author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Cintrón, Peticionario, v. Berríos, Alcalde de Yabucoa, Demandado.
    Solicitud para que se espida un auto de mandamus al Al-calde Municipal de Yabucoa, para la reposición del peti-cionario en su cargo de Inspector de Beneficencia. ‘
    No. 156.
    Resuelto en enero 29, 1917.
    Mandamus — Empleados Municipales — Destitución de Empleados — Notifica-ción y Audiencia — Justa Causa. — Un inspector de beneficencia municipal tiene derecho tanto a una notificación como a una audiencia antes de que pueda ser separado de su cargo por el alcalde por pista oama, si bien no es necesario que los cargos sean formulados con aquella habilidad técnica que ordinariamente desplega un fiscal al redactar una acusación ni tampoco-que sean observadas todas las formalidades de un juicio.
    Id.- — Audiencia—Defensa—Renuncia o Abandono. — Una audiencia significa y lo exigen los dictados de la justicia común, que al funcionario a quien se trata de separar de su cargo, habrá de hacérsele una notificación razonable de los actos específicos u omisiones de que se le acusa, dándole una oportu-nidad razonable para defenderse, esto es, para contestar los cargos y pre-sentar sus pruebas, y si lo deseare, permitirle confrontarse y repreguntar a los testigos en su contra, aunque él puede, si quiere, renunciar o abandonar cualquiera de estos privilegios.
    Id. — Derecho a ser Oído. — Cuando el funcionario con derecho a ser oído al formulársele cargos os, sin razón alguna que lo justifique, privado de aquel derecho, debe concedérselo como en este caso, el remedio de mandamus piara su reposición.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: tires. Carlos Travecier y Víctor Burset.

    Abogados del demandado: tires. Francisco González y Juan B. Uuyke.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El día 4 de agosto de 1916, el peticionario Dr. Julio Cin-tron, Inspector de Beneficencia del Municipio de Yabucoa, dirigió al concejo municipal una comunicación en la que pro-testaba de un cargo que se dijo había sido formulado por escrito ante ese cuerpo por el alcalde, y solicitó el peticio-nario en dicha comunicación que se hiciera una completa investigación del asunto.

En el mismo día requirió el alcalde al Dr. Cintrón para que presentara su contestación a los doce cargos más o menos específicos dentro del término de cinco días, le notificó de su suspensión de empleo por supuesta hostilidad a la ad-ministración ínterin se depuraban determinados cargos y ordenó que inmediatamente hiciera entrega de su dependencia al sub-inspector.

En 7 de agosto presentó el Dr. Cintrón su contestación,, qíie es algo extensa.

Consta de las minutas de los procedimientos que tuvieron lugar en el concejo municipal en la reunión celebrada el día 15 de agosto, que

“Se dió cuenta con una petición del inspector de beneficencia Dr. Julio Cintrón solicitando se baga una investigación, todo lo más mi-nuciosa posible con respecto a su proceder y a su gestión como director del hospital y como inspector de beneficencia, durante todo el tiempo que lo viene desempeñando, es decir, desde el trece de septiembre úl-timo, basta Io. de agosto en que lo fué por delegación del Dr. J. B. Berríos, y desde esa fecha hasta el presente que lo ha sido por su pro-pia representación, toda vez que el haberle quitado la dirección del hospital poniéndose como motivo ‘por convenir al mejor servicio pú-blico 5 pudiera interpretarse como confirmación de la acusación lanzada con ‘un se dice’ por el honorable alcalde en contra de su honradez intachable. El concejo, por parecer unánime de concurrentes, acuerda, dejar este particular para considerarlo juntamente con un mensaje del alcalde referente al funcionario recurrente, que ha de tratarse en esta misma sesión.
“Se dió cuenta con un mensaje del alcalde fechado el 10 de agosto de 1916, que dice así: ‘Al Concejo Municipal. Señores: En vista de las dificultades surgidas entre el Dr. Cintrón, inspector de benefi-cencia y el que suscribe, en sus relaciones oficiales, me vi en la dura necesidad de suspenderlo en el empleo y formularle cargos, dándole un plazo de cinco días para que los contestase, y con ellos, la contes-tación y las pruebas en que se fundaran, dar cuenta a YY. para resolver después lo procedente en bien del servicio público que considero lesionado. Los documentos que acompañan a esta carta son los refe-ridos en el párrafo anterior y que yo ruego examinéis cuidadosamente para que quedéis bien impuestos de sus particulares y me deis vuestro parecer acerca de si debe continuar o no, dicho señor, en el ejercicio de sus funeion'es, como inspector de beneficencia de este municipio. Sí los cargos formulados y que lie sometido a vuestra consideración no son a vuestro juicio suficientes para que quede justificada mi actitud con el empleado de referencia, os ruego que me lo informéis, que tengo otras pruebas y otras acusaciones que entrañan mayor gravedad y que no lie querido usar por razones que quisiera guardar prudente-mente. Es mi creencia la de que el señor inspector de beneficencia lia. sido hostil a la administración no sólo por sus faltas de considera-ción y respeto hacia mí, sino porque ha faltado a las leyes hechas por vosotros y que debo hacer cumplir para bien del vecindario, y porque ha faltado a otras leyes de carácter más severo, dando así lugar a que las clases pobres hayan sufrido molestias que han podido evitarse. Por norma he tenido que proceder con la mayor armonía actuando en todo lo posible de conformidad con vuestro criterio, y en esta ocasión, aunque tengo facultades para proceder libremente, y resolver lo que fuere del caso, por tratarse de un asunto muy comentado, quiero, más que nunca, óiros antes de tomar resolución. Os ruego que con la mayor prontitud me complazcáis para ocasionar el menor perjuicio po-sible a los intereses públicos y molestar en poco al Dr. Berrios, quien, sin retribución alguna está atendiendo al trabajo del Sr. Cintrón. Atentamente. José L. Berrios. Alcalde.’ Leídos los cargos for-mulados por el alcalde al inspector de beneficencia, y estándose en 1a. lectura de la contestación dada a tales cargos por dicho inspector de beneficencia, comparece el miembro de la corporación Don Domingo Quintana, y enterado del asunto que se trata, toma participación en el debate, pidiendo se lean las pruebas aportadas, lo que es aplazado para su oportunidad. Entonces, luego de terminada la lectura de la respuesta del inspector de beneficencia, se trae a la vista la solicitud de este funcionario que se dejó para resolver juntamente con el particular que se debate, después de discutirlos suficientemente, se acuerda por mayoría de los votos de la presidencia, Berrios y Rodríguez en contra de los de Quintana y Cintrón que opinaron que la resolución del asunto debía dejarse a discreción del alcalde, que por los miembros presentes del concejo, en armonía con la sección 20 de la Ley Municipal, se practique una investigación sobre los extremos a que se refieren los documentos leídos. El concejal Sr. Berrios, que se excusó de tomar .parte en la investigación acordada por creer que se trata única-mente de un exceso de celo en bien de la administración de nuestro muy digno alcalde Don José L. Berrios, y de un exceso de celo también del Dr. Cintrón como inspector de beneficencia puesto que ambos fun-cionarios a su entender, cumplen muy a beneplácito del pueblo de Yabueoa, hace constar que acepta por complacer a sus compañeros.”

Al siguiente día se dirigió nuevamente por escrito el al-calde al concejo municipal en los siguientes términos:

“Conozco vuestro acuerdo referente a la carta que os dirigí sobre cargos que he hecho al inspector de beneficencia, Sr. Cintrón, y pude observar y oir lo que se hizo y dijo al tratar el asunto, y, debo deciros que, aun cuando en particular acepto sin vacilación lo acordado hasta el extremo de ofreceros el pago por mi cuenta de un taquígrafo para que el acto de la investigación sea lo más severo posible y de él se con-signe cuanto se diga, como alcalde, jefe ejecutivo del gobierno municipal, lo siento, porque fué mi' objeto, al dirigirme a vosotros, realizar discretamente un acto de cortesía que os ofreciera buena ocasión de poder apreciar las razones que tuve para suspender al Sr. Cintrón en el ejercicio de su cargo y las que intento utilizar para el caso de dejarlo cesante en uso de las facultades que me concede la ley y en bien del servicio público. Como yo no puedo retroceder en el camino empren-dido sin dejar en él girones de mi reputación, y soy de los que cuando adoptan un procedimiento de trascendencia es porque ya lo han estu-diado debidamente y no temen a las consecuencias, sino que están serenos y firmes esperando el fallo de la opinión pública, me permito rogaros: Que acepte el Sr. Berríos mis gracias si bondadosamente calificó mi proceder como producto de exceso de celo, pero que crea que de la defensa calurosa que hizo del Sr. Cintrón se deriva que soy injusto y no puedo aceptar sin protesta ese calificativo, y afirmo, de una manera rotunda que dicho señor si es un buen médico o una eminencia profesional, y sostuvo el hospital en buenas condiciones que fueron mejoradas notablemente por su celo, con vuestro concurso y el de otros que no cito, es un intelectual que, por serlo, cree que los que no tienen títulos están por debajo de él aunque sea en el campo administrativo del Gobierno, y quizás por esta causa, ha sido un mal empleado y como tal olvidó muchas cosas que es de sentirse hayan sido olvidadas por él. Que aceptéis que es indispensable para que exista una buena administración que haya la mayor solidaridad entre el jefe y los empleados; que la armonía entre todos los que trabajan para un mismo fin sea excelsa. Que estiméis como justo que no es posible que un alcalde pundonoroso sin desprestigio para su auto-ridad, acepte la negativa de un médico de beneficencia, subordinado suyo, a curar enfermos pobres que tienen la desgracia de solicitar en forma legal sus servicios. Que apreciéis como impertinencia inso-portable para quien estima merecer respecto y consideración y para quien, por el cargo que ocupa, está. revestido de autoridad, la forma dura y poco correcta empleada por el Dr. Cintrón en su corresponden-cia oficial con el alcalde. Que os fijéis en. que los empleados públicos son servidores del pueblo y en sus relaciones con éste no sólo deben proceder bien, sino que ni por apariencias debe darse lugar a la mur-muración, porque por ésta se menoscaba el buen concepto que debe merecer todo Gobierno, y que, aunque de las pruebas que os presenté para justificar los cargos hechos, no se derive delito que pueda caer bajo el peso abrumador del Código Penal, se deriva el hecho de que se murmura y de que se ha dado lugar para la murmuración de un modo bochornoso y perjudicial para la administración, siendo la causa de esto quien ejerce el cargo de inspector de beneficencia. Debo mani-festaros que no he querido profundizar en los hechos rebuscando pruebas y robusteciendo las existentes porque en realidad no he bus-cado comprobar la perpetración de un delito, sino hechos suficientes que claramente puedan dar idea fija de las relaciones oficiales del inspector de beneficencia con el jefe de la administración, que es el alcalde, y cómo se respetan las ordenanzas votadas por vosotros por quien llamado está para cumplirlas y hacerlas cumplir de modo que robustezcan el poder legislativo que ha puesto en vuestras manos el imperio de las leyes porque se rige esta isla. En tal sentido os suplico que examinéis detenidamente, sin parcialidad, con serena razón, las cartas que he escrito al Sr. Cintrón, .y sus contestaciones, y si de ellas, y de otras cartas suyas, y de otros documentos que constan en el expe-diente que os he presentado no se saca la consecuencia lógica de que hay antagonismo profundo entre el señor inspector de beneficencia y el alcalde; de que se ha hablado mucho que perjudica el buen concepto de la administración y de que se ha faltado de modo cierto y positivo a las leyes de la municipalidad votadas por vosotros, y a la considera-ción debida a los pobres infelices que han tenido necesidad de auxilio médico, entonces * * * que se prosiga la investigación acordada, dándoseme derecho para presenciarla, aclarar lo que considere oscuro, con facultad de la que os señala la Ley Municipal, sin que se entienda por esto que hago renuncia del derecho que me corresponde en el asunto principal o sea el de la separación del Sr. Cintrón del cargo de inspector de beneficencia que aún tiene.”

