author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Huelva, Demandante y Apelada, v. Clivillés et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre nulidad de partición y reclamación ele herencia.
    No. 1424.
    Resuelto en julio 20, 1916.
    SUSTITUCIÓN DE HEREDEROS-SUSTITUCIÓN SIMPLE — SUSTITUCIÓN SIN EXPRESIÓN de Oasos — Heredero Sustituto. — -En este caso el testador instituyó por here-deros a cuatro liijos naturales nacidos, respectivamente, en los años de 1900, 1901, 1906 y 1909, terminando la institución con las siguientes palabras: "Y los hago mutuamente sustitutos unos de otros.” Uno de los hijos, o sea el nacido -en 1909, falleció en 1914, habiendo fallecido antes su padre. Con tal motivo la madre pretende ser única heredera del mismo, mientras que los tres hermanos sobrevivientes reclaman los derechos consiguientes a la sus-titución pupilar. Se estableció: que de acuerdo con el artículo 762 del Código Civil Revisado, cuando el testador establece una sustitución sin expre-sión de casos, dicha sustitución debe entenderse en el sentido de que el heredero sustituto será llamado a la herencia en el caso de que el heredero instituido no llegue a serlo, bien por su fallecimiento antes que el testador, bien porque no quiera aceptar la herencia, bien porque no pueda aceptarla.
    Testamento — Uso de Erases o Palabras Definidas en las Leves — Interpre-tación de Testamento. — Cuando en un testamento donde se establecen dere-chos u obligaciones que han de constituir materia jurídica, se hace uso de frases o palabras que tienen sentido o significado definido en las leyes, deben ser entendidas en dicho sentido.
    Sustitución de Herederos — Sustitución Vulgar y Pupilar — Testamento— Heredero Abintestato. — En una de las cláusulas del testamento, el testador expresa su voluntad de que los herederos no podrán disponer de su herencia hasta llegar a su mayor edad, privando a la madre durante la menor edad ds sus hijos de que administre aquellos bienes que no estén comprendidos dentro del tercio de legítima que a ellos corresponde. Se resolvió: que tal disposi-ción no tiene el alcance de que fuera también la intención del testador la de que en caso del fallecimiento de alguno de sus hijos después que el testador y antes de cumplir los catorce' años de edad sólo adquiriera la madre los dere-ehos legitimarios correspondientes, pues no hubo provisión alguna para tal evento; que la sustitución de que se trata siendo como es vulgar y no pupilar quedó caducada y sin efecto desde el momento en que el hijo muerto sobrevi-vió a su padre el testador y llegó a sea- uno de sus herederos; y que siendo ello así, al fallecer el hijo, su madre era la llamada a heredarle abintestate con arreglo al artículo 910 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Antonio Suliveres.

    Abogado de la apelada: Sr. R. Agredí Aldea.

   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por el abo-gado Antonio Suliveres como defensor de los menores deman-dados, José, Emanuel y Julio Juan Clivillés Huelva, y en representación del también demandado Francisco G-andía, contra sentencia que en 27 de julio de 1915 dictó la Corte de Distrito de Arecibo declarando que Juana Huelva López es heredera libre de su hijo Enrique Alberto Clivillés en todos los bienes de la herencia de éste, relictos al falleci-miento de su padre Don José Clivillés Valencia, sin especial condenación de costas.

Solicita la demandante Juana Huelva López en la de-manda, se declare que la partición de los bienes de Don José Clivillés Valencia tal como fué hecha por los contadores parti-dores es nula y sin ningún valor y efecto por cuanto perjudica e invade derechos legitimarios y hereditarios de la deman-dante, única y universal heredera del niño Enrique Clivillés Huelva, y que dicha partición debe hacerse adjudicando a la demandante como tal heredera todos los bienes que correspon-dían a su hijo en la herencia de José Clivillés Valencia.

De las alegaciones de la demanda y de la contestación,, y de las pruebas practicadas en el juicio, resulta:

Io. Que en 28 de mayo de 1914 Don José Clivillés Valencia otorgó en la ciudad de Arecibo y ante el notario Don Antonio Suliveres Rivera testamento cerrado en el que des-pués de declarar “que no tiene ascendientes ni descendien-tes legítimos pero sí cuatro hijos naturales habidos con Juana Huelva y López nombrados Julio Juan, que nació el 12 de abril de 1906; Enrique Alberto que nació el 23 de octubre de 1909; Manuel que nació el 31 de diciembre de 1901; y José que nació el 20 de octubre de 1900, todos los que tiene reconocidos en el Registro Civil de Arecibq como sus Lijos naturales,” Lace la institución de herederos en la siguiente forma: £íEn el remanente de todos mis bienes y derechos instituyo y nombro como mis únicos y universales herede-ros a mis hijos naturales reconocidos Julio Juan, Enrique Alberto, Manuel y José Clivillés, y los hago mutuamente sus-titutos unos de otros.” Esa institución de herederos apa-rece afectada por la siguiente condición: “En todos los bie-nes y derechos dejados como herencia a mis citados hijos naturales que excedan del importe de sus legítimas, o sea de la tercera parte de los que aparezcan luego de mi falle-cimiento, impongo la condición de que sean administrados por Don Francisco G-andía, vecino de Arecibo, y en susti-tución de éste Don Nicolás Siragusa, y en su defecto el que la Corte de Distrito de Arecibo designe, y sus rentas y pro-ductos, deduciendo el 10 por ciento por retribución de los trabajos y gastos del administrador, se invertirán propor-cionalmente en el sostenimiento e instrucción de los citados herederos hasta que hayan obtenido alguna profesión, ocu-pación u oficio. Tal administración cesará al ser mayor cada uno de los herederos en cuanto al mismo corresponda, con-tinuando en cuanto a los menores de edad hasta su mayoría de edad. Es mi voluntad terminante, que durante la menor edad de mis hijos y herederos, todos aquellos bienes que no estén comprendidos dentro del tercio de legítima que a ellos corresponde, no sean administrados por la madre de los mis-mos, y sí por los administradores que designo, y en su defecto por los que la Corte de Distrito de Arecibo nombre con tal objeto.”

2. Que José Clivillés Valencia falleció en 24 de septiemr bre de 1914 bajo el testamento de que se deja hecho mérito, cuya protocolización fué hecha en el registro del notario Don Antonio Suliveres por auto de la -Corte ele Arecibo de 3 de octubre de 1914.

3o Que en Io. de noviembre de 1914 falleció Enrique Cli-villés Huelva, uno de los hijos y herederos de José Clivillés Valencia.

4o. Que la Corte de Distrito de Arecibo por orden de 16 de diciembre de 1914 declaró única y universal heredera del finado Enrique Clivillés Huelva a su madre natural Juana Huelva López.

5o. Que en 18 de febrero de 1915 procedióse a la parti-ción de los bienes de Don José Clivillés Valencia concurriendo al acto los albaceas testamentarios del finado Don Andrés Candía Córdova y Don Manuel Siragusa, los contadores tam-bién nombrados por el testador Don Manuel Martínez Rose-lló y Don Francisco Márchese Correa, Don Antonio Suliveres Rivera como defensor de los menores Don José, Don Manuel, y Don Julio Juan Clivillés Huelva, y Doña Juana Huelva López como heredera del otro hijo fallecido Enrique Alberto Clivillés Valencia, asistiendo también en concepto de peritos tasadores de los bienes muebles e inmuebles Don Ramón Ramos Casellas y Don Adrián Padilla Mercado, y en dicha partición fué distribuida una tercera parte de la herencia de Clivillés entre los tres hijos supervivientes del finado y la demandante como madre del niño fenecido Enrique Cli-villés, a partes iguales, distribuyéndose las dos terceras par-tes restantes entre los- tres hijos supervivientes Julio Juan, José y Manuel Clivillés Huelva, después de deducido el im-porte de un legado de $100 dispuesto por el testador.

6o. Que para la anterior divisoria de bienes se estableció la siguiente base o supuesto: “Toda vez que la intención del testador al instituir herederos a sus cuatro hijos natu-rales reconocidos, fué que en caso de muerte de alguno de ellos, se heredaran unos a otros los supervivientes en la parte' de libre disposición, cosa que en manera alguna podía dis-poner respecto de la forzosa, como lo evidencia la cláusula condicional subsiguiente para la institución, en cuya cláusula prohíbe terminantemente toda intervención cle la madre de dichos herederos en la administración de los bienes de la parte de libre disposición, para lo cual nombró desde luego •un administrador con facultades especiales y le nombra un sustituto y hasta autoriza a la corte de distrito para que en su defecto designe otro, todo ello haciendo uso del dere-cho que le concede el artículo 763 en relación con el 765 del Código Civil Revisado, claro es que debe procederse a la partición del caudal hereditario con arreglo a lo dispuesto por dicho testador, o sea, determinando separadamente la cuantía y el concepto por el cual se hacen las adjudicacio-nes a los tres herederos supervivientes y a la madre de éstos por lo que respecta al otro hijo fenecido.

7o. Que Juana Huelva López no sólo hizo constar al final de la divisoria su inconformidad con ésta sino que al ser presentada a la Corte de Distrito de Arecibo para su apro-bación formuló oposición, entre otras razones, que no son. ati-nentes al presente caso, por el fundamento de que siendo ella única heredera de su hijo Enrique Clivillés, uno de los here-deros del finado Don José Clivillés, han sido adjudicadas dos terceras partes de la herencia del Enrique Clivillés a sus hermanos.

S°. Que estimando la corte de Arecibo que la oposición formulada por Juana Huelva López envolvía una cuestión de derecho sustantivo que requería una resolución judicial previa por los amplios trámites del juicio declarativo con anterioridad a toda consideración que hubiera de hacerse sobre el proyecto de partición presentado, dispiiso, por orden de 3 de marzo de 1915 se suspendieran las actuaciones en el estado en que se encontraban hasta que fuera resuelta en el juicio correspondiente la cuestión planteada por la parte opositora.

En consonancia con la expresada orden de 3 de marzo de 1915, se presentó por Juana Huelva, la demanda que ha originado el presente pleito.

La cuestión esencial en el presente recurso versa sobre la interpretación que debe darse a la clánsnla de institución de herederos del testamento otorgado por Don José Clivi-llés Valencia, pues mientras la parte demandante sostiene que esa cláusula envuelve la clase de sustitución nombrada vulgar a que se refiere el artículo 762 del Código Civil refor-mado, la parte demandada sostiene que se trata de la sus-titución llamada papilar a que se refiere el artículo siguiente o sea el 763 del mismo código.

Esos artículos dicen así:

“Artículo 762. — Puede el testador sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso en que mueran antes que él, o no quieran, o no puedan aceptar la herencia.
“La sustitución simple, y sin expresión de casos, comprende los tres expresados en el párrafo anterior, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario.
“Artículo 763. — Los padres y demás ascendientes podrán nombrar sustitutos a sus descendientes menores de catorce años, de ambos sexos, para-el caso de que mueran antes de dicha edad.”

El artículo 762 que dejamos transcrito, no deja lugar a dudas. Cuando el testador establece una sustitución, sin ex-presar un caso concreto, o sea, de una manera simple, la ley dispone que se consideren comprendidos en tal sustitución los tres casos del apartado Io. de dicho artículo, a saber: primero, que el heredero instituido muera antes que el tes-tador; segundo, que no quiera aceptar la herencia, y ter-cero, que no puede aceptarla. En síntesis, la sustitución sin expresión de casos debe entenderse en el sentido de que el heredero sustituto será llamado a -la herencia en el caso de que el heredero instituido no llegue a serlo, bien por su fallecimiento antes que el testador, bien porque no quiera, aceptar la herencia, bien porque no pueda aceptarla.

Ninguna de esas condiciones se ha realizado en el pre-sente caso pues el heredero Enrique Alberto Clivillés y Huelva de cuya herencia se trata, falleció después que el testador y no aparece que renunciara la herencia de éste o no la aceptara. Lejos de ello, la misma demandante, madre del difunto Enrique, consigna en su demanda la alegación de que su referido Rijo no estuvo en manera alguna imposi-bilitado para aceptar la herencia de José Clivillés Valencia, habiéndola aceptado tácitamente como uno de los sucesores del mismo, y según consta del proyecto de partición de bie-nes del difunto José Clivillés en que intervinieron los meno-res demandados representados por su defensor, fué un hecho admitido y por tanto ajeno a discusión que el menor Enrique llegó a ser heredero de su padre. Tan es así que se adjudi-caron a la madre como heredera del niño una tercera parte de sus bienes, y las otras dos terceras partes a los demás hermanos.

No aparece en el testamento de José Clivillés y Valencia cláusula alguna- que contradiga, modifique o anule las palabras del testador sobre institución de herederos y éstas no ofrecen ambigüedad ni duda sobre su significación.

Pero es que si alguna duda hubiera sobre la clase de sus-titución que pretendió establecer el testador y de si era vulgar o pupilar, esa duda quedó desvanecida por el precepto terminante del segundo apartado del artículo 762 del Código Civil, expresivo de que la sustitución simple y sin expresión de casos comprende los tres expresados en el párrafo anterior a menos que el testador haya dispuesto lo contrario,, sin estatuir que también fuera comprendida, cuando hubiera términos hábiles para ello, la sustitución pupilar. Cuando en un testamento donde se establecen derechos u obligacio-nes que han de constituir materia jurídica se hace uso de frases o palabras que tienen sentido o significación defini-dos en las leyes, deben ser entendidas en dicho sentido. Sen-tencia del Tribunal Supremo de España de 27 de octubre-de 1903. La sustitución sin expresión de casos tiene su sig-nificación definida por la ley y no cabe, por tanto, darle otra significación distinta.

José Clivillés Valencia no nombró herederos sustitutos, a sus hijos, unos de otros, para el caso de muerte de alguno de ellos antes de llegar a los catorce años de edad, y si inter-pretáramos en ese sentido la cláusula de institución de here-deros hecha por aquél, le daríamos una extensión que sus palabras no tienen.

Invoca la representación de la parte apelante en apoyo de su contención, la cláusula del testamento de José Clivi-llés en que el testador expresa su voluntad de que los here-deros no podrán disponer de su herencia hasta llegar a la mayoría de edad, privando a la madre durante la menor edad de sus hijos de que administre aquellos bienes que no estén comprendidos dentro del tercio de legítima que a ellos corresponde.

Tal disposición testamentaria no puede tener el alcance que pretenden los apelantes. El testador quiso privar a la madre de la administración de los bienes de sus menores hijos no comprendidos dentro del tercio de la legítima; pero no podemos aceptar como consecuencia que fuera también su intención la de que en caso de fallecimiento de alguno de sus hijos después del testador y antes de cumplir los catorce años de edad, sólo adquiriera la madre los derechos legiti-marios correspondientes. No hubo provisión alguna para tal evento.

Entendiendo como entendemos que la sustitución de que se trata es vulgar y no pupilar, aquélla quedó caducada y sin efecto desde el momento en que el heredero Enrique Cli-villés sobrevivió a su padre el testador, y llegó a ser uno de sus herederos. Siendo ello así, al fallecer Enrique Cli-villés, su madre la demandante Juana Huelva es llamada a heredarlo abintestato, con arreglo al artículo 910 del Código Civil.

Opuso la parte apelante a la demanda en la corte inferior la excepción de que los hechos no determinaban causa ■de acción por pedirse la nulidad del proyecto de partición de bienes aún no aprobado por la corte y sujeto a la Ley ■de Procedimientos Legales Especiales. Esa misma excepción ha sido alegada también ante esta Corte Suprema.

Como la corte inferior, según indicamos al principio, no hizo pronunciamiento alguno sobre la expresada nulidad y se limitó a declarar que Juana Huelva López es heredera libre de su hijo Enrique Alberto Clivillés sobre todos los bienes de la herencia de éste, huelga discutir aquella excep-ción.

Por las razones expuestas, es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Coto, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción a las ordenanzas municipales.
    No. 1057.
    Resuelto en julio 20, 1916.
    Infracción de Ordenanzas Municipales — Municipios—Facultades de los Municipios. — Un municipio no puedo prohibir lo que autoriza la legislatura, ni autorizar lo que la legislatura prohíbe, pero sí puede siguiendo la línea de conducta trazada por el legislador, prohibir la realización de actos de la misma naturaleza de los prohibidos por 61.
    Id. — Ordenanzas Municipales — Portar Armas — Navajas Barberas — Chave-tas de Tabaqueros — Reglamentos de Policía Referentes al Orden Pú-blico. — La ordenanza del municipio de Oaguas para prohibir portar navajas barberas y chavetas de tabaqueros, aprobada en 16 de marzo de 1915, no está en contradicción con la ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de 9 de marzo de 1905, sino que es simplemente una adición, dentro de la idea fundamental inspiradora de la ley, hecha a virtud do requerimientos de índole local, usando el municipio de las facultades que le confiriera la' misma legislatura en la sección. 25 de la ley municipal de 1906 para adoptar regla-mentos de polieía referentes ál orden público.
    Id. — Portar Armas — Privilegios de Clases — Ofensa o Defensa. — El que la ordenanza del municipio de Caguas prescriba que la prohibición que acuerda no será aplicable a las personas que se dedican a los oficios de barbero y tabaquero cuando portan las armas especificadas en las horas hábiles, no es una distinción constitutiva de un privilegio de clases, pues la idea de la orde-nanza es prohibir que se porten armas con fines de ofensa o defensa y no la de impedir que los tabaqueros y barberos lleven consigo sus chavetas y nava-jas, instrumentos de su oficio, en las horas de labor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antonio L. López.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación en el que está envuelta la validez o nulidad de cierta ordenanza municipal.

Se imputó al acusado el hecho de portar sobre su persona, con fines de ofensa o defensa, una navaja barbera, en con-travención a lo dispuesto en una ordenanza del municipio de Caguas.

El acusado alegó que el hecho que se le imputaba no era constitutivo de delito, porque la ordenanza que lo prohibía era nula por estar en contradicción con una ley de la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico.

La ley a que se refiere el acusado es la de 9 de marzo de 1905 decretada para prohibir portar determinadas armas, y ciertamente entre las armas que se especifican en ella no se encuentran las navajas barberas a que se refiere la denuncia. El portar tales navajas está prohibido solamente en la orde-nanza municipal.

¿Es ésa una contradicción, o simplemente una adición dentro de la idea fundamental inspiradora de la ley, hecha a virtud de requerimiento de índole local?

La Asamblea Legislativa llegó a la conclusión de que el bien del Pueblo de Puerto Rico exigía la prohibición de por-tar determinadas armas y en efecto así lo acordó por la ley que hemos citado. El municipio de Caguas llegó también a la conclusión de que el bien de la localidad exigía la pro-hibición de otras armas y las prohibió por medio de la ordenanza de que se trata, usando de las facultades que le confiriera la misma legislatura en la sección 25 de la Ley Municipal de 1906, al autorizarlo para adoptar reglamentos de policía referentes al orden público. Las condiciones de ■vida, la índole de los negocios, la clase de industrias no son las mismas en todas las municipalidades que integran el territorio de Puerto Rico. De allí, el motivo de conferir •ciertos poderes a los gobiernos locales para prescribir medi-das de orden público de acuerdo con las necesidades de cada pueblo o ciudad.

Desde luego que no podría en modo alguno prohibir un municipio lo que expresamente autoriza la legislatura, ni autorizar lo que la legislatura probiba, pero sí puede, como en este caso, siguiendo la línea de conducta trazada por el legislador, prohibir la realización de actos de la misma natu-raleza de los prohibidos por él. Ya esta Corte Suprema •expresó su criterio en ese sentido al resolver cierta cuestión suscitada con motivo de una ordenanza municipal dictada para regular la velocidad de los automóviles. Nos referimos al caso de El Pueblo v. Nochera, en el cual se estableció la siguiente doctrina:

“Finalmente no encontramos que la sección de la ordenanza que nos ocupa sea contradictoria con la sección 36 de la ley No. 41 de 10 de marzo de 1910, página 131. Lo que en ésta se dispone es que los automóviles no deberán marchar a una velocidad mayor de diez y seis kilómetros por hora mientras estuvieren dentro de la zona urbana de un municipio. Esta sección de la ley lo único que hace es fijar un máximum para la velocidad de los automóviles en la zona urbana, y no sería legal una ordenanza permitiendo que en la zona urbana se caminase a mayor velocidad que la mencionada, pero no impide que pueda el municipio dentro de ese máximum fijar otro menor. En el caso de Bellingham v. Cissna, 87 Pac. 481, (Wash. 1906), se declaró que una ley que fijaba cierta velocidad a los auto-móviles dentro de la zona urbana no impide que el municipio esta-blezca otra menor. Yéase también el caso de Christensen v. Tate, 128 N. W. 622 (Neb. 1910).” El Pueblo v. Nochera, 23 D. P. R. 605.

Ataca además el acusado la validez de la ordenanza por-que, según él, concede privilegios a determinadas clases. La ordenanza en efecto prescribe que la prohibición que acuerda no será aplicable a las personas que se dediquen a los oficios de barbero, tabaquero, etc., cuando porten las armas espe-cificadas en las boras hábiles.

Basta leer lo que dejamos consignado, para concluir que no es ésa una distinción constitutiva de un privilegio de clases. La idea de la ordenanza es prohibir que se porten armas con fines de ofensa o defensa, no la de impedir que los tabaqueros y barberos lleven consigo sus chavetas y navajas — instrumentos de su oficio — en las horas de labor. “El hecho de que un estatuto exima a ciertas clases de su aplicación,” ha dicho esta corte en el caso de El Pueblo v. García & García, 22 D. P. R. 817, 818, “no lo hace inconsti-tucional cuando claramente aparece que las exenciones eran aquellas en que la ocupación particular sufriría pérdidas inmediatas o cuando las clases excluidas eran trabajos de necesidad. ’ ’

El acusado suscita otras cuestiones que hemos estudiado y que carecen de importancia a nuestro juicio. En tal, vir-tud, procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Martínez, Peticionario y Apelante, v. Bryan, Juez Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un recurso de certiorari.

    No. 1310.
    Resuelto en julio 20, 1916.
    Intervención — Desahucio—Intervención Después de Terminado el Pleito por Sentencia Ejecutada — Certiorari—Procedimiento.—Terminado un. pleito de desahucio por sentencia firme ejecutada, no comete error de pro-cedimiento alguno la corte que se niega a considerar una moción pidiendo la nulidad del mandamiento de ejecución de dicha sentencia, presentada por persona que no fué parte en el pleito.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. Rodolfo Ramírez.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de certiorari fallado en contra del peticionario en la Corte de Distrito de Mayagiiez y apelado entonces por el mismo para ante este Tribunal Supremo.

De la transcripción aparece que Alejo Llnl entabló de-manda de desahucio en la Corte Municipal de Mayagüez contra Pedro Dejardein. Se trataba de una finca de unas cuatro cnerdas que el demandante alegó haber adquirido por compra a Don Pascasio Fajardo con anuencia de su esposa Doña Ofelia Martínez. El demandado contestó en el sentido de que si bien ocupaba la finca, lo era a virtud de contrato de arrendamiento celebrado con Don Eogelio Martínez. Practicadas las pruebas, la corte resolvió el'pleito a favor del demandante. Transcurrido el término de ley, se ordenó la ejecución de la sentencia, y el marshal hizo constar en su diligenciado que el demandado había desalojado la finca con anterioridad voluntariamente habiéndose encontrado en ella a Eogelio Martínez y a un peón que le acompañaba, entregando el último la llave de una casa situada en la finca.

Así las cosas, después de dictada y ejecutada la sentencia, Eogelio Martínez presentó a la corte municipal una moción pidiendo a la corte que decretara la nulidad del mandamiento de ejecución de la sentencia de que se ha hecho mérito. En su moción el dicho Martínez alega que “se cree dueño de la finca” y que la tenía arrendada al demandado en el pleito de desahucio y el demandado se la entregó, hallándose en posesión de la misma cuando fué ilegalmente desalojado por el marshal.

La corte municipal, después de oir a Martínez y al deman-dante en el pleito de desahucio, declaró sin lugar la moción “por no ser parte en este procedimiento el Sr. Martínez.”

Entonces Martínez estableció su solicitud de certiorari en la corte de distrito y, espedido el auto, la corte examinó los procedimientos y finalmente desestimó la solicitud por el mismo fundamento de la corte municipal y además porque cuando la moción del peticionario se presentó en la corte municipal, ya la sentencia de desahucio había sido ejecutada y puesto en posesión de la finca el demandante.

El alegato de la parte apelante es largo y confuso. Cuando trata del principal fundamento de la resolución de que se queja — esto es, de que no siendo parte en el pleito de desahucio no pudo pedir la nulidad del mandamiento de eje-cución de la sentencia dentro del mismo pleito — cita la juris-prudencia de esta Corte Suprema que autoriza la expedición de autos de certiorari en casos muy extraordinarios a ins-tancia de personas realmente interesadas que no fueron parte en los procedimientos cuya revisión se pide. El caso es dis-tinto. Aquí no se negó el auto de certiorari porque el peti-cionario no fuera parte en el pleito de desahucio. ' Aquí se expidió el auto y revisados los procedimientos de la corte inferior se encontró que estaban ajustados a derecho.

En verdad que hubiera resultado completamente arbitra-rio por parte de la corte municipal el acceder a las preten-siones de Martínez. En su moción no alega que desconociera la existencia del pleito de desahucio que se entabló desde el 16 de octubre de 1914. Más bien se desprende de sus tér-minos que tenía tal conocimiento. El demandado en dicho pleito alegó en su contestación, como hemos visto, el contrato de arrendamiento invocado por Martínez. Practicadas las pruebas la corte,, dictó sentencia el 29 de diciembre de 1914 en favor del demandante. No apeló el demandado. El 25 de enero de 1915, el demandante pidió que se librara el man-damiento de ejecución, y expedido en efecto, el 26 de enero de 1915 se ejecutó la sentencia en la forma indicada. T es entonces que Martínez, limitándose a alegar “que se cree dueño” de la finca en cuestión que le había sido entregada unos quince días antes por su alegado arrendatario, pretende que se anule el mandamiento. Bajo tales circunstancias, per-mitir la intervención de Martínez en el pleito de desahucio ya terminado por sentencia ejecutada, hubiera sido contrario a las regias más elementales de procedimiento.

Debe confirmarse la resolución apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres.-Presidente'Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Tomei, Demandante y Apelante, v. Arkadia Sugar Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Iínmacao en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1465.
    Resuelto en julio 20, 1916.
    Responsabilidad de Patronos — Daños y Perjuicios — Negligencia del Pa-trono. — En demandas por daños y perjuicios basados en la Ley sobre Res-ponsabilidad de Patronos, es necesario alegar específicamente la negligencia del patrono cuando no se deduce de nada de lo que en la misma se refiere. Antes de que pueda inferirse la negligencia del patrono debe demostrarse que debido a la relación establecida entre el patrono y el empleado se originó algún deber con el que dejó de cumplir el patrono. Ese es un deber que es más o menos común al negocio o industria y que un patrono regularmente prudente o sus agentes responsables deben cumplir.
    Id. — Defecto Causal del Accidente — Maquinarias Defectuosas — Sitio del Accidente. — En este caso el único defecto quo se alega en la demanda como causa del accidente es la falta de protección al demandante contra ciertas maquinarias al descubierto, sin escaleras, andamios, barreras, crucetas o protectores que hicieran no peligroso el paso por ese lugar. No se hizo constar si las maquinarias eran defectuosas ni que había el deber de remediar el supuesto defeeto. Tampoco podía demostrarse la situación física del sitio en que ocurrió el accidente. Se resolvió: que dicha demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y que es vaga e ininteligible.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Francisco González y C. Dominguez Rubio.

    La apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso es tan vaga e ininteligible, qne no hemos podido formarnos nna idea clara de la situación física del sitio en que sucedió el accidente. La demanda es como sigue:

“1. Que el demandante es mayor de edad, vecino actualmente del municipio de Arroyo, de profesión químico azucarero, y la demandada una corporación establecida en la isla de Vieques, representada por su presidente Don Ramón Aboy, que es mayor de edad, propietario y vecino de Iiumacao.
“2. Que el día 20 de marzo de 1915, el demandante era empleado de la demandada y se encontraba trabajando en la factoría, a virtud de un contrato de servicios, por los cuales recibía 1,500 dólares como sueldo anual durante el cosecho, una gratificación de 1,000 dólares si el rendimiento del azúcar llegaba a 13 y medio por ciento de azúcar de 96 grados de polarización y si pasaba de 11 y tres cuartos 2,000 dólares.
“3. Que entre los deberes del demandante estaba el de vigilar el azúcar que había en las cristalizadoras de dicha central para ordenar el derrame de una cantidad de melao en las mismas en cierta ocasión especial. Estas cristalizadoras que son 9, se mueven impulsadas por un motor que mueve un eje común a todas: una rueda dentada que cada una tiene hace mover fin tornillo sin fin en su parte exterior a dicha cristalizadora y que sirve de eje a cada una de éstas para mover las aspas de las mismas. Al girar el eje pone en movimiento todos estos aparatos que mantienen en movimiento el azúcar que se encuen-tra dentro de cada cristalizadora.
“4. Estando el demandante en el ejercicio de sus funciones aten-diendo estas cristalizadoras a las 9 de la noche del día antes citado, en que la luz que alumbraba a dicha factoría era deficiente, al tratar dicho demandante de ver la cristalizadora número 4, que estaba car-gada con dos templas de azúcar, subió a ella por el único sitio de subida donde no hay escalera y teniendo que descansar su pie en el plato del tornillo sin fin de que antes hicimos mención; en este sitio no existe nada que pueda proteger de una caída, resbalón o accidente parecido. Dicho demandante miró hacia adentro de la referida cris-talizadora para ver en qué tiempo necesitaba el melao y fué cogido por el eje común que fué enrollando sus ropas hasta llegar al bajo brazo; en este estado comenzó a comprimir el cuerpo de éste a manera de tortolo, estrechando más y más, y apretando la caja torácica del demandante, que llamó en auxilio, no pudiendo con sus manos pro-tegerse, pues nada bay que pare el motor y nadie lo atendía. Así permaneció dicbo demandante dentro del mayor sufrimiento posible, gritó y sólo se dió cuenta del estado en que se encontraba 4 o 5 horas después del accidente cuando estaba en su cama y le asistía un facul-tativo.
“5. El demandante alega que al subir a ver la cristalizadora lo hizo con todo el celo, cuidado y precaución posible, habida cuenta que no existen escaleras en este sitio, ni lugares donde poder afir-marse los que tal labor realizan, ni sitio alguno de seguridad. El motor no puede ser parado a menos que alguna persona se acerque y así lo haga y no hay palanca alguna que pueda pararlo en ningún sitio cerca del lugar donde se encontraba el demandante. El motivo único que ocasionó esta cogida del demandante es la falta de pro-tección que estos aparatos que están al aire libre, sin andamios, barre-ras, crucetas o protectores que hagan no peligroso el pase por este lugar. Este defecto aparente ha estado siempre al alcance de los patronos del demandante que lo sabían y les constaba tal peligro inminente y no fué remediado nunca por ellos ni por persona bajo su mando.”

Después de ser declarada con lugar la excepción pre-via presentada a la demanda se dictó sentencia a favor del demandado.

Creemos que tiene razón el apelante al sostener que se lia resuelto generalmente que, en acciones establecidas de conformidad con una ley sobre responsabilidad de patronos como la nuestra, ordinariamente no hay asunción de riesgo por parte del empleado. Al reservar el estatuto al patrono el derecho de alegar la defensa de negligencia contributoria en general parece excluir la defensa de asunción del riesgo. El apelante admite el hecho de que pueden existir casos. en que el empleado, aun bajo la ley puede considerarse que asume dicho riesgo, pero no tenemos interés en discutir la cuestión en un caso en que no hubo informe oral y en el cual el apelado ha dejado de formular su alegato.

Haciendo justicia, sin embargo, a la corte inferior, cree-mos que la sentencia debe ser confirmada porque el apelante no se ajustó a los preceptos de la Ley sobre Responsabilidad de Patronos. Esa ley prescribe entre otras cosas lo siguiente:

“Sección.' 1. — Que cuando, después de la aprobación de esta ley, resulte lesión corporal a un empleado que esté ejercitando en su ocupación el debido celo y diligencia, al recibir el daño:
“1. Por causa de cualquier defecto en el estado de vías de comu-nicación o en el de las obras o máquinas que se usen en relación con la empresa del patrono, o en ella misma, y el daño fuere originado, o no descubierto o no remediado, por la negligencia del patrono, o de cualquier persona a su servicio a quien éste hubiese confiado el deber de hacer que dichas vías,- obras o máquinas estuviesen en buen estado. ’ ’

En el caso de Rosa v. New York & Porto Rico S. S. Co., 20 D. P. R. 470, que ha sido citado por el apelante la corte analizó los elementos esenciales del estatuto. Entre ellos estaba la necesidad de alegar la negligencia del patrono.. En, esta demanda no ha sido alegada específicamente la negli-gencia, ni se deduce ésta necesariamente de nada de lo que en la misma se refiere. Antes de que pueda inferirse la negligencia del patrono debe demostrarse que debido a la relación establecida entre el patrono y el empleado se originó algún deber con el que dejó de cumplir el patrono. Ese es un deber qué es más o menos común al negocio o industria y que un patrono regularmente prudente o sus agentes res-ponsables debieron haber cumplido. El único defecto que aquí se alega es el dejar de proporcionar al demandante pro-tección contra una maquinaria descubierta en un sitio en que no había escalera.

No existe alegación de que la maquinaria misma era defectuosa. No es bastante con decir “que el único motivo que ocasionó esta cogida del demandante es la falta de pro-tección de estos aparatos que están al aire libre, sin andamios, barreras, crucetas o protectores que hagan no peligroso el pase por este lugar,” sino que debe constar que había el deber de remediarse el supuesto defecto.

No daremos mayor consideración a un caso que ha sido sometido tan superficialmente a este tribunal. La sentencia debe confirmarse concediéndose permiso, sin embargo, al demandante para solicitar de la corte que le permita presen-tar nna nueva demanda y acompañar la referida moción a dicha nueva demanda, notificando a la demandada. En estas condiciones la corte inferior puede resolver sobre la sufi-ciencia de la demanda después del debido informe y consi-derar entonces si habrá de permitir la radicación de una nueva demanda.

Confirmada la sentencia apelada pero conce-diéndose permiso para presentar una de-manda enmendada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Filardi, Demandante y Apelado, v. Barreda, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1385.
    Resuelto en julio 21, 1916.
    Daños y Perjuicios — Apreciación de la Prueba. — Cuando al apreciar el montan-te de los daños causados la corte da crédito a la declaración del demandante sin que la parte contraria presentara prueba alguna en contra de aquel valor, ni impugnara la veracidad de dicha declaración, tal apreciación será sostenida.
    Td. — Cuantía de los Daños — Partidas que la Determinan — Impugnación.— Condenado el demandado a pagar al demandante una determinada suma de dinero en concepto de daños y perjuicios, sin precisarse en la sentencia las partidas que la determinan, para poder apreciar si aquella cuantía es excesiva, debe impugnarse en su totalidad y no por partidas.
    Id. — Negligencia—Prueba Contradictoria- — Conflicto de Prueba.- — Si existe contradicción en la prueba con respecto a la negligencia, y el juez inferior re-suelve el conflicto en pro del demandante, para rechazar su apreciación es necesario que se demuestre que hubo pasión, prejuicio, parcialidad, o error ma-nifiesto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José Sabater y Frank Martines.

    El apelado no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

La acción entablada en el presente caso ante la Corte de Distrito de Ponce tiene por objeto obtener el demandante del demandado la snma de $6,800 por indemnización de daños y perjuicios cansados a aquél con motivo de un accidente ocu-rrido en la carretera de Yanco a Sabana Glrande, chocando la motocicleta del demandante con el automóvil del deman-dado, cuyo choque produjo la fractura de la tibia de la pierna izquierda del demandante.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 5 de junio de 1915 por la que declara que la ley y los hechos están a favor del demandante y en contra del demandado, y en su consecuencia condena al demandado Henry H. Barreda a satisfacer al demandante Juan B. Filardi en concepto de indemnización de daños y perjuicios la suma de $900, sin especial condenación de costas.

En la opinión que sirve de fundamento a la sentencia se establecen como resultado de la evidencia aportada al juicio por ambas partes, las siguientes conclusiones de hecho que a continuación transcribimos literalmente:

“El día 9 de diciembre de 1913 el demandante Juan B. Filardi iba montado en una motocicleta por la carretera que conduce de Yaueo a Sabana Grande, como entre 9 y 10 de la mañana, y en dirección contraria, o sea, viniendo de Sabana Grande hacia Ponce, venía el demandado Henry H. Barreda guiando personalmente un automóvil de su propiedad. Allá por el kilómetro 34 de dicha carre-tera, y al doblar una curva, de súbito se encontraron frente a frente, y a corta distancia, los dos vehículos. El demandante montado en su motocicleta y subiendo la cuesta trató de desviarse lo más posible hacia su derecha para evitar el choque, y el demandado Henry H. Barreda, guiando su automóvil y bajando la referida cuesta corriendo por el centro de la carretera, al ver acercarse la motocicleta se turbó, y en vez de tomar su derecha en la carretera, desvió su automóvil hacia su izquierda, que era la derecha de la motocicleta que subía en dirección contraria, chocando ambos vehículos, quedando destro-zada en gran parte la motocicleta, y habiendo experimentado el de-mandante Juan B. Filardi la ruptura de la tibia de la pierna izquierda al recibir un golpe en la misma y en el momentp del choque, con el botavaea o con el radiador del automóvil. Se ha probado, además, •satisfactoriamente, que a consecuencia del choque mencionado el de-mandante Filardi tuvo necesidad de asistencia médica durante dos meses y medio próximamente, sin poder durante ese tiempo caminar y dedicarse a sus ocupaciones habituales como contratista de obras, ■sufriendo con motivo de la lesión recibida fuertes dolores y ansiedad mental.
"Se ha probado satisfactoriamente que la motocicleta del deman-dante, que valía $275, después de destrozada fué vendida solamente en $25, habiendo perdido' dicho demandante una suma de $250. También aparece probado que el demandante pagó al Sr. G-atell por asistencia médica $125, con más $14 por medicinas. También aparece probado, apreciando debidamente toda la evidencia presentada en el naso, en relación con lo alegado en el hecho segundo de la demanda, que el demandante estuvo impedido de dedicarse a sus ocupaciones habituales próximamente dos meses y medio, y que tuvo que emplear a un hermano suyo, nombrado Domingo Filardi, para que atendiera a las obras del acueducto de Arroyó de que-entonces era rematista el dicho demandante, habiendo pagado a su hermano por tales atenden-cias, la suma de $100 mensuales que en dos meses y medio ascienden ¡a la de $250.”

En vista de esos hechos, llegó la corte a la conclusión legal •de que el accidente motivo del pleito ocurrió por culpa o negligencia del demandado Henry H. Barreda, y que éste, por tanto, está obligado a indemnizar el daño causado, con-signando expresamente en su opinión que al fijar el montante de la indemnización tomaba también en cuenta los sufrimien-tos mentales y físicos que se fia probado experimentó el demandante con motivo del accidente.

En su alegato escrito ante esta Corte Suprema, la repre-sentación del demandado y apelante señala como motivos del recurso los siguientes:

Io. Que la corte inferior erró al apreciar el montante de los daños causados.

2o. Que también erró la corte inferior al declarar que el demandado fué culpable de negligencia.

Para sostener el primer error alega la parte apelante que la diferencia, entre la suma de $275 que dice el deman-dante valía la motocicleta y el precio de $25 en que la vendió' después del accidente, no puede servir de base a un cálculo-justo y equitativo para fijar la cuantía del daño sufrido, pues-lo que valía para Filardi $25 podía valer para otro mayor-cantidad, y a'demás la motocicleta tenía cinco meses de uso» en poder del demandante cuando ocurrió el accidente.

Nos parece que habiendo dado crédito la corte a la decla-ración del demandante Filardi, cuya veracidad no fué impug-nada por la parte contraria, es necesario admitir que la bicicleta costó a Filardi $275 y con motivo del daño que sufrió hubo de venderla por $25, colocándose en la situación de tener que desembolsar $250, si quería hacerse de otra igual y en buenas condiciones para el servicio. Ese desembolso era consecuencia del accidente, y si a la parte apelada parecía exagerado pudo suministrar en el juicio la prueba necesaria para demostrarlo, no habiendo ejercitado semejante derecho-'

También alega la parte apelante que acerca del pago de la suma de $250 por el demandante a un hermano suyo para que lo sustituyera en los trabajos que tenía que prestar con motivo de un contrato celebrado con el municipio de Arroyo,, durante dos meses y medio a razón de $100 mensuales, na existe más prueba que la declaración del demandante, sin haberse demostrado si ese pago era proporcionado con la importancia de los trabajos, como era necesario, pues no-sería justo y equitativo que el demandante pagara lo que-quisiera a su hermano por razón del parentesco o por otra causa cualquiera y que el demandado viniera obligado al rein-tegro de lo pagado.

Eepetimos lo que ya dijimos anteriormente. El juez dió crédito a la declaración del demandante corroborada por la de su hermano, sin que el demandado impugnara la veracidad de uno y otro testigo, ni tratara de demostrar que el precia no guardaba proporción con los trabajos.

Aun más, en la sentencia se condena al demandado a pagar al demandante la suma de $900 en concepto de indemniza-ción de daños y perjuicios, teniendo en cuenta para fijar esa suma no solamente el daño cansado en la motocicleta y la suma pagada por el demandante a su Rermano para que la sustituyera en trabajos que él babía de prestar al municipia de Arroyo, sino también los pagos becbos por asistencia médica y medicinas, y los sufrimientos a que estuvo sujeta el demandante con motivo de la lesión sufrida y fuertes dolores y ansiedad mental que bubo de experimentar. En dicba sentencia se ba fijado cuantía determinada de indem-nización sin precisar las partidas que la determinan, y opi-namos que para poder apreciar si aquella cuantía es excesiva debe impugnarse en su totalidad y no por partidas. Ya bemos dicbo repetidas veces que el recurso de apelación se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos. La. indemnización decretada no nos parece excesiva.

En cuanto al segundo motivo del recurso, o séa, al error cometido por declarar al demandado culpable de negligencia, bubo contradicción en la prueba, habiendo el juez sentencia-dor resuelto el conflicto en pro del demandante, y para ir contra su apreciación habría de demostrársenos que obró con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurrió en manifiesto error,, lo que no se ba hecho en el presente caso. La misma parte apelante en el acto de la vista se limitó a sostener el recurso por el primer fundamento y no por el segundo.

Aceptadas las conclusiones de hecho establecidas por el juez inferior, surge clara la consecuencia legal de que el demandado incurrió en la sanción que marca el artículo 1803; del Código Civil, según el cual “el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, AI-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vilá, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de lá Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa sobre adulteración de leche.
    No. 1056.
    Resuelto en julio 21, 1916.
    Salud Pública — Adulteración de Leche — Leche Adulterada — Venta de Leche para Pínes Industriales. — Es suficiente una acusación que imputa al acusado que vendía en el depósito de su propiedad leclie de vaca adulterada con agua, porque ello significa que la vendía a cualquier persona y no para fines industriales, y cuando esto no es así al acusado corresponde probarlo en su defensa.
    Id. — Conocimientos Especiales del Inspector de Sanidad — Preservativos— Condiciones de la Leci-ie. — Cuando no se demuestra que se necesiten cono-cimientos especiales en la persona que pone los preservativos a una leclie ocupada a los efectos de conservarla mientras tanto es examinada por el químico y se prueba que los preservativos en nada alteraran las condiciones de la leche, no puede admitirse que su uso le añadiera el agua que se encontró en exceso de la norma legal.
    Id. — Exceso de Agua en la Leche según el Examen Químico.' — El exceso de agua sobre el máximum de la norma fijada, poco o muelio, es bastante para sostener que faltaba a la norma fijada para estimar la leche pura.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abog’ados del apelante: Sres. Temdor y Martínez Alvarez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por medio de este recurso apeló José Vilá de la sentencia que lo declaró culpable del delito de vender, como pura, leche da vaca que estaba adulterada con agua.

De la prueba resulta que, ocupada la leche el día 28 de diciembre último, fué examinada el día 4 de enero siguiente, conservándola mientras tanto mediante preservativos que le puso un inspector de la Sanidad, y que, según declaración de un perito químico, en nada alteraban las condiciones de la leche. Del examen que de ella se hizo resulta que la leche tenía las siguientes condiciones: densidad 1.032; grasa, 3.40 por ciento; lectura del refractómetro, 35; sólidos totales, 11.24; sólidos sin grasa, 7.84 por ciento, y agua 88.76 por ciento. En la declaración del perito químico se afirma qne si los sólidos son 11.24 está bajo la norma fijada qne es la de 12; qne las vacas de Puerto Rico en pastos malos dan 36.05 del refractómetro y que la leche qne contenga 35.0 de refractó-metro está adulterada con agua.

El apelante prestó declaración en la qne expone que otras veces lian analizado la leche qne expende y que ha resultado buena, que no sabe cómo conocer cuando la leche está adul-terada pues no se le dice en la Sanidad qué aparato será bueno para ese fin, que vende la leche tal como la recibe y que cuando supo que la que se le ocupó el día 28 de diciembre, resultó mala, quiso hacerla analizar por otro perito pero ya estaba descompuesta la muestra que le había dejado el inspector que la ocupó.

No hizo el acusado objeción alguna en el tribunal inferior a la acusación, pero alega ahora que no es suficiente porque no expone que la leche no se vendiera para fines industriales ya que el artículo 9 del Reglamento de la Sanidad de 30 de septiembre de 1914 permite que cuando la discrepancia de la leche con la norma legal obedezca a causa natural de exceso de agua o defecto de crema que no sea artificial podrá expen-derla o manipularla para fines industriales solamente, en cuyo caso la adulteración no constituirá delito y que la leche desnatada o descremada podrá venderse siempre y cuando los envases que la contengan están debidamente rotulados en esta forma: (a) leche inferior para fines industriales sola-mente; (b) leche desnatada o descremada.

Como la acusación imputó al apelante que vendía en el depósito de su propiedad leche de vaca adulterada con agua, esto significa que la vendía a cualquiera persona y no para fines industriales, y por tanto, era suficiente, y si esto no era así debió probarlo el acusado en defensa suya, lo que no hizo.

También expone el apelante que no se probó que el inspector que puso los preservativos en la leche fuera una persona capacitada para ello, y que quizás el exceso de agua que tenía la leche sobre la norma se debió al hecho de que fuera tal persona quien los puso. No se ha demostrado que se necesiten conocimientos especiales para poner los preserva-tivos, y en todo caso el químico declaró que esos preserva-tivos en nada alteran las condiciones de la leche, por lo que no podemos admitir que su uso le añadiera el agua que se encontró en exceso de la norma legal para la leche.

Pero donde hace más hincapié el apelante es en que la discrepancia entre el examen químico de la leche y la norma legal para su venta es solamente que tenía un 88.76 por ciento de agua cuando la norma permite únicamente 88 por ciento y que esa diferencia de 0.76 por ciento es tan pequeña que repartida entre los 400 cuartillos de leche que vende el ape-lante corresponde a-760 centímetros cúbicos de agua por 100 litros de leche o sea % de litro de agua en 100 litros de leche y que 200 litros de leche que es la equivalencia de los 400 cuartillos de la que recibe el apelante tendrían 1 y2 litros de agua en el total, cantidad tan pequeña que no es posible que adicione una persona que quiera vender leche adulterada para obtener ventaja por la adición de agua.

Si entráramos a estudiar esa cuestión bajo sus verdaderos términos quizás llegaríamos a la conclusión de que la adición de agua es de un 10 a un 15 por ciento, pero no tenemos necesidad de eso porque de todos modos resulta que la leche que se ocupó al apelante tenía un exceso de agua sobre el máximum de la norma que se ha fijado que, poco o mucho, es bastante para sostener que faltaba a la norma fijada para estimar la leche pura.

La moción del apelante para que eliminemos del alegato del Fiscal un folleto sobre análisis de las leches no tenemos que resolverla porque no lo hemos tenido en cuenta para la sentencia que dictamos.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-•ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Lebrón et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito so'bre otorgamiento de escritura y daños y per-juicios.
    Moción de traslado.
    No. 1482.
    Resuelto en julio 21, 1916.
    Traslado del Pleito — Cumplimiento de Contrato — Compraventa de Finca Rústica — Acción Personal — Residencia de los Demandados. — Cuando la aeeión ejercitada no es para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propiedad o interés en la misma o para determinar en cualquier forma dicho derecho e interés, o por daños causados a propiedad inmueble, artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, sino que su objeto es obligar el cumplimiento específico de un contrato de compraventa de finca rústica, tal acción es personal (in personam) y deberá verse en el distrito en que residie-ren los demandados o algunos de ellos, de acuerdo con el artículo 81 de dicho Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. G. Domínguez Rubio.

    Abog’ado del apelado: Sr. Francisco González.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelado estableció demanda en la Corte de Distrito de Humacao alegando entre otras cosas, que las demandadas son dueñas en común pro-indiviso y por partes iguales de cierta finca rústica que se describe en la demanda, radicada en el Distrito Judicial de Humacao; que el deman-dante celebró y dejó perfeccionado con las demandadas, un contrato de compraventa de dicha finca bajo ciertos térmi-nos y condiciones que fueron especificados; que después que una de las demandadas, que durante el curso de las nego-ciaciones tenía la representación de todas había comisionado a cierto notario para preparar la debida escritura de com-praventa, y después de redactada ésta, las demandadas se negaron a firmarla y a cumplir el contrato que de tal modo fue celebrado; que el demandante cumplió debidamente y está dispuesto a cumplir con todas las condiciones que le concier-nan, en el contrato referido; y que con motivo del incum-plimiento por parte de las demandadas del contrato cele-brado el demandante lia experimentado perjuicios como cons-tan especificados en la demanda, que alcanzan a una suma total de cuatrocientos dólares.

En la súplica de la demanda se pide a la corte que con-dene a las demandadas a otorgar escritura pública de com-praventa de la finca descrita a favor del demandante por el precio y con las demás condiciones estipuladas en la demanda,, y condenándoseles a pagar al demandante cuatrocientos dóla-res en concepto de perjuicios sufridos, juntamente con-las costas y desembolsos que se originen en esta acción.

Los demandados, todos los cuales residen en Guayama menos Francisco Berrios, excepcionaron la demanda por care-cer la corte de jurisdicción sobre las personas de los deman-dados y solicitaron que el caso fuera trasladado a la Corte de Distrito de Guayama. Francisco Berrios alega que, aun-que vive y fué emplazado en San Juan, tiene el firme pro-pósito de trasladar definitivamente su residencia a Guayama, y, por tanto, se une a la moción.

Los artículos 75, 81 y 83 del Código de Enjuiciamiento-Civil, en tanto son pertinentes a la cuestión que atora se dis-cute, dicen lo siguiente:

“Artículo 75.- — Deberán sustanciarse en el distrito en que radi-que el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facul-tad de la corte para cambiar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuestoen este código, los pleitos que se sigan por las causas siguientes:
“1. Para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propiedad o interés en la misma, o para determinar en cualquier forma dicto derecho o interés, y por daños causados a propiedad inmueble.
* * * * * * *
“Artículo 81. — En todos los demás casos el pleito deberá ver se. en el distrito en que residieren los demandados, o algunos de ellos, al iniciarse el litigio; * * *
“Artículo 83. — La corte podrá, previa moción, cambiar el lugar del juicio en los siguientes casos:
“1. Cuando el distrito designado en la demanda no es el corres-pondiente. ’ ’
* * * * * * *

Un pleito cuyo objeto es el cumplimiento específico ele un contrato de compraventa de finca rústica es principalmente una acción personal (in personam), y el caso de autos no es una acción “para recobrar la posesión de bienes raíces o de una propiedad o interés en la misma, o para determinar en cualquier forma diebo derecho o interés, y por daños cau-sados a propiedad inmueble.” Davis v. Parker, XIV Allen (Mass.) 94; Lucas v. Patton, 107 S. W. 1143; Morgan v. Bell, 28 Pac. 925; Close v. Wheaton, 70 Pac. 891.

Los casos de León v. Vázquez, 16 D. P. R. 432, y de Río v. Vázquez, 16 D. P. R. 808, que han sido citados por la corte de distrito como fundamento de su resolución y en los cuales se ha basado el apelado en este caso, ninguno de los cuales fué un caso de cumplimiento específico de un contrato, no son de aplicación.

La resolución apelada debe ser revocada.

Revocada la resolución apelada y ordenado el traslado solicitado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey:


author: En Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Virella, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1466.
    Resuelto en julio 21, 1916.
    Cobro de Pesos — Pagaré—Origen del Pagaré. — Aun cuando en una demanda sobre cobro de dinero se transcriba un pagaré, sin especificar el origen del mismo, si el demandado lo liaee en la materia nueva de su contestación y queda además perfectamente aclarado por la prueba, la corte puede tomar dicho origen en consideración para aplicar la ley reguladora del caso.
    Id. — Pagaré a la Orden — Aplicación del Artículo 1138 del Código Civil. — • Habiéndose dado el pagaré a Xa orden de que se trata en pago de parte del precio de la venta de una casa, es de aplicación el precepto del artículo 1138 del Código Civil.
    Id. — Id.—Naturaleza Civil o Mercantil del Pagaré. — No distingue el artículo 1138 del Código Civil entre pagaré a la orden de origen civil o mercantil, y lo único que 'debe demostrarse para que tenga aplicación dicho artículo ss que se trata de un verdadero pagaré a la orden, sin que sea necesario definir la naturaleza civil o mercantil de éste, porque sea cual fuere, siempre so trataría de un pagaré a la orden que, dado en pago, sólo produciría el efecto de liberar al deudor cuando hubiere sido realizado o cuando por culpa del acreedor se hubiere perjudicado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. José y Manuel Tous Soto.

    Abogados del apelado: Sres. Muñoz & Brown.

   En Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre cobro de dinero por no ha-berse, podido hacer efectivo un pagaré a la orden dado en pago del precio de la venta de cierta propiedad inmueble.

En la demanda se alegó, en resumen, que la demandada endosó a favor del demandante, por valor entendido, un pa-garé que copiado a la letra dice así:

“Por $2,451.67 U. S. Oy. Debemos y pagaremos a Doña Rosa Virella «viuda de Ruiz, o a su orden, en la oficina principal de esta compañía, el día cinco de septiembre del entrante año mil novecientos doce, la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta y un dollars y sesenta y siete centavos, devengando dicho importe el interés del doce por ciento (12%) anual, pagaderos por trimestres vencidos; y nos reservamos el derecho de recoger este documento al vencimiento de seis meses contados desde su fecha. San Juan, P. R., septiembre cinco de mil novecientos once. Borinquen Sugar Company. Anto. Caubet, Vice Pres. Pagúese a Don Benito González o a su orden valor entendido. San Juan, P. R., mayo 22/912. Rosa Virella vda. de Ruiz.”

Que a su vencimiento, el demandante presentó el pagaré pqra su cobro y éste le fué rehusado, procediendo entonces el demandante a protestar el documento, notificando el pro-testo a la demandada; y que al endosarse el pagaré fué convenido entre ambas partes que si el deudor no lo pagare, la demandada respondería de su importe, obligación que ba dejado incumplida.

La demandada contestó la demanda aceptando el otorga-miento y endoso del pagaré en cuestión, pero negando sus otras alegaciones. Y como materia nueva constitutiva de oposición, alegó, en resumen, lo que sigue: Que la Borinquen Sugar Company otorgó a favor de la demandada el docu-mento de que se trata; que la demandada al ceder dicbo crédito al demandante no se obligó a responder de su importe; que la corporación deudora es solvente; que no se ba dictado sentencia contra dicba corporación condenándola al pago del importe del pagaré; que ni la Borinquen Sugar Company ni la demandada eran comerciantes a la fecba del otorgamiento del pagaré, y que Rosa Virella viuda de Ruiz, ni Benito González eran comerciantes en la época en que tuvo lugar el endoso de tal pagaré por la primera a favor del segundo y que este endoso se llevó a efecto para satisfacer la demam dada Sra. Virella al Sr. González el precio de venta de una casa radicada en la calle de Cerra del término municipal de San Juan, lugar de Santurce, enajenada por el demandante González a la demandada Señora Virella y de cuyo contrato fué condición que el pago se efectuaría mediante dicbo pa--garé, devolviendo el demandante a la demandada el exceso de su montante sobre la cantidad estipulada como precio de venta. ’ ’

La prueba del demandante consistió en el pagaré de refe-rencia; en el acta de protesto del mismo; en una certifi-cación creditiva de que la Borinquen Sugar Company fué puesta bajo la administración de .un síndico; en copia del poder otorgado por la demandada a favor de José Vilá que contiene facultades para comprar y vender bienes inmuebles, pagar deudas y administrar las propiedades de la deman-dada, y en las declaraciones del demandante, de Pablo Santana, de José Yilá y de la demandada. El demandante y el testigo Santana declararon qne cuando el pagaré fué endo-sado la demandada, por medio de su apoderado Yilá, se había obligado a satisfacer su importe caso de.no hacerlo la Borinquen Sugar Company. En igual sentido se admitió por la demandada que declararía otro testigo que faltó en com-parecer. El testigo José Yilá y la demandada negaron la existencia de tal obligación. En sus declaraciones la deman-dada y Vilá expresan que el pagaré cuyo importe se reclama fué entregado al demandante en pago del precio de una casa que la demandada compró al demandante.

Sometido de tal modo el caso definitivamente a la corte de distrito, ésta lo resolvió por sentencia de 17 de septiembre de 1915 en contra de la demandada y la demandada interpuso entonces el presente recurso de apelación.

A continuación copiamos una parte de la opinión de la corte de distrito expresiva del verdadero fundamento que tuvo para dictar su sentencia. Dice así:

“Resulta de la prueba, que el documento se entregó al deman-dante como parte del precio de una casa que éste vendió a la deman-dada. De manera que, la demandada debió pagar en moneda en curso legal en Puerto Rico la suma en que se convino la venta, y de la cual es parte la reclamada en este pleito, porque recibió su equivalente en una finca, y, por tanto, era deudora al actor de dicha cantidad.
“El artículo 1138 del Código Civil dice:
“ ‘El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda legal de plata u oro que tenga curso legal en Puerto Rico.
“ ‘La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.
“ ‘Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva que-dará en suspenso.’
“Desde luego, que si, como en este caso, se recibió ún documento, y éste no fué pagado por el librador, sin haber sido perjudicado por culpa del acreedor, la endosante debe su importe ya recibido de manos del demandante. ’ ’

En su alegato la parte apelante señala la comisión de seis errores, a saber:

“Primero. — La corte erró al estimar que José Vila apoderado de la demandada tenía poder bastante de ésta para afianzar el pago del pagaré endosado.
“Segunda. — La corte erró al estimar que él apoderado Vilá, pres-cindiendo de la extensión de sus facultades, podía ampliar la res-ponsabilidad de su poderdante en un contrato por ella directamente celebrado, mediante un acto posterior de dicho apoderado, sin inter-vención ni conocimiento de la poderdante.
“Tercero. — La corte erró al estimar exigible un pagaré, sin previa excusión de los bienes del fiador.
“Ctiarto. — La corte erró al permitir prueba oral de que la endo-sante del pagaré se había obligado a responder del pago al endosa» tario, variando así los términos del contrato de cesión del pagaré.
“Quinto.- — La corte erró al conceptuar que se ejercitaba una acción de cumplimiento de compraventa y entrega del precio, y no meramente una acción en cobro de pagarés de índole civil, dirigiéndose la acción de cobro contra la endosante.
“Sexto. — La corte erró al condenar a la demandada al pago d'e la suma de $2,451.67, como precio aplazado de venta, siendo así que la demanda no contiene alegación ni siquiera alusión a tal contrato de compraventa.”

Consideraremos primero’los errores quinto y sexto, por-que si la corte de distrito estuvo acertada en adoptar el cri-terio que adoptó para dictar su sentencia, será innecesario examinar las otras cuestiones suscitadas por la parte apelante.

La demanda se titula “sobre cobro de dinero” y aunque en ella se transcribe el pagaré a que nos liemos venido refi-riendo, es lo cierto que no se explica el origen del mismo.. Pero lo que no hizo el demandante, lo llevó a efecto la deman-dada en la materia nueva de su contestación y quedó además perfectamente aclarado por la prueba. De suerte que cuando el caso fue finalmente sometido a la corte sentenciadora, ésta por virtud de las alegaciones y las pruebas sabía que entre demandante y demandada se había celebrado un contrato de compraventa de una casa; que como parte del precio se entregó un pagaré a la orden; que a la feolia de su venci-miento el pagaré fué presentado para su cobro y no lo satis-fizo el deudor y que entonces el vendedor de la casa se dirigió contra el comprador pidiéndole que le abonara en dinero el importe del pagaré.

A nuestro juicio, la corte de distrito apreció rectamente los liechos y-aplicó la verdadera ley reguladora de este caso.

La certeza del contrato de compraventa, es. un hecho indis-cutible. Que parte del precio se satisfizo en un pagaré a la orden, tampoco puede discutirse. Y que el documento no- fué pagado a su vencimiento, ni quedó perjudicado por culpa del tenedor del mismo, aparece evidente de la prueba practicada.

Pero la parte demandada y apelante sostiene que no obs-tante tratarse de un pagaré a la orden, el documento no es mercantil porque ninguno de sus otorgantes estaba dedicado al comercio, ni fué el resultado de operación mercantil alguna, y que siendo ello así, no tiene aplicación el párrafo segundo del artículo 1138 del Código Civil que se refiere sólo a docu-mentos genuinamente mercantiles. Dicha parte sostiene ade-más que el verdadero precepto aplicable es el contenido en el artículo 1432 de dicho Código Civil que dispone que “el vendedor de buena fe responderá de la existencia y legitimi-dad del crédito al tiempo de la venta, a no ser que se haya vendido como dudoso; pero no de la solvencia del deudor, a menos de haberse estipulado expresamente, o de que'la insol-vencia fuere anterior y pública.”

Sin embargo, a nuestro juicio no se trata aquí de la cesión o venta aislada de un crédito constante en un pagaré pro-cedente de una operación civil, sino del pago de parte del precio de una casa hecho por medio de un 'pagaré a la orden, caso este último al que se refiere expresamente el precepto legal aplicado por el tribunal sentenciador.

No distingue el artículo 1138 del Código Civil entre pa-garé a la orden de origen civil o mercantil, y lo único que debe demostrarse para que tenga aplicación dicho artículo, es que se trata de un verdadero pagaré a la orden, sin que sea necesario definir la naturaleza civil o mercantil de éste, porque sea cnal fuere, siempre se trataría de nn pagaré a la orden que dado en pago sólo produciría el efecto de liberar al deudor cuando hubiere sido realizado o cuando por culpa del acreedor se hubiere perjudicado.

Comentando Manresa el artículo 1170 del Código Civil antiguo, igual al 1138 del revisado, se expresa así:

“En cuanto a la clase de documentos a que el código se refiere, no han d'e ser necesariamente mercantiles, pudiendo ser también civiles; explicándose que bable expresamente de aquéllos, por ser forma más usual del crédito, si bien éste va teniendo cada vez más aplicaciones en el orden puramente civil. Dichos documentos podrán ser a la orden o al portador, pues la primera expresión usada por el código se contrae a los pagarés, de que habla, permitiendo luego la amplitud de concepto, y para incluir en ésta las dos formas de los documentos de crédito.” 8, Manresa, Comentarios al Código Civil, 278.

Y Seaevola dice, entre otras cosas, lo que sigue:

“Por otra parte, en el mismo artículo 1170 se dispone que la entrega de pagarés a la orden, letras de cambio u otros documentos mercantiles sólo producirá los efectos del pago cuando hubieran sido realizados o cuando por culpa del acreedor se hubieren perjudicado. Esto supone en primer lugar que el acreedor se haya conformado con, que la deuda le sea satisfecha por medio de dichos documentos, pues de otro modo no podría obligársele a recibirlos en pago de la deuda. También podría suceder que la entrega de tales pagarés, letras o efec-tos de giro hubiese sido estipulada en el contrato. De todos modos, como estos documentos no son dinero sino en cuanto se realizan, sólo hasta este punto sirven para liberar al deudor del compromiso con-traído, con la limitación,-por supuesto, del caso en que por no haberlos presentado al cobro en tiempo oportuno el acreedor, los efectos se hubieran perjudicado, perdiendo con ello su fuerza de obligar. En-tonces, como se trata de un acto dependiente de la negligencia del acreedor, se imputan al mismo las consecuencias de lo sucedido, si el crédito por tal razón no llegase a ser efectivo en todo o en parte. ’ ’

Por virtud de lo expuesto y habiendo llegado a la con-clusión de que la corte de distrito pudo aplicar y aplicó rec-tamente a este caso el tantas veces citado artículo 1138 del Código Civil, no es necesario examinar los otros motivos de error alegados por la parte apelante, y procede la confirma-ción de la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. López, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por acometimiento y agresión con circunstan-cias agravantes.
    No. 1069.
    Resuelto en julio 21, 1916.
    Suspensión del Juicio — Enfermedad del I-Iijo del Acusado — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — Una moción para que se suspenda un juicio basada en que el acusado no estaba preparado debido a que, por enfermedad de un hijo suyo, no había podido notificar a su abogado, y que el hijo mientras tanto había fallecido, se dirige a la discreción de la corte. Al apelante corresponde probar que hubo abuso de discreción o que se cometió una injusticia. La moción debe ser jurada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: i Sr. Juan B. Huyke.'

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

No se presentó alegato en este caso, pero en la vista com-pareció el apelante por medio de abogado, para solicitar la revocación de la sentencia, fundado en la negativa de la corte a ordenar la suspensión del juicio. La moción pidiendo la suspensión se basó en el hecho que fné alegado, de que debido a la enfermedad de uno de sus hijos el acusado no había podido notificar a su abogado y que el hijo había falle-cido mientras tanto. Una negativa de esta clase está basada en la discreción de la corte y el apelante estaba obligado a hacer constar que liubo abuso de discreción. La moción no iba acompañada de un juramento y no tenemos idea alguna ■de si la corte dió o no crédito a la manifestación hecha por ■el acusado, o qué razones pudo tener la corte, o si ésta hizo otras preguntas al acusado. Estaba en el deber el .apelante de mostrarnos que se había cometido una injus-ticia. El caso fué a juicio, en el que estuvo representado el acusado por otro abogado; llevó consigo testigos de su ve-cindad, y no existe nada en los autos que pueda indicar que no tuvo un juicio imparcial. No se ha alegado o demostrado ■que se haya cometido algún error y debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernandez,

text:
    Berio, Demandante y Apelante, v. The American Railroad Company of Porto Rico, Demandada y Apelada.
    .Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre entrega de bienes y otros extremos.
    No. 1363.
    Resuelto en julio 24, 1916.
    'Opinión del Juez — Transcripción de Autos — Desestimación de Apelación. — ■ La opinión del juez sentenciador no forma parte necesaria de los autos hasta el punto de que la omisión de la misma en la transcripción no pueda dar lugar a la desestimación del recurso, por más que es buena práctica incluirla para mayor ilustración del tribunal. Contra la sentencia y no contra la opi-nión es que se interpone el recurso.
    Id. — Exposición del Caso — Omisión de Hechos en la Opinión — Apreciación de las Pruebas. — Ningún perjuicio se causa a la parte con la omisión en la opinión de hechos que el juez estime innecesario consignar, pues lo que ver-daderamente interesa a las partes es que los hechos del pleito, tales cuales los tuvo a su consideración la corte inferior, consten en el escrito de exposi-ción del caso.
    Daños y Perjuicios — Mercancías Remitidas por Ferrocarril — Entrega a un Agente — Resguardos o Cartas de Porte. — Cuando mercancías remitidas por ferrocarril son entregadas a un agente debidamente autorizado por el con-signatario para recibirlas, tal entrega produce el mismo efecto que si se hubiera hecho al propio consignatario aunque no mediara la presentación del resguardo o carta de porte y no cabe exigir responsabilidad alguna al por-teador por pérdida de las mercancías después de recibidas por el agente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Herminio Días Navarro.

    Abogados de la apelada: Sres. José de Diego y F. G. Peres Almiroty.

   El Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción ejercitada ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., por Gaspar Berio contra The American Railroad Company of Porto Rico, para obte-ner de la demandada indemnización de daños y perjuicios, por falta de entrega de mercancías consignadas desde Maya-güez a Bayamón a favor del demandante y entregadas a otra persona en cuyo poder se quemaron.

Celebrado el juicio la expresada corte dictó sentencia en 18 de noviembre de 1914 por la que declara sin lugar la de-manda con imposición de costas y gastos al actor, quien ha interpuesto contra ella recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

En la opinión que sirve de fundamento a la sentencia se consigna como resultado de las pruebas el siguiente:

1°. Que en los últimos días de julio, 1914, la mercantil Sucesores de Frontera, de Mayagüez, envió a la consigna-ción del demandante, con resguardo a su favor, desde la esta-ción del ferrocarril de la demandada en Mayagüez a la de Bayamón de la misma compañía, seis cajas y un fardo de mercancías que debían ser entregados en dicha estación de Bayamón y donde, al recibirlas, sería pagado el precio de transporte.

2°. Que la entrega de las mercancías se hizo en la esta-ción de Bayamón por la compañía demandada a Jaime Gayr dueño de la empresa de automóvil de carga de Corozal, sin la presentación por éste en la estación de Bayamón, al reci-bir las mercancías, del resguardo expedido al consignatorio.

3°. Que Jaime Gray había celebrado anteriormente en 15 de julio citado un contrato con Gaspar Berio para traspor-tar al Corozal desde las estaciones de la línea de Cataño las mercancías y efectos de comercio consignados al deman-dante, y que desde esa fecha sin la presentación de los res-guardos expedidos a favor de Berio en las estaciones de la línea de Cataño a Bayamón se entregaban a Jaime Gay o a sus dependientes todos los bultos rotulados para el deman-dante, verificándose tal entrega en virtud de autorización de carácter general dada por Berio para tomar cuantas car-gas hubiera para él en Cataño, Bayamón y San Juan.

4o. Que por Jaime Gay o sus dependientes actuando bajo las condiciones del contrato de transporte mencionado, fue-ron recibidos de la demandada el día 4 de agosto de 1914, los fardos de que se trata y conducidos al almacén de Gay en el pueblo de Corozal, donde había de tomarlos el deman-dante para llevarlos a su establecimiento de comercio en los campos de Corozal.

5o. Que en la noche del 4 de agosto ocurrió un incendio en el pueblo de Corozal pereciendo consumidas por el fuego las mercancías de Gaspar Berio que estaban en el estable-cimiento de Jaime Gay en espera de entrega al demandante.

Entiende la corte inferior que el contrato y la autoriza-ción, que el demandante no niega, pero que dice se limitaba a las oficinas de la Línea Férrea del Oeste, incluía también la estación del ferrocarril de The American Railroad Co. of Porto Rico y que la autorización del actor a Gay para tomar sus mercancías sin necesidad de presentar el resguarda era general para todas dichas estaciones, como así resultaba probado por las declaraciones de testigos que merecen entera crédito, por lo que, habiendo obrado Jaime Gay al recibir las mercancías destinadas a Berio debidamente autorizada por éste, no cabe exigir a la demandada responsabilidad civil alguna por la entrega que de ellas hizo a Gay sin presen-tación del resguardo p carta de porte.

La parte apelante en su alegato escrito ante esta Corte Suprema solicita la revocación de la sentencia apelada invo-cando errores de hecho y de derecho que alega haberse come-tido por la corte sentenciadora.

Los llamados errores de hecho se hacen consistir:

Io. En que dicha corte al establecer sus findings afirma que el demandado negó general y específicamente todos y cada uno de los hechos alegados en la demanda, cuando sólo hubo una negación general.

'2o. En que la corte no ha podido hacer declaración alguna sobre hechos distintos de los que dejó en issue la negación general de la contestación, siendo esos hechos el de que las mercancías enviadas por el ferrocarril debían ser entrega-das en la estación de Bayamón al consignatario y el de que por el jefe de la estación de dicho pueblo se entregaron a una compañía de automóviles sin exigirle resguardo y sin que el demandante autorizara a nadie para recogerlas, no habiendo podido por tanto el demandado levantar y tratar de probar el issue de que el demandante hizo un contrato con el dueño de una empresa de transporte para la conduc-ción de todas las mercancías que la demandada le llevara a Bayamón.

3o. En que la corte al declarar probado que el envío de las mercancías se hizo bajo un resguardo omitió expresar que ese resguardo fué el que se protocoló en acta notarial presentada como prueba y admitida sin oposición por la parte contraria.

4o. En que la corte omitió también consignar que bajo ese resguardo se hizo el contrato de expedición entre la com-pañía y el expedidor y que bajo dicho contrato se expresa ser el título para reclamar la entrega de los efectos.

Los errores expresados no afectan propiamente a la sen-tencia recurrida sino a la opinión del juez, y esa opinión no forma parte necesaria del récord, hasta el punto de que la omisión de la misma en la transcripción de autos no puede dar lugar a la desestimación del recurso, por más que sea buena práctica incluirla en el récord para mayor ilustración del tribunal. Los errores en la forma en que lian sido ale-gados pueden existir y sin embargo sostenerse la sentencia apelada. Contra ésta y no contra la opinión es que se inter-pone el recurso. Lo que verdaderamente interesa a las partes es que los lieclios del pleito, tales cuales los tuvo a su con-sideración la corte inferior, consten en el escrito de expo-sición del caso para apreciar si lia habido error en la apre-ciación de las pruebas. Ningún perjuicio causa a la parte la omisión en la opinión de hechos que el juez estimó inne-cesario consignar.

Por más que la demandada-apelada alegó en la contes-tación que negaba general y específicamente todos y cada uno de los hechos de la demanda, esa negación fué realmente general y no específica, pero en virtud de ella quedaron some-tidos al criterio judicial todos los hechos alegados en la demanda así como los relacionados con los mismos; y pres-cindiendo del derecho que tenía la parte demandada den-tro de su negativa general para demostrar que había entre-gado las mercancías a persona autorizada para recibirlas, el propio demandante levantó esa cuestión al expresar en la demanda que el jefe de la estación del ferrocarril le había asegurado haber entregado las mercancías a la compañía de automóviles de carga del Corozal. El demandante negó que dicha compañía estuviera autorizada para recibirlas. Ade-más, la evidencia fué ministrada sin oposición del deman-dante, y una vez practicada en esas condiciones quedó sujeta a la apreciación judicial toda la materia sobre que versó.

Los errores de derecho alegados son los siguientes:

Io. Violación de la ley del contrato en cuanto se ha esti-mado que faltas cometidas por subalternos de una corpora-ción pueden alterar y dejar sin efecto un contrato de trans-porte hecho por la misma corporación, de conformidad con su reglamento y con la ley.

2o. Violación de la ley del contrato en cuanto se ha esti-mado que tina supuesta costumbre contra la ley, o supuesto contrato verbal que es una nulidad por falta de facultades de uno de los contratantes, lian podido dejar sin efecto otro contrato perfectamente legal.

3o. Violación de los artículos 351, 353 y 355 del Código de Comercio, del artículo 22 del' Reglamento de la deman-dada. y de la ley del contrato en cuanto a lo allí estipulado sobre la entrega de los géneros.

El demandante-apelante parte de supuestos erróneos al invocar como motivos del recurso los anteriores errores de derecho, pues no aparece que subalternos de la corporación demandada faltaran a sus deberes entregando las mercan-cías a persona que no estuviera autorizada para recibirlas. La corte ha estimado que Gaspar Berio y Jaime Gay habían celebrado un contrato para el transporte de las mercancías del primero desde las estaciones en Bayamón de la Línea Férrea del Oeste o del ferrocarril de “The American Railroad Company of Porto Rico” al pueblo de Corozal, y en vir-tud de ese contrato Gay estaba autorizado para recoger como lo hizo desde la estación de la demandada en Bayamón las mercancías consignadas a Berio desde Mayagüez. De no haber mediado tal autorización la compañía demandada hu-biera infringido la ley del contrato en virtud del cual estaba obligada a entregar las mercancías al demandante mediante presentación de la carta de porte; pero siendo como era Gay agente de Gaspar Berio, la entrega hecha a Gay tenía que producir el mismo efecto .que si se hubiera hecho al propio Berio, quedando así librada la compañía de toda responsabilidad. El contrato de Berio con Gay no fué su-puesto sino real y cierto, y no estaba viciado de nulidad por falta de incapacidad de uno de los contratantes, puesto que los contratantes fueron el propio demandante y Jaime Gay, mayores de edad y en el pleno uso de su personalidad civil.

Tocios los errores descansan en el supuesto ele que Gray no estaba autorizado para recibir en la estación de la deman-dada las mercancías consignadas a Berio, como así lo afirma la parte recurrente contra la apreciación de las pruebas hecha por la corte inferior, sin que se haya cuidado de demostrar-nos que dicha corte al establecer esa apreciación obró movida por pasión, prejuicio o parcialidad o cometió manifiesto error. La parte apelante no examina o analiza las pruebas para con-vencernos de que se haya cometido tai error, ni tampoco cita como infringido precepto alguno de la Ley de Evidencia.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.. .

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “ conforme con la sentencia.”