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      In re Aprobación de las Reglas para los Procedimientos de Investigaciones Especiales Independientes de la Rama Judicial.

      Número: ER-2012-01

      Resuelto: 1 de febrero de 2012
   RESOLUCIÓN

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha promulgado un sistema judicial independiente con rma administración efectiva e imparcial de la justicia cimentada en la con-fianza de la ciudadanía. A estos efectos, hemos reglamen-tado los deberes generales de todos los jueces y todas las juezas que componen nuestro sistema de justicia. Exigimos a la Judicatura el cumplimiento con las leyes e, incluso, imponemos restricciones a nuestra conducta tanto en el ejercicio de nuestras funciones propiamente judiciales como en las personales o profesionales.

A la luz de los acontecimientos recientes, los Jueces Aso-ciados y las Juezas Asociadas que componemos esta Curia hemos advenido en conocimiento de una pesquisa iniciada por la Oficina de Administración de los Tribunales, diri-gida por la Directora Administrativa de Tribunales, Hon. Sonia Ivette Vélez Colón. La referida investigación ha sido encomendada al Ledo. César López Cintrón, a razón de $200 la hora hasta un máximo de $100,000 en seis meses. Todo ello se hizo con el aval y conocimiento del Juez Presi-dente, Hon. Federico Hernández Denton, sin la consulta ni notificación previa al Tribunal en Pleno.

Las expresiones vertidas concernientes a la investiga-ción demuestran el uso de fondos públicos encaminados a investigar el dispendio de recursos de la Rama Judicial, incluyendo al Tribunal Supremo. Asimismo, se indicó que ello responde a los señalamientos que surgieron mediante una querella presentada por un alguacil auxiliar contra el Juez Presidente. Estos, a su vez, han dado lugar a serias investigaciones que realizan el Senado y el Departamento de Justicia.

La See. 7 del Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Art. 2.016 de la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como Ley de la Ju-dicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24n, disponen que “[e]n la administración del Tribunal General de Justicia el Juez Presidente del Tribunal Supremo contará con la ayuda de un Director Ad-ministrativo de los Tribunales, quien también dirigirá la Oficina de Administración de los Tribunales”. Este funcio-nario tiene la encomienda y desempeña su cargo a discre-ción del Juez Presidente.

Las circunstancias particulares a las que hoy se en-frenta el Tribunal Supremo requieren la acción inmediata de los Jueces y las Juezas que lo componen. Así nos obliga el mandato dispuesto en la See. 7 del Art. V de la Consti-tución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al dispo-ner que el “Tribunal Supremo adoptará reglas para la ad-ministración de los tribunales las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fisca-lización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al gobierno”. (Énfasis suplido.) Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 416. Dicha función recae en la totalidad de los miembros que forman el Tribunal Supremo. Véase Art. V, Sec. 3, Const. P.R., supra.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no le reconoce a la Administración de los Tribunales autoridad para realizar investigaciones disciplinarias so-bre la conducta de los Jueces y las Juezas del Tribunal Supremo. Estos solo “podrán ser destituidos por las causas y mediante el procedimiento” de residenciamiento que la Constitución coloca en manos de la Asamblea Legislativa. Art V, Sec. 11, Const. P.R., supra, pág. 418. Véase, además, el Art. Ill, Sec. 21, Const. P.R., supra. Por otro lado, la facultad de investigar la posible comisión de delitos y de “hacer cumplir las leyes” recae en el Poder Ejecutivo. Art. IV, Sec. 4, Const. P.R., supra, pág. 403.

Más aún, resulta inapropiado que una funcionaría de confianza del Juez Presidente contrate servicios para rea-lizar una investigación sobre el uso de los fondos de la Rama Judicial relacionada con los serios señalamientos contra el Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Den-ton, a quien ésta responde directamente. Lejos de fomentar la transparencia de los procedimientos e impulsar la con-fianza del Pueblo en nuestro sistema, estas actuaciones pueden constituir represalias e interferencias con testigos de las investigaciones realizadas por otras ramas de Gobierno.

En conformidad con nuestro deber de promulgar y defender la independencia del Poder Judicial y los preceptos de nuestra función constitucional, y en respuesta a la ne-cesidad de mantener mecanismos efectivos y trasparentes para atender aquellas investigaciones realizadas por la Rama Judicial que involucren o puedan involucrar a los Jueces y las Juezas que componen esta Curia o a su personal, establecemos las reglas siguientes:

Regla 1. Título
Estas reglas se conocerán como Reglas para los Procedi-mientos de Investigaciones Especiales Independientes de la Rama Judicial.
Regla 2. Fundamento jurídico
Estas reglas se aprueban en conformidad con las disposicio-nes del Art. V, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico. Tienen el fin de garantizar la pureza de los procedimientos investigativos realizados con fondos de la Rama Judicial, incluyendo los miembros de la Judicatura y su personal, en la asignación y fiscalización de fondos y en cual-quier otro asunto de auditoría de recursos judiciales.
Regla 3. Alcance
Estas reglas regirán cualquier procedimiento investigativo realizado con fondos de la Rama Judicial relacionado con el uso de su personal con la asignación y fiscalización de fondos y de recursos judiciales. Cualquier investigación de acuerdo con las reglas aquí dispuestas no podrá intervenir de forma al-guna con las investigaciones conducidas por otras ramas de Gobierno ni con los testigos o posibles testigos.
Regla 4. Solicitud de investigación
(a) El Juez Presidente o la Jueza Presidenta, cualquier Juez Asociado o Jueza Asociada del Tribunal Supremo, o el Director Administrativo o la Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales, podrá solicitar al Pleno del Tribunal una investigación al amparo de este Reglamento.
(b) La solicitud de investigación deberá cumplir con los si-guientes requisitos si es presentada por el Director Adminis-trativo o la Directora Administrativa de la Oficina de Admi-nistración de los Tribunales:
(1) Se formulará por escrito.
(2) Se formulará bajo juramento.
(3) Identificará al Juez Presidente o la Jueza Presidenta, al Juez Asociado o la Jueza Asociada, o el asunto promovido o incluido en la investigación.
(4) Expondrá brevemente los hechos que motivan la inves-tigación y el alcance de esta.
(5) Incluirá, además, cualquier otra información e identi-ficación de testigos y documentos que sustenten la solicitud de investigación.
(c) No se requerirá juramento al Juez Presidente o la Jueza Presidenta, a un Juez Asociado o una Jueza Asociada para que solicite la investigación.
Regla 5. Decisión para investigación
Luego de presentada una solicitud para investigación, el Tribunal en Pleno decidirá si ordena y remite el asunto a la Comisión de Investigación Especial Independiente del Tribunal Supremo para que se proceda con esta.
Las decisiones para estos asuntos requerirán la aprobación de por lo menos dos terceras partes de los Jueces y las Juezas que componen este Tribunal.
Regla 6. Comisión de Investigación Especial Independiente del Tribunal Supremo
(a) Creación — La Comisión de Investigación Especial Inde-pendiente del Tribunal Supremo queda establecida en confor-midad con la autoridad concedida por el Art. V, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Co-misión auxiliará al Tribunal en el ejercicio de su responsabili-dad concerniente a las investigaciones relacionadas con la ad-ministración de los tribunales que incluyan a los Jueces y las Juezas que componen el Tribunal Supremo o su personal.
(b) Composición — La Comisión se compondrá de un Presi-dente o una Presidenta y cuatro Comisionados Asociados o Comisionadas Asociadas, nombrados por el Tribunal.
(c) Nombramiento—
(1) Los miembros de la Comisión se nombrarán mediante una Resolución por el término que dure la investigación y que deberá exceder de seis meses, a menos que el Tribunal determine causa justificada para extender el plazo.
(2) El Tribunal podrá nombrar, además, un Comisionado Asociado Alterno o una Comisionada Asociada Alterna para aquellos casos en que alguno de los miembros de la Comisión no pueda continuar con la designación delegada.
(d) Requisitos — Los miembros de la Comisión serán ciuda-danos de probada idoneidad e integridad moral y uno de ellos deberá contar con conocimiento y experiencia en procedimien-tos de auditoría e investigación.
(e) Dietas — Los Comisionados o las Comisionadas tendrán derecho a recibir una dieta de $45 por día de trabajo.
(f) Funciones — La Comisión realizará la correspondiente in-vestigación y rendirá un informe al Tribunal Supremo dentro del término dispuesto para la encomienda. Al así hacerlo, ac-tuará conforme a las salvaguardas provistas por el principio del debido proceso de ley y sus funciones estarán enmarcadas dentro del más amplio grado de independencia de criterio, im-parcialidad y objetividad. El informe deberá contener una ex-posición de los hechos que dieron lugar a la investigación y un análisis de estos a la luz del derecho aplicable. El informe incluirá un apéndice de toda la prueba documental y referen-cia a cualquier documento que sostenga los hallazgos de la investigación realizada.
El expediente de la investigación de la Comisión es confi-dencial hasta que se disponga lo contrario o el investigado renuncie por escrito al carácter confidencial de este.
Luego de recibido el informe de la Comisión, el Tribunal podrá dar por concluida la investigación o devolverla para que se amplíe. La decisión a estos efectos deberá ser determinada de la misma manera que se dispone en la Regla 5 para que se comience la investigación.
(g) Esta Comisión funcionará desde la sede del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Para garantizar su eficiencia operacio-nal, se instruye a la Oficina de Administración de los Tribuna-les a facilitar los recursos y el apoyo que sean necesarios para cumplir con los propósitos dispuestos en este Reglamento.
(h) La Comisión no interferirá con la jurisdicción que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con-fiere a las otras ramas constitucionales de gobierno. En ese sentido, cooperará con cualquier investigación dirigida a ejer-cer válidamente dicha jurisdicción en la medida que sea compatible con el descargo de la encomienda que emana de este Reglamento. De igual forma, velará por el cumplimiento de la Ley Núm. 426-2000, conocida como Ley para la Protección de los Derechos de Empleados y Funcionarios Públicos Denun-ciantes, Querellantes o Testigos de Alegados Actos Constituti-vos de Corrupción, 1 L.P.R.A. see. 601, a fin de proteger los derechos de los empleados y funcionarios públicos denuncian-tes, querellantes o testigos de alegados actos impropios o ile-gales en el uso de propiedad y fondos públicos, actos constitu-tivos de corrupción y violaciones a las leyes y reglamentos que rigen la conducta ética del servicio público.
Regla 7. Asuntos no previstos; órdenes en auxilio de la juris-dicción de la Comisión
El Tribunal Supremo determinará el trámite que se seguirá en los asuntos no previstos por estas Reglas, en la forma que garantice el cumplimiento de los propósitos de transparencia y sana administración pública que inspiran estos procedi-mientos.
Además, el Tribunal podrá emitir, por iniciativa propia o a petición de la Comisión, todas las órdenes que sean necesarias para proteger la jurisdicción de la Comisión y la integridad de su encomienda.
Regla 8. Vigencia
La vigencia de estas reglas será inmediata y aplicará a todo proceso vigente, comenzado o por comenzar al momento de la aprobación de estas. Cualquier contrato otorgado que no cum-pla con el procedimiento y los parámetros dispuestos por estas Reglas, quedará resuelto o rescindido, según sea el caso, y no podrá hacerse desembolsos de fondos públicos relacionados con ese contrato o cualquier otro gasto relacionado con la in-vestigación objeto de este.

