author: El Juez Presidente Se, Hernández,

text:
    Ruiz, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama, denegando la inscripción de un ex-pediente posesorio.
    No. 365.
    Resuelto en julio 27, 1918.
    Expediente Posesorio — Citación del Eiscal y de los Colindantes de la Pinga. — No constituye defecto alguno que impida la inscripción, el heeho de que no conste de los autos de un expediente posesorio que el fiscal fuera ci-tado, si, como en el presente caso, aparece de los autos que efectivamente el fiscal compareció oportunamente dictaminando sin hacer oposición.

      Id. — Título Escrito Inscribible. — En este caso el registrador opinó que era defecto insubsanable el "no alegar ni mucho menos acreditar causa alguna que impida a la promovente presentar el título de dominio escrito por el cual dice que adquirió la finca.” Se resolvió: Que alegando, como alega, la promovente, que aunque había adquirido la finca por escritura pública, ca-recía de título escrito inscribible, esta circunstancia la coloca en condiciones de aeojerse al beneficio de la información posesoria.
    Id. — Guando son ITrmes las Resoluciones Ríñales de Expedientes Pose-sorios. — Guando en la tramitación de un expediente posesorio no ha habido oposición de parte alguna, la resolución aprobando la información es firme desde el momento en que ha sido firmada por el juez.
    Id. — Poseedor en Concepto de Dueño. — Se presume que posee en concepto de dueño la persona que aparece como contribuyente al Tesoro Insular, y cuando un juez municipal llega a dicha conclusión, el registrador no puede discutirla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. F. Navarro Ortiz.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Se, Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Elena Buiz Ortiz, casada con Pedro López, promovió in-formación ante la Corte Municipal de Oayey en 7 de marzo del corriente año 1918, para acreditar la posesión de una finca rústica de 9 cuerdas situada en el barrio “Pasto Viejo” de dicho pueblo.

Admitida y practicada la información la Corte Muniei-cipal de Oayey dictó resolución en 10 de abril de 1918 de-clarando justificado a favor de Elena Ruiz Ortiz el derecho de posesión sobre la finca descrita y ordenando la inscripción del referido derecho en el registro de la propiedad del dis-trito, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

El registrador de la propiedad del distrito de Guay am a denegó la inscripción ordenada por medio de nota que dice así:

"Denegada la inscripción del documento que precede y extendida en su lugar anotación preventiva durante el término legal a favor de 1a, promovente doña Elena Ruiz Ortiz, al folio 1 del tomo 36 de Oayey, finca número 1968, anotación letra A, por los defectos insubsanables siguientes: Io. No expresarse en el mismo la naturaleza del derecho que se trata de inscribir, de tal modo que no deje lugar a duda, pues no es posible juzgar si la finca que comprende pertenece a la sociedad de gananciales o si es propiedad exclusiva de la promovente. Ramos v. El Registrador, 18 D. P. R. 16. 2o. No aparecer en la cédula original para la citación de los colindantes y del fiscal el requisito nece-sario en todo expediente posesorio, de haber sido citado dicho funcio-nario, siendo, además falta que impide la inscripción el que en el diligenciado de la citación no se haga constar que la persona que la practicó entregó a los colindantes de la finca copia de dicha citación, haciendo constar a su dorso, la fecha, y el sitio de la entrega o noti-ficación, firmándola. Ley No. 8 A. L. P. R. 1915. Delgado v. El Registrador, julio 2, 1917, hoja suelta No. 400. 3o. No alegar ni mucho menos acreditar causa alguna qire impida a la promovente presentar el título de dominio escrito por el cual dice que adquirió la finca. Artículo 391, 5°., de la L. II. y 437 de su Reglamento. Ga-lindo, Ley Hipotecaria, 4, 596. Se hacen constar además los defectos subsanables de no acreditarse el estado civil de la promovente en la fecha de la adquisición del inmueble; de no aparecer de la certi-ficación del Tesorero de Puerto Rico que la promovente paga con-tribución por la finca a título de dueño; de no estar certificada por el secretario la resolución de la corte recaída en el ameritado expe-diente, y de no ser firme la predicha resolución. Guayama, abril 30 de 1918. Pedro Gómez Laserre, Registrador.”

La nota transcrita aparece notificada en 2 de mayo de 19.18 al presentante del documento Julio Navarro.

En 8 de mayo la representación de Elena Ruiz Ortiz pre-sentó a la corte municipal certificación de su matrimonio con Pedro López, celebrado en 23 de junio de 1902, para acre-ditar que había adquirido la finca de que se trata durante su matrimonio con López y pidió se dictara resolución en-mendando la primera a los efectos de corregir el defecto ano-tado por el registrador de la propiedad, y el juez enmendó en la misma fecha su resolución de 10 de abril de 1918, haciendo constar la circunstancia expresada.

El registrador por nota de 20 de mayo denegó la conver-sión de la anotación preventiva en inscripción definitiva por el fundamento de que la resolución enmendada de 8 de mayo sólo subsanaba el defecto consignado bajo el número Io. en su nota ele 30 de abril, permaneciendo subsistentes los otros dos en la misma relacionados, habiéndose notificado en la misma feclia la nota del registrador a Julio Navarro, man-datario verbal de Elena Ruiz Ortiz.

Contra la nota de 30 de abril de 1918, que como hemos dicho antes fué notificada al presentante del documento en 2 de mayo siguiente, recurrió Elena Ruiz Ortiz, y a pedi-mento del registrador recurrido desestimamos el recurso en 29 de junio próximo pasado fundándonos para ello en que los documentos para su decisión con alegato escrito de la parte recurrente habían sido presentados ante esta Corte Suprema en 30 de mayo cuando ya había transcurrido el término de veinte días que para la interposición del recurso señala la sección 3a. de la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad aprobada en marzo 1°., 1902.

La representación de Elena Ruiz Ortiz ha solicitado in-consideración de nuestra resolución de junio 29 alegando para ello que si bien radicó su alegato en 30 de mayo ya había presentado en 22 del mismo mes en la secretaría de este Tribunal los documentos para la sustanciación del re-curso, el cual por tanto había sido interpuesto dentro del término de veinte días señalado por la ley.

Mediante un estudio detenido del récord hemos llegado a la conclusión de que la parte recurrente tiene razón y que por tanto debemos dejar sin efecto la resolución objeto de reconsideración y considerar y resolver el recurso por sus méritos como pasamos a hacerlo.

Los defectos insubsanables apuntados por el registrador en su nota de 30 de abril de 1918 son tres, que se numeran en dicha nota.

El primero de ellos, consistente en no expresarse en la resolución de la Corte Municipal de Cayey de 10 de abril de 1918 la naturaleza del derecho que se trata de inscribir por no ser posible juzgar si la finca que comprende pertenece a la sociedad de gananciales o si es propiedad exclusiva de la promovente, no existe pues Elena Ruiz Ortiz en el escrito inicial de la información expresó que entonces estaba casada con Pedro López y aunque no expuso que lo estuviera en la fecha en que adquirió la finca, o sea en 28 de julio de 1909, posteriormente subsanó ese defecto presentando certificación de la celebración de su matrimonio con López que se verificó en 23 de julio de 1902 o sea mucho antes de la compra de la finca, la cual aunque se inscriba a su favor ha de reputarse inscrita a-favor de la sociedad de gananciales, según juris-prudencia ya establecida por esta Corte Suprema. Figueroa v. El Registrador de Arecibo, 24 D. P. R. 851, y Longpré v. El Registrador de San Juan, Sección 1a., 24 D. P. R. 896.

El segundo defecto relativo a no aparecer que el fiscal y los colindantes hubieran sido citados no existe. No consta que el fiscal fuera citado, pero la falta de citación fué sub-sanada por el hecho de que el fiscal intervino en la información y dictaminó en ella sin hacer oposición alguna. Los colin-dantes fueron citados entregándoles copia de la notificación y enterándolos del contenido de ella según diligenciado que obra en autos jurado ante el Secretario de la Corte Municipal de Cayey por la persona que la hizo, Juan Aponte, mayor de edad y vecino de Cayey que no era parte ni tenía interés en el asunto. El caso de Delgado v. El Registrador de Humacao, 25 D. P. R. 486, no es igual al presente.

El tercer defecto, basado en no haberse alegado ni acre-ditado causa alguna que impida a la promovente presentar el título de dominio escrito en virtud del cual adquirió la finca, tampoco existe. Elena Ruiz Ortiz alegó en el escrito inicial del procedimiento que aunque había adquirido la -finca por escritura de 28 de julio de 1909 autorizada por el notario Vicente Rodríguez Ortiz en Cayey, carecía de título escrito inscribible, y esa circunstancia la colocaba en condiciones de acogerse al beneficio de la información posesoria autorizada por el artículo 391 de la Ley Hipotecaria. Ex parte Berlanga, 6 D. P. R. (2ª. ed.) 27; Rivera v. El Registrador de Ponce, 14 D. P. R. 258; Soto v. El Registrador de Caguas, 15 D. P. R. 612, e Inchausti v. El Registrador de Guayama, 17 D. P. R. 596.

Si la promovente hubiera tenido título escrito inscribible de seguro no hubiera acudido a una información posesoria, renunciando así a las ventajas que le proporcionaba un título de dominio inscribible.

En cuanto a los defectos apuntados como subsanables, en-tendemos que el defecto subsanable de no acreditarse el estado civil de la promovente en la fecha de la adquisición del inmueble quedó subsanado mediante la certificación del acía de su matrimonio con Pedro López a que ya hemos hecho referencia, como también quedó subsanado el otro defecto de no estar certificada por el secretario la resolución de la corte recaída en el expediente, pues en la certificación de la reso-lución enmendada hace constar el secretario que la anterior resolución dictada en el expediente es la original enmendada dictada por el juez de la corte; y respecto del defecto de no aparecer que sea firme la resolución recurrida, aunque no sea aplicable al caso la Ley No. 20, aprobada en 11 de marzo de 1918, tratándose como se trata de un expediente de infor-mación posesoria y no de dominio dicha resolución quedó firme desde la fecha de su pronunciamiento por el- hedió de estar impedidos tanto el promovente como el fiscal de inter-poner contra ella recurso ele apelación. Quiñones v. El Registrador de San Germán, supra. Era favorable al promo-verte y el fiscal expresamente había manifestado que habién-dose observado todos los requisitos prescritos por la ley no se oponía a la aprobación del expediente a los efectos de su inscripción en el registro de- la propiedad del distrito.

Por lo que atañe al defecto de no aparecer de la certi-ficación del Tesorero de Puerto Rico que la promovente pagá contribución por la finca a título de dueña, es de observarse que el Tesorero certifica en 7 de febrero de 1918 que en el reparto de contribuciones sobre la propiedad correspondiente al Municipio de Cayey, año económico de 1917-1918, en recibo No. 1493, cuyo importe por los dos semestres asciende a $2.40, aparece como contribuyente Elena Ruiz Ortiz por la propiedad radicada en el barrio de Pasto Viejo de dicho mu-nicipio, teniendo esa propiedad 9 cuerdas de terreno valo-radas en $180 y una casa en $20. Si aparece como contri-buyente la Elena Ruiz Ortiz indudablemente lo es en concepto de dueña. Artículos 2950 y 2952 de la Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico. De todos modos el juez así lo apreció teniendo en cuenta dicha certifi-cación y las demás pruebas aportadas al expediente y su apreciación no está sujeta a discusión por parte del regis-trador.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu-rrida de 30 de abril de 1918, ordenándose al registrador que verifique la inscripción denegada sin defecto subsanables ni insubsanables.

Revocada la nota recurrida, ordenando al re-gistrador que verifique la inscripción dene-gada sin defectos subsanables ni insubsana-bles.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juex Asociado Se. Aldkey,

license: Public Domain

text:
    Hernández de Ramery, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación contra resolución del Juez Asociado Sr. Hutchison.
    No. 1333.
    Resuelto en noviembre 7, 1918.
    Habeas Corpus — Acusación por un Gran Jurado. — La aeusaeión hecha por un ' gran jurado en las cortes insulares que tiene la firma del fiseal del distrito y los demás requisitos exigidos por la ley, no es nula porque el gran jurado no tenga vida legal en los tribunales insulares y por tal motivo no puede concederse ol auto de habeas corpus.

      Acusación sin Juramento del Fiscal — Cuándo Debe Alegarse ese Defecto de la Acusación. — La falta del juramento del fiscal en una acusación se entiende renunciado si tal defecto no se alega oportunamente en el tribunal a quo.

    Los lieolios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael Martínez Nadal.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal del Supremo.

   El Juex Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fundó su petición de habeas corpus, y por tanto su apelación ahora, en que se halla ilegalmente preso porque la acusación que motivó su condena y reclusión fue hecha en la Corte de Distrito de Arecibo por un gran jurado que no tiene existencia legal en nuestras cortes insulares.

Aunque lo último es cierto de acuerdo con el caso de El Pueblo v. Tapia, 245 U. S. 639, sin embargo como esa acu-sación está firmada también por el fiscal de aquel distrito y reúne los requisitos esenciales de toda acusación, el hecho de que contenga, además, requisitos no exigidos por nuestras leyes no es motivo para que sea nula y por tanto nulo el juicio, la sentencia e ilegal la prisión que por ella está su-friendo el apelante. En el caso El Pueblo v. Fuentes, que resolvimos en abril 2, 1918 (per curiam), confirmando la sen-tencia condenatoria, la acusación se hallaba en las mismas condiciones que la que nos ocupa ahora.

Es cierto que el fiscal no juró la acusación contra el ape-lante (art. 72 del Cod. de Enj. Cri.) pero tal defecto si no se alega oportunamente en la corte a quo se entiende renun-ciado y no produce la nulidad del juicio porque no tiende a perjudicar los derechos del acusado. El Pueblo v. Aponte, et al., 9 D. P. R. 383; El Pueblo v. Rodrigues, 32 D. P. R. 182; El Pueblo v. Ayala, 13 D. P. R. 200; El Pueblo v. Ayala, 15 D. P. R. 764.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Declarado sin lugar él recurso.

Jaeces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no inter-vinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Loubriel, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Seoción Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando cancelar una hipoteca.
    No. 385.
    Resuelto en noviembre 12, 1918.
    Cancelación de Hipoteca — Enajenación—Mandato.—Si bien el artículo 1615 del Código Civil exige que para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso, en el presente caso la esposa otorgó poder al esposo para enajenar bienes inmue-bles de la sociedad de gananciales prestando para ello su consentimiento y la cancelación de una hipoteca es un acto de enajenación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco Soto Gras.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Verrier, no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 6 otorgada en 17 de mayo de 1918 ante el notario don Francisco Soto Gras, Gonzalo Torres Sirera por sí y como apoderado de su legítima esposa Encar-nación Ortega Saborit, otorgó carta de pago y cancelación de una hipoteca constituida a favor de los esposos expresados por Rafael Loubriel Cueto sobre un solar adquirido durante su matrimonio con Sofía Trápaga y Pérez.

Presentada la escritura al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., fué denegada la cancelación de la hipoteca en nota de 31 de julio de 1918 por el fundamento de que habiendo sido constituida a favor de Gonzálo Torres Sirera, casado con Encarnación Ortega Saborit, no resultaba que la esposa autorizara expresamente al esposo para can-celar los créditos hipotecarios pertenecientes a la sociedad de gananciales, cuyo carácter tiene el que se trata de cancelar.

Dicha nota ha sido recurrida por Eafael Loubriel Cueto para ante esta Corte Suprema.

Hemos examinado el poder otdrgado por Encarnación Ortega Saborit a favor de su esposo G-onzalo Torres Sirera y ese poder contiene la siguiente cláusula:

“Asimismo da autorización tan amplia y eficaz como en derecho se requiera a su referido esposo para que a nombre de ambos y te-niendo desde ahora por prestado el consentimiento de la que dice, pueda en cualquier tiempo vender, enajenar, gravar e hipotecar y de cualquier otro modo obligar a título oneroso los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales. ’* * ”

Como se ve, no existe el motivo legal qué invoca el regis-trador para denegar la cancelación de hipoteca, pues aunque el artículo 1615 del Código Civil dispone que para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de rigu-roso dominio, se necesita mandato expreso, en el presente caso la esposa otorgó poder al esposo para enajenar bienes inmuebles de la sociedad de gananciales prestando para ello su consentimiento, y la cancelación de una hipoteca es un * acto de enajenación. Baquero v. El Registrador, 22 D. P. R. 24, y Gómes Ruis v. El Registrador, decidido en 30 de marzo de 1918, (pág. 253).

Es de revocarse la nota recurrida ordenándose al regis-trador que verifique la cancelación solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la can-celación solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison,


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Schroder, Demandante y Apelada, v. Sucesión Collazo Muñiz et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre tercería de dominio.
    No. 1771.
    Resuelto en noviembre 12, 1918.
    Tercería — Término para Apelar en Casos de Tercería — Jurisdicción del Tribunal Supremo — Desestimación.—El término para apelar de sentencias dictadas por cortes de distrito en xirocedimientos de tercería de bienes mue-bles o inmuebles, es de diez días. Por tanto y siendo claramente un x>leito de tercería el que motiva este recurso cuyo escrito de apelación fné presen-tado después de haber transcurrido más de diez días do notificada la sen-tencia, carece el Tribunal Supremo de jurisdicción para resolverlo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. B. Martínez 'Nadal.

    Abogado de la apelada: Sr. Gustavo Rodríguez.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tri bnnal.

El día que tuvo lugar la vista de este pleito ante nosotros se discutió también previamente una moción de la parte ape-lada en que nos pide que desestimemos el recurso de apela-ción sin considerarlo en sus méritos, por lo que examina-remos primeramente esta cuestión, pues si se resuelve de acuerdo con la parte apelada no tendremos que seguir ade-lante con las otras cuestiones de la apelación.

Julia Schroder demandó en tercería de dominio en la Corte de Distrito de Ponce a los hermanos Justo y Rafael Rivera Esbrí y a la sucesión de Brígida Collazo, alegando que en un pleito seguido por esta sucesión contra los expre-sados hermanos en cobro de pesos obtuvo dicha sucesión que se embargara como de la sociedad conyugal de la demandante con su marido Justo Rivera Esbrí un crédito hipotecario que privativamente pertenece a ella porque procede de dinero que aportó a su matrimonio como regalo de boda que le hizo su padre y pidió que declarándose así por la corte se ordenara por ésta el levantamiento de dicho embargo.

Después de haber transcurrido más de diez días de noti-fieada la sentencia recaída en el presente pleito, la sucesión Collazo presentó su escrito de apelación origen de este re-curso. El fundamento de la moción de desestimación de la apelación es que de acuerdo con la sección 19 de la ley de 1907 sobre tercerías, en relación con su enmienda de 1908, la sucesión Collazo debió interponer su recurso dentro de los diez días de notificada la sentencia.

Aún cuando el procedimiento en los juicios de tercería de bienes inmuebles no se diferencia del de los pleitos que se siguen de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, cuyas sentencias pueden apelarse dentro de treinta días, sin embargo como la legislatura quiso que los pleitos en que se reclamase por una tercera persona la propiedad de bienes muebles o inmuebles sujetos a embargo o a ejecución en otro procedimiento se regulasen por la ley sobre tercerías de 1907 y su enmeinda de 1908, leyes que conceden diez días para apelar la sentencia que en ellos recaiga, debemos declarar que siendo el pleito que motiva este recurso claramente de tercería, según el concepto que de ella tiene la ley, debió la parte perjudicada por la sentencia interponer su apelación dentro del término de diez días fijado por la sección 19 de la mencionada ley, y habiéndolo hecho con posterioridad ca-recemos de jurisdicción por ese motivo para resolverlo y debemos desestimarlo.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Cruz, Demandante y Apelante, v. Doe et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre filiación.
    No. 1678.
    Resuelto en noviembre 12, 1918.
    Exposición del Caso — Ealta de Base para Decidir el Recurso. — Cuando se funda un recurso únicamente en la insuficiencia de la prueba para sostener ciertas conclusiones en que descansa la sentencia apelada y en error en la manera de apreciarla, es preciso que el tribunal de apelación -tenga ante sí las pruebas aportadas al juicio mediante una exposición del caso aprobada por el juez de la corte inferior, como dispone la ley. Cuando consta que después de aprobada una exposición del caso y de presentada en esta corte formando parte de la transcripción, el juez que conoció del juicio ordena que se redacte otra nueva para incluirle particulares que no tenía la anterior y la aprueba, la primera no puede/tenerse en cuenta para resolver el recurso de apelación.
    OORRECCIÓN DE ÁUTOS — COPIA DE UNA EXPOSICIÓN DEL CÍASO FIRMADA POR EL Abogado. — Si de la segunda exposición aprobada se nos presenta una copia firmada únicamente por el abogado del apelante, no podemos tenerla en cuenta para corregir los autos y decidir el recurso porque la sola firma del abogado no es bastante para darle autenticidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Menciín.

    Abogados de los apelados: Sres. Rafael Arce y M. Tous iSoto.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante en este pleito apeló para ante noso-tros de la sentencia de la Corte de Distrito de Iíumacao que declaró sin lugar su demanda y para que resolviéramos su recurso nos presentó una transcripción del legajo de la sen-tencia de la corte inferior, certificada por los abogados de las partes, que contiene una exposición del caso y pliego de excepciones con las pruebas e incidentes del juicio aprobada por el juez sentenciador en 15 de mayo de 1916.

Algún tiempo después la propia parte nos presentó un documento titulado “exposición del caso” fechado en 16 de febrero de 1918 que no tiene a su calce certificación del juez inferior de haberla aprobado y que está autorizado por su abogado solamente. Con ese documento nos presentó moción interesando que dicho documento se adicionase a la trans-cripción que tenía presentada, alegando con tal fin que a petición de los demandados en el pleito Labia ordenado la corte inferior en 9 de febrero de 1918 para corregir los autos, que la exposición del, caso se adicionase con ciertas enmiendas que en elidía orden se consignan; que en igual fecha el juez modificó su orden suprimiendo algunas de las enmiendas que antes había dispuesto; que en cumplimiento de esa orden preparó y radicó en la Corte de Distrito de Iíumaeao, con notificación a la parte contraria, la exposición del caso y pliego de excepciones de la cual acompaña copia; y por úl-timo que en 21 de febrero de 1918 el juez inferior aprobó esa nueva exposición del caso y pliego de excepciones por ser correcta con lo ocurrido en el juicio, contener toda la evidencia a él aportada y también las excepciones que se tomaron, a fin de que'sirva como tal pliego de excepciones y exposición del caso en la apelación de la sentencia que está pendiente ante nosotros.

El día señalado para oir a las partes respecto a las peti-ciones contenidas en esa moción nos presentó la apelante una certificación del secretario de la corte inferior en la que se inserta la certificación extendida por el juez sentenciador en 21 de febrero de 1918 en los autos obrantes en la corte de distrito aprobando la exposición del caso que se le había presentado de acuerdo con su orden de 9 de febrero entonces corriente. La moción la resolvimos disponiendo que el refe-rido documento se uniese a los autos a los fines procedentes y dos días después tuvo lugar la vista de la apelación esta-blecida contra la sentencia dictada por la corte a quo.

Todas las cuestiones en que el apelante funda su recurso se refieren a las pruebas del juicio, alegando que .son insu-ficientes para sostener ciertas conclusiones en que descansa la sentencia apelada, y que por haber sido apreciadas erró-neamente se rechazaron sus pretensiones. Por consiguiente para revocar por alguno de esos fundamentos la sentencia recurrida, necesitamos tener ante nosotros las pruebas apor-tadas al juicio mediante una exposición del caso aprobada por el juez inferior, como dispone la ley, y aunque en esta apelación se han presentado dos exposiciones del caso no po-demos basarnos en ninguna de ellas para examinar las prue-bas y decidir si son insuficientes para sostener la sentencia o si fueron erróneamente apreciadas por el juez inferior.

En cuanto a la que figura en la transcripción del legajo de la sentencia no podemos darle valor alguno desde el mo-mento en que por la certificación del secretario de la Corte de Distrito de Humacao sabemos que después de haberle impartido el juez su aprobación, ordenó en 9' de febrero de 1918 que se le hicieran enmiendas y que el día 21 había apro-bado la nueva exposición del caso enmendada que había pre-sentadora parte apelante, conteniendo particulares que no figuraron en la anterior exposición del caso, según manifes-tación de la propia parte apelante, lo que demuestra que la primera no fue correcta.

En cuanto a la segunda exposición del caso que en copia presenta el apelante con la sola firma de su abogado, tam-poco podemos descansar en ella para examinar las pruebas y aquilatar su suficiencia en este pleito, porque la copia que de ella se presenta no está certificada por el secretario del tribunal a quo ni por los abogados de las partes, y la sola firma del abogado de la parte interesada en la apelación no es suficiente para darle autenticidad. Ese defecto que con-tiene tal copia no está subsanado con la certificación que presentó la parte apelante pues ésta lo que acredita es que el juez aprobó la exposición del caso enmendada que se le presentó, pero esto no demuestra que la copia presentada sea correcta con su original obrante en el pleito en la corte inferior.

Careciendo pues de base para considerar los motivos del recurso y revocar por ellos la sentencia apelada debemos confirmarla.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Ortiz, Peticionario y Apelado, v. Aguayo, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en solicitud de injunction.

    No. 1848.
    Resuelto en noviembre 15, 1918.
    Injunction — ’Desahucio—Casos en que no Procede el Injunction. — El re-curso extraordinario de injunction no es el adecuado para suspender el pro-cedimiento de desahucio so pretexto de estar pendiente una acción que afeeta a la validez del título del demandante en el desahucio. Si tal recurso fuera el adecuado, el procedimiento de desahucio sería ilusorio ya que el lanza- . miento podría esquivarse mediante la interposición de la acción ordinaria cuyo ejercicio permitiría retener la posesión al demandado eu desahucio, por todo el tiempo que durara el pleito.
    Daños y Perjuicios — Desahucio—Anotación de la Demanda en el Registro de la Propiedad. — T31 remedio para evitar los daños y perjuicios que pu-dieran causarse al demandado que no puede detener el procedimiento de desahucio, es el común que establece la ley mediante anotación de la de-manda ordinaria en el registro de la propiedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. B. Pérez Mercado.

    Ahogado del apelado: Sr. B. Martínez Nadal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte Municipal de Ponce por Augusto Aguayo contra José Tomás Ortiz sobre desahucio de una finca urbana, dicha corte pronunció sentencia en Io. de febrero de 1918 declarando con lugar la demanda y con-denando al demandado a que dentro del improrrogable tér-mino de quince días dejara expedita la finca a la libre dis-posición de su dueño, con apercibimiento de lanzamiento si así no lo verificaba.

El demandado en el juicio de desahucio, José Tomás Ortiz, radicó demanda en la Corte ele Distrito de Ponce para que se declarara la nulidad del contrato de compraventa que como título de propiedad había invocado el- demandante Augusto Aguayo para el desahucio, y formuló pedimento para que previa prestación de fianza se expidiera al marshal de la corte una orden de ■injunction contra el Agnayo con el fin de que se abstuviera por sí o por persona intermedia de realizar acto alguno tendente a la continuación del juicio de desahucio. Oídas las partes y practicadas las pruebas propuestas, la referida corte de distrito por orden de 5 de marzo de 1918 accedió al injunction preliminar solicitado bajo fianza de $400 que había de prestar el peticionario Ortiz para responder al Agnayo de los daños y perjuicios que pudiera sufrir por la suspensión del procedimiento de desahucio.

Esa orden ha sido apelada por el demandado en el presente juicio, Augusto Aguayo, y la única cuestión envuelta en el recurso es si la Corte dé Distrito de Ponce pudo ordenar mediante injunction la suspensión del procedimiento de desa-hucio por el fundamento de haberse promovido posterior-mente otro juicio sobre nulidad del título de propiedad ale-gado por el demandante en desahucio, Augusto Aguayo.

El juicio de desahucio es un procedimiento especial cuyo único fin es obtener la posesión de un bien inmueble, siendo el juicio ordinario el adecuado para resolver sobre el de-recho de propiedad de dicho inmueble. Torres et al. v. Pérez, 18 D. P. R. 573, y León v. Alvarado, 24 D. P. R. 700. De ahí que la sentencia declaratoria de desahucio por refe-rirse a la posesión y no al derecho de propiedad, no impide la promoción de un juicio ordinario para discutir ese derecho y como es consiguiente no puede servir de fundamento a la excepción de cosa juzgada. Virella v. Virella, 23 D. P. R. 693.

Haciendo aplicación de* la doctrina legal expuesta tene-mos que por la sentencia de desahucio de la Corte Municipal de Ponce, de Io. de febrero de 1918, se declaró a favor de Augusto Agnayo el derecho a la posesión de la finca urbana de que se trata, quedando libre a favor de José Tomás Ortiz la acción para discutir el derecho a la propiedad sobre la misma finca y mientras ese derecho de propiedad no sea declarado por sentencia, el derecho a la posesión declarado por la sentencia de desahucio debe subsistir y no puede en-torpecerse por el mero ejercicio de una acción que afecta al título de propiedad.

El remedio de injunction para suspender el procedimiento de desahucio por estar pendiente una acción que afecta a la validez o eficacia del título del demandante en desahucio, haría ilusorio el procedimiento especial de desahucio es-tablecido por la ley pues el demandado en desahucio ejer-citaría para evitar el lanzamiento de que se creyera amena-zado la acción ordinaria con cuyo ejercicio conseguiría con-tinuar en posesión mientras por trámites largos y lentos se decidía su acción.

Ciertamente que con arreglo a la ley de injunction de marzo 8, 1906, un injunction puede decretarse para impe-dir una multiplicidad de procedimientos judiciales, pero el verdadero sentido de esas palabras no impide que diferentes personas establezcan reclamaciones que prima facie son váli-das contra la misma propiedad, como sucede en el presente-caso en que el demandante en desahucio ejercitó un derecho que la ley le reconoce y el demandante en la acción ordinaria ejercitó otro derecho distinto al amparo de la ley. Ambas demandas aunque distintas son compatibles, y la una no es-torba a la otra.

No se trata en el presente caso de impedir mediante el injunction una multiplicidad de procedimientos, y opinamos que no fué la intención- de la legislatura el permitir que una parte obtuviera por medio del injunction lo que de otro modo no podida obtener, o sea la suspensión del procedimiento especial de desahucio mediante el ejercicio de una acción ordinaria sobre la misma cosa. The American Trading Company v. Monserrat, 18 D. P. R. 273.

El remedio para evitar los daños y perjuicios que pudie-ran causarse al peticionario por no suspenderse el procedi-miento de desahucio no es el injunction sino el común que establece la ley mediante la anotación de la demanda ordi-naria en el registro de la propiedad.

Por las razones expuestas es de revocarse la orden ape-lada, declarando sin lugar el injunction preliminar solicitado.

Revocada la orden apelada y declarado sin lu-gar el injunction preliminar.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martínez et al., Acusados, In re Concepción et al., Fiadores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por delito de juegos prohibidos. Incidente so-bre confiscación de fianza.
    No. 1283.
    Resuelto en noviembre 18, 1918.
    Confiscación de Fianza — Palta de Comparecencia del Acusado. — Cuando un acusado en libertad bajo fianza falta en comparecer y la corte ordena la confiscación de la fianza después de haber oído a los fiadores, a menos que se demuestre que la 'corte abusara de su poder discrecional, la orden ape-lada debe confirmarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José Sobo Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Humacao se siguió una causa criminal contra Buperto Martínez y Nicolás Vázquez que ter-minó por sentencia dictada en contra de los acusados. Estos apelaron para ante el Tribunal Supremo que confirmó la sentencia recurrida, Entonces se requirió a Genaro Con-cepción y Carmen Festal, fiadores de los apelantes, para que, de acuerdo con los términos de la fianza, hicieran comparecer a sus fiados ante la Corte de Distrito de Humacao el día 1 de abril de 1918, a las nueve de la mañana, apercibiendo-seles de que si no comparecían la fianza sería confiscada. El 1 de abril faltó en comparecer el acusado Nicolás Vázquez. El fiscal solicitó la confiscación de la fianza y la corte así lo decretó. Los fiadores entonces, el 4 de abril de 1918, pre-sentaron una moción a la corte pidiéndole que reconsiderara la resolución que Labia dictado, porque si bien era cierto que su fiado había dejado de comparecer, se debía al hecho de haber sido arrestado en Fajardo en las primeras horas de la mañana del 1 de abril. La corte fijó el doce de abril para discutir la moción y el mismo día, después de oídas ambas partes, la declaró sin lugar. Como prueba de su aserto los fiadores presentaron una certificación espedida por el marshal de la Corte Municipal de Fajardo en la que dicho funcionario hizo constar que el día 1 de abril y “en las pri-meras horas de la mañana” recibió una orden de arresto contra Nicolás Vázquez la cual fué debidamente cumplimen-tada, sin expresar cuándo.

Por virtud de lo expuesto se concluye sin esfuerzo alguno que la corte de distrito no abusó de su poder discrecional. La certificación del marshal es muy vaga. Pudo haber reci-bido la orden en las primeras horas de la mañana del pri-mero de abril y cumplimentarla en las últimas de la mañana, .p por la tarde, o después. Además Fajardo se encuentra a regular distancia de Humacao y para estar, presente en IIu-macao a las nueve de la’ mañana, aún contando el acusado con los medios más rápidos de comunicación, debió salir cerca de dos horas antes de las nueve.

Siendo esto así, de acuerdo con la jurisprudence estable-cida por esta corte en el caso de El Pueblo v. Soto, 24 D. P. R. 489, procede la confirmación de la orden recurrida.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.


author: Eli Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Fernández Pérez, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas, denegando la inscripción de una escri-tura de hipoteca.
    No. 390.
    Resuelto en noviembre 19, 1918.
    Bienes Gananciales — Bienes Privativos — Defecto Subsanable. — Cuando en una escritura notarial se haee constar que el esposo compareciente edificó una casa a sus expensas sobre solar, cuyo usufructo le fué concedido por cierto ayuntamiento, que lo tenía inscrito a su favor, 'sin justificarse la pro-cedencia del dinero invertido en la edificación, os correcta la calificación del registrador, al verificar la inscripción con el defecto subsanable do no acre-ditarse que el dinero invertido en la edificación correspondiera privativamente al esposo.
    Hipotecas — Bienes Gananciales — Consentimiento Expreso de los Cónyuges.— Cuando se hipotecan bienes gananciales es necesario que ambos cónyuges ma-nifiesten expresamente su consentimiento, el cual no debe considerarse expre-sado con la simple manifestación notarial de que ambas partes aceptan la escritura.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. V. F. Rodríguez Ortiz.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro Gómez Laserre, no compareció.
   Eli Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En escritura pública otorgada en la ciudad de Caguas a 20 de agosto de 1938, ante el notario Vicente Ferrer Rodrí-guez y Ortiz, entre Juan Vázquez Ramos con su esposa Pe-tronila Jiménez, y Ramón Fernández Pérez con su esposa Ana Carballo, los consortes Vázquez-Jiménez manifestaron que poseían en usufructo el solar que se describe en la escri-tura y que el compareciente Juan Vázquez Ramos había edi-ficado sobre él a sus expensas y bajo su administración y dirección una casa que quería se inscribiera a su favor en el registro de la propiedad. En el mismo documento Juan Vázquez confesó adeudar a Ramón Fernández Pérez la can-tidad de $100 y para garantizar su pago constituyó hipoteca voluntaria sobre la finca.

Presentado el documento de referencia para su inscrip-ción en el Registro de la Propiedad de Caguas, el registrador lo inscribió en cuanto a la edificación de la casa con el defecto subsanable de que habiendo manifestado Vázquez que la había edificado a sus expensas no acreditó que el dinero empleado en la edificación fuera de su exclusiva propiedad y denegó la inscripción en cuanto a la hipoteca por resultar que el deudor Vázquez había edificado la casa hipotecada estando, casado con Petronila Jiménez, tratándose por tanto de la hipoteca de un bien ganancial sin que la esposa hubiera dado su expreso consentimiento para ella.

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por Ramón Fernández Pérez.

Encontramos ajustada a derecho la nota recurrida, pues' aunque la casa de que se trata fué inscrita en el registro de la propiedad a favor de Vázquez, lo fué con el defecto sub-sanable de no haber acreditado que fuera privativo suyo el dinero empleado en la edificación y mientras no lo justifique subsiste el defecto subsanable apuntado por el registrador y debe reputarse bien de la sociedad de gananciales de los con-sortes Juan Vázquez y Petronila Jiménez la casa de que se trata, según el artículo 1322 del Código Civil. El mismo recurrente sostiene que la casa debió inscribirse a nombre de la sociedad conyugal de Juan Vázquez Ramos y Petronila Jiménez y no exclusivamente a favor del primero. Siendo ello así ha sido bien denegada la inscripción del derecho hipo-tecario constituido sobre la casa en cuestión, puesto que la esposa no ha dado su consentimiento expreso para la cons-titución de la hipoteca con sujeción a los artículos 159 y 1328 del código citado. Y no basta que el notario consignara en la escritura que las partes la aceptaban, pues tal manifesta-ción no es bastante a suplir el consentimiento expreso orde-nado por la ley.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Arenas et al., Peticionarios y Apelados, v. Edmund Enright, Comisionado Interino del Departamento del Interior, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un pleito sobre injunction.

    No. 1809.
    Resuelto en noviembre 22, 1918.
    Automóviles — Injunction.—Alegaciones.—Ann • cuando en la solicitud no se alega que los peticionarios ‘ ‘ carecían de un remedio adecuado en ley, ’ ’ como do los hechos expuestos se deduce que diehos peticionarios no tenían a su alcance otro remedio rápido y eficaz para obtener el reconocimiento de su de-recho, la omisión no es motivo bastante para declara^ sin lugar la demanda.
    Interpretación de Ley — Chauffeur y Conductor — Licencias..—Exigiendo la ley requisitos enteramente iguales para las personas que hayan do dedicarse a manejar vehículos de motor ya como conductores o ya como chauffeurs, no existe obstáculo alguno para que el dueño de un auto lo guío por sí mismo y cobre el precio del pasaje, cuando ha probado su capacidad para manejarlo y, previo el pago de la cantidad fijada por el estatuto, ha obtenido la licencia necesaria sin restricción alguna, habiendo además satisfecho la suma exigida por la ley para poderlo dedicar al servicio público.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. H. L. Kern, Attorney General, Jaime Sifre, Jr., Acting Assistant Attorney General, y Roberto E. Todd, Jr.

    Abogado de los apelados: Sr. Enrique Campillo.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Fidel y Antonio Arenas y Fidel Vázquez presentaron en la Corte de Distrito de San Juan una solicitud de injunction alegando, en resumen, que eran dueños de vehículos de motor que tenían dedicados al servicio público, para la conducción de pasajeros en todo el territorio de Puerto Eico, habiendo satisfecho los derechos exigidos por el estatuto; que guiaban personalmente sus vehículos por que poseían licencias de conductores ” obtenidas de acuerdo con la ley,- y que eso no obstante, a virtud de una circular dirigida por el deman-dado en sn carácter de Comisionado Interino del Interior, se les denunció criminalmente por guiar sus carros sin tener licencias de chcmffeurs, habiéndoles además la policía pro-hibido que continuaran en su negocio j finalmente el dicho Comisionado Interino había procedido a cancelar sus licencias de conductores, por todo lo cual sostuvieron que se les causaba graves perjuicios difíciles de precisar e irreparables, por cuanto estaba envuelta la pérdida de sus clientelas, dándose lugar a multiplicidad de procedimientos, y pidieron a la corte que expidiera un auto de injunction que garantizara su de-recho a continuar en el libre ejercicio de su negocio.

La corte dictó una orden para que el demandado mostrara causas por las cuales m> debiera concederse el remedio soli-citado. El demandado alegó que los hechos expuesto en la solicitud no eran suficientes para librar el auto, admitiendo luego en su ‘ ‘ contestación ” prácticamente como ciertos los dichos hechos, negando más bien las conclusiones a que lle-gaban los peticionarios. El demandado sostuvo que además de la licencia de "conductor” que pueda tener el dueño de un vehículo de motor, necesita la de cha/itffeur para que esté en condiciones de dedicarlo, guiado por él mismo, a la con-ducción pública de pasajeros. La corte después de oídas ambas partes dictó sentencia en favor de los peticionarios y el demandado interpuso contra esa sentencia el presente recurso de apelación.

En su alegato el demandado sostiene que la corte de dis-trito erró al declarar sin lugar la excepción previa y al con-ceder el auto.

1. Examinemos él primer error que comprende dos ex-tremos :

(a) Se alega que no expresándose en la solicitud que los peticionarios "carecían de un remedio adecuado en ley,” debió rechazarse dicha solicitud de plano. Es cierto que no se hizo expresamente tal alegación, más como de los hechos expuestos se deduce que los peticionarios no tenían a su al-canee otro remedio rápido y eficaz para obtener el recono-cimiento de sus derechos, la omisión no tiene el alcance que pretende el apelante. Si los peticionarios se hubieran visto obligados a esperar el fallo de los tribunales en las causas criminales que se les seguían, contando con los recursos de apelación que pudieran interponerse, la dilación en cuanto a la prosecución inmediata de sus negocios, hubiera sido equi-valente tal vez á una negación de la justicia.

(b) Se sostiene también por el apelante que las alega-ciones con respecto a los perjuicios irreparables y a la mul-tiplicidad de procedimientos, no aparecen hechas en la soli-citud en la forma que exigen la ley y la jurisprudencia.

Convenimos con el apelante en que la mera alegación de que sobrevendrán perjuicios irreparables no es suficiente. Pero en este caso los peticionarios alegaron algo más. Ex-pusieron que los perjuicios que sufrirían si se les impedía continuar en su negocio de transporte público, serían graves, difíciles de precisar e irreparables, por cuanto envolvían la pérdida de su clientela.

En cuanto a la multiplicidad de procedimientos, no se necesita esfuerzo alguno para observar que el injunction re-suelve la cuestión por completo, mientras que las causas cri-minales, si los peticionarios eran absueltos finalmente como lo fueron en la corte de apelación, según se dice por los apelados en su alegato, podrían multiplicarse, ya que la ab-solución en una no impediría en absoluto el que pudieran pre-sentarse nuevas denuncias.

2. El apelante sostiene que “un conductor con licencia como tal necesita de una liceucia de chauffeur para poder dedicarse a manejar y guiar un vehículo de motor dedicado al servicio público,” y que al no reconocerlo así erró la córte de distrito y debe revocarse la sentencia que dictara.

Examinemos la Ley No. 75 de 1916 que es la que regula la materia. En su artículo 1, expresa que chauffeior significa “toda persona a quien se pagare por manejar un vehículo de motor,” y conductor “cualquier persona que, no siendo un chauffeur, maneja un vehículo de motor.” Y de estas definiciones deduce el apelante que para que la persona que guía un automóvil esté autorizada para recibir dinero en pago del pasaje en un carro de servicio publico, tiene necesaria-mente que poseer la licencia de chauffeur, sin que le baste la de conductor.

Para resolver en justicia la cuestión planteada es nece-sario estudiar más a fondo la ley. Sólo pueden guiar vehí-culos de motor en Puerto Rico aquellas personas que posean licencias de chcmffeur o de conductor. Esto es claro. ¿ Cómo ' se obtienen esas licencias? Mediante una solicitud acompa-ñada de certificación médica jurada, en la cual se liará constar claramente que dicha persona está capacitada física y men-talmente para manejar dicho vehículo; previo examen en el que el solicitante deberá probar sus conocimientos y habi-lidad prácticos, y previo también el pago de la suma de cinco pesos. (Ley No. 75, arts. 5 y 10). Los requisitos perso-nales y los derechos que deben satisfacerse al Tesoro Público son, pues, enteramente iguales para obtener una u otra li-cencia. Lo que la ley exige para que se maneje un vehículo de motor es que se demuestre la capacidad necesaria para ello y se pague la suma fijada, sin hacer distinción entre vehículos de servicio público o privado.

¿Dónde se hace la distinción? En el artículo 10 de la misma Ley No. 75, de 1916. Al fijarse la tarifa de los de-rechos que deben satisfacerse se establece una clara distin-ción entre los automóviles de servicio privado por los cuales sólo es necesario pagar cincuenta centavos o un peso al año por caballo de fuerza, y los de servicio público por los que se está obligado a satisfacer veinte pesos anuales, en adición a los demás derechos prescritos, cuando el tráfico es dentro de un sólo municipio, y treinta cuando abarca la isla entera.

Siendo esto así, no es posible extender la idea del pago de que habla la ley al establecer el significado del término chcmf-feur, al que recibe el que guía un auto de manos de los pasajeros que conduce, sino que debe restringirse a sus propios límites, esto es, al sueldo o cantidad en globo o en proporción a otra que recibe una persona por el trabajo realizado por ella al guiar un vehículo de motor. i Interpretada la ley de ese modo, no vemos qué obstáculo pueda existir para que el dueño de un auto le guíe por sí mismo y cobre el precio del pasaje, cuando ha probado su capacidad para manejarlo y, previo el pago de la cantidad fijada por el estatuto, ha ob-tenido la licencia necesaria sin restricción alguna, y además ha satisfecho la otra suma exigida por la ley para poderlo dedicar al servicio público.

El recurso, en consecuencia de lo expuesto, debe decla-rarse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Declarado sin lugar el recurso y confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Rivera, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Caguas, denegando la inscripción de una escritura de reedificación.
    No. 392.
    Resuelto en noviembre 25, 1918.
    POSESIÓN — •Edificación—Inscripción de- — Posesión del Solar. — Inserita la po-sesión • de un edificio a favor de persona determinada, debe entenderse ins-crita también a su favor la posesión del solar, cuando el poseedor no sea un mero superficiario, ni liava prueba do que el solar pertenezca a otra persona; doctrina fundada en la presunción legal de que es dueño del suelo aquel que lo es de lo edificado sobre el mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Lucas Rivera Rodríguez y su esposa comparecieron ante notario público el once de enero de 1918 e hicieron constar qne habían adquirido por compra cierta finca urbana en Ca-guas y que tenían su título inscrito en el registro de la pro-piedad; que habían derribado la casa por hallarse ruinosa y en el mismo 'solar habían levantado otra que describen, y que otorgaban dicho documento a los efectos de que la reedi-ficación pudiera inscribirse en el registro de la propiedad.

Presentada la escritura, el registrador se negó a inscri-birla por medio de la siguiente nota, contra la cual se ha interpuesto el presente recurso gubernativo:

.“Denegada la inscripción del precedente documento, que es la escritura número 11, otorgada en esta ciudad, el once de enero último, ante el notario Andrés Mena, porque de los antecedentes del registro aparece que Carlota López, primitiva poseedora de la casa destruida, acreditó e .inscribió a su. nombre solamente la posesión de dicha casa, sin que conste que el solar en que se hallaba enclavada se inscribiera a favor de la nombrada señora, por lo cual el citado solar no ha podido ser transmitido a favor de Lucas Rivera, quien tampoco lo tiene inscrito a su nombre; porque habiendo sido destruida la (‘.asa com-prada por el señor Rivera quedarían totalmente canceladas no sólo la inscripción practicada a favor de dicho señor Rivera, sino también todos los asientos anteriores, por lo cual desaparecería en absoluto la referida finca; porque para la inscripción de la casa nuevamente construida es imprescindible la previa inscripción del solar en que la misma enclava, y porque no está por tanto inscrito dicho solar a nombre de persona alguna, habiéndose tomado en su lugar anota-ción preventiva, por el término legal, al folio 184 del tomo 52 de Caguas, finca número 616 duplicado, anotación letra B, en la que se consignó además el defecto subsanable de estar equivocada en este documento la situación de la finca pues del registro se comprueba que radica en la calle Padial, que antes se llamó Sol, y no en la calle de Padilla como en este título se expresa. Caguas, septiembre 10 de 1918. — Pedro Gómez Lasserre.”

Como puede verse, la negativa descansa en que no consta del registro la inscripción del solar. Para comprobar este extremo, se solicitó del registrador que enviara una copia certificada de la primera inscripción de la finca.

Así lo hizo y después de haber examinado dicho docu-mento opinamos que tiene razón el recurrente porque de él resulta que “doña Carlota López, sin otro apellido, mayor de edad, soltera y de este vecindario, acudió al Juzgado Municipal de este pueblo, solicitando acreditar la posesión en que se halla de la finca relacionada por haberla construido con su peculio en un solar que compró a doña Adela Díaz, sin que en dicha adquisición mediara título alguno inscri-bible, ’ ’ y que el expediente se tramitó y aprobó de acuerdo con la ley y el registrador hizo finalmente la inscripción en los siguientes términos: “Inscribo a nombre de doña Carlota. Lój>ez la posesión de esta finca, sin perjuicio de tercero de mejor derecho a su propiedad.” La descripción de la finca en la inscripción abarca el solar y la casa.

Siendo esto así, no constando nada en contrario, debe con-cluirse que quedó inscrita la “finca” por completo y que las sucesivas transferencias y consiguientes inscripciones cla-ramente comprenden la casa y el solar. La confusión del registrador parece que se debe al hecho de que no obstante continuar siendo lo principal en las fincas urbanas el suelo, se prescinde de mencionar éste y se hace referencia siempre a ellas como a la casa número tal o al edificio cual. En la idea de casa o edificio va comprendido generalmente el solar donde se levantan, sin cuya previa existencia la de la casa o del edificio no pueden concebirse.

Revisando el tribunal su propia jurisprudencia ha encon-trado además que este caso puede considerarse resuelto por el de Chevremont v. El Registrador de Propiedad, 9 D. P. R. 206, en el que se estableció la siguiente doctrina:

“Inscrito un edificio a favor de persona determinada, debe en-tenderse inscrito también a su favor el dominio del solar, cuando el dueño no sea un mero superficiario, ni haya prueba de que el solar pertenezca a otra persona, doctrina fundada en la presunción legal, de que es dueño del suelo aquél que lo es de lo edificado sobre él.”

Por virtud de lo expuesto debe revocarse la nota recu-rrida y ordenarse la inscripción solicitada con el defecto apuntado por el registrador.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada con el defecto apuntado por el registrador.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HuteMson.


author: El Juez Asoqtado Sr. Wole,

text:
    Compañía Azucarera del Toa, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Segunda, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección 2a., denegando la inscripción de una escritura de cancelación parcial.
    No. 386.
    Resuelto en noviembre 26, 1918.
    Recurso Gubernativo — Cancelación Parcial de Hipoteca. — Cuando existen va-rios acreedores garantizados todos con hipoteca sobre la misma propiedad, el deudor que quiere hacer pagos voluntarios, no está obligado a prorratear el pago entre todos los acreedores; él tiene el derecho de pagarle al acreedor a quien elija.
    Deuda Subsistente. — Cuando por sencillo proeaeo aritmético puede deducirse la parte de la deuda insoluta, se «umule con el párrafo 5o. del artículo 28 de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente.. Sr. Francisco Soto Gras.

    El Registrador sustituto, Sr. Manuel Paz Urdaz, no com-pareció.
   El Juez Asoqtado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El deudor eligió pagar parcialmente a uno de sus varios acreedores garantizados todos por la misma propiedad y cuando se presentó al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a. la escritura de cancélación parcial éste de-negó su inscripción por el fundamento de que el pago no ha sido prorrateado entre los varios acreedores de confor-midad con las decisiones de esta corte en los casos de Ameri can Trading co. v. Monserrat, 19 D. P. R. 979 y el de Ortiz. v. El Registrador de Guayama, 22 D. P. R. 339.

Estos casos sólo resuelven que cuando se vende la cosa asegurada el producto de la venta deberá dividirse entre los acreedores respectivos en proporción a sus reclamaciones. Estas son decisiones que afectan la disposición del producto obtenido por virtud de la venta de la finca asegurada. Nada se dice en estas decisiones que le prohíba al deudor pagar a determinado acreedor. La seguridad de los demás acreedo-res no queda ciertamente disminuida. De afectarla en algo lo hace aumentando su valor. Por lo tanto el registrador incurrió en un error.

La inscripción fue también denegada por el fundamento dé que no se expresó el montante subsistente de la deuda hipotecaria. El recurrente tiene razón al sostener que el párrafo 5o. del artículo 98 de la Ley Hipotecaria no exige que se haga constar la parte de la deuda que subsista sino que la misma habrá de hacerse constar en la inscripción. Es una mera operación aritmética por vía de una resta. Gertum est quod cerium reddi potest.

Es de revocarse la nota recurrida.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. "Wole,

text:
    Chiqués, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de Caguas denegando la inscripción de una escritura sobre préstamo e hipoteca.
    No. 391.
    Resuelto en noviembre 26, 1918.
    Inscripciones — Identidad de las Fincas — Exceso de Cabida. — Las diferencias de poca importancia que se adviertan en la cabida do las fincas, entre lo que resulte de los asientos del registro y lo que aparezca de los documentos que se presenten para su inscripción, no son bastantes para negar la identidad de las fincas, especialmente cuando en los linderos no haya diferencia al-guna. Los registradores deben hacer constar en el registro la diferencia de cabida en la forma que determina el reglamento.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena Latorre.

    El Registrador, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión envuelta en este recurso es la de que en la escritura presentada para su inscripción se bace cons-tar mayor cabida de la que aparece anteriormente inscrita. El recurrente nos indica en primer lugar que el exceso es menos de la quinta parte de la cabida total inscrita y que semejante exceso de tan escasa importancia está permitido en virtud de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros de España, de 9 de noviembre de 1877, 8 de julio de 1878, 7 de septiembre de 1880 y 8 de marzo de 1898, Diccionario de Jurisprudencia Hipotecaria, por Odriozola, páginas 774, 776 y 777, y la decisión de esta corte' en el caso de Cobb v. El Registrador de Caguas, 12 D. P. R. 218.

Asimismo, que la finca cuya inscripción se pretende está descrita exactamente con las mismas colindancias que siem-pre fia tenido y que por lo tanto la descripción posiblemente mal beclia carece de significación alguna.

Convenimos con el recurrente, por lo que la nota del registrador es de revocarse.

Revocada la nota recurrida y ordenada la. ins-cripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Re. Aldeey,

text:
    Vázquez Prada et al., Demandantes y Apelantes, v. Annuzzi et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la (Arte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en pleito sobre nulidad de hipoteca y devolu-ción de bienes.
    Moción del apelante solicitando la unión a los autos de varios documentos.
    No. 1921,
    Resuelto en diciembre 2, 1918.
    Corrección de Autos — Be-misión de Documentos Originales — Facultades de los Secretarios de las Oortes de Distrito. — De acuerdo con la Ley No. 70 de 1911, no basta que la. parte apelante entienda y desee que algún documento presentado como prueba haya de ser remitido original a la Corte Suprema para quo el secretario del tribunal a quo tenga el deber de remitirlo al de apelación, siendo para ello necesario que el juez que ha de impartir su apro-bación al pliego do exposición del oaso, resuelva que se envíe original, ya que dicho funcionario es el llamado por la ley a determinar ese particular. Exposición del Oaso — Tácita Aprobación del Tribunal. — Aunque en el pre-sente caso no hubo declaración expresa de que los documentos reseñados en la exposición del caso aprobada por el juez de la corte inferior se remitieran originales al tribunal de apelación, sin embargo, como se aprobó la exposi-ción del caso en que se hacía constar que los documentos se remitirían origi-nales, puede entenderse que tácitamente la corte consintió en la proposición que en lal sentido hiciera el apelante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes:. Sr. Juan B. Boto.

    Abogado de los apelados: Sr. Francisco Boto Oras.

   El Juez Asociado Re. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Para tramitar la parte apelante sn recurso de apelación contra la sentencia dictada en este pleito, optó por el pro-cedimiento establecido en la Ley No. 70 de 1911 y redactó el pliego de exposición del caso y de excepciones extractando la prueba testifical pero no hizo lo mismo con la documental la que reseñó solamente, consignando además que acompa-ñaría los documentos como exhibits. El juez aprobó esc pliego de exposición del caso y de excepciones sin hacer ma-nifestación alguna respecto a si los documentos reseñados debían ser enviados originales a este tribunal.

Al presentar la apelante en nuestra secretaría la- trans-cripción del legajo de la sentencia para tramitar sn recurso radicó también varias certificaciones libradas por el secre-tario de la corte inferior, notificadas a la parte contraria, conteniendo copias de los documentos presentados como prueba en el juicio y reseñados en la exposición del caso. Algún tiempo después nos pidió en la moción que resolvemos que ordenemos al secretario del tribunal inferior que nos envíe originales los documentos' presentados en el juicio y reseñados en la exposición del caso para que los tengamos en cuenta al resolver la apelación.

Cuando la prueba presentada en el juicio lia de ser traída ante nosotros contenida en un pliego de exposición del caso redactado por la parte apelante y aprobado por el juez con intervención de la otra parte, de acuerdo con la Ley No. 70 del año 1911, entonces tanto las pruebas testificales como las documentales se expondrán en forma narrativa extrac-tándose lo que esencialmente concierna al punto o puntos en controversia y determinando además, en cuanto a la prueba documental, los lugares, fechas y en su caso funcio-narios que concurrieron en el otorgamiento, a no ser que para una correcta inteligencia y resolución del asunto sea necesario que algún mapa, documento original o exhibit de cualquier cla.se, que no sea susceptible de reproducción por medio de copia, fotografía o de otro modo sea presentado al examen e inspección de la Corte Suprema en cuyo caso, hedía una descripción del mismo, el secretario de la corte a quo, después de autenticar dicho mapa o documento original o exhibit, bajo su firma y sello de la corte remitirá el mismo al secretario de esta Corte Suprema, haciendo constar que se ha hecho parte de los autos '{record).

No basta que la parte apelante entienda y desee que al-gún documento presentado como prueba haya de ser remitido original a este Tribunal Supremo para que el secretario del tribunal a quo tenga el deber de remitirlo al de apelación y para' que no haciéndolo pueda pedírsele, pues es necesario que el'juez que ha de impartir su aprobación al pliego de exposición del caso resuelva que se envíe original, porque es el llamado por la ley a determinar ese particular, pues la forma narrativa en que los documentos deben venir ante no-sotros, según la ley citada, no puede ser sustituida por la parte apelante por una mera reseña de ellos a menos que el juez entienda que es conveniente que este tribunal examine el documento original en cuyo caso, al aprobar la exposición del caso, ordenará que el secretario envíe tal documento a este tribunal. Esto no lo dice la ley pero no puede ser otra su interpretación y buena inteligencia.

. Aunque en el caso presente el juez no declarp expresa-mente que los documentos reseñados en la exposición del caso que aprobó nos fueran remitidos originales, sin embargo, como puede entenderse que tácitamente consintió en la pro-posición en tal sentido hecha por la parte apelante porque impartió su aprobación a la exposición del caso en que se-llada constar que los documentos se nos presentarían, pre-ferimos acceder a la petición de la parte apelante.

Declarada con lugar la moción y admitidos los documentos originales reseñados en la exposición del caso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso: ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez PebsidéNtb Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Figueroa, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por asesinato en primer grado.
    No. 1236.
    Resuelto en diciembre 2, 1918.
    Asesinato en Primee Grado — Motivo de su Comisión. — En una convicción por asesinato on primer grado no os indispensable que aparezca la existencia de algún motivo. 151 Gobierno no tiene obligación alguna de establecer una causa o motivo que explique la comisión del delito, si es que claramente apa-rece que el acusado fué el autor de la muerte con malicia premeditada.
    Asesinato en Primer Grabo per se — Acecho.—La muerte causada en las cir-cunstancias previstas por el artículo 201 del Código Penal constituye per se asesinato en primer grado y puesto que entre esas circunstancias nuestro código, a diferencia del de Tesas, enumera el acecho, la muerte inferida en este caso ha de calificarse de asesinato per se en primer grado.
    Instrucción al Jurado — Su Impugnación. — Cuando las instrucciones del juez al jurado no han sido exeepeionadas, por lo general las cortes de apelación no tomarán en consideración aquellos errores relativos a las instrucciones de las cuales no se hubiera tomado excepción, a menos que se llegue al conven-cimiento de que el error es fundamental. Si el abogado del acusado tuvo oportunidad para impugnar alguna de las instrucciones dadas por el juez al jurado y dejó de hacerlo, con sú proceder ha renunciado a cualquier error que pudiere existir y levantó la presunción de que estaba satisfecho con las instrucciones. M Pueblo v. Ramirez de Arellano, 25 D. P. E. 263.
    Inspección Ocular — Palta de Excepción al Procedimiento. — Cuando el proce-dimiento seguido por un juez de distrito al practicar el reconocimiento del lugar del suceso no ha sido exeepcionado en forma debida, se estima que es tarde para que pueda ser impugnado por primera vez en apelación.
    Asesinato en Primer Grado — Modificación de la Sentencia. — Por virtud de Ley No. 36 de 1917, aboliendo la pena de muerte y dándole efecto retroactivo aplicable a los reos condenados a muerte y cuya pena no hubiera sido efec-tuada, se modificó en este caso la sentencia apelada en el sentido de que el acusado sea condenado por el delito de asesinato en primer grado a sufrir la pena de reclusión perpetua en el presidio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Garlos Travecier y F. Ro-dríguez.

    Abogado del apelado: \Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez PebsidéNtb Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de asesinato en primer grado que se originó en la Corte de Distrito de Humacao a virtud de acusación que en lo pertinente dice así:

“El citaclo Juan Figueroa, en uno de los días del mes de marzo de 1917, y en la jurisdicción de Caguas, que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, ilegal, voluntaria y maliciosamente, y colocán-dose en aceelio de manera oculta bajo unos árboles de bambú próximo al sitio por donde tenía que pasar Clemente Rivera para ir a su casa, acometió y agredió alevosa e inesperadamente y eon el propósito deci-dido y firme de matar, con un machete, que es un arma mortífera, a dicho Clemente Rivera, infiriéndole varias heridas que le produjeron la muerte allí y entonces.”

El acusado alegó su inocencia. Se celebró el juicio por jurado y éste, después de oir las alegaciones, las pruebas, los informes de las partes y las instrucciones de la corte, rindió su veredicto declarando a Juan Figueroa culpable del delito de asesinato en primer grado.

La corte señaló día para el pronunciamiento de la sen-tencia, y la representación del acusado presentó entonces moción de nuevo juicio alegando que el veredicto era con-trario a la prueba y que las instrucciones de la corte fueron de tal índole que obligaron al jurado a dar un veredicto con-denatorio. El fiscal se opuso a la anterior moción por el fundamento de que no aducía hechos bastantes que la jus-tificaran, y después de argumentada por las partes fué de-clarada sin lugar, habiéndose pronunciado sentencia el día 9 de junio de 1917 imponiendo al acusado la pena de muerte.

Contra esa sentencia interpuso el acusado recurso de .ape-lación para ante esta Corte Suprema.

No hay señalamiento especial de errores en el alegato escrito presentado a esta corte por el abogado de la parte apelante, dejándose así incumplido el artículo 43 del regla-mento del tribunal, y tampoco el abogado compareció a in-formar oralmente en el acto de la vista. Alégase en síntesis que en los casos de acecho es necesario establecer con clari-dad el por qué del acecho, para que el asesinato pueda cali-ficarse de primer grado, pues el asesinato con acecho no es per se asesinato en primer grado, y se hace referencia a la obra de Wharton, on Homicide, página 157. Se agrega que basta leer detenidamente las instrucciones de la corte al ju-rado para convencerse de que eran fatales para la defensa, y que entre los procedimientos de la corte ninguno pudo impresionar más al jurado contra el acusado que las palabras dirigidas por el juez a las testigos Fe Díaz y su madre en el sitio del suceso.

En una convicción no es indispensable que aparezca la existencia de algún motivo. (3 Bisbop New Crim. Procedure, página 1616, seo. 629.) No vemos la razón por qué no sea aplicable esa doctrina a casos de asesinato cometidos en acecho si esa circunstancia se establece por la prueba, la cual será de la exclusiva apreciación del jurado. Cierta-mente que el hombre como ser racional obra siempre a no ser un loco, inpulsado por alguna razón buena o mala, moral o inmoral, justa o injusta, pero ello no impide que ejecute actos de que sea responsable por más que sus móviles apa-rezcan desconocidos. El G-obierno no tiene obligación al-guna de establecer una causa o razón adecuada para la co-misión del delito, si es que claramente aparece que el acu-sado fué el autor de la muerte con malicia premeditada. El Pueblo v. Rivera, 25 D. P. R. 831.

Nuestro Código Penal siguiendo el de California establece claramente en su artículo 201, “que cuando la muerte se ejecuta por medio de veneno, acecho o tortura o al perpe-trarse o intentarse algún incendio de morada, rapto, robo, incendio o mutilación, constituye asesinato de primer grado; la razón de ello es que en esos casos existe malicia deliberada y premeditada que. es el elemento esencial del delito de ase-sinato en primer grado.

La muerte causada en las circunstancias expresadas cons-tituye per se asesinato en primer grado. El Código de California se separa del de Texas, pues entre los medios.seña-lados para que el asesinato se califique de primer grado per se, no enumera el acecho.

El juez al terminar sus instrucciones al jurado se expresó en los términos siguientes:

“En resumen, señores del jurado, si vosotros creeis y creeis fuera de duda razonable, que se lia probado aquí que este acusado se colocó en acecho de Clemente Rivera, o lo que es lo mismo, se escondió en unos bambú según se alega en la acusación, en forma que no pudiera ser visto por su víctima, y así escondido, y escondido con el propósito de atacar a su víctima, la atacó en condiciones que la víctima no pu-diera darse cuenta, de espaldas, de una manera alevosa, y sin que su víctima pudiera percatarse del ataque, y que como consecuencia de este ataque Clemente Rivera murió allí y entonces, tendréis y por esos solos hechos, méritos bastantes para declarar al acusado culpable del delito de asesinato en primer grado, sin que el fiscal venga obligado a probar el móvil que haya tenido este acusado para realizar el crimen, y sin que el fiscal venga obligado a probar ni la premedi-tación ni la deliberación de una manera expresa, porque estos ele-mentos se infieren de los medios que ha utilizado el acusado para realizar su delito, cuando lo realizó por medio de acecho. Debeis declararlo no culpable si entendéis que este acusado no ha realizado el delito, o teneis duda razonable de que lo realizara; o teneis duda razonable de que se encontrara en el sitio donde se realizaron los hechos. ’1

La evidencia testifical suministrada por el fiscal consis-tente principalmente en las declaraciones de Pe Díaz y de su madre Filomena del mismo apellido tienden a probar que el acusado ejecutó la muerte de Clemente Rivera en la forma que expresa el fiscal en su acusación y describe el juez en sus instrucciones al j-urado, mientras que la evidencia del acusado tiende a demostrar que este no puede ser respon-sable del delito que se le imputa por encontrarse en otro sitio cuando ocurrieron los hechos. La prueba fué contra-dictoria. El jurado resolvió ese conflicto en contra del acu-sado mediante el veredicto pronunciado, y esta corte no irá contra su apreciación por no habérsenos demostrado que hu-biera procedido bajo el influjo de pasión, parcialidad, pre-juicio o manifiesto error según exige la jurisprudencia de esta Corte Suprema establecida en reiteradas decisiones.

Las instrucciones del juez al jurado no han sido excep-cionadas, y de acuerdo con la jurisprudencia constante de este Tribunal, por lo general no tomaremos en consideración aquellos errores relativos a las instrucciones de las cuales no se hubieran tomado excepción, a no ser que estemos con-vencidos de que el error es fundamental. Los abogados de un acusado son los mejores jueces para juzgar el hecho de si la corte les concede todo aquello a que tienen derecho y en el presente caso, el juez, después de dar las instrucciones al jurado, preguntó a las partes si tenían instrucciones que someter habiendo sido negativa la contestación sin que hi-cieran comentario alguno acerca de las instrucciones ya dadas ni tampoco las impugnaran, con cuyo proceder renun-ciaron a cualquier error que pudiera existir y levantaron la presunción de que estaban satisfechos con las instrucciones. El Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D. P. R. 263.

El procedimiento seguido por el juez al practicar el re-conocimiento del lugar del suceso, de que se queja el ape-lante en su alegato escrito, no fué excepcionado en forma debida y es tarde para que pueda ser impugnado por primera vez en grado de apelación.

No basta alegar que las instrucciones de la corte al ju-rado eran fatales para la defensa pues al abogado del acusado incumbía y era su deber impugnarlas en forma debida for-mulando objecciones y tomando excepciones en la corte inferior, lo que no verificó.

Hemos examinado detenidamente las instrucciones y las pruebas practicadas en el juicio y no encontramos motivo suficiente para anular el veredicto del jurado y consiguiente-mente la sentencia pronunciada.

Después de dictada la sentencia de muerte en 9 de junio de 1917, fué aprobada en noviembre 30 del mismo año la Ley No. 36 aboliendo la pena de muerte en Puerto Eico, hasta el 30 de abril de 1921 y dándole efecto retroactivo aplicable a los reos condenados a muerte y cuya pena no hubiera sido efectuada. Y al enmendar el artículo 202 del Código Penal dispone qtie toda persona culpable de asesinato en primer grado será castigada con reclusión perpetua. Así pues, ha-ciendo aplicación de dicha ley al acusado, debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de que sea condenado por el delito de asesinato en primer grado a sufrir la pena de reclusión perpetua en el presidio.

Con la expresada modificación, es de confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada, pero modi-ficándola en el sentido de que el acusado sea condenado por el delito de asesinato en primer grado a la pena de reclusión perpetua en el presidio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutcfiison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Rivera, Demandante y Apelante, v. Martínez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en pleito sobre daños y perjuicios por libelo.
    No. 1778.
    Resuelto en diciembre 6, 1918.
    Daños y Perjuicios — Declamación'de—Begla General. — Es una regla general bien establecida que cuando se reclaman daños y perjuicios de otra persona ocasionados por su culpa o negligencia, es necesario alegar y probar la exis-tencia real y positiva de los perjuicios causados.
    Daños y Perjuicios — Libelo—Palabras Libelosas per quod y per se. — Las pa-labras pueden ser libelosas per quod o per se. La distinción se basa en una regla de evidencia. Cuando se reclaman daños y perjuicios por palabras libe-losas per quod, se aplica la regla general expuesta, pero cuando la acción se basa en palabras libelosas per se, entonces los daños generales no tienen que especificarse ni probarse, porque se presume que resultan concluyentemente de ellas.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José C. Rivera y Luis Llo-rens Torres.

    Abogados del apelado: Sres. Victor P. Martines y Leopoldo Feliú.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

José C. Bivera demandó en la Corte de Distrito de Agna-dilla a Víctor P. Martínez alogando que por virtud de ciertas falsas y difamatorias publicaciones, le había perjudicado en su reputación y buena fama, reclamando, por tal concepto, la suma de veinte mil dólares. El demandado excepcionó la de-manda, la contestó negando aquellos beclios que le perjudi-caban, alegó “materia nueva de oposición a la demanda” y reconvino al demandante para que le pagara treinta mil pesos por persecución maliciosa. Las excepciones fueron desesti-madas y celebrada la vista la corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda y sin lugar la reconvención y condenando al demandado a pagar al demandante la suma de un peso, honorarios de abogado en la suma de un peso y las costas del litigio. La apelación que estamos considerando se interpuso por el demandante limitándola en su alegato a la cuantía de los daños y perjuicios.

El demandante aleg-ó en su demanda que era juez de la Corte Municipal de San Sebastián; que el demandado sa-biendo que el demandante desempeñaba dicho cargo y mali-ciosamente tratando de perjudicarle y de privarle de la con-fianza y buena reputación de que gozaba entre los vecinos de dicho pueblo y en tocia la comunidad de Puerto Bico, compuso y publicó una carta dirigida allá por el 28 de enero de 1916 a don Luis Muñoz Bivera, en Washington, Estados Unidos, conteniendo las siguientes palabras que se referían al de-mandante :

“Pliego de cargos contra José 0. Rivera, Juez Municipal de San Sebastián, nombrado a instancia y recomendación - de sú pariente Hon. Luis Llorens, redactor del ‘Juan Bobo’ en San Juan, P. R.
“Io. Es incapaz para el cargo por no estar práctico en la legisla-ción de Puerto Rico y no tener los dos años de residencia que exige la ley. Eso se prueba con las sentencias en que ha intervenido obran-tes en la secretaría de aquella corte.
“2o. Por conducta inmoral, pues solamente se dedica a beber en demasía, corre en automóvil a cabeza descubierta y vende sus sen-tencias por convidadas de bebidas y deferencias particulares.
“3o. Por conducta prostituida con mujeres de mal vivir, yendo a los bailes de ellas en los barrios de ‘Pepinito’ y ‘Guayabal.’
“4o. Por borracheras con escándelo público tomadas en casinos y calles al extremo que en una de ellas perdió un diente artificial.
“5o. Por crapuloso y desenfrenado, pues hace unos días en una comilona con borrachera que tuvieron con Cecilio A. Eeheandía (a) Chilín, Cardé, Méndez y otros idem establecieron que conforme iban comiendo romperían el plato y habiendo comido Chilín lo rompió en la fuente de arroz con pollo por lo que el José C. Rivera se levantó y dijo que no permitía eso pues él era el juez, a lo que respondió Chilín: ‘Aquí no hay juez; aquí lo que hay son borrachos indecentes y Ud. es el primero.’
“6o. Por alterador de la paz pues en un baile en casa de Tito Nieves el José C. Rivera se emborrachó y alteró la paz y el amo de la casa, Tito, lo puso en la calle, para vengarse el José C. Rivera mandó la policía para que suspendieran el baile y la policía no lo suspendió porque se convenció que el único que había alterado la paz era José C. Rivera.
“7o. Porque permitió en casinos y plazas toda clase de juegos prohibidos en cambio de que no le cobraran las bebidas, teniendo la policía que vestirse de paisanos para no sorprender las jugadas. .
“8o. Por violador de menores de edad, pues le compró la hija a Pedro José y se la violó.
“9o. Por encubridor de delitos, pues el 22 de noviembre del año pasado, con otros sujetos fué a casa de un tal Rottari en el barrio de ‘Piedras Blancas,’ en la cual hubo toda clase de bebidas, comidas y juegos prohibidos * * * y a poco resultó que se incendió la casa que estaba asegurada por $1,000 cuya póliza se cobró sin difi-cultad de ninguna clase como puede verse en el periódico el ‘Regional’ número 132, de noviembre 22 de 1915. „
“10°. En casa de Martín Santoni, barrio de ‘Hoya Mala,’ caci-que del barrio, se efectuó otra comilona con juegos prohibidos san-cionados por el dicho José O. Rivera, según puede verse en aquel ‘Regional.’
“11°. En casa de Herminio Méndez, barrio de ‘Pozas,’ se dió otra comilona con juegos prohibidos sancionados por aquél.
“12°. En el'barrio de ‘Perchas’ se dió otra comilona, en casa de Paco Roig, donde también hubieron juegos prohibidos con la sanción de aquél.
“Tal es el pliego de cargos contra el Juez Municipal de San Sebastián, José O. Rivera, que sometemos a la ilustrada considera-ción de Y. TI., a fin de que se digne ordenar una investigación y en definitiva ordenar la destitución del referido juez para bien de la justicia y del Pueblo de Puerto Rico.”

Y alegó además el demandante qne el demandado compuso y público allá por el 21 de febrero de 1916 una carta dirigida a don Miguel de Jesús, Postmaster, San Sebastián, P. R., con-tentiva de unos versos que se refieren a algunos de los hechos imputados al demandante en la carta al Sr. Muñoz Rivera. Los versos se transcriben íntegros en la demanda.

El demandante afirmó que las frases contenidas en ambas cartas eran falsas y difamatorias.

En el acto de la vista el demandado no trató de probar en modo alguno la verdad de las imputaciones. Se limitó a sostener que no era autor de las cartas. Examinando la prueba la corte sentenciadora dijo:

"La corte, después de haber estudiado detenidamente la evidencia introducida y después de haber hecho un estudio cuidadoso de la ley y jurisprudencia aplicable a.las cuestiones envueltas en este liti-gio, ha llegado a las conclusiones que fuera de toda duda razonable, el demandado es el autor de los dos anónimos copiados en la demanda o que a sabiendas los lanzó maliciosamente a los vientos de la publi-cidad con el fin de difamar al demandante, José G. Rivera, Juez Municipal de San Sebastián; que los dichos anónimos no son comu-nicaciones privilegiadas y que son libelosas per se, secciones 2, 4, 5 y 8 de la Ley de Libelo y Calumnia, aprobada el 19 de febrero de 1902.”

No obstante haber llegado a las anteriores conclusiones, la corte estimando que ol demandante no había aportado evi-dencia alguna de los elementos esenciales que agravan los daños inferidos, tales como desprestigio del crédito profesio-nal, pérdida de empleo, propiedad, etc., se limitó a condenar al demandado, como ya liemos dicho, a pagar al, demandante la suma de un peso por tocia indemnización.

El demandante y apelante alega que la corte de distrito erró: 1°., al sostener quo un libelo per se sólo ocasiona daños nominales, y 2°., al decidir que el demandante no probó daños especiales.

1. Examinemos el primer error. El derecho que una persona tiene a reclamar una compensación pecuniaria por los daños y perjuicios que de una manera culpable o negligente le lia inferido otra persona, lia sido siempre reconocido. “Emendar et pechar debe el daño aquel que lo fizo al que lo recibió: et esto le puede seer demandado, quier que lo hobiese fecho por sus manos, o aviniese por su culpa, o fuese fecho por su mandado ó por su consejo, * * *,” dijo en su expresivo lenguaje el Eey Sabio en la ley 3, título 15 de la Partida 7a., y el legislador portorriqueño, siguiendo al legislador español, dispuso en el artículo 1803 del Código Civil revisado que “el que por acción n omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” Para un estudio más amplio de esta materia, véase el caso de Díaz v. San Juan L. & T. C., 17 D. P. R. 69, páginas 73 a 82.

Y es también una regla universalmente reconocida tanto en la jurisprudencia española pomo en la americana que si bien existe el derecho a reclamar en tal caso, para que la reclamación pueda, ser declarada con lugar por una corte de justicia es necesario qu.s se alegue y que se pruebe la exis-tencia real de los perjuicios causados.

Ahora bien, la acción ejercitada por el demandante en este pleito se basa en una ley especial de la Asamblea. Legislativa de Puerto Eico de origen americano, o sea la “Ley para auto-rizar pleitos civiles por daños y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia,” aprobada el 19 de febrero de 1902, (Comp. 1911, p. 348), y la jurisprudencia americana ha reconocido que existe una excepción no -en cuanto a lo fundamental, sino en cuanto a la cuestión de prueba, en casos de esta naturaleza.

En la. obra de Jaggard sobre “Torts,” volumen primero, página 486, se dice:

“El Sr. Townshed ha demostrado que la historia guarda silencio sobre el origen de la acción difamatoria. De conformidad con esto, utiliza la hipótesis como medio para investigar la forma en que la ley protege la reputación, y llega a la conclusión de que la pérdida pecuniaria es la base de la acción. Considera la regla legal de que determinado lenguaje constituye per se y sin otra evidencia prueba concluyente de. una pérdida pecuniaria sólo como una regla de evi-deneia, quedando intacto el principio al efecto de que debe probarse una pérdida pecuniaria para que pueda haber derecho a un remedio.
“ Aplicar esta distinción entre una regla de evidencia y una regla de derecho a toda la ley de daños, sería, sin embargo, revolucionario. No hay razón para añadir aún más excepciones a la ley general. Esa distinción también ignora la importante cuestión de que cuando la ley presume los daños causados por la invasión de un derecho (ya se le llame natural, simple, absoluto o de otro modo), no se permite investigar la naturaleza del daño realmente sufrido. Además, no so exige que tal daño verdadero sea suficiente en cantidad, temporal en carácter, o inmediato en orden de sucesión, en cuanto se refiere al mero derecho a recobrar (no a la cantidad). Esa distinción, por tanto, parecería ser falsa o engañosa. El hecho es que en este punto la ley es eminentemente artificial. Ha determinado para la calumnia cierta clase de palabras y para el libelo otra clase distinta, las cuales son per se causa de acción; esto es, invaden un derecho simple (o absoluto) de reputación. Habiendo prueba de la publicación de las palabras, o en ausencia de toda defensa, el demandante debe reco-brar por lo menos daños nominales. La ley ha determinado, además, que cuando las palabras no están comprendidas en estas clases (calum-niosas o libelosas per se) entonces sólo son causa de acción mediante prueba de haber sufrido el demandante un daño especial. El deman-dante no puede recobrar mediante prueba de la publicación de pala-bras que no sean difamatorias per se, aun en ausencia de 'toda de-fensa, a menos que demuestre que ha sufrido un daño que llena las condiciones fijadas por las reglas generales.”

Aun euando se trataba ele un caso distinto ya que se dió a la comunicación libelosa el carácter de privilegiada de acuerdo con la misma ley, puede verse que esta corte desde liaee tiempo, en el caso de Quiñones v. J. T. Silva Banking and Commercial Co., 16 D. P. R. 696, 702, reconoció que “cuando el escrito es difamatorio per se y no hay privilegio a, favor del demandado, con esto le basta al demandante para tener de-recho a recibir a lo menos daños nominales, sin que tenga que probarlos especialmente. ’ ’

Nos parece oportuno citar además la jurisprudencia de Louisiana, ya que en dicho Estado, basándose en una ley fundamental igual a la antigua ley nuestra, se va al parecer aún más lejos. Yéase lo que dice el mismo profesor Jaggard en su dicha obra, tomo 1, pág. 487:

"Louisiana, libertada de muchas de las trabas del derecho común, y derivando su inspiración en gran parte del derecho civil, tiene un buen ejemplo de la regla natural sobre la difamación de personas. Su código- (art. 2315 del Código Civil, 1889), dispone que ‘cualquier acto de un hombre que causa daño a otro obliga a aquél por cuya culpa sucedió, a repararlo.’ ‘Las cortes de ese Estado’ dijo el Juez Fenner en el caso de Spotorno v. Fourichon, 40 La. Ann. 423, 4 South 71, ‘no están restringidas por las distinciones técnicas que hace el derecho común de palabras accionables y no accionables per se, con-cediendo cuando se trata de estas últimas sólo daños pecuniarios especialmente probados.’ Si las imputaciones son falsas, injuriosas y hechas maliciosamente o mala ammo, contienen todos los elementos esenciales en que descansa la acción. Tanto el daño y el iDerjuieio como la malicia pueden inferirse de la naturaleza y falsedad de las palabras, y de las circunstancias en que fueron pronunciadas, sin necesidad de prueba especial.” * * !*

Y por último, como un resumen claro de la ley sobre la materia, transcribiremos lo que aparece en el tomo 17, página 264, de Ruling Case Law :

‘‘Las- imputaciones son injuriosas per se o per quod. Las pala-bras pueden ser libelosas per se, o pueden dar lugar a una acción si se alega y se prueba'un daño especial; esto es, si son libelosas per quod. La distinción se basa en una regla de evidencia. Las pala-bras de ambas clases dan lugar a la acción respectiva por los mismos motivos y por las mismas razones. La cualidad nociva en las dos clases de palabras estriba en el hecho de que ellas son las causas natu-rales y próximas del daño pecuniario a las personas respecto de las cuales han sido publicadas maliciosamente. La diferencia entre unas y otras está en la materia de prueba de la injuria resultante. En los casos basados en palabras injuriosas per se su carácter injurioso es un hecho de notoriedad común, establecido por el consentimiento general de los hombres, y la corte por consiguiente toma conocimiento judicial del mismo. Ellas implican necesariamente daños, y por tanto, en tales casos los daños generales no tienen que alegarse ni probarse porque se presumen resultar concluyentemente, y un daño especial no tiene que demostrarse para sostener la acción.”

Si nos detenemos un momento tan sólo en el examen de los lieclios de este caso concreto, encontraremos en verdad justificada la “regla de evidencia” admitida por las cortes americanas. Son tan tremendamente injuriosas las imputa-ciones hedías por el demandado al demandante, que sería des-conocer la naturaleza humana si se concluyera que con su pu-blicación no se ocasionaron perjuicios.

No está bien clara la teoría de la corte inferior. Parece que ella aceptó la jurisprudencia y se limitó a fijar como in-demnización la cantidad nominal de un peso. Pero este caso requería algo más.

El libelo fué repetido, revelando este hecho la actitud per-sistente del demandado. Si el demandado hubiese probado en el acto de la vista siquiera alguno de los cargos, surgiría tal vez ante la conciencia judicial la figura de un ciudadano que se indignó ante el proceder incorrecto o criminal de un funcionario y fué más lejos de lo que debiera en su indigna-ción. Pero aquí no surge esa figura, sino la de un demandado que después de lanzar contra el demandante las más tre-mendas imputaciones en cartas anónimas y cuando se le presenta una amplia oportunidad de probarlas, si es que eran ciertas, se limita o sostener que no fué él quien las hizo, lina actitud semejante debe producir como lógica consecuencia una responsabilidad mayor que la impuesta al demandado por la sentencia recurrida.

2. Pero hay más, analizando el segundo error, es necesario concluir que hubo prueba de actos de los cuales se desprendo que la reputación del demandante se puso en tela de juicio y sufrió por virtud de la.acción del demandado. Declarando bajo juramento el testigo Andrés Méndez Liciaga, páginas 37 y 38 de la transcripción, se expresó así:

“Que de estos exhibits se enteraron, leyéndolos otros socios del casino, quienes estaban presentes y que allí se habló de esos exhibits largo rato, tratándose de los cargos hechos contra el juez Eivera y haciéndose, desde luego, los correspondientes comentarios contra el juez José C. Eivera, al extremo que el declarante tuvo que intervenir y defender la conducta observada por el juez José C. Eivera; que allí también se habló y comentó de igual modo con respecto a los versos del exhibit No. 9,, y que con motivo de esos versos y cargos se tomó allí una actitud contra el juez, consistente en no aceptar el Comité Unionista en pleno la solicitud que había hecho de la plaza de Juez Municipal de San Sebastián el Ledo. José C. Rivera, hasta tanto no se ventilasen los cargos contra él contenidos en los exhibits de referencia; que el declarante podía declarar sobre el extremo pro-cedente porque es un político entusiasta y se le atiende y considera debidamente dentro de su partido en la localidad allí; y que recuerda que eso fué en mayo de 1916, cuando las convenciones unionistas.”

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe decla-rarse con lugar el recurso establecido por el demandante y en su consecuencia debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de que el demandado sea condenado por ella a pagar al demandante la suma de tres mil pesos, los honorarios de abogado y las costas del litigio.

Declarado con lugar el recurso del demandante y modificada la sentencia apelada en el sen-tido de que el demandado sea condenado por ella, a pagar al demandante la suma de tres mil pesos, los honorarios de ahogado y las costas del litigio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.