author: Juez Presidente Señor Hernández Denton, al que se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

text:
      In re Enmienda al Canon 15 de Ética Judicial y Establecimiento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales Celebrados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan.

      Número: ER-2013-1

      Resuelto: 19 de abril de 2013
   RESOLUCIÓN

En virtud de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003 (4 LPRA see. 24 et seq.), este Tribunal tiene la responsabilidad de adoptar e implantar cánones de ética judicial que rijan la conducta de los jueces y las juezas de Puerto Rico.

En el 2005 este Tribunal aprobó unos nuevos Cánones de Ética Judicial en los que se reafirmaron los principios que constituyen la base de las normas éticas. En esa ocasión, optamos por dejar inalterado el entonces Canon XVIII de 1977, ahora Canon 15 (4 LPRAAp. IV-B), Solemnidad de los procedimientos; fotografías, películas, grabación o reproducción. Este precepto ético, en esencia, impone a los jueces y a las juezas el deber de mantener el proceso judicial en un ambiente inalterable de solemnidad y respeto. Dicho canon, además, prohíbe la toma de fotografías y las grabaciones de video o de audio, así como la difusión de los procesos judiciales por radio o televisión, excepto en ocasiones ceremoniales o para propósitos educativos.

No obstante, al aprobar dicho canon reconocimos la importancia y la necesidad de reexaminar esa normativa con mayor detenimiento debido a las implicaciones de índole constitucional.

Con ese propósito, y ante los reclamos de los medios audiovisuales de comunicación a un acceso a los procesos judiciales, encomendamos al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial a que actualizara la información sobre la cobertura electrónica y toma de fotografías por la prensa en los procesos judiciales de otras jurisdicciones.

Oportunamente, el Secretariado sometió el Informe sobre el uso de cámaras fotográficas y equipo audiovisual de difusión para cubrir los procedimientos judiciales en Puerto Rico. De este informe surge que en las diversas jurisdicciones existe una regulación bien variada que autoriza distintos niveles de cobertura y de acceso a los procesos judiciales, y que, en su mayoría, comenzaron de forma experimental.

Evaluados los hallazgos y las recomendaciones de dicho informe, así como los comentarios y las recomendaciones de distintos sectores de la comunidad, incluyendo la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club of Puerto Rico, la Asociación de Fotoperiodistas y el Taller de Fotoperiodismo, y para acercar cada vez más nuestro sistema de justicia a los más altos valores y niveles de transparencia, de fomentar la confianza del pueblo en su Judicatura y de garantizar el acceso de la ciudadanía a esta, se deroga el Canon 15 vigente y se aprueba un nuevo Canon 15 de Ética Judicial, que dispondrá lo siguiente:

Canon 15. Solemnidad de los procedimientos; fotografías, video, grabación y transmisión
Las juezas y los jueces mantendrán el proceso judicial en un ambiente de solemnidad y respeto.
Se podrá tomar fotografías o video en el salón del tribunal durante la celebración de sesiones judiciales o recesos y radiodifundir o televisar los procedimientos judiciales, solamente según lo autorice el Tribunal Supremo mediante una orden, regla o norma. Estas garantizarán el acceso del público a los procedimientos judiciales sin que se afecte el logro de un juicio justo e imparcial, sin interrumpir el proceso judicial y sin menoscabar la sana administración de la justicia.
Se podrá permitir la toma de fotografías o video en ocasiones estrictamente ceremoniales.
Se permitirá el uso oficial de equipo o grabadoras autorizadas por la Oficina de Administración de los Tribunales y el uso de grabadoras o equipo similar por las abogadas y los abogados de las partes.
Además, se podrá permitir el uso de computadoras portátiles, teléfonos celulares, tabletas, entre otros dispositivos electrónicos o equipo similar, para recopilar y transmitir información escrita a través de Internet, siempre que no interfiera con el proceso judicial, su operación sea silenciosa y discreta y no se utilicen para fotografiar, grabar imágenes o audio, radiodifundir ni televisar. No obstante lo anterior, el juez o la jueza podrá restringir o limitar la transmisión en directo de lo que acontece durante el proceso judicial si determina que afectará el logro de un juicio justo e imparcial o la sana administración de la justicia.

La enmienda a los Cánones de Ética Judicial que hoy adoptamos mediante esta Resolución toma en consideración que los instrumentos tradicionales de recopilación de información se están sustituyendo por otras herramientas especializadas con mayor agilidad y eficacia. Por ello, se autoriza el uso de computadoras portátiles, teléfonos celulares y tabletas, entre otros dispositivos electrónicos o equipo similar, para recopilar información sobre lo que acontece durante el proceso judicial. Estos equipos o dispositivos no podrán utilizarse para fotografiar, grabar imágenes o audio ni para transmitir los procesos judiciales.

Asimismo, considerando que el uso de Internet como herramienta de comunicación masiva, especialmente a través de los periódicos digitales, los blogs y las redes sociales, es la vía más eficiente para transmitir información de forma rápida al público, se autoriza el uso de los dispositivos electrónicos antes mencionados para transmitir a través de Internet información relacionada con el proceso judicial que se presencie. La información que se autoriza transmitir es aquella que se puede plasmar a través de la escritura y no mediante imágenes o sonidos.

Toda persona deberá actuar responsablemente al difundir información de un proceso judicial, por lo que deberá asegurarse que la información que divulgue concuerde fielmente con la realidad de lo ocurrido en el proceso judicial. El juez o la jueza podrá limitar o restringir la utilización de equipo para la transmisión de información relacionada con el proceso judicial si determina que afectará el logro de un juicio imparcial o la sana administración de la justicia.

Por otra parte, al amparo de lo dispuesto en el Canon 15, supra, autorizamos el Programa experimental para el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos Judiciales celebrados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Para establecer el ordenamiento que gobernará este programa experimental, aprobamos el Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales, el cual se hace formar parte integral de esta Resolución.

El Reglamento dispone las reglas que regirán la petición, la autorización por el juez o la jueza, los parámetros y las restricciones de la cobertura electrónica, la elección del personal autorizado para fotografiar y grabar el proceso, así como el equipo técnico a utilizar y la conducta que quienes representan los medios de comunicación deberán observar durante el programa experimental, entre otros asuntos.

Al concluir un año desde que entre en vigor el programa experimental, el Tribunal hará una evaluación exhaustiva de la efectividad del uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales que se celebren en dichas salas. Al llevar a cabo dicha evaluación se garantizará la participación de todos los sectores interesados, incluyendo la Judicatura, los abogados y las bogadas, el Ministerio Público y los medios de comunicación.

El nuevo Canon 15 de Ética Judicial entrará en vigor inmediatamente. El Reglamento comenzará a regir el 1 de julio de 2013.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto de conformidad, al cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta. El Juez Asociado Señor Rivera García “condiciona su voto de conformidad a esta Resolución ya que su aplicación es exclusiva para el Programa Experimental en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan y por el término de un año. En la eventualidad de que se considere extender o ampliar el programa a otras salas, se reserva el derecho de modificar su voto, si tal decisión incide sobre derechos constitucionales que cobijan a la ciudadanía”. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto de conformidad.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

REGLAMENTO DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA EL USO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE EQUIPO AUDIOVISUAL DE DIFUSIÓN POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS JUDICIALES

Regla 1. Título

Este Reglamento se conocerá como Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales.

Regla 2. Base legal

Este Reglamento se adopta conforme a la autoridad que concede la Sección 7 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Tribunal Supremo para adoptar reglas para la administración de los tribunales y al Canon 15 de Ética Judicial de Puerto Rico, según enmendado.

Regla 3. Aplicación

Este Reglamento autoriza, como proyecto experimental, la cobertura electrónica de los procesos judiciales mediante la toma de fotografías y la grabación de audio e imágenes, y su reproducción y difusión por los medios de comunicación. Regirá únicamente en los procesos judiciales celebrados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan.

Regla 4. Definiciones

Los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

(a) Cámaras fotográficas y equipo audiovisual de difusión—incluye cualquier tipo de cámara fotográfica, cámara de televisión, grabadora de video o imagen, grabadora de audio, entre otros de igual naturaleza y para propósitos de grabación, transmisión, reproducción, difusión o toma de fotografías. Incluye todo tipo de accesorio como cables, micrófonos, trípodes y otros similares.

(b) Cobertura electrónica—comprende la obtención de información del proceso judicial mediante la captación de imágenes o de audio por cámaras fotográficas y equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación. Incluye la toma de fotografías, la grabación, la reproducción y la difusión de los procesos judiciales.

(c) Difusión del proceso—proceso de divulgación o propagación de cualquier grabación de imagen, grabación de audio, fotografía o información de los eventos que acontecen en el proceso judicial. Incluye la reproducción a través del uso de cámaras de televisión y ondas radiales, entre otros medios de telecomunicación.

(d) Equipo electrónico adicional—incluye computadoras portátiles (laptops), teléfonos inteligentes (smartphones) y tabletas (tablets), entre otros aparatos electrónicos o equipos similares utilizados por los medios de comunicación en sustitución de las herramientas tradicionales para recopilar información.

(e) Funcionaría Designada o Funcionario Designado— persona elegida por el juez o la jueza que preside el proceso para que actúe como representante del tribunal, coordine la difusión del proceso judicial junto con los quienes representantes de los medios de comunicación y facilite el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento.

(f) Jueza o Juez que preside el proceso—el juez o la jueza del tribunal de primera instancia ante quien se ventila el proceso judicial que se pretende difundir.

(g) Medios de comunicación—toda aquella persona, organización o entidad cuya función sea obtener noticias para informar al público, ya sea de forma escrita, oral, visual o gráfica. Incluye agencias de noticias, diarios y semanarios de circulación nacional, estaciones de radio y televisión, prensa regional, revistas y prensa especializada e Internet.

(h) Partes—las personas litigantes nombradas en el ex-pediente del caso.

(i) Participante del proceso—todas las partes, los abogados y las abogadas, las personas testigos y las personas peritas, el personal del tribunal y el juez o la jueza que estén presentes mientras se desarrolla el proceso judicial.

(j) Proceso judicial—comprende, sin limitarse a, la celebración de vistas de estado de los procedimientos, vistas argumentativas, conferencias con antelación al juicio y vistas en su fondo de aquellos asuntos y recursos en materia civil asignados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan.

(k) Representante de los medios de comunicación— persona autorizada para tomar fotografías o grabar el proceso judicial y que representa uno de los medios de difusión siguientes: televisión, prensa digital (Internet) y prensa escrita.

(Z) Representante de los medios de comunicación designado—representante de los medios de comunicación, escogido preferiblemente mediante consenso por los distintos medios de comunicación peticionarios, que ejerce como en-lace entre el tribunal y los medios de comunicación a quienes representa.

Regla 5. Principios generales

(a) La jueza o el juez que preside el proceso permitirá la cobertura electrónica de los procesos judiciales ante su consideración siempre que los medios de comunicación cum-plan satisfactoriamente con las disposiciones contenidas en este Reglamento.

(b) El juez o la jueza que preside el proceso mantendrá la discreción para revocar la autorización concedida o limitar, restringir o prohibir la cobertura electrónica del proceso judicial ante su consideración.

(c) Los medios de comunicación observarán en el salón de sesiones una conducta apropiada de manera que prevalezca en el tribunal un ambiente de decoro y solemnidad, sin distraer a los participantes del proceso ni obstaculizar el logro de un juicio justo e imparcial.

(d) Este Reglamento no limita ni restringe la autoridad del juez o de la jueza que preside el proceso para dirigirlo, manejar los procedimientos que tiene ante su consideración y determinar que se ha incumplido con alguna de las disposiciones contenidas en este Reglamento.

(e) Nada de lo dispuesto en este Reglamento restringirá de forma alguna los derechos que al presente gocen los medios de comunicación para informar sobre los procesos judiciales.

(f) Nada de lo dispuesto en este Reglamento varía o modifica de forma alguna las disposiciones de los cánones del Código de Etica Profesional y su interpretación jurisprudencial; en particular, aquellas relacionadas con la conducta del abogado o de la abogada respecto a la publicidad de casos pendientes.

(g) No se aplazará ni suspenderá ningún procedimiento con el único propósito de permitir que los medios de comunicación cubran el proceso judicial haciendo uso de los privilegios concedidos por este Reglamento.

(h) La presencia de los medios de comunicación en un proceso judicial no afectará de modo alguno la determinación judicial que realice el juez o la jueza que preside el proceso ante una moción de suspensión, de trasferencia de vista o de traslado del caso que legítimamente haga una parte o su representante legal.

(i) Los privilegios concedidos en este Reglamento no se extienden a las partes ni a sus representantes legales, ex-cepto el uso de grabadoras de audio o de equipo similar por las abogadas o los abogados para fines de representación legal. Las disposiciones bajo este Reglamento no aplican en ocasiones estrictamente ceremoniales.

Regla 6. Petición

(a) Todo medio de comunicación que interese tomar fotografías o grabar imágenes y audio con el propósito de difundir un proceso judicial deberá presentar una petición por escrito para utilizar cámaras fotográficas o equipo audiovisual de difusión dentro del salón del tribunal. Dicha petición se completará en el formulario provisto para ello y se presentará en la Secretaría del Centro Judicial de San Juan por lo menos diez días antes de la fecha asignada en el calendario para el inicio del proceso o tan pronto advenga en conocimiento del mismo. El tribunal podrá aceptar peticiones luego de iniciado el proceso o las que no cum-plan con dicho término si determina que existe causa justificada.

(b) La Secretaria o el Secretario del Tribunal notificará a las partes involucradas en el proceso el mismo día de la presentación de la petición y la llevará inmediatamente a la atención de la jueza o del juez que presidirá el proceso judicial. A menos que la jueza o el juez ordene lo contrario, la notificación de la petición a las partes se efectuará mediante fax o por correo electrónico.

(c) La petición deberá dirigirse al juez o a la jueza que presidirá el proceso y deberá incluir la información siguiente;

(1) El nombre del procedimiento y la fecha y hora de inicio.

(2) El número de caso.

(3) La cantidad y el tipo de cámara fotográfica y de equipo audiovisual de difusión que interesa utilizarse, incluyendo cualquier aparato o dispositivo análogo, digital o electrónico complementario o necesario.

Regla 7. Autorización

(a) En ningún proceso judicial se permitirá el uso de cámaras fotográficas o de equipo audiovisual de difusión a menos que la jueza o el juez que presida el proceso judicial, en el ejercicio de su discreción, lo autorice por escrito. La autorización se notificará mediante fax o por correo electrónico a todas las partes de la acción judicial.

(b) Cualquiera de las partes podrá presentar una objeción a la petición presentada por cualquier medio de comunicación con por lo menos cinco días de anticipación a la fecha asignada en calendario para el inicio del proceso o tan pronto advenga en conocimiento de la petición. La objeción podrá ser notificada al tribunal mediante fax o por correo electrónico. El tribunal podrá aceptar las objeciones luego de expirado dicho término si determina que existe justa causa para ello. El juez o la jueza resolverá tales objeciones en cualquier momento antes del inicio del proceso judicial y tomará en consideración aquellos obstáculos que razonablemente impidan el logro de un juicio justo e imparcial.

(c) La autorización o la denegación de la petición está sujeta a reconsideración. La determinación judicial que autorice o deniegue la petición no es revisable.

(d) Si se autoriza la cobertura electrónica de un proceso judicial cuando uno o más medios de comunicación ha sometido una petición conforme este Reglamento, el juez o la jueza remitirá la petición o las peticiones a una funcionaría o un funcionario del tribunal para que cumpla con las disposiciones contenidas en la Regla 11 y sirva de enlace con los medios de comunicación, de modo que puedan establecer acuerdos que cumplan con las especificaciones de la Regla 10 de este Reglamento.

Regla 8. Restricciones

(a) La cobertura electrónica mediante el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión estará prohibida en todo procedimiento de naturaleza confidencial, según establecido por ley o así dispuesto por una or-den judicial.

(b) La cobertura electrónica de un proceso judicial, de porciones de este o del testimonio de una parte, una persona testigo o una persona perita puede prohibirse, concluirse o limitarse motu proprio por la jueza o el juez que preside el proceso o a instancia de parte. La jueza o el juez efectuará su determinación tomando en consideración el interés de la justicia en proteger los derechos de las partes y de las personas testigos, y para preservar el orden y la buena conducta que debe imperar en el proceso judicial.

(c) El juez o la jueza podrá ordenar en cualquier momento a los medios de comunicación que suspendan el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión, o podrá conducir el procedimiento en cámara, para evitar la difusión de la presentación en evidencia de cualquier documento o testimonio de naturaleza confidencial o sensitiva.

(d) No se autorizará la cobertura electrónica de los procedimientos celebrados en cámara.

(e) Solo se permitirá la transmisión en vivo o en directo de cualquier etapa de las vistas del proceso judicial o sus recesos por radio, televisión e Internet o por algún medio de transmisión análogo mediante la autorización expresa del tribunal, previa solicitud específica al respecto y siempre que no se afecten los procedimientos, los derechos de las partes ni el acceso del público y de las funcionarías o de los funcionarios a la sede del tribunal.

