source: Caselaw Access Project

author: Juez Presidente Señor Hernández Denton. Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, al cual se unen el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

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    James Patrick Smyth Delgado y Sheila Ivonne Puig Caballero, peticionarios, v. Oriental Bank & Trust, José Ramón Carrión Morales, Chapter 13 Trustee, recurridos, y United States Bankruptcy Appellate Panel for the First Circuit, tribunal solicitante.

      Número: CT-2006-4

      Resuelto: 22 de enero de 2007

      Hon. Arthur N. Votolato, juez del Panel de Apelaciones del Tribunal Federal de Quiebras del Primer Circuito; José A. León Landrau, abogado de la parte apelante; Vanessa M. Torres Quiñones y Jorge Martínez Landrón, abogados de la parte apelada.
   RESOLUCIÓN

Atendida la petición de certificación presentada en el caso de epígrafe, se anula el auto y se deniega la petición por estar igualmente dividido el Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto de conformidad. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto disidente, al cual se le unieron el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de conformidad emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton.

Entendemos que con la desestimación del pleito por la Corte de Quiebra de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Corte de Quiebra) y la consiguiente desestimación de la apelación por el Panel de Apelaciones de Quiebra de Estados Unidos para el Primer Circuito (Panel de Apelaciones de Quiebra), la cuestión certificada ante nosotros se tornó académica. De acuerdo con los principios de justiciabilidad que gobiernan nuestra función revisora, debemos abstenernos de intervenir en este caso. Por ende, coincidimos con la Resolución del Tribunal que anula el auto expedido y deniega la petición de certificación.

I

Oriental Bank & Trust (Oriental) presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra James Patrick Smyth y Shayla Ivonne Puig Caballero (deudores) en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Así las cosas, Oriental se adjudicó uno de los inmuebles de los deudores en la venta judicial.

Antes de que se otorgara la escritura de venta judicial, los deudores presentaron una petición de quiebra ante la Corte de Quiebra. En vista de que el Tribunal de Primera Instancia ordenó que se expidiera el mandamiento para lanzar a los deudores, Oriental presentó una moción ante la Corte de Quiebra para que se levantara la paralización automática, de manera que se le permitiera lanzar a los deudores. Argüyó que el bien inmueble no era parte del caudal de quiebra y que le pertenecía, ya que había adquirido su dominio sobre él mediante la adjudicación en la venta judicial. No obstante la oposición de los deudores, la Corte de Quiebra levantó la paralización automática.

Oportunamente los deudores recurrieron al Panel de Apelaciones de Quiebra. Como no existe un precedente claro, este Panel nos certificó que aclaremos si el dominio sobre el inmueble objeto de un procedimiento ordinario de ejecución hipotecaria se transfiere al momento de la adjudicación o mediante la escritura de venta judicial.

Sin embargo, posteriormente la Corte de Quiebra desestimó el caso porque los deudores incumplieron con el plan de pago. En vista de ello, los deudores presentaron una moción ante nosotros con la cual solicitaron el archivo del recurso de certificación por haberse tornado académico. Por su parte, Oriental se opuso al archivo, argumentando que la cuestión certificada era recurrente y capaz de evitar la revisión judicial. Finalmente, el Panel de Apelaciones de Quiebra desestimó la apelación a instancia de los deudores. En atención a este tracto procesal, resolvemos.

II

La doctrina de la justiciabilidad de las causas gobierna el ejercicio de la función revisora de los tribunales, fijando su jurisdicción. Dicha doctrina nace del principio elemental de que los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas, que tienen un interés real en obtener un remedio judicial que haya de afectar sus relaciones jurídicas. Esto es, para el ejercicio válido del poder judicial se requiere la existencia de un caso o controversia real. Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219 (2001).

Como corolario de la doctrina de justiciabilidad, los tribunales están impedidos de emitir opiniones consultivas. De lo contrario, se producirían decisiones en el vacío, en el abstracto o bajo hipótesis de índole especulativa, y los tribunales, contrario a su función, actuarían como asesores o consejeros. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

En vista de que la justiciabilidad es una doctrina autoimpuesta, los propios tribunales deben preguntarse y evaluar si es o no apropiado entender en un determinado caso, mediante un análisis que les permita ejercer su discreción en cuanto al límite de su poder constitucional. Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130 (2004).

Por otro lado, el procedimiento de certificación interjurisdiccional es el instrumento procesal adecuado que per-mite a un tribunal someter, para una contestación definitiva, a otro tribunal de jurisdicción distinta, preguntas sobre cuestiones que se refieren al derecho de esa jurisdicción. Las contestaciones a esas preguntas obligan en cualquier procedimiento judicial ulterior entre las mismas partes, según la doctrina de cosa juzgada. Guzmán v. Calderón, 164 D.P.R. 220 (2005).

La certificación es el medio más directo, rápido y económico para que un tribunal federal obtenga una interpretación autorizada sobre el derecho estatal. De acuerdo con este procedimiento, las controversias no resueltas en el derecho estatal se transfieren directamente al foro de mayor jerarquía del estado mediante la certificación que hace la Corte federal de preguntas específicas para precisar una cuestión definitiva que obligue a las partes. Guzmán v. Calderón, supra.

De tal manera, el mecanismo de la certificación permite preservar y respetar la función prístina de las cortes estatales de interpretar y formular el derecho de los estados. Además, ofrece la ventaja de evitar que las partes tengan que iniciar un nuevo pleito en los tribunales estatales, siguiendo todo el trámite judicial —usualmente lento y costoso— hasta obtener una interpretación final y firme sobre el derecho estatal. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780 (1982).

Según establecido por la nueva Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura de Puerto Rico), este Tribunal, “[mjediante auto de certificación, podrá conocer de cualquier asunto que le fuere certificado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, un Tribunal de Apelaciones de Circuito de Estados Unidos de América, un Tribunal de Distrito de Estados Unidos de América o el más alto tribunal apelativo de cualesquiera de los estados de Estados Unidos de América, cuando así lo solicite cualesquiera de dichos tribunales, de existir ante el tribunal solicitante cualquier asunto judicial en el que estén implicados cuestiones de derecho puertorriqueño que puedan determinar el resultado del mismo y respecto al cual, en la opinión del tribunal solicitante, no existan precedentes claros en la jurisprudencia de este Tribunal”. Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 24s(f).

Por lo tanto, nuestra capacidad de conocer en materia de certificación no es absoluta. Es necesario: (1) que haya un asunto judicial existente ante el tribunal solicitante; (2) que implique cuestiones de derecho puertorriqueño; (3) que puedan determinar el resultado del pleito, y (4) que no existan precedentes claros en nuestra jurisprudencia.

Estos requisitos revelan la naturaleza de la certificación como mecanismo en apoyo a otra jurisdicción. Nuestra intervención en una certificación se justifica en cuanto exista un pleito ante el tribunal solicitante, en el cual lo que se determine finalmente por el tribunal certificado produzca efectos concretos.

Esto se debe a que la certificación no puede eludir el principio fundamental que fija el sentido y el propósito de la función judicial. Nos referimos al hecho de que la función judicial sólo puede ejercerse para resolver controversias concretas, reales y efectivas entre litigantes que reclaman derechos opuestos ante un tribunal. E.L.A. v. Aguayo, supra. Es necesario, por lo tanto, que la certificación satisfaga cabalmente el principio elemental de justiciabilidad, no sólo en nuestro foro, sino, además, en el foro federal. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra.

Una de las manifestaciones concretas del principio de justiciabilidad es la doctrina de academicidad. Un caso es académico cuando el paso del tiempo o los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite en el tribunal causan que el pleito pierda su carácter adversativo, de manera que el remedio que pueda adoptar el tribunal no tendrá efecto real alguno en cuanto a esa controversia. Una vez se determina que ha desaparecido el carácter adversativo entre los intereses de las partes involucradas, los tribunales pierden su jurisdicción en el pleito y, por lo tanto, deben abstenerse de considerar el caso en sus méritos. Con esta limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos de los tribunales que resulten superfinos. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993); E.L.A. v. Aguayo, supra.

Sin embargo, existen varias excepciones a la doctrina de academicidad: a saber, cuando se plantea una cuestión recurrente y que por su naturaleza evade o se hace muy difícil la adjudicación ante los tribunales; en aquellos casos en que la propia demandante termina voluntariamente su conducta ilegal; si la situación de hechos ha sido modificada por el demandado, pero no tiene visos de permanencia; en los casos en que el tribunal ha certificado un pleito de clase y la controversia se tornó académica para un miembro de la clase, mas no para su representante, o aquellos casos que aparentan ser académicos pero que en realidad no lo son por sus consecuencias colaterales. El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).

La excepción sobre el carácter recurrente o repetitivo de la controversia exige el estudio de tres factores: la probabilidad de la recurrencia; las partes involucradas en el procedimiento, y la probabilidad de que la controversia evada adjudicación o revisión judicial. El elemento principal en el proceso de concluir si una determinación afirmativa de academicidad promoverá la finalidad de la autolimitación judicial es la probabilidad de recurrencia. Cuando existe la probabilidad de que la controversia se repita o recurra, los tribunales debemos considerar el asunto planteado a pesar de que haya advenido académico. Además, debe existir una probabilidad sustancial de que la controversia, a pesar de ser recurrente, evite la adjudicación. Esto sucede con mayor frecuencia en aquellas controversias que son de por sí de muy corta duración, aunque pueden existir otras que ocasionen que una controversia eluda la revisión judicial. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991).

En conclusión, un dictamen judicial en una controversia académica, en cuanto ofrece una solución que no tiene efectos prácticos sobre las partes, constituye una opinión consultiva. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 (2000); Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10 (2000). De no verificarse ninguno de los supuestos excepcionales antes mencionados, el ejercicio de la facultad revisora que efectúan los tribunales en un caso académico constituye una actuación contraria a la doctrina de justiciabilidad.

III

De acuerdo con el derecho aplicable, entendemos que el caso ante nuestra consideración no es justiciable. Veamos.

Se nos planteó una cuestión del Derecho puertorriqueño, la cual surgió de un caso que no estaba pendiente de adjudicación ante nosotros. Mediante recurso de certificación, el Panel de Apelaciones de Quiebra nos pidió aclarar esa cuestión ineludible para resolver el caso que tenía ante su consideración.

Según la doctrina de justiciabilidad, estamos impedidos de emitir opiniones en ausencia de un caso o controversia real. Por vía excepcional, el mecanismo de la certificación nos permite atender una cuestión del derecho local, aun cuando no haya un caso pendiente de adjudicación ante nosotros. Sin embargo, para conocer de un asunto certificado se requiere que exista un pleito pendiente de ser resuelto ante otro tribunal y que la cuestión certificada pueda determinar su resultado.

Se trata de una aparente excepción a la doctrina de justiciabilidad. Lo que hace justiciable una cuestión certificada es el hecho de que exista un pleito, aunque ante otro tribunal, en función del cual estamos decidiendo. Así, nuestra intervención queda justificada por existir una controversia genuina entre partes opuestas —que tienen un interés real en nuestro pronunciamiento— el cual afectará sus relaciones jurídicas.

Ahora bien, nos preguntamos si procede nuestra intervención cuando, antes de que nos pronunciemos sobre una cuestión certificada, se desestima el pleito con relación al cual se nos solicitó la certificación. A la luz de la doctrina de justiciabilidad, nuestra contestación debe ser no.

La misma naturaleza y el propósito del recurso de certificación imponen que los requisitos de la certificación subsistan en el momento en que emitimos nuestro pronunciamiento. En específico, por la manera peculiar de operar de la certificación, es esencial que, al momento en que nos pronunciemos, el tribunal que nos certificó aún tenga ante su consideración el pleito. De lo contrario, emitiríamos una opinión consultiva.

En el caso a quo, después de presentada la certificación, la Corte de Quiebra desestimó el pleito y el Panel de Apelaciones de Quiebra desestimó la apelación. Por ende, antes de nosotros decidir la cuestión certificada, el pleito en función por el cual se justificaba nuestra intervención ya no está pendiente de adjudicación.

Conforme a los principios de justiciabilidad esbozados, procede desestimar la certificación por haberse vuelto académica. Cualquier pronunciamiento en ese sentido constituiría una opinión consultiva impermisible. En efecto, al desestimarse el pleito ante la Corte de Quiebras, se perdió el carácter adversativo de los intereses entre las partes y, por lo tanto, nuestro pronunciamiento no tendría efecto real alguno.

Estamos ante un caso claramente académico, con relación al cual no se cumple ninguna de las excepciones que justificarían nuestra intervención. Aun cuando se trata de una cuestión que podría repetirse, entendemos que no sería susceptible de evadir la revisión judicial. En efecto, el pleito se tornó académico por la desestimación y no porque la controversia sea de corta duración. Una vez la Corte de Quiebra y el Panel de Apelaciones de Quiebra desestimaron el pleito por ser académico, procede que nosotros también anulemos el auto expedido por haberse tornado académico el recurso que originó la certificación. Por ende, estamos conformes con la Resolución del Tribunal que anula el auto expedido y deniega la petición decertificación.

Voto disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, al cual se unen el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Disiento de la determinación del Tribunal de anular el auto denegando la petición de certificación que nos fue solicitada por el Panel de Apelaciones de Quiebras de los Estados Unidos para el Primer Circuito. Con nuestra decisión nos negamos a resolver concluyentemente una controversia de derecho civil puertorriqueño, real y recurrente, que se plantea comúnmente ante el Tribunal de Quiebras y que hasta ahora ha evitado la revisión judicial. Nuestra renuencia a intervenir poco abona a la interrelación judicial armoniosa entre ambos foros e incumplimos, además, con nuestro deber de pautar el Derecho puertorriqueño. El presente recurso de certificación plantea la controversia siguiente: si en el procedimiento ordinario de ejecución hipotecaria, un deudor o tercer poseedor pierde su dominio sobre el inmueble ejecutado cuando se perfecciona la venta judicial o cuando se otorga la correspondiente escritura pública. Resolvemos que, generalmente, la transferencia dominical precisa del instrumento público.

I

Los hechos pertinentes son estos. Oriental Bank and Trust (Oriental) instó una acción ordinaria sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra James Patrick Smyth Delgado y Sheyla Ivonne Puig Caballero (deudores) en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Efectuados los procedimientos de rigor, hubo una venta judicial el 28 de abril de 2005. Allí se adjudicó un inmueble de los demandados a Oriental, quien recibió la buena pro. Sin embargo, éstos presentaron una petición de quiebra el 3 de mayo de 2005, antes de que el alguacil otorgara la escritura de venta judicial. El 15 de junio de 2005, a instancia de Oriental, el Tribunal de Primera Instancia ordenó que se expidiera el Mandamiento para lanzar a los deudores.

Por otro lado, Oriental presentó una moción ante el Tribunal de Quiebra, el 13 de junio de 2005, para que éste levantara la paralización automática y le permitiera procurar el lanzamiento (evict) de los demandados en el Tribunal de Primera Instancia. Adujo que el inmueble era suyo, pues la adjudicación mediante venta judicial le bastó para adquirir el dominio. Respondieron los demandados que, ausente la tradición instrumental, el inmueble pertenecía al caudal de quiebra. El tribunal acogió la posición de Oriental y levantó la paralización el 2 de septiembre de 2005. Los demandados acudieron oportunamente al Panel de Apelaciones de Quiebra de los Estados Unidos para el Primer Circuito (Panel).

El Panel, a su vez, presentó motu proprio un recurso de certificación ante nos. Observó, en primer lugar, que la caracterización del Derecho puertorriqueño resulta determinante en este caso. Según la Sec. 541(a)(1) del Código de Quiebra, 11 U.S.C.A. sec. 541(a)(1), el caudal de quiebra incluye “all legal or equitable interests of the debtor in property as of the commencement of the case”. Se entiende que el Derecho federal determina si un “interés en propiedad” es parte del caudal, mientras que el Derecho estatal determina si existe tal interés. Así, se ha resuelto que la See. 541, supra, incluye cualquier derecho propietario (rights to property) que tenga el deudor dentro de la jurisdicción del tribunal al momento de presentar su petición de quiebra, mas no aquellos bienes sobre los cuales haya per-dido todo interés propietario, antes de la petición, por vía de ejecución o desahucio (eviction). Consecuentemente, para determinar si el inmueble aquí disputado es parte del caudal de quiebra, huelga saber si la venta judicial privó a los demandados de todo interés propietario sobre el mismo.

El Panel continúa señalando que los tribunales de quiebra se han dividido con respecto al efecto de una venta judicial al amparo del procedimiento ordinario de ejecución de hipoteca. Algunos han entendido que la Regla 51.8 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, caracteriza la escritura de venta judicial como un requisito sine qua non para la transferencia del dominio, lo cual significa que el deudor tiene un interés en propiedad hasta el otorgamiento de dicho instrumento. Otros tribunales han resuelto, al amparo de Ríos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378 (1959), que la escritura de venta judicial es un acto simbólico cuya ausencia no impide la transferencia del dominio y, por ende, la pérdida de todo interés propietario. Destaca el foro peticionario que esta desavenencia responde a la ausencia de un claro precedente nuestro o del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito. Memorandum and Order Certifying and Requesting Consideration of Legal Question to the Puerto Rico Supreme Court (Memorandum and Order), págs. 3-5.

En mérito de lo anterior, se nos ha certificado la pregunta siguiente:

... the question raised here is whether the Debtors were divested of all interest in the Property upon the adjudication of the Property at the pre-petition judicial sale, but before the marshal executed the public deed. There is no clear precedent as to whether, under Puerto Rico law, title to real property is transferred upon “adjudication” at a judicial sale, or upon the marshal’s subsequent execution of a public deed to the buyer. Memorandum and Order, págs. 5—6.

Examinado el recurso de certificación, concedimos a las partes un término simultáneo de veinte días para someter sus alegatos, contados a partir del 11 de mayo de 2006. Oriental compareció oportunamente. Los deudores solicitaron una prórroga de días el 7 de junio de 2006 “para someter [su] alegato”. Concedimos que el término solicitado comenzara a partir del 28 de junio de 2006.

Sin embargo, el 12 de junio de 2006 el Tribunal de Quiebra del Distrito de Puerto Rico desestimó el caso, “[u]pon de trustee’s application for dismissal of the above captioned case on the grounds that the debtor(s) failed to comply with the plan and the payments required thereunder, and the debtor(s) having failed to timely reply to said motion ...”. Una copia de dicha orden la anejaron los demandados a su Moción sobre Academicidad del Recurso, presentada el 14 de julio de 2006, es decir, aproximadamente un mes después de la desestimación. Indicaron que habrían de atenerse a la misma e informar al Panel, hechos que hacían académicas su apelación y la correspondiente certificación.

En vista de ello, concedimos un plazo de cinco días a Oriental y a José Carrión Morales, el Síndico de Quiebra bajo el Capítulo 13, mediante una Resolución emitida y notificada los días 4 y 7 de agosto de 2006, para que se expresaran al respecto. El 11 de agosto de 2006, Oriental solicitó una prórroga de veinte días. Adujo que, a pesar de sus esfuerzos, no había recibido una copia completa del escrito de los demandados. Accedimos a lo solicitado y Oriental compareció, oportunamente, mediante una Moción en Oposición a Desestimación. Sostiene que la cuestión certificada es recurrente y capaz de evitar la adjudicación. Finalmente, el Panel desestimó la apelación el 21 de septiembre de 2006, a instancia de los deudores.

II

A. Los tribunales puertorriqueños están impedidos de resolver casos académicos. Un caso se torna académico cuando cesa su condición de controversia viva y presente debido al transcurso del tiempo. Véanse, e.g.: Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 (2000); P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995). Esta doctrina refleja, en cierta medida, nada más que el requisito de una acción legitimada en el tiempo, y su propósito es evitar los precedentes innecesarios así como el uso inadecuado de los recursos judiciales. P.N.P. v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 70 (2005).

Ahora, existen varias excepciones a la referida prohibición. Un caso académico puede resolverse cuando presenta alguna cuestión recurrente y capaz de evadir la adjudicación. Igual excepción aplica cuando la academicidad ha sido provocada por el demandado mediante una conducta sin indicios adecuados de permanencia. En tercer lugar, es posible atender una controversia aparentemente académica cuando su adjudicación tendrá consecuencias colaterales sobre las partes. Puede ocurrir, además, que una controversia se haya tornado académica para el representante de una clase, mas no para otros miembros de ella. Estas excepciones procuran evitar, entre otras cosas, que la misma pregunta se litigue repetidamente en los tribunales. P.N.P. v. Carrasquillo, supra. Véanse, también: Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005); Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10 (2000).

La primera excepción indicada se aplica con miras al balance de tres consideraciones. El factor principal es si existe una probabilidad razonable de que recurra la controversia. Esta podría surgir nuevamente entre las mismas partes, en cuyo caso resulta más prudente su adjudicación, pero la identidad de partes no es imperativa. Por último, debe existir una probabilidad sustancial de que la controversia, a pesar de ser recurrente, evite la adjudicación. Cruz v. Administración, supra; Angueira v. J.L.B.P., supra.

El caso de autos se ajusta a la excepción reseñada. Sin duda que la cuestión certificada es recurrente. Ahora, ¿qué probabilidad tiene de evadir nuestra adjudicación en el futuro? Obsérvese que dicha cuestión surge con muy poca frecuencia en los tribunales del Estado Libre Asociado. En el ámbito federal ha surgido principalmente en los tribunales de quiebra y debido a la norma de paralización automática, cuyos efectos cesan con el descargue o con la desestimación del caso, entre otras circunstancias. Véase See. 362 del Código de Quiebra, 11 U.S.C.A. see. 362. Dichos tribunales, a su vez, operan en el contexto de un proceso relativamente expedito y matizado por la precaria situación del deudor. Así lo demuestra el caso de marras, donde se presentó una petición de quiebra y se desestimó porque los deudores incumplieron su plan de reorganización, todo ello en aproximadamente trece meses. Este conjunto de factores produce una probabilidad sustancial de que la cuestión planteada evite nuestra futura adjudicación.

B. Recientemente, en Guzmán v. Calderón, 164 D.P.R. 220 (2005), nos expresamos sobre las consecuencias que ha tenido el Art. 3.002(f) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24s) (Ley de la Judicatura), sobre los requisitos de la certificación inteijurisdiccional. Surge de nuestra opinión que dicho recurso es de carácter discrecional y exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: (1) que la certificación proceda de un tribunal mencionado en el Art. 3.002(f), supra; (2) que la cuestión certificada esté implicada en un asunto judicial ante dicho foro; (3) que la cuestión certificada pueda determinar el resultado con respecto al referido asunto judicial; (4) que la cuestión certificada sea de derecho puertorriqueño, aun cuando pueda estar relacionada con cuestiones de derecho federal o estatal, y (5) que no exista un precedente claro de este Tribunal con respecto a la cuestión certificada. La Regla 53 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y la Regla 25 de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, deben interpretarse en armonía con estas normas.

Por otro lado, importantes consideraciones de política pública subyacen el mecanismo de certificación interjurisdiccional. En Santana v. Gobernadora, 164 D.P.R. 28, 43 (2005), apuntamos que este mecanismo “propicia [la] interrelación judicial armoniosa y de respeto mutuo entre los dos sistemas judiciales soberanos que conviven en el Estado Libre Asociado”, al hacer viable que este Tribunal defina concluyentemente los parámetros del Derecho puertorriqueño.

Como discutiremos a continuación, el recurso bajo consideración cumple a cabalidad con los parámetros previamente enumerados. Ciertamente, el Panel no es uno de los tribunales enumerados en el Art. 3.002(f) de la Ley de la Judicatura, supra, y en la Regla 25(a) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra. Empero, su Memorandum and Order señala, correctamente, que se trata de una entidad cuyas facultades derivan del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, y cuyas características la convierten en el equivalente funcional de un tribunal federal de distrito. Añade que los tribunales de otras jurisdicciones estadounidenses han aceptado recursos de certificación provenientes de los tribunales de quiebra y los paneles apelativos, aun cuando sus reglamentos contienen disposiciones similares a nuestra Regla 25(a), supra. Memorandum and Order, pág. 6 n. 2.

Veamos los requisitos segundo y tercero. Cuando el Panel instó su recurso, la cuestión certificada estaba implicada en un asunto ante dicho tribunal, cuyo resultado podía depender de la certificación. Por ejemplo, si la transferencia del dominio ocurrió al perfeccionarse la venta judicial, el inmueble subastado no pertenecía al caudal de quiebra y procedía levantar la paralización automática. Con ello se verifican los requisitos pertinentes. La posterior desestimación del caso suscita un problema de academicidad que debemos resolver —y hemos resuelto— conforme al derecho local.

También se han cumplido los requisitos cuarto y quinto. La cuestión certificada versa sobre el derecho puertorriqueño, y su íntima relación con una cuestión de derecho federal no impide el recurso de certificación. Por otro lado, este Tribunal no ha establecido un precedente claro sobre la controversia certificada, a pesar de su importancia en el tráfico jurídico, todo lo cual explicaremos más adelante.

Finalmente, al atender esta petición de certificación, cumplimos con nuestra función normativa de pautar el Derecho puertorriqueño, a la vez que promovemos la interrelación de los dos soberanos que convergen en nuestra jurisdicción.

f—1 I—1 HH

La cuestión certificada se refiere a la ejecución de créditos hipotecarios mediante el llamado procedimiento ordinario. Comenzamos, pues, con un análisis de esa figura.

A. En atención a la controversia de marras, podemos definir la hipoteca como “ ‘un derecho real que ... sujeta o vincula lo hipotecado, cualquiera que sea su titular, al poder de exigir eventualmente la realización de su valor así como la adopción de medidas dirigidas a salvaguardarlo, todo en seguridad o garantía de la efectividad de alguna obligación dineraria ”, (Énfasis suprimido.) L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, San Juan, Jurídica Editores, 2002, pág. 481, citando a R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1995, T. VII, págs. 113-114. Véase Junta Retiro Maestros v. Registrador, 109 D.P.R. 569, 572-573 (1980). De modo que la hipoteca permite el cobro de una obligación dineraria, en determinadas circunstancias, mediante la “realización del valor” del inmueble hipotecado e independientemente de quien sea su titular.

Tal “realización de valor” se logra mediante la enajenación del inmueble hipotecado. A. López y López, y V. Montés Panadés, Derechos reales y derecho inmobiliario registral, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, pág. 740 (“Instado el correspondiente procedimiento para la ejecución de la hipoteca, es decir, en ejercicio del crédito hipotecario, tras los trámites oportunos se procede a la venta en pública subasta del inmueble hipotecado. Esto es lo que llamamos la realización del valor del bien”). Esto quiere decir que nuestro ordenamiento prohíbe el pacto comisorio, mediante el cual un acreedor hipotecario recibe el derecho de apropiarse o disponer del inmueble para cobrar su crédito vencido e insatisfecho. Arts. 1757,1758 y 1780 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 5002, 5003 y 5048. Así se protege al deudor o tercer poseedor de una disparidad entre la deuda y el valor del inmueble. También se permite que los acreedores con gravámenes posteriores cobren sus acreencias del valor realizado en exceso del crédito hipotecario ejecutado, lo cual facilita el tráfico jurídico al hacer más atractivos dichos gravámenes posteriores. Rivera Rivera, op. cit., pág. 482.

El modo de enajenar los inmuebles hipotecados es la venta en subasta pública. Evidentemente, nuestro legislador ha insistido en la subasta por razones análogas a las que desvirtúan el pacto comisorio. Se pretende ejecutar el derecho crediticio mediante un procedimiento que sea capaz de realizar un valor adecuado y que esté abierto a la participación de los interesados, todo ello en protección del acreedor, del deudor, del tercer poseedor, de los acreedores con gravámenes posteriores y del tráfico jurídico.

Antes bien conviene recordar que se admiten tres mecanismos distintos para cobrar un crédito hipotecario. En Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 D.P.R. 284, 292 (1993), caracterizamos las alternativas del modo pública:

Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico le brinda al acreedor hipotecario tres (3) vías procesales distintas para hacer efectivo su crédito y ejecutar su garantía real. Uno es el procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria (30 L.P.R.A. see. 2701; Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; otro es el procedimiento ejecutivo sumario (30 L.P.R.A. see. 2701 et seq.), y además, puede instar la acción ordinaria de cobro de dinero, con embargo de la finca si lo desea, en aseguramiento de sentencia (Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill DI. (Citas omitidas.)

B. A pesar de su importancia y frecuente uso, no ha sido sencillo precisar la naturaleza jurídica de los mecanismos de ejecución hipotecaria. Mas un análisis de nuestra jurisprudencia revela que se han conceptualizado como instituciones de carácter jurídico-procesal inspiradas en el contrato de compraventa.

Por un lado, hemos indicado que la fase post sentencia del procedimiento ordinario es “eminentemente ejecutiva”. Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., supra, pág. 293. Es por ello que dicho mecanismo se rige por determinadas reglas de procedimiento civil, unidas a ciertas disposiciones procesales de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria), cuyo incumplimiento se ha examinado al amparo de la doctrina del debido proceso de ley. Arroyo v. Ortiz y Franco, 133 D.P.R. 62, 67—68 y 75—76 (1993). Incluso, expresamos lo siguiente en Banco Gub. de Fomento v. Abarca Warehouses, 109 D.P.R. 132, 134—135 (1979):

La venta forzosa judicial carece de la base consensual del contrato de compra y venta definido en el Art. 1334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3741. La intervención del alguacil dirigiendo la subasta para la realización de los bienes, no es la de un contratante pactando libremente sobre algo que le pertenece, sino la de un funcionario del Estado cumpliendo el mandamiento de ejecución emitido por el tribunal. El alguacil no es mandatario del deudor cuyos bienes ejecuta, y sí el brazo eficaz de la justicia para que el crédito del ejecutante quede satisfecho. En el descargo de su deber ministerial debe ajustarse a las Reglas de Procedimiento Civil y en el caso por éstas imprevisto seguirá la norma que mejor garantice la corrección e integridad de la subasta. (Notas omitidas.)

No obstante, se ha indicado que el mecanismo de ejecución hipotecaria comparte múltiples rasgos con el contrato de compraventa. En Banco Gub. de Fomento v. Abarca Warehouses, supra, pág. 134 esc. 1, cualificamos las expresiones citadas con unos comentarios de Roca Sastre, cuyo contenido vale la pena reproducir parcialmente:

“El pensamiento del legislador en punto a la naturaleza de la adjudicación al rematante o adjudicatario es ver en ella una especie de compraventa, ya que a veces habla de Venta’ y de ‘precio’. Guasp se opone a esta tesis, por entender que falta el consentimiento del dueño, pero como en definitiva, se produce una transmisión por precio, cabe asimilar en muchos aspectos este acto al contrato de compraventa, sin olvidar que dada la intervención de la justicia en esta realización de bienes ella participa del carácter de un acto estatal, circunstancia que hacen destacar los procesalistas.” (Énfasis y nota suprimidos.) Roca Sastre, op. cit., 6ta ed., 1968, T. 4, Vol. 2, pág. 1062.

Así mismo, hemos observado que, “[s]alvo contadas ex-cepciones, el foro judicial deja en manos del alguacil del tribunal y del acreedor ejecutante el proceso post sentencia de subasta, venta y adjudicación de los bienes ejecutados para satisfacer el crédito”. (Escolio omitido.) Afanada Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., supra, pág. 294. También se ha indicado que los alguaciles intervienen en las escrituras de venta judicial como representantes de los deudores, y que tales escrituras son documentos notariales —no judiciales— para fines de la calificación registral. C.R.U.V. v. Registrador, 117 D.P.R. 662, 667-668 (1986); Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., supra, pág. 294; Rigores v. Registrador, 165 D.P.R. 710 (2005). Véase, además, Coop. Ahorro y Créd. v. Registrador, 142 D.P.R. 369, 384 (1997).

Lo cierto es que “[n]o constituye un tema pacífico el de la determinación de la naturaleza jurídica de la subasta judicial”. M. Rivera Fernández, La Ejecudón Hipotecaria Inmobiliaria, Madrid, Ed. Dilex, S.L., 2004, pág. 364. El profesor Rivera Fernández concluye, no empece, que “la doctrina civilista se inclina por entender que estamos ante un contrato de venta forzosa del bien, ya que en ella concurren los dos elementos reales de la misma: cosa y precio, hay comprador y un vendedor ...”. Loe. cit. Véanse: STS 20 marzo 1964 (A. 1450), STS 9 marzo 1985 (A. 1132) y 25 octubre 1999 (A. 7623).

La interrelación de la subasta judicial con la compraventa se deduce también del Art. 1378A del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3846a, comprendido dentro del título referente a la compraventa, cuando dice que “en las ventas judiciales nunca habrá lugar a la responsabilidad por daños y peijuicios; pero sí a todo lo demás dispuesto en los artículos anteriores”.

Surge de los precedentes reseñados y de la normativa expuesta una concepción jurídico-procesal de la ejecución hipotecaria, cuyas normas se inspiran en la compraventa. Es decir, tratándose de un procedimiento jurídico coactivo, su reglamentación está pautada en las correspondientes normas procesales. Pero éstas han sido elaboradas e interpretadas como si tuvieran el propósito de configurar una especie de compraventa entre deudor y rematante (o acreedor adjudicatario). Por ende, las normas aplicables a la compraventa vienen a facilitar la interpretación y llenar las lagunas del esquema procesal. La ejecución hipotecaria, que supone la transmisión de un patrimonio a otro, se embebe dentro de la naturaleza traslaticia del contrato de compraventa.

IV

Nuestra jurisprudencia no ha establecido definitivamente cuándo se pierde el dominio sobre un inmueble cuya hipoteca ha sido ejecutada. En Ríos v. Banco Popular, supra, examinamos una controversia sobre el momento en que comienza a correr el término prescriptivo de la acción subsidiaria sobre daños y perjuicios proveniente de la nulidad de un procedimiento ejecutivo sumario. Resolvimos que dicho plazo corre “desde el instante en que se despoja ilegalmente al deudor de su propiedad, o sea, desde la fecha de la subasta y adjudicación de los bienes hipotecados”, íd., pág. 390.

Sin embargo, el carácter normativo de Ríos v. Banco Popular, supra, es limitado. La controversia allí trabada se refería al procedimiento sumario y no exigía un análisis detenido del momento en que se pierde la titularidad del inmueble ejecutado. Es por ello que las expresiones del Tribunal carecen de una fundamentación adecuada. Posteriormente, la norma de Ríos quedó en jaque al indicarse en Coop. Ahorro y Créd. v. Registrador, supra, pág. 382, lo siguiente:

Una vez preparada la referida acta y adjudicada la propiedad, el alguacil debe proceder entonces a otorgar una escritura pública de traspaso en favor del rematante o del adjudicatario. Véanse: Regla 51.8 de Procedimiento Civil, supra, para el procedimiento ordinario de ejecución, y Art. 230 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2730, para el procedimiento sumario. Esta escritura, contrario al acta de subasta, no tiene el propósito de reflejar lo acontecido en la subasta, sino que se otorga con el único fin de transferir el título de propiedad. (Enfasis suprimido.)

Algo similar expresamos, recientemente, en Rigores v. Registrador, supra, pág. 725:

... [A]nte la importancia de la exigencia que le impone la propia Ley Hipotecaria al acreedor hipotecario, el Registrador será responsable de velar porque se haya cumplido con el requisito de notificación al titular registral, previo a la inscripción de una escritura de venta judicial mediante la cual se transfiere el derecho de propiedad a otra persona. (Enfasis suprimido.)

Ahora bien, las controversias planteadas en Cooperativa y en Rigores no se referían al momento de la transferencia del dominio, por lo cual sus expresiones no revocaron definitivamente lo resuelto en Ríos.

V

El procedimiento ordinario de ejecución hipotecaria está reglamentado principalmente en las Reglas 51.2, 51.3 y 51.8 de Procedimiento Civil, supra, así como las disposiciones de la Ley Hipotecaria, que enumera su Art. 201 (30 L.P.R.A. sec. 2701). Dichos preceptos no indican expresamente cuándo se pierde el dominio sobre un inmueble hipotecado. Sin embargo, un análisis integrador de las nor-mas procesales, su contexto y sus propósitos nos convencen de que hubo la intención legislativa de exigir el otorgamiento de la escritura de venta judicial previo a la pérdida del dominio.

A. Es preciso acudir, en primer lugar, a las Reglas de Procedimiento Civil pertinentes. Señala la Regla 51.2, inter alia:

El procedimiento para ejecutar una sentencia u orden para el pago de una suma de dinero y para recobrar las costas concedidas por el tribunal será mediante mandamiento de ejecución. El mandamiento especificará los términos de la sentencia y la cantidad pendiente de pago. Todo mandamiento de ejecución será dirigido al alguacil. 32 L.P.R.A. Ap. III.

De modo que el trámite ejecutivo comienza definitivamente con el mandamiento dirigido al alguacil. La Regla 51.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, añade, inter alia, que la ejecución de hipotecas y otros gravámenes será mediante una venta judicial.

Los efectos pertinentes del mandamiento ejecutorio surgen de la Regla 51.3(a) de Procedimiento Civil, supra. Esta se dedica principalmente a las sentencias que ordenan a una parte a realizar ciertos actos específicos. Añade, sin embargo:

En todos los casos en que el tribunal ordenare una venta judicial de bienes muebles o inmuebles, dicha orden tendrá la fuerza y efecto de un auto disponiendo la entrega física de la posesión, debiendo consignarse así en el fallo u orden para que el alguacil u otro funcionario actuante proceda a poner al comprador en posesión de la propiedad vendida en el plazo de veinte (20) días desde el de la venta o subasta, sin perjuicio de los derechos de terceros que no hayan intervenido en el procedimiento. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 51.3(a).

Obsérvese cómo esta regla no priva al deudor del dominio. Sólo establece que el mandamiento debe ordenar la entrega del mueble o inmueble al funcionario correspondiente. Cumplido ese requisito, el mandamiento constituye una orden al deudor para que transfiera la posesión de la cosa al tribunal.

Por otro lado, la Regla 51.8 de Procedimiento Civil, supra, establece los pormenores del procedimiento para las ventas judiciales, y su inciso (d) es pertinente a la controversia de marras:

... Verificada la venta, el oficial a cargo de la misma levantará un acta por escrito describiendo lo acontecido durante la subasta y la adjudicación en venta al mejor postor, quien pagará el importe de la venta en dinero efectivo o en cheque certificado a la orden del oficial en cuestión. En casos extraordinarios, el tribunal podrá ordenar cualquier otra forma de pago. Si se tratare de bienes muebles, el oficial hará entrega al comprador de los bienes vendidos y si éste lo solicitare, le hará entrega de una copia del acta de subasta debidamente certificada por él. Dicha copia certificada constituirá evidencia oficial del título del comprador sobre los bienes vendidos subrogándole en los derechos del vendedor sobre dichos bienes. En caso de venta de propiedad inmueble, el oficial encargado de la venta otorgará escritura pública a favor del comprador ante el notario que este último seleccione, abonando éste el importe de tal escritura.

Este inciso establece el procedimiento que debe seguirse una vez se haya perfeccionada la venta en una subasta pública. El comprador debe cumplir inmediatamente su obligación de pagar el precio. Entonces el alguacil adjudica la cosa al deudor y otorga un Acta de subasta.

Los procedimientos a partir de la adjudicación están pautados en las últimas tres oraciones de la citada Regla 51.8(d) de Procedimiento Civil. En el caso de los bienes muebles, se dispone que el alguacil entregará la cosa al comprador y que la copia certificada del Acta no es el título, sino su evidencia. Con respecto a los inmuebles, se indica que el alguacil otorgará una escritura de venta judicial. Como este precepto yace justamente después del que se refiere a los bienes muebles, y dado que la regla no establece expresamente el modo de transferir la posesión y evidenciar el título, entendemos que tales son las funciones de la escritura pública.

Así interpretada, la Regla 51.8(d) de Procedimiento Civil, supra, no establece cuándo se transfiere el dominio del deudor al comprador. El alguacil tiene una obligación de poner al comprador en posesión de los bienes, sean muebles o inmuebles. Sin embargo, la regla no aclara el por qué de esa obligación. Quizás el alguacil debe entregar la cosa al comprador porque ésta le pertenece al comprador. O quizás debe entregarla para culminar el traspaso dominical. La referida Regla 51.8(d) guarda silencio al respecto.

B. Antes bien, varias disposiciones de la Ley Hipotecaria sugieren que la intención legislativa ha sido exigir una escritura de venta judicial para la transferencia del dominio. Su Art. 231 establece que el tribunal ordenará la cancelación de los asientos regístrales que deban cancelarse debido a la ejecución, “una vez otorgada la escritura de traspaso de la finca o derecho hipotecado a instancia del rematante”. 30 L.P.R.A. see. 2731. El Art. 232 establece, a su vez, que un acreedor adjudicatario debe entregar la cantidad correspondiente al derecho de hogar seguro del deudor o tercer poseedor, si lo hubiese, antes de otorgar la escritura de adjudicación judicial. 30 L.P.R.A. sec. 2732. Por último, obsérvese que el Art. 228 distingue implícitamente entre la adjudicación y la transferencia del dominio. 30 L.P.R.A. sec. 2728.

C. El contexto jurídico de las normas examinadas confirma nuestra apreciación de la intención legislativa. Tratándose de la transferencia de un derecho real, es preciso acudir al Art. 549 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 1931, que dispone:

La propiedad se adquiere por la ocupación.
La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición.
Puede también adquirirse por medio de la prescripción.

Hemos acogido el criterio doctrinal que atribuye a este artículo la incorporación generalizada del sistema de título y modo a nuestro derecho civil patrimonial. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 D.P.R. 142 (2006). Véanse, también: M. Albaladejo, Artículo 609, en Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1987, T. VIII, Vol. 1, pág. 3; M. Navarro Castro, Tradición Instrumental, Barcelona, Ed. Bosch, 1997.

Con el sistema de título y modo se reglamenta la transferencia de ciertos derechos reales en determinadas circunstancias. Entre esos derechos figura el dominio, y entre las circunstancias necesarias figura el que se trate de una transferencia contractual. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. Ill, Vol. I, págs. 359-360; Albaladejo, op. cit., pág. 12. Evidentemente, la doctrina de título y modo aplica al contrato de compraventa e implica que su perfección no basta para transferir el dominio, sino que genera obligaciones de carácter personal. Tal ha sido la norma reiterada en esta jurisdicción. Véanse, e.g.: Benítez Flores v. Llompart, 50 D.P.R. 670 (1936); Varcárcel v. Sancho Bonet Tes., 61 D.P.R. 213 (1942); Segarra v. Vda. de Lloréns, 99 D.P.R. 60 (1970).

Nuestro ordenamiento reconoce varias formas de lograr la tradición, sin hacer una lista taxativa. Arts. 1351-1353 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 3811-3813; Segarra v. Vda. de Lloréns, supra. Entre ellas figura el modo instrumental; supuesto que surge cuando una compraventa se otorga mediante una escritura pública y las partes no expresan su intención de impedir la tradición. Art. 1351 del Código Civil de Puerto Rico, supra.

Es natural, entonces, interpretar las normas procesales examinadas en el contexto de la doctrina de título y modo, especialmente cuando la venta judicial es una figura jurídico-procesal inspirada en la compraventa. Específicamente, hemos visto que la Regla 51.8(d) de Procedimiento Civil, supra, es clara al disponer que los alguaciles deben otorgar una escritura de venta judicial para transferir la posesión de los inmuebles subastados mediante el procedimiento ordinario de ejecución hipotecaria. Lo que no está claro es por qué. ¿Será que el inmueble pertenece al comprador o que huelga un traspaso posesorio para transferir el dominio? La firme trayectoria de la doctrina de título y modo, unida a la intención de configurar un mecanismo procesal inspirado en la compraventa, abona a que respaldemos la segunda alternativa.

D. El resultado que arrojan las normas reseñadas y contextualizadas no desvanece ante las consideraciones pragmáticas pertinentes. De éstas surge la razón que pudo tener nuestro legislador al insistir en la escritura de venta judicial.

Ese requisito de traspaso instrumental ofrece alguna protección a los deudores y a la estabilidad del tráfico jurídico. Cuando se otorga una escritura pública, el notario asegura que ésta cumple con las formalidades pertinentes, que es legal y verdadera, y que contiene una transacción válida y legítima. Véanse, e.g.: Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2002; In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871, 895 (2000); Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403 (2003). Por ende, si hubiera alguna irregularidad procesal o sustantiva, el notario debe abstenerse de autorizarla. Tal intervención notarial constituye un último cedazo jurídico antes de configurarse la transferencia del dominio mediante un procedimiento que, en gran medida, se ha dejado en manos del acreedor ejecutante y del alguacil. Es por ello que la escritura de venta judicial protege a los deudores y facilita el tráfico jurídico al procurar su estabilidad.

Somos conscientes de que existen consideraciones pragmáticas tendientes a desvirtuar el requisito de tradición instrumental. Éste implica, por ejemplo, que los deudores serán dueños por un periodo durante el cual deben entregar (o han entregado) la posesión del inmueble al Tribunal, y cuyo dominio probablemente perderán, habiéndose perfeccionado la venta judicial. Tal situación, anómala desde un punto de vista jurídico y económico, perjudica al deudor en la medida que éste deba cumplir con las obligaciones patrimoniales correspondientes a un derecho dominical sin grandes beneficios. La dilación del traspaso también perjudica a los acreedores en la medida que les impide tomar posesión del inmueble para evitar los daños que no sean prácticos atender mediante la intervención judicial. Sin embargo, los autos están huérfanos de evidencia tendiente a demostrar que estas dificultades superan los beneficios de la tradición instrumental con tal claridad como para demostrar que nuestro legislador quiso prescindir de la misma.

E. Debemos concluir, en síntesis, que la intención legislativa ha sido la de exigir una escritura de venta judicial antes de privar a los deudores de su derecho dominical mediante un procedimiento ordinario de ejecución hipotecaria. Así lo intiman varias disposiciones de la Ley Hipotecaria, los matices contractuales del proceso ejecutivo ordinario y la función fehaciente del notariado puertorriqueño. Acogemos dicha postura en carácter de norma general, sin expresarnos hoy sobre las excepciones o normas complementarias que podrían encomendarse cuando las partes no cumplen adecuadamente sus respectivas obligaciones.

VI

Por los fundamentos expresados, soy del criterio que este Tribunal debió expedir la Petición de Certificación presentada y responder a la pregunta certificada a los efecto de que, generalmente, un deudor o tercer poseedor pierde su dominio sobre el inmueble objeto de un procedimiento ordinario de ejecución hipotecaria al otorgase la correspondiente escritura de venta judicial.

       Véanse: Memorandum and Order Certifying and Requesting Consideration of Legal Question to the Puerto Rico Supreme Court (Memorandum and Order), págs. 2-3; Acta de Subasta, Apéndice del Alegato de Oriental Bank and Trust (Apéndice), págs. 39-40; Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, de 15 de julio de 2005, Apéndice, págs. 41-^42.

       Evidentemente, una decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito no resolvería definitivamente la cuestión, aunque vincularía al Panel de Apelaciones de Quiebras de Estados Unidos para el Primer Circuito.

       La desestimación ocurrió al amparo de la Regla 8001(c)(2) de Procedimiento de Quiebra, y la Regla 8001—1(c)(2) del Panel. Dispone la primera:
      “If an appeal has been docketed and the parties to the appeal sign and file with the clerk of the district court or the clerk of the bankruptcy appellate panel an agreement that the appeal be dismissed and pay any court costs or fees that may be due, the clerk of the district court or the clerk of the bankruptcy appellate panel shall enter an order dismissing the appeal. An appeal may ¿so be dismissed on motion of the appellant on terms and conditions fixed by the district court or bankruptcy appellate panel.” 11 U.S.C. R. 8001(c)(2).
      La segunda regla dispone:
      “If an appeal has been docketed in the BAP, it may be dismissed by the parties in the manner set forth in Rule 8001(c)(2) of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure. An appeal may also be dismissed on motion of all appellants, if no response or opposition is filed within ten (10) days after service of the motion, on terms and conditions determined by the BAP.” Bankruptcy Appellate Panel for the First Circuit, Local Rules, April 3, 2002, pág. 2.

       Los siguientes casos discuten el problema y hacen referencia a múltiples litigios donde ha surgido: In re Rodríguez, 334 B.R. 754 (1er Cir. B.A.P. 2005); In re Ortiz, 306 B.R. 727 (Bankr. D. P.R. 2004); In re Hernández, 244 B.R. 549 (Bankr. D. P.R. 2000).

       Los tribunales enumerados son el Tribunal Supremo de Estados Unidos, los Tribunales de Apelaciones de Circuito de Estados Unidos, los Tribunales de Distrito de Estados Unidos y el más alto tribunal apelativo de cada jurisdicción estatal estadounidense.

       Esta caracterización deriva de nuestras expresiones previas sobre los propósitos de varias normas aplicables a la ejecución hipotecaria. Véanse: Coop. Ahorro y Créd. v. Registrador, 142 D.P.R. 369, 379, 385 (1997); Arroyo v. Ortiz y Franco, 133 D.P.R. 62, 70 (1993); Ponce Federal v. Arblas Inds. Supp., 132 D.P.R. 687, 690 (1993); Junta Retiro Maestros v. Registrador, 109 D.P.R. 569, 571-572, 574 (1980); Ponce Federal Savings v. Gómez, 108 D.P.R. 585, 588-590 (1979).

       Badenes Gasset resume algunas de las posturas doctrinales del derecho comparado, especialmente el derecho italiano, al dirimir si existe la obligación de saneamiento por evicción en las ventas forzosas:
      “Hay quien afirma que el vendedor es el deudor expropiado, mientras que el Tribunal no es más que el órgano del Estado por medio del cual se actúa la transmisión coactiva. ... En cambio, otros sostienen que el vendedor es el acreedor en virtud de un derecho propio que se ejercita por vía de acción ...; otros, que el vendedor es el Estado, en el ejercicio de un acto de imperio, perteneciente a la esfera de los actos del poder ejecutivo, como sucede en todas las formas de expropiación ...; hay quien niega que se trate de contrato, considerando, en cambio, aquellas ventas como actos unilaterales traslativos de propiedad a título oneroso ..., y otros, en fin, las conciben como actos bilaterales mixtos, combinación de procedimiento y de negocio .... Dice CARNELUTTI: ‘A parte emptoris es un verdadero y propio negocio jurídico ....A parte venditoris, en cambio, la cosa cambia, porque no es un propietario el que vende la cosa propia, sino un Oficial público que vende la cosa ajena, y por eso ejercita un

        poder, no se vale de un derecho subjetivo, y así forma un procedimiento, no un negocio’.” (Citas omitidas.) El contrato de compraventa, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, T. I, págs. 622-623.

       Cabe añadir que nuestra opinión en Piovanetti Doumont v. Martínez, 99 D.P.R. 663, 664-665 (1971), se expresa con cierta ambigüedad sobre la norma establecida en Ríos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378 (1959).

       El referido Art. 201 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria) establece que aplican al procedimiento ordinario de ejecución de hipoteca los Arts. 202, 207(V) y (VI), 211, 220-224, 226 (excepto la frase sobre el requisito de confirmación), 227-229, 231, 232 y 234 (30 L.P.R.A. sees. 2702, 2707, 2711, 2720-2724, 2726, 2727-2729, 2731, 2732 y 2734).

       Dispone la Regla 51.3(b):
      “(b) En las sentencias que se dicten en juicios sobre ejecución de hipotecas y otros gravámenes se ordenará que el demandante recupere su crédito, intereses y costas mediante venta de la finca sujeta al gravamen. Al efecto, se expedirá una orden al alguacil, disponiendo que proceda a venderla para satisfacer la sentencia, en la forma prescrita por la ley para la venta de propiedad bajo ejecución; y si no se encontrase la finca hipotecada o si el resultado de su venta fuese insuficiente para satisfacer la totalidad de la sentencia, entonces el alguacil procederá a recuperar el resto del dinero o remanente del importe de la sentencia sobre cualquiera otra propiedad del demandado, como en el caso de cualquiera otra ejecución ordinaria.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

       “El tribunal, una vez otorgada la escritura de traspaso de la finca o derecho hipotecado a instancia del rematante ordenará que se practiquen en el Registro de la Propiedad las cancelaciones de los asientos que procedan, incluso los hechos en favor de la persona que hubiere inscrito su derecho con posterioridad a la fecha de la anotación del procedimiento a que se refiere la see. 2709 de este título.” 30 L.P.R.A. see. 2731.

       “De acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la reclamación del derecho de ‘Hogar Seguro’, efectuado y confirmado el remate y venta de una finca hipotecada deberá retenerse y depositarse la cantidad que las expresadas disposiciones ordenan. Igual medida se aplicará en caso de adjudicación, una vez confirmada, debiendo al efecto el adjudicatario entregar la suma correspondiente al alguacil o depositadla] en la secretaría del tribunal, antes de otorgarse la escritura de adjudicación judicial.” 30 L.P.R.A. sec. 2732.

       “ei procedimiento de ejecución regulado en las secciones anteriores será igualmente aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital o de los intereses, cuyo pago debe hacerse en plazos diferentes, si venciere alguno de ellos, sin cumplir el deudor su obligación y siempre que tal estipulación conste inscrita. Si para el pago de algunos de los plazos del capital o de los intereses fuere necesario enajenar la finca hipotecada, y aún quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la venta y se transferirá la finca o derecho al comprador con la hipoteca correspondiente a la parte del crédito que no estuviere satisfecha.” (Énfasis suplido.) 30 L.P.R.A. sec. 2728.


author: per curiam:

text:
      In re Rubén Hernández Rosario, querellado.

      Número: CP-2003-17

      Resuelto: 23 de enero de 2007

      Cynthia Iglesias Quiñones y Miriam Soto Contreras, procuradoras generales auxiliares; Maite Oronoz Rodríguez, Mariana Negrón Vargas y Keneth Pamías Velázquez, subprocuradores generales; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial; Rubén Hernández Rosario, pro se.

   per curiam:

El licenciado Rubén Hernández Rosario (licenciado Hernández) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 3 de noviembre de 1960 y al ejercicio del notariado el 4 de noviembre de 1985.

Por asuntos relacionados a una demanda sobre “familia erciscundae y daños y perjuicios”, el matrimonio compuesto por el Sr. Goes Rodríguez Ongay y la Sra. Irene Morales Cruz (esposos Rodríguez-Morales), así como la señora Iris Rodríguez Ongay, presentaron unas quejas ante este Foro contra el referido abogado.

Veamos los hechos que dieron pie al ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

I

La señora Esther Ongay Miranda falleció en estado de viudez el 12 de marzo de 1996. Al morir dejó como únicos y universales herederos a sus siete hijos: Iris, Marilú, Luz Esther, Darío, Goes, Rafael y Gudelia, todos de apellidos Rodríguez Ongay (la sucesión). Entre los bienes de su caudal hereditario se encontraba una propiedad inmueble, sujeta a división, sita en el municipio de Jayuya. Esta propiedad es, en esencia, el haber hereditario que origina el presente procedimiento disciplinario. Veamos.

El 20 de septiembre de 1997, Iris, Marilú, Luz Esther, Darío y Goes Rodríguez Ongay (los demandantes) interpusieron una demanda sobre “familia erciscundae y daños y perjuicios” contra sus hermanos Rafael y Gudelia Rodríguez Ongay (los demandados). En la referida acción civil, los demandantes alegaron, entre otras cosas, que el demandado, Rafael Rodríguez Ongay, había realizado actos de dominio sobre ciertos bienes de la sucesión sin obtener el consentimiento de los demandantes. Alegaron, además, que el demandado se había beneficiado económicamente con tales actuaciones y que había afectado adversamente los intereses económicos y propietarios de los demandantes miembros de la sucesión. Solicitaron la división de los bienes hereditarios y la restitución del dinero que obtuvo el demandado por sus actuaciones sobre las propiedades de la sucesión. Finalmente, solicitaron que se le ordenara al señor Rafael Rodríguez Ongay desistir de todo acto relacionado con dichas propiedades.

En la referida acción civil, los demandantes estuvieron representados por el Ledo. Jaime Rivera Sotomayor, mientras que los demandados contrataron los servicios profesionales del licenciado Hernández.

Luego de varios trámites procesales en dicho pleito, los esposos Rodríguez-Morales y la Sra. Iris Rodríguez Ongay presentaron el 28 y el 30 de marzo de 2002, respectivamente, las quejas AB-2002-106 y AB-2002-114 contra el licenciado Hernández.

De las quejas presentadas contra el licenciado Hernández surge que para el 20 de febrero de 2002 éste, fungiendo como notario mientras era abogado de los demandados en el pleito sobre “familia erciscundae y daños y perjuicios”, autorizó una escritura de compraventa mediante la cual uno de los demandantes en dicho pleito, el Sr. Goes Rodríguez Ongay, le vendió a su hermano, señor Rafael Rodríguez Ongay, demandado de autos, su participación hereditaria, consistente de una séptima parte sobre el bien inmueble sito en Jayuya. El precio convenido por las partes fue de diez mil dólares, de los cuales cinco mil dólares fueron entregados al señor Goes Rodríguez Ongay en el acto de otorgamiento de escritura, mientras que los restantes cinco mil se pagarían en un plazo de noventa días. Asimismo, se desprende de las referidas quejas que el licenciado Hernández autorizó dicha escritura de compraventa a espaldas del Tribunal de Primera Instancia, así como del licenciado Rivera Sotomayor, abogado de los demandantes en dicho pleito.

Los esposos Rodríguez-Morales indicaron en su queja que la Sra. Irene Morales Cruz era la tutora legal de su esposo, Sr. Goes Rodríguez Ongay, ya que éste está incapacitado por ser veterano del conflicto de Vietnam. Indicaron, además, que al momento de otorgar la escritura de compraventa, este último entendió que, mediante la referida transacción notarial, su hermano le había prestado una cantidad de dinero. Finalmente, reseñaron que el precio de la compraventa, ascendente a la cantidad de diez mil dólares, era irrisorio y no correspondía al valor real de la participación hereditaria del Sr. Goes Rodríguez Ongay en la finca sita en Jayuya.

Por otra parte, la Sra. Iris Rodríguez Ongay indicó en su Queja de 30 de marzo de 2002 que el licenciado Hernández nunca le notificó sobre el otorgamiento de la escritura al abogado de los demandantes. Esgrimió, además, que al momento en que se llevó a cabo la referida compraventa, el Sr. Goes Rodríguez Ongay se encontraba confundido. Puntualizó que la actuación del licenciado Hernández era contraria a derecho y a los cánones del Código de Ética Profesional, ya que éste, alegadamente, actuó sólo movido por sus intereses personales. Finalmente, solicitó que se anulara la referida escritura de compraventa.

El licenciado Hernández presentó sus contestaciones a las referidas quejas el 18 de junio y el 21 de agosto de 2002. Explicó que actuó conforme se lo habían solicitado las partes otorgantes de la escritura de compraventa. Argüyó, además, que el abogado de los demandantes, licenciado Rivera Sotomayor, le informó antes del acto de otorgamiento de la escritura que los miembros de la sucesión estaban próximos a llegar a un acuerdo sobre la división de los bienes hereditarios. Asimismo, indicó que, alegadamente, el licenciado Rivera Sotomayor le comunicó su interés de concluir el pleito —trabado entre los miembros de la sucesión— a la brevedad posible, ya que éste había aceptado un empleo gubernamental en una agencia administrativa. Reseñó, entre otras cosas, que el Sr. Goes Rodríguez Ongay le expresó su deseo de dar por terminado todo lo relacionado con su participación en la herencia de su madre, ya que interesaba regresar a Estados Unidos, lugar donde ubicaba su residencia. Expuso, además, que el acuerdo entre los hermanos otorgantes de la escritura de compraventa se llevó a cabo antes de la visita a su oficina y que éstos siempre le manifestaron su intención de realizar una compraventa. Puntualizó que las partes concernidas en dicho negocio jurídico tuvieron la oportunidad de leer el documento y que luego él, como alegadamente es su costumbre, leyó el documento en voz alta para que las partes pudieran aclarar cualquier duda. Asimismo, indicó que, a su entender, el Sr. Goes Rodríguez Ongay lucía ser una persona articulada en su vocabulario, de buenos modales y vestimenta impecable. Además, puntualizó que los hermanos otorgantes parecían tener una relación armónica. En consecuencia, el licenciado Hernández coligió que el Sr. Goes Rodríguez Ongay estaba capacitado para otorgar la escritura de compraventa. Finalmente, indicó que posteriormente le recomendó a su cliente que deshiciera la compraventa para evitar cualquier situación entre hermanos.

El 30 de agosto de 2002 se le refirió una copia del expediente de las quejas al Procurador General para la investigación e informe correspondiente. Así las cosas, el 27 de enero de 2003 el Procurador General presentó su informe. Luego de evaluar las contestaciones que hiciera el licenciado Hernández a las quejas presentadas en su contra, el Procurador General concluyó que las actuaciones del referido abogado eran inadecuadas y violaban los cánones del Código de Ética Profesional. Indicó que, de acuerdo con las contestaciones del licenciado Hernández, éste parecía ser, más que abogado de una de las partes en un pleito contencioso, un notario público que no observó diligencia ni fue precavido al examinar las circunstancias que rodeaban el negocio jurídico que autorizó. Por tratarse de la misma transacción notarial, el 16 de mayo de 2003 consolidamos las quejas presentadas contra el licenciado Hernández.

El Procurador General formuló una querella contra el referido abogado el 23 de octubre de 2003. Le imputó los cargos siguientes:

CARGO I
El Ledo. Rubén Hernández Rosario incurrió en conducta en violación del Canon 28 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 28, cuando se comunicó, negoció y transigió con el Sr. Goes Rodríguez Ongay quien era parte adversa en el caso denominado: Iris, Marilú, Luz Esther, Darío y GoesU to-dos de apellidos Rodríguez Ongay, demandantes v. Rafael, Gudelial] ambos de apellidos Rodríguez Ongay, y otros, demandados, Civil Número LAC1997-0106, Sobre: Familia Eriscundae y Daños y Perjuicios, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, en ausencia de su [abogado,] Ledo. Jaime Oscar Rivera Sotomayor.
CARGO II
El Ledo. Rubén Hernández Rosario incurrió en conducta en violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 18, cuando autorizó como notario público la escritura número 12 de Compraventa de Participación Hereditaria y Precio Aplazado del 20 de febrero de 2002[,] cuyos otorgantes eran el Sr. Goes Rodríguez Ongay como vendedor y el Sr. Rafael Rodríguez Ongay como comprador, siendo el primero parte adversa en el caso denominado: Iris, Marilú, Luz Esther, Darío y GoesU todos de apellidos Rodríguez Ongay, demandantes v. Rafael, Gudelia\j\ ambos de apellidos Rodríguez Ongay, y otros, demandados, Civil Número LAC19970106, Sobre: Familia Eriscundae y Daños y Perjuicios, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado, en ausencia y a espaldas del abogado del Sr. Goes Rodríguez On-gay, el Ledo. Jaime Oscar Rivera Sotomayor.
CARGO III
El Ledo. Rubén Hernández Rosario incurrió en conducta en violación a la Ley Notarial [de Puerto Rico], Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 [(4 L.P.R.A. 2001 [sec.] y siguientes)], además del Reglamento Notarial de Puerto Rico de 1995 [(4 L.P.R.A. Ap. XXIV)], cuando autorizó como notario la escritura número 12 de Compraventa de Participación Hereditaria y Precio Aplazado del 20 de febrero de 2002, debido a que su conducta infringió el deber de imparcialidad que se le impone a todo abogado en el ejercicio del notariado.
CARGO IV
El Ledo. Rubén Hernández Rosario incurrió en conducta en violación al Canon 20 al renunciar a la representación legal de su cliente en el caso legal civil número LAC1997-0106 sin antes cumplir con las exigencias éticas aplicables.
CARGO V
El Ledo. Rubén Hernández Rosario incurrió en conducta profesional en violación al Canon 35 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 35, cuando faltó a su deber de sinceridad. (Énfasis en el original.) Querella, págs. 6-12.

El 23 de diciembre de 2003, el querellado presentó un escrito titulado Contestación a Querella. Argüyó que su única intención al autorizar la escritura de compraventa entre los hermanos Rodríguez Ongay fue resolver un problema familiar. Indicó, además, que su actuación respondió, en parte, a que el abogado de los demandantes en el pleito sobre “familia erciscundae y daños y perjuicios”, licenciado Rivera Sotomayor, le había informado que las partes en dicho caso estaban próximas a llegar a un acuerdo por estipulación. Esgrimió que, al momento de otorgar la escritura de compraventa de participación hereditaria, las partes habían llegado a un acuerdo para resolver el pleito pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia. Indicó que el Sr. Goes Rodríguez Ongay le había informado su deseo de terminar el pleito trabado contra su hermano, Sr. Rafael Rodríguez Ongay, y que el pleito nunca debió haberse instado. Asimismo, el querellado indicó que las querellas fueron presentadas por personas que no fueron parte de la escritura de compraventa autorizada por él. De igual manera, señaló que el expediente del caso se le devolvió al Sr. Rafael Rodríguez Ongay para que contratara otra representación legal, y recibió por ello un recibo el 4 de abril de 2002. Indicó, además, que el Tribunal de Primera Instancia, ante el cual se ventilaba el pleito entre los miembros de la sucesión Rodríguez Ongay, supo de la referida devolución ese mismo día, esto es, el 4 de abril de 2002. Indicó que, desde el 17 de mayo de 2002, el foro en cuestión había aceptado como abogado de récord de los demandados al Ledo. Domingo Donate Pérez. Puntualizó que desde el 23 de mayo de 2002 había cesado de representar a los demandados de autos. Esto en respuesta a los últimos dos cargos presentados por el Procurador General. Del expediente surge que el querellado presentó su renuncia a la representación legal de los demandados el 7 de julio de 2003. Finalmente, considera que su actuación constituyó un error de buena fe del que no obtuvo ningún lucro personal.

El 28 de abril de 2004 designamos como Comisionada Especial a la honorable Ygrí Rivera de Martínez, ex jueza del anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones, para recibir y evaluar la prueba que presentarían las partes. La referida Comisionada Especial señaló una vista sobre el estado de los procedimientos para el 5 de agosto de 2004. Luego de una posposición a petición del querellado, la vista se efectuó el 30 de septiembre de 2005. En ésta, entre otras cosas, se analizó la querella y la prueba presentada por el Procurador General. Por su parte, el querellado expuso que era la primera vez que se enfrentaba a un proceso disciplinario en los cuarenta y tres años que llevaba activo en la profesión legal. Indicó que no se benefició con la transacción notarial que dio origen al proceso y que sólo recibió trescientos dólares en pago de honorarios. Asimismo, indicó que aún no se había podido anular la referida transacción, ya que el caso entre los miembros de la sucesión Rodríguez Ongay no había finalizado. Luego de varios incidentes procesales, se señaló vista para el 21 y 22 de junio de 2005. Luego de escuchar el testimonio del licenciado Rivera Sotomayor, quien compareció como testigo del Procurador General, se pautó la continuación del procedímiento disciplinario para el 22 de septiembre de 2005. En esta fecha el querellado testificó, señalando como defensa lo mismo que había expresado anteriormente en sus contestaciones a las quejas y a la querella. Indicó que para la fecha en que se otorgó la escritura de compraventa se encontraba convaleciendo por ciertas operaciones a las que fue sometido durante los meses de agosto a diciembre de 2001. Después de concederle un plazo a las partes para presentar ciertos documentos y memorandos de derecho, con el beneficio de toda la prueba presentada por las partes y los expedientes que se hicieron formar parte del proceso, la Comisionada Especial rindió su informe el 9 de junio de 2006.

Luego de un extenso y minucioso estudio, la Comisionada Especial concluyó que los cargos imputados en la querella —presentada por el Procurador General— fueron debidamente probados. Veamos.

La Comisionada Especial concluyó que el querellado violó el Canon 28 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, ya que se reunió con una parte adversa, el demandante Goes Rodríguez Ongay, representado por el licenciado Rivera Sotomayor en ausencia de éste, con el propósito de autorizar una escritura de compraventa de participación hereditaria. Determinó que la referida transacción notarial tenía como objeto un bien litigioso en el caso sobre “familia erciscundae y daños y perjuicios”, en donde el querellado representaba a la parte demandada.

Asimismo, concluyó la Comisionada Especial que el querellado violentó el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al autorizar una escritura de compraventa de participación hereditaria, en la que el precio convenido entre los otorgantes aparentaba ser mucho me- nor de su valor real. En consecuencia, puntualizó que el querellado actuó en detrimento de una de las partes otorgantes del referido negocio jurídico.

La Comisionada Especial reseñó, además, que el querellado infringió la Ley Notarial de Puerto Rico, así como la Regla 5 de su reglamento, al autorizar la escritura de compraventa de participación hereditaria de 20 de febrero de

2002. Concluyó que con dicha actuación el querellado faltó a su deber ético de neutralidad e imparcialidad. Determinó que el querellado estaba impedido de actuar como notario en una transacción que tenía como objeto un bien litigioso en la demanda trabada ante el foro primario, en la cual el querellado representaba a una de las partes. Con tal actuación, consideró la Comisionada Especial, el querellado infringió la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra, que preceptúa que el notario está impedido de representar como abogado a un cliente en un litigio y, a la vez, servir de notario en algún aspecto relacionado al caso. De igual manera, en el informe se determinó que el querellado quebrantó el Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, puesto que, aunque alegó haber renunciado a la representación legal de la parte demandada desde el 23 de mayo de 2002, su renuncia no fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia hasta el 7 de julio de 2003.

Concluyó, además, que el querellado infringió el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, ya que con sus actuaciones demostró poca sinceridad para con el abogado de la parte contraria, licenciado Rivera Sotomayor, así como para con el Tribunal de Primera Instancia que atendía el pleito sobre “familia escirscundae y daños y perjuicios”, en el cual el querellado era el representante legal de una de las partes. Según se desprende del informe, el querellado autorizó la escritura de compraventa de participación hereditaria sin comunicárselo al abogado de la parte contraria o al foro primario. Finalmente, surge del referido informe que el querellado mintió sobre el alegado acuerdo entre las partes adversas para dividir los bienes hereditarios.

La Comisionada Especial expresó que la prueba presentada demostró que la incapacidad del Sr. Goes Rodríguez Ongay era de índole administrativa, por lo que estaba capacitado para entender el otorgamiento de la escritura de compraventa ante el querellado. Indicó, además, como posibles atenuantes, que el querellado fue admitido a la práctica de la profesión hace cuarenta y seis años, y nunca antes había enfrentado un proceso disciplinario y que éste aceptó su error, a lá vez que mostró arrepentimiento.

Con el beneficio de la discusión que antecede, nos compete resolver la acción disciplinaria de marras. Veamos.

III

En atención al primer cargo formulado por el Procurador General, el Canon 28 del Código de Etica Profesional, supra, preceptúa, en lo que aquí nos concierne, que un abogado no debe, en forma alguna, comunicarse, negociar ni transigir con una parte representada por otro abogado en ausencia de éste. El fin del referido Canon es impedir que los abogados de una de las partes hagan acercamientos inapropiados a personas que ostentan representación legal para obtener ventaja. De esta forma se protege tanto el derecho de los clientes a obtener una representación legal adecuada, como el privilegio que cobija la relación entre el abogado y su cliente. La prohibición que se plasma en este canon aplica irrespectivamente del nivel de educación de las partes y los motivos del abo gado que intenta el contacto con la parted. La jerarquía profesional de los abogados, en contraste con la ausencia de preparación del adversario lego, coloca al abogado en una posición de ventaja, permitiéndole inducir a error al adversario falto de su representación legal. Aun en casos de igualdad de circunstancias entre abogados y parte adversa, es conducta impropia comunicarse con dicha parte en ausencia de su representación legal.

Por mandato del Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, el querellado estaba impedido de reunirse con el Sr. Goes Rodríguez Ongay en ausencia de su abogado, licenciado Rivera Sotomayor, para autorizar la Escritura de Compraventa Núm. 12 de 20 de febrero de 2002 con la que, alegadamente, estaba ayudando a resolver un problema familiar. Dicho encuentro se llevó a cabo mientras se ventilaba una demanda en la cual el querellado representaba a una parte adversa a los intereses del otorgante, Sr. Goes Rodríguez Ongay. Al así actuar, el querellado incurrió en una conducta antiética, violatoria del citado Canon 28.

Por su parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los abogados la obligación de defender con diligencia los intereses de su cliente. No obstante, para ello no puede recurrir a la violación de las leyes o a cometer engaños para sostener su causa. Hemos indicado que, independientemente de las razones y motivaciones que pueda tener un abogado para llevar o no un caso, una vez asume la representación legal tiene, ante el cliente y ante los tribunales, la responsabilidad insustituible de llevar a cabo una gestión profesional con el más alto grado de diligencia y competencia posible. Recientemente reiteramos que las exigencias preceptuadas en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, se extienden a las funciones como notario. Conforme a esta normativa el notario debe, en relación con los documentos que se otorgan ante él, ser diligente y desplegar en cada caso su más profundo saber y habilidad. Por tal motivo, he-mos determinado que el notario no puede limitar su intervención rutinaria a leer o dar a leer documentos a los otorgantes y asegurarse de la identidad de sus personas y firmas, en un ritual aséptico pero vacío de la inteligencia y comprensión de los firmantes. Por el contrario, el notario está obligado, como parte de su deber de información, a darle a los otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que éstos comprendan el sentido del negocio, así como sus efectos y consecuencias, y se den cuenta del riesgo que corren en celebrarlo.

En armonía con lo anterior, concluimos que el querellado infringió el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, al autorizar una escritura de compraventa de participación hereditaria, mediante la cual el único beneficiado resultó ser su cliente en el caso que se ventilaba ante el Tribunal de Primera Instancia. Surge del expediente que la finalidad del referido negocio jurídico era liquidar la participación del Sr. Goes Rodríguez Ongay en la finca sita en Jayuya, a favor del cliente del querellado. Surge del expediente, además, que el precio convenido por las partes en dicho negocio era menor al valor real de la participación hereditaria del vendedor en la referida finca. Se desprende del expediente, además, que dicha transacción se efectuó a espaldas del licenciado Rivera Sotomayor, abogado del Sr. Goes Rodríguez Ongay, precisamente porque el precio pactado entre las partes otorgantes perjudicaba a este último. No podemos avalar tal proceder.

En relación con la observancia —por parte de los notarios— de la Ley Notarial de Puerto Rico, así como de su reglamento, hemos indicado que una vez el notario no cumple con las obligaciones y los deberes que le impone la ley y el ordenamiento ético, incurre en conducta que acarrea una sanción disciplinaria, ya que lesiona la confianza y la función pública en él depositada. Hemos resuelto que otorgar un documento notarial en contravención a nuestra ley notarial constituye una violación a los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. De igual manera, hemos resuelto que el notario público está obligado a proteger los derechos de las partes que comparecen ante él a otorgar documentos, por lo que debe ejercitar la neutralidad, que es incompatible con la misión del abogado de inclinar la balanza a favor de su cliente.

Hemos concluido, además, que un abogado está impedido de autorizar como notario documentos de su cliente que están relacionados con un pleito en el cual éste lo representa y que está pendiente ante los tribunales.

Del expediente surge que el querellado autorizó la Escritura de Compraventa Núm. 12 de 20 de febrero de 2002, mientras representaba los intereses de uno de los otorgantes en un pleito contencioso ante el Tribunal de Primera Instancia. Asimismo, conviene apuntar que la referida transacción tenía como finalidad disponer de la participación hereditaria de una de las partes cuando eso mismo era lo que se estaba ventilando ante el foro primario. Al así obrar, el querellado infringió la Regla 5 del Reglamento Notarial, supra, que preceptúa que el notario está impedido de representar como abogado a un cliente en una litigación contenciosa y, a la vez, servir de notario en asuntos relacionados con el mismo caso.

Los cargos cuarto y quinto (violación a los Cánones 20 y 35), los examinaremos conjuntamente.

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, establece el procedimiento que debe seguir todo abogado que, habiendo representado a un litigante ante el foro judicial, desea dar por terminada dicha representación. El referido canon dispone que todo abogado que desea renunciar necesita obtener el permiso del tribunal para terminar dicha relación. Hasta tanto el abogado no sea formalmente relevado de sus funciones, aceptando el tribunal su renuncia, éste tiene el deber de continuar llevando a cabo su gestión profesional de forma competente y diligente.

Por otro lado, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los abogados un deber de sinceridad y honradez ante los tribunales, frente a sus representados y al relacionarse con sus compañeros de profesión. Hemos resuelto que no es sincero ni honrado utilizar medios que sean incompatibles con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Hemos determinado que las obligaciones consagradas en el referido Canon constituyen normas mínimas de conducta que sólo pretenden preservar el honor y la dignidad de la profesión. Por tal motivo, el abogado no sólo debe observarlas durante un pleito, sino en toda faceta en la cual se desenvuelva. El compromiso de un abogado con la verdad debe ser siempre incondicional, ya que la verdad es atributo inseparable de ser abogado. En consecuencia, se infringe el Canon 35, supra, con el simple hecho objetivo de faltar a la verdad, independientemente de los motivos para la falsedad.

En su contestación a la querella formulada por el Procurador General, el querellado indicó, entre otras cosas, que para el 23 de mayo de 2002 había dejado de representar al señor Rafael Rodríguez Ongay en el pleito sobre “familia erciscundae y daños y perjuicios” que se ventilaba ante el foro primario. No obstante, surge del expediente que su renuncia a dicha representación fue solicitada al Tribunal de Primera Instancia por vez primera el 7 de julio de 2003. Resulta forzoso concluir que el querellado infringió lo preceptuado en el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. De igual manera, el querellado infringió el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, al otorgar la escritura de compraventa de 20 de febrero de 2002 sin antes haber renunciado a la representación legal de una de las partes otorgantes. No cabe duda que sus funciones como notario público y abogado de récord de una de las partes otorgantes —en un pleito contencioso contemporáneo al otorgamiento— son incompatibles, ya que se crea un conflicto de interés que trastoca la presunción de imparcialidad que protege toda labor del notario y empaña la fe pública notarial.

Hemos expresado que este tribunal no alterará las determinaciones de hecho del Comisionado Especial, salvo en casos donde surja que medió parcialidad, prejuicio o error manifiesto. En este caso, tras un examen minucioso del informe preparado por la Comisionada Especial, así como la prueba que obra en el expediente, no hallamos razón por la que debamos intervenir con sus conclusiones.

Finalmente, hemos establecido que al determinar la sanción disciplinaria aplicable al abogado querellado, podemos tomar en cuenta factores tales como (a) la reputación del abogado en su comunidad; (b) el previo historial de éste; (c) si es su primera falta; (d) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (e) si se trata de una conducta aislada, y (f) el ánimo de lucro que medió en su actuación, resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes que medien de acuerdo con los hechos.

En el presente caso tomamos en consideración a favor del licenciado Hernández los atenuantes siguientes: (a) el abogado querellado lleva más de cuatro décadas en la práctica de la profesión de abogado y más de veinte años fungiendo como notario; (b) esta es la primera falta dentro de su descargo profesional en la abogacía o en la notaría; (c) los hechos no demuestran que el querellado tuviera ánimo de lucro personal, y (d) el querellado demostró genuino arrepentimiento.

Por todo lo anterior, consideramos procedente limitar la acción disciplinaria a una suspensión por el término de tres meses del ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción, y apercibimos al querellado de que cumpla a cabalidad, en el futuro, con los cánones del Código de Ética Profesional que rigen a los abogados y con la Ley Notarial de Puerto Rico y su Reglamento.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Del expediente surge que los procedimientos ante la Comisionada Especial fueron pospuestos, en varias instancias, porque el querellado se encontraba indispuesto de salud.

        In re Martínez Lloréns, 158 D.P.R. 642 (2003).

       íd; In re Andréu, Rivera, 149 D.P.R. 820 (1999).

        In re Martínez Lloréns, supra; In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50 (1997).

        In re Andréu, Rivera, supra, citando la obra de la profesora Sarah Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, San Juan, Pubs. STP, 1995.

        In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000).

       íd.; In re Acevedo Álvarez, 143 D.P.R. 293 (1997); In re Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113 (1996).

        In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006); In re González Vélez, 156 D.P.R. 580 (2002).

        In re Fernández de Ruiz, supra, citando a In re Albizu Merced, 136 D.P.R. 126 (1994).

        In re Fernández de Ruiz, supra, citando a Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984).

        In re Charbonier Laureano, 156 D.P.R. 575 (2002); In re Capestany Rodríguez, 148 D.P.R. 728 (1999).

        In re Charbonier Laureano, supra, citando a In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).

        B. & L., Inc. v. P.R. Cast. Steel Corp., 114 D.P.R. 808 (1983).

        In re Colón Ramery, 138 D.P.R. 793, 797 (1995).

        In re Franco Rivera, 169 D.P.R. 237 (2006), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986).

      8) In re Fernández de Ruiz, supra, citando a In re Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49 (1999).

        In re Fernández de Ruiz, supra, citando a In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001), e In re Aguila López, 152 D.P.R. 52 (2000).

        In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572 (2004).

        In re Fernández de Ruiz, supra.

        In re Colón Ramery, supra.

       íd., citando a In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86 (1998).

        In re Vélez Barlucea, supra.


text:
      In re Sergio De Hoyos Beauchamp.

      Número: TS-13428

      Resuelto: 25 de enero de 2007

      Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Inspección de Notarías; Sergio de Hoyos Beauchamp, pro se.

   per curiam:

El Ledo. Sergio de Hoyos Beauchamp fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2001 y a la notaría el 1 de marzo de 2001.

En octubre de 2006, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) nos refirió un informe en el cual nos señaló que el licenciado De Hoyos Beauchamp adeuda índices mensuales desde abril de 2006; que los índices notariales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2006 fueron presentados desde Miami, Florida, conforme se desprende del matasellos, y que éste no había designado un notario sustituto. Informa, además, que el 28 de abril de 2006, ODIN le cursó una comunicación al licenciado De Hoyos Beauchamp para que atendiera el asunto relacionado a la expedición de una copia certificada de una escritura otorgada por él, solicitada por el Ledo. Rafael A. Ramos Sáenz, quien había hecho varias gestiones para comunicarse con el licenciado de Hoyos, todas ellas infructuosas. Esta comunicación, enviada por correo certificado con acuse de recibo, fue devuelta a ODIN por el servicio de correos.

En su informe, ODIN indica que la conducta antes mencionada constituye un incumplimiento con la obligación de todo notario de rendir índices mensuales, de acuerdo con el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 L.P.R.A. sec. 2023. In re Montañez Miranda, 158 D.P.R. 738 (2003); In re Sáez Burgos, 160 D.P.R. Ap. (2004). Además, que todo notario tiene la obligación de notificar al Tribunal Supremo y a ODIN cualquier cambio en su dirección postal física, tanto de residencia como de oficina.

El 17 de noviembre de 2006 le concedimos un término de veinte días al licenciado de Hoyos Beauchamp para que se expresara sobre el Informe sometido por ODIN. En dicha Resolución le advertimos al notario que incumplir con nuestros requerimientos podría conllevar severas sanciones, incluso la separación del ejercicio de la profesión. Esta Resolución fue notificada personalmente al licenciado de Hoyos Beauchamp el 5 de diciembre de 2006 por la Oficina del Alguacil del Tribunal Supremo.

El licenciado de Hoyos Beauchamp no ha comparecido ni ha solicitado prórroga para comparecer.

I

El Canon IX del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer, máxime cuando de conducta profesional se trata. In re García Baliñas, 167 D.P.R. 125 (2006); In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 681 (1992).

Hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon IX. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Nos parece sorprendente que, luego del esfuerzo que conlleva la carrera de abogacía, se desatiendan las órdenes de este Tribunal a sabiendas que al así hacerlo se pone en peligro el título que se tiene.

También hemos manifestado en el pasado que la ' obligación de rendir índices notariales mensuales y notificar el cambio de dirección surge de los Arts. 7 y 12 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sees. 2011 y 2023, de las Reglas 11 y 12 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, y de la Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. La omisión de rendir índices notariales es una falta grave a los deberes que le impone al notario la investidura de la fe pública notarial. Esta conducta es reprensible y merece la aplicación rigurosa de sanciones disciplinarias. In re García Baliñas, ante; In re Sáez Burgos, ante.

El notariado es una profesión que requiere dedicación, esfuerzo, cuidado y diligencia, por lo que se debe ejercer con el mayor grado de responsabilidad y rigurosidad. Quien no esté dispuesto a ejercerla con tal dedicación no puede fungir como notario.

II

El licenciado de Hoyos Beauchamp ha demostrado total desprecio por las órdenes de este Tribunal, así como con las disposiciones de la Ley Notarial. Su actitud de displicencia para con este Tribunal no le hacen digno de continuar desempeñando el ministerio que ostenta como miembro de la profesión legal. Es evidente, según se desprende se sus acciones, que no tiene interés alguno en continuar ejerciendo la profesión.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la separación inmediata e indefinida del ejercicio de la aboga cía del licenciado Sergio de Hoyos Beauchamp, a partir de la notificación de la presente Opinión Per Curiara. Le imponemos al licenciado de Hoyos Beauchamp el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Además deberá certificarnos dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de esta opinión per curiara, el cumplimento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.