text:
      In re Guillermo González Borgos.

      Número: TS-7,857

      Resuelto: 10 de abril de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe; Guillermo González Borges, pro se.
   per curiam:

Una vez más ejercemos nuestra facultad dis-ciplinaria contra un miembro de la profesión legal debido a su incumplimiento con los requisitos y requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), su des-atención en cuanto a las órdenes de este Tribunal, así como su falta de diligencia al no mantener actualizada su infor-mación de contacto en el Registro Unico de Abogados y Abogadas (RUA). Ante la conducta demostrada en el trá-mite que exponemos a continuación, no tenemos más reme-dio que decretar la suspensión indefinida del Ledo. Guillermo González Borgos del ejercicio de la abogacía y la notaría.

I

El licenciado González Borgos fue admitido al ejercicio de la abogacía el 24 de abril de 1984. Asimismo, el 3 de julio de 1984 prestó juramento para ejercer el notariado. De su expediente personal surge que no cumplió con los requisitos del PEJC durante el periodo de 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2009. Tampoco tomó ni acreditó haber tomado algún curso de educación jurídica para dicho periodo. Por razón de su inobservancia, el 4 de mayo de 2009 el PEJC le cursó un Aviso de Incumplimiento, me-diante el cual le informó de la situación y le concedió —en-tre otras alternativas— 60 días adicionales para que to-mara los cursos de educación jurídica y cumpliera con el periodo de referencia. Cabe mencionar que el licenciado González Borgos, además de desaprovechar la alternativa concedida, no satisfizo la cuota relacionada al cumpli-miento tardío.

Tras casi dos años y sin conocer circunstancia alguna del licenciado González Borgos, mediante misiva de 21 de enero de 2011 el PEJC lo citó para una vista informal que se celebraría el 23 de febrero de 2011. También le otorgó, como otra opción, 10 días para que compareciera por escrito. Además, se le advirtió que de no comparecer per-sonalmente o por escrito se remitiría el asunto a este Tribunal. El licenciado González Borgos no compareció a la vista informal ni presentó un escrito. En consecuencia, el Oficial Examinador recomendó remitir la conducta del li-cenciado González Borgos para nuestra evaluación.

Posteriormente, el 12 de febrero de 2014 la Directora del PEJC, en representación de la Junta de Educación Ju-rídica Continua, presentó ante este Tribunal un Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua. Mediante dicho Informe, puntualizó los trámites que anteceden en cuanto al licenciado González Borgos y manifestó su preocupación por la actitud pasiva que este había demostrado para cumplir con los requisitos del PEJC y atender sus comunicaciones. Aun así, la Directora del PEJC nos solicitó que le otorgáramos al licenciado Gon-zález Borgos un término final para cumplir con los requi-sitos del PEJC.

Considerada la solicitud de la Directora del PEJC, me-diante Resolución de 28 de febrero de 2014, notificada el 5 de marzo de 2014, le concedimos al licenciado González Borgos un término de 20 días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos del PEJC y por no compa-recer ante este Programa cuando se le requirió. El licen-ciado González Borgos no respondió a nuestra orden.

Así las cosas, el 30 de enero de 2015 el PEJC presentó ante nosotros una Moción Informativa. En esta relató que el 28 de enero de 2015 el licenciado González Borgos visitó la oficina del PEJC. Durante la visita, el licenciado Gonzá-lez Borgos sostuvo que había comenzado a tomar los cursos de educación jurídica y solicitó la entrega del Informe so-bre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua que el PEJC presentó ante este Tribunal. El personal de la oficina le proveyó el documento solicitado y le indicó que se le había remitido una copia del Informe a la dirección que constaba en RUA. Se le informó que si había ocurrido algún cambio en su información de contacto, debía actualizarla en dicho registro. Asimismo, el personal de la oficina del PEJC le explicó al licenciado González Borgos que debido a que su incumplimiento se encontraba ante nuestra consideración, debía dirigir cualquier plantea-miento a este Foro.C)

Conviene destacar que todas las comunicaciones y los escritos que el PEJC presentó ante este Tribunal se notifi-caron a la dirección postal de oficina del licenciado Gonzá-lez Borgos que surge en RUA y ninguna fue devuelta. La Resolución que emitimos el 28 de febrero de 2014 también fue notificada con éxito a la referida dirección. Al no tener respuesta del licenciado González Borgos, la Secretaría de este Tribunal notificó nuevamente dicha Resolución a la dirección postal personal que surge en RUA. La referida dirección corresponde al estado de la Florida y en este úl-timo intento el servicio de correo devolvió la notificación.() Veamos la normativa aplicable a esta relación de hechos.

II

En nuestra jurisdicción los abogados y las abogadas están obligados a “realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en progra-mas educativos de mejoramiento profesional [...]”.() Por nuestro poder inherente para reglamentar la profesión de la abogacía y en sintonía con el deber antes expuesto, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación Jurídica Continua() y, ulteriormente, el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua (Reglamento del PEJC).()

El motivo primordial para la adopción de dichos cuerpos reglamentarios fue establecer un programa de educación jurídica continua que contribuyera al mejoramiento profe-sional de los abogados y las abogadas, así como a la actua-lización de sus conocimientos y destrezas jurídicas.() Ello a los fines de fomentar el ejercicio de la abogacía dentro de los más altos niveles de calidad y competencia. ()

El Reglamento del PEJC exige a los profesionales del Derecho admitidos a la práctica que, de no estar exentos, aprueben como mínimo 24 horas crédito en cursos sobre educación jurídica. Estos cursos son acreditables cada dos años.() Además, establece que todo profesional del Derecho debe presentar ante la Junta de Educación Jurídica Continua un informe que acredite el cumplimiento de las 24 horas crédito dentro de los 30 días siguientes a la terminación de cada periodo de cumplimiento^)

Cuando algún miembro de la profesión no cumple con los requisitos del PEJC, como primer paso, la Junta de Educación Jurídica Continua le envía un Aviso de Incumplimiento.() Como alternativa de cumplimiento, el Reglamento del PEJC permite que los abogados y las abo-gadas puedan cumplir tardíamente con las obligaciones que les impone dicho programa. Para ello, es necesario presen-tar un escrito en el cual se expliquen las razones de la tar-danza y pagar la cuota correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la notificación del Aviso de Incumplimiento^)

En cambio, si el profesional del Derecho no cumple con sus obligaciones, la Junta de Educación Jurídica Continua lo cita a una vista informal en la que podrá presentar prueba y exponer las razones que justifiquen su proceder^) Si el abogado o la abogada no comparece, el asunto se remite para la consideración de este Tribunal.() Hemos suspen-dido del ejercicio de la profesión a abogados y abogadas que no cumplen con los requisitos del PEJC ni atienden sus re-querimientos, así como las órdenes de este Tribunal. Véanse: In re Luis Paisán, 190 DPR 1 (2014); In re Del Campo Alomar, 188 DPR 587 (2013); In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Grau Collazo, 185 DPR 938 (2012).

Por su parte, el Canon 9 del Código de Ética Profesional requiere que la conducta de los abogados y las abogadas hacia los tribunales se caracterice por el mayor respeto.() De este precepto surge la obligación de los miembros de la profesión legal de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012); In re Grau Collazo, supra, págs. 943-944; In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382, 384 (2011).

De manera repetitiva les hemos recordado a los aboga-dos y las abogadas que no atender las órdenes de este Tribunal tiene como consecuencia la suspensión del ejercicio de la profesión, pues demuestra dejadez e indiferencia a nuestros apercibimientos. In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 125 (2013); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 430 (2010). La actitud de no cumplir con las órdenes del Tribunal de-nota menosprecio hacia nuestra autoridad, razón por la cual dicha conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra. In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013); In re Fiel Martínez, supra, págs. 430-431.

Aunque hemos enfatizado en infinidad de ocasiones la norma antes expuesta, con suma frecuencia nos vemos en la obligación de suspender abogados y abogadas por no contestar nuestros requerimientos. Este Tribunal ha sido consistente en la aplicación de dicha medida disciplinaria. In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244, 249-250 (2013); In re Colón Olivo, 187 DPR 659, 663 (2013); In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579, 581 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 DPR 841, 843-844 (2011).

Por último, la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal exige que los profesionales del Derecho mantengan actualizada en RUA su información de contacto, que incluye la dirección física y postal —tanto de su oficina como de su residencia— y el correo electrónico, entre otros datos.() Constituye una obligación ineludible notificar a este Foro cualquier cambio en su dirección postal o física. In re Betancourt Medina, 183 DPR 821, 825 (2011).() Como se sabe, el incumplimiento con el deber de mantener al día la información de contacto en RUA constituye un obstáculo para el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. In re Camacho Hernández, 188 DPR 739, 743 (2013); In re Betancourt Medina, supra, pág. 825; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011). Apliquemos este marco legal.

III

Como señalamos y según el trámite procesal expuesto, el licenciado González Borgos incumplió con los requisitos del PEJC a pesar de que se le dio la oportunidad de ser oído y tiempo en exceso razonable para cumplir con su obligación. En síntesis, el 4 de mayo de 2009 el PEJC le cursó un Aviso de Incumplimiento y le concedió 60 días adicionales para que tomara los cursos requeridos. El li-cenciado González Borgos hizo caso omiso. Casi dos años más tarde, el 21 de enero de 2011, el PEJC lo citó para una vista informal a celebrarse el 23 de septiembre de 2011 y le dio la alternativa de comparecer por escrito. El licenciado González Borgos no aprovechó esta oportunidad.

Atada de brazos ante la falta de comunicación del licen-ciado González Borgos, la Directora del PEJC solicitó nues-tro auxilio para que este abogado atendiera los requeri-mientos y cumpliera con su obligación como miembro de la profesión de la abogacía. Este Tribunal emitió una Resolu-ción el 28 de febrero de 2014, notificada el 5 de marzo de 2014, mediante la cual concedimos al licenciado González Borgos 20 días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía. No res-pondió a nuestra orden.

Transcurrido casi un año desde nuestra Resolución, el 28 de enero de 2015 el licenciado González Borgos acudió a la oficina del PEJC. Allí solicitó copia del informe que se presentó ante este Tribunal e indicó que había comenzado a tomar los cursos de educación jurídica. Dicha visita co-rrobora que el letrado estaba enterado de su incumpli-miento y que no actuó al respecto. Al presente, el licenciado González Borgos no ha acreditado ningún curso ni ha com-parecido ante nosotros para justificar su proceder. Con es-tas actuaciones, el licenciado González Borgos ha demos-trado dejadez y menosprecio hacia nuestra autoridad. Esta conducta es incompatible con el ejercicio de la abogacía.

Por otra parte, todas las comunicaciones cursadas al li-cenciado González Borgos se remitieron a la dirección postal de oficina que surge de RUA y ninguna fue devuelta. Como trámite adicional, la Secretaría de este Tribunal le notificó nuestra Resolución de 28 de febrero de 2014 a la dirección postal personal que consta en RUA. Sin embargo, en esta ocasión la misiva fue devuelta. Es forzoso concluir que el licenciado González Borgos no cumplió con mantener su in-formación de contacto en RUA actualizada. Tampoco ha in-formado a este Tribunal algún cambio de dirección.

Todo lo anterior, nos lleva a la conclusión de que el licen-ciado González Borgos se condujo con indiferencia y despre-ocupación ante sus obligaciones y más aún ante los requeri-mientos de este Tribunal. La falta de comunicación del licenciado González Borgos no nos deja otra alternativa que decretar su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía. Así pues, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar repre-sentándolos, de devolverles cualesquiera honorarios recibi-dos por trabajos no realizados y de informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. El Al-guacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado González Borgos y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el corres-pondiente examen e informe a este Foro.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera García no intervino.

      (1) Además de detallar lo anterior, mediante la Moción Informativa el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) trajo a nuestra atención que el licenciado González Borgos tampoco ha cumplido con los requisitos de educación jurídica para los periodos de 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011 y 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2013. El PEJC anejó las certificaciones sobre el historial de cursos de educación jurídica, las cuales reflejan que el licenciado González Borgos no ha to-mado ni ha acreditado haber tomado algún curso de educación jurídica.

      (2) También surge del expediente personal del licenciado González Borgos que la Secretaría de este Tribunal intentó comunicarse con él mediante llamadas telefónicas. Estas gestiones fueron infructuosas.

      (3) Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX.

      (4) Véase In re Regl. Educ. Jur. Cont., 146 DPR 494 (1998).

      (5)Véase In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555 (2005).

      (6) íd.

      (7) íd.

      (8) Regla 5(9) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (Reglamento del PEJC), 4 LPRAAp. XVII-E. Véase, además, Regla 6 del Re-glamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (4 LPRAAp. XVII-D).

      (9) Regla 28 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (10) Regla 29 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (11) Regla 30 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (12) Reglas 31 y 32 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (13) Regla 32 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (14) 4 LPRAAp. IX, C. 9.

      (15) 4 LPRAAp. XXI-B.

      (16) Además, véase In re Rs. Proc. Civil y R.T. Supremo, 179 DPR 174 (2010).


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

license: Public Domain

text:
    José L. García Sierra, peticionario, v. Administración de Corrección y Rehabilitación, recurrida.

      Número: CC-2015-151

      Resuelto: 13 de abril de 2015

      José L. García Sierra, por derecho propio.
   RESOLUCIÓN

Ala petición de, “no ha lugar.”

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

O —

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

En el pasado, hemos advertido el peligro de que las agencias administrativas se beneficien o lesionen derechos de ciudadanos por motivo de realizar notificaciones defec-tuosas que pueden inducir a error a la parte que interesa ejercer su derecho a solicitar revisión ante la Rama Judicial. Hoy nos encontramos ante una de las situaciones en que más lesivo resultaría devolver la controversia a la agencia para que recaiga en sus manos enmendar un for-mulario de notificación defectuoso, el cual reiteradamente se ha negado a reformular. Ello, porque estamos ante un patrón de incumplimiento de la Administración de Correc-ción en procesos de notificación a la población correccional, lo que provoca que la agencia de la cual el peticionario desea solicitar revisión ante la Rama Judicial mantenga la llave para activar ese proceso.

Ante ese cuadro, disiento del proceder de una Mayoría de la Sala II de este Tribunal. En su lugar, acogería el recurso que nos ocupa con el fin de examinar si el foro apelativo intermedio podía dilucidar, en los méritos, el re-clamo incoado por el confinado.

Expuesta así la controversia, procedo a esbozar los an-tecedentes fácticos y procesales que la suscitaron.

I

Tras la celebración de una vista disciplinaria, se deter-minó que el Sr. José L. García Sierra (señor García Sierra o peticionario) infringió el Código 125 del Reglamento Núm. 7748 de 21 de septiembre de 2009, conocido como Reglamento Disciplinario para la Población Correccional. Por tal motivo, la Administración de Corrección le impuso como sanción una segregación disciplinaria de sesenta días, vista disciplinaria se celebró el 19 de mayo de 2014 y el 22 de mayo de ese mismo año se le notificó personal-mente la Resolución administrativa al señor García Sierra. Adviértase que esta Resolución contiene un lenguaje es-tándar que le apercibe al peticionario que, de no estar de acuerdo con la determinación de la agencia,

[...] tiene derecho de solicitar Reconsideración ante la Oficina de Asuntos Legales, dentro de Veinte (20) días calendarios con-tados a partir de la notificación de la Resolución. Deberá solici-tar al Oficial de Querellas que le provea el formulario para so-licitar la Reconsideración. La parte adversamente afectada podrá, sin embargo dentro del término de treinta (30) días, pre-sentar una solicitud de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones, a partir de la fecha del Archivo en Autos de la Copia de la Notificación de la Resolución Final de la Agencia. Apéndice de la Petición de certiorari, Anejo Núm. 2, pág. 2.

Oportunamente, el 23 de mayo de 2014, el señor García Sierra presentó una moción de reconsideración ante la agencia. () En esencia, solicitó que se revocara la sanción impuesta en su contra. El 24 de junio de 2014, la referida moción fue declarada “no ha lugar”. Sin embargo, no fue hasta el 19 de septiembre de 2014 que esta determinación le fue notificada al peticionario. Allí, se le apercibió de su de-recho a presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, “dentro del término de 30 días calen-darios a partir de la fecha de la resolución final de la agencia”. Apéndice de la Petición de certiorari, Anejo Núm. 3.

De esta última notificación e inconforme con la determi-nación de la agencia, el 20 de octubre de 2014, el señor García Sierra recurrió ante el Tribunal de Apelaciones me-diante recurso de revisión. El 17 de diciembre de 2014, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia en la cual desestimó el recurso por considerarlo prematuro. Esencial-mente, concluyó que aunque la Resolución notificada del 22 de mayo de 2014 le apercibe al peticionario del término para solicitar reconsideración, esta no explica cómo se ac-tivan los términos particulares para acudir en revisión judicial. Esto es, la Resolución no dispone cómo comienzan a transcurrir los términos cuando la agencia acoge la soli-citud de reconsideración, actúa sobre ella, la rechaza de plano o guarda silencio. Ello, conforme a la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico() (LPAU), 31 LPRAsec. 2165, y su jurispru-dencia interpretativa.

En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que la notificación incompleta en términos de los derechos que le asisten al señor García Sierra para revisar la deter-minación de la agencia, resulta en una notificación defec-tuosa que infringe el debido proceso de ley. Por ello, dicta-minó que el recurso presentado era prematuro, hasta tanto la agencia enmendara su formulario de notificación para cumplir con todas las advertencias que requiere la LPAU.

En desacuerdo con ese proceder, el señor García Sierra recurrió ante este Tribunal. No obstante, mediante Resolu-ción emitida en el día de hoy, se declara “no ha lugar” el recurso de certiorari presentado.

Coincido con el razonamiento del Tribunal de Apelacio-nes en torno a la notificación defectuosa y las serias conse-cuencias jurídicas del incumplimiento de la agencia, pero no considero que el remedio otorgado en este caso particular sea desestimar el recurso por prematuro. Por los fun-damentos que expondré a continuación, opino que el Tribunal de Apelaciones venía llamado a atender el recurso de revisión presentado. En consecuencia, disiento.

II

Con el fin de exponer los fundamentos que me llevan a disentir del dictamen que hoy emite la Sala II de este Tribunal, es imperativo examinar el marco estatutario y ju-risprudencial pertinente. Procedo.

Como es conocido, la LPAU se promulgó con el propósito de uniformar los procedimientos administrativos ante las agencias. De esta forma, se estableció un cuerpo de reglas mínimas para gobernar los procesos de adjudicación y re-glamentación en la administración pública. Vitas Health Care v. La Fe et al., 190 DPR 56, 65 (2014). A tono con ello, se ha determinado que, de ordinario, las disposiciones de la LPAU desplazan y tienen primacía con relación a toda re-gla de una agencia que sea contraria a la referida legislación. Vitas Health Care v. La Fe et al., supra, pág. 66; Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745, 757 (2004). En otras palabras, aquellos organismos adminis-trativos que no estén excluidos de aplicación de la LPAU carecen de autoridad para adoptar requisitos adicionales o distintos a los establecidos por esa ley. Vitas Health Care v. La Fe et al., supra, pág. 66. Por lo tanto, desde la aproba-ción de la LPAU las agencias vienen llamadas a llevar a cabo sus procedimientos de reglamentación, adjudicación y concesión de licencias y permisos en armonía con los capí-tulos correspondientes de ese esquema legal. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra, pág. 757.

A. Por tratarse de lo que concierne a la controversia ante nos, examinaré la Sec. 3.15 de la LPAU, de la cual surge expresamente lo siguiente:

La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la reso-lución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. Si la re-chazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar re-visión empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. Si la agencia acoge la moción de reconsidera-ción pero deja de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de los noventa (90) días de ésta haber sido radicada, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expira-ción de dicho término de noventa (90) días salvo que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) días, prorrogue el término para resolver por un período que no excederá de treinta (30) días adicionales. 3 LPRA see. 2165.

Como se puede apreciar, la precitada sección establece que una vez se presenta una oportuna solicitud de recon-sideración la agencia dispone de quince días para actuar. En la eventualidad de que ésta rechace de plano la recon-sideración incoada o no actúe en el mencionado plazo, el término para solicitar la revisión judicial comenzará a transcurrir nuevamente.

Por su parte, si la agencia oportunamente decide tomar alguna acción con respecto a la moción de reconsideración, cuenta con un término de noventa días, a partir de la pre-sentación de la reconsideración, para resolverla. A esos efec-tos, el plazo de treinta días para recurrir en revisión judicial comenzará a transcurrir desde la fecha en que se archive en autos copia de la notificación de la Resolución que resuelva la moción de reconsideración de forma definitiva.

En cambio, si la agencia acoge la moción de reconside-ración, pero no la resuelve en el plazo de noventa días, esta perderá jurisdicción y, por ende, el término para solicitar revisión judicial comenzará a contar desde el vencimiento de los mencionados noventa días. Nótese, sin embargo, que la agencia puede extender el término de noventa días por un máximo de treinta días adicionales por justa causa y siempre que actúe en los noventa días originales que LPAU establece para resolver la moción de reconsideración. Asoc. Condómines v. Meadows Dev., 190 DPR 843, 850 (2014).

B. Por otra parte, sabido es que la Sec. 3.14 de la LPAU establece que toda orden o resolución final emitida por una agencia advertirá el derecho a solicitar reconside-ración o instar un recurso de revisión judicial, con expre-sión de los términos correspondientes que tienen las partes para ejercer tal derecho. 3 LPRA see. 2164. La aludida sec-ción dispone que cumplido este requisito comenzarán a transcurrir los respectivos plazos. Id. Por lo tanto, si al notificar la determinación administrativa la agencia no cumple con todas las advertencias que requiere la LPAU, ello constituirá una notificación defectuosa.

Con relación a lo anterior, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha determinado que se incumple con las exigen-cias del debido proceso de ley cuando no se notifica adecua-damente una determinación administrativa a una parte afectada por ella. Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., 179 DPR 674, 686 (2010); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1014 (2008). A tono con ello, hemos resuelto que una notificación defectuosa no activa los térmi-nos para solicitar reconsideración o acudir en revisión judicial. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228 (2014); Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., supra, pág. 687; Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1015; Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 58 (2007). En ese sentido, la parte afectada por la determina-ción administrativa quedará sujeta a la doctrina de incuria. Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., supra, pág. 687; Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 58.

Cabe señalar que en virtud de la doctrina de incuria se impide a una parte instar un recurso cuando por su dejadez o negligencia, en conjunto con el transcurso del tiempo y otras circunstancias pertinentes, se causa perjuicio a otra. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holding, supra; Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., supra, pág. 687; Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 58. En cuanto a ello, repetida-mente este Tribunal ha expresado que no basta con el mero transcurso del tiempo para impedir el ejercicio de una ac-ción; más bien, se deben ponderar otras circunstancias antes de desestimar el recurso instado, tales como: (1) la jus-tificación, si alguna, de la demora; (2) el perjuicio que acarrea, y (3) el efecto sobre intereses privados o públicos involucrados. Maldonado v. Junta Planificación, supra, pág. 58; Pérez, Pellot v. JASAP, 139 DPR 588, 599 (1995). Esto es, cada caso debe ser evaluado a la luz de los méritos y demás circunstancias particulares, ya que la doctrina de la incuria sigue vinculada a la idea fundamental de la equi-dad: es decir, se procuran soluciones justas, apartándose del rigorismo intransigente. Véanse: Pueblo v. Valentín, 135 DPR 245, 256 (1994); Torres Arzola v. Policía de PR, 117 DPR 204, 209 (1986); Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 904, 912 (1960).

En fin, este Tribunal ha sido enfático en enunciar que cuando un organismo administrativo no advierte adecua-damente conforme lo dispone la LPAU, ello no puede per-judicarle a la parte. Resolver lo contrario tendría el peli-groso efecto de permitir que la agencia se beneficie de actuaciones administrativas que inducen a error a la parte notificada. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holding, supra. En consecuencia, el remedio que este Tribunal ha concedido en los casos de notificaciones erróneas ha consistido en otor-garle tiempo a la parte perjudicada para que ejerza su de-recho de revisión judicial como corresponde o atender el recurso de revisión ya presentado; claro está, siempre y cuando no haya mediado incuria. Horizon v. Jta. Revisora, RA Holding, supra; Bomberos Unidos v. Cuerpo Bomberos et al., 180 DPR 723, 762 (2011); Molini Gronau v. Corp. PR Dif. Púb., supra, pág. 688.

Al amparo de la normativa jurídica enunciada, procedo a exponer mi discernimiento en torno a la controversia de epígrafe.

III

Conforme expuse, el 22 de mayo de 2014 le fue notificada al peticionario la resolución administrativa que incluía su sanción disciplinaria. Aunque la resolución notificada le ad-vertía su derecho a solicitar reconsideración ante la agencia en un término de veinte días o a instar un recurso de revi-sión judicial en un plazo de treinta días, esta no exponía todos los pormenores con relación a cómo se activan los tér-minos para acudir en revisión judicial. Es decir, la resolu-ción nada disponía sobre cómo comienzan a transcurrir los plazos para acudir en revisión judicial, conforme lo dicta el texto expreso de la citada Sec. 3.15 de la LPAU.

Recibida la notificación, el 23 de mayo de 2014, el peti-cionario solicitó reconsideración ante la agencia. Esta fue declarada “no ha lugar”, mediante determinación notifi-cada el 19 de septiembre de 2014. Es decir, aproximada-mente cuatro meses desde que presentó la moción de reconsideración. A partir de esta notificación, el 20 de oc-tubre de 2014, el señor García Sierra presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.

Examinado el caso, el foro apelativo intermedio deses-timó el recurso por falta de jurisdicción por estimar que la presentación fue prematura. En esencia, razonó correcta-mente que dejar de incluir en la resolución todas las adver-tencias que requiere la LPAU constituyó una notificación defectuosa que contravino el debido proceso de ley del peticionario. Sin embargo, determinó que hasta tanto la agencia enmendara su formulario de notificación para cumplir con todo lo requerido por la LPAU, los términos para revisar judicialmente la determinación administra-tiva no se activarían. En desacuerdo con este proceder, el señor García Sierra recurrió ante este Tribunal. Empero, su recurso de certiorari fue declarado “no ha lugar” por la Sala II de este Tribunal.

Luego de ponderar los documentos que obran en autos, considero que el Tribunal de Apelaciones incidió al deses-timar el recurso del peticionario fundamentado en que era prematuro debido a la notificación defectuosa de la agencia. En su lugar, entiendo que según nuestros pronun-ciamientos jurisprudenciales correspondía analizar la con-troversia según la doctrina de incuria y, por lo tanto, deter-minar si debía atenderse el recurso de revisión judicial ya presentado. Especialmente, ante el patrón de incumpli-miento de la agencia que nos denuncia el Tribunal de Ape-laciones, el cual por la seriedad del asunto amerita la in-tervención de este Tribunal. Me explico.

De una lectura de las advertencias contenidas en la re-solución notificada el 22 de mayo de 2014, se desprende con claridad que no incluían todas las disposiciones pertinen-tes que establece la LPAU. Esto es, la resolución notificada solo le apercibía al señor García Sierra de los términos generales para solicitar reconsideración o incoar un re-curso de revisión judicial. Nada disponía de los otros por-menores para acudir en revisión judicial según la citada Sec. 3.15 de la LPAU.

Las omisiones de la agencia no necesariamente le impi-den al señor García Sierra lograr un acceso adecuado al foro judicial para solicitar revisión. Ello, porque la presen-tación del recurso de revisión ante el foro apelativo inter-medio debió evaluarse a la luz de la doctrina de incuria.

El examen del expediente me lleva a concluir que el señor García Sierra actuó conforme a uno de los supuestos incluidos en las advertencias de la resolución notificada el 22 de mayo de 2014. Es decir, solicitó reconsideración en el término requerido de veinte días. Luego de cuatro meses sin expresión alguna de la agencia, recibió la notificación que declaró “no ha lugar” la reconsideración suplicada. Ante ello, el peticionario no se cruzó de brazos ni mucho menos mostró dejadez o negligencia, sino que diligente-mente instó su recurso de revisión judicial oportunamente. Es decir, a pesar de la notificación defectuosa emitida por la agencia, el señor García Sierra ejerció válida y correcta-mente su derecho de acudir en revisión.

Adviértase que las circunstancias que motivan la pre-sentación del recurso de revisión inevitablemente llevan a concluir que no se le ha ocasionado perjuicio alguno a la agencia concernida, ni se le ha colocado en estado de desventaja. Nótese que tampoco se ha causado un menos-cabo a algún interés público o privado que amerite la des-estimación del recurso. Todo lo contrario, considero que el presente caso contiene asuntos que requieren que se atien-dan en los méritos.

Al amparo de lo anterior y en vista de que no hubo in-curia por parte del peticionario, opino que el Tribunal de Apelaciones contaba con jurisdicción para atender el re-curso de revisión instado. A esos efectos, sostengo que el foro apelativo intermedio debió dilucidar en sus méritos la reclamación presentada por el señor García Sierra y hacer una adjudicación conforme a Derecho. Incidió al desesti-mar su recurso sin ponderar las circunstancias del pre-sente caso, a la luz de los pronunciamientos jurispruden-ciales de este Tribunal.

Indudablemente, resolver que procedía la desestima-ción, sin más, del recurso de revisión judicial instado atestó un duro golpe al acceso a la justicia del señor García Sierra. En ese sentido, no basta con un mero reconoci-miento de los derechos del peticionario, sin acompañarlo con un efectivo remedio judicial que no se limite a depen-der de la voluntad de la agencia incumplidora. Ello se agrava al considerar que fue la reiterada actuación admi-nistrativa de incumplir con las advertencias legales que requiere nuestro ordenamiento lo que tuvo el efecto de ce-rrarle las puertas del foro judicial a quien válidamente acudió a ellas. Es decir, el incumplimiento de la agencia terminó beneficiándola y, en cambio, le ocasionó un perjui-cio al señor García Sierra quien es precisamente el afec-tado por la determinación administrativa.

Por lo tanto, opino que el Tribunal de Apelaciones debió examinar la controversia en armonía con la normativa ju-risprudencial y estatuaria concerniente a las notificaciones administrativas defectuosas. Ciertamente, ese proceder le hubiera asegurado al señor García Sierra el acceso necesa-rio para dilucidar los méritos de su reclamo, más allá del rigorismo con que lamentablemente se enfrentó. Ello me conduce a advertir nuevamente que el acceso a la justicia no debe ser relegado a mera retórica jurídica, sino que debe ponerse en acción; más aún cuando nuestro ordenamiento cuenta con los mecanismos para ello.

Por todo lo anterior, sostengo que el presente caso ame-ritaba la intervención de este Tribunal. En su lugar, se optó por proveer “no ha lugar” al recurso presentado por el señor García Sierra. En vista de que no puedo avalar un curso de acción que pasa por alto toda una normativa jurí-dica vigente con relación a las notificaciones administrati-vas defectuosas y, más aún, deja desprovisto del acceso a la justicia a un ciudadano, disiento.

IV

Bajo el prisma de los fundamentos que anteceden, expe-diría el recurso de certiorari presentado por el señor García Sierra. Ello, con el fin de revocar el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y, por ende, devolver el caso a ese foro para que dilucide en los méritos el recurso de revisión instado por el peticionario.

      (1) Del expediente administrativo se desprende que no es hasta el 24 de junio de 2014 que la Oficina de Asuntos Legales recibió la solicitud de reconsideración pre-sentada por el Sr. José L. García Sierra.

      (2) Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 LPRA see. 2101 et seq.).


author: Juez Aso-ciado Señor Rivera García, Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

text:
    Sara Cortés et al., peticionarios, v. Wesleyan Academy et al., recurridos.

      Número: CC-2014-0077

      Resuelto: 14 de abril de 2015

      Marie Elsie López Adames, de González López & López Ada-mes, abogada de la parte peticionaria; Fernando Sabater Clavell, de Saldaña, Carvajal & Vélez-Rivé, PSC, y Sergio E. Criado, de Correa Acevedo Law Offices, PSC, abogados de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Examinada la petición de certiorari, presentada por la parte peticionaria en el caso de epígrafe, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez emitió un voto particular disidente, al que se unió la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo constar la siguiente expresión, a la que se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón:

Como la revisión es contra el resultado y no contra los fun-damentos del dictamen del Tribunal de Apelaciones, voto con-forme con proveer “no ha lugar” al recurso. La demanda pre-sentada carece de una causa válida, pues las alegaciones no configuran una violación de contrato ni una privación de dere-chos del menor involucrado, sino el ejercicio válido de disci-plina de las autoridades de un colegio privado. Estas prefirie-ron imponer una sanción disciplinaria al estudiante, a pesar de que pudieron haberlo expulsado después de adjudicar que este desparramó una botella de orín en el armario (locker) de una compañera de estudios. Como las escuelas —religiosas o no— tienen discreción para adoptar e implementar normas para disciplinar a los estudiantes que ellas determinen que abusaron de otros (“bullies”), las alegaciones no presentan una causa de acción contra este colegio. Regla 10.2(5) de Procedi-miento Civil, 32 LPRAAp. V.

El Juez Asociado Señor Rivera García emitió un voto particular de conformidad, al que se unió el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez se inhibió.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Rivera García,

al cual se une el Juez Aso-ciado Señor Kolthoff Caraballo.

Ante situaciones que amenacen los intereses, el bienes-tar o la seguridad de los menores de edad, no hay duda de que los tribunales tienen el deber insoslayable de actuar de manera diligente en el marco legal aplicable, independien-temente de si en el caso particular está involucrada alguna institución religiosa. En ese contexto, este Tribunal, como máxima autoridad del Poder Judicial, debe asegurarse de que nuestros tribunales y funcionarios no incurran en ac-tuaciones contrarias a la responsabilidad de proteger a nuestras niñas y niños. Precisamente por ello, presto particular atención y cuidado a aquellos casos cuyo eje central es un menor de edad y siempre he mostrado disposición a avalar normativas jurídicas que promuevan sus mejores intereses.() Es en ese marco de referencia que hoy expreso mi conformidad y anuencia con la resolución que antecede, porque entiendo que es correcto el resultado desestimato-rio alcanzado por el Tribunal de Apelaciones, indistinta-mente de si coincido o no con sus fundamentos sobre la presunta falta de jurisdicción sobre la material)

En ese contexto, para fines de nuestra evaluación sobre si expedimos un recurso, no entra en consideración el he-cho de que una de las partes sea una institución religiosa, porque al final del día eso no determina si nuestros tribu-nales, o este Tribunal en última instancia, pueden evaluar determinado recurso judicial. Ante la presentación de cual-quier caso en nuestros tribunales, lo que procede es eva-luar sus hechos particulares y determinar si hay una causa de acción válida que permita la concesión de un remedio y, como consecuencia, la continuación del pleito. Por lo tanto, si los tribunales no se encuentran ante ese escenario lo que procede es la desestimación del caso.

El caso de epígrafe se originó en 2007 cuando el enton-ces menor de edad EDC fue disciplinado por la Academia Wesleyan, porque presuntamente incurrió en actos de acoso escolar o bullying al recolectar y fermentar orín, y esparcirlo sobre las pertenencias de otra estudiante menor que él. A raíz de esos hechos, los padres del menor presen-taron una demanda en daños y perjuicios por presunto in-cumplimiento de contrato y violación de los derechos de EDC Luego de varios trámites, el Tribunal de Apelaciones revocó al Tribunal de Primera Instancia y ordenó la deses-timación del caso. Así las cosas, la parte demandante acu-dió ante esta Curia mediante una petición de certiorari.

Ante ese petitorio, y conforme al esquema explicado con-cerniente a la adjudicación judicial aplicable a nivel apela-tivo en la revisión de los dictamines recurridos, mi evalua-ción inicial estaba dirigida a determinar si estaba de acuerdo con el resultado alcanzado por el Tribunal de Ape-laciones, independientemente de los fundamentos que el tribunal esbozó en su sentencia. Así que, luego de evaluar con sumo detenimiento el recurso presentado y todos los docu-mentos incluidos (sentencias, demanda, demanda enmen-dada, etc.), concluí que sí procedía su desestimación. Esto porque la parte demandante no logró demostrar ni tan si-quiera inicial y preliminarmente que, en efecto, contaba con una causa de acción válida que ameritara la continua-ción del pleito. Por lo tanto, en ejercicio de mi criterio judicial, no hallé razón para expedir el recurso peticionado.

Ante ese ejercicio tan básico y común para los miembros de esta Curia, resulta “sorpresivo” que la distinguida com-pañera Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez gaste papel y tinta exponiendo por qué el fundamento utilizado por el Tribunal de Apelaciones es incorrecto. En ese sen-tido, sus expresiones no tan solo resultan inaplicables, sino totalmente forzadas como si quisiera expresar su incomo-didad con otras situaciones recientes que nada tienen que ver con los méritos del presente caso. Después de todo, ¿qué relación guarda la denegatoria que hoy certificamos con nuestro deber de “proyectar siempre, con nuestras ac-ciones y nuestras expresiones públicas, imparcialidad, ecuanimidad y total ausencia de abanderamientos”, de ma-nera que no nos comprometamos “con los contenidos de una creencia religiosa”?() Ciertamente, la compañera Juez Asociada falla en brindarnos una explicación lógica, clara y coherente sobre el particular. La disposición de este caso para efectos de este Tribunal, no tiene relación alguna con el hecho de que haya una institución religiosa involucrada. En ese sentido, nadie debe tener duda de que las puertas de los tribunales están abiertas para todo ciudadano o en-tidad que entienda que sus derechos han sido violados, in-dependientemente esté implicada una entidad religiosa.

Por último, debo reseñar brevemente parte del trámite interno del caso a fin de ilustrar el procesamiento atípico que ha llevado a las partes a esperar más de diez meses para conocer de su expedición o denegatoria. El 23 de mayo de 2014 celebramos una reunión de Sala de Despacho com-puesta por cuatro miembros de este Tribunal. () En aquella ocasión, según surge de la Minuta, la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez, quien fungía como Presidenta y tenía este caso asignado, informó sobre este y recomendó su expedición. No obstante, tanto el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo como este Juez Asociado Señor Rivera García votamos para denegar el recurso. Mientras, el Juez Asociado Señor Estrella Martínez informó que se inhibía. Siendo así, el recurso fue denegado en votación 2-1 y le correspondía a la compañera Juez Asociada emitir y certificar la correspondiente Resolución.() Empero, no es hasta el 1 de diciembre de 2014, seis meses después de la votación, que la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez circula un voto particular disidente junto con la Re-solución denegatoria de la Sala.

No conforme con ello, la compañera Juez Asociada ig-nora el procedimiento establecido en el Reglamento de este Tribunal y circula su voto particular para la consideración de todos los miembros de esta Curia, aun cuando una Sala de Despacho no había recomendado su expedición. Así las cosas, el Pleno optó por intervenir en la evaluación sobre si expedíamos o no el presente caso y determinó por mayoría de votos que no procedía su expedición. Luego de esa nega-tiva, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez esperó alrededor de dos meses adicionales para circular un nuevo voto particular disidente.

Como se recordará, en In re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, 180 DPR 54 (2010), solicitamos a la Asamblea Legislativa que promulgara una ley para aumentar a nueve el número de jueces miembros de este Tribunal Supremo. El propósito de tal solicitud se debió a la autén-tica preocupación que tenía este Tribunal por la demora que enfrentaban los casos en calendario. En consecuencia, la Asamblea Legislativa accedió a nuestra petición y, tras entrar en vigor el Reglamento enmendado, se organizaron las salas de despacho con el fin último de atender con mayor agilidad y eficiencia los recursos presentados ante nos.

Ciertamente, la acción tomada por la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez de retener el recurso y la Reso-lución para disponer de él por tanto tiempo no coincide con el propósito de la creación de las Salas de Despacho. Por el contrario, incide con el adecuado y buen funcionamiento de las Salas y el objetivo primordial de atender los asuntos que llegan ante nos con la premura que merecen. Es in-aceptable que algunos miembros de esta Curia continúen con la vieja práctica de mantener aguantados los recursos ante nuestra consideración sin razón válida alguna, expo-niendo a las partes a dilaciones y gastos innecesarios.

Indudablemente, no cuestiono la facultad de la compa-ñera Juez Asociada para expresar en un voto particular disidente sus razones para expedir el recurso solicitado. Sin embargo, ese proceder no debe conllevar un atraso en la disposición de los recursos ante nuestra consideración, con-trario a los claros objetivos de nuestro funcionamiento en salas de despacho. Máxime, cuando al final se circulan ex-presiones disidentes cuyo contenido no tan solo se distancia de las normas básicas de revisión, sino que tienen el único objetivo de funcionar cuan comunicado de prensa en ánimo de expresar su incomodidad con acontecimientos recientes no relacionados con los méritos del caso de epígrafe.

— O —

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

al que se une la Jueza Pre-sidenta Señora Fiol Matta y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez.

La mayoría de este Tribunal se niega a revisar una con-troversia de índole religiosa en la cual los foros de instan-cia, mediante una lectura errónea de la libertad de culto de una institución religiosa, la anteponen sobre un reclamo en protección de menores. En esta ocasión, una entidad edu-cativa religiosa cuestionó, con éxito, al amparo de las cláu-sulas de libertad de culto y de separación de Iglesia y Es-tado, la jurisdicción sobre la materia de los tribunales para adjudicar una demanda de daños y perjuicios e incumpli-miento contractual. En específico, en la demanda se soli-citó un remedio por los daños y perjuicios ocasionados por la entidad religiosa por el castigo que le impuso a un estu-diante menor de edad —hijo de los demandantes— y por la publicidad de los hechos a la comunidad escolar en alegada violación al derecho a la privacidad del menor, según pac-tado mediante un acuerdo de confidencialidad contractual.

En Puerto Rico, de ordinario, y por razón de un sistema judicial unificado, los tribunales tienen jurisdicción o auto-ridad para atender todas las controversias que surjan en nuestros linderos territoriales. Por lo tanto, cuando se cues-tiona la intervención de un tribunal por razón de una viola-ción a las cláusulas de separación de Iglesia y Estado, no cabe discutir la falta de jurisdicción sobre la materia de los tribunales. Es decir, cuando un tribunal tiene ante sí una controversia que versa sobre asuntos religiosos, no se trata de la falta de autoridad del foro judicial para atender la controversia, pues de ordinario la tiene. En todo caso, como bien resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre un asunto similar en Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC., 132 S.Ct. 694 (2012), lo que procede es evaluar si los límites constitucionales impiden que se justifique la concesión del remedio solicitado, pues su concesión violaría las cláusulas de separación de Iglesia y Estado.

En este caso, sin duda, las cláusulas de separación de Iglesia y Estado no impiden que, en su día, un tribunal pueda conceder el remedio solicitado por la parte deman-dante si a la luz de los hechos y del Derecho aplicable tal remedio procede. Esto es, las cláusulas de separación de Iglesia y Estado no impiden que un tribunal pueda conce-der un remedio (1) si una entidad educativa religiosa oca-sionó daños y perjuicios en la imposición de medidas disci-plinarias a un estudiante, y (2) si la entidad educativa religiosa incumplió con un contrato. Estimo que procede, entonces, expedir el recurso de certiorari ante nuestra con-sideración, revocar la determinación del foro apelativo in-termedio y ordenar la continuación de los procedimientos ante el foro primario.!)

Nuestra función como intérpretes de nuestra Constitu-ción es hacer valer el contenido de cada una de las cláusu-las que la componen. Si bien las tres cláusulas constitucio-nales que contemplan la libertad de culto, la separación de Iglesia y Estado y la prohibición al establecimiento de una religión tradicionalmente han sido denominadas “cláusu-las religiosas”, entendemos que esa terminología no atiende la verdadera naturaleza de estas disposiciones constitucionales. Así, hemos decidido referirnos a estas tres cláusulas en conjunto como las cláusulas de separa-ción de Iglesia y Estado, partiendo de la premisa que el principio detrás de estas normas es precisamente, y tal como dispone nuestra Constitución, la completa separación de Iglesia y Estado. Por lo tanto, ha de ser este principio, ponderado en función de las demás pautas axiológicas que contiene nuestra Constitución, y respetando los mínimos irreductibles que supone el Derecho Constitucional federal, el que guíe la aplicación de las cláusulas de libertad de culto y de prohibición al establecimiento de una religión. Ello, sin embargo, no ha de ser óbice para que este Tribunal, en el descargo de sus prerrogativas judiciales, se dé a la tarea de darle contenido normativo puntual al principio de separación de Iglesia y Estado. Justamente, el caso que nos ocupa presenta una oportunidad idónea, y posible-mente desperdiciada, para ello.()

Nuestra responsabilidad constitucional nos obliga a res-petar toda creencia religiosa y nos veda la incentivación de alguna en particular. En otras palabras, el respeto a las provisiones constitucionales se traduce en que garantice-mos la libertad de cada cual para escoger las creencias re-ligiosas que desea profesar, si alguna. Lo que no podemos hacer es garantizar solo aquellas creencias que puedan ser las nuestras. Es precisamente para alcanzar ese ideal, que es imprescindible el reconocimiento de una estricta sepa-ración entre la Iglesia y el Estado.

La completa separación entre la Iglesia y el Estado per-mite garantizar el debido respeto a todas las religiones y a todos sus creyentes: solo así podemos cerciorarnos de que ninguna religión sea superior que otra, en perjuicio de aque-llas que no gozan del sitial privilegiado; solo de esta manera garantizamos que el trato que reciben del Estado será de carácter imparcial e igualitario; solo de esta manera se con-ciban las diferencias marcadas entre unas creencias y otras propiciando así, la paz social; solo de esta manera se respeta y valora la pluralidad, la individualidad y la libertad de con-ciencia de cada cual, valores de la esencia de toda sociedad que se precie democrática. Abrazar una creencia religiosa en particular, supone irremisiblemente la lesión de los dere-chos de libertad culto y de conciencia de los ciudadanos que no participan del credo que el poder público se dedica a incentivar.

En esa tarea debemos proyectar siempre, con nuestras acciones y nuestras expresiones públicas, imparcialidad, ecuanimidad y total ausencia de abanderamientos. Como indiqué, al poder público le está vedado comprometerse con los contenidos de una creencia religiosa. A fin de cuentas, al asumir el cargo, juramos defender la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior; no juramos defender o adelantar los postulados que se recogen en el Corán, o en la Biblia, o en la Torá, o el Talmud, el Rig Veda, o el Baghabad Ghita o el Tipitaka. Todas las creencias religiosas merecen igual trato y respeto, igualmente merecen respeto e igual trato aquellos que no profesan ninguna. Hacer lo contrario, es decir, colocar en superior jerarquía alguna creencia en particular, pone en tela de juicio nuestra imparcialidad insti-tucional y lacera irremediablemente la función adjudica-dora de este Tribunal.

Por que en esto creo, disiento.

      (1) Véase, e.g., Rivera Serrano v. Mun. de Guaynabo, 191 DPR 679 (2014), caso en que favorecimos la continuación de una demanda por daños y perjuicios instada en representación de un menor y en el que reiteramos que cualquier conflicto que un tribunal perciba entre intereses ajenos y los de un menor de edad, se debe resolver a favor de este, aun cuando ello conlleve interponer tales intereses por encima de los intereses del Estado.

      (2) En innumerables ocasiones, este Tribunal ha expresado que nuestra revisión como último Foro Judicial debe ser sobre la sentencia o el resultado y no sobre los fundamentos. Asoc. Pesc. Pta. Figueroa v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 920 (2001); Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 702 (1999); Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 DPR 691, 695 (1983); Collado v. E.L.A., 98 DPR 111, 114 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 DPR 776, 777 (1964); Corrada v. Asamblea Municipal, 79 DPR 365, 370 (1956); Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 DPR 872, 875 (1911). En otros tér-minos, si nos encontramos ante una petición de certiorari y entendemos que el re-sultado alcanzado por el Tribunal de Apelaciones es correcto, independientemente de si los fundamentos que utilizó para alcanzarlo son incorrectos, nuestra discreción debe movernos a denegar el recurso peticionado.

      (3) Véase el Voto particular disidente de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, págs. 956 y 957.

      (4) En el caso de autos, debido al retiro del Juez Presidente Señor Hernández Denton y durante el tiempo en que estuvo la vacante, se alteró la composición de las salas de despacho constituyéndose dos salas de cuatro jueces y juezas cada una. Véase In re Integración Salas de Despacho, 190 DPR 978 (2014).

      (5) Como es sabido, el Reglamento del Tribunal Supremo dispone cómo este Tribunal acogerá los asuntos que llegan ante nuestra consideración. Específicamente, la Regla 4 dispone cómo ha de regir el funcionamiento de las Salas de Despacho. In re Salas de Despacho, 184 DPR 510 (2012). Así, el referido Reglamento establece que para recomendar la expedición de un auto se requerirán los votos de, por lo menos, la mitad de los Jueces o las Juezas que intervengan. Id. Es decir, en una sala compuesta por tres jueces, se puede recomendar la expedición de un recurso siempre que haya al menos dos votos. De lo contrario, se declarará “no ha lugar”, en cuyo caso el Juez o la Jueza a quien le fue asignado el caso emitirá una resolución que haga constar la decisión tomada. Ahora bien, cuando la mayoría de los miembros que componen la Sala de Despacho proveen “no ha lugar” al recurso, en una posterior solicitud de re-consideración podrá ser atendido por una Sala de Despacho distinta para que sea evaluado por otros Jueces. De esta manera, todo el Pleno tendrá la oportunidad de examinar y ponderar los argumentos de las partes para así disponer del recurso.

      (1) Adviértase que en esta etapa de los procedimientos lo único que nos corres-ponde determinar es si en nuestro ordenamiento los ciudadanos pueden acudir ante un tribunal de derecho para ventilar controversias de daños y peijuicios e incumpli-miento contractual en contra de una entidad religiosa sobre asuntos seculares.

      (2) Para una elocuente y breve exposición conceptual en torno a las diferencias cualitativas entre principios y normas, en el ámbito del Derecho, véase R. Alexy, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, 5 DOXA 139 (1988) (Manuel Atienza, trad.) (disponible en http://www.biblioteca.org.ar/libros/141737.pdf) (última visita, 12 de abril de 2015).


author: per curiam:

text:
      In re Américo Martínez Romero, querellado.

      Número: AB-2011-80

      Resuelto: 21 de abril de 2015

      Manuel O’Farill García, querellante; Carmen I. Navas, abo-gada del querellado.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un abogado por incumplimiento con las órdenes emi-tidas por este Tribunal.

[ — i

En el 2011, el Sr. Manuel O’Farrill García (quejoso) pre-sentó la Queja Núm. AB-2011-0080 (Queja) en contra del Ledo. Américo Martínez Romero. En la misma alegó que la comunidad hereditaria a la cual pertenece contrató al abo-gado para que llevara a cabo unas gestiones que este aún no había culminado. El 21 de diciembre de 2012, la Oficina del Procurador General presentó ante este Foro un In-forme en el que recomendó el archivo de la Queja y sugirió que procediéramos a ordenar al licenciado Martínez Romero la devolución del dinero que percibió por los trabajos no realizados. El 7 de febrero de 2013, el quejoso nos in-formó que el licenciado Martínez Romero le entregó los ex-pedientes que pertenecían a la comunidad hereditaria, pero que no entregó el dinero adeudado. El 26 de abril de 2013, luego de examinar la totalidad del expediente que obra ante nuestra consideración, decidimos ordenar el ar-chivo de la Queja y apercibimos al licenciado Martínez Romero que nuestra determinación estaba condicionada a que devolviera el dinero a la parte quejosa.

Por hechos no relacionados con la queja que ahora exa-minamos, el 10 de mayo de 2013 suspendimos al licenciado Martínez Romero del ejercicio de la abogacía y la notaría, y le advertimos que debía devolver a todos sus clientes, den-tro del término de 30 días, los honorarios percibidos por trabajos no realizados. El 25 de septiembre de 2013, el li-cenciado solicitó reinstalación al ejercicio de la abogacía y la notaría. Dos semanas después, ordenamos su reinstala-ción exclusivamente a la práctica de la abogacía y le adver-timos que se reactivarían inmediatamente todas las quejas y querellas que estaban pendientes de resolución.

El 24 de octubre de 2013, el quejoso informó que el li-cenciado Martínez Romero aún no se había comunicado con relación al dinero que adeudaba a la comunidad hereditaria. Por esta razón, mediante Resolución de 24 de enero de 2014 concedimos al licenciado Martínez Romero un “término final e improrrogable de veinte (20) días” para cumplir “con lo dispuesto en nuestra Resolución de 26 de abril de 2013”. (Énfasis en el original). Vencido el término, el 31 de marzo de 2014 el quejoso reiteró el incumplimiento del letrado. Aunque indicamos que el término concedido era final e improrrogable, el 6 de febrero de 2015, otorga-mos al licenciado Martínez Romero otra oportunidad para que devolviese el dinero a la parte quejosa —esta vez den-tro del término de 10 días— y le apercibimos que su incum-plimiento con lo ordenado podría conllevar la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión legal. A pesar de haberle notificado personalmente nuestra resolución, al día de hoy el licenciado no ha contestado.

h-H

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene el poder in-herente de regular la profesión legal y, como tal, nos co-rresponde asegurar que los miembros admitidos a la prác-tica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones responsable, competente y diligentemente.!) Con el propó-sito de mantener la excelencia de la clase togada, repetida-mente hemos enfatizado la obligación que tienen los abo-gados de cumplir fiel y cabalmente con todos los cánones de ética que rigen nuestra profesión.!) Entre las disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, que le impone al abogado el deber de “obser-var para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. La desatención de las órdenes y los requerimientos judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales, lo que representa una infrac-ción al referido canon.() Por tal motivo, hemos decidido que procederá la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría de aquellos miembros que no atiendan con diligencia nuestros requerimientos, así como los emitidos por la Oficina de Inspección de Nota-rías (ODIN) y la Oficina del Procurador General.!)

III

Desde el 2013, en cuatro ocasiones ordenamos al licen-ciado Martínez Romero la devolución de los honorarios que percibió por trabajos no realizados. A pesar de las múlti-ples oportunidades que le concedimos, no tenemos constan-cia de que el abogado haya cumplido con nuestro requerimiento. Según consta en el expediente del licen-ciado, la última comunicación que recibimos del quejoso —con fecha de 31 de marzo de 2014— tuvo el propósito de informar que el letrado aún no había entregado la suma adeudada a la comunidad hereditaria. Al día de hoy el li-cenciado Martínez Romero no ha comparecido para infor-mar lo contrario. Por tales razones, nos vemos obligados a decretar su suspensión del ejercicio de la abogacía de forma inmediata e indefinida.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se ordena la sus-pensión inmediata e indefinida del Ledo. Américo Martínez Romero de la práctica de la abogacía. El licenciado Martí- nez Romero deberá notificar a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consul-taría ni representación legal y les devolverá los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por trabajos no realizados. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar su suspensión a cualquier foro judicial o adminis-trativo en el que tenga algún caso pendiente y mantenernos informados de cualquier cambio en su dirección, teléfono y correo electrónico. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de 30 días contado a partir de la notificación de la presente Opinión “Per Curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015).

      (2) In re Sosa Suárez, 191 DPR 261 (2014).

      (3) In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015); In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Martínez Romero, 188 DPR 511 (2013).

      (4) In re Martínez Romero, supra, pág. 515.


author: Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres, Juez Aso-ciado Señor Rivera García. Juez Asociado Se-ñor Kolthoff Caraballo. Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

text:
    Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Ex parte.

      Número: MC-2015-056

      Resuelto: 22 de abril de 2015

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Mónica Cordero Vázquez, procuradora general auxiliar; Rachel Brill Cooper, abogada de Lutgardo Acevedo López.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la Asociación de Fotoperiodistas, el Taller de Fotope-riodismo y el Overseas Press Club, “no ha lugar”.

Notifíquese inmediatamente vía facsímile, por teléfono y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emi-tió un voto particular de conformidad, al cual se unieron la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y el Juez Asociado Se-ñor Feliberti Cintrón. El Juez Asociado Señor Rivera Gar-cía emitió un voto particular de conformidad. Los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo y Estrella Martínez emitieron votos particulares disidentes. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Martínez Torres,

al cual se unieron la Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

Simpatizo con la postura de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico para abrir a los medios audiovisuales las incidencias de los casos penales. Como señalé en ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769, 776 (2013), “el uso de cámaras en los procedimientos penales está más que ensayado en otras jurisdicciones, por lo que no hay que temerle”.

En el pasado hemos permitido la presencia de cámaras y la transmisión mediática de eventos posteriores a la convicción. Sin embargo, nunca hemos autorizado la trans-misión y la toma de fotografías en vistas evidenciarías en casos penales. De hecho, cuando autorizamos por primera vez la presencia de cámaras en los procedimientos penales, el Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto de conformidad al que me uní junto con el Juez Aso-ciado Señor Estrella Martínez. Allí se dijo:

Claro está, al acceder a lo solicitado, consideramos cuidado-samente que este caso se encuentra en la etapa de vista de sentencia donde un Jurado deliberó y adjudicó la responsabi-lidad penal del acusado. O sea, no estamos ante una petición para transmitir el juicio o la vista preliminar, las cuales son etapas más sensitivas del proceso criminal. En este sentido, entendemos que mediante la transmisión de dicha vista el acusado no sufrirá un perjuicio y no existe un riesgo de que se afecte la administración de la justicia. Al contrario, sostene-mos que se abona a la fiscalización de nuestro sistema al per-mitir que el proceso de dictar sentencia se divulgue al público de la manera más transparente posible. ASPRO et al., Ex parte I, supra, pág. 773. (Énfasis suplido).

En el mismo sentido, véase el voto de conformidad del Juez Presidente Señor Hernández Denton, al que me uní junto al Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo, en ASPRO et al., Ex parte II, 189 DPR 838 (2013).

Cuando autorizamos la entrada de las cámaras y otro equipo audiovisual a los tribunales, dejamos expresamente para una evaluación posterior la transmisión y toma de fo-tografías en los casos penales. El Reglamento del Programa Experimental para el uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comuni-cación en los Procesos Judiciales no contempla la transmi-sión de vistas evidenciarías en casos penales. Por el contra-rio, la Regla 3 establece expresamente que el Reglamento “[r]egirá únicamente en los procesos judiciales celebrados en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan”. 4 LPRAAp. XXXV (Supl. 2014).

Nos corresponde hacer esa evaluación de manera sose-gada, con el beneficio de los estudios y la experiencia. No me parece que tomar estas determinaciones ad hoc nos permita ponderar todos los factores presentes y llegar a una decisión colegiada. Este asunto requiere que el Tribunal paute una regla uniforme y no que tome decisiones caso a caso, aun si las partes se pusieran de acuerdo (lo que no ha ocurrido aquí). Si aprobáramos hoy la transmisión de vistas evidenciarías en casos penales, entonces ¿para qué evaluar lo que ya decidimos?

En mi voto particular de conformidad, al que se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton, en Int’l Broadcasting Corp., Ex parte, 189 DPR 834, 837-838 (2013), señalé:

Como mencioné en ASPRO et al., Ex parte I, supra, pág. 776, estoy comprometido con “abrir las puertas de la Rama Judicial para mantener informado al Pueblo de Puerto Rico sobre los procedimientos que se desarrollan en nuestros tribunales”. No obstante, el trámite necesario para alcanzar ese fin tiene que realizarse de manera organizada. La transmisión desorgani-zada de un juicio penal puede incidir sobre los derechos del acusado. Por eso, reglamentar su difusión a través de los me-dios audiovisuales es un asunto más complicado que difundir un acto de lectura de sentencia, como lo autorizamos en ASPRO et al., Ex parte I, supra. Ante el impacto que la difusión mediá-tica puede tener sobre el juicio, lo ideal es que todo esto se reglamente en su día, si este Tribunal lo entiende necesario, mediante un protocolo que haga un balance entre la capacidad de mantener informado al público utilizando los nuevos méto-dos audiovisuales con el derecho del acusado y el interés social en que se conduzca un proceso penal justo e imparcial. Este no es el momento para improvisar. (Enfasis suplido).

Lo que expresé acerca de la transmisión de un juicio en un caso penal aplica por igual a una vista preliminar. Por esa razón, mi voto es para denegar la solicitud de la Asocia-ción de Periodistas para que demos acceso a las cámaras a la vista preliminar pautada en este caso penal. Confío que en una fecha cercana el Tribunal culmine su estudio y auto-rice la presencia de las cámaras en los procesos penales.

— O —

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Rivera García.

Estoy conforme con la presente Resolución que hoy cer-tificamos porque la solicitud presentada por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y otros grupos para transmi-tir en vivo las incidencias de la vista preliminar en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Lutgardo Acevedo López, está fuera del alcance de la reglamentación que hasta el momento he-mos adoptado. El Canon 15 de Etica Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, se enmendó con el único propósito de hacer viable la implantación de un plan experimental aplicable exclusiva-mente a los casos civiles que se dilucidarán en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Véase In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013). De hecho, en aquella ocasión expresé clara-mente que mi voto de conformidad estaba condicionado a que la enmienda al Canon 15 aplicaría únicamente a los procesos judiciales a celebrarse en las Salas de Recursos Extraordinarios del Tribunal de Primera Instancia de San Juan por el término de un año. Cónsono con ello, me reservé el derecho a modificar mi voto si en la eventualidad se con-sideraba extender o ampliar el programa a otras salas, prin-cipalmente si tal decisión incidía sobre los derechos consti-tucionales que cobijan a nuestra ciudadanía. Es por ello que en cada una de las peticiones que han presentado distintos grupos periodísticos para que autoricemos la trasmisión en vivo de los procesos judiciales, he expresado que estas no proceden. Véanse, e.g.: ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769 (2013); ASPRO et al., Ex parte II, 189 DPR 838 (2013); ASPRO et al., Ex parte I, 190 DPR 82 (2014); Solicitud ASPRO et al., Ex parte II, 190 DPR 184 (2014); ASPRO et al., Ex parte, 191 DPR 490 (2014).

En lo que respecta al caso particular que hoy atendemos, la petición de los periodistas es prematura, por lo que su aceptación hubiese correspondido a una intervención inade-cuada e indebida con la discreción que cobija al Juez del Tribunal de Primera Instancia. Esto porque, hasta este mo-mento, el Foro Primario tiene ante su consideración una “Moción en solicitud de celebración de una vista en privado” presentada por el Ministerio Público, ya que según explica, “la vida y seguridad de uno de sus principales testigos —de-nominado en las denuncias como Testigo Cooperador — , así como la de su familia, se encuentra en riesgo de sufrir un daño” si es reconocido en una vista pública. Véase Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la Oficina de la Pro-curadora General, pág. 2. Así las cosas, hace bien este Tribunal en no tomar una determinación en el vacío sin tan siquiera conocer las circunstancias particulares que podrían hacer necesario limitar de manera excepcional el acceso del público durante la celebración de la vista preliminar.

Finalmente, debo señalar que aquellos miembros de esta Curia que interesen que se continúe con la transmi-sión en vivo de los procesos judiciales, deben entonces mover la discusión del Informe sobre el Uso de Cámaras Fo-tográficas y Equipo Audiovisual de Difusión para cubrir los Procedimientos Judiciales en Puerto Rico, de manera que se adopte un reglamento final en el que se consideren las realidades y dinámicas muy particulares que acontecen en nuestras salas civiles y penales. Ahora bien, mientras eso no suceda, no podemos continuar autorizando a ciegas la transmisión de procesos judiciales, sin una correcta medi-ción de potenciales consecuencias, por más bien que hayan funcionado tales proyectos en otras jurisdicciones. Más aún, cuando se trata de autorizar la transmisión de proce-sos de índole criminal en etapas tan sensitivas como vista preliminar y juicio en su fondo, las cuales están enmarca-das en un derecho constitucional tan básico e importante como es la presunción de inocencia.

Ante esa realidad, resulta preocupante y totalmente desafortunado que algunos miembros de esta Curia pro-muevan que se utilicen casos penales en etapas tan críticas y cruciales como simples experimentos. Aquí hay unas pre-ocupaciones serias y legítimas —ejemplificadas particular-mente en el caso de epígrafe— que bajo ninguna circuns-tancia se deben minar con ataques infundados desde el podio de presunta “transparencia”, motivados principal-mente para convencer a una mayoría de los miembros de esta Curia en adoptar posiciones particulares.

Por las razones que anteceden, estoy conforme con la Resolución que hoy emitimos en la que se declara “no ha lugar” la petición presentada por la Asociación de Periodis-tas de Puerto Rico y otros grupos periodísticos.

— O —

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Kolthoff Caraballo.

En ASPRO et al., Ex parte( ) expuse que no debía “exis-tir vacilación o duda alguna con relación al hecho de que la mera presencia de las cámaras de los medios de comunica-ción en las salas de nuestros tribunales trae consigo luz”.()

De igual forma, también expresé que las cámaras de televisión nos aportan luz “porque permiten que observe-mos con claridad y sin intermediarios los procesos en el interior de nuestros salones de vistas”.() En otras pala-bras, las cámaras de televisión al iniciar su transmisión “alumbran el proceso judicial y obviamente esto redunda en más transparencia, que es algo que en el pasado he insistido necesitamos en nuestro sistema judicial”.()

En este contexto, entiendo que si existe un caso al que le fuera conveniente agregar ese elemento adicional de trans-parencia que aportan las cámaras de televisión es el que hoy la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO) y otros gremios periodísticos nos solicitan transmitir.

Ciertamente, y distinto a las solicitudes anteriores, el de hoy se trata no solo de un caso criminal, sino de una etapa evidenciaría del proceso como es la vista preliminar de causa probable para juicio. Sin embargo, mi postura hoy es consistente con lo que he expresado en el pasado: “mi visión es cada vez más clara y mi posición, como parte de esta Curia, es más firme”.()

Así, adelanté mi determinación de que “[c]on la excep-ción de los asuntos que se dilucidan en las salas de familia y menores, estableciendo las restricciones que se entiendan necesarias, evaluando caso a caso y, sobre todo, conce-diendo una total discreción a los jueces de instancia, creo que es posible transmitir, incluso de forma televisiva, cual-quier proceso judicial, en cualquier etapa”.( ) (Enfasis en el original y escolio omitido).

Hoy creo, aún más, que las experiencias de estos dos úl-timos años nos han preparado suficiente. Entiendo que nuestros jueces de instancia, en especial aquellos que presi-den procesos criminales, están conscientes de la importan-cia de aceptar este reto que nos impone la necesidad de más transparencia y que están listos —a su vez— para asegurar, caso a caso, y con la herramienta que les provee la discre-ción judicial, el imperativo constitucional de un juicio justo e imparcial.

Con relación a la situación de que el Tribunal de Pri-mera Instancia pueda tener ante sí una solicitud para que algún segmento de la vista sea privado, en nada cambia mi determinación. El que esta Curia autorice la transmisión solicitada no impide que el foro de instancia utilice su dis-creción para limitar, suspender e, incluso, cancelar tal transmisión, cuando el proceso así lo requiera.

En conclusión, y como he señalado antes, “es evidente que los tiempos nos convocan a un ensanche de nuestras fronteras en este tema y que no podemos dilatar, y mucho menos obviar, ese llamado. Por eso, es menester que el avance que se inició [en los pasados años] no mengüe, sino que siga ganando impulso’’.() Por tal razón, “[Corresponde a esta Curia, [distinto a la determinación que hoy se toma], mantener una actitud de apertura y un paso de avanzada en este asunto”.()

Por todo lo anterior, disiento respetuosamente de la de-terminación de este Tribunal.

— O —

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

Han transcurrido más de dos años desde que enmenda-mos el Canon 15 de Etica Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y apro-bamos reglamentación para establecer un programa experimental relacionado con el uso de cámaras y equipo audiovisual en las salas judiciales.() En aquella ocasión ad-vertí que la adopción de este Programa no debe detener a este Tribunal en continuar con los esfuerzos simultáneos dirigidos a alcanzar la plenitud de acceso a los procesos judi-ciales dentro de nuestro esquema constitucional. Los pasos de este Tribunal tienen que cobrar mayor agilidad en el transcurso hacia “la reformulación de la reglamentación del acceso a los medios de comunicación a todos los procesos judiciales. Claro está, con las salvaguardas necesarias para amparar a determinados actores del tracto legal, cuya pro-tección es imprescindible para el descubrimiento de la verdad”.()

Luego de dos años de experimentar, estudiar, analizar y de haber recibido el asesoramiento del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, respetuosamente consi-dero que resulta imperativo realizar un esfuerzo simultá-neo adicional dirigido a conceder la petición de la prensa. A fin de cuentas, “el uso de cámaras en los procedimientos penales está más que ensayado en otras jurisdicciones, por lo que no hay que temerle”. (Enfasis suplido).() Lamenta-blemente, habiendo transcurrido dos años de estudio y análisis sosegado, una Mayoría de este Tribunal estima no adoptar la tendencia en las sociedades democráticas de promover la norma general de la divulgación de los proce-dimientos penales en las salas de justicia.

Consecuente con mis pronunciamientos previos, reitero que la transmisión de los procedimientos judiciales facilita el acceso a la información, la transparencia proactiva y constituye un valioso mecanismo para prevenir la corrup-ción en el sistema judicial y en las fuerzas del orden público. Por ello, la transmisión transparente de los proce-sos judiciales debe ser la norma y no la excepción. El ca-rácter excepcional se debe reservar para las situaciones en que el juzgador que preside los procesos dictamine que en virtud de intereses constitucionales de mayor valor pro-cede prohibir o limitar la transmisión, según las facultades que le reconocimos en la Regla 5(b) de la reglamentación que al presente ha regido las autorizaciones de este Tribunal para la transmisión de vistas judiciales en las salas penales. Reglamento del programa experimental para el uso de cámaras fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos ju-diciales, 4 LPRA Ap. XXXV. De igual forma, el Canon 15 de Etica Judicial, supra, establece, en su parte pertinente, que “el juez o la jueza podrá restringir o limitar la trans-misión en directo de lo que acontece durante el proceso judicial si determina que afectará el logro de un juicio justo e imparcial o la sana administración de la justicia”. Es de-cir, el juez que preside el proceso penal cuenta con las he-rramientas para atender planteamientos de derecho que puedan formular las partes en el proceso penal.

Como cuestión de hecho, el Informe sobre el Uso de Cá-maras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión para cubrir los Procedimientos Judiciales en Puerto Rico( ) y el asesoramiento del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial nos han provisto de mecanismos concretos y efectivos que se utilizan en otras jurisdicciones para efec-tuar un adecuado balance entre los intereses y derechos constitucionales de todos los participantes del proceso penal en cada caso particular.

Otras jurisdicciones han podido establecer un adecuado balance entre los derechos constitucionales a la libertad de prensa, a un juicio rápido y público, y a la ventilación de un juicio ante un jurado imparcial, entre otras consideracio-nes de primer orden. Puerto Rico también puede hacerlo.

Los sectores que se oponen a la petición de la prensa varían desde los que desean conservar el sistema actual de restricciones hasta los que simpatizan con el reclamo, pero justifican su negativa a la petición de la prensa por supues-tamente ser necesaria una mayor evaluación.

Los que tienen una visión de negar el acceso a la prensa y aducen que la lucha contra la criminalidad se afectará, ciertamente no han analizado las experiencias y estudios científicos de otras jurisdicciones. A ellos les pregunto: ¿Conservar qué? ¿Acaso quieren seguir conservando las al-tas tasas de criminalidad que imperan en nuestra jurisdic-ción? Por décadas hemos hecho lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿O realmente será que quieren conservar la “secre-tividad judicial” y la comodidad de que no se fiscalicen los procedimientos judiciales penales y no se ponga la palabra en la acción en lo atinente al acceso y a la transparencia?

A los que argumentan la necesidad de mayor evalua-ción, pues que pongan la palabra en la acción y experimen-ten con este caso. ¿Qué mejor ejemplo de transparencia que ejercer la facultad conferida mediante el Canon 15 y así autorizar la petición de la prensa en un caso criminal en el que está involucrado el primer juez estatal acusado por actos de corrupción judicial.

Es hora de que este Tribunal le hable claro a la comu-nidad jurídica y a la sociedad en general. Si no favorecen la transmisión de casos en procesos penales que lo digan a los cuatro vientos.

De mi parte, estoy ávido de aprobar reglamentación que brinde mayor certeza y uniformidad, pero la ausencia de la misma no es impedimento para realizar esfuerzos adicio-nales simultáneos, bajo los parámetros aquí expuestos, dirigidos a autorizar la petición de la prensa. Ciertamente, lo que sí constituye un impedimento es la ausencia de volun-tad de acción inmediata de este Tribunal.

En fin, cónsono con mi consecuente criterio ante peticio-nes similares como la que nos ocupa,() disiento de la de-terminación de no permitirle acceso de la prensa al proceso judicial en cuestión.

      (1) ASPRO et al., Ex parte, 191 DPR 490 (2014).

      (2) íd., Voto de conformidad, págs. 493-494.

      (3) Íd., pág. 494.

      (4) Íd.

      (5) Voto de conformidad del Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo en ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769, 782 (2013).

      (6) íd.

      (7) Voto de conformidad del Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo en ASPRO et al., Ex parte, supra, pág. 497.

      (8) Voto de conformidad del Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo en ASPRO et al., Ex parte I, supra, pág. 783.

      (1) Véase In re C. 15; Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424 (2013).

      (2) Id., pág. 446, Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Estre-lla Martínez.

      (3) Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Martínez Torres emitido en ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769, 776 (2013).

      (4) Véase Informe sobre el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión para cubrir los Procedimientos Judiciales en Puerto Rico, en: http: //www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/conferencia/otros/Informe-Uso-Camaras-Fotograficas-Equipo-Audiovisual-Difusion-para-eubrir-los-Procedimientos-Judicialesen-Puerto-Rico-septiembre-2011.pdf.

      (5) Véanse: Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitido esa. ASPRO et al., Ex parte, 191 DPR 490 (2014); Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitido en Solicitud ASPRO et al., Ex parte II, 190 DPR 184 (2014); Voto particular disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitido en ASPRO et al., Ex parte I, 190 DPR 82 (2014); Voto particular de conformidad del Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitido en ASPRO et al., Ex parte I, 189 DPR 769 (2013).