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author: per curiam:

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text:
      In re Axel A. Núñez Vázquez.

      Número: TS-11,650

      Resuelto: 2 de marzo de 2017

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Axel A. Núñez Vázquez, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender del ejercicio de la notaría a un miembro de la profesión legal que incumplió con sus funciones como notario, ade-más de incumplir, en reiteradas ocasiones, con las órdenes de este Tribunal y de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Veamos.

H-i

El licenciado Axel A. Núñez Vázquez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996 y al ejercicio de la notaría el 14 de enero de 1997.

El 8 de mayo de 2015, el Director de la ODIN, licenciado Manuel E. Ávila de Jesús, compareció ante nos mediante un “Informe especial sobre incumplimiento [con] la Ley Notarial [de] Puerto Rico y su Reglamento y en solicitud de remedio” (Informe). En dicho Informe, el Director de la ODIN nos informó que el 31 de octubre de 2014 envió una misiva al licenciado Núñez Vázquez notificándole que no surgía de los archivos notariales que este hubiese presen-tado oportunamente un total de sesenta y siete Indices de Actividad Notarial Mensual y seis Informes Estadísticos de Actividad Notarial Anual, correspondientes a los años naturales 2007 y 2009 al 2013. En consecuencia, la ODIN concedió al licenciado Núñez Vázquez un término de diez días calendario para cumplir con su deber notarial de presentar los referidos índices e informes, así como para que presentara por escrito la justificación para esta tardanza. El licenciado Núñez Vázquez no cumplió con lo ordenado.

Así las cosas, el 15 de enero de 2015, el Director de la ODIN, vía correo certificado, envió una segunda comunica-ción al licenciado Núñez Vázquez en la que reiteró su or-den; esta vez concediéndole hasta el pasado 30 de enero de 2015 para que cumpliera con su deberes notariales y pre-sentara los referidos informes e índices adeudados, al igual que la debida justificación para la tardanza en presentar esta documentación. El 17 de febrero de 2015 la comunica-ción fue devuelta a la ODIN, según el acuse de correo cer-tificado y el sistema de búsqueda en la página cibernética del Servicio de Correo Federal (USPS, por sus siglas en inglés).

Posteriormente, el 29 de abril de 2015, la señora Ana Vélez Rivera, secretaria jurídico adscrita al Registro de Asuntos No Contenciosos de la ODIN, informó al director de la referida dependencia de este Tribunal que no surgía de sus archivos que el licenciado Núñez Vázquez tuviera al día la fianza notarial, ello desde el 14 de enero de 1997, fecha cuando fue admitido al ejercicio de la notaría. Esta informa-ción fiie corroborada vía telefónica con la Secretaría de este Tribunal y con el Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Establecido lo anterior, y tras haber sido informados del incumplimiento del licenciado Núñez Vázquez con las ór-denes de la ODIN, el 18 de marzo de 2016 emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos al referido le-trado un término de cinco días para que mostrara causa por la cual no debíamos ordenar lo siguiente: (1) su suspen-sión inmediata e indefinida del ejercicio de la notaría; (2) la entrega de la obra notarial bajo su custodia y de su sello notarial; (3) la entrega de los índices de Actividad Notarial Mensual, así como de los Informes Estadísticos de Activi-dad Notarial Anual adeudados, y (4) la presentación de evidencia acreditativa de los pagos efectuados durante los años 1998 al 2015 para mantener vigente su fianza notarial. El 28 de marzo de 2016 un alguacil de este Tribunal diligenció y notificó personalmente dicha Resolución al mencionado licenciado.

Así las cosas, el 16 de abril de 2016 el licenciado Núñez Vázquez compareció ante nos y presentó una Moción in-forme especial sobre incumplimiento de la Ley Notarial de Puerto Rico. En la referida moción, el licenciado Núñez Vázquez se limitó a informar, escuetamente, que no había recibido notificaciones previas de la ODIN hasta el 28 de marzo de 2016; que no practicaba la abogacía activamente; que labora a tiempo completo como gerente de manufac-tura en una farmacéutica, y que nunca había tenido una querella en su contra. Asimismo, solicitó un término adi-cional de treinta días para mostrar evidencia de su cumpli-miento con la Ley Notarial de Puerto Rico y con lo orde-nado por este Tribunal.

Evaluados los planteamientos del licenciado Núñez Vázquez, el 7 de abril de 2016 emitimos una Resolución, notificada el 15 de abril del mismo año, en la que le conce-dimos un término de treinta días para que cumpliera con lo ordenado por este Tribunal en la Resolución de 18 de marzo de 2016. Nuevamente, el licenciado Núñez Vázquez no compareció.

Es, pues, a la luz del marco fáctico y procesal antes na-rrado que procedemos a resolver este asunto sin un trá-mite ulterior.

H — i

Como es sabido, el Art. 12 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq., impone a los notarios y las notarías el deber de remitir a la ODIN un índice sobre sus actividades nota-riales mensuales no más tarde del décimo día calendario del mes siguiente al informado. A tenor de ello, la Regla 12 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, elabora los requisitos formales del mencionado índice y re-itera las facultades y los deberes del Director de la ODIN ante las remisiones tardías del mismo, conforme a lo dis-puesto en la Regla 13(c) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B.

Por otro lado, el Art. 13-A de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2031a, establece la obligación de los notarios y las notarías de remitir a la ODIN, no más tarde del último día de febrero del año siguiente, el informe estadístico anual de los documentos notariales autorizados durante el año precedente. Los notarios y las notarías deben rendir dicho informe en el formulario que provee la ODIN para tales fines. Véase Regla 13 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, y la Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, supra.

Cónsono con lo anterior, hemos reiterado que el incumplimiento de los notarios y las notarías con la obliga-ción de rendir los índices e informes notariales dentro del término provisto por ley constituye una falta grave a los deberes que se les impone como custodios de la fe pública notarial. Por lo tanto, esta conducta debe acarrear sancio-nes disciplinarias severas. In re Cabrera Acosta, 193 DPR 461 (2015); In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950 (2014); In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774 (2009).

Así pues, remitir los índices e informes notariales en el término dispuesto por nuestro ordenamiento es un deber de cumplimiento estricto, indistintamente de si el notario o la notaria tuvo o no actividad notarial. In re Miranda Casasnovas, supra, pág. 778; In re Feliciano Lassalle, 175 DPR 110, 114 (2008); In re Montañez Alvarado, 160 DPR 496 (2003). Es decir, el notario y la notaria deben ser conscientes de que dicho incumplimiento les coloca en “el umbral de la incapacidad para ejercer el notariado”. (Énfasis suprimido). In re Carrasquillo Martínez, 173 DPR 798, 802 (2008). Véanse: In re Montañez Alvarado, supra; In re Jusino López, 145 DPR 52 (1998). De igual forma, el nota-rio y la notaria faltan a su deber ministerial al no presen-tar una moción explicativa oportuna cuando remiten tar-díamente los índices notariales. In re Carrasquillo Martínez, supra; In re Jusino López, supra; In re Montañez Alvarado, supra.

En fin, “ ‘el ejercicio del notario exige un grado razonable de organización administrativa, supervisión, responsabilidad y consciencia pública ”. In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950, 959-960 (2014). Véanse: In re Miranda Casasnovas, supra; In re Feliciano Lassalle, supra. Por lo tanto, en la medida en que el notario o la notaria no pueda cumplir íntegramente con las obligaciones que les impone la Ley Notarial de Puerto Rico y su Reglamento, debe abs-tenerse de practicar el notariado. In re Feliciano Lassalle, supra, pág. 115; In re Montañez Alvarado, supra, pág. 499.

I — i H — 1 HH

Por otra parte, el Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2011, exige que todo notario y toda notaria preste y mantenga vigente una fianza no me-nor de quince mil dólares como requisito para ejercer la notaría en Puerto Rico. Véase, además, Regla 9 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV. Dicha fianza responderá, entre otras cosas, por las cantidades que deje de abonar el notario o la notaria al erario por sellos de rentas internas, impuesto notarial, estampillas de la Sociedad para la Asistencia Legal y otros derechos exi-gidos por ley. Asimismo, la fianza responderá por la encua-dernación de los Protocolos, así como por cualquier otro gasto en que se incurra para realizar la inspección de la obra notarial y su aprobación, según indique el Director de la ODIN. Véase Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra; Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 DPR 803 (2002); In re Ribas Dominicci I, 131 DPR 491 (1992).

Al respecto, hemos señalado que el notario o la notaria que no cuente con la protección de la fianza notarial constituye un peligro, no tan solo para el tráfico jurí-dico de los bienes muebles, sino también para las personas a quienes les brindan sus servicios. In re Asencio Márquez, 176 DPR 598, 599 (2009); In re Martínez Miranda, 174 DPR 773, 777 (2008). El notario o la notaria que no re-nueve diligentemente la fianza notarial se expone a que se le suspenda del notariado. In re Pagán Pagán, 2012 TSPR 13, 183 DPR Ap. (2011); In re Rosado Conde, 2011 TSPR 160, 182 DPR Ap. (2011); In re Lugo Méndez, 2011 TSPR 152, 182 DPR Ap. (2011).

IV

Por último, a través de los años hemos sido enfá-ticos en cuanto a que los requerimientos que hace la ODIN son análogos a los de este Tribunal y que deben atenderse con igual premura y diligencia. In re Vázquez González, 194 DPR 688, 695 (2016); In re Padilla Santiago, 190 DPR 535, 538 (2014); In re Martínez Romero, 188 DPR 511, 515 (2011); In re Santiago García, 175 DPR 990 (2009). Sobre el particular, hemos manifestado que la desatención a los requerimientos de la ODIN acarrea el mismo efecto que cuando se desobedece una orden emitida por este Tribunal. Tal conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, y repercute en acciones disciplinarias contra los profesionales del Derecho. In re Pestaña Segovia, 192 DPR 485 (2015); In re Vázquez González, supra; In re García Incera, 177 DPR 329 (2009); In re Maldonado Rivera, 147 DPR 380 (1999).

En ese sentido, hemos sancionado rigurosamente la ac-titud de los abogados y las abogadas que se caracteriza por la indiferencia y la desidia respecto a nuestras órdenes y señalamientos. In re Vázquez González, supra, págs. 695-696; In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014); In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116 (2013). Así pues, procede la suspensión del ejercicio de la abogacía o de la notaría cuando se desatienden los requerimientos formulados por este Tribunal y se muestra indiferencia ante nuestros apercibimientos de imponer sanciones. In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821 (2011); In re Lloréns Sar, 170 DPR 198 (2007). Ello, puesto que la naturaleza de la función de los abogados y las abogadas requiere de una escrupulosa atención y obe-diencia a las órdenes de este Tribunal. In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013); In re García Incera, supra; In re Colón Rivera, 2011 TSPR 11, 180 DPR Ap. (2011).

Es, precisamente, a la luz de la normativa antes ex-puesta que procedemos a disponer de los asuntos discipli-narios traídos a nuestra atención.

V

En este caso resulta evidente que el licenciado Núñez Vázquez ha incumplido, reiteradamente, con su deber y obligación de remitir a la ODIN, según requerido por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, un total de setenta y cuatro índices de Actividad Notarial Mensual, al igual que siete Informes Estadísticos de Actividad Notarial Anual. Tampoco ha justificado la razones que ha te-nido para la tardanza en presentar los referidos índices e informes, a pesar de que se le ha concedido tiempo para ello. El proceder errado del notario en cuestión se agrava al ignorar, en reiteradas ocasiones, las órdenes y los requeri-mientos de la ODIN y de este Tribunal.

Sin lugar a dudas, el patrón de conducta desplegado por el licenciado Núñez Vázquez constituye un patrón de desi-dia y refleja falta de interés en continuar ejerciendo la notaría. En vista de ello, se le suspende inmediata e inde-finidamente de la notaría.

Además, se ordena al licenciado Núñez Vázquez que so-meta los índices adeudados, so pena de sanciones ulteriores como, por ejemplo, monetaria, referirlo al Tribunal de Pri-mera Instancia para iniciar un proceso de desacato o sus-penderlo indefinidamente de la abogacía. Deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en un tér-mino de treinta días contados a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute la obra y el sello notarial del licenciado Núñez Vázquez y los entre- gue al Director de la ODIN para la correspondiente investi-gación e informe. Notifíquese inmediatamente vía fax, por teléfono, por correo electrónico y por la vía ordinaria.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.

       El licenciado Núñez Vázquez adeudaba los índices de Actividad Notarial Mensual correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 2009, enero a diciembre de 2010, enero a diciembre de 2011, enero a diciembre de 2012, enero a diciembre de 2013 y enero a septiembre de 2014.

       Al momento de disponer de este caso, el notario adeuda, además, los índices de Actividad Notarial Mensual correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2014, así como de enero a marzo de 2015. De igual manera, adeuda el Informe Estadístico de Actividad Notarial Anual correspondiente al año natural 2014.


text:
      In re Carlos R. Rodríguez García.

      Número: CP-2015-6

      Resuelto: 3 de marzo de 2017

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Karla Z. Pacheco, subprocuradora general, Yazairamarie Lugo Fon-tánez y Ménica Cordero Vázquez, procuradoras generales auxiliares, abogadas de la parte querellante; Carlos R. Ro-dríguez García, pro se; Crisanta González Seda, comisio-nada especial.
   per curiam:

Nos corresponde analizar si el Ledo. Carlos Rodríguez García incurrió en conducta contraria al Código de Ética Profesional al solicitarle a una persona que fin-giera ser su representado durante una vista preliminar como estrategia para cuestionar la precisión de una identificación. Concluimos que violó los Cánones 5, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, infra.

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El licenciado Rodríguez García fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de noviembre de 1980 y a la notaría el mes siguiente. En 1986 fue nombrado Juez de Distrito, del entonces Tribunal de Distrito. Posteriormente, fue nom-brado Juez Superior. Función que desempeñó hasta 1994, cuando se reintegró a la práctica privada.

Este proceso disciplinario sobre el licenciado Rodríguez García surgió como consecuencia de un acta y resolución enmendada suscrita por la Hon. Laura Liz López Roche que se elevó ante la consideración de este Tribunal y tiene su origen en un caso de naturaleza criminal. Según se des-prende del acta y resolución enmendada, se presentaron dos denuncias contra el Sr. Gabriel Quiñones Rivera por violaciones de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. El imputado quedó citado para una vista preliminar y se designó al licenciado Rodríguez García como su abo-gado de oficio.

El licenciado Rodríguez García acudió a la referida vista preliminar acompañado por una persona que pretendió ser su representado. Un agente de la Policía declaró como tes-tigo del Ministerio Público e identificó a la persona que estaba sentada detrás del licenciado Rodríguez García como la que le vendió cocaína a ciertos coimputados. Mien-tras el Ministerio Público interrogaba al agente, el licen-ciado Rodríguez García interrumpió en varias ocasiones para preguntar si la persona que él identificó en sala como el vendedor de las sustancias controladas era la persona que se encontraba sentada a sus espaldas. El agente con-testó afirmativamente sus preguntas.

Una vez culminó el interrogatorio directo del Ministerio Público, el licenciado Rodríguez García contrainterrogó al agente e inquirió sobre si estaba seguro de que la persona que identificó era el imputado. El agente contestó nueva-mente que sí. Tras esa respuesta, el licenciado Rodríguez García solicitó permiso para atender una llamada telefó-nica fuera de sala. Minutos más tarde, el licenciado Rodrí-guez García regresó a esta. Luego una persona entró y se sentó en el primer banco del público. Sin solicitar autori-zación, el licenciado Rodríguez García le requirió a esa persona que pasara al frente.

En ese momento, la jueza López Roche se percató de que esta persona “tenía la misma fisionomía del que estaba en sala como imputado en el banco de los detenidos”. Acto seguido, el licenciado Rodríguez García le preguntó al agente que declaraba si al observar a ambas personas te-nía alguna duda de que la persona que vio el día de los hechos era quien identificó previamente y compareció como imputado en la vista. El agente contestó que la persona que observó en la vigilancia y que fue arrestada exhibía un tatuaje de una cruz en uno de sus brazos. El Ministerio Público cuestionó inmediatamente el proceder del licen-ciado Rodríguez García. En ese instante, la jueza López Roche le advirtió de que no había solicitado permiso del tribunal para realizar ese “experimento” y su actuación po-día constituir un fraude, así como una violación del Código de Ética Profesional.

El licenciado Rodríguez García le exhortó a la persona que estaba sentada como imputado que mostrara su brazo y al hacerlo se notó que no tenía marca alguna. Por su parte, el tribunal le exigió a la otra persona que llegó con posterioridad a la vista que descubriera su brazo. El licen-ciado Rodríguez García se opuso a la petición y alegó que constituía una violación del derecho a no incriminarse. Esa otra persona indicó que no tenía marcas en sus brazos. El tribunal denegó la objeción del licenciado Rodríguez García y, a petición del Ministerio Público, le exigió a la persona sentada en el público enseñar su brazo. Al así hacerlo, se percató de que la persona tenía el tatuaje de la cruz al que hizo referencia el agente.

La jueza citó una reunión en cámara entre las partes, sus representantes legales y los otros agentes del orden público que intervinieron en el caso. Allí, otro agente tam-bién identificó a la persona que tenía el tatuaje en su brazo como el verdadero imputado. Como resultado, el tribunal ordenó que se analizaran las huellas dactilares de la persona que compareció como imputado con el propósito de compararlas con las que se le tomaron a la persona que fue arrestada el día de los hechos. Además, exigió que los re-sultados le fueran notificados oportunamente.

Un tiempo después, el Ministerio Público presentó un escrito en el cual incluyó los resultados de la comparación de las huellas dactilares y una declaración jurada de la persona que compareció como imputado a la vista prelimi-nar junto al licenciado Rodríguez García. La declaración jurada fue suscrita por el Sr. Phillip G. Quiñones Rivera y expuso lo siguiente:

[...] Me estaba acabando de levantar. Suena el teléfono y mi tía Norma lo contesta y me dice que es mi hermano. Mi hermano es gemelo conmigo y se llama Gabriel Quiñones. Contesto el teléfono y mi hermano me dice que el abogado de él llamó diciéndole que yo fuera a la oficina del abogado para verlo.
Fui a casa de mi mamá a buscar a mi hermano Gabriel, para ir a la Oficina del licenciado Carlos Rodríguez García en Hato Rey, ya que en el día de hoy mi hermano Gabriel tenía un caso por venta de drogas. Yo le pregunté para qu[é] el abogado me quería y él sólo me dijo que el abogado me quería ver. Yo le dije que iba a verlo, pero que me tenía que ir porque iba a trabajar.
Cuando llegamos a la oficina del abogado, el abogado me dijo que fuera con él para la Sala del Tribunal. El abogado le dijo a mi hermano que se quedara en la oficina y a mí me dijo que lo acompañara al Tribunal. Llegamos al Tribunal, subi-mos a la Sala 606. Estuvimos allí esperando a que llegara el Juez. Cuando llegó la Juez, me dijo que me sentara detrás de él. Me senté detrás del abogado. Ahí empezaron a hablar lo del caso[;] un guardia me señaló como si yo fuera vendedor de drogas. Yo me quedé callado, pero estaba sorprendido, porque no sabía lo que estaba pasando. El abogado le pide al [sic] Juez un receso y se lo dan. El abogado sale afuera a hacer una lla-mada y yo me quedé sentado donde estaba. Entró al [sic] abo-gado, [y] regresó la Jueza para continuar. Ahí, empezó el abo-gado de mi hermano a decirle al Agente que si estaba seguro de que era yo, la persona que había visto vendiendo drogas. El agente le contestó que sí. En ese momento veo que mi hermano Gabriel entra y se sienta con las demás personas en la primera fila. Vuelve y le pregunta al guardia si estaba seguro y le hace señas a mi hermano de que se pare y me hace señas a mí de que me pare y le pregunta al guardia, que cuál de los de los [sic] era el vendedor que él había visto. Ahí, la Jueza par[ó] el caso. La Jueza le dijo, que si era un testigo, que tenía primero que pe-dirle permiso. Entonces, la Juez, el Fiscal y los abogados se reunieron en la parte de atrás. Cuando salieron la Juez dijo que me sacaran huellas para comparar con las de mi hermano, para saber cuál era cuál. Apéndice, págs. 24-25.

Según se desprende de los resultados de la comparación, las huellas dactilares del Sr. Phillip G. Quiñonez Rivera, quien fingió ser el imputado en la vista preliminar, no co-rrespondieron con las de la persona que fue arrestada e imputada de delito. Quedó demostrado que esas huellas dactilares pertenecen al Sr. Gabriel Quiñones Rivera. Por consiguiente, el tribunal entendió que la actuación que desplegó el licenciado Rodríguez García durante la vista preliminar podía constituir una violación del Código de Etica Profesional. Así, en cumplimiento con el Canon 16 de Etica Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, refirió el asunto ante nuestra consideración para la acción correspondiente.

Tras los trámites de rigor que incluyeron la presentación de la querella correspondiente por la Oficina de la Procura-dora General y la designación de orna Comisionada Especial, se celebró una vista. En ella, el licenciado Rodríguez García solo presentó su propio testimonio. Luego de la vista, la Co-misionada Especial rindió un informe en el cual determinó que el licenciado Rodríguez García infringió los Cánones 5, 9, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, infra. El licen-ciado Rodríguez García tuvo la oportunidad de expresarse sobre el informe. Sometido el caso en los méritos para su adjudicación, este Tribunal se encuentra en posición de ejer-cer su poder disciplinario.

I WH

Como tantas veces hemos expresado, los cánones del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, recogen las normas de conducta de quienes ejercen la profesión legal. In re Hernández González, 188 DPR 721, 727 (2013). Su fin es garantizar un comportamiento ejemplar por parte de los abogados en el desempeño de su delicada e importante labor como funcionarios de los tribunales, para que se desempeñen acorde con los principios más altos de conducta decorosa. Ese comportamiento íntegro es vital para el beneficio de la ciudadanía, la profesión legal y las instituciones de justicia. In re Rivera Navarro, 193 DPR 303, 310 (2015). No olvidemos que los abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, por lo que recae en sus hombros actuar con un sentido excelso de responsabilidad y tienen ante ellos la misión de enaltecer la administración de la justicia. In re Pagán Torres, 194 DPR 925, 930 (2016).

A. Conducta como defensor o fiscal

El Canon 5 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone, entre otros asuntos, que después que un abogado asume la defensa de un acusado tiene el deber de presentar, por todos los medios rectos y honora-bles, cualquier defensa que las leyes vigentes permitan con el fin de que ninguna persona sea privada de su vida o de su libertad sin el debido proceso de la ley. Asimismo, se reconoce como un deber primordial del abogado defensor procurar que se haga justicia. íd. Este deber requiere del abogado defensor, como miembro de la clase togada, estar plenamente comprometido con el esclarecimiento de la ver-dad y procurar que se imparta justicia, Por eso, es “alta-mente reprochable el que un abogado produzca o trate de producir prueba falsa ante un tribunal”. In re Delgado Rodríguez, 178 DPR 625, 627 (2010).

B, Conducta del abogado ante los tribunales

Como parte de sus obligaciones éticas, todo abo-gado tiene un deber inexcusable de respeto a los tribunales. Así lo indica el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. EX C. 9, cuando expone que “el abogado debe observar para con los tribunales una con-ducta que se caracterice por el mayor respeto”. El canon reconoce que ese deber incluye “la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos [...] contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales”. Sobre este deber hemos expresado que “el que un abogado defienda apasionada y diligentemente la causa de acción de su cliente, no es incompatible con la exigencia de que cuando vaya a dirigirse al tribunal lo haga respetuosa [mente]”. In re Crespo Enríquez, 147 DPR 656, 663 (1999). Precisamente, para propiciar la buena admi-nistración de la justicia, en numerosas ocasiones hemos reiterado que este precepto ético exige de todo abogado el cumplimiento diligente de las obligaciones asumidas y las órdenes de los foros judiciales. In re González Cardona, 179 DPR 548, 564 (2010). Esto es así en vista de que el abogado, además de defensor de su cliente, es colaborador de la justicia y funcionario del tribunal. Íd.

C. Sinceridad y honradez

Por su parte, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone, en lo pertinente, lo si-guiente:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando arti-ficios o una falsa relación de los hechos o del derecho.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar testigos, al redactar affidavit u otros documentos, y al presentar las causas. (Énfasis suplido).

Como se puede colegir, este Canon les exige a los aboga-dos ser sinceros y honrados con sus representados, sus compañeros abogados y el tribunal. En ese sentido, hemos expresado que el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, requiere que la conducta de todo miembro de la pro-fesión se caracterice por la sinceridad y la honradez. In re López González, 171 DPR 567, 574 (2007). Añade el pre-cepto que no es sincero ni honrado utilizar medios incompatibles con la verdad, ni se debe inducir a error al juzga-dor mediante artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. In re Torres Viñals, 180 DPR 236, 246 (2010). “Todo el entramado de nuestro sistema judicial se erige sobre la premisa de que los abogados, sobre quienes recae principalmente la misión de administrar la justicia, han de conducirse siempre con integridad ante los foros judiciales”. In re Currás Ortiz, 141 DPR 399, 402 (1996).

Este canon comprende el compromiso incondi-cional de un abogado con la verdad, atributo inseparable de la justicia. In re Torres Viñals, supra, pág. 247. De esta manera, xm abogado que falta a la verdad infringe el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, indepen-dientemente de los motivos que lo movieron a incurrir en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado a tercero alguno. In re Grau Acosta, 172 DPR 159, 175 (2007). Con-forme a lo anterior, el abogado que provee información falsa al tribunal o que no se ajuste a la verdad, o que oculte información que deba ser revelada, incumple con este canon aunque no haya obrado de mala fe o deliberadamente, no haya tenido la intención de engañar o no haya causado daño a un tercero. In re Zapata Torres, 176 DPR 545, 554 (2009). En torno a esta responsabilidad ética, nos parece oportuno reproducir íntegramente nuestras expresiones en Berríos v. U.P.R., 116 DPR 88, 91 (1985):

[...] Es imperativo alertar que el deber de lealtad del abogado a la justicia y a la verdad no es menor que la debida a su cliente. Ambas fidelidades deben armonizarse. La conducta de un abogado no debe obstaculizar la función adjudicativa de un tribunal so pretexto de promover los intereses de su cliente. El éxito de su representación no puede descansar en “habilidades o destrezas técnicas” que burlan elementales principios de justicia. La gestión profesional del abogado durante todo el proceso judicial tiene que estar a la altura de su encomienda como auxiliar y colaborador de nuestros tribunales de justicia. Como elemento indispensable en la búsqueda de la verdad, su conducta debe ser franca y honesta. Su proceder, no puede apartarse de la buena fe y el trato justo al adversario sin ex-poner a su cliente a las consecuencias legales de tal omisión. “A nuestro modo de ver, el deber de decir la verdad existe, porque es un deber de conducta humana. Pero lo que el pro-ceso requiere no es solamente la verdad formal; requiere la lealtad, el juego limpio y no el subterfugio”. [...] Nuestro sis-tema adversativo tiene límites, la justicia le sirve de norte y la ética como principio rector lo circunscribe a fines superiores sobre los cuales descansa nuestra convivencia, (Énfasis suplido).

D. Preservación del honor y dignidad de la profesión

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, impone sobre las personas admitidas a la práctica de la abogacía el imperativo de esforzarse en exal-tar el honor y la dignidad de su profesión al máximo de su capacidad. También, deben conducirse de forma digna y honorable. Id. En su conducta como funcionarios del tribunal, los abogados deben aportar cabalmente a la consecu-ción de una mejor administración de la justicia. íd. Sin lugar a dudas, este canon impone sobre los abogados una obligación de ejercer actos afirmativos con el fin de lograr que la administración de la justicia opere adecuadamente. In re Hoffmann Mouriño, 194 DPR 179, 188 (2015). Para ello, deben realizar aportaciones cabales y se deben esfor-zar, al extremo que les sea posible, por exaltar el honor y la dignidad de la profesión. Íd. Ante la alegación de que un abogado infringió esta parte del Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, nos corresponde entonces evaluar las circunstancias particulares y específicas de la infrac-ción imputada. Íd.

H-i HH ! — i

La Oficina de la Procuradora General fundamentó la violación del Código de Ética Profesional en la conducta del licenciado Rodríguez García al perpetrar un “experimento” durante una vista preliminar. En su informe, la Comisio-nada Especial nos afirma que el licenciado Rodríguez Gar-cía aceptó la conducta tal y como la describió la jueza Ló-pez Roche en el acta y resolución enmendada que dio inicio a este procedimiento disciplinario. Como resultado, con-forme nos informa la Comisionada Especial, no existe con-troversia alguna sobre lo acontecido en la vista preliminar.

La defensa del licenciado Rodríguez García, expresada en los distintos escritos presentados en este proceso y en su testimonio ante la Comisionada Especial, es que su “único error” fue no anticiparle al tribunal, en ausencia del agente del orden público, que llevaría a cabo un “experi-mento” en sala dirigido a cuestionar la identificación que se realizó de su cliente imputado. Niega rotundamente que su conducta haya infringido los cánones del Código de Ética Profesional, según se le imputa. Fundamenta su posición en que no se evidenció que haya presentado alguna prueba falsa en el caso o que haya incurrido de manera alevosa en un engaño o acto deshonrado.

Los hechos probados establecen que el licenciado Rodrí-guez García conocía que su cliente imputado tenía un her-mano gemelo idéntico y le solicitó a su cliente que lo citara a su oficina. Además, le pidió al hermano que lo acompa-ñara a la sala del tribunal donde se celebraría la vista preliminar, mientras que instruyó al verdadero imputado permanecer en otro lugar. El licenciado Rodríguez García reconoce abiertamente que ideó este esquema para impug-nar la identificación que se hizo de su cliente. Sin embargo, según acepta, lo hizo sin informarlo al tribunal y sin pro-curar la autorización debida. No tenemos la menor duda de que este proceder no constituye un medio recto, honorable, ni permitido para defender los intereses de un cliente acu-sado en un procedimiento judicial criminal. Representar que una persona es el imputado con pleno conocimiento de que no lo es, descerraja crasamente el deber primordial de un abogado defensor de procurar el esclarecimiento de la verdad. La conducta se torna peor cuando se realiza con la finalidad de lograr que el testigo que identificaría al impu-tado en corte se equivoque. Este tipo de representación constituye un fraude al tribunal que obstruye la búsqueda de la verdad, la administración de la justicia e induce a error al juzgador, al testigo y al Ministerio Público. Ade-más, esa estrategia de defensa es incompatible con el es-clarecimiento de la verdad y la consecución de la justicia. Violó el Canon 5 del Código de Ética Profesional, supra.

Con respecto al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, surge de los hechos probados que el licenciado Rodríguez García le representó al tribunal que el imputado era la persona sentada tras él, cuando realmente el impu-tado ni siquiera se encontraba presente en sala. En otras palabras, representó un hecho falso que de revelarse desde un inicio habría resultado en una determinación automá-tica de causa probable para juicio, por incomparecencia. Véase Pueblo en interés menor F.R.F., 133 DPR 172, 185-186 (1993). Por otra parte, cuando el agente de la Policía fue confrontado con las dos personas idénticas y manifestó que podía identificar al verdadero imputado por un tatuaje en el brazo, el licenciado Rodríguez García le pidió a la persona que sabía que no era su cliente que mostrara el brazo, pero se opuso a que el verdadero imputado hiciera lo propio. Derivamos de esos hechos que el licenciado Rodrí-guez García no solo representó una falsedad, sino que in-tentó encubrirla. Al ocultar que suplantó al imputado en la vista preliminar, el licenciado Rodríguez García no se ajustó a la verdad —representó que su cliente era otra persona— y ocultó información que debía ser revelada —se opuso a que el tribunal constatara quién era la persona con el tatuaje — . No es sincero ni honrado utilizar medios fal-sos, ni se debe inducir al tribunal a error a través del uso de artificios o falsas representaciones. Con su “experi-mento” y conducta posterior, el licenciado Rodríguez Gar-cía empleó una táctica que atentó contra la verdad, con la consecuencia ineludible de crear un ambiente de confusión en sala. Aunque el licenciado Rodríguez García aseguró que su intención no fue inducir a error al tribunal ni fal-sear la verdad, ese fue el resultado inevitable de su actuación. Reafirmamos que ninguna conducta de un abo-gado debe obstaculizar la función adjudicativa de un tribunal al adulterar la realidad, so pretexto de promover los intereses de su cliente. La conducta de todo letrado debe ser siempre franca, honesta y enmarcada en la veracidad.

El licenciado Rodríguez García violó también el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. No realizó actos afirmativos para que la administración de la justicia ope-rara adecuadamente durante la vista preliminar, sino todo lo contrario. De igual modo, tampoco intentó corregir la incertidumbre que creó con su “experimento”. Específica-mente, de los hechos probados se desprende que, luego de la situación en sala, el tribunal convocó una reunión en cámara entre las partes, sus representantes legales y los otros agentes del orden público que intervinieron en el caso. En esa reunión, otro agente del orden público identi-ficó a la persona que tenía el tatuaje como el verdadero imputado y el tribunal ordenó que se analizaran las hue-llas dactilares de ambos individuos. En ese momento, el licenciado Rodríguez García pudo aclarar la confusión que proporcionó su falsa representación pero no lo hizo. No fue hasta que el Ministerio Público presentó los resultados del examen de las huellas dactilares y la declaración jurada del señor Phillip G. Quiñones Rivera, que el tribunal supo plenamente lo que había transcurrido durante la vista preliminar.

El proceder del letrado falló en exaltar el honor y la dignidad de su profesión, y provocó que el tribunal desper-diciara recursos públicos en ordenar una prueba de huellas dactilares. La duda que surgió con respecto a la identifica-ción del imputado fue producto directo del empleo de una estrategia incompatible con la búsqueda de la verdad y su efecto perduró por la falta de actos afirmativos del licen-ciado Rodríguez García para corregir la situación. Es decir, los actos y las omisiones del licenciado Rodríguez García provocaron la interrupción del proceso judicial, que se tu-viera que ordenar una prueba pericial para aclarar lo acon-tecido, que otro ciudadano estuviera en riesgo de ser impu-tado por la comisión de un delito, y que el verdadero imputado perdiera su derecho a defenderse en una vista preliminar.

Por último, no hallamos una violación del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, ya que si bien el proceder del licenciado Rodríguez García es altamente re-prochable y de un análisis literal se podría catalogar como una falta de respeto al tribunal, su conducta no es la que este Tribunal ha reconocido que se busca sancionar a tra-vés de ese precepto ético. En las innumerables ocasiones que hemos interpretado esta parte del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, hemos reconocido que la falta de respeto que allí se sanciona es la que menosprecia la autoridad de los tribunales, ya sea porque un abogado se dirigió de forma soez, indecorosa o vulgar, desacató las ór-denes emitidas por los foros judiciales o sus dependencias, no notificó cambios en su dirección postal o física, realizó imputaciones o ataques infundados a un juez, cuestionó maliciosamente la dignidad, honestidad y ecuanimidad de los miembros de la judicatura, propició un trato discrimi-natorio e incurrió en incomparecencias injustificadas, en-tre otras. Véanse: In re Crespo Enríquez, supra; In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368 (2014); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821 (2011); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011); In re Valcárcel Mulero I, 142 DPR 41 (1997). En un sentido más específico, el deber de respeto que surge del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra se mani-fiesta en dos vertientes específicas: el mandato de respetar las órdenes y directrices emitidas por los tribunales (res-peto a la autoridad judicial) y la obligación de respetar a los jueces, empleados y funcionarios del tribunal en sus comparecencias e interacciones con estos (respeto de carác-ter cívico). S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 312.

IV

Este Tribunal ha elaborado una serie de criterios que se analizarán al momento de determinar la sanción disciplinaria que se impondrá sobre aquellos abogados que hayan incurrido en conducta reñida con los postulados éticos. Esos elementos incluyen: (1) la buena reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si la falta bajo análisis constituye su primera falta; (4) su aceptación de la falta y su arrepentimiento sincero; (5) si se trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (7) el resarcimiento del cliente, y (8) cualquier otra consideración, atenuante o agravante, que suija de los hechos. In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 587 (2015); In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 396 (2014); In re Plaud González, 181 DPR 874, 887-888 (2011).

Existen en este caso ciertos criterios atenuantes a favor del licenciado Rodríguez García. Sostuvo que goza de buena reputación en la profesión y el caso que originó este asunto le fue asignado de oficio, por lo que no obtuvo bene-ficio económico alguno. Sin embargo, hay más situaciones agravantes que atenuantes. Al día de hoy, el licenciado Ro-dríguez García insiste en que su conducta no infringió los postulados éticos de nuestra profesión. No reconoce la gra-vedad de su conducta. Reitera que su única falla fue no haber notificado que se llevaría a cabo el experimento de impugnación de la identificación del imputado de delito. Por otro lado, pesa sobre nuestro análisis el hecho de que debido a la actuación del licenciado Rodríguez García su cliente perdió la oportunidad de ejercer su derecho a for-mular una defensa adecuada durante la vista preliminar. Además, no podemos pasar por alto que el licenciado Ro-dríguez García, luego de representar un hecho falso ante el tribunal, no tomó acción alguna para corregir la confusión creada, aunque tuvo plena oportunidad de hacerlo. En ese sentido, no estamos ante una conducta aislada, sino ante una secuencia de infracciones suscitadas durante y des-pués de la vista preliminar. Asimismo, el Estado tuvo que gastar sus recursos en aras de esclarecer una falsa repre-sentación que se le hizo en sala.

V

Tras un análisis ponderado de las actuaciones del licenciado Rodríguez García, concluimos que violó los Cánones 5, 35, y 38 del Código de Ética Profesional, supra, pero no el Canon 9, supra.

Por consiguiente, ordenamos la suspensión inmediata del Ledo. Carlos Rodríguez García de la práctica de la abo-gacía y de la notaría por un término de seis meses. El licen-ciado Rodríguez García deberá notificar de inmediato a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá conti-nuar proveyéndoles consultaría ni representación legal, y debe devolver a estos los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar inmediata-mente de su suspensión a todos los foros judiciales y admi-nistrativos en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar a este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, en el término de treinta días, contados a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inme-diatamente la obra y el sello notarial del licenciado Rodrí-guez García y los entregue al Director de la Oficina de Ins-pección de Notarías para la investigación y el informe correspondientes, Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco lo suspende-ría por tres meses. El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.


text:
      In re Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado.

      Número: EC-2017-02

      Resuelto: 3 de marzo de 2017
   RESOLUCIÓN

Mediante Resolución de 3 de abril de 2003 designamos el Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado (Comité), adscrito al Secretariado de la Conferen-cia Judicial y Notarial (Secretariado), integrado por un grupo de profesionales del Derecho con amplia experiencia en la práctica penal. In re Comité Revisión Manual, 159 DPR 161 (2003).

Tras la aprobación del Código Penal en virtud de la Ley Núm. 149-2004, este Tribunal reconstituyó el Comité me-diante Resolución de 1 de noviembre de 2004, In re Comité Revisión Manual, 163 DPR 222, 223 (2004). En aquel en-tonces ampliamos los trabajos del Comité para la conside-ración debida de las disposiciones del Código Penal. Íd., págs. 222-223.

El 2 de jimio de 2006, el Comité entregó formalmente su Proyecto Final del Libro de Instrucciones al Jurado (Proyecto). Véase In re Agrad. Miembros Comité Jurado, 168 DPR 553 (2006). El 21 de julio de 2006 solicitamos al Secretariado que, junto con la Academia Judicial Puertorri-queña, sometiera el Proyecto a un proceso de consulta in-terna para que, evaluados los comentarios recibidos, remi-tiera sus recomendaciones a este Tribunal. Íd., págs. 553-554. En septiembre de 2008, el Secretariado presentó el Proyecto del Libro de Instrucciones al Jurado encomendado.

Sabido es que, mediante la Ley Núm. 146-2012, según enmendada por la Ley Núm. 246-2014 (33 LPRA sec. 5001 et seq.), se aprobó el Código Penal de Puerto Rico vigente. Igualmente, en el 2009 se adoptaron unas nuevas Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, y posterior al 2008, las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA. Ap. II, han sido enmendadas en varias ocasiones. Ello, sumado al desarro-llo jurisprudencial en torno a dichos principios o preceptos, hace necesaria la revisión del Proyecto para actualizar su contenido en conformidad con el ordenamiento penal vigente.

Con miras a descargar esta importante e indispensable encomienda, se reconstituye el Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado, adscrito al Secreta-riado, el cual estará compuesto por miembros de la Judica-tura, la Academia Judicial Puertorriqueña, abogados y abogadas de la práctica privada y funcionarios públicos. Se nombran como miembros del Comité a las personas si-guientes:

Hon. Julio De la Rosa Rivé, presidente
Hon. Wanda Cruz Ayala
Hon. Berthaida Seijo Ortiz
Leda. Ygri Rivera de Martinez
Ledo. Ernesto L. Chiesa Aponte
Ledo. Harry Anduze Montaño
Ledo. Asdrubal Domenech Rosa
Ledo. Félix Fumero Pugliessi
Ledo. Héctor Quiñones Vargas
Ledo. José Andréu Fuentes
Leda. Bárbara M. Sanfiorenzo Zaragoza
Leda. Alma Méndez Ríos

La Fiscal General del Departamento de Justicia o la persona a quien esta designe como su representante

El Director Ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal o la persona a quien éste designe como su represen-tante

El Comité contará con el apoyo jurídico y técnico del Secretariado para cumplir con esta encomienda en un plazo no mayor a un año. Se faculta al Comité para crear subcomités de trabajo con el propósito de que la tarea se culmine en el término provisto.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

CFdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


text:
      In re Arsenio Marín Serrano.

      Número: TS-8845

      Resuelto: 9 de marzo de 2017

      Manuel E. Avila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Nuevamente tenemos ante nuestra conside-ración la conducta de un profesional del Derecho que des-atendió las órdenes de este Tribunal. Específicamente, al incumplir con los deberes que se derivan del Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En consecuen-cia, por los fundamentos que enunciamos a continuación, ordenamos su suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la abogacía y la notaría.

1 — !

El Lcdo. Arsenio Marín Serrano (licenciado Marín Serrano) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de enero de 1988 y a la práctica de la notaría el 8 de febrero del mismo año. El 18 de octubre de 2016, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) presentó un In-forme especial solicitando auxilio del Tribunal y notifi-cando estado de obra notarial incautada. En ese docu-mento expresó que el 21 de junio de 2016 un Inspector de Protocolos y Notarías (Inspector) se personó a la sede notarial del licenciado Marín Serrano para realizar un exa-men ordinario previamente coordinado y notificado al notario. Durante el examen preliminar el Inspector se per-cató que, de los cuatro libros de Registro de Testimonios que produjo el notario en ese momento, este había omitido cancelar el correspondiente sello a favor de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL). De la obra examinada identificó una deficiencia arancelaria de $4,206.

Así las cosas, el Inspector solicitó al notario que facili-tara la obra protocolar bajo su custodia, incluyendo la exa-minada y aprobada hasta el 2002. Sin embargo, el notario le expresó que esta se encontraba en un local comercial arrendado cuya llave había entregado. Ante esta situación, considerando las condiciones en que eran custodiados los Libros de Registro de Testimonios, se solicitó la anuencia del Director de la ODIN para incautar los libros y el sello notarial del notario.

Transcurridos aproximadamente dos meses desde el su-ceso, se identificó el lugar donde ubicaba la obra protocolar. Por consiguiente, se incautó preventivamente y se depositó en el Archivo Notarial del Distrito de San Juan. Concluida la inspección correspondiente, el Director de la ODIN nos remitió un Informe de señalamiento preliminar de faltas. En este señaló un sinnúmero de deficiencias.

Posteriormente, mediante Resolución de 1 de noviembre de 2016 concedimos al licenciado Marín Serrano un tér-mino improrrogable de treinta días naturales para que presentara los informes de actividad notarial. Además, concedimos un término improrrogable de noventa días na-turales para subsanar las deficiencias señaladas en la obra protocolar. Específicamente, el notario debía entregar el instrumento público pendiente de examen o encaminar su reconstrucción, encuadernar los tomos de Protocolos incau-tados preventivamente y subsanar la deficiencia arancela-ria existente en la obra protocolar que asciende a $4,206. En la referida Resolución también apercibimos al letrado de que el incumplimiento con los términos concedidos con-llevaría la suspensión de la notaría y una posible sanción adicional de suspensión de la abogacía por incumplir con las órdenes de este Tribunal.

Así las cosas, el 2 de febrero de 2017 el Director de la ODIN presentó ante esta Curia una Moción notificando in-cumplimiento de orden y en solicitud de remedios. En esta nos informó que los términos concedidos al licenciado Marín Serrano vencieron el 2 de diciembre de 2016 y el 31 de enero de 2017, respectivamente, sin que el notario cumpliera con lo ordenado. En la moción se hizo constar que “el licenciado Marín Serrano no se [había] comunicado con esta Oficina o ni con este para atender los asuntos esbozados en la Reso-lución y Orden emitida por esta Superioridad”

Ante esta circunstancia, solicitó que se informara lo ex-presado y que, a la luz de la jurisprudencia, se ordenara la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la nota-ría del letrado. También, que se refiriera el asunto a un proceso de desacato ante la Jueza Administradora del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Al día de hoy, el notario no ha comparecido ante nosotros.

II

Como parte de nuestro poder inherente de regular la profesión legal en Puerto Rico nos corresponde asegurar que los miembros admitidos a la práctica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones de manera responsable, competente y diligente, A tono con ello, el Código de Ética Profesional establece las normas mínimas de con-ducta que deben desplegar los abogados y las abogadas que ejercen tan ilustre profesión.

Entre las disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, el cual dispone que los abogados y las abogadas deben “observar para con los tribu-nales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Como funcionarios del sistema judicial, estos tie-nen que mantener una estricta atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se en-cuentre obligado a comparecer. Por lo tanto, todo letrado tiene la obligación de responder diligente y oportunamente a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, particu-larmente en aquellos asuntos relacionados con procedimien-tos disciplinarios sobre su conducta profesional.

Sabido es que el incumplimiento con este deber, demuestra un claro menosprecio a la autoridad del Tribunal. Asimismo, hemos reiterado que la indiferencia a nuestros apercibimientos sobre sanciones disciplinarias constituye causa suficiente para una suspensión inmediata de la práctica de la profesión. De manera que desaten-der nuestros requerimientos es incompatible con la prác-tica de la profesión y constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.

Por otra parte, es harto sabido que todo notario y toda notaría tiene la obligación de cumplir cabalmente con la Ley Notarial de Puerto Rico y su Reglamento. Tal es su importancia, que hemos enfatizado que desacatar los requerimientos cursados por ODIN equivale a ignorar las órdenes del Tribunal. A tales efectos, éstos tienen el in-eludible deber de desempeñarse con esmero, diligencia y estricto celo profesional. Por lo que el incumplimiento con estas fuentes de obligaciones y deberes los expone a la acción disciplinaria correspondiente.

i-H HH i — i

Luego de examinar el expediente de este caso, es forzoso concluir que el licenciado Marín Serrano incumplió con su obligación de remitir a ODIN los informes notariales adeu-dados, subsanar todas las deficiencias señaladas en su obra protocolar y de contestar sus requerimientos. Este tampoco ha comparecido a contestar los señalamientos he-chos por este Tribunal, infringiendo así el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.

A pesar de la oportunidad y el apercibimiento que le concedimos al licenciado Marín Serrano, este ha desaten-dido nuestra autoridad como foro regulador de la profesión legal.

IV

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el licenciado Marín Serrano infringió el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, al incumplir con su deber de responder diligentemente los requerimientos de esta Curia. En consecuencia, decretamos su suspensión inme-diata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría.

En vista de lo anterior, le imponemos el deber de notifi-car inmediatamente a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolver cualesquiera honora-rios recibidos por trabajos no realizados e informar inme- diatamente de su suspensión a los foros judiciales y admi-nistrativos de Puerto Rico en el que tenga algún caso pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar y certi-ficar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, en el término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión per curiam y Sentencia. Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia al señor Marín Serrano a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Además, notifíquese al Secretario de Justicia para que tome la acción que estime pertinente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Surge del referido informe que los cuatro libros de Registro de Testimonios contenían los Asientos Núms. 1 al 6,944. El notario había omitido cancelar el corres-pondiente sello a favor de SAL a partir del Asiento Núm. 4,643.

       Entre las deficiencias señaladas se encuentran las siguientes: encuaderna-ción, foliación, redacción de nota de apertura y cierre e índice de los tomos de Proto-colos formados para los años naturales 2014 y 2015; falta de firma e iniciales de partes otorgantes en instrumentos públicos; omisión de firma, signo, sello y rúbrica en instrumentos; omisión de la valoración de edificación; se omitió acreditar la capa-cidad representativa de las partes otorgantes y advertir la necesidad de ratificar el negocio jurídico celebrado; se omitió esbozar advertencias legales necesarias relacio-nadas con el negocio jurídico instrumentado; se omitió cancelar sellos de rentas in-ternas, Impuesto Notarial y SAL en instrumentos públicos otorgados y en Asientos de Testimonios Registrados. Véase Informe especial solicitando auxilio del tribunal y notificando estado de obra notarial incautada, pág. 3.

       Moción notificando incumplimiento de orden y en solicitud de remedios, págs, 1-2.

        In re Montalvo Delgado, 196 DPR 542 (2016); In re Sepúlveda Torres, 196 DPR 50 (2016); In re Oyola Torres, 195 DPR 437 (2016); In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 226 (2015).

        In re Sepúlveda Torres, supra; In re Oyola Torres, supra. Véanse, además: In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014); In re Falcón López, 189 DPR 689, 695 (2013).

       4 LPRA Ap. IX, C. 9.

        In re Rodríguez Quesada, 195 DPR 967 (2016); In re Stacholy Ramos, 195 DPR 858 (2016); In re Crespo Peña, 195 DPR 318 (2016).

        In re Vera Vélez, supra, pág. 226.

        In re Rodríguez Quesada, supra, Véanse, además: In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 390-391 (2014); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014).

        In re Vera Vélez, supra, págs. 226-227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1, 3 (2011).

        In re Figueroa Cortés, 196 DPR 1 (2016).

       4 LPRA sec. 2001 et seq. y 4 LPRA Ap. XXIV, respectivamente.

        In re Rodríguez Zayas, 194 DPR 337, 342 (2015).

        In re Martínez Sotomayor I, supra, págs. 3-4.

       Íd.


author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

text:
    Partido Nuevo Progresista, representado por su Secretario General, Rafael “June” Rivera, recurrido, v. Comité Local PNP Gurabo, por conducto de Vimarie Peña Dávila y otros, peticionarios.

      Número: CC-2017-0146

      Resuelto: 3 de marzo de 2017

      Rómulo Suero Ponce, abogado del Comité del Partido Nuevo Progresista de Gurabo, parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinada la “Solicitud urgente en auxilio de jurisdic-ción” y la “Petición de certiorari”, se provee “no ha lugar” a ambas.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, mediante co-rreo electrónico y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez y los Jueces Asociados Señores Estrella Martínez y Co-lón Pérez proveerían “ha lugar” a ambos recursos. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al cual se unieron la Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez,

al cual se unen la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez.

Nos encontramos ante una controversia de alto interés público en la cual tuvimos la oportunidad de pronunciar-nos en cuanto a cuál es el procedimiento aplicable para seleccionar a un nuevo alcalde de un municipio cuando el electo no juramentó. En ese sentido, nos correspondía de-terminar si en estos supuestos aplican las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 o de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ante la importancia de los procesos electorales, considero que este Tribunal debió ejercer su rol de máximo adjudicador y atender el recurso presentado. Particularmente, considero que procedía rea-firmar la vigencia del Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 LPRA sec. 4103), el cual dispone de forma expresa y específica el proceso que debe seguirse en circunstancias en que el alcalde electo no toma posesión del cargo. No obstante, hoy una Mayoría de este Tribunal declina consi-derar la solicitud en auxilio de jurisdicción y la petición de certiorari presentadas, con el efecto de mantener vigente la sentencia del Tribunal de Apelaciones, y con ello, se sos-tiene una interpretación errada de las disposiciones de es-tos estatutos a los efectos de que el Art. 3.003 de la referida ley fue derogado tácitamente. Ello, en clara contravención con los principios de hermenéutica jurídica. En consecuen-cia, disiento de la determinación tomada por una Mayoría de este Tribunal.

Para una cabal comprensión de este asunto, procedo a exponer el contexto fáctico y procesal en el que se desató la cuestión planteada ante nos.

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Los hechos que originan la controversia ante nuestra consideración tienen su génesis cuando el Sr. Víctor M. Ortiz Díaz, quien fuera el alcalde de Gurabo desde el 2005 hasta el 2016, fue electo a un nuevo término en las pasadas elecciones del 2016. No obstante, el 7 de diciembre de 2016, el Federal Bureau of Investigation (FBI) lo arrestó y fue acusado de corrupción pública por extorsión y solicitar soborno. Ante esto, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) lo suspendió de su puesto de alcalde. Conforme a la ley, el alcalde electo debió haber juramentado el 9 de enero de 2017. Al no hacerlo, la Legis-latura Municipal de Gurabo (Legislatura Municipal) le otorgó un término adicional de quince días para juramen-tar y tomar posesión de su cargo. Transcurrida la prórroga, quedó vacante el puesto de alcalde del municipio de Gurabo. Así las cosas, la Legislatura Municipal decidió lle-nar la vacante y notificó al comité local, conforme a la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos). Sin embargo, no le notificó al organismo estatal. A raíz de ello, el organismo local señaló una asamblea de delegados para el 2 de febrero de 2017.

En desacuerdo con lo anterior, el Partido Nuevo Progre-sista (PNP) presentó una “Petición urgente de entredicho preliminar, injunction preliminar y permanente” ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, contra el Comité Local del PNP en Gurabo (Comité Local) y la Legislatura Municipal. En ésta, los peticionarios solici-taron el auxilio del tribunal y alegaron que las acciones tomadas por el Comité Local y la Legislatura Municipal limitaban el derecho de los electores y la libre competencia entre los aspirantes al puesto de alcalde. Específicamente, argüyeron que la Legislatura Municipal actuó en completa contravención a lo establecido en la Ley Electoral del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Electoral), y que los artículos de la Ley de Municipios Autónomos fueron derogados de forma tácita.

Por su parte, la Legislatura Municipal cuestionó la legi-timación activa del PNP y alegó que la vacante debía lle-narse de acuerdo con el procedimiento establecido en el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4103.

Evaluadas las posturas de las partes, y tras la celebra-ción de una vista el 31 de enero de 2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia en la que deter-minó que el PNP tenía legitimación activa; que no procedía la paralización del proceso de selección del alcalde de Gu-rabo, y que la vacante debía llenarse conforme al proceso que dispone la Ley de Municipios Autónomos.

Particularmente, el foro primario fundamentó su deter-minación en que el citado Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos es la única disposición legal vigente que establece un procedimiento para designar a una persona al puesto de alcalde en el caso particular en el que quien haya sido electo no toma posesión de su cargo. A tales efectos, determinó que el citado artículo se encuentra vigente y no ha sido derogado expresa ni tácitamente por ninguna ley posterior. Por otra parte, expresó que la aplicación del Art. 9.006(4) de la Ley Electoral, 16 LPRA sec. 4146(4), solo se limita al Art. 3.004 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4104, que regula el proceso en situaciones de renuncia, muerte, destitución, incapacidad total o perma-nente o cualquier otra causa. Ello, con excepción del proce-dimiento aplicable cuando un alcalde electo no toma posesión.

Inconformes, el 2 de febrero de 2017, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un Recurso de Apelación. En éste solicitaron que se revocara el dicta-men emitido por el foro primario. Además, argüyeron que erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar impro-cedente el recurso de interdicto presentado por el PNP.

En esa misma fecha, el foro apelativo intermedio ordenó la paralización de todos los procedimientos ante la Legis-latura Municipal de Gurabo y el Comité Local, y le conce-dió un término a los recurridos para presentar los corres-pondientes alegatos en oposición.

Examinados los escritos de las partes, el 6 de febrero de 2017, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia me-diante la cual revocó al foro primario. A esos efectos, dicta-minó que la vacante en el municipio de Gurabo se debía llenar conforme a la Ley Electoral. Fundamentó su deter-minación en que la enmienda realizada a la Ley Electoral en el 2014 extendió la aplicación del Art. 9.006(4) a cual-quier otra causa que ocasione una vacante permanente en el cargo de alcalde fuera del año electoral, lo que incluye aquellos casos en los que el alcalde electo no juramenta. Así, concluyó que la referida enmienda tuvo como objetivo que el proceso de seleccionar a un nuevo alcalde se realice a través de una elección especial. Además, señaló que el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos fue dero-gado tácitamente por las enmiendas realizadas por medio de la Ley Núm. 239-2014, ya que en éstas se establece un procedimiento distinto al dispuesto en la Ley de Munici-pios Autónomos para llenar la vacante de un alcalde electo no juramentado.

En desacuerdo, el 24 de febrero de 2017, el Comité Local recurre a este Tribunal. En síntesis, arguye que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la vacante debe ser llenada conforme al Art. 9.006(4) de la Ley Electoral, supra, y que el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, fue derogado tácitamente. Así pues, argu-menta que el Art. 3.003 es la única disposición legal que reglamenta el procedimiento para cubrir una vacante cuando el alcalde electo no toma posesión por no juramentar. Por lo tanto, aduce que ambas disposiciones legales reglamentan situaciones distintas y que no son con-trarias ni irreconciliables.

Posteriormente, el 1 de marzo de 2017, el referido co-mité presentó una Solitud Urgente en Auxilio de Jurisdic-ción en la cual alegó que a pesar de haberse incoado el certiorari y notificado al Comité Central del PNP, se pu-blicó en el periódico El Vocero una notificación de apertura para presentar candidaturas y se fijó la fecha de elección para el 2 de abril de 2017. Ante estos hechos, y la inmi-nente campaña electoral para la alcaldía que se desarrolla bajo los parámetros delineados por el Comité Central del PNP, solicitó que se paralizara el proceso para cubrir la vacante.

En vista del marco fáctico que antecede, procedo a expo-ner el derecho aplicable.

II

En el descargo de nuestra función adjudicativa, y para un entendimiento cabal de las cuestiones de derecho que se deben analizar y resolver, considero que es menester exa-minar, en primer término, los principios de hermenéutica jurídica aplicables a este caso.

A. Es un principio cardinal de hermenéutica que cuando la ley es clara y libre de ambigüedad, su letra no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14. Véanse, también: Zayas Rodríguez y otros v. PRTC, 195 DPR 720 (2016); Rosado Molina v. ELA y otros, 195 DPR 581 (2016); San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 189 DPR 849, 866 (2013). Cónsono con lo anterior, es norma reiterada que, al interpretar un estatuto, primero debemos remitimos al texto de la ley. Ello, ya que si el legislador se expresó de forma clara e inequívoca, es el pro-pio texto de la ley la expresión misma de la intención legislativa. Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452 (2016); Pueblo v. Torres Santiago, 175 DPR 116, 127 (2008); Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 476-477 (2006). Por lo tanto, no hay que indagar más allá de la ley, con el pretexto de cumplir con el propósito legislativo, cuando su texto es claro. En consecuencia, nos corresponde hacer cumplir la verdadera intención legislativa, según ex-presada en la misma ley. Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forences, 179 DPR 849, 862 (2010).

De igual forma, es de vital importancia interpretar una ley en su conjunto y no por secciones separadas. Rosado Molina v. ELA y otros, supra, pág. 590; Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 939-940 (2010); Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forences, supra, pág. 863. Así, en el ejercicio de nuestra facultad como últimos intérpretes de la ley, de-bemos armonizar todas sus disposiciones en aras de obtener un resultado más sensato, lógico y razonable. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 (2016); Asoc. Fcias v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940; Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 DPR 252, 276 (2000).

No obstante, si existen ambigüedades en la ley habrá que interpretarla de tal forma que no se produzca un re-sultado absurdo o contrario a la intención o propósito legislativo. Rosado Molina v. ELA y otros, supra, pág. 590; IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 740 (2012). En esos casos, los tribunales podrán recurrir a fuen-tes extrínsecas al texto de la ley, como el historial legisla-tivo, los informes de comisiones y los debates legislativos. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 127 (2012); Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 245 (2010); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 539 (1999). Véase, también, R. Elfrén Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 243.

A tenor con lo antes discutido, procedo a examinar las disposiciones pertinentes de la Ley de Municipios Autóno-mos y la Ley Electoral. Veamos.

B. Nuestro ordenamiento jurídico establece el procedi-miento a seguir cuando ocurre una vacante de un cargo público electo. Particularmente, la Ley de Municipios Au-tónomos establece varias disposiciones atinentes al proceso que debe aplicar cuando surge una vacante para el puesto de alcalde. De entrada, el Art. 3.003 de esta ley reconoce expresamente un proceso particular para llenar la vacante cuando el alcalde electo no juramenta luego de su elección. En este caso, se le concederá un término de quince días adicionales, de haber justa causa, para juramentar. Si en ese término no ocurriera, la Legislatura Municipal deberá solicitar al directivo local del partido político que eligió al alcalde un candidato para cubrir la vacante. Si el directivo local no presenta el candidato, procede que la Legislatura Municipal notifique al presidente del partido político al cual pertenezca el alcalde electo, quien cubrirá la vacante con la persona designada por el cuerpo directivo central. 21 LPRA sec. 4103.

Por otro lado, los Arts. 3.004 y 3.005 de la Ley de Muni-cipios Autónomos aplican a otras causales que producen una vacante, tales como renuncia, muerte, destitución, entre otras. 21 LPRA secs. 4104 y 4105. Así, por ejemplo, en los casos de renuncia, la Legislatura Municipal, cuerpo ante el cual se debe presentar la referida renuncia, deberá notificar de forma inmediata al organismo directivo local y al estatal del partido político que eligió al alcalde que renunció. 21 LPRA sec. 4104. No obstante, existe diferencia entre el pro-cedimiento aplicable cuando la renuncia ocurre dentro del año electoral y cuando ocurre fuera de éste.

Si es en la primera circunstancia, es decir, dentro del año electoral, el organismo directivo local deberá someter a la Legislatura Municipal un candidato para sustituir al alcalde renunciante dentro de los quince días desde la notificación. Si no se somete el referido candidato, se de-berá notificar al presidente del partido político, quien cu-brirá la vacante con el candidato que seleccione el cuerpo directivo central. Por el contrario, si la vacante ocurre fuera del año electoral, se debe celebrar dentro de treinta días una votación especial entre los miembros del partido al que pertenecía el alcalde renunciante. Esta votación especial se debe llevar a cabo conforme al Art. 9.006(4) de la Ley Electoral, supra.

Es importante señalar que el proceso dispuesto en el Art. 3.004 de la Ley de Municipios Autónomos fue el resul-tado de la aprobación de la Ley Núm. 239 de 22 de diciembre de 2014, la cual enmendó solamente el aludido artículo de la Ley de Municipios Autónomos, en conjunto con la Ley Electoral. Con esta enmienda se incluyó que se debía noti-ficar al organismo directivo estatal, ya que anteriormente sólo se debía notificar al organismo local.

C. La Ley Electoral, en su Art. 9.006(4), establece una elección especial para llenar la vacante del cargo de alcalde o legislador municipal. 16 LPRA sec. 4146(4). Esta disposi-ción fue enmendada en el 2014 al aprobarse la Ley Núm. 239-2014. Antes de la enmienda, ésta indicaba que cuando ocurriera una vacante se tenía que cubrir según el Art. 3.004 de la Ley de Municipios Autónomos. Con la en-mienda se eliminó esa referencia y se creó un nuevo pro-ceso que se aplicará conforme, y en unión, al precitado ar-tículo de la Ley de Municipios Autónomos, que también fue enmendado.

Ahora bien, se determinó que en caso de renuncia, muerte, destitución, incapacidad total y permanente, o cualquier otra causa que provoque una vacante fuera del año electoral, la Legislatura Municipal deberá notificar de la vacante a los organismos directivos a nivel local y esta-tal del partido político que eligió al alcalde. Sin embargo, le corresponderá al organismo estatal celebrar la elección especial entre los electores afiliados al partido dentro de un término de sesenta días. En caso de que la vacante ocurra en año electoral, se deberá notificar al organismo directivo local del partido político que eligió al alcalde. En esta oca-sión, le corresponderá al mencionado organismo directivo local indicar a la Legislatura Municipal el candidato que sustituirá al alcalde electo, dentro del término de quince días desde la notificación. Si ello no ocurriera, se deberá notificar al presidente del partido político para que proceda a cubrir la vacante con el candidato que proponga el cuerpo directivo central del partido.

HH HH i — I

Discutida la normativa jurídica pertinente, procedo a exponer las razones que me llevan a disentir del curso de acción seguido por una Mayoría de este Tribunal en el caso de epígrafe.

Como expuse, los peticionarios acuden ante nos para que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apela-ciones mediante la cual determinó que ante la vacante sur-gida por la no juramentación del alcalde electo de Gurabo aplica el Art. 9.006(4) de la Ley Electoral, supra. Así, el foro apelativo intermedio concluyó que con la aprobación de la Ley Núm. 239-2014 hubo una derogación tácita del Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos, supra.

Como señalé, la Ley Núm. 239-2014 enmendó la Ley Electoral y también el citado Art. 3.004 de la Ley de Mu-nicipios Autónomos. De esta forma, la Asamblea Legisla-tiva uniformó y atemperó ambas disposiciones legales. Así, en todas las causales de vacantes, excepto el acto de no tomar posesión, contemplado expresamente en el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos, la Rama Legis-lativa incluyó que se debe notificar a los organismos direc-tivos estatal y local del partido político al cual pertenecía el alcalde. No obstante, a pesar de que la mencionada en-mienda modificó el Art. 3.004, esto no ocurrió con el Art. 3.003. Por el contrario, este artículo quedó inalterado.

Ante ello, en este caso nos correspondía determinar si aun cuando el Art. 3.003 quedó inalterado con la enmienda de la Ley Núm. 239-2014, hubo una derogación expresa o tácita. Es decir, debíamos determinar si la enmienda del 2014 se limitó al Art. 3.004 o también aplicaba al Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos, por lo cual habría una contradicción y una posible derogación. Ello resulta impor-tante para resolver cuál disposición legal es la aplicable cuando el alcalde electo no toma posesión de su cargo en el término indicado en la ley.

De un análisis de ambas disposiciones legales se desprende, con meridiana claridad, que si bien las dos con-tienen algún proceso en el cual se seleccionará un nuevo alcalde al surgir una vacante, cada cual aplica a circunstan-cias distintas y no son contrarias, tampoco irreconciliables. En ese sentido, la aplicación de una disposición frente a la otra dependerá de la razón que motivó la vacante. Específi-camente, el Art. 9.006(4) de la Ley Electoral expone como sigue:

En caso de renuncia, muerte, destitución, incapacidad total y permanente o por cualquier otra causa que ocasione una va-cante permanente en el cargo de alcalde, fuera del año electoral, la Legislatura Municipal notificará por escrito al orga-nismo directivo local y al organismo directivo estatal del partido político que eligió al alcalde cuyo cargo queda vacante. (Énfasis suplido). 16 LPRA sec. 4146.

Mientras, el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autóno-mos dispone:

Cuando el alcalde electo no tome posesión de su cargo en la fecha dispuesta en este subtítulo, y si ha mediado justa causa para la demora, se le concederá un término de quince (15) días para que así lo haga. La Legislatura solicitará un candidato para cubrir la vacante al organismo directivo local del partido político que eligió al alcalde. La Legislatura formalizará esta solicitud en su primera sesión ordinaria siguiente a la fecha de vencimiento del término antes establecido y el Secretario de-berá tramitarla de inmediato por escrito y con acuse de recibo. El candidato que someta dicho organismo directivo local to-mará posesión inmediatamente después de su selección y des-empeñará el cargo por el término que fue electa la persona que no tomó posesión del mismo.
Cuando el organismo directivo local no someta un candidato dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de recibo de la solicitud de la Legislatura, el Secretario de ésta notificará tal hecho por la vía más rápida posible al Presidente del par-tido político que eligió al alcalde. Dicho Presidente procederá a cubrir la vacante con el candidato que proponga el cuerpo directivo central del partido que eligió al alcalde cuya vacante debe cubrirse.
Cualquier persona que sea seleccionada para cubrir la va-cante ocasionada por un alcalde electo que no tome posesión del cargo, deberá reunir los requisitos de elegibilidad estable-cidos en la sec. 4101 de este título.
El Presidente de la Legislatura Municipal o el Presidente del partido político de que se trate, según sea el caso, notifi-cará el nombre de la persona seleccionada para cubrir la va-cante del cargo de alcalde a la Comisión Estatal de Elecciones para que dicha agencia tome conocimiento del mismo y expida la correspondiente certificación. (Énfasis suplido). 21 LPRA sece. 4103.

Una lectura aislada de la enmienda del 2014 al Art. 9.006(4) de la Ley Electoral y su frase “o por cualquier otra causa” pudiera inducirnos a concluir erróneamente que ello incluye el caso de un alcalde electo que no juramente. Ciertamente, ello provocaría un desfase entre el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos y las disposiciones de la Ley Electoral, lo cual podría interpretarse como una de-rogación tácita del Art. 3.003. No obstante, de un examen de la codificación anterior y del historial legislativo de la Ley de Municipios Autónomos se desprende que la referida frase está presente en el Art. 3.005 desde su aprobación, es decir, desde 1991 (21 LPRA sec. 4105). Así, pues, la norma-tiva hace referencia a que se seleccionará al alcalde en una serie de circunstancias más allá de la renuncia y la no juramentación del alcalde electo, conforme el proceso del Art. 3.004 (21 LPRA sec. 4104).

Particularmente, de una lectura armoniosa de los artí-culos de la Ley de Municipios Autónomos surge que, desde su origen, el legislador instituyó un procedimiento sepa-rado ante la ocurrencia de un alcalde electo que no tomó posesión dentro del ciclo electoral. Es decir, el legislador mantuvo, desde el inicio de esa ley, un articulado separado y distinto para la causal que hoy nos ocupa. Específica-mente, destacamos que, desde su aprobación, la Ley de Mu-nicipios Autónomos cobija dos situaciones distintas, a saber: (1) cuando un alcalde electo no juramenta, dejando incon-cluso el ciclo del año electoral, y el proceso es dirigido por el organismo directivo local, y (2) cuando el alcalde renuncia, muere, es destituido, tiene una incapacidad total y perma-nente, o cuando surja otra causa, cuyo proceso actual es dirigido por el organismo directivo estatal mediante votación especial, si es fuera del año electoral, y dirigido por el orga-nismo directivo local si es dentro del año electoral.

Como corolario de lo anterior, y de una lectura equili-brada de esos artículos, concluyo que la frase “o por cual-quier otra causa que ocasione una vacante permanente en el cargo de alcalde”, incluida en el Art. 3.005 de la Ley de Municipios Autónomos, no contempla el caso de un alcalde electo que no juramenta inmediatamente después de la elección general. Si así fuera, el Art. 3.003 nunca hubiese tenido una razón de ser. No podemos llegar a esa interpre-tación porque nos conduciría a un absurdo y a echar por la borda la codificación que rige desde la creación de la Ley de Municipios Autónomos, la cual incluye un procedimiento especial que no fue derogado por las enmiendas del 2014. Tampoco estaría en armonía con la intención legislativa y con los restantes artículos que regulan los procesos de otras causales de vacantes, habida cuenta de que el legis-lador procuró evitar una duplicidad de procesos electorales con el gasto público que eso acarrea. En ese sentido, no debemos interpretar una dicotomía tajante entre “año electoral” y “año no electoral” que nos conduzca al absurdo de darle la espalda al procedimiento expresamente dispuesto para el alcalde electo que no tomó posesión en el término provisto dentro del ciclo electoral.

Según lo expuesto, concluyo que cuando la Asamblea Legislativa incluyó en el Art. 9.006(4) de la Ley Electoral la frase “o por cualquier otra causa que ocasione una vacante permanente en el cargo de alcalde”, no pretendió derogar el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos. Por el con-trario, surge del historial legislativo que la Asamblea Le-gislativa tuvo la intención de armonizar ambas leyes. Ello se sustenta con el hecho de que a pesar que se enmendó el Art. 3.004, el Art. 3.003 quedó inalterado. Si el legislador hubiera querido derogarlo, lo hubiera hecho expresamente en la enmienda del 2014.

No albergo dudas de que solo la Ley de Municipios Au-tónomos contempla específicamente el proceso a seguir en circunstancias en que la vacante ocurre cuando el alcalde electo no toma posesión de su cargo. Del historial de ambas disposiciones surge claramente y libre de ambigüedad que el Art. 3.003 no ha sido derogado de forma expresa o tácita.

En consecuencia, resulta forzoso concluir que al perma-necer inalterado el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Au-tónomos, la Asamblea Legislativa consideró como incon-cluso el ciclo electoral en que un alcalde electo no toma posesión. En ese sentido, mantuvo intacto el referido artí-culo para atender el acto de culminar el ciclo electoral me-diante el método alterno expresamente incluido en ese articulado. De este modo, ante la cercanía del evento electoral no se incurre en una duplicación de eventos electora-les, lo que es una solución práctica en tiempos de austeri-dad, y, de igual forma, es cónsono con la intención del legislador de no incurrir en elecciones especiales durante ciclos electorales.

Al amparo de los fundamentos expuestos, disiento del curso de acción seguido por una Mayoría de este Tribunal que determina dar “no ha lugar” a la solicitud en auxilio de jurisdicción y a la petición de certiorari presentada. Con tal proceder, avalan la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, la cual concluye que con la aprobación de la enmienda a la Ley Electoral mediante la Ley Núm. 239-2014 se derogó de forma tácita el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos. Sin duda, este Tribunal debió acoger el recurso y concluir que aún sigue vigente el mencionado artículo. Por consiguiente, considero que procedía resolver que cuando un alcalde electo no juramenta en determinado ci-clo electoral, dentro del término señalado por la ley, y se produce una vacante, el nuevo alcalde debe ser seleccio-nado al amparo del Art. 3.003 de la Ley de Municipios Au-tónomos y no conforme a la Ley Electoral.

Lo anterior es cónsono con la intención legislativa. De-bemos recordar que este Tribunal ha sido enfático en de-terminar que al tener dos disposiciones legales que aparen-tan estar en contradicción, los tribunales deben realizar una interpretación armoniosa de la ley, dentro de lo posi-ble, de manera que se logre su compatibilidad y no su contradicción. Por lo tanto, los tribunales no deben con-cluir innecesariamente que unas disposiciones están en conflicto cuando sí pueden ser leídas de forma armónica. A esos efectos, solo cuando las disposiciones no puedan ser armonizadas es que procede que se declaren contradicto-rias, con el efecto que conlleve en cada caso particular. Bco. Santander v. Correa García, supra, págs. 12-13.

De acuerdo con el derecho aplicable expuesto, opino que erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la Senten-cia dictaminada por el Tribunal de Primera Instancia. El historial del Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autóno-mos y la uniformidad del lenguaje utilizado por el legis-lador, tanto al aprobar la Ley de Municipios Autónomos, así como la enmienda del 2014, me lleva a la conclusión de que el citado artículo nunca ha sido derogado. Más aún, es la única disposición existente en nuestro ordena-miento jurídico que considera el proceso para llenar la vacante cuando un alcalde electo no toma posesión de su cargo dentro del ciclo electoral en el cual fue electo, tal como ocurrió en este caso.

IV

Por los fundamentos que anteceden, disiento del curso de acción seguido por una Mayoría de este Tribunal. En su lugar, proveería “ha lugar” a la Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción y a la Petición de Certiorari presentadas. Asimismo, hubiera revocado el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y determinado que, ante la vacante por razón de que el alcalde electo de Gurabo no juramentó, el proceso aplicable para seleccio-nar a su suplente es el dispuesto en el Art. 3.003 de la Ley de Municipios Autónomos.