author: El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez.

text:
    Aluma Construction Corporation, recurrente apelante, v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, recurrida apelada; Cidra Excavation, S.E., licitador agraciado.

      Número: AC-2009-048

      Resuelto: 13 de septiembre de 2011

      Luis A. Rivera Cabrera y Ricardo Arturo Pérez Rivera, abo-gados de la parte recurrente apelante; Lemuel Cancel Méndez y Eileen M. Rivera Amador, abogados de la parte recurrida apelada.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos permite determinar si existe un plazo para que una agencia o entidad apelativa resuelva en los méritos una solicitud de reconsideración de adjudica-ción de subasta, una vez esta es acogida dentro del plazo de 10 días que dispone la Sec. 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988. Por considerar que no existe un plazo determinado en la ley para que se resuelva dicha solicitud, revocamos.

I

La controversia en el caso de autos se centra en su as-pecto procesal; por ende, nos limitaremos a exponer los he-chos incontrovertidos y pertinentes a dicho aspecto.

El 31 de mayo de 2008 la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (A.A.A.) publicó en dos pe-riódicos del país el aviso de subasta 08-SP-034 para el pro-yecto “Water Supply System & Sanitary Sewer System Aguirre-Montesoria Communities, Salinas, PR”. Once lici-tadores sometieron sus propuestas para el referido pro-yecto, entre los cuales se encontraba Aluma Construction Corp. (ALUMA). El 9 de octubre de 2008 se celebró la aper-tura de dicha subasta.

Tras varios incidentes característicos del proceso de su-basta —como la evaluación de las propuestas sometidas por los licitadores y el análisis del cabal cumplimiento de los requerimientos administrativos— la Junta de Subastas de la A.A.A. (Junta) recomendó al Director Ejecutivo de dicha corporación pública la adjudicación de la subasta al licitador Cidra Excavation, S.E. (CIDRA). Conforme a ello, el 6 de febrero de 2009 la Junta emitió una carta de adju-dicación en la que notificó que la buena pro de la subasta se le otorgó a CIDRA.

Insatisfecha con la referida adjudicación, ALUMA pre-sentó oportunamente una solicitud de reconsideración ante la Junta el 17 de febrero de 2009. ALUMA argüyó que el proceso adjudicativo estuvo plagado de serios errores eva-luativos y que, además, la actuación administrativa fue ar-bitraria, irrazonable y caprichosa. Asimismo, ALUMA sos-tuvo que fue el licitador más bajo de la subasta. El 27 de febrero de 2009 la Junta acogió la solicitud de reconsidera-ción presentada por ALUMA para su resolución correspondiente.

Luego de varios meses sin que la Junta tomara una de-cisión con relación a la reconsideración, el 1 de junio de 2009 ALUMA acudió a la Junta para examinar el expe-diente administrativo con el propósito de preparar una eventual solicitud de revisión judicial. En dicha ocasión se le notificó a ALUMA que no permitirían acceso al expe-diente administrativo hasta tanto culminara el proceso in-terno en torno a la reconsideración. Así, pues, el 4 de junio de 2009 ALUMA presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Sus argumentos se funda-mentaron en una decisión previa del Tribunal de Apelacio-nes en otro caso de similar controversia para sostener que la A.A.A. tenía un término de 90 días para disponer de la solicitud de reconsideración. Ante la falta de acción en esos 90 días, ALUMA entendió procedente acudir al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial.

El 8 de junio de 2009 la Junta finalmente emitió una resolución sobre la solicitud de reconsideración sometida por ALUMA en la que confirmó la adjudicación de la su-basta a CIDRA. En esa resolución, la Junta notificó a ALUMA que, de no estar satisfecha con la determinación, tenía diez días calendario para recurrir al Tribunal de Ape-laciones a través de un recurso de revisión judicial. Al día siguiente, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en el recurso de revisión judicial que ALUMA había pre-sentado unos días antes. En dicha sentencia el tribunal se declaró sin jurisdicción para atender el asunto al sostener que, a base de la Sec. 3.19 de la L.P.A.U., la A.A.A. tenía solo diez días para disponer de la reconsideración desde la fecha cuando esta se presentó. Conforme a lo anterior, el foro apelativo intermedio expuso que el término para ir en revisión ante dicho foro culminó el 9 de marzo de 2009.

El 12 de junio de 2009 ALUMA acudió de nuevo ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión judicial. En esa ocasión, ALUMA sostuvo nuevamente que una decisión de otro Panel de dicho foro apelativo reconoció que el término para ir en revisión judicial comienza a par-tir del momento en que una agencia emite un dictamen final y firme, resolviendo la reconsideración. Ahora bien, el mismo Panel del Tribunal de Apelaciones que desestimó el primer recurso de ALUMA, emitió una Sentencia el 18 de junio de 2009 para disponer de ese segundo recurso y se declaró nuevamente sin jurisdicción sobre los mismos fun-damentos expuestos en la Sentencia previa.

Inconforme con esa determinación apelativa, ALUMA presentó oportunamente ante este Tribunal un recurso de apelación en el que argüyó que la controversia planteada en el caso ha sido resuelta en el Tribunal de Apelaciones de tres formas distintas. Su planteamiento principal es el si-guiente:

ERRÓ el Honorable Tribunal de Apelaciones al dictaminar que en los casos de subastas gubernamentales, el término para acoger y resolver en los méritos la solicitud de reconsideración es de diez (10) días a partir de su presenta-ción de conformidad con las Secciones 3.1 y 3.19 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. §§ 2151 y 2169, a pesar de que la Sección 3.19 de la L.P.A.U. no provee término alguno para la resolución de una solicitud de reconsideración una vez ésta sea acogida por la agencia o entidad administra-tiva dentro del término de diez (10) días a partir de su opor-tuna presentación. (Enfasis en el original.) Apelación, pág. 9.

El 30 de junio de 2009 acogimos el recurso como un “cer-tiorari” y expedimos. Así, con el beneficio de las compare-cencias de las partes, procedemos a resolver el recurso.

II

Las subastas son invitaciones que efectúa una en-tidad para que se presenten ofertas para la realización de obras o adquisición de bienes y servicios. Este procedi-miento es el que mayormente se utiliza en el Gobierno. Las subastas son esenciales para la buena administración pú-blica, ya que así el Gobierno puede llevar a cabo sus fun-ciones como comprador de una forma eficiente, honesta y correcta para proteger los intereses y el dinero del pueblo Es por esta razón que el Gobierno realiza subas-tas para la adquisición de los materiales y servicios que necesita o para la construcción de obras públicas.

Hemos sostenido consistentemente que “las subastas gubernamentales buscan proteger los intereses del pueblo, procurando conseguir los precios más bajos posibles; evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia; el descuido al otorgarse los contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento” Para lograr los propósitos antedichos es que el proceso de subasta gubernamental se debe caracterizar por fomentar la competencia libre y transparente entre el mayor número de licitadores posibles y así, pues, adjudicar la subasta al mejor postor Además, es importante tener presente que todo el proceso de subastas, el cual consiste de varias etapas debe estar supeditado al interés público de proteger los fondos del Pueblo de Puerto Rico

Ahora bien, no existe una ley que regule los procedimientos de subasta con uniformidad. Precisamente, la L.P.A.U. solo estableció que dichos procedimientos —con excepción de las etapas de revisión judicial y la reconside-ración— son de naturaleza informal, y delegó a las agen-cias la facultad para aprobar los reglamentos necesarios para establecer sus normas y condiciones.

Con relación a la solicitud de reconsideración dentro de un procedimiento de adjudicación de subasta, la See. 3.19 de la L.P.A.U. (Sec. 3.19 de la L.P.A.U.) dispone que

[l]a parte adversamente afectada por una decisión podrá, den-tro del término de diez (10) días a partir de la adjudicación de la subasta, presentar una moción de reconsideración ante la agencia o la entidad apelativa de subastas, de existir una en la agencia, según sea el caso. La agencia o la entidad deberá considerarla dentro de los diez (10) días de haberse presentado. Si se tomare alguna determinación en su conside-ración, el té rmino para instar el recurso de revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificación de la decisión de la agencia o la entidad apelativa resolviendo la moción. Si la agencia o la en-tidad apelativa dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días de ha-berse presentado, se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el término para la revisión judicial. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 2169.

La sección antedicha señala claramente que el término para presentar una moción de reconsideración es de diez días a partir de la adjudicación de la subasta. Una vez presentada, la agencia o la entidad apelativa tendrá un término de diez días para considerarla. De no tomar al-guna acción en dicho término, se entenderá que la moción ha sido rechazada de plano. A partir de la fecha cuando se ha entendido el rechazo de plano, comenzará el término para la revisión judicial.

Por otro lado, la sección transcrita expresa que si en el término de diez días para considerar la moción de reconsideración la agencia toma alguna determinación, el término para instar el recurso de revisión judicial comen-zará a contarse desde la fecha cuando se archiva en autos una copia de la notificación de la decisión de la agencia o de la entidad apelativa que resuelve la moción. Es decir, en la Sec. 3.19 de la L.P.A.U. el legislador aseguró que el tér-mino para solicitar la reconsideración, la fecha para aco-gerla y el plazo para solicitar la revisión judicial, queden fijados por ley, de forma que no estén sujetos a la discreción administrativa.

Sin embargo, es evidente que la Sec. 3.19 de la L.P.A.U. no establece un plazo para que la agencia o entidad apela-tiva resuelva en los méritos la moción de reconsideración oportunamente acogida. Dicha sección solo menciona que, una vez acogida, el término para instar un recurso de re-visión judicial empezará a contarse a partir de la fecha cuando se archiva en autos una copia de la decisión de la agencia o de la entidad apelativa que resuelve la moción.

