source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

license: Public Domain

text:
    José A. Torres Vélez, recurrido, v. Blanca I. Soto Hernández, peticionaria.

      Número: CC-2012-0951

      Resuelto: 11 de diciembre de 2013

      Jossie Yunqué López, Peter John Porrata, Melissa Díaz Soto y Von Marie Rivera Rivera, del bufete Law Offices of Peter John Porrata, abogados de la parte peticionaria; Víctor M. Rivera, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco

emitió la opinión del Tribunal.

Comparece ante nos la Sra. Blanca I. Soto Hernández (en adelante, la peticionaria o señora Soto Hernández) me-diante un recurso de certiorari y nos solicita, inter alia, que determinemos la pertinencia de la aplicación de la doctrina de subrogación o sustitución sobre un bien privativo. Con-cluimos que cuando un bien es adquirido con dinero priva-tivo de un cónyuge y un préstamo a costa del caudal común de la Sociedad Legal de Gananciales, se conforma una co-munidad pro indiviso de acuerdo con las aportaciones realizadas.

Veamos los hechos que dieron génesis a la controversia de autos.

I

La señora Soto Hernández y el Sr. José A. Torres Vélez (en adelante, el recurrido o señor Torres Vélez) vivieron en concubinato desde septiembre de 1989 hasta el 31 de sep-tiembre de 1994, fecha cuando contrajeron matrimonio bajo el régimen económico de Sociedad Legal de Ganan-ciales. El 6 de agosto de 2007, el matrimonio fue declarado roto y disuelto por el Tribunal de Primera Instancia.

Así las cosas, el 16 de abril de 2008, el señor Torres Vélez presentó una demanda en solicitud de Sentencia De-claratoria ante el Tribunal de Primera Instancia. Solicitó el dictamen judicial sobre la naturaleza privativa de cier-tos bienes adquiridos antes y durante el matrimonio, con el propósito de liquidar la comunidad post ganancial que se constituyó luego de haber estado casado con la señora Soto Hernández. Esta solicitud respondió a que durante la diso-lución de la comunidad, el contador partidor al que le fue asignada la división no pudo adjudicar varias partidas hasta tanto se resolvieran ciertas diferencias que se susci-taron sobre la naturaleza privativa o ganancial de varios bienes. Procedemos a describir esas partidas y las solicitu-des del señor Torres Vélez en su demanda.

El recurrido específicamente solicitó que se le otorgara un crédito por varias propiedades que había adquirido antes de contraer matrimonio y que, por lo tanto, reclamaba como privativas. Alegó que mediante la Escritura Núm. Sesenta (60) otorgada ante el Notario Público Jaime Cifre Rodríguez, el 20 de julio de 1978 adquirió el Apartamento C-801, ubicado en el Condominio Tropicana, en Carolina, Puerto Rico. Posteriormente, el 30 de septiembre de 2004, vendió dicha propiedad por la cantidad de ciento cincuenta y seis mil dólares ($156,000). El producto de esa compra-venta fue otorgado en préstamo a la corporación Roiter Mechanical Services, la cual pertenece exclusivamente al se-ñor Torres Vélez.

Una vez la corporación saldó la cantidad adeudada, el señor Torres Vélez y la señora Soto Hernández adquirieron el Apartamento 1207, localizado en Capitol Plaza, en San Juan, Puerto Rico, por la cantidad de trescientos noventa y cuatro mil dólares ($394,000). Esto mediante la Escritura Núm. Quinientos Uno (501) otorgada ante un notario pú-blico el 2 de noviembre de 2005. Según se desprende de los autos, el monto total se obtuvo con el dinero privativo que le fue devuelto al peticionario por su corporación y por un préstamo que hiciera la Sociedad Legal de Gananciales. Ante estos hechos y a pesar de que para esta fecha ya las partes habían contraído matrimonio, el señor Torres Vélez planteó que el apartamento adquirido era un bien privativo. Fundamentó su alegación en que la compra-venta fue producto de la venta que hiciera del apartamento del Condominio Tropicana.

Por otro lado, en la demanda el recurrido también re-clamó como privativo un terreno ubicado en la Urbaniza-ción Bosque de los Frailes. Mientras el señor Torres Vélez y la señora Soto Hernández eran concubinos, comparecie-ron ante la notario público Janet Díaz Salicrup y manifes-tando estar casados, el 7 de septiembre de 1994, otorgaron la Escritura Núm. Ciento Quince (115) de Segregación, Li-beración y Compraventa. Así adquirieron el solar ubicado en la Urbanización Bosque de los Frailes. Posteriormente, ya habiéndose constituido el matrimonio, en este solar construyeron una estructura que se convirtió en su hogar conyugal. La construcción culminó el 27 de mayo de 1998.

El señor Torres Vélez peticionó al Tribunal de Primera Instancia que determinara si el dinero utilizado para la compraventa del solar era privativo a pesar de las partes haber comparecido como cónyuges otorgantes. A contrario sensu, la señora Soto Hernández replicó que ellos compa-recieron como casados al otorgamiento de la Escritura por-que ambos hicieron aportaciones para adquirir el terreno, conformándose así una comunidad de bienes en el que cada uno contaba con el cincuenta por ciento (50%) de la participación.

Así las cosas, el 22 de mayo de 2007, se vendió el inmue-ble por un millón de dólares ($1,000,000), cantidad que fue depositada en una cuenta de banco a nombre de ambos cónyuges. Según se desprende de las alegaciones, las partes acordaron que el dinero solamente podría ser retirado con la anuencia de ambos cónyuges y del contador partidor, con excepción de un adelanto de cien mil dólares ($100,000) que cada uno recibiría. Sin embargo, se alegó que contrario a lo dispuesto y sin obtener consentimiento, la señora Soto Her-nández retiró dinero adicional de la cuenta conjunta. En el juicio, esta reconoció haber actuado indebidamente y justi-ficó haber tomado esta cantidad de dinero para comprarse un apartamento en el complejo Regency Park en Guaynabo, Puerto Rico. Ante estos acontecimientos, el señor Torres Vélez solicitó que se determinara si la señora Soto Hernández le debía restituir este dinero.

Así las cosas, luego de la vista en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el señor Torres Vélez com-pró el Apartamento del Condominio Tropicana con dinero privativo. AI vender este inmueble tenía como propósito efectuar otra compraventa, pero se suscitaron situaciones ajenas a su voluntad que no le permitieron realizar el nego-cio jurídico. Por el contrario, le otorgó un préstamo a su corporación por la cantidad de dinero obtenida mediante la compraventa.

Una vez le es devuelto el dinero, y conforme se ha rese-ñado, este adquiere el apartamento del Condominio Capitol Plaza por la cantidad de trescientos noventa y cuatro mil dólares ($394,000). Nótese que de la venta del Condominio Tropicana solo se adquirieron ciento cincuenta y seis mil dólares ($156,000). La diferencia fue suplida con una hipo-teca constituida por la Sociedad Legal de Gananciales. A pesar de esto, el tribunal entendió que el inmueble era pri-vativo del señor Torres Vélez. Concluyó además que no exis-tía derecho a reclamar la amortización del principal que la Sociedad Legal de Gananciales hiciera durante el matrimo-nio, debido a que ambos cónyuges se beneficiaron de ocupar el apartamento. El tribunal de instancia fundamentó su de-cisión en la doctrina de subrogación o sustitución.

Por otra parte, dicho foro determinó que el señor Torres Vélez demostró que el dinero utilizado para la compra del solar de la Urbanización Bosque de los Frailes provenía de su caudal privativo, mientras que la señora Soto Hernán-dez no pudo demostrar por preponderancia de la prueba que aportó dinero o esfuerzo para la adquisición de dicho terreno. El foro de instancia entendió que el recurrido pre-sentó prueba de haber retirado de sus cuentas bancarias la cantidad de dinero necesaria para la adquisición del solar. A esta evidencia instada en el juicio en su fondo, se le añade la admisión que fue presentada y luego retirada por la señora Soto Hernández, a través de su representación legal, a los efectos de que el solar había sido adquirido privativamente por el recurrido. Siendo así, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que no se le debía reconocer participación a la peticionaria. Resolvió esto a pesar de que al otorgamiento de la Escritura las partes comparecieron como cónyuges sin estar legalmente casados.

En cuanto al dinero retirado de la cuenta bancaria sin el consentimiento del contador partidor ni del recurrido, el tribunal de instancia dictaminó que la señora Soto Her-nández debía pagar los intereses dejados de percibir por el retiro de esta cantidad.

Por último, el foro de instancia concluyó que la señora Soto Hernández “fue temeraria en la defensa de su caso”. Basó su razonamiento en que retiró la admisión de que el solar de la Urbanización Bosque de los Frailes era priva-tivo, a pesar de constarle que esa era su naturaleza. Ade-más, por haber negado el carácter privativo del aparta-mento en Capitol Plaza y retirar dinero sin la anuencia del señor Torres Vélez y el contador partidor.

De dicho dictamen, la peticionaria solicitó una reconsi-deración que fue denegada. Inconforme con esta determi-nación, la señora Soto Hernández recurrió al Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la sentencia parcial dictada por el tribunal inferior. En su dictamen, el tribunal apela-tivo aclaró que de acuerdo al principio de accesión a la inversa, para efectos del contador partidor, el terreno pri-vativo de la Urbanización Bosque de los Frailes debía ser valorado al momento de la culminación de la construcción de la estructura que fue edificada con el caudal de la So-ciedad Legal de Gananciales.

Insatisfecha con la determinación del tribunal a quo, la peticionaria presentó un recurso de certiorari ante nos. En ese recurso nos plantea los errores siguientes:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar que el te-rreno en Bosque de los Frailes es de carácter privativo pues está claramente resuelto que en la accesión a la inversa el terreno se convierte en ganancial con el correspondiente cré-dito al dueño original.
2. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar que la pro-piedad ubicada en el Condominio Capitol Plaza es privativa porque hace una incorrecta aplicación del derecho y la doc-trina sobre sustitución de bienes privativos por otros en el régimen de sociedad de bienes gananciales.
3. Erró Instancia al imponerle a la demandada el pago de intereses por una suma de dinero que está depositada en un banco ganando intereses.
4. Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar el dictamen de temeridad contra la Sra. Soto porque el Tribunal de Pri-mera Instancia abusó de su discreción al dictarla aun cuando existen honestas discrepancias en el derecho aplicable.

Evaluado el recurso, acordamos expedir. Luego de exa-minar detenidamente los autos y con el beneficio de la com-parecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

HH HH

La peticionaria solicita que determinemos que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que el apartamento del Condominio Capitol Plaza es privativo por hacer una inco-rrecta aplicación de la doctrina de sustitución o subroga-ción de bienes.

El Art. 1299 del Código Civil de Puerto Rico dis-pone que

[s]on bienes propios de cada uno de los cónyuges:
(1) Los que aporte al matrimonio como de su pertenencia.
(2) Los que adquiera durante él, por título lucrativo, sea por donación, legado o herencia.
(3) Los adquiridos por derecho de retracto o por permuta con otros bienes, pertenecientes a uno solo de los cónyuges.
(4) Los comprados con dinero exclusivo de la mujer o del marido.

Sobre el equivalente a este artículo en el Código Civil Español, el Art. 1396, el tratadista Manresa expresa que

[d]urante el matrimonio no es lo más natural que los bienes aportados o adquiridos se conserven siempre los mismos. Unos se consumen, otros se cambian o se venden, otros se extinguen y se sustituyen por una indemnización, etc., y todos estos he-chos dan lugar a una transformación en los bienes de cada cónyuge, que van en parte y sucesivamente cambiándose o sustituyéndose por otros.
Nuestro Código acepta en absoluto el principio de la subro-gación, de modo que, en principio, todo lo que durante el ma-trimonio adquieren privativamente el marido o la mujer, en sustitución o representación de otros bienes que ya anterior-mente les pertenecían, queda subrogado en el lugar de éstos y se entiende que forma parte de su capital privativo. La ley sólo exige la prueba de la verdad de esa sustitución, o que ésta resulte cierta con toda evidencia. En caso de duda, considera los bienes como gananciales [...] J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 661.

A tenor con estas expresiones, cuando un cónyuge tiene un bien privativo y lo sustituye por otro, el bien adquirido no pierde su naturaleza por el mero hecho de la sustitución. No obstante, esta sustitución debe ser probada. En su defecto, el bien deberá ser considerado como uno perteneciente al caudal de la Sociedad Legal de Gananciales.

Es importante señalar que el tratadista divide los bienes privativos a los que se refiere nuestro citado Art. 1299 en dos grupos: los de capital propio de cada uno de los cónyuges y los bienes privativos de cada cónyuge por sustitución o subrogación. En el primer grupo incluye los bienes aporta-dos al matrimonio privativamente por cada cónyuge en forma de capital. También, aquellos bienes adquiridos a tí-tulo lucrativo por cada cónyuge durante el matrimonio, tales como las donaciones, herencias o legados. Manresa y Navarro, op. cit., págs. 658-662.

Por otra parte, en el segundo grupo —los adquiridos por sustitución o subrogación— incluye aquellos bienes que un cónyuge adquiere por permuta con bienes que le pertenecen exclusivamente, los adquiridos por retracto o los que se com-pran con dinero exclusivo de uno de los cónyuges. En este último caso, se debe demostrar la procedencia del dinero o se presumirá que el bien pertenece al caudal de la Sociedad Legal de Gananciales. Manresa y Navarro, op. cit., pág. 662. En el caso de la permuta, el tratadista nos explica que el bien continuará siendo privativo independientemente del valor del bien sustituido.

El Art. 1428 del Código Civil de Puerto Rico define la permuta como “un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra”. A base de esta definición y los hechos ante nuestra consideración, no podemos concluir que en el caso de autos hubo una permuta. Cuando el señor Torres Vélez vendió el apartamento del Condominio Tropicana recibió una cantidad de dinero como contraprestación, no el apartamento del Condominio Capitol Plaza. Este último no lo adquiere hasta un año después a través de otra compraventa. Es imposible concluir que el apartamento del Condominio Capitol Plaza fue obtenido a cambio del apartamento del Condominio Tropicana.

Por otro lado, el Art. 1396 del Código Civil de Puerto Rico expresa que el retracto se configura “cuando el vende-dor se reservfa] el derecho de recuperar la cosa vendida”. De acuerdo con esta definición y al cuadro tác-tico que nos ocupa, tampoco podemos concluir que hubo un retracto. De los autos no surge que el señor Torres Vélez se reservara tal derecho.

Por último, nos resta evaluar si el inmueble fue adqui-rido exclusivamente con bienes de uno de los cónyuges. Como hemos reseñado, el apartamento en cuestión fue ad-quirido por bienes privativos del señor Torres Vélez y un préstamo realizado por la Sociedad Legal de Gananciales a First Equity Mortgage.

Así las cosas, debemos concluir que en el caso de autos el bien no fue adquirido exclusivamente con bienes priva-tivos del señor Torres Vélez. Por lo tanto, debemos aplicar lo dispuesto anteriormente y presumir que el bien adqui-rido es ganancial.

El primer inciso del Art. 1301 de nuestro Código Civil dispone que se reputarán como gananciales aquellos bienes que sean

[...] adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno solo de los esposos.

Cónsono con lo anterior, el Art. 1307 establece que

[s]e reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o la mujer.

Nuestra jurisprudencia ha establecido que este articulado “constituye la piedra angular en toda causa litigiosa en que se intente precisar la naturaleza privativa o ganancial de los bienes del matrimonio”. (Citas omitidas). García v. Montero Saldaña, 107 DPR 319, 335 (1978). Asimismo, este Tribunal ha reconocido que para establecer la naturaleza privativa o ganancial de un bien se puede tomar en consideración tanto el título de origen como cualquier otra prueba pertinente.

Según consta en la Escritura Núm. Quinientos Uno (501) de Segregación, Liberación y Compraventa mediante la cual los cónyuges adquirieron el apartamento de Capitol Plaza, se otorgó una hipoteca sobre el inmueble como ga-rantía de un préstamo otorgado por First Equity Mortgage. Sin embargo, el inmueble no fue solamente adquirido a través del dinero obtenido mediante esta hipoteca. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que para esta compraventa también se utilizó dinero privativo del señor Torres Vélez. Siendo así, el inmueble en cues-tión no fue adquirido exclusivamente con bienes de uno de los cónyuges ni de la Sociedad Legal de Gananciales, sino que el inmueble se adquirió con un caudal mixto.

Sobre el particular el tratadista Manresa, al analizar el artículo análogo en el Código Civil español antes de la Re-forma de 1981, ha expresado lo siguiente:

¿Qué concepto merecían los bienes comprados con dinero que en parte pertenezca al marido y en parte a la mujer, o en parte a la sociedad y en parte a uno de los cónyuges?
Puesto que la ley atiende, no a la persona en cuyo nombre o a favor del cual se realiza la compra, sino a la procedencia del dinero, considerando el hecho como una verdadera sustitución o conversión del dinero en otros objetos, debemos deducir que cuando una finca, por ejemplo, se compra con dinero del ma-rido y de la mujer, o de la mujer y de la sociedad, pertenece a aquellos de quienes procede el precio y en la proporción entre-gada por cada cual. Si pues, marido y mujer compran una casa, entregando el primero de su capital propio 10.000 pesetas y la segunda 5.000, la casa pertenecerá a los dos cónyuges pro indiviso, en la proporción de dos terceras partes al marido y una tercera a la mujer. (Énfasis suplido). Manresa y Navarro, op. cit., pág. 663.

De tal envergadura es este análisis que en la Reforma de 1981, el Código Civil español disipó cualquier duda al respecto y se dispuso que un bien adquirido con caudal mixto corresponde proindiviso a la Sociedad Legal de Ga-nanciales y al cónyuge. Al respecto, el tratadista Puig Bru-tau señala que

[u]na adquisición de bienes puede haber tenido efecto a cambio de precio mixto, en parte ganancial y en parte privativo. Para tal caso el art. 1.354 establece: “Los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación, en parte ga-nancial y en parte privativo, corresponderán pro indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas”. (Enfasis suplido). J. Puig Brutau, Fundamentos de derecho civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. IV, pág. 140.

Cónsono con estas expresiones, este Tribunal ha expresado que

[...] no existe impedimento en que una persona adquiera una parte de una finca como bien privativo y otra parte como ganancial.
Como resultado de este negocio o transacción surge la figura de la comunidad ordinaria que habrá de regirse “por la nor-mativa de la comunidad de bienes, concurriendo a la misma, de una parte, la pareja colectivamente y, de otra, el esposo o esposos titulares individuales”. (Citas omitidas). Universal Funding Corp. v. Registrador, 133 DPR 549, 554 (1993).

Consecuentemente, cuando un bien tiene un origen mixto se conforma una comunidad pro indiviso entre aquellos que aportaron a esta adquisición en la proporción de su participación. Tal como señala el tratadista Manresa, cuando aludimos a la expresión de origen mixto, nos estamos refiriendo, en este caso, a que el bien fue adquirido en parte con capital privativo de uno de los cónyuges y por otra parte, con caudal común de la Sociedad Legal de Gananciales.

Por otro lado, dados los planteamientos hechos por las partes, es pertinente elaborar que luego de los pronuncia-mientos que hemos citado, el tratadista Puig Brutau se cuestiona si la regla aplicaría de la misma manera en aque-llos casos en los que el bien se adquiere a precio aplazado. Concluye que en el caso de la adquisición por precio apla-zado la comunidad indivisa surgirá siempre que el primer pago se realice con dinero ganancial y privativo. De esto no ocurrir, aplicaría el Art. 1.356 del Código Civil español, el cual dispone que el carácter del bien sea determinado por el primer desembolso. De este provenir de dinero privativo, el bien así será considerado. Mientras que de tener proceden-cia mixta, se considerará ganancial. Puig Brutau, op. cit, págs. 140-141.

Por lo tanto, según esta interpretación, el primer desem-bolso va a adquirir relevancia para determinar el carácter ganancial o privativo de un bien cuando este es adquirido por precio aplazado. En el caso que nos concierne, las partes adquirieron la propiedad a través de un solo pago a Moral Development, S.E., la parte vendedora. Este pago fue reali-zado con dinero privativo de uno de los cónyuges y un prés-tamo garantizado con hipoteca a favor de la Sociedad Legal de Gananciales. Enfatizamos que de la Escritura Núm. Qui-nientos Uno (501) surge que la parte vendedora recibió la totalidad del precio del inmueble el día en que se realizó el negocio jurídico. Siendo así, podemos concluir que los cón-yuges no adquirieron una deuda a precio aplazado con la vendedora del inmueble en cuestión.

El análisis de la doctrina aplicable nos lleva a concluir que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que hubo una subrogación de un bien privativo del señor Torres Vélez. Asimismo, incidió al determinar que la Sociedad Legal de Gananciales no tenía ningún derecho, a pesar de haber obtenido un préstamo para la adquisición del bien. Según se desprende de la definición de bienes gananciales de nuestro Código Civil y del razonamiento de los tratadis-tas, cuando un bien es adquirido con bienes mixtos se con-forma una comunidad pro indiviso entre la Sociedad Legal de Gananciales y el cónyuge en proporción al valor de las aportaciones respectivas.

Al aplicar esta normativa a la situación de autos, pode-mos concluir que el apartamento del Condominio Capitol Plaza, adquirido a través de instrumento público con caudal mixto —parte de un cónyuge y otra parte de la Sociedad Legal de Gananciales — , es un bien de naturaleza mixta. El señor Torres Vélez y la señora Soto Hernández poseen en común pro indiviso dicho apartamento. Sin embargo, al mo-mento de liquidar la Sociedad Legal de Gananciales, el se-ñor Torres Vélez tiene un derecho al valor del bien en pro-porción a la participación que ostenta por el dinero privativo aportado para la adquisición de este bien más la proporción que le corresponde como miembro de la Sociedad Legal de Gananciales.

Antes de continuar discutiendo los asuntos ante nuestra consideración, es oportuno destacar que contrario a lo dis-puesto por el Tribunal de Primera Instancia y alegado por la parte recurrida, lo establecido en Vélez Cordero v. Medina, 99 DPR 113 (1970), y en Lanausse v. Silva, etc., 84 DPR 546 (1962), no es pertinente a esta controversia. En este último, el Tribunal tuvo que resolver si era necesario que el esposo compareciera cuando la cónyuge adquiere un bien inmueble con bienes privativos y el remanente garan-tizado con hipoteca sobre el bien adquirido sin comprome-ter a la Sociedad Legal de Gananciales. Además de contes-tar en la negativa, este Tribunal expresó que el mero hecho de que la hipoteca fuese satisfecha con dinero ganancial no cambiaba la naturaleza privativa del bien adquirido por la cónyuge. Lanausse v. Silva, etc., supra, pág. 550.

Ciertamente, estos hechos son distinguibles de los que tenemos ante nuestra consideración. En Lanausse v. Silva, etc., supra, la cónyuge adquirió el bien y asumió el pago de la hipoteca en su carácter privado, mientras que su cónyuge no asumió ninguna responsabilidad. Es en este contexto que el Tribunal dispone que el bien es privativo y solo en la eventualidad de que la Sociedad Legal de Gananciales o el otro cónyuge tuviesen que responder subsidiariamente por esta deuda, serían acreedores de un crédito al momento de la liquidación de la comunidad post ganancial. íd.

Por otro lado, en Vélez Cordero v. Medina, supra, este Tribunal atendió una controversia donde uno de los cónyu-ges utilizó caudal ganancial para perfeccionar la permuta de un bien privativo. En estas circunstancias, este Tribunal concluyó que independientemente de lo aportado por la So-ciedad Legal de Gananciales, el bien adquirido por permuta de otro bien privativo no perdía su carácter privativo. íd., pág. 117.

En síntesis, erraron los tribunales inferiores al aplicar las doctrinas que reconociéramos en esta jurisprudencia a la situación de autos. En primer lugar, el inmueble en cuestión fue adquirido en conjunto por la Sociedad Legal de Gananciales y el señor Torres Vélez en su carácter privativo. Esto es contrario a los hechos considerados en Lanausse v. Silva, etc., supra, donde un cónyuge adquirió un inmueble sin involucrar el caudal común o privativo del otro cónyuge. La doctrina de Vélez Cordero v. Medina, supra, es igualmente inaplicable, porque como ya hemos visto, en el caso de autos no hubo una permuta.

III

Se nos solicita que aclaremos la aplicación de la doc-trina de accesión a la inversa por la edificación conyugal que se hiciera sobre un bien privativo que el recurrido ad-quirió mientras vivía en concubinato con la peticionaria.

El concubinato more uxorio surge cuando un hombre y una mujer con aptitud para casarse deciden vivir pública y notoriamente como un matrimonio, pero sin cum-plir con las formalidades exigidas para este último. Ahora bien, al amparo de esta unión no se genera una Sociedad Legal de Gananciales. Por el contrario, si se ha constituido una comunidad de bienes, el concubino que así lo reclame deberá presentar prueba al respecto. Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 DPR 474, 481 (1975). Así, luego de probar la existencia de la comunidad y en aras de evitar el enrique-cimiento injusto, el concubino deberá presentar prueba so-bre su aportación de bienes, valores o servicios. Id.

En el caso de autos, según hemos expuesto, al momento de adquirir el solar de la Urbanización Bosque de los Frai-les, el señor Torres Vélez y la señora Soto Hernández no estaban legalmente casados, sino que eran concubinos. Por lo tanto, para poder concluir que poseen este terreno en calidad de comuneros, las partes deben demostrar a satis-facción del tribunal cuál fue su aportación para la confor-mación de dicha comunidad.

El Tribunal de Primera Instancia determinó que el se-ñor Torres Vélez presentó las libretas bancarias que evi-denciaban el retiro de la cantidad de dinero necesario para la compra del solar en cuestión. Por su parte, la señora Soto Hernández no evidenció haber aportado bienes o ser-vicios para la adquisición del mismo. En vista de que estas determinaciones de hecho no han sido controverti-das, le debemos otorgar deferencia al tribunal inferior.

Reiteradamente hemos concluido que

[e]n ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los tribunales apelativos no intervendrán con las determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con la adjudicación de cre-dibilidad que efectúe el Tribunal de Primera Instancia. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009). Véase, también, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771-772 (2013).

Siendo así, y no habiéndose demostrado que el tribunal inferior haya errado en su apreciación de los hechos, con-firmamos la determinación a los efectos de que el solar de la Urbanización Bosque de los Frailes es privativo del se-ñor Torres Vélez.

Ahora bien, cuando sobre un solar privativo se construye una edificación ganancial opera la figura de accesión a la inversa o antiaccesión. Esta desplaza el principio de superficie solo cedit y lo edificado adquiere primacía sobre el terreno. A tenor con esta normativa, la Sociedad Legal de Gananciales se convierte en propietaria del terreno que en sus orígenes era privativo de uno de los cónyuges. Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 DPR 219, 221-222 (1984). Así, tanto el terreno como la edificación son considerados bienes gananciales y el cónyuge propietario del terreno solamente ostentará un crédito al momento de liquidar la Sociedad Legal de Gananciales. El mismo será calculado a base del valor del terreno al momento en que culminó la construcción de la edificación. Id.

En el caso de autos, luego de que las partes contrajeran matrimonio al amparo del régimen económico de la Socie-dad Legal de Gananciales, edificaron su hogar conyugal sobre el terreno privativo del señor Torres Vélez. Por con-siguiente, el terreno se convirtió en ganancial mediante la accesión a la inversa. Según expuesto, al momento de li-quidarse la Sociedad Legal de Gananciales, el señor Torres Vélez deberá ser acreditado con el valor del terreno al mo-mento en que culminó la construcción de la edificación ganancial.

IV

La parte peticionaria reclama que el Tribunal de Pri-mera Instancia erró al imponerle intereses por haber reti-rado dinero de una cuenta bancaria sin el consentimiento de su cónyuge ni del Contador Partidor.

Cuando un matrimonio regido por la Sociedad Legal de Gananciales es declarado roto y disuelto, esta se extingue y se crea una comunidad de bienes. Montalván v. Rodríguez, 161 DPR 411, 420-421 (2004). Se genera una presunción controvertible de que cada cónyuge tiene 50% de participación. La comunidad está compuesta por todos los bienes gananciales y cada cónyuge tiene derecho a ad-ministrarla y a solicitar su división. Id.

El Art. 328 del Código Civil dispone que

[c]ada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siem-pre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho.

A base de esto, en Montalván v. Rodríguez, supra, determinamos que el señor Rodríguez debía otorgarle un crédito a la señora Montalván por el dinero que utilizó para conti-nuar desarrollando su participación en el negocio en vez de distribuir las ganancias entre los codueños. El señor Rodrí-guez se había mantenido administrando los negocios gananciales durante la comunidad post ganancial. Con esta determinación, el Tribunal concluyó que

[...] se hace justicia a aquel comunero que tolera que su capital se utilice para el enriquecimiento exclusivo del otro comunero, y no se premia a quien teniendo el control absoluto de la co-munidad de bienes, no opta por dividirla. Id., pág. 438.

En el caso que nos ocupa, según hemos reseñado, las partes acordaron que el dinero depositado en la cuenta bancaria solamente sería retirado si tanto ellos como el contador partidor así lo autorizaban. Sin embargo, la se-ñora Soto Hernández retiró cierta cantidad de dinero sin el consentimiento de las demás partes para comprarse un apartamento.

No albergamos duda de que el dinero fue retirado para el disfrute exclusivo de la señora Soto Hernández, antes de que el mismo fuese adjudicado por el contador partidor a alguno de los cónyuges. Siendo así y de acuerdo con la doc-trina que hemos discutido, no podemos permitir que, con-trario a lo acordado, un cónyuge se beneficie exclusiva-mente de los bienes de la comunidad y con estas acciones perjudique los intereses del otro comunero. El señor Torres Vélez se perjudicó en tanto no obtuvo las ganancias que se habrían generado si el dinero hubiera permanecido deposi-tado en la cuenta bancaria, mientras que la señora Soto se benefició de tal acción.

Concluimos que el Tribunal de Apelaciones no erró al confirmar al Tribunal de Primera Instancia en ordenar que la señora Soto Hernández pague los intereses dejados de devengar por la cantidad de dinero que fue retirada de la cuenta bancaria sin el consentimiento del otro codueño, el señor Torres Vélez. El Tribunal de Primera Instancia debe determinar cuánto dinero en intereses dejó de devengar la partida que de la cuantía depositada en la cuenta bancaria le correspondía al señor Torres Vélez, y adjudicarle un cré-dito por esta cantidad al momento de liquidar la comuni-dad post ganancial.

V

“Es norma reiterada que la imposición de honorarios de abogado sólo procede cuando una parte ha actuado con temeridad o frivolidad”. Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 820 (2006). Al respecto, este Tribunal ha expresado lo siguiente:

[...] es “penalizar *[...] al litigante perdidoso que por su terque-dad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud des-provista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesaria-mente a asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito’ ”. íd.

La determinación de temeridad o frivolidad está sujeta a la sana discreción del Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto que:

[...] no existe temeridad cuando lo que se plantea ante el tribunal de instancia son planteamientos complejos y novedosos que no han sido resueltos en nuestra jurisdicción. Tampoco existe temeridad en aquellos casos en que el litigante actúa de acuerdo a la apreciación errónea de una cuestión de derecho y no hay precedentes establecidos sobre la cuestión, o cuando existe alguna desavenencia honesta en cuanto a quién favo-rece el derecho aplicable a los hechos del caso. (Citas y énfasis omitidos). Santiago v. Sup. Grande, supra, pág. 821.

En el caso ante nuestra consideración existían desave-nencias honestas en la aplicación del derecho. Hemos de-terminado que los tribunales inferiores erraron al aplicar la doctrina de subrogación o sustitución a la compra del apartamento de Capitol Plaza. También era necesario acla-rar que la propiedad edificada en el terreno de la Urbani-zación Bosque de los Frailes se convirtió en ganancial a través de la figura de accesión a la inversa.

Consecuentemente, no podemos concluir que la peticio-naria ha sido temeraria o frívola en la defensa de su caso. A contrario sensu, hemos observado una clara desavenen-cia en cuanto a la aplicación del derecho a los hechos del caso. El Tribunal de Apelaciones erró al concluir que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al determinar que las actuaciones de la parte peticionaria fueron temerarias.

VI

Por los fundamentos expuestos anteriormente, revoca-mos al Tribunal de Apelaciones al confirmar aquella parte de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en la que se concluyó que el apartamento del Condominio Capitol Plaza es privativo y que la Sociedad Legal de Gananciales no tiene ningún derecho sobre el mismo. También revoca- mos en cuanto a la imposición de temeridad a la parte peticionaria.

Por último, ordenamos que el Tribunal de Primera Ins-tancia determine la cantidad de intereses que dejó de de-vengar la partida que de la cuantía depositada en la cuenta bancaria le correspondía al señor Torres Vélez, y le adjudi-que un crédito al momento de liquidar la comunidad post ganancial.

En conformidad con lo anterior, se revoca parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron sin opinión escrita.

       Véase Apéndice, Anejo XI, págs. 149-153.

       Íd., Anejo XXVI, pág. 282.

       Íd., Anejo XXVI, pág. 283.

       Íd., Anejo XXIX, pág. 312.

       Íd., Anejo XXXV, págs. 394-395 y 401.

        Certiorari, págs. 10-11.

       31 LPRA sec. 3631.

       Hacemos referencia al anterior Art. 1396 del Código Civil español. Luego de la Reforma del Código Civil español por la aprobación de la Ley 11 de 13 de mayo de 1981, hubo un cambio de enumeración y en la actualidad es el Art. 1346. Orden Núm. 119, de 19 de mayo (RCL 1981, 1151).

       31 LPRA sec. 3981.

       31 LPRA sec. 3901.

       31 LPRA sec. 3641.

       31 LPRA sec. 3647.

       Véase Vda. de Fernández v. Registrador, 98 DPR 766, 769 (1970).

       Véase Apéndice, Anejo II, pág. 29.

       Íd., Anejo XXVI, pág. 283.

       En este caso, la Sociedad Legal de Gananciales adquirió un préstamo sujeto a que la cónyuge vendiera una propiedad privativa por haber sido obtenida antes de contraer matrimonio. Además, la cónyuge aportó dinero privativo que había adqui-rido a través de una donación. Universal Funding Corp. v. Registrador, 133 DPR 549, 550-551 (1993). Ante estos hechos, permitimos la inscripción de la Escritura de Compraventa e Hipoteca porque un inmueble puede pertenecer en comunidad a la Sociedad Legal de Gananciales y a uno de los cónyuges en su carácter privativo.

       Apéndice, Anejo II, págs. 18-19.

       Íd., Anejo XXVI, págs. 280-281.

       31 LPRA sec. 1273.


author: per curiam:

text:
      In re Ramón A. García Suárez.

      Número: TS-4940

      Resuelto: 13 de diciembre de 2013
   per curiam:

I

El Ledo. Ramón A. García Suárez fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 11 de diciembre de 1975 y a la nota-ría el 4 de febrero de 1976. Hasta el presente, el licenciado García Suárez no había sido objeto de otro procedimiento disciplinario ante este Tribunal.

El 19 de agosto de 2013, la Secretaria de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico envió a este Tribunal una copia certificada de la Sentencia emitida el 7 de agosto de 2013 en el caso United States of America v. Ramón García-Suárez, 3:12-CR-00420-001 (JAF). El documento indica que, en ese caso criminal, el licenciado García Suárez alegó culpabilidad del delito grave de posesión ilegal de material visual que contiene pornogra-fía infantil, tipificado en 18 USC sec. 2252(a)(4)(B).

El licenciado fue sentenciado a cumplir una pena de re-clusión carcelaria, la cual fue satisfecha con el tiempo que estuvo confinado mientras esperaba el juicio, y a diez años de libertad supervisada. En consecuencia, la Corte de Dis-trito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico instó una acción disciplinaria en contra del licenciado Gar-cía Suárez, pero como medida cautelar le suspendió inme-diatamente del ejercicio de la abogacía en ese foro hasta que culminara el proceso disciplinario.

El 6 de septiembre de 2013 emitimos una Resolución en la que concedimos al licenciado García Suárez un término de cinco días para que mostrara causa por la cual no de-bíamos suspenderlo provisionalmente de la abogacía al amparo de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909. A través de la Oficina del Alguacil General de este Tribunal, el 10 de septiembre de 2013 le notificamos personalmente al letrado nuestra orden. Aún el licenciado García Suárez no ha comparecido.

II

Este Tribunal Supremo tiene la facultad inherente de reglamentar el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción. Como parte de ello, podemos desaforar o suspender a los miembros de la profesión que no estén aptos para desempeñar tan delicado ministerio. La Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 dispone que un abogado o abogada que sea hallado culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave o delito menos grave, en conexión con el ejercicio de su profesión, o que sea culpable de cualquier delito que implique depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de la profesión.

No obstante, los motivos para ejercer nuestra facultad disciplinaria no se limitan a esos dispuestos por ley, sino que se extienden a toda conducta desplegada por el abogado que afecte su condición moral y, de esa forma, lo haga indigno de ser miembro de este foro. Por lo tanto, toda conducta delictiva del abogado que evidencie su quebrantamiento moral, aun cuando no sea producto o en conexión con el ejercicio de su profesión, es motivo para desaforarlo o suspenderlo. En reiteradas ocasiones, cuando una sentencia del foro federal indica que un abogado come-tió unos hechos que implican depravación moral, le hemos separado inmediatamente de la profesión legal.

Este Tribunal ha expresado que la depravación moral consiste en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. Así también, hemos definido depravación moral como el “estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en su[s] consecuencias”.

III

El Ledo. Ramón A. García Suárez se declaró culpable en el foro federal de cometer el delito grave de pornografía infantil al poseer ilegalmente material visual que exhibe a menores de edad sosteniendo conducta sexual explícita. La conducta desplegada en la comisión de ese delito caracte-riza lo que hemos definido como depravación moral. El acto delictivo de pornografía infantil aceptado por el licen-ciado García Suárez refleja la falta de justicia, de honradez y de buenos principios en su estado ético.

Un abogado convicto por un delito grave que implica depravación moral está incapacitado para el ejercicio de la abogacía. Por todo lo expuesto, procede que suspendamos indefinida e inmediatamente al Sr. Ramón A. García Suárez del ejercicio de la profesión de la abogacía y la notaría en Puerto Rico. Como consecuencia, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en el término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del Sr. Ramón A. García Suárez y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El Código Penal de Estados Unidos dispone:
      “Certain activities relating to material involving the sexual exploitation of minors—
      (a) Any person who: [...]
      (4)(B) knowingly possesses, or knowingly accesses with intent to view, 1 or more books, magazines, periodicals, films, video tapes, or other matter which contain any visual depiction that has been mailed, or has been shipped or transported using any means or facility of interstate or foreign commerce or in or affecting interstate or foreign commerce, or which was produced using materials which have been mailed or so shipped or transported, by any means including by computer, if
      “(i) the producing of such visual depiction involves the use of a minor engaging in sexually explicit conduct; and
      “(ii) such visual depiction is of such conduct; shall be punished as provided in subsection (b) of this section”. 18 USC sec. 2252(a)(4)(B).

        Order of immediate suspension and to show cause emitida el 19 de agosto de 2013. El 9 de septiembre de 2013, la Secretaria de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico remitió a este Tribunal una copia certificada de la orden.

        In re Martínez Maldonado, 185 DPR 1085, 1087 (2012); In re González Díaz, 163 DPR 648, 650-651 (2005).

        In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007); In re González Díaz, supra.

       La Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 LPRA sec. 735) dispone lo siguiente:
      “El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), de-lito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave come-tido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada al Tribunal Supremo, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden del Tribunal, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, el Tribunal Supremo estará facultadlo] para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión”.

        In re González Díaz, supra.

        In re Arroyo Arroyo, 182 DPR 83 (2011); In re Castillo Martínez, 173 DPR 249 (2008); In re Martínez Maldonado, supra; In re Morell Corrada, supra.

        In re González Díaz, supra, pág. 651, citando a In re Piñero Martínez, 161 DPR 293, 296 (2004). Véase In re García Quintero, 138 DPR 669, 671 (1995).

        In re Morell Corrada, supra; In re Carrasquillo Ortiz, 163 DPR 589, 593 (2004); In re García Quintero, supra.

        In re Vega Morales, 167 DPR 331, 334 (2006).


text:
      In re Mónica del C. Díaz Nieves y Yolanda Díaz Rivera, querelladas.

      Número: CP-2012-003

      Resuelto: 13 de diciembre de 2013

      Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxi-liar, Tatiana M. Grajales Torruella y Tanaira Padilla Ro-dríguez, subprocuradoras generales, abogadas de la Ofi-cina del Procurador General; María del Carmen Guerrero Espada, abogada de la Lie. Mónica del C. Díaz Nieves; María del C. Díaz Nieves, pro se; Yolanda Díaz Rivera, pro se; Carlos S. Dávila Vélez, comisionado especial.
   per curiam:

El 4 de febrero de 2010, la Sra. Gwenneth O. Stapleton Liburd presentó una queja contra la Leda. Mó-nica del C. Díaz Nieves y la Leda. Yolanda Díaz Rivera. La licenciada Díaz Nieves fue admitida al ejercicio de la abo-gacía el 6 de marzo de 2000 y al ejercicio del notariado el 23 de junio de 2004. Por su parte, la licenciada Díaz Rivera fue admitida al ejercicio de la abogacía el 6 de agosto de 2002 y a la notaría el 8 de junio de 2004.

En síntesis, la señora Stapleton Liburd relató que, luego de presentar una acción civil de daños y perjuicios en re-presentación de esta, la licenciada Díaz Nieves no diligen-ció los emplazamientos dentro del término de seis meses dispuesto en la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil de 1979 (32 LPRA ant. Ap. III). Ello provocó que el Tribunal de Primera Instancia desestimara la acción con perjuicio. La licenciada Díaz Nieves no informó a la señora Stapleton Liburd sobre la sentencia recaída. Tampoco le expresó que no continuaría representándola ni que refirió el caso y en-tregó el expediente a su prima, la licenciada Díaz Rivera. Por su parte, la licenciada Díaz Rivera presentó un recurso de apelación luego que expiró el término de treinta días establecido en la Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil de 1979 (32 LPRA ant. Ap. III), para recurrir al Tribunal de Apelaciones, lo que causó que ese foro desestimara el re-curso por falta de jurisdicción.

Por los hechos y fundamentos que discutimos a conti-nuación ordenamos la suspensión de un año de la práctica de la profesión de la licenciada Díaz Nieves, y amonesta-mos a la licenciada Díaz Rivera, con un apercibimiento de sanciones ulteriores si vuelve a violar el Código de Ética Profesional.

I

El 29 de abril de 2006, la señora Stapleton Liburd sufrió un accidente de tránsito mientras viajaba en un vehículo de transporte público conducido por su dueño, el Sr. Vicente Alamo Tapia. Pocos días después, la señora Staple-ton Liburd informó del accidente y los daños sufridos a la licenciada Díaz Nieves, para quien trabajaba como em-pleada doméstica. Esta le contestó que presentaría una demanda.

El 27 de abril de 2007, la licenciada Díaz Nieves, en representación de la señora Stapleton Liburd, presentó una demanda de daños y perjuicios en el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala de San Juan (Civil Núm. KDP2007-0527), contra el señor Álamo Tapia y otros. Ese mismo día, la secretaría de ese tribunal expidió los emplazamientos correspondientes, y la licenciada Díaz Nieves los entregó al Sr. Nelson Negroni para su diligenciamiento.

Luego de presentar la demanda, la licenciada Díaz Nieves solicitó al Comisionado de Seguros que le certificara si existía o no una póliza de responsabilidad pública a nom-bre del demandado, el señor Álamo Tapia. El funcionario le notificó que el señor Álamo Tapia no tenía una póliza de responsabilidad pública. Además, la licenciada Díaz Nieves contactó al Ledo. Emilio Cancio Bello, quien había pre-sentado una demanda contra el señor Álamo Tapia por los mismos hechos, pero en representación de otra víctima. En ese momento, supo que el licenciado Cancio Bello desistió del pleito debido a que el señor Álamo Tapia carecía de bienes con los cuales responder.

La licenciada Díaz Nieves no veló por que se diligencia-ran los emplazamientos. El día antes de vencer el término dispuesto por ley para diligenciarlos, el señor Negroni los devolvió a la licenciada Díaz Nieves sin haber tomado ac-ción alguna sobre ellos. La licenciada Díaz Nieves no pre-sentó una solicitud de prórroga para emplazar. Alegó que su omisión se debió a la situación de abuso y violencia do-méstica por la que supuestamente atravesaba su matrimo-nio desde el 2003 y que, según ella, aún imperaba en su hogar.

El 27 de noviembre de 2007, el foro primario emitió una sentencia que desestimó la demanda de la señora Staple-ton Liburd, con perjuicio, según la derogada Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil de 1979, supra, por no haber dili-genciado los emplazamientos dentro del término de seis meses dispuesto para ello. El 30 de noviembre de 2007, se notificó la sentencia a la licenciada Díaz Nieves y a la se-ñora Stapleton Liburd. Sin embargo, la señora Stapleton Liburd, natural de la isla de Nevis y sin saber leer el idioma español, no comprendió su contenido. A pesar de conocer este hecho, la licenciada Díaz Nieves nunca se co-municó con su dienta para informarle sobre la sentencia recaída ni para justificar su falta de diligencia.

Durante el mes de noviembre de 2007, la licenciada Díaz Nieves se comunicó con su prima hermana, la licen-ciada Díaz Rivera, y le expresó que no podía continuar con la representación legal de la señora Stapleton Liburd dado que su situación personal no se lo permitía. Además, le solicitó que continuara con el caso, a lo que la licenciada Díaz Rivera contestó que no lo liaría sin antes entrevistar a la señora Stapleton Liburd y sin que la licenciada Díaz Nieves solicitara al tribunal su relevo como abogada de la parte demandante.

La licenciada Díaz Nieves no se comunicó con la señora Stapleton Liburd para informarle sobre la situación personal que le impedía continuar representándola. Tampoco le informó sobre el estado de los procedimientos ni contó con su autorización para entregar el expediente del caso a la licenciada Díaz Rivera. Fue la licenciada Díaz Rivera quien, al citar a la señora Stapleton Liburd para una en-trevista, le informó sobre el problema que impedía a la licenciada Díaz Nieves continuar representándola y sobre la sentencia emitida por el foro primario el 27 de noviem-bre de 2007. En ese momento, la licenciada Díaz Rivera se ofreció a representar a la señora Stapleton Liburd en caso de que el tribunal relevara a su actual representante legal, la licenciada Díaz Nieves.

El 7 de diciembre de 2007, la licenciada Díaz Rivera presentó en el Tribunal de Primera Instancia una moción de reconsideración, expedición de nuevos emplazamientos y orden de renuncia a la actual representación legal. El foro primario rechazó de plano esa moción. Esa orden se notificó el 17 de diciembre de 2007.

Ante dicha determinación, la licenciada Díaz Rivera se comunicó con la señora Stapleton Liburd para orientarla en cuanto a la decisión del foro primario y para que bus-cara una nueva representación legal ante el Tribunal de Apelaciones, lo cual no hizo. Luego de esfuerzos infructuo-sos por parte de la licenciada Díaz Rivera para hallar al-gún abogado que accediera a llevar el pleito, asumió la representación legal de la señora Stapleton Liburd ante el foro apelativo intermedio. No surge del expediente la fecha precisa en que la licenciada Díaz Rivera acepta esa encomienda.

El 16 de enero de 2008, la licenciada Díaz Rivera pre-sentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el término de 30 días para soli-citar revisión ante ese foro, según dispuesto en la entonces vigente Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil de 1979, supra, había expirado el 2 de enero de 2008. Es por ello que el foro apelativo intermedio emitió una sentencia en la que desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción. Basó su determinación en que el término para apelar con-forme lo dispuesto por la derogada Regla 47 de Procedi-miento Civil de 1979 (32 LPRA ant. Ap. Ill) no quedó inte-rrumpido, pues la moción de reconsideración se rechazó de plano.

Por todo lo antes descrito y por quedar la señora Staple-ton Liburd impedida de reclamar por los daños que sufrió tras su accidente, esta presentó una queja contra las licen-ciadas Díaz Nieves y Díaz Rivera ante este Tribunal por haber violado las exigencias del Código de Etica Profesional. Luego de varios trámites procesales, el 12 de marzo de 2012 se presentó una querella contra las licen-ciadas Díaz Nieves y Díaz Rivera. En la querella, se le imputó a ambas violar los Cánones 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.

Mediante la Resolución de 4 de octubre de 2012, desig-namos al Hon. Carlos Dávila Vélez, exjuez del Tribunal de Primera Instancia, como comisionado especial para que re-cibiera la prueba necesaria y rindiera el informe sobre los hechos en controversia. El comisionado especial presentó ante este Foro un informe en el cual concluyó que la licen-ciada Díaz Nieves violó los Cánones 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, y que, por su parte, la licenciada Díaz Rivera violó únicamente los Cánones 12, 18 y 38 de ese código. Coincidimos con la determinación del comisionado en cuanto a la licenciada Díaz Nieves, y par-cialmente en cuanto a la licenciada Díaz Rivera. Sometido el caso ante nuestra consideración, pasamos a evaluar la controversia que nos ocupa.

II

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. EX, impone a todo abogado el deber de puntualidad y diligencia al tramitar las causas y la obligación de realizar las gestiones encomendadas con el mayor grado de responsabilidad, para evitar entorpecer su resolución. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 35 (2011). Véase, además, In re López Montalvo, 173 DPR 193, 200 (2008). En lo aquí pertinente, el Canon 12, supra, dispone:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de sus causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. (Énfasis suplido).

El deber que recoge el Canon 12, supra, se extiende a todas las etapas de un litigio. In re Nieves Nieves, supra, pág. 36. Véanse, además: In re Collazo I, 159 DPR 141, 148 (2003); In re Pagán Hernández, 141 DPR 113, 118 (1996). Las actuaciones u omisiones de un abogado no deben poner en riesgo el resultado del pleito ni los derechos de su cliente. In re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 543 (2012). Véase, además, In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 991 (2012). Así, el comportamiento de todo abogado debe descansar en "el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial”. In re Nieves Nieves, supra, pág. 36. Véase In re Díaz Alonso, Jr., 115 DPR 755, 762 (1984).

La falta de diligencia de la licenciada Díaz Nieves se ma-nifestó cuando omitió emplazar a la parte demandada den-tro del término dispuesto luego de presentar una demanda en representación de la señora Stapleton Liburd. Después de entregar los emplazamientos al señor Negroni para su diligenciamiento, la licenciada Díaz Nieves no dio segui-miento a la gestión delegada ni solicitó una prórroga cuando supo que los emplazamientos no fueron diligenciados. Su omisión causó que el foro primario desestimara la acción con perjuicio, lo que resultó en una grave lesión a los intereses de la señora Stapleton Liburd. Todo ello consiste en una clara violación al Canon 12, supra.

Por otra parte, la licenciada Díaz Rivera presentó un recurso de apelación vencido el término que dispone la ley. Esa conducta denota falta de diligencia al tramitar la causa de acción de su cliente. Sin embargo, de la prueba no se desprende el momento preciso en el que la licenciada Díaz Rivera aceptó acudir en apelación. Es decir, no se es-tableció cuándo comenzó la relación abogado-cliente con re-lación a esa apelación.

Por esa razón, no estamos en posición de concluir que la licenciada Díaz Rivera tenía un deber de presentar el re-curso de apelación a tiempo, pues no sabemos si esta aceptó llevar la apelación antes o después de expirado el término para ello. No nos cabe duda de que la licenciada Díaz Rivera se sumó a la representación legal de la señora Stapleton Liburd al presentar una moción de reconsidera-ción ante el foro primario, independientemente del resul-tado de esa moción. No obstante, esa obligación cesó cuando se agotaron los recursos ante ese foro, pues un abo-gado que gestiona un caso en el Tribunal de Primera Instancia no está obligado a continuar representando a su cliente en los trámites de una apelación. In re Roca Rosselli, 164 DPR 380, 387 (2005).

Luego de que la señora Stapleton Liburd acudió por se-gunda vez ante la licenciada Díaz Rivera, esta contrajo una nueva obligación con su dienta ante el foro apelativo intermedio. Es entonces cuando surgió el deber de diligen-cia y puntualidad que exige el Canon 12, supra, ante ese foro. De haber contraído la obligación dentro de los treinta días jurisdiccionales para presentar el recurso de apela-ción, evidentemente, la licenciada Díaz Rivera debía pre-sentar el recurso a tiempo, conforme las exigencias del Canon 12, supra. Sin embargo, no contamos con evidencia que satisfaga el quantum de prueba requerido en estos ca-sos —prueba clara, robusta y convincente— para estable-cer si ese deber surgió antes o después de que expiró el término para apelar. Véase In re García Ortiz, 187 DPR 507, 521 (2012).

Por ende, aunque la licenciada Díaz Rivera no tiene ex-cusa para presentar un recurso tardío, faltan datos para concluir que violó el deber de diligencia. De haber asumido la representación en esa etapa después que venció el plazo para apelar, la presentación tardía del recurso no podía causar una dilación indebida en el trámite y solución del pleito. Este es un elemento necesario para determinar que se violó el Canon 12, supra.

III

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, establece que

[s]erá impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está [sic] consciente de que no puede ren-dir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazo-nables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable. (Enfasis suplido).

De ello se infiere el deber de todo abogado de “rendir una labor idónea de competencia y diligencia en relación con los asuntos de su cliente”. In re Franco Rivera, 169 DPR 237, 259 (2006). Hemos manifestado que “aquella ac-tuación negligente que pueda conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o archivo de un caso, se configura violatoria del Canon 18”. In re Nieves Nieves, supra, pág. 37. Véase, además, In re Pujol Thompson, 171 DPR 683, 689 (2007). La indiferencia, desidia e inacción al tramitar un caso son contrarias al deber que recoge el citado canon. In re Amill Acosta, 181 DPR 934, 940 (2011). Véanse, además: In re Rodríguez Lugo, 175 DPR 1023, 1028 (2009); In re Pizarro Colón, 151 DPR 94, 105 (2000).

Anteriormente, este Tribunal ha señalado como actuaciones que violan el deber de diligencia y competencia que recoge el Canon 18, supra, no contestar planteamientos fundamentales, ignorar órdenes emitidas por el tribunal, cometer errores crasos, desatender o abandonar los trámites del caso y permitir, mediante cualquier actuación negligente, que la acción se desestime sin realizar esfuerzos para evitarlo. In re Vega Quintana, 188 DPR 536 (2013). Véanse, además: In re Vilches López, 170 DPR 793, 798 (2007); In re Rodríguez Villalba, 160 DPR 774, 780 (2003).

Además, hemos suspendido de la profesión a abogados que faltaron a su deber de diligencia al causar la pérdida de la causa de acción de sus representados. Véanse: In re Arroyo Rivera, 148 DPR 354 (1999); In re Ortiz Velázquez, 145 DPR 308 (1998). En In re Rosado Cruz, 142 DPR 957, 961 (1997), expresamos que

[...] la conducta del querellado al omitir el diligenciamiento de los emplazamientos dentro del término correspondiente, re-sultando ello en la desestimación con perjuicio de la causa de acción de la quejosa, incide con las disposiciones del Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, el cual obliga a todo abogado a rendir una labor idónea y competente en todo momento.

Por otra parte, al aceptar una encomienda apelativa, el abogado que no posea los conocimientos procesales y sustantivos necesarios para gestionarla adecuadamente ni la preparación que requiere la presentación de un re-curso apelativo demuestra falta de diligencia, contrario a lo exigido por el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra. In re Vélez Valentín, 124 DPR 403, 409 (1989); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 239 (1984). Así, hemos establecido que permitir que expire el término para presentar un recurso de apelación es una conducta que entraña una violación al deber de diligencia. In re De León Rodríguez, 173 DPR 80, 89 (2008). Véase In re Pujol Thompson, supra, pág. 689.

La licenciada Díaz Nieves tenía el deber ineludible de proteger los intereses de la señora Stapleton Liburd desde que ofreció representarla. Consideramos que la licenciada Díaz Nieves violó el Canon 18, supra, al no desempeñarse con la competencia debida y no diligenciar los emplaza-mientos dentro del término de seis meses que disponían las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. El hecho de haber delegado esa encomienda al señor Negroni, quien había realizado ese tipo de tareas en el pasado, no la relevó de cumplir con su obligación. Ella debió dar seguimiento al señor Negroni para asegurarse de que el tribunal adqui-riera jurisdicción sobre la persona del demandado dentro del término requerido.

La inacción de la licenciada Díaz Nieves tuvo el efecto de que el pleito se desestimara con perjuicio, sin realizar esfuerzo alguno para evitarlo. Su situación personal no justifica que haya desatendido el caso. La licenciada Díaz Nieves violó el Canon 18, supra. Además de su falta de diligencia y competencia al no defender los intereses de la señora Stapleton Liburd, asumió la representación legal consciente de que no podía rendir una labor idónea y com-petente, pues ella misma declara que enfrentaba proble-mas matrimoniales desde hacía tres años antes de aceptar la encomienda.

Por su parte, la licenciada Díaz Rivera faltó al deber de competencia al presentar un recurso de apelación a destiempo. Como mencionamos anteriormente, este Tribunal no tiene suficiente prueba ante sí para determinar el momento preciso en que se originó la relación abogado-cliente entre la licenciada Díaz Rivera y la señora Staple-ton Liburd ante el Tribunal de Apelaciones. Unicamente conocemos que, culminado el proceso ante el foro primario, la licenciada Díaz Rivera rechazó continuar con la repre-sentación legal de la señora Stapleton Liburd ante el foro apelativo intermedio. No fue hasta que la señora Stapleton Liburd se presentó por segunda vez ante ella y desprovista de un abogado, que la licenciada Díaz Rivera accedió a pre-sentar el recurso de apelación.

Independientemente de que la licenciada Díaz Rivera haya aceptado la encomienda para apelar antes o después de vencido el término para ello, demostró una clara falta de competencia, en violación del Canon 18, supra. Por tra-tarse de un término jurisdiccional, la licenciada Díaz Rivera sabía o debía saber que el foro apelativo intermedio no gozaba de discreción para atender un recurso de apela-ción tardío. Véanse: Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 252-253 (2012); Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Aun así, se basó en fundamen-tos desacertados para presentar un recurso improcedente.

Es meritorio aclarar que la licenciada Díaz Rivera no estaba obligada a representar a la señora Stapleton Liburd ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, ello no jus-tifica su falta de competencia. La licenciada Díaz Rivera voluntariamente aceptó la encomienda apelativa. Al acep-tarla, dio inicio a una relación de abogado-cliente con la señora Stapleton Liburd, la cual ameritaba que se em-pleara una conducta que cumpliera con las exigencias mí-nimas de los cánones del Código de Ética Profesional. Es por ello que consideramos que la licenciada Díaz Rivera faltó al deber de competencia que impone el Canon 18, supra.

IV

En esencia, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, dispone que todo abogado “debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Este deber “es un elemento imprescindible de la relación fiduciaria del abogado y el cliente” que nace al momento en que el abogado acepta tramitar la reclamación de su cliente y termina cuando finaliza la representación legal. In re Nieves Nieves, supra, pág. 39. Véase, además, In re Franco Rivera, supra, pág. 261. Es por ello que mantener a un cliente ajeno a las incidencias del pleito lesiona el Canon 19, supra, y el proceso general de impartir justicia. In re Nieves Nieves, supra, pág. 39.

Este Tribunal ha expresado que toda comunicación del abogado hacia sus clientes debe ser directa y efectiva, no a través de terceros. In re Maduro Classen, 137 DPR 426, 432 (1994). Esa obligación consiste en

[...] mantener informado a su cliente de las gestiones realiza-das y del desarrollo de los asuntos a su cargo, consultándole cualquier duda sobre asuntos que no caigan en el ámbito dis-crecional, y dentro de los medios permisibles, cumplir con sus instrucciones. In re Franco Rivera, supra, págs. 260-261, citando a In re Acosta Grubb, 119 DPR 595, 603 (1987). Véanse, además: In re Ortiz Morales, 166 DPR 105, 116-117 (2005); In re Laureano Molina, 161 DPR 58, 63-64 (2004); In re Román Rodríguez, 152 DPR 520, 527 (2000); In re Ortiz Velázquez, supra, pág. 313; In re Avilés Vega, 141 DPR 627, 633 (1996).

En In re Vélez Valentín, supra, pág. 410, expresamos que un abogado que falle en alguna encomienda debe comunicarlo a su cliente. El deber de mantener informado al cliente abarca todo tipo de asunto importante durante la tramitación de un caso, aun en instancias donde el resultado sea adverso a los derechos del cliente y se torne inútil continuar el trámite procesal. Id. Por ello, hemos resuelto que un abogado tiene el deber ético de notificar a su cliente la desestimación de la acción. In re Acevedo Álvarez, 143 DPR 293, 298 (1997); In re Pérez Santiago, 131 DPR 676, 693 (1992).

La licenciada Díaz Nieves infringió el Canon 19, supra, al no informar a la señora Stapleton Liburd sobre la sen-tencia del foro primario que desestimó el pleito con perjuicio. Tampoco le explicó la razón por la cual no dili-genció el emplazamiento ni el efecto que ello tuvo sobre el caso. Más aún, la licenciada Díaz Nieves nunca comunicó a su dienta que enfrentaba problemas personales que le im-pedían continuar representándola ni le consultó la alterna-tiva de referir el caso a la licenciada Díaz Rivera. Todos los asuntos mencionados eran altamente pertinentes y mere-cían ser comunicados a la señora Stapleton Liburd, quien estuvo ajena al desarrollo de su caso a nivel de primera instancia. Por ello, concluimos que la licenciada Díaz Nieves violó el referido canon.

En cuanto a la licenciada Díaz Rivera, no podemos lle-gar a la misma conclusión. El cargo que se le imputa en la querella consiste en incumplir con el deber personalísimo de mantener a la señora Stapleton Liburd informada del resultado de su gestión profesional ante el Tribunal de Apelaciones. La licenciada Díaz Rivera mantuvo comunica-ción con la señora Stapleton Liburd durante el trámite ante el foro apelativo intermedio. Asimismo, le notificó de la determinación adversa de ese foro, por lo que cumplió con el deber que impone el Canon 19, supra.

V

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, dispone, en lo pertinente, que

[cjuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello.
Antes de renunciar a la representación de su cliente el abo-gado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten per-juicio a los derechos de su cliente tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; conce-derle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, inclu-yendo la notificación al tribunal de la última dirección cono-cida de su representado.

En supuestos en los que, por razones justificadas, exis-tan motivos que impidan brindar una representación ade-cuada a su cliente, el abogado está obligado a presentar ante el tribunal una moción para solicitar la renuncia a la representación legal y tomar las medidas necesarias para evitar que se lesionen los derechos del representado. In re Guadalupe, Colón, 155 DPR 135, 156 (2001). Una actuación contraria constituye “un craso error de juicio, que implica una violación al Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra”. Íd.

Mientras el tribunal no releve al abogado de su respon-sabilidad, éste tiene el deber insoslayable de realizar su gestión profesional y exhibir el más alto grado de compe-tencia y diligencia posible de acuerdo con las exigencias del Código de Ética Profesional. In re Torres Muñoz, 174 DPR 907, 916 (2008). Véase, además, Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 752 (1986).

Por otra parte, este Tribunal ha expresado que

[c]omo regla general, en ausencia de un convenio, un abo-gado que actúa como tal en la celebración de un juicio o en los trámites judiciales seguidos en un tribunal de primera instan-cia, no tiene la obligación para con su cliente de continuar como abogado en los t[rá] mites de apelación, una vez dictada sentencia. In re Roca Rosselli, supra, pág. 387. Véase, además, Pueblo v. Jiménez, 77 DPR 687, 691 (1954).

No obstante, esa norma no guarda relación con la res-ponsabilidad que tiene un abogado de salvaguardar el de-recho de su cliente a apelar. In re Roca Rosselli, supra, pág. 387. Véase, además, Colón Prieto v. Géigel, supra, pág. 241. Esa responsabilidad existe aun sin haberla pactado, pues surge del deber de ofrecer una labor idónea, responsable y diligente (Canon 18, supra), y de mantener al cliente informado (Canon 19, supra). In re Roca Rosselli, supra, pág. 387. Es por ello que, mientras un tribunal no acepte la renuncia de un abogado en un caso, el deber de diligencia lo obliga a apercibir a su cliente de su derecho a apelar y asesorarlo al respecto.

En el caso que nos ocupa, la licenciada Díaz Nieves vio-lentó el Canon 20, supra, debido a que abandonó la repre-sentación de su dienta sin antes presentar una moción de renuncia ante el tribunal. Además, no le comunicó a su dienta que no continuaría representándola ni la asesoró sobre las alternativas disponibles y los términos que co-rrían en su contra. En fin, la licenciada Díaz Nieves se desvinculó del caso de la señora Stapleton Liburd por su cuenta, sin tomar las medidas razonables para evitar cau-sarle perjuicio y sin seguir el procedimiento dispuesto para ello. Como mínimo, la licenciada Díaz Nieves debió presen-tar oportunamente una moción de renuncia de representa-ción legal y, hasta que el tribunal aceptara su renuncia, continuar la representación de la señora Stapleton Liburd con la mayor diligencia y competencia posible. Era su de-ber preservar la causa de acción de su dienta.

Por otro lado, consideramos que la licenciada Díaz Rivera no incurrió en una violación del Canon 20, supra. Ella nunca abandonó las responsabilidades que tenía con la se-ñora Stapleton Liburd en el Tribunal de Primera Instancia y, posteriormente, ante el foro apelativo intermedio. La li-cenciada Díaz Rivera se convirtió en la representación legal de la señora Stapleton Liburd, conjuntamente con la licenciada Díaz Nieves, al presentar una moción de recon-sideración ante el Tribunal de Primera Instancia. Para ello no importa que el tribunal rechazara la moción de renun-cia de la otra abogada.

La licenciada Díaz Rivera cumplió con sus deberes éti-cos y con sus responsabilidades hasta que cesó el trámite en el foro primario. Esta no tenía una obligación de renunciar. Asimismo, notificó a su dienta de la respuesta de ese foro a la moción de reconsideración y le advirtió de su derecho a acudir en apelación. Además, la orientó para que buscara una nueva representación legal para acudir en apelación. De esa forma, cesaron las responsabilidades de la licenciada Díaz Rivera con la señora Stapleton Li-burd ante el Tribunal de Primera Instancia. Si la prueba hubiese establecido que la licenciada Díaz Rivera no cum-plió con alguno de los requerimientos específicos del Canon 20, supra, concluiríamos que ella no salvaguardó el dere-cho de su dienta a apelar y que, por ende, violó ese canon.

En un momento posterior que la prueba no establece con precisión, la licenciada Díaz Rivera asumió la repre-sentación legal de la señora Stapleton Liburd para acudir al Tribunal de Apelaciones. Desde entonces, le correspon-día a la licenciada Díaz Rivera realizar sus gestiones pro-fesionales hasta que culminara el trámite procesal ante el foro apelativo intermedio. Así lo hizo, pues cumplió con sus responsabilidades hasta que ese foro notificó una resolu-ción declarándose sin jurisdicción. Es por ello que la licen-ciada Díaz Rivera no tenía un deber de renunciar.

VI

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, establece lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia [...]
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida pri-vada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. En observancia de tal conducta, el abogado debe abstenerse en absoluto de aconsejar y asesorar a sus clientes en otra forma que no sea el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial y a los organismos administrativos. (Énfasis suplido).

Los abogados tienen una responsabilidad moral y ética que los obliga a examinar su comportamiento continuamente. In re Nieves Nieves, supra, pág. 45. Véase, además, In re Rodríguez Vázquez, 176 DPR 168, 177 (2009). Por ser “el espejo donde se refleja la imagen de la profesión”, los abogados deben conducirse de forma digna y honorable, y actuar con el más alto nivel de responsabilidad que requiere la profesión. Id. Más aún, hemos reiterado que

[...] los abogados son funcionarios del Tribunal y ministros ordenados de la justicia y, como tales, sus actuaciones deben estar encaminadas a mantener un orden jurídico íntegro y efi-caz, “orientado esencialmente por los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano”. In re Cuyar Fernández, 163 DPR 113, 117 (2004), citando a In re Santiago Rodríguez, 160 DPR 245, 254 (2003).

En la querella ante nos, la licenciada Díaz Nieves no emplazó oportunamente a la parte demandada, no man-tuvo a su dienta —la señora Stapletonn Liburd— infor-mada del desarrollo de su causa de acción, renunció a su representación legal sin obtener el permiso del tribunal, no le comunicó su intención de cesar de representarla en el pleito y no la asesoró sobre su derecho a apelar o a buscar un nuevo abogado que gestionara el trámite apelativo.

Todo eso resultó en un grave perjuicio para la señora Stapleton Liburd, quien finalmente quedó desprovista de un remedio. La licenciada Díaz Nieves mostró una falta de responsabilidad y conducta impropia en el manejo del caso. Esa conducta en nada salvaguarda la integridad que exige la profesión de la abogacía y que requiere el Canon 38, supra. En vista de lo anterior, concluimos que la licenciada Díaz Nieves violó las exigencias del citado canon.

Llegamos a la misma conclusión en cuanto a la licen-ciada Díaz Rivera, quien presentó un recurso de apelación fuera de término que dejó al foro apelativo sin jurisdicción.

La conducta de ambas querelladas causó un daño a la señora Stapleton Liburd, pues desvanecieron los recursos disponibles para que esta intentara revivir su causa de acción. Independientemente de su intención y las razones para actuar así, el desempeño de las licenciadas Díaz Nieves y Díaz Rivera fue irresponsable. Además, ambas abo-gadas afectaron el honor y la imagen de la profesión legal al no resguardar la confianza que la señora Stapleton Li-burd depositó en ellas, reflejo de la confianza que la profe-sión aspira generar en toda persona.

VII

Resta entonces determinar la sanción que debemos imponer a las querelladas. Anteriormente, hemos ex-presado que “[p]ara imponer una sanción disciplinaria a un abogado por conducta impropia, es necesario considerar su historial previo; si goza de buena reputación; la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; si se realizó con ánimo de lucro, y cualquier otro factor pertinente a los hechos”. In re Amill Acosta, supra, pág. 944. Véanse, además: In re Rodríguez Lugo, supra, pág. 1032; In re Vilches López, supra, pág. 801.

Ambas querelladas alegan la presencia de ciertos he-chos que constituyen atenuantes. Conviene señalarlos.

En una moción presentada el 19 de abril de 2013, la licenciada Díaz Nieves aceptó que no emplazó dentro del término que correspondía ni solicitó prórroga para hacerlo por un error de juicio e inadvertencia al no dar el adecuado seguimiento al emplazador. También reconoció que no po-día rendir una labor idónea y competente a su dienta de-bido a su situación personal. Por eso, acepta que erró al no presentar una moción de renuncia ante el tribunal. Asi-mismo, en varias comparecencias, la licenciada Díaz Nieves expresó su sincero arrepentimiento y pidió disculpas tanto a la querellante como a este Tribunal.

Por su parte, el 30 de agosto de 2013, la licenciada Díaz Rivera presentó una moción en la que reconoció que erró al presentar el recurso de apelación fuera del término que establecen las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. De igual forma, pidió disculpas al respecto. Además, esta es la primera falta de la licenciada Díaz Rivera desde que in-gresó a la profesión. En ocasiones anteriores, hemos reco-nocido que ese hecho constituye un atenuante que debe tomarse en consideración. In re Amill Acosta, supra, págs. 944-945. Véase, además, In re Rodríguez Feliciano, 165 DPR 565, 582 (2005).

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la licen-ciada Díaz Nieves. Según surge del expediente, el 2 de no-viembre de 2009, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico suspendió indefinidamente a la licenciada Díaz Nieves de la práctica de la abogacía en ese foro. In re Mónica del Carmen Díaz Nieves, USDC-PR No. 217412, 08-0123. La suspensión disciplinaria se debió a que en el caso García v. State of Florida, Civil No. 07-1940, ella no mantuvo informado a su cliente, no diligenció los emplaza-mientos ni hizo gestión alguna en el manejo del caso, lo que causó que la acción se desestimara sin perjuicio. El 27 de abril de 2012, ordenamos el archivo de la queja presen-tada ante este Tribunal por los mismos hechos. Eso signi-fica que los hechos no motivaban una suspensión adicional a la que decretó el foro federal. Sin embargo, la suspensión disciplinaria de la licenciada Díaz Nieves en el foro federal prevalece, por lo que por sí sola constituye un agravante que debemos considerar al imponerle la sanción.

Considerado todo lo anterior, ordenamos la suspensión inmediata de la Leda. Mónica del C. Díaz Nieves de la práctica de la profesión por el término de un año. Esta violó los Cánones 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profe-sional, supra. La querellada deberá notificar a todos sus clientes su inhabilidad para continuar con su representa-ción y deberá devolver los expedientes y honorarios recibi-dos por trabajos no rendidos en los casos pendientes. Ade-más, deberá notificar oportunamente de la suspensión que hoy se ordena a los foros judiciales y administrativos. Las gestiones antes descritas deberán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la no-tificación de esta Opinión.

Por su parte, en esta ocasión limitamos la sanción de la Leda. Yolanda Díaz Rivera a una amonestación por violar los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Le advertimos que una violación ulterior a las normas mí-nimas de conducta que exige ese código conllevará una san-ción disciplinaria más severa.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

       Luego de que ocurrieron los hechos, con la aprobación de las Reglas de Pro-cedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V) se introdujo la Regla 9.2 que establece que el abogado que interese renunciar a la representación legal deberá presentar su solicitud mediante moción escrita y, entre otras cosas, hacer constar que notificó a su cliente la intención de renunciar a su representación y que cumplió con las exigen-cias del Código de Etica Profesional. Véase, además, Regla 19 de Administración del Tribunal de Primera Instancia, 4 LPRAAp. II-B.


author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

text:
    Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. et al., recurridos, v. Municipio de Dorado et al. y United States District Court for the District of Puerto Rico, peticionarios.

      Número: CT-2013-0014

      Resuelto: 16 de diciembre de 2013

      Héctor Rivera Cruz, del bufete Héctor Rivera Cruz, e Iván Pasarwell Jové, abogados del municipio de Dorado, parte peticionaria; Nora Vargas Acosta y Paul D. Polidoro, abo-gados de Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. parte recurrida; Margarita Mercado Echegaray, pro-curadora general, Amarilis Ramos Rodríguez, procuradora general auxiliar, Arturo J. García Sold, Héctor M. Laffitte, Néstor Durán González, del bufete McConnell Valdés LLC, abogados de DBR Dorago Owner LLC, Coco Beach Maintenance, Inc. y Serrallés Hotel, Inc., Josué González-Ortiz y William Ramirez Hernández, abogados de la ACLU de Puerto Rico, amicii curiae.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción de la ACLU Solicitando Autoriza-ción y Tiempo para Comparecer como Amicus Curiae, pre-sentada por la American Civil Liberties Union (ACLU) el 9 de diciembre de 2013, se declara “no ha lugar”. Conforme al derecho vigente y la controversia específica que tenemos ante nuestra consideración en el caso de epígrafe, esa soli-citud resulta improcedente.

En Pueblo ex rel. L.V.C., 110 DPR 114 (1980), tuvimos la oportunidad de expresarnos por primera vez sobre la fi-gura del amicus curiae. En lo pertinente, expresamos que aunque los orígenes de esa figura no son del todo claros, en principio se conceptualizó como un ente neutral dentro del proceso litigioso, sin interés en la causa de acción llevada ante el tribunal. Id., pág. 127. No obstante, con el paso del tiempo la concepción del amigo de la corte ha ido amplián-dose para aceptar que la comparecencia sea activa en de-fensa de ciertos intereses públicos o privados. íd.

Así, la figura del amicus curiae sirve para propiciar que el tribunal, “en vez de limitarse a las consecuencias inme-diatas de su decisión para las partes litigantes, pondere, con mayor detenimiento, las repercusiones que la norma jurídica planteada tendría para otras partes interesadas”. (Enfasis suprimido). Gorbea Vallés v. Registrador, 133 DPR 308, 312 (1993). Véase, además, Pueblo v. González Malavé, 116 DPR 578, 596 (1985).

Ahora bien, el nombramiento de un amicus curiae es una determinación discrecional del tribunal. Pueblo v. González Malavé, supra, pág. 591. Cónsono con ello, la autorización a comparecer como amigo de la corte debe responder a la ne-cesidad del Tribunal de estar mejor informado para atender adecuadamente la controversia específica ante nuestra consideración, más allá del interés particular del solicitante. Al respecto, en Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 127 DPR 974, 977 (1991), recogimos las características que nuestra jurisprudencia ha englobado en la figura del amigo de la corte. Así, establecimos que

(a) su comparecencia no es de derecho, sino que está sujeta a la sana discreción del Tribunal; (b) se justifica su participación en aquellos casos que estén revestidos de interés público; (c) su comparecencia debe responder principalmente a las necesi-dades del Tribunal de estar informado más que al mismo in-terés del amicus curiae, y (d) el amicus curiae, no puede con-vertirse en una parte del litigio. (Énfasis suplido). Id.

De esa forma, podemos concluir que la intervención de un amigo de la corte no es un derecho, sino que se trata de una intervención permitida, según dicte la sana discreción del tribunal, con el objetivo de ilustrar al tribunal sobre el derecho aplicable a la controversia, según ello se requiera. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. II, pág. 801. La función de un amigo de la corte no es acudir al tribunal a vindicar derechos. Id.

En el caso de epígrafe, el 17 de julio de 2013 emitimos una Resolución mediante la cual acogimos el recurso de Certificación Interjurisdiccional presentado por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. En aquella ocasión, específicamente dispusimos que “[s]e emite un auto de certificación para auscultar únicamente si las leyes de Puerto Rico permiten la existencia de calles privadas”. íd. (Énfasis suplido). Siendo así, emitimos la certificación para considerar exclusivamente una contro-versia relacionada a las materias de derechos reales y de-recho registral inmobiliario.

En la moción presentada, la ACLU expone que su com-parecencia como amigo de la corte “en consideración a su larga trayectoria en la defensa de los derechos y libertades civiles de todos los ciudadanos, asistirá a este Honorable Tribunal a estar más informado sobre las cuestiones plan-teadas sin convertirse en una parte en la controversia”. (Én-fasis suplido). Véase Moción de la ACLU Solicitando Autori-zación y Tiempo para Comparecer como Amicus Curiae, pág. 3. Así, la ACLU ofrece comparecer como amigo de la corte a fin de ilustrar a este Tribunal en temas relacionados a derecho constitucional, lo cual resulta innecesario en este caso, porque la controversia se relaciona con las materias de derechos reales y derecho registral inmobiliario. El asunto constitucional que planteaba este caso no se nos planteó. De hecho, el 7 de septiembre de 2012, en el caso CT-2012-10, rechazamos expresamente adentramos en la controversia constitucional, porque ya el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito había emitido su decisión sobre ese asunto. Watchtower v. Sagardía De Jesús, 634 F.3d 3, 11-12 (1er Cir. 2011). La controversia de este caso surge mientras se implementaba la decisión de ese foro.

En consideración a lo anterior, no se cumplen los factores que enumera nuestra jurisprudencia para que proceda una petición de amigo de la corte. Gorbea Vallés v. Registrador, supra; Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra; Pueblo v. González Malavé, supra; Pueblo ex rel. L.V.C., supra. Por ello, declaramos “no ha lugar”la Moción de la ACLU Solicitando Autorización y Tiempo para Comparecer como Amicus Curiae.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concu-rrió con el resultado e hizo constar las expresiones siguien-tes:

Reconozco el interés que la ACLU pueda tener en la contro-versia ante nuestra consideración, pero, entiendo que su com-parecencia no es necesaria para que este Tribunal resuelva la controversia certificada, como tampoco me parece necesaria la participación de DBR Dorado Owner, LLC, Coco Beach Maintenance, Inc., y Serrallés Hotel, Inc. Ahora bien, una vez una mayoría de este Tribunal aceptó que esas compañías dueñas de complejos residencíales-hoteleros participaran como amigos de la corte, entendí prudente invitar al Departamento de Justicia para que expusiera la posición del Estado sobre la controversia. Con ello se asegura que tengamos ante nuestra consideración las diferentes interpretaciones y posturas sobre lo que es una cuestión de estricto derecho local. Siendo ello así, no procede conceder la petición de la ACLU.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez concurrió con el resultado e hizo constar las expresiones siguientes:

Concurro con declarar “no ha lugar” la solicitud de la American Civil Liberties Union (ACLU) para comparecer como ami-cus curiae en el caso de epígrafe, al igual que lo hice cuando idéntica solicitud fue formulada por DBR Dorado Owner, L.L.C., Coco Beach Maintenance, Inc. y Serrallés Hotel, Inc. Es mi criterio que la controversia que este Tribunal tiene ante su consideración es puramente de derecho local que se limita a resolver si las leyes de Puerto Rico permiten o no la existencia de calles privadas. La comparecencia de la ACLU, aunque bien intencionada, tiene otra dimensión, a saber: en torno a asuntos relacionados a la libertad de expresión y libertad de religión en Puerto Rico. Ciertamente, la ACLU es una organi-zación que se ha destacado en la defensa de los derechos y libertades civiles; sin embargo, su comparecencia en esta con-troversia no es determinante para la adecuada adjudicación del asunto ante nuestra consideración. Igual razonamiento utilicé cuando DBR Dorado Owner, L.L.C., Coco Beach Maintenance, Inc. y Serrallés Hotel, Inc. presentaron su solicitud de amicus curiae, por lo que he sostenido que tampoco proce-día la intervención de éstos en el caso ante este Tribunal. Así, ha sido mi postura que este Tribunal debe enfocarse en el ver-dadero asunto ante nuestra consideración para disponerlo de la forma más eficiente.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente, al que se unió el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

al que se une el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton.

Disiento del curso seguido por una mayoría de este Tribunal de proveerle “no ha lugar” a la solicitud presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU) para com-parecer como amigo de la corte en la controversia ante nuestra consideración. En este caso, en el contexto de una demanda presentada por una organización religiosa ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para que, en virtud del derecho a la libertad de expresión y de religión, se le permita el acceso a las urba-nizaciones con control de acceso en Puerto Rico, una mayo-ría de este Tribunal decidió acoger la pregunta certificada por el foro primario federal para determinar si en Puerto Rico pueden existir calles privadas. Esto a raíz de la ale-gación del Municipio de Dorado y la urbanización Brighton Country Club quienes sostienen que, debido a que las ca-lles de esta urbanización son privadas, los demandantes federales no tienen derecho a acceder a esta urbanización. El foro federal ha ordenado a los municipios demandados a garantizar la entrada de los miembros de la organización religiosa a las urbanizaciones con control de acceso.

Una vez accedimos a la petición de certificación, el 14 de noviembre de 2013 señalamos una vista argumentativa a celebrarse el 11 de febrero de 2014. A su vez, en esa misma fecha, atendimos una solicitud de comparecencia como amigos de la corte presentada conjuntamente por DBR Do-rado Owner LLC, Coco Beach Maintenance, Inc. y Serallés Hotel, Inc. En la solicitud, éstas sostuvieron que son “due-ñas de complejos turísticos-residenciales que contienen ho-teles, campos de golf, condo-hoteles, residenciales y dife-rentes establecimientos y productos turísticos” y que la determinación de este Foro podría “afectar considerable-mente el valor de estas propiedades” y el “interés de terce-ros en invertir en este tipo de proyectos”. Moción solici-tando autorización para comparecer como amicus curiae de 3 de octubre de 2013, págs. 5-6. Por lo tanto, alegaron que favorecen la determinación de que en Puerto Rico existan calles privadas, pues de lo contrario se expondrían a daños y se propiciaría el derrumbe de la industria turística en Puerto Rico. Una mayoría de este Tribunal decidió aceptar la comparecencia de estas entidades como amigos de la corte y a esos efectos se les concedió un término para pre-sentar sus alegatos y un término simultáneo de 10 minutos para exponer su posición en la vista argumentativa. Poste-riormente, el 22 de noviembre de 2013 una mayoría de este Tribunal decidió invitar al Departamento de Justicia para que compareciera como amigo de la corte en esta controversia. Igualmente, se le concedió un término para que expresara su posición.

Hoy, sin embargo, una mayoría deniega la solicitud de comparecencia como amicus curiae presentada por la ACLU. Esta organización solicitó comparecer en esta con-troversia por entender que “incide directamente con el de-recho de las personas a ejercer la libre expresión y libertad religiosa”; específicamente, con el derecho de los miembros de las organizaciones religiosas de “tener acceso a los es-pacios públicos, según designados y definidos por la ley y la jurisprudencia, con el fin de difundir su fe y sus ideas”. Moción de la ACLU solicitando autorización y tiempo para comparecer como amicus curiae de 9 de diciembre de 2013, pág. 1. Así, considerándose una organización que busca defender y proteger los derechos y libertades civiles, con una larga trayectoria en Puerto Rico y en Estados Unidos, so-licitaron que se les permitiera su comparecencia en este caso.

Dentro de este contexto, y ante la liberalidad asumida por este Tribunal en la admisión e invitación de amigos de la corte en esta controversia, resulta forzoso concluir que debemos acceder a la solicitud de comparecencia de la ACLU. Independientemente de la corrección de la determi-nación inicial de aceptar la comparecencia de los desarro-lladores DBR Dorado Owner LLC, Coco Beach Maintenance, Inc. y Serrallés Hotel Inc. como amigos de la corte —que, según nos adelantan, es para argüir en contra de los intereses de los demandantes federales — , nos parece que como mínimo, este Tribunal debe ejercer la misma libera-lidad que ejerció al aceptar con beneplácito a los primeros y acceder a la petición de la ACLU. El efecto de nuestra denegatoria permite inferir la apariencia de parcialidad hacia uno de los intereses en la controversia. Si ya le con-cedimos la oportunidad de ser oídos a los desarrolladores, deberíamos dar la misma oportunidad a quienes defienden los derechos civiles de los ciudadanos.

Finalmente, se señala que la petición presentada es tar-día ya que este Tribunal ha calendarizado la vista argu-mentativa y el tiempo que las partes han de tener para presentar sus argumentos. No obstante, la vista argumen-tativa para este caso está pautada para el 11 de febrero de 2013. Es decir, contamos con al menos dos meses para rea-lizar los ajustes necesarios que, francamente, no aparen-tan ser muy complicados. Acceder a la solicitud presentada no dilataría la tramitación de este caso.

Por todo lo cual, accedería a la petición presentada por la ACLU, le concedería un término de 15 días para presen-tar su alegato y ampliaría el término concedido a los amigos de la corte de 10 a 15 minutos para exponer su posición en la vista argumentativa.


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      In re Extensión de Términos por Motivo de la Concesión de la Mañana del 24 de Diciembre de 2013.

      Número: EM-2013-15

      Resuelto: 19 de diciembre de 2013
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial la mañana del martes 24 de diciembre de 2013, libre con cargo a la licencia de vacaciones.

A tal efecto, y de acuerdo con nuestra facultad para re-glamentar los procedimientos judiciales, disponemos que al computar los términos establecidos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA secs. 72 y 73), y se considerará el 24 de diciembre de 2013 como día feriado. Cual-quier término que venza ese día se extenderá hasta el jueves 26 de diciembre de 2013.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo