text:
    Eduvigis Guillot, por sí y como madre con patria potestad de sn menor hijo Lester Agustín García, y Damiana García, recurrentes, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada.
    Núm. 242.

    Sometido: Junio 8 de 1942.

      Resuelto: Julio 8, 1942.

      Pedro M. Porrata y Juan C. Santiago Matos, abogados de los recu-rrentes; Hon. Procurador General George A. Malcolm, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar y G. Atiles Moréu, A. de Jesús Matos y J. Correa Suárez, abogados los tres últimos del Pondo del Seguro del Estado, abogados del Administrador del Pondo.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Eduvigis Guillot, por sí y como madre con patria potestad de su menor hijo Lester Agustín García, y Damiana García solicitaron de esta corte que revisara la decisión de la Comi-sión Industrial de Puerto Rico del 27 de marzo de 1942, por virtud de la cual desestimó la apelación que interpusieron contra la resolución del Administrador del Pondo del Seguro del Estado del 9 de marzo de 1938, declarando no compen-sable el accidente qne ocasionó la mnerte del obrero Agustín G-arcía.

Alegaron que la Comisión erró al resolver que es indispensable que el sitio donde ocurra un accidente esté bajo el control del patrono para que el accidente sea compensable; que una carretera pública que atraviesa el predio de un patrono y que forma parte indispensable de los medios de comunicación para la entrada y salida a la finca del patrono, no es parte de los premises del patrono a los efectos de la Ley de Compensaciones a Obreros; al no aplicar al de autos la doctrina del caso de Bountiful Bride Co. v. Giles, (1928) 72 L. Ed. 507, donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que “the necessary way of ingress and egress” a los predios donde se trabaja, es parte de los pre-dios ; al darle a su propia declaración de hechos probados en cuanto a la relación entre el predio y la carretera, un alcance jurídico distinto al que tiene de acuerdo con la ley y la juris-prudencia, y al aplicar a los hechos de este caso la doctrina relativa a los “riesgos de la calle” cuando la aplicable es la doctrina relativa a las incidencias y riesgos existentes en las inmediaciones del sitio donde el patrono invita al obrero a trabajar.

Expedido el auto, la Comisión remitió el expediente original y el ocho de junio último se celebró la vista del recurso con asistencia e informes de los abogados de los peticionarios y del Fondo del Seguro del Estado, quienes previamente habían radicado sus alegatos escritos.

A virtud de la investigación en primera instancia prac-ticada, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado expuso sustancialmente los hechos y los apreció en relación con la ley, como sigue:

“De la investigación practicada en el caso se desprende qne el suceso tuvo lugar después de las horas de trabajo, en una vía pública, cuando el obrero iba de regreso a su hogar montado en una bicicleta. Evidentemente este accidente no está cubierto por la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, aprobada en 18 de abril de 1935...”

La Comisión Industrial, como resultado- de la vista celej brada a virtud de la apelación para ante ella interpuesta, declaró probado que.’ . . . . •

“Para el día 6 de mayo de 1937, llevaba ya tres, que el obrero del casó Agustín García, venía trabajando como carretero en la colonia de cañas •' Cintrona 2a.,’ propiedad de la Sucn. J. Serrallés, sita en la jurisdicción de Juana Díaz, ganando $1.75 como jornal. JUn ese día, al rendir su labor a las 4: 30 de la tarde, luego de asearse y cambiar sus ropas de trabajo por las de calle, montó en su bicicleta, cuyo medio de transporte utilizaba para trasladarse basta el lugar de su trabajo, desde Ponce donde vivía, y corriendo por el camino carretera de dicha colonia, salió a la carretera pública; que conduce de' Ponce a Guayama, conocida por 'Carretera del Litoral.’ Había caminado ya por la derecha de ésta con dirección al pueblo de Ponce, aproximadamente medio kilómetro, cuando al llegar frente a la gran calle que desde dicha carretera conduce, por terrenos de la Hacienda Mercedita a la Central de este nombre, se enfrentó con dos automóviles que venían a gran velocidad desde Ponce, uno de los cuales, el de la izquierda, maniobró para entrar a dicha Central, y -con tal motivo Agustín García, para evitar una colisión con él, desvió ligeramente hacia su izquierda, .chocando entonces con el otro automóvil- que venía parejo al anterior, el cual, .arroyándolo, le hirió gravemente, muriendo pocas horas después en una de las clínicas de la ciudad de Ponce, por consecuencia de las lesiones sufridas, dejando como pretensos beneficiarios a su esposa legítima Sra. Eduvigis Guillot, a un liijo menor de- edad habido en su matrimonio con ésta, de nombre-Lester Agustín, y a su señora madre, doña Damiana García.”

Estudió seguidamente, las alegaciones de los recurrentes, analizó la jurisprudencia que invocaron y la que consideró aplicable, y finalmente fijó su criterio en los siguientes tér-minos :

“Es nuestra opinión que de acuerdó con los hechos que estuvieron bajo nuestra consideración y. .estudio,., el accidente de autos, en el que Agustín García halló la muerte, es uno corriente y propio de una vía pública, conocido por 'riesgos de la calle’ y sobre los cuales esta Comisión Industrial ha resuelto reiteradamente en sentido negativo, a la protección de la Ley de Accidentes del Trabajo... En todos ellos la Comisión Industrial ha considerado accidentes ’ ocurridos a Obreros en 'vías públicas, llámense carreteras o calles de las pobla-ciones, en los momentos en que discurrían con dirección al 'lugar de su trabajo, o volvían de éste .hacia sus casas, pero fuera del sitio o lugar donde trabajaban, y sin que el riesgo propio' de- estos lugares públicos constituyeran un incidente dél trabajo que Realizaban.”

Pedida reconsideración, la petición fué negada y se acudió entonces a éste Tribunal. . ’ . V' 1

Al argumentar los peticionarios "los errores- que imputan a la Comisión ponen especial énfasis en el sitio en que ocurrió el accidente y en dos decisiones judiciales, una de la Corte Suprema de los Estados Unidos y otra de la Corte Suprema de Alabama.

Con respecto al sitio, conocemos los hechos declarados probados por la Comisión. Veamos si, habida-en considera-ción la ley vigente en esta Isla, que ordena que sus disposi-ciones se aplicarán a los obreros y empleados que sufran lesiones o se inutilicen, o que pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste y. como consecuencia del mismo, son aplicables o no las decisiones indicadas.

La de la Corte Suprema es la de Bountiful Brick Co. v. Giles, 276 U. S. 154, 72 L. Ed. 508. La jurisprudencia que establece se resume así:

“Constitucionalmente puede imponerse responsabilidad, bajo una ley de compensaciones a obreros, cuando, contribuyendo sustancial-mente al daño, existe una relación de causa entre el daño sufrido-por el obrero y el trabajo a que éste se dedicaba en el momento:
“Si el obrero sufre un accidente mientras atraviesa, con el con-sentimiento expreso o implícito del patrono, al dirigirse a o regresar de su trabajo, terrenos de otra persona que -están tan próximos y relacionados en tal forma a los del patrono que prácticámente forman parte de éstos, el accidente es uno que surge como consecuencia y durante el curso del empleo tanto comb si hubiera sucedido mientras él obrero se ocupaba en su trabajo en el sitio de su ejecución.
• “La concesión de compensación a un obrero de una-fábrica de ladrillos que fué muerto por un tren mientras cruzaba la vía, fuera del camino público, al dirigirse a su trabajo — considerada compatible con la Enmienda Catorce, en vista de los heclios expuestos en la opinión.5 ’

Como puede verse, la regla establecida lo fué “en vista de los hechos expuestos en la opinión.”

Esta fué emitida por el Juez Sr. Sutherland y en ella se narran y comentan los hechos a los fines de la aplicación de la ley y la jurisprudencia, como sigue:

“En junio 17, 1925, Nephi Giles, un empleado de la compañía fabricante de ladrillos, fué arrollado y muerto por un tren al cruzar las vías de la Bamberger Electric Railroad Company mientras se dirigía a su trabajo. El cercado de la compañía de ladrillos radica en el lado oeste de las vías del ferrocarril, adyacente a éstas y conec-tado con ellas, según concluyó la Comisión, por un corto desvío. Las vías del tren se extienden hacia el norte y el sur. Giles vivía— y la evidencia indica que los empleados generalmente vivían — al lado este de las vías del tren. Al ir de sus casas a la fábrica les era imposible hacerlo sin cruzar las vías del tren. Había un cruce público, conocido por ‘Burns road,’ como a 200 yardas al sur de la fábrica. La vía de la compañía del ferrocarril, situada en el lado opuesto del cercado de la fábrica, tenía una cerca a ambos lados. Giles, al igual que otros empleados, al ir a su trabajo seguía a veces la carretera Burns hasta el crúce del tren, y entonces seguía hacia el norte por la vía del tren hasta la esquina noreste de la fábrica y de allí, a través de un hueco en la verja, hasta la entrada norte de la fábrica; y a veces algunos empleados, .entre ellos Giles, entraban a. la vía por la verja del lado este en sitios al norte de la carretera Burns y de allí cruzaban la vía más o menos frente al hueco. Esta variada práctica era bien conocida por la compañía y llevada a cabo sin objeción por parte de ésta. Era posible llegar a la fábrica siguiendo la carretera Burns a través de las vías y durante un trecho al oeste y entonces al norte y este hasta llegar a la entrada oeste de la fábrica, pero esta rufa era larga, tortuosa e inconveniente y, hasta donde demuestra la evidencia, no se usaba. Una honda zanja, abierta al norte de la carretera, impedía el ganar acceso al extremo sur de la fábrica.
“El gerente de la compañía declaró que él conocía los muchos medios de que se valían los empleados para cruzar las vías; que había visto a Giles valerse de todos; que le advirtió un número de veces que tuviera cuidado, pero que no le ordenó a él ni a ninguno de los empleados que suspendieran estas maneras de cruzar.
“AI ocurrir el accidente que culminó en su muerte, Giles entró a la ruta de Bamberger a través de una verja de alambre en el lado este, en un punto casi opuesto al hueco en la verja del oeste. Fué arrollado mientras cruzaba la vía en dirección a esta salida.
“El determinar si Giles fué negligente en entrar a través de la verja en la parte que lo hizo, o en cruzar las vías, o en no escoger el sitio más seguro, son cuestiones irrelevantes a la investigación. Se impuso responsabilidad constitucionalmente bajo el estatuto de compensaciones a obreros de Utah si hubo una relación causal entre la lesión recibida y el empleo a que Giles se dedicaba que sustancial-mente contribuyera a las lesiones. Cudahy Co. v. Parramore, 263 U. S. 418, 423-425. Y un empleo incluye no sólo la realización verdad del trabajo, si que un razonable margen de tiempo y espacio necesarios para ser utilizados en trasladarse a y desde el sitio donde el trabajo ha de llevarse a cabo. Si el empleado resulta lesionado mientras se traslada, con el expreso o tácito consentimiento de su patrono, a o desde su trabajo por una ruta dentro de la propiedad (premises) del patrono, o dentro de otras de otra persona tan cercanas y relacionadas con la primera que sean, como cuestión de hecho, una parte de la propiedad del patrono, la lesión es una resul-tante de y sufrida en el curso del empleo al igual que si se hubiera recibido mientras el obrero se dedicaba a su trabajo en el sitio donde acostumbraba llevarlo a cabo. En otras palabras, el empleo puede comenzar, en cuanto a tiempo, antes de empezarse el trabajo, y en cuanto a espacio, antes de llegar al sitio donde haya de llevarse a cabo el trabajo. Probablemente, y como regla general, puede decirse que el empleo comienza cuando el empleado llega a la entrada de la propiedad del patrono donde habrá de llevarse a efecto el trabajo; pero es evidente que en algunos casos la regla es amplia e incluye propiedades adyacentes, utilizadas por el empleado como un medio de ingreso o egreso con el consentimiento expreso o tácito del patrono. Id., pág. 426. Y véanse, en general, Procaccino v. Horton & Sons, 95 Conn. 408; Merlino v. Connecticut Quarries Co., 93 Conn. 57: Corvi v. Stiles & Reynolds Brick Co., 103 Conn. 449; Starr Piano Co. v. Industrial Acc. Com., 181 Cal. 433, 436-438; Sundine’s Case, 218 Mass. 1, 4.
“En el caso de Parramore, el mismo estatuto de Utah se hallaba bajo estudio, y decidimos que el mismo era válido al aplicarse al caso de un empleado que, mientras se dirigía a su trabajo, fué muerto por una locomotora en un paso a nivel público de un ferrocarril adyacente a la factoría de su patrono. Allí, como ahora, era nece-sano' que los'empleados, para llegar al sitio de su trabajo, cruzaran, las vías, y ellos fueron en realidad invitados por el patrono a hacerlo. La diferencia entre los dos casos estriba en que en el primero' él cruce usualmónte utilizado radicaba por completo eii un camino pú-blico, mientras que aquí la ruta seguida radicaba en parte a lo -largo de las vías del ferrocarril, siendo cruzadas dentro de la ruta de éste dondequiera que los empleados decidieran de propia Voluntad hacerlo.
' “El caso de'autos,’ si bien se acerca más a la línea fronteriza (border line) cae dentro de la regla establecida en el caso de Parrarriore. Ya que el único punto de acceso a su fábrica de ladrillos viniendo del este era a través de las vías del ferrocarril, la compañía necesariamente había de tener en mente el cruce de éstas por sus empleados. No habiendo ningún camino definitivo indicado por la compañía o seguido por los empleados, quienes, con pleno conoci-miento y aquiescencia de la compañía cruzaban usualmente por donde mejor les parecía, resulta que, no importa cómo el cruce se llevara' á cabo, el riesgo que se asumía al así hacerlo era razonablemente incidental al empleo y se adhería a éste como una cláusula implícita del mismo. Si fuere necesario fortalecer la implicación del consen-timiento por parte de la compañía al cruce de sus empleados por cualquier sitio que les plugiere, bastaría con referirse al testimonio del gerente, - quien, conociendo la costumbre, no la prohibió, si que la aprobó al advertirle'simplemente a Giles que tuviera cuidado.”

’ Como puede verse, los hechos son distintos a los de este caso. - Allí el obrero, para poder entrar a la planta de su patrono o salir de ella, tenía que pasar forzosamente sobre la vía de un ferrocarril adyacente, mientras que aquí el obrero salió de la colonia Cintrona 2da., donde trabajaba, a la Carretera del Litoral, que es una vía pública insular y por ella caminó sin dificultad un largo trecho. El accidente ocurrió en esa vía.

Se hace gran fuerza en que frente al sitio del accidente está la gran calle que conduce a la central del patrono cuyo negocio aumenta el tránsito de modo extraordinario, pero aun en la hipótesis de que por pertenecer al mismo patrono la colonia y la central pudiera concluirse que se trataba de un mismo negocio, aun así, no podría llegarse tan lejos como pretendedlos¡apelantes, esto es, a resolver'que el accidente ocurrió no en la calle sino en lbs premises del patrono, o en tin sitio adyacente conectado con ellos de tal modo qne prác-ticamente pudiera considerarse como parte de los suyos, propios..

Una vez -qne el obrero entró francamente en la carretera insnlar, al pasar por el sitio de ella-frente aLcnal estaba la gran calle de la central, se encontraba en la misma sitnación qne todas las personas qne por allí transitaban. El mayor movimiento qne pndo derivarse del-negocio afecta a todos en general, no a los obreros únicamente en particnlar.

Los hechos de la decisión de Alabama, Barnett v. Britling Cafeteria Co., 225 Ala. 462, 143 So. 813, 85 A.L.R. 85, snrgen. claros y completos del siguiente breve resumen:

“Las lesiones recibidas por nna empleada qne resbala en la acera inmediata a la entrada del lugar de negocios de sn patrono, a donde ella iba a entrar en camino para sn trabajo, debido a hielo formado de la acnmnlación del agua usada en el lavado de las ventanas, se interpretan como sufridas en el curso del empleo a los efectos de la Ley de Compensaciones a Obreros.”

Como también puede verse, la situación era distinta.

Por más esfuerzos que se hagan para demostrar lo con-trario y por más jurisprudencia que se cite, siempre tendrá que concluirse que aquí la aplicable es la regla general, no la excepción. Mientras la ley no varíe en el sentido de ordenar una póliza para asegurar al obrero en todas partes, mientras permanezca redactada en los términos en que ahora lo está, los principios que rigen en casos como éste son los expuestos con sencillez y precisión por Lord Cozens-Hardy en Longhurst v. John Stewart & Son, Ltd., 2 K. B. 803, 32 T.L.R. 722, W. C. & I. Rep. 292, 9 B. W. C. C. 605 (affirmed 1917 App. Cas. 249), citado en Burchett v. Anaconda Copper Min. Co., 48 Idaho 524, 530, a saber:

“ 'A mi entender se establecen dos proposiciones por las autori-dades: (ct) El empleo de un obrero no comienza sino desde que abandona un camino público, y no termina hasta tanto no llegue a un camino público. Mientras está en la carretera está ejerciendo sus derechos como parte del público, y no un derecho resultante de su contrato de trabajo. (5) Cuando el obrero está en terrenos perte-necientes a su patrono, sería un transgresor, si no fuera por su con-trato de trabajo, y está dentro de la protección de la Ley, aunque el accidente ocurra cuando no se halle en realidad trabajando, sino que meramente está yendo o regresando de su trabajo.’ ”

Como se dijo en Bacó v. Comisión, 52 D.P.R. 866, 873, que es nn caso que guarda estrecha relación con éste, “La difi-cultad en la resolución de casos de esta naturaleza estriba en que la tendencia natural es hacia la compensación. De ahí que el precepto de la ley se haya extendido a veces más allá de lo razonable con detrimento del Pondo del Estado que no fue calculado a base de tales riesgos.”

Procede la confirmación de las resoluciones recurridas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob SnydeR

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús R. Echevarría, acusado y apelante.
    Núm. 9462.

    Sometido: Junio 23, 1942.

      Resuelto: Julio 8, 1942.

      A. Reyes Delgado j P. Santos Borges, abogados del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fué convicto de no haber declarado y regis-trado un arma de fuego. Fué sentenciado a seis meses de cárcel y ha apelado, señalando dos errores.

El primer error señalado fué la negativa de la corte de distrito a conceder una moción de archivo y sobreseimiento fundada en que la acusación en este caso no fué radicada dentro de los 60 días a partir de la fecha en que el acusado fué detenido para responder (held to answer) por este delito, según lo exige el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Se celebró una vista separada sobre esta moción con anterioridad al juicio en los méritos.

La base de la moción del acusado fué que se le arrestó el 11 de enero de 1941, acusándosele de jugar a lo prohibido y fué puesto en libertad bajo fianza; que dos horas más tarde nuevamente se le arrestó acusándosele de no haber registrado un arma de fuego y fué puesto en libertad pres-tando otra fianza. Toda vez que la acusación en este caso fué radicada el 17 de marzo de 1941, más de 60 días a partir del 11 de enero, el acusado por consiguiente alega que su moción de archivo y sobreseimiento debe ser concedida.

El testimonio del policía, sin embargo, fué que había arrestado al acusado únicamente por infracciones a las leyes de rentas internas y juegos prohibidos, aun cuando había reportado subsiguientemente al fiscal de distrito el caso sobre arma de fuego. La corte de distrito se negó a admitir en evidencia una orden de excarcelación del acusado cumplimen-tada la noche en cuestión. No es necesario que nos deten-gamos a considerar si bajo ciertas circunstancias tal orden puede correctamente admitirse en evidencia como tendiente a demostrar que un acusado había sido anteriormente arres-tado. En verdad, el Pueblo está de acnerdo con este pnnto: Sin embargo, en este caso la orden de excarcelación ño tenía valor probatorio alguno, toda vez qne el juez de paz que la expidió declaró que la firma en ella contenida era la suya, pero que el delito que se le imputaba había -sido borrado después que él la expidió y que alguna otra persona había escrito en su lugar, “Infr. Ley de Rentas Internas, arma sin registrar ’ ’; que si él hubiera esdito algo y lo hubiera borrado' y cambiado después, hubiera puesto alguna indicación al éfecto en la orden.

■ El fiscal de distrito confirmó la relación hecha por el policía en cuanto a que éste había reportado el caso del arma de fuego. El fiscal de distrito declaró que después qué se había cerciorado debidamente que el acusado no tenía regis-trada el arma de fuego como lo exige la ley, había expedido una orden de arresto el 17 de enero, que fué cumplimentada el 20 de enero. Se admitió esta orden en evidencia. Este procedimiento parece especialmente plausible en este caso toda vez que ni el policía ni el fiscal de distrito estarían incli-nados a tomar medidas para arrestar un acusado por un delito de no haber registrado un arma de fuego hasta que se hubieran cerciorado por el encargado de los records de que el acusado no había inscrito el arma de fuego.

La corte de distrito, en vista de los hechos arriba- ex-puestos, resolvió correctamente que la acusación de 17 de marzo fué radicada dentro del período de sesenta días con-cedido por el estatuto, toda vez que el acusado fué detenido para responder (held to answer) por la comisión del delito en este caso por primera vez cuando se le arrestó el 20 de enero mediante la orden de arresto del fiscal de distrito. Pueblo v. Petrovich, 36 D.P.R. 609; Ferrer v. Corte, ante, pág. 624, resuelto el 25 de junio de 1942.

El segundo error señalado es que el veredicto de culpabilidad fué contrario a la prueba y a la ley. La prueba del Pueblo fué que el 11 de enero de 1941, la policía, en cumplimiento de una orden de allanamiento, allanó el Club Buenos Aires, én Arecibo, .y- que el acusado, quien er.a e¡L Administrador del Club, y otras cuarenta personas que es-taban presentes fueron arrestados por jugar a lo.prohibido; que el acusado, que estaba a cargo del club, entregó todos ■los instrumentos al policía; que mientras.registraban el.club, la policía encontró un escritorio con una gaveta cerrada; que el cabo que estaba a cargo del allanamiento ordenó al acusado que abriera la gaveta; que el acusado envió por la llave y abrió la gaveta, en la cual estaba el revólver envuelto en este caso; que la policía preguntó al acusado si el revólvér estaba inscrito, contestando éste en la negativa.

La prueba de la defensa'fúé qire: el escritorio era utilizado por clientes del club como un lugar para guardar sus perte-nencias, y que el revólver había sido puesto allí por uno de los que estaban presentes aquella noche, quien no se identi-ficó de ninguna otra manera. El acusado negó que el revólver fuera suyo, y declaró en su consecuencia que no sabía si estaba registrado.

El administrador del club no podía, desde luego, ser con-siderado responsable en todos los casos en que se hallase un revólver dentro del club. Pero en el presente caso hubo prueba, incluyendo la declaración del portero, uno de los testigos del demandado, demostrativa de que este último tenía el control sobre el escritorio, de la que puede razona-blemente deducirse que el administrador era dueño del re-vólver en cuestión. El Pueblo presentó un caso prima facie bajo la autoridad de Pueblo v. Semidey, 56 D.P.R. 158. El juez de distrito resolvió un conflicto en la prueba en contra del acusado. Nada encontramos en el récord que justifique nuestra intervención en la conclusión a que llegó la corte inferior.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Travieso y De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Silvia Simonet, demandante y apelada, v. Otilio Sandoval, demandado y apelante.
    Núm. 8522.

    Sometido: Junio 25, 1942.

      Resuelto: Julio 8, 1942.

      E. Pérez Casalduc, abogado del apelante; Antonio Lens Cuena, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Otilio Sandoval lia apelado de la sentencia de la corte de distrito concediendo el divorcio a su esposa por la causal-de abandono. La esposa no radicó alegato y el fiscal de esta corte lia recomendado que revoquemos la sentencia. '

La demandante declaró que contrajo matrimonio con el demandado en Nueva York en 1934, donde residía con su familia. Algunas semanas después la pareja vino a Puerto Rico, estableciéndose el domicilio conyugal en Manatí en una casa propiedad de su esposo. Sus padres y su hermana vinieron a Puerto Rico y vivieron con ellos. En 1935 nació una hija del matrimonio. En abril 1937 ella vino a Santurce, con permiso de su esposo, a dar a luz sn segundo hijo. Su familia vino con ella. Desde entonces no ha regresado a Manatí, y ella y sus dos hijos han vivido con y han sido mantenidos por su hermano. Su esposo la visitó en Santurce durante los tres o cuatro meses siguientes al nacimiento del segundo niño, pero se oponía a que regresara a Manatí hasta que él terminara ciertos negocios. En su última visita, cuando ella insistió de nuevo en regresar a Manatí, él rehusó permitirlo, dieiéndole que había alquilado su casa en Manatí y almacenado los muebles en un almacén. Ella le dijo que deseaba regresar a su hogar, pero que lo que él quería no podía ser, porque “él no quería tener hijos y me hizo pro-posiciones ilícitas”. Su esposo se molestó y se fué dieiéndole que nunca más lo volvería a ver.

En el contrainterrogatorio la demandante al principio negó haber tomado dinero alguno perteneciente a su esposo después de haber venido a Santurce. Finalmente admitió que había hecho efectivos cheques ascendentes en total a $10,000, pero manifestó que había entregado este dinero a su esposo. Negó que hubiese tenido relaciones maritales con su esposo en las visitas de éste a Santurce. Admitió que había radicado una demanda de divorcio contra él en 1937, pero hizo constar que había abandonado dicho pleito como resultado de una reconciliación.

El único otro testigo de la demandante lo fué su hermana. Su declaración tendió principalmente a corroborar lo relatado por la demandante en cuanto a su última conversación con su esposo.

El demandado declaró que en 1937 había dado permiso a su esposa para venir a San Juan por tres días con el fin de ver un doctor; que ella y su familia salieron de Manatí en el automóvil de él; que le dió a ella $65 para los gastos de ese viaje; que ella le telefoneó que viniese a San Juan, dieiéndole en aquel momento que ella tenía en mente perma-necer en San Juan y había hecho efectivos cheques de él ascendentes a $10,000, él producto de los cuales nunca recibió' de ella;, que mantuvo a su esposa e hijos, a pesar de- su -separación, hasta el 1940, en que su esposa se negó a aceptar más dinero de él, diciéndole que estaba Interesada en obtener el divorcio; que su esposa continuó insistiendo en que ella no viviría en Manatí y que él debía dejar su negocio, mudarse a San Juan y ponerle allí una casa; que cuando él le dijo que esto era imposible, ella dijo que preferiría divorciarse a vivir en Manatí; que había guardado los muebles en su casa en Manatí por espacio de año y medio, pero que final-mente había alquilado la casa y devuelto los muebles a su suegra, a petición de ésta.

El apelante insiste en que revoquemos la sentencia por el fundamento. de que existía una incongruencia subs-tancial entre la demanda y la prueba. La demandante alegó que el- domicilio conyugal radicaba en Santurce, en donde el demandado la había abandonado, mientras que su declaración fue que el domicilio conyugal radicaba en Manatí, el- cual ella abandonó voluntariamente. . Sin embargo, durante el juicio no hubo objeción a tal ’ declaración, y por tanto no revocaremos por este fundamento (Viñas v. Hernández, 60 D.P.R. 276).

No obstante, consideramos esta alegación de la de-manda como un hecho significativo de por sí en cuanto a la cuestión del abandono. Cuando la demandante .juró su de-manda, aparentemente consideró que su hogar, con su familia en Santurce, era el domicilio conyugal. Pero, de su declara-ción durante el juicio, resulta que el verdadero domicilio con-yugal estaba en Manatí. Y aún aceptando sustancialmente que toda su declaración sea cierta, la esposa no ha establecido un caso de abandono. Parés v. Echandi, 55 D.P.R. 163; Arce v. Lebis, 50 D.P.R. 899.

La demandante vino a Santurce de propia iniciativa. Trajo su familia con ella. ' Después .de negarlo al prineipiq, admitió que había hecho efectivos cheques de su esposo por $10,000. Aun asumiendo que su esposo insistiera en que ella se quedara temporalmente en San Juan en lo que él termi-naba ciertas negociaciones, cosa que él niega, en vista del hecho de que estas negociaciones exigían su presencia en el campo, su súplica estaba ampliamente justificada. La versión de la demandante acerca de la alegada conversación final entre ellos no es muy convincente. Declaró que su esposo' le dijo que había alquilado su casa en Manatí y almacenado' los muebles. Pero un testigo desinteresado declaró que había tomado en alquiler la casa al esposo bastante tiempo después y que cuando fué a vivir a la casa, los muebles estaban todavía en ella.

La vaga declaración de la demandante de que “él no quería tener hijos y me hizo proposiciones ilícitas” cierta-mente no es suficiente de por sí para justificar una sentencia de divorcio por la causal de abandono. Véase Axtmayer v. Ortiz, 19 D.P.R. 499, 502. Pero cf. Kreyling v. Kreyling, 23 A. (2d) 800 (N. J. Ch. 1942); 55 Harvard Law Review 1044.

La verdadera situación fué destacada por las siguientes preguntas hechas a la demandante por el juez de distrito y de sus contestaciones:

“P. ¿Y si él le dijera ahora que quiere que volviera a Manatí y que estaba dispuesto a traerla, estaba dispuesta a volver a Manatí? —Es una pregunta muy difícil, porque comprenderá que hace tres años y medio que estamos separados y surje de nuevo otra vez y vuelve a traer otra vez esto en corte, porque van tres años y termi-naríamos toda la vida. — P. ⅛ Quiere decir, que en esos tres años debido a la conducta de él ha perdido el cariño? — Si, señor;. P. ¿No podría hacer un sacrificio por los hijos para evitar el divorcio? — No, señor.”

En contraste, del mismo tipo de interrogatorio hecho al demandado surgieron contestaciones al efecto de que todavía quería a su esposa, que deseaba que ella desistiera de su demanda de divorcio y regresara a Manatí como su esposa, especialmente por el bien de sus hijos, y que ella así lo haría si no fuera por la insistencia de sus padres de que se divor-ciara de él.

La “Opinión y Sentencia” del juez de distrito dicé en parte como sigue:

“Del conjunto de la evidencia se llega por convicción a las siguientes conclusiones:
“El demandado se casó con una muchacha muy joven para él, existiendo una diferencia de edad de tal naturaleza, que no sólo por los años, sino por la apariencia física, ella podría ser y pasar por su hija propia.
“Se casaron en New York, ciudad donde la vida dinámica es causa de que no se medite mucho sobre las consecuencias de estos •enlaces inadecuados.
“Hace como tres o cuatro años la demandante se trasladó a .'Santuree donde tuvo el último hijo. Se concluye que desde entonces ,ya había diferencias entre ambos esposos, pues hubo litigios entre ■ellos en la Corte de Distrito de San Juan por alimentos y divorcio. Ella declaró que después dejó las cosas así, esperando ver si la situación se arreglaba, pero nunca volvió a Manatí.
“Se deduce por el conjunto de la evidencia, que la relación marital quedó entonces en tal forma, que el demandado le daba dinero y la visitaba en Santuree y ella continuaba alargando el rompimiento total de algo inevitable, pues el cariño, si alguna vez existió, se había extinguido entre ellos, a juzgar por las actuaciones •de ambos.
“Desde fines del año 1939 el demandado dejó de atenderla econó-micamente dando a la separación un aspecto más patente de aban-dono legal y la crisis provocó la presentación de la demanda en este caso.
“Desde cualquier punto que se mire esta situación, aún en el supuesto de que el demandado todavía guarde algún cariño a la esposa, con cujm unión se ha visto halagado por la juventud, enten-demos que es preferible la declaración del divorcio, pues se demuestra por los hechos ocurridos, que no hay entre ellos el lazo de unión pacífica y feliz que es necesario para la vida conyugal y para el buen ejemplo de los hijos.”

