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author: La Corte.

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text:
    Sucesores de José Martínez v. Tomás Dávila & Co.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    Moción para desestimar la apelación.
    No. 745.
    Resuelto en octubre 18, 1911.
    Apelación — Entrega de Copia de la Transcripción al Apelado — Desestima-ción de la Apelación. — La- parte apelada solicitó en este caso que se deses-timara la apelación porque el apelante no le había entregado -copia del récord. Se resolvió que es deber del apelante entregar al apelado antes de archivar la transcripción de los autos en la Corte Suprema, una copia literal de dicha transcripción y hacerlo así constar debidamente, pero que esto no obstante, si se demuestra que el apelante entregó la copia después de dicho término pero antes de celebrarse la vista de la moción del apelado solicitando la desestima-ción del recurso, no procede dieha desestimación por tal motivo.
    In._Pliego de Excepciones y Exposición del Caso — Desestimación de la Ape-lación. — El apelado solicitó también la desestimación del recurso, porque el apelante no elevó al Supremo el pliego de excepciones y la exposición del caso. Se resolvió que el primer párrafo del artículo .299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la ley número 70 de marzo 9, 1911, debe interpretarse relacionándolo con los otros párrafos de dicho articulo, porque seria absurdo establecer que deba o elevarse siempre un pliego de excepciones y una exposi-ción del caso, cuando la experiencia demuestra que hay casos en los que como en el presente, tales documentos no existen y son innecesarios para considerar y resolver debidamente el recurso.
    Los hechos están expresados en la resolución del tribunal.
    Abogados de los promoventes: Sres. Bosch y Soto. ■

    Abogados de la parte contraria: Sres. Cayetano Coil y Cuchí y José Coll y Cuchí.

   RESOLUCIÓN.

La Corte.

Los demandantes y apelados presentaron una. moción solicitando que se desestimara la apelación inter-puesta por los demandados, 1°., porque no se les había entre-gado copia de la transcripción como dispone el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado en - 9 de mar-zo de 1911, y 2°., porque los apelantes no remitieron a este Tribunal Supremo el pliego de excepciones y la exposición del caso que se exigen por el citado artículo.

Los autos demuestran que con posterioridad a la presen-tación de la moción y con anterioridad a la vista de la misma, los apelantes enviaron a los apelados una copia del récord de la apelación. En tal virtud no cabe desestimar el recurso por el primero de los fundamentos alegados. Véanse las resoluciones de esta corte en los casos de García Nazario v. The American Railroad Company of Porto Rico, y Hernández v. The American Railroad Company of Porto Rico, decididos el 10 de octubre actual.

Tampoco cabe desestimar el recurso por el segundo de los fundamentos aducidos, porque si bien es cierto que no se han elevado ningún pliego de excepciones ni ninguna exposición del caso, también es cierto que la apelación se interpuso contra una sentencia dictada sobre las alegaciones y que el lega-jo de la sentencia cuya copia certificada, junta con la del es-crito estableciendo el recurso constituye la transcripción, está compuesto por la demanda, la contestación, la moción para que se dicte sentencia sobre las alegaciones y la sentencia dictada,' según certificación del secretario' del distrito.

Interpretar el párrafo primero del articulo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado en 1911, en el sentido de que -en todos los recursos de apelación deban elevarse- un plie-go de excepciones y úna exposición dél caso, cuando la reali-dad demuestra que hay asuntos en que tales documentos no existen, ni son necesarios, sena absurdo. El primer párrafo citado debe relacionarse con los otros que contiene dicho artí-culo y especialmente con el último en el que se establece que “constituirá el récord de úna apelación, la certificación qué librará el secretario del tribunal a quo> o los abogados de las partes, del legajo 'de la sentencia y de la notificación de la ape-lación. ” - ' . ■

La moción se desestima.

. Desestimada la moción. -

Jueces concurrentes: 'Sres. Asociados • MacEeary,'Wolf,' del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte én la resolución de este caso.


author: El Jijez Asociado Se. Wole,

text:
    Valdivieso v. El Registrador de la Propiedad.
    Re cues o gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Ponce.
    No. 103.
    Resuelto en octubre 19, 1911.
    Cancelación de Hipoteca — Bienes Reservables — Tenedores- de Crédito Hipo-tecario Según el Registro. — Cuando un deudor hipotecario trata de cancelar la hipoteca que pesa sobre su finca, sólo tiene que atenerse para 'dicha cance-lación a los que figuran como actuales tenedores del crédito hipotecario, sin que impida dicha cancelación el hecho de que el importe del préstamo hipo-tecario tenga el carácter de bienes reservables, pues aun bajo este supuesto, tales derechos no recaen en determinadas personas hasta que ocurra el falle-cimiento de los ascendientes de las personas con derecho a tales bienes reser-vables. •
    Los heclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José Tons Soto.

   El Jijez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Lucas P. Valdivieso adquirió las fincas Buena Vista y otra sobre la que pesaba una hipoteca constituida a favor de va-rias personas. Deseando cancelar la inscripción de la hipo-teca que gravaba a dicha finca, pagó a los que según la escri-tura No. 60, otorgada ante el Notario Don Luis Yordán Dá-vila resultaban ser los acreedores, quienes le otorgaron escri-tura de cancelación y carta de pago. Cuando esta escritura fue presentada al Registrador de Ponce, éste denegó la ins-cripción de la misma en su totalidad por el fundamento de que la suma de $2,520 perteneciente a Doña Mercedes Díaz tenía la cualidad de reservable así como la de $168 correspondien-tes a Doña Plorá Garzón, según dicha escritura No. 60, a favor de sus respectivos hijos, no pudiendo hacerse la cance-lación sin haber prestado su consentimiento dichos menores. Aparece del registro que dichas señoras fueron dos de las vendedoras de la mencionada finca Buena Vista, habiendo los compradores constituido la expresada hipoteca en garantía del pago del precio -aplazado de la venta. Doña Mercedes Díaz adquirió su participación de su hijo fallecido Don Pran-cisco Costas Díaz y Doña Flora Garzón adquirió la suya de su difunta hija Da. María Guillermina Costas y Garzón.

Convenimos con el apelante en que el deudor que trata de cancelar qna inscripción sobre su finca sólo le incumbe saber quiénes son los actuales tenedores del crédito hipotecario. Las mencionadas dos señoras eran las verdaderas acreedoras. Cierto es que a la muerte de cualquiera de ellas sus respecti-vos hijos podrían tener una acción con motivo del dinero sa-tisfecho por el deudor. Sin embargo, dichas acreedoras eran las dueñas de los créditos que trataban de cancelarse y son las verdaderas representantes de cualesquiera derechos que sus hijos pudieran tener, debiendo notarse que tales derechos re-caerían solamente en aquellos herederos de los difuntos hijos Francisco Costas Díaz y Doña María Guillermina Costas y Garzón que vivieran en la época de la muerte de sus respecti-vos ascendientes. En la actualidad ninguna persona ■ deter-minada podría prestar su consentimiento, puesto que sus dere-chos serían'de mera expectación. Se declara con lugar el re-curso, debiendo hacerse la inscripción de la- cancelación.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte en la re-solución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo v. Colón.
    APELACIÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 362.
    Resuelto en octubre 19, 1911.
    Derecho Penal — Perjurio—Alegato del Apelante — Especificación de Erro-res. — No habiendo presentado alegato alguno el apelante y no constando por lo tanto la especificación de errores que exige el artículo 42 del Reglamento de este tribunal, solamente pueden discutirse los errores fundaméntales ' que constan en autos.
    Id. — Perjurio—Prueba de Cuál de Dos Declaraciones es la Verdadera. — Ale-gándose en la acusación de una manera indirecta que de las dos declaraciones contradictorias prestadas por el acusado la que prestó ante la corte municipal es la verdadera, y falsa la que-dió en la corte de distrito, no existe el error que alega el apelante de no haberse probado en el juicio cuál de las dos declaraciones era la verdadera.
    Id. — Perjurio—Declaraciones Falsas a Sabiendas v Maliciosamente. — Cuando-un acusado presta dos declaraciones completamente contradictorias y en la última trata de exculpar a un hermano a quien acusó en la primera declara-ción, es éste motivo suficiente para que el jurado deduzca que la declaración falsa fue prestada a sabiendas y maliciosamente.
    Id. — Juramentos Prestados Ante un Subsecretario. — Los subsecretarios de las cortes de distrito nombrados por sus superiores están autorizados para tomar juramentos de acuerdo con la ley.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Después de nn juicio por jurados celebrado ante la Corte de Distrito de Humacao, fue declarado culpable Eladio Colón del delito de perjurio y sentenciado a dos años de presidio. Apeló para ante este tribunal, pero no compareció a la vista de la cansa ni presentó alegato alguno. La apelación se ba. interpuesto no sólo contra la sentencia sino también- contra la. orden negando la suspensión de la misma. Puesto que no se presentó ningún alegato, no existe asignación de errores, y de acuerdo con las disposiciones de la regia 41 de este tribunal, deben considerarse solamente aquellos errores que sean fundamentales. No vemos que se baya cometido ningún error fundamental por la corte inferior. Sin embargo, en la moción sobre nuevo juicio, el apelante promovió varias cuestiones que habían sido consideradas por el Fiscal en sn brief. El primer-error que se alega fné, que puesto que se imputaba al acusado el hecho de haber declarado de otro modo en la corte de dis-trito a como declaró en la corte municipal, sin embargo, no se probó en el juicio cuál fuera la verdadera declaración. • Apa-rece de la exposición del caso, que el acusado presentó prueba en la corte municipal tendente a mostrar que su hermano Luis Colón había sido declarado culpable del delito de mutilación, puesto que este último atacó al denunciante allí con un instru-mentó punzante; habiendo hedió una narración distinta ante la corte de distrito de la declaración que prestara en la corte municipal, tendiendo con ella más bien a relevar de culpabili-dad a su hermano qne no a culparlo. Expresa la acusación, si bien indirectamente, que la declaración prestadá en la corte municipal fuá cierta, y falsa la que dió en la corte de distrito. El segundo-punto fué que no se probó durante el juicio de per-jurio, que el acusado maliciosamente y a sabiendas declaró falsamente sobre una cuestión esencial. Una declaración que contradiga completamente .una anterior, y con la cual se trate de exculpar a un hermano, apareciendo la culpabilidad del mismo de la anterior declaración, daría motivos al jurado para deducir que la deposición falsa se prestó a sabiendas y ma-liciosamente ; y que tal declaración era esencial, es evidente por sí misma. También el apelante promovió la cuestión de que 'el subsecretario de la corte de distrito no estaba debida-mente autorizado para tomar juramentos. Los subsecreta-rios que sean nombrados por sus superiores están también autorizados para tomar juramentos. (Ley de marzo 8, 1904, sec. 2a., p. 141; ley de marzo 10, 1904, sec. 2a., p. 108; y ley de marzo 9, 1910, Ia. sec., p. 78.) ' Debe confirmarse la sen-tencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.

