author: El Juez Presidejxtte Señor del Toro,

text:
    Mercedes Vázquez, demandante y apelante, v. Porto Rico Railway, Light & Power Company, demandada y apelada.

      No. 3653.

    Visto: Julio 13, 1925.

      Resuelto: Febrero 19, 1926.
    1. Mabujo y Mujer — Bienes Gananciales — Bienes Obtenidos por Daños Per-sonales Causados a los Cónyuges. — Los bienes que se obtienen constante el matrimonio a virtud de daños personales ocasionados a uno de los cónyuges son gananciales.

      2. Marido y Mujer — Ac'ciones—Capacidad de los Cónyuges para Demandar o ■ Ser Demandados — Mujee Abandonada por el Marido. — Una mujer que se encuentra separada del marido por abandono de éste, puede por sí sola enta-blar acción por daños personales ocasionados a ella, no obstante el carácter ganancial de la acción que ejercita.

      SbnteNcia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), desestimando la demanda de daños y perjuicios, sin costas.

      Re-vocada y devuelto el caso.

      Arturo O’Neill, abogado de la apelante; J. H. Brown j C. Ruiz Na-zario, abogado de la apelada.
   El Juez Presidejxtte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes Vázquez, alegando estar casada con Agapito Morales y separada de su esposo por abandono del mismo desde hacía varios años, demandó a la Porto Eico Bailway, Light & Power Co. en reclamación de daños y perjuicios por ella sufridos a consecuencia de cierto accidente ocurrido en uno de los carros de la demandada que le ocasionó una he-rida y varias contusiones y le obligó a guardar cama, a perder de ganar y a pagar honorarios de médico y dentista.

La demandada alegó por vía de excepción previa que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción a favor de la demandante y que la deman-dante no tenía capacidad legal para demandar en este caso.

Discutidas dichas excepciones la corte las declaró con lu-gar y dictó sentencia desestimando la demanda. T contra esa sentencia es que se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Para resolver debidamente el recurso, dos son en verdad las únicas cuestiones que es necesario estudiar, a saber: 1, si son gananciales o privativos los bienes que se obtienen cons-tante el matrimonio a virtud de daños personales ocasiona-dos a uno de los cónyuges, y 2, si aún en el caso de que sean gananciales, puede reclamarlos por sí sola la esposa cuando se encuentra separada del marido por abandono de éste.

La primera cuestión quedó resuelta en el sentido de que los bienes de que se trata son gananciales en el caso de Vázquez v. Valdés, 28 D.P.R. 467. Hablando por la corte el Juez Asociado Sr. Wolf se expresó así:

"Esta fué una acción establecida por daños personales ocasiona-dos a la esposa. De acuerdo con las varias disposiciones del Código Civil los daños que se causan a una persona establecen la obligación de repararlos en la persona que los causa. Es una obligación o de-recho que se crea y si el daño se ocasiona a una mujer casada surge entonces la cuestión de a quién pertenece esa obligación o derecho.
“En el caso ante nosotros existe una sociedad conyugal compuesta del marido y la mujer. El daño a la esposa no ha sido definido en Puerto Rico como perteneciente a sus bienes propios aunque en los últimos años tal parece ser la ley en Louisiana. De modo que nos regulamos por los preceptos generales del Código Civil. El artículo 1314 define lo que son bienes propios de cada uno de los cónyuges y en dicho artículo no se incluye el derecho de acción por daños y perjuicios. Los artículos 1316 y 1322 prescriben lo siguiente:
“ ‘Artículo 1316. — Son bienes- gananciales:
“ ‘1. Los adquiridos pór título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comuni-dad bien para uno solo de los esposos.
“ ‘2. Los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cón-yuges o de cualquiera de ellos.
“ ‘3. Los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados du-rante el matrimonio, procedente de los bienes comunes o de los pecu-liares de cada uno de los cónyuges.’
“ ‘Artículo 1322. — Se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.’
“Por tanto, como esta obligación, propiedad o derecho de acción surgió después del matrimonio y no es un bien propio de ninguno de los cónyuges, es necesariamente una propiedad ganancial. Estas consideraciones están sostenidas por- las autoridades que han sido to-madas de los Estados donde existe la sociedad de gananciales. ‘McKay on Community Property,'" secciones 180-181, donde se citan casos de Texas, "Washington, California, Idaho y asimismo algunos de los antiguos de Louisiana resueltos antes de haberse verificado ningún cambio en la ley estatutoria de ese Estado. El reciente caso de Moody v. Southern Pacific Company, 167 Cal. 786, 141 Pac. 388, es igualmente pertinente.
“Como de acuerdo con los artículos 159, 161 y 1327 del Código Civil el marido es el representante legal de la sociedad conyugal, el derecho de acción por una obligación o propiedad de la comunidad pertenece a él. Sabemos, desde luego, que el artículo 62 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que todas las personas que tuvie-ren interés en el asunto objeto de la acción podrán asociarse y la es-posa puede ser parte propia (proper party) en una acción por da-ños y perjuicios, pero no es ella la parte principal o necesaria en la acción. Puede dudarse, en beneficio de la simplicidad, si debe ella .ser asociada bajo cualquier concepto.
“Según aparece del caso de Moody v. Southern Pacific Co., 141 Pac. 388, supra, en una acción por daños personales la esposa en California se asociaba como parte necesaria porque las cortes se sintie-ron allí obligadas a observar la regla de la Ley Común, pero no te-nemos necesidad de adoptar aquí esa práctica. En ese mismo caso la corte encuentra poca lógica en considerar a la esposa como parte necesaria, pero se sintió obligada por los precedentes. Bajo la prác-tica de California, como indica McKay, supra, sección 184, un ac-cidente ocasionado a la esposa dió lugar a dos causas de acción, una al marido solo por la pérdida de su compañía y servicios y por su curación y otra al marido asociado a la esposa por los daños perso-nales. No es necesaria tal distinción en Puerto Rico pues todos es-tos incidentes pertenecen a la comunidad.”

Como puede verse la cuestión fue debidamente conside-rada y bastaría la cita del caso en que lo fué, para resol-verla, pero se ba insistido tanto por la parte apelante, que nos sentimos obligados a ahondar un poco más en su es-tudio.

Hemos examinado los grandes comentaristas españoles Manresa y Scaevola y nada en concreto dicen sobre la exacta cuestión envuelta. Es algo que parece verdaderamente raro ya que el régimen de gananciales es en España tradicional.. El Fuero Juzgo lo estableció ordenando que las ganancias se repartieran entre los cónyuges en proporción al capital aportado por cada uno. El Fuero Real completado por las Leyes del Estilo dispuso que toda cosa que el marido y la mujer ganaren de consuno, sa partiere entre ellos con igual-dad. La Novísima Recopilación desarrolló más ampliamente el sistema, y el Código Civil dedicó un capítulo entero a re-gularlo. Y sin embargó bay que reconocer que el caso de las indemnizaciones por daños a la persona no quedó especí-ficamente resuelto. Para comprenderlo dentro de las reglas establecidas, es, pues, necesaria la interpretación judicial.

Glosando Manresa el artículo 1396 del Código Civil anti-guo similar al 1314 del Revisado tal como quedó enmendado en 1903, Comp. Sec. 4420, divide los bienes privativos en dos grupos, a saber: los que pertenecen de un modo inme-diato y directo a cada uno de los esposos y los que les co-rresponden en virtud de subrogación o sustitución. En el primer grupo comprende los bienes aportados al matrimo-nio por el esposo o la esposa y los adquiridos por cada uno de los cónyuges durante el matrimonio por título lucrativo, esto es, “en virtud de herencia, legado o donación,” y en el segundo los adquiridos por permuta con otros privativos, los adquiridos en virtud de derechos de retracto pertene-ciente a uno solo de los cónyuges y los comprados con dinero exclusivo de la mujer o del marido.

No hay lugar a inferencias. La regla es fija y se cir-cunscribió aún más por el legislador puertorriqueño al en-mendar el precepto en 1903. Originalmente el número se-gundo del artículo 1314 del Código Civil Revisado era igual al número segundo del artículo 1396 del Código Civil anti-guo y decía: “29. Los que adquiera, durante él, a título lu-crativo.” La enmienda de .1903 consistió en agregarle las siguientes palabras: “sea por donación, legado o herencia,” convirtiendo así en ley lo resuelto por los tribunales y lo opinado por los comentaristas.

Y glosando el mismo autor el artículo 1401 del Código Civil antiguo, igual al 1316 del Revisado, que define los bie-nes gananciales, clasifica éstos también en dos grupos, a saber: bienes gananciales directos y bienes gananciales por sustitución o subrogación. Su estudio es amplio y minucioso y llega un momento, cuando se le presenta el caso de las minas y el de los tesoros, en que se ve obligado a salirse de la letra del precepto legal y a usar del razonamiento para clasificar dichos bienes.

A continuación citamos lo que dice con respecto a los te-soros que, a nuestro juicio, apoya en cierto modo el criterio adoptado por esta corte en el caso de Vázquez v. Valdés, supra. Es así:

“También ofrece alguna dificultad decidir si los tesoros, descu-biertos durante el matrimonio, en la parte perteneciente al inventor, deben o no considerarse bienes gananciales.
“Desde luego, cuando el tesoro no se descubre por casualidad, sino a fuerza de trabajos realizados de acuerdo o con consentimiento del propietario del terreno, no cabe duda de que debe considerarse eomo ganancial.
“Mas si el tesoro se descubre casualmente, es un don de la for-tuna, una ganancia casual, impensada. No cabe en ninguno de los números del artículo 1401, porque ni es fruto, aunque se encuentre en terreno de alguno de los cónyuges, ni es producto del trabajo o la industria, ni es adquisición a título oneroso con fondos del caudal común.
“El tesoro es, desde luego, adquisición a título lucrativo, porque no exige equivalente alguno por parte del descubridor.
“Sin embargo, no consideramos la más acertada esta solución. Aunque el tesoro sea una adquisición gratuita porque no exige equi-valente alguno, no puede equipararse al título lucrativo, base de ad-quisición privativa de los cónyuges. En estas adquisiciones hay una persona transmitente, llámese donante,o testador, que designa y de-termina la persona del adquirente, presumiéndose con lógica su vo-luntad de que el donatario, legatario o heredero, no comparta los bienes con otras personas distintas, aunque se trate de un cónyuge. La ley y los mismos testadores y donantes tienden siempre a con-servar los bienes en la familia, a impedir que pasen a familias extra-ñas, y este fin quedaría frustrado con harta facilidad y frecuencia, si los bienes donados o legados se considerasen gananciales. Hay, 'pues, en cuanto a esas adquisiciones, una base y una razón para de-cidir.
“Nada de eso ocurre respecto a los tesoros descubiertos por ca-sualidad. La suerte designa la persona del adquirente, y no se pre-tende la conservación de los bienes en una determinada familia, ni por la ley, ni por la voluntad del dueño que es desconocido. Se trata de un don de la fortuna, de un hecho fortuito, eomo el resul-tado del juego o de la lotería; se trata de una ganancia casual ob-tenida durante el matrimonio, y lógico es que no se prive de ella a una sociedad que precisamente tiene por objeto la comunicación de lás ganancias. Por esto juzgamos que debe considerarse la mitad del tesoro adjudicada por la ley al inventor, ganancial, y estimarse el caso comprendido en el art. 1406, que se refiere al juego y a las ganancias obtenidas por oiras causas que eximan de restitución.” 9 Manresa, Comentarios al Código Civil, páginas 578 a 580.

