source: Caselaw Access Project

author: PER curiam: Juez Asociado Se-ñor Martínez Torres,

license: Public Domain

text:
      In re Jane Hoffman Mouriño, querellada.

      Número: CP-2013-30

      Resuelto: 12 de noviembre de 2015

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, y Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general; Carmen I. Navas, Virgilio Mainardi Peralta y José Angel Rivera Rodríguez, abogados de la querellada; Crisanta Gon-zález Seda, comisionada especial.
   PER curiam:

Nos corresponde determinar si una abogada actuó de manera tal que se apartó de la responsabilidad ética de efectuar una aportación cabal en ánimo de procurar una mejor administración de la justicia, conforme al Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Una vez más, reafirmamos que la buena marcha de los procesos judiciales no solo es responsabilidad de los funcionarios que día a día laboran en las salas de los tribunales, sino de todos los abogados y abogadas que ante este Foro juramentaron desempeñar esta noble profesión.

“[C]ada abogado [...] es un espejo en el que se refleja la imagen de la profesión” por lo que debemos puntualizar que en la abogacía se refleja también la imagen de la justicia. No se pueden minimizar los deberes éticos, ya que permitirlo incide sobre la fe y la confianza en nuestro sis-tema judicial. Por ello, los abogados y las abogadas deben tener presente que su conducta no se mide con los mismos parámetros con los que se mide la de un ciudadano particular. Al ser así, este Tribunal tiene el firme compro-miso de fortalecer y velar por el cabal cumplimiento de los principios que rigen la ética profesional.

Pasemos, pues, a exponer los hechos que dieron lugar a la querella que nos ocupa.

La Leda. Jane Hoffmann Mouriño (la querellada) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 1 de noviembre de 1978 y a la práctica de la notaría el 30 de ese mismo mes. Esta figuró como parte de la representación legal de la de-fensa en una vista de determinación de causa para arresto que se celebró el 24 de enero de 2011 en la Sala de Inves-tigaciones del Centro Judicial de San Juan, presidida por la Hon. María de los Angeles Rabell Fuentes. Trascendió que luego de que el Ministerio Público mostrara y entre-gara cierta prueba de cargo a los representantes legales allí presentes, se extravió una prueba de campo y el in-forme del inventario de un vehículo de motor, conocido como el documento “PPR 128”.

Esta situación provocó que el 10 de febrero de 2011, la entonces Jueza Administradora de la Región Judicial de San Juan, Hon. Isabel Llompart Zeno, presentara ante esta Curia un escrito de comparecencia especial refiriendo a nuestra atención la investigación que se realizó sobre el incidente. Allí mencionó que los abogados que estuvieron presentes en esa vista fueron la Leda. Jane Hoffmann Mouriño y los Ledos. Gabriel Hernández González y Wilfredo Díaz Narváez. Con el escrito acompañó varios docu-mentos, a saber: el Informe de Incidente suscrito por la jueza coordinadora de Sala de Investigaciones, Hon. Ladi V. Buono De Jesús; el Informe preparado por la jueza municipal María de los Ángeles Rabell Fuentes; los respecti-vos informes de tres alguaciles, y una moción suscrita por la fiscal ítala Rivera Buonomo.

Así las cosas, el 11 de marzo de 2011 referimos este escrito a la Oficina de la Procuradora General para que investigara si los abogados allí mencionados incurrieron en violaciones a los cánones del Código de Etica Profesional. Consecuentemente, el 25 de octubre de 2011 la Procura-dora General presentó un primer Informe, y en cuanto a la querellada, detalló lo siguiente:

De las entrevistas realizadas podemos concluir que, el licen-ciado Hernández no supo de la prueba extraviada luego de la vista y que solamente tuvieron conocimiento del hecho en dicho momento los licenciados Hoffmann y Díaz. Estos negaron tener dicha prueba cuando se les requirió que verificaran en-tre sus papeles pero, ninguno de ellos verificó nada antes de negar el hecho.
Señalamos que, conociendo de la situación surgida la licen-ciada Hoffmann opta por retirarse del lugar.
En cuanto a la licenciada Hoffmann, esta conoció que se extra-vió cierta prueba y optó por no revisar sus pertenencias para ver si por error se había ido con sus papeles. Simplemente se limitó a indicar que no la tenía.

A pesar de haber realizado esas expresiones, entendió que no había prueba de conducta irregular por parte de los abogados involucrados. Ante ello, el 30 de noviembre de 2011 le ordenamos a la Procuradora General que reinves-tigara los antecedentes fácticos que dieron lugar a la queja, específicamente la conducta de la licenciada Hoffmann. Así, el 18 de octubre de 2012 recibimos el Informe Comple-mentario, en el que se puntualizó lo siguiente:

[...] nos reiteramos en el contenido del Informe rendido en cuanto a la conducta desplegada por la licenciada Hoffmann Mouriño, quien se negó a verificar sus documentos ausentán-dose rápidamente del área de recepción.

De esta forma, concluyó que la conducta de la licenciada Hoffmann pudo violar el Canon 38 del Código de Etica Profesional En consecuencia, ordenamos que se presen-tara la querella correspondiente. Subsiguientemente, ésta se presentó el 21 de noviembre de 2013 para imputarle a la letrada los siguientes cargos.

Cargo I y II

La licenciada Jane Hoffmannn Mouriño incurrió en conducta que atenta contra el Criterio General de la Parte II de los Cánones de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX en cuanto a los deberes que tiene todo abogado para con los tribunales y en específico el deber de velar por el desenvolvimiento adecuado y desarrollo del proceso judicial del cual es parte esencial. Ade-más, incurrió en conducta que violenta los preceptos mínimos enunciados en el Canon 38 de Etica Profesional donde se es-tablece el deber de todo abogado en esforzarse al máximo de su capacidad en la exaltación del honor y dignidad de su pro-fesión y no incurrir en conducta impropia o la apariencia de la misma. El asunto traído a la atención del Honorable Tribunal Supremo en donde surge una situación seria y anómala du-rante una vista y el abogado opta por retirarse sin realizar gestión o acto alguno para clarificar la situación surgida crea sin duda alguna la apariencia y/o conducta indebida que con-templa el Canon 38. (Enfasis suprimido)

Ajuicio de la Procuradora, luego de que la agente inves-tigadora Keila Serrano (agente Serrano) les comunicara a los abogados que se habían extraviado los documentos, la

querellada indicó que no los tenía y se retiró del lugar sin verificar sus pertenencias. Según su apreciación, esta in-cumplió con su deber como funcionaría del tribunal de velar por que los procesos fueran íntegros y libres de toda duda. La licenciada Hoffmann negó todas esas imputacio-nes al contestar la Querella Alegó que examinó sus per-tenencias en presencia de un alguacil y de la agente Serrano y que no tenía los documentos. Además, planteó que la jueza que presidió la vista no le ordenó entrar a la sala para aclarar ese asunto.