• El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    El Pueblo v. Collazo.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 371.
    Resuelto en octubre 20, 1911.
    Derecho Penal — Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravan-tes — Exposición del Caso sin la Aprobación del Juez. — Una exposición del caso que carece de la aprobación del juez sentenciador, no produce efecto legal alguno y no puede ser tomada en consideración por el Tribunal Supremo.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia presentada ante la corte municipal de Yega Baja contra el apelante, es como sigue:

“El Pueblo de Puerto Rico v. Felipe Collazo. En la corte municipal de Vega Baja a 15 de julio de mil novecientos diez. El Fiscal formula acusación contra Felipe Collazo por un delito de acometi-miento y agresión con circunstancias agravantes (misdemeanor) co-metido, como sigue: El citado Felipe Collazo, allá el día 2 de mayo de 1910, en Vega Baja, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, ilegal, voluntaria y maliciosamente y con intención de causarle daño acometió y agredió a Alejandro Casanovas con un machete, in-firiéndole varias heridas de resulta de las cuales perdió una. mano.
"Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. Firmado. Luis Campillo, Fiscal del Distrito.”

Celebrado el juicio y dictada sentencia contra el acusado, éste apeló para ante la Corte de Distrito de San Juan, donde ante la Sección Segunda el juicio fue celebrado de nuevo en 13 de junio del presente año, y en el mismo día se dictó senten-cia declarándole culpable del delito de acometimiento y agre-sión graves, y condenándole a un año de cárcel y doscientos dollars de multa y las costas.

Interpuesto por el acusado nuevo recurso de apelación para ante este.Tribunal Supremo, se nos ha presentado el le-gajo de la se3itencia y una exposición de hechos, en la que no consta que fuera aprobada por el juez de-la corte inferior, por cuyo motivo no podemos tomarla en consideración, ya que ese requisito es necesario para que podamos considerarla como una verdad de las pruebas suministradas en el juicio. Ya ésto lo hemos resuelto antes de ahora, en repetidas ocasiones. (Véase El Pueblo v. Laborde, resuelto por este Tribunal Supremo en 4 de diciembre, de 1905; Acevedo v. Solá, de 31 de enero de 1906; Moll v. Llompart, de 28 de marzo de 1906, y otros muchos más resueltos, durante el año 1906.)

Existe un alegato de errores, basados en la errónea apre-ciación de la prueba por la corte inferior; pero no podemos considerarlos en vista de la carencia de nna exposición del caso, debidamente aprobada.

Sentado esto, liemos examinado la denuncia y la sentencia, sin que hayamos encontrado error alguno sustancial que per-judique los derechos del apelante, por cuyo motivo la sen-tencia apelada debe ser confirmada!

Confirmada.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf y del Toro.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Jttez Asociado Se. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Vélez.
    ApelaciÓN procedente de la- Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 363.
    Resuelto en octubre 23, 1911.
    Derecho Penal — Circulación y Cobro de un Cheque Falsificado — Pliego de Excepciones y Relación de Hecho. — En un pliego'de excepciones o relación de hechos no debe incluirse la argumentación de los abogados sobre las obje- • eiones presentadas sino que deben consignarse suseintamente las cuestiones debatidas y las resoluciones dictadas por el tribunal.
    Id.' — Pruebas—Errores en la Admisión de Prueba. — En los casos juzgados ante el tribunal de derecho la admisión de prueba impertinente para ser conside-rada por el juez en conjunto con todo el resto de la prueba, no constituye' ^ un error que. sirva de base para revocar la sentencia porque el tribunal, al resolver, apreciará todos los elementos probatorios en conjunto dando a cada uno la importancia que se merece.
    Id. — Cobro de Cheque Falsificado — Cotejo de la Firma del Acusado. — Exami-nada la prueba practicada el tribunal resolvió que quedó demostrado que el acusado pasó el cheque sabiendo que había sido alterado y aumentado su importe, y no cometió error la corte sentenciadora al permitir que se cotejara . la firma del acusado con una carta dirigida por el mismo a la persona que firmó el cheque para demostrar que sabía que el importe del cheque había sido alterado cuando lo cobró, sin que fuera necesaria la presentación de prueba de peritos calígrafos para cotejar la firma del acusado, pues no se trataba de determinar que él lo había falsificado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José de Guzmán Benitez.

      Abogado del apelado; Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Jttez Asociado Se. MacLeary,

emitió la- opinión del tribunal.

La presente es una causa criminal seguida por haberse circulado y pasado un cheque falsificado. El acusado es un muchacho de quince o diez y seis años de edad- que, habiendo sido declarado-culpable, fue llevado a la escuela-correccional.

En la denuncia se formula la siguiente acusación. :■

“Allá por el día nueve de agosto del año 1910 y en esta ciudad de Mayagüez, que forma parte del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., el referido acusado, Agustín Yélez, compró varios efectos para bici-cletas, por valor de 13 a 14 dollars, en el establecimiento que eñ esta ciudad tiene y tenía entonces, Blas-Panzardi,-y en pago de su compra el susodicho acusado Agustín Yélez circuló, y pasó como genuino, entregándolo al dicho Blas Panzardi, quien lo recibió y de su importe se cobró, un cheek que, copiado, dice así:
No. 104. San Juan, Porto Rico, Aug. 6, 1910. Depositary for the Government of Porto Rico. American Colonial Bank, depositary for the United States' Pay to the order'of Alfredo'Román $50.17/00. Fifty 17/00 dollars. Firmado: Matalena H. Koehler. ’ Endosado con la firma ‘Alfredo Román.’
Y dicho acusado Agustín Yélez, al circular y pasar el referido check como genuino, sabía que el mismo había sido alterado o falsifi-cado, y lo hizo a sabiendas y maliciosamente y con la intención de defraudar, como defraudó, al mencionado Blas Panzardi. Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad'dé El Pueblo de Puerto Rico. Firmado, D. Sepúlveda, Fiscal del Dis-trito.” . • „

El juicio de esta causa se celebró por el tribunal, sin ju-rado, declarándose al acusado culpable del delito que se le había imputado, y condenándosele en 30 de marzo último a la pena de un año de presidio, con trabajos forzados, y al pago de las costas. Se le envió a la escuela correccional para jóve-nes delincuentes, para cumplir en ella su condena.

Se interpuso a su debido tiempo un recurso de apelación, y aparecen en los autos un pliego de excepciones y una re-lación de hechos, en los cuales se consignan las pruebas adu-cidas en el juicio, y las excepciones tomadas contra las reso-Iliciones del tribunal, y basta la argumentación del letrado de-fensor con respecto a las mismas.

Esta minuciosidad es innecesaria o impropia, Todas las materias extrañas, tales como las argumentaciones del letrado defensor, deben excluirse del pliego de excepciones, y consig-narse brevemente los puntos en cuestión, con las resoluciones dictadas por el tribunal con respecto a los mismos.’ Antes de firmarlos, los jueces'sentenciadores deben exigir que todos los documentos de. esa índole sean-formulados y arreglados en debida forma, para su presentación ante este tribunal, de tal modo que aligeren nuestras labores en vez de aumentar-las. . =. . . .

Las excepciones tornadas pueden brevemente reproducirse como signe:

“El tribunal incurrió en error: Io. Porque el tribunal autorizó, no obstante la oposición del letrado defensor, el cotejo del cheque fal-sificado, objeto de la acusación, con otro documento firmado por el padre del acusado, pero cuyo texto se decía que estaba escrito por-éste, sin que dicho documento previamente hubiera sido identificado en debida forma.
' “2o. Porque el tribunal permitió el cotejo de ambos documentos, no obstante la objeción del letrado defensor, quien alegó que dicha prueba era inmaterial e inconsistente con la acusación; porque ésta sólo imputaba al acusado el hecho de haber pasado¡ como genuino, el cheque en cuestión, sabiendo que estaba falsificado o alterado.”

La prueba de que se queja el acusado, fue admitida por la corte, solamente como mía circunstancia tendente a demostrar la culpabilidad del acusado, cuya circunstancia debía conside-rarse en la resolución definitiva de la causa; y en esto, el tribunal no cometió ningún error. La objeción ba debido hacerse como se bizo basta cierto punto en la segunda excepción, más bien contra el efecto que no contra la -admisión de dicba prue-ba.

Toda vez que la causa fue juzgada por la corte, sin jurado, no resultó de las resoluciones de que se queja el acusado, nin-gún perjuicio para él, pues todo el cúmulo de liecbos fue de-bidamente considerado en conjunto para llegar a nna conclu-sión definitiva en la sentencia dictada por el tribunal. (Yéase el caso de Belter v. Calvo, resuelto en 19 de mayo de 1910.) Y además, si es que el tribunal sentenciador cometió los erro-res que se alegan, éstos no eran perjudiciales, puesto que fue-ron corregidos en la consideración del caso entero, y al dic-tarse la sentencia definitiva. Por consiguiente, como no per-judicaron al acusado, no constituyen motivo para la revoca-ción de la sentencia. (P. P. R. v. Milán, 7 P. R. R., 443. y 444; P. P. R. v. Aybar, 7 P. R. R., 518.)

El acusado sostiene que la prueba no es suficientemente vigorosa para justificar la declaración de su culpabilidad. Toda la contradicción que existe entre las declaraciones de los testigos, queda demostrada por la historia del acusado, de que él había perdido el cheque y la carta de recomendación que fueron presentados a Panzardi; y que desde entonces no los había vuelto a ver. Evidentemente, el tribunal sentenciador no dió crédito a esa declaración.

El acusado niega haber estado en la tienda de Panzardi, y haber comprado los efectos de bicicleta, para cuyo pago se en-tregaron la carta de Liciaga y el cheque alterado, que él manifestó haber perdido, pero asegura que envió a un amigo para la compra de los efectos; y no dice, sin embargo, el nom-bre de ese amigo a quien él tenía que conocer.

Las pruebas pueden resumirse como sigue:

Vicente Vélez, padre del acusado, tenía arrendada a la Señorita Koehler, que era profesora, una casa de su propie-dad, en el pueblo de Isabela; y el acusado ordinariamente iba a la casa de dicha señorita, a cobrarle el alquiler de esa casa, y a entregarle el recibo correspondiente. En 31 de julio de 1910, el acusado fué adonde la Señorita Koehler, a cobrar el importe del alquiler, presentándole un recibo firmado por su padre; resultando más tarde, que la letra de ése recibo que llevó el acusado mismo a la inquilina, no era de su padre, quien no sabía escribir, ni de la madre, ni del hermano tam-poco, únicas personas que al parecer, constituían, la familia del acusado.

■ El acusado pidió a la Srta. Koehler un cheque por $5.17, para comprar ciertos objetos en los Estados Unidos. Esta súplica la hizo mediante un papel firmado por él, y eserito por él, y le rogó que no escribiera nada en la línea destinada, en esta clase de documentos, a poner el nombre de la persona, a cuyo favor se expiden; pero a pesar de este ruego, la Srta. Koehler escribió el cheque por la expresada suma de $5.17, poniendo en el mismo, el nombre del acusado, como la persona a quien debía pagarse dicho importe.

Al mismo tiempo que el acusado solicitó de la Srta. Koeh-ler ese cheque, le pidió a Severiano Liciaga una carta de reco-mendación para Blas Panzardi de Mayagüez, para que le ven-diese al precio más bajo posible, ciertos efectos de bicicletas que el acusado se proponía comprar allí.

No hay duda ninguna de que el cheque expedido por la Srta. Koehler, lo fué sólo por la suma de $5.17, a nombre de Agustín Yélez, y que dicho cheque fué recibido por el acusado, tal como salió de manos de la Srta. Koehler. Y así adquiridos esos documentos por e'1 acusado, no, se volvió a tener más no-ticias de ellos, hasta que se encontraron en poder de Blas Pan-zardi, a excepción, desde luego, de la declaración del acusado, de que los bahía perdido.

En el establecimiento de Panzardi, fué entregada la carta de Liciaga, tal como él la había escrito, y también el cheque, firmado por la Srta.' Koehler, pero completamente alterado, llevando el nombre de Alfredo Román, en vez del de Agustín Yélez, como persona a quien debía pagarse el‘importe del mismo, y sustituyéndose las palabras y cifras que expresaban la suma de $5.17, cinco dollars, diez y siete centavos, y que primero se habían escrito en dicho cheque, por las que expre-san la suma, de cincuenta dollars diez y siete centavos ($50.17). -

Blas Panzardi era la persona directa y materialmente per-judicada por la comisión del delito. No tenía ningún interés personal en la persecución del acusado, a quien ni siquiera conocía; y sólo le guiaba el propósito de recobrar la' suma de la cual liabía sido defraudado. T como esa cantidad le fué restituida, no necesitaba esforzarse mucho en el juicio, de: mostrando o recordando que fué ciertamente el propio acu-sado quien estuvo' en su casa a comprar esos efectos, y a dar en cambio el cheque alterado. Pero, a pesar de' éso, Panzardi no dice que el acusado no haya estado en su casa; dice sólo que no puede recordar,' al cabo de tanto tiempo, que fuera o nó él, quien estuvo en su' casa en esa ocasión; que le dijeron que fué él, el acusado, pero qué no lo conocía al verle en el tribunal. Sin embargo, no se indicó ni identificó ninguna otra persona como la que había pasado el cheque. Pero, a pesar de eso, el testigo declara que la persona que le llevó el cheque y se lo pasó como genuino; estuvo en su casa por la noche; y que después no lo vió'más; Evidentemente, el comerciante, después de'haber recobrado el dinero de'que había sido de-fraudado, era un testigo desinclinado a declarar.

La prueba testifical que antecede, demuestra una causa bastante grave contra el acusado, y no podemos decir que el juez sentenciador haya faltado a su obligación-de examinar y considerar debidamente todos los hechos y circunstancias que se han consignado. Dicho Juez tuvo delante al acusado y a todos los testigos, y oyó sus declaraciones cara a cara.

Además, hay otras consideraciones que hacer con respecto a estos hechos, -que no deben perderse de vista. La única explicación que Agustín Vélez da de su intervención en estos hechos, es la de que el cheque juntamente con la carta, se le había perdido, pero no dijo que había hecho gestión alguna para recobrar dichos documentos, que sinyluda eran muy im-portantes para él, puesto que para la adquisición del cheque, había hecho lo posible para economizar dinero, hasta el ex-tremo de ahorrarse los ocho centavos que hubiera tenido que pagar si hubiera solicitado un giro postal. No dió cuenta a la policía, ni a sus familiares, ni a-la Srta. Koehler, de la pérdida de ese documento, ni la notificó al banco, para que no pagase el cheque. Y luego, cuando apareció dicho cheque, ya. alterado, en la casa de Panzardi, en vez de inquirir qué persona lo había llevado allí, para averiguar quién era el autor de la falsificación, o quién había tratado de pasarlo como-genuino, no dijo absolutamente nada; y era su padre quien vino a pagar a Panzardi la cantidad de la cual había sido defraudado; y el padre del acusado hizo esto sin tener para ello ninguna obligación, si es que dicho acusado estaba ente-ramente desligado de la serie de circunstancias que constituían la comisión del delito.

Es muy significativo este hecho realizado por .el padre del acusado, puesto que tanto el padre como su hijo, han de-bido ser factores muy importantes en el descubrimiento del delincuente, quien quiera que fuera.

Y es igualmente muy significativo, que la persona que-haya encontrado el cheque y la carta, hubiera tenido necesi-dad también de comprar efectos para bicicleta, y que hubiera ido al mismo establecimiento de Panzardi, a comerciar con él,, dando lugar a ser descubierto, porque si la persona que en-contró dicho cheque, hubiera sido otra, y no el acusado, es probable que lo hubiera negociado en otra parte, para no de-jar huella .alguna de su intervención en el asunto.

La Srta. Koehler no fué un perito calígrafo, pero aseguró-la semejanza de la letra del-acusado, como su discípulo que era, con la del recibo de la casa, fechado en 31 de julio de 1910. Como no se trataba de un reconocimiento caligráfico,, para determinar una falsificación que no se había imputado nunca al acusado, no hacían falta documentos indubitados, ni peritos calígrafos, ni ninguna otra solemnidad en la práctica de esa prueba. Se trataba sólo de afirmar un hecho de alta significación en el procedimiento, es decir, que el falsificador del cheque era'la misma persona que escribió el recibo para el cobro de los alquileres a la Srta. Koehler, documento de ín-dole absolutamente privada, y que no es presumible que fuera, escrito por alguna otra persona distinta de los familiares del acusado. Pero ese hecho por sí sólo, no es la única- y deci-siva evidencia en el juicio, sino una prueba de certeza moral, que unida a todas' las demás circunstancias que' rodearon el presente caso, llevan el ánimo a la conclusión de que el acu-sado utilizó ese cheque, a sabiendas de su alteración, para ob-tener ilegítimamente una cantidad de dinero.

Al revisar detenidamente todos los autos, no podemos evitar la conclusión de que el muchacho pasó el cheque, sa-biendo que había .sido alterado y aumentado su importe, si es que él no hizo la falsificación misma. Toda vez que se le imputó, no la falsificación del cheque, sino sólo el haberlo pa-sado como genuino, y que fné declarado culpable de ese delito solamente, debemos dejar subsistente la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Áldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández, ■ no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Borinquen Sugar Co. v. López, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari.

    No. 80.
    Resuelto en octubre 23, 1911.
    Certiorari — Recurso Adecuado en Let — Apelación—Término para Contestar una Demanda de Desahucio. — En el caso de autos el peticionario solicitó un mandamiento de certiorari para anular una orden de la corte de distrito negándose a prorrogarle el término para contestar una demanda de desa-hucio, que el peticionario alega que en realidad es de reeisión. El tribunal, sin'resolver la cuestión en el fondo, decidió que constando de los autos haberse interpuesto recurso de apelación contra la sentencia dictada en dicho pleito, mediante el cual podía revisarse-el error alegado en esta solicitud, era im-procedente el c&'tiorari solicitado, porque no se demostró que el recurso de apelación entablado en este caso no era un remedio ordinario, rápido y adecuado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. Alvarez Nava y Domín-guez.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una solicitud para que se expida un auto de cer-tiorari fundada substancialmente en el motivo de.que la corte excedió su jurisdicción al negarse a prorrogar el término para contestar una demanda entablada contra la peticionaria. Esta alega que la corte trató la demanda como si hubiera sido una acción de desahucio, cuando en realidad, la afirmación contenida en la misma, la constituyó en demanda ordinaria y, por lo tanto, la hizo sujeta no a las exigentes disposiciones de la ley referente a acciones de desahucio, sino a los precep-tos más liberales del Código de Enjuiciamiento Civil. El error que específicamente se alega, es que no se le dió a la peticionaria el debido tiempo para contestar la demanda.

Creemos que en los autos existen indicaciones de que am-bas partes trataron este pleito como si fuera una acción de desahucio, y aparte de toda cuestión de renuncia voluntaria de su derecho por parte de la peticionaria, parece que el error, si es que lo hubo, habría tenido el efecto de que la de-manda resultara simplemente redundante; y habría dado'a la peticionaria el derecho de pedir a la corte, el que negara parte de lo solicitado como desagravio, por el especial motivo, de que los demandantes estaban procediendo como si la acción fuera una acción de desahucio.

No es nuestra intención resolver especialmente ninguna do las cuestiones indicadas .en la presente, pues creemos que toda cuestión que se plantee por la peticionaria, puede ser revisada por nosotros en la apelación. Los autos que se nos han trasmitido, demuestran que se ha interpuesto recurso de apelación. Puede concederse, a veces, un arito de certiorari, aunque el peticionario tenga también derecho a un recurso -de apelación. Pero, en el presente caso, el demandado, según se admite, se halla en la posesión de la finca. Se admite que •el efecto de una apelación es suspender los procedimientos. La peticionaria no nos demuestra • nada que nos induzca a •creer, que la apelación no sea el recurso ordinario, rápido y adecuado para la revisión del error alegado.

Debe arralarse el auto de certiorari. .

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernández, no. tomó parte en la resolución de este caso.


author: El' Juez Asociado Su. Aldbey,

text:
    Ex Parte Le Hardy.
    ApelaciÓN contra resolución .del Juez Asociado Sr. MacLeary, desestimando una solicitud de habeas corpus.

    No. 381.
    Resuelto en octubre 24, 1911.
    Desacato — Desobediencia de una Orden Ilegal. — Una orden ilegal dictada por una corte' sin jurisdicción o extralimitándose en ella, no hay obligación de respetarla y su desobediencia no apareja castigo por desacato, pues para que se cometa desacato es necesario que se desobedezca voluntariamente una orden legal librada con jurisdicción sobre ía materia litigiosa y áobre las partes litigantes.
    Jurisdicción — Requisitos Esenciales. — Para que exista jurisdicción deben con-currir tres requisitos esenciales. Io. Que la corte haya sido autorizada para conocer de la clase de asunto a que el sometido pertenece; 2o. Que las propias partes estén presentes, o hayan sido llevadas al tribunal en la forma y manera establecidas por la ley; y 3o. Que el punto decidido esté comprendido , en sustancia y efecto dentro de la materia del pleito.
    Patria Potestad — Limitación o Suspension de la Patria Potestad — Juris-dicción de las Cortes de Distrito. — Las cortes de distrito tienen jurisdic-ción por ministerio de la ley para conocer de pleitos en donde se discute si la patria potestad de un padre debe ser limitada o suspendida.
    Id. — Posesión de los I-Iijos — Sostenimiento del Statu Quo Durante el Liti-gio. — Una corte de distrito que conoce de un pleito entablado por el padre contra la abuela de sus hijos para quitarle la posesión que de los mismos tiene al entablarse la acción, tiene facultades para mantener durante el litigio el statu quo existente al iniciarse la acción y por lo tanto puede exigir al padre que'sólo vea a sus hijos durante ciertas horas en la semana y que expirado-dicho tiempo los devuelva a la posesión de la abuela y la desobediencia volun-taria de esa orden por el padre, negándose a devolver los hijos y reteniéndolos en su poder después de haber sido requerido para que los entregara al marshal de la corte, constituye un desacato al tribunal.
    Habeas Corpus — -Revisión de Resoluciones. — En el procedimiento de habeos corpus sólo puede estudiarse la jurisdicción del tribunal para, dictar una orden que ha sido desobedecida, pero la justicia o injusticia de la resolución, única-mente puede ser revisada por medio del recurso de apelación o certiorari.

      Procedimientos Judiciales — Presunción de Regularidad. — En los procedi-mientos judiciales la presunción es siempre a favor de su regularidad a menos que se demuestre lo contrario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario apelante: Sr. Rafael López Lan-drón.

    Abogado del Pueblo: Sr. Jesús Ma. Rossy, Fiscal.

   El' Juez Asociado Su. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Jnan, Sección Segunda, radicó León P. Le Hardy nn pleito contra Da. Jnana Acosta Yda. de Meltz, con fecha 23 de julio de 1910, en el que, después de alegar sustancialmente que había sido casado con Da. Hilda Meltz Acosta, de la que, a su muerte, le quedaron dos hijos nombrados Philippe y Hilda de cuatro y tres años de edad, respectivamente; que habiendo ocurrido el fallecimiento-de la consorte mientras él se hallaba ausente de esta Isla, a su regreso dejó sus hijos encomen-dados a su abuela la demandada, para que cuidara de ellos, pero que desde fines del mes anterior a la demanda, la de-mandada hace resistencia a que el demandante los recoja y tenga en su compañía, por lo que pedía a la corte que decla: rando que dichos niños, como hijos legítimos no emancipados y en la infancia están sujetos a su patria potestad, debiendo obedecerle y vivir en su compañía, condenase a Doña Juana Acosta viuda de Meltz, a que se los entregue y restituya.

Con esa demanda presentó también el demandante una solicitud para que se asegurara la sentencia que en su día se dictase, y en ella pidió que se prohibiera a la demandada el que cesara de hacer resistencia a la entrega de los niños a su padre.

Negada esa moción, recurrió de ella el demandante por medio de un auto de certiorari ante este Tribunal Supremo, quien en 24 de octubre del mismo año, anuló la resolución re-currida y ordenó a la corte inferior que adoptase cualquier medida que asegurase la devolución de los niños, para el caso de que el padre demandante obtuviera en definitiva un fallo a su favor.

Como consecuencia de esta sentencia, compareció Doña-Juana Acosta, ante la corte de distrito que conocía del asunto, y después de expresar que está dispuesta a cumplir la sen-tencia que en el pleito se dicte, aunque le sea contraria, mani-festó que prestará la fianza que se le exija para asegurar que devolverá los niños al demandante en caso de que el fallo sea favorable a éste. Después de esta moción aparece que al día siguiente el juez fijó la cuantía de esa fianza en un mil dollars.

Algunos días después, en 9 de noviembre, el demandante presetító una moción a dicha corte de distrito, en la que des-pués de exponer que la Corte Suprema había dispuesto que para asegurar lá sentencia que recayere, procediera la corte inferior a depositar los niños en poder de la abuela deman-dada, bajo fianza bastante a garantizar que serían restituidos al demandante cuando así se decretara, o a adoptar cual-quiera medida adecuada a las circunstancias, y que tales medidas debían tomarse con su intervención, propuso y pidió a la corte: Io. Que los niños quedaran en poder y al cuidado de la abuela demandada mediante fianza de un mil pesos y mientras otra cosa se resuelva; 2o. Que el demandante pueda ver y visitar a sus hijos y llevarlos consigo a su domicilio o de paseo los domingos y días festivos y hacer cuanto no sea incompatible con el depósito en que quedan; y 3o. Que si lo propuesto no fuere aceptado por la abuela se designase una tercera persona que bajo esas condiciones conservara a los niños.

Como consecuencia de esa moción y de otra de la deman-dada en la que se opuso a esas pretensiones, pero consignó que ya había prestado la fianza de un mil pesos exigida, la corte, por su resolución de 22 de noviembre de 1910, dispuso que las partes se pusieran de acuerdo, para que un día de cada semana los niños estuvieran a la disposición del demandante y bajo su custodia' durante seis horas continuas, pudiendo en ese tiempo llevarlos a su domicilio, pero que cualquier tenta-tiva del demandante de conservarlos y no devolverlos a la demandada a la terminación de esas seis horas, sería consi-derado por la corte como nn desacato grave.

No habiéndose puesto de acuerdo las partes respecto a la fijación de día y hora, entonces, a petición del demandante, fijó la corte los domingos desde las diez de ía mañana hasta las cuatro de la tarde.

El pleito siguió su curso, la demandada presentó su con-testación y una reconvención o contrademanda para que, de acuerdo con el artículo 236 del Código Civil, se privara al demandante de' su patria potestad o se le suspendiera en su ejercicio.

Es un hecho no controvertido por las partes, ^que después de la orden últimamente citada, el demandante, de-acuerdo con ella tenía a sus hijos en su poder los días' y horas menciona-dos, hasta que el domingo 30 de julio .del presente año, el demandante, que había sacado de la casa de la demandada solamente al niño Philippe por estar la otra algo enferma, no lo devolvió a la abuela, ni lo había devuelto al. día siguiente en que ella puso ese hecho en conocimiento de la corte de distrito, a la que pidió las medidas necesarias para que la orden de la corte continuara cumpliéndose, le fuera devuelto el niño e hiciera lo demás que fuera procedente por la infracción come-tida.

Con vista de esa manifestación que estaba'jurada, ordenó la corte el mismo día, que el márshal requiriese ¿1 demandante para que sin demora devolviera el niño Felipe Le Hardy y Meltz a Doña Juana Acosta, y también para que compareciera a mostrar causa para no ser castigado por desacato a la corte.

Del certificado del márshal, fechado el mismo día, resulta que al requerimiento de dicho funcionario para que el deman-dante devolviese el niño, contestó el requerido manifestando que “no entregaba el niño Felipe y que sólo poniéndolo preso podrían quitarle el citado niño.”

Puesto este hecho en conocimiento' de la corte, ésta, el mismo día 31 de julio dictó otra orden mandando al márslial qne inmediatamente se incantara del expresado niño y lo entregara a la demandada, y qne notificara al demandante qne habiendo desobedecido la orden de la corte se le citaba para qne el dos de agosto siguiente compareciera a exponer cansa por la qne no deba castigársele por desacato. . En cumpli-miento de esa orden el niño fné entregado por el Sr. Le Hardy al mársbal, quien a su vez lo entregó a la abuela.

En 2 de agosto último, la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda,, teniendo presente a León P. Le Hardy, asistido de su abogado, dictó una orden condenándole a satis-facer una multa de cien dollars y quince días de arresto, mas las costas, por el delitó de desacato, consistente en haber re-tenido en su poder al niño Felipe Le Hardy y Meltz por más tiempo del comprendido en la orden de 10 de diciembre de 1910, y en haberse resistido a obedecer la orden de 31 de julio de 1911 qne le mandó entregar el niño que retenía.

Detenido León P. Le Hardy para cumplir la pena im-puesta, inmediatamente presentó a uno de los jueces de este Tribunal Supremo una solicitud de habeas corpus para que se le pusiera en libertad, alegando que su arresto era ilegal porque la Corte de Distrito se había extralimitado en su juris-dicción, pues no tenía poder para privarle de la patria potestad sobre sus hijos menores de edad, sino en virtud de sentencia firme y de acuerdo con los artículos 235 y 236 del Código Civil.

Oída la solicitud, y después de amplia discusión, fué deses-timada en 9 de agosto último, ordenándose además, que el peticionario fuera devuelto al márshal de la Corte de Distinto de San Juan.

Contra esta resolución se ha interpuesto el prpsente re-curso de apelación.

De los hechos que dejamos relatados, claramente se des-prende que el peticionario entiende que no venía obligado a cumplir ni obedecer las órdenes de la Corte de Distrito de San Juan, referentes a que sus hijos estuvieran bajo la cus-todia de la abuela y a que él hubiera de conservarlos en su compañía nada más qne durante seis ñoras los domingos, y por tanto, qne el no obedecerlas, no constituye desobediencia y ñace ilegal una condena por desacato o incumplimiento de las mismas.

Es cierto que una orden ilegal de una corte, por haberse dictado sin jurisdicción, o extralimitándose en ella, no bay ob-ligación de respetarla y su desobediencia no apareja castigo por desacato* según hemos resuelto ya en el caso de Laura Nuñez v. El Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, en procedimiento de certiorari, resuelto en 20 de marzo de 1908, ya que para que se cometa desacato es necesario que se deso-bedezca voluntariamente una orden legal librada con juris-dicción sobre la materia litigiosa y sobre las partes litigantes.

Tomsky v. San Francisco Super. Ct., 131 Cal., 620; 63 Pac., 1020.

Ex parte Clark, 126 Cal., 235.

Ex parte Fronman, 124 Cal., 387.

Ex parte Widber, 91 Cal., 367.

De acuerdo, pues, con este principio, la cuestión a resolver es, si en el presente caso, las mencionadas órdenes de la Corte de Distrito de San Juan eran ilegales por haberlas dictado sin jurisdicción. Respecto a que fueron desobedecidas volun-tariamente por León P. Le Hardy, es cuestión no discutida ni discutible.

La jurisdicción ha sido definida como el poder y autoridad constitucionalmente conferido, o reconocido como existente, en una corte o juez para pronunciar la sentencia que sea de acuerdo con la ley, o para conceder los remedios'establecidos por la misma sobre hechos probados o admitidos y sometidos al tribunal para su decisión, estando éste autorizado para conocer de tal materiá y para juzgar tales personas estando presentes, o que hayan sido llevadas a la corte de la manera y forma sancionada por la ley.

De esta idea de- la jurisdicción se desprende que para que exista deben concurrir tres requisitos esenciales: ' Io. Que la corte haya sido autorizada para conocer de la clase.de. psunto, a que el sometido pertenece; 2o. Que las propias partes estén presentes, o hayan sido llevadas al tribunal -en la forma y manera establecida por la ley: y 3o. Que el punto decidido esté comprendido en sustancia y efecto dentro de la materia, del pleito.

Black on judgments, vol. Io., páginas 215, 216 y 242.

T la corte que actúa con jurisdicción, tiene también el poder de hacer cumplir y respetar sus sentencias, órdenes y providencias. (Cód. de Enj. Civil, art. 7, pár. 4°.; Bouvier’s Law Dictionary, yol. 2°., pág. 57.)

.Es indudable que la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción 2°., tenía jurisdicción para conocer del pleito en que se dictaron las órdenes desacatadas, pues está autorizada por la ley para conocer, de la materia objeto del mismo o sea para determinar a quién corresponde la guarda y cuidado de, los niños Felipe y Hilda y si la patria potestad de su padre debe ser limitada o suspendida; y también tenía jurisdicción sobre el peticionario ya que él se presentó ante esa corte pidiéndole que resolviera su contienda con la abuela de esos menores y la obligara a entregárselos.

Estos dos requisitos de la jurisdicción no son negados por el peticionario, quien sólo disiente y niega que la corte tuviera jurisdicción para dictar las'dos órdenes mencionadas, esti-mándolas ilegales porque el pleito no le daba poder para privar al peticionario de la patria potestad sobre sus hijos, por una orden, sino mediante una sentencia y en los casos es-tablecidos en el Código Civil.

No hay que olvidar la naturaleza del pleito establecido por Le Hardy y los hechos que los motivaron, pues son de impor-tancia suma en el presente caso.