Lo anterior debe examinarse en conjunto con lo dispuesto en la See. 4.2 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2172 (Sec. 4.2 de la L.P.A.U.), la cual, en lo pertinente, expone que

[e]n los casos de impugnación de subasta, la parte adversa-mente afectada por una orden o resolución final de la agencia, o de la entidad apelativa de subastas, según sea el caso, podrá presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelacio-nes dentro de un término de diez (10) días contados a partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o la entidad apelativa, o dentro de diez (10) días de haber transcurrido el plazo dispuesto por la [Sec. 3.19]. La mera presentación de un recurso de revisión judicial al amparo de esta sección no tendrá el efecto de para-lizar la adjudicación de la subasta impugnada.

Según la See. 4.2 de la L.P.A.U., el término para ir en revisión judicial al Tribunal de Apelaciones en los casos de impugnación de subasta es de diez días. Dicho término co-menzará a partir del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o entidad apelativa, o después de transcurrido el término de diez días que dispone la Sec. 3.19 de la L.P.A. U con relación a una solicitud de reconsideración. Así, al examinar ambas secciones de la L.P.A.U. en conjunto, podemos sostener que el término de diez días para presentar un recurso de revi-sión judicial ante el Tribunal de Apelaciones puede comen-zar en dos espacios diferentes.

Como primer escenario está aquel que tiene su génesis en la fecha cuando se rechaza una solicitud de recon-sideración. Dicho rechazo podría darse expresamente me-diante un dictamen dentro del término de diez días que tiene la agencia o entidad apelativa para considerarla o, en el caso de que culmine el término de diez días sin que se haya tomado alguna acción, en el momento en el que se entiende que hubo un rechazo de plano. A partir de cual-quiera de las dos fechas, según sea el caso, comenzará el término para acudir al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial.

Por su parte, el segundo escenario se refiere a las situa-ciones en las que la agencia o entidad apelativa emita una orden o resolución final. Lo medular en ello es que la orden o resolución dictada sea final. De esa forma, estamos ante un escenario en el que la agencia o entidad apelativa aco-gió oportunamente la solicitud de reconsideración y la re-solvió en los méritos. A partir del archivo en autos de la copia de la notificación de dicha orden o resolución final comienza a contarse el término de diez días para ir en re-visión judicial.

Ahora bien, en lo pertinente a esta controversia, ¿existe algún plazo para que una agencia o entidad apelativa re-suelva en los méritos una solicitud de reconsideración de adjudicación de subasta, una vez esta es acogida dentro del plazo de diez días que dispone la Sec. 3.19 de la L.P.A.U.? Contestamos en la negativa.

Como ya hemos visto ni la Sec. 3.19 ni la Sec. 4.2 de la L.P.A.U. establecen un plazo para que una agencia o entidad apelativa resuelva una moción de reconsideración acogida. Ciertamente, la única sección que hace mención de un plazo en la disposición de una solicitud de reconsideración es la Sec. 3.15 de la L.P.A.U, 3 L.P.R.A. see. 2165 (Sec. 3.15 de la L.P.A.U.). Esa sección dispone todo lo relacionado a la reconsideración de órdenes o resoluciones finales emitidas por las agencias en los procedimientos adjudicativos formales. En ese sentido, señala que si una agencia acoge la moción de reconsideración pero no la resuelve dentro de los 90 días desde que esta fue presentada, perderá jurisdicción sobre la misma. El plazo para solicitar la revisión judicial comenzará a partir de la expiración de dicho término de 90 días, salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos 90 días, prorrogue el término para resolver por un periodo que no será mayor de 30 días adicionales. No obstante, claramente las disposiciones anteriores aplican solo a los procedimientos adjudicativos for-males y no a los informales, como las subastas.

Precisamente, la Sec. 3.1 de la L.P.A.U. expresa que la reconsideración de las decisiones emitidas en los proce-dimientos adjudicativos formales se regirá por lo dispuesto en la Sec. 3.15 de la L.P.A.U. En cambio, la propia Sec. 3.1 dispone que las reconsideraciones relativas a las subastas solo se regirán por lo dispuesto en la Sec. 3.19 de la L.P.A.U. Por consiguiente, el legislador denegó expresa-mente la extensión del término de 90 días a los procesos de subasta.

Como ya expusimos, en la L.P.A.U. el legislador preten-dió simplificar los procedimientos adjudicativos de subasta y solo consideró como procedimientos formales la reconsi-deración y la revisión judicial. De esa forma, se obviaron los requisitos del Capítulo III de la L.P.A.U. en todos los procesos anteriores a la reconsideración y, así, se limitaron los procesos formales a la propia moción de recon-sideración. Asimismo, se dejó a las agencias el “disponer por reglamento todo lo relativo al proceso de subasta, así como al procedimiento de reconsideración”.

Evidentemente, la L.P.A.U. no establece un plazo para que una agencia o entidad apelativa resuelva en los méritos una solicitud de adjudicación de subasta acogida oportunamente. Las agencias gozan de una amplia discreción para atender la reconsideración acogida. Por ende, las agencias pueden reglamentar y establecer un término para ello, lo cual es cónsono con la informalidad que permea los procedimientos de subastas.

Ahora bien, es importante señalar que cuando una agencia acoge una solicitud de reconsideración, la pruden-cia aconseja que se paralice el procedimiento de adjudica-ción de la subasta y no se otorgue un contrato. Es evidente que cuando se acoge oportunamente una solicitud de re-consideración la adjudicación deja de ser ñnal, ya que la agencia está evaluando su propia adjudicación. Por consi-guiente, hasta que la agencia resuelva la solicitud de re-consideración oportunamente acogida, los licitadores no podrán ir en revisión judicial. Ello porque la resolución de la agencia no es final. Es decir, el tiempo que tarde una agencia en resolver no operará contra aquellos licitadores que esperan para acudir en revisión judicial. De esa forma, preservamos el derecho a la revisión judicial, evitamos que la controversia se convierta en académica y, sobretodo, pro-tegemos el interés público que enmarca el procedimiento de subasta.

III

En el presente caso, el 17 de febrero de 2009 ALUMA presentó oportunamente la solicitud de reconsideración de la adjudicación de subasta ante la Junta. El 27 de febrero del mismo año, décimo y último día del plazo en ley para acoger la referida solicitud, la Junta finalmente la acogió. Posteriormente, el 4 de junio de 2009 ALUMA presentó un recurso de revisión judicial en el Tribunal de Apelaciones ante la ausencia de una determinación final de la Junta con relación a la solicitud de reconsideración. No obstante, el 8 de junio de 2009 la Junta emitió un dictamen sobre la reconsideración en cuestión, en el que confirmó la adjudi-cación de la subasta.

El 9 de junio de 2009 el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en la que se declaró sin jurisdicción para atender el asunto. Sostuvo que, a base de la Sec. 3.19 de la L.P.A.U., la Junta tenía solo diez días para acoger y resolver en los méritos la solicitud de reconsideración presen-tada por ALUMA. Posteriormente, ALUMA presentó un nuevo recurso de revisión judicial en el Tribunal de Apela-ciones el 12 de junio de 2009. Esa vez ALUMA sostuvo que dada la decisión final que tomó la Junta el 8 de junio de 2009, el término de diez días para ir en revisión judicial comenzaba a transcurrir a partir del archivo en autos de una copia de la notificación de la decisión de la Junta. El Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia el 18 de ju-nio de 2009 en la que nuevamente se declaró sin jurisdic-ción sobre los mismos fundamentos de la primera Sentencia.

De entrada, es preciso señalar que los fundamentos que utiliza el foro apelativo intermedio para su dictamen son desacertados. Como ya hemos visto, la Sec. 3.19 de la L.P.A.U. dispone un término de diez días a partir de la adjudicación de la subasta para que se presente una soli-citud de reconsideración. Una vez se presenta dicha solici-tud, la agencia o entidad apelativa tiene un nuevo término de diez días para acogerla o rechazarla. No obstante, la sección antedicha no dispone de un término determinado para que la agencia o entidad apelativa resuelva en los méritos la solicitud de reconsideración acogida. Por ende, determinar que el término de diez días que dispone la See. 3.19 de la L.P.A.U. para acoger la solicitud de reconsidera-ción abarca también tener que resolverla en el mismo plazo, implica la aplicación de un término que claramente la L.P.A.U no contempla.

Al igual que el Tribunal de Apelaciones, reconocemos que los términos contemplados por la L.P.A.U. sobre los procesos de subastas son más cortos y promueven la celeridad. Sin embargo, consideramos que lo anterior no es una razón para que se incluya dentro del término que tiene una agencia o entidad apelativa para acoger una solicitud de reconsideración, su eventual resolución en los méritos.

En primer lugar, lo anterior no surge de la letra de la ley. En segundo lugar, sostener lo contrario podría acarrear el absurdo de que una agencia o entidad apelativa acoja una solicitud de reconsideración el décimo día y, automáti-camente, tenga que tomar una determinación en los méri-tos ese mismo día. No podemos perder de perspectiva que cuando la parte adversamente afectada por una adjudica-ción de subasta presenta una solicitud de reconsideración, lo menos que espera de la agencia o entidad apelativa es que su reclamo sea atendido con seriedad, responsabilidad y detenimiento. Asimismo, debemos ser conscientes que los procesos de subastas suelen contener asuntos técnicos y complejos que ameritan una consideración administrativa razonable. Ello en unión con la obligación ministerial de las agencias y entidades administrativas de siempre velar por el buen uso de los fondos públicos. De esa forma, la celeridad administrativa en la resolución de una reconsi-deración debidamente acogida dependerá de la compleji-dad de los asuntos tratados en cada caso.