Tras examinar estas comparecencias, nombramos como Comisionada Especial a la Hon. Crisanta González Seda, exjueza del Tribunal de Primera Instancia, para que cele-brara una vista y nos rindiera un informe. Después de va-rios trámites, las partes presentaron un Informe de Confe-rencia con Antelación a la Vista en el que estipularon cierta prueba, a saber: (1) las declaraciones escritas de los alguaciles Antonio Santos Valentín, Abdiel Rodríguez Nieves y Mirka Esteva Tirado; (2) el Informe de la jueza municipal María de los Ángeles Rabell Fuentes, y (3) los videos de seguridad de la Sala de Investigaciones y de otros perímetros del tribunal.

Eventualmente, se celebró la vista el 11 de septiembre de 2014. Allí la Procuradora General presentó el testimo-nio de la Hon. Ladi V. Buono De Jesús, los documentos que acompañó con su Informe y la prueba estipulada. Por su parte, la querellada presentó su testimonio y parte de los videos estipulados por las partes, específicamente, la gra-bación de lo ocurrido luego de la vista de determinación de causa para arresto.

Según las determinaciones de hechos que formuló la Co-misionada, durante la vista de determinación de causa para arresto la agente Serrano entregó un grupo de documentos a los abogados de defensa, los cuales se fueron ubicando en un podio. Para fines de la discusión de este caso, es merito-rio transcribir algunas de las determinaciones de hechos que constan en el Informe de la Comisionada relacionadas a los eventos que ocurrieron después de esto. Veamos.

A partir de las 11:56 de la noche, ocurren los siguientes he-chos: los documentos están en el podio de los abogados y el licenciado Hernández vuelve al lugar frente a la cámara donde se encontraba la querellada. Mientras la querellada conti-nuaba hablando hacia la jueza, el licenciado Narváez busca en su maletín y saca lo que aparenta ser una agenda.
La querellada se retira del podio, coge los documentos que entregó la agente y que se encuentran en el podio, los observa, los dobla y los coloca en una carpeta de color oscuro. También coloca su libreta y cierra la carpeta, manteniendo la carpeta en sus manos. El licenciado Díaz Narváez se acerca al podio que está vacío y conversa con la querellada. [...]
El licenciado Díaz Narváez se retira al podio, cierra su agenda y coloca la libréta en ésta, mientras la querellada re-coge su cartera y el licenciado Hernández toma posesión de la carpeta que contiene los documentos guardados por la quere-llada y la libreta de notas de ésta. Todos abandonan la sala. La agente investigadora entró a la sala y el alguacil le de-volvió varios documentos. Esta habló hacia el estrado y luego al otro agente que se encontraba a su lado. Miró a su alrededor y hacia el podio y salió de la sala.
Conforme surge del video presentado por la querellada que contiene los incidentes en la sala de espera, el licenciado Her-nández se mantuvo sentado en un banco, con la carpeta que contenía los documentos y libreta que guardó la querellada durante el tiempo que la agente investigadora estuvo inqui-riendo respecto a los documentos extraviados.
Ni la agente investigadora, ni la querellada se dirigieron al
licenciado Hernández a solicitarle que abriera la carpeta, donde hubieran localizado los documentos allí guardados por la querellada
La querellada mostró su cartera a la agente, pero no mos-tró el contenido de la carpeta, que incluía los documentos que ella observó, dobló y guardó, en la sala donde se celebró la vista. Aunque la querellada testificó que utilizaba esa cartera que tenía esa noche y que trajo a la vista, como maletín, conocía que no guardó en esta los documentos, ni su libreta, sino en la carpeta que entregó al licenciado Hernández, por lo que mostrar la cartera era un ejercicio que no aportaba nada a solucionar la situación de desaparición de los documentos

De acuerdo con la Comisionada, si bien es cierto que la agente investigadora entregó los documentos a los aboga-dos, durante la vista no se identificó el contenido específico de los que la licenciada Hoffmann guardó en su carpeta La agente Serrano, quien tenía conocimiento personal so-bre este asunto, no compareció a la vista como testigo. Por su parte, la licenciada Hoffmann tampoco testificó en cuanto al hecho incontrovertible de haber guardado unos documentos en su carpeta, ni las razones para no buscarlos y devolverlos Tras examinar la prueba, la Comisionada concluyó que la conducta desplegada por la licenciada Hoff-mann violó el Criterio General de los Cánones del Código de Etica Profesional sobre las actuaciones de los abogados y el Canon 38, supra.

Contando con el beneficio del Informe de la Comisio-nada y las comparecencias de las partes, pasamos a deter-minar si la querellada cometió las faltas imputadas. Pri-mero, expongamos el marco jurídico aplicable a las controversias ante nuestra consideración.

HH 1 — i

Siempre hemos reiterado que la abogacía cumple una función de gran envergadura en la consecución de la Justicia, por lo que un abogado no tiene solamente el rol de ser el defensor de su cliente. Esta función podría aparentar ser amplia y general, pero para que el abogado y la abogada puedan cumplir con ello es que existen los Cánones del Código de Etica Profesional que regulan nuestra profesión, aspirando a formar profesionales del Derecho íntegros. Tal como reseñáramos hace unos pocos años,

[n]o podemos perder de vista que la abogacía cumple una función social de notable importancia por su aportación im-prescindible a la realización de la Justicia. El abogado, ade-más de defensor de su cliente, es colaborador de la Justicia. (Enfasis nuestro).

Nos dicen los tratadistas que la noción ideal del abogado tiene dos ámbitos: uno que se enmarca en el ejercicio particular e individual de la profesión —que se limita a la relación del abogado con su cliente— y otro que se relaciona al rol social de la abogacía. Este segundo ámbito se caracteriza por promover “intereses sociales e institucionales al viabilizar la concreción de una sociedad más justa y al salvaguardar la estima pública de las instituciones de justicia y en la clase profesional”. (Citas omitidas). Es en este último ámbito que podemos catalogar la obligación específica del Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra, por la cual se presentó la Querella que nos ocupa contra la licenciada Hoffmann Mouriño. En su parte pertinente, el Canon 38, supra, dispone:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. (Enfasis nuestro).

Como vemos, el canon precitado impone sobre los abogados y las abogadas una obligación de ejercer actos afirmativos con el fin de lograr que la administración de la justicia opere adecuadamente. Nótese que para ello requiere que los abogados y las abogadas realicen una aportación que describe como cabal. El diccionario de la Real Academia Española nos define este adjetivo como algo que es “completo, exacto, perfecto”. De manera que ante la alegación de que un abogado o abogada infringió esta parte específica del Canon 38, supra, corresponde entonces evaluar las circunstancias particulares y específicas de la alegada infracción. En otras palabras, el escenario ante el cual el abogado o la abogada falló en proveer esa aportación cabal en aras de la sana administración de la justicia. En este caso debemos auscultar si las acciones de la licenciada Hoffmann fueron adecuadas a la situación que ocurrió cuando se extravió parte de la prueba que se presentó en la vista y ver si pueden catalogarse como una “cabal aportación” con el fin de aclarar lo ocurrido.