En 14 ele septiembre firmó el alcalde la siguiente reso-lución:

'•Resolución. — Vistos los antecedentes de los cuales se derivan los cargos que esta alcaldía formuló al inspector de beneficencia de este municipio, y Resultando: que de dichos expedientes aparece probado que el Doctor Julio Cintrón, Inspector de Beneficencia del Municipio de Yabucoa, ha faltado a los deberes, que le imponen las leyes y orde-nanzas municipales, negándose a curar enfermos insolventes, em-pleando formas irrespetuosas y frases duras e incorrectas en su co-rrespondencia oficial con el alcalde y usando procedimientos impropios en el desempeño de sus funciones como tal empleado. Resultando: que el mencionado Doctor Cintrón en su respuesta a los cargos formu-lados no ha desvirtuado ninguno de ellos, ni con su contestación ni aportando pruebas que la robustecieran. Considerando: que para que exista una buena administración es indispensable que todos los empleados o dependientes de ella cumplan estrictamente con los debe-res a ellos confiados, y que subsista siempre la mayor solidaridad entre el jefe y sus subalternos. Considerando: que no es posible que un alcalde pundonoroso, pueda aceptar, sin desprestigio para su auto-ridad, que un empleado a sus órdenes se niegue a cumplir las obliga-ciones de su cargo, y emplee formas duras y poco correctas en su trato oficial, faltando al respeto y consideración que debe merecer por la autoridad de que está revestido. Considerando: que los em-pleados públicos son servidores del pueblo y en sus relaciones con él, no sólo deben proceder bien, sino que ni por apariencias debe darse lugar a la murmuración, porque por ésta se menoscaba el buen concepto que debe merecer todo gobierno. Considerando: que aun cuando el asunto a que esta resolución se contrae fué referido al concejo municipal para oir su opinión respecto de él, este organismo nada ha dicho, y la tardanza en solucionar el asunto perjudica notablemente la buena marcha de la administración municipal. Por tanto, el alcalde que suscribe, en armonía con las disposiciones de la sección 32 de la Ley Municipal y las de la ordenanza para definir los deberes de los em-pleados del Municipio de Yabucoa, P. R., vigentes. Resuelve: Des-tituir y separar del cargo de inspector de beneficencia de este muni-cipio al Doctor Julio Cintrón, por los motivos ya explicados, y que así se notifique al interesado que actualmente está suspendido en el ejercicio de sus funciones, cuya separación tendrá efecto desde el día de hoy.”

Aparece de las minutas de la reunión que tuvo lugar en 26 de septiembre, que:

“Se dió cuenta con un mensaje del alcalde de fecha 14 de septiem-bre de 1916, que dice así: ‘Al Concejo Municipal. Señores: En vista de que el transcurso del tiempo que pasa puede perjudicar la buena, marcha de la administración, por no resolverse el asunto del inspector de beneficencia, Sr. Cintrón, he decidido dejar cesante a éste, ya que. convencido estoy, hasta la evidencia, de que es un mal empleado pú-blico para este pueblo. Atentamente, José L. Berríos. Alcalde.’ Enterado el concejo acuerda, que siendo éste un asunto de la exclusiva competencia del alcalde, dar por hecho lo resuelto por dicha autoridad. El Presidente propone se haga constar en esta acta, que el Doctor Cintrón puede hacer uso, si quiere, del derecho que le da la ley. Se-cundada debidamente esta proposición, por el concejal Sr. Berríos, y luego de discutirse, fué sometido a votación, resultando de ella que los concejales Cintrón y Sostres votaron en contra, el señor Rodríguez se abstuvo de votar, obteniendo por consiguiente los votos de la pre-sidencia y del Señor Berríos.”

Tres días después, radicó el Dr. Cintrón su petición de mandamus interesando su inmediata reposición en el cargo.

Parece que los miembros de la comisión nombrada para investigar los cargos, en vez de proceder en seguida a hacer la investigación se comprometieron a solucionar la cuestión en alguna forma por medio de entrevistas personales con el alcalde y el inspector de beneficencia. Por indicación del alcalde, y después de alguna discusión respecto a la duración de la licencia, estuvo por último conforme el inspector en solicitar una vacación o licencia de quince días. Alega el inspector que ésta era una solución o arreglo definitivo de todo el asunto, mientras que el alcalde sostiene que mera-mente fué una especie de tregua temporal, concedida con el sólo fin de dar tiempo al doctor para pensar sobre el asunto. Sea como fuere, y el punto no es importante sino que simple-mente se menciona como medio de explicar la demora por parte del concejo y la relación del alcalde con ella, el doctor fué prontamente separado del cargo al tratar nuevamente de tomar posesión del mismo vencido el término de la licencia que de tal modo fué fijado de mutuo acuerdo.

La prueba aducida comprende también un gran número de cartas cruzadas entre el alcalde y el inspector, corres-pondencia que empieza' en octubre de 1915 con la simple dis-cusión sobre ciertas diferencias de criterio sin importancia, referente a pequeños detalles de carácter administrativo y que gradualmente va recrudeciéndose y tomando a la vez

mi carácter personal por su tono y termina con una inves-tigación ex parte practicada por el alcalde en junio de 1916, respecto a un número de cosas., habiendo sido remitida por el alcalde al concejo copia tanto de dicha correspondencia como de las declaraciones de los testigos que fueron exami-nados sin la formalidad de un juramento, en unión de los cargos arriba citados, basados en dicha investigación. Pero según el criterio que formamos de la cuestión nada tenemos que ver ahora con los méritos intrínsecos de esta contienda de palabras.

En el caso de Belaval v. Todd, 22 D. P. R. 633, dejamos indicado que un director de hospitales municipales tiene de-recho tanto a una notificación como a una audiencia antes de su separación del cargo por el alcalde “por justa causa.” En dicho caso dijimos lo siguiente:

“Con sujeción a las prescripciones del estatuto y a la clase de los empleados existe la tendencia en casi todos los Estados de exigir que tenga lugar un procedimiento semejante a un juicio en el cual se da al funcionario o empleado la oportunidad de defenderse y presentar prueba; oportunidad que generalmente debe darse aun cuando la cuestión relativa al peso de la prueba, o si la prueba es suficiente o no esté confiada únicamente a la discreción de la junta o persona que destituye al peticionario; en otras palabras, el funcionario o persona que va a ser destituida debe haber tenido la oportunidad de defenderse ante la persona o .-junta que tiene la facultad de hacer la destitución. ’ ’

En verdad que los cargos no necesitan ser formulados con aquella habilidad técnica que ordinariamente desplega un fiscal al redactar una acusación, ni como también hemos suge-rido en el caso que acabamos de citar, es necesario que sean observadas todas las formalidades de un juicio. De un al-calde, por ejemplo, difícilmente puede. esperarse que analice la prueba en cuanto a su admisibilidad tan minuciosamente, ni que se ajuste de un modo tan estricto a los requisitos exi-gidos por el Código de Enjuiciamiento Criminal, como podría exigirse a un juez de distrito, o municipal, que dirige un juicio en una causa criminal.

Pero una audiencia significa y lo exigen los dictados de la justicia común, que el funcionario a quien trata de separarse de su cargo se le liará una notificación razonable de los actos, específicos u omisiones de que se le acusa; que se le dé una oportunidad razonable para defenderse, y si lo deseare, per-mita confrontarse y repreguntar a los testigos en su contra.

La regla como ba sido tomada de las mejores autoridades, lia quedado bien expresada por el Juez Dillon en su obra sobre Corporaciones Municipales, Tomo II, (4a. edición), página 810, párrafo 482, la cual es como sigue:

“Tiene que liaber un cargo o cargos contra él, formulados especí-ficamente con certeza substancial; sin embargo, no es necesaria aquella precisión técnica que se exige en las acusaciones. Y debe dársele un tiempo razonable y oportumidad para contestar los cargos y presentar su prueba; y tiene además derecho a ser oído y defendido por abogado, a repreguntar a 'los testigos y excepcionar las pruebas en su contra. Si no fuere negado el cargo, de no admitirse, tiene, sin embargo, que ser examinado y probado. Pero las reglas técnicas que han sido adop-tadas judicialmente relativas a procesos criminales no han de ser apli-cadas a estas investigaciones, porque, aunque es propio que los pro-cedimientos para privar a las personas de derechos comunes por supuestos delitos deben quedar comprendidos en límites estrictos, la separación de funcionarios incompetentes o que observan mala conducta, de sus cargos de autoridad y responsabilidad debe ser fácil y rápida y no se exigirán formalidades de ninguna clase que por sí no sean garantía de la justicia. ’ ’

No hay duda de que el funcionario a quien se ataca puede, si quiere, renunciar a cualquiera de estos privilegios, pero en este caso no parece existir cuestión alguna de que haya habido tal renuncia. La primera queja del alcalde aparentemente se hizo al concejo municipal y entonces el peticionario, ha-ciendo caso omiso de su notificación formal, solicitó inme-diatamente por escrito que se hiciera una investigación com-pleta del asunto. Al ser notificado luego de los doce supues-tos cargos, contestó prontamente y en forma detallada, a cada uno de los cargos, y habiendo sido sometido el asunto en su totalidad a la consideración del concejo municipal por el alcalde y dispuesto el concejo que se hiciera una investi-gación, nombrando al efecto nna comisión, y habiendo dicha comisión tratado personalmente el asunto con el alcalde y el inspector de beneficencia, tenía este último derecho a espe-rar que si el asunto no se dejaba, como alega que así lo entendió, sería que procedería la investigación en forma. Si por el hecho de dejar, al contestar los cargos, de pedir de nuevo que se hiciera una investigación y diera la oportunidad de examinar a los testigos presentados contra él y de intro-ducir prueba en su propia defensa hubiera de considerarse que ha renunciado a su privilegio, el alcalde, en cambio, dejó de aprovecharse de esa circunstancia entonces, pero optó por someter todo el asunto al concejo y ratificar y aprobar luego la acción tomada por ese cuerpo al ordenar que se hiciera la investigación y nombrar su comisión con tal objeto. De donde se infiere en lo que respecta a este aspecto del caso, que está el alcalde efectivamente tan impedido para actuar sin la formalidad de una audiencia, como podría haberlo estado el peticionario para solicitarla si hubiera procedido inmediatamente el alcalde a su separación al recibir su con-testación a las preguntas que le fueron hechas en la comu-nicación de agosto 4. Hacemos, de paso, mención de esto, simplemente para demostrar que no está necesariamente envuelta la cuestión relativa al abandono o renuncia de su privilegio, y no habrá de entenderse que este tribunal quiere indicar que el peticionario en realidad en alguna ocasión renunció a su derecho de ser oído.

