source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de la Concesión de los Días 2 de Abril, 31 de Julio, 20 y 27 de Noviembre, 24 de Diciembre de 2015 y El 5 de Enero de 2016.

      Número: EM-2015-01

      Resuelto: 24 de marzo de 2015
   RESOLUCIÓN

La Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta, emitió la Orden Administrativa OAJP-2015-038 para extender la vi-gencia de la Orden Administrativa OAJP-2014-006, sobre medidas de control de gastos, hasta el 30 de junio de 2017. Como parte de estas medidas se emitió, además, la Orden Administrativa OAJP-2015-039 para decretar el cierre total de los tribunales en las fechas siguientes:

2 de abril de 2015
31 de julio de 2015
20 y 27 de noviembre de 2015
La mañana del 24 de diciembre de 2015
5 de enero de 2016

En virtud de nuestra facultad para reglamentar los pro-cedimientos judiciales, se dispone que al computar los tér-minos establecidos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dis-puesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 LPRA sees. 72 y 73) y se considerarán estos días como feriados. Cualquier término que venza durante esos días se extenderá hasta el próximo día laborable de cada fecha.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señor Kolthoff Caraballo, Señor Rivera García y Señor Estrella Martínez hacen constar las expresiones siguientes: “Una vez adoptada la medida ad-ministrativa de decretar el cierre total de los tribunales, estoy conforme con la acción consecuente de extender los términos correspondientes. Oponerse a esta extensión con-llevaría limitar aún más los servicios y el acceso de la ciu-dadanía a presentar oportunamente sus reclamos. Ahora bien, resulta imperativo reiterar las alternativas descarta-das contenidas en los respectivos votos disidentes emitidos en la Resoluciones ER-2015-1 y ER-2015-2 que, como cues-tión de hecho, generarían ahorros mucho más sustanciales que las medidas adoptadas al presente y que continúan atentando contra el acceso a la justicia”.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Jesús R. Moll Fariña.

      Número: TS-3374

      Resuelto: 24 de marzo de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe.
   per curiam:

Ante la indiferencia demostrada por un miembro de la profesión legal al incumplir con los requisi-tos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), así como por hacer caso omiso a los requerimientos del PEJC y de este Tribunal, nos vemos forzados a ordenar su suspensión indefinida.

I

El Ledo. Jesús R. Moll Fariña fue admitido al ejercicio de la abogacía el 9 de enero de 1970.() El 10 de octubre de 2014 la Directora del PEJC, en representación de la Junta de Educación Jurídica Continua, presentó ante nosotros un Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua. Explicó que, debido a que el licenciado Moll Fariña incumplió con los requisitos del PEJC durante el periodo de 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009,() se le envió un Aviso de Incumplimiento el 3 de septiembre de 2009. A pesar de que en el aviso una de las alternativas que se le otorgó fue 60 días adicionales para tomar los cur-sos, el licenciado Moll Fariña no tomó los cursos adeudados ni pagó la cuota por cumplimiento tardío. Como consecuen-cia, el 1 de septiembre de 2011 el PEJC lo citó a una vista informal a celebrarse el 23 de septiembre de 2011. La in-comparecencia del licenciado Moll Fariña a dicha vista conllevó que se remitiera el asunto a la consideración de este Tribunal para que tomáramos conocimiento de la si-tuación, le concediéramos un término final al licenciado Moll Fariña para que subsanara la deficiencia y emitiéra-mos cualquier dictamen que procediera en derecho.

En atención a ello, el 31 de octubre de 2014 —notificada el 5 de noviembre de 2014— emitimos una Resolución en la cual concedimos al licenciado Moll Fariña un término de 20 días para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión de la abo-gacía por incumplir con el Programa cuando se le requirió. Al presente, el licenciado Moll Fariña no ha comparecido. Es importante destacar que todas las comunicaciones previa-mente mencionadas se cursaron a la dirección del licenciado Moll Fariña que consta en el Registro Único de Abogados y Abogadas (RUA) y que ninguna fue devuelta. Examinemos la normativa aplicable a este asunto.

II

Los abogados y las abogadas admitidos a la prác-tica en nuestra jurisdicción tienen la obligación de “reali-zar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de ex-celencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejora-miento profesional [...]”.() En sintonía con el deber antes expuesto y en virtud de nuestro poder inherente para re-glamentar la profesión de la abogacía, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación Jurídica Continua() y, poste-riormente, el Reglamento del Programa de Educación Ju-rídica Continua (Reglamento del PEJC).()

Estos reglamentos se adoptaron para establecer un pro-grama de educación jurídica continua que contribuyera al mejoramiento profesional de los abogados y las abogadas, así como a la actualización de sus conocimientos y destre-zas jurídicas.()_Todo ello para fomentar el ejercicio de la profesión dentro de los más altos niveles de calidad y competencia. ()

En lo pertinente, el Reglamento del PEJC exige a quienes ejercen la abogacía que, de no estar exentos, aprueben como mínimo 24 horas crédito en cursos sobre educación jurídica. Estos cursos son acreditables cada dos años.() Además, dispone que todo profesional del Derecho debe presentar ante la Junta de Educación Jurídica Continua un informe que acredite el cumplimiento de las 24 horas crédito durante los 30 días siguientes a la terminación de cada periodo de cumplimiento.()

Cuando algún miembro de la profesión no cumple con los requisitos del PEJC, como primer paso, la Junta de Educación Jurídica Continua le envía un Aviso de Incumplimiento.() Como alternativa para el cumplimiento, el Reglamento del PEJC permite que los abogados y las abo-gadas puedan cumplir tardíamente con las obligaciones que les impone dicho programa. Para ello, deben presentar un escrito en el cual expliquen las razones de la tardanza y paguen la cuota correspondiente dentro de los 30 días si-guientes a la notificación del Aviso de Incumplimiento^)

En caso de que el abogado o la abogada no cumpla con lo requerido, la Junta de Educación Jurídica Continua le cita a una vista informal en la que podrá presentar prueba y exponer las razones que justifican su proceder. () Si el abo-gado o la abogada no comparece a la celebración de la vista, el asunto se remite a la consideración de este Tribunal.() En el pasado hemos ejercido nuestra facultad disciplinaria para suspender del ejercicio de la profesión a abogados y abogadas que no cumplen con los requisitos del PEJC ni atienden sus requerimientos, así como las órdenes de este Tribunal. Véanse: In re Del Campo Alomar, 188 DPR 587 (2013); In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Grau Collazo, 185 DPR 938 (2012).

En este contexto, el Canon 9 del Código de Ética Profesional exige que la conducta de los miembros de la abogacía hacia los tribunales se caracterice por el mayor respeto.() De este precepto emana la ineludible obligación de quienes ejercen la profesión legal de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012); In re Grau Collazo, supra, págs. 943-944; In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382, 384 (2011).

En infinidad de ocasiones hemos reiterado que no aten-der las órdenes de este Tribunal tiene como consecuencia la suspensión del ejercicio de la profesión, pues demuestra dejadez e indiferencia a nuestros apercibimientos. In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 125 (2013); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 430 (2010). De igual forma, la actitud de no cumplir con las órdenes del Tribunal denota menospre-cio hacia nuestra autoridad, por lo cual dicha conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Etica Profesional. In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013); In re Fiel Martínez, supra, págs. 430-431.

A pesar de ser enfáticos con la norma antes señalada, en repetidas ocasiones nos hemos visto obligados a suspender abogados y abogadas por mostrar una actitud de indiferen-cia y dejadez con relación a nuestros requerimientos. In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244, 249 (2013); In re Colón Olivo, 187 DPR 659, 663 (2013); In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579, 581 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 DPR 841, 843-844 (2011). Apliquemos este marco legal a los he-chos ante nuestra consideración.

III

Según expuesto previamente, el licenciado Moll Fariña no tomó ningún curso de educación jurídica continua du-rante el periodo del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009, incumpliendo así con lo requerido por el Reglamento del PEJC. Asimismo, el PEJC le concedió la oportunidad de cumplir con su obligación, aunque fuera tardíamente, y justificar su incumplimiento para evitar así la imposición de una medida disciplinaria en su contra. Sin embargo, el licenciado Moll Fariña ignoró las notificaciones y los avisos enviados por el PEJC.

Se añade al patrón de incumplimiento desplegado por el licenciado Moll Fariña que éste también hizo caso omiso a la Resolución que emitió este Tribunal el 31 de octubre de 2014 mediante la cual se le ordenó mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profesión de la abogacía por incumplir con los requisitos del PEJC y no comparecer cuando se le citó.

Cabe mencionar que todas las comunicaciones cursadas al licenciado Moll Fariña se remitieron a la dirección que surge del RUA y que ninguna fue devuelta. No podemos entonces tolerar que miembros de la profesión legal actúen con indiferencia y despreocupación ante sus obligaciones y más aún ante los requerimientos de este Tribunal. Al no comparecer ante nosotros y mostrar causa por la que no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía, el licen-ciado Moll Fariña mostró menosprecio hacia nuestra autoridad.

Todo lo anterior nos obliga a decretar la suspensión in-mediata e indefinida del licenciado Moll Fariña del ejerci-cio de la abogacía. Así pues, se le impone el deber de noti-ficar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per cu-riam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Surge del expediente que el licenciado Moll Fariña no es notario.

      (2) Cabe mencionar que, según el Informe presentado, el licenciado Moll Fariña también incumplió con los requisitos del PEJC durante los periodos de 1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2011 y de 1 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2013. Sin embargo, con relación a estos periodos no se ha citado al licenciado Moll Fariña a una vista informal.

      (3) Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX.

      (4) Véase In re Regl. Educ. Jur. Cont., 146 DPR 494 (1998).

      (5) Véase In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR. 555 (2005).

      (6) íd.

      (7) íd.

      (8) Regla 5(9) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (Reglamento del PEJC), 4 LPRAAp. XVII-E. Véase, además, Regla 6 del Re-glamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (4 LPRAAp. XV1I-D).

      (9) Regla 28 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (10) Regla 29 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (11) Regla 30 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVTI-E.

      (12) Reglas 31 y 32 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (13) Regla 32 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (14) 4 LPRAAp. IX.


text:
      In re Carmelo E. Burgos González.

      Número: TS-9353

      Resuelto: 24 de marzo de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal debido a su craso incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC), así como su indiferencia a los requerimientos del Programa y de este Tribunal. No tenemos otra alternativa que decretar la suspensión indefinida del Ledo. Carmelo E. Burgos González del ejercicio de la abogacía. Veamos los hechos que ameritan nuestra intervención.

I

El licenciado Burgos González fue admitido al ejercicio de la abogacía el 2 de enero de 1990.() Surge de su expe-diente personal que no satisfizo los requisitos del PEJC para el periodo de 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009, es decir, no tomó ni acreditó haber tomado ningún curso de educación jurídica para dicho periodo. Por esta inobservancia, el 3 de septiembre de 2009 el PEJC le cursó un Aviso de Incumplimiento, mediante el cual le informó de la situación y le concedió —entre otras alternativas— 60 días adicionales para que tomara los cursos y cumpliera con el periodo de referencia. Cabe mencionar que el licen-ciado Burgos González tampoco pagó la cuota relacionada con el cumplimiento tardío.

Transcurrido el tiempo en exceso y sin tener noticias del licenciado Burgos González, el PEJC lo citó mediante co-municación de 1 de septiembre de 2011 para una vista informal que se celebraría el 23 de septiembre de 2011. En la alternativa, se le concedieron 10 días para que compare-ciera por escrito. El licenciado Burgos González no compa-reció a la vista citada ni presentó un escrito. Ante ello, el Oficial Examinador recomendó remitir el asunto a nuestra atención.

El 10 de octubre de 2014 la Directora del PEJC, en re-presentación de la Junta de Educación Jurídica Continua, presentó a este Tribunal un Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua. En dicho In-forme detalló los trámites que anteceden en cuanto al licen-ciado Burgos González y manifestó su preocupación por la actitud pasiva que éste había demostrado para cumplir con los requisitos del PEJC y atender sus comunicaciones. Aun así, la Directora del PEJC nos solicitó que le concediéramos al licenciado Burgos González un término final para cumplir con los requisitos del PEJC.()

En atención a ello, mediante Resolución de 31 de octubre de 2014, notificada el 7 de noviembre de 2014, le concedimos al licenciado Burgos González un término de 20 días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos del PEJC y por no comparecer al Programa cuando se le requirió. El licenciado Burgos González no se inmutó ante nuestra orden. Conviene señalar que todas las comunicacio-nes previamente mencionadas se cursaron a la dirección postal del licenciado Burgos Gonzalez que consta en el Re-gistro Único de Abogados y Abogadas (RUA) y que ninguna fue devuelta. Examinemos el derecho aplicable a este asunto.

II

Los miembros de la profesión legal están obligados a “realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional [...]”.() En virtud de nuestro po-der inherente para reglamentar la profesión de la abogacía y en sintonía con el deber antes expuesto, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación Jurídica Continual() y, posteriormente, el Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua (Reglamento del PEJC).()

El fundamento para la adopción de dichos cuerpos regla-mentarios fue establecer un programa de educación jurídica continua que contribuyera al mejoramiento profesional de los abogados y las abogadas, así como a la actualización de sus conocimientos y destrezas jurídicas,() y fomentar así el ejercicio de la profesión dentro de los más altos niveles de calidad y competencia.()

El Reglamento del PEJC exige a los profesionales del Derecho admitidos a la práctica que, de no estar exentos, aprueben como mínimo 24 horas crédito en cursos sobre educación jurídica. Estos cursos son acreditables cada dos años.() Asimismo, dispone que todo profesional del Derecho debe presentar ante la Junta de Educación Jurídica Continua un informe que acredite el cumplimiento de las 24 horas crédito, dentro de los 30 días siguientes a la terminación de cada periodo de cumplimiento.()

Cuando algún miembro de la profesión no cumple con los requisitos del PEJC, en primera instancia, la Junta de Educación Jurídica Continua le envía un Aviso de Incumplimiento.!) Como alternativa para el cumpli-miento, el Reglamento del PEJC permite que los abogados y las abogadas puedan cumplir tardíamente con las obliga-ciones que les impone dicho Programa. Para ello, es nece-sario presentar un escrito en el cual se expliquen las razo-nes de la tardanza y se pague la cuota correspondiente dentro de los 30 días siguientes a la notificación del Aviso de Incumplimiento.!)

En caso de que el abogado o la abogada no cumpla con lo requerido, la Junta de Educación Jurídica Continua le cita a una vista informal en la que podrá presentar prueba y ex-poner las razones que justifican su proceder.!) Si el abo-gado o al abogada no comparece a la celebración de la vista, el asunto se remite a la consideración de este Tribunal.!) En pasadas ocasiones hemos ejercido nuestra facultad dis-ciplinaria para suspender del ejercicio de la profesión a abo-gados y abogadas que no cumplen con los requisitos del PEJC ni atienden sus requerimientos, así como las órdenes de este Tribunal. Véanse: In re Del Campo Alomar, 188 DPR 587 (2013); In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013); In re Grau Collazo, 185 DPR 938 (2012).

Por otra parte, el Canon 9del Código de Ética Profesional exige que la conducta de los abogados hacia los tribunales se caracterice por el mayor respeto.() De este precepto emana la ineludible obligación de los miembros de la profesión legal de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012); In re Grau Collazo, supra, págs. 943-944; In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382, 384 (2011).

En infinidad de ocasiones hemos reiterado que no aten-der las órdenes de este Tribunal tiene como consecuencia la suspensión del ejercicio de la profesión, pues demuestra dejadez e indiferencia a nuestros apercibimientos. In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 125 (2013); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 430 (2010). De igual forma, la actitud de no cumplir con las órdenes del Tribunal denota menospre-cio hacia nuestra autoridad, por lo cual dicha conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional. In re Guzmán Rodríguez, 187 DPR 826, 829 (2013); In re Fiel Martínez, supra, págs. 430-431.

A pesar de repetir en múltiples instancias la norma antes expuesta, frecuentemente nos vemos en la obligación de suspender abogados y abogadas por mostrar una acti-tud de indiferencia y dejadez con relación a nuestros requerimientos. In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244, 249 (2013); In re Colón Olivo, 187 DPR 659, 663 (2013); In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579, 581 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 DPR 841, 843—844 (2011). Apliquemos este marco legal a los hechos ante nuestra consideración.

III

Según expuesto previamente, el licenciado Burgos Gon-zález no cumplió con las horas crédito requeridas por el Reglamento del PEJC durante el periodo del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009. Surge de su expediente personal que para el referido periodo no tomó ningún curso de educación jurídica. El trámite procesal corrobora que al li-cenciado Burgos González se le dio la oportunidad de ser oído y tiempo en exceso razonable para cumplir con su obligación. El 3 de septiembre de 2009 el PEJC le envió un Aviso de Incumplimiento y le concedió 60 días adicionales para que tomara los cursos requeridos. El licenciado Bur-gos González ignoró el aviso. Casi 2 años más tarde, el 1 de septiembre de 2011, el PEJC lo citó para una vista informal a celebrarse el 23 de septiembre de 2011 y le dio la alternativa de comparecer por escrito. El licenciado Burgos González hizo caso omiso a esta segunda oportunidad.

Ante la indiferencia mostrada, la Directora del PEJC solicitó nuestro auxilio para que el licenciado Burgos Gon-zález atendiera los requerimientos y cumpliera con su obli-gación como miembro de la profesión de la abogacía. Este Tribunal emitió una Resolución el 31 de octubre de 2014 —notificada el 7 de noviembre de 2014— mediante la cual lé otorgamos al licenciado Burgos González 20 días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía. Han transcurrido 4 meses desde dicha Resolución y el licenciado Burgos González no ha respondido a nuestra orden.

Todas las comunicaciones cursadas al licenciado Burgos González se remitieron a la dirección de correo postal que surge del RUA y ninguna fue devuelta. Es inaceptable que miembros de la profesión legal actúen con indiferencia y despreocupación ante sus obligaciones y más aún ante los requerimientos de este Tribunal. El licenciado Burgos Gon-zález actuó de forma censurable al no ser responsivo a las notificaciones que se le remitieron, tanto por el PEJC como por este Tribunal.

Aunque le ordenamos al licenciado Burgos González que mostrara causa por la que no debía ser suspendido del ejer-cicio de la abogacía, este ignoró nuestro llamado, mos-trando así dejadez y menosprecio hacia nuestra autoridad.

La falta de comunicación del licenciado Burgos Gonzá-lez nos obliga a decretar su suspensión inmediata e indefi-nida del ejercicio de la abogacía. Así pues, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per cu-riam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Surge del expediente que el licenciado Burgos González renunció al ejercicio de la notaría mediante carta de 12 de agosto de 1997. Dicha renuncia se autorizó a través de nuestra Resolución de 24 de octubre de 1997, una vez tomamos conoci-miento de que su obra notarial fue examinada, aprobada y entregada al Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de San Juan.

      (2) Del Informe presentado por la Directora del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) surge que el licenciado Burgos González tampoco ha cumplido con los requisitos reglamentarios del PEJC para los periodos del 1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2011 y del 1 de agosto de 2011 al 30 de julio de 2013.

      (3) Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX.

      (4) Véase In re Regl. Educ. Jur. Cont., 146 DPR 494 (1998).

      (5) Véase In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555 (2005).

      (6) íd.

      (7) íd.

      (8) Regla 5(9) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (Reglamento del PEJC), 4 LPRAAp. XVII-E. Véase, además, Regla 6 del Re-glamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (4 LPRAAp. XVII-D).

      (9) Regla 28 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVTI-E.

      (10) Regla 29 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVTI-E.

      (11) Regla 30 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVH-E.

      (12) Reglas 31 y 32 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (13) Regla 32 del Reglamento del PEJC, 4 LPRAAp. XVH-E.

      (14) 4 LPRAAp. IX.


text:
      In re Ángel L. Sitiriche Torres.

      Número: TS-7837

      Resuelto: 26 de marzo de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe.
   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un abogado por incumplir con los requisitos del Pro-grama de Educación Jurídica Continua (PEJC). A su vez, aprovechamos para orientar a la clase togada sobre los múltiples mecanismos que existen para lograr el cumpli-miento de las exigencias del PEJC, de manera que sirva de guía para evitar que este Tribunal los suspenda por incum-plimiento con los requisitos del Programa.

I

El Ledo. Ángel L. Sitiriche Torres fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 28 de diciembre de 1983. En el 2003, este nos notificó que se mudó al estado de Texas porque fue activado en el servicio militar. El 13 de marzo de 2009, el abogado informó su nueva dirección en el mismo estado.

El 10 de octubre de 2014, la Directora del PEJC pre-sentó ante este Foro un Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua en el que noti-ficó que el licenciado Sitiriche Torres no cumplió con los créditos de educación jurídica continua para el período del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009.() Surge del Informe que el 3 de septiembre de 2009 el PEJC envió al abogado un Aviso de Incumplimiento mediante el cual le concedió un término de 60 días para que tomara los crédi-tos que adeudaba. Dos años más tarde, ante la ausencia de una respuesta, el PEJC cursó al licenciado Sitiriche Torres una citación para una vista informal. A pesar de que la carta se envió a la dirección del abogado que surgía del Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA), el Servicio de Correo la devolvió. Por esta razón, el PEJC reenvió la citación, esta vez a la dirección de correo electrónico del letrado que surgía del RUA. Sin embargo, el abogado no contestó ni compareció a la vista.

En consideración a las recomendaciones formuladas en el Informe, el 31 de octubre de 2014 emitimos una resolu-ción en la que concedimos 20 días al licenciado Sitiriche Torres para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía. Al día de hoy el abogado no ha contestado.

II

Con el propósito de asegurar que los abogados provean una representación legal adecuada a sus clientes, el Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, impone a los profesionales del Derecho la obligación de “realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estu-dio y la participación en programas educativos de mejora-miento profesional A tenor con lo anterior, quienes están admitidos al ejercicio de la abogacía tienen el deber de cumplir con los requisitos de educación jurídica continua, a menos que les cobije alguna de las excepciones pro-vistas por ley o reglamento.()

El Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (Reglamento), 4 LPRAAp. XVII-E, exige que los abogados presenten ante la Junta de Educación Jurídica Continua (Junta) un Informe de Cumplimiento que evidencie que completaron un mínimo de 24 horas crédito para cada período de 2 años de duración.() El informe deberá presentarse no más tarde de los 30 días siguientes al vencimiento del período en cuestión y se completará en todos los casos, aun en los que el abogado esté excluido o exento de los requisitos del Programa.()

Nuestro ordenamiento jurídico provee varios mecanismos alternos para lograr el cumplimiento de los requisitos del PEJC con el propósito de prevenir que se sancione disciplinariamente a los abogados por incumplir con el Programa. En primer lugar, el Reglamento permite que el abogado solicite ante la Junta una “exoneración o diferimiento de la educación jurídica continua, por razones de justa causa [...]”. (Énfasis suplido).() Entre las razones que podrían considerarse justa causa se encuentra “la situación de los abogados y las abogadas que ejercen en jurisdicciones de Estados Unidos, que tienen establecida junta o entidad equivalente acreditadora de la educación jurídica continua obligatoria y cumplen con su programa”, así como alguna enfermedad o situación especial.() Ahora bien, hemos re-suelto que a un abogado que informa al PEJC su condición de salud, pero que no completa una Solicitud de Relevo o Exoneración de Cumplimiento ante la Junta, este Tribunal no lo eximirá de cumplir con los requisitos de educación ju-rídica continua.()

Es de vital importancia señalar que las solicitudes de exoneración, diferimiento y acreditación, junto con la docu-mentación requerida, deberán presentarse oportunamente ante la Junta y no en este Foro.() Todas las peticiones se evaluarán caso a caso en consideración a las circunstancias especiales que las motivaron y en atención al tiempo tras-currido desde que se originó la circunstancia hasta el mo-mento cuando se presentó la solicitud.()

La segunda opción consiste en el reconocimiento por parte del PEJC de ciertas actividades realizadas por el abogado. De modo específico, la Junta evaluará una solici-tud de convalidación, relevo o exención cuando el abogado acredite la existencia de alguna de las instancias siguien-tes: (1) los “profesionales del Derecho que participen como recursos en la educación jurídica continua recibirán acre-ditación por esta función”; (2) los abogados que publiquen “libros de contenido jurídico y artículos en revistas” recibi-rán la convalidación de créditos; (3) los letrados que hayan completado estudios de maestría y doctorado en Derecho quedarán relevados por un período de 2 o 4 años, contados a partir de la fecha de obtención del grado; (4) los profesio-nales designados a ciertas comisiones, juntas y comités adscritos al Tribunal Supremo estarán relevados mientras dure su designación, y (5) los jueces del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, los exjueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, “[l]os jueces y las juezas de la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, de la Corte de Quiebras, y los magistrados y magistradas federales”, así como los profesores de Derecho, quedan excluidos de las disposiciones del Reglamento.()

La tercera opción dispuesta en el Reglamento permite que el abogado solicite la aprobación o acreditación de los cursos que no estaban previamente autorizados por la Junta. () Este remedio permite que el letrado pueda tomar cursos que se ofrezcan en otras jurisdicciones. En ocasiones, puede beneficiarse de ayudas económicas que brindan diver-sas instituciones. Ahora bien, el abogado no podrá descansar exclusivamente en informar a la Junta que tomó los créditos educativos, sino que deberá completar el procedimiento ad-ministrativo de aprobación o acreditación establecido en la Regla 11(B) del Reglamento del Programa de Educación Ju-rídica Continua (Reglamento del PEJC). Este requiere, en-tre otras cosas, proveer la descripción del curso y el número de horas tomadas. Si el letrado incumple con lo exigido, se entenderá que no ha cumplido con los requisitos del PEJC.()

Recientemente, este Tribunal adoptó un procedimiento uniforme para los letrados que interesan cambiar su estatus a “abogado inactivo” en el RUA.() Este proceso está disponible para los abogados no practicantes, los que practican en otra jurisdicción, los retirados y los que están incapacitados por enfermedad, y deberá solicitarse exclusi-vamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico.() La Solici-tud de Cambio a Estatus de Abogado(a) Inactivo(a) está disponible en la Secretaría del Tribunal Supremo y deberá completarse y entregarse en la misma Corte.() Dicho do-cumento establece claramente los requisitos y las conse-cuencias del cambio solicitado.

En particular, el formulario advierte que el abogado in-activo no podrá ejercer la profesión de la abogacía y la no-taría en Puerto Rico hasta tanto esta Corte apruebe su reactivación. Por esta razón, el abogado quedará relevado de cumplir con los requisitos del PEJC para los períodos posteriores a la fecha cuando el Tribunal Supremo autorizó el cambio a inactivo.!) Ahora bien, es importante aclarar que la solicitud de cambio de estatus requiere que el peti-cionario acredite que atendió previamente todos los reque-rimientos del PEJC. Una vez el abogado solicite la reacti-vación, tendrá que cumplir con los créditos de educación que disponga la Junta, asunto que dependerá —entre otras cosas— del tiempo que duró la inactividad.!)

Como observamos, existen múltiples mecanismos alter-nos para evitar una suspensión de la práctica legal por incumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua. A tales fines, resaltamos la importancia de que el abogado solicite oportunamente los remedios y cumpla con todos los requisitos administrativos, pues sancionaremos el incumplimiento con la suspensión inmediata del ejerci-cio de la abogacía y la notaría.!)

Por otra parte, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, dispone que todos los abogados tienen “la obligación de mantener actualiza-dos sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el [RUA]”. El mero incumplimiento con lo anterior también podrá conllevar la imposición de sancio-nes disciplinarias.!) No olvidemos que cuando un letrado incumple con su deber de mantener al día su información de contacto obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.!)

III

Hemos resuelto reiteradamente que los miembros de la profesión legal tienen la obligación de tomar cursos de edu-cación jurídica continua como parte de su deber de ejercer adecuadamente su profesión. En esta ocasión, orientamos sobre los múltiples mecanismos alternos que están dispo-nibles para aquellos abogados que se les dificulte cumplir con los créditos requeridos, así como otros remedios para los que no interesen continuar ejerciendo la profesión legal. A tono con nuestra función como foro regulador y fiscalizador de la profesión legal, advertimos que no condo-naremos la dejadez de los abogados que pretenden ser exi-midos de cumplir con los requisitos del PEJC en los casos en los que no presentaron una solicitud de exención, exo-neración, diferimiento o acreditación siguiendo el cauce ad-ministrativo aplicable.

De la última dirección que el licenciado Sitiriche Torres nos proveyó surge que el abogado reside en el estado de Texas. Sin embargo, observamos que este no ha solicitado un cambio de estatus ante el Tribunal Supremo ni cumplió con los requisitos de educación jurídica continua para el período del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009. Esto, a pesar de los múltiples mecanismos de cumplimiento que provee nuestro ordenamiento jurídico. A su vez, el licen-ciado Sitiriche Torres no aprovechó el término de 60 días que la Junta le concedió para tomar los créditos adeuda-dos, no contestó los requerimientos de este Tribunal ni mantuvo actualizados sus datos personales en RUA. Por tales razones nos vemos obligados a decretar su suspen-sión del ejercicio de la abogacía de forma inmediata e indefinida.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se ordena la sus-pensión inmediata e indefinida del Ledo. Angel L. Sitiriche Torres de la práctica de la abogacía. El licenciado Sitiriche Torres deberá notificar a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultorio ni representación legal, y les devolverá los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por trabajos no realizados. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo en el que tenga algún caso pendiente y mantenernos informados de cualquier cambio en su dirección, teléfono y correo electrónico. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de 30 días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “Per Curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) En su Informe, el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) nos indicó que el Ledo. Ángel L. Sitiriche Torres también incumplió los períodos del 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de julio de 2011 y del 1 de agosto de 20Í1 hasta el 31 de julio de 2013, pero añadió que el licenciado no fue citado a vista para dichos períodos.

      (2) In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 943 (2012).

      (3) Regla 28 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (Reglamento), 4 LPRAAp. XVII-E.

      (4) íd.

      (5) Regla 4(C)(3)(d) del Reglamento, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (6) Historial, Regla 4 del Reglamento, supra. Véanse: In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555, 562 (2005); In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 940 (2012).

      (7) In re Grau Collazo, supra.

      (8) Regla 24 del Reglamento, supra.

      (9) Véase Resolución Núm. 2007-3 del PEJC, Mecanismos Altemos de cumpli-miento, Reglas 33, 34 y 35 del Reglamento de 2005 y Regla 7 del Reglamento de 1998.

      (10) Véanse: Reglas 33, 34, 35, 36 y 4(C) del Reglamento.

      (11) Regla 11 del Reglamento, 4 LPRA Ap. XVII-E.

      (12) In re Luis Paisán, 190 DPR 1 (2014). Véase Regla 11(B) del Reglamento, supra.

      (13) Véase In re R. 4 Prog. Educ. Jur. Cont., 183 DPR 48 (2011).

      (14) Véase Formulario OAT 1639, Solicitud de Cambio a Estatus de Abogado(a) Inactivo(a) en el Registro Único de Abogados y Abogadas (Formulario de Cambio de Estatus).

      (15) íd.

      (16) íd.; Regla 4(C)(3)(b) del Reglamento, supra.

      (17) Formulario de Cambio de Estatus.

      (18) Villamarzo García, Ex parte, 190 DPR 443, 447 (2004); In re Prado Rodríguez, 190 DPR 361, 367 (2014).

      (19) In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015).

      (20) In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).


text:
      In re Annette González Dávila.

      Número: TS-14,172

      Resuelto: 26 de marzo de 2015

      Geisa M. Marero Martínez, en informe; Annette González Dá-vila, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos corresponde ejercer nuestro rol inherente de regular la profesión al vernos obligados a suspender inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía a una profesional del Derecho. En esencia, la in-observancia en responder oportunamente a las órdenes y los requerimientos emitidos por este Tribunal origina el dictamen que hoy emitimos.

A continuación, pasamos a exponer los antecedentes fácticos y procesales que suscitan la aludida acción disciplinaria.

I

La Leda. Annette González Dávila (licenciada González Dávila) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 6 de agosto de 2002 y a la práctica de la notaría el 30 de junio de 2003. El asunto ante nuestra consideración se remonta al 12 de febrero de 2014 cuando la Directora Ejecutiva (Direc-tora) del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) compareció ante este Tribunal mediante un Informe sobre incumplimiento con requisito de educación jurídica continua. En el referido informe se indicó que la licenciada González Dávila incumplió con los requisitos del PEJC du-rante el periodo que comprende del 1 abril de 2007 al 31 de marzo de 2009. En consecuencia, se le envió un Aviso de Incumplimiento en el cual se le otorgaron 60 días adiciona-les para tomar los cursos. La togada tampoco pagó la cuota por cumplimiento tardío establecida en la Regla 30 del Re-glamento del PEJC de 2005 (4 LPRAAp. XVII-E).

En vista de que la letrada no cumplió con el término con-cedido, el 21 de enero de 2011 el PEJC le envió una citación para una vista informal a celebrarse el 24 de febrero de 2011. En la correspondiente citación se le advirtió que de no asistir a la vista informal ni comparecer por escrito, se re-mitiría el asunto ante este Tribunal. Empero, la licenciada González Dávila no compareció a la vista informal ni pre-sentó escrito alguno.

Así las cosas, el Oficial Examinador del PEJC recomendó remitir el asunto a este Tribunal, conforme lo dispone la Regla 32(C) del Reglamento del PEJC del 2005 (4 LPRAAp. XVII-E). Ante la realidad de que la licenciada González Dá-vila incumplió con los requisitos reglamentarios de educa-ción jurídica continua, y habida cuenta de que se le otorgó la oportunidad de ser oída, la Directora del PEJC acogió la recomendación del Oficial Examinador de presentar un in-forme ante este Tribunal pormenorizando el incumpli-miento de la letrada y su incomparecencia.()

Cabe destacar que en su Informe la Directora manifestó su preocupación por la actitud pasiva demostrada por la to-gada en lo concerniente a los requisitos de educación jurí-dica continua. Asimismo, señaló que el proceder de la licen-ciada González Dávila no solo ha generado costos adicionales para el PEJC relativos al proceso de incumpli-miento, sino que también ha incidido en su compromiso de mantener un alto grado de excelencia y competencia, según establecido en el Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX.

Examinado el Informe presentado por la Directora del PEJC, el 28 de febrero de 2014 emitimos una Resolución mediante la cual concedimos a la licenciada González Dá-vila un término de 20 días para que compareciera y mos-trara causa por la cual no debía ser suspendida del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y por no comparecer ante el PEJC cuando se le requirió. El 12 de mayo de 2014, la mencionada Reso-lución se le notificó personalmente a la togada por conducto de la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Ello se debió a que las comunicaciones que se enviaron a las direcciones que constaban de la licenciada González Dávila fueron de-vueltas por el correo.

Transcurrido más de un mes desde la notificación personal de la reseñada Resolución, el 18 de junio de 2014 la licenciada González Dávila compareció mediante una Mo-ción en Cumplimiento de Resolución. En esta detalló que el 3 de junio de 2014 acudió a la oficina del PEJC para que le informaran el estatus de sus créditos de educación jurídica continua y conocer el procedimiento a seguir. Expresó que es consciente de que se encuentra atrasada con los aludidos créditos y que tiene la disposición de ponerse al día. Asi-mismo, manifestó que debido a su precaria situación econó-mica se le ha dificultado tomar los cursos por motivo del alto costo de estos. Indicó que se encuentra desempleada y que ocasionalmente otorga documentos notariales. Finalmente, la letrada le solicitó a este Tribunal una oportunidad para cumplir con los requerimientos del PEJC.

Ponderada la comparecencia de la licenciada González Dávila, el 26 de junio de 2014 emitimos una Resolución en la cual le concedimos un término de 90 días para que cum-pliera con todos los cursos que le faltaban por tomar y, a su vez, presentara la correspondiente certificación de cumpli-miento emitida por el PEJC. Esta Resolución le fue notifi-cada a la togada el 27 de junio de 2014 por medio de la dirección electrónica con la que esta suscribió su Moción en Cumplimiento de Resolución. Además, el 8 de julio de 2014, se le notificó la Resolución de acuerdo con la última dirección postal que consta en el Registro Unico de Aboga-dos y Abogadas de Puerto Rico (RUA). Ala fecha en que se emite este pronunciamiento, la licenciada González Dávila no ha comparecido ni, mucho menos, ha cumplido con nuestra orden.

II

Como es ampliamente conocido, este Tribunal tiene la encomienda de procurar que los miembros admitidos a la práctica de la abogacía ejerzan sus funciones responsable, competente y diligentemente. In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015); In re Del Castillo Del Valle, 191 DPR 633 (2014); In re Rodríguez Amaro, 189 DPR 307 (2013); In re López Morales, 184 DPR 334, 347 (2012). En lo pertinente al asunto ante nos, en infinidad de ocasiones hemos enfa-tizado que los abogados tienen el deber y la obligación de responder diligentemente a las órdenes emitidas por este Tribunal. In re Vera Vélez, supra; In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Sosa Suárez, 191 DPR 261 (2014); In re Medina Perea, 190 DPR 241 (2014). Un letrado que ig-nora las órdenes dictadas por este Tribunal infringe el pre-cepto ético que dispone que “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX, C. 9. Véanse: In re Pérez Román, supra; In re Sosa Suárez, supra; In re Medina Perea, supra; In re Da Silva Arocho, 189 DPR 888 (2013). Ante ello, procede la suspensión inmediata de aquellos miembros de la profesión que hagan caso omiso a nuestros requerimientos. In re Vera Vélez, supra; In re Pérez Román, supra; In re Sosa Suárez, supra; In re Medina Perea, supra; In re Da Silva Arocho, supra. Sin duda, la actitud de indi-ferencia y menosprecio a la autoridad del Tribunal no puede ser tomada livianamente, pues constituye un curso de acción inaceptable que acarrea la suspensión inmediata de la práctica jurídica. In re Medina Perea, supra; In re Da Silva Arocho, supra; In re López González, 189 DPR 581 (2013); In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77 (2013).

Examinada la normativa aplicable, pasamos a resolver el asunto que nos ocupa.

III

Conforme indicamos, la licenciada González Dávila ha hecho caso omiso a las órdenes emitidas por este Tribunal mediante la Resolución del 26 de junio de 2014. No cabe duda que con su proceder la togada contraviene la ineludi-ble obligación de todo miembro de la profesión de responder, diligente y oportunamente, a las órdenes dictadas por este Tribunal. Más bien su actitud denota indiferencia y displicencia al incumplir con nuestros dictámenes.

Ante el cuadro descrito, procede que este Tribunal ejerza su facultad inherente de regular la profesión y, por consiguiente, suspenda inmediatamente del ejercicio de la abogacía a la licenciada González Dávila.

IV

En virtud de la normativa que antecede, suspendemos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía a la Leda. Annette González Dávila.

A tono con ello, se le impone a la señora González Dávila el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabili-dad para continuar representándolos y devolverles cuales-quiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual forma, tendrá que informar oportunamente de su sus-pensión a cualquier sala del Tribunal General de Justicia o foro administrativo en el que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior, dentro del término de 30 días conta-dos a partir de la notificación de la presente Opinión “per curiam” y Sentencia. Por su parte, se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial de la señora González Dávila y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la co-rrespondiente investigación e informe.

Notifíquese personalmente esta Opinión “per curiam” y Sentencia a la Sra. Annette González Dávila a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) En su Informe, la Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) expresó que la Leda. Annette González Dávila tampoco ha cum-plido con las horas crédito requeridas para el periodo del 1 de abril de 2009 al 31 de marzo de 2011 y para el periodo del 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2013. No obstante, se informó que en cuanto a estos periodos la togada aún no ha sido citada a una vista informal, según lo establece la Regla 32(C) del Reglamento del PEJC de 2005 (4 LPRAAp. XVII-E).


text:
      In re Ramón Morán Loubriel.

      Número: TS-2084

      Resuelto: 26 de marzo de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, directora ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua, en informe.
   per curiam:

En múltiples ocasiones hemos suspendido a profesionales del Derecho por su incumplimiento con los re-quisitos del Programa de Educación Jurídica Continua y por no actualizar su información personal en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. A pesar de ello, otra vez estamos obligados a suspender del ejercicio de la aboga-cía a un togado que quebrantó su deber de cumplir con to-mar los cursos de educación jurídica continua e informar su cambio de dirección a este Tribunal.

I

El Ledo. Ramón Morán Loubriel (licenciado Morán Lo-ubriel) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 29 de sep-tiembre de 1961 y al de la notaría el 21 de febrero de 1964. Este renunció a la práctica de la notaría el 14 de enero de 2010.

El licenciado Morán Loubriel no cumplió con los requisi-tos del Programa de Educación Jurídica Continua para el periodo del 1 de agosto del 2007 al 31 de julio de 2009. Como consecuencia, el 10 de octubre de 2014 la Directora del Pro-grama de Educación Jurídica Continua nos sometió el In-forme sobre incumplimiento con requisito de educación jurí-dica continua.

En el referido informe se detalla que el 3 de septiembre de 2009 se le envió al letrado un Aviso de Incumplimiento confiriéndole un término de 60 días adicionales para tomar los cursos de educación jurídica continua. Ante la omisión de completar los cursos, el 1 de septiembre de 2011, el Pro-grama de Educación Jurídica Continua citó al licenciado Morán Loubriel a una vista informal a celebrarse el 23 de ese mes. Sin embargo, el letrado no compareció a la referida vista. Asimismo, la Directora del Programa de Educación Jurídica Continua expresó su preocupación con relación a la actitud pasiva del licenciado Morán Loubriel para cumplir con los requisitos de educación jurídica, lo que ha generado costos adicionales a la Rama Judicial.

Ante tal cuadro, el 31 de octubre de 2014 este Tribunal emitió una Resolución en la cual concedimos al licenciado Morán Loubriel un término de 20 días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abo-gacía por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y por no comparecer ante el Programa de Educa-ción Jurídica Continua. La Resolución fue notificada a la última dirección que aparece en el Registro Unico de Aboga-dos y Abogadas de Puerto Rico (RUA). No obstante, esta notificación fue devuelta Return to sender. Vacant. Unable to forward. El abogado no ha comparecido según le fue ordenado.

II

Este Tribunal promovió el Reglamento de Educación Jurídica Continua en 1998, 4 LPRAAp. XVII-D, con el propósito de establecer y regular un programa de educación jurídica obligatorio que contribuya al mejoramiento profesional. In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 459 (2013). Ello, debido a que es un compromiso de los abogados y las abogadas el “mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional [...]”. 4 LPRAAp. IX, C. 2.

El Programa de Educación Jurídica Continua requiere a la clase togada que cursen 24 créditos de educación jurídica continua con algún proveedor acreditado, salvo ciertas excepciones. In re Villamil Higuera, 188 DPR 507 (2013). Los abogados y las abogadas que incumplan con tales requisitos, deben justificar su acción y pagar una cuota de $50. Véase 4 LPRAAp. XVII-E, R. 30. En estos casos, el Director o Directora del Programa de Educación Jurídica Continua citará a los abogados y las abogadas a una vista informal para que expliquen las razones para su incumplimiento. 4 LPRAAp. XVII-E, R. 31. En caso de que no asistan a la vista informal, el Programa de Educación Jurídica Continua remitirá el asunto ante este Tribunal. 4 LPRAAp. XVII-E, R. 32.

En un sinnúmero de ocasiones este Tribunal ha disci-plinado a aquellos miembros de la profesión legal que han desatendido los avisos de incumplimiento y no han com-pletado las horas créditos de educación jurídica continua. Véanse: In re Camacho Hernández, 188 DPR 739 (2013); In re Villamil Higuera, supra; In re Rivera Trani, supra; In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382 (2011); Galarza Rodríguez, Ex parte, 183 DPR 228 (2011). De igual forma he-mos actuado cuando los abogados y las abogadas que-brantan su obligación de notificar cualquier cambio de dirección postal o física a este Tribunal. Véase Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B. El propósito principal de RUA es centralizar en una base de datos la información de las personas autorizadas por este Tribunal a ejercer la abogacía y la notaría. In re Camacho Hernández, supra, pág. 743; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660-661 (2011).

III

Conforme a lo señalado, el licenciado Morán Loubriel incumplió con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua para el periodo del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009. La omisión de cumplir con el mí-nimo de horas crédito tiene que estar justificada con al-guna razón que lo exima a ello. El licenciado Morán Lo-ubriel no ha expresado justificación alguna para tal omisión. Peor aún, el abogado ha desplegado una actitud inerte e indiferente al no comparecer para responder por su incumplimiento con los requerimientos del Programa de Educación Jurídica Continua y de este Tribunal. Por último, el togado incumplió con el deber que impone la Regla 9(j) de nuestro Reglamento, supra, al no informar ni mantener al día los cambios en su dirección postal.

IV

Por lo anterior, suspendemos inmediata e indefinida-mente al Ledo. Ramón Morán Loubriel del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua y no informar a nuestra Se-cretaría los cambios de dirección postal conforme a nuestro Reglamento.

El señor Morán Loubriel tiene el deber de notificar a sus clientes, si alguno, de su inhabilidad para seguir con su re-presentación y deberá devolverles los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no rendidos. Además, deberá informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Estas gestiones deberán certificarse a este Tribunal dentro del tér-mino de 30 días a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. La Oficina del Alguacil de este Tribunal notificará personalmente esta Opinión “per cu-riam” y Sentencia al Sr. Ramón Morán Loubriel.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Richard Torres Irizarry, peticionario.

      Número: CC-2014-1030

      Resuelto: 27 de marzo de 2015

      Wanda Tamara Castro Alemán, abogada de la peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Vista la Petición de presentada por la parte peticionaria, se le concede a la parte recurrida un término de veinte días, contado a partir de la notificación de esta Resolución, para que comparezca y muestre causa por la cual no se deba re-vocar la Resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez emitió un voto particular disidente.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

Sólo se han precisado un puñado de días para verificar cómo la infausta decisión suscrita por una mayoría de este Tribunal en Pueblo v. Sánchez Valle et al., 192 DPR 594 (2015), habrá de surtir efectos nocivos y preocupantes en la sana administración de la justicia criminal en nuestro País. En esta ocasión, el efecto neto de tal decisión apunta a que se ha de revocar una determinación del Tribunal de Apelaciones, en la cual dicho foro correctamente invocó lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Castro García, 120 DPR 740 (1988) (revocado en Sánchez Valle). Al margen de los muchos problemas que suscitará Sánchez Valle, nótese como los problemas no se limitan al futuro, sino que afee-tan concretamente la labor adjudicativa de este Tribunal en el presente.

Todo parece indicar que como resultado del artificioso “análisis” de este Tribunal en Sánchez Valle, la mayoría se propone revocar una convicción por mutilar o remover el número de serie de un arma de fuego. Véase 25 LPRA see. 458i. Ello, dado que el señor Torres Irizarry se declaró culpable en el foro federal por el mismo delito. Véase 18 USCA sec. 922(k). De esta forma, este Tribunal interfiere indebidamente con la incesante lucha de las autoridades gubernamentales contra el crimen. Una vez más, la mayo-ría le da su espalda al bienestar del País.

Por otra parte, es menester enfatizar la disparidad de la pena que conlleva el mismo delito en una jurisdicción y otra. Mientras que en el foro federal la pena por infringir lo dis-puesto en la sección 922(k) nunca podrá ser mayor de cinco años, 18 USC sec. 924(a)(1)(B), en nuestra jurisdicción la comisión del mismo acto delictivo acarrea una pena de re-clusión que oscila entre seis y veinticuatro años. 25 LPRA sec. 458i. La diferencia es abismal. Las consecuencias, nefastas. Así, luego de Sánchez Valle, las autoridades esta-tales deberán procurar “correr” a los tribunales con tal de que nuestras leyes se puedan vindicar efectivamente, con-forme a los entendidos que éstas consagran en cuanto a la “reprochabilidad penal” de determinada conducta. De lo con-trario, tendremos que conformarnos con las penas que las leyes federales contemplen, aun cuando éstas hayan sido promulgadas en total abstracción de los acuciantes proble-mas que enfrenta el País y las circunstancias particulares de éste.

Por último, permítaseme un augurio ulterior. Resultan, cuanto menos, desconcertantes las complicaciones que se suscitarán, en virtud de lo resuelto por una mayoría de este Tribunal en Sánchez Valle, al evaluar la aplicabilidad de las excepciones a la protección contra la doble exposi-ción, según establecidas por este Tribunal en Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618 (2003).() Nótese que cuando se in-voque alguna de las excepciones que implique, por ejemplo, auscultar si hubo actuaciones fraudulentas para lograr una convicción anterior, ello potencialmente significará que deberemos examinar los trámites acaecidos en otro foro —el federal — , que para todos los efectos es un foro distinto y separado del nuestro.

En fin, no puedo perder la ocasión para lamentar, una vez más, la desafortunada decisión mayoritaria en Sán-chez Valle y señalar cómo ésta mina la eficacia de nuestro sistema de justicia criminal. Por lo tanto, y dadas las razo-nes esbozadas en la opinión disidente en Sánchez Valle, hubiera denegado la expedición del auto de certiorari pre-sentado ante este Tribunal o, mejor, aprovechado la opor-tunidad para reconsiderar la corrección de nuestra re-ciente determinación en Sánchez Valle. Puesto que ese no es el criterio mayoritario, disiento.

      (1) De hecho, debido a las implicaciones de lo resuelto en Pueblo v. Sánchez Valle et al., 192 DPR 594 (2015), la invocación de dichas excepciones —cuando ello corres-ponda— es la única herramienta que tiene a su haber el Ministerio Público para procesar por los mismos delitos a una persona que haya sido previamente convicta en el foro federal.


text:
      In re Pedro C. De Jesús Román.

      Número: TS-13,437

      Resuelto: 27 de marzo de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe; Pedro C. De Jesús Román, pro se.

   per curiam:

Hoy ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Pedro C. De Jesús Román (licenciado De Jesús Román) del ejercicio de la abogacía y de la nota-ría por ignorar los requerimientos de este Tribunal atinen-tes a su incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC). A continuación des-glosamos los antecedentes fácticos que nos obligan a llegar a esta decisión.

I

El licenciado De Jesús Román fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2001 y a la práctica de la notaría el 26 de septiembre de 2001.

El 19 de marzo de 2013, la Leda. Geisa M. Marrero Mar-tínez, Directora Ejecutiva del PEJC (Directora Ejecutiva del PEJC) compareció ante nos en representación de la Junta de Educación Jurídica Continua() detallando el trá-mite procesal proseguido en contra del licenciado De Jesús Román por no haber completado las horas crédito de edu-cación jurídica continua para el periodo del 1 de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2009 y por su incomparecencia ante el PEJC cuando se le solicitó.() En su Informe nos indicó que el letrado tampoco cumplió con los requisitos reglamentarios correspondientes al periodo del 1 de marzo de 2009 al 28 de febrero de 2011 y del 1 de marzo de 2011 al 28 de febrero de 2013, aunque no ha sido citado a una vista informal al respecto.

Examinado el Informe, el 9 de mayo de 2013 dictamos Resolución mediante la cual concedimos al licenciado De Jesús Román un término de 20 días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía por sus incumplimientos e incomparecencias ante el PEJC. El 16 de septiembre de 2013 el togado compareció ante nos alegando haber concluido con los créditos señala-dos por la Directora Ejecutiva del PEJC en su Informe, por lo que solicitó que diéramos por cumplida nuestra Resolu-ción de 9 de mayo de 2013.

Para corroborar lo anterior, la Secretaría de este Tribunal requirió al PEJC que nos certificara el estatus del li-cenciado ante dicha entidad desde el periodo en controver-sia hasta el presente. El PEJC nos sometió entonces una Certificación, mediante la cual acreditó el cumplimiento del licenciado De Jesús Román con los requisitos corres-pondientes al periodo del 1 de marzo de 2007 al 28 de fe-brero de 2009.() No obstante, señaló que aún le faltaba por completar los créditos necesarios para los dos periodos sub-siguientes, es decir, del 1 de marzo de 2009 al 28 de febrero de 2011 y del 1 de marzo de 2011 al 28 de febrero de 2013. Es por dicha razón que el 13 de diciembre de 2013 emitimos una Resolución en la que le concedimos al licenciado De Je-sús Román un término de 30 días para que se pusiera al día en los periodos antes indicados, so pena de sanciones, inclu-yendo su separación de la profesión legal. El 16 de mayo de 2014 el PEJC presentó una nueva Certificación que refle-jaba que el letrado todavía no había tomado los cursos requeridos. Tampoco ha comparecido ante nos a justificar su incumplimiento.

II

El Código de Ética Profesional incorpora en un mismo cuerpo legal las normas mínimas de conducta que deben exhibir los miembros de la ilustre profesión de la abogacía en el desempeño de sus funciones. In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611 (2014). Además de prescribir los deberes de los abogados para con la sociedad, con sus clientes y con sus compañeros, los cánones también fijan los estándares mínimos de comportamiento para con los tribunales. En cuanto a ese último renglón, el Canon 9 del Código exige del abogado una conducta que se caracterice por el mayor de los respetos hacia los tribunales. 4 LPRA Ap. IX, C. 9. Para el fiel cumplimiento de dicho precepto es esencial que los abogados procuren una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal y hacia cualquier otro foro al que el abogado se encuentre obligado a comparecer, en particular cuando se trata de procedimientos disciplinarios sobre su conducta profesional. In re Pérez Román, 191 DPR 186 (2014); In re Villamil Higuera, 188 DPR 507 (2013); In re Rivera Trani, 188 DPR 454 (2013).

No hacerlo denota dejadez y una actitud de indiferencia y menosprecio a la autoridad de este Tribunal que no puede ser tomada livianamente. In re Vera Vélez, supra. “[D]esatender las órdenes judiciales constituye una afrenta a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional [...]”. In re Bryan Picó, 192 DPR 246, 251 (2015). Hemos interpretado que dicha actitud es inaceptable, por lo que amerita la suspensión indefinida del ejercicio de la profesión. In re Vera Vélez, supra.

A pesar de que mediante la Resolución de 13 de diciem-bre de 2013 apercibimos al licenciado De Jesús Román que de no acatar lo allí dispuesto se exponía a sanciones disci-plinarias, que incluían su separación del ejercicio de la pro-fesión, éste ha hecho caso omiso.

III

Por los fundamentos antes expuestos, decretamos la suspensión inmediata e indefinidamente del Ledo. Pedro C. De Jesús Román del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Le ordenamos notificar a todos sus clientes de su inhabili-dad para seguir representándolos y devolverles tanto los expedientes de los casos pendientes como cualesquiera ho-norarios recibidos por trabajos no realizados, así como in-formar oportunamente de su suspensión a los distintos fo-ros judiciales y administrativos del país en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar a este Foro el cum-plimiento con lo anterior dentro del término de treinta días, a partir de la notificación de esta Opinión “per curiam” y Sentencia. El Alguacil de este Tribunal procederá a incau-tarse de la obra notarial del licenciado De Jesús Román, incluyendo su sello notarial, y deberá entregarlos a la Ofi-cina de Inspección de Notarías para el correspondiente exa-men e informe a este Tribunal. La Oficina del Alguacil de este Foro notificará personalmente esta Opinión “per cu-riam” al Ledo. Pedro C. De Jesús Román.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) La Directora Ejecutiva del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) presentó un Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Ju-rídica Continua (Informe).

      (2) Según se desprende de un Historial de Cursos Acreditados, emitido por el Programa de Educación Jurídica Continua, al Ledo. Pedro C. De Jesús Roman le faltaban por tomar 4 créditos en dicho periodo.

      (3) Se certificó asimismo el pago de la cuota por cumplimiento tardío correspon-diente a dicho periodo.


text:
      In re Marianela Jové Gotay.

      Número: TS-13278

      Resuelto: 30 de marzo de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe.
   per curiam:

Nuevamente nos vemos obligados a suspender a un miembro de la profesión legal por su incumpli-miento con los requisitos del Programa de Educación Jurí-dica Continua (PEJC). A su vez, aprovechamos para reiterar las múltiples alternativas que tienen disponibles los abogados para prevenir que este Tribunal los suspenda por incumplimiento con las exigencias del PEJC.

I

La Leda. Marianela Jové Gotay fue admitida al ejercicio de la abogacía el 27 de junio de 2000. En el 2009, el PEJC envió a la abogada un Aviso de Incumplimiento mediante el cual le concedió 60 días para que tomara los cursos de educación jurídica continua que adeudaba a la fecha. Dos años más tarde, ante la ausencia de una respuesta, el PEJC cursó a la licenciada Jové Gotay una citación para una vista informal. La carta se envió al estado de New Jersey, a la dirección de la abogada que surgía del Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUAjJ) Sin embargo, el Servicio Postal la devolvió.

El 10 de octubre de 2014, la Directora del PEJC pre-sentó a este Tribunal un Informe sobre Incumplimiento con Requisito de Educación Jurídica Continua, en el que notificó que la licenciada Jové Gotay no cumplió con los créditos de educación jurídica continua para el período del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009.() El 20 de octubre de 2014 emitimos una Resolución en la que conce-dimos 20 días a la licenciada Jové Gotay para que mos-trara causa por la cual no debía ser suspendida del ejerci-cio de la abogacía. Al día de hoy la abogada no ha contestado.

II

Con el propósito de asegurar que los abogados provean una representación legal adecuada a sus clientes, el Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, les impone la obligación de “realizar esfuerzos para lograr y mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en pro-gramas educativos de mejoramiento profesional A tenor con lo anterior, el Reglamento del Programa de Educa-ción Jurídica Continua de 2005 (Reglamento), 4 LPRA Ap. XVII-E, exige que los abogados presenten ante la Junta de Educación Jurídica Continua (Junta) un Informe de Cum-plimiento que evidencie que completaron un mínimo de 24 horas crédito para cada período de 2 años de duración.!) El informe deberá presentarse no más tarde de los 30 días siguientes al vencimiento del período en cuestión y se com-pletará en todos los casos, aun en los que el abogado esté excluido o exento de los requisitos del Programa.!)

Recientemente, orientamos a la comunidad legal sobre los múltiples mecanismos alternos disponibles para aquellos abogados a quienes se les dificulte cumplir con los créditos requeridos, así como otros remedios disponibles para los que no interesen continuar ejerciendo la profesión legal. () En primer lugar, el Reglamento permite que el abogado solicite ante la Junta una “exoneración o diferimiento de la educación jurídica continua, por razones de justa causa [...]”. (Énfasis nuestro).() Entre las razones que podrían considerarse justa causa se encuentra “la situación de los abogados y las abogadas que ejercen en jurisdicciones de Estados Unidos, que tienen establecida junta o entidad equivalente acreditadora de la educación jurídica continua obligatoria y cumplen con su programa”, así como alguna enfermedad o situación especial.!) Todas las peticiones se evaluarán caso a caso en consideración a las circunstancias especiales que las motivaron y en aten-ción al tiempo trascurrido desde que se originó la circuns-tancia hasta el momento cuando se presentó la solicitud.!)

La segunda opción consiste en el reconocimiento por parte del PEJC de ciertas actividades realizadas por el abogado. En particular, la Junta evaluará una solicitud de convalidación, relevo o exención cuando el abogado acre-dite la existencia de alguna de las instancias siguientes: (1) los “profesionales del Derecho que participen como recur-sos en la educación jurídica continua recibirán acreditación por esta función”; (2) los abogados que publiquen “libros de contenido jurídico y artículos en revistas” recibirán la con-validación de créditos; (3) los letrados que hayan comple-tado estudios de maestría y doctorado en Derecho queda-rán relevados por un período de 2 o 4 años, contados a partir de la fecha de obtención del grado; (4) los profesio-nales designados a ciertas comisiones, juntas y comités adscritos al Tribunal Supremo estarán relevados mientras dure su designación, y (5) los jueces del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, los exjueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, “[l]os jueces y las juezas de la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, de la Corte de Quiebras, y los magistrados y magistradas federales”, así como los profesores de Derecho, quedan excluidos de las disposiciones del Reglamento.!)

La tercera opción dispuesta en el Reglamento permite que el abogado solicite la aprobación o acreditación de los cursos que no estaban previamente autorizados por la Junta.() Este remedio permite que el letrado pueda tomar cursos que se ofrezcan en otras jurisdicciones. En ocasio-nes, puede beneficiarse de ayudas económicas que brindan diversas instituciones. Ahora bien, el abogado no podrá des-cansar exclusivamente en informar a la Junta que tomó los créditos educativos, sino que deberá completar el procedi-miento administrativo de aprobación o acreditación estable-cido en la Regla 11(B) del Reglamento del Programa de Edu-cación Jurídica Continua. Este requiere, entre otras cosas, proveer la descripción del curso y el número de horas tomadas.() Si el letrado incumple con lo exigido, se enten-derá que no ha cumplido con los requisitos del PEJC.()

Recientemente, este Tribunal adoptó un procedimiento uniforme para los letrados que interesan cambiar su estatus a “abogado inactivo” en RUA.() Este mecanismo está disponible para los abogados no practicantes, los que practican en otra jurisdicción, los retirados y los que están incapacitados por enfermedad. La Solicitud de Cambio a Estatus de Abogado (a) Inactivo (a) está disponible en la Secretaría del Tribunal Supremo y debe completarse y entregarse en la misma Corte.() Dicho documento establece claramente los requisitos y las consecuencias del cambio solicitado.

En particular, el formulario advierte que el abogado con estatus inactivo no podrá ejercer la profesión de la aboga-cía y la notaría en Puerto Rico hasta tanto solicite su reac-tivación y esta Corte apruebe su solicitud.() De este modo, el abogado quedará relevado de cumplir con los requisitos del PEJC para los períodos posteriores a la fecha cuando el Tribunal Supremo autorizó el cambio a inactivo.() Ahora bien, es importante aclarar que la solicitud de cambio de estatus requiere que el peticionario certifique y acredite que atendió previamente “todos los asuntos pertinentes ante el [PEJC]”.() Asimismo, advertimos que el abogado que solicite la reactivación tendrá que cumplir con los cré-ditos de educación que disponga la Junta, asunto que de-penderá —entre otras cosas— del tiempo que duró la inactividad.!)

Como observamos, existen múltiples mecanismos alter-nos para evitar una suspensión de la práctica legal por el incumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua. A tales fines, resaltamos la importancia de que el abogado solicite oportunamente los remedios y cumpla con todos los requisitos administrativos, pues sancionaremos el incumplimiento con la suspensión inmediata del ejerci-cio de la abogacía y la notaría.!)

Por otro lado, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B, dispone que todos los abogados tienen “la obligación de mantener actualizados sus datos y realizar cualquier cambio en la información que consta en el [RUA]”. Hemos resuelto reiteradamente que el mero incumplimiento con lo anterior podrá conllevar la imposición de sanciones disciplinarias.!) No olvidemos que cuando un letrado incumple con su deber de mantener al día su información de contacto obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.!)

III

De la última dirección que aparece en RUA surge que la licenciada Jové Gotay reside en el estado de New Jersey. Hemos examinado el expediente y notamos que la letrada no solicitó un cambio de estatus ante el Tribunal Supremo, no cumplió con los requisitos del PEJC para el período del 1 de agosto de 2007 al 31 de julio de 2009, no contestó los requerimientos de este Tribunal ni mantuvo actualizados sus datos personales en RUA. Por tales razones, nos vemos obligados a decretar su suspensión del ejercicio de la abo-gacía de forma inmediata e indefinida.

IV

Por los fundamentos expuestos, se ordena la suspensión inmediata e indefinida de la Leda. Marianela Jové Gotay de la práctica de la abogacía. La licenciada Jové Gotay deberá notificar a sus clientes que, por motivo de su suspen-sión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni re-presentación legal, y les devolverá los expedientes de cual-quier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por trabajos no realizados. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo en el que tenga algún caso pendiente de resolución y mantener-nos informados de cualquier cambio en su dirección, telé-fono y correo electrónico. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior dentro del término de 30 días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión “Per Curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

      (1) La Leda. Marianela Jové Gotay actualizó su dirección en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA) en noviembre de 2011.

      (2) En su Informe, el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) nos indicó que la licenciada Jové Gotay también incumplió durante los períodos del 1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2011 y del 1 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2013, pero añadió que no se citó a la licenciada a vista para dichos períodos.

      (3) Regla 28 del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (Reglamento), 4 LPRAAp. XVII-E.

      (4) íd.

      (5) In re Sitiriche Torres, 192 DPR 777 (2015).

      (6) Regla 4(C)(3)(d) del Reglamento.

      (7) Historial, Regla 4 del Reglamento, supra; In re Aprobación Regl. Prog. Educ. Jur., 164 DPR 555, 562 (2005); In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 940 (2012).

      (8) Véase Resolución Núm. 2007-3 del PEJC, Mecanismos Alternos de cumpli-miento, Reglas 33, 34 y 35 del Reglamento de 2005 y Regla 7 del Reglamento de 1998.

      (9) Véanse: Reglas 33, 34, 35, 36 y 4(C) del Reglamento.

      (10) Regla 11 del Reglamento, 4 LPRAAp. XVII-E.

      (11) Íd.; In re Luis Paisán, 190 DPR 1, 7 (2014).

      (12) In re Luis Paisán, supra.

      (13) Véase In re R. 4 Prog. Educ. Jur. Cont., 183 DPR 48 (2011).

      (14) Véase Formulario OAT 1639, Solicitud de Cambio a Estatus de Abogado(a) Inactivo(a) en el Registro Único de Abogados y Abogadas (Formulario de Cambio de Estatus).

      (15) Íd.

      (16) íd.; Regla 4(C)(3)(b) del Reglamento.

      (17) Formulario de Cambio de Estatus.

      (18) Íd.

      (19) In re Sitiriche Torres, supra; Villamarzo García, Ex parte, 190 DPR 443, 447 (2004); In re Prado Rodríguez, 190 DPR 361, 367 (2014).

      (20) In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015).

      (21) In re Toro Soto, 181 DPR 654, 661 (2011).


author: PER CURIAM:

text:
      In re Edwin L. Bello Rivera.

      Número: TS-8977

      Resuelto: 6 de abril de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe; Pedro C. De Jesús Román, pro se.

   PER CURIAM:

I

El Ledo. Edwin L. Bello Rivera fue admitido al ejercicio de la abogacía el 1 de julio de 1988 y al de la notaría el 22 de agosto de 1989. El 12 de febrero de 2014, la directora del Programa de Educación Jurídica Continua (Programa), Leda. Geisa M. Marrero Martínez, en representación de la Junta de Educación Jurídica Continua, compareció ante este Tribunal mediante una moción intitulada Informe so-bre incumplimiento con requisito de educación jurídica continua. En esta moción se informa que el licenciado Bello Rivera incumplió con los requisitos del referido Programa durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de marzo de 2009. A pesar de las diversas comuni-caciones que se le cursaron y de la celebración de una vista informal —en la cual se le otorgó una prórroga para que cumpliera con los requisitos del Programa — , el licenciado Bello Rivera hizo caso omiso.

Así, el 11 de enero de 2013 el Programa envió una co-municación adicional al licenciado Bello Rivera apercibién-dole que la prórroga que se le otorgó había vencido. Esta comunicación se notificó a la dirección del licenciado según registrada en el Registro Unico de Abogados y Abogadas (RUA), mas el servicio postal la devolvió, dado que el des-tinatario ya no se encontraba en esa dirección. Por lo tanto, el Programa procedió a notificarle nuevamente a otra dirección que surgía del RUA. El licenciado Bello Rivera, sin embargo, no contestó. Por todo lo anterior, la directora del Programa le solicitó a este Tribunal que, dado el reiterado incumplimiento del licenciado Bello Rivera, le concediera a éste un término final para subsanar sus deficiencias res-pecto al Programa. El 28 de febrero de 2014 este Tribunal emitió una Resolución en la que le concedió al licenciado Bello Rivera un término de 20 días para que compareciera y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la abogacía por incumplir con los requisitos de educación jurídica continua y por no comparecer al Pro-grama cuando se le requirió.

Posteriormente, este Tribunal pudo comunicarse con el licenciado Bello Rivera y constatar que éste se había tras-ladado a la Florida. En consecuencia, se procedió a en-viarle copia de la Resolución por correo electrónico y hacer las gestiones pertinentes para que se le notificara adecua-damente lo dispuesto por este Tribunal. Según surge del expediente, al día de hoy el licenciado Bello Rivera no ha comparecido ante este Tribunal y ha desatendido nuestros requerimientos.

II

El Programa de Educación Jurídica Continua cons-tituye, ante todo, una medida preventiva, que además busca estimular el desarrollo profesional de la clase togada y, a la vez, velar por que ésta actualice sus conocimientos en dis-tintas áreas del Derecho. Por tal razón, “[e]l Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua establece que todo profesional del Derecho admitido al ejercicio de la abo-gacía y la notaría en Puerto Rico tiene el deber de cumplir los requisitos de educación jurídica continua, a menos que esté exento según las disposiciones de la Regla 4 de dicho Reglamento [...]”. In re Grau Collazo, 185 DPR 938, 943 (2012). Véase Reglamento del Programa de Educación Jurí-dica Continua, 4 LPRA Ap. XVII-E, R. 4; In re Camacho Hernández, 188 DPR 739, 742 (2013).

Después de todo, “[e]l Canon 2 del Código de Etica Profesional dispone que los abogados tienen el deber de ‘mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional’ con el ‘fin de viabilizar el objetivo de representación legal adecuada para toda persona’ In re Rivera Trani, 188 DPR 454, 458-459 (2013). Véase Canon 2 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. En consecuencia, incumplir reiteradamente con los requisitos que impone el Programa será razón suficiente para que este Tribunal ejerza su poder disciplinario. In re Rivera Trani, supra, pág. 459-460; In re Grau Collazo, supra; In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382 (2011); Galarza Rodríguez, Ex parte, 183 DPR 228 (2011).

III

Por otra parte, en virtud de lo dispuesto en la Regla 9(j) de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B, las personas admitidas al ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción tienen el deber indefectible de informar cualquier cambio en su dirección postal o física para que se haga constar en el RUA. In re Toro Soto, 181 DPR 654 (2011); In re Grau Collazo, supra, pág. 944; Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico supra. “Cabe mencionar que nuestro énfasis en la importancia de que todo abogado mantenga al Tribunal al tanto de sus direcciones y de su información personal no es [nuevo]. En reiteradas ocasiones hemos señalado la gravedad que conlleva no notificar de manera inmediata a la Secretaría de este Tribunal cualquier cambio ocurrido”. In re Camacho Hernández, supra, pág. 743.

IV

Por último, es preciso destacar que, en lo pertinente, el Canon 9 del Código de Ética Profesional dispone que “[e]l abogado debe observar con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Así, “[l]a naturaleza de la función del abogado requiere de éste una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes que emiten los tribunales”. In re Dávila Toro, 179 DPR 833, 840 (2010). “La indiferencia de un abogado al no atender nuestras órdenes [...] en casos disciplinarios, acarrea la imposición de severas sanciones disciplinarias”. In re Meléndez González, 166 DPR 196, 198 (2005). Véanse, también: In re Arroyo Rivera, 161 DPR 567 (2004); In re Torres Torregrosa, 161 DPR 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 DPR 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 DPR 857 (1999); In re Ron Menéndez, 149 DPR 105 (1999); In re Rivera Rodríguez, 147 DPR 917 (1999). Esto es, “[d]esatender las órdenes dictadas constituye una grave ofensa a la autoridad del tribunal en clara violación al mandato expreso del Canon 9”. In re Dávila Toro, supra, pág. 840. “Un abogado puede ser suspendido del ejercicio de la profesión cuando no atiende con diligencia y premura los requerimientos de este Tribunal”. In re Aponte Sánchez, 178 DPR 647, 649 (2010).

Más aún, dicho deber de diligencia y respeto no solo se extiende a los tribunales propiamente, sino que ha de ser cabalmente observado en los tratos con sus funcionarios. Este deber también se extiende a las agencias administra-tivas y entidades, tales como la Oficina de Inspección de Notarías. Véase, por ejemplo, In re Piñeiro Vega, 188 DPR 77, 91 (2013). En otras ocasiones hemos disciplinado a abo-gados que han desatendido los requerimientos hechos por la Junta de Educación Jurídica Continua. In re Luis Paisán, 190 DPR 1, 7 (2014).

V

En el caso ante nuestra consideración, el licenciado Be-llo Rivera ha hecho caso omiso a los requerimientos que le hiciera la Junta de Educación Jurídica Continua a través de su Directora, así como a nuestra Resolución de 28 de febrero de 2014. Asimismo, durante el proceso de notifica-ción de los referidos requerimientos y la resolución, nos enteramos de que este abogado ha incumplido con el deber de mantener su información personal actualizada en RUA.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente al licenciado Bello Rivera del ejercicio de la abo-gacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándo-los, devolverles cualquiera honorarios recibidos por traba-jos no realizados e informar oportunamente de su suspen-sión a los distintos foros judiciales y administrativos del País. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. Finalmente, el alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del abogado suspendido y entregarlos al director de la Oficina de Inspección de No-tarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: PER curiam:

text:
      In re Hernández Velázquez.

      Número: TS-5654

      Resuelto: 8 de abril de 2015

      Geisa M. Marrero Martínez, en informe.
   PER curiam:

I

El Ledo. José Luis Hernández Velázquez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 31 de octubre de 1977 y a la nota-ría el 13 de diciembre de 1977. El 7 de octubre de 1981, el licenciado Hernández Velázquez fue suspendido del ejercicio de la notaría por deficiencias en su obra notarial.

El 12 de febrero de 2014, la Directora del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC o Programa) nos in-formó que el licenciado Hernández Velázquez había incum-plido con los requisitos reglamentarios de educación jurídica continua durante el periodo del 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2009.()

El PEJC refirió el asunto a este Tribunal debido a la ac-titud pasiva demostrada por el licenciado ante los requisitos de educación jurídica continua, no obstante haberle conce-dido tiempo suficiente para completarlos y la oportunidad de ser oído. La Directora del PEJC indicó que cuando envió al licenciado las notificaciones de incumplimiento y citación a vista informal, descansó en la información personal que de este consta en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA).

Según surge del Informe sobre Cumplimiento con Requi-sito de Educación Jurídica Continua (Incomparecencia a Vista Informal) y de los documentos presentados por la Directora, el 4 de mayo de 2009 el PEJC envió por correo al licenciado Hernández Velázquez un Aviso de Incumpli-miento, en el que le notificó que había incumplido con los requisitos de educación jurídica continua, que le imponía el pago de una cuota de cincuenta dólares, que le concedía un término de sesenta días para completar los cursos exigidos o acreditar su cumplimiento y que le apercibía que, de no acreditar el cumplimiento con los cursos y el pago de la cuota, sería citado a una vista informal.

Transcurridos casi dos años desde que expiró el periodo de cumplimiento, el licenciado Hernández Velázquez no pre-sentó evidencia de haber completado los cursos de educación jurídica continua y tampoco pagó la cuota. Como consecuen-cia, el 21 de enero de 2011 el PEJC envió por correo una citación a vista informal, en la que apercibió al abogado que, de no comparecer a expresar las razones para su incumpli-miento, el asunto se referiría al Tribunal Supremo!) La citación fue devuelta al remitente luego de que el servicio postal intentara diligenciar infructuosamente la carta!) Por ello, el 9 de febrero de 2011 el PEJC reenvió la citación para la vista informal a través del correo electrónico del abogado registrado en RUA. El licenciado Hernández Veláz-quez no compareció a la vista informal.

Atendiendo el Informe presentado por el Programa, el 28 de febrero de 2014 concedimos al licenciado Hernández Ve-lázquez un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la profe-sión de la abogacía por incumplir con los requisitos de edu-cación jurídica continua y por no comparecer al PEJC cuando se le requerió. Enviamos al licenciado Hernández Velázquez nuestra Resolución por correo certificado a su dirección postal según aparece registrada en RUA. El servicio de correo postal devolvió la carta. ()

Al presente, el licenciado Hernández Velázquez aparece activo en RUA como abogado. La dirección postal disponi-ble es aquella de donde el servicio de correo ha devuelto la correspondencia enviada por este Tribunal y por el PEJC. Además, el licenciado no ha respondido a los avisos y las citaciones que el PEJC le ha enviado por el correo electró-nico que aparece registrado.

II

El Canon 2 del Código de Ética Profesional dis-pone que los abogados tienen el deber de “mantener un alto grado de excelencia y competencia en su profesión a través del estudio y la participación en programas educativos de mejoramiento profesional” con el “fin de viabilizar el objetivo de representación legal adecuada para toda persona [,..]”.() Cónsono con lo anterior, este Tribunal adoptó el Reglamento de Educación Jurídica Continua de 1998 (Reglamento de 1998) con el propósito de establecer un programa de educación jurídica obligatoria que aliente y contribuya al mejoramiento profesional.() Este Reglamento requiere que los abogados y abogadas activos aprueben por lo menos veinticuatro (24) horas crédito en cursos acreditables cada dos años.()

Los abogados y abogadas tienen el deber de presentar ante la Junta de Educación Jurídica Continua un informe que acredite el cumplimiento con el mínimo de horas crédito no más tarde de los 30 días subsiguientes una vez finalizado cada periodo de cumplimiento.() Si el abogado o abogada cumple tardíamente con los requisitos de educación jurídica continua, deberá presentar un informe explicando las razones que justifican su tardanza, así como pagar una cuota.() Ahora bien, si el abogado o abogada incumple con sus obligaciones, el Director de la Junta le citará a una vista informal, en la que podrá presentar la prueba que justifique las razones de su proceder^) Si el abogado o abogada no comparece, el asunto se remitirá a este Tribunal.() Anteriormente, este Tribunal ha disciplinado profesionalmente a abogados y abogadas que han desatendido los requerimientos de la Junta e incumplido con las horas crédito de educación jurídica continuad)

Por otro lado, la Regla 9(j) del Reglamento del Tribunal Supremo impone a los abogados y abogadas la obligación de mantener actualizados en RUA sus datos personales, la dirección física y postal, tanto de su oficina como de su residencia, y el correo electrónico, entre otros datos.() Los abogados notarios y las abogadas notarías deben avisar oportunamente a este Tribunal cualquier cam-bio en su dirección postal o física.() El abogado o abogada deberá, además, designar una de las direcciones para recibir las notificaciones del Tribunal.() Cuando un abogado o abogada incumple con su deber de mantener al día su dirección, obstaculiza el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria. El incumplimiento con este deber es sufi-ciente para decretar la separación indefinida del abogado de la profesión.!)

Por último, en reiteradas ocasiones hemos recordado a los miembros de la profesión legal que tienen el deber de contestar con diligencia los requerimientos de este Tribunal relacionados con su práctica profesional.!) Ello tiene que hacerse prontamente, independientemente de los méritos de las quejas presentadas en su contra.!) No hacerlo constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, que establece que “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”.!)

Al respecto, hemos enfatizado que la naturaleza de la función de abogado requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional.!) La dejadez es incompatible con el ejercicio de la abogacía y cuando un abogado se muestra indiferente ante los apercibimientos de sanciones disciplinarias por no comparecer ante este Tribunal, procede su suspensión in-mediata de la profesión.!)

III

Los esfuerzos realizados por el PEJC y este Tribunal para contactar al licenciado Hernández Velázquez desde el 2009 han resultado infructuosos, porque su información personal en RUA no está actualizada. Esto ha obstaculi-zado nuestra facultad disciplinaria y constituye una viola-ción a nuestras órdenes y a la Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, supra. Como vimos, incumplir con dicho re-querimiento es suficiente para suspender indefinidamente al abogado del ejercicio de la abogacía.

El letrado también ha incumplido con los requisitos de educación jurídica continua para el periodo comprendido desde el 1 de abril de 2007 hasta el 31 de marzo de 2009. Al momento, el licenciado Hernández Velázquez no ha acredi-tado el cumplimiento con las veinticuatro horas crédito para ese periodo, aun habiéndole concedido amplia oportu-nidad para hacerlo. Además, aun cuando no se le ha noti-ficado formalmente, el PEJC certifica que el licenciado ha incumplido con los periodos comprendidos desde el 1 de abril de 2009 hasta el 31 de marzo de 2011 y desde el 1 de abril de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013.

Lo anterior nos lleva a decretar la suspensión inmediata e indefinida del licenciado José Luis Hernández Velázquez del ejercicio de la abogacía. Como consecuencia, se le im-pone el deber de notificar a todos sus clientes, si alguno, de su inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realiza-dos e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Reglamento de Educación Jurídica Continua, 4 LPRA Ap. XVTI-D.

      (2) La citación a una vista que se celebraría el 25 de febrero de 2011 se envió por correo a la dirección postal del licenciado Hernández Velázquez que surge de Regis-tro Unico de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (RUA).

      (3) El sello del servicio postal ponchado en el sobre devuelto indica: “ATTEMPTED, NOT KNOWN”.

      (4) La Resolución se notificó el 5 de marzo de 2014 a la dirección postal regis-trada en RUA. El sello del servicio postal ponchado en el sobre devuelto indica: “ATTEMPTED, NOT KNOWN”.

      (5) 4 LPRAAp. EX.

      (6) 4 LPRAAp. XVH-D, R. 1.

      (7) 4 LPRA Ap. XVII-D, R. 6. Véase, además, Regla 5(9) del Reglamento del Programa de Educación Jurídica Continua de 2005 (Reglamento de 2005), 4 LPRA Ap. XVII-E.

      (8) Regla 28 del Reglamento de 2005, supra. Véase In re Luis Paisán, 190 DPR 1 (2014).

      (9) Regla 30 del Reglamento de 2005, supra.

      (10) Regla 31 del Reglamento de 2005, supra.

      (11) Regla 32 del Reglamento de 2005, supra. Véase, además, Regla 9 del Regla-mento de 1998 (4 LPRAAp. XVII-D).

      (12) In re Luis Paisán, supra; In re Camacho Hernández, 188 DPR 739 (2013).

      (13) 4 LPRAAp. XXI-B.

      (14) In re Arroyo Rosado, 191 DPR 242 (2014).

      (15) 4 LPRAAp. XXI-B, R. 9(j). Véanse, además, las Reglas 65.3 y 67.2 de Pro-cedimiento Civil, 32 LPBA Ap. V, que proveen para que las notificaciones sobre ór-denes, resoluciones y sentencias se notifiquen a los abogados y a las abogadas a la dirección que conste en el registro del Tribunal Supremo.

      (16) In re Arroyo Rosado, supra.

      (17) Véanse, por ejemplo: In re Vera Vélez, 192 DPR 216 (2015); In re Del Castillo Del Valle, 191 DPR 633 (2014); In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244 (2013).

      (18) In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014).

      (19) 4 LPRA Ap. EX. Véase In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374.

      (20) In re Vera Vélez, supra; In re Irizarry Irizarry, supra, pág. 374.

      (21) In re Vera Vélez, supra; In re Bryan Picó, 192 DPR 246 (2015).