text:
    Hon. Manuel Acevedo Hernández, Ex parte.

      Número: MC-2013-016

      Resuelto: 16 de julio de 2014

      Ivette M. Sosa, en carta; Manuel A. Acevedo Hernández, en carta; Cristina Guerra Cáceres, directora de la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales.
   RESOLUCIÓN

El 17 de abril de 2013, la periodista de Telemundo de Puerto Rico, Sra. Ivette M. Sosa (periodista), compareció ante nos mediante una carta y solicitó permiso para examinar y obtener copia de los informes de divulgación financiera presentados en los pasados 5 años por el suspendido juez superior Manuel Acevedo Hernández, el cual estaba asignado a los asuntos de lo criminal en la región judicial de Aguadilla. En su comparecencia, la periodista explicó que el Departamento de Noticias de Telemundo había estado transmitiendo unos reportajes en torno a un posible conflicto de interés o conducta impropia por parte del juez Acevedo Hernández. Estos reportajes estaban relacionados con una intervención policiaca durante la cual el juez Acevedo Hernández se encontraba como pasajero en un vehículo de motor propiedad del contador Lutgardo Acevedo López y conducido por el Sr. Ángel A. Román Badillo. Específicamente, la periodista indicó que cuando el señor Román Badillo fue detenido, el juez Acevedo Hernández intercedió para que éste no fuera procesado por manejar en estado de embriaguez. Para lograr esto, el juez Acevedo Hernández solicitó hablar con la Directora de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, Tnte. Lizzette Quintana. Sin embargo, el señor Román Badillo fue citado para que compareciera al tribunal de Aguadilla el pasado 23 de abril de 2013. Casualmente, el juez Acevedo Hernández presidió el proceso judicial mediante el cual el contador Acevedo López resultó absuelto de los cargos de homicidio negligente y embriaguez.

Por motivo de estos sucesos y de otras informaciones provistas por fuentes fidedignas de la periodista —entre las cuales se incluye el alegado obsequio de un vehículo Cadillac al juez Acevedo Hernández por parte del contador Acevedo López— es que se nos solicitaron los informes de divulgación financiera. La periodista adujo que estos eran necesarios para adelantar su investigación en tanto le permitirían corroborar los vehículos y demás bienes que posee el juez Acevedo Hernández. Asimismo, nos solicitó que le proveyéramos acceso a las querellas presentadas contra este.

Ante esta petición, el 9 de mayo de 2013 la Secretaria de este Tribunal procedió a enviarle una comunicación al juez Acevedo Hernández en la que incluyó la solicitud de la periodista y le otorgó 5 días para que se expresara sobre el particular. Empero, el juez Acevedo Hernández nunca compareció.

El 28 de mayo de 2013, transcurrido el término concedido, emitimos una Resolución en la cual autorizamos que la periodista inspeccionara los informes custodiados en la Secretaría de este Tribunal. En cuanto a la solicitud de acceso a las quejas o querellas presentadas contra el juez Acevedo Hernández, remitimos a la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) tal solicitud para que su requerimiento fuese considerado de acuerdo con las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRAAp. XV-B. Es de conocimiento público que, posteriormente, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) comenzó una investigación contra el juez Acevedo Hernández y, como consecuencia, este fue acusado criminalmente y suspendido de su cargo.

Así las cosas, el 4 de junio de 2014 la periodista recurrió nuevamente ante nos mediante una misiva en la que nos solicitó que se le permitiera grabar o fotocopiar la información a la que ya se le había otorgado acceso mediante la Resolución del 28 de mayo de 2013. Examinada la petición, el 27 de junio de 2014 otorgamos un término de 5 días para que, tanto la Oficina de Asuntos Legales de la OAT como el juez Acevedo Hernández se expresaran sobre la solicitud de la periodista.

El 9 de julio de 2014, el juez Acevedo Hernández compareció y se opuso a que se accediera a lo solicitado. Para fundamentar su oposición, alegó que permitir la fotocopia de los informes incidía sobre los procesos de investigación administrativos que se están llevando a cabo en la OAT. En esencia, adujo que la información solicitada guarda relación con la investigación administrativa. Por lo tanto, en la medida que la información se publicase sin que él tuviese la oportunidad de refutarla, se le violaría su derecho a un debido proceso de ley. Además, informó que sus representantes legales contemplaban presentar una querella a la periodista ante la Asociación de Periodistas de Puerto Rico por acoso, persecución y hostigamiento.

Por su parte, la Directora de la Oficina de Asuntos Legales de la OAT compareció mediante una misiva, en la cual reiteró la normativa constitucional sobre el derecho de acceso a información pública y la reglamentación aplicable. Asimismo, sostuvo que conceder acceso a los informes de investigación financiera es una determinación discrecional de este Tribunal. Además, indicó que las investigaciones administrativas o disciplinarias que se lleven a cabo contra un juez no son un criterio a considerar para conceder o denegar el acceso a estos informes. En cuanto al caso particular de autos, concluyó que el proveer acceso a los informes en controversia no interfiere con las investigaciones que la OAT lleve a cabo. Por el contrario, la información que ha sido publicada por los medios de comunicación fue lo que precisamente originó la investigación en curso.

I

Para poder atender la solicitud de la periodista, procedemos a exponer las disposiciones constitucionales pertinentes.

Nuestro ordenamiento reconoce que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 296. En su vertiente procesal, el debido proceso de ley garantiza que al momento de intervenir con la propiedad o libertad de un individuo, el Estado debe proveerle unas garantías mínimas. Picorelli López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720, 735-736 (2010); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887-888 (1993). No obstante, para que esta protección constitucional entre en vigor ciertamente tiene que existir un interés con el cual el Estado vaya a interferir. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 278 (2013); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc, supra; Board of Regents Colleges v. Roth, 408 US 564 (1972). Una vez se determina la existencia de tal interés, entonces procede establecer el procedimiento justo y equitativo a seguir.

Por otra parte, es indiscutible —y este Tribunal ha sido consecuente en reconocerlo así— que el derecho a la información pública es fundamental. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007); Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000). Ello debido a que es un corolario de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación promulgados en la See. 4 del Art. II de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Const. ELA, supra, pág. 285. Como sabemos, al ser parte de un sistema democrático de gobierno, es imperativo reconocer la necesidad de mantener informados a los ciudadanos, de manera que estos puedan fiscalizar adecuadamente la gestión gubernamental. De lo contrario, se les coartaría la libertad para expresar la satisfacción o insatisfacción con los procesos que le gobiernan. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra; Nieves v. Junta, 160 DPR 97, 102 (2003).

No obstante, el derecho de acceso a la información pública no es absoluto ni ilimitado, sino que está sujeto a la más urgente necesidad pública. Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477 (1982). Es decir, puede ser limitado si el Estado demuestra un interés apremiante que así lo justifique. Por lo tanto, cuando el Estado solicita mantener la secretividad de la infomación pública es necesario aplicar un análisis de escrutinio judicial estricto. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra. Para esto se deberá analizar la totalidad de las circunstancias y, en un balance estricto de intereses, determinar si el reclamo del Estado responde a intereses de mayor jerarquía que los valores protegidos por el derecho ciudadano a la información. Nieves v. Junta, supra, pág. 104 (citando a Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 27 (2000)); Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 938 (1992).

Cónsono con estas garantías constitucionales, el Código de Enjuiciamiento Civil establece que todo ciudadano, por el mero hecho de serlo, tiene el derecho de inspeccionar y sacar copias de cualquier documento público de Puerto Rico. 32 LPRA sec. 1781. Por consiguiente, cuando este acceso se deniega injustificadamente, se causa un daño claro, real y palpable al solicitante, lo que le brinda legitimación activa para, al menos, poder reclamar que su derecho se ha visto obstaculizado. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, pág. 177.

Ahora bien, para poder reconocer el derecho de acceso a la información pública es necesario que lo solicitado sea realmente información pública. Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra, pág. 176 (citando a Pueblo v. Tribunal Superior, 96 DPR 746, 755 (1968)). El Art. 1170 del Código Civil, 31 LPRA see. 3271, establece que “[s]on documentos públicos los autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley”. Por su parte, la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955 (3 LPRA sec. 1001(b)), define lo que es un documento público de la manera siguiente:

[...] Es todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de confomidad con lo dispuesto en la see. 1002 de este título se haga conservar [...] permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal.

Por consiguiente, para poder reconocer el derecho de acceso a la información pública que opera en nuestro ordenamiento es necesario que lo solicitado pueda clasificarse como un documento público.

II

Luego de analizar las disposiciones constitucionales aplicables, resulta pertinente referirnos a las disposiciones estatutarias y reglamentarias sobre el acceso al tipo de información solicitada. En primer lugar, acudimos a la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011 (3 LPRA see. 1854 et seq.). Esta ley se promulgó ante la necesidad de promover un servicio público íntegro en el que los intereses personales de los servidores públicos no sustituyan a los de la ciudadanía. En su Exposición de Motivos se estableció que la “Ley enmarca el compromiso y la obligación que tiene esta Asamblea Legislativa de mantener bajo estricto escrutinio la responsabilidad ética de nuestros servidores públicos, y de responder a los reclamos del Pueblo”. 2012 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 20.

A tenor con esta política pública, el Subcapítulo V de la referida ley regula las presentaciones de los informes financieros por parte de los empleados públicos, incluyendo a los miembros de la Rama Judicial. 3 LPRA sec. 1858(a). En cuanto a la inspección y el acceso del público a los informes presentados por parte de los miembros de la Rama Judicial, el Art. 5.8 de la Ley Núm. 1-2012 (3 LPRA see. 1858g(f)), establece que estas solicitudes se regirán de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento que tuviese a bien adoptar este Tribunal.

A la luz de lo anterior, es pertinente referirnos a las disposiciones del Reglamento Aplicable al Canon X de los Cánones de Ética Judicial sobre los Informes de Divulgación de Actividad Financiera de Jueces y Otro Personal de la Rama Judicial, cuyo propósito es regular la presentación anual de los informes de divulgación financiera. La Regla 9 del mencionado reglamento dispone lo relacionado a la accesibilidad del público a estos informes. En particular, establece que:

(1) Los Informes finales de los y las jueces y funcionarios(as) estarán bajo la custodia del(la) Secretario(a) del Tribunal Supremo. Los y las jueces y funcionarios(as), sua sponte, podrán autorizar su disponibilidad y publicidad. Salvo esa autorización, el Tribunal Supremo permitirá la inspección y el acceso a los informes financieros únicamente cuando la persona demuestre un interés legítimo y la necesidad de dicha información para someter datos adicionales que revelen la posible violación al Canon X, a las disposiciones de ley u otros extremos pertinentes. Se suministrará, libre de costo, copia de los Informes finales cuando sean requeridos por las agencias gubernamentales como parte de una gestión oficial.

(4) Toda solicitud de examen y copia de un Informe será precedida de una solicitud escrita, conteniendo lo siguiente:

(a) Nombre, dirección y ocupación del o de la solicitante.

(b) Nombre y dirección de la persona, organización o dependencia gubernamental para la cual solicita el Informe.

(c) Acreditación de interés legítimo y necesidad de dicha información que revele posible violación del Canon X y otros cánones pertinentes.

(d) Que el o la solicitante conoce las prohibiciones y restricciones en cuanto al uso del Informe. (Enfasis suplido). Memorando Núm. 248, Año fiscal 1997-1998, Oficina de Administración de los Tribunales, 27 de marzo de 1998, págs. 9-11.

Como vemos, la citada regla es diáfana en otorgar acceso a los informes financieros presentados por los jueces y funcionarios de la Rama Judicial. Por consiguiente, no pro-cede argumentar que estos son confidenciales. Por el contrario, su divulgación está sujeta a esta reglamentación. En primer lugar, la regla permite que el funcionario auto-rice esta divulgación. Sin embargo, aun cuando esto no suceda, la regla autoriza al Pleno de este Tribunal a otorgar ese acceso cuando el peticionario demuestre que tiene un interés legítimo en obtener este tipo de información y que tal información va a contribuir con datos adicionales que demuestren posibles violaciones a los cánones, las leyes u otros extremos pertinentes.

Es importante destacar que de la aludida regla se deduce que los informes podrán examinarse y copiarse. Es decir, la referida regla no contempla ninguna restricción para que sean fotocopiados. Asimismo, tampoco vislumbraxnos una restricción en cuanto a quién puede acceder a los informes. En el inciso 4(b) expresamente se requiere el nombre de la persona, organización o dependencia gubernamental que solicita el informe. Por consiguiente, tampoco hay una limitación en cuanto al tipo de peticionario. Sin embargo, la regla solamente libera del costo de las copias de los informes a las dependencias gubernamentales que los solicitan como parte de una gestión oficial. Así, cualquier otra persona u organización deberá cancelar previamente los aranceles correspondientes.

III

En la petición que atendemos, la periodista nos solicitó los informes de divulgación financiera que el juez Acevedo Hernández presentó durante los últimos 5 años con el propósito de revisarlos y adelantar una investigación sobre posibles violaciones éticas y legales cometidas por este. Nótese que al conceder esta solicitud no estamos disponiendo de las quejas, querellas o investigaciones que están en curso en la OAT. Por el contrario, concedemos el acceso a los informes financieros de un miembro de la Rama Judicial que están bajo la salvaguarda de la Secretaría de este Tribunal. Esto se distingue de lo sucedido en Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra. En aquella ocasión establecimos que los expedientes que obran en la OAT como parte de un procedimiento disciplinario judicial estarían disponibles para el escrutinio público tan pronto haya una determinación de la Directora en cuanto a que la investigación es final y firme. Esto no es lo que hoy está en controversia ante nos.

Siendo así, no podemos avalar el reclamo que hace el juez Acevedo Hernández para oponerse a que la periodista fotocopie los informes de divulgación financiera que sometió ante este Tribunal. En su comparecencia, alega que esta divulgación viola el debido proceso de ley en la medida que no le permite confrontarse con la información que puede llevarse a la palestra pública. Como mencionamos, para que el reclamo sobre el debido proceso de ley prospere es necesario que el Estado interfiera con un derecho propietario o libertario del individuo. En la situación ante nuestra consideración, no existe tal derecho que active la protección constitucional. Por el contrario, se está permitiendo que se copie un documento público presentado por el juez Acevedo Hernández que está bajo la salvaguarda del Tribunal. En todo caso, aun cuando la reglamentación aplicable no lo requiere, hemos sido consecuentes en otorgarle un término al juez Acevedo Hernández para que se exprese en torno a los requerimientos que ha hecho la periodista desde su primera comparecencia.

Realizada esta distinción, y recalcando que no interferimos con los procedimientos investigativos de la OAT, procedemos a analizar si en la solicitud que tenemos ante nuestra consideración se cumplen con los estándares requeridos por la referida Regla 9, supra. Como hemos descrito anteriormente, en la comunicación que nos dirigió la periodista se detallaron eventos y conductas llevadas a cabo por el juez Acevedo Hernández que contravienen los cánones que regulan la profesión jurídica. Por lo tanto, la periodista cumplió con el requisito reglamentario de demostrar un interés legítimo para solicitar información que revele nuevos datos sobre actuaciones contrarias a los cánones, a las disposiciones de ley o a otros extremos pertinentes. Ello toda vez que no se trata de una solicitud en el vacío, sin fundamento, o una expedición de pesca para obtener información de un miembro de la Rama Judicial. Por el contrario, es una petición fundamentada, la cual acompañó con la divulgación de la identidad de testigos con conocimiento personal de una posible conducta antiética, lo cual ciertamente puede aportar datos adicionales que revelen otras actuaciones del juez Acevedo Hernández contrarias a nuestros cánones o leyes. Asimismo, podría ayudarnos eventualmente a ejercer nuestro poder disciplinario. Tanto es así, que en la comunicación enviada por la Oficina de Asuntos Legales de la OAT se reconoce que la investigación administrativa que están llevando a cabo se originó precisamente por la información publicada en los medios de comunicación sobre la conducta del juez Acevedo Hernández.

IV

En virtud de los fundamentos expuestos, autorizamos a la periodista Ivette M. Sosa a fotocopiar la información que ya se le había permitido verificar personalmente y para la cual ha demostrado tener un interés legítimo. Esto estará sujeto a que cancele los aranceles correspondientes. Entendemos que ello, además, es cónsono con la política adoptada en el Plan Estratégico de la Rama Judicial de Puerto Rico 2012-2015: Justicia y Servicio, en tanto nos encamina hacia la consecución de mayor transparencia, accesibilidad y compromiso con la excelencia que debe caracterizar a los procedimientos judiciales.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular de conformidad, al cual se unió el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrió con la decisión del Tribunal de acceder a la petición de la periodista Ivette M. Sosa, a los efectos de fotocopiar los informes de divulgación financiera del suspendido juez superior Manuel Acevedo Hernández. Ello debido a que este Tribunal le permitió acceso a la periodista para examinar los referidos informes y, en aquella ocasión, el suspendido juez superior Acevedo Hernández no objetó la petición de esta.

El Juez Asociado Señor Martínez Torres se unió a la expresión de la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

El Juez Asociado Señor Rivera García proveería “no ha lugar” a la solicitud presentada por la periodista Ivette M. Sosa para grabar o fotocopiar los informes de divulgación financiera del suspendido Juez Manuel Acevedo Hernández. Esto porque, al presente, el señor Acevedo Hernández enfrenta un proceso criminal en la jurisdicción federal que involucra imputaciones concernientes, precisamente, a irregularidades relacionadas con sus intereses financieros. Por ello, la divulgación indiscriminada de los documentos solicitados podría incidir directamente sobre garantías tan básicas como la presunción de inocencia y el debido proceso de ley que debe cobijar a todo imputado de delito.

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón proveería “no ha lugar” y se unió a la expresión del Juez Asociado Señor Rivera García.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez, al cual se une el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

Hemos alcanzado un peldaño adicional hacia el proceso reformista de mayor accesibilidad del Pueblo a la información en poder de la Rama Judicial. Por ello, estoy conforme con la decisión que hoy toma este Tribunal de permitir que la periodista Ivette Sosa, quien ha cumplido con todos los requisitos dispuestos en las normas aplicables, pueda fotocopiar determinados informes de divulgación financiera presentados por el suspendido juez superior Manuel Acevedo Hernández.

Sencillamente, una determinación en contrario no constituiría una decisión cónsona con las acciones certeras tomadas por la Rama Judicial, relacionadas con la situación particular que nos ocupa.

No puedo permanecer silente cuando se acude a la vital garantía de la presunción de inocencia, inaplicable a la singular situación administrativa ante nos, como escudo para que una periodista, que ha cumplido con todos los procedimientos y requisitos aplicables, no fotocopie la información solicitada. Bajo ese argumento, ¿acaso la presunción de inocencia no aplicaría también para evitar que un funcionario acusado por corrupción no pueda ser suspendido sumariamente o removido de su cargo como medida preventiva? Abrir esa dimensión nos alejaría de los pasos recientemente alcanzados por este Tribunal en el fortalecimiento de acceso a los documentos públicos en poder de la Rama Judicial. Peor aún, ataría más a las instituciones públicas y a la ciudadanía en la capacidad de reaccionar, prevenir y amortiguar el impacto de posibles actividades delictivas y corruptas.

Ante esa realidad, estoy conforme con el dictamen y los fundamentos contenidos en la Resolución emitida por este Tribunal.

       Nótese que este reglamento se aprobó durante la vigencia de los Cánones de Ética Judicial de 1977, en donde el Canon X regulaba la presentación de los informes financieros por parte de los miembros de la Rama Judicial. No obstante, al aprobarse los Cánones de Ética Judicial de 2005, las disposiciones sobre los informes de divulgación financiera quedaron contenidas en el Canon 37 de Ética Judicial, 4 LPRAAp. IV-B. A pesar de estas enmiendas, el referido reglamento continúa vigente. Véase Comentarios al Canon 37 de Ética Judicial, id.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Estrella Martínez, a la cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García. Jueza Presidenta Señora Fiol Matta. Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la que se une la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez.

license: Public Domain

text:
    Doral Financial Corporation, Doral Bank, Doral Mortgage LLC, Doral Insurance Agency, Inc. y Doral Properties, Inc., peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Hacienda y Hon. Melba Acosta Febo, en su capacidad oficial de Secretaria Del Departamento De Hacienda, recurridos.

      Número: CC-2014-0555

      Resuelto: 22 de julio de 2014

      Carlos Rivera Vicente, Rafael A. Nadal Arcelay, Anthony Murray-Steffens y Ramón L. Rosario Cortés, del bufete Can-do, Nadal, Rivera & Díaz, P.S.C., abogados de la parte peticionaria; Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, y Zarel Soto Acabá, procuradora general auxiliar.
   SENTENCIA

(Regla 50)

Nos corresponde evaluar si el Tribunal de Apelaciones erró al no emitir una orden que permitiera la continuación de los procedimientos del caso de epígrafe ante el Tribunal de Primera Instancia. Por entender que la actuación del foro apelativo intermedio contraviene la celeridad y diligencia que debe prevalecer en la solución de la presente controversia de alto interés público, expedimos el presente recurso al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, infra, y revocamos la resolución recurrida. Como consecuencia, y cónsono con nuestros pronunciamientos anteriores, ordenamos la continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Ello, sin perjuicio del derecho que le asiste al Estado de acudir ante este Tribunal en el término establecido por ley para solicitar la correspondiente revisión de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el pasado 1 de julio de 2014.

A continuación, exponemos un resumen de los hechos pertinentes a la controversia particular que nos ocupa hoy.

I

Durante el trámite procesal del presente caso, este Tribunal enfatizó en dos ocasiones que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones debían atender la controversia planteada por las partes con prontitud. Al respecto, en la primera ocasión que denegamos una petición de certificación intrajurisdiccional presentada por los peticionarios, expresamos lo siguiente: “Dado los importantes intereses de ambas partes, es conveniente y necesario que el Tribunal de Primera Instancia celebre una vista evidenciaría en o antes del 12 de junio de 2014 y como mínimo resuelva el caso en o antes del 26 de junio de 2014”. (Enfasis suplido y en el original). Doral et al. v. ELA et al. I, 191 DPR 95 (2014) (Resolución), resuelto el 6 de junio de 2014. Cónsono con ese dictamen, y posterior a la celebración de una vista argumentativa, el foro primario emitió una sentencia parcial en la cual acogió la petición de desestimación presentada por el Estado tras concluir que carecía de jurisdicción para atender la reclamación presentada por los peticionarios. Véase Caso Núm. CC-2014-0555, Ira Pieza, Apéndice, págs. 24-61.

Inconforme con esa determinación, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de apelación. Caso Núm. CC-2014-0555, Ira Pieza, Apéndice, págs. 1-23. A su vez, presentaron ante nuestra consideración otro recurso de certificación intrajurisdiccional y una petición de auxilio de jurisdicción. Estos últimos dos recursos fueron denegados por este Tribunal en una resolución emitida el 20 de junio de 2014. Doral et al. v. ELA et al. II, 191 DPR 190 (2014) (Resolución), resuelto el 20 de junio de 2014. Ahora bien, nuevamente expresamos que “debido a los intereses apremiantes de todas las partes, instamos al Tribunal de Apelaciones a disponer del recurso ante su consideración en o antes del 26 de junio de 2014”. Id.

En reconocimiento a la urgencia que caracteriza el caso para ambas partes, el 1 de julio de 2014 el Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia en la que revocó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Véase Caso Núm. CC-2014-0555, 3ra Pieza, Apéndice, págs. 697-735. Así, el foro apelativo intermedio concluyó que el foro primario erró “al determinar que el foro judicial carece de jurisdicción sobre la materia y, en consecuencia, al desestimar la causa de acción de la parte apelante”. íd., pág. 734. Por lo tanto, devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Dos días después de esta determinación, los peticionarios acudieron al Tribunal de Primera Instancia mediante una Moción Urgente al Tribunal. Caso Núm. CC-2014-0555, 3ra Pieza, Apéndice, págs. 751-754. En esta, solicitaron que el foro primario emitiera una resolución en la que ordenara al Departamento de Hacienda “a honrar sus obligaciones contractuales con Doral y cumplir cabalmente con los términos y condiciones del Acuerdo Final de 2012 según pactados entre las partes”. íd., pág. 753. Esta petición fue denegada por el foro primario el mismo 3 de julio al entender que la solicitud era prematura, ya que al momento no se había recibido el mandato del Tribunal de Apelaciones. íd., págs. 755-756.

En esa misma fecha del 3 de julio de 2014, el Estado acudió en reconsideración al Tribunal de Apelaciones. Señaló que el foro apelativo intermedio erró al determinar que el Tribunal de Primera Instancia tenía jurisdicción para atender la presente controversia. Caso Núm. CC-2014-0555, 3ra Pieza, Apéndice, págs. 736-746. Esta moción fue denegada el 7 de julio de 2014. Ese mismo día, los peticionarios presentaron ante el Tribunal de Apelaciones una Moción Urgente y en Auxilio de Jurisdicción, en la que solicitaron, entre otros asuntos, el envío del mandato al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos. íd., págs. 747-756.

En oposición a esta solicitud, el Estado presentó una Urgente Oposición a Moción Urgente y en Auxilio de Jurisdicción. Caso Núm. CC-2014-0555, 3ra Pieza, Apéndice, págs. 762-771. Por una parte, sostuvo que la solicitud no procedía en términos procesales porque los peticionarios no cumplieron con la notificación simultánea requerida para una petición en auxilio de jurisdicción. Por otro lado, planteó que la solicitud tampoco se sostenía en términos sustantivos, ya que los peticionarios no lograron establecer la existencia de algún daño irreparable. Asimismo, expuso que acceder al curso de acción solicitado violentaría el derecho del Estado de recurrir en revisión ante este Tribunal Supremo.

Mediante una resolución emitida el 9 de julio de 2014, el Tribunal de Apelaciones declaró “no ha lugar” el petitorio de los peticionarios. Caso Núm. CC-2014-0555, 3ra Pieza, Apéndice, págs. 775-776. Según expuso, se ve imposibilitado de ordenar la continuación de los procedimientos porque ello conllevaría prescindir del término jurisdiccional de sesenta días con el que cuenta el Estado para presentar un recurso discrecional de certiorari ante este Tribunal.

No conforme con esta determinación, los peticionarios acudieron ante este Tribunal mediante una petición de certiorari y una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción. Por un lado, estos señalaron en su recurso de certiorari que el Tribunal de Apelaciones erró “al denegar el envío del mandato al foro primario y/o la solicitud de un trámite ex-pedito para el presente caso”. Certiorari, pág. 4. Por otro lado, expusieron en su solicitud de auxilio de jurisdicción que de no resolverse el caso con la urgencia solicitada desde un inicio conllevaría que la controversia se tome académica, lo cual les ocasionaría daños irreparables. Posteriormente, el Estado presentó su posición sobre el particular mediante una Urgente Oposición Consolidada a Expedición de Auto de Certiorari y a Moción en Auxilio de Jurisdicción. En esta, solicitó que denegáramos el recurso presentado por los peticionarios por las mismas razones que expuso en su posición ante el foro apelativo intermedio.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y en ausencia de impedimento alguno para disponer de la controversia que hoy nos ocupa, expedimos el recurso de certiorari solicitado y procedemos a resolver sin trámite ulterior, conforme a las disposiciones de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRAXXI-B.

II

Como norma general, la correcta presentación de un escrito de apelación ante el Tribunal de Apelaciones tiene el efecto de paralizar todos los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la sentencia o parte de la misma que se apela. Ahora bien, nuestro ordenamiento reconoce la autoridad del Tribunal de Apelaciones para ordenar al Tribunal de Primera Instancia la continuación de los procedimientos a pesar de la existencia de un trámite apelativo. Sobre ambas posibilidades, la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, dispone lo siguiente, en su parte aquí pertinente:

(a) Una vez presentado el escrito de apelación, se suspenderán todos los procedimientos en los tribunales inferiores respecto a la sentencia o parte de ésta de la cual se apela, o las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en contrario, ex-pedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión involucrada en el mismo no comprendida en la apelación. (Énfasis suplido).

Paralelo a ello, la Regla 18 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRAAp. XXII-B, establece:

(A) Suspensión— Una vez presentado el escrito de apelación, se suspenderán todos los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia respecto a la sentencia, o parte de la misma, de la cual se apela, o a las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de Apelaciones; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión no comprendida en la apelación. (Énfasis suplido).

De esta manera notamos que de los dos citados preceptos surgen los dos escenarios que mencionáramos. Por un lado, tanto las Reglas de Procedimiento Civil como el Reglamento del Tribunal de Apelaciones establecen la paralización automática de los procedimientos ante el foro primario al momento de la correcta presentación de un recurso de apelación ante el foro apelativo intermedio. Por otro lado, ambos cuerpos reglamentarios reconocen que el Tribunal de Apelaciones tiene la facultad de ordenar, ya sea por petición de parte o por iniciativa propia, la continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Véanse: Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 145-150 (2012); R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, 2010, See. 5513, págs. 473-474; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. IV, See. 52.3, págs. 1545-1550. Claro está, ello como un ejercicio de una sana discreción que le asiste al Tribunal de Apelaciones que debe ejercerse de manera sabia y prudente, y el cual podría estar sujeto a revisión por parte de este Foro.

III

En el presente caso, el Tribunal de Apelaciones denegó mediante una resolución la solicitud que le hicieran los peticionarios de ordenar al Tribunal de Primera Instancia a continuar con los procedimientos. Esto porque entendía que no tenía discreción para ello, ya que tal curso de acción presuntamente afectaría el derecho del Estado de acudir en revisión dentro del término jurisdiccional de sesenta días que establece las Reglas de Procedimiento Civil. Indudablemente, el Tribunal de Apelaciones erró en su razonamiento y proceder.

Como bien expusimos en las secciones que anteceden, este Tribunal ha expresado diáfanamente en dos ocasiones que la controversia en este caso representa un asunto de alto interés para ambas partes y el País. Por lo tanto, hemos sido consecuentes al establecer que el mismo debe ser atendido con premura y diligencia. Conforme a ello, una vez se determinó que los tribunales tenían jurisdicción para atender la demanda presentada por los peticionarios, el Tribunal de Apelaciones debió ejercer su discreción y ordenar la continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

Tal acción, bajo ninguna circunstancia, violenta el derecho que le asiste a la parte adversamente afectada por la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones —en este caso el Estado— de acudir en revisión ante nos. Simplemente, se trata de una medida procesal que permite la pronta continuación de los procedimientos, mientras el Estado decide si, en efecto, ejerce su prerrogativa de acudir en revisión ante este Tribunal Supremo mediante un recurso discrecional de certiorari.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, y a tenor con las disposiciones de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, supra, expedimos el recurso de “certiorari” solicitado y revocamos la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 9 de julio de 2014. Consiguientemente, ordenamos la continuación inmediata de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, conforme a la Sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones, hasta que otra cosa se disponga.

Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono y por la vía ordinaria.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal del Supremo. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió una opinión de conformidad, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera García. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta disintió con una opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con una opinión escrita, a la cual se unió la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se inhibió.

(Fdo.) Aida Xleana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Estrella Martínez, a la cual se une el Juez Asociado Señor Rivera García.

Invariablemente, he reiterado el firme criterio de que los pleitos revestidos de un interés público apremiante y cuyas repercusiones socioeconómicas son incuestionables, requieren una atención diligente de los foros judiciales para que la parte que le asista un remedio lo reciba de forma completa, oportuna y adecuada.

Sabido es que “ ‘[l]os estatutos que regulan la jurisdicción o la facultad de los tribunales de atender y resolver las controversias ante sí de la ciudadanía, son de alto interés público’, y [...] dicho interés urge el mayor acceso posible de los ciudadanos a sus tribunales de justicia”. (Corchetes en el original). Voto particular emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 658 (2013), citando a H.A. Sánchez Martínez, Derecho procesal apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, See. 102, pág. 4. Cuando aplicamos esas palabras en el quehacer de adjudicar, no debemos hacerlo selectivamente distinguiendo si se trata de un solo confinado, o de una corporación, o de cientos de servidores públicos. Con la libertad de haber sido consecuente en facilitar el mayor grado de acceso a la justicia, y convencido de que en el caso de marras hemos cumplido con esta crucial tarea, responsablemente estoy conforme con la determinación tomada por este Tribunal. Sin duda, las circunstancias particulares en que se desarrolla la controversia ante nos lo ameritan y requieren.

Luego de sopesar los intereses de todas las partes involucradas y consciente de la etapa procesal en que se encuentra la controversia, opino que el señalamiento de error alegado por la parte peticionaria no carece de méritos. Al atender con premura este señalamiento, otorgamos un remedio adecuado y cónsono con el acceso a la justicia; acceso que consecuentemente he protegido cuando las circunstancias fácticas y procesales así lo han exigido. Un rechazo a actuar por parte de este Tribunal en estos momentos, conllevaría la pesada carga de soslayar la urgencia que reviste este caso y, en consecuencia, troncharía el fin de evitar fracasos de la justicia. En consecuencia, no puedo avalar un proceder contrario del que he sido invariable y enérgicamente disidente.

Las particularidades de la controversia de epígrafe nos mueven a concluir que el Tribunal de Apelaciones incidió al no ejercer su discreción de forma razonable. Como ex-pusimos, los méritos de este caso requerían que se actuara con premura y celeridad. Con pleno conocimiento de ello y, sobre todo, con las facultades procesales para hacerlo así, el foro apelativo intermedio debió ejercer su sana discreción y ordenar la pronta continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. En otras palabras, la discreción del aludido foro judicial no operaba en el vacío ni de modo arbitrario, por lo que debió utilizarla sabiamente.

Al escoger su curso de acción, el foro intermedio ignoró las normas discutidas por lo que respetuosamente considero que abusó de su discreción, al no conceder un remedio reglado por la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y la Regla 18 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Adviértase que la llamada discreción es una facultad del poder decisorio de los tribunales para escoger entre uno o varios cursos de acción. Véase Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en García López y otros v. E.L.A., 185 DPR 371, 394 (2012). Empero, es norma reiterada que esa potestad debe ejercerse conforme a lo razonable. Ello, en aras de alcanzar una solución justiciera que responda y produzca un remedio compatible con los intereses involucrados. Id.

En vista de que, como mencionamos, nos encontramos ante una disputa de marcado interés público y que alcanza indudables repercusiones socioeconómicas, este Tribunal no debe cruzarse de brazos. Todo lo contrario, se espera que los tribunales atiendan tales reclamos oportuna y diligentemente. Convencido de que la controversia de marras no debe representar una excepción a lo anterior, estoy conforme con expedir el caso en estos momentos y atender el único señalamiento de error que se encuentra ante nos, a saber: conceder el remedio negado por el Tribunal de Apelaciones.

Entendemos que devolver el caso ante el foro de instancia para la continuación de los procedimientos, constituye el remedio oportuno, adecuado y completo que requiere el presente caso en esta etapa. Recordemos que hemos sido diáfanos en expresar que esta controversia es de alto interés tanto para las partes como para el País, por lo que requiere ser atendida con el rigor que amerita.

Máxime con el mensaje que nos transmite el Estado Libre Asociado en su escrito de oposición. En esencia, el Estado invoca el derecho a estratégicamente cruzarse de brazos para utilizar su reserva de 60 días en aras de acudir en revisión ante este Tribunal. Ciertamente, el dictamen que hoy emitimos no lacera ni trastoca el derecho que le asiste al Estado de recurrir, en el término estatutario, para solicitar la correspondiente revisión de la sentencia dictada por el foro intermedio. Ahora bien, los jueces y las juezas tenemos el deber de evaluar las repercusiones que tienen las estrategias de los litigantes. Es por ello que no podemos obviar las consecuencias que acarrea la estrategia legal del Estado Libre Asociado. Una de esas repercusiones es exponerse a que la parte contraria acuda al Poder Judicial en búsqueda de protecciones para que la controversia no se torne académica, ocurra un potencial daño irreparable o evitar que se obstaculice la sana administración de la justicia. Precisamente, ese es el remedio que diligente, responsable y oportunamente se le ha concedido a la parte peticionaria.

En fin, mientras el Estado ejerce su derecho de esperar estratégica y pacientemente para recurrir en revisión dentro del espacio de tiempo provisto por el legislador, esta Curia no puede soslayar considerar el reclamo presentado por la parte peticionaria. Conforme señalamos, sin entrar en los méritos de la controversia, el reclamo procesal es meritorio y nuestro ordenamiento jurídico cuenta con mecanismos para atenderlo. Por lo tanto, una actuación fundada en un insostenible automatismo inflexible daría al traste con la responsabilidad que debe descargar este Tribunal en controversias como la que hoy tenemos ante nuestra consideración.

Al amparo de los fundamentos que anteceden, avalo el dictamen que emite esta Curia.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Presidenta Señora Fiol Matta.

Disiento de la decisión que hoy toma este Tribunal pues, al acelerar el cauce apelativo de este caso, relega a un segundo plano una controversia jurisdiccional, las nociones básicas de economía procesal y el derecho al debido proceso de ley de una de las partes.

I

Doral Financial Corporation y sus subsidiarias (Doral) presentaron una demanda en el Tribunal de Primera Instancia contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). Alegó que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico dejó sin efecto un contrato otorgado en el 2012 y solicitó que se examinara la validez de esa determinación. Ese mismo día, Doral acudió a este Tribunal mediante un recurso de certificación intrajurisdiccional. Nos negamos a atender el recurso. Sin embargo, una mayoría de este Tribunal expresó en la Resolución que era conveniente y necesario que el Tribunal de Primera Instancia celebrara una vista evidenciaría en o antes del 12 de junio de 2014 y, como mínimo, resolviera el caso en o antes del 26 de junio de 2014.

El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial en la que se declaró sin jurisdicción para atender la controversia. Inconforme, Doral acudió al foro apelativo. Paralelamente, presentó otro recurso de certificación intrajurisdiccional ante este Tribunal. Nuevamente, nos negamos a atender el recurso a la vez que instamos al foro apelativo a disponer del recurso en o antes del 26 de junio de 2014. El 1 de julio de 2014, el foro apelativo emitió una sentencia en la cual concluyó que el Tribunal de Primera Instancia había errado al desestimar la demanda. Resolvió que el foro primario tiene jurisdicción para atender la controversia y devolvió el caso para la continuación de los procedimientos.

El 3 de julio de 2014, el ELA solicitó la reconsideración de esa determinación, la cual fue denegada por el foro apelativo en su Resolución de 7 de julio. Ese mismo día, Doral compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante una Moción Urgente y Auxilio de Jurisdicción. Informó que el 3 de julio había acudido al Tribunal de Primera Instancia para solicitar que dicho foro actuara sobre el caso y que el tribunal había resuelto que la petición era prematura, pues no había recibido el mandato del Tribunal de Apelaciones. Por ello, Doral solicitó al tribunal apelativo que enviara el mandato y ordenara que el foro primario considerara la moción que había presentado o, en la alternativa, que fijara fecha para una vista evidenciaría. El Estado se opuso a esa solicitud. El 9 de julio de 2014, el Tribunal de Apelaciones denegó la solicitud de Doral. Señaló que no tenía autoridad en ley para conceder lo solicitado pues su reglamento establece cuándo se devolverá el mandato y el ELA cuenta con un término jurisdiccional de 60 días para solicitar la revisión de la sentencia recurrida.

Inconforme con esa determinación, Doral presentó a este Tribunal una petición de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción. Argumentó que “el Tribunal de Apelaciones debió expedir el mandato y ordenar un calendario expedito para preservar la jurisdicción del foro judicial ante la gran probabilidad de que la controversia de autos se convierta en académica por el mero transcurso del tiempo”. Por ello, nos solicitó que ordenáramos la continuación inmediata de los procedimientos ante el foro primario en conformidad con la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 1 de julio de 2014. Debemos, pues, determinar si se puede preterir el término reglamentario dispuesto para la devolución del mandato y, con ello, privar al ELA de la oportunidad de recurrir de la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

II

Mediante el mandato, un foro apelativo le comunica al tribunal apelado su decisión, le imparte instrucciones y le devuelve el expediente original del caso. Este escrito representa el final de los procesos en revisión, la remoción del caso de la jurisdicción del tribunal apelativo y su devolución al foro de origen para la continuación de los procedimientos. Es un trámite necesario para que el foro recurrido recupere su jurisdicción, ya que “[u]na vez se paralizan los procedimientos en el foro de instancia, éste pierde su jurisdicción para continuar atendiendo los asuntos relacionados a las controversias planteadas”. Para recobrar la facultad de continuar con los procedimientos es necesario que el foro apelativo le envíe el mandato. De lo contrario, cualquier actuación "sobre aquellas controversias contenidas en el recurso de revisión y, en consecuencia, cualquier determinación adelantada por el foro inferior antes de recibir el mandato es nula por carecer de jurisdicción sobre la materia”.

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones y el de este Tribunal establecen el momento en que se debe devolver el mandato. La Regla 84(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones indica que dicho foro deberá hacerlo una vez hayan transcurridos 10 días laborables desde que su decisión advenga final y firme. El lenguaje es categórico y no confiere al Tribunal discreción alguna para acortar el término.

Una sentencia es final una vez se registra y se archiva en autos copia de su notificación. Se torna firme con el trascurso del tiempo, específicamente una vez transcurre el término para solicitar reconsideración o apelar sin que se hayan presentado dichos recursos, o cuando concluye por completo el proceso apelativo.

Por otro lado, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil dis-pone un término de 60 días, contados desde la fecha del archivo en autos de copia de la sentencia o resolución recurrida, para que el ELA pueda solicitar revisión discrecional de las sentencias o resoluciones del Tribunal de Apeladones que son dictadas en recursos de apelación. Este término es jurisdiccional.

En este caso, la sentencia del foro apelativo es final pero no es firme, pues no han transcurrido aún los 60 días concedidos por ley al ELA para recurrir a este Tribunal mediante el recurso discrecional de certiorari. Por eso, el foro apelativo estaba impedido de enviar el mandato al Tribunal de Primera Instancia. Como ya mencionamos, la Regla 84(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, indica que dicho foro deberá enviar sus mandatos luego de haber transcurrido 10 días laborables de haber advenido final y firme su decisión. El Tribunal de Apelaciones no tiene discreción para alterar ese término. Por lo tanto, la Resolución que emitió el 9 de julio de 2014 negándose a devolver el mandato al foro primario fue correcta. Por otra parte, es incuestionable que el foro apelativo actuó con la diligencia requerida.

La Sentencia que hoy emite este Tribunal no discute ni concluye nada sobre la determinación del Tribunal de Apelaciones en lo concerniente a la devolución del mandato. Por el contrario, deja en suspenso este planteamiento de error y acoge el argumento alternativo de Doral de que el foro apelativo erró al no ordenar que el foro de instancia llevara a cabo un trámite expedito en el presente caso. En ese sentido, la Sentencia concluye que el Tribunal de Apelaciones podía ordenar la continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia mediante una or-den provisional, amparada en la Regla 52.3 de Procedimiento Civil y la Regla 18 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El examen de estas disposiciones revela lo incorrecto de esta conclusión.

La Regla 52.3, supra, dispone que

[u]na vez presentado el escrito de apelación, se suspenderán todos los procedimientos en los tribunales inferiores respecto a la sentencia o parte de ésta de la cual se apela, o las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el tribunal de apelación; pero el Tribunal de Primera Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier cuestión involucrada en el mismo no comprendida en la apelación. Disponiéndose, que no se suspenderán los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia cuando la sentencia disponga la venta de bienes susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean vendidos y su importe depositado hasta tanto el tribunal de apelación dicte sentencia. (Énfasis suplido).

En primer lugar, esta regla se refiere a lo que ocurre cuando se presenta el escrito de apelación en el Tribunal de Apelaciones. La regla general es que, en ese momento, los procedimientos ante el foro inferior se suspenden a menos que el tribunal apelativo ordene que los mismos continúen. La regla no se refiere a lo que ocurre después que el Tribunal de Apelaciones notifica su determinación, como ocurrió en este caso.

En segundo lugar, no podemos olvidar que en este caso el Tribunal de Primera Instancia se declaró sin jurisdicción para atender la controversia. Es decir, no hay procedimiento alguno en dicho foro hasta tanto el Tribunal de Apelaciones devuelva el mandato, lo cual no procedía, de acuerdo a las disposiciones de su reglamento. Precisamente, el error principal de la Sentencia que hoy se certifica es ordenar que los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia continúen sin que se haya devuelto el mandato. Al hacerlo, la mayoría obvia el que la controversia apelada es, precisamente, sobre la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia para atender el caso, por ausencia de mandato.

Hemos reiterado en innumerables ocasiones que los tribunales somos custodios de nuestra propia jurisdicción. Esto quiere decir que antes de considerar siquiera los méritos de un caso, “los tribunales debemos examinar si tenemos facultad para ello. Así, la correcta adjudicación de una controversia requiere que los tribunales consideremos, como cuestión de umbral, si la ley avala el ejercicio de nuestra jurisdicción”. (Enfasis suplido).

Es por eso que la decisión que hoy adopta una mayoría de los miembros de este Tribunal es contraria a derecho. Además, ordenar que el foro primario continúe con los procedimientos sin que se haya determinado mediante sentencia final y firme que el tribunal tiene jurisdicción, es contrario a las nociones básicas de economía procesal y puede dar la impresión de que se ha prejuzgado la controversia.

Por todo lo anterior, denegaría el recurso de epígrafe. Al no ser esta la decisión del Tribunal, disiento.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la que se une la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez.

Hoy una mayoría de este Tribunal, amparándose con un manto de imparcialidad, se arroga la jurisdicción sobre una controversia que sencillamente no ostenta. Al acoger este recurso en esta etapa procesal, la mayoría nuevamente provee un trato desigual a las partes en litigio, protegiendo el interés pecuniario de Doral Financial Corp. (Doral) por encima del derecho del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a recurrir en revisión de una sentencia del Tribunal de Apelaciones dentro del término jurisdiccional de 60 días que dispone nuestras Reglas de Procedimiento Civil. Una vez más me debo preguntar, ¿cuál es la urgencia?

Por entender que la sentencia que hoy emite este Tribunal, lejos de proteger el interés de ambas partes en el litigio, lacera irremediablemente el derecho del Estado de revisar una sentencia donde se dilucidaron asuntos de umbral como la jurisdicción del foro primario para atender la controversia entre las partes, disiento.

Para entender a cabalidad el curso desacertado que hoy ordena la mayoría de este Tribunal, veamos el trámite procesal del recurso de epígrafe.

I

La controversia ante nuestra consideración tiene su génesis en una solicitud de sentencia declaratoria que presentó Doral y sus subsidiarias en la que solicitó que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, examinara la validez de la decisión del Departamento de Hacienda de dejar sin efecto un acuerdo entre las partes. Mediante el acuerdo en controversia, el Departamento de Hacienda reconoció a Doral Financial Corp. un derecho a reembolso por pago en exceso de contribuciones. Luego de varios trámites procesales, incluyendo la presentación de un recurso de certificación intrajurisdiccional ante este Tribunal, el 16 de junio de 2014 el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia declarando que carecía de jurisdicción sobre la materia para atender la validez de la decisión del Departamento de Hacienda, pues, adjudicar la controversia requería del peritaje de la agencia en cuestión.

Inconformes con la determinación del foro de instancia, el 18 de junio de 2014 Doral acudió mediante apelación al Tribunal de Apelaciones y alegó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al concluir que carece de jurisdicción sobre la materia. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso y el 1 de julio de 2014 dictó sentencia revocando la determinación de falta de jurisdicción que realizó el Tribunal de Primera Instancia.

El foro apelativo intermedio razonó que la determinación de la Secretaria de Hacienda que hizo constar a través de su comunicación de 14 de mayo de 2014 constituye una determinación final de la Secretaria, a pesar de que no se celebró vista informal ni se siguió el procedimiento de Hacienda de adjudicación formal. Por lo tanto, entendió que sería redundante agotar los remedios administrativos ante el Departamento de Hacienda, ya que la determinación del oficial examinador deberá ser aprobada por la misma Secretaria. También revocó la determinación del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a que Doral tendría el peso de probar la validez del acuerdo, pues es quien invoca la nulidad del acuerdo —el Departamento de Hacienda— quien tiene el peso de la prueba. Por ende, devolvió el caso al foro primario para que continuara con los procedimientos.

Tras recibir notificación de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, el 3 de julio de 2014 Doral presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia para que ordenara la celebración de una vista expedita donde Hacienda pruebe las bases de la alegada nulidad. No obstante, mediante una orden dictada ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia indicó que la solicitud de Doral era prematura, puesto que no había recibido el mandato de parte del Tribunal de Apelaciones y consecuentemente carecía de jurisdicción para continuar los procedimientos y ejecutar los dictámenes de la sentencia del foro apelativo intermedio. De igual forma, reconoció que no conoce si el Estado ejercerá su derecho a revisar la sentencia del Tribunal de Apelaciones ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ese mismo día, el 3 de julio de 2014, el Estado presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, la cual fue denegada el 7 de julio de 2014.

Inconformes con la decisión del Tribunal de Primera Instancia de no continuar los procedimientos —y mientras el Tribunal de Apelaciones tenía ante su consideración la moción de reconsideración presentada por el Estado— el 7 de julio de 2014 Doral presentó una Moción Urgente y en Auxilio de Jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones, solicitando que "remita el mandato al foro primario y ordene la consideración de la Moción Urgente presentada o, en la alternativa, que fije vista evidenciara esta semana o la próxima”. Caso Núm. CC-2014-0555, 3ra Pieza, Apéndice, págs. 749-750. Amparándose en las Reglas 18 y 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRAAp. XXII-B, y las Reglas 1 y 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, Doral argumentó que la orden dictada el 3 de julio de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia ignoró la urgencia del pleito y que el Tribunal de Apelaciones estaba facultado para ordenar la continuación de los procedimientos y emitir medidas que eviten un fracaso de la justicia o que las controversias se tomen académicas. A pesar de que intenta revisar una resolución interlocutoria dictada por el Tribunal de Primera Instancia luego de dictada la sentencia del Tribunal de Apelaciones de 1 de julio de 2014, Doral no acompañó su moción en auxilio de jurisdicción con un recurso de certiorari.

El 9 de julio de 2014, el Tribunal de Apelaciones declaró "no ha lugar” a la moción presentada por Doral. Razonó el Tribunal que la Regla 84(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRAAp. XXII-B, establece cuándo debe enviar el mandato al Tribunal de Primera Instancia: 10 días luego de que la sentencia del Tribunal de Apelaciones advenga final y firme. Considerando que el Estado cuenta con un término jurisdiccional de 60 días para solicitar la revisión de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de 1 de julio de 2014, término que comenzó el 8 de julio de 2014 cuando el foro apelativo intermedio denegó la solicitud de reconsideración del Estado, el Tribunal de Apelaciones razonó que prescindir del mismo sería una acción que excedería su autoridad.

Inconformes con la decisión del Tribunal de Apelaciones, Doral acudió ante nosotros mediante un recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción. Señaló como único error que el Tribunal de Apelaciones incidió al denegar su solicitud de enviar el mandato al Tribunal de Primera Instancia, o en la alternativa ordenar un trámite expedito. Dada la premura y urgencia del caso, entienden que no enviar el mandato constituiría un fracaso de la justicia que ocasionaría daños irreparables a las operaciones de Doral. Argumentan que la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, supra, plasmada en la Regla 18 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, permite enviar el mandato al foro inferior antes del término que dispone el propio reglamento del Tribunal de Apelaciones para enviarlo 10 días luego que la sentencia adviene final y firme. Por otro lado, argumentan que la Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, permite que el Tribunal emita órdenes en auxilio de jurisdicción para hacer efectiva la jurisdicción de los tribunales y evitar un fracaso a la justicia o que las controversias se tornen académicas.

En su certiorari ante nosotros, Doral argumenta por primera vez que la solicitud de auxilio de jurisdicción que presentó ante el Tribunal de Apelaciones en realidad era una moción de reconsideración de la sentencia de 1 de julio de 2014. Asimismo, razonan que la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, supra, reconoce la autoridad de los tribunales para variar la norma general que la presentación de un recurso de apelación suspende los procedimientos ante los foros inferiores. Por lo tanto, enviar el mandato es un remedio en equidad que recae en la sana discreción de los tribunales, parte del poder inherente de los tribunales. Finalmente, argumentan que en virtud de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, este Tribunal tiene la facultad para prescribir procedimientos que garanticen que se imparta justicia.

Por su parte, el Estado sostiene que la petición de certiorari de Doral tiene como único propósito privar al Estado de su derecho a solicitar la revisión de una sentencia adversa. Según se desprende de la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, el Estado cuenta con un término jurisdiccional de 60 días para recurrir en revisión de la sentencia del foro apelativo intermedio de 1 de julio de 2014, por lo que el Tribunal de Apelaciones no puede enviar el mandato hasta que culmine este periodo o la sentencia advenga final y firme. Argumentan que este Tribunal no posee autoridad en ley para enmendar mediante fíat judicial el término jurisdiccional de 60 días, pues las Reglas de Procedimiento Civil son aprobadas por la Asamblea Legislativa. Además, enviar el mandato tomaría académico el reclamo del Estado de que el foro primario carece de jurisdicción sobre la materia de la controversia, asunto medular de la sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones.

En cuanto a la moción en auxilio de jurisdicción presentada ante el Tribunal de Apelaciones, el Estado argumenta que ésta nunca fue perfeccionada pues (1) Doral no realizó una notificación simultánea inmediata, (2) no acompañó la moción con un recurso de certiorari y (3) luego de denegar la moción de reconsideración del Estado, el Tribunal de Apelaciones perdió jurisdicción sobre el caso y estaba impedido de emitir cualquier orden en auxilio de jurisdicción.

El Estado también sostiene que Doral no presentó una moción de reconsideración, planteamiento que Doral presentó por primera vez ante el Tribunal Supremo, sino una moción en auxilio de jurisdicción. Finalmente, el Estado argumenta que Doral intenta revisar una sentencia favorable del Tribunal de Apelaciones, logrando que este Tribunal confirme la sentencia sin que antes el Estado pueda ejercer su derecho a revisar la decisión. Así, sostiene que Doral carece de legitimación activa para revisar la sentencia de 1 de julio de 2014.

II

La sentencia que hoy dicta este Tribunal no se emite para preservar los derechos e intereses de las partes en litigio, sino para vestir de legitimidad las intervenciones previas del bloque mayoritario en la controversia. En dos ocasiones previas este Tribunal denegó recursos presentados por Doral a la misma vez que, sin asumir jurisdicción, realizó expresiones inconsecuentes sobre la necesidad de atender este caso con premura e impuso un calendario a los tribunales inferiores.

A pesar de que en dos ocasiones no les reconoció discreción a los jueces de tribunales inferiores para manejar los casos que presiden, hoy la mayoría le reconoce discreción al Tribunal de Apelaciones que este último no ostenta. Así, sin formular fundamento jurídico alguno, concluyen que el Tribunal de Apelaciones abusó de la misma al no enviar el mandato el Tribunal de Primera Instancia. ¿Qué exactamente constituye ese abuso de discreción?

La mayoría razona que aunque como norma general la presentación de un recurso de apelación tiene el efecto de paralizar todos los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, nuestro ordenamiento permite que el Tribunal de Apelaciones ordene la continuación de los procedimientos en los foros inferiores una vez ese foro dicte sentencia. Si bien la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, supra, permite ordenar la continuación de los procedimientos, ello es en virtud de la naturaleza de la controversia y solo al momento de expedir el recurso de apelación. Es decir, la Regla 52.3 faculta al Tribunal de Apelaciones a ordenar la continuación de los procedimientos al momento mismo en que se presenta la apelación, pues así logra proteger intereses de la más alta jerarquía. Esto queda evidenciado en los ejemplos que provee la Regla de cuándo la paralización de los procedimientos en el foro inferior no es automática, por ejemplo: cuando el Tribunal de Primera Instancia emite una orden de injunction, ordena el pago de alimentos, u emite orden sobre custodia o relaciones filiales.

Tal potestad responde a la naturaleza misma de la sentencia del foro de instancia y la necesidad de preservar el status quo en ese instante. Si se permitiese alterar ese status quo luego de que el Tribunal de Apelaciones emitiese su sentencia, se laceraría el derecho de las partes a revisar la sentencia del foro apelativo intermedio, pues el Tribunal de Apelaciones tendría potestad para otorgarle a su sentencia una fuerza operativa en detrimento del balance calculado en nuestras Reglas de Procedimiento Civil. La discreción de ordenar la continuación de los procedimientos no puede existir ex post facto, sino que tal orden debe emitirse al momento mismo en que se acoge el recurso de apelación.

Aún si reconociéramos que el Tribunal de Apelaciones posee discreción para ordenar la continuación de los procedimientos luego de que dicte sentencia, la mayoría ni siquiera intenta desglosar cómo el Tribunal de Apelaciones abusó de tal discreción al no enviar el mandato. ¿Cuál es el estándar con el que este Tribunal adjudicará controversias similares en el futuro?

La mayoría sostiene que la sentencia que hoy emite protege el interés de ambas partes en el pleito. No obstante, nos debemos preguntar: ¿cómo es que esta sentencia protege el derecho del Estado a revisar la sentencia del Tribunal de Apelaciones? Máxime, cuando esa sentencia versa sobre un asunto de umbral, la jurisdicción del foro de instancia para atender la controversia entre las partes. Si a la mayoría le preocupa la posibilidad de que la controversia se torne académica si no se continúan los procedimientos de primera instancia, ¿no se tornaría académica la controversia sobre la jurisdicción que desea revisar el Estado? Dicho proceder tampoco abona a la economía procesal.

Más allá de que el Tribunal de Apelaciones carece de autoridad para ordenar el curso que hoy dictamina la mayoría, este Foro también carece de jurisdicción sobre la controversia en sí. Si aceptamos que la solicitud en auxilio de jurisdicción que Doral presentó ante el Tribunal de Apelaciones fue una reconsideración, mediante la sentencia de hoy esta Tribunal estaría revisando la sentencia del Tribunal de Apelaciones de 1 de julio de 2014. El Estado cuenta con un término jurisdiccional de 60 días para acudir en revisión de esa sentencia y ese término surge en virtud de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Este Tribunal carece de autoridad para ignorar el texto claro de la ley y acortar los términos disponibles para que el Estado solicite la revisión de la sentencia.

Por otro lado, si entendiéramos que el escrito que Doral presentó ante el Tribunal de Apelaciones fue en realidad una solicitud en auxilio de jurisdicción para revisar la resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2014, ¿cuál es el recurso sobre el cual el Tribunal de Apelaciones debía emitir órdenes para preservar su jurisdicción? Si Doral deseaba revisar la resolución interlocutoria donde el TPI determinó que no podía actuar hasta recibir el mandato, ¿dónde está el recurso de certiorari para revisarlo? Ese recurso nunca se presentó ante el Tribunal de Apelaciones. Además, tampoco se perfeccionó la solicitud en auxilio de jurisdicción pues, aunque el Estado eventualmente compareció, la moción no le fue notificada simultáneamente a su presentación mediante un mecanismo válido, sino el próximo día mediante correo electrónico.

La justicia no sólo debe ser imparcial, sino que también debe aparentarlo.

       La Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B, dis-pone lo siguiente:
      “En situaciones no previstas por este reglamento, el tribunal encauzará el trámite en la forma que a su juicio sirva los mejores intereses de todas las partes.
      “Queda reservada la facultad del tribunal para prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos para así lograr el más justo y eficiente despacho del caso o del asunto de que se trate”.

       Véanse: Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Santana Báez v. Adm. Corrección, 190 DPR 9 (2014); Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros I, 190 DPR 77, 80 (2014); Voto particular emitido por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Alvarado Pacheco y otros v. ELA, 188 DPR 594, 646 (2013).

       Para una discusión sobre el particular en el contexto de las mociones en auxilio de jurisdicción presentadas ante los foros judiciales, véase García López y otros v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012).

        Doral et al. v. ELA et al. I, 191 DPR 95 (2014). En esa ocasión señalé que estaba conforme con denegar el recurso de certificación intrajurisdiccional, pues la controversia debía ser resuelta por el Tribunal de Primera Instancia con premura y diligencia. No obstante, señalé que me parecía innecesario sugerir a dicho foro un término particular para la resolución del caso.

       Véase Doral et al. v. ELA et al. II, 191 DPR 190 (2014). Posteriormente, mediante una comparecencia especial, el Tribunal de Apelaciones nos informó de sus gestiones para resolver el caso con premura y solicitó tiempo adicional.

        Certiorari, pág. 8.

       R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, 2010, See. 5553, pág. 499.

        Vaillant v. Santander, 147 DPR 338, 350-351 (1998).

        Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556, 570 (1999).

       íd.

        Vaillant v. Santander, supra, pág. 351.

       4 LPRA Ap. XXII-B.

       A diferencia de esa disposición, el Reglamento del Tribunal Supremo reconoce la facultad de retener el mandato. Ver Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B.

       Hernández Colón, op. cit., Sec. 4106, pág. 378.

       íd., pág. 379.

       32 LPRA Ap. V, R. 52.2.

       32 LPRA Ap. V, R. 52.3.

       4 LPRA XXII-B, R. 18.

       La Regla 18 de Reglamento del Tribunal de Apelaciones recoge lo dispuesto por la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, supra.

        Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228 (2014); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 197 (1998), opinión de conformidad del Juez Asociado Señor Hernández Denton.

        Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 197.

       El 18 de junio de 2014 Doral también presentó nuevamente una moción de certificación intrajurisdiccional ante este Tribunal para solicitar la revisión de la determinación del foro de instancia. El 20 de junio de 2014 una mayoría de este Tribunal proveyó “no ha lugar” a la moción de certificación intrajurisdiccional y a la moción en auxilio de jurisdicción. Sin embargo, en la Resolución se instó al Tribunal de Apelaciones a disponer del recurso en o antes del 26 de junio de 2014, involucrándose indebidamente por segunda vez en el manejo del caso. Posteriormente, el Panel II de San Juan del Tribunal de Apelaciones compareció ante este Tribunal para solicitar una extensión de término hasta el 1 de julio de 2014 para disponer adecuadamente del recurso.

       La Regla 18 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRAAp. XXII-B, también recoge lo expresado en la Regla 52.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, esto es, que el Tribunal de Apelaciones puede ordenar que continúen los procedimientos al momento en que se presenta el recurso de apelación.