En vista de las circunstancias, nos vemos obligados a resolver, prescindiendo de toda cuestión relativa a notifica-ción, que el peticionario, sin haber razón que lo justifique, fué privado de su derecho a ser oído y que debe concedérsele el remedio que solicita.

Declarada con lugar la solicitud y orde-nada la reposición del peticionario sin especial condena de gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernandez,

license: Public Domain

text:
    Torres & Enseñat, Demandantes y Apelantes, v. Alfaro, hoy de Jesús, Juez Municipal, Demandado y Apelado, y Ortiz, Interventor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recurso sobre certiorari.

    No. 1519.
    Resuelto en enero 30, 1917.
    Sentencia en Rebeldía — Anotación de Rebeldía — Emplazamiento—Diligencia-miento. — Es requisito indispensable de acuerdo con el artículo 92 del Código-de Enjuiciamiento Civil para que pueda anotarse la rebeldía de un deman-dado y dictarse sentencia, que la citación, cualquiera que sea quien la haga, sea devuelta diligenciada a la ofieina del secretario de la corte en los términos prevenidos por la ley, pues sólo eon examen de su diligenciado podrá saberse-si la corte ha adquirido jurisdicción por haber sido el demandado citado en forma debida.
    Id.- — Radicación del Emplazamiento Diligenciado — Jurisdicción.—En este caso,, al tiempo en que fué registrada por el secretario la sentencia en rebeldía, nose hallaba en los autos la declaración escrita y jurada del encargado de cum-plimentar la citación, habiéndose prestado el juramento ocho días después, y se resolvió, aplicando la anterior doctrina, que tal sentencia y procedimientos: subsiguientes adolecían de nulidad pór haber la corte actuado sin jurisdicción.
    Id. — Contestación del Demandado — Diligenciado de la Citación. — Para poder-apreciar si se ha presentado la contestación dentro del término señalado en la citación conforme al apartado Io. del artículo 194 del Código de Enjuicia-miento Civil, es necesario también que la corte tenga ante sí al dictarse la. sentencia la devolución del diligenciado de la citación que muestre la fecha, en que se verificó.
    Id. — Sentencia Nula — Ealta de Jurisdicción. — Cuando la sentencia en rebeldía es nula en su faz, por falta de jurisdicción, demostrada así de una simple-inspección del legajo del juicio, puede dejarse sin efecto en cualquier tiempo después de haberse registrado, sin sujeción al término prevenido por el ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Jurisdicción — Emplazamiento—Prueba del Diligenoiamiento de Citación. — ■ Para que una corte tenga conocimiento de que ha adquirido jurisdicción sobre-un demandado según el artículo 98 del Código de Enjuiciamiento Civil, es» necesario que haya ante ella prueba auténtica y fehaciente de la citación me-diante el diligeneiamiento de ésta en forma legal.
    Los hechos están expresados .en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Garlos Brunet.

    Abogado del apelado: Sr. Manuel A. Rivera.

    Abogado del interventor: Sr. A. Quintana Cajas.

   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia que en 27 de enero de 1916 pronunció la Corte de Distrito de Ponce declarando sin lugar recurso de cer-tiorari ejercitado por Torres y Enseñat con motivo de pro-cedimientos seguidos ante la Corte Municipal de Coamo en el caso No. 360, de Torres y Enseñat contra Felipe Ortiz, en cobro de dinero.

Los hechos atinentes a la resolución del presente recurso, según resultan de la transcripción de autos, son los siguien-tes:

Io. Con fecha Io. de noviembre de 1910, la mercantil Torres y Enseñat presentó demanda jurada en la Corte Municipal de Coamo contra Felipe Ortiz en cobro de $321.91, con intereses legales desde la interposición de la demanda hasta su efectivo pago, y las costas del juicio.

2o. El diligenciado del emplazamiento del demandado se hizo en 3 de noviembre de 1910 por Jovino Torres según éste afirma, habiendo prestado juramento en 26 del citado noviembre ante el Juez de Paz de Juana Díaz, de haber veri ficado dicho diligeneiamiento en la fecha indicada.

3o. El demandado no contestó la demanda, y- la deman-dante solicitó en 18 de noviembre del secretario de la corte municipal la anotación de la rebeldía del demandado con sentencia a favor del demandante por estar la demanda, debi-damente jurada.

4o. La sentencia fue dictada en la misma fecha, 18 de noviembre, condenando en rebeldía a Felipe Ortiz a pagar a la sociedad demandante la suma de $321.91, con intereses legales desde la interposición de la demanda liasta el total solvento de la deuda y todas las costas del pleito, y ordenando además que se librara ejecución contra los bienes del deman-dado para satisfacer dicha sentencia.

5o. Con fecha 4 de noviembre de 1915 compareció en el pleito Felipe Ortiz por medio de moción jurada en que ale-gaba que en 27 de octubre de 1915 le habían sido embarga-dos por orden de la Corte Municipal de Coamo los aparatos de un cine, de cuyo embargo había tenido conocimiento por un empleado suyo, depositario nombrado de los bienes embar-gados, y que jamás había tenido conocimiento de que contra él se hubiera entablado acción alguna por Torres y Ense-ñat, pues en ninguna época había sido notificado del proce-dimiento llevado a efecto contra él como tampoco había tenido noticia oficial del embargo hecho y que en caso de existir una sentencia contra el mismo se había dictado sin oirle, por lo que suplicaba se dictara una orden anulando todo lo ac-tuado en el pleito.

6o. A la anterior moción se opuso la parte demandante alegando entre otras cosas que el demandado había sido debi-damente emplazado con copia de la demanda en su domici-lio de Juana Díaz por Jovinó Torres en forma legal, y que la moción era tardía y no debía prosperar por haber sido presentada a los cuatro años y pico de haberse dictado sen-tencia, y cuando ya por tanto habían transcurrido con exceso los 6 meses que marca el artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil.

7o. La Corte Municipal de Coamo resolvió la moción en 24 de noviembre de 1915, declarándola con lugar por esti-mar que no había adquirido jurisdicción sobre la persona del demandado y ser nulo por tanto todo lo actuado en el juicio, pudiendo la parte demandante solicitar la expedición de nuevo emplazamiento para la citación del demandado.

Los procedimientos relacionados dieron lugar a que la mercantil Torres y Enseñat acudiera a la Corte de Distrito de Ponce en recurso de certiorari contra dichos procedimien-tos, con súplica de que se anulara la orden de la Corte Municipal de Coamo de 24 de noviembre, 1915, y se continuara la ejecnció'n de la sentencia en el caso de que se trata. El auto de certiorari fué expedido y después de tramitado en forma legal, la Corte de Distrito de Ponce lo anuló y declaró sin lugar, sin especial condenación de costas, por su senten-cia de 27 de enero de 1916,. de que al principio hicimos mérito, y que ha sido apelada para ante esta Corte Suprema.

Funda su resolución la corte de distrito, además de otras razones que no es necesario examinar, en que el affidavit de Jovino Torres, encargado de cumplimentar la citación, fué hecho ante el Juez de Paz de Juana Díaz, Sr. Pedro Mon-clova, el 26 de noviembre de 1910, es decir, 8 días después de haberse registrado por el Secretario de la Corte Municipal sentencia en rebeldía contra Felipe Ortiz.

Como se ve, tanto la Corte Municipal de Coamo en su resolución de 24 de noviembre de 1915, como la Corte de Distrito de Ponce en la suya de 27 de enero de 1916 están conformes en que dicha corte municipal no había adquirido jurisdicción sobre la persona del demandado al ser dictada la sentencia de 18 de noviembre de 1910 condenando en rebel-día a Felipe Ortiz a pagar a la sociedad demandante, Torres y Enseñat, la suma reclamada, adoleciendo, por tanto, de nulidad dicha sentencia y las demás actuaciones del juicio. Ambas cortes tienen razón.

El artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil pre-viene que “cuando el marshal hiciere la citación, la devol-verá a la oficina del secretario que la expidió, bajo su cer-tificación de haber sido cumplimentada y de haber hecho en-trega de la copia de la demanda que se hubiere acompañado a la citación, y que cuando se diligenciare por cualquier otra persona, se devolverá a la misma oficina con la declaración jurada de dicha persona de que ha practicado la diligencia de citación y entregado la copia de la demanda, en caso de haberse acompañado.” Ante precepto tan terminante, es in-discutible que cualquiera que sea quien haga la citación, debe devolverse diligenciada a la oficina del secretario de la corte en los términos prevenidos por la ley.

Y esa devolución es requisito indispensable para la ano-tación de la rebeldía y el pronunciamiento de la sentencia, pues sólo con examen del diligenciado del emplazamiento po-drá saberse si la corte fia adquirido jurisdicción sobre la persona del demandado por haber sido éste emplazado en forma debida.

Para que un demandado quede sometido a la jurisdic-ción de una corte, es necesario que se le cite en la forma que la ley describe y además que se devuelva a la corte una cons-tancia de haberse llevado a efecto la citación, de la cual apa-rezca que los requisitos exigidos por el estatuto se cumplie-ron debidamente, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Enjuiciamiento Civil. Orcasitas v. Márquez et al., 19 D. P. R. 477.

Y la prueba de haberse hecho la citación con entrega de la demanda al demandado cuando se hiciere por cualquier otra persona que no sea el márshal, será la declaración escrita y jurada por ésta, según el artículo 97 del Código de Enjui-ciamiento Civil.

En el caso presente ante la Corte Municipal de Coamo no existía prueba alguna de haberse practicado la citación, pues la declaración jurada de haberla hecho Jovino Torres se prestó por éste ante el Juez de Paz de Juana Díaz en 26 de noviembre de 1910, cuando la sentencia había sido regis-trada en 18 del propio noviembre, es decir, ocho días antes del juramento de la diligencia de emplazamiento. El deman-dado no estaba bajo la jurisdicción de la corte al dictarse la referida sentencia en rebeldía del mismo.

