text:
    Juan José Gerardino, demandante y apelante, v. La Sucesión de Emilio V. Durán, compuesta de su Viuda Doña Monserrate Rivera, demandada y apelada.
    No. 5814.

    Sometido: Febrero 14, 1933.

      Resuelto: Marzo 10, 1933.

      Leopoldo Formes y F. Colón Díaz, abogados del apelante; F. B. For-naris, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción en cobro de dinero en la cual entre otras cosas se alega que Emilio Y. Durán, en abril de 1923, tomó a préstamo al demandante la cantidad de $908 para pagar las primas de ciertas pólizas ele seguro que se habían hecho con la compañía The Manufacturers’ Life Insurance Co., comprometiéndose dicho señor Durán a devol-ver dicha suma con sus intereses al- recibir el pago de su in-demnización por los daños sufridos en el hundimiento del vapor Carolina en la época de la Guerra Mundial, y que tenía-pendiente de cobrar. Se alega además que la viuda de Du-rán doña Monserrate Rivera, como su única heredera, reci-bió la indemnización del g*obierno alemán y que a pesar de las gestiones del demandante no ha pagado ni en todo ni en parte la referida suma.

El demandante, Juan José G-erardino, interpuso recurso de. apelación contra la sentencia de la corte inferior decla-rando sin lugar la demanda. Se alega en primer término que la corte inferior cometió error al permitir declarar como tes-tigo a la demandada Monserrate Rivera, esposa que fue y he-redera de Emilio Y. Durán, sobre comunicaciones hechas por su esposo finado, no obstante la oposición vigorosa que en tiempo y forma hizo la parte demandante, y todo ello con in-fracción a lo que establece la sección tercera de la ley de 12 de marzo de 1904, derogando el artículo 1215 del Código Civil y la jurisprudencia de ese tribunal en el caso de Wilcox v. Axtmayer, 23 D.P.R. 343.

Antes de proseguir a discutir este alegado error, desea-mos copiar las conclusiones de hecho de la corte inferior:

“Por la apreciación que ha hecho la corte ele toda la prueba, es de opinión que so ha probado que allá para el mes de mayo del año 1923, Emilio Baudilio Durán, el esposo de ]a aquí demandada doña Monserrate Rivera, era un hombre pobre, empleado que ganaba unos $900 al año, cuyo estado de salud era malo, pues padecía de tuberculosis pulmonar, a tal extremo que falleció de dicha enfermedad el día 19 de julio de 1924; que el día 14 de mayo de 1923, dicho Emilio Baudilio Durán se aseguró la vida eon la Manufacturers’ Life Insurance Co., por medio de su agente en Ponce, Joaquín Tellechea, en tres pólizas por las sumas de $1,000, $4,000 y $15,000, cuyas pri-mas anuales eran de $45.40. $181.60 y $681 respectivamente; que las primas correspondientes al primer año, ascendentes a $908 fueron pagadas por el aquí demandante Juan José Gerardino al señor Telle-chea a nombre de dicho Emilio Baudilio Durán debido a que la pó-liza No. 283438 por $1000 se hizo para beneficio de y pagadera a su esposa Monserrate Rivera, mientras que las pólizas No. 283436 y No. 283437 por $4,000 y' $15,000 respectivamente, se hicieron a beneficio de y pagaderas a los ‘albaceas, administradores o cesionarios’ de dicho Emilio Baudilio Duran, habiéndose ■ convenido por él deman-dante Juan José Gerardino y dicho Emilio Baudilio Durán que Ge-rardino se quedaría y guardaría estas dos pólizas, como lo hizo, mien-tras que la de $1,000 le fué entregada por Durán a su esposa; que dicho Emilio Baudilio Durán nunca convino con el demandante en pagarle el importe de dichas primas con lo que obtuviera del gobierno con su indemnización como consecuencia del hundimiento del vapor ‘Carolina’, ya que dicho procedimiento no se había iniciado todavía para aquella fecha, sino que fué la intención de las partes en el con-venio que las dos pólizas por $4,000 y $15,000 serían oportunamente endosadas por Emilio Baudilio Durán a favor del demandante como cesionario y que fué como consideración de esto que se hizo la otra póliza de $1,000 pagadera a su esposa; que por motivos que no apa-recen muy claros de la prueba, pero fáciles de comprender, ninguna de dichas pólizas fué renovada al vencer el primer año, siendo uu hecho indiscutible, sin embargo, que Emilio Baudilio Durán falleció de tuberculosis a los cuatro meses escasos de vencer dicho primer año. ’ ’ ■

A nuestro juicio la sentencia apelada puede sostenerse sin necesidad de acudir a las manifestaciones de la viuda Monse-rrate Eivera, que tienen su origen en informaciones recibidas de su esposo. La corte, al dictar su fallo, tomó en conside-ración la prueba de una y otra parte. Examinaremos dicha prueba, prescindiendo de la información que la viuda Mon-serrate Eivera derivara directamente de su referido esposo. Se ha demostrado que Durán ganaba de $10 a $15 semanales y que era su sueldo lo único con que contaba para vivir. A pesar de su pobreza aparece asegurándose por la cantidad de $20,000 y pagando por un año el primer plazo de las primas de las pólizas, ascendente a $908 que le facilitó el demandante Juan José G-erardino. Estos $20,000 se distribuyeron por el asegurado en tres pólizas, una de ellas por $1,000 exten-dida a favor de su esposa, y las otras por $15,000 y $4,000 respectivamente, extendidas a favor de sus albaceas, adminis-tradores j cesionarios. Todas estas operaciones surgen de una misma transacción y en ella intervienen el asegurado Emilio Durán, el representante de la compañía aseguradora Joaquín Tellechea, y el demandante Juan José Gerardino. Llama la. atención que Durán, que recibe un sueldo reducido y carece de medios de fortuna, encuentre una persona que le facilite $908 para asegurarse, con la vaga promesa de devol-ver esta cantidad cuando reciba una indemnización que tiene esperanzas de cobrar como superviviente en el hundimiento del vapor Carolina- T este préstamo se facilita en el año 1923 a un hombre enfermo con tuberculosis pulmonar, para cobrarlo en una fecha indefinida en caso de que Durán obtu-viese la indemnización a que creía tener derecho. Esta in-demnización se pagó seis años después, en 1929, y Durán' mu-rió un año y meses después de haber facilitado G-erardino los $908. Sin embargo, el Sr. Gerardino no se preocupa tanto ■de este posible acontecimiento futuro, del cual depende el cobro de su crédito, como de asegurar la vida al Sr. Durán, .a quien no entrega el dinero hasta no ver terminado el,ne-gocio de las pólizas, que se cuida de conservar en su pose-sión. .Su propio testigo, el Sr. Tellechea, representante de la compañía aseguradora, que permitió que un hombre in-solvente y enfermo se asegurase por la cantidad de $20,000, nos da la clave de este interés de Gerardino en asegurar a Durán y conservar las pólizas en su posesión. Tellechea de-clara que le entregó las pólizas a Durán y que éste se quedó con la de $1,000 extendida a favor de su esposa, y las otras dos, ascendentes a $19,000 se las entregó a Gerardino. El abogado de la demandada le preguntó, mostrándole una de las pólizas, por qué estaba la misma en poder de Gerardino y no de Durán o su familia, y el testigo contestó: “precisa-mente porque éste era el documento que garantizaba la ope-ración que ellos habían hecho, el préstamo.” También de-clara Tellechea que como el que iba a dar la plata era Gerar-dino, le exigió a’ Durán que hasta que no estuviesen las póli-zas definitivas él no hacía el negocio ni daría el dinero- ¿Por qué tenía Gerardino tanto interés en el negocio ele las póli-zas? ¿Qué razones le movieron para conservarlas en su po-der? ¿Pensaba cobrar su crédito de las pólizas cuando falle-ciera Durán, o esperaba la indemnización procedente del hun-dimiento del Carolina? No hay duda de que estas pólizas se constituyeron con algún fin. Que el propósito de Durán no fué favorecer a su esposa con la totalidad de la suma asegu-rada lo demuestra el hecho de haber separado en la misma transacción una póliza de $1,000 extendida a favor de su es-posa, que conservó en su poder, y haber entregado a Gerar-dino las dos pólizas restantes extendidas a favor de los al-baceas, administradores y cesionarios. ¿A quién se trató de beneficiar con estas pólizas si no hubo el propósito de favo-recer a la esposa, única persona a quien Durán, que carecía de ascendientes y descendientes, podría tener interés en pro-teger í A Juan José Gerardino, seguramente. Es el nombre q.ue surge a los labios una vez conocidos los detalles y circuns-tancias que rodean esta desagradable transacción. ¿Cómo? Los autos no arrojan toda la luz que ha debido producirse en el presente casó. Las pólizas debían pagarse a los albaceás, administradores y cesionarios. La corte inferior declara en sus conclusiones de hecho que la intención de las partes fué que estas pólizas serían oportunamente endosadas por Emilio Durán a favor del demandante. Es un hecho, sin embargo, que transcurrió un año sin que se pagase la nueva prima y que las pólizas no fueron cobradas por no haberse pagado el premio oportunamente. Cuando se preguntó a Tellechea si se acordaba de que el Sr. Gerardino envió a pagar ■las primas, habiéndose devuelto el cheque'por haber llegado tarde, contestó que no se acordaba- Como en este caso todo parece raro y extraordinario, se ofrece en evidencia un pa-garé que Durán aparece autorizando con su firma. La viuda declaró enfáticamente que no era la firma de su esposo. La corte no admitió el documento como prueba porque la de-manda no se basa en un pagaré y la demandada alegó que había sido sorprendida con la presentación de esta evidencia. Se tomó excepción por el demandante, pero esta cuestión-no ha sido planteada ante nosotros en el señalamiento de errores.

Pin el testamento de Durán declarando heredera a su -es-posa, ofrecido como prueba por el demandante, el testador hace constar que no tiene deudas contraídas- para con nadie. El Si. Durán, que no tenía'otra cosa que su salario, declara á'Su esposa heredera de lo que se obtuviese' de ún pleito que se estaba tramitando y de la indemnización por el hundimiento d'el vapor Carolina.

La viuda declara que el Sr. Gerardino tenía una combi-nación para hacer seguros, y que como su esposo no estaba bien de salud quisó asegurarlo. No examinamos en toda su integridad la declaración de esta señora, porque descansa principalmente en manifestaciones que le hiciera su esposo, pero vamos a copiar un fragmento del testimonio dé Marcelino Rivera, admitido como prueba sin oposición, que en su última parte dice así:

‘ ‘ Pues había venido a Ponce a unas diligencias y como de costum-bre siempre, a ver a mi hermana; y después de estar un rato con ella y.otro amigo que me acompañábanse presentó el marido ya un poco más tarde, y como algo apesadumbrado le entregó — ‘ aquí tienes. ’ ¡Él ya estaba bastante enfermo, y lo demuestra que murió al año si-guiente. Dice, 1 como mi vida ya es corta, mi salud ya es corta. . . . ’ Y trajo-una póliza de mil pesos. ‘¿Y has hecho esto?,’ dijo ella; .y él dijo, ‘sí, como ya no me resta nada que perder, no me queda nada, he hecho esto, pero tengo la pena que el señor Gerardino se compro-metió a darme cinco mil pesos a mí y él pagar los gastos y a última hora me ha dado mil pesos y se ha quedado con diez y nueve.’ Y mi hermana y yo lo recriminamos — ‘mal hecho’ — porque él podía curarse todavía y sabía que tenía ún cuñado que podría trabajar para ayu-dar a su hermana si él faltara algún día. Y yo le dije, ‘diez y nueve mil pesos es una cantidad bastante bonita para hacerle pasar un fra-caso a cualquiera,’ y yo lo aconsejé que no hiciera eso.”

La verdad es que estas manifestaciones tieneh ún' gradó acentuado de verosimilitud, examinadas conjuntamente con la prueba del demandante- ' La prestación de esta suma que aparece • facilitada á Durán, con-la vaga promesa de cobrarla en'él 'fúturo, cuando se pagase cierta indemnización, la'actitud del representante de la compañía aseguradora facilitando el seguro con una persona enferma y de- insolvencia reconocida, la. separación de-.una..póliza',de- ¡§1,000, .para, la, esposa,,-la. en-trega de las otras dos pólizas- a Gerardino para'que1 las- non-servara en sn poder, el interés manifiesto de éste en asegurar a Durán y en obtener la posesión de dichas pólizas, son deta-lles y circunstancias que tienden a demostrar que en este asunto no se jugó limpio y que G-erardino no facilitó los $908 con el propósito de recobrarlos de Durán, de quien sabía que no podía pagarlos, porque era completamente insolvente y quien además se encontraba bastante enfermo cuando se llevó a cabo toda esta transacción. Parece claro que esta suma no se facilitó en calidad de préstamo, que Durán no se lucró de ella y que por lo tanto su viuda y heredera no está obligada al pago de la misma.

Se alega que la corte inferior erró al admitir una enmienda a la contestación para conformarla con la prueba ilegalmente introducida durante el juicio, con la oposición del demandante. Ya hemos dicho que la prueba aportada es bastante para sos-tener la sentencia de la corte inferior, descartando las mani-festaciones de la esposa basadas en comunicaciones recibidas de su marido. El demandante no ha probado que facilitara la suma que reclama en calidad de préstamo. Esta conclu-sión, a nuestro juicio, surge de su propia prueba, aisladamente considerada, y se corrobora y robustece cuando se examina la prueba de ambas partes, excluyendo las comunicaciones de Durán a su esposa.

Los errores tercero y cuarto relacionados con la aprecia-ción de la prueba deben desestimarse por las razones ex-puestas en el curso de esta opinión. También se desestima el error atribuido a la corte inferior por haber condenado en costas al demandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Ramón P. Villamil, demandante en tercería, apelado, v. Sobrinos de Izquierdo, Inc., y Graulau & Hnos., demandados en tercería, apelante (la primera).
    No. 5656.

    Sometido: Febrero 1, 1933.

      Resuelto: Marzo 10, 1933.

      Molina, Dubón <.& Ochoteco, abogados de la apelante; B. Ramírez Pa-bón, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecba 22 de agosto de 1929, Sobrinos de Izquierdo Inc. radicó un pleito ante la Corte Municipal de San Juan, Sec-ción Segunda, contra Graulau Hnos., en cobro de la suma de $425.57. Para asegurar la efectividad de la sentencia que en dicho pleito hubiera podido recaer a favor de la apelante, se embargaron bienes de la demandada que el márshal valoró en $505. La demandante en su pleito contra Graulau Hnos-obtuvo sentencia por la suma reclamada de $425.57.

En la misma fecha en que se practicó el embargo de dichos bienes, Ramón P. Villamil prestó un juramento por escrito, alegando que los referidos bienes muebles embargados eran' «de su propiedad y haciendo constar que hacía esta reclamation de buena fe.

El apelado como principal, y Pedro Romanacce y José Se-midey como fiadores, suscribieron una fianza a favor de la •apelante por la suma de $1,010, o sea por el doble del valor en que fueron tasados los bienes embargados, y esta fianza fué aprobada por el márshal de la corte municipal en 6 de septiembre de 1929.

Aparece de los autos que en 19 de noviembre de 1929 el Secretario de la Corte Municipal de San Juan, Sección Se-•gunda, notificó al apelante y al apelado, así como a Graulau Unos., que se había radicado en la secretaría de dicha corte el procedimiento de tercería antes referido. En 21 de marzo de 1930 la apelante radicó una moción solicitando que se dic-tara sentencia contra el apelado Ramón P. Villamil y que se declarara sin lugar su tercería por el fundamento de que n®> obstante haber sido notificado para ello no se había perso-nado ni comparecido en los procedimientos de tercería dentro del término fijado por la ley.

Con fecha 22 de abril de 1930, la Corte Municipal de Sais Juan se declaró sin jurisdicción para entender en el procedi-miento de acuerdo con las disposiciones de la Sección 17 de la Ley para proveer los procedimientos en tercería, y dispuso* que tanto el juramento como la fianza prestada por el ape-lado se devolvieran al márshal de la citada corte para que dicho funcionario a su vez los remitiera directamente al Se-cretario de la Corte de Distrito de San Juan.

. Surge de los autos que con fecha 28 de mayo de 1930 él Secretario de la Corte de Distrito de San Juan notificó a la apelante y al apelado, .así como a Graulau Hermanos, haberse radicado en la Secretaría a su cargo el juramento y la fianza prestados por el apelado a que se hace referencia anterior-mente, de acuerdo con las disposiciones de la sección 11 'de-la citada Ley regulando el procedimiento en casos de tercería.

La apelante, con fpcha 5 de junio de 1930, se personó hizo constar su comparecencia en el procedimiento de terce-ría indicado, y posteriormente, con fecha 18,de junio de 1930,. solicitó de la corte inferior que por no haberse personado ni comparecido en el procedimiento de tercería el apelado Ra-món P. Villamil ni la otra demandada Graulau Hnos. deiitro-del- término concedido’ por la ley, después de haber sido noti-ficados por el secretario de la corte, que se desestimara la reclamación de la ápelada-y que se le condenara, al igual que a sus fiadores, a pagar a la apelante el montante asignado comó valor de lós bienes' einbar gados, de acuerdo y conformi-dad con las disposiciones de-la Sección 12 de la ameritada. Ley relativa 'a procedimiento en los casos-- de tercería.

Compareció 'el apelado'Ramón P. Villamil para oponerse á la"Solicitud de la :apél'ánte,' alegando entre otras-cóéas, bajo juramento, que el Márslial de la Corte Municipal de San Juan en ningún momento le entregó los bienes que fueron objeto del juramento y la fianza prestada y que fueron embargados en el caso original de Sobrinos de Izquierdo, Inc., v. Graulau Hermanos. Añade el apelado que dichos bienes fueron de-positados en poder de uno de los demandados, miembro de la sociedad demandada Graulau Hermanos, y que según su in-formación y creencia el marshal de dicha Corte Municipal de San Juan remató y vendió en pública subasta parte de los bienes embargados, para satisfacer una sentencia de Casanova Hnos. v. Graulau Hnos.

La corte inferior, actuando de juez el Hon. Ricardo A. Gómez, luego de una vista en la que comparecieron la ape-lante y el apelado, y en la cual se practicó prueba por ambas partes, dictó sentencia el 7 de octubre de 1930, limitándose a desestimar la tercería establecida por el apelado por aban-dono de la misma, sin hacer ningún otro pronunciamiento, a pesar de que la apelante solicitó que se desestimase la reclama-ción y se condenase al apelado Ramón P. -Villamil, al igual qiie sus fiadores, a pagar a la demandada en tercería el im-porte asignado como valor de los bienes embargados, de acuerdo, con lo dispuesto en la ley. Contra esta sentencia apeló el Sr. Pérez Villamil para ante este tribunal, habiendo sido desestimada dicha apelación en 18 de noviembre de 1930 (41 D.P.R. 1010). Posteriormente y con fecha 29 de enero de 1931, la apelante radicó una petición en la corte inferior solicitando que la sentencia dictada en 7 de octubre de 1930 fuese enmendada nunc pro tune, dé manera que la misma se ajustara a los preceptos de las secciones 14 y 15 de la Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, proveyendo el procedimiento para los casos de tercería de bienes muebles, buya petición fue declarada sin lugar por la corte inferior en 25 de febrero de 1931, actuando dé juez él Hon. Pablo Bérga. Contra esta resolución se interpuso el presente recurso de apelación.

Se alega que la corte erró-al resolver-, que la enmienda Só-licitada por la apelante a la sentencia dictada por dicha corte el 7 de octubre de 1930 era una enmienda sustancial y al de-negar la enmienda nunc pro tune solicitada por la apelante.

Arguye la apelante que la sentencia dictada por la corte de distrito debió haber contenido una disposición en virtud de la cual se ordenase al apelado, en su carácter de tercerista, la restitución de los bienes objeto de la tercería al Márshal de la Corte Municipal de San Juan, para que este funcionario procediera a ejecutar la sentencia obtenida a su favor por la apelante en el pleito que dió lugar al embargo de dichos bie-nes, y que en defecto de la restitución de los mismos dentro del término de diez días de haberse dictado el fallo, en la misma buena condición en que los hubiera recibido y previo pago al apelante por el uso de los bienes así como por los daños y costas causados, se condenara al apelado y a sus fia-dores a satisfacer el valor de los referidos bienes.

De la opinión emitida por la corte inferior al desestimar la moción de la apelante copiamos lo siguiente:

“Claramente aparece en este caso que la corte desestimó la de* manda por abandono de la acción, o sea por no haber comparecido el tercerista, después de habérsele notificado en debida forma, con vista de la sección 12 de la Ley de Tercería, pero sin resolver nada, a pesar de haberse levantado la cuestión por el tercerista y practicarse prueba* acerca de la falta de entrega por el márshal de los bienes objeto de la tercería, y sin dictar fallo alguno contra el tercerista y sus fiadores, como lo disponen los artículos 14 y 15 de la ley, por el valor de la propiedad, con sus intereses legales sobre la misma desde la fecha de la fianza, o siendo dicho valor mayor que la cantidad reclamada en la orden en cuya virtud se procedió al embargo de la propiedad, de condenarlos a pagar una indemnización sobre la cantidad recla-mada en la orden, con la condición prevista en la Sección 15 que si dentro del término de diez días de firme el fallo contra el reclamante, éste devolviere la propiedad en la misma buena condición en que la recibió y pagare por el uso, así como por los daños y costas causa-dos, con dicha entrega y pago se tendría por satisfecha la sentencia.”

Es verdad que de acuerdo con la ley de tercería cuando el reclamante de una propiedad deja de probar su derecho a la misma, la corte tiene el deber de fallar en contra del recla-mante y de sns fiadores. La ley impone también al funciona-rio que tomare el juramento el deber de entregar la propiedad reclamada a la persona que estableciere la reclamación y prestare la fianza. El tercerista alegó bajo juramento que el marshal no le había puesto nunca en posesión de la propiedad. La corte, luego de celebrar una vista en la cual se practicó prueba, se limitó a dictar una sentencia desestimando la ter-cería, sin hacer ningún otro pronunciamiento. Se arguye que la corte debió ajustarse a los preceptos del estatuto y que las omisiones que se advierten en el fallo deben ser subsanadas por medio de una sentencia mmc pro time. La cuestión de que la propiedad reclamada no se entregó nunca -al apelado fué planteada ante la corte inferior, la cual pronunció su fallo previa audiencia de las partes y presentación de prueba. La corte a quo, al dictar la resolución apelada, declara que de los autos no aparece que se diese posesión de los bienes al tercerista. De acuerdo con la ley y la fianza el tercerista queda obligado a devolver la propiedad en la misma condición en que la recibió, y si dejare de devolverla entonces deberá pagar la correspondiente indemnización. Es claro que para que pueda devolver o dejar de devolver, es necesario, como reqiúsito previo, la entrega, al tercerista de los bienes embar-gados. La ley dice que, aprobada la fianza y entregada al re-clamante la propiedad, ésta se considerará como in custodia legis y no se retirará de su poder en virtud de ninguna otra orden u órdenes análogas. Si se cumplió o no con este último requisito de entregar los bienes al reclamante es cosa que no surge claramente de los autos. Sin embargo, para los efectos del recurso interpuesto, a nosotros nos basta con saber que la cuestión fué debidamente planteada ante la corte inferior, y que ésta se abstuvo de dictar sentencia contra el tercerista y los fiadores. Si hubo o no entrega de la propiedad, no in-cumbe a esta corte resolverlo, sin base alguna para ello, sino a la corte inferior que conoció del procedimiento, oyó a las partes y pronunció la sentencia que se pretende enmendar. Claramente se ve que no se trata de una omisión involuntaria o de un error cometido por inadvertencia, sino de una resolu-ción deliberada que posiblemente está justificada por la prueba y que no debe ser alterada mediante -una sentencia mmc pro tune ordenada por este tribunal de apelación, que no tiene co-nocimiento de los hechos que desfilaron ante la corte inferior cuando se discutió la moción del apelante que culminó en la sentencia desestimando la tercería, sin hacer ningún pronun-ciamiento contra el apelado y sus fiadores.

Opinamos que debe confirmarse la resolución apelada.


text:
    The Goodyear Tire & Rubber Export Co., Ltd., demandante y apelada, v. Ramón Brugueras o la Sucn. desconocida de éste, demandada y apelante.
    No. 5965.

    Sometido: Febrero 3, 1933.

    Resuelto: Marzo 10, 1933.

      A.ng.el JL. Yázqioez, abogado de la apelante; , Emilio S. Belaval, abo-gado de la apelada.
   Üíd Juez Asociado Señok Cókdova D Ávila,

emitió la opinión -del tribunal.

.. En 9 de noviembre de 1931 The Goodyear Tire & Rubber Jkport Co. Ltd. presentó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan contra Ramón Brugueras o la sucesión desconoeida de éste, reclamando el pago de la suma de $1,659. A so-licitud de la demandante se embargaron bienes para asegurar la efectividad de la sentencia, mediante la prestación de una fianza por la cantidad de $2,000. Prestada esta fianza por The Great American Indemnity Company y trabado el embargo solicitado, compareció en este pleito Juana Acevedo ITda. de Brugueras y solicitó de la corte que declarara nula y sin ningún valor ni efecto la fianza prestada por el demam dan te y nulo también el embargo de bienes trabado al amparo de dicha fianza. Discutida esta moción con asistencia de las partes, la corte inferior declaró defectuosa la fianza por los siguientes fundamentos:

A- Porque siendo la fiadora una compañía de fianzas, debe aparecer de la faz de la fianza que dicha compañía ha cum-plido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley para poder dedicarse al negocio de prestación de fianzas, •entre los cuales se halla el que dicha corporación tenga un •capital cobrado e ingresado por una cantidad no menor de #100,00,0.

B. Porque en dicha fianza el juramento de R. Porrata Do-ria, que la suscribe como apoderado de la compañía fiadora The Great American Indemnity Co. Ltd., es fatalmente de-fectuoso, toda vez que él no suscribe dicho juramento, sino que el Sr. Porrata ha comparecido ante el notario y éste ma-nifiesta que aquél ha hecho bajo juramento ciertas manifes-taciones, pero tales manifestaciones no aparecen autorizadas bajo la firma de dicho declarante, ni aparecen de dicho jura-mento las circunstancias personales de dicho declarante, a saber, edad, estado,‘profesión y vecindad.

C. Porque dicha fianza se constituyó solamente por el término de un año, es decir, que el fiador se obligó única-mente a pagar los daños y perjuicios que puedan irrogarse a la demandada, siempre que se originen tales perjuicios den-tro del término de un año a contar de la fecha de dicha fianza»

La corte concedió a la demandante cinco días para radicar una fianza enmendada, subsanando los defectos apuntados y retrotrayendo los efectos de la misma a la fecha en que fué-prestada la fianza original. De esta resolución apeló la de-mandada, alegando que dicha fianza es nula por haber sido» prestada sin justificación alguna, por no haber sido jurada, y por no aparecer que la corporación fiadora tenga un capital cobrado e ingresado que no baje de $100,000.

El documento donde aparece el contrato de fianza, describe la acción promovida, la suma reclamada, la solicitud de embargo a los efectos de asegurar la efectividad de la sentencia previa prestación de fianza para responder al demandado de los perjuicios que se le puedan irrogar, y termina con el siguiente párrafo :

“Por tanto, nosotros, The Goodyear Tire & Rubber Export Co. Ltd., como principal, y la Great American Indemnity Company, una corporación organizada de acuerdo con las leyes del estado de Nueva York, debidamente autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico, como fiadora, nos obligamos y comprometemos basta la suma de $2,000, que pagaremos mancomunada y solidariamente al demandado Ramón. Brugueras, sus herederos, sucesores o causahabientes, en todo o en. la parte que sea necesaria para indemnizarle de los perjuicios que se-le puedan irrogar en consecuencia del embargo que de sus bienes habrá de hacerse en aseguramiento de efectividad de la sentencia que en su. día pueda recaer a favor de la demandante, siempre que se originen tales perjuicios dentro del término de un año a contar de esta fecha.’T

La ley para asegurar la efectividad de la sentencia no-dispone la forma en que debe ser redactado el contrato de fianza. Sin embargo, deben incorporarse en el mismo todos los requisitos exigidos por la legislación en vigor. Guando no-consta en documento auténtico que la obligación es exigible,, el tribunal, para decretar el embargo, exigirá una fianza que-responderá de los daños y perjuicios que se causen al demandado por consecuencia del aseguramiento. Según el artículo 355 del Código de Enjuiciamiento Civil, en todos los casos en que, de conformidad con lo dispuesto por el Código, deba cons-tituirse una fianza personal, el funcionario ante quien se preste exigirá que dicha fianza vaya acompañada de una declaración suscrita y jurada por los fiadores, expresando que cada uno de ellos es residente, cabeza de familia o propietario en la Isla de Puerto Eico, y que cada uno de ellos tiene bienes por valor de la cantidad especificada en la obligación, después de cubiertas con exactitud todas las deudas y responsabilidades, con exclusión de toda propiedad exenta de ejecución.

La ley en Puerto Eico no es tan estricta como en el con-tinente con respecto a embargos preventivos. Allí los estatu-tos generalmente requieren como una base para expedir el auto de embargo una declaración jurada en favor del deman-dante, expresando los méritos de su reclamación, para tener derecho al embargo. Cuando se exige este requisito, la de-claración jurada es la base de la jurisdicción para iniciar los procedimientos. Sin ella, o cuando resulta fatalmente defec-tuosa, el auto de embargo y todos los procedimientos subsi-guientes, adolecen del vicio de nulidad. En Puerto Eico basta radicar la demanda y prestar una fianza. Los fiadores, como ya se ha visto, deben reunir los requisitos que determina el artículo 355 del Código de Enjuiciamiento Civil. En lo que respecta a los requisitos de la fianza sobre la solvencia de los fiadores, esta corte, en el caso de Ortiz v. Quiñones, 41 D.P.R. 264, cita el caso de Baxter v. Smith, 2 Wash. T. 97, 4 Pac. 635, en el cual se dice que la falta por parte de los fiadores de jus-tificar su responsabilidad en una fianza para verificar un embargo, es una mera irregularidad que puede remediarse, y no invalidará ni la fianza ni los procedimientos qué motiva el mandamiento de embargo.

La Corte Suprema de California, en el caso de Tibbet v. Tom Sué, 122 Cal. 206, resuelto en 1898, sostiene que una fianza donde no se hace constar que los fiadores son dueños de bienes inmuebles es defectuosa y no puede enmendarse por impedirlo el artículo 558 del Código de Enjuiciamiento Civil. Este artículo del código, que dicto sea de paso no está en vigor en Puerto Rico, ba sido enmendado, permitiéndose la corrección do irregularidades en el procedimiento de acuerdo con el artículo 473, que equivale al artículo 140 de nuestro Có-digo de Enjuiciamiento Civil. En el caso de Wilson v. Eagleson, 71 Pac. 615, resuelto por la Corte Suprema de Idato en 1903, se sostiene también que no es nula la fianza que no contiene una declaración de que los fiadores son dueños de bienes inmuebles.

En el caso de Ingalls v. Nutters, 172 N. Y. S. 213, se alegó por el demandado, como razón para anular el auto de embargo, que la fianza que sirvió de base al mismo era defec-tuosa, porque los fiadores en su declaración jurada no expre-saban que eran dueños de bienes inmuebles. La Corte Su-prema de Nueva York, término especial, permitió una en-mienda mmc pro tune, de acuerdo con el artículo 723 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, para que se exjjresara en la fianza que los fiadores eran dueños de bienes inmuebles.

La jurisprudencia citada demuestra que una omisión en la fianza sobre la solvencia de los fiadores puede ser subsa-nada por enmienda. En el presente caso la compañía fiadora expresó en la fianza, usando las mismas palabras del estatuto, que es una corporación organizada de acuerdo con las leyes del estado de Nueva York y debidamente autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico. Se alega que se omitió decir que dicta corporación tiene un capital cobrado e ingresado por una cantidad no menor de $100,000, y se arguye que esta omisión es fatalmente defectuosa. No lo entendemos así nos-otros. Opinamos que la corte inferior no cometió error al per-mitir que so enmendara la fianza en este particular.

El segundo error atribuido a la corte a quo se basa en que ésta debió haber declarado nula la fianza porque el Sr. R. Porrata Doria, que aparece firmando por la Great American Indemnity Company, no jura que él sea un oficial autorizado de dicha compañía ni que tiene nn poder expreso para suscribir fianzas a nombre de ésta, y porque en el affidavit que aparece autorizando el notario Emilio S. Belaval no se expresa la edad, estado, profesión y vecindad del Sr. Por rata Doria.

Tiene por objeto la ley para asegurar la efectividad de sentencias proporcionar al demandante los medios de hacer efectivos sus derechos, en caso de que obtenga nn fallo favorable, y al mismo tiempo ofrecer al demandado, mediante la prestación de una fianza cuando no conste en documento autén-tico que la obligación es exigible, garantías suficientes para obtener una indemnización por los daños y perjuicios que se le irroguen si no prospera la acción contra él ejercitada. El juramento que debe acompañar a la fianza, de acuerdo con el artículo 855 del Código de Enjuiciamiento Civil, es un requi-sito que se exige a la parte que constituye la fianza para be-neficio de la parte a cuyo favor se otorga. El demandado puede impugnar la fianza si no le ofrece suficiente garantía; pero el fiador no queda relevado de la obligación legalmente contraída ai suscribirla, por el hecho de que se haya omitido el juramento. La obligación subsisto para responder al de-mandado de los daños y perjuicios que se le hayan ocasio-nado, aunque el juramento sea defectuoso o aun cuando no se haya prestado. Esta doctrina, que a nuestro juicio es la ley en Puerto Eico, envuelve un principio de justicia y equidad sostenido por la jurisprudencia. Pin el caso de Moffat v. Greenawalt, 27 Pac. 297, la Corte Suprema de California sos-tiene que prestada una fianza para apelar, los fiadores conti-núan siendo responsables aunque la suficiencia de la fianza haya sido impugnada y dichos fiadores no hayan demostrado su solvencia. Si la ejecución de la sentencia ha sido suspen-dida a virtud de la fianza, los fiadores no quedan relevados de responsabilidad aunque se desestime la apelación por haberse dejado de otorgar una fianza suficiente. En esta decisión se citan los casos de People v. Shirley, 18 Cal. 121, y Murdock v. Brooks, 38 Cal. 596. En el caso de Carpenter v. Furrey, 61 Pac. 369, la misma Corte Suprema se expresó así:

“El reqiiisito de la sección 1057 del Código de Enjuiciamiento Civil (Art. 355 de nuestro código, pár. 1) de que los fiadores justifi-quen su solvencia mediante affidavit acompañado a la fianza, tiene por objeto únicamente proteger a la parte a cuyo favor se otorga dicha fianza, y no procede en labios de los fiadores una objeción a la suficiencia de la fianza prestada por el hecho de haber dejado de cum-plir con esta disposición de la ley.”

De acuerdo con nuestra ley es indiscutible que el deman-dado en un caso de embargo para asegurar la efectividad de la sentencia, tiene el derecho de exigir que los fiadores se ajus-ten a los preceptos de la ley, ofreciéndole las garantías que la misma determina. Entendemos que si la obligación de los fiadores subsiste, a pesar de que el juramento sea defectuoso, o de quo no se haya prestado juramento, la corte está autori-zada para permitir enmiendas, o el otorgamiento de un nuevo juramento. Si el demandante no cumple con los requisitos exigidos por la ley, debe dejarse sin efecto el embargo.' En el presente caso se concedió permiso a la demandante para en-mendar la fianza, subsanando los defectos que en la misma se advierten. Si la parte demandante está dispuesta a corre-gir los defectos señalados y si los derechos del demandado resultan garantidos, el propósito de la ley ha sido cumplido, desde el momento en que demandante y demandado quedan protegidos en sus derechos.

Se alega por último que la fianza es nula porque tal compañía fiadora expresamente hace constar que pagará los daños y perjuicios que puedan causarse a la parte demandada siempre que esos daños se originen dentro del término de un año a contar de la fecha de la fianza. Esta fianza se otorgó en 2 de noviembre de 1931. En 11 de enero de 1932, o sea dos meses después, la corte inferior concedió a la demandante cinco días para enmendar la fianza. En esta fecha aun faltaban diez meses para expirar el plazo fijado por la compañía fiadora para responder de los daños y perjuicios que durante el mismo se ocasionasen a la demandada a consecuencia del embargo. La fianza, en la forma en que ha sido redactada, es defectuosa porque no protege debidamente los derechos de la parte demandada; pero si la demandante y la corpora-ción fiadora aceptan la orden de la corte y enmiendan la fianza con todos los requisitos legales, sin limitar sus efectos en cuanto al tiempo y ampliando la responsabilidad a los daños y perjuicios que se ocasionen a la demandada, en caso de que no prospere la acción ejercitada, entonces dicha demandada habrá conseguido todas las garantías a que tiene derecho y que la ley le concede, y no resultará perjudicada por los de-fectos de que adolece la fianza originalmente prestada. La corte inferior no se excedió en sus atribuciones al conceder a la demandante permiso para corregir este defecto.

Opinamos que debe confirmarse la resolución apelada.


author: .El Juez Asociado Seño» Wou?,

text:
    María Pontón Ramos y Luis Santiago Rivera, demandantes y apelados, v. Sucesores de Huertas González, demandada y apelante.
    No. 5092.

    Sometido: Diciembre 19, 1932.

      Resuelto: Marzo 10, 1933.

      L. Santiago Carmona, abogado de los demandantes apelados; B. H. Blondet, abogado de la peticionaria Flores Alvarez & Co.
   .El Juez Asociado Seño» Wou?,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso de epígrafe, en 8 de julio de 1931 este tribunal dictó sentencia modificando en parte la de la Corte de Dis-trito de San Juan, y confirmándola en los demás extremos. El efecto de esta sentencia fué dar a los demandantes María Pontón Ramos y Luis Santiago Rivera el derecho a recobrar de Sucesores de Huertas González cierta cantidad de dinero. Los hechos de este caso pueden verse acudiendo al de Pontón v. Sucrs. de Huertas González, 42 D.P.R. 529.

En 23 de julio de 1931 la demandada y apelante radicó una moción para reconsiderar, que fué objetada. En 21 de marzo de 1932 se oyó a las partes sobre la moción, en cuanto al punto de si el caso debía ser reconsiderado o no. En 20 de julio de 1932 se dictó una resolución señalando el caso de nuevo para el 10 de noviembre del mismo año.

De conformidad con dicha orden las partes debían archi-var nuevos alegatos tratando especialmente ciertas cuestio-nes en ella mencionadas. De suerte que el caso se hallaba pendiente en esta corte para su fallo final. Debido a otro in-cidente que es innecesario discutir, el caso no fué visto el 30 de noviembre, sino que las partes fueron oídas el 14 de ese mes sobre dicho incidente.

Luego, el 15 de noviembre de 1932, Plores Alvarez & Go., representada por el Lie. Blondet, presentó una moción para que en efecto se le tuviera por sustituida en lugar de los de-mandantes María Pontón Ramos y Luis Santiago Rivera, los apelados originales en el caso ante nos. Esta moción de dicha Plores Alvarez & Co. vino acompañada de una orden de la Corte de Distrito de San Juan sustituyendo a los aludidos María Pontón y Luis Santiago por Plores Alvarez & Co. Esta orden venía a su vez acompañada por una escritura otorgada por el Marshal de la Corte de Distrito de San Juan.

El 7 de diciembre de 1932 esta corte dictó una resolución para que se oyera a María Pontón Ramos y Lnis Santiago, así como a la parte apelante y a Flores Álvarez & Co., sobre la moción de sustitución. Ciertas comparecencias anteriores del demandante Luis Santiago Rivera fueron Lechas personal-mente, pero en 19 de diciembre de 1932 compareció por abo-gado, al igual que lo hicieron los promoventes. Las partes fueron debidamente oídas y han presentado memoranda en pro y en contra de la sustitución solicitada.

Sucede que Flores Álvarez & Co. tenía una reclamación contra Luis Santiago Rivera y María Pontón Ramos y obtuvo sentencia contra ellos por una suma que excedía de $800. El márshal de la corte de distrito procedió, en lo que pudo, a embargar dicha sentencia, y en la subasta correspondiente la misma fue vendida a Flores Álvarez & Co., acreedores por sentencia, por el importe de su crédito, con sujeción a una reclamación anterior de otro acreedor por la suma de $1,173.17, de la que se hizo responsable Flores Álvarez & Co. María Pontón Ramos y Luis Santiago Rivera archivaron en esta corte una oposición al traspaso y como acreedores alegaron que no había posibilidad de embargar y vender en pública subasta una sentencia, tal cual se hizo o se trató de hacer en este caso. Citaron los siguientes casos de California a ese efecto: Emerson et al. v. McWhirter et al., 138 Cal. 367, 368 (60 Pac. 774); McBride v. Fallon, 65 Cal. 301; Dore v. Dougherty, 72 Cal. 232, y Hoxie v. Bryant, 131 Cal. 85.

Flores Álvarez & Co. no ataca seriamente la jurisprudencia de California al efecto de que una sentencia no puede ser vendida en pública subasta, sino que el método a seguir es notificar en forma legal (garnish) a los deudores obligados por sentencia. La idea es que la sentencia constituye solamente evidencia de una deuda y no está sujeta a un embargo personal.

Por otra, parte, Flores Álvarez & Co. sostiene que este' estado de cosas no es aplicable a Puerto Rico y que cosas in-eprpóreas e intangibles pueden ser embargadas en Puerto Rico al igual que cualquiera otra propiedad.

No trataremos de decidir la cuestión entre las partes que se hallan en esta corte, toda vez que es importante y que no debe ser resuelta por nosotros a menos que haya sido debida-mente discutida en la corte inferior.

Aparentemente María Pontón y Luis Santiago tienen razón. Plores Alvarez & Co. nunca dió los pasos necesarios para que se le tuviera por sustituía en la corte inferior, y en su consecuencia no tiene derecho a sustituir a otra parte en este tribunal. El caso a este respecto se diferencia del de Rivera v. Central Pasto Viejo, resuelto el 8 de febrero de 1933 (ante p. 244), en el que no se hizo tentativa alguna para la sustitución en la corte inferior.

La orden de la corte de distrito no revela que se celebrara ninguna vista sobre la moción de sustitución sino solamente que la subasta celebrada por el marshal, o la escritura otorgada, fueron aceptadas por su valor prima facie, y que entonces se dictó la orden. Si bien a veces existe la presunción de que se ha celebrado tal vista, no creemos que ella tuviera lugar en este caso. En otras palabras, no creemos que María Pontón y Luis Santiago han tenido la oportunidad de ser. oídos en la corte de distrito y de alegar que no había habido sustitución válida de las partes. Por tanto, nos sentimos obligados a declarar sin lugar la moción por el presente, dando a las partes la oportunidad de seguir tramitando su moción ante la Corte de Distrito de San Juan después de celebrada la vista sobre el derecho de sustitución.

En el caso de Kuenzli v. Symister, 43 D.P.R. 468, hemos resuelto que cuando se practica un embargo no es necesario notificar del mismo al deudor y que basta anotarlo en el re-gistro de la propiedad. Esta regla no puede aplicarse al de-recho de una parte a ser oída en un caso pendiente sobre Una propuesta sustitución de partes. Los derechos aparentes de María Pontón y Luis Santiago excedían en mucho el importe de las reclamaciones de Plores Alvarez & Co. y del otro aeree-dor, Sucrs. de Gramarra. No .consta que María Pontón y Lnis Santiago fueran notificados directamente de la subasta, a no ser por los edictos.

, Mientras se resuelve en la corte de distrito el derecho de Plores Álvarez & Co. a intervenir, no pospondremos la vista sobre el caso principal. El derecho de Plores Álvarez & Co. a intervenir aquí, no ha sido demostrado satisfactoriamente, pero le concederemos permiso para intervenir en cualquiera vista futura como amicus curiae, y así se ordena.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Zalduondo Mier & Co., en quiebra, por su trustee, Pedro G. Quiñones, demandante y apelante, v. Reglero & Castrillo y Fidel Mier, demandados y apelados y Antonio Revilla, interventor y apelado.
    No. 5494.

    Sometido: Mayo 3, 1932.

      Resuelto: Marzo 10, 1933.

      A. Arroyo Rivera, abogado del apelante; O. Souffront, abogado de los demandados apelados y José Sabater, abogado del interventor apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Reglero & Castrillo, una sociedad, fué demandada por el síndico de la quiebra de Zalduondo Mier & Co., firma que en el curso de esta opinión será designada como la demandante. Antonio Revilla alegaba ser dueño del chose in action (crédito o derecho que se tiene a cobrar una obligación) reclamado por la demandante, y trató de intervenir en el pleito. La inter-vención fué finalmente denegada por la Corte de Distrito de San Juan. Revilla presentó una petición de certiorari ante esta corto y la resolución de la corte de distrito negando la intervención fué anulada. Revilla v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 64.

Antes de que se tratara de intervenir y mientras la de-mandante y la demandada Reglero & Castrillo ventilaban el caso, el juicio fué suspendido por algún tiempo y las partes llegaron a un acuerdo respecto a ciertos hechos y al proce-dimiento a seguirse. Suscribieron una estipulación a ese efecto. Había habido alguna duda acerca de si Reglero & Castrillo o Castrillo solamente era responsable de la suma reclamada, mas de conformidad con la estipulación la suma debía recobrarse de Reglero & Castrillo y limitarse a $4,325 con intereses' al 8 por ciento al año a partir del 8 de fe-brero de 1924. En otras palabras, Reglero & Castrillo con-vinieron en que ellos eran responsables al demandante, o a alguien, de la suma por que se les demandaba por dicho demandante. Tal responsabilidad fné demostrada definitiva-mente por nuestra opinión en Revilla v. Corte de Distrito, snpra. En la estipulación también se hacía constar que se dudaba quién era el verdadero dueño de la aludida reclama-ción y las partes acordaron cumplir la sentencia de la corte a este respecto. De forma que las contiendas en este caso eran y son entre el interventor y la demandante; es decir, la controversia surgió acerca de qué persona tenía derecho a recobrar la suma de $4,325 contra Reglero & Castrillo. La Corte de Distrito de San Juan decidió a favor del interventor.

Originalmente aparecía que Reglero & Castrillo adeuda-ban a Zalduondo Mier & Co. algo más de $10,000 por la com-pra de mercancías. Fidel Mier era uno de los dos socios gestores de la demandante, sociedad en comandita, siendo el otro Benito Zalduondo. Fidel Mier era fiador en dicha deuda y en los libros de Zalduondo Mier & Co. figuraba como tal fiador. El exceso de $7,000 fué pagado por Reglero & Cas-trillo.

El 25 de marzo de 1920 se hizo un traspaso en los libros de Zalduondo Mier & Co. según el cual los $7,000 adeudados por Reglero & Castrillo fueron transferidos a la cuenta de Fidel Mier. En otras palabras, Zalduondo Mier & Co. cargó la cuenta a Fidel Mier. Al mismo tiempo se hizo otro asiento según el cual a Fidel Mier se le acreditaba la pro-piedad ele los $7,000 adeudados por Reglero & Castrillo. Esta era una cuenta personal de Fidel Mier.

Durante el juicio se hizo objeción a que se admitieran estos libros o prueba del aludido traspaso. Sin embargo, creemos que se demostró claramente que el traspaso fué realmente hecho en los libros de la sociedad y que éste tuvo efecto en tanto en cuanto estaba dentro de las facultades de los socios gestores el hacer tal traspaso. Las objeciones a la admisión de la prueba tendente a demostrar el traspaso no pueden ser consideradas como importantes y no se insiste en ellas en apelación. Mientras ocupaba la silla testifical Benito Zal-duondo declaró claramente que se hizo tal traspaso.

Posteriormente, el Io. de julio de 1932, Fidel Mier en un documento escrito traspasó dicho crédito a Antonio Revilla, interventor en este caso. No se hizo ningún ataque serio, de haberse hecho alguno, sobre la admisión de este documento. Tampoco so discute seriamente, según entendemos, el hecho de que Fidel Mier tuviera el derecho de traspasar esta deuda a Revilla, suponiendo que adquiriera legalmente el derecho a dichos $7,000.

Lo que la demandante apelante sostiene es que Zalduondo Mier & Co. tenía derecho a efectuar tal traspaso, mas no ninguno de los socios que la constituían. La demandante apelante sostiene que el artículo 139 del Código de Comercio impide que un socio distraiga cualquier cantidad del acervo común y la haga figurar a su propio crédito. Convenimos con la apelada en que lo que ocurrió aquí es cosa enteramente distinta y que uno de los miembros de la sociedad tiene el derecho a que se le cargue una deuda con el consentimiento del otro socio. Nada hubo que demostrara que al tiempo de efectuarse el traspaso no fuera provechoso para la sociedad car-gar la cuenta a Fidel Mier más bien que permitir que ésta permaneciera como una reclamación contra Reglero & Castrillo. TD1 efecto de dicho artículo a lo sumo sería exigir que el socio en cuestión pagara a la sociedad la suma así tomada por él, y a ese respecto podemos decir que en el presente caso se dictó sentencia en rebeldía contra Fidel Mier por dicha suma.

La apelante suscitó la cuestión de que tal traspaso era fraudulento. Mas nuevamente convenimos con la apelada en que esto no podía -afectar a Antonio Revilla, quien nominalmente adquirió un título de Fidel Mier, un socio gestor enteramente competente de Zalduondo Mier & Co. Consideraciones similares pueden aplicarse a la tentativa de invocar el artículo 135 del Código de Comercio.

El artículo 143 del Código de Comercio no es apli-cable toda vez que la cesión hecha por Zalduondo Mier & Co. a Revilla fué presuntivamente en aquella época de su propio derecho a dicho chose in action y mediante esta actuación Antonio Sevilla no se subrogó en los derechos de Fidel Mier en la sociedad de Zalduondo Mier & Co.

Es igualmente claro que el artículo 1362 del Código Civil no es aplicable toda vez que Fidel Mier no era un agente de Zalduondo Mier & Co. dentro del significado de ese artículo. El era un socio gestor. Al igual que en las otras cuestiones que acabamos de discutir, su socio Benito Zalduondo asintió a todas las actuaciones de él.

No hemos discutido estas distintas cuestiones con más am-plitud porque de los autos nos parece perfectamente claro que Zalduondo Mier & Co. tenía derecho a efectuar este tras-paso y a substituir a Reglero & Castrillo por Fidel Mier como deudor.

Una de Jas principales cuestiones suscitadas por el ape-lante es que el traspaso hecho en los libros no lo fué en rea-lidad o legalmente, y que si se hizo legalmente, fué con pos-terioridad cambiado o rescindido por el mismo Zalduondo. Lá corte dijo que la evidencia era contradictoria, y, según entendemos, giró principalmente sobre este punto. Este pleito fué entablado no por Zalduondo Mier & Co. sino por el síndico del quebrado. Tanto el síndico como su abogado ocuparon la silla testifical para decir que Benito Zalduondo les había hecho manifestaciones en sentido contrario; que el traspaso jamás fué hecho válidamente, y que más tarde Benito Zalduondo había vuelto a transferir la cuenta de suerte que constara como aparecía originalmente en los libros de Zalduondo Mier & Co. Según hemos dicho, sin embargo, Benito Zalduondo declaró. Hizo un relato circunstancial del traspaso efectuado en los libros, y explicó o trató de explicar sus inconsistencias cuando manifestó al abogado y al síndico que la cuenta era contra Reglero & Castrillo y no contra Fidel Mier.

Luego de leer los autos, no hallamos razón alguna por la cual la corte no tuviera derecho a creer que los hechos ocu-rrieron según los relató Zalduondo en el juicio. A nuestro entender, parece .desprenderse de la declaración de Zalduondo que él dió al síndico y su abogado su opinión legal de que la mercantil no tenía derecho a efectuar el cambio y de que la cuenta debía siempre considerarse como cargada a Reglero & Castrillo.

Hubo abundante evidencia en el caso al efecto de que, todos los interesados, incluso Benito Zalduondo, Antonio Revilla y Reglero & Castrillo entendieron que el dueño de la cuenta era Revilla y no Mier.

Durante el juicio la demandante trató de demostrar me-diante el testimonio de Zalduondo que se dieron recibos a Reglero & Castrillo que fueron abonados a Mier. Algunos de estos recibos estaban suscritos por P. A. Frau, quien apa-recía actuando como apoderado de Zalduondo Mier & Co. La demandante se opuso a la admisión de estos recibos porque el poder dado por la mercantil a Frau no fué primeramente ofrecido en evidencia. La cuestión de la agencia de Frau era un asunto colateral, y las autoridades tienden a demos-trar que la regia relativa a la mejor prueba no es aplicable a tal situación. 22 C. J. 993, párr. 1248 et seq. y especial-mente la página 998, párr. 1264. De todos modos, la parte apelante no insiste en su alegato en la excepción tomada du-rante el juicio.

Se han planteado otras cuestiones sobre las alegaciones, pero carecen de importancia o fueron subsanadas en el juicio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: En Juez Asociado Seño» Wole,

text:
    Severo Martínez, recurrente, v. El Registrador Sustituto de la Propiedad de Arecibo, recurrido
    No. 877.

    Sometido: Diciembre 13, 1932.

      Resuelto: Marzo 10, 1933.

      L. Mercader, abogado del recurrente; El Registrador recurrido com-pareció por escrito.
   En Juez Asociado Seño» Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rodríguez era dueño de una finca de siete cuerdas ubicada en Hatillo. Otorgó-hipoteca sobre esta finca a favor de Severo Martínez. Al vencimiento de esta obligación, Mar-tínez inició uu procedimiento contra Rodríguez en la Corte Municipal de Arecibo y obtuvo sentencia contra este último. Al obtener sentencia, conforme admite el recurrente, el Már-sbal de la Corte Municipal de Camuy, por estar la finca si-tuada en Iíaiillo, vendió la misma sin que se anotara previa-mente un embargo en el Registro de la Propiedad. Cuando la escritura de venta judicial fué presentada al registrador de la propiedad, éste se negó a inscribirla debido a que la finca no había sido embargada previamente. El registrador se fundó en el caso de Rodríguez Soler v. Alonso, 37 D.P.R. 355, 356.

El recurrente sostiene que se trata de una acción que en-vuelve una hipoteca y, por consiguiente, que un embargo (attachment) previo no era necesario. La respuesta a esto, según demuestra el registrador, es que el pleito iniciado por Martínez contra Rodríguez era uno en cobro de dinero y no una acción real, en otras palabras, que se trataba de una ac-ción personal. Rosales v. Corte de Distrito, 33 D.P.R. 316. En su consecuencia, es claro que el acreedor al vender la finca no se fundaba en su gravamen hipotecario sino en el gravamen adquirido o que pudo adquirirse con motivo de la sentencia. Si el registrador estaba en lo cierto al sostener que un embargo previo era necesario en casos de esta natu-raleza, entonces su actuación al negarse a inscribir la venta, debería confirmarse definitivamente.

S© admite que no se practicó embargo alguno en el re-gistro de la propiedad. Empero, hemos resuelto en el caso de Font v. Rosales Cueli, 42 D.P.R. 627, 630, que en acciones personales en cobro de dinero, en que se obtiene sentencia, al ejecutarse la misma, es innecesario trabar un embargo que exija su anotación en el registro. Desde luego, tal ejecución no es obligatoria contra tercero hasta que sea inscrita, mas no estamos considerando los derechos de terceros. En el alu-dido caso de Rosales Cueli hicimos constar claramente que lo que el artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-ponía era que en ejecución de sentencias una incautación previa {levy) era necesaria. Tal incautación puede ser en gran parte simbólica, mas exige que el marshal vaya a la finca y que quizá entre en ella o que en alguna otra forma demuestre que se ha hecho cargo' de la misma. En dicho caso dijimos que el equivalente más próximo de la palabra “levy” era en castellano “incautación”. Tal vez el caso de Rodríguez Soler v. Alonso, supra, puede ser distinguido, pero de todos modos el caso posterior de Rosales Cueli resuelve cla-ramente que un embargo previo anotado en el Registro, no es necesario sino que basta un “levy”. En el caso de Ro-dríguez esta corte aparentemente estaba bajo la impresión de que la palabra “incautación” equivalía a “embargo”, y en realidad de verdad, según lo demuestra el caso de Rosales Cueli, la palabra “levy” ha sido traducida como “embargo.”

Examinando la escritura en este caso, hallamos que ésta habla de la venta de una finca como “hipotecada y embar-gada.”

Parecería que la palabra “embargo” en español ha sido usada en las cortes locales para significar “attachment” o “levy”. La escritura demuestra que la finca en realidad de verdad estuvo sujeta a un embargo; en otras palabras, “levied upon”, según se entienden estas palabras en el idioma inglés.

Debe revocarse la, nota del Registrador y hacerse la ins-cripción.


text:
    Waldrop Photographic Co., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, substituído por Manuel V. Domenech, como Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5381.

    Sometido: Mayo 13, 1932.

      Resuelto: Marzo 14, 1933

      O. B. Frazer y R. Castro Fernández, abogados de la apelante; Charles E. Winter, Procurador General (James R. Beverley en el alegato) y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados del apelado.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Waldrop Photographic Go., corporación constituida de conformidad con las leyes del Estado de California, inició procedimiento contra el Tesorero de Puerto Eico para recobrar las contribuciones pagadas por el año que finalizó el Io. de marzo de 1924, y por el año que finalizó el Io. de marzo de 1925. Se radicaron dos cansas de acción para recobrar las contribuciones de cada uno de dichos años, respectivamente. En cada una de dichas causas de acción la demandante alegaba qne tenía derecho a exención en vista de la sección 34 de la Ley No. 74 de 1925 (p. 483), según la cual ciertas corporaciones tenían derecho a nna deducción de $4,000 de sus ingresos brutos, así como a deducciones por desembolsos o pagos efectuados a sus empleados. El Teso-rero de Puerto Rico durante cada año denegó ambas deduc-ciones y la Corte de Distrito de San Juan también se negó a concederlas. La cuestión de si la corporación tiene derecho a deducir $4,000 de su ingreso bruto ha sido resuelta por nues-tra opinión y sentencia en el caso de Nitrate Agencies Co. v. Juan G. Gallardo, substituído por Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, emitida el 8 de febrero de 1933 (ante, p. 515), y en su consecuencia, la demandante y apelante ten-dría derecho a que se le devuelva algo por cada uno de dichos años.

Respecto a la reclamación por desembolsos, la demandante alegaba tener derecho a deducir los sueldos pagados al Sr. Nichols, quien trabajaba en Puerto Rico, y del Sr. Payne, que trabajaba en los Estados Unidos. En apelación a la Junta de Revisión e Igualamiento dicha junta concedió la reclamación en lo referente al sueldo del Sr. Nichols, pero la negó en lo que concernía a la del Sr. Payne. El Fiscal General sostiene que de acuerdo con la sección 32, inciso b, de la Ley No. 74 de 1925, una corporación extranjera sólo tiene derecho a hacer deducciones de los ingresos que han sido obtenidos en Puerto Rico y que no se demostró que los ingresos de la Waldrop Photographic Co. fueran obtenidos en Puerto Rico.

Como la Junta de Revisión e Igualamiento concedió 1a. re-clamación relativa al sueldo del Sr. Nichols, parecería que la contención de la apelante tiene algún mérito y que la corpora-ción tenía derecho a deducir sueldos razonables. El sueldo del Sr. Payne se pagaba totalmente, según se alegaba, por servicios prestados dentro de los Estados Unidos continen-tales. La demandante y apelante, de conformidad con la ley, tal cual ha sido interpretada por nuestra decisión en el caso de la Nitrate Agencies Co., supra, es una corporación extran-jera. Por tanto, se desprendería, por lo menos prima facie, que la demanda no demostraba que estos desembolsos surgie-ron a consecuencia de causa alguna debida a trabajos efectua-dos en Puerto Rico. Non constat que dicha corporación ex-tranjera o no puertorriqueña pagara los sueldos del Sr. Payne de haberes obtenidos en los Estados Unidos continentales y a consecuencia de otros trabajos realizados por dicha corpora-ción extranjera. El caso fue resuelto a virtud de una excep-ción previa y la demanda no nos convence de que el Tesorero estuviese equivocado al negarse a hacer una deducción por el sueldo pagado al Sr. Payne, y la actuación de la corte inferior al declarar con lugar la excepción previa a este respecto debe ser confirmada.

En la primera causa de acción de la demanda la apelante alegaba haber pagado la suma de $361.88 bajo protesta y tener derecho a su devolución. En la segunda aducía haber, pagado $724.33 y tener derecho a que se le devolviera dicha suma: En la demanda se solicita la devolución del total de estas dos sumas, o sea, $1,086.21.

Ahora bien, conforme hemos dicho, en cada causa de ac-ción se solicitaba la deducción general de $4,000 y la deducción por concepto de sueldos. Ninguna de las dos causas de acción alegaba suficientemente cómo debían distribuirse las devolu-ciones solicitadas. No podemos saber por la demanda cómo debe distribuirse la dicha suma de $361.88, o la de $724.33. No vemos verdadera posibilidad de segregación sin procedi-mientos ulteriores. No solamente deja la demanda de con-vencernos sino que las planillas del Departamento de Hacienda que se acompañaron no arrojan suficiente luz respecto a cuál debe sor la distribución de cada reclamación en particular. Quizás resulte, mas no podemos verlo claramente, que los pa-gos se referían solamente a parte de años en vez de a años completos.

Por Uuno, dehe confirmarse la sentencia en tanto en cuanto negó la deducción por el pago de los sueldos del Sr. Payne, y revocarse en tanto deniega las deducciones generales de $4,000, y devolverse el go,so a la Corte de Distrito de San Juan para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Presidente Señor del Toro disintió.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Chloris McCormick Vda. de McKinley, por sí y en representación de su hija menor Axelina McKinley McCormick, demandante y apelante, v. El Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 5676.

    Sometido: Febrero 9, 1932.

      Resuelto: Marzo 14, 1933.

      Carlos J. Torres, abogado de la apelante; Charles E. Winter, Procu-rador General (James B. Beverley en el alegato), M. Rodrigues Berra, Procurador General Auxiliar y J. L. Cordovés, Subprocu-rador, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia apelada en este caso fné dictada contra la de-mandante después de haber declarado la corte inferior que su demanda no aduce hechos determinantes de causas de acción.

Ohloris McCormick, como viuda de 'Wm. Alexander McKinley, por sí y como madre con patria potestad sobre la hija menor de edad nacida de ese matrimonio Axelina McKinley McCormick, presentó demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra el Tesorero de Puerto Rico para que le devol-viera una parte de la cantidad que había pagado como contri-bución de herencia de los bienes relictos a su muerte por ¥m. Alexander McKinley y para ello alegaron que presentaron al Tesorero la manifestación de los bienes qne componían esa he-rencia: que dicho funcionario reconoció ser $178,944.07 el valor de los bienes relictos, y deduciendo de esa cantidad el pasivo hereditario y los gananciales de la viuda fijó en $108,349.54 el valor de la herencia y les impuso como contri-bución por ella la cantidad de $3,296.31, sin haber deducido los valores de los bienes radicados fuera de esta isla, y fue pagada: que entre los bienes que tuvo en consideración el Tesorero para imponer esa contribución figuraron depósitos de dinero, certificados de bonos y de acciones, cierto número ■de acciones y unas pólizas de seguro con un valor todo de $117,249.41, depositados en bancos radicados fuera de esta isla por McKinley antes de su muerte: que por los bienes radi-cados en esta isla corresponde pagar a las demandantes la cantidad de $1,061, por lo que habiendo pagado como contri-bución de herencia $3,296.31 debe serles devuelta como pa-gada indebidamente la diferencia de $2,235.31: y que han so-licitado del Tesorero que les devuelva esa diferencia, a lo que se ha negado.

La corte inferior declaró con lugar la excepción previa opuesta a la demanda y consiguientemente dictó su senten-cia fundándose en que la acción que pueden tener las deman-dantes no es contra el Tesorero sino contra El Pueblo de Puerto Rico. Existe, sin embargo, en este caso otra cuestión más fundamental, cual es, si el Tesorero estuvo justificado en incluir en los $108,349.54 que le sirvieron de base para impo-ner la contribución de herencia los $117,249.41 valor de los depósitos existentes fuera de esta isla, pues si procedió co-rrectamente, las demandantes carecerán en absoluto de ac-ción y será innecesario resolver en este caso el motivo en que so fundó la corte inferior.

El artículo 368 del Código Político, modificado y ampliado por la Ley No. 99 de 1925, página 791, impone contribución por herencia a todos los bienes inmuebles y muebles pertene-cientes a habitantes de Puerto Rico. Los créditos del fene-cido por el dinero, los bonos y las acciones que tenía son bie-nes muebles intangibles y están sujetos a contribución de acuerdo con esa ley, lo mismo que sus pólizas de seguro, que debemos entender son pagaderas a la sucesión jjor no haberse hecho alegación en contrario.

La cuestión a que nos referimos ha sido objeto de consi-deración por el más alto tribunal de la nación y por él resuelta. Uno de los casos resueltos es el de Blackstone v. Miller, 188 U. S. 189, cuya doctrina no consignaremos por haber sido re-vocada expresamente en el de Farmers Loan Co. v. Minnesota, 280 U. S. 205, al que nos referiremos después, que hemos seguido en Gallardo, Tesorero, v. United P. R. Sugar Co., 42 D.P.R. 646. En el de Blodgett v. Silberman, 277 U. S. 1, se declaró que el Estado del domicilio de un fallecido puede imponer, a su sucesión una contribución por la transferencia por herencia de su propiedad intangible de acuerdo con las leyes de ese Estado aun cuando la evidencia de tal propiedad se encuentre fuera del mismo al tiempo de su muerte y. aunque esté sujeta a contribución en otra jurisdicción. También decide que bonos y certificados de deuda de los Estados Unidos pagables al portador o transferibles de mano a mano, aunque tienen algunas de las características de propiedad física, son, sin embargo, propiedad intangible (causas de acción), sujeta a contribución por herencia en el Estado del domicilio, aunque físicamente hayan estado en otro Estado desde que fueron adquiridos. Y en el de Farmers Loan Co. v. Minnesota, supra, se declaró que la máxima mobilia seqxmntur personam es apli-cable a bonos y certificados de deuda expedidos por un Estado o su municipalidad, como ordinaria causa de acción, y tie-nen situs para contribución de herencia en el domicilio del propietario. En el caso de Baldwin v. Missouri, 281 U. S. 586, una señora que residía en el Estado de Illinois murió allí dejando como heredero a su hijo y teniendo en el Estado de Missouri propiedad real, créditos por dinero depositado en bancos, cupones expedidos por los Estados Unidos y algunos pagarés de ciudadanos de Missouri, algunos de los cuales es-taban garantizados con gravámenes sobre tierra en ese Es-tado. La contribución de herencia fue pagada en Illinois, in-cluyéndose en ella la propiedad intangible que estaba en Missouri. Este Estado también impuso contribución sobre he-rencia a los bienes allí existentes. No se hizo reclamación por la contribución en cuanto a la propiedad real pero sí por la impuesta a la personal, por el fundamento de que la pro-piedad personal no estaba dentro de la jurisdicción del Es-tado de Missouri para fines del impuesto y que de ser soste-nida violaría la cláusula de la Enmienda 14 de la Constitu-ción de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Es-tados Unidos decidió que ordinariamente los depósitos en bancos son meras acreencias, que para los propósitos de ta-sación tienen su situs en el domicilio del acreedor solamente; y que la misma regla es aplicable a los pagarés aunque estén asegurados con propiedad real o de otra manera; y que los bonos y pagarés aunque físicamente en Missouri eran causa de acción cuyo situs es el domicilio del acreedor por lo que no estaban sujetos a contribución de herencia en Missouri.

En vista de las decisiones a que nos hemos referido te-nemos que llegar a la conclusión de que la propiedad mueble intangible que el difunto McKinley tenía fuera de esta isla estaba sujeta a contribución por herencia en esta jurisdicción, por lo que el Tesorero no cobró a las apelantes cantidad al-guna indebida. Por este motivo ¡a sentencia apelada debe ser confirmada.

El. Juez Asociado Señor Oórdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    In re José María Franceschi et al., peticionarios; López de Tord & Zayas Pizarro, opositores.
    No. 6282.

    Sometido: Marzo 13, 1933.

      Resuelto: Marzo 15, 1933.

      Henry G. Molina, abogado de los peticionarios; Lopes de Tord <& Zayas Pizarro, comparecieron por su propio dereeh.0.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide qne desestimemos la presente apelación in-terpuesta contra resolución qne decretó el nombramiento de árbitros para examen de una cuenta, porque dicha resolución no es apelable y porque si lo es resulta frívolo el recurso interpuesto.

En el expediente de administración judicial de los bienes relictos por Francisco María Francesebi a sn fallecimiento presentaron los abogados López de Tord & Zayas Pizarro una petición a la corte qne conoce de esa administración para qne se fijasen los honorarios qne deben serles pagados por los servicios que han prestado como ahogados del adminis-trador judicial y de los herederos en varios pleitos. Dichos abogados solicitaron que el examen de las partidas de su cuenta fuera sometido a arbitraje y así lo decretó la corte de distrito. Contra esa resolución fue interpuesto por el actual administrador judicial y por los herederos de Franceschi la apelación cuya desestimación se solicita. Por consiguiente, la cuestión fundamental a resolver ahora es si tal resolución es apelable.

La resolución apelada es incidental en el procedimiento de administración judicial en qne fné dictada pues resuelve una de l’as cuestiones en ella surgidas sin poner término a dicha administración, por lo que no está compren-dida en el apartado primero del artíenlo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que permite apelación contra sentencias definitivas pronunciadas en un pleito o procedimiento especial. Tampoco lo está en el número tercero de dicho ar-tículo porque no es providencia especial dictada después de sentencia definitiva, pues no existe la sentencia que definitiva-mente ponga término a la administración judicial, ya que no es tal sentencia la resolución de 12 de diciembre de 1928 que decretó la administración judicial de dichos bienes; ni es sentencia interlocutoria dictada en pleito sobre partición de propiedad real. Los demás particulares de ese párrafo ter-cero se refieren a casos distintos del presente y el número segundo del citado artículo es para apelaciones de cortes municipales.

Por lo expuesto, no estando comprendida esta apelación en ninguno de los casos del artículo 295 citado, debe ser desestimada.