Por otro lado, ALUMA trae a nuestra consideración los fundamentos que se utilizan en otro dictamen del Tribunal de Apelaciones de controversia similar para sostener que el término de 90 días expuesto en la Sec. 3.15 de la L.P.A.U. puede extenderse por analogía a las reconsideraciones de adjudicaciones de subastas. No obstante, consideramos que tal extensión por analogía es improcedente, ya que es un término que el legislador clara y expresamente excluyó de su aplicación a dichos procesos de subasta.

Finalmente, en este caso la Junta resolvió en los méri-tos la solicitud de reconsideración de ALUMA el 9 de junio de 2009, notificada ese mismo día. A partir de esa fecha comenzó el plazo de diez días para ir en revisión judicial. Es decir, ALUMA tenía hasta el 19 de jimio de 2009 para presentar su recurso de revisión judicial al Tribunal de Apelaciones. ALUMA presentó su recurso el 12 de junio de 2009. No obstante, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. Sostuvo que no tenía jurisdicción para atenderlo porque entendió que la Junta tenía que acoger y resolver la solicitud de reconsideración de ALUMA dentro del término de diez días expuesto en la Sec. 3.19 de la L.P.A.U. Tal proceder es incorrecto.

En vista de que las agencias o entidades apelativas no cuentan con un término determinado para resolver en los méritos las solicitudes de reconsideración de adjudicación de subasta acogidas oportunamente, consideramos que ALUMA presentó, dentro del plazo correspondiente, su so-licitud de revisión judicial. Así, pues, creemos que al resolver como hemos resuelto en el caso de autos, sin ir más allá, atendemos un vacío legislativo de manera necesaria y suficiente. En estas circunstancias, imponer judicialmente un término a las agendas administrativas constituiría un acto de legislación judicial o de indebida intromisión en los deberes y poderes de la Rama Legislativa.

Por otro lado, no debemos pasar por alto que el silencio del legislador pudiera no deberse a una inadvertencia. Nos explicamos. En primer lugar, y contrario a los procedimien-tos adjudicativos formales, en el proceso de adjudicación de subastas, antes de la otorgación del contrato, no hay inte-reses propietarios reconocidos a las partes más allá de los intereses que se le reconocen al ente administrativo. Tan es así, que hemos reconocido reiteradamente que una agencia tiene el derecho de revocar una adjudicación de una subasta antes de que se formalice el contrato.

En segundo lugar, debemos tener presente que los pro-cesos de subastas en las agencias públicas pueden contener asuntos altamente técnicos o de alta participación de licitadores. Esto provoca que en ocasiones una agencia opte por acoger más de una moción de reconsideración, para resolver puntos diversos y complicados. En vista de lo anterior, entendemos que son las propias agencias las que se encuentran en mejor posición para establecer un término reglamentario —si es que lo entendieran necesario— en la resolución de una reconsideración que ha sido acogida.

IV

En armonía con lo antes señalado, revocamos la Senten-cia del Tribunal de Apelaciones en la que se declaró sin jurisdicción y devolvemos el caso a dicho tribunal para que el mismo sea evaluado en los méritos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente.

— O —

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez.

Disiento de la determinación del Tribunal de no especi-ficar un término para que las agencias resuelvan las mo-ciones de reconsideración de adjudicación de subastas aco-gidas oportunamente. Ello hace que el fallo dictado por el Tribunal imparta una Justicia a medias. No puedo coinci-dir con una determinación cuyo dictamen es incompleto y que no resuelve, verdaderamente, la problemática que ge-neró el caso ante nuestra consideración. Respetuosamente, estimo que con este proceder claudicamos a nuestra obli-gación de procurar un ordenamiento basado en derecho {rule of law) que resuelve las controversias meritorias que se nos presentan. Me explico.

I

La naturaleza de la controversia que examinamos hace innecesario reproducir los hechos que ya han sido presen-tados en la Opinión del Tribunal. Basta apuntar que la peticionaria, Aluma Construction Corp., presentó oportu-namente una reconsideración ante la Junta de Subastas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) tras no resultar favorecida en la adjudicación de la licitación en la cual participó. A pesar que 10 días después la Junta de Subastas acogió la reconsideración, transcurrieron varios meses sin que dicha entidad emitiera una determinación sobre esta. Ante tal escenario, y ya pasados 97 días desde que fue acogida la moción de reconsideración, la peticiona-ria presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro se declaró sin jurisdicción.

No obstante, mientras el recurso estaba ante la conside-ración del foro apelativo intermedio, la Junta de Subastas emitió una resolución declarando “no ha lugar” la moción de reconsideración. Ello ocurrió 101 días después de haber acogido la referida reconsideración y 111 días luego haber sido presentada. Inconforme aún, la peticionaria presentó un segundo recurso ante el Tribunal de Apelaciones, 4 días después de la determinación de la Junta de Subastas. Nue-vamente, el foro apelativo intermedio se declaró sin jurisdicción. Expuso que el ente administrativo tenía tan solo 10 días para disponer de la moción de reconsideración a partir de la fecha cuando le fue presentada. Por lo tanto, concluyó que el término para acudir en revisión judicial de la subasta había vencido hacía ya varios meses.

Acude entonces la peticionaria ante este Poro y solicita que revoquemos la determinación del Tribunal de Apelaciones. Su recurso nos presenta la interrogante res-pecto a qué término tienen las agencias cobijadas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq., para resolver una moción de reconsideración acogida por la agencia oportunamente. Ello dentro del marco de la adjudicación de subastas. Veamos entonces las disposiciones legales pertinentes.

II

A. La L.P.A.U. fue promulgada con el fin de establecer sistemas de gobernanza flexibles y ágiles a través de gran parte de las instituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin obviar la protección de ciertos derechos mínimos que deben garantizarse a la ciudadanía. Dentro de la informalidad que caracteriza todos los procesos dis-puestos en esta legislación —frente a la formalidad de la adjudicación judicial o la regulación legislativa— el propio estatuto reconoce procedimientos administrativos formales e informales.

Como sabemos, parte de los procedimientos formales que el legislador estableció y uniformó en la L.P.A.U. son los procedimientos de reglamentación, los adjudicativos y la revisión judicial. 3 L.P.R.A. sees. 2121-2177. Fuera que-daron la concesión de becas, préstamos o premios, y la ad-judicación de subastas, entre otros procedimientos catalo-gados como informales. 3 L.P.R.A. sec. 2151(a). Sin embargo, en 1989 se enmendó la ley para incluir disposi-ciones específicas que uniformaran la reconsideración y la revisión judicial de la adjudicación de subastas. Véase Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989, 3 L.P.R.A. sees. 2105, 2128, 2133, 2135, 2136, 2165, 2169, 2172 y 2177. Fue en-tonces cuando se integró la Sección 3.19 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2169, la cual dispone:

Los procedimientos de adjudicación de subastas serán pro-cedimientos informales; su reglamentación y términos serán establecidos por las agencias. La parte adversamente afectada por una decisión podrá, dentro del término de diez (10) días a partir de la adjudicación de la subasta, presentar una moción de reconsideración ante la agencia o la entidad apelativa de subastas, de existir una en la agencia, según sea el caso. La agencia o la entidad deberá considerarla dentro de los diez (10) días de haberse presentado. Si se tomare alguna determi-nación en su consideración, el término para instar el recurso de revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificación de la decisión de la agencia o la entidad apelativa resolviendo la moción. Si la agencia o la entidad apelativa dejare de tomar alguna ac-ción con relación a la moción de reconsideración dentro de los diez (10) días de haberse presentado, se entenderá que esta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el término para la revisión judicial. (Énfasis suplido.)

Esta sección otorgó formalidad a la reconsideración de la adjudicación de subastas, proveyendo términos breves para la presentación de la moción y la determinación de la agencia de acoger o no la solicitud de reconsideración presentada. Véase Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el P. de la C. 232 de 25 de jimio de 1989, lima Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordinaria, pág. 6, citado en Cotto v. Depto. de Educación, 138 D.P.R. 658, 663 (1995). Esta sección, sin embargo, no estableció un término dentro del cual el foro administrativo debe resolver la soli-citud de reconsideración presentada y acogida. Por otro lado, y no obstante lo expresado, la Sección 3.19 dejó claro que —a excepción de la reconsideración y la revisión judicial— las subastas son procedimientos informales. Id.

Ahora bien, podemos apreciar que la primera oración de la Sección 3.19 creó un mandato claro dirigido a todas las agencias que celebran licitaciones para que establezcan re-glamentos con los términos que regirán la adjudicación de sus subastas. Véase, además, Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado, supra, pág. 5 (la Sección 3.19 “instru-ye a las agencias [a] aprobar reglamentos para el establecimient[o] de las normas, condiciones, especificacio-nes y términos de las subastas ...”)• Parece razonable con-cluir que el término para resolver una moción de reconsi-deración de adjudicación de subasta que fue presentada y acogida por la agencia es un término que debe constar en la reglamentación que apruebe una agencia sobre sus pro-cesos de subasta. Dicho de otra manera, las agencias auto-rizadas a celebrar licitaciones están obligadas a disponer mediante reglamento las condiciones y el procedimiento que regirán la adjudicación de sus subastas, lo que incluye, sin dudas, lo relativo al término para atender la reconside-ración de la adjudicación.

Los detalles de la adjudicación de subastas que no han sido previamente regulados por la ley quedan, entonces, bajo la discreción de cada una de las agencias. Ahora bien, debemos aclarar que las agencias gozan de discreción para formular y diseñar los pormenores de la adjudicación de la subasta, no para decidir si los adoptan o no. La Asamblea Legislativa ya decidió que los entes administrativos crea-rán reglamentos que establezcan los términos y las condi-ciones de las subastas, de manera que solo resta determi-nar cuáles serán dichos términos y condiciones. Véase Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado, supra, pág. 5.

La L.P.A.U. ha dejado en manos de las agencias el tér-mino que estas tendrán disponible para resolver una mo-ción de reconsideración de una adjudicación de subasta que fuera acogida previamente. Este término debe estar claramente descrito en la reglamentación pertinente de la agencia, ya que incide sobre la disponibilidad del remedio de revisión judicial. Véase 3 L.P.R.A. sees. 2169 y 2172. Siendo así, no puede quedar al arbitrio de las agencias, mediante una adjudicación de caso a caso, determinar cuándo las partes afectadas por una decisión administra-tiva podrán acudir a los tribunales en busca de auxilio. Se trata al fin de cuentas del debido proceso de ley. Véanse: Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105, 131 (2002), citando a K.C. Davis y R.J. Pierce, Jr., Administrative Law Treatise, 3ra ed., Nueva York, Aspen Law & Business, Supl. 2000, See. 6.7 (“cuando las agencias promul-gan reglamentos, se promueven, en términos generales, la justicia y la igualdad”); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 499 (1982), citando a Pennsylvania St. Board of Phy. v. Cohen, 292 A2d 277, 282 (1972) (“Como se sabe, el ejer-cicio de poderes administrativos a base de consideraciones caso por caso, no a base de una ley o de un reglamento, adolece del defecto constitucional de ambigüedad (vagueness)”).

Por ello, estimo que este Tribunal debe resolver que la L.P.A.U. ordena que las agencias dispongan mediante re-glamento los términos y las condiciones de la adjudicación de subastas, incluyendo cuánto tiempo tendrá la agencia para tomar una determinación que resuelva en los méritos una moción de reconsideración acogida oportunamente. Pasado dicho término sin que la agencia emita una deter-minación que resuelva la reconsideración, se deberá enten-der denegada y comenzará entonces a transcurrir el tér-mino para acudir en revisión judicial.

Al negarse a tomar esta determinación, la respuesta que ofrece este Tribunal es claramente insuficiente. Con su silencio, el Tribunal ratifica tácitamente las malas prácti-cas administrativas que solo pueden producir desavenen-cias e injusticias. También da al traste con la política pú-blica que inspiró la aprobación de la L.P.A.U., a los efectos de que “los procedimientos administrativos se efectúen en forma rápida, justa y económica y que aseguren una solu-ción equitativa en los casos bajo la consideración de la agencia”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 2101. El Tribunal debió hacer efectivo el llamado de la Sección 3.19 para que las agencias regulen los pormenores de la adjudicación de las subastas de forma que se mantenga la discreción de las agencias dentro de los límites de la arbitrariedad.

B. Como apuntamos antes, cada agencia debe disponer en su reglamento sobre adjudicación de subastas cuánto tiempo tendrá para resolver una moción de reconsidera-ción una vez esta es acogida. En este aspecto, es la agencia quien mejor puede determinar cuál es el término ideal para que la entidad revise la adjudicación original, los nue-vos argumentos de las partes, y emita posteriormente su dictamen final. No obstante, la selección de este término por la agencia debe realizarse dentro de los límites que representan el diseño y espíritu de la L.P.A.U.

Al respecto, la L.P.A.U. brinda a las agencias 90 días para resolver una moción de reconsideración, a partir de su presentación, en los procedimientos adjudicativos formales. 3 L.P.R.A. see. 2165. Este término abona a que los procedimientos administrativos se efectúen en forma rápida, justa y económica, lo cual es una de las aspiracio-nes principales de la L.RA.U. 3 L.RR.A. see. 2101. Siendo dicho término adecuado para la reconsideración de una ad-judicación formal, es forzoso concluir que la reconsidera-ción de un procedimiento informal como las subastas no requiere un término mayor. No tiene sentido que la recon-sideración de un procedimiento informal requiera más tiempo que la reconsideración de uno formal plagado de garantías típicas de los procedimientos cuasijudiciales. Por ello considero que las agencias —en el ejercicio de su deber de regular la adjudicación de las subastas— están impedi-das de adoptar un término mayor a 90 días para resolver una moción de reconsideración de adjudicación de subasta, a partir de su presentación.

No obstante, ya que son muchas las agencias que ac-tualmente no proveen este término en sus reglamentos, y en miras de evitar que el vacío jurídico ocasione lesiones a las partes involucradas y a la mejor administración de los recursos del Estado, es necesario que concluyamos que mientras las agencias dan cumplimiento al mandato legis-lativo de regular los procedimientos de subastas, específi-camente el término dentro del cual la agencia deberá resolver una reconsideración acogida, tendrán que resolverla dentro de los 90 días de haber sido presentada. Para ello, tomamos como referencia el término de 90 días provisto por la Sección 3.15 para la reconsideración de procedimien-tos adjudicativos. 3 L.P.R.A. see. 2165. A pesar de que esta sección no aplica directamente a las subastas, nada impide que, ante la omisión reglamentaria por parte de las agen-cias, utilicemos este término dispuesto por ley, para así proveer claridad y orden al proceso de adjudicación de subastas. Después de todo, como vimos, tanto la reconside-ración de los procedimientos adjudicativos como la reconsi-deración de las adjudicaciones de subastas, son procedi-mientos formales regulados parcialmente en la L.P.A.U.

No se trata de que el término de 90 días sea siempre el más conveniente —ello debe ser determinado por cada agencia— sino que es necesario proveerlo como medida transitoria para evitar los menoscabos de la incerti-dumbre. De lo contrario, las agencias podrían actuar ar-bitrariamente al no regular sus procedimientos y abusar de su discreción al dejar en el limbo a los licitadores que han presentado sus posturas sobre la reconsideración.

No considero razonable la solución que propicia la mayoría. La decisión mayoritaria propone que las agencias pueden posponer indefinidamente la consideración de la solicitud de reconsideración, al punto de que logren dete-ner el proceso de revisión judicial mientras las obras su-bastadas no estarían paralizadas. Ello derrota el propósito de la L.P.A.U. de permitir una revisión judicial expedita cuando se trata de un proceso informal. Lo adoptado por la mayoría permite que la agencia torne en académico un cuestionamiento sobre la adjudicación de una subasta y que el proceso de revisión judicial sea meramente ilusorio. Como sabemos, la regulación de los procesos de subastas persigue evitar favoritismo, preferencias, parcialidad y la protección del erario. Siendo ello así, nuestra obligación ministerial es actuar, llenando el vacío existente en garan-tía de tales principios, hasta tanto las otras ramas de go-bierno se expresen.

Con ello no estamos usurpando funciones de las otras Ramas de Gobierno ni legislando desde el estrado. Todo lo contrario. Si el Tribunal hoy adoptara esta posición estaría interpretando la legislación para el mejor servicio de nues-tras instituciones gubernamentales, dándoles claridad y seguridad en cuanto a los deberes que les impone la ley. A su vez, evitaríamos, además, que las agencias se impongan términos excesivamente amplios para estos procedimien-tos informales, en perjuicio de los licitadores y el mejor interés público. No sería la primera vez que, ante un vacío reglamentario que perjudica el interés público, cumplamos con nuestro mandato de resolver los casos ante nuestra consideración impartiendo cumplida Justicia.

En varias ocasiones este Foro ha tenido que interpretar el estatuto bajo estudio para alcanzar una solución justa. A veces, incluso, hemos tenido que leer más allá del texto aprobado por la Legislatura para poder garantizar dere-chos de nuestros ciudadanos y el mejor funcionamiento del andamiaje administrativo. Brevemente, por ejemplo, en RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999), extendi-mos a los procedimientos de subastas los principios gene-rales de la Sección 3.16 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2166, aplicables a los procedimientos adjudicativos formales. Por otro lado, en L.RC. & D., Inc. v. A.C., 149 D.P.R. 869 (1999), creamos los elementos mínimos que debe contener una notificación de adjudicación de subasta. De forma similar, en R & B Power v. E.L.A., 170 D.P.R. 606 (2007), concluimos que el mecanismo de requerimiento de pro-puestas utilizado por muchas agencias, está incluido en la referencia a subasta pública de la Sección 3.19 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2169.

En todos los casos ya citados, este Tribunal ha decidido asumir su responsabilidad como máximo intérprete de nuestras leyes y ha dispuesto de las controversias para impartir justicia y estabilidad en nuestro sistema de derecho. Sin embargo, hoy la mayoría de sus integrantes se alejan de dicho proceder y se niegan a ejercer cabalmente su cargo. Lamentablemente, si las agencias del Estado no dan un paso al frente y regulan sus procedimientos de su-bastas como exponemos, el resultado de la Opinión del Tribunal, veremos, será el reino del desorden y la arbitrarie-dad en los procedimientos administrativos de adjudicación de subastas.

Lo cierto es que en el pasado hemos resuelto, reiterada-mente, que tenemos facultad inherente para suplir proce-dimientos cuando no existan o cuando hayan sido fijados inadecuadamente por el estatuto, siempre y cuando lo que determinemos sea consecuente con las disposiciones de la ley. Véanse: Rivera v. Dir. Adm. Trib., 144 D.P.R. 808, 814 (1998); Urrutia v. A.A. A., 103 D.P.R. 643, 651 (1975); González v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 585, 619 (1953). De otra parte, el Artículo 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 7 —obviado también por la mayoría— nos ordena a que ante el silencio, obscuridad o insuficiencia de una ley, resolva-mos y atendamos el reclamo ante nuestra consideración, supliendo esas deficiencias.

Sabiamente, hace 35 años indicamos: “Para adjudicar satisfactoriamente las cuestiones jurídicas que diaria-mente se plantean ante este Tribunal, no podemos ceñirnos a un enfoque de infertilidad judicial por temor al preten-dido argumento de que ello representa una indebida intro-misión en los poderes de las otras ramas de Gobierno.” (En-fasis suplido.) Meléndez v. Levitt & Sons ofP.R., 104 D.P.R. 797, 809 (1976). Nuestra responsabilidad de propiciar un sistema judicial que solucione casos de forma “ordenada, justa y prontamente, no se satisface a plenitud con trasla-dar periódicamente el problema al ámbito legislativo [o ejecutivo]; esta área exige un enfoque jurisprudencial diná-mico que propenda a lograr de manera balanceada los pro-pósitos constitucionales enunciados”. Id., págs. 809-810.

III

El Reglamento Núm. 2732 de 31 de marzo de 1980, so-bre la adjudicación de subastas de la Autoridad de Acue-ductos y Alcantarillados, según enmendado, no dispone cuál es el término en el que la agencia debe resolver defi-nitivamente una moción de reconsideración de la adjudica-ción de una subasta que ha sido acogida por la agencia. Tras no asumir su deber de regular este asunto, en el caso de autos la A.A.A. resolvió la moción de reconsideración de la adjudicación de la subasta 111 días después de que esta fuera presentada. Ello me lleva a concluir que nada impide que suplamos la laguna existente en el reglamento de su-bastas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, tal y como lo hemos hecho en el pasado. Véanse: R & B Power v. E.L.A., supra; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1492.

Siendo así, si aplicáramos la norma expuesta anterior-mente a los hechos del caso de autos, tendríamos que con-cluir que la A.A.A. perdió jurisdicción sobre la moción de reconsideración a los 90 días de haber sido presentada. Desde entonces comenzó a transcurrir el término de 10 días para la revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. 3 L.P.R.A. see. 2172. Igualmente, ya que la peticionaria acudió al foro apelativo intermedio 115 días después de haber presentado su moción de reconsideración ante la agencia (es decir, transcurridos los 90 días en los que la agencia podía resolver la moción, los 10 días dispo-nibles para la revisión judicial y 15 días adicionales), sería forzoso concluir que para ese entonces ya dicho foro carecía de jurisdicción. A tenor con ello, procedería confirmar la determinación recurrida.

Sin embargo, factores de Justicia nos mueven a propo-ner las normas hasta aquí esbozadas con carácter prospectivo. La controversia que atendemos no puede re-solverse contra la parte peticionaria, quien fue proactiva en procurar su remedio ante el foro judicial cuando no exis-tía certeza sobre los términos aplicables al caso de autos.

Por las razones antes expuestas, debo disentir del ca-mino por donde marcha el Tribunal.

       3 L.P.R.A. see. 2169.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 31 de agosto de 2006, Trans Ad v. Junta de Subasta, KLRA200600560.

       3 L.P.R.A. see. 2169.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 20 de noviembre de 2008, Mapfre Life Insurance Co. v. U.P.R., KLRA200800910.

        Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 172 D.P.R. 139, 143 (2007).

        Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, 170 D.P.R. 237, 245 (2007).

        Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 D.P.R. 821, 827 (2007). Véase Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, págs. 143-144.

         Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., supra; Cordero Vélez v. Mun. Guánica, supra; Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771 (2006).

       El elemento formal del proceso de subasta consta de varias etapas; en tér-minos generales, estas son:
      "... la preparación por parte del ente gubernamental de los pliegos de condicio-nes y especificaciones, el aviso de subasta al público, el recibo y posterior apertura pública de las propuestas selladas recibidas, la evaluación y el estudio de las mismas por un comité evaluador, la recomendación del comité respecto a la adjudicación de la buena pro, la adjudicación de ésta y la notificación a todos los licitadores. Una vez sometidos los pliegos de licitación y abiertos éstos, los mismos no admiten modificaciones. La apertura de los pliegos de licitación se efectúa públicamente ante todos los licitadores. No hay cabida en este proceso para la negociación de los térmi-nos sometidos entre agencia y licitador.” R & B Power v. E.L.A., 170 D.P.R. 606, 621 (2007).

        Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra.

       3 L.P.R.A. sees. 2151, 2169 y 2172. Véanse: Trans Ad. de P.R. v. Junta de Subastas, 174 D.P.R. 56, 66 (2008); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, pág. 757.

        Cotto v. Depto. de Educación, 138 D.P.R. 658, 663 (1995).

       3 L.P.R.A. see. 2151.

       íd.

       Véase Informe del Senado sobre el P. de la C. 232 de 25 de junio de 1989, lima Asamblea Legislativa, Ira Sesión Ordinaria, págs. 5-6.

       Véase See. 4.2 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2172.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 31 de agosto de 2006, Trans Ad v. Junta de Subasta, KLRA200600560.

        Cordero Vélez v. Mun. de Guánica, supra, pág. 248; Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 340 (1971).

       Idealmente, el término debería ser menor, por tratarse de un procedimiento informal de subasta.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rivera García Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

license: Public Domain

text:
    Antonio Vázquez Vélez, peticionario, v. Carelyn Caro Moreno, en representación del menor A.Y.V.C., y Daniel Valentín Rodríguez, recurridos.

      Número: AC-2008-0089

      Resuelto: 14 de septiembre de 2011

      Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, y Celia M. Mo-lano Flores, procuradora general auxiliar; Fernando J. Nieves Camacho, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia medular en el presente caso gira en tomo a si caducó o no una acción de impugnación de filia-ción matrimonial por inexactitud del vínculo biológico. Du-rante la pendencia del recurso de epígrafe ante este Tribunal, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 215-2009, mediante la cual se modificaron los términos dispuestos en el Art. 117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 465, para im-pugnar la presunción de paternidad o maternidad. Así, nos corresponde examinar el efecto que tiene el referido esta-tuto sobre los casos aún pendientes ante los tribunales al momento de su aprobación y entrada en vigor.

I

El Sr. Antonio Vázquez Vélez y la Sra. Carelyn Caro Moreno contrajeron matrimonio en febrero de 2002. El 10 de octubre de 2005, durante la vigencia del matrimonio, la señora Caro Moreno dio a luz al menor A.Y.V.C. Toda vez que al momento del nacimiento el matrimonio convivía, el señor Vázquez Vélez aceptó la paternidad del menor y lo registró como su hijo en el Registro Demográfico.

Posteriormente, en junio de 2006, el señor Vázquez Vé-lez y la señora Caro Moreno se divorciaron por la causal de mutuo consentimiento. Un mes después, el 27 de julio de 2006, el señor Vázquez Vélez se realizó, junto a su hijo A.Y.V.C., una prueba de histocompatibilidad (ADN) para corroborar la paternidad sobre el menor. El referido exa-men reflejó un cero por ciento de compatibilidad entre am-bos, lo que indicaba que el menor A.Y.V.C. no era su hijo biológico.

Así las cosas, el 1 de septiembre de 2006, el señor Váz-quez Vélez presentó una demanda de impugnación de pa-ternidad en contra de la señora Caro Moreno, el menor A.Y.V.C. y el Sr. Daniel Valentín Rodríguez. Este alegó que luego de disuelto el matrimonio, advino en conocimiento de que mientras estuvo destacado en Irak como policía militar en el 2003, su exesposa, la señora Caro Moreno, inició una relación extramatrimonial con el señor Valentín Rodríguez. Añadió que ante tal información, se sometió junto al menor A.Y.V.C. a una prueba de ADN que arrojó un resultado negativo. Adujo que una vez confrontó a su exesposa con dicho resultado, ésta admitió que el padre biológico del menor es el señor Valentín Rodríguez.

La señora Caro Moreno, por su parte, presentó una mo-ción de desestimación. En síntesis, argumentó que la causa de acción para impugnar la filiación del menor A.Y.V.C. había caducado porque transcurrieron más de tres meses desde la inscripción del menor, según provee el Art. 117 del Código Civil, supra. También alegó que la controversia so-bre filiación era cosa juzgada. Al respecto, indicó que el señor Vázquez Vélez intentó impugnar la paternidad del menor dentro del pleito de divorcio, pero el tribunal denegó su petición porque los términos para tal acción legal ha-bían caducado.

Oportunamente, el señor Vázquez Vélez se opuso a la solicitud de desestimación. Su argumentación se centró en un planteamiento de inconstitucionalidad del Art. 117 del Código Civil, supra. En lo pertinente, adujo que el término establecido en el referido artículo discriminaba contra el padre presunto, ya que la acción de impugnación subsidia-ria que posee el hijo no está sujeta a plazo alguno de cadu-cidad mientras el padre biológico viva.

Luego de varios trámites procesales, el 21 de diciembre de 2007, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sen-tencia mediante la cual declaró "No Ha Lugar” la demanda incoada. Razonó que según la ley y la jurisprudencia vi-gente en ese momento, el término de caducidad para im-pugnar la legitimidad de un hijo inicia desde el momento del nacimiento o de la inscripción del menor. Como la de-manda en el caso de autos se presentó luego de transcu-rrido el plazo de caducidad de tres meses dispuesto en el citado artículo para los esposos que se encuentren en Puerto Rico, el foro primario concluyó que la causa de ac-ción de impugnación de filiación había caducado.

Inconforme, el señor Vázquez Vélez apeló el dictamen ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante sentencia emi-tida el 14 de agosto de 2008, el foro apelativo intermedio confirmó la determinación apelada.

El señor Vázquez Vélez, todavía insatisfecho, acude ante nos mediante el recurso de certiorari de epígrafe. En lo pertinente, este nos plantea los señalamientos de error siguientes:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, en la cual se declaró sin lugar la demanda sobre Impugnación de Filiación, habiéndose demostrado mediante prueba científica la imposibilidad de paternidad.
Se impugna la constitucionalidad del art[í\culo 113 y el art[í\culo 117 del C[ó]digo Civil de Puerto Rico, (31 L.P.R.A. 461, 464), al establecer clasificación discriminatoria por razón del estado civil y sexo; así c[o]mo lesionar derechos propietarios.
En el presente caso es de aplicación la Soldiers and Sailors Civil Relief Act del 1940, enmendada el 19 de diciembre del 2003, [m\ediante la ley HR100, Servicemembers Civil Relief Act. (Énfasis en el original.) Apelación, pág. 3.

Examinado el recurso, acordamos expedir el auto de cer-tiorari solicitado y le ordenamos a las partes presentar sus respectivos alegatos. El señor Vázquez Vélez y la Procura-dora General comparecieron en cumplimiento con lo ordenado. No obstante, la señora Caro Moreno falló en pre-sentar su alegato, por lo que el caso quedó sometido sin su comparecencia. Así, procedemos a resolver.

II

A. La filiación es la “condición a la cual una persona atribuye el hecho de tener a otra u otras por progenitores suyos; es un hecho biológico consistente en la procreación de una persona por otras, una inicial realidad biológica recogida y regulada por el ordenamiento jurídico con el fin de distribuir derechos y obligaciones ...”. (Énfasis nuestro.) Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645, 660 (2001), citando a L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 7ma ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. IV, pág. 249. Esta definición claramente evidencia el fin principal de la figura de la filiación, a saber: procurar reflejar el vínculo biológico que origina el hecho de la procreación. Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 D.P.R. 398, 410-411 (2009).

Empero, la realidad biológica que se persigue no siem-pre va a coincidir con el vínculo jurídico establecido me-diante la figura de la filiación. En ese sentido, hemos reco-nocido que se puede dar una filiación biológica, aunque no jurídica, cuando no conste quiénes son los padres de una persona, o viceversa —una relación jurídica, pero no bioló-gica— cuando la persona que figura como padre jurídico no lo sea biológicamente, tal y como ocurre en el caso de la filiación adoptiva. Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 411; Mayol v. Torres, 164 D.P.R. 517, 532 (2005); R.E. Ortega-Vélez, La filiación: Apuntes y Jurisprudencia, San Juan, Ed. Scisco, 1997, pág. 5. Ello denota y reafirma que aim cuando el elemento biológico es fundamental en la determinación de la filiación, este no es el único criterio que incide en el establecimiento de una filia-ción jurídica. Mayol v. Torres, supra, pág. 531; Castro v. Negrón, 159 D.P.R. 568, 580 (2003).

Así, pues, definitivamente la determinación de la filia-ción es un asunto complejo y en ocasiones incierto, parti-cularmente cuando se refiere a la paternidad de una persona. Castro v. Negrón, supra, pág. 581; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. IV, págs. 190-191. A pesar de ello, el efecto y la trascendencia de la filiación en el ámbito moral, patrimonial y jurídico de los padres e hijos le confiere un alto grado de importancia para el Estado y la sociedad. Por tal motivo, el ordenamiento jurídico intenta superar estas dificultades mediante la adopción de varios métodos sobre los cuales se pueda establecer la filiación, a saber: el matrimonial y extramatrimonial. Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 411; González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 D.P.R. 554, 563 (2006).

La filiación matrimonial es aquella que se determina a base de un supuesto de hecho evidente: el matrimonio. El ordenamiento jurídico ha establecido dos presunciones de paternidad relacionados a la existencia de un matrimonio. Así, en nuestra jurisdicción “se presumen hijos del marido de la mujer casada” los siguientes: (1) aque-llos nacidos durante el matrimonio; y (2) los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio. Art. 113 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 461. Estas presunciones son relativas o juris tantum, por lo que se pueden rebatir mediante prueba que acredite fehaciente-mente que el marido no es el padre biológico del hijo putativo.

La filiación no matrimonial, por su parte, surge cuando los padres no están casados entre sí al momento de la concepción o del nacimiento, ni contraen matrimonio con posterioridad al nacimiento. J.L. Lacruz Berdejo, F.A. Sancho Rebullida y otros, Elementos de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Dykinson, 2005, T. IV, pág. 329. Debido a que según estos supuestos fácticos no se reconoce presunción alguna sobre paternidad, la filiación extramatrimonial solo se puede establecer mediante el reconocimiento voluntario o por una sentencia judicial. Puig Brutau, op. cit., pág. 198; Ortega-Vélez, op. cit., pág. 37. Consecuentemente, los hijos nacidos bajo las mencionadas circunstancias adquieren la condición de hijo cuando el padre lo reconoce como tal o el tribunal así lo determina. Véase Castro v. Negrón, supra, pág. 584.

Independiente de la forma en que se determine la filiación, una vez esta se adquiere, los hijos pasan a ser parte de “ ‘un mismo y único grupo: hijos’ ”. Castro v. Negrón, supra, pág. 585. Véase Almodovar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218, 251-252 (1990). Ello significa que todo in-dividuo que obtenga la condición de hijo, ya sea por la vía matrimonial o no matrimonial, gozará de igualdad de de-rechos y obligaciones respecto de sus padres, así como del ordenamiento jurídico. Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 413; Almodovar v. Méndez Román, supra, pág. 251.

B. El estado filiatorio de urna persona se puede rebatir mediante una acción judicial de impugnación de filiación. Esta causa de acción va dirigida a negar una filiación establecida por la vía matrimonial o extramatrimonial. Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 414. En concreto, el ataque a la filiación matrimonial se realiza a través de una acción de impugnación de paternidad, mientras que el rechazo a la filiación extramatrimonial se tramita mediante una acción de impugnación de reconocimiento. Almodovar v. Méndez Román, supra, págs. 241-242, citando a G.A. Bossert, Régimen legal de filiación y patria potestad: Ley 23.264, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Astrea, 1987, págs. 22-23.

La impugnación de paternidad, en particular, tiene dos modalidades, a saber: el desconocimiento riguroso de la paternidad y el desconocimiento simple de ella. González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra, págs. 564—565; Almodovar v. Méndez Román, supra, pág. 242. Mediante la impugnación rigurosa de la paternidad, se ataca directamente la presunción legal de paternidad matrimonial a través de evidencia que excluya el nexo biológico entre el marido y el nacido. Id. Por su parte, a través de la acción de impugnación simple de paternidad, se rechaza la filiación matrimonial mediante prueba que demuestre que el menor nació después de los trescientos días de disuelto el matrimonio. Id.

El término concedido para interponer una acción de impugnación de filiación, ya sea de paternidad o de reconocimiento, es de caducidad. Alvareztorre Muñiz v. So-rani Jiménez, supra, pág. 416; Castro v. Negrón, supra, págs. 595-596. Ello significa que el plazo disponible no se puede interrumpir o suspender, contrario a lo que ocurre con los términos de prescripción. Muñoz v. Ten General, 167 D.P.R. 297, 302 (2006). Consecuentemente, el mero transcurso del tiempo conlleva la extinción automática del derecho a la causa de acción. Id.; Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 D.P.R. 562, 566 (1966).

La razón primordial para establecer que los términos de impugnación de filiación sean de caducidad es el interés del Estado en evitar la incertidumbre en la relación filia-toria y promover su estabilidad jurídica. Alvareztorre Mu-ñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 416; González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra, pág. 568; Castro v. Negrón, supra, pág. 596. En consecución con ese mismo fin público, se han fijado unos plazos cortos de caducidad para interponer una causa de acción de impugnación de filiación. Alvarez-torre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, pág. 416. Así, pues, si no se promueve la acción de impugnación de filia-ción dentro del periodo que establece el ordenamiento jurí-dico, se considera que el plazo ha caducado, lo que a su vez tiene el efecto de consolidar el status familiae del hijo para todos los efectos legales. Id.; Ortega-Vélez, op. cit., pág. 21.

C. La acción de impugnación de paternidad la regula el Art. 117 del Código Civil, supra. Respecto al término para rebatir la legitimidad de un hijo, el antiguo Art. 117 disponía que la causa de acción se debía ejercitar dentro de los tres meses siguientes a la inscripción del menor en el Registro Civil, si el marido se halla en Puerto Rico, o den-tro de los seis meses de haber conocido del nacimiento, si se encuentra fuera del país. Art. 117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 465 (ed. 1993).

Esta regulación, evidentemente, no consideraba el cono-cimiento o desconocimiento de la realidad biológica en la relación filiatoria para efectos de comenzar a computar el término de caducidad. Ello implicaba que, en muchas oca-siones, el plazo para impugnar la filiación iniciaba y cadu-caba sin que las partes con interés tuviesen conocimiento de la inexactitud de la filiación y, por ende, sin que pudie-ran incoar una acción judicial de impugnación de filiación. Tales efectos contrastan con el fin ulterior de la figura de la filiación, a saber: reflejar el vínculo biológico que origina el hecho de la procreación. Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, págs. 410-411.

Las jurisdicciones más modernas procuran, en gran me-dida, que sus ordenamientos jurídicos propicien que la rea-lidad biológica concuerde con la relación jurídica estable-cida mediante la filiación, sin perder de perspectiva, claro está, la deseabilidad de mantener una seguridad jurídica en aras de la paz familiar. Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 308. Este acercamiento combina las dos corrientes recono-cidas por la doctrina en cuanto a la filiación, a saber: la teoría realista y la formalista. Id. Véase, también, Mayol v. Torres, supra, págs. 532-533.

La teoría realista, aun cuando admite que “la filiación jurídica no es mera relación biológica”, preconiza la aspira-ción de llegar a la verdad biológica por la vía judicial en la medida que tal resultado sea posible. Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 307. Cónsono con ello, esta teoría, presidida por el llamado principio de veracidad, facilita mecanismos jurídicos que allanan el camino para descubrir la verda-dera filiación, tales como: la investigación de la paternidad o maternidad con el fin de declararla, cuando es descono-cida, o impugnarla, cuando no es veraz; y la utilización de toda clase de pruebas, incluidas las biológicas. Id.

De otra parte, la teoría formalista de la filiación subor-dina la realidad biológica y le confiere preeminencia a otros valores o elementos extrínsecos, tales como la paz familiar y la seguridad jurídica. Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 308. Esta concepción formalista promueve la deter-minación de la filiación a base de factores como la voluntad unilateral o a ciertas presunciones. Id. En esa misma lí-nea, esta corriente obstaculiza la investigación de la pater-nidad fuera de los citados parámetros, particularmente la búsqueda de prueba de la verdadera paternidad biológica.

íd.

Nuestro desarrollo jurisprudencial en materia de filia-ción se ha ido encaminando por un enfoque realista que propicia el descubrimiento de la verdadera filiación. En ese contexto, expresamos que “ ‘[e]n materia de filiación, el Derecho puertorriqueño ha ido abriendo camino a través de la enmarañada jungla de ... tecnicismos de ley para hacer que brille la verdad y se reconozca a todos los fines legales la relación biológica entre padres e hijos’ ”. (Enfasis suplido.) Sánchez v. Sánchez, supra, pág. 662, citando a Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 358 (1985). A pesar de ello, nuestro sistema legal mantuvo un esquema limitado y estricto en cuanto al cómputo del término de caducidad para la acción de impugnación de filiación, regulado en el Art. 117 del Código Civil, supra. Conforme a lo indicado previamente, el texto del citado artículo tenía el efecto de consolidar el estado familiar de una persona una vez trans-curriera el término de tres meses siguientes a la inscrip-ción del nacido o de seis meses desde el conocimiento del nacimiento, según aplique, independientemente de si en ese momento se conocía la inexactitud de la filiación establecida.

De acuerdo con esa limitación estatutaria, nos hemos visto precisados a desviarnos de la línea realista trazada jurisprudencialmente e interpretar restrictivamente el cómputo del término para impugnar la paternidad. Así, en Almodovar v. Méndez Román, supra, pág. 252, expresamos que una vez transcurridos los plazos estatuidos en el Art. 117 del Código Civil, supra, para la impugnación de pater-nidad, se consolida el estado filiatorio del niño respecto a su padre. Precisamos que ese efecto era producto de la ca-ducidad de la causa de acción que concede la ley con ese propósito. íd., págs. 252-253.

Posteriormente, en Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102 (1991), sostuvimos la validez constitucional del Art. 117 del Código Civil, supra, y reafirmamos nuestros dictámenes respecto al cómputo de los términos dispuestos allí. A esos efectos, indicamos que según la legislación vi-gente, el plazo de caducidad para impugnar la paternidad comenzaba a contarse “desde la ocurrencia de un suceso cierto y objetivo: la inscripción del nacimiento en el Regis-tro Demográfico” o a partir del conocimiento del nacimiento. Id., pág. 143. Asimismo, manifestamos que la Asamblea Legislativa siempre tiene la facultad de realizar cualquier modificación al término concedido para impug-nar la filiación. Id., pág. 144.

Recientemente, en González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra, tuvimos la oportunidad de analizar cuándo co-menzaba a computarse el periodo de caducidad para im-pugnar un reconocimiento voluntario de paternidad basado en la inexactitud del vínculo. Luego de examinar las acciones de filiación disponibles, la naturaleza de los términos de caducidad y los intereses en conflicto, resolvi-mos que el plazo para interponer una acción de impugna-ción de filiación extramatrimonial por inexactitud comen-zaría a contar desde la fecha en que se llevó a cabo el reconocimiento. Id., págs. 569-570.

No obstante, mediante sendos votos disidentes emitidos por el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta, se envió un mensaje claro a favor de la modificación de esa norma. Así, ambos magis-trados recomendaron acoger la doctrina española que pre-ceptúa que el plazo de caducidad de la acción de impugna-ción de filiación comienza a transcurrir una vez se conoce la realidad biológica que motiva la causa de acción. González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra, opinión de confor-midad y disidente emitida por el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri, pág. 573, y opinión disidente emitida por la Jueza Asociada Señora Fiol Matta, pág. 582.

D. Cónsono con las voces disidentes en González Rosado v. Echevarría Muñiz, supra, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 215-2009. Mediante esa legislación, se enmendaron las disposiciones legales sobre filiación conte-nidas en el Código Civil para atemperarlas a la corriente moderna que favorece la correlación entre la realidad bio-lógica y la jurídica.

En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Ley Núm. 215-2009, supra, enmendó los términos para impugnar la presunción de paternidad y la forma para computarlos estatuidos en el Art. 117 del Código Civil, supra. Antes de la enmienda, el referido artículo disponía como sigue:

La acción para impugnar la legitimidad del hijo deberá ejer-citarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la inscripción del nacimiento en el registro si el marido se hallare en Puerto Rico, y de los seis (6) meses si estuviere fuera de Puerto Rico, a contar desde que tuvo conocimiento del nacimiento. 31 L.P.R.A. see. 465 (ed. 1993).

Luego de la reforma, el Art. 117 del Código Civil, supra, preceptúa lo siguiente:

La acción para impugnar la presunción de paternidad o de maternidad, por parte del padre legal deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha de que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de esta ley, lo que sea mayor.
La acción para impugnar la presunción de paternidad o ma-ternidad, por parte del padre o la madre biológica(o), así como de la madre legal, deberá ejercitarse dentro del plazo de cadu-cidad de un año, contado a partir de la inscripción del naci-miento del menor en el Registro Demográfico. (Énfasis suplido.) 31 L.RR.A. see. 465.

Una lectura comparada de ambos textos refleja varios cambios trascendentales en materia de impugnación de filiación. Primeramente, el nuevo Art. 117 del Código Civil, supra, modifica el esquema del trámite para la impugna-ción de la paternidad o maternidad. En concreto, la actual redacción se aparta del factor de ubicación geográfica del marido para establecer el término de impugnación de filia-ción y se enfoca en la persona que promueve la reclamación. Así, el artículo vigente estatuye dos términos independientes para impugnar la presunción de paterni-dad o maternidad en función del individuo que promueve la causa de acción, a saber: (1) el padre legal goza de un término de seis meses para rebatir tal presunción por in-exactitud de la filiación, computado a partir del conoci-miento de la inexactitud del vínculo o de la aprobación de la ley, lo que fuese mayor; mientras (2) la madre o el padre biológico y la madre legal poseen un plazo un año para impugnar la referida presunción, contado a partir de la inscripción del nacimiento del menor en el Registro Demográfico. Ambos términos son de caducidad.

En segundo lugar, la redacción del nuevo Art. 117 del Código Civil, supra, refleja la adopción de una filosofía realista de la filiación basada en el principio de veracidad. A esos efectos, el estatuto recoge la intención de “que la paternidad jurídica se fundamente en la filiación biológica” a la vez que plasma “el derecho de una persona a saber qui[é]n es su verdadero hijo (a) o su verdadero padre o madre”

De acuerdo con este análisis, resulta palmariamente claro que el legislador acogió y le confirió preeminencia al principio de veracidad en la determinación de la filiación, esto es, que la paternidad jurídica se base en la filiación biológica. Este interés en que la filiación jurídica reconozca y refleje el verdadero vínculo biológico se consolida con la autorización expresa de la Asamblea Legislativa para apli-car el estatuto retroactivamente a casos de impugnación de filiación pendientes de resolución ante los tribunales. A esos efectos, el Art. 6 de la Ley Núm. 215-2009, supra, establece lo siguiente:

Toda acción de impugnación de filiación pendiente ante los tribunales se le aplicará lo dispuesto en esta Ley. En los casos previamente resueltos por el Tribunal donde hubiese eviden-cia fehaciente e indubitada que muestre causa suficiente para llevar la impugnación de paternidad, el promovente podrá ra-dicar nuevamente dicha acción en un término de seis (6) me-ses a partir de la aprobación de esta Ley. (Énfasis suplido.)

La transcrita disposición legal, en unión a las expresio-nes vertidas por la Asamblea Legislativa en la Exposición de Motivos del estatuto constata indiscutiblemente la intención del legislador de extender la aplicación de los nuevos términos y las formas de computarlos a aquellos pleitos pendientes de adjudicación ante los tribunales del país al momento de entrar en vigor la Ley Núm. 215-2009.

III

La controversia medular en el presente se relaciona al término disponible para presentar una acción de impugna-ción de paternidad fundamentada en la inexactitud de la filiación. Según expusimos, el peticionario impugnó la filia-ción del menor A.Y.V.C., nacido durante la vigencia de su matrimonio con la señora Caro Moreno, once meses des-pués de su nacimiento y de la inscripción del menor en el Registro Demográfico. Toda vez que el pleito en cuestión se presentó luego de transcurrido el término de tres meses dispuesto con ese fin en el antiguo Art. 117 del Código Civil, supra, tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones resolvieron que la causa de acción había caducado.

Posterior a la presentación del recurso que nos ocupa y aún pendiente de adjudicación ante este Foro, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 215-2009. Mediante el ci-tado estatuto se enmendaron los términos estatuidos en el Art. 117 del Código Civil, supra, para impugnar la filiación. En lo particular a la causa de acción para rebatir la presunción de paternidad por inexactitud de la filiación, la Ley Núm. 215-2009 concede un plazo de seis meses para instar el pleito contado a partir del conocimiento de la au-sencia del vínculo biológico o desde la aprobación de esa ley, lo que fuese mayor. Asimismo, establece, como medida de derecho transitorio, que las disposiciones del estatuto aplicarán a “toda acción de impugnación de filiación pen-diente ante los tribunales”. Art. 6 de la Ley Núm. 215-2009, supra.

Conforme a las disposiciones de derecho transitorio con-tenidas en la Ley Núm. 215-2009, resulta evidente que el referido estatuto aplica al caso de autos. Ello es así porque el pleito estaba pendiente de adjudicación ante este Foro al momento de entrar en vigencia la ley. Consecuentemente, procede revocar el dictamen que emitió el Tribunal de Ape-laciones mediante el cual confirmó la determinación del foro primario de denegar la demanda sobre impugnación de filiación presentada por el peticionario por la caducidad de la causa de acción.

