author: El Juez Asociado Seño®. Travieso

text:
    Modesta Concepción Cosme, en su carácter de madre natural con patria potestad sobre sus hijos menores naturales reconocidos Alberto Padín Concepción, Joaquín y Carmen Padín Concepción, conocidos también por Joaquín y Carmen Concepción, demandantes y apelantes, v. Demetrio Latoni Pecunia, demandado y apelado.
    Núm. 7143.

    Sometido: Abril 1, 1937.

      Resuelto: Mayo 26, 1937.

      A. Casanova Prats, abogado de los apelantes; Bubón & Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño®. Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Modesta Concepción Cosme, madre natural con patria potestad sobre sus menores hijos naturales reconocidos Alberto, Joaquín y Carmen Padín Concepción, habidos como resultado de sus relaciones amorosas con don Joaquín Padín Martínez, entabló demanda contra Demetrio Latoni Pecunia, solicitando la nulidad del procedimiento ejecutivo hipote-cario seguido por éste contra dichos menores.

Los hechos fundamentales de este caso pueden resumirse así:

Don Joaquín Padín Martínez falleció en 30 de abril de 1929, habiendo otorgado testamento por el cual instituyó y nombró por sus únicos y universales herederos a sus menores hijos aquí demandantes, por partes iguales. Entre los bienes del finado figuraban dos ca,sas ubicadas en la ciudad de San Juan. Al fallecimiento del testador cada una de dichas casas estaba afecta a una hipoteca constituida por el testador a favor de doña Encarnación Aboy Vda. de Cintrón, en garantía de un préstamo de $4,000, de sus intereses al 12 por ciento anual y de un crédito adicional para el caso de ejecución.

El testamento de don Joaquín Padín Martínez contenía una disposición por la cual el testador nombraba a don Manuel (Jarcia Lago tutor de los menores demandantes.

Vencidos los créditos hipotecarios de la Sra. Aboy Viuda de Cintrón y no teniendo los menores demandantes la suma necesaria para impedir su ejecución, en 24 de diciembre de 1930, don Manuel García Lago, en su carácter de tutor testa-mentario y administrador de los bienes de los tres menores demandantes promovió ante la Corte de Distrito de San Juan el expediente núm. 13,745 sobre Autorización Judicial, en el que bacía constar la existencia y vencimiento de los referidos créditos hipotecarios, el requerimiento de pago becbo por la acreedora, la carencia de fondos con que pagar el importe adeudado, el peligro de que las fincas se perdiesen si la acreedora procedía al cobro por la vía judicial, y solicitaba permiso para hipotecarlas al demandado Latoni por la suma de $8,500, al 12 por ciento anual, por un plazo de tres años y para invertir dicha suma en el pago y cancelación de las dos hipotecas mencionadas y en los gastos que originase esta nueva negociación. Concedida la autorización solicitada, el referido tutor testamentario, en diciembre 30 de 1930 otorgó hipoteca voluntaria a favor del demandado para garantizar a éste el principal del préstamo, sus intereses y $800 de cré-dito adicional. De la sama tomada a préstamo, $8,330.35 fueron aplicados por el tutor testamentario al pago de las hipotecas y a cubrir los gastos y desembolsos causados por la cancelación de dichos gravámenes y por la constitución y registro de la nueva hipoteca a favor del demandado. El sobrante de $169.75 fué depositado en la secretaría de la corte de distrito.

Habiendo dejado de pagar los menores demandantes los intereses correspondientes a seis mensualidades, ascendentes a $510, el acreedor Demetrio Latoni radicó demanda de ejecu-ción de hipoteca en 18 de mayo, 1932, en la que solicitó se requiriera de pago al entonces tutor de los menores, don Francisco Font Manzano, así como a los menores, por tener éstos más de 14 años de edad. Hecho el requerimiento en la forma indicada y seguidos los demás trámites legales, las dos fincas hipotecadas fueron vendidas en pública subasta y adjudicadas al acreedor Latoni por la suma de $9,010, dejando sin cubrir la suma de $850 de costas y honorarios.

La demanda interpuesta a nombre de los menores alega tres causas de acción. La primera se basa en la alegada nulidad del nombramiento de tutor testamentario, hecho a Manuel García Lago por el testador, padre de los menores, estando viva y por tanto con patria potestad sobre los mismos, la madre natural de dichos menores; y en la alegada nulidad de la hipoteca constituida por dicho tutor a favor del demandado. Se basa la segunda en la alegada nulidad del nombramiento de tutor hecho a favor del Sr. Francisco Font Manzano, por la corte de distrito, al renunciar don Manuel García Lago su cargo de tutor testamentario, por corresponder la tutela de dichos menores a su madre natural Modesta Concepción Cosme; y en la nulidad del requeri-miento de pago hecho a ún tutor ilegalmente nombrado y en la falta de requerimiento a la madre de los menores deudores. En la tercera causa de acción se alega que el demandado está en posesión ilegal y de mala fe de las dos fincas; que esas fincas han producido al demandado rentas mensuales por las sumas de $119 y $140, respectivamente, desde la fecha en que el demandado entró en posesión de ellas.

Los demandantes piden sentencia por la que se declaren nulos (a) el nombramiento del tutor testamentario; (b) la hipoteca otorgada por dicho tutor testamentario a favor del demandado; (c) el procedimiento ejecutivo hipotecario se-guido por el demandado contra los menores demandantes y la venta hecha por el marshal a favor del demandado, así como su inscripción en el Registro. Suplican además que se condene al demandado a pagar a los demandantes la suma de $4,134 por concepto de alquileres dejados dé obtener por los menores, más los que se devenguen hasta la terminación del litigio, más las costas, gastos y honorarios de abogado.

El demandado, después de negar específicamente los hechos esenciales, alegó hechos en contrario que resumimos así:

1. Que Modesta Concepción Cosme no ha ejercido ni ejerce la patria potestad sobre los menores demandantes, por haber sido privada de ella por disposición testamentaria del causante de dichos menores, la cual no ha sido impugnada por la demandante, a pesar de haber tenido conocimiento de ella.

2. Que Manuel García Lago fue nombrado administrador judicial de los menores con el expreso consentimiento de la madre de éstos, Modesta Concepción Cosme, constante en estipulación de 29 de junio de 1929, suscrita por los abogados de Manuel García Lago y de Modesta Concepción Cosme, y en virtud de la cual se decretó la administración judicial de los bienes y se hizo el nombramiento del Administrador.

3. Que el demandado no recibió las sumas alegadas por los deman-dantes, ni ninguna otra suma, por concepto de alquileres de las dos casas, y que por el contrario tuvo que gastar $2,500 en reparar las fincas para ponerlas en condiciones de rentar.

En su contrademanda pidió el demandado la desestima-ción de la demanda y en caso de que ésta no procediere, que se dictara sentencia condenando a los demandantes a pagar al-demandado $9,010 como importe del crédito e inte-reses vencidos, más $850 de costas y honorarios, más $661.22 pagados por el demandado por contribuciones adeudadas por las dos fincas, más $2,500 por las reparaciones hechas en ambas propiedades, ascendente en total a $13,021.22, más las costas, gastos y honorarios que origine la presente acción.

Celebrada la vista del caso, la Corte de Distrito dictó sentencia declarando sin lugar la primera y la tercera y con lugar la segunda de las causas de acción alegadas en la de-manda; y declaró con lugar la contrademanda, condenando a los menores demandantes y contrademandados a pagar al demandado y contrademandante la suma de $8,500 importe del préstamo, más $510 de intereses devengados hasta abril de 1932, más $661.22 por contribuciones, más $2,500 importe de las reparaciones, o sea un total de $12,171.22, sin especial condenación en costas. Se provee además en dicha sentencia que el crédito por la referida cantidad representa un gravamen preferente sobre las dos fincas, en la proporción de por mitad cada una. Los demandantes han interpuesto el presente recurso, basado en un pliego de excepciones y ex-posición del caso y en los errores señalados en el alegato de los apelantes.

Las cuestiones legales envueltas en los seis primeros y en el 10°. y 13°. señalamientos pueden plantearse así:

Ia. — ¿Es válido el nombramiento de tutor de sus menores Rijos natu-rales reconocidos, liecRo por el testador, estando viva la madre natural de los menores?

2a. — Asumiendo que el nombramiento de tal tutor bajo las circuns-tancias expresadas fuese inválido, ¿lia quedado convalidado el contrato celebrado para beneficio de los menores, por los actos realizados por la propia madre natural, con posterioridad al fallecimiento del causante y después de tener conocimiento de tal nombramiento y por las órdenes dictadas por la corte de distrito para la protección de los intereses de los menores?

La voluntad del testador fue expresada en las siguientes palabras:

“En uso del derecho que le concede la ley elige y nombra tutor de sus menores hijos Joaquín, Carmen y Alberto, a su amigo don Manuel García Lago, mayor de edad, soltero, comerciante y vecino de esta ciudad, con relevación de fianza, confiriéndole las facultades en derecho necesarias; y si bien por ministerio de la ley, la madre natural de sus menores hijos, la citada Modesta Concepción y Cosme, tiene la patria potestad sobre dichos menores, velando por el bienestar y la educación de mis hijos, he creído conveniente el nombramiento de tutor que acabo de hacer, por las razones de que dicha madre hace mucho tiempo que no vive con sus hijos, a los cuales ha aban-donado, y por ser una mujer muy ignorante que de asumir la admi-nistración de los bienes que dejo a mis hijos, estarían éstos expuestos a sufrir privaciones y a presenciar malos ejemplos.”

La veracidad de las razones aducidas por el testador para justificar el nombramiento de tutor quedó establecida por la declaración de la propia demandante en el acto del juicio, en la que manifestó que se babía separado de su .amante Joaquín Padín Martínez porque no congeniaban; que los hijos de Padín se quedaron viviendo con él; y que ella se fué seis meses después de haberse dejado con Padín a vivir con otro hombre, con el que tuvo varios hijos, el primero de los cuales nació en el 1920.

No aparece del récord que la demandante impugnara con anterioridad a la iniciación del presente litigio el nombra-miento de tutor hecho por el testador. Por el contrario, la corte inferior declaró probados e incontrovertidos los hechos siguientes:

1. Que en junio 5 de 1929, Manuel García Lago, albacea y tutor de los menores, promovió la administración judicial de los bienes del testador (Caso núm. 9699); que Modesta Concepción Cosme, por representación de su abogado Enrique Lefebre, sus-cribió una estipulación por la que daba su consentimiento para que se declarase la administración judicial y se nombrase admi-nistrador a Manuel García Lago “por razón del conocimiento íntimo que tiene de los asuntos de la testamentaría y en bien de ésta retira su oposición a que se nombrara administrador en propiedad al mismo, estipulando su nombramiento con la otra parte”; que en virtud de dicha estipulación la corte decretó la administración judicial y nombró administrador a Manuel García Lago, quien prestó fianza, juró el cargo y tomó posesión del mismo.

2. Que en 24 de diciembre de 1930, Manuel García Lago, entonces tutor y administrador de los bienes de los menores, promovió el expediente núm. 13,745 ante la Corte de Distrito de San Juan, sobre autorización judicial, para contratar el préstamo con el demandado Latoni, con el fin de pagar las hipotecas ven-cidas y salvar las fincas hipotecadas a la Sra. Viuda de Cintrón; que la corte concedió la autorización en 29 de diciembre de 1929; y que el día 30 del mismo mes se constituyó la hipo-teca de cuya nulidad se trata y se pagaron y cancelaron los dos créditos ya mencionados.

3. Que habiendo renunciado Manuel García Lago los cargos de tutor y administrador judicial, la Corte de Distrito de San Juan, en 23 de junio de 1931, a petición del menor Joaquín Padín, nombró tutor y administrador de los bienes de los menores a don Francisco Font Manzano.

Basándose en esos hechos, la corte inferior sostuvo que aún cuando a la muerte del padre natural y por ministerio de la ley (artículo 152 del Código Civil, ed. 1930) la madre adquirió la patria potestad sobre los menores, el testador podía nombrarles un tutor para la administración de los bienes que dichos menores habían de heredar por virtud de su testamento, especialmente teniendo en cuenta que los menores en el presente caso eran herederos forzosos sola-mente en cuanto a una tercera parte de la herencia y here-deros voluntarios a manera de legado en cuanto a los otros dos tercios. E interpretando la voluntad del testador, ex-presada en la disposición testamentaria arriba transcrita, sostuvo el juzgador que el nombramiento de Manuel García Lago como tutor de los menores estaba limitado a la adminis-tración de los bienes y que no había ultraje para la institución de la patria potestad. Y a tono con esa interpretación declaró válida la hipoteca a favor del demandado y nula su ejecu-ción, por no haberse requerido de pago a la madre de los menores, quien tenía la patria potestad sobre sus hijos.

Es indiscutible que al fallecimiento del padre, la patria potestad sobre los hijos naturales reconocidos por ambos progenitores correspondía a la madre natural, de acuerdo con el artículo 154 del Código Civil (Ed. 1930); que la adminis-tración de los bienes de esos menores correspondía también a la madre, según, lo dispone el artículo 158 del mismo Código; y que de acuerdo con las disposiciones generales en materia de tutelas (Título IX, Cap. I, Art. 167, del Código Civil), el objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes, o solamente de los bienes, de los que, no estando bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos.

El Código Civil (ed. 1930) consagra el derecho de los padres que hayan instituido heredero a un hijo menor o a un hijo mayor pero incapacitado, a nombrarle por testamento un tutor, disponiendo:

"Artículo 174. — El padre o la madre pueden nombrar tutor en su testamento para sus hijos menores y para los mayores incapaci-tados."

El artículo 206 del Código Civil Español, que es el equi-valente al artículo 174, supra, dice así:

"El padre puede nombrar tutor y protutor para sus hijos menores y para los mayores incapacitados, ya sean legítimos, ya naturales reconocidos, o ya alguno de los ilegítimos a quienes, según el art. 139, está obligado a alimentar.
“Igual facultad corresponde a la madre; pero, si hubiere con-traído segundas nupcias, el nombramiento que hiciere para los hijos de su primer matrimonio no surtirá efecto sin la aprobación del Consejo de familia.
“En todo caso será preciso que la persona a quien se nombre tutor o protutor no se halle sometida a la potestad de otra. ’ ’

Como se ve, el artículo del Código español es mucho más amplio que el que está hoy en vigor en Puerto Rico. Comen-tando este artículo, Scaevola se expresa así:

“Es de notar que este derecho de nombrar tutor por testamento a los hijos corresponde por igual a los dos cónyuges, guardando siempre la preferencia de que por la naturaleza y por la ley disfruta el varón en la familia. Pero ¿quiere esto decir que si el padre, v. gr., a su fallecimiento, y en su disposición testamentaria, designare tutor a sus hijos para el caso de que falleciese la madre antes de que los hijos habidos llegaren a la mayor edad, quedaría aquélla incapacitada para hacer uso de los derechos que el Código le concede como dimanantes de la patria potestad? En nuestro sentir, no. Una cosa es la hegemonía de que el padre disfruta mientras rige y gobierna la sociedad matrimonial, y otra muy distinta la potestad de la madre, que no puede ser-absorbida por el predominio del marido; así, pues, nosotros entendemos que el Código Civil, en su art. 206, al conceder a los padres el derecho pleno de nombrar tutor por testamento a sus hijos, limita la facultad al cónyuge supérstite; pues que, de otra suerte, en vez de la concordia e igualdad de los derechos, reinaría un odioso privilegio.
“Ésta es, por otra parte, la tendencia manifiesta de los Códigos europeos. Sirva de prueba el art. 242 del Código Civil italiano, cuyo tenor es el siguiente: ‘ Corresponde el derecho de nombrar tutor pariente o extraño al padre o madre supérstite.’
“Igual principio se deriva del art. 193 del Código Civil por-tugués, puesto que admite que sólo en defecto o imposibilidad del padre puede la madre nombrar tutor por testamento.
“Por último, comprueba lo dicho el art. 397 del Código Civil francés, que establece ‘que el derecho de elegir un tutor pariente o extraño corresponde al cónyuge sobreviviente,’ palabras que si no son una traducción literal del artículo enunciado, expresan con la sufi-ciente claridad su contenido.
"Ésta es también, por otra parte, la opinión de los autores. Laurent, tratando de la tutela testamentaria, dice: ‘La ley concede este derecho al último superviviente, padre o madre. De aquí síguese que el primero que fallezca no puede nombrar un tutor testamen-tario. La tutela pertenece de derecho al superviviente, y ni el padre ni la madre puede privar a su cónyuge de la tutela. Y es evidente. Cuando viven ambos esposos, los dos comparten en el seno de la familia el poderío sobre los hijos; cuando uno de ellos baja al sepulcro, entonces todo el poder refluye en el que vive, bien sea éste el marido, bien la esposa, ya que afortunadamente, y reivindi-cando nuestras honrosas tradiciones, hemos -llegado a conferir a esta última el derecho que la corresponde. ¿ No sería exonerarla del mismo si se le desmembrara, acaso .de uno de los más nobles privilegios, de la patria potestad1?
"Un inciso del artículo que tratamos viene a darnos la razón. Dice así: ‘En-todo caso, será preciso que a la persona a quien se nombre tutor o protutor no se halle sometida a la potestad de otra.’ Y este párrafo, que dada su redacción algo confusa, parece no tener aplicación al caso de que nos ocupamos, tiénela, sin embargo, extra-ordinaria. Leído a prisa, muchos sin duda estimarán, y no sin motivo, que esta disposición se refiere a los tutores y protutores, cuando a quien hace directa alusión es a las personas que por su minoridad o incapacidad están sujetas a tutela. Que no concierne a los primeros, lo demuestra la colocación del inciso dentro del art. 206, dedicado exclusivamente a determinar la facultad de los padres y la condición de los hijos a quienes se extiende, y además, que sería una inútil repetición de lo expuesto en el art. 199, en directa relación con el núm. Io. del art.' 237 del Código Civil.
"El inciso a que nos venimos refiriendo quiere decir que cuando el padre o la madre hagan uso de su derecho designando tutor por testamento a sus hijos, debe entenderse que si al fallecimiento del primero viviese la segunda, o viceversa, si al fallecimiento de esta última viviera aquél, la designación no es válida, puesto que el hijo queda sometido a la'potestad del sobreviviente, cuya potestad rechaza en absoluto la existencia de la tutela, tanto porque al que tiene padre o madre no se le debe dar tutor, cuanto porque la designa-ción va aneja al que disfruta de la potestad.” Seaevola, Yol. 4, págs. 180-181.

Nótese que el artículo 242 del Código Civil italiano y el 397 del Código Civil francés establecen que el derecho de elegir un tutor pariente o extraño corresponde al cónyuge superviviente. El Código portugués también especifica clara-mente cuándo la madre puede nombrar tutor por testamento. En el artículo del Código Español no' aparece la palabra “superviviente”. Scaevola añade esta palabra, porque cree, al interpretar el artículo 206, que ésta fue la intención del legislador. Obsérvese que el comentarista español da mucho énfasis al último inciso del referido artículo, donde se dice que en todo caso será preciso que la persona a quien se nombre tutor o protutor no se halle sometida a la potestad de otra. Esta última disposición no está en vigor en Puerto Rico. Pué suprimida al aprobarse el artículo 174 de nuestro Código Civil que otorga al padre y a la madre la facultad general de nombrar tutor en su testamento a sus menores hijos o a los mayores incapacitados. Existen, sin embargo, otras disposiciones del Código que deben interpretarse en armonía con este artículo para establecer una conclusión correcta.

La patria potestad sobre los hijos legítimos no emanci-pados corresponde en primer término al padre, y, en ausencia, impedimento legal o muerte de éste, a la madre. Los hijos ilegítimos y los adoptivos menores de edad estarán bajo la potestad del padre o de la madre que los haya reconocido o adoptado. Si ambos los hubieran reconocido o adoptado, la patria potestad corresponderá en primer término al padre, y, en ausencia, impedimento legal o muerte de éste, a la madre. Artículo 152, Código Civil, edición de 1930.

Dispone el artículo 154 que la administración de los bienes de los hijos que están bajo la patria potestad pertenece en primer término al padre y en ausencia, impedimento legal o muerte de éste a la madre.

También dispone el artículo 167 que el objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes, o solamente de los bienes, de los que no estando bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos.

La corte inferior declaró válida la disposición testamen-taria sobre el nombramiento de tutor, entendiendo que el tes-tador podía establecer condiciones y nombrar nn adminis-trador para los bienes, por lo menos en lo que respecta a los dos tercios de libre disposición, especialmente si la madre no bacía vida común con los bijos.

¿Puede el padre o la madre, de acuerdo con el artículo 174 del Código Civil, privar por testamento al otro cónyuge de los cierecbos de la patria potestad? Opinamos que no. Si interpretáramos aisladamente el artículo 174 del Código Civil quizás nos veríamos obligados a sostener la afirmativa. Pero existiendo otros preceptos del Código que indican claramente los derechos del cónyuge superviviente sobre sus bijos y sus bienes, no creemos que la intención del legislador baya sido autorizar a uno de los esposos a privar al otro de los derechos inherentes a la patria potestad.

De acuerdo con las disposiciones legales y comentarios citados, debemos resolver que el nombramiento de Manuel García Lago, como tutor de los menores demandantes, era nulo y que al fallecimiento del testador la madre sobrevi-viente adquirió por ministerio de la ley la patria potestad sobre los menores y el derecho a administrar sus bienes.

El nombramiento de Manuel García Lago comoAlbacea no ha sido impugnado por los demandantes. Del récord aparece que dicho señor aceptó el cargo de Albacea y que obtuvo de la Corte de Distrito de San Juan las cartas testamentarias o de albaceazgo requeridas por la ley. Pué en cumplimiento de su deber como tal albacea, por existir herederos menores de edad y deudas que solventar, que Manuel García Lago promovió la administración judicial de los bienes correspondientes a dichos menores. Véanse: Garbia v. Carbia, 10 D.P.R. 400, y Artículos 556 y 558 del. Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933). La madre natural de los menores, quien tenía la patria potestad y como derecho que de ella emanaba el de administrar los bienes de sus hijos, consintió expresamente el nombramiento hecho por la corte a favor de Manuel García Lago, por considerarlo beneficioso para los intereses de los menores por el íntimo conocimiento que dicho señor tenía de los bienes de la herencia. La estipulación suscrita por su abogado, y que fue presentada a la corte como expresiva del consentimiento de la madre natural, no ha sido impugnada por ella en ningún momento. Es .cierto que la demandante se opuso en el acto del juicio a que dicha estipulación fuese admitida como prueba, pero la corte procedió correctamente al acep-tarla como evidencia del consentimiento de la madre natural para que se nombrase un administrador judicial, especial-mente en vista de que la otorgante de dicha estipulación no impugnaba la autorización de su abogado, para firmarla en su nombre y se limitaba a oponerse a su admisión, sin alegar razones o fundamentos para sostener la alegada inadmisi-bilidad.

Debemos sostener que habiendo consentido el nombra-miento de un administrador judicial de los bienes de sus menores hijos e inducido al demandado a contratar con dicho administrador el préstamo hipotecario que la corte de distrito consideró útil y necesario para salvar las dos fincas de la ejecución de los dos créditos constituidos sobre las mismas por el testador en favor de la señora Viuda de Cintrón, la demandante, madre natural de los menores demandantes, aceptó la validez de la, orden dictada por la Corte de Dis-trito de San Juan, en el expediente núm. 13,745, sobre auto-rización judicial, por la cual se autorizó a Manuel García Lago para contratar el referido préstamo con el demandado. Opinamos con la corte inferior que la administración judicial, el nombramiento de Manuel García Lago y la autorización judicial concedida a éste para la contratación del aludido préstamo quedaron convalidados por el acto voluntario de la madre natural de los demandantes, y en consecuencia que la hipoteca a favor del demandado quedó legalmente cons-tituida.

Alegan los apelantes que al constituir el gravamen hipotecario a favor del demandado, don Manuel García Lago actuó como tutor y no como administrador de los bienes de los menores, por haber renunciado el cargo de administrador con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la escritura de hipoteca. Entre la prueba documental ofrecida por los ■demandantes no figura la escritura de hipoteca a favor del demandado. No habiéndonos colocado los apelantes en eon-diciones de que podamos determinar el carácter con que •actuara Manuel García Lago al otorgar la escritura de hipoteca de 30 de diciembre de 1930, y apareciendo comprobado por la prueba documental del demandado que el referido señor había sido expresamente autorizado para tal otorgamiento por la corte de distrito, por resolución de fecha 24 de diciembre del mismo mes y año, y no habiéndose alegado ni probado que tal autorización hubiese sido revocada o limitada en manera alguna, debemos presumir que al otorgar dicha escritura Manuel García Lago actuó de acuerdo con y dentro de los límites de la. autorización concedídale por la corte de distrito para que pudiese llevar a efecto la contratación de un préstamo que dicho tribunal consideró útil y necesario para la protección de los intereses de los menores.

Admiten los menores apelantes que la contratación del préstamo de $8,500 que les hizo el demandado fué beneficioso para sus intereses, pues -con esos fondos pudieron librarse las dos casas de la ejecución que intentaba iniciar la anterior acreedora hipotecaria; y reconocen la obligación que tienen de devolver el principal del préstamo al demandado. Arguyen, sin embargo, que esa obligación debe limitarse a la suma de $8,000, que fué la cantidad dedicada a la cancelación de las anteriores hipotecas, y que no debe obligárseles a devolver el importe de los gastos originados por la cancelación de dichos gravámenes y por la constitución y registro de la hipoteca a favor del demandado; y que tampoco se les debe obligar al pago de intereses al tipo esti-pillado de 12 por ciento anual, debiendo imponérseles sola-mente el pago de intereses al tipo legal de 6 por ciento anual.

La sentencia del tribunal inferior se ajusta, a nuestro juicio, a los más sanos principios de la equidad. Decretar la nulidad del crédito del demandado, imponiendo a éste la pérdida del capital prestado y que fué usado para pagar deudas de los demandantes y salvar a éstos sus propiedades amenazadas de ejecución, equivaldría a permitir el enrique-cimiento injusto de los demandantes a expensas de quien les ayudó de buena fe, confiado en la legalidad y suficiencia de la autorización judicial de la corte de distrito. Así lo lia admitido la representación de los apelantes al manifestar que sus representados reconocen que están obligados a devolver los $8,000 pagados a la señora Viuda de Cintrón. ¿Por qué no ban de estar igualmente obligados a devolver el importe de los gastos originados por la cancelación de los anteriores gravámenes y la constitución del nuevo, y a satis-facer los intereses al tipo estipulado? No vemos razón alguna para la diferencia que pretenden establecer los ape-lantes y opinamos que la corte inferior no erró al condenarles a devolver la totalidad del crédito, más sus intereses al tipo convenido y aprobado previamente por el mismo tribunal.

Los señalamientos séptimo, octavo y noveno pueden ser tratados como uno solo. Alegaron los demandantes que el demandado estaba en posesión de las fincas ilegalmente y de mala fe y que dichas fincas “han producido al demandado rentas o alquileres mensuales de $119 una y $140 la otra, desde la fecha en que el demandado entró en posesión.” Negó el demandado esos hechos en esta forma:

“Niega el demandado que dichas fincas hayan producido al deman-dado rentas o alquileres mensuales por la suma de $119 la finca descrita bajo la letra ‘A’ y $140 la finca descrita bajo la letra ‘B,’ ni ninguna otra suma de dinero.”

Y alegó además que tuvo que reparar las dos casas, a un costo de $2,500 para ponerlas en condiciones de rentar.

La ■ controversia o issue- en cnanto al montante de las rentas quedó perfectamente planteada por las alegaciones de ambas partes. La contestación del demandado sobre ese extremo no envuelve ninguna admisión, toda vez qne el demandado negó haber recibido las snmas especificadas en la demanda o cualquiera otra suma. No cometió error la corte inferior al resolver qne no se trataba de nn negative pregnant.

Es cierto qne correspondía a los demandantes probar sn alegación afirmativa en cnanto a las snmas realmente reci-bidas por el demandado por concepto de alquileres. Pero no es menos cierto qne el demandado, como poseedor de las fincas, estaba en mejores condiciones qne los demandantes para saber lo qne las mismas produjeron durante el tiempo de sn posesión. Pndiendo haber ayudado al esclarecimiento de la verdad, compareciendo ante la corte a declarar sobre los hechos, optó por no hacerlo. Hemos examinado la evi-dencia ofrecida para probar ese extremo y la consideramos insuficiente. Se refería dicha prueba a lo qne las casas rentaron hasta marzo de 1929, al padre de los demandantes, y no a las rentas qne realmente produjeran o debieran haber producido, al demandado durante el tiempo qne éste las poseyó. La corte sentenciadora no tuvo ante sí los elementos necesarios para poder fijar la cuantía de la reclamación. Véanse: Morales v. Landráu, 15 D.P.R. 782; Román Benitez v. Rivera, 43 D.P.R. 538; y Pontón v. Sucrs. de Huertas y González, 46 D.P.R. 796.

Considerando qne es nuestro deber hacer cumplida jus-ticia entre las partes litigantes, adjudicar sus respectivos derechos, y no permitir el enriquecimiento de una parte a expensas de la otra; y no estando convencidos de qne el de-mandado no percibiera cantidad alguna por concepto de cánones de arrendamiento de las dos fincas durante el tiempo qne estuvo en posesión de dichas propiedades, opinamos qne debe dejarse sin efecto la sentencia de la corte inferior en cuanto declaró sin lugar la reclamación de las rentas perci-bidas por el demandado y las que los demandantes dejaron de percibir o hubieran podido percibir y devolverse el caso a la corte inferior para que lo abra a prueba en cnanto a esos extremos, requiriendo al demandado para que rinda cuenta de las cantidades realmente percibidas por él por con-cepto de cánones de arrendamiento y dando una oportunidad a los demandantes para que presenten la evidencia que pudieren tener en oposición a la que ofreciere el demandado.

No cometió la corte inferior el undécimo error señalado. Los menores demandantes, como dueños de las fincas hipotecadas, estaban obligados a pagar las contribuciones impuestas a dichos inmuebles durante el tiempo que las poseyó el demandado. Esa obligación es consecuencia inevitable de la anulación del procedimiento hipotecario seguido por el demandado.

Tampoco erró el juzgador al condenar a los demandantes y contrademandados a devolver al demandado la suma de $2,500 reclamada por éste por concepto de reparaciones hechas por él en las casas. Aun cuando considerásemos que el demandado en este caso era un poseedor de mala fe, siempre tendría éste derecho a reclamar los gastos incurridos por él para la conservación de las casas. Ta hemos visto que los demandantes no probaron que el demandado recibiera cantidad alguna por concepto de alquileres durante el término de su posesión. El demandado probó que las fincas habían quedado en condiciones deplorables y en estado de ruina como consecuencia del ciclón de San Ciprián; que las reparaciones eran necesarias para la conservación de las fincas y para poder alquilarlas; y que el costo total de dichas reparaciones ascendió a $2,694.24. Véase: Román Benítez v. Rivera, supra.

Del examen de la prueba aducida por ambas partes no surge el manifiesto error de apreciación que se imputa al tribunal sentenciador. La evidencia es ampliamente sufi-cíente para sostener las conclusiones de derecho en qne se basa la sentencia. Y no encontramos fundamento para la alegación de que la corte inferior abusó de su discreción al rehusar imponer al demandado el pago de costas y honorarios de abogado.

Por las razones expuestas se modifica la sentmcia apelada en el sentido de dejar sm efecto aquella parte de la misma que declara sm Vagar la reclamación de los demcmdamtes por el importe de. las recitas percibidas por el demandado y las qice pudieron haber percibido los demandantes, y se. devuelve el caso a la corte inferior para que proceda a abrirlo a prueba en cuanto a la reclamación sobre las rentas, requiriendo al demandado para qtoe rinda menta de las rentas realmente percibiclas por él desde la fecha de la radicación de la de-mcmda y durante todo el tiempo de su posesión y dando opor-hmidad a los demcmdamtes para presentar la -evidencia que fuere pertinente para probar el valor de los frutos podidos percibir y que no hubieren sido percibidos por culpa, -aban-dono o negligencia -del demandado. Y •asi modificada se con-firma la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió en cuanto a la devolución del caso por estimar que existe base suficiente en la prueba para dictar sentencia definitiva respecto a las rentas dejadas de percibir.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Carrillo, acusado y apelante.
    Núm. 6461.

    Sometido: Mayo 21, 1937.

      Resuelto: Mayo 26, 1937.

      Burset & Pérez Pimentel, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia formulada contra el acusado apelante lee así:

“. . . Que en 17 de sept. 8:00 P. M. de 1935, y en la Plaza Muñoz Rivera de Humacao, P. R., dentro del Distrito Judicial Municipal de Humacao, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, P. R., el referido acusado Juan Carrillo (a) Juan Alicea Carrillo, allí y entonces, voluntaria, ilegal y maliciosamente, con intención criminal de inferir algún daño violento en la persona de un semejante, con el propósito de causarle daño corporal, acometió y agredió con un instrumento cortante al ser humano Pablo Reoyo, ocasionándole una herida en la musculatura del brazo derecho, de carácter grave, en la cual hubo necesidad de cogerle 4 puntos, siendo curado en el hospital municipal de esta población.
“Los agravantes alegados en esta denuncia consisten en que la herida que infirió el acusado Juan Carrillo (a) Juan Alicea Carrillo en la persona de Pablo Reoyo, fué de carácter grave.”

Celebrado el juicio ante la Corte de Distrito de Humacao, en grado de apelación de la corte municipal de la misma ciudad, el acusado fué convicto de un delito de acometimiento y agresión grave y sentenciado a un año de cárcel y las costas.

En el presente recurso se alega como fundamento para pedir la revocación de la sentencia que ésta es contraria a la prueba y a derecho.

Arguye el apelante que habiéndose alegado en la denuncia como circunstancia agravante del acometimiento y agresión, el. carácter grave de la herida inferida por el acusado al individuo Pablo Beoyo, el fiscal debió presentar evidencia para sustanciar ese hecho; y sostiene el apelante que del récord no aparece evidencia alguna que demuestre que la herida era de carácter grave.

La argumentación del apelante se basa principalmente en el siguiente incidente ocurrido durante la vista del caso. Después de haber declarado el agredido y uno de los testigos de cargo, el fiscal solicitó de la corte que se’citase como testigo al médico que asistió al herido, y la corte así lo ordenó. Se opuso la defensa a que se examinase un testigo cuyo nombre no aparecía relacionado en la denuncia y que no había de-clarado en el juicio ante la corte municipal; y alegó además, que era improcedente admitir prueba sobre el carácter grave de la herida, porque habiendo sido convicto el acusado por la corte municipal de un delito de acometimiento y agresión simple, por el que se le condenó a $50 de multa, el acusado no puede ser expuesto en la apelación ante la corte a ser condenado por acometimiento y agresión grave. Siguió la corte examinando otro testigo mientras se practicaba la cita-ción del médico, después de lo cual, y siendo como las once de la mañana, el márshal informó que el doctor no podría comparecer hasta las cuatro de la tarde por estar ocupado en una operación muy larga. Sometió el caso el fiscal sin prueba pericial. Solicitó la defensa que se rebajase el grado del delito a acometimiento y agresión simple y la corte resol-vió el incidente con estas palabras:

“Sin lugar. La corte entiende que la presencia del médico para probar la gravedad de la herida no es un requisito sine qua non, sino que es uno de tantos factores a considerar para una conclusión; y entiende además que viniendo un perito, su opinión no es compul-soria para la corte.”

Hemos examinado cuidadosamente la evidencia aducida por el fiscal y opinamos que ella es ampliamente' suficiente para sostener la acusación y justificar la sentencia recurrida. De ella aparece que el acusado, sin excusa o justificación alguna, acometió y agredió a Pablo iteoyo, haciendo uso de un instrumento cortante con el cual le infirió una herida en los músculos del brazo derecho; que la herida dió lugar a una hemorragia que hizo necesario suturar con seis puntos los vasos sanguíneos o venas interesados y con cuatro puntos los bordes de la herida; que el herido hubo de guardar cama durante diez días, habiendo corrido el riesgo de una septicemia. Y del récord consta que en el acto del juicio el herido mostró al juez sentenciador la cicatriz que en su brazo derecho había dejado la herida inferida por el acusado. El juez tuvo una oportunidad, que no tenemos nosotros, de ver y oír a los testigos y de inspeccionar y darse cuenta de la importancia y gravedad de la herida. Los autos no revelan dato alguno que justifique la imputación de que el juez senten-ciador actuó bajo la influencia de la pasión o del prejuicio. No erró, a nuestro juicio, la corte inferior en la apreciación de la prueba. Véanse: People v. Hong Ah Duck, 61 Cal. 391; People v. Gibson, 106 Cal. 474; Fuller v. State, 23 So. 688; Evans v. State, 25 So. 175.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado SeñoR Tkavieso

text:
    Manuel Miguel, demandante y apelante, v. Hernaiz Targa & Co., Sucrs., S. en C., Melón Hnos. & Co., S. en C., y Catalán González & Co., S. en C., demandadas y apeladas. José Salim y Adela Miguel, demandantes y apelantes, v. Hernaiz Targa & Co., Sucrs., S. en C., Melón Hnos. & Co., S. en C. y Catalán González & Co., S. en C., demandadas y apeladas.
    Núms. 7139 y 7141.

    Sometidos: Mayo 6, 1937.

      Resueltos: Mayo 26, 1937.

      Pedro G. Quiñones, abogado de los apelantes; Angel A. Vázquez, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado SeñoR Tkavieso

emitió la opinión del tribunal.

Los casos del epígrafe fueron consolidados a los efectos de la práctica de la prueba y resueltos por una sola sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, por haberse entablado contra las mismas demandadas y referirse a la misma transac-ción. Seguiremos considerándolos conjuntamente.

Las sociedades mercantiles aquí demandadas y apeladas incoaron ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, como acreedoras peticionarias, la petición núm. 951, para que se declarase la quiebra involuntaria del deudor Pedro Tartak.

En 2 de febrero de 1931, el Juez de la Corte Federal, después de oír las declaraciones de varios testigos, basándose en la declaración escrita y jurada de Enrique B. Sánchez, expidió una orden de allanamiento y apoderamiento de bienes, la que traducida al castellano dice así:

“En la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. — En el asunto de Pedro Tartak, quebrado, núm. 951, Quiebra.— En virtud de declaraciones juradas de Enrique B. Sánchez, radicadas en este caso, se ordena y manda que el Marshal de los Estados Unidos registre las siguientes propiedades:
“El piso bajo de una casa situada en la calle ‘República’ núm. 11, Santurce, P. R., y la casa situada en la calle Isern núm. 9, Santurce, P. R.; y que se apodere de toda la mercancía que encuentre en la misma y la retenga en su posesión hasta recibir órdenes posteriores de esta Corte. San Juan, P. R., febrero 2 de 1931. (Fdo..) Ira K. Wells, Juez de Distrito de los Estados Unidos.”

Alega el demandante Manuel Miguel que en cumplimiento de la orden arriba transcrita un marshal de la Corte Federal, a la fuerza y violentamente, invadió, allanó y registró dos apartamientos de la casa núm. 9 de la calle Isern, y más tarde, registró en igual forma el piso bajo de la casa del demandante.

El demandante reclama una indemnización de $15,000 y las costas del pleito. Los fundamentos de la demanda son:

1. Que la orden de allanamiento es nula e ineficaz (a) porque está fundada en una declaración por referencia; (6) porque no describe el sitio que se ha de allanar y registrar, ni tampoco la persona cuya casa se ha de allanar, ni los bienes de que el marshal debía apoderarse; y (c) porque de la faz de la orden misma no aparece causa probable que justifique su expedición.

2. Que del diligeneiamiento del marshal aparece que éste no encontró mercadería alguna en casa del demandante.

3. Que la orden de allanamiento fué expedida y las actuaciones del marshal fueron realizadas a instancias de las demandadas, como acreedoras peticionarias en el procedimiento de quiebra contra Pedro Tartak.

La demanda interpuesta en el caso núm. 7141 contiene prácticamente las mismas alegaciones que la del caso núm. 7139. Y en ella se reclama la suma de $5,000 como indemni-zación.

Negaron las demandadas específicamente los hechos esen-ciales de ambas demandas y alegaron en contrario que la orden de allanamiento fué expedida y el allanamiento prac-ticado sin intervención, solicitud o gestión alguna por parte de las demandadas, y que lo fueron a solicitud del Receiver y del Juez de la Quiebra, quienes actuaron de acuerdo con informes de personas ajenas a las demandadas; y que si bien es verdad que de la orden de allanamiento y registro no aparece causa probable, sin embargo, para dictarla y expe-dirla existió causa probable más que suficiente, porque en virtud de tal orden y su ejecución fueron encontrados bienes del quebrado escondidos en la casa núm. 11 de la calle de la República.

La corte de distrito dictó sentencia declarando sin lugar ambas demandas, sin especial condenación de costas. Y no conformes los demandantes en ambos casos, apelaron. En sus alegatos señalan como errores de la corte sentenciadora el haber apreciado erróneamente la prueba y haber dictado sentencias contrarias a derecho.

La nulidad de la orden de allanamiento está admitida expresamente por las demandadas y fué declarada por este Tribunal en la opinión dictada en los casos de Manuel Miguel v. Laureano Alvarez et als., y José Salim y Adela Miguel v. Laureano Alvares et als., ante, pág. 399.

Las únicas cuestiones que debemos resolver son:

Ia. ¿ Qué intervención o participación tuvieron las sociedades deman-dadas en la obtención y diligenciamiento de la orden de allana-miento y registro de la casa de los demandantes?

2a. En el caso de que las demandadas hayan tenido tal intervención o participación, ¿ han presentado los demandantes pruebas sufi-cientes para justificar los daños que alegan haber sufrido como consecuencia del registro de su hogar?

3a. ¿Tienen derecho los demandantes, de acuerdo con la evidencia, a que se les concedan daños punitivos?

En su relación del'caso y opinión la corte sentenciadora declara como hechos probados los siguientes:

Que las sociedades mercantiles demandadas fueron las acreedoras peticionarias de la quiebra de Tartak, y que el abogado de dichas acreedoras era el Licenciado Luis Toro Cabañas; que éste, a nombre de las acreedoras peticionarias, radicó ante la Corte de Quiebra una petición para el examen de testigos antes de la adjudicación, de acuerdo con la Sec-ción 21-A de la Ley de Quiebra, alegando que mercancías y efectos del quebrado habían sido trasladados de su estableci-miento y ocultados en distintos lugares, de suerte que el Síndico estaba impedido de tomar posesión de todos los bienes del quebrado; que el Lie. Toro Cabañas asistió a las juntas de acreedores, celebradas en 22 y 26 de enero de 1931, en representación de las acreedoras peticionarias; que el 2 de febrero de 1931 el citado abogado dió instrucciones a dos detectives para que buscaran al individuo Enrique Ballester Sánchez, el que fue llevado a la oficina del abogado y de allí a la Secretaría de la Corte Federal, donde prestó la declaración jurada que sirvió de base para la expedición de la orden de allanamiento y registro en cuestión; que la orden fue entregada al márshal, sin que se expresara por quién; que el márshal practicó el registro de la casa núm. 11 calle República, habitada por José Francisco, encontrando allí mercancías y efectos del quebrado; que el márshal practicó también el registro de los apartamientos de los demandantes, sin hacer uso de fuerza o violencia, y que estuvo acompañado en ese registro por el abogado Luis Toro Cabañas y dos personas más; que en el registro de los apartamientos de los demandantes no se encontraron bienes algunos del quebrado. Y después de considerar la evidencia de ambas partes, la corte llegó a la siguiente conclusión:

“Por el resultado de la evidencia estimamos que el abogado Luis Toro Cabañas, quien representaba a las demandadas en la quiebra involuntaria de Pedro Tartak, el día 2 de febrero de 1931, fué quien gestionó la comparecencia do Enrique Ballester Sánchez, cuya decla-ración jurada sirvió de base para la expedición de la orden de allana-miento, y que dicho abogado fué quien consiguió del juez la referida orden, y también acompañó al marshal en el allanamiento y registro, si bien ningún acto de excitación, ni de instigación realizó dicho letrado con el marshal para el allanamiento aludido.”

Las gestiones practicadas por el abogado Toro Cabañas lo fueron para la protección y beneficio de los intereses de las aquí demandadas, como acreedoras peticionarias dentro del procedimiento de quiebra iniciado por ellas. Como abogado de récord él estaba autorizado implícitamente para practicar todas aquellas gestiones que fueren necesarias o aconsejables dentro del procedimiento de quiebra, para conseguir y poner bajo la jurisdicción de la corte los bienes del quebrado; y los actos por él realizados con el indicado fin, en ausencia de fraude, son obligatorios para sus clientes. Véanse: 2 R.C.L. párr. 63, pág. 986, y El Banco de San Juan v. Corte de Distrito de San Juan, 32 .PD.R. 841.

La máxima legal gui facit per almm facit per se es de aplicación al presente caso. Si el abogado, actuando como agente y representante legal de las demandadas y con el fin de proteger los intereses que le habían sido encomendados, instó y gestionó la expedición de una orden de allanamiento y registro de la casa de los demandantes, y ayudó al diligenciamiento de la misma, maliciosamente, sin causa probable, y sin cumplir los requisitos legales necesarios para la validez de dicha orden, las demandadas son responsables de los daños y perjuicios que se le causaren a los demandantes como consecuencia de la ejecución de nna orden viciada de nulidad. Véanse: Weaver v. Ficke, 192 S. W. 515, y la nota en 45 A.L.R. 609.

El derecho de todo ciudadano a que se proteja su persona y su propiedad contra arrestos y registros ilegales, está expresamente reconocido por la Ley Orgánica de Puerto Bico y por la Constitución Federal. Y la violación de ese- derecho, sin una causa razonable que lo justifique, da un derecho de acción a la parte perjudicada. La Ley Orgánica de Puerto Bico dispone:

“No se expedirá mandamiento de arresto o registro sino por motivo fundado, apoyado en juramento o afirmación, y describiendo particularmente el lugar que ba de registrarse y las personas que han de ser detenidas o las cosas que deben ser embargadas.” (Artículo 2, párrafo 28.)

La orden de allanamiento estaba viciada de nulidad. El registro que se hizo en los apartamientos de los demandantes en virtud de dicha orden fue practicado ilegalmente y en violación de los derechos constitucionales de los demandantes. Y habiéndose obtenido la orden y practicado el registro a instancia y con la intervención del abogado de las deman-dadas, éstas son responsables de los daños y perjuicios que hayan podido sufrir los demandantes. La corte inferior erró al resolver que la prueba no era suficiente para justificar una sentencia a favor de los demandantes.

Convenimos con la eorte( sentenciadora en que la evidencia introducida por los demandantes para probar los daños y perjuicios alegados específicamente en la demanda, es insuficiente.

Veamos ahora si los hechos probados justificarían la con-cesión de daños punitivos a los demandantes.

En el caso de Weaver v. Ficke, supra, la corte al conceder daños punitivos al demandante, dijo:

“Pero se insiste en que la evidencia no autorizaba una instruc-ción sobre daños punitivos en cuanto a Weaver. Con frecuencia hemos resuelto que pueden recobrarse daños punitivos cuando el allanamiento se ha hecho maliciosamente, o sin tener en consideración en absoluto los derechos del demandante. (Citas.) Debe recordarse que en un caso como éste la malicia no significa simplemente mala voluntad contra una persona, sino que significa un acto torticero realizado intencionalmente, sin justa causa o excusa. Aquí el allana-miento no fué accidental, sino intencional. T fué además ilegal e injustificable. . . Habiendo ayudado y aconsejado la expedición de la orden y el allanamiento de ella resultante, y en esa forma puesto en acción a los funcionarios oficiales, Weaver es responsable por los actos ilegales realizados por dichos funcionarios al practicar el registro. Bajo esas circunstancias, la instrucción sobre daños puni-tivos estaba claramente autorizada.”

No estamos conformes con la conclusión a que llegó la corte inferior al sostener que de la prueba “se desprende que no se actuó maliciosamente y sin causa probable,” por cuanto de ella resulta que parte de la mercancía que se buscaba fué encontrada en la casa República núm. 11, del individuo José Francisco. Los demandantes tienen un de-recho constitucional a no ser molestados y a que no se inte-rrumpa la paz y tranquilidad de su hogar invadiéndolo para practicar en él registros sin una orden legalmente obtenida y sin causa probable que lo justifique. No podemos aceptar como evidencia que establezca la existencia de causa probable que justifique el allanamiento y registro practicado en las casas de los demandantes, el hecho de que parte de la propiedad que se alegaba haber sido ocultada por el quebrado había sido encontrada en la casa de José Francisco, quien no se ha probado que sea pariente o empleado de los deman-dantes.

No es necesario, para el ejercicio de la acción interpuesta por los demandantes, probar que éstos fueran arrestados o que su propiedad fuera embargada, ni que se les imputara expresamente el haber ocultado bienes del quebrado para ayudar a éste a defraudar a sus acreedores. La esencia del daño causado a los demandantes consiste en haber invadido sus hogares con el anunciado propósito de registrarlos para buscar en ellos mercancías que se alegaba una persona en estado de quiebra había ocultado allí con la intención de defraudar a sus acreedores, y en haber sometido a los deman-dantes a la vergüenza y humillación que hubo de producirles el verse expuestos ante el público como personas capaces de confabularse con otras para perpetrar un fraude. Véase: Krehbiel v. Henkle, 121 N. W. (Iowa) 378.

Somos de opinión que la corte inferior erró al dictar sen-tencia desestimando la demanda. Aceptada la nulidad de la orden de allanamiento; no apareciendo de la prueba causa probable suficiente para justificar el acto realizado contra los demandantes; y resultando que el acto del allanamiento y registro no fue accidental y sí intencional y que fue realizado sin tener en consideración los derechos de los demandantes, debe revooa/rse la sentencia apelada y en su lugar dictarse otra declarando con hogar la demanda y condenando a las demandadas H&maiz, Targa & Ge., Sncrs., 8. en C., Melón Hermanos S Ge., 8. en G., y Catalán González & Go., 8. en G., mancomunada y solidariamente, a pagar a M'Omoel Miguel, demandante -en el oaso núm. 7139, la suma de quinientos dó-lares ($500) como indemnización, más las costas, gastos y desembolsos originados por esta acción, tanto en la corte inferior como en esta Corte Suprema; y a los esposos José Salim y Adela Miguel, demandantes en el caso núm. 7141, para beneficio de ambos, la suma de quinientos dólares ($500) como indemnización, más las costas, gastos y desembolsos en. que hubieren meiorrido ante la corte inferior y ante esta Corte Sitprema. Las costas concedidas no incluirán honorarios de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Luque, acusado y apelante.
    Núm. 6534.

    Sometido: Mayo 20, 1937.

      Resuelto: Mayo 26, 1937.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se imputa a José Luque un delito de abandono de menores. Expresa la denuncia que “durante el mes de febrero de 1935, y en Río Piedras, P. R., del distrito judicial municipal de Río Piedras, que forma parte del dis-trito judicial de San Juan, P. R., el referido acusado voluntaria y maliciosamente y sin excusa legal, ha dejado de proveer a sus hijas menores Evelyn, Lillian, y Edith, el alimento, vestidos, medicinas y demás menesteres necesarios para su vida, siendo dichas niñas hijas legítimas del acusado.”

Celebrada la vista de la causa y practicada la prueba por ambas partes aportada, se dictó la siguiente sentencia:

“La Corte declara al acusado culpable por infracción del artículo 263 del Código Penal de Puerto Rico, y le condena a pagar una multa de $15.00 y las costas del procedimiento, y si no pagare la multa, a sufrir un día de cárcel por cada dólar de la misma que dejare de satisfacer; y en atención a las circunstancias especiales de este caso, la Corte, amparándose en los preceptos del artículo de ley en que se funda la denuncia, tal como quedó enmendado por la ley núm. 35 de 1931 (pág. 353), deja en suspenso la sentencia en tanto en cuanto el acusado cumpla la condición que por la presente se le impone de contribuir con $15 mensuales para los gastos y atenciones de sus tres bijas menores de edad, disponiéndose que si esta condición no fuere cumplida por el acusado, la Corte, previa investigación y audiencia, decretará el cumplimiento de esta sentencia.”

Se alega que la prueba es insuficiente para sostener la sentencia dictada, que se admitió evidencia de beclios remotos anteriores y posteriores a la fecha alegada en la acusación, dándose así lugar a que en virtud de esa sorpresa y de tal prueba el acusado fuera declarado culpable, y que se denegó erróneamente la moción de reconsideración de sentencia pre-sentada por la defensa.

La Sra. Petra Freire, esposa que fue del acusado, declara que desde el mes de diciembre de 1933 se fué a vivir con su madre porque el acusado la abandonó. Sigue diciendo que ha tenido unos cuantos juicios y que su antiguo esposo le pasó los últimos $10 en febrero de 1935, desde cuya fecha no le ha pasado absolutamente nada. Desde entonces ha estado luchando inútilmente para que el acusado le pase algo y no le ha pasado nada. Afirma que es insolvente, que el acusado, en nueve años de casados, nunca la sostuvo mal, que en la actualidad estudia en una escuela superior nocturna y que la testigo ganaba $7 semanales y en el momento en que declara está colocada en la F.E.R.A. con un sueldo de $45 mensuales.

El testigo de cargo José Félix Freire corrobora la decla-ración de Petra Freire y agrega que el acusado le estuvo pasando alimentos a sus hijas como cuatro o seis meses y que desde febrero de 1935 no les ha dado nada; que lo último que les dió fueron $10, en febrero.

El acusado declara que en febrero de 1935 le mandó $12 a su esposa, que guarda recibos de las cantidades que le envió por correo con anterioridad y que nunca ha dejado de mandarle; que tiene relación del postmaster de los giros postales que le mandó, que es ésa una relación del postmaster diciendo cuándo fueron expedidos y por quién fueron cobrados los giros, que en enero de 1935 le mandó $10, qne en noviembre le envió $10 y en diciembre $15, y qne en la actualidad está sin colocación; que después que le dió los $12 no ha recibido ninguna notificación ni de su esposa ni de ningún familiar; qne a partir de febrero, 1935, no le ha dado nada.

El testigo Ricardo Sola corrobora la declaración del acu-sado en cnanto a la remesa de $12 a Petra Freire en el mes de febrero.

La denuncia imputa el abandono en el mes de febrero de 1935 y no en otra fecha. En ese mes la denunciante admite que el acusado le envió $10. José Luque declara que fueron $12. T)e su testimonio se deduce qne mientras declara tiene en sus manos una relación del postmaster diciendo cuándo fueron expedidos ciertos giros postales enviados a la denun-ciante y cuándo fueron cobrados. No hay duda de que el acusado desde el mes de febrero no ha enviado un centavo a su esposa, pero en la denuncia no se le imputa que haya dejado de suministrar los alimentos desde esta fecha. Es en el mes de febrero en que según la denunciante el acusado dejó de proveer a sus hijas menores de vestidos, medicinas y demás menesteres necesarios para su vida.

La corte inferior condenó a dicho acusado a pasarle $15 mensuales a sus hijas. Si como parece éste les envió en ese mes $12, no creemos justo que se le impute un delito de abandono de menores en dicho mes, cuando en realidad sólo remitió $3 menos de lo que dicha corte ha creído razonable para el mantenimiento de sus hijas, de acuerdo con las cir-cunstancias del caso. Si el acusado con anterioridad, lo que no aparece claro de los autos, dejó de suministrarles alimentos a las menores, su conducta no puede servir de base para una sentencia de culpabilidad a juzgar por la prueba practicada. Si la corte opinó que este acusado dejó de cumplir con los deberes que le impone la ley antes' de la fecha indicada, nó puede castigársele por esos hechos cuando en febrero el referido acusado envió a sus hijas la cantidad de $10 ó $12. Evidencia de hechos similares con anterioridad a la acusa-ción pnede presentarse en casos excepcionales para probar conocimiento, intención, designio o plan. Apunta Wigmore qne “el aspecto peculiar de este proceso de prueba es qne el acto mismo se presume realizado, ya porque, como asnal-mente ocurre, este acto es concedido, o porque se instruya al jurado no considerar la evidencia desde este punto de vista mientras no entienda que el acto ha sido probado y se dis-ponga a determinar la intención.” Pueblo v. Juarbe, 43 D. P.R. 448, 453.

En el presente caso los hechos anteriores a. la presenta-ción de la denuncia no arrojan luz alguna con respecto a la intención. Una vez demostrado qae el acusado dejó de sumi-nistrar alimentos a sus hijas durante el mes de febrero, teniendo medios para hacerlo, no pueden surgir dudas acerca de su culpabilidad. Este hecho, sin embargo, no ha quedado acreditado por la prueba. Por el contrario, se ha demostrado que el acusado envió a su antigua esposa en la fecha indi-cada en la denuncia una suma de dinero que se acerca a la que la corte sentenciadora consideró razonable para el ali-mento de sus hijas de acuerdo con las circunstancias del caso.

El hecho de que la madre no haya requerido al acusado para que cumpla con sus deberes no sería excusa si la prueba hubiese demostrado el abandono imputado en la denuncia. Un padre no necesita que se le requiera para suministrar alimentos a sus hijos. La ley le impone una obligación que debe cumplir sin necesidad de requerimiento. La protección de los hijos es además un sentimiento latente en la conciencia de todo padre que se precie de tal y la ausencia de requerimiento es una excusa muy pobre para justificar o atenuar la omisión de un deber impuesto por una ley natural.

Dada la pnoéba pmctioada y los términos <en que 'aparece redactada la demmcia, nos vemos obligados a decretar la absolución del acusado.


author: El Juez Asociado Señor Cordova Davila

text:
    Dionisio Trigo, demandante y apelado, v. Dr. M. Juliá y Dr. Esteban A. Goenaga, demandados y apelantes.
    Núm. 7220.

    Sometido: Mayo 21, 1937.

      Resuelto: Mayo 26, 1937.

      Juan B. Soto, Juan F. Soto y Enrique Igaravídez, abogados de los apelantes; B. Díaz Collazo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Cordova Davila

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción sobre cumplimiento de contrato que tiene por base un convenio consignado en la siguiente comunicación dirigida por los demandados al demandante:

"San Juan, P. R. — Diciembre 4, 1930. — Sr. Dionisio Trigo, San Juan, P. R. — Muy señor nuestro y amigo: En relación .con el con-venio suscrito por usted a la Saldana Crosas Realty Corporation para el canje de los bonos de dicha corporación que usted posee, por los de la nueva emisión, nos complacemos en hacer constar que ha sido convenido entre nosotros que, en el caso de que tuviera usted nece-sidad de disponer de los bonos de la nueva emisión en cualquier momento, nos dará aviso, con plazo de treinta días, dentro del cual compraremos a usted los referidos bonos canjeados por su valor por más los intereses que correspondan. — Vale (firmado) Dr. E. A. Goenaga. — De usted Attos. y Ss. Ss., (firmado) Dr. M. Juliá. — (fir-mado) Dr. Esteban A. Goenaga.”

Se alega en la demanda que en distintas ocasiones el de-mandante ha requerido a los demandados para que cumplan con la obligación anteriormente transcrita, dándoles el con-venido plazo de treinta días, y que el requerimiento más reciente tuvo lugar el día 6 de febrero de 1934, por carta que dirigió el demandante a cada uno de los demandados y que ellos recibieron por conducto del correo certificado. Se bace constar que el demandante tiene en su poder a disposi-ción de los demandados los bonos a que se refiere la obliga-ción aquí transcrita y que los intereses devengados durante el semestre de primero de julio a 31 de diciembre de 1934 no fueron pagados y se adeudan por la Saidaña Crosas Realty Corporation, así como los intereses que corran desde el día 31 de diciembre de 1934 en adelante.

Se alega además que no obstante los requerimientos becbos, especialmente el último, que tuvo lugar en 6 de febrero de 1934, los demandados no ban cumplido con la obli-gación contraída.

En la contestación se acepta el contrato celebrado entre las partes, pero se alega que en 13 de junio de 1932 el refe-rido contrato fué rescindido a virtud de convenio celebrado entre el demandante y los demandados en 6 de junio de 1932 o alrededor de esa fecha. En dicho día el demandante con-vino con los demandados que si éstos solicitaban y obtenían de la corporación Saldaba Crosas Realty Corporation que ésta resolviera asegurar sus propiedades contra incendio en alguna de las compañías aseguradoras en que estaba intere-sado el demandante, el contrato aludido quedaría rescindido inmediatamente después que la corporación adoptase tal reso-lución. Continúan los demandados alegando que la referida corporación, por voto unánime de sus directores, adoptó en 13 de junio de 1932 la siguiente resolución que fué comuni-cada al demandante:

“Primero: Que la Saldaba Crosas Realty Corporation hace constar su agradecimiento a los Sres. Goenaga y Juliá, por su des-interesada actitud al haber suscrito la carta de diciembre 4 de 1930, a favor del Sr. Trigo y para beneficio de esta corporación.
“Segundo: Que se aprueba y ratifica el convenio celebrado con el Sr. Trigo, al efecto de que darán al Sr. Trigo-los seguros de la cor-poración, según vayan venciendo las pólizas, quedando mediante dicha entrega de pólizas relevados los señores Goenaga y Julia de toda responsabilidad en cuanto a la ameritada carta del 4 de diciembre de 1930.
“Tercero: Que el Tesorero dirija carta a los Sres. M. Y. Saldaña & Company, Agentes de Seguros que tienen en la actualidad a su cargo los riesgos de las propiedades de la Corporación, para que se abstengan de renovar las pólizas que venzan en adelante, y cuyos seguros pasarán al Sr. Trigo, en cumplimiento de este acuerdo.”

La corte inferior dictó sentencia condenando a los deman-dados Esteban A. Goenaga y Mario Jnliá solidariamente a comprar al demandante- Dionisio Trigo los diez bonos de la corporación Saldaña Crosas Realty Co., Inc., con los intereses reclamados en la demanda.

De esta sentencia apelaron los demandados, alegando como primer motivo de error el pronunciamiento de la corte inferior declarando sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción. No sabemos los argumentos que se adujeron ante la corte sentenciadora en apoyo de esta excepción. Entienden los demandados que la obligación en este caso es condicional, toda vez que en el primer párrafo de la carta dirigida al demandante se hace constar lo siguiente:

“Nos complacemos en hacer constar que ha sido convenido entre nosotros que, en el caso de que tuviera usted necesidad de disponer de los bonos de la nueva emisión en cualquier momento, nos dará aviso, con plazo de treinta días, dentro del cual compraremos a usted los referidos bonos canjeados por su valor. . .”

Se arguye que esta obligación está sujeta a la condición de que el demandante tuviera necesidad de disponer de los bonos, no bastando con que quisiera vender los mismos, ya que el concepto de necesidad es distinto del concepto de querer, queriéndose muchas cosas que a veces no se necesitan y nece-sitándose a veces algunas que no se quieren.

La demanda es, a nuestro juicio, clara. En ella se alega que el demandante ha requerido en distintas ocasiones a los .demandados para que cumplan con la obligación anterior-mente transcrita, dándoles el convenido plazo de treinta días. No creemos que se haya omitido alegación esencial alguna. Los hechos adncidos bastan para establecer nna cansa de acción, sobre todo cnando de acuerdo con la misma demanda los demandados no han cumplido con la obligación contraída.

Si de la demanda pasamos a la prueba, nos encontramos con que no aparece de los autos que en momento alguno los demandados plantearan ante la corte inferior la cuestión de que el demandante no tuviese necesidad de disponer de los fondos. Tampoco se menciona este particular en la contes-tación a la demanda. Como ya hemos dicho, los demandados se limitan a decir que el contrato fué rescindido 'en virtud de un convenio verbal, posteriormente celebrado. Sin embargo, como se trata de una excepción previa, prescindiremos de la prueba, declarando que la demanda aduce hechos sufi-cientes para constituir una causa de acción y que el tribunal inferior no cometió el error que se le atribuye.

Se alegan además cuatro motivos de error que en realidad constituyen uno solo. Estos supuestos errores se basan en manifiesto error en la apreciación de la prueba, en que se aplicó el criterio de ■ la duda en vez de aplicar la preponderancia de la evidencia, en que el fallo es contrario a la misma y en que no debió dictarse sentencia en contra de los demandados.

El tribunal inferior hace una relación detallada de la prueba aportada, que analiza cuidadosamente, expresándose en los siguientes términos:

"De un lado tenemos un documento suscrito por los demandados en el cual consta la obligación que les exige el demandante. Del otro tenemos las declaraciones de los demandados, tendientes a probar un contrato oral posterior al alegado por el demandante y que según ellos lo rescinde.
"¿Es suficiente la prueba délos demandados, teniendo en cuenta todas las circunstancias de este caso, para probar el contrato verbal que alegan en oposición al escrito del demandante?
“Cuando el demandante y los demandados celebraron el contrato de 4 de diciembre de 1930, estos últimos por su propia iniciativa o quizás a requerimiento del demandante, estimaron conveniente for-malizar por escrito lo pactado y así lo hicieron suscribiendo la carta de 4 de diciembre de 1930 que entregaron al demandante y se transcribe en la demanda. Se trataba de un contrato cuya causa o consi-deración ascendía a $10,000 y dada su importancia,' la razón y la práctica comercial exigían que se formalizase por escrito. Se trató más tarde, según los demandados, de dejar sin efecto el contrato de 4 de diciembre de 1930 y conforme alegan los demandados, el deman-dante les propuso y ellos aceptaron el alegado convenio o contrato de 6 de junio de 1932. Este segundo contrato era tan importante para los demandados como lo fue pai*a el demandante el de 4 de diciembre de 1930, pues si en aquél se constituía una obligación por un valor de $10,000 a favor del demandante, en éste se cancelaba tal obligación en beneficio de los demandados. Sin embargo, a pesar de la importancia del contrato de 6 de junio de 1932 en ningún momento se ocuparon los demandados de que el mismo se formali-zase por escrito. Por el contrario, recibieron varias cartas, del deman-dante unas y de sus abogados otras, reclamando el cumplimiento del contrato de 4 de diciembre de 1930, y aunque en algunas de ellas se les suplicaba que contestasen por escrito, en ningún momento tu-vieron a bien acceder a las súplicas del demandante, no alegando por escrito sus derechos nacidos del alegado contrato de 6 de junio de 1932. Tal parece como si el demandante se esforzase en que sus derechos apareciesen por escrito mientras los demandados se empe-ñaban en mantener ocultos los suyos, pues contrario a la práctica corriente en los negocios, cuando recibían una carta del demandante o sus abogados, en vez de contestarla por escrito se tomaban el tra-bajo de ir en persona a la oficina del demandante o sus abogados para contestar oralmente las cartas que recibían.
“La prueba de los demandados en este caso no es la prueba robusta, clara y convincente que en estos casos exige la jurisprudencia. No existe el más ligero indicio de evidencia escrita que pueda dar luz en este asunto, a pesar de las múltiples oportunidades que tuvieron los demandados para contestar siquiera las cartas del deman-dante y sus abogados insistiendo en la existencia de su alegado con-trato. Tampoco existe declaración alguna de personas extrañas a los demandados que por su condición de neutrales pudieran merecer algún crédito a la corte.
‘ ‘ Con su conducta los demandados más bien que repudiar parecían aceptar los derechos que en sus cartas reclamaban el demandante y sus abogados. El acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Directores de Saldaña Crosas Realty Co. constituye evidencia de que al celebrarse el contrato de 6 de junio de 1932, si es que se celebró, los demandados cumplieron con la parte que les incumbía, pero no es evidencia de la celebración del contrato mismo que alegan ahora los demandados, pues en dicho documento no intervino para nada el demandante, y por consiguiente no le obligan las manifestaciones que contiene con respecto a la existencia del contrato.
“El hallarse en poder de los demandados los impresos de soli-citudes de pólizas que presentaron en evidencia, es una circunstancia que muy poca o ninguna luz arroja sobre la existencia del alegado contrato. El demandante explicó cómo y por qué razón fueron en-tregados los impresos a los demandados, y si éstos estimaron conve-niente conservar tales impresos para utilizarlos como evidencia del alegado contrato, ¿por qué no procuraron obtener alguna evidencia escrita del demandante, evidencia que hubiera sido más persuasiva para el tribunal, ya que estos impresos nada dicen sobre el alegado contrato, y su valor probatorio’ sólo se reduce a la mera inferencia que pueda deducirse del hecho de encontrarse tales impresos en poder de los demandados? Tampoco nos impresiona la circunstancia de haberse entregado al Sr. Soto G-ras una copia del acta de la sesión extraordinaria que celebró la Saldaña Crosas Realty Co., Inc., pues como antes dijimos, este documento no prueba la existencia del con-trato, toda vez que el demandante no es parte en el mismo, y su entrega al Sr. Soto Gras sólo implica que en la fecha en que se entregó, relativamente reciente, los demandados como ahora descan-saban en ese documento para probar un contrato cuya existencia en ningún momento aparece de la evidencia que la hayan aceptado ni el demandante ni sus abogados.
“De la prueba documental del demandante y los demandados surge una circunstancia que perjudica considerablemente a los de-mandados. Alegan éstos que su contrato verbal se celebró el 6 de junio de 1932 o alrededor de esa fecha. Del acta de la sesión extraordinaria de la> ■Saldaña Crosas Realty Co. aparece que la con-vocatoria para dicha sesión tuvo efecto el 7 de junio de 1932. Por consiguiente, el contrato en que descansan los demandados no pudo celebrarse después del 7 da, junio, fecha en que ya la referida corpo-ración tenía conocimiento del mismo y había convocado para la junta extraordinaria en que había de considerarse dicho contrato. Del exhibit A del demandante aparece que el mismo 6 de junio de 1932, fecha en que alegan los demandados se celebró el contrato oral, el demandante exigía el cumplimiento de su contrato de 4 de diciembre de 1930. De manera que, mientras los demandados alegan que el 6 de junio se rescindió el contrato de 4 de diciembre de 1930, el demandante para esa fecha está exigiendo terminantemente el cum-plimiento del mismo contrato.
“El Exhibit A del demandante literalmente dice así:
“ 'Sobrinos de Izquierdo, Inc. — San Juan, P. R. — 6 de junio de 1932. — Dres. Esteban Goenaga y Mario Julia, San Juan, P. R.— Estimados amigos: Les confirmo mi carta de 3 de mayo y cual en la misma les pedía, suplico a ustedes me contesten por escrito.
“ ‘Hace varias semanas estuvo a visitarme el amigo don Esteban de Goenaga, pero compromisos que tengo contraídos me obligan a confirmarle mi carta referida, y pendiente de vuestra favorable con-testación, se reitera su afmo. s. s. (Fdo.) D. T.
“ ‘Dr. Goenaga, Allen 87, San Juan, — Dr. Julia, Parada 2914, Hato Rey, P. R.’
“Del exhibit A antes transcrito fácilmente se infiere que el deman-dado Dr. Goenaga estuvo a verle en relación con la obligación de 4 de diciembre de 1930 (no aparece de la evidencia que el demandante y los demandados tuvieren algún otro negocio que no sea el que es objeto de este pleito) y que el demandante quedó considerando una proposición de los demandados cuando les dice:
“ ‘Hace varias semanas estuvo a visitarme el amigo don Esteban de Goenaga, pero compromisos que tengo contraídos me obligan a confirmarle mi carta referida, y pendiente de vuestra favorable con-testación. . .’
“De suerte que, cualquier esperanza que hubieren abrigado los demandados en relación con lo tratado en la entrevista a que la carta se refiere, quedó desvanecida definitivamente por la carta de 6 de junio de 1932. El mismo día o un día después de recibida esta última, fue que se reunió la junta de Directores de Saldaña Crosas Realty Co. para considerar la proposición que según los demandados les hiciera el demandante.
“Ninguna evidencia existe por parte de los demandados1 que contradiga o en alguna forma explique la coincidencia de haberse escrito esta carta el mismo día en que alegan ellos se celebró el contrato. La carta es incompatible con el contrato que alegan los demandados, y si fué anterior al mismo, aunque escrita el mismo día, debiera existir, alguna explicación por parte de los demandados, que tienen el onus probcmdi, demostrativa de la causa del cambio operado en el demandante al rescindir o novar una obligación cuyo cumplimiento estaba exigiendo .aquel mismo día 6 de junio en la forma tan clara y terminante que aparece del texto de la carta.”

El análisis que de la prueba Race la corte inferior se ajusta con acierto a la evidencia aportada. No vemos que se baya cometido error manifiesto en la apreciación de la misma. Tampoco aparece que el tribunal sentenciador baya actuado movido por pasión, prejuicio o parcialidad, y, por lo tanto, tratándose de una cuestión de hecho, creemos que debe con-firmarse la sentencia <apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Carmen Dolores, Antonio Juan, Diego Luis y Manuel Joaquín Rodríguez, este último menor de edad representado por su padre con patria potestad Antonio Rodríguez Avilés, demandantes y apelados, v. Gregorio Cortés Rodríguez, demandado y apelante, y El Municipio de Utuado, demandado.
    Núm. 7035.

    Sometido: Mayo 26, 1936.

      Resuelto: Mayo 26, 1937.

      Antonio Suliveres, abogado del apelante; Luis Mercader, abogado de los demandantes apelados; Francisco R. Flores, abogado del muni-cipio.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Gregorio Cortés, demandado en una acción reivindicatoría, apela de una sentencia adversa y dice; primero, que la corte de distrito cdmetió error al concluir que después del ciclón (queriendo decir con ello el de 1928, conocido con el nombre de Ciclón de San Felipe), el valor de la casa en cuestión “no podía ser más de $250”; segundo, que el juez de dis-trito (quien basó su decisión en parte en el fundamento de que Ana Olmo había admitido el hecho de que vivía gente en la casa después del ciclón, y que el precio de $200 pagados por Cortés llevaba a la conclusión de que él adquiría algo más que el derecho muy discutible del uso de un pequeño solar) erró al no llegar a la conclusión de que Cortés adquirió de Ana Olmo tan sólo el derecho que ella pudiera haber tenido en el solar puesto que la casa había sido destruida por el huracán; y tercero, al concluir que Cortés después de adquirir la casa en malas condiciones completó la destrucción de la misma y entonces construyó la nueva casa de concreto de que ahora está en posesión.

Cualquier defecto técnico en el razonamiento de la corte de distrito no exigiría la revocación o modificación de la sentencia si la prueba es suficiente para sostener sus con-clusiones sobre el valor de la casa o sobre el valor de lo que quedó de ésta después del ciclón. ’Los testigos del de-mandado excedían grandemente en número a los de los de-mandantes. La prueba de estos últimos tendió a demostrar que la casa, inspeccionada por éstos algún tiempo después del ciclón, se bailaba en condiciones regulares y estaba ocu-pada. La prueba del demandado tendió a demostrar que la casa descrita por estos testigos no era la casa en controversia y que la casa en controversia babía sido más o menos com-pletamente demolida por el búracán y no por Cortés. Quizás baste decir que bubo suficiente prueba para sostener la con-clusión de la corte de distrito de que la casa, o lo que de ésta quedó después del huracán, valía $200 y que Cortés era res-ponsable de esta suma. Empero, no es necesario que basemos nuestra decisión en ese punto.

Enrique González, de quien Ana Olmo adquirió la casa, babía obtenido posesión de la misma bajo un supuesto contrato verbal con el padre de los demandantes, que eran menores. No hubo autorización judicial para la enajenación de la propiedad de los demandantes y ni González ni Ana Olmo adquirieron título alguno. Cortés, desde luego, nada adquirió al comprar de Ana Olmo.

El Municipio de ütuado concedió en 1900 el uso de un solar por un período de tiempo indefinido para que se construyera un edificio sobre el mismo. El cesionario construyó una casa, que en 1925 vino a ser propiedad de los demandantes. Podría admitirse que lo que quedó de la casa después del ciclón, tenía muy poco o ningún valor intrínseco y no fué en realidad utilizado por Cortés en la fabricación de la casa de concreto. Podría igualmente admitirse que el cesionario del municipio no podía transferir su derecho al uso del solar y que los demandantes nunca adquirieron derecho alguno a tal uso. Podría admitirse también que si los demandantes tenían semejante derecho, el mismo quedó ex-tinguido cuando la casa fué destruida por el huracán. Podría admitirse además que los demandantes no tenían contra el municipio derecho legal a preferencia al hacerse una nueva concesión para que se construyera otra casa sobre el mismo solar. No obstante, los demandantes como dueños de los escombros, tenían un derecho moral y en equidad a tal pre-ferencia. No es probable que el municipio hubiera hecho otra concesión a un extraño sin notificar a los demandantes y sin celebrar una vista, o de que hubiera rechazado la reclama-ción de los demandantes a tal preferencia de ser por éstos alegada. Véanse: Casanovas v. Municipio de Mayagüez, 31 D.P.R. 281; Municipio de Añasco v. Vélez, 48 D.P.R. 636; Municipio de Guánica v. García, 48 D.P.R. 816. Así pues, desde el punto de vista de cualquier persona interesada en obtener una concesión del municipio, existían ciertas ventajas incidentales a la propiedad de los escombros que como evi-dencia de una posesión material o implícita y de por lo menos un derecho a reconstruir, incompleto o en equidad, tenían cierto valor monetario. Con anterioridad al día del huracán había una pared medianera de hormigón entre la casa de los demandantes y una pequeña casa contigua perteneciente ya a Ana Olmo. Unos días después del ciclón Cortés compró esta pequeña casa a Ana Olmo. Más tarde reparó la pared media-nera. La casa era demasiado pequeña para su familia y su deseo era construir una casa mayor en el solar contiguo. Declaró que otras personas que también deseaban construir en el solar adyacente estaban igualmente interesadas. Declaró además que Ana Olmo estaba pasando necesidades y no estaba en condiciones de reconstruir para la época en que él le pagó $200 por el derecho, título e interés que ella pudiera tener en el solar. El hecho de que él estuviera dispuesto a pagarle y le pagara a Ana Olmo por el derecho, título o interés que ella pudiera haber tenido (con o sin conocimiento del hecho ulterior de que ella no tenía derecho, título o interés en el mismo), en el solar, y que .él hacía esto debido a que otras personas también estaban interesadas en el mismo asunto, indica claramente qne el valor razonable en el mer-cado de los escombros no era menor de $200. Véase: 38 C. J. 1261, 1262, sec. 17 y 18.

En realidad, sin embargo, el juez de distrito no creyó la declaración de Ana Olmo ni la de Cortés al efecto de que este último no adquirió ni trató de adquirir otra cosa que el supuesto derecho, título o interés de Ana Olmo en el solar. Ésta declaró que los inquilinos que ocupaban la casa que ella dice fue destruida por el ciclón, permanecieron allí durante el huracán así como varios días después hasta que encon-traron albergue en otro sitio. Creemos que el juez de distrito tenía derecho a creer toda esta parte del testimonio de Ana Olmo, no embargante el hecho de qne otra prueba del deman-dado hubiera podido haber justificado la conclusión alterna-tiva de qne la gente a que Ana Olmo se refería no eran sus. inquilinos sino refugiados que construyeron un albergue temporal en planchas sueltas de zinc galvanizado. Además, si los testigos de los demandantes decían la verdad, Cortes-mismo, antes de instruir el presente recurso, admitió haber adquirido lo que quedó de la casa después del ciclón, haber completado la destrucción de la misma y utilizado parte del material en la construcción de su nueva residencia de con-creto. También admitió en su contestación que había adqui-rido los escombros de Ana Olmo, mas negó haber utilizado parte alguna de los mismos en la construcción de su propia casa. No hallamos un error tan manifiesto en la aprecia-ción de la prueba que justifique la revocación.

El cuarto señalamiento es que la corte de distrito* cometió error al resolver que el derecho otorgado por el municipio a su supuesto cesionario era susceptible de ser transferido a los dueños sucesivos de la casa.

Hasta el presente esta corte ha asumido que el uso y ocupación de solares urbanos concedidos por los municipios con el objeto de que se construyan en los mismos edificios permanentes de conformidad con los planos y especificaciones previamente aprobados por los municipios, pasa del vendedor al comprador a virtud de escrituras sucesivas de enajenación. Véanse los casos citados supra. La cuestión específica que aquí se trata de plantear por el apelante de acuerdo con los .artículos 454 y 456 del Código Civil (edición de 1930) no ha sido resuelta. Hasta el momento del huracán los deman-•dantes eran los dueños de la casa, construida por el cesio-nario del municipio incluyendo la pared .de hormigón o por lo menos una participación pro indivisa en la misma, en caso de que en realidad se tratara de una pared media-nera. 9 Scaevola, 214, 215; 4 Manresa 393; 3 Sánchez Román 572. Después del huracán ellos eran los dueños de lo que quedó de la casa, incluyendo la pared medianera o un interés pro indiviso, suponiendo que fuera tal pared media-nera. Cortés como adquirente de Ana Olmo y en su conse-cuencia como presunto sucesor de los demandantes, y a través de éstos del cesionario original del municipio, construyó su casa en el solar y entonces como dueño de la casa de con-creto obtuvo del municipio una escritura de traspaso del solar por el precio de $1 más los honorarios del notario. Esta enajenación fué efectuada a virtud de una ordenanza municipal, cuyos artículos 1 y 2 eran así:

“Artículo 1. — Hasta el día 30 de junio de 1932, los actuales usu-fructuarios tona fide de solares urbanos de la propiedad del Muni-cipio de Utuado podrán adquirir éstos en compra sin competencia, por la suma de cien (100) centavos, cualquiera que sea el perímetro que ocupe o zona en que radique el solar respectivo; siendo por cuenta de cada comprador los gastos de escritura; Disponiéndose, que el alcalde queda, por la presente, comisionado para practicar la medición y deslinde de cada solar solicitado en compra y para otorgar la escritura en cada caso a nombre del Municipio de Utuado.
“Artículo 2. — En lo sucesivo, ningún solar yermo del municipio ubicado en la primera y segunda zonas de edificaciones, podrá ser cedido en usufructo. Tales solares sólo se. podrán ceder en venta al precio que estipule esta asamblea municipal al presentarse cada caso. ’ ’

La sección 70 de la Ley Municipal (Leyes de 1928, pág. 391) lee en parte como sigue:

“Artículo 70. — La Asamblea Municipal podrá, a petición, con-ceder solares a perpetuidad, para la construcción de casas en los mismos, en las condiciones que fije aquélla en ordenanza aprobada al efecto; y, una vez concedido un solar como queda dichn, tendrá el dueño de la casa construida en él, el uso de dicho solar durante todo el tiempo que mantuviere allí un edificio en buenas condiciones, de acuerdo con los reglamentos establecidos en dicha ordenanza.
“Las Asambleas Municipales deberán especificar en las conce-siones que otorgaren los derechos respectivos del cedente y del cesio-nario o sus sucesores respecto a la propiedad de los edificios, su reconstrucción, en los casos en que fueren destruidos o deteriorados.
“La cesión se hará necesariamente mediante ordenanza o resolu-ción adoptada por la mayoría del número total de miembros de que se componga la Asamblea; siendo entendido que no se tomará en consideración solicitud alguna si el peticionario no la acompaña con los planos y presupuestos para el edificio que se haya de construir, sobre el solar solicitado, de modo que la asamblea pueda darse cuenta de la obra al acordar la concesión.
“El incumplimiento por parte del concesionario de las condi-ciones impuestas por la resolución de la Asamblea Municipal refel rente a cada concesión, se considerará como suficiente para la revoca-ción de dicha concesión por el municipio, si el concesionario, a reque-rimiento de la Asamblea Municipal interesada, no procediere a subsanar la omisión o infracción dentro del plazo razonable que al efecto se le concede por la misma.
“Cuando la Asamblea Municipal estimare llegado el caso de tratar de la caducidad de una de estas concesiones, se citará al conce-sionario, con antelación de treinta (30) días por lo menos, para que comparezca ante la Asamblea y exponga su derecho, en sesión que al efecto se celebrará. Oído que sea el interesado, la Asamblea resol-verá de acuerdo con la ley y de conformidad con la prueba justifi-cada; y la resolución que adopte será firme, si el concesionario no acude en el término de treinta (30) días de notificársele la resolu-ción estableciendo la oportuna demanda ante la corte de distrito del distrito a que el municipio pertenezca; y visto de nuevo el caso en dicha corte, la decisión de ésta será definitiva.
“Entre las condiciones de la concesión que se establezcan para cada caso, podrá figurar la del pago de un canon anual al municipio eoncedente, el cual canon sera por lo menos igual al importe de la contribución sobre la propiedad que correspondería a ésta, si estu-viera afectada al pago de esa contribución, y en dicha concesión se estipulará, además, que cualquier edificio en la propiedad arrendada estará sujeto al pago de contribución.
“Todo concesionario de un solar edificado en virtud de concesión anterior, que interesare obtener la propiedad definitiva del solar cedídole, la podrá adquirir sin necesidad de subasta; y la Asamblea Municipal podrá así resolverlo, por medio de ordenanza en que por cada zona urbanizada se fije el tipo a que deben ser vendidos los referidos solares.”

No es necesario que por ahora determinemos qué derechos pudieron haber tenido los demandantes en el solar en sí, después del huracán de 1928, en ausencia de una ordenanza del municipio de Utuado, aprobada a tenor de las disposi-ciones del artículo 70 de la Ley Municipal.

El quinto señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que “sea cual sea el título o la súplica de la demanda/’ la sentencia debe ordenar la restitución a los demandantes del valor de la casa que Cortés adquirió de Ana Olmo y que destruyó para construir la nueva, así como al fallar que Cortés no podía alegar ignorancia, porque los demandantes tenían inscrito su derecho y Ana Olmo no ofreció título alguno válido en que pudiera descansar la creencia de buena fe de que ella era la legítima dueña.

El título de la demanda no indica la naturaleza del litigio. La cuestión relativa al derecho de los demandantes a recobrar el valor de la casa que se alega fué destruida por Cortés era claramente “compatible con lo alegado en la demanda y estaba comprendido en el asunto objeto del litigio.” Véase el artículo 191 del Código de Enjuiciamiento Civil. Cortés pudo haber creído de buena fe que el padre de los deman-dantes obtendría una autorización judicial para la enajenar ción de la propiedad de éstos y que entonces otorgaría escri-tura de venta a favor de la persona que le vendió a Ana Olmo. El no tenía motivo alguno para creer que Ana Olmo era la dueña de la finca.

Nos inclinamos a convenir con el apelante en que no hubo base satisfactoria en la prueba para que se recobraran las rentas y que la parte demandada no debe ser condenada al pago de las costas.

Jjo, sentencia debe ser modificada de conformidad y, así modificada, confirmada.