author: El Juez Presibente Sr. Hernánbez,

text:
    Mattei, Demandante y Apelante, v. Badillo, Demandabo y Apelabo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en un caso sobre injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1109.
    — Resuelto en abril 8, 1914.
    Injunction para Recobrar la Posesión — Término para Apelar Contra la Resolución Definitiva. — La resolución que pone término a un procedimiento' de injunction para recobrar la posesión de propiedad inmueble establecido por la Ley No. 43 de marzo 13, 1913, tiene el carácter de sentencia y el término para apelar contra ella -es de 30 días, no siendo de aplicación el término de 10 días que señala el párrafo 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: iSr. Luis Montdvo Guenard.

    Abogado del apelado: Sr. Juan B. Soto. ■

   El Juez Presibente Sr. Hernánbez,

emitió la opinión del tribunal.

Está sometida a nuestra consideración una moción pre-sentada por la representación del demandado y apelado Teo-doro Badillo, para que se desestime recurso de apelación interpuesto por la demandante Luisa Matei Viuda de Campos contra sentencia dictada en el presente caso por la Corte de Distrito de Agnadilla en 18 de diciembre del año próximo pasado, y se alega como fundamento • de la moción que el re- ' curso fué interpuesto en 17 de enero del” corriente año, cuando ya había transcurrido el término de 10 días que señala el artí-culo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil en su párrafo 3o. para apelar contra una providencia concediendo o dene-gando un injunction. No tiene razón el peticionario.

Resulta de autos que la demandante solicitó de la Corte ■de Distrito de Aguadilla un injunction contra el demandado para recobrar la posesión material de cierto terreno, acogién-dose al procedimiento establecido por la Ley No. 43 de 13 de marzo de 1913, para recobrar la posesión de propiedad in-mueble, y que seguido el juicio en la forma-prevenida por dicha Ley, recayó sentencia en la fecha ya expresada decla-rando no haber lugar a conceder el injunction, y reserván-dose a las partes el derecho que pudiera corresponderles con relación a la propiedad del terreno, siendo ésta la sentencia apelada.

Como se ve, el injunction de que se trata no se solicitó como remedio incidental o subordinado a algún otro remedio principal que se reclamara en el procedimiento, sino que fué solicitado como un remedio especial y único sin subordina-ción a otro alguno, y la resolución que denegó dicho remedio no puede considerarse como una providencia denegatoria del injunction, sino como una sentencia dictada en un pro-cedimiento especial que decidió sobre los derechos de las partes.

La providencia concediendo o anulando un injunction, ne-gándose a conceder o anular un injunction, a que se refiere el número 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, es aquella que recae sobre injunction solicitado inci-dentalmente en un pleito o acción, y respecto de ella es que la ley señala el término de 10 días para interponer recurso de apelación. La resolución que pone término a un procedi-miento de injunction,no incidental o accesorio, sino principal, como sucede en el presente caso, es una verdadera sentencia semejante a la que pudiera recaer en cualquier otro pleito o procedimiento, y contra ella el término para apelar es de 30 días.

El recurso lia sido interpuesto dentro del término legal, y procede desestimar la moción.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    Houston Packing Co., Demandante y Apelada, v. Pagán López & Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en nn caso sobre cobro de una suma de dinero.
    No. 1018.
    — Resuelto en abril 8, 1914.
    Corporaciones Extranjeras — Capacidad para Demandar — Defensas Espe-ciales. — Cuando la parte demandante es una corporación extranjera y no se alega en la demanda si ha cumplido o nó con los preceptos de las leyes de Puerto' Rico que rigen para dichas corporaciones, si la parte demandada desea impugnar la capacidad para demandar de la corporación demandante por falta de cumplimiento de dichas leyes, debe alegarlo especialmente como cues-tión de hecho en la contestación a la demanda y si no lo hiciere se consi-derará renunciada dicha defensa. '
    Id. — Capacidad para Demandar — Negación General de los Hechos de la De-manda. — Cuando en la demanda solo se alega que la demandante es una cor-poración constituida bajo las leyes del Estado de Texas, con domicilio en la ciudad de Houston del mismo Estado, la negación general de los hechos alegados en la demanda no es suficiente para plantear la cuestión de la capa-cidad de dicha corporación para demandar ni tampoco le obliga a presentar prueba de su constitución y existencia.
    Id. — Capacidad para Demandar — Palta de Causa de Acción. — La defensa de falta de capacidad para demandar debe alegarse por medio de'la excepción de falta de capacidad y no de falta de causa de acción.
    Id. — Estoppel—Existencia de una Corporación. — El que contrata con una cor-poración está impedido de negar su existencia en una aeeión derivada del contrato.
    Demanda Enmendada — Súplica de la Demanda — Palta de Causa de Acción.— Ni el hecho de haberse enmendado la demanda en una alegación separada de ella sin redactar una nueva demanda con la enmienda, ni el que su súplica no diga que la sentencia se solicita a favor de la demandante, son motivos para sostener que la demanda no aduce- hechos suficientes para determinar una causa de acción.

      Pruebas — Firma de una Carta — Peritos.—No es error el permitir que un testigo reconozca la firma de una carta suscrita por otra persona sin necesidad de acreditar, que era perito, cuando el testigo conoce la letra del firmante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelada: Sr. José G. Torres.

    Abog’ados de la apelante: Sres. Pascasio Fajardo y E. Ramírez Nadal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso alega que la demandante es nna corporación constituida bajo las leyes del Estado de Texas, con domicilio en la ciudad de Houston del mismo Estado y que los demandados constituyen una sociedad mercantil con residencia en Mayagüez, Puerto Eico; que los deman-dantes vendieron a los demandados mercaderías por valor de $788.88 que debían ser pagados de contado a su recibo, las que fueron embarcadas debidamente en 23 de septiembre de 1911 y recibidas de conformidad por los demandados, quienes no las han pagado en todo ni en parte dicha cantidad ni a ninguna otra persona en su nombre, a pesar de las ges-tiones que se han hecho para su cobro. Termina la demanda con la súplica de que se condene a los demandados al pago de tal cantidad, intereses legales y costas.

Esa alegación fue excepcionada por el fundamento de que no aduce hechos que determinasen una causa de acción y habiendo sido declarada sin lugar por el tribunal inferior, se presentó entonces una contestación negando general y espe-cíficamente todos y cada uno de los hechos de la demanda, después de lo cual se celebró el juicio y el Tribunal de Dis-trito de Mayagüez dictó sentencia condenando a la sociedad demandada al pago de los $788.88 reclamados, de los intereses legales desde la interposición de la demanda y al de las cos-tas, desembolsos y honorarios del abogado de la demandante, contra cuyo fallo se ha interpuesto el presente recurso de apelación por la parte contra quien se dictó.

El motivo principal en que la sociedad apelante descansa para que revoquemos la sentencia apelada es que, habiendo negado específicamente todos los hechos de la demanda, tenía la demandante que probar no sólo que es una corporación organizada según las leyes del Estado de Texas sino tam-bién su capacidad para comparecer ante los tribunales de esta isla por haber cumplido' los requisitos que nuestras leyes exigen a las corporaciones privadas de fuera del país, sin cuya prueba no debió permitir el tribunal inferior que se presentara evidencia' del contrato cuyo pago se reclama y debió sostener la moción dé desistimiento (non suit) que presentó la demandada.

A la demandante le bastaba alegar, como alegó, que era una corporación privada y como la demanda no contiene ale-gación alg'una de la cual resulte que no ha cumplido con deter-minados requisitos que le impidan acudir a los tribunales de esta Isla a ejercitar la presente acción, no puede sostenerse que de ella aparezca que carece de causa de acción; mas si tal hecho se hubiera consignado, no sería la procedente esa excepción sino la de que la demandante no tiene capacidad legal para demandar, que es la segunda del artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil. Cuando la demanda no contiene alegación sobre ese particular y la demandante ha dejado de cumplir preceptos de nuestra ley local que le impiden demandar, entonces tal falta de cmnplimiento con la ley tiene que ser alegada especialmente en la contestación y no báciéndose así se considerará abandonada. South Yuba Water Co. v. Rosa, 80 Cal., 336. No estaba por consiguiente obligada la demandante a probar el cumplimiento de tales requisitos ni aun siquiera que es una corporación organi-zada con arreglo al Estado de Texas porque la contestación no planteó esa cuestión, ya que una negación general de los hechos de la demanda hace referencia solamente a los con-cernientes al contrato alegado y para que la demandante tenga que probar su constitución como corporación, no es suficiente una negación general si la contestación no niega especialmente la existencia de tal corporación. California Steam Navigation Co. v. Wright, 8 Cal., 591. Park Bank v. Tilton, 15 Abb. Pr., 384. Bank of Havana v. Wickham, 7 id., 134. Una negación de la existencia de una corporación no suscita la cuestión con respecto a su constitución. Southern Pacific Railroad Co. v. John D. Pursel, 77 Cal., 69. Además quien contrata con una corporación está impedido de negar su existencia en una acción derivada del contrato. 10 Cyc., 1345 (ó) y citas de la nota 44.

Las otras cuestiones planteadas por la apelante son secun-darias y, ni el liaber enmendado la demanda en una alega-ción separada de ella sin redactar una nueva demanda con la enmienda, ni el que su súplica no diga que la sentencia se solicita a favor de la demandante, son motivos para sos-tener que carece de becbos que determinen una causa de acción ni que es ambigua.

En cuanto a la admisión como evidencia de ciertas car-tas que contenían proposiciones de transacción, como no fue-ron presentadas con el objeto de que de tales ofertas se dedu-jera la existencia de la deuda sino en cuanto el reconocimiento expreso que de la misma se hace en ellas, no puede sostenerse que el tribunal cometiera error al permitir su presentación, con mayor motivo cuanto que independientemente de esas cartas se probó la deuda reclamada. Tampoco fué error el permitir que un testigo reconociera la firma de una carta suscrita por otra persona, pues conociendo él tal letra podía declarar sobre ese particular sin necesidad de acreditar que era perito. El Pueblo v. Martí, resuelto por nosotros en enero 19 de este año. T tampoco existió error al admitir un conocimiento de embarque de mercancías de los demandantes para los demandados por el hecho de que tiene fecha 2 de octu-bre de 1911 cuando la demanda alega que las que motivan la reclamación fueron embarcadas en 23 de septiembre de ese año, pues se demostró que se refiere a las mismas mercancías y que el conocimiento tiene la fecha del embarque en el puerto de Galveston y habían salido de Houston el 23 de septiembre.

No vemos motivos para revocar la sentencia apelada, la que debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres.' Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    The Fajardo Development Company, Demandante y Apelada, v. Zalduondo, Demandando y Apelante.
    ApelaoióN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en un caso sobre expropiación forzosa.
    No. 970.
    — Resuelto en abril 8, 1914.
    Alegato del Apelante — Relación Concisa del Caso. — El apelante en su alegato de acuerdo con el artículo 42 del reglamento de este tribunal debe hacer una relación concisa del caso sin relatar las alegaciones ni la prueba documental y testifical presentada por las partes.
    Expropiación Forzosa — Ferrocarriles—Variación del Trazado de la Línea— Comisionado del Interior. — De acuerdo con la franquicia concedida a la corporación demandante para la construcción de un ferrocarril el Comisionado del Interior y el Consejo Ejecutivo tienen facultades para aprobar los planos del trazado original de la línea y de cualquier variación en la misma y la prueba presentada en este caso tiende a demostrar la necesidad de la altera-ción discutida en este pleito.
    Id.- — Prórroga para la Terminación de un Ferrocarril — Interrupción del Término — Caducidad de la’ Franquicia. — De acuerdo con los términos de la prórroga concedida por el Consejo Ejecutivo a la corporación demandante para la terminación del ferrocarril es indudable que dicho término ha quedado interrumpido por este caso de expropiación forzosa, pero aun en el supuesto de que no se dedujera así de los términos de dicha prórroga, un procedimiento de expropiación forzosa interrumpe el término para la terminación de la cons-trucción de un ferrocarril y no puede por tanto declararse caducada la fran-quicia por no haber sido terminada la obra dentro del término fijado.
    Franquicia para Construir un Ferrocarril — Quien Puede ’Pedir su Caduci-dad — Terminación de la Obra Fuera de Tiempo. — La caducidad de una franquicia para construir un ferrocarril por no haber sido- terminada la obra dentro del término fijado, sólo puede ser declarada en virtud de un procedi-miento judicial iniciado por el Estado contra la compañía y no en un proce-dimiento de expropiación forzosa contra el dueño de una finca y en virtud de alegación hecha por éste.
    Expropiación Forzosa — Ofrecimiento al Demandado de la Indemnización — - Alegación de la Oferta en la Demanda. — De acuerdo con la Ley de marzo 12, 1908, sobre expropiación forzosa la parte que trata de expropiar una finca debe ofrecer a su dueño la cantidad que está dispuesto a pagar por la finca y por los perjuicios que se ocasionen y esta oferta debe ser hecha después de la declaración de utilidad pública y alegada en la demanda como un hecho esencial de la misma. Atendidas las circunstancias especiales de este caso se resolvió que el demandado estaba impedido de alegar la falta de consenti-miento para la expropiación de la finca y la falta de ofrecimiento de ser indemnizado por la compañía.
    Franquicias — Audiencia de los Interesados por el Comité de Franquicias— Declaración de Utilidad Pública. — Una declaración de utilidad pública no es nula por el heeho de que el dueño de la finca fuera oído únicamente por el Comité de Franquicias del Consejo Ejecutivo y nó por éste en pleno, ni el que el informe estuviera firmado únicamente por el Comité de Franquicias y nó por una mayoría de la totalidad del Consejo -Ejecutivo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelada: Sres. Armstrong &• Keith y Luis Muñoz Morales. .
    Abogados del apelante: Sres. Aponte & Aponte.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La regla 42 de este tribunal prescribe que el alegato del apelante contendrá una relación fiel y concisa de la causa tal como conste en los autos. Esto no quiere decir, como a me-nudo sucede, que el apelante deba repetir las alegaciones for-muladas en los alegatos y hacer una exposición de la prueba documental y testifical introducida por las partes. Esta rela-ción fiel y concisa pondrá a la corte en condiciones de cono-cer los determinados errores que se aleguen y no todas aque-llas cuestiones sobre las cuales hayan ofrecido prueba las partes y de cuya veracidad no existe discusión alguna. En este caso ninguno de los abogados de las partes ha hecho un resumen de los hechos, habiéndose limitado solamente a relacionar las alegaciones y la prueba. Trataremos de hacer lo que no han hecho los abogados.

La demandante es una corporación organizada de acuerdo con las leyes de Connecticut. En Io. de noviembre de 1905, el G-obernador de Puerto Rico aprobó una franquicia con-cedida a dicha compañía por el Consejo Ejecutivo que tam-bién fué aprobada por el Presidente de los Estados Unidos en 11 de diciembre de 1905, de conformidad con las disposi-ciones de la Ley Orgánica. La expresada franquicia auto-rizaba a la compañía para construir una línea de ferrocarril desde Mameyes a Naguabo con un ramal especial basta la playa de Fajardo. En el párrafo segundo de la mencionada franquicia se dispuso que la compañía estaría obligada a pre-sentar al Comisionado del Interior para la aprobación del Consejo Ejecutivo, un trazado correcto de la línea de dicbo ferrocarril. Las verdaderas palabras de la franquicia tra-ducida del inglés, son las siguientes:

“La concesionaria presentará al Comisionado del Interior para la aprobación del Consejo Ejecutivo, un trazado correcto de la ruta del predicho ferrocarril, dentro de un tiempo razonable desde la fecha de la aceptación de esta ordenanza por la concesionaria, según lo que más adelante se dispone en la presente; y todos los planos de super-eonstrucción, vías, desvíos, alcantarillas, puentes y terraplenes, se presentarán al Comisionado del Interior por quien deberán ser apro-bados antes de proceder a la obra de construcción. Las obras que ya estén terminadas por la concesionaria en terrenos adquiridos por ella, o para su beneficio, con anterioridad a la aceptación de esta orde-nanza, podrán ser aceptadas y aprobadas por el Comisionado del Interior. ’ ’

También se disponía en la franquicia que la corporación quedaría obligada a concluir toda la construcción de la vía dentro de los tres años después de haber sido aceptada la franquicia por la compañía, aceptación que tuvo lugar el día 12 de diciembre de 1905. En 1909 se concedió una prórroga del término especificado en la franquicia, y luego otra en 1910, habiendo sido aprobadas las dos por el Gobernador tal como fueron presentadas. Según los términos de la última prórroga la línea debía quedar concluida el día 9 de septiem-bre de 1910. Sin embargo,' en la prórroga concedida en 1909 existía una cláusula en la que se disponía que el Consejo Ejecutivo podría conceder otra prórroga razonable con el fin de que la compañía pudiera dejar ultimados los procedi-mientos de expropiación forzosa. Pasó el día 9 de septiem-bre de 1910, sin estar terminada la línea completamente pero el Comité de Franquicias del Consejo Ejecutivo informó al Consejo qne de acuerdo con los términos en que aparecía redactada la prórroga de 1909, eran éstos bastante amplios y podía el Consejo de conformidad con ellos dar más tiempo a la compañía para terminar los procedimientos de expropia-ción forzosa. La franquicia de 1910 no contenía disposición alguna que privara al Consejo Ejecutivo de la facultad de prorrogar el término- para los fines de la expropiación for-zosa como lo disponía la prórroga de 1909, habiendo con-cedido en sn consecuencia el Consejo Ejecutivo más tiempo a la compañía.

Procediendo de acuerdo con la primera franquicia pre-sentó la compañía su plano de la línea al Comisionado del Interior que fué aprobado por éste en 27 de noviembre de 1905. Al tratar la compañía de construir su línea creyó nece-sario debido a las curvas y declives, y procediendo de con-formidad con los informes de sus peritos, cambiar una parte de su ruta que estaba comprendida entre Ceiba y Naguabo, sometiendo al efecto un plano al Comisionado del Interior.

No aparece en los.autos el mismo plano o diseño según quedó modificado, no obstante haber sido presentado como prueba y certificado por el Comisionado del Interior. Apa-rece' una certificación de una memoria que sometió la com-pañía al Comisionado en la que se describía el cambio hecho, la cual fué admitida como prueba. De la prueba re-sultó que el cambio de plano fué aprobado por el Comité de Franquicias del Consejo Ejecutivo el día 4 de agosto de 1910, de cuyo Comité era Presidente el Comisionado, ha-biendo sido aprobado también por el Consejo Ejecutivo.

La parcela de terreno de Miguel Zalduondo Yeve, o sea el apelante, era una de las porciones por las que ha de pasar el referido ferrocarril, como se indica en su plano enmen-dado, si bien dicho terreno no aparecía en el plano original que fué aprobado por el Comisionado del Interior en 1905. Después que había resuelto la compañía que era necesario el cambio de plano y fijado su ruta, pero antes de haber sido aprobado el referido plano por'las autoridades, dicba com-ida se dirigió a todos los propietarios por cnyas fincas se proponía pasar, explicándoles por donde intentaba atravesar sn línea a lo qne no se opusieroh dichos propietarios. Entre los referidos propietarios se encontraba el cansante del de-mandado de apellido Vaamonde. El expresado Vaamonde tampoco se opuso a qne la compañía pasara la línea por sn finca. Dicha propiedad fné vendida a Zalduondo Veve en 28 de septiembre de 1909. La memoria acerca de dicho cam-bio de plano del ramal ferroviario lleva fecha de mayo 12, 1910.

En 7 de mayo de 1910, y por consiguiente con anteriori-dad a la aprobación del cambio de ruta por las autoridades, la compañía apelada dirigió una carta al Sr. Zalduondo ofre-ciéndole comprar a razón de $100 por cada cuerda por sn 23/100 de cuerda de terreno y también a razón de $100 por cnerda por daños y perjuicios. En contestación a esta propo-sición, escribió Zalduondo la siguiente carta a la compañía:

“Fajardo, mayo 10 de 1910. A la Fajardo Development Co., Fajardo. Señores: Según carta de 7 de este mes que recibí ayer, suscrita por sus abogados G-arvan & Armstrong, se me notifica que procediendo de acuerdo con instrucciones de Vds., si dentro de diez días yo no be aceptado sus proposiciones por una parcela de tierra de mi finca de Ceiba, ellos pondrán en práctica contra mí procedi-mientos de expropiación forzosa.
“Tal carta me ba extrañado sobremanera porque Vds. tienen moti-vos sobrados para conocerme 'y saber que el que suscribe no es hombre de hablar dos cosas distintas por un mismo negocio. Mi última pala-bra sobre este asunto fué pronunciada a su manager, el Señor Alvarez Torres y a su abogado Don Luis Muñoz Morales desde hace tiempo.
“Además, esta compañía sabe muy bien que yo no soy hombre que cedo a la presión de ninguna amenaza sino que muy al contrario acos-tumbro rechazarlas de plano vengan de donde vinieren, preparándome para contestar a ellas en la forma que proceda.
“El objeto esencial de mi carta es evitarles la pérdida de tiempo que representaría para Vds. esos diez días del plazo que me dan para consumar la amenaza y decirles al mismo tiempo que están Vds. en un error al creer que pueden expropiarme, pues sólo procede la expro-piación cuando la 'necesidad de pasar por la tierra puede justificarse, y yo probaré hasta la evidencia que Yds. no tienen necesidad de pasar por mi finca en cuestión sino una intención marcada de perjudicarme en mi intereses creyendo que una franquicia es bastante bandera para cobijar tamaña pretensión.
“La ley está por encima de todo, y como siempre, yo estoy resuelto a hacer que Yds. y todos los que contraten o tengan negocios conmigo sean competidos a su cumplimiento.
“A la expropiación, pues, sin pérdida de tiempo, y que resulte lo que al derecho de cada cual corresponda.”

Durante el juicio el demandado se opuso a la admisión de esta correspondencia por el fundamento de que en la fecha en que se escribieron las referidas' cartas no se había 1 lecho declaración alguna de utilidad pública.

1 La compañía apelada acudió al Consejo Ejecutivo para instar los procedimientos de expropiación contra la propie-dad del Sr. Zalduondo Yeve. Se notificó a éste último que. compareciera ante el Consejo- Ejecutivo, donde se le dirigió al Comité de Franquicias que oyó sus objeciones. Én 25 de agosto de 1910, el Consejo Ejecutivo declaró de utilidad pública el terreno del Sr. Zalduondo Yeve. En Io. de octubre de 1910, se inició esta acción de expropiación forzosa de dicho terreno. Después de los procedimientos preliminares quedó trabada la controversia entre las partes y celebrado el juicio dictó la corte sentencia a favor de la compañía demandante, contra cuya sentencia interpuso apelación el demandado, ale-gando al efecto cuatro fundamentos de error:

(a) El primer señalamiento de error alegado es que la corte cometió error al no desestimar la demanda habiéndose probado que la finca que trataba de expropiarse no había sido comprendida en el plano original. Conviene tener pre-sente en cuanto a este particular, el hecho de no constar en los autos la copia del plano original ni la del enmendado. La memoria de la compañía demandante en lo que hace refe-rencia a los cambios está incluida en la exposición, pero el apelante nada ha dicho sobre el alcance de dicho cambio, no pudiendo tampoco este tribunal determinar sin la ayuda de peritos o por alguna otra prueba a qué se refieren las cifras y palabras contenidas en la memoria. Tendremos que supo-ner que dicha memoria fné debidamente aprobada por el Comisionado del Interior como también qne los cambios fue-ron en la línea general del trazado como lo indica la misma memoria. La prueba tiende a establecer que dichos cambios eran necesarios. En la franquicia original se disponía que el plano se sometería al Comisionado del Interior para la aprobación del Consejo Ejecutivo y que “todos los planos ■de superconstrueción, Yías, desvíos * * * puentes y te-rraplenes para la construcción general del ferrocarril se pre-sentarán al Comisionado del Interior, por quien podrán ser aprobados antes de proceder a la obra de construcción. ’ ’ Aun cuando fuera esencial el cambio de plano, el apelante no ha sometido a la consideración de esta corte nada de aonde resulte que las mismas autoridades que aprobaron el plano de conformidad con la franquicia no podían prestar su consentimiento y dar validez al cambio de referencia. Se-gún la franquicia las personas que habían de determinar la ruta no eran el Gobernador ni el Presidente, sino el Comi-sionado y el Consejo Ejecutivo. Estos últimos eran nece-sariamente las partes contratantes de un lado y la compañía del otro. Los términos del contrato pueden ser modificados por el consentimiento mutuo de dichas partes. El consen-timiento del Comisionado se presume necesariamente de la omisión de incluir el mapa en el cuál se vería dicha apro-bación y de la admisión hecha al parecer por el apelante de este hecho al no oponerse al mismo y no hacer ninguna ale-gación acerca de él ante este tribunal.

Las palabras de la franquicia arriba citadas parecen dar además al Comisionado una facultad algo amplia. No se ha probado.que se haya causado perjuicio alguno al público por-que el plano hubiera quedado ultimado finalmente en el año 1910 y no en 1905.

(6) El segundo error que ha sido alegado se funda en que la corte no resolvió que la franquicia había sido anulada, y por tanto, que la compañía no tenía derecho a expropiar. La razón principal de esta alegación es qne la compañía no terminó la obra para el día 9 de septiembre de 1910, como se disponía en la prórroga qne se le concedió en dicbo año. El Comité de Franqnicias del Consejo Ejecutivo fné de pare-cer de qne las palabras contenidas en la prórroga de 1909 dando facultades al Consejo Ejecutivo para conceder más tiempo a la compañía para los procedimientos de expropia-ción eran suficientemente amplias para dejar en suspenso la terminación de aquella parte de la obra en la que estaban comprendidos los procedimientos de expropiación. Somos de la misma opinión. Cualquier otra interpretación nos lle-varía al absurdo de que un propietario que muestre oposi-ción puede anular una franquicia por el becbo de negarse a entregar su terreno. Y creemos que a igual conclusión se llega aun cuando no se mencione de modo terminante la facultad de prorrogar el término contenida en la franquicia de 1909.

Convenimos además con el apelado en que por lo general la cuestión referente a si la corporación ba perdido su dere-cho a determinada franquicia solamente podrá ser conside-rada por el Estado mediante un procedimiento adecuado ini-ciado con tal fin, y cita la obra de Joyce sobre Franquicias, páginas 869 y 875, y varios casos de California. La regla es que únicamente el cedente o sus causahabientes podrán aprovecharse del incumplimiento de una condición subsi-guiente en lo que respecta a un derecho o privilegio que baya sido concedido. Schulenberg v. Harriman, 21 Wall., 44; United States v. Northern Pacific Ry. Co., 177 U. S., 440; Van Wyck v. Knevals, 106 U. S., 369; Atlantic and Pacific R. R. Co. v. Mingus, 165 U. S., 433; Kerfoot v. Farmers’ and Merchants’ Ranh, 218 U. S., 287. Y que la anulación deberá ser declarada judicialmente lo mismo en el caso de una compañía de ferrocarril que no termina la obra a su debido tiempo, como aparece además expresado en el caso de Utah N. and C. R. Co. v. Utah and C. Ry. Co., 110 Fed., 889; In the matter of New York Elevated R. R. Co., 17 N. Y., 337, 338; Toledo and Ann Arbor R. R. Co. v. Johnson, 49 Mich., 148, 151. La franquicia constituye nn contrato entre las partes enya validez deberá resolverse en una acción entre el Estado y las partes a no ser que se disponga otra cosa en dicha franquicia. Thompson sobre Corporaciones, párrafo 5337; Riggs v. Cape Cod Ship Canal Co., 137 Mass., 71. Iguales razonamientos pueden verse en el caso de Compañía Azucarera v. El Registrador, 19 D. P. R., 156, y casos cita-dos en el mismo. La misma regla se observa cuando la fran-quicia se concede en el Estado del domicilio o en otra juris-dicción. Bank of Augusta v. Earle, 13 Pet., 599; Spring Valley Water Works v. Schottler, 62 Cal., 69, en cuyo caso se ve también la naturaleza de una franquicia.

(c) También se alega como error que la compañía no hizo ofrecimiento de pago al demandado y apelante después de la declaración de utilidad pública, en la forma en que lo exige el estatuto. Leyes de 1908, página 98. En contestación a esta alegación el apelado en primer lugar sostiene que esta cuestión no fué promovida ante la corte inferior. Se alega en-la demanda que el demandante estaba dispuesto a pagar y ofreció pagar al demandado la debida compensación por el terreno incluyendo su valor y los daños y perjuicios que pudiera sufrir el demandado con motivo de la expropiación, y que dicho demandado se negó a aceptar la proposición. Debemos interpretar estas palabras como que con ellas se trató de cumplir con el estatuto, pues de no ser así la de-manda no determinaría una causa de acción. En los casos cié expropiación forzosa en que es requisito indispensable que se haga el ofrecimiento de pago al propietario del terreno para que la acción prospere, deberá alegarse en la demanda la oferta. 15 Cye., 635. El párrafo de la demanda en que se hacía referencia a dicha oferta fué negado de modo espe-cífico en la contestación y como hemos visto que el deman-dado se opuso a la admisión de la correspondencia donde constaba la oferta, debemos declarar que la cuestión fué planteada debidamente en la corte inferior. El apelado.alega además que no existe nada absolutamente en el estatuto que determine la fecha en que debe hacerse el ofrecimiento. Las palabras del estatuto son como siguen:

‘ ‘ Sección 4. — Hecha la declaración de utilidad pública de una obra, si los dueños de la propiedad que haya de ser expropiada no se avi-niesen por cualquier motivo a consentir la expropiación o expropia-ciones, que aquélla requiera, determinará ello una causa de1 acción en favor del que haya de realizar dicha obra, y podrá ejercitarla contra los mencionados propietarios * '* *. ’ ’

Entendemos que la verdadera intención del estatuto arriba citado es que la oferta de pago. debe hacerse y que el momento de hacerla es después de la declaración de uti-lidad pública, disponiéndose en el mismo párrafo que se in-serte en la demanda una copia de la declaración de utilidad pública.

Alega además la apelada que la declaración de utilidad pública se hizo en la primitiva franquicia y por tanto no era necesario hacer otra declaración antes de que se hiciera la oferta que exige el estatuto. La franquicia es en efecto una declaración de utilidad pública pero si en ella se pres-cinde de la necesidad de hacer otra declaración de utilidad pública específica para determinada propiedad, no tenemos que resolver sobre esto debido a la naturaleza especial de los hechos que consideramos. La apelada hizo su oferta a Zalduondo en 7 de mayo de 1910. Es cierto que en esa fecha solamente se había presentado al Comisionado el plano original de la línea, o sea el que fué aprobado en noviembre de 1905. El cambio de plano en el cual se comprendía el terreno del demandado fué sometido en mayo 12, 1910, o sea pocos días después. Sin embargo, dado el hecho de la falta de oposición del causante del demandado; considerada la acti-tud resuelta y hostil de dicho demandado creemos que éste está impedido de promover la cuestión de falta de consenti-miento entre él y la compañía. Gran parte del contenido de su carta podría quizás considerarse como una mera afirma-ción hecha por él de que no existe necesidad de atravesar su finca. Pero sus últimas palabras son de distinta natura-]eza y pudieron fácilmente haber inducido a la compañía a creer que el demandado se opondría de cualquier modo a la expropiación. La carta revela que el demandado y la com-pañía por lo menos habían celebrado otra entrevista en la que se había mantenido igual actitud. Debemos .también in-sistir en el hecho de la anterior notificación a Yaamonde sin haber mostrado oposición.

(d) El cuarto señalamiento de error alegado por el ape-lante es que la declaración de utilidad pública era nula. Sos-tiene que no se le oyó debidamente en.el Consejo Ejecutivo. Se le notificó que compareciera ante el Consejo Ejecutivo donde se le dirigió al Comité de Franquicias que le oyó debida-mente las razones que expuso.' No existe nada que sepamos que se oponga a esta práctica legislativa y la única cuestión que consideramos es si tuvo o nó el demandado la. debida opor-tunidad de áer oído, la que creemos que se le dió. No'tiene ninguna importancia el argumento de que el informe no fuera firmado por un quorum del Consejo Ejecutivo y sí solamente por cinco miembros. Estos cinco miembros formaban todo el Comité de Franquicias y estamos seguros que informaron al Consejo Ejecutivo, de donde procedía la declaración' de utilidad pública, y era válido.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aklrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Vidal, Peticionaria y Apelante, v. Marrero, Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 1a., Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en nn caso sobre mandamus.'

    No. 1092.
    — Resuelto en. abril 13, 1914.
    CERTIFICACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS-SECRETARIOS DE LAS CORTES DE DIS-TRITO — -Derechos por Certificar una Copia Preparada por el Abocado.— Los derechos que debe cobrar un secretario de una corte de distrito por cer-tificar una copia de un documento son de 20 centavos por folio más 25 centavos por la certificación, y no altera estos derechos el hecho de que la copia del documento haya sido preparada por el abogado y se la traiga hecha al secretario.
    Id. — -Inspección de Documentos Públicos. — El derecho que de acuerdo con el artículo '47 de la Ley de Evidencia de 1905 tiene todo ciudadano a inspec-cionar y sacar copia de cualquier documento público no quiere decir que el secretario de una corte de distrito que tiene a su cargo dicho documento esté obligado a certificar dicha copia si no se pagan los derechos correspondientes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Enrique Rincón.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Josefina Vidal presentó nna solicitud en la Corte de Dis-trito de San Juan para que se expidiera nn auto de mandamus. En la petición se expresa que ella era copartícipe en la testa-mentaría de su padre Isidro Vidal Amadeo habiendo orde-nado la corte que se expidieran copias certificadas de las participaciones a los herederos con el fin de que las mismas fueran inscritas en el registro de la propiedad. Posterior-mente el abogado de la peticionaria preparó una copia de la cuenta particional hecha por el contador partidor y requirió al secretario de la corte de distrito, Don Celestino Marrero para que la certificara bajo sello mediante el pago de veinte y cinco centavos por dicha certificación. El secretario de la corte de distrito se negó a expedir la referida certificación a menos que se le pagara a razón de veinte centavos por folio por cada página del documento qne había de certificar, can-tidad que en este caso ascendería a veinte dólares. La corte declaró no haber lugar a expedir el auto de mandamus por el fundamento de que el secretario había interpretado correc-tamente la ley.

El Fiscal ha comparecido en este caso y citado jurispru-dencia de varios Estados y especialmente la del caso de Shelbley v. Hurley, 74 Neb., 31, para demostrar que de acuerdo con estatutos semejantes el secretario de una corte no está obligado de modo alguno a certificar respecto a la corrección de un documento que ha sido preparado por una parte, y tiene derecho a exigir el pago de derechos que sean razonables por su certificación; y si insiste en exigir el pago de la suma que tendría derecho a cobrar si él mismo hubiera preparado el documento con esto no infringe ninguna ley. Véanse asi-mismo los casos de Edmondson v. Mason, 16 Cal., 387; State ex. rel. v. Board of Police Commissioners, 108 Mo. App., 98.

No sabemos, como alega el apelante, que la oficina del secretario es generalmente una oficina en que se cobran de-rechos, donde el secretario no percibe sueldo alguno y depende exclusivamente de dichos derechos. Sabemos que el caso es distinto en varias jurisdicciones. En Puerto Eico estos de-rechos ingresan en el Tesoro y hay la misma razón para pagarlos que si se exigieran por el secretario para beneficio propio.

El apelante funda en cierto modo sus alegaciones en el artículo 47 de la Ley de Evidencia, que prescribe lo siguiente:

“Todo ciudadano tiene derecho a inspeecioner y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley.”

Un ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento, pero ese derecho no envuelve el de hacer que el secretario certifique respecto a la veracidad o corrección de dicho documento cuando lo tiene bajo su custodia.

En el caso que consideramos se necesitaba la copia para el registro de la propiedad y ésta afectaba al título y derechos de terceros. Se ordenó al secretario que expidiera una certi-ficación de la partición hecha por el contador. El era respon-sable de su corrección y tenía derecho a cobrar los derechos exigidos por la ley por la expedición de la certificación y folios a que la misma hacía referencia. El secretario no in-fringió ningún deber y debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


text:
    Crosas, Peticionaria y Apelante, v. Gutiérrez, Opositora y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre administración judicial de los bienes de un finado.
    Moción de la parte apelada para que se desestime la apelación.
    No. 1045.
    — Resuelto en abril 13, 1914.
    Desestimación de Apelación — Administración Judicial de los Bienes de un Pinado — Resolución Inapelable. — Una orden dictada en un caso sobre ad-ministración judicial de los bienes de un finado denegando la moeión de una parte para que se exija a la viuda del finado que pague al administrador judicial una cantidad mensual en concepto de arrendamiento por la casa y terrenos que ocupa pertenecientes al causante, no constituye una sentencia definitiva ni es una resolución apelable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Eduardo Acima.

    Abogados de la apelada: Sres. Muñoz é Brown.

    Abogado del administrador/judicial: Sr. Jorge V. Domín-guez.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Sra. Crosas ele Saldaña como heredera instituida en el testamento de su padre Andrés Crosas, presentó una moción o petición a la Corte de Distrito de San Juan solicitando que se obligara a la Sra. Gutiérrez viuda de Crosas, a pag'ar rentas al administrador' debidamente nombrado de los bienes del expresado Crosas por la casa que entonces se encontraba ocupando y donde el mencionado Sr. Crosas y la referida Carmen Gutiérrez habían residido durante la vida de su es-poso. Después de haber formulado su oposición la Sra. Gutiérrez y celebrado el juicio en el que se presentaron prue-bas, la corte de distrito declaró sin lugar dicha moción e inter-puso apelación la Sra. Crosas de Saldaña.

Al celebrarse la primera vista de este 'caso la apelada presentó una moción en la que pedía que se desestimara la apelación por carecer de jurisdicción el tribunal, por cuanto que la orden dictada por la corte no era apelable,.ni era tam-poco, según alega la apelada, ninguna de las resoluciones o providencias enumeradas en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. El artículo 295 prescribe lo siguiente:

“1. Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito: 1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial, comen-zado en la corte que la hubiere dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia * * #.
“2. * * *
‘ ‘ 3. De una providencia concediendo o denegando un nuevo juicio; concediendo o anulando un injunction; negándose a conceder o anu-lar un injunction; anulando o negándose a anular un embargo; conce-diendo o negándose a conceder un cambio de lugar para la celebración del juicio; de una providencia especial dictada después de una senten-cia definitiva; y de una sentencia interlocutoria en pleitos sobre parti-ción de propiedad real, dentro de los diez días de dictada la provi-dencia o sentencia interlocutoria y de anotada la misma en el libro de actas de la corte o de archivada en la secretaría.” ■

La apelada llama la atención al hecho de haberse formu-lado la solicitud en forma de moción y a que la corte al resolver la misma lo hizo por medio de una intitulada orden. Esta, sin embargo, no es ninguna, de las resoluciones enumeradas en el párrafo 3o. arriba citado. Ni es una sentencia definitiva porque la sentencia definitiva en esta clase de procedimientos testamentarios es la distribución final que ordena la corte. Nos inclinamos a creer, según el estudio que liemos hecho del caso, que la orden de todos modos debería sostenerse como ajustada a derecho, pero de acuerdo con las prescripciones terminantes del estatuto la resolución que ha sido sometida a nuestra consideración no está comprendida en ninguna parte del artículo 295, careciendo por tanto este tribunal de juris-dicción.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes : Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Su. Hernández,

text:
    Gutiérrez, Demandante y Apelado, v. Nogueras, Albacea Testamentario de Isidro Rivera, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gí-uayama en un caso sobre cobro de honorarios.
    Moción de la parte apelada desistiendo de. la demanda por haber sido satisfecha la sentencia y para que se decrete el desistimiento de la apelación.
    No. 1103.
    — Resuelto en. abril 14, 1914.
    Desestimación de Apelación — Pago de la Sentencia Apelada — Palta de Finalidad Practica del Recurso. — Cuando, como en el caso de autos, la parte apelante cumple la sentencia contra la cual apeló y el demandante desiste de su demanda por ese motivo mediante moción presentada a este tribunal, carece de finalidad práctica resolver el reeurso en su fondo y procede la desestimación de la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. José G. Ramos.

    Abogado del apelante: Sr. V. J. Rodriguez Ortiz.

   El Juez Presidente Su. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada demanda ante la Corte de Distrito de Guayama por Víctor Gutiérrez Ortiz contra Miguel Nogueras, como al-bacea testamentario de Isidro Bivera, en reclamación de $1,200 en concepto de honorarios por servicios profesionales que el demandante como médico había prestado al difunto Bivera, recayó sentencia en 14 de junio de 1913, por la que el expresado albacea fué condenado a pagar al Gutiérrez Ortiz la suma de $500 sin especial condenación de costas.

Contra dicha sentencia estableció la representación del de-mandado Miguel Nogueras recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, y después de haber radicado en secretaría la correspondiente transcripción de autos, formuló alegato escrito en apoyo del recurso sin que el demandante apelado haya hecho impugnación alguna por escrito u oralmente, ha-biéndose limitado su abogado a solicitar de esta corte en mo-ción notificada al abogado del apelante que se tenga al deman-dante por desistido de la demanda toda vez que ha recibido la suma de $500 cuyo pago se ordenó por la sentencia apelada.

La parte demandada y apelante nada ha alegado en contra de la moción de la demandante apelada, ni por modo ex-preso ha desistido de su recurso.

No creemos necesario ese desistimiento expreso para de-sestimar el recurso, pues habiendo sido satisfecha al deman-dante la suma de $500 a cuyo pago fué condenado el deman-dado y desistido en su consecuencia de la demanda que es la-base del juicio, carece de finalidad práctica entrar a conside-rar y resolver dicho recurso en su fondo.

Véase el caso ex parte Eusebio Sánchez e Inocencio Arduén decidido en febrero 13 del corriente año.

Procede desestimar la apelación.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: .Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Gutiérrez, Demandante y Apelado, v. Díaz, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en un caso sobre cobro de honorarios.
    Moción de la parte apelada desistiendo de la .demanda por haber sido satisfecha la sentencia y para que se decrete el desistimiento de la apelación.
    No. 1102.
    — Resuelto en abril 14, 1914.
    Desestimación de Apelación — Casos Originados en las Cortes Municipales— Jurisdicción del Tribunal Supremo. — Cuando en un caso civil originado en una corte, municipal la cuantía de la sentencia apelada únicamente por la parte demandada es inferior a trescientos pesos, carece este tribunal de juris-dicción para conocer del recurso, según el número 2 del artículo 295 ■ del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado por Leyes de marzo 9, 1905, y marzo 11, 1908, y procede la desestimación de la apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. José O. Ramos.

    Abog’ado de la apelante :Sr. V. J. Rodrigues Ortiz.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente caso se originó en la Corte Municipal de Cayey a virtud de demanda interpuesta por Víctor Gutiérrez Ortiz contra Isabel Díaz, viuda de Isidro Rivera, en reclamación de $490 en concepto de honorarios por servicios profesionales que el demandante como médico había prestado a la demanda-da, y habiendo conocido de dicho caso en grado de apelación la Corte de Distrito de Guayama mediante celebración de nuevo juicio, pronunció sentencia en 14 de junio de 1913 por la que condenó a la demandada a pagar al demandante la suma de $200 sin especial condenación de costas, contra cuya sentencia interpuso la representación de la demandada recurso de ape-lación para ante esta Corte Suprema.

La parte apelante ha formulado alegato escrito en apoyo del recurso sin que el apelado lo haya impugnado por escrito u oralmente, pues se ha limitado a solicitar por medio de su ahogado en moción notificada al ahogado del apelante que se tenga al demandante por desistido de la demanda, toda vez que ha recibido la suma de $200 cuyo pago se ordenó por 3 a sentencia recurrida.

Nada'ha alegado la parte apelante en contra de la moción de la apelada, y tampoco ha desistido del recurso por modo expreso.

Aparte de que la consideración y decisión del recurso en su fondo carecería de finalidad práctica, y por ese fundamento podría desestimarse como lo hemos hecho en el día de hoy al decidir el caso No. 1103, también procedente de Guayama, entre Víctor Gutiérrez Ortiz y Miguel Nogueras como alhaeea testamentario de Isidro Bivera, ocurre en el presente caso que la cuantía de la sentencia apelada és inferior a $300, y, por tanto, carece esta corte de jurisdicción para conocer del re-curso, según el número 2 del artículo 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil, enmendado por Leyes de 9 de marzo de 1905 y 11 de marzo, 1908, y la jurisprudencia establecida en los casos de Nadal v. American Railroad Company of Porto Rico, y Martines v. American Railroad Company of Porto Rico, decididos respectivamente en 14 de noviembre de 1913 y 22 de enero del corriente año.

Procede desestimar el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Torres, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Eecurso gubernativo contra, nota del Eegistrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando la inscrip-ción de una escritura de renta vitalicia.
    No. 180.
    — Resuelto en abril 15, 1914.
    Renta Vitalicia. — Pago de la Pensión — Naturaleza de Dicha Obligación.— En virtud de la trasmisión de bienes muebles « inmuebles a favor de una persona, ésta se obliga a pagar a otra u otras una pensión o rédito anual durante su vida sin que sea necesario que la transferencia del dominio se haga gravando los bienes cedidos, pues mediante la traslación del dominio el que ló recibe no contrae más obligación que la personal de pagar la pensión o renta.
    Id. — Venta de una Casa y Cesión de un Codito Hipotecario. — Causa para la Cesión de Dicho Crédito. — Cuando, como en el presente caso, se trasmite el dominio de una casa y se cede un crédito hipotecario obligándose el com-prador a pagar una renta vitalicia al vendedor, garantizando aquél el pago de la pensión con hipoteca sobre la casa que adquiere sin gravar el crédito hipotecario, no procede denegar la inscripción de la cesión del crédito hipo-tecario por el fundamento de que no habiendo si<Jo éste también afecto al pago de dicha pensión carece de causa dicha cesión, pues la causa del contrato de renta vitalicia se deriva de la trasmisión del dominio de la casa y de la cesión del crédito hipotecario.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Enrique Rincón.

    El Eegistrador Sr. José S. Belaval compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 7 otorgada en 30 de enero del corriente año 1914 ante el Notario Enrique Eincón Plumey, Luisa Pellicier transfirió a Apolinaria Torres el dominio de una casa de su propiedad radicada en la calle del Sol de esta ciudad, No. 135, e inscrita en el registro de la propiedad, y también le bizo cesión de un crédito bipotecario sobre finca urbana No. 2 de la calle del Arsenal, barrio de la Marina de esta ciudad, por valor de $1,500 que le adeudaba Buenaven-tura Fuster, a dos años plazo, con interés del 8 por ciento anual, según escritura de 14 de enero último, pendiente aún de inscripción en el registro de la propiedad, obligándose la Apolinaria en virtud de dichos traspasos, a satisfacer a Luisa Pellicier durante toda la vida de ésta, la suma de $25 men-suales a contar desde el 1 de febrero de 1914, bien entendido que la. transferencia del dominio de la casa de la calle del Sol se bacía con la carga de la mencionada pensión, como así se baria constar en el registro de la propiedad.

Presentado para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., el documento de referencia, el registrador lo inscribió en cuanto a la finca transmitida y denegó la inscripción en cuanto al crédito cedido por no aparecer inscrito a favor de la cedente, y por no existir en cuanto al mismo, causa para la transmisión, toda vez que la renta vitalicia se impone solamente sobre la finca indi-cada, todo lo cual se bizo constar en nota de 27 de febrero de 1914, sometida a nuestra consideración a virtud de re-curso contra ella interpuesto por Apolinaria Torres en cuanto a la parte de la misma denegatoria de inscripción, por falta de causa para la transmisión del crédito.

Se trata de un contrato de renta vitalicia celebrado por Luisa Pellicier y Apolinaria Torres.

El artículo 1704 de nuestro Código Civil define dicbo con-trato en los siguientes términos:

“Artículo 1704. — El contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual, durante toda la vida de una o más personas determinadas por un capital en bienes mue-bles o inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pensión.”

En virtud de la transmisión de bienes muebles o inmuebles a favor de una persona, ésta se obliga a pagar a otra u otras una pensión o rédito anual durante su vida sin que sea nece-sario que la transferencia del dominio se baga gravando los bienes, cedidos, pues mediante la traslación del dominio el que lo recibe no contrae más obligación que la personal de pagar la pensión o renta. Y tan es así, que el artículo 1707 del mismo código estatuye que la falta de pago dé pensiones vencidas sólo autoriza a’l perceptor de la renta vitalicia a reclamar judicialmente el pago de las rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras. Si puede pedir el asegura-miento de las rentas futuras, éstas no están aseguradas en virtud del contrato.

A este propósito dice el ilustrado comentarista Manresa, que los contratantes pueden estipular desde el principio que los mismos bienes cedidos en propiedad aseguren el pago de la pensión en forma de hipoteca, anticresis o prenda, aunque normalmente la renta vitalicia no lleva consigo tal garantía.

No puede por tanto sostenerse, como afirma el registrador recurrido, que no existe en cuanto al crédito cedido causa para la transmisión, toda vez que la renta vitalicia se impone solamente sobre la casa. La causa para la transmisión del crédito hipotecario existe, pues en virtud de la transmisión de ese crédito y de la casa conjuntamente, es que se ha obli-gado a Apolinaria Torres a pagar una renta vitalicia a Luisa Pellicier, y aunque ésta pudo dejar sin asegurar el pago de la pensión, quiso asegurarlo transfiriendo como transfirió el dominio de la casa con la carga de la pensión sin gravar el crédito hipotecario cedido.

Y no se deduce de ello que la cesión del crédito hipoteca-rio constituya una donación pura y simple, pues como hemos dicho anteriormente, la causa de la renta vitalicia se deriva de la cesión del dominio de la casa y de la transferencia del crédito hipotecario conjuntamente.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu-rrida en cuanto consigna como fundamento para denegar la inscripción del crédito hipotecario cedido, falta de causa para la cesión, sosteniéndose dicha nota por el fundamento de no aparecer inscrito a favor de la cedente el mencionado crédito.

Revocada la nota en cuanto al defecto de falta de causa en la cesión del crédito hipotecario.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro.y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Monagas, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en una causa por venta de billetes de lotería.
    No. 669.
    — Resuelto en abril 15, 1914.
    Lotería — Pruebas—Apreciación del Tribunal Sentenciador. — La apreciación de las pruebas hecha por el tribunal sentenciador no será revocada en apela-ción por la alegación de ser inverosímil las declaraciones de los testigos, cuando no se demuestre que haya existido parcialidad o pasión alguna.
    Id. — Pruebas—Admisión de Otros Billetes. — Atendidas las circunstancias de este caso se resolvió que la admisión como prueba de otros billetes de lotería ocupados en la casa del acusado constituía prueba corroborativa y la corte no cometió error en admitirlos.
    Id. — Errores que no son Perjudiciales — Admisión de Pruebas — Loterías.— Siendo robusta la prueba presentada contra el acusado, éste no sufrió per-juicio alguno, aun en el supuesto de que la corte ¡hubiera cometido error al admitir la prueba impugnada en este caso.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Antonio Trv,jillo.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Dos son los errores alegados por el apelante. El primero eonsiste en que la prueba es insuficiente. Se presentó prueba consistente en la declaración de un policía que declaró que él vio al acusado vender un billete de lotería a Pedro Rendon y éste también declaró y dijo que el acusado le tabía vendido el billete. El apelante ataca estas declaraciones fundado en su inverosimilitud pero el tribunal les dió crédito y no se nos ta demostrado que taya existido parcialidad ni pasión alguna.

El segundo error consiste en la admisión de la declara-ción de'los testigos para demostrar que se encontraron dos billetes más de lotería en la casa. La declaración de un tes-tigo tiende a demostrar que el acusado extendió su brazo por detrás de un biombo para sacar un billete y que después en el mismo sitio se encontraron dos billetes más de la misma lotería y del mismo sorteo. Atendidas las circunstancias, esto constituía una prueba de corroboración.

Además, dada la prueba directa, robusta de los testigos del Fiscal, el acusado no sufrió perjuicio por la admisión de la prueba impugnada.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado SR. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Padilla, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por infracción de ordenanzas municipales.
    No. 623.
    — Resuelto en abril 16, 1914.
    Derecho Constitucional — Derecho de Reunión — Ordenanzas Municipales.— Tanto el artículo Io. de los adicionales a la Constitución de los Estados Unidos como la sección 753 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico garantizan 1 el derecho del pueblo a congregarse pacíficamente, y una ordenanza municipal que coartara ese derecho sería completamente nula.
    Ordenanzas Municipales — Reslamentación del Uso de las Calles t Plazas Públicas. — El poder de un gobierno municipal para prescribir reglas sobre el tránsito por sus calles y el uso de sus plazas y paseos, es incuestionable.
    Id.' — Interpretación Restrictiva. — Toda ordenanza municipal que regula un derecho del pueblo expresamente reconocido por la ley, debe interpretarse de modo restrictivo.
    Id.' — Interpretación de la Ordenanza Municipal de Arecibo de Octubre 8, 1908. — La ordenanza municipal de Arecibo de esta fecha se refiere únicamente a los meetings celebrados por los partidos políticos en las épocas de elecciones y se inspira en el propósito de impedir que puedan surgir posibles conflictos entre los ciudadanos que militan en diferentes partidos políticos, más bien que en el de asegurar el tránsito sin obstáculo por las calles de la ciudad.
    Id. — Celebración de un Meeting por una Organización que no es un Partido Político. — De acuerdo con el alcance de la ordenanza municipal de Arecibo de octubre 8, 1908, explicado en el párrafo anterior, no constituye infracción alguna de dicha ordenanza el celebrar un meeting por una organización que no tiene el carácter de un .partido político, sin cumplir con los requisitos de dicha ordenanza.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: 8r. Charles E. Foote, fiscal.

    Abogado del acusado: Sr. Rafael Lopes Landrón.

   El Juez Asociado SR. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo dictada el 27 de mayo de 1913, por virtud de la cual se condenó al apelante Esteban Padilla, como autor de una infracción a cierta ordenanza municipal, a pagar la multa de cinco dollars y en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dollar de la multa que de-jare de satisfacer.

La denuncia, en lo pertinente, dice así:

“Que en la noche del 31 de marzo de 1913 y en la Plaza ‘Tyson’ de Arecibo del Distrito Judicial Municipal de Arecibo, P. R., el men-cionado Esteban Padilla, como presidente de la organización ‘Justi-cia y Defensa Popular,’ promovió y llevó a cabo un meeting público de la citada organización, sin dar aviso por escrito al alcalde de la ciudad para dicho acto, tal como lo ordena la sección Ia. de una orde-nanza municipal, aprobada en 8 de octubre de 1908, violando por tanto, de este modo, la mencionada ordenanza. ’ ’

Al serle leída la denuncia, el acusado manifestó que no era culpable y luego solicitó el archivo y sobreseimiento de la denuncia basándose en que la ordenanza de la cual se le presumía infractor era contraria al artículo 1 de las Enmien-das a la Constitución de los Estados Unidos de América y a las secciones 3, 4 y 5 de la ley regulando los derechos del pueblo aprobada el 27 de febrero de 1902. La solicitud del acusado fue declarada sin lugar por resolución de 27 de mayo de 1913.

Entonces el acusado, el mismo día, volvió a solicitar el archivo y sobreseimiento de la denuncia, basándose en que la ordenanza que se alegaba infringida sólo tenía aplicación a las reuniones celebradas por los partidos políticos en tiem-pos de elecciones y por tanto no comprendía el becbo con-signado en la denuncia. Esta segnnda solicitad fné también declarada sin lagar.

Acto segaido se procedió a la celebración de la vista. En ella el aeasado aceptó qae el 31 de marzo de 1913, dió an meeting en ana plaza pública de Arecibo, a nombre de la organización Jasticia y Defensa Popnlar,” sin baber pedido permiso al alcalde de la ciadad. Y el Fiscal aceptó de igaal modo qae la organización “Jasticia y Defensa Popnlar” no es an partido político. Y sometido el caso a la decisión de la corte, faé resaelto- por medio de la sentencia a qae nos hemos referido anteriormente.

La ordenanza qae se supone infringida, copiada a la letra, es como signe:

“Pob cuanto, el derecho de reunión para todos los fines de la vida es uno de los que las Leyes conceden a los ciudadanos, quienes den-tro de las limitaciones que aquéllos expresan pueden hacer uso libre-de él.
“POR cuanto, es la práctica de que al aproximarse elecciones para los cargos públicos se utilice como medio de propaganda política por los partidos militantes las reuniones o mítines en las vías públicas de las poblaciones; y esta costumbre han comenzado a ejercitarla los partidos locales.
“Pos cuanto, si bien los ciudadanos que formalizan estas reunio-nes públicas hacen uso de un derecho incuestionable, no siempre se verifica en la forma que deban revestir los actos de todo pueblo culto que ha de demostrar en estos actos toda la cordura y sensatez de que tantas pruebas en todas ocasiones han dado los puertorriqueños.
“Y pob cuanto, es un deber de la Administración y especial-mente del concejo municipal de conformidad con lo establecido en los incisos 12 y 14 de la Sección 25 de la Ley Municipal, dictar reglas referentes al orden público y bienestar del vecindario.
“Pob tanto, ordénese por el Concejo Municipal de Arecibo:
“Sección Ia. — Siempre que se trate de llevar a cabo una reunión o mitin público los promovedores darán aviso por escrito y con 24 horas de anticipación al Sr. Alcalde, manifestando el sitio en que intentan celebrar la reunión. Si el sitio asignado hubiere sido ele-gido antes por alguna otra persona o agrupación y dado el corres-pondiente aviso al Sr. Alcalde, esto lo hará presente al recurrente con el fin de acordar otro sitio que se procurará sea lo más distante posi-ble, del en que se haya de efectuar, el primer mitin anunciado, o que el segundo se realice en otro día; y que cuando se efectúe un mitin o manifestación de un partido en sitio determinado, la policía procure que una manifestación del partido adversario no pase por el lugar donde aquél se celebra avisándolo al director o promoveder de aquélla.
“Sección 2. — Los que infrinjan esta ordenanza, serán denuncia-dos al juzgado de paz que les impondrá la multa de $5.00 a $10.00 o la prisión -subsidiaria correspondiente.
“Sección 3. — Esta ordenanza después de aprobada por el Sr. Al-calde se publicará por término de diez días, siendo ejecutiva desde el vencimiento de. dicho plazo.”

El artículo primero de los adicionales a la Constitución de los Estados Unidos de América, es así:

“Artículo 1. — El Congreso no decretará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma; o coarte la libertad de la palabra, o de la prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacífica-mente, y a pedir al Gobierno el alivio de sus agravios.” I Messages and Papers of the Presidents, 34.

En el caso de United States v. Cruikshank et al., 92 U. S., 542, 552, se decidió lo que sigue:

“La primera de las Enmiendas a la Constitución prohíbe al Con-greso que coarte ‘el derecho del pueblo a reunirse y a pedir al Go-bierno el alivio de sus agravios. ’ Esta, lo mismo que las otras enmien-das propuestas y adoptadas en la misma fecha, no fué aprobada con la intención de limitar el poder de Jos Gobiernos de los Estados en quanto a sus propios ciudadanos, sino para actuar. solamente sobre el Gobierno de la Nación. Barron v. The City of Baltimore, 7 Pet., 250; Lessee of Livingston v. Moore, id., 551; Fox v. Ohio, 5 How., 434; Smith v. Maryland, 18 id., 76; Wilhsers v. Buckley, 20 id., 90; Pervear v. The Commonwealth, 5 Wall., 479; Fwitchell v. The Commonwealth, 7 id., 321; Edwards v. Elliott, 21 id., 557. Es ya dema-siado tarde para impugnar la corrección de esa interpretación. Como se dijo por el difunto Juez Presidente, en Fwitchell v. The Common wealth, 7 Wall., 325, ‘el alcance y aplicación d.e estas enmiendas, no será por más tiempo motivo de discusión aquí.’ Ellas dejaron l'a auto-ridad de los Estados justamente donde la encontraron, y nada aña-dieron a los poderes de los Estados Unidos anteriormente existentes. ’ ’

Siguiendo la regla establecida, veamos qué ba legislado El Pueblo de Puerto Eico con respecto a esta materia.

En 27 de febrero de 1902, se aprobó una ley definiendo Jos derechos del pueblo. La sección 4 de dicha ley, que es la 753 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico de 1902, prescribe que:

‘1 El Pueblo de Puerto Rico tendrá el derecho de reunirse pacífi-camente para el bien común, y de acudir, por medio de petición o queja razonada, a los que han sido investidos de los poderes del Go-bierno, en solicitud de que se le! remedien perjuicios.”

La ley local y la nacional son, pues, esencialmente iguales y ambas garantizan el derecho del pueblo a congregarse pací-ficamente. Una ordenanza municipal que coartara ese dere-cho, sería, en tal virtud, completamente nula.

Ahora bien, regular no es coartar en todas ocasiones. El poder de un gobierno municipal para prescribir reglas sobre el tránsito por sus calles y el uso de sus plazas y paseos, es incuestionable. Todo depende de la forma en .que se use ese poder. Si se emplea de modo razonable, debe acatarse por los ciudadanos y reconocerse por los tribunales. Si se ejerce en forma arbitraria, queda desprovisto de toda auto-ridad.

Siendo esto así, e intentando la ordenanza del Municipio de Arecibo que se supone infringida, la regulación de un derecho del pueblo expresamente reconocido por la ley, debe interpretarse de modo restrictivo.

Examinando la ordenanza de que se trata en su totali-dad y habiendo en consideración lo consignado en su preám-bulo, es necesario concluir que se refiere únicamente a los meetings celebrados por los partidos políticos en las épocas de elecciones y que se inspira en el propósito' de impedir que puedan surgir posibles conflictos entre los ciudadanos que militan en diferentes partidos políticos, más bien que en el de asegurar el tránsito sin obstáculos por las calles de la ciudad.

El representante del Gobierno en este caso reconoció en el acto de la vista que la organización “Justicia y Defensa Popular,” a nombre de la cual celebró el acusado su reunión pública, no era un partido político-. Por nuestro conocimiento judicial nos consta, además, que en o alrededor de la fecba en que tuvo lugar la reunión pública en este caso, no se cele-braron elecciones en Arecibó. En tal virtud, debemos reco-nocer que está bien fundada la contención del apelante y resolver en su consecuencia que el flecho que se imputa al acusado en la denuncia no constituye la infracción alegada, por no estar comprendido dentro de las prescripciones de la citada ordenanza.

Habiendo llegado a esa conclusión, .se hace innecesario que entremos en el estudio de los términos en que aparece redactada la ordenanza, a fin de resolver si es o nó contra-ria a la ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico defi-niendo los derechos del pueblo, aprobada en 27 de febrero de 1902.

Debe declararse con lugar el recurso interpuesto, revo-carse la sentencia apelada y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, Demandante y Apelado, v. Rodríguez et al., Demandados y Apelantes.
    ApélaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de una suma de dinero.
    No. 1097.
    — Resuelto en abril 16, 1914.
    Sentencia Fundada en las Admisiones del Demandado — Materia Nueva Ale-gada en la Contestación — Falta de Prueba de Ambas Partes. — Cuando el demandado admite todos los hechos esenciales de la demanda y no presenta prueba alguna en apoyo de la materia nueva alegada en su contestación, la corte puede dictar sentencia condenatoria contra él sin necesidad de que el demandante presente prueba alguna en apoyo de la deniandq.
    Pagarés — Prórroga—Pruebas.—El demandado que alega como defensa la pró-rroga de un pagaré está obligado a probar dicha defensa.
    Id. — Admisión de la Autenticidad de un Pagaré. — Guando en una demanda se inserta un pagaré y el demandado no niega su autenticidad bajo juramento al contestar la demanda, el tribunal puede considerar probada su autenticidad y también la fecha del vencimiento en él consignada sin necesidad de que el demandante presente el documento como prueba y si el demandado no prueba que fué prorrogado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. A. Sarmiento.

    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel F. Bossy.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El Banco Comercial de Puerto Eico demandó a los ape-lantes Carlos Rodríguez Altiery y su esposa María Ribas Calderón, ante el Tribunal de Distrito de San Juan, Sección Ia., reclamándoles el pago dé $3,700, que según un documento inserto en la demanda babía recibido el esposo, constante su matrimonio, de diebo Banco Comercial y que se comprometió a pagar el día 30 de julio de 1913, garantizando el pago con prenda de algunos títulos comprensivos de acciones y con una segunda hipoteca sobre cierta finca de los demandados.

Los demandados contestaron esa demanda reconociendo la certeza de sus .alegaciones, y entre ellas la que inserta el pagaré, pero agregando que si bien éste vencía en 30 de julio de 1913, entendían ellos que se babía prorrogado por otros cuatro meses más, según dedujo el demandado Rodríguez de una conversación que tuvo con el director de diclio banco. Los demandados no comparecieron al acto del juicio y habiendo pedido el banco demandante que se dictara sentencia sin nece-sidad de prueba, toda vez que los demandados habían acep-tado en su contestación los hechos de la demanda, dicho tribunal dictó sentencia en 22 de diciembre de 1913, por la cual condenó a los demandados a pagar a la parte demandante los $3,700 reclamados, sus intereses a razón del 12 por ciento anual desde el 31 de julio de 1913 hasta la fecha del pago, costas y honorarios de abogado, contra cuyo fallo interpu-sieron los demandados el presente recurso de apelación.

Los motivos en que los apelantes se apoyan para solici-tar la revocación de la sentencia son que el demandante no presentó prueba de su acción ni tampoco el documento original de la obligación reclamada.

Es cierto que al actor incumbe la prueba de su acción, pero tal prueba no es necesaria cuando el demandado acepta los hechos esenciales de la demanda suficientes para dictar una sentencia condenatoria. Los demandados aceptaron en este caso la existencia de la obligación consignada en el pagaré que reconocieron como cierta, y también que si bien vencía en julio 30, 1913, entendieron que se prorrogú a otros cuatro meses más por lo que negaron el vencimiento aducido por el demandante por causa de esta prórroga. Esta alegación de los demandados constituía una defensa cuya prueba les incum-bía y que no presentaron en el juicio. El pagaré reconocido y aceptado por los demandados demuestra por sí mismo que la deuda estaba vencida, y si era cierto que fué prorrogada debieron los demandados probar este extremo, ya que según el artículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil la expo-sición de cualquier materia nueva en la contestación en apoyo de una oposición o reconvención deberá en el juicio conside-rarse como impugnada por la parte contraria. Por tanto, la prueba de este particular correspondía a los demandados.

En e'1 presente caso no se infringió tampoco el artículo 24 de la Ley de Evidencia por no haber presentado el banco de-mandante el escrito original que contiene la obligación de pago reclamada, porque habiendo sido reconocida su existen-cia por los demandados y no habiendo negado su autenticidad bajo juramento al contestar la demanda, según exige el artí-culo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil, el tribunal estaba justificado al considerar probada su autenticidad, y por con-siguiente no era necesario presentar tal documento.

No vemos motivo para revocar la sentencia apelada, y debe por tanto, ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jneces concnrrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


text:
    Figueroa, Demandante y Apelante, v. Díaz et al, Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Ia., en nn caso sobre declaración del carácter de bija natural reconocida.
    No. 1096.
    — Resuelto en abril 16, 1914.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento — Prescripción.—De la demanda resulta que la demandante nació por los años 1873 y 1874 y que su presunto padre falleció en el año de 1908 cuando ya regía el Código Civil actualmente en vigor, cuyo artículo 199 prescribe que la acción para reclamar la filiación dura hasta dos años después de ser el hijo mayor de edad. La demanda fué presentada en julio 8, 1913, y por tanto la acción había presento de acuerdo con la cuarta disposición transitoria y el artículo 1840 del Código Civil.
    Id. — Declaración Judicial del Estado de Hijo Natural. — La acción ejercitada bajo el título de declaración del carácter de hija natural reconocida de la demandante, es en realidad una acción de reconocimiento tendente a obtener una sentencia declaratoria de dicho reconocimiento, por mas que la demanda contenga alegaciones de un reconocimiento hecho en forma solemne y auténtica. Id. — Prescripción—Declaración Judicial de I-Iijo Natural Reconocido. — La prescripción establecida por el artículo 199 del Código Civil revisado es apli-cable al caso, porque se trata de una acción de reconocimiento de hijo natural, aunque si la demandante ha ejercitado dicha acción teniendo ya a su favor un reconocimiento hecho en forma solemne y fehaciente, podrá redamar los derechos consiguientes al mismo.
    Los beebos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Jacinto Texidor.

    Abogado de las apeladas: Sr. José Martines Dávila.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinion del tribunal.

Con fecba 8 de julio del año 1913 Ramona del Carmen Figueroa presentó demanda ante la Corte de Distrito del Dis-trito Judicial de San Juan, Sección Ia., contra Teresa y En-camación Díaz, con súplica de que en su día se dictara sen-tencia a su favor declarando que aquélla es hija natural de Pablo Figueroa y que fué expresamente reconocida por éste como tal hija natural y que asimismo ha venido siempre go-zando de la posesión de estado de hija natural de Pablo Figueroa, aceptada y reconocida tanto por Figueroa como por las demandadas, a las que se impongan las costas del juicio.

A la anterior demanda opusieron las demandadas como excepciones previas la de que los hechos alegados no deter-minan causa de acción, y la de que la acción bahía prescrito de acuerdo con los artículos 199 y 1840 del Código Civil vigente.

La corte por sentencia de 22 de diciembre de 1913 declaró con lugar la excepción de prescripción, y sin lugar la demanda, con las costas a la parte actora, cuya representación ha inter-puesto recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte apelante como motivos del recurso que la corte cometió error al regular el caso por el artículo 199 del Código Civil, pues la acción ejercitada no es propiamente de reconocimiento, sino que se dirige a obtener la declaratoria de reconocimiento de hija natural de la demandante, ya hecho por su padre, y que además dicha corte ha prescindido de ale-gaciones de la demanda en que se hace constar que Pablo Figueroa reconoció expresamente a su hija en documentos oficiales, sin que por tanto sea susceptible de prescripción la acción de que se trata.

Los hechos alegados en el presente caso por la parte de-mandante, como determinantes de su acción, son los si-guientes :

Primero. Que en los años' de 1873 y 1874 Pablo Figueroa sostuvo relaciones amorosas con Juana Canales siendo ambos solteros, sin impedimento para contraer matrimonio, y como producto de tales relaciones continuadas por mucho tiempo, nació una niña que es la demandante.

Segundo. Que en el acto del bautismo verificado el 16 de febrero de 1874 fué reconocida expresamente la demandante por Pablo Figueroa como su bija natural.

Tercero. Quo durante toda su vida el Fig;ueroa consideró a la demandante como su bija natural, le dió siempre el nombre de bija y subvino a todas sus necesidades de alimentos, habi-tación, vestuario, asistencia médica y educación.

Cuarto. Que la demandante disfrutó del concepto de bija natural de Pablo Figueroa, no sólo en virtud de los antedichos actos, sino por el reconocimiento que de tal carácter de bija natural hicieron los parientes del Figueroa, entre ellos las hermanas del mismo, boy demandadas, Teresa y Encarnación Díaz, quienes antes y después de la muerte de Figueroa lla-maron a la demandante su sobrina.

Quinto. Que Pablo Figueroa al contraer matrimonio la demandante en 5 de abril de 1893 la reconoció como su bija natural en un documento dirigido a las autoridades judiciales en el que invocaba sus derechos como tal padre natural, y en la misma fecha 5 de abril, cuando se verificó el matrimonio de la demandante Figueroa dió su consentimiento para él en con-cepto de padre natural de la contrayente, cuyo matrimonio fué debidamente inscrito en el registro civil.

Sexto. Que Pablo Figueroa falleció en 1908 en estado de soltería y sin más descendiente que la demandante.

Séptimo. Que las demandadas Teresa y Encarnación Díaz en el año de 1910 y en escrito oficial dirigido a la Junta de Transacción sobre Propiedad de Solares en Cataño, de nuevo reconocieron expresamente la calidad de hija natural de la demandante.

. Octavo. Que posteriormente las demandadas, con el fin de hacerse dueñas de la herencia de Pablo Figueroa, su hermano, han pretendido y pretenden desconocer el carácter de hija natural de la demandante.

Noveno. Que la demandante ha instado expresamente de las demandadas el reconocimiento de hija natural hecho a su favor por Pablo Figueroa, y en diligencias judiciales ante la Corte ele Distrito de San Juan ha invocado de nuevo ese carác-ter para oponerse a pretensiones clednciclas por las ahora de-mandadas, aunque no se trató expresamente de acción de filiación o de declaración de reconocimiento.

Resulta de tales hechos que Ramona del Carmen Figueroa nació por los años de 1873 y 1874 y que su presunto padre Pablo Figueroa falleció en el año de 1908 cuando ya regía el Código Civil actualmente en vigor, cuyo artículo 199 prescribe que la acción para reclamar su filiación dura hasta dos años después de ser el hijo mayor de edad. La demandante ha pre-sentado su demanda en 8 de julio de 1913, y por tanto su acción prescribió en virtud de los preceptos que contiene la cuarta disposición de las transitorias para la aplicación del Código Civil y el artículo 1840 del mismo código. Jesús v. Sucesión Pérez Villamil, 18 D. P. R., 403.

Y no se han cometido los errores apuntados en su alegato por la parte apelante.

En el presente caso propiamente se ejercita una acción de reconocimiento, sean cuales fueren los términos en que está redactada la súplica de la demanda, pues ya hemos dicho repetidas veces que ni la súplica de la demanda ni el título ríe la acción determinan necesariamente la naturaleza de la causa de acción, la cual ha de derivarse de los hechos que la fundamentan.

Si el objeto de la demanda hubiera sido obtener una reso-jución judicial declarando el estado de hija natural ya reco-nocida en forma solemne y auténtica, no hubiera tenido nece-sidad la demandante de consignar en su demanda más hechos que la simple referencia del reconocimiento hecho en la forma ya expresada, aparte de que si tiene a su favor un reconoci-miento en forma solemne y auténtica, huelga la declaración solicitada en la demanda. La. declaración de hijo natural e's necesaria cuando el estado de hijo natural no consta por reco-nocimiento hecho en forma auténtica y fehaciente y su fin es que el hijo natural reconocido pueda hacer constar su condi-ción de tal. Amsterdam et al. v. Puente et al., Puente et al. v. Puente et al., y Rijos v. Folgueras et al., 16 D. P. R., 556, 582 y 624; y Peñagarícano v. Peñagarícano et al., 19 D. P. R., 494.

Vemos ahora si los hechos expuestos en la demanda, con ios números segundo, quinto y séptimo, en que se alega un reconocimiento de la filiación de la demandante en documen-tos oficiales impiden que prospere la excepción de prescrip-ción alegada.

Entendemos que no. El ejercicio de la acción de reconoci-miento de hijo natural pone en tela de juicio dicho recono-cimiento, y por tanto, sean cuales fueren los hechos funda-mentales de la demanda, puede objetarse la excepción de pres-cripción, bien entendido que aunque ésta prospere, si la deman-dante tiene a su favor un reconocimiento expreso de hija natural de Pablo Figueroa en forma solemne y fehaciente, no estará privada de utilizarlo para ejercitar todos los derechos que la ley reconoce a los hijos naturales. Si al reclamar esos derechos se le negare tal condición de hija natural, podrá sos-tenerlos haciendo frente a la negativa, con la prueba de su reconocimiento solemne y fehaciente.

La sentencia debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Busigó, Demandante y Apelante, v. Jordán et al, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso de declaración de propiedad.
    No. 988.
    — Resuelto en abril 17, 1914.
    Título del Demandante — Insuficiencia de la Prueba. — Cuando, como en el presente caso, la parte demandante no presenta ningún documento para de-mostrar el dominio de la casa que reclama, ni testigos que presenciaran el otorgamiento de tal documento, y el demandado prueba la inscripción a su favor en el registro de la propiedad del título de la finca en litigio, es nece-sario concluir que la prueba del título del demandante lia sido insuficiente.
    Id. — Testamento del Causante del Demandante — Inclusión de la Finca en Litigio en Dicho Documento. — El heeho de que el causante del demandante incluyera en su testamento, como uno de sus bienes, la finca en litigio, la cual fué adjudicada a la viuda y por ésta vendida al demandante, no es. prueba de que en realidad la finca fuera de su propiedad, cuando hay prueba, en contrario.
    Prescripción del Dominio — Interrupción—Admisiones de la Parte. — Para que-pueda invocarse como interrupción de la prescripción del dominio la admisión implícita de una parte que está en posesión de la finca en litigio, consistente en haber escrito cartas al demandante creyendo las manifestaciones hechas por el agente del demandante, en el sentido de que era dueño de una sexta parte de la finca en litigio, es necesario que la persona que ha escrito dichas, cartas tenga conocimiento de los hechos para que esté en condición de admi-tirlos y para que dicha admisión produzca el efecto de interrumpir la pres-cripción.
    Pruebas — Declaración no Contradicha de un Testigo — Revocación de la Sentencia Apelada. — No es motivo para revocar una sentencia el que la declaración de un testigo no haya sido contradicha, a menos que su deelará- - ción sea convincente y robusta.
    Id. — Actos de Dominio Ejecutados por el Demandante. — El hecho de que el esposo de la demandante exigiera a la demandada que desalojara la casa en litigio no es prueba por sí sola de que la demandante fuera dueña de la finca, pues tales actos son compatibles con la existencia de un arrendamiento entre la demandada y demandante.
    Prescripción del Dominio. — Se resolvió que la prueba presentada en este caso-demuestra que los demandados adquirieron también su título a la finca en litigio por prescripción de más de 30 años.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. Herminio Biaz Navarro.

    Ahogado de los apelados: Sr. José O. Torres.

    El apelado Augusto Maláret compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso el objeto de la demanda es que la corte declare que la demandante tiene derecho- a la propiedad de-rma sexta parte de una casa en la Calle de Betances, en Sa-bana Grande, Puerto Rico, descrita en la demanda.

Los demandados en su contestación aceptaron algunos de los hechos y negaron otros y como materia nueva expusie-ron que la casa en litigio ha sido poseída por sus primitivos dueños, Esteban Malaret y sn esposa Reparada Anglada, con anterioridad al año 1859, y desde este año en adelante por su hijo Pedro Malaret Anglada, y su esposa e hijos, tona fide, sin interrupción, quieta y pacíficamente en concepto de due-ños; que la acción ha prescrito conforme al artículo 1864 del Código Civil Revisado y a los artículos concordantes de los códigos anteriores; y que los demandados han adquirido .justo título por prescripción de más de treinta años.

La Corte de Distrito de Mayagüez en su opinión declaró prohado que los demandados, en virtud de un expediente de dominio aprobado por el mismo tribunal habían inscrito su. título en el registro de la propiedad, adquirido por herencia de Esteban Malaret; y en dicho expediente se presentó prueba testifical para demostrar la posesión quieta, pública, pacífica y sin interrupción por los demandados y su causante Pedro Malaret Anglada. La corte inferior en su opinión también declaró probado que no existió prueba satisfactoria en cuanto al título por el cual adquirió Sebastián Busigó, padre de la demandante, la sexta parte de la casa en litigio; que no había ningún documento para demostrarlo, ni testigos presenciales del otorgamiento de tal documento. Estamos de acuerdo con el tribunal en estos extremos y creemos que la prueba presen-tada para demostrar tal título fue insuficiente.

La apelante se funda principalmente en admisiones hechas por el Dr. Malaret, uno de los demandados, y en otras admi-siones.

Existió prueba suficiente del hecho del fallecimiento de Busigó Pou, padre de la demandante, por el año 1877 y de que en su testamento declaró como bienes de su propiedad, entre otros, la sexta parte de esa casa, la que fué adjudicada a su consorte, de quien ía adquirió la demandante, en una mitad por herencia y en la otra por compra a su hermano Luis Busigó. Pero esto no prueba que en verdad él ni sus derecho-habientes fueran los dueños de esa sexta parte de la casa.

La corte en su opinión declaró probado que Esteban Mala-ret fabricó la casa en litigio en el año 1853, que desde enton-ces figuró a su nombre en los cuadernos del reparto de con-tribuciones del colector municipal de Sabana Grande, desde 1864 a nombre de Pedro Malaret Angiada y más tarde a nom-bre de la sucesión de este señor, así como que siempre la pose-yeron quieta, pública y pacíficamente como dneños.

Continúa la corte y expresa,'que como Sebastián Busigó falleció en 1877 q antes, que cualquier contrato que. se cele-brara debe de llevar una fecha anterior a dicha época; que la primera reclamación judicial hecha con relación a la casa lo fué en 8 de febrero de 1910, cuando la demandante se opuso al expediente de dominio. Entre estas fechas había trans-currido un período de más de 32 años. Entra la corte a exa-minar si' este período fué interrumpido. La supuesta inte-rrupción se funda en varias cartas. Algunas de ellas fueron escritas por Rosa Jordán de Malaret y convenimos con la corte on que ninguna de estas cartas contiene absolutamente nada esencial a la cuestión ya que la de 9 de mayo de 1897 dirigida ni Sr. Gaztambide se refiere a que en eSe mes le es imposible hacer desocupar a un Sr. Acevedo, porque como siempre le ha pagado por adelantado no podrá arreglar con él hasta junio, pero le promete que desocupará tan pronto encuentre dónde mudar su tienda; y la de febrero 16,. 1910, dirigida al .Sr. Gaztambide Busigó trata únicamente de que enterada del ■escrito de oposición a su expediente de dominio, ella y sus hijos están dispuestos a oir sus alegaciones. Se hace gran hincapié en otras dos cartas escritas por el Lr. Pedro Mala-ret en las cuales trata con la demandante, o sus agentes, sobre la compra de una sexta parte de la cual alega ella ser dueña, ■o de la venta por los dueños de las cinco-sextas partes a la ■demandante. No hay prueba que demuestre la autorización para que él tratara a nombre de los otros demandados. Sin ■embargo, se le presentó como un testigo de la demandante y ■de este modo se acepta su credibilidad. ’ Nq se ha demostrado ■que él estuviera equivocado, ni tampoco adolecen sus mani-festaciones de inverosimilitud. El declaró que había escrito dichas cartas a los agentes de la demandante porque ellos le ■dijeron que su principal era el dueño de una sexta parte de la casa en litigio y él creyó sus manifestaciones, pero sin tener conocimiento personal de que en realidad la demandante fuera dueña; que él acababa de regresar de sus estudios médicos y no estaba muy enterado de los negocios de su padre. Para que una admisión constituya interrupción es necesario que se baga por una persona que esté enterada de los becbos. No es posible que surja de la mera voluntad de tratar con per-' sonas que se dicen ser dueñas de la-propiedad y a cuyas mani-festaciones se les da crédito. El declaró que no estaba ente-rado de los becbos y por tanto no estaba en condición de admitirlos.

La corte sigue examinando otras supuestas admisiones, pero no dió crédito a tales manifestaciones.

liemos seguido en lo sustancial -la opinión del tribunal inferior. La parte apelante en su alegato trata de demostrar 3 a adquisición del título por Busigó Pou fundada en las admi-siones de varios de los demandados, en la manifestación becba en el testamento del Sr. Busigó Pou y en el becbo de que a su viuda se le adjudicara esa- sexta parte. Indudablemente oue estas manifestaciones no eran prueba del título y que las admisiones no satisficieron al tribunal inferior ni nos satisfacen a nosotros para justificar la existencia de un título anterior al año 1877 del cual se derivó el título de la deman- • dante. La declaración del testigo' G-aztambide se refiere a una oferta de transacción que le hiciera Pedro Malaret An-glada. Las manifestaciones de Emiliano Nazario son muy vagas e indefinidas, y como ya bemos visto, el tribunal no le dió crédito ni a ellas ni a otras manifestaciones. No es motivo, suficiente para revocar una sentencia el que la decla-ración de un testigo no baya sido contradicha, a menos que su declaración sea convincente y robusta. Se presentó prueba por medio de la declaración del testigo G-aztambide y de otros para demostrar que la demandante era la dueña en común con los demandados y ejecutó actos de dominio sobre la casa. El particular más importante de esta prueba es que G-aztam-bide, el esposo de la demandante, exigió que se desocupara la casa para él poder tomarla y que la demandada Eosa Jor-dán así lo hizo. Pero esta manifestación es compatible con la idea de un arrendamiento por parte de G-aztambide y no prueba el dominio por parte de la esposa. Un demandante en acción reivindicatoría debe presentar prueba de naturaleza más robusta.

Por tanto sostenemos con la corte inferior que la deman-dante no probó su título, y que aunque hay indicios de la posi-bilidad de la existencia de tal título, de los autos consta que los demandados adquirieron también su título por prescrip-ción de más de 30 años.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.