author: El Juez Pbesidente Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Noble et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2209.
    Resuelto en junio 28, 1920.
    Fianza — Ejecución be Fianza — Citación del Acusado — Alegación Necesaria— Demanda Defectuosa. — La citación del acusado para su comparecencia ante la corte era en el presente caso condición indispensable, según la fianza, para que pudiera exigirse la responsabilidad de los fiadores, .y no habiéndose ale-gado que dicha citación se hizo, la demanda era defectuosa fatalmente. Dicha alegación no quedó suplida por la manifestación de que “como quiera que Hernán Oastés no ha comparecido al llamamiento legal de la corte se ha hecho buena dicha fianza,” pues tal manifestación es una conclusión legal que no establece el hecho de, la citación.
    Id. — Ejecución de Fianza — Libertad del Acusado — Alegación Necesaria-Demanda Defectuosa. — Las alegaciones de que la corte dispuso que el acu-sado prestara fianza por $800 para gozar do libertad provisional, cuya fianza prestaron los demandados, y de que por no haber comparecido el acusado a contestar la acusación se declaró confiscada la fianza, no suplen la esencial alegación, sin la cual la demanda es defectuosa, de que el acusado fué puesto en libertad a virtud de la fianza prestada por los demandados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. E. Lopes Tisol.

    Abogados del apelado: \Sres. Attorney General y J. E. Eigueras, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 12 de mayo de 1908. El Pueblo de Puerto Rico, representado por el Fiscal del Distrito de San Juan, Liber-tad Torres Gran, presentó demanda a la corte de dicho dis-trito, Sección Segunda, contra William D. Noble y Paulino Pumarada, sobre cobro de dinero adeudado en concepto de fianza, y en esa demanda alega el demandante como hechos determinantes de su acción los siguientes:

Que habiéndose presentado ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, una acusación contra Hernán Castés por delito de falsa representación e impostura (felony) la corte dispuso que el acusado prestara una fianza de $800 para gozar de libertad provisional. ■

Que en 19 de abril de 1907 David Noble y Paulino Puma-rada, los demandados, prestaron la fianza mediante documento suscrito y jurado ante el secretario de la corte y aprobado por el juez, cuyo documento se inserta en la demanda y dice así:

“Nosotros, Paulino Pumarada y W. D. Noble, por la présente respondemos de que el susodicho Hernán Castés y Salazar compare-cerá en este o cualquier otro tribunal en virtud de cualquier cita-ción que se le baga y de que en todo tiempo estará pronto a acatar sus órdenes y providencias, así como de que comparecerá al pronun-ciamiento de la sentencia, sometiéndose a la ejecución de la misma, y si -dejare de estar y pasar por cualquiera de esas condiciones nos obligamos asimismo a pagar al Pueblo de Puerto Rico la cantidad de $800.”

Que en septiembre 10 de 1907 y en virtud de no haber comparecido Hernán Gastes a contestar la acusación se. de-claró la fianza u obligación confiscada por la corte, habiendo transcurrido varios términos sin que los fiadores hayan pre-sentado al acusado ni hecho alegación alguna “y que corno quiera que Hernán Castés no ha comparecido al llamamiento legal de la corte se ha hecho buena dicha fianza u obligación.’*

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando a los fiadores demandados William D. Noble y Paulino Fumarada a pagar al demandante la suma de $800 con las costas que se causaren y el interés legal corres-pondiente desde el ejercicio de lá acción.

Ambos demandados al contestar la demanda opusieron a ella la excepción previa de que no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción y como mayor defensa alegaron que en un día del mes de abril de 1907 prestaron una fianza de $800 a favor de El Pueblo de Puerto Rico para responder de una acusación que había sido presentada ante la Corte de Distrito de San Juan contra Hernán Castés por el supuesto delito de falsa representación e impostura; que por la demanda habían venido en conocimiento de que dicha fianza había sido confiscada pero que si hubieran sido reque-ridos inmediatamente para presentar al acusado les hubiera sido fácil hacerlo por saber ellos .donde se encontraba; y que la acusación por la cual fué detenido Hernán Castés no cons-tituía delito alguno y no teniendo él responsabilidad tampoco podían tenerla sus fiadores.

Transcurridos cerca de diez años, o sea en 25 de marzo de 1918, el demandante solicitó se señalara día y ñora para la Vista del caso en sus méritos y el señalamiento se hizo para el día Io. de abril siguiente, en cuyo día se practicaron las pruebas propuestas por ambas partes, consistiendo la del demandante en el record No. 1220 de la causa criminal de El Pueblo de Puerto Rico v. Hernán Castés Salazar debida-mente autenticado, y la de los demandados en declaraciones de los mismos como testigos, quienes manifestaron que por agosto o septiembre de 1907 falleció en Venezuela el acusado Hernán Castés dándose conocimiento de la muerte al Fiscal Torres G-rau. El juez dió a los demandados un plazo de sesenta días para que presentaran documento legalizado de la muerte de Hernán Castés, y no habiéndolo hecho el de-mandante presentó mociones a la corto en' junio 3 y julio 9, 1918 para que se diera por terminado el pleito y se dictara sentencia definitiva. Esa sentencia fué pronunciada. en 26 de julio citado y por ella se declaró con lugar la demanda y fueron condenados los demandados a pagar al demandante la suma de $800, las costas causadas y los intereses legales correspondientes desde el ejercicio de la acción.-

De dicha sentencia apelaron los demandados y alegan como motivos del recurso que la corte cometió error al declarar sin lugar la excepción de que la demanda no aduce hechos sufi-cientes para determinar una causa de acción y que la sen-tencia es contraria a la prueba.

Para sostener la excepción previa alegan los apelantes que la demanda no muestra que el acusado fué legalmente citado parada lectura de la acusación y que así citado de-jara de comparecer o que los fiadores o alguno de ellos hu-bieran sido notificados del día y hora en que la acusación había de ser leída para que trajeran al acusado a presencia de la corte, cuyos requisitos eran indispensables para que pudiera confiscarse la fianza por incomparecencia del acusado y por violación de la obligación contraída.

Examinado el documento de fianza que dejamos transcrito como parte integrante de la demanda, encontramos que los fiadores se obligaron a responder de que Hernán Castés y Salazar comparecería ante la corte en virtud de cualquier citación que se le hiciera y que si dejaba de hacerlo los fia-dores se obligaban a pagar a El Pueblo de Puerto Pico la cantidad de $800. La citación del acusado para su compa-recencia ante la corte era condición indispensable para que pudiera ser exigible la responsabilidad de los fiadores y dicha citación no fué alegada en la demanda, faltando por con-siguiente en ella una alegación necesaria para el ejercicio de la acción. Dicha falta de alegación no queda suplida por la ’ manifestación de que como quiera que Hernán Castés no ha comparecido al llamamiento legal de la corte se ha hecho buena dicha fianza u obligación. Eso más que una alegación ■ de hecho, demostrativa de la citación del acusado es una conclusión legal.

Otra razón invocan los apelantes para sostener el primer motivo del recurso, y es que también falta en la demanda la alegación esencial de que a virtud de fianza que prestaran Pumarada y Noble el acusado fué puesto en libertad.

Estamos conformes en que la misma naturaleza de la obli-gación de fianza precisaba la anterior alegación y para ello nos basta invocar la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de California en el caso de El Pueblo v. Babcock, 45 Cal. 252, en el cual dicha corte se expresó como» sigue:

“Sin considerar otras objeciones a la demanda, estamos conven-cidos de que la excepción debió haber sido sostenida por el fundamento de que no se alegó que Pollock fué puesto en libertad por virtud del otorgamiento y entrega de la fianza descrita. Esta alegación es indispensable en una acción de esta clase.”

Ciertamente que en la demanda se alega que la corte dis-puso que el acusado Iíernán Castés prestara una fianza de $800 para gozar de libertad provisional, que esa fianza fué prestada por los demandados, y que por no haber compare-cido Hernán Castés a contestar la acusación se declaró la fianza confiscada, pero esas alegaciones no suplen la falta de expresión de que el acusado fue puesto en libertad a vir-tud de la fianza prestada por los demandados.

“En la demanda debe alegarse que el acusado fué puesto en li-bertad de la custodia en que se bailaba. La alegación de habérsele •admitido que prestara fianza no es equivalente a eso y la manifes-tación de que el acusado no compareció no equivale a decir que fué puesto en libertad bajo fianza ni incluye necesariamente tal li-beración.
“La fianza no tiene validez a no ser que el acusado sea puesto , en libertad por el becbo de haberse prestado tal fianza; eso es lo que le dá vitalidad, y en la demanda deben alegarse todos y cada uno de los hechos necesarios para su validez, y sin tal alegación la demanda es fatalmente defectuosa y no determina hechos constitu-tivos de una causa de acción.” People v. Solomon, 5 Utah 277; 15 Pac. Rep. 4.

El recurso se sostiene por el primero de sus fundamentos y nos abstenemos por tanto de considerar el segundo, aparte de que tampoco podríamos hacerlo por no tener ante noso-tros todos los elementos probatorios aportados al juicio, fal-tando como faltan las constancias del récord de la causa criminal No. 1220, El Pueblo de Puerto Rico v. Hernán Castés Salazar, que fué presentado y admitido como prueba a ins-tancia del demandante.

Es de revocarse la sentencia apelada y dictarse otra por la que se declare sin lugar la demanda.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. García, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción a la ley de andamios.
    No. 1519.
    Resuelto en junio 30, 1920.
    'Apreciación de Pruebas — Ley Sobre Andamios — Prueba Sumcienee. — Exami-nada la prueba se estimó suficiente para demostrar la infracción imputada al acusado consistente en no haber construido un andamio en cierto edificio que levantaba, tal como dispone la ley No. 46 de 1917.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. E. Lopes Tisol.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue denunciado porque en la construcción de cierto edificio que realizaba, los andamios carecían de seto y barandilla, hecho contrario a la Ley sobre Andamios, tal como quedó enmendada en 1917. Ley No. 46, Leyes de 1917, vol. 2, pág. 351. Celebrado el juicio, la corte lo declaró culpable y le impuso una multa de $25.

No conforme el acusado, apeló para ante esta Corte Su-prema y archivó una transcripción de la que forma parte una relación de las pruebas practicadas durante el juicio.

En su alegato sostiene el apelante que la corte senten-ciadora erró al apreciar las pruebas. No estamos conformes. No solo se acredita la violación imputada por la prueba del fiscal, si que también por la de la defensa. El propio acu-sado declaró que cuando los inspectores del Departamento del Trabajo notaron la falta, él alegó que no existía; que fué entonces al propio departamento y allí se convenció de que el andamio estaba mal construido y mandó entonces a arreglarlo debidamente.

' En tal virtud, y habiendo examinado la ley que exige que todo andamio, plataforma u otro aparato similar, usado en la construcción, reparación, etc., de. casas, puentes, etc., irá cercado por un seto y una barandilla de seguridad, formando ángulo recto, cerrado basta la altura de 36 pulgadas sobre el piso o parte superficial de dicho andamio o plataforma, extendiéndose a lo largo basta sus extremos, sólidamente construido y de tal modo firme y asegurado, que no sea po-sible su desprendimiento del edificio o construcción, y que prescribe que cualquier persona o el administrador, superin-tendente, capataz, mayordomo o representante de dicha obra que infrinja la ley será castigado con multa mínima de $25, o cárcel por un término máximo de sesenta días, opinamos que debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la vista y re-solución de este caso.


author: El Jxjez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    F. Oliver & Co., S. en C., Demandantes y Apelados, v. Diez & Pérez, S. en C., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios por incumplimiento de contrato.
    No. 2078.
    Resuelto en junio 30, 1920.
    Incumplimiento de Contrato — Pérdidas de Mercaderías por Caso Fortuito— Compraventa. — En el presente caso se resolvió: que la eireunstaneia de que las existencias de café que, el demandado tenía en sus almacenes hubieran sido destruidas por fuerza mayor, no lo relevaba de su obligación de en-tregar al demandante en la fecha convenida los.300 quintales de café objeto de la compraventa, pues en tales casos es de aplicación el número 1 del ar-tículo 334 del Código de Comercio y no los artículos 1072 y 1150 del Código Civil invocados por el demandado apelante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    'Abogado de los apelantes: Sr. Hugh E. Francis.

      Abogados de los apelados-: Sres. López de Tord, & Zayas y Bizarro.

   El Jxjez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes establecieron una acción por daños y perjuicios contra los demandados por no haber éstos veri-ficado la entrega de cierto café que les compraron.

Los hechos como fueron declarados probados por la corte sentenciadora son los siguientes:

“El día 4 de octubre del corriente año de 1918 la sociedad demandante por medio de telégrafo, hizo una oferta a la sociedad demandada de comprarle 300 quintales de¡ café, cás-cara sana y limpia, para entregar el 15 de noviembre de 1918 y al precio de $14.25 por cada quintal.
“Que los Sres. Diez & Pérez, S. en O., aceptaron por carta que escribieron a la demandante el día siguiente la mencio-nada oferta, carta que recibió el demandante dentro del curso natural y ordinario del correo.
“Que la sociedad demandada no ha entregado el café ven-dido al demandante, en el día 15 de noviembre de 1918, que era el día de la entrega, ni en fecha posterior.
“También se ha probado que: el precio del café de la clase estipulada en el contrato, en la fecha de 15 de noviembre de 19.18, que era el día que debía ser entregado por la vendedora a la compradora, era alrededor de $17 y, por consiguiente, los perjuicios sufridos por la demandante por incumplimiento del contrato son la diferencia entre el precio de compra y el precio que tenía el café en la fecha en que debió ser en-tregado; y la diferencia asciende a la suma de $825.
“Por otra parte aparece probado que: en octubre 11 y octubre 24 de 1918, hubo fuertes terremotos que causaron grandes perjuicios de propiedad en el pueblo de Añasco, y además en los meses de octubre y noviembre del mismo año, hubo la epidemia llamada “influenza española;” y en la época de los terremotos hubo abundantes lluvias y debido al estado en que quedaron los establecimientos de la deman-dada por el terremoto y el estado de ánimo en que se encon traban todos los habitantes de .Añasco, no pndo la deman-dada entregar de sns existencias de café la cantidad conve-nida a la demandante (300 quintales).
“Pero también aparece probado por la propia declaración del testigo, Sr. José B. Pérez, único testigo de la sociedad demandada Diez y Pérez, S. en C. que: la demandada no hizo ninguna g'estión por conseguir el café fuera de Añasco. ’ ’

Los demandados interponen apelación contra la sentencia quo les condena al pago de $825 y a las costas, desembolsos y honorarios de abogado, y alegan haberse cometidos los siguientes errores:

“1. Que la corte de distrito erró al no estimar la prueba aducida por la parte demandada en apoyo do su defensa afir-mativa como suficiente para relevar a la parte demandada de la obligación de la entrega de café a que se refiere la cansa de acción.
“2. Que la corte de distrito erró al estimar que hubo evi-dencia suficiente por parte de los demandantes para deter-minar el importe de los daños y perjuicios, si algunos, su-fridos por la parte demandante.”

El razonamiento se basa en los artículos 1072 y 1150 del Código Civil, los cuales prescriben lo siguiente:

“Art. 1072. — Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos Sucesos que no hubieran podido preveerse, o que previs-tos, fueran inevitables.”
“Art. 1150.- — Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada, cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora.”

La carta a que el juez sentenciador'hace referencia es la siguiente:

“Añasco, P. R., octubre 5, 1918. — Sres. F. Oliver & Co., Playa de Ponce, P. R. — Muy señores y amigos nuestros: — Anteayer a horas tarde de la noche nos favoreció su telegrama ofreciéndonos por 300 quintales de café a $14.00, entrega hasta fines de marzo. Ayer mañana les contestamos así: ‘Cederíamos los 300 quintales condicio-nes de costumbre café sano y limpio a $14.75 entrega a noviembre 15,’ recibiendo anoche su contestación que dice: ‘Aceptaríamos como máximo $14.25 por 300 quintales cáscara sana y limpia nuestras con-diciones y entrega indicada. ’ Acabamos de telegrafiarles como sigue: ‘Aceptamos su oferta condiciones indicadas.’ Lo celebrarnos,’ con-firmando en todas sus partes ese contenido. A pesar de que aquí, debido a lo poco que queda, el mercado local está fuerte, hemos procurado llegar a un entendido en esta operación, confiando que en otra podrán Yds. darnos alguna ventaja. — Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes, sus atentos amigos y S. S.— (Fdo.)Diez & Pérez, S. en C.”

La prueba de la defensa meramente establecía los hechos de] terremoto y la epidemia de la “influenza española,” la destrucción parcial del almacén empleado por los demanda-dos para secár y almacenar café, la dificultad en encontrar trabajo, y la consiguiente imposibilidad por parte de los de-mandados ya para continuar su negocio de comprar y secár café verde o (por razón de pérdidas económicas sufridas) para comprar en el mercado público café que ya estuviere seco. Que no se hizo esfuerzo alguno por procurar tal café en el mercado público y entregarlo y que la cantidad exigida pudo haberse obtenido sin dificultad de haberse dispuesto de los fondos necesarios, fue admitido en el 'juicio.

El artículo 334 del Código de Comercio prescribe lo si-guiente :

“Los daños y menoscabos que sufran las mercaderías, aún por caso fortuito, serán de cuenta del vendedor en los casos siguientes:
“1. Si la venta se hubiese hecho por número, peso o medida o la cosa vendida no fuera cierta y determinada, con mareas y señar les que lo indiquen. * * * ”

La prueba no reveló base alguna para sostener el segundo señalamiento de error, el cual por tanto, no requiere seria consideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Rosa, Recurrente, v. Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegatoria dé la inscripción de dos escrituras de venta.
    No. 462.
    Resuelto en junio 30, 1920.
    Otorgantes Analfabetas — Testigos Instrumentales — Escrituras Públicas.— Por disposición expresa de la ley, cuando los otorgantes de úna escritura pú-blica o alguno de ellos no supiere o no pudiere firmar, ló expresará así el notario, debiendo firmar uno de los testigos, escribiendo de su puño, en ante . firma, que lo hace por si como testigo y a nombre del otorgante que no sepa o no pueda verificarlo, y en tal virtud está justificado el registrador que se niega a inscribir una escritura en que no se cumple con la disposición indicada.
    Los beebos están expresados en la opinión.'
    Ni el recurrente ni el registrador recurrido ban compare-cido por escrito.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Rosa García presentó en el Registro de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, para su inscripción, dos escrituras, una otorgada en 20 de abril de 1880 ante el Notario Bolet I)urán por la cual José Beltrán aparece ven-diendo a Eladio Caraballo, una finca de quince cuerdas con casa habitación de maderas y pajas, por la suma de sesenta pesos, y otra otorgada en 8 de junio de 1905 ante el Notaro Gabriel Guerra por la cual Eladio' Caraballo aparece ven-diendo a Eladio Rosa García, por la suma de cuarenta y cinco dólares, la finca que adquiriera de Beltrán.

El registrador negó las inscripciones solicitadas “ porque la escritura antigua * * * es nula por razón de que no sabiendo firmar los otorgantes y habiendo expresado el no-taño que a sus ruegos lo liaeíau los testigos instrumentales, éstos no lian consignado en el acto de firmar de su puño y letra que lo verificaban como testigos y a ruego de los pri-meros,” y porque en la escritura de 1905 “ocurre el mismo defecto insubsanable en cuanto al vendedor, * * * lo cual anula ambos documentos con arreglo a las secciones 14 y 20 de la Ley Notarial, que es reproducción de la anterior en ese particular y conforme también a jurisprudencia aplicable de) Honorable Tribunal Supremo de Puerto Bico.” ’

Eduardo Bosa no recogió los documentos y el registrador, de acuerdo eon la ley sobre la materia, los elevó a este tribunal. Ni Bosa ni el registrador fian presentado alegatos.

La sección 14 de la Ley Notarial vigente, igual en este respecto a la antigua, Comp, de 1911, pág. 409, dice:

“Si los otorgantes o alguno de ellos no supiere o no pudiere fir-mar, lo expresará así el notario, debiendo firmar uno de los testigos, escribiendo, de su puño, en ante firma, que lo hace por sí como tes-tigo, y a nombre del otorgante que no sepa o no pueda verificarlo.”

Y la sección 20, No. 3, en lo pertinente, expresa:

“Serán nulos los instrumentos públicos: 1°., I# # '* ; 2°., * * *; 3°., * * * o que no aparezcan las firmas de las partes y testigos cuando deban hacerlo, * *

La firma de ambas partes en la escritura de 1880 y la del vendedor en la de 1905, no consta en la forma exigida por la ley, y en tal virtud no pueden dichas escrituras reci-birse en el registro como documentos públicos. Esto no quiere decir, desde luego, que los actos a que dichas escrituras se refieren sean, por el defecto apuntado, nulos. Si en reali-dad de verdad las transacciones se llevaron a efecto, válidas serán en cuanto a las partes que en ellas intervinieron.

Aunque no se trata de casos enteramente iguales, guar-dan relación con éste los razonamientos expuestos en las opi-niones emitidas en los recursos de Berríos v. El Registrador, 25 D. P. R. 718; Banco Territorial v. Registrador, 22 D. P. R. 584; Villanueva v. Registrador, 18 D. P. R. 831, y Rodrígues v. Registrador, 14 D. P. R. 738. Las considera-ciones hedías en el caso de Ortiz v. Registrador, 26 D. P. R. 545, 547, no son aplicables, porque allí, si bien en forma im-perfecta, el testigo consignó por sí mismo, según requiere la ley, que lo hacía como tal y a ruego del otorgante que no sabía hacerlo.

Por virtud de lo expuesto debe confirmarse la nota del registrador.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución .de este caso.


author: : El Juez Asociado Sr. Aldeey,

text:
    Virella, Demandante y Apelante, v. A. Hartman & Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2206.
    Resuelto en junio 30, 1920.
    Evidencia — Testimonios Sospechosos — Declaración Sobre Dichos de Personas Ealleoidas. — La declaración respecto a manifestaciones de personas que han fallecido y que no pueden por tanto contradecirlas es recibida generalmente con gran cautela, con mayor razón en este caso en que por la sola manifes- ■ ■ tación verbal atribuida a una persona muerta se quiere contradecir lo que aparece consignado en un documento público en el que se confiesa haber re-cibido la cantidad que ahora se reclama.
    Inspección Ocular Innecesaria. — Probado que se han perdido ciertos libros an-tiguos de una sociedad mercantil es innecesario' que la Corte practique una inspección ocular con objeto de ver si existen.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante : Sr. M. Renites Flores.

    Abogados de la apelada: Sres. Alvares Nava & Domín-gues, Soto Gras y Siaca.

   : El Juez Asociado Sr. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Yirella Uribe en unión de tres hermanos suyos y de su madre vendieron por escritura pública de 13 de marzo de 1909 a José Muñoz Vázquez la finca “Deseada,” de 676 cuerdas de terreno radicada en las jurisdicciones de Gua-yama y Arroyo por precio de ciento cincuenta mil dólares de los cuales confesaron haber recibido antes del otorgamiento de la escritura la cantidad de cincuenta y cuatro mil, que-dando el resto del precio aplazado con hipoteca pagadero en varios plazos. Por otra escritura pública de 15 de junio de 1909 Muñoz Vázquez vendió esa finca a Juan Carlos McCormick quien por otra escritura pública de 18 de febrero del año siguiente 1910 la vendió a Enrique McCormick. En otra escritura posterior Enrique McCormick reconoció que esa compra la hizo para la sociedad mercantil A. Hartman v Cíá. Los plazos hipotecarios han sido pagados a los ven-dedores Virella TTribe.

Muerto Juan Carlos McCormick, uno de los vendedores, Francisco Virella ITribe, demandó a la sociedad A. Hartman y Cía., de la que formaba parte Juan Carlos McCormick, reclamándole trece mil quinientos dollars como parte a él correspondiente de los cincuenta y cuatro mil dólares que los vendedores habían confesado haber recibido del comprador Muñoz Vázquez antes del otorgamiento de la escritura de venta, alegando como fundamento de su reclamación que tal cantidad no le fué satisfecha y que Muñoz Vázquez no fué un verdadero comprador para sí sino qne, como intermedia-rio, compró para la sociedad A. Hartman y Cía., y que el socio Juan Carlos McCormick en conversación verbal con el demandante le prometió pagarle la cantidad que reclama. Contestó la sociedad A. Hartman y Cía., única demandada, negando la reclamación que se le hacía y, celebrado el juicio,-lá Corte de Distrito de Guayaron dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por insuficiencia dé la prueba y en el recurso de apelación que contra ella interpuso el demandante sostiene que la corte inferior cometió error porque el ape-lante ha justificado plenamente su derecho.

La única evidencia que el demandante apelante presentó en el juicio para probar sn demanda en el extremo fundamental de ella de que Juan Carlos McCormick se compro-metió verbalmente en nombre de la sociedad A. Hartman y Cía. a que ésta le pagaría la cantidad que aliora reclama con-siste en la declaración que prestó el demandante, prueba que la corte inferior no estimó suficiente para declarar jus-tificado ese compromiso. Aparte de que el juez tenía facul-tad discrecional para creer o no la declaración de diclio tes-tigo, y no encontramos motivo alguno en la transcripción de los autos para declarar que no bizo un debido uso de esa facultad, resulta que, aunque podía'creer a ese testigo, real-mente la declaración respecto a manifestaciones de personas que fian fallecido y que no pueden por tanto contradecirlas es recibida generalmente con gran cautela, con mayor razón en este caso en- que por la sola manifestación verbal atri-buida a una persona muerta se quiere contradecir lo que aparece consignado en un documento público en el que se confiesa haber recibido la cantidad que ahora se reclama. Por otra parte el número de años transcurrido desde que se con-fesó el recibo de la cántidad que ahora se reclama y el ha-ber sido pagados por A. Hartman y Cía. los plazos poste-riores sin hacérsele reclamación alguna por la cantidad que se confesó recibida sostiene aun más la conclusión a que llegó el juez sentenciador. Si a esto agregamos que no hubo prueba alguna con respecto a que Muñoz Vázquez comprara para A. Hartman y Cía., que esta conclusión no puede deducirse del solo hecho de que vendiera la finca a los tres meses a Juan Carlos McCormick y que no se probó que éste com-prara para la sociedad, resulta mayor el convencimiento de que el juez no cometió error al no considerar suficiente la/ prueba para dictar la sentencia condenatoria que solicitaba el apelante. El hecho de que un empleado de A. Hartman y Cía. fuera el encargado de recibir la finca cuando la com-pró Muñoz Vázquez tampoco es prueba de que éste comprara para A. Hartman y Cía., con mayor razón cnanto resulta de la prueba que ese empleado le fue facilitado por A. Hartman y Cía. a Muñoz Vázquez por razón del parentesco que entre éste y los socios de. aquella existe.

Se alega como segundo error de la corte que se negó a hacer una inspección ocular.

La parte demandante y apelante había solicitado que i a sociedad demandada presentara ciertos libros de su casa de comercio correspondientes a los años 1909, 1910 y 1911. De-claró uno de los socios que los libros reclamados se habían perdido desde hacía algunos años y entonces pidió el deman-dante que la corte hiciera una inspección ocular en dicha casa de comercio. No se expresó cuál era el objeto de tal inspección aunque parece que tenía por motivo que la corte buscara esos libros. Fue negada esa petición fundándose la corte en que habiéndose demostrado que los libros han desa-parecido, la creía innecesaria mientras no se justificase que existen. Creemos que no existe el error que se alega, pues no solo-no se cita precepto legal alguno infringido sino que, además, era enteramente innecesaria desde el momento en que la corte estimó probado por la evidencia que tales libros se habían perdido. Además, no se sabe por los autos qué se proponía probar la parte con esos libros y en defecto de ellos pudo presentar prueba secundaria, para suplir.su falta.

Otros motivos de error con respecto a la' admisión de ciertas preguntas' a los testigos y de una carta no están ar-gumentados por el apelante y no tienen tampoco importancia,, por lo que no los consideraremos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución-de este caso.


text:
    Escalona, Demandante y Apelante, v. Costa et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre injunction pendente lite.
    No. 2246.
    Resuelto en junio 30, 1920.
    Injunction “Pendente Lite” — Daíío Irreparable — Discreción Judicial. — Si bien el mero hecbo de que esté en disputa el. título de propiedad, cuando se trata de evitar un daño irreparable como pudiera considerarse en ciertos casos el ocasionado por la destrucción de una casa, no es suficiente por sí solo para negar un injunction, sin embargo, cuando no se trata como en este caso de una simple disputa sino que la prueba que se practica proporciona al juez una base suficiente para formar su criterio, y no se demuestra que al formarlo abusara de su poder discrecional, la corte de apelación no revocará la acción tomada por la corte de distrito.
    Id. — Id.—Destrucción de una Oasa. — Habiéndose demostrado que la casa de que se trata en este caso es una casita de maderas, corriente, que se alquilaba para tienda, sin valor de afección alguno, sin algo peculiar o notable, y habiéndose demostrado además la solvencia de la parte demandada, no cons-tituye daño irreparable la destrucción de la misma.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Brunet.

    Abogado de los apelados: J3r. M. A. Rivera.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión dol tribunal.

Mercedes Escalona Decastro estableció nna demanda so bre reivindicación y daños y perjuicios. Se trata de una pequeña casa situada fuera de la zona urbana, frente al ca-mino de Coamo a Barros, cuyo valor se fija en $300. Los perjuicios reclamados, que son las- rentas debidas producir por espacio de diez años, se calculan en $720. Archivada la demanda, la demandante solicitó una orden de injunction pendente lite basándose en que la parte demandada estaba destruyendo la casa.en cuestión. La corte ordenó que-se ex-pidiera el auto preliminar, quedando en entredicho las par tes, y se fijó un día para oirlas y resolver entonces en defi-nitiva. En el día señalado la parte demandante presentó prueba documental y testifical, consistiendo la primera en una certificación creditiva de que tenía‘inscrito a su favor en el registro de la propiedad el dominio de una casa cuya descripción es la misma que la clada^en la demanda a la que se reclama en el pleito. La parte demandada presentó tam bien prueba documental y testifical tendente claramente a demostrar que la casa de que está en posesión le pertenece en propiedad y que la casa a que se refiere la certificación del registro presentada por la parte demandante es otra que estuvo edificada muy cerca y que fué destruida por el ciclón de San Oiriaco. También tendió a demostrar dicha prueba que los demandados eran solventes.

El juez de distrito después de ‘11 estudiar detenidamente la evidencia presentada por ambas partes, ’! declaró. sin lugar la solicitud, quedando levantado el entredicho. No conforme la demandante apeló para ante este tribunal.

Insiste la apelante en que tiene un derecho absoluto al injunction porque si la casa se destruye, se destruye tam-bién su acción y se verá obligada a establecer un pleito de naturaleza distinta.

Convenimos^ en que el mero hecho de que esté en disputa, el título de propiedad, cuando se trata de evitar un daño irreparable como pudiera considerarse en ciertos casos el ocasionado por la destrucción de una casa, no es suficiente por sí sólo para negar un injunction. Véase 14 R.. C. L. 347, .444 y 451. Pero cuando no se trata como en este caso de una simple disputa sino que la prueba que se practica pro-porciona al juez una base suficiente para formar su criterio, y no se demuestra que al formarlo abusara de su poder dis-crecional, la corte de apelación no revocará la acción tomada por la corte de distrito. Además, la destrucción de la casa de que aquí se trata, — una casita de maderas, corriente, que se alquilaba para tienda, sin valor de afección alguno, sin algo peculiar o notable, — no constituye un daño irreparable, habiéndose demostrado la solvencia de la parte demandada, Seguramente que si se obligara en su caso a dicha parte a reedificar la casa o *'a pagar el dinero necesario para la ree • dificación, la demandante no sufriría perjuicio alguno.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Benítez, Demandante y Apelado, v. Díaz, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito-sobre cobro de, dinero.
    No. 2273.
    Resuelto en julio 9, 1920.
    Desestimación de Apelación — Notificaciones—Aprobación de la Transcrip-ción — Exposición del Caso. — Un apelante que no lia radicado la transcrip-ción del record en la secretaría de la Corte Suprema dentro de los 30 días de haber sido aprobada por el Juez la transcripción de la evidencia o el pliego de excepciones y exposición del caso, o de la prórroga, no puede re-sistir una moción de desestimación del reeurso apoyándose en el hecho de que el secretario no le comunicó o le comunicó erróneamente' la aprobación impartida por el juez, pues no es obligación del secretario hacer tal notifi-cación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Llorens.

