author: El Juez Asociado Sb. Feanco Soto,

text:
    Morales, Demandante y Apelada, v. Central Vannina, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre daños y perjuicios.

      No. 2753.

    Resuelto en julio 12, 1923.
    Daños y Perjuicios — Negligencia Crasa de Compañías Ferrocarrileras — Pasos a Nivel — -Barreras en Pasos a Nivel. — La omisión por parte de los agentes de una compañía ferrocarrilera, de operar oportunamente las barre-ras a que se refiere el artículo 12 de la ley de marzo 9, 1911, en el momento de acercarse un tren y de hacer el cruce -en un paso a nivel, equivale a la falta de barreras y tal omisión unida al hecho de entrar al cruce yendo de espaldas la locomotora constituye negligencia crasa.
    Id. — Id.—"Mirar y Oír.” — Cuando las barreras en un paso de ferrocarril están como regla general cerradas al aproximarse los trenes, el hecho de estar abiertas dispensa de la obligación usual de mirar y oir.
    Td. — Id.—Diligencia "de un Buen Padre de Familia” — Prueba de Diligen-cia. — Para probar que empleó la diligencia a que se refiere el artículo 1804 del Código Civil, la demandada presentó en este caso prueba testifical ten-dente a demostrar la competencia de sus empleados y la forma en que se daban las órdenes para operar las barreras. Se resolvió: que una prepon-derancia de la evidencia demostró que las barreras no se bajaron en el mo-mento preciso que debió hacerse para anunciar el. peligro y evitar el acci-dente, y si la falta consistió en algún defecto en el mecanismo para su pronto y rápido manejo, tampoco se demostró que se ejercitara en cambio las precauciones que en tal momento exigiría el menos diligente padre de familia puesto que por el contrario, el hecho de caminar hacia atrás la loco-motora y ocurrir el accidente en tales condiciones, demostró negligencia en grado máximo.
    Id. — Id.-—Cuantía de los Daños. — Se resolvió en este caso: que atendidas las lesiones que se describen en la opinión, y las angustias morales y sufrimientos físicos causados a la demandante por la negligencia de la demandada, una sentencia por $1,000 es razonable.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. D. Monserrat.

    Abogados de la apelada: Sres. F. Gomóles y G. Iriarie Jr.

   El Juez Asociado Sb. Feanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En el trayecto de la carretera central que de Eío Piedras conduce a Caguas ocurrió un choque entre un automóvil des-tinado al servicio público y una locomotora, esta última pro-piedad de la demandada, ocasionando a la demandante va-rias lesiones, y lo que dio lugar a la iniciación de este pleito, en reclamación de daños y perjuicios.

En apoyo de su demanda, la demandante alegó que la demandada tiene un ferrocarril que cruza la carretera central entre Eío Piedras y Cagmas y que para proteger a los viandantes ña establecido un servicio de barreras en el paso que la vía férrea atraviesa dicha carretera; que el 19 de fe-brero de 1920 la demandante viajaba en un automóvil de servicio público, propiedad de Gerardo M. García, guiado por él mismo, y al cruzar la vía férrea en el paso a nivel, una locomotora de la demandada sin que diera señal o aviso alguno o bajaran las barreras, chocó con el automó-vil en que viajaba la -demandante, recibiendo, a consecuencia del choque, las siguientes lesiones: contusión con rasguño y escoriaciones en la región infra-maxilar derecha e iz-quierda,- contusión con equimosis en el tercio medio superior de la cresta de la tibia en la pierna izquierda; contu-sión, también con equimosis y rasguño en la región rota-liana de la rodilla derecha, y fuerte contusión extensa en la parte anterior e inferior del muslo derecho; que la deman-dante estuvo recluida en cama por un período de ocho días sufriendo dolores agudos y angustias mentales; y por úl-timo, que dicho accidente se debió única y exclusivamente a la negligencia y falta de cuidado de la corporación de-mandada por no tocar campana ni pito o bajar las barreras dando así aviso de la proximidad del tren.

La demandada contestó la demanda admitiendo ciertos hechos, negando otros y alegando como materia nueva: (a) la falta de causa de acción; (ó) atribuir el choque única y exclusivamente a la propia culpa y negligencia de la deman-dante al permitir al chófer que guiaba el automóvil corriera a una velocidad excesiva al acercarse al sitio de la colisión, no deteniéndose para ver y oir la proximidad de la locomo-tora que se acercaba al lugar del cruce tocando su campana de aviso y no atender a las visibles señales que bacía el guardabarrera a la demandante con una bandera roja, y no ordenar al chófer que redujera la marcha del automóvil al ver que las barreras estaban puestas y pasara por debajo de las mismas; (o) haber ocurrido el accidente sin mediar culpa o negligencia de la demandada ni de sus directores por haber empleado toda la debida diligencia de un buen padre de familia para prevenirlo.

Celebrado el juicio, se practicó una abundante prueba por una y otra parte, y la corte inferior dictó sentencia con-cediendo a la demandante una indemnización de $1,000 por razón de daños y perjuicios. No conforme con la senten-cia, la demandada ha elevado este recurso y sostiene que. dicha corte inferior erró al no declarar: 1°., que el hecho de no detenerse el automóvil para mirar y oir constituye negli-gencia contributoria; 2°., que la negligencia contributoria de la demandante fué la Causa próxima del accidente; y 3°., no aplicarse en toda su extensión el artículo 1804 del Có-digo ■ Civil revisado y haberse concedido una indemnización pecuniaria excesiva e inmoderadamente inadecuada.

En su opinión la corte inferior, después de referirse a las alegaciones de la demandante y demandada, dice lo si-guiente :

“Que en la tarde del día 19 de febrero de 1920, salió de San Juan y en dirección a Yabueoa, pasando por Río Piedras, el auto de la propiedad de Gerardo M. García y conducido por él mismo, llevando pasajeros, entre ;,otros al demandante Dr. José Eulogio Berrios; que al salir de Río Piedras y en dirección a la Central Vannina, la velocidad del auto no era excesiva, que no viendo •el conductor o chauffeur puestas las barreras que interceptan el tráfico por la .carretera en los momentos en que pasa por la vía que la cruza algún tren o máquina, y en la convicción de que no había peligro siguió su marcha, y al llegar cerca de la vía, cruzó la carretera una locomotora, sin que hubiese tocado el pito, campana o hecho alguna señal de alarma que hubiere servido de aviso al chauffeur del auto, lo que ocurrió en momentos en que el auto se encontraba tan cerca de la vía que le era imposible detenerse, siendo alcanzado por la máquina que andaba para atrás, destro-zando el auto y causándole al demandante contusiones y heridas' que le privaron dedicarse a sus labores profesionales, durante unas tres semanas, sufriendo dolores y angustias mentales.
“Es indudable que si la demandada hubiera bajado las barre-ras, para dar paso a la máquina e impedir que en esos momentos cruzaran por la vía los autos que trafican por la carretera, el ac-cidente no hubiera podido ocurrir, pues se hubiera dado cuenta el chauffeur y alguno de los pasajeros por lo menos, y en todo caso el auto hubiera chocado con la barrera y hubiera quedado dete-nido.
“Este es uno de los casos en que la corte ha podido apreciar con más claridad la negligencia de la demandada.
“La corte ha llegado al conocimiento, por la declaración de los testigos, que después de ocurrido el accidente, la demandada, para demostrar su negligencia, intentó bajar la barrera.
“La teoría que sostiene la demandada de que las barreras esta-ban puestas y la de que el auto abandonando su derecha cogió la izquierda para pasar por debajo de la.barrera, e inmediatamente cogió la derecha para pasar por delante de la máquina, queda des-virtuada, aparte de estarlo por la prueba testifical, con la simple inspección ocular, pues dada la distancia que media entre la barre-ra y la vía, tal maniobra es imposible.”

Según podemos ver, la corte inferior llegó a la firme con-clusión de que el accidente se debió única y exclusivamente a que la demandada, manteniendo como mantenía un sis-tema de barreras en el paso a nivel, no bajó dichas barre-ras en señal de aviso en los momentos en que una de sus locomotoras entraba de espalda en el cruce y en los que, a la sazón, el automóvil en que viajaba la demandante atra-vesaba dicho cruce, produciéndose el accidente por la impre-visión y culpa de la demandada. A esta conclusión se llegó,' después de una extensa prueba aportada por ambas partes, y siendo así lo resuelto un conflicto de evidencia el que fué dirimido por el juez sentenciador, solamente pasamos a con-siderar si los errores de apreciación que se atribuyen a la corte inferior son manifiestos o fueron realmente cometidos. Sin embargo, bay un pnnto legal derivado de los becbos, el que discute el apelante como cuestión esencial en este re-curso. En tal sentido-el apelante sostiene que el accidente se debió a que la demandante, al acercarse al cruce, no tuvo el cuidado, como regla o medida de precaución legal, de ■“parar”, “ver” y “oir”, y alega que esto no fué tomado' en consideración por la corte inferior, porque de otro modo la demandante hubiera evitado el accidente. Nos parece que la jurisprudencia en general es bien clara y precisa en casjos como el presente. Cuando un ferrocarril cruza un camino público, está obligado a tomar, para la seguridad de los viajeros, tales precauciones razonables c'omo lo exi-giría la prudencia ordinaria. Se distingue cuando la ma-teria está regulada o no por estatuto. En el primer caso, no bay dificultad en determinar si la compañía ba cumplido sus deberes con el público, y en el segundo caso, o sea, cuando el estatuto no prescribe de qué modo debe ser dado el aviso necesario.para cuando un tren se acerca a un cruce, la cuestión relativa a negligencia en caso de accidente se regula entonces por las circunstancias especiales de cada caso. Tomo 22 R. C. L., pág. 988.

