text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, recurrida, y Antonio R. Matos, et al., peticionarios ante la Comisión Industrial.
    Núm. 37.

    Sometido: Noviembre 15, 1938.

      Resuelto: Enero 13, 1939.

      Eon. Procurador General B. ‘Fernández García, E. -de Aldrey, Pro-curador General Auxiliar y Víctor J. Vidal González y Luis Negrón Fernández, abogados éstos del Fondo del Estado, abogados del recurrente; M. León Parra, abogado de la recurrida; Virgilio Brunet, abogado de los peticionarios ante la Comisión Industrial.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado au-mentó para el año 1937-38 a $5.85 el tipo de $3.98 que rigió durante los años 1935-36 y 1936-37 para la clasificación 0030 (cultivo de caña). Antonio E. Matos y otros patronos que se consideraron perjudicados por el aumento del tipo radi-caron una solicitud de revisión en la Comisión Industrial. Compareció el Administrador del Fondo del Seguro del Es-tado, radicó las alegaciones que estimó procedentes, y, después ■de varios meses durante los cuales la Comisión en sucesivas sesiones oyó los argumentos de los abogados y recibió la prueba testifical y documental que una y otra parte le presen-taron, dictó una resolución, con fecha 26 de mayo de 1938, cuya parte dispositiva dice así:

“Por los motivos antes expuestos, resolvemos que debe rebajarse -el tipo de la clasificación 0030 de $5.85 a $4.49 durante el año 1937-38 por cada $100 de jornales pagados, debiendo tomarse en considera-ción nuestra disposición referente a la distribución del déficit, al fijar los tipos para el año 1938-39; y en consecuencia ordenamos al Sr. Administrador del Fondo del Seguro del Estado que dicho exceso, calculado desde la fecha en que fué radicada la petición en este caso, sea descontado de las primas o contribuciones que hayan de recau-darse en el futuro a los patronos recurrentes, todo de acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 24 de la Ley núm. 45, aprobada el 18 de abril de 1935.”

Solicitó el Administrador la reconsideración de la ame-ritada resolución de 26 de mayo último y le fué denegada el 13 de junio siguiente, por lo que el 28 del mismo mes radicó en este Tribunal una solicitud de revisión que consta de cin-cuenta y seis páginas.

Alega el recurrente que el procedimiento seguido ■ante la Comisión Industrial es nulo ab initio, siendo nula también la resolución recurrida, por los siguientes fundamentos :

“A. Porque en el mismo no se le dió oportunidad de intervenir, y no fué citado ni notificado en forma alguna para que interviniera, y no se le convocó para, ni permitió que actuara, en las vistas públi-cas celebradas, al Hon. Comisionado del Trabajo de Puerto Rico, siendo como es' dicho funcionario miembro ex-officio de la Comisión Industrial en virtud de la ley número 15 de 14 de abril ele 1931 (Leyes de 1931, pág. 169) denominada ‘Ley Orgánica del Departa-mento del Trabajo’, con ios mismos derechos y prerrogativas que los-demás miembros y con mayor interés y responsabilidad que éstos en> el desarrollo y desenvolvimiento del servicio de compensaciones a obreros por virtud de las facultades conferidas y los deberes a él. impuestos por la Ley Orgánica de Puerto Rico.
“B. Porque, independientemente y además de su derecho a inter-venir en el presente caso en virtud de la Ley antes citada, la inter-vención del Comisionado del Trabajo era necesaria e indispensable-en el presente caso, como lo es en todo caso de revisión de primas, para darle validez al procedimiento seguido por la Comisión Industrial, el cual es nulo, toda vez que al no darle intervención a dicho, funcionario, se ha hecho anticonstitucional en su aplicación y fun-cionamiento la ley número 45 del 18 de abril de 1935, bajo la cual ilegalmente ha venido actuando en este caso la Comisión Industrial* por constituir una abierta violación a los artículos 37 (último párr..)¡ y 18 (a) de la Ley Orgánica de Puerto Rico.
“C. Porque la ley número 45 del 18 de abril de 1935, tomada' independientemente, es anticonstitucional en su letra en tanto en-cuanto se refiere a la creación de la Comisión Industrial por haber sido ésta creada en violación a las disposiciones de los artículos 3T (últ. párr.) y 18 (a) de la Ley Orgánica de Puerto Rico; siendo possible, y por lo tanto indispensable, para sostener la validez de la-referida parte de ley, interpretarla conjuntamente con la ley número 15 de 34 de abril de 1931 que hace al Comisionado del Trabajo de-Puerto Rico miembro ex-o-fficio de dicha Comisión Industrial.”

Alega además que independientemente de los tres funda-mentos antes expuestos, la resolución recurrida es también, nula por los motivos que a continuación se expresan:

“1. Porque la Comisión Industrial carece de facultad en ley para-construir y fijar un tipo de prima, dentro del procedimiento de re-visión autorizado por el artículo 24 de la ley número 45 de 18 de abril de 1935.
“2. Porque, en la hipótesis de que tuviera tal facultad, lo cual siempre niega este recurrido, la Comisión Industrial, al revisar la decisión del Administrador fijando un tipo de prima para una clasi-ficación, conforme al procedimiento de revisión autorizado por el artículo 24 de la ley antes citada, queda obligada por los mismos ín-dices estatutarios que dicha ley señala al Administrador para fijar originalmente dicho tipo, y habiendo esta Comisión pasado por alto, desatendido e ignorado dichos índices estatutarios, así como el man-dato de ley de seguir el criterio del Actuario en la confección de un tipo, siguiendo en su lugar su propio criterio independiente, con-trario al criterio y a la práctica actuarial, fijando como consecuencia de su actuación ilegal un tipo de $4.49 a la clasificación 0030, ba ac-tuado caprichosa y anticientíficamente y sin base legal alguna para ello.
“3. Porque, bajo esa misma hipótesis, el tipo de $4.49 fijado por-la Comisión Industrial es erróneo, ilegal y nulo, siendo además ca-prichoso y arbitrario en cuanto el mismo fué fijado contrario a y en exceso de la autoridad que le confiere la ley.
“4. Porque, bajo la misma hipótesis anterior, la Comisión Industrial actuó ilegalmente al fijar a la clasificación 0030 para el año-1937-38 el mismo tipo de prima de 3.98 que rigió durante el año-1935-36 (más $0.51 por recargo de y2 del déficit de dicho año) sin tomar para nada los costos habidos durante dicho año 1935-36, tal como provee la ley, lo cual es además anticientífico toda vez que pone-a funcionar el año 1937-38 a base de un nuevo déficit en dicha clasi-ficación.
“5. Porque, bajo la misma hipótesis anterior, dicha resolución, constituye una invasión a las facultades y poderes que el artículo 23-de la ley confiere al Administrador del Fondo del Estado en cuanto-a la revisión anual por dicho funcionario de los tipos de primas para las distintas clasificaciones, y pretende gobernarle sin autoridad al-guna y a •priori en el uso de su sana discreción, imponiéndole por an-ticipado normas y trazándole pautas en la materia técnica de cons-trucción de tipos, aún para el futuro, en forma arbitraria, caprichosa, y anticientífica y contraria a la ley, y fijando procedimientos técnicos-erróneos sin autoridad alguna en ley, y hasta determinando y fijando-un tipo de prima a la clasificación 0030 para el próximo año 1938-39,. todo en violación abierta de la Ley.
"6. Porque, bajo la misma hipótesis anterior, la Comisión Industrial ha incurrido en grave error en su resolución, ignorando en. absoluto la práctica actuarial, y llegando a conclusiones a través de principios erróneos, y asimismo interpretando en forma incorrecta la-,, situación ante ella planteada, de forma tal que queda demostrada su falta de compenetración y dominio de la cuestión técnica en con-troversia, decretando sin base legal ni científica alguna un nuevo dé-ficit en la clasificación 0030 para el año 1937-38, todo con grave per-juicio para la organización y poniendo en peligro y amenazando sm solvencia y estabilidad, y predeterminando su fracaso en forma ilegal, y caprichosa.
“7. Porque ha mediado grave error, pasión, prejuicio y parciali-dad por parte de la Comisión Industrial al apreciar y darle valor a la evidencia en este caso, toda vez que no existe evidencia legal alguna que justifique la referida resolución, siendo, por el contrario, toda la evidencia en el caso contraria a la resolución dictada.
“8. Porque habiendo mediado una nueva revisión del tipo de la ■clave 0030 por parte del Administrador, cuyo tipo no fué en ningún momento impugnado por los peticionarios, la Comisión cometió error de derecho al no resolver que el tipo actualmente en vigor es el tipo de $5.29 así revisado.
“9. Porque la Comisión Industrial cometió error en el procedi-miento al admitir prueba aliunde e independiente de aquella usada por el Administrador para la revisión de tipos efectuada por dicho funcionario.
“10. Porque asimismo la Comisión Industrial cometió error al admitir evidencia sobre, y basar en parte su resolución en, hechos ocu-rridos con posterioridad a la fecha en que fueron revisados los tipos por el Administrador del Pondo del Estado, todo contrario al proce-dimiento de revisión autorizado por la ley.”

El artículo 11 de la Ley número 45 de 1935 (Leyes de ese año, (1) pág. 251), que confiere jurisdicción a este tribunal para revisar las resoluciones de la Comisión Industrial, expre-samente dispone que la revisión se limitará a cuestiones de ■derecho solamente.

Las tres primeras cuestiones suscitadas por el recurrente, marcadas con las letras A, B y C, que indudablemente son cuestiones de derecho, han sido ya resueltas clara y termi-nantemente, por este tribunal en el caso de Sucesión Rodríguez v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 825, y a lo allí dicho, nada tenemos que agregar.

La marcada con el número 1 es puramente de derecho, pero las marcadas con los números 2 a 10, ambos inclusives, pueden clasificarse de cuestiones mixtas de hecho y de dere-cho. De derecho, en tanto en cuanto impugnan la resolución ■de la Comisión Industrial por no ajustarse a los artículos 23 y 24 de la citada ley, dispositivos el primero de dichos artícu-los del procedimiento a seguir por el Administrador para la ■fijación de la prima, y el segundo, del que deberá seguir la Comisión Industrial para revisar las decisiones del Adminis-trador, fijando y regulando las primas para cada grupo de oficios o industrias. Son de hecho en tanto en cuanto impug-nan las conclusiones a que llegó la Comisión en la aprecia-ción de la evidencia después de haber seguido el procedi-miento prescrito por la ley. Careciendo como carecemos de jurisdicción para revisar las cuestiones de hecho y resueltas ya las tres primeras cuestiones, A, B y C, por el caso de Sucesión Rodríguez v. Comisión Industrial, supra, luego de resolver la cuestión marcada con el número 1 que se refiere a la facultad de la Comisión para rebajar los tipos, procede-remos a determinar si se siguió el procedimiento que fija la ley al revisar la decisión del Administrador. [3,4] En este caso la Comisión ha reducido o rebajado la prima o tipo que el Administrador fijó para la clasificación 0030 (industria de caña) y su facultad para hacerlo surge claramente del artículo 24 de la citada ley, que en lo pertinente dice así:

“Art. 24. — Las decisiones del Administrador Jijando y regulando las primas para cada grupo de oficios o industrias y la clasificación de primas para regir cada grupo o industria en particular, o cual-quier orden aumentando las primas a determinado patrono según se dispone en el artículo anterior, podrá ser revisado por la Comisión Industrial de Puerto Rico de la manera siguiente:
“1. El patrono perjudicado podrá radicar en la Comisión Industrial de Puerto Rico, en cualquier momento durante el año en el cual se hacen efectivas las decisiones del Administrador, una petición de revisión por dicha Comisión de las decisiones hechas por el Admi-nistrador con relación a los tipos o primas para uno o más oficios o industrias, dando los motivos por qué dichos tipos o primas debían enmendarse; y se requerirá que el Administrador comparezca y con-teste dicha petición dentro del término de diez (10) días. La Co-misión le dará preferencia al caso sobre los demás casos del calendario, y procederá a dictar su decisión final de acuerdo con las reglas que dicha Comisión haya promulgado.
“2 .
“3. En caso que la Comisión resuelva en el sentido de rebajar la prima que el Administrador haya fijado para cualquier clase de ofi-cio o industria, no se ordenará en ningún caso ni al Administrador del Fondo del Estado, ni al Tesorero de Puerto Rico que devuelvan el exceso que se haya pagado en primas o contribuciones sino que dicho exceso, calculado desde la fecha en que se radique la petición, se descontará de las primas o contribuciones que hayan de recaudarse en el futuro a los patronos que hayan radicado las peticiones.
“4. En el caso que se modifique una clasificación por orden o de-creto de la Comisión, según se dispone en la presente, el Administra-dor calculará nuevos tipos, primas o contribuciones en la forma que determine la Comisión para aquellos patronos que tengan obreros o empleados comprendidos en la clasificación o clasificaciones objetadas; Disponiéndose, que dichos tipos, primas o contribuciones se- calcularán desde Ja. fecha en que se radicó la petición de revisión en la Comisión y sólo regirán hasta que termine el año económico a que pertenecía dicha clasificación o clasificaciones.
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La Comisión Industrial, al conocer del recurso de revi-sión, no está como el Tribunal Supremo limitada a cuestiones de derecho solamente. El artículo 24, en su inciso 3, prescribe, “en caso que la Comisión resuelva en el sentido de rebajar la prima que el Administrador haya fijado . . y en la edición inglesa dice, “in case the decision of the Commission is in the sense of reducing the rate or premium that the Manager has fixed. ...” Y en el inciso 4 del mismo artículo repite, “en el caso que se modifique una clasifica-ron por orden o decreto de la Comisión . . .”, y en la edi-ción inglesa dice, “in case any classification is modified by am order or decree of the Commission

Es evidente la intención del legislador de que la Comi-sión no se limite en su resolución a resolver si bubo o no error al-calcular el tipo o prima de una clasificación, debiendo por el contrario rebajar (reduce) o modificar (modify) de ana vez el tipo que hubiere fijado el Administrador al que de acuerdo con el criterio de la Comisión deba reducirse, no por mero capricho de ésta, sino después de oír y pesar las pruebas y tener en cuenta todas las circunstancias que re-quiere la ley. ¿A qué fin práctico conduce que la Comisión se limite a ordenar la reducción del tipo sin decir la can-tidad exacta a que deba reducirse? ¿Cómo puede el Admi-nistrador adivinar enál fue el tipo que tuvo en mente la Comi-sión ?

Se alega por el recurrente que la Comisión, al reducir el tipo de $5.85 a $4.49 lia actuado caprichosa y arbitrariamente, ignorando en absoluto la práctica actuarial, demostrando su falta de compenetración y dominio de la cuestión .técnica en controversia, decretando sin base legal ni científica alguna un nuevo déficit en la clasificación 0030, y que ha existido grave error, pasión, prejuicio y parcialidad por parte de la Comisión Industrial en la apreciación de la prueba.

Nada más injusto. Hemos leído cuidadosamente el récord taquigráfico, que consta de 830 páginas, y si algo revela el mismo es una paciencia a toda prueba y un constante deseo de hacer completa justicia. La Comisión no actuó caprichosa ni arbitrariamente. Oyó toda la prueba que le quisieron pre-sentar las partes, recibió en evidencia prueba documental de "una y otra, y declararon ante ella el propio Administrador del Fondo del Seguro del Estado, el actuario del Fondo del Seguro del Estado, que recomendó el tipo de $5.85, el Sr. Santos Ramírez, que fué el actuario que preparó los tipos ■que rigieron durante el imperio de la ley anterior, y declaró también el Sr. G-onzález Quiñones, Secretario de la Asocia-ción de Agricultores.

De la declaración del propio Sr. Montaner resulta que •después de radicarse el recurso de revisión ante la Comisión Industrial, el Administrador, en transacción con otros patro-nos comprendidos en la clasificación 0030, redujo a $5.29 el tipo que por consejo de su actuario había fijado en $5.85, haciendo extensiva la reducción a todos los patronos de esa clasificación, incluyendo a los peticionarios. (Récord, pág. ■567 et seq.)

Sostiene la representación del Administrador que por el hecho de haber sido reducido el tipo de $5.85 que motivó el recurso de revisión en la Comisión Industrial, debió deses-timarse por ésta el recurso interpuesto por Matos et al, puesto que ellos se quejaban de un tipo que ya no existía y que por consiguiente lo que procedía era presentar una nueva petición de revisión si era que no aceptaban el nuevo tipo de $5.29. La Comisión, actuando correctamente, denegó la petición de la representación del Fondo del Estado y con-tinuó el caso como si tal reducción no hubiera sido becba.

Resulta además de la. declaración del Administrador que durante el año económico 1936-37 hubo una economía de-$80,000 en gastos de hospitalización, economía que según el. Administrador se redujo a $51,000 o $52,000 porque hubo-aumento de gastos de médico. (Récord, pág. 538.)

También aparece la siguiente situación anormal con res-pecto a gastos de hospitalización. Veamos la declaración del Administrador:

“P. ¿Ha intervenido Ud. además con la permanencia de esos, obreros en el hospital?
R. Bueno, yo no podría intervenir en eso, porque ésa es una cues-tión médica.
P. ¿El médico que lo acompaña a Ud. en esas visitas ha inter-venido ?
R. Sí, señor, el médico sí.
P. ¿Con qué resultados?
R. Pues no solamente en las visitas que ha hecho el Administra-dor del Fondo del Estado acompañado del inspector médico o de-cualquiera otro médico del Fondo del Seguro del Estado, sino queen las visitas que periódicamente hacen los inspectores médicos, solos o acompañados de otros oficiales del Fondo del Estado, dan de alta a. los obreros, porque ellos estiman que no deben estar hospitalizados.
P. ¿Recuerda Ud. qué número de obreros fué dado de alta en esas visitas durante el año económico 1935-36?
R. Yo no recuerdo exactamente, pero sé que en casi todas las vi-sitas que hacen los inspectores médicos dan de alta a obreros en los. hospitales.
P. Y con posterioridad al año 1935-36, o sea, durante el año-1936-37, ¿no tomó Ud. en consideración esa situación al hacer los contratos ?
R. ¿En qué sentido?
P. ¿Tomó Ud. en consideración o no el hecho de que ciertas clí-nicas u hospitales mantenían hospitalizados a obreros que debían ser-dados de alta?
R. Bueno, nosotros no juzgábamos o no liemos juzgado que inten-cionalmente se hizo sostener a esa gente hospitalizada, sino que es una cuestión más bien de criterio médico; un médico puede sostener que un obrero necesita hospitalización mientras que otro puede decir que no, y la mayor parte de las veces que eso ocurrió, ocurría con obreros lesionados en los pies, que nuestro inspector médico opina que el obrero puede hacer el viaje del barrio donde reside al hospital y el médico del hospital opina que el dar de alta a ese individuo resul-taría como consecuencia una infección, y se entabla, como es natural, una discusión entre el médico inspector y el médico de asistencia.
P. i De manera que no se ha establecido ninguna sanción para esas clínicas ?
R. No, no se ha establecido ninguna, sino que sencillamente hemos intensificado en todo lo que hemos podido dentro de las circunstancias y teniendo en cuenta la distancia que hay que recorrer, hemos inten-sificado el servicio de inspección”. (Récord, pág. 398-400.)

La posible economía en los gastos de hospitalización fué desde luego tomada en consideración por la Comisión al redu-cir la prima como la redujo a $4.49.

El artículo 23 de la Ley ordena al Administrador fijar' para cada clasificación de oficio o industria las primas más bajas posibles, incluyendo primas mínimas que sean consis-tentes con la pretensión de establecer un Fondo de Seguro-del Estado solvente. Sin embargo, el actuario del Pondo,. Sr. Bangert, explicando los motivos que lo indujeron a reco-mendar el aumento de tipo, declaró:

“Independientemente de la exposición de nóminas, fué necesario-para mí tener una cosa en mente y ésta fué recomendar al Fondo de Seguro del Estado conseguir más dinero, de manera que el Fondo-no trabajara con pérdidas; en esa forma el Manager podía estar a la altura de la responsabilidad manteniendo un fondo solvente del Estado.” (Récord, pág. 705.)

De manera, pues, que echando a un lado las nóminas, factor que representa el ingreso con que puede contar el Fondo, se tuvo en mente conseguir más dinero, de manera que el Fondo trabajara sin pérdidas. Claro es que en esas condi-ciones pudo recomendarse un tipo de $7 ó $9 por cada $100 de jornales y en ese caso habría más dinero en el Fondo, prác-tica que, como liemos visto, no armoniza con ,el precepto expreso del artículo 23 que exige al Administrador fijar para cada clase de oficio o industria las primas más bajas posi-bles, incluyendo primas mínimas que sean consistentes con la pretensión de establecer un Fondo de Seguro del Estado.

La manifestación del Actuario del Fondo de Seguro del Estado, que recomendó el tipo de $5.85, independientemente de la exposición de nóminas y la actuación del Administrador al rebajar espontáneamente el tipo de $5.85 a $5.29 para evi-tar los recursos de revisión de los patronos ante la Comi-•■sión Industrial, claramente indica que el tipo de $5.85 era mayor del necesario para mantener solvente el Fondo: en lo que al Actuario respecta, porque su manifestación demues-tra una absoluta despreocupación de los intereses de los patro--nos y menosprecio del mandato expreso del artículo 23 de la Ley, que sólo autoriza la prima más baja posible consis-tente con la solvencia del Fondo; en cuanto al Administra-dor concierne, porque si el tipo de $5.85 se fijó en efecto, como es de presumirse, a base de cálculo, y habida conside-ración de las disposiciones del artículo 23, supra, no se explica que tan fácilmente pudiese rebajarlo de $5.85 a $5.29, sin poner en peligro la solvencia del Fondo, pues como es natural presumimos que el Administrador no fijará a sabiendas un tipo insuficiente.

Conforme aparece del récord, la Comisión, al reducir el) tipo a $4.49, tomó en consideración todas las circunstancias que tuvo ante sí el Administrador, pero desde luego, también tuvo en cuenta las posibles economías y consideró además que el propósito manifiesto de la Ley no es obtener de los patro-nos la mayor cantidad posible de dinero, sino ajustarse a la norma establecida en el artículo 23 de la ley. Calculando además el déficit que debía cubrirse, estimó que el tipo de $4.49 era razonable, y al así reducirlo, no lo hizo arbitraria ni caprichosamente, sino después de oír y apreciar no sola-mente la prrteba que ofreció el Fondo del Estado, si que también la ofrecida por los patronos, entre las cuales se baila la declaración del Actuario Sr. Ramírez.

Un solo error tiene a nuestro juicio la resolución de la Comisión Industrial y es al ordenar que para el año 1938-39 se tome en cuenta su distribución del déficit. Este pronun-ciamiento es erróneo, porque la Comisión no puede anticipar normas a seguir por el Administrador en años futuros. In-cumbe al Administrador fijar los tipos para cada año (art. .23) y a la Comisión reducirlos o modificarlos si no fuesen los más .bajos posibles consistentes con la pretensión de crear un fondo de seguro del Estado solvente (art. 24).

Por lo expuesto, procede modificar la resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico, eliminando de la misma el pronunciamiento que ordena al Administrador que para el año económico 1938-39, que no ha sido objeto de revisión, se tome en cuenta la distribución del déficit, y asi modificada se confirma.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sk. Wole

license: Public Domain

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, compuesta por los señores Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados, recurrida; y Ramón Luis García Robles, lesionado.
    Núm. 33.

    Sometido: Noviembre 7, 1938.

      Resuelto: Enero 17, 1939.

      Pon. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey Procurador General Atixiliar y Luis Neprnn Fernández y Gui

      llermo Atiles Moréu abogados los dos últimos del Fondo del Se-guro del Estado, abogados del recurrente; Virgilio Brunet, abo-gado del lesionado.
   El Juez Asociado Sk. Wole

emitió la opinión del tribunal

El artículo 8 de la Ley núm. 75 de 1921 (Leyes de ese año, pág. 679) para reglamentar el empleo de menores, re-' quiere del patrono que emplee menores entre las edades de catorce y diez y seis años que “procure y conserve en sus archivos ’ ’ un permiso especial obtenido del Departamento del Trabajo autorizando a tales menores a que trabajen durante el curso escolar. Estamos ante el caso de un accidente ocu-rrido a un niño de catorce años, empleado en violación del precepto anterior. ¿Protege a tal menor la ley de compen-saciones por accidentes del trabajo? El Administrador del Fondo del Estado negó originalmente la indemnización fun - dado en que la ley no cubría a obreros ilegalmente emplea-dos. La Comisión Industrial revocó al administrador y con-cedió la indemnización solicitada.

En julio 13, 1938, revocamos la decisión de la Comisión Industrial (53 D.P.R. 518), pero más tarde dejamos sin efecto nuestra sentencia y concedimos una nueva vista, que fué cele-brada el 7 de noviembre de 1938. La situación envuelta en el presente recurso ofrece fuertes motivos para decidir i a controversia en una u otra forma. Luego de dos amplias dis-cusiones de la cuestión, nos inclinamos en favor de la posición asumida por la Comisión Industrial.

La ley de compensaciones por accidentes del trabajo, de 1935 (núm. 45 de ese año, pág. 251) dispone que por “obrero” o “empleado” se entenderá toda persona al servicio de cual-quier individuo, sociedad, etc. También provee que “las palabras 'obrero’ o 'empleado’ incluyen a todo trabajador que se emplee en cualquier establecimiento u ocupación fabril, comercial o agrícola por una persona natural o jurídica por alguna compensación, y por el Gobierno Insular o cualquiera de sus dependencias, de acuerdo con los fines de esta Ley.”

De conformidad con el contexto que antecede, un niño de catorce años, aunque esté empleado sin el permiso, es un “obrero” o “empleado” según la ley. La prohibición con-tenida en el artículo 8 de la ley para reglamentar el empleo de menores, supra, lee así:

“Ningún niño de catorce y menor de diez y seis años será em-pleado, ni se le permitirá ni tolerará que trabaje en ninguna ocupa-ción lucrativa ni en relación con ella, excepción hedía del trabajo doméstico ... a menos que síi patrono procure y conserve en sus archivos, y accesible para cualquier funcionario, inspector u otra persona autorizada para obligar o ayudar a obligar al cumplimiento de esta ley, un permiso para trabajar durante el curso escolar expedido de acuerdo con lo que más adelante se dispone en esta ley. . . .” (Itálicas nuestras).

De la disposición que antecede puede verse que el requi-sito ña de cumplirse por el patrono. Al menor no. se le impone deber alguno. La inferencia que puede hacerse de la fraseología del artículo es, además, que a quien incumbe el no permitir o autorizar que el menor trabaje para él bajo tale.s circunstancias es al patrono. Tanto el castigo (véase artículo 19) como la limitación van dirigidos al pa-trono. El contrato de trabajo puede ser exigido por el menor en lo que al sueldo devengado se refiere.

De la publicación presentádanos en reconsideración (Publi-cación núm. 214 del Departamento del Trabajo de los Esta-dos Unidos, intitulada “The Illegally Employed Minor and the Workmen’s Compensation Law”) se desprende que hay quince Estados de la Unión que, al igual que nuestra juris-dicción, no tienen disposición específica sobre menores en su ley de compensaciones por accidentes del trabajo. Nueve de estos Estados, o sea Connecticut, Massachusetts, Ohio, Idaho, Kansas, Maine, New Hampshire, New Mexico y Wyoming han decidido incluir al menor ilegalmente empleado. El Distrito de Columbia ha hecho lo mismo. Seis Estados han excluido a tales menores del palio de la ley de indemnizaciones a obre-ros. Estos son Delaware, Iowa, Oklahoma, South Dakota, Tennessee y Vermont. También es cierto que sólo en ocho Estados ba sido llevada ante los tribunales la cuestión que ahora está ante nos, y que los otros han actuado administra-tivamente.

Si ponemos en una balanza el gravamen impuesto al menor lesionado que es así empleado, al tener que acudir a los tribunales, y en otra la carga impuesta al fondo de seguro, al ser el menor protegido, hallamos que el primer gravamen es el mayor de los dos. Aun podría procesarse al patrono bajo la ley para reglamentar el empleo de menores, y el número de accidentes de esta naturaleza es tan exiguo que su efecto sobre el Fondo del Seguro del Estado o sobre el riesgo y la responsabilidad relativos de otros patronos que estén en igual categoría puede ser pasado por alto.

Si los menores de edad que pueden ser empleados mediante permiso reciben lesiones, ellos deben estar protegidos por los términos de la ley de compensaciones por accidentes del tra-bajo, puesto que son tan “obreros” bajo la ley como uno mayor de edad. El estatuto no hace distinción alguna. Las consecuencias de la omisión del patrono no deben ser sufri-das por el menor. Hasta que la Asamblea Legislativa exprese su intención de excluir del campo de la ley de indemnizacio-nes a obreros a los menores empleados ilegalmente, a éstos no debe negársele tal protección.

Por las razones antes expuestas, la decisión de la Comisión Industrial debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    South Porto Rico Sugar Co. demandante y apelada v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7588.

    Sometido: Mayo 20, 1938.

      Resuelto: Enero 17, 1939.

      JIon. Procurador General B. Fernández García y E. Campos del Toro, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; R. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

El pleito original en este oaso fue radicado bace más de ocho años, pero por alguna razón que desconocemos no fue visto basta el mes de enero, .1936. La South Porto Rico Sugar Company instó demanda para recobrar la suma de $12,662.45 que babía pagado bajo protesta como resultado de ciertas contribuciones sobre la propiedad impuéstasle para el año 1928-29. La cuestión fundamental presentada a la corte inferior giraba en torno a la valoración correcta de la propiedad sobre la cual se había pagado la contribu-ción bajo protesta. La demandante alegó que los siguien-tes bienes habían sido valorados en exceso por el Tesorero:

(c) 217 vagones de caña de 18 toneladas de capacidad valorados por el tesorero en $93,740; 185 vagones de caña de 15 toneladas de capacidad valorados por el tesorero en $74,920, y 90 vagones de caña de 6 toneladas de capacidad valorados en $24,300. La compañía azucarera calculaba el valor de estos vagones en $72,996; $48,485; y $5,000, res-pectivamente.

(b) Una finca de 300 cuerdas conocida por “Ensenada” que el tesorero tasó en $61,400, mientras que la demandante la valoró en $5,000.

(c) Un muelle para el embarque de azúcar tasado en $9,000, mientras qne sn valor razonable era tan sólo $4,575,

(d) Varios edificios y parte de la fábrica de azúcar qne el tesorero tasó separadamente y que la demandante alegó formaban parte integrante de sn central y a los qne en sn consecnencia no debían imponérsele contribuciones separa-damente. Las estructuras en cuestión y sus tasaciones res-pectivas fueron las siguientes:

Bomba de agua salada- $10, 000. 00
Planta de Meló- 5, 000. 00
Laboratorio_ 10, 000. 00
Oficina_ 3, 800. 00
Sistema de agua dulce- 42, 400. 00
Almacenes de azúcar- 110, 000. 00
Varios almacenes- 69, 400. 00
Tanques de aceite_ 41, 000. 00
Total_$291, 600. 00

Además, la South Porto Rico Sugar Company alegó que el valor razonable de los edificios anteriores era $10,000; $2,000; $6,075; $500; $20,000; $67,557; $7,529; y $4,785, res-pectivamente.

(e)Dos casas en Guánica que fueron tasadas por el teso-rero en $3,400, que la demandante alegó nunca habían exis-tido, y

(/) La estación de radio y sus torres tasadas en $8,000, que valían razonablemente tan sólo $2,000.

La Junta de Revisión e Igualamiento confirmó las tasa-ciones anteriores hechas por el tesorero, y luego de pagar bajo protesta la demandante instruyó el presente litigio ante la Corte de Distrito de San Juan.

Durante el juicio la demandante ofreció como prueba los expedientes de los casos civiles números 1044 y 3284 de la Corte de Distrito de San Juan para demostrar cuál había sido el verdadero valor de estas -mismas propiedades en 1926. Dichos pleitos habían sido entre las mismas partes en cobro de contribuciones pagadas bajo protesta sobre los mismos bienes para los años 1925 y 1926. En ambos liti-gios Rafael Carrión Pacheco había sido designado tasador de los bienes a virtud de ana estipulación de las partes, y sn tasación fné aceptada por la corte. El caso número 1044 fné apelado para ante este tribunal y confirmado en cnanto a todas aquellas cuestiones que podían afectar el presente recurso. Véase 45 D.P.R. 932.

Sobre esta base la South Porto Rico Sugar Company llamó como testigo al Sr. Carrión, y teniendo a la mano su tasación original hecha en 1929, le pidió que hiciera un estimado del valor de los mismos bienes para el año 1927-28. Descansando casi exclusivamente en la declaración de este testigo la corte resolvió que el material rodante de la compañía valía en 1928 tan sólo $140,350 en vez de $265,930; que el valor razonable de la finca Ensenada era $13,552 en vez de $61,400; que el muelle para el embarque de azúcar valía tan sólo $6,282 en lugar de $9,000; que la estación de radio y las torres tan sólo valían $3,000 en vez de $8,000; y que de los edificios a que se hace referencia en el párrafo (d) supra, debían excluirse los siguientes, por formar parte de la central azucarera principal, sobre la cual se ha im-puesto contribución separadamente: la bomba de agua sa-lada, el laboratorio, el sistema de agua dulce, y los tanques de aceite; y que el edificio de oficina debía valorarse en $3,000 en vez de $3,800; los almacenes de azúcar en $100,000 en vez de $110,000 y los otros almacenes en $58,525 en vez de $69,400. Las dos casas mencionadas bajo el párrafo (e) supra fueron aparentemente eliminadas del caso.

Como resultado de estas conclusiones la corte inferior ordenó al tesorero que hiciera una nueva tasación.

El tesorero ha señalado cuatro errores. Los señalamien-tos primero, segundo y cuarto atacan la admisibilidad de la declaración del Sr. Carrión, la certeza del método empleado por él para llegar a sus conclusiones finales y el peso dado a la prueba en su totalidad.

La- apelante descansa en la presunción de cierta que de ordinario tiene toda tasación hecha por el tesorero. Manifestaciones generales de obras que tratan de la materia son citadas sin demostrarse sn aplicación directa al caso que está bajo nuestra consideración. Se ataca el método utilizado por el tasador sin dar razones qne convenzan de que la tasación es errónea o que debe ser descartada. Debe tenerse presente que el Sr. Carrión había tasado en 1929 todas las propiedades que ahora están en controversia. Es cierto que él había hecho tal cosa con el objeto de preparar un estimado de su valor en 1926, mas convenimos con la corte inferior en que él estaba en mejor posición, debido a la tasación que había hecho en 1929, para hacer un estimado del valor razonable en el mercado de dichos bienes en 1928.

La tasación de Carrión para 1926 fué aceptada por la corte de distrito, y como no se apeló de la cuantía de tal tasación, ella podía servir razonablemente como guía para futuros años. Con la posible excepción de los terrenos en-vueltos, todos los edificios, vagones y propiedades natural-mente podía esperarse que depreciaran en valor con el transcurso de los años y con el desgaste producido por el tiempo y por el uso. Habiendo establecido la identidad de las propiedades y ofrecido la declaración pericial de un tasador que ya había intervenido en una controversia similar, creemos que la South Porto Rico Sugar Company había hecho lo suficiente para destruir la presunción invo-cada por el tesorero. Éste no era un caso enteramente nuevo, existían ciertos precedentes, aunque no eran res adjudícala, en relación con el valor de la propiedad. En verdad el caso presentado por la contribuyente era suficiente para justificar a la corte sentenciadora a llegar a su con-clusión. La presunción existente en favor de la certeza de una tasación administrativa no es irrefutable. En el caso reciente de Viera v. Sancho Bonet, 53 D.P.R. 327, este Tribunal, luego de hacer la reseña legislativa de nuestra ley actual para recobrar contribuciones pagadas bajo protesta, dijo:

“Estamos conformes con el apelante en que no es necesario ale-gar y probar fraude o extralimitaeión de autoridad para obtener la devolución de la contribución pagada bajo protesta, pero, de acuerdo con todos los precedentes, resolvemos que para destruir la presun-ción de justas que tienen las actuaciones del tesorero y de la. junta se necesita una prueba clara que convenza a la corte sentenciadora de que la tasación becha por el tesorero y confirmada por la junta es de tal manera excesiva que la contribución impuesta de acuerdo con la misma resulta injusta en verdad, opresiva.”

La prueba ofrecida estableció un caso fuerte en favor de la posición de la contribuyente. No podemos decir que la corte sentenciadora no estuviera justificada en llegar a la conclusión a que llegó. El tesorero descansó exclusiva-mente en la presunción que existe a su favor y dejó de ofre-cer prueba de clase alguna. Bajo estas circunstancias, la corte inferior, al quedar convencida por la prueba ofrecida por la demandante, tuvo fundados motivos para reducir la tasación.

El siguiente señalamiento ataca la resolución de la corte al resolver que la bomba de agua salada, el laboratorio, el sistema de agua dulce y los tanques de aceite debían considerarse como parte de la central para fines contributivos.

En el caso de South Porto Rico Sugar Company v. Domenech, 45 D.P.R. 932, 934, se planteó esta misma cuestión ante la corte inferior, y dicba corte aprobó la exclusión del labo-ratorio, la bomba y los tanques de aceite de la tasación fun-dada en que éstos formaban parte integrante de la central. La corte de distrito igualmente ha incluido ahora el sistema de agua dulce como parte de la fábrica de azúcar. En el caso anterior la controversia aquí envuelta no estuvo ante este tribunal en apelación y en su consecuencia la decisión no sostiene realmente ni a una ni a otra parte. Somos del criterio que el juez de distrito estuvo en lo cierto al consi-derar las partidas anteriores como parte necesaria e inte-grante de la central y que por ende deben ser excluidas de la presente tasación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jneces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no in-tervinieron.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Antonio R. Matos, et als., peticionarios, v. Ramón Montaner, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrido.
    Núm. 36.

    Sometido: Noviembre 7, 1938.

      Resuelto: Enero 18, 1939.

      Virgilio Brunet, abogado de los peticionarios; Son. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar, y G. Atiles Moréu y Luis Negrón Fernández, abogados los dos últimos del Fondo del Estado, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión, del tribunal.

Este caso es un incidente del recurso de revisión número 37, resuelto el 13 del actual (ante, pág. 55). A los efectos de esta opinión, debemos recordar que al rebajar a $4.49 el tipo de la clasificación 0030, la Comisión Industrial de P. R. in-cluyó $0.51 para enjugar la parte proporcional que en el dé-ficit del Fondo del Seguro del Estado correspondía a dicha clasificación.

Solicitaron los patronos recurrentes que la Comisión Industrial reconsiderase la resolución que dictó en el citado caso número 37 sólo en cuanto a aquella parte de la misma que agregaba los $0.51 al tipo de $3.98 defendido por ellos. Al denegar la moción de reconsideración la Comisión Industrial se expresó así:

“La Comisión Industrial entendió que de acuerdo con la Ley y con la equidad, las claves perdidosas entre las que se encuentra la 0030 deben pagar la pérdida que hicieron experimentar al Fondo del Seguro del Estado, no importando que parte de esta pérdida estu-viera representada por beneficios que habían reportado al Fondo del Estado las claves no perdidosas. La .Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo dice en su Artículo 23 que debe presidir en la fijación de primas, la pretensión de establecer un Fondo del Se-guro del Estado, en estado solvente, con un sobrante razonable. Y esto no se lograría si las claves perdidosas se limitaran a enjugar única y exclusivamente el déficit que realmente causaron al Fondo del Seguro del Estado.”

No satisfechos los recurrentes, interpusieron este recurso do revisión, y para sostener que la resolución, en la parte im-pugnada, es errónea, alegan:

“1. Que de acuerdo con el Artículo 23 de la Ley Núm. 45 de 1935 (Leyes de 1935, (1) pág. 251) y de acuerdo con los precedentes es-tablecidos en Puerto Rico y en los Estados Unidos el déficit incu-rrido por el Fondo del Estado durante el año 1935-36 no debe ser cargado a los peticionarios en este caso ni en todo ni en parte y al disponer la Comisión Industrial de Puerto Rico que los peticio-narios en esíe caso, dedicados al cultivo de la caña, clave 0030, pa-guen el tipo básico de $3.98, más un recargo adicional de 51^ para atender al déficit incurrido por el Fondo del Estado durante el año 1935-36, la Comisión Industrial ba violado el Artículo 23 de la Ley Núm. 45 de 1935 antes referida, según el cual los déficits del Fondo del Estado serán enjugados o cubiertos con las sumas acumuladas en el Fondo de Reserva creado por ley mediante la imposición de una constante de ún 5% de las primas pagadas por los patronos.
“2. Que la imposición de un recargo de 51‡ antes indicada cons-tituye una doble imposición a los patronos para un mismo fin toda vez que el tipo básico de $3.98 incluye la constante de un 5% del Fondo de Reserva el cual debe ser dedicado según lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley citada para cubrir los déficits en el Fondo del Estado durante cualquier año fiscal.
“3. Que la imposición de un recargo adicional de 51^ a la clave 0030 priva a los peticionarios de su propiedad sin un debido proceso de ley.
“4. Que habiéndose probado ante la Comisión Industrial que el déficit del Fondo del Estado incurrido durante el año 1935-36 se debió esencialmente a la mala administración del Fondo, los patronos peticionarios en este caso no son responsables de esa mala adminis-tración y por lo tanto no deben pagar ni en todo ni en parte el déficit ocurrido en tales circunstancias.”

El artículo 23 de la Ley número 45 de 1935 (Leyes de ese año pág. 251, 301) expresamente autoriza al Administrador del Fondo del Seguro del Estado a fijar para cada año el tipo o prima que deberán pagar los patronos comprendidos en cada clasificación, y prescribe además que el Administrador cuidará de que las primas o tipos fijados sean consistentes con el propósito de establecer un Fondo del Seguro del Estado solvente. Con el fin de asegurar la solvencia del Fondo, sigue disponiendo dicho artículo que se creará lo que llama Fondo de Reserva, del cual podrá disponerse para cubrir cualquier déficit que pudiera ocurrir en el Fondo del Seguro del Estado en cualquier año económico, así como para hacer frente a cualquier catástrofe que pudiera ocurrir. El propósito del legislador manifestado en la ley es al efecto de que sean los propios patronos asegurados y no el Pueblo de Puerto Rico quien mantenga solvente el Fondo a través de todas las circunstancias. Si esto es así, si la Ley de ma-nera expresa autoriza al Administrador para aplicar el Fondo de Reserva a cualquier déficit que pudiera ocurrir, ya por error de cálculo al fijar el tipo, ya por un suceso extraordi-nario que no se pudo prever, es indudable que la insuficien-cia del fondo de reserva para enjugar un déficit puede ser subsanada acudiendo en forma justa a todos los patronos comprendidos en las distintas clasificaciones que causaron dicho déficit.

Claro es que el déficit ordinariamente no hubiera existido si el tipo originalmente calculado hubiese sido suficiente para hacer frente a los desembolsos. Y si el patrono es el único beneficiado al fijarse primas mínimas, justo es que también sea-el patrono el que haga frente al déficit cuando por temor a perjudicarle innecesariamente el tipo no se calculó tan alto como en realidad de verdad lo demandaban las circunstancias.

Si como creemos haber demostrado el Administrador tiene facultades para cargar el déficit a los patronos, igual facultad tiene necesariamente la Comisión Industrial para to-mar las medidas necesarias para cubrirlo, al actuar como tribunal de revisión rebajando o modificando los tipos o primas originalmente fijados por el Administrador.

La Comisión Industrial, con jurisdicción para incluir en el tipo el por ciento que fuera necesario para cubrir el déficit, oyó a los patronos y consideró la evidencia que ellos ofrecieron para, la determinación del tipo que debían pagar. Por consiguiente, es insostenible la proposición de los patronos de que fueron privados de su propiedad sin el debido procedimiento de ley.

Procede.¡ por lo expuesto, desestimar este recurso de re-visión y confirmar la resolución de la Comisión Industrial, según fue modificada en el ameritado recurso de revisión nú-mero 37.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Mercedes Costa Puig, demandante y apelante, v. Waldrop Photographic Co., demandada y apelada.
    Núm. 7493.

    Sometido: Junio 1, 1938.

      Resuelto: Enero 19, 1939.

      F. Fernández Cuyar y Ií. González Blcmes, abogados de la apelante, James B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El 20 de marzo de 1928 Mercedes Costa Puig, como arren-dadora, y la Waldrop Photographic Co., como arrendataria, otorgaron por escritura pública un contrato de arrendamiento por el término de cinco años. El local arrendado radicaba en la ciudad de San Juan y la compañía arrendataria se obligó a pagar una renta mensual de $250 Las cláusulas más importantes de dicho convenio fueron las siguientes:

“Séptima: El arrendatario no podrá introducir en la casa ma-terias inflamables ni explosivas.
“Décima: Para todo lo no estipulado en este contrato regirán las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico sobre la materia de arrendamiento. ’

Posteriormente la arrendataria subarrendó el zaguán y primer piso de la referida propiedad a una tercera persona bajo las mismas condiciones en cuanto a la introducción en la casa de materias inflamables o explosivas. Estando ambos arrendamientos en vigor, y como consecuencia directa de una explosión, ocurrió un incendio en la parte subarrendada que causó daños de consideración a todo el edificio. Como resul-tado de dicho fuego la arrendataria original se vió obligada a mudarse a otro local a fin de poder continuar la explota-ción de su negocio.

La arrendadora demandó a Waldrop Photographic Co. en daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. La de-mandada negó generalmente los hechos en su contestación y en una contrademanda alegó daños provenientes de la omi-sión por parte de la demandante de reparar el local inmedia-tamente y además alegó pérdidas en su negocio debido a haber tenido que establecerse en un punto menos ventajoso.

Por estipulación de las partes en cuanto a los hechos en controversia, la corte desestimó ambas demandas y condenó a las partes recíprocamente al pago de costas, pero sin hono-rarios de abogado.

El único error señalado lee como sigue:

“La Corte de Distrito de San Juan cometió error de derecho y de hecho al desestimar la demanda fundándose en el hecho de que la demandada no tuvo culpa en el siniestro, ni fué negligente y actuó diligentemente como un buen padre de familia, simplemente por haber prohibido al subarrendatario introducir en la casa mate-rias inflamables y explosivas; y erró en ello porque la demandada como arrendataria y subarrendadora, no quedó relevada mediante el contrato de subarriendo de su responsabilidad al cumplimiento del contrato original para con la arrendadora, y además porque no adujo evidencia alguna para destruir la presunción de culpabilidad establecida en los artículos 1137, 1453, 1451 y 1454 del Código Civil,, edición 1930.”

En los hechos estipulados se dice que allá para mayo Id de 1932, “estando vigentes ambos contratos anteriormente mencionados, ocurrió una explosión seguida por un incendio que causó daños a la propiedad arrendada, resultando haber sido consecuencia de la existencia de varios paquetes de petardos sin mechas que el subarrendatario, Sr. Liado, había almacenado en el primer piso que le fué subarrendado de la. finca descrita en la demanda.”

La demandante originalmente basó sn reclamación en la violación de la séptima cláusula del contrato. Sin embargo, en apelación el alcance de su causa da acción ba sido am-pliado de manera que incluya otro posible fundamento de derecho, a saber, una acción basada principalmente en la sección 1453 del Código Civil, edición 1930, que dispone:

"El arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tu-viere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya.”

El primer punto levantado por la apelante es que la de-mandada dejó de controvertir la presunción establecida por el Código Civil, supra, al efecto de que un arrendatario es responsable de cualquier daño o pérdida que sufra la cosa arrendada. Para sostener su argumento cita los casos de Ramírez v. Muñoz, 33 D.P.R. 362; Del Valle v. González & Co., 39 D.P.R. 820 y Ruiz Sevilla v. Umpierre, 49 D.P.R. 270. El principio enunciado en la jurisprudencia citada es mera-mente una ratificación de postulados de derecho. La corte inferior en el presente caso resolvió que los hechos estipu-lados eran suficientes para absolver a la demandada de toda culpa en el incendio.

Puede asumirse con bastante seguridad que la demandada no tomó parte activa en la introducción de los explosivos. El mero hecho de que su introducción ocurriese en la parte subarrendada del edificio tendería a sostener dicha conclu-sión. Después de un análisis de las circunstancias, estamos inclinados a sostener la decisión de la corte de distrito. El razonamiento necesariamente partiría del hecho de que la Waldrop Photographic Co. se había obligado a sí misma a no introducir materias inflamables dentro del edificio. No hay evidencia alguna de que su negocio fuese de tal natura-leza que levantase la probabilidad de dicha introducción, ni de que hubiese razón alguna para creer que dicha deman-dada hubiese en alguna ocasión violado directamente dicha cláusula. Consistente con la restricción convenida y cons-cíente de su sentido de responsabilidad bajo dicha restricción, la demandada introdujo la misma prohibición en el contrato de subarrendamiento. Posteriormente surgió el fuego y hubo una negación expresa de conocimiento o responsabilidad en cuanto a su origen o efectos. Esto puede verse del acta de requerimiento solicitando reparaciones que aparece de los autos. Es sumamente difícil probar un estado de hechos negativo y mucho más cuando dicha prueba es requerida en cuanto a un estado mental. Por esto queremos decir que la demandada no podía hacer mucho más, en caso de poder hacer algo, que negar conocimiento de los hechos. En lo que a esto se refiere, no encontramos nada en conflicto en la esti-pulación de hechos. Al contrario, de la lectura del tercer párrafo de dicho documento, la mayor parte del cual ha sido ya copiada, se desprende que el fuego resultó ser la conse-cuencia de la existencia de unos petardos que el subarrenda-tario había introducido en el local. Dicha declaración lleva consigo la idea de una investigación posterior al fuego, de la cual surgió el descubrimiento de su origen. En vista de todo lo que antecede, nos es imposible diferir del criterio de la corte inferior en cuanto a la cuestión de conocimiento.

Con referencia a este punto de culpa por parte de la de-mandada hemos hasta ahora tratado solamente de la posibi-lidad de la relación directa o material por parte de la arren-dataria en el almacenaje, de las materias explosivas. La cuestión de una responsabilidad derivada a base del hecho de que el acto del subarrendatario debiera considerarse como el acto de la arrendataria es otro punto en que descansa la apelante. Se le da el mayor énfasis a lo que dispone la sección 1440 del Código Civil, que lee como sigue: '

“Cuando en el contrato de arrendamiento de cosas no se pro-híba expresamente, podrá el arrendatario subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al cum-plimiento del contrato para con el arrendador.”

También se discuten por la apelante varias citas de Mar-tínez Ruiz (Código Civil interpretado por el Tribunal Supremo, Yol. 9, págs. 539-540) y de Laurent (principio de Derecho Civil, Yol. 25, págs. 229-230). La dificultad en este caso surge en realidad del hecho de que la persona finalmente responsable, o sea el subarrendatario, es aparentemente un insolvente, o por lo menos, no está económicamente en condi-ciones de pagar dichos daños.

Puede que en el presente caso se le haga difícil a la de-mandante tratar de cobrar sus daños del subarrendatario, mas ésta parece ser la única posibilidad. Con el propósito de traer el problema más a la vista, vamos a copiar de nuevo la cláusula pertinente del arrendamiento original.

“Séptima: El arrendatario no podrá introducir en la casa ma-terias inflamables ni explosivas.”

Si se interpreta literalmente, dicha condición sólo res-tringe a la arrendataria en la introducción física de explo-sivos. También haría a dicha arrendataria responsable de cualquier violación de dicha cláusula por medio de aquellas personas por cuyas actuaciones estuviese obligada a responder, tales como sirvientes, empleados o agentes, etc. Pero, ¿queda un subarrendatario en tal relación hacia el arrendatario que este último sea responsable al dueño original por los actos de dicho subarrendatario?

La apelante concentra su atención en la proposición de que el contrato original no queda alterado ni afectado por el subarrendamiento. No discutimos dicha idea. Lo que no podemos aceptar es su conclusión al efecto de que la arren-dataria es responsable del incumplimiento por parte del sub-arrendatario de ambos arrendamientos. Insistimos en que no ha habido violación del contrato por la arrendataria original.

La jurisprudencia de esta corte sobre esta materia no cubre los hechos del presente caso. Aunque ha sido difícil obtener autoridades aplicables al punto envuelto, hemos en-contrado alguna jurisprudencia de cortes americanas e ingle-sas que pueden arrojar alguna luz.

En 36 Corpus Juris 92, encontramos lo siguiente:

“Una cláusula que restrinja actos específicos en un local puede ser de tal naturaleza que Raga responsable al arrendatario por los actos de terceras personas. Bajo una cláusula expresa por parte del arrendatario de no usar o permitir que se use el local arren-dado de una manera específica, el arrendatario puede ser responsa-ble de los actos de un subarrendatario. Cuando existe la obligación de no hacer o permitir que se haga determinada cosa, el arrenda-tario que constituye un subarrendamiento y autoriza el que se haga tal cosa, incurre en una violación de su obligación. Pero cuando el subarrendamiento contiene la misma restricción que el arrenda-miento original, la cual es violada por el subarrendatario, se ha re-suelto que el arrendatario no es responsable bajo su obligación de no hacer o dejar hacer la cosa envuelta, y se ha resuelto que una cláusula por parte del arrendatario obligándolo a él y a sus cesio-narios, no lo hace responsable por los actos de un subarrendatario.”

Puede verse que en las situaciones discutidas en el párrafo citado el contrato de arrendamiento iba aún más allá que en el caso nuestro, ya que la limitación o cláusula en contro-versia generalmente disponía “no hacer o permitir que se hagan los actos en cuestión.” La cita que sostiene dichas notas proviene de un caso inglés al cual nos ha sido impo-sible tener acceso—Wilson v. Twamley, 88 L. R. Rep. N. S. 803 (Aff. (1904) 2 K. B. 99).

Bajo la anotación del caso de Shepard v. Dye, 137 Wash. 180, 242 Pac. 381, anotado en 49 A.L.R. - 831, encontramos la siguiente afirmación:

“. . . Como en el caso de Granite Bldg. Corp. v. Greene (1904) 25 R. I. 586, 57 At. 649, donde existía una disposición en el con-trato de arrendamiento al efecto de que el arrendatario no podía vender licor en el local, excepto en el curso ordinario de su negocio como farmacéutico, aunque se interpretó como una obligación que seguía a la propiedad, y por lo tanto obligatoria para el arrenda-tario, se sostuvo que no tenía el efecto de rescindir (work a. forfeiture) dicho arrendamiento cuando el licor se vendió én el local por un subarrendatario del arrendatario, en violación de la cláusula, ya que bajo las disposiciones de dicha cláusula, no existían palabras requiriendo al arrendatario que se hiciera responsable absoluta-mente de la venta de licor en el local.”

Los casos de cancelación de nn contrato por actos ilegales de subarrendatarios no son aplicables.

En el caso de Mudge v. West End Brewing Co., 68 Misc. (N. Y.) 362, la corte dijo, entre otras cosas:

“En el caso de Stevens v. Armstrong, 6 N. Y. 435, se resuelve que para hacer a una persona responsable por la negligencia de otra, la relación de amo y sirviente o de principal y agente tiene que existir entre ellos. Kuhl no era ni el sirviente ni el agente del demandado.
“No existe obligación implícita por parte de un arrendatario de responder de la buena reputación o conducta de su subarrenda-tario. No tiene autoridad para controlar su conducta fuera de los términos del contrato de arrendamiento y por lo tanto el acto tor-ticero de Kuhl era suyo propio y personal.”

Existe un bien conocido principio de derecho contractual que declara que un contrato de arrendamiento debe ser intei’-pretado estrictamente en contra del arrendador, ya que él pudo haberse expresado más claramente, y la regla general es que los términos de una cesión {grant) deben interpre-tarse estrictamente en contra del eedente {grantor). La arrendadora estaba también en posición de protegerse a sí misma, ya prohibiendo expresamente el subarrendamiento del local, o permitiéndolo sujeto a su consentimiento, o requi-riendo que la arrendataria se obligara absolutamente por cualquier daño de esa naturaleza.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no inter-vinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    A. Cuesta & Cía., Sucrs., S. en C., demandante y apelada, v. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7814.

    Sometido: Noviembre 21, 1938.

      Resuelto: Enero 19, 1939.

      Hon. Procurador General B. Fernández García, Emilio de Aldrey, Procurador General Auxiliar y B. García Cintrón, Subprocurador, abogados del apelante; D. Guerrero Noble, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El Tesorero de Puerto Rico apela de una sentencia ad-versa dictada en un pleito instado ante la corte de distrito sobre devolución de arbitrios pagados bajo protesta. No existe cuestión alguna sobre el derecho de la demandante al cobro de las mismas. Tampoco se planteó cuestión jurisdic-cional en la corte de distrito. La suma envuelta era menos de $500. El tesorero solicita ahora la revocación fundándose en que la corte de distrito carecía de jurisdicción.

En Jesús v. Gallardo, 34 D.P.R. 430, este tribunal, interpretando la Ley núm. 9 de 1924 (sesión extraordinaria de ese año, pág. 71), resolvió, conforme se desprende del sumario, lo siguiente:

“La jurisdicción de los tribunales en casos de reclamaciones para obtener la devolución de contribuciones pagadas bajo protesta se determina por razón de la cuantía envuelta.”

Ocho años más tarde, en Soto Gras v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 940, se resolvió que las cortes de distrito tienen jurisdicción exclusiva de los pleitos sobre devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, irrespectivamente de la cuantía en controversia. El caso de Jesús v. Gallardo, supra, fue revocado expresamente.

En The Shell Co. (P. R.) Ltd. v. Pagán, Tesorero, 51 D.P.R. 208, se distinguió y desacreditó el caso de Soto G-ras, mas no. se le revocó expresamente. Un año más tarde, en Serrallés v. Sancho Bonet, Tesorero, 53 D.P.R. 650, este tribunal revocó definitivamente el caso de Soto Gras y una vez más declaró que la ley era la que esta misma corte había declarado previamente en el de Jesús v. Gallardo, supra.

En un caso reciente de Nueva York—People ex rel Rice v. Graves, 242 App. Div. 128, la corte dijo:

“El efecto que ha de dársele a la actuación de una corte de última instancia al revocarse a sí misma, es materia que ha dado lugar a fecunda litigación y que durante siglos ha servido de tema .para discusión filosófica por parte de juristas y comentaristas. De la añeja discusión han surgido dos teorías fundamentalmente opues-tas. De acuerdo con una de éstas las decisiones de los tribunales son siempre evidencia concluyente de lo que la ley es. Los segui-dores de la otra teoría aseveran que las decisiones son prueba, mas no evidencia concluyente, de la ley. El Juez Cardozo, en sus con-ferencias intituladas ‘Desarrollo del Derecho’ en relación con esta materia dijo (págs. 31, 32): Cuáles son los derechos de aquellos .litigantes que han -actuado a base de una sentencia de la corte de última instancia de un estado al efecto de que un estatuto es nulo, si viene ante la misma corte una controversia entre ellos luego de haber sido revocada la anterior sentencia? Será difícil llegar a la solución de tal problema sin entregarse a una disertación filosófica sobre la naturaleza del derecho en general.’ Citamos una vez más al eminente jurista (págs. 121, 122) : 'Indudablemente existen mu-chas reglas de propiedad o de conducta que no pueden modificarse retroactivamente sin que se cometa una injusticia u opresión, y esto se hace ora sea ello correcto o incorrecto en su origen. Que yo sepa, ningún juez jamás piensa en cambiarlas. El cuadro presen-tado por el litigante perplejo que es inducido a entablar un recurso basado en la falsa luz arrojada por una decisión, tan sólo para en-contrarse con la ruina cuando se extinga esa luz y la decisión es revocada, es en gran parte fantasía de cerebros excitados.”
“El deseo natural de que exista estabilidad en la ley dió origen a que se descansara en los casos ya resueltos aún allá para la época de Braeton y de los Anuarios del Siglo XIV. De conformidad con la doctrina ortodoxa de Blaekstone, a la cual aún se adhieren por lo menos nominalmente la mayoría de las cortes, una decisión judicial es meramente evidencia de la ley, mas no la ley misma; y cuando una decisión es revocada no se convierte en ley espuria; nunca fué la ley, y la decisión desacreditada será considerada como si nunca hubiera sido tal y el pronunciamiento reconsiderado tenido como la ley desde el principio. A pesar de la desaprobación ex-presa de algunas cortes de reputación y de ciertos comentaristas eminentes, la doctrina prevaleciente no es al efecto de que la ley es modificada por la decisión revocadora, sino que la corte estuvo equi-vocada en su decisión anterior, y que la ley es, y siempre fué, la expuesta en la decisión posterior. Empero, debe decirse que mu-chos de los principales comentaristas de la jurisprudencia, ingleses y americanos, caracterizan esta teoría de derecho como una ficción infantil y propulsan la doctrina de que las reglas que los organis-mos judiciales del estado sientan al decidir los casos constituyen la ley. Sin embargo, de acuerdo con el gran peso de las autoridades, la teoría de que las cortes hacen leyes es incorrecta. Los tribuna-les no legislan, sino que simplemente declaran la ley. Una decisión judicial no es otra cosa que evidencia de la ley. Una decisión re-vocadora no modifica la ley sino que impugna la decisión revocada como evidencia de la ley. Al adoptar la teoría de que las cortes meramente declaran la ley preexistente, lógicamente se desprende que una decisión en que se revoca otra anterior opera retroactiva-mente. Las cortes de ordinario han dado efecto retroactivo a las decisiones que han revocado precedentes anteriores.
“Cuando fundada en una decisión anterior una persona ha adquirido derechos contractuales o de propiedad que son válidos bajo la ley, tal cual había sido declarada por el tribunal más alto dél estado, o ha hecho algo que según dicha ley la convierte en un actor inocente, el resultado lógico de esa doctrina con frecuencia resultaría cruel e injusto. Cuando al confrontarse con esta situa-ción la gran mayoría de los tribunales, al ser llamados a hacer jus-ticia, se han negado a aplicar la doctrina en toda su plenitud y han resuelto que aunque por lo general la modificación de una decisión judicial tiene efecto retroactivo, ellos no le darían tal efecto para no menoscabar así derechos adquiridos, como los derechos de pro-piedad o los derechos contractuales. La Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Great Northern R. Co. v. Sunburst Co., 287 U. S. 358, por voz del Juez Asociado Sr. Cardozo, dijo: ‘Al definir los límites dentro de los cuales se adhiere a los prece-dentes, el estado puede optar por darles efecto prospectivo o retro-activo. Puede decir que las decisiones de su más alto tribunal, aunque luego sean revocadas, son no obstante ley para transaccio-nes intermedias. En realidad, hay casos que indican con demasiada amplitud (cf. Tidal Oil Co. v. Flanagan, 263 U. S. 444), que debe dárseles tal efecto; mas nunca se ha expresado duda al éfecto de que debe considerárseles así si con ello se evita cometerse una in-justicia o una crueldad.’ Salmond en su obra sobre jurisprudencia (octava edición, pág. 197), al discutir el efecto retroactivo de una decisión posterior, dijo: ‘La revocación de un precedente no equi-vale a la abolición de una regla establecida de derecho; es la negativa autorizada de que la supuesta regla de derecho jamás ha existido. El precedente es tratado así, no porque constituye ley espuria, sino porque nunca en realidad ha sido ley. No se ha ajustado a los requisitos de la eficacia legal. De ahí que la revoca-ción de un precedente, contrario a la derogación de un estatuto, tenga efecto retroactivo; se resuelve que la decisión ha sido mala' áb initio. Un estatuto derogado, por el contrario, continúa siendo válido y aplicable a aquellos asuntos que surgieron con anteriori-dad a la fecha de su derogación. La revocación de un precedente es análoga, no a la derogación de un estatuto, sino al rechazo judicial de una costumbre por irrazonable o por dejar de ajustarse a los requisitos de la ley consuetudinaria.’
“El efecto de revocar una decisión y de negarse a seguir el pre-cedente allí establecido, es retrospectivo y se convierte en ley a partir de la fecha en que se dictó la decisión revocada tal cual se declara en la última, excepto en tanto en cuanto la interpretación últimamente dada menoscaba las obligaciones de los contratos ya celebrados o afecta perjudicialmente derechos adquiridos de confor-midad con la decisión anterior. (15 C. J. 960, y casos allí citados.)
“El principio general es que la decisión de un tribunal de úl-tima instancia que revoca una decisión anterior es retroactiva, en su alcance, y el efecto no es que la anterior decisión es ley espuria sino que nunca ha sido ley. A esta regla, las cortes han establecido la excepción de que cuando una ley constitucional o estatutaria ha recibido determinada interpretación por los tribunales de última instancia, y se han otorgado contratos y adquirido derechos bajo y de conformidad con tal interpretación, esos contratos no serán in-validados ni los derechos adquiridos a tenor de los mismos menos-.cabados mediante una interpretación modificada hecha en una deci-sión posterior.’5

A. Cuesta Cía. inició este recurso en julio de 1936. En marzo de 1938 se aceptaron en una estipulación los hechos esenciales de la demanda. Ésta fué seguida en mayo por una moción en la cual el demandado suscitaba ciertas cues-tiones de derecho. La corte de distrito dictó sentencia el 25 de mayo. El caso de Serrallés fue resuelto por este tribunal el 28 de julio de 1938.

La ley declarada en el caso de Soto Gras — si es que acep-tamos la teoría ortodoxa discutida en el caso de People ex rel Rice v. Graves, supra—“tenía una existencia platónica o ideal antes del acto de la declaración.” Great Northern R. Co. v. Sunburst Oil & Ref. Co., supra. Según esa teo-ría — caracterizada en el caso de Sunburst Oil & Ref. Co. como un “antiguo dogma” — la ley declarada por este tribunal en Jesús v. Gallardo, luego de revocarse ese caso por este tribunal en el de Soto Gras, no se convirtió en ley espu-ria; “nunca fué ley.” Sin embargo, por igual fundamento, la doctrina del caso de Soto Gras — al ser revocada por el de Serrallés — tampoco se convirtió en ley espuria; “nunca fué ley.” No nos detendremos a especular sobre la natu-raleza exacta del resultado neto cuando, como ocurre en el presente caso, una corte en dos ocasiones se ha revocado a sí misma, o respecto a cuál sería el resultado si este tribunal nuevamente se revocara y retornara a la doctrina del caso de Soto Gras. Si el disponiéndose contenido en el artículo 10 de una “Ley para autorizar demandas contra El Pueblo de Puerto Pico,” aprobada el 13 de abril de 1916 (Leyes de ese año, pág. 155), y enmendada en 1928 (Leyes de ese año, pág. 131), puede tener o no alguna importancia sobre la cuestión en lo que respecta a la posibilidad, no importa cuán remota, de otra revocación y reversión, es tam-bién algo que no es necesario considerar por ahora. Véase, sin embargo, Saurí & Subirá v. Sepúlveda, 25 D.P.R. 242, y Jiménez v. Domenech, 80 Fed. (2d) 767.

La decisión de la corte en el caso de Soto Gras v. Domenech, supra, hasta que fué revocada, era obligatoria para las cortes de distrito y municipales; o, por lo menos, probable-mente hubiera sido considerada por esas cortes como obli-gatoria para ellas. Veánse Sojo v. Registrador, 35 D.P.R. 855 y Ochoa v. Manzano, 24 D.P.R. 843. Si el presente recurso se hubiera iniciado en la corte municipal, con toda probabilidad hubiera sido desestimado por falta de jurisdic-ción, bien por la corte municipal misma o en apelación por la de distrito. Eliminando cualquier cuestión de prescrip-ción, no tenemos razón alguna para creer, que el resultado final del litigio sería distinto si se requiriera ahora a la demandante que instruyera una nueva demanda en la corte municipal. La revocación de la sentencia equivaldría a una crueldad y a una injusticia a la demandante sin ningún pro-vecho justo para el demandado. Luego de tal revocación, parecería poco ingenuo decir:

“. . . El cuadro presentado por el litigante perplejo que es in-ducido a entablar un recurso basado en la falsa luz arrojada por una decisión, tan sólo para encontrarse con la ruina cuando se extinga esa luz y la decisión es revocada, es en gran parte fantasía de cerebros excitados.”

Debe confirmarse la sentencia de la corte de distrito.

Los Jueces Sres. Presidente Del Toro y Asociado De Jesús no intervinieron.


text:
    Carlos Lamoutte, demandante y apelado, v. Junta Examinadora de Dentistas, compuesta por los doctores L. Ramírez Santibáñez, Rafael Becerra y Oscar Monagas, demandada y apelante.
    Núm. 7612.

    Sometido: Junio 14, 1938.

      Resuelto: Enero 19, 1939.

      R. Cuevas Zequeira, abogado de la apelante; C. II. Julia, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La Junta Examinadora de Dentistas apela de una sen-tencia adversa dictada en un procedimiento de mandamus y sostiene que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción para eliminar ciertos particulares de la petición de mandamus. El juez de distrito resolvió que las alegaciones en cuestión no eran redundantes o imperti-nentes. La apelante sostiene que de la faz de su moción se desprende que el juez de distrito estuvo equivocado. He-mos leído la moción y no nos es posible convenir con la ape-lante en que el eíror aquí señalado es por sí evidente. Sea ello como fuere, el error, de haberlo, no es de suficiente importancia que requiera la revocación de la sentencia.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al declarar con lugar la petición y al dictar la sentencia apelada. Tal vez bastaría decir que este señalamiento es demasiado general. Sin embargo, el argumento es que cierta resolución conjunta en que se basaron tanto la petición de mandamus como la sentencia de la corte de distrito era nula por los siguientes motivos:

(a) Porque el artículo 34 de la Carta Orgánica dispone que “no se aprobará ninguna ley a no ser mediante un pro-yecto de ley;’.’

(5) Porque ésta probibe que se enmiende una ley “ha-ciendo referencia a su título solamente;”

(c) Porque el artículo 2 dispone que no se pondrá en vigor ninguna ley que negare a una persona la protección igual de las leyes;

(d) Porque la Asamblea Legislativa de Puerto Rico no puede invadir los poderes judiciales de que son investidas las cortes por el artículo 40;

(e) Porque el artículo 34 también provee que “el Presi-dente de cada Cámara firmará, en presencia de la Cámara que presida, todos los proyectos de ley y resoluciones con-juntas aprobados por la Asamblea Legislativa, después que sus títulos bayan sido leídos públicamente, inmediatamente antes de firmar; y el hecho de firmar se hará constar en el acta. ’ ’

Las secciones pertinentes de la resolución conjunta en cuestión (leyes de 1936, Resol, núm. 67, pág. 1295) leen así:

“Sección 1.- — Por la presente se declara que Carlos Lamoutte con anterioridad al 25 de julio de 1898, y desde esa fecha, hasta el día de hoy, ha venido ejerciendo y ejerce la profesión de cirujano dentista.
“Sección 2. — Que de acuerdo con el párrafo 14 de la Orden General Militar Núm. 191 de 27 de noviembre de 1899, y por tole-rancia del Gobierno de España, por haber ejercido esa profesión bajo dicho Gobierno, podía adquirir una licencia para el ejercicio de la misma y no la adquirió por olvido involuntario y desconoci-miento de las órdenes generales militares.
“Sección 3. — Que Carlos Lamoutte ha ejercido esa profesión por un término de cerca de cuarenta años.
“Sección 4.- — Que la Junta Examinadora de Dentistas proceda a expedir al referido Carlos Lamoutte una licencia como cirujano dentista.
“Sección 5. — Que esa licencia sea expedida por la Junta Exa-minadora de Dentistas en la forma que lo disponía la Orden General Militar Núm. 191 de 27 de noviembre de 1899 y al efecto se le con-fiera autoridad a la Junta Examinadora de Dentistas para así ha-cerlo. ’ ’

La resolución conjunta que estuvo ante este tribunal en el caso de Valiente & Cía. v. Sancho Bonet, Tesorero, 50 D.P.R. 586, fué una resolución conjunta para “imponer una contribución con el fin de crear un fondo que se llamará ‘Pondo para la Protección del Tabaco de Puerto Rico’ y para otros fines” (Sesión Extraordinaria de 1929, Resol, núm. 13, pág. 75). La sección 2 de esta resolución conjunta provee:

“Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, se impondrá o cobrará una contribución de un cuarto (14) de centavo por cada libra de tabaco que se coseche en Puerto Rico; Disponiéndose,, que esta contribución sólo podrá cobrarse por una sola vez cada año en el momento de efectuarse la venta por el pro-ductor, quedando éste obligado a dejar en poder del comprador la cantidad de un cuarto (14) de centavo por cada libra de tabaco, según se dispone por la presente sección, y el comprador a su vez pagará dicha contribución al Tesorero de Puerto Rico en la forma que éste prescriba en el reglamento que dictará al efecto. La con-tribución que por la presente se impone, se considerará como un gravamen preferente sobre el tabaco cosechado. El Tesorero de Puerto Rico queda obligado a recaudar dicha contribución, y por la presente se le autoriza para dictar las reglas y reglamentos que fueren necesarios para su recaudación.”

Hasta ese punto, por lo menos, la resolución conjunta de 1929 era una “ley” dentro del significado de esa palabra conforme la misma es usada en el artículo 34 de la Carta Orgánica. La resolución conjunta envuelta en el presente caso no es semejante “ley.” No fué una enmienda a nin-graia ley dentro del significado de la disposición que prohíbe que se enmiende una ley ‘ ‘ haciendo referencia a su título solamente.” Meramente crea una exención. No niega a ninguna persona la igual protección de las leyes. No dis-crimina contra otros aspirantes, de haberlos, que puedan hallarse en la misma situación o en situación similar. No es sino lógico asumir que semejante aspirante puede acudir a la Asamblea Legislativa y al presentar un caso adecuado obtener una medida parecida. No hay invasión alguna del poder judicial. Las únicas autoridades citadas por la ape-lante difícilmente puede decirse que exijan una conclusión distinta. Éstas son:

Asamblea Municipal v. Corte de Distrito, 51 D.P.R. 838. Marín Water etc. Co. v. Cal. Railroad Commission, 171 Cal. 706, 712.
Cooley Constitutional Limitations (séptima edición) 132. Sinking Fund Cases, 99 U. S. 700, 761.

La apelan-te hace referenda a una admisión de las partes en el sentido de que, estando el Presidente en el floor tomando parte en un debate, Rafael Alonso Torres firmó la resolución conjunta como Presidente. El juez de la corte de distrito en su relación del caso y opinión menciona una estipulación al efecto de que la resolución conjunta fué firmada por Alonso Torres — Representante por Acumulación y Vicepresidente de la Cámara — como Presidente Interino, mientras el Presidente pronunciaba un discurso en el floor de la Cámara. La estipulación de referencia no está ante nos. El juez de distrito resolvió que dehe presumirse que la resolución fué firmada por los funcionarios que presidían ambas Cámaras, mas dijo que de todos modos el Presidente Interino era el Presidente de facto de la Cámara. Ninguna de estas dos conclusiones se señala como error y este aspecto del caso no ha sido discutido por la apelante. No podemos asumir con el letrado de la apelante que la resolución con-junta es nula meramente por haber sido firmada por Alonso Torres como Presidente de la Cámara mientras el Presi-dente se Pallaba en el floor.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

' Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante, v. Alfredo Dosal, acusado; Orlando González y Rafael M. García, fiadores y apelantes.
    Núm. 7708.

    Sometido: Diciembre 22, 1938.

      Resuelto: Enero 20, 1939.

      Angel M. Villamil y Carlos Santana Becerra, abogados de los ape-lantes; R. A. Gómez, Riscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, Abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Dosal, acusado del delito de homicidio involun-tario, salió en libertad bajo fianza. La garantía dada fné al efecto de qne Dosal comparecería en cualquier momento que él o sus fiadores, o cualquiera de ellos, fuera notificado de la fecha señalada para el juicio. Dosal, chófer, vivía para aquel entonces en Adjuntas. Sus fiadores insistieron con él en la importancia que tenía que les informara de cuales-quiera cambios de residencia. Más tarde el acusado se fué a vivir a Las Piedras y notificó por correo al márshal de la corte de distrito. Después de cambiar nuevamente de residencia se vió con el márshal y le dió como su dirección la “calle ,de 'Mercurio Clausells número 32, de Ponce.” Algún tiempo más tarde fué empleado por Félix González en la Calle Principal número 4, de Ponce. El acusado noti-ficó a sus fiadores de este último cambio, pero ni él ni éstos notificaron al márshal.

Luego de haberse señalado el caso para verse el día 6 de octubre de 1937, una citación en que se indicaba la direc-ción de Dosal como Calle Mercurio número 32, Ponce, fué devuelta por no hallarse allí al acusado. Uno de los fiado-res, al ser notificado de que el caso había sido señalado para juicio, informó al secretario por carta fechada octubre 1 que Dosal estaba empleado con Félix González en la Calle Principal número 4, en el barrio Clausells de Ponce, donde podía hallársele fácilmente por la policía a través de González. Esta información iba acompañada de la súplica de que si surgía cualquier dificultad, se notificara al fiador, a fin de que pudiera ayudar a localizar a Dosal. El Secretario nada ■dijo al Márshal sobre la información contenida en dicha carta hasta después de la fecha señalada para el juicio.

Al dejar Dosal de comparecer en la fecha señalada para el juicio, la corte de distrito ordenó a los fiadores que com-parecieran el 11 de octubre y mostraran causa por la cual no debía confiscarse la fianza. Los fiadores no comparecie-ron en la fecha señalada y se ordenó la confiscación de la fianza.' Más tarde la corte declaró sin lugar una moción para que se dejara sin efecto la sentencia de octubre 11.

El juez de distrito en sn sentencia de octubre 11 hacía constar que Dosal había sido debidamente notificado de la fecha señalada para el juicio e informado de que en caso de que dejara de comparecer su fianza sería confiscada, y que el acusado había sido debidamente citado para que compareciera en dicho día. Se señala esto como error. El juez, desde luego, estaba equivocado, mas en vista del hecho de que los fiadores fueron debidamente notificados de la fecha señalada para el juicio y de que se les había ordenado que mostraran causa por la cual no debía confiscarse la fianza, el error aquí señalado no es suficiente motivo de revocación.

El segundo señalamiento es que la sentencia de octubre 11, luego de declarar la confiscación, erróneamente ordenaba la inmediata expedición de un auto de ejecución en caso de que los fiadores dejaran de pagar la cuantía de la fianza al ser requeridos de conformidad con otra disposición de la misma sentencia. La cuestión que aquí se trata de levantar fué. decidida adversamente a la contención de los apelantes hace más de treinta años en el caso de Rivera v. Tous Soto, 11 D.P.R. 96. En ausencia de un caso más fuerte que el presentado en el alegato de los apelantes, nos parece innecesario hacer un nuevo examen de la cuestión resuelta en el caso de Tous Soto.

El tercer señalamiento no .carece enteramente de mérito. La sentencia de octubre 11 se basó en los hechos que para aquel entonces estaban ante la corte. Sin embargo, la moción para que se dejara sin efecto la sentencia sacó a relucir algunas circunstancias atenuantes. La citación dirigida a Dosal estaba fechada el 24 de septiembre y fué notificada a los fiadores. Uno de los fiadores hizo constar en ella que Dosal se hallaba en Ponce, en la Calle Principal número 4, barrio Clausells, donde estaba empleado por Félix G-onzález, de Ponce. Esa constancia no revela la fecha en que se hizo la notificación, pero el fiador que la firmó fué el mismo que escribió al secretario de la corte de distrito en octubre primero. Este fiador bacía, constar en su carta al secretario que se le había notificado del día señalado para el juicio. En su consecuencia, tenía buenas razones para creer que la citación con dicha constancia estaría en poder del márshal por lo menos cbn varios días de anterioridad a la fecha del juicio. Este mismo fiador declaró en la vista celebrada en la corte de distrito que en el presente caso era la primera vez que servía como fiador y que al informársele que el acusado había sido arrestado de nuevo y una vez más puesto bajo fianza, creyó que. a él se le había exonerado de ulterior responsabilidad y de la necesidad de comparecer el 11 de octubre en respuesta a la orden para mostrar causa por la cual no debía ordenarse la confiscación, pero que teniendo dudas, trató de comunicarse con el secretario de la corte de distrito por teléfono y habló con un subsecreta-rio. El secretario se hallaba de momento asistiendo a una sesión de la corte y el fiador solicitó del subsecretario que explicara la situación al secretario y al juez y que si luego de consultar con el secretario, era necesario que él compare-ciera, lo haría inmediatamente al recibir un telefonema a ese efecto. Debe admitirse, desde luego, que estos hechos no justificaron el dejar los fiadores de informar al márshal del cambio de residencia más reciente del acusado antes que fuera necesario expedir y diligenciar la citación, ni el dejar los fiadores de presentar al acusado el día señalado para el juicio, ni el dejar los fiadores de comparecer el 11 de octu-bre en respuesta a la orden para mostrar causa, mas con-forme ya hemos dicho, ellas son circunstancias atenuantes. A la luz de. estas circunstancias, el requisito de que los fiadores deben pagar el importe total de la fianza parece innecesaria-mente drástico. Una sentencia por la que se decrete que si los apelantes depositaren en la corte de distrito dentro del tér-mino de. diez días de recibido el mandato en dicha corte la suma de $250 como penalidad por la falta de comparecencia del acusado, la sentencia y resolución recurridas de octubre .11 y diciembre 15, respectivamente, quedarán revocadas y sin valor o efecto legal, y que en caso contrario, o sea que si los apelantes no depositaren la suma aquí señalada, dichas sen-tencia y resolución quedarán confirmadas y en toda su fuerza y vigor, es a nuestro juicio suficiente para dar cumplimiento a las exigencias de la justicia sustancial.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Leonor Sabater, peticionaria, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandada; Comisión Industrial de Puerto Rico, apelante.
    Núm. 7636.

      Sometido: Abril 21, 1938.

      Resuelto: Enero 20, 1939.

      M. León Parra, abogado de la apelante; Virgilio Brunet, abogado de la peticionaria, apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La Comisión Industriar resolvió que el hijo postumo de un .obrero fallecido tenía derecho a recibir compensación, bajo la “Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Tra-bajo” de 1928 (Leyes de ese año, pág. 631). La decisión de la Comisión Industrial fué confirmada por una sentencia de la corte de distrito. La sentencia de la corte de distrito fué anulada por una emitida en un recurso de certiorari, luego de expedirse el auto por uno de los jueces de este tribunal en funciones de turno. El presente recurso fia sido interpuesto contra la sentencia últimamente mencionada.

La corte de distrito decidió que la Comisión Industrial tenía facultad para resolver, como resolvió, que la madre del hijo postumo, como concubina del padre, dependía razonablemente de éste para su subsistencia basta el momento de su muerte. Este fallo de la Comisión no fué alterado por la sentencia de la corte de distrito ni por la emitida en el recurso de certiorari. La médula de esta última sentencia fué al efecto de que los hijos postumos no estaban incluidos en el inciso 5 de la sección 3 de la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo de 1928. Esa sección, tal como regía al momento de ocurrir el fallecimiento del padre, incluía “los hijos legítimos y nietos legítimos, y los hijos ilegítimos, sean o no naturales, del obrero fallecido, que dependieran de modo razonable para su subsistencia de lo que ganaba aquél, al tiempo de su muerte.” (Pág. 639.) La ley no excluyó, ni expresamente ni por necesaria inferencia a los hijos postumos. No debe excluírseles mediante una interpretación estricta. Según se hizo constar por el juez de distrito para todo fin provechoso, un niño en ventre sa mere usualmente es considerado como nacido. 1 Bouvier 1038. A tenor de las disposiciones del Artículo 919 del Código Civil de Puerto Rico (ed. de 1930) “la viuda que quede en cinta, aún cuando sea rica, deberá ser álimen-tada de los bienes hereditarios, habida consideración a la parte que en ellos pueda tener el postumo, si naciere y fuere viable.” Debe presumirse que la Asamblea Legislativa tenía conocimiento de esta disposición, del principio general de que los niños en ventre sa mere son considerados para ciertos fines como nacidos, y de otras disposiciones del Código Civil basadas en este principio o de conformidad con él. No obstante, la Asamblea Legislativa, al aprobar el inciso 5 de la sección 3, supra, no creyó conveniente esta-blecer una diferencia entre los hijos de un obrero lesionado nacidos antes de su muerte y los nacidos. después de ella. Ubi lex non dñstinguit neo nos distinguere debemus.

En el año 1935 la Ley de Indemnizaciones por Acciden-tes del Trabajo de 1928 fué derogada y suplantada por una nueva ley (Leyes de ese año, pág. 251). El inciso 5 del artículo 3 de esta nueva ley prescribe en parte como sigue:

“Si el obrero o empleado dejare una viuda, padres, hijos, legí-timos o ilegítimos, o hijos postumos, fueran éstos o no naturales o adoptivos, o nietos, cualquiera de los cuales dependiera total o par-cialmente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su muerte, recibirán una compensación . . .”

La peticionaria en el recurso de certiorari, ahora apelada, da algún énfasis al hecho de que las palabras “hijos pos-tumos” fueron incluidas en el inciso 5 al ser reenactádo en 1935. Este cambio en la letra de la ley no significa nece-sariamente una intención previa por parte de la Asamblea Legislativa de excluir en 1928 a los hijos postumos. Es igualmente consistente, por no decir más consistente, con la intención ¡en 1935, de disipar cualquier duda que pudiera haber surgido sobre el alcance del inciso 5 y eliminar la posi-bilidad de futuras interpretaciones erróneas.

Otra alegación de la peticionaria en el recurso de,cercioran fue que en ausencia de una declaratoria de herederos anterior, hecha por una corte de distrito, la Comisión Industrial no tenía facultad para determinar la cuestión de herencia. La sentencia en el recurso de certiorari contiene un dictum que tiende a sostener esta contención.

Las secciones 13 y 20 de la ley de 1928 disponían en parte como sigue:

"Sección 13. — Si se radicare una petición de revisión de acuerdo con la sección precedente, la Comisión Industrial oirá a las partes y la evidencia pertinente, y podrá revisar la decisión en todo o en parte, o podrá devolver el caso al Comisionado para nuevas inves-tigaciones de hechos ...”
"Sección 20. — En cualquier caso en que fuere necesario deter-minar los herederos de un obrero fallecido, la Comisión lo comuni-cará inmediatamente al Attorney General para que ante la corte de distrito que corresponda, por el fiscal de la misma o cualquier oficial jurídico facultado para actuar como fiscal, practique todas las diligencias procedentes hasta obtener la declaratoria de here-deros del obrero fallecido, remitiéndola a la Comisión ...”

En el presente caso, conforme indicó la corte de distrito, la Comisión no consideró la cuestión de herencia. La con-troversia existía entre la madre del obrero fallecido, quien era casado, y su hijo ilegítimo, nacido como resultado de relaciones adulterinas con la madre del menor. La madre del finado obrero, había obtenido y presentado una declara-toria de herederos que establecía su status como única y universal heredera del obrero, excepto en cuanto a la cuota usu-fructuaria de la cónyuge viuda. La corte de distrito no sólo aceptó sino que expresamente hizo constar como opinión suya, que en ausencia de una declaratoria de herederos anterior, hecha por la corte de distrito, la Comisión no podía decir quiénes eran los herederos de un obrero fallecido. Citó como autoridad el caso de Ponce v. Corte de Distrito, 50 D.P.R. 354. El niño no era heredero y por tanto no pudo obtener .una declaratoria de herederos. Lo que la Comisión decidió, aparte de cualquiera cuestión de herencia, fué que un hijo no nacido, si su. madre dependía para su subsisten-cia de lo que ganaba el padre, dependía también para sus alimentos de esos jornales, y por consiguiente tenía derecho a recibir compensación de acuerdo con la ley de 1928.

Los hijos ilegítimos, aún cuando no sean hijos naturales, tienen derecho a alimentos. Artículo 128 del Código Civil (ed. de 1930). Debemos asumir que la Asamblea Legisla-tiva tenía conocimiento de esto. Empero, el inciso 5 de la sección 3 no discrimina ni en favor de los hijos naturales ni en contra de los hijos ilegítimos que no son naturales. No encontramos prueba alguna de que la intención legislativa en la ley de 1928 fuera excluir a los hijos ilegítimos que no son naturales, simplemente porque éstos no podían tener éxito en un pleito de filiación ni obtener una declaratoria de herederos.

Los beneficiarios enumerados en el inciso 5 de la sección 3 de la ley de 1928, no reciben compensación por herencia o de cualquier otro modo, a menos que “dependieran de modo razonable” para su subsistencia de lo que ganaba el obrero. Si no dependen para su subsistencia de esos jornales, nada reciben. Si los padres, viuda o viudo son dependientes, y los hijos legítimos no lo son, los hijos legítimos no reciben nada. Si los hijos ilegítimos, que no tienen el concepto de naturales, son dependientes y los hijos legítimos o los naturales reconocidos no lo son, entonces los legítimos y los naturales reconocidos nada reciben. El dinero no es distribuido entre los herederos de conformidad con las disposiciones estatutarias que regulan la herencia y su distribución. Será “distribuido equitativamente entre todos los parientes mencionados en atención a la condición y necesidades y grado de parentesco y dependencia de cada uno.”

Se requiere tan sólo la declaratoria de herederos “cuando es necesario determinar los herederos de un obrero fallecido.” Esa declaratoria de herederos, fuera necesaria o no, se obtuvo en el presente caso. Cuando, como ocurre aquí, el estado legal del único heredero, que es también bene-ficiario, fia sido debidamente establecido por una declarato-ria de herederos tramitada en debida forma, la ley no requiere que otro beneficiario que no es heredero obtenga también una declaratoria de herederos, como requisito pre-vio jurisdiccional, para que la Comisión actúe favorable-mente sobre su reclamación.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso a la corte de distrito.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y De Jesús no intervi-nieron.