    Abogado del apelado: Sr. F. González.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Según certificación librada por el secretario de la corte inferior el demandado interpuso apelación contra la senten-cia recaída en el pleito número 5600 sobre cobro de dinero: la transcripción de los procedimientos para la apelación fue aprobada por la corte el 29 de marzo de 1920 y al día siguiente el secretario se lo notificó a las partes. Fundada la parte apelada en esos beclios y en que Ja transcripción no ha sido presentada en este Tribunal Supremo nos pidió el 28 de ju-nio último que desestimemos el recurso de apelación esta-blecido por el demandado. A esta moción se opuso el. ape-lante alegando que no ba sido notificado de que la corte inferior baya aprobado la transcripción de la evidencia y que si bien a principios de abril recibió una notificación en tal sentido, dicha notificación tiene el número 5410 de un pleito de retracto entre las mismas partes que ya entonces se ba-ilaba en este Tribunal Supremo en tramitación, por lo que no pudo comprender esa notificación.

La Ley No. 27 de 27 de noviembre de 1918 dispone que en los casos de apelación y en sustitución de la exposición del caso que ordena el artículo 299 del Código de Enjuicia-miento Civil el apelante puede pedir a la corte sentenciadora que disponga que el taquígrafo baga una transcripción de la evidencia que, mediante ciertos trámites será certificada por el jnez y así aprobada constituirá y formará parte del legajo de la sentencia. Esta ley fue enmendada en su sección 3a. referente a quienes pueden pedir prórrogas para preparar la transcripción de la evidencia por la Ley No. 81 de 26 de junio de 1919, página 675; y enmendó también el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil disponiendo, entre otras cosas, que aprobado por el jnez el pliego de excepcio-nes y la exposición del caso pasará a formar parte del legajo de la sentencia.

En ninguna de esas dos leyes se impone al secretario de la corte el deber de notificar a las partes la aprobación lie-cha por el juez de la transcripción de la evidencia verificada por el taquígrafo o del pliego, de excepciones y de exposi-ción del caso preparada por la parte apelante por lo que no puede servir de defensa en este caso a la parte apelante el que el secretario no le notificara la aprobación que el juez hizo de la transcripción de la evidencia que presentó el ta-quígrafo por petición del apelante, ni que la notificación que voluntariamente le hizo el secretario fnera errónea y le pro-dujera dudas, fáciles de desvanecer en el caso presente, por-que según la propia manifestación del apelante el pleito de retracto a que se refería la notificación ya estaba entonces en este Tribunal Supremo. .En el procedimiento civil vigente no bay más notificaciones que las que la ley expresamente ordena que se bagan pues supone que los abogados o la parte están pendientes de sus asuntos. Guardian Assurance Company v. López Acosta, Juez de Distrito, 24 D. P. R. 637.

No habiendo presentado la- parte apelante la transcrip-ción de los autos en este Tribunal Supremo dentro de los treinta días siguientes a la aprobación por el juez de la trans-cripción de la evidencia, según dispone el último párrafo del ¡artículo 2o. de la Ley No. 81 citada enmendando el artículo '299 del Código de Enjuiciamiento Civil, debe declararse con lugar la moción del apelado y desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: En Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Zamorano, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre reivindicación de pro-piedad inmueble y nulidad.
    No. 2064.
    Resuelto en julio 12, 1920.
    Alegaciones — Enmiendas — Incongruencia—Excepción Previa — Perjuicio.— Cuando una enmienda es de tal naturaleza que" debió baber sido concedida en interés de la justicia, la sentencia apelada no será revocada debido a defectos u omisiones que ban sido subsanados por la parte contraria, o a una incon-gruencia inmaterial entre las alegaciones y la prueba, en ausencia de excepción previa presentada en tiempo, o si la prueba fué presentada sin objeción, o si aparece claramente que el demandado no fué perjudicado sustancialmente por tal defeeto u omisión.
    Jurisdicción — Cortesía Internacional — Acción Contra un Estado Extran-jero. — Como una consecuencia de la independencia absoluta de toda autoridad soberana, y de la cortesía internacional que induce a todo Estado soberano a respetar la independencia y dignidad de los demás Estados soberanos, todos los Estados se niegan a ejercer por medio de sus cortes, -jurisdicción- sobre una acción contra cualquier otro Estado, o sobre la persona del soberano de cual-quier otrp Estado, o sobre la propiedad pública de cualquier otro Estado, aun-que dicho soberano o dicha propiedad se encuentren dentro de su territorio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. M. Moraga.

    Abogados del apelado: Ron. Attorney General y A. Arroyo.

   En Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda original que fué presentada en este caso por cl Fiscal General de Puerto Eico en julio de 1909, se alegaba que El Pueblo de Puerto Eico es el dueño de cierta finca cuya descripción es la siguiente:

"Solar, radicado en la primera zona del barrio de Puerta de Tierra de la municipalidad de San Juan, colindando en veinte metros por el Norte con terrenos de El Pueblo de Puerto Rico, antes con la carretera de San Juan a Río Piedras; en veinte metros por el Sur con el Paseo de Covadonga; en diez metros por el Este, con terrenos también de El Pueblo de Puerto Rico; en ocho metros por el Oeste, con terrenos igualmente de El Pueblo de Puerto Rico.”

El demandado alegó que la finca así descrita y que se trata de reivindicar le había sido cedida por el Gobierno de España en pago de la cantidad de 568 pesos, y solicitó que fuera citado de evicción el Gobierno de España de acuerdo con las disposiciones de los artículos 1384 y 1385 del Código Civil. Esta moción fué declarada sin lugar.

En mayo de 1915 el fiscal auxiliar de la Corte de Distrito de San Juan, sin que existiera una verdadera razón o nece-sidad para ello, radicó una demanda enmendada en la cual alegaba entre otras cosas lo siguiente:

"Que el demandante e's dueño en pleno dominio de la siguiente finca:
‘ "Parcela de terreno radicada en la primera zona del barrio de Puerta de Tierra del término municipal de San Juan, con una su-perficie aproximada de 6,279 metros cuadrados colindante por el Norte con la carretera Núm. 1 y con el solar perteneciente a la Junta Local de San Juan, donde está enclavado el edificio escolar Núm. 1; por el Sur con el paramento Sur de la muralla que separa esta parcela de la calle del Comercio de la Marina y con un solar ocupado por don Pedro Zamorano; por el Este con un trozo de ca-mino que une la calle del Comercio de la Marina con la carretera No. 1; y por el Oeste con el precitado solar de la Junta «Escolar de San Juan. ’
“Que el demandado de modo ilegal detentando el derecho de pro-piedad del demandante posee y disfruta, dentro del predio descrito' en el hecho segundo de esta demanda, una parcela que se describe del modo siguiente:
! “Solar radicado en la primera zona del barrio de Puerta de Tierra de la municipalidad de San Juan colindando en 20 metros por el Norte con terrenos del Pueblo de Puerto Rico, antes con yJa carretera de San Juan a Río Piedras; en 20 metros por el Sur, con-el Paseo de Covadonga; en 10 metros por el Este con terrenos tam-bién de El Pueblo de Puerto Rico; en ocho metros por el Oeste con terrenos igualmente de El Pueblo de Puerto Rico.’
“Que la forma y manera como el demandado posee dicha par-cela es la siguiente: 'Don Pedro E. Zamorano fue durante la domi-nación española contratista de derechos de consumo o fielato que-pagaban los artículos que entraban en la ciudad, y solicitó del go-bierno de España autorización para construir con ese fin una ca-seta en dicho solar, permiso que le fue concedido por Real Orden de 28 de abril de 1892, llevándose a cabo la referida edificación.
“Que posteriormente, en 21 de julio de 1898, el demandado so-licitó del Capitán General de la isla la propiedad del solar antes descrito en pago de la cantidad de $568 que el Gobierno le adeudara por el arrendamiento de una casa que Zamorano había cedido para instalar en ella un puesto de la Guardia Civil en el sitio 'Isla Verde,’ de la municipalidad de Carolina.
“Que dicho Capitán General, sin cumplir con la ley, accedió a la solicitud del demandado dándole el título de propiedad del te-rreno pedido y disponiendo se otorgara la correspondiente carta do pago de los $568 adeudados.
“Más tarde,- allá el nueve de agosto de 1900, Patricio Zamorano promovió un espediente de dominio ante la corte de distrito de San Juan, alegando ser dueño del solar y casa en él construida, por com-pra a don Pedro E. Zamorano, y tramitado dicho expediente la corte dictó en fecha trece de octubre de 1900 un auto declarando justifi-cado el dominio de la finca descrita, disponiendo se librara la cer-tificación correspondiente para llevar a cabo la inscripción en el registro ele la propiedad, habiéndose verificado ésta al folio 13S vuelto del tomo 41 de San Juan, finca Núm. 1697. Que Patricio Zamorano hizo traspaso do dicha finca a Guillermo García Mayo y éste a su vez la trasmitió al demandado en este caso por escritura de 12 de febrero de 1903, otorgada en esta ciudad y consta inscrita a favor del demandado al folio 233 del tomo primero de Puerta de Tierra, finca número 1697, inscripción tercera.
“Que la cesión y traspaso hecha al señor Zamorano por el Ca-pitán General de la isla se realizó sin que mediara un real decreto autoritativo de la misma; sin que el Rey fuese autorizado por ley especial alguna de] Congreso español para enajenar o ceder la par-cela objeto de este litigio, que formaba parte del territorio español, ni obtuvo el citado Capitán General o Gobernador Civil la aproba-ción del Secretario correspondiente del Gabinete para realizar la cesión aludida.
“Que por no haberse cumplido con los requisitos legales es nula y sin valor alguno la cesión hecha a favor de Zamorano, nulo y sin valor alguno el expediente de dominio tramitado y nulos también y sin valor alguno legal las inscripciones hechas en el registro de la propiedad. ’ ’

La contestación formulada a la demanda enmendada con-tiene las .siguientes admisiones:

“Es cierto el hecho quinto de la demanda, a excepción de la frase ilegal contenida en el primer renglón de dicho hecho pues el demandado posee y disfruta el terreno legalmente y a virtud de tí-tulo de dominio inscrito a su nombre en el registro de la propiedad.
“Es cierto el hecho sexto de la demanda a excepción de las pa-labras, ‘sin cumplir con la ley’ que se leen en el primer renglón del párrafo tercero del referido hecho.”

Las mismas admisiones lian sido hedías en una contesta-ción enmendada que fué luego radicada, en la cual se revisa el párrafo quinto a fin de que conteng'a las siguientes ale-gaciones : . •

“Es cierto el hecho quinto de la demanda a excepción de la frase ilegal contenida en el primar renglón de dicho hecho, pues el deman-dado posee y disfruta el terreno legalmente por cesión que le hiciera el Gobierno de España, ratificada por el Tratado de París con mo-tivo de la Paz entre España y los Estados Unidos, poseyendo título de dominio inscrito a su nombre en el registro de la propiedad.”

La sentencia apelada, de acnerdo con la súplica de la demanda enmendada decretaba la nulidad de la cesión hecha por el Capitán General, Gobernador Civil de Puerto Rico, el 20 de julio de 1898 a favor de don Pedro TO. Zamorano de la siguiente parcela de terreno:

“Solar radicado en la primera zona del barrio de Puerta de Tierra de la munieipaidad de San Juan, colindando en 20 metros por el Norte con terrenos de El Pueblo de Puerto Rico, antes con la carretera de San Juan a Río Piedras; en 20 metros por el Sur con el Paseo de Covadonga; en 10 metros por el Este con terrenos también de El Pueblo de Puerto Rico; en ocho metros por el Oeste, con terrenos igualmente de El Pueblo de Puerto Rico; nulo el ex-pediente de dominio aprobado por el Tribunal de Distrito de San Juan, en octubre 13 de 1900 de la parcela antes descrita a favor de Patricio Zamorano, e inscrito al folio 138 vuelto tomo 41 de San Juan, finca 1697, inscripción primera; nulas las inscripciones o ven-tas hechas de dicha parcela por Pedro Zamorano a favor de Guillermo García Mayo y la de éste a favor de Pedro E. Zamorano que está inscrita en dicho registro de la propiedad al folio 233 del tomo primero de Puerta de Tierra, finca número 1697, inscripción tercera; declaraba que El Pueblo de Puerto Rico es el único dueño de la par-cela antes descrita y ordenaba la cancelación de la inscripción de dominio a favor de Patricio Zamorano y de las otras inscripciones sucesivas. ’ ’

El apelante no ha hecho señalamiento especial de errores y poca razón tendría para quejarse si la sentencia fuera con-firmada sin discutirse sus méritos, Méndez v. Martínez, 26 D. P. R. 961; El Pueblo v. Martínez, 26 D. P. R. 258. He-mos tenido sin embargo, el trabajo de leer todo dicho volu-minoso alegato, cuyas páginas no han sido foliadas, y su larga lista de preceptos estatutorios y resoluciones judiciales que se alega han sido “infringidos,” y consideraremos bre-vemente las cuestiones más importantes que han sido dis-cutidas.

En el alegato se dice en forma más o menos desencade-nada y sin un fin determinado que el demandante no ha pro-bado el dominio de la finca que se trata de reivindicar, que la demanda se refiere a una propiedad distinta a la que fué adquirida y poseída por el demandado, que el demandante, para probar su dominio a la propiedad descrita en el segundo párrafo de la demanda enmendada y demostrar que la par-cela de que está en posesión el demandado, está comprendida en tal parcela de mayor cabida, presentó un plano o mensura Lecho después de la radicación de la demanda sin previo aviso al demandado y con infracción del artículo 286 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil y del artículo 22 de la Ley de Evidencia a cuya admisión el demandado debidamente for-muló objeción.

Aunque la alegada errónea admisión del plano de refe-rencia es la cuestión en la cual insiste el apelante en su alegato, el aspecto más serio de esta faz del caso y la única cuestión que La dado lugar a alguna vacilación para confir-mar la sentencia no es tanto la cuestión de la admisibilidad de la prueba como la de una incongruencia entre las alega-ciones y la prueba. Si el demandado mismo no hubiera co-rregido el defecto en la alegación por virtud de las admi-siones hechas en su contestación dejando no solamente de oponerse a la prueba presentada por el demandante menos en uno o dos casos sin importancia, como por ejemplo, en cuanto al plano arriba descrito sino que corroboró con su propia prueba los hechos así establecidos; o si hubiera apa-recido que el demandado había sido sorprendido, engañado o en alguna forma inducido a error en su perjuicio, estaría-mos dispuestos a revocar la sentencia apelada.

Pero como ya hemos demostrado, el demandado después de haberse radicado la demanda original, en- su moción en la cual solicitaba que fuera hecho parte el Gobierno Español, aleg’aba qne la finca descrita en tal demanda original es la que se alega que fué cedida al demandado por el Gobierno Español. Asimismo, tanto en la primitiva contestación como en la enmendada, formulada a la demanda enmendada, el demandado admite estar en posesión y reclama el dominio de la misma parcela de terreno que se describe y a la cual se hace referencia en los párrafos (plinto y sexto de la de-manda enmendada y que dicha parcela está comprendida en la parcela descrita en el segundo párrafo de tal demanda en-mendada, no obstante el error que es por si evidente en la pretendida descripción de la colindancia sur de tal parcela de mayor cabida. No se formuló excepción previa basada en ambigüedad ni se hizo ninguna moción para que la de-manda fuera más específica.

■Independientemente del plano y de cierta certificación ex-pedida por el registrador de la propiedad que fué admitida con la oposición del demandado, quedó plenamente demos-trado por otra prueba, sin que se hiciera objeción, que la parcela de que ahora está en posesión el demandado, en la fecha del aludido traspaso a dicho demandado, formaba parte de la reserva militar española, estando situada cerca de la antigua puerta al este de la ciudad, dentro del sitio conocido como primera zona de guerra de la plaza fortificada de San Juan; que la misma en unión de otros terrenos públicos, propiedad del Gobierno Español, pasaron a los Estados Uni-dos por virtud del Tratado de París, y fué incluida en la por-ción de dichos terrenos que luego fueron traspasados a El Pueblo de Puerto Pico.

Pero de todos modos, cualquier defecto que hubiera po-dido existir en cuanto a esto quedó subsanado por la prueba presentada a favor del demandado.

Será bastante para demostrar esto, con citar los dos pri-meros documentos presentados como prueba por el deman-dado, los cuales han sido • relacionados en los autos en la forma siguienté:

“Una certificación, expedida en 3 de diciembre de '1907 por el señor Don Lázaro Argomaniz, Coronel de Infantería, Secretario del Gobierno Militar de la Provincia y Capitán General de Madrid; creditiva de que en el Diario Oficial número 93 del Ministerio de la Guerra fué publicada la Real Orden fecha 28 de abril de 1892, por la que en vista de lo expuesto por el Capitán General de esta Isla de Puerto Rico en 5 de marzo de 1892 al remitir una instancia pro-movida por don Pedro E. Zamorano en solicitud de autorización para construir una caseta de madera con destino a fielato municipal, en la primera zona de la.plaza de San Juan, el Rey y en su nombre la Reina Regente del Reino había tenido a bien acceder a lo solicitado por el recurrente Sr. Zamorano.”
“Esta prueba fué admitida sin objeción alguna.
“Una comunicación fechada a 21 de julio de 1898 y autorizada por el General Gobernador de esta plaza, Sr. Ortega, dirigida al Te-niente de la Sección Montada del 1er. Batallón de Voluntarios, Sr. Pedro E. Zamorano, por cuya comunicación se le traslada una re-solución del Capitán General del Distrito de fecha 20 de julio de 1898 y. por la que esta última autoridad expresa que ha visto la ins-tancia presentada a su autoridad por el Teniente de la Sección Mon-tada del Primer Batallón de Voluntarios, Don Pedro Esteban Za-morano, en súplica de que puesto que se le adeudaban los alquileres correspondientes a la casa cuartel de la Guardia Civil y Destaca-mento Militar establecido en la Isla Verde, Carolina, en finca de la propiedad del Sr. Zamorano, ascendentes dichos alquileres a la suma de 568 pesos y no habiendo partida asignada a esta atención en el anterior presupuesto, - según ya se le había notificado, se le diera en pago el solar que ocupa una caseta de madera que se hallaba construida a la salida de Puerta de Tierra, sitio comprendido entre el Paseo de Covadonga y la Carretera Central, y habiendo examinado el expediente de concesión para la construcción de la referida caseta en la Primera Zona polémica de esta plaza, del cual aparecía que en virtud de Real Orden expedida por el Ministerio de la Guerra S. M. el Rey y en su nombre la Reina Regente del Reino, sancio-nando aquella soberana disposición parecía haberse hecho cesión del terreno o solar que se solicitaba, de acuerdo con la Comandancia General de Ingenieros, por el que se manifestaba no haber tenido ni tener nada que objetar a tal concesión, ni en nada perjudicaba ni entorpecía la defensa de la plaza, resolvió se notificara al solicitante que si no fuera suficiente título de'propiedad la Real Orden de con-cesión, en virtud de las facultades de que se hallaba revestido, ac-cedía a lo solicitado por el oficial recurrente, quien debería dar la correspondiente carta de pago de los referidos créditos.”

Lo dicho eu cuanto a la admisión del plano en cuestión como uno de los documentos que han sido enumerados y ofre-cidos por el demandante es como sigue:

“Un plano oficial de los terrenos de Puerta de Tierra demostrando los terrenos federales e insulares y de la propiedad particular en los barrios de la Carbonera y Puerta de Tierra, de San Juan, cer-tificado diebo plano por el Comisionado del Interior, Manuel Y. Do-meneeh, cuya prueba fué objetada su admisión por la representa-ción de la parte demandada en razón a no baber sido practicada con intervención del demandado, Pedro. E. Zamorano, que es uno de los propietarios particulares a que la misma prueba se refiere. La corte admitió la prueba y la representación, del demandado tomó excepción.”

El primer testigo del demandante declaró en cuanto a este plano y a otras cuestiones en la forma siguiente:

“Declara el Sr. Enrique González bajo juramento que es inge-niero y desempeña el cargo de Jefe de la División de Terrenos Pú-blicos y Archivos en el Departamento del Interior baee diez años y estaba antes de assistant en la misma oficina bacía varios años, es-tando en el Gobierno desde la invasión americana. Con vista del plano presentado por la parte demandante dice que es el plano de Puerta de Tierra que demuestra los terrenos federales, insulares y de propiedad particular, de fecba noviembre de 1909, cuyo plano es auténtico, que el solar Núm. 12 del referido plano y que se en-cuentra demarcado con líneas amarillas es una parte de. terreno per-teneciente al Pueblo de Puerto Rico, inscrito en el registro de la propiedad; que el lote que aparece dentro de ese solar y que dice: ‘Ocupado por Zamorano’ forma parte de la parcela que se acaba de citar, que estará como a 150. metros más o menos de las antiguas murallas que fueron derribadas; que ese solar no tiene número. Expresa el demandante en este acto que el solar No. 12 de la par-cela de terreno de El Pueblo de Puerto Rico, y el solar que ocupa Zamorano según el plano de 20 por 6 metros y por 3 no tiene nú-mero.
“Continúa el testigo manifestando qué ba tenido bajo su consi-deración las tierras públicas de Puerto Rico; que el solar donde está enclavado el lote de Zamorano antes de la ocupación americana pertenecía al ramo de Guerra y se entregaron a la Hacienda unos solares que aparecen marcados del 1 al 22; que al municipio sólo se dispuso le fueran entregadas las calles y lo demás se conservó para el ramo de Guerra; que cuando en una Real Orden se cita una tierra como zona polémica, quiere decir que es del ramo de Guerra; que el solar que refiere como de El» Pueblo de Puerto Rico es la parcela que está mareada con tinta amarilla que tiene .el número 32; que la parcela que refiere como ocupada actualmente por el Sr. Zamorano es la de 20 metros por el Norte; 20 metros por el Sur; 6 metros por el Este y 8 por el Oeste, bacia el Este de la parcela y como de la propiedad del Ramo de “Guerra; que la dirección de las murallas era de Norte al Sur y distaban de esa parcela como 150 metros más o menos.
“A repreguntas del demandado contesta el testigo que el plano se levantó en noviembre del año 1909, en cuya fecha cree no se había interpuesto la demanda reivindicatoría por El Pueblo de Puerto Rico; que si la demanda tiene fecha 30 de junio, en .noviembre de ese mismo año ya se había interpuesto entonces la demanda; que cuando se practicó la mensura estaba en posesión Zamorano del terreno que se reclama; que la mensura la practicó por orden del Señor Comisio-nado del Interior y no citó al Sr. Zamorano para el levantamiento del plano porque como en el departamento están los documentos de la propiedad insular y federal y la parcela pertenece al Gobierno se hizo el replanteo de acuerdo con esos documentos y no creyó necesa-rio citar al Sr. Zamorano por no creer que fuera una propiedad particular y si del Gobierno. A preguntas del Sr. Juez Contestó: que el motivo de no citar al Sr. Zamorano fué porque aparecía la parcela como propiedad del Gobierno y así aparecía en el departa-mento; que- sabía que el demandado Zamorano estaba en posesión del terreno porque varias veces había hablado con él, y que el te-rreno estaba cercado.
“A repreguntas del demandado contesta el testigo: que además de la cerca existe allí una casita de madera dentro de un solar cercado. ’ ’

Al ser* ofrecido el plano como prueba no se promovió nin-guna cuestión respecto a la debida identificación del mismo, no hay ninguna cuestión envuelta en cuanto a las colindan-cias y en tanto aparece de los autos el iónico objeto de la presentación del plano como prueba o para lo que podía ser-vir era para explicar la declaración del testigo últimamente citado como ayuda en la identificación y localización de la parcela en cuestión sobre el terreno. No hay nada que in-dique que se confió en el documento como prueba de título en el demandante .y no podemos ver por qué la mera omisión en recurrir al procedimiento descrito en el artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Civil en la fecha en que sé volvió a hacer la mensura ha de convertir el plano en inadmisible, ni tampoco el alegato del apelante proporciona gran luz so-bre los méritos de la cuestión de tal modo promovida.

Verdaderamente que los antos en conjunto demuestran de modo concluyente que el demandado creyó desde el prin-cipio que la propiedad que se trataba de reivindicar era la descrita en la demanda original; y en el párrafo quinto de la demanda enmendada como comprendida en la parcela de mayor cabida cuya descripción se trató de hacer en el se-gundo párrafo de la alegación referida en último término.

Los artículos 136, 137 y 142 del Código de Enjuiciamiento Civil prescriben lo siguiente:

“Art. 136. — Ninguna incongruencia entre las alegaciones y las pruebas en un juicio se tendrá por esencial, a menos que por su índole y efectos dé lugar a que la otra parte incurra en su perjui-cio, en falsas apreciaciones al mantener su demanda o su contesta-ción. Siempre que una de las partes resultare así equivocada, la corte podrá disponer que se enmiende la alegación en los términos que estimare justos.
“Art. 137. — Cuando la incongruencia no fuere esencial, según lo previsto en el precedente artículo, la corte podrá resolver que el hecho se admita de acuerdo con la prueba, o disponer una enmienda inmediata sin costas.”
“Art. 142. — En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error _ o de-fecto.
“Cuando una enmienda es de tal naturaleza que debió haber sido permitida por la corte inferior en bien de la justicia substan-cial, o al ser solicitada, la sentencia apelada no será revocadá por razón de defectos u omisiones en la demanda que estén subsanados por las alegaciones, o la prueba de la parte contraria, -o por existir incongruencia inmaterial entre las alegaciones y la prueba, a falta de la oportuna impugnación a la suficiencia de tal demanda, o si la prueba en cuestión fué presentada sin objeción, o resultare ple-namente que el demandado no ha sido perjudicado en ningún de-recho substancial debido a tal defecto u omisión.” Nota al caso Ellinhouse v. Ajax Live Stock Co., L. R. A. 1916, D., p. 843.

Una excepción previa a la demanda enmendada alegaba-falta de beclios suficientes para constituir una cansa de acción y la indebida acumulación de dos cansas de acción distintas.

La omisión en hacer partes demandadas a Patricio Za-morano y Guillermo García Mayo se alega en el alegato como la supuesta falta de hechos. El demandado no hizo gestión alguna para que estas partes fuesen incluidas. No hay nada que -demuestre que ellos son partes necesarias o siquiera par-, tes adecuadas. El demandado como vendedor aparente de uno y comprador de otro completó la cadena de traspasos y si él los hubiera citado de evicción, ellos, en cambio, podrían haberle citado en el'mismo carácter. Cualquier interés que-hubieran podido tener ya en el título de dominio, en las ins-cripciones en el registro o en la propiedad misma, quedó extinguido por el traspaso al demandado y la inscripción a su nombre. No es necesario que consideremos la clara dis-tinción que existe entre un defecto de partes y una falta de-hechos suficientes para constituir una causa de acción como-fundamento de excepción previa.

En apoyo de la alegada indebida acumulación de acciones, se sostiene por el apelante que puesto que los títulos tanto del demandante como del demandado se derivan del mismo origen y el derecho a reivindicar surge de la “nulidad” del título del demandado, la acción reivindicatoría debe ser anterior a la “acción de nulidad.” Esta cuestión no es cosa nueva (res nova) en esta corte. Oliver v. Oliver, 23 D. P. R. 181; Fulladosa v. Castro, 27 D. P. R. 702. Véanse también los casos de Ortiz v. Texidor, 27 D. P. R. 134; Amy v. Amy, 15 D. P. R. 415; Pomeroy Code Remedies, Edición 4a., págs. 55-64. Pueblo ex rel Love, Attorney General v. Center, 66 Cal. 551; Angus v. Craven, (1901) 132 Cal. 691, 64 Pac. 1091, citado en Pomeroy Code Remedies; Cobe v. Crane, (1916) 173 Cal. 116; Holland v. Hotchkiss, (1912) 162 Cal. 366; Davis v. Cramp, (1912) 162 Cal. 503; Wolf v. Gall, (1916) 174 Cal. 140; Hyatt v. Colins, (1917) 174 Cal. 580.

" 'En este caso El Pueblo de Puerto Rico derivaba el título-de España por conducto de los Estados Unidos y tal título no depende para su validez de la nulidad de un título en el demandado más o menos defectuoso. El pretendido traspaso original, del dominio al demandado era absolutamente nulo y cualquier valor que los sucesivos eslabones en esta cadena pueda tener como evidencia de título si en ella se fundara cualquier tercero de buena fé en manos del demandado no prueba nada. Siendo absoluta la nulidad del título de 'do-minio, un pronunciamiento en este sentido y la cancelación de las inscripciones defectuosas son meros resultados inci-dentales de los hechos alegados y establecidos en la acción reivindicatoría. El G-obernador General no tenía más po-der para traspasar el título a la parcela en cuestión que el que tenía, o el que tiene hoy el actual gobernador, o el coro-nel del regimiento para enajenar el castillo de £‘San Geró-nimo” o el “Morro.”

El demandado, Teniente de Voluntarios en la feolia de lá primitiva adquisición hecha por él debió haber sabido esto y lo .que hemos dicho sobre este punto resuelve también la cuestión de prescripción adquisitiva, pues sin justo título no habría términos hábiles para la prescripción ordinaria.

Se queja también el apelante de la negativa para que se hiciera parte el Gobierno Español en el litigio pero no cita ninguna autoridad para demostrar la facultad de la corte en este particular:

“El principio que ha de deducirse de los casos en que la cues-tión de jurisdicción que las cortes de un país tienen de una acción contra otro país o el soberano de otro país es que como consecuencia de la absoluta independencia de toda autoridad soberana, y de las cortesías internacionales que induce a cada Estado soberano a res-petar la independencia y dignidad de cualquier otro Estado sobe-rano, cada Estado declina el ejercicio por medio de sus cortes de la jurisdicción de la acción contra cualquier otro Estado, o sobre la persona de cualquier soberano de otro Estado o sobre la propiedad de cualquier otro Estado .aunque tal soberano o propiedad esté dentro de su territorio, y por tanto, a no ser por el convenio común, su-jeto a su jurisdicción.” 7 R. G. L. 1037, 68.

Las otras cuestiones discutidas en el alegato no requie-ren seria consideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia ajelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldbey,

text:
    Laborde, Demandante y Apelado, v. Lorenzo, Demandado y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Huinacao en pleito sobre'indemnización.
    No. 2229.
    Resuelto en julio 12, 1920.
    Obligaciones Contraídas por Apoderado — Alegación Necesaria — Demanda In-suficiente. — Cuando se demanda de una persona el cumplimiento de una obli-gación contraída por medio de apoderado, es necesario alegar y probar que éste estaba facultado por su mandante para contraer la obligación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. B. TLwyke y F. González.

    Abogado del apelado: Sr. M. Tows Soto.

   El Juez Asociado Sr. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Celso Lorenzo suscribió un documento como apoderado de Emilio Faura en el cual autorizó a Alejandro Laborde para que gestionase el cobro de $1,600 debidos a Faura por la corporación “Borinquen Sugar Company” por arrendamien-tos de tierras y se comprometió a aceptar en pago de dicho crédito el cincuenta por ciento, quedando lo demás que se cóbrase a beneficio de Laborde por las gestiones que tenía que hacer para el cobro.

Demandó Laborde a Celso Lorenzo como apoderado de Emilio Fanra para que le pagase $800 como indemnización de los peí-juicios que alega haber sufrido por incumplimiento de la obligación a que nos hemos referido y la corte inferior condenó al demandado a que, como apoderado de Faura, pa-gase la cantidad reclamada, de cuya sentencia apeló el de-mandado para ante nosotros.

Sostiene el apelante en su alegato escrito que la demanda no aduce hechos' suficientes para determinar una causa de acción-y su condena porque no expone que el apoderado tenía facultades para celebrar el contrato por cuyo incumplimiento-ha sido condenado.

Este pleito estuvo en esta corte en grado de apelación con otros más del mismo apelado (23 D. P. R. 99) y fue resuelto dé acuerdo con la opinión' escrita en el caso de Laborde v. Toro Ríos, 23 D. P. R. 92. En este caso la acción estaba dirigida contra Toro Ríos obligado en su persona propia y no se consideró la cuestión que ahora propone el apelante. Tampoco fue suscitada ni considerada en otra apelación in-terpuesta contra la sentencia que dejó de considerar cierta prueba. Laborde v. López, 26 D. P. R. 534.

•La demanda no tiene alegación alguna, ni en el juicio se presentó prueba, de que Emilio Faura hubiera concedido facultades a Celso Lorenzo para celebrar el contrato por cuyo incumplimiento reclama indemnización de perjuicios el de-mandante. No basta alegar en una demanda que una persona se obligó por medio de otra, que actuaba como apode-rado, a dar o a hacer determinada cosa sino que es necesario alegar, y en su caso probar, que el apoderado estaba facul-tado por su mandante para contraer la obligación, porque ninguno puede contratar a nombre de otro ni obligarlo sin estar por éste autorizado, siendo nulo el contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o repre-sentación legal a no ser que sea ratificado por la persona a cuyo favor se otorgue, antes de ser revocada por la otra parte contratante. Artículo 1226 del Código Civil. Colón v. Schluter & Co., S. en C., 27 D. P. R. 848. Por falta de esa alegación y prueba la corte inferior cometió error al condenar a Celso Lorenzo como apoderado de Emilio Faura.

En vista de la conclusión a que hemos llegado, no teñe-nios necesidad de considerar el otro motivo del recurso ba-sado en la insuficiencia de la prueba ni la cuestión que oral-mente suscitó el apelante en la vista de la apelación sobré si la presente acción tiene que dirigirse contra Faura y no contra su apoderado Lorenzo.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda sin especial condena de costas.

Revocada la sentencia apelada y declarada sin lugar la demanda sin especial condena de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutebison.


text:
    Martí, Demandante y Apelado, v. The American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización. Moción de nuevo juicio.
    No. 2153.
    Resuelto en julio 15, 1920.
    Nuevo Juioio — Criterio Erróneo de la Lev. — Cuando es evidente que el juicio ha sido llevado a cabo bajo un criterio erróneo de la ley, es correcto el con-ceder un nuevo juieio.
    Id. — Demanda Enmendada — Enmiendas Permisibles. — Una enmienda a la de-manda es permisible cuando no introduce una nueva, separada y distinta causa de acción. Una pauta para determinar si es permisible una enmienda, consiste en inquirir si constituye una nueva causa de controversia, o si se funda en el mismo contrato o daño. Y otras reglas son las de preguntar si el obtener sentencia bajo la demanda original impediría el obtenerla bajo la demanda enmendada; si la misma prueba serviría para fundamentar ambas demandas, y si la misma medida de daños es aplicable. Si esas preguntas pueden contestarse en la afirmativa, es permisible la enmienda.
    Id. — Id.—Da®os v Perjuicios — Incendio de Canas — Ferrocarriles.—La de-manda original en éste pleito alegaba que el incendio de las cañas de la de-mandante fné producido por chispas o partículas de carbón encendido lanza-das por una máquina del ferrocarril de la demandada. Se introdujo prueba en el juieio y se admitió, con la protesta de la demandada, tendente a demos-trar que las chispas cayeron en unas yerbas secas que existían en la vía de la demandada, que incendiadas las yerbas se trasmitió el fuego a unas ca-ñas y de esas cañas a las del demandante. La Corte de Distrito desestimó la demanda por existir una incongruencia fatal, a su juicio, entre lo alegado y probado. ■ La demandante solicitó un nuevo juicio y presentó una demanda enmendada narrando los hechos tales como resultaron de las pruebas. Se resolvió: Que la corte no erró al conceder el nuevo juicio y al permitir la enmienda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: Sres. F. G. P. Almiroty y G. H. Moscoso.

    Abogados del apelado: Sres. J. Sabater y F. Otero.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

José Martí demandó a “The American Railroad Company, of Porto Rico” en reclamación de $613, suma a que ascendían los daños y perjuicios que había sufrido a conse-cuencia de la destrucción de ciertas cañas de azúcar de su propiedad por un incendio producido por chispas o partícu-las de carbón encendidas que salieron de una de las locomo-toras de la demandada.

La corte de distrito desestimó finalmente la demanda por el fundamento que sigue:

“La corte considera probado que las cañas del demandante fue-rbn quemadas; que sufrió los perjuicios que alega en la demanda y que el incendio ocurrió como consecuencia de chispas 'que caye-ron de la caja de fuego de la máquina de la demandada en la vía, encendiendo yerbas secas en dicha vía y comunicándose por medio de éstas a un cañaveral contiguo al del demandante al que se comu-nicó dicho fuego quemándose las cañas del mismo. * '* “*
“El demandante alega en el hecho tercero de su demanda, como causa original del incendio que “la máquina 83 de la demandada que estaba tripulada y guiada por empleados de la demandada, des-cuidada y negligentemente lanzó ciertas chispas o partículas de car-bón encendido que incendiaron unas cañas contiguas a las del de-mandante, comunicándose inmediatamente el incendio a éstas, las que fueron devoradas por las llamas. '* * *
“Resulta pues una variante fatal entre las alegaciones y la prueba y por tanto es preciso declarar sin lugar la demanda.
33 Oye. 1352, nota 96; 1356, párrafo C. y nota 23 de la página 1357. * *

El demandante entonces solicitó nn nuevo juicio alegando para ello los siguientes fundamentos:

“(1) Error de derecho cometido por eéta corte en el juicio de este caso, consistente en baber desestimado la objeción del abogado de la demandada a la declaración de los testigos del demandante con respecto al punto esencial de que dichos testigos declararon que el incendio empezó por unas yerbas secas que se encontraban negligen-temente cerca de la vía de la compañía demandada, y cuyo hecho no había sido alegado en la demanda, produciendo como resultado que el demandante prosiguiera el juicio de este caso creyendo que las alegaciones de su demanda eran suficientes.
"(2) Accidente o sorpresa que la ordinaria prudencia no hu-biere podido prevenir consistente en que el abogado de la demandada interpuso la excepción previa general de falta de causa de acción contra la demanda en este caso, pero desistió de la misma y no la discutió, no conociendo el demandante su fundamento, hasta el mo-mento de celebrarse el juicio, en que alegó que las alegaciones de la demanda eran insuficientes para permitir que se practicara la prueba que había de tener el efecto de demostrar la negligencia de la demandada y que como consecuencia de tal negligencia ocurrió el incendio que causó el perjuicio que alega el demandante en su demanda, mientras que de acuerdo con la demanda, la negligencia se imputa a los empleados de la compañía demandada y habiendo la corte desestimado la objeción y oposición del abogado de la de-mandada, el demandante continuó el juicio del caso creyendo que las alegaciones de esa demanda eran suficientes para admitir la prueba que se practicó, cuando en realidad esta corte ha desestimado la demanda por insuficiencia de las alegaciones de la demanda, y no estar de acuerdo ésta con la prueba practicada para, demostrar negligencia de la compañía demandada.
“La moción se apoyará en la declaración escrita y jurada del abogado del demandante, en los autos y legajos del pleito y en las minutas de la corte.”

La parte demandada se opuso y discutida ampliamente la moción, la corte concedió la celebración del nuevo juicio y permitió que la demanda enmendada presentada quedara radicada en los autos “por el fundamento de que al desesti-marse la moción de non suit hecha al terminarse el juicio por el abogado de la demandada, el abogado del demandante creyó que las alegaciones de su demanda eran suficientes para admitir la prueba que practicó y por ello no. solicitó conformar las alegaciones con la prueba practicada.”

No conforme la corporación demandada, interpuso el pre-sente recurso de apelación alegando que la corte de distrito erró: - Primero, al declarar con lugar la moción de nuevo juicio; y segundo, al admitir la demanda enmendada.”

1. Estudiando la jurisprudencia sobre la materia, liemos encontrado en 20 E. C. L. 227 el siguiente principio:

“Cuando es evidente que el juicio ba sido llevado a cabo bajo un criterio erróneo de la ley, es correcto el conceder un nuevo juicio.

Para apoyar el principio se cita el caso de Adams v. Clark, 9 Cush. (Mass.) 215, 57, Am. Dec. 41. La opinión de la Corte Suprema de Massachussets emitida en dicho-caso, comienza así:

“Como las excepciones expresan que el demandante, en el juicio, admitió (lo que no es' la ley) que a menos que hubiera hecho una oferta de pago no podía entablar esta acción, parece haber perdido su caso debido principalmente a su propia falta o error; y hemos tenido algunas dudas sobre si tiene derecho a una reparación. Pero como las excepciones, aunque presentadas defectuosamente, muestran que- el juicio se llevó a cabo bajo un criterio erróneo sobre la ley, hemos considerado qué es nuestro deber anular el veredicto.”

Y esta misma Corte Suprema de Puerto Rico, en el caso de Pedrogo et al. v. Sucesión Puertas, 25 D. P. R. 143, dijo:

“Establecida una acción de filiación contra varias personas como componentes de una sucesión, según el título de la demanda, sin hacerse alegación alguna de por qué esas personas son los compo-nentes de la sucesión; y excepcionada la demanda por no aducir hechos determinantes de una causa de acción, la cort.e que desestima esta alegación, claramente incurre en error que produce como resul-tado que el demandante vaya a juicio creyendo que las alegaciones de su demanda son suficientes y por tanto no es abuso de discreción el concederle un nuevo juicio.”

Aplicando la regla expuesta en los casos citados, debemos concluir que la Corte de Distrito de Mayagüez no erró al conceder el nuevo juicio solicitado por' el demandante.

2. Sostiene la parte apelante que la corte de distrito erró al admitir la enmienda porque ésta tendía a introducir una nueva, distinta 3^ separada causa de acción y no era, por tanto, admisible.

La cuestión suscitada ha sido objeto de amplio estudio por parte de los tribunales. Recomendamos la lectura de la nota al caso de Flanders v. Cobb, reportado en el tomo 51 de los American States Reports, páginas 410 a 435. La regla general se expone así:

“En casi todos los Estados la regla general es que no puede per-mitirse enmienda alguna, ni ■ durante el juicio ni antes de él, ^ que introduzca en el caso una nueva causa de acción substantiva, dis-tinta de aquella sobre que se demanda, y distinta de aquella sobre que la parte se propuso demandar al entablar su acción. Si esto fuera permitido, alguien lia dicho, un solo pleito podría convertirse en una ‘ocupación vitalicia.’ La expresión, por vía de enmienda, de una causa de acción enteramente nueva, no es permisible, ni en derecho común, ni en equidad, ni bajo los códigos.” 51 Am. St. Rep. 414.

Con respecto a cuál debe ser la actitud de una corte de apelación, se dice en la nota lo que sigue:

“Se ha dicho a menudo que el permitir o denegar una enmienda que cambia la causa de acción, descansa en la discreción de la corte inferior, y que su decisión no puede ser revisada en apelación: Taylor v. Keler, 51 Conn. 397; Church v. Philips, 157 Mass. 566; Newall v. Nussey, 18 Me. 249; 36 Am. Dec. 717; Watts v. Weston, 62 Fed. Rep. 136; Davis v. New York, etc., R. R. Co., 110 N. Y. 646; Henry v. Cannon, 86 N. C. 24; Trumbo v. Finley, 18 S. C. 305. Esta es indudablemente una buena práctica cuando la orden es de-negatoria, o cuando es aparente que la enmienda no establece una buena causa de acción; pero cuando la enmienda realmente esta-blece una nueva causa de acción, y de ello es de lo que' se queja el demandado, éste tiene un derecho indiscutible a excepeionarla por haber sido permitida indebidamente y a que su excepción sea consi-derada en apelación; Newall v. Hussey, 18 Me. 249; 34 Am. Dec. 717; Annis v. Gilmore, 47 Me. 152, 51 Am. St. Rep. 434.

Si se trata ele una nueva, separada y distinta acción, como sostiene la apelante, claro es que de acuerdo con la anterior jurisprudencia deberemos revocar la resolución apelada. En la misma nota encontramos la norma a seguir para investi-gar y resolver si la enmienda en este caso tiene o no el al-cance que le atribuye la apelante. Dice la nota:

“La verdadera pauta para determinar si es permisible una en-mienda a una demanda consiste en inquirir si*la enmienda propuesta es una nueva causa de controversia, o si se funda en el mismo con-, trato o daño; Maxwell v. Harrison, 8 Ga. 61; 52 Am. Dec. 385. Una buena prueba para determinar si una enmienda propuesta a una demanda establece una nueva causa de acción, consiste en pre-guntar si el obtener sentencia bajo la demanda original impediría el obtenerla bajo la demanda enmendada: Davis v. New York, etc., R. R. Co., 110 N. Y. 646. También se ba resuelto que dos de las pruebas para determinar si una segunda demanda constituye una enmienda o si constituye la sustitución de una nueva causa de ac-ción son las siguientes: 1. Que la misma prueba servirá para funda-mentar ambas demandas; 2. Que la misma medida de daños será aplicable a ambas. Si estas dos pruebas fallan, la nueva alegación no es una enmienda.” 51 Am. St. Rep. 416.

Conocemos ya el hedió tercero de la demanda tal como se consignó originalmente. Ese hecho se consigna en la de-manda enmendada así:

“Que el día 23 de enero de 1918 como de doce a una del día, la máquina 83 de la demandada, que estaba tripulada y guiada por empleados de la demandada y que arrastraba un tren de carga, des-cuidada y negligentemente lanzó ciertas obispas de fuego y carbones encendidos que quemaron unas yerbas secas abandonadas negligen-temente por la demandada, al lado de la vía del ferrocarril de la demandada, comunicándose inmediatamente el fuego de dichas yer-bas a la plantación de cañas de Gustavo Ortiz y sin que fuera posible evitarlo prosiguió el fuego por las plantaciones contiguas a la del demandante hasta que se comunicó a ésta destruyéndola totalmente. ^ >>

Quiere decir que la variación que se introdujo a virtud de la enmienda consistió en alegar que el fuego antes de llegar a la plantación de cañas contigua a la del demandante y pasar a ésta, quemó unas yerbas secas abandonadas al lado de la vía del ferrocarril de la demandada.

' Con esa variación la reclamación subsiste por el mismo daño o sea por la pérdida sufrida por el demandante a con-secuencia del incendio; obtenida una sentencia en favor del demandante de acuerdo con la demanda primitiva, es claro que no hubiera podido establecerse otra reclamación distinta alegando separadamente los hechos constitutivos de la en-mienda; la misma prueba en verdad, y prácticamente así se demostró, servía para fundamentar ambas demandas, y la misma medida de daños era aplicable, bien si el fuego se trasmitió en la forma expresada en la demanda primitiva, ya si se propagó en la manera indicada en la enmienda. El único extremo que podría ofrecer alguna duda, es el de si declarada sin lugar la demanda tal como fné originalmente presentada y terminado definitivamente el pleito, podría la parte demandante iniciar un pleito nuevo alegando los mis-mos hechos adicionados con los establecidos en la enmienda, sin que la parte demandada pudiera alegar en su favor la excepción de cosa juzgada. Pero si examinamos nuestra ju-risprudencia, especialmente la establecida en el caso de González v. Méndez et al., 15 D. P. R. 701, nos inclinamos a creer que cabría ,1a excepción de cosa juzgada. “Cuando en una acción se pide,” dijo esta corte en tal caso, “la nulidad de una enajenación hecha por la madre, de los bienes de su hija menor por carecer de autorización judicial para ello y en otra acción se pide la misma nulidad por el fundamento distinto de que la madre carecía de la patria potestad sobre su hija, siendo el objeto de ambos pleitos el reclamar una herencia y anular la escritura de enajenación, existe la identidad de acción que clá vida a la excepción de cosa juzgada.” Y elijo además: ‘ Existe la identidad de acciones exigida para la existencia de la excepción de cosa juzgada, aunque las razones o causas de nulidad de una enajenación alegadas en ambas ac-ciones sean distintas cuando el objetivo de ambos pleitos es el mismo: Sentencia del Tribunal Supremo de España de 14 de marzo de 1898.”

Siendo ello así, aunque la enmienda en verdad contenga como contiene una circunstancia más que enlazada con las otras expuestas en la alegación tal vez constituya la verde-dera negligencia imputable a la demandada, no cabe concluir que exprese una nueva, distinta y separada causa de acción imposible de alegar y probar dentro del mismo pleito.

Estudiando en Oye. la materia especial de ferrocarriles que ocupa más de mil páginas del tomo 33, en las notas rela-tivas a la variación entre lo alegado y lo probado, encon-tramos algunas decisiones que creerpos conveniente citar, a saber:.

En la del caso de Florida East Coast R. Co. v. Welch, 53 Fla. 145; 44 So. 250, se resolvió que no existe incongruen-cia fatal entre una alegación de que el demandado propagó el fuego a la finca del demandante de una locomotora, fuego que se extendió por la finca del demandante dañando los ár-boles que allí había, y la prueba de que el fuego no fue oca-sionado directamente por una locomotora en los terrenos del demandante sino que se originó negligentemente en una finca colindante y se extendió naturalmente a los terrenos del de-mandante.

En la del caso de Brush v. Long Island R. Co., 10 N. Y. App. Div. 535, 42 N. Y. Suppl. 103 (confirmado en 158 N. Y. 742, 53 N. E. 1123), se decidió que aunque en una demanda en que se alega que el demandado atendió de modo tan negligente y descuidado al fuego de la caldera de una locomotora que dicho fuego se propagó a los terrenos del demandante no se hace referencia a la yerba cortada y hojas que se encontraban en la vía (right of %oay) como elemento de propagación del fuego, puede obtenerse indemnización por un fuego que pasó de la locomotora a dicha yerba y hojas y de éstas a los terrenos del demandante.

La prueba de que la propiedad del demandante fué des-truida por un fuego que se originó en una finca colindante, de las chispas que salían de la locomotora del demandado, cuyo fuego se propagó a la finca del demandante, no es una incongruencia esencial siendo la alegación que la destrucción de la, propiedad del demandante se debió al fuego que cogió su finca por las chispas de la locomotora ele la demandada. Butcher v. Baker, Valley, etc., R. Co., (Cal. 1885); 5 Pac. 359; 67 Cal. 518, 8 Pac. 174. Pero véase el caso de Toledo, etc., R. Co. v. Morgan, 72 Hill. 155.

Por virtud de todo lo expuesto y en atención, además, a las circunstancias peculiares de este caso que muestran que el demandante desde el primer momento presentó evidencia tendente a probar que el incendio se propagó en la forma expresada en la enmienda y que 'dicho demandante creyó que la alegación general hecha en su demanda primitiva le permitía proceder de tal modo, criterio que sustentó también la corte de distrito, tramitándose el juicio bajo esa teoría y atendido, por último, el espíritu liberal que informa nues-tro Código de Enjuiciamiento Civil en materia de' enmiendas, creemos que no debe revocarse la acción tomada, claramente «n bien de la justicia, por la corte de distrito.

Por último deseamos consignar que las conclusiones a que hemos llegado encuentran apoyo en nuestra propia ju-risprudencia. Una cuestión parecida á la envuelta en éste caso fué resuelta en el de Mongil v. Castro, Juez de Distrito, 19 D. P. R. 682. Allí esta corte, por medio de su Juez Aso-ciado Sr. Wolf, después de estudiar los hechos y analizar y aplicar la jurisprudencia, dijo:

“No vemos que en manera alguna resultara perjudicada en rea-lidad la demandada por la resolución de la corte. La demandada formuló una excepción previa y la corte primeramente la desestimó, induciendo así a la demandante a creer que tenía una buena causa de acción. Por tanto, cuando la corte se convenció de que una buena causa de acción no había sido alegada, hubiera sido injusto que no se permitiera a la demandante enmendar su demanda, especialmente si la corte creyó que existía prueba tendente a suplir el elemento que faltaba.”

Debe confirmarse la resolución recurrida.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.


text:
    Ortíz, Demandante y Apelado, v. The American Railroad Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización; moción de nuevo juicio.
    No. 2105.
    Resuelto en julio 15, 1920,
    por los fundamentos del caso No. 2153, Martí v. American Railroad Company, de julio 15, 1920, (pág. 737).
    Abogados del apelante: Sres. F. G. Pérez Almiroty y G. H. Hoscoso.

    Abogados del apelado: Sres. J. Sahater y F. Otero.

   Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.