Es verdad que según el artículo 98 del Código de Enjui-ciamiento Civil “desde la entrega de la citación y una copia de la demanda en un pleito civil en los casos en que se re-quiera la entrega de una copia de la demanda, o desde que hubiere expirado el término de la publicación cuando se.orde-nare la citación por publicación, se considerará que la corte lia adquirido jurisdicción sobre las partes y que ha quedado sometido a dicha corte todo procedimiento subsiguiente.” Pero para ello es necesario que haya ante la corte prueba auténtica y fehaciente de la citación mediante el diligencia-miento de ésta en forma legal.

Ills ese el único medio de que la corte tenga conocimiento de que ha adquirido jurisdicción sobre la persona del deman-dado.

En corroboración de lo expuesto Adene el artículo 194 del mismo Código de Enjuiciamiento Civil, que en la parte ati-nente dice así:

“Art. 194. — Podrá dictarse sentencia, si el demandado dejare de contestar a la demanda, en los casos siguientes:
“1. En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente, si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación, o de su prórroga, si se hubiese concedido; el secretario, a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del demandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la senten--cia para el pago de la cantidad especificada en la citación, con más las costas contra el demandado, o contra uno o más de los varios deman-dados, en los casos previstos en el artículo 96.”
* * * * * * *

Para poder apreciar si se ha presentado la contestación dentro del término señalado en la citación, es necesario que la corte tenga ante sí al dictarse la sentencia la devolución del diligenciado de la citación que muestre la fecha- en que se verificó, lo que no ha sucedido en el juicio de que se trata.

Tenemos, pues, que la sentencia que por falta de juris-dicción anuló la Corte Municipal de Coamo en su resolución de 24 de noviembre de 1915 era realmente nula y como lo era en su faz por demostrarlo así una simple inspección del legajo del juicio, pudo dejarla sin efecto como lo hizo a vir-tud de moción del demandado y en cualquier tiempo después de haberse registrado sin sujeción al término prevenido por el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, concordante con el 473 del de California. Ya liemos desarrollado extensamente esa teoría en el caso de Freiría & Co. v. R. Félix Hermanos & Co., 20 D. P. R. 159.

Por las razones expuestas, y sin necesidad de conside-rar otras cuestiones traídas a discusión por estimarlo inne-cesario para la decisión del recurso, es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Río, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla, en causa por delito de ataque con intención de cometer violación.
    No. 1120.
    Resuelto en enero 30, 1917.
    Ataque con Intención be Cometer Violación — -Violación — Incongruencia Entre el Veredicto y la Prueba — Palta de Objeción. — Se imputó al acu-sado el haber atacado a una niña de trece años de edad, con la intención de violarla. La prueba demostró la comisión de un delito consumado de viola-ción. El veredicto del jurado declaró al acusado culpable de ataque con intención de cometer violación. El acusado no suscitó debidamente la cues-tión en la corte de distrito. Se resolvió: que bajo tales circunstancias, no puede alegarse con éxito que no se dió al acusado oportunidad de defenderse.
    Id. — Convicción por Delito Inferior al Demostrado por la Prueba — Resolil ción Favorable al Acusado. — Es doctrina bien establecida que un acusado no puede quejarse cuando la resolución de su causa fué más favorable para él de lo que demostraron las pruebas.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Intención Criminal. — Aun cuando el juez des-pués de instruir al jurado que le está vedado deliberar sobre la consumación del delito de violación, se refiera extensa y detalladamente a toda la prueba de cargo demostrativa de dicha consumación, no comete error alguno, ya que dicha prueba podía considerarse por el jurado a los efectos de penetrar en la intención del acusado, elemento esencial del delito de ataque_ con intención de cometer violación que se estaba sometiendo por el juez de derecho a -los jueces de hecho. . ■
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José I). Rodrigues.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso en el cual el fiscal imputó a Basilio Río Montano la «omisión de un delito de ataque con intención de cometer violación. El acusado alegó su inocencia, y cele-brada la vista, el jurado le declaró culpable del delito que se le imputaba y la corte le impuso luego la pena de diez años de presidio con trabajos forzados. Basilio Río Montano in-terpuso entonces el presente recurso de apelación.

La prueba del fiscal demostró la comisión de un delito con-sumado de violación y el apelante se queja de que con ello' fue perjudicado, pues no pudo preparar debidamente su defensa.

Hemos examinado la exposición del caso y en ella no apa-rece que el acusado suscitara debidamente tal cuestión en la corte de distrito. Además, nada demuestra que fuera per-judicado. Se le acusó de haber atacado ilegal, voluntaria y maliciosamente a una niña de trece años de edad con in-tención de violarla, no pudiendo realizar su intento por la intervención de otras personas. La prueba fue más lejos. Demostró que si bien la intervención inmediata de otras per-sonas hizo que el acusado tuviera que huir separándose de su víctima, cuando huyó la había ya desflorado. El acusado no fue condenado por el delito de violación. En su veredicto, el jurado se limitó a declararlo culpable del delito de ataque con intención de cometer violación que se le imputara.

Bajo tales circunstancias, no creemos que el acusado pueda alegar con éxito que no se le dió la oportunidad que la ley ordena para defenderse. El supo perfectamente, desde el primer momento, cuál era la naturaleza del cargo que se le imputaba y pudo preparar su defensa. Se le acusó y condenó autor de una simple tentativa de violación, en vez de habér-sele acusado y condenado como autor de un delito consumado de violación, no habiéndose cometido error perjudicial alguno, ya que está bien establecida la doctrina de que un acusado no puede quejarse cuando la resolución de su caso fué más favorable para él de lo que demostraban las pruebas. Véase el caso de People v. Muhlner, 115 Cal. 303, 306, y los otros citados en el mismo, y también las decisiones de esta Corte Suprema en El Pueblo v. Izquierdo, 5 D. P. R. 224; El Pueblo v. Figueroa, 16 D. P. R. 373, y El Pueblo v. Solares, 19 D. P. R. 445.

Insistiendo en su teoría, se queja el apelante de que no obstante haberle dicho el juez en sus instrucciones al jurado que no podía entrar a considerar ni a deliberar sobre el delito consumado de violación, se refirió extensa y detalladamente a toda la prueba del fiscal demostrativa del delito consumado de violación. No creemos que el juez de distrito cometiera error alguno. Se refirió a toda la prueba y toda ella en efecto podía considerarse a los efectos de penetrar en la intención del acusado, elemento esencial en el delito que se estaba so-metiendo por el juez de derecho a los jueces de hecho.

Analiza, por último, el apelante, en su alegato, la prueba practicada, y sostiene que no es suficiente para basar en ella un veredicto de culpable. No vamos a transcribir las decla-raciones de los testigos, limitándonos a consignar que una cuidadosa lectura de las mismas deja en nuestro ánimo una sola impresión: la de la culpabilidad del acusado.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Morales et al., Demandantes y Apelantes, v. Díaz et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre nulidad de contrato y daños y perjuicios.
    No. 1509.
    Resuelto en enero 30, 1917.
    Nulidad de Escritura — Da^os y Perjuicios ¡Remotos — Prueba para Variar un Contrato — Condiciones del Convenio — Fraude.—En este caso se estableció una acción sobre nulidad de un contrato de compraventa y daños y perjuicios, fundada en que el demandado, o sea el comprador en el contrato, había dejado do cumplir su promesa de dar a préstamo al vendedor cierta cantidad, siendo la promesa parte de la consideración o causa del contrato. No se alegó ni probó fraude o engaño al otorgarse el contrato ni con anterioridad al mismo, siendo los daños que se trataron de probar, que el demandante no había podido continuar el cultivo de cierta finca; que su crédito fué perjudicado y que no había podido pagar sos deudas. El demandado alegó que la promesa de prés-tamo era un acto independiente del contrato de compraventa y que fué debida a la situación y conducta del vendedor. La corte inferior dictó sentencia favorable al demandado basándose en que no había prueba piara anular el contrato. Se resolvió:

    1. Que la regla de que el contrato escrito ha de considerarse como que con-tiene todas las condiciones del convenio y que no puede haber evidencia alguna de las condiciones fuera del contenido del documento, es algo más que una mera cuestión de prueba: es una declaración de la política que debe obser-varse hecha por la legislatura.
    2. Que en un litigio sobre las condiciones de un contrato escrito tiene que haber un fin, y con las excepciones señaladas en la Ley de Evidencia, no piueden las partes atacar su convenio solemne, a no ser que exista fraude n otro elemento parecido, y aun cuando se introduzca prueba la corte está jus-tificada en no considerarla.
    3. Que la teoría de la demanda de que el demandante fué inducido a otorgar la escritura debido a la promesa, es inconsistente con la idea de que ésta es una cuestión independiente en reclamación de daños y perjuicios por dejar el demandado de cumplir su promesa.
    4. Que los daños que trataron de probarse son demasiado remotos.
    Testigos — Demandado Gomo Testigo del Demandante. — Cuando el demandante presenta al demandado como testigo suyo para probar piarte de su caso, se entiende que responde por él y no puede luego alegar que su declaración debe ser recibida con cautela.
    Id. — Preponderancia de la Prueba.' — El número de testigos no es lo que deter-mina la preponderancia de la prueba.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. Francisco González.

    Abogado de los demandados: Sr. Juan B. Huylce.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Silverio Morales y su esposa establecieron una acción so-bre nulidad de una escritura por el fundamento de que el demandado, o sea el comprador en el contrato de compra-venta, había dejado de cumplir su promesa de dar a prés-tamo al referido Silverio Morales la suma de $500 por el término de cinco meses. En la demanda, e incidentalmente en la prueba, nada se dice de ningún acto de fraude o inten-ción ele engañar al otorgarse la escritura ele venta, o con anterioridad a dicto acto. Toda la teoría del caso del deman-dante estriba únicamente en la omisión del demandado en cumplir su oferta de hacer el préstamo por la referida suma de $500, siendo el convenio en cumplir elidía promesa, como alega la demanda, parte de la consideración y móvil por el cual dicho Morales entró en el contrato. También se recla-maron daños y perjuicios en la demanda por la omisión en hacerse el préstamo. El demandado alegó que la promesa de prestar los $500 era enteramente independiente del con-trato de compraventa, puesto que dicho Morales ya le debía $700, y debido a la situación y conducta de Morales a que luego haremos referencia en esta opinión. También alegó el demandado que el préstamo debía tener la garantía de dos fiadores, que dicho Morales había dejado de traer los dos fiadores convenidos y que él, dicho demandado, jamás estuvo conforme en aceptar uno de los fiadores propuestos. La corte inferior dictó sentencia a favor del demandado. Los razo-namientos de los abogados ante este tribunal se han refe rido casi exclusivamente al peso de la prueba, insistiendo los apelantes en que la preponderancia de la misma tendía a mostrar una promesa de hacer un préstamo como parte de la consideración o causa del contrato y que dicha prueba estaba corroborada por todos los hechos y testigos con excepción del propio demandado cuya declaración, dice el apelante, debe ser recibida con cautela. Podemos, de paso, expresar que no es el número de los testigos lo que determina la preponderan-cia de la prueba. Dice el apelante que la declaración del de-mandado debe ser recibida con cautela y sin embargo en «1 juicio lo presentan los demandantes como testigo para pro-bar parte de su caso y así respondieron por él. Esta por sí sería una circunstancia que nos haría sentir poco dispues-tos para variar la regla por la que debe sostenerse al juez sentenciador en la solución de un conflicto en la prueba. Si el caso estuviera sometido originalmente a nuestra conside-ración estaríamos dispuestos a declarar que el demandado en realidad convino con el principal demandante en hacerle un préstamo al presentársele los dos fiadores que realmente fue-ron ofrecidos. La teoría del caso, sin embargo, parecía girar principalmente sobre la cuestión de si la promesa de verifi-car el préstamo fué el motivo o consideración para la cele-bración del contrato. La corte creyó que fué un convenio independiente y respecto a este punto estuvo enteramente correcta no sólo en lo que se refiere al peso de la prüeba, sino en cuanto a la ley. La corte dijo: “Y si bien es cierto que el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo determina la nulidad del contrato, en el presente caso no aparecen probadas ninguna de las circunstancias que anu-lan el consentimiento. ’ ’

Evidentemente que la corte no tuvo presente la mera cues-tión del conflicto de la prueba. Vió que no había prueba para anular el contrato celebrado, y en esto está además sostenida por la Ley de Evidencia, artículos 25 y 28, que prescriben lo siguiente:

“Artículo 25. — Cuando las condiciones de un convenio se hayan consignado por las partes en un documento, se considerará que con-tiene éste todas dichas condiciones, por lo que no cabrá entre las par-tes y sus representantes o sucesores en interés, evidencia alguna de las condiciones del convenio, fuera de lo contenido en el documento, excepto en los siguientes casos:
“1. Cuando una equivocación o imperfección en el documento fuere alegado en el litigio.
“2. Cuando la validez del convenio constituyere el hecho contro-vertido.
“Pero este artículo no excluye otra evidencia de circunstancias, bajo las cuales fuere hecho el convenio, o con las cuales se, relacio-nare, según lo definido en el artículo 28, o para explicar una ambi-güedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude. La palabra ‘con-venio’ incluye escrituras y testamentos, así como contratos entre las partes. ’ ’
“Artículo 28. — Para la debida interpretación de un documento, las circunstancias bajo las cuales fuese otorgado, inclusa la situación .del objeto a que se contrayere, así como la de las partes, podrán tam-bién demostrarse, a fin de qne el juez se coloque en la situación de las personas cuyo lenguaje estuviere llamado a interpretar.”

Esta regia es algo más que una mera cuestión de prueba. Es una declaración de la política que debe observarse hecha por la legislatura. Tiene por objeto lo mismo que el Estatuto Inglés de Fraudes, de donde deriva su origen, el evitar controversias de la naturaleza de la que ahora considera-mos. El contrato ha de considerarse como que contiene todas las condiciones y no puede haber evidencia alguna de las condiciones del convenio fuera del contenido mismo del docu-mento. La mayor parte de la prueba podría haber sido ex-cluida de acuerdo con esta regla, pero aun cuando fuera admi-tida la corte tenía derecho a considerarla como que no era prueba. Véanse en lo que respecta al particular los casos de Calvo v. Belber, 16 D. P. R. 360, y El Pueblo v. Alvarado, 19 D. P. R. 870, y 30 Cyc. 1939-1940. Tiene que haber un fin en el litigio y con las excepciones señaladas en la Ley de Evidencia, no pueden las partes atacar su convenio solemne, a no ser que exista fraude u otro elemento parecido. En este caso hubo un volumen de prueba tendente a demostrar que el principal demandante realmente debía al demandado $700, y que tenía deudas con otras personas; y la prueba tendía a acreditar que dicho demandante había engañado pri-meramente al demandado en los’ asuntos relativos a ese estado de sus deudas y que el demandado empleó esa mala conducta para hacer que se otorgara la escritura.”

La teoría de la demanda era la de que el demandante fue inducido a otorgar la escritura debido a la falsa promesa, cuya teoría, ya que no fué alegada otra por las partes, no se armoniza con la idea de que ésta es una acción indepen-diente en reclamación de daños y perjuicios por dejar el demandado de cumplir la promesa de verificar un préstamo de $500. Habiendo quedado reducido a escrito el contrato principal y consignándose en ,el mismo todas las condiciones, para la ley, dicha promesa independiente sería sin conside-ración o causa. Además, creemos que Jos daños que trata-ron de probarse, o sea, que Morales no podía obtener dinero para continuar el cultivo de determinada propiedad que es-taba ya bajo cultivo y que su crédito fué perjudicado en Oa-guas y en otras partes, por no poder pagar una o más deu-das, son demasiado remotos. No vemos que liava habido error y debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados deJ Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    Goffinet et al., Demandantes y Apelantes, v. Sánchez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en recurso sobre injunction.

    No. 1512.
    Resuelto en enero 30, 1917.
    Injunction; — Refacción Agrícola — Molienda de Caíías — Intención del Legis-lador — -Acreedores Posteriores. — Del texto de los artículos 10 y 19 de la ley sobre contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, de 10 de marzo de 1910, según fué enmendada en 1911, no parece que haya sido la intención de la Legislatura que el remedio del injunction para obligar al cumplimiento específico de un contrato de molienda de cañas, deba tener el efeeto de bene-ficiar a un acreedor posterior que hubiera celebrado otro contrato para fines de refacción agrícola enteramente independiente con el mismo deudor, garan-tizado con la cosecha, en una acción establecida por dicho acreedor posterior y en la cual no fué parte el otro acreedor en el contrato de molienda.
    Id. — Id.—Falta de Causa de Acción. — En el presente caso resolvióse que la peti-ción de i/njnnction es excepcionable por falta de causa de acción y que la excepción debía sostenerse por cuanto el contrato sobre refacción agrícola no está, contenido en un contrato de molienda de cañas, ni ninguno de los contratos que se mencionan en la demanda es parte del otro, es decir entre sí, ni eran los demandantes partes en el contrato do molienda, ni tampoco parte en el pleito de la Central Santa Juana.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Herminio Díaz Navarro.

    Abogados de los apelados: Sres. Arturo Aponte, Jr., y Caños Travecier.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios y apelantes radicaron en la Corte de Distrito de Hnmacao la siguiente demanda:

■'Los Barones Augusto y Constantino Gofñnet que son los deman-dantes en el caso que arriba se expresa, comparecen por conducto de su abogado Herminio Díaz y demandando a Don Francisco Sánchez Rodríguez,y a su esposa Doña Mercedes Pagan, alegan y exponen:
“Primero. — Que en un documento privado que se otorgó en la ciudad de San Juan el 9 de noviembre de 1912 por los demandan-tes y los demandados, suscribiéndolo ante el notario Don Herminio Díaz Navarro, cuyo documento acompañamos haciéndolo parte de esta demanda como si estuviese en ella inserto, hicieron constar dichas partes lo siguiente:
"1. Que Don Francisco Sánchez Rodríguez y su referida esposa poseían y usufructuaban las ocho fincas que en dicho contrato se describen.
“2. Que el referido Sr. Sánchez al disolverse la sociedad Aponte, Sánchez y Compañía, se hizo cargo de un contrato que la S. A. des Suereries de Saint Jean tenía celebrado con la indicada sociedad sobre siembra y molienda de ciento cincuenta cuerdas de plantacio-nes de cañas dulces para las zafras de mil novecientos doce, mil nove-cientos trece y mil novecientos catorce en terrenos arrendados por aquella mercantil a Doña Carolina Cajas viuda de Yaldés, compuesto de trescientas diez y siete cuerdas, radicadas en el barrio de Quebra-das del término de San Lorenzo, habiéndose también comprometido ■en otro contrato el referido Sánchez y su esposa, a preparar, sem-brar y cultivar de cañas dulces para la zafra de mil novecientos doce cincuenta cuerdas y para las de mil novecientos trece y mil nove-cientos catorce, cien cuerdas, cuyos dos contratos los habían decla-rado nulos de común acuerdo el nueve de noviembre de mil nove-cientos doce la S. A. des Suereries de Saint Jean y el señor Sánchez y su esposa.
‘13. Que para poder dar cumplimiento al dicho contrato, los deman-dantes convinieron eon los demandados en que aquéllos abrirían a éstos un crédito, como así lo hicieron, declarando los demandados estar adeudando a los demandantes hasta el diez y ocho de octubre de mil novecientos doce diez mil dollars más los intereses al tipo del diez por ciento anual, y ambas partes que el contrato por el cual tal crédito les fué abierto quedaba anulado desde el nueve de noviembre de mil novecientos doce, debiendo cargarse los predichos diez mil' dollars al nuevo crédito refaccionario que según este nuevo contrato,, como más adelante se provee, se abrirá.
“4. Que en las fincas que en este nuevo contrato se describen, estaba comprometido el Sr. Sánchez y su esposa por otro contrato' firmado en la misma fecha que el presente, a lo que sigue: (a) a entre-gar a la S. A. des Sucreries de Saint Jean para ser molidas en la-zafra de 1913 y en su Central Santa Juana, establecida en la ciudad' de Caguas, todas las cañas de azúcar que en 9 de noviembre de 1912 tenían sembradas el Sr. Sánchez y su esposa como sucesores de- Aponte,. Sánchez y Compañía y por sí mismos; (b) a preparar, sembrar y cultivar de cañas de azúcar, por su cuenta, de seiscientas a ochocien-tas cuerdas para la zafra de 1914 y de ochocientas a mil cuerdas para cada una de las zafras de 1915 a 1918 inclusives pudiendo indistin-tamente plantar el número de cuerdas antes dicho en las fincas que-estime oportuno de las que se relacionan en el contrato adjunto; (c) a entregar a la S. A. des Sucreries de Saint Jean, para ser molidasen su predicha Central Santa Juana, en cada una de las referidas-zafras, de mil novecientos catorce a mil novecientos diez y ocho inclu-sives, todas las cañas de azúcar que obtuviese dicho señor Sánchez; y su esposa por virtud de la obligación contraída en el párrafo letra. B anterior.
“5. Que para atender a la administración, sostenimiento, cultivo y mejoramiento de las cañas que debían el Sr. Sánchez y su esposa sembrar en las mencionadas fincas rústicas, los demandantes se com-prometían con los demandados a abrirle y declaraban haberle abierto un crédito refaccionario con cargo al que los demandados recibirían en el acto de la firma -de este contrato de los Señores Barones de Gof-finet la suma de cinco mil dollars, por los - que otorgaban en aquel acto los demandados el más eficaz recibo, y recibirían además con cargo a dicho crédito y de los demandantes hasta setenta dollars por cuerda de caña de gran cultura o.plantilla y cuarenta dollars por-cuerda de tocón, mediante la entrega de los recibos correspondien-tes, y entendiéndose que dichas cantidades serán entregadas a Ios-demandados cuando a juicio del representante de los Señores Barones-de Goffinet tuviesen el señor Sánchez y su esposa bien trabajados los referidos terrenos y en proporción siempre con los trabajos que-se hubiesen en ellos realizado.
“6. El Señor Sánchez y su esposa se comprometieron a devolver a los demandantes Señores de Goffinet, o a quien los representase,, al terminar cada cosecho, lo que resultaran adeudarles por principal e intereses al diez por ciento anual, por virtud de las cantida-des que hubiesen recibido con cargo al predicho crédito refaccionario.
“7. En garantía del abono en la fecha indicada a los Señores de Goffinet o a quien los representase, de la cantidad que en esa fecha resultase adeudando por principal e intereses el Señor Sánchez y su esposa, afectaban y gravaban en la forma y con las preferencias-estatuidas en la Ley sobre Contratos Agrícolas de diez de marzo de mil novecientos diez y enmendada en nueve de marzo de mil nove-cientos once, las cañas de azúcar que se produjesen y el azúcar que de éstas se obtuviera en las predichas fincas, según lo estatuido en el antes referido contrato de siembra y molienda de cañas última-mente hecho por el Señor Sánchez y su esposa con la S. A. des Sucre-ries de Saint Jean.
“8. Quedó entendido y convenido que siendo el representante legí-timo y apoderado en esta isla de la Sucreries de Saint Jean el que en nombre de los demandantes llevó a cabo este contrato de refac-ción agrícola, quedaba notificada dicha corporación del mismo, a los efectos de lo que prescribe la sección once de la referida ley de contratos de refacción agrícola y molienda de cañas.
“Segundo. — El precedente contrato se presentó en el Registro de Contratos Agrícolas el quince de enero de mil novecientos catorce,, inscribiéndose el cinco de febrero de mil novecientos catorce en cuanto a las ocho fincas que comprende a los folios 29, 33, 36, 39, 42, 45, 48 y 51 del tomo primero de San Lorenzo, fincas números 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, anotaciones primeras, respectivamente. •
“Tercero. — De conformidad con dicho contrato, los demandantes; hicieron a los demandados, para la zafra de 1914, los anticipos de cultivo comprometidos. En Io. de septiembre de’1914, y en escritura, otorgada en Caguas, ante el notario Don Lorenzo Jiménez, los deman-dados, confesando que adeudaban a los demandantes, según liqui-dación, la suma de diez mil dollars y que no pudiendo solventarla, se comprometían a pagarlos en cantidades parciales en 30 de junio de 1915, 1916 y 1917 en las zafras correspondientes a tales años, de-acuerdo con el antedicho contrato de refacción, es 'decir, que des-pués de reembolsar con los azúcares el montante de los anticipos reci-bidos para cada zafra, el restante de la cantidad producida por dichos; azúcares se aplicaría al reembolso de los predichos diez mil dollars. Los demandados dieron en prenda a los demandantes, en garantía del cumplimiento de ese convenio, los ciento sesenta bueyes, cuatro caballos, veinte carros y dos grúas que en la referida escritura se deter-minan y que eran y son de dichos demandados, quedando, según la escritura, en posesión de esos bienes los demandantes.
“Cuarto. — Aplazado así el pago por los demandados a los deman-dantes de los diez mil dollars que aquéllos quedaron a deber a éstos por' anticipos después de la zafra de 1914, los demandantes, para la zafra de 1915, continuaron siempre en cumplimiento estricto de su predicho contrato de refacción agrícola, haciéndole al Sr. Sánchez lo que éste pedía para el cultivo de sus cañas plantadas para el cose-cho de 1915 dicho, y habiendo terminado esta zafra de 1915, liqui-dada la cuenta de los demandados, no sólo no satisficieron la tota-lidad de los anticipos que para esa cosecha se les hizo por los deman-dantes, sino que quedaron a deber a ellos cuatro mil ciento sesenta y seis dollars, treinta y cuatro centavos, y además la tercera parte de los diez mil dollars a que se refiere el párrafo anterior.
“Quinto. — Hallábanse adeudando, pues, el 30 de junio último, de plazo vencido los demandados a los demandantes la suma de ($7,499.67^4) siete mil cuatrocientos noventa y nueve dollars, sesenta y siete centavos y un cuarto, con sus intereses liquidados, tal como se ha expresado, permaneciendo esa deuda insoluta en su totalidad.
“Sexto. — A pesar de haber los demandantes cumplido religiosa-mente dicho contrato entregando a Sánchez anticipos para 1916, a pesar de que el Sr. Sánchez hizo constar en su dicho contrato de refacción (párrafo 3) que su arrendamiento del terreno de las Seño-ras Soto Hernández y Tous Soto que por su título vencía el 17 de julio de 1915, por todo el término del predicho contrato de refac-ción, es lo cierto, que habiendo en realidad terminado dicho arriendo el 17 de julio de 1915, el Sr. Sánchez abandonó los trabajos de cul-tivo y de sostenimiento de las cañas por él plantadas, hasta tal punto y manera, que no las atiende en absoluto y si las cosas continuasen en el actual estado, esas cañas se perderían por completo como están ya casi perdidas, debiendo advertirse que según manifestaciones del propio demandado Señor Sánchez, tiene sembradas en las referidas fincas de los Señores Yaldés cincuenta cuerdas de gran cultura, ciento cincuenta cuerdas de cañas de primavera y sesenta cuerdas de retoño, o sea por todo, más o menos, doscientas ochenta cuerdas.
Séptimo. — Que dada la exposición de hechos preinserta, no es pre-ciso más para demostrar: (a) que es absolutamente necesario y pre-ciso que el Sr. Sánchez no continúe en la actitud mencionada con res-pecto al contrato de que se trata, porque ello causaría a esta parte daños y perjuicios incalculables e irreparables de jure tratándose de un contrato de refacción agrícola; (ó) que el demandante, para’ evitar esos perjuicios irreparables y una multiplicidad de pleitos, no tiene otro remedio más pronto y expedito, que el injunction, que es el determinado por la Ley de Contratos agrícolas.
“POR tanto, a Y. II. respetuosamente
“Suplico se sirva decretar que los demandados estaban y están en la obligación por virtud de los predichos contratos y de acuerdo con los mismos, a cultivar en debida forma y no abandonar las cañas en ellos comprometidas hasta su cosecho y molienda y no habiéndolo hecho así, debe sustituírsele la S. A. des Suereries de Saint Jean para ello, con la inspección de los demandados y que previa la pres-tación de la oportuna fianza, librar sin demora alguna un manda-miento de injunction provisional contra dichos demandados, orde-nándoles, así como a todos los que de ellos dependan, que se absten-gan de realizar acto alguno que impida que los dueños de la Sen-tral Santa Juana, o sea la S. A. des Suereries de Saint Jean, en que han de ser molidas las cañas litigiosas, den a éstas el debido cultivo y las cosechen y muelan con la inspección de los demandados, poniendo entre tanto a dichos demandados en entredicho y al dictar el fallo decretar que quede en definitiva en vigor con carácter de permanente dicho injunction, con las costas.”

La corte de distrito declaró con lugar la excepción pre-via formulada a la petición de injunction, por el fundamento de que los hechos elegados en ella no constituyen una causa de acción y desestimó la petición.

Los artículos 1 y 5 de una ley titulada Ley sobre Con-tratos de Refacción Agrícola y Molienda de Cañas y para oíros fines, aprobada en 10 de marzo de 1910, en tanto, son pertinentes, disponen lo siguiente:

“Sección 1. — Entiéndese por contrato de refacción agrícola aquél mediante el cual una de las partes entrega y la otra recibe, con carác-ter devolutivo, determinadas cantidades en dinero efectivo o en espe-cies, bien de una sola vez o en sucesivas ocasiones, para atender a la administración, sostenimiento, cultivo o mejoramiento de fincas rústicas, quedando afectos y gravados los frutos de las mismas fin-cas al pago de las cantidades recibidas, con los intereses
* * * * * * *
“Sección 5. — Se conocerá por contrato de molienda de cañas, a los efectos de esta ley, los verificados entre las factorías e ingenios de azúcar y los llamados ‘ colonos,' propietarios, poseedores, arren-datarios o sub-arrendatarios de fincas destinadas en todo o en parte al cultivo de cañas, para la venta o molienda de cañas y elaboración o venta de azúcar.
* * * * * * *
“Si el contrato de molienda fuere comprensivo de crédito refac-cionario, éste se regirá por lo preceptuado en esta ley para el cré-dito de refacción agrícola, pudiendo la factoría descontar al colono, del precio o liquidación de las cañas entregadas y molidas, en la forma que estipule el contrato, las cantidades suministradas al colono en concepto de refacción.”

Los artículos 10 y 19 de dielia ley, como fue enmendada en el año 1911, prescriben lo siguiente (bastardilla nuestra)

“Sección 10. — En los contratos de molienda de caña, si la factoría fuese enajenada, el contrato de molienda deberá ser respetado y cum-plido por el nuevo adquirente, y cualquier contrato de molienda de caña registrado de acuerdo con esta ley puede ser obligado a cumplir específicamente por orden o sentencia de una corte de distrito de Puerto Rico, o de alguna otra corte de jurisdicción competente, contra cualquiera de las partes, y contra cualquier persona, firma o cor-poración, a la cual fuere traspasado el dominio, posesión o adéninis-tración de la central o factoría en que dichas cañas han de molerse, o de las cañas que así han de molerse, o de los terrenos en que tales cañas están sembradas o han de sembrarse, o de cualquier interés en ellos, cuando no pueda obligarse a otra persona al cumplimiento de tales contratos. Tal orden o sentencia puede prohibir el uso de dicha factoría, o la venta o disposición de tales cañas de un modo incompatible con dicho contrato, y puede obligar a cualquiera de las partes o cesionarios a cumplir las obligaciones del contrato entera y completamente, o en tal grado como la corte estimare conveniente, cuando no fuere practicable obligar al completo cumplimiento o dar amplio remedio; y con el fin de conceder el remedio de cumplimiento específico, el incumplimiento de tal contrato por cualquiera de las partes o cesionarios, se considerará como causa de perjuicio irreparable para la otra parte. La desobediencia de dicha orden o sen-tencia será considerada como desacato a la corte y será castigable como tal.
“Sección 19. — En caso de incumplimiento de un contrato peora la molienda de cañas o para la entrega de la misma, la parte per-judicada por dicho incumplimiento podrá obligar al cumplimiento ■específico del contrato, por medio de un injunction, por lo que hace ■a la eosecha en pie y al cultivo en desarrollo al tiempo de la viola-ción del contrato; Entendiéndose, que el remedio de cumplimiento específico o de injunction no será concedido en relación con los cul-tivos que no estén entonces en desarrollo, respecto a lo cual se deja ,a la parte perjudicada por el incumplimiento su acción legal por daños. ’ ’

Toda la argumentación de los apelantes está contenida •en tres cortos párrafos que copiamos literalmente del ale-gato, a saber:

“Es indudable que de conformidad con esos preceptos legales, cuando un contrato de refacción agrícola está contenido en un con-trato de molienda de cañas, o cuando el uno es parte del otro, la parte perjudicada en cualquiera de ellos por su incumplimiento, puede obligar al cumplimiento del contrato de molienda de cañas, por medio del injunction. Y en tales condiciones no son ya aplicables las reglas generales de nuestra Ley de Injunction, sino las reglas'especiales dé la Ley de Préstamos Agrícolas que, según la citada sección 10, en sus líneas finales, prescribe que el incumplimiento de tal contrato por cualquiera de las partes o cesionarios se considerará como causa de perjuicio irreparable a los efectos del injunction.
“Además, aun tratándose de la Ley general de Injunction, dice High en su obra sobre ese remedio, página 14, que aunque sea nece-sario que se demuestre la existencia de perjuicios esenciales y posi-tivos a satisfacción de la corte de equidad antes de que sea concedido un injunction, en aquellos actos que, aunque irregulares y no auto-rizados puedan no tener un resultado dañino, no constituyen fun-damento para el remedio.
“Pero cuando la repetición o continuación del acto de que se trate puede llegar a ser el fundamento de derechos adversos, la equi-dad puede intervenir por virtud del injunction, aun cuando no se demuestren derechos ni daños actuales o sustanciales.”

Pero en el presente caso el contrato sobre refacción agrí-cola no está “contenido en un contrato de molienda de cañas/’ ni ninguno de los contratos que se mencionan en la demanda es “parte del otro,” ni son los demandantes en este caso partes en el contrato de molienda, ni es parte en este pleito la Central Saint Jean. Ann cuando convenimos con los peti-cionarios y apelantes “que aunque sea necesario que se de-muestre la existencia de perjuicios esenciales y positivos a satisfacción de la corte de equidad antes de que sea conce-dido un injunction, y que los actos que, aunque irregulares y no autorizados puedan no tener resultado dañino, no cons-tituyen fundamento para el remedio” (High sobre Injunctions, edición 3a., pág. 9, see. 9), en el presente caso en ma-nera alguna podemos comprender, y los apelantes no tratan de indicar, como es que “la repetición o continuación del actoen cuestión pueda llegar a ser el fundamento de derechos ad-A^ersos. ”

Creemos que es demasiado claro para ser discutido el hecho de que la demanda no demuestra un caso en que deba concederse un injunction de acuerdo con las reglas comu-nes que regulan tales cuestiones; y se hace difícil a la ver-dad descubrir en el texto de los artículos 10 y 19, supra, al-guna intención por parte de la legislatura de que el reme-dio más bien riguroso prescrito para el cumplimiento espe-cífico de “contratos de molienda de cañas,” deba tener el efecto de beneficiar a los acreedores posteriores que crean conveniente celebrar “contratos para fines de refacción agrí-cola” enteramente independientes con el deudor, contando con la misma cosecha como garantía del dinero adelantado, en una acción establecida por dichos acreedores subsiguien-tes y en la cual el acreedor por virtud del contrato de mo-lienda no es parte.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada■ la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    Bracons, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., en cuanto deniega la ' inscripción de dos terceras partes de un inmueble.
    No. 292.
    Resuelto en febrero 1, 1917.
    Estatuto Real — Estatuto Personal — Reforma del Antiguo Código Civil— Lex Reí Citae. — La reforma más importante hecba por la Asamblea Legis-lativa de Puerto Rico en 1902 al título preliminar del Código Civil antiguo, fué la relativa a la restricción de la doctrina de los estatutos personal y real, tomando en cuenta y aplicando el principio general del derecho civil americano de que los derechos respecto de los bienes inmuebles han de regu-larse totalmente, así en cuanto a la contratación como en euanto a los dere-chos hereditarios, por la ley del país en que están sitos.
    Id. — Sucesión de un Súbdito Español, Catalán, con Respecto a Bienes In-muebles Situados en Puerto Rico. — Con arreglo al principio que informa el Código Civil revisado vigente en Puerto Rico, la .sucesión de un súbdito español, catalán, con respecto a bienes inmuebles situados en esta isla, debe regirse por la ley portorriqueña y no por la legislación catalana.
    Tratado de París — Derechos Reconocidos a los Súbditos Españoles — Regu-t,ación del Ejercicio de esos Derechos por la Legislatura de Puerto Rico. — La reforma del Código Civil de Puerto Rico en el sentido indicado, no es contraria ai Artículo IX del Tratado de París que garantizó a los súbditos españoles residentes en la isla, entre otros derechos el de permanecer en ella o marcharse, conservando en uno y otro caso todos sus derechos de propiedad, con inclusión del de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos, con sujeción a las leyes aplicables a los demás extranjeros.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la recurrente: Sr. S. Abella Bastón.

    El registrador recurrido, Sr. José S. Belaval, compare-ció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Pin el registro de la propiedad de San Juan, Sección Pri-mera, se encuentra inscrita a favor de Salvador Baví Durall la casa No. 12 de la calle de la Tanca de esta ciudad de San Juan. El señor Baví Durall murió en Barcelona, España, el 20 de septiembre de 1915 y su viuda, la recurrente Rosa Bracons y Vidal, solicitó que el dominio de la indicada casa se inscribiera a sn favor por ser ella la; heredera universal de sn marido.

A tal efecto la señora Bracons presentó en el registro "el testamento otorgado por sn esposo en Barcelona el 18 de julio de 1907, bajo el cual murió; la partida de defunción del mismo; la partida de defunción de Salvador Baví y Bra-cons, fallecido en Barcelona el 2 de marzo de 1915, y una consulta evacuada por el abogado del Ilustre Colegio de Barcelona Victorino Bisbal, relativa a los derechos de la señora Bracons.

Del testamento aparece que el dicho señor Baví y Durad declaró que era catalán y, por tanto, que la sucesión de sus bienes debía regularse por,1a legislación catalana; que legaba a su hijo Salvador Baví Bracons y a los -demás que pudiera tener en el momento de su muerte, la cantidad que en con-cepto de legítima les correspondiera, y que de todos sus res-tantes bienes, muebles e inmuebles, derechos y acciones pre-sentes y futuros, tanto de los radicados en España como de los que poseyera en Puerto Bieo, o en cualquier otro punto, nombraba su heredera universal a su esposa Rosa Bracons y Vidal la cual podría disponer de dicha herencia a sus libres voluntades. Y la consulta, después de una exposición de los hechos y del derecho aplicable en vigor en Cataluña, Es-paña, contiene las siguientes conclusiones:

"A. Que la herencia de D. Salvador Baví y Durall, ha de regu-larse por la legislación foral de Cataluña. B. Que el testamento por dicho señor otorgado ante notario público y dos testigos llama-dos y rogados, es perfectamente válido. C. Que el hijo del testa-dor, habiéndole premuerto sin dejar sucesión, no pudo transmitir derecho alguno. D. Que si el hijo hubiese poseído bienes, sería here-dera ab-intestato suya universal, su madre Doña Rosa Bracons. E. Que esta señora, sin intervención alguna, como heredera puede dis-poner libremente de los bienes de su esposo, y F. Que el derecho de la interesada merece el amparo de la legislación de cualquier país en que radiquen inmuebles de la herencia, haciéndose las inscripciones pro-cedentes en los Registros de la Propiedad.”

El registrador verificó la inscripción solicitada sólo en cuanto a la tercera parte de la casa en cuestión y la negó en cuanto a las dos. terceras partes restantes por los siguien-tes fundamentos:

“1. Que el causante legó a su hijo Don Salvador Baví Bracons y a los demás que tuviera la cantidad que en concepto de legítima le correspondiera sobre sus bienes, cuyo legado de legítima, por la muerte del legatario antes que la del testador, quedó sin efecto. 2. Que tratándose de testamento otorgado por un extranjero en su país, en el que se trasmiten bienes inmuebles radicados en esta isla, es de aplicación el artículo 10 del Código Civil vigente; y debe regularse la cuantía de los derechos sucesorios de la heredera Doña Rosa Bra-cons y Vidal con arreglo a las prescripciones de este código: deter-minada conforme al mismo la legítima correspondiente al hijo pre-muerto como ascendente a las dos terceras partes de la herencia, resta sólo para la heredera instituida la tercera parte de la finca, que es la de libre disposición, según dicho texto; ’ ’

Y contra esa calificación del registrador, se interpuso el presente recurso gubernativo en el que tanto la recurrente como el recurrido lian presentado amplios alegatos soste-niendo sus respectivas opiniones.

Todo se reduce en este caso a la decisión de una cuestión fundamental, a saber: cuál es la ley reguladora, la ele Cata-luña, o la de Puerto Bico.

Si es la de Cataluña, entonces tiene razón la recurrente, pues como'dice el distinguido abogado barcelonés.Sr. Bisbal:

“Por el derecho civil español, puede uno morir en parte testado y en parte intestado; rigiendo entonces para un legado no aceptado o no podido aceptar, las reglas del ab-intestato, pero en el Principado de Cataluña, en esta materia, está vigente el derecho romano, que informaba Las Partidas en las Leyes III y 33, Tit. IX, Partida 6, sujetándose el derecho de acrecer a la regla siguiente: Hace aumen-tar a los herederos y legatarios la porción que dejó vacante el cohe-redero y el colegatario que no llega a la herencia o legado — Digesto, Tit. II, Lib. VII, y Código Justiniano, De caducis tollendis, Tit. LI, Lib. VI.
“Y, como quiera que ‘por la institución de heredero se difiere la totalidad de la herencia al heredero o herederos nombrados, aunque se les baya dejado solamente una parte o cosa cierta de la misma (Instit. par. 5 de hered. ins. tit. 14, lib. 2 Ls. 7 y 62, D. de div. reg. jur. tit. 17, lib. 50, L. 1, par. 4, D. de hered. inst. tit. 5, lib. 28), de ahí que D. Salvador Baví al instituir heredera a su esposa de toda la herencia menos la parte legítima correspondiente al hijo, por no haber llegado éste a tomar su parte, debe entenderse que la totali-dad de la herencia ha pasado a ser de la esposa del testador, madre del hijo que no llegó a tener derecho a parte indivisa de los bienes. ’ ’

Mas, si es la legislación vigente en Puerto Bico la que debe aplicarse, entonces tendremos que estar conformes con el registrador, pues en verdad con el solo testamento y las partidas de defunción indicadas, no podía dicho funcionario inscribir la trasmisión completa del dominio de la casa de que se trata a favor de la recurrente. Es un caso para ser decidido previamente por las cortes. Puede que la decisión de éstas reconozca los derechos de la señora Bracons a la totalidad de la herencia. Pudiera resultar que existieran otros herederos.

No hace mucho tiempo esta Corte Suprema, por medio de su Juez Asociado señor Hutchison, emitió una opinión en el caso de Colón et al. v. El Registrador de Aguadilla, 22 D. P. R. 369, que decide, a nuestro juicio, la cuestión envuelta en el sentido de ser la lejr de Puerto Eico la que debe aplicarse.

El artículo 10 del Código Civil antiguo, de origen espa-ñol, leía como sigue:

“Art. 10. — Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del propietario; los bienes inmuebles, a las leyes del país en que están sitos.
“Sin embargo, las sucesiones legítimas y las testamentarias, así respecto al orden de suceder como a la cuantía de los derechos suce-sorios y a la validez intrínseca de sus disposiciones, se regularán por la ley nacional de la persona de cuya sucesión se trate, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país en que se encuentren.
“Los vizcaínos, aunque residan en las villas, seguirán sometidos, en cuanto a los bienes que posean en la tierra llana, a la ley 15, tit. 20, del Fuero de Vizcaya. ”

Y el mismo artículo, tal como quedó reformado por la Asamblea Legislativa de Puerto Eico desde el año de 1902, se limita a consignar:

“Los bienes muebles están sujetos a la ley de la nación del pro-pietario ; los bienes inmuebles, a las leyes del país en que están sitos. ’ ’

La razón del cambio se expresa así por la Comisión Codi-ficadora que preparó el proyecto del Códig’o Civil Eevisado, sometido a la Asamblea:

“La reforma más importante hecha al Título Preliminar del Có-digo ha sido la relativa a restringir la doctrina de los estatutos personal y real, tomando en cuenta y aplicando el principio general del derecho civil americano de que los derechos respecto de los bienes inmuebles han de regularse totalmente, así en cuanto a la contrata-ción como en cuanto a los derechos hereditarios, por la ley del país en que están sitos.”

Basándose en tales antecedentes y después de citar otras disposiciones legales aplicables al caso concreto que allí se discutía, y de invocar la opinión de tratadistas distinguidos y las decisiones de esta misma Corte Suprema en los casos de Cruz v. Domínguez, 8 D. P. R. 580, y Amadeo v. El Registrador, 3 D. P. R. 141 (2a. ed.), esta corte trazó su línea de conducta con toda claridad, optando por aplicar en Puerto Eico íntegramente la teoría americana, esto es, que la lex reí sitae es la norma que debe seguirse al determinar la capa-cidad legal de las partes en transacciones sobre bienes inmue-bles. Véase el caso de Colón, supra.

Pero se sostiene por la parte recurrente que la Legisla-tura de Puerto Eico no tenía facultades para variar la ley en cuanto pudiera referirse a extranjeros españoles, por te-ner éstos garantidos sus derechos en el párrafo primero del Artículo IX del Tratado de París, que, copiado a la letra, dice como sigue:

“Los súbditos españoles, naturales de la Península, residentes en el territorio cuya soberanía España renuncia o cede por el presente tratado, podrán permanecer en dicho territorio o marcharse de él, conservando en uno u otro caso todos sus derechos de propiedad, con inclusión del derecho de vender o disponer de tal propiedad o de sus productos; y además tendrán el derecho de ejercer su industria, co-mercio o profesión, sujetándose a este respecto a las leyes que sean aplicables a los demás extranjeros. En el caso de que permanezcan en el territorio, podrán conservar su nacionalidad española, haciendo ante una oficina de registro, dentro de un año después del cambio de ratificaciones de ese tratado, una declaración de su propósito de conservar dicha nacionalidad: a falta de esta declaración, se consi-derará que han renunciado dicha nacionalidad y adoptado la del terri-torio en el cual pueden residir.”

Dejando a un lado lá cuestión de si la recurrente tiene derecho a invocar ese artículo sin haber alegado que el señor Baví Durall residía en Puerto Rico cuando se efectuó el cam-bio de soberanía, procederemos a fijar el alcance del tratado en el particular de que se ha hecho mérito.

El Departamento de la Guerra de los Estados Unidos interpretó el artículo, y su interpretación fue publicada en Puerto Rico para conocimiento y g’obierno de los interesados, incluyéndola en la Orden General No.. 47, de 6 de marzo de 1909. Héla aquí:

“El Artículo IX garantiza a los súbditos españoles el derecho de conservar su nacionalidad española y seguir viviendo en dicho territorio; mantener sus derechos de propiedad y el de ejercer sus industrias, oficios o profesiones, debiendo ejercerse estos derechos con sujeción a las leyes del país que se apliquen a los demás extranjeros.”

El tratado en este respecto aplicó al caso de Puerto Rico la bien establecida regla de derecho internacional de que “la división de un imperio o la anexión de territorio no afecta a los derechos adquiridos de propiedad, y por lo tanto un ciudadano de un país que posee tierras en la parte del país que se ha separado de la madre patria, retiene su derecho a enajenar la tierra y trasmitirla a sus herederos aunque éstos sean también extranjeros en el nuevo país,” 1 R. C. L. 809; 31 L. R. A. 181, nota; Airhart v. Massieu, 98 U. S. 491.

Ahora bien, ¿el reconocimiento a los españoles de todos sns derechos de propiedad, con inclusión del de vender o dis-poner de sns bienes y de sns productos, implica que la Legis-latura de Puerto Rico, creada por el Congreso de los Esta-dos Unidos no pueda dictar leyes regulando el ejercicio de los derechos reconocidos?

En manera alguna, a nuestro juicio. Los españoles no adquirieron un privilegio extraordinario en este sentido. La actuación de ambos gobiernos fue la justa y procedente en tales casos. España sabía que dejaba en Puerto Rico miles de súbditos dueños de cuantiosos bienes y obtuvo que se les garantizara expresamente el pleno ejercicio de sus derechos de propiedad, pero no podía obtener ni obtuvo que ese ejer-cicio continuara regulándose por ella y no por la nueva sobe-ranía.

Regular el ejercicio de un derecho, no es desconocer su existencia. Al contrario. De ahí que aplicar a .los súbdi-tos españoles que poseen bienes inmuebles en Puerto Rico la regia que se aplica a los franceses e ingleses que se encuen-tren en tal caso y a los mismos puertorriqueños y america-nos, no sea violar la garantía solemne del tratado. Aquello que la legislatura del país consideró bueno para los natura-les de la isla, debe considerarse bueno también para los ex-tranjeros. Debemos presumir que las Asambleas legislan para fomentar el bien y el progreso de los pueblos que las eli-gen o en los cuales funcionan.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe con-firmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla, en cansa por infracción del artículo 553 del Código Penal.
    No. 1101.
    Resuelto en febrero 1, 1917.
    Cierre de Establecimientos — Denuncia Suficiente. — Suministra- información suficiente del delito de infracción al artículo 553 del Código Penal, eomo fué enméndado en 1914, una denuneia que imputa al acusado que maliciosa, volun-taria e ilegalmente, sabiendo que el Viernes Santo es día de fiesta legal, tenía abierto al público su establecimiento de pulpería, a las 4 de la tarde, en vez de tenerlo cerrado.
    Id. — Absolución Perentoria — Nonsuit—Testigos.—El mero hecho de que el único testigo que declaró contra el acusado fué el policía que hizo la denuneia, no es bastante para que se declare con lugar una moción de absolución peren-toria (nonsuit) pues no existe regla alguna de ley que requiera más de un testigo en casos eomo el presente.
    Id. — Error no Perjudicial — Interpretación de Ley. — Habiendo declarado pro-bado el juez sentenciador, dando crédito al testimonio del policía denunciante, que la tienda estaba abierta y que el acusado vendía a los que pasaban, no es perjudicial el error en que pudiera -incurrir en la interpretación de las palabras 1 cerrados al público ’' contenidas en el artículo 553 citado.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José D. Bodríguez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 553 del Código Penal como fué enmendado en el año 1914, en tanto es pertinente a cualquier cuestión que pueda estar envuelta en este caso ‘prescribe lo siguiente:

Los domingos durante todo el día; los días de fiesta legales desde las 12 m.; todos los sábados desde las 10 p. m.; todos los días laborables desde las 7 p. m. y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año desde las 10 p. m., permanecerán cerrados al público y una hora después de cerrados suspenderán todo trabajo para los empleados, los establecimientos comerciales e industriales ***."

El apelante fué declarado culpable por violación de este artículo a virtud de denuncia formulada por la policía, en la cual se imputan los hechos en la forma siguiente:

“Que en abril 21 de 1916, hora 4 p. m., y en el barrio La Torre de Lares, del Distrito Judicial Municipal de Lares, que forma parte del Distrito Judicial de Aguadilla, P. R., el acusado Manuel Rodrí-guez, maliciosa, voluntaria e ilegalmente, sabiendo que el Yiernes Santo es día de fiesta legal tenía abierto al público su establecimiento pulpería a las cuatro de la tarde, en vez de estar cerrado según lo dispone la ley.”

Se alega que la corte cometió error al desestimar la excep-ción previa presentada por el acusado fundada en que la de-nuncia no determina claramente que en realidad el acusado estaba vendiendo al público en la fecha alegada; pero aun-que una acusación redactada por un Fiscal podría ser ana-lizada más rigurosamente, creemos que en el presente caso los hechos alegados suministran información suficiente del delito imputado.

También se alega que la corte cometió error al declarar sin lugar la solicitad de absolución perentoria (non suit) hecha por el acusado, puesto que el único testigo que declaró contra el acusado fue el policía que hizo la denuncia; pero con excepción del párrafo 5 del artículo 102 de la Ley de Evi-dencia, el apelante no cita ninguna autoridad en apoyo de su alegación y no conocemos ninguna regla de ley que re-quiera más de un testigo en casos como éste.

Insiste asimismo el apelante en que la corte incurrió en error al ádmitir como cierta la declaración del policía ante la negativa terminante hecha por el acusado al declarar, que era el único testigo a su favor; pero no vemos que exista un error tan manifiesto en cuanto al particular que exija la revocación de la sentencia.

Puede ser que la corte técnicamente cometió error, como alega el apelante, en la interpretación que dió a las palabras ^‘cerrados al público,” pero el policía declara que la tienda -estaba abierta y que el acusado vendía a los que pasaban, habiendo declarado probado expresamente el juez sentencia-dor que esto ocurrió así. El error, por tanto, si alguno se cometió, no era perjudicial.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Tacoronte, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadillo; en causa por infracción del artículo 553 del Código Penal.
    No. 1097.
    Resuelto en febrero 2, 1917.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión en el caso 1101, El Pueblo v. Rodrí-guez, página 760.
    Abogado del apelante: Sr. José D. Rodríguez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, fiscal.

   Confirmada la sentencia apelada..

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutcbison.