author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julián Otero y Alberto Navedo, acusados y apelantes.
    Núm. 11990.
    Sometido: Mayo 2, 1947.

      Resuelto: Junio 4, 1947.

      José L. Fdliú Pesquera, abogado del apelante Otero; Ilon. Procura-dor General Luis Negrón Fernández, y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Julián Otero y Alberto Navedo fueron acusados ante la Corte de Distrito de Bayamón por un delito de asesinato y solicitaron juicios separados. Celebrado el juicio contra Ju-lián Otero, el jurado le declaró culpable de asesinato en primer grado. La Corte inferior, después de declarar sin lu-gar la moción de nuevo juicio le condenó a la pena de reclu-sión perpetua por el asesinato y a seis meses de cárcel por la portación ilegal del arma. Contra ambas sentencias el acusado ha interpuesto el presente recurso, basándolo en cuatro señalamientos de error.

Alega el apelante que la Corte inferior cometió grave error de derecho al permitir que el Fiscal leyera al Jurado la confesión hecha por el acusado ante el juez instructor, sin que antes se presentara al Jurado prueba de que la confesión había sido hecha voluntariamente. Examinemos el récord.

Pedro Marrero, el primer testigo do cargo, declaró en sín-tesis que en la noche de autos mientras se celebraba un baile en su casa ocurrió un disgusto entre Tomás Figueroa y Federico Otero; que Figueroa salió de la casa corriendo, y Julián Otero y Alberto Navedo, los acusados, se le fueron delrás, por el camino de las cañas; qne el declarante se fué detrás de ellos; que cuando llegaron al camino que llega a la carre-tera, al llegar Figueroa al puente el acusado Julián Otero le tiró con el puñal por la espalda; (pie cuando Figueroa corrió, Otero corrió detrás de él, gritándole a Navedo ‘‘ Cógelo 11 Cabo ’ que por ahí va corriendo”; que el declarante siguió detrás de ellos y cuando llegó encontró a Figueroa en el suelo, he-rido y quejándose y allí se quedó muerto; que vió a cada uno de los dos acusados con un puñal en la mano.

Fnirique Rodríguez, declaró que como a las 12:30 de la noche sintió un tumulto de gente que pasaba por oi camino y poco después los gritos de una persona que se quejaba; qne momentos después sintió unas personas que corrían y una de ellas decía *‘Cabo espérame”; que el declarante se tiró por el frente de la casa y fué al sitio donde había oído los quejidos y allí encontró a Tomás Figueroa herido y mori-bundo; que al día siguiente Felipe Santiago Rodríguez al pasar por allí encontró un puñal y se lo entregó al declarante, quien lo entregó a la policía.

K1 testigo Rafael Molina González, Jefe de la Policía Insular en Vega Baja, declaró que al tener conocimiento del su-ceso se trasladó al sitio donde yacía el cadáver de Tomás Figueroa; que registró el cadáver y no encontró arma al-guna; que arrestó a Julián Otero y a Alberto Navedo y los llevó al Cuartel de la Policía; que cuando estaba haciendo la investigación, el acusado Julián Otero, “voluntariamente y sin protesta alguna, sin halago de ninguna clase, y sin pro-mesa de nada, le manifestó lo siguiente:

“B. .. .Que él estaba en la casa de un tío de él que se llama Pedro Marrero; que en esa casa se estaba celebrando un baile; que mientras bailaban Tomás Figueroa tuvo una discusión, un disgusto con otro individuo que se llama Federico Otero; que al ver que To-más Figueroa le tiró a Federico Otero, él trató de intervenir. Que Tomás entonces se tiró abajo, se fué del baile; que entonces é] y un tal Alberto Navedo se le fueron detrás a Tomás Figueroa y detrás se les fué Pedro Marrero ...” (Tr. de Ev. pág. 48)

Declarada sin lugar la objeción ele la defensa el testigo continuó declarando:

“ R. .. .Entonces me dijo que habían perseguido entre él, Julián Otero, y el otro, Alberto Navedo, a este individuo Tomás Figueroa; que iban andando ligero como un cuarto de bora; que se metieron por un camino entre dos cañaverales; que entonces Navedo le atrecho alante a Tomás Figueroa y él le siguió detrás a Tomas Figueroa. Que cuando Tomás Figueroa le iba corriendo, alante, él (Julián Otero) con un cuchillito que le había cogido prestado a un tal Eugenio, le dio una puñalada por la espalda a Tomás Figueroa con el cuchillo; que el cuchillo se rompió. Que cuando Tomás Figueroa seguía co-rriendo hacia en donde se encontraba Alberto Navedo, él, (Julián Otero) le decía ‘Atájalo Cabo’; ‘Atájalo Cabo.’ Que luego Tomás Figueroa al encontrarse con Alberto Navedo, Alberto Navedo le tiró con un cuchillo a Tomás Figueroa, hiriéndolo, cayendo en el suelo boca arriba con un flash light que tenía 'en las manos. Que después allí se encontró con Pedro Marrero, el tío de él cuando llegó al sitio de los hechos. Eso fué lo que me dijo a mi Julián Otero y después todo eso lo ratificó Julián Otero en presencia del Juez Municipal de Vega Baja, que era entonces el Licenciado Felipe Marchand, al otro día del suceso, o sea el mismo día en que yo me personé al barrio ‘Ceiba Sabana’ de Vega Baja y a la casa del señor Rodríguez, un mayordomo de la Central.
“Eso mismo este joven lo ratificó ante el Juez Municipal de Vega Baja, en la Corte Municipal de Vega Baja.” (Tr. de E., pg. 49-51.)

Terminó el testigo diciendo que llevó al acusado ante el Juez Municipal y que le dijo al Juez: “Mire Juez, este hombre declaró ante mí que él es el autor de la muerte del mu-chacho ése, Tomás Figueroa. Este hombre tiene conocimiento de los hechos.”

El Fiscal anunció entonces que iba a presentar la confe-sión de Julián Otero tomada por el Juez Municipal de Vega Baja, bajo juramento, al día siguiente del suceso; y pidió que se hiciera retirar el Jurado, “para que la Corto después de oír al Juez instructor determine sobre su admisibilidad.” Acto seguido y por ser ya las 12:30 P.M. la Corte ordenó la suspensión de la vista para que el Jurado fuese llevado a al-morzar. Al comenzar la sesión de la tarde, las partes acep-taron qne el Jurado era el mismo y que estaba completo; y entonces, en presencia del Jurado, declaró el Juez Instructor, Sr. Marcband, diciendo en síntesis lo que sigue:

Que él llevó a los dos acusados .y a Pedro Marrero, el dueño de la casa, al salón de la Corte; que después de haber declarado Marrero todo lo que sabía, en presencia de los dos acusados, el acusado Julián Otero le dijo al Juez declarante: “Pues también yo quiero declarar,” y que el declarante le contestó: “Pues encantado de la vida, declare usted”; quo entonces Otero declaró y su declaración se puso por escrito, pero que antes de tomarle la confesión a dicho acusado, el juez declarante le dijo “que podía incriminarse si declaraba, que él estaba acusado, que la declaración de él podría utili-zarse en su contra.” Continuó el juez municipal declarando sobre otras gestiones practicadas por él en relación con la in-vestigación del caso, y al terminar su declaración el Fiscal solicitó que hiciese retirar el Jurado. Después de haberse retirado el Jurado, el Fiscal anunció que antes de ofrecer en evidencia la confesión hecha por el acusado deseaba presentar la declaración del Juez Municipal, Sr. Marcband, sobre la voluntariedad de la confesión.

El Juez Marcband declaró: Que antes de declarar Julián Otero él le hizo las advertencias de ley: “que él tenía derecho a declarar o a no declarar” y “que de declarar que lo hiciera voluntariamente”; que no le hizo promesa alguna, ni halago alguno ; que nadie le amenazó, ni le pegó, ni le hizo ofreci-miento de clase alguna; que después de haberle hecho esas advertencias, el acusado insistió en declarar y entonces él lo tomó la declaración; que la firma que aparece al pie de la declaración es la del acusado y que éste firmó la declaración después de haberla leído él mismo.

La defensa ofreció entonces el testimonio del acusado, con el solo propósito de impugnar la declaración del Juez Mar-chand en cnanto a la voluntariedad de la confesión. El acu-sado declaró: Qne en ningún momento se le hizo la adver-tencia de que si declaraba su declaración podría ser utilizada en su contra; que la policía le pegó en la calle; que fué el policía Olivieri el que le pegó por la frente y lo empujó por la parte de atrás, por los riñones; que él no leyó la declara-ción, pero la firmó; que no le dijeron que leyera la declara-ción, que le dijeron “firme aquí” y él la firmó; que él fué obli-gado a firmar esa declaración; que él estaba loco de miedo, porque nunca se liabía metido en eso; que el Juez Municipal ni le pegó ni le amenazó, pero le hablaba en voz dura.

La Corte resolvió admitir la confesión, la defensa tomó excepción y el jurado fue traído a la sala. Solicitó el fiscal permiso para leer al jurado la confesión, se opuso la defensa “por entender que dicha declaración no fué prestada volun-tariamente de acuerdo con la prueba que se le presentó al señor Juez”; y la Corte autorizó al fiscal para leer la decla-ración, tomando excepción la defensa.

La declaración leída al jurado dice así:

“En Yoga Baja, P. R., a los 4 días de noviembre de 1945, ante esta corte comparece JULIAN OTERO APONTE, negro, mayor de edad, soltero y vecino de Bo. Ceiba, sitio Pueblo Nuevo de Vega Baja, P. R., y previo juramento conforme a la ley, dice:
“Que me llamo como queda dicho y soy de las circunstancias per-sonales arriba mencionadas.
“Que después de habérseme advertido el derecho que tengo a no declarar por poderse utilizar en mi contra la presente declaración y sin que medie amenaza, violencia, intimidación u ofrecimiento de ciase alguna insisto en declarar y libremente declaro:
‘ ‘ Que yo me encontraba en un baile el día sábado 3 de noviembre de 1945 y en la casa de mi tío Pedro Marrero que queda en el sitio Pueblo Nuevo del Bo. Ceiba de Yega Baja, cuando mi primo Federico Otero iba bailando con una muchacha y Tomás Figueroa le tiró rom-piéndole la camisa. Que al yo ver que Tomás le tiró a mi primo Federico yo traté de intervenir. Que en eso Tomás Figueroa echó .a correr y yo me le esguindé detrás. Detrás de mi venía mi tío Pedro Marrero y Alberto Navedo venía también detrás de Tomás Figueroa. Que en la carrera cruzamos la carretera y nos metimos en un camino entre dos cañaverales en donde vive don Enrique Rodríguez. Que en los momentos en que Tomás Figueroa pasaba por el lado mío yo le tiré con un cuehillito. Que Tomás Figueroa siguió corriendo a pesar de que yo sentí que mi euchillito tropezó con su cuerpo hasta que llegó y se enfrentó con Alberto Navedo que se encontraba al otro lado de un puentecito que hay en el camino. Que cuando Tomás Figueroa corría hacia el sitio donde se encontraba Alberto yo lo decía a Alberto, ‘Cójelo Cabo que va corriendo,’ refiriéndome a Tomás Figueroa. Que cuando Tomás se enfrentó con Alberto, Alberto le acometió y agre-dió con un cuchillo que tenía en las manos y con el que le esperaba. Que en los momentos en que Alberto atacaba a Tomás con el cuchillo Tomás cayó para atrás quedando en el suelo boca arriba con una lin-terna que tenía en la mano. Que cuando Tomás cayó al suelo mi tío Pedro Marrero y yo llegamos hasta donde él. Que Tomás Figueroa se encontraba tendido en el suelo y diciendo ‘Ay Berto no me mates.’ Que mi tío Pedro Marrero alumbró con una linterna y yo pude ver bien a Tomás Figueroa y al retirarnos del sitio de los hechos recuerdo que mi tío Pedro Marrero nos dijo que dejáramos a Tomás que ya lo habíamos matado, contestando Alberto ‘déjalo que se joda ese perro que ya está muerto.’
“Juez. P. — ¿Le vió usted algún arma a Tomás mientras Vds. lo atacaban ?
“Test. R. — No, yo no lo vi nada.
“Juez. P. — ¿Oyó Ud. ladrar unos perros por ei sitio de los hechos ?
“Test. R. — Sí, yo oí ladrar unos perros.
“Juez. P. — ¿Ese cuchillo que Ud. utilizó para agredir a- Tomás dónde lo encontró Ud. ?
“Test. R. — -Ese euchillito se lo pedí yo prestado a mi primo Geño Marréro y Geño me lo prestó el día sábado 3 de noviembre de 1945 y al obscurecer.
“Juez. P. — ¿Recuerda Ud. si ese euchillito que le prestó Geño se le partió en algún momento?
“Test. R. — Sí, cuando yo le tiré con el euchillito a Tomás Figueroa en los momentos en que pasaba por el lado mío, yo noté que el euchillito tropezó con el cuerpo y ahí se me partió, cayendo la hoja del euchillito al suelo quedándome yo con el cabito en la mano.
“Juez. P. — ¿Ud. le enseñó el cabito del euchillito a alguien?
“Test. R. — Sí, yo se lo enseñé a mi tío Pedro Marrero y le dije que se me había partido cuando le había tirado a Tomás Figueroa y que el euchillito era' de Geño.
“Juez. P. — ¿Esa hpja de puñal que yo le muestro a Ud. la ha visto Ud. anteriormente?
“Test. R. — Sí, esa hoja de puñalito es la hoja del euchillito que me prestó mi primo Geño' y con el que agredí a Tomás Figueroa.
“Juez. P. — ¿Por qué fué que'Ud. acometió y agredió a Tomás Figueroa con ese cuchillito?
“Test. R. — Yo lo acometí .a Tomás con el cucbillito porque él’ había ofendido en el baile a mi primo Federico y le había roto la camisa.”

La defensa no presentó prueba alguna, quedando el caso sometido por la prueba de El Pueblo.

Se queja el apelante de que la Corte permitiese al Fiscal leer la confesión del acusado, estando el Jurado presente, “Sin que se hubiera presentado prueba ante el Jurado de la supuesta voluntariedad de la confesión.” Y cita en apoyo de su contención nuestras decisiones en Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211, 220 y en Pueblo v. Declet, 65 D.P.R.R. 23, 26.

En Pueblo v. Dones, supra, resolvimos que “cuando las manifestaciones del acusado ofrecidas en evidencia equivalen a una confesión de culpabilidad, el fiscal está obligado a de-mostrar previamente que la confesión fué hecha voluntaria-mente y no bajo la influencia de promesas o de amenazas” y que “cuando las declaraciones del acusado no constituyen una confesión y sí una admisión, el fiscal no está obligado a probar previamente el carácter voluntario de las mismas.”

En Pueblo v. Declet, supra, la única evidencia ofrecida por el fiscal para conectar al acusado con la comisión del delito fué la confesión extrajudicial hecha por el acusado. Al em-pezar el fiscal a probar la.confesión, la defensa se opuso a su admisión mientras no se probase el carácter voluntario de las declaraciones hechas por el acusado. La Corte inferior admitió la confesión sin determinar previamente si en efecto era admisible. Al revocar la sentencia y ordenar la celebra-ción de un nuevo juicio, esta Corte, por voz del Juez Asociado Sr. De Jesús, se expresó así:

“Ya hemos dicho que para que la confesión extrajudicial sea ad-misible es necesario probar que fué hécha voluntariamente. La prueba de la confesión consiste de dos etapas. La primera es función exclusiva del juez. En ésta, al ofrecerse en evidencia la confesión, el juez debe oír la prueba tendente a demostrar si la confesión fué o no voluntariamente hecha. La mejor práctica es que en esta fase del caso el jurado no se halle presente. Si el juez determina como cuestión de derecho que hay prueba suficiente para someter al jurado la cuestión sobre el carácter voluntario de la confesión, permitirá que el jurado oiga dicha prueba, sí es que éste había sido retirado, y des-pués oirá el jurado la prueba sobre la confesión, incumbiendo enton-ces al jurado determinar como cuestión de hecho, si fué o no volunta-riamente hecha. Si creo que no lo fué, es su deber no considerarla. (Citas.) El peso de la prueba sobre el carácter voluntario do la con-fesión, como cuestión de hecho, recae sobre el fiscal.”

La confesión hecha ante un juez municipal en el curso de una investigación tiene carácter extrajudicial. Wharton, Criminal Evidence, (11a. edición, 1935) séc. 586, pág. 967; El Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 343.

Es doctrina establecida por numerosa jurisprudencia que antes de que una confesión extrajudicial pueda ser admitida en evidencia el fiscal debe probar que fué hecha voluntaria-mente. Pueblo v. Declet, supra; 3 Wigmore,. Evidence (3ra. ed., 1940) see. 860, pág. 342; Anotaciones en 102 A.L.R. 605.

Las alegaciones del apelante de que el fiscal leyó la con-fesión al jurado, “sin que se hubiera presentado prueba ante el jurado de la supuesta voluntariedad de la confesión” y que “el jurado no tuvo ante su consideración prueba ninguna sobre el supuesto carácter voluntario de la confesión que fué admitida en evidencia,” no están sostenidas por el récord. La primera declaración del Juez Instructor Marchand fué prestada ante el jurado. Sin objeción alguna por parte del acusado, relató el Juez Marchand cómo, después de oír la declaración del testigo Pedro Marrero, ol acusado le dijo al Juez que él también quería declarar; que antes de tomarle declaración al acusado el Juez le hizo las advertencias legales, diciéndole que podría incriminarse si declaraba y que la de-claración podía ser utilizada en su contra. La declaración prestada por el Juez Marchand ante la corte, en ausencia del jurado, fué prácticamente una repetición de la que ya había prestado ante el jurado y que tendía a demostrar que la con-fesión había sido hecha por el acusado voluntariamente. Des-pués de oír la declaración del acusado tendiente a demostrar que la confesión no había sido hecha voluntariamente, incum-bía a la corte determinar si había prueba suficiente que justi-ficase someter al jurado la cuestión de la voluntariedad de la confesión. La corte, en ausencia del jurado, resolvió que la había. Es cierto que el fiscal no siguió estrictamente la re-gla sentada en el caso de Decid, presentando primeramente ante la corte, en ausencia del jurado y después ante éste la evidencia sobre la voluntariedad de la confesión. Empero, esa desviación del procedimiento en nada perjudicó al acu-sado. Véase Pueblo v. Ortiz, 42 D.P.R. 135 y Anotaciones 'en 148 A.L.R. 546 y 102 A.L.R. 625. Habiendo resuelto la corte, como cuestión preliminar, que la confesión era admisible, no era necesario que se llamase nuevamente al Juez Instructor para que declarase por segunda vez ante el jurado lo que ya había declarado anteriormente en cuanto a la voluntariedad de la confesión. Al solicitar el fiscal permiso para leer al ju-rado la confesión, el acusado se limitó a hacer constar su obje-ción “por entender que dicha declaración no fue prestada vo-luntariamente de acuerdo con la prueba que se le presentó al señor juez.” El acusado pudo y debió ofrecer en ese mo-mento, para ser sometida al jurado, la prueba de que disponía para controvertir la prueba del fiscal. Ni el fiscal ni la corte podían llamar al acusado a declarar, pues éste tiene el dere-cho de abstenerse de prestar declaración. El acusado tuvo una nueva oportunidad para presentar al jurado su- declara-ción en contra de la alegada voluntariedad de la confesión, cuando el fiscal, después de ser admitida la confesión, cerró su caso. No solamente no la aprovechó, sino que anunció que no iba a presentar prueba y que sometía el easo con la misma prueba de El Pueblo. No habiendo hecho uso de su derecho a presentar prueba, el apelante no puede ahora quejarse de que el jurado oyese solamente la prueba demostrativa de la voluntariedad de su confesión.

En el segundo señalamiento se alega que le corte inferior cometió grave error de derecho al denegar parte de las instrucciones adicionales solicitadas por la defensa.

De la transcripción de lás instrucciones dadas por la corto al jurado aparece que al comenzar el juez a instruir al jurado en relación con la confesión admitida en evidencia, el abogado defensor le interrumpió, diciendo: “Si me lo permite vuestro honor queremos hacer constar que hemos presentado un es-crito solicitando una instrucción especial.” Continuó el juez instruyendo al jurado sobre la confesión y terminó diciendo: “La Corte va a conceder parte de esta instrucción sometida por la defensa . . . .” La defensa tomó excepción y el juez continuó diciendo:

“La Corte instruye al jurado que la confesión extrajudicial, para ser admisible, es necesario probar que fué hecha voluntariamente.”

El apelante no se' queja de que se diera al jurado la ins-trucción que acabamos de transcribir y sí de que no se le trasmitiese la parte que alega fué denegada .por la corte. No nos ha colocado el apelante en condiciones de que poda-mos resolver si la corte inferior cometió el error que se le imputa. En ninguna parte del récord encontramos copia del escrito presentado por el acusado solicitando una instrucción especial. No sabemos, pues, qué fué lo que el acusado solicitó y la corte le negó. El apelante se ha limitado a decirnos en su alegato que “las instrucciones adicionales solicitadas por la defensa eran casi una copia fiel y exacta de las palabras dichas por este Hon. Tribunal en el caso de El Pueblo v. Declet.” La palabra “casi”, que aparece en bastardillas, es un adverbio de cantidad que significa cerca de, poco menos de, aproximadamente, con corta diferencia, por poco. Pu-diera suceder que esa corta diferencia entre lo que dijo este Tribunal en el caso de Declet y lo que se decía en la instruc-ción suplicada por la defensa, fuera suficiente para justifi-car la denegación de la instrucción.

El tercer señalamiento se refiere a la resolución de la corte inferior declarando sin lugar la moción de nuevo juicio. La moción se basaba en la alegada comisión de los dos errores que ya liemos discutido. No habiendo sido éstos cometidos, debemos resolver que no erró la corte inferior al negarse a conceder un nuevo juicio.

Hemos hecho un estudio cuidadoso de la prueba y opina-mos que es suficiente para justificar el veredicto y las dos sentencias impuestas al acusado.

Las sentencias recurridas deben ser confirmadas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor de Jesús

license: Public Domain

text:
    Carlos H. Ball, demandante y apelado, v. Margarita Vilá demandada y apelante.
    Núm. 9408.
    Sometido: Mayo 8, 1947.

      Resuelto: Junio 4, 1947.

      Diego 0. Marrero, abogado do la apelante; Juan Enrique Géigel y Guillermo Silva, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito ínó sometido por las alegaciones. Alegó el apelado en su demanda que desde el mes de junio de 1943 es dueño de la casa que describe; que con anterioridad a esa feclia la ocupaba la apelante como inquilina, mediante un alquiler de $80 mensuales y continuó ocupándola en esas con-diciones hasta el 31 de diciembre de 1944; que la apelante continuó pagando ios cánones basta el 8 de marzo de 1944, pero no satisfizo los comprendidos entre esta última fecha . y el 13 de diciembre de 1944, montantes a $813.33, no obs-tante las gestiones de cobro hechas por el apelado. Termina la demanda con súplica de que se dicte sentencia a favor del apelado por la cantidad de $813.33, intereses legales, costas y honorarios de abogado.'

La contestación puede resumirse así:

Al adquirir la casa el apelado continuó la apelante ocu-pándola bajo las mismas condiciones en que la poseía a virtud del contrato de arrendamiento con el anterior dueño, pero eJ 6 de marzo de 1944 el apelado le comunicó, por escrito, que daba por terminado el contrato de arrendamiento a partir del 8 de aquel mes, requiriéndola para que en dicha fecha de-jase la casa a su disposición. Gomo la apelante no la entregó en la fecha indicada, se radicó demanda de desahucio contra ella, siendo desocupada la casa el 13 de diciembre de 1944, pero como el apelado dió por terminado el contrato de arren-damiento el 8 de marzo de 1944, desde esa fecha hasta el 13 de diciembre siguiente, la posesión de la apelante, según ella, fué en precario. Admite ésta que no pagó los alquileres desde el 8 de marzo hasta el 13 de diciembre, pero alega que la falta, de pago se debió a que al darse por terminado el con-trato, no venía obligada a pagar cánones de arrendamiento. No obstante admitir que no pagó tales cánones, niega en su contestación que adeude los $813.33 reclamádosle, ni ninguna otra cantidad.

A base de estas alegaciones, o para ser más exactos, a base de los liecbos expuestos en la contestación, la corte a quo dictó sentencia a favor del apelado por la cantidad re-clamada en su demanda.

La contención de la apelante es que el apelado, no sólo tituló su acción “cobro de dinero”, sí que del contexto de la demanda, claramente se desprende que la acción ejercitada es una en cobro de dinero; que toda vez que el contrato a virtud del cual ella debía pagar $80 mensuales quedó extinguido desde el 8 de marzo de 1944, aunque admite que el apelado tiene derecho a indemnización por el uso de la casa, sostiene, sin embargo, que la acción establecida no va dirigida a reclamar indemnización, sino una cantidad derivada de un contrato que se extinguió desde el 8 de marzo de 1944. Concluye la apelante que no habiéndose establecido la causa de acción que procede, de acuerdo con estos hechos, es decir, la de indemnización de daños y perjuicios, erró la corte inferior al dictar sentencia contra ella.

Basta leer la contestación para advertir que la corte a quo, echando a un lado los viejos formalismos que supedi-taban la obtención de un remedio a que el demandante adop-tase la forma de acción establecida para reclamar su derecho, siguió la tendencia realista de la jurisprudencia moderna y aplicando la Regla 81(b) de Enjuiciamiento Civil,() dictó la sentencia que procedía de acuerdo con las alegaciones. Crédito y Ahorro Ponceño v. Beveraggi, 55 D.P.R. 649, 657. Concedemos que el pacto de pagar $80 mensuales por la casa terminó con el contrato el 8 de marzo de 1944, y que lo que el apelado puede recobrar es el valor razonable del uso de la casa. Pero las partes no sometieron evidencia alguna tendiente a probar que la cantidad de $80 mensuales no fuera el valor razonable de tal uso. Resultando de las alegaciones de una y otra parte que esa era la cantidad que la apelante babía venido pagando a virtud del contrato de arrendamiento con el anterior dueño primero y con el apelado después, la corte estuvo justificada en concluir que $80 mensuales era el valor razonable del uso de'la casa. Abarca Sanfeliz v. Bank of Nova Scotia, 46 D.P.R. 947.

Procede la confirmación de la'sentencia.

      OKegla 81(6) de Enjuiciamiento Civil:
      “Cualquier deíeeto en la denominación do la acción ejercitada o en la sú-plica del remedio solicitado, no será óbice para quo la corte, descartando el' error así cometido, conceda el remedio quo proceda do acuerdo con las, alegaciones y la prueba. ’ ’


author: El Juez Presidente Señor. Travieso

text:
    Amneris Ríos Rodríguez, peticionaria y apelada, Ex Parte; Petra Martínez, opositora y apelante.
    Núm. 9430.
    Sometido: Mayo 1, 1947.

      Resuelto: Junio 6, 1947.

      Ramón G. Goyco, abogado de la apelante; Frank Torres, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor. Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Luis Ríos de Jesús murió intestado en la ciudad de Nueva York, teniendo su último domicilio conocido en la ciudad de Ponee, Puerto Rico, en donde dejó bienes consistentes en una pequeña casa y solar. Su liija, Amneris Ríos Rodríguez, solicitó de la Corte de Distrito de Ponce se le declarara lie-redera universal de los bienes del causante. La corte de-claró únicos y universales herederos del causante a su hija del primer matrimonio Amneris Ríos, la.aquí peticionaria y apelada, y a su viuda del segundo matrimonio Petra Mar-tínez, la aquí opositora apelante, con derecho a la cuota legal usufructuaria, en la proporción que determina la ley. Luego, la peticionaria solicitó que se le nombrase administradora judicial de los bienes ya mencionados. A esta petición se opuso la viuda alegando que la administración judicial no era necesaria; que no la desea ni la pide para evitar gastos al caudal hereditario y que ella gastó una cantidad de dinero en enfermedad, funerales y entierro de su esposo Luis Ríos, la cual le deberá ser devuelta con cargo al caudal hereditario por la administradora que se nombre. Celebrada la vista, la corte nombró a la peticionaria administradora judicial y de esa sentencia apela la opositora para ante este Tribunal alegando como único señalamiento que “la corte inferior cometió error al preterir a la cónyuge viuda en el nombra-miento de administrador judicial, preferencia que le garan-tiza el artículo 564 del Código de Enjuiciamiento Civil, sin causa o motivo justificado alguno, y de un modo caprichoso.”

La cuestión aquí planteada fué considerada por este Tribunal en el caso de Ex Parte Detrés; Ex Parte Alvarez, Núm. 9336, sobre Administración Judicial, resuelto en 29 de mayo de 1947 (ante, pág. 381), en que se ratificó la doctrina establecida en el caso de Díaz v. Cividanes, 23 D.P.R. 847, al efecto de que el artículo 564 del Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, establece una preferencia a favor del cónyuge viudo sobre cualquier otra persona, en cuanto al nombramiento de administrador judicial, a menos que exis-tieran razones tan poderosas que fuera necesario nombrar administrador a otra persona. En el caso de autos, siguiendo la doctrina jra mencionada procedía nombrar a la opositora apelante administradora a menos que hubiesen razones para no hacerlo. De la prueba practicada se desprende que la opositora apelante piensa residir en Puerto Rico; que ha vivido en Nueva York desde el año 1926 hasta el 30 de octu-bre do 1945; que tiene un negocio establecido en Nueva York que consiste en cuidar niños, vender comidas y hacer borda-dos ; que dicho negocio lo atiende una amiga en la actualidad y que vino a Puerto Rico a atender este asunto, ver a su madre y para quedarse aquí. Basándose en esta prueba, la corte a quo llegó a la conclusión de que “la viuda, Petra Ríos, no reside dentro de la jurisdicción del tribunal sino en New York, E. U. de América, y es claro que no podría ella asumir el cargo de administradora de los bienes de su causante y llenar personalmente las obligaciones del cargo impuéstales por la ley de custodiar, guardar y conservar los bienes, rendir las cuentas de su administración y claramente sus funciones como tal no son delegacies. No podría la corte ejercer la alta inspección que le incumbe de vigilar su admi-nistración (Jaca v. Corte, 53 D.P.R. 637), estando ella fuera de esta jurisdicción.”

Esta conclusión está sostenida por la prueba, pues aunque es cierto que la opositora apelante expresó su intención de residir en Puerto Rico, no es menos cierto que, según su propio testimonio, ella ha estado residiendo en Nueva York por espacio de 19 años y tiene su negocio establecido allí. El juez que presidió la vista y ante el cual depuso la opositora, tuvo la oportunidad que no ha tenido este Tribunal, de verla, de observar su manera de declarar y poder así for-mar opinión en cuanto a la credibilidad de su testimonio. El juez sentenciador no le dió crédito a la declaración de la opo-sitora en cuanto a su intención de residir en Puerto Eico. Por el contrario, concluyó, que habiendo vivido en Nueva York, por tanto tiempo; teniendo su negocio allí establecido y habiendo declarado ella misma que había venido a Puerto Eico a “atender este asunto,” su residencia seguiría siendo en Nueva York. Siendo esto así, no podría la corte a quó nombrar al cónyuge viudo porque éste no podía ejercer las funciones de su cargo de administrador debidamente como requiere la ley. Es ésta una razón poderoza para no conce-der la preferencia en favor del cónyuge viudo establecida por el artículo 564, supra.

La sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Marrero

text:
    Juan A. Monagas, etc., peticionarios, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Rodolfo Ramírez Pabón, Juez, demandada; Neftalí Vidal, interventor.
    Núm. 1699.
    Sometido: Abril 11, 1947.

      Resuelto: Junio 6, 1947.

      José Sabater, abogado de los peticionarios; Juan Alemaríy Sosa, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

En la petición do certiorari que está ante nuestra conside-ración se alega sustancialmente (1) que en el caso seguido por Neftalí Vidal y Garrastazú contra los peticionarios, so-bre liquidación de sociedad y otros extremos, se dictó sen-tencia por la Corte de Distrito de Mayagüez en 8 de diciem-bre de 1944 declarando con lugar la demanda, que de ella apelaron los peticionarios para ante este Tribunal Supremo y que la misma fue confirmada por sentencia dictada en 12 de noviembre de 1946 ^) (2) que los peticionarios solicita-ron de este Tribunal retuviera el mandato y les concediera un término para radicar moción de reconsideración, la que fué presentada el 9 de diciembre de 1946; (3) que esta Corte estuvo considerando dicha moción hasta que la declaró sin lugar en 24 de febrero de 1947; (4) que esta última resolu-ción fue notificada al abogado de los peticionarios el 26 de febrero y al día siguiente ellos radicaron ante este Tribunal todos los papeles relativos a la apelación de la sentencia, prestaron la fianza de costas montante a $250 y además soli-citaron que todos los procedimientos fueran suspendidos y paralizados hasta que la corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito resolviera la apelación, y que se fijara al efecto la correspondiente fianza de supersedeas; (5) que así las cosas el mismo día 27 de febrero el allí demandante Neftalí Vidal presentó ante la Corte de Distrito de Mayagüez una moción para que se nom-bre un síndico que se incaute de los bienes de la sociedad Mo-nagas & Vidal, entre ellos de la Hacienda Belvedere, y los ad-ministre de acuerdo con las órdenes que dé la corte inferior para beneficio de dicha sociedad hasta que la misma sea li-quidada y los bienes sean divididos entre sus socios; (6) que la Corte de Distrito de Mayagüez señaló el 4 de marzo de 1947, a las 9.-a. m. para oír a las partes y en dicho día com-parecieron los peticionarios y radicaron una oposición a la solicitud sobre nombramiento de síndico, alegando que la corte de distrito carecía de jurisdicción para nombrar el mismo; (7) que sometida a la corte inferior la cuestión de falta de jurisdicción para nombrar un síndico en dicho caso y a pesar de que el mandato está retenido en este Tribunal la Corte de Distrito de Mayagüez manifestó en corte abierta que procedería a considerar y resolver la cuestión de juris-dicción y que si declaraba sin lugar la oposición de los peti-cionarios, señalaría el día 6 de marzo para oír la prueba cou respecto al nombramiento del síndico, y que efectivamente en la tarde del 4 de marzo de 1947, el secretario de la corte inferior notificó al abogado de los peticionarios que la Corte de Distrito de Mayagüez había declarado sin lugar la cuestión de jurisdicción planteádale.

Luego de alegarse en los dos párrafos subsiguientes que la corte inferior carece de jurisdicción y la razón por la cual acuden ante este Tribunal, los peticionarios solicitaron la expedición de un auto de certiorari y que en definitiva se anule la resolución de 4 do marzo del año en curso a que ya se ha hecho referencia.

El auto interesado fue expedido por nosotros y después de notificarse a la corte recurrida y a la parte demandante en el pleito principal, la vista del mismo tuvo lugar en 11 do abril del presente año, quedando el recurso sometido enton-ces a nuestra consideración. En la contestación del inter-ventor Neftalí Vidal se aceptan algunos hechos de la petición, se niegan otros y se sostiene entre otras cosas que como el contrato de arrendamiento de la Hacienda Belvedere está próximo a vencer los aquí peticionarios tienen abandonados los retoños de las cañas allí sembrados y lio hacen obra de cultivo en los mismos, lo que ocasionará que éstos se pierdan en su.totalidad.

Antes de proseguir es conveniente hacer constar que la fianza de supersedeas- a que se hace referencia en la petición de certiorari fue prestada por los aquí peticionarios con fe-cha 29 de marzo y que la misma quedó definitivamente apro-bada por este Tribunal en 22 del pasado mes.

La cuestión fundamental a decidirse en este recurso es, conforme se habrá notado, si habiendo los ciernan-dados, aquí peticionarios, apelado de la sentencia dictada por nosotros para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito y prestado en su oportunidad una fianza de supersedeas por la suma fijada por este Tribunal, y habiéndose aprobado por nosotros dicha fianza la Corte de Distrito de Mayagiiez tiene jurisdicción para proceder al nombramiento de un síndico.

La fianza de supersedeas prestada por los peticionarios y aprobada por este Tribunal está autorizada por el inciso 4 de la Regla 10 de las promulgadas por la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Cir-cuito, con efectividad a partir del 20 de septiembre do 1940. Ese inciso reza en lo pertinente así:

“4. Fianza de Supersedeas. Guando un apelante con derecho para ello desee, que se suspendan los procedimientos mientras se tra-mita la apelación, él puede presentar ante esta corte o ante la corte inferior para su aprobación una fianza de supersedeas, la que tendrá el fiador o los fiadores que la corte exija. La fianza tendrá como condición el pago de la sentencia en su totalidad, junto con las costas, intereses y daños ocasionados por la demora, si por cualquier motivo la apelación es desestimada o si la sentencia os confirmada, así como el pago total de la sentencia modificada, y las costas, intereses y daños que esta corte pueda decretar o conceder. Cuando la senten-cia es una que puede hacerse efectiva en dinero y la misma no esté garantizada en alguna otra forma, la cuantía do la fianza se fijará en una suma que cubra el monto total de la sentencia que permanezca insoluta, más las costas de la apelación, intereses y daños ocasionados por 'la demora, a menos que esta corte o la corte inferior, luego de notificar y oír a las partes, fije por justa causa demostrada una suma diferente o determine que se preste una garantía distinta a la fianza. ...”

En el recurso de autos la fianza de supersedeas se fijó en la suma de $150,000 y por esa cantidad fue prestada por los peticionarios y aprobada por este Tribunal. De acuerdo con el contexto del inciso 4 de la Bogla 10 dicha fianza res-ponderá de la cuantía total de la sentencia, así como de las costas, intereses y daños ocasionados por la demora. La fra-seología de la fianza prestada, que lo fné parcialmente me-diante obligación personal suscrita por varios fiadores y par-cialmente a virtud de fianza hipotecaria sobre la propia Hacienda Belvedere, sigue substancialmente los términos de la ya mencionada Regla 10.

Debemos decir de paso que las tantas veces citada Regla 10 en su inciso 4 no es otra cosa que una copia, casi literal de la Regla 73(d) de las de Procedimiento Federal. En re-lación con esta última regla no fiemos encontrado ningún caso específico que sea idéntico al que nos ocupa, ni ningún comentario sobre una cuestión similar a la aquí envuelta. Sin embargo, fiemos hallado un caso muy parecido al pre-sente. Éste lo es el de Gardner et al. v. Continental Ins. Co. (Ky. 1907) 101 S.W. 911. Los hechos en él envueltos fueron los siguientes: Entre las partes litigantes existía un con-trato de seguros y la apelada trató de ejecutar una deuda hipotecaria sobre una finca do 100 acres perteneciente a la apelante. La corte inferior dictó sentencia a favor de aqué-lla de acuerdo con la súplica de la demanda. Se apeló de la sentencia y la misma fué revocada, ordenándose la devolu-ción del caso con instrucciones a la corte inferior de deses-timar el recurso. Al apelarse nuevamente la apelante prestó una fianza de supersedeas y no obstante ésta, la corte inferior mediante orden dictada a instancias de la apelada, y por sobro la objeción de la apelante, puso la finca, en controversia en manos de un síndico y dió a éste instrucciones de cederla en arrendamiento y de retener las rentas sujetas a las órde-nes de la- corte. A virtud de una orden para ínostrar causa, librada a petición de la apelante, el tribunal superior exigió del síndico que entregara ]a posesión del terreno. La única cuestión presentada por el recurso, según se hizo constar, fue si la corte inferior tenía autoridad para poner la finca de la apelante en manos de un síndico y para privarle del uso do ella mientras la apelación estaba pendiente y mientras la sentencia apelada estaba en suspenso a virtud de la fianza de supersedeas.

La Corte de Apelaciones de Kentucky al resolver el caso sé expresó así:

“Evidentemente, la corte inferior carecía de autoridad para dictar la orden a que nos liemos referido. El art. 752 del Código de En-juiciamiento Civil define ‘supersedeas’ como un mandamiento escrito firmado por el secretario ordenando a la parte apelada y a cuales-quiera otras personas que suspendan los procedimientos objeto de la sentencia u orden recurridas. El efecto de un supersedeas, es suspender todos los procedimientos en el recurso a que la sentencia se contrae. ‘Una fianza de supersedeas suspende la eficacia de la sen-tencia, mas no tiene el efecto, como ocurre con una revocación, de anular la sentencia en sí. Su objeto y efecto son suspender los proce-dimientos futuros y no deshacer lo que ya se ha hecho. Ella no tiene efecto retroactivo, de tal forma que prive a la sentencia de su eficacia y autoridad desdo el principio, sino que meramente los sus-pende mientras la misma tiene de por sí eficacia. Una consecuencia de esto es que todo aquello que se haga a virtud de la sentencia, mientras ésta está suspendida, por realizarse en ausencia de autori-dad de la sentencia, la que carece entonces de eficacia, y en contra de la autoridad y del mandato del supersedeas, debe ser dejado sin efecto por haberse llevado a cabo indebida e irregularmente; mas todo aquello que se realiza de acuerdo con la sentencia antes de em-pezar a regir la fianza de supersedeas debe ser sostenido por la auto-ridad de la sentencia, siempre que no sea alcanzada por los efectos de aquélla.’ (Citas).”

Otros casos que se expresan en forma similar a como lo hace el de Gardner v. Continental Ins. Co., supra, respectó al alcance de una fianza de supersedeas son los siguientes: Powell v. Florida Land & Improvement Co., 26 So. 700, 41 Fla. 494; Sena v. District Court, 240 Pac. 202, 204, 30 New Mexico 505; State v. Small, 90 Pac. 1110, 1111, 49 Or. 595; U. S. Fidelity & Guaranty Co. v. Jones, 111 S. W. 298 y Hall v. Smith-McKenney Co., 172 S.W. 125.

Cuando la Corte de Distrito de Mayag-üez dictó su reso-lución en marzo 4 del año en curso, la fianza de supersedeas no había sido aún prestada por los peticionarios ni apro-bada por nosotros. Para aquel entonces dicha corte tenía jurisdicción para conocer del asunto que se presentó a su con-sideración. Sin embargo, desde el día en que aprobamos la referida fianza su jurisdicción cesó.

Habiendo llegado a la conclusión de que una vez aprobada la fianza de supersedeas prestada por los aquí peticionarios la Corte de Distrito de Mayagüez perdió su jurisdicción para designar un síndico en este caso, creemos muy conveniente, a fin de evitar multiplicidad de procedimientos, () hacer cons-tar nuestro criterio sobre ol estado actual de las cosas, a saber: Hasta tanto la sentencia que se dicte en el caso sobre liquidación do sociedad, etc., resulte firme e inapelable los peticionarios continúan siendo los dueños de la Hacienda Belvedere; siguen siendo los arrendadores en cualquier con-trato do arrendamiento que pudiera existir sobre dicha Hacienda. al momento de dictarse nuestra sentencia; son los llamados a recibir la entrega de la citada Hacienda a la ex-piración de cualquier contrato de arrendamiento, y son las personas autorizadas para celebrar, como dueños de dicha propiedad, cualesquiera nuevos contratos de arrendamiento, sujetos éstos a los efectos de cualquier anotación de lis pen-dens que pudiera haber en el Registro.

Debe, anularse, la resolución dictada por la Corte de Dis- . frito de Mayagüez con fecha 4 de marzo de 1947 en el caso civil número 4545 de dicha corte.

        (1)Vidal v. Monagas, 66 D.P.R. 622. Cf. Vidal v. Monagas, 60 D.P.R. 783.

      (2)Con motivo do actuad onos de la Corto de Distrito do Mayagiiez después de liaberso apelado para ante la Corto do Cireuito de Apelaciones de los Estados Unidos para ol Primor Cireuito de la sentencia dictada por nosotros en "el oaso número 9240 do este Tribunal (4545 do dielia Corte do Distrito), Vidal v. Monagos. ya so han radicado ante nos el Auto Inhibitorio número 96, Monagas v. Ramírez- Pabón, Juez, y el Certiorari número 1710, Monagos v. Corte de Distrito de Mayagüez.


author: ]{¡l Juez Asociado Señor Marrero

text:
    Cámara de Comercio de Puerto Rico, peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 102.
    Sometido: Mayo 9, 1947.

      Resuelto: Junio 9, 1947.

      Luis Villaronga, abogado de la peticionaria; Ilon. Procurador General Luis Negrón Fernández j Elmer Toro Lucchetii, Procura- . dor General Auxiliar, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   ]{¡l Juez Asociado Señor Marrero

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión a ser determinada .en este recurso es si la peticionaria Cámara de Comercio de Puerto Rico viene obligada o no a pagar contribuciones sobro el edificio de su propiedad situado en la callo Tetuán de esta ciudad. Según la prueba aportada ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico el referido edificio fue adquirido por la peticio-naria en 23 de junio de 1939. El Tesorero insiste en que toda vez que la planta baja del mismo lia sido cedida en arrenda-miento casi en su totalidad a tres entidades distintas y éstas pagan cánones de arrendamiento por el uso ele sus respec-tivos locales, la Cámara de Comercio de Puerto Rico no puede acogerse a la exención contributiva a que bace referencia el artículo 291(e) del Código Político de Puerto Rico.

La peticionaria solicitó reconsideración de la imposición contributiva notificádale por el Tesorero de Puerto Rico y al ser denegada la reconsideración ella acudió al Tribunal de Contribuciones. Este declaró- sin lugar la querella y contra la resolución dictada ella instó el presente recurso.

El artículo 291(c) del Código Político, según fue enmendado por la Ley núm. 12 de 23 ele agosto de 1933 (Primera Legislatura Extraordinaria, pág. 73), reza en lo pertinente así:

“Art. 291. — Estarán exentas de tributación para la imposición de contribuciones las propiedades siguientes:
“ (e) . . . . todo edificio, incluyendo el equipo y mobiliario den-tro del mismo, que sea propiedad absoluta de una asociación que no tenga por objeto un beneficio pecuniario, y que sea utilizado y desti-nado exclusiva y totalmente, para organizaciones del trabajo, centro de recreo, esparcimiento y cultura y trato social y que mantenga per-manentemente un gabinete de lectura de periódicos, magazines y fo-lletos y de prensa ilustrada en general, así nacional como extran-jera; . . . siempre que tales terrenos y edificios no sean arrendados ni utilizados de otra manera con el fin de que produzcan un beneficio pecuniario, ya al arrendador ya al arrendatario.”

A los fines de esta opinión admitiremos que' la Cámara de Comercio es una asociación que 110 tiene por objeto un be-neficio pecuniario y que ella es dueña de un edificio utilizado y ■destinado parcialmente para organizaciones del trabajo, cen-tro de recreo, esparcimiento y cultura y trato social y que mantiene allí permanentemente un gabinete de lectura de periódicos, magazines y folletos y de prensa ilustrada en general, así nacional como extranjera. Es decir a los filies de esta opinión estamos dando por sentado que la Cámara de Comercio cumple estrictamente con el contexto citado del artículo 291(e) del Código Político, a excepción de aquella parte del mismo que provee que el edificio lia de ser utilizado y destinado exclusiva y totalmente para los propósitos allí indicados.

Las exenciones contributivas deben siempre interpretarse restrictivamente en contra de la persona o personas que ale-gan tener derecho a la exención. National Hats Co. v. Sancho, Tes., 65 D.P.R. 241, 244; Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914, 918’y casos en ellos citados.

En el artículo 291(e) se provee de manera palmaria y taxativa que para que el edificio perteneciente a una as'otña-ción que no tenga por objeto un beneficio pecuniario pueda disfrutar de la exención, en adición a cumplirse con los de-más requisitos allí mencionados, lia de ser destinado exclusiva y totalmente para los fines allí determinados. Conforme se lia visto, el artículo termina proveyendo que la exención se disfrutará “siempre que tales terrenos y edificios no sean arrendados ni utilizados de otra manera con el fin de que pro-duzcan un beneficio pecuniario, ya al arrendador ya al arren-datario.”

En el caso que está ante nuestra consideración, dada la prueba aducida por la propia peticionaria, demostrativa de que la planta baja de su edificio está alquilada a tres enti-dades, distintas y de que éstas pagan cánones de arrenda-mientos ascendentes en total a $265 mensuales, no estamos convencidos de que dicho edificio sea exclusiva y totalmente utilizado para 'los fines indicados en el estatuto, así como tampoco do que dicho edificio al ser arrendado no produce un beneficio pecuniario, ya al arrendador ya al arrendatario.

Las palabras exclusivamente y totalmente han sido defi-nidas por el Diccionario de la Lengua Española, Décima,sexta Edición, 1939, del modo siguiente:

“Exclusivamente. Adv. m. Con exclusión, sola, únicamente.” (Pág. 575).
“Totalmente, adv. m. Enteramente, del todo.” (Pág. 1234.)

En el texto inglés del referido artículo se usan las pala-bras “exclusively and wholly” como equivalentes de exclu-siva y totalmente.

Sin detenernos a determinar cuál de los dos idiomas debe prevalecer en este caso() expondremos, sin embargo, la in-terpretación que a las dos palabras arriba mencionadas del idioma inglés le han dado las cortes del continente.

En People v. Lawler, 77 N.Y.S. 840, 842, 74 App. Div. 553, 557, se dice:

“El adverbio ‘exclusively’ es definido por los lexicógrafos como que significa con exclusión de todos los demás; sin admitir que otros participen. ’ ’

La palabra “wholly” es considerada como sinónima de “exclusively”, y definida como “con exclusión de todos los demás.” Commonwealth v. City of Richmond, 81 S.E. 69, 73, 116 Va. 69.

Véanse también los casos de Memphis Chamber of Commerce v. City of Memphis, (Tenn. 1921) 232 S.W. 73 y B.P. O.E. Lodge No. 151 v. City of Houston, (Tex. 1931) 44 S. W.2d 488.

No sólo opinamos que el edificio de la Cámara de Comer-cio no es utilizado y destinado exclusiva y totalmente a los fines a que hace referencia el estatuto, sino que además cree-mos que al arrendarse la planta baja del mismo en la forma que ya hemos mencionado se está obteniendo un beneficio pe-cuniario por la arrendadora. El hecho de que el producto total de las rentas se 'utilice por la peticionaria para amorti-zar la deuda que pesa sobre el edificio no altera en absoluto la situación. Al no cumplirse estrictamente con eb estatuto, es claro que la Cámara de Comercio de Puerto Pico no tiene derecho a disfrutar de la exención contributiva provista por el referido artículo.

Insiste por otra parte la peticionaria en que en el supuesto de que se resuelva que a virtud del arrendamiento de la planta baja ella no tiene derecho a una exención total debe concedérsele entonces por lo menos exención sobre el solar y sobre la parte del edificio por ella ocupado. Si bien es verdad que esto puede hacerse cuando el estatuto así lo autoriza y que en algunos Estados ello se ha hecho en casos en que no hay una prohibición expresa, sin embargo en Puerto Sico tenemos el artículo 290 del Códig’o Político que dispone “Que toda propiedad no exenta expresamente del pago de contribuciones será tasada como imponible.” A virtud de ese precepto claro de ley no es posible acceder a lo solicitado.

En el presente caso la Cámara de Comercio acudió al Tribunal de Contribuciones sin pagar total o parcialmente la contribución exigídale. Artículo 309 del Código Político. Más tarde, cuando el Tribunal de Contribuciones denegó su querella, pagó la totalidad de la contribución bajo protesta y acudió ante nos mediante el recurso de certiorari provisto por la sección 5 de la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943 (págs. 601, 609). A fin de evitar erróneas interpretaciones, creemos nuestro deber hacer constar que en materia de contribuciones sobre la propiedad los contribuyentes que deseen apelar ante este Tribunal por certiorari no necesitan pagar bajo protesta el importe de la contribución determinada por el Tribunal de Contribuciones. Decimos esto debido a que en el caso de Island Needlework v. Tribunal de Contribuciones, 65 D. P. R. 723, 725, por inadvertencia dijimos . para que la contribuyente pudiese conocer con certeza la cantidad exacta quo de acuerdo con la ley estaba obligada a pagar bajo protesta como requisito previo para poder instar el recurso de revisión ante esta Corte.” Al así expresarnos pasamos por alto que allí sé trataba de un caso de contribuciones so- • bre la propiedad. No obstante, lo que a ese respecto manifestamos es aplicable a casos, de contribuciones sobre ingresos. En ellos hay que pagar la totalidad de la deficiencia determinada por el Tribunal de Contribuciones y si se desea apelar para ante nos de la resolución dictada por éste, de-berá protestarse la parte con la cual no se estuviere conforme y cumplirse con los otros requisitos especificados en la ley. Artículo 76 de la Ley núm. 74 de 6 de agosto de 1925 (pág. 401), según fue enmendado por la Ley núm. 23 de 21 de no-viembre de 1941 (Sesión Extraordinaria, págs. 73, 89).

Debe confirmarse la resolución recurrida.

      C1)Véase Ley núm. 8 de 12 de noviembre de 1917 (Vol. II, pág. 211)


author: El- Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Sucesión de Francisco Marcos Purón, interventora.
    Núm. 133.

    Sometido: Mayo 1, 1947.

      Resuelto: Junio 11, 1947.

      Han. Procitrador General Luis Negrón Fernández y Elmer Toro Tñicchctti, Procurador General Auxiliar, abogados del peticiona-rio; B. Díaz Collazo, abogado de ia interventora, querellante en el pleito principal.
   El- Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Entre varias deficiencias notificadas por el Tesorero de Puerto Rico a la Sucesión de Francisco Marcos Purón, en la contribución sobre ingresos por los años .1936, 1940 y 1941, se bailaban las partidas que por concepto de depreciación de sus casas liabía reclamado la contribuyente como deduc-ción loor cada uno de dichos años. El Tesorero rechazó dichas partidas por el fundamento do que las mismas no apa-recían anotadas (charged-off) en los libros de la Sucesión. Llevado el caso ante el Tribunal de Contribuciones, dictó éste su resolución concediendo a la contribuyente el derecho a re-clamar por la depreciación de sus casas por los años 1936 y 1940. El Tesorero instó el presente recurso, alegando que el Tribunal de Contribuciones erró: (a) al resolver que la contribuyente podía deducir la depredación ocurrida en sus casas, sin haberla anotado en sus libros; y (b) al resolver que la sección 16(a)(8) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, enmendada por la Ley núm. 31 de 1941 ((1) pág. 479), no tenía efecto retroactivo al año 1940, no obstante la disposición expresa de la ley enmendatoria en el sentido de que la enmienda'tendría efecto retroactivo al 1ro. de enero de 1940, en contra de lo resuelto en Ballester v. Tribunal de Apelación, 61 D.P.R. 474, 505.

La primera cuestión levantada por el Tesorero recurrente, o sea si un contribuyente tiene derecho a la deducción que por depreciación de su propiedad le concede la sección 16(a)(8) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, tal y como rigió hasta que fué enmendada por la Ley núm. 31 de 12 de abril de 1941, no obstante no haber cargado dicha partida en sus libros, fué resuelta por esta Corte Suprema en contra de la contención del Tesorero en Loíza Sugar Company v. Domenech, Tesorero, 44 D.P.R. 556 (1933) y recientemente en Collazo de Calaf v. Tesorero, ante, pág-. 66.

E11 el caso ele autos el Tesorero admitió que las propie-dades de la contribuyente habían sufrido depreciación du-rante los años 1936 y 1940 y que las cantidades reclamadas por tal concepto eran razonables. De conformidad con las decisiones que hemos citado, no erró el Tribunal de Contri-buciones al resolver que la contribuyente tenía derecho a la deducción solicitada por el año 1936.

La sección 16(a)(8) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, antes de ser enmendada por la Ley núm. 31 de 1941, no exigía como requisito para poder reclamar la deducción por el agotamiento, desgaste y deterioro de la propiedad, la anotación del importe de la depreciación en los libros de contabilidad del contribuyente. Ese requisito fue establecido por el Reglamento promulgado por el Tesorero.

La Ley núm. 31 de 1941 enmienda la sección 16(a)(8) de la Ley () al efecto de exigir, como requisito previo para que el Tesorero pueda conceder la deducción, que el importe de la depreciación sea consignado en los libros de contabilidad de la contribuyente. Sin el cumplimiento previo de ese re-quisito el Tesorero carece de autoridad para conceder deduc-ciones por depreciación.

La Ley núm. 31, aprobada el 12 de abril de 1941, dis-pone () que la misma tendrá efecto retroactivo al 1ro. de enero de 1940. ¿Erró el Tribunal de Contribuciones al ne-garse a aplicar, retroactivamente, las disposiciones de la sección 16(a)(8) en su forma enmendada, a la depreciación reclamada por el año 1940? He aquí los fundamentos de la resolución recurrida:

‘'Nótese que la mencionada Ley 31, supra, no íué aprobada basta el 12 de abril de 1941. Para dicha fecha ya las planillas correspon-dientes al año civil 1940 habían sido radicadas y la contribución pagada. Las transacciones para ese año estaban- ya consumadas y los libros, si algunos llevaba la apelante, habían sido cerrados. La ci-tada Ley 31, supra, dice que la misma tendría efecto retroactivo a partir del 1ro. de enero de 1940. Pero la contribuyente actuó, du-rante todo dicho año de 1940, presumiblemente, al amparo de la ley 'tal y como rigió hasta la terminación de dicho período contributivo y hasta que rindió su planilla y efectuó el pago del impuesto. No pudo haber sido la intención del legislador que dicha enmienda tuviese efecto retrospectivo para cubrir una situación de hecho y de derecho como la que hemos descrito. En vista de ello, creemos que el Te-sorero erró al no permitir la deducción que la recurrente reclamara en concepto de depreciación de las casas que producen rentas para el año civil de 1940 en la suma ele $4,884.50. Véase caso Loíza Sugar v. Domenech, Tesorero, supra.

La resolución recurrida es correcta y debe ser confirmada. Es cierto que en Ballester v. Tribunal de Contribuciones, 61 D.P.R. 474, 500, en que estaba envuelta la cuestión sobre el efecto retroactivo de la citada Ley número 31 de 1941, sos-tuvimos la validez; de la ley en cuanto imponía retroactiva-mente una contribución sobre todos los ingresos del año 1940, a posar de que la contribución sobre dichos ingresos había sido pagada con anterioridad a la fecha de la aprobación de dicha ley; y, además, que la legislatura tiene poder para li-mitar o negar deducciones del ingreso bruto para computar el ingreso neto sobre el cual quiere imponer la contribución. Véanse: Helvering v. Ind. Life Ins. Co., 292 U.S. 371-81; Welch v. Henry, 305 U.S. 134; y Wisconsin v. J. C. Penney Co., 311 U.S. 435-42. Empero, en el presente caso no se trata del -aumento, con efecto retroactivo, del tipo contributivo, ni de limitar o negar retroactivamente deducciones autoriza-das por la ley anterior a la ley enmendatoria. La Ley de 1941 reconoce el derecho del contribuyente a solicitar una concesión razonable por la depreciación de la propiedad usada en el negocio o industria, e impone como única condi-ción que el contribuyente que lleve libros deberá hacer cons-tar en ellos el importe do'la depreciación sufrida durante el año contributivo. Convenimos con el Tribunal de Contri-buciones en que la intención de la Legislatura no pudo haber sido dar a la ley de 1941 efecto retrospectivo para hacerla aplicable a una situación como la del caso de autos. Véase también Central Aguirre v. Tribunal de Contribucíones, 64 D.P.R 268.

La decisión- recurrida será confirmada.

      (x)11 Sección 16.— (a) Ai computar el ingreso neto se admitirán como de-ducciones :
      "(8) Una concesión razonable por ol agotamiento, desgaste o deterioro do propiedad usada en la industria o negocio incluyendo una concesión razonable por propiedad obsoleta.* Disponiéndose, que no se concederá deducción alguna en virtud de agotamiento, desgaste, deterioro o depreciación de tal propiedad a menos- que el agotamiento, desgaste, deterioro o depreciación, conste o se con-signe en los libros del contribuyente como sufrida, en aquellos casos en que ol contribuyente Heve libros, durante el año contributivo. Disponiéndose, que le anterior no implica que el Tesorero quede obligado a aceptar las partidas con-signadas en los libros de los contribuyentes 011 tal concepto; ...”

      (2)“ Sección 29. — Por la presente so declara que existe una necesidad y emergencia para la retroactividad do la presente Ley, y empezará a regir a los noventa (90) días después de su aprobación la que tendrá efecto a contar del día 1 de enero de 1940.”


author: El Juez Asociado Señor Sxyder

text:
    Juan Cabrer Llull, demandante y apelado, v. Marina Pietri Troche, demandada y apelante.
    Núm. 9523.
    Sometido: Mayo 26, 1947.

      Resuelto: Junio 11, 1947.

      Agustín E. Font, abogado de la apelante; Leopoldo Tormos García, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Sxyder

emitió la opinión del tribunal.

La demandada apela de una sentencia concediéndole el divorcio al demandante por la causal de separación ininte-rrumpida por un período de más de tres años. Ley núm. 62, Leyes de P. R, 1942 ((1) pág. 583), para enmendar el artículo 96 del Código Civil. El único punto suscitado en la apela-ción de la esposa es si, como cuestión de derecho, los hechos incontrovertidos de este caso constituyen la separación inin-terrumpida por más de tres años.

Las partes se casaron en 1917 y procrearon tres hijos, todos mayores de 2.1 años en la actualidad. El demandante vivió en Ponce con su esposa e hijos hasta septiembre de 1941. Para aquel entonces se mudó a una casa distinta situada en otra calle de la misma ciudad, permaneciendo su esposa e hi-jos en la primera casa. Luegó, el demandante continuó yendo a la casa donde vivía la demandada, con el An de almorzar con ella y con sus hijos. Continuó haciendo esto hasta el 27 fie mayo de 1945, cuando dejó de ir a la casa de su esposa.

En 1942 el demandante acompañó a ésta hasta Iíumacao donde, junto a los padres de la novia, hicieron arregios para el matrimonio de su hijo Agustín. Posteriormente, asistió en compañía de la demandada, al bautismo del primogénito de Agustín. En 1943 hizo un viaje de ida y vuelta a Huma-cao, en su automóvil, en compañía de su esposa, para ver a su hijo Agustín cuando éste regresó de operaciones en el Pa-cífico con las Fuerzas Armadas. Efectuó el mismo viaje a Humacao, también con la demandanda, cuando nació la hija de Agustín y cuando ésta fué bautizada en 1945. En esta última ocasión, el demandante y la demandada se retrataron juntos con un grupo de familiares y amigos.

El demandante y la demandada expidieron juntos las in-vitaciones para las bodas de su hija, las que se celebraron el 31 de marzo de 1945 en la residencia de la esposa. Él ayudó en los preparativos de la casa, acompañó a su hija hasta el altar y junto a la demandada y a otros familiares, y en calidad de jefe de familia, atendió a los invitados en la recepción que se efectuó en la casa de su esposa.

Entre 1941, cuando el demandante se mudó a una casa distinta y julio 26 de 1945, cuando radicó esta demanda, éste había estado presente en fiestas informales (cocktail parties) dadas por su hija Marina y en cumpleaños y onomásticos de sus hijos, celebradas en casa de la demandada. Sin embargo, después de 1941, el demandante y su esposa nunca salieron juntos para asistir a actos sociales con excepción de los viajes a Humacao antes mencionados.

El demandante nunca pasó una noche en casa de la de-mandada después de 1941. Siempre durmió,"y con excepción del almuerzo, comió en su casa, donde tenía su ropa y donde los doctores le atendían cuando se enfermaba. Nunca tuvo relaciones sexuales con la demandada después de haberse mudado a su residencia separada en 1941.

Al conceder el divorcio la corte inferior resolvió que la separación contemplada por el estatuto empezó en 1941, cuando el demandante se mudó a una casa distinta, siendo dicha separación ininterrumpida por más de tres años cuando se radicó la demanda en 1945. La demandada, sin embargo, alega que la separación empezó el 27 de mayo de 1945, cuando el demandante dejó de ir a almorzar a su casa y que el período-do tres años de separación no había por tanto transcurrido cuando se radicó la demanda en este caso, dos meses después de dicha fecha.

No tenemos que decidir en este .caso si el hecho de que un esposo tenga una residencia distinta sería suficiente para constituir la separación de acuerdo con nuestro estatuto, si no obstante ello las partes han continuado sus relaciones sexuales. Cf. McClure v. McClure, 172 S. W.2d 243 (Ark., 1943); Reilly v. Reilly, 190 A. 476 (R. I., 1937); Schouler, Divorce 21 Manual (Warren), págs. 181.-82.

Tampoco tenemos que determinar aquí si un esposotiene derecho al divorcio por la causal de separación si no-ha tenido relaciones sexuales con su esposa por más de tres años, pero lia continuado viviendo en la misma casa con ella durante dicho período. Cf. Boyce v. Boyce, 153 F.2d 229 (U.S.C.A.D.C., 1946); Dudley v. Dudley, 33 S. E.2d 489 (N. C., 1945); Christiansen v. Christiansen, 28 A.2d 745 (R. I., 1942); McDaniel v. McDaniel, 165 S. W.2d 966 (Ky., 1942); McNary v. McNary, 111 P.2d 760 (Wash., 1941); Singleton v. Rogers, 106 So. 781 (La., 1926), y casos allí citados; Gates v. Gates, 232 S. W. 378 (Ky., 1921); Stewart v. Stewart, 122 A. 778 (R. I., 1923); Schouler, supra.

De igual manera aquí no nos confrontamos con la situación donde el demandante, según las apariencias externas, continuó viviendo en la misma casa con su esposa, mientras que, como cuestión de hecho, mantenía subrepticiamente una casa distinta. Aquí, contrario a lo que hizo el esposo en Bockman v. Bockman, 165 S. W.2d 256 (Ark., 1942), el demandante rompió definitivamente con su esposa en 1941 Cf. Byers v. Byers, 22 S. E.2d 902 (N. C., 1942). T una vez hecho esto vivió separado de ella pública y notoriamente. La prueba demuestra que esto oi*a del conocimiento de sus vecinos, de sus sirvientes, empleados del negocio, de su médico, su familia y de la comunidad en general. En verdad, si algo se le ocultó al público fue el hecho de que se reunía con su esposa e hijos diariamente para almorzar, ya que entraba a la casa de la demandada por una entrada privada en !a parte posterior do la casa y permanecía en la terraza trasera donde, nadie lo podía ver.

En el artículo 96 no encontramos nada que exija que ade-más de vivir públicamente separados y no sostener relaciones sexuales, el marido y la mujer tengan que convertirse en ene-migos y negarse a verse o a hablarse entre sí. Por el con-trario, tienen derecho a separarse en tonos cordiales y a permanecer siendo amigos. Es más, sus encuentros esporá-dicos deben ser estimulados en la esperanza de que se recon-cilien, Ayala v. Ayala, 162 So. 59 (La., 1935).

Además, cuando como ocurre en-este caso, el matrimonio procrea hijos, el esposo tiene ciertos derechos y deberes hacia ellos. Solamente mediante la asociación con sus hijos, puede el padre cumplir a cabalidad con estos deberes y disfrutar de los privilegios inherentes a su condición de tal. La prueba demuestra que fue precisamente debido a su deseo de almor-zar con sus hijos, que él iba a la casa de su esposa durante ese tiempo. Y al casarse su hija Marina en 1945, dejó de ir a almorzar a la casa. Asimismo,- el hecho de que en unión a su esposa cursara invitaciones para el matrimonio de su hija y asistiera a ciertos actos sociales relacionados con sus hijos, sólo demuestra el cumplimiento de sus deberes de padre y su cariño para con ellos.

Ensolvemos que un marido que públicamente vive sepa-rado de su esposa y no tiene relaciones sexuales con ella, está separado de ésta dentro del significado del artículo 96. Y que esta separación no se interrumpe porque el esposo, con el fin de reunirse con sus hijos, almuerce en casa de su esposa de quien está separado, se una a ella en el cumplimiento de los deberes para con sus hijos y asista a actos sociales de la familia. No hemos hallado casos exactamente iguales al que nos ocupa, pero véanse North v. North, 113 So. 852 (La., 1927); Root v. Root, 190 A. 450 (R. I., 1937); Anotación, 166 A.L.R. 498.

'La sentencia de. Ja corte ele distrito será confirmada.


author: El, -Txte?; Asociado Señor Snydeh

text:
    Santiago Nogueras v Belén Chinea García, demandantes, apelados y apelantes, v. Ramona Muñoz Vda. de Alonso, demandada, apelante y apelada.
    Núm. 9345.
    Sometido: Mayo 5, 3947.

      Resuelto: Junio 12, 1947.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, aboga-dos de la demandada, apelante y apelada; José C. Jusino, abogado de los demandantes, apelados y apelantes.
   El, -Txte?; Asociado Señor Snydeh

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre nulidad de ejecutivo hipotecario sumario y sobre daños ocasionados por el mismo. La deman-dada se. allanó a una sentencia de nulidad. í) En su conse-cuencia, lo único que tuvo ante sí la corte inferior fue la cuantía de los daños. Ambos litigantes apelan de algunas partes de la sentencia de la corte de distrito.

Las demoras habidas en la resolución de este caso son casi increíbles. La hipoteca se otorgó en 1920 para garantizar un préstamo de $4,500, intereses al 9 por ciento, y $300 para costas y honorarios de abogado en caso de ejecución. Los deudores dejaron de pagar intereses en marzo 7, 1923. El ejecutivo hipotecario se radicó en 29 de agosto de 1924, y se vendió la tinca en pública subasta a la demandada en 15 de mayo de 1925.

La demanda de nulidad se radicó en 1930. Fué vista en 1931 ante el Juez Torres Pérez actuando en comisión. Este dictó sentencia en 1932, desestimando nosotros en 1933 la apelación interpuesta contra ella. Después de varios inci-dentes que es innecesario relatar aquí, por acuerdo de las partes, y en vista del caso de Annoni v. Blas Nadal's Heirs, 94 F.2d 513 (C.C.A. 1, 1938), en 1938 el Juez Samalea dejó sin efecto esta sentencia.

• En 1940, se celebró una segunda vista ante el Juez Ponsa Pares, quien falleció en 1942 sin haber resuelto el caso. En 1943 se le sometió éste al Juez Belaval por la transcripción de evidencia practicada ante el Juez Ponsa, pero éste dejó el caso sin resolver a] ser nombrado juez de la Corte de Distrito de San Juan en 1945. En 1946 se le sometió al Juez Gallardo por la transcripción de evidencia practicada ante el Juez Ponsa. Como el Juez Gallardo resolvió el caso por un récord sometido]c, no tenemos que aceptar sus con-clusiones de hecho, sino que estamos autorizados para apre-ciar la prueba independientemente. Nos referiremos pri-mero a los errores señalados por la demandada.

Toda vez que ésta había vendido la fiiica a un adquironte do buena fe y por tanto no podía devolvérsela a los demandantes, éstos teníau derecho al valor de la misma. () Los demandantes alegaron que la propiedad valía $12,000 en 1925 y 1926, mientras que la demandada sostenía que su valor para entonces era de $3,000. La corte de distrito fijó el valor en $10,000. ■ El primer error señalado por la demandada se refiere a esta valoración hecha por la corte inferior.

Al llegar a su decisión en cuanto al valor de la finca, la corte de distrito dijo lo siguiente:

“La finca tiene una cabida do 94 cuerdas nuevo céntimos de otra y está situada en ‘Guadaño’ de Naranjito. Contiene una casa habi-tación y un ranchón de maderas, techado de zinc. La prueba de-muestra que el terreno es quebrado pero tiene cuatro cuerdas de llano. Sin embargo, la finca es buena, especialmente para la siembra de tabaco. Para los años de 1925 y 1926 el tabaco tenía un mag-nífico precio, pues se vendía a $40 el quintal. Es conflictiva la prueba en cuanto al valor de la finca [jara la fecha en que fué rema-tada por el Marshal de la Corte de Distrito de San Juan. Doña Ramona Muñoz la tenía hipotecada por la suma de $4,500 de capital,. más otra suma adicional para costas y, generalmente, quien presta en hipoteca tiene que estimar que la finca vale, por lo menos, el doble de lo prestado. ...”

Santiago Nogueras, uno de los demandantes, quien tenía muclios años de experiencia en el cultivo y venta de tabaco, declaró que esta finca era excelente para el cultivo de dicho producto; que producía de ocho a diez quintales de tabaco por cuerda; que en 1926 se vendió el tabaco a 42 centavos libra; que en dicho año esa propiedad valía $12,000; que después del 1923 no se cultivó tabaco en ella; que en 1924-25 no se sembró tabaco allí a fin de dejarla descansar, pero se sembró en la finca contigua, perteneciente a la esposa del demandante.

Florentino Longo, socio gestor de la firma Sucesores de Huertas González, declaró por los demandantes, como perito en tabaco, que en 1925 se vendió éste a $30 y en 1926 de $40 a $42 y que por tanto durante esa época esta finca valía de $10,000 a $12,000; que en 1921-22 su compañía hizo un prés-tamo refaccionario para el cultivo de tabaco en está finca, pero no después; que cuando la demandada tomó posesión de la propiedad había allí una casita y un rancho, ambos en malas condiciones; que su firma adquirió esta finca en 1932 en pago- de una deuda de $4,500, y que en dicha época valía de $5,000 a $5,500; que cuando se celebró el juicio, en 1940; valía $7,000; y que la finca consistía de 6 cuerdas de vega y 88 cuerdas de terreno quebrado.

Ignacio Ramos declaró por los demandantes, entre otras cosas, que la casita y el rancho estaban en malas condiciones y valían de $30 a $40 y $100, respectivamente.

Pilar Ortiz declaró por los demandantes que es actual-mente arrendatario de la finca; que desde 1935 paga un canon mensual de $50; que ha sembrado en diferentes ocasio--nes de 6 a 16 cuerdas de tabaco, las que lo rinden un promedio de 8 a 10 quintales por cuerda; que también cultiva frutos menores y además tiene algún ganado en la finca.

Manuel Alonso, hijo de la demandada, declaró a favor de ésta, que tomó posesión de la finca en representación de su señora madre en mayo de 1925; que para dicha época la finca estaba abandonada, sin casa, rancho, cercas o frutos. Trató de venderla, pero no pudo debido a su mal estado. En su consecuencia decidió mejorarla. Construyó cercas, un ran-cho y una casa para el encargado de la finca, costándolo todo ello $2,000. Sembró seis cuerdas de tabaco, que produjeron de 4 a 5 quintales por cuerda. Perdió dinero en el cultivo y finalmente en 27 de mayo de 1926 vendió la finca a Benito Cabrera por $5,300.

José Llabona declaró por la demandada que ésta le ofreció en venta la finca en 1925, y él fué a verla.* Encontró que es-taba en malas condiciones y- no tenía oficina ni cercas. Cal-culó para aquel entonces que lo más que podía ofrecer por la propiedad eran $4,000, y que por lo menos había que invertir $2,000 en oficinas, cercas, etc. antes de que se pudiera traba-jar en ella. Declaró asimismo que antes de 1925 había estado en la finca y había visto que el demandante cultivaba de 15 a 20 cuerdas de tabaco.

Leopoldo Díaz declaró por la demandada que fué a ver la propiedad en 1925 porque la demandada se la había ofre-cido en venta. No le gustó porque el terreno era quebrado y no tenía rancho ni cercas. No se cultivaba y estaba aban-donada. Fué allí y analizó el terreno para ver si era bueno y no la compró porque éste era muy quebrado. La trans-portación costaba mucho ya que los bueyes y los carros no podían transitar por la finca por ser terreno quebrado. En 1924-25 valía de $50 a $60 por cuerda.

Florentino Longo declaró por la demandada que Huertas & G-onzález le hizo al demandante un préstamo refaccionario de 1920 a 1922 poro no después. Para el 1920-21 le presta-ron $4,307.78 sobre tabaco y posiblemente sobre otros efectos, y le abonaron $3,796.88 por tabaco entregado. También de-claró que este préstamo refaccionario cubría no solamente la finca en controversia sí que también la finca contigua pro-piedad de la esposa del demandante. La cosedla de 1920-21 de 40 cuerdas era de ambas fincas.

La prueba documental demostró que cuando Carmen Chi-nea tomó posesión de esta propiedad, se convino en que la casa el rancho valían .$110 y la finca $2,250. Carmen ven-dió la finca en 1920 a Félix Jiménez por $7,500, y éste la vendió el mismo año a los demandantes por $8,000. La demandada la compró en el procedimiento ejecutivo en 1925 y se la ven-dió en .1926 a Benito Cabrera por $5,300. En 1932 Benito Cabrera se la vendió a Santiago Cabrera por $4,500, pero esta venta se anuló en 1933. En 1925 Benito Cabrera le tras-pasó la finca a Sucesores de Huertas González en pago de una deuda de $4,500. Estos expidieron algunos pagarés al portador en 1928, garantizados en parte con dicha finca, res-pondiendo la misma por la suma de $5,500. Desde 1922 a 1925 esa propiedad fué tasada para fines contributivos en $6,00Q, y en 1925-26, en $5,970.

Luego de un examen de toda la prueba, no podemos con-venir con la corte de distrito en que la finca valía en 1925 ó 1926 la suma de $10,000. La corte inferior manifestó que “quien presta en hipoteca tiene que estimar que la finca vale, por lo menos, el doble de lo prestado.” El primer defecto de este razonamiento es que el dinero se prestó en 1920 y es-tamos tratando de determinar el valor en el mercado de la finca, en 1925 ó 1926. Independientemente de ese punto, la regla enunciada por la corte de distrito puede ser o no una sabia política inversionista. Pero ciertamente no es una fór-mula por la que las cortes puedan determinar automática y mecánicamente el valor de la propiedad en casos de esta ín-dole.

“A pesar de la severidad con que el Código castiga al que posee de mala fe, no creemos que deba llevarse esta severi-dad al extremo de enriquecer al propietario a expensas del poseedor.” Román Benítez v. Rivera, 43 D.P.R. 535, 549. Y en ausencia de prueba en contrario, suponemos que la de-mandada trataba de vender la-finca al mejor precio posible. Por tanto convenimos con ella en que la mejor evidencia de su valor en el mercado a la fecha de la subasta en 1925 y en 1926, considerando todas las circunstancias de este caso, era el precio de venta de $5,300 que la demandada recibió por la finca en 1926. Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 29 D.P.R. 1066, 1074-5; Pontón v. Sucrs. de Huertas González, 46 D.P.R. 789, 795-6; Santana v. Orcasitas, 47 D.P.R. 735, 748. Como cuestión de hecho, esta conclusión es favorable a los demandantes en vista del testimonio al efecto de que la demandada realizó ciertas mejoras en la finca antes de venderla. Y consideramos significativo que el Juez Torres Pérez llegara exactamente a la misma conclusión en 1932, a pesar de haberse basado en un récord distinto, cuando era más fácil que ahora, después de transcurrido tanto tiempo, determinar el valor en el mercado de la finca para el 1925 ó 1926. Por tanto resolvemos que en 1925 y 1926 el valor en el mercado de la propiedad no fué $10,000 como resolvió la corte de distrito sino $5,300.

La demandada señala,como segundo error el pronunciamiento de la corte de distrito concediendo a los demandantes la suma de $5,000 por concepto de frutos producidos por la finca. La corte inferior determinó que los frutos ascendían a $1,000 anualmente, y resolvió que los demandantes tenían derecho a obtener esta cantidad durante cinco años contados a partir de la fecha en que la demandada entró en posesión de la finca en 1926, hasta el día en que la presente demanda de nulidad se' radicó en 1930.

Los demandantes no alegan ahora que ellos tienen dere-cho a recuperar frutos de la demandada por cinco años. Limitan su reclamación al período comprendido entre mayo de 1925, cuando la demandada entró en posesión de la finca, y mayo de 1926, en que la vendió. Insisten en que la prueba demuestra que la finca debió haber producido la suma de $4,100 como beneficio neto del tabaco durante ese período,, y tina suma adicional no especificada, como producto del ga-nado y de los frutos menores.

Es innecesario pormenorizar la prueba sobre este aspecto. No nos convence la evidencia en cuanto a cpie esta finca fue o pudo haber sido explotada con beneficio durante ese año, Por tanto no hallamos base alguna para que se conceda un beneficio ascendente a $5,000, según lo hizo la corte inferior. Arvelo et al. v. Banco Territorial y Agrícola, supra, pág. 1075; Pontóu v. Sucesores de Huertas, supra, pág. 797. Al llegar a esta conclusión, no hemos olvidado el hecho de que los demandantes dejaron de pagar intereses durante un pe-ríodo considerable antes y después que fuera iniciado el pro-cedimiento de ejecución y que aparentemente abandonaron la propiedad precisamente porque no podían trabajarla con be-neficios.

La demandada señala como tercer error la decisión de la corte inferior en el sentido de que ella tenía derecho por vía de reconvención a cobrar intereses al tipo de 9 por ciento sobre el préstamo hipotecario por $4,500 solamente (a) desde 1923 hasta agosto de 1924, y (6) desde 1925, cuando la demandada radicó el procedimiento ejecutivo, hasta que en 1930 se entabló este pleito de nulidad.

La escritura de hipoteca fija intereses al 9 por ciento. Después del 9 de marzo de 1923 éstos no se pagaron. Por tanto convenimos con la demandada en el sentido de que ella tiene derecho a intereses al 9 por ciento sobre $4,500 desde el 9 de marzo de 1923 hasta la fecha de nuestra sentencia.() Admitimos que esto representa una ligera modificación del resultado a que llegamos en F. Rodrigues Hermanos & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525.

En su cuarto y último señalamiento la demandada se ■ queja de la actuación de la c.orte de distrito al no declarar con lugar su reconvención por (1) las contribuciones pagadas por ella sobre la finca mientras estuvo en posesión y (2) el valor de las mejoras realizadas por la demandada en la finca.

Su hijo declaró sin ser contradicho que ella pagó $161.43 por concepto de dichas contribuciones mientras su señora madre estuvo en posesión. La única objeción que hacen ahora los demandantes es que algunos de los recibos fueron expe-didos a nombre de uno de ellos, y que la presunción consi-guiente es que los demandantes pagaron las contribuciones por las cuales se expidieron los recibos. Pero aun si acep-táramos que tal presunción existe, la misma fué refutada por la prueba ofrecida por la demandada.

En lo que concierne a las alegadas mejoras realizadas por la demandada, ella tiene derecho bajo el artículo 384 del CódigoCivil, “a ser reintegrada de los gastos necesarios hechos para la conservación” de la finca. Véanse Román Benitez v. Rivera, supra, pág. 545; Costa v. Piazza, 51 D.P.R. 689; Concepción v. Latoni, 51 D.P.R. 564, 581-2; Cabrera v. Morales, 57 D.P.B. 457, 462-3; Concepción v. Latoni, 62 D. P.R. 104. Pero la demandada tiene el peso de la prueba para demostrar con claridad y en detalle exactamente cómo se invirtió el dinero y por qué fué necesario o aconsejable invertirlo. Su reclamación aquí es de $2,000 a $2,300 por la construcción de cercas, de un rancho y de una casa pequeña. En vista de la naturaleza general de la prueba y del conflicto en la evidencia respecto a algunas de las partidas, somos de opinión, considerando todas las circunstancias del caso, que • esta parte de la reconvención debe ser rechazada.

Pasando a la apelación de los demandantes, el primer error que señalan es el no haber la corte de distrito conce- . dido intereses sobre el valor de la finca desde el 27 de mayo . de 1926, fecha en que la demandada vendió la propiedad a un tercero, hasta el presente. Como hemos visto, se exigió do .la demandada el-pago a los demandantes de los frutos de la finca, de haberlos, mientras la demandada la poseyó desde 1925 hasta 1926. Y una vez que la demandada vendió la finca' a un tercero en 1926, ésta tenía la obligación de pagar inte-reses sobre su valor desde esa fecha hasta que la propiedad fué recobrada por los demandantes. Esto se debe a que la demandada usa ese dinero durante dicho período. Véase F. Rodríguez Hermanos & Co. v. Áboy, supra. La demandada vendrá por tanto obligada a pagar intereses al tipo legal de 6 por ciento sobre $5,300 desde el 27 de mayo de 1926 hasta la fecha de nuestro fallo.

En su segundo señalamiento los demandantes alegan que ellos tenían derecho a $4,100 en calidad de frutos desde mayo de 1925 hasta el 27 de mayo de 1926, período durante el cual la'demandada estuvo en posesión de la finca. Ya he-mos resuelto esta cuestión al discutir el segundo error señalado por la demandada.

En su tercer señalamiento los demandantes alegan que la corte inferior no estaba justificada al resolver que ellos debían pagar los $487.76 por concepto de intereses vencidos cuando se inició el procedimiento ejecutivo hipotecario. Arguye que la admisión de la demandada de que el procedimiento ejecutivo hipotecario era mulo, impide el cobro de estos intereses, en vista del hecho de que una de las alegaciones de su contestación en el procedimiento de nulidad fué que los intereses habían sido pagados hasta febrero de 1924. Pero el allanamiento de la demandada a una sentencia de nulidad estaba solamente predicado en un requerimiento de pago improcedente. Y los demandantes no presentaron prueba para controvertir la ofrecida por la demandada al efecto de que los intereses no habían sido pagados después del 7 de marzo de 1923. No se cometió por tanto el error señalado.

El cuarto señalamiento, referente a aquella disposición de la sentencia de la corte inferior al efecto do que los de-mandantes pagaran a la demandada intereses desde el 27 de mayo de 1926 al 30 de agosto de 1930, está comprendido en nuestra discusión del tercer error señalado por la deman-dada.

El quinto error señalado por los demandantes está dirigido contra la negativa de la corte inferior a concederles costas y honorarios de abogado. No vemos razón alguna para alterar la sentencia a este respecto.

La sentencia de la corte de distrito concedió a los deman-dantes $10,000 como el valor de la finca en 1925 y $5,000 por concepto de frutos desde 1926 a 1930. La corte inferior restó de estos $15,000 la suma de $6,712.01 — capital del préstamo hipotecario de $4,500 más los intereses concedidos por la corte de distrito — y dictó sentencia a favor de los demandantes por $8,287.99.

La sentencia de la corte de distrito será revocada y en su lugar se dictará otra a favor de la demandada por $2,497.06. Llegamos a esta cifra por razón de que los demandantes tie-nen derecho a (1) $5,300, valor de la finca en 1925 y en 1926, y (2) $6,691.25, que representan intereses sobre $5,300 al tipo lega] de 6 por ciento desde el 27 de mayo de 1926, cuando los demandantes perdieron la finca, hasta la fecha de nuestra sentencia. Estas dos cantidades suman $11,991.25. Por otro lado, la demandada tiene derecho a (1) $4,500, montante del préstamo hipotecario, (2) $161.43, satisfechos por la deman-dada en concepto de contribuciones sobre la propiedad, y (3) $9,826.88, que representan los intereses sobre $4,500 al 9 por ciento desde el 7 de marzo de 1923, fecha en que los deman-dantes dejaron de pagar intereses sobre el préstamo hipote-cario, hasta la fecha de nuestro fallo. Estas tres cantidades totalizan $14,488.31. La reconvención de la demandada por tanto excede la reclamación de los demandantes por $2,497.06.

      (')La demandada admitió que el ejecutivo hipotecario era nulo debido a qua una persona particular y no el niár.-hnl diligenció el requerimiento de pago. González v. Registrador, 39 D.P.R. 835, resuelto un año antes de radicarse esta nulidad de ejecutivo.

      (2)3Sfo os necesario que determinemos en este caso si los demandantes reco-bran el valor de la finca en .1.925, enando la perdieron físicamente, o en 1926, cuando la demandada se la vendió a un tercero. Of. Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 29 D.P.R. 1066. A'o es necesario que determinemos esta cuestión, ya que más adelante resolvemos que el valor de la (inca ora el mismo en 1926 que en 1925,

      (3)Se devengan intereses hasta la fecha de nuestra sentencia y no hasta la fecha de la sentencia de la corte de distrito, en vista del hecho do que al revo-carse ésta, la única sentencia que existe en el caso es la nuestra.