text:
    Guillermo Cortada, Sr., Antonio Quilinchini Luiggi, Fernando L. Toro, Sucn. J. Serrallés, Crédito y Ahorro Ponceño y Banco de Ponce, peticionarios y apelados, v. El Municipio de Ponce y La Asamblea Municipal de Ponce, constituída por su Presidente G. S. Pierluissi, Etc., querellados y apelantes.
    No. 6473.
    Sometido: Enero 17, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      B. Rivera Zayas, Guillermo Pierluissi, y B. Aliles Moréu, abogados de los apelantes; José A. Poventud- y Alberto S. Poventud, abo-gados de los Sres. Cortada y Quilincbini; F. Parra Capó, abogado de la Sncn. Serrallés y el Sr. Toro; Miguel Marcos Ploróles, abo-gado del Crédito y AOiorro Ponceño y López de Tord & Zayas Bizarro, abogados del Banco de Ponce, apelados.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de Ponee adoptó nna ordenanza No. 22, serie de 1933, que fue publicada en el periódico “El Día”, en mayo 13 de 1933, con el fin de enjugar un déficit en los ingresos ordinarios del presupuesto municipal. Ejer-citando el recurso especial establecido en la sección 83 de la Ley Municipal de 1928, los peticionarios acudieron a la Corte de Distrito de Ponce en solicitud de un auto de certiorari para obtener la revisión y nulidad de la citada ordenanza, por entender que la misma lesiona sus derechos e infringe la Constitución federal, la Ley Orgánica de Puerto Pico y las leyes insulares. Librado el auto por la Corte de Distrito, los querellados solicitaron su nulidad y presentaron copia de una ordenanza No. 25, serie de 1933, aprobada por la Asam-blea Municipal de Ponce en 6 de junio del año referido. Esta ordenanza enmienda los artículos 1, 2, 7, 9 y 10 de la orde-nanza original No. 22. La corte inferior, lnego de disentidas ampliamente las cnestiones planteadas, declaró nnlas las orde-nanzas No. 22 y No. 25, serie de 1933, aprobadas por la Asamblea Municipal de Ponce en abril 28 y junio 6 de 1933. La ordenanza enmendada impone “una contribución equiva-lente al 1 por ciento anual sobre todo el capital representado por préstamos, pagarés y otros documentos negociables o créditos de clase alguna, garantizados con hipoteca u otra garantía real o personal, o no garantizados, siempre que el mismo no esté exento por la ley, o gravado por arbitrio, con-tribución o impuesto federal o insular, cuyo capital así repre-sentado o evidenciado esté en posesión legal o pertenezca en propiedad o usufructo a cualquier persona natural o jurídica domiciliada dentro de la jurisdicción del límite territorial del municipio de Ponce, o que tenga allí establecida alguna oficina para hacer negocios.”

Se atribuyen a la corte inferior tres errores. En el primero se alega que las peticiones de certiorari no fueron juradas por los querellantes todos, a los cuales representaban distintos abogados.

No aparece suscitada ante la corte inferior cuestión alguna relacionada con el juramento que fué prestado por dos de los peticionarios en la solicitud original y por uno de ellos en la solicitud complementaria. Es ésta una cuestión que se sus-cita demasiado tarde para que pueda ser considerada por este tribunal. Sin embargo, deseamos hacer constar que a nuestro juicio no es necesario que todas las partes intere-sadas en la expedición del auto de certiorari juren separada-mente los hechos alegados en la misma. Como muy bien dicen los peticionarios, la ley no requiere cosas inútiles. Para cumplir con el propósito que persigue la ley basta que prima facie se establezca la certeza de los hechos alegados por medio de un juramento, sin que deba exigirse que todos y cada uno de los peticionarios juren separadamente las mismas alegaciones, incurriendo en una innecesaria repetición. Debe desestimarse el alegado error.

Se alega que la petición de certiorari no adnee hechos determinantes de nna cansa de acción, y qne la corte cometió error al declararla con lagar y al decretar la nulidad de ambas ordenanzas municipales.

De acuerdo con la prueba aportada los peticionarios son dueños y poseedores de pagarés, créditos hipotecarios, docu-mentos negociables, y otros créditos. adicionales sujetos al impuesto que se establece por las ordenanzas municipales. Como hemos visto estas ordenanzas imponen una contribu-ción a todo capital representado por préstamos, deudas o créditos garantizados con hipotecas u otra garantía real o personal, o no garantizados. Así lo dispone el artículo pri-mero de la ordenanza tal y como quedó enmendada. Por la sección segunda de la referida ordenanza se impone la con-tribución a toda persona natural o jurídica domiciliada en el municipio de Ponce o que tenga en dicha ciudad oficina esta-blecida para hacer negocios, que sea dueña o estuviere en posesión legalmente de cualquier capital representado por pagarés u otros documentos negociables, créditos de clase alguna o préstamos, garantizados o no con hipoteca, o cual-quier otra garantía real o personal, no exento de contribución, o gravado por cualquiera contribución, impuesto o arbitrio insular o federal.

Varias son las razones que aducen los peticionarios para demostrar la nulidad de la ordenanza municipal aprobada por el municipio de' Ponce; pero la razón fundamental que sirve de base a esta alegación es que de acuerdo con el artículo 290-del Código Político y la jurisprudencia hasta hoy establecida, las cuentas, pagarés y créditos, con o sin garantías, están absolutamente exentos del pago de toda tributación y que con arreglo al artículo 46, letra b, de la Ley Municipal de 1928, ningún municipio puede fijar impuesto alguno sobre bienes que estén exentos de contribución. Tanto los peticionarios como los demandados han escrito extensos e interesantes ale-gatos sosteniendo sus respectivos puntos de vista. Nos limi-taremos a discutir en esta opinión la cuestión fundamental y básica planteada por los peticionarios, porqne, bastando por sí sola para resolver esta apelación, no debemos entrar a estudiar y considerar los demás puntos suscitados y argumen-tados por los distinguidos abogados que representan a que-rellantes y querellados. La corte inferior ba escrito una cuidadosa opinión que reproducimos en parte, porque contiene una historia de nuestra legislación con respecto a la cuestión planteada, y porque constituye, a nuestro juicio, una correcta interpretación de la ley sobre el particular.

“Aplicando estas disposiciones de la Ley Municipal, pasemos a determinar la cuestión principal envuelta en este procedimiento, es decir, si los créditos personales de todas clases, garantizados con hi-potecas o no garantizados, están exentos de contribución en Puerto Rico como sostienen los peticionarios o si meramente están exentos de tasación para fines insulares en cuanto a contribución sobre la propiedad y sujetas a tributación por los municipios bajo el art. 46 (/) supra, según sostienen los querellados. Hemos estudiado cui-dadosamente esta interesante cuestión según la han tratado exten-samente las partes en sus alegatos, y consideramos que en el de los pe-ticionarios se analiza y compara la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y la de la Corte de Circuito de Boston, interpre-tando el art. 290 del Código Político en relación con los arts. 291, 317 y 319 del mismo cuerpo legal en una fomta tan clara, precisa y convincente que de su alegato nos permitimos citar, haciéndolos nuestros, con ligeras variaciones, algunos párrafos.
“El Código Político de 1902 expresamente incluía, como pro-piedad sujeta a tributación, ‘los créditos y las deudas.’ El artículo 290 de dicho cuerpo legal, en lo pertinente, decía:
‘Lo que se entiende por bienes muebles comprenderá '. los créditos.las deudas.’
“El art. 291 del mismo Código, letra c, eximía de contribucio-nes a ‘las deudas de cualquier persona .... sujetas al pago de contribución, con las limitaciones y en la forma prescrita en los arts. 297 y 298.’
“Por el artículo 297 del expresado Código Político, al decla-rarse la propiedad para fines contributivos, se autorizaba para de-ducir de los créditos declarados, los pagarés y otras deudas tona fide, sin que éstas pudiesen exceder del importe de aquéllos, excepto en el caso de hipotecas; y si no se declaraba crédito alguno, tampoco procedía deducción por concepto de las deudas.
“El artículo 298 del citado Código Político de 1902, conside-raba toda hipoteca ‘como una participación en la propiedad que afectaba,’ tasándose la propiedad gravada previa deducción del valor de la hipoteca o garantía.
“El acreedor hipotecario, según el precepto de ese artículo, no pagaba contribución sobre ninguna deuda así garantizada si por cláusula inequívoca en el convenio debía satisfacerse el tributo por el deudor, a quien entonces incumbía el pago. Véase: Código Po-lítico de 1902, arts. 290, 291 (c), 297 y 298.
“Por enmienda de marzo 10, 1904, p. 169, el susodicho artículo 290 del Código Político, declarativo de la propiedad sujeta a con-tribución, quedó modificado mediante esta adición:
‘.pero no comprenderá los créditos en cuentas co-rrientes, pagarés, ni otros créclios personales.’ Comp. 1911, p. 881.
“Así quedó definida la propiedad personal sujeta a tributación, es decir, excluyéndose las cuentas corrientes, pagarés y otros crédi-tos personales.
“Es de verse, por tanto, que hasta el año 1904 se consideró como propiedad mueble sujeta a tasación para fines contributivos, toda clase de créditos personales, y que desde esta fecha, 1904, estos cré-ditos fueron eliminados, quedando exentos de toda contribución.
“Los créditos hipotecarios, que también se tasaban a nombre de sus dueños hasta el año 1904, según los artículos 297 y 298 del Código Político de 1902, y se deducían del valor de la propiedad afectada del deudor, se eliminaron asimismo de las referidas dispo-siciones legales en armonía con la nueva definición de ‘bienes mue-bles.’
“Los créditos de todas clases, incluyendo desde luego los garan-tizados hipoteeariam'ente, han quedado exentos desde 1904 sin con-dición alguna.
“También, el artículo 291 (m) por modo expreso eximió de con-tribuciones a cierta clase de bonos por- haber quedado incluidos en la definición de ‘bienes muebles’, comprendida en el art. 290 del Código Político según fuera enmendado en marzo 10, 1904, p. 169.
“Asimismo, en lo relativo a corporaciones, el artículo 317 ’ del mencionado Código Político de 1902, incluía ‘en los bienes mue-bles, todos los créditos’, y por la enmienda de 1904, p. 176, se ex-cluyó lo concerniente a créditos de corporaciones como parte de su propiedad personal. (Comp. 1931, p. 559.)
“El caso en que primeramente fué considerada tal cuestión es el de Union Central Life Insurance Co. v. Gromer, Tesorero de Puerto fideo, 19 D.P.R. 900, donde se resolvió por modo claro y ter-minante que:
£í ‘De acuerdo con la ley vigente en Puerto Rico el dueño de una ñnca hipotecada paga contribución por el valor total de la pro-piedad sin deducir el importe de la hipoteca y ésta, para los fines de contribución, es lo mismo que si fuera bien mlueble. De acuerdo con la sección 290 enmendada del Código Político los créditos per-sonales están expresamente exentos de contribución.La sección 320 del Código Político en relación con'la 290 del mismo código sería anticonstitucional si se interpretara en el sentido do que los créditos hipotecarios poseídos por una corporación extran-jera domiciliada fuera de Puerto Rico están sujetos al pago de con-tribución, mientras que los mismos créditos, si pertenecen a un in-dividuo, no lo están.Habiendo la corporación de-mandante pagado bajo protesta las contribuciones impuestas por el Tesorero sobre los créditos hipotecarios poseídos en esta Isla, procede su devolución a dicha corporación.No puede negarse que de acuerdo con el artículo 290 del Código Político, los créditos en poder de individuos particulares están exentos del pago de contri-buciones .’ Union etc. Co. v. Tesorero, 19 D.P.R. 900, 901, 912, 919.
"Al caso citado le siguió el de Fajardo Sugar Co. v. Richardson, Tesorero de Puerto Rico, 22 D.P.R. 311, 312, donde, después de ratificarse la doctrina sentada en Union Central Life Insurance Co. v. Gromer, Tesorero, se declaró:
" ‘A pesar del caso de Union Central Life Insurance Co. v. Gromer, arriba citado, el apelante insiste en que los créditos no es-tán exentos por la ley. Alega que el Fiscal General de Puerto Rico, Sr. Brown, como también este tribunal al adoptar su opinión, estu-vieron equivocados. El argumento es que el artículo 290 mera-mente expresa que los créditos estarán exentos de ser clasificados bajo el título de bienes muebles, pero que pueden, sin embargo, ser tasados los créditos, puesto que el artículo 290 dispone que sea ta-sada toda la propiedad. El apelante llama la atención hacia el hecho de que en la ley de 1902 también se disponía que serían ta-sados los créditos y que la única revisión hecha en la ley de 1904 fué para excluirlos de su clasificación como bienes muebles. Sin embargo, generalmente la propiedad mueble comjprende los créditos, y así ha sido declarado por las cortes; y al excluir específicamente el artículo 290 a dichos créditos debemos tener por cierto que .la intención de la Legislatura fué la expresada por ella. La legis-latura teniendo presente que 'toda la propiedad material es tasada puede que baya querido evitar una tasación sobre los derechos a la propiedad con el fin de impedir la doble tasación que tan fre-cuentemente recae sobre el mismo comodatario en vez de sobre la persona que tiene el crédito. El caso de Union Central Life Insurance Company v. Gromer, jamás ha sido revocado y no se funda únicamente en la opinión del Fiscal General, sino en una conside-ración detenida del estatuto. Pero ya que se considera la exclu-sión de los créditos contenida en el artículo 290 como una exención o excepción a la tasación, la intención de la Legislatura, según apa-rece de dicho artículo, no da lugar a equivocación alguna. La in-tención de hacer dicha exclusión se manifiesta además en los cam-bios hechos en el año 1904 y en otras partes del Código Político. En los artículos 317 y 319 del referido código que exigen que las cor-poraciones deberán presentar una relación de sus bienes muebles fué incluida la palabra “créditos” en 1902 y omitida en 1904, fe-cha en que fué enmendado dicho artículo 290. Y el mismo artículo 290 expresa que para los fines de la tasación la propiedad inmue-ble comprenderá ciertas cosas y la mueble otra (excluyendo los cré-ditos) indicando así una completa división de la propiedad que ha de ser tasada.’
“Este caso fué confirmado en apelación y aprobado por la Corte de Circuito de Apelaciones en Fajardo Sugar Co. v. Tesorero, 237 Fed. 195, 196.
“En el caso de Porto Rican & American Ins. Co. v. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, 35 D.P.R. 917, 919, 921, se resolvió que ‘fué la intención de la legislatura imponer contribuciones sobre pro-piedad tangible q sobre la propiedad inmueble que la representara .una contribución sobre el capital de la corporación según estaba representado por sus bienes’. En este mismo caso se reiteró la doctrina de que, no ya tratándose de personas naturales, sino que aún cuando se imponga la contribución sobre una corpora-ción directamjente, la propiedad exenta debe ser deducida de la ta-sación; y, al efecto, se excluyeron de la tasación los créditos hipo-tecarios, pagarés y otros créditos, estimándose que ‘solo podía im-ponerse contribución sobre el efectivo en caja.’
“Posteriormente, reconsiderando el caso de Porto Rican & American Ins. Co. v. Gallardo, supra, el Hon. Tribunal Suprem'o intentó variar la jurisprudencia tan firmemente establecida en cuanto a la exclusión de créditos del pago de contribuciones, declarando que:
“ ‘En ausencia de demostración al efecto de que unos créditos hipotecarios caen bajo alguna de las clases a que se refiere el artículo 291 (to) del Código Político, el importe de los mismos no está exento del pago' de contribución.’ P.R. & Am. Ins. Co. v. Gallardo, 37 D.P.R. 114.
“Y se rehusó eliminar de la tasación ciertos créditos hipoteca-rios pertenecientes a una corporación.
“Este último caso fué seguido en The Porto Rico Coal Co. v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico (1929), 39 D.P.R. 637, en el cual se negó la corte a excluir ciertas ‘cuentas a cobrar y cré-ditos personales’ de una corporación, y, después de mencionarse los casos de Ins. Co. y. Gromer, 19 D.P.R. 900 y Fajardo Sugar Co. v. Tesorero, 22 D.P.R. 311, adoptóse el de P. R. & Am. Ins. Co. v. Gallardo, 37 D.P.R. 114, declarándose que:
“ ‘Acciones o certificados de corporaciones tomados para cubrir créditos contra ellas no pueden considerarse como créditos a co-brar; y en ausencia de prueba ele que ellos, junto con otros créditos, estén exentos de contribución, los miismos están sujetos al pago de contribución. ’
“Este litigio fué el que dió motivo a la intervención de la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito que, en alzada, estable-ció definitivamente la doctrina hoy imperante en esta isla, la cual exime de contribución sobre la propiedad a los créditos de todas clases y ratifica la jurisprudencia sentada en Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, 19 D.P.R. 900 y Fajardo Sugar Co. v. Richardson, 22 D.P.R. 312, ya que, al revocarse la sentencia de nuestro Tribunal Supremo en Porto Rico Coal Co. v. Gallardo, supra, se resolvió:
“ ‘.La Corte de Distrito.se negó a excluir los créditos. El artículo 290 del Código dispone que los créditos en cuentas corrientes, pagarés y otros créditos personales no serán bienes muebles. Las cortes locales, en los casos de Union Central Life Insurance C. y. Gromer, 19 D.P.R. 900, 910-911, y en Fajardo Sugar Co. v. Richardson. Tesorero, 22 D.P.R. 311, 319-321, propiamente, a nuestro juicio, han resuelto que los créditos y cuen-tas a cobrar no están sujetos a tributación y no deben ser inclui-dos en la valoración de las corporaciones para fines contributivos hecha de conformidad con el artículo 317. Este último caso fué apelado para ante esta Corte, y en 327 Fed. 195, 196, dijimos: “Tanto la Corte de Distrito como la Corte Suprema de Puerto Rico en apelación prestaron debida consideración a las cuestiones de derecho y llegaron a la conclusión de que al interpretarse debida-damente las disposiciones del código, las partidas o ‘créditos’ en disputa no estaban sujetos a tributación. No hallamos razón al-guna para no convenir con el criterio de las cortes locales respecto a la ley local y no tenemos duda de que la interpretación dada a las disposiciones del código es correcta.” Esta corte siempre dará debida consideración a la interpretación dada a un estatuto local por una corte local de última instancia, mas cuando, como ocurre en este caso, yá ha aprobado una interpretación. dada al artículo 337 por la Corte Suprema de Puerto Iiico, no puede, si las decisio-nes de una corte de apelaciones sirven para algún fin, seguir toda nueva interpretación dada a este artículo por las cortes en Puerto Rico. Aquí no se aduce razón alguna para revocar nuestra de-cisión anterior.Las cortes locales parecería haberse desviado de la interpretación anterior dada por ellas a este ar-tículo en el caso de France & New York Medicine Co. v. Reily, 31 D.P.R. 650, y haber tratado la contribución fijada por el artículo 317 eomp una especie de arbitrio, pero creemos que ésta no fue una interpretación correcta del artículo y no ha sido en el ínterin seguida por las cortes locales. En realidad, esta interpretación fné revisada por la Corte Suprema local en el caso de P. R. & Am. Ins. Co. v. Gallardo, Tesorero. Ni este último caso ni el de Porto Rican & American Insurance Co. v. Gallardo, 37 D.P.R. 114, citado en el alegato del gobierno, son inconsistentes con el criterio expresado por la Corte Suprema en 19 D.P.R. 900, y 22 D.P.R. 311. Si el estatuto, tal y como ha sido interpretado por la Corte Suprema de Puerto Rico en los últimos casos citados, con la aprobación de esta corte, no es satisfactorio al Pueblo de Puerto Rico, éste tiene una Legislatura con autoridad para enmendarlo.’ P. R. Coal Co. v. Domenech, 41 F. (2d) 183 et seq.
"Resuelto por la Corte de Boston el caso de Porto Rico Coal Co. v. Domenech, supra, surgió en la Suprema de Puerto Rico el de New Corsica Centrale v. Juan G. Gallardo, Tesorero, 41 D.P.R. 669, en el cual definitivamente se resolvió que:
" ‘No puede haber duda de que este tribunal resolvió en Union Central Life Insurance Co. v. Gromer, 19 D.P.R. 900, y Fajardo Sugar Co. v. Tesorero, 22 D.P.R. 311, que, de conformidad con el estatuto, los créditos personales no estaban sujetos a tribirtación. El caso de Gromer resolvió que los créditos garantizados con hipo-tecas, eran no obstante primordial y fundamentalmente créditos, y que, por tanto, no podían formar parte de los bienes muebles, se-gún se definen éstos en el artículo 290. El caso de Fajardo Sugar Co. resolvió esencialmente que los anticipos hechos a agricultores eran créditos, y que por consiguiente estaban expresamente exclui-dos de la definición de bienes dada en el artículo 2.90. Por tanto, nos sentimos obligados a resolver que el activo en el presente caso constituía créditos, según la definición del artículo 290, y no podía considerarse como bienes más que los créditos en el caso de Gromer o en el de Fajardo Sugar Co.Estamos bastante convencidos de que los casos anteriores habrían prevalecido de ha-berse fijado nuestra atención en el artículo 290 del Código Político. Debido a la forma en que se presentaron las cuestiones envueltas, el tribunal de momjento no tuvo presente el artículo 290 y su in-terpretación anterior.La Corte de Circuito de Apelaciones de Boston revocó la decisión en Porto Rico Coal Co., supra, y necesariamente resolvió que los referidos certificados debían consi-derarse como' créditos. Aquella corte, además, revisó nuestra jurisprudencia anterior en Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, en Fajardo Sugar Co. v. Tesorero, supra, y la confirmación de la ultima de estas decisiones por la Corte de Circuito y resolvió, en efecto, que esas decisiones anteriores eran ya derecho establecido.’
“En virtud del anterior análisis de la jurisprudencia interpre-tando el artículo 290 del Código Político, somos de opinión que el capital representado por los créditos personales, garantizados o no, que se pretenden gravar por el Municipio de Ponee en la ordenanza así impugnada, están exentos de toda tasación y tributación por el gobierno insular, y siendo esto así, carece de poder la Asamblea Municipal de Ponce para imponerles dicha contribución de acuerdo' eon el art. 46, inciso b, de la Ley Municipal, supra, que expresa-mente dispone que los muncipios pueden imponer contribución so-bre bienes myiebles e inmuebles ■ dentro de su distrito municipal,, siempre que dichos bienes no se hallaren exentos del pago de con-tribución por las leyes de los Estados Unidos, o por alguna ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.”

Aunque las razones y conclusiones del juez de la corte inferior, Sr. Todd, bastan para confirmar la sentencia apelada sin necesidad de nuevas citas y de más amplia argumentación, vamos a permitirnos, sin embargo, exponer algunas razones adicionales y explicar la significación y alcance que debe darse, a nuestro juicio, a cierta jurisprudencia citada por los abo-gados de los querellados.

De acuerdo con el inciso cuarto del artículo 26 de la Ley estableciendo un sistema de gobierno local para los municipios de Puerto Rico, aprobada en 1928 y enmendada en 1931, una de las atribuciones concedidas especialmente a la Asamblea Municipal, con sujeción a las demás disposiciones de dicha ley, es la siguiente:

“í°. La imposición de contribuciones y arbitrios razonables den-tro de los límites jurisdiccionales del municipio.”

El artículo 46 de la referida ley enumera las fuentes de ingresos municipales y, en su inciso b, dice que estos ingresos consistirán “en el producto de cualquier contribución sobre bienes muebles e inmuebles del distrito municipal impuesta con la correspondiente autorización de la Asamblea Legisla-tiva, siempre que dichos bienes no se hallaren exentos del pago de contribución por las leyes de los Estados Unidos o por alguna ley de la Asamblea Legislativa, vigente en Puerto Rico.” Luego de especificar dicho artículo detalladamente en qué consistirán los ingresos, dice, en su inciso f:

f “En cualquier otro impuesto, arbitrio o contribución que se de-cretare por la Asamblea Municipal en la forma dispuesta en el ar-tículo 26, inciso cuarto, de esta ley, siempre que el objeto o materia de la contribución, arbitrio o impuesto, no haya sido objeto de al-gún impuesto, arbitrio o contribución federal o insular.”

A nuestro juicio la ley es clara. El inciso h del artículo 46 de la Ley Municipal, al autorizar a los municipios para gravar mediante contribución bienes muebles o inmuebles, impone ciertas limitaciones y una de ellas es que esos bienes no se hallen exentos del pago de contribución por alguna ley vigente de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Es así que de acuerdo con el artículo 290 del Código Político el capital representado por créditos personales, con garantías o sin ellas, no está sujeto a tributación; luego, la Asamblea Municipal de Ponce carece de autoridad para gravar una propiedad que una ley vigente de la Asamblea Legislativa ha declarado exenta de tributos.

La Asamblea Legislativa aprobó la ley municipal en 1928 y las enmiendas a la misma en 1931, con pleno conocimiento del alcance y significación del artículo 290 del Código Político y de su interpretación por este tribunal. No hay base en esta ley para establecer la conclusión de que los aludidos preceptos del Código Político han sido tácitamente derogados. Por el contrario, se declara expresamente que no pueden gravarse por los municipios bienes que se hallaren exentos del pago de contribución por alguna ley de nuestra Asamblea Legisla-tiva. Esta ordenanza de carácter local no puede derogar una ley de carácter general que ha fijado la política del estado por un período de tres décadas y ha puesto de manifiesto la intención de nuestra Legislatura, al declarar que los créditos personales no están sujetos a tributación. Si nuestras muni-cipalidades tuviesen autoridad para imponer esta contribu-ción, podría darse el caso de que los mismos bienes gravados en ciertos municipios estuviesen en otros libres de tributa-ción, y no es de suponerse que fuese ésta la intención de la Asamblea Legislativa. La misma razón que tuvo la Legis-latura para no considerar como bienes muebles sujetos a tributación los créditos en cuentas corrientes, pagarés y otros créditos personales, existe para que la municipalidad siga la misma línea de conducta al adoptar su legislación.

Los querellados citan a McQuillin como autoridad para sostener su alegación de que la municipalidad de Ponce tiene facultades para imponer la tributación impugnada. La cita de McQuillin, que transcribimos complementándola, del tomo 6, pág. 271 de su obra “Municipal Corporations”, dice así:

“Tal poder para imponer contribuciones así delegado puede abarcar solamente una parte de los poderes poseídos por el estado, o puede limitarse en una forma cualquiera; pero el poder que se delega, si no está limitado, incluye toda la facultad poseída por el estado, de ufanera que la municipalidad puede gravar toda la pro-piedad dentro de su jurisdicción sin parar mientes en si ba sido gravada por el estado.”

Este criterio está basado en el caso de Woodall v. Lynchburg, 100 Va. 318, 40 S.E. 915, que es el único caso citado por McQuillin en apoyo de la referida doctrina. Ni las palabras del autor ni las conclusiones de la Corte Suprema de Apelaciones de Virginia, sostienen la teoría de que la mu-nicipalidad puede gravar una propiedad exenta de contribu-ción por las leyes del estado.

Cooley expresa con mayor precisión y claridad el criterio de la Corte de Virginia. En el tomo 1, página 290 y 291 de su obra “Taxation”, dice el referido autor:

“Facultades dadas en términos generales por la carta orgánica de un municipio ‘to tax all property within the municipality’, no autoriza una contribución sobre propiedad que está exenta por las leyes generales relativas a todas las contribuciones;. pero cuando la Legislatura confiere a una municipalidad el poder general de imponer contribuciones, le concede todos los poderes po-seídos por ella con respecto a la imposición de estas contribuciones y la municipalidad puede gravar propiedad no gravada por el es-tado cuando no ha sido expresamente exenta de contribución.”

En apoyo de este criterio cita Cooley el mismo caso de Woodall v. Lynchburg, supra, citado por McQuillin, y además el caso de Newport News & O. P. Ry & Elec. Co. v. Newport News, 100 Va. 157, 40 S.E. 645, resuelto también por la Corte Suprema de Apelaciones de Virginia. En este último caso se confirió a la municipalidad la facultad de levantar anual-mente en propiedades dentro de sus límites, aquellos fondos que juzgase necesarios para sufragar sus gastos, en la forma en que fuese factible de conformidad con las leyes del estado y de los Estados Unidos. La ciudad de Newport impuso cierta contribución a los tranvías urbanos. No existía nin-guna ley en el estado prohibiendo esta contribución. Befi-riéndose a los poderes de la municipalidad, la Corte de Virginia se expresó en estos términos:

“Este lenguaje es sustancialmente el mismo adoptado en las car-tas orgánicas de otras ciudades de esta comunidad y ha sido repe-tidamente interpretado en el sentido de conferir al consejo de la ciudad poderes generales de contribución, incluyendo todas las per-sonas y materias de tasación, excepto en tanto en cuanto puedan ser limitados por las leyes del estado o de los Estados Unidos.”

Termina la corte su opinión con estas palabras:

“Examinando el caso en su totalidad, somos de opinión que la ordenanza impugnada no está en conflicto con la Constitución y las leyes de este estado o de los Estados Unidos, y que por el contra-rio constituye un legítimo ejercicio de los poderes municipales.”

En el caso de Woodall v. Lynchburg, supra, se reclamó una cantidad satisfecha para cubrir una licencia exigida a una persona para conducir el negocio de agente de trabajo. Se alegó que el demandante había satisfecho al estado $25 por el privilegio de conducir el mismo negocio y que la mu-nicipalidad le había exigido el pago de $500. Se alegó además que la ordenanza autorizando esta contribución era excesiva, opresiva e irrazonable, siendo su propósito prohibir el negocio y no levantar fondos para la municipalidad. La Corte de Virginia, resolviendo la cuestión planteada, dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

“La ordenanza impugnada fue aprobada en virtud de la auto-ridad concedida a la ciudad por su carta orgánica. Este lenguaje ha sido repetidamente interpretado en el sentido de conferir a L ciudad facultades generales para imponer contribuciones, excepto solamente en cuanto puedan ser limitadas por las leyes del estado o de los Estados Unidos, e incluye todos los poderes y materias de tasación. La concesión legislativa de poder al consejo de la ciu-dad de Lynchburg no tiene limitación con respecto al montante de la contribución impuesta. Esta materia se deja enteramente a la discreción del consejo.”

Luego la corte se extiende en algunas consideraciones sobre la facultad de imponer contribuciones, que corresponde únicamente al poder legislativo, y que no debe ser invadida por los tribunales de justicia, citando a Marshall, Cooley y ' otras autoridades en apoyo de sus conclusiones.

Como se verá, la Corte Suprema de Apelaciones de Virginia, aunque reconoce que la municipalidad tiene las mismas facultades que el estado para imponer contribuciones cuando le ha sido concedido este poder en términos generales, esta-blece el principio de que esta facultad puede ser limitada por las Leyes del estado o de los Estados Enidos. No hay duda de que el estado, que confiere la autoridad, tiene la facultad de limitarla, y si existe una ley general que exime de contri-bución a determinada propiedad, es lógico asumir que esta expresión de la voluntad legislativa constituye una limitación sobre el poder de la municipalidad. La corte de Virginia concluye que la municipalidad, de acuerdo con los poderes concedidos por su carta orgánica, puede imponer contribu-ciones dentro de su jurisdicción sobre materias not withheld from taxation by the, laws of the state, whether they are taxed by the state or not.

McQuillin, en el volumen 6, p. 290 de su obra sobre Cor-IJoraciones Municipales anteriormente citada, se expresa así:

“En la interpretación de la-concesión de poder a una munici-palidad para imponer contribuciones, la regla aceptada por todas las autoridades es que esta interpretación debe ser estricta. Un ciu-dadano no puede quedar sujeto a la carga de una contribución sin una autorización clara de la ley. Por lo tanto, las leyes autorizando la imposición de contribuciones deben ser estrictamente interpreta-das; su esfera de acción no debe extenderse implícitamente, ni su operación debe ensancharse de modo que abarque materias que no están específicamente señaladas, aunque tengan una estrecha ana-logía. La interpretación judicial debe estar en armonía con la na-turaleza y el propósito probable de la Legislatura, y evitar conflictos y conciliar todas las disposiciones aplicables de la ley en la materia, si fuese posible.
“Si la autoridad de la municipalidad para tasar es dudosa, la duda debe resolverse contra la contribución. En casos de duda, las cortes algunas veces dan crédito a la interpretación adoptada por el departamento ejecutivo del estado encargado específicamente del deber de interpretar y poner en práctica las distintas disposicio-nes de la ley sobre la materia. La razonable presunción es que el estado ha concedido en términos claros e inequívocos todo lo que intentó conceder y por cualquier autoridad que asuman ejercer los funcionarios municipales, deben ellos estar en condiciones de demos-trar que esa autoridad reside en las palabras de la concesión.
“Como se ha dicho por el eminente jurista, profesor y escritor Juez Cooley, la regia de estricta interpretación de los estatutos con respecto a los propósitos para los cuales las municipalidades pueden imponer contribuciones, limita a dichas municipalidades en la im-posición de esas contribuciones, estrictamente a los propósitos or-dinarios para los cuales tales municipalidades están acostumbradas a ejercer sus facultades. La concesión usual no va más allá de es-tos límites, porque no puede suponerse que al conceder la autori-dad acostumbrada, la legislatura tuvo un propósito extraño a los usuales y ordinarios objetos de contribución local en perspectiva. Los males de una interpretación estricta pueden ser obviados fá-cilmente por la legislatura; pero los males de una interpretación liberal pueden ser irremediables antes de que la legislatura pueda actuar. ’5

En el caso de Johnson Home v. Village of Seneca Falls, 37 App. Div. 147, 55 N. Y. Supp. 803, la corte dijo:

“Una villa no tiene el poder inherente de imponer contribucio-nes sobre las personas o la propiedad, y únicamente posee aquel poder que le ba sido claramente conferido por el estatuto. 2 Dillon Mun. Corp. (4a. ed.) párrafo 763. En un caso en que la política del estado, demostrada por sus estatutos generales, es que cierta' pro-piedad no estará sujeta a contribución, la carta orgánica de una villa que en términos generales autoriza la tasación de toda la pro-piedad dentro de la misma para propósitos municipales, no auto-riza la tasación de propiedad exenta por las leyes generales relati-vas a toda tributación, porque una concesión de poder en términos generales a una corporación municipal para gravar mediante con-tribución propiedad dentro de sus límites, no conñere poder para gravar propiedad exenta de contribución por las leyes generales. Las disposiciones de la carta orgánica de la villa de Seneca Falls relativas a contribución son muy generales en sus términos y no re-velan una intención de parte de la legislatura de conferir poder a la municipalidad para gravar propiedad exenta por las leyes ge-nerales.”

En Hyattsville v. Chesapeake & Potomac Tel. Co., 131 Md. 589, 103 Atl. 133, la carta orgánica de la cindad autorizaba la valoración para propósitos contributivos de toda la .pro-piedad real, personal y mixta en la ciudad. En este caso la Corte de Apelaciones de Maryland dijo :

“Si la alegación del apelante es correcta, entonces pueden aun valorarse para propósitos contributivos, las iglesias, los hospitales y otras cosas que la legislatura ha tenido1 a bien eximir de tributa-ción. La carta orgánica no puede tener tal significado; solamente se refiere a toda la propiedad que sea tributable bajo las leyes ge-nerales del estado.La legislatura adoptó un plan general para la contribución de las corporaciones por la ley de 1896 y enmiendas subsiguientes o legislación adicional, y nunca intentó que las municipalidades obstaculizaran el plan establecido cuando usó los términos generales antes mencionados.”

En el caso de Mayor, etc., of Wilmington v. Tower Hill School Ass’n, 122 Atl. 442, la Corte Suprema de Delaware se expresó en los siguientes términos:

“Como se dijo en el caso de City of New Orleans- v. Canal & Nav. Co., 36 La. Ann. 396, la exención es ilimitada y por lo tanto se extiende a toda tributación, ya sea impuesta por el estado, el condado o por una municipalidad. Las razones que justificaron la exención por parte del estado favorecen con igual fuerza una exen-ción similar por parte de una municipalidad. La ley general fija la política del estado con respecto a la tributación de la propiedad escolar y tal política no puede ser cambiada o abandonada a menos que así lo disponga una ley general.”

.

No es necesario hacer acopio de jurisprudencia para resolver el presente caso. Como ya hemos dicho, la ley municipal es completamente clara. Nuestras municipalidades no pueden gravar bienes exentos de tributación por las leyes de los Estados Unidos o por alguna ley vigente de la Asam-blea Legislativa. Los querellados alegan que la ordenanza enmendada dice que la contribución se impondrá únicamente a capital no exento y no gravado por las leyes federales o insulares y que mientras no se ponga en vigor la ordenanza y se hagan y resuelvan las peticiones de exención en contra de los querellantes, no pueden éstos acudir al procedimiento de certiorari. La verdad es que el capital representado por préstamos, pagarés y otros documentos negociables, o cré-ditos de clase alguna, garantizados o no, está sujeto a tributa-ción de acuerdo con la ordenanza y que los peticionarios tienen derecho a solicitar y obtener que se les libre de la amenaza que pesa sobre sus créditos. Es cierto que la ordenanza grava el capital no exento de contribuciones; pero si este capital ha de estar representado por préstamos, pagarés y otros documentos negociables y éstos están exentos, la conse-cuencia lógica es que la referida ordenanza carece de base y no surte ningún efecto, pnesto qne no sirve para realizar propósito alguno. Los propósitos del municipio, sin embargo, tienden a bacer efectiva dicha ordenanza, porque de otro modo no habría sido aprobada, y se hace necesaria una declaración judicial decretando su nulidad.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Cóedova Davila,

license: Public Domain

text:
    Felipe Toro Quiñones y su esposa Josefa Franquiz, demandantes y apelantes, v. Jenaro Figueroa, padre, demandado y apelado.
    No. 6205.
    Sometido: Febrero 1, 1934.

      Resuelto: Noviembre 9, 1934.

      Carda Méndez & García Méndez, abogados de los apelantes; J. Henri Brown, O. Buiz Nazario, C. E. González y G. Benitez Gautier, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Cóedova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

Es. ésta una acción que inician Felipe Toro Quiñones y su esposa para que se les indemnicen los daños y perjuicios sufridos en virtud de la muerte de un hijo de veinte meses de edad qne fué arrollado por un automóvil que guiaba Jenaro Figueroa, hijo del demandado, mientras actuaba como su empleado y en negocios del referido demandado. Se alega que el accidente ocurrió debido a la culpa y negligencia del conductor del automóvil mientras actuaba dentro del círculo de sus atribuciones en su carácter de empleado de la parte demandada.

La. Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia decía-rand o sin lngar la demanda. Los apelantes no discuten las conclusiones de hecho establecidas por la corte inferior qne reproducen en sn alegato y qne aceptan en las palabras qne copiamos a continuación:

“Hemos querido transcribir esta parte de la opinión de la corte porque, aunque estimamos equivocada en lo que a algunos detalles se refiere, la reproducción de la escena en que perdió la vida el menor Samuel Toro Franquiz, es sustancialmente como resulta de la evidencia ofrecida por ambas partes en el presente litigio, siendo así que el presente recurso se funda en el único error de la Corte de Distrito de Aguadilla al interpretar equivocadamente la teoría de la negli-gencia en este caso, y al no dictar una sentencia favorable al deman-dante. ’ ’

Al terminar los apelantes sus comentarios sobre el error atribuido a la corte inferior ratifican sn aceptación sobre las conclusiones de hecho del tribunal inferior, expresándose así:

“En otras palabras, y para no cansar la ilustrada atención de este Tribunal, sostenemos que aceptando las conclusiones de hecho a que llegó el tribunal inferior, dicho tribunal inferior ha errado al aplicar la ley del caso, puesto que así considerados los hechos debe concluirse que los mismos imputan una negligencia procesable en contra de la parte demandada. ’ ’

Las conclusiones de hecho de la corte inferior transcritas por los apelantes en su alegato, dicen así:

“La Corte, para resolver el caso va a tratar de reproducir los hechos ocurridos, como una gráfica evocación del accidente que ha originado la presente reclamación, estimando que para ello son bas-tantes el testimonio del propio demandante y de su principal testigo don Ramón Banuchi, ya que los demás testigos del actor arrojan poca luz al indicado objeto, y ya que estima innecesario y superfino el testimonio de los del demandado.
“He aquí en síntesis, la reconstrucción de la trágica escena y que la Corte estima como hechos ciertos y probados, a saber:
“Que en la calle Progreso de Isabela, el día 25 de septiembre de 1930, como a las seis de su tarde y parado a su derecha y en dirección sud, frente a la casa del demandante se hallaba el automóvil de éste, mientras en la acera del mismo lado, el Sr. Felipe Toro Quiñones (el demandante) hablaba con el Sr. Ramón Banuchi; que el primero, momentos después, sacó sus dos hijos del carro, la víctima entre ellos, y los dejó abajo, entreteniéndose el ahora interfecto con un juguetito, mientras Banuchi y el demandante continuaban su conversación; que pocos momentos después el niño estaba en la calle, detrás del auto-' móvil de su padre y a la sazón venía la guagua ‘Doris’, propiedad del hermano del Sr. Banuchi, en dirección contraria a la del carro del Sr. Toro que, como se ha dicho, estaba parado; que entonces el auto-móvil Cadillac del demandado, manejado por su hijo Jenaro Figueroa, Jr., venía en la misma dirección que ocupaba el carro del Sr. Toro y en la contraria, por tanto, a la que traía la guagua, por lo que el Sr. Figueroa, para dar paso a dicha guagua se hizo a su derecha, detrás del automóvil del actor, parando el suyo a una distancia de tres metros o más pero con el motor revolucionando y en dirección oblicua hacia la izquierda de la calle en plan de continuar su marcha, pues interceptando su derecha el del demandante tenía que cortar hacia la izquierda al dar la salida; * que en esos momentos el niño del Sr. Toro llamado Samuel, de 18 ó 19 meses de edad, se dirigía por la calle hacia la derecha delantera del carro Cadillac y cuando ponía sus manitas sobre el bumper de dicho carro su padre gritó: ‘pare, pare’ al mismo tiempo que el carro iniciaba su marcha, todo lo que ocurrió de un modo simultáneo, dando lugar a que el mismo fuera derribado, pasándole por su extremidad superior la rueda delantera del carro de referencia, habiendo sido retirado ya cadáver de entre el espacio que media de rueda a rueda de la parte derecha del vehículo; que Figueroa dirigía el carro desde la izquierda donde se halla instalado su gobernallo o guía; que Figueroa miraba en esos momentos hacia adelante en línea recta en relación con la dirección en que había quedado detenido su automóvil o sea en dirección oblicua o diagonal.
“Como consecuencia de la reproducción de los hechos que a la luz de la prueba hemos podido hacer, el Juzgador ha llegado a las siguientes conclusiones:
“Que Jenaro Figueroa, Jr., al detener su carro lo hizo en evitación de una colisión con la guagua ‘Doris’ que se aproximaba en dirección opuesta; que paró a una distancia conveniente en relación con el carro del demandante; que para dar salida debía dirigir, como dirigió, su mirada y el automóvil hacia la izquierda, desde el asiento delantero de ese mismo • lado, por hallarse delante el carro del Sr. Toro y para poder avizorar la posible aproximación de cualquier otro vehículo que viniera en dirección contraria; que, como personalmente bemos comprobado, a propuesta de los abogados de ambas partes, en razón a la altura de la parte delantera o coraza del carro Cadillac la estatura corriente de un niño normal de 19 meses y el sitio del carro que ocupaba, Figueroa Jr. no pudo en modo alguno ver al niño en el momento de tocar el bumper ni de exclamar el padre ‘pare, pare’ y dar la salida o reánudar la marcha el carro, pues todo ocurrió, como ya hemos dicho, de un modo simultáneo; y que al oír el Sr. Figueroa la voz de alarma del demandante, detuvo la marcha casi instantáneamente, ya que. el cadáver de la víctima fue extraído de entre las ruedas de la derecha del automóvil.
“Siendo todo ello así, nos es fuerza declarar que aquí se trata exclusivamente de un accidente desgraciado, dolorosamente lamentable, es cierto, pero sin que mediara negligencia, descuido, falta de circunspección ni imprudencia en el más leve grado por parte del Sr. Jenaro Figueroa, Jr., y lo que se debió más bien a la nesciencia del peligro por parte de la víctima, propia de su tierna edad, y a la distracción do su señor padre, enfrascado como se hallaba en la con-versación que venía sosteniendo con el señor Banuehi.”

Dadas las conclusiones de hecho establecidas por la corte inferior, opinamos que debe confirmarse la sentencia apelada. Hemos estudiado detenidamente toda la prueba practicada y no tenemos duda alguna de que en este caso los hechos que los mismos demandantes aceptan ocurrieron en la forma en que han sido descritos por el tribunal a quo. Las conclu-siones de derecho nos parecen acertadas. ■ Como ha dicho la corte inferior, se trata en este caso de un accidente desgra-ciado, verdaderamente lamentable en el cual no ha intervenido culpa o negligencia por parte del conductor del automóvil.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    La Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico, demandante y apelada, v. Margarita Collazo, demandada y apelante.
    No. 6218.
    Sometido: Enero 19, 1934.

      Resuelto: Noviembre 13, 1934.

      A. Amoldo Sevilla y A. Amoldo, Jr., abogados de la apelante; José Sdbater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

La demandada interpuso esta apelación contra la sentencia que declaró con lugar la demanda y sin lugar la contrade-manda, dictada en apelación al conocer del caso procedente de la Corte Municipal de San Germán.

La Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Eico, representada por su obispo diocesano Monseñor Luis Willin-. ger, es la parte demandante y Margarita Collazo es la de-mandada.

La demandante alega ser dueña de una finca de dos cuer-das de terreno cuya descripción baee, radicada en el poblado del Rosario del término municipal de San Germán; que Margarita Collazo ocupa parte de esa finca, o sea un solar que también describe, en el que ba fabricado a sus expensas una casa de maderas cuyo valor es de $200; que no paga cantidad alguna por el uso de ese solar y que se niega a desocuparlo y a retirar de él la expresada casa, por lo que solicita sentencia qué declare que la demandante tiene derecho a hacer suya dicha casa previo pago a la demandada del valor de la misma, debiendo desalojar el solar.

La demandada se opuso a esa reclamación, alegando como defensa haber adquirido el dominio del solar por prescripción de más de treinta años y formuló contrademanda en la que exponiendo que el solar vale $400 interesa que se declare inexistente el título de propiedad de la demandante a las dos cuerdas de terreno. Al contestar esa contrademanda admitió la demandante la alegación del valor del solar. La sentencia decretó que la demandante indemnizase a la demandada el valor de dicha edificación que la corte fijó en la suma de $200, cuyo importe deberá ser consignado en la Corte Municipal de San Germán, una vez firme la sentencia, a disposición de la demandada, la que deberá dejar libre y expedita dicha edificación a la libre disposición de la demandante; y en caso de que se negare a ello que se proceda a su lanzamiento.

Hace más de un siglo que los esposos Vicente Eamos y Florencia Eamírez otorgaron escritura el 17 de abril de 1830 ante él escribano real y público de San Germán don Manuel Segundo Cano, por la cual hicieron donación a la Ermita de Nuestra Señora del Eosario de una finca de dos cuerdas de terreno, cuya descripción hicieron, radicada en el poblado del Eosario, donde se halla la Ermita de Nuestra Señora del Eosario. Esa escritura no ha sido presentada en este pleito pero sí lo fue en el año 1894 al Eegistrador de la Propiedad de San Germán por don Francisco Eanero, Presbítero y cura foráneo de la parroquia del Eosario, la que originó desde hace más de treinta y seis años la inscripción primera de dicha finca de dos cuerdas a favor de la Ermita del Eosario. De la inscripción que de esa escritura fue hecha en ese año no aparece, como dice la apelante, que conste que la donación no fue aceptada por la Ermita. Por consiguiente, toda la argumentación de la apelante respecto a la nulidad de la donación por falta de su aceptación carece de base.

También alega la apelante que el título de adquisición de la Ermita por donación es inexistente porque el 17 de abril de 1830 la Ermita carecía de capacidad para adquirir la finca de dos cnerdas por ninguna clase de título de acuerdo con una ley de 11 de octubre de 1820 que estaba entonces en vigor. Es cierto, como puede verse en Scaevola, Código Civil, tomo 1, pág. 320, que según el artículo 15 de esa ley a las iglesias y a otras comunidades religiosas consideradas como manos muertas se les prohibió adquirir bienes algunos inmuebles en provincia alguna de la monarquía, ni por testa-mento, ni por donación, compra, permuta, etc., ni por título alguno lucrativo u oneroso; pero también es cierto que, aparte de que no se ha demostrado que esa ley decretada para las provincias de España fuera hecha extensiva a esta isla, el real decreto de primero de octubre de 1823 declaró nulos y sin ningún valor todos los actos decretados por las cortes desde el 7 de marzo de 1820 hasta el primero de octubre de 1823, como puede verse en la colección de decretos de 1823, tomo 7, página 147, publicada por don Fermín Martín de Balmaseda, que tenemos en nuestra biblioteca. A ese decreto se refiere la sentencia del Tribunal Supremo de España que se encuentra en la Jurisprudencia Civil, tomo 8, pág. 244. Por consiguiente, al ser hecha la donación en el año 1830 a la Ermita de Nuestra Señora del Rosario ésta no estaba impe-dida de adquirir por ese título, por lo que no erró la corte inferior al declarar que dicha Ermita es dueña de la finca de dos cuerdas de terreno, cuyo título está inscrito hace treinta y seis años.

Para poder adquirir bienes inmuebles por prescripción es necesario siempre que la posesión de ellos haya sido a título de dueño, aunque se trate de la prescripción extraordinaria por más de treinta años, como declaró este tribunal en el caso de la Iglesia Católica contra El Pueblo, 11 D.P.R,. 485. Margarita Collazo está ocupando con su casa desde hace más de treinta años el solar que forma parte de la finca de dos cuerdas de la demandante. A eso se ha limitado su posesión sin que haya probado acto alguno que demuestre que poseía en concepto de dueña. Ella pagaba contribución por la casa pero no por el solar: ella aceptó recibos de con-tribución de su casa en que se dice que el solar es propiedad de la iglesia; ella inscribió en el registro de la propiedad la posesión de su casa mas no del solar; y en distintas ocasiones ella ña reconocido que ese solar es de la propiedad de la Ermita del Rosario, como aparece del pleito de desahucio que contra ella siguió dicha ermita, por lo que no puede de-clararse adquirido por prescripción dicho solar.

Por lo expuesto' la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico, demandante y apelada, v. Carlos R. Colón Rosich, demandado y apelante.
    No. 6024.
    Sometido: Febrero 8, 1934.

      Resuelto: Noviembre 15, 1934.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; Dubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso y otro de la misma demandante contra Carlos B. Colón Rosicli y Luis Lorenzi fueron vistos conjuntamente en la Corte de Distrito de Ponce y por ésta resueltos con la prueba común para ambos, dictando en cada uno sentencia condenatoria de pago. En los dos pleitos se interpuso apela-ción por los. respectivos demandados, quienes nos han pre-sentado un solo alegato para los dos recursos alegando los mismos motivos de error. Por consiguiente, los fundamentos que tengamos para resolver la apelación en el presente caso servirán también para el otro a que nos referimos.

Se trata del cobro de varios pagarés suscritos por el de-mandado a la orden de J. Octavio Seix & Co. Inc., los cuales por endoso llegaron a poder del Banco de Nueva Escocia, cuyo banco los endosó sin fecha a favor de la demandante Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico, que es la tenedora de ellos. Los únicos motivos alegados ante nosotros para que revoquemos la sentencia condenatoria son que la corte inferior erró al admitir como evidencia los pagarés sin estar debidamente endosados y que también cometió error al apreciar la prueba y por consecuencia en. la sentencia que dictó contra el demandado.

El fundamento del primer motivo de error alegado es que los pagarés que reclama la demandante no eran admisi-bles como evidencia porque la Brockway Motor Truck Corporation of Porto Rico no ha adquirido la propiedad de los mismos por carecer de fecha los endosos, toda vez que según el artículo 553 del Código de Comercio los endosos de los pagarés a la orden deberán extenderse con la misma expre-sión que los de las letras de cambio; que de acuerdo con el 461 la propiedad de las letras de cambio se transferirá por endoso; que por el artículo 462 se requiere que los endosos contengan la fecha en que se hacen; y que el 463 dispone que si se omitiera la expresión de la fecha en el endoso, no se transferirá la propiedad de la letra, y se entenderá como una simple comisión de cobranza.

Esos preceptos legales los tuvimos en cuenta al resolver el caso de Noriega & Alvares v. Cruz & Co., 33 D.P.R. 559, en el que dijimos lo siguiente:

“Según expresa el artículo 463, supra, la omisión de la expresión de la fecha en un endoso, esté por otra parte firmado o no en blanco, produce un doble efecto. Deja la propiedad de la letra en el endo-sante y crea una ‘ simple comisión de cobranza. ’ Estas dos consecuen-cias van unidas inseparablemente y deben subsistir o desaparecer conjuntamente. Una no es más absoluta e inevitable que la otra. Interpretada una con la otra y ambas a la luz del contexto, el pre-cepto de que da propiedad de la letra no se transferirá,’ así como la declaración de que el endoso ‘se entenderá como una simple comisión de cobranza,’ establece una condición legal prima facie. En uno u otro caso la presunción debe ceder a la prueba clara y con-vincente de la fecha real del endoso y de la existencia de una buena y suficiente consideración.”

Haciendo aplicación de esa doctrina al caso presente y examinando la evidencia presentada en el juicio, encontra-mos que ésta es suficiente para probar la fecha de los endosos a. la demandante y la existencia de una suficiente considera-ción para ellos, pues el testigo Sr. Villavicencio declaró sobre la fecha de los endosos y también que personalmente, como gerente auxiliar (assistant manager) de la corporación Brockway Motor Truck Corporation of Porto Eico entregó el dinero de esos pagarés al banco porque habiéndolos garan-tizado la demandante no habían sido pagados.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Teodoro Capó, demandante y apelante, v. Sucesión de Felipe Rivera Zayas, compuesta de Amelia, Ana Teresa, Rosa María y Carmen Rivera Mendoza, y la cónyuge supérstite Concepción Mendoza, demandada y apelada.
    No. 6279.
    Sometido: Junio 1, 1934.

      Resuelto: Noviembre 15, 1934.

      Víctor M. Pons, abogado del apelante; J. Henri Brown, G. Ruis Nazario, G. E. González, y G. Benitez Gautier, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre declaratoria de vencimiento de obligación hipotecaria y cobro de dinero. Se falló sobre las alegaciones en contra del demandante.

La demanda se basa en que con anterioridad al 12 de junio de 1931, Felipe Rivera Zayas, casado con doña Con-cepción Mendoza, recibió del demandante ochocientos dólares a préstamo y por escritura pública otorgada en dicha fecha se obligó por sí y como apoderado de su esposa a devolver el préstamo el 12 de junio de 1933, con intereses al diez por ciento anual pagaderos semestralmente.

En garantía de su obligación, Rivera se comprometió a constituir y en efecto “otorgó” primera hipoteca sobre una finca rústica de diez cuerdas, situada en el barrio Pasto del término municipal de Aibonito, que se describe debidamente, pero el demandante no pudo inscribirla porque no obstante manifestarse en la escritura que la finca estaba inscrita, re-sultó que no lo estaba a favor del deudor ni de ninguna otra persona, hallándose en su consecuencia privado el demandante de la garantía pactada.

El demandante requirió a Rivera primero y a sus here-deros las demandadas después para que practicaran la previa inscripción de la finca, sin que hasta la fecha de la interposi-ción de la demanda — mayo 13, 1932 — lo hubieran hecho.

Pidió el demandante que se declarara vencido el préstamo y se condenara a las demandadas a satisfacerlo, con intereses y costas.

Las demandadas alegaron, por vía de excepciones previas, que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, que existía un defecto de partes deman-dadas y que la demanda era ambigua, ininteligible y dudosa.

Oídas ambas partes la corte, por resolución fundada, declaró sin lugar las excepciones de defecto de partes deman-dadas y ambigüedad, y con lugar la de falta de hechos, con-cediendo al demandante diez días para enmendar. No lo hizo así el demandante y en diciembre 16, 1932, se dictó sen-tencia declarando su demanda sin lugar, con costas.

Notificado el demandante, apeló, señalando en su alegato la comisión de tres errores cometidos a su juicio por la corte al declarar que la demanda no aducía causa de acción “en ausencia de las alegaciones de que la finca no podía ser inscrita o de fraude en el otorgamiento de la escritura o de que el demandante había sido inducido a error al aceptar la garantía,” al dictar luego sentencia en contra del demandante por iguales fundamentos y al imponerle el pago de las costas.

Admite el demandante que en los actuales momentos su apelación es académica porque la obligación reclamada venció de acuerdo con sus propios términos en junio 12, 1933, pero sostiene que es necesario discutir y resolver el recurso por sus méritos por habérsele impuesto el pago de las costas. Y así es en efecto.

Los dos primeros errores envuelven idéntica cuestión, y si se concluye que fueron cometidos, no habrá que entrar en la consideración del tercero.

Razonando su resolución dijo el juez de distrito:

“De acuerdo con el alegato que radica la parte demandante, funda su derecho de acción en el inciso 2 del artículo 1082 del Código Civil (Ed. 1930) que dice textualmente:
“ ‘Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo: (2) Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido.’
'' Examinando la escritura que se menciona en la demanda, y que aparece en los autos, la misma contiene la cláusula de que la finca está libre de carga y gravamen, y que se lia tramitado e inscrito en el Registro de la Propiedad de Guayama el dominio de la misma. Las partes discuten extensamente en sus alegatos el alcance de todos los incisos del artículo 1082 del Código Civil supra. Pero de acuerdo con las alegaciones de la demanda, le es aplicable el que antes co-piamos y que figura bajo el número 2. Realmente, no hay alegación alguna en la demanda de que la finca haya sido transferida, o sobre la misma se haya constituido algún gravamen, de modo que pueda afectar la garantía y declarar vencida la obligación, tal como se pide. Por el contrario se alega que la hipoteca se otorgó, pero que no se ha podido inscribir. No hay alegación alguna de fraude en el otorgamiento de la escritura, ni tampoco se ataca el contrato mediante alguna alegación de dolo o de violencia. El hecho cierto es que las partes aceptaron, la escritura tal como ella se constituyó, y el hecho de que después no aparezca inscrita, no quiere decir que la misma no sea inscribible, ya que en la demanda no se alega, ni la inexistencia de la finca, ni tampoco la imposibilidad de las demandadas para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Las alegaciones que contieno la demanda serían suficientes si la acción se dirigiera a compeler a las demandadas a inscribir la finca; pero el pedimento es para declarar vencida una obligación, que aparece debidamente garantizada, aunque no figure inscrita la hipoteca que se dió en garantía.
“En ausencia de las alegaciones al efecto de que la finca no pueda ser inscrita o haya habido fraude o dolo en el otorgamiento de la escritura, o en alguna forma el demandante haya sido inducido a error al aceptar la garantía, la demanda no aduce hechos suficientes para otorgar los remedios que se piden. ’ ’

El apelante sostiene qne se limitó a reclamar el derecho qne le reconoce el artícnlo 1082 del Código Civil, Ed. 1930, apartado segundo, y qne el único snpnesto o base para la aplicación de dicho artícnlo es qne no se hayan otorgado real y efectivamente las garantías a qne el dendor se comprome-tiera, y alegándose en la demanda qne la escritura de hipo-teca otorgada no pudo inscribirse porque la finca hipotecada no estaba inscrita, sin qne el dendor lo hiciera, no obstante habérsele requerido para ello, es claro que alega hechos sufi-cientes para concluir que el deudor no otorgó al acreedor la garantía a que estaba comprometido y no tiene por consi-guiente, de acuerdo con el expreso mandato de la ley, derecho alguno a utilizar el plazo, sin que sea necesario entrar a con-siderar y a resolver si la finca pudo o no ser inscrita, o hubo fraude o dolo en el otorgamiento de la escritura o en alguna forma el demandante fue inducido a error al aceptar la garantía.

Después de un detenido estudio de los hechos y la ley creemos que asiste la razón al demandante.

Según el artículo 146 de la Ley Hipotecaria para que las hipotecas voluntarias queden válidamente constituidas es necesario que lo sean en escritura pública y que ésta se ins-criba en el registro, disponiendo el artículo 1776 del Código Civil Revisado que para que la hipoteca quede válidamente constituida el documento en que se constituye tiene que ser inscrito en el registro de la propiedad.

El contrato de que aquí se trata se celebró sobre la base de una garantía hipotecaria otorgada por el deudor. Cumplió éste con el primer requisito, el otorgamiento de la escritura, pero no con el segundo, su inscripción en el registro.

No es que sostengamos que al deudor corresponda la obli-gación de inscribir el gravamen en el registro, pero sí soste-nemos que si el deudor se compromete a garantizar su deuda con hipoteca, su compromiso implica el de colocar por lo menos al acreedor en condiciones de inscribirlo a fin de que quede válidamente constituido.

Y un deudor que en la escritura de constitución de hipoteca asegura que la finca hipotecada está inscrita y luego resulta que no lo está y que requerido para que la inscriba, nada hace, deja en nuestra opinión de otorgar a su acreedor la garantía a que se obligó, y pierde en su consecuencia por ese solo hecho todo derecho a utilizar el plazo.

“Una escritura de constitución de hipoteca no registrada en el registro de la propiedad, no tiene otro carácter que el de nn crédito personal escriturario,” se dijo por esta Corte en Fernández v. Roig, 2 D.P.R. 50. Y si bien es cierto que en varias de nuestras decisiones se ha reconocido el valor qne en efecto tienen hipotecas como la constituida en este caso (Hidalgo v. García de la Torre, 4 D.P.R. (2a. ed.) 66, Banco Territorial v. Vidal, 2 D.P.R. 231, Vélez v. Camacho, 8 D.P.R. 37, Solá v. Morera et al., 7 D.P.R. 7, Fernández v. Márquez & Co., 3 D.P.R. (2a. ed.) 210) en ninguna de-ellas se ha dicho que la hipoteca queda total y válidamente constituida sin el requisito de la inscripción.

Dehe revocarse la sentencia recurrida, dictándose otra declarando la excepción previa de falta de hechos sin lugar, con permiso a la parte demandada para contestar la demanda dentro de un térmmo razonable.


text:
    Miguel Buxeda, Jr., demandante y apelado, v. Modesto Escalera Falú, Juana Fransi Hay, Pablo Pérez, Angela Morales, Luis Martínez y Carmen González, demandados y apelantes.
    No. 6353.
    Sometido: Mayo 24, 1934.

      Resuelto: Noviembre 15, 1934.

      B. Díaz Cintrón, abogado de los apelantes; B. Bamirez Babón, abo-gado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn injunction para recobrar la posesión de propiedad inmueble. Los demandados solicitaron la elimina-ción de ciertos particulares de la demanda, excepcionaron ésta y la contestaron negando sus hechos y alegando materia nueva constitutiva de oposición y defensas especiales. La moción eliminatoria y las excepciones previas fueron decla-radas sin lugar, y la materia nueva eliminada. Practicóse la prueba y la corte falló el pleito en favor del demandante. La relación del caso y opinión en que fundó sn sentencia, dice:

“Se ba establecido en este caso nna petición de injunction para recobrar la posesión de cierto solar que se describe en la demanda. Los demandados radicaron excepción previa y contestaron. La excepción previa carece de mérito pues la demanda, aunque no es un modelo de perfección por alegarse en la misma indebidamente cues-tiones de título, sin embargo, contiene las alegaciones necesarias a toda petición de injunction para recobrar la posesión, o sea, que el demandante, dentro del año precedente a la presentación de la de-manda, estaba en la posesión real del solar que en la misma se describe; que ba sido despojado de dieba posesión y tenencia, descri-biendo claramente los actos constitutivos de despojo y que dichos actos fueron realizados por los demás demandados por orden del deman-dado Modesto Escalera.
“Celebrada la vista del caso al que asistieron ambas partes re-presentadas por sus respectivos abogados, quedó satisfactoriamente probado que el demandante tomó posesión del solar en cuestión el día 3 de febrero de 1932, y que estuvo en posesión del mismo basta el 16 de octubre último en que fue despojado por los demandados, quienes empezaron a construir casas en diebo solar, y al ser reque-ridos por el demandante para que suspendieran las obras y desalo-jaran la propiedad, alegaron que habían sido autorizados para ello por Modesto Escalera y no hicieron caso de los requerimientos del demandante. Los actos realizados por el demandante, demostrativos de haber estado en posesión material del inmueble, consisten en haber medido el mismo en compañía de un agrimensor, puesto tubos en la tierra para marear los puntos y haber vendido parte del solar a un tal Jesús Gómez, quien está en posesión del solar que le vendió el demandante.
“Tratándose, como se trata, de un solar sin edificación alguna, entendemos que los actos de posesión realizados por el demandante-son suficientes para demostrar que estuvo en posesión material o real del solar durante el tiempo que se alega en la demanda.
“Con esta prueba por base, entiende la Corte que procede en este caso una sentencia declarando con lugar la demanda . . .

No conformes los demandados apelaron para ante esta Corte Suprema señalando la comisión de seis errores, sosteniendo por el primerp que la corte de distrito se equivocó al declarar sin lugar su moción eliminatoria. No estamos convencidos de que la eliminación procediera porque al alegar el demandante en su demanda la compra del solar en cues-tión al demandado Escalera y la segregación de nna porción del mismo vendida a J. C. Gómez, lo que hizo £ué dar color a la posesión material alegada como fundamento de su acción y sentar las bases para una descripción perfecta de la finca reclamada. Pero aunque el error se hubiera cometido, no sería perjudicial. Oliver Cuveljé v. González, 37 D.P.R. 936.

Por el segundo señalamiento se imputa error a la corte de distrito al desestimar las excepciones previas de falta de hechos suficientes para constituir una causa de acción y de indebida acumulación de acciones.

En demandas de esta naturaleza de acuerdo con la ley que las regula — Ley No. 43 de 1913 (pág. 85) enmendada por la No. 11 de 1917 ((2) pág. 221) — debe hacerse constar que el demandante dentro del año anterior a su interposición, estaba en posesión de la propiedad en disputa y que fue des-pojado de o perturbado en su posesión, describiéndose clara-mente los hechos constitutivos de la perturbación o el despojo. Y examinada la demanda que es base de este pleito se en-cuentra que cumple con todos dichos requisitos.

No se ejercitan en la demanda varias causas de acción. No puede concluirse, como insinúan los apelantes, que se trata de una acción reivindieatoria y de otra de desahucio. Sen-cillamente surge de los hechos la acción posesoria. -El de-mandante compró la propiedad a uno de los propios deman-dados, Escalera. Tomó posesión material de la misma men-surándola y deslindándola y sin su consentimiento y contra su voluntad el demandado Escalera dentro del año anterior a la fecha de la interposición de la demanda, se introdujo en la finca y la arrendó a los otros demandados que comen-zaron a edificar sus casas en ella también sin el consentimiento y contra la voluntad del demandante, y éste, de acuerdo con el precepto terminante de la ley, pide a la corte que lo ampare y ordene que se le restituya la posesión de que fué privado de tal modo. No hubo error.

Por el tercer señalamiento y por el quinto se sostiene que la corte de distrito erró al eliminar la materia nueva contenida en la contestación y al no permitir al abogado de los demandados que hiciera ciertas repreguntas al deman-dante cuando declaraba en el juicio como su único testigo.

En la materia nueva se alegó en resumen que en la Corte Municipal de San Juan se siguió un pleito por el deman-dante Buxeda contra el demandado Escalera en cobro de $405 en el que obtuvo el demandante sentencia a su favor; que Buxeda convino con Escalera en aceptar en pago de la sentencia cuatrocientos cinco metros cuadrados de terreno y a tal efecto Escalera que tiene-noventa y-dos años de edad y apenas sabe firmar fue llevado por Buxeda donde un no-tario para otorgar la escritura que en efecto se otorgó fir-mándola Escalera en la creencia de que se trataba sólo de los cuatrocientos cinco metros de terreno convenidos, y que más tarde Buxeda quiso tomar posesión de mil cuatrocientos veinte y cinco metros y Escalera se opuso, estando conforme en que tomara posesión de los cuatrocientos cinco que en realidad le vendiera.

Basta la mera exposición de esos becbos para concluir que estuvo bien decretada la eliminación. Repetidamente se ha decidido por esta Corte Suprema interpretando la antigua ley sobre interdictos y la moderna sobre injunctions de esta naturaleza, que lo único que en ellos está envuelta es la pose-sión.

“En el interdicto,” dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Sulzbacher en el caso de Padró v. Río, 1 S.P.R. 552, 557, “sólo puede discutirse sobre el hecho de la posesión, no sobre el derecho a la misma, que es lo que implica el fondo de la sentencia recurrida, y si se tolerase discutir el derecho.con que el tenedor posee la finca, perdería su natu-raleza el interdicto y estaría de más en la ley éste o el juicio ordinario para discutir ampliamente la posesión y la pro-piedad, debiendo fundirse en un solo juicio.”

Y en el caso de Fajardo Sugar Growers’ Association v. Central Pasto Viejo, Inc., 41 D.P.R. 825, 829, 830, dijo también esta corte por medio de sn Jaez Asociado Sr. Texidor:

“Es indudable que este interdicto ba sido tomado de la legisla-ción procesal española. En ésta (Ley de Enjuiciamiento Civil para Cuba y Puerto Rico, artículo 1654) se prohibía al juez admitir prueba cualquiera que no se refiera a la posesión o tenencia, y a los actos de despojo o de perturbación. En nuestra ley primera, la No. 43 de 1913, la sección 1, "da el interdicto en favor de la parte que de-muestre baber sido privada de la posesión material por actos violentos o fraudulentos de la otra parte. En la ley No. 11, de 14 de noviembre de 1917, ya se toma el concepto igual al del artículo 1649, de la Ley de Enjuiciamiento Civil para Cuba y Puerto Rico, y se concede el remedio legal al que ha sido ‘perturbado en la posesión o tenencia’ y para recobrar, no el título o el derecho, sino la posesión 'material.
“Lo que se intenta, y se logra, por medio de ese procedimiento sumario, en el que ni se discute ni se decide el título, es lo que los autores llaman la protección posesoria. Todo poseedor tiene derecho a que se le respete en su posesión; tal es el concepto legal contenido en el artículo 448 del Código Civil de Puerto Rico. En el poseedor hay un presunto dueño; y en la posesión hay un estado de hecho a respetar por todos y a ser mantenido por la ley. ’ ’

La repregunta versaba también sobre hechos relacionados con el título a la propiedad en cuestión. No se cometieron los errores analizados.

Resta sólo considerar el cuarto y el sexto señalamientos de error.

Se sostiene por el cuarto que no debió permitirse declarar al demandante como testigo sobre hechos que no le constaban por conocimiento personal y sobre actos que pretendió probar con evidencia documental que no fue ni pudo ser admitida por la corte, y por el sexto que erró la corte al apreciar en su totalidad la prueba.

De la declaración del demandante transcribimos lo que sigue:

“P. ¿Y antes de esa fecha, o sea, el 3 de febrero de 1932 hasta el 16 de octubre de 1932, qué actos de posesión ha verificado usted en esa finca? — R. Yo fui allí con un agrimensor llamado Antonio Pereira, de Río Piedras, y tomé posesión; le bice trazar la cantidad de terreno, y pusimos cuatros puntos de .tubos de hierro galvanizado, cuatro puntos solamente, e hicimos un plano.
“P. ¿Ese plano a que usted se refiere, y que hicieron, es éste que le estoy mostrando?
“Sr. Díaz Cintrón: Un momento. No ha sido identificado; no se ha presentado la persona que lo ha hecho ni ha sido jurado.
“P. ¿De manera que hicieron un plano? — R. Sí, señor.
“P. ¿Qué tiempo estuvieron en la finca tomando medidas para ese plano? — R. Estuvimos en la mensura como tres horas.
“P. ¿Alguno de los demandados estaba presente, especialmente Modesto Escalera? — R. Sí, señor, estaba presente.”

El plano no fné presentado. El hecho de la mensura y el del levantamiento del plano aunque éste no se presentara era algo que pudo estar dentro del conocimiento personal del testigo y sobre lo cual tenía derecho a declarar.

Siguió testificando el demandante y se refirió a cierto anuncio sobre venta del solar que había ordenado publicar y que se había publicado en “El Mumdo” mostrando el perió-dico. Se opuso el abogado de los demandados a que leyera del periódico y la corte declaró sin lugar la oposición así: “Desde luego que la parte contraria puede presentar prueba en contrario. Mientras tanto, la declaración del testigo es suficiente.”

En su alegato los apelantes se limitan a exponer lo ocu-rrido sin citar ley o jurisprudencia algunas para sostener su oposición. Bajo esas circunstancias no estamos prepara-dos para concluir que hubo error. El periódico no fue pre-sentado como prueba y el testigo que declaraba era la propia persona que envió el anuncio para ser publicado en el mismo.

La evidencia de ambas partes fue contradictoria. El conflicto lo resolvió la corte en pro del demandante, sin que se haya demostrado que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera algún error -manifiesto. Y resuelto así el conflicto, estamos conformes con la corte en que la prueba de la posesión material del demandante so color de dueño es suficiente. Adquirida la propiedad por compra lieclia constar en escritura pública fné sobre el te-rreno el demandante y tomó posesión de ella mensurándola y • deslindándola clavando “profundamente con una maceta tubos largos de Merro galvanizado en cuatro puntos,” en pre-sencia y sin oposición del principal demandado, Escalera.

Tampoco se cometieron, pues, los errores cuarto y sexto.

Debe declararse sim, lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Durlach Brothers, Inc., demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 6323.
    Sometido: Marzo 8, 1934.

      Resuelto: Noviembre 15, 1934.

      I-Tori. Procurador General Benjamm J. Horton (Charles E. Winter en el alegato) y M. Rodríguez 8erra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; J. Henri Brown, C. Ruiz Nosario, G. E. González y G. Benitez Gautier, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante Durlach Brothers, Inc., presentó demanda de injimction contra Manuel Y. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, para impedir que éste tratara de embargar o de vender sumariamente bienes pertenecientes a la demandante. La teoría principal de la demanda, expresamente alegada, es que la demandante no es un contribuyente en lo que se refiere a los bienes sobre los cuales se trata de fijar una contribución. La apelada alegó y sostuvo, de conformidad con varias de-cisiones de las cortes, que los bienes que se trataban de hacer objeto de la contribución no tenían situs en Puerto Rico. La Corte de Distrito de San Juan expidió un auto preliminar de injimction y se interpuso el presente recurso de apelación contra el mismo.

Examinando los señalamientos de error se verá que éstos no se dirigen a los méritos de los hechos aducidos en la de-manda, sino que se refieren a cuestiones de jurisdicción y procedimiento. Éstos leen así:

“1. — La corte erró al asumir jurisdicción para expedir el injunction preliminar y al dictar la resolución recurrida.
“2. — Erró la corte al considerar que el Tesorero de Puerto Rico actuó en el caso de autos no como un oficial público del Gobierno de Puerto Rico, sino fuera de su autoridad y bajo un supuesto derecho absolutamente infundado.
“3. — Al asumir que la demanda contiene hechos suficientes para determinar una causa de acción contra el demandado y para justi-ficar la expedición de un auto de injunction preliminar o perpetuo.
“4. — Al dictar el auto preliminar de injunction pendente lite sin una, petición específica de la demandante y fundada meramente en las alegaciones de la demanda, y sin basarla en hechos probados.
“5. — Al no estimar que el demandante tiene un remedio adecuado y expedito para contender la pretendida ilegalidad de las actuaciones del demandado.
“6. — Al no estimar que la acción iniciada en este caso es en realidad una acción contra El Pueblo de Puerto Rico, la parte real-mente interesada, y que no ha prestado su consentimiento para ser demandado en este caso.”

Para sostener el primer señalamiento de error al efecto de que la corte carecía de jurisdicción, el apelante cita la Ley No. 26, aprobada el 23 de abril de 1927 (Leyes de ese año, pág. 167) que prohibe la expedición de mjunctions como signe:

“1. — . .
”2. — .'.
"3. — Para impedir el cumplimiento de un estatuto público por funcionarios de la ley en beneficio del público.
”4. — .
“5. — Para impedir el ejercicio de un cargo público o privado por la persona que estuviere en posesión del mismo.
”6. — .
“7. — Para impedir la imposición o cobro de cualquier contribución establecida por las leyes de Puerto Rico.”

El apelante admite, como necesariamente tiene que hacerlo, que en ciertos casos extraordinarios a las cortes no se les prohibe expedir autos de injunction según se desprenderla de lo siguiente: Hill v. Wallace, 259 U. S. 44. El determinar si el presente es o no un ejercicio de jurisdicción de tal natu-raleza extraordinaria, nos lleva al segundo señalamiento de error.

El Tesorero de Puerto Rico no actúa como funcionario público si trata de cobrar de cualquiera persona una contribución que en manera alguna dicba persona adeuda. Esto resalta un poco más claramente al desprenderse de los autos que las contribuciones no son debidas por la peticionaria en este caso, sino por otra persona. Ninguna ley autoriza al Tesorero a entablar un litigio contra personas que no adeudan contribuciones.

El tercer señalamiento de error es en efecto una excepción previa a la demanda. Por lo menos así lo es en su forma. El demandado, sin embargo, negó ciertas alegaciones de la demanda.

En esta última se alegaba que la demandante era una corporación tabacalera con oficinas en Caguas y Nueva York; que durante el año 1924 tomó a préstamo del Irving Bank Columbia Trust Company, que es una corporación organizada de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York,, ciertas sumas de dinero y que durante dicho año la deman-dante pagó al referido banco intereses sobre dichos préstamos-, ascendentes a la suma de $4,422.73; que durante el año 1925 tomó a préstamo diversas sumas, al igual que lo hizo én 1926; que todos estos préstamos fueron hechos en la ciudad de Nueva York, estado de Nueva York, y que todo el dinero reci-bido por la demandante por concepto de tales préstamos fué entregado a ella en la ciudad de Nueva York y empleado por la demandante en la compraventa de tabaco en la Isla de Puerto Rico y en los Estados Unidos, pero que todos los intereses pagados por la demandante al Irving Bank Columbia Trust Company fueron pagados en Nueva York; que el Teso-rero de Puerto Rico ha requerido de la demandante el pago de $132.68, $446.09 y $415.19 como contribuciones que la de-mandante debió haber retenido en Puerto Rico por los inte-reses pagados al Irving Bank Columbia Trust Company durante los años 1924, 1925 y 1926, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1921 a 1925; que estas contribuciones eran incobrables debido a los casos de Central Eureka v. Gallardo, 42 D.P.R. 639 y Gallardo v. United Porto Rican Sugar Company, 42 D.P.R. 646 y a este mismo caso publicado en 62 Fed. (2d) 552.

Aliora bien, en' la contestación se niega qne estos prés-tamos fueran hechos en Nueva York, más se admite directa o indirectamente que el Irving Bank Columbia Trust Company tiene su domicilio en Nueva York y está incorporado bajo las leyes de ese estado. De esta aseveración surge la inferencia de que dicha compañía tiene su situs en el estado de Nueva York, en armonía con las decisiones que acabamos de citar.

Durante la vista del presente caso la apelada indicó que -el caso y los hechos fueron sometidos a la Corte de Distrito ■de San Juan mediante estipulación y solicitó permiso para ‘elevar la última a este tribunal, y nos reservamos la decisión. .El Tesorero apelante asumió que tenía derecho a investigar en cada caso si el verdadero situs, o algo similar, de los bienes -estaba en Nueva York o en Puerto Rico, mas de los hechos aducidos en la demanda se desprendía suficientemente que estos bienes muebles tenían su situs en el estado de Nueva York.

En verdad, toda la teoría de la acción interpuesta por el Tesorero fue que la demandante era agente del Irving Bank Columbia Trust Company. Bajo los hechos del caso es de por sí evidente, así’ como de las citas que hemos hecho, que la demandante no tenía obligación de pagar estas contribu-ciones, y en adición podemos hacer las siguientes citas: Livingston v. Becker, 40 Fed. (2d) 673; Long v. Rasmussen, 281 Fed. 236; In re Wyoming Valley Ice Co., 145 Fed. 267; Owensboro Ditcher & Grader Co. v. Lucas, 18 Fed. (2d) 798.

El cuarto señalamiento ha sido suficientemente cubierto por las anteriores consideraciones.

El quinto señalamiento de error alega que el deber de la demandante era pagar las contribuciones bajo protesta de conformidad con las leyes de Puerto Rico. Esta disposición de la ley es aplicable Tínicamente a-personas qne están sujetas al pago de contribuciones según las leyes de Puerto Rico. Mas no a la demandante en este caso.

Consideraciones similares son aplicables al sexto señalamiento, relativo a que el presente litigio es uno que se dirige esencialmente contra El Pueblo de Puerto Rico. Cuando por virtud de su cargo un funcionario trata de realizar un acto como el presente, él no está procediendo en representación de El Pueblo de Puerto Rico. Para proteger al Tesorero como representante de El Pueblo de Puerto Rico, es necesario qne él tenga mayor color de autoridad que el revelado en el caso qne tenemos ante nos. Livingston v. Becker, supra; Long v. Rasmussen, supra; Hubbard Investment Co. v. Brast, 59 Fed. (2d).709; Kramer v. Central Victoria, 38 D.P.R. 981. Naturalmente, en un caso corriente las contribuciones deben ser pagadas bajo protesta.

Haciendo un ligero resumen de los méritos: la demandante adujo un caso claro de que las contribuciones cuya devolución se trataba de obtener no eran pagaderas en forma alguna por la demandante Durlach Brothers.

Cuando los hechos son tan claros como en el presente caso, no es necesario que la demandante pruebe daños irreparables en adición a los alegados en la demanda. Daños irrepara-bles serían la necesidad por parte de la demandante de pagar contribuciones qne a lo sumo serían adeudadas por otra persona.

La resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Bartola Collazo, Dolores, Eufemia y Marcolina Herrera, demandantes y apelante la primera, v. Eudosia Mouriño Alvarado y el menor Pedro Juan Herrera y Mouriño, demandados y apelados.
    No. 6769.
    Sometido: Noviembre 5, 1934.

      Resuelto: Noviembre 22, 1934.

      Ramón G. Goyco, abogado de la apelante; L. Tomes García, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados nos ban presentado moción para que desestimemos la apelación que una de las demandantes in-terpuso contra la sentencia que declaró sin lugar la demanda.

Uno de los fundamentos de la petición de los apelados es que habiendo sido interpuesta la apelación el 29 de agosto de 1933 debió presentarse la transcripción de los autos en este tribunal dentro de los treinta días siguientes a la apela-ción por no ser necesaria la transcripción de la evidencia para resolver este recurso.

Los demandados alegaron como defensas especiales en su contestación a la demanda que ésta no aduce hechos deter-minantes de causa de acción y también la prescripción. Pisas excepciones fueron discutidas por las partes al comenzar el juicio, pero habiendo manifestado la corte que para resol-verlas tendría que suspender la celebración del juicio, convi-nieron las partes en que las pruebas fuesen oídas por la corte sin perjuicio de que resolviera después dichas excep-ciones por los méritos de las alegaciones, a lo que accedió la corte. Algún tiempo después de celebrado el juicio la corte declaró con lugar las excepciones opuestas por los deman-dados a la demanda y dictó en consecuencia sentencia de-clarando sin lugar la demanda. Para esa decisión no tuvo en cuenta la corte la prueba practicada en el juicio sino las alegaciones de las partes.

Después de interpuesta esta apelación en 29 de agosto de 1933, como antes dijimos, solicitó la apelante que el taquí-grafo preparara la transcripción de la evidencia para su apelación y ha obtenido prórrogas para tal fin. Casi un año después, el 16 de julio de 1934, fué presentada la moción de desestimación de apelación que resolvemos, que por estar próximas las vacaciones de este tribunal no fué oída hasta el presente mes de noviembre. Mientras tanto, la apelante presentó la transcripción de la apelación con las pruebas el 11 de septiembre de 1934. '

Es por demás sabido que las excepciones opuestas a una demanda tienen que resolverse necesariamente por los hechos en la demanda alegados, como hizo la corte inferior, y no por otros hechos que no resulten de ella, por lo que para decidir nosotros en esta apelación si la corte de distrito cometió error al sostener las excepciones previas de los demandados y declarar sin lugar la demanda, tendremos que examinar únicamente las alegaciones, prescindiendo en absoluto de la prueba que se practicó en el juicio. Por esto era impertinente en este caso la transcripción de la evidencia para la apelación y por eso la transcripción de los autos para sostener el recurso interpuesto debió ser presentada en este tribunal dentro de los treinta días siguientes a la presentación del escrito de apelación o dentro de las prórrogas que se concedieran con tal objeto. Hernández v. Quiñones, 34 D.P.R. 720; El Pueblo v. Sociedad Civil Borda & Calaf, 43 D.P.R. 935. No lo hizo así la apelante y su apelación debe ser desestimada por ese motivo.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan B. Santiago, acusado y apelante.
    No. 5562.
    Sometido: Noviembre 14, 1934.

      Resuelto: Noviembre 23, 1934.

      L. Santiago Carmona, abogado del apelante; B. A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El sargento Ortiz de la Policía Insular formuló denuncia ante la Corte Municipal de Bayamón contra Juan B. Santiago conocido por San Juan imputándole la comisión de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes consistente en haber acometido y agredido al Licenciado Manuel Rivera de la Vega dentro de una guagua en la que viajaban varias personas, en el pueblo de Naranjito, el 2 de febrero de 1933.

Condenado el acusado por la corte municipal, apeló para ante la del distrito' que lo declaró culpable de acometimiento y agresión simple y le impuso veinte dólares de multa.

No conforme el acusado recurrió para ante este tribunal. Sostiene en su alegato que la sentencia debe revocarse por no haberse demostrado “el pensamiento criminal” ni “la vo-luntad criminal” necesarios para la existencia del acto delictivo.

La prueba demuestra que el Lie. Rivera viajaba en un autobús conocido generalmente por guagua sentado en un asiento delantero cuando de repente, según declara, sintió un golpe en la parte derecha de la cara. Se levantó súbita-mente y se enfrentó con el acusado.

, Alberto Sánchez, dueño de la guagua, dijo que iba ha-blando con el Lie. Rivera, que el acusado viajaba sentado, en la última butaca de atrás, que la guagua paró y el acusado se levantó y al pasar por el lado de Rivera lo acometió, sur-giendo la confusión consiguiente, tirándose nnas señoras que iban en la guagua por la ventanilla y agarrando el testigo al acusado para que bajara lo más pronto posible.

Andrés Pedroza vio al acusado acometer y agredir a Rivera y Santiago Ortiz corrobora con el suyo los anteriores testimonios. El Sargento Ortiz de la Policía Insular, que se encontraba en Naranjito, practicó la investigación del caso y formuló la denuncia.

A esa prueba de cargo sólo opuso el acusado su propia declaración. Manifestó que era amigo de Rivera y estaba siempre bromeando con él y ese día le dijo: “ ‘Qué, Manolín, te vas a apear aquí’ y abí mismo me echó mano Sánchez creyéndose que yo iba a pelear.”

La agresión fué súbita. No consta el motivo que tuviera el acusado, pero los actos por él realizados y la impresión que produjeron en las personas que los presenciaron demues-tran que no fué su intención bromear, sino agredir.

En todo delito deberán estar unidos el acto y la intención, manifestándose ésta por las circunstancias relacionadas con el delito y el sano juicio y discreción del acusado, reputándose de sano juicio los que no sean idiotas, lunáticos o locos. Una intención maliciosa y criminal se presume por la manera y deliberación con que se intente o cometa un acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro. . Artículos 11 y 12 del Código Penal.

Aplicando esos principios a este caso en que se trata de un delito que se .perpetra cuando se realiza el “acto ilegal de inferir algún daño violento en la persona de algún seme-jante con la intención de causarle daño, cualesquiera que sean los medios o el grado de violencia que se emplearen” (Sec. 1, Ley para determinar y castigar acometimiento, etc., de marzo 10, 1904), se concluye fácilmente que el delito fué en efecto cometido y en tal virtud que la corte no erró al declarar culpable al acusado. La verdad es que no se concibe esta apela-ción a no ser con el propósito de dilatar la ejecución de la sentencia, porque lo único que de los autos surge es lo benigno de la pena impuesta al acusado atendidas todas las circuns-tancias concurrentes puestas de manifiesto por la prueba.

Dehe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia recurrida.