sobre la validez de las cláusulas de selección de foro que ameritaran la celebra-ción de una vista a esos fines. Por consiguiente, procede devolver el caso al tribunal de instancia para que evalúe la controversia ante sí conforme a lo aquí resuelto.

IV

Por los fundamentos expuestos, revocamos la determi-nación del Tribunal de Apelaciones y ordenamos la devolu-ción del caso al Tribunal de Primera Instancia para que realice el análisis correspondiente conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervienen.

        Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, 857 (1991).

       Id., pág. 863.

       El 20 de diciembre de 2013, UBS Bank USA (UBS-USA) y UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico (UBS-PR) otorgaron un contrato de venta de préstamos en el cual se cedieron a UBS-PR todos los intereses de UBS-USA sobre los préstamos pendientes otorgados a residentes de Puerto Rico, incluyendo los de los recurridos. La cesión se dio luego de una investigación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF) que culminó en un acuerdo re-gulatorio que obligó a UBS-USA a ceder los préstamos a UBS-PR.

       UBS Credit Line Agreement, suscrito entre UBS-USA y Edgardo O. Díaz Fernández y Gladys Bobé. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 95-96.

       Sentencia de Tribunal de Apelaciones de 4 de marzo de 2016, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 661-667.

       Archivada en autos la copia de la notificación de la Resolución el 9 de marzo de 2016.

       Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 3372. Véanse, además: Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles, 194 DPR 258, 266 (2015); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008); Cond. Prof. S.J. H. Centre v. P.R.F., Inc., 133 DPR 488, 503 (1993).

       Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA see. 2994; Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles, supra.

       Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles, supra, pág. 267; De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999).

        Unisys v. Ramallo Brothers, supra, pág. 857.

         Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512, 521 (2009).

       Íd.; Art. 1208 del Código Civil, 31 LPRA see. 3373.

        Abengoa S.A v. American Intl. Ins., supra.

       Íd., pág. 522.

       9 USCA see. 4.

        Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 US 395, 403-404 (1967).

       Íd., pág. 404.

        Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 US 506, 519 esc. 14 (1974).

        Lambert v. Kysar, 983 F.2d 1110, 1121 (1er Cir. 1993). Véase, además, M. Gruson, Forum-Selection Clauses in International and Interstate Commercial Agreements, 1982 U. Ill. L.Rev. 133, 165 (1982).

       Véase, también, R.A. Gantner, Contracts —Forum Selection— Absent Bad Faith, Fraud or Overreaching, a Reasonable Forum Selection Clause in a Commercial Cruise Form Contract is Enforceable-Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute, 111 S. Ct. 1522 (1991), 22 Seton Hall L. Rev. 505, 510 (1992).

       Véanse: Lambert v. Kysar, supra, pág. 1119 esc. 12; F.M. Dougherty, Validity of contractual provision limiting place or court in which action may be brought, 31 A.L.R.4th 404 (1984).

       Véanse: M.D. Moberly y C.F. Burr, Enforcing Forum Selection Clauses in State Court, 39 Sw. L. Rev. 265, 285 (2009) (“As a result, in Colorado, as in most other jurisdictions, a forum selection clause will rarely be invalidated on the ground that it was induced by fraud”); Hoffman v. Minuteman Press Intern., Inc., 747 F. Supp. 552, 557 esc. 3 (W.D. Mo. 1990) (“[I]t is difficult to envision a situation where there could be fraud in the inducement of a forum clause itself”).

        Torres Pagan et al. v. Mun. de Ponce, 191 DPR 583, 597 (2014).

       Íd. Véanse, también: Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594-595 (2013); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010).

       Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

        Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015); Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006).

        Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010), citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 609; Mun. de Añasco v. ASES et al., supra, págs. 326-327.

        Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214.

        Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.

       Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

        Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, supra, pág. 598; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).

        Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 109-110; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012); Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848.

       Oposición a “Moción de desestimación por falta de jurisdicción”, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 252.


text:
      In re Osvaldo Ortiz Medina.

      Número: AB-2002-232

      Resuelto: 2 de mayo de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, en in-forme; Vanessa Lugo Flores, subprocuradora general, Norma Regina Brignoni Serrano e Yvonne Casanova Pe-losi, procuradoras generales auxiliares; Osvaldo Ortiz Medina, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos precisados a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un integrante de la clase togada por incumplir con las órdenes de este Tribunal.

El Ledo. Osvaldo Ortiz Medina (licenciado Ortiz Medina) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1987. El 2 de octubre de 1987 prestó juramento para ejercer el notariado en nuestra jurisdicción. Por los funda-mentos que enunciamos a continuación, se ordena la sus-pensión inmediata e indefinida del licenciado Ortiz Medina del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

A continuación, exponemos los antecedentes fácticos que sostienen nuestro dictamen.

HH

El proceso disciplinario contra el licenciado Ortiz Medina surgió como consecuencia del caso civil Banco Bilbao Vizcaya de Puerto Rico v. Cario Aymat, CD-1994-1021, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Al revisar una orden de lanzamiento emitida por el foro de instancia en dicho proceso, el Tribunal de Apelaciones nos refirió al li-cenciado Ortiz Medina para la investigación disciplinaria correspondiente, puesto que el letrado compareció ante dicho foro a pesar de haber autorizado las escrituras de com-praventa en virtud de las cuales se reclamaban ciertos de-rechos propietarios. El foro a quo emitió una Resolución en la que confirmó la orden de lanzamiento emitida por el foro de instancia. Así las cosas, los allí recurrentes deman-daron al licenciado Ortiz Medina por alegada impericia profesional.

La reclamación de impericia profesional fue bifurcada. El 16 de abril de 2004, el foro de instancia dictó una Sen-tencia Parcial. Resolvió, inter alia, que el licenciado Ortiz Medina había sido negligente. La decisión fue apelada. El 21 de octubre de 2004, el foro a quo emitió una Sentencia en la que confirmó el dictamen emitido por el foro de instancia. Así las cosas, y antes de celebrada la vista en su fondo sobre daños, el licenciado Ortiz Medina llegó a un acuerdo transaccional con los demandantes. El 15 de diciembre de 2006, el foro de instancia emitió una Sentencia Parcial en la que autorizó el desistimiento voluntario de las reclamaciones presentadas en su contra. El 2 de julio de 2007 dicho foro dictó Sentencia final en la que declaró “con lugar” la demanda contra los codemandados.

El procedimiento disciplinario contra el licenciado Ortiz Medina transcurrió paralelamente. El 25 de abril de 2003 ordenamos la paralización de la investigación disciplinaria en su contra hasta tanto finalizara la reclamación de impe-ricia profesional. No obstante, le ordenamos que nos mantu-viera informado sobre el estado procesal de la reclamación.

