author: El Juez Asociado, Sr. Wole,

text:
    El Pueblo v. Torses.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito- de Ponce.
    No. 305.
    Resuelto en enero 23, 1911.
    Contribuciones para Eines Políticos. — Toda persona qué solicitare de algún funcionario o empleado público una contribución para fines políticos, incurre en un delito muy .serio, que afecta a la integridad y disciplina del servicio civil, y que está previsto y castigado por la seceión 14 de la Ley de Servicio Civil de marzo 14 de 1907.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Tons Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado, Sr. Wole,

emitió la opinión deí tribunal.

La sección 14 de la Ley del Servicio Civil, Leyes de 1907, ' página 182 dispone lo siguiente:. •

“Ninguna persona perteneciente al Servicio Civil de Puerto Rico-tendrá obligación de contribuir'con cuota alguna ■ & fondos que-se recaudaren con fines políticos, ni prestar servicios políticos-; no pu-diendo ser destituida, ni de otro modo perjudicada, por negarse.a ello. Cualquiera persona que solicitare de los funcionarios o einplea-dos públicos contribuciones de carácter político, incurrirá en pena de multa máxima de quinientos dollars, o en cárcel por un término qtíé no excederá de seis meses, o en ambas penas.”

Marcelino Torres Zayas que era secretario de la Junta Escolar de Jnana Díaz, fné acusado de haber solicitado y exi-gido de Rafael Suárez, qne era nn profesor de instrucción pública en dicho pueblo, que pagara la contribución mensual •de un dollar para atender a los gastos locales del Partido Republicano. La prueba demostró que Marcelino Torres no solamente exigió dicha contribución prohibida por la ley, sino que amenazó al referido Suárez con la pérdida de su destino, por lo que fue condenado por la Corte de Distrito de Ponce a pagar una multa de cien dollars, o en defecto de su pago a sufrir un mes de cárcel. Se celebró la vista del caso en ape-lación ante la Corte de Distrito de Ponce, habiendo sido el acusado condenado anteriormente por la Corte Municipal de Coamo, al pago de una multa de quince dollars. El apelante no estuvo representado en la vista de la- causa ante este tribunal, ni fué presentado tampoco alegato alguno en favor del mismo, no apareciendo de los autos que se haya cometido nin-gún error. El delito es uno muy serio y afecta a la integridad y disciplina de nuestro Servicio Civil. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos interpretando una sección por la que en ciertas condiciones constituye delito el solicitar contribucio-nes para fines políticos, se expresó, en el caso de Ex parte Curtis, 106, U. S., 373, et seq,, como sigue: “Ha sido el mani-fiesto propósito del Congreso en todas estas clases de disposi-ciones, promover la eficacia e integridad en el ejercicio de los deberes'“oficiales, y mantener la debida disciplina en el servicio público. Indudablemente que tal propósito está dentro de la propia esfera de acción del poder legislativo, y no es fácil ver por qué la ley que ahora consideramos no está comprendida realmente en los medios legítimos para llegar a tal fin. Es cierto, según alega el abogado del peticionario, que no están prohibidas las contribuciones políticas a los empleados. Los directores de las campañas políticas, que no -estén empleados en el gobierno de los Estados Unidos,, son ahora tan libres para pedir, dinero, de los empleados y dedicarlo a fines políti-cos, como libres lo estuvieron siempre; y Ios-empleados pueden contribuir tan liberalmente como les plazca, con tal que tales contribuciones no sean beclias a ninguno de los funcionarios u oficiales a quienes se les prohibe exijan dictas contribuciones. Lo que atora consideramos no es si el Congreso ta llegado tasta donde puede llegar, sino, si lo que se ta tecto está den-tro de los límites constitucionales en cuanto a su discreción legislativa. Un sentimiento de independencia según la ley, conduce al fiel desempeño del servicio público, y no tay nada que tienda más a quitar este sentimiento que el temor a la pérdida, del empleo. Si pueden exigirse contribuciones a los empleados públicos por otras personas que tienen autoridad oficial, entonces es muy fácil comprender que aquello que em-pieza por una simple petición termina por una exigencia, y el incumplimiento con esta exigencia puede ser considerado por aquellos que tienen la facultad de destituir, como una in-fracción de cierta supuesta obligación, que nace de las rela-ciones políticas de las partes. Las contribuciones obtenidas bajo tales circunstancias, generalmente se hacen para evitar las consecuencias del desagrado personal de un superior, como para fomentar las ideas políticas del contribuyente' — para evi-tar la pérdida del empleo, y no para ejercitar un privilegio político. La ley no establece restricción alguna en cuanto a dar o recibir contribuciones, excepto cuando sea necesario para proteger en cierto modo a aquellos que están en el servi-cio público contra las extorsiones que puedan hacérseles me-diante intimidación o pérdida personal * * “Si no exis-tieran otros motivos para esta clase de legislación que los que se relacionan con la protección de aquellos que están en el servicio público contra las extorsiones injustificadas, la cons-titucionalidad de tal legislación sería clara a nuestro juicio; pero hay otras razones que según nuestro entender son igual-mente buenas.' Si los empleados públicos pueden ser llama-dos por aquellos que tienen autoridad pára que contribuyan con su propio salario a los gastos de las campañas políticas, y el negarse a hacer dicha contribución puede dar por resul-tado que personas competentes queden fuera de su empleo, entonces las contribunciones liberales o espléndidas constitui-rían'el motivo £ara so’s'téner en sn empleo a los incompetentes. Y dé 'igual modo, si una'parte del salario que elempléado re-cibe por sus servicios ba de darse para fines políticos, enton-ces es fácil comprender la necesidad de aumentar el sueldo' del empleado a fin de que baya medios para bacer ía contribu-ción, y de este modo el propio gobierno estará suministrando' de modo indirecto el dinero para atender a los gastos que oca-siona el sostenimiento de un partido político en el poder, que-tiene entonces en sus manos el patronazgo público. Los par-tidos políticos deben necesariamente existir en una forma de' gobierno .republicano; y cuando los destinos públicos depen-den en gran parte del éxito de un partido,. indudablemente' que los empleados, sentirán deseos de sostener en el poder el partido a que pertenecen. El estatuto que abora estamos con-siderando nada tiene que ver con esto. El propósito aparente-quedará cumplido si impide que los que tengan cargos eleva-dos exijan esa ayuda para tales fines, como condición para conservar el destino.” ■ •

Somos de opinión de que estas'consideraciones son apli-cables a las razones o motivos por los cuales existe la ley con arreglo a la Cual fué condenado el acusado. Debe con-firmarse la sentencia, debiendo enmendarse en el sentido de que el castigo alternativo se ajuste a la ley.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sr’es. Presidente Hernández, y' Aso-ciados MacLeary y del Toro.

El Juez Asociado, Sr. Aldrey, no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente, Sb. Hernández, JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

license: Public Domain

text:
    Abreu v. Valle.
    ApelaciÓN procedente de .la Corte de<-Distrito-de Aguadilla.
    No. 567.
    Resuelto en enero 31, 1911.
    Apelación — Tkansoripción ’ dé Atritos.- — Én los ’ casos en que él demandado no hubiere comparecido a contestar la demanda y se hubiere anotado su rebeldía, la citación del demandado, con la prueba de su diligeneiamiento, forma parte del legajo de la sentencia y ha de incluirse en la transcripción de autos, en caso de apelación. Si la citación no : formare parte' de la 'transcripción, la . apelación deberá desestimarse. ■ ■ ■ . 1
    Los hechos están expresados en la opinión..
    Ahogado, del. apelante: Sr. Arturo Reichyrd. .

    La parte apelada.no compareció.
    Abogado de .El Pueblo: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez Presidente, Sb. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 20 de octubre del año 190.9, presentó demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Aguadilla Sabas Abreu y Sosa contra su legítimo- esposo Roque. Valle y Grómez, con súplica de que previos los trámites legales se dictara sentencia declarando roto el vínculo matrimonial que los unía, a virtud de las alegaciones contenidas en dicha de-manda.

A moción de la parte demandante fué anotada por el secretario de dicha corte la rebeldía del' demandado quien no contestó la demanda; y celebrado él juicio en su' ausencia por no haber comparecido, la corte, después de oir la lectura del escrito de demanda y de practicadas las pruebas propuestas por la parte demandante, dictó sentencia en 19 de abril de 1910, declarando sin lugar la demanda con las costas a la parte demandante, la que' interpuso' contra ella recurso de apelación para, ante esta Corte Suprema.

Constituyen el récord para la tramitación del recurso de apelación, los siguientes documentos en copia: Demanda, moción de la parte demandante al secretario de la corte soli-citando se anote la rebeldía del demandado, anotación de esa rebeldía, sentencia pronunciada, escrito interponiendo contra ella recurso de apelación y exposición del caso aprobada por el juez.

No ba cumplido la parte apelante con el deber que le im-pone el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual preceptúa que en la apelación contra una sentencia de-finitiva el'apelante debe presentar a la corte de apelación una copia del escrito interponiendo el recurso, del legajo de. la sentencia y de cualquier pliego de excepciones o alegación becba en el caso, en los cuales se apoyare el apelante; cons-tituyendo el legajo de la sentencia, en caso de que la deman-da no hubiere sido contestada por la parte demandada, la ci-tación con la declaración escrita y jurada o prueba de haberse diligenciado la demanda, con una nota al dorso haciendo cons-tar que ba sido registrada la rebeldía del demandado al no contestar la demanda, y una copia de la sentencia según el artículo 233.

Falta en la transcripción de autos la citación del deman-dado con la declaración escrita y jurada o prueba de haberse diligenciado, cuyo requisito ha debido llenarse por precepto imperativo de la Ley, y esa omisión tiene su sanción marcada •en el artículo 303 del Código citado preceptivo de que la ape-lación deberá desestimarse cuando el apelante dejare de pre-sentar los documentos requeridos por la Ley, a cuyo- artículo hemos dado aplicación antes de ahora por igual motivo en el caso de Blasina Rondón v. Carlos Gil, decidido en 16 de junio de 1908.

Por las razones expuestas procede se desestime el recur-so interpuesto contra la sentencia que dictó la Corte del Dis-trito de Aguadilla en 19 de abril del año próximo pasado.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary y del Toro.

El Juez Asociado, Sr. Wolf, firmó haciendo constar estar conforme con la desestimación del recurso, habiendo • pre-sentado una opinión concurrente.

El Juez Asociado, Sr. Aldrey, no tomó parte en la reso-lución de este caso.

OPINIÓN CONCURRENTE BEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF.

Me parece a mí que la razón principal para denegar el recurso de apelación es el que no se haya demostrado que se dió aviso de la apelación al demandado en la corte inferior. La sección 296 del Código de Enjuiciamiento Civil requiere que se dé tal aviso. Estoy conforme asimismo con la opinión y la resolución.


author: El Juez Asociado, Se. Wolf,

text:
    Chiqués v. Polo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 579.
    Resuelto en enero 31, 1911.
    Alegaciones — Enmienda a la Contestación. — La contestación original presen-tada en el caso de autos no estaba jurada, y en ella expresaba el demandado que no recordaba exactamente las condiciones de un contrato de arrenda-miento que celebrara con el demandante (contrato que se había incluido en la demanda), ni que lo hubiera firmado; dictada sentencia y apelada, se ordenó un nuevo juicio, y entonces, el demandado presentó una enmienda jurada a la contestación, en la que aceptando haber celebrado un contrato de arrenda-miento, negaba haber autorizado o firmado el contrato que se inserta en la primera alegación de la demanda, y negaba también su autenticidad; la corte rechazó la enmienda. En apelación se resolvió:
    (a) Que la enmienda propuesta no niega la posibilidad de que el deman-dado hubiera firmado un contrato semejante al incluido en la demanda; que el contrato descrito puede contener una equivocación en punto no esencial, y aproyecharse de ella el demandado^para negar su autenticidad en los términos en que lo hiciera;
    (b) Que para que la enmienda no apareciera intencionada, ha debido ex-plicar las verdaderas condiciones en que se verificara el arrendamiento, o negar en términos expresos que el demandado hubiera otorgado documento alguno que justificara la acción ejercitada;
    (o) Que por los motivos anteriores, y aun cuando hubiera sido, quizás mejor práctica la de permitir la enmienda, atendidas las circunstancias del caso, no puede sostenerse que la corte inferior incurriera en abuso de dis creción al rechazar 'la enmienda así propuesta.

      Los, hechos están, expresados en la, opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan, de Guzmán Benitez.

    Abogados ,del apelado: Sres.:¥ías Ochoteco ,y Ferr.er.

   El Juez Asociado, Se. Wolf,

emitió la opinión,4el tribunal.

Esta es la segunda apelación'que se-ha interpuesto en este caso. En la primera apelación se revocó la sentencia ha-biendo dictado la corte inferior sentencia contra el deman-dante por él fundamento de que no estando juracla la contes-tación, la autenticidad y otorgamiento ,de las’ escrituras en las cuales se basaba la demanda, se consideraron como, admiti-das por virtud de lo dispuesto en el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil, no teniendo el demandante que pro-bar dicho extremo. Al devolverse el caso a la corte de dis-trito en 29 de mayo de 1909, el demandado propuso una en-mienda jurada a la contestación la que no fue admitida por la corte. 'El fundamento que ahóra se alega para'que se re-voque la sentencia es equivalente a decir que la corte abusó de su discreción al no aceptar la enmienda. Expresa el de-mandante que era arrendatario del demandado, habiendo otor-gado él y el demandado el documento-que se incluye en la de-manda, obligándose el demandado, por virtud de las estipula-ciones contenidas en dicho documento, a elevarlo a escritura pública. La enmienda a la contestación- es como sigue:

‘ ‘ Que si bien es cierto que el demandante se encuentra en posesión como arrendatario de una finca de propiedad de la demandada, no es cierto que la demandada haya otorgado ni suscrito el contrato de arrendamiento que se inserta en el primer hecho de - la demanda, ni es cierto que lo haya fir-mado ante los testigos que en él se mencionan ni ’ ante nin-guna otra persona, ni tampoco es auténtico el referido con-trato.” ..

La contestación original expresa solamente que el deman-dado no recordaba de modo exacto las condiciones del arren-damiento, ni que ella lo hubiera firmado, Al presentarse tal enmienda a la contestación, la corte inferior naturalmente se sorprendería al ver,que el demandado, juraba positivamente que no firmó el contrato habiendo expresado solo anterior-mente que no recordaba haberlo firmado. La enmienda pro-puesta tampoco niega de modo categórico la posibilidad de que el demandado ¿rubiera podido hacer un contrato seme-jante. Si el contrato referido en la demanda hubiera variado en algunos particulares que hó eran esenciales al contrato que efectivamente firmó el demandado, llegando a.cometerse error en la descripción de la finca, u otra cosa parecida, la demandada podría reconciliar su conciencia y prestar el jura-mento que hizo sin cometer perjurio. Para que esta-enmienda no fuera prejuzgada debiera haber expresado las verdaderas •condiciones del arrendamiento o negado en términos precisos -que la demandada jamás había otorgado contrato alguno por ■el cual quedara obligada a otorgar escritura pública al deman-dante. Quizás hubiera sido mejor práctica que la corte hu-biera permitido la enmienda, pero tomando en consideración la-vaguedad de la contestación original y el derecho de la •corte para considerar la enmienda como algo ambigua y el hecho de no estar explicada o justificada por el demandado la posésión del demandante, no estamos en condiciones de ex-presar que la corte abusó de su discreción al negarse a. admi-tir la enmienda. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada:

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-mado, del'Toro.

Juez disidente: Sr. MacLeary.

El Juez Asociado, Si;. Aldrey, no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez -Asociado, Se. MacLeaey,

text:
    El Pueblo v. Falcastro.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 310.
    Resuelto en febrero 1, 1911.
    Derecho Penal — Infracción de las Leyes de Bentas Internas — -Expresión de la Ley Infringida. — Es jurisprudencia constante de este tribunal, que en las denuncias que’se presentan ante las cortes municipales, no es necesario expresar la ley infringida, siendo suficiente el alegar los hechos constitutivos del delito, y si tales hechos constituyen una violación de alguna ley vigente en Puerto Bieo, la denuncia está bien 'formulada.
    Idí — Infracción de las Leyes de Bentas Internas — Hechos Constitutivos de Delito Público. — :Una denuncia en la que se le imputa al acusado haber sido sorprendido en posesión de 16 frascos de ginebra de Holanda, sin haber pa-gado los derechos de rentas internas, expresa la -comisión de un delito pre-visto y castigado en el artículo 92 de la ley de marzo 9 de 1905, que enmendó el capítulo 2, título 9 del Código Político.
    Sobreseimiento de la Causa — Procedimiento en las Cortes Municipales.— Los preceptos del artículo 448 del- Código de Enjuiciamiento Criminal son aplicables únicamente a las causas sustanciadas ante las cortes de distrito y que se inician mediante acusación presentada por el Pisca!, y ñó a las causas tramitadas ante las cortes de distrito,' en-virtud de apelación procedente-de una corte municipal.
    Id. — Sobreseimiento de la Acción — Discreción del Tribunal. — El sobreseimien-to de una acción autorizado por el artículo- 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal puede únicamente invocarse cuando no exista motivo alguno, que justifique la tardanza del juicio y su concesión descansa siempre en la dis-creción del tribunal- sentenciador, cuya resolución no 'será revocada por este tribunal, a menos que haya abusado de dicha facultad- discrecional.
    Id. — Acusación y Sentencia por Contrabando — Denuncia por Infracción de las Leyes de Bentas Internas. — El haber sido el acusado juzgado y con-denado por contrabando, con arreglo a las Leyes de los Estados Unidos, no impide el que sea procesado y condenado con arreglo a las Leyes de Bentas Internas de Puerto'Bieo, por haber infringido sus preceptos.
    Id. — Sentencia—Pena Alternativa. — Una sentencia en que se impone al acusado la pena de prisión como alternativa en caso de falta de pago de la multa, debe fijar el término de un día de prisión por cada dollar de la multa que dejare de satisfacer.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Felipe Gasalduc.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez -Asociado, Se. MacLeaey,

emitió .la opinión del tribunal.

Este procedimiento se inició en virtud de una denuncia presentada por Charles E. Berry, agente de Rentas Internas en Ponce, imputando al acusado, en unión de Gumersindo Rosa, la.comisión de nn delito contra las Leyes de Rentas Internas de Puerto Rico, porque el día 3 de agosto de 1909, en la Playa de Ponce, de aquel distrito judicial, fueron sor-prendidos por el denunciante en posesión de diez y seis fras-cos de ginebra de Holanda, sobre los cuales no se habían satis-fecho los derechos de rentas internas.

En el juicio, que se celebró ante la corte municipal, el acu-sado Palcastro fué condenado al pago de una multa de cien dollars y las costas, o en su defecto a sufrir veinte y cinco días de prisión en la cárcel de Ponce; absolviéndose al otro acusado, Gumersindo Rosa.

' Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación para ante la Corte de Distrito de Ponce, donde se procedió a la celebración de un nuevo juicio; y esa corte, después de oir la prueba practicada y las alegaciones de las partes, de-claró al acusado, José Palcastro, culpable del delito imputado y lo condenó al pago dé una multa de cien dollars, y, en su defecto, a treinta días de prisión en la cárcel de distrito.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación para ante este Tribunal Supremo, y viene unido al récord una exposición del caso en la que se encuentran todas las decla-raciones de los testigos que declararon en el juicio.

También viene unido al récord un pliego de excepciones, que contiene las objeciones presentadas por la defensa en el curso de la vista y que en substancia pueden exponerse así:

“1. Que la denuncia no se ajusta a los requisitos del artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues en ella se dice que Fal-castro infringió el artículo 92 de la Ley de Rentas, y éste no es título de ninguna ley, puesto que en Puerto Rico no existe ley alguna titu-lada Ley de Rentas Internas; y además, que el hecho no estaba re-dactado en forma tan clara que cualquiera persona pudiera enten-derlo.
“2i Que la denuncia no contenía ningún hecho constitutivo de delito público, pues el hecho de sorprender a una persona con botellas de licor no es motivo dé delincuencia.
“3. Que habían transcurrido ya más de ciento veinte días desde la interposición de la denuncia y aún no se había celebrado el juicio. ’ ’

De un examen detenido del récord encontramos que no hay duda alguna en cuanto a la existencia de los hechos que se alegan como constitutivos .del delito que se imputa al acusa-do, y toda la cuestión se reduce a determinar si esos hechos suficientemente describen o no un delito previsto en nuestros estatutos penales.

Podemos llegar a una conclusión examinando las excep-ciones propuestas por el apelante. En cuanto a la primera excepción, encontramos que la acusación está redactada en términos suficientemente claros y puede entenderlos cualquie-ra persona que sepa leer el idioma español; y en cuanto a la objeción presentada alegando que el estatuto que ha sido vio-lado y que se titula Ley de Bentas Internas, no es una ley vi-gente en Puerto Bico, llamamos la atención a nuestras deci-siones antes de ahora dictadas, en que se consigna, no ser necesario, en una denuncia presentada en una corte municipal, especificar la ley que se supone haber sido infringida, sino que basta exponer los hechos, constitutivos del delito, y si esos hechos constituyen una infracción de una ley vigente en Puerto Bico, la acusación está debidamente formulada.

Pueblo de Puerto Rico v. Ramsey, resuelto 21 de febrero de 1905.

Pueblo de Puerto Rico v. Torrellas, resuelto 11 de mayo de 1906.

El Pueblo de Puerto Rico v. Ruiz, resuelto 21 de mayo de 1906.

Pueblo de Puerto Rico v. Guilarte, resuelto 22 de octubre de 1906.

El delito que se imputa al acusado está previsto en el artí-culo 22 de la Ley del 9 de marzo, 1905, que enmendó el capítulo 2, Título IX del Código Político., y por consiguiente está pre-visto y castigado por una ley vigente en Puerto Rico. (Yéan-se Leyes de Puerto Rico de 1905, pp. 268-269.)

En cnanto a la segunda alegación hecha por el apelante de que la denuncia no consigna ni describe ningún delito público, basta decir que el mismo artículo 92 de la ley mencionada, cas-tiga el hecho de qué cualquiera persona tenga en cualquier sitio cualquiera mercancía que esté sujeta, según la ley, a impuesto, y sobre la cual no se haya pagado el impuesto.

Pueblo de Puerto Rico v. Rodríguez, resuelto 10 de enero de 1906.

En cuanto a la tercera excepción formulada por el abo-, gado del acusado, debemos decir que estamos de acuerdo con la opinión expresada por la corte de distrito, denegando la solicitud del abogado para que se sobreseyera el caso, puesto que el artículo 448 del Código de' Enjuiciamiento Criminal, en el que él se basa para apoyar su moción, es aplicable sola-mente a los casos que han de'verse ante las cortes de distrito, mediante acusación presentada por el Fiscal, y no a denun-cias presentadas ante las cortes municipales y llevadas en apelación ante las cortes de distrito para nueva vista.

Además, esta autorización a la corte de distrito para so-breseer el caso después de transcurridos ciento veinte días desde la fecha de la presentación de la denuncia, es solamente para casos en que no se demuestre buena causa que justifique un proceder en contrario; y una decisión semejante queda en gran medida a la discreción del juez, y el ejercicio de e'sa discreción no será revisado excepto en aquellos casos en que se demuestre que habido abuso.

Manuel Lizardi, ex parte, resuelto 18 de agosto de 1904.

P. P. R. v. Quilichini, resuelto 20 de junio de. 1904.

No aparece tal abuso en el casó que nos ocupa; y el ape-lante no puede quejarse de la demora.

El hecho de que el acusado había sido juzgado y condenado por contrabando con arreglo a las leyes de los Estados Uni-dos, no impide el que sea procesado y condenado con arreglo ,a las leyes de rentas internas de Puerto Rico, que prohíben a cualquiera persona que tenga en su poder cualquiera mer-cancía por la cual no se haya satisfecho el impuesto.

La sentencia imponiendo encarcelamiento, como alterna-tiva en caso de falta de pago de la multa, dehe fijar el tiempo de prisión en'un día por cada dollar de la multa que deje de pagarse.

Por las razones que preceden, la sentencia apelada debe modificarse y confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados, "Wolf y del Toro.

El Juez Asociado, Sr. Aldrey, no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado, SR. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Torres.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 269.
    Resuelto en febrero 1, 1911.
    Derecho Penal — Asesinato en Primer Grado — Veredicto Contrario a Dere-cho o a las Pruebas — Pliego de Excepciones. — Este tribunal no puede re-vocar un fallo por virtud de apelación fundada en que el veredicto fué con-trario a derecho o a las pruebas, cuando no se hubiere sometido a su conside-ración toda la prueba practicada en el juicio, ni se hubieren planteado en el pliego de excepciones las cuestiones de derecho surgidas durante el juicio; en tal caso hay que presumir que el veredicto ha sido pronunciado con arreglo a derecho y a las pruebas practicadas.
    Id. — Calificación del Pelito — Veredicto del Jurado. — No constando de los autos elemento alguno de apasionamiento ni prejuicio, y no habiéndose de-mostrado que se haya cometido error esencial en la calificación del delito ni en ningún otro trámite, no debe modificarse el veredicto del jurado.
    Nuevo Juicio — Instrucciones al Jurado — Exposición del Caso. — No habiendo exposición del caso en los autos, es de presumirse que la sentencia dictada está de acuerdo con la prueba, y siendo ajustadas a derecho las instrucciones del juez al jurado, y no habiéndose cometido error alguno en el curso del juicio, ni apareciendo que el veredicto sea contrario a dereeho ni a las pruebas, no cabe conceder un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado, SR. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso, se declaró culpable ai acusado, del de-lito de asesinato en primer grado, dictándose contra él la pena de muerte. Basilio Torres dió muerte a su concubina, Juana Pérez, en el pueblo de la Muda del Distrito Municipal de Río Piedras, en el mes de marzo de 1909, Dicho Torres fué juzgado por un jurado, en la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan, ante el Hon. Martín E. Grill, siendo declarado culpable, en debida forma, y condenado a sufrir la pena de muerte. No teniendo abogado que le representase en la apelación interpuesta ante este tribunal, la corte designó al Hon. Manuel E. Rossy para que desempeñase ese deber, lo que hizo fiel y honrosamente, pero sin esperanza de honorarios ni recompensa alguna.

No es muy justo exigir a los miembros del foro puertorri-dueño, que presten este servicio público sin remuneración, aunque por lo general están dispuestos a hacerlo; y siempre que asumen ese deber, lo desempeñan, por regla general, hábil y concienzudamente, como se hizo en el presente caso.

Los autos en esta causa, se han presentado ante nosotros en una forma algo insuficiente, conteniendo solamente la acu-sación, las instrucciones’ del tribunal, el veredicto del jurado, la sentencia condenatoria, la moción de nuevo juicio, la reso-lución desestimando la misma y el escrito de apelación. No hay en los autos, pliego de excepciones ni relación de hechos y de este modo, estamos completamente impedidos de conside-rar los hechos del caso más allá de la mención que de los mis-mos se ha hecho en las instrucciones dadas por el tribunal, al jurado. ■

En su alegato e informe oral, el Letrado defensor del acusado, alega que dos errores fueron cometidos por el tribunal sentenciador, siendo el primero el haber declarado al acu-sado culpable del delito de asesinado en primer grado; y el segundo, el haberse negado a concederle un nuevo juicio. Estos errores que se alegan por la defensa, se considerarán por el orden en que se han presentado.

La acusación, en el párrafo, imputando al acusado-el de-lito, dice lo siguiente:

“El Fiscal formula acusación contra Basilio Torres por un delito de asesinato (felony) cometido como sigue: el citado .Basilio Torres en Río Piedrás, dentro de este distrito judicial, en uno de los días del mes de marzo de 1909, ilegalmente, con malicia premeditada, tácita y propósito firme y deliberado de quitar la vida a Juana Pérez, con un cuchillo produjo ocho heridas a la citada Juana Pérez, causando su muerte casi inmediatamente.”

Con arreglo a nuestras leyes de enjuiciamiento criminal, esta acusación imputa al acusado de un modo suficiente, el delito de asesinato en primer grado. No tenemos más infor-mes con respecto a los hechos, que la relación hecha por el juez, en sus instrucciones al jurado, que dicen lo que sigue:

“De la prueba practicada, y no controvertida, parece que Juana Pérez se presentó, con uno de sus cuatro hijos, en casa de una sobrina de ella, una tal Presentación .Torres, cerca de la Muda, en Río Piedras; que dos o tres días más tarde, se presentó el concubino de Juana Pérez, el acusado Basilio Torres; que ellos dos y la niña, pasaron la noche en la casa de Presentación, en compañía de Presentación, del esposo de ésta, Diego Hernández, y también un pequeño niño de Diego y de Presentación. Antes de acostarse, parece que hubo algunas palabras entre Basilio, el acusado y Juana Pérez; parece que el acusado de-seaba que Juana Pérez se fuese con él a Hato Rey para vivir con él, y que ella se negó. No se ha declarado que hubo riña, ni nada -de eso, sino que hubieron algunas palabras.
“De la prueba practicada parece, que durante las primeras horas de la mañana del próximo día, domingo, no hubo dificultad ninguna entre el acusado y Juana Pérez; parece que todos, los dos, se fueron a la casa de la hermana, Jacinta Pérez, hermana de Juana Pérez, -y que más tarde regresaron a la casa de Presentación. En la casa de Presentación se encontraron solos, o no hubo nadie más allí, sino una pequeña niña de Presentación. Después de algunos momentos, des-piiés de algunos minutos, algún tiempo después, Presentación oyó un gritó, acudió a la casa, y según la prueba y según su declaración de ella, vio al acusado golpeando a Juana Pérez con un cuchillo.
“Se ha presentado también otra prueba por parte de María Torres y de Diego Hernández y otros testigos, y no se ha controvertido, que el acusado es el autor de la muerte de Juana Pérez. Queda ahora a voso-tros determinar el grado de la culpabilidad.”

El letrado defensor alega con insistencia qne en virtud de este estado de hechos el jurado no ha podido justamente decla-rar al acusado culpable del delito de asesinato en primer grav do, por falta de prueba dé la premeditación y deliberación. Si no hubo premeditación, entonces no ha debido darse nn veredicto declarando al acusado culpable del delito de asesi-nato en primer grado. Nuestra ley dice que todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada, o come-tida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, rapto, robo, asalto, o mutilación, constituye asesinato de primer grado; siendo de segundo grado todos los demás. (Có-digo Penal de Puerto Eico, art: 201, pág. 570.)

En virtud de los hechos del presente caso, la muerte de Juana Pérez, a menos que fuera intencional, deliberada y pre-meditada, no podía calificarse de asesinato en primer grado, sino solamente de asesinato en segundo grado. Se ha consig-nado en otra parte de las instrucciones dada por el tribunal, al jurado, que la interfecta fué herida ocho veces con un cu-chillo, a consecuencia de cuyas heridas, murió casi instantár neamente. Se dejó al jurado el determinar si los hechos pro-bados demostraban que la muerte había.sido intencional,'de-liberada y premeditada. Dicho jurado declaró que sí. Noso-tros no tenemos a la vista todas las pruebas. A juzgar por las constancias de autos, puede que haya habido otras circuns-tancias que más claramente demostraban deliberación y pre-meditación. Pero no es necesario demostrar que la deliberada intención de quitar ilegalmente la vida a la interfecta, haya existido durante un período de tiempo considerable. Las ins^-tracciones dadas al jurado, con respecto a la diferencia entre los delitos de asesinato en primero y segundo grado, eran am-plias y claras, y completamente imparciales en cuanto el acu-sado. A petición del letrado defensor del acusado, el jurado fue también instruido de dar a dicho acusado el beneficio de cualquier duda razonable.

“El Tribunal Supremo no puede revocar un fallo por vir-tud de apelación, fundado en que el veredicto es contrario a derecho o a las pruebas cuando no se hubiere sometido a su consideración toda la prueba practicada en el juicio, ni se hubieren planteado en el pliego de excepciones las cuestiones de derecho surgidas durante el juicio; ■ en tal caso hay que presumir que el veredicto ha sido pronunciado con arreglo a derecho y a las pruebas practicadas.”

People v. Díaz, 5. P. R. Rep., p. 415.

Los autos no demuestran ningún elemento de apasiona-miento ni prejuicio, y no se ha demostrado ningún error esen-cial que haya sido cometido en la calificación del delito o de otro modo. No encontramos motivo alguno para modificar el veredicto del jurado. La sentencia del tribunal y la impo-sición de la pena de muerte resultaron como consecuencia legal del veredicto dado por el jurado.

Siendo esto así, ¿ha debido concederse un nuevo juicio? El artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal señala los casos en que puede concederse un nuevo juicio. Ninguna de las disposiciones de dicho artículo, puede aplicarse al caso de que se trata, con excepción de las disposiciones 5a. 'y 6a., que dicen lo siguiente:

‘ ‘ 5. Cuando el tribunal hubiera erróneamente informado al jurado acerca de algún punto de derecho, o se hubiere equivocado en la deci-sión de alguna cuestión legal surgida durante la sustanciación del juicio.
“6. Si el veredicto fuere contrario a derecho o a las pruebas.”

, No hay nada en los autos que demuestre que el jurado haya sido instruido erróneamente, ni que el tribunal haya cometido error alguno en ninguna cuestión surgida durante el curso del juicio. Ni aparece tampoco que el veredicto del jurado fuera contrario a derecho ni a las pruebas. Los pro-cedimientos eran imparciales y regulares y conforme a ley. Y a falta' de una relación de hechos, debemos presumir que la sentencia estaba sostenida por la prueba.

Es evidente que se ha cometido un asesinato cruel, y el acusado justamente ha perdido el derecho a la vida. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados, Wolf del Toro y Aldrey.


author: El Juez Pkesidente, Sr. Hernández,

text:
    Vázquez v. Medina.
    ApelacxÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 551.
    Resuelto en febrero 1, 1911.
    Prueba Contradictoria — Apreciación del Juez Sentenciador. — Siendo contra-dictoria la prueba, al juez sentenciador que hace de jurado incumbe har-monizarla en lo posible y su apreciación no será revocada por este tribunal a menos que1 haya procedido con pasión, prejuicio o parcialidad o que haya in-currido en manifiesto error, o infringido preceptos legales.
    Eficacia de los Contratos — Venta de Bienes Inmuebles — Documento Públi-co. — De acuerdo con los artículos 1221 y 1225 del bodigo Civil Revisado, queda perfeccionado un contrato de compra-venta de finea i'ústica desde el momento en que las partes contratantes convienen en la venta de determinado terreno por precio cierto, sin que sea requisito esencial para la existencia de dicho contrato el que conste en documento público, pudiendo las partes compelerse recíprocamente a que se haga constar en documento público.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. José Martines Dávila.

   El Juez Pkesidente, Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 17 de septiembre del año 1909, José de la Rosa Vázquez formuló demanda ante la corte municipal de Baya-món contra Francisca Medina, alegando que el día 3 de sep-tiembre de dicho año celebraron ambos un contrato en virtud del cual la demandada vendió al demandante, por precio de diez y seis dollars cada una, el nnmerq de cnerdas que, según mensura tuviera un predio de terreno de su propiedad, radi-cado en el barrio de Padilla del término municipal de Coro-zal, colindante al Norte y Oeste con José Manuel Batista, al Sur con José de la Rosa Vázquez y al Este con la carretera de Corozal a Barros, y habiendo procedido los peritos que nombraron las partes a medir el terreno, dió éste un total de 26 cuerdas 32 céntimos, sin que la demandada entonces se prestara a otorgar la correspondiente escritura de venta de la finca vendida.

La demanda concluye con la súplica de que previos los trá-mites legales, sea condenada Francisca Medina a otorgar a favor de José de la Rosa Vázquez, escritura de venta de la parcela de terreno ya descrita, o en su defecto se otorgue dicha escritura por-el marshal de la corte, con las costas y gastos, que se originen a cargo de la demandada.

Al contestar la demanda Francisca Medina negó todos y cada uno de los hechos en ella contenidos, alegando además como materia nueva de oposición, que allá por la fecha que se menciona en dicha demanda, por medio de su líijo Alonso Medina ofreció en venta a José de la Rosa Vázquez la finca de que se trata por precio de diez y seis dollars la cuerda, pero bajo la condición de que esa finca había de ser mensurada, y si resultaba, tener treintici-nco cuerdas se realizaría la venta,, no llevándose ésta a efecto en caso contrario, en vista de cuya condición, como medido el terreno solo dió un total de veinti-séis cuerdas más o menos, no se llevó a afecto el contrato de venta por falta de la condición estipulada.

Celebrado el juicio ele novo ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección Ia., esa corte por sen-tencia de 20 de diciembre de 1909, declaró que los hechos y la ley están en favor de José de la Eosa Vázquez, y por tanto, que Francisca Medina debe otorgar a su favor en término de diez días, contados desde que dicta sentencia sea firme, la es-critura pública de venta del predio de terreno descrito en la demanda, con cabida de 26 cuerdas, previo pago de su precio a razón de diez y seis dollars cada cuerda, con las costas a cargo de la parte demandada.

Esa sentencia está sometida a nuestra consideración a vir-tud de recurso de apelación interpuesto contra ella por la parte demandada, y fúndase el recurso en errónea apreciación de las pruebas, con infracción de los artículos 162 de la Ley de Evidencia y 1216 y 1247 del Código Civil.

Como se ve, el único punto a discutir y resolver, es si la venta de la finca de que se trata, fué convenida por ambas partes’en términos absolutos y por precio de diez y seis dollars la cuerda, sea cual fuese el número de cuerdas que de la men-sura resultara, según afirma la parte demandante, o si por el contrario, se estipuló como condición del convenio, que de la mensura habían de resultar treinta y cinco cuerdas para que la venta tuviera efecto, según sostiene la parte demandada.

En apoyo de la alegación de la parte demandante, decla-ran los testigos Francisco Vélez, Elias García, Carmelo Ne-grón, Eomán Marrero y el mismo José de la Eosa Vázquez; mientras que Alonso Medina, Gerónimo Mulero, Manuel Va-liente y Martín Ibáñez confirman la alegación de Francisca Medina, habiendo sido impugnada la veracidad de Marrero y de Mulero, mediante declaraciones de los testigos Artemio P. Eodríguez y José Martínez Dávila.

Siendo contradictoria la prueba, al juez sentenciador que hacía de jurado incumbía armonizarla en lo posible, y en el caso de no poder hacerlo, que tal era su situación, a él corres-pondía dirimir el conflicto como lo hizo a favor de la parte demandante; y no encontramos que en el ejercicio de dicha, facultad baya procedido con pasión, prejuicio o parcialidad, ni que haya incurrido en manifiesto error, ni infringido los preceptos de los artículos 162 de la Ley de Evidencia y 1216 del Código Civil, por lo que nos vemos precisados a aceptar su apreciación como base para la aplicación del derecho.

Ni cabe estimar infringido el artículo 1247 del Código ci-tado, preceptivo de que deben constar en documento público los actos y contratos que tengan por objeto la creación, trans-misión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, pues de conformidad con lo que previene el artículo 1221, el contrato existe desde que una o varias per-sonas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio, y según el artículo 1225, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, obli-gando desde entonces, no sólo al cumplimiento de lo expresa-mente pactado, sino también a todas las consecuencias, que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

Si las partes, según el resultado de las pruebas, convinie-ron en la venta del predio de terreno descrito en la demanda por precio cierto y determinado, quedando así perfeccionado el contrato de compraventa, y si ese contrato debe constar en documento público, según el precepto del artículo 1247 del Código Civil, lejos de ser infringido dicho artículo ha tenido la debida aplicación en la sentencia.

En apoyo de la doctrina expuesta podemos citar la sen-tencia del Tribunal Supremo de España de 18 de junio de 1902, que dice así:

“La eficacia de los contratos no depende de sus formas extrínsecas, sino de la concurrencia de las circunstancias necesarias para su vali-dez, siendo obligatorio, cualquiera que sea la forma de su celebración, sin que su constancia por documento público o privado, que para algunos exige la ley, sea requisito esencial para su subsistencia, sino medio coercitivo concedido a los contratantes para compelerse recí-procamente a llenar aquella forma.”

Por las razones expuestas procede la confirmación de la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en 20 de diciembre de 1909.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados, MacLeary, Wolf y del Toro.

El Juez Asociado, Sr. Aldrey, no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado, Sb. MacLeaby,

text:
    Rosaly v. Alvarado.
    ApblaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 630.
    Resuelto en febrero 2, 1911.
    Prescripción — Pagarés de Comercio. — Las aeeiones procedentes de los pagarés de comercio prescriben a los tres años, contados de su vencimiento.
    jD._Obligaciones — Actos Mercantiles. — La expedición de pagarés a la orden, y sus endosos, deben reputarse actos mercantiles, con arreglo al artículo 2 del Código de Comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, por ser tales documentos de los expresamente definidos en dicho Código, y por tanto hay la presunción de que proceden- de operaciones de comercio, salvo prueba en contrario.
    Código de Comercio — Transacciones Mercantiles. — Las disposiciones del Có-digo de Comercio no han sido promulgadas para beneficio de una determinada clase de personas, sino para regular las transacciones mercantiles, estén o nó previstas por el Código.
    Los beebos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. José Tons Soto.

   El Juez Asociado, Sb. MacLeaby,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó la demanda el día 2 de enero de 1909, en cobro de un pagaré de $1,191.22, que se alega baber sido otorgado y entregado por el demandado en 30 de abril de 1901, a favor y orden de Don Lázaro Puente, intestado del demandante, “quien en esa época no era comerciante,” por dinero recibido a préstamo, y cuyo pagaré vencía en 21 de febrero de 1902, ¿legándose además, que el expresado pagaré no lia sido satisfecho ni en todo ni en parte.

El demandado admite que se otorgara y entregara el pa-garé, y funda su defensa en la ley de prescripción, alegando que el pagaré que se trata de cobrar es un documento comer-cial pagadero a la orden, y que cualquier acción que 'se esta-blezca para su cobro ha prescrito a tenor del artículo 950 del Código de Comercio que fija el término de tres años de su vencimiento.

Si el Código de Comercio tiene aplicación a este caso, la acción ha prescrito, puesto que ha transcurrido más de seis años, o sea dos veces el término que la ley prescribe, entre el vencimiento del pagaré y la fecha en que se estableció la demanda, siendo el término de tres años suficiente para que la acción quéde extinguida según el artículo citado.

En los autos no aparece una copia exacta del pagaré en cuestión, por lo que tenemos que atenernos a las alegaciones para poder hacer una apreciación del mismo; y se alega en la demanda que se otorgó a “favor y a la orden de” Puente, o sea la persona a quien el pago había de hacerse, “quien no era entonces un comerciante.” El demandante parece fun-darse en el hecho de que el difunto, en la fecha en que se otorgó el pagaré no tenía la ocupación de comerciante. Pero esta ño es la cuestión envuelta. El Código de Comercio no fué aprobado para regir transacciones entre comerciantes, sino para regular ''negociaciones de comercio entre todo el mundo. No fué un Código establecido para beneficio de cierta clase de personas sino para beneficiar a todos con relación a determinada clase de negociaciones. Es la índole del pagaré que trata de cobrarse y no la ocupación de las partes, que tomaron o dieron dinero prestado lo que determina si esta cuestión está o nó comprendida en las prescripciones del Có-■digo de Comercio. Esto está claramente indicado en el artí-culo segundo de ese Código, que es como sigue:

“Art. 2. Los actos de comercio, sean o nó comerciantes los que los ejecuten, y estén o nó especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza; y a falta de ambas reglas, por las del derecho común.
‘Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Có-digo, y cualesquiera otros de naturaleza análoga.”

También en el artículo 532 del Código de Comercio, a saber:

“Artículo 532. Las libranzas a la orden entre comerciantes, y los vales o pagarés también a la orden, que procedan de operaciones de comercio, producirán las mismas obligaciones y efectos que las letras de cambio, excepto en la aceptación, que es privativa de éstas.
“Los vales o pagarés que no estén expedidos a la orden se reputarán simples promesas de pago, sujetas al derecho común o al mercantil, según su naturaleza, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.”

IJn pagaré semejante al presente fué considerado por el Tribunal Supremo de España, como comprendido en las pres-cripciones del Código de Comercio, según puede verse de una referencia que se haga al caso de Silvestre v. Banco de España, resuelto en 25 de enero de 1898, 83 Jurisprudencia Civil, p. 162. Véase también la sentencia del mismo alto tribunal dictada en 28 de febrero de 1892, al mismo efecto.

Seguimos esos casos en otro análog’o y dictamos una sen-tencia sobre la misma cuestión en 15 de enero de 1906. En ese ■caso digimos:

“La expedición de pagarés a la orden y sus endosos deben repu-tarse actos mercantiles con arreglo al artículo 2 del Código de Comer-cio, por ser de los expresamente definidos en dicho cuerpo legal, ha-biendo por tanto la presunción de que proceden de operaciones de ■comercio, salvo prueba en contrario.
“Las acciones que se originen de pagarés mercantiles,prescriben dentro de tres años de su vencimiento. ’ ’

Hernández v. Muñoz, 3 Dec. P. R., 6.

De acuerdo con esas decisiones, la acción establecida para el cobro del pagaré de referencia había quedado extinguida por prescripción de tres años, y debió haberse dictado sen-tencia a favor del demandado. Por estas razones debe revo-carse la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce en 24 de enero de 1910, y dictarse por esta corte sentencia a favor del demandado," que es el apelante en este tribunal.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado, Sr. del Toro,

text:
    Hernández v. Fernández.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 565.
    Resuelto en febrero 2, 1911.
    Contrato — Existencia de la Causa — Su Impugnación por la Parte que Antes la Admitiera. — Aunque la eausa de un contrato consignado en documento pú-blico, aparezca de su contenido, su existencia no ha de estimarse concluyente, y si se impugnara por la misma parte que antes la admitiera, y se'demostrara, que era incierta, el contrato es nulo y la corte debe declararlo así.
    Id. — Pruebas—Documentos Públicos. — Aunque los documentos públicos hacen prueba contra los contratantes y sus causahabientes en cuanto á las declara-ciones que en ellos hubieren hecho los primeros, esto no obstante, esa prueba no es concluyente y puede ser destruida por otra tan robusta y tan clara que permita al juzgador resolver el conflicto sin vacilaciones de ningún género, pues en casos de duda, la declaración contenida en el documento público debe siempre prevalecer.
    Id. — Prueba Contradictoria — Apelación.—La apreciación de la corte inferior en los casos de prueba contradictoria, debe ser considerada como justa y pro-cedente, a no ser que se demuestre que al hacerla actuara movida por pasión, prejuicio, o -parcialidad, o que incurriera en manifiesto error.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Benjamin J. Horton y Leopoldo Feliú.

    Abogado del apelado: Sr. José Ramón Freyre.

   El Juez Asociado, Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Hernández Mena presentó una demanda en la cor-te municipal de Mayagüez, dirigida contra José A. Fernández Pérez, en cobro de $454, intereses y costas, alegando sustan-cialmente como causa de acción, que Fernández, por escritura pública otorgada ante el Notario Fernando Vázquez el 26 de diciembre de 1905, vendió, por la suma de trescientos pesos, recibidos con anterioridad al acto del otorgamiento, al de-mandante Hernández Mena, dos plazos de ciento, ochenta y seis y ciento sesenta y ocho pesos de cierto crédito hipote-cario que le pertenecía; que Fernández no comunicó al deu-dor el traspaso, y que el demandante no pudo percibir el im-porte de dichos plazos por haberlos satisfecho el deudor a otras personas.

El demandado admitió algunos hechos de la demanda y negó otros, alegando en sustancia que era .cierto el hecho del otorgamiento de la escritura de 26 de diciembre de 1905, pero no que hubiera mediado precio, y.que el demandante era en-tonces su apoderado general y teniendo en él plena confianza, y a su instancia, le otorgó la escritura.

La corte municipal dictó sentencia en contra del demam dante. Éste apeló para ante la corte de distrito y, celebrado el nuevo juicio, el tribunal dictó sentencia también en contra del demandante que apeló entonces para ante esta Corte Suprema. ■ ■ .

La cuestión principal a estudiar y resolver en este caso es la de si no obstante haber consignado Fernández en una ' escritura pública que había recibido con anterioridad el precio de la venta que se hacía constar en dicho documento, puede luego alegar la falta de certeza de tal hecho.

El artículo 1186 del Código Civil revisado dice así:

“Los documentos públicos hacen prueba aún contra tercero, del' hecho que motiva su otorgamiento y de la .fecha de éste.
“También harán prueba contra los contratantes y sus causaha-bientes, en cuanto a las declaraciones que én ellos hubiesen hecho los primeros. ’ ’

Comentando Manresa el artículo 1218 del Código Civil español, que es igual al 1186 de nuestro Código Civil revisado, dice: “Según éste (el texto legal), entre los interesados, los documentos públicos hacen también prueba respecto de las declaraciones que en los mismos hiciesen; pero no dice la ley que la prueba sea plena, como lo es para ellos y para todos en cuanto al hecho y su fecha, y la palabra “también” que precede a la de prueba, no puede tener el alcance de robuste-cer ésta hasta igualar su efecto con el declarado en el número primero.” (8 Manresa, 439.)

Y Scaevola, al tratar del valor propio de los documentos públicos, se expresa así: “Dice de ellos el artículo 1218 que hacen prueba, aún contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste, y así también que la harán contra los contratantes y sus cáusahabientes en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros. Antes se decía plena fe, plena prueba, prueba completa; ahora se dice simplemente prueba. Los romanos llamaban a los docu-mentos probatio probata, y refiriéndose ya a las escrituras públicas, dice Eiminaldo que hacen prueba plena, probada, evidente, manifiesta, evidentísima, real, indubitable, notoria, que no permite discusión y que tiene fuerza de resolución judicial. Covarrubias reduce todos estos adjectivos a dos: evidente y plena, pero empleados en grado superlativo; evi-dentísima y plenísima. Las Partidas, mas modestamente, si bien nos enseñan que toda carta hecha por Escribano público vale para probar .lo que fuese escrito en ella, no contienen precepto alguno que atribuya al documento público un valor tan grande como le conceden los antiguos autores, intima-mente, según queda dicho, el Código se' limita a manifestar que los documentos públicos hacen prueba, sin añadir a esta palabra adjetivo alguno. (20 Scaevola, 244.)

El Tribunal Supremo ele España eu su sentencia de 6 de junio de 1899, 8 Y. A. M., Jurisprudencia Civil, 292, en un caso sobre nulidad de contrato en que se alegó precisamente la infracción del párrafo 2o. del artículo 1218 del Código Civil, “puesto que la sala sentenciadora, no sólo no tiene en cuenta la manifestación becba por Doña Carmen Carreras (la de-mandante) en escritura de 8 de enero de 1895, de ser dueña de la propiedad inmueble que vendía a su padre, sino que pres-cinde de su. confesión de tener recibido* antes de otorgarse la escritura el precio de la venta”; resolvió que no se babía cometido tal infracción y entre sus fundamentos estableció que la Audiencia, apreciando en conjunto las pruebas prac-ticadas no sólo estimó' que Don Francisco Carreras no entregó a su bija Carmen el precio que figura como recibido con an-terioridad en la escritura de venta, sino que del sentido y fun-. damentos de la sentencia se desprendía la afirmación termi-nante de que ese documento público fué otorgado por inicia-tiva del recurrente, consignando un contrato simulado, al cual dió, con error y por ignorancia, su consentimiento, la „ supuesta vendedora. Y que las solemnidades externas de una escritura no se oponen a que por el conjunto de las pruebas formule la sala sentenciadora la apreciación de que el con- ■ trato fué simulado.

Esta Suprema Corte en el caso de Horton v. Robert, 3 Castro, 410, estableció la siguiente doctrina: “Aunque la causa de un contrato aparezca de su contenido, la verdad de los becbos expresados en el mismo no ba de presumirse que es concluyente, y los tribunales pueden siempre investigar y averiguar su verdadera causa, y admitir y practicar pruebas que tiendan a mostrarlas.”

Y nuestra ley para reglamentar la presentación de eviden-cia en los procedimientos civiles, en su artículo 101, no. 2°., dice: “Las siguientes presunciones se estiman'concluyentes, con exclusión de todas las demás:’ Io. * ' *' *; 2o. La verdad de los- becbos relatados en la relación contenida en un docu-mento escrito, entre las partes interesadas en el mismo o sus sucesores en interés por título adquirido posteriormente; pero esta regla no será aplicable a la relación de una compensa-ción.”

En el presente caso el demandado presentó prueba al efecto de 'demostrar que en el contrato en que basaba su de-recho el demandante, no había mediado precio, y que, por tanto, la afirmación que en él hizo el demandado de que había recibido la cantidad de trescientos pesos con anterioridad al acto del otorgamiento de la escritura, no era cierta.

El demandante no se opuso a la práctica de dicha prueba y la córte de distrito la apreció, según se desprende de la sentencia que dictara, como demostrativa de que el contrato era realmente simulado.

Falsa simulata non veritatem minuit, (Cód., lib. VII, tít. XVI, ley 15). Lo falso y lo simulado no perjudican la ver-dad. Quod simulatur, fingitur non esse. Lo que se simula se supone que no existe. His quae simulate gerentur pro infeetis habitis. ■ (Cód. Lib. II, Tit. IV, ley 21.) Lo que se hace simu-Tadamente es nulo. (Scaevola, Principios Generales del De-recho Civil, 232.)

• Siendo esto así y no existiendo prueba de que la corte al resolver el conflicto de la evidencia ofrecida por ambas partes, en favor del demandado, actuara movida por pasión, pre-juicio o parcialidad, o cometiera algún error manifiesto, de-bemos aceptar tal apreciación como la justa y procedente, tanto más cuanto, que hemos examinado dicha evidencia y lle-gamos a la misma conclusión.

En casos de esta naturaleza, la prueba en contrario debe ser perfectamente clara. La misma ley determina que los documentos públicos harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes en cuanto a las declaraciones que en ellos hubieran hecho los primeros y para destruir esa prueba s'e necesita otra muy robusta que permita al juez sentenciador decidir el conflicto sin vacilaciones. En caso de duda, se estará siempre a la declaración contenida en la escritura.

Por las razones expuestas, debe declararse sin lngar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados, MacLeary y Wolf.

El Juez Presidente, Sr. Hernández y Asociado,. Sr. Al-drey, no intervinieron en la resolución de este caso.


text:
    Hernández v. Fernández.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 553.
    Resuelto en febrero 2, 1911.
    Obligaciones Hipotecarias — Tercero.—No puede merecer la consideración de tercero, a los efectos de exigir el estricto cumplimiento de una obligación hipo-tecaria inscrita, aquel que, no habiendo intervenido en dicha obligación, y siendo cesionario de la misma a los efectos de gestionar su cobro mediante comisión, tuviera conocimiento del origen y naturaleza de la referida obliga-ción, y de los pactos o convenios habidos entre las partes, que dieran por re-sultado una modificación de la misma, aunque tales pactos o convenios no hu-bieren sido inscritos en el registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Méndez Vaz.

    Abogado del apelado: Sr. José Ramon Freyre.

   El Juez Asociado, Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Hernández Mena presentó una demanda en la Oorte de Distrito de Mayagüez, dirigida contra José A. Fer-nández, en cobro de mil doscientos pesos, alegando sustancial-mente que el dicho Fernández le debía la expresada suma procedente de tres pagarés hipotecarios, cada uno por cnatro- ' cientos pesos, que Fernández había otorgado a favor de Manuel Diez y que éste había transferido al demandante por medio de endosos escritos en la siguiente forma: “Págnese a la orden de Agustín Hernández Mena, valor recibido, Maya-güez, P. R., 29 junio, 1908. Manuel Diez”; y que el importe de dichos pagarés no había sido satisfecho por el demandado ni a Manuel Diez, ni al demandante.

El demandado Fernández contestó negando los hechos de la demanda y alegando como materia nueva que había firmado los pagarés a que se contraía la demanda, en garantía de cierta cuenta corriente que llevaba con la mercantil Nadal y Diez de la cual era socio gestor Manuel Diez, y que la única suma que debía a virtud de dicha cuenta era la de $266.81.

La vista del pleito se celebró el 7 de febrero de 1910, prac-ticándose la prueba presentada por ambas partes consistente en documentos y testigos, y, el día 15 del mismo mes, la corte, después de haber consignado los hechos que estimó proba-dos y de haber establecido como conclusión legal la de que el demandado sólo era responsable por la suma de $266.81, dictó sentencia ordenando' que el demandante recobrara del demandado dicha suma, los intereses legales de la misma a partir del Io. de junio de 1909, fecha de la interposición de la demanda, y las costas.

Contra esa sentencia se interpuso el presente recurso de apelación. Al acto de la vista no comparecieron las partes, pero la apelante alegó por escrito que la corte sentenciadora había infringido el artículo 27 de la Ley Hipotecaria en rela-ción con el 144 de la misma ley y además el 153 de la propia Ley Hipotecaria y concordantes del reglamento para su eje-cución.

Un examen cuidadoso de las alegaciones y de las pruebas, demuestra que en efecto José A. Fernández otorgó los pagarés de que se trata, en garantía de su cuenta corriente con la casa mercantil Nadal y Diez, de la cual era socio gestor Manuel Diez. Este era pariente político de Fernández y había garan-tizado personalmente a la sociedad la cuenta de Fernández. Los pagarés vencían el 30 de junio, el 30 de. septiembre y el 30 de diciembre, todos del año 1907. En junio 29 de 1908, Manuel Diez los endosó al demandante Hernández Mena y la evidencia tiende a probar además que Hernández Mena cono-cía perfectamente el origen de dichos pagarés y cual era su valor verdadero, que Hernández Mena no satisfizo precio al-guno y que los pagarés le fueron endosados para-su cobro al 50 por ciento. Con posterioridad al endoso de los pagarés al demandante, Manuel Diez envió a Fernández su cuenta co-rriente con Nadal y Diez, con una nota que, copiada a la letra, dice así: “Estimado Don Pepe: Yea si puede conseguir hayudarnos con esta suma que resulta debernos, para que recoja los tres pagaréses hipotecarios por $400 cada uno que me otorgó el año pasado para garantizar su cuenta que saldó y que hoy sólo responden a estos $266.81. La mala cosecha nos tiene locos con nuestros compromisos y día hay que soli-citemos su hayuda en este sentido. Suyo fimo, amigo y pa-riente, (Firmado) Manuel.”

Manuel Diez falleció y Hernández Mena presentó entonces su demanda en este pleito.

Expuestos los anteriores hechos, se concluye fácilmente que la corte sentenciadora no cometió los errores que se le atribuyen.

La prueba demuestra que el demandado sólo debía la suma de 266 pesos 81 centavos y esa suma es la única que puede en justicia obligársele a pagar, teniendo en cuenta además que la prueba tiende a demostrar, y bien claramente a nuestro juicio, que al adquirir los pagarés, el demandante Hernández Mena sabía cual era el origen y el valor verdadero de los mis-mos, no satisfizo precio alguno por ellos, y los recibió para su cobro al 50 por ciento.

Es deudor aquel de quien, contra su voluntad, se puede cobrar lo que debe. Deja de ser deudor el que tiene excep-ción legítima que no es contraria a la equidad natural. En caso de duda, debe seguirse el criterio favorable al deudor. (Seaevolá, Principios Generales del Derecho Civil, p. 92.)

Semper in dubiis bemgniora praeferenda sunt. '(Digesto Lib. L. Tit. XVII, regla 56.) En los casos dudosos siempre se ha de preferir lo que es más conforme a la equidad. Aequi-tas in dubio praevalet. En lo “dudoso debe prevalecer la equi-dad. (Scaevola, Principios Generales del Derecho Civil, p. 99.)

Habiendo en consideración todo lo expuesto, el recurso debe declararle sin lugar y confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados, MacLeary y Wolf.

El Juez Presidente, Sr. Hernández, y Asociado, Sr. Al-drey, no intervinieron en la resolución de este caso.


text:
    Hernández v. Fernández et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 559.
    Resuelto en febrero 2, 1911.
    Hipoteca — Adjudicación de Finca Hipotecada en Pago de Crédito de Carácter Personal. — La hipoteca sujeta directa é inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obliga-ción para cuya seguridad fué constituida, y por consiguiente, el acreedor que obtenga la adjudicación de una finca hipotecada, en el ejercicio de una ac-ción personal, la adquiere con sujeción al gravamen' constituido.
    Id. — Procedimiento Ordinario — Procedimiento Sumarísimo. — El hecho de que el acreedor hipotecario hubiere entablado un procedimiento ordinario para el cobro de su hipoteca, no es obstáculo para que pueda iniciar después el proce-dimiento sumarísimo que establece la Ley Hipotecaria, cuando se demuestra, como se ha demostrado en el caso de autos, que la sentencia obtenida en el primer pleito no pudo cumplirse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Benjamin J. Horton.

    Abogado del apelado: Sr. José Ramón Freyre.

   El Juez Asociado, Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Hernández Mena presentó en la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda que parece'haberse radicado bajo el No. 2372 dirigida contra José A. Fernández Pérez en repre-sentación de sus menores hijos José Antonio, Manuel Eva-risto y Benigno Claudio Fernández y Diez, solicitando que la corte declarara, 1°., nulas las actuaciones en el caso número 2349 de la Corte de Distrito de Mayagüez seguidas por los de-mandados contra el demandante y su esposa, sobre cobro de crédito hipotecario, 2°., cancelada cierta hipoteca constituida por Claudio Nin a favor de José A. Fernández, cedida por éste a F. Crestar y D. Fernández, por éstos a Gr. G-onzález y donada por este último a los menores hijos de J. A. Fernán-dez, y 3°., cancelada la inscripción en el registro de la expresa-da hipoteca.

Contestada la demanda, se celebró la vista conjuntamente con la de otro pleito seguido entre las mismas partes, y la corte, en marzo 23 de 1910, resolvió ambos casos por la si-guiente sentencia que ha sido apelada en cuanto al pleito No. 2372.

“Estas causas fueron llamadas para juicio el día 14 de febrero de 1910, compareciendo el demandante en persona y los demandados representados por su abogado Ledo. José R. Freyre. El demandante solicitó la acumulación de los dos pleitos, mostrando su conformidad el demandado, por lo que la corte ordenó se acumularan los dos casos. Oídos los alegatos, la prueba practicada y los argumentos de ambas partes, la corte reservó su decisión basta el día de hoy en que declara:
“Io. En cuanto a la causa número 2372, que la ley y los hechos están a favor de los demandados y en contra del demandante.
“2o. En cuanto a la causa número 2387 (a) que la ley y los hechos están a favor del demandante en todo lo que se refiere a su solicitud de nulidad, por no. haber los demandados expuestos fielmente los hechos en el procedimiento hipotecario sumarísimo seguido en esta corte con el número 2349, habiendo dirigido dicho procedimiento en cobro de $960 contra una finca que solo debía responder de $600; y (ft) que el demandante no ha aportado prueba que justifique la con-cesión de la indemnización que solicita en concepto de daños y per-juicios.
“En su consecuencia, la.corte declara nulo y sin valor ni eficacia alguna, el procedimiento sumarísimo No. 2349 seguido en esta corte por José A. Fernández, en representación de sus menores hijos José Antonio, Manuel Evaristo y Benigno Claudio Fernández y Diez, contra Agustín Hernández Mena y Juana Lliteras, reservando a los refe-ridos José A. Fernández y menores hijos, mientras no está satisfecho bu crédito, el derecho de iniciar un nuevo procedimiento hipotecario en cobro de la suma garantida por la hipoteca de 14 de enero de 1901, dirigiéndose contra las fincas hipotecadas en la proporción en que' deben responder.
‘1 Se ordena además, que cada parte pague sus propias costas.
“Mayagüez, P. R,., marzo 23 de 1910. Otto Schoenrich, Juez dé Distrito.”

Las alegaciones en este caso son largas y confusas, pero-la cuestión fundamental envuelta en el mismo, es sencilla y está claramente prevista y resuelta por la ley.

Aparece qrie Claudio Nin constituyó hipoteca sobre tres, fincas, una de 28 cuerdas, otra de 12 y otra de 5, a favor de José A. Fernández, para garantir el pago de cierta deuda. Fernández cedió el crédito a F. Crestar y D. Fernández, éstos-a su vez lo cedieron a Gr. G-onzalez y éste lo donó a los menores hijos de J. A. Fernández a favor de quienes consta inscrito' en el registro de la propiedad.

Agustín Hernández Mena siguió un procedimiento contra el dicho Claudio Nin ejercitando una acción personal en cobro-de pesos y obtenida sentencia a su favor, se vendió para satis-facerla en pública subasta la mitad de la finca de 28 cuerdas hipotecada por Nin a favor de Fernández, habiéndola adqui-rido el propio Hernández Mena.

Para cobrar su crédito, José A. Fernández, en representa-ción de sus menores hijos, inició un procedimiento ordinario contra el deudor Claudio Nin en la Corte de Distrito de Maya-güez. Obtuvo sentencia a- su favor y para ejecutarla, se in-tentó vender las fincas embargadas que eran las mismas pre-viamente hipotecadas para garantir el pago de la deuda. La venta no pudo verificarse porque fué obstaculizada por Agus-tín Hernández Mena, que alegó que era dueño de la mitad de la de 28 cuerdas, y porque la otra mitad de esta finca y la to-talidad de las otras habían sido vendidas para el cobro de las contribuciones.

J. A. Fernández, inició entonces el procedimiento especial que autoriza la ley sobre la materia para el cobro de la hipoteca y lo dirigió contra la mitad de la finca de 28 cnerdas adquirida por Agustín Hernández Mena, en la forma que se lia expresado, y éste entabló el presente pleito haciendo en el mismo las peticiones que hemos especificado anteriormente.

Expuestos los hechos, se concluye sin esfuerzo alguno que carecen de fundamento las pretensiones del demandante y apelante en cuanto a la cancelación de la hipoteca de que se trata y de su consiguiente inscripción en el registro de la propiedad.

La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes so-bre que.se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumpli-miento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. (Art. 105 de la Ley Hipotecaria.)

La finca adquirida por Agustín Hernández Mena a conse-cuencia del ejercicio de una acción personal qne tenía contra su dueño, había sido previamente hipotecada por este a favor de Fernández y tal hipoteca continuó en todo su vigor sin que fuera afectada en modo alguno por la transferencia del do-minio de Nin a Hernández.

El hecho de haberse iniciado un procedimiento ordinario por el acreedor y obtenido en él sentencia mandando pagar la misma deuda garantizada con la hipoteca, no es obstáculo para cobrarla por el procedimiento hipotecario sumarísimo, cuando se demuestra, como se ha demostrado aquí, que la sen-tencia obtenida en el primer pleito no pudo cumplirse.

No se trata cobrar dos veces la misma deuda, sino una sola vez, y si bien todb el curso seguido por el demandante para su cobro no es recomendable, su error no es de tal natu-raleza que destruya su derecho.

En cuanto a la petición de nulidad del procedimiento hipo-tecario, existe alguna confusión con respecto a cual fue el pronunciamiento de la corte, porque ■ si bien aparece que la demanda en el caso No. 2372 fué totalmente declarada sin lugar, la nulidad se decreta al resolver el caso No. 2387 visto conjuntamente con el No. 2372 y resuelto por una sola sen-tencia.

Tal nulidad no envuelve la del título hipotecario, sino la del procedimiento, debido a haberse faltado en él a la verdad en cuanto a la narración de los hechos, pues parece que al constituirse la hipoteca sobre tres fincas, se determinó de acuerdo con la ley la parte de la deuda garantizada con cada una y al seguirse la ejecución contra una sola, se intentó co-brar, no ya la parte señalada expresamente, sino la totalidad de la deuda.

Asumiendo que el procedimiento hipotecario seguido por los demandados en este caso contra el demandante y su es-posa a que se ha hecho referencia, fué declarado nulo por el motivo expresado y he'cho constar en la sentencia apelada, re-servando a los referidos demandados, mientras no esté satis-fecho su crédito y de acuerdo con la ley, el derecho de iniciar un procedimiento hipotecario en cobro de la suma garantida con la hipoteca, dirigido contra las fincas hipotecadas en la proporción en que deben responder según la escritura de cons-titución y el registro, y también que se resolvió no haber lugar a decretar la cancelación de la repetida hipoteca y la de su inscripción en el registro, debemos confirmar la senten-cia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez, el 23 de marzo de 1910.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados, MacLeary y Wolf.

El Juez Presidente, Sr. Hernández, y Asociado Sr. Aldrey, no intervinieron en la resolución de este caso.