author: El Juez Asociado Señoe Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Leoncio Lanza Lanza, acusado y apelante.
    Núm. 7502.

    Sometido: Abril 21, 1939.

      Resuelto: Julio 5, 1939.

      Juan Calzada González, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Leoncio Lanza Lanza fué convicto en dos ocasiones, primero en la corte municipal y luego, después de un juicio de novo, en la corte de distrito, por una infracción del artículo 137 del Código Penal, a virtud de una denuncia en que se alegaba lo siguiente:

Que el referido Lanza, a sabiendas de que el denunciante, inspector insular de pesas y medidas, era un funcionario público en el cumplimiento de sus deberes oficiales y que en aquellos momentos actuaba como tal, demoró y estorbó al denunciante en el cumplimiento de sus deberes oficiales; opuso tenaz resistencia a que el denunciante verificara el peso de varios bollos de pan que eran exhibidos y ofre-cidos para la venta por la firma de Y. Lanza & lino., de la cual el acusado era empleado, socio o interesado, le arrebató los referidos bollos de pan de sus manos y los hizo pedazos, no pudiendo, en su consecuencia, el denunciante verificar su peso.

El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al no declarar con lugar una excepción perentoria a la denuncia. El apelante admite que la denuncia imputa un delito público, si es que ha de seguirse la doctrina sentada en el caso de El Pueblo v. Rivera, 25 D.P.R. 752. Se arguye, sin embargo, que el caso de El Pueblo v. Rivera fué revocado por el de El Pueblo v. Delgado, 30 D.P.R. 407. La denuncia en el presente caso imputaba un delitó. De existir algo en el caso de El Pueblo v. Delgado que sea inconsistente con este criterio, hasta ese punto el caso de Delgado queda revocado.

En el segundo señalamiento se impugna la jurisdicción de la corte de distrito a base de que, si bien el delito se había cometido dentro del distrito municipal de San Lorenzo y la denuncia se había radicado en la corte municipal del mismo pueblo, el juramento del denunciante se había prestado ante el secretario de la Corte Municipal de Humacao. El alegato del apelante deja de establecer la contención de que ésa es una cuestión jurisdiccional. Un punto similar fue resuelto adversamente a la" contención del apelante en el caso de El Pueblo v. García, 18 D.P.R. 570. La cuestión, al no ser jurisdiccional, no puede ser suscitada por primera vez ante este tribunal.

El cuarto señalamiento es que la corte de distrito cometió error en la apreciación de la prueba y al dictar una sentencia que no está sostenida por la evidencia. No hallamos error en la apreciación de la prueba ni podemos convenir con el apelante en que la evidencia era insuficiente para sostener la sentencia.

El tercer señalamiento levanta nna cuestión más seria. El artículo 137 del Código Penal dispone:

“Toda persona que voluntariamente resistiere, demorare, o estor-bare a cualquier funcionario público en el cumplimiento de alguna de las obligaciones de su cargo, o al tratar de cumplirla, siempre que no hubiere otra pena, señalada, incurrirá en multa máxima de cinco mil (5,000) dólares y cárcel por un término máximo de un año. ’ ’

La sección 20 de la Ley de Pesas y Medidas (núm. 135) aprobada el 18 de agosto de 1913 (Sesión Extraordinaria de ese año, Leyes de 1913-14 pág’s. 103, 108) provee que la in-fracción de ciertas reglas y reglamentos constituirá delito menos grave, castigable, por la primera falta, con una multa máxima de cincuenta dólares o con prisión que no exceda de cincuenta días. La sección 24 del referido reglamento dis-pone: “Ninguna persona impedirá u obstaculizará al jefe inspector, o a sus inspectores ... en el cumplimiento de sus deberes oficiales.” En el presente caso el juez de distrito impuso una multa de $200 ó, en su defecto, un día de cárcel por cada dólar que se dejase d.e satisfacer. Convenimos con el apelante en que la pena no debió haber excedido del má-ximo prescrito por la sección 20 de la Ley de Pesas y Me-didas.

La sentencia apelada debe ser modificada de conformidad, y, así modificada, confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe HutchisüN

license: Public Domain

text:
    Mario Castro Fernández y su esposa Ana Emilia Moraza, demandantes y apelantes, v. Capital de Puerto Rico y Félix Torres, demandados y apelados.
    Núm. 7646.

    Sometido: Febrero 16, 1939.

      Resuelto: Julio 5, 1939.

      R. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de los apelantes; J. Valldejuli Rodríguez y Brown, González & Newsom, abogados de la Capital de Puerto Rico, apelada; Adrián Agosto, abogado del Sr. Torres, apelado.
   El Juez Asociado Señoe HutchisüN

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, en una acción de daños y perjuicios provenientes de un accidente automovilista, obtuvieron sen-tencia contra uno de dos supuestos responsables comunes (joint tortfeasors). El presente recurso de apelación ba sido interpuesto contra aquella parte de la sentencia que declaró sin lugar la demanda en cuanto a la Capital, que es una cor-poración municipal creada por la ley de mayo 15 de 1931 (Leyes de ese año, núm. 99, pág. 627.)

Existen cuatro señalamientos de error. Son substancial-mente al efecto de que lá corte de distrito erró:

Al decidir que para que la corporación sea responsable de los actos del conductor de un automóvil, no basta que se demuestre que éste era empleado del municipio.
Al decidir que para que la Capital de Puerto Rico sea responsa-ble de los actos de su empleado, es indispensable probar que en aquellos momentos actuaba dentro de las funciones de su empleo.
Al no declarar probado que el chófer del municipio estaba en el momento del accidente actuando en el servicio del ramo en que estaba empleado, o con ocasión de sus funciones.
Al decidir que para que la Capital de Puerto Rico sea respon-sable por los actos de su empleado, es indispensable probar que las funciones de su chófer en el momento del accidente no eran actos ultra vires de la corporación. .

El caso no gira sobre la cuestión ele la suficiencia de la prueba de que el accidente se debió a la fo.rm,ñ negligente en que el automóvil del municipio era conducido por un em-pleado de la capital.

Los señalamientos tercero y cuarto presentan cuestiones mixtas de Lecho y de derecho.

Un automóvil perteneciente a la Capital era utilizado por el Director Municipal de Obras Publicas. El conductor de este vehículo fué empleado por la corporación a través del Director de Obras Públicas. El chófer era pagado por el municipio. Él declaró que su deber era obedecer las órdenes dádasle por el director. El chófer tenía por costumbre, de conformidad con las instrucciones recibidas del director, lle-var todas las tardes a la hija del director de la escuela a su casa. Declaró además que la tarde del accidente el director le dio un dinero con instrucciones de que lo llevara a la esposa del director y de que entonces fuera a la escuela. El director tenía un vago recuerdo de esto, más no recordaba claramente el particular. Por lo que su esposa le dijo, él creía que eso probablemente era cierto. Al momento del accidente el conductor del vehículo se dirigía a la casa del director y no a la escuela.

Un testigo declaró sobre una admisión que se decía fué' hecha por el chófer inmediatamente después del accidente, al efecto de que éste se dirigía “al acueducto.” Eliminando por completo cualquier cuestión relativa a la admisibilidad de tal manifestación como prueba del hecho admitido, y fuera de cualquier cuestión respecto al valor probatorio de la ma-nifestación misma, el juez de distrito llegó definitivamente a la conclusión de que el chófer no había hecho la manifesta-ción imputádale.

La corte inferior hizo las siguientes citas de Huddy, “Cyclopedia of Automobile Law” (9th ed.), vol. 7-8, 293; 6 “McQuillan on Municipal Corporations” (2d ed.) 1025, sección 2780; y 19 R.C.L. 1137, 1138, see. 414:

De Huddy:

“A fin de establecer la responsabilidad de un municipio en esta clase de casos, es necesario que el acto imputádole esté dentro del límite de sus atribuciones como tal corporación municipal. Si el acto realizado está fuera de ese límite, el municipio no es 'responsa-ble, ora sus funcionarios ordenaran la, realización de tal acto o ya fuera el acto ejecutado sin orden expresa. Así, pues, si se utiliza un vehículo para fines personales de un funcionario o empleado municipal, es claro que e] municipio no es responsable.”

De McQuillan:

“Idem — Lesiones personales resultantes de negligencia. — La ma-yoría de los litigios que envuelven la responsabilidad de municipios por actos torticeros, tienen que ver con casos de lesiones personales. En esta clase de casos es menester contestar cinco preguntas afirma-tivamente antes de poder obtener indemnización, a saber:
“1. .¿Estaba el deber que se infringió relacionado con un deber privado o público de la corporación, conforme se distingue el mismo de un deber gubernamental?
“2. ,¿ Era la persona negligente un sirviente del municipio a quien se imputa la negligencia?
“3. .¿Estaba el acto torticero dentro de las facultades del muni-cipio, es decir, no fué ultra vires?
“4. ¿Actuaba el funcionario o empleado causante del daño den-tro de los límites de sus atribuciones o, en caso de no estarlo, fué su actuación posteriormente ratificada por el municipio?
“5. .¿Fué el municipio culpable de negligencia — si es que se trata de un caso en que es necesario demostrar tal negligencia — y estuvo el demandante exento de negligencia contribuyente y no impedido de obtener sentencia a su favor, caso de ser un empleado del muni-cipio de conformidad con la regla conocida en derecho americano por ‘assumption of risk or fellow-servant rule’?”

De Ruling Case Law:

“Actos ultra vires. — Debe recordarse que la frase ultra vires tiene dos significados. Un acto en exceso de-los poderes conferidos a una corporación municipal por la Asamblea Legislativa es ultra vires bajo el primer significado; y un acto de un funcionario municipal para el cual la corporación estaba autorizada, pero que de hecho no le facultó a realizar, resulta ultra vires bajo el segundo signifi-cado. La política de la ley es limitar a las corporaciones munici-pales estrictamente al ejercicio de los poderes conferídosle por sus respectivas cartas constitutivas. A tales organismos no se les per-mite que asuman poderes ni que incurran responsabilidades en exceso de las facultades conferídasle por la Asamblea Legislativa, ni que resulten en violación de los derechos de los ciudadanos, que puedan haberse convertido en miembros de la corporación sin el con-sentimiento de ellos. Igualmente ha quedado bien establecido que cuando una corporación municipal asume una función no conferí-dale por el poder legislativo, ella no es responsable de negligencia o impericia en el cumplimiento de tal función.”

El juez de distrito distinguió los casos de Salt Lake City v. Hollister, 118 U. S. 256 y Woody v. Utah Power & Light Co., 54 F. (2d) 220, citados por los demandantes. El estuvo plenamente convencido de que el chófer, ora se dirigiera al hogar del director, con dinero para la esposa de éstp, o hacia la escuela para llevar a la hija del director de aquel plantel a su casa, no estaba en el cumplimiento de ningún deber del municipio y que si la corporación hubiera autorizado el uso del automóvil para semejante propósito, tal autorización era ultra vires y la corporación no era responsable.

Los apelantes citan la monografía que aparece al final del caso de Jones v. Sioux City, 185 Iowa 1178, 10 A.L.R. 480, así como los casos de Opocensky v. S. Omaha, 101 Neb. 336; Johnston v. Chicago, 258 Ill. 494 y City of Oklahoma City v. Foster, 118 Okla. 120 y 47 A.L.R. 822.

En el presente caso la actuación que dió lugar al daño alegado no era ni una actuación gubernamental “ni de la corporación”. Ni el envío de dinero por el director a su esposa ni el envío del automóvil a la escuela en busca de la hija del director eran parte de los asuntos generales o mu-nicipales de la corporación. Esta no “realizaba en el ejer-cicio de una función municipal, un deber ministerial”. Ella no “actuaba en su capacidad corpoi'ativa o ministerial”.

No hallamos error manifiesto ni en la apreciación de la prueba por el juez de distrito ni en sus conclusiones de de-recho.

Aún si se admitiera que la cesión hipotética del vehículo al Director Municipal de Obras Públicas para su uso personal no era ultra vires — aún si asumiéramos con los apelantes que con motivo de tal cesión, la corporación hubiera sido respon-sable de la negligencia de su chófer, no obstante el' hecho de que el Director de Obras Públicas no estaba dentro del au-tomóvil al momento del accidente, y, no embargante el hecho de que el vehículo no era utilizado al momento del accidente para una empresa mercantil — sin embargo, no hallamos en la prueba una base satisfactoria para llegar a la conclusión de que la corporación había en realidad cedido el vehículo al director para su uso personal.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no inter-vinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    John Frese, demandante y apelado, v. Comisión de Servicio Público, demandada y apelante.
    Núm. 7738.

    Sometido: Abril 11, 1939.

      Resuelto: Julio 5, 1939.

      Tomás Torres Pérez, abogado de la apelante; Henry G. Molina y S. de la Fuente, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La Comisión de Servicio Público apela de una sentencia adversa dictada por la corte de distrito en recurso interpuesto contra una orden de dicha Comisión. De la relación del caso preparada por el juez de distrito y adoptada por la apelante en su alegato, tomamos, los siguientes hechos:

F. A. C. Hastrup era dueño y ocupaba una quinta en la jurisdicción de Guaynabo. Dicho municipio le suministraba el servicio de agua para la quinta, mediante contrato verbal, por precio de $8 mensuales. Por escritura otorgada el 24 de abril de 1930 Hastrup donó la finca a su bija Evelyn Anita Hastrup. La escritura disponía que cuando la donataria se bailara ausente de la Isla y mientras viviera el donante, éste sería el administrador de la finca. Hastrup continuó ocu-pando la casa y pagando el agua como venía haciéndolo basta la terminación del año 1934, en que dejó de pagarla. Luego el municipio se negó a darle servicio de agua a John Frese, arrendatario de Evelyn Hastrup, a menos que la suma adeu-dada, ascendente a $158.33, por concepto de agua, le fuese sa.-tisfecba. Compareció el señor Frese ante la Comisión de Servicio Público y radicó una querella acompañada de ub cer-tificado de depósito. Este certificado debía aplicarse al pago de la deuda del municipio si se resolvía que el arrendatario Frese o Evelyn A. Hastrup, arrendadora y dueña de la finca, debían pagar el agua. Si se resolvía que debía pagarla Hastrup, el anterior dueño, el certificado debía devolverse a Frese.

De la prueba que se presentó en la Comisión resulta que Hastrup habitó la casa durante el período en que dejó de pagarse el agua, Durante ese tiempo su bija'Evelyn residía permanentemente en la ciudad de Nueva York. No aparecía de la prueba que Hastrup celebrase un nuevo contrato con el municipio, sino que siguió utilizando y pagando el agua como había venido haciéndolo antes de la donación. La Comisión declaró que toda vez que aparecía de la escritura de dona-ción que Hastrup continuaría como administrador de la finca, la donataria era responsable y el municipio tenía derecho a aplicar el certificado de depósito al pago de la deuda. Frese apeló por entender que Hastrup, y no su bija, debía pagar por dicho servicio.

En el presente recurso el primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al llegar a la conclusión de que la prueba que la Comisión tuvo ante sí no demostraba ningún nexo contractual entre la bija y el municipio.

El apelante bace las siguientes citas: 2 C. J. S. 1045, sección 23; Griffith v. Alcocke, 37 So. 47; Beach v. Huntsman, 83 N. E. 1033; Dodd v. Atlanta, 28 A. L. R. 465, y nota 472, 475 y 486; Smith v. Scranton Gas & Water Co., (1899) 5 Lack. Legal News (Pa.) 235; Suau v. Capital de P. R., 50 D.P.R. 768, 776.

Una lectura de la. opinión emitida en Beach v. Huntsman, bastará para distinguir ese caso. No tenemos acceso al de Smith v. Scranton Gas & Water Co. El apelante descansa en la descripción contenida en la monografía puesta al caso de Dodd v. Atlanta, supra, en la página 480. Bajo las cir-cunstancias del presente, no estamos preparados para revo-car la sentencia, de la corte de distrito por la autoridad del caso de Smith.

No tenemos la escritura de donación ante nos. De otra escritura otorg’ada por Hastrup el 31 de diciembre de 1936, se desprende que en la escritura de donación Hastrup no sólo estipuló que mientras viviera y su hija se hallara au-sente de la Isla, él administraría la finca, sino también que mientras viviera y viviera su esposa, la hija suministraría una habitación a cada uno de ellos. De conformidad con las condiciones de la escritura de donación, la propiedad no po-día ser enajenada, vendida ni gravada por la hija sin con-sentimiento expreso de sus padres o del que de ellos viviera en caso de morir uno u otro. Evidentemente el donante, al momento de hacer la donación, no tenía en mente cambiar de residencia hasta que así se lo dictara su propia conciencia. Mientras la hija permaneciera en Puerto Rico el donante no tenía deberes que cumplir como administrador. Una vez que la hija saliera de esta Isla sus deberes como administrador no eran onerosos. Nada hay que demuestre que él en ocasión alguna rindiera cuentas, le cobrara algo a su hija, llevara jamás cuenta de sus actos como administrador o realizara acto alguno de administración. La hija, como dueña del tí-tulo legal, tenía, desde luego, ciertos derechos, que pudo ha-ber ejercido, pero que no ejerció hasta que su tío, John Frese, se convirtió en arrendatario y apoderado suyo. Del 24 de abril de 1930 al 1 de junio de 1936, la transacción entre Has-trup y su hija parece haberse quedado “enteramente en fa-milia” y Hastrup era el jefe de la familia. En la escritura de 31 de diciembre de 1936, en que Hastrup renunciaba, vendía y cedía a su hija todos los derechos reservádosle al tiempo de la donación, él explicaba y estipulaba que no era responsable de ninguno de los gastos corrientes de sosteni-miento después del 1 de junio de 1936.

El contrato de' Hastrup con el municipio, conforme indica el juez de distrito, fué puramente personal. El municipio no tenía gravamen sobre la propiedad. La hija continuó con sus padres desde el momento de la donación, o sea desde el 24 de abril de 1930 hasta el mes de octubre de 1934. Si asu-mimos con la apelante y con el juez de distrito que el contrato de Hastrup con el municipio tenía fecha anterior a la dona-ción, la escritura de donación no convirtió a la hija en parte-contratante en el primer contrato. Si, por otro lado, asumi-mos — contrario a la teoría de la apelante y de la corte de-distrito — que Hastrup celebró dicho contrato con el municipio» con posterioridad a la fecha de la donación, el resultado-sería el mismo. El no pretendía actuar como agente de su hija ni actuó como tal, puesto que no era agente de ella para aquel entonces. La inferencia es que él se surtía de agua a sí mismo y a su familia, incluyendo a su hija. El pagó el agua a razón de $100 anuales hasta fines de 1934. Bajo el contrato celebrado por el padre, la hija no era responsable-con anterioridad a su partida en octubre de 1934, y su ausen-cia de la Isla no creó tal responsabilidad.

El juez de distrito no cometió el error imputádole en el primer señalamiento.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito co-metió error al aplicar el principio envuelto en el caso de Suau Carbonell v. Capital, 50 D.P.R. 768, a los hechos de este caso.

El jaez de distrito dijo que en la evidencia qne tuvo ante sí la Comisión no hay nada qne demuestre nexo contractual entre Evelyn Anita Hastrup y el municipio de Guaynabo, a no ser la cláusula de la escritura de 24 de abril de 1930, en la cual se nombraba a Hastrup administrador de la finca. Entonces resolvió que a virtud de dicha cláusula la hija no estaba obligada a pagar por el padre, sobre todo si se tiene en cuenta que el municipio no tiene gravamen alguno sobre la finca. Citó el caso de Suau Carbonell v. Capital. Es-taba bajo la impresión de que el contrato del padre con el municipio había sido anterior a la donación. El caso de Suau se explica por sí mismo. Difícilmente resultaría justo para con el juez de distrito el asumir que lo citó en apoyo de su manifestación de que la cláusula de referencia no bastaba para establecer una relación contractual entre la hija y el municipio. Su relación del caso y opinión, lógicamente in-terpretada, no revela un concepto erróneo de lo que se deci-dió en el caso de Suau ni una aplicación equivocada de la doctrina del mismo.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al dictar la sentencia apelada y al no confirmar la de-cisión de la Comisión de Servicio Público. Carece igualmente de mérito.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no inter-vinieron.


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Dolores A. McCormick, demandante y apelada, v. Rafael Vallés Santos, demandado y apelante.
    Núm. 7729.

    Sometido: Mayo 18, 1939.

      Resuelto: Julio 5, 1939.

      Dubón & Ochoteco, abogados del apelante; Carlos J. Torres Laborde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Doña Mercedes Vallclejuli Díaz, doña Juana Acosta viuda de Delgado y sus hijos Ramón, Haydée y María Delgado Acosta, poseían en común próüidiviso una finca rústica a la salida del pueblo de Carolina, atravesada por la carretera que conduce al de Canóvanas. Más tarde se dividió la comu-nidad que existía entre ellos, de tal forma que la parte de la finca radicada a la izquierda de la carretera (dirección Carolina-Canóvanas), que se denominó parcela a, se adjudicó a la Sra. Acosta viuda de Delgado y sus hijos, y el predio al lado opuesto se dividió en dos: el marcado letra b, conti-guo a la carretera, se adjudicó también a los mencionados condueños, y el del fondo, que se denominó parcela c, fue ad-judicado a doña Mercedes Valide juli. Antes y después de dividirse la comunidad, existía en el predio b un camino que de la carretera conducía al interior de la finca, es decir, hasta lo que más tarde se denominó parcela c, camino que se utili-zaba para entrar y salir y sacar los productos tanto de la parcela b como de la c, considerándose estas dos parcelas como si en realidad se tratase de. un solo predio.

Al dividirse la comunidad en la forma antedicha, nada se expresó con respecto al camino en cuestión, continuando en posesión de la finca desde entonces, la Sra. Acosta viuda de Delgado y sus hijos en calidad de dueños de las parcelas a y b, y de arrendatarios de la denominada c, que como' an-teriormente dijimos fue adjudicada a la Sra. Valide juli.

Posteriomente los dueños de las parcelas a y b, o sea la viuda de Delgado y sus hijos, la vendieron al demandado Rafael Valles, y la Sra. Valide juli vendió la suya, la mar-eaba g, a la Sra. Dolores A. McCormick. Siguieron los Sres. Delgado en posesión de las tres parcelas y continuaron usando el camino en la forma que siempre lo habían hecho. Final-mente los dueños de las fincas entraron en posesión material de sus respectivas parcelas, el Sr. Valles de las marcadas a y b, y la Sra. McCormick de la denominada c. Cerró en-tonces el demandado Valles el camino en controversia, im-pidiendo el paso a la Sra. McCormick a su finca o, por lo que instituyó esta última el pleito de autos en solicitud de una sentencia que declare y decrete que el camino en contro-versia constituye una .servidumbre de paso que afecta la par-cela b del demandado a favor de la finca c de la demandante y que se condene además a aquél a resarcirle de los daños y perjuicios que alega haber sufrido la demandante con motivo del cierre del camino, y las costas y gastos de este pleito.

Se opuso el demandado a las pretensiones de la deman-dante. Fué el caso a juicio y la corte dictó sentencia decla-rando con lugar la demanda en cuanto a la existencia de la servidumbre, la desestimó en lo que respecta al pronuncia-miento de daños, y condenó al demandado al pago de las costas, incluyendo honorarios de abogado, que fijó en la can-tidad de $200.

Apreciando la prueba, dice la corte sentenciadora en su opinión:

“La prueba testimonial varía: así mientras unos testigos dicen que la única entrada que había para la finca era el camino afirmado que conduce hasta los establecimientos, y su continuación hasta la parcela c, y las personas que intervinieron en la compra nunca fueron informadas de que dicha parcela c necesariamente tendría otra entrada distinta por completo del camino afirmado, los testigos del deman-dado, entre ellos los antiguos vendedores, manifestaron que el camino existente allí después del afirmado, fue hecho por ellos durante el corto tiempo en que tuvieron arrendada la parcela del demandado, y que nunca existió camino alguno a partir de los establecimientos de la finca, ya que todo ello era considerado como vega y se dedicaba a pasto. No ha podido dársenos una explicación clara en cuanto a la existencia del trozo de alcantarilla a que antes hacemos referen-cia.”

Al final de la opinión dirime así el conflicto:

“De lo antes expuesto, llegamos a la conclusión de que existía una finca poseída en comunidad, y en la misma un camino que em-pezaba en la orilla de la carretera y continuaba hasta los terrenos que hoy constituyen la parcela letra c, propiedad de la demandante; que esta finca se dividió, y al dividirse, no se convino nada en cuanto a la continuación y uso del camino, y habiendo adquirido la deman-dante la parcela letra c con la servidumbre de este camino, que es una aparente y ostensible, dicha demandante tiene derecho a conti-nuar en el disfrute del mismo.”

No estando conforme el demandado, apeló para ante este tribunal y al solicitar la revocación de la sentencia imputa a la corte a quo la comisión de los siguientes errores:

“1. Erró la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, al resolver el presente litigio, en la interpretación y aplicación del artículo 477 del Código Civil (ed. 1930).
. “2. Erró la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, y en el supuesto de que hubiera interpretado y aplicado debidamente las disposiciones del artículo 477 del Código Civil (ed. 1930) a la acción de epígrafe, al resolver que en la parcela ‘B’ des-crita en el apartado segundo de la demanda enmendada (Legajo de Sentencia, pág. 15) se notaba la existencia aparente de un signo de servidumbre de paso que engendra un derecho como fundo sir-viente a favor de la parcela descrita en el apartado primero de dicha demanda enmendada, como fundo dominante.
“3. Erró la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, al imponerle las costas, con inclusión de la suma de $200.00 por concepto de honorarios de abogado, al demandado.
“4. Y por último, erró la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, al dictar sentencia contra el demandado y a favor de la demandante sobre la existencia de servidumbre de paso. ’ ’

La cuestión suscitada por los dos primeros y el último señalamientos de error se reduce a determinar si a un estado de hechos como el que surge de este caso es aplicable el artículo 477 del Códig-o Civil (ed. 1930), que literalmente dice así:

“La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparceer aquel signo antes del otor-gamiento de la escritura.”

Aceptando como aceptamos la apreciación que de la prueba hizo la corte sentenciadora, y lo hacemos así después de un estudio detenido de las alegaciones, del acta de inspección ocular y de la transcripción de evidencia, no cabe, a nuestro juicio, otra conclusión que aquélla a qrae llegó en su sentencia.

Es verdad que el artículo 477 supra se refiere al signo aparente de servidumbre entre dos fincas, pero su espíritu claramente demuestra que sus disposiciones son igualmente aplicables a una y a. más de dos fincas cuando éstas son poseí-das por un solo dueño o varios en común. Que el precepto legal es aplicable a una sola finca que luego ha sido dividida en dos, como sucede en el caso de autos, lo resolvió termi-naxitemente este tribunal en el caso de Martínez v. American R. R. Co., 19 D.P.R. 974, 976. Se dijo entonces:

“Antes que el legislador, el Tribunal Supremo de España había . aplicado la teoría del signo aparente. En su sentencia de 14 de septiembre de 1867,. 16 Jurisprudencia Civil, 107, el Supremo dijo: 'Lo dispuesto en la ley 14, título 31, Partida 3a., que trata de cómo se constituyen las servidumbres, no se opone al principio de que cuando uno vende parte de un terreno que le pertenece y no se esta-blece en el contrato de venta un modo distinto de disfrute por el comprador del que usaba el vendedor, se entiende vendido el terreno con las servidumbres necesarias para verificarlo.’ En la de 7 de noviembre de 1883, 53 Jurisprudencia Civil, 208, expresó que: 'Se-gún la doctrina establecida por este Tribunal Supremo, lo dispuesto en la ley 14, título 31, partida 3a., que trata de cómo se constituyen las servidumbres, no se opone al principio de que dividido un predio entre dos diferentes personas, sin que se establezca en el contrato un modo de disfrute diferente del que usaba el primitivo dueño de la totalidad, se entienden subsistentes las servidumbres necesarias para verificarlo, y que el signo aparente de ellas es un título para que continúen si al tiempo de la división de la propiedad no se ex-presa lo contrario, que es lo que acontece en el presente caso, puesto que la finca adjudicada en pago a Juan Pérez Charueco, objeto de este pleito, al fallecimento de aquél, se dividió entre sus hijos Juan y María Francisca, sin establecerse novedad alguna con respecto a la manera de su.disfrute, y por consiguiente la sentencia recurrida, al condenar a Doña Rafaela Liaño a .que reconozca la servidumbre de paso para ganados y carretas objeto de la demanda, no ha infrin-gido la ley 14, título 31, de la Partida 3a., que se cita en el primer motivo del recurso.’ Y en la de 21 de octubre de 1892, 72 Juris-prudencia Civil, 242, consignó que: 'Según ha declarado reiterada-mente el Tribunal Supremo, lo dispuesto en la ley 14, título 31, Partida 3a., que trata de cómo se constituyen las servidumbres, no se opone al principio de que dividida una finca entre diferentes personas, sin que se establezca en el contrato un modo de aprovecha-miento distinto del que usaba el primitivo dueño de la totalidad, se entienden subsistentes las servidumbres necesarias para verificarlo.’
“A primera vista la interpretación dada por la Corte de Dis-trito de Mayagüez al artículo 548 del Código Civil Revisado, es correcta. Pero si se tienen en cuenta los precedentes legales y la realidad de los hechos, y se estudia detenidamente dicho artículo, se verá que nada de lo dispuesto en él se opone a que la teoría del. signo aparente continúe aplicándose al caso de una sola finca que se divida en dos o más porciones.
“Según los hechos alegados y probados en el juicio, los caminos establecidos por el dueño de la totalidad de la finca existían al tiempo de segregarse la porción vendida a la demandada y uno de ellos continuó existiendo por muchos años más hasta que fué obstruido por la demandada en 1911. No se trataba de un servicio oculto. El vendedor continuó explotando su finca y conduciendo sus produc-tos al camino público en la misma forma que cuando la totalidad de la finca era suya, esto es, por los caminos que pasaban por dentro de la porción vendida a la demandada, establecidos por él anterior-mente. Mientras la finca pertenecía en su totalidad al vendedor no puede decirse que existieran servidumbres. La idea de servi-dumbre presupone siempre la de un predio dominante y otro sir-viente. Pero la servidumbre se manifestó en todo su vigor desde el momento en que la finca se dividió. El vendedor dejó de tener el dominio sobre la porción vendida, pero el camino, signo aparente, subsistió y continuó usándose como tal camino.
“Bajo tales circunstancias, se impone la conclusión de que la de-mandada al adquirir la porción de la finca descrita en la demanda, la adquirió con una servidumbre de paso clara y aparente a favor del predio de que es dueño en la actualidad el demandante. ’ ’

Véase Muñoz v. Viejo, 35 D.P.R. 864.

Se arguye por el apelante que al tiempo de adquirir él la parcela b, no existía cerca alguna que hiciera ostensible los linderos entre dicha parcela y la c de la demandante, pero esta circunstancia, a nuestro juicio, no varía la situación. El signo ostensible que exige la ley es el de la servidumbre y ostensible era el camino en controversia. Al comprar la parda b el demandado apelante, necesariamente debió in-quirir cuáles eran los linderos que encerraban el predio que adquiría, y no era necesario para apreciar que el camino se extendía de una a otra finca la existencia de una cerca entre uno y otro predio. Conocidos los puntos de colindancia y la trayectoria de ésta, no requería ningún esfuerzo mental trazar imaginariamente la cerca y descubrir el signo de la servidumbre.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que no existen los señalamientos de error marcados 1, 2, y 4.

Sólo nos resta considerar el tercero, que se contrae a la condena de costas y honorarios de abogado.

La imposición de costas al demandado era una secuela de la sentencia dictada en su contra. Ninguna discreción tenía la corte inferior para dejar de imponerlas. Artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendado por la Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936 (Leyes de 1936, (1) pág. 353).

La condena de honorarios de ahogado depende de la te-meridad con que haya procedido el demandado apelante al oponerse a las pretensiones de la apelada. La prueba revela que después de cerrado el camino y antes de instituirse este pleito, el demandado fué advertido de que no tenía derecho a cerrar el camino. Insistió en sus pretensiones y obligó a la demandante a incurrir en los gastos consiguientes a un pleito que pudo y debió evitarse. La temeridad de su parte existió. La cuantía en que fueron fijados los hono-rarios es, a nuestro juicio, una cantidad justa y razonable, teniendo en cuenta el grado de culpa del demandado y el trabajo necesariamente prestado por los abogados de la de-mandante. No existe tampoco el tercero de los errores im-putados.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso y confir-mar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luz María R. de Vidal y Nieves Barbosa Palacios, acusadas y apelantes.
    Núm. 7582.

    Sometido: Mayo 17, 1939.

      Resuelto: Julio 5, 1939.

      José I. Fernández Segarra, abogado de las apelantes; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Luz María Rosario de Vidal y Nieves Barbosa Palacios, en unión de Alberto Vidal, que no es parte en. este recurso, fueron denunciados por infracción a la sección 4 de la Ley número 25 de julio 17 de 1935 (Leyes de ese año, Sesión Extraordinaria, pág. 153), consistente en que el 10 de enero de 1938, los acusados, en su residencia de la Calle Virtud número 35, en la Playa de Ponce, “criminalmente, como due-ños, encargados, directores o administradores y a sabiendas de que se están utilizando para los juegos ilegales ya men-cionados (bolita y boli-pool), administraban y manipulaban un juego de los generalmente conocidos como bolita o combi-nación clandestina, que es un juego de lotería clandestina en Puerto Rico y para el reparto de premios en dinero me-diante la venta de billetes o participaciones ...” Sigue entonces una breve descripción del juego y una relación de los efectos ocupados a los acusados, consistentes en billetes de los utilizados en el juego, lista de los números vendidos y nombres de los compradores y efectos de oficina utilizados en relación con el juego.

Celebrado un juicio de novo, la corte inferior declaró a las apelantes culpables de una infracción a la sección 4 de la Ley número 25 de 17 de julio de 1935 y condenó a cada una de ellas a pagar $100 de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejaran de pagar, no ex-cediendo la prisión de noventa días, y las costas.

Tres son los errores que las apelantes imputan a la corte sentenciadora, a saber:

“1. Que la sentencia dictada en este caso por la Hon. Corte de Distrito de Ponce es contraria a las pruebas y a la ley.
“2. Que la Corte de Distrito de Ponce cometió manifiesto error al admitir como admitió en evidencia la prueba documental ofrecida por el Pueblo.
”3. Que la Corte de Distrito de Ponce cometió error grave y perjudicial para las acusadas actuando con pasión, prejuicio y par-cialidad en la apreciación y peso de la prueba presentada por el Pueblo.”

Cumplimentando una orden de allanamiento expedida por uno de los jueces municipales de Ponee, la detective allanó la casa de las acusadas. Conforme aparece del testimonio del detective Oscar Correa, que declaró en primer término llamado por el Fiscal, al penetrar en la casa encontraron a la acusada Luz María Rosario de Vidal sentada junto a una mesa tomando notas, y la otra acusada, Nieves Barbosa Palacios, y una joven cuyo nombre no aparece del récord cotejaban billetes de boli-pool o bolita. Que inmediatamente después ocuparon un gran número de billetes que excede de trece mil, una caja de clips, un lápiz con las iniciales A. V. Gr., una almohadilla y un sello de goma que dice “aceptado”, treinta listas y varias hojas de papel en blanco.

El testigo explica en qué consiste el juego y el uso que se da a los efectos ocupados que acabamos de mencionar. Declaró además este testigo que al verlos, la acusada Luz María Rosario de Vidal, dijo: “Ya nos cogieron.”

El segundo y último testigo del Fiscal lo fue Juan R. Colón, Jefe de la detective, en Ponce, quien corroboró la de-claración de su compañero, con excepción de la manifesta-ción que dijo Correa haber oído de la Sra. Vidal, que no fué oída por Colón porque al entrar ellos la joven cuyo nom-bre no aparece del récord se dió a la fuga y este testigo salió en su persecución.

No se presentó prueba de descargo después de desesti-marse la moción que presentó la defensa atacando la sufi-ciencia de la prueba, quedando sometido el caso por la del Fiscal.

Pone gran énfasis la defensa en el hecho de que no se probó qué hacían las acusadas con los distintos implementos anteriormente mencionados, en el momento de entrar la poli-cía, y da también gran importancia al hecho de que el detective Correa declaró que conocía las regias del juego de boli-pool por haber encargado a otras personas que le compraran tickets de dicho juego y que ellos se las informaron. Pero declaró también dicho testigo que dos años antes había ju-gado el mismo juego y conocía los billetes que se utilizaban entonces, pero que a los que ahora se usan les han hecho ciertas modificaciones. Se sostiene por la defensa que el tes-timonio de este testigo es de referencia en lo que respecta a la forma en que se verifica el juego y que por consiguiente debió eliminarse esa parte de su declaración y una vez eli-minada procedía la absolución de las acusadas por insufi-ciencia de 1a, prueba.

En cuanto a la primera contención, o sea la que se refiere al uso que daban las acusadas a los distintos implementos en el momento de sorprenderlas la policía, el caso de Pueblo v. Morales, 51 D.P.R. 204, la contesta terminantemente. Allí los implementos usados en el juego fueron ocupados debajo de la cama de la acusada. Resolviendo la misma objeción que ahora hacen las acusadas, se dijo entonces por este tribunal :

“Los efectos encontrados debajo de la cama de la acusada eran evidentemente de la clase de los que se usan corrientemente para dicho juego. No era necesario que dichos efectos se estuvieran usando en el 'preciso momento en que fueron ocupados por la policía.
“La posesión de los objetos por la acusada, su negación de que en su casa hubiera tales objetos y su admisión al ser éstos encon-trados debajo de la cama, de que se le privaba de aquello que le había dado para arreglar su casa y comprar muebles, fueron ele-mentos de prueba suficientes para llevar al ánimo del juzgador la convicción de que -los efectos encontrados se estaban utilizando por la acusada en la explotación del juego de bolita.”

En el caso de autos, como hemos visto, los implementos del juego se hallaban, por lo menos en palie, sobre una mesa junto a la cual se encontraban las acusadas, una de las cuales tomaba notas y las otras cotejaban los paquete de billetes. Como en el caso de Pueblo v. Morales, supra, una de las acu-cadas hizo la manifestación antes mencionada, que equivale, dentro de las circunstancias, a una declaración de culpabi-lidad.

Las regias de un juego constituyen materia de conocimiento especial y cualquier testigo que lo conozca puede declarar sobre la manera de jugarlo. A nuestro juicio no es indispensable que una persona haya participado en un juego para que pueda explicar las regias a que está sujeto, máxime cuando se trata de juegos como el de autos que tan conocido es en esta Isla.. Además el testigo Correa, como dijimos anteriormente, declaró que dos años antes del día de autos había jugado el juego de bolita, aunque se enteró más tarde por otras personas de las modificaciones que posteriormente había sufrido. A nuestro juicio esta, circunstancia podría afectar el peso de la prueba pero no su competencia y admisibilidad.

En el caso de Honea et al. v. State, (Ark. 1928) 3 S. W. (2d) 679, los apelantes fueron acusados de ilegal y volunta-ñámente apostar la cantidad de $1 en cierto juego de azar y habilidad con cartas, comúnmente denominado poker. Fue-ron sentenciados por el juez de paz a pagar $10 de multa. Apelaron para ante la Corte de Circuito y después de un jui-cio de novo fueron también sentenciados a pagar igual multa. En la apelación que establecieron para ante la Corte Suprema de Arkansas alegaron que la evidencia era insuficiente para sostener el veredicto y la sentencia.

De la evidencia resultaba que el sheriff y uno de sus au-xiliares habían observado que ciertos muchachos frecuentaban una casa de botes a la orilla de un río. Acompañado de uno de sus auxiliares entró al bote para cerciorarse de lo que hacían los muchachos. Al entrar el sheriff lo vió Honea y avisó a los muchachos, uno de los cuales tiró una baraja al río y otros se guardaban el dinero en el bolsillo. El sheriff encontró dos o tres barajas en una gaveta del bote. Contra la oposición de la defensa se permitió al Fiscal pre-guntar al sheriff si la forma en que encontró dispuestas las cosas en el bote era igual a la que había encontrado al sor-prender otros juegos de poker. El sheriff contestó que eran idénticas. Se alegó por la defensa que el permitir tal pre-gunta y contestación constituía error que producía la revo-cación de la sentencia. Al confirmarla, manifestó el tribunal:

"Este testimonio, unido a las circunstancias anteriormente ex-puestas, constituía evidencia substancial tendente a demostrar que los apelantes eran culpables de jugar poker en violación de la ley.”

Hemos estudiado el récord y no encontramos la más li-gera evidencia que justifique la imputación que se hace al juez de la corte inferior al efecto de que al apreciar la prueba en este caso lo hizo movido por pasión, prejuicio o parcialidad.

Por el contrario, opinamos que el juez sentenciador apre-ció correctamente la prueba, y no habiendo cometido error alguno en la aplicación de la ley, procede desestimar el re-ctirso y confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Santana, acusado y apelante.
    Núm. 7679.

    Sometido: Mayo 29, 1939.

      Resuelto: Julio 5, 1939.

      G. II. Juliá, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Ja-ner, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

José Santana fué acusado de infracción al artículo 11 de la Ley núm. 67 de 1934 (Leyes de ese año, pág. 459).

El día señalado para el juicio, el acusado compareció per-sonalmente. Inmediatamente antes de dar principio a la ce-lebración del juicio, tuvo lugar el siguiente incidente:

“En enero 20 de 1938, y previo señalamiento en el Calendario Criminal de esta Corte, se llamó este caso para juicio oral, compare-ciendo El Pueblo de Puerto Rico representado por el Hon. Domingo Massari, Fiscal de Distrito. El acusado compareció en propia persona.
“Juez: ¿Están 'listas las partes?
“Fise. Estamos listos, señor Juez.
“Lie. Juan Ramírez Viñas: Señor Juez, a nombre del Lie. Carlos H. Juliá, vamos a solicitar la suspensión del caso debido a que el acusado contrató los servicios profesionales del compañero Juliá, le ba satisfecho sus honorarios, y éste se encuentra en cama enfermo, según certificación facultativa que ofrecemos, y no le será posible asistir a Corte en el día de hoy.
“Juez: La Corte le va a negar la suspensión, y le concede diez minutos al acusado para que busque un abogado.
“Lie. Ramírez Viñas: Señor Juez, nosotros vamos a unir esta certificación médica a los autos.
“Juez: Sí, cómo no.
(Receso)
“Juez: Lectura de la acusación.
(El señor Secretario da lectura a la acusación.)
“Juez: ¿Qué alegación usted hace? ¿Es culpable o es inocente?
“Acusado: Inocente.”

Inmediatamente después se dió principio a la práctica de la prueba. El acusado no estuvo representado por abogado ni aparece de los autos que el juez inferior le informase de ese derecho ni que le ofreciera nombrarle uno en el caso de que no pudiera pagar un defensor.

Así continuó el procedimiento, culminando con una con-vicción y sentencia de dos años de cárcel, sin costas.

Apeló el acusado para ante este tribunal y entre otros imputa a la corte sentenciadora los siguientes errores:

“La Corte inferior cometió manifiesto error al no dar tiempo ra-zonable al acusado para preparar su defensa y someterse a juicio;” y
“La Corte inferior cometió error al celebrarse juicio al acusado sin asistencia de abogado.”

No abrigamos duda alguna de que el término de diez minutos que se concedió al acusado para conseguir otro abogado que asumiese su representación legal y estuviese dispuesto a entrar en juicio en tan breve término, no fué un plazo razonable y equivalió a privarlo de su derecho a estar representado por abogado, sobre todo si se considera que el delito imputádole, si bien está calificado como misdemeanor, es castigable con pena máxima de veinte años de cárcel. No habiéndose advertido al acusado su derecho a estar representado por abogado ni habiéndosele ofrecido nombarle uno de oficio si él carecía de medios para contratarlo, se infringió el derecho constitucional que a todo acusado garantiza el artículo 2 de nuestra Oarta Orgánica. Véase Ex parte Her- nández Laureano, 54 D.P.R. 416, y Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458.

Procede, por lo expuesto, revocar la sentencia apelada y devolver el caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Carmen Betancourt de Mundo, Tutora de José Mundo Arzuaga, demandante y apelada, v. Francisco Mundo, Albacea de Facundo Mundo Matos, et als., y Andrés Flores López y Castor Carrión, demandados y apelantes.
    Núm. 7642.

    Sometido: Febrero 15, 1939.

      Resuelto: Julio 13, 1939.

      .Luis Ríos Algarín, E. Urrutia Martorell, E. II. F. Dottin, Luis Ve-negas Cortés y P. Román Benitez, abogados, respectivamente, de los distintos demandados y apelantes; Silvestre Cruz Disdier, .-abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un pleito entablado por la tutora de uu incapa-citado contra los herederos y fiadores de su antecesor en dicho cargo en reclamación de dinero perteneciente al in-capaz.

Seguido por todos sus trámites se falló en contra de los demandados condenándoseles a “pagar mancomunada y .solidariamente a la demandante Carmen' Betancourt de .Mundo, en su carácter de tutora del incapaz José Mundo Arzuaga, la cantidad de $8,558.50 con excepción de los fia-dores Andrés Flores López y Castor Carrión, cuya obliga-ción no excede de $8,000, qne es el importe de las dos fianzas que prestaron, con más intereses legales desde la interposi-ción de la demanda el día 7 de octubre de 1933, costas, y honorarios de abogado qne la Corte estima en la cantidad de $400.”

Apelaron los fiadores por medio de sn abogado Lnis Ríos Algarín; la demandada Valeriana Meléndez por sí y por sns menores hijos por medio de sn abogado Eduardo Urrntia, y los demandados Francisco y Bienvenido Mundo por medio de su abogado E. H. F. Dottin.

Archivada la transcripción de la evidencia en noviembre 27, 1937, se fueron solicitando prórrogas para la presenta-ción de los alegatos. En enero 11, 1938, la parte apelada pidió la desestimación del recurso. Se opusieron los ape-lantes representados por los letrados Dottin y Ríos. La moción se declaró sin lugar. Continuaron las peticiones de prórrogas hasta que finalmente en marzo 26, 1938, el abo-gado Dottin presentó su alegato titulándolo “Alegato de los demandados Francisco, Bienvenido y Severo Mundo”, y en abril 6 siguiente el abogado Ríos archivó el alegato de los fiadores. En mayo 5, 1938, la apelada radicó un “escrito de impugnación”. Los apelantes Valeriana Meléndez y sus menores hijos no perfeccionaron su recurso.

En febrero 15, 1939, se celebró la vista. Asistieron los apelantes representados por Dottin y la apelada represen-tada por Disdier. Los fiadores sometieron su apelación por los alegatos.

Consideraremos primero el caso en relación con los here-deros. Luego en cuanto a los fiadores.

En su opinión el juez de distrito hizo un resumen completo de la demanda y de las varias contestaciones y seguidamente se expresó así:

“De la evidencia resulta que la demandante es totora de José Mondo Arzuaga. Que Facundo Mundo tenía en su poder, en ca-lidad de tutor de su hijo, el incapacitado José Mundo Arzuaga, la cantidad de $8,558.50, y que al fallecer dicho Facundo Mundo esta cantidad nunca fué entregada a la demandante como tutora del in-capacitado, a pesar de los requerimientos que hiciera con tal fin.
“El propio demandado, Sr. Francisco E. Mundo, albacea de la herencia de Facundo Mundo, declaró que cuando él era albacea, la sucesión tenía deudas al comercio, a los hospitales y otras más que constan en el récord de un inventario que presentó a la corte; que no pagó las cuentas que pertenecían al incapacitado José Mundo Arzuaga, ‘al que se le deben $8,000 y pico y que la tutora le ha ree.amado ese dinero y no se le ha pagado en la actualidad.’ De-claró, además, que se pagaron algunas cuentas que se le debían a la sucesión. Que presentó un inventario a la corte y allí se dice el dinero que se recibió y el que se pagó.
“Disponen los Arts. 219 y 220 del Código Civil (ed. 1930), lo siguiente;
“ ‘Art. 219. — El tutor que sea reemplazado por otro, está obli-gado, lo mismo que sus herederos, a rendir cuenta general de la tu-tela al que le reemplace, cuya cuenta será examinada y censurada en la forma que previene el artículo precedente. El nuevo tutor será responsable al menor por los daños y perjuicios, si no pidiere y to-mare las cuentas de su antecesor.’
“ ‘Art. 220. — Acabada la tutela, el tutor o sus herederos están obligados a dar cuenta de su administración al que haya sido some-tido a aquélla o a sus representantes o derechohabientes. ’
“No hay duda alguna de acuerdo con estos preceptos legales, de la obligación en que están los herederos de entregar a la tutora de-mandante el capital que tenía en su poder el anterior tutor, perte-neciente al incapaz José Mundo Arzuaga. Y en caso de que el anterior tutor hubiere ilegalmente dispuesto de dicho capital, surge entonces la obligación por parte de los herederos de pagar con sus bienes particulares la deuda de su causante, a menos que hubiesen repudiado la herencia o la hubiesen aceptado a beneficio de inven-tario.
“Ya hemos visto que el heredero Francisco R. Mundo alegó que había renunciado o repudiado la herencia, y los herederos Bien-venido, Severo, Luisa, Dolores y Nemesio Mundo alegaron que la habían aceptado a beneficio de inventario. Los tres últimos, Luisa, Dolores y Nemesio Mundo, a pesar de la alegación que hicieron no presentaron en evidencia la escritura de aceptación de herencia a beneficio de inventario, ni ninguna otra evidencia al efecto, de modo que sólo nos resta considerar el efecto legal de la renuncia hecha por el demandado Francisco E. Mundo y la aceptación a beneficio de inventario que hicieron los demandados Bienvenido y Severo Mundo.
“De acuerdo con las alegaciones y la prueba, Facundo Mundo Matos, causante de los demandados, falleció el 26 de marzo de 1931. También aparece que los herederos estaban en poder de la herencia, y siendo ello así, es preciso determinar si la renuncia y aceptación de la herencia a beneficio de inventario fué hecha dentro del plazo que determina la ley.
“Según aparece del exhibit ‘V de los demandados, que es la es-critura Núm. 34 otorgada por Francisco Mundo ante el notario don E. IT. F. Dottin el 12 de abril de 1931, repudiendo la herencia de su padre Facundo Mundo, dicha repudiación se hizo 17 días después del fallecimiento del testador. La aceptación a beneficio de inventario que hizo Severo Mundo Arzuaga, tuvo lugar, según el exhibit ‘3’ de los demandados, el día 11 de marzo de 1932, o sea cerca de un año después de muerto el causante, y la aceptación a beneficio de inven-tario que hizo el otro demandado Bienvenido Mundo Arzuaga, según aparece del exhibit ‘2’ de los demandados, tuvo lugar el 20 de junio de 1932, o sea, más de un año después del fallecimiento del causante, a pesar de que los herederos vivían en el lugar del fallecimiento.
“A este efecto, dice el Art. 968 del Código Civil (ed. 1930) :
‘Art. 968. — El heredero que tenga en su poder los bienes de la herencia o parte de ellos y quiera utilizar el beneficio de inventario o el derecho de deliberar, deberá manifestarlo a la Corte de Distrito competente para conocer de la testamentaría o del abintestato, dentro de los diez días siguientes al en que supiere ser tal heredero, si reside en el lugar donde hubiese fallecido el causante de la herencia. Si residiere fuera, el plazo será de 30 días.
“En uno y otro caso, el heredero deberá pedir a la vez la forma-ción del inventario y la citación a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere.’ ”

Transcribe entonces lo que dice el comentarista Manresa en relación con lo dispuesto en los artículos 1014, 1015 y 1016 del Código Civil Español correspondientes a los 968, 969 y 970 del nuestro (ed. 1930), y concluye:

“Es evidente, de acuerdo eon la ley y el comentarista citado, que tanto la renuncia del demandado Francisco Mundo como la aceptación a beneficio de inventario que intentaron hacer los demandados Bien-venido y Severo Mundo son ineficaces en derecho, y deben ser consi-derados como que lian aceptado la herencia pura y simplemente. Siendo ello así, responden ellos al igual que los demás herederos, de las deudas y obligaciones de su causante.”

Contienden los herederos apelantes qne la corte senten-ciadora erró al declarar ineficaces la repudiación de la heren-cia del tutor Facundo Mundo hecha por Francisco Mundo y la aceptación de la misma a beneficio de inventario hecha por Bienvenido y Severo Mundo y al condenarlos en su con-secuencia al pago de la reclamación.

Para la debida decisión de la contienda conviene conocer además de lo dispuesto en el artículo 968 del Código Civil transcrito en la parte copiada de la opinión del juez senten-ciador, lo prescrito en los artículos 969 y 970 del propio cuerpo legal, a saber:

“Artículo 969. — Cuando el heredero no tenga en su poder la he-rencia o parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como tal heredero, ios plazos expresados en el artículo anterior se contarán desde el día siguiente al en que expire el plazo que la corte de dis-trito le hubiese ñjado para aceptar o repudiar la herencia, conforme al artículo 959 o desde el día en que la hubiese aceptado o hubiera gestionado como heredero.
“Artículo 970. — Fuera de los casos a que se refieren los dos ante-riores artículos, si no se hubiere presentado ninguna demanda contra el heredero, podrá éste aceptar a beneficio de inventario o con el de-recho de deliberar, mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia. ’ ’

A los efectos de concluir que la repudiación y la acepta-ción a beneficio de inventario de que se trata se hicieron fuera de término, la corte declaró antes probado como hemos visto qne los herederos se hallaban en posesión de los bienes de la herencia. Si realmente lo estaban, la conclusión se sostiene. Si no, cae por su base. Precisa, pues, examinar la evidencia, ya que los apelantes en su alegato afirman que “no se alegó, y en ningún momento se trató de probar ni se probó que el Dr. Francisco Mundo hubiese empleado en su propio beneficio bien alguno perteneciente a la herencia”, y que “en el caso de los demandados Bienvenido y Severo Mundo ni se alegó, ni se probó y mucho menos se intentó probar que tuviera ninguno de estos herederos en su poder bien alguno perteneciente a la herencia”.

Hemos examinado la demanda y tenemos qne reconocer que no contiene alegación alguna específica relativa a que los herederos del tutor Facundo Mundo estuvieran en pose--sión de los bienes de la herencia. Se alega que la Sucesión de Facundo Mundo debe al haber del incapacitado la suma reclamada y que dos bienes dejados por el dicho Facundo Mundo, antiguo tutor, son insuficientes para responder de dicha suma, motivo por el cual se demanda a los fiadores, pero en ninguna parte se dice que los herederos demandados entraron en la posesión y disfrute de los bienes hereditarios.

Hemos escudriñado la evidencia aportada en el acto del juicio por una y otra parte y nada hay en ella que demuestre que los herederos demandados Bienvenido y Severo Mundo estuvieran en poder de la herencia. Con respecto al here-dero Francisco Mundo se infiere de la documentación presen-tada. que tuvo necesariamente que entrar en la posesión de los bienes de la herencia pero no como heredero sino como albacea y la posesión en tal concepto no obstaculiza su derecho a la repudiación.

Y esa falta de prueba es tanto más de tomarse en consi-deración cuanto que la contestación a la demanda que con-juntamente formularon los dichos herederos demandados Francisco, Bienvenido y Severo Mundo contiene la siguiente negación :

“Los demandados Francisco, Bienvenido y Severo Mundo niegan que ellos como herederos de Facundo Mundo Matos y formando parte de la Sucesión del dicho Facundo Mundo Matos deban al incapaz José Mundo Arzuaga los $8,558.50 que reclama ni ninguna parte de esa suma, porque los citados demandados, Bienvenido y Severo Mundo, aceptaron la herencia a beneficio de inventario y hasta la fecha no han recibido ni tomado ni aceptado parte o porción alguna de los bienes dejados al fallecimiento del dicho Facundo Mundo Matos y el demandado, Francisco Mundo, repudió la herencia.”

Siendo ello así, la sentencia debe revocarse en cuanto a los repetidos herederos demandados, por lo que respecta a sus bienes propios.

Examinemos el caso en cnanto a los fiadores.

Apreciando la prueba y aplicando la ley a los efectos de basar la sentencia que contra ellos dictara, se expresa en su opinión la corte de distrito como sigue:

"El Código Civil (Ed. 1930) tratando del afianzamiento de la tu-tela, prescribe en el Art. 200, lo siguiente:
" ‘Art. 200. — El tutor, antes de que se le defiera el cargo, pres-tará fianza para asegurar el buen resultado de su gestión.’
"Y el Art. 220 dispone que acabada la tutela el tutor o sus here-deros están obligados a dar cuenta de su administración al que haya estado sometido a aquélla o a sus representantes o derechohabientes.
"No han cumplido los herederos en este caso con la obligación que les impone el Art. 220, de rendir cuenta a la demandante como tu-tora del incapaz, de los bienes y efectos que estuvieron en poder del tutor Facundo Mundo, y de este incumplimiento son responsables los fiadores.
“Las dos fianzas prestadas por los fiadores demandados, en lo pertinente dicen así:
"Fianza de 27 de junio de 1927 (Exhibit ‘C’ de la demandante).
" ‘Que habiendo sido nombrado por la Corte de Distrito de San Juan, el Sr. Facundo Mundo Matos tutor de su hijo el Sr. José Mundo Arzuaga, quien se encuentra recluido actualmente en el Ma-nicomio Insular, padeciendo de insanidad mental, el peticionario Fa-cundo Mundo Matos, como tutor de dicho incapacitado, recibe men-sualmente del Gobierno de los Estados Unidos la cantidad de $100.00, y tiene bajo su guarda y custodia toda la propiedad perteneciente a dicho incapacitado, si el Sr. Facundo Mundo Matos cumple debida-mente con los deberes de su cargo como tal tutor, de acuerdo con la ley, así como todas las órdenes que pudiera dictar esta Corte con respecto a los bienes de dicho incapacitado, y administra honrada y fielmente los intereses de dicho incapacitado, entonces esta obligación quedará nula y sin valor ni efecto alguno; pero en caso contrario, quedará en toda su fuerza y vigor, siendo nosotros mancomunada y solidariamente responsables del cumplimiento de la misma.’
"Fianza de 21 de marzo de 1928, radicada el 30 de dicho mes {Exhibit ‘D’ de la demandante).
" ‘Libre y espontáneamente garantizamos mancomunada y solida-riamente la obligación que por la presente fianza ha contraído el citado Administrador Judicial, don Facundo Mundo Matos, respon-diendo de la suma de $4,000.00 para garantizar su fiel y buena ad-ministración de los bienes del citado incapacitado don José Mundo Arzuaga, en el caso que baya merma, deterioro, déficit o desfalco de •dichos bienes durante la administración judicial, y hasta que se haya liquidado y entregado a satisfacción de la Corte, tales bienes.’
“Como podrá verse, los documentos parcialmente transcritos no •contienen las limitaciones que alegan los fiadores en su contestación, y si bien la fianza radicada el 30 de marzo de 1928 (Exhibit D de la demandante) titula a don Facundo Mundo Matos ‘Administrador Judicial’ del incapacitado, este error de redacción en nada altera la obligae’ón de la fianza, porque tratándose de fianzas judiciales, el documento debe interpretarse de conformidad con la intención del Tribunal que ordenó su otorgamiento, y si alguna duda hubiera acerca del alcance y extensión de la obligación de fianza, esa duda debe re-solverse teniendo en cuenta la intención de la Corte que la ex;gió, y el estatuto disponiendo la prestación de la fianza, de tal modo que las prescripciones de la ley se entiendan contenidas o vaciadas en el do-cumento de fianza. Avilés v. Hijos de Rafael Toro, 27 D.P.R. 671.
“Dicha fianza, o sea la últimamente citada, fué prestada para garantizar a Facundo Mundo Matos en el fiel cumplimiento de sus deberes como tutor del referido incapaz, y esto lo sabían los fiadores demandados, quienes ya habían prestado anteriormente y con el mismo objeto, la primera fianza de $4,000 (Exhibit C de la demandante) de la cual es ésta una adición o complemento.
‘ ‘ fia hemos visto por la relación que antecede, que la primera fianza, o sea la prestada por Ermelindo Díaz Cintren y Castor Carrion, por $500, fué sustituida por otra por la cantidad de $4,000, que prestó The Maryland Casualty Co., y que esta última fué sus-tituida a su vez por una fianza de $4,000 (demandante Exhibit C) prestada por los fiadores demandados, oportunamente aprobada por la Corte, y que más tarde los fiadores prestaron la fianza adicional (demandante Exhibit D) por igual cantidad, y también fué aprobada por la Corte. Como las cuentas de la tutela hasta el 30 de junio de 1927, desde cuya fecha empezó a surtir efecto la fianza, deman-dante Exhibit C, fueron aprobadas por la Corte, es claro que no es necesario liquidar obligaciones de fiadores anteriores cuyas fianzas quedaron canceladas y extinguidas desde el momento mismo en que fueron aprobadas las cuentas de la tutela por todo el tiempo en que estuvieron vigentes las mismas. Siendo ello así, no era necesario ha-cer parte en este pleito a los anteriores fiadores, y por consiguiente, no existe el defecto de partes demandadas alegado por los fiadores demandados.
“Tampoco era obligación de la demandante requerir a los fiadores para investigar la administración del incapaz, pues al notificárseles de esta demanda dentro de este pleito, lian tenido ellos la suficiente oportunidad para determinar si en efecto el tutor por ellos fiado' cumplió o no con los deberes de su cargo, cuyo fiel cumplimiento garantizaron los fiadores demandados.
“Si bien algunos demandados alegan que existen bienes de la herencia de Facundo Mundo que podrían aplicarse al pago de su deuda con el incapaz, no se ha probado que existan tales bienes, ni aunque así fuese, tal circunstancia les eximiría de responsabilidad, pues el deber de los herederos y por ende de los fiadores, no queda cumplido con señalar bienes, sino satisfaciendo religiosamente lo que resulte deber el tutor al incapaz, cosa que en este caso no se ha hecho ni en todo ni en parte, no habiéndose probado tampoco que se hayan aplicado bienes del incapaz al mantenimiento de su esposa e hijos.”

Hemos examinado el alegato de los apelantes y no nos convence de qne la corte cometiera error alguno en su contra.

La conclusión final a que llegó la corte de distrito está sostenida a nuestro juicio por los hechos y la ley y bien razonada en la opinión que para fundarla emitiera.

En tal virtud debe revocarse la sentencia apelada en cuanto a los demandados Francisco y Bienvenido Mundo y confirmarse en cuanto a Andrés Flores López y Castor Carrión.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no in-tervinieron.


text:
    María Puig Vda. de José P. Chandri, por sí y a nombre de sus menores hijos José y María Chandri Puig, demandantes y apelantes, v. Ramón Sotomayor y su esposa Concepción Flores Solá, y Juan Solá González y su esposa Manuela Flores Solá, demandados y apelados.
    Núm. 7711.

    Sometido: Abril 13, 1939.

      Resuelto: Julio 13, 1939.

      Francisco González Fagundo y José Puig Morales, abogados de los apelantes; Arturo Aponte y Faustino B. Aponte, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre cobro de una deuda garantizada con hipoteca. Se alegó en la demanda que los cónyuges de-mandados Sotomayor-Flores por escritura pública de enero 30, 1923, constituyeron primera hipoteca a favor del causante de los demandantes en garantía de un préstamo de dos mil dólares sobre una casa situada en Caguas en solar del muni-cipio, comprometiéndose a mantenerla asegurada contra in-cendio por cuatro mil dólares durante la vigencia del gravamen ;

Que los deudores vendieron la casa hipotecada a la demandada Manuela Flores asistida de su esposo el otro demandado Juan Solá, por seis mil dólares de los cuales dejaron dos mil en poder de la compradora para el pago de la hipoteca;

Que por escritura pública los demandados esposos Solá-Flores declararon que doña Claudina Valdés les había dado en préstamo el día del otorgamiento mil quinientos dólares para ser devueltos en julio 17, 1925, y para garantizar el contrato hipotecaron la repetida casa, comprometiéndose a asegurarla y a endosar la póliza a su acreedora y así lo hicieron en la Royal Exchange Ass. Corporation y en la National Fire Ins. Co.;

Que en julio 26, 1926, la casa fué destruida por un in-cendio casi totalmente, quedando de ella sólo escombros de valor insuficiente para cubrir el crédito reclamado, habida cuenta de que el solar pertenece al municipio;

Que los esposos demandados Solá-Flores reclamaron de las compañías aseguradoras y cobraron de la primera $1,114.64 y de la segunda $825.98 por cuyas sumas firmaron recibos conjuntamente' con su acreedora hipotecaria la se-ñora Valdés, y

Que los demandados no han pagado a los demandantes que son los únicos y universales herederos del primitivo acreedor hipotecario señor Chandri, la deuda ni sus intereses.

Se pide una sentencia solidaria en contra de los cuatro demandados condenándolos al pago de dos mil dólares de principal con más los intereses, las costas y los honorarios de abogado, procediéndose a vender el remanente de la finca hipotecada o cualquier derecho inmanente a ella y si el pro-ducto no alcanzare que se proceda entonces a ejecutar el balance de la sentencia en otros bienes de los demandados.

Los demandados esposos Sotomayor-Flores contestaron aceptando el hecho de la constitución de la hipoteca, acla-rando que todo lo que se consignó en la escritura sobre el seguro lo fué en su cláusula quinta, que dice:

“Quinta: La casa descrita se baila asegurada contra incendio por la cantidad de cuatro mil dólares en la Compañía Great American Insurance Co., New York, según póliza Núm. 10799, cuya póliza deja el deudor en poder del acreedor como garantía adicional del presente préstamo, obligándose, además, dicho deudor a tener vigente por su cuenta el expresado seguro, por todo el tiempo de este préstamo, y la falta de cumplimiento de esta condición, dará lugar al venci-miento de la hipoteca para su inmediata ejecución.”

Alegaron además que si bien la casa liipotecada aparecía a su nombre, pertenecía en verdad a los otros demandados los esposos Solá-Flores siendo ellos los que concertaron el préstamo con y recibieron el dinero del apoderado del señor Chandri, señor Jiménez, todo lo que constaba a éste que siguió entendiéndose con ellos directamente, y que el tras-paso que de la propiedad hicieron a los otros demandados esposos Solá-Flores lo fue por la consideración nominal de seis mil dólares estando de acuerdo el dicho apoderado del señor Chandri.

Como materia nueva alegaron que habiendo surgido des-avenencia en el matrimonio Solá-Flores y a los fines de que el marido no dispusiera de la casa, se la traspasaron a su concuñado Sotomayor y luego éste a requerimiento de ma-rido y mujer que habían concertado con F. Jiménez apode-rado de Chandri la hipoteca que tratan de cobrar los deman-dantes, firmó la escritura constitutiva de la misma, sin nada percibir, entendiéndose en todo Jiménez directamente con Solá, otorgando luego ambos el documento privado de pró-rroga de la hipoteca que se transcribe.

Se pidió por los demandantes la eliminación de ciertas alegaciones de la contestación y de toda la materia nueva y fué negada por la corte. Celebrado el juicio, quedó el pleito resuelto por la siguiente sentencia:

“Sometido definitivamente este caso a la consideración de la Corte, al incorporarse a sus autos la deposición del testigo Juan Solá Gon-zález; examinados los autos y considerada minuciosamente toda la evidencia practicada durante la sustanciación del juicio, es inevadible la conclusión de que ni el demandado Ramón Sotomayor ni su esposa Concepción Flores Solá tienen responsabilidad alguna real y legal-mente contraída para con la parte' demandante que, por otro lado, ya ha obtenido sentencia contra sus verdaderos deudores, y se dicta sentencia declarándose por tanto, san lugar la demanda contra los expresados codemandados esposos Sotomayor-Flores, debiendo la parte demandante satisfacer a dichos esposos codemandados las costas en que los mismos hayan incurrido con motivo de este litigio, incluyendo dichas costas una suma, que se estima razonable, de $500.00 para honorarios de abogado.”

No conformes los demandantes, interpusieron la presente apelación. Señalan seis errores cometidos a sn juicio por la corte sentenciadora, 1, al negar la eliminación de ciertos extremos de la contestación; 2, al infringir los artículos 25 y 101 de la Ley de Evidencia; 3, al admitir en evidencia cierto documento privado; 4, al admitir las declaraciones de Mercedes y Bamón Sotomayor; 5, al declarar sin lugar la demanda, contrario a derecho y a la prueba, y 6, al con-denar en costas a los demandantes fijando en quinientos dó-lares los honorarios de abogado.

Discutiendo su primer señalamiento de error recuerdan los demandantes que su demanda es jurada e invocan el artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Civil en aquella parte que dispone “pero si se jurare la demanda, la negación de cada alegación impugnada deberá ser específica, o hacerse por afirmación absoluta o según información y creencia del demandado.”

Seguidamente sostienen que aceptado por los demandados el otorgamiento de la escritura de hipoteca, estaban impe-didos de levantar las otras cuestiones que levantaron en su contestación ya que obligados por el contrato cualesquiera que fueran las relaciones existentes entre Sotomayor y Solá, aún teniendo conocimiento de ellas el apoderado Jiménez, no podían perjudicar a los demandantes herederos del acree-dor Chandri que contrató con quienes del Begistro aparecían ser los dueños, motivo por el cual procedía la eliminación solicitada. Citan los artículos 25 y 101 de la Ley de Evi-dencia y el caso de Valdés et al. v. Sucesión Gandía, 41 D.P.R. 554.

A nuestro juicio la corte sentenciadora no cometió el error que se le atribuye. Es cierto que los demandados Sotomayor-Flores aceptaron en su contestación el becbo pri-mero de la demanda o sea el que se refiere a la constitución de la hipoteca a favor del causante de los demandantes, pero es lo cierto también que en las siguientes alegaciones ex-ponen hechos que de ser exactos equivalen a una negación de la eficacia del gravamen en cuanto a los repetidos deman-dados.

“No es necesario frasear un ‘traverse’ en la negativa. Por el contrario, la alegación ele un hecho contrario a lo alegado en la de-manda es equivalente a una negativa. Por lo tanto, una defensa en la que se alega una apropiación ilícita de la colateral de una hipoteca debe interpretarse como negando el que se haya efectuado una venta válida de tal colateral. Y una alegación al efecto de que la relación entre las partes era de • coaxrendatarios niega afirmativa-mente una alegación de sociedad.” 1 Bancroft’s Code Pleading, Practice and Remedies, Ten Year Suplement, 1937, pág. 204.

Conocemos las alegaciones de la contestación impugnadas por el resumen que de ellas hicimos y basta examinarlas a la luz de lo resuelto por esta misma corte en los casos de Vilá v. Torres, 1 S.P.R. 439, Rosado v. Rosado, 17 D.P.R. 471, Horton v. Robert, 11 D.P.R. 176, Ribas v. Voight, 1 S.P.R. 219 y Pinto v. Drew, 45 D.P.R. 595, invocados por los apelados, para concluir que pueden hacerse y que cons-tituyen contestación y defensa suficientes a las que en contra de los demandados esposos Sotomayor-Flores contiene la-demanda.

Un contrato de hipoteca simulado en cuanto a la persona que se hace aparecer como dueña del inmueble hipotecado, celebrado con conocimiento y de acuerdo con el verdadero dueño y con el propio acreedor por medio del apoderado que a su nombre interviene, carece de eficacia contra el dueño simulado. La tiene, si es cierta la transacción, contra la finca y su dueño verdadero.

Y si ello es así, ¿cómo no va a poder alegarse la simula-ción en alguna forma en la contestación por el demandado a quien libera de la responsabilidad que le exige el deman-dante? A nuestro juicio es claro que puede.

Los señalamientos de error segundo, tercero y cuarto guardan estrecha relación con el primero. Argumentándolos sostienen los apelantes que la corte infringió los artículos 25 y 101 de la Ley de Evidencia — 387 y 463 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933 — porque aceptando el hecho del otorgamiento de la escritura de hipoteca y no atacada la validez del préstamo, ni alegando fraude o ilegalidad, no cabe la alteración de los términos del contrato, debiendo subsistir la presunción de verdad de los hechos relatados en el mismo, errando en tal virtud la corte al admitir en evidencia el documento privado sobre prórroga de la hipoteca otorgado por Jiménez como apoderado de Chandri y Juan Sola, y al permitir que declararan Mercedes Sotomayor y Ramón Sotomayor, porque tanto el documento como las declaraciones tendieron a variar los términos del contrato admitido. Invocan los casos de Villanueva v. Suáres, 40 D.P.R. 47; Ramírez v. Pumares, 28 D.P.R. 121, López v. Lizardi, 27 D.P.R. 755, 756, Nicorelli v. Ernesto López y Compañía, 26 D.P.R. 55, 58, Matson v. Goico, 18 D.P.R 702, 706, Bennett v. Boschetti, 31 D.P.R. 855, Banco Comercial v. Arguinzonis, 35 D.P.R. 284, Roig Commercial Bank v. Valladares, 38 D.P.R. 439, Cintrón y Aboy v. Solá, 22 D P.R. 262, Crédito y Ahorro Ponceño v. Beiró, 32 D.P.R. 817 y National City Bank v. Martínez Llonín, 41 D.P.R. 163.

Lo dicho en relación con la no existencia del primer error es fundamento para declarar que tampoco se cometieron los errores segundo, tercero y cuarto, porque si las alegaciones cuya eliminación se negó a decretar la corte estuvieron bien formuladas, claro es que pudo presentarse y debió admitirse evidencia sobre las mismas en el juicio.

Hemos examinado las decisiones invocadas en su favor por los apelantes y aunque guardan relación con la cuestión-aquí envuelta, no tienen el alcance que parece dárseles. Aquí se trata de un caso de simulación en cuanto al verdadero dueño de la finca hipotecada, con intervención del dueño real y del acreedor hipotecario por su apoderado.

Todo cuanto exponen en su alegato los apelantes como fundamento de su quinto señalamiento de error es lo que sigue:

"Al argumentar este error tenemos que partir de la base de los errores primero y segundo o sea que las alegaciones de la contestación han debido ser eliminadas, y que aún admitiendo que fueran permisi-bles dichas alegaciones y permanecieran formando parte de la contesta-ción no son bastantes para anular el derecho de los demandantes a cobrar el resto del crédito hipotecario de Ramón .Sotomayor que era un deudor solidario.
"Admitiendo las declaraciones ele Mercedes Sotomayor y de su padre Don Ramón, dichas declaraciones no pueden tener el alcance que les ha dado el Juez sentenciador al dictar su sentencia, o sea que con dicha única prueba se exime de responsabilidad a Ramón Soto-mayor y su esposa Concepción Flores Solá, porque sería destruir el valor probatorio de los documentos públicos admitir tal hecho.
"Ramón Sotomayor y su esposa no alegan incapacidad, ni han alegado fraude sino que ellos como parientes de Juan Solá González, se prestaron a firmar el documento de hipoteca, recibieron el cheque',, lo endosaron al señor Sólá González y todavía al vender la finca, hipotecada a este líltimo ratificaron dicho contrato al mencionarlo-como una carga y al reservarse Solá González el importe del crédito-hipotecario. Sería una burla a los más elementales principios del derecho civil permitir semejante clase de alegaciones y darle valor probatorio a semejante prueba.
"La sentencia es contraria a la prueba porque la que se ha pre-sentado o sea las declaraciones de dos personas de apellido Sotomayor y la de Juan Solá González no puede destruir un contrato de prés-tamo garantizado con hipoteca que aparece de una escritura pública, documento solemne y que tiene todas las formalidades legales para que tenga validez y además porque permitir tal prueba infringe los pre-ceptos que hemos citado de la ley de evidencia. Hay que tener en cuenta que a la fecha en que se presentó la demanda, Ohandri había fallecido y que las declaraciones de Sotomayor no tienen valor de nin-guna especie de acuerdo con los preceptos de la ley ele evidencia, y es contraria a derecho dicha sentencia por las infracciones legales a que antes nos hemos referido."

Se ve, pues, que siguen influenciados por su criterio rígido de la ley y por su concepto de la solemnidad de los docu-mentos públicos.

Hemos analizado la evidencia y es convincente en cuanto a la simulación.

Que Jiménez tenía plenos poderes para representar a Chandri, surge de la propia escritura de hipoteca. Fué él el que concertó el préstamo a nombre de su poderdante, el que otorgó el documento y el que recibió las rentas del ver-dadero dueño a quien concedió una prórroga vigente la cual ocurrió el incendió que destruyó casi en su totalidad la garantía.

Y no fueron sólo Sotomayor y su hija Mercedes y el propio dueño Solá quienes de modo detallado, amplio y per-suasivo declararon sobre las circunstancias que mediaron en la transacción y que explican por qué los esposos Sotomayor aparecían como dueños de la casa hipotecada sin serlo y como deudores hipotecarios sin haber concertado la obliga-ción ni lucrádose de ella, limitándose a entregar el importe del préstamo a Solá en el momento mismo de recibirlo de .Jiménez, si que el propio notario Andrés Mena Latorre por .ante quien se otorgó la escritura, declaró en los siguientes términos:

“P. — jSr. Mena, Ud. recuerda haber otorgado una escritura de hipoteca, esta escritura de hipoteca Núm. 39 entre don Ramón Soto-mayor Maymí y don Fernando Jiménez como apoderado de don José P. Chandri?
“R. — Sí señor.
“P. ¿El día 30 de enero de 1933?
“R. — Sí señor.
“P. — ¿Quién le habló, qué persona fué que le habló a Ud. y le pagó los honorarios de esa escritura?
$ & # W *
“R. — Don Juan Solá González.
“P. —Tenga la bondad de explicarme,
“R. — Don Juan Solá González estuvo en mi bufete por la mañana y me dice, ‘tengo concertada una operación de préstamo con hipoteca con don Fernando Jiménez, sobre mi casa residencia.’ Entonces yo le dije: ‘bueno, pues tiene él que venir por aquí, él vendrá dos mi-nutos por aquí’, en efecto al poco rato estuvo don Fernando Jiménez y me dió las notas, me llevó la escritura.
“P. — ¿Qué escritura le llevó?
“R — Pues la escritura que estaba a nombre de don Ramón So-tomayor, yo le dije a don Fernando: ‘bueno pero esta propiedad está a nombre de don Ramón Sotomayor’, me dice: ‘pero Ud. sabe que esa propiedad es de don Juan Solá González.’
“P.— . . . siga explicando.
“R. — Pues bueno, me facilitó, me dió las notas cómo había de hacerse la escritura de hipoteca, yo la hice y fuimos a firmarla.
“P. — Perdóneme un momento, ¿esa escritura que le entregó a Ud., era la escritura otorgada a favor de Sotomayor, o sea la que Sotomayor tenía en que aparecía Sotomayor ser dueño de la finca ■ objeto de la hipoteca?
“R. — Sí señor, ser el dueño en efecto.
“P. — Siga.
“R. — Pues se hizo la escritura.
“P. — ¿Las cláusulas de la escritura y las condiciones, quién se las dió a Ud. ?
“R. — Don Fernando Jiménez, tiempo, intereses y seguro contra incendio, las condiciones de seguro contra incendio. Se hizo la escri-tura, fuimos a autorizarla a la casa de don Ramón Sotomayor.
“P. — ¿.Quiénes fueron a .la casa de don Ramón Sotomayor?
“R. — Don Fernando Jiménez, don Juan Solá y el que habla, con los testigos, se leyó la escritura allí y antes de firmarla se expresó :don Ramón Sotomayor: ‘eso es de Ud., yo no tenga que ver nada con eso ’.
‘‘P. — ¿A quién le decía eso?
“R. — A don Fernando Jiménez y a don Juan Solá González.
, “P. — ¿Quiere decir que Sotomayor le dijo a .Solá que. eso era de él?
“R.- — Que eso era de él.
“P. — ¿Y Jiménez le contestó, dijo algo?
“R. — No señor, no dijo nada.
“P. — ¿Ud. estaba presente también cuando Jiménez entregó el cheque'de que habla esa escritura ahí?
“R. — Sí señor, ese cheque se lo dieron a don Ramón Sotomayor y él no lo quiso, entonces le dijo: ‘tiene que endosarlo’, se endosó.
* Sfc * SX« # ^
“P. — ¿Quién le dijo: ‘tiene Ud. que endosarlo’?
“R. — Don Fernando Jiménez.
“P. — ¿El mismo don Fernando Jiménez?
“R. — Sí señor.
“P. — ¿Que hizo entonces don Fernando Jiménez con el cheque después de endosado?
“R. — Se lo entregó a don Juan Solá. González que estaba allí presente. ’ ’

Solemnes son las escrituras públicas, pero no por con-servar incólume el principio debe quedar consagrado como verdadero lo que en realidad no lo es. Justas y tendentes a establecer el orden, a afirmar el crédito y a robustecer la confianza tan necesarios para el debido desarrollo de las sociedades, son los preceptos de ley invocados, pero esos mismos preceptos contienen excepciones cuyo alcance lia fijado la jurisprudencia a fin de permitir que la luz se haga cuando sea necesario impedir que operen en la realidad de modo injusto. Y en la excepción está este caso comprendido.

No deben alentarse las simulaciones. La verdad es el camino. La experiencia demuestra cuán caros se pagan los desvíos de esa ruta central que facilita y afianza todas las transacciones, pero muchas veces de buena fe, por una mal entendida bondad hacia familiares y amigos, por el deseo de poner a salvo intereses de personas débiles o por otros motivos más o menos explicables dentro de un campo de acción compatible en cierto modo con la honradez y la verdad última, se realizan actos simulados que no debe permitir ¡se que tengan luego consecuencias tales que resulten opresivas. El castigo debe ser proporcionado a la falta y bastante cas-tigo se recibe en esos casos con las incertidumbres y los trastornos de un pleito; Condenar a una restitución, que pudiera resultar ruinosa, de algo que se sabe que no se recibió, resultaría injusto. De ahí la excepción, que, por supuesto, debe surgir de las alegaciones y de la evidencia, clara, robusta, plena, como snrge en este caso.

No fné cometido en tal -virtud el quinto de los errores señalados. En cnanto al sexto o sea qne la fijación de quinientos dólares como honorarios de abogado además de las costas es excesiva, nos parece que tienen razón los apelantes atendidas todas las circunstancias concurrentes y siendo los demandantes los herederos — una viuda y dos hijos menores de edad. Creemos que trescientos dólares constituyen una compensación razonable.

Debe modificarse la sentencia recurrida en tal sentido. y confirmarse, así modificada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.