Resuelto lo anterior, es innecesario entrar a discutir el planteamiento de inconstitucionalidad del antiguo Art. 117 del Código Civil, supra, por académico. Igualmente, es im-pertinente examinar la aplicabilidad del Servicemembers Civil Relief Act, ya que la causa de acción de impugnación de filiación se considera en tiempo de acuerdo con la Ley Núm. 215-2009.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sen-tencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continua-ción de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con una opinión escrita.

— O —

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

La controversia en este caso es sumamente sencilla. Re-quiere que nos planteemos qué efecto tuvo la Ley Núm. 215-2009, que extendió el término para la acción de im-pugnación de filiación dispuesto en el Código Civil, sobre aquellos casos pendientes ante los tribunales a la fecha de su aprobación.

Hace unos meses tuvimos este mismo asunto ante nues-tra consideración y llegamos a la misma conclusión que ahora valida la mayoría. Y es que la determinación de la mayoría en el caso de epígrafe es la única posible ante el claro texto de la Ley Núm. 215-2009, supra. En Negrón Ramos v. Alvarado Cruz, 180 D.P.R. 548 (2011), se dispuso, mediante sentencia, lo mismo que hoy pauta el Tribunal.

En la opinión de conformidad que suscribí en Negrón Ramos, expresé mis razones para concluir lo mismo que hoy resuelve la mayoría. Me reitero en lo expresado en aquella ocasión. Cito por lo tanto, extensamente, de mi opi-nión de conformidad:

La Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009 enmendó el Art. 117 del Código Civil para modificar el término de caduci-dad para ejercitar la acción de impugnación de presunción de paternidad de los hijos, así como la manera en que se computa este término. Previo a la enmienda, el Art. 117 disponía lo siguiente:
“La acción para impugnar la legitimidad del hijo deberá ejercitarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la inscrip-ción del nacimiento en el registro si el marido se hallare en Puerto Rico, y de los seis (6) meses si estuviere fuera de Puerto Rico, a contar desde que tuvo conocimiento del nacimiento. (Énfasis nuestro.) 31 L.P.R.A. see. 465.”
Del texto transcrito se desprende que en aquellas situacio-nes en que el marido “se hall [a] en Puerto Rico”, como ocurre en el de autos, su término para impugnar la paternidad de su presunto hijo es de tres meses. Este término es de caducidad apreciable de oficio, según hemos dispuesto reiteradamente. González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 D.P.R. 554, 561 (2006); Santiago Ojeda v. Cruz Maldonado, 109 D.P.R. 143, 146 (1979).
Por otro lado, la Ley Núm. 215 modificó sustancialmente el contenido del Artículo 117 del Código Civil. Éste ahora dispone de la siguiente manera:
“La acción para impugnar la presunción de paternidad o de maternidad, por parte del padre legal deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha de [sic] que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de esta Ley, lo que sea mayor.” (Énfasis nuestro.) 31 L.P.R.A. see. 465 (Supl. 2010).
Como se advierte, cambian dos cosas. Por un lado, el tér-mino de tres meses se aumentó a seis, pero más importante, se modificó la forma como se computa este término. Así, para marcar el comienzo del cómputo del término ya no se partirá de la inscripción del menor en el Registro Demográfico cuando el padre se encontrara en Puerto Rico, o desde que éste se enterara del nacimiento si se encontrara fuera; ahora, su de-curso se da “a partir de la fecha de [sic] que se advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de esta Ley, lo que sea mayor”. Con esta determi-nación, la Asamblea Legislativa quiso cerciorarse de que “la realidad jurídica [fuese igual a] la biológica”, y expresó su de-seo de “armoniza[r] nuestro ordenamiento jurídico con los avances científicos y codificar normas dictadas por vía de jurisprudencia”. P. del S. 1195, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009.
La Asamblea Legislativa quiso, además, extender la norma establecida “a todos [los] casos que estén presentados ante nuestros tribunales, impugnaciones de paternidad o de mater-nidad, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley”. Exposi-ción de Motivos de la Ley Núm. 215. Ello, “[c]omo medida de derecho transitorio ...”. Informe de la Cámara de Represen-tantes, Comisión de lo Jurídico, pág. 3. En lo pertinente, la primera oración del Art. 6 de la Ley Núm. 215 dispone lo si-guiente: “Toda acción de impugnación de filiación pendiente ante los tribunales se le aplicará lo dispuesto en esta Ley.” Esta disposición del Art. 6 no deja duda de que la intención del legislador fue que el nuevo plazo para impugnar la paternidad y la nueva forma de computarlo aplicasen a aquellos casos que se encontraran ante la consideración de los tribunales del país al momento de aprobarse y entrar en vigor la Ley Núm. 215.
Delimitado el marco jurídico que debemos aplicar en este caso, sólo nos resta repasar los hechos ante nuestra conside-ración para resolver esta controversia....
Iniciamos señalando que conforme el estado de derecho vi-gente al momento de instarse la demanda de autos, no hay duda de que el término con que contaba el peticionario para impugnar la paternidad de dos de sus presuntos hijos había caducado, por lo que la determinación de los foros inferiores fue la correcta. Ahora bien, en el transcurso del litigio el dere-cho aplicable cambió. Veamos.
Como se señaló inicialmente, estando el caso de autos pen-diente de atender por este Tribunal, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 215. La nueva ley modificó el término para impugnar la paternidad y cómo éste se computa; además, proveyó que lo allí dispuesto fuese aplicable a todos los casos que se estuviesen litigando ante los tribunales. Con lo cual, no cabe otra conclusión que el caso de autos debe evaluarse con-forme lo dispuesto en la Ley Núm. 215.
Habida cuenta que el Tribunal de Primera Instancia deses-timó la reclamación de impugnación de paternidad por haber caducado el término para instarla conforme el estado de dere-cho vigente en ese momento, y ante lo dispuesto en la Ley Núm. 215, que aplica a casos como los de autos, procede revo-car al foro de instancia y devolver el caso a ese foro para que se reinicien los procedimientos desestimados. Reiniciado el pro-ceso, todas las partes concernidas tendrán la oportunidad de hacer los planteamientos que estimen procedentes y el foro primario los habrá de ponderar y resolver conforme estime correcto.

Por los fundamentos que expresé en Negrón Ramos v. Alvarado Cruz, ante, considero correcto el dictamen en este caso.

       Informe de Prueba DNA de Paternidad, 1 de agosto de 2006, Apéndice de la Apelación, pág. 51.

       El 1 de mayo de 2009 emitimos una Resolución en la cual acogimos el recurso de apelación como un certiorari.

       Véase, también, Mayol v. Torres, 164 D.P.R. 517, 529 (2005).

       La filiación incide sobre múltiples aspectos de la vida de los individuos que conforman una familia, ya que de ella se derivan y concretizan los apellidos, el derecho a alimentos, el derecho sucesorio, la patria potestad, entre otras. Asimismo, de la filiación establecida se derivan incompatibilidades para ejercer ciertas funcio-nes (juez, árbitro, perito, notario, etcétera), así como posibles consecuencias vincula-das al derecho penal (delito de incesto, abandono de menores y personas de edad avanzada, entre otros). Véanse: Mayol v. Torres, supra, págs. 530-531; Castro v. Negrón, 159 D.P.R. 568, 581 (2003); J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1995, T. 5, Vol. II, pág. 20; R.E. Ortega-Vélez, La filiación: apuntes y jurisprudencia, San Juan, Ed. Scisco, 1997, pág. 11.

       Véase Castán Tobeñas, op. cit., pág. 93.

       Id., pág. 115. Véase, también, Mayol v. Torres, supra, pág. 550.

       El Art. 120 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 482, dispone que los hijos habi-dos fuera del matrimonio quedarán legitimados una vez los padres contraigan ma-trimonio y dicho acto sea corroborado.

       Véase, además, Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 D.P.R. 398, 412, citando a L. Martínez-Calcerrada, El Nuevo Derecho de Familia, 3ra ed., Madrid, [s. Ed.], 1983, T. I, pág. 72.

       El ordenamiento jurídico reconoce tres tipos de acción de filiación, a saber: (1) acción de reclamación de filiación; (2) acción de impugnación de filiación, y (3) acción mixta, la cual pretende obtener la declaración de determinada filiación y refutar otra filiación contradictoria. Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, supra, págs. 413-415; Castro v. Negrón, supra, pág. 586; Ortega-Vélez, op. cit., pág. 19; Castán Tobeñas, op. cit., pág. 98.

       Véase, también, Castro v. Negrón, supra, págs. 586-587.

       Véanse, además: Mayol v. Torres, supra, pág. 553; Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645, 669 (2001).

       La Ley Núm. 215-2009 modificó estos términos.

       Véase Mayol v. Torres, supra, págs. 532-533.

       íd., pág. 533.

       Véanse: Mayol v. Torres, supra; Castro v. Negrón, supra; Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 D.P.R. 376 (1982).

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 215-2009, supra.

       íd. Véase González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 D.P.R. 554, 574 (2006), opinión de conformidad y disidente emitida por el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 215-2009, supra.

       En cuanto a la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 215, la Exposición de Motivos dispone como sigue:

        “Así pues, como medida de derecho transitorio, mediante esta iniciativa legisla-tiva, se extiende la norma adoptada en esta Ley, a todos aquellos casos que estén presentados ante nuestros tribunales, impugnaciones de paternidad o de maternidad, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley.” (Enfasis suplido.) Id.

        Negrón Ramos v. Alvarado Cruz, 180 D.P.R. 548, 553 (2011), opinión de conformidad emitida por la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a la que se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.