Se ordena la publicación inmediata de esta Resolución.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Den-ton hace constar la expresión siguiente: “Por encontrarme fuera del país participando de la Conferencia de Jueces Presidentes de Estados Unidos y porque la mayoría ha cer-tificado estas Resoluciones tan atropelladamente, me acojo al término reglamentario dispuesto en la Regla 5(b) del Reglamento del Tribunal Supremo para emitir un voto particular disidente. No obstante, deseo hacer constar que disiento de las Resoluciones que hoy se emiten por ser con-trarias a nuestro ordenamiento constitucional demo-crático. Mediante dichas Resoluciones, el Pleno del Tribunal usurpa unas prerrogativas y facultades que la Consti-tución delegó expresamente al Juez Presidente. Además, esta actuación de la mayoría tiene el efecto de precipitar una crisis constitucional innecesaria y mancillar la inde-pendencia judicial en su vertiente administrativa. Asi-mismo, lacera la imagen, la historia y la legitimidad de este Alto Foro, garante de los derechos constitucionales de los puertorriqueños.” La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no está de acuerdo con el proceder de una mayoría del Tribunal recogido en esta Resolución por entender que repre-senta una actuación contraria a nuestro ordenamiento constitucional. Por consiguiente, se reserva el derecho a expresarse al respecto, conforme a la Regla 5(b) del Regla-mento del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez hace constar la expresión siguiente: “Una mayoría del Tribunal decidió certificar la presente Resolución antes de la fecha informada ayer, por lo que no he tenido tiempo de expresarme sobre la actuación incons-titucional de este Tribunal. Por disentir del proceder de la mayoría, hago constar que me acojo al término reglamen-tario de la Regla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico para emitir una expresión oportunamente.”

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


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      In re Designación de Miembros de la Comisión Especial Independiente y Adopción de Medidas Relacionadas.

      Número: EN-2012-01

      Resuelto: 1 de febrero de 2012
   RESOLUCIÓN

La Directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Hon. Sonia I. Vélez Colón, contrató al Ledo. César López Cintrón para que realice una investigación en cuanto al uso de recursos y fondos públicos de la Rama Judicial. Ello en respuesta a una serie de denuncias inicia-das por un Alguacil Auxiliar contra el Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton.

Consideramos que esa acción podría interferir con las investigaciones que actualmente confrontan el Juez Presi-dente y la OAT ante las otras ramas constitucionales del Gobierno. Este proceder de la directora de la O AT, Hon. Sonia I. Vélez Colón, levanta serias interrogantes de índole constitucional y legal.

Esta situación amerita que se investigue conforme a las Reglas para los Procedimientos de Investigaciones Espe-ciales Independientes de la Rama Judicial. A tales efectos, se crea una Comisión Especial Independiente compuesta por:

Gerardo A. Rodríguez, CPA, presidente

Rev. William Hernández

Prof. Tomasita Pabón

Sra. Carmen Carro

Leda. María Mújica

Los comisionados y las comisionadas que a partir de hoy constituirán esta Comisión son personas de probada ido-neidad e integridad moral, preparadas y con experiencia en el área de auditoría y de gerencia pública y privada. Esos requisitos sin duda los capacitan para cumplir con el deber encomendado de manera cabal. Además, el alcance de esta investigación nos comprende a todos quienes tene-mos el privilegio de hacer uso de los recursos de esta hon-rosa rama de gobierno. Ello hace patente la intención de transparencia que esta Curia exige y promulga.

La Comisión deberá investigar el uso de fondos y recur-sos públicos de la Rama Judicial, así como los desembolsos por parte de la OAT y su directora. La Comisión tendrá los poderes establecidos en las Reglas para los Procedimientos de Investigaciones Especiales Independientes de la Rama Judicial, así como aquellos incidentales y necesarios para cumplir fiel y cabalmente con sus responsabilidades.

En el ejercicio de sus funciones, la Comisión no interfe-rirá con la jurisdicción que la Constitución confiere a las otras ramas constitucionales del Gobierno. En ese sentido, cooperará con cualquier investigación sobre este mismo asunto. Tampoco interferirá con otras investigaciones que estén en curso.

Según los poderes que nos confieren las Reglas 7 y 8 para los Procedimientos de Investigaciones Especiales In-dependientes de la Rama Judicial, y en protección de la jurisdicción de la Comisión y la integridad de su enco-mienda, se ordena a la Directora Administrativa de los Tribunales, so pena de desacato, que deje sin efecto de manera inmediata el contrato otorgado por la OAT al Ledo. César López Cintrón y cualquier otra contratación relacionada con la investigación. Se le prohíbe a la Directora de la Ofi-cina de Administración de los Tribunales el desembolso de fondos públicos asignados a la Rama Judicial para el pago de los servicios del licenciado López Cintrón según dicho contrato.

Notifíquese inmediatamente por teléfono, vía facsímil y por la vía ordinaria a la Directora de la Oficina de Admi-nistración de los Tribunales, Hon. Sonia Ivette Vélez Colón, al Ledo. César López Cintrón y a los miembros de la Comisión. Publíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Den-ton hace constar la expresión siguiente:

Por encontrarme fuera del país participando de la Conferen-cia de Jueces Presidentes de Estados Unidos, y porque la ma-yoría ha certificado estas Resoluciones tan atropelladamente, me acojo al término reglamentario dispuesto en la Regla 5(b) del Reglamento del Tribunal Supremo para emitir un voto particular disidente. No obstante, deseo hacer constar que disiento de las Resoluciones que hoy se emiten por ser contra-rias a nuestro ordenamiento constitucional democrático. Me-diante dichas Resoluciones, el Pleno del Tribunal usurpa unas prerrogativas y facultades que la Constitución delegó expresa-mente al Juez Presidente. Además, esta actuación de la mayo-ría tiene el efecto de precipitar una crisis constitucional inne-cesaria y mancillar la independencia judicial en su vertiente administrativa. Asimismo, lacera la imagen, la historia y la legitimidad de este alto Foro, garante de los derechos consti-tucionales de los puertorriqueños.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no está de acuerdo con el proceder de una mayoría del Tribunal reco-gido en esta Resolución por entender que representa una actuación contraria a nuestro ordenamiento constitu-cional. Por consiguiente, se reserva el derecho a expresarse al respecto, conforme a la Regla 5(b) del Reglamento del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Ro-dríguez hace constar la expresión siguiente:

Una mayoría del Tribunal decidió certificar la presente Re-solución antes de la fecha informada ayer, por lo que no he tenido tiempo de expresarme sobre la actuación inconstitucio-nal de este Tribunal. Por disentir del proceder de la mayoría, hago constar que me acojo al término reglamentario de la Re-gla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico para emitir una expresión oportunamente.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


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      In re Establecimiento de las Salas de Despacho según lo Dispuesto en la Regla 4 del Reglamento del Tribunal Supremo.

      Número: ER-2012-02

      Resuelto: 6 de febrero de 2012
   RESOLUCIÓN

El pasado mes de noviembre adoptamos un nuevo regla-mento que regirá los procesos en este Tribunal por los próximos años. In re Reglamento Tribunal Supremo, 183 D.P.R. 386 (2011). En lo que nos concierne, la Regla 4 de ese Reglamento, id., establece:

(b) Funcionamiento en salas
El Tribunal podrá organizarse en una o más salas para el despacho de cualquier asunto, excepto aquellos para los cuales la Constitución dispone un número mínimo de Jueces y Juezas. La sala o las salas de despacho no podrán tener menos de tres (3) Jueces o Juezas. Presidirá cada sala el Juez o la Jueza de mayor antigüedad en el Tribunal que forme parte de ésta. Cuando el Juez Presidente o la Jueza Presidenta forme parte de una sala, él o ella la presidirá. El Tribunal designará, mediante resolución, a los Jueces o las Juezas que integrarán las salas de despacho.
Los Jueces o las Juezas integrantes de una sala deberán intervenir en el despacho y la decisión de los asuntos someti-dos ante ésta. Las resoluciones de sala se identificarán como originadas en la sala que las emite, haciéndose constar los Jueces o las Juezas que la componen. Para recomendar la ex-pedición de un auto se requerirán los votos de por lo menos la mitad de los Jueces o las Juezas que intervengan. Cuando una sala determine que un auto debe ser expedido, lo referirá al Pleno del Tribunal. ... El Pleno del Tribunal determinará fi-nalmente si expide el auto en los recursos que le hayan sido referidos.
El Juez Presidente o la Jueza Presidenta deberá formar parte de cualquier sala de despacho para resolver un empate. Cuando por alguna circunstancia el Juez Presidente o la Jueza Presidenta no pueda intervenir para resolver un em-pate, designará a otro Juez u otra Jueza que no forme parte de la sala en que surgió el empate, en orden sucesivo de antigüe-dad, para actuar en su lugar.
Cuando un miembro de la sala no pueda intervenir en la decisión de algún asunto, el Juez Presidente o la Jueza Presi-denta designará a otro Juez u otra Jueza para constituir la sala. Esta designación se hará por orden invertido de antigüe-dad, comenzando con el Juez o la Jueza de menor antigüedad que no forme parte de la sala del Juez sustituido o la Jueza sustituida, hasta el Juez o la Jueza de mayor antigüedad que no forme parte de la sala, y así consecutivamente. Si la persona sustituida fuese quien preside dicha sala, el Juez o la Jueza de mayor antigüedad entre quienes forman parte de la sala así constituida actuará como presidente o presidenta para la consideración del asunto.
Cuando se presente una moción de reconsideración de una decisión emitida por una sala, ésta será resuelta por una sala distinta a la que haya emitido la decisión, excepto cuando la composición de la sala haya sido alterada. En ese caso, la mo-ción podrá ser considerada por cualquier sala o por el Tribunal en Pleno. Si se presenta una moción de reconsideración subsi-guiente, ésta será resuelta por una sala distinta a la que haya emitido la decisión y a la que haya resuelto la primera moción de reconsideración. Las mociones de reconsideración de una decisión emitida por el Pleno del Tribunal serán resueltas por éste. (Escolios omitidos.)

Es tiempo de que impregnemos efectividad a esta disposición. Como se recordará, en In re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, 180 D.P.R. 54 (2010), solicitamos a la Asamblea Legislativa que aumentara mediante legislación la composición de este Foro para añadirle dos nuevos integrantes. En aquella ocasión señalamos:

Actualmente, cada uno de los siete Jueces presenta cinco casos al Pleno, para un total de 35 recursos semanales. Con un funcionamiento de tres salas compuesta por tres Jueces cada una, sin más, estaríamos en posición de atender 45 recursos semanales entre las tres salas. Además, la calidad en la revi-sión aumentará, ya que cada Juez tendrá que examinar un total de 15 recursos en vez de 35. Esto se debe a que cada sala atendería 15 recursos semanales en vez de los 35 que atiende actualmente el Pleno. A corto plazo, ya que la carga semanal de cada Juez se reducirá considerablemente, sería posible au-mentar temporeramente la asignación de casos de cinco a siete por Juez, lo que aumentaría la producción semanal de 35 a 63 recursos. Al tomar esa medida, cada sala atenderá 21 recursos semanales. Esto es, con esa medida temporera esta-ríamos duplicando la producción semanal de este Tribunal. Eso nos permitiría eliminar en un plazo breve el atraso exis-tente en la consideración de recursos, para expedir o denegar el auto. íd., pág. 70.

La Asamblea Legislativa accedió a la solicitud de este Tribunal aprobando la Ley Núm. 169-2010, mediante la cual se enmendó el Art. 3.001 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24r. Este Tribunal tiene una preocu-pación genuina por la demora que enfrenta en su calendario. Por ello, completada la integración de los Jue-ces y Juezas adicionados a este Tribunal, y tras entrar en vigor nuestro nuevo Reglamento, estamos en condiciones para organizamos en salas de despacho de tres Jueces o Juezas para atender con más agilidad y eficiencia los re-cursos que se nos presenten. Así, en virtud de la Regla 4 de nuestro Reglamento, supra, se componen las siguientes sa-las de despacho para atender los recursos discrecionales que se presenten:

Primera Sala:

Hon. Federico Hernández Denton, presidente

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Hon. Edgardo Rivera García

Segunda Sala:

Hon. Liana Fiol Matta, presidenta

Hon. Mildred Pabón Charneco

Hon. Roberto Feliberti Cintrón

Tercera Sala:

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Luis F. Estrella Martínez

Los miembros de las tres salas de despacho tendrán el deber de reunirse una vez en semana en el lugar y a la hora que cada sala disponga. Véase Regla 6(d) del Regla-mento del Tribunal Supremo en In re Reglamento del Tribunal Supremo, supra. Sin embargo, las reuniones de las salas no deberán confligir con la reunión que celebrará el Pleno de este Tribunal el último viernes de cada mes. Ade-más, mientras el número de recursos pendientes lo per-mita, cada Juez y Jueza tendrá la obligación de informar siete recursos nuevos en cada reunión de las salas de des-pacho, para un total de 21 casos por sala. Véase Regla 6(a), supra. El Juez Presidente asignará a cada sala los casos que estas atenderán.

El Tribunal en Pleno se reunirá el último viernes de cada mes, comenzando a las 9:30 a.m., según se dispone en la Regla 6(a) de nuestro Reglamento, supra. En esa re-unión del Pleno se discutirán las recomendaciones que ha-gan las salas de despacho para expedir los recursos que tienen ante su consideración, así como cualquier asunto referido al Pleno, según se dispone en la Regla 6, id., o por acuerdo del Tribunal. El Juez o la Jueza que informó un caso en su sala y prevaleció en su recomendación de expe-dir, será quien lo informe en el Pleno. Por el contrario, si un Juez o una Jueza recomienda no expedir y queda en minoría, el caso lo informará uno de los dos Jueces o Jue-zas que recomendaron expedir.

Asimismo, cuando algún Juez o alguna Jueza no inter-venga en un recurso de la sala a la cual pertenece, se se-guirá el proceso que se estipula en la Regla 4 del Regla-mento de este Tribunal, supra. La regla citada también regula el proceso de las mociones de reconsideración de una decisión emitida por las Salas de Despacho. Id.

Por su parte, las mociones en auxilio de jurisdicción se tramitarán de acuerdo con el proceso contemplado en la Regla 28 de nuestro Reglamento, supra. En específico, la Regla 28, supra, dispone que será el Tribunal en Pleno el que determinará si se expide la orden provisional en auxi-lio de jurisdicción. De igual forma, el Tribunal en Pleno atenderá los procesos disciplinarios contra abogados, abo-gadas, notarios o notarías, tal como se dispone en las Re-glas 14 y 15 de nuestro Reglamento, supra. Las mociones en auxilio de jurisdicción se asignarán a los Jueces y las Juezas para su atención en el orden estricto de antigüedad. Todo otro asunto, incluyendo las mociones de reconsidera-ción de las decisiones del Tribunal en Pleno y las mociones de reinstalación de abogados y abogadas, se asignará de la misma forma mediante un listado por separado. Lo mismo se hará con cualquier otro asunto que por ley o reglamento requiera la atención del Tribunal en Pleno, o cuando el Tribunal así lo acuerde.

El funcionamiento en salas que aquí se promulga estará vigente durante el término en que el Tribunal sesione, se-gún contemplado en la Regla 4(d), supra. Así, pues, este funcionamiento en salas continuará durante cada término de sesiones y hasta que el Tribunal disponga otra cosa. En cambio, durante el periodo de receso, el Tribunal determi-nará el número de salas y los Jueces o las Juezas que las integrarán.

Esta Resolución entrará en vigor el lunes 13 de febrero de 2011. Publíquese.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta hace constar que se reafirma en su posición respecto a la atención de recursos en salas de despacho, expresada en el voto particular disidente que emitió cuando se certi-ficó el nuevo Reglamento de este Tribunal en noviembre de 2011. No obstante, no tiene objeción alguna a la composi-ción de las salas dispuesta en esta Resolución. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hace constar que se reitera en sus expresiones en In re Reglamento Tribunal Supremo, 183 D.P.R. 386 (2011).

(Fdo.) Aída Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


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    Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, recurrida, v. Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, peticionaria.

      Número: CC-2009-859

      Resuelto: 10 de febrero de 2012

      Mario Arroyo Dávila y Moraima S. Ríos Robles, abogados de la parte peticionaria; Brenda N. Pérez Fernández y David J. Castro Anaye, de la Unidad de Asuntos Legales de la Oficina del Comisionado de Seguros, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si en conformidad con la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, Ley Núm. 253-1995, según enmendada, 26 L.RR.A. sees. 8051-8061 (Ley de Seguro de Responsabili-dad Obligatorio) y el Art. 20(e) de la Regla LXX del Regla-mento Núm. 6254 de 28 de diciembre de 2000, Reglamento del Código de Seguros (Regla LXX), la Asociación de Sus-cripción Conjunta puede distribuir las ganancias que pro-vienen de la inversión de sus activos o está limitada a dis-tribuir exclusivamente las procedentes al negocio de suscripción.

I

La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS) investigó las operaciones de la Asociación de Sus-cripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligato-rio (ASC) para escudriñar la condición financiera y el cum-plimiento con el Código de Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros), 26 L.P.R.A. sec. 101 et seq. El periodo investi-gado comprendió desde el 1 de julio de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2004.

Al finalizar la investigación, la OCS notificó los hallaz-gos de la pesquisa a la ASC mediante una copia del informe. Con relación al asunto ante nuestra considera-ción, el informe reflejó que la ASC usó como fundamento la prima devengada para computar la distribución de sus dividendos sobre la inversión de sus activos. La OCS razonó que la ASC solamente podía distribuir la ganancia gene-rada por el negocio de suscripción.

La ASC difirió del informe emitido. Durante el proceso administrativo ante la Comisionada de Seguros, la ASC argumentó que cumplió con la restricción impuesta por la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio y con el Art. 20(e) de la Regla LXX. Sostuvo que limitó la repartición de ganancias de los activos de inversión al por ciento máximo establecido en la distribución del dólar prima apli-cado a la prima devengada para cada año en cuestión.

Por su parte, la OCS replicó la postura de la ASC ante la Comisionada de Seguros. Discutió que la ASC no cumplió con la ley ni con el reglamento al transferir ganancias que no estaban relacionadas al negocio de suscripción. Argüyó que la participación de la ganancia está ligada exclusiva-mente al negocio de suscripción debido a que la base para su cómputo es el dólar prima y la prima devengada en el año.

La OCS y la ASC acordaron someter sus posturas en memorandos de derecho. Luego de examinarlas, el 12 de junio de 2008, la Comisionada de Seguros emitió la corres-pondiente resolución. En ésta, determinó que la ASC re-partió dividendos de la ganancia de la inversión de activos limitada al cinco por ciento (5%) de la prima devengada para cada año. La Comisionada de Seguros juzgó que la ASC únicamente podía distribuir como dividendos las ga-nancias generadas por el negocio de suscripción para cada periodo y no las derivadas de la inversión de sus activos. Determinó que la repartición no podía sobrepasar el cinco por ciento (5%) de la prima devengada para cada año y que cualquier excedente se debía transferir a una reserva especial. Además, expresó que la Regla LXX del Regla-mento prohíbe que se utilice dicha reserva especial para la distribución de la participación en ganancias. El sobrante sería utilizado en el futuro para estabilizar las primas del seguro y ampliar sus beneficios.

De acuerdo con dicha interpretación, la Comisionada de Seguros concluyó que la ASC violó la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio y el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra. Como consecuencia, ordenó a la ASC recupe-rar la ganancia distribuida en exceso para el periodo inves-tigado e impuso una multa de $1,000 por la referida violación.

Inconforme con la determinación de la Comisionada de Seguros, la ASC presentó una oportuna moción de reconsideración. En ésta, la ASC argumentó que no hay fundamento en la Ley de Seguro de Responsabilidad Obli-gatorio ni en la Regla LXX para limitar la procedencia de la distribución de sus ganancias al negocio de suscripción y rechazar la repartición de los ingresos netos de la inversión de sus activos. En respuesta a la solicitud de reconsidera-ción, la OCS resaltó que su interpretación era cónsona con la ley y con su reglamento. Por lo tanto, reiteró que no se podían distribuir las ganancias que provenían de la inver-sión de los activos de la ASC y solamente se podía repartir las derivadas del negocio de suscripción.

El 30 de septiembre de 2008, la Comisionada de Seguros declaró “no ha lugar” la solicitud de reconsideración pre-sentada por la ASC. Como consecuencia, la ASC acudió el 31 de octubre de 2008 en un recurso de revisión adminis-trativa ante el Tribunal de Apelaciones. Entre los errores señalados, la ASC reiteró que la interpretación de la Comi-sionada de Seguros de limitar la distribución de las ganan-cias a las generadas por el negocio de suscripción era errónea. Sostuvo que ni la ley ni el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, impiden la repartición de las ganancias exclu-sivamente al negocio de suscripción. La ASC no impugnó la validez del citado artículo. Al delinear su postura se refirió a varias disposiciones legales, y con relación a éstas ex-presó que “la Comisionada no tiene autoridad en ley para limitar la facultad de la ASC de distribuir las ganancias generadas por su negocio entre sus miembros”. Véase Re-curso de Revisión Administrativa presentado por la ASC ante el Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 17.

El 19 de mayo de 2009, el Tribunal de Apelaciones emi-tió una sentencia mediante la cual confirmó la determina-ción de la Comisionada de Seguros. En lo pertinente, el foro intermedio determinó que la Ley de Seguro de Respon-sabilidad Obligatorio y el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, disponen cómo será la participación de los miembros de la ASC en sus ganancias o pérdidas. Además, manifestó que la OCS podía limitar la procedencia de la distribución de las ganancias que efectuaba la ASC. En cuanto a las ganancias, interpretó la ley y concluyó que éstas no pueden exceder el porciento máximo establecido en el dólar prima de la prima devengada para cada año limitado a las primas directas netas suscritas para cada periodo. Por lo tanto, razonó que la ASC solo puede distribuir la ganancia atri-buida al negocio de suscripción. El sobrante de la ganancia se debía mantener en una reserva especial, sosteniendo la interpretación de la Comisionada de Seguros.

La ASC solicitó reconsideración al aducir que durante los procedimientos cuestionó solamente el alcance de la in-terpretación reglamentaria y no la autoridad de la OCS para emitir una reglamentación que limitara los derechos concedidos en la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio. Asimismo, reiteró que la interpretación reali-zada era equivocada. La ASC explicó que de las disposicio-nes citadas por el Tribunal de Apelaciones no surge una restricción a la distribución de las ganancias. Tampoco se expresa que éstas deben ser a base de las ganancias gene-radas por el negocio de suscripción. Aclaró que las disposi-ciones estatutarias establecieron que las ganancias y pér-didas en las operaciones de la ASC se repartirían entre sus miembros en proporción a las primas directas suscritas en Puerto Rico por cada uno de éstos. Destacó que ni la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio ni el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, disponen que las ganancias a dividir correspondan exclusivamente al negocio de suscripción. La OCS presentó su oposición.

Aquilatadas las argumentaciones de las partes, el Tribunal de Apelaciones emitió el 31 de agosto de 2009 una sentencia en reconsideración. Sin embargo, en cuanto a lo que nos atañe, el foro intermedio sostuvo su determinación previa.

En desacuerdo, la ASC compareció ante este Tribunal y señaló el siguiente error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la resolución de la Ex Comisionada en cuanto a que la ASC no está facultada para distribuir como dividendos la ganancia obtenida por la inversión de sus activos, al limitar la distribución a la ganan-cia generada por el negocio de suscripción y al ordenarle a la ASC a recuperar la ganancia distribuida en exceso de lo ale-gadamente permitido. Recurso de certiorari, pág. 14.

El 26 de marzo de 2010 expedimos el recurso y éste quedó sometido para su adjudicación en los méritos el 13 de agosto de 2010. Procedemos a resolver.

II

Durante muchos años se presentaron varios proyectos en la Asamblea Legislativa con el propósito de establecer un seguro compulsorio de automóviles. Varias comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado realizaron estudios sobre la viabilidad, deseabilidad y conveniencia de establecer una legislación que requiriera a los conduc-tores de vehículos de motor un seguro compulsorio de res-ponsabilidad pública para cubrir los daños causados a la propiedad de terceros como consecuencia de accidentes automovilísticos.

Los esfuerzos culminaron con la asignación de fondos encaminados a facilitar un programa de seguro compulsorio. Véase Resolución Conjunta Núm. 350 de 10 de diciembre de 1993. En la estructuración del sistema del seguro de responsabilidad se consideró que la cubierta de-bía tener un costo razonable y responder por una suma baja, entre $1,500 y $3,000. Igualmente, se concibió que esta póliza respondería por el vehículo, estaría basada en el principio de culpa y cubriría solamente los daños ocasio-nados a vehículos de terceros.

El trabajo realizado culminó con la aprobación de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio en el 1995 y sus posteriores enmiendas. Dicha legislación atendió la problemática que suscitaba la pérdida económica como resultado de los daños no compensados causados a vehículos en accidentes de tránsito. Para ello, el estatuto condicionó el tránsito por las vías públicas a aquellos vehículos de motor que obtuvieran y mantuvieran una cubierta de seguro de responsabilidad frente a terceros. La cubierta propuesta respondió por los daños causados a vehículos involucrados en accidentes de tránsito por los cuales el dueño del vehículo asegurado fuese legalmente responsable. Art. 2 de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, 26 L.P.R.A. sec. 8051.

Para lograr una legislación eficiente y de vanguardia se estudió la necesidad de que el seguro fuera provisto por los aseguradores privados autorizados en Puerto Rico. En respuesta a ello, la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio impuso a los aseguradores privados el deber de proveer un seguro de responsabilidad obligatorio a los dueños de los vehículos que lo solicitaran. Sin embargo, la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio reservó a los aseguradores privados su derecho a ejercer una libre selección de sus asegurados, por lo que éstos podían rechazar solicitantes conforme a unos criterios establecidos. Véase Art. 5 de Ley de Seguro de Résponsa-bilidad Obligatorio, 26 L.RR.A. see. 8054.

Para atender los casos de las solicitudes rechazadas por los aseguradores privados, la legislación instituyó la ASC. Véase Art. 6 de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obli-gatorio, 26 L.P.R.A. see. 8055. La creación de esta colecti-vidad respondió al deseo de no agigantar el Gobierno y optimizar el uso del conocimiento y de la experiencia ad-quirida por el sector privado en este tipo de cubierta. Véase Ponencia del Comisionado de Seguros de 15 de julio de 1995 relacionada al P. del S. 1163, pág. 8.

La ASC está integrada por todos los aseguradores privados como condición para continuar gestionando cualquier clase de seguro en Puerto Rico. A estos efectos, el Art. 3 de la referida disposición legal estableció cuáles “aseguradores privados” compondrían la ASC al definir dicho concepto de la siguiente forma:

(b) Asegurador privado.-Significa un asegurador autorizado o que pueda autorizarse en el futuro a suscribir en Puerto Rico seguros contra cualquier pérdida, gastos o responsabilidad por la pérdida o los daños causados a personas o la propiedad, resultantes de la posesión, conservación o uso de cualquier vehículo terrestre, aeronave o animales de tiro o de montura, o incidentales a los mismos, todo ello de conformidad con [el Art,. 4.070(1) del Código], siempre que el volumen de primas sus-crita para esa clase de seguro por dicho asegurador sea mayor del uno [(1) por ciento] del volumen total de primas suscrita en Puerto Rico para el mismo. Véase Art. 3(b) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, 26 L.P.R.A. sec. 8052(b).

Cónsono con ello, todo asegurador de seguros de vehículos que tenga más del uno por ciento del total de las primas suscritas en Puerto Rico para ese tipo de negocio sería forzosamente un integrante de la ASC. Desde su creación, el legislador reconoció a la ASC todos los poderes corporativos generales aplicables a un asegurador por ac-ciones, establecidos en el Capítulo 29 del Código de Seguros. Al así hacerlo, la ASC se constituyó como un ase-gurador por acciones; es decir, está incorporada con capital dividido entre sus miembros y poseído por éstos. Véanse: Arts. 29.030 y 29.050 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sees. 2903 y 2905, respectivamente. Como tal, los asegura-dores por acciones pagan dividendos en efectivo de los fon-dos sobrantes que se deriven de cualquier beneficio neto realizado en su negocio. Véase Art. 29.340 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 2934.

Atendida la necesidad de crear una cubierta de seguro y de quién proveería el mismo, la Ley de Seguro de Respon-sabilidad Obligatorio fijó el costo de la prima que se paga-ría con la cubierta. La prima para los vehículos de motor privado de pasajeros se estableció en $99, y en $148 para vehículos comerciales. Art. 7(a) de la Ley de Seguro de Res-ponsabilidad Obligatorio, 26 L.P.R.A. sec. 8056(a). El monto de la prima corresponde a diferentes conceptos de gastos. La porción de los egresos distribuidos en cada dólar cobrado constituye la distribución del dólar prima.

El dólar prima incluye el costo de adquisición del se-guro, los impuestos, las licencias y otros cargos, el expen-dio administrativo, la ganancia del asegurador y el ajuste y pago de las pérdidas. La distribución del dólar prima con relación al lucro por el pago de la póliza del seguro obliga-torio es un cinco por ciento (5%) de la prima pagada. Véase Ponencia del Comisionado de Seguros, supra, pág. 12. Lo antes expresado significa que el beneficio por cada prima por vehículo privado equivale a $4.95 y a $7.40 por vehí-culo comercial.

Para lograr imponer la cubierta, el estatuto diseñó un sistema para el recaudo de la prima al momento de reno-var o adquirir la licencia del vehículo de motor, es decir, al adquirir el marbete. De esta forma, se minimizó la posibi-lidad de la existencia de vehículos de motor transitando vías públicas sin estar asegurados. Véase Art. 4 de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, 26 L.RR.A. sec. 8053.

Como consecuencia de ello, se propició que el pago de la prima se hiciera al Secretario de Hacienda al obtener o renovar la licencia del vehículo de motor. Eventualmente, dicho funcionario transfiere el monto de las primas cobradas a la ASC y a los aseguradores privados, menos un cargo por el servicio de cobro. El estatuto reconoció la facultad del Comisionado de Seguros para reglamentar la forma y manera en que procedería la distribución de las primas entre los miembros de la ASC. A estos efectos, el Art. 6(c) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, 26 L.P.R.A. sec. 8055(c), dispone:

(c) La Asociación de Suscripción Conjunta recibirá del Secre-tario de Hacienda el importe de las primas del seguro de res-ponsabilidad obligatorio que este funcionario reciba, para su eventual distribución entre los aseguradores privados y la pro-pia Asociación de Suscripción Conjunta, según corresponda. Los gastos administrativos y operacionales de la Asociación de Suscripción Conjunta se harán con cargo al importe por con-cepto de primas que le corresponda de acuerdo a esta distribución. El Comisionado dispondrá por reglamento la forma y manera en que se llevará a cabo la distribución del importe de las primas, que reciba la Asociación de Suscripción Conjunta del Secretario de Hacienda. (Énfasis suplido.)

Además de atender lo relacionado a la repartición de las primas cobradas a los aseguradores privados y a la ASC, la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio estableció cómo se distribuirían los riesgos de suscribir la cubierta obligatoria entre los miembros de la ASC. Naturalmente, al imponer a ciertos aseguradores privados la obligación de integrarse a la ASC era necesario establecer, sin limitación alguna, la participación de éstos en las ganancias y pérdidas de dicha entidad. A estos efectos, el Art. 6(e) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, 26 L.P.R.A. sec. 8055(e), dispone lo siguiente:

(e) Todos los miembros de la Asociación de Suscripción Con-junta participarán en las ganancias y pérdidas de ésta en el por ciento que las primas netas directas suscritas en Puerto Rico durante el año anterior por cada uno de dichos asegura-dores, para el seguro contra cualquier pérdida, gastos o res-ponsabilidad por la pérdida o los daños causados a personas o la propiedad, resultantes de la posesión, conservación o uso de cualquier vehículo terrestre, aeronave o animales de tiro o de montura, o incidentales a los mismos, todo ello de conformidad con [el Artículo 4.070(1)], represente del total de las primas netas directas suscritas en Puerto Rico durante dicho año para esa clase de seguro. (Enfasis nuestro.)

Mediante este artículo se materializó el interés de lo-grar la paridad en la distribución de riesgos entre los miembros de la ASC equitativamente. Por ello, la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio propició que los in-tegrantes de la ASC participaran sin limitación alguna de todas las ganancias y pérdidas de la ASC.

Es prudente advertir que la respuesta al grado de pro-porcionalidad de la repartición de las ganancias y pérdidas de la ASC entre sus miembros la brinda el Art. 6(e) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, supra. Éste dispone que la participación en las ganancias y pérdidas de la ASC se determinará con relación al porcentaje que cada asegurador privado representa del volumen de primas de seguros de vehículos de motor suscritas en Puerto Rico para el año anterior sobre el total de primas suscritas en este renglón por los aseguradores privados que componen la ASC. Entiéndase, a razón del porciento que representa cada integrante de la ASC con relación al total de primas de seguros de vehículos de motor suscritas por la totalidad de éstos.

Lo antes expresado surge del historial legislativo. El In-forme Conjunto de las Comisiones de Gobierno, Asuntos Urbanos, Transportación y Obras Públicas, y de Hacienda sobre el P. del S. 1163 de 4 de octubre de 1995,12ma Asam-blea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria, págs. 14 — 15, dis-puso que

Considerando, por un lado, que el seguro de responsabili-dad obligatorio es uno que se exige en forma universal a todos los dueños de vehículos de motor, y por otro lado, que se per-mite a los aseguradores privados rechazar en forma limitada algunos riesgos azarosos, es imprescindible que se establezca un tipo de mecanismo mediante el cual se garantice la dispo-nibilidad del seguro de responsabilidad obligatorio a todos los dueños de vehículos de motor. Este mecanismo logrará evitar que la experiencia de los riesgos rechazados por los asegura-dores privados encarezca indebidamente el costo de la cu-bierta de los riesgos normales.
El mecanismo deberá ser de tal naturaleza que distribuya en la forma más equitativa posible, entre los aseguradores pri-vados que suscriben este tipo de seguro, los riesgos que nor-malmente aquéllos no desean suscribir. De esta forma se logra que ningún asegurador en particular quede sobrecargado con los riesgos que nadie desea.
Atendiendo esta realidad, el Artículo 6 establece una Asocia-ción de Suscripción Conjunta integrada por todos los asegura-dores privados que suscriben en la Isla seguro de vehículos de motor conforme al Código de Seguros de Puerto Rico. El pro-pósito principal de esta Asociación será proveer el seguro de responsabilidad obligatorio a los solicitantes de dichos seguros rechazados por los aseguradores privados.
Para lograr la equidad de la distribución de riesgos, el Artí-culo 6(e) del P. del S. 1163 estipula que los aseguradores pri-vados miembros de la Asociación de Suscripción Conjunta par-ticiparán en sus ganancias y pérdidas en la proporción que el volumen de primas de seguro de vehículos de motor, suscrito en Puerto Rico por cada uno de ellos, represente del total de pri-mas de ese tipo de seguro suscrita en Puerto Rico por todos los aseguradores miembros de dicha Asociación.
Para garantizar la operación eficiente de la Asociación de Suscripción Conjunta, el Comisionado de Seguros queda facul-tado en el Artículo 6(f) de la medida para reglamentar la es-tructura y operación de dicha Asociación. (Enfasis nuestro.)

Igualmente, el Comisionado de Seguros, en su ponencia de 15 de julio de 1995, pág. 9, expresó:

Para lograr la equidad de la distribución de riesgos, el Art. 6(e) del proyecto estipula que los aseguradores privados miem-bros de la asociación de suscripción conjunta participarán en sus ganancias y pérdidas operacionales en la proporción que el volumen de primas de seguro de vehículos de motor, suscrito en Puerto Rico por cada uno de ellos, represente del total de primas de ese tipo de seguro suscrita en Puerto Rico por todos los aseguradores miembros de dicha asociación. (Énfasis nuestro.)

Posteriormente, el Comisionado de Seguros promulgó el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, para incorporar lo establecido en el Art. 6(e) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, supra. La corrección del Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, no está en controversia en el recurso ante nuestra consideración. Al aprobar la Regla LXX, el Comisionado de Seguros integró el concepto de la distribución del dólar prima aplicado a la prima devengada para establecer un límite a la ganancia que repartiría la ASC. Específicamente, el inciso (2) del Art. 20(e) de la Regla LXX establece lo siguiente:

Los miembros participarán en las ganancias o pérdidas anua-les de la Asociación de Suscripción Conjunta conforme a la participación proporcional de cada uno de dichos miembros para el año que se determinan dichas ganancias o pérdidas. En cuanto a la participación de las ganancias, la misma no podrá exceder el por ciento máximo establecido en la distribu-ción del dólar prima para las ganancias, aplicado a la prima devengada de dicho año.
El exceso de las ganancias de cada año sobre las cantidades distribuidas por razón de la participación estipulada en este apartado quedará acumulado en una reserva especial del so-brante que se utilizará exclusivamente para la estabilización futura de los beneficios del mismo. En ningún caso se podrá utilizar el referido exceso acumulado en dicha reserva para la distribución de la participación en las ganancias que se esta-blece en el párrafo anterior. (Énfasis suplido.)

De esta forma, la disposición reglamentaria citada prescribe que la ganancia a ser repartida no puede exceder el porciento máximo establecido en la distribución del dólar prima correspondiente a la prima devengada. Cualquier exceso se acumularía en una reserva especial. Al así ha-cerlo, y para simplificar lo antes expresado, se debe enten-der que el monto de las ganancias que la ASC puede dis-tribuir en determinado año está restringido a la cantidad que resulte de la prima devengada multiplicada por el cinco por ciento (5%) que corresponde a la distribución del dólar prima en concepto de la ganancia para este renglón. Al sujetar el límite de la ganancia a la prima devengada, la citada reglamentación garantizó que existiera cubierta para aquellas primas pagadas por adelantado por las cua-les no ha concluido el periodo de cubierta de la póliza.

III

Una vez establecido que las ganancias de la ASC no excederán del cinco por ciento (5%) de la prima devengada y que éstas se repartirán entre sus miembros a base de lo que representa cada uno de éstos para el mercado de pri-mas netas suscritas en Puerto Rico, falta aclarar cuáles son las ganancias operacionales que la ASC puede distribuir. ¿Es la ganancia del ingreso neto por las opera-ciones del negocio de suscripción de la ASC o puede ser la derivada de la inversión de sus activos? La contestación a esta interrogante la proporciona también el propio Art. 6(e) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, supra, y el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra.

Como expresamos, al crear la ASC, el legislador le reconoció las facultades enmarcadas en los poderes generales de un asegurador por acciones. Por consiguiente, la ASC puede, entre otras, adquirir, poseer, hipotecar, traspasar y de otro modo administrar, utilizar y disponer de bienes inmuebles y muebles. De igual modo, la ASC puede aprobar, enmendar y derogar reglamentos que regulen sus procedimientos corporativos y el manejo de sus negocios. Véase Art. 29.050(4) y (7) del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 2905(4) y (7). La ASC opera y constituye una empresa privada. Véase Asociacion de Subscripcion v. Flores Galarza, 484 F.3d 1, 20 (1er Cir. 2007). Ésta puede pagar dividendos en efectivo de los fondos sobrantes de cualquier beneficio neto realizado en su negocio. Véase Art. 29.340 del Código de Seguros, supra.

Es por ello que el examen del Art. 6(e) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, supra, su historial legislativo y el Art. 20(e) de la Regla LXX del Reglamento del Código de Seguros, supra, denotan que las ganancias a ser distribuidas entre los integrantes de la ASC no están confinadas al ingreso neto del negocio de suscripción. La ley específicamente dispone que los aseguradores privados miembros de la ASC “participarán en las ganancias y pér-didas de ésta ...”. (Enfasis nuestro.) Véase Art. 6(e) de la Ley de Seguro Obligatorio, supra. El estatuto no circuns-cribió la repartición de las ganancias ni la responsabilidad por las pérdidas de la ASC al ingreso neto del negocio de suscripción. Solamente estableció que la proporción de la participación de los integrantes de la ASC en sus ganan-cias o pérdidas sería a base de la proporción de éstos con relación a las primas netas directas suscritas en Puerto Rico. De igual modo, el Art. 20(e) de la Regla LXX mantuvo el mismo lenguaje al no establecer una prohibición especí-fica a la procedencia de las ganancias a ser distribuidas entre los miembros de la ASC. El referido artículo única-mente dispuso que la ganancia a ser distribuida no podía exceder del cinco por ciento (5%) de la prima devengada. Además, estableció que el exceso de ganancia para cada año se acumularía en una reserva especial, la cual sería exclusivamente utilizada para la estabilización futura de las primas del seguro de responsabilidad obligatorio y la ampliación futura de los beneficios.

Lo antes expuesto no significa ni se puede interpretar como que el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, limitó la ganancia a distribuirse al negocio de suscripción, sino que impuso un tope a la ganancia a ser recibida, cualquiera que sea. El exceso que no se reparta se acumularía en una reserva especial.

Para conservar los fondos contenidos en la reserva especial, el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, expresamente dispuso que el monto acumulado en la reserva especial no podría utilizarse en la distribución de la participación de ganancias. La reserva especial se utilizaría ex-clusivamente para la estabilización futura de las primas del seguro de responsabilidad obligatorio y la ampliación de los beneficios. Como consecuencia del Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, la ASC no puede distribuir fondos que pertenezcan a la reserva especial, lo cual incluye las ganancias derivadas de la inversión de activos acumulados en la reserva especial. En definitiva, de acuerdo con el Art. 20(e), cualquier ganancia producto de la inversión de los fondos depositados en la reserva especial no puede ser distribuida y se debe acumular como parte de la referida partida.

IV

La ASC compareció ante este Tribunal y planteó que no existe fundamento en la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio ni en el Art. 20(e) de la Regla LXX que sos-tenga la interpretación de la Comisionada de Seguros con relación a que únicamente podía repartir las ganancias del negocio de suscripción hasta un cinco por ciento (5%) de la prima devengada para el periodo investigado.

En el caso de autos no existe polémica con relación a que la participación en las ganancias o pérdidas de la ASC para cada uno de sus miembros es proporcional al total de pri-mas de seguros de vehículos de motor suscritas por éstos en Puerto Rico durante el año anterior. Tampoco se cues-tiona ni existe debate con relación a que las ganancias a ser distribuidas no podrán exceder del cinco por ciento (5%) establecido para las ganancias en la distribución del dólar prima aplicado a la prima devengada. Igualmente, es un hecho irrefutable que la ASC calculó y limitó la cantidad a distribuir entre sus aseguradores miembros al cinco por ciento (5%) del total de lo que representa la prima devengada. Al así hacerlo, utilizó como fundamento para calcular la distribución la ganancia atribuida a la inver-sión de sus activos.

Las actuaciones de la ASC dieron lugar a que la OCS concluyera que la ASC infringió la Ley de Seguro de Res-ponsabilidad Obligatorio y el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra. Ésta interpretó que la ganancia sobre la cual la ASC tiene derecho a distribuir es la generada por el negocio de suscripción. Por lo tanto, concluyó que la repartición reali-zada de la inversión de sus activos fue en exceso a lo per-mitido por ley. El Tribunal de Apelaciones avaló tal conclusión. Erró al así proceder.

Ninguna de las disposiciones en controversia restringen la participación de los aseguradores miembros de la ASC a las primas netas directas suscritas en Puerto Rico. Mucho menos hacen referencia a que éstas se circunscriben a las ganancias relacionadas con el negocio de suscripción.

Al sostener su dictamen, el Tribunal de Apelaciones analizó erróneamente el Art. 6(e) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, supra. En su razonamiento, el foro intermedio interpretó desacertadamente que el re-ferido artículo dispone que los miembros de la ASC parti-ciparán de las ganancias o pérdidas a distribuirse de las primas netas directas suscritas en ese año. Su equivoca-ción estriba en que confundió y equiparó la correlación en-tre la manera en que se llevaría a cabo la distribución en-tre los integrantes de la ASC con la procedencia de la ganancia a distribuirse.

La discusión normativa antes expuesta revela que el Art. 6(e) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligato-rio, supra, establece que los aseguradores privados miem-bros de la ASC “participarán en las ganancias y pérdidas de ésta ...”. (Enfasis nuestro.) Acto seguido, el referido ar-tículo dispone la forma en que se calculará la contribución de los integrantes de la ASC en sus ganancias o pérdidas. Para ello, el legislador empleó el concepto de las “primas netas directas suscritas en Puerto Rico durante el año anterior por cada uno de dichos aseguradores ...”. Id. De esta forma, el legislador determinó la proporción en la que se-rían acreedores los aseguradores privados de las ganancias de la ASC y la responsabilidad de éstos en cuanto a las pérdidas de ésta. Estableció un sistema equitativo cónsono con el liderazgo de los aseguradores privados que integran la ASC en el mercado de Puerto Rico. No obstante, ello no se puede interpretar ni equivale a que limitó la repartición al concepto de primas netas directas suscritas por la ASC.

La lectura sosegada de dicho articulado denota que no se estableció o limitó la participación de los aseguradores privados que integran la ASC a las “primas netas directas suscritas” como interpretó la Comisionada de Seguros y avaló el Tribunal de Apelaciones. Tal conclusión resulta totalmente errónea. La referencia a las primas netas direc-tas suscritas en Puerto Rico es para establecer cómo se haría la división correspondiente y no para indicar la pro-cedencia de la ganancia o pérdida a repartirse.

En ningún acápite de la ley o del Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, se limita la base sobre la cual se computa la participación en las ganancias o pérdidas de los asegura-dores privados. La razón es sencilla: El legislador concibió que los miembros de la ASC deben responder de todas las pérdidas que dicha institución pueda tener. No limitó la obligación de éstos a las primas netas directas ni al negocio de suscripción. De igual manera, les reconoció su derecho a recibir las ganancias operacionales de la ASC.

Como vimos reflejado en el historial legislativo y en la ponencia del Comisionado de Seguros, al aprobarse el Art. 6(e) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, supra, se estableció que los aseguradores privados miem-bros de la ASC “participarán en sus ganancias y pérdidas operacionales”. (Enfasis nuestro.) Asimismo, se dispuso que ello será en proporción al volumen de primas de segu-ros de vehículos de motor suscrito que cada uno de ellos represente del total de primas de este tipo suscritas en Puerto Rico. Véanse: Ponencia del Comisionado de Seguros de 15 de julio de 1995, supra, pág. 9; Informe Conjunto del P. del S. 1163, supra, pág. 15. La única restricción im-puesta concierne a que las ganancias a repartirse no po-drán exceder el cinco por ciento (5%) de la prima devengada. Ello responde a que ésta fue la cuantía deter-minada para el lucro en el dólar prima.

Por lo tanto, concluimos que la ASC puede distribuir las ganancias o pérdidas entre sus miembros de la totalidad de sus operaciones, incluso la inversión de sus activos. Ahora bien, la repartición de las ganancias no podrá exceder el cinco por ciento (5%) de la prima devengada para dicho año conforme dispone el Art. 6(e) de la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, supra, y el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra. En efecto, esto fue lo que la ASC hizo.

No obstante lo anterior, la ASC estaba limitada por el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, en cuanto a la distribu-ción del fruto de la inversión del dinero acumulado en la reserva especial. El referido artículo establece que el ex-ceso acumulado en la reserva especial no se podrá utilizar para la distribución de la participación de ganancias. A estos efectos, la OCS esgrimió su preocupación de que per-mitir a la ASC la distribución de la inversión de activos podría conllevar la distribución de los frutos correspon-dientes a la inversión del dinero acumulado en la reserva especial.

Como examinamos, el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra, prohíbe que se utilice el exceso acumulado en la reserva especial para la distribución de ganancias. Ello incluye el producto de las ganancias provenientes de la inversión de los fondos agrupados y que constituyen dicha reserva especial. Del expediente ante nuestra consideración no surge la procedencia de los bienes utilizados para la inver-sión de activos de la ASC. Por lo tanto, desconocemos si la ASC invirtió capital acumulado en la reserva especial como parte de su política de inversión. Cualquier ganancia deri-vada de las inversiones del dinero acumulado en la reserva especial no se podía distribuir entre los miembros de la ASC. Solamente procedía repartir las ganancias de la in-versión de los activos que no son producto de las aportacio-nes que formaban la reserva especial.

Como consecuencia de lo anterior, la ASC no está limi-tada a distribuir ganancias provenientes exclusivamente del negocio de suscripción. Esta puede repartir las ganan-cias derivadas de la inversión de sus activos que no resul-ten de la inversión de la reserva especial. Los rendimientos de la inversión de bienes de la reserva especial formarán parte de ésta según lo dispuesto en el Art. 20(e) de la Regla LXX, supra. El Comisionado de Seguros deberá determinar si la ASC como parte de su política de inversiones utilizó dinero de la reserva especial. Si ese fuera el caso para el periodo investigado, las ganancias atribuidas a los bienes de la reserva especial se deberán acumular como parte de ésta para cada año investigado.

V

Por los fundamentos expuestos, revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Devolvemos el caso a la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico para que solo determine si para el periodo investigado se invirtieron fondos acumulados de la reserva especial. El producto de la inversión del capital acumulado de la re-serva especial, si alguno, se deberá depositar como parte de ésta.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Para propósitos de la disposición de la controversia ante nuestra considera-ción, haremos referencia a la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos y las enmiendas que cubren el periodo investigado. Éstas son: (1) Ley Núm. 414-2004; (2) Ley Núm. 230-2002; (3) Ley Núm. 201-1997, y (4) Ley Núm. 94-1997.

       En su petitorio ante el Tribunal de Apelaciones, la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) solicitó la revisión de las multas que impuso la Comisionada de Seguros que ascendieron a $15,000. Además del error ante nuestra consideración, señaló que la Comisionada erró al concluir que la ASC: (1) no demostró que no era costo efectivo recuperar unos pagos duplicados; (2) incurrió en una práctica desleal al no realizar esfuerzos para recuperar salvamentos; (3) no justificó los gastos de nó-mina incurridos; (4) debe conceder total deferencia a las recomendaciones que pre-sentaron los miembros de la Oficina del Comisionado de Seguros mientras la Junta de Directores no esté constituida; (5) violó el Código de Seguros al no suministrar información requerida para la auditoría, y (6) es responsable por no realizar gestio-nes para constituir la Junta de Directores. El Tribunal de Apelaciones revocó a la Comisionada de Seguros con relación a sus conclusiones de que la ASC: (1) estaba obligada a reconocer deferencia a las recomendaciones que hicieron dos miembros de la Junta de Directores; (2) violó el Código de Seguros al no suministrar información requerida; (3) su conducta constituía una práctica desleal. Además, el foro interme-dio dejó sin efecto la conclusión de la Comisionada de Seguros relacionada con la recuperación de salvamentos y remitió ese asunto para que se celebrara una vista.

       La ASC señaló un segundo error relacionado con la facultad del Comisionado de Seguros para limitar la distribución de las ganancias que realiza a sus miembros. La ASC expuso que nunca cuestionó ante los foros recurridos la facultad del Comi-sionado de Seguros para emitir el reglamento. Adujo que
      “... sus argumentos se centraron en torno a la falta de base legal para las limitaciones que la ex Comisionada de Seguros aplicó a la forma en que la ASC distribuye sus ganancias. Por tanto, la ASC aceptó, para propósitos de la auditoría y como parte del proceso de Revisión Judicial entablado, la corrección del lenguaje del Artículo 20 (e)(2) de la Regla LXX." (Énfasis nuestro.) Alegato de la peticionaria Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio, pág. 28. Véase Recurso de certiorari, pág. 23.
      Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) expresamente indicó que la controversia ante este Tribunal se circunscribe a si la ASC puede o no distri-buir entre sus miembros ganancias que provengan de la inversión de sus activos, por lo que sostuvo que este Tribunal “no debe entrar en estos momentos a considerar la validez de la Regla LXX”. Véase Alegato del recurrido Comisionado de Seguros de Puerto Rico, págs. 8 y 15.
      En efecto, la ASC expresamente se reservó su derecho a cuestionar la validez de la disposición reglamentaria en el recurso legal adecuado. Así lo hizo cuando el 5 de noviembre de 2008 presentó ante el Tribunal de Primera Instancia (KPE2008-3826) una demanda y solicitud de sentencia declaratoria e interdicto preliminar a raíz de la promulgación del Art. 20(e)(2) incluido en la Regla LXX del Reglamento del Código de Seguros, Reglamento Núm. 6524 de 28 de diciembre de 2000. En el caso ante el foro primario, la ASC sostuvo que el Comisionado de Seguros actuó ultra vires al establecer un artículo que limita la distribución de sus ganancias. El Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia nunc pro tunc el 16 de marzo de 2011, y que se archivó en autos el día 18 de ese mes. En ella, el foro primario concluyó que el Comisionado actuó conforme a la ley vigente y determinó que limitaron su facultad para reglamentar cuando aprobaron la Ley Núm. 201-2009. Actualmente, la senten-cia que emitió el Tribunal de Primera Instancia en el caso KPE2008-3826 la están revisando en el recurso KLAN201100772 ante el Tribunal de Apelaciones.
      Ante la situación esbozada, la realidad de que no se cuestionó en los foros revi-sados la facultad del Comisionado de Seguros para promulgar la Regla LXX, el hecho de que tal asunto se presentó en un recurso judicial que está pendiente ante el Tribunal de Apelaciones, la conformidad de las partes sobre la controversia a ser resuelta y el que tal discusión resulta irrelevante para resolver el recurso ante nues-tra consideración, este Tribunal no atenderá en los méritos el segundo señalamiento de error.

       Véase Arroyo-Melecio v. Puerto Rican American Ins. Co., 398 F.3d 56, 62 (1er Cir. 2005).

       Aunque desde la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio surge que se le reconocieron a la ASC los poderes de los aseguradores por acciones, la Ley Núm. 201-2009 aclaró el particular al disponer expresamente en el Art. 6(d) de la referida Ley, 26 L.P.R.A. sec. 8055(d), que “[l]a Asociación de Suscripción Conjunta se consi-derará un asegurador por acciones, según dicho término se define en [el Artículo 29.030 del Código]”. El asegurador por acciones es el asegurador incorporado con capital dividido en acciones y poseído por sus accionistas. 26 L.P.R.A. see. 2903.

       La partida de reserva especial es reportada por la ASC en la partida de Sobrante Especial en el acápite de Capital y Sobrante del Estado de Situación Com-parativo al 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004. Ésta refleja que en el 2002 la misma era de $82,408,986; en el 2003 ascendió a $90,734,494, y en el 2004 a $92,334,521. Véase Apéndice, pág. 133.

       Véase Dúplica a “Revisión a Oposición a Solicitud de Revisión Judicial”, presentada ante el Tribunal de Apelaciones, Apéndice, págs. 1368-1370.


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      In re Comisión Especial para Revisar el Funcionamiento del Programa de Educación Jurídica Continua.

      Número: EN-2012-02

      Resuelto: 13 de febrero de 2012
   RESOLUCIÓN

De acuerdo con nuestro poder inherente para reglamen-tar la profesión de la abogacía, el 8 de abril de 2005 apro-bamos el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua. In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 D.P.R. 555 (2005). Ya han transcurrido poco más de cinco (5) años desde que se implantó el Programa. Por ello, nos corresponde examinar si el mismo responde a sus objetivos y a las necesidades de los profesionales del Derecho. Para lograr un examen íntegro, independiente y que incluya la participación de la clase togada como hemos promovido desde sus inicios, se crea mediante esta Resolución la Co-misión Especial para Revisar el Funcionamiento del Pro-grama de Educación Jurídica Continua.

Esta Comisión tendrá a su cargo la encomienda de rea-lizar una investigación profunda y completa sobre el fun-cionamiento del Programa de Educación Jurídica Continua durante estos años y sobre la aplicación y manejo de su Reglamento. Además, deberá presentar las recomendacio-nes que estime pertinentes y necesarias para mejorar el Programa. A su vez, y para proveer la mayor participación posible, la Comisión Especial deberá efectuar vistas públi-cas en todas las regiones judiciales de Puerto Rico para auscultar el sentir de los abogados y las abogadas que han participado del Programa. Estas vistas públicas se deberán anunciar con antelación y notificar a todos los abogados y las abogadas por correo electrónico y mediante anuncios en todos los centros judiciales.

La Comisión Especial estará compuesta por: (1) un re-presentante del Colegio de Abogados de Puerto Rico, (2) un representante de la Asociación de Abogados de Puerto Rico (Puerto Rico Lawyers’ Association), (3) un representante del Federal Bar Association, Capítulo de Puerto Rico, (4) dos abogados que trabajen en el sector público, a quienes nom-brará el Procurador General, y (5) cuatro abogados que trabajen en el sector privado.

Asimismo, al Presidente o a la Presidenta de la Comi-sión lo nombrará el Pleno del Tribunal Supremo.

Los Jueces y las Juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que así lo deseen, podrán participar de todas las re-uniones, vistas y actividades que programe la Comisión.

Para proveer a los miembros de esta Comisión Especial todas las herramientas necesarias para el desempeño de su labor, quedará a disposición de esta el personal del Se-cretariado de la Conferencia Judicial, quienes tendrán a su cargo la coordinación de las vistas públicas, el material necesario para el desempeño adecuado de las labores de la Comisión y las orientaciones que sean necesarias para la revisión que se llevará a cabo.

Una vez finalizadas sus labores, la Comisión rendirá un informe al Tribunal Supremo.

Conforme a lo anterior, se nombran como miembros de esta Comisión los siguientes abogados y abogadas:

Ledo. Héctor Ramos, Presidente

Ledo. José L. Miranda de Hostos

Leda. Ivelisse Moyano Ares

Ledo. Edwin Ramos Rivera

Además, se le concede un término de diez (10) días al Colegio de Abogados de Puerto Rico, a la Asociación de Abo-gados de Puerto Rico, al Federal Bar Association, Capítulo de Puerto Rico, y al Procurador General para que nombren sus respectivos representantes.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez no intervino y el Juez Presidente Señor Hernández Denton no interviene.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo