author: El Juez Asociado Señor Rivera García

text:
    MAPFRE PRAICO, por sí y en representación de First Bank y de Julio Rodríguez Rivera, peticionario, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Superintendente de la Policía, recurridos.

      Número: CC-2012-0396

      Resuelto: 13 de mayo de 2013

      Luis Rivera Martínez, abogado de la parte peticionaria; Luis R. Román Negrón, procuradora general, Lizette Mejías Avilés, procuradora general auxiliar, y Jeanette M. Collazo Ortiz, subprocuradora general, abogados del Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso de certiorari nos permite aplicar por primera vez las enmiendas que la Ley Núm. 262-2012 introdujo a la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. La compañía aseguradora Mapfre Praico Insurance Co. (peticionaria), por sí y en representación de la institución bancaria First Bank y del Sr. Julio Rodríguez Rivera, comparece mediante un recurso de certiorari y solicita que revoquemos la Sentencia de 4 de abril de 2012 emitida por el Tribunal de Apelaciones. Mediante el referido dictamen, el foro intermedio entendió que de acuerdo con la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según vigente en ese momento, las entidades bancarias no poseían legitimación activa para presentar una demanda sobre impugnación de confiscación. Así también, resolvió que como requisito para que una compañía aseguradora pudiera presentar una demanda de ese tipo, era necesario que prestara una garantía por el importe de la tasación de la propiedad incautada. De esta forma, revocó la Resolución de 23 de enero de 2012 del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, que negó desestimar una demanda de impugnación de confiscación presentada por la peticionaria contra el Gobierno de Puerto Rico.

Luego de examinar el recurso, el 29 de junio de 2012 decidimos expedir el auto solicitado. Mientras este se perfeccionaba, entró en vigor la Ley Núm. 262, supra, que introdujo cambios significativos a la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. En consecuencia, y en consideración al nuevo estado de Derecho, revocamos el dictamen recurrido y devolvemos el caso al foro de primera instancia para que continúen los procedimientos judiciales según lo aquí resuelto.

I

Los hechos que dieron origen a este caso son relativamente sencillos. El 11 de septiembre de 2009, el Sr. Julio Rodríguez Rivera (señor Rodríguez Rivera) adquirió mediante compraventa un vehículo de motor marca Toyota modelo FJ Cruiser, transacción que financió First Bank. Como garantía de la obligación contraída, quedó inscrito en el registro de vehículos de motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas un gravamen sobre el automóvil a favor de la entidad bancaria. A su vez, el señor Rodríguez Rivera obtuvo una póliza de seguro de la compañía Mapfre Praico Insurance Co. (Mapfre) que incluyó un endoso de confiscación en el cual First Bank figuró como beneficiaría. Así las cosas, trascendió que el 12 de agosto de 2011, la Policía de Puerto Rico ocupó, para su posterior confiscación, el vehículo de motor del señor Rodríguez Rivera. El Estado alegó que este fue utilizado para cometer varios delitos en violación a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico y a la Ley de Armas del 2000.

Tras notificarse la confiscación, la peticionaria, por sí y en representación de First Bank y del titular Señor Rodríguez Rivera, incoó el 30 de septiembre de 2011 una demanda de impugnación de confiscación contra el Gobierno de Puerto Rico, el Secretario de Justicia y el Superintendente de la Policía ante el Tribunal de Primera Instancia. En respuesta, el Estado presentó una moción de desestimación y adujo que la peticionaria carecía de legitimación activa para presentar esa acción. En cuanto a First Bank, su contención fue que conforme al Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 —según vigente en esa fecha— solo tendría legitimación activa para demandar quien demostrara que era dueño de la propiedad, que ejercía control y dominio sobre la misma, y que tal dominio se había adquirido antes de los hechos que motivaron la confiscación. Sostuvo que, según lo resuelto en Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001), una institución financiera no se podía considerar como dueña de un vehículo, aun cuando poseyera un gravamen sobre el mismo. Por otro lado, esbozó que Mapfre carecía de legitimación para comparecer en nombre del señor Rodríguez Rivera, ya que el Art. 16 de la citada legislación requería la prestación de una fianza por el valor del vehículo confiscado como condición para que una compañía aseguradora pudiera presentar una demanda de impugnación de confiscación en representación del dueño del automóvil.

Ante tales planteamientos, la peticionaria argüyó que cuando expidió la póliza de seguro a nombre del señor Rodríguez Rivera estaba en vigor la hoy derogada Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988. Por ello, puntualizó que al amparo de esa legislación le asistía el derecho a presentar una demanda de impugnación de confiscación para hacer valer el interés legal que ostentaba sobre la propiedad incautada. Por esto, argumentó que la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 era inconstitucional por menoscabar sus obligaciones contractuales, lesionar derechos adquiridos según la anterior legislación y no garantizar un debido proceso de ley. Así también, señaló que el Art. 16 del referido estatuto le concedía al titular del vehículo de motor el derecho de prestar una garantía de modo que pudiera recuperar la propiedad ocupada y que ello no se debía interpretar como una condición sine qua non para que la aseguradora pudiera impugnar una confiscación.

Atendida la solicitud de desestimación, y sin entrar a considerar la constitucionalidad de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, el Tribunal de Primera Instancia resolvió que la peticionaria poseía legitimación activa para reclamar su derecho sobre la propiedad confiscada. En consecuencia, el foro primario determinó que tanto Mapfre como First Bank eran partes indispensables en ese pleito.

Inconforme con ese proceder, la Oficina del Procurador General, en representación del Estado, compareció ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari y solicitó que se revocara la resolución y se desestimara la demanda. Luego de analizar el estatuto en controversia, el foro apelativo intermedio revocó la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia y desestimó la demanda de impugnación de confiscación que había presentado Mapfre. Razonó que el derecho vigente en ese entonces exigía tres requisitos para que una persona pudiera presentar una demanda de impugnación de confiscación, a saber: que fuera notificada sobre la confiscación; que demostrara ser el dueño de la propiedad confiscada, y que demostrara que ejercía control y dominio sobre esta antes de la incautación. En ese sentido, coligió que ni la entidad financiera ni la aseguradora cumplían con esas exigencias. Por otro lado, esgrimió que Mapfre, como compañía aseguradora, podía presentar la demanda únicamente en representación del dueño, pero que esta no cumplió con los requisitos para ello porque no consignó la garantía exigida por la ley. En consecuencia, estimó que la demanda no se perfeccionó dentro del término provisto y procedió a desestimarla.

No conteste con ese curso decisorio, la peticionaria acudió ante esta Curia para presentar el recurso de certiorari de epígrafe y señaló que:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al desestimar la demanda al determinar que los demandantes no poseen legitimación activa por no ser dueños ni ejercer control y dominio sobre la propiedad.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que los demandantes tenían que prestar fianza al momento de presentar la demanda de impugnación de confiscación. Petición de certiorari, pág. 4.

Poco tiempo después, el Estado compareció y expuso que coincidía con la parte peticionaria en cuanto a que este Tribunal debía expedir el auto solicitado para pautar la norma aplicable a esta controversia y manifestó su posición en cuanto a ésta. Como adelantamos, el 29 de junio de 2012 expedimos el auto solicitado. Así las cosas, el 2 de octubre compareció el Procurador General y nos informó que el 19 de septiembre de ese año la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 262-2012, medida que alteró parte del esquema de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, y ante los nuevos postulados legislativos atinentes al mecanismo de confiscaciones de propiedad vehicular por parte del Estado, pasamos a resolver la controversia que nos ocupa.

II

La confiscación es un procedimiento estatutario que actúa como una sanción penal adicional contra los criminales. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 664 (2011). Una de las modalidades de ese proceso es de naturaleza penal, dirigido contra la persona imputada de delito. Id. En ese procedimiento in personam, si el imputado resulta culpable de haber cometido delito, la sentencia incluirá como sanción la confiscación de la propiedad incautada. Id. Por otro lado, existe otra modalidad confiscatoria de carácter in rem distinta y separada del proceso in personam. Es decir, una acción civil que se dirige contra la cosa misma y no contra el dueño de la propiedad, poseedor, encargado, o cualquier otra persona con interés legal sobre el bien. B.B.V. v. E.L.A., 180 DPR 681, 686 (2011). Debido a lo anterior, cuando alguien que posee algún interés legal sobre un automóvil lo ha puesto voluntariamente en posesión de otra persona, y esta lo utiliza para propósitos delictivos, “su derecho corre la suerte del uso al que el infractor someta el vehículo”. Id. Como explicaremos más adelante, esta acción estatal la pueden impugnar quienes aleguen poseer un interés legal sobre la propiedad ocupada.

A. Requisitos para presentar una demanda de impugnación de confiscación

A través de los años, se han aprobado varias legislaciones que han atendido los asuntos relacionados con la ocupación y confiscación de propiedades que se han utilizado con propósitos delictivos. Debido a la naturaleza de este procedimiento, esos estatutos han dispuesto los mecanismos necesarios para salvaguardar los derechos constitucionales de las personas con interés legal sobre los bienes confiscados. B.B.V. v. E.L.A., supra, pág. 687. Esto es, brindarle la oportunidad de comparecer al tribunal para que presenten y demuestren las defensas válidas que tengan contra el Estado, si alguna. Negrón v. Srio. de Justicia, supra, pág. 87. En otras palabras, la oportunidad de ser oído. íd.

En ese sentido, la ya derogada Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 establecía en su Art. 4 que el funcionario que efectuó la ocupación debía notificar dentro de los quince días siguientes el hecho de la confiscación a la dirección conocida del “dueño, encargado o persona con derecho o interés en la propiedad ocupada”. De esta forma, las personas notificadas podían impugnar la confiscación dentro de los quince días siguientes a la fecha del recibo de la notificación. Al interpretar esa disposición, mencionamos que si el Estado confiscaba un vehículo de motor, la agencia concernida debía notificar ese hecho al dueño —según constara en el registro de vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas— y al acreedor condicional que a la fecha de la ocupación hubiese presentado su contrato para archivarlo en el registro. B.B.V. v. E.L.A., supra, pág. 687.

Ahora bien, la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 fue objeto de varias enmiendas e interpretaciones judiciales que, a juicio de la Asamblea Legislativa, causaron confusión en su implantación. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2011. Tales incompatibilidades afectaron los procesos de confiscación y provocaron, a su vez, la pérdida de recursos. íd. Así, con el propósito de establecer un trámite expedito, justo y uniforme para la confiscación de bienes por parte del Estado, se derogó la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 mediante la promulgación de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. Id. Esta nueva medida intentó evitar que los “tribunales continu[aran] congestionados por las demandas incoadas para impugnar las confiscaciones efectuadas”. Id., pág. 1.

Es necesario señalar que la agilización de los procedimientos confiscatorios no fue el único objetivo de esta nueva legislación. De igual forma, se aspiró a salvaguardar los derechos constitucionales de los dueños de los bienes confiscados, específicamente el mandato constitucional que emana del Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico que reconoce el derecho al disfrute de la propiedad y a que ninguna persona sea privada de tal prerrogativa sin un debido proceso de ley. En cuanto a esto último, la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 fue enfática al establecer quiénes estarían autorizados a reclamarle al Estado la ilegalidad de una confiscación.

Con ese objetivo, el Art. 13 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 estableció a quiénes se les debía notificar sobre una confiscación. El Director Administrativo de la Junta de Confiscaciones estaría obligado a notificar, entre otras, a las personas siguientes:

(a) A la persona que tuviere la posesión física del bien al momento de la ocupación;

(b) A aquéllas que por las circunstancias, información y creencia, el Director Administrativo considere como dueños de dicho bien.

(c) En los casos de vehículos de motor, se notificará, además, al dueño, según consta en el Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas y al acreedor condicional que a la fecha de la ocupación tenga su contrato inscrito.

Esa notificación resultaba imprescindible para que las personas allí enumeradas pudieran acudir al foro competente y presentar contra el Estado sus alegaciones y defensas en cuanto a la confiscación. Referente a ese procedimiento, el Art. 15 dispuso lo siguiente:

Las personas notificadas, según lo dispuesto en esta Ley y que demuestren ser dueños de la propiedad, podrán impugnar la confiscación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se reciba la notificación, mediante la radicación de una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el funcionario que autorizó la ocupación, debiéndose emplazar al Secretario de Justicia dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se presentó la demanda.

Si bien la Ley aclaró los requisitos que debía cumplir cada individuo para impugnar una confiscación, el legislador acotó claramente que entre esos requisitos, como en cualquier otra reclamación civil, todo demandante tenía que poseer legitimación activa para incoar su reclamo. Véase Exposición de la Ley Núm. 119-2011, supra, págs. 1-2. Esto pues, la referida medida no era un sinónimo de “extender una carta abierta para que toda persona con algún interés en la propiedad confiscada pu [diera] presentar una demanda”. Id., pág. 2. De acuerdo con esto, el Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones dispuso lo siguiente:

Presentada la contestación a la demanda, el Tribunal ordenará una vista sobre legitimación activa para establecer si el demandante ejercía dominio y control sobre la propiedad en cuestión antes de los hechos que motivaron la confiscación. De no cumplir con este requisito, el Tribunal ordenará la desestimación inmediata del pleito.

De lo previamente discutido podemos apreciar que la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 ordenó que se notificara el hecho de la confiscación a las personas con derecho o interés en la propiedad. Asimismo, delineó que las “personas notificadas” y que “dem[ostraran] ser dueños” del bien incautado tendrían el derecho de impugnar la confiscación en caso de entenderlo necesario. En cuanto a esto último, la Exposición de Motivos de la ley expresó que la definición de dueño de la propiedad se fundamentaría en la identidad del individuo que ejercía dominio y control sobre la misma antes de la confiscación. Por eso, la ley dispuso que se deberá celebrar una vista para determinar si los demandantes poseían legitimación activa, y en la que estos tendrían que demostrar que ejercían dominio y control sobre el bien antes de que se configurara la confiscación. Empero, la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 no definió con precisión quiénes se consideraban “dueños” de la propiedad confiscada, a pesar de reconocer el derecho que tienen las personas con interés legal sobre la misma de que se les notifique. Esa situación provocó interrogantes en cuanto a si las compañías aseguradoras y entidades financieras podían presentar ese tipo de demanda para defender el interés que poseían sobre bienes confiscados.

Con el propósito de clarificar esa incertidumbre, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 262-2012, la cual enmendó la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 en ciertos aspectos. Una de las enmiendas fue para incorporar y definir qué personas se considerarían dueños de la propiedad confiscada, esto, según la normativa jurisprudencial federal y local. De esa manera, se reconoció el interés propietario de los acreedores que poseen un gravamen sobre el bien confiscado. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 262-2012, pág. 2. En cuanto a esto, el legislador señaló lo siguiente:

[L]a Ley 119 no establece con claridad que los acreedores garantizados por un bien sujeto a incautación poseen un “interés propietario” en dicho bien que de acuerdo a la jurisprudencia vigente les convierte en un “dueño inocente” a los cuales se extienden las garantías constitucionales antes expresadas. Del Toro Lugo v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 136 DPR 973 (1994); First Bank, Universal Insurance Company v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 156 DPR 77 (2002). Es decir, lo que no logra la Ley es parear el reconocimiento que se da a aquellas personas con interés en la propiedad como hemos apuntado, y el reclamo legítimo que pudieran hacer éstos por sí mismos. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 262-2012, supra, pág. 1.

En ese aspecto, la Ley Núm. 262-2012 enmendó el Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 para que disponga como sigue:

Las personas notificadas, según lo dispuesto en esta Ley y que demuestren ser dueños de la propiedad, podrán impugnar la confiscación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se reciba la notificación, mediante la radicación de una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el funcionario que autorizó la ocupación, debiéndose emplazar al Secretario de Justicia dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se presentó la demandaf...]
Presentada la contestación a la demanda, el Tribunal ordenará una vista sobre legitimación activa para establecer si el demandante ejercía dominio y control sobre la propiedad en cuestión antes de los hechos que motivaron la confiscación. De no cumplir con este requisito, el Tribunal ordenará la desestimación inmediata del pleito.
Para fines de esta Ley se considerará “dueño” de la propiedad una persona que demuestre tener interés propietario en la propiedad incautada, incluyendo una persona que posea un gravamen sobre dicha propiedad a la fecha de ocupación de la propiedad incautada, o una cesión válida de tal interés propietario. (Enfasis suplido).

De su texto se deduce que esta legislación entró en vigor inmediatamente luego de su aprobación y su aplicación fue retroactiva al 12 de julio de 2011, fecha de aprobación de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011.

B. Requisito de prestar una garantía para presentar una demanda de impugnación de confiscación

El Art. 16 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, supra, estableció que dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la demanda de impugnación de confiscación, el demandante tendría derecho a prestar una garantía a favor del Estado por el importe de la tasación de la propiedad confiscada. Consignada la garantía, el bien incautado se devolvería al consignatario. Añadió, además, que en aquellos casos en que los vehículos de motor ocupados tuvieran una póliza de seguro que incluyera un endoso de confiscación, la compañía aseguradora solo podría presentar una demanda de impugnación en representación del dueño del vehículo, para lo cual tendría que prestar la fianza mencionada.

Ahora bien, la Ley Núm. 262-2012, supra, eliminó los requisitos de garantía que la Ley de Uniforme de Confiscaciones de 2011 le impuso a las compañías aseguradoras. La Asamblea Legislativa entendió que al presentar una demanda de impugnación de confiscación, tales entidades —como cesionarias de un derecho propietario sobre un bien confiscado— debían estar sujetas a los mismos requisitos que les aplicaban a las demás personas que conforme a la ley tenían derecho a impugnar una confiscación. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 262-2012, supra. Consiguientemente, se enmendó el Art. 16 de la Ley de Confiscaciones de 2011 para que disponga como sigue:

Dentro de los veinte (20) días de presentada la impugnación, el demandante tendrá derecho a prestar una garantía a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Secretario del Tribunal correspondiente, a satisfacción del Tribunal, por el importe de la tasación de la propiedad confiscada. Dicha garantía podrá ser en moneda legal, cheques certificados o por compañías de fianza. Consignada la garantía y aprobada por el Tribunal, la Junta, previa orden judicial, devolverá a la persona que consigna, la propiedad confiscada.
Una vez consignada la garantía, no se permitirá la posterior sustitución de las propiedades confiscadas en lugar de la garantía, la cual responderá por la confiscación si la legalidad de ésta fuera sostenida. En la resolución que dicte a estos efectos, el Tribunal deberá disponer sobre la ejecución sumaria de dicha garantía por el Secretario del Tribunal y su ingreso en el Fondo Especial, en el caso de que sea en moneda legal o en cheques certificados. Las garantías procedentes de compañías de seguro serán remitidas por el Secretario del Tribunal correspondiente al Secretario de Justicia, para el trámite de su ejecución. El producto de esta ejecución ingresará en el Fondo Especial, según establecido en esta Ley.

Como se aprecia, quedó excluida la anterior disposición de ese estatuto que establecía que una compañía aseguradora solo podía presentar una demanda de impugnación de confiscación en representación del dueño del vehículo tras consignar una garantía.

III

En el presente caso, Mapfre presentó en septiembre de 2011 una demanda de impugnación de confiscación en representación de First Bank y del señor Rodríguez Rivera, dueño del vehículo. Para esa fecha había entrado en vigor la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 que impuso ciertos requisitos para permitir que las personas afectadas por una confiscación pudieran reclamar al Estado la validez de esa acción. Conforme a esa disposición, el Estado impugnó ante el foro primario la legitimación activa tanto de Mapfre como de First Bank. Al llegar la controversia al Tribunal de Apelaciones, ese foro desestimó la demanda porque interpretó que la referida legislación no le confería a la parte aquí peticionaria capacidad para demandar.

Como vimos, uno de los propósitos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 fue aclarar los requisitos que debía cumplir cada individuo para impugnar una confiscación. Relacionado con esto, en la referida ley se ex-presó que entre esos requerimientos, “como en cualquier otra reclamación civil, todo demandante t[enía] que poseer legitimación activa para incoar su reclamo”. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2011, supra, pág. 1. Ante ello, la Ley Núm. 262-2012 dejó inalterada la disposición del Art. 15 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011 en la cual se establecía que, una vez presentada la contestación a la demanda de impugnación de confiscación, el Tribunal debía ordenar una vista sobre legitimación activa para establecer si el demandante ejercía dominio y control sobre la propiedad en cuestión antes de los hechos que motivaron la confiscación.

En todo pleito, además de capacidad para demandar, la parte interesada debe demostrar que tiene un interés legítimo. Se entiende, pues, la legitimación o acción legitimada como la facultad de poder comparecer y actuar en un juicio como demandante, demandado, tercero, o en representación de cualquiera de ellos. De esta forma, es requisito poseer legitimacin activa para poder ser demandante y legitimación pasiva para ser demandado. Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 175 DPR 398, 420 (2009). En cuanto a este concepto, el Profesor Hernández Colón nos ilustra al expresar que la legitimación activa, o simplemente legitimación, es “la razón jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el tribunal y obtener una sentencia vinculante”. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Lexis Nexis, 2010, See. 1002, pág. 109. Así, la legitimación de quien promueve se exige en todo proceso judicial. Id., pág. 110.

De otra parte, en Asoc. Res. Est. Cidra v. Future Dev., 152 DPR 54, 67-68 (2000), citando a los tratadistas Wright y Miller, expresamos que en el ámbito de derecho público, cuando una parte impugna una actuación gubernamental, el análisis utilizado para determinar si el peticionario es la parte adecuada para entablar la reclamación se realiza en términos de la doctrina de autolimitación judicial conocida como “legitimación activa” o standing. En cuanto a esto, la norma jurisprudencial ha hilvanado los aspectos que se deben evaluar a fin de determinar si una parte posee legitimación activa. Hemos enunciado, reiteradamente, que para ello el demandante o quien promueve debe haber sufrido un daño claro y palpable, no abstracto ni hipotético. Además, es necesario que exista una relación causal razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado. Por último, la causa de acción debe surgir al amparo de la Constitución o de alguna ley. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 917 (2012); Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010); Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327, 331 (2000); Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835-836 (1992). Le corresponde al litigante demostrar que tiene acción legitimada para acudir al foro judicial, esto, en ausencia de alguna disposición legislativa que expresamente confiera esa cualidad a ciertas personas. Id. Véase, también, Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 DPR 716 (1974).

Como ya reseñamos, la Ley Núm. 262-2012, supra, permite que las personas que demuestren tener un interés propietario en la propiedad incautada —incluso una persona que posea un gravamen sobre la propiedad a la fecha de su ocupación o una cesión válida de tal interés propietario— puedan impugnar la acción confiscatoria del Estado presentando una demanda de impugnación, lo que obedece a la necesidad de salvaguardar sus derechos constitucionales. De igual manera, las compañías aseguradoras ya no están sujetas a la prestación de una garantía para incoar tal acción. Ante los antecedentes fácticos de este caso y el nuevo estado de Derecho, no es posible sostener el dictamen del foro apelativo. La Ley Núm. 262-2012 estableció que los cambios allí incorporados aplicarían retroactivamente al 12 de julio de 2011. Al ser así, tenemos que colegir que el actual esquema de Derecho le aplica a la peticionaria. Por lo tanto, resolvemos que Mapfre, aseguradora que expidió una póliza con endoso de confiscación sobre el vehículo confiscado en este caso, puede presentar una acción de impugnación de confiscación. Además, concluimos que no está sujeta a requisito alguno de prestación de garantía para poder continuar ese procedimiento. Asimismo, First Bank, entidad que financió la compra del vehículo de motor, también puede defender el interés legal que tiene sobre esa propiedad. Claro está, esto queda sujeto al trámite dispuesto en la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada, en cuanto ordena que se celebre una vista sobre legitimación activa.

IV

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. La Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011, según enmendada, cuya aplicación es retroactiva al 12 de julio de 2011, le confiere capacidad a la peticionaria para incoar una demanda de impugnación y elimina el requisito de prestación de fianza como condición para que una compañía aseguradora presente ese tipo de acción. Por consiguiente, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí pautado.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió sin opinión escrita.

       Ley Núm. 119-2011 (34 LPRA see. 1724 et seq.).

       Apéndice del Alegato de la parte peticionaria, págs. 27-28.

       íd., pág. 29.

       Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 (24 LPRA see. 2101 et seq.).

       Ley Núm. 404-2000 (25 LPRA see. 455 et seq.).

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 29.

       Id., pág. 32. En la moción, el Estado hizo mención de que comparecía sin someterse a la jurisdicción del Tribunal.

       34 LPRA sec. 1724Z. Como explicaremos más adelante, esta disposición fue enmendada en septiembre de 2012.

       34 LPRA sec. 1724m.

       Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 40.

       El Estado señaló los siguientes errores:
      “Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la solicitud de desestimación presentada por el Estado basada en la falta de legitimación activa de la aseguradora y la entidad financiera.
      “Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la solicitud de desestimación presentada por el Estado basada en el incumplimiento con el requisito de prestación de fianza para perfeccionar la demanda presentada por la aseguradora en representación del dueño del vehículo confiscado.
      “Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que la aseguradora y la entidad financiera eran partes indispensables”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 62.

       Véase escrito presentado por el Estado el 21 de mayo de 2012, titulado Posición del Estado Respecto a los Argumentos Expuestos en la Petición de certiorari del Epígrafe.

       Esta ley derogó la Ley Núm. 39 de 4 de julio de 1960, según enmendada, mejor conocida como la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones.

       34 LPRA sec. 1723b.

       Art. 8 de la derogada Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 (34 LPRA sec. 1723f).

       Art. 2, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.

       34 LPRA sec. 1724j (como se explicará más adelante, esta disposición fue enmendada por la Ley Núm. 262-2012).

       34 LPRA sec. 1724l (como se explicará más adelante, esta disposición fue enmendada por la Ley Núm. 262-2012).

       See. 3 de la Ley Núm. 262-2012.

       Citando a 6A Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d See. 1542, págs. 328-329 (1990).


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2013-001

      Resuelto: 17 de mayo de 2013
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-A, se constituyen las siguientes Salas de Verano para funcionar durante el receso entre 1 de julio de 2013 al 30 de septiembre de 2013:

Del 1 de julio al 31 de julio de 2013
Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta
Hon. Mildred G. Pabón Charneco
Hon. Roberto Feliberti Cintrón
Dell de agosto al 31 de agosto de 2013
Hon. Liana Fiol Matta, presidenta
Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo
Hon. Edgardo Rivera Garcia
Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2013
Hon. Federico Hernández Denton, presidente
Hon. Rafael L. Martinez Torres
Hon. Luis F. Estrella Martinez

Los Presidentes de Sala quedan facultados para sustituir a los Jueces que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración, asimismo, para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario. El Tribunal continuará emitiendo y certificando opiniones y sentencias durante este periodo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Mónica Vega Quintana, querellada.

      Número: CP-2011-008

      Resuelto: 29 de mayo de 2013

      Miriam Álvarez Archilla, procuradora general auxiliar, Tatiana Grajales Torruella, Zaira Z. Girón Anadón y Tanaira Padilla Rodríguez, subprocuradoras generales; Rubén T Nigaglioni y Efraín E. Rivera Pérez, abogados de la querellada; Mónica Vega Quintana, pro se; Rafael Flores Díaz, comisionado especial.
   per curiam:

La Leda. Mónica Vega Quintana representó legalmente a la querellante Gloria Rodríguez Vilanova en un caso de cobro de dinero presentado por esta última en el 2001. En una vista celebrada en abril de 2004, el demandado reconoció la deuda y las partes acordaron que el demandado pagaría a la demandante Rodríguez Vilanova $800 mensuales hasta pagar la totalidad de la deuda de $50,000. Sin embargo, el demandado nunca firmó la estipulación y su abogado indicó que desconocía su paradero. Así lo informó la licenciada Vega Quintana al Tribunal de Primera Instancia en una moción presentada en octubre de 2004. El 28 de diciembre de 2004, se celebró una vista y la jueza ordenó a la licenciada Vega Quintana que sometiera un proyecto de sentencia en un término de 15 días para disponer del caso. La abogada no cumplió con la orden, por lo que el 10 de mayo de 2005 la jueza desestimó la demanda sin perjuicio por inactividad. La Sentencia se notificó a los abogados de las partes el 25 de mayo de 2005.

La señora Rodríguez Vilanova presentó una queja contra su abogada en enero de 2010. Alegó que la licenciada Vega Quintana nunca le informó que habían desestimado su caso y que era evasiva cuando le contestaba las llamadas. Según la señora Rodríguez Vilanova, transcurridos varios meses, su abogada dejó de contestarle las llamadas, por lo que acudió al tribunal a ver el expediente y se enteró de la Sentencia. La dienta señaló que no consiguió a la abogada para que le explicara lo sucedido y le devolviera sus documentos, así que acudió a la oficina de la licenciada Vega Quintana, pero la abogada no se encontraba. Indicó que, posteriormente, acordaron por teléfono que la abogada le devolvería el expediente del caso para que pudiera volver a presentarlo luego de que la dienta se lo solicitara mediante carta. De acuerdo con lo expresado en la queja, la señora Rodríguez Vilanova envió la carta en agosto de 2009 y su abogada le contestó que se comunicaría con ella para entregárselo, pero a la fecha de la queja no lo había hecho. La señora Rodríguez Vilanova alegó, además, que la licenciada Vega Quintana nunca le entregó un cheque de $150 que el tribunal le envió en enero de 2005, luego de que la jueza ordenara a los entonces codemandados pagarle esa cantidad a la demandante como sanción por no comparecer a una vista en octubre de 2003.

En julio de 2010, luego de concedérsele dos prórrogas, la licenciada Vega Quintana contestó la queja. Expresó que tramitó responsablemente todo el caso, pero tuvo problemas para negociar la estipulación que deseaba su dienta y así se lo notificó a ésta. Indicó que su comunicación con la dienta había sido excelente hasta que se presentaron las dificultades para la estipulación. La abogada manifestó que le notificó la Sentencia a la señora Rodríguez Vilanova y que intentó comunicarse con ella por teléfono, pero que no la consiguió en el residencial y ya no trabajaba en donde había informado. Según la licenciada, como la querellante no se comunicó con ella luego de notificarle la Sentencia, entendió que ya no tenía interés en el caso. No obstante, años más tarde, una empleada de su oficina le informó que la señora Rodríguez Vilanova se había presentado de forma agresiva para hablar con ella. Luego de esa visita, no supo de la dienta hasta el 2009, cuando un abogado la llamó en representación la señora Rodríguez Vilanova para solicitar el expediente del caso. Según la licenciada, le pidió al abogado que le enviara una solicitud debidamente autorizada por la dienta y le permitiera buscarlo en las cajas de casos cerrados, ya que se había mudado de oficina varias veces. Meses después, recibió la solicitud de parte de la señora Rodríguez Vilanova. De acuerdo con la abogada, no fue sino hasta la fecha de la contestación de la queja que pudo localizar el expediente.

La querellante contestó, en agosto de 2010, para aclarar algunos detalles y reiterar que la abogada dejó de comunicarse con ella. Informó que la licenciada Vega Quintana le había entregado parte del expediente, pero que todavía faltaban documentos y el cheque de $150. Se refirió la queja a la Oficina de la Procuradora General para su investigación.

La Procuradora General presentó su informe sobre la queja en enero de 2011. Concluyó que la representación legal ofrecida por la licenciada Vega Quintana fue adecuada hasta diciembre de 2004. No obstante, hizo caso omiso a la orden de someter un proyecto de sentencia y, al saber que desestimaron el caso sin peijuicio, no solicitó una reconsideración ni acudió en alzada para defender los intereses de su dienta. Asimismo, determinó que la abogada incumplió su deber de entregar copia del expediente a la dienta cuando le fue requerido en el 2007 y 2009. También resaltó que la licenciada actuó con dejadez al no comunicarse con su dienta y asumir que ella había perdido interés en el caso, cuando estaba tan cerca de terminar con éxito su gestión profesional. Según el informe, la abogada violó los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional.

La licenciada Vega Quintana contestó el informe. Admitió que no presentó el proyecto de sentencia y dijo que no recordaba por qué no lo hizo. No obstante, informó que, ya que la señora Rodríguez Vilanova todavía estaba a tiempo para volver a presentar su acción personal de cobro de dinero, estaba dispuesta a representarla sin costo alguno. Además, negó que hubiese dejado de contestarle las llamadas a su dienta y aseguró que siempre la mantuvo informada sobre su caso. En cuanto al expediente y el cheque de $150, indicó que el cheque sin cambiar estaba grapado dentro del expediente, el cual no había podido localizar en las cajas de mudanza. Expresó que nunca fue su intención apropiarse de dinero alguno de la dienta y que, debido a que no encontraba el cheque, le ofreció a la señora Rodríguez Vilanova pagarle ella los $150, pero ésta no aceptó. Reiteró ese ofrecimiento. Asimismo, manifestó que la parte del expediente que le devolvió a la dienta contiene toda la evidencia necesaria para volver a presentar el caso.

En abril de 2011 autorizamos que se presentara urna querella contra la licenciada Vega Quintana por violación a los Cánones 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. En agosto de 2011, la Procuradora General presentó la querella, que incluyó un cargo por violar el Canon 18, debido a su falta de diligencia, y un cargo por violar el Canon 19, por no mantener a su dienta informada sobre el desarrollo de su caso.

En su contestación a la querella, la licenciada Vega Quintana reiteró sus alegaciones y pidió disculpas por la inadvertencia suya que conllevó la desestimación del caso sin perjuicio. No obstante, destacó que la desestimación fue la primera y única sanción que impuso el tribunal de instancia por su error y que la querellante no ha perdido su causa de acción.

Este Tribunal nombró al exjuez Rafael Flores Díaz como Comisionado Especial. Luego de iniciar el procedimiento disciplinario formal, la Procuradora General solicitó enmendar la querella para incluir un cargo adicional por violación al Canon 23 del Código de Etica Profesional, ya que la abogada retuvo el cheque de $150 que le pertenecía a la clienta. La licenciada Vega Quintana se opuso, pues entendía que no había violado su deber fiduciario, ya que le avisó a la querellante sobre el recibo del cheque, lo grapó al expediente para entregárselo y le ofreció pagar el dinero cuando el cheque ya no era negociable. Con la anuencia del Comisionado Especial, autorizamos la enmienda en abril de 2012. La querella enmendada se presentó en junio de 2012 y la querellada contestó en julio de ese año. Posteriormente, la abogada intentó consignar en este Tribunal un cheque de $150 a favor de la querellante, pero no se le permitió.

El Comisionado Especial celebró una vista, en la cual la querellante y la querellada testificaron. Asimismo, se estipularon el expediente del caso de cobro de dinero ante el Tribunal de Primera Instancia y la carta en la cual la señora Rodríguez Vilanova le solicitó su expediente a la abogada. El Comisionado presentó su informe en febrero de 2013. Concluyó que no se infringió el referido Canon 19 porque la dienta siempre estuvo informada de lo que sucedía con su caso; tampoco se infringió el aludido Canon 23 porque la dienta sabía del recibo del cheque y éste no fue retenido indebidamente por la licenciada Vega Quintana. Expresó que el único cargo que se sostiene con la prueba es el de violación al Canon 18 por haber incumplido la orden del Tribunal Supremo de presentar el proyecto de sentencia. No obstante, el Comisionado indicó que, consideradas las circunstancias particulares del caso, esa violación solo amerita una amonestación. Explicó que debe tomarse en cuenta que el caso se tramitó adecuadamente; que el caso se encontraba sometido, por lo que la obligación de dictar sentencia le correspondía al foro de instancia y la desestimación por supuesta inactividad era improcedente, menos aún como primera sanción, y que la querellada todavía puede presentar su reclamo.

En respuesta al informe del Comisionado, la Procuradora General expresó que, aunque el tribunal de instancia se hubiera excedido en su discreción al desestimar el caso, ello no libera a la abogada de su responsabilidad por haber incumplido una orden del Tribunal y haber extraviado parte del expediente de la querellante. Reiteró que entiende que se infringieron los referidos Cánones 19 y 23, pues no hay evidencia de que la abogada le haya notificado a su dienta sobre la sentencia de desestimación oportunamente y la abogada no entregó a la dienta el cheque que le pertenecía a esta última con la prontitud debida.

I

El Canon 18 del Código de Ética Profesional dis-pone, en su parte pertinente a este caso, que “[e]s deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Esta obligación de diligencia supone que el abogado o la abogada se esmere durante todo el desarrollo del caso, pues la profesión legal es incompatible con la desidia y la despreocupación. Hemos determinado que se incumple con este deber cuando no se contestan planteamientos fundamentales, se ignoran las órdenes de los tribunales, se cometen errores crasos, se desatienden los trámites del caso y se permite que el caso sea desestimado sin realizar esfuerzos para evitarlo.

Por otro lado, el Canon 19 establece, en lo pertinente, que “[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. No mantener informado al cliente es una de las violaciones más patentes a la obligación de los abogados y las abogadas de representar a sus clientes con fidelidad, lealtad y diligencia. El Canon 19 requiere atender con prontitud las solicitudes de información y contestar las dudas del cliente sobre su caso y las gestiones realizadas por su representante, así como notificar al cliente de cualquier incidencia importante sobre su caso y advertirle sobre los distintos cursos de acción posibles y los riesgos que conlleva cada alternativa. La falta de notificación oportuna al cliente sobre urna sentencia desfavorable constituye una violación a este deber.

Asimismo, el Canon 23, entre otros principios, dis-pone que “[l]a naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen”. La dilación en la devolución de fondos pertenecientes al cliente, aun cuando el abogado o la abogada no tenga intención de apropiárselos, viola este Canon 23.

1—I HH

El Tribunal Supremo nombra comisionados y comisionadas especiales que le ayuden en las tareas de recibir prueba y establecer determinaciones de hechos en casos disciplinarios contra abogados y abogadas. Los comisionados y las comisionadas especiales rinden informes con recomendaciones sobre la sanción que entienden que amerita la falta de conducta profesional probada. Esos informes pueden ser adoptados, modificados o rechazados. No obstante, debido a que el comisionado especial ejerce una función análoga a la de un juzgador de instancia en cuanto a la recopilación de la prueba y se encuentra en mejor posición para aquilatarla, brindamos deferencia a sus conclusiones basadas en la evaluación de la prueba testifical, a no ser que se demuestre que están viciadas por pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

En este caso, el Comisionado Especial, luego de estudiar los testimonios en la vista tanto de la querellante como de la querellada, determinó que la licenciada Vega Quintana no incumplió con su deber de mantener informada a su dienta y no retuvo indebidamente el cheque que le pertenecía a la señora Rodríguez Vilanova. Este Tribunal acoge las determinaciones del Comisionado en cuanto a los car-gos por violación a los referidos Cánones 19 y 23 del Código de Ética Profesional.

Asimismo, el Comisionado concluyó que lo que realmente perjudicó a la querellante fue la desestimación del caso por parte del foro de instancia y que la actuación de la abogada al no presentar el proyecto de sentencia —inacción que provocó la desestimación— podría excusarse porque el tribunal podía dictar sentencia sin necesidad del proyecto y la desestimación era una sanción demasiado severa para un primer incumplimiento. El Comisionado tiene razón en que no era razonable la desestimación de la causa como primera sanción, menos aun cuando el caso ya estaba listo para resolución. Sin embargo, ello no es razón para eximir a la abogada. Independientemente de la corrección de la actuación del tribunal, la licenciada Vega Quintana tenía el deber de cumplir con la orden de presentar el proyecto de sentencia y nunca lo hizo, ni dentro del término concedido ni tardíamente. Igualmente tenía el deber de intentar subsanar su error luego de recibir la sentencia desestimatoria, lo cual tampoco hizo. Simplemente, se desentendió del caso. Este descuido constituye una falta de diligencia inexcusable, en clara violación al Canon 18.

En casos por violación al Canon 18 del Código de Ética Profesional hemos impuesto sanciones que van desde una censura hasta la suspensión de la profesión legal. Cada situación presenta hechos particulares que hemos tomado en consideración para determinar la sanción adecuada, entre los que se encuentran: la buena reputación del abogado o la abogada; su historial de conducta; si ha aceptado su falta; si medió ánimo de lucro en su actuación; el perjuicio que causó su conducta, y si resarció a su cliente. En el caso de la licenciada Vega Quintana, tomamos en cuenta que esta es su primera falta en más de 19 años de práctica como abogada y más de 11 años como notaría; que aceptó su incumplimiento con lo ordenado por el foro de instancia por inadvertencia y que pidió disculpas por ello; que, a pesar de que su incumplimiento fue sancionado con la desestimación sin perjuicio del caso, la querellante todavía tiene la oportunidad de volver a presentar su causa de acción, y que ofreció a su dienta llevar su caso nuevamente sin cobrar honorarios, así como compensarle por el cheque de ésta que perdió.

En consideración de todo ello, estimamos que una censura enérgica a la licenciada Vega Quintana es sanción suficiente por no haber actuado con la diligencia debida al desatender la orden del Tribunal de Primera Instancia, afectando los intereses de su dienta. Además, se le ordena a la abogada pagar a la señora Rodríguez Vilanova la cantidad de $150, en sustitución del cheque a su favor que se extravió junto a parte del expediente de su caso. Deberá acreditar a este Tribunal que cumplió con dicha orden en un término de 20 días a partir de la fecha de notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. Se le apercibe que en el futuro deberá ser más diligente en la tramitación de las causas de sus clientes y que deberá cumplir estrictamente con las disposiciones del Código de Etica Profesional.

Se dictará sentencia de conformidad.

       4 LPRAAp. IX.

       El Código Civil dispone un término prescriptivo de 15 años para presentar esta acción. Art. 1864 del Código Civil, 31 LPRA see. 5294.

       4 LPRAAp. EX

       4 LPRA Ap. IX.

        In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 37 (2011); In re De León Rodríguez, 173 DPR 80, 88-89 (2008); In re Santos Rivera, 172 DPR 703, 709 (2007); In re Pujol Thompson, 171 DPR 683, 689 (2007).

        In re Rodríguez Villalba, 160 DPR 774, 780 (2003).

       4 LPRA Ap. IX.

        In re Nieves Rodríguez, 172 DPR 130, 134-135 (2007); In re Laborde Freyre, 159 DPR 697, 701 (2003).

        In re Alonso Santiago, 165 DPR 555, 563 (2005); In re Hernández Nazario, 159 DPR 63, 67-68 (2003).

        In re Acevedo Álvarez, 143 DPR 293, 298 (1997); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 239-240 (1984).

       4 LPRA Ap. IX.

        In re Rivera Lozada, 176 DPR 215, 227-228 (2009); In re Vázquez O’Neill, 121 DPR 623, 627 (1988).

        In re Sepúlveda, Casiano, 155 DPR 193, 207 (2001); In re Soto López, 135 DPR 642, 646 (1994).

        In re González Ortiz, 162 DPR 80, 85-86 (2004); In re Semidey Morales, 151 DPR 842, 844 (2000); In re Morales Soto, 134 DPR 1012, 1016 (1994).

       La Sentencia de Archivo señala que se desestimó el caso sin perjuicio según la Regla 39.1 de Procedimiento Civil sobre desistimiento por orden del tribunal y debido a la inactividad en el caso. 32 LPRA Ap. III. Sin embargo, entendemos que la Regla 39.2 era la aplicable. En las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, vigentes cuando se atendió el caso de la querellante, esta regla disponía: “Si el demandante dejare de cumplir con estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a solicitud del demandado, podrá decretar la desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra él”. 32 LPRA Ap. Ill, R. 39.2 (ed. 2001). No obstante, nuestra jurisprudencia aconsejaba que la desestimación del pleito no fuera la primera opción de los tribunales para lidiar con la inactividad en el trámite de los casos. Esto para cumplir con la política pública de la Rama Judicial de que los casos se resolvieran en sus méritos y para que las partes no se vieran afectadas por actitudes irresponsables de sus representantes legales. Véase Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, marzo de 2008, págs. 456-457. Por eso, la Regla 39.2(a) de 2009, equivalente a la anterior y vigente actualmente, dispone:

        “Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada podrá decretar la desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra ésta o la eliminación de las alegaciones, según corresponda.
      “Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones tan sólo procederá después que el tribunal, en primer término, haya apercibido al abogado o abogada de la parte de la situación y se le haya concedido la oportunidad para responder. Si el abogado o abogada de la parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y se notificará directamente a la parte sobre la situación. Luego de que la parte haya sido debidamente informada o apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda tener el que la misma no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal concederá a la parte un término de tiempo razonable para corregir la situación que en ningún caso será menor de treinta (30) días, a menos que las circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el término”. 32 LPRAAp. V.

        In re Maduro Classen, 137 DPR 426 (1994), que es un caso similar al presente. Véase, también, In re Rosario, 116 DPR 462 (1985).

        In re Colón Morera, 172 DPR 49, 59 (2007); In re Vélez Barlucea, 152 DPR 298, 310-311 (2000).


text:
      In re José M. Molina Oliveras, querellada.

      Número: AB-2008-0221

      Resuelto: 30 de mayo de 2013

      Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradora general auxiliar, Zaira Z. Girón Anadón y Tatiana Grajales Torruella, subprocuradoras generales; Juan M. Sánchez Silva, querellante; José M. Sagardía Pérez, abogado del querellado.
   RESOLUCIÓN

El 15 de agosto de 2008 el Sr. Juan M. Sánchez Silva presentó una queja ante este Tribunal contra el Ledo. José Molina Oliveras, en la que le imputó que hizo una falsa representación como Fiscal cuando en realidad se desempeñaba como empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). A continuación esbozamos los antecedentes fácticos e incidentes procesales ante nuestra consideración.

I

El Ledo. José M. Molina Oliveras (licenciado Molina Oliveras o querellado) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 6 de julio de 1994 y prestó juramento como notario el 16 de mayo de 1999. No obstante, el 10 de septiembre de 2003 renunció a su función como notario. El querellado fue nombrado Fiscal Auxiliar II desde el 2002 hasta su renuncia en el 2010. Al licenciado Molina Oliveras se le concedió una licencia sin sueldo en el 2004 a solicitud del presidente de la AAA, específicamente para atender la situación de amenaza de huelga que enfrentaba dicha agencia. Precisamente, es a partir de ese evento huelgario que surge la queja instada en su contra.

El Sr. Juan Sánchez Silva (señor Sánchez Silva o quejoso), quien era empleado de la AAA y miembro de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA), estuvo implicado en un incidente el 3 de diciembre de 2004 durante una huelga contra la AAA. Al quejoso se le imputó agredir a otro empleado unionado que intentaba cruzar la línea de huelga en unas instalaciones de esa corporación pública en Aguada, Puerto Rico. A raíz de este suceso, el agente Gustavo Pellot Ruiz (agente Pellot Ruiz) se presentó al lugar de los hechos para investigar lo ocurrido.

Subsiguientemente, el 6 de diciembre de 2004 se presentaron las denuncias por los delitos de agresión y alteración a la paz contra el señor Sánchez Silva. Escuchada la prueba, el foro primario determinó no causa en ambos cargos. Es pertinente mencionar que, a la Vista de Regla 6 comparecieron el señor Sánchez Silva, el abogado de la defensa, la alegada víctima de agresión, el agente Pellot Ruiz, un representante de la UIA y el licenciado Molina Oliveras, quien se identificó como Fiscal Auxiliar del Departamento de Justicia.

Luego de varios incidentes procesales, el señor Sánchez Silva presentó una queja ante este Tribunal contra el licenciado Molina Oliveras. Específicamente, argüyó que el querellado ejerció funciones como Fiscal durante la etapa investigativa y en la vista de causa probable para arresto, todo ello mientras fungía como Director de Seguridad Corporativa de la AAA. Por esa razón sostiene que el querellado indujo a engaño a todas las partes en el proceso judicial y que su conducta constituyó una “falsa e ilegal representación” como funcionario del Ministerio Público.

Por su parte, en la contestación a la queja el licenciado Molina Oliveras sostuvo que al momento de los hechos disfrutaba de una licencia sin sueldo de su cargo como Fiscal en el Departamento de Justicia y que laboraba en la AAA como Director de Seguridad Corporativa, Flota y Emergencias. Igualmente, alegó que su comparecencia a la vista de causa probable fue en representación de la AAA.

Atendidos los escritos de las partes, el 28 de enero de 2009 remitimos la queja a la Oficina del Procurador General y le ordenamos que realizara una investigación y que preparara un informed. Entre los hallazgos de la investigación efectuada por el Procurador General surge que, luego del incidente en la huelga, el licenciado Molina Oliveras se identificó como Fiscal ante el agente Pellot Ruiz en una comunicación telefónica que estos sostuvieron. Asimismo, instruyó al agente a presentar las denuncias por cargos criminales contra el quejoso. A esos efectos, el informe del incidente confeccionado por el agente el 4 de diciembre de 2004 menciona que el caso se citó “por instrucciones del Fiscal José Molina”.

El informe del Procurador General revela también que el día de la vista de causa probable para arresto, el quejoso y el agente Pellot Ruiz desconocían que el licenciado Molina Oliveras trabajaba para la AAA. Ambos coinciden en que el querellado asistió al proceso judicial en funciones como Fiscal puesto que, según estos, realizó interrogatorios y participó en la argumentación final durante la vista. Así también, el juez que presidió el proceso hizo constar la presencia del licenciado Molina Oliveras como representante del Ministerio Público en los pliegos de ambas denuncias.

Según la prueba presentada, el Procurador General coligió que el licenciado Molina Oliveras realizó una falsa representación al agente Pellot Ruiz, al tribunal y a los comparecientes en el proceso judicial al dar la impresión de estar autorizado a ejercer sus funciones como Fiscal. De igual forma, señaló que al beneficiarse de una licencia sin sueldo, el querellado no era un Fiscal en funciones, sino un empleado de la AAA con responsabilidades muy diferentes. En consecuencia, concluyó que la lealtad del querellado como funcionario de la AAA era con esa dependencia y no con el Ministerio Público, el cual en ese momento no lo supervisaba.

En atención a lo acaecido, el Procurador General puntualizó que existe un asunto de credibilidad sobre los detalles de la conversación entre el agente Pellot Ruiz y el querellado previo a la denuncia, así como sobre lo acontecido en la vista y sobre las funciones llevadas a cabo por el licenciado. No obstante, asevera que existe prueba clara, robusta y convincente para iniciar un procedimiento disciplinario contra el licenciado Molina Oliveras por infracción a los Cánones 35 y 38 del Código de Etica Profesional. Esto, pues el querellado realizó una falsa representación a los tribunales sobre que estaba autorizado y podía ejercer sus funciones como Fiscal en el referido caso.

Examinados los antecedentes fácticos de la queja que nos ocupa, pasemos a exponer las normas que rigen el marco ético profesional.

II

A. Como es sabido, “este Tribunal tiene el poder inherente para reglamentar la admisión a la profesión de abogado, así como para tomar acción disciplinaria contra [aquellos] miembro [s] de la profesión que viol [en] las leyes y los cánones del Código de Ética Profesional”, 4 LPRA Ap. IX. In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 416 (2011). Véanse: In re Rodríguez Vázquez, 176 DPR 168 (2009); In re Deynes Soto, 164 DPR 327 (2005).

En el ejercicio de esa facultad reglamentadora, en reiteradas ocasiones hemos resaltado “que los Cánones de Ética Profesional establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño de su delicada e importante labor”. In re Cotto Luna, 187 DPR 584 (2013). Véase In re Peña, Santiago, 185 DPR 764 (2012). Estas directrices disciplinarias tienen la finalidad de “promover un desempeño profesional y personal acorde con los más altos principios de conducta decorosa, ello para beneficio tanto de la profesión como de la ciudadanía y las instituciones de justicia del país”. In re Gervitz Carbonell, 162 DPR 665, 686 (2004). Véase In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542 (2000). Por tal razón, “[e]l desempeño de la abogacía requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia. La consecución de estos logros no admiten duda ni ambigüedad en la gestión profesional”. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 DPR 778, 784 (1984).

En torno a ese extremo, debemos puntualizar que en su Preámbulo, el Código de Ética Profesional dispone el deber de todo abogado “de desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e integridad”. Preámbulo del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 1 n. “Este mandato de moral profesional aplica siempre a todo ‘juez, fiscal, abogado postulante, asesor o en cualquier otro carácter’ ”. (Énfasis en el original). In re Colton Fontán, 128 DPR 1, 6 (1991).

Cónsono con lo enunciado, el Canon 35 dispone que “[l]a conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada”. Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. La importancia de este precepto yace en que “la verdad y la justicia están necesariamente juntas: por lo que sería intrínsecamente contradictorio administrar la justicia o reclamar su actuación, sin respetar la verdad”. (Énfasis suprimido). In re Colton Fontán, supra, pág. 112, citando a G. Del Vecchio, La obligación jurídica de la verdad, 11 Rev. Fac. Der. y C. Soc. Montevideo 13, 25 (1960). Consiguientemente, esta norma “dispone que no es sincero ni honrado utilizar medios que sean inconsecuentes con la verdad y que no se debe inducir al juzgador a error mediante la utilización de artificios o de una falsa relación de hechos o del Derecho”. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 41 (2011). Consecuentemente, “el abogado que provee al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, o que oculte información que deba ser revelada, incumple con este canon”. Id.

Por ello, hemos advertido que “la conducta de un abogado debe ser sincera y honrada frente a todos y ante todo tipo de acto”. In re Ojeda Martínez, 185 DPR 1068, 1074—1075 (2012). Véase In re Pons Fontana, 182 DPR 300 (2011). Se incumple con este deber por el simple hecho de faltar a la verdad. El escenario de cumplimiento de esta norma implica el comportamiento del abogado “frente a to-dos: clientes, compañeros abogados y tribunales”. In re Nieves Nieves, supra, pág. 42. Ello, pues es sobre los abogados en quienes “recae principalmente la misión de administrar la justicia” y, por consiguiente, estos tienen el deber de “conducirse siempre con integridad ante los foros judiciales”. íd. En estos casos, no es defensa el hecho que “no se obr[e] de mala fe, deliberadamente o sin la intención de engañar”, así como tampoco es excusa el que no se haya causado daño a tercero. Id., pág. 43. Lo esencial “para que se configure una infracción al Canon 35 es que se falte a los valores de honradez y veracidad, pilares de la profesión legal”. Id.

Por su parte, el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra, en lo pertinente, prescribe lo siguiente:

Canon 38. Preservación del honor y dignidad de la profesión El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia [...]
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. En observancia de tal conducta, el abogado debe abstenerse en absoluto de aconsejar y asesorar a sus clientes en otra forma que no sea el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial y a los organismos administrativos. (Enfasis suplido).

Vemos, pues, que este precepto ético establece la responsabilidad del letrado de exaltar el honor y la dignidad de la profesión mediante una conducta ejemplar. Asimismo, precisa mencionar que el deber de evitar la apariencia de conducta profesional impropia deriva del hecho de que cada letrado es un “espejo en el cual se refleja la imagen de la profesión, por lo que debe actuar, tanto en su vida profesional como en su vida privada, con limpieza, lealtad y el más escrupuloso sentido de responsabilidad”. In re Peña, Santiago, supra, pág. 781.

Esta obligación ética fomenta “la confianza del público en la imparcialidad de nuestro sistema judicial [...]”. García O’ Neill v. Cruz, 126 DPR 518, 527 (1990). Con ese propósito, se impone al abogado “el deber de lucir puro y libre de influencias extrañas a su gestión profesional y de eliminar la apariencia de que puede influenciar indebidamente en tal gestión”. Id.

Así, al interpretar el Canon 38 hemos dispuesto que “[b]asta con que en el ejercicio de la función de abogado su actuación sea incompatible con la situación y circunstancias del caso para que resulte obvio que la representación legal es impropia, por afectar la independencia profesional del abogado frente a otro interés público o privado”. García O’Neill v. Cruz, supra, pág. 525. Observamos, por consiguiente, que la incompatibilidad de funciones surge cuando un letrado se encuentra ejerciendo dos funciones antagónicas, opuestas o con intereses encontrados. Tal conducta incide ineludiblemente sobre el deber del abogado de aportar hacia la consecución de una mejor administración de la justicia y de evitar la apariencia de conducta impropia. Canon 38, supra. Así, en In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, pág. 788, señalamos:

En materia deontológica se acepta que uno de los requisitos para el ejercicio de la abogacía es la compatibilidad de la actuación con la situación y circunstancias. La premisa es sencilla: quien no sea independiente no está en condiciones de ejercer la profesión.

En cuanto a cómo se manifiesta la incompatibilidad de funciones, la doctrina reconoce que puede ser por razones de derecho o de hecho. In re Corona Muñoz I, 141 DPR 640, 647 (1996). La incompatibilidad de derecho “presupone ‘la existencia de alguna norma legal que establezca la prohibición del ejercicio de la abogacía y, a la vez, otra actividad, función o cargo’ ”. íd., pág. 647, citando a R. Bielsa, La abogacía, 3ra ed., Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1960, pág. 181. Mientras, la incompatibilidad de hecho se refiere a “cuando ambos puestos tienen incompatibilidades o conflictos más o menos permanentes en sus deberes, no meramente casuales”. In re Corona Muñoz I, supra, pág. 647.

Considerando los principios que rigen la conducta ética, pasemos al análisis sobre los deberes y las funciones de un abogado que desempeña el cargo de Fiscal.

B. La Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley 205-2004 (3 LPRA sec. 291 et seq.) (Ley Núm. 205) establece los deberes y las funciones del Fiscal. Entre estos, figura la responsabilidad “de instar las causas criminales, civiles y especiales comprendidas dentro del marco de sus respectivas obligaciones [...]”. 3 LPRA sec. 294x. Además, esta legislación le impone al Fiscal la obligación de observar las normas éticas en el ejercicio de su vida profesional y el deber de “[d]esempeñar su ministerio con integridad y capacidad y emitir un juicio informado en todas las situaciones manteniendo siempre un compromiso con la verdad y la justicia”. (Énfasis suplido). 3 LPRA sec. 294x(d).

Estos parámetros morales son fundamentales y permean la función de los integrantes del Ministerio Público. Ello, pues los Fiscales, como miembros de la profesión jurídica, no están relevados ni excusados de exhibir los estándares éticos que promueven la confianza en nuestro sistema de justicia. Más bien, dada la importancia de sus funciones, hemos sometido a los Fiscales “a estándares éticos más estrictos que los que obligan a la profesión en general, pues no sólo [están] obligado [s] a cumplir con los cánones que rigen la profesión de la abogacía, sino también a demostrar imparcialidad en su función inquisitiva”. (Énfasis suplido). In re Marrero García, 153 DPR 879, 893 (2001).

Esta obligación y responsabilidad más abarcadora guarda estrecha relación con el valor fundamental de asegurar la confianza en las instituciones públicas. Bien lo expresó este Tribunal por voz del ex Juez Asociado Negrón García, cuando afirmó que “la fortaleza o debilidad de las instituciones gubernamentales en una democracia guarda estricta correspondencia con la integridad o flaqueza de cada uno de sus funcionarios”. In re Colton Fontán, supra, pág. 6. En ese contexto, debemos ser firmes y vigilantes del delicado ligamen que tiene la función del Fiscal en la consecución de un orden legal justo, imparcial y democrático.

Considerando los hechos de la queja ante nos, es imperativo recordar y subrayar que

[e]l descargo de la función social de los miembros de la profesión jurídica está atado inexorablemente al sistema democrático puertorriqueño, fundamental para la vida de la comunidad y donde la fe de la justicia se considera factor determinante en la convivencia social, [por lo cual] es de primordial importancia instituir y mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía”. Preámbulo del Código de Ética Profesional, [supra]. In re Colton Fontán, supra, pág. 6.

Para ello, todo abogado tiene el deber de desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e integridad. Preámbulo, supra. Véase In re Colton Fontán, supra, pág. 6. En consecuencia, el fiscal, “como miembro de la clase togada [está] comprometido al esclarecimiento de la verdad y a procurar que se haga justicia [...]”. In re Pacheco Nieves, 104 DPR 566, 567 (1976), voto concurrente y disidente. Véase In re Colton Fontán, supra.

Acorde con lo intimado, hemos reconocido que la misión del Fiscal es “difícil y compleja”, ya que está vinculada “ ‘al problema de las libertades fundamentales de la persona frente al Estado’ ”. In re Colton Foltán, supra, pág. 7, citando a C.A. Ayarragaray, El Ministerio Público y la libertad, XXXII (Núm. 3) Rev. C. Abo. Buenos Aires 208 (1954). Precisamente, por las peculiaridades del cargo de Fiscal, la Corte Suprema de Estados Unidos ha enfatizado la importancia de administrar el Ministerio Público con “valentía e independencia”. Imbler v. Pachtman, 424 US 409, 423-424 (1976).

Guiados por estos principios vitales e imprescindibles para la protección de los valores de libertad y justicia en un sistema republicano de gobierno, nos hemos expresado sobre el cuidado ético que debe ejercer un Fiscal cuando ocupa otro puesto en el servicio público. A esos efectos, en In re Corona Muñoz I, supra, pág. 642, concluimos que un Fiscal que disfruta de una licencia sin sueldo concedida por el Secretario de Justicia estaba impedido legalmente de suscribir un contrato de servicios profesionales para ejercer como Oficial Investigador del Senado. Así, expresamos lo siguiente:

Una licencia administrativa sin sueldo, que haya sido concedida por el Secretario de Justicia, sólo releva al Fiscal de descargar temporalmente sus deberes y responsabilidades. Esta no altera la investidura legal de su cargo y de su condición de Fiscal; tampoco le priva de sus prerrogativas. No representa la libertad de desempeñarse como abogado (Oficial Investigador del Senado), pues existe una absoluta incompatibilidad —prohibición legal tajante— impuesta por la propia Asamblea Legislativa, en virtud de las características y de las limitaciones inherentes dimanantes del cargo. (Énfasis en el original). Id., pág. 642.

Específicamente, al evaluar los hechos del caso según la ley vigente al momento, identificamos:

Evidentemente estamos ante un contrato típico de prestación de servicios profesionales de abogado. Así lo caracteriza el propio Fiscal Corona Muñoz al comparecer y suscribirlo como “Licenciado”, no como fiscal. De su faz, ello choca contra la prohibición establecida de que ningún Fiscal puede ejercer la abogacía fuera del ámbito de sus funciones como Fiscal. No puede argüirse de que lo hizo como Fiscal, pues una licencia sin sueldo no autoriza a un fiscal a ser investigador de otra agencia o poder contratar con esto un aumento de sueldo más allá del establecido por ley. (Énfasis en el original). In re Corona Muñoz I, supra, pág. 646.

De esa forma, afirmamos en aquella ocasión que una licencia sin sueldo releva al Fiscal temporeramente de sus deberes y responsabilidades, mas no lo separa del cargo, íd., pág. 648.

Cabe destacar que para ese entonces estaba vigente la Ley Núm. 9 de 9 de marzo de 1905 (1904-1905 Leyes de Puerto Rico 191) (Ley Núm. 9), que prohibía a los Fiscales “ejercer la Abogacía” de manera general. Por tal fundamento, en In re Corona Muñoz I, supra, concluimos que ocupar simultáneamente el puesto de Fiscal y el de Investigador del Senado violaba “la prohibición establecida de que ningún Fiscal puede ejercer la abogacía fuera del ámbito de sus funciones como Fiscal”. (Enfasis suprimido). íd., pág. 646. En consecuencia, determinamos que existía una incompatibilidad de derecho entre ambos puestos.

Sin embargo, esta ocasión nos brinda la oportunidad de interpretar por primera vez los cambios acontecidos en las limitaciones impuestas al Fiscal en cuanto al ejercicio de la abogacía. Esto, pues en el 2004 la precitada Ley Núm. 205 derogó la prohibición establecida en la Ley Núm. 9 y estableció la restricción vigente por la cual los Fiscales y Procuradores están vedados del “ejercicio privado de la abogacía y la notaría mientras ocupen sus respectivos cargos”. 3 LPRA sec. 294v. Como se puede observar, a diferencia de la derogada Ley Núm. 9, que prohibía el ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos, la legislación vigente solo prohíbe el ejercicio de la profesión en el sector privado. En consecuencia, un Fiscal puede ocupar otro puesto en el sector público si cuenta con la debida autorización para hacerlo. No obstante, ello no lo releva de sus responsabilidades éticas antes descritas.

A la luz de este marco doctrinario, procede atender los méritos de la queja que tenemos ante nuestra consideración.

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De los hechos expuestos surge claramente que el licenciado Molina Oliveras ocupaba dos cargos al momento de celebrarse la vista de causa probable contra el señor Sánchez Silva por el incidente ocurrido en las instalaciones de la AAA. Esto es, el querellado ocupaba la posición de Fiscal Auxiliar II en el Departamento de Justicia, donde disfrutaba de mía licencia sin sueldo, y a su vez laboraba como Director de Seguridad Corporativa de la AAA. Asimismo, surge del legajo que el querellado fue notificado del incidente y que, al recibir la comunicación de parte del agente Pellot Ruiz, se identificó como Fiscal y le instruyó a someter las denuncias contra el quejoso. Además, el licenciado Molina Oliveras compareció al proceso judicial en contra del señor Sánchez Silva actuando como funcionario del Ministerio Público. Ello al punto de que el propio juzgador que presidió la Vista de Regla 6 lo identificó como Fiscal.

En cada instancia, a saber, desde su intervención con el agente Pellot Ruiz en la investigación de los hechos hasta su participación en la Vista de Regla 6 contra el quejoso, el licenciado Molina Oliveras ejerció su posición de representante del Ministerio Público. El querellado se identificó como Fiscal y ejerció funciones durante el procesamiento criminal al interrogar a los testigos y argumentar el caso ante un juez. Ello, mientras ocupaba el puesto de Director de Seguridad de la AAA y disfrutaba de una licencia sin sueldo por el cargo de Fiscal.

De esta forma, frente al agente Pellot Ruiz, al quejoso y al magistrado, el licenciado Molina Oliveras actuó deshonrosamente, induciéndolos a creer que era un representante imparcial del Pueblo. Ello así, cuando en realidad estaba desempeñándose como empleado de la AAA, entidad que claramente tenía interés en el procesamiento criminal del quejoso. En ese contexto, es evidente la incompatibilidad de funciones. No existe duda alguna que el desempeño de ambos puestos desplegaba funciones antagónicas, opuestas y con intereses encontrados. Es ineludible concluir que el querellado no podía descargar objetivamente su función de Fiscal, pues disfrutaba de una licencia sin sueldo y su lealtad estaba con la AAA. La licencia sin sueldo que le fue conferida jamás constituyó una autorización para utilizar las prerrogativas del cargo de Fiscal en aras de adelantar los intereses de la agencia para la cual trabajaba.

Estas acciones laceran la conducta que debe observar un Fiscal que disfruta de una licencia sin sueldo y que labora en otro cargo en el servicio público. Al ocupar el puesto de Director de la Oficina de Seguridad y Emergencia con la AAA, el licenciado Molina Oliveras ejercía funciones patentemente diferenciables de las de un Fiscal. Esas responsabilidades le imponían un deber de lealtad para con la corporación. Consecuentemente, este no poseía la independencia de criterio ni la imparcialidad necesaria para ejercer cabal y éticamente su cargo como representante del Ministerio Público.

Como expusimos, el letrado asistió al tribunal mediante una falsa representación, cuando en realidad representaba a la AAA y sus intereses eran claramente incompatibles con la imparcialidad que se le requiere al Ministerio Público. Esas acciones condujeron a que todas las partes identificaran erróneamente al querellado como un Fiscal autorizado a ejercer en el proceso judicial, ello en contravención de lo establecido en el Canon 35, supra. La conducta de inducir a un foro judicial a tal error constituye una falta de sinceridad y honradez altamente reprochable a la luz de los estándares éticos que rigen la práctica de nuestra profesión y aseguran la confiabilidad del sistema de justicia.

Hemos observado que la Ley Núm. 205, supra, no prohíbe que un Fiscal, mientras disfruta de una licencia sin sueldo, ejerza la abogacía en el sector público. Ahora bien, en virtud de esa concesión, este debió abstenerse de ejercer funciones delegadas al Ministerio Fiscal. Más aún cuando los intereses de ambos puestos eran claramente incompatibles. Recordemos que el cargo de Fiscal requiere, sobre todo, imparcialidad en su función investigativa e inquisitiva, mientras que el Director de Seguridad Corporativa de la AAA tiene la obligación de velar y defender los intereses de esa dependencia pública. No hay duda de que la conducta del licenciado Molina Oliveras menoscabó su deber de integridad, capacidad e independencia, criterios necesarios para desempeñarse honrosamente en el cargo de Fiscal. Por consiguiente, colegimos que las acciones del querellado, más allá de propiciar la apariencia de conducta impropia e infringir el Canon 38, supra, amancillaron la dignidad de la profesión, así como la fe en y seguridad de nuestras instituciones.

El despliegue de esta conducta es reprensible, pues no solo violenta los estándares éticos de la abogacía, sino que debilita “la confianza del público en la imparcialidad de nuestro sistema judicial [...]”. García O’Neill v. Cruz, supra, pág. 527. Este postulado cobra mayor importancia en el caso de un Fiscal, que se rige por estándares éticos más estrictos y está llamado “al esclarecimiento de la verdad y a procurar que se haga justicia [...]”. In re Pacheco Nieves, supra, pág. 567. Como hemos reiterado, resulta contradictorio que se administre la justicia mientras se demuestra un claro menosprecio a la verdad, ya que ambos principios son esenciales para proteger las libertades y los derechos que garantizan nuestro sistema republicano de gobierno. In re Colton Fontán, supra, pág. 112.

Constatadas las faltas éticas imputables al licenciado Molina Oliveras, solo resta determinar la sanción disciplinaria que procede imponer. Para guiar nuestra discreción al momento de imponer sanciones por infracciones éticas, hemos delimitado los criterios siguientes:

(i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si esta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) el resarcimiento al cliente, y (vii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien según los hechos. In re Cotto Luna, supra, pág. 11.

Ahora bien, aunque el letrado ha desplegado una conducta reprochable según los estándares del Código de Ética Profesional, debemos señalar que está admitido al ejercicio de la abogacía desde hace aproximadamente diecinueve años y que presentó su renuncia al cargo de Fiscal en el 2010. Como atenuante, surge el hecho que el querellado ha gozado de buena reputación en el periodo de tiempo durante el cual ha pertenecido a la profesión de la abogacía. Esta, además, es la primera falta ética del licenciado Molina Oliveras en su récord profesional.

Concluimos, pues, que el letrado infringió los Cánones 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. En atención a ello, reafirmamos que actuaciones de esta naturaleza no serán toleradas por este Tribunal, ya que menoscaban el respeto que se exige ante los tribunales y minan la confianza del Pueblo en nuestro sistema de justicia. Así, con el propósito de evitar la repetición de conductas como esta, hacemos un llamado general a los fiscales que se desempeñan en otros puestos del sector público para que observen los estándares disciplinarios de la profesión de la abogacía. De esta forma, advertimos que exigiremos más de ellos por la importancia y el significado de su puesto en la administración de justicia.

IV

Por los fundamentos que anteceden, censuramos enérgicamente las acciones del licenciado Molina Oliveras y se le apercibe que, de repetirse otra situación o conducta que incida sobre la normativa ética que rige la abogacía, este Tribunal podría imponerle sanciones disciplinarias más severas, incluyendo la suspensión indefinida del ejercicio de la profesión. Advertimos a los fiscales que se desempeñan en puestos públicos con el beneficio de una licencia sin sueldo que deben ser prudentes y observar los parámetros de ética de la profesión, absteniéndose de ejercer ilegalmente su cargo. Actuaciones de esta índole no pueden tomarse livianamente, pues de ello dependen la honra de la profesión y los fundamentos que sostienen la delicada balanza que asegura el funcionamiento íntegro y objetivo de nuestro sistema de gobierno. Ahora bien, luego de considerar la totalidad de las circunstancias y en el ejercicio de nuestra discreción, se archiva la queja.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no interviene. El Juez Asociado Señor Kolthoff Carabailo no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

       Véase Moción en cumplimiento de orden, presentada por el Ledo. José Molina Oliveras, pág. 2.

       Apéndice del Informe del Procurador General, pág. 11.

       íd. Véase la Moción en cumplimiento de orden, presentada por el Ledo. José Molina Oliveras.

       Queja AB-2008-221, pág. 2.

       Íd.

       Contestación a queja, pág. 2. No obstante, en su Moción en cumplimiento de orden, pág. 2, el licenciado señala que ambas funciones eran compatibles, pues “se dirigían a proteger vida y propiedad, así como el procesamiento de los infractores de los reglamentos y las leyes aplicables en la [AAA]”. Por ello, aduce que esa fue una de las razones por las que se le aprobó la licencia. Además, el licenciado admite que habló con el agente Pellot Ruiz y que este le informó sobre el incidente acaecido en la huelga. Sostiene que, como Fiscal, tenía el deber ministerial de investigar y proceder a someter el caso lo antes posible.

       Declaración jurada de José Miguel Molina Oliveras de 3 de noviembre de 2008, pág. 2, que acompaña la Contestación a la queja.

       El 4 de junio de 2009 acogimos una solicitud de la Oficina del Procurador General para paralizar los procedimientos disciplinarios contra el licenciado Molina Oliveras mientras la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia investigaba si el querellado incurrió en violaciones administrativas en sus funciones como Fiscal. Sin embargo, la investigación del Inspector General concluyó, porque el 31 de julio de 2010 se hizo efectiva la solicitud de renuncia del licenciado Molina Oliveras a su puesto de Fiscal. Véase Informe del Procurador General, pág. 3.

       Apéndice del Informe del Procurador General, pág. 12.

       íd., págs. 12 y 15.

       íd.

       íd., págs. 4-5.

       Informe del Procurador General, pág. 7.

       íd.

       íd., pág. 5.

       Señalamos: “Como la ley expresamente le prohíbe al Fiscal Corona Muñoz ejercer la abogacía, existe claramente una incompatibilidad de derecho, por razón del cargo de Fiscal que ocupa, de ser, a la vez, abogado [...]”. (Énfasis en el original). In re Corona Muñoz I, 141 DPR 640, 647 (1996).

       En su Moción en Cumplimiento de Orden, el querellado admite que habló con el agente Pellot Ruiz y que le instruyó que sometiera los cargos contra el quejoso lo antes posible. Indica, pues, que este era su “deber ministerial”. Véase esc. 6.

       Véase Apéndice del Informe del Procurador General, págs. 4-5.