text:
    Congress Cigar Co., Inc., demandante y apelada, v. Angelina Grau Sandoval y Josefa Sandoval Vda. de Grau, demandadas y apelantes.
    No. 5672.

    Somentido: Enero 25, 1933.

      Resuelto: Marzo 15, 1933.

      Antonio Reyes Delgado, abogado de las apelantes; V. Polanco de Je-sús, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción sobre rescisión de contrato en la cual se alega substaneialménte que la demandada Josefa Sandoval viuda de Guau es madre de la otra demandada Angelina Guau Sandoval; que el día 22 de septiembre de 1926 la demandante otorgó un contrato con Josefa Sandoval sobre siembra, cnltivo y refacción de tabaco, por virtud del cual la demandada antes dicha se comprometió a sembrar y cnltivar veinte cuerdas de terreno de tabaco en una finca de su pertenencia y por su parte la demandante se comprometió a otorgarle un crédito hasta la suma de $1,500, el cual ven-cería en 30 de junio de 1927, y que habiendo la susodicha demandada agotado el crédito, se amplió dicho contrato, en 28 de marzo de 1927, por $1,000 más; que para abril de 1927 la lluvia causó grandes daños en la plantación de tabaco de Josefa Sandoval, refaccionada por la demandante, deján-dola en tal estado que podía precisarse que no rendiría lo suficiente para satisfacer la acreencia de la demandante, y en tal estado, ambas demandadas, madre e hija, se pusieron de cuerdo para defraudar a la demandante, y a tal efecto Josefa Sandoval traspasó a su hija Angelina G-rau Sandoval todos los bienes de su pertenencia, entre ellos la finca refac-cionada; que el traspaso verificado por Josefa Sandoval a su hija Angelina Grau se contrajo a los derechos de condo-minio que sobre dichas fincas ostentaba la señora Sandoval haciéndose aparecer el traspaso por la cantidad de $3,000, confesando la vendedora haber recibido con anterioridad al acto $1,000, y dando fe el Notario de que en el acto del otor-gamiento de la escritura se pagaron los $2,000 restantes; que el recibo por parte de Josefa Sandoval de la mencionada suma es falso, porque la Señora Sandoval no recibió los $1,000 con anterioridad al otorgamiento de la escritura, y los $2,000 que figuraron en dicho otorgamiento fueron facilitados a Angelina Grau por parientes y amigos con el fin de simular una compra; que la compradora Angelina Grau era antes de la fecha de dicha adquisición insolvente y además tenía cono-cimiento de los negocios de su madre y sabía que ésta era deudora de la demandante por razón de los contratos de refacción y a pesar de ello se prestó a servir de compradora en la escritura de traspaso; que el 30 de junio de 1927 se liquidó el contrato de refacción por la demandante de con-formidad con la señora Sandoval resultando un saldo a favor de aquélla de $1,671.06 y por dicha suma la demandante radicó demanda ante la Corte de Distrito de Areeibo, obte--ni endo sentencia condenando a Josefa Sandoval a su pago; que en el contrato de refacción otorgado entre la demandante y Josefa Sandoval figuró como fiador solidario Félix Tíodrí-guez, pero éste quedó insolvente a la fecha del vencimiento del contrato y es actualmente insolvente; que la demandante no tiene otros medios de cobrar lo que se le adeuda' que no sea solicitando la rescisión del contrato celebrado entre Josefa Sandoval viuda de G-rau y su hija Angelina Grau Sandoval.

A dicha demanda contestaron las demandadas alegando que la misma no aduce hechos suficientes para constituir la causa de acción que se ejercita, aceptando el otorgamiento del contrato de refacción entre Josefa Sandoval y la deman-dante, así como la ampliación del mismo, y negando la simu-lación del traspaso de los bienes de la demandada Josefa Sandoval a su hija Angelina Gran, y que ésta tuviera cono-cimiento de que su referida madre estuviese endeudada con la demandante, alegándose en contrario que la Srta. Grau Sandoval real y positivamente pagó por los bienes litigados las sumas que se dicen en la escritura de 10 de mayo de 1927.

La Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia decla-rando rescindido el-contrato de compraventa a que se refiere la demanda, con imposición de costas a las demandadas, sin incluir honorarios de abogado. Se alega por las demandadas y apelantes que la corte inferior erró al desestimar la excep-ción que se interpuso alegando que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. Se ejercita en este caso una acción de rescisión de contrato de acuerdo con el inciso tercero del artículo 1258 del Código Civil, según el cual son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no pueden de otro modo cobrar lo que se les debe. En el caso de Sum. de Almazán v. López et al., 20 D.P.R. 537, 540, este tribunal ha declarado que en una acción de esta naturaleza debe alegarse que el demandado es realmente deudor del demandante, que el demandado enajenó sus bienes en fraude de su acreedor, que el demandante ha’sido perjudicado por tal enajenación y que el demandante no tiene otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio sufrido que pedir la rescisión del contrato de enajenación.

Se llama la atención por las apelantes a determinadas alegaciones de la demanda que a sn juicio entrañan conclusiones e inferencias legales. Se pone énfasis en el uso de la palabra insolvencia que, a juicio de las apelantes, es una conclusión y se dice que no se ha alegado en debida forma la insolvencia de la demandada Josefa Sandoval y de su fiador Félix Rodríguez. Dispone el artículo 1261 de nuestro Código Civil que la acción de rescisión es subsidiaria y no puede ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal. El Tribunal Supremo de España ha declarado que si el artículo 1294, equivalente al 1261 de nuestro código, califica de subsidiaria la acción rescisoria, no es porque carezca de la condición de una acción principal subsistente por sí e independiente de otra que hubiera de ejercitarse de antemano, sino en el sentido que en el mismo texto se expresa, de no poderse ejercitar cuando el perjudicado tuviese a su disposición otro medio legal para obtener la reparación del perjuicio. (Sentencia de 9 de noviembre de 1901.) El ejercicio de esta acción* está subordinado a la existencia de bienes en poder del deudor o de su fiador, si bien, como dice Manresa, “tales obstáculos a la acción rescisoria dejarán de serlo cuando los bienes o las garantías no bastaren notoriamente a la efectividad del crédito reclamado. La realidad del perjuicio”, continúa diciendo el mismo comentarista, “se aprecia por la imposibilidad del pago, la cual no puede entenderse absoluta, según explicaremos al determinar el sentido de la palabra insolvencia con motivo del artículo siguiente.” Esto dice Manresa comentando el artículo 1291 del Código Civil español, y al comentar el artículo siguiente nos dice que “la insolvencia, que no es la miseria, ni se opone a la ostentación de que haga alarde un deudor, no es tampoco incompatible con' que éste conserve algunos recursos reconocidos, si después de las enajenaciones o pagos hechos, son aquéllos notoriamente insuficientes con relación a las obligaciones que sobre el interesado pesen.” 8 Manresa, 697.

En el presente caso se alega en la demanda qne Josefa Sandoval, pnesta de acnerdo con sn hija, con el propósito de defraudar a la demandante y de aparecer insolvente, traspasó a sn referida hija todos sus bienes qne eran los qne tenía en la jurisdicción de Morovis. Entendemos qne esta alega-ción es bastante para demostrar la insolvencia de la deman-dada Josefa Sandoval. En cnanto a sn fiador Félix Rodrí-guez, se alega qne era insolvente en la fecha del vencimiento del contrato, qne lo es actualmente, y qne la demandante no tiene otro medio de cobrar sn cuenta como no sea con la rescisión del mencionado contrato. Las apelantes sostienen qne es ésta una mera conclusión y que han debido alegarse hechos de los cuales surja la insolvencia de la demandada Josefa Sandoval y sn fiador. La palabra insolvencia revela un estado de hecho qne no puede escapar a la penetración de ninguna persona de inteligencia común.

En el caso de City of Indianapolis v. Mitchell, 61 N. E. 947, resuelto por la Corte Suprema de Indiana, se consideró suficiente la alegación de que el deudor era insolvente, sin acompañarla de la acostumbrada alegación de que dicho deudor no tiene ni tenía propiedad sujeta a ejecución. En este caso la corte dijo:

“Se alega además que Fred Lammert era insolvente después del traspaso y cuando se. inició la acción. Se ha sostenido desde hace mu-cho tiempo que una. alegación al efecto de que el deudor no tuvo al tiempo del traspaso ni ha tenido desde entonces propiedad suficiente sujeta a ejecución para pagar sus deudas o cualquier parte de las mismas, constituye una suficiente alegación de insolvencia.. La insol-vencia es el hecho fundamental en controversia y la ausencia de pro-piedad sujeta a ejecución demuestra la existencia de tai condición. La alegación de que el deudor era completamente insolvente es, por lo tanto, suficiente, sin el aditamento usual de que.’él no tiene ni tenía propiedad sujeta a ejecución. Si hubiese alguna, duda respecto al establecimiento de este principio, quedaría disipada citando un nú-mero de casos análogos. La alegación de que el firmante de un pa-garé era completamente insolvente ha sido siempre reconocida como una afirmación de un hecho en acciones Contra los endosantes. Es una regla firmemente establecida que una alegación al efecto de que «1 deudor no tenía y no tiene propiedad sujeta a ejecución es bastante en acciones para anular traspasos fraudulentos. La insolvencia puede alegarse en esta forma o expresamente, como se ha dieho aquí.”

En el caso de Grunsfeld Bros. v. Brownell, 76 Pac. 310, la Corte Suprema de Nuevo Méjico se expresó así:

“El hecho octavo de la demanda alega que el demandado IX It. Brownell es insolvente, y nos parece a nosotros, que esto es una ale-gación de que Brownell no tenía propiedad bastante para pagar sus deudas. La palabra insolvencia, según se usa en las leyes de quie-bra e insolvencia, significa la inhabilidad de una persona para pagar sus deudas cuando vencen en el curso ordinario de los negocios; pero en su sentido general significa un exceso sustancial de responsabili-dades personales sobre el valor efectivo de su propiedad.”

En el caso de Tainter v. Broderick Land & Investment Co., 171 Pac. 679, resuelto por la Corte Suprema de California, se resolvió que una alegación de que el demandado es insolvente se refiere al tiempo del comienzo de la acción y no demuestra insolvencia al tiempo del traspaso. “No Pay alegación,” dice la corte, “de que Dudley era insolvente o estaba en peligro de insolvencia al tiempo del traspaso. Claramente se ve que la corte considera que es suficiente una alegación en que se diga que el deudor era insolvente al tiempo de la trasmisión de la propiedad.”

En el presente caso se alegó que el fiador Félix Rodríguez quedó insolvente a la fecha del vencimiento del contrato y es actualmente insolvente. La demanda, a nuestro juicio, aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y por lo tanto no cometió error la corte inferior al desestimar la excepción.

Resuelta esta cuestión pasamos a considerar el error que atribuyen las apelantes a la corte inferior por haber admitido la sentencia en rebeldía dictada-por el secretario de la Corte de Distrito de Arecibo en el caso de Congress Cigar Inc. contra Josefa Sandoval y Félix Rodríguez Hernández. Además de la sentencia se ofreció como prueba por la parte actora la demanda que sirvió de base a la misma. En este caso se condenó a los demandados a pagar a la demandante la cantidad de $1,671.06 y $300 para intereses legales, costas y honorarios de abogado. Expresaron las demandadas su oposición a esta prneba, y al formular sn excepción a la admi-sión de la sentencia en rebeldía, alegaron que de acnerdo con la demanda y con los contratos presentados en evidencia no fue éste un pleito en. el cual pudo dictarse una sentencia en rebeldía, por tratarse de una cuestión que inevitablemente habría que someterla a la corte para que ésta hiciera la liqui-dación. El abogado de las apelantes sostiene que sólo pro-cede dictar una sentencia en rebeldía por el secretario cuando se trata de una suma líquida. El abogado de la parte de-mandante y apelada arguye en oposición que las demandadas no han negado la alegación de la demanda donde se dice que la demandante liquidó el contrato refaccionario de confor-midad con la demandada Josefa Sandoval, quedándole ésta a deber la suma de $1,671.06. Es verdad que esta alegación no aparece negada en la contestación a la demanda y que el silencio de las demandadas sería bastante para establecer el hecho de la liquidación si la misma demandante no se hubiera ocupado en ofrecer prueba para destruir su propia alegación y demostrar, claramente, sin dejar lugar a dudas, su inexac-titud.

En la acción que ahora se ejercita alega la demandante que el contrato se liquidó en 30 de junio de 1927, y en la demanda que radicó en 13 de octubre de 1927 en la Corte de Distrito de Arecibo, que culminó más tarde en la sentencia en rebeldía dictada por el secretario de la corte, alega dicha demandante que el día 30 de junio de 1927 y en épocas poste-riores a esa fecha, y en distintas ocasiones, ha requerido a la demandada para liquidar el contrato de refacción y abonar a la cantidad tomada el importe del tabaco entregado, y se ha negado a liquidar así como a pagar la diferencia resul-tante a favor de la demandante, o cualquier cantidad a cuenta. S.e alega que también se requirió de pago al fiador Félix Rodríguez, y se pide que se dicte sentencia condenando a los demandados a qne mancomunada y solidariamente pro-cedan eon la demandante a la liquidación de los contratos de referencia y a que paguen a la demandante la cantidad de $1,671.06 qne le quedan a deber. Además de esta prueba documental, la prueba testifical ofrecida por la demandante demuestra que el contrato no fue nunca liquidado con la conformidad de la demandada Josefa Sandoval. Hermene-gildo Colón, empleadlo de la demandante, declara que en su carácter de agente o inspector de las plantaciones de la de-mandante, hizo gestiones cerca de Josefa Sandoval en rela-ción con la liquidación del tabaco y fue una vez a que le firmara la liquidación, contestándole la demandada que quien se entendía con eso era su hijo, y que por segunda vez le dijo que firmara la liquidación, a lo cual se negó diciendo que no estaba buena. Añade que doña Josefa no estuvo conforme y la liquidación se quedó sin firmar.

Basta leer la demanda radicada por la demandante contra Josefa Sandoval y Félix Rodríguez Hernández para llegar a la conclusión de que en dicho caso el secretario de la corte se excedió en sus atribuciones al dictar sentencia en rebeldía.

En el hecho cuarto de dicha demanda se alegó lo siguiente:

“Que h demanda-nte cumplió religiosamente las obligaciones de ambos contratos entregando a la demandada Josefa Sandoval las can-tidades que ésta necesitó, de acuerdo con los términos de ambos con-tratos; y que la dieba demandada Josefa Sandoval cumplió en parte el contrato entregando el siguiente tabaco: 2,566 libras de boliche, 1,449 libras de manojo, 447 libras de tripa, 1,615 libras de tabaco defectuoso, menos un 5 por ciento de merma. El cual tabaco está en los almacenes de la compañía para poderse ñjar su precio y ser abo-nado al contrato de refacción.”

Reconoce en esta alegación la demandante qne Josefa Sandoval ha entregado nna cantidad de tabaco al cnal bay qne fijar precio para abonarlo al contrato de refacción. Lnego, en el hecho quinto de dicha demanda, se requiere a' la demandada para qne liquide el contrato y para abonar a la cantidad tomada el importe del mismo, que al precio corriente asciende a $688.19. En ninguna parte de la de-manda se alega que el precio del tabaco se hubiese conve-nido, ni que se hubiese hecho abono alguno de' acuerdo con la demandada, y por el contrario se afirma que ésta se ha negado a liquidar el contrato. En virtud de la rebeldía Josefa Sandoval aceptó la celebración con la demandante del contrato alegado en la clemanda. Aceptó también la alega-' ción de que el tabaco estaba en los almacenes para poderse fijar su precio, pero no aceptó el valor asignado a dicho tabaco por la demandante. En este caso la sentencia debió haber sido dictada por la corte y no por el secretario, cuyas funciones son puramente ministeriales.

Pin el caso de Benítez v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 450, esta corte cita con aprobación el caso de Landwehr v. Gillete, 174 Cal. 654, y copia párrafos de la opinión emitida por la Corte Suprema de California, comentando el inciso primero del artículo 585 del Código de Enjuiciamiento Civil de dicho estado, que corresponde al inciso primero del artículo 194 de nuestro código. Como muy bien dice el Tribunal Supremo de California en este caso, aunque el lenguaje usado en el inciso primero del artículo 585 del Código de Enjuiciamiento Civil californiano es bastante amplio y autoriza al secretario, después de anotar la rebeldía del demandado, a registrar sen-tencia en todos los pleitos que nazcan de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente, sin embargo, lo que significa es que el contrato, para justificar que el secretario, al anotar sentencia, ejerza tal autoridad, debe ser, por sus propios términos, según se desprende de la demanda, sobre pago de una cantidad fija y determinada de dinero, o para obtener perjuicios. Añade dicho tribunal que del contrato debe aparecer, ya sea de sus condiciones, según se desprende de la demanda, o de las alegaciones que ésta contiene, que una suma fija o líquida debe ser pagada por concepto de perjuicios; una cantidad que es fijada definitiva-mente por el contrato, o que, según las alegaciones de la demanda, pueda ser determinada por meros cálculos mate-máticos hechos por el secretario. Cuando ésta es la situación, el secretario, al dictar sentencia, actúa meramente en su carácter ministerial.

Dice Bancroft, en el tomo tercero, pág. 2376 de su obra “Code Practice and Remedies”:

“En vista de la naturaleza puramente ministerial de la autoridad del secretario de la córte, estas disposiciones deben ser interpretadas en el sentido de ser aplicables "a contratos que, conforme se alega, exigen el pago de alguna suma determinada y específica de dinero o de indemnización. La suma debe haber sido fijada específicamente por el contrato, o de los términos de éste deben desprenderse los me-dios a virtud de los cuales el secretario pueda hacer ciertos cálculos1 sin que haya que recurrir a evidencia extrínseca. Bajo tales estatu-tos el secretario puede actuar por sí solo en aquellos casos en que de Jos datos suministrados pueda hacerse una Computación exacta, o en que el importe de los daños y perjuicios consista en una cantidad lí-quida y cierta.
“Pero en todos los demás casos, cuando el contrato es indefinido e incierto eri cnanto a la suma, a obtenerse y los daños y perjuicios son ilíquidos, la actuación judicial de la corte es necesaria, en armo-nía con la disposición estatutaria al efecto. En tales casos el secre-tario anota la rebeldía de la parte demandada, mas el demandante debe acudir a la corte a fin de obtener ei remedio solicitado en Ja demanda. Esto es así cuando se trata de acciones para recobrar el valor razonable de artículos vendidos o servicios prestados. En un pleito fundado en un pagaré que provee una suma razonable para honorarios de abogado, la incertidumbre que.surge de] contrato exige la intervención judicial y no puede ser evadida, alegando meramente qué constituye una suma razonable, a pesar de que si el contrato mismo fija el importe de los hon'orarios, el secretario puede registrar la sentencia en rebeldía.”

En el presente caso e,s el demandante mismo quien ofrece la prueba de que no hubo liquidación. El tabaco entregado por la demandada Josefa Sandoval está aún sin valorar. La misma demandante lo admite así, cnando la requiere en su demanda para liquidar y fijar el precio. No sabemos cuál es el importe de dicho tabaco y en ausencia de acuerdo entre las partes o de nn pronunciamiento judicial, no puede anticiparse cuál sería el resultado definitivo de la cuenta una vez hecha la liquidación. La demandante y apelada no ha esta-blecido sn condición de acreedora de la demandada Josefa Sandoval, para qne surja el derecho de acción autorizado por el inciso tercero del artículo 1258 del Código Civil Hasta la fecha la acción ejercitada parece prematura. Es de no-tarse que en la sentencia dictada por el secretario se fijan $300 para intereses legales, costas y honorarios de abogado de la demandante. Hemos examinado el contrato de refac-ción celebrado entre la Congress Cigar Co. Inc. y Josefa Sandoval viuda de Gran, y no hemos encontrado nada que se relacione con los honorarios de abogado a que ha sido condenada la demandada. También hemos examinado la de-manda que culminó en la sentencia en rebeldía y en ella única-' mente se mencionan los honorarios de abogado en la súplica de la misma, cuando se dice que se condene a la demandada a pagar una cantidad determinada con intereses legales, costas, gastos y honorarios de abogado.

La corte inferior, al admitir como prueba la sentencia en rebeldía con la oposición de la demandada, manifestó que una sentencia no puede ser atacada colateralmente. El hecho de que el secretario no tenía autoridad para dictar sentencia surge de la faz de la demanda presentada como prueba por el propio demandante. En el caso de Soliri v. Fasso, 185 Pac. 322, la Corte Suprema de Montana, comentando una sentencia dictada por el secretario en exceso de sus atribuciones, se expresó así:

“El artículo 6719, inciso 1, de los Códigos Revisados provee:
“ ‘En un pleito que nazca de un contrato en cobro de dinero 'o para obtener perjuicios solamente, si no se hubiere presentado al se-cretario do la corte . . . contestación, excepción previa, ... el secre-tario, a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del demandado, y acto seguido anotará sentencia por la suma espe-cificada en la demanda,’ etc.
“Un examen de este estatuto nos lleva a la conclusión de que el secretario, al registrar sentencia de conformidad con el mismo, actúa ministerial y no judicialmente, debiendo únicamente atenerse a las alegaciones de la demanda para determinar si la acción es una que nace de un contrato en cobro de diner'o o para obtener perjuicios solamente, y de no ser así no tiene autoridad para registrar la sen-tencia, y si se equivoca, la sentencia será nula McDonald v. Mayor, 55 Pac. 600; Crossman v. Vivienda W. Co., 136 Cal. 571, 69 Pac. 220; Shay v. Chicago C. Co., 111. Cal. 549, 44 Pac. 237, y easos allí citados.
“X’na acción para ejecutar un gravamen no es una que nace de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente. A íuiuiendo que de conformidad con el caso de Missoula Lumber Co. v. O’Donnell, 24 Mont. 65, 60 Pac. 594, 991, y con otras decisiones de esta, corte, el que alega tener un gravamen puede renunciar su derecho y obtener sentencia por dinero solamente, en casos adecuados, el hecho de registrarse sentencia por el secretario, sin orden de la corte, podría en efecto equivaler a una desestimación del recurso en cuanto a. los demás demandados, sin haberlo ordenado así el deman-dante. o podría, por lo menos, ser óbice a procedimientos ulteriores en el mismo. Para dictarse una sentencia adecuada bajo estas cir-cunstancias se requeriría, no el cumplimiento de una mera función ministerial, sino actuación judicial. Emper’o, la fraseología del esta-tuto es clara y en acciones en que se exige algo más que el remedio solicitado, el secretario carece de jurisdicción para registrar la sen-tencia. State ex rel. Reeser v. Dist. Court, 53 Mont. 235, 163 Pac. 1149.
’‘Estando la sentencia registrada en exceso de la jurisdicción del secretario, ella era una mera nulidad y puede ser dejada sin efecto. State ex reí. Smith v. District Court, 55 Mont. 602, 179 Pac. 831. ‘Cuando so llama la atención de la corte ante la cual se dictó, res-pecio a, una sentencia nula, incumbe a ese tribunal eliminar de los nulos tal nulidad mediante la cancelación de la anotación de tal sen-tencia.’ Hodgdon v. Goodspeed, 60 Or. 1, 11, 8 Pac. 167. Siendo nula, no constituiría una renuncia o impedimento contra el demandante en lo atinente a su causa de acción s’obre el gravamen. Finlen v. Heinze, 27 Mont. 107, 69 Pac. 829, 70 Pac. 517.”

En el caso de Crossman v. Vivienda Water Co., 136 Cal. 575, la Corte Suprema de California dijo:

‘‘Sería extender extraordinariamente la facultad otorgada al se-cretario el resolver que éste puede registrar una sentencia en rebeldía por una suma a que claramente una parte demandante no tiene de-recho. Una sentencia nula de su propia faz es aquélla qué parece ser nula al examinarse el legajo de la sentencia. (People v. Harrison, 84 Cal. 607.) Este exceso de poder ejercido por el secretario de la corte aparece de la faz de los autos y hace que la sentencia sea nula; y desprendiéndose tal cosa la nulidad puede ser atacada mediante moción. (People v. Thomas, 101 Cal. 571); especialmente en un caso como éste en que la acción está pendiente, no se ha celebrado el jui-cio y la moción es presentada por una de las partes en el litigio.”

La nulidad de la sentencia dictada por el secretario de la Corte de Distrito de Arecibo surge de la faz del legajo de la sentencia (judgment roll). La demanda demuestra clara-mente que dicho funcionario se excedió en el uso de sus funciones que son puramente ministeriales.

Opinamos que deíbe revocarse la sentencia apelada y dic-tarse otra en su lugar declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

BN MOCION DE .RECONSIDERACION

Marzo 28, 1933

En su moción de reconsideración dice la parte deman-dante que hemos revocado la sentencia apelada porque el contrato de refacción entre la demandante y la demandada Josefa Sandoval no fue liquidado, que hemos considerado un caso que no estuvo ante nosotros en apelación, que no hemos dado validez y eficacia a las admisiones de las partes consig-nadas en la demanda y que aparecen de la prueba testifical, que hemos revocado la sentencia basándonos principalmente en la admisión de un documento, cuando del resto del caso aparece evidencia que sostiene la sentencia apelada, y que hemos permitido un ataque colateral de la sentencia, al decir que la nulidad surgía del legajo de la misma, cuando la única prueba de tal legajo lo forma la demanda presentada y la sentencia misma. Estos son los errores que nos atribuye la parte demandante, Congress Cigar Company Inc.

El abogado de la demandante no interpreta correctamente la sentencia de este tribunal. Hemos resuelto que la demandante no ha establecido su calidad de acreedora de la demandada Josefa Sandoval. Para que proceda la rescisión de un contrato en fraude de acreedores, la parte actora debe probar su calidad de acreedor. En este caso la única prueba que se ba presentado es una demanda que forma parte del legajo de la sentencia y una sentencia en rebeldía dictada por el secretario de la corte inferior en exceso de sus atri-buciones. La demandante tuvo oportunidad de probar su carácter de acreedora sin necesidad de un previo pronun-ciamiento judicial que pudo obtener en este mismo pleito. No lo hizo, limitándose a presentar una sentencia en rebeldía que adolece del vicio de nulidad y que no tiene ningún valor probatorio. La demandante dice que hemos considerado un caso que no estuvo en apelación ante esta corte. Nos hemos limitado a examinar la prueba presentada por la propia de-mandante para demostrar su calidad de acreedora. Esta prueba, que se reduce a la sentencia en rebeldía acompañada de la demanda que le sirvió de base, demuestra claramente que el secretario no tuvo autoridad para dictarla y nosotros así lo resolvimos. En dicha demanda la Congress Cigar Company admite que el tabaco está sin valorar y que la cuenta no ha sido liquidada. Esta es una admisión de la propia interesada, que además ha sido independientemente probada por sus propios testigos. El precio que haya podido darle la demandante al tabaco en aquella demanda que no ha sido legalmente fallada no obliga a Josefa Sandoval ni puede ser tomado por nosotros en consideración.

La demandante, queriendo demostrar que hay prueba en el récord para sostener la sentencia apelada, copia una parte de la declaración de Félix Rodríguez, su propio testigo, donde dice que el contrato de refacción no fue liquidado y que sabe que la Sra. Sandoval ‘quedó a deber a la Congress Cigar Company, porque el tabaco no cubría. Esta es una conclu-sión del testigo, quien al mismo tiempo declara que la cuenta no fue liquidada. También copia la demandante parte del téstimonio de su testigo y empleado, Reinaldo Silva, quien dice que en conversación con Josefa Sandoval, cuando surgió a relucir lo de la deuda, esta señora dijo que era insolvente y que no podía garantizar nada porque no tenía con qué y que la finca no le pertenecía porque la había vendido a una hija de ella y estaba insolvente.

En esta prueba se basa la demandante para decir que ha probado su calidad de acreedora. No lo creemos así nosotros. El contrato de refacción no ha sido liquidado, el tabaco en-tregado por Josefa Sandoval no ha sido valorado, y no es posible fijar su precio en ausencia de prueba. La deman-dante descansa únicamente en la sentencia dictada en rebeldía, que no tiene valor probatorio y que no puede demostrar que es acreedora de Josefa Sandoval. Esta corte no puede esta-blecer conclusiones que no están justificadas por la prueba.

Por las razones expuestas, no ha lugar a la reconsidera-ción solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: En Juez'Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Alejandro Franceschi, demandante y apelado, v. Ramón Rivera, demandado y apelante.
    No. 5764.

    Sometido: Diciembre 1, 1932.

      Resuelto: Marzo 15, 1933.

      Leopoldo Tormos, abogado del apelante; TS. Huertas Zapas, abogado del apelado.
   En Juez'Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia de la Corte de Distrito de Ponce declaró qne Bamón Bivera adeudaba $600 a Alejandro Francesehi con motivo de nn préstamo.

Mn apelación el punto principal qne. se suscitó es que el préstamo era de naturaleza mercantil, y, por tanto, qne no podía probarse mediante prueba oral. El hecho es qne se trató de establecer la deuda con prueba oral exclusivamente. La evidencia practicada en el juicio tendía a demostrar qne por lo menos una de las partes era comerciante, y es por este motivo que el apelante, citando los casos de Gelabert & Co. v. Hernández, 31 D.P.R. 834, y Loíza Sugar Co. v. Baquero, 29 D.P.R. 863, sostiene que el artículo 51 del Código de Comercio es aplicable. Sin embargo, debe, determinarse previamente si el contrato es o no mercantil.

El artículo 311 del Código de Comercio lee como sigue:

“Se reputará mercantil el préstamo, concurriendo las eircunstan-eias siguientes:
“1. Si alguno de los contratantes fuere comerciante.
“2. Si las cosas prestadas se destinaren a actos de comercio.”

La corte resolvió que aunque se demostró que una de las partes contratantes era comerciante, no se estableció que el dinero prestado por el demandante al demandado se desti-nara a actos de comercio, según lo define el referido artículo 311.

Todo el caso gira sobre la cuestión de si el artículo 311 lia de interpretarse en forma disyuntiva o copulativa; en otras palabras, si es necesario que el demandado pruebe las dos circunstancias mencionadas en la ley.

Un préstamo de un comerciante a otro o de cualquier persona a un comerciante es tan corriente en la sociedad que no puede ser que la Legislatura quisiera decir que la mera prueba de ser comerciante una persona era suficiente para establecer la naturaleza mercantil de la obligación. Creemos que la Corte de Distrito de Ponce actuó acertadamente al sostener que había que probar ambas circunstancias.

El apelante también alega que la corte erró al permitir una enmienda a la demanda para demostrar que el préstamo se efectuó en agosto en vez de julio de 1929. El apelante no nos convence de que esta enmienda le cogió de sorpresa o le perjudicó.

No hallamos que sea errónea la imposición de costas y debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Enrique y Ramón Abarca, peticionarios, v. Jorge Ortiz Toro, Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Sala de lo Civil, demandado.
    No. 283.

    Sometido: Marzo 15, 1933.

      Resuelto: Marzo 16, 1933.

      F. Soto Gras, abogado de los peticionarios.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios tenían la idea de que el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan estaba en el deber meramente-ministerial de registrar sentencia Inego de anotada una re-beldía. Presentaron solicitud de mandamm ante esta Corte.

No se adujo razón satisfactoria alguna para presenlar en primera instancia la petición ante este Tribunal y la misma debe ser denegada por ese solo motivo.

La razón principal para negarnos a librar el auto está, en entera armonía con nuestro reglamento y con lo que liemos dicho en el párrafo que antecede. Es generalmente la corte de distrito la que debe tener 1a. supervisión de sus propios em-pleados y exigirles, mediante orden directa en virtud de mo-ción, o por mandamus, el cumplimiento de sus deberos.

En todo caso, el camino más corto y de todo punto inofeu-sivo es acudir a la corte con una moción solicitando qne se ordene al secretario qne actúe.

Igualmente, el auto de mandamus no debe ser expedido por un tribunal superior a menos que éste se convenza de que el caso es meritorio.

El anto de mandamus está sujeto a la discreción legal y en equidad de la'corte. Life & Fire Ins. Co. of New York v. Wilson, 8 Pet. 290, 301; Lutz v. Post, 14 D.P.R. 860, 878; 38 C. J. 550, sec. 20.

Dp.be declararse sin lugar la petición.


author: El Juez Asociado Señoh Wopr,

text:
    Carmen Gutiérrez Viuda de Crosas, demandante y apelada, v. María Longpré Benítez y su esposo R. Aboy Benítez, Encarnación A. Vda. De Cintrón y Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    No. 5186.

    Sometido: Jimio 13, 1932.

      Resuelto: Marzo 16, 1933.

      José Tous Soto, Leopoldo Feliú y Juan de Guzmán Benitez, aboga-dos respectivamente de los esposos Aboy Longpré, Longpré Yda. de Cintrón y Banco Territorial de Puerto Rico, apelantes; Blon-det & Campillo, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoh Wopr,

emitió la opinión del tribunal.

En noviembre 26, 1919, la apelada Carmen Gutiérrez Comas Yda. de Orosas, obtuvo de las apelantes María Longpré Benitez et ais. la suma de $40,000. El préstamo estaba ga-rantizado con una hipoteca en que la deudora se obligaba a garantizar a los acreedores dicha suma de $40,000 al 8 por ciento. El aludido contrato contenía una cláusula adicional por virtud de la cual la deudora nominalmente aceptó o acordó especialmente pagar hasta $1,000 como intereses. Se convino además que vencidos y no pagados los intereses por el término de seis meses se consideraría vencida la hipoteca. La deudora también otorgó una segunda hipoteca a favor del Banco Territorial y Agrícola.

En 19 de abril de 1923 las demandadas y apelantes inicia-ron litigio de conformidad con el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria para obtener los aludidos $40,000 más in-tereses ascendentes a $3,919.72 y $1,000 para costas, desem-bolsos y honorarios de abogado. El vencimiento de la obli-gación fué acelerado, según se convino, por haber dejado el deudor de pagar doce plazos mensuales de intereses.

La deudora también convino en pagar las contribuciones, pero dejó de pagar la suma de $1,615.55, que fué satisfecha por los acreedores. Esta suma por concepto de contribucio-nes no fué incluida en el requerimiento original, mas los acreedores posteriormente acudieron a la corte alegando haber pagado dicha suma y solicitando también su reembolso en el procedimiento ejecutivo, y cuando la propiedad fué anunciada para su venta en pública subasta,, esta suma también fué incluida.

En la subasta la finca hipotecada fué adquirida por el se-gundo acreedor hipotecario, el Banco Territorial y Agrícola. Después de la adjudicación se dieron pasos tendentes a lo-grar que el márshal Melera el traspaso. Este funcionario fi-nalmente no lo hizo sino que fué lieclio por Camilo Crosas, actuando bajo un poder eoncedídole por su madre, la aquí de-mandante .y apelada.

Dicho Banco. Territorial y Agrícola, después de inscribir la finca a su propio nombre la vendió al Dr. José Esteban Saldaña. La demandante concibió la idea de que el proce-dimiento ejecutivo era nulo e ineficaz. También sostenía la teoría de que tampoco podía instituir con éxito otro pleito para recobrar la propiedad, toda vez que ella o sus abogados estaban bajo la impresión de que de acuerdo con la Ley Hi-potecaria o de otro modo el Dr. Saldaña era un tercero. En su consecuencia, la apelada incoó procedimiento contra todos sus acreedores Mpotecarios anteriores, fundándose en la sec-ción 38 de la Ley Hipotecaria que lee así:

“En eonseeueneia de lo dispuesto en el artículo 36, no se anu-larán ni rescindirán l'os actos o contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho, por ninguna de las causas siguientes:
“1® Por revocación de donaciones en los casos permitidos por la ley, excepto el de no cumplir el donatario condiciones inscritas en el Registro.
“2® Por causa de retracto legal en la venta o derecho de tanteo en la enfiteusis.
“3® Por no haberse pagado todo o parte del precio de la cosa vendida, si no consta en la inscripción haberse aplazado el pago.
“4® Por la doble venta de una misma cosa, cuando alguna de ellas no hubiera sido inscrita.
“5® Por causa de lesión en los casos 1- y 2® del artículo 1291 del Código Civil.
“6® Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores, con ex-clusión de las exceptuadas en el artículo anterior.
“7® Por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes o fueros especiales concedan a determinadas pers'onas para rescindir contratos en virtud de causas que no consten expresamente de la ins-cripción.
“En todo caso en que la acción resolutoria o rescisoria no se pueda dirigir'contra el tercero, Conforme a lo dispuesto en este.ar-tículo, se podrá ejercitar la personal correspondiente para la indem-nización de daños y perjuicios por el que los hubiere causado.”

En el presente litigio se alegaron las siguientes nulida-des o vicios:

“1. Carencia de la previa liquidación de las costas, gastos y ho-morarios de abogado reclamados.
"2. Cobro de intereses en'exceso de la suma fijada en la hipoteca -ejecutada.
“3. Carencia de certeza en el requerimiento de pago en cuanto a fe. cantidad y conceptos en que fué requerida la apelada y que el Requerimiento no se dirigió al marshal.
“4. Acumulación de contribuciones pagadas por las acreedoras so-bre la finca gravada y carencia de requerimiento de pago de éstas.
“5. Carencia de embargo de la finca, previo a la subasta.
“6. No otorgamiento de escritura de adjudicación por el marshal y carencia de facultad de otorgarla por la apelada por haberse ya ■antes adjudicado por el marshal a distinta persona.”

La Corte de Distrito de San Juan resolvió que el reque-rimiento por sí solo era suficiente y que no era necesario se-gregar las partidas de intereses o hacer una distribución de las mismas.

La corte igualmente resolvió que era innecesario efectuar xm embargo previo, y un número de las decisiones de esta ■corto sostienen ese criterio.

La corte do distrito igualmente decidió que el mismo deudor puede otorgar la escritura de enajenación no obstante haberse Lecho nua previa adjudicación por el márshal, más resolvió (¿me on ol presente caso el apoderado no tenía un poder sufi-ciente para otorgar dicha escritura. La corte convino con la sipxñad» en relación con la primera, segunda y cuarta causas do nulidad alegadas, supra.

Después de celebrado el juicio y de hacer ciertas deduc-ciones con motivo de la deuda original, la corte dictó senten-cia a favor de la demandante por determinada suma.

Diremos desde ahora que no se suscitó cuestión alguna respecto a la validez de la obligación original, o respecto a <pie ésta estuviera garantizada con hipoteca. El hecho de que los $40,000 estuvieran vencidos y de que el pago de los intereses igualmente estuviera vencido no está en absoluto en controversia. La corte inferior aceptó claramente y re-solvió que antes de poder dictarse una sentencia por dinero en favor de la apelada las apelantes tenían derecho a que se les hiciera un abono por concepto del préstamo original.

Asimismo, distinto al caso de Polanco v. Goffinet et al., 29 D.P.R. 120, no se suscitó cuestión alguna respecto ai dere-cho de los acreedores hipotecarios para instituir un procedi-miento hipotecario, ni era éste un caso en que la corte de dis-trito dejó de adquirir jurisdicción de las partes mediante la expedición del correspondiente emplazamiento o algo similar. Durante el juicio, todo el ataque giró sobre cuestiones que sur-gieron o que se trataron de realizar durante el curso del pro-cedimiento ejecutivo.

También despacharemos prontamente una de las contenciones principales de la apelada, o sea, que la finca fué vendida sin que se hiciera una adjudicación anterior de las costas, siguiendo y citando nuestra opinión en el caso de Vidal Sánchez v. Corte de Distrito, 40 D.P.R. 106. El caso de Arsuaga v. Corte de Distrito, 43 D.P.R. 1001, decide la cuestión en contra de la apelada. El juez que suscribe, quien también emitió la opinión en el caso de Vidal Sánchez, supra, ahora no sostiene el criterio de que las costas en un procedimiento ejecutivo deben ser consideradas como las costas en una fianza. Por el contrario, él ha llegado a la conclusión de que en ningún caso deben las costas estipuladas en la escritura de hipoteca estar sujetas a una determinación anterior a la subasta. En otras palabras, el juez que suscribo está plenamente convencido de que las costas fijadas en una escritura de hipoteca pueden ser recuperadas en el procedimiento ejecutivo al igual que cualquiera otra suma expresamente designada en la escritura de hipoteca. El caso de Vidal Sánchez v. Corte de Distrito debe ser considerado como revocado.

Las demandadas exeepcionaron la demanda radicada, en este caso. Entre otras cosas se alegaba la prescripción del recurso y hemos dado a este asunto considerable atención. La teoría era que como se trataba de un pleito de-daños y perjuicios que atribuía culpa o negligencia al acree-dor, el recurso era uno que caía bajo el artículo 1869 del Có-digo Civil y debió haberse incoado dentro del año. Los ape-lantes-admiten, desde luego, que en Carmona v. Cuesta, 20 D.P.R. 229, si no en otros casos, esta corte había resuelto que la acción aquí ejercitada no prescribía dentro de un año. Ellos sostienen insistentemente que estas decisiones están equivocadas y son contrarias a los comentaristas y especial-mente a la opinión de la Corte Suprema de España de 4 de diciembre de 1916, publicada el 2 de junio de 1917. 138 Ju-risprudencia Civil 630.

Examinaremos ese caso hasta cierto punto. La Corte Su-prema de España decidió claramente que la acción que en aquel entonces tenía ante sí fué iniciada dentro del año y no discutió extensamente si la culpa fué una que surgió con mo-tivo de un convenio o una que caía directamente dentro de las disposiciones del título XVJ, libro IV, del Código Civil, “Obli-gaciones que se contraen sin convenio.” Los hechos allí fue-ron que ciertos arrendatarios dejaron de hacer entrega de la propiedad una vez expirado el arrendamiento y la resolu-ción confirmada concedió indemnización a los dueños de la finca. Nosotros mismos dudamos si podría decirse que tal falta surgió sin convenio alguno, mas somos del criterio, de que los daños surgieron en dicho caso a consecuencia de un contrato preexistente. El convenio claro e implícito de un arrendatario es hacer entrega de la propiedad al expirar el contrato de arrendamiento.

El caso de Busó v. Martínez, 18 D.P.R. 1035, cuya opinión fué. escrita por el Juez Asociado Sr. MaeLeary, es entera-mente distinto. En ese caso un comprador se apropió de más terreno que el incluido' en la escritura y se resolvió que esto constituía un acto torticero. Podemos agregar que la deci-sión de la Corte Suprema de España fué dictada en 1916 y suponiendo que sea directamente aplicable no tiene para nos-otros el mismo peso o fuerza que una opinión dictada antes de 1898.

En el caso de Cangco v. Manila Railroad Co., 38 Jurisprudencia Filipina 816, la corte considera la distinción exis-tente entre la negligencia como fuente de una obligación (culpa aquí liana) y la negligencia en el cumplimiento de un contrato (culpa contractual). La corte allí dice que las disposiciones del libro TV, etc., son aplicables a casos de culpa extracon-tractual exclusivamente, y cita el caso de Carmona v. Cuesta, supra. También en el (taso de Manila Railroad Co. v. La Compañía Trasatlántica etc., 38 Jurisprudencia Filipina 931, se demuestra la diferencia existente. No hallamos razón al-guna para variar los principios del caso de Carmona v. Cuesta, supra. La responsabilidad en este caso no puede ser consi-derada como extracontractual.

Otro de los fundamentos de la excepción fué que la demanda dejaba de ofrecer la suma adeudada bajo la escritura de hipoteca y que esta falta hacía la acción fatalmente defectuosa. Tenemos ciertas simpatías en favor de la posición de las apelantes y quizá ellas estén enteramente en lo cierto al sostener que una demanda que trata de recobrar daños y perjuicios de los acreedores con motivo de una venta nula debe ofrecer el importe de la deuda hipotecaria o algo similar. Una demanda que tío contenga tal alegación es deficiente y debe declararse con lugar una excepción a la misma. La única duda que tenemos sobre este caso específico es si esa defensa no fué abandonada. Durante el juicio la corte consideró la cuantía de los daños y perjuicios y dictó sentencia por la diferencia existente entre el valor de la propiedad y el supuesto importe de la deuda cotí intereses. En su consecuencia, puede surgir la cuestión de si la demanda no podía considerarse como enmendada, de conformidad con nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Sucn. Valdés, 31 D.P.R. 223; La Sucn. de Francisco María Franceschi v. José Pilar González, opinión de la Corte de Circuito de Apelaciones de diciembre 29, 1932 (62 F. (2d.) 748).

Convenimos con las apelantes en que el procedimiento ini-ciado contra el banco y la acción contra ios primeros aeree-dores eran distintos. Los supuestos actos del banco de que podía quejarse la apelada fueron realizados después de cele-brarse la venta en el procedimiento ejecutivo y el banco no era directamente responsable de los supuestos defectos ale-gados en el presente recurso, aunque, desde luego, si las pre-tendidas nulidades destruían la venta en ejecución de hipo-teca, el banco no hubiera adquirido título alguno.

Las apelantes sostienen que la apelada está inn pedida de insistir en la nulidad de la venta en ejecución de hipoteca toda vez que por mediación de su abogado Juan de Guzmán Benitez ella aceptó el remanente del valor obtenido en la subasta. La apelada sostiene que ella personalmente no empleó al Lie. Guzmán Benitez y que su hijo no tenía un poder suficiente para hacerlo.

Según ya hemos reseñado, la propiedad fué vendida en pú-blica subasta y adjudicada a Leopoldo Venegas en represen-tación del Banco Territorial y Agrícola. Posteriormente, en-tro otros procedimientos, Camilo G. Crosas, hijo de la de-demandante Carmen Gutiérrez Comas, Vda. de Crosas, ac-tuando de conformidad con un poder compareció ante un no-tario y enajenó la finca al Banco Territorial y Agrícola. Se atacó la escritura de poder.

También se hizo más tarde cierta distribución del producto. Juan Guzmán Benitez, autorizado por Camilo G. Crosas, com-pareció en corte-para allanarse o arreglar dicha distribución. La demandante sostuvo y trató de probar durante el juicio en el presente caso que ella nunca autorizó a Juan Guzmán Be-nitez para que compareciera a su nombre. Las apelantes sos-tienen que esta comparecencia por sí misma equivale a una confirmación.

Respecto a la autoridad de Juan Guzmán Benitez para comparecer por Carmen Gutiérrez, las apelantes, citando va-rios casos de esta corte, dicen que la comparecencia hecha por un abogado suscita una fuerte presunción de autoridad. No estamos dispuestos a negar esta proposición general. Sin embargo, en un procedimiento que no sea claramente conten-eioso (adversary) y que para la mayoría de los fines debe con-siderarse ex parte, tenemos dudas si en un pleito plenario para impugnar el procedimiento ejecutivo la parte deman-dante no tiene derecho a atacar la autoridad del abogado para comparecer en un procedimiento ejecutivo al igual que podría ella hacerlo mediante moción o ataque directo en un procedi-miento contencioso.

Igualmente creemos que hay indicios de que la deman-dante tenía conocimiento y.asentía a las actuaciones de su hijo. La evidencia claramente demuestra que ella estaba al tanto de los procedimientos posteriores, y que no negó que tenía conocimiento de que su hijo estaba otorgando la escri-tura directamente al banco. Creemos que es innecesario resolver esta cuestión de hecho en vista del punto más saliente del poder concedídole a su hijo, que hallamos amplio por va-rias razones.

Dicho poder, que fué calificado de general, otorgaba al apoderado el derecho a hipotecar o subhipotecar los bienes de la apelada, arrendar y subarrendar, permutar todos los bienes o derechos reales de la apelada, a pagar o cobrar toda clase de créditos en favor o en contra de la apelada, a cele-brar cualquier clase de negocios a nombre de la apelada, aun-que no estuviesen especificados en la escritura de poder, y a otorgar y firmar los documentos y escrituras que fueren nece-sarios a los fines del poder.

Convenimos con las apelantes que bajo una escritura de poder tan amplia, el derecho a designar un abogado era in-herente e indispensable. En ninguna otra forma podrían en muchas ocasiones cobrarse, pagarse o defenderse los créditos.

Igualmente el derecho a pagar y cobrar créditos autori-zaba al apoderado a otorgar al banco la escritura que final-mente otorgó. El estaba autorizado para otorgar cualquier escritura dentro del campo de sus otros poderes.

Quizá la razón principal para revocar en este caso es que no existe tal defecto en el procedimiento ejecutivo que justifique a la corte para dictar sentencia en favor de la ape-lada. Ya hemos resuelto la cuestión de las costas en que se hizo tanto hincapié.

No podemos convenir con la apelada ni con la corte inferior en que los acreedores hipotecarios estaban limitados a la suma de $1,000 por intereses, toda vez que si bien se men-cionó específicamente esa suma, la escritura de hipoteca en su totalidad tendía a demostrar que las partes convinieron en pagar una suma mucho mayor por concepto de intereses. La escritura de hipoteca proveía el pago de un principal con in-tereses ai 8 por ciento, así como que la hipoteca vencería si los deudores dejaban de pagar los intereses durante seis meses, y este pleito fue incoado por tal incumplimiento. ■ La inten-ción de la escritura de incluir todos los intereses fué clara y la cláusula adicional relativa a los mil dólares no podía con-siderarse como una limitación.

La apelada sostiene y la corte inferior resolvió que el procedimiento ejecutivo era defectuoso debido a la forma en que fueron agregadas las contribuciones al importe de la deuda y todo ello sin que se requiriera previamente a la deu-dora hipotecaria.

El artículo 332 del Código Político provee que al liquidar-los bienes de quebrados o fallecidos, las contribuciones adeu-dadas por dichos bienes tendrán prelación sobre cualquier otra clase de deudas. El artículo 333 del mismo código no contiene exactamente la misma disposición, mas lee así:

“Cualquiera persona que tuviere un gravamen sobre la propiedad de otra, podrá pagar las contribuciones y recargos impuestos sobre dicha propiedad en cualquier tiempo después que éstos hubieren lle-gado a ser vencidos y no satisfechos, y dichas contribuciones y recar-gos se acumularán al gravamen y serán reembolsados al tip'o de in-terés especificado en el documento constitutivo del gravamen. Un inquilino o arrendatario de inmueble podrá pagar las contribuciones y recargos impuestos a dieh'o inmueble en cualquier tiempo después que los mismos hubieren vencido sin ser satisfechos, y deducir de la renta la cantidad por él satisfecha.”

Las contribuciones habían vencido y los acreedores las pagaron después de presentado el escrito inicial. Ahora bien, aunque es cierto que los acreedores tenían derecho a agregar el inaporte de las contribuciones a una deuda hipo-tecaria y quizá aun a- insistir en que las contribuciones fuesen pagadas del producto de la venta, antes de que la propiedad pasara a manos del comprador, o antes de que el remanente del producto, de haberlo, fuera entregado a la deudora, si se efectúa una venta con motivo de varios incumplimientos de parte de la deudora, a esta última debe dársele la oportuni-dad de pagar todas las contribuciones. Por ende, no podría decirse que la venta fué efectuada por incumplimiento en el pago de las contribuciones.

Empero, como existía el hecho indubitado de que la deu-dora debía el importe de las contribuciones y los acreedores las pagaron, dudamos mucho de si en una acción para reco-brar daños y perjuicios de los acreedores podría reclamarse, y obtenerse algo sin demostrar que las contribuciones así pa-gadas e incluidas en el anuncio de subasta habían realmente causado perjuicios al deudor demandante. De todos modos, la acción de los acreedores al vender la finca fué ratificada p confirmada por la actuación de la deudora misma y el defecto advertido no requiere ulterior consideración.

Ya hemos discutido sobre el hecho de qué el apoderado tenía suficiente autoridad para actuar a nombre de su madre. En su consecuencia la escritura otorgada por él a nombre de ella debe ser considerada como válida y la comparecencia de Juan de G-uzmán Benitez, a instancias de Camilo Crosas, como abogado de la apelada, con el fin de disponer del remanente de la subasta, debe igualmente considerarse como suficiente y como constitutiva de una confirmación. Por tanto, es innece-sario considerar los señalamientos de error relativos al valor dado a la propiedad o a las deducciones hechas.

Este caso fué considerado y resuelto por la corte inferior antes de emitirse nuestra opinión y sentencia en el de Anaud v. Martínez, 40 D.P.R. 669. Las apelantes sostienen que por virtud de esa decisión no procedía este pleito, sino que el re-medio adecuado de la apelante hubiese sido tratar de reco-brar la propiedad. Gomo la cuestión, no fné disentida en la corte inferior, nos abstenemos de entrar a considerar la apli-cación de dicho caso a los hechos del presente litigio. Baste decir qne ya estuviera equivocada o no la demandante en la teoría de su acción, no obstante, aun bajo la teoría de ella su acción no podía prosperar.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia y declararse sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Carmen Gutiérrez Viuda de Crosas, demandante y apelada, v. María Longpré Benítez y su esposo R. Aboy Benítez, Encarnación A. Vda. de Cintrón y Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    No. 5185.

    Sometido: Junio 13, 1932.

      Resuelto: Marzo 16, 1933.

      José Tons Boto, Leopoldo Feliú y Juan de Guzmán Bemtez, ahoga-dos, respectivamente, de los esposos Aboy Longpré, Longpré Vda. de Cintrón y Banco Territorial de Puerto Rico, apelantes; Blon-det & Campillo, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Las consideraciones qne aparecen en la opinión anterior, pág. 667, son aplicables al presente recurso. Podemos agre-gar, como alega el banco, que ninguna de la supuesta culpa puede serle imputada. El banco fué un mero comprador en la subasta y no puede decirse que coadyuvara en la supuesta culpa, negligencia o errores de los acreedores que ejecutaron la hipoteca. Por consiguiente, la acción iniciada en este caso no procedía contra el banco.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con el resultado.


author: El Juez Asocíalo Señor Córdova Dávtla,

text:
    Asociación de Padres Capuchinos de Pennsylvania en Puerto Rico, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 871.

    Sometido: Febrero 13, 1933.

      Resuelto: Marzo 16, 1933.

      J. Henri Brown, Edmund Bloch, 0. Ruiz Nazario y G. E. González, abogados de la peticionaria; M. Miiñoz Morales y De la Torre & Ramírez, abogados del demandante en el ejecutivo sumario hipb-tecario.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asocíalo Señor Córdova Dávtla,

emitió la opinión del tribunal.

En 29 de junio de 1932 M. L. de Soto, quien alega ser mayor de edad, comerciante, soltero y vecino de Santo Domingo, .República Dominicana, inició procedimiento ejecutivo hipotecario contra María Rivera Quiles, con intervención de la Asociación de Padres Capuchinos de Pennsylvania en Puerto Rico. La corte dictó auto de requerimiento para que la demandada María Rivera Quiles pagara al demandante, en el término de treinta días, la cantidad de $22,033.34, y orde-nando que se notificara a la Asociación de Padres Capuchi-nos de Pennsylvania para que procediera en la forma que entendiera convenir mejor a sus intereses. La referida Aso-ciación de Padres Capuchinos, representada por sus aboga-dos, presentó moción a la corte solicitando una orden para que los abogados de M. L. de Soto expusiesen las razones que tuviesen para no ser obligados a descubrir los nombres de bautismo y apellidos del demandante M. L. de Soto, la calle y número de su residencia y casa de comercio en la ciudad de Santo Domingo, y para que además produjesen el mandato o autorización que tengan dichos abogados para iniciar y ges-tionar el procedimiento hipotecario. En esta moción alegó la peticionaria que había hecho investigaciones por conducto de sus agentes y abogados para averiguar la existencia del demandante en el procedimiento ejecutivo, resultando de dichas investigaciones que no hay ningún M. L. de Soto cono-cido en el comercio de la ciudad de Santo Domingo, y que no se liabía podido encontrar persona conocida con dicho nom-bre en dicha ciudad; también alegó la aquí peticionaria eis dicha moción haber recibido información de que el mencio-nado procedimiento está realmente gestionado por Manuel Tous Soto, quien a su vez es apoderado de la demandada María Rivera Quiles, y que dicho Manuel Tous Soto era el verdadero abogado en dicho caso, firmando el escrito inicial los abogados De la Torre y Ramírez porque dicho Manuel Tous Soto ya no puede ejercer su profesión en Puerto Rico:, asimismo alegó la peticionaria que tenía razones para creer que si existía tal persona M. L. de Soto, dicho M. L. de Sot©> no ha comprado realmente o pagado cantidad alguna por dicho pagai'é, sino que es un cesionario completamente fic-ticio de que se han servido María Rivera Quiles y Manuel Tous Soto para consumar una conspiración con el fin de de-fraudar a la peticionaria del inmueble objeto de dicho pro-cedimiento ejecutivo; y que la peticionaria, para poder pre-sentar sus defensas en dicho procedimiento en debida forma» necesitaba obtener datos respecto al supuesto demandante y también necesitaba enterarse si realmente los abogados que firmaban el escrito inicial, o sean los Sres. de la Torre y Ra-mírez, tenían autorización o mandato para iniciar y gestionar tal procedimiento y si conocen a dicho M. L. de Soto. Com dicha moción se acompañó una declaración jurada de Henri. Brown, como abogado de la aquí peticionaria, en la cual se hizo constar la existencia de un pleito entre la aquí peticio-naria, como demandante, y María Rivera Quiles, Manuel Tons Soto, Franciscan Educational Conference y Joaquín Ramón,, como demandados, cuyo pleito lleva el No. 16367, civil, de la Corte de Distrito de San Juan, y en el cual se alega la cons-piración de dichos María Rivera Quiles, Manuel Tous Soto', Franciscan Educational Conference y Joaquín Ramón para despojar a la aquí peticionaria del mismo inmueble objeto de dicho procedimiento ejecutivo hipotecario, y que dichos de-mandados realizaron actos para llevar a efecto tal proposite,, entre ellos la venta fraudulenta en ejecución de dicho inmue-ble y adjudicación del mismo a María Rivera Quiles, y el otorgamiento por Manuel Tous Soto como apoderado de María Rivera Quiles, de varios pagarés hipotecarios al portador, ga-rantizados con hipoteca sobre dicho inmueble, uno de los cua-les, o sea el montante a $20,000, se pretende cobrar mediante el referido procedimiento ejecutivo. También expresa el Sr. Brown en dicha declaración jurada haber practicado gestiones con personas y entidades en la ciudad de Santo Domingo para averiguar si realmente existe la persona nombrada M. L. de Soto, que figura como demandante en dicho procedimiento ejecutivo hipotecario, y cuáles son la residencia y condiciones personales del mismo, no habiendo dicho abogado podido en-contrar a persona alguna que conozca a M. L. de Soto, o co-merciante alguno de tal nombre residente en la ciudad de Santo Domingo;' también se hace constar en dicha declara-ción que el Márshal de la Corte de Distrito de San Juan, Sr. M. Náter Girona, informó al Sr. Brown que los diligencia-mientos del mandamiento y del requerimiento de pago fueron preparados por Manuel Tous Soto, quien personalmente dio al márshal los datos necesarios para diligenciar dicho man-damiento ; declarando finalmente el Sr. Brown que cree ver-daderamente que el supuesto M. L. de Soto es persona ficticia, o que, si realmente existe tal persona residente en la ciudad de Santo Domingo, no ha adquirido por valor el pagaré hipo-tecario por cuyo cobro se inició el referido procedimiento eje-cutivo, y que el verdadero dueño de dicho pagaré y deman-dante, es Manuel Tous Soto.

Los abogados que comparecen a nombre de Manuel L. de Soto se opusieron a la moción presentada por la peticionaria basándose en que no tenía derecho a comparecer de acuerdo con las disposiciones de la Ley Hipotecaria. En cuanto al mandato que puedan tener los abogados para representar a M. L. de Soto, se limitaron a decir que la Asociación de Padres Capuchinos carece de acción para solicitar la justifica-ción de los poderes de los letrados del ejecutante y citan ade-más en su abono los casos de Claudio v. Palacios et al., 29 D.P.R. 825, y Geo. P. Plant Milling Co. et al. v. Navas et al., 22 D.P.R. 273.

Los abogados tienen a su favor la presunción de que actúan en representación de las personas a cuyo nombre comparecen. Cuando se impugna esta representación, dice Weeks, la parte que sostiene la negativa tiene el peso de la prueba para rebatir la presunción; pero, añade el mismo autor que a pesar de esto dicha parte, desde el primer momento, puede obligar al abogado a exhibir su mandato, demostrando justa causa. La parte que invoca el ejercicio de este poder debo exponer hechos que demuestren o tiendan a demostrar que el abogado no tiene el mandato que se atribuye, explicando las razones que le inducen a creer que dicho abogado no está autorizado a comparecer. De lo contrario debe prevalecer la evidencia prima facie, o sea la presunción derivada de la licencia para ejercer la profesión y del hecho de la comparecencia. Weeks on Attorney at Law, secciones 196, 198 y 200.

En el caso de Clark v. Willett, 35 Cal. 534, se alegó por una persona que aparecía como demandante, que el abogado había actuado sin su autorización. Resolviendo esta cues-tión dijo la Corte Suprema de California:

". . . Nosotros no tenemos duda alguna acerca de los poderes de la corte. Los abogados son funcionarios de la corte, y responsables a ella por la debida ejecución de sus deberes profesionales. Ellos com-parecen y participan de sus procedimientos solamente en virtud de la licencia de la corte, y si ellos tratan de comparecer sin autoridad de la parte a quien intentan representar, el acto es un abuso de la licen-cia, y la corte, a petición del supuesto cliente, tiene poder para in-quirir y corregir sumariamente. De lo contrario podría contaminarse la fuente de la justicia misma, y un permiso para agitar sus aguas se convertiría en un permiso para profanarla.”

En West v. Houston, 3 Harrington (Del.) 15, el Juez Bayard, quien emitió la opinión del tribunal, se expresó así:

"En nuestra práctica, por lo tanto, la corte debe esperar a que se establezcan algunas razones, bien sea p’or declaración jurada o de ■otra manera, antes de requerir al abogado del demandante a produ-cir un mandato escrito u otra prueba de su autoridad a instancias del demandado. Indudablemente, cuando se sugiere fraude, y espe-cialmente si se trata de un menor en peligro de ser perjudicado por un procedimiento no * autorizado, nosotros inquiriríamos acerca de la autoridad del abogado, para la protección del guardián, de su pupilo o del demandado; y si el caso lo requiriera, aplicaríamos otro reme-dio además de ordenar la eliminación de la demanda.”

De una nota puesta al pie del caso de Doe v. Abbott, 126 Ana. State Reports 34, copiamos lo siguiente:

“Aunque se admite generalmente que un abogado que comparece en corte está investido de autoridad para representar a la persona a cuyo nombre se supone actúa, sin embargo puede investigarse .su autori-dad: Standefee v. Dowlin, Fed. Cas. No. 13, 284 a, Hemp. 209; y cuando su autoridad está en disputa, puede exigírsele (pie la pruebe: Prentiss v. Kelley, 41 Me. 436; MeKiernan v. Patrick, 4 How. (Miss.) 333; Low v. Settle, 22 W. Va. 387. La corte puede, a virtud de la facultad general que ejerce sobre sus funcionarios, ordenar al letrado de la liarte demandante que pruebe su autoridad para incoar el pro-ceso: Board of Commissioners v. Purdy, 36 Barb. 266; King of Spain v. Oliver, 2 Wash. C. C. 429, Fed. Cas. No. 7814; Allen v. Green, 1 Bail. 448. O la córte puede ordenar a un letrado que muestre su autoridad para demandar cuandoquiera que los derechos de la parte demandada así lo exijan: Vincent v. Vanderbilt, 10 How. Pr. 324; Ninety-nine Plaintiffs v. Vanderbilt, 4 Duer, 632, 1 Abb. Pr. 193. Un abogado de la corte generalmente puede demandar o defender un litigio sin presentar prueba de su autoridad, mas la corte puede, en circunstancias en que los fines de la justicia así lo exijan, ordenarle que presente su nombramiento o que pruebe su autoridad: State v. Houston, 3 Harr. 15. Sin embargo deben primeramente presentarse hechos o circunstancias que hagan surgir la presunción de que no está autorizado para comparecer en corte antes de que su autoridad pueda legalmente ser investigada: Cartwell v. Menifee, 2 Ark. 356; pero si el derecho que tiene un abogado para comparecer en corte es impugnado por fundamentos evidentemente buenos, es el deber de la corte exigirle que presente su autoridad: Colorado Coal etc. Co. v. Carpita, 6 Colo. App. 248, 40 Pac. 248.
‘! Siempre que haya motivo fundado para suponer que un abogado ha incoado un litigio sin permiso del demandante, debe exigírsele que presente prueba satisfactoria de su autoridad: Belt v. Wilson’s Admr., 6 J. J. March 495, 22 Am. Dec. 88. O si se instituye un pleito a beneficio de otra persona en cuyo derecho a demandar existe-un defecto evidente, el letrado debe presentar su autoridad: McÁlexander v. Wright, 3 T. B. Mon. 189, 16 Am. Dec. 93. Pero la pre-sunción de que un abogado tiene autoridad para comparecer a nom-bre de la parte que él alega representar puede ser destruida solamente por la corte al exigirle al letrado que pruebe la autoridad dádale por la persona a cuyo favor comparece y que revele el nombre de la persona que lo empleo: Planters’ etc. Fire Ass’n. v. De Loach, 113 Da. 802, 39 S.E. 466.”

En el caso de Bell v. Farewell, 59 N. E. 955, la Corte Su-prema de Illinois se expresó en los siguientes términos:

“Un letrado no está autorizado para iniciar un pleito a nombre de otra persona a menos que efectivamente haya sido empleado para representar a esa parte ante las cortes. Frye’s Adm’rs. v. Calhoun Co., 14 Ill. 132; Miller v. Metzger, 16 Ill. 390; Reed v. Curry, 35 Ill. 536; Town of Kankakee v. Kankakee & 1. R. Co., 115 Ill. 88, 3 N. E. 741. En el caso de Frye’s Adm’rs. V. Calhoun Co., supra dijimos: ‘Un abogado no está facultado para incoar un litigio a nom-bre de otra persona sin antes recibir autoridad para ese fin. Su po-sición le da derecho a comparecer a nombre de un litigante al ser contratado, mas no para intervenir en un caso en que sus servicios no han sido solicitados. De conformidad con la práctica en Ingla-terra un abogado no está autorizado para iniciar o defender un liti-gio a menos que tenga un nombramiento escrito hecho por una de las partes. El nombramiento le faculta para actuar a nombre del li-tigante, y es radicado ante la corte en que el litigio está pendiente. En nuestro país, generalmente, no se exige tal nombramiento, sino que puede nombrarse un letrado verbalmente. Empero, aquí es tan necesario como en fngl aterra qne el abogado esté autorizado por la persona a cuyo nombre él Comparece. La única diferencia en la práctica se refiere a la forma de hacer el nombramiento. El abogado debe haber sido efectivamente empleado para tal fin antes de que pueda representar a una de las partes ante la corte. La relación de abogado y cliente debe existir entre ellos. Esa relación no puede ser creada por el abogado s'olamente. El litigante tiene derecho a elegir su pr'opio abogado.’ Si un abogado instituye un procedimiento a nombre de otra persona sin su autoridad, es el deber de la. corte de-sestimar el mismo a moción de la parte demandada. En Frye’s Adm’rs. v. Calhoun Co., supra, se dijo: ‘Si un letrado inicia un pro-cedimiento a nombre de otra persona, la presunción legal es qne ha sido contratado para tal fin. Sólo cuando su derecho a representar al demandante está en tela de juicio y cuando la presunción de que Jia sido contratado por éste es impugnada, es que puede exigírsele ;<tpie presente prueba de su autoridad; mas en tal caso, si deja de producir prueba de su autoridad para iniciar el litigio, el mismo debeser desestimado sumariamente por la corte.’ Y en el caso de Town of Kankakee v. Kankakee & 1. R. Co., supra, la corte dijo (pág. 92, 115 Ill., y pág. 743, 3 N. E.) : ‘El letrado suscita la cuestión de que la corte cometió error al desestimar el caso, aun admitiendo que el litigio fué iniciado sin autoridad legal para ello, toda vez que la m'o-eión fué .presentada solamente por uno de los demandados; que la resolución desestimando el procedimiento debió concederse s'olamente & íav'or de la parte que presentó la moción. Esto no es sostenible. X¿a corte pudo, sua spowte, sin que se le presentara moción alguna, haber desestimado el litigio en cualquier momento en que se llamara su atención hacia el hecho de que el litigio se proseguía sin autori-zación legal.’ La prueba presentada por la parte demandada es am-plia y la corte estuvo plenamente justificada al' desestimar el litigio, a menos que los letrados del demandante probaran que tal sentencia había sid'o cedida, que ellos representaban al cesionario o beneficiario, y que el litigio se incoaba a nombre de tal cesionario o beneficiario.”

De la opinión emitida por la Corte Suprema de los Esta-dos Unidos en el caso de Pueblo de Santa Rosa v. Fall, 273 U. S. 319, copiamos lo siguiente:

“La cuestión relativa a la autoridad del letrado fué suscitada mediante moción para desestimar archivada con la contestación. Se «celebró una vista sobre la moción, pero la corte sentenciadora, a iniciativa pdopia, acordó demorar su decisión hasta que se celebrara una vista final del caso sobre sus méritos, orden que claramente es-taba dentro de su discreción. No es importante resolver si como «cuestión de práctica la impugnación a la autoridad del letrado fué oportunamente planteada, pues de todos m'odos la corte sentenciadora, o este tribunal tiene facultad, en cualquier estado de los procedi-mientos, para exigir a un letrado, que es uno de sus funcionarios, que demuestre su autoridad para comparecer ante la corte. En el «as'o del Rey de España v. Oliver, 2 Wash. C. C. 429, 430, el Juez, Asociado Sr. Washington, actuando en la Corte de Circuito, dijo: . . . sería extraño que una corte cuyo derecho y deber es super-visar la conducta de sus funcionarios, no tuviera la facultad de in-quirir a virtud de qué autoridad un letrado de dicha corte trata de demandar o de defender un pleito a nombre de otro — ora sea tal persona real 'o ficticia — o si tal procedimiento es utilizado con un fin vejaminoso o fraudulento, en vez de aquél para el cual fué iniciado. La única cuestión puede referirse al momento y a la forma de exigir-la autorización, así como al remedio que debe adoptarse en el caso, todo lo cual está dentro de la discreción de la corte.’ ”

El ejercicio de la profesión constituye para el abogado un privilegio extraordinario que debe ejercitar escrupulosa-mente, cumpliendo a conciencia las responsabilidades que asume para con la corte y para con sus clientes. Es a través del abogado que la corte se comunica con los litigantes y no son pocas las ocasiones en que deberes íntimos y delicados son confiados al abogado para su ejecución. No en vano se le considera como un funcionario de la corte. Su deber es evi-tar sorpresas y errores en los casos en que comparece y coope-rar a una justa y correcta determinación del derecho y de los hechos. La conducta de sus funcionarios no puede ser mi-rada con indiferencia por un tribunal de justicia. Una corte tiene que estar interesada en la pureza de sus procedimientos, en vigilar la conducta de sus funcionarios, en facilitar la ad-ministración de la justicia y en impedir que se realicen actos que puedan subvertir los fines de la misma. Ciertamente los abogados tienen a su favor la presunción de actuar en repre-sentación de las personas a cuyo nombre comparecen. No quiere decir esto, sin embargo, que al amparo de esta pre-sunción puedan iniciar y tramitar un pleito hasta su termina-ción, sin que la corte esté autorizada, a petición de parte ge-neralmente, o motif, proprio en casos excepcionales, cuando lo demanden los intereses de la justicia, para requerir al abo-gado a que demuestre los poderes que tiene para comparecer en representación de sus clientes. Cuando se exponen bajo juramento hechos que .demuestran o tienden a demostrar que el abogado no está autorizado por su presunto cliente para comparecer, la corte está justificada en provocar una exhibi-ción de poderes. Esta autoridad de la corte lo mismo puede ejercitarse en procedimientos ordinarios que en aquellos de carácter sumario. La misma razón existe para ejercer esta autoridad en un procedimiento que en otro, aunque apurando el argumento bien pudiera decirse que su ejercicio está aún más justificado en un procedimiento ejecutivo hipotecario donde no existen otras defensas que las que se determinan en el artículo 175 del Reglamento a la Ley Hipotecaria. Se alega que el procedimiento sumario únicamente puede impugnarse en los casos que se especifican en el reglamento. Deseamos hacer constar que la autoridad de la corte para exigir de un abogado que presente sus poderes no puede ser afectada por una disposición legal que impida la suspensión de un proce-dimiento determinado. Debemos añadir que la corte no ejerce su autoridad para suspender el procedimiento, sino para saber si realmente ha adquirido jurisdicción sobre una parte debidamente representada por su abogado. Por otra parte, el procedimiento puede continuar sus trámites mientras se lleva a cabo la investigación. Después que se ha dictado la orden de requerimiento hasta que se anuncia la subasta trans-curren treinta días, y luego queda todavía el período que fija la ley hasta que se lleva a cabo dicha subasta. La parte in-teresada debe ser diligente y no acudir a la corte demasiado tarde. En el presente caso la peticionaria fué notificada del requerimiento en 2 de julio de 1932, y en 30 de julio presentó la moción que ha dado origen a esta solicitud de certiorari. Aunque desde la notificación del requerimiento hasta la radi-cación de la moción transcurrieron veintiocho días, la tar-danza de la peticionaria en acudir a la corte puede explicarse si se tienen en cuenta las gestiones que se dice fueron practi-cadas por el abogado Henri Brown en Santo Domingo para averiguar el paradero de M. L. de Soto. Y aun así, el pro-cedimiento ejecutivo no se hubiera suspendido si los aboga-dos, a requerimiento de la corte, hubiesen exhibido a satis-facción de la misma sus poderes para representar a M. L. de Soto. Si se trata de una persona que no existe, o si exis-tiendo no ha conferido poderes para ser representada, enton-ces el procedimiento resulta claramente nulo per se, por in-existencia de parte o ausencia de representación, y nada se suspende si se decreta su archivo, porque no puede suspen-derse lo que nunca tuvo vida legal.

Durante la consideración de este asunto en el seno del Tribunal, surgió a discusión la naturaleza del error atribuido a la corte inferior a fin de determinar si había habido un error de procedimiento que justificase la intervención de esta Corte mediante un recurso de certiorari. Bespondiendo a la moción presentada por la peticionaria, la corte inferior dictó la siguiente resolución:

“Vista la moción de la demandada Asociación de Padres Capu-chinos de Pennsylvania en Puerto Rico, y la declaración jurada en apoyo de la misma, por la presente se 'ordena a los abogados Francisco ele la Torre y Ramírez, que comparezcan en la sala de esta Corte, Sección Segunda, el día 1 de agosto de 1932, a las 9:30 A. M., para mostrar causa, si alguna tuvieren, por qué no deben ser re-queridos para informar por escrito los nombres de bautismo y ape-llido de M. L. de Soto, quien aparece c’omo demandante en esta ac-ción, el número de la casa y la calle en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, en donde tiene su residencia dicho M. L. de Soto, y el nombre de la calle en dicha ciudad donde tiene dicho M. L. de Soto su casa de comercio, y para presentar a la Corte el man-dato o autorización, si alguno tuvieren, para iniciar y gestionar este procedimiento a nombre de dicho M. L. de Soto.”

A esta orden, que se limita exclusivamente a requerir a los abogados para que expresen las razones que tengan para no exhibir sus poderes y dar a conocer detalladamente las señas de M. L. de Soto, contestaron dichos abogados en un extenso, alegato, arguyendo que la peticionaria no tiene derecho a com-parecer en el procedimiento ejecutivo hipotecario y mencio-nando, en cuanto a la exhibición de poderes, sin argumento alguno, los casos de Claudio v. Palacios et al., 29 D.P.R. 825, y Geo. P. Plant Milling Co. et al. v. Navas, 22 D.P.R. 273.

No se expresó ninguna otra razón por los abogados para no producir el mandato ni dar a conocer las señas de la persona a nombre de quien comparecen. La corte inferior, sin haberse practicado prueba alguna, declara que el affidavit del Sr. Brown que sirvió de base a la orden para mostrar causa es de referencia y no destruye la presunción de la existencia de M. L. de Soto, quien comparece ante la corte representado por sus abogados. De modo que la corte inferior entiende que es necesario destruir la presunción de la existencia de M. L. de Soto para que pueda requerirse de sus abogados una exhibicióirde poderes. Y preguntamos nosotros ¿cómo puede la peticionaria probar la no existencia de M. L. de Soto, asu-miendo que en realidad se trata de una persona ficticia? La única prueba accesible es la que se basa en pesquisas infruc-tuosas practicadas en la vecindad donde tal persona, si exis-tiera, debía ser conocida. Se alegó en el escrito inicial que M. L. de Soto residía en Santo Domingo, y allí fue la peti-cionaria a procurarse la información que lia suministrado a la corte. El Sr. Brown jura que ha recibido esta informa-ción y que cree que M. L. de Soto es una persona ficticia. Esta opinión se basa en las gestiones que se llevaron a cabo y en el resultado. infructuoso de las mismas. A pesar de estas pesquisas no se han tenido noticias acerca de M. L. de Soto. Aparte de estas consideraciones, como muy bien dice la Corte Suprema de Missouri en el caso de Munhall v. Mitchell, 178 Mis. 500, la audiencia de una moción de esta natu-raleza tiene más bien el carácter de una investigación y no necesita ser conducida conforme a las estrictas reglas de la evidencia.

En el caso de Thomas v. State, 14 Pac. (2d) 354, resuelto en septiembre de 1932, se alegó que el testimonio del sub-márshal creditivo de que había practicado pesquisas para en-contrar a Y. F. Smith cerca de ciertas personas de las cuales no pudo obtener información alguna, era evidencia de refe-rencia. El estado ofreció este testimonio para demostrar que se habían practicado pesquisas para localizar a dicho Sr. Smith y que habían sido infructuosas. Argumentando sobre esta prueba dice la Corte Suprema de Oklahoma:

“Hay ciertas materias que no pueden ser siempre probadas por testimonio positivo y en cierto modo ésta es la prueba de una nega-tiva. Bn' este caso el Estado procura probar que Y. F. Smith, de quien el acusado dice que ha recibido el cheque en cuestión, es un mito, una persona ficticia. ¿ Cómo puede la no existencia de tal persona ser probada? El Estado no puede producir un testig'o que tes-tifique de su propio conocimiento que esa persona no existió. Lo más que puede probar es que los testigos estuvieron en una posición de conocer a la gente de la comunidad y que esta gente no sabía de tal persona; esto es, que ellos no tenían conocimiento de dicha persona, y que nadie les había hablado de ella domo existente en la comuni-dad. Este es realmente el propósito y efecto del testimonio aquí. La sustancia del testimonio del testigo es que en su opinión no existe tal perdona; su opinión está basada en el hecho de que él practicó pesquisas en la vecindad donde tal persona, si existiera, debía ser conocida, y que no ha podido téner noticias de la misma. El testi-monio de la no existencia de una persona determinada es una cues-tión de opinión, que puede estar basada en lo que usualmente se llama referencia. Tal testimonio no es, estrictamente hablando, evidencia de referencia, sino circunstancial, tendente a probar que dicha persona no tiene existencia en realidad.”

Véase también la reseña sobre casos recientes contenida en el Número 4 del Volumen XLVI de Harvard Law Review, correspondiente al mes de febrero de 1933, páginas 715 y 716.

El caso de Oklahoma es muy parecido al nuestro en lo que se refiere a la prueba de las pesquisas practicadas para loca-lizar a la persona que se buscaba. Allí declaró el submárshal que se había tratado de encontrar al Sr. Smith y que con este propósito se había acercado a ciertas personas, de las cuales no pudo obtener información alguna con respecto al referido Sr. Smith. Aquí el Sr. Brown declara que se ha valido de ciertas personas de las cuales no ha podido averiguar nada con respecto al Sr. M. L. de Soto. Allí y aquí se ha produ-cido la única prueba accesible en un caso de esta naturaleza. Allí se admitió esta evidencia en una causa criminal para de-mostrar la no existencia de una persona de quien el apelante, acusado de falsificación, decía que había recibido un cheque; aquí se ofreció una declaración jurada para pedir exhibición de poderes a los abogados que aparecen representando al mencionado M. L. de Soto. La corte inferior descarta la evi-dencia, y rehuye actuar prácticamente, fundada en bases erró-neas. Sostener que es necesario destruir la presunción de la existencia de una persona para poder actuar en un caso como el presente, basando tal conclusión en que la prueba ofrecida es de referencia, constituye a nuestro juicio un error de pro-cedimiento que debe ser rápidamente corregido. La corte inferior dicta una orden para demostrar causa y se abstiene de hacer cumplir dicha orden, sin que se le haya demostrado causa. Es decir, aun asumiendo la verdad del testimonio de Brown, declara la corte inferior que dicho testimonio, por ser de referencia, no basta para justificar una orden de exhibi-ción de poderes. En lo que respecta a la apreciación de la prueba documental, esta corte está en las mismas condiciones que la corte inferior para juzgarla; pero en este caso no se trata de la apreciación acertada o errónea de una prueba, sino de su eliminación por considerarla de referencia. Si la corte inferior espera para actuar en un caso como el presente a que se destruya la inesunción de la existencia de M. L. de Solo, y si es verdad, como se cree por la peticionaria, que se trata de una persona ficticia, puede asegurarse que jamás se producirá prueba positiva y directa de su no existencia y que, si se exige sir presentación, la corte no tendría nunca oportu-nidad de ejercitar su autoridad, puesto que es materialmente imposible encontrar dicha prueba.

Opinamos que se han expuesto bajo juramento hechos y ra-zones (pie justifican una exhibición de poderes de parte de los abogados que aparecen representando a M. L. de Soto. La peticionaria cree que se trata de una persona ficticia, y ofrece datos a la corte acerca del resultado infructuoso de sus gestiones para averiguar la existencia o el paradero del referido sujeto. En presencia de estas alegaciones natural es que la corte trate de averiguar si tiene ante sí a una parte que invoca su jurisdicción para obtener justicia, o si se uti-liza el nombre de una persona que no existe para provocar, a través del tribunal, una subversión de esa misma justicia. Cuando se exponen a la corte hechos de los cuales surge la posibilidad de un fraude ¿debe la corte cruzarse de brazos y abstenerse de actuar, basándose en qne si el frande llega a consumarse la parte interesada puede obtener reparación en un juicio ordinario? ¿No es más justo y correcto que la corte adopte las medidas que estén a su alcance para evitar que las posibilidades puedan convertirse en realidades e im-pedir que se utilicen su jurisdicción y poderes para fines ilícitos no autorizados por la ley? Al actuar así la corte no bace otra cosa que adoptar una medida preventiva en bien de la justicia. Si las alegaciones que inspiran su actuación re-sultan infundadas, las molestias que puedan haberse irrogado al abogado requerido quedan compensadas con su justifica-ción, saliendo ileso de la prueba a que se le somete, y la res-titución de la tranquilidad a la conciencia judicial al esfu-marse las sombras proyectadas sobre el procedimiento.

Como ya hemos dicho antes, la corte puede, a petición de parte o sua sponte, cuando lo requieran los fines de la jus-ticia, solicitar que un abogado exhiba los poderes con que com-parece a nombre de otra persona. No consideramos a la pe-ticionaria completamente extraña al procedimiento. • Después de leer las alegaciones es muy difícil llegar a la conclusión de que no tiene interés en el inmueble que se intenta ejecutar por el procedimiento sumario y sobre el cual existe un pleito promovido por dicha peticionaria. En virtud de estas ale-gaciones ha llegado la corte a conocimiento de hechos que justifican una exhibición de poderes de parte de los aboga-dos que iniciaron a nombre de M. L. de Soto el procedimiento ejecutivo. La corte sabe que hay un abogado que dice bajo juramento que ha practicado pesquisas infructuosas para averiguar la existencia y el paradero de M. L. de Soto y que cree que se trata de una persona ficticia, y sabe la corte ade-más que en el escrito inicial del procedimiento ejecutivo M. L. de Soto aparece siendo comerciante, soltero y vecino de Santo Domingo, y que ahora el referido M. L. de Soto apa-rece residiendo de manera accidental, en condición transito-ria, en la Hacienda Mesa Chica, de la propiedad de don Epi-fanio Zubieta, en el término de Patlanta, estado de Veracruz, Méjico. La corte puede, en cualquier tiempo, deshacerse de nn procedimiento qne resulta inexistente por haber sido in-coado sin autoridad. Sin parte promovente no puede haber acción o procedimiento, y una corte no puede carecer de auto-ridad para averiguar, cuando surjan razones que lo justifi-quen, si es o no ficticia la persona que comparece ante ella promoviendo un procedimiento o acción.

Por las razones expuestas, debe anudarse la resolución dic-tada por la Corte de Distrito de San Jtian- en 3 de diciembre de 1932, y devolverse el caso a dicha corte para procedimien-tos ulteriores de acuerdo con los términos de esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey, disintieron.