author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Manuel Cortés Nieves, Santos Pérez, José Toledo García, Teodoro Villanueva, Tomás García, Ernesto Viñas, Alfredo Martínez y Serafín Orama, demandantes y apelados, v. José Rivera y Rafael Lugo, actuando como Asamblea Municipal de Arecibo, demandados y apelantes.

      No. 5351.

    Sometido: Junio 27, 1930.

      Resuelto: Julio 10, 1930.

      Cayetano Coll y C'ucM, abogado de los apelantes; B. Agrait Aldea y A. Beyes Delgado, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Los artículos 20 y 83 en parte, de la Ley Municipal, Leyes de 1928, 335, 351, 399, disponen:

“Artículo 20. — Si cualquiera sesión de la Asamblea Municipal no pudiere celebrarse por falta de quorum, los miembros presentes podrán compeler a los ausentes a que comparezcan, ordenando por escrito a cualquier Marshal, o Jefe de Policía a que los arreste y conduzca al salón de sesiones, salvo en el caso de imposibilidad física, comprobada satisfactoriamente. Si a pesar del arresto, persistiere el miembro en ausentarse, se declarará vacante su puesto.’'
“Artículo 83. — Las cortes de distrito tendrán jurisdicción a ins-tancia de parte perjudicada:
“(a) Para anular o revisar cualquier acto legislativo o adminis-trativo de la Asamblea Municipal, de la Junta Administrativa, del Alcalde o de los demás funcionarios municipales que lesione dere-chos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la Ley Or-gánica o a las leyes de Puerto Rico, mediante certiorarij ...”

El Alcalde de Arecibo convocó una sesión extraordinaria de la asamblea municipal para el 24 y el 25 de mayo de 1930. La asamblea estaba compuesta de diez miembros. Se reunió el 24, y acordó levantar su sesión basta el día siguiente. Volvió a reunirse el 25 en cumplimiento del acuerdo, efectuó ciertos trabajos, y, por una votación de ocho contra dos, dió por terminada la sesión sine die. Luego, los ocho miembros que habían votado en favor de la suspensión abandonaron la sala de sesiones. Los dos miembros restantes, José Rivera y Rafael Lugo, expidieron entonces una orden de arresto contra los ocho que se habían retirado.

La orden de arresto pretendía haber sido librada a virtud de la facultad conferida a “los miembros presentes” por los términos del artículo 20, supra. Los ocho “ausentes,” al ser traídos bajo arresto al salón, se negaron a ocupar sus escaños, y sus cargos fueron declarados vacantes.

José Rivera y Rafael Lugo apelan de una orden de la corte de distrito, dictada en un procedimiento de certiorari, anu-lando el proceder de esos dos miembros de la asamblea municipal profesando actuar como tal asamblea-, y alegan que la corte de distrito erró al desestimar una moción solicitando se anulara el auto.

La teoría de los apelantes es que, a tenor del artículo 83, supra, el auto de certiorari sólo procede para revisar las actuaciones de una asamblea municipal legalmente consti-tuida; que la actitud asumida por dos miembros de la asam-blea después de la suspensión final de sus trabajos, no es la actitud de la asamblea, y, por tanto, no está sujeta a revisión por certiorari; y que esta dificultad no queda obviada por la circunstancia de que los dos miembros actuaron, o preten-dieron actuar, como, una asamblea municipal.

En apoyo de esta contención, el señor letrado cita del caso de State v. City Council, 42 Atl. 852, y de State v. Shaeffer, 100 N. W. 1030.

El primero de esos dos extractos lee como sigue:

“Se desprende, además, que la convención de delegados era un cuerpo carente de status legal, que no podía proporcionar a la persona objeto de su selección ningún derecho o título legal al puesto de primer ingeniero. El efecto legal de su proceder no tenía más peso que el de cualquiera otra reunión de ciudadanos. No teniendo facul-tades legales que ejercer, ni deberes legales que desempeñar, sus ac-tuaciones no pueden revisarse por certiorari ni refrenarse por mm-damus. Watson v. Society, 38 N. J. Law, 377; Drake v. Plume, 44 N.J. Law, 362; Vreeland v. Jacobus, 26 N.J. Law, 135.”

El segundo es así:

“En State ex rel. Anderson v. Timme, 70 Wis. 627, 36 N.W. 325, en una solicitud de certiorari dirigida a la jurisdicción original de la Corte Suprema, se resolvió que debía denegarse la expedición del auto porque la actuación de los comisionados de terrenos al investigar y declarar nula una patente sobre tierras e'staba tan fuera de su juris-dicción que era enteramente innocua. Existe completa analogía en-tre la actuación de los comisionados allí discutida y el proceder del concejo que abora nos concierne; por lo menos desde el punto de vista del querellante. En ambos casos lo actuado lo fue completa-mente sin jurisdicción, no podía tener fuerza posible salvo la mera declaración gratuita del criterio del organismo de que emanó, o, a lo sumo, la notificación de ese criterio y de la actitud proyectada; en un caso, con respecto a la patente: en el otro, en cuanto a la licencia. Consideramos concluyente para el presente caso el razonamiento de aquél — que el revisar y considerar la validez de esa declaración cons-tituiría un ejercicio tan innecesario de la facultad de un tribunal, que ninguna corte, en el debido ejercicio de su discreción, debe ex-pedir el remedio extraordinario de certiorari.”

Las autoridades en que así se lia buscado apoyo prueban demasiado. Percibiendo esto, los apelados insisten en que la apelación debe ser desestimada.

El artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que;

“Cualquier parte agraviada por una resolución judicial podrá apelar en los casos previstos en este código .... ”

Si los dos asambleístas que permanecieron en el salón y continuaron actuando después de haberse dado por termi-nada la sesión constituían “un cuerpo carente de statiís legal,,” si “el efecto legal de su proceder no tenía más peso que el de cualquiera otra reunión de ciudadanos,” si no tenía “facultades legales que ejercer, ni deberes legales que desempeñar,” si su actuación era “enteramente innocua,” si ese proceder “no podía tener fuerza posible,” y si el revisar y considerar la validez de esa declaración constituiría un ejercicio tan innecesario de la facultad de un tribunal, • que ninguna corte, en el debido ejercicio de su discreción, debe expedir el remedio extraordinario de certiorari,” la anula-ción por la corte de distrito de una actuación tan “entera-mente innocua” debe considerarse igualmente inofensiva. En el caso de autos, no bubo condena en costas. Los ape-lantes no tienen ningún título o derecho legal que pudiera ser afectado en forma alguna, bien por la confirmación o por la revocación de la sentencia. Ellas no son “parte agra-viada,” dentro del significado del artículo 294, supra, y no tienen derecho a impetrar la revisión de los procedimientos que culminaron en una sentencia final en la corte inferior.

Debe desestimarse la apelación.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Gerónimo Vallecillo, demandante y apelante, v. Teodoro Vidal Sánchez y Francisco Valines, demandados y apelados.
    No. 4784.

    Sometido: Enero 24, 1930.

      Resuelto: Julio 10, 1930.

      Jaime Sifre Jr., Horade FrancescM y Diego O. Marrero, abogados del apelante; Henry G. Molina y Pellón & Ayuso, abogados de los apelados Vidal y Valines, respectivamente.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Gerónimo Yalleeillo inició un pleito de injunction contra Teodoro Vidal. Se solicitó y obtuvo un auto preliminar. Apeló el demandado, y discutido el caso ampliamente en esta Corte Suprema, se modificó la orden recurrida permitiéndose al demandado continuar sus trabajos siempre que levantara un muro que impidiera las vistas rectas a la finca del deman-dante. Vallecillo v. Vidal, et al., 33 D.P.R. 337.

La cuestión envuelta, y estudiada y resuelta por esta corte en dicho caso fué la de fijar de tal modo el alcance del artículo 589 del Código Civil que prohíbe la apertura de ventanas con vistas rectas, de balcones u otros voladizos seme-jantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha pro-piedad.

A partir del expresado caso quedó establecida en esta jurisdicción, la siguiente jurisprudencia:

“Pueden abrirse ventanas y construirse balcones u otros voladizos semejantes a menos de dos metros de la finca del vecino, siempre que se construya también un muro que impida las vistas rectas o la ins-pección desde ellos, del fundo ajeno.”

Volvió el caso a la corte de distrito y continuó tramitándose hasta resolverse por sentencia definitiva. Al llamarse para juicio aparece de los autos que ocurrió lo que sigue:

“EstepulaciÓN
“Llamado el caso a juicio sobre sus méritos las partes anuncian que están listas y que la parte demandante y la parte demandada am-bas somaten el caso por la misma prueba que se adujo ante la corte en la vista del in junction pendente litis que tuvo lugar el día 19 de diciembre de 1923, tal y como aparece del récord taquigráfico expe-dido por el taquígrafo Sr. José Morales Díaz con fecha febrero 20 de 1924.
“Ledo. Sifre. — Entendiéndose, desde luego, que además de la prueba testifical la corte considerará la prueba documental, o sea los exhibits, cuyos exhibits se encuentran en el Tribunal Supremo, pero las partes harán una moción de desglose para que el Tribunal Supremo devuelva esos exhibits a .esta corte de distrito.
“Ahora realmente lo tínico que queda para hacer en este tribunal es dictar una sentencia definitiva de acuerdo esta sentencia con los pronunciamientos del tribunal Supremo de Puerto Rico. Si el com-pañero quiere someter prueba yo no tengo inconveniente. Desde luego que en mi opinión llevaría a la corte a idéntica conclusión a la que llegaría en virtud de los términos de la decisión del Tribunal Supremo en el caso de que se presentara prueba ahora. Con esa adi-ción yo acepto la estipulación.
“Ledo. Molina. — En vista de las manifestaciones de la otra parte, se entiende que él no presenta evidencia?
“Ledo. Sifre. — No señor.
“Ledo. Molina. — Nosotros reproducimos toda la evidencia apor-tada ante la corte, y como última prueba pedimos a la corte permiso, para presentar la declaración del Sr. Vidal, el demandado, sobre el hecho de que después de dictada esta sentencia procedió a levantar-la pared exactamente en la forma y manera que él manifestó en su contestación que tenía proyectada y tal como la estaba haciendo' cuando vino el injunction.”

En efecto la única prueba presentada fue la declaración del demandado Vidal, que versó sobre el extremo que se in-dica en la estipulación.

La sentencia de la corte fue declarando que la ley y los hechos estaban a favor de los demandados y en contra del demandante, y, en su consecuencia, desestimando la demanda con imposición de costas y gastos al demandante pero sin incluir en las costas los honorarios de abogado.

No conforme el demandante apeló. En su alegato señala la comisión de tres errores, a saber: 1, al no seguirse como la ley del caso la establecida por la Corte Suprema en Vallecillo v. Vidal, 33 D.P.R. 337; 2, al desestimarse en todas sus partes la demanda de injunctÁon; y, 3, al imponerse las costas.

Según la opinión que del caso hemos formado, no habrá necesidad de considerar el tercer señalamiento de error. Los dos primeros serán estudiados y resueltos conjuntamente y su resolución llevará consigo la del tercero.

A nuestro juicio, atendidas todas las circunstancias que concurren, no hay duda alguna que la ley del caso quedó establecida por esta corte en la apelación contra la orden de injunction preliminar.

La conclusión es tan clara que no se necesita robustecerla con citas de jurisprudencia. Sin embargo, para mayor ilus-tración, transcribiremos dos de las que contiene el alegato de la parte apelante. Dicen:

“Es una regla general que la decisión de una corte de apelaciones es la ley del caso en ulteriores procedimientos de una cansa seguidos en la corte sentenciadora y en todas las. etapas subsiguientes de la acción o procedimiento. La regla es aplicable especialmente cuando la corte de apelaciones ba devuelto la causa con instrucciones espe-cíficas respecto a los pasos que debe dar la corte inferior; y tal re-gla permanece en vigor independientemente de si la decisión de la corte de apelaciones es correcta o errónea, habiéndose dicho que sola-mente cuando la decisión se considera errónea la doctrina de 'la ley del caso7 tiene alguna importancia. La corte inferior no puede oír nuevamente o reconsiderar las cuestiones decididas por la corte de apelaciones, y es su deber seguir la decisión de dicha corte de ape-laciones, considerándose sus actuaciones erróneas cuando difieren de tal decisión y no erróneas en este sentido cuando están en armonía con la misma. La regla es, exponiéndola en otra forma, que las cues-tiones una vez determinadas por la corte de apelaciones, no pueden, al ser devuelto el caso, ser levantadas o suscitadas nuevamente en ]a corte inferior.77 4 C.J. 1213.
“El abogado de los demandantes en el recurso de error alega que la sentencia de esta corte dictada en el injunction interlocutorio, cuando el caso estuvo aquí anteriormente, no fué una sentencia final sino meramente directiva para la corte inferior, y que aquella corte podía aún hacer caso omiso de ella, y que este tribunal no que-daba obligado por la misma, como una sentencia final en el caso. Ellos admiten que esta corte en el caso de City of Atlanta v. First Methodist Church, 83 Ga. 448, 10 S.E. 231, había resuelto lo contra-rio de su contención pero alegaban que aquella decisión era errónea, y .solicitaron permiso para reconsiderarla con objeto de que la misma fuera revocada. Se concedió permiso para reconsiderarla en el ar-gumento ante la corte, pero después de una consideración cuidadosa del arriba citado y de otros casos similares que se mencionarán más adelante, la mayoría de esta corte rehusó revocarla y se decidieron a adherirse a la misma. Esta corte resolvió, en substancia, en dicho caso, que cuando el caso en su totalidad es resuelto, basado en un punto puramente legal, la sentencia es final y no es objeto de recon-sideración en dicho caso; . . . Esta ha sido la práctica desde 1870, y, que nosotros sepamos o podamos averiguar consultando nuestras opiniones, las decisiones de esta corte, en cuestiones puramente legales sobre injunction interlocutorio, han sido siempre consideradas finales, y como guías del juez sentenciador en el juicio final ante el jurado.” Ingram et al. v. Trustees of Mercer University et al., 29 S.E. 274.

Estudiando la opinión emitida por el juez del distrito para basar la sentencia apelada, creemos, en verdad, que él no quiso separarse de la ley del caso. Parece que deseó apli-carla tomando en consideración que la condición impuesta por ol Supremo se había cumplido al construir el demandado el muro que impedía las vistas rectas y la inspección de la finca del demandante desde la terraza del demandado.

Sin embargo hay otras circunstancias a considerar. En el repetido caso de Vallecillo v. Vidal, 33 D.P.R. 337, 340, dijo esta corte:

“El apelado, sostenido por las autoridades citadas pero quizá ale-jándose de la verdadera intención que tuvo el legislador, insiste sin embargo en que si no se mantiene la orden de injunction ninguna ga-rantía tendría el demandante para que el demandado llevara a su terminación el muro o que después de construido se destruyera, en euyo caso el demandante se vería obligado a iniciar un nuevo pleito para proteger un derecho que debió ser respetado desde el primer momento. Esta argumentación sería de gran fuerza si el brazo del injunction no alcanzara prevenir tales actos futuros. La no termi-nación de la obra o el derribo de la pared una vez terminada serían contingencias comprendidas implícitamente dentro de la orden de injunction. Actos de esa naturaleza significarían una desobediencia al auto de injunction y si el auto preliminar se convirtiera en perpetuo, el demandado quedaría sujeto en el futuro a tal prevención por este mismo procedimiento en todo lo relativo a que pudiera dejar sin efecto en cualquier tiempo lo prescrito en el artículo 589 del Código Civil Revisado.
“Por lo expuesto, la orden preliminar de injunction de 5 de fe-brero de 1924 debe ser modificada de modo que el demandado piieda continuar sus trabajos siempre y cuando se levante el muro o pared que impida las vistas rectas a la finca del demandante quedando firme en cualquier otro caso de los previstos en esta opinión dicha orden de injunction.”

No puede negarse que fue a virtud del injunction que se interpretó el artículo 589 del Código Civil, y que la construc-ción del muro por parte del demandado durante el litigio, de poderse tener en cuenta, debe serlo bajo la base de haberse realizado en obediencia de la orden de injunction preliminar modificada en tal sentido en la apelación, pero dejándola subsistente en los demás extremos.

Por eso creemos que tiene razón el apelante cuando dice en su alegato:

“Es decir que el Tribunal sentenciador debió haber dictado una sentencia definitiva reconociendo el derecho del demandado a mante-ner en pie la terraza o balcón, imfponiéndole como condición la obli-gación de mantener en pie la pared que impidiera las vistas y reco-nociendo al mismo tiempo el derecho del demandante a exigir el cum-plimiento en todo tiempo de esta obligación, sin necesidad de tener que iniciar ningún otro pleito en el caso de ineumiplimiento, ni a re-currir a ningún otro procedimiento, que fue exactamente lo que hizo este Hon. Tribunal Supremo al resolver en cuanto al auto preliminar de injunction.
“Tal como ha sido dictada la sentencia definitiva, el demandado no estaría desobedeciéndola si en el futuro derribara la pared y el demandante estaría huérfano de toda protección dentro de este mismo procedimiento.”

Debe revocarse la orden recurrida y en su lugar dictarse otra permitiendo al demandado mantener su terraza, siempre que mantenga de igual modo en pie el muro que ha levantado y que impide las vistas rectas y la inspección de la finca del demandante, desde la terraza, todo sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Teccidor no intervino.


text:
    Ernesto Fernando Schlüter, haciendo negocios bajo el nombre comercial de Schlüter & Co., Sucesores, demandante-apelado, v. Rosa Villafañe de Buxó y Francisco Buxó, demandados-apelantes.
    No. 5371.

    Sometido: Julio 7, 1930.

      Resuelto: Julio 10, 1930.

      González Fagundo & González Jr., abogados de los apelantes; E. Campos del Toro, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación de la apelación interpuesta en este caso el 10 de junio último, por frívola.

La demanda alega que el demandante es tenedor de cuatro pagarés que los demandados suscribieron y le entregaron, transcribiéndose en ella los pagarés, uno por $813.24, otro por $271.08, otro por $1,084.32 y otro por $609.29. Se alega además que a cuenta del pagaré por $609.29, los demandados abonaron $200 que fueron aplicados al pago de intereses de mora y el remanente al principal, quedando el pagaré redu-cido a $424.52; que todos los pagarés están vencidos y no lian sido satisfechos, no obstante las gestiones realizadas por el demandante cerca de los demandados para ello.

Contestaron los demandados negando que el demandante fuera el tenedor de los pag'arés, aceptando el abono de los $200, y alegando como defensa que dichos $200 se entregaron para prorrogar el vencimiento de todos los pag'arés hasta la zafra de 1930, lo qne fné aceptado por Sehlüter & Co., Su-cesor. La contestación no está jurada.

Fué el pleito a juicio. Sólo compareció el demandante. Se presentó por éste su prueba. Solicitó el demandante per-miso que le fué concedido para enmendar su demanda a fin de conformarla con la prueba, y la corte dictó sentencia, fundada en una relación del caso en que declara probados los hechos en que basa su reclamación el demandante, conce-diendo lo solicitado en la demanda tal como quedó finalmente enmendada.

No conformes los demandados, interpusieron esta apela-ción que es, en verdad, enteramente frívola.

Si bien la parte apelante compareció al acto de la vista de la moción, no archivó impugnación alguna por escrito. Nada oralmente manifestó que constituya un motivo justificado para sostener su apelación.

La autenticidad de los documentos transcritos en la deman-da fué admitida al no contestar los demandados bajo jura-mento. Artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil. Eso no obstante, a mayor abundamiento, el demandante pre-sentó su prueba en el acto del juicio, que, como hemos dicho, fué considerada suficiente por la corte.

Se sostuvo por los apelantes que no obstante la admisión de la autenticidad de los documentos y de la certeza de la deuda, se planteó la defensa de prórroga del vencimiento de la obligación. Para decidir que esa contención carece de mérito, bastará recordar que, como antes expusimos, los de-mandados no comparecieron al juicio, dejando así abando-nada su defensa, y referirnos al caso'del Banco Comercial de Puerto Rico v. Perales, 38 D.P.R. 183. Véanse además los casos del Banco Masónico de Puerto Rico v. Heraclio López y Co., 38 D.P.R. 187 y de E. Solé & Co. v. Crescioni, 38 D.P.R. 976.

Tratándose como se trata de una apelación entera-mente frívola, no es necesario esperar que transcurran los noventa días a que se refiere la sección 59 del (Reglamento de esta Corte: Banco Comercial de Puerto Rico v. Perales, supra.

Se desestima la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Cristóbal Morales, demandante y apelante, v. P. González & Co., S. en C., y P. González y González, demandados y apelados.
    No. 4617.

    Sometido: Marzo 7, 1929.

      Resuelto: Julio 10, 1930.

      F. Soto Gras, abogado del apelante; J. Martínez Dávila, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Cristóbal Morales era vendedor de harinas importadas 'por P. González & Cía., S. en O., consistiendo su-remuneración en un tanto por ciento de las harinas que ven-diese, según contrato entre las partes. Al terminar ese con-trato P. González & Cía., S. en C., rindió una cuenta con saldo a favor de Morales, quien estuvo conforme en general con esa cuenta pero impugnó seis de los cargos que se le hicieron en el debe y alegó que no se le habían hecho dos abonos en su haber. No estuvo conforme la mercantil con esas reclamaciones y Morales presentó su demanda, según la cual los seis cargos hechos indebidamente ascienden a $668.15, y las dos partidas dejadas de abonar a $2,358.53, con saldo a su favor de $2,787.

La sentencia dictada en el pleito declaró que de las seis partidas del debe alegadas como indebidas por el deman-dante, tres ascendentes a $349.17 debían ser eliminadas y que en cuanto a las dos reclamadas para el haber una sola de $99.37 era procedente, y Seduciendo $247.18 tomados por el demandante después de rendida la cuenta, condenó a la demandada a pagar al demandante la diferencia de $201.31, sin especial condena de costas.

Contra esa sentencia interpuso esta apelación el deman-dante con el fin de que declaremos que las otras tres partidas del debe con total de $318.98 son también improcedentes, y que debe serle abonado en su haber la cantidad de $2,259.16 que la sentencia le niega. La parte apelada no ha compare-cido en este recurso.

Las cláusulas pertinentes ahora del contrato entre las partes son substancialmente así: Por la cláusula quinta se convino en que en cualquier venta hecha en la sociedad’ a los clientes personalmente o en cualquier otra forma por cual-quier empleado o miembro de la sociedad, para los efectos de los beneficios de Morales regirán las mismas condiciones expresadas en el párrafo tercero con excepción de los dis-tritos de Ponce, Mayagüez, Guayama, Arecibo y Aguadilla, en los que la mercantil tiene agentes locales a comisión y por tanto, de las órdenes trabajadas y conseguidas personal-mente por los susodichos agentes no tendrá derecho Morales a percibir beneficio alguno; y con excepción también de las ventas que puedan hacerse en esta forma en los almacenes de San Juan y de la Isla, pedidas directamente al molino. Por la cláusula novena se estipuló que las liquidaciones de comisiones y sobreprecios serán efectuadas en la forma si-guiente: (a) De cada vapor se practicaría una liquidación parcial creditiva de las harinas llegadas y entregadas a los clientes; acreditándole a Morales en su cuenta de comisiones (para los efectos de la contabilidad) el cincuenta por ciento de los beneficios obtenidos, pudiendo disponer de las canti-dades correspondientes a la parte de comisión y los sobre-precios tan pronto como el cliente haya reembolsado el im-porte de la correspondiente factura; (b) que liquidaciones generales serían practicadas cada seis meses a partir de la fecha del contrato, balanceando, en esas fechas el debe y el haber resultante de la cuenta de beneficios obtenidos y can-tidades percibidas por Morales; (c) que en todas las harinas que se compren para especulación, Morales tendrá el cin-cuenta por ciento de las pérdidas si las hubiese excepto las de los clientes que no las pagasen, pues en este caso Morales quedará exento y sólo perderá la comisión y el sobreprecio que a él pertenezca por las mismas.

El demandante y el demandado declararon en el juicio pero sus testimonios no son de importancia para las cues-tiones que han de ser resueltas porque ambas partes convi-nieron en que el memorándum que el demandante envió a la mercantil con respecto a esas partidas y la contestación escrita de la mercantil fuesen tomadas como sus declara-ciones. Por cierto que esas notas contienen pocos hechos y mucha argumentación.

Comenzaremos por la partida de $80.31 cuya elimi-'nación del debe interesa el apelante. Esta partida es uíl contraasiento, pues habiendo sido abonada a la apelante en su haber esa cantidad quedó sin efecto mediante un cargo por la misma suma en el debe.

En el memorándum del demandante se dice que ese asiento es por harinas vendidas por él a Salas & Cía. de MayagüezJ y abonadas las comisiones correspondientes en su cuenta, sin que exista razón para anular ese abono. A esto contestó la mercantil que Salas '& Cía. son sus agentes en el distrito de Mayagiiez y que a éste corresponde el sobreprecio y comi-siones de las harinasi vendidas por los señores Salas quienes efectuaron la venta y obtuvieron el correspondiente sobre-precio y comisión, e bizo referencia al artículo 5 del contrato. La corte inferior no accedió a esta reclamación del deman-dante porque no fué probada suficientemente por él, ya que su afirmación de que vendió las harinas a Salas & Cía. de Mayagiiez, está contradicha por el demandado, pruebas únicas que tenía ante sí.

Creemos que tuvo razón la corte sentenciadora pues existe realmente esa contradicción ■ entre las partes en sus memorándums que sirven como declaraciones de hechos. Además, según la cláusula quinta del contrato las comisiones a que tiene derecho Morales no rigen en los distritos en que la mercantil tiene agentes, siendo el suyo en Mayagüez Salas & Compañía; y no parece razonable que Morales vendiera las harinas de la mercantil a Salas & Cía. siendo ésta el agente de aquélla en Mayagüez.

Otra partida del debe objeto de esta apelación es el cargo que por $42.50 se hace en la cuenta al señor Morales. Esa cantidad es la mitad de los gastos que la mercantil tuvo al traer a San Juan los sacos de harina que fueron enviados al señor Padilla, de Arroyo, y que él se negó a recibir.

El comisionista Morales estaba obligado por el contrato a pagar todos sus gastos pero no encontramos en el convenio estipulación alguna por la cual tenga que satisfacer la mitad de los gastos que ocurran al traer a San Juan las harinas cuando las rechaza el comprador, por lo que la partida de $42.50 que se ha cargado en su cuenta por la mitad de dichos gastos no es procedente.

La partida de $196.17 que fué cargada en el debe, cuya eliminación solicita el apelante, y la de $2,259.16 que alega debe serle abonada en su haber están relacionadas entre sí.

La mercantil había abonado los $196.16 por la comisión de Morales en la venta que hizo de unas harinas que los molinos de los Estados Unidos no enviaron, y para dejar sin efecto ese abono se le cargó igual cantidad en el debe. Los $2,259.16 son por comisiones de venta por Morales de harinas que tampoco vinieron a la Isla.

La demandada dice que Morales no tiene derecho a esas comisiones porque las harinas no pudieron ser entregadas a los compradores por lo que no llegó a haber una verdadera venta. El apelante, por otra parte, dice que él hizo las ventas y que no existe cláusula en el contrato por la cual el no deba percibir sus comisiones.

Es cierto que el contrato no contiene cláusula que expresa-mente prevea el caso de que vendidas las harinas por el comi-sionista no sean enviadas por los molinos y no puedan por ese motivo ser entregadas a los compradores. Sin ¡embargo, como la cláusula 9 A estipula que Morales puede disponer de sus comisiones cuando el comprador haya pagado; y como el apartado C del mismo artículo dice que las harinas com-pradas para especulación, cuando los clientes no las paguen el señor Morales perderá la comisión y el sobreprecio que a él le pertenezcan, podemos concluir que la intención de las partes fue que el comisionista cobrase siempre que pagasen las personas que a él le compraban; regla que debe ser apli-cada a casos en que el pago no se hace por el motivo de no serles entregadas las harinas por no haber sido recibidas, aunque el comisionista haya realizado todo lo que tenía que hacer. Por otra parte no parece justo que la mercantil tenga que pagar comisión de venta por harinas que en realidad no han sido vendidas porque por causa ajena no pudo entre-garlas. Por consiguiente la partida de $196.17 no puede ser eliminada del debe en la cuenta y la de $2,259.16 no debe ser abonada al demandante.

En vista de las conclusiones a que 'llegamos es innecesario resolver el tercer motivo del recurso alegado para que de-claremos que el demandado debe pagar todas las costas.

La sentencia apelada debe ser modificada en el sentido de condenar a los demandados a pagar al demandante la cantidad de $243.81, y así modificada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro T. Aponte, acusado y apelante.
    No. 3794.

    Sometido: Noviembre 6, 1929.

      Resuelto: Julio 10, 1930.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En esta apelación interpuesta por Pedro T. Aponte contra sentencia condenatoria alega como primer motivo de su recurso que los hechos consignados en la denuncia no son constitutivos del delito de injuria y calumnia por el cual ha sido sentenciado.

Al tratar ese motivo de error en su alegato el apelante suprime palabras importantes de la denuncia, la que en lo necesario ahora dice lo siguiente:

‘ ‘ Que en 14 de junio de 1928 y en la plaza pública de Santa Isabel, del Distrito Judicial Municipal de Santa Isabel, Salinas, Puerto Rico, allí y entonces, y como a eso de las 5 p. m. el acusado Pedro T. Aponte, maliciosa y públicamente dijo en alta voz: ‘Este juez de paz, Angel Torres, lo que pasa es que lo han echado a manejar y se ha vendido con los aliancistas, y por eso tiene todo el día la corte ce-rrada para que no podamos los socialistas jurar contradeclaraciones en favor de los recusados en esta campaña electoral.' ”

Si esos hechos son ciertos, y como tales hemos de tenerlos ahora, son constitutivos del delito denunciado porque al decir el acusado a varias, personas que el juez de paz, Angel Torres, se había vendido a los aliancistas y que por eso ha hecho determinadas cosas, se le atribuye la comisión de un delito de soborno.

'El otro motivo del recurso es porque la sentencia e$ contraria a las pruebas y al derecho.

Los testigos del fiscal declararon, aunque no con palabras exactamente iguales pero sí en el resultado de ellas, que el acusado dijo a varias personas que el juez había recibido dinero de los aliancistas para no abrir la corte a fin de impedir que se hicieran declaraciones juradas; prueba que fue creída por la corte y que es suficiente para sostener la sentencia condenatoria. La del acusado tendió a probar la coartada de que a la hora expresada en la denuncia el acu-sado no se hallaba en el pueblo de Santa Isabel sino en el campo, pero según uno de sus testigos el acusado estaba a dicha hora en el pueblo. También trató de demostrar que en una investigación que fué practicada se comprobó que la corte estaba cerrada a horas que debía -estar abierta, pero esa investigación no se refirió al hecho imputado por el ape-lante al juez de haber recibido dinero para no abrir la corte.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldeey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Villaveitia, acusado y apelante.
    No. 3867.

    Sometido: Diciembre 6, 1929.

      Resuelto: Julio 10, 1930.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; 22. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldeey,

emitió la opinión deí tribunal.

Como no lia sido traída ante nosotros la prueba que en este caso fue presentada en el juicio, el apelante limita sis apelación contra la sentencia condenatoria a alegar qne la corte inferior cometió error al no desestimar la acusación y, consiguientemente, qne erró al declarar culpable al acusado. Por tanto, la cuestión a resolver es si la acusación imputa un delito de acometimiento y agresión grave.

En la denuncia se dice qne el acusado a las tres de la mañana del 9 de junio de 1928, ilegal, voluntaria y maliciosa-mente, con la intención de cansar grave daño corporal en la persona de Luz María G-arcía, a la bora indicada penetró en la habitación donde ella dormía y la abrazó, tratando de besarla, apretándola por el cuello; y que la agravante con-siste en que el acusado es un varón adulto mayor de 21 años, •de fuerzas corpulentas, y la agredida es una mujer y que, además, para consumar la agresión penetró en la residencia o morada de la agredida.

Los liechos expuestos en la denuncia son constitutivos del delito expresado porque penetrar a altas horas de la noche en la residencia donde duerme una mujer y abrazarla, tratando de besarla, apretándola por el cuello, son hechos constitutivos de acometimiento y agresión a la persona de esa mujer aunque no se diga qne la agredió sino que la abrazó, pues si bien un abrazo no es en todos los casos constitutivo de agresión, sin embargo, dado a una mujer en las circunstancias expresadas, sin su consentimiento, es constitutivo del delito mencionado, como lo reconoce el apelante; y en este caso nada existe en la denuncia que de-muestre que ella consintió, sino lo contrario, pues se dice que el apelante penetró a la hora indicada en la morada donde dormía Luz María (García y realizó dichos actos.

En el caso de El Pueblo v. Arroyo, 38 D.P.R. 530, en que el acusado fué condenado por acometer y agredir a una mujer, agarrándola fuerte y violentamente por los brazos sosteniendo una lucha con ella, se declaró que ‘ ‘ cualesquiera que fueran los ulteriores propósitos criminales del acusado, es evidente que acometió y agredió a un semejante con la inten-ción de causarle daño.” En ese caso se hizo la siguiente cita de Ruling Case Law:

“Un acometimiento inmoral tiene muchos de los elementos de un acometimiento con la intención de realizar violación, pero no ilega hasta éste por no haber la intención de compter el delito más grave. Un acometimiento inmoral consiste en el hecho de que un varón se tome libertades inmorales con la persona de una mujer de manera lujuriosa y lasciva, sin su consentimiento y contra su voluntad, y sin la intención de cometer el delito de violación.”

Y en 5 C. J. pág. 731 se dice que el tomarse un hombre libertades indecentes con la persona de una mujer contra su voluntad constituye un acometimiento y agresión.

. Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado SeñoR Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Félix Escudero, acusado y apelante.
    No. 4186.

    Sometido: Julio 7, 1930.

      Resuelto: Julio 10, 1930.

      Bolívar Pagan, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo- 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone:

“Se establece una apelación, presentando al secretario del tribu-mal en que estuviere archivada la sentencia o providencia apelada, el ■ escrito de apelación, con entrega de las copias correspondientes al abo-.gado de la parte contraria.”

El dejar una copia del escrito de apelación sobre el escrito-rio del fiscal, según lo jura el apelante, no es un cumplimiento ■de la ley. La entrega debe ser personal o debe demostrarse la imposibilidad de hacer una notificación así o en forma similar, .según provee el artículo 351 del citado código. Cuando se hace una notificación el apelante está obligado a demostrar ■esa notificación. Por tanto, El Pueblo de Puerto Pico está justificado al solicitar la desestimación.

Como los autos elevados a esta corte no demuestran que .se hiciera la debida notificación, y como la moción sobre ■■corrección de autos es inadecuada, debe desestimarse el ■recurso.


author: El Juez Pbesidente Señor del Tobo,

text:
    Virgilio Pérez y Francisco Orengo González, demandantes y apelantes, v. Antonio J. Casanova, demandado y apelado.
    No. 4822.

    Sometido: Febrero 18, 1930.

      Resuelto: Julio 15, 1930.

      R. Atiles Moren y Guillermo S. Pierluissi, abogados de los apelantes;. Sergio León Lugo} abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de daños y perjuicios por persecución-maliciosa. La sentencia fue favorable al demandado, pero-sin especial condenación de costas para los demandantes. No-conformes éstos establecieron la presente apelación señalandoen su alegato dos errores cometidos, a su juicio, por la corte,, al sostener que los. demandantes dejaron de probar que la actuación del demandado fue maliciosa, sin causa probable-y al apreciar la prueba, especialmente al no darle aplicación al principio sentado en Boyer v. Guayama, 34 D.P.R. 21.

Tanto la demanda como lá contestación son largas.- Puede obtenerse un conocimiento breve a la par que exacto del casd-transcribiéndose lo que sigue de la relación del caso y opinión del juez sentenciador:

‘ ‘ Que con fecha 17 de junio de 1925 el demandante ' Francisco-Orengo González, actuando como agente del codemandante Virgilio Pérez, firmó en Juana Díaz un contrato con el demandado Antonio J. Casanova para la ampliación de un retrato de su padre (exhibit 1 de los demandantes), por cuyos términos los demandantes se com-prometieron a entregar dicha ampliación dentro de los noventa días-. siguientes, debiendo estar hecbo el trabajo a satisfacción del deman-dado; que no fué basta después de transcurridos seis meses y a so-licitud del demandado que los demandantes le enviaron la amplia-ción del retrato de su padre, el cual no aceptó por no tener parecido alguno; que entonces el demandado y el demandante Orengo con-vinieron en dar por terminado el contrato y en que los demandantes liarían una nueva ampliación; para cuyo fin el demandado le en-tregó otro retrato pequeño de su padre; que tanto al firmar el con-trato original como al ser llevada la ampliación, estaba presente el abogado Félix Luis Padilla, que vive y ejerce en Juana Díaz; que transcurridos varios meses sin que los demandantes hicieran entrega al demandado de la ampliación o de los retratos originales, a pesar de varias visitas que hiciera el demandado al demandante Virgilio Pérez en que éste le manifestó que aun estaba haciéndose el trabajo en los Estados Unidos, entonces procedió a poner en conocimiento de su abogado, Ledo. Félix Luis Padilla, todos los hechos relacionados con el caso, de algunos de los cuales ya tenía conocimiento personal, y por consejo y recomendación de dicho letrado, procedió a jurar y presentar una denuncia por delito de falsa representación en la Corte Municipal de Juana Díaz en contra de los aquí demandantes; que al actuar así, lo hizo siguiendo los consejos de su abogado, de que ése era el medio de obtener que los demandantes le devolviesen los dos retratos originales de su señor padre, que eran los únicos que tenía, y no guiado con intención de causar daño a los demandantes; que después de varios señalamientos del caso ante la Corte Municipal de Juana Díaz, suspendidos a petición de los demandantes, se celebró el juicio sin poder comparecer el demandado allí denunciante, por es-tar enfermo, y por falta de prueba, los demandantes fueron declara-dos no culpables y absueltos del delito imputado.
“De acuerdo con estos hechos, la corte considera que los deman-dantes han dejado de probar uno de los elementos indispensables en toda acción de daños y perjuicios por persecución maliciosa. Los ele-mentos esenciales de esta clase de acciones, son cuatro, a saber:
“1. Que el demandante ha sido demandado o denunciado por el demandado.
“2. Que la acción terminó con éxito favorable al demandante.
“3. Que la acción fué iniciada maliciosamente y sin causa probable por el demandado; y
“4. Que el demandante ha sufrido daños como consecuencia de dicha acción.
(Parés v. Ruiz, 19 D.P.R. 342.)
“La Corte es de opinión que los demandantes en este caso han de-jado de probar el tercero de dichos elementos, es decir, qne la denun-cia presentada por el demandado en contra de ellos ante la Corte Municipal de Juana Díaz, lo fué maliciosamente y sin causa probable, toda vez que como se ha hecho constar anteriormente, la corte considera probado fuera de toda duda que el demandado Casanova presentó dicha denuncia después de haber expuesto los hechos que le habían ocurrido con los demandantes a su abogado, el Ledo. Padilla, y que fué este letrado quien, después de haber estudiado los mismos y por el conocimiento propio que tenía de algunos de ellos, aconsejó a su cliente que la acción que debía tomar era la de denunciar a los demandantes criminalmente. Es una regla generalmente establecida por la jurisprudencia americana y por la de nuestra Corte Suprema, que en acciones por persecución maliciosa el demandado puede esta-blecer una defensa completa de causa probable demostrando que so-metió a su abogado una relación de los hechos con respecto a la cul-pabilidad del acusado y que de buena fe recibió instrucciones para establecer la querella, la que formuló después, de acuerdo con dichas instrucciones. Mariana, v. Porto Rico Express Co., 25 D.P.R. 618, en cuyo caso se ratificó la jurisprudencia sentada en el caso de Torres v. Ramírez, 24 D.P.R. 876 en la forma siguiente:
“ ‘La ley protege a una persona contra una acción por persecu-ción maliciosa si antes de denunciar a otra hace una relación com-pleta y razonable de todos los hechos a un abogado que está en el ejercicio activo de su profesión y es de buena reputación, y dicho abogado de buena fe informa al cliente que tiene motivos para hacer arrestar a la persona que le ha ofendido. ’
“Las declaraciones del demandado Casanova y del Ledo. Padilla en cuanto a la forma en que el primero expuso al segundo los hechos de este caso y el consejo que recibió el demandado, han merecido en-tero crédito a la corte, aun cuando no estamos de acuerdo con el con-sejo que dicho abogado dió a su cliente, de denunciar criminalmente a los demandantes, no obstante esto, como se dijo en el caso de Torres v. Ramírez, supra, el demandado está protegido por el mal consejo de su abogado.”

Al argumentar su primer error, o sea el relativo a la falta de prueba de la intención maliciosa y de la falta de causa probable, los apelantes hacen grandes esfuerzos por demostrar que no es éste un caso apropiado para' aplicar la defensa de haber procedido por consejo' de abogado.

Hemos estudiado cuidadosamente dicha argumentación y las citas leg'ales y circunstancias peculiares del caso y podemos entender perfectamente la posición de los apelantes. Debe meditarse bien antes de presentarse una denuncia criminal que lleva consigo el arresto de un ciudadano y la celebración de un juicio, y no puede admitirse que la vía criminal se escoja con el único fin de reclamar propiedad. El consejo de abo-gado no debe servir de manto que escude una persecución criminal seguida maliciosamente, a sabiendas de que lo que procedía era una acción civil. Y a veces nos ha parecido que eso y no otra cosa fué en verdad lo que aquí ocurriera.

Sin embargo, el juicio formulado por el juez sentenciador nos merece tanto crédito y las circunstancias del caso son tan peculiares, especialmente el tiempo transcurrido después de la ampliación del retrato qúe se presentara al demandado y la actitud asumida por los demandantes a partir de esa fecha, que bien pudiera pensarse que el demandado creyó de buena fe que había sido engañado y que aquel despojo de dos recuer-dos que tenían para él un gran valor de afección, constituía un hecho que salía de la esfera civil para penetrar en la criminal, merecedor de castigo, tanto más cuanto que así se lo aseguraba un abogado que conocía los antecedentes, que le merecía confianza, y a quien había visto desempeñando por varios años el puesto de juez municipal.

Todo ello nos decide a aceptar como la procedente y justa, la conclusión del juez sentenciador.

El segundo error se refiere a la apreciación de la prueba, especialmente examinada a la luz de la jurisprudencia establecida en el caso de Boyer v. Guayama, 34 D.P.R. 21.

Se hace por los apelantes un estudio de las alegaciones de la demanda que se consideran admitidas por la contestación.

Quizás técnicamente tengan en algo razón los apelantes, pero la verdad es que suscitándose como se ha suscitado esta cuestión por primera vez ante nosotros, no habiéndose soli-citado sentencia sobre las alegaciones en su oportunidad, demostrando un análisis de la contestación en conjunto la posición clara y final del demandado tal como fné apreciada no ya por la corte sino por los mismos demandantes que introdujeron prueba sobre todos los extremos alegados en su demanda, creemos que carecen de mérito las contenciones de los apelantes y que no se ha cometido el segundo y ultimo de los errores señalados.

En cuanto a la apreciación de la prueb'a en general bastará decir que las conclusiones de la corte encuentran justificación cumplida en los autos.


author: El Juez Presidente Señor del Poro,

text:
    Manuel Ramírez Santos, demandante y apelante, v. José Dumont, demandado y apelado.
    No. 5033.

    Sometido: Febrero 19, 1930.

      Resuelto: Julio 15, 1930.

      José C. Rivera, abogado del apelante; Harry B. Lienza, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Poro,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Ramírez Santos inició este pleito a fin de que la Corte de Distrito de San Juan ordenara al demandado José Dumont, sus empleados, familiares, y agentes, que se abstu-vieran y cesaran de perturbarlo en la posesión material de una parcela de terreno de forma triangular de 16 metros de frente y noventa metros por sus otros lados, que más detallada-mente se describe en la demanda y que forma parte de cierta ffiica rústica perteneciente al demandante.

Contestó el demandado negando que la parcela formara parte ele la finca del demandante y alegando en contrario que forma parte de la suya y que la fia venido poseyendo y la posee quieta y pacíficamente desde que la compró en 17 de julio cíe 1926.

Trabada así la contienda, fue el pleito a juicio. Declararon testigos de una y otra parte en forma contradictoria. Prac-ticó el juez una inspección ocular que influyó, al parecer, decisivamente en su fallo, favorable al demandado.

No conforme el demandante, apeló. Señala dos errores cometidos a su juicio por la corte “al deducir que no fia fiabido perturbación en la tenencia de la parcela objeto de este litigio,” y “al concluir que se trata en este caso de una mera contienda entre colindantes.” La discusión de ambos errores abarca el - análisis de la prueba practicada. Al hacerlo el apelante y al comparar su criterio con el juicio de la corte sentenciadora, emplea una forma tan innecesaria-mente irrespetuosa para con la corte, sobre todo incluyendo como incluye en su argumentación hechos que no constan en el récord, que nos fia parecido justo llamar la atención sobre ello para censurar la conducta del letrado.

Examinada la prueba de la parte demandante encontra-mos que la declaración del propio demandante es confusa y deja en lo incierto el tiempo en que la cerca se corriera. Más precisas son las declaraciones de Ramón Fernández y José Pérez. Ellas presentan en verdad un caso prima facie favorable al demandante. Pero el demandado también aportó prueba y prescindiendo de su propia declaración que como la del demandante es confu'sa, las declaraciones de sus tes-iigos Frank Becerra y Emilio Acosta presentan de igual modo un caso prima facie a su favor. Y así, según la prueba del demandante, éste se encontraba en la posesión material de la fiarcela y lo había estado durante más de un año antes de la construcción de la cerca por el demandado que lo perturbó en dicha posesión, y, según la prueba del demandado, éste lia venido siempre en posesión de la parcela desde que com-pró la finca de que forma parte en 1926 y lo que hizo en cuanto a la cerca fué repararla en el mismo sitio en que estaba y no construirla de nuevo en otro invadiendo la pro-piedad y perturbando la posesión del demandante.

La prueba es, pues, contradictoria y al apreciarla el juez inclinó la balanza en pro del demandado a virtud del peso que en su conciencia tuvo el resultado de la inspección ocular que practicara. Nada demuestra que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad. No aparece que se cometiera error manifiesto. Bebe, en su consecuencia, confirmarse 'la sentencia apelada.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    José Cabállero Medina, demandante y apelado, v. Félix, Felipa y Saturnino Viera Curvelo, demandados y apelantes.
    No. 4964.

    Sometido: Febrero 7, 1930.

      Resuelto: Julio 15, 1930.

      M. Benitez Flores, abogado de los apelantes; Blondet & Campillo, abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre nulidad de un expediente de dominio y reivindicación de la mitad indivisa de la finca a que el expediente se refiere, con los frutos producidos por la misma.

Formuladas las alegaciones y practicada la prueba, la corte de distrito declaró la demanda con lugar. Á1 final de la relación del caso y opinión, aparece el siguiente resumen:

“De un estudio razonado de toda la larga prueba ofrecida en este asunto, llegamos a la conclusión: 1, que el demandante José Caballero Medina es coheredero con los demandados, y que como tal, tiene derecho a la mitad de la finca rústica de 42 cuerdas, radicada en el pueblo de Guaynabo, que se describe en la demanda. 2, que el ex-pediente de dominio tramitado por Félix Viera bajo el No. 5703 de esta Corte de Distrito adolece de los defectos que se dejan anotados, en el curso de la opinión, y por consiguiente ... es nulo e inexis-tente ... Y 3, que los demandados han venido usufructuando los productos de la mitad que corresponde al demandante, y que la corte estima de acuerdo con la prueba practicada, en una cantidad no me-nor de $2500.00, que como indemnización de daños y perjuicios y por el importe de los frutos y rentas producidos y no percibidos corres-ponden al demandante y cuya cantidad condena a pagar a los de-mandados solidariamente condenándoles además al pago de las cos-tas y gastos de este pleito.”

No conformes los demandados, apelaron para ante esta Corte Suprema. Su alegato no contiene el señalamiento de errores que requieren las reglas de esta Corte. Presenta diez y nueve cuestiones que llama de derecho y cuatro que califica de hecho. Las de derecho son: 1, declarar sin lugar la moción eliminatoria; 2, las excepciones previas; 3, actuar con prejuicio; 4, declarar sin lugar la primera defensa especial contenida en la contestación; 5, la segunda defensa; 6, la tercera defensa; 7, admitir en evidencia el expediente de dominio; 8, admitir la declaración jurada de Juan del Carmen Torres; 9, la de Juan García Rosado; 10, la de José Caballero; 11, cierta pregunta a Zenón Díaz; 12, el contrainterrogatorio del mismo testigo; 13, denegar cierta pregunta; 14, admitir el contrainterrogatorio parcial de Félix Viera; 15, el de F. J. Mojica; 16, ciertas preguntas a Z. Díaz; 17, al negar la evidencia ofrecida para interpretar cierto documento; 18, al admitir cierta pregunta a Quintín de León; y 19, al no dar valor a la declaración de Juan García. Las. cuatro cuestiones de hecho se refieren todas a eirores cometidos al apreciar las pruebas.

No comprendemos cómo puede presentarse un alegato semejante y limitarse la parte que lo archiva a elevar una transcripción de la cual no forman parte las pruebas prac-ticadas ni los procedimientos que tuvieron lugar durante el juicio. No hay base, pues, para tratar de las cuatro cues-tiones de hecho, ni, prima facie, de trece de las diez y nueve cuestiones de derecho. Toda la larga argumentación que sobre ellas contiene el alegato, es baldía.

La primera cuestión de derecho, o sea la relativa a la moción eliminatoria, se apunta, pero no se discute en el alegato. Eso no obstante, hemos examinado la moción y la resolución de la corte y no creemos que esté envuelto en ellas nada fundamental que pueda llevar consigo la revoca-ción de la sentencia.

La segunda cuestión se argumenta en el alegato así:

“El segundo error-se refiere a las excepciones previas presentadas por los demandados-apelantes contra la demanda, por falta de causa de acción.
“Los fundamentos de esa excepción previa sometidos oralmente son entre otros, lo que se reproduce luego como una defensa especial y que constituyen ademas los errores marcados con los números cua-tro y cinco de nuestro alegato, o sea las defensas especiales primera y segunda (trans. pág. 15).
“La primera de estas defensas se refiere a que en el supuesto de que el padre o causahabiente de Narciso Caballero hubiera podido tener sobre la finca en cuestión algún derecho, dejó de ser (dueño) desde hace muchos años, en cuanto a la tierra por .haber perdido la posesión, si alguna tuvo sobre ella, desde el año 1827; y en cuanto a la casa enclavada en dicha finca por haberla vendido el referido Narciso Caballero, padre del demandante-apelado a don Alejandro Viera, padre de los demandados-apelantes, desde el año 1878.”

Y se entra entonces en un largo análisis de la prueba que, como liemos diclio, no figura en la transcripción de los autos. En tal virtud, tampoco hay base para considerar las cues-tiones 2, 4 y 5.

La sexta se refiere a la indebida acumulación de ■acciones. Tal cuestión no se presentó como excepción previa, sino como defensa especial en la contestación. Por eso al discutirla se entra en el examen de la prueba, de una prueba ■que no existe ante nosotros. Limitándonos a la demanda, entendemos que pudo comprenderse en ella la petición de nulidad del expediente de dominio tramitado a su solo nombre por uno de los demandados, la reivindicación de la mitad de la finca a que se refería el expediente y que correspondía por herencia al demandante y el pago de los frutos percibidos indebidamente.

Resta sólo considerar la tercera de las cuestiones clasi-ficadas como de derecho, a saber, la que sostiene que “la sentencia de la corte en este caso está viciada de nulidad por haber demostrado el juez de la misma, desde el principio del juicio, con sus actuaciones durante la tramitación del mismo, y luego, con su opinión y su sentencia pasión, prejuicio y parcialidad. ’ ’

Las actuaciones del juez durante el juicio no nos son conocidas. Sus resoluciones de la moción eliminatoria y la excepción previa se limitan a declarar sin lugar la moción y la excepción; su resolución del caso y opinión ocupa seis páginas, contiene un estudio de las cuestiones envueltas en el pleito y de la prueba practicada y termina en la forma que conocemos. La sentencia es congruente con lo alegado y con lo que se estima probado en la opinión. Nada revela la pa-sión, prejuicio y parcialidad que se alega.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Maryland Casualty Company, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Guayama, P. R., Hon. Tulio Rodríguez, Juez, demandada.
    No. 684.

    Sometido: Enero 13, 1930.

      Resuelto: Julio 15, 1930.

      Celestino Triarte, abogado de la peticionaria; Attorney General James B. Beverley y T. Torres Peres, Subproeurador, abogados de la Comisión Industrial.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Resuelto por la Comisión Industrial de Puerto Rico el caso del obrero- Atilano Acosta, fallecido a consecuencia de un accidente del trabajo, condenando a la peticionaria The Maryland Casualty Co. a pagar a los hijos menores de edad del obrero que de él dependían, la suma de dos mil dólares, The Maryland interpuso para ante la Corte de Distrito de Guayama el recurso de revisión que autoriza la sección 15 de la ley número 85 de 1928.

Eemiticlo el récord por la Comisión y oídas las partes interesadas, la corte estimó justa y razonable la compensa-ción fijada por la Comisión y ordenó a The Maryland que dentro del término de diez días después de notificada depo-sitara en la secretaría de la corte la suma de $2,000, de la cual $1,850 correspondía a los beneficiarios y $150 al abo-gado de los mismos.

No conforme aún, The Maryland Casualty Co. acudió en certiorari ante este Tribunal Supremo. Expedido el auto, liemos examinado los procedimientos y no encontramos que exista falta de jurisdicción, ni que se haya cometido error de procedimiento alguno que autoricen a esta corte a inter-venir.

La jurisdicción de la Comisión es clara. Practicó la in-vestigación de ley. Se admite que el accidente era uno de los que la ley protege, y que para casos de muerte como lo fué el de Atilano Acosta la ley ordena que se pague a los beneficiarios una indemnización entre mil y .tres mil dólares, tomándose en consideración la. capacidad económica del obrero fallecido y sus probabilidades de vida, y distribuyéndose equitativamente entre los beneficiarios atendiendo su condi-ción y necesidades, y grado de parentesco y dependencia.

Estableciendo los hechos la Comisión concluyó que el obrero fallecido tenía 60 años de edad, ganaba 85' centavos diarios y algo más con un pequeño negocio de quincalla que tenía, y dejaba cuatro hijos menores de edad que de él depen-dían para su subsistencia. Y apreciando las circunstancias, fijó, como se ha dicho, en dos mil dólares la compensación.

La jurisdicción de la corte de distrito es también perfecta-mente clara. Parece conveniente transcribir el citado ar-tículo 15 de la ley número 85 de 1928. Dice:

“Cualquiera parte interesada podrá presentar copias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial o de una decisión de un Comisionado contra la cual no se baya radicado petición de revisión ante la Comisión en tiempo hábil o del memorándum del acuerdo entre las partes, aprobado por la Comisión Industrial, ante la corte de distrito del distrito en que ocurrió el accidente solicitando la revisión de éste en el término de diez días después de la notifica-ción. La corte ordenará a la Comisión Industrial la remisión del récord del caso, oirá a las partes en controversia, dictará la decisión pertinente y notificará a las partes. Las decisiones de la corte ten-drán el mismp efecto que una sentencia dictada en juicio, pero no se dará apelación contra dicha sentencia.”

La corte siguió los trámites ordenados en ese artículo, oyó a las partes y estimó, como hemos consignado, justa y razonable la indemnización. La corte para ello tomó en con-sideración los hechos tales como fueron apreciados por la Comisión y como surgen del récord que ésta le remitiera y aplicó la ley'de acuerdo con su mejor criterio.

Se insiste en que la indemnización es excesiva. La in-demnización está dentro de los límites fijados por el estatuto y el mayor o menor acierto al fijar su cuantía habiendo en consideración las circunstancias del caso, no monta a una cuestión de jurisdicción, ni constituye un error de procedi-miento.

El certiorari, en tal virtud, es claramente improcedente y el auto expedido debe ser anidado devolviéndose el caso a la corte de distrito de su origen.


text:
    José Fernández Rodríguez, demandante y apelante, v. Alonso Riera & Co. y Policarpio Marrero, demandados y apelados.
    No. 4569.

    Sometido: Marzo 18, 1930.

      Resuelto: Julio 15, 1930.

      Adrián Agosto, abogado del apelante; Féldú & La Costa, abogados, de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de tercería de bienes inmuebles.. Alonso Riera y Co., Inc., en pleito que siguiera contra Poli-carpo Marrero embargó ciertas casas, situadas en el pueblo-del Dorado, como de la propiedad del demandado, y dictada sentencia a su favor fué anunciada la venta en pública subasta de las casas para el 7 de septiembre de 1925. El día 2 del propio mes y año José Fernández inició este pleito alegando-que las casas en cuestión eran suyas por haberlas comprado al dicho Policarpo Marrero por escritura pública otorgada el 19 de mayo de 1920, habiendo adquirido luego, el 11 de octubre de 1921, también por escritura pública, del municipio-del Dorado, los solares en que se encuentran enclavadas.

Contestó el demandado Alonso Riera & Co., Inc., negando que el tercerista fuera dueño de las casas porque Marrero se las había “traspasado” y no “vendido” y alegando como “defensas especiales” que la escritura de traspaso era nula, que el tercerista le había causado perjuicios por valor de doscientos dólares, que debía dejarse sin efecto el injunction que paralizó la subasta, y que el tercerista debía ser conde-nado en costas. La contestación no contiene súplica. Parece que fué sustituida por las llamadas “defensas especiales.”'

Fué el pleito a juicio, ambas partes practicaron su prueba y la corte finalmente dictó sentencia declarando sin lugar la demanda en cuanto a las casas. Los. solares se estimaron-debidamente adquiridos.

No conforme el tercerista, apeló, señalando en su alegato' la comisión de cuatro errores, cometidos, a su juicio, por la corte: 1, al considerar válido el embargo practicado; 2, al separar en su resolución las casas de sus solares, y 3 y 4,. al apreciar la prueba.

No nos detendremos en el análisis y resolución de los dos primeros errores, los últimos, que guardan relación con el resultado de la prueba, se cometieron y llevan consigo la revocación de la sentencia.

Para dictar ésta la corte declaró probado que la venta de Marrero al tercerista Fernández era simulada y que el verdadero dueño: de las casas era y continuó siendo Marrero y no Fernández.

En su relación del caso y opinión la corte resume las pruebas practicadas y luego dice:

“La primera contradicción que aparece de la prueba del deman-dante es que José Fernández Rodríguez nos dice que pagó el importe de esas casas en el mismo acto de firmarse la escritura, en dinero, en varias partidas. Esto está controvertido por la propia escritura y por la declaración do Policarpo Marrero. (Siguen citas legales.)
“Aparece además que esta transacción se llevó a cabo cuando Policarpo Marrero tuvo conocimiento de que ciertas reclamaciones pendientes con la casa de Riera iban a efectuarse. (Siguen citas le-gales.)
“Aparece además que esta venta era un traspaso'o cesión de todas las propiedades que tenía Policarpo Marrero, y que lo bizo para sa-tisfacer una deuda que según él alega tenía pendiente con el Sr. Fer-nández. (Siguen citas legales.)
“Le la prueba en este caso no aparece debidamente aclarado cuáles fueron las relaciones existentes entre José Fernández Rodríguez y Policarpo Marrero, en virtud de las cuales Policarpo Marrero adeu-dara al Sr. Fernández la suma de $6,500.00' habiendo declarado dicho señor Fernández que esta deuda no era una contraída con la sociedad mercantil sino particular, y habiendo declarado Marrero que sus deu-das con Fernández se debían primeramente a sus negocios, y des-pués, al declarar en “rebuttal’, manifestó además que éstos eran compromisos que tenía con Fernández, hechos sin previo recibo, y que cuando necesitaba dinero, lo iba a buscar a casa del Sr. Fernán-dez, o_ en distintos sitios, recibiendo cantidades de cuatro a quinientos dollars en esa forma y en distintas ocasiones, aunque no se explicó el motivo de dichos préstamos. Todo esto nos parece dudoso, y en ma-nera alguna, aun aceptando dicha prueba, se probó hasta cuánto lle-garon esas cantidades, y por qué conceptos específicos se habían faci-litado en esa forma. (Siguen citas legales.)
“Deseo además liacer constar que José Fernández es miembro de una mercantil que se dedica a la venta de provisiones, y no vemos qué transacciones pudieran haber ascendentes a la suma de seis mil quinientos dólares entre dicho Sr. Fernández y Policarpo Marrero, cuando el negocio a que éste se dedicaba era distinto al de la referida mercantil, y cuando no aparece que estas cantidades fueran toma-das a la sociedad, sino personalmente a uno de sus socios, que no era un banco ni se dedicaba al negocio de préstamos. (Siguen citas legales.)
“Aparece además que Policarpo Marrero ha retenido la posesión de estas fincas, y que según la declaración de José Fernández, lo tiene empleado para la administración de las mismas. (Siguen citas le-gales.)
“Aparece además que Policarpo Marrero ha pagado las contribu-ciones de estas fincas, y este hecho es considerado como otro elemento de fraude. (Siguen citas legales).
“Todas éstas son presunciones que surgen de todos estos hechos, las cuales, desde luego, pudieron haber sido controvertidas con prueba, según especifica el mencionado volumen. (Siguen citas legales).
“Además, deseo llamar la atención hacia lo siguiente:
“Se dice en el citado volumen que cuando existen numerosos signos de fraude, le incumbe a la parte que desea establecer la validez de la transferencia, el controvertirlos por medio de preponderancia de prueba. Entiendo que esto no se ha hecho en este caso, y que no .se ha probado con claridad lo justificado de la pretensión del deman-dante; y, por el contrario existen numerosas circunstancias que in-dican claramente la intención fraudulenta del traspaso.
“Aparece de la prueba que José Fernández compró los solares en que están enclavadas estas casas en el Municipio del Dorado y así fué, admitido por los demandados. Pero habiéndose probado la forma en que éstas fueron adquiridas, entiendo que la mera adquisición del •solar con fecha posterior por el demandante no convalida la transac-ción anterior, ni es por sí sola suficiente para que se eche a un lado -toda la prueba aportada en cuanto a la mencionada transacción.”

Quizá la conclusión a que llegara la corte de distrito sea ■cierta; quizá nuestra intervención sea contraria a la justicia absoluta, pero tras un estudio de las alegaciones y las pruebas nos vemos obligados a revocar la sentencia apelada y a dictar •otra declarando la demanda con lugar. ■

El único testigo que declaró por la parte actora fué el Xjropio tercerista. Lo hizo con vista de la escritura pública otorgada el 19 de mayo de 1920, por virtud de la cual Marrero le vendió las casas. Copiamos del récord:

“La venta de dichas seis descritas fincas se verificó por la suma de $6,500, que los vendedores esposos Marrero-Hernández, declararon y confesaron tener recibidos del comprador Sr. Fernández Rodríguez, antes del acto de la venta y a su entera satisfacción y contento, por cuyo motivo le otorgaron en dicho documento de la venta, solemne y eficaz carta de pago.”

La escritura se presentó en el registro. Su inscripción fue negada el 15 de agosto de 1921, por no aparecer inscritas las fincas a favor del vendedor.

Continuó declarando el tercerista con vista de otra escri-tura pública otorgada el 11. de octubre de 1921 por virtud de la cual aparece comprando los solares en que están encla-vadas las casas al Municipio del Dorado. En la escritura, que fué inscrita en el registro de la propiedad, se hace constar que se venden a Fernández los solares por ser el dueño de las casas en ellos edificadas y por consiguiente usufructuario-de los mismos.

A virtud de ciertas preguntas que se hicieron al terce-rista, su abogado introdujo como prueba el pleito seguido por-Alonso Riera y Co., Inc., contra Marrero en el cual se em-bargaron las casas para responder de la sentencia que pudiera dictarse. De él resulta que el embargo se trabó en diciembre-de 1922 y que en la demanda, radicada el 19 de diciembre de-3922, se cobran a Marrero $1,772.70, por concepto de mer-cancías compradas por el demandado al demandante desde diciembre de 1921.

La parte apelada al discutir el caso invoca a su favor el artículo 40 de la Ley Hipotecaria, que, en lo pertinente, dice

“Artículo 40. — Se podrán revocar, conforme a lo declarado en el artículo anterior, y siempre que concurran las circunstancias que en. él se determinan:
“5. Cualquier contrato en que el deudor traspase o renuncie ex-presa o tácitamente un derecho real.
“Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los dichos contratos cuando el Notario no dé fe de su entrega, o si, confe-sando los contrayentes haberse ésta verificado con anterioridad, no se justificare el hecho o se probare que debe ser comprendido en el caso 3 del presente artículo.”.

El procedente artículo 39, expresa:

“Artículo 39. — 'Se entenderá enajenación a título gratuito en fraude de acreedores, en el caso 1, núm. 2 del artículo 37, no sola-mente la que se haga por donación o cesión de derecho, sino también cualquiera enajenación, constitución o renuncia de derecho real que haga el deudor en los plazos respectivamente señalados por las leyes comunes, y las de comercio en su caso, para la revocación de las ena-jenaciones en fraude de acreedores, siempre que no haya mediado precio, su equivalente u obligación preexistente y vencida. ’ ’

Tal precepto no es aplicable a este caso. Cuando la venta de Marrero al tercerista se verificó, no se Aabía entablado lo demanda, ni se babía originado la cuenta corriente que dio origen a la misma. La venta fue en mayo de 1920, la cuenta se originó en diciembre de 1921, y la demanda se interpuso en diciembre de 1922. ¿ Cómo puede sostenerse que la venta se verificó en fraude del acreedor Alonso Riera y Co., Ine. ?

Creemos que el tercerista con su declaración y las escri-turas públicas en que se basó, presentó un caso prima facie fuerte al dominio de las cosas embargadas, y que no habiendo demostrado Alonso Riera y Co., Inc., sobre quién recayó desde ese momento el peso de la prueba, que fuera acreedor al tiempo de verificarse la venta, carecía de acción para pedir que se declarara sin efecto por haberse verificado en fraude de acreedores.

El alegato de la parte apelada es muy hábil. Elude bien las cuestiones, pero comprendiendo la importancia de ésta sostiene como una proposición que “cuando Marrero vendió al apelante, le debía dinero a la apelada.” Y como prueba de' ello invoca solamente el siguiente dicho de Marrero de-clarando como testiguo:

“Que cuando le vendió las casas a Don Pepe Fernández’'’ (el apelante) “tenía negocios con Alonso Riera’’ (esta apelada) “a quien le debe algún dinero, no recuerda la cantidad, que tenía una cuenta corriente con él.’’

Esas palabras aun examinadas aisladamente no tienen ei alcance que les atribuye el apelado. Dijo Marrero que debe. Ello es en el momento en que declaraba, año de 1926. El que tuviera negocios con Alonso Eiera y Co., Inc., cuando vendió las casas, no implica necesariamente que Alonso Eiera fuera su acreedor. Pero si las palabras se examinan a la luz de lo alegado en su demanda por el propio Alonso Eiera y Co., Inc., se verá que la cuenta que se cobra se originó más de año y medio después de la venta de las casas.

> Todo el edificio que se trató de levantar por el deman-dado y que la corte de distrito consideró levantado, cae, pues, por su base.

Esto basta para revocar la sentencia, pero deseamos agregar que el apelante contesta cada una de las conclusiones del juez sentenciador que, como constitutivas de elementos de fraude, expuso en su relación del caso y opinión, refirién-dose a lo que realmente demuestran los autos y unas veces destruye la conclusión por completo y otras explica la situa-ción de modo satisfactorio. No consideraremos aquí sus argumentos, porque tendríamos que alargar demasiado e in-necesariamente esta opinión. De haber sido Alonso Eiera y Cb., Inc., un acreedor con derecho a impugnar la venta por haberse verificado en fraude de acreedores y de haber demos-trado además que estaba obligado a ello por carecer de todo otro recurso legal contra el deudor directo para obtener la reparación del perjuicio (Art. 1262, Código Civil), la prueba presentada no hubiera sido bastante para concluir que el fraude se había en efecto perpetrado.

Debe revocarse la'sentencia recurrida y dictarse otra declarando la demanda con lugar, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Sucesores de Abarca, S. en C., demandante, v. Central Vannina, Inc., demandada; Eduardo J. Saldaña, Arturo B. Echevarría, Juan Ramos, Mateo Bartolomey, Fido Franceschi, José Rocafort, Nicolás Torres y Juan Velá, demandantes y apelados, v. Manuel Comas, como síndico sustituto de la Central Vannina, Inc., demandado y apelante.
    No. 4836.

    Sometido: Febrero 7, 1930.

      Resuelto: Julio 15, 1930.

      Jaime Sifre Jr. j Horacio Franceschi, abogados del Síndico apelante; Bubón & Ochoteco, B. Ciñtrón Lastra j B. Arroyo, abogados de los reclamantes-apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión deí tribunal.

En nn oaso civil ante la Corte de Distrito de San Juan, la demandada, Central. Vannina, presentó nna moción en la que alegó, entre otros extremos, que en los libros de la corporación figuraba una partida de $23,170, por concepto de gratificaciones a empleados y oficiales de la misma corpo-ración, por acuerdo de la junta directiva y de la junta general de accionistas, acuerdos que se tomaron a condición de que si se vendían los azúcares al alto precio que babían alcan-zado, tal cantidad se destinaba a dicbo fin, y siempre a juicio de la junta de directores; el azúcar se vendió a bajo precio, produciendo perjuicios a la corporación; y el board de directores acordó eliminar de los libros la referida partida; por lo que se pedía a la corte ordenara que los síndicos procedieran a practicar en los libros de la corporación las operaciones necesarias.

. A esa moción se opusieron Eduardo E. Saldaña, Arturo B. Echevarría, Juan Ramos, Mateo Bartolomey, Fido Fran-eesclii, José Rocafort, Nicolás Torres y Juan Vilá, a cuyo favor estaban consignadas ciertas sumas, dentro de la partida expresada, alegando que tenían sus créditos en concepto de bonificaciones por la zafra que terminó en julio de 1920, según acuerdo de la junta de directores aprobado por la. de accio-nistas de 14 de agosto de 1920, resolución que lia permane-cido en fuerza y que es obligatoria para la corporación; que esas bonificaciones fueron ofrecidas antes de terminar la zafra de 1920, y por ello los abora opositores trabajaron durante un período de tal zafra, y consideraron la bonifica-ción como una parte de su sueldo, y como un contrato; que .esos créditos son preferentes; que en 29 de febrero de 1924, la junta de directores de la Central Vannina tomó el acuerdo de saldar tal cuenta de bonificaciones, y que se eliminara de los libros la partida, acuerdo ilegal, porque la junta de direc-tores carece de facultades para dejar sin efecto el de la general de accionistas; que niegan que el acuerdo de boni-ficación fuera bajo la condición de que los azúcares se ven-dieran al alto precio aludido; que sobre esas bonificaciones el compareciente Echevarría, que era entonces cajero de la corporación, ha hecho adelantos de sumas que ahora tendría que pagar de su peculio.

La corte, en resolución de 27 de mayo de 1924, no auto-rizó la eliminación de la partida, reservándose para resolver en el fondo, en cuanto a la justicia de las reclamaciones que se hicieron.

En 16 de marzo de 1925 los antes citados señores Sal-daña, Echevarría, liamos, Bartolomey, Franceschi, B-oca-fort, Torres y Vilá, acudieron a la corte y pidieron discusión y consideración de las reclamaciones presentadas.

Aparece en récord, radicada en corte, una estipulación de las partes, Central Vannina, y los peticionarios Saldaña y demás antes nombrados, ambos por sus abogados, en la que convienen en los hechos esenciales del caso, en la si-guiente forma:

“I.- — -Acepta el síndico que los peticionarios referidos han presen-tado oportunamente y por conducto del referido síndico sus reclama-ciones contra la demandada Central Vannina, Inc., en el caso pen-diente ante esta Corte No. 3297 sobre administración judicial y otros extremos.
“II. — Que las reclamaciones de dichos señores se contraen al pago de las bonificaciones correspondientes a la zafra del año 1919 al 1920 aprobadas en junta general de accionistas de la Central Vannina, Inc., celebrada en 14 de agosto de 1920, según acuerdo que en su parte dispositiva dice así:
“ ‘Bióse cuenta con la planilla de los funcionarios, personal y em-pleados para el próximo año con los sueldos asignados a cada uno, a contar del 1ro. de julio próximo pasado, y gratificaciones por el pa-sado que dice así:
“ ‘Gratificaciones
“ ‘Eduardo Saldaña_$3, 000. 00
“‘Arturo Echevarría_ 600.00
“‘Nicolás Torres_ 260.00
“‘José Rocafort_ 220.00
“ ‘Juan Vilá_ 101.00
y se acordó aprobarla en todas sus partes.’
“III. — Que en septiembre 15 de 1921 se aprobó asimismo por la junta general de accionistas de la Central Vannina, Inc., el siguiente acuerdo:
“ ‘Dióse por el Secretario lectura dél acta anterior y fué apro-bada, pero aclarando el acuerdo que contiene el particular 4to. de dicha acta sobre sueldos y gratificaciones al personal y empleados, ha-ciendo constar que la cantidad de $23,170.00 que importan las gratifi-caciones aludidas fué cancelada para ser satisfecha cuando a juicio del Board de Directores de la corporación esté en situación econó-mica adecuada, de modo que los recursos de que pueda disponer le permitan cumplir sin perjuicio de las obligaciones ordinarias de la corporación tal acto de generosidad, hoy imposible de realizar debido al quebranto experimentado en la venta de azúcares de la cosecha pa-sada y a la pérdida sufrida en la zafra de este año.’
“IV. — Que los solicitantes fueron .notificados del acuerdo prime-ramente citado antes de la terminación de la zafra del año 1919 al 1920, unos por don Damián Monserrat, Presidente de la corporación, y otros por el señor Vicente Antonetti, administrador general de la Central Vannina, y que los peticionarios aceptaron las notificaciones y actuaron durante el resto de la zafra bajo la creencia de que las prometidas bonificaciones les serían satisfechas.
“V. — Que las bonificaciones referidas se aprobaron porque a juicio de los directores y de los accionistas de la Central Vannina, Inc., los servicios prestados por los empleados referidos habían sido muy sa-tisfactorios y existía una ganancia razonable que hacía permisible la concesión de dichas bonificaciones.
“VI. — Que en la memoria sometida a la Junta General de Ac-cionistas de la Central Vannina, Inc., en 14 de agosto de 1920 por los directores de dicha corporación, bajo el estado No. 3 sobre ‘balance de la liquidación de la zafra de 1919 a 1920’ aparece como balance o beneficio la suma de $804,478.39 y en.el estado No. 4 también incluido en dicha memoria aparece como beneficio líquido en dicha zafra la suma de $776,079.38. Que este balance representaba en la fecha .en que se practicó dicha memoria el valor en el mercado de en-tonces de los azúcares propiedad .de la Central Vannina, Inc., que no estaban vendidos; y como cuestión de hecho y debido al súbito des-censo del precio del azúcar la zafra de 1919 a 1920 produjo sola-mente una pequeña ganancia que trajo como resultado la presente sindicatura.
“VII. — Que a los efectos de fijar y conceder bonificaciones a sus empleados la Central Vannina, Inc., toma por lo regular en conside-ración juntamente con los buenos servicios prestados por dichos em-pleados, el mayor o menor precio a que se venda el azúcar producido y ios beneficios generales obtenidos.
“VII. — Que de acuerdo con los ‘By-Laws’ de la Central Van-nina, Inc., los directores de dicha corporación no tienen facultades para conceder gratificaciones a los empleados de Central Vannina, Inc., sin el consentimiento de la Junta General de Accionistas de dicha corporación. ’ ’

A nuestro entender esta estipulación tiene una impor-tancia capital en el caso. Ella fija los hechos que las partes admiten como si fueran prohados; y sobre esa base de hecho toca a la corte aplicar la ley.

En 4 de diciembre de 1925 Eduardo Saldaña y los demás . citados pidieron una nueva vista para que se resolviera acerca de sus reclamaciones, a cuya petición se opuso el síndico de la Central Vannina. Y en 9 de julio de 1927 se dictó por la Corte de Distrito de San Juan una resolución en el caso declarando que los peticionarios no tenían causa de acción para reclamar sus gratificaciones que eran una dona-ción y no se había demostrado que se hubiera notificado en forma a los donatarios y que éstos hubieran aceptado por escrito, y ordenando se eliminara de los libros de contabilidad de la Central Vannina la partida por dichas gratificaciones ascendente a $23,170. Apelaron de esta resolución Eduardo Saldaña y los demás interesados en 20 de julio de 1927.

En 28 de julio de 1927 los mismos Eduardo Saldaña, Echevarría y Ramos, Bartolomey y demás antes citados pre-sentaron una moción de reconsideración ante la misma Corte de Distrito de San Juan para que no se eliminara de los libros la referida partida de $23,170; tal moción fué vista el 9 de septiembre de 1927 compareciendo las partes y argumen-tando la Central Vannina que existiendo pendiente una ape-lación no debía considerarse la moción presentada por falta de jurisdicción.

Resolviendo la moción de reconsideración la corte en 27 de septiembre de 1927 declaró que las partidas que sumaban la antes citada suma deben quedar en los libros sujetos al pago en la misma forma que las demás deudas ordinarias de la corporación.

Y contra esta resolución apeló en 5 de octubre de 1927 el síndico de la Central Vannina. Esta es la apelación pen-diente ante nosotros.

El apelante señala tres errores que estudiaremos. El primero se formula así:

“La corte cometió error al declarar sin. lugar la petición de Central Vannina, Inc., de que se cancelaran las donaciones ascendentes a. $23,170, ya que dichas donaciones no fueron aceptadas por los opo-sitores y por tanto éstos no tienen derecho a cobrar, aun en el caso de que el acuerdo del board; de directores de 29 de febrero de 1924 fuese nulo.”

No creemos que pueda legalmente discutirse aquí la cuestión de aceptación válida de la donación.

Ante todo, bay en autos una estipulación de las partes, en la que, entre otros extremos, aparece que la existencia de las bonificaciones fue notificada a los interesados, y éstos aceptaron las notificaciones y actuaron durante la zafra bajo la creencia de que tales bonificaciones les serían satisfecbas.

La ley define la donación así:

Artículo 625, Código Civil: “La donación es un acto de libera-lidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta.”

Las notas características y esenciales de la donación, son la liberalidad del donante, y la gratuidad del acto. Si aquella liberalidad tiene una compensación, y desaparece también la gratuidad, no bay donación, en su legítimo sentido.

Es cierto que entre las donaciones aparecen las remune-ratorias, en las que la causa está constituida por los ser-vicios prestados al donante (Art. 627 a, Código Civil).' Pero debe notarse que siempre se trata de servicios prestadols que no tengan el carácter de deudas exigibles. Aquí, si se trató de servicios ya prestados, ellos tenían el carácter de retri-buíbles, en una cantidad que se pudo aumentar sin que se cayera en la donación; y si se trataba de los servicios a prestar en la zafra, la bonificación no era más que un aumento de la retribución del servicio y no un acto de liberalidad, y una prestación gratuita.

Pero de todas formas, por la estipulación de que antes hablamos, se hace claro- que la declaración de bonificaciones se hizo, que se notificó a los interesados, y que ellos aceptaron la notificación, frase esta última que no tiene otro contenido lógico y legal que el de aceptación de la donación. Buena y suficiente fué, para la Central Vannina, esa aceptación, y ello se muestra, en la manera de proceder de la junta general de accionistas cuando en 15 de septiembre de 1921, adopta el acuerdo que dice:

“Dióse por el Secretario lectura del acta anterior y fué aprobada, pero aclarando el acuerdo que contiene el particualr 4to. de dicha acta sobre sueldos y gratificaciones al personal y empleados, haciendo constar que la cantidad de $23,170.00 que importan las gratificaciones aludidas fué cancelada para ser satisfecha cuando a juicio del Board de Directores de la corporación esté en situación económica adecuada, de modo que los recursos de que pueda disponer le permitan cumplir sin perjuicio de las obligaciones ordinarias de la corporación tal acto de generosidad, hoy imposible de realizar debido al quebranto expe-rimentado en la venta de azúcares de la cosecha pasada y a la pér-dida sufrida en la zafra -de este año. ’ ’

En esa fecha, algo más de un año después de concedida la bonificación, se modifica por la junta general de accionistas en cuanto a la época en que se ha de pagar; y al hacer esto, se'confirma la bonificación, que es ya un hecho indiscutible.

Aplícase aquí la cita de Manresa en el comentario al Código Civil Español, página 79, Tomo 5, cuarta edición. Dice:

“(c) Las participaciones que suelen dar los comerciantes a sus factores y dependientes en los productos de sus empresas mercantiles o de alguna determinada, dice en su primer considerando la sentencia de 16 de febrero de 1899, no constituyen donación, en la acepción legal de la palabra, porque no tienen su causa en una liberalidad, sino que antes bien obedece a un móvil interesado, cual es el de recabar por el estímulo de la ganancia la cooperación más activa e inteli-gente que la que humanamente puede esperarse de la retribución fija, no acompañada de futuras, aunque aleatorias, ventajas.”

Esas son, en efecto, las palabras del Tribunal Supremo de España en la citada sentencia en un recurso de casación en pleito entre Doña Josefa de Manzanedo y Don Santiago Áriestoy. Y en ese caso también se alegó que no constaba la aceptación de la donación; pero el tribunal'resolvió que lo que se designaba por la demandada como donación, no lo era.

En este caso ante nos, tampoco bay una donación por el mismo motivo de no tratarse de un acto de pura liberalidad o desprendimiento.

No queremos que pase desapercibido algo que es extraño y poco corriente. En la copia de la estipulación de las partes ante la corte de distrito, de la cláusula IV, aparece que los empleados de que se trata fueron notificados del acuerdo por el que se les bacía la bonificación, y “aceptaron las notifica-ciones.” Este mismo término se repite en la copia de reso-lución de la corte en 9 de julio de 1927; y asimismo aparece en el alegato de los apelantes. En el alegato de los apelados aparece de otro modo: “que los peticionarios aceptaron las bonificaciones, y actuaron.”

No es fácil encontrar un, sentido lógico a la frase “acep-taron las notificaciones”, ya que la notificación es algo que no tiene que aceptarse o rechazarse. Si bay una duda sería para interpretarla en el sentido de que se aceptaron las bonificaciones. Pero de cualquier forma, no habiendo una donación esa materia de aceptación pierde todo interés.

Se alega que la corte erró al declarar que el acuerdo de 29 de febrero' de 1924 no podía sostenerse, y que estaba en vigor el de 14 de agosto de 1920.

El acuerdo de la junta general de accionistas en 14 de agosto de 1920 fué así:

“Dióse cuenta con la planilla de los funcionarios, personal y em-pleados para el próximo año con los sueldos asignados a cada uno, a contar del Im de julio próximo pasado, y gratificaciones por el pasado que dice así:
“Gratificaciones
“Eduardo Saldaña_$3,000.00
“Arturo Echevarría_ 600.00
“Nieolás Torres_ 260.00
1 José Eocafort_ 220. 00
“Juan Yilá_ 101. 00
y se acordó aprobarla en todas sus partes.”

En 15 de septiembre de 1921, la junta general de accio-nistas tomó otro acuerdo que aparece copiado en la estipula-ción que se ha transcrito; y el 29 de abril de 1924, el board o junta de directores acuerda dar por saldada la cuenta de gratificaciones, en razón a las circunstancias, y declarando que esas gratificaciones se habían hecho a título gratuito y condicional, siempre que el producto de la venta de azúcares de la zafra de 1920 lo permitiera.

Ahora, en este caso, se sostiene que los directores tenían facultad para actuar como quisieran y dejar sin efecto las bonificaciones acordadas por la junta general de accionistas.

Es de notar que la junta general de accionistas no ha establecido, por lo que aparece de autos, que la concesión de bonificaciones dependa del precio que obtengan los azúcares de la zafra de 1920; esto lo dice el acuerdo de la junta de-directores, pero no lo encontramos comprobado.

Hay que tener en cuenta que en 15 de septiembre de 1921, la situación es ésta: Se han establecido las bonificaciones; no se han pagado; parece que no hay fondos para pagarlas; In junta de accionistas emplea las palabras “se cancelan,” pero dice que para ser satisfechas cuando, a juicio del board de directores, la corporación esté en condiciones económicas favorables para pagarlas, lo que, lejos de cancelar las boni-ficaciones, las confirma, condicionando el tiempo para el pago. Y la junta de directores, en vez de seguir lo acordado por la corporación, declara extinguidas las bonificaciones.

Se lian hecho numerosas citas, que no encontramos de la aplicación con que las quiere presentar la apelante. El poder de la junta de directores para llevar los negocios de la cor-poración es amplio, sin duda alguna; pero no hasta el ex-tremo de aniquilar la voluntad de los accionistas declarada en junta general.

En nuestra ley de corporaciones privadas se dice:

“Art. 11. Los negocios de toda corporación serán manejados por sus directores, cada uno de los cuales, deberá ser, en el momento de su elección, accionista de buena fe,' de la corporación . . . . ”

Es indudable que se confiere a los directores un gran poder para administrar; y a éste se refieren casi todas las autoridades que se nos citan. Pero no se les da el poder de destruir lo resuelto por la corporación misma por los acuerdos de su junta de accionistas. No aun creemos que puede una junta de directores, que son accionistas, destruir un acuerdo de la junta general de accionistas, en la que habló la corpo-ración entera.

En cuanto al tercer señalamiento de error, en el sentido de que lo fué el que la corte reconsiderara su resolución de 9 de julio de 1927, y dictara otra distinta, cuando los opositores habían ya apelado de la primera, no encontramos que tal error exista.

El amplísimo precepto del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, faculta a las cortes para determina-ciones de esa clase. Más que los términos del mismo que la apelante cita, es de tener en cuenta el sentido y el espíritu del precepto.

En el caso Pérez v. Corte de Distrito, Honorable Carlos Llauger, 39 D.P.R. 130, hemos dicho:

“El motivo que tuvo la corte de distrito para negarse a reconsi-derar su sentencia declarando a la demandante ‘desistida y abando-nada de su acción’ fué el creer que había perdido su jurisdicción por haber transcurrido el término en que la sentencia fué dictada.
“No estamos conformes. Aunque la petición de la demandante se titula de reconsideración y aunque en ella no se cita el artículo 140 del Código de Enjuicia,miento Civil, es lo cierto que de ella se deduce que el poder que tal artículo confiere fué el que se pidió a la corte que ejercitara. La misma corte de distrito expresa en su reso-lución negando la reconsideración que cuando dictó su sentencia por abandono no conocía la existencia de la moción de la demandante pi-diéndole que resuelta la excepción previa en su contra dictara sen-tencia para poder apelar. ¿Se quiere un caso más claro de inad-vertencia?”

No existe ninguno de los errores señalados, por lo que debe confirmarse la resolución apelada.