(f) No se permitirá realizar entrevistas para la difusión ni tomar fotografías en los pasillos adyacentes a la entrada del salón donde se lleva a cabo el procedimiento o donde se efectúen otros procesos judiciales. Solo se permitirán en las áreas designadas para ello, que deben ser áreas retiradas de las entradas a los salones del tribunal (por ejemplo, en áreas cercanas a los elevadores o al final de los pasillos), ello en conformidad con el Protocolo para facilitar el acceso de la prensa a los Tribunales de Puerto Rico y el acceso a la información sobre los procesos judiciales, vigente desde el 29 de junio de 2006.

(g) Estará prohibido tomar fotografías o grabar imágenes a través de las ventanillas o puertas abiertas del salón.

Regla 9. Conferencia de abogadas y abogadas; materiales

Para proteger el privilegio abogado-cliente y el derecho de las partes a recibir una representación legal en forma efectiva, no se permitirá la toma de fotografías ni grabar o difundir imágenes o audio durante los recesos ni durante las conferencias que se efectúen en el salón o en cámara, entre la representación legal de las partes, entre las abogadas o los abogados y sus clientes, entre los representantes legales de un mismo cliente o entre la abogada o el abogado y la jueza o el juez en el estrado. Tampoco estará permitido tomar video o fotos de los materiales o los documentos localizados en las mesas de dichas abogadas o dichos abogados.

Regla 10. Conducta y tecnología

(a) Equipo técnico y personal

(1) En el salón del tribunal se permitirá:

(i) Una (1) cámara de televisión o de grabación de imagen portátil (con trípode) operada por un (1) camarógrafo. Se podrá permitir más de una cámara de televisión o de grabación de imagen a discreción de la jueza o del juez que preside el proceso.

(ii) Dos fotógrafos con una (1) cámara fotográfica fija (con trípode) cada uno con no más de dos lentes por cada cámara. Podrán admitirse más de dos fotógrafos con el mismo equipo, a discreción de la jueza o del juez que preside el proceso.

(2) En el caso de grabaciones de imágenes con audio, solo se permitirá el uso de un sistema de audio, preferiblemente el sistema que al momento del proceso exista en el salón del tribunal. Si este resulta inadecuado, será responsabilidad de los medios de comunicación instalar los micrófonos y el alambrado necesario en los lugares que asigne el juez o la jueza o la funcionaria designada o el funcionario designado antes de comenzar al proceso judicial. Ninguna grabación se transmitirá en directo o en vivo.

La instalación del equipo técnico o del sistema de audio no debe interrupir, molestar u obstruir los procesos, por lo que debe ser aprobada por el juez o la jueza o por la funcionaria designada o el funcionario designado previo al comienzo del proceso judicial. Para ello se coordinará con suficiente anticipación con la funcionaria designada o el funcionario designado como enlace. La instalación de este equipo no puede interferir con los horarios de vista en los tribunales ni con la hora señalada para el inicio de los procedimientos.

Los medios de comunicación interesados en difundir el procedimiento sufragarán los gastos en que se incurra en la instalación del equipo técnico o del sistema de audio.

(3) Se permitirá el uso de grabadoras de audio portátiles en el salón del tribunal sujeto a que su operación sea discreta y silenciosa. Los medios de comunicación deberán solicitar una autorización conforme la Regla 6 de este Reglamento. Aun cuando no se autorice la cobertura electrónica del proceso mediante cámaras fotográficas o equipo audiovisual de difusión, el juez o la jueza, en el ejercicio de su discreción, podrá autorizar a que se grabe el audio durante la celebración del proceso judicial sin una notificación previa a las partes en el proceso. El juez o la jueza mantiene la discreción para restringir o prohibir el uso de grabadoras de audio portátiles en los casos en que también restrinja o prohíba la cobertura electrónica por otros medios.

(4) Los medios de comunicación no deberán perturbar o interrumpir el proceso judicial cuando experimenten problemas técnicos. El ajuste o la reparación del equipo técnico debe postergarse hasta que la jueza o el juez decrete un receso.

(b) Criterios sobre luz y sonido

(1) Los representantes de los medios de comunicación solo utilizarán cámaras fotográficas y equipo audiovisual de difusión que no produzcan luz o sonido. Ningún equipo podrá usar ningún dispositivo o aparato artificial de iluminación.

(2) Las cámaras fotográficas estarán programadas para operarse de manera silenciosa, incluyendo la emisión del típico sonido “click” que las caracteriza.

(3) Será un deber afirmativo de los representantes de los medios de comunicación demostrar a la jueza o al juez, o a la funcionaría designada o al funcionario designado, previo a cualquier proceso judicial, que el equipo que se utilizará cumple con los criterios de luz y sonido enunciados anteriormente. La omisión de obtener tal aprobación impedirá el uso del equipo durante la celebración del proceso judicial. La jueza o el juez tendrá discreción para restringir durante el proceso judicial la utilización de cualquier equipo que, por su naturaleza, considere perturbador.

(4) Los medios de comunicación deberán permanecer en silencio durante el proceso judicial. Deberán abstenerse de hacer comentarios o preguntas durante el proceso judicial.

(c) Ubicación de los representantes de los medios

(1) Los representantes de los medios de comunicación y el equipo técnico que se utilizará para la cobertura electrónica del proceso judicial se ubicarán en el lugar o en los lugares asignados por el juez o la jueza que preside el proceso o por la funcionaría designada o el funcionario designado. Las áreas determinadas deberán proveer un acceso razonable para la captación de las imágenes del proceso judicial, por lo que se dispone que, siempre que áreas distantes en el salón permitan un acceso razonable, se ubicará el equipo y el personal de los medios en ese lugar. Todo equipo que no sea parte del equipo autorizado deberá localizarse fuera del salón del tribunal, excepto que el juez o la jueza que preside el proceso lo permita. Todo el equipo debe estar en el lugar asignado y listo para funcionar con no menos de quince minutos de antelación al inicio del proceso judicial.

(2) Los representantes de los medios de comunicación deberán ubicarse en el lugar que se les haya asignado. Una vez allí, será deber de los representantes de los medios actuar de forma tal que no llamen la atención ni por sí mismos ni por las actividades que realicen. Estos deberán seguir las mismas normas de vestimenta que se exige al público en el tribunal.

(d) Movimiento durante el procedimiento

Todo equipo se colocará o removerá del salón del tribunal cada día antes de comenzar los procedimientos, durante los recesos o después de la suspensión del proceso judicial. No se permitirá instalar o cambiar dispositivos o aditamentos (tales como lentes, tarjetas de memoria, rollos fotográficos, baterías) dentro del salón del tribunal, ex-cepto durante los recesos del proceso.

Los medios de comunicación no deberán moverse a través del salón para tomar fotografías, hacer tomas de vídeo o grabaciones de imagen o audio mientras se desarrolle el proceso judicial ni durante los recesos. Los fotógrafos y camarógrafos podrá retirarse del salón del tribunal mientras se efectúe el proceso judicial, pero deberá aguardar hasta el receso para retirar las cámaras fotográficas fijas y las cámaras de televisión o de grabación de imagen.

(e) Utilización de luz adicional

Se modificará el alumbrado del salón del tribunal solo con la aprobación de la jueza o del juez que preside el proceso. Tales modificaciones, de ser autorizadas, se instalarán, mantendrán o removerán sin que se incurra en gastos públicos. Será responsabilidad de los medios de comunicación interesados sufragar todo gasto en el que se incurra como resultado de dichas modificaciones.

(f) Equipo electrónico adicional para recopilar y transmitir información

Se permitirá el uso de equipo electrónico adicional, tales como computadoras portátiles (laptops), teléfonos inteligentes (smartphones), tabletas (tablets), entre otros aparatos electrónicos o equipos similares, en sustitución de las herramientas tradicionales para recopilar la información sobre lo que sucede en el salón del tribunal, siempre que su operación sea discreta y silenciosa.

Aun cuando no se autorice la cobertura electrónica del proceso mediante cámaras fotográficas o equipo audiovisual de difusión, la jueza o el juez, en el ejercicio de su discreción, podrá autorizar el uso de equipo electrónico adicional para transmitir información a través de las redes sociales o cualquier blog en vivo, sin notificar previamente a las partes en el proceso.

No se permitirá grabar imágenes, audio o tomar fotografías mediante el uso de equipo electrónico adicional. La jueza o el juez mantendrá su discreción para restringir o prohibir el uso de equipo electrónico adicional en los casos en que también restrinja o prohíba la cobertura electrónica por otros medios.

Regla 11. Grupo designado y acuerdos entre los medios de comunicación

(a) Enlace

El juez o la jueza que preside el proceso judicial designará un funcionario o una funcionaria que actúe como representante del tribunal, quien, junto con los medios de comunicación que hayan presentado una petición bajo la Regla 6 de este Reglamento, coordinará todo asunto respecto a la difusión de los procedimientos.

Cuando lo estime necesario, el funcionario designado o la funcionaria designada podrá solicitar a los medios de comunicación que elijan un o una representante, preferiblemente mediante consenso, que sirva de enlace con el tribunal para asegurar todo lo relacionado con el fiel cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento. En tales casos, este o esta representante de los medios de comunicación será responsable de cumplir con las limitaciones de equipo y de personal que este Reglamento exige.

(b) Grupo designado

La funcionaria designada o el funcionario designado deberá seleccionar los o las representantes de los medios de comunicación que comprenderán el grupo designado para tomar fotografías y grabar el proceso judicial. A menos que la jueza o el juez determine lo contrario, el grupo designado se constituirá de un máximo de tres personas quienes representarán los medios de difusión siguientes: televisión, prensa digital (Internet) y prensa escrita. Cada uno de los o las representantes de los medios de comunicación será responsable de cumplir con las disposiciones contenidas en este Reglamento. Asimismo, podrá ser sustituido por la empresa o la organización mediática a la que representan, previa notificación a la funcionaría designada o al funcionario designado.

El orden de llegada de las peticiones se utilizará como criterio para la designación, tomando en consideración la hora y la fecha de presentación del formulario en la Secretaría del Centro Judicial, a menos que los medios de comunicación lleguen a un acuerdo a satisfacción del tribunal. La funcionaría designada o el funcionario designado podrá tomar en consideración otros criterios establecidos mediante directrices o reglamentación.

Los medios de comunicación que no hayan sido seleccionados para formar parte del grupo designado no podrán utilizar equipo técnico alguno para fotografiar o grabar imágenes ni podrán ingresar equipo técnico dentro del salón del tribunal.

No se admitirá en el grupo designado a más de un representante por empresa u organización mediática matriz, incluyendo sus subsidiarias, dependencias o corporaciones procedentes, a menos que los medios de comunicación lleguen a un acuerdo a satisfacción del tribunal.

Cada uno de los o las representantes del grupo designado deberá asegurar que el equipo técnico que utilizará para la cobertura electrónica tiene capacidad para reproducir las imágenes y el audio captado, de manera que otros medios de comunicación interesados puedan obtener a través de ese equipo las imágenes y el audio del proceso judicial sin que dichos otros representantes tengan que requerir una autorización al juez o la jueza que preside el proceso. Entiéndase, que los o las representantes del grupo designado, inmediatamente después de finalizar la captación de imágenes o audio, estarán obligados u obligadas a poner a la disposición el equipo utilizado para que otros medios de comunicación que lo soliciten puedan grabar o captar las imágenes y el audio del proceso judicial.

En casos de alto interés público o de gran notoriedad, en los que se presenta una cantidad numerosa de peticiones, el funcionario designado o la funcionaría designada podrá convocar una reunión con los medios de comunicación peticionarios con el propósito de alcanzar acuerdos que permitan una difusión más extensa del proceso.

(c) Dilucidación de controversias

Ni el juez o la jueza que preside el proceso judicial ni el funcionario designado o la funcionaría designada intervendrán como mediadores o mediadoras en caso de surgir disputas relacionadas con acuerdos entre los medios de comunicación. En ausencia de un acuerdo, el juez o la jueza excluirá del proceso judicial a los medios de comunicación que se encuentren en disputa.

Regla 12. Regulaciones y medidas adicionales

Se autoriza a la Directora Administrativa o al Director Administrativo de los Tribunales a emitir cualquier directriz administrativa que sea necesaria para el mejor funcionamiento del programa experimental establecido mediante este Reglamento e implantar cualquier medida u orden administrativa para cumplir con las disposiciones contenidas en este.

Regla 13. Asuntos no previstos

El juez o la jueza que preside el proceso judicial resolverá, según su sana discreción, cualquier aspecto no previsto por este Reglamento y que sea objeto de controversia y adoptará cualquier medida necesaria y no prevista por este Reglamento.

Regla 14. Uso permisible del material grabado

Ninguna cinta magnetofónica, video, fotografía o grabación de imágenes o audio adquirida según estas reglas se admitirá en evidencia en cualquier otro procedimiento que surja o en cualquier procedimiento colateral, así como tampoco en la revisión o apelación de tales procedimientos.

Regla 15. Vigencia

Estas reglas comenzarán a regir el 1 de julio de 2013.

Voto de conformidad emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton, al que se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

La visión de la Rama Judicial es ser accesible a toda persona, diligente en la adjudicación de los asuntos, sensible a los problemas sociales, innovadora en la prestación de los servicios, comprometida con la excelencia administrativa y con su capital humano, y acreedora de la confianza del Pueblo. Véase Plan Estratégico de la Rama Judicial de Puerto Rico 2012-2015: Justicia y Servicio.

Precisamente, con la aprobación de las enmiendas al Canon 15 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y el establecimiento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales, en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan, constatamos cómo esta visión etérea se convierte en una realidad concreta. Por eso, como Juez Presidente y administrador de esta Rama de Gobierno, me place expresar mi conformidad con esta Resolución.

Las normas contenidas en el Canon 15 de Ética Judicial, supra, han permanecido prácticamente intactas desde la aprobación del primer código ético en 1957. Esto ha provocado que, en aras de mantener la solemnidad y el respeto dentro de las salas de los tribunales, se prohíba la presencia de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual, excepto en ocasiones estrictamente ceremoniales o cuando la reproducción de los procedimientos tuviese un fin educativo. Por lo tanto, existía un impedimento para la implementación de un programa experimental que nos permitiera recopilar información sobre los efectos de la presencia de los medios de comunicación en el desarrollo de los procesos judiciales, a pesar de los reclamos de diferentes sectores. También se mantenía una veda al uso de las herramientas tecnológicas que se han convertido en esenciales al trabajo de los medios de comunicación.

Hoy ese impedimento deja de existir y se implanta un programa experimental que nos permitirá delinear responsablemente una política institucional sobre el uso de las cámaras fotográficas y de equipo audiovisual en los tribunales. También se reconoce la tecnología actual como herramienta para difundir información y se autoriza el uso de computadoras portátiles, teléfonos celulares, tabletas y otros aparatos para recopilar y transmitir información escrita. Esto último aplicaría a todas las salas de los tribunales del país.

De esta forma, avanzamos en el camino que nos hemos trazado de hacer un sistema de justicia diligente y accesible a todos. Indispensable para esto es que los procesos judiciales sean comprendidos y confiables. Es por eso que este paso representa un logro enorme para la Rama Judicial. Promovemos un mayor grado de accesibilidad a nuestro sistema de justicia permitiendo que las personas se familiaricen y comprendan los procesos judiciales a través de los innovadores mecanismos de difusión de información de nuestros tiempos.

Además, reafirmamos nuestro compromiso de realizar nuestra función social en una forma responsable y rendir cuenta de ello al País. Para esto es importante promover la transparencia de los procedimientos judiciales permitiendo que los medios de comunicación utilicen equipo tecnológico que les asista en su función.

La información clara y precisa es indispensable para la toma de decisiones y la fiscalización del Pueblo en un país democrático. Por eso confío en que las enmiendas introducidas al Canon 15 de Ética Judicial y el programa experimental para el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual redundarán en el desarrollo de la democratización del Derecho.

Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez.

No es lo mismo juzgar por televisión que televisar un juicio; por lo tanto un juicio televisado no es ni justo ni injusto: es conocido. La televisación no hará más justo un juicio que lo sea, ni menos injusto un juicio objetable. Así como inexorablemente existirá un a sentencia, también existe una opinión pública como hecho objetivo, haya o no televisión. Más bien, parecería que lo razonable sería acercar ambos dominios por la vía de la publicidad, tratando de que las puertas abiertas permitan que la resolución definitiva sea observada, comprendida y aceptada. (Enfasis suprimido).

-Rafael Bielsa.

La enmienda al Canon 15 de Etica Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, aprobada por este Tribunal y el establecimiento de un programa experimental para autorizar el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual por los medios de comunicación en determinadas Salas de Recursos Extraordinarios (Programa Experimental), constituye un paso de avance en la búsqueda de mayor acceso de la prensa y la ciudadanía a la información que surge de los procesos judiciales. Por ello, ejerzo mi voto de conformidad.

Ahora bien, ante la adopción del Programa Experimental este Tribunal no debe detener sus esfuerzos simultáneos para lograr el acceso pleno a los procesos judiciales dentro de nuestro esquema constitucional. Me refiero a que los pasos de este Tribunal tienen que ser más ágiles en el discurrir hacia la reformulación de la reglamentación del acceso a los medios de comunicación a todos los procesos judiciales. Claro está, con las salvaguardas necesarias para amparar a determinados actores del tracto legal, cuya protección es imprescindible para el descubrimiento de la verdad.

En ese sentido, reconozco los esfuerzos recientes dirigidos a promover el estudio y análisis del desarrollo histórico del Canon 15 y su reglamentación. Sin embargo, la evaluación de los resultados del Programa Experimental adoptado no debe dilatarse irrazonablemente por años adicionales.

Además, resulta imperativo integrar a múltiples sectores de la ciudadanía, la comunidad jurídica y la prensa en el proceso de consultas para que la facultad de reglamentación se ejerza dentro de un marco de verdadera participación. El compromiso de transparencia y acceso del Pueblo a la justicia tiene varias ramificaciones en el ejercicio de reglamentación de la Rama Judicial. Ciertamente, el paso adoptado por este Trivunal fortalece esa política pública institucional.

Ha llegado el momento de culminar la etapa de “replantearnos si todavía se justifica la prohibición de los procedimientos judiciales por vídeo y por audio”, tal como lo ex-puso acertadamente el compañero Juez Asociado Señor Martínez Torres en su ceremonia de juramentación y cuyas palabras fueron oportunamente apoyadas por el compañero Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. Véanse: Ceremonia de Juramentación, 175 DPR LXXXV, XCVII (2009); E.V. Kolthoff Caraballo, “Transparentes”, El Nuevo Día, 28 de febrero de 2012, disponible en: http://www. elnuevodia.com/columna-transparentes-1200444.html. Hoy alcanzamos un peldaño adicional en ese proceso reformista. No obstante, nuestra jomada hacia una mayor transparencia y el acceso pleno de la ciudadanía y la prensa a nuestros procedimientos judiciales no debe limitarse, ni mucho menos perpetuarse, en el ámbito experimental aquí aprobado. De lo contrario, las juellas de apertura marcadas hoy podrían quedar borradas por la resaca del hermetismo y las ventisca de la secretividad de los procedimientos.

        La televisión no hace injusto un juicio, Clarín Digital, 18 de abril de 1996, en: http://edant.clarin.coin/diario/96/04/18/biel-01.html.

       Soy consciente que el canon de ética judicial que hoy enmendamos es fuente de complicadas implicaciones constitucionales. Es por ello que, en nuestro esfuerzo regulador, debemos auscultar con detenimiento las incidencias que el Canon 15 (4 LPRA Ap. IV-B) impone, si alguna, sobre los derechos constitucionales a la libertad de prensa, a un juicio rápido y público, y a la ventilación de un juicio ante un jurado imparcial, entre otras consideraciones de primer orden. No obstante, este análisis sereno de las garantías constitucionales nombradas no debe ser óbice para un pro-ceder investido de una premura responsable y diligente.

       Amerita puntualizar que este máximo Foro está comprometido con alcanzar un nivel de apertura plena de sus procesos judiciales, de forma tal que se garantice la transparencia y la accesibilidad del Pueblo a nuestras gestiones oficiales. In re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, 180 DPR 54, 72 (2010). Véase, también, Ley Núm. 169-2010 (4 LPRA sec. 24r). Este espíritu de garantizar el acceso de lo medios de comunicación y de la ciudadanía en general a nuestros procedimientos permea cada etapa y esfera de nuestra rama de gobierno, con major énfasis en el quehacer judicial del Tribunal de Primera Instancia, por ser este el foro que materializa de forma más directa la aspiración de la Rama Judicial por alcanzar un majoy acceso a la justicia. Véase Servicio y Justicia, Justicia y Servicio, Plan Estratégico de la Rama Judicial de Puerto Rico 2012-2015. Por ello estoy conforme con que el Programa Experimental inicie con ese foro. Sin embargo, ello no debe interpretarse como una limitación a la accesibilidad a la que aspiro en los foros apelativos.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Comisión Especial para Revisar el Funcionamiento del Programa de Educación Jurídica Continua.

      Número: EN-2012-02

      Resuelto: 22 de abril de 2013
   RESOLUCIÓN

A la “Moción informativa y designación de representantes nombrados por la Procuradora General” en la que ésta nos informa que unilateralmente relevó y sustituyó dos miembros de una comisión de este Tribunal, “no ha lugar”. La composición de la Comisión Especial para Revisar el Funcionamiento del Programa de Educación Jurídica Continua sigue inalterada y las Ledas. Vanessa Sánchez Mendiola y Jeannette Collazo Ortiz no han sido sustituidas. Una vez nombradas estas últimas a esa comisión especial de este Tribunal, el Procurador General cumplió su encomienda y cesó así su injerencia. Solo este Tribunal puede sustituir a los integrantes de sus comisiones.

Nótese que la participación de los empleados públicos, como parte del proceso amplio de discusión promovido por este Tribunal, no se puede afectar por cambios de administraciones de ramas ajenas al Tribunal Supremo. Mucho menos puede catalogarse esa encomienda en la Comisión Especial como una que se llevará a cabo mientras se goce de la confianza de la Oficina del Procurador General. Es decir, esa oficina solamente tuvo la encomienda de referirnos los dos representantes del sector público, no representantes de la confianza de la Procuradora General. Ante esa realidad, erró la Procuradora General en su apreciación y sus acciones dirigidas a reconfigurar una Comisión Especial creada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto particular disidente, al cual se unieron la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton, al cual se unen las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.

Por entender que no debemos enmendar implícitamente el esquema de designación de representantes establecido para la Comisión Especial para Revisar el Funcionamiento del Programa de Educación Jurídica Continua (Comisión Especial), disentimos. En cambio, por los fundamentos ex-puestos a continuación, declararíamos “con lugar” la Moción Informativa y Designación de Representantes Nombrados por la Procuradora General, presentada por la Procuradora General.

I

El 8 de abril de 2005, de acuerdo con nuestro poder inherente para reglamentar la profesión jurídica en Puerto Rico, aprobamos el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555 (2005). Tras implementarlo por varios años, el 13 de febrero de 2012, este Tribunal emitió la Resolución In re Com. Esp. Prog. Edu. Jur. Cont., 184 DPR 538 (2012), en la cual se creó la Comisión Especial para realizar un estudio sobre el manejo y funcionamiento del PEJC. En esta Resolución se dispuso claramente que la Comisión Especial estaría compuesta por

(1) un representante del Colegio de Abogados de Puerto Rico, (2) un representante de la Asociación de Abogados de Puerto Rico (Puerto Rico Lawyers’ Association),(3) un representante del Federal Bar Association, Capítulo de Puerto Rico, (4) dos abogados que trabajen en el sector público, a quienes nombrará el Procurador General, y (5) cuatro abogados que trabajen en el sector privado. (Enfasis suplido). Id., pág. 539.

Evidentemente, el propósito de este esquema es proveer la mayor participación de los diferentes sectores de la profesión a través de las entidades que los representan. Esto, mediante los nombramientos hechos por cada entidad.

En la misma Resolución concedimos un término de diez días a las diferentes organizaciones y al entonces Procurador General para que remitieran “los nombres de “sus respectivos representantes”. (Enfasis suplido). Id., pág. 540. También, nombramos los cuatro abogados representantes del sector privado, a saber: Ledo. Héctor Ramos Díaz como Presidente, Ledo. José L. Miranda de Hostos, Leda. Ivelisse Moyano Ares y Ledo. Edwin Ramos Rivera.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Puerto Rico presentó una Moción Informativa mediante la cual designó como su representante al Ledo. Eduardo Villanueva Muñoz. La Asociación de Abogados de Puerto Rico presentó una carta en la cual nombró al Ledo. Rafael Sánchez Hernández como su representante. El entonces Procurador General, Ledo. Luis R. Román Negrón, compareció mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución para nombrar a las Ledas. Jeannette M. Collazo Ortiz y Vanessa Sánchez Mendiola. Así las cosas, el 24 de febrero de 2012 emitimos la Resolución EN-2012-3 en la que nos dimos por enterados de los escritos mencionados “en los que se designan a los siguientes miembros de la Comisión Especial [...]”. Es decir, aceptamos todos los nombramientos según propuestos.

Posteriormente, la Federal Bar Association compareció mediante Moción Informativa sobre Representante del FBA para informar que el Ledo. Roberto A. Cámara Fuertes era el designado para representarla. Igualmente, emitimos la Resolución EN-2012-7 en la que aceptamos la designación hecha por esa institución.

De esta manera quedó constituida la Comisión Especial de acuerdo con las designaciones hechas por cada grupo. Luego, el licenciado Ramos Díaz presentó una carta en la que expresó que “tanto el Procurador General como las organizaciones mencionadas cumplieron con esta disposición y designaron los representantes correspondientes” y solicitó que se convocara a la Comisión Especial para su primera reunión. (Enfasis suplido).

La Comisión comenzó sus labores investigativas a partir de la primera reunión celebrada el 14 de junio de 2012. No obstante, mediante la Resolución EN-2012-3 emitida el 2 de julio de 2012, aceptamos una solicitud de cambio de representante sometida por el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Una vez más, le reconocimos esa facultad de nombramiento a la organización.

Ahora bien, el 5 de abril de 2013, la Procuradora General, Hon. Margarita Mercado Echegaray, presentó la moción en cuestión designando como sus representantes a la Leda. Karla Pacheco Álvarez y al Ledo. Jesús Alvarado Rivera. Solicitó que releváramos a las licenciadas Collazo Ortiz y Sánchez Mendiola de sus labores y aceptáramos el nombramiento de los nuevos representantes del sector público. Sin embargo, una mayoría de este Tribunal deniega esta solicitud a pesar de lo dispuesto en In re Com. Esp. Prog. Edu. Jur. Cont., supra, y del proceso seguido por este Tribunal para aceptar los nombramientos y sustituciones anteriores.

Hasta este momento, la Comisión Especial creada hace apenas un año ha funcionado sin reparos sobre su composición o sobre los cambios realizados. Desde su creación dispusimos que la entidad nominadora es quien tiene la discreción de nombrar y escoger sus representantes ante la Comisión Especial. No establecimos excepciones a esta norma. Por esto, tras un cambio en la Oficina del Procurador General, es lógico que esta entidad desee sustituir sus representantes ante la Comisión Especial. De esta forma se mantiene la representatividad del sector público. No obstante, al denegar la moción ante nos, una mayoría de este Tribunal está enmendando implícitamente la Resolución emitida por este Tribunal cuando creó la Comisión Especial. Consideramos que no se justifica este cambio y que procede aceptar la petición, precisamente, en aras de asegurar la mayor participación y representatividad de los diversos sectores de la profesión.

Por otro lado, estando pendiente esta moción, compareció el licenciado Ramos Díaz en nombre de los miembros que componen la Comisión Especial, excepto el representante del Colegio de Abogados de Puerto Rico, para exponer que la sustitución de los representantes del Procurador General causaría “un retraso en los trabajos de la Comisión Especial que están a punto de culminar”. Añadió que tampoco sería justo esperar que una persona que entrara a la Comisión en esta etapa, independientemente de sus capacidades, pudiera asimilar el producto del trabajo realizado. Asimismo, indica que el 10 de enero de 2013 presentaron un informe sobre las labores realizadas por la Comisión Especial en el cual se adelantó que se estaban discutiendo sus hallazgos y deliberando sobre el contenido del informe que deben presentar como resultado de la investigación.

En reacción a la posición del licenciado Ramos Díaz, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, por conducto de su Presidenta, la Leda. Ana Irma Rivera Lassén, y de su representante en la Comisión Especial, licenciado Reyes López, compareció para exponer que la etapa en la que se encuentra la investigación permite la incorporación de los nuevos representantes del sector público. Sostuvo que denegar la sustitución solicitada por la Procuradora General sería una desautorización del poder que le delegamos mediante la Resolución que compuso la Comisión Especial y que pone en duda la capacidad de la Procuradora General para designar y la capacidad de los comisionados de integrarse a los trabajos en marcha.

En específico, sobre el estado de la investigación explicó que lo que existe es un borrador inicial de diez páginas que se utiliza como herramienta de trabajo, que aún está pendiente una entrevista a la Junta de Educación Jurídica Continua y que todos los trabajos se han transcrito de forma que cualquier persona pueda tener la información completa sobre la investigación. Además, señaló que uno de los comisionados ha tenido un grave problema de ausentismo a las reuniones y vistas públicas, por lo que existe una presunción de que este se está beneficiando de la documentación recopilada y de las transcripciones para poder asumir su rol como representante. Ello quiere decir que un nuevo integrante también se podría beneficiar de esta información.

En este sentido, todos los miembros de la Comisión Especial coinciden en que todavía están investigando y que no han culminado los procesos deliberativos. Nos complace que el Presidente de la Comisión Especial entienda que las labores están muy adelantadas, pues ello pudiera querer decir que podríamos esperar el informe final en las próximas dos o tres semanas. No obstante, la realidad reflejada por el propio Presidente es que no han terminado con los hallazgos y las recomendaciones que nos presentarán. Por ello, en estos momentos, una sustitución en los representantes del sector público no provocará un disloque que afecte los trabajos de la Comisión Especial.

En fin, no debemos intervenir con la facultad delegada a los diferentes sectores de la profesión de designar sus respectivos representantes. No podemos utilizar como pretexto para cambiar el esquema de la Comisión Especial la supuesta etapa adelantada de la investigación o que se trate de una sustitución o renuncia de uno de sus miembros. Así fue establecido mediante la Resolución emitida y, como he-mos hecho hasta ahora, debe continuar respetándose la voluntad de cada sector.

Por todo lo anterior, disentimos del proceder de una mayoría de este Tribunal y aceptaríamos los nombramientos de la licenciada Pacheco Alvarez y del licenciado Alvarado Rivera como representantes del sector público.

       Carta dirigida al Juez Presidente de parte del Ledo. Héctor R. Ramos Díaz.

       Comparecencia con Relación a Moción Informativa y Designación de Representantes Nombrados por la Procuradora General.

       Reacción del Colegio de Abogados de Puerto Rico a Comparecencia con Relación a Moción Informativa y Designación de Representantes Nombrados por la Honorable Procuradora General de Puerto Rico.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Rosaura Rivera Trani.

      Número: TS-13125

      Resuelto: 22 de abril de 2013

      Yanis Blanco Santiago, directora ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en informe.
   PER CURIAM:

I

La licenciada Rosaura Rivera Trani fue admitida al ejercicio de la abogacía el 25 de enero de 2000 y a la notaría el 16 de junio de 2000.

El 12 de diciembre de 2012, la Directora del Programa de Educación Jurídica Continua (Directora del PEJC) nos informó que la licenciada Rivera Trani había incumplido con los requisitos reglamentarios de educación jurídica continua durante el periodo del 1 de febrero de 2007 al 31 de enero de 2009. El PEJC refirió el asunto ante este Tribunal debido a “la actitud pasiva” demostrada por la licenciada frente a los requisitos de educación jurídica continua, no obstante haberle concedido tiempo suficiente para completarlos y la oportunidad de ser oída. La Directora del PEJC indicó que al momento de enviarle a la licenciada las notificaciones de incumplimiento y citación a vista informal, descansó en la información personal de ésta que consta en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA).

Según surge del Informe sobre Cumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua (Incomparecencia a Vista Informal) y de los documentos presentados por la Directora, el 25 de febrero de 2009, el PEJC envió por correo a la licenciada Rivera Trani un Aviso de Incumplimiento en el que le notificó su incumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua; le impuso el pago de una cuota de cincuenta (50) dólares; le concedió un término de sesenta (60) días para completar los cursos exigidos o acreditar su cumplimiento, y le apercibió de que si no acreditaba el cumplimiento con los cursos y el pago de la cuota, sería citada a una vista informal.

Transcurridos casi dos años desde que expiró el periodo de cumplimiento, la licenciada Rivera Trani no presentó evidencia de haber completado los cursos de educación jurídica continua y tampoco pagó la cuota. Como consecuencia, el 18 de noviembre de 2010, el PEJC envió por correo una citación a una vista informal en la que apercibió a la abogada de que, si no comparecía a expresar las razones para su incumplimiento, el asunto sería referido al Tribunal Supremo. La citación fue devuelta al remitente luego de que el servicio postal intentara diligenciar infructuosamente la carta. Por ello, el 30 de noviembre de 2010, el PEJC renvió la citación para la vista informal a través del correo electrónico de la abogada registrado en el RUA. En dicho comunicado se le advirtió, además, la importancia de actualizar su información en la base de datos de este Tribunal. La licenciada Rivera Trani no compareció a la vista informal.

Posteriormente, el PEJC envió por correo electrónico a la licenciada Rivera Trani otro aviso de incumplimiento, pero esta vez por el periodo comprendido entre 1 de febrero de 2009 y el 31 de enero de 2011. En el comunicado se orientó a la letrada de su deber de mantener actualizada su información personal en el RUA. Es pertinente mencionar que en dos ocasiones anteriores, la PEJC intentó notificar este nuevo aviso de incumplimiento por correo; sin embargo, el servicio de correo postal devolvió las cartas sin que fueran reclamadas en la dirección destinada. Sobre este asunto, no se llegó a citar a la letrada para vista informal.

Por lo anterior, el 26 de diciembre de 2012 le concedimos a la licenciada Rivera Trani un término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no se le debía suspender del ejercicio de la profesión de la abogacía por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y por no comparecer ante el PEJC cuando le fue requerido. Enviamos a la licenciada Rivera Trani nuestra Resolución por correo certificado a la dirección postal que aparece registrada como suya en el RUA. El servicio de correo postal devolvió la carta.

El 6 de febrero de 2013 recibimos el Informe de Seguimiento de la Oficina del Alguacil de este Tribunal. En el mismo se nos informa sobre las gestiones infructuosas que se llevaron a cabo para diligenciar personalmente nuestra Resolución. Surge que el 31 de enero de 2013, dos alguaciles acudieron a la dirección residencial de la abogada. En la residencia no encontraron a nadie. Una vecina del lugar les informó que allí ya no vivía la letrada porque se había mudado a Estados Unidos. Por otro lado, los alguaciles llamaron a los números telefónicos de la licenciada que aparecen en su expediente personal en este Tribunal. El número que aparece como teléfono residencial estaba fuera de servicio. El número de teléfono que aparece del lugar de trabajo pertenece a la Junta de Calidad Ambiental en Ponce. Allí les informaron que la licenciada había dejado de trabajar allí hacía varios años.

Al presente, la licenciada Rivera Trani aparece activa en el RUA como abogada-notaria. La dirección postal disponible es aquella desde donde el servicio de correo ha devuelto la correspondencia enviada por este Tribunal y por el PEJC. Además, la licenciada no ha respondido a los avisos y a las citaciones que el PEJC le ha remitido al correo electrónico que aparece registrado.

II

El Canon 2 del Código de Ética Profesional dis-pone que los abogados tienen el deber de “mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional” con el “fin de viabilizar el objetivo de representación legal adecuada para toda persona”. Cónsono con lo anterior, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (Reglamento de 1998) con el propósito de establecer un programa de educación jurídica obligatoria que aliente y contribuya al mejoramiento profesional. El mismo requiere que los abogados activos aprueben, por lo menos, veinticuatro (24) horas crédito en cursos acreditables cada dos (2) años.

Los abogados y las abogadas tienen el deber de presentar ante la Junta de Educación Jurídica Continua un informe que acredite el cumplimiento con el mínimo de horas crédito a más tardar a los treinta (30) días subsiguientes de finalizado cada periodo de cumplimiento. En el caso de que el abogado o la abogada cumpla tardíamente con los requisitos de educación jurídica continua, deberá presentar un informe en el cual explique las razones que justifiquen su tardanza y, además, pagar una cuota. Ahora bien, si el abogado incumpliera con sus obligaciones, el Director de la Junta le citará a una vista informal en la que podrá presentar prueba que justifique las razones de su proceder. Si el abogado o la abogada no compareciera, el asunto se remitirá a este Tribunal. Anteriormente, este Tribunal ha disciplinado profesionalmente a los abogados que han desatendido los requerimientos de la Junta e incumplido con las horas crédito de educación jurídica continua.

Por otro lado, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo impone a los abogados la obligación de mantener actualizados en el RUA sus datos personales, la dirección física y postal, tanto de su oficina como de su residencia, y el correo electrónico, entre otros. Es deber de los abogados y notarios avisar oportunamente a este Tribunal cualquier cambio en su dirección postal o física. El abogado deberá, además, designar una de las direcciones para recibir las notificaciones del Tribunal. Cuando un abogado incumple con su deber de mantener al día su dirección, obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. Ese incumplimiento es suficiente para decretar su separación indefinida de la profesión.

Por último, en reiteradas ocasiones hemos recordado a los miembros de la profesión legal que tienen el deber de contestar con diligencia los requerimientos de este Tribunal relacionados con su práctica profesional. Ello se tiene que hacer prontamente, independientemente de los méritos de las quejas presentadas en su contra. No hacerlo constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Etica Profesional que establece: “El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”.

Al respecto, hemos enfatizado que la naturaleza de la función de abogado requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. La dejadez es incompatible con el ejercicio de la abogacía. Cuando un abogado se muestra indiferente ante los apercibimientos de sanciones disciplinarias por no comparecer ante este Tribunal, procede su suspensión inmediata de la profesión.

III

Los esfuerzos realizados por el PEJC y este Tribunal para contactar a la licenciada Rivera Trani desde el 2009 han resultado infructuosos porque su información personal disponible en el RUA no está actualizada. La falta de la abogada de mantener su información personal actualizada en el RUA ha obstaculizado nuestra facultad disciplinaria. Esto constituye una violación a nuestras órdenes y a la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal. Como vimos, incumplir con dicho requerimiento es suficiente para suspender indefinidamente a la abogada del ejercicio de la abogacía y la notaría.

La letrada también ha incumplido con los requisitos de educación jurídica continua para los periodos comprendidos desde el 1 de febrero de 2007 hasta el 31 de enero de 2009, y desde el 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2011. Al momento, la licenciada Rivera Trani no ha acreditado el cumplimiento con las veinticuatro horas crédito para cada uno de los periodos notificados, aun habiéndole concedido amplia oportunidad para hacerlo.

Lo anterior nos lleva a decretar la suspensión inmediata e indefinida de la licenciada Rosaura Rivera Trani del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Como consecuencia, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes, si alguno, de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de la señora Rosaura Rivera Trani y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (4 LPRAAp. XVII-D).

       El Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA) es la base de datos que contiene la información de las personas autorizadas por este Tribunal a ejercer la abogacía y la notaría. Véase In re Toro Soto, 181 DPR 654 (2011). Mediante Resolución de 3 de junio de 2010 ordenamos a todo abogado y abogada que, en un término de treinta días, revisaran y actualizaran sus direcciones registradas en el RUA. Véase In re Rs. Proc. Civil y R.T. Supremo, 179 DPR 174 (2010).

       El Aviso de Incumplimiento fue enviado por correo a la siguiente dirección: Urb. Villa Del Carmen, 2897 Calle Toledo, Ponce, PR 00716-2239.

       La Citación a Vista a celebrarse el 10 de diciembre de 2010 fue enviada por correo a la dirección postal de la licenciada Rivera Trani que surge del RUA, a saber: P.O. Box 742, Peñuelas, PR 00624.

       El sello del servicio postal ponchado en el sobre devuelto indica: ATTEMPTED, NOT KNOWN.

       El correo electrónico de la licenciada Rivera Trani disponible en el RUA es rosaurarivera@yahoo.com.

       El 12 de abril de 2011 se le envió a la licenciada Rivera Trani un Aviso de Incumplimiento a la dirección postal registrada en el RUA, a saber: PO Box 742, Peñuelas, PR 00624. El sello del servicio postal ponchado en el sobre devuelto indica: ATTEMPTED, NOT KNOWN.
      El 19 de mayo de 2011 se le envió un segundo aviso a la Avenida Muñoz Rivera, en Ponce, dirección residencial registrada en el RUA. El sello del servicio postal ponchado en el sobre devuelto indica: MOVED, LEFT NO ADDRESS.

       El 4 de enero de 2013 se le envió a la licenciada Rivera Trani una copia de la Resolución que emitiéramos el 26 de diciembre de 2012 a la dirección postal registrada en el RUA, a saber: PO Box 742, Peñuelas, PR 00624. El sello del servicio postal ponchado en el sobre devuelto indica: ATTEMPTED, NOT KNOWN.

       Los alguaciles fueron a la Urbanización Alta Vista, en Ponce, lugar que aparece como la dirección residencial de la abogada en su expediente personal en este Tribunal.

       4 LPRA Ap. IX.

       Regla 1 del Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (4 LPRA Ap. XVII-D).

       Regla 6 del Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (4 LPRA Ap. XVII-D). Véase, además, Regla 5(9) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (Reglamento de 2005), 4 LPRA Ap. XVII-E; In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013).

       Regla 28 del Reglamento de 2005, supra. Véase In re Grau Collazo, 185 DPR 938 (2012).

       Regla 30 del Reglamento de 2005, supra.

       Regla 31 del Reglamento de 2005, supra.

       Regla 32 del Reglamento de 2005, supra. Véase, además, Regla 9 del Reglamento de 1998, supra.

        In re Grau Collazo, supra; In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382 (2011); Galarza Rodríguez, Ex parte, 183 DPR 228 (2011).

       4 LPRA Ap. XXI-B.

        In re Toro Soto, supra.

       Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. Véanse, además: Reglas 65.3 y 67.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que proveen para que las notificaciones sobre órdenes, resoluciones y sentencias sean notificadas a los abogados y a las abogadas a la dirección que conste en el Registro del Tribunal Supremo.

        In re Toro Soto, supra; In re Sanabria Ortiz, 156 DPR 345 (2002).

        In re Toro Soto, supra; In re Soto Colón, 155 DPR 623 (2001); In re Berríos Pagán, 126 DPR 458 (1990).

       Véanse, por ejemplo: In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244 (2013); In re Colón Olivo, 187 DPR 659 (2013); In re Buono Colón, 187 DPR 379 (2012); In re Torres Trinidad, 183 DPR 371 (2011); In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181 DPR 1 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 DPR 841 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426 (2010); In re Polanco Ortiz, 179 DPR 771 (2010); In re Grau Díaz, 167 DPR 397 (2006); In re Quiñones Cardona, 164 DPR 217 (2005); In re Zayas Cabán, 162 DPR 839 (2004); In re Arroyo Rivera, 161 DPR 567 (2004); In re Torres Torregrosa, 161 DPR 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 DPR 531 (2000).

        In re García Ortiz, 187 DPR 507 (2013); In re Otero Encarnación, 179 DPR 827 (2010).

       Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véanse: In re Rosado Cruz, 176 DPR 1012 (2009); In re Salichs Martínez, 131 DPR 481 (1992).

        In re Montes Díaz, 184 DPR 90 (2011); In re Otero Encarnación, supra.

        In re Colón Rivera, 170 DPR 440 (2007); In re González Barreto, 169 DPR 772 (2006).

        In re Montes Díaz, supra; In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234 (2009); In re Osorio Díaz, 146 DPR 39 (1998); In re Reyes, Rovira, 139 DPR 42 (1995).

       De los documentos que presentó la Directora del PEJC surge que la licenciada Rivera Trani tampoco ha acreditado haber cumplido con los requisitos de educación jurídica continua para el periodo del 1 febrero de 2011 al 31 de enero de 2013.


author: Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo, al cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García. Jueza Asociada Señora Fiol Matta, al cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

text:
    AAR, Ex parte, peticionaria.

      Número: CC-2008-1010

      Resuelto: 2 de mayo de 2013

      Nora Vargas Acosta, de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR; Norma I. Figueroa Morales, Félix Padilla Carbonell, Noelia D. Rodríguez Rivera y Arleene M. Rodríguez Serrano, estudiantes de la Sección de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, representantes de la peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la segunda moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria AAR, “no ha lugar”. Aténgase a lo resuelto por este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo emitió un voto particular de conformidad, al cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera García. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta emitió un voto particular disidente, al cual se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez reconsideraría.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo, al cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García.

En su segunda moción de reconsideración, la parte peticionaria, haciendo referencia indirecta a un estudio científico reseñado por este servidor en mi opinión de conformidad, señala lo siguiente: “Los estudios ahora considerados por este Honorable Tribunal y no contenidos en el récord del caso impiden que la peticionaria pueda refutarlos”. (Enfasis suplido). Con esta alegación, la peticionaria acompaña diversos planteamientos de derecho probatorio.

En primer lugar, en la opinión de conformidad que suscribí hice muy claro que el estudio reseñado no fue ni constituye parte de la prueba que esta Curia utilizó en el análisis y la determinación final de este caso. Así se infiere claramente de una lectura de la Opinión del Tribunal, en la cual en ningún lugar se hace referencia a prueba extrínseca, prueba que no surgiera del expediente.

Por otro lado, el propósito de este servidor al hacer referencia en mi opinión de conformidad al mencionado estudio —y su pertinencia— fue explicado con meridiana claridad en la propia opinión. Y, por cierto, no albergo dudas de que ese propósito se está cumpliendo.

En segundo lugar, es evidente que la parte peticionaria desconoce la diferencia entre una “Opinión del Tribunal” y las distintas opiniones o votos particulares que emiten los miembros de la Curia. Cinco de los nueve Jueces de este Tribunal estuvimos conformes con los fundamentos y la disposición de este caso, expresada en la Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada Señora Pabón Chameco. De esos cinco, tres Jueces emitimos opiniones de conformidad que no forman parte del análisis y la Opinión del Tribunal, sino que constituyen fundamentos adicionales y muy particulares de cada Juez, con relación a la resolución final de la controversia. Aclarado lo anterior, estoy conforme con proveer “no ha lugar” a la segunda moción de reconsideración.

Voto particular disidente emitido por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta, al cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

La Resolución a la cual acompaña este voto disidente representa un último golpe al mejor bienestar de la menor JMAV y al deseo de una de sus madres, la peticionaria AAR, de proveerle los derechos y las protecciones legales que garantizan su seguridad y que gozan otros niños y niñas.

Todos los Jueces y las Juezas de este Tribunal coinciden en que el criterio rector en casos de adopción como el presente es el mejor bienestar del menor. Toda la prueba contenida en el expediente del caso apunta a que el mejor bienestar de la menor JMAV se logra otorgando la adopción solicitada por AAR sin que la madre biológica CW pierda los vínculos jurídicos con su hija. Esto fue comprobado por las diversas profesionales de la salud que presentaron informes bien fundamentados favorables a la petición. Esto no ha sido refutado por el Estado en etapa alguna del caso, pues su resistencia a la adopción se basa en su interpretación de una disposición legal y no en el bien que le hará esa determinación jurídica a la niña. DPIDiversas opciones, todas legítimas y razonables, estaban disponibles para que los miembros de esta curia defendieran el mejor bienestar de la menor, acogiendo la figura del second parent adoption, reconocida en un sinnúmero de jurisdicciones. Estas iban desde una interpretación del Artículo 138 del Código Civil que estuviera guiada por el criterio rector del bienestar del menor hasta declarar la inconstitucionalidad de ese artículo por contener una clasificación discriminatoria.

Sin embargo, una mayoría de los componentes de este Tribunal desvió su camino en dirección contraria. En ese trayecto, algunos jueces recogieron fundamentos ajenos a la prueba admitida para guiar su decisión. De esa forma, como indica la peticionaria en la moción de reconsideración que hoy atendemos, incluyeron entre los elementos para su determinación estudios científicos exógenos al caso que supuestamente señalaban que la adopción solicitada no era beneficiosa para la menor. Al así hacerlo, menoscabaron los derechos de la peticionaria, pues no le brindaron oportunidad para objetar o refutar esos factores de juicio que desconocía que serían utilizados en su contra. No sólo eso sino que, al aplicar esos estudios al presente caso, algunos jueces, muy lamentablemente, llegaron a degradar la relación que tienen AAR y CW argumentando que no es natural y pusieron en duda la dignidad humana que posee la niña JMAV por el simple hecho de que tiene dos madres. Otros jueces ignoraron las vías que tenían disponibles para acceder a la petición de AAR y, escudándose en interpretaciones restrictivas del significado de la palabra "sexo” en nuestra Constitución, dejaron el asunto a otra rama de gobierno.

Habiéndose agotado las oportunidades para que AAR encuentre justicia en este Tribunal —último foro judicial al cual pueden recurrir en Puerto Rico—, corresponde a la Rama Legislativa del País proveer la herramienta para que a AAR y a otras personas con sus mismas circunstancias se les libre del trato discriminatorio que las oprime. Tras la denegatoria de la Segunda Moción de Reconsideración presentada por AAR, queda en manos de la Legislatura permitir que se reconozca legalmente que las dos mujeres que vieron nacer, han ayudado a crecer y han logrado que hoy JMAV pueda decir “me siento feliz, me siento amada” son, ambas, sus madres. Mientras tanto, no nos cabe duda, las tres son ejemplo de una familia digna.

       El estudio que se cita en la opinión de conformidad es el que fuera conducido por el Dr. Mark Regnerus del Department of Sociology and Population Research Center de la Universidad de Texas. 41 (Núm. 4) Social Science Research 752 (Julio 2012), en http://www.sciencedirect.com/sience/article/pii/S0049089X12000610 (última visita el 25 de abril de 2013).

       Segunda moción de reconsideración de la peticionaria, págs. 4-5.

       Véase AAR, Ex parte, 187 DPR 835, 926-927 (2013), opinión de conformidad.

       El Estado, incluso, cambió esta postura y actualmente plantea que el Artículo 138 es inconstitucional, según nos informó mediante la Moción Informativa en Respuesta a Moción de Reconsideración y Solicitud de Autorización y Término para Presentar Postura del Estado en Relación a la Moción de Reconsideración de la Parte Peticionaria, presentada por la Oficina de la Procuradora General el 18 de marzo de 2013.

       31 LPRA see. 539.

       Segunda moción de reconsideración de la peticionaria, págs. 3-7.

       Esta era la única posibilidad concebida en la Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada Pabón Charneco y en la opinión de conformidad del Juez Asociado Martínez Torres.

       Segunda moción de reconsideración de la peticionaria, pág. 1.