author: El Juez Asociado Sr. FraNoo Soto, El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Paz, Demandante y Apelado, v. Bonet, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 2680.
    Resuelto en julio 11, 1922.
    Daííos y Pfejuicios — Negligencia—Alegación Suficiente. — Una demanda en reclamación de daños por negligencia no es ambigua o insuficiente porque alegue que el demandado guiaba su automóvil a velocidad excesiva, sin tocar bocina y sin estar autorizado por el Comisionado del Interior para guiarlo. TJna u otra clase de negligencia,' en caso de causarse daño a otro, pueden dar lugar a una acción para recobrar una indemnización por los perjuicios sufridos, pero las dos modalidades, si podemos llamarlas así, pueden coexistir sin ser incompatibles.
    Id. — Id.—Una certificación del Comisionado del Interior ereditiva de que en de-terminada fecha el demandado no estaba autorizado para guiar vehículos de motor es admisible en evidencia cuando tal circunstancia ha sido objeto de alegación.
    Id. — Automóviles—Prueba del Dominio del Automóvil. — El testimonio afirma-tivo no contradicho del demandante y el traspaso que a su favor hiciera-la persona de quien hubo el automóvil en la licencia expedida por el Comi-sionado del Interior aunque-ésta no hubiera sido registrada hasta después de acaecido el accidente, son prueba suficiente de que el demandante era dueño del vehículo que sufrió los daños.
    Id. — Prueba de los Daííos v Perjuicios. — Examinada por el Tribunal Supremo la prueba que se reseña en la opinión, se resolvió: que es suficiente para sostener la sentencia condenatoria.
    No. 2680. — Resuelto en reconsideración en noviembre 9, 1922.
    Apelación Inexistente — Costas—Derechos Devengados por Escrito de Ape-lación — Sellos de Rentas Internas. — Cuando no se adhieren a un escrito de apelación los sellos de rentas internas correspondientes en concepto de costas, de acuerdo con la ley regulando el cobro de derechos y costas en cau-sas civiles, aprobada en marzo 11, 1915, dicho escrito es nulo y sin ningún valor, por ser ese requisito eseneial al perfeccionamiento de la apelación; y si con él no se cumple antes de vencido el término para apelar el status es el mismo que si no se hubiera apelado en tiempo.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: iSr. A. A. Vázquez.

    Abogados del apelado: 8res. Benet & Souffront.

   El Juez Asociado Sr. FraNoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En 18 de abril de 1921 ocurrió en la carretera que de Mayagüez conduce al pueblo de Añasco, un choque de dos automóviles y como consecuencia del mismo Genaro Paz in-terpuso la demanda de este caso solicitando que se le indem-nizara de los daños y perjuicios que había sufrido por dife-rentes conceptos y debidos única y exclusivamente a la negli-gencia del demandado.

•Domingo Bonet, demandado,. excepcionó la demanda ale-gando ser ambigua o dudosa; esta excepción fué desesti-mada y entonces dicho demandado excepcionó de nuevo la demanda por falta de cansa de acción, contestando al mismo tiempo, y presentando además una contra-demanda solicitando a su vez se le indemnizara de daños y perjuicios originados por el choque y causados por la negligencia del contra-de-mandado y demandante.

La corte inferior dictó sentencia declarando con lugar, la demanda, pero reduciendo la indemnización a menor suma que la reclamada por el demandante, y sin lugar la contra-demanda. Contra dicha sentencia el demandado apeló ante esta corte solicitando su revocación.

Después de la sentencia, el demandado pidió la celebra-ción de un nuevo juicio, apoyando su moción en affidavits y en los autos y minutas del record. La moción fue desesti-mada por lo que, más adelante, será también materia para ■ser considerada.

Señala el apelante los siguientes errores:

Las desestimaciones de las excepciones previas de am-bigüedad y la de no aducir la demanda hechos suficientes para determinar una causa de acción.

La admisión de cierta certificación expedida por el Co-misionado del Interior en 25 de agosto de 1921; y

Que la sentencia es contraria a la ley y la prueba insu-ficiente para sostenerla.

Los dos primeros errores podremos examinarlos conjun-tamente porque se repiten por el apelante las mismas razo-nes para sostenerlos. Se nos dice que la negligencia que se atribuye al demandado se alega en dos formas distintas y que cada una produce una causa de acción diferente. La pri-mera se refiere a que el demandado guiaba su automóvil a velocidad excesiva, sin tocar bocina; y la segunda a que lo guiaba sin estar autorizado para ello por el Comisionado del Interior (artículo 2 de la Ley de Automóviles, aprobada en abril 13 de 1916). No es como alega el apelante que las formas así alegadas de negligencia den lugar a acciones diferentes y que hagan ambigua o insuficiente la demanda. Una u otra clase de negligencia, en caso de causarse daño a otro, pueden dar lugar a una acción para recobrar una in-demnización por los perjuicios sufridos, pero las dos mo-dalidades, si podemos llamarlas así, pueden coexistir sin ser incompatibles. Lo primero que se ha de considerar en un caso de negligencia es el debido cuidado que había de ser observado bajo las circunstancias en que el accidente haya ocurrido. La velocidad, el toque de bocina, la marcha lo más a la derecha del operador, son condiciones que influyen de un modo concluyente al determinar la responsabilidad del operador de un vehículo de motor. Pero si a esto se añade la falta de licencia para el manejo de un automóvil, circunstancia que aisladamente puede ser objeto de respon-sabilidad exigible en caso de accidente por la persona que sufre el daño, entonces tendríamos que además se alegaría prima facie determinada circunstancia que por sí constitui-ría negligencia haciendo responsable al demandado por los daños causados.

“Todos los operadores de vehículos de motor además de ejercitar cuidado razonable y cautela para la seguridad de otras personas que tienen derecho a usar los caminos públicos, deberán hacer todo aquello que exige la- Ley Estatutoria de la jurisdicción siempre que las con-diciones en ella referidas surjan, y el no cumplir con las reglamen-taciones impuestas por la ley u ordenanza puede por sí constituir negligencia y hacer responsable al operador por los daños que sobre-vengan en el caso de que por ello alguna persona sufra lesiones per-sonales. Sin embargo,- si el chauffeur de un automóvil cumple con todos los requisitos de un estatuto que regula el manejo de vehículos de motor, puede todavía ser responsable por no ejercitar el cuidado ordinario para evitar perjuicios a otra persona que viaja por la carretera.” 2 Bulmg Case Law, pág. 1184.

Alega además el apelante que no hay cansa de acción en la demanda, porque no se establece hecho alguno de donde resulte que el demandante es dueño del automóvil que ma-nejaba; En el hecho primero de la demanda se alega espe-tíficamente que el demandante es y era el dneño del auto-móvil Ford No. 143, de servicio público, y encontramos que tal alegación es suficiente para establecer el carácter de dneño.

No vemos como impertinente la admisión que hizo la corte inferior de cierta certificación expedida por el Comisionado del Interior en agosto 25, 1921, ni error alguno en su admi-sión como prueba. En dicha certificación se hace constar que el demandado no está autorizado para manejar vehícu-los de motor en Puerto Rico. Si se relaciona esta prueba con la alegación de la demanda en donde se afirma tal cir-cunstancia, se hace fácil entender que la admisión de dicho documento ha sido pertinente.

Se trata ahora del error que atañe a la insuficiencia de la prueba. Ambas partes practicaron pruebas en apoyo de sus respectivas alegaciones. Como consecuencia la eviden-cia así presentada había de resultar contradictoria y el con-flicto fué decidido por la corte inferior en favor del deman-dante, la que además practicó una inspección ocular, a pe-tición de las partes, del sitio en donde ocurrió la colisión. Y nosotros, después de un cuidadoso estudio de la prueba hemos llegado a la misma conclusión de la corte inferior. El demandante guiaba su automóvil marca Ford portando pasajeros, inferior y menos fuerte al del demandado marca Buiclq que también lo guiaba, pero sin venir acompañado por ninguna otra persona. Es de razón lógica que si los testimonios de ambas partes interesadas son contradictorios, la fuerza probatoria de las personas que conducía el auto-móvil del demandante tengan singular importancia y que el peso de las mismas hayan inclinado la menté del juez sen-tenciador del lado de los derechos que han asistido al deman-dante. Es cierto que otras personas declararon en apoyo del demandado, pero por la forma y manera que esas per-sonas se produjeron en el acto del juicio y la razón de sus dichos, parece que la corte inferior, que es la que pudo darse mejor cuenta de su veracidad, no dió crédito alguno a dichas personas, y, por tanto, entre otras, conclusiones de hecho que sentó la corte inferior y con las cuales estamos de acuerdo, es importante insertar las siguientes:

"La corte es .de opinión que de la apreciación de la prueba con-tradictoria y de la inspección ocular practicada, resulta que viniendo el demandante Genaro Paz, manejando un automóvil de su propie-dad, marea ‘Ford,’ y portando en él pasajeros, el día 18 de abril de 1921, y como a las 4 p. m. del mismo, desde el pueblo de Añasco para la ciudad de Mayagüez, al llegar al kilómetro 180, bectómetro -3- de la carretera de San Juan a Mayagüez,/ o sea entre el segundo y tercer kilómetro de la carretera que conduce de Mayagüez a Añasco, sitio conocido por la cuesta del Algarrobo, del municipio de Maya-güez, P. R., de este distrito judicial, venía en dirección contraria, es decir de Mayagüez para Añasco, un automóvil marea ‘Buick’, manejado por su propietario el demandado Domingo Bonet, a mucha velocidad, bajando la cuesta, haciendo zig-zag sin tocar bocina, ni dar aviso de proximidad y en tal forma que vino a chocar con el automóvil marea ‘Ford’, del demandante, Genaro Paz, destrozándolo y causando golpes y lesiones al demandante Genaro Paz, el que fué lanzado de su automóvil como consecuencia del choque.
"La corte estima que el demandado Domingo Bonet, al manejar en dicho día y hora el carro de su propiedad, marca ‘Buick’, lo hizo negligentemente, pues de conformidad a lo estatuido en la ley apro-bada en 13 de abril de 1916, para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, y para otros fines, no venía al caminar lo más a la derecha de su camino, precaución más obligatoria! por cuanto en dicho sitio existe una curva la que estaba doblando, y en cuyos casos además debe de darse aviso con la bocina o aparato de alarma, para avisar la proximidad,, lo que no hizo el demandado Domingo Bonet, como tampoco tomó bien su derecha, ni la velocidad a que venía su vehículo estaba regulada, tomando en cuenta el ancho del camino, tráfico y curva allí existente, y en dicho día además el demandado Domingo Bonet no estaba provisto,' ni tenía licencia para manejar en Puerto Rico vehículos de motor, expedida por el Comi-sionado del Departamento del Interior, resultando probado de la evi-dencia documental presentada que la licencia para manejar vehícu-los de motor al demandado Domingo Bonet eran o fueron tres per-misos, valederos por treinta días cada uno, habiéndose remitido él primero en diciembre 8 de 1920, y que venció en enero 8 de 1921, el segundo permiso se expidió en enero 18 de 1921 y venció el 18 de febrero de 1921,. y el tercer permiso le fué expedido en 19 de abril de 1921, es decir, al día siguiente del choque o accidente que ocurrió el día 18 de abril de 1921, el día anterior, demostrándose igualmente que en diebo día no venía con el demandado Domingo Bonet acompañado de ningún chauffeur o conductor que poseyera licencia para manejar vehículos de motor.”

El apelante discute con bastante tenacidad la cuestión relativa al dominio del automóvil “Ford” que guiaba el de-mandante y alega que no se probó que éste fuera dueño de dicha máquina. Todo su razonamiento lo hace depender de que la licencia del referido automóvil, expedida por el Comi-sionado del Interior, si bien aparecía endosada por el anterior dueño al demandante en Io. de abril no fué registrada en el Departamento del Interior hasta el 25 de dicho mes, fecha posterior al accidente. Sin-embargo, no es la licencia el único medio probatorio para demostrarse el carácter de dueño de un automóvil ni tampoco dicha licencia tiene un valor absoluto sino relativo cuando se considere como título de dominio.

“La identificación de automóviles por sistemas de licencias y el requisito de que cada vehículo deberá llevar un número de registro colocado visiblemente es una de las precauciones que se han tomado para aminorar el peligro de causar daños a los viandantes y a otros viajeros cuando se manejan automóviles sin el debido cuidado, y para suministrar el medio de determinar la identidad de personas que infringen las leyes y las ordenanzas que regulan la velocidad y manejo de vehículos de motor en las carreteras.” 2 Ruling Case Law, pág. 1176.

Parece también que la corte inferior, en relación al mismo extremo, no solamente tomó en consideración el endoso que se hizo de la licencia por el anterior dueño del demandante, sino que además tuvo en cuenta el testimonio de dicha parte y a quien le dió entero crédito toda vez que tampoco el de-mandado no impugnó ni rebatió por ningún otro medio de prueba el hecho de que el automóvil “Ford” perteneciera a dicho demandante. Asimismo podemos decir respecto a la prueba del demandante para justificar los daños y per-juicios que le fueron causados con motivo del choque. El demandado no produjo prueba alguna que pudiera neutra-lizar o disminuir los efectos de dicha prueba a la que dió crédito la corte inferior.

NOVIEMBRE 9, 1922.

No encontramos, por tanto, que se haya procedido en la apreciación de la prueba con pasión, prejuicio o que exista error manifiesto en la misma, y debemos aceptar la conclu-sión a que llegó el juez sentenciador declarando con lugar la demanda en cuanto a la suma de $987 con costas al de-mandado, y sin lugar la contra-demanda.

Respecto a la resolución de la corte inferior denegando la moción solicitando un nuevo juicio, no podemos tomar en consideración el error que en este punto se alega por el ape-lante, toda vez que dicha resolución no fue apelada.

Por todo lo expuesto, la sentencia debe ser confirmada en todas sus partes.

Confirmada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN DE

El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En julio 11, 1922, se dictó sentencia en este caso y por ella se resolvió confirmar la sentencia de la corte inferior. En julio 31, 1922, se presentó una moción, a nombre del de-mandado y apelante, solicitando la reconsideración de dicha sentencia y alegándose como fundamento, que esta corte no hizo declaración alguna respecto a la moción de nuevo juicio que fué denegada por la corte inferior y apelada ante esta corte.

El demandante y apelado se opuso a la moción de recon-sideración y acompaña a su escrito de oposición una certifi-cación del secretario de la corte inferior en donde se hace constar que si bien el demandado y apelante apeló en 23 de noviembre de 1921 de la decisión denegando la celebración de un nuevo juicio, no adhirió a dicho escrito de apelación, hasta el 23 de febrero de 1922, los derechos que en sellos de rentas internas debían haberse adherido según exige la ley regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles, aprobada en 11 de marzo de 1915. Resulta, por tanto, que dichos derechos fueron satisfechos tres meses después de archivado el escrito de apelación en la oficina del secretario. En tales condiciones no podía sostenerse que la apelación se había perfeccionado, a pesar de la presentación del escrito de apelación y de su notificación a la otra parte. Como en la fecha en que se pagaron los derechos de apelación había expirado con exceso el derecho de apelar de la resolución de-negando un nuevo juicio, no es posible que se pueda admitir que el tardío pago de tales derechos podía haber revivido un derecho que había sido extinguido fatalmente por la expi-ración del término para apelar. Creemos, además, que tal práctica no estaría en consonancia con la seriedad que se' debe imprimir a los procedimientos judiciales porque que-daría al arbitrio de una parte aprovechar las oportunidades de un término judicial según se creyera o no conveniente sa-tisfacer los derechos determinados en la ley, para dar curso a una actuación judicial. Como consecuencia las partes tie-nen que cumplir estrictamente en las apelaciones con los re-quisitos que son estatutorios y no puede quedar a su conve-niencia el cumplimiento de los mismos. Ya esta corte ha ■decidido en forma clara y terminante que es nulo y sin nin-gún valor el escrito interponiendo el recurso de apelación en donde no se haya adherido el sello correspondiente de ren-tas internas en pago de las costas que determina la ley antes citada de 11 de marzo de 1915. Véase Nazario v. Santos, 27 D. P. R. 89.

Podíamos, sin embargo, referirnos a la moción de nuevo juicio y hacer notar que dicha moción comprende y argumenta idénticas cuestiones que fueron resueltas en la apelación j, solamente se presentó como materia nueva, la imputación que hace el demandado de haberse alterado la fecha del traspaso en la licencia del automóvil "Ford,” propiedad del deman-dante.

Aparte de lo que. ya dejamos dicho en nuestra anterior opinión acerca del valor legal de las licencias que expide el Comisionado del Interior a los dueños de automóvil, en este-caso se sometió el punto en controversia a la consideración de la corte inferior mediante affidavit y contra-affidavit y dicha corte inferior resolvió el conflicto en favor del deman-dante, no demostrándose en forma alguna que en su aprecia-ción la corte inferior haya demostrado prejuicio o error ma-nifiesto, y por consiguiente, debemos concurrir con su deci-sión denegando la moción de nuevo juicio.

Por las razones que dejamos expuestas la reconsideración solicitada debe denegarse.

Sin lugar la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la. resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. Audrey,

license: Public Domain

text:
    Acosta et al., Demandantes y Apelantes, v. Dávila, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre reclamación de propiedad e indemniza-ción.
    No. 2491.
    Resuelto en julio 11, 1922.
    Reivindicación — Prueba—Prescripción Extrajordinaria. — Cuando en una acción-para recobrar una propiedad el demandante deja de probar su título de dueño y, por otra parte, el demandado prueba la posesión por él y sus cau-sautes durante más de treinta y seis años, tiempo por el cual se adquiere el dominio aun sin buena fe ni justo título, la demanda debe ser declarada sin lugar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Tí. Ramírez Vigo y V. M. Fernández.

    Abogado del apelado: Sr. B. Forés.

   El Juez Asociado Sb. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido interpuesta por los demandantes'' contra la sentencia recaída en su pleito después del juicio y por la cual fué declarada sin lugar su demanda. En ésta, alegaron los demandantes que son dueños como herederos, de sus difuntos padres de dos fincas rústicas radicadas en el barrio de Machuchal, de Sabana Grande, con once cuerdas de terreno una y la otra con ocho, las que está detentando indebidamente el demandado Manuel María Dávila, como he-redero de Concepción Saavedra Lagrave, quien la hizo ins-cribir a su nombre en el registro de la propiedad mediante expediente posesorio que es nulo por no haberse cumplido los requisitos legales, por todo lo que pidieron a la corte que fuera declarado nulo dicho expediente posesorio, que se can-celara su inscripción en el registro de la propiedad y que se condenara al demandado a devolver dichas fincas a los demandantes satisfaciendo además cinco mil dólares en con-cepto de daños y perjuicios por la retención de las fincas. Negó el demandado los hechos anteriores y haciendo otras alegaciones fué el pleito a juicio y fué dictada la sentencia que ha sido apelada.

La prueba de los demandantes consistió en la declaratoria hecha a su favor en 1920 como herederos de Pedro Acosta Torres y de Iba del Carmen García y García, fallecidos res-pectivamente en 1910 y 1900, y de los cuales son únicos des-cendientes legítimos. También dos de ellos se presentaron como testigos y se limitaron a declarar que sus padres eran dueños de esas dos fincas sin expresar el título de adquisi-ción ni que estuvieran poseyéndolas a su muerte, y habién-dosele preguntado a uno de ellos si sus padres transmitieron esas fincas a alguien, si las vendieron a alguna persona, con-testó que “en convenio con doña Concepción Saavedra le.pasó la escritura” y preguntado de nuevo qué clase de escritura fué la que pasó contestó que “un contrato que hizo ella de administrarlas él.” Esto es todo lo sustancial de esas de-claraciones. La demanda fué presentada en 1920 y los de-mandados presentaron como prueba una certificación del re-gistro de la. propiedad creditiva de que desde 1884’ se halla inscrita en el registro a nombre de .Concepción Saavedra Lagrave la posesión de dichas fincas mediante un expediente posesorio del cual resulta que las compró en el año 1881 a Pedro Acosta y a Iba del Carmen G-arcía, que son los padres de los demandantes.

El resultado de toda la prueba es no sólo que los deman-dantes dejaron de probar el título de dueños que como here-deros de sus padres alegaron tener sobre las fincas objeto de la reclamación sino que, por el contrario, la declaración de uno de ellos admite que sus padres traspasaron la finca a Concepción Saavedra Lagrave, de quien es uno de los he-rederos el demandado Dávila, único demandado, y que a la fecha de la demanda esa posesión tenía más de treinta y seis años, tiempo por el cual se adquiere el dominio aún sin buena fe ni justo título.

La sentencia apelada dehe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Rodríguez, Demandante y Apelante, v. Porto Rico Railway, Light and Power Company, Demandada y Apelada.
    Apelaoi-ÓN procedente de la Corte de Distrito de San. Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios. Mo-ción sobre eliminación de la transcripción de la evidencia.
    No. 2477.
    Resuelto en julio 11, 1922.
    Constitucjonalidad de la Ley 27 de 1917 — Título de las Leyes. — Para que cumpla con las prescripciones ■ del párrafo 9 del artículo 34 de la Ley Orgá-nica no es preciso que el título de una ley describa minuciosamente el objeto de la misma; basta si lo expresa de un modo general. Así lo expresa la Ley 27 de 1917, por lo cual no debe concluirse que tal ley es inconstitucional.
    Id. — Id.—Enmiendas a las Leyes. — La Ley 27 de 1917 no enmienda el artículo 299 del Oódigo de Enjuiciamiento Civil,, sino que es una mera adición del mismo, por lo que no puede concluirse que es anticonstitucional por violación del párrafo 10 del artículo 34 del Acta Orgánica, cuya objeción tampoco puede hacerse a la Ley 81 de 1919 en tanto en cuanto enmienda las leyes a que se refiere.
    Id. — Id.—No puede concluirse que la Ley 27 de 1917 es inconstitucional bajo el fundamento de que contiene más de una materia.
    Adelación — Transcripción del Record — Copias del Transcript. — La ley no dis-pone que deberá entregarse al apelado una copia de la transcripción aprobada sino meramente que las notas taquigráficas como han sido presentadas en la corte inferior deben ser suministradas al-apelado.
    Los bectos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Texidor & de la Haba.

    Abogados de la apelada: Sres. P. Amado Rivera, M. Acosta Velarde y J. H. Brown.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué- una moción para eliminar nna transcripción de las notas taquigráficas. El primer fundamento de la moción -era que cuando la corte aprobó la transcripción había expi-rado el término para sn radicación. El apelante ha presen-tado desde entonces nna certificación la cual tiende a mostrar que nna prórroga concedida por la corte inferior no fué in-cluida en los autos con lo cual la radicación se hubiera hecho dentro del término y la apelada en sn alegato presentado luego no insiste sobre este punto. La apelada, sin embargo, sí insiste en que la Ley No. 27 de 1917, y la Ley No. 81 de 1919, son nulas e inválidas por violar las prescripciones de los párrafos 9 y 10 del Artículo 34 de la Ley Orgánica.

El párrafo 9 prescribe que “No se aprobará ningún pro-yecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá. ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no baya sido expresada en el título.” El párrafo décimo expresa que “Ninguna ley será restablecida o enmendada, ni se dará mayor alcance a sus disposiciones, ni se conferirán las facul-tades en ella contenidas, haciendo referencia a su título sola-mente, sino que toda la parte de ella que sea restablecida, enmendada, extendida o conferida será decretada nuevamente y publicada en su totalidad.”

El título de la Ley No. 27 es el siguiente: “Proveyendo para la sustitución, a opción de parte, del pliego de excep-ciones y exposición del caso, por una transcripción de la evi-dencia preparada por el taquígrafo, presentada al secretario, y aprobada por el juez con citación.de las partes, y para otros fines.” Examinando el contenido de la ley, encontra-mos que el título es suficiente. El indica, o es “un poste indicador”, como expresa una de las decisiones, de lo que contiene la ley. No es necesario que el título sea una des-cripción minuciosa, sino solamente que exprese de un modo general cuál es el objeto de la ley.

El título de la Ley No. 81 de 1919, es el siguiente:

“Ley para enmendar la seeción 3 de la Ley No. 27 de noviembre de 1917, titulada ‘Ley proveyendo para la sustitución a opción de parte, del pliego de excepciones y exposición del caso para una trans-cripción de la evidencia preparada por el taquígrafo presentada al secretario y aprobada por el juez con citación de las partes y para otros fines,’.y el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil.”,

Este título asimismo describe claramente el propósito. El objeto de la ley es enmendar artícnlos de ley que se supone están en vigor, y el cuerpo principal de la ley no tiene por fin comprender ninguna otra cosa que no sean dichos artícu-los enmendados. No encontramos en los casos citados por la apelada ninguna decisión que indique que alguna ley sea anticonstitucional o nula por razón de un título semejante. Las decisiones tienden más bien a declarar que cuando se in-corporan en la ley cosas que el título no sugiere, entonces la ley es nula. Galpin v. Chicago, L. R. A. 1917 B, página 182, donde se cita a Lyons v. Police Pension Board, 99 N. E. 337, y nuestro examen de ese caso es que la ley fué declarada nula debido a su contenido más bien que por razón de su título.

También insiste la apelada en que estas dos leyes en cues-tión son nulas por enmendar prescripciones existentes del Código de Enjuiciamiento Civil sin hacer referencia ya en el título de la ley, o en su cuerpo principal, de que son tales enmiendas.

Nuestro examen de la Ley No. 27 nos convence de que era un medio nuevo e independiente de incorporar la evi-dencia y de que la misma no enmendaba ninguna prescrip-ción de ley existente según ha sido interpretada la palabra “enmienda”. Los mismos casos citados por la apelada mues-tran que indirectamente pueden enmendarse algunas cosas mediante prescripciones enteramente nuevas.. De todos mo-dos, en tanto consideramos la Ley No. 27 de 1917, en ella no hay nada que no pueda existir independientemente del Có-digo de Enjuiciamiento Civil o que destruya o cambie algo en el Código de Enjuiciamiento Civil excepto el derecho mismo a incorporar evidencia por medio de notas taquigráficas. El propósito de la ley, como hemos indicado, es claro en su título y nadie podría estar sorprendido ya por su título, o cuerpo principal de la ley de no saber cuáles son sus de-rechos.

La Ley No. 81 de 1919, en tanto enmienda únicamente las leyes allí referidas, es asimismo correcta. Las enmien-das están enteramente incorporadas en la ley. El objeto del párrafo décimo del artículo 34 de la Ley Orgánica es evitar enmiendas por referencia al título de una ley anterior, pero prescribe que las nuevas disposiciones “serán de-cretadas nuevamente y publicadas en'su totalidad.”

La apelada sin embarg’o, también sostiene que cada una de las leyes es nula por contener más de una materia. Oree-mos que la Ley No. 27 está exenta de esta objeción, pero la corte no ba llegado a una conclusión en cuanto a la Ley No. 81. Debe tenerse en cuenta que estamos sosteniendo la-Ley No. 27 por el fundamento de ser un substituto indepen-diente y no una enmienda al Código de Enjuiciamiento Civil. Lo que sostenemos es que es una mera adición a la misma. La Ley No. 81, sin embargo, no sólo pretende enmendar la Ley No. 27, sino también enmendar el artículo 299 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil. Tal vez podría ser sostenida la Ley No. 81 por el fundamento de ser meramente una en-mienda de un cuerpo legal ya vigente.

No solo enmienda la Ley No. 81 el artículo 299, sino que en el artículo 299, como ba sido enmendado, el artículo 302 del Cogido de Enjuiciamiento Civil es a la vez modificado o enmendado. Si bien basta abora era el deber del secre-tario certificar a esta corte como completo el legajo de la sentencia, abora una parte de ese deber recae en otra persona que al parecer es el juez quien debe certificar sobre la corrección de la transcripción.

La apelada, sostiene que la transcripción de la evidencia siempre debe hacérsele formar parte del legajo de la sen-tencia de la corte inferior.

Toda la materia no ba sido discutida muy ampliamente y estamos dispuestos a oir ulterior argumentación sobre el particular y por tanto pospondremos la decisión definitiva basta la vista del caso en su fondo.

Si el apelante llegase a convencerse de qne la transcrip-ción de la evidencia ha sido indebidamente elevada a esta-corte y no es demasiado tarde, estaríamos dispuestos a con-siderar una moción por virtud de la cual él podría retirarla Y archivarla en la' corte inferior para que forme parte del legajo de la sentencia. Después de retirada así la trans-cripción también consideraríamos como parte de la moción, el permiso para adicionar los autos certificando esta parte del legajo de la sentencia.

También insistió la apelada en que las varias leyes eran defectuosas toda vez que pretendían cambiar la compensa-ción del taquígrafo, pero esto sólo afectaría a la disposición de la ley relativa al pago de honorarios a los taquígrafos y no al. derecho del apelante a dejar archivada la transcrip-ción en esta corte. También se quejó la apelada de que no se le dió copia de esta transcripción. La ley no exige que deberá darse al apelado una copia de la transcripción apro-bada, sino meramente que las notas taquigráficas como han sido presentadas en la corte inferior antes de su aprobación deben ser suministradas al apelado. Esto no colocaría al apelado en una posición distinta a la que tenía en cuanto a un pliego de excepciones o exposición del caso. No es fun-damento de eliminación. La moción para eliminar se de-niega por ahora, sin perjuicio del derecho de la apelada de poder promover la misma cuestión en la vista final del caso.

Pospuesta la resolución de la moción de la de-mandada hasta que él caso sea visto en su fondo.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo y el Hon. Attorney General, Peticionarios, v. La Corte de Distrito de San Juan, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, Hon. Charles E. Poote, Juez.
    No. 371.
    Resuelto en julio 13, 1922.
    JurisdiccióN — Denuncia de las Partes- — Orden sobre Entrega de Evidencia.— En el presente caso el fiscal, por medio da moción ex parte e invocando una orden que dictara anteriormente la Corte de Distrito para que cierto informe del Gran Jurado quedara en poder del fiscal, y exponiendo además que tal informe se basó en documentos que estuvieron en poder del Gran Jurado -y que juntamente con el informe se hallan en poder del Attorney General quien se niega a entregarlos al peticionario que los necesita para estudio y deeisión final, demandó de la corte una orden para la entrega de dichos documentos. Recurrida por certiorari la orden que dispuso la entrega y apercibió de de-sacato al Attorney General, se resolvió: que la orden era nula porque no teniendo la corte jurisdicción por razón de la materia de la acción, la sumi-sión de las partes no podía dársela.
    Los hechos están expresados eu la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Hon. Attorney General y Sres. M. A. Muñoz y J. A. Loret.

    Abogado del demandado: Sr. J. B. Soto.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por virtud de un auto de certiorari que libramos en este caso a petición del Attorney General de Puerto Pico tene-mos ante nosotros los procedimientos seguidos en la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, como consecuencia de una petición que le hizo el fiscal de dicha corte, Rafael Arrillaga Urrutia. Esa petición dice así:

“Primer Distrito Judicial de San Juan. — En la Oorte del Dis-trito. — Ex parte, El Fiscal del Distrito de San. Juan, Distrito Pri-mero. — Peticionario.—No. 908. — Moción.—A la Hon. Oorte de Dis-trito, Distrito Judicial de San Juan,, Primer Distrito: — Comparece abora el infrascrito fiscal y respetuosamente expone: Que en seis de abril de 1922 esta Hon. Oorte dictó una orden disponiendo que el informe rendido por el Gran Jurado de este Distrito de cinco de abril de 1922, en relación con ciertos actos que se imputan a E. Montgomery Reily, J. R. Hull y W. Kessinger, quedara bajo la custodia y en poder del Fiscal de este Distrito.
“Que dicbo informe se basó en documentos, papeles, declaraciones juradas y exhibits, que estuvieron en poder de dicbo Gran Jurado y que boy se encuentran lo ihismo que el informe antedicho, en po-der del Attorney General de Puerto Rico, Hon. Salvador Mestre, el cual se niega a entregarlos al compareciente, aún cuando éste le ha requerido su entrega varias veces por necesitar dicbo informe, pa-peles, documentos,- exhibits y declaraciones juradas para hacer un estudio de la cuestión que le permita llegar a una decisión final en' el asunto; pues si bien es cierto que en distintas ocasiones ha visto dichos informes, papeles, documentos, exhibits y declaraciones jura-das en poder del Attorney General, nunca los ha tenido en las pro-pias suyas, con aquella calma y detención que requiere el estudio de un asunto, en el cual tiene él la mayor responsabilidad.
“Por lo que solicita se dicte una orden requiriendo al Attorney General o a cualesquiera de sus assistants que le sustituya por su ausencia, para que haga entrega inmediata al compareciente de dicho informe, documentos, papeles y todos los demás documentos que exis-tan en su poder y que sirvieron .de base a dicho Gran Jurado, para emitir el informe antes mencionado, a fin de que pueda el suscribiente determinar lo que proceda en relación con los mismos.
“San Juan, P. R., junio 2, 1922.— (Fdo.) Rafael Arriga Urru-tia, Fiscal del Distrito Primero de San Juan, P. R. — Jurada y sus-crita ante mí, por Rafael Arrillaga Urrutia, abogado y vecino de San Juan, a quien conozco personalmente, hoy el día 2 de junio de 1922. — (Fdo.) C. Marrero, Secretario Corte Distinto Primero.”

Después ele presentada en la corte el fiscal Domingo Ma-ssari acudió por escrito el mismo día ante dicha corte ale-gando haber sido nombrado por el Attorney General fiscal en comisión para dicha corte y desistió de la petición hecha por el fiscal Arrillaga. Este presentó' en la misma fecha otra moción diciendo que ha recibido una comunicación del Attorney General para que se traslade a Mayagüez y entre-gue la Fiscalía de San Juan al fiscal Domingo Massari con todos los papeles de ella, pero que no teniendo efecto ni valor alguno dicha orden de traslado continúa siendo el Fiscal de San Juan y como tal pide que se resuelva por sus méritos su. petición, para que el Attorney General le entregue los do-cumentos que solicita.

Después de lo expuesto, el mismo 2 de junio de 1922, sin citación ni audiencia del Attorney General, la corte ordenó al Attorney General de Puerto Eico haga inmediata entrega al fiscal de la corte de los documentos que interesa y motil propio lo apercibió con castigarlo por desacato si así no lo hiciere.

Al día siguiente dos fiscales auxiliares del Attorney General de Puerto Eico, en representación de éste, pidieron a la corte que reconsiderara dicha orden y presentaron, ade-más otra moción suplementaria exponiendo los motivos que el Attorney General de Puerto Eico tuyo para ordenar el traslado temporal del fiscal Arrillaga a la Corte de Distrito de Mayagüez. Para impugnar la moción suplementaria pre-sentó el fiscal Arrillaga una declaración escrita y jurada (affidavit).

Después, el día 7 de junio, la corte negó la reconsidera-ción pedida por el Attorney General de Puerto Eico, con-firmó la orden del día 2 y levantó' la suspensión que de ésta había dictado el día 4. Estos son todos los procedimientos seguidos en la tíorte inferior hasta que ordenamos nos fue-ran remitidos.

% Tenía la corte inferior jurisdicción en este asunto ? Esta es una cuestión que toda corte de justicia debe tener pre-sente antes de decidir cualquier petición que se le haga por-que si carece de ella.su decisión del asunto será completa-mente nula y por tanto no podrá cumplirse aunque las par-tes se le hayan sometido y no hayan impugnado su juris-dicción sobre la materia de la acción, porque la sumisión, de las partes no confiere jurisdicción a una corte que no te tenga por razón de la materia. 11 Oye. 673. Tal cuestión debemos considerarla en primer término porque si la corte inferior no la tenía tampoco la tendremos nosotros en este certiorari para decidir las cuestiones propuestas por las par-tes. El tribunal qne no está autorizado para conocer de determinado asunto tampoco lo está para decidir las cues-tiones qne de él surjan.

Sentado lo que precede examinaremos la petición del fiscal Arrillaga que dió origen a los procedimientos que tene-mos bajo nuestra consideración.

Se limita el fiscal Arrillaga en su petición ex parte al tribunal a manifestarle que en 6 de abril de 1922 dispuso que un informe rendido por el G-ran Jurado de su distrito quedara en poder del fiscal del mismo distrito; que ese in-forme se basó en ciertos documentos qne estuvieron en po-der del Gran Jurado y que abora se encuentran, lo mismo que el informe dicho, en poder del Attorney General de Puerto Rico quien se niega a entregarlos al peticionario a pesar de que los necesita para hacer un estudio de ellos que le per-mita llegar a una decisión final en el asunto. Esto es todo lo que se alega para pedir a la corte que ordene que le sean entregados dichos papeles por el Attorney General de Puerto Rico o por el auxiliar que le sustituya en su ausencia.

'La cuestión, pues, propuesta por el peticionario es que la corte mande entregarle ciertos documentos que tiene el Attorney General de Puerto Rico para él examinarlos y po-der llegar a una decisión final con respecto a ellos y deter-minar lo que proceda. En otras palabras, pretende por una orden de la corte obtener prueba para examinarla y decidir lo que proceda, y nosotros no creemos que la corte esté facul-tada para ordenar a una persona que entregue al fiscal do-cumentos que tiene en su poder para que aquél los estudie y decida lo que proceda hacer con vista de ellos. Si una orden de esta naturaleza pudiera dictarse contra el Attorney General de Puerto Rico también podría dictarse contra cual-quiera otra persona. No conocemos procedimiento alguno en nuestras leyes establecido con ese objeto ni se nos ha demos-trado que exista. El único procedimiento que pudiera creerse que tiene alguna relación con el presente es el auto de man- damns, pero la petición no es una solicitud de mandamus ni de ella aparece que el Attorney G-eneral de Puerto Eico esté obligado a entregar esos documentos como un acto que la ley particularmente le ordene como deber resultante de su cargo.

Por no tener la corte inferior jurisdicción sobre la cues-tión propuesta por el fiscal Arrillaga en su petición a ella, debemos anular todos los procedimientos habidos en este caso en la corte inferior y especialmente la orden qué dictó en 2 de junio de 1922 y su concordante de 7 del mismo mes y año.

Anulados los procedimientos habidos en la corte inferior y especialmente la orden de junio 2, 1922, y su concordante de 7 del mismo mes y año.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: Juez Pbesidente Sb. del Tobo.

text:
    El Pueblo et al., Peticionarios, v. Arrillaga, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de mandmnus dirigido al Hon. Rafael Arrillaga Urrutia, Fiscal del Distrito de San Juan, Primer Distrito.
    No. 207.
    Resuelto en julio 13, 1922.
    Jefes de Departamento — Fiscal General —Poder Ejecutivo. — Dentro de la rama ejecutiva del gobierno, es el Fiscal General el que tiene a su cargo la administración de justicia en Puerto Eico, pero la tiene bajo la inspección y control del Gobernador en quien reside el poder ejecutivo supremo y quien es el último responsable ante el Presidente de la ejecución de las leyes en la isla.
    Fiscal General — Fiscales de Distrito — Traslado de Fiscales. — El Fiseal General en propios casos, puede ordenar por sí solo que el fiscal- de un distrito cambie de lugar con el de otro distrito y su orden puede ser puesta en vigor si fuere necesario por medio de un auto de mandamus.

    Id.- — Id.—Gobernador de Puerto Eico. — El Gobernador de Puerto Eico tiene fa-cuitad para revisar una orden del Fiscal General decretando el cambio de lugar de un fiseal de distrito.
    Id. — Id.'—Oonelicto Interno — Facultades de las Cortes. — Cuando los autos revelan un conflicto interno, doméstico, de política a seguir, dentro de cualquiera de las otras dos ramas del gobierno, la judicial generalmente solo intervendrá para fijar la ley aplicable. No decidirá la línea de conducta que deba seguirse. Tal decisión corresponde a la propia rama dentro de la cual existe la divergencia de criterio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Ron. Attorney General y Sres. M. A. Muñoz y J. A. Lorei.

    Abogados del demandado: Sres. J. B. Soto, A. Aponte y B. Martínez Nadal.

   Opinión personal del

Juez Pbesidente Sb. del Tobo.

El Fiscal General de Puerto Rico presentó en esta Corte Suprema una solicitud para que se expidiera un auto de mandamus dirigido al Fiscal Arrillaga de la Corte de Dis-trito de San Juan, Primer Distrito, ordenándole que se tras-ladara al Distrito Judicial de Mayagüez en obediencia de una orden que recibiera del Fiscal General que había rehu-sado cumplir.

Desde que por vez primera se consideró la solicitud, la opinión de los jueces de esta corte no fué unánime en cuanto a si en un caso de tal naturaleza procedía el recurso extra-ordinario de mandamus. Finalmente se acordó librar una orden para.mostrar causa y de tal modo tener una oportu-nidad de conocer mejor los hechos y estudiar con mayor de-tención la ley.

La orden del Fiscal General al Fiscal del Distrito, es como sigue:

“Department of Justice of Porto Rico. — Office of the Attorney General. — San Juan. — Mayo 31, 1922. — Hon. Rafael Arrillaga Urru-tia, Fiscal del Primer Distrito, San Juan. — Señor:—Por la presente, en virtud de la autoridad conferídame por la ley, le ordeno a usted que proceda inmediatamente a trasladarse al Distrito de Mayagüez y hacerse cargo dé la fiscalía de dicho distrito hasta nueva orden de este Departamento, haciendo entrega de todos los asuntos que tenga usted bajo su conocimiento al Hon. Domingo Massari, Fiscal del Segundo Distrito de San Juan. — Atentamente, Salvador Mestre, Attorney General.”

Y el Fiscal General alega qne su facultad para dictar la orden y el deber de obedecerla por parte del fiscal del dis-trito, surgen de las siguientes disposiciones legales:

“El Attorney General tendrá a su cargo la administración- de Justicia en Puerto Rico.” Art. 14 del Acta Orgánica.
“ * •# -qos piscaieg de ¡as Cortes de Distrito estarán bajo la inspección (supervisión) administrativa del Attorney General en todos los asuntos pertenecientes a sus respectivas oficinas, pasando los informes y prestando los servicios que de tiempo en tiempo les exigiere el Attorney General.” Art. 69 del Código Político.
“ m * * pi Attorney General, en casos especiales, podrá dis-poner que el fiscal de un distrito cambie de lugar con el fiscal de otro distrito, por el tiempo que el Attorney General juzgare nece-sario.” Segundo párrafo del art. 64 del* Código Político, tal como quedó enmendado por ley de 8 de márzo de 1906. La enmienda con-sistió en la adición del segundo párrafo transcrito.

Cuando ocurrió el cambio de soberanía en Puerto Eico, existían además de los fiscales municipales, los de las Audien-cias de lo Criminal de Ponce y Mayagüez y los de la Au-diencia Territorial de Puerto Eico establecida en San Juan. Por la Constitución Autonómica de 1897 se había creado el cargo de Secretario de Gracia y Justicia, funcionario nom-brado por el Gobernador. En el Gobernador estaba .inves-tida la suprema autoridad de la colonia. Artículo 41 de la Constitución.

Durante el período militar se promulgó la Orden General No. 114, 1899, por virtud de la cual se dividió la Isla en cinco distritos judiciales. Una corte de distrito compuesta de tres jueces fué organizada en cada distrito y un fiscal nombrado para cada corte. La Orden General No. 118, 1899, comple-menta la anterior. En su sección 10 expresa lo que sigue:

* # Cada corte de distrito tendrá nn fiscal que repre-sentará la ley en las cansas criminales y en los casos civiles apropiados.” El Departamento de Justicia del Gobierno de la Isla había sido organizado por la Orden General No. 98, 1899, creándose el cargo de Fiscal General, en sustitución del Secretario de Justicia, con iguales funciones que las que usual-mente corresponden a los Fiscales Generales de los Estados de la Unión.

En 1900 el Gobierno Civil fué instaurado. Al Fiscal General se le dieron todas las atribuciones y funciones que por la ley correspondían a los fiscales de los territorios y el po-der judicial quedó residiendo en las cortes establecidas por las autoridades militares que hasta entonces gobernaron la Isla.

La Legislatura creada por la ley del Congreso de 1900, aprobó el Código Político en 1902, y en 1904 pasó una ley especial “proveyendo el nombramiento de fiscales de distrito, definiendo sus deberes y para otros fines,” cuya sección ter-cera dice así:

“Será el deber de cada Fiscal de Distrito, el procesar en su dis-trito a todos los delincuentes por crímenes y delitos de que pueda conocer bajo la autoridad de ‘El Pueblo de Puerto Rico’ y ejercer todas las acciones civiles que conciernan al Pueblo de Puerto Rico, y deberá llenar cumplidamente todos los otros deberes que le con-fieran las leyes y comisiones del Attorney General.”

En 1919 la Legislatura establecida por la segunda Acta Orgánica de Puerto Rico, pasó la Ley del Gran Jurado y un cuerpo de ciudadanos en cada distrito interviene desde entonces en la persecución de los delitos graves. A los fis-cales de distrito les encomendó la ley la presentación al Gran Jurado de todos los cargos por delitos que fueran de su com-petencia, en la forma de acusaciones (indictments). En los casos que no son de la competencia del Gran Jurado y una vez que la acusación ha sido presentada a la corte en los casos que son de su competencia, los fiscales siguen actuando de acuerdo con las leyes anteriores en vigor.

Por virtud de todo lo expuesto se concluye que durante la soberanía americana los fiscales de distrito fian sido siem-pre en Puerto Rico los funcionarios encargados de perseguir los delincuentes, por sí solos con anterioridad a la Ley del Gran Jurado y con la intervención de dicho organismo en los delitos graves a partir del 1919, y que siempre lia exis-tido también organizado en la Isla un Departamento Ejecu-tivo de Justicia a cuya cabeza lia estado un Fiscal General con poder para inspeccionar los fiscales de distrito y, desde 1906, con poder para disponer que el fiscal de un distrito cambie de lugar con el fiscal de otro distrito, en casos espe-ciales y por el tiempo que juzgare necesario, imponiendo la ley expresamente, desde 1904, "a los fiscales de distrito el deber de cumplir las comisiones del Fiscal General.

% Hizo uso en este caso el Fiscal General de la facultad que la ley le confiere de disponer que un fiscal de un distrito cambie de lugar con el fiscal de otro distrito? ¿Encomendó el Fiscal General alguna comisión al fiscal del distrito que éste estuviera obligado a cumplir de acuerdo con la ley de 1904?

Partiendo de la base de la orden tal como aparece redac-tada y de la ley, ambas preguntas deben contestarse en la afirmativa.

Juzgada por sus propios términos, la orden es válida y el deber de cumplirla claro. Y siendo ello así, parece una. consecuencia natural la procedencia del mandamus, aunque es necesario reconocer que raras veces se lia.usado tal re-curso para obligar a los funcionarios a cumplir órdenes de-sús superiores.

Pero hay más. Las alegaciones muestran que en reali-dad de verdad lo que se pide al tribunal que resuelva es que el Fiscal del Distrito de San Juan, Primer Distrito, debe cumplir una orden del Fiscal General que lo separa tempo-raímente de su distrito porque a juicio del Fiscal General así lo requerían los fines de la justicia. Y de tal modo el caso toma los caracteres de un verdadero conflicto interno entre funcionarios de una de las ramas del gobierno, la eje-cutiva, conflicto que se agrava y extiende a virtud de la in-tervención en el mismo del Gobernador.

En la comparecencia acordada, el fiscal del distrito hizo,, entre otras, la siguiente alegación:

“Y finalmente alega el compareciente, en oposición a dicha soli-citud y al remedio en ella solicitado, que el día seis de junio de 1922, el Gobernador de Puerto Rico dirigió al compareciente y recibid ésta el día siete del propio mes y año, la siguiente comunicación:
“ ‘San Juan, Porto Rico. — June 6, 1922. — Hon. Rafael Arrillaga-—Fiscal of the First Judicial District of San Juan. — San Juan, Pf R. — Dear Sir: — Whereas it has been called to my attention that the Attorney General of Porto Rico has ordered your transfer as Fiscal from the 1st District of Sam, Juan, Porto Rico to the District of Mayagüez, and no good cause appearing therefor, and none being given by the Attorney General for such transfer, and you were not appointed or commissioned as Fiscal of the Mayagüez District, but as Fiscal of the First District of San Jucrn, and whereas the Political Code of Porto Rico only authorizes the Attorney General to transfer Fiscals for special causes shown, and no good reason has been given, but on the contrary it appears that said order was not made according to law. — Now, therefore, under and by virtue of the authority vested in me by Section 12 of the Orgdnic Act, I hereby set aside and rescind said order, and direct that yoic attend to the duties of the office appointed and commissioned by me. — Done at my office in the city of San Juan this 6th day of June, 1922. — (Sgd.) E. Mont. Reily, Governor.’ ”

¿Se trata de una orden claramente dictada sin autoridad y de la cual, por lo tanto, pueda prescindirse, quedando así el conflicto reducido a sus primitivos límites, o se trata de una orden ejecutiva dictada con plena jurisdicción1?

Estudiaré el problema. El artículo 12 del Acta Orgánica en vigor prescribe que el poder ejecutivo supremo de la Isla reside en un funcionario ejecutivo, cuyo- título oficial será Gobernador de Puerto Rico. Dicho funcionario se nombra por el Presidente con el concurso y consentimiento del Se-nado y ejerce su cargo a voluntad del Presidente. Es res-ponsable de la fiel ejecución de las leyes, y tiene, palabras textuales de la ley, la inspección 'y control general de todos los departamentos y negociados del Gobierno de Puerto Rico, en todo aquello que no sea incompatible con las disposiciones de esta ley.

Por el artículo 13 se crean los Departamentos Ejecutivos del Gobierno, entre ellos el Departamento de Justicia cuyo jefe será conocido con el nombre de Fiscal General y será nombrado por el Presidente con el concurso y consentimiento del Senado. Los jefes de departamento constituirán colec-tivamente una junta consultiva del Gobernador, que se cono-cerá con el nombre de Consejo Ejecutivo y elidios jefes “de-sempeñarán bajo la inspección general del Gobernador, los deberes que más adelante se prescriben, o que en lo sucesivo se prescribieren por ley, y aquellos otros deberes, no incompatibles con la ley, que el Gobernador con la aprobación del Presidente, les asignare.”

Y más adelante,' artículo 14, es que aparece el precepto invocado en primer término por el Fiscal General en este caso, a Saber, que tendrá a su cargo la administración de Justicia en Puerto Rico.

No hay duda alguna que dentro de la rama ejecutiva del gobierno, es el Fiscal General el que tiene a su cargo la ad-ministración de Justicia en Puerto Rico, pero la tiene bajo la inspección y control del Gobernador en quien reside el po-der ejecutivo supremo y quien es el último responsable ante el Presidente de la ejecución de las leyes en la Isla, y siehdo ello así es necesario concluir que la orden del Gobernador no es una mera nulidad y que el Gobernador actuó con plena jurisdicción en el asunto. Es conveniente recordar. que cuando ■ se habla de administración de justicia, la ley se re-fiere a la parte administrativa de la misma. El Poder Ju-dieial, como rama separada del Gobierno, no corresponde al Gobernador, ni al Fiscal General, sino qne reside en las cor-tes de justicia. Artículo 40 y siguientes del Acta Orgánica de 1917.

Estoy enteramente conforme con la teoría de qne el poder de supervisión del Gobernador no puede extenderse a dictar al Fiscal General la conducta qne debe seguir en aquellas actuaciones personalísimas, de las cuales debe responder también personalmente, pero ese. no es aquí el caso.

La idea de la ley es que los jefes de departamento y el Gobernador actúen en armonía, siendo el último el Jefe Supremo de ellos en la Isla. Armonía no quiere decir' sumi-sión. Un jefe de departamento no está obligado a adoptar ninguna regla de conducta ilegal o inmoral. Tiene indepen-dencia de acción y puede y debe actuar de acuerdo con su leal saber y entender, pero ese mismo leal saber y entender le indican que es parte de un todo que realiza una obra sub-dividida pero común, a cuyo frente está una cabeza respon-sable y directora: el Gobernador. Si un conflicto surge, es el deber de cada jefe de departamento sostener lo que a su juicio estime justo. Si no logra vencer y sigue convencido de la justicia de su causa y se trata de una cuestión fundamental o en que el honor y la dignidad del gobierno así lo exijan, existe dentro del mismo poder ejecutivo una estación más alta: el Presidente. Si aún allí, en esa última estación, no obtuviere justicia, debe romper los lazos que lo ligan a una administración que de tal manera actuara y dirigirse al último tribunal que en las democracias existe: el Pueblo.

Habiendo llegado a la conclusión de que el Gobernador actuó con jurisdicción en el asunto ¿puede la corte entrar a juzgar la justicia o injusticia de su actitud? El poder judicial tiene su límite.

“Frecuentemente el término ‘facultad judicial,’ como se emplea en una constitución, no se define en la misma sino que se usa para designar a una de las tres grandes ramas o departamentos en que se dividen los poderes del gobierno y por los cuales sus asuntos han de ser administrados. Las funciones principales del departamento judicial son declarar lo que es la ley y determinar los derechos de las partes de acuerdo con la misma más bien que por virtud de prin-cipios de moral para los cuales no hay apoyo en la constitución, es-tatuto o decisión judicial. Es un ejercicio de poder judicial a diferencia del legislativo y del. ejecutivo que comprende discreción ad-ministrativa. Es por tanto el deber del departamento judicial in-terpretar la constitución y leyes, y determinar qué leyes están ea vigor en un territorio determinado y en cierto tiempo, la naturaleza y alcance de los varios departamentos del gobierno, y si algún de-partamento se ha excedido en sus funciones constitucionales.” 1.2» C. J. '871-72.

Tratar de penetrar en las intenciones de ambos funcio-narios, el Fiscal, y el Gobernador; pretender resolver el con-flicto interno no de ley, que ba quedado decidido, sino de conducta, de política a seguir, sería, a mi juicio, invadir la esfera de acción, peculiar, privada, doméstica del Poder Eje-cutivo.

Durante la vista de este recurso se hizo la manifestación de que la situación en la Isla era tal, que la Corte Suprema tendría que hacerse cargo del gobierno. No haya temor de que a ese extremo se llegue. Si la Corte Suprema inspirada en el más noble deseo de impartir justicia, rebasara el límite de sus atribuciones, no obstante la nobleza de su deseo y la .rectitud de su intención, realizaría un acto arbitrario, des-pótico, y en vez de constituir la salvaguardia, se convertiría en la amenaza de las libertades públicas.

El poder judicial que constantemente está recordando y fijando las limitaciones de los otros poderes que coordinados forman el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, debe ser muy cuidadoso de imponerse limitaciones a sí mismo.

No puedo ocultar que los hechos que originaron este caso; los motivos que Raya podido tener nn Gobernador sobre el cual pesa la amenaza de una acusación ante un Gran Jurado para impedir que determinado fiscal sea separado de su co-nexión con el mismo; la manera como fué redactada, a quien fue dirigida y la feeba en que se libró la orden del Gober-nador, y la situación de impotencia en que de momento queda un funcionario que alega que aspira al cumplimiento de su deber y que ba requerido el amparo de la corte, si es que su intención es recta, ban agitado constantemente mi con-ciencia durante el curso de este asunto y me ban becbo va-cilar en la actitud última que debía asumir. Pero después de meditarlo bien, estoy convencido que la única resolución que procede, es la indicada, a saber: que no puede ni debe librarse el auto de mandamus que se solicita.

El conflicto envuelto, la situación anormal que los autos revelan debe resolverse por el propio Poder Ejecutivo del Gobierno. A su cabeza está el Presidente de la República. El impartir justicia no es patrimonio exclusivo de las cortes, y debe esperarse con entera confianza que el Presidente im-parta justicia en este caso.

Denegado el auto.

Jueces concurrentes en la sentencia: Sres. Asociados Wolf, Hutcbison y Franco Soto.

El Juez Asociado Sr. Aldrey disintió.

       Las opiniones "de los Jueces Asociados Sres. "Wolf y Franco Soto se insertan a con-tinuación de la presente en unión de los respectivos sumarios.


author: Juez Asociado Se. Wooe.

text:
    El Pueblo et al., Peticionarios, v. Arrillaga, Demandado.
    No. 207.
    Resuelto en julio 13, 1922.

      Mandamus — Deber Administrativo — Interés Público. — Las cortes evitarán ínter-'venir mediante mandamus en las relaciones domésticas, administrativas o in-ternas de otro departamento del gobierno, especialmente cuando en el deber que se pretende hacer cumplir el interés del público es remoto o indirecto. El deber que trata de compelerse en este caso procede de la voluntad de un funcionario superior y el remedio por la desobediencia es la destitución.
    3d. — Id.—Fiscal de Distrito — Traslado a Otro Distrito. — Puede expedirse el ' auto de mandamus para obligar al cumplimiento de cualquier acto que la ley particularmente ordene como un deber resultante de un cargo, empleo o fun-ción pública, pero el deber de un fiscal de ausentarse del distrito para el cual fué nombrado no es uno impuesto especialmente por la ley.
   Opinión personal del

Juez Asociado Se. Wooe.

En la opinión archivada por el Juez Sr. Franco Soto se hace una exposición cuidadosa de los hechos en los cuales me fundo.

El deber que aquí se trata de imponer es uno que surge de las relaciones entre dos funcionarios del gobierno y por tanto es puramente administrativo. Es una cuestión que sur-gió en la administración de la oficina del Attorney General y es ejecutiva. No hay envuelta ninguna relación directa con el público en general. Las cortes no deben intervenir mediante mandamus para ejercitar control en las relaciones internas de una oficina. La lectura que he hecho de las au-toridades me convence de que las cortes generalmente evita-rán intervenir en las relaciones domésticas, administrativas o internas de otro departamento del gobierno especialmente cuando en el deber que se pretende imponer el interés del público es remoto o indirecto. Algunas de estas considera-ciones generales creo que han sido bien desarrolladas en la opinión del-Juez Sr. Franco Soto.

La Ley de Mandamus prescribe que puede expedirse el auto para obligar al cumplimiento de un acto que la ley par-ticularmente ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública. Como cualquier otro fiscal de dis-trito y tal vez cualquier abogado puede ser designado a cum-plir con el deber que se pretende ordenar, considero que éste no es uno que resulta del empleo, cargo o función pública del puesto de Fiscal de Distrito de San Juan. Los deberes especialmente impuestos o. resultantes del cargo de Fiscal de Distrito de San Juan corresponden a San Juan. El deber de ausentarse de su propia jurisdicción no es uno que resulta especialmente de su cargo, empleo o función pública, pero asumiendo la facultad, es un deber impuesto por la orden de un jefe.

