author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Felipe Sánchez Osorio, demandante, contrademandado y apelado, v. Sofía de Vizcarrondo Mongrand, Lorenzo F. Vizcarrondo, Elisa Vizcarrondo de González y Dolores Vizcarrondo de Urrutia, demandados, contrademandantes y apelantes.
    No. 5318.

    Sometido: Julio 10, 1933.

      Resuelto: Mayo 22, 1934.

      A. Marín, abogado de los apelantes; L. Feliú, abogado dei apelado.
   EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En su moción para reconsiderar, los apelantes insisten, con numerosas citas de autoridades, en que cuando se pierden las notas taquigráficas sin culpa alguna de parte del apelante, las cortes por regla general ordenan un nuevo jui-oio. Conocíamos perfectamente el principio general cuando emitimos nuestra opinión original.

No Rallamos razón alguna para cambiar nuestra idea original de que tal moción debe de ordinario presentarse en la corte de distrito. No convinimos, ni podemos convenir, con los apelantes en que el becbo de que el período estatutario para radicar una moción ordinaria solicitando un nuevo juicio baya transcurrido, impediría a los apelantes en esta clase de caso extraordinario presentar tal moción. Sin semejante tentativa en la corte inferior, no se nos convence tampoco en este caso de que la pérdida no pudo ser suplida, o que no pudiera demostrarse que las notas perdidas carecían de importancia para los fines de los apelantes.

Estamos enteramente de acuerdo con los apelantes en que a esta corte queda poder para conceder un nuevo juicio cuando crea que la justicia del caso así lo exige. En lo que insistíamos era en que una moción a ese efecto debe ordinariamente presentarse. Dijimos que era necesario radicar una moción formal, mas lo que quisimos significar fué que debía tener lugar en esta corte algún procedimiento del cual se daría traslado a la parte contraria. Los apelantes no excluyeron la posibilidad de que si se hubiese presentado una moción de nuevo juicio en la corte inferior, no habría podido obtenerse algún remedio, y ni aún excluyeron la posibilidad de que hubiese podido haber alguna falta de parte de los apelantes o del taquíg*rafo cuyos servicios utilizaron. No damos gran énfasis a este punto, pero hemos resuelto en un número de casos que cuando la parte apelante descansa en las notas del taquígrafo, este último se convierte en el agente del apelante. En un caso adecuado, según expresan algunas de las decisiones, quizá podríamos hacer caso omiso de todo esto en interés de la justicia. Ante esta corte no se presentó moción o petición ni se dió traslado alguno a la parte contraria, a no ser en el alegato corriente de los apelantes. De algunos de los casos citados por los apelantes se desprende claramente que se puso a la corte en posición de juzgar los mé-ritos de la solicitud en particular. La conclusión a que lle-gamos es que se hace necesario algún procedimiento formal, y no vemos razón alguna para cambiarla, siempre con la re-serva de que esta corte tiene facultad inherente para ordenar un nuevo juicio cuando los fines de la justicia así lo exijan.

Los apelantes hacen referencia a la nota que aparece en 25 L.R.A. (1ST. S.) 806. En la página 867 el título de la nota es: “Muerte o incumplimiento del taquígrafo oficial.” El texto dice: “Igualmente, se concedió a la parte apelante un nuevo juicio cuando por incumplimiento del taquíg*rafo ofi-cial se vió privado del pliego de excepciones.” El primer caso que se cita y que hemos revisado es Curran v. Wilcox, 6 N. W. 762. La opinión comienza: “Se trata de una petición de nuevo juicio.” Tomando otro caso, el de Holland v. Chicago R. Co., 71 N. W. 898, encontramos que la moción se hizo en una corte de equidad para subsanar la pérdida de las notas. De igual modo nos referimos a Barton v. Burbank, 119 La. 223, que también se cita. En ese caso se pre-sentó una petición en respuesta a una moción para desestimar. En este último se hace referencia al de Evans v. Murphy, 11 Rob. 477. En ése hubo una disminución de los autos —un procedimiento muy formal. No hemos pretendido exa-minar toda la jurisprudencia citada.

Lo que resolvimos y resolvemos es que debe invocarse la jurisdicción de una u otra corte, notificándose a la parte con-traria, y que el alegato de los apelantes no es el sitio en que debe hacerse esa moción. La posición que hemos asumido es similar a una regla de la corte. El procedimiento debe ordi-nariamente seguirse aunque la corte se reserve el derecho a hacer excepciones. Tomemos por analogía una moción para desestimar por haber dejado la parte apelante de obtener una prórroga en la corte inferior para archivar la transcripción de la evidencia. Generalmente debe presentarse ante esta corte una moción solicitando un nuevo término. No embar-gante, en ciertas ocasiones sin tal. moción hemos concedido un nuevo término al apelante cuando a nuestro juicio los in-tereses de la justicia así lo exigían.

Examinemos nuevamente el presente caso. El deman-dante radicó una demanda. Los demandados presentaron tres contrademandas que contenían unas cinco causas de ac-ción. Principalmente la evidencia que faltaba era la presen-tada por el demandante para probar su caso. Por otro lado, se preservó parte de la evidencia de los demandados. Éstos hicieron ocupar la silla de los testigos a su propio perito y él fue quien llegó a la conclusión definitiva respecto a la suma adeudada con motivo de las cuentas corrientes entre las par-tes, y la corte inferior basó su decisión en ese informe. Se desprendería de esto que la corte en gran parte descansó en la evidencia ofrecida por los mismos demandados. El de-mandante también apeló sosteniendo que la suma coneedídale no era suficiente, mas debido a haberse perdido las notas taquigráficas abandonó su apelación. Creemos que en lo que a la defensa del caso del demandante se refiere, los deman-dados tuvieron su día en corte y no debió oírseles más.

En nuestra opinión original no hicimos referencia a una cuestión alegada por el demandante y apelado. Éste nos llamó la atención hacia el hecho de que en el juicio original varios testigos comparecieron ante la corte, y a que el juez, al apreciar la prueba, quizá podía ser influido por las con-clusiones en cuanto a veracidad a que llegó al oír la prueba en el juicio original.

Para nosotros es evidente que a no ser por esta conten-ción del demandante y apelado, o sea, la supuesta credibili-dad de los testigos, los apelantes tenían ante esta corte toda la prueba que necesitaban para discutir sus contrademandas. Fuera de las cuestiones de derecho adjetivo ya discutidas, la credibilidad de los testigos con respecto a las contrademan-das aparece plenamente demostrada en la transcripción de la evidencia que tenemos a la vista.

Refiriéndonos nuevamente al principio general, estamos más convencidos que nunca de que en Puerto Rico, donde los hechos son revisados exclusivamente por el juez, la práctica que hemos anunciado es saludable, y los hechos de este caso ilustran lo recomendable que es seguirla.

Se dedica un número de páginas de la transcripción de la evidencia en este caso a un incidente en que el demandante impugnaba el derecho del perito de los demandados a exami-nar los libros presentados por el demandante, a fin de que dicho perito pudiera llegar a sus conclusiones respecto a la suma adeudada al demandante. El objeto de esta disquisi-ción es demostrar que se hizo absoluta justicia entre las par-tes en lo que a la reclamación del demandante concernía.

El promovente de la moción para reconsiderar se queja del proceder de la corte inferior al conceder intereses, no a partir de la fecha de la sentencia, sino a partir de la fecha de la radicación de la demanda. La suma principal conce-dida por la corte, sujeta a deducción, fue unos $1,100. Si el demandante tenía derecho a dicha suma, no nos parece irra-zonable que obtenga intereses a contar de la fecha en que se radicó la demanda. Eso dió a los demandados, si no la tenían antes, la oportunidad de depositar en corte la suma adeudada, en caso de que no tuviesen éxito en sus contrade-mandas, según ocurrió en gran parte.

Los apelantes sostienen que la cuenta no era líquida. Nos sentimos obligados a resolver que era líquida o poten-eialmente así, porque todas las partidas individuales recla-madas por ambas partes eran o se convirtieron en líquidas. La cuestión se reducía a determinar con certeza la diferencia.

Asumiendo por el momento que tenemos derecho a exami-nar los autos con el propósito de considerar los méritos de las reclamaciones de los contrademandantes, los apelantes no nos convencen de que la corte inferior estuviese equivocada al no concederles $750.33, o sea, la suma reclamada por ellos por haber dejado el apelado de cultivar la finca. El cultivo era una obra relativamente grande, y si la reclamación de los apelantes se reduce a una ■ suma tan pequeña, estamos bastante convencidos de que en los autos no aparecía lo su-ficiente para demostrar que la corte estuviera equivocada al no conceder la suma de $750.33 como daños y perjuicios. Hubo conflicto de prueba a este respecto y, conforme hemos indicado, los contrademandantes no convencieron a la corte inferior de que había una verdadera reclamación sobre daños y perjuicios, ni tampoco nos convencen de ello a nosotros. El testimonio del contrademandado tendió a demostrar que usaba de su mejor criterio en el cultivo de la finca, y no queda excluida la posibilidad de que cuando en 1922 ó 1923 no cul-tivó la finca en cuestión (de no hacerlo así) los contrademan-dantes no fueron realmente perjudicados.

Hubo también una reclamación por la suma de $7,053, basada en la cláusula séptima del contrato de arrendamiento, toda vez que el contrademandado no dejó los retoños en la finca a la terminación del contrato, de tal forma que si los eontrademandantes deseaban, podían continuar cultivando la finca con los retoños que aún existían y que se hallaban en estado de crecimiento. La prueba de los contrademandantes, a nuestro juicio, deja de demostrar suficientemente que los retoños que quedaron en 1925 no hubiesen servido para co-sechas futuras. Sea ello como fuere, no podemos convenir con los apelantes en que podía hacerse un verdadero estimado de estos daños, en caso de que los hubiere. Hno de los pro-pios testigos de los demandados declaró que hay épocas en que es mejor cortar los retoños restantes y sembrar una nueva plantación y otras en que es mejor continuar con los antiguos retoños. Non constat que cuando la finca cedida en arrendamiento a Sánchez Osorio fué entregada a los contra-demandantes, como lo fué, ellos estaban en buena posición para continuar cultivándola. Su propio perito declaró que los terrenos eran excelentes para el cultivo. Para demostrar los motivos extraordinarios en que los contrademandantes descansaban, uno sólo tiene que considerar que ellos única-mente hubiesen tenido derecho al 20 por. ciento del valor de los retoños, y, por tanto, que como pedían la suma de $7,053, el valor dado por ellos a los mismos excedía de $35,000. Na-turalmente, la corte pudo concederles una pequeña suma, mas esta reclamación exagerada arroja alguna luz sobre el peso que debe dársele al testimonio de los peritos de los contra-demandantes.

El perito del contrademandado, demandante en este caso, declaró que los retoños no tenían valor alguno y la corte inferior aparentemente creyó que esto constituía un conflicto de prueba. Bajo estas circunstancias, no bailamos razón al-guna para ir contra la conclusión de la corte inferior.

Tanto con respecto a esta, reclamación por $7,053 como con respecto a los $750.33, no podemos estar seguros de que no Rubiera algo en la prueba perdida que igualmente afec-tara estas cuestiones. Éstas son todas las cuestiones que con-sideramos prudente discutir.

También deseamos llamar la atención hacia el hecho de que el señalamiento de errores no era suficientemente especí-fico ; que los apelantes empezaron a discutir los señalamien-tos segundo y tercero y sólo discutieron el segundo; que bajo un supuesto cuarto señalamiento de error que se refería a algo distinto, procedieron a argumentar el tercer señala-miento. Nos damos cuenta de que los apelantes tuvieron prisa en la preparación de su alegato, pero no obstante ellos también dejan a veces de referirse a las páginas correspon-dientes de los autos y nosotros mismos hemos tenido que buscarlas. De igual modo, el alegato no ha sido escrito a, máquina con la claridad que debía.-

Debe declararse sin lugar la reconsideración.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor HutghisoN,

license: Public Domain

text:
    Deogracias Viera Rodríguez y Ruperta, María, Teodoro y Deogracias Viera Sosa, peticionarios y apelantes, v. Petra Providencia Viera Sosa y Silvia María y María Socorro Viera Díaz, opositoras y apeladas.
    No. 6499.

    Sometido: Febrero 10, 1934.

      Resuelto: Mayo 24, 1934.

      B. Bamírez Babón y Manuel A. Martínez Davila, abogados de los ape-lantes ; Clemente Buiz Nazario, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor HutghisoN,

emitió la opinión del tribunal.

En enero de 1932 las partes en una acción pendiente ante-la corte de distrito celebraron una estipulación de la natura-leza de una transacción de la controversia. De conformidad con los términos y disposiciones de la misma, la corte de dis-trito dictó sentencia disponiendo el otorgamiento de ciertas escrituras notariales. Deogracias Viera Rodríguez y otros, peticionarios y apelantes, supra, eran demandados en la ac-ción que acabamos de mencionar, mas no apelaron de la sen-tencia. Petra y Providencia Viera Sosa y otras, opositoras y apeladas, supra, eran demandantes en dicha acción. Para mayor conveniencia se hará referencia a las partes como de-mandantes y demandados.

En enero de 1933 las demandantes solicitaron se expidiera una orden para obligar al otorgamiento de la escritura men-cionada en la estipulación y sentencia en armonía con los tér-minos y disposiciones de la misma. Los demandados radi-caron una contestación a esta moción y las partes fueron a juicio sobre las controversias así suscitadas. Los demanda-dos apelan de una decisión adversa y las apeladas solicitan la desestimación del recurso por frívolo.

La transcripción de autos en apelación es voluminosa y hemos esperado la radicación del alegato de los apelantes a fin de tener el beneficio del mismo al considerar las cuestiones discutidas en la vista de la moción para desestimar. Los señalamientos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y séptimo leen como sigue:

“2. La corte erró al declarar que la sentencia dictada y registrada en 18 de enero de 1932 no era apelable debiendo considerarse firme desde la fecha de su registro.
“3. La corte erró al resolver que no tiene facultades para corregir ■o modificar su sentencia de 18 de enero de 1932 porque la solicitud para tal corrección o modificación no se hizo dentro del término en que la misma fué dictada, y por no haber sido radicada la solicitud de los apelantes dentro del término de seis meses provisto en el ar-tículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico.
"4. La corte erró al interpretar y aplicar el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico.
“5. La corte erró al resolver que aun teniendo jurisdicción y fa-cultades para considerar la solicitud de los apelantes para que se modifique dicha sentencia, tampoco podría variar o modificar dicha sentencia por constituir documentos públicos las dichas estipulación y sentencia de enero 16 y 18 de 1932.
“6. La corte erró al resolver que laá" actuaciones de lbs apelantes han tendido a ratificar estrictamente el contenido de dichas estipula-ción y sentencia de enero 16 y 18 de 1932.
“7. La corte cometió error en la apreciación de la prueba.”

Ni en el alegato de los apelantes ni en la transcripción de la evidencia hallamos razón satisfactoria alguna para alterar las conclusiones de hecho en que se basó la resolución de la corte de distrito. Las otras cuestiones suscitadas por los distintos señalamientos de error que acabamos de citar, aun en el supuesto que se resolvieran en favor de los apelantes, no afectarían el resultado.

El octavo motivo de la apelación es que la corte de distrito cometió error al considerar que la moción de las demandantes aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. En la corte de distrito no se planteó tal cuestión ni en la vista de la moción para desestimar el presente recurso ni antes de ésta. Se mencionó por primera vez en el alegato de los apelantes en apoyo de su oposición a la moción para desestimar, radicado después de la vista de tal moción. Si los demandados hubiesen suscitado esta cuestión en la corte de distrito, las demandantes hubiesen tenido la oportunidad de enmendar su moción.

Dos de las demandantes eran menores y estaban repre-sentadas por su madre, quien también era demandante. Tanto la estipulación como la sentencia dispusieron que en lo concerniente a estas dos menores, se obtuviera previa au-torización judicial para el otorgamiento de la escritura de partición y de otro contrato en ellas mencionado. Esta au-torización fné obtenida antes de dictarse la orden aquí ape-lada. Las demandantes ofrecieron durante la vista en la corte de distrito prueba documental de esta autorización, la que fué admitida sin objeción alguna por parte de los de-mandados.

Los apelantes asumen, sin tratar de demostrarlo, que la ■ autorización judicial era un requisito indispensable no sólo para el otorgamiento formal de los contratos en cuestión, sino también para poderse radicar la moción de las demandantes. No podemos estar de acuerdo con este criterio. Podría ad mitirse que las demandantes debieron referirse a la solicitud para que se concediera autorización judicial que estaba pen-diente y que debieron liaber solicitado se dictara una orden una vez concedida tal autorización y haber presentado prueba de la misma durante lq vista de la moción.

El omitir tal alegación no fué un defecto fatal. De ser necesario puede considerarse en apelación que la moción ha sido enmendada para ajustarla a la prueba aducida a este respecto. Las demandantes, desde luego, no podían alegar la existencia de autorización judicial al tiempo de radicar su moción; tampoco era necesario demorar el archivo de su moción hasta que pudiera obtenerse la autorización judicial. Así, pues, la corte de distrito no cometió error al considerar la moción. Aun si no se hubiese obtenido autorización judicial, la corte de distrito pudo haber ordenado a los demanda-dos, tal cual lo hizo en la sentencia ya dictada, que otorgaran las escrituras una vez concedida tal autorización.

Los únicos señalamientos restantes son el primero y el noveno. El primero es que la corte de distrito cometió error al eliminar de la contestación enmendada ciertas deferí sas, o sea las Nos. 10 y 11.

En la moción que dió origen a la resolución apelada, las demandantes sostienen:

“Que ni la estipulación contenida al final de la cláusula cuarta de dicho proyecto de contrato, la cual se ha copiado literalmente bajo la letra A, en el hecho anterior, ni las estipulaciones contenidas en las cláusulas novena, décima, undécima y décimotercera, que también se han copiado anteriormente bajo la letra B, han sido en momento al-guno objeto de convenio alguno entre las partes ni- fueron objeto de pronunciamiento alguno en la sentencia de enero 18, 1932, dictada por esta Hon. Corte en el presente caso, y que estas opositoras en ningún tiempo han consentido la modificación o alteración de la re-ferida sentencia en los particulares a que se refieren dichas cláusulas, o en particular otro alguno, y que esta Hon. Corte no ha modificado o alterado su dicha sentencia en fecha o en forma alguna.”

Las defensas 10 y 11 leían así:

”10. Como defensa especial contra lo alegado en el hecho sexto de la moción de las opositoras, alegan los comparecientes que de no haber sido objeto de convenio entre las partes las estipulaciones con-tenidas al final de la cláusula primera de dicho proyecto de contrato, .que aparece copiada literalmente bajo la letra (a) en e] hecho quinto de la moción de las opositoras, ni las estipulaciones contenidas en las cláusulas novena, décima, undécima y décimotercera, que también apa-recen copiadas bajo la letra (b) en el hecho quinto de la moción de las opositoras, la estipulación que clió origen a la ameritada sen-tencia de 18 de enero de 1932, dictada por esta Hon. Corte en el presente caso, estaría basada en un error que ’afecta la substancia de la cosa que fué objeto del contrato y las condiciones de la misma que principalmente dieron motivo a la concertación de dicho contrato.
”11. Como defensa especial contra la moción sobre cumplimiento de sentencia radicada por las opositoras, alegan los comparecientes que para impedir una injusticia y hacer posible que el contrato concertado entre las partes no sea contrario a las leyes, a la moral, ni al orden público, la ameritada sentencia de 18 de enero de 1932 no sólo debe ser modificada de conformidad con los verdaderos pactos y estipula-ciones que realmente fueron objeto de contratación entre las partes, sino que también debe ser reconsiderada por está Hon. Corte teniendo en cuenta las causas de fuerza mayor y las ocurrencias fortuitas ex-traordinarias acaecidas recientemente en Puerto Rico, ya que de lo contrario el ’ameritado contrato resultaría altamente lesivo y ruinoso para los intereses de los comparecientes.
”Con motivo del ciclón de septiembre 27 de 1932 y de la clepre- , sión económica por que atraviesa el país, l'as utilidades y beneficios que se venían derivando de la celebración de carreras de caballos en el Hipódromo Quintana, que constituyen la substancia de la cosa que fué objeto del contrato, han bajado y mermado considerablemente, sin perspectiva alguna de que el deporte hípico vuelva a producir las utilidades y beneficios que rendía en épocas normales.
“Alegan asimismo los comparecientes que el deporte hípico, como consecuencia de las citadas calamidades fortuitas y de fuerza mayor, ha dejado de ser un negocio productivo, lo cierto siendo que las causas o consideraciones que principalmente dieron motivo a la concertación del ameritado contrato fueron los beneficios y utilidades que pudieran derivarse de dicho negocio, el que actualmente apenas si produce Jo suficiente para cubrir los gastos generales de su sostenimiento.”

Los demandados ya Rabian alegado:

“5. Que el referido notario también procedió a redactar, y tiene redactado, el otro contrato convenido entre las p'artes y que fuera objeto de la ameritada sentencia, el cual contrato, de acuerdo con lo convenido entre las partes, debe ser firmado simultáneamente con l'a escritura ele partición de bienes y como consideración de ésta y de la transacción de los pleitos a que dicha sentencia se refiere.
“Que el mencionado contrato, tal como ha sido redactado por el notario Rodolfo Ramírez Pabón, se ciñe en todas sus cláusulas a lo que realmente estipularon y convinieron las partes en la fecha en que discutieron y sentaron las bases para la ameritada sentencia de enero 18 ele 1932, y si bien es cierto que dicho instrumento contiene ciertas cláusulas que no aparecen incluidas como condiciones en 1a. referida sentencia de enero 18 de 193.2, no es menos cierto que dichas cláusulas real y efectivamente fueron objeto de estipulación y convenio en-tre las partes contratantes y por inadvertencia no fueron objeto de pronunciamiento expreso en la ameritada sentencia y han sido in-cluidas en dicho documento con el único fin de ajustarlo a la realidad de los hechos y aclarar debidamente los términos del contrato a que se refiere la ya mencionada sentencia de 18 de enero de 1932, lo cual fué expresamente convenido y aceptado por todas las partes, ya que la sentencia ele 18 de enero ele 1932 debe ajustarse a los pactos y es-tipulaciones que realmente fueron objeto de consideración entre los contratantes.
“6. Que la estipulación contenida al final de la cláusula cuarta de dicho contrato, la que aparece copiada literalmente bajo la letra (a) en el hecho quinto de la moción sobre cumplimiento ele sentencia ra-dicada por las opositoras, así como las estipulaciones contenidas en las cláusulas nov'ena, décima y undécima, que también aparecen co-piadas bajo la letra (5) en el hecho quinto de la dicha moción de las opositoras, aunque no fueron objeto de pronunciamiento expreso en la sentencia de 18 de enero de 1932 dictada por esta Hon. Corte en el presente caso, fueron realmente objeto de convenio expreso entre las partes, y las opositoras voluntariamente consintieron la modifica-ción de la referida sentencia en los particulares a que se refieren dichas cláusulas, por ser conformes a la buena fe, al uso y a la ley, ajustarse en todo a los verdaderos pactos y consideraciones del contrato concer-tado entre las partes, y haber pasado inadvertidas al tiempo de re-clactarse la estipulación en que se funda la ameritada sentencia de 18 de enero de 1932.
“La estipulación contenida en la cláusula decimotercera de dicho proyecto, de contrato, que también aparece copiada bajo la letra (B) en el hecho quinto de la dicha moción de las opositoras, no sólo fue objeto de convenio entre las partes, sino que también es consecuencia necesaria y directa de lo estipulado al final de la cláusula cuarta de dicho pro-yecto de contrato, es conforme a la buena fe, al uso y a la ley, y se hace absolutamente necesaria para la mayor claridad en la aplicación e interpretación de la cláusula cuarta de dicho contrato, según fué éste realmente concertado entre las p'artes.
“La circunstancia de que esta Hon. Corte no haya modificado o alterado su dicha sentencia de enero 18 de 1932 en fecha o en forma alguna se debe a que los comparecientes en esta moción, por la armo-nía y buena fe con que hasta la fecha se habían desenvuelto las nego-ciaciones entre las partes contratantes, no había creído necesario acu-dir ante esta Hon. Corte, como acuden en este momento, para conse-guir que la dicha sentencia se modifique y reajuste no sólo de con-formidad con los verdaderos pactos y estipulaciones de dicho contrato, según fueron dichos pactos y estipulaciones realmente concertados por los contratantes, sino también de acuerdo con las causas de fuerza mayor y las ocurrencias fortuitas extraordinarias acaecidas reciente-mente que demandan la revisión y modificación del expresado con-trato, para que éste no resulte contrario a la ley, a la moral ni al orden público. ’ ’

Los extremos que aquí se alegó fueron convenidos, aunque inadvertidamente omitidos en la sentencia y la estipulación escrita en que se basó esa sentencia, son los mismos mencio-nados en la protasis de la alegación décima. Cuál hubiera sido el error básico a falta de los supuestos acuerdos que no fueron incorporados en el escrito de estipulación que dió lu-gar a la sentencia, ni en la sentencia misma, no lo revela ni la curiosa fraseología de la alegación décima ni el alegato de la parte apelante.

Esa alegación — dicen los apelantes en su alegato:

“. . . establece una defensa legítima para justificar la necesidad de que las cláusulas contractuales que aparecen copiadas bajo las le-tras (A) y (B) en el hecho quinto de la moción de las apeladas figu-ren expresamente en el contrato que debe otorgarse entre las partes, eon el ñn de que dicho documento se ajuste a la realidad de los hechos y sea fiel reflejo de lo que estipularon y convinieron las partes al sentar las bases para l'a estipulación que dio origen a la ameritada sentencia de 18 de enero de 1932.
“La defensa alegada en el hecho décimo de la contestación en-mendada no tiene por objeto oponer un mero error de hecho, sino establecer las circunstancias que concurrieron en la celebración del contrato, las verdaderas condiciones y conv'enios que sirvieron de base a la transacción celebrada entre las partes, la verdadera posición de las partes en lo que respecta a la contratación llevada a cabo, así como también los pactos y conv'enios que realmente fueron objeto de con-tratación entre las partes y que por una inadvertencia no fueron ob-jeto de pronunciamiento expreso en la dicha sentencia de 18 de enero de 1932 y en la estipulación que le sirvió de base.”

De suerte que aparece, de acuerdo con la teoría de los redactores de la alegación décima, que la defensa especial allí mencionada se funda enteramente en la aleg-ada existencia de ciertos pactos que el juez de distrito declaró no existieron. Por consiguiente, el error, si lo hubo, al ordenar la elimina-ción de la alegación décima, fué inofensivo.

El huracán del 27 de septiembre de 1932, la actual depre-sión y la concomitante mengua en los beneficios producidos por el negocio de hipódromo, analizado todo a la luz de los hechos que el juez de distrito declaró justificados, no hubie-ran afectado el resultado; y aún si el juez de distrito se hu-biera equivocado al ordenar que la alegación décima fuese eliminada, su error al así proceder no habría sido motivo de revocación. El alegato del apelante, sin embargo, dista mu-cho de demostrar satisfactoriamente que el error en realidad se cometió.

El noveno señalamiento es que la corte de distrito cometió error al sostener la moción de las demandantes. El argu-mento, en tanto en cuanto requiera ser considerado bajo un señalamiento tan vago y general, es una mera recapitulación o repetición del aducido en apoyo de los señalamientos ante-riores.

No nos es posible dejar de llegar a la conclusion de que el recurso es frívolo y que debe ser desestimado.


author: El Juez Asociado Seño» Cóedova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antolín Santini, Anastacio Santiago y Félix Martínez, acusados y apelantes.
    No. 5278.

    Sometido: Mayo 8, 1934.

      Resuelto: Mayo 24, 1934.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño» Cóedova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Antolín Santini, Anastacio Santiago y Félix Martínez fue-ron declarados culpables por la Corte de Distrito de Ponce de un delito de tentativa de hurto de menor cuantía y con-denados a pagar cada uno una multa de $5, y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejasen de satisfacer.

Se alega en la acusación que estos individuos, voluntaria y maliciosamente, y con intención criminal, sustrajeron cua-tro paquetes de leña de la propiedad de don José Larrauri, valorados en la suma de $0.80, con el propósito de lucrarse, privando a su dueño de dicha leña, que dejaron al ser sor-prendidos.

El único error atribuido a la corte inferior se basa en que declaró culpables a los acusados de un delito de tentativa de hurto de menor cuantía que no existe en nuestro Código Penal ni en ninguna otra ley de Puerto Rico. Esta es la única cuestión planteada por los acusados: la inexistencia del de-lito por el cual lian sido sentenciados.

El artículo 50 de nuestro Código Penal dice así:

“A todo el que intentare cometer un delito, sin lograr realizarlo, o fuere impedido o interceptado en la perpetración del mismo, y la ley no hubiere señalado la pena correspondiente a tal tentativa, se le castigará en la forma expresada a continuación:
“1. Si el delito frustrado aparejare pena de presidio por cinco años o más, o de cárcel, se impondrá al culpable de intentarlo, pena de reclusión en presidio o cárcel, según fuere el caso, por un término que no excederá de la mitad del máximo de prisión impuesta al con-victo del delito así intentado.
“2. Si el delito frustrado aparejare pena de presidio por un tér-mino menor de cinco años, el culpable de intentarlo será castigado con pena de cárcel por un término máximo de un año.
“3. Si el delito frustrado aparejare multa, la persona convicta de intentarlo será castigada con una multa que no excederá de la mitad de la máxima impuesta al convicto del delito así intentado.
“4. Si el delito frustrado aparejare prisión y multa, al convicto de intentarlo podrá imponérsele una y otra pena, no excediéndose de la mitad del término máximo de la prisión y la mitad de la multa máxima impuesta al convicto de dicho delito así intentado.
“Los delitos frustrados comprendidos en los artículos 217, 218, 222 y 224 no están comprendidos en este artículo.”

Alega el fiscal que el delito de hurto menor, que apareja prisión o multa, o ambas penas, no está comprendido en el artículo anteriormente transcrito; pero que la omisión queda subsanada aplicando los artículos 17 y 16 del mismo Códig-o Penal. Entiende el fiscal que el inciso cuarto de dicho ar-tículo se refiere únicamente a los delitos que se castigan con prisión y multa y no a los que se pueden castigar con multa o prisión. En nuestro sentir el inciso referido cubre la ten-tativa de hurto menor, la cual puede ser castigada con la pena que en el mismo se determina. El primer inciso de dicho artículo se refiere al delito frustrado que se castiga con pena de presidio o cárcel por más de cinco años; el in-ciso segundo al que se castiga con menos de cinco años; el tercero al que se castiga con multa solamente y el cuarto al delito frustrado que se castiga con prisión y multa. El texto inglés de este último inciso dice así:

“If the offense so attempted is punishable by imprisonment and by a fine, the offender convicted of such attempt may be punished by imprisonment and a fine not to exceed one-half the maximum imprisonment and fine which may be imposed upon a conviction for the offense so attempted.”

El artículo 431 del Código Penal dispone que el hurto de menor cuantía se castiga con multa máxima de $500 o cárcel por un término máximo de un año, o ambas penas a discre-ción del tribunal. Claramente se ve que la corte, aunque lleno la facultad de imponer multa o prisión, puede también imponer una cosa y otra, siendo por lo tanto el delito “punishable by imprisonment and by a fine”, aunque la imposición de una y otra pena dependa de la discreción del tribunal.

Por estas razones entendemos que la tentativa de hurto de menor cuantía es un delito comprendido dentro de las dis-posiciones del inciso cuarto del artículo 50 del Código Penal, donde se determina la pena que puede imponerse por la co-misión de dicho delito.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Leocadio Más, demandante y apelado, v. Juán de Dios Marrero, demandado y apelante.
    No. 6371.

    Sometido: Mayo 4, 1934.

      Resuelto: Mayo 24, 1934.

      Pablo Andino, abogado del apelante; G. Cruzado Silva, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 18 de octubre de 1932 Leocadio Más inició una acción en la Corte de Distinto de San Juan, solicitando el deslinde de ciertas propiedades del demandante y del demandado Juan de Dios Marrero que lindan entre sí y que radican en el barrio de Santurce, de la ciudad de San Juan.

Se alegó que la demanda no aduce liechos suficientes para determinar una causa de acción. Esta excepción, sometida a la corte inferior por el demandante, sin baber comparecido a su discusión el demandado, fué declarada sin lugar, conce-diéndose un término de diez días a Juan de Dios Marrero para radicar su contestación. La resolución del tribunal fué notificada el 8 de diciembre de 1932, y el 17 del mismo mes el demandado compareció por su abogado, alegando exceso de asuntos profesionales y ocupaciones de carácter legisla-tivo, y pidiendo una prórroga de veinte días para archivar su contestación. Concedida esta prórroga y vencida sin ba-ber realizado el demandado ninguna otra gestión, en 9 de enero de 1933 solicitó el demandante que se anotara la re-beldía, lo que así se bizo.

Celebrada la vista del caso con la comparecencia y prueba que ofreció el demandante, la corte dictó su fallo en 30 de marzo del mismo año, declarando con lugar la demanda. Al-gunos días después el demandado, representado por el abo-gado Pablo Andino, solicitó que se dejase sin efecto la sen-tencia, alegando que se personó en la oficina del que fué su abogado, Sr. Dones Padró, y que éste le manifestó que “sus labores legislativas le habían usurpado el tiempo y su aten-ción basta el extremo de baber olvidado su obligación de con-testar la demanda en tiempo hábil.” La moción del deman-dado aparece respaldada por una declaración jurada donde ratifica las manifestaciones que pone en labios de su abogado y dice que a su juicio tiene una buena y justa defensa. Tam-bién radicó dicho demandado una contestación donde niega por falta de información y creencia que el demandante sea dueño de la finca que como de su propiedad describe eu la demanda, y que en el caso de que lo sea, le falta en su su-perficie alguna parte o porción, y alega que viene poseyendo el inmueble que se describe en la demanda como de su pro-piedad quieta, pública y pacíficamente, sin interrupción al-guna, contando la posesión de sus antecesores, por un período mayor de treinta años. La corte inferior declaró sin lugar la moción para que se dejase sin efecto la sentencia.

Alega el apelante que la corte incurrió en error al decla-rar que el motivo alegado bajo la excusa de la negligencia baya sido el estar ocupado su abogado en los meses de diciembre, 1932, y enero, 1933, en trabajos legislativos, iáe ar-guye que la moción se basa en inadvertencia del abogado del demandado y que esta inadvertencia puede derivarse de estar dedicada su mente a trabajos legislativos, que ocuparon su atención de una manera tan intensa que la fijó únicamente en los deberes de legislador, olvidando los profesionales. Se alega además que la corte cometió error al concluir que la negligencia del abogado no puede ser dispensada al cliente.

Hemos visto que en diciembre se solicitó una prórroga por el abogado, Sr. Dones Padró, alegando exceso de asuntos pro-fesionales y ocupaciones' de carácter legislativo, y que el de-mandado en su moción expresó bajo juramento que su abo-gado le dijo que sus labores legislativas le habían usurpado tiempo y atención hasta el extremo de haber olvidado su obli-gación de contestar la demanda.

No es posible aceptar como buena una excusa que se basa en la preocupación mental de un legislador sobre sus labores legislativas. Si aceptáramos esta excusa, los legisladores au-torizados al ejercicio de nuestra profesión podrían, en cual-quier tiempo, bajo una alegación de que están preocupados mentalmente en asuntos relacionados con -su representación en la Asamblea Legislativa, quedar dispensados de presentar, dentro del término señalado por la ley, sus alegaciones en los tribunales de justicia. Este es un caso en que la discreción judicial ha sido razonablemente ejercitada. El demandado no ha presentado razón alguna qne justifique que se deje sin efecto la sentencia. Los tribunales de justicia, por regia general y actuando juiciosamente, ejercen con liberalidad sus facultades discrecionales cuando se trata de abrir una rebel-día o de dejar sin efecto una sentencia pronunciada después que la rebeldía ha sido anotada. Es necesario, sin embargo, que se ofrezca alguna excusa razonable que pueda servir de base al ejercicio de la discreción judicial de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. En este caso no aparece esa excusa. La corte inferior, al denegar la moción, se expresó en los siguientes términos:

A la vista de esta moción de apertura de rebeldía las p'artes com-parecieron el día 18 de abril y argumentaron extensamente la cuestión. Sería faltarnos el respeto el que pudiéramos aceptar que en el mes de diciembre y enero esté la Asamblea de Puerto Rico en sesión, puesto que no ya los abogados, sino los meros ciudadanos, saben de memoria que la Legislatura de Puerto Rico se reúne el segundo lunes de fe-brero de cada año. No podemos aceptar tampoco que tal alegación puede por sí sola constituir causa de ignorancia o error, o negligen-cia excusable. El hecho cierto es que el abogado compareció en dos ocasiones; que el demandado sabía de tales comparecencias, y no es hasta que se dicte sentencia, practique su prueba el demandante y se le notifique la sentencia, a pesar de que él en su moción manifiesta que no ha sido notificado, que comparece con una moción solicitando la apertura de la rebeldía. Entre la fecha que se anotó la rebeldía por el demandante, o sea enero 10 de 1933, hasta el día 17 de marzo en que se celebró la vista de este pleito, transcurrieron más de dos meses. Pudo el demandado enterarse perfectamente de cuál era el estado de su asunto y no lo hizo. Seguir esta práctica haría interminables los juicios y sería inútil entonces que se anotaran rebeldías y se celebra-ran juicios, si la corte habría de abrir la rebeldía y permitir que se trabara la contienda que se debió trabar antes, solamente porque el demandado álegue que en los meses de diciembre y enero su abogado estaba ocupado en sesiones legislativas. No dice esto el abogado del demandado que lo representaba durante estos meses. Por otra parte, la sentencia nuestra solamente declara con lugar la demanda y ordena el deslinde del solar de acuerdo con la mensura practicada. Nada im-pide que el demandado al hacerse el deslinde defienda su derecho; pero ni el affidavit de mérito ni la contestación nos podrían dar razo-nablemente base para permitir que después de resuelto este caso se abra de nuevo el mismo por la mera manifestación que nos hace el demandado en tales alegaciones.”

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Juan de Jesús Martínez, demandante y apelante, v. Singer Sewing Machine Company, demandada y apelada.
    No. 5861.

    Sometido: Marzo 16, 1934.

      Resuelto: Mayo 24, 1934.

      Tons Soto & Zapater j L. Tormes Garfia, abogados del apelante; F. Colón Díaz, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta tina acción de daños y perjuicios iniciada contra la Singer Sewing Machine Company por Juan de Jesús Mar-tínez, quien en 16 de diciembre de 1929 sufrió un accidente que atribuye a la negligencia de un empleado de la parte de mandada. Se alega en la demanda que en la fecha indicada, siendo las nueve de la mañana, Juan de Jesús Martínez ca-minaba cuidadosamente por la carretera insular que de la ciudad de Ponce conduce a Guayama, por la derecha de la misma, y en el momento en que pasaba frente a la casa de Juan Laboy, sita en el barrio Sabanetas, del término municipal de Ponce, el demandante fue arrollado por un carro pro-piedad de la demandada, guiado en aquel momento por su empleado Ramón Ruiz Vélez, y que como consecuencia del impacto que sufrió el demandante con el referido vehículo fue lanzado violentamente contra el suelo, recibiendo lesiones que le fracturaron la pierna derecha y la mano derecha en la articulación del brazo con la muñeca. Se alega además que cuando ocurrió el accidente Ramón Ruiz Vélez trabajaba en beneficio de la demandada como empleado de la misma y que dicho accidente se debió única y exclusivamente a la negli-gencia del referido Ramón Ruiz Vélez, quien caminaba a una velocidad de más de treinta millas por hora, por un sitio po-blado donde hay una escuela a la cual concurren más de dos-cientos niños, sin prestar atención a los letreros existentes en dicho sitio avisando al viajero que modere la velocidad. Ra-món Ruiz Vélez, según se alega, no tocó bocina ni instru-mento alguno de alarma para dar aviso a las personas que transitaban por la carretera.

La demandada alega que Ramón Ruiz Vélez caminaba por la carretera que conduce de Ponce a Santa Isabel por su de-recha, a poca velocidad, y que al llegar al kilómetro 97, hec-tómetro 6, de dicha carretera, que es una recta, en los mis-mos momentos de llegar frente a la residencia del Sr. Laboy, salía del patio de esta casa el demandante, y sin hacer caso al toque de la bocina que le hizo dicho Ramón Ruiz Vélez, se tiró sobre el carro, cayendo encima del bumper, de donde fué recogido por el Sr. Vélez y traslado al hospital Santo Asilo de Damas, de Ponce. El accidente, según la deman-dada, se debió única y exclusivamente a la negligencia y des-cuido del demandante, guien en el momento en que cruzaba la carretera miraba un aeroplano que por aquel sitio pasaba;

La demandada establece la defensa de baber sido relevada de toda clase de responsabilidades por el demandante en un documento firmado ante notario, mediante el pago de la can-tidad de $60. La demandada satisfizo además el importe de los servicios médicos del demandante y los gastos de hospital. Entiende la demandada que de esta manera quedó transigida la acción que pudiera tener dicho demandante contra 1a. de-mandada y que la transacción realizada tiene el carácter de cosa terminada o juzgada.

La demanda fué declarada sin lugar por la corte inferior, a la cual se atribuye el error de haber declarado que Ramón Ruiz Yélez no fué negligente en el manejo del automóvil que guiaba. Las conclusiones de hecho de la corte inferior aparecen consignadas en el siguiente párrafo:

“La corte, por la apreciación que ha hecho de toda la prueba pre-sentada, es de opinión que si bien el demandante ha probado que su-frió el accidente que describe en su demanda, la prueba no demues-tra que el chauffeur de la demandada Singer Sewing Machine Co. fuera el único responsable del accidente, sino que, aceptando lo que se declaró por un testigo del demandante, que dicho chmffeur, de ape-llido Yélez, estuviera guiando el automóvil y al mismo tiempo, negli-gentemente, mirando al aeroplano que en esos momentos pasaba por aquel sitio, también se probó que el demandante, asimismo, cruzaba la carretera en forma negligente también, mirando hacia el aeroplano y sin fijarse en que por la carretera viniera el automóvil de la deman-dada. Es decir, a juicio de la corte, se ha probado la negligencia contributors del demandante, pues la prueba demostró que el chauffeur hizo todo lo que pudo por evitar el accidente, pues usó los frenos, desvió el carro hacia la izquierda y lo paró en la cuneta del lado iz-quierdo, todas esas maniobras con el fin de evitar atropellar al de-mandante, consiguiendo con su maniobra no pasarle por encima, sino darle de lado y tumbarle, cayendo el demandante en su lado derecho y fracturándose la pierna derecha y dislocándose la mano derecha. ’ ’

El error apuntado no surge de las palabras de la corte inferior, la cual no exime completamente de falta al chauffeur Ramón Ruiz Yélez, desde el momento en que dice que la prueba no demuestra que fuese el único responsable del accidente, y establece la conclusión de que Juan de Jesús Martínez fué culpable de negligencia contribuyente. Esta conclusión implica necesariamente que el chauffeur incurrió también en alguna negligencia. Cuando el accidente ba ocu-rrido por la negligencia exclusiva de una de las partes, en-tonces no puede haber negligencia contribuyente. Para que exista esta negligencia es necesario que ambas partes hayan contribuido de algún modo al accidente. Las palabras de la corte demuestran que la razón fundamental del fallo fué la negligencia contribuyente de la parte demandante. No se dice que la corte haya cometido error al establecer esta con-clusión. El demandante se limita a manifestar que el tribunal sentenciador erró al considerar que el chauffeur Ramón Ruiz Yélez no fué negligente y se ha demostrado que no es ■ésta la conclusión de hecho que sirvió de base al fallo, tíni-camente al terminar su alegato el apelante arguye que el caso de Maldonado v. Hamilton, 32 D.P.R. 224, citado por la corte inferior para sostener que el demandante contribuyó al acci-dente, no tiene aplicación a las cuestiones que aquí se ven-tilan. El apelante parece partir de la creencia de que en este caso pudo evitarse el accidente y que por lo tanto la negli-gencia contribuyente del demandante no impide que pueda obtener una indemnización por los daños que haya sufrido. No puede decirse que la corte sentenciadora estuviese des-acertada al declarar que el chauffeur hizo tolo lo que pudo para evitar el accidente. La prueba aportada no autoriza la conclusión de que el accidente pudo haber sido evitado.

No se ha demostrado que la corte inferior, al apreciar la prueba, haya actuado movida por pasión o prejuicio, o que haya incurrido en manifiesto error. En cuanto a la negli-gencia del chauffeur que guiaba el carro cuando ocurrió el accidente, un testigo que fué empleado de la demandada, de-clara que el referido chauffeur miraba un aeroplano que pa-saba por encima del carro. El chauffeur dice que el aero-plano pasaba frente al carro. No es fácil para una persona que guía un automóvil mirar un aeroplano que le pasa por encima. Si el chauffeur en realidad miró, es más creíble la versión de que el aeroplano pasaba por el frente del carro.

El segundo error se basa en que la corte inferior, al apreciar la prueba, no especificó en su opinión las razones que tuvo para no creer a los testigos del demandante, faltando así a lo dispuesto en la Ley No. 25, de julio 1925 (pág. 179), que enmendó el artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil. Dice así el artículo mencionado:

“En el juicio definitivo de cualquier caso en una corte de distrito, el Juez de la misma deberá bacer y archivar al mismo tiempo que dicte su sentencia, una opinión escrita, que unirá a 'aquélla, en la que expondrá separadamente y de una manera breve, los hechos que con-sidere probados y l'as razones jurídicas en que funde su decisión. Cuando las resultancias del hecho se basaren en un conflicto de la evidencia, el Juez expondrá los motivos que haya tenido para dirimir el conflicto en la forma en que lo hiciere; y en caso de apelación, el Tribunal Supremo deberá analizar dicha evidencia y determinar si las resultancias estuvieron jusñcadas o no.”

En ninguna parte del artículo que antecede se dice que el Juez esté obligado a especificar las razones que tuVo para no creer a un testigo, y, aun én el caso de que las palabras de la ley pudiesen interpretarse en este sentido, el error, si lo hubiera, no sería bastante para determinar la revocación de la sentencia.

Se alega por último que la sentencia fué contraria a la prueba y a la ley. Discute el apelante la transacción que según la demandada, constituye cosa juzgada, y arguye que la referida transacción es nula a tenor de lo dispuesto en el artículo 1716 del Código Civil, edición 1930, por inadecuada y haber mediado en ella dolo y error de hecho. Se probó que el mismo día en que ocurrió el accidente el referido demandante firmó un documento que el administrador de los departamentos de reclamaciones de la Maryland Casualty Company, Sabino Valdes, hizo, según sus propias palabras, en maquinilla en el Asilo de Damas, llevándoselo al deman-dante, a quien se lo leyó íntegramente. Como se trataba de nna persona que no sabía escribir, el Sr. Yaldés creyó prudente que se hiciera ante un notario y el documento se firmó con esta solemnidad. La demandada Singer Sewing Machine Company, está asegurada con la Maryland Casualty Company. En este documento el demandante, mediante el pago de la cantidad de $60, releva de toda clase de respon-sabilidades a la demandada y a Ramón Ruiz Vélez por los daños y perjuicios que pueda haber sufrido a consecuencia del accidente, ocurrido en 16 de diciembre de 1929. Actos de esta naturaleza, realizados con una persona necesitada, a raíz de sufrir un accidente, sin estar aconsejada por un abo-gado, deben ser escrupulosamente investigados para evitar que una parte pueda derivar ventajas de su conducta frau-dulenta o ilegal y evadir así su responsabilidad (Owens v. Norwood White Coal Co., 138 N. W. 491); pero en este caso no es necesario que nos detengamos a examinar el alcance de esta transacción en el orden jurídico, dadas las conclusiones a que ha llegado la corte inferior y las cuestiones planteadas por el apelante.

Dehe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Seño®. Aldkey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Eric William Noonan, acusado y apelado.
    No. 4810.

    Sometido: Febrero 4, 1934.

      Resuelto: Mayo 24, 1934.

      Jaime Sifre, Jr. y Rafael Pastor abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño®. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Erie William Noonan fué acusado de haber infringido el artículo 328 del Código Penal porque en determinada fecha y sitio, dentro del distrito judicial de San Juan, manejaba su automóvil con tal impericia, negligencia, descuido e impru-dencia que lo dejó chocar con un autocamión {truck) guiado por Antonio Cruz Vargas, produciéndole contusiones que le ocasionaron la muerte inmediata.

Cuando el fiscal terminó la presentación de su evidencia en el juicio de este caso el acusado solicitó de la corte que conocía de él que ordenase al jurado perentoriamente que rin-diera un veredicto absolutorio toda vez que la prueba del fiscal era insuficiente para sostener un veredicto de culpabi-lidad. Accedió la corte a esa petición, ordenó al jurado que rindiera un veredicto absolutorio y así lo hizo el jurado. En consecuencia la corte absolvió libremente al acusado. Con tra la resolución de la corte ordenando al jurado que rindiese el veredicto de no ser culpable el acusado interpuso el fiscal este recurso de apelación.

Después de radicado por el fiscal su alegato para sostener su apelación nos presentó el acusado apelado moción para que desestimemos el recurso interpuesto por el fiscal y señalamos día para la vista. Ésta tuvo lugar pero posteriormente el fiscal nos pidió permiso para presentarnos un alegato de opo-sición a la solicitud de desestimación, se lo concedimos y lo radicó. Otros alegatos más han presentado las partes res-pecto a la desestimación interesada, siéndolo el último en 4 de febrero de este año, en cuya fecha quedó la cuestión [Den-diente definitivamente de nuestra decisión.

La apelación del fiscal en este caso está fundada en el caso sexto del artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal según el cual el ministerio público puede establecer apelación de una orden del tribunal al jurado mandando que éste pronuncie veredicto a favor del acusado. Con ese precepto está relacionado el artículo 257 del mismo código cuyo texto en español dice así:

“Si en cualquier tiempo después de terminada para ambas partes la presentación de pruebas, el tribunal considera éstas insuficientes para justificar la declaración de culpabilidad, ordenará perentoria-mente al jurado que absuelva al acusado.”

Ese artículo dice en el texto en inglés, que fué el apro-bado por el Gobernador en 1902, de esta manera, según nues-tra traducción: “Si en cualquier tiempo después de termi-nada la evidencia de cualquiera de las partes, la corte la considera insuficiente para justificar un veredicto de culpabi-lidad, ordenará perentoriamente al jurado que absuelva al acusado.” Como puede verse, hay una discrepancia entre ambos textos, pues en el inglés se dice que la orden de abso-lución puede darla la corte a la terminación de la evidencia de cualquiera de las partes mientras que en el español se ex-presa que se podrá dar terminada por ambas partes la pre-sentación de las pruebas. El texto inglés debe prevalecer, según se declaró en el Pueblo v. Charón, 7 D.P.R. 428. Por consiguiente, de acuerdo con el texto en inglés la corte de distrito tuvo jurisdicción concedida por la ley para ordenar al jurado la absolución del acusado al terminar el fiscal la presentación de su evidencia, por lo que tal orden no es nula por falta de jurisdicción, como alega el fiscal. El caso de People v. Stoll, 143 Cal. 689, no es aplicable a esta conten-ción del fiscal porque en él la corte dió al jurado la orden de absolución sin que se hubiese presentado prueba alguna en el juicio, cuando el fiscal expresó lo que se proponía probar. Tampoco lo es el de El Pueblo v. Delgado, 18 D.P.R. 951, porque en éste fué presentada la prueba de ambas partes, la corte sometió el caso al jurado para su veredicto y cuando no pudo ponerse de acuerdo le dió la orden de absolución, y lo que resolvimos fué que esa orden era nula porque exis-tiendo prueba contradictoria no babía insuficiencia de prueba y debía apreciarla el jurado y no substituirse la corte en lu-gar de aquél. Ese caso es distinto al presente. En el que abora resolvemos la corte tenía claramente jurisdicción para la orden que dió al jurado.

El fiscal ba solicitado de nosotros que revoquemos la resolución de la corte inferior y enviemos el caso a la misma para ulteriores procedimientos porque dicba corte erró al declarar con lugar la moción del acusado y al ordenar al jurado que rindiera un veredicto absolutorio en favor del acusado, por entender el apelante que la prueba presentada en el juicio era suficiente para dictar un veredicto de culpabilidad. Por su parte el apelado nos pide que desestimemos la apelación del fiscal porque este tribunal carece de jurisdicción para conocer de este recurso y porque la cuestión planteada por el fiscal es académica toda vez que el acusado no puede ser sometido a nuevo juicio por el mismo delito en el caso de que se revocara la sentencia.

Los dos motivos alegados para que desestimemos esta apelación están tan íntimamente relacionados que la falta de jurisdicción para resolverla se funda en que la facultad de apelar que concede la ley al fiscal en casos como el presente es contraria a la Constitución de los Estados Unidos y a nuestra Carta Orgánica porque si por virtud de esa apela-ción revocáramos la sentencia y dispusiéramos que el caso fuera devuelto a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos se privaría al acusado de su derecho de no ser juz-gado dos veces por el mismo delito, por lo que no pudiendo ser privado de ese derecho resulta académica la resolución de esta apelación.

El artículo segundo de nuestra Carta Orgánica vigente, que es de 1917, dispone entre otras cosas que “ninguna persona será puesta dos veces en riesgo de ser castigada por el mismo delito.”

El acusado en este caso fué sometido a juicio ante un ju-rado, éste lo declaró no culpable y la corte lo absolvió libre-mente. Si revocamos la sentencia en este caso, ¿qué resul-tado tendría nuestra sentencia? ¿Podría el acusado ser juz-gado otra vez por el mismo delito por el cual fué absuelto antes? Los procedimientos ulteriores a nuestra sentencia revocatoria a que se refiere el fiscal no podrían ser otros que la celebración de otro juicio, ya que el jurado que rindió el veredicto fué disuelto. Nuestra Carta Orgánica le da al acu-sado el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo de-lito. El caso de El Pueblo v. Rivera, 46 D.P.R. 113, en el cual revocamos la sentencia apelada por el fiscal y devolvi-mos el caso para ulteriores procedimientos, es distinto del presente. En ese caso bubo veredicto de culpabilidad ren-dido por un jurado pero el día fijado por la corte para dictar sentencia, el tribunal, a instancia del acusado, decretó el so-breseimiento y archivo del caso (arrest of judgment) fundado en el artículo 305 del Código de Enjuiciamiento Criminal y declaramos que ese artículo no autorizaba a la corte para la resolución que tomó. No había que celebrarse un nuevo jui-cio después de dictada nuestra sentencia. La culpabilidad estaba declarada por el jurado y sólo tenía la corte que dic-tar la sentencia que dejó de pronunciar. En ese caso no se alegó ni se resolvió nada especio a si el acusado estaba ex-puesto a ser juzgado dos veces por el mismo delito.

En un caso que resolvió el Tribunal Supremo de California en el año 1868, el de People v. Webb, 38 Cal. 467, en la corte del condado de Sonoma, donde fué el caso juzgado, fue presentada por el fiscal cierta evidencia a la que se opuso el acusado y que la corte no admitió. Entonces la corte ins-truyó al jurado que absolviera al acusado por falta de evi-dencia. El jurado rindió ese veredicto y la corte absolvió al acusado. Apeló el fiscal alegando que la corte erró al no admitir dicha evidencia y al ordenar al jurado que rindiese un veredicto absolutorio. En la apelación en el tribunal Supremo alegó el acusado que era innecesario resolver si la evidencia fué rechazada correctamente o no porque habiendo él sido juzgado ante una corte y jurado competente y absuelto está protegido contra otro juicio por la misma acusación o por otra acusación por la misma ofensa. La corte sostuvo la alegación del acusado y no consideró la cuestión suscitada por el fiscal porque una revocación del fallo apelado sería inútil por no tener autoridad para ordenar otro juicio. En el caso de People v. Roberts, 114 Cal. 67, fué admitida cierta prueba de El Pueblo pero otra fué rechazada por la corte y el .fiscal manifestó entonces que ninguna otra tenía que ofre-cer. La corte ordenó al jurado que rindiese un veredicto de inculpabilidad del acusado y así lo hizo el jurado dictándose después sentencia absolutoria. El fiscal apeló de acuerdo con un precepto que se lo permite contra orden de la corte que ordene al jurado un veredicto a favor del acusado. Al resolver la corte esa apelación dijo que el tribunal inferior es-taba autorizado por la ley para aconsejar al jurado un vere-dicto absolutorio pero no para ordenárselo y que aunque la acción de la corte fué errónea no revocaría la sentencia y de-volvería el caso porque el acusado no podía ser juzgado otra vez por la misma acusación, por lo que la revocación no sería de interés para la justicia, citando los casos de Webb, supra, y el de People v. Horn, 70 Cal. 17. En otro caso posterior resuelto en 1901, People v. Terrill, 132 Cal. 497, el fiscal apeló de una orden de la corte inferior mandando al jurado que rindiera un veredicto a favor del acusado como consecuencia de una variante entre el pagaré que el fiscal presentó como prueba y el que se alegó en la acusación. La corte de ape-lación declaró que no existía tal variante pero a pesar de eso confirmó la orden apelada porque el acusado ya había sido juzgado y no podía serlo otra vez por ser regla que cuando debido a una equivocación de la corte en materia de ley se rinde impropiamente un veredicto no puede después anularse nunca a instancia del fiscal en cualquier forma de procedi-miento, citando a Bishop on Criminal Law, sección 665, y los tres casos a que antes nos hemos referido.

En el caso de People v. Stoll, resuelto en 1904, 143 Cal. 689, a que antes nos hemos referido para otra cuestión y citado en este caso por el fiscal, sin presentación de prueba alguna y sólo por manifestaciones hechas oralmente por el fiscal de lo que se proponía probar y de lo que en igual forma admitió el acusado, la corte ordenó al jurado que rindiera un veredicto absolutorio y así lo hizo. En apelación interpuesta por el fiscal, el tribunal por cinco jueces sostuvo sus decisio-nes anteriores en el caso de Roberts y los otros que hemos citado respecto a que la revocación por error solamente no es de interés para la justicia, pero estimando que la orden al jurado era una nulidad absoluta por carecer la corte de jurisdicción para darla por no haberse presentado evidencia y que lo referente a si el acusado no podía ser juzgado otra vez no había necesidad de resolverlo porque puede ser inter-puesta esa alegación en la corte inferior y si lo es puede ser revisada en apelación, revocó la resolución ordenando al ju-rado la absolución y devolviendo el caso a la corte inferior para juicio. Dos jueces de ese tribunal disintieron por entender que el acusado no podía ser juzgado nuevamente. Otro juez concurrió con la mayoría pero manifestando que el asunto no podía ser resuelto confirmando o revocando sin decir si el veredicto rendido por el jurado constituye un im-pedimento para cualquier persecución posterior del acusado. Por consiguiente, el caso de Stoll no es aplicable al presente porque se funda en que la corte carecía de jurisdicción para ordenar, o mejor dicho para aconsejar al jurado, que es lo que allí disponía la ley, que diera veredicto absolutorio, mien-tras que en el que resolvenios la orden que dió la corte al jurado después de terminar el fiscal su prueba está autori-zada por nuestra ley.

Las cuestiones que venimos considerando han sido resuel-tas también por el más alto tribunal de los Estados Unidos en el año 1904 en un caso procedente de las Islas Filipinas, Kepner v. United States, 195 U. S. 100. Los becbos en ese caso fueron los siguientes: Kepner, que era un abogado, fué acusado por delito de estafa a un cliente suyo. El juicio fué celebrado sin jurado por la corte dé primera instancia, la que lo absolvió. En apelación ante la Corte Suprema de Filipi-nas fué revocada la sentencia absolutoria y Kepner fué de-clarado culpable y fué sentenciado a pena de prisión. En la corte de apelación se alegó que el acusado babía sido puesto en peligro por segunda vez debido al recurso de apelación, con violación de la Constitución Federal. Llevó entonces el acusado su asunto por auto de error al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el que por mayoría de votos revocó la sentencia de la Corte Suprema de Filipinas y absolvió al acu-sado, diciendo, entre otras cosas, las siguientes:

“No tenemos ante nuestra consideración aquellos estatutos que conceden al Pueblo el derecho de revisión de los pasos meramente pre-' limin'ares a un juicio, antes de ponerse al acusado legalmente en peli-gro, como cuando se le absuelve a virtud de una moción para anular o cuando se declara con lugar una acusación antes de que el peligro (jeopardy) haya comenzado. Tales estatutos han sido generalmente sostenidos en jurisdicciones que niegan el derecho a un segundo juicio cuando una corte de jurisdicción competente ha condenado o absuelto al acusado. People v. Webb, 38 California, 467. El Sr. Bishop en su obra sobre Derecho Penal hace un resumen del alcance y autoridad de tales estatutos, como sigue:
‘Una disposición legislativa para oír de nuevo las causas criminales no puede interpretarse — o por lo menos no puede tener la fuerza-— de violar la regla constitucional que está bajo nuestra consideración, no importa cuáles se'an las palabras en que se exprese, tal disposición. Por consiguiente, una vez que un acusado ha estado en peligro, tal peligro no puede repetirse sin su consentimiento, no importa el esta-tuto que exista sobre la materia. Tal estatuto será interpretado en armonía con la Constitución y se resolverá que es aplicable solamente a- aquellos casos en que constitucionalmente pueda serlo. Y si su ob-jeto es conceder al Estado el derecho de apelación, el juzgar de nuevo al acusado, una vez que ha sido absuelto, es una nulidad. Así, pues, el recurso de error, o un recurso similar, concedido al Estado, puede autorizar a éste que trate de obtener la revocación de procedimientos erróneos y a que comience de nuevo, solamente en aquellos casos en que el primer procedimiento no constituyó un peligro legal. ’ 1 Bisbop Criminal Law (5'a. ed.), sección 1026.
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. . La corte de primera instancia, teniendo jurisdicción para juzgar la cuestión relativa a la culpabilidad o inocencia del acusado, de-claró a Kepner no culpable; el juzgarlo nuevamente sobre los méritos, aun en una corte de apelación, equivale a ponerlo en peligro por se-gunda vez por el mismo delito, si el Congreso usó estas palabras tal cual ban sido interpretadas por esta corte al determinar su significado, No tenemos dudas de que debe resolverse que fué la intención del Con-greso usar estas palabras en el bien reconocido significado establecido y resuelto por las decisiones de esta corte. ’ ’

En el caso de United States v. Ball, 163 U. S. 663, en el que tres personas fueron acusadas por asesinato siendo una absuelta por el jurado y condenadas las otras dos, y en el que en apelación por las últimas fué revocada la sentencia por ser insuficiente la acusación, produciéndose otra nueva por el Gran Jurado y después de un juicio fueron condenados los tres acusados, la corte dijo, refiriéndose al que primera-mente fué absuelto, que el anterior veredicto en cuanto a él fué final y no podía ser revisado sin ponerlo dos veces en peligro, violando, por tanto, la Constitución. Es cierto que en el caso de El Pueblo v. Mallen, 15 D.P.R. 798, resuelto por este tribunal en 1909, se dijo que el fiscal podía apelar de una orden de la corte inferior ordenando al jurado que rin-diera un veredicto absolutorio, pero eso fué dicho incidental-mente porque el ratio decidendi en ese caso fué que la corte no tenía ante sí la prueba para apreciar si el juez senten-ciador cometió error al ordenar al jurado que absolviera al acusado. De todos modos no hubiera podido ordenarse que se celebrara otro juicio.

Como consecuencia de todo lo expuesto tenemos que llegar a la conclusión de que cuando después de terminada la evi-dencia de cualquiera de las partes la corte ordena al jurado que rinda un veredicto absolutorio para el acusado y el ve-redicto es así rendido, tal orden no puede ser revisada en apelación establecida por el fiscal porque siendo final ese veredicto, una revocación de esa orden no puede producir el efecto de celebrarse otro juicio al acusado y por esto no tiene fin práctico resolver si la corte inferior estuvo justificada o no al ordenar la absolución del acusado, por lo que por ese motivo la apelación debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señob Audrey,

text:
    José Abraham Torres, demandante y apelado, v. Joaquín Díaz, demandado y apelante.
    No. 6396.

    Sometido: Mayo 8, 1934.

      Resuelto: Mayo 24, 1934.

      G. López de Victoria, abogado del apelante; O. Souffroni, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación contra resolución que aprueba un memorándum de costas.

Condenado el demandado en este pleito a pagar al deman-dante $850 como indemnización por perjuicios y las costas y firme dicho fallo por haber sido confirmado por este Tribunal Supremo (Torres v. Díaz, 45 D.P.R. 17) el demandante pre-sentó en la corte inferior su memorándum de costas que com-prende varias partidas con una suma de $29.75 y otra más de $400 por honorarios de abogado, en total $429.75. El de-mandado impugnó ese memorándum solamente en cuanto a la cantidad reclamada por honorarios de abogado por ser excesiva pero la corte inferior aprobó esa partida y el total del memorándum.

Dice ahora el apelante para sostener este recurso que la concesión de $400 para honorarios de abogado es excesiva en relación con su grado de temeridad y con la cuantía y natu-raleza del pleito.

El demandante alegó en su demanda que estando cami-nando en su automóvil por una carretera alcanzó al auto ca-mión de carga del demandado, caminando ambos en la misma dirección, le pidió paso con su bocina y al hacerle señal el chauffeur del camión de que podía pasar comenzó a hacerlo paralelamente a él, desviando entonces el camión hacia su izquierda, siendo motivo de que el automóvil del demandante fuera a parar, a la cuneta sufriendo grandes daños. El de-mandado no iba en su camión y contestó que su vehículo no había chocado con el automóvil. Esa fue la única controver-sia fundamental entre las partes, que era de hecho y muy sencilla, como lo demuestra la opinión en que se fundó la sentencia que resolvió el pleito. Hubo conflicto de evidencia en ese extremo y la corte inferior lo decidió a favor del de-mandante, con la consecuencia legal consiguiente, que no of re - cía dificultades, de condenar al demandado y conceder al de-mandante toda la cantidad que él reclamó más las costas.

En vista de esos hechos entendemos que la cuantía de $400 para honorarios de abogado fijada por la corte inferior es excesiva por la naturaleza de la controversia, la cuantía del litigio y el hecho de que el demandado tuvo que basar su de-fensa en la información de su chauffeur. En casos similares hemos rebajado la cuantía de honorarios de abogado. Rosa v. Díaz, 33 D.P.R. 198; Besosa v. Norwich Union F. Ins., 36 D.P.R. 169. Creemos que en el caso que resolvemos una can-tidad de $200 para honorarios de abogado es la que razona-blemente debe ser pagada.

La resolución apelada debe ser modificada en cuanto a los honorarios de abogado que deben ser fijados en $200 y por un total de costas de $229.75, y así modificada debe ser con-firmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Juan Amaral Suárez, demandante y apelado, v. Juana Gerena Burgos, demandada y apelante.
    No. 6567.

    Sometido: Marzo 26, 1934.

      Resuelto: Mayo 24, 1934.

      Daniel Pellón, abogado de la apelante; R. García Gintrón j R. Rodrí-guez Alberty abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

A la parte apelante se le venció en este caso el término que tenía para presentar en el tribunal inferior la transcrip-ción de las notas taquigráficas para tramitar su apelación contra la sentencia y le concedimos un nuevo término para que pudiera ser presentada en dicba corte. Próximo a ven-cer ese término nos presentó moción la apelante para que le concediéramos un nuevo juicio por serle imposible presentar esa tanscripción en la corte inferior por haber fallecido el taquígrafo que las tomó sin que la hiciera. De esa moción se dió traslado a la parte contraria y oímos a las partes.

La cuestión de si se puede conceder un nuevo juicio por no ser posible hacer la transcripción taquigráfica de la evi-dencia para la apelación ha sido resuelta en el caso de Sánchez Osorio v. Viscarrondo, 45 D.P.R. 66. Véase también el mismo caso en reconsideración, resuelto el 22 del corriente mes. En ese caso se perdieron las notas del taquígrafo que contenían la evidencia de una de las partes. La corte aprobó la de la otra parte y los autos de la apelación fueron presen-tados en este tribunal. Al formular su alegato una de las partes dijo que debía concederse un nuevo juicio por faltar parte de las pruebas. Resolviendo esa cuestión dijimos que parece ser un caso excepcional para, el cual la corte de dis-trito retuvo jurisdicción, y la jurisprudencia tiende a demos trar que cuando procede tal moción ella generalmente debe ser invocada en la corte inferior. También se dijo que la apelada cita jurisprudencia al efecto de que una moción de nuevo juicio debe hacerse siempre en la corte inferior y que conveníamos en que dicha corte está en mejor posición para apreciar la importancia de la prueba y la moción de ordi-nario debe ser presentada allí. También dijimos que supo-niendo que esta corte tenga poder inmanente, lo que no esta-mos dispuestos a negar, para ordenar un nuevo juicio por haberse perdido las notas del taquígrafo, sin embargo como regla debe presentarse una moción formal acompañada de un affidavit de méritos para que esta corte pueda discrecional-mente considerar si en realidad sería en verdadero interés de la justicia.

En vista de lo resuelto en el caso citado, de que los autos de la apelación no se encuentran ante nosotros y de que cuando no puede ser presentada en la corte inferior la trans-cripción de la evidencia es a ella a la que generalmente debe acudirse para obtener un nuevo juicio por ese motivo, opi-namos que la moción de nuevo juicio presentada a nosotros debe ser negada sin perjuicio de que la parte apelante lo so-licite de la corte inferior.


text:
    Ex parte Carmen Padín Santiago, peticionaria; Salvador Suau, reclamante y apelado, v. La Sucn. de Baltasar Padín Castro, compuesta de Carmen, Isabel, Blanca, María Antonia, Juan José, Darío, Pedro y Jorge Padín Santiago, opositora y apelante.
    No. 6671.

    Sometido: Abril 23, 1934.

      Resuelto: Mayo 25, 1934.

      A. Mena Latorre,, abogado de la apelante; Salvador Suau, por su pro-pio derecho y F. Prieto Azuar, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal..

De acuerdo con la regla 59 de las de esta corte, una. apelación puede ser desestimada si el apelante deja de dar algún paso necesario dentro de noventa días de tener oportunidad para ello. Interpretando esta regla, resolvimos en Auge v. Selosse, 32 D.P.R. 651, que cuando se somete una transcripción de evidencia a una corte de distrito es deber del apelante gestionar la aprobación de dicha transcripción. .La apelante no hizo tal cosa en este caso, y la parte apelada solicita que desestimemos el recurso, a tenor de la regla, citando varios otros casos de este tribunal.

La parte apelante sostiene que ella tiene una buena ex-cusa para la demora, porque el juez que conoció del -caso en Humacao fué Tomás Torres Pérez. El referido juez sólo te-nía un nombramiento provisional. Sus deberes principales los-desempeña en San Juan como uno de los oficiales jurídicos-del Departamento de Justicia. La apelante dice que es difícil para el referido Tomás Torres Pérez trasladarse a Humacao a fin de aprobar la transcripción de evidencia. No vemos qne esta excusa sea suficiente, porque la parte apelante debe siempre disponer de los medios, ya sea por solicitud al juez o al Procurador General, para lograr que se apruebe la trans-cripción. Cabe, por ello, la desestimación del recurso.

El presente es un caso en que la corte concedió unos $900 como honorarios de abog’ado y una pequeña cantidad para otras costas. Después que la corte dictó su resolución sobre costas, la apelante radicó moción para reconsiderar. Sostiene ahora que de conformidad con las decisiones en los ■casos de Saurí v. Saurí, 45 Fed. (2d) 90, y Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 42 D.P.R. 357, el término para radicar el récord en apelación es extendido al radicarse una moción para reconsiderar.

Si los casos citados pudieran aplicarse a nuestra práctica local — cuestión que no creemos aconsejable discutir ahora— entonces habría que desestimar el recurso porque el término para apelar no empezaría a correr hasta que se resolviese la moción de reconsideración. En cambio, si la moción para reconsiderar no tiene efecto sobre la debida preparación del récord en la apelación de la sentencia, entonces, merced a las consideraciones de los párrafos anteriores, la apelación aún tendría que ser desestimada.

Debe declararse con lugar la moción para desestimar.


author: El Juez Asociado Sbñob Oóbdova Dávila,

text:
    Miguel Truyol, demandante y apelado, v. Francisco Vázquez, demandado y apelante.
    No. 6265.

    Sometido: Marzo 7, 1934.

      Resuelto: Mayo 29, 1934.

      T. Bernardini Palés, abogado del apelante; C. Domínguez Rubio, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Sbñob Oóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La presente es una acción en cobro de dinero incoada por Miguel Truyol contra Francisco Vázquez reclamándole la suma de $652.18. Para solicitar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, el demandante solicitó que se embar-gasen bienes de la propiedad del demandado. Así lo ordenó la corte previa prestación de la correspondiente fianza. La orden de embargo fue practicada y diligenciada por el marshal, quien al dorso de la misma hizo constar lo siguiente:

‘ ‘ Que a las once de la mañana del día dos de junio de 1932 recibí la presente orden de embargo en el caso civil número 9845 seguido ante la Hon. Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, P. R., por Miguel Truyol, como demandante contra Francisco Vázquez como demandado, sobre Cobro de Dinero y en cumplimiento de lo ordenado en la misma y a moción de la parte demandante procedí a embargar y embargué como bienes del demandado Francisco Vázquez los siguien-tes: URBANA: — Casa de madera americana techada de zinc, de una planta que mide 20 pies de frente por 22 pies de fondo, radicada en la Calle Las Torres, sitio San Felipe, Barrio Hoyo Inglés, de Guayama, Puerto Rico, colindante por el Norte con Faustino Martínez, por el Sur con la calle de su situación, por el Este con Flora Mariani y por el Oeste con Eduardo Fornier. — URBANA:—Casa de madera americana techada de zinc de una planta con 31 pies 7 pulgadas de fondo por 26 pies 3 pulgadas de frente, radicada en la calle San José esquina Santa Rita, sitio San Felipe, Barrio Hoyo Inglés, de Guayama, P. R., colindando por el Norte, con Carlina Valles, por el Sur con la Calle de su situación, por el Este con Eugenio Alvarado y por el Oeste con la Calle Santa Rita.”

Solicitó el demandado la cancelación del embargo trabado sobre una de las dos casas de su propiedad, por ser ella la finca de bogar seguro (homestead) habitada por él y los de-más miembros de su familia como residencia, alegando que el inmueble de referencia está exento de embargo, sentencia o ejecución de acuerdo con la ley.

Ajustándose a las disposiciones del artículo 14 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias, la corte dictó una orden disponiendo que las partes fuesen citadas para una comparecencia, en cuyo acto se celebraría el juicio correspon-diente y se harían y practicarían las pruebas que a cada una de las partes interesase.

Interpuso el demandante oposición a que se dejase sin efecto el embargo, entre otras razones por carecer la Corte de Distrito de Guayama de jurisdicción para resolver una reclamación de hogar seguro, cuya cuantía es de $200. Bueno es hacer constar que el demandado fija a la propiedad que considera exenta de ejecución un valor de $200, mientras que el demandante le asigna un precio de $500.

La corte inferior se consideró sin jurisdicción para resolver la cuestión planteada, sobre la cual tendría necesaria-mente que recaer una resolución con respecto a los derechos del demandado a su alegado hogar seguro, 3^ declaró sin lugar la moción por el mismo presentada. Contra esta resolución es que se interpone el presente recurso de apelación. Alega el apelante que la corte inferior erró al negarse a anular el embargo trabado y resolver que carece de jurisdicción para ello por versar la moción en solicitud de nulidad de embargo sobre un derecho o finca de hogar seguro cuya cuantía no excede de $500.

Arguye el demandado que cuando una corte adquiere jurisdicción o la tiene por la ley para conocer de una causa, la tiene asimismo para conocer y resolver todas aque-lias materias incidentales al asunto principal o que se pro-muevan como incidencias del mismo, aun cuando al resolver estas cuestiones la corte sea llamada a considerar y decidir materias que de habérseles planteado o sometido en virtud de demanda o como causa de acción original, no estarían den-tro de su esfera jurisdiccional. La teoría del demandado es que las cortes que conocen de lo principal pueden conocer también de lo accesorio o incidental. A juicio del apelante, cuando la ley exime de embargo o ejecución un bien deter-minado que ba sido embargado por una orden de la corte, tal embargo adolece del vicio de nulidad y no es mediante una demanda que debe solicitarse el privilegio de la exención, sino en virtud de una moción en la cual se alegue el becbo del embargo y su nulidad, porque, de acuerdo con la ley, no puede trabarse sobre bienes que están exentos de ejecución. Esa moción, según el demandado, debe radicarse donde se baya incoado la acción y ante la corte que ordenó el embargo.

En Puerto Rico los embargos se decretan y se tramitan de acuerdo con la ley titulada sobre aseguramiento de efec-tividad de sentencias, aprobada en marzo de 1902. El ar-tículo 14 de esta ley dice así:

“Todas las pretensiones que se dedujeren por cualquiera de las partes en el curso del juicio con relación al aseguramiento de senten-cia, se sustanciarán en pieza separada, dándose traslado a la parte contraria, con citación para una comparecencia ante cualquiera de los jueces, en la cual se propondrán y practicarán las pruebas que cada una de las partes propusieren y fueren pertinentes, resolviéndose acto seguido por el tribunal la cuestión propuesta, sin que en ningún caso tales cuestiones sean obstáculo para la oontustuacíón del pleito PRINCIPAL. Entre la citación y la comparecencia de estos juicios ver-bales no mediará un término mayor de cinco días y no se suspenderá la celebración por ningún motivo. Toda resolución del tribunal será ejecutoria desde luego, pudiendo consignarse por la parte perjudicada la oportuna protesta a los efectos del recurso que la. ley de procedi-mientos le conceda contra la sentencia definitiva. ’ ’

No bay duda alguna de que la corte de distrito actuó den-tro de su jurisdicción al decretar el embargo de las dos casas propiedad del demandado. Tampoco puede haberla de que tiene jurisdicción para declarar si esos bienes están o no exentos de embargo. El procedimiento a seguir cuando se embargan bienes que la ley exime de ejecución es solicitar que se excluyan de la orden de embargo, previa prueba del carácter de los bienes y de su valor, cuando sea necesario fijarlo. El derecho de hogar seguro no debe ser una excep-ción a la regla general, aunque la corte tenga que hacer una declaración acerca de la existencia de este derecho para de-cretar que los bienes están exentos de ejecución. El procedi-miento es sencillo y rápido, evita litigios posteriores y ofrece' amplias garantías a las partes contendientes, quienes pueden holgadamente y sin dificultades, presentar su prueba y defender sus respectivos derechos en el juicio verbal autorizado por el artículo anteriormente transcrito.

La corte inferior nos dice en su opinión que este tribunal, en distintas decisiones y entre ellas las de Peterson v. Contreras, 42 D.P.R. 492; Arroyo v. Corte de Distrito de San Juan, 38 D.P.R. 10; Duchesne v. Corte de Distrito de San Juan, 38 D.P.R. 14; Hedilla v. Monagas, 38 D.P.R. 27, ha sostenido que las cortes municipales y no las de distrito son las que tienen jurisdicción para conocer de una acción en la que se reclama el derecho de hogar seguro, y añade, citando el caso de Cueto v. Corte de Distrito, 37 D.P.R. 246, que la alegación de hogar seguro requiere una contestación, la cele-bración de un juicio y una sentencia resolviendo la cuestión propuesta.

En Cueto v. Corte de Distrito los demandados en un pro-cedimiento ejecutivo hipotecario presentaron una contesta-ción a la demanda y una contrademanda alegando que en la propiedad hipotecada tenían constituido su hogar seguro y solicitando que la demanda fuese declarada sin lugar. Se resolvió que de acuerdo con la Ley Hipotecaria y su regla-mento los demandados no tenían derecho a presentar en el procedimiento ejecutivo su alegación de contestación ni de contrademanda, por no referirse a ninguna de las cuestiones que están autorizadas en este procedimiento y no poder re-solverse en el mismo si en la finca hipotecada se había cons-tituido el hogar seguro de los demandados ni si el ejecutante estaba obligado a respetarlo.

Entonces fué que la corte dijo, refiriéndose a la alegación allí formulada, que requería “una contestación, la celebración de un juicio y una sentencia resolviendo la cuestión propuesta, o sea, un juicio ordinario dentro de un procedimiento especial y sumario, lo que pugna con la naturaleza del juicio eje-cutivo hipotecario y está en contra del artículo 175 del regla-mento de la ley hipotecaria.” El fallo en este caso se dictó por mayoría. La opinión de la corte fué escrita por el Juez Aldrey. El Juez Wolf escribió una opinión concurrente. El Juez Hutchison escribió una opinión disidente con la cual es-tuvo conforme el Juez Presidente Sr. del Toro, de la cual copiamos lo que sigue:

“La orden de la corte inferior, por lo tanto, no interrumpió, en-torpeció o suspendió parte alguna del procedimiento sumario prescrito por la Ley Hipotecaria y su Reglamento. Pero aún en el ‘juicio de-clarativo1 a que se relega el demandado por el artículo 175 del Re-glamento, él tendría derecho a hacer que el producido de la venta se retenga bajo la custodia de l'a corte, ínterin se determinen sus dere-chos en tales pleitos por separado. Dentro de las circunstancias, nos es difícil comprender por qué razón la reclamación del hogar seguro, que sólo afecta la cuestión de la v'enta o la disposición o distribución del producido, no puede ser determinada bien por virtud de una mo-ción o de un'a contrademanda y dirimida tanto en el procedimiento ejecutivo como en una acción independiente. No sólo tendería esta práctica a evitar multiplicidad de acciones, sino que, si se resuelve la cuestión 'así levantada, haría que los compradores en perspectiva pu-dieran averiguar qué parte, si alguna, de la propiedad hipotecada, había sido excluida, en v'ez de desalentar las ofertas de los postores debido a informes vagos sobre una reclamción pendiente de dirimirse por medio de un acción independiente. ’ ’

A juzgar por la opinión escrita por el Juez Aldrey, lo que realmente se resolvió en el caso mencionado fué que una ale-gación de hogar seguro no puede interponerse en un proce-dimiento ejecutivo hipotecario dado el carácter especial y su-mario del mismo y las disposiciones de la ley y el artículo 175 de su reglamento,- pero nada se dijo con respecto a si procede o no formular esta aleg*ación en un pleito ordinario ante una corte de distrito cuando se embargan bienes sobre los cuales el demandado pretende haber constituido su hogar seguro.

Arguye el demandante apelado que el artículo 249 de nues-tro Código de Enjuiciamiento Civil, que además del homestead declara exentos de ejecución determinados bienes, es idéntico al 4480 del Código de Enjuiciamiento Civil de Idaho, y cita el caso de Mason v. Lieuallen, 4 Idaho 415, 39 Pac. 1017, donde se solicitó la disolución de un embargo sobre bienes considerados exentos de ejecución. De acuerdo con la ley vigente en Idaho, el único fundamento que autoriza la diso-lución de un embargo es que el auto haya sido impropia o ilegalmente expedido. La Corte Suprema de dicho estado, citando una opinión del Tribunal Supremo de Nebraska, se expresó así:

“En el caso de Quigley v. McEvony (Neb.) 59 N. W. 767, que es el único caso, citado donde las cuestiones decididas son similares a las que se discuten en esta apelación, la corte dijo: ‘No creemos que sea competente o una buena práctica, cuando el auto se dirige contra propiedad inmueble perteneciente al deudor, permitir que la cuestión de bogar seguro se establezca como una de las razones para dejar sin efecto el embargo. La vista se basa en affidavits más o menos hábil-mente preparados, conforme a la habilidad o falta de ella en esta rama particular de la parte que los redacta, o su esmero artístico o carencia del mismo en cuestiones de affidavit. Es para nosotros indiscutible que la cuestión de si la premisas constituyen o no hogar seguro debe ser determinada en procedimientos instituidos en la forma ordenada por nuestra ley, y si hay desacuerdo esta cuestión debe resolverse en una acción adecuada ante una corte, en la cual los puntos en contro-versia puedan ser regularmente presentados y el asunto juzgado en la forma prescrita por la ley para los juicios de cuestiones de hecho y de derecho; y que los fines de la justicia quedarán mejor servidos mediante este último curso de procedimiento que por la determinación de la cuestión de hogar seguro en el curso de una audiencia sobre una moción para dejar sin efecto el embargo.’ Con esta conclusión noso-tros estamos completamente de 'acuerdo. El estatuto de Nebraska no limita como el de Idaho los motivos en que debe basarse una moción para dejar sin efecto un embargo, a la expedición irregular o im-propia del auto.”

Los argumentos utilizados por la Corte Suprema- de Nebraska no pueden aplicarse rigurosamente a la ley vig*ente en Puerto Rico. Entre nosotros la vista no se basa en affidavits que puedan prepararse con más o menos habilidad, según ex-pone dicha corte, sino en la prueba que se aporta ante el tribunal en un juicio verbal donde los testigos pueden ser am-pliamente interrogados por ambas partes, bajo la inmediata vigilancia del juzgador que escucha su testimonio y lo depura y aclara en el crisol de su discernimiento judicial. El ar-tículo 14 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Senten-cias dispone, (1) el trámite en pieza separada de las cues-tiones planteadas con relación al aseguramiento de sentencia; (2) la notificación o traslado de la moción a la parte contra-ria, la cual podrá contestar; (3) señalamiento de una vista; y (4) celebración de un juicio verbal en el cual se propon-drán y practicarán las pruebas que cada una de las partes propusiere y fueren pertinentes. Luego de todo esto la re-solución que dicta la corte después de celebrada la vista es apelable, de acuerdo con el artículo 295 del Código de En-juiciamiento Civil. Es éste un juicio verbal donde la cues-tión de hogar seguro puede ser ampliamente discutida y re-suelta por el tribunal que decretó el embargo, sin necesidad de someter a la parte interesada a las inconveniencias de interponer una acción independiente. Los principios de la justicia quedan de este modo perfectamente cumplidos. La ley declara de una manera expresa que el hogar seguro no está sujeto a ejecución. Permitir el embargo de bienes del demandado y su ejecución después de haberse planteado por el mismo la alegación de hogar seguro, bajo el pretexto de que la corte carece de jurisdicción, equivale a dejar sin efecto las disposiciones de la ley decretando que esta propiedad está exenta de ejecución. Si el demandado realmente lia consti-tuido sn hogar seguro y se le obliga a interponer un pleito para hacer valer sus derechos y se embargan y ejecutan sus bienes, hay que convenir en que se está haciendo lo mismo que la ley expresamente prohíbe sobre una propiedad decla-rada exenta de ejecución.

No es el derecho de hogar seguro una cuestión tan com-plicada de suyo que no pueda resolverse mediante una moción con audiencia de todas las partes y protección de todos los intereses envueltos en la controversia establecida.

En el caso de Buonomo v. Corte Municipal de Caguas, 39 D.P.R. 882, al ejecutarse una sentencia dictada por la corte municipal se anunció la venta en pública subasta de una finca del deudor previamente embargada en el pleito. El mismo día designado para la subasta el referido deudor, sin noti-ficar a la parte contraria, presentó una moción alegando que había constituido su hogar seguro en la finca mencionada. La corte, sin dar intervención al demandante en el pleito, or-denó al márshal que se abstuviera de proceder a la ejecución del inmueble, en caso de que el valor que se asignase defini-tivamente a la finca fuere menor de $500, por estar la misma exenta de ejecución, pero que si el valor asignado definiti-vamente en las posturas excediera de $500, entonces proce-diera a hacer la ejecución correspondiente y consumara la venta en pública subasta, debiendo entregar al demandado dichos $500, y al demandante solamente el exceso sobre los mismos. La resolución de la corte municipal fué anulada por la corte de distrito en un procedimiento de certiorari. Esta corte, al confirmar en apelación la sentencia anulando el auto, se expresó así:

“Cualquiera que sea la diferencia de criterio de los jueces que componen este tribunal, existe una conformidad absoluta entre todos en que para ejercitar el derecho de homestead debe seguirse el debido proceso de ley que de modo tan admirable describió Webster en su argumentación en el caso de Darmouth College, así: ‘una ley que oye antes ele condenar, actúa por virtud de investigación y dicta senten-cia solamente después de un juicio.’ ”

La Ley sobre Aseguramiento de Sentencias ofrece todas estas garantías en el juicio verbal autorizado por su artículo 14.

En el tomo 29 de Corpus Juris, página 73, se dice:

“Se ha sostenido que cuando una corte ha adquirido jurisdicción de una causa, puede concederse el homestead cuando tal concesión es una incidencia necesaria al propio ejercicio de la jurisdicción ya ad-quirida por otras razones; pero también se ha sostenido que cuando la corte tiene jurisdicción para separar el homestead como tal inci-dencia necesaria, no puede ejercerse el poder para seguirlo, a menos que se haya adquirido jurisdicción por otros fundamentos.”

En el caso de Arnold v. Jones, 77 Tennessee 546, se estableció una acción para recobrar una parcela de terreno. El caso se resolvió; en favor del demandante pero la corte nombró comisionados para separar el hogar seguro del de-mandado y su esposa. Se alegó que la corte, al dictar su sentencia, estaba obligada a fallar en favor del demandante o del demandado, pero que no tenía autoridad para nombrar comisionados para separar el hogar seguro en la forma en que se hizo. La Corte Suprema de Tennessee se expresó así:

“No tenemos nosotros ninguna ley aplicable a este caso preciso. Tenemos una disponiendo la separación del hogar seguro bajo la dirección de un funcionario diligenciando una ejecución o un embargo, pero éste no es el caso. La corte decidió correctamente, de acuerdo con nuestras decisiones, que el derecho de hogar seguro no fué trasmitido por la escritura del trustee. No pudo, por lo tanto, expedir un auto de posesión con respecto a dicho hogar seguro, que no puede ser afec-tado. El demandante, sin embargo, tenía derecho al resto del terreno y a un auto de posesión para incautarse del mismo. Eué necesario que la corte, a fin de que pudiera ejecutarse la sentencia, fijara el hogar seguro o procurara que se fijara en alguna forma bajo su autoridad. . . .
“En una acción para recobrarse propiedad inmueble (ejectment), la sentencia se ejecuta por medio de un auto de posesión expedido al sheriff ordenándole que ponga al demandante en posesión de las pre-misas. Hacer esto en el presente caso antes de establecer el home stead, sería exponer a las partes a las inconveniencias o gastos de otra demanda para dejar establecido el bogar seguro y entonces expedir un auto de posesión o de restitución por la corte que privó de la pose-sión a las partes erróneamente. Parece que todo esto debe evitarse, de acuerdo con los principios del derecho común, de que cada corte tiene el poder inherente de ejecutar sus propios decretos, lo que ne-cesariamente envuelve el uso de los medios legales para llegar a este fin.”

Debe revocarse la resolución apelada, y devolverse el caso para ulteriores procedimientos en armonía con los principios establecidos en esta opinión.