Es aparente que, no obstante lo bondadoso y laudable de sus motivos, el juez de distrito estaba tratando de desem-peñar el papel de un Salomón en vez de ceñirse a la ley y a la jurisprudencia. No está dentro de las atribuciones de las cortes el establecer la regla de que esposas jóvenes puedan divorciarse impunemente de esposos ya maduros. En verdad, hay autoridades de prestigio que nos llevarían al convencimiento de que quizás, aún enfocando el problema como una cuestión de política social, la corte inferior pudo haber estado equivocada. Los franceses, que no dejan de ser sabios en estos asuntos, sostienen que la edad de la esposa debe ser la mitad de la del esposo más siete años. Toda vez que el esposo en este caso en la época del juicio tenía 57 y su esposa 35, tal parece que el presente sería un matrimonio perfecto bajo tal fórmula. Sea ello como fuere, no hubo prueba clara y convincente de que el esposo abandonó a su esposa, y ésa era la única cuestión que legítimamente podía investigar la corte de distrito.

De igual modo, no nos ayuda la gráfica frase del juez de distrito de que “se casaron en New York, ciudad donde la vida dinámica es causa de que no se medite mucho sobre las consecuencias de estos enlaces inadecuados.” Presumible-mente, la corte de distrito estaba tomando conocimiento judicial de tal estado de cosas en Nueva York. Pero segura-mente esto no puede tener relación alguna con el hecho de que, después de vivir juntos en Puerto Eico durante cinco años y haber tenido dos hijos, el demandado haya abando-nado a la demandante en Puerto Eico. Y no obstante lo dinámica que sea la vida en Nueva York, allí el divorcio no se considera levemente. Sus leyes disponen solamente una causal de divorcio — adulterio (sección 1147, Ley de Práctica Civil de Nueva York). [4] Aparentemente, el juez de dis-trito estaba convencido de que las partes eran incompatibles, y creyó que ellas, su familia y la sociedad estarían mejor servidas concediendo el divorcio. Hasta que la Legislatura disponga que puede concederse el divorcio por incompatibi-lidad, no podrá sostenerse sentencia alguna basada en tales fundamentos. Véase Delgado v. Mercado, ante, pág. 585, resuelto en junio 18, 1942.

La sentencia de la corte de distrito será revocada.

Los Jueces Asociados Señores Travieso y De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señob. De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Martín Salas Cortés, acusado y apelante.
    Núm. 9252.

    Sometido: Junio 22, 1942.

      Resuelto: Julio 13, 1942.

      Herminio Miranda Negrón, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, Tí. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob. De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné convicto y sentenciado a diez meses de cárcel por xin delito de homicidio involuntario. Contra la negativa a concederle un nuevo juicio y contra la referida sentencia interpuso este recurso. Fundamentándolo, alega que el juez inferior actuó con parcialidad; que el veredicto es contrario a la ley y a la evidencia, y por último que erró la corte al desestimar la moción de nuevo juicio.

La alegada parcialidad por parte del juez inferior está basada en los siguientes incidentes:

1. El testigo de cargo Nicolás Ortiz al practicarse la investigación del caso había hecho ciertas manifestaciones que según se infiere del récord no armonizaban con lo que intentaba declarar en el acto del juicio, por lo que la corte le advirtió que si había declarado bajo juramento a qué dis-tancia de la interfecta había quedado la guagua del acusado después de arrollarla, tenía que decir allí la verdad y declarar.

2. Declaró la testigo de descargo Nelia Ester Lugo que los testigos de descargo presenciaron el accidente y que ninguno de los de cargo estaba en el sitio del suceso. Al preguntarle el fiscal si a pesar de lo que ella decía no era cierto que ella no había declarado ante el juez municipal y oponerse la defensa a dicha pregunta, manifestó el juez que estando el fiscal en las repreguntas y constándole a dicho funcionario que la testigo no había declarado ante el fiscal, la pregunta en cuestión era permisible.

3. Mientras declaraba el testigo de descargo Bartolo García, el fiscal le preguntó si estaba declarando en el juicio porque el acusado lo había traído. El abogado defensor, Sr. Mercader, manifestó que no se iba a oponer a la pregunta y entonces el juez, dirigiéndose al testigo, le dijo: “¿Quién le trajo a declarar? Conteste.”

4. T por último, en sus instrucciones al jurado el juez les explicó las precauciones que para evitar hacer daño deben tomar los conductores de vehículos de motor al encontrarse con viandantes en los caminos públicos.

El hecho de que el juez advirtiese al testigo de su deber de decir ,1a verdad no demuestra que tuviera prejuicio alguno contra el acusado. De los autos se desprende que el testigo había declarado en la investigación preliminar en sentido contrario al en que entonces trataba de hacerlo y siendo incompatible una declaración con la otra era propio que el juez le recordase su deber de decir la verdad. Si alguna errónea impresión pudieron haber causado las pa-labras del juez, fué destruida cuando al protestar la defensa el juez aclaró que lo único que él había dicho era que el testigo tenía la obligación de decir la verdad. El error, de haber existido, no fué perjudicial al acusado, como lo de-muestra la pregunta que el propio abogado defensor, Sr. Mercader, hiciera después al siguiente testigo de cargo, Juan Vélez Nadal, contestada en la afirmativa, a saber: “¿Entonces fué a parar la guagua un poco más allá de donde le dió el golpe y le pasó por encima?”

Tampoco demuestra parcialidad por parte del juez el hecho de que permitiese al fiscal preguntar a una testigo de descargo si no había declarado en la investigación preliminar. Ésa era una circunstancia que pudo haber tomado el jurado en consideración a los efectos de apreciar la credibilidad de la testigo, toda vez que de haber estado presente la testigo en el momento del suceso, y a falta de una explicación satis-factoria, lo más probable era que hubiera declarado en la investigación preliminar y no se reservase su declaración hasta la celebración del juicio. No quiere esto decir que esa mera circunstancia prive al jurado de darle crédito a la testigo, pero, como decimos antes, puede tomarla en conside-ración con las demás circunstancias que puedan concurrir, para apreciar su credibilidad.

Tampoco erró la corte al permitir al fiscal preguntar al testigo de descargo Bartolo García si dicho testigo estaba declarando en el juicio porque el acusado lo había traído, especiahnente cuando del récord aparece que al hacerse esa pregunta el abogado defensor manifestó que no iba a opo-nerse a ella.

Finalmente, actuó correctamente la corte al trans-mitir al jurado instrucciones sobre el deber del conductor de un vehículo de motor al encontrarse con viandantes en los^ caminos públicos. La instrucción dada al jurado era al efecto de que el conductor del vehículo tenía el deber de retirarse-todo lo posible del viandante para no hacerle daño y que el hecho de que el conductor fuese por su derecha y el viandante no, no autorizaba a aquél para echarle encima a éste el ve-hículo y hacerle daño.

El segundo fundamento carece de méritos. La prueba fué contradictoria. La de cargo tendió a demostrar que el acusado marchaba a gran velocidad de Utuado con dirección a Arecibo; que la interfecta y su hermana caminaban en dirección opuesta por su derecha y que en el trayecto que separaba la guagua del sitio por donde caminaban las niñas había algunas personas que hicieron señal al acusado para tomar el vehículo; que el acusado frenó la guagua para tomar dichos pasajeros pero al así actriar, el vehículo se desvió hacia la izquierda, arrollando a la menor de las niñas, sal-vándose la otra por haberse lanzado a la cuneta. La de-descargo tendió a demostrar que el acusado venía a una velocidad de dieciocho a veinte kilómetros por hora, por su derecha y tocando bocina; que las dos niñas caminaban en dirección opuesta también por su derecha, y que al acercarse el vehículo del acusado a ellas, la mayor empujó a su hermana hacia la izquierda, siendo arrollada por el vehículo a pesar de los esfuerzos que hiciera el acusado para evitar el acci-dente. Al dirimir el conflicto de la prueba el jurado dió-crédito a la de cargo, y no habiendo demostrado la defensa en manera alguna que fuese manifiestamente errónea tal apreciación, no debemos alterar la conclusión a que llegara el jurado.

La moción de nuevo juicio era claramente impro-cedente, En dicha moción el acusado no expone en qué con-sistieron las gestiones practicadas para conseguir antes del juicio la prueba que, según él, descubrió más tarde. Se limitó a expresar en la moción que se ejerció la mayor actividad para descubrir dicha prueba y que no fué posible obtenerla antes del juicio. Como dijéramos en el caso de Pueblo v. Bernabé Ruiz Torres, resuelto el 23 del mes pasado (ante, pág. 620), tratándose de una moción redactada en términos análogos, “estas meras conclusiones no están sostenidas por hechos de los cuales podamos determinar la suficiencia de las gestiones así como la imposibilidad de conseguir oportu-namente esos testimonios.”

Aparte de dicho defecto, que por sí solo basta para de-negar la moción de nuevo juicio, al examinar la prueba que se dice nuevamente descubierta resulta que interpretándola en la forma más conveniente al acusado sería a lo sumo acu-mulativa, y siendo ello así, tampoco procedería por ese fundamento la concesión del nuevo juicio. Véanse el caso de Pueblo v. Ruiz Torres, supra, y la monografía en 46 L.R.A. (N.S.) 903.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

text:
    General Motors Acceptance Corporation, demandante y apelante, v. María Petra Brañuela y Rafael Buscaglia, en su carácter éste de Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelados.
    Núm. 8433.

    Sometido: Junio 16, 1942.

      Resuelto: Julio 13, 1942.

      Brown, González <& Newsom y II. Rodríguez Antongiorgi, abogados de la apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm y Eulogio Riera, Subprocurador Auxiliar, abogados del Tesorero de Puerto Rico, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Caribe Motors Corporation vendió a Petra Brañuela bajo contrato de venta condicional cierto automóvil Chevrolet que luego fué confiscado por el Tesorero de Puerto Pico con motivo de haberlo utilizado el chófer Juan Beyes Matías en la transportación de treinta y cinco galones de alcohol en violación de la “Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas”, aprobada el 30 de junio de 1936 (3a. Leg. Ext., 45).

La apelante, a quien Caribe Motors Corporation había cedido sus derechos en el contrato de venta condicional, pre-sentó en la corte inferior contra Petra Brañuela y contra el Tesorero una solicitud de reposesión, en armonía con el pro-cedimiento establecido por la Ley de Ventas Condicionales de Bienes Muebles y Semovientes. Alegó la celebración del con-trato entre Caribe Motors Corporation y la demandada Brañuela; la cesión que de sus derechos como vendedora condicional le hiciera la Caribe Motors Corporation; la con-fiscación del vehículo por el Tesorero; el incumplimiento del contrato por parte de la compradora al usar o permitir que se usara el vehículo para la transportación de licores en violación de la ley; y por último, que la compradora le adeudaba por concepto del precio la cantidad de $528.12. Terminó la petición con súplica de que se ordenase al marshal se incautase del automóvil y lo entregase a la peticionaria, para que ésta procediese a disponer del mismo en armonía con la citada ley sobre ventas condicionales de bienes muebles. El día señalado para la vista compareció el Tesorero, no así la codemandada Brañuela. El tesorero admitió los hechos alegados en la petición, pero alegó que el artículo 62 de la Ley de Bebidas Alcohólicas le confiere un derecho preferente sobre el citado automóvil, alegando además que la petición no expone hechos constitutivos de causa de acción.

A base de las alegaciones expuestas, la corte inferior desestimó la petición por el fundamento de que la peticio-naria había perdido todo derecho o participación en el auto-móvil en controversia, por haber sido confiscado por el Teso-rero de Puerto Rico de conformidad con el artículo 62, supra. Estableció la peticionaria este recurso, y fundamentándolo sostiene que la interpretación que al citado artículo 62 diera la corte sentenciadora es errónea y que en la hipótesis de que no lo fuera, erró al no declarar nulo el estatuto por estar éste en conflicto con el artículo 2 de la Ley Orgánica, disposi-tivo de que ninguna persona será privada de su propiedad sin el debido proceso de ley. Al establecer su recurso, la peticionaria no notificó el escrito de apelación a la codeman-dada Brañuela, y basándose en ese alegado defecto el Teso-. rero apelado radicó una moción en este tribunal solicitando la desestimación del recurso. Dicha moción fue sometida juntamente con el recurso en sus méritos; pero como en ella se levanta una cuestión jurisdiccional que de ser sostenida nos impediría considerar el recurso en sus méritos, precisa resolver la moción en primer término.

¿Es Petra Brañuela una parte adversa que pueda ser perjudicada por la sentencia que se dicte en este recurso? No objetó ella a la confiscación que hiciera el Tesorero. Tampoco se defendió del procedimiento de reposesión instado por la apelante ni instó recurso alguno contra la resolución que nos ocupa, de ese modo consintiendo implícitamente el procedimiento de confiscación. De ser confirmada la resolu-ción apelada, quedaría en pie la confiscación consentida por ella y su situación sería la misma que si este recurso no se hubiera interpuesto. Si la resolución fuera revocada, podría beneficiarse si no se declarase al Tesorero subrogado en los derechos de ella, pues de no hacerse tal declaración podría ella adquirir lo que le correspondiese después de vendido el automóvil por la cesionaria en sustitución de la vendedora condicional y deducidas las cantidades a que la cesionaria tuviese derecho de acuerdo con la ley. Es, pues, evidente que cualquiera que sea la sentencia que este tribunal dicte, no existe posibilidad alguna de perjuicio para ella. Siendo ello así, aunque Petra Brañuela es una parte adversa al demandante, puesto que es parte demandada, no puede ser perjudicada por la sentencia en apelación y por consiguiente no era necesario notificarle la interposición del recurso.

Besuelta así la cuestión jurisdiccional, procede ahora la discusión del recurso en sus méritos.

Descansando como descansa principalmente la con-tención de la apelante en la interpretación que deba darse al citado artículo 62, está en orden transcribirlo aquí para la mejor inteligencia de la discusión:

“Art. 62. El Tesorero queda por la presente autorizado para confiscar cualquier vehículo, bote, lancha, o cualquier embarcación marítima o aérea que se capture cargado o en el momento de cargar o de estar transportando, llevando, o trasladando espíritus destilados o bebidas alcohólicas fabricadas, importadas, destiladas o rectificadas ilegalmente y sobre los cuales no se hubieren pagado los impuestos prescritos por esta Ley; y los mismos serán vendidos en pública subasta para beneficio de El Pueblo de Puerto Rico; Disponiéndose, que el Tesorero, a su discreción, y si el servicio público así lo requiere, podrá designar no más de cinco (5) de dichos vehículos o botes de motor para uso de los funcionarios y agentes debidamente autorizados por el Negociado de Bebidas Alcohólicas y Narcóticos.”

El precepto transcrito es terminante en cnanto autoriza al Tesorero a confiscar cualquier vehículo, bote, etc., que se capture transportando espíritus destilados o bebidas alcohó-licas sobre los cuales no se hubieren pagado los impuestos prescritos por la ley. Estatutos como el que nos ocupa han recibido distintas interpretaciones en lo que respecta a los derechos que sobre el vehículo tuvieren terceras personas que no hubieren tenido conocimiento ni consentido expresa o implícitamente en el uso ilegal de la propiedad. Tanto en su alegato como en su informe oral la apelante parte de la base de que ella no tuvo conocimiento ni en forma alguna consintió en el uso ilegal del vehículo y pretende que inter-pretemos el artículo 62, supra, en el sentido de que sus dis-posiciones no le son aplicables, y por lo tanto sus derechos no pueden ser afectados por la infracción de ley cometida por la compradora condicional o su agente. No descansa sobre una base sólida la argumentación de la apelante, pues en ninguna forma consta de los autos que ella sea el tercero inocente a que se refiere la jurisprudencia por ella invocada. El mero hecho de que la apelante sea la cesionaria de los derechos de la vendedora condicional no implica necesaria-mente que no haya podido tener conocimiento con anterio-ridad a la infracción que dió lugar a la confiscación del vehículo, de que éste fuese usado para tales fines, ni tampoco impide que expresa o implícitamente consintiera a tal uso, no reposeyéndolo del infractor.

En el presente caso la apelante no nos ha pnesto en con-diciones de resolver la cuestión planteada en sn alegato, pues no tenemos base para asumir que sea ella un tercero inocente, y a ella — que ahora lo afirma — incumbía alegarlo y probarlo. El procedimiento establecido por la apelante es de carácter civil y no existe presunción alguna de inocencia que pudiera justificar la omisión de que antes se ha hecho referencia. Siendo ello así, no tiene la apelante más derecho que la ape-lada Brañuela para impedir la confiscación del vehículo.

Réstanos ahora considerar la última de las cuestiones planteadas. ¿Infringe el estatuto la garantía constitucional sobre debido proceso de ley? En otras palabras, ¿concede la ley al dueño o persona interesada en el vehículo el derecho de ser notificado y la oportunidad de ser oído en su defensa? Es verdad que el artículo 62 antes transcrito nada expresa sobre notificación y oportunidad de ser oído, pero el artículo 97 de la misma ley concede amplia y suficientemente esa oportunidad. Dicho artículo, en lo pertinente, dice así:

“Art. 97. Siempre que el Tesorero de Puerto Rico esté facul-tado por esta Ley para vender artículos o productos confiscados por él o por sus agentes, la persona agraviada podrá apelar ante la corres-pondiente corte de distrito, y dicha corte tendrá jurisdicción, después de ser oída la persona, para confirmar, revocar, o modificar la deci-sión del Tesorero. Dicha apelación deberá radicarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación a la persona interesada. ’ ’

Podría argüirse que la audiencia tiene efecto después de decretada la confiscación; pero esa circunstancia es inma-terial a los efectos de la garantía constitucional que nos ocupa. Lo esencial es que la parte perjudicada tenga la oportunidad de ser oída antes de que el Tesorero disponga del vehículo. American Surety Co. v. Baldwin, 287 U. S. 156, 77 L. ed. 1289; Chicago v. O’Connell, 8 A.L.R. 916.

Es verdad que el artículo 97 no expresa en qué fecha se hará la notificación a la persona o personas interesadas, pero disponiendo dicho precepto que la apelación se interpondrá dentro de los diez días siguientes a la notificación, tal dispo-sición claramente implica el deber, por parte del Tesorero, de notificar a las partes interesadas, y mientras tal notifica-ción no se verifique, no se extingue el término para apelar, y mientras esté pendiente la apelación, la confiscación no es firme y el Tesorero no puede disponer del vehículo en per-juicio de los interesados en dicha propiedad.

Sentados estos principios y volviendo a las alega-ciones de las partes, forzoso es convenir con la corte senten-ciadora en que la petición no aduce hechos constitutivos de causa de acción. La apelante, como ya hemos dicho, no ex-puso en forma alguna hechos que pusieran a la corte inferior en condiciones de determinar si en efecto el artículo 62, supra, no le era aplicable. No habiéndose demostrado tal estado de hechos, la situación de la apelante, conforme resulta de la petición, es a los efectos legales la misma de Petra Bra-ñuela, y pudiéndose, a pesar de los derechos de esta última, confiscar el vehículo, también podría ser confiscado no obs-tante los derechos de la apelante, sin violentar en uno u otro caso el precepto claro del artículo 62. Bien pudo la apelante acogerse al derecho de apelación concedídole por el artículo 97 supra, y de ese modo estar en condiciones de exponer más clara y adecuadamente los hechos pertinentes a su defensa. No lo hizo, sin embargo, y el remedio escogido no parece ser el más apropiado.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso y con-firmar la resolución apelada.


author: El Juez Pbesidente Señor Del Tobo

text:
    La Capital de Puerto Rico, demandante, v. Ernestina y Redención Robles Hilera, demandadas y apeladas; Faustino Pérez, interventor y apelante.
    Núm. 8397.

    Sometido: Junio 11, 1942.

      Resuelto: Julio 14, 1942.

      R. Días Collazo, abogado del apelante; E. Díaz Santana y E. Mieres Galimono, abogados de las apeladas.
   El Juez Pbesidente Señor Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito de injunction iniciado por la Capital de Puerto Rico en la Corte de Distrito de San Juan el 25 de abril de 1940. Se pidió la expedición inmediata de un auto preliminar y en su día la de uno perpetuo prohibiendo a las demandadas Ernestina y Redención Robles continuar construyendo cierta adición — terraza—a una casa de su pro-piedad que invadía la avenida Palma de Miramar, Santurce, y decretando la demolición de lo ya construido.

Se ordenó a las demandadas que comparecieran a mostrar causa contraria, si la tenían, y en el entretanto compareció Faustino Pérez, propietario colindante, pidiendo permiso para intervenir y para radicar la demanda acompañada a su petición. El permiso fué concedido y admitida la demanda.

Señalada la audiencia del 9 de agosto de 1940 para oír a las partes, la demandante y las demandadas pidieron la sus-pensión del acto. No accedió la corte y oyó la prueba del interventor, ordenando la expedición del auto preliminar.

Así las cosas, las demandadas, el 3 de septiembre siguiente, contestaron las demandas. Para ese mismo día estaba seña-lada la vista del caso y el interventor se opuso a que las contestaciones fueran admitidas, por tardías. La corte las admitió.

A la vista faltó en comparecer la Capital de Puerto Rico. Asistieron el interventor y las demandadas. A petición de éstas el juicio fué transferido para el 7 de septiembre de 1940. Otra vez dejó de comparecer la Capital y la vista se celebró en su ausencia, quedando el pleito sometido a la corte para su decisión final.

En una “resolución” que precede a su sentencia, dijo la corte:

“En el caso que estamos resolviendo se probó claramente que las demandadas tenían título legítimo como dueñas del solar, y asimismo tenían y tienen la posesión material.
“Si por virtud del aparente trazado de una calle o avenida las partes demandantes se sintieron inducidas a abrigar la creencia de que por ello se tenía título de propiedad sobre determinado solar o parte del mismo, y tal parece ser lo ocurrido en el presente caso, veamos entonces lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“ 'La mera creencia de tenerse título a una propiedad no justifica el acudir al Injunction para abatir un estorbo público.’ 49 D.P.R. 336.
“Da doctrina es, a nuestro juicio, aplicable al caso que estamos resolviendo, ya que si admitiéramos que en realidad lo edificado por las demandadas invade la calle propiedad del municipio, tal edifi-cación constituiría un estorbo público. Y es precisamente lo que no se lia probado, o sea, que lo edificado invada parte alguna de la calle, porque no se ha establecido que la Capital de Puerto Rico adquiriera título de propiedad sobre parte alguna del solar de las demandadas.
“En el caso de Trujillo Lange v. López, supra, el Tribunal dijo, además, lo siguiente:
“ ‘No debe molestarse a un demandado con un pleito porqne im demandante tiene la idea de que él o la ciudad de.Mayagüez tiene el título de propiedad.’
“En el caso citado se trataba de un callejón. En el presente, de una .parte de' la calle.
“En aquél consignó el Tribunal, en los fundamentos de su reso-lución, las manifestaciones que a continuación transcribimos:
“ ‘No hay prueba alguna de que el municipio haya adquirido la propiedad del callejón mencionado en virtud de título alguno.’
“Lenguaje similar puede usarse en este caso. No se ha probado que la Capital de Puerto Rico tenga título de propiedad sobre parte alguna del solar de las demandadas.
“Y considerando esta Corte suficiente motivo para no acceder a lo solicitado el ya expuesto, estima innecesario discutir y resolver las demás cuestiones planteadas por las partes litigantes.”

De acuerdo con su criterio así expresado, el 15 de enero de 1941 la corte dictó sentencia declarando la demanda sin lugar con imposición de las costas a los demandantes con más trescientos dólares para honorarios de ahogado.

Dos días después el interventor apeló de ella par’a ante este tribunal y tres más tarde la Capital pidió reconsidera-ción de la misma. El 28 de enero de 1941 la corte modificó su sentencia imponiendo a la Capital sólo la parte de costas que le correspondiera, rebajando los honorarios a doscientos, dólares a pagarse por entero por el interventor. Este apela también de la sentencia como modificada.

Los errores que señala guardan todos relación con la prueba. Precisa, pues, exponerla en resumen y analizarla para decidir si debe o no revocarse la sentencia.

El primer testigo que declaró fué el propio interventor, Faustino Pérez. Vive en Miramar, avenida Las Palmas número cinco, Santurce, desde hace unos quince años, en casa de su propiedad contigua a la de las demandadas.

Cuando compró, ya estaba fabricada la casa de las deman-dadas. Haría como año y medio se comenzó a levantar la terraza. Se terminó haría dos meses y medio. La terraza está fuera del solar. Invade la calle. La casa del testigo está fabricada en la. línea del solar con la calle. La de las demandadas se ha ido como medio metro adelante. Hay-corno tres metros fuera de la línea de la calle. Nunca trató con ellas sino qne como cindadano y como contribuyente fné al municipio a quejarse, para que ellos procedieran. El muni-cipio tomó medidas. Ordenó la paralización de la obra, pero ellas clandestinamente la seguían. La construcción le afecta.

A repreguntas del abogado de las demandadas, contestó que conoció al padre de éstas, Santiago Robles. Cuando él murió la terraza estaba comenzada. Tenía las columnas y la torta. En vida de Robles se mandó parar la obra. El testigo no instó procedimientos judiciales. Fue donde el municipio. La calle está pavimentada hasta su casa. De ahí en adelante el municipio mandó parar la pavimentación. Sólo está de piedra, sin terminar.

Llamado Julio S. Amill, ingeniero del Gobierno de la Capital, reconoció como levantado por él un plano del sitio en que se encuentran las casas del interventor y las deman-dadas. Dijo haberlo levantado “en virtud de que nos encon-tramos al construir la calle Palma que había una casa de la Sucesión Robles que estaba ocupando parte de la calle... de este a oeste. Por el oeste ocupa esa casa alrededor de 75 centímetros y por, el este está ocupando 2 metros 40 centí-metros, ’ ’ del área que corresponde a la calle Palma del Muni-cipio de San Juan.

En repreguntas dijo que para levantar el plano no tuvo a la vista, el título de propiedad; que actuaba de acuerdo con las ordenanzas municipales para la apertura de calles; que se dieron cuenta de que la terraza invadía la calle cuando fueron a reconstruir ésta; que se examinaron los archivos municipales y se encontró que no se había dado permiso para la construcción de la terraza; que entonces procedió personal-mente a paralizar unos trabajos de ornamentación que se estaban ejecutando en las columnas que quedaban en la calle, comunicándoselo a una de las demandadas, que aceptó que estaba haciendo el trabajo sin permiso. Reiteró que no examinó título de propiedad alguno para levantar el plano y que actuó de acuerdo con las ordenanzas respecto al ancho de la calle.

Respondiendo al juez sentenciador, contestó:

“J. Dígame, ¿esa calle estaba ya trazada antes de la construc-ción o de la adición de la casa de Robles?
“T. Esa casa [calle] fné construida originalmente y no tenía encintado; no tenía los encintados, y pasaba precisamente la alinea-ción de los edificios actuales por debajo de la terraza que constru-yeron en esa calle.
“J. Lo que quiero yo saber es si la calle ya estaba delineada por el municipio y constaba ya en Ordenanzas Municipales antes de estar construida la adición.
“T. Sí, señor, estaba ya. Estaba ya y tenía su ancbo determi-nado basta la colindancia con anterioridad a la construcción de la terraza.
“J. ¿Y dice usted que la adición que le ban becbo a esta casa ba invadido la calle?
“T. Sí, señor.
“J. ⅞Eso no quiere decir que por virtud del trabajo combinado de la P. W. A. y el municipio se enmendara el ancbo de la calle, sino que el ancbo ya estaba establecido por una ordenanza municipal?
^“T. Ya estaba establecido, pero cuando fuimos a poner los encintados de acuerdo con el contrato, nos encontramos que estaba la terraza en la calle.
”J. ¿La terraza adicionada?
“T. La terraza adicional ya estaba construida invadiendo la zona de la calle.”

Se repreguntó de nuevo al testigo. Una de sus contesta-ciones fué:

“Hace como un año la señorita estuvo en mi oficina para que yo le diera un permiso para ponerle el balcón a la terraza. Entonces yo me negué, porque yo no iba a permitir que se construyera una terraza encima de la calle y que la necesitábamos nosotros para darle el ancbo necesario.”

Dijo que creía que la terraza comenzó a construirse haría alrededor de cuatro o cinco años y que el municipio paralizó la obra cuando llevó el caso a la corte, sin qne pueda pre-cisar cuándo ni a qué corte se llevó.

Intervino otra vez el juez como sigue:

“J. Usted declaró que de acuerdo con las exigencias de la W. P. A. tuvieron que trazar el encintado...
££T. Tuvimos que trazar el encintado fuera de la línea donde debiera estar.
“J. Eso significa que el municipio enmendó su línea de cons-trucción o...
“T. Actualmente, como está, no tiene el ancho. Tan es así que no se ha terminado la pavimentación de la calle.
“J. Lo que yo quiero saber es si el municipio aceptó que ese sea el ancho definitivamente o si subsiste el ancho que se expresa en la ordenanza y que el municipio intenta ponerla en su verdadero ancho.
“T. Yo, como ingeniero del Departamento de Obras Públicas, no lo acepto. Tan es así que paralizamos la obra.
££J. ¿Ese encintado es entonces provisional?
££T. Provisional. Afecta grandemente al municipio como está esto. ’ ’

Así terminó la prueba directa del interventor demandante. El plano levantado por el ingeniero de la Ciudad fue admi-tido y también una certificación del registro de la propiedad sobre inscripción de los solares del interventor y de las de-mandadas. La evidencia aportada por éstas consistió en una certificación de la inscripción del fallecimiento de Santiago Robles ocurrido el 23 de enero de 1938, en otra de la del nacimiento el 17 de junio de 1921 de la demandada Redención Robles, en un plano levantado por Pedro Iglesias y en las declaraciones de Ernestina Robles, Pedro González, Luis Torregrosa, Pedro Cruz, Juana Francisca Mora y Carlos Rodríguez.

Ernestina Robles dijo que la terraza la comenzó a cons-truir su padre como oebo meses antes de morir, terminando I las columnas y la torta de cemento. Después haría alrededor de un año y pico ella le puso la balaustrada y empañetó las columnas. La terraza está toda dentro del solar “menos... I la columna que va más al este, que queda 60 centímetros fuera para la calle.” Luego dice: “De acuerdo con los títulos de propiedad, mi terraza está en mi solar... Allí no había demarcación de calle ninguna cuando nosotros compramos... Esa demarcación se ha venido haciendo de dos o tres meses para acá.”

Admite que el ingeniero Amill le dijo que no podía hacer la terraza pero agrega que le contestó que ella simplemente iba a poner balaustres para que no se cayeran los niños, y él se avino hasta a hacerle un plano para que terminara el balcón.

Pedro González Iglesias, ingeniero, levantó por encargo de las demandadas un plano “de acuerdo con la ocupación de los edificios sobre los solares.” Los títulos de propiedad no se los enseñaron.

Se le repreguntó:

“.¿Tuvo usted en cuenta el ancho de la calle para ver si estaba dentro de la calle el solar éste que usted estaba midiendo?”

Y contestó:

“Allí no se podía tomar el ancho de la calle en cuenta puesto que la calle aquella no está terminada.”

Luis Torregrosa, ingeniero civil, inspeccionó la terraza, y dijo que no obstaculizaba el tránsito público por debajo de la misma y que según pudo apreciar la fachada de la casa contigua no quedaba afectada por la terraza. Tal como está construida hermosea el sitio.

Pedro Cruz trabajó en la construcción de la terraza, que se terminó en vida de Santiago Eobles. Después se puso el balcón, haría como un año.

Juana Francisca Mora dijo que sus nietas, las deman-dadas, viven con ella en la casa del pleito y que la terraza tiene de cuatro a cinco años de hecha.

Carlos Rodríguez, esposo de la demandada Ernestina Robles, dijo que la terraza, se fabricó haría cuatro años y medio, y tal como está construida, no obstruye el tránsito público.

El interventor ofreció en rebuttal los testimonios de Roberto Castro y Pedro G. González. Dijo el primero que vivía en la calle Las Palmas, y había trabajado como albañil para las demandadas hacía cuatro o seis meses en Miramar, empañetando una baranda y unas columnas; y el segundo declaró que vivía en la avenida Palma número cinco, Miramar, en los altos de la casa del interventor, y vió trabajar en la casa contigua de las señoritas Robles, en la terraza, haría unos seis meses.

A nuestro juicio la evidencia en conjunto demuestra más de lo que consideró probado el juez sentenciador. No hay duda de que pudo ser más clara y precisa, pero tal como es pone de manifiesto que la terraza en cuestión invade la calle en la porción especificada por el ingeniero de la Ciudad. El caso es distinto al de Trujillo Lange v. López, 49 D.P.R. 336, que cita el juez sentenciador. Guarda relación con el de Capella v. Carreras, 48 D.P.R. 830 y 57 D.P.R. 258.

La existencia de la calle consta del propio título de las demandadas inscrito en el registro de la propiedad y de las declaraciones de sus mismos testigos. Es tan evidente que ello induce a darla por establecida y a descuidarse no llevando al récord el testimonio específico necesario para que, hablando por sí mismo, la ponga de manifiesto. Pudo el récord hablar con mayor precisión, pero, repetimos, lo que dice tomado en conjunto es suficiente.

Algo que llama la atención es la actitud asumida por el Gobierno de la Capital. Era 'ese gobierno el llamado a llevar el asunto hasta el fin. Tenía en su poder todo lo necesario y estaba obligado a hacer valer los derechos del público en general y del contribuyente interventor en particular que solicitó su ayuda por ser el más directamente perjudicado, ayuda que le prestó al principio y que luego le negó sin explicación satisfactoria alguna, dejándolo solo y expuesto a todos los riesgos del litigio.

La declaración del ingeniero de la ciudad, gráficamente ilustrada por el plano que levantara, es terminante. La ave-nida Las Palmas, de la Palma o Palma en el suburbio de Miramar, Santnrce, estaba trazada cnando el cansante de las demandadas y el interventor compraron sns solares y edifi-caron sns casas. La edificación del interventor se ajusta a la línea del solar y la calle y también estnvo dentro de esa línea la edificación de las demandadas.

Fné mucho después que ocurrió la violación que dió origen a este pleito. La nueva construcción, la que invade la calle, es una terraza de cemento adicionada a la vieja casa.. La comenzó el padre de las demandadas alrededor de cuatro años antes del pleito y la continuaron ellas mismas. Hubo oposición desde el principio, pero la experiencia demuestra cuán difícil es obtener, una solución satisfactoria en casos semejantes cuando se trata de un propietario agresivo, espe-cialmente en sitios donde las calles no han sido construidas en forma definitiva con sus aceras y encintados.

Fué precisamente cuando el municipio, aprovechando la ayuda federal del Nuevo Trato, comenzó la construcción en forma de la calle, que la violación se puso de manifiesto de modo tal que no pudo ocultarse. Al llegar a ella no fué posible obtener el ancho que traía la calle conforme al dádole desde su origen, y surgió el pleito. Esa misma construcción parte de la base de una calle pública, porque ni el municipio ni el Gobierno Federal pueden emplear los fondos públicos que para ello tienen a su disposición, en calles privadas.

Además lo que tienden a demostrar algunas de las decla-raciones de los testigos de las demandadas, es que el público podría transitar sin dificultad por debajo de la terraza aunque ésta tuviera columnas construidas en la calle. Y una de las defensas alegadas en su contestación por las demandadas es: “Alegan las demandadas que ellas y la demandante han llegado a un acuerdo, a virtud del cual, mediante el pago de una cantidad de dinero a la demandante, las demandadas quedarán dueñas absolutas del terreno que se alega en la demanda ocupa la adición que en la misma se menciona, poniendo fin, de esta manera, al litigio entre las partes.”

La justicia en este caso no puede hacerse amoldándose a lo ya hecho sin derecho alguno por el causante de las deman-dadas y por ellas mismas, variando la línea del encintado, dando menos ancho a la calle, destruyendo su uniformidad, por no causar el perjuicio de destruir en parte la edificación.

Todas las personas deben sufrir las consecuencias natu-rales de los actos que voluntariamente realizan. Y el acto realizado por el causante de las demandadas y continuado por -éstas no sólo lo fué sin derecho y voluntariamente si que perjudica al público en general y al propietario vecino en particular. No es lo mismo para el público transitar por una calle de ancho uniforme que por una que de pronto se hace más estrecha en forma irregular. Y en tal caso sufrir la consecuencia natural del acto realizado, es hacerlo desa-parecer a su costo.

Hemos examinado las defensas especiales alegadas por las demandadas y no tienen fundamento, a nuestro juicio.

Si bien es cierto que la demandada Redención Robles tenía menos de veintiún años al iniciarse el pleito, también lo es que de la certificación del registrador de la propiedad pre-sentada en evidencia por el interventor consta que la finca de que se trata se hallaba inscrita a título de herencia “a favor de Ernestina y Redención Robles Hilera, mayores de edad, la segunda por emancipación.” Tampoco era necesario demandar al esposo de la otra demandada por tratarse de propiedad privativa de su mujer. En cuanto a la defensa de laches bastará decir que los hechos del caso y las circuns-tancias concurrentes tales como surgen de la prueba que dejamos expuesta, no la justifican, y en cuanto a la de transac-ción, que no se presentó prueba en el juicio.

Por virtud de todo lo expuesto, procede la revocación de la sentencia apelada, dictando en su lugar otra ordenmído a las demandadas a demoler, dentro de noventa días contados a partir del recibo del mandato en la corte de distrito, toda la parte de la terraza en cuestión construida en la calle Las Palmas, o sea en una longitud de diez metros veinticinco centímetros, comenzando con un ancho de setenta y cinco centímetros en el extremo oeste y terminando con uno de dos metros cuarenta centímetros en el extremo este, con las costas a las demandadas, sin incluir honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Agueda Rivera, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; Pondo del Seguro del Estado, interventor.
    Núm. 243

    Sometido: Junio 8, 1942.

      Resuelto: Julio 20, 1942.

      Ismael Soldevüa, abogado de la recurrente; Hon. Procurador General George A. Malcolm, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar y G. Atiles Moréu, A. de Jesús Matos, y J. Correa Suárez, abogados del Pondo del Seguro del Estado, interventor.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Carmelo Eivera trabajaba como obrero con Juan Bnrgos, patrono asegurado con el Fondo del Seguro del Estado. El 23 de mayo de 1938 falleció dicbo obrero a consecuencia de la cornada de nn buey, recibida el 17 de ese mismo mes, en el curso de su empleo en Ceiba, P. B.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado, por decisión de 7 de julio de 1938, declaró que el accidente por el cual perdió su vida el obrero, era uno previsto por nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y por tanto sujeto a compensación, pero que, no habiendo persona alguna con derecho que dependiera para su subsistencia del obrero fallecido, se ordenaba el archivo del caso.

El 3 de agosto del mismo año, Agueda Rivera, hermana del obrero Carmelo Rivera, radicó un escrito de apelación en la Comisión Industrial, contra dicha decisión, compareciendo en su carácter de madre con patria potestad sobre los me-nores-Norberto y Juanita Rivera y ¿legando que.los mismos dependían de lo que ganaba su tío, el obrero muerto, para su subsistencia.

Celebrada vista, la Comisión Industrial, en 17 de noviem-bre de 1938 dictó resolución al efecto de que los sobrinos no están incluidos entre los parientes que pueden percibir com-pensación de acuerdo con el inciso 5o. del artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 1935 ((1) pág. 251).

El 2 de diciembre de 1938, la peticionaria Agueda Rivera radicó una moción de reconsideración, la cual fue declarada sin lugar el 28 del mismo mes y año. No se estableció recurso alguno para la revisión de dicha resolución.

Posteriormente, el 5 de julio de 1939, compareció nueva-mente Agueda Rivera ante la Comisión Industrial con un escrito de apelación contra la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado dictada el 7 de julio de 1938, alegando no estar conforme con la misma por ser ella madre de crianza del obrero fallecido y que dependía de él para su subsistencia.

Visto el caso, -en 23 de mayo de 1940 la Comisión Industrial dictó resolución en el sentido de que:

“ ... Agueda Rivera no ha probado su alegada condición de madre de crianza de Carmelo Rivera, y resolvemos de conformidad con el Administrador del Fondo del Estado, que Carmelo Rivera no dejó al morir beneficiarios con derecho a percibir la compensación que pudiera haberse originado por causa de su muerte por un acci-dente del trabajo y denegamos la presente apelación.”

Solicitada y denegada la reconsideración, la peticionaria radicó el presente recurso, señalando la comisión de cuatro errores, a saber:

“A. Al decidirse como se decidió en contra de la peticionaria la cuestión de derecho sobre suficiencia de la prueba, manteniéndose que no es bastante para declarar la existencia de la relación de madre e hijo de crianza entre la peticionaria y el obrero fallecido.
“B. Al exigir según se exigió, como requisito de ley para la creación del vínculo de madre e hijo de crianza, que se establezca el nexo desde la infancia del hijo, a pesar de no haber estatuto que así lo disponga ni razón natural o lógica que lo sostenga, máxime cuando aun la adopción, institución más formal y solemne, se puede hacer en favor de una persona mayor de edad, si ella lo consiente, con arreglo al Código Civil.
“ C. Al ño declarar a la peticionaria madre de crianza del obrero Carmelo Rivera, habiendo prueba para ello.
“D. Al interpretar restrictivamente el tercer párrafo del inciso 5 del artículo 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Leyes de 1935, pág. 267), que reconoce el derecho de indemnización de los padres de crianza siempre qué no hubiere algún otro pariente con prelación y aquéllos dependieren de lo que ganaba el obrero.”

La única cuestión envuelta en el caso es si Agueda Eivera era o no madre de crianza del obrero fenecido.

Los Lechos que la Comisión Industrial declaró probados por la peticionaria en la vista, son los siguientes:

(a) Que Agueda Rivera sólo era 4 Aína mayor que su hermano ■Carmelo.
‘‘(b) Que Carmelo Rivera vivió con su padre hasta la muerte de éste, y entonces vino a vivir con Agueda.
“ (c) Que Carmelo vino al lado de Agueda ya casi hombre, acostumbrado a trabajar y a ganarse la vida.
“(el) Que desde que vino a vivir con Agueda le daba su sueldo el que ésta empleaba en la manutención de todos. ’ ’

⅞ Sostienen estos hechos la alegación de la peticionaria de que Carmelo Eivera era hijo de crianza de ella?

El concepto de hijo de crianza.no aparece definido en nnestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Esta ley meramente menciona los hijos y padres de crianza entre las personas con derecho a compensación como' depen-dientes.

Solamente hemos encontrado otra ley entre nuestros cuer-pos legales en que también se hace referencia a las relaciones entre padres e hijos de crianza. Es ésta la Ley Núm. 238 de 15 de mayo de 1938 ‘ ‘ Creando un Sistema de Hogares de Crianza, etc.”. En la misma se define, entre otros, el término Hogar de Crianza (Foster Home) como “aquel que le proporcione protección, alimentos y atención individual a un niño que no sea el propio.”

Vamos a ver cómo define el diccionario los conceptos de “hijo” y de “padre de crianza”.

Crianza — según el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, ed. 1939) es la “acción y efecto de criar. Con particularidad se llama así la que se recibe de las madres o nodrizas mientras dura la lactancia. Epoca de la lactancia... Bar crianza a uno... Criarle, cuidar de su crianza.”

Criar — “3. Nutrir y alimentar la madre o la nodriza al niño con la leche de sus pechos o con biberón... 5. Instruir, educar y dirigir... Estar uno criado... Poder bandearse o cuidarse sin otro que lo dirija o le ayude.”

El Diccionario Salvat y el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano expresan los mismos conceptos.

Del Appleton’s New English-Spanish Spanish-English Dictionary (ed. 1931) tomamos el siguiente significado de la palabra “Foster — II. a. Como adjetivo, se aplica comúnmente a nombres que por sí solos denotan parentesco, para expresar condición análoga debida a crianza o, general pero no nece-sariamente, adopción. — foster brother, child, sister — hermano, hijo, hermana de leche, adoptivos, o criados como hijos, etc. foster mother, father — madre, padre adoptivos, o que han criado a los foster children correspondientes — foster home— casa de crianza, donde se crían niños ajenos.”

Del “Webster’s Universities Dictionary of tlie English Language” (ed. 1940) tomamos los siguientes conceptos: “Foster child — Á child nursed by a woman not the mother, or bred by a man not the father.”

“Foster father — One who takes the place of a father in bringing np and educating a child.”

“Foster mother — A nurse; a woman who nurses and cares for the child of another.”

El concepto de madre, padre, o hijo de crianza no parece, aun haber sido adoptado por la Real Academia Española y por tanto no aparece en el diccionario publicado por ésta. Sin embargo, en Puerto Rico es de uso bastante común, al extremo de haber sido incorporado a algunas de nuestras leyes. Y se usa, según nuestro entender, en el mismo sentido que el de foster father, mother or son del inglés. Siendo ello así, es natural que solamente puedan considerarse hijos de crianza aquellos que son criados, es decir, educados, dirigidos e instruidos por una persona que no es su padre natural,, desde la infancia. Por lo tanto una persona que ya está criada, es decir que ya puede “bandearse o cuidarse sin otro que lo dirija'o lo ayude”, ha, indudablemente, pasado la edad .en que pueda establecerse entre ella y otra persona mayor, las relaciones de padre e hijo de crianza.

En el caso que nos ocupa, según se demostró por la evi-dencia aportada en la vista, Carmelo Rivera vino a vivir a casa de su alegada madre de crianza, la recurrente, cuando era “ya casi un hombre, acostumbrado a trabajar y a ganarse la vida”, es decir, ya criado; ya pudiéndose valer de sí mismo- sin otro que lo dirigiese o ayudase. Por tanto, resulta a todas luces imposible que se pueda establecer la relación de padre e hijo de crianza entre una persona ya criada y otra' 4 años mayor que ella, pues esta relación, para que pueda establecerse debe comenzar desde la niñez o la infancia del hijo de crianza.

La resolución recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    María Aurora Vázquez Medina, menor de edad, representada por su padre natural reconocido Esteban Vázquez Gómez, demandante y apelante, v. Manuel González Martínez, demandado y apelado.
    Núm. 8554.

    Sometido: Julio 6, 1942.

      Resuelto: Julio 20, 1942.

      B. Arjona Siaca, abogado de la apelante; Francis & Belaval, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El día 16 de marzo de 1942 la corte inferior dictó senten-cia declarando sin lngar la demanda en este caso y el 9 de abril la demandante radicó nn escrito de apelación para ante esta Corte Suprema. El 14 de mayo el demandado apelado presentó ante esta corte nna moción solicitando la desesti-mación del recurso por baber transcurrido el término de treinta días que tenía la apelante para radicar la transerip-ción de autos sin qne la misma se hubiera radicado o se hubiera solicitado prórroga para hacerlo.

Notificada la apelante de esta moción radicó una oposi-ción a la misma admitiendo los anteriores hechos pero ale-gando que habiendo examinado el expediente del caso en la corte inferior encontró que no se había notificado oportuna-mente de la sentencia a las partes ni se había unido a los autos la constancia de tal notificación y que habiéndose cum-plido con dichos trámites por el secretario de dicha corte el 24 de abril no había vencido el plazo que tenía para apelar.

Se señaló la vista de la moción para el día 6 de julio de 1942, pero, con anterioridad a dicha fecha o sea el día 15 de junio de 1942 se radicó la transcripción de autos y el mismo día de la vista, el alegato de la apelante. Ambas partes comparecieron y han radicado alegatos.

La razón alegada por la apelante para no haber radi-cado en tiempo la transcripción de autos, de la cual, después de enmendada con permiso de esta corte, aparece que la demandante radicó un segundo ■ escrito de apelación el día 16 de mayo de 1942, no puede prevalecer. Arguye la ape-lante que habiéndose archivado en los autos el día 24 de abril de 1942 copia de la notificación de la sentencia dictada el 16 de marzo de 1942, su primer escrito de apelación radi-cado el 9 de abril de este año lo fué prematuramente y que, habiendo radicado su segundo escrito de apelación el 16 de mayo y radicado la transcripción de autos en esta corte el 15 de junio no habían transcurrido los treinta días que tenía para hacerlo.

No tiene razón la apelante, a nuestro juicio. Una situación de hechos similar surgió en el caso de Veve et al. v. The Fajardo Sugar Growers’ Association, 17 D.P.R. 1036 y se resolvió lo siguiente:

“Resulta de lo expuesto que el día en que se pronunció la sen-tencia, los demandantes presentaron su escrito de apelación y que posteriormente se hicieron notificar la sentencia por el secretario, y entonces establecieron una segunda apelación contra la propia sen-tencia, para tramitar la cual se aprobó un segundo pliego de expo-sición del caso.
“Esa segunda apelación era innecesaria porque, si bien es cierto que la ley de 9 de marzo de este año, para enmendar entre otros el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispone que el tér-mino para apelar empezará a correr desde que el secretario baya archivado en los autos copia de la notificación que de la sentencia debe hacer a la parte perjudicada por ella, o a su abogado, sin embargo, tal notificación no es necesaria cuando el perjudicado registra un escrito de apelación.”

Al mismo efecto véanse los casos de Torres v. Calaf, 17 D.P.R. 1183 y Rivera v. Martínez, 26 D.P.R. 139; Expósito v. Guzmán Vda. de Expósito, 44 D.P.R. 24 y Hernández v. Cruz Román, 48 D.P.R. 523.

En el caso de Expósito, supra, se ratificó la doctrina de que la interposición de una apelación constituye una renuncia por parte de la apelante a que se le notifique la sentencia. Y en el de Hernández, supra, se dijo que: “Después que se dicta sentencia, la parte . . . tiene derecho a apelar sin es-perar que se le notifique.”

De acuerdo con esta jurisprudencia, no procedía que la apelante radicara un segundo escrito de apelación en este caso después de haber sido notificada de la sentencia. El término de treinta días que tenía para radicar en esta corte la transcripción de autos debe empezarse a contar desde la fecha en que radicó en la corte inferior su primer escrito de apelación el día 9 de abril de 1942. Dicho término vencía el día 9 de mayo de 1942 y, sin que se hubiera solicitado prórroga alguna, no fué hasta el 15 de junio de este año que se radicó la transcripción de autos en esta corte.

Ahora bien, de acuerdo con la Eegla 58 de nuestro Eeglamento, es discrecional la desestimación de un recurso por el fundamento alegado por el apelado en este caso. De la transcripción de autos aparece que se trata de un caso de daños y perjuicios en el que la demandante es una niña de nueve años de edad y que la demanda fue desestimada a virtud de una excepción previa de falta de hechos para constituir una causa de acción. El alegato de la apelante ya ha sido radicado y los errores imputados a la corte inferior envuelven una cuestión de derecho que es objeto de amplia discusión.

A nuestro juicio, se cumplen mejor los fines de la justicia declarando sin lugar la moción de desestimación, y así se resuelve.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Dolores Vega Rodríguez, et al., demandantes y apelados, v. Juan García y Anastacia Acosta, etc., demandados y apelantes.
    Núm. 8570.

    Sometido: Julio 13, 1942.

      Resuelto: Julio 20, 1942.

      A. J. Av.iadco, abogado de los apelantes; José G. Jusino, abogado da. los apelados.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados radicaron en junio 25 de 1942 una moción pidiendo la desestimación del recurso de apelación en este-caso de acuerdo con las disposiciones de la Regla 40 del Reglamento de esta corte. La moción se basaba principal-mente en el hecho de que los apelantes no habían radicado la transcripción de autos en esta corte. Sin embargo, antes de la radicación de esta moción, ya habíamos concedido a los apelantes el 23 de junio una prórroga hasta el 30 de junio para este fin. El 30 de junio concedimos a los apelantes una prórroga adicional hasta el 10 de julio. Como los apelantes radicaron la transcripción de autos en esta última fecha, tenemos que denegar la moción de desestimación.

Los apelados, en la oposición que radicaron a la moción de los apelantes para que se les concediera una prórroga para radicar la transcripción, hacen referencia al hecho de que la apelación era frívola. Sin embargo, la única moción ante nosotros en este momento es una de desestimación por no haberse radicado la transcripción. Esta última ya ha sido radicada. Si los apelados desean insistir en que la apela-ción es frívola, están en libertad de radicar una moción ilevantando esa cuestión.

La moción para desestimar será denegada.