La demanda consignó que los hijos del demandante Le Hardy estaban en poder de la abuela y estimando que él ex-clusivamente tenía derecho a conservarlos en su compañía, para realizar los derechos y deberes que le concede e impone la patria potestad, pidió a la corte que declarando éstos y en cumplimiento de los mismos, ordenara a la abuela demandada que se los entregara.

Existía, pues, un estado de hechos, o sea la tenencia legal o ilegal de los niños por su abuela, que no podía alterar la naturaleza de la acción que ejercitó, y que había de subsistir, mientras una sentencia definitiva no resolviera la cuestión planteada por la demanda.

La mera interposición de una acción civil ordinaria, no produce el resultado de alterar los hechos existentes al ini-ciarse, pues lo contrario sería anticipar una sentencia a favor del demandante; y lo único a que en todo caso éste tiene, de-recho, es a que durante el pleito las cosas permanezcan m statu quo y a que se le garantice que no será ilusoria una sen-tencia favorable a sus pretensiones.

Y que esto es así, lo reconoció el mismo peticionario, cuando pidió que se asegurase la sentencia que hubiera de dictarse y lo declaró también esta Corte Suprema cuando, resolviendo el auto de certiorari establecido por Le Hardy, ordenó a la corte inferior que tomase las medidas consi-guientes para el aseguramiento de. la sentencia, indicando en su opinión que podía consistir en una fianza que prestara la demandada o en cualquier otra medida que garantizara que la sentencia sería cumplida, si era favorable al demandante.

Antes de esta resolución de la Corte Suprema, y con mayor razón después de ella, la corte podía tomar aquellas medidas que fueran necesarias para mantener el statu quo-, durante el pleito y también para asegurar la efectividad de la sentencia.

Por tanto, el tercer requisito de que el punto decidido esté relacionado con la controversia de las partes también existe, por lo que la corte de distrito actuaba con jurisdicción.

Las órdenes desobedecidas no quitaban la. patria potestad al padre sobre sus hijos como sostiene el peticionario, sino que lo que hicieron fué únicamente mantener la situación existente entre los litigantes al comenzar el pleito. Ni privó ni suspendió el ejercicio de la patria potestad del peticionario y sí solo, mientras se dictaba la sentencia definitiva, dejó a los niños en la tíiisma situación en que estaban.

Una orden de esta naturaleza no resuelve derecho alguno.

Siendo, pues, las mencionadas órdenes de las que pudo dic-tar la corte por estar relacionadas con la controversia de las partes, tuvo jurisdicción para pronunciarlas; y como contra ellas no se lia interpuesto recurso de apelación o de certioraril único medio de revisar la justicia de las mismas, fian de que-dar en vigor y deben ser cumplidas, sin que nosotros podamos en auto de 1tabeas corpus estudiar otra cosa que si se dictaron con‘jurisdicción, ya que dicho auto no puede producir el efecto de suplir dichos recursos. (Véase Black on Judgment, vol 1°., páginas 254 a 256 de la Segunda Edición.) •

Por el peticionario se argumenta que, dados los términos en que se dictó ]a orden de aseguramiento y sus concordantes, Ja corte inferior no tenía facultad para hacerla cumplir sin la previa prestación de fianza, la ‘ que no .ha sido prestada ni aprobada ya que no figura unida al pleito.

De los hechos expuestos al principio, con vista del récord de la apelación, aparece que lá demandada pidió a la corte que se le fijara la cuantía de la fianza, la que estaba dispuesta a prestar; que ésta se fijó en un mil pesos, siendo la misma cantidad que solicitó el demandante que se fijara;' y como los niños continuaron en poder de la demandada, hemos de su-poner que la fianza sé prestó, ya que es nuestro deber pre-sumir la regularidad de los procedimientos, a menos que se nos demuestre lo contrario, no habiendo nada en el récord que demuestre que no se prestó, ya que el hecho de no estar agre-gada al pleito, no demuestra concluyentemente que en realidad no se prestara.

Además, aun en el supuesto de que no se hubiera prestado la fianza por la demandada, esto daría derecho al demandante y peticionario para pedir que se otorgara, o que la corte to-mara cualquier otra medida pertinente como consecuencia de esa falta, pero no a desobedecer la orden.

No vemos nada que excuse la desobediencia de León P. Le Hardy, por lo que debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf 'y del Toro.

El Juez Sr. MacLeary no tomó .parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo v. Barquet et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 361.
    Resuelto en octubre 24, 1911.
    Derecho Penal — Infracción de las Leyes de Rentas Internas — Venta de Armas o Municiones . sin Licencia. — Desde el Io. de julio de 1905 en que, empezó a regir la ley de marzo 9, 1905, enmendando el capítulo 2, título 9 del Código Político, el vender armas o municiones por sí o por sus empleados sin proveerse de la patente exigida por la ley, es un delito públieo penado en dicha ley.
    Id. — Delitos Cometidos por Sociedades Mercantiles — Denuncia Contra Per-sonas Naturales. — Formulada una denuncia contra dos personas naturales por infracción de las Leyes de Rentas Internas y continuado el proceso contra dichas personas, es errónea la sentencia que condena a una sociedad mercantil , de la cual se dice que forman parte dichas personas naturales, sin que se haya justificado en 'autos que los acusados constituyen la sociedad mercantil con-denada ni que sean los únicos socios gestores de ella.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantesSr. Felipe Casalduc.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de .Ponce se presentó la siguiente acusación:

“Corte Municipal de Ponce. Estados Unidos de América, ss: El Presidente de los Estados Unidos. El Pueblo de Puerto Rico v. Narciso Barquet, Juan Barquet. Yo, Manuel de la Cruz, vecino de Ponee, calle de Méndez Vigp, No. 35, de 22 años, formulo denuncia contra Narciso Barquet y Juan Barquet por delito contra las Leyes de Rentas Internas, secciones 87 y 100 cometido de la manera siguiente: Que en'21 de septiembre de 1910 y en la calle de Atocha de Ponce, del Distrito Judicial Municipal de Ponce, los indicados Narciso Bar-quet y Juan Barquet como a las diez y media de la mañana, ilegal y fraudulentamente, vendieron de su establecimiento comercial, situado en la calle antes mencionada, por medio de uno de sus dependientes, llamado Juan Burgos, -tres cápsulas de revólver de 12 ms. al indi-viduo Ernesto Marcano, sin que para ello tuviesen la licencia pres-crita por la Bey de Rentas Internas; siendo todo ello contrario a la ley para tales casos hecha y prevista, y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico: siendo testigos J. W. Ridout, Ernesto Mar-cano y Juan Burgos, vecinos de Ponce. Manuel de la Cruz, Denun-ciante'. Jurada ante mí hoy 24 de septiembre de 1910. J. A. López Acosta, Juez de la Corte Municipal de Ponce.”

Celebrado el juicio y dictada sentencia condenatoria, fué apelada para ante la Corte de Distrito de Ponce en la que el juicio fué celebrado de nuevo, recayendo la siguiente sen-tencia •

• “En Ponce, P. R., a 20 de febrero de 1911. Vista esta c.ausa el día 4 d@l mes en curso, la corte es de opinión que la ley y los hechos están en contra de la Mercantil Barquet Hermanos, .compuesta de Juan Barquet y Narciso Barquet, y en cqnsecuencia la declara con-victa del delito de infracción a la Ley de Rentas Internas; y por tanto la condena a la pena de cien dollars de multa, mas las costas de esta causa.”

Interpuesta apelación contra ella pende abora de nuestra resolución, después de celebrarse la vista, a la que sólo con-currió el Hon. Fiscal de esta Corte Suprema; pero la apelante presentó un alegato de errores y en el récord de la apelación consta la excepción que se presentó ante la corte de distrito contra la acusación.

Esta excepción alega, al amparo del número 3o. del artí-culo 153 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que el becbo imputado en la denuncia no es constitutivo de delito público, porque la infracción que se dice cometida no' está penada en .ninguna ley de Puerto Rico.

Como se ve por la lectura de la denuncia transcrita, el hecho imputado es el de haber vendido cápsulas de revólver sin tener la licencia prescrita por la Ley de Rentas Internas.

La ley para enmendar el Capítulo II, Título IX, del Có-' digo Político y para derogar ciertas secciones del Código Penal, y para otros fines, aprobada en 9 de marzo de 1905, que empezó a regir en primero de julio de 1905, establece varias patentes y en su sección 17 dispone, que ninguna persona se dedicará a negocio alguno o industria de los mencionados en esa ley, mientras no haya pagado la licencia que en la misma se disponga; la sección 30 fija el importe de las varias licen-cias y entre ellas las de los traficantes en armas o municiones; la 21 regula que toda persona que, por sí o por medio de sus agentes o empleados, venda u ofrezca en venta, o exponga a la venta, o tenga en su establecimiento comercial cual-quier artículo sujeto a impuesto por esa ley, será considerado como traficante; y por último, la sección 18 establece la pena, que por la primera falta no será menor de cien dollars de multa, para toda persona que emprenda o continúe cualquier industria u ocupación sujeta a patente sin proveerse de ella, o cuya licencia haya sido revocada.

Las citas de estas disposiciones legales, demuestran por sí solas que, el vender armas o municiones por sí o por sus empleados, desde Io. de julio de 1905 sin proveerse de la pa-tente exigida por la ley, es un delito público que está penado en la ley y por consiguiente, que la excepción aducida contra la denuncia es insostenible y estuvo bien desestimada.

Se alega como motivo de error, que habiéndose hecho la denuncia contra Juan y Narciso Barquet, sin embargo, la sen-tencia de la Corte de Distrito de Ponce condena a la mercantil “Barquet Hermanos,” sin que el proceso se haya seguido contra esta sociedad, ni conste del récord que esté formada por Juan y Narciso Barquet, que sean sus gestores, ni los únicos miembros de esa mercantil.

La denuncia presentada ante la corte municipal, y que sirvió de acusación al verse el juicio de nuevo ante la corte de distrito, imputa a Juan Barquet y a Narciso Barquet la comisión del delito; y la sentencia apelada condena a la mer-cantil “Barqnet Hermanos” compuesta de Jnan y Narciso Barqnet.'

Hemos leído detenidamente la exposición del caso apro-bada por el juez de la corte inferior y nada encontramos en ella que justifique que los dos acusados constituyen la mer-cantil condenada, ni que sean los únicos gestores de ella, por lo que no es posible sostener una sentencia que en lugar de resolver sobre la responsabilidad de las dos personas natu-rales acusadas, condena a una entidad jurídica contra la que no se lia seguido ej proceso.

Por este motivo debe ser revocada la sentencia de la corte inferior, ■ la que deberá proceder a celebrar un nuevo juicio.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


text:
    Veve et al. v. The Fajardo Sugar Growers' Association.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 737.
    Resuelto en octubre 25, 1911.
    Apelación' — Notificación de la Sentencia — Término para Apelar. — Si bien es cierto que la ley No. 70 de marzo 9, 1911, para enmendar entre otros artí-eulps el 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispone que el término para apelar empezará a correr desde que el secretario haya archivado en los autos copia de la notificación que de la sentencia debe hacer a la parte perjudicada por ella, o a su abogado, sin embargo, tal notificación no es necesaria cuando el perjudicado registra un eserito de apelación.
    Id. — Renuncia de Notificación. — El requisito de la notificación no es jurisdic-cional y ha sido establecido únicamente en beneficio del perjudicado por la sentencia, por cuyo motivo desde el momento en que éste presentó su escrito de apelación se dió por notificado de ella y renunció de esa manera el derecho que tenía a ser notificado.
    Desestimación de Apelación — Doble Apelación. — Procede la desestimación de una segunda apelación interpuesta contra la misma sentencia que ya ha sido apelada, por ser la segunda innecesaria.
    Id. — Adición del Récord — Constancia de Haberse Interpuesto Otra Apela-ción. — Es pertinente la adición de un récord de una segunda apelación con la constancia de haberse interpuesto otra apelación anterior contra la misma sentencia y de haberse aprobado otra exposición del caso para la primera apelación y que ambos recursos están pendientes.

