text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Joseph Esparra Álvarez, recurrido.

      Número: CC-2015-914

      Resuelto: 31 de octubre de 2016

      Ramón Mendoza Rosario, fiscal especial independiente, y Zulma I. Fúster Troche, fiscal delegada, abogados de la parte peticionaria; Julio Eduardo Torres, de Bufete Julio Eduardo Torres, CSP, y Alfredo Ortiz Rivera, de Bufete Alfredo Ortiz Rivera, CSP, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Los tribunales de justicia tenemos el deber de velar por que la “balanza” en que se pesan los derechos de todos nuestros conciudadanos esté siem-pre libre de sospechas, aun cuando las mismas sean infundadas.

A la luz de estos pronunciamientos jurisprudenciales, la presente controversia nos exige fortalecer aquella norma-tiva dirigida a procurar que los procesos judiciales se efec-túen sin sombras de parcialidad y, por consiguiente, afir-mar la necesidad de utilizar los mecanismos provistos por nuestro ordenamiento cuando existan circunstancias par-ticulares que pudieran amenazar la pureza que debe regir los procedimientos. Ello nos conduce a concluir que en con-sideración al contexto particular que caracterice un caso, el traslado puede ser el recurso adecuado para garantizar la imparcialidad que debe imperar en las causas judiciales y, de esa forma, proteger los derechos que cobijan a todas las partes involucradas.

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Como consecuencia de unos alegados hechos acaecidos durante el 2002 y el 2012 contra el Ledo. Joseph E. Espa-rra Álvarez (licenciado Esparra Álvarez), se presentaron varios cargos criminales. En específico, se le imputa infrin-gir los Arts. 4.2(b) y 4.2(c) de la Ley de Ética Gubernamen-tal de Puerto Rico de 2011 (3 LPRA secs. 1857a(b) y 1857a(c)), el Art. 3.2(c) de la derogada Ley de Ética Guber-namental de Puerto Rico de 1985 (33 LPRA sec. 1822(c) (ed. 2011)), y los Arts. 262 y 291 del Código Penal de 2004 (33 LPRA sees. 4890 y 4919 (ed. 2010)).

Tras diversos incidentes procesales, incluido el señala-miento para comenzar la desinsaculación del Jurado, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) presentó un extenso escrito intitulado Moción Solici-tando Traslado del Caso. Ello, al amparo de la Regla 81 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, y de pronuncia-mientos jurisprudenciales de este Tribunal.

En su moción, el FEI expuso varios factores que, a su juicio, requerían el traslado del caso criminal contra el li-cenciado Esparra Álvarez de la Sala Superior de Aguadilla. En síntesis, señaló que en el proceso penal federal que se efectuó contra el exjuez Manuel Acevedo Hernández (ex-juez Acevedo Hernández) se discutieron y detallaron he-chos pertinentes pendientes de adjudicación en el presente caso. Adujo que durante ese proceso surgieron serios seña-lamientos sobre el proceder del licenciado Esparra Álvarez.

A su vez, el FEI indicó que durante aproximadamente una década, el licenciado Esparra Álvarez ha ejercido fun-ciones como fiscal auxiliar en la jurisdicción de Aguadilla, en donde ha participado en diversos procesos judiciales de impacto público. Incluso, manifestó que en el 2011 éste fue nombrado como fiscal de distrito interino de la Fiscalía de Aguadilla, puesto que ocupó hasta el 2012. A tales efectos, el FEI alegó que, como mínimo, resultaba problemático procesar al licenciado Esparra Álvarez —por delitos rela-cionados directamente con sus funciones como fiscal en la jurisdicción de Aguadilla— en el mismo foro judicial en el cual se desempeñó como fiscal por tantos años.

De igual forma, el FEI sostuvo que el licenciado Esparra Álvarez es una persona de marcada influencia en la Región Judicial de Aguadilla. Planteó que como consecuencia natural de su antiguo puesto, éste conoció, interactuó y esta-bleció amplios vínculos con los ciudadanos y funcionarios públicos de la mencionada región y, en particular, con los empleados del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. Por ende, el FEI expresó que con la sola presencia del li-cenciado Esparra Álvarez se afectaba la imparcialidad de los procesos y la selección del Jurado. Además, destacó que el licenciado Esparra Álvarez mantiene relaciones de afi-nidad y amistad con el personal actual y pasado de la Fis-calía de Aguadilla. Para ilustrarlo, mencionó que las res-pectivas cónyuges del licenciado Esparra Álvarez y del Ledo. Luis A. Pérez Cabán, ex fiscal de distrito de Aguadi-lla, son primas.

Por último, el FEI señaló que el tamaño de la región judicial en cuestión debía ser otro factor a considerar al momento de evaluar la solicitud de traslado. En cuanto al particular, argüyó que se trata de un área territorial limi-tada donde prácticamente toda la comunidad jurídica se conoce, al igual que los vecinos del lugar. Expresó que ello era preocupante, ya que los principales testigos de cargo son abogados muy reconocidos en la aludida región.

Por todo lo anterior, el FEI sostuvo que, en aras de ga-rantizar la celebración de un proceso judicial justo e impar-cial para todas las partes, procedía el traslado del caso. Argumentó que, de lo contrario, la celebración de un juicio justo e imparcial era imposible, ya que sería improbable obtener un Jurado imparcial y libre de influencias extra-ñas en la referida región judicial.

Ante ello, el licenciado Esparra Álvarez presentó un es-crito intitulado Oposición a solicitud de traslado. En éste, no refutó los planteamientos sustantivos del FEI y solamente adujo que la moción presentada no cumple con los requisitos aplicables, según las reglas procesales que rigen la solicitud de traslados. En específico, argüyó que la petición no está acompañada por declaraciones juradas que sustenten los hechos alegados. Señaló que la misma está amparada en creencias, opiniones o conclusiones con poco o ningún apoyo en los hechos. Según el licenciado Esparra Álvarez, el FEI no presentó prueba específica de las razones por las cuales en la Región Judicial de Aguadilla no puede celebrarse un juicio justo e imparcial. Afirmó que solo se exponen especu-laciones indirectas sobre el particular.

Asimismo, el licenciado Esparra Álvarez expresó que la notoriedad del caso no es motivo suficiente para socavar su derecho a que el proceso judicial en su contra se dirima en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos alegados. Del mismo modo, invocó su derecho constitucional a que el caso se ventile ante un Jurado compuesto por vecinos del dis-trito judicial donde presuntamente acaecieron los hechos imputados. Indicó que ello es parte de su garantía a obte-ner un juicio justo e imparcial.

En fin, el licenciado Esparra Álvarez argumentó que en vista de la extensión territorial del país, conjuntamente con los avances en la tecnología y los medios de comunica-ción, existen otros mecanismos, distintos a un traslado, para asegurar la celebración de un juicio justo e imparcial. Con relación a ello, manifestó que el foro primario realizó actos afirmativos dirigidos a garantizar la imparcialidad y pureza del proceso. Amparado en lo anterior, el licenciado Esparra Álvarez solicitó que se denegara la solicitud de traslado interpuesta por el FEI y se ordenara la continua-ción de los procedimientos en la jurisdicción de Aguadilla.

Oportunamente, el FEI juramentó ante la Secretaría los fundamentos contenidos en su solicitud de traslado y pre-sentó una Moción en Contestación a Oposición de Traslado. En ésta reiteró que la Región Judicial de Aguadilla no es el lugar apropiado para ventilar el caso de epígrafe, por las circunstancias particulares que éste presenta. Sostuvo que en esa región no puede obtenerse un juicio justo e imparcial para ninguna de las partes. De esta forma, hizo hincapié en que el mecanismo del traslado salvaguarda ese derecho.

Ponderados los argumentos de las partes, el 14 de julio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Re-solución mediante la cual denegó la solicitud de traslado incoada por el FEI. En síntesis, concluyó que el hecho de que el licenciado Esparra Álvarez trabajó como fiscal en la región donde se le acusa, no le concede ventaja o influencia indebida en la toma de decisiones judiciales. Dictaminó que los vínculos del licenciado Esparra Álvarez con la co-munidad donde ejerció sus funciones como fiscal, y donde actualmente litiga como abogado, no puede ser motivo, por sí solo, para trasladar el caso. De igual forma, expresó que ha implementado medidas y tomará salvaguardas adicio-nales, según lo ameriten las circunstancias, para garanti-zar que el proceso judicial sea justo e imparcial. Ello, según razonó, a pesar de la evidente notoriedad del caso.

Acto seguido, el foro primario enumeró una serie de ga-rantías implementadas y otras que pondrá en vigor, a saber: (1) el juez que preside los procesos no ejerce funciones en la Región Judicial de Aguadilla; (2) el personal que tra-baja en la sala donde se celebrarán los procedimientos no tiene relación con las partes, testigos o abogados del caso y fueron seleccionados mediante entrevista por el juez que preside los procesos; (3) se utilizará el método largo en la selección de los miembros del Jurado; (4) el tribunal reali-zará un examen riguroso de todos los candidatos a jurado, y tanto el Ministerio Público como la representación legal del imputado podrán examinarlos de igual forma; (5) de ser necesario, los candidatos a jurado serán evaluados de forma individual; (6) el foro judicial se reserva la discreción de conceder perentorias adicionales a las concedidas por las Reglas de Procedimiento Criminal; (7) se impartirán instrucciones al Jurado con relación al manejo de los me-dios noticiosos; (8) se ordenará el secuestro del Jurado al momento de deliberar; (9) la custodia y el manejo del expe-diente del caso será responsabilidad exclusiva de la secre-taria regional y de la Secretaria del Tribunal Confidencial I (supervisora del área de lo criminal); (10) se solicitará al Juez Administrador Regional que imparta instrucciones a los empleados del foro judicial de Aguadilla para evitar si-tuaciones que pudieran interpretarse como un trato especial a las partes y a los testigos, y (11) en caso de que con las medidas tomadas no pueda obtenerse un Jurado impar-cial, el foro judicial permitirá que se vuelva a presentar, por cualquiera de las partes, la solicitud de traslado. A la luz de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia deter-minó que las medidas adoptadas eran suficientes para sal-vaguardar tanto los derechos del acusado como la transpa-rencia del proceso, por lo que no era necesario el traslado peticionado.

En desacuerdo con lo resuelto, el FEI acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso presen-tado, el 28 de septiembre de 2015, el foro apelativo inter-medio emitió una Resolución mediante la cual denegó su expedición. En lo pertinente, razonó que la determinación en cuanto a la necesidad de traslado reside en la discreción del foro primario, ya que éste conoce las interioridades del caso y está en mejor posición de atender las alegaciones planteadas por el FEI. Del mismo modo, dictaminó que no era el momento propicio para atender el reclamo del FEI, toda vez que no presentó hechos específicos que demues-tren parcialidad en el manejo del caso o en la eventual selección del Jurado.

Inconforme con ese proceder, el FEI recurre ante este Tribunal mediante recurso de certiorari. Plantea como se-ñalamiento de error que el foro apelativo intermedio inci-dió al denegar la expedición de su recurso y no atender los méritos de su solicitud de traslado. En su comparecencia, el FEI aduce que debido a las circunstancias particulares que presenta el caso de epígrafe, se requiere su traslado a otra región judicial donde pueda garantizarse el derecho a un juicio justo e imparcial que le asiste a ambas partes en el proceso. Si bien el FEI reconoce las medidas tomadas por el foro primario, sostiene que éstas no son suficientes para asegurar la pureza e imparcialidad del proceso.

En apoyo a su planteamiento, el FEI argumenta que la selección de un Jurado imparcial y libre de influencias ex-trañas en la Región Judicial de Aguadilla resultará imposible. Señala que esa región no es apropiada para ga-rantizar un juicio justo e imparcial debido al contacto que han tenido los potenciales jurados con los hechos e interio-ridades del caso. Finalmente, reitera que al momento de evaluar la solicitud de traslado se debe considerar la limi-tada demarcación territorial que caracteriza la región judicial en cuestión; que el licenciado Esparra Álvarez actual-mente mantiene vínculos con ciudadanos, funcionarios públicos y empleados del tribunal de Aguadilla; que el li-cenciado es muy influyente en la región como consecuencia natural de su antiguo puesto; que actualmente litiga casos en esa misma región judicial, desembocando en la particular situación de que en la misma sala judicial el licenciado Esparra Álvarez figura como acusado y en otro turno como abogado defensor, y que va a ser juzgado por alegados he-chos delictivos cometidos en sus funciones como fiscal y relacionados directamente con sus quehaceres en el foro judicial del mencionado municipio.

En atención a lo anterior, el 26 de febrero de 2016 emi-timos una Resolución mediante la cual le concedimos veinte días al licenciado Esparra Álvarez para que mos-trara causa por la cual no debíamos revocar el dictamen del foro apelativo intermedio. Oportunamente, éste compa-reció mediante un Escrito en Cumplimiento de Orden de Mostrar Causa.

En su escrito, el licenciado Esparra Álvarez reproduce los argumentos esgrimidos ante los foros recurridos. En otras palabras, aduce que la petición instada por el FEI incumple con los requisitos procesales para solicitar el traslado de un caso. Del mismo modo, arguye que la solici-tud está fundamentada en opiniones, creencias o generali-dades que no encuentran apoyo en los hechos. Indica que el FEI no ha presentado evidencia específica para sostener el argumento de que en la jurisdicción de Aguadilla no podrá efectuarse un juicio justo e imparcial. Así pues, expresa que los fundamentos de la petición de traslado no ameritan que se violente su derecho constitucional a que el caso se ventile ante un Jurado compuesto por ciudadanos del dis-trito judicial donde se alega ocurrieron los hechos que se le imputan.

Oportunamente, el FEI presentó un escrito intitulado Moción en Contestación a Escrito en Cumplimiento de Orden. En éste reitera los fundamentos planteados ante los foros recurridos.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pro-cedemos a resolver la controversia que nos ocupa.

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En nuestro ordenamiento jurídico, de ordinario, un acusado debe ser juzgado en el distrito judicial donde se alega que cometió el delito y, en caso de que éste sea grave, frente a un Jurado compuesto por vecinos de la comunidad. Esto último, toda vez que la Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de todo imputado a que, en procesos por delito grave, su juicio se ventile ante un Jurado impar-cial, compuesto por doce vecinos del distrito judicial. Véanse: Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354; Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 198. Véanse, además: Pueblo v. Rodríguez Tra-verzo, 185 DPR 789, 797 (2012); Pueblo v. Rosario, 160 DPR 592, 602 (2003); E.L. Chiesa Aponte, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 (Núm. 1) Rev. Jur. UPR 83 (1996). De esta forma, nuestra Carta Magna eleva a ca-tegoría fundamental el derecho a ser juzgado por doce veci-nos imparciales —libres de influencias extrañas— del dis-trito judicial correspondiente al lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos imputados. Pueblo v. Rodríguez Traverzo, supra, pág. 797; Pueblo v. Medina, Miró, 170 DPR 628, 643 (2007); Pueblo v. Sánchez Pérez, 122 DPR 606, 609 (1988). Véanse, además: Reglas 111 y 112 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. En ocasión de examinar el dere-cho a juicio por jurado, este Tribunal señaló que su esencia responde a que el acusado sea juzgado por un grupo repre-sentativo de la comunidad en que reside, para que así se garantice la imparcialidad del proceso. Pueblo v. Rodríguez Zayas, 137 DPR 792, 797 (1995); Pueblo v. Laboy, 110 DPR 164, 167 (1980). Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Dere-cho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. III, págs. 369-370.

Ahora bien, en repetidas ocasiones este Tribunal ha sostenido que la cláusula constitucional que garantiza el derecho a un juicio por Jurado compuesto por vecinos del distrito judicial no es absoluta. Pueblo v. Hernández Santana, 138 DPR 577, 583 (1995); Pueblo v. Santiago Acosta, 121 DPR 727, 735 (1988); Pueblo v. Chaar Cacho, 109 DPR 316, 325 (1980). Véase, además, Chiesa Aponte, Los dere chos de los acusados y la factura más ancha, supra. Ello pues, en circunstancias particulares, ese derecho no im-pide el traslado de ciertos casos a otros distritos judiciales. Pueblo v. Chaar Cacho, supra, pág. 325. De hecho, este Tribunal ha afirmado que un traslado puede ser el meca-nismo apropiado para conciliar los conflictos que puedan surgir entre la garantía constitucional a un juicio por ju-rado compuesto por vecinos del distrito y el mandato cons-titucional de un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Santiago Acosta, supra, pág. 735. Véase, además, Rideau v. Louisiana, 373 US 723 (1963). No podemos olvidar que este Tribunal ha resuelto que no solo el imputado de delito tiene derecho a un juicio justo e imparcial; al Estado tam-bién le cobija esa garantía, ya que, como es sabido, éste representa los intereses de la ciudadanía en los procesos penales. Pueblo v. Hernández Santana, supra, pág. 584. Por ende, al igual que el imputado, el Estado tampoco puede quedar desprovisto de un juicio justo e imparcial.

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En armonía con lo anterior, la Regla 81 de Proce-dimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, expresamente reco-noce la facultad de los foros judiciales para ordenar el tras-lado de un caso cuando existan situaciones que lo ameriten y requieran. A tales efectos, la precitada regla permite que tanto el Estado como el acusado soliciten el traslado de una causa criminal al amparo de los fundamentos siguientes: (1) cuando por cualquier razón, que no sea uno de los cri-terios para solicitar la inhibición de un juez, no pueda ob-tenerse un juicio justo e imparcial; (2) cuando no pueda obtenerse un juicio justo e imparcial por razón de desorden público; (3) cuando esté en peligro la vida del acusado o algún testigo, o (4) cuando no pueda obtenerse un Jurado, íd. La respectiva petición de traslado debe hacerse por es-crito, expresar los fundamentos en que se basa y apoyarse en declaración jurada. Véase Regla 82 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.

Aunque, de ordinario, procede el traslado por cualquiera de los fundamentos enumerados, este Tribunal ha hecho hincapié en que lo determinante al momento de considerar una solicitud bajo la Regla 81 de Procedimiento Criminal, supra, es la garantía constitucional de un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Sánchez Pérez, supra, pág. 615; Pueblo v. Santiago Acosta, supra, págs. 735-736. En ese sentido, se ha resuelto que al evaluar una petición de tras-lado, se deben considerar varios factores, a saber: (1) el tamaño de la comunidad; (2) la naturaleza y el alcance de la publicidad del caso; (3) la identidad, reputación y posi-ción en la comunidad tanto del acusado como de las vícti-mas; (4) la gravedad de las ofensas, y (5) la dificultad en obtener un panel de jurados. Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 798; Pueblo v. Santiago Acosta, supra, pág. 736. Véase, además, D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, lOma ed. rev., Hato Rey, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2014, pág. 279. Por su parte, este Tribunal también ha dictaminado que en los casos en que se solicite el traslado debido a la notoriedad del caso, deberá determinarse si —a pesar de su notorie-dad— pueden encontrarse jurados que rindan un veredicto justo e imparcial. Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 798; Pueblo v. Sánchez Pérez, supra, pág. 617; Maldonado v. Corte, 71 DPR 537, 545 (1950).

Las situaciones mencionadas no son las únicas a considerar para autorizar un traslado. Ello pues, la Regla 16 para la Administración de los Tribunales de Primera Instancia establece otros fundamentos bajo los cuales se puede ordenar un traslado, a saber:

(a) Cuando cualquier empleado o empleada, funcionario o funcionaría, juez o jueza de una región judicial sea parte en litigios que se hayan presentado o que vayan a presentarse en la sala en que laboran, el Juez Administrador o la Jueza Ad-ministradora de la Región Judicial correspondiente, de con-cluir que es necesario para proteger la imagen de imparciali-dad del sistema judicial, trasladará el caso a otra sala o coordinará su traslado a la Región Judicial geográficamente más cercana con el Juez Administrador o la Jueza Administra-dora correspondiente. Una vez autorizado el traslado, se toma-rán las medidas necesarias para que el asunto judicial sea atendido de manera expedita, según lo requieran las circuns-tancias particulares del caso.
(b) De tratarse de un caso de naturaleza criminal, una vez tenga conocimiento de la situación el Juez Administrador o la Jueza Administradora de la Región Judicial, informará de ello al o a la Fiscal de Distrito y a la representación legal de la persona imputada. 4 LPRAAp. II-B.

A. Resulta pertinente subrayar que la petición de traslado no se puede conceder mediante un análisis liviano. Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 798; Pueblo v. Sánchez Pérez, supra, pág. 614. Esto, ya que la presun-ción es que no existe perjuicio contra ninguna de las partes en el distrito judicial donde se está ventilando el caso, por lo que el peso de la prueba para justificar que el traslado es necesario recae sobre quien lo solicita. Pueblo v. Sánchez Pérez, supra, pág. 614; Pueblo v. Dumas, 82 DPR 416, 464 (1961); Maldonado v. Corte, supra, pág. 542. De esta manera, la parte que peticiona el traslado tiene que presentar prueba de hechos específicos y concretos que evidencien el supuesto perjuicio. Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 798; Pueblo v. Sánchez Pérez, supra, pág. 617; Maldonado v. Corte, supra, pág. 542. Meras opiniones, creencias o conclusiones no son suficientes para autorizar un traslado. Maldonado v. Corte, supra, pág. 542.

Cabe enfatizar que la determinación en cuanto a la necesidad del traslado debe estar fundamentada en los hechos de cada caso en particular y descansará en la sana discreción del foro judicial. Pueblo v. Rodríguez Zayas, supra, pág. 798; Pueblo v. Santiago Acosta, supra, pág. 736; Maldonado v. Corte, supra, pág. 546. En caso de que se conceda el traslado, el tribunal dictará una orden en la cual mueva la causa a la sala de la misma sección que fuese la propia o a la más convenientemente situada donde pueda celebrarse un juicio justo e imparcial. Véase Regla 83 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II.

Expuesta la normativa jurídica pertinente, procedemos a resolver la presente controversia.

IV

A la luz del trasfondo fáctico expuesto, este caso re-quiere que examinemos el pedido del FEI, quien cuestiona la denegatoria de los tribunales recurridos a trasladar el proceso criminal que pende contra el licenciado Esparra Álvarez. La contención del PEI es que en la Región Judicial de Aguadilla resultará imposible la celebración de un juicio justo e imparcial. Esencialmente, sostiene que la no-toriedad que ha cobrado el caso, la reputación y posición del licenciado Esparra Álvarez en la comunidad, así como la limitada extensión territorial de la referida región, hará improbable la selección de un panel de jurados imparcial. Aunque reconoce las salvaguardas tomadas por el foro pri-mario, argumenta que éstas no son suficientes para asegu-rar la pureza del proceso.

Por su parte, el licenciado Esparra Álvarez arguye que la petición instada por el PEI incumple con los requisitos procesales. A su vez, señala que ésta no presenta prueba específica de las razones por las cuales en la aludida región no pueda celebrarse un juicio justo e imparcial. De igual forma, el licenciado Esparra Álvarez alega que los plantea-mientos del PEI no son suficientes para minar su derecho a que el juicio en su contra se dirima en la jurisdicción donde presuntamente se cometieron los delitos imputados y ante un jurado compuesto por vecinos del distrito judicial.

Luego de aquilatar las posturas de las partes, conclui-mos que los argumentos esgrimidos por el PEI tienen mérito. Ello significa que en consideración a las circuns-tancias particulares que delimitan este caso, y en aras de garantizar la imparcialidad y proteger la pureza de los pro-cedimientos, en beneficio de ¿odas las partes involucradas, procede el traslado de la causa criminal de epígrafe. Nos explicamos.

A. En el caso ante nos, el trasfondo fáctico y circuns-tancial expuesto por el PEI nos convence de que en la Re-gión Judicial de Aguadilla no podrá efectuarse un proceso justo e imparcial, tal y como lo exige nuestra Carta Magna. Por ende, es necesario el traslado del caso, ya que mante-nerlo en donde se ventila en la actualidad causaría perjui-cio a todas las partes involucradas.

En el presente caso, constituye un hecho irrefutable que el licenciado Esparra Álvarez se desempeñó como fiscal por largos años en las salas criminales del foro judicial de Aguadilla. Ello, sin duda, le ganó el reconocimiento público y reputación en la región, además de haber establecido vín-culos con ciudadanos, funcionarios públicos y empleados del mencionado tribunal. Tal reconocimiento y reputación se acentuó al discutirse ampliamente en los medios de co-municación generales y, sobre todo, en los medios locales de la Región Judicial de Aguadilla, los pormenores del caso penal federal contra el exjuez Acevedo Hernández. Dicha notoriedad se agrava al considerar la innegable limitada demarcación territorial característica de la Región Judicial de Aguadilla.

Evidentemente, todo lo anterior pone en entredicho la exigencia constitucional de obtener un Jurado imparcial, libre de influencias extrañas, y celebrar un juicio justo e imparcial. Ante ello, y en beneficio de todas las partes in-volucradas, estamos llamados a evitar que se menoscaben tales derechos. En estas circunstancias particulares, las garantías de entronque constitucional —entiéndase la ob-tención de un Jurado imparcial y la celebración de un jui-cio justo e imparcial— toman preminencia sobre aspectos estatutarios formales. Máxime, cuando nuestro deber de trasladar casos para proteger la imagen de imparcialidad del Sistema Judicial no puede quedar al arbitrio de las partes. Ciertamente, las particularidades que enmarcan esta controversia activan el deber y la adecuación de tras-ladar el caso a otra región judicial.

Aunque valoramos las medidas tomadas por el foro pri-mario —ya que correctamente se amparó en precedentes de este Tribunal—, concluimos que ante la coyuntura his-tórica que enfrentamos y que atraviesa particularmente este caso, éstas no son suficientes para garantizar la im-parcialidad y pureza que debe imperar en el proceso. Igno-rar esa realidad no abonaría a la confianza de la ciudada-nía en sus instituciones judiciales y no contribuiría a fortalecer nuestra política institucional de procurar que los procesos judiciales se efectúen sin sombras de parcialidad.

Reconocemos que el juzgador del foro primario trabajó con las herramientas jurisprudenciales existentes. Ahora bien, compete a este Tribunal, en el descargo de su deber y responsabilidad de pautar el derecho, procurar la celebra-ción de un juicio justo e imparcial, en beneficio de todas las partes involucradas. Sin duda, tal proceder es parte del deber ineludible del Poder Judicial.

Nótese que el concepto confianza pública se incorporó por primera vez como un imperativo en el Plan Estratégico de la Rama Judicial 2016-2019, pág. 38. Esto, bajo el fun-damento de que la legitimidad del sistema de justicia se garantiza cuando el juez y la jueza resuelven en forma efi-caz, eficiente, transparente, honrada e imparcial elemen-tos que dan credibilidad al proceso judicial. íd. Esta Opi-nión contribuye a que ese imperativo estratégico propuesto por la Rama Judicial sea una realidad.

Ante el cuadro descrito, es forzoso concluir que procede el traslado del caso de epígrafe. Así lo ameritan y exigen las circunstancias particulares que lo caracterizan. Con ello, hacemos hincapié en la importancia de velar porque los procesos judiciales se efectúen libres de cualquier sos-pecha de parcialidad y utilicen los mecanismos dispuestos en nuestro ordenamiento cuando ello se ve amenazado.

V

En virtud de los preceptos expuestos, expedimos el re-curso de “certiorari” presentado por el FEI y revocamos el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones. En con-secuencia, ordenamos el traslado del caso de autos al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Así las cosas, remitimos el caso al foro primario de Aguadilla para que coordine el correspondiente traslado, conforme a lo aquí dictaminado.

        Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, 125 DPR 106, 109 (1990).

       Esta determinación fue emitida por el Hon. Lind O. Merle Feliciano, ex juez administrador de la Región Judicial de Caguas, quien está asignado a presidir el juicio contra el Ledo. Joseph E. Esparra Álvarez.

       Adviértase que, en ciertas circunstancias, el derecho ajuicio por jurado tam-bién se extiende al acusado de delito menos grave. Pueblo v. Rosario, 160 DPR 592, 602-603 (2003); Pueblo v. Cruz Correa, 121 DPR 270, 276 (1988). Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1992, Vol. II, págs. 273-274.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez. Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón,

license: Public Domain

text:
    Aníbal Vega Borges, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, peticionario, v. Liza García Vélez, en su capacidad oficial como Presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones; Guillermo San Antonio Acha, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático; Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por conducto de su Comisionado Electoral Sr. Roberto I. Aponte Berríos, y Partido del Pueblo Trabajador (PPT), por conducto de su Comisionado Electoral Dr. José F. Córdova Iturregui, recurridos.

      Número: CT-2016-0015

      Resuelto: 31 de octubre de 2016

      Luis E. Meléndez Cintrón, de Pedro Ortiz Álvarez, LLC, y Jorge Martínez Luciano, de M.L. & R.E. Law Firm, aboga-dos de Guillermo San Antonio Acha, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, parte recurrida; Hamed G. Santaella Cario, abogado de Aníbal Vega Borges, comi-sionado electoral del Partido Nuevo Progresista, parte pe-ticionaria; Rosa M. Seguí Cordero, abogada de José F. Cór-dova Iturregui, comisionado electoral del Partido del Pueblo Trabajador, parte recurrida; Manuel Izquierdo En-carnación y Héctor E. Pabón Vega, de Izquierdo, Pagán & Pabón, abogados de Liza García Vélez, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Atendidas la Moción urgente de desestimación por falta de jurisdicción del Tribunal y, en la alternativa, solicitud de orden aclaratoria sobre consolidación, presentada por el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, Ledo. Guillermo San Antonio Acha, la Moción en oposición a desestimación y acreditando notificación del Comisio-nado Electoral del PNP, presentada por el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, Ledo. Aníbal Vega Borges, y la Moción de desestimación presentada por el Comisionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador, Dr. José Córdova Iturregui, se provee “no ha lugar” a la desestimación solicitada.

Se aclara que, en vista de que los casos están consolida-dos, cualquier determinación de este Foro se extiende a ambos recursos.

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres hizo constar la siguiente expresión, a la cual se unieron la Jueza Asociada Señora Pabón Chameco y los Jueces Aso-ciados Señor Kolthoff Caraballo y Señor Rivera García:

Estoy conforme con proveer “no ha lugar” a las mociones de desestimación porque, como señalan los votos disidentes, en la alternativa, el término de veinticuatro horas dispuesto en el Art. 4.001 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 16 LPRA see. 4031, para notificar un escrito de revisión es de cumplimiento estricto. Lo que es jurisdiccional es el término para presentar el escrito de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia. En este caso, antes de que el tér-mino para notificar expirara, el foro primario lo prorrogó por justa causa mediante una orden para que se notificara copia de la solicitud de revisión junto con la citación a una vista. Orden del juez superior Ángel R. Pagán Ocasio de 27 de octu-bre 2016, a las 4:26 p. m. Por lo tanto, los casos que cita la disidencia son totalmente distinguibles. Así, por ejemplo, cuando desestimamos el recurso de certiorari presentado en Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral) y otros v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías Precinto 034, CC-2016-1017, lo hicimos porque la presentación de ese escrito no se notificó y el término no se había prorrogado. Laceraría la confianza del Pueblo en la justicia que pretendamos tratar situaciones distintas como si fueran iguales.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la expre-sión siguiente:

Disiento de la determinación de una mayoría de este Tribunal y declararía “con lugar” la desestimación solicitada. El Art. 4.001 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Electoral), 16 LPRA see. 4031, provee, sin ambages, que la parte que interese revisar un dictamen de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tendrá un término de 24 horas para presentar el recurso de revisión y notificarle a la CEE y a las partes afectadas. Este es un requisito estatutario para per-feccionar el recurso de revisión. Por lo tanto, su incumpli-miento priva de jurisdicción al tribunal.
En este caso, el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) aceptó que no notificó su escrito a la CEE y a las demás partes dentro del término de veinticuatro horas exigido por el estatuto. La falta de jurisdicción es patente y el curso legal obligado es la desestimación. Hemos expresado rei-teradamente que ningún tribunal puede arrogarse la jurisdic-ción que no tiene. Las partes tampoco se la pueden conferir. Este no es un asunto de jurisdicción sobre la persona, sino una obligación que impone la Ley Electoral y cuyo incumplimiento priva de jurisdicción al foro.
Sin embargo, varios miembros de este Tribunal consideran que el término para notificar el escrito de revisión a la CEE y a las partes afectadas es de cumplimiento estricto. Así, consi-deran que el foro primario prorrogó mediante una orden el término para cumplir con el requisito de notificación, aun cuando el Comisionado Electoral del PNP no le solicitó dicha prórroga al foro de instancia; por ende, no pudo haberla justificado. En este escenario, aparte que no surge de la orden del tribunal una intención de prorrogar el término, considero que el tribunal no hubiera podido hacerlo, pues es “norma trillada” en nuestro ordenamiento procesal que se requiere una justa causa para que un tribunal pueda, en el ejercicio de su discreción, prorrogar un término. Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561, 563 esc. 1 (2013) (Opinión del Juez Asociado Señor Martínez Torres).
De ahí que en Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013), los que hoy argumentan que el término en cuestión se prorrogó, antes expresaron que “Oja parte que actúa tardí-amente debe hacer constar las circunstancias específicas que ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un tér-mino de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales ‘carece [n] de discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso ante su consideración’ ”. (Corchetes suplidos y en el original, énfasis en el original suprimido y énfasis suplido). íd. Esto, sin considerar que la distinción que estos miembros del Tribunal sugieren entre el carácter jurisdiccio-nal del término para presentar un escrito y el carácter de cum-plimiento estricto del mismo término para notificar tal escrito, no tiene base en la Ley Electoral.
Además, cabe enfatizar que recientemente este Tribunal, en forma unánime, declaró “no ha lugar” un recurso de certiorari presentado por el Partido Popular Democrático en el caso Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral) y otros v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías Precinto 034, CC-2016-1017, por incumplir con el Reglamento de este Tribunal al no certificar, dentro de las veinticuatro horas de presentar su es-crito, que notificó su recurso a las demás partes vía fax o per-sonalmente y por teléfono. Véase Regla 22(E)(3)—(5) del Regla-mento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. A pesar de que en este caso el Comisionado Electoral del PNP incumplió con un requisito análogo, una mayoría de este Tribunal re-suelve de forma distinta.
Laceramos la confianza del Pueblo en esta institución cuando ante situaciones similares, resolvemos de forma inconsistente. Por todo lo anterior, disiento.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un Voto particular disidente. El Juez Asociado Señor Feli-berti Cintrón emitió un Voto particular disidente, al cual se unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Aso-ciado Señor Colón Pérez.

El Juez Asociado Señor Colón Pérez hizo constar la ex-presión siguiente:

Hace tan solo cinco días —el 26 de octubre de 2016— que en Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral del PPD) y otros v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías, CC-2016-1017, un caso con controversias en extremo similares a la que hoy nos ocupa, los nueve Jueces que componemos este Tribunal procedimos de forma correcta al desestimar por falta de jurisdicción un recurso de revisión judicial en el cual el Comi-sionado Electoral del Partido Popular Democrático de Las Ma-rías nos solicitó que revisáramos un gran número de recusa-ciones por razón de domicilio efectuadas en ese municipio. Procedimos así ya que el recurso presentado por este no se había notificado a las partes dentro del término de veinticua-tro horas que establece la Regla 22(E) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, análoga al Art. 4.001 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 16 LPRA see. 4031. Hoy, en un caso en el que el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista nos solicita que revisemos cier-tas determinaciones de la Comisión Estatal de Elecciones re-lacionadas con el voto adelantado de electores con impedimen-tos de movilidad (encamados), una mayoría de este Tribunal —sin brindar razones válidas en derecho para ello— se niega a desestimar por falta de jurisdicción un recurso que adolece, en esencia, del mismo defecto. No podemos avalar con nuestro voto ese lamentable y errado proceder. Con el mismo sentido de justicia y de responsabilidad que empleé al disponer del caso Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral del PPD) y otros v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías, hoy desestimaría por falta de jurisdicción el caso ante nos.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

— O —

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

Disiento del curso trazado por la mayoría. Durante es-tos pasados años, los miembros de esta mayoría que hoy permite que este litigio continúe en el foro de instancia, a pesar de que claramente ese tribunal carece de jurisdic-ción, han repetido, cual monje tibetano, el mantra de que “cuando el texto de la ley es claro, hay que respetar su contenido”. La reiteración de tal expresión choca frontal-mente con el curso de acción que hoy validan.

El Artículo 4.001 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Electoral), 16 LPRA see. 4031, al referirse al proceso para revisar un dictamen de la Comisión Estatal de Elecciones, dispone que, “[d]entro de los treinta (30) días anteriores a una elección el término para presentar el escrito de revisión será de veinticuatro (24) horas. La parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar dentro de dicho término copia del escrito de revisión a la Comisión y a cualquier otra parte afectada”. (Énfasis nuestro). El Partido Nuevo Progresista, en su es-crito ante este Tribunal, no rebate que incumplió con este término. En su lugar, elucubra teorías arteras de cómo se debe interpretar este artículo para que diga lo que no dice. Este incumplimiento priva al foro de instancia de jurisdic-ción para atender el asunto. Recuérdese que, en reiteradas ocasiones, este Tribunal ha dispuesto que “[l]a ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada y las partes no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal ni éste puede adjudicársela”. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Véanse, además: Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991).

El artículo en cuestión contiene un solo término, el de veinticuatro horas. Claramente, la ley dice que ese término es tanto para acudir en revisión como para notificar a la parte afectada. Así de sencillo. La mayoría de este Tribunal parece concluir otra cosa.

Hace apenas unos días, cinco para ser exacta, el Partido Popular Democrático presentó ante este Tribunal un re-curso de certiorari en el caso Luis A. Rodríguez Aponte (Comisionado Electoral) v. Comisión Local de Elecciones de Las Marías Precinto 034, CC-2016-1017. En el recurso se cuestionaba la validez de unas recusaciones de domicilio de miembros del Partido Popular. Correctamente lo desesti-mamos porque el Partido Popular incumplió con notificar el recurso dentro del término de veinticuatro horas que provee nuestro Reglamento para estos casos. ¡Uno de los factores que evaluamos al tomar nuestra decisión fue el Art. 4.001 de la Ley Electoral, que utiliza el mismo len-guaje! Consideramos, precisamente, que por motivo de la proximidad de las elecciones generales del 8 de noviembre de 2016, los tribunales disponemos de términos cortos para resolver este tipo de recursos.

¿Ayer sí, hoy no?

— O —

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón,

al cual se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez.

El pasado viernes 28 de octubre de 2016 emitimos una Resolución expidiendo el recurso de epígrafe. Inconforme, en horas de la tarde del sábado 29 de octubre de 2016, el Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático, Ledo. Guillermo San Antonio Acha, presentó una Moción Urgente de Desestimación por Falta de Jurisdicción del Tribunal y, en la Alternativa, Solicitud de Orden Aclarato-ria sobre Consolidación (Moción Urgente). Por entender que, efectivamente, el recurso de revisión presentado por la parte aquí peticionaria ante el Tribunal de Primera Ins-tancia —objeto del presente recurso de certificación intra-jurisdiccional— no fue notificado a las otras partes con-forme a derecho y, por ende, no fue perfeccionado en la forma debida, respetuosamente disiento de la determina-ción de la mayoría de este Tribunal de denegar la solicitud de desestimación del recurso de epígrafe. Veamos.

El miércoles 26 de octubre de 2016, en horas de la tarde, la Leda. Liza M. García Vélez, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), emitió una Resolución ati-nente a unas apelaciones de solicitudes de voto adelantado de electores con impedimentos de movibilidad (encamados). Posteriormente, en horas de la noche de ese mismo día, la Presidenta de la CEE notificó una Resolu-ción Enmendada de la primera.

De acuerdo con el Art. 4.001 de la Ley Electoral del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley Electoral), 16 LPRA see. 4031 (Art. 4.001), y dado que nos encontramos dentro de los treinta días anteriores a un evento electoral, la parte que no estuviera conforme con la determinación de la CEE disponía de un término de veinticuatro horas para presentar un escrito de revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia y notificarlo a la CEE y a las demás partes.

Específicamente, el Art. 4.001 dispone, en lo pertinente:

Dentro de los treinta (30) días anteriores a una elección el término para presentar el escrito de revisión será de veinticua-tro (24) horas. La parte promovente tendrá la responsabilidad de notificar dentro de dicho término copia del escrito de revi-sión a la Comisión y a cualquier otra parte afectada. (Énfasis suplido).

Del texto de la disposición estatutaria arriba citada surge claramente que la parte cuenta con un único término de veinticuatro horas para presentar y notificar su escrito. Lo anterior está avalado por la norma de hermenéutica legal firmemente arraigada en nuestro ordenamiento jurí-dico que dispone que “[c]uando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospre-ciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14.

Por otro lado, aunque el Art. 4.001 no indica que el tér-mino de veinticuatro horas para la notificación del recurso de revisión es jurisdiccional, aun si consideramos que dicho término es de cumplimiento estricto, corresponde a la parte peticionaria mostrar “justa causa” para no haber cumplido con él. Recordemos que

[e]n el caso de los términos de cumplimiento estricto, nuestra jurisprudencia es clara en que los tribunales podrán eximir a una parte de observar su cumplimiento si están presentes dos (2) condiciones: (1) que en efecto exista justa causa para la dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida. [...] En ausencia de alguna de estas dos (2) condiciones, los tribunales carecen de discreción para prorro- gar términos de cumplimiento estricto. (Énfasis en el original y comillas omitidas). Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013).

Al remitimos a los hechos ante nuestra consideración, no está en controversia que la parte peticionaria presentó el recurso de revisión en cuestión ante el Tribunal de Pri-mera Instancia el jueves 27 de octubre de 2016 a las 12:57 p. m., por lo que, conforme a la disposición legal anterior-mente indicada, el recurso fue sometido oportunamente dentro del término de veinticuatro horas provisto en la Ley Electoral. Tampoco está en controversia que dicho recurso no fue notificado a las partes sino hasta el próximo día luego de su presentación, es decir, el viernes 28 de octubre de 2016. Al respecto, la parte aquí peticionaria no ha acre-ditado que el recurso de revisión en cuestión se le notificó a las otras partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la Resolución Enmendada de la CEE en controversia o que tuvo justa causa para no hacerlo. Por el contrario, la parte recurrida nos presentó prueba de que, efectivamente, la notificación del recurso de revisión presen-tado ante el Tribunal de Primera Instancia ocurrió ya pasa-das dichas veinticuatro horas, es decir, luego del jueves 27 de octubre de 2016. Véanse: Moción Urgente, pág. 5; Moción Urgente, Apéndice, pág. 73 (donde surge el recibo del re-curso de revisión por parte de la CEE a las 9:57 a. m. del viernes 28 de octubre de 2016). Véase, también, la Moción en Oposición a Desestimación y Acreditando Notificación del Comisionado Electoral del PNP, pág. 12, apartado 38, donde la parte aquí peticionaria admite haber notificado el recurso de revisión a las otras partes entre las 9:30 a. m. y 10:00 a. m. del viernes 28 de octubre de 2016.

Como consecuencia, la parte peticionaria falló en su de-ber de demostrar que el recurso de revisión presentado ante el foro primario y del cual se acude ante nos mediante el presente recurso de certificación intrajurisdiccional fue, no sólo presentado, sino igualmente notificado a las otras par-tes dentro del término de veinticuatro horas dispuesto por ley. Sólo de dicho modo se hubiese podido concluir que el recurso de revisión en cuestión fue perfeccionado debida-mente conforme a derecho.

Por otra parte, tampoco se acreditó la existencia de justa causa para no haber notificado su recurso de revisión dentro de las veinticuatro horas de que la CEE emitiera la Resolución Enmendada, según dispuesto en la Ley Electoral. Por consiguiente, ante falta de justa causa y aun asumiendo que dicho término es de cumplimiento estricto, tanto el Tribunal de Primera Instancia como este Foro ca-recemos de discreción para prorrogarlo,

Le corresponde a las partes perfeccionar los recursos que se presentan ante los tribunales en conformidad con las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia existente. In-dependientemente de los méritos que pudiera o no tener el asunto presentado ante nos, los acontecimientos relatados no admiten otra conclusión que no sea que procede deses-timar el recurso de revisión presentado ante el foro prima-rio, objeto del recurso de epígrafe, por no haberse perfec-cionado debidamente conforme a derecho. Procede, igualmente, conceder la Moción Urgente presentada por los recurridos y anular el auto del recurso de epígrafe, se-gún expedido durante la noche del pasado viernes 28 de octubre de 2016. Por dichas razones, respetuosamente disiento de la determinación tomada por una mayoría de este Tribunal en relación con este asunto.

       El razonamiento que hizo constar el Juez Asociado Señor Martínez Torres para denegar la moción urgente de desestimación en este caso me parece, como poco, innovador. La tesis propuesta supone que el término de veinticuatro horas del Artí-culo 4.001 de la Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sufre de un trastorno de identidad disociativo (multiple personality disorder) que, a convenien-cia, se desdobla. En ocasiones, el término es jurisdiccional y, en otras, resulta ser de cumplimiento estricto. Considero este proceder poco riguroso.
      Reitero una obviedad: los términos jurisdiccionales no son prorrogables. Véanse: J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 495 (1997); Aponte v. Policía de P.R., 142 DPR 75 (1996). Una vez clasificado un término como jurisdiccional, y en ausencia de alguna disposición legal en contrario, las acciones para cumplir con tal término, ya sean presentar un recurso o notificarlo, no modifican lo que ya ha sido caracterizado como jurisdiccional. Ya que el Artículo 4.001 dispone un término único en el que se tienen que realizar múltiples actos —entiéndase, la presentación y la notificación del recurso de revisión judicial—, no cabe el desdoblamiento propuesto.
      Por otro lado, aun si para fines de la argumentación aceptáramos que el término para notificar es de cumplimiento estricto, cabe resaltar que, tanto ante el Tribunal de Primera Instancia como ante este Foro, la parte peticionaria no solicitó “prorro-gar” el término de notificación ni presentó justificación alguna para incumplir con éste. Como sabemos, un término de cumplimiento estricto lo que supone es que la parte puede incumplirlo si logra comprobar a satisfacción del tribunal que hubo justa causa para el incumplimiento. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998). Es meritorio señalar que “[e]l poder para ejercer tal discreción!, a saber, prorrogar el término de cumplimiento estricto] surge sólo cuando la parte que lo solicita demuestra justa causa para la tardanza. En ausencia de tales circunstancias, dicho tribunal carece de discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso [...] (Énfasis suprimido). Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657 (1997).
      Señalar que el juez de instancia, cuando emitió una orden para calendarizar los procesos en su sala de recursos extraordinarios, lo que hizo fue prorrogarle al peti-cionario el término para notificar la solicitud de revisión a la otra parte, es, a mi juicio, poco prudente. Adviértase que la propia Orden del foro de instancia se emite “a tenor con el Artículo 4.001 del Código Electoral de Puerto Rico Orden del Juez Superior Ángel R. Pagán Ocasio, 27 de octubre de 2016, Anejo de la Moción en Oposición a Desestimación y Acreditando Notificación del Comisionado Electoral del PNP, pág. 21. A todas luces, la explicación de lo ocurrido se revela como un malaba-rismo jurídico. Quien está prorrogando el término es la interpretación acomodaticia de este Tribunal.

       Por otro lado, me parece desatinado que el Juez Asociado Señor Martínez Torres desacredite en sus expresiones la analogía que hicieran varios miembros de este Tribunal con este caso. En concreto, el Juez Asociado sugiere que dicho caso es distinguible a los hechos ante nuestra consideración porque el término no se había prorrogado. No obstante, ello me parece inconsecuente debido a que el recurso de certiorari se desestimó por no haber sido notificado dentro del término jurisdiccional correspondiente. Según comenté anteriormente, el término jurisdiccional aplicable en Luis A. Rodríguez Aponte, al igual que en este caso, no podía prorrogarse.

       Véase también la Moción de Desestimación presentada ante nos por el Co-misionado Electoral del Partido del Pueblo Trabajador, Dr. José F, Córdova Iturregui en la tarde del domingo 30 de octubre de 2016.

       Aunque dicha Resolución Enmendada aparenta haber sido notificada a las partes a las 8:31 p. m. del miércoles 26 de octubre de 2016 (véase la página 27 del Apéndice que acompaña la Moción Urgente de Desestimación por Falta de Jurisdic-ción del Tribunal y, en la Alternativa, Solicitud de Orden Aclaratoria sobre Consoli-dación (Moción Urgente) presentada por los recurridos), las partes parecen estar de acuerdo en que ésta fue notificada a las 9:07 p. m. del día 26. Véanse: Apéndice de la Moción Urgente, pág. 6; Urgente Recurso de Revisión Electoral, presentado por el aquí peticionario Ledo. Aníbal Vega Borges, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista. No obstante el que se haya notificado a las 8:31 p. m. o a las 9:07 p. m. del 26 de octubre, no tiene consecuencia alguna ya que, como veremos más adelante, lo importante es que la Resolución Enmendada en cuestión fue notificada a las partes el 26 de octubre de 2016, por lo que el término de veinticuatro horas en controversia venció en algún momento del jueves 27 de octubre de 2016.

         Véanse, por ejemplo: Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92 (2013); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403-405 (2012).

        Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, págs. 94-97.

       Véase, por ejemplo, Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975) (“Los abogados vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos instados ante [los tribunales], Nos proponemos exigir celosamente que así se haga”).

       Cabe señalar que el hecho de que el juez superior Ángel R. Pagán Ocasio haya emitido una Orden el 27 de octubre de 2016 a las 4:26 p. m., en la que señaló una vista para el próximo día, viernes 28 de octubre de 2016 a la 1:30 p. m. en el recurso de revisión en cuestión e instruyó a la parte aquí peticionaria que “diligenciar[a] a las partes indispensables la [...] orden junto con copia de la solicitud de revisión de con-formidad a lo prescrito en la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 4.4” —Moción en oposición a desestimación y acreditando notificación del Comisionado Electoral del PNP, Apéndice, pág. 9—, no excusaba a la parte peticionaria de notificar su recurso de revisión a las otras partes dentro del término de veinticuatro horas provisto por la Ley Electoral, según indicado arriba. Cabe mencionar, además, que al momento en que el juez Pagán Ocasio emitió dicha Orden, la parte peticionaria con-taba todavía con el resto del día 27 para notificarle su recurso a las otras partes dentro del término de veinticuatro horas antes dispuesto; aun así no lo hizo, sin proveer justa causa para su proceder. De hecho, nada impedía que la parte aquí peticionaria le hubiera notificado por fax o por correo electrónico el recurso de revisión a las demás partes, y posteriormente, las emplazara con copia de la Orden del foro primario y del recurso, en estricto cumplimiento con los términos de dicha Orden. Véanse las Reglas 67.1 y 67.2 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRAAp. V).


author:
(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Martínez Torres. Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Aneudy E. Delgado Torres, peticionario.

      Número: CC-2016-458

      Resuelto: 31 de octubre de 2016

      Aneudy E. Delgado Torres, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la petición de certiorari presentada en este caso, se provee “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emi-tió un voto de conformidad. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

— O —

Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres.

La petición del Sr. Aneudy E. Delgado Torres es impro-cedente y a destiempo. Aquí no cabe hablar de una viola-ción del debido proceso de ley, porque el señor Delgado Torres no tiene un interés legítimo en que se perpetúe un cómputo ilegal en una sentencia.

Lo que tenemos ante nosotros es algo menos complicado de lo que parece. Un acusado hizo una alegación de culpa-bilidad en 2005 que dio lugar a que el tribunal dictara sentencia. Esa sentencia recogió el acuerdo entre el fiscal y el señor Delgado Torres, pero incluyó una disposición de que las penas por violar la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley de Armas) se cumplieran concurrentemente con las penas por otros delitos. Ese cómputo de la sentencia es contrario a la Ley de Armas, que ordena que esas penas se cumplan de forma consecutiva. Art. 7.03 de Ley Núm. 404-2000 (25 LPRA sec. 460b). Por lo tanto, el Tribunal de Pri-mera Instancia enmendó la sentencia a finales de 2008 para establecer la manera correcta en que se debe compu-tar la condena. No cambió las penas ni los delitos por los que el acusado se declaró culpable. No estamos ante un acuerdo ilegal o imposible de cumplir sino ante un error en la sentencia respecto a cómo se computarían las penas. Eso es algo claramente sujeto a corrección en cualquier momento. Por ende, tampoco estamos ante una enmienda ilegal a una sentencia.

Aunque esa sentencia enmendada hoy es final y firme, el señor Delgado Torres esperó seis años para quejarse del proceder del foro primario. Para ello pretende utilizar la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II. El problema que tiene el peticionario es que esa regla es para cuestionar la legalidad —no la corrección— de una senten-cia que "adolece de un defecto fundamental que conlleva inevitablemente una violación al debido procedimiento de ley”, pero el señor Delgado Torres la invoca para todo lo contrario: para perpetuar un error. El cómputo en la sen-tencia original es contrario a derecho; la enmendada es la sentencia correcta, según la ley.

Por eso la disidencia invoca el derecho que tiene un acu-sado a retirar su alegación de culpabilidad. Eso choca con la realidad de que cuando el acusado hizo la alegación se le advirtió de las consecuencias de lo que hacía y que el acuerdo con la Fiscalía no obligaba al juez. El Pueblo de Puerto Rico v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015). Ahora se pretende darle una categoría de “derecho adquirido”, prote-gido por la Constitución, a un cómputo ilegal en una sentencia.

La pregunta obligada es qué hizo el señor Delgado Torres cuando se enmendó la sentencia original. Respuesta: nada. Se le ocurrió atacar la sentencia enmendada en 2015, seis años después, sin base firme, como si su ignorancia de la ley le eximiera de que se le aplique. El Derecho no favorece los ataques colaterales a las sentencias. Se permiten, como ex-cepción, si el acusado “puede demostrar que se le violaron sus derechos”. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 949 (2010). Eso no sucedió aquí. No procede un ataque colateral a una sentencia válida para perpetuar una “gansería”.

— O —

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

Hoy una Mayoría de este Tribunal opta por no interve-nir en este caso y, con ello, permite que a un ciudadano automáticamente se le duplique la pena de reclusión im-puesta, como resultado de una enmienda posterior a la sentencia original que recogía el convenio de una alegación preacordada. De esta forma, se pierde la ocasión para de-terminar si se vulnera el debido proceso de ley al enmen-dar, sin más, una sentencia —producto de una alegación preacordada— sin otorgarle un remedio a la persona acu-sada, quien bajo el entendido de que el acuerdo alcanzado se cumpliría en su totalidad, decidió declararse culpable.

Por sostener que la controversia requería que este Tribunal se pronunciara en torno a este asunto particular y concediera un remedio adecuado al peticionario, disiento de la determinación de denegar el recurso instado. Veamos.

HH

Como resultado de una alegación preacordada, el 9 de marzo de 2005, el Sr. Aneudy E. Delgado Torres (señor Delgado Torres o peticionario) fue sentenciado a cumplir diez años de reclusión por cometer el delito de robo, según tipi-ficado en el derogado Código Penal de 1974, y diez años de reclusión por dos infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico de 2000 (Ley de Armas), Ley Núm. 404-2000 (25 LPRA see. 455 et seq). En conformidad con lo determi-nado en la Sentencia producto de la alegación preacordada, esas penas de reclusión debían cumplirse de forma concu-rrente entre sí y consecutivas con cualquier otra que estu-viese cumpliendo el señor Delgado Torres. Véase Sentencia de 9 de marzo de 2005.

Transcurridos más de tres años, el 18 de diciembre de 2008, la Administración de Corrección y Rehabilitación (Administración) solicitó una modificación a la Sentencia, al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA see. 185. En esencia, argumentó que el dictamen emitido era contrario a lo establecido en el Art. 7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b. Por lo tanto, argüyó que las penas de reclusión impuestas al señor Delgado Torres debían cumplirse de forma consecutiva. Celebrada una vista para atender lo alegado por la Administración, el 21 de enero de 2009, el Tribunal de Primera Instancia en-mendó la sentencia original y, en lo pertinente, determinó que las penas de reclusión fuesen cumplidas consecutivamente. Véase Sentencia enmendada de 21 de enero de 2009, pág. 2.

Inconforme con ese proceder, el 7 de enero de 2015, el señor Delgado Torres presentó ante el foro primario, por derecho propio, una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. En ésta, solicitó que se dejara sin efecto la Sentencia Enmendada y, por consiguiente, se reestableciera la original. En lo perti-nente, fundamentó su petitorio en que el dictamen emitido en el 2005 fue producto de un acuerdo alcanzado entre su representación legal y el Ministerio Público, el cual fue acogido enteramente por el tribunal. Tras examinar la re-ferida moción, el foro primario la denegó.

En desacuerdo, el señor Delgado Torres recurrió, por de-recho propio, ante el Tribunal de Apelaciones. En síntesis, señaló que el Tribunal de Primera Instancia incidió al de-negar su moción. Sostuvo que la determinación de enmen-dar la sentencia original se basó únicamente en la petición instada por la Administración. Asimismo, afirmó que el proceder del tribunal fue errado, toda vez que actuó en contravención al acuerdo alcanzado en el 2005, conforme al cual se dictó sentencia.

Examinado el recurso, el 30 de octubre de 2015, el Tribunal de Apelaciones dictó una Resolución mediante la cual denegó su expedición. Razonó que la determinación del foro primario de denegar la moción al amparo de la precitada Regla 192.1 fue correcta en derecho y no se hizo mediando prejuicio, parcialidad o error craso o manifiesto. Concluyó que el dictamen emitido en el 2009 era legal, ya que procedía la enmienda introducida a la sentencia dic-tada en el 2005. A su vez, el foro apelativo intermedio de-terminó que, ante la realidad de que la Sentencia Enmen-dada fue emitida en el 2009 y de ella no se recurrió, ésta advino final y firme. Finalmente, señaló que no surgía de la moción presentada por el peticionario ninguna de las circunstancias que establece la referida Regla 192.1 para que fuese declarada "con lugar”.

En disconformidad con lo resuelto, el señor Delgado Torres acude, por derecho propio, ante este Tribunal me-diante escrito de certiorari. En éste, reproduce los argu-mentos esgrimidos ante los foros recurridos. Esto es, reitera que la enmienda efectuada en el 2009 es nula e ilegal, toda vez que infringe su derecho constitucional a un debido proceso de ley. Este señala que esa enmienda in-cumple con el acuerdo enteramente acogido por el tribunal en el 2005, en el cual él confió y por el cual decidió decla-rarse culpable, renunciando así a otros derechos constitu-cionales y estatutarios que le cobijaban.

Del mismo modo, el señor Delgado Torres hace hincapié en que la enmienda realizada es contraria a derecho, pues en lugar de enfrentar una pena de reclusión con una fina-lidad de diez años —como fue el acuerdo en el cual confió y el que entendió se cumpliría en su totalidad— ahora se enfrenta a una condena de veinte años. Además, aunque reconoce que en su momento no encaró de lleno la modifi-cación de su sentencia, sostiene que ello se debió a una deficiente representación legal. Amparado en todo lo anterior, solicita que declaremos ilegal la Sentencia Enmen-dada emitida en el 2009 y, por ende, restablezcamos la sen-tencia dictada en el 2005, la cual acogió en su totalidad el acuerdo mediante el cual se declaró culpable de los delitos imputados.

Examinado el escrito de certiorari incoado por el señor Delgado Torres, una Mayoría de este Tribunal emitió una Resolución mediante la cual denegó su expedición. Conven-cido de que el caso ameritaba un pronunciamiento de este Tribunal, a los efectos de resolver si se infringe el debido proceso de ley al enmendar, sin más, una sentencia —pro-ducto de una alegación preacordada— sin concederle un remedio a la persona acusada, disiento de la determinación de denegar el recurso instado. A continuación, elaboro los motivos que me mueven a ello.

h—I I—i

Es norma conocida que, en nuestro ordenamiento proce-sal penal, una persona acusada puede declararse culpable o no culpable de los delitos imputados. Véase Regla 68 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA see. 68. De esta forma, cuando se formula una alegación de culpabilidad, la persona acusada abdica a ciertas garantías constitucionales y estatutarias que le amparan, a saber, los derechos a: (1) un juicio justo, imparcial y público; (2) ser juzgada ante un juez o jurado; (3) que se establezca su culpabilidad más allá de duda razonable, y (4) presentar evidencia a su favor y a rebatir la prueba en su contra. Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823, 829-830 (2014); Pueblo v. Montero Luciano, 169 DPR 360, 373-374 (2006); Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 192 (1998). En cambio, de mediar una alegación de no culpable, se entiende que la persona niega completamente lo atribuido en la denuncia o acusación presentada en su contra, por lo que el Ministerio Público está obligado a probar su culpabilidad más allá de duda razonable. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 830; Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 192. Véase, además, Re-gla 73 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II.

Ante la realidad de que la alegación de culpabilidad im-plica una renuncia de valiosos derechos constitucionales y estatutarios, los foros judiciales deben ser muy cautelosos al momento de decretar si aceptan o no tal declaración. Por ende, ese proceso debe estar rodeado de todas las garantías posibles. Con relación a ello, la Regla 70 de Procedimiento Criminal establece que “[e]l tribunal no aceptará la alega-ción de culpabilidad sin determinar primeramente que la misma se hace voluntariamente, con conocimiento de la na-turaleza del delito imputado y de las consecuencias de dicha alegación”. 34 LPRAAp. II, pág. 560 (ed. 2016). En ese sen-tido, para aceptar la declaración de culpabilidad, el magis-trado debe cerciorase de que la renuncia de garantías pro-cesales que ésta conlleva sea expresa, personal, voluntaria e inteligente y con conocimiento de los derechos a los cuales se renuncia y de las repercusiones. Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 374; Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 193. Así pues, el tribunal puede negarse a admitir una ale-gación de culpabilidad y ordenar la anotación de una alega-ción de no culpable. Véase Regla 71 de Procedimiento Criminal, 34 LPRAAp. II. También puede permitir el retiro de una declaración de culpabilidad en cualquier momento antes de dictar sentencia. 34 LPRAAp. II, R. 71.

A. Pertinente al caso ante nos, es menester destacar que una alegación de culpabilidad puede ser el resultado de una negociación entre la representación legal de la persona acusada y el Ministerio Público. Tal acuerdo de voluntades se denomina comúnmente como “alegaciones preacordadas” y se produce cuando la persona imputada de delito se de-clara culpable a cambio de unos beneficios que el Estado le concede. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 194; Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984). Así, en este tipo de acuerdo el Ministerio Público se compromete a realizar cier-tas acciones, a saber: (1) solicitar que se archiven otros car-gos pendientes contra la persona acusada; (2) eliminar la alegación de reincidencia; (3) recomendar una sentencia es-pecífica o no oponerse a la solicitud de la defensa en cuanto a una sentencia en particular, o (4) acordar que cierta sen-tencia dispone adecuadamente del caso. Regla 72(1) de Pro-cedimiento Criminal, 34 LPRA see. 72(1). Véase, además, Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 831.

Adviértase que este Tribunal ha subrayado que el Mi-nisterio Público debe obrar con mucha cautela al momento de efectuar este tipo de acuerdo y cerciorarse de que pro-cede en derecho. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 196. A esos efectos, hemos señalado que la responsabilidad inicial de una alegación preacordada es del Ministerio Pú-blico que negocia el acuerdo, mientras que la responsabili-dad final es del tribunal sentenciador, quien imparte su aprobación. íd.

En ese sentido, para que el acuerdo alcanzado entre la persona acusada y el Ministerio Público tenga efecto jurí-dico, es necesario que el tribunal lo acepte. Véase Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA see. 72. En el ejercicio de ponderar si se acepta o rechaza el acuerdo, el foro judicial debe evaluar lo siguiente: (1) si la alegación fue efectuada con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad de la persona imputada; (2) si la alegación es conveniente a una sana administración de la justicia, y (3) si ha sido lograda conforme a derecho y a la ética. Regla 72(7) de Procedi-miento Criminal, 34 LPRA Ap. II. Véanse, además: El Pueblo de Puerto Rico v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015); Pueblo v. Acosta Pérez, supra, págs. 831-832; Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 957 (2010); Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, págs. 198-199. Del mismo modo, éste debe cer-ciorarse de que la persona acusada sea consciente de todos los efectos y las repercusiones que tendrá su alegación. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 832. A su vez, debe asegurarse de que existe base suficiente en los hechos para sostener la declaración de culpabilidad. Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 832; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957. En caso de que no se cumplan con estos requisitos, el foro judicial tiene que rechazar el acuerdo. Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957.

Es doctrina reiterada que el tribunal cuenta con discre-ción para aceptar, rechazar, modificar o permitir el retiro de una alegación preacordada. Regla 72(7) de Procedimiento Criminal, supra. Véanse, además: Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 833; Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 199. Sin embargo, esa potestad quedará derrotada si el foro judicial se niega a permitir que la persona acusada retire una alegación de culpabilidad efectuada sin comprender la ley y los hechos o mediante una falsa representación. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 833. Asimismo, se derrotará cuando surge alguna duda de la culpabilidad de la persona imputada, cuando ésta tiene una defensa meritoria o cuando se cumplen mejor los fines de la justicia sometiendo el caso a un juicio en los méritos. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 833; Betancourt Rojas v. Tribunal Superior, 90 DPR 747, 757 (1964). Además, procede el retiro de la alegación de culpabilidad cuando medie coac-ción, fraude o inadvertencia. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 833. Así pues, el tribunal debe examinar a la persona imputada sobre tales aspectos. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 213. De lo contrario, podría incurrir en abuso de discreción.

B. Resulta oportuno señalar que, antes de que el tribunal acepte el acuerdo alcanzado entre la persona acu-sada y el Ministerio Público, no existe bilateralidad entre las obligaciones de las partes, por lo que cualquiera de és-tas puede retirar su oferta o consentimiento. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 832; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957; Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 196; Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798, 810 (1992). Empero, una vez el foro judicial refrenda el acuerdo y la persona acusada hace la correspondiente alegación de cul-pabilidad, éste queda consumado y las partes vinculadas por lo pactado. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 832; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, págs. 957-958. Ello implica que ninguna de ellas puede retirar lo acordado, por lo que cual-quier intento a tales fines constituiría un incumplimiento del acuerdo. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 832; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957. Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, págs. 294-295. Además, cualquier acto en detrimento del acuerdo no imputable a la persona acusada, afecta sus derechos constitucionales. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 958.

Es menester indicar que en la doctrina jurídica sobre el tema, aunque se ha determinado que existe un derecho a obtener un remedio en casos de incumplimiento del acuerdo no imputable a la persona acusada, persiste discusión en tomo a cuál debe ser el remedio que se ha de conceder, se-gún las circunstancias del caso. W.R. LaFave y otros, Criminal Procedure, 4ta ed., St. Paul, Ed. West/Thomson, 2015, Sec. 21.2(e), págs. 770-796. Véase, además, Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 967 esc. 3. De hecho, a la luz de los hechos particulares de cada caso, un examen de la doctrina revela que esos remedios oscilan entre el cumplimiento es-pecífico de lo acordado, la posibilidad de entrar en nuevas negociaciones para concretar otro acuerdo o el retiro de la alegación de culpabilidad y la celebración de un juicio en los méritos. Para una discusión detallada sobre el particular, véase LaFave y otros, op. cit. En el caso Pueblo v. Pérez Adorno, supra, este Tribunal —amparándose en pronuncia-mientos jurisprudenciales del Tribunal Supremo federal— reconoció que cuando existe un incumplimiento del acuerdo por parte del Ministerio Público, procede devolver el caso al tribunal sentenciador para que otorgue un remedio a la persona acusada, ya sea que se le permita retirar la alegación de culpabilidad o se ordene el cumplimiento específico de lo pactado. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, págs. 958-959 y 967-968. Véanse, además: Puckett v. U. S., 556 US 129 (2009); Santobello v. New York, 404 US 257 (1971).

Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha señalado que una vez se hace la alegación de culpabilidad y el tribunal la acepta, posteriormente el juzgador no puede rechazar el acuerdo, pues ello menoscabaría los derechos constitucio-nales de la persona acusada. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 833; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 960. Precisamente, en el caso Pueblo v. Pérez Adorno, supra, tuvimos ocasión de examinar el mecanismo de las alegaciones pre-acordadas y pronunciarnos en torno a los casos en los cua-les el tribunal provoca el incumplimiento de lo pactado. En esa oportunidad, dejamos meridianamente claro que

[u]na vez el tribunal acepta el acuerdo y el acusado hace la correspondiente alegación de culpabilidad, quedan implicados los derechos constitucionales del acusado, quien tiene el derecho a que lo acordado y aceptado se cumpla en su totalidad. Por lo tanto, una vez el acusado hace la alegación de culpabilidad y el tribunal, como institución, acepta el acuerdo, el juez no puede rechazarlo posteriormente. Lo contarlo sería permitir que des-pués de que el acusado hace alegación de culpabilidad por con-fiar en el acuerdo aceptado, el tribunal revierta su determina-ción y sentencie al acusado sin considerar lo acordado. Esto, sin duda, menoscabaría los derechos del acusado. Además le resta-ría efectividad a las alegaciones preacordadas, por temor a que los acuerdos, una vez aceptados, puedan ser rechazados por el tribunal. (Énfasis suplido). íd., págs. 960-961.

A tales efectos, tras determinar en Pueblo v. Pérez Adorno, supra, que la imposibilidad de cumplir con el con-venio de la alegación preacordada fue producto de las ac-tuaciones contradictorias del Tribunal de Primera Instan-cia, y ante el hecho de que no era posible ordenar el cumplimiento específico de lo acordado —ya que algunos cargos habían sido sobreseídos con perjuicio— este Tribunal permitió el retiro de la alegación de culpabilidad del acusado y devolvió el caso al foro primario para la celebra-ción de un juicio en los méritos. íd., pág. 968.

III

Por tratarse de una materia que atañe al caso ante nos, es necesario mencionar que nuestro ordenamiento procesal penal cuenta con ciertos mecanismos para que una persona que se encuentra detenida pueda impugnar la sentencia recaída, tales como una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. Véase Pueblo v. Torres Cruz, supra. En términos generales, esta regla per-mite que la sentencia impugnada se anule, se deje sin efecto, se corrija o se conceda un nuevo juicio. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. Véase, además, D. Ne-vares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorri-queño, lOma ed. rev., Instituto para el Desarrollo del De-recho, 2014, pág. 232.

Para ello, la persona que se halle detenida en virtud de una sentencia condenatoria, puede invocar su derecho a ser puesta en libertad al amparo de cualquiera de los fun-damentos siguientes: (1) la sentencia fue impuesta en vio-lación de derechos constitucionales o leyes tanto estatales como federales; (2) falta de jurisdicción del tribunal para imponer la sentencia; (3) la sentencia excede de la pena dispuesta en ley, o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. Véase Regla 192.1 de Pro-cedimiento Criminal, supra. La moción puede presentarse ante el tribunal sentenciador en cualquier momento des-pués de dictada sentencia, incluso luego de que ésta haya advenido final y firme. Íd.; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 965. En esencia, “la cuestión que ha de plantearse es si la sentencia impugnada está viciada por un error fundamental que contradice la noción más básica y elemental de lo que constituye un procedimiento criminal justo”. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, págs. 965-966.

Con respecto a la controversia ante este Tribunal, es norma reiterada que una persona convicta puede atacar colateralmente una sentencia, aunque ésta sea producto de un preacuerdo. Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 964. El hecho de que una persona acusada haya resultado convicta mediante una alegación de culpabilidad no es óbice para atacar la validez de la alegación o la sentencia de convicción dictada como resul-tado de la declaración de culpabilidad. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 964; Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, págs. 210-211. De esta forma, hemos resuelto que una persona convicta mediante la alegación de culpabilidad puede atacar la validez de la sentencia condenatoria según la precitada Regla 192.1, si cuenta con un planteamiento o una defensa meritoria al amparo del debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 965; Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007). De hecho, este Tribunal ha sido diáfano en afirmar que la moción mediante la alu-dida Regla 192.1 está disponible cuando la sentencia ado-lece de un defecto fundamental que conlleva inevitable-mente una violación al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 966.

En fin, aunque ciertamente hemos resuelto que una ale-gación de culpabilidad conlleva una renuncia de valiosas garantías constitucionales y estatutarias, bajo ninguna cir-cunstancia puede interpretarse que tal declaración con-lleva una renuncia total al derecho constitucional al debido proceso de ley. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 821. Evidentemente, no puede ser de otro modo, ya que esa cláusula, consagrada en la See. 7 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, ha sido denominada como la disposición matriz de los derechos individuales ante la intervención injustificada del Estado con el ciudadano. Íd., págs. 821-822. Véase, además, Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 296. En otras palabras, el derecho constitucional a un debido proceso de ley representa la garantía fundamental de protección que tiene un ciudadano contra los posibles abusos o usos arbi-trarios del poder en que incurra el Estado. Por consi-guíente, es deber ineludible de los foros judiciales proteger tal derecho. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 822.

Bajo el prisma de este trasfondo doctrinal, procedo a exponer mi criterio en torno a la controversia ante este Tribunal. Veamos.

IV

Conforme adelantado, aquí la controversia principal no ha sido objeto de análisis por parte de este Tribunal. Ésta se circunscribe a determinar si se infringe la cláusula del debido proceso de ley al enmendar, sin más, una sentencia —producto de una alegación preacordada— sin otorgarle un remedio a la persona acusada, según las circunstancias del caso, a saber: el cumplimiento específico de lo acordado, la posibilidad de entrar en nuevas negociaciones con el fin de concretar otro acuerdo o el retiro de la alegación de cul-pabilidad y la celebración de un juicio en los méritos.

Para recapitular, en este caso el señor Delgado Torres fue sentenciado a cumplir, de forma concurrente, diez años de reclusión por cometer el delito de robo y diez años por infracciones a la Ley de Armas. Transcurridos aproximada-mente cuatro años, la sentencia fue enmendada para acla-rar, en lo pertinente, que los años de reclusión debían cum-plirse consecutivamente. Ello, en armonía con lo dispuesto en el citado Art. 7.03 de la Ley de Armas.

Al tiempo de cumplir con lo dictaminado en la sentencia original, el señor Delgado Torres presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. Solicitó que se dejara sin efecto enmienda efectuada y se reestableciera la sentencia original. Sostuvo que esta última fue producto de un acuerdo alcanzado entre su re-presentación legal y el Ministerio Público, el cual fue aco-gido enteramente por el tribunal.

Denegada la moción, el peticionario recurrió al Tribunal de Apelaciones. Argüyó que el foro primario incidió al rea-lizar la enmienda, ya que actuó en contravención al acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y su repre-sentación legal, conforme al cual se dictó la sentencia original. Tras evaluar el recurso, el foro apelativo interme-dio denegó su expedición.

Inconforme, el señor Delgado Torres acude ante este Tribunal. Afirma que la Sentencia Enmendada es nula e ilegal, pues vulnera su derecho constitucional a un debido proceso de ley. Argumenta que la enmienda efectuada con-traviene el acuerdo enteramente acogido por el tribunal en la sentencia original, en el cual él confió y por el cual decidió declararse culpable, abdicando a otras garantías constitu-cionales y estatutarias que le resguardaban. Además, sos-tiene que la enmienda realizada es contraria a derecho, ya que quebranta la expectativa de finalidad de la sentencia original impuesta. Por todo lo anterior, solicita que declare-mos la ilegalidad de la Sentencia Enmendada y, en conse-cuencia, restablezcamos el dictamen original que recoge el acuerdo mediante el cual se declaró culpable de los delitos atribuidos.

A. Evaluadas las normas constitucionales y reglas pro-cesales pertinentes, conjuntamente con la doctrina jurídica y los pronunciamientos jurisprudenciales relevantes, opino que el petitorio del señor Delgado Torres tiene mérito. Ello, pues, a pesar de que la sentencia original contravenía las disposiciones de la Ley de Armas, enmendarla, sin más, le-sionó su derecho a un debido proceso de ley, puesto que truncó las garantías constitucionales y estatutarias que le protegen, las cuales fueron renunciadas mediante acuerdo original.

Adviértase que el Tribunal de Primera Instancia en-mendó el dictamen original sin permitirle al señor Delgado Torres retirar su alegación de culpabilidad y reiniciar nue-vas negociaciones con el Ministerio Público, con miras a lle-gar a otro acuerdo. Tampoco se le concedió la oportunidad de ser juzgado en los méritos. Mucho menos, se ordenó el cum-plimiento específico de lo acordado. Sin duda, tal curso de acción no es cónsono con las nociones fundamentales del debido proceso de ley que deben imperar en el proceso criminal. Consecuentemente, es forzoso concluir que el foro primario, al enmendar la sentencia original, no actuó con-forme a su deber de velar por los derechos y las garantías que le asisten al señor Delgado Torres.

No podemos perder de perspectiva que el señor Delgado Torres, al pactar con el Ministerio Público, confió en la le-galidad de la propuesta, por lo que se declaró culpable y renunció a las garantías constitucionales y estatutarias que le amparaban. Ese acuerdo fue refrendado por el tribunal al impartir su aprobación. No obstante, éste contra-venía las disposiciones de la Ley de Armas. Siendo así, considero que el tribunal abusó de su discreción al apro-barlo, pues éste era contrario a derecho y se efectuó me-diante una falsa representación. El tribunal debió verificar la validez jurídica del convenio de la alegación preacor-dada, antes de refrendarlo. Además, el peticionario no fue advertido de ello, por lo cual medió inadvertencia al mo-mento de hacer su alegación.

Recuérdese que es deber del foro judicial asegurarse de que la alegación de culpabilidad, producto de un preacuerdo, descansa en motivaciones legítimas y procedentes en derecho. Según lo sostenido por este Tribunal, una actitud judicial sistemática de rechazo o aceptación, sin ponderar las circunstancias que rodean el delito y la seriedad de los daños causados, es contraria a la letra y a la idea que ins-pira la norma procesal. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 214. Las consecuencias del error cometido por el Tribunal de Primera Instancia no pueden repercutir en detri-mento del señor Delgado Torres, a la luz del tracto procesal expuesto. No olvidemos que la imposibilidad de cumplir con el convenio de la alegación preacordada fue producto de las propias actuaciones erradas del foro primario.

Nótese que tras la enmienda al dictamen original, auto-máticamente el señor Delgado Torres vio duplicada la pena de reclusión que estaba supuesta a cumplir, a pesar de la expectativa razonable de finalidad que tenía sobre la sen-tencia original impuesta y en perjuicio de su fundada cre-encia de que, a cambio de declarase culpable y aceptar el acuerdo, cumpliría una pena total de diez años de reclusión. Considero que el proceder del foro primario al aprobar un acuerdo ilegal y luego enmendarlo, sin más, acarrea irremediablemente un trastoque a la confianza que los ciudadanos —y en este caso particular el señor Delgado Torres— depositan en el sistema de justicia. No puedo avalar tal curso de acción.

Ante esa realidad, opino que procede la moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, inco-ada por el señor Delgado Torres, ya que, evidentemente, éste cuenta con un planteamiento meritorio en virtud del debido proceso de ley. Como vimos, la acción del foro prima-rio de enmendar, sin más, la sentencia original emitida aca-rreó un menoscabo el derecho constitucional del peticionario a un debido proceso de ley, quien se declaró culpable y ab-dicó a sus derechos y garantías creyendo que cumpliría una pena total de reclusión de diez años. Por ello, sostengo que el señor Delgado Torres tiene derecho a un remedio.

Considerando las circunstancias de este caso, entiendo que es procedente dejar sin efecto la Sentencia Enmendada y, por consiguiente, ordenar el cumplimiento específico de la sentencia original recaída en el 2005, mediante la cual se le impuso al señor Delgado Torres una pena de reclusión total de diez años. Más aún, cuando a este momento esa década de reclusión ha sido cumplida. Opino que ese es el remedio adecuado, según los hechos particulares de este caso. Así lo exige el derecho constitucional a un debido proceso de ley, el cual los foros judiciales estamos llamados a proteger. Tén-gase presente, pues, que “[e]n el balance entre los intereses gubernamentales y los de la ciudadanía, las garantías del debido proceso de ley deben prevalecer”. Pueblo v. Montero Luciano, supra, pág. 389.

V

En virtud de los fundamentos expuestos, disiento de la determinación emitida por una Mayoría de este Tribunal. A diferencia del curso de acción seguido, expediría el re-curso presentado, revocaría los dictámenes de los foros re-curridos y, por lo tanto, declararía “con lugar” la moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal ins-tada por el señor Delgado Torres.

        Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010).

       Del expediente surge que el Sr. Aneudy E. Delgado Torres se encuentra cumpliendo la pena de reclusión impuesta en una institución penal en Guayama.