Las partes no citan sentencia alguna del Tribunal Supremo de España aplicable. Tampoco la bemos podido en-contrar nosotros en el examen que bemos practicado.

La jurisprudencia filipina que en otras ocasiones nos ha proporcionado su valiosa ayuda, guarda silencio sobre el particular, en lo que de ella conocemos. No así la de los estados del continente en que existe el régimen legal de ga-nanciales. G-eorge McKay, del Colegio de Abogados de Seattle, Estado de Washington, ba escrito un libro completo so-bre la materia, titulado “A Commentary on the Law of Community Property for Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas and Washington.” A él perte-necen los pasajes que a continuación transcribimos:

“El sistema de la sociedad de gananciales tal como se encuentra en los estados y territorios de la Unión ‘Americana es de origen es-pañol. En California, Luisiana y Texas el sistema fué establecido por los españoles y ba sido continuado mediante códigos y estatu-tos, aunque con algunas modificaciones. En Nuevo México el sis-tema español con ligeras modificaciones prevaleció hasta el 1901. Nevada y Arizona, aunque un tiempo ’ fueron territorio español, nunca tuvieron un número bastante de colonizadores para estable-cer el derecho español, y en ellos el sistema es de origen estatutorio. En Idaho y Washington el sistema es exótico. Página 37.
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1 ‘ Comenzando con la comunidad típica del derecho español y mi-diendo todas las demás por ella no la encontramos totalmente exis-tente al presente -en ninguno de los estados o territorios de los Es-tados Unidos.
“En New Mexico la ley española referente a qué constituía el fondo común de bienes gananciales subsistió sin cambio hasta marzo 20, 1901.
“En Texas se le han hecho pocos cambios. El así llamado ‘au-mento’ de los bienes privativos tiene ahora el carácter de un bien privativo, y las donaciones al marido y la mujer son privativas, cada esposo reteniendo como un derecho privado su participación en la donación. Fuera de estos dos cambios el fondo común tal como está definido en la ley española no ha sufrido alteración.
“Bn Idaho las desviaciones de la comunidad típica son dos, a saber: Primera, las donaciones al marido y la mujer son bienes pri-vativos, y segunda, la mujer recibe, como bienes privativos, las ren-tas, frutos y productos de sus bienes privativos si el contrato de venta en su favor así lo dispone.
“Bn Louisiana las desviaciones de la comunidad típica del de-recho español son dos: Primera, la mujer puede recibir como bie-nes parafernales los frutos y productos de sus bienes parafernales si los retiene bajo su sola administración; esto representa una fuente menos de ingreso al fondo común. Segunda, el fondo común es au-mentado con los bienes adquiridos mediante permuta por dinero o bienes privativos que estén bajo la administración del marido; pero las deudas atribuibles al fondo común son aumentadas por razón de la permuta.
“Bn Arizona, California, Nevada y Washington, existen dos des-viaciones de la comunidad típica: Primera, las rentas, productos y beneficios de los bienes privativos son privativos; y segunda, los bienes donados a marido y mujer son privativos.” Páginas 234 a 236.

Guando el comentarista se refiere a la comunidad típica, cidro es que lo Race a la antigua ley española. En España misma ha habido variación. El Código Civil contiene todo lo que está vigente sobre el particular. En Puerto Rico, excepción hecha de la enmienda al artículo 1314 que en rea-lidad no introduce innovación alguna y la relativa a que el marido no puede donar, enajenar u obligar a título oneroso los bienes inmuebles de la sociedad sin el consentimiento expreso de la mujer, los preceptos reguladores de la socie-dad de gananciales son los mismos que estaban vigentes al efectuarse el cambio de soberanía.

Continuamos copiando del autor citado:

‘ ‘ El derecho de acción por daños es una propiedad, no sólo en la ley de la sociedad de gananciales sino también en un sentido general. En principio parecería que para determinar si ese derecho a recobrar es privativo o ganancial habría que tener en mienta la na-turaleza del derecho infringido al causarse el daño. El derecho a recobrar por daños a los bienes privativos de uno de los cónyuges está concedido por la ley como recompensa por la disminución en valor de la propiedad donde se cometió el daño. El derecho a reco-
b'rar es el método de reparación empleado por la ley; si al deman-dado se le obligara específicamente a deshacer el daño no es de su* poner que surgiera cuestión alguna de que la reparación específica-mente hecha era un bien privativo; sería mera reparación a su anterior estado. La concesión de daños es un método imperfecto de^ llegar al mismo resultado. En principio, por lo tanto, una causa de acción por la violación de un derecho privativo es también privativa.
“Una causa de acción por daños a la persona, reputación o cré-dito de uno de los cónyuges pertenece a la comunidad; es una pro-piedad que no ha sido adquirida por ninguno de los medios de ad-quirir bienes privativos y es, por lo tanto, ganancial por la fuerza de la ley escrita.” Páginas 247 y 248.
“Bajo la ley de la sociedad de gananciales un daño a cualquiera de los cónyuges crea una sola e indivisible causa de acción que per-tenece al marido como soberano y administrador de la sociedad con-yugal. En tal pleito él puede recobrar toda la indemnización con-cedida por la ley por razón del daño, no sólo la concedida a él en el derecho común sino también la que pudiera recobrarse en nombre de la mujer y en el suyo como demandantes.
“En California, aunque una causa de acción por un daño pensó-nal a cualquiera de los esposos está al presente considerada como bien ganancial, existió una vez una peculiar modificación de la re-gla general y probablemente aún existe cuando la mujer es quien recibe el daño y se pide indemnización por su sufrimiento personal y daño físico: La mujer debe ir unida al marido como parte de-mandante. Algunos de los casos más antiguos aparentemente re-suelve que el daño a la mujer crea dos causas de acción, una en su favor por el daño mismo y la otra en favor del marido por la pér-dida de su compañía y servicios y por el costo de su curación. Ge-neralmente, bajo la ley de la sociedad de gananciales, un daño a la mujer crea una sola e indivisible causa de acción, la cual es en favor del marido.
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“En McFadden vs. Santa Ana, etc., St. R. Co., supra, la corte resolvió que una causa de acción por el sufrimiento personal y daño físico de la mujer era ganancial pero la corte no fue tan lejos hasta sostener que el marido sólo podía demandar. Sostuvo que la esposa sola no podía. La doctrina de este caso fue aprobada en Neale v. Depot. R. Co., supra.
“Martin vs. Southern Pacific Co., supra, es el último caso sur-gido en California. La acción fué entablada a nombre del marido solo solicitando indemnización por un daño a su mujer. La cuestión principal debatida en la Corte Suprema se refería al derecho a in-demnización por pérdida de servicios, que en el derecho común él hubiera podido obtener sin incluir a su mujer como demandante. De modo que el caso no puede tomarse como autoridad para soste-ner el derecho del marido a recobrar en su nombre toda indemniza-ción por razón del daño, como existe en los demás estados donde hay la sociedad de gananciales. El lenguaje de la corte, sin embargo, parece indicar una tendencia hacia la regla general y a abandonar la antigua regla de California. La corte dijo: ‘Esta es una acción para obtener indemnización por daños sufridos por el demandante por razón de lesiones recibidas por su mujer mientras viajaba comn pasajera en uno de los trenes de la demandada. Se alega en la de-manda que por razón de la negligencia de la demandada las lesiones, recibidas por la mujer del demandante eran permanentes y la inca: pacitaban absolutamente para hacer su trabajo acostumbrado y des-empeñar sus deberes, y que como consecuencia de ello él ha estado y seguirá estando por el resto de la vida de ella privado de sus servi-cios y obligado a suministrarle asistencia médica y cuidados. Se dictó sentencia a favor del demandante, contra la cual ha apelado la demandada. El fundamento principal aducido por la demandada en apoyo de su ápelación es que el demandante no tiene derecho a obtener indemnización por la pérdida de los servicios de su mujer; que la relación que en el derecho común existía entre el marido y la mujer, dentro de la cual la mujer era en realidad la criada del ma-rido, no prevalece en este estado; que el código no da al marido derecho a los servicios de la mujer, y que por tanto, no puede esta-blecer acción por haber sido privado de ellos. Se demostró en el juicio que antes de recibir las lesiones ella hacía el trabajo de la casa sin ayuda alguna y que desde entonces nó ha podido hacer nin-guna parte del mismo, y que el demandante se ha visto obligado á emplear una persona para hacerlo. El derecho del demandante a establecer la acción no depende del derecho del marido a obligar á la mujer a prestarle tales servicios, ni de la existencia de obligación alguna por parte de ella de prestarlos, fuera de la obligación con-traída de mantenerse mutuamente. Código Civil, artículo 155. La acción se establece para obtener indemnización por daños sufridos, debido al acto torticero de la demandada, por razón del cual el de-mandante ha sido privado de sus servicios y obligado a gastar dinero como consecuencia de ello. Los servicios de la mujer'son parte de la capacidad productora de la sociedad conyugal, y los beneficios recibidos por razón de sus servicios constituyen un bie'n ganancial tanto como los beneficios recibidos por los servicios del marido. Si el daño hubiera sido recibido por el marido no se alegaría que él no puede obtener indemnización por la pérdida de su capacidad pro-ductora. En ambos casos los beneficios son un bien ganancial, y cualquier acto debido al cual el marido o la mujer queda privado de la capacidad de prestar servicios disminuye la capacidad para acu-mular bienes gananciales. Si los servicios domésticos voluntaria-mente prestados por la mujer hacían innecesario el empleo de otras personas, el montante de los bienes gananciales era acrecentado en proporción a la suma requerida para emplear tales personas; y al privar al demandante de sus servicios los bienes gananciales sufrie-ron un daño correspondiente. El marido, como jefe de la comuni-dad, tiene derecho a establecer acciones por daños a la propiedad sufridos por la sociedad de gananciales, y la actuación de la corte al admitir esta prueba fué correcta, así como lo fué su instrucción al jurado en el sentido de que el demandante tenía derecho a indem-nización por los gastos incurridos por él por el necesario empleo de sirvientes para realizar los servicios ordinarios de la mujer. Tell vs. Gibson, 66 Cal. 247, 5 Pac. 223; Redfield vs. Railway Co., 112 Cal. 220, 43 Pac. 1117.’ ” Páginas 250 y nota número 2.

Corpus Juris resume la jurisprudencia así:

“Bajo los estatutos que clasifican los bienes gananciales como to-das las adquisiciones hechas durante el matrimonio, que no sean las específicamente designadas como bienes privativos, se ha resuelto muy generalmente que la indemnización por daños a cualquiera de los cónyuges entra a formar parte de los gananciales. Más especí-ficamente tal indemnización ha sido clasificada como un bien ganan-cial por representar el valor de la capacidad productora del cón-yuge lesionado. La regla se aplica a reclamaciones por indemniza-ción por daños personales lo mismo que a la indemnización después de recibida. Y no es afectada por el hecho de que las personas vi-van separadas, por convenio, al tiempo del daño. La regla com-prende no sólo la indemnización por daños a la persona sino tam-bién la indemnización por daños a la reputación, individual o comer-cial, la indemnización por persecución o arresto malicioso o falsa prisión, y la indemnización por sufrimiento físico o moral del cón-yuge lesionado. La indemnización devengada después del falleci-miento de uno de los cónyuges no entra en los gananciales, los que incluyen sin embargo la indemnización por muerte de uno de ellos. Se ha resuelto que una reclamación por sufrimiento moral causado por la omisión de entregar nn telegrama a uno de los cónyuges anun-ciando la muerte de otro no es parte de los bienes gananciales.
"La indemnización por daños personales al marido cae dentro de los gananciales.
*‘A falta de disposición estatutoria en contrario, la indemniza-ción por daños personales a la mujer cae dentro de los gananciales. Cuando el estatuto expresamente así lo dispone, tal indemnización desde luego, pertenece al caudal privativo de la mujer, y la única cuestión que puede surgir es quién puede o debe demandar por ella.
"Las indemnizaciones que la sociedad de gananciales puede re-cobrar son: (1) Por daño directo a la mujer incluyendo su dolor y sufrimiento y sus- sentimientos heridos; (2) por el costo de enfer-meras, atención médica, y medicinas para ella; y (3) por pérdida de los servicios de la mujer; pero hay autoridades en contrario en cuanto a la última clasificación.” 31 C. J. 25-26.

Las notas al texto de Corpus Juris contiene la cita de mu-chos casos. Nos limitaremos a transcribir algunos párrafos de una opinión muy interesante y completa emitida en uno de ellos, el de Esell v. Dodson, 60 Texas 331. Dicen así:

"El derecho a demandar por daños torticeros es una cosa en ac-ción, y una propiedad dentro del significado legal de esa palabra. 2 Bishop on Married Women, sec. 271; C., B. & Q. R. R. Co. v. Dunn, 52 Ill. 260.
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"Nuestro estatuto prescribe quiénes serán partes demandantes en pleitos para recobrar los bienes privativos de la mujer; y si el de-recho a demandar por lesiones a la mujer, causadas por acometi-miento y agresión cometido contra su persona, fuera por- nuestras leyes un bien privativo suyo, como en el derecho común, las partes demandantes propias serían, bajo el estatuto, el marido y la mujer conjuntamente, y si aquél sé negaba a unirse entonces la mujer po-dría demandar sola.
"Pero de los bienes que una mujer pueda adquirir durante el .matrimonio ninguno es un bien privativo suyo excepto los derivados de donación, legado o herencia; siendo bienes gananciales todos los adquiridos en cualquier otra forma.
"Desde luego la propiedad derivada por razón de una transgre-sión cometida contra su persona no cae bajo ninguna de las clasifi-caciones de donación, legado o herencia, y necesariamente forma parte de las ganancias de la sociedad conyugal.”

No hay duda alguna de que la jurisprudencia de los esta-dos del continente en que en una forma o en otra existe la sociedad de gananciales, sostiene la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Vázquez v. Valdés, supra. Para va-riar la regia, como se varió en Louisiana, es necesaria la ac-ción legislativa.

Podría decirse que en dichos estados la ley especifica cuáles son los bienes privativos y determina que son ganan-ciales todos los demás y que en Puerto Rico el legislador fue específico en ambos casos y no estando comprendidas las in-demnizaciones por daños a la persona en ninguno de ellos, debe resolverse que es privativa.

Dejando a un lado la cuestión del concepto que en sí misma merece la indemnización, sostenemos que no es sólo-el artículo 1316 del Código Civil que expresamente deter-mina cuáles son los bienes gananciales, el que hay que con-siderar para juzgar de la intención del legislador, sino el 1321 que prescribe que “las ganancias obtenidas por el ma-rido o la mujer en el juego, o las procedentes de otras cau-sas que eximan de la restitución, pertenecerán a la sociedad de gananciales,” (las itálicas nuestras), y el 1322 que dis-pone que “se reputan gananciales todos los bienes del ma-trimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativa-mente al marido o a la mujer.” Y como no es posible pro-bar que ‘la indemnización que se obtiene por un daño perso - nal, causado a cualquiera de los cónyuges durante el matri-monio es un bien aportado al contraerse el matrimonio, ni adquirido por donación, legado o herencia, ni a virtud de retracto o permuta de otros bienes privativos, ni fue com-prado con dinero exclusivo de la mujer o el marido, (art. 1314 del Código Civil), no sólo debe reputarse ganancial, si que no puede ser otra cosa que ganancial finalmente.

De acuerdo, pues,- con la ley escrita interpretada racio-nalmente, es también en Puerto Rico un bien ganancial, como sostiene McKay que lo es en los estados continentales que cita, una cansa de acción por daños a la persona, reputación o crédito de' nno de los cónyuges. En el caso de Porto Rico Railway, Light & Power Co. v. Coynet, 3 F. (2d) 21, la Corte de'Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, por medio del Juez Johnson, dijo: “En Puerto Rico el derecho de acción por un daño a la esposa, recibido durante el matri-monio, es propiedad ganancial.”

Habiendo llegado a la anterior conclusión, veamos ahora qué alcance tiene el haberse consignado en la demanda que la demandante está separada del esposo por abandono del mismo.

Ello envuelve la interpretación del artículo 54 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil que dice:

“Art. 54. — Cuando una mujer casada es parte en un litigio, ne-cesita del concurso de su marido, excepto.-
“1. Cuando la acción ejercitada concierna a sus bienes propios, o a su derecho o pretensión a la propiedad de homestead, podrá de-mandar o ser demandada por sí sola.
“2. Cuando la acción sea entre ella y su marido, podrá deman-dar o ser demandada sola.
“3. Cuando esté viviendo separada o alejada de su marido, a causa de haber sido abandonada por éste, podrá demandar o ser de-mandada sola.” Comp. seo. 5038, página 850.

Sostiene la parte apelada que el anterior artículo fué in-terpretado por esta corte en el citado caso de Vazques v. Valdés en sentido contrario a la contención de la apelante. Así es en efecto. Allí se dijo: “Sin detenernos a investi-gar en qué ocasiones es posible que el marido tenga que aso-ciarse a la esposa, resulta claro que este artículo no tiene aplicación alguna a una acción perteneciente a la comuni-dad.” El elemento separación por abandono del marido no estaba envuelto en el caso de Vázquez v. Valdés. Marido y mujer estaban unidos y la mente de la corte no estuvo fija en el alcance y efectos del número tercero del artíbulo 54, de origen y espíritu genuinamente americanos.

Pomeroy en sn libro titulado “Code Remedies/7 pág. 233, de la cuarta edición, dice:

“El abandono por el marido de su mujer y la familia no au-menta los poderes y facultades de ella en relación con el estableci-miento y sostenimiento de acciones judiciales a menos que el esta-tuto expresamente provea para tal emergencia. De modo que, des-pués de ese abandono, la mujer no puede mantener una acción a nombre propio para anular un traspaso de tierras que se alega fue-ron obtenidas de él mediante fraude. En varios estados, sin embargo, los códigos contienen disposiciones expresas que en caso de abandono por el marido permiten a la mujer demandar y defenderse en aquellas acciones en que él lo hubiera podido hacer.”

La nota que aparece al pie del texto, expresa:

“Véase la sección 152, supra; Andrews v. Runyon, 65 Cal. 629; Baldwin v. Second Street Cable Ry. Co., 77 Cal. 390; Tobin v. Galvin, 49 Cal. 34 (el estatuto no es aplicable cuando la mujer está sólo temporalmente separada del marido). (Brown v. Brown (1887, 121 N. C. 8, 27 S. E. 998; Bajo la constitución y el artículo 1832 del código, que dispone que toda mujer cuyo marido la abandonare será considerada una libre traficante, una mujer abandonada por su marido puede sostener a nombre propio una acción por daños contra un tercero.)"

Y el párrafo 152 es como sigue:

“Hay dos clases generales de disposición estatutoria que pueden encontrarse en la mayoría de los códigos. Los de la primera clase suprimen la necesidad de incluir al marido y a la mujer como par-tes cuando tal inclusión no sería necesaria aparte de la relación conyugal. El estatuto de Kansas es un ejemplo de esta clase, y dice como sigue: ‘ Una mujer casada puede demandar y ser deman-dada en la misma forma que si no fuera casada.7 Los estatutos de Oklahoma y Utah son idénticos a éste y los de Colorado, Montana y Nebraska tienen sólo una pequeña diferencia. Sustancialmente la misma disposición, pero expresada en forma distinta, se encuentra en Iowa, Minnesota, North Dakota, Ohio, South Dakota y Wyoming. El estatuto de Missouri permite a una mujer casada demandar ‘in-cluyendo o no incluyendo a su marido7 en la misma forma que si Hiera soltera. El estatuto de New York también cae dentro de este grupo, pero además de la disposición general permitiendo a una mujer casada demandar o defenderse ‘sola o conjuntamente con otras partes como si fuera soltera’ especifica ciertos casos en que el ma-rido no será hecho parte. La segunda clase de casos exigen que el marido y la mujer sean incluidos excepto en ciertos casos enumera-dos. El estatuto de Indiana es un buen ejemplo de esta forma. Dice como sigue: ‘Una mujer casada puede demandar sola: Pri-mero, — Cuando la acción concierne a sus bienes privativos. Se-gundo, — Cuando la acción es entre ella y su marido; pero en nin-gún caso se le exigirá demandar o defenderse por medio de tutor o amigo próximo excepto cuando sea menor de veintiún años.’ Este ■.estatuto se encuentra sustancialmente en igual forma en Arizona, Arkansas, Nevada, North. Carolina, Oregon, South Carolina y Wisconsin. En California hay una tercera clase de excepciones, o sea, cuando el marido ha abandonado a la mujer o cuando existe un con-venio escrito entre ambos. Idaho ha adoptado el estatuto de California, y Washington tiene un estatuto muy semejante a éste. Los estatutos de Connecticut, Georgia y Kentucky son peculiares y no caen en ninguno de estos grupos.”

Siendo nuestro estatuto similar en el punto en controver-sia al que regía en California, a la jurisprudencia de dicho estado mientras estuvo en vigor dicho estatuto, debemos acu-dir para interpretarlo y aplicarlo.

En el caso de Baldwin v. Second St. Cable Ry. Co., 77 Cal. 390, se decidió que “una mujer casada que vive sepa-rada de su esposo por razón del abandono de éste, puede de-mandar sola para recobrar por injurias personales.” A igual conclusión se llegó en el caso de Muller v. Hale, 138 Cal. 163.

Insiste la parte apelada en que la jurisprudencia de California no es aplicable porque en California existe un pre-cepto de ley — el artículo 169 del Código Civil — que prescribe que el dinero ganado y acumulado por la esposa y sus me-nores hijos que vivan con ella o estén bajo su custodia, mien-tras ella viva separada de su esposo, es propiedad privativa de la esposa. Es decir, que el argumento de la parte ape-lada se basa en que a virtud de tal precepto, en California, una cansa de acción por injurias personales a la esposa cuando ésta vive separada del esposo es propiedad privativa de la esposa y por ello es que puede reclamarla por sí sola.

Tal razonamiento no está bien fundado a nuestro juicio.

Consultando la obra Kerr’s Cyclopedic Codes of California, 1920, se verá en las notas al dicbo artículo 169 que no obstante estar vigente desde 1872, no se ba dictado decisión alguna que comprenda dentro de sus términos una causa de acción por injurias personales a la esposa. Y donde puede verse claro que la ratio dicidendi de los casos de California que reconocen a la mujer separada del esposo por abandono de éste el derecho a demandar sola no fué el artículo 169 del Código Civil y sí el precepto de la ley adjetiva que la auto-rizó a demandar sola en tal caso, específico, es en la opinión emitida en el caso de Lamb v. Harraugh, 105 Cal. 680, en la que se sostiene que una acción por injurias personales a la esposa es propiedad perteneciente a la comunidad y que la esposa que entabló el pleito sola no pudo hacerlo no obs-tante alegar que estaba separada del esposo, por no haber alegado también que la separación se debía al abandono del esposo y por tanto por no haber demostrado que estaba comprendida dentro de la excepción especificada en la sec-ción 370 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, opinamos fi nalmente que de acuerdo con la excepción establecida en el número 3 del artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente en esta Isla, la demandante habiendo alegado como alegó en su demanda que vive separada de su marido por abandono de éste por varios años, puede demandar por sí sola no obstante el carácter ganancial de la acción ejerci-tada.

Por virtud de todo lo expuesto debe revocarse la sen-tencia apelada y el caso devolverse a la corte de su origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Jttez Asociado Señor íIutchisoN,

license: Public Domain

text:
    Francisco Barreiro García, demandante y apelado, v. Porto Rico Railway, Light and Power Company, demandada y apelante.
    No. 3321.

    Visto: Mayo 28, 1925.

      Resuelto: Febrero 19, 1926.
    1. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Cuestiones que Deben Aparecer del Récord — Fundamentos de Revisión Presentados y Reservados en el Tribunal Inferior — Excepciones Toma-das — Resoluciones Sobre Exclusión de Pruebas. — Una resolución de una corte inferior excluyendo cierta prueba no puede revisarse en apelación cuando , no aparece que se tomara excepción alguna a dicha resolución.
    2. Apelación y Error — Presentación y Reservas en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Excepciones—Necesidad de que se Fundamen-ten — Resoluciones Sobre Exclusión de Pruebas. — Excepciones tomadas a resoluciones sobre exclusión de pruebas, cuando no se aduce razón alguna para ellas, no pueden revisarse en apelación.
    3. Apelación y Error — Asignación de Errores — Relación de Dependencia En-tre el Error y el Récord — Error que Carece de Base en los Autos.— No puede sostenerse un alegado error relativo a la exclusión de pruebas en apoyo de una contrademanda, cuando la proposición alegada carece de base sólida en los hechos que constan, de los autos de apelación.

      4. Apelación y Error — Revisión—Errores no Perjudiciales — Error que no Afecta el Resultado del Pleito. — Guando la única sentencia que pudo dic-tarse sobre una eontrademanda era declararla sin lugar, el error en no dictar tal sentencia — admitiéndose por el demandado-apelante que la evidencia adu-cida en apoyo de la contrademanda no suministra base para una sentencia de acuerdo con la súplica de la misma — no es perjudicial.
    5. Sentencia — Juicios Contenciosos — Resolución de las Cuestiones Envuel-tas en el Litigio — Oontrademanda no Considerada. — Si bien la negativa a considerar una eontrademanda en muchos casos equivaldría a una viola-ción de los principios de práctica en equidad y a una negativa de justicia substancial, sin embargo, no lo es así cuando la posesión natural o- un mero derecho en ley o equidad a la posesión, que puede constituir el fundamento de dicha contrademanda, puede convertir el procedimiento original — en caso de injunction para recobrar posesión — en una controversia sobre los derechos posesorios últimos de las partes.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      J. E. Brown y Clemente Bniz Nazario, abogados de la apelante; H. Torres Sola, abogado del apelado.
   El Jttez Asociado Señor íIutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada, en nn procedimiento de injunction para obligarla a restablecer al demandante en la posesión de un ■ predio de terreno, apela de Tina sentencia dictada contra ella y alega los siguientes errores:

“1. La corte erró al no admitir evidencia para demostrar las ale-gaciones de la contrademanda.
“2. La corte erró al no hacer pronunciamiento alguno en cuanto a la moción presentada por el demandante solicitando la eliminación de la contrademanda.
“3. La corte erró al dictar sentencia declarando con lugar la de-manda haciendo caso omiso de la contrademanda presentada por la apelante, y sin haber hecho pronunciamiento alguno respecto a su admisión o no admisión.”

La contestación contenía negativas generales y específi-cas de los hechos alegados en la demanda.

La contrademanda alegaba que en marzo de 1913, el de-mandante segregó y vendió a la demandada un predio de terreno comprometiéndose a la evicción y saneamiento del mismo; que posteriormente el referido vendedor construyó una casa en la parte que no había sido vendida de la finca original; que en octubre de 1923 la demandada procedió a efectuar la mensura del predio adquirido en 1913, tomando como base para tal mensura los puntos o medidas referidos en la escritura; que entonces la demandada llegó al conven-cimiento de que Barreiro había adicionado un martillo a su casa, parte de cuyo martillo así como una letrina fué cons-truida dentro del referido predio de la demandada; que la demandada requirió al demandante para que procediese a levantar la referida letrina, y a destruir la parte del mar-tillo de la dicha casa que se encontraba construida en te-rreno de la demandada y que Barreiro se había negado a acceder a dicha petición; que en el mes de noviembre de 1923, la demandada procedió a cercar el predio adquirido en 1913 de acuerdo con la mensura verificada en 1923, y se vió impedido de tirar la línea de alambre de su colindancia Este- en toda su extensión, por impedírselo la usurpación e intrusión hecha por el contrademandado, en la extensión ocupada por el referido martillo de la casa, quedando asi-mismo cercado dentro de los límites del predio de la deman-dada la letrina construida.

En la súplica se pedía a la corte qne dictara sentencia ordenando qne se levantara y removiera del predio de la demandada todas las construcciones edificadas en dicho pre-dio por el contrademandado y especialmente el martillo y le-trina qne se lian relacionado, y ordenándole asimismo'qne se abstenga de impedir por medio alguno que la contrademan-dada cerque su dicha finca, e impidiéndole que intervenga en. forma alguna con el libre uso y posesión de dicha finca por' esta contrademandante, ordenando a la vez el lanzamiento1 de dicho contrademandado; y condenándole al pago', de las costas, gastos y honorarios de abogado.

Para sostener la primera proposición que alega el ape-lante en los señalamientos de error nos cita las páginas 19, 20, 23, 24, 29 y 30 de las notas taquigráficas.

Examinando las páginas 19 y 20 nos encontramos con el interrogatorio de repreguntas hechas al testigo Barreiro, el cual es como sigue:

“(Abogado de la demandada:) ¿Ud. dice que es dueño de una finca?
“Demandante: El ha dicho que está en posesión.
“Hon. Juez: Quiero que tengan idea de la acción que se está ventilando. La corte no va a resolver el título, lo que se trata es de proteger la posesión material. Si no estaba en posesión contra-dígale, pero si lo estaba lo protegeré.
“Que esa finca que él dice que posee en Eío Piedras es parte de mil seiscientos veinte y siete metros. (Demandada:) ¿.de 1627 o de 1697? (Testigo:) Lo que me quepa. (Demandada:) El resto de esa finca ¿a quién se 1a. vendió? (Testigo:) Yo vendí cinco metros.
“Demandante: No es pertinente a quién se la vendió.
“Hon. Juez: Suponiendo que la hubiera vendido; si está en po-sesión maternal de esto.
“Demandada: Queremos probar la posesión adversa de la Com-pañía con el mismo testigo.
“Hon. Juez: No conteste.
“Demandada: Tomo excepción.
“Demandada: ¿Ud. vendió alguna parte de esa finca de 1690 metros ?
“Demandante: Me opongo, porque aquí no se está discutiendo ventas.
“Hon. Juez: Sostenida la oposición.
"“Demandada: Tomo excepción.

El título del demandante a lo que quedaba después de la segregación y venta becha a la demandada en 1913, no fue discutido sino admitido en la contrademanda. Ninguna ex-cepción fue tomada a la resolución a que alude la opinión emitida por el juez sentenciador al comenzar este interroga-torio de repreguntas excluyendo las cuestiones relativas al título, por lo menos en cuanto se trataba del título del de-mandante. El juez según parece quedó bajo la impresión de que el abogado de la demandada estuvo conforme con el criterio sustentado en cuanto el mismo indicaba algo fuera de esto respecto a los puntos generales sobre los cuales una investigación había de llevarse a cabo.

“La posesión adversa de la compañía” era una contes-tación muy vaga a la pregunta formulada por el juez en cuanto al efecto de la posesión material a pesar de la venta. No se adujo razón alguna para la excepción tomada a las dos resoluciones que siguieron inmediatamente. Admitiendo en pro del argumento que la demandada tenía derecho a pro-bar las alegaciones esenciales de la contrademanda mediante repreguntas al demandante, sin tomar en cuenta el alcance del interrogatorio directo, sin embargo creemos que el juez sentenciador también tenía derecho a alguna indicación res-pecto a lo que pensaba el abogado.

Claramente que lo que la corte inferior tenía en cuenta era la cuestión litigiosa que surgía de la demanda y la con-testación. La contrademanda al parecer había sido comple-tamente olvidada y en ningún momento durante todo el jui-cio se le recordó su existencia al juez de la corte inferior.

La declaración del primer testigo de la demandada comprende las páginas 23 a la 25 de la transcripción y es como signe:

Qne sn nombre es E. B. Roberts; que vive en Bayamón y sn profesión es ingeniero civil. Qne ocupa el cargo de' jefe de ingenieros en la Porto Rico Railway, Light & Power Go. Qne ba tenido oportunidad de medir y examinar una finca propiedad de la Porto Rico Railway, Light and Power Co. en Río Piedras.

“Demandada: ¿De quién adquirió esa finca la Porto Rico Railway, Light & Power Co.?
“Demandante: Me opongo.
“Juez: Sostenida la oposición.
“Demandada: La Porto Rico Railway, Light and Power Co. ¿está en posesión de esa finca?
“Demandante: Por sugestiva nos oponemos.
‘ ‘ juez-: Sostenida la oposición.
“Demandada: ¿En calidad de qué actúa la Porto Rico Railway, Light and Power Co. en esa finca?
“Testigo: La posee como dueña.
“Demandante: Pedimos que se elimine, no se ha demostrado cuál propiedad.
“Juez: Todavía no sabemos de qué propiedad se trata.
“Que conoce la finca de que se trata en este pleito.
“Demandada al testigo: ¿Ud. sabe si la finca que ha dicho que posee la Porto Rico Railway, Light & Power Company es colindante con esa finca?
“Demandante: Nos oponemos no hay base ninguna.
“Juez: No sabemos de cuál finca se trata, el testigo no ha iden-tificado ninguna.
‘! Demandada al testigo: Haga el favor de describir esa finca que posee la Porto Rico Railway, Light & Power Company en Río Pie-dras, y a la que se ha referido. Quisiera refrescarle la memoria al testigo con un plano que se hizo.
“Juez: La cuestión que está en disputa es la cuestión de la po-sesión de la finca que se describe en la demanda.”

“Que conoce la finca del señor Barreiro a que se refiere la demanda; que en ningún tiempo la Porto Rico Railway, Light and Power Co. ha tratado de usurpar esa propiedad del señor Barreiro; que la Porto Rico Railway, Light and Power Oo. no lia interrumpido en vez alguna la posesión que tiene él de esa propiedad. (Abogado de la demandada:) ¿La Porto Pico Partway, Light & Power Oo. en alguna oca-sión ha hecho algún acto o cometido algún acto tendente a perjudicar la posesión tranquila y pacífica que debe tener el señor Barreiro sobre esa finca? (Testigo:) Nosotros no hemos intervenido con la propiedad de Mr. Barreiro.

“Interrogado el testigo por el Hon. Juez si sabe si la compañía ha dispuesto correr la cerca en ese sitio hacia los terrenos de Mr. Barreiro, contestó: Sí señor, yo di esa or-den. (Abogado de la demandada:) Esa cerca que dice ha sido corrida, ¿ha sido corrida dentro de la propiedad de Mr. Barreiro o dentro de la propiedad de la compañía? (Tes-tigo:) No señor. (Hon. Juez:) ¿Quién estaba en posesión del terreno comprendido en la cerca vieja, en posesión material? (Testigo:) Barreiro tenía la posesión de esa pro-piedad.

“A preguntas del abogado de la demandada, declaró: Res-pecto a si sabe si la Porto Rico Railway, Light & Power Oo. estaba en posesión real del terreno cubierto por la verja, después de estar movida: Que sabe que tenía el título pero no sabe quién tenía la posesión material; que cree que la Porto Rico Railway, Light and Power Co. ha estado y está en posesión de todas sus fincas, pero que no han perturbado la posesión de las personas que habitan en esa casa. Que han tirado una cerca que pasa frente a la casa pero no per-turba a los que habitan la casa.

“Interrogado por el abogado del demandante, declaró: que la cerca esa divide la casa en dos partes; que puede que además de esa casa en ese terreno hubiera algunas siembras. A preguntas del Hon. Juez declara que si había siembras no sabe quién las plantó.

“Interrogado por el abogado del demandante, declaró: que no sabe si la Porto Rico Railway, Light & Power Co. en vez alguna sembrara maíz allí. Que sabe que la Porto Rico Railway, Light & Power Co. está poseyendo allí porque a él se le entregó nn título para marcar los puntos y colin-dancias de la finca. Eespecto a quién estaba en posesión de ese terreno cuando fue allí a marcar esos puntos: que lo único que vió allí fué una casa, un martillo de una casa que sobresalía; que no recuerda baber visto maíz allí; que puso unos espeques allí; que no notó lo que quedaba a un lado y otro de la cerca cuando trazó la línea.”

Interrogado por el abogado de la demandada si existía alguna cerca con anterioridad a cuando se puso esa otra cerca, el testigo contesta: “No babía ninguna al tiempo que yo tomé esas medidas.”

En las páginas 29 y 30 Sergio G-elpí, abogado y agente de reclamaciones de la demandada, cierra la prueba testifical de la defensa como sigue:

“Demandante: Aquí no se ba alegado ninguna transacción u obligación entre demandante y demandado; esta prueba parece que tiende a demostrar algún convenio que no se alega en la contestación.
“Juez: Siga declarando. Que estuvieron hablando sobre la casa que quedaba en los terrenos de la compañía, según su escritura, a su manera de ver; se lo explicó a ,Barreiro y él accedió a lo siguiente: que la compañía le diera tiempo suficiente para retirar la casa y para retirar la letrina, una casita que quedaba más adentro del terreno de la compañía; tuvieron un pequeño entendido en cuanto a la casa, como había parte dentro de la propiedad, el señor Barreiro le dijo que eso le sería difícil a él retirarla porque era una casa construida y por tanto quería que la compañía le volviera a vender el pedazo donde quedaba la casa; la parcela que tenía la casa de él; que en-tonces le dijo (el testigo) que tendría que consultar eso con el director de la compañía y con Mr. Brown, abogado de la compañía también, para ese particular, pero que mientras tanto le daban dos meses para que retirara la parte de la casa que había dentro de la propiedad y la letrina.
“Demandada: ¿Sabe si la compañía Porto Rico Railway, Light and Power Go. estaba en posesión del terreno?
“Demandante: Creemos que ésta evidencia se refiere a un su-puesto convenio que no está alegado en la contestación.
“Juez: Sí, eso es cuestión de títulos, no cuestión de posesión.
“Demandada: La Porto Rico Railway, Light and Power Co. 4es-taba en posesión de su finca, de la finca esa que trataba de cercar?
“Testigo: Yo personalmente no conozco o conocía el sitio, ante-riormente, pero según las manifestaciones que me hizo.
“Demandante: Me opongo, por ser de referencia.
“Demandada: ¿Sabe de quién adquirió la- finca la Porto Rico Railway, Light & Power Co.?
“Demandante: Me opongo. No importa de quién la adquiriera.
“Juez: Con lugar la oposición.”

En estas dos citas no encontramos ninguna indicación de alguna intención claramente definida por parte del juez sen-tenciador a excluir evidencia alguna en apoyo de las alega-ciones de la contrademanda. Por el contrario, las repetidas objeciones hechas por el abogado del demandante y las su-gestiones de la corte al efecto de que la demandada trataba de probar cuestiones no mencionadas en la contestación y relativas a un predio de terreno que no había sido identifi-cado debieron haber sugerido al abogado de la demandada el curso que de haber sido seguido desde el momento de la primera objeción, si no desde que el primer testigo de la demandada fue a declarar, podrían haber obviado toda dificultad.

La escritura de venta en la cual se funda la contrade-manda en su totalidad, nunca fué ofrecida como prueba y según ya se ha indicado no se hizo referencia alguna en nin-gún momento por el abogado de la demandada respecto al hecho de que la contrademanda no había sido eliminada.

El alegato de la apelante explica esta omisión fatal como originada por la inexperiencia y consiguiente confusión y molestias del joven abogado que llevó el caso para la de-mandada. Que esa es una circunstancia atenuante que no deja de tener la simpatía de cualquiera que pueda recordar lo que un abogado raramente olvida, o sea su primera com-parecencia como único encargado y solo representante de un caso en la corte. Las circunstancias atenuantes sin embargo no pueden variar la regla de que las cuestiones que han de alegarse en apelación deben ser sometidas y aproba-das por la corte inferior.

La primera y principal proposición sometida por la ape-lante no pnede ser sostenida debido a qne carece de base só-lida en los becbos qne constan de los antos.

La moción para eliminar la contrademanda se bizo oralmente al principio del juicio. Ambas partes convinieron en qne la cuestión quedaría sometida para ser resuelta después de la consideración de la prueba. La omisión ya en declarar sin lugar la moción, o en ordenar que fuera eliminada la contrademanda después de baber sido sometido el caso, no se ba demostrado que baya perjudicado al apelante en algún derecho substancial.

La demandada por supuesto tenía derecho a insistir en una decisión que resolviera de algún modo la contrademanda. Técnicamente la sentencia debe ser revocada a no ser que pueda sostenerse intacta en lo que respecta a la única cues-tión litigiosa que en realidad determina, y devuelto el caso para ulteriores procedimientos con el fin de que se dicte re-solución sobre la contrademanda. La única otra teoría en la cual el olvido de la corte inferior en resolver el caso en conjunto podía quedar justificado, sería que la demandada había abandonado enteramente las cuestiones litigiosas pro-puestas en su contrademanda. Ya hemos llegado hasta donde estamos dispuestos a investigar en este sentido, y la proce-dencia de una revocación en parte y una confirmación en parte parece más bien dudosa.

Sin embargo, el alegato de la apelante admite franca-mente que la evidencia aducida al juicio no suministra base alguna para una sentencia de acuerdo con la súplica de la contrademanda. La única sentencia que la corte de distrito' pudo baber dictado sobre los méritos de las alegaciones de' la contrademanda hubiera sido declarar sin lugar la acción del contrademandante. El error en no dictar tal sentencia, e'1 cual, por la misma admisión de la apelante, no podía ser impugnado como contrario a la prueba y cuya sentencia de ser confirmada podría o nó ser alegada en una acción sub-siguiente como cosa juzgada, apenas si puede considerarse como perjudicial.

El cuarto señalamiento de la apelante se caracteriza en el alegato y discute brevemente como secuela de los precedentes. En tanto no ña sido resuelto con lo ya expresado, no requiere seria consideración.

Si estuviéramos preparados para decir que una resolu-ción que sostiene la moción del demandante debió ñaber sido revocada, entonces tal vez estaríamos inclinados a dar a la apelante el beneficio de cualquier duda que pueda existir en cuanto a la solidez de cualquiera de las anteriores conclusio-nes y ordenar un nuevo juicio.

Pero los abogados admiten que la cuestión que surge de la radicación de la contrademanda en este caso es tanto nueva como complicada. El alegato termina con el ofreci-miento de presentar un memorándum. Aunque la vista fué pospuesta a solicitud del apelado y el caso sometido por más de un año después de ñaber sido radicado el alegato del ape-lante ese memorándum jamás fué presentado.

Pueden ocurrir casos en los cuales la negativa a consi-derar una cont'rademanda equivaldría a una violación de los principios generales de práctica en equidad y a una nega-tiva de la justicia substancial. Tal vez aún en el presente caso la corte pudo ñaber manifestado que consideraría pri-mero y resolvería las cuestiones presentadas en la demanda y contestación como en un procedimiento para una orden de injunction temporal, posponiendo la vista y decisión de las cuestiones levantadas en la contrademanda para una fe-cha subsiguiente. En verdad que la apelante sugiere que uoa idea como ésta en la mente de la corte puede ser la ex-plicación lógica de su actuación. Pero la apelante también insiste en que tal actuación sería contraria a todo prece-dente y de ningún modo consta claramente que el caso fuera juzgado a virtud de semejante teoría.

También puede ser que un adquirente del demandante ■que posee a virtud de escritura con cláusula de saneamiento y evicción, en ciertas circunstancias tendría algunas venta-jas que no tiene un demandado que deriva su título de al-guna otra fuente, pero el apelante no establece tal distin-ción, ni en tanto se trata de una simple cuestión de colin-■daneia encontramos ninguna base satisfactoria para tal cri-terio.

Si una posesión natural o un mero derecho en ley o ■equidad a la posesión puede constituir el fundamento de una contrademanda, entonces no podemos razonablemente decir que tales alegaciones no constituyen una defensa válida al alegarse en la contestación. Y el resolver así de nada val-dría si el demandado por la simple idea de recurrir a una -contrademanda puede convertir el procedimiento original en una controversia sobre los derechos posesorios últimos de las partes.

De adoptarse la teoría de la apelante en el presente caso ■se subvertiría la doctrina hasta ahora enunciada y sentada uniformemente por esta corte y resumida de nuevo en el re-ciente caso de Cividanes v. Oben, 34 D.P.R. 802. Inciden-talmente el establecer tal regla general, a menos que sea restringida dentro de límites más estrechos que los que ahora parecen ser lógicamente posibles, convertiría en letra muerta el precepto legislativo por el cual los interdictos de recobrar de la ley Romana fueron revividos y restablecidos en nuestros • estatutos.

Apreciadas todas las circunstancias y especialmente la de que la demandada tuvo amplia oportunidad, si no para probar los hechos alegados en la contrademanda al menos para presentar la prueba en apoyo de la misma y obtener así una resolución definitiva en cuanto a su admisibilidad, a la luz de tales alegaciones, y que dejó de aprovechar de-bidamente tal oportunidad, nos vemos obligados a sostener que la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutohison,

text:
    Arturo Carreras y la Sucesion de Gerónimo Carreras, Compuesta de Dolores, Carolina, Julio, José Emilio, Belén y Francisco de Paula Carreras y Carreras, demandantes y apelantes, v. The American Colonial Bank of Porto Rico, demandado y apelado.
    No. 3633.

    Visto: Junio 26, 1925.

      Resuelto: Febrero 19, 1926.
    1. Hipotecas — Requisitos t Validez — Validez — Hipotecas en Garantía de Obligaciones de Otrio — Hipotecas en Exceso de la Cantidad a Garan-tizar. — La mera aceptación de varias hipotecas en exceso de la cantidad que trata de garantizarse no convierto por necesidad a todas y eada una de dichas hipotecas en nulas y sin ningún valor.
    2. Principal y Fiador — Exención {Discharge) del Fiador — Prórrogas por el Deudor sin Consentimiento del Fiador — Hipoteca en Garantía del Cum-plimiento de la Obligación de un Tercero — Ejecución de la Hipoteca.— Cuando una persona se obliga a pagar la deuda de un tercero y en garantía del cumplimiento de la obligación principal constituye hipoteca con el ca-rácter de fiador no solidario, si el acreedor otorga prórrogas al deudor sin el consentimiento del fiador, queda extinguida la fianza y con ella la hipo-teca que se constituyera en garantía del cumplimiento de su obligación como: tal fiador, no pudiendo dicha hipoteca ser, por tanto, ejecutada.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      Luis Llorens Torres, abogado de los apelantes; O. B. Frazer y R. Castro Fernández, abogados , del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutohison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, Distrito Primero, de-claró con lugar una excepción previa por falta de hechos para constituir una cansa de acción y desestimó la demanda que en parte es como signe:

“Y. Que por escritura No. 15 otorgada en fecha 20 de junio de .1922 ante el notario de esta ciudad don Jacinto Texidor, y la No. ■12 otorgada en 29 de junio de 1922 ante el notario de esta ciudad don Miguel García González, la mercantil 1 Zalduondo Mier & Co.’ concertó con el American Colonial Bank, aquí demandado, nn prés-tamo por la cantidad de veinte mil dólares ($20,000.00). Dicha 'deuda se reconoció mediante una obligación redactada en inglés y que se hizo parte de la expresada escritura No. 15 otorgada ante el Notario don Jacinto Texidor en fecha 20 de junio de 1922.
“Y para asegurar el importe del préstamo con sus intereses a razón del 9 por ciento anual se intentó constituir las siguientes ga-rantías :
“(A) La mercantil ‘Zalduondo Mier & Co.’ garantizó la deuda mediante prenda que en la misma escritura se constituyó sobre to-dos y cualesquiera bienes, mercancías, derechos, acciones y créditos pertenecientes a dicha mercantil ‘Zalduondo Mier & Co.’
“ (B) Como garantía colateral (no solidaria por parte de los fia-dores aquí demandados), se constituyeron además las siguientes:
“1. La propia mercantil ‘Zalduondo Mier & Co.’ o sea el deu-dor principal constituyó a favor del Banco demandado, hipoteca vo-luntaria por diez mil quinientos ($10,500.00) de capital y sus inte-reses al 9 por ciento anual sobre las participaciones que dicha deu-dora, o sea la mercantil ‘Zalduondo Mier & Co.’ tenía en la casa No. 13 y 15 de la calle de San Justo de esta ciudad. Dicha hipoteca se constituyó con el carácter de segunda.
“2. Por parte del demandante Arturo Carreras y Delgado, en su carácter de fiador no solidario, se constituyó hipoteca sobre la finca descrita en el hecho primero de esta demanda a favor del American Colonial Bank, aquí demandado, para garantizar el pago de ocho mil dólares ($8,000.00), parte del préstamo y sus intereses.
“3. Y por parte de don Gerónimo Carreras, también en su carác-ter de fiador no solidario se constituyeron dos hipotecas a favor del Banco demandado, a saber:
“(a) Hipoteca, a favor de dicho Banco por tres mil quinientos dólares ($3,500.00) de capital más sus intereses al tipo de 9 por ciento anual sobre la finca descrita bajo la letra (A) en el hecho se-gundo de esta demanda.
“(ó) Otra hipoteca a favor del Banco demandado por la suma de seis mil dólares ($6,000.00) de capital más sus intereses al 9 por ciento anual sobre la finca descrita bajo la letra (B) en el expresado hecho segundo de esta demanda.
“VI. Que dicho préstamo de veinte' mil dólares ($20,000.00) con-certado entre la mercantil ‘Zalduondo Mier & Co.’ y el Banco de-mandado, se hizo bajo la expresa condición de que si la sociedad deudora dejaba de pagar dos meses seguidos de los intereses conve-nidos, se consideraría vencida la deuda en su totalidad, y el banco procedería inmediatamente al cobro de la misma. Y según informa-ción y creencia de los demandantes la deudora principal dejó de pagar más de tres mensualidades consecutivas de los intereses y el Banco fué negligente en cobrar la deuda y hacer efectiva la prenda. Además, según información y creencia de los demandantes, el refe-rido Banco demandado concedió a la deudora principal prórroga de dicba deuda sin el previo consentimiento ni conocimiento de los fia-dores demandantes.
“VIL Alegan ahora los demandantes que las expresadas escritu-ras No. 15 del 20 de junio de 1922 otorgada ante el Notario don Ja-cinto Texidor y la No. 12 del 29 de junio de 1922 otorg'ada ante el Notario don Miguel García González, anteriormente reseñadas, son nulas y sin ningún valor ni eficacia legal por las siguientes razones:
“(a) Por haberse en ellas consignado con manifiesta falsedad la cantidad del contrato subsidiario de hipoteca, elevándose a la suma de veinte y ocho mil dólares ($28,000.00) dicha hipoteca para ga-rantizar solamente veinte mil dólares ($20,000.00) que importaba la obligación principal.
“(ó) Porque siendo una obligación mancomunada, y no solida-ria, la fianza hipotecaria prestada por los fiadores demandantes, és-tos no podían obligarse con mayor gravamen que la deudora principal. La deudora principal gravó hipotecariamente sus bienes hasta la suma de diez mil quinientos dólares ($.10,500.00), mientras que el gravamen de los fiadores excede de esa cantidad.
“VIII. No obstante los vicios de nulidad de que adolecen las hi-potecas anteriormente reseñadas, y no obstante la negligencia del banco demandado en dejar de perseguir los bienes dados en prenda, ni haber hecho excusión de todos los bienes de la sociedad deudora, y no obstante las prórrogas concedidas a dicha deudora principal, por cuyas razones ha quedado extinguida la fianza hipotecaria de los demandantes, el banco demandado ha iniciado ante la Corte de Dis-trito del Primer Distrito Judicial de San Juan bajo el No. 3055 el procedimiento ejecutivo hipotecario donde reclama de los fiadores de-mandantes una suma de más de diez y siete mil dólares ($17,000.00), habiéndose expedido por la expresada Corte el correspondiente man-damiento sobre requerimiento de pago; siguiendo el curso ordina-rio de la ley hipotecaria el expresado procedimiento ejecutivo.
“IX. Que según información y creencia de los demandantes la mercantil deudora ‘Zalduondo Mier & Co.’ después de otorgadas las escrituras de préstamo con fianza e hipoteca referidas, a requeri-miento de su acreedor The American Colonial Bank, le entregó a éste diferentes valores para su cobro, consistentes en cuentas, vales y pagarés de varios deudores de dicha casa ‘Zalduondo Mier & Co.,’ los cuales valores cobró e hizo suyos el demandado The American Colonial Bank, aplicándolos a otros negocios y cuentas que tenía pendientes eon ‘Zalduondo Mier & Co.’ con cuyos actos del deman-dado The American Colonial Bank se disminuyeron notablemente las garantías y valores de la deudora ‘Zalduondo Mier & Co.’ en per-juicio de estos demandantes como fiadores hipotecarios colaterales; por lo cual alegamos que, por este otro motivo, las fianzas de estos demandantes en las expresadas escrituras hipotecarias, quedaron com-pletamente extinguidas.
“X. Los demandantes alegan también lo siguiente:
“Que aun en el caso de que sus dichas fianzas estuviesen subsis-tentes y aun cuando fueren válidas las hipotecas referidas que cons-tituyeron como garantía colateral, es lo cierto que la deuda principal sólo ascendía a la suma de veinte mil dólares ($20,000.00), se-gún antes se ha expresado y es también cierto según también se ha alegado, que la mercantil deudora ‘Zalduondo Mier & Co.’ garantizó con hipoteca parte de dicha deuda principal, o sea hasta la suma de diez mil quinientos dólares ($10,500.00); por lo cual la garantía hipo-tecaria de estos demandantes nunca podría exceder de la suma res-tante; o sea la cantidad de nueve mil quinientos dólares ($9,500.00) ; y en consecuencia, el American Colonial Bank como acreedor hipo-tecario, quedó incapacitado para ejecutar dichas hipotecas por mayor suma de nueve mil quinientos dólares ($9,500.00), y siendo así los hechos del caso, el banco ejecutante ha procedido con malicia y negligencia al no exponer fielmente los hechos y circunstancias que debía tener en cuenta la expresada corte de distrito para autorizar el procedimiento hipotecario que se está tramitando y cuya nulidad solicitamos.
“Súpijca: Por virtud de las precedentes alegaciones, los deman-dantes suplican a esta Honorable Corte de Distrito que se sirva dic-tar su sentencia en este pleito a favor de los demandantes mencio-nados y en contra del demandado The American Colonial Bank; declarando nulas las hipotecas constituidas a favor del demandado en las referidas escrituras No. 15 de 20 de junio de 1922 otorgada ante el Notario don Jacinto Texidor y No. 12 del 29 de junio del mismo año ante el Notario don Miguel García González; decretán-dose la cancelación de dichas hipotecas en el registro de la propie-dad; declarando extinguidas en su totalidad las fianzas de los de-mandantes por virtud de los actos realizados por el banco deman-dado; o, en otro caso, decretando la reducción de la fianza hipote-caria a la suma de nueve mil quinientos dólares ($9,500.00) ; y, en todo caso, declarando la nulidad del referido procedimiento hipote-cario que' se está tramitando; y condenando al demandado al pago de las costas y honorarios de abogado que se originen en este pleito.”

Manresa, al hablar del carácter subsidiario de los contra-tos de prenda y de hipoteca, en la página 378, tomo 12, de sus Comentarios, dice lo siguiente:

“Se encuentran, pues, tales contratos en el mismo caso que la fianza, con la que tienen este carácter común o análogo, y, como su-cede con la fianza, no pueden existir jurídicamente la prenda y la hipoteca sin una obligación válida a la que sirvan de garantía, pues si bien el artículo que comentamos no exige de una manera expresa la condición de validez de la obligación que ha de ser objeto de dichos contratos, como lo hace el Art. 1824 respecto de la fianza, hay que sobreentender, impuesta esa condición, porque los actos nulos, entre los cuales habría que contar las obligaciones aseguradas con la prenda o la hipoteca cuando no fueren válidas, no pueden producir efecto jurídico alguno.”

El artículo 1752 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“La prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consen-timiento del fiador extingue la fianza.”

Escriche, en la página 822 de su Diccionario Jurídico, dice:

“Como la hipoteca es un derecho real que se constituye sobre las cosas del deudor para seguridad de la deuda u obligación, se sigue de aquí necesariamente, que para que haya hipoteca es indispensable que haya también una obligación o deuda, pues que sin cosa principal no puede haber cosa accesoria: de suerte que si la obliga-ción para cuya seguridad se dió la hipoteca, o no existía o se res-cindió o anuló por cualquier causa, no tuvo tampoco lugar la hipo-teca o dejó de existir al mismo tiempo; y todas las demás causas que extingan la obligación • principal, producirán igualmente la ex-tinción de la hipoteca.”

Una oontrarreferencia que aparece en dicho alegato es la siguiente:

“Véase fianza No. 1, Nos. V, VI, VII, VIII, IX y X, cuyas doc-trinas pueden aplicarse respectivamente a la hipoteca, bien cuando el hipotecante sea el mismo deudor, o bien cuando lo sea un tercero.”

De la página 832 de dicho diccionario hacemos la siguiente cita:

“Hipoteca principal es la que se constituye primariamente o en primer lugar para seguridad de una deuda u obligación; e hipo-teca subsidiaria es la que se establece secundariamente o en segundo lugar para el mismo objeto por si no fuese suficiente la principal. Es claro que en semejante caso no puede el acreedor perseguir la hipoteca subsidiaria sin haber hecho antes excusión de la principal; es decir, sin haber visto que la finca obligada primeramente no es bastante para cubrir el importe de la deuda.”

En la página 840 encontramos lo siguiente:

“40. Como la hipoteca es un accesorio, y lo accesorio no puede subsistir sin lo principal, es claro que extinguida de cualquier modo la deuda u obligación para cuya seguridad estaba constituida, debe cesar y extinguirse al mismo tiempo la hipoteca, sin que pueda so-brevivir a la deuda; ley 38 tít. 13 part. 5. Mas como la hipoteca es indivisible en sus efectos, es necesario para que se verifique su ex-tinción, que la deuda u obligación principal se haya extinguido por entero; pues si sólo se pagase, por ejemplo, una parte de la deuda, la hipoteca continuaría sin alteración por el resto sobre toda o to-das las fincas que le estaban sujetas; ley 19 tít. 1 lib. 20 .del Digesto y ley 43,-tít. 43, Part. 5.”

Nos inclinamos a convenir con el abogado del apelado en que la mera aceptación de varias hipotecas montantes a $28,000 en garantía de una obligación de $20,000 no con-vierte por necesidad a todas y cada una de dichas hipote-cas en nulas y sin ningún valor. No vemos razón alguna por la cual si acaso la nulidad, de existir alguna, no debe limitarse al exceso de la cantidad que trata de garantizarse. De ser así, entonces la cuestión resulta en gran parte acadé-mica en el presente caso, toda vez que las ejecuciones en cuestión son por un saldo de • $17,000 solamente, mientras que la obligación original ascendía aproximadamente a $2,500 en exceso a esa suma. Véase en relación con esto el ar-tículo 1727 del Código Civil que ha sido citado y en el cual se fundan ambas partes.

Que la doctrina en cuanto a la aplicación de pagos entre el acreedor y el deudor debe permitirse en perjuicio de los fiadores que han otorgado fianzas en garantía de sus respec-, tivas obligaciones, cuando los pagos se han hecho con el pro-ducto de las garantías colaterales dadas en prenda por el deudor principal, no es en manera alguna tan clara.

La regla • general, según Iremos indicado, parece ser la de que la hipoteca no puede subsistir a la obligación principal que ba sido extinguida, y para cuya garantía fue cons-tituida la hipoteca. Pero el apelado dice:

“La dificultad con este argumento es que aquí no se trata de fianzas ni de fiadores, sino de hipotecas, y el Artículo 1752 no tiene nada que ver con hipotecas pero cubre exclusivamente fianzas per-sonales. Este artículo 1752 forma parte del Título XIV del Cuarto' Libro del Código, mientras es el Título XV que trata de ‘Contratos de Prenda, Hipoteca y Anticresis’ y en el Título XV no hay dispo-sición semejante, ni en cuanto a prendas ni a hipotecas. El artículo 1781 del mismo Código Civil demuestra claramente que el Art. 1752 (en el Título XIV sobre Fianzas) no es aplicable a hipotecas o garan-tías 'hipotecarias, porque dice así:
“Art. 1781. — La forma, extensión y efectos de la hipoteca, así como lo* relativo a su constitución, modificación y extinción y a lo demás que no haya sido comprendido en este Capítulo (Capítulo III del Título XV) queda sometido a las prescripciones de la Ley Hipotecaria, que continúa vigente.
“Así es que no es el Título XIV del Código Civil sobre Fianzas sino la Ley Hipotecaria, que rige en esta materia y si hay algún precepto que se extingue lina hipoteca cuando se concede una pró-rroga al deudor, hay que buscarlo en la Ley Hipotecaria, y claro-está que no hay tal disposición. Por el contrario, la Ley Hipoteca-ria en su artículo 105, igual al artículo 1777 del Código Civil, dice:
“ ‘Art. 105. — La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bie-nes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumpli-miento de la obligación para cuya seguridad fué constituida.’
“Y el artículo 122 dice:
“ ‘Art. 122. — La hipoteca subsistirá íntegra mientras no se can-cele, sobre la totalidad de los bienes hipotecados, etc.’
“En este caso las tres hipotecas fueron constituidas para cumplir-la obligación de pagar $8,000, $3,500 y $6,000 respectivamente al Banco Colonial y es admitido que esta obligación no se ha cumplido.
“Si fuere necesario más .jurisprudencia para probar que el ar-tículo Í752 no es aplicable a hipotecas, véase lo que dice Manresa en sus Comentarios en cuanto al alcance del Título XIV del Código Civil.' '(Manresa, Comentarios, tomo 12, folio 147):
“ ‘Título XIV. — De la fianza. — Dos son las acepciones que en'el tecnicismo jurídico tiene la palabra fianza; uno lato, amplio y ex-tenso, que comprende, dentro de sus términos, todos los contratos de garantía; y otro, restringido y estricto, que es lo que constituye la fianza propiamente dicha. * * *
“ ‘En la primera de dichas acepciones comprende también la prenda y la hipoteca, * * * La fianza puede ser, por lo tanto, personal, pignoraticia e hipotecaria, y ésta es su clasificación gene-ralmente admitida por las leyes; pero al presente sólo hemos de examinar esta institución en su sentido estricto, o “sea como garan-tía puramente personal de la obligación asegurada por ella.” ’
“¿Por qué esa diferencia entre la fianza y la hipoteca? ¿Por qué el hecho de conceder mía prórroga extingue la fianza pero no la hipoteca? Simplemente por la diferencia entre las dos clases de obligaciones. La fianza es una obligación puramente personal, sin escritura pública, sin inscripción obligatoria u otras formalidades y, aún más importante, sin efecto sobre propiedad inmueble, mientras que la hipoteca, es un documento solemne y formal, inscrito en un Registro Público, de un grado de dignidad mucho más altó, y por-que en fin afecta el título de propiedades inmuebles, la cosa quizás de más importancia en las mentes de los jurisconsultos que estable-cieron nuestro sistema de leyes. Por eso es que establecieron el pre-cepto que una hipoteca no se extingue excepto por medio de su pago.
“ ‘III. El hecho ele que el banco no ha ejecutado la prenda no afecta las hipotecaos. — Los apelantes en su alegato alegan que el banco tenía que proceder en contra de la prenda antes de ejecutar las hi-potecas pero no citan jurisprudencia sobre este punto y sometemos que no tiene fundamento. Si él acreedor tiene dos garantías por una deuda tiene el derecho de proceder en contra de cualquiera de las dos a su gusto.
“ ‘IV. No hay derecho de excusión en este caso. — El derecho de excusión es un derecho de un fiador y no de un deudor hipotecario. Sobre este punto repetimos lo que hemos dicho más arriba discu-tiendo el supuesto error número 2.
“ ‘V. La aplicación por el bemeo de sumas cobradas ele otros va-lores a otras deudas de Zalduondo Mier <6 Co. no afecta■ las hipote-cas de los demandantes. — Se alega en la demanda que después de otorgadas las hipotecas, Zalduondo Mier & Co. entregó al banco para su cobro, otras cuentas, Tales y pagarés, y que el banco cobró dichos valores y aplicó la cantidad a otras deudas de Zalduondo Mier & Co. para con el banco. Según los artículos 1140, 1141 y 1142 del Có-digo Civil estos demandantes no pueden quejarse de la aplicación becha de estos pagos a menos que tal aplicación fue contraria a las ■¿¡astruceiones de Zalduondo Mier & Co. (que no es parte de este ■-ple&to) y no se alega nada en cuanto a eso. Para quejarse de la .•■-aplicación hecha por el banco de dichos pagos, los demandantes tie-nen que alegar hechos demostrando que tal aplicación era ilegal. ■'Peno no alegan razón alguna ni hechos demostrando que tal aplica-rán era ilegal. Por tanto, esta alegación no justifica una causa de acción.
“ ‘Conclusión. — Los demandantes insisten en tratar este caso como si fuera un caso de una fianza personal y toda la jurisprudencia que citan es aplicable únicamente a fianzas personales. Pero este caso es el caso de la ejecución de una hipoteca sobre bienes raíces, un derecho real, y los demandantes no pueden encontrar sentencia al-guna aplicando tales preceptos a hipotecas sobre bienes inmuebles. La demanda no aduce hechos suficientes para demostrar una causa •de acción y la Corte de Distrito no cometió error en declarar con lu-gar la excepción previa. La sentencia debe confirmarse.' ”

Y la dificultad de este razonamiento es que la obligación subsidiaria del contrato de hipoteca no puede separarse de la obligación original que se trata de garantizar con hipo-teca. Una sigue a la otra, como la sombra sigue al objeto del cual depende para su existencia. En noventa y .nueve casos de cien se constituyen hipotecas en garantía de una obligación personal. De adoptarse la teoría del apelado se restringiría prácticamente la aplicación de la regla general al caso en particular en el cuál se constituye una hipoteca en garantía de la suficiencia de otro gravamen preexistente o coexistente. De modo que la excepción se convertiría en-tonces en la regla.

La cuestión del derecho de los demandantes en este caso a solicitar la excusión del activo y especialmente de la ga-rantía colateral dada por su principal, y el efecto de la ale-gada omisión por parte del banco en ejecutar primero dicha garantía colateral cuando se alega como fundamento de nu-lidad de los procedimientos ejecutivos, bien puede quedar abierta a discusión hasta que se suministre alguna luz adi-cional en relación con ella por el abogado.

Si fuera cierto como se alega en la demanda, y para los fines de esta opinión, asumimos qne el lieclio es que la obli-gación personal de los deudores como garantía quedó ex-tinguida por razón de la prórroga concedida a su principal sin su conocimiento o consentimiento, entonces el gravamen hipotecario desapareció y por tanto no puede ser ejecutado.

Bebe revocarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: “Conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Rafael Diez de Andino, Román Díaz Collazo, Ramón Lloverás Soler, Arturo Díaz Cintrón, Enrique Aquino, Juan Marchán Sicardó, Eduardo López Tizol, Leandro López de la Rosa y Eugenio Delgado, Peticionarios y apelantes, v. Junta Permanente o Junta Insular de Elecciones, compuesta de E. W. Keith, Presidente y Superintendente General de Elecciones, Francisco L. Amadeo, José Martínez Dávila y Bolívar Pagán, demandados y Apelados.
    No. 3690.

    Visto: Enero 19, 1926.

      Resuelto: Febrero 25, 1926.
    3. Elecciones — Papeletas Electorales (Ballots) — Candidato para un Cargo pior Dos o Más Partidos — Marcas Dobles o en Conflicto y Efecto. — E] derecho a incluir — según el disponiéndose del artículo 40 de la Ley Electoral como fué enmendada en 1924 (p. 43) — el mismo nombre de un candidato en dos tickets diferentes no quiere decir que un votante puede elegir, en una sola papeleta, dos tickets distintos, pues la doble papeleta es nula de acuerdo con el artículo 63 (a.) de la Ley Electoral.
    2. Elecciones — Impugnación—Revisión por Certiorari y su -Alcance — Actos Ejecutados Ante la Junta Insular. — Por el certiorari eolno regla general, sólo pueden revisarse los actos ejecutados ante la Junta Insular de Eleccio-nes; la prueba testifical podría ofrecerse para aclarar -lo que en realidad había tenido lugar ante la junta.
    3. Elecciones — Impugnación—Revisión por Certiorari y su Alcance — Actua-ciones de la Junta Insular — Apertura de Papeletas. — La actuación de la Junta Insular al negarse a abrir papeletas emitidas en ciertos precintos es cuestión dentro de su sana discreción, y a falta de algo que indique ha-berse cometido una irregularidad da discreción de la junta al no abrir dichas papeletas no puede ser revisada por certiorari.

      4. Elecciones — Acto de Contar los Votos, Resultados y Escrutinio — Escru-tinio General — Recuento de Votos — En General. — La mera petición a la Junta Insular, de un candidato vencido en unas elecciones de que todas las papeletas en un precinto sean examinadas no es suficiente para que la junta actúe en tal sentido.

      Sentencia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando sin lugar la petición de certiorari, sin costas.

      Confir-mada.

      L. Muñoz Morales, abogado de los apelantes; Hon. Attorney General, 11. H. Todd Jr., R. Martínez Nadal, Bolívar Pagan, Carlos Llau-ger, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acción de certiorari por la cual los deman-dantes trataron de enmendar o variar el resultado de la elección verificada en noviembre de 1924, en y para el mu-nicipio de San Juan. La acción fué establecida a principios de enero, 1925. La corte inferior eliminó algunas alegacio-nes . de la petición y finalmente dictó sentencia declarando sin lugar la demanda en 22 de enero de 1925. En el ínterin los funcionarios municipales tomaron posesión y estaban des-empeñando sus cargos, cuando en enero 19, 1926, o sea, más de un año de la radicación de la petición, el caso fué some-tido para revisión por esta corte.

Dada la importancia de este procedimiento por sus re-sultados para la comunidad de San Juan, para los partidos políticos que tomaron parte en las elecciones celebradas en noviembre de 1924 disputándose el gobierno municipal de esta ciudad y principalmente para los demandantes, parece natural que éstos tramitasen con urgencia su recurso pero no lia sido así, pues interpuesta su apelación el 22 de enero de 1925 su vista no fia podido tener lugar basta un año des-pués por las prórrogas por ellos solicitadas.

Examinado el alegato que nos lian presentado para sos-tener su apelación encontramos que no contiene señalamiento de errores, o sea, la agrupación formal de todos los errores antes de ser discutidos uno a uno, que exigen las reglas 42 y 43 de este tribunal, según fiemos resuelto en el caso de Mercado v. Rosado, 30 D.P.R. 224, pero a pesar de todo dis-cutiremos brevemente varias de las cuestiones importantes que han sido planteadas.

El principal error alegado y el único qne en nuestra opinión podría haber cambiado el resultado, fué la actuación de la Junta de Elecciones al descartar o negarse a contar las papeletas en las cuales el votante había marcado y mostrado su preferencia por los tickets de dos partidos independientes. En otras palabras, el votante aparecía votando por todos los candidatos de dos partidos legalmente distintos. Sin embargo, en realidad de verdad estos dos partidos habían unido sus candidatos y todos los nombres que aparecían en uno u otro de los tickets eran exactamente iguales. La misma persona se elegía votando por cualquiera de los dos tickets. Lo esencial, sin embargo, era que en realidad el votante elegía el mismo nombre dos veces, aunque únicamente estaba votando una sola papeleta. Esto, como resolvió la corte inferior, estaba prohibido terminantemente por el artículo 63 (a) de la Ley Electoral, según regía en 1923. Este artículo aparece en las páginas 592-593 de las leyes de ese año, y es como sigue:

“Sección 63. — Después de penetrar el elector en la caseta indi-cará en la papeleta general los candidatos de su elección, en una de las siguientes formas:
“(a) Si deseare votar la candidatura íntegra de uno solo de los partidos, hará una cruz o línea de cualquier dimensión y forma, arriba o abajo de la divisa o nombre del partido, o en cualquier es-pacio en la columna correspondiente a dicho partido, excepto den-tro de los espacios que están a la derecha o izquierda de los nom-bres de los candidatos. De este modo se contará el voto para todos los candidatos cuyos nombres aparezcan en la columna de dicho par-tido-, 'Si se pone la marca de candidatura íntegra en las candidatu-ras de más de un partido el voto será nulo.”

El razonamiento del apelante es que este artículo ha sido derogado por las leyes de 1924. Se admite que no hubo nin-guna derogación expresa. La teoría es que según las leyes de 1923 no podía aparecer ningún nombre solo en más de un ticket. Una persona podría entonces no ser un candidato de dos partidos, y la contención es que esta prohibición desapareció en 1924. Según el apelante, en 1923 la inten-ción era impedir que el mismo nombre fuera votado dos ve-ces y esa intención varió en 1924. T el apelante pretende sostener sn contención citando el “disponiéndose” del ar-tículo 40 de la Ley Electoral como fue enmendada en 1924, página 43 de las leyes de ese año, a saber:

“Disponiéndose, sin embargo, que nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de impedir que una persona sea nombrada como candidato para el mismo cargo por dos o más par-tidos políticos.”

No podemos ver cómo es que el derecho a incluir el mismo nombre en dos tickets diferentes afecte a la prohibición con-tenida en el artículo 63 (a), supra. Las dos disposiciones citadas no están en conflicto de modo alguno, ni son incompatibles entre sí. Ellas pueden subsistir conjuntamente. Un candidato podría obtener todos los votos del Partido Unionista y del Partido Republicano en 1924, mientras que él no podía obtenerlos en 1923. Esto es- muy distinto a de-cir que un votante puede elegir en una sola papeleta dos tickets diferentes. Los tickets podrían contener nombres diferentes para algunos de los candidatos y entonces una razón de la prohibición se vería inmediatamente. En esta elección particular es una casualidad que en ambos tickets todos los nombres de todos los candidatos sean los mismos. Los inspectores no podían decir por qué partido fué votado el ticket. Una doble papeleta es una incongruencia y pro-bablemente sería nula sin una prohibición expresa. No hay duda alguna de que en las elecciones de 1924 el Partido Re-publicano y el Unionista mantuvieron una existencia legal independiente, aunque nombraron los mismos candidatos.

Es un argumento de segundo orden, quizás, pero para ciertos fines es importante saber para qué partido debe con-tarse la papeleta. Hemos tenido ante nosotros en otro caso, una reclamación de que cierto partido político obtuvo el se-gundo lugar en número de votos emitidos en las elecciones de 1924. Pagán v. Towner, resuelto en febrero 3,1926, (pág. 1). En las papeletas rechazadas en el presente caso nadie podía determinar para quién Rabian de contarse los votos. Existe también la posibilidad de qne otros ciudadanos incu-rrieran en un error semejante al votar por los dos partidos contrarios que también unieron sus candidatos. El argu-mento principal, sin embargo, es que tenemos en el artículo 63 (o) una prohibición universal. Ubi lex non distinguit, neo nos distinguere debemus.

El apelante también alegó háberse cometido error en al-gunos de los votos impugnados que fueron adjudicados a los contrarios. Según declaró la junta, estas papeletas no pu-dieron haber afectado al resultado general. No estamos in-dicando que hubiéramos estado conforme con el apelante en lo demás, sino que la solución no tiene relación práctica alguna.

Nos inclinamos a convenir con la apelada en la corte inferior en que por este auto de certiorari sólo podemos revisar los actos ejecutados ante la junta. En el caso del Pueblo v. Oms, 34 D.P.R. 455, manifestamos que quizá en ciertos casos podría ofrecerse la prueba testifical, pero la idea que tenemos es que tal prueba testifical sólo podía esclarecer lo que en realidad había tenido lugar ante la junta.

También convenimos con la apelada en que la actuación de la junta al Regarse a abrir las papeletas emitidas en ciertos precintos era una cuestión dentro de su sana discreción, y a falta de algo que indique haberse cometido alguna irregularidad, la discreción de dicha junta al no abrir dichas papeletas no puede ser revisada. La mera petición del candidato vencido de que todas las papeletas sean examinadas no era suficiente.

Las demás cuestiones levantadas eran de procedimiento' - y relativamente sin importancia.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino en la re-solución de este caso.