Luego de varios trámites procesales, el 24 de junio de 2005 emitimos una Resolución en la que le ordenamos al licenciado Ortiz Medina que nos informara el estado pro-cesal de la reclamación de impericia profesional en su contra. El 10 de julio de 2005, el licenciado Ortiz Medina presentó una Moción Informativa, en la que indicó que tal reclamación se encontraba sub-judice, pues estaba pen-diente la vista en su fondo sobre daños. Posteriormente, ordenamos al licenciado Ortiz Medina que nos informara el estado procesal de la reclamación en su contra mediante Resoluciones de 20 de agosto de 2008 y de 2 de febrero de 2011, respectivamente.

El 4 de junio de 2012 emitimos una Resolución en virtud de la cual tomamos conocimiento de que en el 9 de julio de 2007 el foro de instancia había dictado sentencia final en el caso de impericia profesional. Concedimos entonces un tér-mino al licenciado Ortiz Medina para que se expresara en cuanto a la continuación del proceso disciplinario. El le-trado indicó que para la fecha cuando el foro de instancia dictó la Sentencia Final, este ya no era parte en el pleito, pues los demandantes habían desistido de la reclamación en su contra.

Luego de varios trámites procesales, la Procuradora General emitió su informe. Recomendó la suspensión inme-diata e indefinida del peticionario del ejercicio de la notaría. El 27 de enero de 2017, luego de haber evaluado el Informe de la Procuradora General, suspendimos del ejercicio de la notaría al licenciado Ortiz Medina, como me-dida cautelar, entretanto se presentaba la querella correspondiente.

El licenciado Ortiz Medina presentó una Solicitud de Reconsideración. El 14 de marzo de 2017 la denegamos, ordenamos la paralización del procedimiento disciplinario en su contra y le concedimos un término de quince (15) días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspen-dido del ejercicio de la abogacía. Ello, pues al examinar la totalidad del expediente nos percatamos que el licenciado Ortiz Medina nos había ocultado información pertinente al proceso disciplinario de epígrafe por más de diez (10) años. Específicamente, omitió informarnos: (1) la determinación de negligencia que hizo el foro de instancia en su contra; (2) la sentencia emitida por el foro a quo, en la que se confirmó la determinación del foro de instancia, y (3) la transacción extrajudicial que llevó a cabo con los deman-dantes y en virtud de la cual se dictó Sentencia Parcial desestimando las reclamaciones en su contra.

Ante la Solicitud de Prórroga presentada por el licen-ciado Ortiz Medina, le concedimos un término final e impro-rrogable de cinco (5) días para que cumpliera con nuestra Resolución de 14 de marzo de 2017. El letrado compareció mediante un escrito intitulado Moción de Cumplimiento de Orden. Enumeró tres (3) motivos para justificar sus omisiones. Primero, indicó que tanto la determinación de negligencia hecha por el foro de instancia como la sentencia del Tribunal de Apelaciones que la confirmó surgían del ex-pediente del caso, Núm. XDP-1998-0355. Señaló que “[djichos documentos no se pueden ocultar. Son documentos públicos. Incluso el honorable Tribunal Supremo pudo to-mar conocimiento judicial de la existencia de los mismos”. Moción en cumplimiento de orden, 24 de abril de 2017, pág. 1. Segundo, señaló que cuando las sentencias advinieron finales y firmes, este indemnizó a los demandantes con $30,000 y que dicha indemnización motivó la Sentencia Par-cial en la que se archivó la reclamación en su contra. Ter-cero, puntualizó que una vez archivado el caso, “quizás de forma errónea, pero sin que mediara mala f[e]”, entendió que la reclamación en su contra por impericia profesional había finalizado sin peijuicio a que la determinación de ne-gligencia se utilizara en su contra durante el proceso disciplinario. Id.

Evaluada la moción, pasemos a exponer la normativa aplicable a esta relación de hechos.

H—I

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una atención escrupulosa y obediencia completa a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre conducta profesional. In re Bello Rivera, 192 DPR 812 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015).

Además, hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agra-vio a la autoridad de los tribunales e infringe el referido Canon 9. In re Bello Rivera, supra; In re De Jesús Román, 192 DPR 799 (2015). Asimismo, hemos advertido que pro-cede su suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente a nuestros apercibimientos de impo-nerle sanciones disciplinarias. In re Ezratty Samo et al., 194 DPR Ap. (2016). Igualmente, y además de denotar indisci-plina, desobediencia, displicencia, falta de respeto y contu-macia hacia las autoridades, desatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario revela una gran fisura en el buen carácter que debe exhibir todo miem-bro de la profesión legal. In re Escalona Colón, 149 DPR 900, 901 (1999). Recientemente hemos ejercido nuestra au-toridad disciplinaria para suspender a miembros de la pro-fesión por dilatar injustificadamente el proceso disciplinario en su contra mediante la desatención a las órdenes de este Tribunal. In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014).

r-H HH I—i

Según relatáramos, el licenciado Ortiz Medina ha in-cumplido reiteradamente con nuestras órdenes y nuestros requerimientos. Peor aún, nos ocultó información alta-mente pertinente al proceso disciplinario de epígrafe. Ello no tiene cabida en nuestra profesión. Nos explicamos.

El 25 de abril de 2003 paralizamos la investigación dis-ciplinaria contra el licenciado Ortiz Medina en considera-ción a que aún estaba pendiente de resolución judicial la reclamación de impericia profesional presentada en su contra. La paralización estaría en vigor hasta que dicho pro-ceso judicial culminara. No obstante, le impusimos al licen-ciado Ortiz Medina la obligación afirmativa de mantenemos informados sobre el estado procesal del caso. En respuesta a nuestros requerimientos, el 10 de julio de 2005 el licenciado Ortiz Medina indicó que el pleito de impericia profesional en su contra se encontraba sub-judice, pues estaba pendiente la vista en su fondo sobre daños. Empero, obvió cumplir con nuestra orden en lo atinente a una etapa procesal medular, para fines de nuestra jurisdicción disciplinaria. Nótese que para esta fecha ya el Tribunal de Primera Instancia había emitido una Resolución en la que había determinado que el licenciado Ortiz Medina había sido negligente y el Tribunal de Apelaciones había emitido una Sentencia en la que había confirmado dicha determinación. Cabe destacar que esa no fue la única oportunidad que el licenciado Ortiz Medina tuvo para informarnos lo que realmente había acontecido en la reclamación de impericia profesional en su contra.

El 20 de agosto de 2008 le ordenamos nuevamente al licenciado Ortiz Medina que nos informara el estado pro-cesal de la reclamación de impericia profesional en su contra. El 12 de septiembre de 2008 presentó un escrito en el que solicitó veinte (20) días para cumplir con la orden mediante la presentación de unos documentos certificados que había solicitado. De dicha solicitud no surge qué docu-mentos pretendía presentar ni para qué propósitos quería presentarlos. Peor aún, no surge del expediente que haya presentado documento alguno ni dentro ni fuera del término solicitado. No obstante, y a pesar de su incumplimiento, el 2 de febrero de 2011 le ordenamos de nuevo que nos infor-mara el estado procesal de la reclamación en su contra. El 24 de marzo de 2011, el licenciado Ortiz Medina nos indicó que el pleito se encontraba pendiente en despacho. Nueva-mente, y por tercera ocasión, el licenciado Ortiz Medina omitió informarnos los acontecimientos reales de la recla-mación de impericia profesional instada en su contra.

El 4 de junio de 2012 emitimos una Resolución en virtud de la cual tomamos conocimiento judicial de que el 9 de julio de 2007 el foro de instancia había dictado sentencia en el caso en cuestión. Le ordenamos al licenciado Ortiz Medina que se expresara en torno a la continuación del proceso dis-ciplinario en su contra. Este indicó que para la fecha cuando el pleito en su contra había culminado, este ya no era parte en el pleito en virtud de un desistimiento voluntario. Por primera ocasión informó que los demandantes habían desis-tido de la reclamación en su contra. No obstante, y por cuarta ocasión, el licenciado Ortiz Medina ocultó que el foro de instancia había hecho una determinación de negligencia en su contra, la cual posteriormente fue confirmada por el foro a quo. En fin, el licenciado Ortiz Medina nunca nos informó que el caso de impericia profesional en su contra había culminado, aun cuando sabía que el proceso discipli-nario en su contra se había paralizado hasta tanto culmi-nara el de impericia. Examinando lo acontecido de la forma más favorable para el licenciado Ortiz Medina, mediante su omisión e inacción —ambas injustificadas y en claro menos-precio de nuestras directrices— este logró mantener parali-zada la investigación disciplinaria en su contra por al menos cinco (5) años.

El incumplimiento reiterado y obstinado por parte del licenciado Ortiz Medina con las órdenes de este Tribunal denota dejadez y despreocupación, máxime cuando su in-cumplimiento, al mismo tiempo, ha consistido en la oculta-ción de información requerida por este Tribunal. Cabe des-tacar que el licenciado Ortiz Medina estaba obligado a informar el estado procesal real de la reclamación de im-pericia profesional presentada en su contra. Después de todo, paralizamos el proceso disciplinario en su contra en consideración a que dicha reclamación todavía estaba pendiente. Aun así, y en claro desafío a este Tribunal, el licenciado Ortiz Medina indicó, en respuesta a la orden de mostrar causa, que obraban en el expediente judicial tanto la Resolución del foro de instancia (que determinó que el licenciado Ortiz Medina había sido negligente) como la Sentencia del foro a quo (en la que se confirmó dicha determinación). Indicó que dichos documentos eran públi-cos y que no se podían ocultar, por lo que este Tribunal muy bien pudo haber tomado conocimiento judicial de la existencia de estos. Esta actitud de indiferencia y menos-precio a la autoridad de este Tribunal constituye un patrón de desidia y refleja la falta de interés en continuar ejer-ciendo la profesión. Su conducta es inaceptable e incompatible con el ejercicio de la profesión de la abogacía.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión per cu-riam que antecede, la cual se hace formar parte de la sen-tencia, se suspende inmediata e indefinidamente del ejerci-cio de la abogacía al Ledo. Osvaldo Ortiz Medina. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realiza-dos e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en el término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Opi-nión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

        Banco Bilbao Vizcaya v. Cario Aymat, et al., KLCE00-01092, Resolución del 24 de octubre de 2001, pág. 7.

        Esterás Burgos v. Carlo Aymat, et al., Civil Núm. IDP-1998-0355. Los señores Aymat-Díaz fueron incluidos como codemandados. Alegaron que este había sido ne-gligente al: (1) no informarles sobre la existencia de la hipoteca y (2) presentar tardíamente las escrituras de compraventa, permitiendo de esta forma que sus res-pectivas participaciones sobre la finca fueran vendidas en una subasta judicial.

       Sentencia de 21 de octubre de 2004, KLAN200400809.

       El licenciado Ortiz Medina pagó $30,000 a los comuneros como parte de la transacción extrajudicial.

       La Procuradora General imputó al licenciado Ortiz Medina la comisión de las faltas siguientes: (1) afirmar hechos falsos con conocimiento de su falsedad, en vio-lación a la fe pública notarial; (2) no advertir las consecuencias del Aviso de De-manda ni de celebrar la compraventa sin haber sometido la segregación a la consi-deración de la Administración de Reglamentos y Permisos, y (3) pretender burlar la orden del tribunal de Aviso de Demanda al solicitar su cancelación. También reiteró la determinación del foro primario a los efectos de que el licenciado Ortiz Medina no había realizado un estudio de título. Sostuvo que tampoco incluyó la escritura de compraventa otorgada por los señores Vázquez-Burke en su índice notarial y que este había aceptado haber autorizado dicha escritura tras haberlo negado inicial-mente, lo que denotó falta de sinceridad. Añadió que el licenciado Ortiz Medina había representado legalmente a los señores Aymat-Díaz durante el recurso de cer-tiorari, a pesar de haber intervenido como notario en unos documentos relacionados con el pleito pendiente, todo en violación a las normas de conducta profesional. Es-pecíficamente, se le imputó la violación al Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA see. 2002; las Reglas 2, 5 y 12 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV; los Cánones 18-19, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, y los Arts. 38,42—43 y 112 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 LPRA ants. sees. 2201, 2205-2206 y 2401). Véase Informe de la Procura-dora General, págs. 16-17.


author: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Héctor M. Santiago Irizarry, recurrido.

      Número: CC-2016-0033

      Resuelto: 5 de mayo de 2017

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Lisa Ménica Durán Ortiz, procuradora general auxiliar, aboga-das de El Pueblo de Puerto Rico, parte peticionaria; Eliezer Rodríguez Cintrón, abogado de Héctor M. Santiago Irizarry, parte recurrida.
   La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si, conforme con lo resuelto en Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808 (1998), procede anular una sentencia dictada por un tribunal apelativo porque el apelante era un fugitivo al presentarse la apelación. A su vez, debemos resolver si presentar en evi-dencia armas no imputadas en la acusación, entre otra prueba, conlleva revocar la condena. Luego de analizar cui-dadosamente el derecho aplicable, concluimos que la doctrina de Pueblo v. Esquilín Díaz, supra, no presupone que se anule el dictamen recurrido. No obstante, revocamos en los méritos la sentencia del Tribunal de Apelaciones por considerar que la evidencia impugnada era pertinente y no existía base legal para excluirla.

1—4

El 26 de abril de 2010, agentes adscritos al distrito po-licial de Villalba notaron que los tintes del vehículo que conducía el Sr. Héctor M. Santiago Irizarry (recurrido) in-fringían lo dispuesto en el Art. 10.05 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA see. 5285. Cuando en-cendieron la sirena el automóvil se detuvo y sus dos ocu-pantes salieron corriendo. Luego de una persecución, los agentes arrestaron a ambos. Mientras el pasajero era arrestado, intentó deshacerse de unas balas que tenía en el bolsillo.

Como consecuencia de la intervención policiaca se ocupó y se registró el vehículo de motor que conducía el recurrido. Se ocuparon tres armas de fuego: una pistola negra calibre .380 que se encontraba en el piso en la parte posterior del asiento del conductor, una pistola calibre 9mm y otra cali-bre .45, las cuales se encontraban en la parte posterior del asiento del pasajero. A su vez, se ocupó un chaleco a prueba de balas y un radio de comunicaciones {scanner).

El Ministerio Público presentó contra el recurrido tres denuncias por violar el Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley de Armas) y dos denuncias por el Art. 6.01 de la misma ley. 25 LPRA secs. 458c y 459, respectivamente. El Tribunal de Primera Instancia autorizó la presentación de una acusación por portación y uso de arma de fuego sin licencia, Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, pero solo con respecto a la pistola negra calibre .380.

Consecuentemente, se ventiló un juicio ante jurado. Durante este, el Ministerio Público presentó evidencia re-lacionada a las otras dos armas de fuego que no eran objeto de la acusación, a saber, la pistola calibre 9mm y la calibre .45. En particular, exhibió varias fotografías de las tres pistolas, sus cargadores, balas, un chaleco a prueba de ba-las y un radio de comunicaciones. La defensa objetó la ad-misión de dicha evidencia por entender que no era perti-nente y que sería indebidamente perjudicial al recurrido. El Estado contestó que la prueba era pertinente para fines de la intención criminal y que surgía de un mismo núcleo de hechos comunes. Luego de celebrar una vista al amparo de la Regla 109(a) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, el Tribunal de Primera Instancia admitió las piezas de evidencia objetadas por la defensa. Posteriormente, un Jurado en-contró culpable al recurrido de portación ilegal de arma de fuego, Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, y el tribunal lo sentenció a diez años de cárcel.

El recurrido apeló ante el Tribunal de Apelaciones y ar-gumentó, entre otras cosas, que erró el Tribunal de Pri-mera Instancia al admitir evidencia de las armas no impu-tadas en la acusación, sus balas, cargadores y un chaleco a prueba de balas. En su oposición, el Estado sostuvo que la evidencia impugnada era pertinente y que, aun de no serlo, la inclusión de esa evidencia no fue factor decisivo o sus-tancial en el resultado.

El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia recurrida. Fundamentó su determinación en que tanto la prueba antes mencionada como una fotografía del recu-rrido esposado al lado del vehículo eran impertinentes y se entregó al Jurado en forma repetitiva en violación al dere-cho constitucional a un juicio justo y al debido proceso de ley. Por su parte, la Hon. Mildred Surén Fuentes, Jueza de Apelaciones y miembro del panel, emitió un voto disidente. En su voto expresó que “la admisión de la prueba impug-nada no presentó un perjuicio indebido, confusión o deso-rientación en el jurado”. Además, indicó que la exclusión de la evidencia no hubiera alterado el resultado.

Luego de que se denegara una moción de reconsidera-ción presentada ante el Tribunal de Apelaciones, el Estado presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal. Tras evaluar los argumentos, expedimos el recurso de certiorari. Oportunamente, las partes presentaron sus respectivos alegatos en los que reiteran sus planteamientos relaciona-dos a la evidencia admitida. Sin embargo, en su escrito el Estado también sostiene que se debe anular el dictamen del Tribunal de Apelaciones conforme a la doctrina recono-cida en Pueblo v. Esquilín Díaz, supra, y en Pueblo v. Rivera Rivera, 110 DPR 544 (1980). Esta doctrina dispone que si un acusado o convicto se escapa de la jurisdicción, renuncia su derecho a apelar. Según el Estado, se debe anular el dictamen del Tribunal de Apelaciones porque el recurrido se encontraba prófugo al momento de presen-tarse la apelación. La representación legal del recurrido admitió que el recurrido se encuentra fuera de la jurisdicción. No obstante, enfatizó que lo que la doctrina establece es la discreción de los tribunales apelativos de no ver los casos si el apelante se encuentra prófugo, pero no que se deba anular el dictamen de un tribunal que ejerció su jurisdicción válidamente. Con el beneficio de la com-parecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. En vista de que la Procuradora General sos-tiene que el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para emitir la sentencia recurrida, según lo establecido por este Tribunal en Pueblo v. Esquilín Díaz, supra, y Pueblo v. Rivera Rivera, supra, comenzaremos evaluando ese planteamiento. En Pueblo v. Rivera Rivera, supra, adoptamos la doctrina acogida por la Corte Suprema de Estados Unidos en Smith v. United States, 94 US 97 (1876). Esta establece que los tribunales apelativos pueden desestimar las apelaciones instadas por quienes se fugan, pues estos renuncian su derecho a apelar al evadir la jurisdicción del tribunal.

Posteriormente, en Pueblo v. Esquilín Díaz, supra, reiteramos la doctrina y aclaramos las justificaciones detrás de esta. En Esquilín Díaz, supra, el Tribunal de Primera Instancia declaró prófugo al acusado y celebró un juicio en ausencia. Luego de que un Jurado emitiera un veredicto de culpabilidad, la representación legal del Sr. José R. Esquilín Díaz presentó un recurso donde reservó su derecho a apelar, en caso de que este regresara. El Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones desestimó la apelación y resolvió que el apelante renunció su derecho a apelar conforme a la norma de Pueblo v. Rivera Rivera, supra. Posteriormente, el señor Esquilín Díaz fue capturado y solicitó la reinsta-lación de su apelación. El foro intermedio denegó nueva-mente su apelación y este Tribunal confirmó.

Resolvimos que, dada su naturaleza estatutaria, el derecho a apelar una convicción criminal se renuncia si el convicto se fuga, por lo que procede desestimar su apelación. Pueblo v. Esquilín Díaz, supra, pág. 816. Basa-mos nuestra decisión en varios casos federales que fueron desarrollando esta doctrina, mejor conocida como fugitive disentitlement doctrine, que aunque no son vinculantes sí son altamente persuasivos. Id., págs. 816-817. Véanse, también: Ortega-Rodríguez v. United States, 507 US 234 (1993); Estelle v. Dorrough, 420 US 534 (1975); Molinaro v. New Jersey, 396 US 365 (1970). Entre las justificaciones de esta doctrina destacamos en ese entonces “la imposibi-lidad de ejecutar el mandato del tribunal apelativo, la de-terminación de que la fuga equivale a una renuncia del derecho a apelar, el deseo de desalentar las fugas y la necesidad de mantener un funcionamiento eficiente de los tribunales apelativos”. Pueblo v. Esquilín Díaz, supra, pág. 823.

B. En lo pertinente, debemos resolver si la doctrina pautada en Pueblo v. Esquilín Díaz, supra, es de carácter jurisdiccional o discrecional. Esto, pues si la doctrina es jurisdiccional, corresponde anular el dictamen del Tribunal de Apelaciones, ya que el mismo se dictó sin jurisdicción. Por otro lado, si es de carácter discrecional, corresponde examinar en sus méritos lo resuelto por el foro apelativo intermedio.

En Pueblo v. Esquilín Díaz, supra, no ofrecimos una res-puesta definitiva a esta pregunta. No obstante, el Juez Asociado Negrón García, en su opinión disidente, destacó que la doctrina “[p]ermite a los tribunales apelativos, dis-crecionalmente, desestimar la apelación si el convicto no está sujeto a responder”. Íd., pág. 831 (opinión disidente del Juez Asociado Señor Negrón García). Entre los varios casos que sostienen esta postura se encuentra Ortega-Rodríguez v. United States, supra, pág. 250 esc. 23, donde la Corte Suprema (citando a Molinaro v. New Jersey, 396 US 365, 366 [1970]) expresó que “dismissal of fugitive appeals is always discretionary, in the sense that fugitivity does not ‘strip the case of its character as an adjudicable case or controversy’ ”. (Enfasis suplido). Por su parte, las Cortes de Apelaciones de Estados Unidos han reiterado el carácter discrecional de la doctrina.

A la luz de lo anterior, vemos que la desestimación de la apelación presentada por un individuo que evade la autoridad del tribunal está en la sana discreción de dicho foro apelativo, cónsono con el poder inherente de los tribu-nales de salvaguardar los procedimientos judiciales. De modo que, al ser una doctrina de carácter discrecional y no jurisdiccional, los tribunales conservan la jurisdicción para emitir su dictamen, pero pueden decidir desestimar la ape-lación si conocen que el apelante está prófugo. Pueblo v. Esquilín Díaz, supra. Como la fuga no priva de jurisdicción al tribunal, si este desconocía la condición del apelante y ejerce válidamente su jurisdicción, su dictamen no debe ser anulado por el mero hecho de que tenía la discreción de desestimar la apelación. Así, resolvemos que en este caso el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción cuando revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, por lo que no corresponde anular su dictamen.

i—I hH H-1

Nos corresponde ahora atender el planteamiento del Es-tado de que erró el Tribunal de Apelaciones al revocar el veredicto de culpabilidad. Sostiene que la evidencia de las armas no imputadas era pertinente y que, aun de no serlo, su exclusión en el juicio no hubiera producido un resultado distinto.

A. Nuestras Reglas de Evidencia definen la “evi-dencia pertinente” como aquella que tiende a aumentar o disminuir la probabilidad de la existencia de un hecho que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción. Regla 401 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Véase, también, Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 482 (2011). En esencia, se trata de evidencia que “tiene algún valor probatorio, por mínimo que sea, para adjudicar la acción”. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San Juan, Pubs. JTS, 2009, pág. 114. Es importante destacar que es a partir del derecho sustantivo aplicable al caso que se evalúa la pertinencia de la evidencia. Izagas Santos v. Family Drug Center, supra; Chiesa Aponte, op. cit.

Como norma general, la evidencia pertinente es admisible. Ahora bien, alguna evidencia pertinente se puede excluir cuando aplique alguna de las reglas de ex-clusión reconocidas en nuestro ordenamiento o en virtud de la Regla 403 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Izagas Santos v. Family Drug Center, supra. Esta regla dispone que los tribunales tienen discreción para excluir prueba perti-nente, a pesar de la ausencia de una regla de exclusión, si su valor probatorio queda sustancialmente superado por un: (a) riesgo de causar perjuicio indebido; (b) riesgo de causar confusión; (c) riesgo de causar desorientación al Ju-rado; (d) dilación indebida de los procedimientos, y (e) in-necesaria presentación de prueba acumulativa. Regla 403 de Evidencia, supra. Sobre el primer elemento, perjuicio indebido, hemos aclarado que “toda prueba es ‘perjudicial’ en la medida que favorece a una parte y perjudica a otra, pero éste no es el tipo de perjuicio al que se refiere la regla”. Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 DPR 216, 228 (1989). Se trata más bien de prueba que puede conducir a un resul-tado erróneo porque se presentó con el propósito primordial de crear pasión y prejuicio en el jurado. Véanse: Íd.; Pueblo v. González Colón, 110 DPR 812, 820 (1981). De modo que “ [s] e trata de una regla que debe ser usada con mesura y cautela por los tribunales, pues el principio fundamental es que toda evidencia pertinente es admisible, salvo que sea aplicable una regla de exclusión”. Chiesa Aponte, op. cit, pág. 116.

Por otro lado, si una parte considera que el tribunal admitió evidencia erróneamente deberá “presentar una objeción oportuna, específica y correcta”. Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Así, permite que se pueda ape-lar en su momento la determinación del foro de instancia. Regla 105(a) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Sin embargo, la doctrina de error no perjudicial (harmless error) establece que los tribunales apelativos no revocarán una sentencia por admisión errónea de evidencia, a menos que el error haya sido “un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida”. Id. Véase, también, Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709, 728 (2012). Por lo tanto, si el error se considera benigno o no perjudicial —porque la exclusión de la evidencia no hubiese producido un resultado distinto— se confirma el dictamen a pesar del error. Izagas Santos v. Family Drug Center, supra, págs. 483-484. Véase, también, Chiesa Aponte, op. cit., pág. 88.

En cambio, cuando se viola un derecho consti-tucional de un acusado aplica el estándar de error consti-tucional no perjudicial (harmless constitutional error), de modo que solo se confirma el dictamen si el tribunal ape-lativo “está convencido más allá de duda razonable que, de no haberse cometido el error, el resultado hubiera sido el mismo”. Regla 105(b) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. Véase, también, Chapman v. California, 386 US 18 (1967). Son ejemplos de errores constitucionales prueba admitida en violación al derecho contra la autoincriminación, al de-bido proceso de ley, a la cláusula de confrontación, a la protección constitucional contra registros o detenciones irrazonables, entre otros. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 89. Finalmente, el error estructural se refiere a un error cons-titucional de tal magnitud que lesiona fatalmente el sis-tema adversativo o el juicio imparcial. Íd.; Pueblo v. Santos Santos, supra, pág. 728. Por tal razón, conlleva la revoca-ción automática de la sentencia recurrida.

B. Cónsono con lo anterior, resulta necesario examinar el derecho sustantivo aplicable para así poder evaluar la pertinencia de la prueba presentada. Contra el recurrido se presentó una acusación por portación y uso de arma de fuego sin licencia, Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra. Dicho artículo dispone que “[t]oda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente permiso para portar ar-mas, incurrirá en delito grave”. íd. Se consideran atenuan-tes que el arma esté descargada y que no tenga municiones a su alcance. Id. Por otro lado, al momento de presentarse la acusación, y durante el juicio, también era un atenuante que no existiera prueba de que el acusado tuviera la inten-ción de cometer un delito. Ley de Armas, Ley Núm. 404 de 2000.

IV

El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que encontró culpable al recu-rrido de violar el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra. De-terminó que la evidencia de las armas no imputadas, las balas, los cargadores, el chaleco a prueba de balas y el radio de comunicaciones era impertinente y fue presentada de manera repetitiva en violación al derecho constitucional a un debido proceso de ley y a un juicio justo. Erró el Tribunal de Apelaciones al actuar así.

En primer lugar, vemos que la evidencia impugnada era pertinente para el delito de portación ilegal de arma de fuego según estaba tipificado en el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra. Esto, porque tenía “algún valor probatorio, por mínimo que sea” tanto para la adjudicación de los he-chos como para la imposición de la pena. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 114; Regla 401 de Evidencia, supra. El foro primario concluyó válidamente que la evidencia de las ar-mas no imputadas, sus balas, cargadores, el chaleco a prueba de balas y el radio de comunicaciones, era perti-nente porque surgía del mismo núcleo de hechos que la infracción al Art. 5.04, supra, por poseer la pistola negra calibre .380. Además, era pertinente para probar la inten-ción de cometer un delito, lo cual evitaba la presencia de atenuantes que redujeran la pena ñja establecida por ley. Ley de Armas, Ley Núm. 404 de 2000.

Por otra parte, el recurrido aduce que, dado que el Tribunal de Primera Instancia solo autorizó la acusación por portar la pistola negra calibre .380, no se podía presentar evidencia de las otras dos armas. Sin embargo, en Pueblo v. Nazario Hernández, 138 DPR 760, 781-782 (1995), recha-zamos el argumento del apelante de que no se podía pre-sentar prueba de su estado de embriaguez porque en la vista preliminar el juez excluyó esa prueba y solo autorizó la acusación de imprudencia crasa al conducir un vehículo de motor a base de que iba a exceso de velocidad. Resolvi-mos que “ [1] a decisión del juez de instancia de encontrar causa probable por ese delito, prescindiendo del elemento de embriaguez, no refleja una prohibición a que se presen-tara [...] prueba sobre esa conclusión ni que ésta fuera inmaterial”. Íd., págs. 780-781. De modo que la exclusión en vista preliminar de determinada evidencia, o la ausen-cia de autorización de otras acusaciones, no impiden al Es-tado presentar evidencia “pertinent [e] para demostrar la existencia de factores que, en conjunción, configuran el de-lito en cuestión”. Íd., pág. 781.

Establecida la pertinencia de la prueba impugnada y ante la ausencia de alguna regla de exclusión aplicable, debemos examinar si las fotografías impugnadas tuvieron el efecto de causar un perjuicio indebido conforme con la Regla 403 de Evidencia, supra. Ciertamente, aquí la prueba resultó perjudicial, pues en todo proceso adversa-tivo la prueba se ofrece precisamente para perjudicar a la otra parte. Pueblo v. Nazario Hernández, supra, pág. 779; Chiesa Aponte, op. cit., pág. 117. No obstante, no causó un perjuicio indebido porque el posible efecto que tuvo en el jurado no superó sustancialmente el valor probatorio de la evidencia: presentar la cadena de hechos donde se portó ilegalmente una pistola negra calibre .380 y establecer la intención de cometer un delito para así evitar la presencia de atenuantes. Véase Nazario Hernández, supra, pág. 779. Pensar que la mera presentación de este tipo de fotografías causa un perjuicio indebido porque anima la pasión y pre-juicio en el Jurado sería “atribuirle al jurado una sensibi-lidad extrema”. Pueblo v. López Rodríguez, 118 DPR 515, 543 (1987). A fin de cuentas, “a este cuerpo le corresponde conocer todo lo relacionado con la causa que juzga, de forma tal que pueda estar en mejor condición de rendir un veredicto informado y justo”. Id.

Expuesto lo anterior, erró el Tribunal de Apelaciones al sostener que se trataba de evidencia impertinente. Peor aún, el foro apelativo concluyó que la presentación de esta evidencia violó el debido proceso de ley y el derecho a un juicio justo del recurrido. El foro intermedio realizó un análisis errado al sugerir que cualquier alegada violación a una norma evidenciaría contraviene esos derechos constitucionales. Al resolver esto, les atribuyó a ambos derechos constitucionales un valor omnipotente, cuya mera mención coloca en jaque todo nuestro ordenamiento jurídico evidenciario. Así, revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia sin someter la evidencia al estándar de error no perjudicial (harmless error) o al estándar de error constitucional no perjudicial (harmless constitutional error). En ese sentido, es preocupante que el Tribunal no haya analizado la inclusión de la evidencia bajo ningún estándar, como si se tratara del excepcional error estructu-ral que conlleva una revocación automática.

Por otro lado, como no se lesionó ningún derecho consti-tucional del recurrido, no aplica el estándar de error consti-tucional no perjudicial. Bajo el entendido de que se admitió evidencia impertinente, el tribunal apelativo debió analizar el caso según el estándar de error no perjudicial y resolver si la exclusión de la evidencia hubiese producido un resultado distinto. Regla 105(a) de Evidencia, supra; Izagas Santos v. Family Drug Center, supra, pág. 483-484. No obstante lo anterior, como entendemos que la evidencia en cuestión era pertinente y que no aplicaba ninguna regla de exclusión ni la Regla 403 de Evidencia, supra, no cabe hablar de error no peijudicial porque no se cometió error alguno.

V

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la sen-tencia del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la senten-cia del Tribunal de Primera Instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

hizo constar la expresión siguiente:

Concurro con el resultado de la Parte II de la Opinión Mayoritaria, fundamentándome en lo expuesto por el Juez Aso-ciado Señor Negrón García en la opinión disidente que emitió en el caso Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808 (1998). Por otro lado, disiento de las Partes III, IV y V, por encontrar que la evidencia admitida por el Tribunal de Primera Instancia, y objetada por el representante legal del Sr. Héctor M. Santiago Irizarry (señor Santiago Irizarry), era impertinente e inflama-toria y, en consecuencia, inadmisible. Asimismo, considero que esta evidencia creó una influencia notable y desmedida en la mente del jurado, constituyendo un factor sustancial en la condena emitida en contra del señor Santiago Irizarry. De esta forma, hubiese confirmado la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos contenidos en la misma, en la cual acertadamente se determinó que admitir tal evidencia impertinente e inflamatoria violó el derecho del con-victo a un juicio justo y conforme al debido proceso de ley.

       Entre la evidencia presentada por el Ministerio Público se encuentra: (1) el testimonio de los agentes que intervinieron el día de los hechos, quienes describieron los artículos que encontraron dentro del vehículo, incluyendo la pistola negra calibre .380; (2) el testimonio del agente adscrito a la Unidad de Servicios Técnicos de la Policía, que tomó las veintiún fotografías admitidas como evidencia, y (3) el testimo-nio de un examinador de armas de fuego del Instituto de Ciencias Forenses.

       Voto disidente de la Hon. jueza Surén Fuentes, Apéndice, pág. 282.

       Cabe destacar que el Tribunal de Apelaciones no conocía que el recurrido estaba prófugo.

       La doctrina no tiene base en ningún derecho constitucional ni en la doctrina de justiciabilidad. Por lo tanto, se ha considerado una doctrina en equidad desarro-llada conforme a la autoridad inherente de los tribunales de proteger los procedi-mientos judiciales y sus pronunciamientos. Véanse: H. Tashman, J. Brockett & R. Wilcox, Flight or Fight, 29-OCT L.A. Law. 44 (2006); Degen v. United States, 517 US 820, 823 (1996) (“Courts invested with the judicial power of the United States have certain inherent authority to protect their proceedings and judgments in the course of discharging their traditional responsibilities”).

        U.S. v. Puzzanghera, 820 F.2d 25, 26 (1er Cir. 1987) (“there [can] be no question that this court, in its discretion, could and normally would dismiss the appeal”); U.S. v. Zedner, 555 F.3d 68, 79 (2do Cir. 2008) (“we have discretion to dismiss the appeal either with prejudice or without prejudice to reinstatement if the defendant returns to custody within a certain time”); U.S. v. Wright, 902 F.2d 241, 242 (3er Cir. 1990) (“It is without question that we have the discretion to dismiss the appeal”); U.S. v. Snow, 748 F.2d 928, 930 (4to Cir. 1984) (“Subsequent to Molinaro courts have exercised their discretion and have dismissed fugitives’ appeals”); Bagwell v. Dretke, 376 F.3d 408, 413 (5to Cir. 2004) (“The fugitive disentitlement doctrine is an equitable doctrine that a court exercises in its discretion”); U.S. v. Lanier, 123 F.3d 945, 946 (6to Cir. 1997) (citando a Molinaro v. New Jersey, supra); In re Hijazi, 589 F.3d 401, 412 (7mo Cir. 2009) (citando a Molinaro, supra); Brinlee v. U.S., 483 F.2d 925, 926 (8vo Cir. 1973) (citando a Molinaro, supra); Parretti v. U.S., 143 F.3d 508, 510 (9no Cir. 1998) (“Our court has exercised its discretion and dismissed the appeal of a criminal defendant who became a fugitive from justice while his appeal was pending”); U.S. v. Hanzlicek, 187 F.3d 1219, 1220 (10mo Cir. 1999) (“The application of the fugitive disentitlement doctrine is discretionary”); Lynn v. U.S., 365 F.3d 1225, 1241 esc. 29 (11mo Cir. 2004) (“We note that courts possess great latitude in their application of the fugitive disentitlement doctrine”).

       No obstante, si se trata de un error extraordinario el tribunal apelativo puede considerar el señalamiento de error aunque no se haya cumplido con la Regla 104. Regla 106 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI.

       Este atenuante se eliminó mediante la Ley Núm. 142 de 2 de diciembre de 2013.

       Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la fotografía del vehí-culo de motor intervenido, en la cual se refleja al recurrido arrestado y esposado, no se debió admitir por ser impertinente y contraria al debido proceso de ley y al dere-cho constitucional a un juicio justo. Esto, a pesar de que la misma no fue objetada en el juicio ni impugnada ante el Tribunal de Apelaciones. No obstante lo anterior, de igual manera destacamos que esta era pertinente, pues corrobora el testimonio de los agentes a los efectos de que arrestaron al recurrido en el lugar de los hechos. Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 894 (1996) (“las fotografías son un tipo de evidencia demostrativa de inmenso valor probatorio cuando éstas se presentan para fines de [...] corroborar la veracidad de lo declarado”). Aun si consideráramos que fuera im-pertinente, o que aplicara alguna regla de exclusión, concluimos que su presentación no fue factor decisivo o sustancial en el resultado.


text:
      In re Dinorah Burgos García, querellado.

      Números: AB-2016-302
    AB-2016-347
    AB-2017-027

      Resueltos: 11 de mayo de 2017

      Patricia Otón Olivieri, abogada de la parte querellada; Dinorah Burgos García, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender del ejercicio de la abogacía y la notaría a una miembro de la profesión legal que, en reiteradas ocasiones, incum-plió con las órdenes de este Tribunal. Veamos.

I

La licenciada Dinorah Burgos García fue admitida al ejercicio de la abogacía el 28 de junio de 1989 y al ejercicio de la notaría el 16 de agosto de 1999. En contra de ésta, y por separado, se presentaron tres quejas por alegada negli-gencia en el desempeño de sus funciones.

A continuación procedemos a exponer el contenido y trá-mite procesal de cada una de esas quejas que atenderemos en conjunto.

Queja AB-2016-0302

El 5 de octubre de 2016, el Sr. Carmelo Rivera Pérez y la Sra. Rosa María González Flores presentaron una queja contra la licenciada Burgos García en la que solicitaron, entre otras cosas, la ayuda de este Foro para localizar a la letrada, ya que supuestamente había abandonado sus res-ponsabilidades profesionales y no había realizado la labor para la cual fue contratada, a pesar de habérsele pagado $150 al inicio de la relación profesional.

En esencia, el señor Rivera Pérez y la señora González Flores alegan haber contratado a la licenciada Burgos Gar-cía para gestionar en el Registro Demográfico de Puerto Rico una corrección al nombre de la señora González Flores, tanto en el certificado de nacimiento como en el certi-ficado de matrimonio. No obstante, alegan éstos que la li-cenciada Burgos García nunca realizó gestión alguna y tampoco se comunicó con ellos para informarles sobre el estado del asunto. Asimismo, alegan que intentaron comu-nicarse con la abogada en varias ocasiones, pero que no lograron localizarla.

El 12 de octubre de 2016, este Tribunal le envió una comunicación a la licenciada Burgos García, en la que le concedió un término de diez días para que presentara su contestación a esta queja. La licenciada Burgos García no compareció, por lo que el 17 de noviembre de 2016 se le remitió una segunda comunicación en la que se le concedía un nuevo término de diez días para que compareciera con su contestación por escrito en torno a la queja en cuestión. Nuevamente, la licenciada no compareció ante nos.

Así pues, el 7 de febrero de 2017 emitimos una Resolu-ción en la que le concedimos a la licenciada Burgos García un término final de cinco días, contados a partir de la no-tificación de la Resolución, para que compareciera ante este Tribunal y contestara la queja presentada en su contra. En la referida Resolución —la cual fue diligenciada personalmente— se le apercibió de que su incumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias severas, inclu-yendo la suspensión al ejercicio de la profesión. La letrada tampoco respondió.

Queja AB-2016-0347

Por otra parte, el 10 de noviembre de 2016, el Sr. Juan J. Vega Jauridez y la Sra. Madeline Merced Colón presen-taron sus respectivas quejas, por separado, contra la licen-ciada Burgos García. En síntesis, ambos alegaron que, a pesar de habérsele otorgado una suma de dinero para ello, la abogada nunca presentó ante el foro primario una de-manda por impericia médica para la cual fue contratada y, además, que dejó de comunicarse con el señor Vega Jauri-dez y con la señora Merced Colón. La señora Merced Colón alegó que si perdió la oportunidad de presentar el caso, ello se debió a la irresponsabilidad de la licenciada Burgos García.

El 29 de noviembre de 2016, este Tribunal le envió una comunicación a la licenciada Burgos García, en la que le concedió un término de diez días para contestar la queja presentada en su contra. Sin embargo, la licenciada Bur-gos García no compareció, por lo que el 26 de enero de 2017 se le remitió una segunda comunicación en la que se le concedió un término final de diez días para que compare-ciera con su contestación en torno a la referida queja. Una vez más, la licenciada no compareció ante nos.

Queja AB-2017-0027

Por último, el 31 de enero de 2017, la Sra. Matilde Rosario Núñez presentó una queja contra la licenciada Bur-gos García en la que alegó que la licenciada Burgos García no responde a sus comunicaciones y que no le ha informado sobre el estado del caso para el cual fue contratada, rela-cionado éste con un asunto hereditario. Asimismo, la se-ñora Rosario Núñez solicitó a este Tribunal que ordenára-mos a la licenciada Burgos García que se comunicara con ésta y le informara sobre los pormenores del caso.

El 8 de febrero de 2017 este Tribunal le envió una co-municación a la licenciada Burgos García en la que le con-cedió un término de diez días para contestar la queja pre-sentada en su contra. No obstante, la abogada no compareció. Así las cosas, el 23 de febrero de 2017 se le remitió una segunda notificación, en la que se le concedió un término final de diez días, a partir de la notificación de tal comunicación, para que compareciera por escrito con su contestación a la queja. Nuevamente, la licenciada no compareció.

Es, pues, a la luz del marco fáctico y procesal antes ex-puesto que procedemos a resolver este asunto sin trámite ulterior.

HH M

Como es sabido, las normas de conducta que rigen a las y los miembros de la profesión legal, contenidas en los cá-nones del Código de Etica Profesional, buscan promover el ejercicio profesional y personal del abogado y la abogada a tono con los más altos principios de conducta decorosa. In re Suárez Jiménez, 192 DPR 152 (2014); In re Castro Colón, 177 DPR 333 (2009); In re Izquierdo Stella, 154 DPR 732 (2001). Ello, a su vez, redunda en beneficio de la profesión, de la ciudadanía y de nuestras instituciones de justicia. In re Franco Rivera, 197 DPR 628 (2017); In re Suárez Jiménez, supra.

A tenor con lo anterior, y en lo pertinente al asunto que nos ocupa, el Canon 9 del Código de Ética Pro-fesional, 4 LPRA Ap. IX, establece que todo abogado y abo-gada “debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. (Énfasis suplido). Véanse: In re López Méndez, 196 DPR 956 (2016); In re Montalvo Delgado, 196 DPR 541 (2016); In re Torres Rodríguez, 188 DPR 304 (2013). Asimismo, como corolario del respeto profundo que deben tener los abogados y las abo-gadas hacia el foro judicial, el referido canon les ordena comparecer a los señalamientos notificados por el tribunal. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303 (2015); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011). Véase, además, In re Otero Fernández, 145 DPR 582 (1998). Tal deber incluye, necesaria-mente, que todo abogado y toda abogada responda con diligencia a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, particularmente, los relacionados con los proce-dimientos disciplinarios. In re López Méndez, supra; In re Rivera Navarro, supra; In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014).

En ese sentido, hemos señalado en más de una ocasión que cuando se desatienden los requerimientos for-mulados por este Tribunal y los abogados o las abogadas se muestran indiferentes ante nuestros apercibimientos de imponerles sanciones, procede la suspensión del ejercicio de la abogacía. In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821 (2011); In re Lloréns Sar, 170 DPR 198 (2007). Y es que este Foro ha sido enfá-tico al no tolerar la actitud de indiferencia por parte de un miembro de la profesión a nuestras órdenes, señalamien-tos o requerimientos. In re Franco Rivera, supra; In re García Aguirre, 190 DPR 539 (2014); In re López González, 189 DPR 581 (2013).

Así, pues, la desatención a las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales y, a su vez, constituye una infracción al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. In re López Méndez, supra; In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re García Incera, 177 DPR 329 (2009); In re Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999).

Es precisamente a la luz del marco jurídico antes ex-puesto que procedemos a disponer del proceso disciplinario ante nuestra consideración.

III

En este caso, según surge del tracto aquí reseñado, en tres causas distintas (AB-2016-0302, AB-2016-0347 y AB-2017-0027) —en las cuales se cuestiona su desempeño como miembro de la profesión legal— la licenciada Burgos García ha hecho caso omiso a nuestras órdenes de responder a los señalamientos en su contra, mostrándose así in-diferente a nuestro apercibimiento de imponerle sanciones disciplinarias por su conducta displicente para con este Tribunal. Es decir, no ha comparecido de forma alguna ante este Foro, a pesar de las múltiples oportunidades que ha tenido para ello. No albergamos duda que la conducta desplegada por la abogada exhibe descuido y refleja una patente falta de interés en continuar ejerciendo la profesión. Esta conducta constituye un desagravio a la au-toridad de este Tribunal y, a su vez, infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.

En vista de ello, se le suspende inmediata e indefinida-mente del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se impone a la licenciada Burgos García el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representán-dolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos donde tenga casos pendientes. Además, tiene la obligación de acre-ditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal debe incautar la obra y el sello notarial de la abogada suspendida y los entregará al Director de la Oficina de Inspección de Nota-rías para la correspondiente investigación e informe. Noti-fíquese personalmente.

Se dictará sentencia de conformidad.