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text:
    Francisco Pérez Guerrero, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 974.

    Sometido: Mayo 29, 1936.

      Resuelto: Junio 26, 1936.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un recurso gubernativo interpuesto por Francisco Pérez Guerrero contra el Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera. Los hechos, cronológicamente ex-puestos, son, como sigue:

Doña Ramona Orabona y sus tres hijos José Narciso, José Ramón y José Alejandro Yiader Orabona eran dueños de un solar con casa terrera, en Santurce, en la proporción de un condominio de $300 para cada uno, siendo el valor total de la finca la cantidad de $1,200. Por muerte del menor José Alejandro Yiader, su madre doña Ramona Orabona, como su única heredera, adquirió el condominio de una cuarta parte pro indiviso en la ameritada finca.

En 29 de marzo de 1934, en cumplimiento de una orden dictada por la Corte Municipal de San Juan en el pleito se-guido por la Sociedad Protectora de Niños de Río Piedras contra Ramona Orabona Vda. de Viader, en cobro de dinero, se practicó en el Registro la anotación de embargo letra “A” sobre el condominio de $300 correspondiente a la demandada, para responder de la suma de $498.50 más las costas. Para esa fecha no se había inscrito aún a favor de la señora Ora-bona el condominio adquirido por ésta al fallecer sn hijo José Alejandro.

Por escritura de 25 de febrero de 1933, la señora Orabona por sn propio derecho y en sn carácter de madre con patria potestad sobre sns dos hijos José Narciso y José Bamón, con la autorización previa de la corte de distrito, constituyó hipo-teca sobre el mencionado solar y casa a favor del recurrente don Francisco Pérez Guerrero, en garantía de un préstamo de $350, pagadero en el término de un año. Por la inscrip-ción 24 de la finca en cuestión, se inscribió a favor de la señora Orabona el condominio que ésta adquirió de su difunto hijo, y a favor del recurrente su derecho de hipoteca. En la refe-rida inscripción 215, que fué practicada en 25 de abril de 1934, se hizo constar que la finca estaba afecta a la ya mencionada anotación de embargo letra A”, a favor de la Sociedad Pro-tectora de Niños de Bío Piedras.

Ejecutada la hipoteca por incumplimiento de sus condicio-nes, la finca fué adjudicada al acreedor hipotecario recurrente, quien presentó para su registro al registrador recurrido la es-critura de compraventa judicial que le fué otorgada por el Márshal de la Corte de Distrito de San Juan.

Verificada la venta judicial y su inscripción a favor del recurrente, éste solicitó y obtuvo de la corte de distrito un-mandamiento por el que se ordenaba al recurrido la cancela-' ción de todo gravamen posterior al crédito ejecutado por el recurrente, que pesara sobre el inmueble y especialmente la anotación de embargo letra “A” a favor de la Sociedad Pro-tectora de Niños de Bío Piedras. La nota denegatoria del re-gistrador recurrido lee así:

“Denegada la cancelación de embargo que comprende el docu-mento que precede por observarse que la referida anotación de embargo es anterior a la hipoteca que se ejecutó, y no posterior como expresa el documento, tomándose en sn lugar anotación preventiva por 120 días al folio 107 vuelto del tomo 146 de Santurce Norte, finca 6617, anotación B, San Juan, abril 22 de 1936.”

Se alega en la petición qne en los edictos publicados en el procedimiento seguido para la ejecución de la hipoteca a favor del recurrente, se insertó un aviso qne copiado literal-mente dice:

“Se hace saber a los licitadores y a toda persona que tenga in-terés en tomar parte en dicha subasta, y a cualquier anotante por gravamen no preferente, que sobre esa finca pesa una anotación de embargo que responde a un crédito personal posterior por la suma de $494.50 y se le avisa por medio de este edicto a ese acreedor posterior, de esta subasta por si quiere acudir a la misma para salvar su crédito, siendo el referido' acreedor posterior ‘La Sociedad Pro-tectora de Niños de Río Piedras, P. R.’ ”

Se pide la revocación de la nota recurrida por los siguientes fundamentos:

1. Porque el Registrador ha dado a una anotación preventiva de un embargo para aseguramiento de una posible sentencia en cobro de dinero, un alcance legal que no tiene de acuerdo con los prin-cipios jurídicos que rigen en materia hipotecaria.
2. Porque no se trata de un caso de dos derechos iguales o de la misma naturaleza, en el que deba aplicarse el principio de prioridad en la inscripción o anotación, según fuere el caso.

Para sostener su nota denegatoria, alega el recurrido: Que no se trata de la cancelación de una anotación de embargo, extendida con posterioridad a la inscripción de una hipoteca que se ejecutó, sino de un embargo-, anotado con an-terioridad a la inscripción de dicha hipoteca; y que si es pre-ferente el derecho del hipotecario recurrente, no corresponde al registrador clasificar la pioridad de tal derecho, pues este asunto no es materia de registro, sino de los tribunales. T como justificación de su actuación cita el recurrido las deci-siones de esta Corte Suprema en Polanco v. Registrador, 44 D.P.R. 827, y Pérez v. Registrador, 46 D.P.R. 249.

La cuestión que tenemos que resolver no es la de si el recurrente tiene o no derecho a la cancelación de la anotación de embargo. De lo que se trata es de si el regis-trador está facultado por la ley para practicar esa cancela-ción, sin el consentimiento o sin audiencia de la persona inte-resada en la anotación de embargo que se trata de cancelar.

No se ha presentado constancia alguna de que la Sociedad Protectora de Niños de Río Piedras haya dado su consenti-miento para que se practique la cancelación que solicita el recurrente, ni de que dicha sociedad haya sido emplazada o citada como parte en el procedimiento dentro del cual se solicitó y ordenó la cancelación.

El aviso insertado en los edictos, por el que se invitaba a la parte interesada en la anotación de embargo a asistir a la subasta, no puede tener el efecto del emplazamiento o cita-ción personal que la ley requiere como condición previa para que el tribunal competente pueda adquirir jurisdicción sobre la persona interesada en el derecho que se pretende can-celar.

Este tribunal ha resuelto en varios casos que el registra-dor de la propiedad no está facultado por la ley para hacer una clasificación o establecer el orden de prioridad de los derechos entre las partes, ni para cancelar una inscripción o anotación sin el consentimiento de la parte interesada o sin una sentencia o mandamiento judicial dictado en un procedi-miento en el que haya sido citada dicha parte interesada. Véanse: Polanco v. Registrador, supra; Pérez v. Registrador, supra, y El Pueblo v. Registrador, 44 D.P.R. 797. Existen excepciones a esta regia, pero el presente caso' no cae dentro de ninguna de ellas.

Creemos que el registrador en el presente caso procedió correctamente 'al negarse a cancelar la anotación de embargo y que la nota recurrida, debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso,

text:
    Merced Velázquez Figueroa, demandante y apelante, v. Sucn. de Juan B. Blanco Guzmán, compuesta de su Viuda Teresa López Cepero y sus hijos Jesús, Lucía, Juan, Aurora, Teresa, Pío, Galo y Carmen Blanco López, demandada y apelada.
    Núm. 7047.

    Sometido: Junio 5, 1936.

      Resuelto: Julio 6, 1936.

      Angiel A. Vázquez, abogado del apelante; ■ Juan B. Soto y Juan F. Soto, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tri-' bunal.

El demandante en este caso, alegando ser portador y dueño de dos pagarés por $5,000 cada uno, espedidos por Juan B. Blanco Guzmán, para vencer ambos en 7 de diciembre de 1930, radicó demanda el día 19 del mismo mes y año, contra los demandados y apelados, en cobro del principal y de sns intereses al tipo de 12% annal, y pidió sentencia por nn total de $14,800. Ambos pagarés, fueron expedidos el 7 de diciem-bre de 1926 y eran pagaderos al portador.

El párrafo III de la demanda lee así:

“III. — NI 27 de diciembre de 1929 falleció el deudor Juan B. Blanco Guzmán, dejando como únicos y universales herederos suyos a su viuda Teresa López Cepero y a sus legítimos hijos Jesús, Lucía, Juan, Aurora, Teresa, Pío, Galo y Carmen Blanco López.”

Contra esa demanda interpusieron los demandados la ex-cepción general de insuficiencia de los hechos alegados para constituir una causa de acción. Dicha excepción fué decla-rada sin lugar.

Contestaron los demandados negando de manera absoluta que el demandante fuera dueño de los ameritados pagarés y que los demandados sean los herederos del fenecido Juan B. Blanco Guzmán. Y como defensa adicional alegaron que nin-guno de los demandados ha aceptado, ni pura y simplemente, ni a beneficio de inventario, la herencia, del finado Blanco Guzmán; que aunque el citado Blanco Guzmán otorgó los pagarés en controversia, no los entregó a nadie sino que los retuvo en su poder hasta el tiempo en que ocurrió su muerte; que según información y creencia de los demandados, después de muerto Blanco Guzmán, dichos pagarés fueron sustraídos del lugar donde éste los guardaba; y que el demandante ha adquirido' dichos documentos de manera fraudulenta, sin causa ni consideración y sin el consentimiento del otorgante.

El juez sentenciador, al declarar sin lugar la demanda, es-tablece las siguientes conclusiones de hecho:

“El demandante trató de probar cómo había adquirido estos pa-garés, pero su declaración es tan inverosímil, incurrió en tantas con-tradicciones, y su manera de declarar fué tan deficiente, que tene-mos la seguridad absoluta de que el demandante a pesar de que es el tenedor de las obligaciones, no es el dueño de las mismas.
“Basta leer su declaración para darse cuenta inmediatamente de lo inverosímil ele la historia que hace en relación con la forma en que adquirió estos documentos.
“De la prueba aparece que don Juan B. Blanco vivía en concu-binato con una señora con quien sus hijos no tenían relación alguna, y que fué en los momentos de su muerte cuando llamó a su hijo Juan, quien no pudo o no se hizo cargo de los documentos de su padre que estaban bajo la custodia o el cuidado de la concubina que lo acom-pañaba.
“Estamos convencidos, como antes hemos dicho, de que el deman-dante no es dueño de estos pagarés, y nuestra conciencia se resiste a dictar una sentencia en este caso a favor del demandante, a pesar de que los documentos se hallan en su poder.”

Es contra esa sentencia qne se lia interpuesto el presente recurso.

Antes de considerar la única cuestión de derecho qne se nos presenta por los alegatos de ambas partes, haremos un breve examen de la prueba practicada con el fin de determinar si las conclusiones a que llegó la corte inferior están justifica-das por la evidencia.

Presentó el demandante los dos pagarés objeto de la de-manda, ambos del mismo tenor. Admitidos dichos pagarés, el demandante hizo constar que habiendo los demandados negado qne el demandante era portador y duefío de los paga-rés, el demandante se abstiene de presentar prueba en cnanto a los demás hechos de la demanda, por haber sido éstos admitidos, unos directamente, otros en virtud de negatives pregnant y otros por contestaciones insuficientes y evasivas, que envuelven admisiones.

Desestimada una moción de nonsuit formulada por los de-mandados, ofrecieron éstos las siguientes declaraciones:

Juan B. Blanco López declaró:

Qne su padre Juan B. Blanca G-uzmán vivía con una con-cubina desde hacía años; qne al enfermarse de gravedad su padre, éste mandó buscar al declarante, quien fué a casa de la concubina y qne allí, en una caja de madera qne había en un ropero en la habitación de su padre vió los dos pagarés; que los vió allí como, media hora antes de morir su padre, por haberle indicado éste que en la caja había varios documentos que el declarante debía conservar y que por eso el declarante abrió la caja y vió allí los dos pagarés; que no salió de allí hasta después de muerto su padre cuando fué a hacer las dili-gencias para el entierro; que después del sepelio se llevó la cajita que contenía los documentos y al examinarla de nuevo, algunos días después, notó que faltaban los pagarés; que los pagarés fueron sustraídos de la caja después de muerto su padre, mientras el declarante hacía las diligencias fune-rarias, lo que pudo ocurrir fácilmente por haber muerto su padre en casa de una mujer que no era su esposa y sí su concubina.

Merced Velazquez, demandante, declaró:

Que adquirió los dos pagarés en noviembre de 1930, de manos de Gregorio Cubero, quien se los dió en pago de $5,300 que le debía; que entre 1926 y 1927 el declarante había pres-tado a Cubero $2,000 en efectivo, en varias partidas de $200 y que el resto se lo adeudaba Cubero por comisiones sobre ventas de fincas urbanas que el declarante había efectuado como agente de Cubero; que le hizo el préstamo a Cubero porque éste, que era constructor de obras, le iba a dirigir la construcción de una casa, pero que nunca le hizo la casa y le quedó a deber el dinero; que para esa época de 1926 a 1928 el declarante tenía dinero en los bancos; que no hizo decla-ración de income tax por el crédito representado por los pa-garés; que poco antes de prestarle el dinero a Cübero, el declarante se había dedicado al comercio, en el que cesó porque quebró, y que después de quebrado fué que hizo los présta-mos a Cubero; que Cubero no le dió constancia alguna por las cantidades que él le entregaba y que el declarante nunca le exigió documento alguno que acreditara los préstamos que le hacía; que no tiene libros en que aparezcan las fechas de los citados préstamos; que nunca le cobró a Cubero ni le exigió garantías por las sumas prestádasle, ni tampoco por las sumas que Cubero adeudaba al declarante por comisiones; que los préstamos fueron siempre hechos en efectivo y nunca en cheques; y que no recuerda si en las fechas en que hizo los préstamos a Cubero, el declarante tenía fondos en los bancos.

Gregorio Cubero, declaró:

Que es constructor de obras; que fue dueño de los dos pagarés que motivan este pleito, y que los dió al demandante en pago de una deuda de $5,300, de la cual $2,000 procedían de varios préstamos y el resto de comisiones; que él iba a dirigir una obra del demandante pero que después no pudo hacerlo y le quedó debiendo el dinero; que el declarante ad-quirió los dos pagarés de manos de Rafael Yeve Carrillo en una operación de permuta de fincas que efectuaron entre sí y que Yeve los adquirió de Juan B. Blanco G-uzmán en un negocio de fincas; que no recuerda las fechas en que el de-mandante le hiciera los préstamos; que nunca dió constancias o garantías de las deudas al demandante; que el demandante no le cobró al declarante, pero que éste le dió los pagarés a pesar de que representaban una suma mayor que el doble de la suma que él adeudaba y de que sabía que los pagarés estaban próximos a vencer.

Habiendo anunciado los demandados que renunciaban a la declaración que habían ofrecido del testigo Rafael Veve Carrillo, el demandante pidió a la corte que al dictar sentencia tuviera en cuenta, las disposiciones del inciso 5 del artículo 102 de la Ley de Evidencia, que establece la presunción de que la evidencia renunciada hubiera sido adversa a los deman-dados.

Se imputa a la corte inferior la comisión de los siguientes errores:

1. Al dictar sentencia desestimando la demanda, basándose en escrú-pulos de conciencia y no en los méritos de las alegaciones y de las pruebas, desconociendo así los derechos del demandante como portador y dueño de dos pagarés traspasados de buena fe, por valor recibido, antes de su vencimiento.
2. Al desestimar la demanda sin tomar en consideración la renuncia voluntaria que hicieron los demandados de la declaración del testigo Rafael Yeve Carrillo.

La resolución del primer error señalado no ofrece dificultad alguna. Los párrafos de la opinión de la corte inferior que liemos transcrito revelan claramente que la sentencia no está basada en meros escrúpulos de conciencia del juez sentenciador, sino en una cuidadosa apreciación y aquilatación del testimonio dado por el propio demandante, para sostener su derecho al cobro de los pagarés. El juez que presidió la vista y ante el cual depuso el demandante, tuvo la oportunidad, que no puede tener esta corte, de ver al demandante en persona, de observar su manera de declarar, de oír y ver brotar de sus labios las contradicciones y de ir formando gradualmente en su conciencia la convicción de que el demandante no tenía derecho a la sentencia que solicitaba. Un juez, que después de oír la historia que le hace un demandante, la cree inverosímil; que observa la actitud y manera de declarar de ese demandante y la encuentra deficiente; y que nota las numerosas e inexplicables contradicciones en que incurre en su declaración, tendría realmente que violentar su conciencia para poder dictar una sentencia favorable a ese demandante.

Es al juez sentenciador1 a quien la ley concede la facultad de apreciar la prueba y de juzgar acerca de la credibilidad de los testigos. Y no puede ni debe el tribunal de apelación revocar un fallo, por supuestos errores en la apreciación de la evidencia, a menos que se alegare y probare o de los autos resultare evidente que el juez había actuado movido por pasión, prejuicio o parcialidad o que había incurrido en error manifiesto. Y en este caso no se ha alegado ninguna de esas causas de revocación.

Del resumen de la prueba que aparece en la exposición del caso, no surge el convencimiento de que la corte inferior haya errado al apreciarla. Surge más bien la inverosimilitud del relato que hace el demandante, para sostener que es no sólo tenedor, sino también dueño de los pagarés. Se hace difícil creer que un hombre que ha quebrado en el comercio, empiece poco tiempo después a hacer préstamos a otra persona, durante un período de dos o tres años sin obtener del prestatario recibos por las sumas prestadas; que se hagan esos préstamos a una persona que ya debe al prestamista una suma considerable por comisiones de ventas; y por último, que el deudor de esos préstamos y comisiones, por un total de $5,300, sin que su amigo le haya apremiado para que le pague, le haya entregado a su acreedor dos pagarés hipote-carios de un valor total al vencimiento de $14,800, pocos días antes del vencimiento de esas obligaciones. No nos sorprende que la conciencia del juez sentenciador se haya resistido a dar crédito a las declaraciones del demandante y de su alegado cedente Gregorio Cubero.

El caso de Cortés v. Palén, 39 D.P.R. 361, citado por el apelante, no es aplicable al presente. En el citado caso se interpuso la defensa de que el pagaré era apócrifo o simulado. Y esta corte, después de un examen minucioso de los autos, llegó a la conclusión de que la prueba de la simulación no era bastante para destruir la presunción de verdad que lleva consigo el documento, cuya autenticidad estaba fuera de du-das. En el presente caso no se ha entablado contienda alguna sobre la autenticidad de los dos pagarés. Se ha admitido por los demandados que el finado Blanco Guzmán firmó los paga-rés. Lo que se ha negado específicamente es que el citado Blanco Guzmán los hubiera entregado o negociado a persona alguna, alegándose en contrario que los pagarés estuvieron en su poder hasta el momento de su muerte y que después de ocurrida ésta los documentos fueron fraudulentamente sus-traídos.

Alegó el demandante que los demandados eran los únicos y universales herederos del finado, pero ese hecho esencial fué específicamente controvertido por los demandados, quienes negaron tener tal condición de herederos. Y establecido ese issue fundamental, era deber del actor probar su alegación, para que de esa prueba surgiese la existencia de una causa de acción en contra de los demandados. Del récord del caso aparece que el demandante se limitó a presentar los pagarés y que no presentó prueba alguna para es-tableeer el hecho de que los demandados fueran los herederos de Blanco Guzmán. Es ésa una insuficiencia de la prueba, que seguramente fué tenida en cuenta por la corte sentencia-dora al dictar la desestimación de la demanda y que hubiese justificado la concesión de la moción de nonsuit hecha por los demandados al finalizar la presentación de la prueba del de-mandante.

Las diversas cuestiones presentadas por los apelados son interesantes y dignas de serio y detenido estudio, pero no creemos necesario resolverlas por ser académicas, toda vez que la sentencia ha sido favorable a los demandados y que hemos resuelto confirmarla.

El segundo error señalado por el apelante es enteramente frívolo y como tal debe desestimarse.

Por los motivos expuestos debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Crédito y Ahorro Ponceño, demandante y apelante, v. Juan Bautista Arguinzonis, demandado y apelado.
    Núm. 6920.

    Sometido: Enero 30, 1936.

      Resuelto: Julio 6, 1936.

      M. Marcos Morales, abogado del apelante; M. Guzmán Texidor, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Bautista Argüinzonis, deudor hipotecario residente en Cayey, que está dentro del distrito judicial de Guayama, obtuvo un traslado de la Corte de Distrito de Bayamón, donde el Crédito y Ahorro Ponceño, acreedor hipotecario, había iniciado nn pleito ordinario en ejecución de hipoteca. La finca hipotecada se hallaba en Comerío, dentro del distrito judicial de Bayamón. La única base para la resolución con-cediendo la moción del demandado solicitando el traslado fue el hecho de que éste residía en otro distrito.

De conformidad con los términos expresos del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, un pleito en ejecución de hipoteca sobre propiedad inmueble “deberá sustanciarse en el distrito em que radique el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de la facultad de la corte para cam-biar el lugar de la vista, a tenor de lo dispuesto en este código.” El artículo 81 provee que “em todos los demás casos (queriendo significar con ello todo caso distinto a los especí-ficamente mencionados en el artículo 75 y en los demás que preceden al 81) el pleito deberá verse en el distrito en que residieren los demandados, o alguno de ellos, al iniciarse el litigio.” El lugar del juicio de una acción en equidad en ejecución de hipoteca, iniciado en el distrito en que está si-tuada la finca hipotecada, no puede ser cambiado debido a la residencia de la parte, toda vez que tal pleito no es uno de los “demás casos” a que está limitado el alcance de la regla prescrita por las primeras cinco palabras del artículo 81. Véanse McFarland v. Martin, 144 Cal. 771, 774; Rogers v. Cady, 104 Cal. 288; Vallejo v. Randall, 5 Cal. 462; Maguire v. Cunningham (Cal. App.) 222 Pac. 838; Georgia Casualty Co. v. O’Donnell (Fla.) 147 So. 267; Bennett Savings Bank v. Smith, 171 Iowa 405, 152 N. W. 717; Sanquírico v. Registrador, 44 D.P.R. 326; Trueba v. Martínez, 33 D.P.R. 461; Trueba v. Rosales, 33 D.P.R. 1027; Brown v. Holden, 120 Iowa 191; Wetmore State Bank v. Courter, 155 P. 27; Wipfler v. Warren, 128 N. W. 178; McGee v. Shely, 216 S. W. 422; First National Bank of Portland v. Courtright (Ore.) 158 P. 277; Hawkins v. First National Bank (Md.) 165 N. E. 547; Manufacturers Trust Co. v. Roerich Museum, 236 App. Div. 76; Dunn v. Whitley Nat. Bank, 39 S. W. (2d) 993; Hernández v. Bernandini, 25 D.P.R. 461; 67 Corpus Juris 55 sección 73B y pág. 88.

Los casos de Jiménez v. Corte de Distrito, 45 D.P.R. 921 y Arsuaga v. Registrador, 46 D.P.R. 296, en que se funda el juez de distrito, no son aplicables. En el presente caso la finca hipotecada estaba situada en el distrito judicial de Bayamón. El pleito fué iniciado en la corte de distrito del distrito judicial de Bayamón y el distrito judicial de Bayamón era “el en que debía seguirse el juicio.” Un examen cuida-doso del artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil y de las opiniones emitidas en Jiménez v. Corte de Distrito y en Arsuaga v. Registrador bastará para distinguir esos casos.

La resolución apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisott,

text:
    Porto Rican Leaf Tobacco Co., demandante y apelante, v. Moisés Colón, demandado y apelado.
    Núm. 7022.

    Sometido: Enero 24, 1936.

      Resuelto: Julio 6, 1936.

      J. Henri Brown, C. Ruiz Nazario, G. E. González y G. Benitez Gautier, abogados de la apelante; L. Santiago Carmona, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchisott,

emitió la opinión del tribunal.

La Porto Eican Leaf Tobacco Co. apela de una sentencia adversa. dictada en un procedimiento de desahucio y sostiene que la corte de distrito cometió error al negarse a admitir como prueba la copia de carbón de una carta. Tomamos el siguiente extracto de la transcripción de la evidencia :

“Dte.' — Retiramos el documento. Y ofrecemos como prueba una carta, copia en carbón, sacada al mismo tiempo que el original, de fecha 20 de octubre de 1934, dirigida al señor Moisés Colón, Co-merlo, Puerto Rico, preparada bajo "la dirección del abogado que habla y debidamente cursada por correo por este abogado.
“Ddo. — Nos oponemos a la admisión de ese documento. No consta que se hubiera pedido a la corte que se citara a la persona que iba dirigida esta carta, al señor Moisés Colón.
“La Corte. — La Corte deniega el documento, visto el artículo 24 de la Ley de Evidencia.
‘ ‘ Dte. — Tomamos respetuosamente excepción. ’ ’

Asumiendo, sin resolverlo, que la manifestación del le-trado equivalía a “probarse que la carta fue debidamente cursada por correo” dentro del concepto del artículo 84 de la Ley de Evidencia, el juez de distrito debió haber admitido la copia de carbón, si por otra parte no era inadmisible. Puig v. Soto, 18 D.P.R. 132, 139. Sin embargo, la carta no está ante nos y en vista de la conclusión a que hemos llegado sobre otros aspectos del caso, el error aquí planteado no es suficiente motivo para revocar la sentencia.

Otros señalamientos son:

! ‘-2. La .corte a quo erró al resolver que salta a la vista el conflicto de título en este caso.
“3. La corte sentenciadora erró al resolver que el demandado en este caso suministró el principio de prueba necesario para establecer conflicto de título.
“4. La corte sentenciadora erró al apreciar la prueba sometida en el presente paso por el demandado.”

En procedimiento ejecutivo instado por la Porto Rican Leaf Tobacco Co. contra Rafael Cruz y su esposa Juana María Díaz y Sánchez, un “special master” vendió a la com-pañía tabacalera 9.33 cuerdas de terreno “lindantes al norte con la carretera que conduce de Bayamón a Comerío y con parcela perteneciente a José Moisés Colón Yirella; por el este con finca de Portalatina Cruz Rivera; por el sur con el río La Plata; y por el oeste con el río La Plata y con terrenos de Juan Oliveros.” En el procedimiento de desahucio la compañía tabacalera alegó que Moisés Colón- era dueño de una parcela de terreno que radica dentro de las 9.33 cuerdas, que se describe así:

“Rústica, solar en el barrio Palomas, de Comerío, que mide 14 metros 93 centímetros, o sean 49 pies por su frente y por su espalda, y por cada uno de sus costados derecho e izquierdo mide 62 pies con 3 pulgadas, o sean 18 metros 96 centímetros, tomando esta medida desde el mismo centro de la cuneta sur de la carretera; y esas me-didas totalizan una superficie plana de 283 metros 7 centímetros cua-drados, equ'ya,lentes a siete céntimos de una cuerda, iguales a 3 áreas, 7 .eentláreas, 3 miliáreas, colindando por el norte, que es su frente, con la carretera de Comerío a Bayamón; y por el Oeste o derecha entrando, Este o izquierda y Sur o fondo, con el resto de la finca propiedad de Rafael Cruz Díaz. Contiene una casa que en parte es ,de .una planta y en su parte posterior es de 2 plantas, construida toda .la planta principal de maderas con techo de hierro galvanizado sobre base de concreto, y mide siete metros 10 centímetros de-frente por 11% metros de fondo, incluyendo el balcón, teniendo anexo por su costado derecho en el extremo suroeste un departamento construido de concreto armado con techo de hierro galvanizado, que más o menos mide 4 metros 90 centímetros de frente o ancho por 4% metros de fondo o largo, estando destinado para cocina y cuarto -de baño.; -y la planta baja tiene igual frente o andró que el cuerpo principal y mide más o menos 4 metros de fondo o largo, siendo construida de concreto armado.”

. .La comp.añía tabacalera también alegó que, luego de ini-ciado el procedimiento ejecutivo sumario, el 7 de agosto de 1931, Moisés Colón extendió la cerca para, que incluyera' la parcela que abora está en controversia y que- se describe en-la demanda del siguiente modo: . .

“Parcela de terreno ubicada en el barrió'Palomas-,'de la munici-palidad de Comerío, que mide 46 metros' por el norte en coíi’ndaneia con la carretera Bayamón-Comerío; al sur, en 50 metros con terrenos de la Porto Rican Leaf Tobacco Company; al Este, en.26 metros 50 centímetros con más terrenos de la Porto Ricañ Leaf Tobacco Company; y al oeste en 26.62 metros con más terrenos de la propia Porto Pican Leaf Tobacco Company.” ' '

La cuestión .en controversia es si lá contención de, dueño planteada por el demandado es tan evidentemente insubstancial e insostenible que no merezca seria consideración, ó si la prueba en apoyo de la misma era suficiente para suscitar una cuestión digna de ser resuelta por las cortes. Es cuestión bien establecida qué réclamaciones opuestas de título, si son boma, fide, no pueden ser juzgadas y resuéltas en un procedimiento de desahucio. Un pretexto baladí a, ese res-' pecto será pasado por alto.. Una cuestión . aparentemente bona, fide, sostenida por prueba que sea.suficiente para demostrar algún color de la existencia de un derecho, evidencia suficiente para presentar -una cuestión- germina de título, justificará y requerirá la desestimación del procedimiento, No'nos detendremos a revisar, los casos ya resueltos. Véanse Sentencia del Tribunal Supremo de España del 12 de mayo de 1919 (146 Jurisprudencia Civil 281, 288); Segundo González v. Colón, 49 D.P.R. 557; Lippitt v. Llanos, 47 D.P.R. 269; Laureano v. Díaz, 48 D.P.R. 705; Brunet v. Corte, 45 D.P.R. 901, 903; Schuck v. Verdejo, 43 D.P.R. 68, 955; Rubert Hnos. v. Hernández, 43 D.P.R. 960; Mojica v. Gon zález, 43 D.P.R. 999, 1000; Ermita v. Collazo, 41 D.P.R. 596; Sucn. Dávila v. Collazo, 41 D.P.R. 174.

Moisés Colón, demandado en. el presente caso, declaró que Rafael Cruz poseía dos cuerdas de terreno y que había comprado más, aumentando el área a nueve cuerdas; que el demandado y su familia vivían en una casa que anteriormente era de su propiedad y que ahora pertenece al Pueblo de Puerto Rico y en otra casa construida por él en terreno contiguo al de la propiedad del gobierno; que se hallaba en posesión de esta parcela como dueño de la misma; que la había cercado y sembrado; que la adquirió en 1922 o 1923; que en adición a la casa construyó hacia el oeste un garage con base de concreto y una superestructura de hierro galvanizado; que el garage fué destruido por el ciclón de San Felipe, pero que quedan los escombros; que construyó el garage en 1922 o 1923 y continuó en posesión del mismo hasta que éste fué destruido en 1928; que él estaba en posesión de las dos casas, del garage y como de 44 de cuerda de terreno; que él había estado en posesión de las parcelas marcadas “x” e “y” en un plano introducido como prueba por la demandante desde 1921; que el testigo había sembrado yerba y plátanos y cuidado una vaca;- que había vivido allí con su familia desde 1921; que adquirió el terreno de Rafael Cruz (identificándolo en el plano); que le hizo a Cruz un regalo de $50.00; que antes de efectuarse esta transacción había una parcela perteneciente a un pariente de Cruz que deseaba venderla al testigo; que Cruz estaba interesado en la materia y prometió darle al testigo la parcela que éste' necesitaba; que ésta se marcó en 1921 en lo que se otorgaba la escritura; que don Belisario Boscana, de Comerío, redactó un documento que más tarde debía convertirse en una enajenación formal cuando se aclarara el título de las dos cuerdas de las cuales él era administrador; que entonces vino el ciclón de San Felipe y destruyó la casa y se perdió no sólo el documento, sino todo, aunque el volumen en que todos los documentos Rabian estado fué hallado; que Boscana lo tenía; que el Lie. Rodríguez lo había leído; que el documento tra-taba de la venta de una parcela contigua de terreno en adi-ción a la casa; (en la repregunta) que la casa fué adquirida por El Pueblo de Puerto Rico por las contribuciones; que la Santini Fertilizer Co. la había ejecutado previamente; que Finlay también había ejecutado la hipoteca o tratado de ejecutarla; que la casa y solar que habían sido previamente inscritos eran la propiedad envuelta en los procedimientos iniciados por el Pueblo de Puerto Rico y la Santini Fertilizer; que las dos parcelas fueron adquiridas al mismo tiempo, primero la casa y luego el solar en que la misma está encla-vada; que la venta en que don Belisario intervino fué la del solar contiguo a la casa; que esto ocurrió casi inmediata-mente después de haberse adquirido la casa y el solar; que el testigo no puede especificar el número de días o meses o años, en 1922 o 1923; que no puede especificar.la fecha exacta; que fué en 1922 o 1923; que en el curso de la transacción Cruz cedió el terreno al testigo, allá para el 1923, en 1922 o 1923; que Rafael Cruz cedió el terreno contiguo al testigo luego de otorgar la escritura de la casa y el solar; que el testigo no ha cedido; que él adquirió la finca contigua después de obtener la casa y solar; .que se inscribieron la casa y el solar; que el traspaso de la propiedad contigua fué hecho en un documento extrajudicial; que la enajenación formal del solar fué otorgada más tarde; que el documento extrajudicial fué otorgado luego, unos días más tarde, pero que el testigo no puede decir cuántos; que el testigo le hizo a Cruz un regalo de $50.00; que Cruz no quería aceptar nada; que no recuerda cuánto pagó por la casa y el solar; que la palizada estaba allí cuando la compañía tabacalera tomó posesión; que el terreno en controversia estaba cercado por ésta. '

El testigo fué luego interrogado, primero por la corte y después por el letrado de los demandados como sigue:

“La Corte — Dígame, testigo, qué fué lo primero que usted compró allí?
“T. Lo primero que yo compré fué la casa.
“P. Esa casa es de usted hoy?
“R. Hoy no.
“P. ¿De quién* es hoy esa casa?
“T. Del Pueblo de Puerto Rico.
“P. ¿Usted sabe quién habita esa casa?
“T. Yo con mi familia.
“P. ¿Qué fué lo segundo que usted compró?
“T. El solar de la casa.
“P. ¿Cuánto tiempo después de usted haber comprado la casa compró el solar, más o menos corno cuánto tiempo?
“T. La casa fué en el 1920 y el solar en el 1921. No tengo segu-ridad si fué en el 1922 o 1923.
“P. A ese solar con la casa, ¿qué pasó con la casa y el solar?
“T. Ese solar y casa yo se lo hipotequé a la casa Finlay en el 24 o 25.
“P. Yo quiero saber el final, ¿ qué pasó con la casa y el solar, que la casa se la llevó el Pueblo de Puerto Rico, no es eso, y el solar ?
“T. La casa y el solar, yo quiero explicarle, es ■ un enredo, cuando....
“P. Yo quiero conocer el final de todo, ¿fué que con la casa se quedó El Pueblo de.Puerto Rico?
“T. Por las contribuciones.
“P. ¿Y el solar?
“T. También.
“P. ¿Qué fué lo tercero que ocurrió con respecto al solar y casa y con respecto a lo demás ? Usted me ha estado hablando de dos casas, ¿ de la otra casa ?
“T. En esa época al yo adquirir el solar....
“P. ¿En qué época adquirió el solar?
“T. Del 22 al 23.
“P. ¿De modo que usted adquirió el solar de la segunda casa casi en la misma época que usted perdió la otra casa y el solar ?
“T. Posteriormente.
“P. Entonces, ¿usted adquirió un solar antes de perder sus otras propiedades ?
“T. Antes de perderlo.
“P. Ese solar que usted compró, ese segundo solar, ¿de quién era?
“T. De Rafael Cruz Díaz.
“P. ¿Ese es .el que Listed dice que compró con un documento privado ?
“T. Ese sí.
“P. ¿En ese solar había casa?
“T. No, señor.
“P. ¿Actualmente la hay?
“T. Sí, señor.
“P. ¿Quién la construyó?
“T. Yo.
“P. Ese solar, ¿qué mide?
“T. No tengo una exactitud, como un cuarto de cuerda.
“P. Cuando compró ese solar, ¿usted lo cercó?
“T. Sí, señor.
.“P. ¿ Con qué lo cercó.?
“Ti Con alambres de púa y tela metálica.
“P. Esa tela metálica'y alambres de púa, ¿están allí todavía?
“T. Sí,'señor.
“P. ¿Entonces usted construyó la casa?
“T. Sí, señor.
“P. ¿Quién vive esa casa hoy?
“ T. Yo mismo, mi familia es numerosa y estamos ocupando las dos.
“P. ¿De modo que usted tiene parte de su familia en la casa que usted últimamente construyó y parte en la casa del Pueblo de Puerto Rico ?
“T. Del Pueblo de Puerto Rico hoy.
“P. ¿Usted ocupa sólo la casa que es del Pueblo de Puerto Rico u ocupa también, además la casa y el solar?
“T. Sí, señor.
“P. En síntesis, ¿ocupa las dos casas y los dos solares?
“T. Sí, señor, ya estoy notificado del Pueblo de Puerto Rico.
“La Corte: Nada más.
‘' Demandado: En ■ este otro solar que usted ha explicado, ¿ qué hay al lado oeste?
“T. Anteriormente tenía un garage con base de concreto y la •parte de arriba de hierro galvanizado.
“P. ¿Todavía quedan los escombros?
“T. Sí, señor.”

El letrado Francisco Rodríguez Alverio, mencionado por el demandado Colón mientras ocupaba la silla testifical, .declaró: que en 1924. el testigo vivía en Nueva York y en 1925 en Comerlo; que conoce a Rafael Cruz y a Moisés Colón; que ejerce-su profesión en Comerío; qne en 1928 el testigo le tomó en arrendamiento a Rafael Crnz la finca objeto de este litigio; qne cuando fné a tomar posesión de la misma, Rafael Crnz le explicó o le indicó los puntos que cubrían la finca esa con la idea de indicarle la'parte qne era del convenio y para indicarle la parcela perteneciente a Moisés "Colón, cercada entonces con aiambre de púas; qne ía finca .ocupada por Moisés Colón se hallaba en la parcela arrendada por el testigo; qne la .había visto el día del juicio, así como el día antes; que es la misma finca tomada en arrendamiento por el testigo a Rafael Cruz; qne en 1926 Rafael Cruz no le mostró ningún documento; qne Moisés Colón se la mostró al testigo y le dijo qne deseaba tener en su poder todos los documentos qne él (Colón) había entregado a Belisario Bos-cana y qúe había dejado en la oficina de Celestino J. Pérez; "que Belisario, qne era un “curial”, un escribano-, había muerto alrededor de aquella época; que Belisario no traba-jaba con Pérez; que el testigo fué a trabajar en la oficina ..en que lo había hecho Belisario; que vió un documento pri-vado otorgado por Cruz y por Colón relativo a un solar cuyas medidas, no recuerda; que- ellos hablaron con el testigo acerca del mismo cuando éste le tomó en arrendamiento la finca por -dos años; -que el testi-go conocía'la finca bien; que se trajo pin agrimensor .para medirla;- que contenía 9.40 cuerdas, sin .incluir la propiedad de Moisés Colón; que cuando el río crece cubre ciertos arenales sembrados de malojillo; que cuando el .testigo tomó la .finca en arrendamiento había una “rejoya”, • según se le llama en el campo, unas .40 de cuerda más o menos, sembrada de- malojillo que había ’ desaparecido totalmente, .que está debajo del río; que fué medida cuando se dió po-sesión de la finca1 al testigo; que ahora no había sido medida; (en la repregunta) que el testigo regresó de los. Estados Uni-dos en junio de-1925 y fué a Comerío en julio; que alquiló la propiedad en 1928 a razón de $40 mensuales; que vió el documento privado en 1926, un año después de ir a Comerío, cuando se hizo cargo de los asuntos de Colón; que él no hizo nada en relación con el documento; que Colón dió instruc-ciones al testigo de recoger los papeles que habían estado en poder de Belisario; que Colón quería tenerlos en su poder; que Colón no le ordenó que los elevara a escritura pública; que el testigo fué a buscar los documentos con- el objeto de entregarlos a Colón, y que para cerciorarse de si los. mismos pertenecían a Colón, el testigo tuvo que leerlos; que no re-cuerda la fecha exacta del documento privado, si fué en el 1922 ó 1923; que fué para aquella época cuando el testigo tomó a su cargo los asuntos de Colón; que si el Lie. Celestino J. Pérez redactó la escritura número 69, otorgada en Comerío el 17 de julio de 1923, el testigo no la vió; que el día antes del juicio el río no estaba crecido, estaba normal, pero que cubría la mejor parte de la finca, .40 de cuerda; que cuando el testigo tomó la finca en arrendamiento el río cuando estaba normal no Cubría aquella parte de la misma.

Rafael Cruz declaró que había sido dueño de nueve cuerdas y céntimos de terreno en Palomas; que le vendió la finca a Moisés Colón porque había comprado dos cuerdas, media a media cuerda; que el testigo compró cuatro o cinco cuerdas a José Cruz y a otros y que cuando adquirió las primeras dos cuerdas había cedido un solar allí que pasó por varias manos y vino a poder de Moisés Colón, y éste quiso comprar la finca; que el testigo no recuerda la fecha — hace 16 o 20 años; que el testigo compró en 1921; que fué después del 1916 ó 1918, del 21 al 23; que Colón tenía un negocio coñ José Cruz sobre la finca; que compró dos cuerdas a Carmen Rivera y no pudieron hacer documento sobre eso; que luego el testigo compró las siete cuerdas; que Colón estaba nego-ciando con José Cruz y que como el testigo había adquirido las dos cuerdas le dijo a Colón: “Mire, Moisés, cédame esas dos cuerdas y con eso solamente se me cedería esto,” y en-tonces aquél le contestó: “Y si usted me cede un cuadro;” que el testigo le dió el cuarto de cuerda; que él no quería aceptar nada por esto, pero que Colón le hizo coger $50 como regalo; que Belisario Boscana, que falleció en Comerío, re-dactó un documento extrajudicial y el testigo convino en otor-gar una escritura de enajenación cuando Colón lo deseara; que no puede decir si éste era el terreno que Colón ocupa ahora; que era un cuarto de cuerda más o menos — no fué medida; (en la repregunta) que su hermano Taquito está encargado todavía de los muebles del testigo y que éste ocupa la- casa, que está en la propiedad, algunas sillas, mesas y camas; que no puede decirlos todos, pero que tiene bastantes muebles; que el márshal de la Corte Federal estuvo allí; que el testigo manifestó al márshal que él podía entregar la posesión si se veía obligado a hacerlo así y que la cuestión de entrega estaba pendiente en manos del Lie. Martínez Dávila; que la cuestión está aún pendiente en lo que al testigo se refiere porque él nó tiene dinero con qué seguir adelante; que no recuerda la fecha en que adquirió las dos cuerdas; que el testigo compró primeramente dos cuerdas, nueve cuerdas y céntimos en total, primero dos cuerdas y luego el resto, un total de nueve cuer-das y céntimos; que antes de esto ocurrió el asunto de la venta a Colón, antes de la negociación con José Cruz, porque el testigo debía cederle un pedazo de terreno contiguo a la casa; que el testigo marcó unos céntimos, un cuarto de cuerda más o menos; que como el testigo tenía las dos cuerdas Colón vino a verle y entonces hablaron; que entonces él le dijo al testigo: “Yo lo que intereso es un cuadro, un cuadro más o menos;” que el testigo no recuerda la fecha; que él le había regalado un solar a su hermano Taquito; que le hizo una es-critura del solar a Colón; que el solar había estado pasando de manos y cuando Colón compró la casa el testigo estaba por ceder el solar y hacer la escritura; que el testigo le vendió a Colón un solar contiguo a una casa que estaba enclavada en un solar que el testigo le había regalado a su hermano y que éste le había vendido a Juan Longo; que después de la cesión del cuadro a Colón, el testigo otorgó una escritura traspasando a Colón el solar que previamente había sido ce-dido y que se venía permutando; que el hermano del testigo lo vendió y el testigo otorgóla escritura; que cuando vino"a poder de Colón, que adquirió la casa, el testigo tuvo que otor-gar la escritura; que el testigo cree que esto ocurrió' antes de cederse el cuadro, mas no-recuerda; que fué para la époc'a. en que se hizo la ■ transacción del solar que Colón empezó a - hacer negociaciones sobre la casa; que' el testigo no re'cor-5 daba si el traspaso del cuarto de cuerda fué después de dicha transacción; que el solar fué un regalo, pero que Colón hizo que el testigo aceptara la suma de $50 pero no fueron por él solar en qué la casa estaba enclavada; que el testigo lo había cedido a su hermano tantos años antes y su hermano vendió la casa primero; que al otorgan la escritura de este solar el testigo no recibió dinero alguno porque el solar en que estaba ubicada la casa había sido un regalo del testigo a su,hermano y éste vendió la casa y tenía derecho .a .una escritura de enaje-nación; que la-casa estuvo mucho tiempo sin inscribirse; que el solar fué un. regalo al hermano del testigo y Colón adqui-rió de otro; que Colón dio al testigo $50 por la otra finca.

•.El agrimensor que poco antes del juicio había medido la finca y redactó el plano ofrecido como .prueba por la deman-dante, declaró.como testigo de la demandante sobre la exis-tencia de una antigua verja de .tela metálica y. alambre de púas, así 'Como sobre la existencia 'de ciertos árboles ;por la guardarraya de la parcela en controversia ,y sobre la existen-cia dentro del cercado , de los cimientos de concreto de lo que una vez había sido garage.' El testimonio del demandado es así corroborado hasta cierto punto por el testimonio de este testigo. Permanece prácticamente incontrovertido .por -.el tes-timonio de cualquier otro testigo. ' Tomado- en-su totalidad y coi-roborado-hasta cierto punto, por el testimonio-del'agri-mensor de la demandante, bastaba para' justificar la conclu-rión a'que llegó;'el juez- de -distrito^ si. no teúíá razón para ..creer,, por el comportamiento del demandando y de sus- 'tes-tigos .o por-alguna, otra razón, qué su declaración'había: sido inventada y aprendida de. memoria.. No..hallamos en.la-.trans-cripción mecanografiada tal prueba de mendacidad que exija la revocación de la sentencia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN,

text:
    Luis E. Bas, haciendo negocios bajo el nombre de Porto Rico Commercial Company, peticionario y apelante, v. Corte Municipal de Cayey, Hon. Angel M. Torregrosa, Juez, querellada; José Hoyo Lavín, interventor y apelado.
    Núm. 6047.

    Sometido: Febrero 11, 1936.

      Resuelto: Julio 8, 1936.

      E. García Capella,.abogado del apelante; M. Guzmán Texidor, abo-gado del interventor apelado, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Luis E. Bas apela de una sentencia de una corte de distrito que anuló un auto de certiorari expedido anteriormente contra una corte municipal.

El primer señalamiento es que la corte de distrito erró al resolver que la municipal adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado. Éste, en la corte municipal trató de hacer una comparecencia especial con el único objeto de atacar la suficiencia del emplazamiento y de su diligenciado. Sin embargo, al mismo tiempo radicó una excepción previa, una contestación y una moción de traslado. La Ley (núm. 10) de 1921 (Leyes de ese año, pág. 113) “Estableciendo juicios especiales en las cortes municipales de Puerto Pico y para otros fines” no abrogó la regla general bien establecida en Security Loan, etc. Co. v. Boston, etc. Co., 126 Cal. 418, como sigue:

“Si la parte demandada desea insistir en la objeción, de que ño se halla ante la corte por no tener ésta jurisdicción sobre su persona, debe comparecer especial y únicamente con tal fin, y debe permane-cer fuera para todos los fines excepto para tal objeción. Si plantea cualquier otra cuestión, o solicita cualquier remedio, que sólo puede ser concedido en la hipótesis de que la corte tiene jurisdicción de su persona, su comparecencia es general, aunque, se le califique de especial, y con ello se somete a la jurisdicción de la corte tan plena-mente como si hubiera sido citada en debida forma.”

Véanse también Aparicio Hnos. v. H. C. Christianson, 23 D.P.R. 493; Gómez v. Junta, 40 D.P.R. 662, 666; Sommer v. Unknown Heirs of Hahn, 161 P. 298; Thompson v. Alford, 128 Cal. 227; Shelley v. Casa de Oro, (Cal. App.) 24 P. (2), 900.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que la fianza prestada para asegurar la efectividad de la sentencia ante una corte municipal era suficiente y que el embargo trabado después de radicarse tal fianza era válido. ,

El heclio de que el juez municipal no hiciera constar por escrito en la fianza que aprobaba la misma antes de expedirse la orden de embargo, no invalidaba el auto. 6 C. J. 172, sec. 311.

Una objeción más seria fué que ninguno de los fiadores manifestaba en su declaración jurada que pagaba contribuciones como dueño del inmueble mencionado en la misma. El artículo 6 de la “Ley para asegurar la efectividad de sentencias”, aprobada el 1ro. de marzo de 1902 (Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, pág. 98), dispone:

“Sólo podrán ser fiadores personales las personas que pagaren al Tesorero de Puerto Rico, a título de dueños, una contribución sobre la propiedad, representativa de un capital cuyo valor sea el doble de la fianza exigida por el tribunal para decretar el asegura-miento .... ”

Este es un requisito jurisdiccional. Si los fiadores no pagan contribuciones sobre bienes inmuebles por valor del doble del importe de la fianza, ésta es nula de toda nulidad. De abí la importancia de exigir una demostración satisfacto-ria a este respecto como condición precedente a la. aprobación de la fianza. La cuestión relativa a si prueba poco satisfac-toria a este respecto es o no un defecto fatal o si es susceptible de ser- enmendado, no es tan clara. Si el fiador no paga contribuciones sobre bienes inmuebles por la suma re-querida en calidad de dueño, el defecto en la declaración ju-rada no puede ser subsanado mediante enmienda. Evidente-mente, si sucede lo contrario, la omisión puede ser fácilmente suplida. No dejan de existir aritoridades que sustentan el cri-terio de que meras irregularidades son renunciadas al con-testarse sobre los méritos (.72 A.L.R. 120, 126), y en el pre-sente caso la cuestión fué planteada por primera vez después de dictarse sentencia. .

En el’ caso de autos, cada uno de los fiadores manifestó bajo juramento que era dueño de bienes inmuebles que tenían un valor de más del .doble del importe de la fianza, libre de cargas y gravámenes. La condición sine qua, non del estatuto es el pago de contribuciones y no la propiedad de la cosa. No podemos decir que el dominio de la cosa sea sinónimo con el pago de contribuciones eirconcepto de dueño. La pro-babilidad es que el dueño del inmueble paga las contribucio-nes como tal. Sin embargo, cuando el pago es una condición estatutaria previa a la validez de una fianza para asegurar la efectividad de una sentencia, el Lecho no puede dejarse a inferencias o conjeturas.

No estamos preparados para decir que la omisión en el presente caso fué una mera irregularidad o que la moción para anular el embargo debido a la nulidad de la fianza fué presentada demasiado tarde. Por otra parte, en vista de la fuerte probabilidad de que los fiadores en realidad pagaban contribuciones sobre sus inmuebles, al demandante debe dár-sele la oportunidad de suplir esta omisión en las declaracio-nes juradas, si puede, antes de anularse el embargo.

Deden revocarse la sentencia apelada y la resolución de la Corte Mimicipal dictada en respuesta a la moción del deman-dado solicitando se almiara el embargo, y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Dolores Díaz y Vélez, menor de edad representada por su padre Antonio Díaz, demandante y apelada, v. Simplicio Arroyo, demandado y apelante.
    Núm. 6800.

    Sometido: Enerq 17, 1936.

      Resuelto: Julio 8, 1936.

      Ildefonso Freyre, abogado del apelante; Pascasio Fajardo Martínez, abogado de lá apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió, la opinión del tribunal.

El primer señalamiento es que la corte. de distrito cometió error al declarar sin lugar una excepción previa de falta de hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción. El pleito era por los daños y perjuicios causados por. una herida de bala que, según se alegaba, el demandado había infligido por su negligencia. Lq, teoría de la excepción fué que la demanda no demostraba que el demandado vió o pudo haber visto a la demandante, o tuviera motivo alguno para creer, al tiempo de hacer el disparo, que heriría a la deman-dante o a alguna otra persona. En la demanda se alegaba:

‘ ‘ Que.... se encontraba la menor demandante cerca de la casa en que habitaba y que queda en una propiedad perteneciente a don Quintín Ramírez, la que radica en .el barrio de Llanos Costa, del tér-mino municipal de Cabo. Rojo y de este Distrito Judicial de Maya-giiez, recogiendo leña para llevarla a su hermana, Lucila Díaz, con la cual vivía y en esos momentos el demandado,, Simplicio Arroyo Pabón, se encontraba en otra propiedad de la pertenencia de la suce-sión de Don Juan Arroyo que queda en el propio barrio, Municipio y distrito judicial y cuyas fincas están separadas por la carretera o camino público conocido con -el nombre .de Guanábanas, parado en la puerta de una tienda que da frente al sitio donde se encontraba la menor recogiendo leña.
“Tercero. — Que a la hora, día, mes, año y sitio indicados, el de-mandado, negligentemente y sin tomar precaución alguna hizo uso de un revólver que .es un arma mortífera y peligrosa per se y disparó un tiro con dirección hacia el sitio donde se encontraba dicha menor demandante, a una altura y condiciones tales que la bala hirió a la menor demandante por la parte de atrás del cuello entre el tronco y la cabeza, justamente en el centro de dicho sitio ....”

La descripción anterior basta para demostrar que el lugaren que ocurrió el disparo no era un sitio deshabitado ni poco poblado. Las circunstancias que rodean el caso, conforme se indica en la demanda, imponían al demandado el deber de de-terminar si había alguna persona al alcance antes de dispa-rar a través de una vía pública en dirección a un sitio cercano a una casa residencial, donde la presencia de menores o adul-tos podía esperarse. Esta alegación sobre el sitio y las cir-cunstancias que rodean el caso, unida-a la alegación que se hace en el párrafo siguiente al efecto de que el demandado “negligentemente y sin tomar precaución alguna”, hizo uso de su revólver en dirección al sitio donde se encontraba la demandante, era suficiente demostración de negligencia. Bancroft, Code Pleading, Yol. 4, p. 3583, sección 2038; Restatement of the Law of Torts, Yol. 2 (On Negligence), p. 1295; sección 500 (d); Pigeon v. Fuller & Co. (Cal.), 105 P. 976; 45 Corpus Juris 1066, sección 638; 45 Corpus Juris 651, 653, 657; Bolin v. Ballinger, 293 P. 472; Corn v. Sheppard, 229 N. W. 869, 870; McLaughlin v. Marlatt, 246 S. W. 548; 20 Ruling Case Law 11; sección 8, sección 9, p. 13; sección 11, p. 15 y sección 26, p. 32; Manning v. Jones, 129 S. W. 791.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al permitir a la parte demandante presentar prueba que tendía a demostrar la existencia de un ofrecimiento de transacción o arreglo. El letrado de la demandante preguntó al demandado en la repregunta si era o no cierto que babía pagado a la demandante una suma semanalmente. Éste contestó negativamente. El letrado del demandado se opuso fundándose en que la cuestión era impertinente. El juez dijo que la pregunta ya había sido contestada. El abogado de la demandante entonces preguntó al demandado si era o no cierto que había ido al banco y dado órdenes de que no se pagara un cheque de $7 usado en la compra de medicinas en una farmacia. El demandado nuevamente contestó en forma negativa.

El padre de la demandante, Antonio Díaz, declaró enton-ces en refutación: que Arroyo había ordenado a su hijo en Cabo Rojo que le pagara a la demandante y el hijo le pagó a ella $7.50; que pagaron al testigo primero en dinero y luego le dijeron que iban a dárselo en cheques; que cuando él, el demandante, llevó la niña al fiscal, el demandado se puso molesto porque el testigo había mostrado el cheque a dicho funcionario y ellos no lo pagaron; que cuando se envió la niña a Ponce para ser examinada, el demandado le dió $2 al testigo.

Simplicio Arroyo entonces declaró en contrarrefutación: que él no había ordenado a su hijo que le diera ningún dinero a Antonio Díaz; que el testigo le dio a Díaz un dólar el día que éste llevó su hija, a Ponce; que su hijo era aparte; que era mayor de edad y hacía negocios aparte. Al inquirírsele en la repregunta si no recordaba haber dado a Antonio' Díaz cheques en dos o tres ocasiones distintas, el testigo contestó negativamente. Entonces surgió el incidente que sigue:

“Liedo. Fajardo: Vamos a solicitar de la corte que ordene se cite al farmacéutico que recibió el cheque cuando el demandante fué a buscar las medicinas.
“Ilon. Juez: La corte lo va a perm'tir'para mañana a las 9 de la mañana. Cítelo hoy mismo. Receso hasta mañana a las nueve.”

Al reunirse la corte al siguiente día, el letrado del deman-dado citó el caso de Pérez v. Guánica Centrale, 17 D.P.R. 963, en apoyo de la contención de que una oferta de transacción no era admisible como prueba. El juez de distrito dijo que la doctrina era clara. El abogado de la demandante ma-nifestó que aceptaba la doctrina. El de la parte demandada entonces insistió en que no se permitiera declarar al testigo que había sido llamado. El abogado de la demandante explicó que su testimonio era para refutar la aseveración del deman-dado de que nunca había dado dinero alguno. El juez enton-ces dijo: que el caso más aplicable al presente lo era el de Colomé v. Guánica Centrale, 16 D.P.R. 466; que lo que la Corte Suprema dijo en dicho caso era obiter dictum; que los hechos del caso de autos eran enteramente distintos; que la corte admitiría la declaración; que si se hallara un caso apli-cable a los hechos del presente, el juez lo examinaría y al dictar sentencia haría constar si había considerado o no tal sentencia. El letrado del demandado se anotó una excepción a esta resolución de la corte.

El farmacéutico declaró entonces: que Antonio Díaz había pagado por ciertas medicinas con un cheque suscrito por Mon-serrate Arroyo; que el cheque fué devuelto por el banco. El abogado del demandado solicitó se eliminara la declaración de este testigo. La moción fué declarada sin lugar. Esta ■declaración fué seguida por prueba de contrarrefutación adi-cional de parte del demandado. Esta controversia en torno a si el demandado gastó o no pequeñas sumas de dinero en beneficio de la demandante comprende unas catorce páginas de la transcripción taquigráfica. Toda la prueba, tendente a demostrar tales pagos, ora se le considere como demostrativa de un esfuerzo para llegar a una transacción o como demos-trativa de una admisión de responsabilidad,- era claramente inadmisible para uno u otro fin. El obiter dictum en Colomé v. Guánica Centrale exponía la ley claramente. Grogan v. Dooley, 105 N. E. 135; Finn v. New Eng. Telephone Co., 64 Atl. 490; Poole’s Seed and Implement Co. v. Rudene, 200 P. 1104; Weeks v. New Orleans Ry., 32 La. Ann. 615; Smith v. Baily (N. Y.), 14 App. Div. 283; Sias v. Consolidated Lighting Co., 50 Atl. 554; Norman v. Porter, 148 S. E. 41; Brown v. Wood, 160 S. E. 281; Ocean Accident, etc. v. Missouri Engineering Co., 63 S. W. (2d) 196; Arnold v. Owens, 78 Fed. (2d) 495; St. Louis Ry. Co. v. Holmes, 131 S. W. 692; Haugh v. Kirsch, 135 Atl. 568; Gainesville Midland Ry. v. Jackson, 57 S.E. 1007; Octoby v. Henley, 84 N. W. 942; Lange v. Interstate Sales Co., 166 S. W. 900; Frame v. Olmsted, 187 N. W. 18; Kuehn v. Ritter, 233 S.W. 5; Donovan v. Driscoll, 90 N. W. 60.

La objeción del demandado a la primera pregunta en el examen redirecto respecto al pago de un semanal a la deman-dante fné bien tomada. La pregunta era impertinente e im-propia, excepto quizá si se hacía con el fin de establecer una base para impugnar- al testigo. No se estableció suficiente fundamento para el testimonio del farmacéutico acerca del pago de medicinas hecho con un cheque suscrito por el deman-dado. Cuando el farmacéutico declaró que el cheque había sido devuelto por el banco, el demandado se opuso fundado en que si había sido devuelto por el banco debía presentarse el cheque. El juez manifestó que el cheque no había sido pagado. El letrado de la demandante dijo que lo había sido más tarde. Pudo haber sido devuelto por falta de fondos, por una firma ilegible o por muchas otras razones que por haberse dado órdenes de no pagarse. Nada había en la de-claración del farmacéutico que demostrara que el demandado o alguna otra persona había ordenado que no se pagara. Al demandado no se le había preguntado en el examen redirecto acerca de ningunos cheques expedidos por su hijo, así como tampoco si había ordenadp, solicitado o autorizado a su hijo que expidiera algunos cheques. La declaración no era más admisible para una impugnación que lo que lo era para de-mostrar una admisión de responsabilidad por parte del de-mandado. Éste, sin embargo, no presentó objeción por tai motivo.

Quizá técnicamente bastaría decir, en respuesta al tercer señalamiento del apelante, que la prueba no fué admitida como una oferta de transacción, sino a manera de impugnación, y que no fué objetada como inadmisible para tal fin. Empero, no estaríamos dispuestos a basar nuestra confirmación en mo-tivos técnicos si estuviésemos convencidos de que el juez de distrito fué en realidad influido indebidamente por esta prueba inadmisible.

El apelante sostiene que no sabemos los motivos que sir-vieron de fundamento a la sentencia dictada por el juez de distrito. Eso es muy cierto, más aparentemente ello no es culpa del juez de distrito. Al declarar sin lugar la obje-ción del demandado al testimonio del farmacéutico, el juez dijo, según ya hemos expuesto, que si podía hallarse un, caso aplicable, él lo examinaría y, al dictar sentencia, haría cons-tar la consideración que había dado al mismo. La sentencia se refiere a una opinión que se supone aducir los fundamentos en que se basa esa sentencia. Tal opinión no está ante nos y no nos es posible decir que el juez de distrito dió indebida importancia al hecho de que el hijo del demandado había entregado a la demandante diversas sumas pequeñas de dinero en cheques o en alguna otra forma.

El segundo señalamiento fué que la corte de distrito cometió error en la, apreciación de la prueba y al dictar sentencia contra el demandado. La prueba de la demandante no presentó nn caso mny satisfactorio contra el demandado. Sin embargo, de ser cierta, bastaba para sostener la sentencia, y el juez de distrito aparentemente la creyó.

El cuarto señalamiento es que la corte de distrito erró al conceder costas a la demandante. La única razón que tiene el apelante para liacer este señalamiento es que la demandante solicitó daños y perjuicios por la suma de $10,000 y solamente obtuvo $700. Eso, sin más, no es suficiente para demostrar un abuso de discreción en la concesión Lecha.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señoe, Travieso,

text:
    Eduardo Fossas López Cepero, demandante y apelante, v. The National City Bank of New York, demandado y apelado.
    Núm. 7041.

    Sometido: Junio 9, 1936.

      Resuelto: Julio 8, 1936.

      O. de la Haba j Rafael Baragaño, Jr., abogados del apelante; Fiddler, Córdova é McConnell, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe, Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelante es dueño de una parcela de terreno que adquirió por dación en pago de una sentencia dictada a su favor y en contra de doña Mercedes de la Torre. La referida parcela, que tiene una extensión superficial de l,575 metros cuadrados, fué segregada de otra parcela de 9,571 metros cuadrados, sobre la cual la Sra. De la Torre, por escritura de mayo 20 de 1929, constituyó hipoteca para garan-tizar al American Colonial Bank of Porto Rico el pago de un pagaré suscrito por ella y por don Francisco de la Torre, por la suma de $10,398.38, con sus intereses al 9 por ciento per anmm, habiendo sido dicha hipoteca inscrita en el Regis-tro de la Propiedad de San Juan. El citado pagaré fué cedido a favor de The National City Bank of New York, aquí ape-lado', y dicha institución bancaria inició ante la Corte de Dis-trito de San Juan una acción personal ordinaria en cobro del capital e intereses adeudádosle por don Francisco de la Torre, doña Mercedes de la Torre y su esposo don Arturo O’Neill; y para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera obtener en dicho pleito, el banco demandante’ solicitó embargo de los bienes de los demandados, para garantizar un total de $13,398.38, pero dicho embargo se trabó solamente sobre bienes del allí demandado don Francisco de la Torre. No se practicó embargo alguno sobre la parcela de 9,57.1 m. c. hipotecada en garantía del pagaré. Se alega que el valor de los bienes embargados al Sr. De la Torre cubre el total de capital e intereses reclamados por el Banco embargante.

Alegó además el demandante, que en 11 de junio de 1932 se dictó sentencia en el pleito a que se ha hecho referencia, a favor de The National-City Bank of New York y en contra de doña Mercedes de la Torre, quedando firme dicha senten-cia; que la sentencia no ha sido ejecutada sobre la parcela hipotecada, ni ha sido ésta embargada en ejecución de sen-tencia, continuando el banco su acción exclusivamente contra el demandado don Francisco de la Torre; que habiendo el acreedor hipotecario, The National Oity Bank, elegido el re-medio de acción personal contra sus deudores, la finca del demandante ha quedado libre de la responsabilidad que sobre ella pesaba a favor de dicho banco; que el demandante ape-lante requirió al banco apelado para que otorgara su consen-timiento para la cancelación de la incripción en el registro, en cuanto a su parcela de 1,575 m. c., negándose dicho Banco a consentir tal cancelación. Y terminó el demandante pi-diendo sentencia por la que se declare renunciado y extin-guido de hecho y de derecho y se ordene la cancelación en el registro del citado gravamen hipotecario, en lo que respecta a la parcela del demandante apelante.

Contra la sentencia que desestimó la demanda por no ale-gar hechos suficientes para determinar una causa de acción, el demandante ha interpuesto el presente recurso.

La cuestión legal que tenemos que resolver se plantea así: ¿Debe considerarse renunciada y extinguida la garantía hipotecaria constituida por uno de los deudores, de una obligación mancomunada y solidaria, por el solo hecho de haber procedido el acreedor a hacer efectiva la obligación mediante una acción ordinaria en cobro de dinero y el embargo de bienes del otro deudor, en vez de utilizar el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria o la acción mixta, real y personal, que regula nuestro Código de Enjuiciamiento Civil?

Para sostener la afirmativa, cita la representación del ape-lante el caso de Dix v. Smith, 50 L.R.A. 714 (antigua serie) y numerosas decisiones de diversos estados, las que aparecen en la nota al pie de dicho caso. Hemos hecho un cuidadoso estudio de toda esa jurisprudencia y la consideramos inapli-cable a la solución del problema jurídico que nos plantea el apelante. Se trata en todos los casos citados de un acreedor, que teniendo su crédito garantizado por hipoteca sobre bienes muebles (chattel mortgage), procede a hacer efectivo su cré-dito mediante embargo de los mismos bienes muebles afecta-dos por la hipoteca. Las cortes han sostenido que los dos gravámenes, el de la hipoteca sobre muebles y el del embargo, son esencialmente distintos e incompatibles y qne no pueden coexistir sobre la misma propiedad y a favor de un mismo acreedor; y basan sus decisiones en dos doctrinas del derecho común que sostienen, la primera, que el otorgamiento de una hipoteca sobre bienes muebles transfiere a favor del acreedor el título legal sobre los bienes hipotecados, y la segunda, que el derecho de redención (equity of redemption) que la ley concede al deudor hipotecario, no es embargable. Parece lógico que si el acreedor queda investido con el título sobre los bienes muebles al otorgarse la hipoteca a su favor, no le sea per-mitido embargar esos mismos bienes, pues nadie puede em-bargar aquello que ya le pertenece; y que- si a pesar de esa regia, el acreedor practica un embargo de los bienes hipote-cados, se interpreté su acción como un reconocimiento del título de su deudor y como una renuncia de sus derechos como acreedor hipotecario.

La doctrina sostenida por la jurisprudencia citada por el apelante no es ni puede ser aplicable al caso de autos, pues no se trata aquí de un embargo de la misma parcela de te-rreno hipotecada por doña Mercedes de la Torre al banco demandado, sino de un embargo de otras propiedades inmue-bles pertenecientes, no a la misma deudora hipotecaria, sino a un codeudor solidario de la misma obligación garantizada por la hipoteca. Véase a este respecto el caso de National City Bank v. De la Torre, 48 D.P.R. 134, citado por el propio apelante, y aún cuando se tratara de un embargo de la misma propiedad afecta a la hipoteca, dicha doctrina no sería apli-cable a un caso como el de autos, ni en las jurisdicciones esta-duales del Continente, ni en Puerto Biico, por la razón de que la hipoteca de bienes raíces no produce ni aquí ni allá alte-ración alguna en el título legal sobre la propiedad, el que queda siempre a nombre del deudor hasta que se lleve a efecto la venta o adjudicación del inmueble para satisfacer la obligación. Más aún, creemos que la doctrina de los casos de “Chattel Mortgages” no tendría aplicación aun cuando se hubiese embargado la misma finca hipotecada, pues nuestras leyes no requieren que se practique tal embargo y el hacerlo es un trámite inútil y superabundante, según sostiene Galindo y Escosura, Tomo 4, pág. 204, ed. 1884.

Buscando apoyo para su tesis de que el embargo de otros bienes distintos a los hipotecados, prescindiendo de la propie-dad hipotecada, trae como consecuencia la renuncia de la hi-poteca, entra la representación del apelante en el campo de nuestra jurisprudencia insular y nos cita los casos de Hernández v. Fernández et al., 17 D.P.R. 120; Santini Fertilizer Co. v. Lee & Son, 44 D.P.R. 227; Fernández v. Luyando, 46 D.P.R. 687, y Torres v. Fernández, 47 D.P.R. 845, como auto-ridades generadoras de esta nueva doctrina.

Veamos si es cierto que los casos citados sostienen la con-tención del apelante:

En Hernández v. Fernández et al., supra, el demandante adquirió por adjudicación en pago de una sentencia a su favor, la mitad de una finca sobre la que pesaba una hipoteca a favor de los demandados. Éstos instituyeron acción ordinaria contra el deudor principal, obtuvieron sentencia a su favor y para ejecutarla intentaron vender las fincas embargadas, que eran las mismas hipotecadas. Se opuso a la venta el demandante, quien alegó ser dueño de una mitad de una de dichas fincas, motivo por el cual no pudo verificarse la venta. Los deman-dados iniciaron entonces el procedimiento especial para el cobro de la hipoteca y lo dirigieron contra la mitad de la finca del demandante. Éste entabló demanda de nulidad. T esta corte dijo:

“Expuestos los hechos, se concluye sin esfuerzo alguno que care-cen de fundamento las pretensiones del demandante y apelante en cuanto a la cancelación de la hipoteca de que se trata y de sul consi-guiente inscripción en el registro de la propiedad.
“La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fué constituida. (Art. 105 de la Ley Hipotecaria.)
“La finca adquirida por Agustín Hernández Mena a consecuen-cia del ejercicio de una acción personal que tenía contra su dueño, había sido previamente hipotecada por éste a favor de Fernández y tal hipoteca continuó en todo su vigor sin que fuera afectada en modo alguno por la transferencia del dominio de Nin a Hernández.
“El hecho de haberse iniciado un procedimiento ordinario por el acreedor y obtenido en él sentencia mandando pagar la m’sma deuda garantizada con la hipoteca, no es obstáculo para cobrarla por el procedimiento hipotecario sumarísimo, cuando se demuestra, como se ha demostrado aquí, que la sentencia obtenida en el primer pleito no pudo cumplirse.”

La decisión, en Santini Fertilizer Co. v. Albert E. Lee & Son, supra, en nada ayuda a sostener ía contención del ape-lante. En dicho caso, Colón otorgó hipoteca a favor de Finlay, Waymouth & Lee, para garantizar un pagaré. Santini Fertilizer Co. obtuvo sentencia contra Colón y adquirió' por ad-judicación en pública subasta el dominio de la finca hipote-cada. Posteriormente, Lee & Son, como cesionario, ejecutó la hipoteca y adquirió por adjudicación la misma finca que ya había pasado a ser propiedad de Santini Fertilizer Co., la cual no fué notificada de los procedimientos ejecutivos.' De-cretóse la nulidad del procedimiento ejecutivo a petición de Santini Fertilizer Co., la que apeló de aquella parte de la sentencia que declaró sin lugar la demanda en cuanto pedía que se declarara inexistente y extinguida la hipoteca! que ga-rantizaba el pagaré expedido por Colón. Contendía el ape-lante, que el pagaré garantizado por lai hipoteca es una obli-gación mercantil que se extingue por prescripción a los tres años del vencimiento, extinguiéndose al mismo tiempo la hi-poteca. Esta Corte rechazó tal contención y confirmó la sen-tencia apelada, diciendo:

“Opinamos que cuando se lleva a cabo un préstamo asegurado por hipoteca, la acción personal se refunde en la acción real hipo-tecaria. En realidad los préstamos a que sirve 'de garantía la hipo-teca son de carácter personal y si interpretáramos que al prescribir la acción personal la acción hipotecaria muere por inexistencia de la obligación principal, no podría aplicarse prácticamente la prescripción de veinte años y el legislador habría realizado, al fijarla, un acto inútil. La jurisprudencia americana coincide con - este criterio en el extremo de que la garantía hipotecaria responde de la deuda, irrespectivamente de la acción personal. Esta jurisprudencia se basa principalmente en que, aunque la acción personal no pueda hacerse efectiva por la prescripción, s:n embargo la deuda no se ex-tingue y queda sujeta a la hipoteca. Conway v. Caswell, 48 S. E. 957; Downey v. Mariority, 81 Conn. 842.’’

No estamos de acuerdo con la interpretación y alcance que da el apelante a la decisión de esta corte en el caso de Fernández v. Luyando, supra, En dicho caso, Fernández, acree-dor hipotecario, entabló acción ordinaria en cobro de $3,000, contra el poseedor material de la finca hipotecada y contra Luyando, deudor original, alegando en la demanda que la finca no valía más de $1,500, hecho sostenido por la evidencia. Se basó la demanda en la teoría de que la finca hipotecada debía responder de la deuda hasta donde fuere posible, y que el deudor original debía ser responsable por la diferencia. La corte inferior desestimó la demanda en cuanto al deudor original por considerar que la acción era prematura, basándose en la decisión de esta. Corte Suprema en Malgor & Co. v. Clivillés, 42 D.P.R. 457. Apelada dicha sentencia, esta corte re-solvió que la decisión en Malgor & Co. v. Clivillés, supra, es correcta, pues en ella se sostiene, en efecto, que para que pueda surgir una obligación personal contra otra persona de-bía venderse antes la finca; pero sostuvo que la opinión dic-tada en dicho caso no puede prevalecer cuando se inicia una acción ordinaria tanto contra la finca como contra el deudor original. El párrafo de dicha opinión, citado por el apelante en apoyo de su contención, dice así:

‘ ‘ Es claro, conforme indican los apelantes, que la hipoteca es ac-cesoria a una obligación principal (artículo 1758 del Código Civil) y que la obligación de Luyando continúa insoluta y exigible hasta que sea pagada. Por supuesto, los hermanos Fernández pudieron haber elegido renunciar a su derecho hipotecario enteramente e ini-ciar un procedimiento exclusivamente contra Luyamdo. No lo hicieron así. Promovieron un procedimiento hipotecario corriente contra Hernandez e incluyeron a Luyando como deudor personal. Por ende, aunque creemos que el caso debe ser revocado y que el pleito, no fué prematuro, sin embargo, los hermanos Fernández no Penen derecho a una sentencia absoluta contra Luyando, y no la solicitaron. Lo que deben obtener en este caso, según la forma en que han instituido su acción y de acuerdo con la súplica de la misma, es una sentencia contra la finca hipotecada y una sentencia por el saldo de la deuda (deficiency judgment) no cubierto por la venta. En otras palabras, la sentencia debe ser revocada y en su lugar dictarse otra según la cual, y de \mcuerdo con la ley, debe venderse en pública subasta la finca hipotecada y ordenarse y decretarse que Luyando pague cual-qmera■ deficiencia que pueda surgir con motivo de Ha venta de la finca.”

Las primeras palabras que aparecen en bastardillas, que son las que se citan como base principal de la teoría del ape-lante, constituyen un mero dictum, y no pueden ser invocadas como autoridad para sostener la doctrina de que si el acreedor hipotecario inicia acción ordinaria contra un codeudor de la obligación y embarga otros bienes distintos a los hipotecados renuncia y extingue por ese solo hecho la hipoteca que garan-tiza la obligación.

El caso de Torres v. Fernández, supra, tampoco sostiene la teoría, del apelante. Veamos primeramente los hechos: Fernández, acreedor hipotecario, inició acción personal en cobro de su crédito y practicó embargo sobre la misma finca hipotecada a su favor. En la fecha del embargo, la propiedad aparecía inscrita a nombre de los deudores, aun cuando había sido vendida varios meses antes, por escritura pública, a Torres. Después de practicado el embargo, Torres promovió demanda de tercería de dominio, solicitando la cancelación del embargo y el reconocimiento de sus derechos dominicales sobre la finca. Negó el demandado que Torres fuera dueño de la finca en la fecha en que se practicó el embargo. Se de-claró sin lugar la demanda de tercería, por entender la Corte inferior que la trasmisión de la finca a Torres se presumía hecha a título gratuito por no haberse entregado precio al-gimo en presencia cLel notario y por considerar qne la venta era falsa y simulada.. Establecido recurso de apelación, esta Corte resolvió que aun cuando el acreedor tiene derecho a prescindir de la garantía hipotecaria y a ejercitar una acción puramente personal en cobro de pesos, no está autorizado para asegurar la efectividad de la sentencia, mediante embargo del inmueble hipotecado, cuando dicho inmueble ha pasado a manos de una tercera persona, sin haber establecido una acción real en cobro del crédito hipotecario y haber dado al nuevo dueño de la propiedad una oportunidad de defen-derse como parte en la acción.

Es cierto qne en el último citado caso esta Corte dijo:

“El acreedor hipotecario, al tener conocimiento por medio del registro de que la finca había sido vendida a una tercera persona, pudo haber ejercitado la acción correspondiente para hacer efectiva la obligación en el inmueble hipotecado. La ley ofrece al acreedor hipotecario completa protección para que pueda sujetar.la garantía al cumplimiento de la obligación. Si por haber prescindido de esta garantía no piíede asegiorar la efectividad de su crédito en la cosa hipotecada, culpa es de sus propios actos y no tiene, por tanto, motivos para quejar se.” (Bastardillas nuestras.)

Las frases que hemos hecho constar en bastardillas no tienen el alcance que pretende darles el apelante. Lo que ellas significan es que el acreedor que ha elegido la acción ordinaria, no puede, dentro de esa acción ordinaria, embargar el inmueble hipotecado cuando los derechos dominicales sobre dicho inmueble han pasado a un tercero, que no es parte en la acción. No va la decisión hasta el punto de sostener, como pretende el apelante, que el acreedor hipotecario ha perdido o renunciado sus derechos como tal. La decisión sostiene, en su parte dispositiva, todo lo contrario, al decir:

“Por las razones expuestas, debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra en su lugar declarando que la demandante Marcia Torres Maldonado es dueña de la finca que se describe en la demanda y ordenando la cancelación del embargo practicado en el registro de la propiedad a petición del demandado, sin especial condenación de costas y sm perjmcáo de que dicho demandado pueda ejercitar la acción real correspondiente con la intervención de todas las partes interesadas para hacer efeclim en el inmueble hipotecado la obliga-ción contraída a su favor.”

El párrafo que acabamos de transcribir y especialmente las palabras qne en el mismo aparecen en bastardillas, pnede más bien citarse como autoridad para sostener la superviven-cia de la acción real hipotecaria, aún después de haber ele-gido el acreedor hipotecario la acción ordinaria para el cobro de su acreencia.

En el caso de National City Bank v. De la Torre, 48 D.P.R. 134, y 49 D.P.R. 562, citado por el apelante, alegó el deman-dado Francisco de la Torre que él no era deudor solidario del pagaré envuelto en la demanda, sino un fiador solidario, y que como tal fiador solidario quedó libre de la obligación, por no poder quedar subrogado en la hipoteca que garanti-zaba el pagaré, por el hecho de haber ejercitado el deman-dante la acción personal, prescindiendo de la hipoteca, y haber embargado bienes del demandado Francisco de la Torre, lo que equivalía a una renuncia tácita del gravamen, quedando así la finca hipotecada libre de toda responsabilidad. Y esta corte resolvió:

“En cuanto a la subrogación, bastará decir que en la repetida es-critura de reconocimiento de deuda e hipoteca, se pactó lo que sigue:
“ ‘Cuarta. — El Banco acreedor se reserva el derecho, en caso de incumplimiento de esta obligación, de exigir su pago total de cual-quiera de los deudores o de ambos a la vez y de reclamar judicialmente el pago de la hipoteca, todo ello a opción exclusiva del Banco, por el orden que convenga al acreedor o persiguiendo dichas garantías todas a un tiempo.’
“En tal virtud lo que hizo el banco demandante fue ejercitar su derecho en la forma en que éste le fué reconocido expresamente por el propio demandado apelante. Y si se toma en consideración además lo pactado en la cláusula tercera de la escritura que se transcribió anteriormente con respecto a la subsistencia de la hipoteca, se verá que no hay base para la aplicación del artículo 1751 del Código Civil, ed. 1930, invocado.” 49 D.P.R. 562.

• Cuando el apelante en el oaso de autos aceptó la parcela de terreno que le fué adjudicada en pago de la sentencia a su favor y en contra de la señora De la Torre, sabía que dicha parcela estaba afecta a la hipoteca constituida como garantía del pagaré otorgado a favor del National City Bank, y por consiguiente la aceptó sujeta a las responsabilidades y obligar eiones constantes en la escritura de constitución de hipoteca, la que fué inscrita en el registro de la propiedad, según se alega en la demanda. Las estipulaciones contenidas en dicha escritura son tam obligatorias para el demandante, en cuanto a la garantía hipotecaria, como puedan serlo para la deudora original doña Mercedes de la Torre. Y esas obligaciones del contrato de garantía hipotecaria continúan en toda su fuerza y vigor hasta que la obligación principal haya sido extinguida por el pago.

El apelante en este caso, como actual dueño y poseedor de la parcela hipotecada., no puede ser privado de sus derechos dominicales sobre el inmueble sino mediante el procedimiento sumario o por una acción real en cobro del crédito hipotecario y después de haber tenido una oportunidad de defenderse como parte en dicha acción. Pero no tiene derecho el ape-lante a pedir que se libere su finca del gravamen hipotecario, por el solo hecho de que el acreedor haya embargado propie-dades de un codeudor, para mayor garantía de la efectividad de la sentencia que solicita. La liberación de su finca sólo podría obtenerla el apelante, alegando y probando que la obli-gación principal ha sido satisfecha. Y ese hecho esencial y necesario para la existencia, de la causa de acción que se pre-tende ejercitar no aparece alegado en la demanda.

La Corte inferior no erró al sostener la excepción previa basada en la insuficiencia de la demanda, y al declarar que la demanda es prematura.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.