No estamos en esta segunda situación. El punto en cuestión está regulado en Puerto Rico por un estatuto que impone a las compañías de ferrocarriles mantener un sis-tema de barreras en aquellos sitios en que sus vías cruzan las carreteras públicas. La ley ■ referente a la reglamenta-ción de transporte por ferrocarril, aprobada en marzo 9, 1911, prescribe en su sección 12 lo siguiente:

“Art. 12. — Toda compañía de ferrocarril de servicio público queda por la presente obligada a establecer y conservar cadenas, barreras y otros medios adecuados de protección, en todos los cru-ces de las carreteras públicas insulares, y demás cruces públicos que el Consejo Ejecutivo designare. ” '* * *

Más luego nuestra legislatura pasó la Ley No- 70 defi-niendo las compañías de servicio público, etc., aprobada en diciembre 6 de 1917, y en el artículo 3,. letra uq_”, bajo el epígrafe “Aparatos de seguridad en cruces, etc.,” se re-pite la misma prescripción del artículo 12 de la ley de 1911, supra, y se dice:

. -“Si se tratare de una compañía de ferrocarril, ésta deberá cons-truir y conservar cadenas, portones u otros aparatos adecuados de protección, en todos los cruces a nivel de las carreteras públicas insulares y en los demás cruces públicos que la Comisión designare y, con -sujeción a las reglas, reglamentos y órdenes de la Comisión, deberá cercar o de otra manera adecuada guardar o proteger sus vías, en aquellos sitios que la Comisión designare, de modo que los animales no puedan entrar en ella; deberá instalar en sus locomo-toras campanas y silbatos que deberán usarse al acercarse a curvas, túneles y a los cruces de caminos o calles y siempre que fuere ne-cesario como advertencia de la aproximación de dichas locomotoras y trenes los que reducirán la velocidad al mínimum en los cruces de calles; y deberá usar, después de la puesta del sol, las luces que sean necesarias y que la Comisión determine.” Leyes de 1917, volu-men II, pág. 449.

La ley misma exige mantener un sistema de barreras en el sitio donde ocurrió el accidente de este caso. Esto cons-tituye un aviso estatntorio para evitar el peligro al público que transita por tales sitios y por consiguiente la falta de ser operadas oportunamente las barreras en el momento de acercarse un tren y de hacer el cruce equivale a- la falta de barreras y tal omisión constituye negligencia.

Bajo este aspecto, ya esta Corte Suprema, en el caso de Domínguez v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., por voz del Juez Aldrey, había hecho la debida aplicación del artículo 12, supra, y refiriéndose al sistema de barreras que debe ser mantenido en los cruces de las carreteras insula-res, se dice lo siguiente:

“La barrera y la cadena son los medios que se utilizan para cerrar e impedir el paso por algún sitio y cuando se emplean en un crúce o paso a nivel de un ferrocarril, producen el resultado de cerrar y obstaculizar el ,paso por la vía. • Colocada la barrera o la cadena, es materialmente imposible transitar por el cruce a me-nos que sea rota o se salte y por consiguiente es un medio.de tal naturaleza, que una vez colocado oportunamente impide los acci-dentes y colisiones, que es el fin perseguido por la ley al ordenar su colocación. Según se dice en el .caso de Chicago and Alton R. R. Co. v. Wise, 206 Ill. 453, 69 N. E. 500, confirmado en 106 Ill. App., 174, las barreras requeridas por el estatuto tienen el objeto no sólo de servir de aviso sino también son un medio de obstruc-ción material.” 19 D. P. R. 1095.
“Una compañía de .ferrocarril no está legalmente obligada a suministrar y mantener portones en los cruces de las calles y de la carretera en toda su línea a menos que así se lo exija el estatuto o alguna ordenanza, o a no ser que resulte que el cruce en particular es públicamente peligroso. Pero cuando existe un estatuto u ordenanza válido que exige que se pongan portones, el no cum-plir con Ios° mismos constituye negligencia.” 22 R. C. L., pág. 1006.

Aparece de las Conclusiones de la corte inferior que las barreras establecidas por la demandada no habían sido ba-jadas en señal de aviso para baber evitado el accidente. Nada encontramos en la prueba que pueda destruir la apre-ciación que tuvo la corte inferior en ese extremo y por el contrario todo indica que hizo una positiva apreciación de los hechos. Si a esto se añade la oportunidad que tuvo el juez inferior de ver el sitio del suceso y comprobar el modo' de operar las barreras, destruyéndose toda posibilidad de que el automóvil pudiera pasar por debajo de las mismas, como se ha intentado probar por la demandada, esa es una circunstancia que entraña una convicción más firme para el juez inferior, y para nosotros un motivo para no intervenir en la apreciación de hechos que solamente pudo aquilatar en su verdadero valor el juez sentenciador, encontrándose, • por tanto, en mejores condiciones que nosotros para apre-ciar sus circunstancias.

Es cierto que el apelante cita en su apoyo el caso de Domínguez v. Porto Pico Railway, Light & Power Co. citado, intentando demostrar que el chófer estaba obligado a dete-. ner su automóvil para ver y oir, pero siendo las circuns-tancias distintas en este caso, no tiene aplicación la conclu-sión del apelante. En aquel caso no había barreras, lo que le constaba al chófer, pero en este caso ocurría todo lo contrario y no cabía aplicar tan fuertemente la regla general de “ver y oír,” ya que el chófer estaba dispensado de la usual obliga-ción de aquella regia por la invitación implícita que era de presumir que produjera en su mente el hecho de estar le-vantadas las barreras.

“Así cuando las barreras en un paso de ferrocarril están como regla general cerradas al aproximarse los trenes, el hecho de' estar abiertas dispensa de la obligación usual de mirar y oír.”

1 Shearman & BedfieM’s Law óf Negligence, 135.

Además, la corte inferior partió. de la base que tal de-ber fué cumplido y habiendo resuelto el conflicto de la prueba en tal sentido en favor de la demandante, no estamos en condiciones de intervenir teniendo en cuenta las demás cir-cunstancias especiales que concurren en el presente caso.

No aparece tampoco que la falta de haber operado debida-mente la demandada las barreras, que por sí solas hubie-ran evitado el accidente, dicha demandada tomara otras pre-cauciones- para evitarlo, y sobre todo en condiciones en que el accidente ocurrió entrando de espaldas la locomotora en el cruce. Este fué otro incidente en el presente c'aso. Ello requería la adopción de medidas de precaución aún más ex-tremas para avisar la aproximación de la locomotora en ra-zón de que entraba de espaldas en el cruce.

“Esta regla que exige el adoptar medios extraordinarios para avisar la aproximación de los trenes en cruces que son peculiar-mente peligrosos, también tiene frecuente explicación en casos en que trenes o locomotoras han sido puestos en movimiento hacia atrás por cruces. Así, pues, una compañía de ferrocarriles ha sido declarada responsable de abierta negligencia al retroceder un tren a través de un cruce muy frecuentado sin llevar en la parte de atrás un guardafrenos como vigilante y dispuesto, en caso de pe-ligro, a hacer uso de los frenos y evitar de este modo una colisión o accidente.” 22 R. C. L. págs. 990-91.

Si unimos la anterior circunstancia a las ya examinadas en este caso, tenemos que concluir que sobre la demandada recae todo el peso de una crasa negligencia en relación con la seguridad a que tenía derecho exigir la demandante al cruzar dicha demandada con sus trenes o locomotoras un camino público.

Además, para hacer más clara la situación de este caso y no dejar dudas ni excusas para las demás señales que el apelante intenta que se hicieron por el guardabarrera, la. opinión de esta Corte Suprema en el caso de Domínguez v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., supra, es terminante, y dice, además:

“Aplicando estos principios al caso presente, debemos llegar a la conclusión de que una persona empleada como guardabarrera por la corporación demandada para dar aviso con una bandera a los transeúntes de la aproximación de un tren, no es un medio adecuado de protección similar o análogo a la barrera o cadena exigida por la ley, ya que no produce el efecto de obstaculizar ni impedir materialmente la entrada en la vía. Así, pues, la cor-poración demandada en la fecha en que ocurrió el accidente no había cumplido con el deber que le impuso la ley de colocar en ese sitio, barreras, cadenas o cualquier otro aparato análogo a ellas para protección de los transeúntes, lo que constituye una negli-gencia per se por haber dejado de cumplir con ese precepto estatu-torio. 33 Cyc. 968, y casos citados en la nota No. 8.” 19 D. P. R. págs. 1095-96.

Se insiste por el apelante en la participación que tuvo el chófer como causante del accidente y alega que el haber empleado media hora de San Juan a Eío Piedras implicit que caminaba a una velocidad de más de 40 millas. La dis-tancia que media entre las dos poblaciones y que es de 8 millas, destruye por sí misma la exagerada argumentación del apelante en ese extremo. Aparte de esto y partiendo del punto de que en este oaso la cansa próxima del accidente fué la falta de operar las barreras para cerrar el paso, lo que por sí solo hubiera evitado todo peligro, la velocidad del automóvil sería un dato que tendría importancia si so hubiera demostrado que se trataba de una velocidad inu-sitada y que la demandada hizo algún esfuerzo de su parte, ya que de modo claro había faltado a un deber estatutorio no bajando las barreras, de que por otros medios o señales hubiera, intentado avisar el peligro; pero no encontramos dato alguno en que apoyamos para que pudiéramos estar autorizados a sostener una conclusión que tal vez implica-ría negligencia cóntributoria por parte del chófer que con-ducía el automóvil. Pero si asumiéramos solamente a los efectos de la argumentación, que el chauffeur hubiera sido negligente en alguna forma, su negligencia no podía ser imputable en este caso a la demandante, quien solamente da instrucciones al chófer para conducirla al sitio de su resi-dencia en Yabucoa, sin que además apareciera por prueba directa o circunstancia alguna que ella tuviera o ejerciera autoridad o control sobre el chófer.

Esta misma cuestión también fué Considerada en el caso de Domínguez v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., supra, y sosteniéndose allí en el mismo punto de vista, 'se dijo por esta corte:

“Mientras la regla general establecida por las decisiones en In- . glaterra fué que la negligencia del conductor sería imputada a un pasajero en accidentes causados por la negligencia de un tercero a la cual contribuyó el conductor, y que esta doctrina fué adoptada por unas pocas decisiones inglesas y americanas, sin embargo, tales decisiones lian sido expresamente rechazadas luego en Inglaterra y desaprobadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Little v. Hackett, 116 U. S. 366; 6 Sup. Ct. 391; 29 L. ed. 652, siendo hoy la regla general, que la negligencia del conductor no será imputada al pasajero cuando no tenía gobierno sobre dicho-conductor. ” 19 D. P. R. 1097.
“En .algunos estados prevalece la doctrina de que la negligen-cia contributoria del conductor de un vehículo privado se imputa a una persona que voluntariamente va con él, pero la regla general es que la negligencia del conductor de un vehículo no ha de im-putarse a uno que va en dicho vehículo y que recibe un daño en un cruce debido a la negligencia contributoria del conductor y de la compañía de ferrocarriles cuando tal persona no tiene culpa ni control sobre el conductor del vehículo. Y la ley casi univer-salmente reconocida ahora es que cuando una persona acepta una invitación para correr en un vehículo de otro, sin autoridad o pro-pósito alguno de dirigir o controlar al conductor, o los movimien-tos del vehículo, y sin tener- ninguna razón para dudar de la com-petencia del conductor, la negligencia contributoria del dueño o conductor del vehículo no se imputará al huésped o pasajero, del tal modo que le impida hacer uso del derecho a recobrar daños y perjuicios de una compañía de ferrocarriles cuya negligencia le ocasiona un daño en un cruce cuando él corre en tales condiciones. Esa regla ha sido aplicada en un número de casos en los cuales está envuelta la re-lación correspondiente entre el chófer de un automóvil y una persona que va con él, sin tener control alguno sobre dicho chófer. La regla no se limita a los casos de transporte gratuito, sino que ha sido aplicada cuando se alquila un vehículo y el pasajero no ejerce ningún control sobre el chauffeur, que no sea el de dirigirle al sitio adonde desea que lo lleven y no existe ninguna distinción entre vehículos particulares y públicos, tales como tranvías y óm-nibus.” 22 R. C. 1, págs. 1047-48.

Se señalan además como errores la no aplicación en toda su extensión del artículo 1804 del Código Civil, y la conce - sión en último término de una indemnización excesiva e in-moderada.

El último extremo del artículo 1804, supra, dispone qué la responsabilidad de que trata dicho artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. La demandada presentó al efecto prueba testifical tendente a demostrar lá competencia de sus empleados y la forma en que se daban las órdenes para operar las barre-ras, pero una preponderancia de la evidencia demostró en este caso que las barreras no se bajaron en el momento preciso que debió hacerse para anunciar el peligro 3r evitar el accidente, y si la falta consistió en algún defecto en el mecanismo para su pronto y rápido manejo, tampoco se de-mostró que se ejercitara en cambio las precauciones que en tal momento exigiría el menos diligente padre de familia puesto que por el Contrario, el hecho de caminar hacia atrás la locomotora y ocurrir el accidente en tales condiciones, demostró más que una simple negligencia, la que si fuéramos a calificarla por grados podría tal vez decirse que se pro-dujo en su grado máximo.

En cuanto a los daños y perjuicios sufridos por la de-mandante, resultó probado que recibió por consecuencia del choque varias lesiones que exigieron la asistencia médica y su reclusión en cama por varios días. Lo primero implica un gasto además del correspondiente empleo de medicinas; y lo segundo una pérdida de tiempo que tiene su equivalen-cia en dinero. Además, en un accidente de la clase que nos ocupa, generalmente se sufren súbitas conmociones nervio-sas cuyos resultados a veces nadie puede determinar para, el futuro. Por tal razón, las angustias morales y los su-frimientos físicos son elementos que la jurisprudencia de un modo constante ha reconocido y le ha dado un valor positivo para fijar el montante de una indemnización en casos como el presente. De todos modos, hemos llegado a la conclusión de que la compensación de $1,000 que concedió la corte inferior a la demandante es una suma razonable y adecuada, atendidas todas las circunstancias del caso.

Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia de la corte inferior.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente.del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Vázquez, Apelada v. Central Vannina, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 2755.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Resuelto por los fundamentos del caso No. 2753 de Morales v. Central Vannina, de julio 12, 1923.
    Abogado de la apelante: Sr. Damián Monserrat Jr.

    Abogados del apelado: Sres. Francisco González y Celes-tino Iriarte Jr.

   Confirmada la sentencia modificándola.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Berríos, Demandante y Apelado, v. Central Vannina, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2757.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Daños t Perjuicios por Negligencia — Cuantía de los Daños. — Probado que a causa de la negligencia de la demandada, el' demandante, médico en el ejercicio de su profesión y que atiende a otros negocios, sufrió heridas y contusiones serias que le obligaron a permanecer en cama sobre cuarenta días, padeciendo dolores físicos, sufrimientos mentales y pérdida en sus bienes, se resolvió: que una indemnización de tres mil dólares es razonable.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. D. Monserrat.

    Abogados del apelado: Sres. F. González y C. Iriarte, Jr.

   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El doctor Berríos, demandante en este caso, era uno de los pasajeros que viajaba en el automóvil de Gerardo M. García, conducido por él mismo, con el cual chocó el ferro-carril de la demandada en la tarde del 19 de febrero de 1920. En la opinión emitida en el recurso No. 2753 inter-puesto en el pleito seguido por Bamona Morales, otro de los pasajeros que viajaba en dicho automóvil, contra la Central Vannina, se han estudiado todas las cuestiones de he-chos y legales envueltas en el asunto. Los principios allí es-tablecidos son aquí enteramente aplicables.

Sólo resta una cuestión distinta a estudiar y a resolver aquí particularmente, a saber: la cuantía de la indemni-zación. El demandante solicitó cinco mil dólares. La corte le concedió tres mil. Se probó que el demandante, de cin-cuenta y dos años de edad, doctor en medicina y cirujía que practica su profesión y que atiende además a otros negocios, recibió a consecuencia del choque, heridas y con-tusiones serias que le obligaron a permanecer en cama unos cuarenta días- y le causaron dolores físicos, sufrimientos mentales y pérdidas en sus bienes.

Siendo ello así, no vemos que la suma de tres mil dó-lares sea exagerada y, en tal virtud, debe confirmarse en todas sus partes la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Jtjez Asociado Se. FbaNco Soto,

text:
    Vázquez, Demandante y Apelada, v. Central Vannina, Demandada Y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2754.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Daños ¥ Perjuicios por Negligencia — Cuantía de los Daños. — Probado que a causa de la negligencia de la demandada, la demandante sufrió las heridas y contusiones que se reseñan en la opinión y que como resultado del acci-dente su salud quedó quebrantada sufriendo dolores físicos, intensas angus-tias mentales y pérdidas en sus bienes, se resolvió: que una indemnización de $5,000 es razonable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. D. Monserrat.

    Ahogados del apelado: Gres. F. González y G. Iriarte, Jr.

   El Jtjez Asociado Se. FbaNco Soto,

emitió la opinión ■del tribunal.

Isabel Vázquez, demandante en este caso, era uno de los pasajeros que viajaban en el automóvil propiedad de Gerardo M. García, conducido por él mismo, con el cual chocó el ferrocarril de la demandada en la tarde del 19 de fe-brero de 1920. En la opinión emitida en el recurso núm. 2753, interpretando el pleito seguido por Eamona Morales, otro de los pasajeros que viajaba en dicho automóvil, contra la Central Vannina, se han estudiado todas las cuestio-nes de hecho y legales envueltas en el asunto. Los prin-cipios allí establecidos son aquí enteramente aplicables.

Sólo resta una cuestión distinta a estudiar y a resolver aquí particularmente, a saber: la cuantía de la indemniza-ción. La demandante solicitó cinco mil dólares. Se probó que la demandante recibió, a consecuencia del choque, las siguientes lesiones: una herida incisa contusa algo profunda •en la región fronto parieto temporal del lado derecho; otra herida por desgarre, bastante profunda, en forma de V, abarcando la parte anterior y posterior del tercio me-dio del brazo derecho; otra contusión fuerte con gran equi-mosis en la rodilla izquierda, en su parte externa, y otra contusión en la región del hipocondrio derecho, que por sus consecuencias fué la más grave, ya que quedó después pa-deciendo de atosis del riñón derecho con desviación hacia el izquierdo, lo cual obedece a un traumatismo o choque violento que relaja los ligamentos sostenedores de los ri-ñones. Se probó, además, que como resultado del acei-dente su salud quedó quebrantada, sufriendo dolores físi-cos e intensas angustias mentales y pérdidas en sus bienes-

Siendo ello así, no vemos que la suma de cinco mil dó-lares sea exagerada, y en tal virtud debe confirmarse en todas sus partes la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Sopo,

text:
    García, Demandante y Apelado, v. Central Vannina, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,. Primer Distrito, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2756.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Daños y Perjuicios eor Negligencia — Cuantía de la Indemnización de Da-ños. — Probado que a causa de negligencia de la demandada el automóvil del' demandante, marca "Hudson Super Six,” modelo 1917, sufrió desperfectos-de consideración, si bien no quedó inservible, lo dejado de ganar por el de-mandante y las contusiones recibidas que le retuvieron en su casa durante-tres semanas, se resolvió: que una indemnización de $2,000 es razonable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. D. Monserrat.

    Abogado del apelado: Sres. F. González y G. Iriarte Jr..

   El Juez Asociado Sr. Franco Sopo,

emitió la opinión del tribunal.

Gerardo M. García, demandante en este caso, era el chófer que conducía su propio automóvil con el cual chocó-el ferrocarril de la demandada en la tarde del 19 de febrero-de 1920. En la opinión emitida en el recurso núm. 2753 in-terpuesto en el pleito seguido por Ramona Morales, uno dé-los pasajeros que viajaba en dicho automóvil, contra la Central Vannina, se han estudiado todas las cuestiones de he-cho y legales envueltas en el asunto, haciéndose mención de que el chófer estaba exento de toda culpa o participa-ción de negligencia contribntoria en relación con las cau-sas y hechos que concurrieron en el caso.

Sólo resta una cuestión más para estudiar y resolver en este caso, a saber: la cuantía de la indemnización. El de-mandante solicitó ocho mil cien dólares. La corte concedió tres mil quinientos. Se probó que el automóvil “Hudson Super Six”, modelo 1917, era de su propiedad, estaba en buenas condiciones, y sufrió desperfectos de consideración a consecuencia del choque; asimismo quedó probado que recibió el demandante contusiones que le retuvieron en su casa durante tres semanas, causándole dolores físicos y su-frimientos mentales y pérdidas en sus bienes.

Atendido el valor del automóvil, el hecho de que no se demostró que quedara absolutamente inservible, lo dejado de ganar por el demandante y las contusiones por él sufri-das, a nuestro juicio la indemnización no debió pasar de dos mil dólares. En tal virtud debe modificarse la senten-cia y así modificada confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada, modificán-dola.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados "Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Jtjez Asociado Se. Feawco Soto,

text:
    Quintana, Demandante y Apelado, v. Central Vannina, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2752.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Daños y Perjuicios por Neglisencia — Cuantía de los DaSos. — Probado que a causa de la negligencia de la demandada el demandante, que era adminis-trador y gerente de una sociedad agrícola, reeibió contusiones que le retu-vieron recluido en su casa sin poder dedicarse a sus ocupaciones durante un mes, y le causaron dolores físicos y sufrimientos mentales, se resolvió: que una indemnización de $500 era razonable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. D. Monserrat.

    Abogados del apelado: Sres. F. Gomóles y G. Iriarte Jr.

   El Jtjez Asociado Se. Feawco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Quintana demandante en este caso, era uno de los pasajeros que viajaba en el automóvil propiedad de Gerardo M. García, conducido por él mismo, con el cual chocó el ferrocarril de la demandada en la tarde del 19 de febrero de 1920. .En la opinión emitida en el recurso No. 2753 in-terpuesto en el pleito seguido por Ramona Morales, otro de los pasajeros que viajaba en dicho automóvil, contra la Central Vannina, se han estudiado todas las cuestiones de hecho y legales envueltas en el asunto. Los principios allí establecidos son aquí enteramente aplicables.

Sólo resta una cuestión distinta a estndiar y a resolver aquí particularmente, a saber: la cuantía de la indemniza-ción. El demandante solicitó mil dólares. La corte le con-cedió quinientos. Se probó que el demandante era adminis-trador y gerente de una sociedad que se dedica al cultivo de cañas y recibió a consecuencia del choque contusiones en todo el cuerpo que le tuvieron recluido en su casa sin poder dedicarse a las ocupaciones de su empleo durante un mes y le causaron dolores físicos y sufrimientos mentales.

Siendo ello así, no vemos que la suma de quinientos dollars sea exagerada, y, en tal virtud, debe confirmarse en todas sus partes la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Franco Soto,

text:
    Morales, Peticionario y Apelante, v. Morales, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Iínmacao en pleito sobre administración judicial.
    No. 2919.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Alegato Defectuoso — Relación de la Causa. — Un alegato en el cual, en vez de establecer la relación de hechos que exige la regla 42 del reglamento del 'Tribunal Supremo, el apelante se limita a invoear la que consignó en el ale-gato que formuló ante la corte inferior, no cumple con los requisitos de dicha regla. Díaz v. Ci/viSanes, 29 D. P. R. 586.
    Apelación — Administración Judicial — Transcripción Incompleta. — En este caso se apeló de una resolución que rehusó el pago de honorarios de abogado con cargo a cierta administración judicial que se alegaba debía pagarlos. Se resolvió: que no formando parte de los autos el récord de la adminis-tración judicial, el Tribunal Supremo no está en condiciones para decidir si la resolución apelada es errónea o no.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de] apelante: Sr. L. Mimos Morales. ■
    Abogados del apelado: Sres. A. Mena j A. L. Lopes.

   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en cobro de ciertos gastos que se alegan incurridos durante el curso de una administración judicial.

Manuel Morales Muñoz presentó una moción en la corte inferior solicitando que se autorizara a la administradora judicial para satisfacer al abogado del peticionario el pago de las tres partidas siguientes :

“Por ■ honorarios de. abogado y gastos de tramitación del expediente sobre declaratoria de herederos, promo- . vido por el peticionario (No. 8117)-$190.75
Por honorarios de abogado y gastos de tramitación del expediente sobre administración judicial, instituido también por el peticionario (No. 8118)-$279.00
Por honorarios de abogado j gastos de comparecencia ante la Corte de Distrito de .San Juan, Distrito Pri- •- mero, en el caso civil núm. 513, promovido por Jaime Rivas v. Herederos desconocidos de Eduardo Morales ' '.Trigo) sobre cobro de servicios profesionales_:_:_$105. 00’'

Impugnada la procedencia de los expresados gastos, la corte inferior dictó resolución autorizando el pago de la tercera 'partida y denegándolo en cuanto a las dos restan-tes, fundándose para ello en que “los honorarios de abo-gado y gastos de tramitación de los expedientes sobre de-claratoria de herederos y administración judicial, institui-dos por el peticionario, no son desembolsos propiamente para ser cargados a los gastos de administración, especial-mente en un caso como el presente en que hubo oposición y en definitiva se ha resuelto que el peticionario no es un heredero de Eduardo Morales Trigo.”

No conforme el promovente con dicha resolución, ha es-tablecido el presente recurso, pero en su alegato no se ajusta a lo que prescribe la regia 42 del reglamento de esta Corte Suprema. En primer lugar, dicho alegato no con-tiene una relación fiel y concisa de los hechos tal como cons-tan en los autos, y en segundo lugar, no se hace una rela-ción específica de los errores que se atribuyen cometidos por la corte inferior. El apelante, no obstante, a los efectos de establecer la relación de hechos, se refiere a los consig-nados en el alegato que formuló ante la corte inferior, pero no creemos que esto pueda dar por suplida la regla 42, y es práctica que ya ha sido rechazada por esta corte según así quedó expresado en el caso de Días v. Cividcmes, 29 D. P. R. 586, donde se dijo:

“Las palabras ‘que contendrá una relación fiel y concisa de la' causa tal como conste en los autos,’ tienen una significación defi-nida, resultado de la experiencia de las cortes por mucho tiempo. Las palabras esencialmente significan que sería innecesario para la corte examinar los autos para determinar cuáles son los hechos esenciales sino solamente con el objeto de comprobarlos o averi-guar hechos controvertidos. El apelante está obligado a hacer que la reseña de su caso conste en su alegato de modo que la corte pueda saber por ella cuáles son las cuestiones litigiosas envueltas.”

En los errores que se discuten por el apelante tampoco .se hace cita de autoridades ni de jurisprudencia que apo-yen su contención, y si bien al referirse al segundo error .se hace mención del artículo 41 de la Ley de procedimien-tos legales especiales, no se aduce ningún razonamiento que pueda convencernos de su aplicación.

Por otra parte, solamente se ba elevado a esta corte copia de la moción, escrito de oposición y resolución de la corte. No existe ante esta corte ninguna constancia del ré-cord en la administración judicial que pudiera ponernos en condiciones de examinar los méritos del caso tal como lo bizo la corte inferior, y la presunción es que su resolución está ajustada a derecho.

Por las razones expuestas debe Confirmarse la resolu-ción apelada.

Confirmada la. resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Oxio, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por acometimiento y agresión.
    No. 2105.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Denuncia Suficiente — Sitio Donde se Cometió el Delito. — Bill of Particulars. — Cuando un acusado quiere más amplia información respecto al sitio donde se alega en la denuncia que se cometió el delito, su remedio es soli-citar un bill of particulars.

    Testigo Ciego.- — El testimonio de un ciego, si es satisfactorio, puede ser sufi-ciente para probar la comisión de un delito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia en este caso fué presentada en la Corte Municipal de Mayagüez, estando jurada ante su secretario,, e imputa al apelante liaber cometido un delito de acome' timiento y agresión en la persona del denunciante “en el local de Pedro Ponda del distrito judicial municipal de Ma-yagüez. ’ ’

Esa denuncia era, suficiente para dar jurisdicción a dicha corte municipal y a la corte de distrito para conocer en la apelación de la sentencia dictada por aquélla, y si el denunciante quería mayor información respecto al sitio, debió pedir qué tal especificación se hiciera. El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111.

La prueba fué contradictoria y si bien el único testigo-de cargo es ciego, no podemos decir que la corte cometiera error al dar crédito a su declaración pues por la forma en que fué prestada por él puede concluirse que es suficiente-para probar el delito imputado al apelante.

Siendo esos dos los motivos de esta apelación, debemos, confirmar la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


text:
    Maldonado, Demandante y Apelada, v. Hamilton, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en. pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2888.
    Resuelto en julio 12, 1923.
    Daños t Perjuicios por Negligencia — Causa de Acción de- la Madre por Muerte del Hijo Natural. — Desde que fué promulgada- la Ley 77 de 1921, una madre natural que dependía para su subsistencia de un hijo natural suyo, puede reclamar indemnización por la muerte de éste, sea menor o mayor de edad, cuando la muerte es causada por negligencia. : • ■/

      Id. — Prueba del Carácter de Heredera de su Hijo — Self-serving Evidence.— Cuando la madre redama por la muerte de su hijo, no es preciso que esta-blezca su carácter de heredera acudiendo previamente a la Ley de Procedi-mientos Legales Especiales. Tal carácter de heredera puede alegarse y pro-barse en la misma acción de daños. Las declaraciones a tal fin prestadas y no impugnadas, por la madre y un tío del fallecido, son suficientes y no puede concluirse que constituyen self-serving declarations.

    Id. — Prueba en Casos de Negligencia. — Cuando se reclama indemnización por negligencia el actor no sólo debe demostrar la negligencia del causante del daño, sino también establecer la relación causal entre la negligencia y el daño realizado.
    Id. — Negligencia Contributoria — Peso de la Prueba. — La obligación de probar la negligencia contributoria es una cuestión de defensa que incumbe al de-mandado.
    Id. — Negligencia; Prueba de — Licencia para Guiar Automóviles. — La mera omisión del conductor de un automóvil a tener la licencia estatutoria al matar con su carro a un viandante en el camino, no le hará responsable por el daño causado, a menos que dicha omisión tuviera alguna relación con la causa de la muerte.
    Id. — Negligencia Contributoria — Prueba.—Analizada la prueba en este caso, se ■resolvió: que no sólo se desprende de la aportada por el demandado que el interfecto no fué cuidadoso o prudente al cruzar la carretera, sino que tam-poco se deduce tal prudencia o cuidado de las circunstancias que concurrie-ron en el accidente. Por el contrario, aparece de la prueba que las condi-ciones en que se verificó el accidente fueron de tal naturaleza que si el interfecto hubiera ejercido el más ordinario cuidado, lo hubiera evitado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Manuel Toro.

    Ahogado de la apelada: Sr. D. Sepulveda.

   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción en reclamación de daños y perjui-cios.

El 15 de diciembre de 1921 el individuó Eleuterio Mah donado viajaba en una guagua en dirección de Santa Isabel a Ponce. La guagua se detuvo en el camino, situán-dose a su derecha, y al descender el citado Maldonado por detrás del vehículo y al tratar de cruzar la carretera, fuá arrollado por un automóvil que caminaba en dirección opuesta a la guagua y sufrió graves lesiones, falleciendo-poco después del accidente.

La demandante, alegando ser madre natural del inter-fecto y on su carácter de única y universal heredera, in-terpuso la demanda de este caso, fundándose, además: que Maldonado fué arrollado de súbito por el automóvil que guiaba el propio demandado como dueño, quién carecía de licencia para guiar vehículos de motor en Puerto Pico y lo conducía entonces a una velocidad excesiva, sin tocar bo-cina ni ninguna otra señal de aviso; que el demandado pasó su c'arro casi pegado a la guagua y no tuvo el debido cuidado ni tomó las precauciones razonables para garanti-zar la seguridad de vidas, y que Maldonado, a consecuen-cia del accidente, resultó gravemente herido, falleciendo po-cas horas después; y por último, que debido a la muerte de Eleuterio Maldonado, la demandante, que dependía de él exclusivamente en cuanto a su subsistencia, quedaba pri-vada de recibir durante el resto de su vida su asistencia pecuniaria, experimentando además grandes dolores físicos y angustias morales.

El demandado admitió el hecho de haber ocurrido el ac-cidente, pero alegando que se debió única y exclusivamente a la propia negligencia y descuido del interfecto.

El caso fué sometido a juicio; se practicó prueba por "una y otra parte, y la corte inferior dictó sentencia con-cediendo a la demandante la suma de $3,000 en concepto vde daños y perjuicios, y costas. La sentencia fué apelada y se señala la comisión de siete errores, de los cuales dos envuelven cuestiones de ley, y . los restantes se refieren a hechos que la corte inferior estimó probados.

Primer error. La opinión de la corte inferior sienta que la demandante'tiene reconocido su derecho a ejercitar esta acción confórme al artículo 61 del Código de Enjuicia-miento Civil, y el apelante sostiene que la enmienda del artículo 60 del propio cuerpo legal, tal como fué enmen-dado por la Ley núm. 77 de 20 de julio de 1921, se limita a las madres naturales cuando se trata de reclamar daños y perjuicios ocasionados a un hijo natural menor de edad, es decir, que la enmienda solamente debe entenderse estric-tamente en relación con el artículo 60 y, en cuanto a'l 61, debe seguir prevaleciendo la interpretación que esta Corte Suprema dió al citado artículo 60 en el caso de Díaz v. P R. Railway, Light & Power Co., 21 D. P. R. 78.

Aparte de que la legislatura expresó su intención cla-ramente al enmendar el artículo 60 del Código de Enjuicia-miento Civil, no creemos que fue necesario bacer la misma enmienda al subsiguiente artículo al tratar de los mayores de edad, toda vez que el texto del artículo 61, al hablar de herederos, tenía que referirse a lo ya establecido por nues-tra legislación común o ley substantiva en materia de suce siones, y de acuerdo con el artículo 913 del Código Civil, tal como fue enmendado en marzo 9 de 1911, el padre o madre natural sucede al' hijo natural reconocido.

Segundo error. Los precedentes de esta Corte Suprema son adversos a la cuestión planteada por el apelante. Morales et al. v. Landrau et al., 15 D. P. R. 782. En casos como el presente, no es necesario establecer el carácter de herederos de un litigante teniendo que recurrir previamente a la Ley de procedimientos legales especiales, aprobada en marzo 9, 1905, pudiendo, por consiguiente, alegarse tal ca-rácter en el mismo pleito y presentarse la evidencia per-tinente para probarlo. .En este extremo se ofreció prueba testifical y no fué controvertida, y no encontramos nada que nos indique que la corte inferior llegara a una conclusión errónea en tal sentido. Las declaraciones ofrecidas, de la propia demandante, alegando ser la madre del interfecto, y de un hermano de ésta, sin haber sido impugnadas, lejos de poderlas considerar como self-serving declarations son las que mejor podían servir de base a la conclusión a que llegó el juez inferior en ese extremo.

Tercero, sexto y séptimo errores. Estos tres errores po-demos considerarlos conjuntamente. El primero discute la negligencia del demandado, que la corte inferior estimó pro-bada; el segundo la negligencia contributiva del interfecto, que como defensa no fue apreciada; y el tercero se refiere a que la corte inferior incurrió en error al llegar a la con-clusión de que el demandado lia sido negligente por la mera falta de no tener licencia para guiar automóviles en Puerto Bico. Estos errores así alegados tienden a demos-trar que la corte inferior cometió manifiesto error al esti-mar y pesar la prueba que le fué presentada y bajo este aspéc'to estamos justificados para examinar dicha prueba y asegurarnos de la justicia del caso. Un principio que de-bemos tener por invariable en esta clase de acciones es que el actor no sólo debe demostrar la negligencia del causante del daño, sino también establecer la relación causal entre la negligencia y el daño realizado.

El accidente en este caso tuvo lugar ante varios testi-gos. El interfecto viajaba en una guagua acompañado por su concubina Cayetana Boche y un hijo de ésta; ve-nían, además, el chauffeur y el conductor. Estos fueron los testigos presenciales y sus declaraciones son las que nos pueden esclarecer las circunstancias que rodearon el caso y determinar la verdad de los hechos tal como ocurrieron.

La demandante, para probar su caso en relación con el principio que'citamos más arriba, se apoya; 1°., en la de-claración de Cayetana Boche, concubina del interfecto, que le acompañaba en el momento del accidente; y 2°., en que el demandado carecía de licencia para manejar automóvi-les en Puerto Bico. Pero no encontramos que la declara-ción de Cayetana Boche por sí sola arroje luz suficiente so-bre el hecho mismo del accidente para establecer clara-mente la negligencia- del demandado. Ella declara que es-taba de espaldas en el preciso momento de ocurrir el acci-dente y sus demás afirmaciones, por tanto, sólo pueden te-ner el efecto de meras conjeturas. Como parte esencial de su testimonio dicha testigo declaró;

“P. — ¿Dice usted que usted encontró a su marido boca abajo, en esta posición en la carretera? it. — Sí, señor. P. — ¿ Cerca de la guagua? E. — Delante del auto. P. — ¿Cerca de la guagua? E.— No, señor,- la guagua quedaba así a poco trecho y él ahí; él le sirvió de calzo al auto. P. — ¿Y paró el auto? E. — Sí, señor. P.— ¿De modo que el auto paró allí mismo? E. — Sí, señor. P. — ¿Por dónde le dió el golpe el auto? E. — Lo único que pude fijarme fué el golpe que le dió aquí, porque en lo demás no me fijé. P. — ¿La guagua venía de allá para acá por su derecha? E. — Sí, señor. P. — ¿Usted se apeó de la guagua y se dirigió al otro lado del ca-mino, cruzó la carretera? E. — Sí, señor. P. — ¿El auto iba de Ponce para G-uayama? Sí, señor. P. — ¿Usted vió las luces del auto? E. — Las vine a ver cuando estaba ahí. P. — ¿Entonces us-ted estaba de espaldas? E. — Sí, señor; estaba de espaldas. P.— ¿Usted lo que sintió fué el golpe? E. — Sí, señor. P. — ¿Y por eso fué que se viró? E. — No, señor; yo viré cuando sentí el ruido. P. — ¿Del auto que venía? E. — Sí, señor; porque estaba entretenida amarrando el lío para sacar unos chavos. P. — ¿Y sintió el ruido del auto que venía? E. — Sí, señor; pero cuando venía al lado mío, que quise huir porque venía cerca. ¿Venía muy cerca? E. — Sí, señor; pegado, sí yo estaba así en la orilla. P. — ¿Y dónde e'staba el lío? E. ■ — -Delante de unos burros de arena que hay. P. — ¿De los bordes de la cuneta, de la zanja de la carretera? E. — Sí, señor. P. — Y ahí fué donde le dió y su marido le servio de cuña al carro? E. — Si, señor; yo estaba soltando el lío y con el mismo golpe que quise virar ligero, me fui de lado para encima del burro de arena.”

Después de este deficiente testimonio, era lógico que los que podían ayudar a esclarecer los hechos eran el chauffeur y el conductor (cobrador) de la guagua. Estos testigos presenciales son los que afirman que el-demandado cami-naba su auto a poca velocidad y sostienen que avisaron al finado advirtiéndole el peligro del automóvil, que se acer-caba. Sus declaraciones tienen suma influencia en la deci-sión de este caso. El testigo Carlos Morales, chauffeur de la guagua, en parte dice:

“E. — Pues esa tarde veníamos del Pastillo para Ponce y en el puente del Inabón encontramos una señora, un niño y un señor, mandaron a parar la guagua y como es- un vehículo de pasajeros, paré, dijeron que los trajésemos no sabíamos con qué dirección .y al llegar a la Calzada se desmontó la señora, desmontó un niño y unos paquetes que tenía y los puso al lado de la carretera así; el señor ese que venía en la guagua se quedó dándome una moneda de diez centavos para cobrar el pasaje, que como él me conocía luego des-pués me daría algo más. * * * R. — Ofreciéndome una moneda de diez centavos, pero como el sitio era corto yo le dije: no vale nada; y me dijo: cójala; y le dije al cobrador: pues acéptala, y le aceptó la moneda, pero al salir del sitio donde estaba hablando con nosotros para desmontarse, se veía la luz del carro cerca de la guagua y se le advirtió: no se desmonte que viene un auto, y no vaciló en desmontarse y cruzar el camino. P. — ¿Y qué le ocu-rrió al cruzar el camino? R. — El auto le dió un golpe. P. — ¿Fué al tirarse él del carro? R. — Al desmontarse de la guagua, al lado izquierdo de la guagua. P. — ¿Era obscuro o era de día? R. — Ya estaba obscuro. P. — ¿Traía luces ei carro? R. — -Traía. P. — ¿Bue-nas luces. R. — -Buenas. P. — ¿Se veían perfectamente? R. — Sí, se-ñor. P. — ¿Es camino recto ese? R.- — -Recto. P. — ¿Usted oyó el automóvil, la bocina del automóvil? R. — Una bocina que apenas se oía, no era muy fuerte. P. — ¿Pero usted oyó la bocina? R. — Sí, señor; parece que era un klaxon que mayormente no tenía fuerza. # * * p — ¿Pero llegó a correr? R. — Trató de correr al desmon-tarse para cruzar. P.- — ¿Qué fué lo que hizo él? R. — Al desmon-tarse salió corriendo para el otro lado, a avanzar a cruzar al au-tomóvil.”

Y la declaración de Gonzalo Martínez, cobrador de la guagua, también, en la parte que consideramos más esen-cial, dice:

“P. — Sírvase exponer a la Hon. Corte detalladamente lo que usted sepa. R. — Nosotros veníamos del Pastillo para Ponce; más allá del puente Inabón nos mandó parar una gente que era un señor, una señora y una niña, nos paramos, se montaron y llegando a la Calzada mandaron parar, paramos, se desmontó la -señora con la niña y la puso al lado de la carretera, después vino a buscar un lío que llevaban, cogió el lío y lo puso allá y se puso a esperar al señor, entonces el señor sacó una moneda de diez centavos para dárnosla, pero como era una cosa mínima le dijimos que no valía nada, pero tanto dijo: cojan eso, hasta que le cogí yo los diez centavos, entonces, al tiempo de él tirarse veo yo que viene el carro y le dije: no se tire que abí viene tin carro, pero como él iba esman-dado a tirarse, se tiró y vino el carro y le dió. P. — i El carro traía luz? E. — Traía luz. P. — ¿Se vieron las luces? E. — Sí. '* * * P. — ¿Cuando él hablaba con usted sobre los diez centavos, estaba de frente hacia donde venía el auto? E. — Sí, señor. P. — ¿Lo po-día ver perfectamente? E. — Lo podía ver. P. — ¿Y cuando él se viró, se viró para bajar rápidamente? E. — Sí, señor. P. — ¿Fué cuando ustedes le gritaron? E. — Sí, señor. P. — ¿Cuando ustedes le gritaron fué cuando él se iba a bajar? E. — Sí, señor; cuando iba esmandado para abajo. P. — ¿No cuando hablaba con usted? E. — No, señor. P. — ¿Cuando él hablaba con usted se veía el res-plandor del auto? E. — Sí, señor.”

Estas son las declaraciones que nos refieren cuáles fue-ron las actuaciones del finado en los precisos momentos de ocurrir el accidente, y ellas son las que nos dice que la im-previsión y descuido del interfecto hicieron de su muerte un accidente desgraciado. Es verdad que dichos testigos no podían asegurar que el interfecto oyera la advertencia-que le hicieron del. peligro que corría, y que uno de los- tes-tigos dice que se le hizo a gritos, pero ambos testigos divi-saron el automóvil que venía a distancia, fijando su aten-ción y a medida que se acercaba a la guagua, por la pro-yección de sus luces y el toque del Háoson oído por uno de-ellos, y por tal razón se dieron perfecta cuenta del peligro avisándolo a Maldonado.

Pudiera ser que el interfecto no podía ejercitar su oído por el ruido que mantenía el motor de la guagua que per-manecía funcionando, pero hay que presumir que de otro modo él tuvo que ejercitar su vista para ver lo que otros vieron, pues nada anormal se ha demostrado en cuanto a sus funciones visuales, pudiendo ver la claridad que pro-yectaban los faroles del auto- alumbrando el camino y cuya intensidad tenía que aumentar en razón directa de la dis-tancia en su acercamiento al sitio en que estaba parada la guagua. En este punto es que surge la discusión relativa a la negligencia contributoria que el apelante imputa al in-terfeeto y en donde hemos podido ver de un estudio de las autoridades y la jurisprudencia, que las controversias más violentas han airado sobre la cuestión de si el demandante debe probar que el mismo estaba libre de negligencia o si el demandado es quien lleva el peso de tener que probar que el accidente fué debido a la negligencia del deman-dante.

Sin embargo, ya esta corte se ha inclinado antes de ahora del lado de la regla que establece que la obligación de probar la negligencia contributoria incumbe al deman-dado, y Conforme a este principio se dijo en el caso de Rosado v. Ponce Railway and Light Co., 20 D. P. R. 584:

“En primer lugar, la obligación de probar la negligencia con-tributoria incumbe al demandado. Es una cuestión de defensa. Esta es la regla en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en las -Cortes Federales y en las cortes de la mayoría de los estados. Es una regla más sabia que aquella que impone la obligación al demandante y su sabiduría ha sido aprobada por Thompson en su obra sobre Negligencia, párrafo 366, y por otros autores.”

Y en la misma doctrina se insiste en el caso de González v. Malgor, Luiña y Cía., 29 D. P. R. 106, diciéndose: “Y de acuerdo con la jurisprudencia establecida la negligencia contributoria del demandante es una defensa que incumbe alegar y. probar al demandado.”

La cuestión, sin embargo, de si un demandante ejerció el debido cuidado, aunque es en su forma una proposición afir-mativa, no significa necesariamente que había de probarse por un testimonio también afirmativo dirigido directamente a sostenerla. Eso mismo puede ser deducido de las circuns-tancias que han concurrido en el caso. Pero en el presente no sólo no se desprende de la prueba directa aportada por el demandado que el interfecto fué cuidadoso o prudente al cruzar la carretera, sino que tampoco se deduce tal pru-dencia o cuidado de las circunstancias -que concurrieron en el accidente. Por el contrario, aparece de la prueba que las condiciones en qne se verificó el accidente fueron de tal naturaleza que si el interfecto hubiera ejercido el más ordi-nario cuidado, lo hubiera evitado. Si el no pudo oir el toque de bocina del auto que se acercaba, si también ocu-rrió lo mismo no oyendo el aviso del peligro que el chauffeur y el conductor le dieron debido al ruido que bacía el motor de la guagua, él tuvo que ver, sin embargo, dado la obscuridad de la nocbe, la proyección de las luces del au-tomóvil que se acercaba, toda vez que según los testigos el interfecto estaba de frente a la dirección del carro que venía y más que nada porque dicbo interfecto no bien pagó al conductor bajó precipitadamente y trató de cruzar la ca-rretera corriendo. De todo eso se desprende que él se dió cuenta de que un automóvil iba a cruzar y él trató de ganar tiempo haciéndolo primero. No era posible suponer enton-ces que el demandado se diera cuenta de la inconsciencia del peligro en que incurría el interfecto al intentar atrave-sar la carretera en el instante en que el automóvil pasaba por el lado de la guagua, o de su inhabilidad, si la había, para evitarlo. No nos bastaría presumir que el instinto, de conservación del interfecto sería el único motivo para de-cir que él obró con el debido Cuidado, porque precisamente la impremeditación o inadvertencia en los casos que ocu-rren accidentes es la negación de aquella presunción. La prueba directa o las circunstancias son las que pueden dar-nos el conocimiento de los hechos tal como ocurrieron, y en este caso la impresión justa que recibe nuestra concien-cia de juzgador al pasar sobre la prueba en conjunto es que el interfecto atravesó el camino con conocimiento del peligro y sin que diera tiempo al demandado para descu-brirlo y evitarlo si prácticamente hubiera sido posible.

Parecería, sin embargo,- que debiéramos haber prescin-dido de las conclusiones a que antes hemos llegado, to-mando en consideración solamente el hecho alegado y no controvertido de que el demandado carecía de licencia para manejar automóviles en Puerto Eico al tiempo del acci-dente, sosteniendo de este modo el apelado que tal omisión Constituye negligencia per se. No hay duda de que el ar-tículo 5, apartado (a), de la Ley núm. 75 “para reglamen-tar el uso de vehículos en Puerto Eico, etc.,” aprobada en marzo 13, 1916, dispone la prohibición de manejar un ve-hículo de motor a ninguna persona que no haya obtenido una licencia para ello; y que asimismo, al disponer el apar-tado (b) los requisitos que se deben llenar para obtener la licencia, la ley ha tenido por objeto proteger y garantizar a las personas y a la propiedad contra accidentes. Pero el punto de vista que presenta el apelado no es concluyente por ser absoluto. El consensus de opinión en la jurispru-dencia parece establecer el principio de que la operación de un automóvil sin licencia, en violación del estatuto, se con-sidera prueba prima facie de negligencia, pero si de un ac-cidente resultan daños, debe aparecer una relación de causa y efecto entre la violación de la ley en tal respecto y el daño causado.

En el caso de Paz v. Bonet, 30 D. P. R. 922, si bien otras fueron las circunstancias que determinaron la respon-sabilidad del demandado, se dijo, no obstante, aunque inci-dentalmetíte, lo siguiente:

“Pero si a esto se añade la falta de licencia para el manejo de un automóvil, circunstancia que aisladamente puede ser objeto de responsabilidad exigible en caso de accidente por la persona que sufre el daño, entonces tendríamos que además se alegaría prima fade determinada circunstancia que por sí constituiría negligencia haciendo responsable al demandado por los daños causados.”

Aun en Massachusetts, que se aparta de la regla general de que el hecho de no hacerse la inscripción de un vehículo de motor no se considera como la causa próxima de un daño y que no afecta al derecho de reclamar, dicho Estado sigue la regia general en casos que envuelven la falta de licencia de chauffeur consistente dicha regla, en que la ausencia de tal licencia no puede imputarse como fun-damento de responsabilidad en el caso de que la máquina cause un daño a otro viajero, a no ser que la falta de la licencia tenga relación con el accidente debido a la impe-ricia del chauffeur. “Iíuddy on Automobiles,” 5a. edición, pág. 270.

La jurisprudencia es abundante en tal sentido. La cita que hace la misma apelada del caso de Austin v. Rochester F. B. Co., 181 N. Y. Supp. 275 (1920), es una de las más saludables doctrinas que hemos podido examinar en ese res-pecto. En ese caso se dice:

“El objeto de la ley disponiendo que todo chauffeur debe te-ner una licencia era proteger al público contra los conductores in-competentes, y, por tanto, el dar empleo a un chauffeur que no tenía licencia se relaciona con el cuidado que el demandado debe ejercer hacia el demandante en el manejo de su carro. Si una compañía ferroviaria permitiera que un hombre que carecía de li-cencia de maquinista condujera un tren de pasajeros que chocó con otro tren, esto constituiría prueba de la falta de cuidado ordi-nario de parte de la compañía, para someter al jurado en cuanto a la cuestión de la responsabilidad de la misma. Si el médico encargado de un hospital privado permitiera a una persona sin li-cencia como cirujano, hacer una operación a un paciente que re-quería habilidad profesional dando por resultado una actuación errónea, sería prueba, hasta cierto punto, de falta del debido cui-dado por su parte, que pudiera someterse al jurado acerca de la cuestión de su responsabilidad. La prueba no sería concluyente, y podría ser totalmente destruida por prueba de competencia; sin embargo, por sí sola, necesitaría una explicación y constituiría negligencia prima, facie. De igual manera, el dejar de emplear un chauffeur con licencia en este caso, constituye en cierto modo prueba de negligencia, que puede anularse mediante otra prueba demostrativa de que no obstante que el chauffeur no tenía licencia era del todo competente y no responsable por el choque. No es una cuestión inmaterial como el no conseguir una licencia de au-tomóvil, que no puede tener ninguna relación con la operación de un carro. La infracción • de la ordenanza es, por consiguiente, prueba prima facie de negligencia que debe someterse al jurado en relación con los demás hechos del caso para determinar la respon-sabilidad última.”
“Ha habido considerable discusión en los casos respecto a la responsabilidad por daños causados a personas que corren por la carretera en un automóvil que no ha sido inscrito como lo exigre la ley, y se ha tratado de establecer algunas distinciones sutiles. Es, por supuesto, un principio general de ley, que una persona que ejecuta un acto ilegal no queda por ello necesariamente sin la pro-tección de la ley, y por el mero hecho de ser un infractor de la ley no está impedido de poder obtener una reparación por el daño que pueda ella sufrir, ni tampoco es responsable por el daño que pueda causarse a otra persona. Para -que quede ella fuera del al-cance de la ley a los fines de poder recobrar o que pueda dictarse sentencia contra ella, el acto ilegal debe tener relación con el daño causado.” 2 R. C. L. 1208.
“La mera omisión del conductor de un automóvil a tener la licencia estatutaria al estropear su carro a un viandante en el ca-mino, no le hará responsable por el daño causado, a menos que dicha omisión tuviera alguna relación con la causa de la lesión.” (Nancy E. Lindsay et al. v. Angelo Cecchi, 35 R. L. A. (N. S. pág. 699).

¿Qué hecho o circunstancias demuestran la relación causal entre la omisión del demandado por su carencia de li-cencia y la muerte de Maldonado? La razón que nos da el apelado es que si dicho demandado hubiera obtenido su li-cencia hubiera recibido una copia de la Ley núm. 75 y ac-tuado de acuerdo con sus disposiciones. Pero un razona-miento en tal forma no tendría más valor que una cuestión de principio y nos podía conducir al absurdo de que el mero he-cho de tener licencia podía considerarse a sensu contrario como una presunción concluyente de haberse actuado con la debida diligencia cualquiera que fuera la forma en que ocu-rriera un accidente. Ni uno ni otro extremo presentan una buena doctrina, pues así como la mera tenencia de una li-cencia para guiar un automóvil no hace inmune al que causa Tin daño en caso de accidente, el hecho contrario, por falta de licencia, no implicaría por sí solo negligencia y sí más bien negligencia prima facie, sujeta a prueba en Contrario o a las resultas de los demás hechos o inferencias que pue-dan demostrar la relación causal de la falta de licencia y el accidente. En conexión con esto, y tomando en conside-ración la prueba en este Caso, nada nos indica que el acci-dente hubiera cambiado en su forma ni en sus efectos, asu-miendo que el demandado estuviera provisto de su licen-cia. La prueba no nos ha convencido que ninguna de las demás regulaciones de la ley para manejar automóviles fue quebrantada. El hecho de haber podido parar el automó-vil el demandado casi en el acto del choque, sirviéndole “de calzo” el interfecto, según expresión de la testigo Ca-yetana Soche, evidencia palmariamente la poca velocidad del carro. La única duda es si realmente el demandado tocó bocina. Pero este extremo lo afirma el chauffeur de ,1a guagua y así corrobora la afirmación del demandado de que clió el correspondiente toque de bocina avisando la pro-ximidad de su carro; y asimismo, puede quedar explicado el haber parado el automóvil acercándose a la guagua por el hecho de existir al lado opuesto unos montones de arena en donde junto a ellos estaba Cayetana Soche atando unos “líos” y de espaldas al sitio del suceso.

Todos esos detalles que podemos considerar como esla-bones que entrelazan la cadena de los hechos ocurridos, no establecen presunción alguna que implique la incompetencia del demandado para manejar su automóvil, ni por tanto la relación causal de su falta de licencia con el accidente. Nuestra convicción es más bien que tales detalles corrobo-ran-las manifestaciones del demandado, quien declara que es un ingeniero, con experiencia en el manejo de automó-viles por haber sido autorizado en otros estados.

Por las razones expuestas, la sentencia debe ser revo-cada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condena de costas.

Revocada la sentencia apelada y sin lugar la demanda, sin especial condena de costag.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Méndez, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una es-critura de venta judicial.
    No. 569.
    Resuelto en julio 16, 1923.
    Cancelación de Hiboteca — Inscripción de Venta Judicial. — Cancelada por un registrador una segunda hipoteca por liaher sido vendida la finca judicial-mente en ejecución de una primera hipoteca y adjudicada al acreedor eje-cutante sin que el precio del remate alcanzara a cubrir más que la primera, no puede rehusarse la inscripción de la venta por el motivo de que dicho acreedor había convenido en posponer la ejecución de su hipoteca hasta tanto el deudor satisficiera ciertas obligaciones personales que del registro no aparecían satisfechas, convenio que existía y constaba del registro al tiempo de la cancelación, pues ello, aparte de constituir una contradicción, con la cancelación hecha por la ejecución de la primera hipoteca, quitaría valor y efecto a la cancelación heeha en virtud de dicha venta; especialmente si se considera qu6 los acreedores personales pueden ejercitar contra el acree-dor adjudicatario cualquier acción que contra él puedan tener aun cuando la finca se inscriba a su nombre.
    Inscripción — Medida Superficial de las Fincas — Defecto Subsanable. — El hecho de que la ley de 18 de agosto de 1913, enmendada por la núm. 3 de 10 de marzo de 1914, permita el empleo de la cuerda como medida en la mensura de terrenos, no quiere decir que no sea necesario expresar la equi-valencia en el sistema decimal, siendo el establecimiento de dicho sistema precisamente el propósito de la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. F. González y A. Mena.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Consta del Registro de la Propiedad de Caguas, según certificaciones que tenemos ante nosotros, que cierta finca fué hipotecada por José B. Méndez y su esposa a favor de Juan Méndez Santiago y de otras tres personas para res-ponderles de ciertas obligaciones personales suscritas por Méndez; que se anotó una demanda de “The Porto Rico Fertilizer Company” contra Méndez y los acreedores de éste por esa hipoteca, en la que se pide la rescisión de la misma; que también se anotó un convenio posterior de '“The Porto Rico Fertilizer Company”, de otros acreedores personales de Méndez y de dichos acreedores hipotecarios por el que éstos consienten en posponer sus créditos hipote-carios hasta que sus deudores hayan pagado sus obligacio-nes personales a los varios acreedores que se expresan, con preferencia a su hipoteca, la que no podrá ser cancelada ni ejecutada por los acreedores hipotecarios o cualquiera de ellos mientras subsista el convenio. También por otra nota marginal se hizo constar la posposición del gravamen perteneciente a “The Porto Rico Fertilizer Company”. Por resolución de 6 de marzo de 1923 dictada en el pleito de Juan Méndez Santiago contra José B. Méndez Jiménez y su esposa, en cobro de dinero, la Corte de Distrito de Humaeao ordenó la cancelación de una hipoteca del Banco Territorial y Agrícola posterior a la constituida a favor de Juan Méndez Santiago y otros porque el remate había cu-bierto solamente los $4,500.12 importe de las obligaciones pagadas por el demandante por no haberlas satisfecho José B. Méndez Jiménez, cancelación que fué hecha según afir-man las partes en sus respectivos alegatos.

Posteriormente se presentó en el registro para su ins-cripción la escritura No. 259 otorgada el 23 de noviembre de 1922 por la que el márshal de la Corte de Distrito de Humaeao vende a Juan Méndez Santiago la misma finca como consecuencia de la adjudicación que le fué hecha en el remate celebrado en el pleito que siguió contra José B. Méndez Jiménez y sn esposa en cobro de $4,500.12 importe de tres obligaciones satisfechas por el demandante y sus intereses.

El registrador se negó a inscribir esa escritura de venta por los motivos que aparecen de la nota puesta al pie de ella, la que dice así:

“Denegada la inscripción a que se refiere el precedente docu-mento que es la escritura No. 259 otorg’ada en Humacao el 23 dé noviembre de 1922 ante el Notario Francisco González Fagundo, con vista de otra, por observar que aunque en ol expresado tituló se lia ocultado decir que la deuda objeto de la demanda estaba asegurada con hipoteca inscrita, lo cual consta del registro por ha-berse presentado con anterioridad a dicha escritura una orden de la Corte de Distrito de Humacao, dictada en el mismo caso, dis-poniendo que en el registro, se cancele una hipoteca que grava la finca vendida, porque de la ejecución seguida por Juan Mendez Santiago contra José B. Méndez, el resultado de la subasta de dicha finca sólo fué la suma de $4,514.12 que ofreció por ella el deman-dante como importe de su crédito que está garantizado con hipo-teca, no resultando cantidad alguna para aplicarla al crédito hipo-tecario posterior, se deduce claramente ahora que la deuda para cuyo cobro se vendió dicha finca en pública subasta fué la misma que consta asegurada con hipoteca inscrita en el registro, cons-tando además que la indicada hipoteca fué pospuesta por el mismo demandante acreedor Juan Méndez Santiago hasta que se cubrieran por el referido deudor José B. Méndez otras obligaciones de pago a diversas personas, no constando del registro que dichas obligacio-nes hayan sido cumplidas, y extendida en su lugar anotación pre-ventiva durante el término legal de 120 días a favor de Juan Mén-dez Santiago al folio * * * , con el defecto subsanable de no expresarse la equivalencia de la cabida de la finca al sistema nié^ trico decimal.” ' •

. Según se desprende de esa nota, el único motivo qne fia tenido el registrador para denegar la inscripción, de la venta judicial es porque se ha vendido la finca para el pago .de una hipoteca cuyo cobro aparece del registro pospues,^ hasta que el deudor hubiera pagado a otros acreedores su,-yos ciertas obligaciones personales, sin qne de sns libros resnlte qne estas obligaciones hayan sido cumplidas.

Sin entrar a considerar abora el efecto qne la mención de obligaciones personales en ■ el registro pneda prodncir en Cuanto a la acción real hipotecaria, habiendo el registra-dor concelado la hipoteca del Banco Territorial y Agrícola por orden judicial fundada en qne vendida la finca para pago de la anterior hipoteca de Jnan Méndez Santiago no había qnedado sobrante alguno para aquélla dado el estado de derecho creado en el registro, no puede ahora negarse a inscribir dicha venta que ya aparece del registro haberse hecho y haber surtido efectos, so pena de resultar incon-sistente consigo mismo dando valor a dicha venta judicial para el registro al hacer la cancelación y negándoselo cuando, se trata de inscribirla, y resultaría la anomalía de denegar la inscripción de una venta que ha sido acep-tada para producir una cancelación, a más de que negán-dose a inscribirla quita valor y efecto a la cancelación prac-ticada que se fundó en dicha venta. En. el mandamiento que se libró para dicha cancelación se le dijo que la finca había sido vendida para pagar la hipoteca constituida a favor de Juan Méndez Santiago, y apareciendo de sus li-bros que tal hipoteca estaba pospuesta hasta que el deudor satisficiera otras obligaciones personales, si por esto no po-día ser cobrada y rematada la finca, debió negar la can-celación de la hipoteca del banco, pero practicada como está no puede negar ahora el valor a tal venta.

Además, según se dice en el syllabus del caso de Bianchi v. Pierazzi, 25 D. P. R. 631, el comprador de una finca hi-potecada se coloca en la misma situación del deudor; esto es, al vencimiento de la hipoteca, los recursos del acreedor hipotecario contra el comprador serán exactamente los mismos que si ellos fueran contra el deudor. De idéntica manera en el 'presente caso, si los acreedores personales en cuyo favor el comprador Méndez Santiago pospuso su hi-poteoa tienen alguna acción contra él por haber cobrado la deuda garantizada con la hipoteca recibiendo en pago la finca gravada antes de haber cobrado sus créditos, podrán ser ejercitados aunque la finca se inscriba a su nombre.

En cuanto al defecto subsanable que se menciona en la nota por no expresarse la cabida de la finca en el sistema métrico decimal, es de sostenerse de acuerdo Con decisio-nes nuestras anteriores, pues si bien la ley de 18 de agosto de 1913, enmendada por la No. 3 de 10 de marzo de 1914, permite que en las mensuras de terrenos puede emplearse la cuerda como medida, sin embargo, como por esa ley se establece el sistema decimal y la hectárea como tipo para medir terrenos, el hecho de que se permita usar también la cuerda, cuya equivalencia al sistema métrico decimal da, no quiere decir que no haya de expresarse tal equivalencia.

La nota recurrida debe revocarse en cuanto niega la ins-cripción.

Revocada en parte.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Franco Soto,

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó: “Conforme con la sentencia.”


author: El Juez Asociado 8b. Aldbey, JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

text:
    Flores, Demandante y Apelado, v. Sucesores de Pérez Hermanos, S. en C., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte dé Distrito de San Juan, Distrito Segundo, en pleito sobre daños y perjuicios (memorándum de costas)'.
    No. 2997.
    Resuelto en julio 16, 1923.
    Sentencias en Apelación — Costas—Interpretación de Sentencias del Tribunal Supremo. — En el presente oaso el Tribunal Supremo,' resolviendo una apelación que concedía costas, al dictar sentencia, expresó: “* * * re-suelve modificar como modifiea la sentencia apelada * * * en el sentido de rebajar la indemnización a la suma de $12,000 y confirmar dicha senten-cía en los demás particulares, sin especial eonSenaeión Se costas.” Se re-solvió: que las palabras subrayadas expresan que cada parte pagará las costas causadas en la corte inferior.
    Id. — Modificación de Sentencias en Apelación. — Cuando un demandante ape-lado entiende que no procedía que el Tribunal Supremo modificara la sen-tencia apelada en cuanto concedió eostas, debe pedir a dicho tribunal que corrija su sentencia en tal sentido. Orne v. Valentin, 31 D. P. E. 257.
    Id. — Apelación de Sentencias del Tribunal Supremo — Costas en Ultima Ins-tancia. — Guando una sentencia del Tribunal Supremo es confirmada c.on cos-tas en apelación, tales costas son las causadas en última instancia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: £'res. Chas. H art sell y F. Ra-mírez de Arellano.

    Ahogados del apelado: Sres. J. H. Brown y C. Ruis Na~ zarrio.

   El Juez Asociado 8b. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, dictó sentencia en este pleito condenando al demandado a pagar al demandante $17,000 como indemnización por da-ños y perjuicios y las costas, pero apelada ante nosotros pronunciamos en julio 29, 1921, la siguiente sentencia, se-gún aparece de la transcripción: “Por los fundamentos con-signados en la anterior opinión, este Tribunal resuelve mo-dificar, como modifica, la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en mayo 18 de 1920, en el sentido de rebajar la indemnización a la suma de $12,000 y confirmar dicha sentencia en los demás particulares, sin especial condenación de costas. Comuni-qúese en la forma y a los fines procedentes. Así lo pronun- ■ ciamos, mandamos y firmamos. Conforme con la anterior sentencia menos en la cuantía de la indemnización pues opi-namos que no debe pasar de $5,000 (cinco mil dólares).” Apelada también nuestra sentencia la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito la confirmó con costas el 7 de junio de 1922.

Después de dictada nuestra sentencia la parte deman-dante presentó en la corte inferior nn memorándum de cos-tas jurado por su abogado, que entre otras pequeñas par-tidas contenía una por honorarios de su abogado ascen-dente a $1,200, memorándum que fué impugnado por in-debido por haber sido nuestra sentencia sin especial con-dena de costas y por ser excesiva la cantidad fijada por los honorarios de abogado. Después de dictada la segunda sen-tencia en apelación al Circuito, presentó el demandante nuevo memorándum de costas jurado por el mismo abogado en el que la paidida de honorarios de abogado fué aumen-tada a $2,500 y el cual fué nuevamente impugnado por los mismos motivos que el anterior, pero fué aprobado en su totalidad por la corte de distrito por entender que de nues-tra sentencia no se desprende que modificamos la senten-cia en cuanto a la imposición de costas y porque no había otro motivo de oposición al memorándum. Sin embargo, fué también impugnado por excesivo.

Contra esta resolución se interpuso por el demandado este recurso de apelación en el que alega haber cometido la Corte inferior dos errores, a' saber: 1°., la corte erró al de-sestimar nuestra impugnación al memorándum de costas y resolver que la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Pico no -había modificado la sentencia de la Corte de Dis-trito de San Juan, en lo relativo a costas; 2°., la corte erró al resolver que la cantidad asignada para honorarios de abogado no era excesiva.

Tanto el primer motivo de- error alegado como la re-solución de la corte inferior giran sobre la interpretación de nuestra sentencia en lo relativo a las costas, pues como dice que se modifica la sentencia apelada en cuanto a la cuantía de la indemnización y que se confirma en cuanto a los demás particulares, sin especial condenación de cos-tas, entendió la córte inferior y sostiene el apelado, que sólo modificamos la sentencia apelada en cuanto a la cuan tía de la indemnización y que habiéndola confirmado en cuanto a los demás particulares quedó confirmada también en la imposición de costas al demandado, a pesar de haber dicho al final de nuestra sentencia “sin especial condena de costas,” y que estas palabras se refieren a las costas en este Tribunal Supremo.

No pueden referirse dichas palabras a costas en este tribunal pues no podemos imponerlas porque no existen, se-gún hemos declarado en los casos de Martínez v. Pagán López & Cía., 17 D. P. R. 613; J. Ochoa Hermano v. Herederos de Lanza, 17 D. P. R. 730; Hernández v. F. Carrera & Hno., 23 D. P. R. 863; Polanco v. Goffinet, 30 D. P. R. 882, y de Cruz v. Valentín, 31 D. P. R. 257. En vista de estas decisiones, el caso anterior de Márquez v. Aguiló, 10 D. P. R. 264, citado por el apelado, no tiene aplica-ción. En cuanto a los casos citados en su resolución por la corte inferior, el de 18 D. P. R. 82, nada dice con referen-cia a la cuestión resuelta y los de Vivas v. Hernaiz, Targa, & Co., 24 D. P. R. 836; Rubio v. Mayagüez Auto Garage Co., 20 D. P. R. 244; Morales v. Caraballo, 27 D. P. R. 591 y el de Cabranes v. Central Vannina y Gual, 29 D. P. R. 1018, no tienen relación alguna con la interpretación de nuestra sentencia porque se limitan a declarar la facultad discrecional de las cortes de distrito para imponer las cos-tas y a que no intervendremos con ella a no ser que se de-muestre abuso de esa discreción, sin referirse para nada a nuestra facultad para resolver en apelación sobre el pago de costas cuando revocamos o modificamos la sentencia ape-lada. En este caso, en vista de que se modificó la senten-cia rebajando a $12,000 la condena impuesta al demandado y en vista también de que dos jueces estimaron que debía rebajarse a $5,000, creimos que el demandado no debía pa-gar las costas y por eso dijimos “sin especial condenación de costas,” o sea que cada parte pagará las suyas.

Quizás la sentencia en controversia debió redactarse más claramente y decir que se modificaba en cuanto a la indem-nizaeión y en cnanto a la declaración de costas que debían ser sin especial condena de ellas, confirmándola en lo de-más, pero a pesar de la redacción que se le dió demuestra suficientemente que fallamos sin especial condenación de cos-tas, por lo que aparece suficientemente que la sentencia ape-lada fué modificada también en cuanto a la condena al de-mandado que contenía la sentencia apelada por ser contra-rio a ella nuestra declaración en ese particular.

El argumento de que aquella sentencia no fue impug-nada por la condena de costas no encuentra base en la transcripción, ni sería obstáculo para que la modificáramos si la cuestión fundamental entre las partes era modificada o revocada. En el caso de apelación de Wright v. Smith. 44 Mich. 560, 7 N. W. 240, no pudiendo los jueces llegar a un acuerdo en las cuestiones alegadas como errores, por este motivo fué confirmada la sentencia pero sin costas; y en el de Price v. Price, 46 Mich. 68, 8 N. W. 724, también en apelación se confirmó el decreto desestimando la de-manda por no estar satisfecha la corte de que existía causa para el remedio, pero por las circumstancias cada parte pagaría sus costas. En el caso que resolvemos nb bubo unanimidad de criterio entre los jueces y esto era bastante para modificar la condena de costas, pero si no debíamos modificarla en ese particular debió pedirnos la parte deman--dante que corrigiéramos nuestra sentencia, según liemos de-clarado en el "caso de Cruz v. Valentín, supra, en el que habiendo nosotros revocado una sentencia sin liacer decla-ración alguna sobre las costas sostuvimos la negativa de la corte a aprobar un memorándum de costas fundada en que nuestra sentencia no las concedía.

En cuanto a que nuestra sentencia' fué confirmada con costas, todos sabemos que tal condena se refiere a las cau-sadas en aquel tribunal, que cobra por medio de un man-dato, por lo que no se refiere a las costas de la primera instancia.

Por las razones expuestas la resolución apelada debe ser revocada debiendo diotarse otra por nosotros negando la aprobación del memorándum de costas por no ser debidas al demandante.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra negando la aprobación del memorándum.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Franco Soto.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison disintieron.

OPINIÓN DISIDENTE. DEL

JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

Por mucho tiempo esta corte empleó las palabras “sin especial condenación de costas,” para referirse a las cos-tas en esta corte; y generalmente cuando se deseaba ex-cluir las costas en la corte inferior así lo expresábamos. Para precisar los términos, cuando se revoca una sentencia “sin especial condenación de costas” la sentencia revocada no lleva consigo ningunas costas en realidad no por razón de las palabras empleadas sino porque en la sentencia trans-formada no hay imposición de costas.

En el Tomo 24 revocábamos sentencias “sin especial Condenación de costas, gastos y honorarios” demostrando esto que la corte creyó conveniente o necesario ser especí-fica cuando quería excluir las costas en la corte inferior. Existen otros casos donde continuamos diciendo “sin especial condenación de costas” al revocar pero no hay nada que indique que estas palabras adquirieron una significa-ción nueva o diferente.

Toda mi investigación me convence de que estas pala-bras cuando se usaban solas o no tenían significación o se referían a las costas en esta corte. Esto es congruente con la práctica general de las cortes de apelación.

Por tanto cuando esta corte revocaba sin costas no po-día suponerse que la sentencia así dictada anulaba ipso facto el pronunciamiento de costas hecho por la corte inferior. Algo más positivo tenía qne haber aparecido si esta Corte hubiera deseado cambiar o modificar la concesión de costas.