El deber a cuyo cumplimiento se trata de obligar, a pe-sar de las leyes escritas citadas por el Attorney General, es uno que procede de la voluntad de un funcionario superior, y no importa cuán recomendables puedan ser sus motivos. El remedio por la desobediencia en tal caso es la destitución. En los casos reportados que ban sido citados, en tanto be tenido ocasión de examinarlos, cuando las cortes ban dicbo que la destitución no era un remedio adecuado existía una relación directa con el público envuelta y un deber particu-larmente ordenado por la ley independientemente de las ór-denes de un jefe en particular.

Por razón de la naturaleza de los deberes del cargo de fiscal de distrito puede decirse que el cumplimiento a que aquí se trata de compeler no es meramente ministerial sino que envuelve una discreción. Si el fiscal de distrito estu-viera a mitad de la celebración de un juicio de una causa él no podría ser compelido mediante mandamus a abandonarlo. Cuando un fiscal de distrito debidamente nombrado puede tener casos que presentar y otros deberes que cumplir per-tenecientes a su cargo, la cuestión de cuándo, cómo y de qué modo deberá él abandonar su cargo frecuentemente en-vuelve discreción. En el tomo 26 *de Cyc., página 200, se dice que un fiscal no es un funcionario ministerial y por regia general no procederá el auto de mandamus para obligarle a actuar. Por lo menos antes de que una corte le ordene que abandone su puesto deberá estar segura de que no bay dis-creción envuelta. 18 R.. C. L. 125, nota 18. Puedo concebir que una corte mediante mandamus ordene a un fiscal que vaya a su puesto pero no fuera del mismo. Si él no es una persona competente la separación es el remedio.

El Gobernador, que es el poder nominador, ha ordenado al fiscal que no vaya a Mayagüez. Surgió un conflicto res-pecto a qué orden debía obedecer el fiscal. Este conflicto íiace mayor la dificultad de resolver dónde está su deber, si en su puesto o en otra parte. Esta decisión envuelve dis-creción. Conozco las opiniones de los demás Jueces de que la orden del G-obernador dejó sin efecto la del Attorney General.

Por estas razones soy de opinión de que no debe expedirse el auto.


author: Juez Asociado Se. Peanoo Soto.

text:
    El Pueblo et al., Peticionarios, v. Arrillaga, Demandado.
    No. 207.
    Resuelto en julio 13, 1922.

      Mandamus — Traslado de Píscales — Facultades del Attorney General y del Gobernador. — No procede la expedición de un auto de mandamus para ha-cer cumplir a un fiscal la orden de traslado que recibiera del Attorney General, cuando tal orden fué anulada por el Gobernador en uso de las facul-tades de inspección y control que sobre todos y cada uno de los departamen-tos ejecutivos del gobierno le conceden los artículos 12 y 13 del acta orgá-nica.
    Id. — Es un principio unánimamente admitido por la jurisprudencia de los tribu-nales americanos que para expedir un mandamus debe aparecer prima fa-cie que no existe otro remedio adecuado en la ley, porque el objeto del auto no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos.
    Id. — Es requisito indispensable para poder solicitar un auto de mandamus que el acto que debe ser hecho o el deber que ha de ser cumplido, sea perento-rio o ministerial en su carácter para distinguirlo de aquellos actos o debe-res que son discrecionales.
   Opinión personal del

Juez Asociado Se. Peanoo Soto.

En mayo 31 de 1922, el Attorney General de Puerto Eico dispuso el traslado del Fiscal del Distrito Judicial de San Juan, Primer Distrito, al Distrito Judicial de Mayagüez, por medio de una orden escrita, la que literalmente dice:

“Department of Justice of Porto Rico. — Office of the Attorney General. — San Juan, mayo 31, 1922. — -I-Ion. Rafael Arrillaga Urru-tia, Fiscal del Primer Distrito, San Juan.- — -Señor:—Por la presente, en virtud de la autoridad conferídame por la ley, le ordeno a usted que proceda inmediatamente a trasladarse al Distrito de Mayagüez y hacerse cargo de la Fiscalía de dicho distrito hasta nueva orden de este Departamento, haciendo entrega de todos los asuntos que tenga usted bajo su conocimiento al Hon. Domingo Massari, Fiscal del Segundo Distrito de San Juan. — Atentamente, Salvador Mestre, Attorney General.”

El fiscal Arrillaga implícitamente manifestó su intención de no cumplir la orden de traslado, pues si bien no contestó directamente al Attorney General, con fecha 2 de junio de 1922 radicó en la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, la siguiente moción que dice:

“Primer Distrito Judicial de San Juan. — En la Corte de Dis-trito. — JSx parte, El Fiscal del Distrito Primero de San Juan, Dis-trito Primero, Peticionario. — 908.—Moción.—Comparece el fiscal que suscribe y respetuosamente ante esta Hon. Corte expone: — Que en el día de hoy presentó el que suscribe una moción y fué radicada en la Secretaría de la Corte, que en síntesis suplica a la Corte dicte una orden dirigida al Attorney General de Puerto Rico o a cuales-quiera de sus assistants, para que hicieran entrega al Fiscal que suscribe de todos los papeles y demás documentos concernientes a la investigación llevada a cabo por el Gran Jurado, contra el Sr. E. Mont. Reily, J. R. Hull y "W. Kessinger.
‘ ‘ Que hace como una hora recibí del Hon. Attorney General una comunicación en la cual se me ordena trasladarme a Mayagüez y entregara al Fiscal Domingo Massari todos los papeles, documentos y archivos de esta Fiscalía; como la comunicación del Attorney General no se ajusta a lo que preceptúan los artículos 64 del Código Político y 49 de la Ley Jones,) que en sentir del fiscal que suscribe supedita al mismo artículo 46 del Código Político, la dicha comu-nicación del Attorney General, no tiene efecto ni valor ninguno y continuo siendo por tanto el Fiscal del Distrito Judicial de San Juan, Distrito Primero. Y como tal Fiscal de la Corte del Primer Distrito de San Juan, ratifico la moción presentada y radicada en la Secretaría y suplico a la corte se sirva dictar una orden por sus méritos. — San Juan, P. R., junio 2, 1922.— (Fdo.) Rafael Arrillaga ürrutia, Fiscal del Distrito Primero.”

A virtud de la negativa expresa del fiscal Arrillaga y que resulta de la moción que antecede, el Attorney. General re-currió ante esta corte solicitando se expida un auto de man damus perentorio, dirigido a Rafael Arrillaga Urrntia, Fiscal del Distrito Judicial de San Juan, Primer Distrito, para que inmediatamente cumplimente la repetida orden de tras-lado, que hemos transcrito más arriba.

Esta corte expedió una orden, de acuerdo con la sección sexta de la Ley sobre Mandamus de 1903, para que el de-mandado compareciera ante esta corte y mostrara causa, si alguna tuviere, para que no se expidiera el auto de mandamus solicitado. Oídas las partes, el demandado alegó varias ra-zones para fundar su negativa y especialmente alegó lo si-guiente :

“Y finalmente alega el compareciente, en oposición a dicha soli-citud y al remedio en ella solicitado, que el día 6 de junio de 1922 el Gobernador de Puerto Rico dirigió al compareciente y recibida ésta el día 7 del propio mes y año, la siguiente comunicación:
“ ‘San Juan, Puerto Rico. — Junio 6, 1922. — Hon. Rafael Arri-llaga. — Fiscal del Primer Distrito Judicial de San Juan. — San Juan, P. R; — Estimado señor: — Por cuanto se me ha llamado la atención hacia que el Attorney General de Puerto Rico ha ordenado su tras-lado como Fiscal del Primer Distrito de San Juan, Puerto Rico, al Distrito de Mayagüez, y no apareciendo causa justificada para ello, y no expresándose por el Attorney General ninguna para dicho tras-lado, y como usted no fue nombrado ni comisionado como Fiscal del Distrito de Mayagüez sino -como Fiscal del Primer Distrito de San Juan,! y por cuanto el Código Político de Puerto Rica sólo autoriza al Attorney General pa.ra trasladar fiscales por causas especiales que se demuestren, y en este caso no se ha expresado razón alguna justi-ficada, sino que por el contrario aparece que dicha orden no fue dada de acuerdo con la ley. — Por tanto, por y en virtud de la auto-ridad conferídame por la sección 12 del Acta Orgánica, por la pre-sente anulo y rescindo dicha orden, con instrucciones a usted de que cumpla con los deberes del cargo para que fué nombrado y co-misionado por mí. — Dada en mi oficina en la ciudad de San Juan, hoy 6 de junio, 1922.' — '(Firmado) E. Mont. Reily, Gobernador.’ ”

La orden del Attorney General se funda en la sección 64 del Código Político, que en su segundo párrafo dispone:

“Sección 64.- — El Attorney General en casos especiales podrá dis-poner que el fiscal de un distrito cambie de lugar con el fiscal 4e otro distrito por el tiempo que el Attorney General juzgare ne-cesario.”

El peticionario cita además el artículo 14 de nuestra Acta Orgánica, qne prescribe:

“Artículo 14. — El Attorney General tendrá a su cargo la admi-nistración de justicia en Puerto Pico.”

Estas disposiciones, se alega por el Attorney General, qne serían base bastante para la expedición de la orden por la qne se impone al fiscal Arrillaga el deber de trasladarse al Distrito Judicial de Mayagüez.

La sección 64 del Código Político “prima, facie” concede la facultad al Attorney General de poder ordenar el traslado de nn fiscal de nn distrito a otro distrito pero tal facultad no es arbitraria y la misma prescripción legal la limita a casos especiales, pero existe una circunstancia tan especial en el presente caso que Lace qne la cuestión suscitada por la sección 64 mencionada no tenga toda la transcendencia que debió tener en lo qne se refiere a su alcance e interpretación en estos momentos, toda vez que la intervención del Gober-nador rescindiendo la orden de traslado expedida por el Attorney General al fiscal Arrillaga da otro aspecto al problema jurídico que se nos presenta y cambia enteramente en nuestro concepto la situación de las cosas. La cuestión, pues, lia to-mado otro giro y lo que tenemos ante nos para resolver es una controversia que podemos calificar de doméstica dentro de un mismo departamento del gobierno, o sea, dentro de la rama ejecutiva. En tales circunstancias, nuestra pregunta es la siguiente: ¿ Cabe nuestra intervención en darle solución a una disputa puramente administrativa 1 ¿La expedición de un mandamus en este caso, no sería una revocación de la orden del Gobernador de Puerto Rico en quien reside el po-der ejecutivo supremo? Tampoco puede nunca interpretarse que tal poder, por ser supremo, pueda ser arbitrario. Es una verdad, que afortunadamente no podemos negar, que es-tamos regidos por un gobierno de ley y estas controversias así lo indican y, por consiguiente, no podríamos desatender la disposición 64 del Código Político si no Rubiera otro pre-cepto en nuestra Ley Orgánica de superior alcance y que tal vez limita o anula aquella disposición en sus efectos. El artículo 12 de nuestra Ley Orgánica establece que el Gober-nador tendrá la inspección y control de todos los departa-mentos y negociados del Gobierno de Puerto Pico, en todo aquello que no sea incompatible con las disposiciones de esta ley”. Nosotros creemos que la prescripción del Acta Orgá-nica en ese extremo no es inconsistente con el artículo 14 de la misma constitución orgánica, en la que se consigna que el Attorney General tendrá a su cargo la administración de jus-ticia en Puerto Rico. Esto es consecuencia lógica de la natu-raleza del cargo de consejero legal del gobierno pero los tér-minos que usa la ley no envuelven una supremacía sobre las facultades del jefe ejecutivo porque el Departamento de Jus-ticia es una de las ramas del poder ejecutivo al igual que las demás ramas a que se refiere el artículo 13 de dicha Ley Orgánica. Este último artículo dice así:

“Artículo 13. — Por esta Ley se crean los siguientes departamentos ejecutivos: un Departamento de Justicia, cuyo jefe será conocido con el nombre de Fiscal General; un Departamento de Hacienda, cuyo jefe será llamado Tesorero; un Departamento del Interior, el jefe del cual será conocido como Comisionado del Interior; un Departamento de Instrucción, cuyo jefe será designado con el nom-bre de Comisionado de Instrucción; un Departamento de Agricul-tura y Trabajo, el jefe del cual se llamará Comisionado de Agricul-tura y Trabajo; y un Departamento de Sanidad, cuyo jefe se cono-cerá con el nombre de Comisionado de Sanidad. El Fiscal General y el Comisionado de Instrucción serán nombrados por el Presidente, con el concurso y consentimiento del Senado de los Estados Unidos; desempeñarán sus cargos por el término de cuatro años y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión, a menos que antes sean destituidos por el Presidente. Los jefes de los cuatro depar-tamentos restantes serán nombrados por el Gobernador con el con-curso y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Los jefes de departamento nombrados por el Gobernador desempeñarán sus car-gos por el término de cuatro años y basta que sus sucesores sean nombrados y tomen -posesión, a menos que antes sean destituidos por el Gobernador.
“Los jefes de departamento residirán en Puerto Rico durante el término de su cargo oñcial, y los nombrados por el Gobernador deberán haber residido en Puerto Rico por lo menos un año antes de su nombramiento.
“Los jefes de departamento constituirán colectivamente una junta consultiva del Gobernador, que se conocerá con el nombre de Con-sejo Ejecutivo. Desempeñarán bajo la inspección general del Go-bernador, los deberes que más adelante se prescriben, o que en lo sucesivo se prescribieren por ley, y aquellos otros deberes, no incompatibles con la ley, que el Gobernador, con la aprobación del Presidente, les asignare; y harán al Gobernador un informe anual y los demás informes que él les pidiere, los cuales serán transmitidos al departamento ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos que designará el Presidente, según en la presente se provee; Disponién-dose, que los deberes que se imponen en esta Ley a los jefes de de-partamento no llevarán consigo ninguna compensación adicional.”

Se pueden ver, sencillamente, de los artículos subsiguien-tes, del 14 al 19 del Acta Orgánica, los deberes de cada jefe de departamento empezando por los del Attorney General, los que serán desempeñados según los artículos 12 y 13 ci-tados bajo el control e inspección del Gobernador como jefe supremo del poder ejecutivo. Cada jefe de departamento tiene a su cargo, como tal jefe, todo lo relativo a su departa-mento; así, por ejemplo, el Comisionado de Sanidad tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con su departa-mento y así los demás comisionados de que nos babla la ley: Pero esas facultades deben coexistir, cuando no limitadas o restringidas, por las que tiene el Gobernador en cuanto a la inspección y control de dichos departamentos y no inconsis-tentes, desde luego, con lo que se dispone en lá misma Ley Orgánica.

Podemos decir, por consiguiente, que las palabras de que se vale la Ley Orgánica diciendo que el Attorney General tendrá a su cargo la administración de justicia, no Racen de dicho departamento una rama autónoma e independiente en relación con las facultades de inspección y control que la Ley Orgánica inviste en el Gobernador de Puerto Pico res-pecto a todos y a cada uno de los departamentos ejecutivos del gobierno. Por supuesto que el control de que habla la ley no puede ser nunca arbitrario, si entendiéramos por “control” mandar sin traba alguna pero sí en el sentido de “go-bernar, impedir, restringir, regular,” que son las palabras que podemos leer en el Diccionario Salvat, diciendo lo que significa la palabra “control”. El control, ya lo dice la Ley Orgánica, se ejercerá siempre que no sea inconsistente con la misma ley. Así también cada jefe de departamento tiene el control de la rama ejecutiva de que es jefe y su poder tampoco puede ser arbitrario y estará limitado por la ley misma. Si dentro del poder ejecutivo se originan aconteci-mientos que constituyen rencillas domésticas o intestinas de carácter puramente administrativo, no es el poder judicial el llamado a ejercer su intervención para solucionar el con-flicto o la anormalidad que haya surgido. Nosotros podría-mos comparar tal situación a la suscitada en relación con el poder legislativo en el caso de De Diego et al. v. La Cámara de Delegados, 5 D. P. R. 234. En este caso se dijo por esta Corte Suprema, por voz del eminente Juez MacLeary, lo siguiente:

“Una solicitud a una corte judicial para un mandamus contra un cuerpo legislativo, obligándolo a expulsar a uno o más de sus miembros; es una anomalía en la jurisprudencia americana. Hasta donde be llegado en mis pesquizas ningún caso semejante ba podido encontrarse en los anales de litigios americanos. Ciertamente no existe semejante caso en los informes de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados .Unidos.”

En ese mismo caso la solicitud de mandamus se fundaba en una disposición del Código Político que, en forma impe-rativa, declaraba vacante el puesto de un miembro de la Cá-mara de Delegados que permaneciera ausente de sus tareas por más de cinco días consecutivos sin el permiso de la Cá-mara. El Código Político, de una manera preceptiva, em-pleaba estas palabras: “Se considerará su cargo vacante.” Sin embargo, la Ley Orgánica que regía entonces, conocida por la Ley Foraker, estaba en pugna con aquella disposición del Código Político y en conexión con esto esta Corte Su-prema dijo:

“Bajo la sección de la ley citada (sección 30 de la Ley Foraker) la Cámara tuvo poder amplio para considerar y determinar si esta-ban o no estaban vacantes los asientos mencionados, como se ba dicbo en la presente, lo que ba resultado negativamente, no obstante el texto de la sección 210 del Código Político arriba citada.” 5 D. P. B. 238.

Síguese diciendo en la misma opinión, página 242 (bas-tardilla nuestra:

“Este lenguaje |refiriéndose a la Constitución de los Estados Uni-dos, al definir los poderes del Congreso en la sección quinta del artículo primero) es muy parecido a la sección de la Ley Foraker arriba citada, que hace la definición de los poderes de nuestra Asam-blea Legislativa, y probablemente esta provisión en la. Constitución, así como la conocida independencia del Departamento Legislativo del Gobierno Nacional, baya impedido basta ahora que se formulara una petición en ningún tribunal de los Estados Unidos, como la que aquí se presenta. Besulta claro de la falta de autoridades sobre este punto y de una lectura de los estatutos y de la naturaleza del sistema de gobierno americano, que no hay lugar al- auto de mandamus en un caso como el que aquí se ba presentado.”

Así podemos decir que a pesar del razonado alegato del Attorney General se observa del mismo una falta o ausencia de autoridades referentes a casos análogos o semejantes al presente en los tribunales de los Estados Unidos. Y es qne no podía ser de otro modo si no olvidamos el sistema del gobierno americano qne se fnnda en el sabio principio de la independencia y coexistencia de poderes, el qne si bien ya es cnestión elemental en la práctica del gobierno americano, fné nn principio qne ya había traído Montesqnien a la disensión filosófica como una verdadera ciencia de gobierno en sn obra Espíritu de las Leyes, en donde se puede ver desarrollada la teoría de la independencia de poderes.

“ ‘El departamento judicial y el ejecutivo están constituidos en forma distinta e independiente,’ dice Berry, J., ‘y como a ninguno se le hace responsable al otro por el cumplimiento de sus deberes, ■tampoco ninguno puede obligar al cumplimiento de los deberes del otro.’ La tentativa por parte de algunas cortes a intervenir en el cumplimiento de los deberes ejecutivos no solamente se opone' a nuestra teoría de gobierno y es en exceso de sus facultades, sino que también envuelve gran peligro. Si las cortes pueden intervenir con el cumplimiento de cualesquiera deberes ministeriales del departa-mento ejecutivo del gobierno, ellas pueden hacerlo con todos, y ten-dríamos el caso singular de un gobierno dirigido por las cortes en vez de los funcionarios prescritos por la Constitución. Cada depar-tamento del gobierno es esencial y necesariamente distinto de ios otros; y ninguno puede legalmente invadir o intervenir con las fa-cultades del otro; y nuestra seguridad tanto en cuanto al Gobierno Nacional y del Estado depende grandemente de la conservación de la distribución de poderes y autoridad prescritos en la Constitución, y las leyes decretadas de acuerdo con la misma. Si el Gobernador rehúsa o se niega a cumplir con sus deberes v se excede en sus facul-tades en .casos flagrantes, existe amplio remedio mediante procesa-miento y separación del cargo. No se cree que las cortes tienen la facultad de cumplir por él sus deberes, o de expresar lo que él de-berá o no hacer. Sea cual fuere el poder de una corte, lo ejerci-tará con gran cautela cuando tenga que intervenir con la actuación de funcionarios ejecutivos de Estado, y el derecho de una parte al remedio solicitado no sólo debe estar fuera de duda o discusión sino que también deberá aparecer que el funcionario no tiene ningún po-der discrecional sobre el asunto.” Wood sobre Mandamus, págs. 87 y 88.

Los sanos y admirables principios más arriba enunciados son beneficiosas y saludables enseñanzas, de aplicación a la presente controversia, y nos llevan como de la mano, más que nunca en circunstancias como las actuales, al deber ineludi-ble, por respeto a la ley y para mantener nuestro prestigio como poder independiente y armónico, en no dejarnos arras-trar hacia el torbellino de luchas domésticas o administra-, tivas de otro departamento también de acción independiente y autónoma dentro de la coexistencia general de poderes.

Es un principio unánimemente admitido por la jurispru-dencia de-los tribunales americanos que para expedir un mandamus debe aparecer “prima facie” que no existe otro remedio adecuado en la ley, porque el objeto del auto no es reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos.

“El peticionario,! debe, por tanto, tener un derecho claro a la ejecución de un acto particular o deber a disposición del demandado y debe aparecer que la ley no concede ningún otro remedio ade-cuado para asegurar el cumplimiento del deber que se trata obligar a cumplir.” 3 Estee, 797.

Nosotros creemos que otro remedio adecuado y eficaz existe y tal remedio sería la destitución del demandado de su cargo por desobedecer la orden administrativa de su superior, el Attorney General, pero tal vez.se nos diga que ese remedio no está al alcance del Attorney General y que su recomen-dación al Gobernador sería ineficaz dadas las circunstancias anormales del caso. Pero este es el conflicto y en el que sostenemos enfáticamente que esta Corte Suprema carece de jurisdicción para intervenir porque nuestras funciones son puramente para interpretar las leyes pero no para gobernar o decidir ejecutivamente cuestiones que enteramente perte-necen al orden interno de un departamento tan autónomo y respetable -en sus funciones como lo es .el nuestro.- ' Si el Attorney General intentara valerse de ese medio y expresara las razones del mismo, no importa que no consiguiera su objeto, ya que la decisión dependía de la facultad del Go-bernador con quien está en pugna. El habría cumplido con su deber, si tuviera razón, y en este caso podríamos citar como de aplicación uno de los párrafos de la argumenta-ción del Attorney General Cushing, tomo 58 IT. S., pág. 287, que dice:

“Que el deber impuesto por la Constitución al Presidente de ‘cuidar que las leyes sean fielmente cumplidas’ requiere absoluta-mente que tenga él la facultad para separar a funcionarios incom-petentes, negligentes, desobedientes o infieles; que sin la facultad de separar el Presidente carecería de los medios de desempeñar el deber de hacer que las leyes sean fielmente cumplidas; y si él no tuviera los medios no podría justamente hacérsele responsable de su incumplimiento.”

ID© manera que si no está al alcance del Attorney General ©1 medio de destitución del demandado no podemos con toda justicia hacerle responsable por la falta de medios para ha-berlo. El nombramiento del Attorney General no depende del Gobernador; es de nombramiento presidencial y si en sus diferencias con su superior jerárquico creyese coartados los intereses de la justicia, él tiene el medio expedito para hacerlo así presente al Presidente de la Nación, el que tiene en sus manos el derecho de destitución así del Gobernador como de los jefes de departamentos nombrados por él mismo.

Además, otro requisito indispensable para poder solicitar un auto de mandamus es que el acto que debe ser hecho o el deber que ha de ser cumplido, sea perentorio o ministerial en su carácter para distinguirlo de aquellos actos o deberes que son discrecionales. Nuestro estatuto dice lo siguiente:

“Sección 2. — El auto de ‘mandamus’ podrá dictarse por el Tribunal Supremo o por las cortes de distrito o por cualquiera de sus magistrados o jueces cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones o en sus oficinas, y se dirigirá a cualquier tribunal inferior, corpo-ración, junta o persona obligada al cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene como un deber resultante de un em-pleoj cargo o función pública; pero aún cuando puede requerir a un tribunal inferior o a cualquiera de sus jueces para que adopte este criterio, o para que proceda al desempeño de cualquiera de sus funciones, el auto no puede tener dominio sobre la discreción judicial.” Leyes de 1903, págs. 116 y 117.

L.a consecuencia que implica la disposición legal inserta es que si aún esta corte tuviera poder para expedir el auto de mandamus, no podríamos expedirlo en el presente caso porque el artículo 64 del Código Político da un poder dis-crecional al Attorney General para expedir la orden de tras-lado a cualquier otro fiscal de la Isla o para rescindir la orden a su voluntad y porque existe además la creación de un Fiscal Especial el que podía atender en cualquier mo-mento la emergencia que había de justificar una orden de traslado. Siendo discrecional en el Attorney General la au-toridad que le concede el Código Político en ese extremo, no puede convertirse en ministerial en sus efectos al expedirse una orden de traslado, y siempre tendríamos el mismo caso a que nos referimos más antes de De Diego v. Cámara de Delegados, en donde se puede ver que a pesar -del carácter perentorio o de un imperativo legal, en que están concebidos los términos del Código Político y en los que se funda la petición de mandamus, se dice que aún así la acción de la Cámara es discrecional y su acción no es 'meramente ministerial, la cual sólo es la que podía gobernarse por los tribunales, mediante el auto de mandamus. Dice la opinión de la corte, página 242: “En otras palabras, si el Speaker de la Cámara tuviera autoridad para declarar vacante el asiento de un miembro bajo ciertas condiciones, ejercitando su dis-creción, no habría lugar al mandamus de un tribunal contra él, obligándole a hacerlo, y mucho menos habría lugar al mandamus obligando a la Cámara a tomar tales medidas.” Y podemos terminar repitiendo las mismas o parecidas pa-labras del caso qne acabamos de citar, diciendo: Por lo tanto, en ningún caso podría el peticionario en este caso lo-grar sn objeto mediante el anto de mandamus. Esta corte jamás pretendería asumir nna jurisdicción qne no le está conferida por la ley, y no desea intervenir en los derechos y deberes de otros departamentos como el del poder ejecutivo en este caso.

El anto debe ser denegado.

       Para los jueces concurrentes véase la página 949.


text:
    No. 1789.
    El Pueblo, Apelado, v. Dávila et al., Apelantes.
    Corte de Distrito de Ponce.
    Alteración de la paz.
    Resuelto en diciembre 5, 1921.
   No existe pliego de excep-ciones ni relación de hechos y no aparece de los autos error fundamental alguno. Confirmada.


text:
    No. 1796.
    El Pueblo, Apelado, v. Santiago, Apelante.
    Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    Infrac-ción artículo 162 Código Penal. Inscripción electoral.
    Resuelto en diciembre 5, 1921.
   No aparece de los autos error fundamental alguno. Confirmada.


text:
    No. 1780.
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera y Díaz, Apelante el Segundo.
    Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    Adulteración de leche.
    Resuelto en diciembre 5, 1921.
   No existe pliego de excepción ni se ha presentado alegato y no aparece de los autos error fundamental alguno. Confirmada.


text:
    No. 2608.
    Blanco, Apelado, v. Saúl, Apelante.
    Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito.
    Desahucio.
    Resuelto en diciembre 6, 1921.
   Moción de la apelada para que se desestime la apelación, con la conformidad de la parte contraria.' Sin efecto el señalamiento. Desestimada.


text:
    No. 2597.
    Suárez, Apelado, v. Cortés (Sucesión), Apelante.
    Corte de Distrito de Humacao.
    Cobro de dinero.
    Resuelto en diciembre 9, 1921.
   Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación. Vencida la prórroga de 90 días concedida no se ha solicitado ninguna otra y no se ha presentado la exposición del caso sin que tampoco se haya archivado la transcripción de autos. Desestimada.


text:
    No. 1807.
    El Pueblo, Apelado, v. Zayas, Apelante.—

      Corte de Distrito de Humacao.
    Acometimiento con circuns-tancias agravantes.
    Resuelto en diciembre 9, 1921.
   No se ha presentado alegato y no aparece de los autos error fundamental alguno. Confirmada.


text:
    No. 1827.
    El Pueblo, Apelado, v. Santiago, Apelante.—
    Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.
    Infracción de la ley de arbitrios.
    Resuelto en diciembre 9, 1921.
   No existe pliego de excepciones ni relación de hechos y no aparece de los autos error fundamental alguno. Confir-mada.


text:
    No. 1815.
    El Pueblo, Apelado, v. Torres, Apelante.—
    Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.
    Infracción a la ley de arbitrios.
    Resuelto en diciembre 9, 1921.
   No existe pliego de excepciones, relación de pruebas ni ale-gato y siendo la denuncia suficiente, se confirma la senten-cia.


text:
    Nos. 1813 y 1814.
    El Pueblo, Apelado, v. Pepín, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Gari, Apelante.
    Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.
    Infracción a la ley de arbitrios.
    Resueltos en diciembre 9, 1921.
   No existe pliego de excepciones ni exposición del caso y no aparece de los autos error fundamental alguno. Confirmadas las sentencias.


text:
    No. 1808.
    El Pueblo, Apelado, v. Ochoa, Apelante.
    Corte de Distrito de Humacao.
    Infracción al artículo 553 del Código Penal.
    Resuelto en diciembre 9, 1921.
   No se ha presentado alegato y no aparece error fundamental alguno de los autos. Confirmada.


text:
    No. 1793.
    El Pueblo, Apelado, v. Millán, Apelante.
    Corte de Distrito de Humacao.
    Homicidio voluntario.
    Resuelto en diciembre 9, 1921.
   No se ha presentado alegato y no aparece de los autos error fundamental alguno. Confir-mada.


text:
    No. 1802.
    El Pueblo, Apelado, v. Rivera, Apelante.

      Corte de Distrito de Guayama.
    Infracción a la ley de ar-bitrios.
    Resuelto en diciembre 12, 1921.
   No existe pliego de excepciones ni relación de becbos, y tampoco se ba radi-cado alegato no apareciendo de los autos error fundamental alguno. Confirmada.


text:
    No. 1788.
    El Pueblo, Apelado, v. Cora, Apelante.
    Corte de Distrito de Guayama.
    Acometimiento y agresión con agravantes.
    Resuelto en diciembre 12, 1921.
   No existe pliego de excepciones ni relación de becbos y .no aparece de los autós error fundamental alguno. Confirmada.


text:
    No. 1809.
    El Pueblo, Apelado, v. Viera, Apelante.
    Corte de Distrito de Arecibo.
    Delito contra la salud pública.
    Resuelto en diciembre 12, 1921.
   No existe pliego de excepciones ni relación de hechos y tampoco alegato, no apareciendo de los autos error fundamental alguno. Con-firmada.


text:
    No. 1794.
    El Pueblo, Apelado, v. Fontanez, Apelante.
    Corte de Distrito de Humacao.
    Infracción a la ley de arbitrios.
    Resuelto en diciembre 12, 1921.
   No se ba presen-tado alegato, y no aparece de los autos error fundamental alguno. G onfirmada.


text:
    No. 1825.
    El Pueblo, Apelado, v. Compañía Mercantil Arroyana, Apelante.
    Corte de Distrito de Guayama.
    Infracción a la ley de pesas y medidas.
    Resuelto en diciembre 12, 1921.
   Examinados los alegatos, no aparece error fundamental alguno de los autos. Confirmada.


text:
    No. 1790.
    No. 1791.
    No. 1792.
    El Pueblo, Apelado, v. Laboy, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Colón, Apelante. El Pueblo, Apelado, v. Rodríguez, Apelante.
    Corte de Distrito de Ponce.
    Infracción al artículo 162 del Código Penal. Inscripción ilegal de electores.
    Resueltos en diciembre 12 y 13, 1921.
   No apareciendo prueba de la inscripción por no ser bastante para acreditarla la solicitud del acusado pidién-dola, se revocan las sentencias apeladas.


text:
    No. 2611.
    Flores, Apelado, v. Reyes, Apelante.
    Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda.
    Daños y perjuicios.
    Resuelto en diciembre 13, 1921.
   Moción del ape-lado para desestimar la apelación. Habiendo vencido el tér-mino y la prórroga concedida para radicar la exposición del caso, no habiendo presentado la transcripción de los autos, se declara con lugar la moción y se desestima la ape-lación.


text:
    No. 2613.
    Marengo, Apelado, v. Yambó, Apelante.
    Corte de Distrito de Ponce.
    Reivindicación.
    Resuelto en diciembre 13, 1921.
   Moción del apelado para desestimar la apelación, acompañada de certificación. Apareciendo ha-berse vencido la prórroga concedida para preparar la exposi-ción del caso, sin formalizarse la apelación, se declara con lugar y se desestima la apelación. .


text:
    No. 2623.
    Landrón, Apelada, v. Nevarez, Apelante.—
    Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    Resuelto en diciembre 15, 1921.
   Divorcio. Moción del apelante acompañada de certificación expresando el deseo de no continuar la apelación.

Desistido.


text:
    No. 1816.
    El Pueblo, Apelado, v. Figueroa, Apelante.
    Corte de Distrito de Ponce.
    Acometimiento y agresión con agravantes.
    Resuelto en diciembre 15, 1921.
   No existe pliego de excepciones ni exposición de hechos y no apare-ciendo de los autos error fundamental alguno, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 2571.
    Loíza Sugar Company, Apelante, v. Baquero y Compañía, Apelada.
    Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito.
    Cumplimiento de contrato.
    Resuelto en diciembre 19, 1921.
   (Memorándum de costas.) Moción de desistimiento de apelación de la parte apelante.

Desistido.


text:
    No. 1832.
    El Pueblo, Apelado, v. Reverón, Apelante.-
    Corte de Distrito de Arecibo.
    Delito contra la salud pública.
    Resuelto en diciembre 19, 1921.
   No se ha presentado alegato y no aparece ele los antos error fundamental alguno. Confirmada.


text:
    No. 1819.
    El Pueblo, Apelado, v. Suárez, Apelante.
    Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.
    Adulteración de leclie.
    Resuelto en diciembre 19, 1921.
   No existe exposición del caso ni pliego de excepciones y no aparece de los autos error fundamental alguno. Confirmada.


text:
    No. 1833.
    El Pueblo, Apelado, v. Orobitg, Apelante. —
    Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito.
    Adulte-ración de leclie.
    Resuelto en diciembre 19, 1921.
   El ape-lante no lia presentado alegato y no apareciendo de los autos error fundamental alguno, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 1825.
    El Pueblo, Apelado, v. Sánchez, Apelante.
    Corte de Distrito de Guayama.
    Infracción de la ley de arbitrios.
    Resuelto en diciembre 19, 1921.
   El apelante no ba presentado alegato y no apareciendo de los autos error fundamental alguno, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 2618.
    No. 2619.
    Llorens, Apelado, v. Galarza, Apelante. Galarza, Apelante, v. Llorens, Apelado.
    Corte de Distrito de Ponce.
    Interdictos para recobrar.
    Resueltos en diciembre 22, 1921.
   Mociones de las partes apeladas para desestimar la apelación y certificaciones que se acompañan.

Apareciendo que los apelantes no lian beclio ges-tión alguna para perfeccionar su apelación y que no lian radicado en tiempo la transcripción de los autos en- esta corte, se declaran con lugar las mociones y se desestiman las apelaciones.