Pasemos a discutir esta controversia.

HH I — i

Al examinar la Querella que presentó la Procuradora vemos que a la licenciada Hoffmann se le imputaron dos cargos conjuntamente: uno por violar el Criterio General de la Parte II del Código de Etica Profesional y otro por infringir el Canon 38, supra. Sin embargo, ambos están relacionados con una misma conducta, esta es, que ante la situación anómala de la evidencia extraviada la querellada optó por retirarse del lugar sin realizar gestión o acto al-guno para clarificar ese incidente. En específico, el cargo de la querella se fundamenta en lo siguiente:

El asunto traído a la atención del Honorable Tribunal Supremo en donde surge una situación seria y anómala durante una vista y el abogado opta por retirarse sin realizar gestión o acto alguno para clarificar la situación surgida crea sin duda la apariencia y lo conducta indebida que contempla el Canon 38. (Énfasis nuestro).

Luego de estudiar el expediente de este caso concluimos que la licenciada Hoffmann infringió el Canon 38, supra, aunque no por las razones consignadas en el Informe de la Comisionada Especial. Nos explicamos.

La Comisionada Especial señaló en su informe que “el hecho de tomar para sí un documento que forma parte del expediente fiscal, sin que le fuera autorizado, es conducta impropia que violenta los requerimientos del Canon 38, supra”. Primero, es ineludible aclarar que los cargos im-putados en la Querella no se refieren a la conducta que desplegó la letrada durante la vista que se celebró en la sala de investigaciones, sino a la que asumió o dejó de asu-mir luego de que concluyó ese procedimiento judicial. Es decir, una vez fue advertida sobre los documentos extraviados. Ala querellada no se le imputó en la Querella conducta impropia por el hecho de haber tomado unos do-cumentos durante la vista y guardarlos en una carpeta personal. Al ser así, la acción de la querellada que está en controversia es si se retiró del Tribunal de San Juan sin esforzarse en ayudar a aclarar la situación de la evidencia extraviada, cónsono con el deber de procurar que ese pro-ceso judicial del que participó fuera íntegro en busca de una sana administración de la justicia.

Debemos recordar que al ser admitido formalmente a la profesión, el abogado y la abogada adquieren un interés propietario sobre su licencia profesional, por lo que la im-posición de una medida disciplinaria requiere que se satis-fagan las garantías constitucionales del debido proceso de ley. De haber entendido la Procuradora General que la querellada incurrió en alguna violación por el hecho de ha-ber guardado unos documentos en una carpeta, así lo ha-bría consignado en su Querella y hubiese presentado prueba al respecto. Pero eso no fue lo que ocurrió en este caso. Por lo tanto, no nos corresponde pasar juicio sobre esos hechos específicos.

Ahora bien, conforme a las determinaciones de hechos que realizó la Comisionada Especial, podemos concluir que la conducta que desplegó la licenciada Hoffmann, luego de que fuera avisada de la situación del extravío de los docu-mentos se alejó de la responsabilidad que tiene todo abo-gado y abogada como funcionario del tribunal.

Según surge de las declaraciones escritas de los algua-ciles auxiliares que fueron estipuladas por las partes y de las determinaciones de hechos de la Comisionada, las últi-mas personas en tener en sus manos la prueba presentada por el Ministerio Público fueron los representantes legales presentes en la vista de determinación de causa para arresto. Según el alguacil auxiliar Antonio Santos Va-lentín, la noche de los hechos, la querellada insistió en que le había entregado los documentos extraviados, y este “le refut[ó] que dichos documentos nunca [le] fueron entregados”. Esto lo confirmó el alguacil Abdiel Rodrí-guez Nieves.

Ante ello, queda claro que la querellada conocía que existía una discrepancia en cuanto a quién tenía los documentos. La querellada sostuvo que los había entre-gado al alguacil de sala, mientras, este último afirmó lo contrario. Esto debió despertar en la licenciada Hoffmann un sentido de más cautela. Su posición durante el curso de este proceso disciplinario ha sido que mostrar el contenido de su cartera fue suficiente para cumplir con su responsa-bilidad como funcionaría del tribunal de procurar que los procesos marcharan de forma íntegra y adecuada. No coin-cidimos con su parecer.

Si bien es incorrecto afirmar que la licenciada Hoffmann se marchó del Tribunal sin tomar ninguna acción, la inte-rrogante debe ser si la acción que tomó fue suficiente a la luz de la totalidad de las circunstancias, de manera que pueda catalogarse como una “cabal aportación” para una mejor administración de la justicia. Según se detalló en el Informe de la Comisionada Especial, y según admitido por la propia querellada, al ser cuestionada sobre la situación la licenciada se limitó a revisar su cartera para ver si en-contraba los documentos. Pero según la prueba estipulada, la querellada conocía que existían versiones encontradas en cuanto a si esta le había entregado o no esos documen-tos al alguacil. Esto, además del hecho incontrovertido de que durante la vista la agente investigadora les entregó a la querellada y a los otros abogados allí presentes la evi-dencia documental.

Así pues, considerando todos los eventos ocurridos, la licenciada Hoffmann debió ser más prudente ante lo que había acontecido. Conociendo esta situación, y ante el he-cho indiscutible de que había tenido en sus manos la evi-dencia documental que presentó el Ministerio Público, su deber era ayudar a solucionar esa situación con actos afir-mativos que fueran más allá de meramente buscar en el interior de su cartera, que es la acción que esta misma afirmó haber realizado. Según surgió del video que exa-minó la Comisionada, la letrada tomó unos documentos du-rante la vista y los guardó en una carpeta. Las motivacio-nes de esas acciones no están en controversia en esta Querella. Tampoco sabemos el contenido exacto de esos documentos. Pero ante toda la cadena de eventos, una ac-tuación correcta hubiese sido examinar no solo su cartera, sino los maletines, las carpetas, las agendas y otras perte-nencias que había manejado durante la vista y así colabo-rar en el esclarecimiento de ese incidente.

Recordemos que los códigos de ética profesional “son producto de un consenso más o menos generalizado sobre cómo debe actuar un profesional en un contexto en particular”. Por eso hemos afirmado que los cánones de ética establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño de su labor. Ciertamente, el carácter imperativo de los deberes enmarcados en el Canon 38, supra, no pueden pasar desapercibidos como si fueran un concepto etéreo. Por el contrario, el abogado y la abogada deben esforzarse en trabajar al máximo de su capacidad para que ese concepto de Justicia no quede manchado. Hemos mencionado en ocasiones previas que “nada bueno augura a nuestra sociedad si perdemos el respeto hacia nuestras instituciones, máxime cuando se trata de una institución que su razón de existir es hacer justicia”.

Esto cobra gran relevancia ante situaciones que atenten contra esa buena marcha judicial, como la que ocurrió en este caso. El hecho de que se extravíen piezas de evidencia durante un proceso judicial no es un asunto frívolo y está revestido de un alto interés para la sana administración de la justicia. Es una situación de serias implicaciones que requería mucho más esfuerzo por parte de la licenciada Hoffmann. Es evidente que la querellada incumplió con los estándares que se le exigen a un abogado en una situación de esta naturaleza, por lo que no cumplió con su deber de hacer “su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia”. Canon 38, supra.

IV

Por los fundamentos expuestos, censuramos enérgicamente las acciones de la licenciada Hoffmann Mouriño y le apercibimos que de repetirse otra conducta que incida sobre las normas éticas que rigen la abogacía este Tribunal podría imponerle sanciones disciplinarias más severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la profesión. Advertimos a los miembros de la profesión legal que el rol que los cánones del Código de Etica Profesional les impone como funcionarios del Tribunal no es un mero concepto que se pueda pasar por alto. En situaciones como la ocurrida en el caso de autos, en las que se extravían piezas de evidencia, los abogados y las abogadas deben ser prudentes y observar los parámetros de ética de la profesión, para procurar que los procedimientos judiciales de los que participen discurran de manera íntegra y justa. Asuntos como estos no pueden tomarse livianamente, pues de ello dependen la honra de la profesión y el funcionamiento de nuestro sistema de gobierno.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió una opi-nión de conformidad, a la cual se unieron la Jueza Presi-denta Señora Fiol Matta y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrió con las expresiones siguientes:

Concurro con la opinión per curiam que antecede. Empero, la Oficina de la Procuradora General presentó cargos por vio-laciones a los Criterios Generales y al Canon 38 del Código de Ética Profesional por “crea[r] sin duda alguna la apariencia y/o conducta indebida que contempla” el Canon 38. (Énfasis nuestro). Soy de la opinión de que lo que “sin duda” demuestra este caso es la necesidad de analizar y reevaluar nuestro actual Código de Ética, así como la amplitud de las disposiciones que este contiene. Esto con el fin de proveer normas claras y algún grado de certidumbre a los miembros de la profesión legal en cuanto a la conducta que este Tribunal considera que infringe el Código.
Los Criterios Generales del Código de Ética Profesional son esencialmente exhortaciones al buen comportamiento para los abogados y abogadas de Puerto Rico y no disposiciones para-disciplinar a los miembros de la profesión. Por lo tanto, la Procuradora General no debe utilizarlos para presentar cargos por violación a estos. Véanse: Comisión para revisar los Cáno-nes de Ética Profesional de Puerto Rico, Revisión de Cánones de Etica Profesional de Puerto Rico de 1 de junio de 1970, pág. 3; Comisión Revisora del Código de Etica Profesional, Prefacio del Proyecto de Reglas de Conducta Profesional, 2005. Véanse, además: G. Figueroa Prieto, Conducta profesional, 81 Rev. Jur. UPR 701 (2012); G. Figueroa Prieto, Reglamentación de la Conducta Profesional en Puerto Rico: pasado, presente y fu-turo, 68 Rev. Jur. UPR 729 (1999).

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Martínez Torres,

a la cual se unieron la Jueza Pre-sidenta Señora Fiol Matta y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez.

Estoy conforme con la censura que se le impone a la Leda. Jane Hoffmann Mouriño por la conducta en que incurrió. La prueba en el expediente demuestra de forma clara, robusta y convincente que la licenciada Hoffmann Mouriño infringió las disposiciones del Canon 38 del Có-digo de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, no por incurrir en apariencia de conducta profesional impropia, sino por-que incurrió, en efecto, en conducta impropia al no cumplir plenamente con su deber “como funcionan [a] del tribunal [de] interesarse en hacer su propia y cabal aportación ha-cia la consecución de una mejor administración de la justicia”. (Énfasis suplido). íd.

Los eventos que ocurrieron la noche del incidente, según recogidos en el informe de la Comisionada Especial, de-muestran que la letrada tomó ciertos documentos que se encontraban en el podio utilizado por los abogados de de-fensa (donde, casualmente, también se encontraban los do-cumentos extraviados), los dobló y los colocó en su carpeta, la cual entregó a su compañero de defensa al finalizar el procedimiento judicial y salir de la sala. Si los documentos extraviados, en efecto, se encontraban en esa carpeta es inmaterial, pues no estamos disciplinando a la licenciada Hoffmann Mouriño por llevárselos. Eso no es lo que se le imputó. Lo verdaderamente importante es que, dadas las circunstancias particulares de este caso, la letrada estaba en posición de hacer una aportación adicional a la investigación. Por eso, cuando los funcionarios del tribunal la alertaron sobre el extravío de los documentos en cues-tión, esta tenía el deber —de acuerdo con la obligación ci-tada que emana del Canon 38, supra— de informar a los funcionarios del tribunal que su compañero de defensa es-taba en posesión de su carpeta, la cual había utilizado du-rante el procedimiento en la sala, y de ponerla a disposi-ción de estos para que la examinaran.

No puede decirse que la licenciada Hoffmann Mouriño hizo una cabal aportación hacia el esclarecimiento del in-cidente con el mero hecho de mostrar su cartera cuando le fue requerido, sin mencionar la carpeta que se llevó su compañero abogado. Ella sabía que había colocado en su carpeta, y no en su cartera, los papeles que manejó du-rante la vista. Tampoco me parece una excusa válida para no dirigir la atención de los funcionarios del tribunal hacia la carpeta en cuestión el que esta no estaba “bajo su control”, pues fue ella misma quien se la entregó a su compa-ñero de defensa.

Valga aclarar que aunque podría plantearse que los he-chos probados durante el proceso disciplinario demuestran violaciones a otros cánones de ética, lo cierto es que esta-mos limitados a evaluar los cargos imputados en la quere-lla presentada por la Oficina de la Procuradora General, y de los cuales la letrada tuvo oportunidad de defenderse. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019 (2012); In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805 (2011). Por esa razón, no pode-mos concluir que los documentos extraviados se encontra-ban, efectivamente, en la carpeta de la licenciada Hoff-mann Mouriño y que, por lo tanto, ella es responsable por sustraer de una sala judicial, sin autorización, documentos oficiales que formaban parte del expediente del Ministerio Fiscal. Las garantías constitucionales que cobijan a los le-trados durante los procedimientos disciplinarios ante este Tribunal nos obligan a abstenernos de corregir, en esta etapa, lo que a todas luces aparentan ser deficiencias en la tramitación del procedimiento.

Ahora bien, lo que no estamos impedidos de hacer es establecer que cuando un profesional del Derecho se en-cuentra, como en este caso, en posición de hacer aportacio-nes oportunas a una investigación en curso, no basta con que se limite a hacer gestiones inútiles, cuando con esfuer-zos mínimos adicionales puede contribuir a la resolución del incidente. Solamente de esa forma puede decirse que propiciamos que todos los abogados cumplan el deber de hacer una “cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia”. (Enfasis suplido). Canon 38, supra. No podemos negarnos a ejercer nuestra au-toridad disciplinaria porque en los cánones del Código de Etica Profesional no se encuentran enumeradas todas las acciones propias, adecuadas y oportunas que deben hacer los abogados en circunstancias como las de este caso. Eso es imposible, pues por su propia naturaleza, cada incidente y cada investigación tiene sus particularidades que tendre-mos que evaluar caso a caso a la luz de los deberes que exige el Código de Ética Profesional. Tampoco estamos exi-giendo a los abogados que ante una investigación se con-viertan en detectives privados. Simplemente requerimos que tomen todas las acciones a su alcance para hacer una verdadera aportación hacia la sana administración de la justicia.

Finalmente, debo señalar que me preocupa que, entre los cargos imputados por la Oficina de la Procuradora General, se encuentran violaciones a los Criterios Generales de la Parte II del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. Al igual que expresa la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, entiendo que los Criterios Generales de nuestro Código de Ética Profesional son exhortaciones generales que no deben utilizarse para disciplinar a los abogados. Véase G. Figueroa Prieto, Propuesta para la reglamenta-ción de la conducta profesional en Puerto Rico, 81 Rev. Jur. UPR 1, 27 esc. 97 (2012). Proceder de esa forma tiene el mismo efecto que castigar a una persona por violar la ex-posición de motivos de una ley.

En ese sentido, dejaría atrás nuestra jurisprudencia donde se han utilizado los Criterios Generales del Código de Ética Profesional para disciplinar a los abogados. Los treinta y ocho cánones con los que cuenta nuestro Código de Ética Profesional, a pesar de que pueden resultar anti-cuados y urge su revisión, son suficientes para ejercer nues-tra autoridad disciplinaria sobre los profesionales del De-recho en Puerto Rico.

        In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 148 (2014).

       Informe del Procurador General de 25 de octubre de 2011, pág. 3.

       Informe complementario del Procurador General, pág. 1.

       4 LPRA Ap. IX.

       Querella, pág. 2.

       Véase Contestación a la queja, presentada el 18 de febrero de 2014.

       Véase Informe de Conferencia con Antelación a la Vista, presentado el 22 de agosto de 2014.

       Estas declaraciones constan en los anejos del escrito de Comparecencia especial que presentó la Hon. Isabel Llompart Zeno.

       La Oficina de la Procuradora General solicitó a la Comisionada Especial que observara el video de lo ocurrido el día de los hechos porque no lo proyectaría du-rante la vista. Informe de la Comisionada Especial, pág. 5.

       Determinación de hechos núm. 15, Informe de la Comisionada Especial, pág. 10.

       Determinación de hechos Núm. 16, id.

       Determinación de hechos Núm. 17, id., pág. 11

       Determinación de hechos Núm. 18, id.

       Determinación de Hechos Núm. 19, id.

      Determinación de hechos Núm. 20, id.

       Determinación de hechos Núm. 21, id., págs. 11-12.

       Determinación de hechos Núm. 25, id., pág. 13.

       íd.

        In re Marini Roman, 165 DPR 801, 807 (2005).

       S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad, disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 12.

        In re Hoffmann Mouriño, 170 DPR 968, 980 (2007).

       Steidel Figueroa, op. cit., pág. 12.

       Íd.

       Diccionario de la Real Academia Española, disponible en: http://dle.rae.es/ ?w=eabal#/?w=cabal&o=h.

       Querella, póg. 2.

       Informe de la Comisionada, pág. 22.

       Steidel Figueroa, op. cit., pág. 342.

       Véanse: Informes de los alguaciles auxiliares Miurka Esteva Tirado, Antonio Santos Valentín y Abdiel Rodríguez Nieves, Apéndice de la Comparecencia especial de la Hon. Isabel Llompart Zeno.

       Véase el Informe del Alguacil Auxiliar Antonio Santos, id.

       véase el Informe del Alguacil Abdiel Rodríguez Nieves, id.

       Steidel Figueroa, op. cit., pág. 11.

        In re Reyes Coreano, 190 DPR 735, 750 (2014).

        In re Guzmán Guzmán, 181 DPR 495, 514 (2011).


author: juez Candelaria Rosa expresó que, (.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

text:
      In re Hon. Carlos Candelaria Rosa.

      Número: AD-2015-1

      Resuelto: 17 de noviembre de 2015

      Virgilio Mainardi Peralta y José Angel Rivera-Rodríguez, de Mainardi & Rivera, abogados del Hon. Carlos Candelaria Rosa; Aída N. Molinary de la Cruz, presidenta de la Comi-sión de Disciplina Judicial, en informe; Carlos J. López Feliciano, en comparecencia especial; Cristina Guerra Cá-ceres y Rosa María Cruz-Niemiec, de la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales, abogadas de la Hon. Isabel Llompart Zeno, directora administrativa.
   RESOLUCIÓN

Examinado el Informe final de la Comisión de Disci-plina Judicial, así como la Reacción a informe final presen-tada por el Hon. Carlos Candelaria Rosa, se devuelve este asunto a la Comisión de Disciplina Judicial (Comisión) para que analice lo que se indica a continuación, al amparo de la Regla 34 de Disciplina Judicial, 4 LPRAAp. XV-B.

En su Resolución de Inhibición, el

juez Candelaria Rosa expresó que,

“[...] a base del referido Canon 20(i), y sobre todo porque este Tribunal participa y practica una concepción de Juez que tiene que ver todo con la dignidad, gallardía y prudencia judicial, mientras que nada con la teoría de pusilanimidad judicial subyacente en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, re-sulta forzoso resolver la INHIBICIÓN motu proprio de quien suscribe en todos los casos en que esté involucrado el Ledo. Armando F. Pietri Torres”. (Énfasis suplido). Informe de la Comisión, pág. 11.

La Comisión deberá evaluar el texto de la Resolución de Inhibición y determinar si surge de las expresiones hechas que el magistrado utilizó el mecanismo de inhibición motu proprio como un subterfugio para retirarse del procedi-miento judicial que presidía, y de todos los que participara el licenciado Pietri Torres, principalmente debido a su in-satisfacción con el dictamen del Tribunal de Apelaciones que revocó su determinación respecto al desacato que le impuso al licenciado Pietri Torres. Si concluye en la afir-mativa, la Comisión deberá entonces determinar si ese proceder violó el Canon 1 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, que requiere que “[1]as juezas y los jueces respetarán y cumplirán la ley y serán fieles al juramento de su cargo”; si se violó lo dispuesto en la segunda oración del Canon 3 de este cuerpo de cánones, 4 LPRAAp. IV-B, que exige que “Mas juezas y los jueces no abandonarán ni descuidarán las obligaciones de su cargo”, y si se incurrió en una viola-ción del Canon 8 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, que dispone lo siguiente:

Para el cabal desempeño de sus funciones, las juezas y los jueces serán laboriosos, prudentes, serenos e imparciales. Re-alizarán sus funciones judiciales de forma independiente, par-tiendo de una comprensión cuidadosa y consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, ya sean directas o indirectas, pro-venientes de cualquier fuente o por cualquier razón. Enmar-carán sus funciones adjudicativas en el estudio del Derecho y en la diligencia orientada hacia el empeño de descubrir los hechos esenciales de cada controversia.
La conducta de las juezas y de los jueces ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles de actuar por in-fluencias de personas, grupos, partidos políticos o institucio-nes religiosas, por el clamor público, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias.

La infracción de estos Cánones de Ética Judicial, en este contexto, no se le imputó al juez Candelaria Rosa en la querella, por lo que este no ha tenido oportunidad de de-fenderse de estos. No obstante, es menester destacar que estas posibles violaciones surgen de los mismos hechos im-putados en la querella, es decir, de la resolución de inhibi-ción que emitió el magistrado. Aquí no hay nueva conducta que investigar. Por lo tanto, este caso no está dentro del alcance del inciso (c) de la Regla 5 de Disciplina Judicial, 4 LPRAAp. XV-B, la cual está diseñada para que los miem-bros de este Tribunal soliciten que se investigue la con-ducta o capacidad de un juez, y de esa forma iniciar un procedimiento disciplinario.

No obstante, en vista de que este Tribunal tiene la obli-gación de salvaguardar un debido proceso de ley al magis-trado durante el transcurso de este procedimiento discipli-nario, no podemos pasar juicio de esas posibles violaciones adicionales a los Cánones de Ética Judicial en estos momentos. Lo correcto en esta etapa es devolver el asunto a la Comisión, la cual habrá de brindar al juez Candelaria Rosa la oportunidad de responder y defenderse adecuada-mente de estos señalamientos. Compárese, por ejemplo, con In re Villalba Ojeda, 193 DPR 966 (2015); In re Muñoz Fernós, 184 DPR 679 (2012); In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805 (2011), y Zauderer v. Office of Disciplinary Counsel of Supreme Court of Ohio, 471 US 626, 654-655 (1985). Una vez ese proceso concluya, la Comisión deberá presentarnos un informe suplementado con sus conclusio-nes adicionales sobre este asunto. El magistrado, a su vez, tendrá la oportunidad de reaccionar a ese informe suple-mentado en el plazo dispuesto en la Regla 30 de Disciplina Judicial, 4 LPRAAp. XV-B.

Notifíquese a las partes, incluso al Ledo. Carlos J. López Feliciano, al Ledo. Sixto Hernández Serrano y a la Hon. Olga Birriel Cardona.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez emi-tió un Voto particular disidente, al cual se unieron la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado Señor Kolthoff Ca-raballo y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervinieron.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez, al cual se unen la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Disiento del curso de acción de una mayoría de este Tribunal. No procede dilatar nuevamente el procedimiento disciplinario al que ha estado sujeto el Hon. Carlos Cande-laria Rosa para evaluar, esta vez, si su proceso deliberativo de inhibición violó ciertos Cánones de Ética Judicial, 4 LPRAAp. IV-B.

El trámite de este asunto revela la improcedencia de la Resolución que emiten hoy varios miembros de esta Curia. Veamos.

En el 2011 un panel de jueces del Tribunal de Apelacio-nes refirió al entonces Juez Presidente Federico Hernán-dez Denton una Resolución de Inhibición del juez Cande-laria Rosa en el caso Pueblo v. Héctor Cordero Cruz y otros, Crim. Núm. J SC2008G0337. Los miembros del panel entendieron que las expresiones del juez Candelaria Rosa en la Resolución podían constituir una violación a los Cá-nones de Ética Judicial. El entonces Juez Presidente Señor Hernández Denton remitió el asunto a la entonces Direc-tora Administrativa de los Tribunales para la investigación correspondiente. En el 2013, la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) sometió un Informe de Investigación a la Directora Admi-nistrativa, en el cual recomendó archivar la queja y aper-cibir al juez Candelaria Rosa. Reconoció que, aunque las acciones del juez Candelaria Rosa podían constituir una violación a los Cánones de Ética Judicial, era la primera vez que el juez incurría en esa conducta, que la atribuyó al furor del momento. La Directora Administrativa archivó la queja y así lo notificó al juez Candelaria Rosa y al entonces Juez Presidente Señor Hernández Denton. El asunto debió terminar ahí.

Sin embargo, en el 2014 el Ledo. Carlos J. López Feli-ciano, en su momento miembro del panel que refirió la Re-solución de Inhibición al entonces Juez Presidente, solicitó que se le informara formalmente el resultado de la inves-tigación y que se reabriera la misma. A pesar de que el trámite descrito arriba estuvo acorde con las Reglas de Disciplina Judicial, una mayoría de este Tribunal rea-brió un caso archivado en los méritos y determinó que pro-cedía notificarle el resultado de la queja al licenciado López Feliciano, así como a los otros jueces que componían el panel, y que estos tenían derecho a solicitar la reconsidera-ción del archivo de la queja. Comunicación López Feliciano, Ex parte, 191 DPR 882 (2014). Ello tuvo el efecto de comenzar, de novo, el proceso disciplinario contra el juez Candelaria Rosa ante la OAT.

Así, el licenciado López Feliciano solicitó la reconsidera-ción, la OAT la acogió, dejó sin efecto el archivo y presentó un Informe de Investigación ante la Comisión de Disci-plina Judicial (Comisión). La Comisión, a través de la Leda. Delia Lugo Bougal, determinó que existía causa probable para comenzar un procedimiento disciplinario contra el juez Candelaria Rosa por posibles violaciones a los Cá-nones 6, 8,14, 23 de Ética Judicial, 4 LPRAAp. IV-B. Como consecuencia, ordenó a la OAT a presentar la querella correspondiente. Los cargos que se le imputaron al juez Candelaria Rosa se circunscribieron a las manifestaciones que realizó en la Resolución de Inhibición en cuestión.

Luego del trámite de rigor, el 8 de septiembre de 2015 la Comisión presentó su Informe y concluyó lo siguiente:

[A]unque las expresiones del juez Candelaria Rosa no fue-ron acertadas y que pudiera considerarse que se excedió en la forma vehemente de defender su posición, entendemos que no existe prueba clara, robusta y convincente de que hubo viola-ciones éticas que ameriten la imposición de una sanción disci-plinaria en relación a los Cánones de Ética Judicial imputados. [...] Entendemos que lo ocurrido fue un error de juicio del juez Candelaria Rosa al momento de realizar unas expresiones en una Resolución de Inhibición, a lo que este ha hecho constar su arrepentimiento.
A la luz de lo anterior, concluimos que el juez Candelaria Rosa no incurrió en conducta constitutiva de infracción a los Cánones de Ética Judicial, y en particular en relación al Canon 6, por las expresiones contenidas en su Resolución de In-hibición, y además, por tratarse de un solo caso en su historial profesional. No obstante, sugerimos al Tribunal Supremo que aperciba al juez Candelaria Rosa para que en futuras ocasio-nes sea más cuidadoso con los estilos de redacción que utiliza en sus escritos con el fin de evitar situaciones como la de la presente Querella. Consideramos, además, que dado el mani-fiesto arrepentimiento del Juez Candelaria Rosa, y que el pre-sente proceso disciplinario es el primero contra éste y el hecho de que tampoco existen otras quejas o querellas disciplinarias pendientes en su contra ante la Oficina de Asuntos Legales de la OAT, procede recomendar la desestimación y archivo de la Querella.

Recibido el Informe, correspondía que analizáramos las determinaciones de hechos, las conclusiones de derecho y las recomendaciones emitidas por la Comisión a los fines de determinar la sanción correspondiente, si alguna.

No obstante, hoy una mayoría insiste —por tercera vez— en extender el procedimiento disciplinario en contra del juez Candelaria Rosa y lo devuelve a la Comisión para que examine ahora las razones que proveyó este juez al inhibirse y determine si lo hizo principalmente por su in-satisfacción con el dictamen del Tribunal de Apelaciones. En caso de que la Comisión determine que en el análisis mental del juez Candelaria Rosa influyó más su descon-tento con la determinación del foro apelativo que las otras razones que dio para fundamentar su inhibición, entonces debe evaluar si violó los Cánones 1, 3 y 8 de Etica Judicial, 4 LPRAAp. IV-B.

La determinación de una mayoría de esta Curia me re-sulta desacertada. Da la impresión de que una mayoría se rehúsa a ponerle punto final a este asunto a pesar de que en dos ocasiones, tanto la OAT como la Comisión, han re-comendado archivar la queja y apercibir al juez Candelaria Rosa.

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En la Resolución de Inhibición, el juez Candelaria Rosa basó su inhibición en el inciso (i) del Canon 20 de Etica Judicial, 4 LPRAAp. IV-B. Ese inciso dispone que un juez o una jueza se puede inhibir “[p]or cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparciali-dad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pú-blica en el sistema de justicia”. Canon 20 de Etica Judicial, supra. El juez Candelaria Rosa explicó que cuando el panel del Tribunal de Apelaciones revocó el desacato que le im-puso al Ledo. Armando Pietri Torres, dicho foro adjudicó que el licenciado Pietri Torres no tenía que obedecer sus órdenes y que él tenía que conformarse con eso. Razonó que esa privación de autoridad por parte del foro apelativo no solo afectaba el presente caso, sino también afectaría los casos futuros en los cuales interviniera el licenciado Pietri Torres ante él. En lo pertinente, expresó:

Resulta palmario que la ostensible sumisión del criterio judicial a la voluntad irrestricta de acatar o no órdenes judicia-les conferida por la Sentencia del Tribunal de Apelaciones al Ledo. Pietri, mina la confianza pública en el sistema de justi-cia, que tiene como base fundamental la independencia judicial y el consecuente poder de dirigir el curso de los trabajos en una Sala de Justicia. Asimismo, la privación de autoridad que la Sentencia Revocatoria perpetra a este Tribunal con respecto al Ledo. Pietri, para, entre las cosas, ordenar su desempeño con alguna pretensión de acatamiento, podría tener el efecto de arrojar dudas sobre la imparcialidad del Tribunal en futuros casos de éste, tanto porque el Ministerio Público pueda especu-lar que el Tribunal esté impedido de actuar con respecto a dicho abogado, como porque acusados de delitos puedan especu-lar que el Tribunal mantenga alguna animosidad contra el mismo.
En consecuencia, a base del referido Canon 20(i), y sobre todo porque este Tribunal participa y practica una concepción de Juez que tiene que ver todo con la dignidad, gallardía y prudencia judicial, mientras que nada con la teoría de la pu-silanimidad judicial subyacente en la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, resulta forzoso resolver la INHIBICIÓN motu proprio de quien suscribe en todos los casos en que esté invo-lucrado el Ledo. Armando F. Pietri Torres. (Énfasis suplido).

Las expresiones del juez Candelaria Rosa en la Resolu-ción de Inhibición establecen que este decidió inhibirse por entender que la determinación del Tribunal de Apelaciones le restó autoridad frente al licenciado Pietri Torres. Ello, según estimó, era perjudicial para el ejercicio de su autori-dad en Sala, pues el licenciado Pietri Torres percibiría que no tenía que acatar sus órdenes. Entendió, además, que la determinación del foro revisor podía afectar los trámites judiciales en la sala y arrojar dudas sobre su imparcialidad como juez. Basó su conclusión en su creencia de que el Ministerio Público podía entender que el tribunal no podía actuar con respecto a dicho licenciado o que los coacusados de delitos podían especular que mantenía cierta animosi-dad contra el letrado. Como consecuencia, cualquier deter-minación que tomara en cuanto al licenciado Pietri Torres conllevaría un cuestionamiento de la imparcialidad que se le requiere como juez.

Igualmente, el juez Candelaria Rosa ha señalado en sus comparecencias que su propósito era consignar en la Reso-lución los fundamentos por los que procedía su inhibición como parte de un esfuerzo legítimo dirigido a salvaguardar la imagen de justicia e imparcialidad del tribunal. Así “se erradicaba toda apariencia de que los eventos acaecidos proyectaran una incorrecta impresión de animosidad por parte de éste hacia el [l]icenciado Pietri Torres”. También expresó que no tuvo la intención de retar la autoridad del Tribunal de Apelaciones ni el orden jerárquico de nuestro sistema de Tribunales.

Cabe mencionar que este Tribunal ha reconocido la im-portancia de una inhibición oportuna por parte de un juez. In re Ramos Mercado, 170 DPR 363, 404 (2007). Ello debido a que, en situaciones apropiadas, tiene el efecto de mante-ner la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en la Ju-dicatura al proteger la imparcialidad en el ejercicio de las funciones judiciales. Id., págs. 404-405. En los comentarios sobre el Canon 20 de Etica Judicial, supra, se detalló que para determinar si existe duda razonable en cuanto a la imparcialidad de un juez, el criterio es objetivo, a saber, si una persona razonable que tiene conocimiento de todas las circunstancias tendría dudas sobre dicha imparcialidad. Vé-anse: In re Campoamor Redín, 150 DPR 138 (2000). En esos casos, el juez debe ser prudente y ejercer su buen juicio al determinar si procede su inhibición. Id., pág. 153.

El Tribunal de Apelaciones se ha expresado sobre este asunto y, muy atinadamente, ha dicho lo siguiente:

La decisión qne toma un magistrado [...] es una personalísima y se basa en sus propias convicciones y el conocimiento del caso que está juzgando. Todo juez tiene su conciencia que le dirige su propio camino hacía su verdad moral y jurídica. No debemos, ni vamos a intervenir en un asunto tan personal, ya que es el propio juzgador quien toma la decisión de inhibirse fundamentando su sentir. Vargas Crespo v. Soler De La Rosa, KLCE0401447, Resolución de 30 de diciembre de 2004.

De igual forma, dicho foro también ha señalado como sigue:

No obstante, al examinar la procedencia de una inhibición motu proprio, un tribunal revisor debe precisamente valorar la decisión personal de un juez de inhibirse en una causa ante sí. Es cierto que, como norma general, las razones de economía y eficiencia procesal, así como la indebida molestia y opresión a las partes y a los testigos podrían estar reñidas con el inte-rés público y la sabia administración de la justicia. Pero, en el balance de intereses, cualquier retraso adicional de la fecha del juicio que presumiblemente conlleve la asignación del caso a otro magistrado tiene que ceder ante las poderosas razones expresadas por el juez para inhibirse. No podemos menos que darle deferencia total al proceso mental, moral y anímico del juez. (Enfasis nuestro). Pueblo v. Rivera Schatz, KLCE040029, Resolución de 13 de enero de 2004.

Todo lo anterior es suficiente para concluir que el juez Candelaria Rosa se inhibió para evitar que su imparciali-dad fuera razonablemente cuestionada. No existe razón le-gítima alguna que requiera devolver este asunto a la Co-misión para que evalúe si en el proceso mental del juez Candelaria Rosa pesó más su desagrado con la revocación del Tribunal de Apelaciones que su interés por proteger la confianza en el sistema judicial.

Además, me preocupa que como resultado del curso de acción adoptado por la mayoría, de ahora en adelante los jueces y juezas teman que sus determinaciones de inhibi-ción puedan dar pie a un proceso disciplinario para inda-gar sobre el ejercicio mental y reflexivo que llevó a cabo ese juez o jueza y a, posiblemente, sancionarlos por ese ejerci-cio deliberativo. Parece evidente el efecto desalentador que tendrá esta determinación en los miembros de la Judicatura. Lejos de salvaguardar los procesos inhibito-rios, el dictamen de hoy es perjudicial a la idoneidad de ese procedimiento. En fin, la nueva interrogante que se envía a la Comisión requiere un ejercicio que procura la lectura de la mente de un juzgador al enfrentarse a un proceso deli-berativo personalísimo, como el que exige la inhibición.

HH H — i H-H

Por último, me preocupa que mediante la Resolución que se emite, no solo se posterga la resolución de este asunto, sino que al enviar directamente a la Comisión una nueva conducta, la mayoría comienza un tercer proceso disciplina-rio en violación de los derechos del juez Candelaria Rosa, según refrendados por las Reglas de Disciplina Judicial. Si en efecto hubiese una nueva conducta que investigar (a saber, el proceso mental y deliberativo en la determinación de la inhibición), lo que procedería, según las propias Reglas, es que se refiera a la Directora Administrativa de los Tribu-nales para que inicie una nueva investigación.

El proceso que establece la normativa aplicable choca insalvablemente con la determinación de la mayoría, en detrimento de los derechos del juez a un proceso justo, con-forme garantizan las Reglas de Disciplina Judicial. Pro-ceso que, dicho sea de paso, revisamos hace aproximada-mente 1 año y 2 meses para que, entre otras, sirviera como mecanismo profiláctico de cualquier conducta antiética que pudiera socavar la integridad del sistema judicial, sin me-noscabar el derecho a un debido proceso de ley de los jueces y juezas. Véase In re Enmdas. Rs. Disciplina Judicial, 191 DPR 564 (2014).

IV

Por los fundamentos que anteceden, disiento de la Re-solución que hoy emite una mayoría de este Tribunal. A pesar de que la Rama Judicial tiene el deber de evaluar, investigar y sancionar a jueces y juezas por conducta incompatible con los Cánones de Ética Judicial, también te-nemos la responsabilidad de evitar que se utilice el proceso disciplinario indebidamente. Una vez la Comisión rindió su Informe en este asunto, procede que este Tribunal lo evalúe y determine qué sanción, si alguna, se le impondrá al juez Candelaria Rosa.

       El panel de jueces estaba compuesto por el juez Hernández Serrano, la juez Birriel Cardona y el entonces juez López Feliciano.

        Comunicación López Feliciano, Ex parte, 191 DPR 882 (2014) (Voto particular disidente de la Jueza Presidenta Fiol Matta).

       Informe de la Comisión, págs. 19-20.

       El juez Candelaria Rosa impuso un desacato al licenciado Pietri Torres en el caso criminal Pueblo v. Héctor Cordero Cruz, Crim. Núm. J SC2008G-0337, porque durante el procedimiento, a pesar de que el juez le ordenó a los abogados que se sentaran en sus bancas en silencio en espera de que el Jurado abandonara la Sala, el licenciado Pietri Torres se mantuvo de pie frente al tribunal y realizó ciertas expre-siones desdeñosas en un tono alto. El panel del Tribunal de Apelaciones revocó el desacato impuesto por entender que la actuación del licenciado Pietri Torres no res-pondió a un reto a la autoridad del tribunal, sino al ambiente tenso y hostil que había en Sala. Señaló que el incidente no tenía la gravedad que el Tribunal de Primera Instancia le atribuyó en su dictamen. Asimismo, entendió que el juez Can-delaria Rosa debió ejercer mayor control en el manejo del caso. Informe de la Comi-sión, págs. 3-4.

       Informe de la Comisión, págs. 6-7.

       Reacción al Informe Final, pág. 2.

       Memorando de Derecho, pág. 8.

       Concedo que ese trámite dilataría aún más el proceso. Parecería, además, ser contrario a una sana administración de los recursos. No obstante, es un precedente peligroso que, habiendo reglas que regulen este procedimiento, acudamos a excepcio-nes que coartan las garantías de un juez o jueza (o de cualquier parte) a defenderse adecuadamente en un proceso disciplinario.