      Los hechos están expresados en la resolución del tribunal.
    Abogado de la parte prombvente: Sr. Luis Muñoig Morales.

    Abogados de la parte contraria: Sres. José A. Poventud,, Eduardo Acuña, H. S. Belaval y Arturo Aponte, Jr.

   RESOLUCIÓN.

Los demandados y apelados han presentado en este caso-dos mociones a esta corte, una para qne se adicione el récord de la apelación con dos certificaciones a ella acompañadas, y otra, posterior, para qne sea desestimada la apelación.

Ambas fueron oídas el mismo día y serán objeto de esta, resolución.

En el pleito objeto de esta apelación la corte pronunció su sentencia en 12 de abril de 1911, después de la cual los de-mandantes, pidieron en el mes de junio, que fuera notificada por el secretario, lo que éste verificó en 14 del mismo mes, y tres días después los demandantes presentaron su escrito de-apelación, que obra en este récord.

Una de las adiciones interesadas por los apelados, con-siste en la certificación de un escrito de apelación que en este mismo pleito y contra la propia sentencia, presentaron los de-mandantes el 12 de abril de 1911, o sea el mismo día en que la sentencia se pronunció y que no figura en el presente ré-cord.

Tal adición es pertinente porque sirve para comprobar que existió una anterior apelación y para conocer si la segun-da era innecesaria.

El otro particular de adición consiste en cierta resolu-ción de la corte inferior dictada al aprobar la exposición del caso que figura en este récord, y con motivo de la objeción dé-los demandados, de que se aprobara una segunda exposición de- hechos y de excepciones.

También debemos permitir esa adición, porque comple-menta lo ocurrido al impartir la corte su aprobación al pliego-que se ha traído a esta apelación.

La segunda moción sobre desestimación de esta apelación vino acompañada de una certificación del Secretario de esta Corte Suprema, creditiva de que en su oficina existen radica-das dos apelaciones tomadas por los demandantes en el pleito que con el título arriba expresado se lia seguido en la Corte de Distrito de Humacao, contra la misma sentencia de 12 de abril de 1911 y cuyas vistas están señaladas.

Resulta de lo expuesto .que el día en que se pronunció la sentencia, los demandantes presentaron su escrito de apela-ción y que posteriormente se hicieron notificar la sentencia por el secretario, y entonces establecieron una segunda ape-lación contra la propia sentencia, para tramitar la cual se aprobó un segundo pliego de exposición del caso.

Esa segunda apelación era innecesaria porque, si bien es cierto que la ley de 9 de marzo de este año, para enmendar en-tre otros el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, dispone que él término para apelar empezará a correr desde que el secretario haya archivado en los autos copia de la no-tificación que de la sentencia debe hacer a la parte perjudicada por ella, o a su abogado, sin embargo, tal notificación no es ne-cesaria cuando el perjudicado registra un escrito de apelación.

Ese requisito de la notificación por el secretario, no es ju-risdiccional y ha sido establecido únicamente en beneficio del perjudicado por la sentencia, por cuyo motivo, desde el mo-mento en que éste presentó su escrito de apelación se dió por notificado de ella y renunció de esa manera el derecho que te-nía a ser notificado. (Véanse las citas en la nota 76 del tomo 2°., página 799 de la Cyclopedia of Law and Procedure.)

Por las razones expuestas sostenemos la moción de los apelados sobre adición del presente récord de apelación,'y también desestimamos la segunda apelación que en 17 de junio de 1911 establecieron los demandantes contra la senlen-cia de 12 de abril, del presente año, dictada en este pleito por la- Corte de Distrito de Humacao, a quien se comunicará esta resolución.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Presidente Sr. Hernandez, no intervino en esta resolución.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    The American Trading Co. v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez.
    No. 102.
    Resuelto en octubre 27, 1911.
    Cancelación de Plazos Hipotecarios — Adjudicación de Pinca Hipotecada— Procedimiento Adecuado. — La cuestión de si los diversos plazos de una hipo-teca deben considerarse como diferentes hipotecas, esto es, que el primer plazo tiene el carácter de una primera hipoteca, el segundo de una segunda y así sucesivamente, es una cuestión legal que no ha sido aún resuelta expresamente por la ley, ni de una manera clara y terminante por la jurisprudencia, y en-volviendo como envuelve una decisión sobre prelación de créditos, no debe resolverse a virtud de una moción ex parte.

    Id. — Cancelación de Oficio — Procedimiento Ex Parte. — Los preceptos del artí-culo 125 de la Ley Hipotecaria no son aplicables al caso en que se solicita la cancelación de los diversos plazos de una hipoteca, y en tal caso debe se-guirse el procedimiento que marea el artículo 82 de la Ley Hipotecaria.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Felipe Casalduc.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura otorgada en Mayagüez el once de mayo de 1900, ante el Notario Riera Palmer, Luis Arán confesó deber a Baudilio Durán ciento treinta mil pesos provinciales y se obligó a pagarlos en diez plazos que vencerían el once de mayo de cada uno de los años 1901 al 1910, suscribiendo el deudor a favor del acreedor un.pagaré por el montante de cada plazo y constituyendo además dicho deudor para garan-tir el pago de su deuda, una hipoteca sobre determinadas fin-cas rústicas de su propiedad.

The American Trading Co. adquirió el pagaré que ven-cía el 11 de mayo de 1903 y para su cobro recurrió a la via judicial ejercitando el procedimiento sumarísimo que auto-riza la Ley Hipotecaria. No pagada la deuda dentro del tér-mino del requerimiento, se subastaron seis de las fincas hipo-tecadas que fueron adquiridas por la misma American Trading Co. en pago parcial de su crédito.

Al reclamarse el montante del crédito de The American. Trading Co. ascendía a $10,222.63 moneda americana, y al distribuirse el gravamen entre las fincas hipotecadas en la es-critura de once de mayo de 1900, se asignaron a las seis fincas subastadas y adquiridas por The American Trading Co. en pago parcial de su crédito, las siguientes responsabilidades: (a) 30 cuerdas, en Naranjales, $1,000 capital y $300 crédito adicional; (b) 11 cuerdas, en Eío Cañas, $460.98 capital y $150 crédito adicional; (c) 4 cuerdas en Río Cañas arriba, $150 capital y $50 crédito adicional; (d) 2 cuerdas, en Río Cañas arriba, $50 capital y $20 crédito adicional; (e) 28 cuer-das, en Río Cañas arriba, $1,000 capital y $150 crédito adi-cional; (/) hacienda Collera, en Furnias, de 410 cuerdas, $29,664.11 de capital y $1,000 crédito adicional, formando en junto los totales de $32,325.09 de capital, y $1,670 de crédito adicional, ambos moneda provincial.

Una vez que se le otorgó la escritura de venta por el marshal, escritura que aparece inscrita en el Registro de la Pro-piedad de Mayagüez el 16 de marzo de 1908, The American Trading Company solicitó de la corte del distrito y obtuvo después de varios incidentes, sin que mediara notificación directa-a los interesados, que se librara un mandamiento diri-gido al registrador de la propiedad para que procediera a cancelar la hipoteca constituida en la escritura de 11 de mayo de 1911, entre otras, sobre las fincas vendidas a The American Trading Co. según se ha expresado.

El mandamiento se expidió con fecha 7 de junio de 1911 y el registrador se negó a verificar la cancelación ordenada por medio de la siguiente nota:

“No admitida la cancelación que se pretende con este documento de la hipoteca impuesta por D. Luis Aran a favor de Don Baudilio Durán, en cuanto a las seis fincas adjudicadas a la mercantil The American Trading Company, y cuya responsabilidad en junto alcanza, según el registro, a $32,325.09 m/p de capital e intereses al 6% anual y $1,670 m/p para costas, porque el artículo 125 de la Ley Hipotecaria que se invoca para la cancelación por mandamiento, sin audiencia de las personas que puedan quedar perjudicadas, se refiere a inscrip-ciones posteriores de hipotecas y en el presente caso sólo se trata de diferentes plazos de una única hipoteca; y no habiéndose acudido para obtener la cancelación a ninguno de los medios establecidos en el artículo 82 de la ley, que es el que establece la regla general en la materia, y de conformidad además con el criterio expuesto sobre el particular por la dirección general de los registros, en resolución de 4 de mayo de 1898, deniego la operación solicitada, tomando en su lugar la correspondiente anotación preventiva, * *

Sin que se entienda que resolvemos la cuestión de fondo envuelta en este caso, ya que este recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para ello, estudiaremos y resolve-remos si la cancelación de que se trata debió decretarse como se decretó por la Corte de Distrito de Mayagüez, bajo la auto-ridad especial del artículo 125 de la Ley Hipotecaria, o si tal cancelación debió obtenerse de acuerdo con las reglas genera-les establecidas en el artículo 82 de la propia ley, como pre-tende el registrador.

Es bien claro que este caso no está comprendido expresa-mente dentro de las prescripciones del artículo 125 de la Ley Hipotecaria que, en lo pertinente, dice así:

“En los casos de que sobre una o varias fincas graviten créditos hipotecarios de varios acreedores y lleguen a venderse o adjudicarse para el pago al primer acreedor en términos de que el valor de lo ven-dido o adjudicado o no igualé o no supere al crédito hipotecario que se realice, los créditos restantes se entenderán de hecho y de derecho cancelados, y se cancelarán en el registro, previa presentación del oportuno mandamiento judicial en que consten la venta o la adjudicá-eión y sus causas, con expresión del acto que constituya la solvencia del crédito preferido, todas las inscripciones posteriores de censos e hipotecas, y las anotaciones de embargo hechas también con posteriori-dad, dejando libres de todo gravamen por estos conceptos la finca o fincas enajenadas o adjudicadas.”

La misma corte de distrito lo entendió así al consignar en su resolución de 2 de junio de 1911 ordenando que se librara el mandamiento solicitado por la recurrente, que aplicaba diclro artículo “por analogía.”

En tal resolución, dictada como se lia expresado sin audiencia de todas las partes realmente interesadas, la corte de 'distrito resolvió de plano, que los diversos plazos de una hipoteca deben considerarse como diferentes hipotecas, esto es, que el primer plazo tiene el carácter de una primera hipo-teca, el segundo de una segunda y así sucesivamente.

Dicha cuestión legal no ha sido resuelta expresamente pol-la ley, ni de una manera clara y terminante por la jurispru-dencia, y , envolviendo como envuelve una decisión sobre pre-lación de créditos, no debió resolverse a virtud de una moción eos parte. (Yéase la see. 807 de los Estatutos Reyisados de Puerto Rico.)

Para verificarse la cancelación en este caso, de acuerdo con lo. dispuesto en el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, debe presentarse en el registro la escritura o documento auténtico en el cual exprese su consentimiento para la cancelación, la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción, o sus causahabientes o representantes legítimos, o la providencia ejecutoria que debidamente la decrete, dictada en juicio con-tradictorio celebrado ante' el tribunal competente.

Por las razones consignadas, el recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


text:
    Ex Parte Morales.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao.
    No. 707.
    Resuelto en octubre 31, 1911.
    Declaratoria de Herederos — Sentencia de Filiación por Consentimiento del Demandado — Transacción.—Dictada sentencia de filiación por consenti-miento del demandado, el lijo ilegítimo reconocido, declarado tal por la sen-tencia, solicitó ser declarado único heredero de su padre ilegítimo. El tribunal negó esta declaratoria, de herederos fundándose en que dicha sentencia por consentimiento equivalía a una transacción de estado civil prohibida por la ley y que por lo tanto dicha sentencia carecía de eficacia legal alguna. En apelación, este tribunal resolvió que examinada dicha sentencia a la luz de la ley y de la opinión de los tratadistas de derecho civil, no aparece con toda claridad que fuera el resultado de la transacción que la ley prohíbe y que por tanto no debió negársele eficacia legal al ser presentada como prueba en los procedimientos sobre declaratoria de herederos.
    Id. — Ataque Colateral de una Sentencia. — El consentimiento del demandado equivale al allanamiento del mismo a las pretensiones del demandante, o a que el demandado aeepta expresamente como ciertos los hechos expresados en la demanda, y una sentencia dictada sobre la base del consentimiento, alla-namiento, o aceptación de los hechos de la demanda, por una corte con juris-dicción sobre la materia y sobre las partes, es válida y no puede ser atacada colateralmente.
    Insuficiencia de la Prueba — Condición de I-Iijo Natural. — Examinada la prueba en este caso, el Tribunal Supremo resolvió que la peticionaria debió alegar y demostrar que su hijo tenía además la condición de natural recono-cido y que no existían otros herederos de su padre, o al menos que se desco-nocía la existencia de otros herederos, todo lo cual podía justificarse con la prueba de testigos que conocieran las relaciones de familia del supuesto padre natural y que merecieren crédito a la corte.
    Los lieclios están expresados en la opinión'.
    Abogado del apelante: Sr. José G. Torres.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Clan dina Morales presentó una petición jurada a la Corte de Distrito de Humacao solicitando que se declarara heredero abintestato de José Ignacio Esterás y Rivera a su hijo natural reconocido habido con la peticionaria llamado José Marcelino Esterás y Morales.

En la solicitud se alegó que el reconocimiento de José Marcelino se hizo por sentencia de la Corte de Distrito de Huma-cao, presentándose como prueba una copia certificada de dicha sentencia que en lo pertinente, dice así:

“Claudina Morales v. Isidoro Esterás et al. Reconocimiento de Filiación. Hoy 22 de mayo de 1909, compareció el abogado José 6. Torres por la demandante en esta acción y da lectura a una moción en la que acepta la proposición de la parte demandada representada por el abogado Enrique López Díaz, esta última parte consiente en que se dicte sentencia por la cual se declare que José Marcelino, hijo de la demandante es hijo de José Ignacio Esterás. La corte oída la moción y el acuerdo de las partes ordena que se dicte sentencia a favor de la demandante y por tanto decreta que José Marcelino,, hijo de Claudina Morales, sea, y es por la presente tenido como hijo ilegí-timo reconocido de José I. Esteras.”

No se practicó prueba testifical y sometido el caso a la corte, ésta lo resolvió por la siguiente orden:

"El día 16 de febrero de 1911, en despacho compareció el abogado José G-. Torres a nombre de la parte en el arriba titulado caso, solici-tando de la corte se declare a José Marcelino Esteras Morales, único universal heredero de José Ignacio Esteras Rivera fallecido en Caguas el día 23 de enero de 1908, como hijo reconocido del mismo, justifi-cando tal reconocimiento con la certificación de una sentencia dictada el día 22 de mayo de 1909, por la Corte de Distrito de Humacao. Por cuanto, dicha sentencia fué dictada según en la misma se expresa por acuerdo de las partes, y en tal concepto no puede considerarse por el juez que provee de eficacia legal alguna al efecto de acreditar la filiación de José Marcelino Esterás, toda vez que las declaraciones de estado civil, no pueden hacerse por transacciones o mutuo acuerdo entre las partes. Por cuanto, tampoco se ha justificado que dicho José Marcelino Esterás, pueda ser el único heredero del finado José Ignacio Esterás y Rivera. Por tanto, la corte declara sin lugar la solicitud de Claudina Morales sobre declaratoria de herederos de José Ignacio Esterás Rivera, a favor de José Marcelino Esterás Morales.”

Veamos en primer término si la conclusión a que llegó el Juez dé la Corte dé Distrito de Humacao sobre la falta de eficacia de la sentencia dictada por la propia corte'en el pleito sobre reconocimiento de filiación, es o nó correcta.

El artículo 1713 del Código Civil revisado establece que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas.-

La transacción, según la define el propio Código Civil revi-sado en sn artículo 1711, es nn contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen termino al que liabia comenzado.

. Todos los tratadistas, dice el Sr. Manresa en sus ‘ ‘ Comen-tarios al Código Civil, ’ ’ tomo 12, página 100, están conformes en que los caracteres del contrato de transacción y los que propiamente le determinan son los cuatro siguientes:

Io. El ser accesorio.

2o. El ser consensual.

3o. El ser bilateral; y

4o. El ser oneroso.

. Examinada la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacáo en el pleito sobre reconocimiento de filiación a la luz de.la ley y de la opinión de los tratadistas citados, se con-cluye que tal sentencia no aparece con tocia claridad que friera el resultado de la transacción que la ley proliibe y que- por tanto no debió negársele eficacia legal al ser. presentada como prueba en los procedimientos sobre declaratoria de herederos.-

Dicha sentencia se obtuvo, según en ella misma se expresa, por consentimiento del demandado, lo que equivale a decir que el demandado se allanó a las pretensiones del demandante, o que el demandado aceptó expresamente como ciertos los hechos consignados en la demanda, y una sentencia de tal naturaleza dictada por una corte con jurisdicción sobre la ma-teria y sobre las partes, es válida y no puede ser atacada cola-teralmente. (Véase 23, Oye., 728 y 1055.)

Ahora bien, esta conclusión a que llegamos por las circuns-tancias de este caso concreto, no implica el que nosotros acep-temos como buena la práctica al parecer seguida por la Corte de Distrito de Humacao en el pleito sobre reconocimiento de filiación. En casos de tal naturaleza aun cuando los demanda-dos aceptaran la verdad de los hechos consignados en la de-manda y dichos hechos determinaran la causa de acción ejer-citada, sería más conforme a los fines de'la justicia que la corte exigiera además pruebas que demostraran la certeza de las alegaciones.

Examinemos el otro fundamento de la orden apelada, esto es, que no se ha justificado que José Marcelino Esterás pueda ser el único heredero del finado José Ignacio Esterás y Rivera.

La ley sobre procedimientos legales especiales dispone que el juez a quien se hubiere presentado la solicitud sobre decla-ratoria de herederos, oirá en el más breve término posible la prueba presentada y con el resultado de ella dictará la reso-lución que proceda, y dispone además que el auto se dictará sin perjuicio de terceros, a no ser que se trate de herederos forzosos. (Leyes de 1905, página 219.)

Examinada la prueba en este caso, se podría concluir que José Marcelino Esterás y Morales es hijo ilegítimo reconocido de José .Ignacio Esterás y Rivera, pero la peticionaria no de-mostró que José Marcelino tuviera además la condición de natural y que fuera el único heredero. La declaratoria, que debe hacer la corte es de herederos y debe comprenderlos a todos cuando existan varios.

La peticionaria debió alegar y demostrar en este caso que su hijo lo era también natural reconocido de José Ignacio Es-■terás y Rivera y que no existían otros herederos de éste, o al menos que se desconocía la existencia de otros herederos y para ello la prueba de testigos que conocieran las relaciones de familia de José Ignacio Esterás y que merecieran crédito a la corte, parece la naturalmente indicada.

No habiendo, pues, la peticionaria presentado toda la prueba que su caso exige, su solicitud, por tal motivo, fué pro-piamente declarada sin lugar; sin que esta resolución sea un obstáculo para que pueda presentarse ppr la peticionaria o por cualquiera otra persona realmente interesada una nueva soli-citud de acuerdo con la ley.

Confirmada,.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Ex Parte Leroy.
    Apelación contra resolución del Juez Asociado Sr. MacLeary desestimando una solicitud de habeas corpus.

    No. 382.
    Resuelto en noviembre 3, 1911.
    Efecto Retroactivo de las Leyes — Abono de la Prisión Preventiva. — La ley de marzo 14, 1907, sobre cómputo cómo parte de la sentencia condenatoria del tiempo que pasare un acusado bajo custodia aguardando la vista de la causa, no tiene aplicación a casos ya decididos o a presos ya privados de libertad en virtud de una sentencia anterior, pues es un principio consagrado por la jurisprudencia americana y declarado en el-artículo 3 del Oódigo Civil, que las leyes no tienen efecto retroactivo a menos que expresamente dis-pusieren lo contrario.
    Id.- — Orden Judicial de Eebrero 10 de 1899 — Abono de la Prisión Preven-tiva. — La regla 5a. de la orden judicial de febrero 10, 1899, disponiendo que se abone al reo la totalidad de la prisión preventiva que haya sufrido, ha quedado derogada por el nuevo Código Penal que empezó a regir el 1°. de julio de 1902, pues los fines que perseguía la eitada orden judicial han sido llenados con los preceptos del nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Herminio Díaz Navarro.

    Abogado del Pueblo: Sr. Jesús M. Flossy, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos Leroy se encuentra recluido en la penitenciaría de esta Isla, cumpliendo condena que le fuá impuesta por la Corte de Distrito de Ponce en sentencia de 24 de octubre de 1905. Esa condena, que era de treinta años de reclusión, fué conmu-tada por la de diez años a virtud de decreto del Gobernador de esta Isla, de 25 de septiembre de 1909.

Empezó Leroy a cumplir su condena en la misma fecha de la sentencia, o sea en 24 de octubre de 1905, y según certifica-ción del jefe de la penitenciaría de Io. de agosto de 1911, como en esa última fecha llevaba extinguidos cinco años, nueve me-ses y siete días de reclusión,, y el -tiempo que debía abonár-sele era de tres años, tres meses y veinte y tres días, resultaba que ya había cumplido nueve años y un mes, y si observaba buena conducta extinguiría el tiempo total de la condena en Io. de julio de 1912.

Con feclia 7 de agosto último solicitó Leroy del Juez Aso-ciado de esta Corte Suprema, Sr. MacLeary, la expedición de auto de habeas corpus para obtener su inmediata libertad, alegando al efecto, que su prisión era ilegal en cuanto había dejado de abonársele la prisión provisional que había sufrido desde 24 de noviembre de 1904 en que fué arrestado hasta el 24 de octubre de 1905 en que fué condenado, o sean once meses de prisión preventiva, con cuyo abono .su condena estaría ex-tinguida.

Tramitada la petición de habeas coijms, recayó resolución en 12 de agosto, declarándola sin lugar y ordenando .que el peticionario continuara preso hasta que extinguiera su con-dena, cuya resolución fué apelada para ante esta Corte Su-prema.

La única cuestión legal a debatir en el presente recurso es si la ley aprobada en 14 de marzo de 1907, para computar como parte de la sentencia de presos el tiempo que pasaron bajo custodia aguardando la vista de su causa, es o nó apli-cable al apelante Leroy, según se. sostuvo, por su abogado ante nuestro colega, y si en caso negativo puede invocarse en favor de Leroy la Orden Judicial de 10 de febrero de 1899, según se ha alegado por la defensa del peticionario en el acto de la vista del recurso ante esta Corte Suprema.

Opinamos que ni la ley de 14 de marzo de 1907, ni la Qrden Judicial de 10 de febrero de 1899, pueden tener aplicación ai presente caso.

La ley de 14 de marzo de 1907 está concebida en los térmi-nos siguientes:

“Ley para computar como parte de la sentencia de presos el tiempo que pasaren bajo custodia aguardando la vista de la causa. Decrétese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1. — Cuando una -persona fuere acusada de un delito cual-quiera, y habiéndosele exigido fianza, no pudiere, por motivo de po-breza, conseguir fiadores, por lo que tuviere que estar bajo custodia aguardando la vista de su causa, si saliere sentenciada a un término de prisión, se le descontará de dicho término el tiempo que hubiere pasado bajo custodia, desde la fecha de su arresto hasta aquella en que se hubiere dictado sentencia definitiva en su causa.
“Sección 2. — Todas las leyes o parte de-leyes que se opusieren a la presente, quedan por ésta derogadas.
“Sección 3. — Esta ley empezará a regir en abril 1 de 19.07.
“Aprobada en 14 de marzo de 1907.”

Como se ve, la sección 3a. de dicha ley dispone que comen-zará a regir en tiempo futuro o sea diez y seis días después de su aprobación, y la sección Ia. al emplear el tiempo futuro “cuando una persona acusada de un delito cualquiera saliere sentenciada, a un término de prisión, ’ ’ indica claramente que la ley se refiere al futuro y no al pasado en cuanto a su efecto y cumplimiento, no habiendo en el texto de dicha ley palabra alguna que indique por parte de la Legislatura intención de darle un efecto retroactivo o de aplicarla a casos ya decididos o a presos ya privados de libertad en virtud de una sentencia anterior; y nosotros no podemos dar efecto retroactivo a la ley en cuestión haciendo extensivos sus beneficios al peticio-nario, pues el artículo 3°. de nuestro Código Civil, reprodu-ciendo igual precepto del Código Civil Español, ordena que las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren ex-presamente lo contrario, principio que encontramos aceptado por la Jurisprudencia Americana en el caso de Reynolds v. McArthur, 27 U. S., 434 (2 Pet.,) en el cual el Juez Presidente Marshal, dice: “Es un principio que siempre ha sido conside-rado como sagrado en los Estados Unidos, el que las leyes por las cuales han de regularse los actos humanos, se dirigen al futuro y no al pasado, y nunca deben interpretarse retrospec-tivamente, a menos que el texto de la ley haga indispensable tal interpretación. ’ ’

Estamos del todo conformes con los fundamentos consig-nados en la opinión base de la resolución recurrida, 3^ en su virtud diremos que después de un detenido examen de toda la ley de 14 de marzo de 1907 que el preso invocaba para su excarcelación, nos vemos obligados a llegar a la conclusión de qne no fné la intención de la Legislatura comprender en dicha ley y conceder los beneficios de la misma a nn preso a quien nunca se le había admitido fianza y qne no había estado bajo custodia por falta de fianza, mientras estuvo aguardando la vista de su causa.

En cuanto a la orden judicial de 10 de febrero de 1899, basada en'que nuestras cárceles no tenían en absoluto condi-ciones higiénicas y se hallaban atestadas de hombres, en su mayor parte presos provisionalmente, fué dictada con el fin de simplificar la instrucción de los sumarios y economizar sobre todo la prisión preventiva, a cuyos fines contiene varias reglas modificando algunos preceptos de la ley que entonces regía. La-regla 5a., que es la atinente al presente caso, dice textualmente:

“En el fallo definitivo de la causa se abonará siempre, sin excep-ción alguna, al reo, la totalidad de la prisión preventiva que haya sufrido.”

Esa sección es la invocada por el abogado del peticionario ante esta Corte Suprema en apoyo del recurso interpuesto, sosteniendo que debe dársele aplicación en atención a que no ha sido derogada ni por el Código Penal ni por el de Enjuicia-miento Criminal, actualmente vigentes.

Veamos los antecedentes histórico-legales de la regla o sección que dejamos transcrita.

Al disponerse por Real Decreto de 23 de mayo de 1879 que rigiera en las Islas de Cuba y Puerto Rico el Código Penal reformado de 1870, con las modificaciones que se estima-ran oportunas, se dispuso también que se observara la Ley provisional de Enjuiciamiento Criminal para la aplicación de dicho Código con las alteraciones propuestas; y esa ley provisional contiene varias reglas dictadas, según .se expresa, pa¡¡ra la aplicación del Código Penal en las Islas de Cuba y Puerto Rico, las que se observarían hasta que se publicara el Código de procedimientos y la ley orgánica de tribunales.

Una de las regias de dicha ley provisional, qne es la 93, dice así:

“A los reos qne en lo sucesivo fueren sentenciados a penas correc-cionales se les abonará, para el cumplimiento de sus condenas, la mitad del tiempo que hubieren permanecido presos, quedando a su favor cualquiera fracción de días que resulten en la rebaja. Este bene-ficio se hará extensivo a los sentenciados a prisión por vía de sustitu-ción y apremio para el pago de multas.
“No gozarán de esta gracia:
“1. Los reincidentes en la misma especie de delito.
“2. Los que por cualquier otro delito hayan sido condenados a pena igual o superior a la que nuevamente se les imponga.
‘ ‘ 3. Los reos ausentes que, llamados en legal forma, no se hubieren presentado voluntariamente.
•“4. Los' reos de robo, hurto y estafa que exceda de 100 pesetas.
“Los tribunales harán aplicación de las anteriores disposiciones al final de las sentencias que habrán de dictar con sujeción al Código y a esta ley, y los fiscales las tendrán presentes para exponer las que convengan en sus censuras.”

A la ley provisional para la aplicación del Código, Penal de 1870 sustituyó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las Islas de Cuba y Puerto Pico que comenzó a regir en Io. de enero de 1889, a virtud de Peal Decreto de 19 de octubre del año anterior, y los tribunales de ésta Isla siguieron dando cumplimiento a la regla 93 de que se deja hecho mérito.

Esa regla fué la que en términos radicales fué reformada por la Pegla 5a. de la Orden Judicial de 10 de febrero de 1899, y por tanto si la primera fué una de las dictadas para la aplica-ción de las disposiciones del Código Penal y hasta que se publi-cara el Código de Procedimientos, la segunda debe tener el mismo alcance legal.

Opinamos, pues, que la regla 5a. invocada por el peticiona-rio para que se le abone la prisión provisional sufrida, fué dictada para la aplicación del Código Penal que entonces regía, y como ese Código fué derogado por el del año 1902, no puede continuar rigiendo para su aplicación la regla citada.

Además de lo dicho, debemos tener presente que el Código Penal de 1902, que envuelve un sistema de leyes penales ente-ramente nuevo y completo, contiene preceptos como los consig-nados en los artículos 372 y 373 que autorizan la libertad bajo fianza, con la sola excepción del caso en que se impute la comi-sión de un crimen que apareje pena de muerte, lo que no per-mitían ni la antigua Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni la Orden Judicial de 10 de febrero de 1899.

También el nuevo Código de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 448 reconoce derechos al acusado en el caso de que no se haya presentado acusación contra él.en el término de sesenta días desde su detención y de que no sea sometido a juicio en el término de 120 días a contar desde la presentación de la acusación, derechos que no reconocía el Código procesal antiguo.

Todos los preceptos legales citados tienden a economizar los-casos de prisión provisional y .a evitar la prolongación de ésta, llenándose con ellos los fines que perseguía la Orden Judicial de 10 de febrero de 1899, cuya regla 5a., repetimos, fue derogada desde el momento en que empezó a regir el nuevo Código Penal, pues fué dictada únicamente para la aplicación del antiguo Código.

Y debemos hacer constar, como lo hizo el juez, Sr. Mac-Leary, en su opinión, que no hemos hecho ninguna computa-ción en cuanto a la rebaja a que el preso tiene derecho con arreglo a la ley de 14 de marzo de 1907, fijando rebajas en las sentencias de confinados en las instituciones penales de Puerto Rico y estableciendo un sistema de libertad bajo palabra, pues presumimos correcta la computación hecha por el jefe de pre-sidio, especialmente en vista del hecho de que la rebaja no ha sido impugnada por el Fiscal.

Por las razones expuestas, entendemos que procede la

confirmación de la resolución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y del Toro no toma-ron parte en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo v. Pruna.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla.
    No. 366.
    Resuelto en noviembre 3, 1911.
    Derecho Penal — Acometimiento t Agresión con Circunstancias Agravan- ' tes — Prueba Contradictoria. — En los casos en que la prueba presentada sea contradictoria la apreciación que de la misma baga el tribunal sentenciador no será revocada en apelación a menos que se demuestre que el tribunal obró influido por pasión, prejuicio o parcialidad, o con manifiesto error.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Alfredo Blasco .Pagán.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por el' acusado Juan Pruna contra sentencia que en grado de apela-ción y mediante celebración de nuevo juicio pronunció la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Aguadilla en 10 de mayo último, condenando al apelante Juan Pruna, como culpable del delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, a la pena de tres meses de cárcel y las costas.

Ha venido en el récord y está sometido a nuestra conside-ración, el escrito de exposición del caso aprobado por el juez inferior. No aparece que en el juicio se tomara excepción alguna.

El apelante alega como único fundamento de su recurso, que la prueba aportada al juicio por el Fiscal era contradic-toria y lia sido desvirtuada por la defensa, siendo por tanto insuficiente para sostener la- culpabilidad del acusado fuera de toda duda fundada o razonable.

Hemos examinado los elementos probatorios aportados al juicio, y encontramos que ciertamente hay contradicción entre las declaraciones de los testigos de El Pueblo de Puerto Rico y los de la defensa, pero la corte inferior que estaba en me-jores condiciones que nosotros para dirimir ese conflicto, lo resolvió en contra del acusado, y como no se nos ha demos-trado que obrara influida' por pasión, perjuicio o parcialidad, o con manifiesto error, tenemos que aceptar como verdad legal su fallo de convicción, el qué se sostiene por las declaraciones de varios testigos, sin que pueda por tanto afirmarse que sea contrario a las pruebas.

Por las razones expuestas, y no encontrando que se baya cometido error fundamental alguno en contra de los derechos del acusado, procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey: