author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo v. Enrique Otero & Co.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 394.
    Resuelto en febrero 13, 1912.
    Derecho Penal — Infracción de las Leyes de Rentas Internas — Venta de Cerveza sin Licencia. — Los elementos esenciales del delito de venta de cier-tos artículos, y entre ellos de cerveza, sin obtener cada trimestre una licencia para ello, son el heclio de la venta y el haberla verificado sin haber pagado la licencia, por lo que no es necesario que se alegue más de una venta ni tam-poco que se exprese la cantidad vendida, y por consiguiente, una sola venta y en cualquier cantidad, puede ser castigada si se verifica sin la licencia que impone la ley.
    Id. — Venta Entre Socios. — Aun cuando de la denuncia en su sentido corriente y gramatical, aparezca que ambos acusados son socios de una razón comer-cial, y que el uno vendía al otro cerveza, eso no quita al hecho su carácter de delito.
    Id. — Suspensión del Juicio — Discreción de la Corte Sentenciadora. — Una moción para suspender un juicio descansa en la sana discreción del juez que conoce del asunto, y para que el Tribunal Supremo en apelación altere la resolución de la corte inferior, es necesario que se demuestre que se abusó de esa facultad discrecional y la mera alegación de que la suspensión se solicitó por estar ausente un testigo importante para el acusado, no es bas-tante para afirmar que la corte ejereitó mal el poder que le confiere la ley.
    Id. — Prueba Contradictoria — Apreciación de la Prueba — Pasión, Prejuicio o Grave Error. — Cuando la prueba-es contradictoria y el juez resuelve ese con-flicto en la evidencia, este tribunal no puede ir contra su apreciación, a menos que se demuestre que obró influido por pasión, prejuicio o con grave error.

      Id.- — Venta de Cerveza sin Licencia — Nombre del Comprador — Materia Su-perelua. — En una denuncia por venta de cerveza sin haber pagado la licencia que requiere la Ley de Rentas Internas, es innecesario consignar el nombre-del comprador, y si se consigna, es innecesario probarlo por ser materia superfina, por lo que una discrepancia entre la prueba y la denuncia respeeto-a este extremo, no es fatal porque resulta una variante en algo que no es esencial para la acusación.
    Id. — Veredicto—Discrepancia con la Prueba — Palta de Objeción Contra la Prueba.- — Después de un veredicto no puede alegarse su discrepancia con la prueba, a menos que aparezca del récord que tal discrepancia es fatal, y no interponiendo el acusado objeción a la evidencia, no puede alegar su discrepan-cia por primera vez en apelación.
    Id. — Revocación de la Sentencia — Error en las Alegaciones o Procedimien-tos-Derechos Esenciales del Acusado. — De acuerdo con el artículo 461 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ningún error en las alegaciones o en los procedimientos bastará para invalidarlos a menos que real y efectivamente haya perjudicad o al acusado o tienda a perjudicarlo en sus derechos ■ esen-ciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. José L. Pesquera.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, sección 2a., conoció en grado de apelación de nna denuncia presentada en la corte municipal de Bayamón que en lo necesario dice así:

“Yo, Jaeobo Marks, vecino de Bayamón, calle del Marti, No.... de 31 años, formulo denuncia contra Enrique Otero y Mellón y Modesto Moledo, socios de la firma de E. Otero y Co., por el delito contra las Leyes -de Rentas Internas cometido de la manera siguiente: que en el mes de enero de 1911 y en Bayamón del Distrito Judicial Municipal de Bayamón, dichos Enrique Otero y Mellón y Modesto Moledo, de la firma de E. Otero y Co. ilegal y fraudulentamente se vendían cerveza al por mayor, sin que para ello tuviesen la licencia prescrita por la Ley de Rentas Internas, siendo todo ello contrario a la ley para tal caso hecha y prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

La sentencia pronunciada por la Corte de Distrito, absol-vió a Modesto Moledo y declaró'culpable a Enrique Otero, quien interpuso contra ella el presente recurso de apelación.

Aim cuando el apelante no lia presentado alegato escrito para sostener su apelación, sin embargo, su abogado asistió a la vista del caso en la que, oralmente, expresó los motivos por los que estimaba errónea la resolución de la corte inferior que desestimó su petición de que desestimara la denuncia.

La falta de claridad en la exposición de los hechos que la denuncia estima constitutivos de delito, que fue el funda-mento de la moción desestimada por la corte inferior, se hace ■consistir en no haberse alegado más de una venta, en decir que ésta se verificó entre socios y en no expresar la cantidad que fué vendida.

La Ley de Eentas Internas impone a toda persona que de-see traficar con ciertos artículos, entre ellos la cerveza, el de-ber de obtener cada trimestre una licencia mediante el pa-go de cierta cantidad de dinero y castiga al que sin ella em-pezare o se dedicare a ese tráfico, sin que en nada altere la naturaleza del delito, ni la pena con que se castiga, el hecho del distinto precio de la licencia, según sea para vender al por mayor o al por menor, esto es, para venderlo a otro comer-ciante o a algún particular.

Lo que castiga la ley es la venta de ciertos artículos sin haber pagado la licencia que ella exige, y por tanto, estos son los elementos esenciales o integrantes de ese delito, por lo que no es necesario que se alegue más de una venta, ni tampoco que se exprese la cantidad vendida, y por consiguiente, una sola venta y en cualquier cuantía puede ser castigada, si se ■verifica sin la licencia que impone la ley.

En cuanto al otro fundamento de ese error, la denuncia ■en -su sentido corriente y gramatical, imputa a los acusadps ■el hecho de que mutuamente se vendían cerveza, o sea, que el apelante la vendía a Moledo, y éste a aquél; pero el que de la propia denuncia aparezca que ambos acusados son socios’ ele una razón comercial, no quita al hecho su carácter de delito, si es cierto que el apelante vendió a Moledo.

Por consiguiente, la denuncia no adolece de falta de clari-dad y era suficiente para conocer del delito imputado.

El apelante pidió’ al comenzar el .juicio que éste fuera transferido para otro día por faltarle su testigo más impor-tante, moción que negó la corte exponiendo como motivos para ello, que ya por ese fundamento lo había suspendido tres día - antes y que el acusado tuvo oportunidad para hacerlo compa-recer.

Como una moción para suspender un juicio descansa en la sana discreción del juez que conoce del asunto, para que no-sotros alteremos su resolución es necesario que se nos de-muestre que abusó de su facultad discrecional; y como res-pecto a este particular lo único alegado es que el testigo era importante para el acusado, no basta esto para que digamos que la corte ejerció mal el poder que le confiere la ley. El Pueblo v. Guzmán, 15 Dec. de P. R., 295.

El último motivo de error que se adujo oralmente es que la prueba no es suficiente para sostener una sentencia conde-natoria.

En este caso no hay carencia de prueba, sino que es contra-dictoria ; mas habiendo resuelto el juez ese conflicto de la evi-dencia, no podemos ir contra su apreciación, según hemos re-suelto en repetidos casos, a menos que se nos demuestre, lo que no se ha hecho, que obró influido por pasión, prejuicio o con grave error. 5

Y tampoco puede sostenerse que la prueba era insuficiente para sostener la sentencia condenatoria por el hecho de que la evidencia demuestra una venta a persona distinta de la mencionada en la denuncia, ya que como hemos dicho, los ele-, mentos esenciales del delito imputado son la venta de cerveza sin haber pagado la licencia que exige la ley; de donde se sigue que importa poco que la venta se haya hecho a tal o cual persona, por lo que es innecesario consignar en la de-nuncia el nombre del comprador, porque si éste se omite, la acusación seguirá siendo buena. Por tanto, no siendo nece-sario consignar el nombre del comprador, si a pesar de ello se hiciere así, resultaría materia superflua que sería por tal motivo innecesario probar y en consecuencia no será fatal una discrepancia entre la prueba y la denuncia respecto a este extremo, porque resultaría una variante en algo que no es esencial para la acusación o denuncia."

Es además regia general, que después de un veredicto no puede alegarse su discrepancia con la prueba, a menos que aparezca del récord que tal discrepancia es fatal, lo que no ocurre en el presente caso, pues a más de las razones expues-tas, resulta que al empezar el juicio conocía el apelante el hecho concreto sobre que iba a presentarse la evidencia contra él, demostrado por el hecho de pedir la suspensión del jui-cio por falta de un testigo que le era necesario para rebatir tal evidencia.

El apelante no hizo objeción a la evidencia y ahora no puede levantarse por primera vez esa cuestión. (Véase People v. Formosa, 131 N. Y. C. A., 480.)

Además, de acuerdo con el artículo 461 del Código Penal vigente en Puerto Rico, ningún error en las alegaciones o en los procedimientos bastará para invalidarlos a menos que real y efectivamente haya perjudicado al acusado o tienda a perjudicarle, en cuanto a algún derecho sustancial; y ya he-mos visto que la discrepancia, si la hubo, entre la denuncia y la evidencia, no perjudicó al apelante porque conoció al comenzar el juicio sobre cuál hecho había de versar.

Y para concluir, diremos también que la redacción de la denuncia nos hace presumir que el pronombre se huelga en esa alegación y que no se quiso decir que los dos acusados sé vendían cerveza el uno al otro, sino que ellos la vendían.

Por las razones consignadas, la sentencia debe ser confir-mada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Cajiao.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 401.
    Resuelto en febrero 13, 1912.
    Derecho Penal — Perjurio—Deposiciones y Affidavits. — Los preceptos Sel ar-tículo 121 del Código Penal con respecto a los perjurios cometidos en de-posiciones, son también aplicables a los affidavits.

    Id. — Publicación del Affidavit — Alegaciones Esenciales en una Acusación de Perjurio. — De acuerdo con la doctrina anterior es un requisito esencial en una oeusación de perjurio cometido en un affidavit, que se alegue el hecho de que el acusado se desprendió del affidavit o deposición falsa entregándolo a otra persona con el intento de que se divulgue o publique como verdadero, y careciendo una acusación de esa alegación, es fatalmente defectuosa-
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte apelante no compareció.
    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este caso fué declarado convicto del delito de perjurio por un jurado y sentenciado por la Corte de Dis-trito de San Juan,. Sección 2a. a la pena correspondiente.

Interpuesta apelación por el reo, no ha presentado en esta Corte Suprema pliego alguno de exposición del caso ni de ex-cepciones, como tampoco por escrito ni oralmente ha alegado errores contra la sentencia recurrida. Sin embargo, tenemos delante la transcripción de los autos enviada por el secretario, en la que leemos la siguiente denuncia:

“Denuncia. En el nombre y por la autoridad de El Pueblo de Puerto Bico. Estados Unidos de América. El Presidente de los E. E. U. U., ss: Fl Pueblo de Puerto Bico contra Felipe Cajicto Ortiz. En la Corte de Distrito de San Juan, a 10 de mayo de mil novecientos once. El fiscal formula acusación contra Felipe Cajiao Ortiz,'por un delito de perjurio {felony), cometido como sigue: El citado Felipe Cajiao Ortiz, allá el día 18 de enero de 1910, en Bayamón, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, ante el Notario José Oiler debidamente autorizado para tomar juramentos, voluntariá e ilegal-mente juró ser cierto, que nunca había sido empleado del Gobierno de los EE. TJU. en Puerto Rico, sabiendo que tales manifestaciones •eran falsas, puesto que había servido en la Compañía G del Regimiento de P. 'R.; cuyos hechos eran esenciales a los efectos del Servicio Civil ■de Puerto Rico.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista, a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. •
“Firmado. Luis Campillo, Fiscal del Distrito. La acusación que antecede está basada en el testimonio de testigos examinados bajo juramento, creyendo solemnemente que existe justa causa para pre-sentarla al tribunal.
“Firmado. Luis Campillo, Fiscal del Distrito. Jurado y fir-mado ante mí hoy día 10 de mayo de 1911. Firmado. M. Benitez Flores, Secretario Auxiliar del Tribunal dél Distrito de San Juan.”

El Ilon. Fiscal de esta Corte Suprema, tanto en su informe escrito como -en el oral, lia solicitado la revocación de la sen-tencia y entendemos que tiene razón para ello.

Al apelante se le imputa que ante un notario juró ciertos hechos sabiendo que eran falsos y siendo ellos esenciales a los ■efectos de la Ley del Servicio Civil de esta Isla.

Las manifestaciones juradas de una persona ante un no-tario reducidas a escrito, pueden adoptar la forma de deposi-ciones o de affidavits, por lo que lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal con respecto a los perjurios cometidos en deposiciones, es aplicable también a los affidavits, extremo que ya lia sido resuelto en los siguientes casos:

People v. Robles, 117 Cal., 681.
Baker v. MaGrath, 106 Ga., 419; 32 S. E., 390, 391.
In re Liter’s State, 19 Mon., 474; 48 Pac., 753.

Ahora bien, como de acuerdo con el artículo antes citado, es un requisito esehcial para que el delito se entienda consu-mado, que la persona que hizo el affidavit o deposición falsa se desprenda de él entregándolo a cualquiera otra persona con el intento de que se divulgue o publique como verdadero, de aquí que sea un elemento esencial en una acusación de per-jurio cometido por ese medio el que se alegue ese hecho y la acusación que carezca de él, es fatalmente defectuosa, y falta base para asegurar que el acusado hizo uso de tal affidavit y cometió, por tanto, el delito imputado. (Véase People v. Colón, 10 Dec. de P. R., 207.)

Por estas razones, la sentencia debe ser revocada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Martínez.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San. Juan, Sección 2a.
    No. 413.
    Resuelto en febrero 14, 1912.
    Derecho Penal — Acometimiento y Agresión Simples — Pena Excesiva — Modi-ficación de la Sentencia Apelada. — Es excesiva la pena de $300 de multa o en defecto de pago de la misma, un día de cárcel por cada $2 de multa que dejare de satisfacer, impuesta a un acusado del delito de simple acome-timiento y agresión, pues tal castigo es contrario a los preceptos del artículo 5 de la ley de marzo 10, 1904, sobre acometimiento y agresión, y en el caso de autos se modificó la sentencia apelada rebajando la pena a $50 de multa y las costas, que fué la impuesta por el tribunal municipal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: S'r. Jacinto T estridor.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso, al acusado, que es el apelante ante este tribunal, se le siguió una causa por el’ delito de acometi-miento y agresión en la corte municipal de Carolina. La de-nuncia presentada el día 26 de junio último es como sigue:

. ‘ ‘ Estados Unidos de América. El Presidente de los Estados Uni-dos. ss. El Pueblo de Puerto Rico v. Ventura Martínez. Yo, José F. Colón, P. I., vecino de Río Piedras, calle de Oriente No. 22, de-veinte y seis años, formulo denuncia contra el arriba acusado por el delito de acometimiento y agresión cometido de la manera siguiente: Que en junio 25, 1911, a las 12.30 a. m. en la calle del Comercio de-Río Piedras, del distrito judicial del juzgado municipal de San Juan, el acusado, maliciosa y voluntariamente acometió y agredió con un palo a Acisclo Marcano, causándole dos heridas en la cabeza, de las-cuales fué asistido en el hospital municipal. Todo cuanto pongo ante vuestro honor a los fines de la justicia, por ser este hecho contrario a. la ley para tal caso prevista. Siendo testigos: Arturo Lafontaine, P. I., y Acisclo Marcano. José F. Colón, P. I., No. 193, denunciante. Jurado ante mí hoy día 26 de junio de 1911. José E. Montesinos, Juez de Paz de Río Piedras.”

Celebrado el juicio ante la corte municipal de Carolina, el acusado fué declarado culpable y condenado a pagar una mul-ta de cincuenta dollars ($50), y las costas, contra cuya sen-tencia interpuso-apelación para ante la Corte de Distrito de-San Juan. En dicha corte de distrito se celebró un juicio el día 28 de diciembre último, y el acusado fué declarado culpable y condenado a pagar una multa de trescientos dollars ($300), o a sufrir un día de cárcel por cada dos dollars de la. multa que dejara de satisfacer y al pago de las costas. Contra esta sentencia de la corte de distrito el acusado apeló-para ante este tribunal, donde han sido remitidos los autos que contienen además de la denuncia, fallo y sentencia, una. exposición de- hechos en la que aparecen todas las declaracio-nes de los testigos durante el juicio. El acusado estuvo re-presentado en esta corte por medio de abogado, y El Pueblo-por el Fiscal, habiendo ambas partes presentado alegatos.

El apelante no niega, así como tampoco lo hizo en su de-claración ante la corte sentenciadora que consta de los autos, que él hubiera agredido con su palo a Acisclo Marcano, pero-alega que fué provocado por esa persona con palabras insul-tantes. El Fiscal admite en su alegato que la denuncia, según aparece de los autos, es por el delito de simple acometimientoy agresión, y que el acusado fué declarado culpable de ese de-lito por la corte sentenciadora.

De tina referencia al estatuto se verá que el artículo 5 ele la ley aprobada en 10 de marzo de 1904, determina que el castigo por el delito de acometimiento y agresión sin circunstancias agravantes, será el de una multa no menor de un dollar y no mayor de cincuenta dollars. Por lo que puede verse clara-mente que el castigo de una multa de trescientos dollars o en defecto de pago de la misma, un día de cárcel por cada dos dollars de multa que dejara de satisfacer, impuesto por la. corte sentenciadora, es excesivo y no está justificado por el estatuto. Es innecesario examinar la prueba, según consta de los autos, a no ser que sea para rebajar la multa a una cantidad menor de cincuenta dollars. De la prueba aparece que la. persona agredida insultó fuertemente al acusado, y si las palabras pudieran justificar un acometimiento, las que se emplearon podrían alegarse como justificación. Pero sin investigar más la prueba, somos de opinión que la sentencia debe modificarse en el sentido de imponer el castigo fijado en primer término por la corte municipal, o sea, una multa de cincuenta dollars y las costas.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Sotomayor v. Lee, Receiver, de la Sucesión Olivieri.
    ApelaoióN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 717.
    Resuelto en febrero 16, 1912.
    SÍNDICO DE UNA SUCESIÓN — HEREDEROS—DEFECTO DE PARTES DEMANDADAS— Poderes de los Síndicos. — Debe declararse con lugar la excepción previa de defecto de partes demandadas contra una demanda entablada directa y única-mente contra el síndico de una sucesión sin incluir a los herederos que com-ponen la sucesión, cuando la demanda no alega las facultades conferidas a dicho síndico, pues generalmente los poderes de esos funcionarios no se-ex-tienden a la venta de la propiedad sin una orden de la corte, y por tanto, la citación únicamente del síndico, no es suficiente para que una corte pueda disponer de la propiedad de los herederos en posesión del síndico.
    Acumulación de Acciones — Reclamaciones Derivadas de Contratos Ex-presos — Préstamo Hecho por el Síndico — Gastos, Costas y Honorarios de Abogado. — La reclamación para cobro de un préstamo hecho a un receiver para gastos de las fincas que administra, es aeumulable a la de reclamarle cantidad debida por gastos, costas y honorarios del pleito en que fiué nom-brado, porque la primera se deriva de un contrato expreso y la segunda de otro tácito.
    Id. — Súplica de la Demanda — Excepciones Previas. — Entablada una demanda contra un síndico en la representación que se le atribuye tener de varios here-deros, no puede alegarse con éxito la excepción previa de que la demanda es ambigua, fundada en que en la súplica se interesa un decreto personal contra el receiver, pues aparte de que las excepciones han de adueirse contra las alegaciones y no contra la súplica, en este caso se interesa sentencia contra el demandado en la representación que se le atribuye.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. N. B. K. Pettingill.

    Abogados del apelado: Sres. José Tons Soto y Emigclio S. Ginorio.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Una de las herederas de- Don Félix Olivieri Cervoni pre-sentó en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, un pleito en equidad contra los demás coherede-ros sobre reclamación de herencia y otros extremos, siendo en el mismo nombrado receiver Don Eduardo Lee, quien se in-cautó entre otros bienes de dicho señor, de varias fincas gra-vadas por el propio Oliviéri Cervoni con primera hipoteca a favor del Crédito y Ahorro Ponceño, y con segunda, a la so-ciedad “Durán y Coll.”

También fueron ocupadas dos fincas que los esposos Ren-ta-Rivera habían vendido con pacto de retro a Don Miguel Criado, pero que conservaron en arrendamiento por el tér-mino del retro, y sobre las cuales adquirió dicho señor Olivieri los derechos de arrendamiento y retracto que tenían los men-cionados esposos vendedores.

Despiiés de esto, Don Luis Sotomayor presentó demanda en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce contra Don Eduardo Lee, receiver de la Sucesión de Don Félix Oli-vieri Cervoni, en la que alegó los hechos antes expuestos; que dicha corte en tal pleito, reconoció, liquidó y fijó el importe de las hipotecas del Crédito y Ahorro Ponceño y de “Durán y Coll”; que declaró ser una hipoteca el contrato de venta y arrendamiento expresado, la que también liquidó; que ha ad-quirido esos créditos, así como que habiendo el citado receiver tomado dinero a préstamo, con permiso de la corte, para los gastos de cultivo de las fincas bajo su cuidado y administra-ción, estando vencida esa deuda, la había pagado el ahora de-mandante por habérselo exigido así la corte que conocía del pleito de los herederos, como condición para autorizarlo a co-brar judicialmente los créditos hipotecarios que tenía contra la Sucesión Olivieri Cervoni. También reclama lo que pagó por sus servicios al defensor judicial que representó a algu-nos menores demandados en el referido pleito.

Con esos hechos y exponiendo además que la expresada Corte de Distrito de los Estados Unidos lo autorizó para esta-blecer la presente demanda contra el receiver, en cobro de los expresados créditos hipotecarios, concluyó pidiendo a la corte de Ponce que condenase al receiver, en representación de los herederos del Don Félix Olivieri, a pagar los créditos que re-clama, y que ordene la venta de los bienes hipotecados o de otros de la sucesión, si aquellos fueren insuficientes.

Contra esa demanda interpuso el demandado Eduardo Lee excepción previa que fundó en tres motivos, y habiendo sido desestimada, no presentó contestación, por lo que le fué anotada la rebeldía y dictada sentencia, condenándole al pago de las cantidades reclamadas por el demandante, contra la cual sentencia ha interpuesto el presente recurso de apela-ción.

Los motivos de error expuestos por el demandado ape-lante, en su alegato, pueden dividirse en dos grupos compren-diéndose en uno los tre's primeros aducidos contra la resolu-ción que desestimó las excepciones, y en el otro los restantes dirigidos contra la sentencia.

Empezaremos por el primer grupo, porque si existen, pro->ducirían la revocación de la sentencia y sería innecesario exa-minar los otros errores alegados.

La primera excepción alegada, dice así:

“Que existe un defecto en la designación de las partes deman-dadas, toda vez que Eduardo Lee es solamente un demandado de for-malidad en su carácter oficial de receiver nombrado por la Corte de Distrito de los Estados Unidos, mientras que los verdaderos dueños de la propiedad descrita en la demanda, esto es, los herederos de JFélix Olivieri y Cervoni, no fian sido incorporados a la demanda como partes en ninguna forma.”

Todo lo que la demanda expresa con respecto al síndico (receiver) es, que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico autorizó a Don Luis Sotomayor para que lo demandara. No se consignan las facultades que se han •conferido a dicho síndico (receiver), lo que era necesario para conocer si en vista de ellas, hay causa de acción contra él solo y podía ser condenado en el carácter con que se le deman-da, ya que generalmente los poderes de esos funcionarios no se extienden a la venta de la propiedad, sin una orden de la corte.

Jackson v. Horton et al., 126 Ill., 566.

Mason v. Hubner, 104 Md., 554.

No apareciendo, pues, de la demanda, cuáles son esos po-deres, la sola citación a él no era suficiente para que la Corte ■de Distrito de Ponce pudiera disponer de la propiedad de los herederos de Olivieri Cervoni y se hace necesario el que éstos .sean demandados ya que se trata de disponer de sus bienes.

Por tanto, el primer fundamento de la excepción era per-tinente y la corte inferior cometió error al no sostenerla por ■ese motivo.

El segundo motivo de la excepción, que es el segundo error .alegado, dice así:

“Por la indebida acumulación de varias acciones, en cuanto a que 'algunas acciones representan deudas que se alega fueron contraídas por el mencionado Félix Olivieri y Cervoni durante su vida, y por lo tanto, son deudas de las que son personalmente responsables sus here-deros ; porque la causa de acción mencionada en los párrafos 9 y 10, no es una deuda sino una obligación para la devolución de un título' sobre ciertos terrenos, y la causa de acción a que se contrae el párrafo 15 no es una obligación personal de nadie, como tampoco un gravamen sobre ninguna propiedad en particular, sino que se deriva exclu-sivamente, si es que existe, del decreto mencionado de la corte de los Estados Unidos.”

No se hace objeción a que pudieron acumularse las recla-maciones por los créditos que cedieron al demandante la so-ciedad “Duran y Coll” y el Crédito y Ahorro Ponceno, pero se discute el crédito cedido por el señor Criado.

Respecto de éste, hemos de decir que como la demanda ale-ga que por una corte de justicia se ha declarado que el con-trato original de venta con pacto de retro y arrendamiento, lo que en realidad constituye es una hipoteca, como tal ha de tenerse al formularse la excepción previa, y es, por tanto, acumulable a las anteriores reclamaciones, por derivarse to-das de contratos expresos.

El grupo de reclamaciones está formado por lo que el de-mandante pagó por gastos hechos por el receiver en el cultivo de las fincas en su poder y por los honorarios del defensor de menores. Estos créditos se derivan, el primero del contrato expreso de préstamo celebrado por el síndico (receiver) en nombre de los herederos de Olivieri y para beneficio de sus propiedades; y el segundo del contrato tácito que nace al tra-mitarse un pleito, de que se pagarán los gastos, costas y hono-rarios que en él se devenguen y que la corte estime justos de acuerdo con la ley.

Por estos motivos, estas dos reclamaciones han podido ser acumuladas a las anteriores, por lo que no cometió la corte inferior el error que se le atribuye.

En cuanto al tercer motivo Se la excepción previa, y tam-bién del recurso, fundado en que la demanda es ambigua por-que se interesa un decreto personal contra el demandado sin consignar hechos que lo justifiquen, hemos de decir que,. aparte de que las excepciones ban de aducirse contra las ale-gaciones y no contra la súplica, sin embargo, en este caso no se solicita sentencia contra el demandado personalmente, sino en la representación que se le atribuye tener de los herederos de Olivieri, y no existió, por tanto, error al desestimar ese mo-tivo de la excepción.

Sosteniendo, pues, la excepción por el primero de sus. fundamentos, es innecesario- considerar los demás errores ale-gados contra la sentencia que ha de ser anulada, para que el juez de la corte inferior continúe los procedimientos.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Miranda v. Fiol.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San ■ Juan, Sección Ia.
    No. 736.
    Resuelto en febrero 16, 1912.
    Acción de Daños y Perjuicios — Daños y Perjuicios Causados — Interpreta-ción de la Palabra ‘ ‘ Causados. ’ ’ — Así como en raía acción de cobro de pesos cuando se manda pagar la suma reclamada con intereses hasta el momento en que se satisfaga, van incluidos intereses devengados después de ■ dictada la sentencia, así también en una acción de daños y perjuicios por construcción defectuosa de una casa, puede ordenarse que se paguen los alquileres que se dejen de percibir hasta que los defectos se corrijan, sin que se infrinja por ello el artículo 1068 del Código Civil, pues la palabra “causados" usada en dicho artículo no debe interpretarse de manera tan restrictiva que impida el que pueda hacerse tal pronunciamiento en la sentencia.
    Id, — Incumplimiento de Obligación — Dolo, Negligencia o Morosidad. — Ha-biendo apreciado el tribunal inferior de acuerdo con la prueba practicada que el demandado contravino las disposiciones del contrato, no es necesario investigar si dicho tribunal apreció o nó, la existencia de dolo, negligencia o morosidad, para concluir que el demandado está obligado a indemnizar los' daños y perjuicios que realmente haya causado con su contravención, dentro de las prescripciones del artículo 1068 del Código Civil Revisado.

      Id. — Defectos Ocultos en la Construcción de una Gasa. — Aceptación de la Obra. — La aceiitaeión de ]a obra por parte del dueño de mna casa no puede impedirle que reclame y recobre los daños y perjuicios a que tenga derecho Iptir virtud de defectos ocultos en la construcción de la misma.
    Id. — Inspección Ocular — Conformidad de Ambas Partes — Besul/dad® de la Inspección. — Acordada la práctica de la prueba de inspección ocular eon la conformidad de las partes, no puede luego una de ellas oponerse a que se declare sobre su resultado y a que la corte lo tenga en cuenta al fallar de-finitivamente el caso. .
    Id. — Incongruencia Accidental. — No puede sostenerse que exista verdadera in-congruencia entre las alegaciones y las pruebas* cuando la diferencia que se ..observa es meramente en lo accidental y no en lo esencial.
    ."Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Antomo Sarmiento.

    Abog'ado del apelado: Sr. Eduardo Acuña.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso sobre indemnización de daños y per-juicios por defectos en la construcción de una obra. En la demanda se alega:

■“Tercero. Que allá por el mes de marzo del corriente año, la de-mandante y el demandado, concertaron y suscribieron un contrato para la construcción de una casa en terrenos propiedad de la primera, en el barrio de Santurce de esta ciudad; copia de cuyo contrato se acompaña con esta demanda para que forme parte de ella.
“Cuarto. Que la demandante ha cumplido el dicho contrato en todas sus partes, satisfaciendo al demandado todas las cantidades a que venía obligada por razón del mismo.
“Quinto. Que en la construcción de la casa de referencia el de-mandado no dió a la misma la cimentación necesaria, y por razón de ello se han originado grietas que permiten la filtración del agua a través de las paredes exteriores.
“Sexto. Que en la fabricación de los bloques con que se forman dichas paredes, el dicho demandado no ha empleado los materiales requeridos en las proporciones exigidas por la técnica; y tal circuns-tancia hace que dichos bloques, lejos de ser de condición impermeables, permiten el paso de las aguas de lluvia y se mantienen en constante estado de filtración y humedad.
“Séptimo. Que de igual modo en los techos de dicha casa el de-mandado ha empleado un ladrillo de solar de tan mala calidad, que las aguas de lluvia se filtran a través de dichos techos.
“Octavo. Que los defectos de construcción apuntados, son de tal índole que hacen la casa en cuestión de todo punto inservible e inhabitable.

Noveno. Que con dicha viciosa e impropia construcción, la deman-dante ha sufrido perjuicios que estima en la cantidad de cuatro mil quinientos dollars. ’ ’

El demandado contestó en la siguiente forma:

“1. Que niega los hechos expuestos bajo los números quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la demanda.
‘ ‘ Como materia nueva alega asimismo:
1 £ 2. Que la demandante tiene aprobada parte por parte, así que se fué realizando, la obra a que la demanda se refiere.
“3. Que al término de la obra la demandante la recibió a su entera satisfacción.
“4. Que después, el tiempo ha denunciado en la obra realizada por el demandado, por virtud del contrato a que la demanda se refiere, pequeños defectos previstos e inevitables.
“5. Que el demandado ha estado siempre dispuesto, desde que la demandante le comunicó la existencia de esos defectos, a corregirlos por su cuenta a lo que se ha opuesto la demandante.”

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia declarando que los lieclios y la ley estaban a favor de la demandante y en contra del demandado, y ordenando que la primera recobrara del segundo la suma de 876 dollars “así'como los alquileres de la casa de que se trata, a razón de treinta y cinco dollars por el mes de julio de mil novecientos diez y por los sucesivos o fracción de ellos, basta que los pagos sean hechos, mas otros treinta y cinco dollars por otro mes que se empleará en las obras de reparación y las costas.”

Para basar su sentencia, el juez de distrito, estableció las siguientes conclusiones de hecho.

“Ia. Que el techo que el demandado puso en la casa objeto de este pleito, que construyó para la señora demandante, no lo fué de acuerdo con el contrato de construcción, que preveía que fuera techo de azotea, por cuanto el techo que puso no puede estimarse como azotea, ni puede conceptuarse sólido ni apropiado para cubrir la casa. La mala con-dición del techo no era aparente sino oculta, y sólo se conoció cuando-durante el juicio y pocos días antes de él, fue roto para conocer su naturaleza.
“2a. Que la mala calidad del techo puesto por el demandado, es la causa de que la casa se moje, que el piso se haya ondulado parcial-mente y también de que las paredes o muros presenten señales de-humedad.
“3a. Que las filtraciones de agua producidas por tal clase de techo-han impedido desde el mes de julio del 1910 hasta el presente, que la casa pudiera ser habitada y alquilada a razón -de treinta y cinco dollars mensuales.
“4a. Que la causa principal y necesaria de las grietas del techo y filtraciones de agua llovediza por ellas, ha sido la mala calidad del mismo y sólo ha sido coadyuvante el peso -de regular número de per-sonas sobre ese techo en los días de fiestas en el- hipódromo.
“5a. Que los bloques empleados en los muros de la casa son de los corrientes y usualmente empleados en esta ciudad y sus barrios para esa clase de construcciones.
“6a. Que las grietas de los muros no son producidas por mala calidad de los bloques de que se hallan formados, sino en parte por asientos naturales de la edificación, pudiendo ser fácilmente corregidas, y en otra parte por alguna deficiencia de los cimientos.
“7a Que los cimientos de la casa tienen profundidad necesaria y aun cuando en algunos sitios, por el lado este, tienen algún defecto de construcción, no es de tal importancia que afecte a la solidez del edi-ficio, y puede ser corregido.
“8a. Que todos los defectos apuntados pueden corregirse por un mes de trabajo y por la cantidad de ochocientos setenta y seis dollars que se estiman bastantes para poner la casa en las condiciones que debió entregarla el demandado y de ser habitable.
“9a. La demandante Doña Belén Miranda Vda. de Orbeta no es persona experta en construcciones y cuando recibió la casa y mostró su conformidad con la obra, no la había hecho reconocer por personas peritas.”

Y las siguientes de derecho:

‘ ‘ Que siendo el -defecto principal de la obra del demandante haber puesto a la casa un techo aparentemente de azotea, pero que en reali-dad no lo es, y siendo tal defecto de condición oculta, no puede per-judicar a la demandante la aceptación de la obra por su parte.
‘ ‘ Que los perjuicios origina-dos a la demandante por vicios de cons-trucción oculta en parte de los cimientos, y en la viciosa construcción del tedio, hecho además en desacuerdo con el contrato, dan acción a .aquélla por daños y. perjuiciosy ■
‘ ‘ Que la casa en inhabitable mientras no sea reparada y puesta en condiciones de habitabilidad.”

En su alegato, el apelante señala como cometidos por la corte inferior los siguientes errores:

1. Concede indemnización de daños y perjuicios no causa-dos con infracción del artículo 1068 del Código Civil.
2. Admite que existen defectos indemnizadles en la cons-trucción de la casa, contra lo consignado en contrario en un documento escrito por la parte demandante y contra actos en ese mismo sentido de la misma parte. (Art. 101, Nos. 2 y 3 de la Ley de Evidencia.)
3. Tiene en cuenta prueba relativa a defectos de construc-ción de la azotea, distintos de los alegados en la demanda.
4. La sentencia es incongruente con los méritos del pleito. (Art. 198 Cód. Enj. Civil); y
5. Impone indemnización por daños y perjuicios, sin baber habido dolo, negligencia o morosidad en cumplimiento de las obligaciones que el apelante debía a la apelada. (Art. 1068 del Código Civil.)

Consideraremos el primero y el último de los errores ale-gados, ya que ambos envuelven la justa interpretación y la ■debida aplicación a este caso del artículo 1068 del Código Civil.

La corte sentenciadora llegó a la conclusión de que exis-tían defectos en la construcción de una casa que el demandado fabricó para la demandante, defectos de tal naturaleza que la hacían inhabitable, y, en su consecuencia, ordenó que el de-mandado pagara a la demandante aquello que la corte estimó, a virtud de la prueba practicada, que1 tenía que invertirse en la corrección de los defectos y además las cantidades dejadas y -que dejara de percibir la demandante por alquileres de la ■casa en cuestión.

E1 artículo 1068 invocado por el recurrente, dispone que “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones in-currieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cual-quier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”

• Alega el apelante que es contraria a dicho precepto de ley aquella parte de la sentencia que impone al demandado el deber de indemnizar a la demandante por los alquileres que deje de percibir después de la sentencia, ya que dichos daños, no se habían causado cuando la dicha sentencia fué dictada.

Por regia general.no pueden concederse más daños y per-juicios que los realmente causados, pero la palabra causados no debe interpretarse tan restrictivamente como pretende el apelante en un caso como el presente en que a virtud de la prueba practicada, se llega a la conclusión de que la casa de que se trata estaba inhabitable, y por lo tanto, improductiva para su dueña, mientras sus defectos de construcción no fue-ran corregidos. Este caso podría equipararse al de uno en co-bro de pesos en que se manda pagar la suma reclamada con in-tereses hasta el momento en que se satisfaga. No puede de-cirse que todos los intereses se debían al dictarse la sentencia, y, sin embargo, se mandan pagar por la sentencia.

Y alega además el apelante, que se infringe también el ex-presado artículo 1068 porque la misma corte ha apreciado que no existe dolo, negligencia o morosidad y esto, no obstante concede la indepmización.

Sin que entremos a discutir si se ha demostrado o nó la existencia de dichos requisitos, diremos que aparece bien clam que la corte inferior apreció, y su apreciación está entera-mente sostenida por la prueba, que el demandado contravino' las disposiciones del contrato, ya que el contrato establecía, que debía construir una casa de azotea y la puesta por el de-mandado lo es sólo en apariencia, pero no la que en realidad se conoce como tal en el país.

Y siendo esto así, su obligación de indemnizar es evidente, de acnerdo con lo prescrito en el'citado artículo 1068 del Có-digo Civil.

Veamos el segundo de los errores aducidos. Es bien cierto que de la prueba aparece que la demandante al recibir la obra del demandado, consignó' por escrito que el demandado babía cumplido en todas sus partes su contrato, pero como la prueba demostró además, y así lo apreció el juez sentenciador, que el defecto principal estaba en la construcción del techo y era oculto, la aceptación de la obra por parte de la demandante no puede impedirla que reclame y recobre los daños y perjui-cios a que tenga derecho por virtud de tal defecto.

Consideraremos por último, el tercero y el cuarto de los errores señalados por el apelante.

Según puede verse en la demanda transcrita, el defecto en el techo se alegó en la siguiente forma: “Que de igual modo en los techos de dicha casa el demandado ha empleado un la-drillo de solar de tan mala calidad, que las aguas de lluvia se filtran a través de dichos techos.”

T se alega por el apelante, que fuera de los términos en que se planteó el debate, no debió admitirse prueba, y si se admitió no debió tenerse en cuenta al dictarse la sentencia, tanto más cuanto que el demandante no enmendó su demanda para con-formarla con la prueba practicada.

Es bien cierto que se demostró que la filtración de las aguaá no se debía a la mala calidad del ladrillo empleado en el te-cho, y que se admitió prueba para demostrar que debía ha-berse construido dicho techo colocando primero tabla, luego arena, después mortero de mala calidad y finalmente una sola capa de ladrillo; pero es bien cierto también que tal defecto oculto, pues la arena estaba entre la tabla y el ladrillo, se ave-riguó con motivo de una inspección acordada por la corte con la conformidad de las partes. T si la parte demandada no se opuso a la inspección, no pudo oponerse luego a que se decla-rara sobre el resultado de ella y a que tal resultado se tuviera en cuenta por la corte al dictar su sentencia.

Visto el resultado de las pruebas y para cumplir mejor con las reglas del procedimiento, el demandante debió tal vez ha-ber pedido permiso a la corte para enmendar su demanda con-formándola estrictamente con las resultancias de la prueba, pero nosotros opinamos que si hubo error, no es de tal natu-raleza que lleve consigo la revocación de la senténcia, ya que la alegación fundamental de la demanda con respecto' al techo, <es que se filtraba, y que por tanto, no respondía a los fines para los cuales debió construirse. (Sec. 142 del Código de Enjuiciamiento Civil.) El hecho de si tal filtración' se debía a la mala calidad del ladrillo empleado, o la mala construcción en general del techo, es puramente accidental.

Por más que el apelante consigna en su alegato que no im-pugna la apreciación de la prueba hecha por la corte senten-ciadora, .hemos estudiado cuidadosamente dicha prueba y. he-mos llegado a la conclusión de que sostiene ampliamente la sentencia. La corte inferior fijó la cuantía de la indemniza-ción tomando por basé, no las declaraciones de los peritos de la demandante que la hacían ascender a unos cuatro mil pesos, sino la de uno de los peritos del propio demandado.

• Habiendo, pues, llegado a la conclusión de que no se han cometido los errores señalados y atendidas todas las circuns-tancias del caso, opinamos que debe declararse sin lugar el recurso interpuesto y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. "Wolf,

text:
    El Pueblo v. Burgos.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en procedimiento de habeas corpus.

    No. 416.
    Resuelto en febrero 23, 1912.
    Habeas Corpus — Defensa de Iíaber Sido Expuesto Anteriormente por el Mismo Delito — (Former Jeopardy). — El recurso de habeas corpus es tal vez un procedimiento adecuado para examinar la resolución de un tribunal en los casos en que un acusado alega como defensa el haber sido expuesto dos veces por el mismo delito si la corte rechazara tal defensa, negándose a oirlo, pero en los casos en que la corte oye las pruebas aportadas por el acusado para justificar dicha defensa y la desestima, entonces surge una cuestión de hecho, que únicamente puede ser revisada por medio del recurso de apelación.
    Id. — Recurso de Apelación — Recurso de Error. — Es un principio bien conocido que el recurso de habeas corpus no puede surtir los efectós de una apelación o de un recurso de error.
    Id. — Naturaleza de la Defensa de I-Iaber Sido Expuesto dos Veces por el Mismo Delito. — La cuestión planteada por la defensa de haber sido ex-puesto dos veces por el mismo delito (former jeopardy) es una cuestión de hecho.
    Id. — Enmienda Quinta de la Constitución — Cuestión Constitucional — Re-visión por Medio de Habeas Corpus. — Alegada por un acusado la defensa de haber sido expuesto anteriormente por el mismo delito (former jeopardy) y habiendo apreciado el tribunal sentenciador que tal defensa no ha quedado justificada, no tiene derecho el acusado por el mero hecho de alegar que se ha inflingido la Constitución, a que se revise la resolución del tribunal inferior por medio de un recurso de habeas corptis.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. "Wolf,

emitió la opinión del tribunal. Ante la Corte de Distrito de San Juan se presentó una acu-sación contra Rafael Burgos por el delito de ataque con inten-ción de cometer homicidio. El caso fné juzgado ante un ju-rado, el cual, no habiéndose puesto de acuerdo, fné disuelto. Posteriormente se desestimó la acusación y se presentó ante la corte municipal otra acusación por acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes. El acusado alegó ante la corte municipal la defensa de haber sido expuesto por el mismo delito, y apelado el caso a la Corte de Distrito de San Juan, fné de nuevo alegada la misma defensa. La corte lo declaró culpable condenándole a un año de prisión, cien dollars de multa y las costas. La sentencia fné ape-lada a este tribunal, pero no hubo medios legales de examinar los hechos y la sentencia fné confirmada. Más tarde se pre-sentó ante la Corte de Distrito de San Juan esta solicitud de hateas corpus, y expedido el mandamiento y celebrada la vista, fué negada la solicitud. El peticionario apeló contra la. sentencia de la corte de distrito.

El apelante alega en primer lugar, que la acusación en la-. Corte de Distrito de San Juan fué desestimada sin su con-sentimiento; pero aún así no podemos comprender cómo es; posible revisar en un procedimiento de habeas corpus una re-solución que pone al acusado en libertad excarcelándolo. Si así fuera, no habría nadie que pudiera comparecer para con-testar el mandamiento y traer el preso. Su encarcelamiento con posterioridad fué independiente del archivo de la causa.

Además, sostiene el apelante que la Corte de Distrito de; San Juan, al declarar sin lugar la defensa del acusado de ha-ber sido expuesto anteriormente por el mismo delito, ha in-fringido los preceptos de la Constitución de los Estados Uni-dos y las disposiciones legales relativas a esta clase de defen-sas.

No es necesario que entremos ahora a resolver hasta dónde es aplicable a Puerto Rico dicha constitución. Si un acusado alegara en su defensa el haber sido expuesto dos; veces por el mismo delito y la corte rechazara su defensa negándose a oirle en cuanto a ella, sería ésta una cuestión-de procedimiento que podría ser examinada mediante una solicitud de habeas corpus. Sin embargo, cuando el tribunal admite dicha defensa y oye las pruebas tendentes a estable-cerla, entonces surge una cuestión de hecho, y en tales casos; la ley concede el recurso amplio de apelación. Es un prin-cipio bien conocido que el recurso de habeas corpus no puede surtir los efectos de una apelación o de un recurso de error, (Ex parte Parks, 93 U. S., 18; United States v. Pridgeon, 153 U. S., 48; Ex parte Hobart S. Bird, 5 P. R. R., 505; Ex parte Hollis, 59 Cal., 405-407.) La defensa de haber sido expuesto anteriormente por el mismo delito y la cuestión de hecho que tal defensa plantea, envuelven el mismo principio. (Tra-tado de habeas corpus por Church, sec. 253, y casos allí cita-dos.) Si por el mero hecho de alegarse que se ha infringido un precepto constitucional pudiera pedirse un mandamiento de habeas corpus, se llenarían los tribunales de solicitudes de esta clase y serían juzgados de novo casi todos los casos, aún después de celebrada la vista y dictada sentencia. La en-mienda 5a. de la Constitución de los Estados Unidos dispone que:

“A nadie se obligará a que conteste cargos por delito grave o infamante bajo cualquier concepto, si no es mediante acusación escrita presentada por un gran jurado, excepto en casos que ocurrieren en el Ejército, o la Armada, o en la milicia, estando en servicio activo en tiempo de guerra, o de peligro público. No se pondrá a nadie dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro por un mismo delito; no podrá obligársele a declarar contra sí mismo en una causa criminal; no se le podrá quitar la vida, la libertad o los bienes, sin el debido procedimiento legal-, ni se podrá tomar la propiedad particular para objetos de utilidad pública, sin la debida compensación.’'

Es evidente que si las pretensiones del peticionario fue-ran viables, todas las cuestiones que envuelven- la confesión del acusado, procedimiento debido de ley y otras indicadas en las enmiendas 5a. y 6a. de la citada Constitución, podrían ser examinadas de nuevo aún después de un juicio y de una apelación. Puede suceder que un acusado que alega la de-fensa de haber si'do expuesto anteriormente por el mismo-delito, no pueda justificar tal defensa y por el mero hecho-de alegar que ha sido declarado culpable con infracción de la Constitución, no adquiere el derecho a que por medio de-un recurso de habeas corpus se revise la resolución del tribunal inferior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernnández, y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Aldret,

text:
    Ramis et al. v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas. ■
    No. 110.
    Resuelto en febrero 24, 1912.
    Escritura Aclaratoria — Calificación de Títulos. — Presentada al registro de la propiedad para su inseripeión una escritura original de venta y adjudica-ción en pago, en la que se expresa que un pleito y ejecución se había seguido contra una sucesión, acompañada de otra escritura aclaratoria, otorgada en virtud de una orden de una corte de distrito, de la cual resulta que dicho pleito y ejecución no se siguió contra la sucesión sino contra determinadas personas allí nombradas, procede la revocación de la nota del registrador dene-gando la inscripción de los bienes ejecutados y otorgados, por el fundamento de haberse seguido pleito contra la sucesión, cuando ha debido de tener en cuenta que había una escritura aclaratoria que expresa lo contrario.
    Anotaciones Preventivas Producidas por Defectos Insubsanables — Ter-ceros — Cancelación de Oficio. — Las anotaciones preventivas producidas por defectos insubsanables de un título presentado al registro para su inscrip-ción, son de carácter interino y caducan por el transcurso del término de 120 días que concede la ley para subsanar los defectos que impiden la inscrip-ción del título, y una vez caducadas sin que se hayan subsanado tales de-fectos, no produeen efecto alguno contra tercero y carecen de fuerza para destruir derechos civiles de otra persona^ siendo el deber del registrador can-celar dichas anotaciones de oñeio para poder hacer la inscripción de cual-quier otro documento.
    ' Venta de Bienes Anotados Preventivamente — Efectos de las Anotaciones Preventivas. — De acuerdo con la doctrina sentada por este tribunal en el re-curso de Anionsunti v. El Registrador de la Propiedad, 9 Dee. de P. R., 190, a las anotaciones preventivas hechas por no ser inscribible un documento en el registro, son aplicables los preceptos del artículo 71 de la Ley Hipote-caria, y por tanto, los bienes inmuebles o derechos reales afectos a una anota-ción preventiva, podrán enajenarse o gravarse sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, pudiendo, por tanto, inscri-birse el título de venta de una finca afecta a tal anotación.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Salvador Picornell.

   El Juez Asociado Sr. Aldret,

emitió la opinión del tribunal.

Don Francisco y Doña María Antonia Ramis y Borrás presentaron en el Registro de la Propiedad de Caguas para ,su inscripción, una escritura pública de' compraventa, acom-pañada de dos más, una de éstas aclaratoria de la anterior y la otra de mandato. De dichos documentos resulta que seguido pleito ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao por los hermanos recurrentes contra la Socie-dad “Borrás Hermanos” en liquidación y la sucesión de Don Pascual Borrás y Llacer, compuesta de su viuda Doña Geró-nima Ginart Andreu y de sus dos hijas Juana y Catalina Borrás y Ginart, para cobrar el importe de un préstamo hipo-tecario, al cumplir el marshal la sentencia condenatoria que en él recayó, vendió en pública subasta varias fincas que ad-judicó a los recurrentes en pago de parte de su acreencia.

Solicitada la inscripción de ese documento, la negó el regis-trador por los motivos que aparecen de la nota puesta al pie del mismo, la que dice así:

“No admitida la inscripción del precedente documento, por el defecto insubsanable de que del mismo aparece que a los ejecutantes Don Francisco Ramis Borrás y Doña María Antonia Ramis Borrás se les adjudica fincas en pago de sus créditos, que pertenecen en parte a la sucesión de Doña Gerónima Ginart Andreu y a Doña Catalina y Doña Juana Borrás y Ginart, herederos de la sucesión de Don Bar-tolomé Borrás y Llacer compuesta de su viuda Doña Gerónima Ginart Audreu y sus hijas Doña Catalina y Doña Juana Borrás y Ginart, y aun cuando por lo que se refiere a dichas fincas se hallan inscritas a nombre de la sucesión de Don Bartolomé Borrás‘y Llacer, compuesta de su viuda Doña Gerónima Ginart Andreu y sus hijas Doña Catalina y Doña Juana Borrás y Ginart, de una anotación de denegatoria que quedó firme en este registro, resulta de una manera concluyente que Doña Gerónima Ginart y Andreu ha fallecido bajo testamento con anterioridad a la iniciación de las diligencias en que se han rematado las fincas vendidas que se tratan de inscribir; y perteneciendo una parte de esas fincas a la sucesión de la expresada Doña Gerónima Ginart y Andreu, sin que se halle determinado qué fracción, que-brado o decimal a las deudoras ejecutadas les corresponde, es preciso inscribir previamente una parte determinada de dichas fincas a nom-bre de la expresada sucesión heredera y que dicha ejecución se hubiera seguido también contra la misma. (Art. 20 de la-ley hipotecaria.) Además, concurre otro defecto de carácter también insubsanable por lo que respecta a la finca de catorce cuerdas que en dicho documento se describe con el número tres, de haberse tomado anotación preven-tiva por ciento veinte días que se halla vigente, en virtud de haberse denegado su inscripción a favor de Don Juan y Don Antonio Salvá y Gfinart y Doña Catalina y Doña Juana Borras y Ginart, como here-deros testamentarios de Doña Gerónima Ginart y Andreu, algunos de ellos distintas personas de los ejecutados, contra quienes se siguió la ejecución en que se remató dicha finca de catorce cuerdas; habiéndose extendido anotación preventiva en cuanto a todas las fincas, a los folios 38, 224 vuelto, 44 vuelto, 17, 13 vuelto y 47 de los tomos 30, 15, 30, 11, 11 y 30 de este ayuntamiento, fincas números 539, 540, 541 duplicados, 543, 542 y 544 duplicado, anotaciones letras B, D, D, B, B, y C, respectivamente.”

De la lectura de la precedente nota aparece que son tres los motivos que lia tenido el registrador para negar la ins-cripción del documento que le presentaron los hermanos Bo-rras, o sea, que del documento de venta aparece que se ad-judican fincas que pertenecen en parte a-la Sucesión de Doña Gerónima Ginart Andreu, por lo que entiende necesario que se inscriba previamente a nombre de esa sucesión: Que de una anotación denegatoria de inscripción que quedó firme en el registro, resulta que Doña Gerónima Ginart y Andreu, falleció antes de iniciarse las diligencias en que se .fian re-matado las fincas; y además, que respecto a una de éstas, la •que se describe con el número tres, existe una anotación pre-ventiva por ciento veinte días, que se halla vigente, tomada en virtud de haberse negado la inscripción que a su favor solicitaron varias personas como herederas de Doña Geró-nima Ginart Andreu, siendo algunas de ellas distintas de aquéllas contra quien la ejecución se ha seguido.

El primer fundamento en que se apoya el registrador no existe, pues si bien en la escritura original de venta y adju-dicación en pago se expuso que el pleito y la ejecución se habían seguido contra la Sucesión de Doña Gerónima Ginart Andreu, sin embargo, de la escritura aclaratoria que también se presentó al registrador, otorgada en virtud de una orden de la corte de distrito, resulta qué dicho pleito y ejecución no se siguieron contra la Sucesión de Doña Gerónima Ginart y Andreu, sino contra ella y sus dos hijas como herederas de Don. Pascual Borrás y Llacer. Y como el registrador debió tener en cuenta esa escritura aclaratoria, no puede sostener que dé los documentos que se le han presentado aparezca lo ■que él expone en su nota.

En cuanto al otro extremo de que aparecen de una anota-ción preventiva, que está firme, ciertos techos que impiden, ■según su juicio, la inscripción solicitada, diremos que las anotaciones preventivas que, de acuerdo con la ley sobre re-cursos contra las resoluciones de los registradores de la pro-piedad, toman éstos cuando deniegan la inscripción o anota-ción de cualquier documento por defectos insubsanables del mismo, no tienen otro alcance que garantizar el derecho de .los interesados en la inscripción o anotación del documento por el término de ciento veinte días que duran sus efectos.

Tales anotaciones sólo tienen carácter interino; a los inte--resados corresponde subsanar los defectos dentro del tér-mino que la ley les concede y el que descuida hacerlo o des-precia el precepto legal, queda castigado con la caducidad de la anotación; de donde se deduce que si esa anotación quedó ya firme, o sea, que pasaron los ciento veinte días con-cedidos por la ley para subsanar los defectos sin que esto se haya hecho, no puede tal clase de anotaciones producir efecto contra tercero, pues un asiento caducado carece de fuerza para destruir derechos civiles de otra persona, siendo •el deber del registrador cancelar dicho asiento de oficio para poder hacer la inscripción de cualquier otro documento.

En cuanto al tercer extremo de la anotación preventiva respecto de una de las fincas, cuyo término de ciento veinte días no estaba vencido entonces, de acuerdo con lo expuesto en la doctrina consignada en el caso de Antonsanti v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, 9 Dec. de P. R., 190, dire-mos, que a las anotaciones de que venimos haciendo méritos le es aplicable el artículo 71 de la ley hipotecaria vigente, según el cual los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse sin perjuicio del derecho de-.la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, por lo que no puede haber inconveniente en que; respecto de la finca número tres, mencionada en el documento, se haga la inscrip-ción a favor de los peticionarios, sin perjuicio de los dere-chos de las personas a cuyo favor se tomó la anotación pre-ventiva mencionada por el registrador.

Por estas razones, la nota del registrador debe ser revo-cada ordenándosele que haga la inscripción solicitada por los recurrentes.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Sucesores de José Martínez v. Tomás Dávila y Cía.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    No. 745.
    Resuelto en febrero 24, 1912.
    Sentencia Fundada en las Alegaciones — Contestación Insuficiente a la Demanda. — La sentencia que se .dicta fundada en las alegaciones cuando la contestación es insuficiente, se puede decir que equivale a una sentencia en rebeldía, pues una contestación que no niega las alegaciones esenciales de la demanda no surte efecto alguno y es lo mismo que si no se hubiera formu-lado y en tales casos puede dictarse sentencia fundada en las alegaciones.
    Demanda Insuficiente — Cobko de Créditos Mercantiles Cedidos — Origen y. Naturaleza de la Reclamación — Obligación del Cesionario. — Una de-manda en cobro de créditos mercantiles entablada por el cesionario de los mismos sin alegar el origen y naturaleza de dichos créditos, es insuficiente y no puede servir de base a una sentencia fundada en las alegaciones dictadas contra el demandado por el hecho de ser insuficiente la contestación.
    Id. — Conclusión Legal — Demanda en Cobro de Créditos Mercantiles. — Consti-tuye una conclusión legal el párrafo de una demanda que no expresa el origen y naturaleza de los créditos que se reclaman y el cual está redactado en los siguientes términos: ‘ ‘ Que' la sociedad demandada por virtud de re-laciones mercantiles con la sociedad demandante, tiene contraída a favor de ésta una deuda de $912.01. ’ ’

    Insuficiencia de la Demanda — Alegación por Primera vez en Apelación— • Origen de la Reclamación. — El dejar de expresar en una demanda en cobro de varios créditos mercantiles el origen de la reclamación, es una cuestión esencial y puede ser plantéada por primera vez en apelación y que no queda renunciada por no haber sido alegada en el tribunal inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Br. Cayetano Coll Cuchí.

    Abogados de los apelados: Sres. Bosch y Boto.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación envuelve en primer término, la cuestión referente al derecho del apelado a qne se dictara una sen-tencia fundada en las alegaciones. Se presentó un'a demanda y una contestación, pero la corte resolvió qne la contesta-ción era insuficiente y dictó sentencia a favor del deman-dante. Esta cuestión fue disentida y resuelta en el caso de Horton y otros v. Robert, 11 P. R. R., 181; 11 D. P. R., 176. Las portes de esta Isla han tenido , la práctica desde que el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 empezó a regir, de dictar estas sentencias.' En los casos en qne existe una con-testación insuficiente, tales sentencias puedan compararse a. las dictadas en rebeldía, puesto qne, si en la contestación no> se hace referencia alguna a las alegaciones esenciales de la. demanda, es igual que si no se hubiera formulado contesta-ción alguna.

La demanda es sustancialmente como sigue: Sucesores de José Martínez, sociedad'mercantil de San Juan, estableced la presente acción contra Tomás Dávila y Cía. en cobro de la cantidad, de $4,088.57, cuya acción fundan en los siguien-tes hechos: Io. Que el demandante y demandado tienen capa-cidad para demandar y ser demandados; 2o. Que la socie-dad demandada, por virtud de relaciones mercantiles con la sociedad demandante, tiene contraída a favor de ésta, una deuda de $912.01; 3o. Que la expresada mercantil ha ad-quirido por cesión de otras sociedades domiciliadas en esta ciudad, créditos contra dicha mercantil Tomás Dávila y Cía., ascendentes a $3,176.56 en esta forma (se mencionan siete sociedades y las sumas cedidas por cada una de las mismas forman el total); 4o. El demandante no ha podido cobrar del deudor demandado la suma por la cual se lia establecido la acción á pesar de que se lia vencido el plazo para pagarla; 5o. Que el demandado jamás ha pagado la suma que se le reclama.

La contestación se expresaba del modo siguiente: Juan Miró y Castañer, socio gestor de la mercantil Tomás Dávila y Cía. y en el caso arriba expresado comparece y expone: Que los demandantes no aducen hechos suficientes que les dé derecho a la acción que ejercitan, y se fundan los demanda-dos en los siguientes hechos: Io. La sociedad demandada, no ha tenido trat(o alguno con la demandante; 2o. La sociedad de-mandada, según ha sido reconocido por los demandantes está constituida con "arreglo al Código de Comercio vigente en esta Isla; 3o. La demandante alega en el hecho tercero de la demanda la cesión de créditos a su favor, cedidos por otras sociedades, cuya transferencia no ha sido notificada a la de-mandada; 4o. La demandada se hizo cargo del activo y pa-sivo del comerciante Tomás Dávila, gestor hoy de la mercan-til colectiva Tomás Dávila y Cía.; 5o. La cláusula sexta del contrato de sociedad autoriza a cualesquiera de sus socios para establecer cualquier acción ante las cortes de esta Isla; por tanto, el demandado suplica a la corte tener por contestada la demanda y que se declare sin lugar imponiendo las costas a los demandantes.

Ciertamente que la contestación hubiera sido insuficiente si la demanda se hubiera presentado en debida forma y en ella se hubieran alegado todos los hechos necesarios que die-ran derecho al demandante para establecer la acción, pero no es necesario que analicemos las razones que motivan la insuficiencia de la contestación, porque entendemos que la demanda deja de expresar en absoluto una causa de acción. Hubiera sido difícil formular una contestación en debida forma.

El segundo párrafo de la demanda que expresa que la de-mandada tiene contraída .una deuda a favor de la deman-dante por la suma de $912.01 por virtud de relaciones mer-cantiles, simplemente establece una alegación o conclusión legal. (Green v. Palmer, 15 Cal., 411; 76 Am. Dec., 492; García del Valle v. Preston, mayo 9, 1911, 17 Dec. de P. R., 586, Corte Suprema de Puerto Rico.) Las operaciones mercan-tiles son de clase ilimitada. La demandada tenía derecho a conocer la naturaleza de la reclamación que se le hizo.

Aunque .en el tercer párrafo de la demanda se mencio-nan las sociedades y las sumas que motivaron los créditos, dicho párrafo es todavía menos explícito. La misma de-manda se limita a describir como créditos esas supuestas obligaciones del demandado. Ni siquiera se clasifican como deudas contraídas por virtud de operaciones mercantiles. Cuando se hace la cesión de un crédito, el cesionario simple-mente sustituye al cedente. El está obligado á expresar el origen de su reclamación de igual manera que lo estaría el primitivo dueño o persona cedente. (4 Cyc., 114.) Este principio es tan elemental que ha sido más bien admitido que no expresado en los libros de texto. Sin embargo, en los siguientes casos se ha resuelto que son suficientes las deman-das, implícitamente resolviendo la cuestión: Union Collection Co. v. National Fertilizer Co., 2 Cal., App. XIII; 82 Pac., 1129; Greve v. Echo Oil Co., 8 Cal., App. 275, 96 Pac., 904; Krieger v. Feeny, 14 Cal., App., 538, 112 Pac., 901. El demandante debe mostrar el origen de su reclamación, así como el der-echo que tiene para establecerla. Esta es la con-secuencia inevitable de conformidad con los casos que han sido citados.

El demandado no renunció al derecho que tenía para opo-nerse a la suficiencia de la demanda, si es que no se opuso, por el hecho de haber dejado de hacer esta objeción ante la corte inferior. Cuando la objeción simplemente se hace con respecto a la forma, o es dilatoria, las cortes de apelación no la tomarán en consideración. (Hentsch v. Porter, 10 Cal., 560.) El dejar de expresar el origen de la reclamación es una cuestión esencial y el demandante legalmente jamás podría obtener una sentencia fundada en la demanda tal como se encuentra redactada.

El demandado tiene derecho a que se le esima del cum-plimiento de una obligación determinada. El artículo 109 del Código de Enjuiciamiento Civil autoriza a este tribunal para examinar la suficiencia de la demanda, y podemos ejer-citar debidamente esa facultad en la que está sometida a nuestra consideración. Se revoca la sentencia, sin perjui-cio del derecho que el demandante tenga para solicitar per-miso para enmendar su demanda.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Rosado et al. v. Terrasa, Como Liquidador de Sucesores de Pericás & Co.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 753.
    Resuelto en marzo 7, 1912.
    Acción Reivindicatoría — Error en el Nombre de los Demandantes. — El nom-brar a los demandantes en la demanda eon un nombre erróneo, siendo un de-fecto que puede ser subsanado durante el juicio y no habiendo sido objeto de objección en el mismo, no puede servir de base para la revocación de la sen-tencia en grado de apelación.
    Id. — Fraude—Sociedad Mercantil — Incongruencia de la Prueba. — Deducida contra la sociedad sueesora do otra sociedad mercantil una acción reivindi-catoi-ia e imputándose en la demanda a la sociedad sueesora, que puede con-siderarse como tercero, la comisión de fraude, que según la prueba es imputable a la sociedad primitiva y no a la sueesora, existe una incon-gruencia de la prueba con las alegaciones de la demanda que trae consigo la revocación de la sentencia apelada.
    Id. — Liquidador de una Sociedad Mercantil — Socios de la Sociedad en Liqui-dación — Defecto de Partes. — El liquidador de una sociedad mercantil no tiene personalidad bastante para representar a todos los que forman parte de la sociedad en liquidación y por tanto constituye un defecto de partes demandadas el ser demandado únicamente el liquidador, sin serlo todos los socios de la sociedad en liquidación, o sus herederos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante': Sr. D. Simón Largó.

      Abogados de los apelados: Sres. Santiago B. Palmer y Miguel Guerra.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal. En el presente caso 'los demandantes establecieron una acción contra Gabriel Terrasa como liquidador de la socie-dad comercial Sucesores de Periods y Cía., alegando que en 5 de marzo de 1875, los demandantes eran menores de edad y estaban bajo la tutela de Don Pedro Ramírez, quien más luego falleció; que dicho tutor y en la predicha fecha, o sea en 5 de marzo de 1875, adquirió a nombre de dichos menores demandantes, y en virtud de compra a Doña Tirilla Román', la finca que en dicha demanda se describe;, que dicha finca fué debidamente inscrita en el registro de lp propiedad a, nom-bre de los demandantes, no habiendo éstos cedido ni vendido los derechos que a la misma tienen; que en él año 1897, el tutor de dichos menores abusiva y maliciosamente, y en contu-bernio con la sociedad Sucesores de Pericas y Ca., les vendió cincuenta cuerdas pertenecientes a dicha finca sin el consenti-miento de tales menores, y sin obtener la correspondiente autorización judicial; que como era imposible inscribir este documento en el Registro de la Propiedad de Arecibo, en 6 de marzo de 1897 y ante el Juez de Primera Instancia de Are-cibo, promovieron un expediente posesorio de dichas cincuen-ta cuerdas, desfigurándolas y describiéndolas de modo distin-to' a como hasta ahora se habían descrito, expresando distin-tas colindancias, cuya finca fué debidamente inscrita en el registro de la propiedad a nombre de dicha sociedad.

El demandado formuló excepción previa a dicha demanda, alegando, entre otras cosas, que la demanda era defectuosa porque en ella se pedía, no solamente la reivindicación de la finca, sino que también se trató de obtener la nulidad del ex-pediente posesorio. Los demandados enmendaron su deman-da en el sentido de establecer en la misma sólo una acción rei-vindicatoría.

El demandado formuló su contestación a la precedente de-manda, negando varios de los hechos relacionados en la mis-ma, y de modo más específico la imputación de fraude y con-tubernio, pasando después a alegar que la Sociedad Mercan-til de Pericás y Ca., adquirió por compra a Don Pedro Ramí-rez, en el año 1897, la finca descrita en la contestación, y cuya descripción corresponde en substancia con la segunda descrip-ción expresada en la demanda. En la demanda .se atribuye la adquisición, no a Pericás y Ca., sino a los Sucesores de Peri-cás y Ca. Prosigue la contestación exponiendo que fue Peri-cás y Ca., quien careciendo de título eficiente tuvo necesidad de tramitar el expediente posesorio ante el Juez de Primera Instancia de Arecibo; que estando para disolverse la sociedad mercantil de Pericás y Ca., pasó dicha finca a ser de la pro-piedad de Sucesores de Pericás y Ca., por escritura pública de 30 de marzo de 1898. Después sigue un párrafo en el cual el demandado alega que Pericás y Ca., y posteriormente Su-cesores de Pericás y Ca., ban venido poseyendo la finca des-crita, quieta, pública y pacíficamente, con justo título y buena fe, constantemente y sin interrupción. Se hicieron otras ale-gaciones en la demanda y contestación que no es necesario es-pecificar en detalle, para los fines de esta apelación. Cele-brado el juicio, la Corte dictó sentencia a favor de los deman-dantes.

Se probó en el juicio que el expresado tutor, tío de los de-mandantes, siguió en posesión de la finca hasta su muerte, que ocurrió unos dos años antes del establecimiento de este pleito, continuando después ocupando la misma su esposa; que al tratar los demandantes de iniciar una acción de desa-hucio contra ella, se opuso Gabriel Terrasa, alegando que dicha finca pertenecía a la mercantil Sucesores de Pericás y Ca. No obstante la declaración de la viuda del tutor de que pa-gaba una renta a Gabriel Terrasa, de la prueba apareció que Gabriel Terrasa jamás trató de posesionarse de dicha finca. La finca reclamada por ambas partes se comprobó de modo conclusivo que era la misma.

El apelante no se funda tanto en la falta de prueba al so-licitar la revocación de la sentencia, sino en otros motivos.

Alega que se describieron los demandantes con nn nombre y la prueba muestra que su nombre completo era diferente, no debiendo prosperar la acción por falta de una debida descrip-ción. Creemos que el defecto pudo haberse subsanado inme-diatamente durante el juicio, si se hubiera formulado de al-gún modo la objeción ante la corte inferior. No aparece que tal objeción se hiciera. Entendemos que el defecto no fue fatal o uno que afectaba la justicia substancial del caso. El de-mandado no estuvo en manera alguna mal inducido por la descripción defectuosa, y de conformidad con el artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil, no deberá revocarse nin-guna sentencia por un defecto de esta clase.

La principal alegación del apelante es que Sucesores de Pericás y Ca., son terceras personas, y aun cuando procediera la imputación de fraude contra Pericás y Ca., tal cargo de fraude no puede hacerse contra Sucesores de Pericás y Ca., que son terceros. La alegación de la demanda se dirige contra Sucesores de Pericás y Ca., y no contra Pericás y Ca. La demanda es realmente defectuosa al imputar el fraude a la mercantil Sucesores de Pericás y Ca. La corte en su opinión habla sin interrupción de Sucesores de Pericás y Ca., como los que ejecutaron los actos fraudulentos, mientras que de la. prueba aparece que dicha mercantil adquirió la finca en una época posterior .a la tramitación del expedienté posesorio por Pericás y Ca.

Alegaron además los apelantes que existe defecto de par-tes al no hacer partes en el pleito a todos los miembros de Sucesores de Pericás y Ca., puesto que todos ellos como tales miembros de la mercantil de Pericás tienen participación en la finca; y que un mero liquidador de una mercantil no repre-senta a todos los miembros que la componen.

Creemos que la cuestión ha sido bien planteada. Por fraudulenta que se alegue haya sido hecha una transacción, todas las partes interesadas tienen derecho a ser oídas. Se-gún las alegaciones y la prueba que se nos han presentado, hu-bo prueba con la que se trató de probar el interés que tenían otras personas además de Gabriel Terrasa.

Bajo estas circunstancias no es necesario discutir la cues-tión de prescripción, pero debe revocarse la sentencia y de-volverse el caso para que proceda la corte en la sustanciación de este caso de conformidad con los principios enunciados en esta opinión.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.