author: El Juez Asociado Señor Martínez Torres

text:
    L. Michael Szendrey, su esposa Maricarmen Ramos de Szendrey y la Sociedad de Bienes Gananciales que existe entre ellos, peticionarios, v. Consejo de Titulares del Condominio Metropolitan Professional Park, recurrido; F. Castillo Properties, Inc., Gam Realty S.C.S.E. y M.P.P. Realty, Inc., interventores y recurridos.

      Número: CC-2011-0208

      Resuelto: 29 de diciembre de 2011

      Ernesto González Piñero, Maricarmen Ramos de Szendrey y Juan J. Hernández López de Victoria, abogados de la parte peticionaria; Ángel López Hidalgo, de ENR & Asociados, abogado de F. Castillo Family Properties, interventor recu-rrido; Kenneth Colón, abogado del Consejo de Titulares del Condominio Metropolitan Professional Park, Inc., y José G. Barea Fernández, de González-Nieto, Barea & Balzac PSC, abogados de GAM Realty, SC S.E. y MPP Realty Inc., parte interventora y recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Torres

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde resolver si procedía desestimar el pleito de impugnación de acuerdos del Con-sejo de Titulares por el fundamento de cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de la causa de acción.

Además, por primera vez, analizamos el alcance del Art. 38(d)(3) de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1293b(d)(3) en lo que concierne a los condominios exclusi-vamente comerciales, a la variación por mayoría del uso fijado a un área o a un local comercial o profesional, si así lo autoriza la escritura matriz.

Evaluadas las controversias, resolvemos primeramente que no aplica la doctrina de cosa juzgada en este caso. Se-gundo, determinamos que los condominios exclusivamente comerciales sometidos al régimen de la propiedad horizontal con anterioridad a la vigencia de la Ley de Condominios de 2003, que interesen variar el uso y destino de un área o un local comercial o profesional por la mayoría de votos de los condominos, dispuesta en el Art. 38(d)(3), supra, ten-drán que realizar una enmienda a su escritura matriz. De lo contrario, necesitarán la unanimidad de votos que dis-pone el Art. 2 de la Ley de Condominios de 2003, 31 L.P.R.A. sec. 1291 n.

I

Esta controversia tiene su génesis en una demanda que presentaron los peticionarios, el matrimonio Szendrey-Ramos, por alteración del uso de unas áreas comunes del condominio Metropolitan Professional Park (Condominio) en contravención con la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291 et seq., según enmendada por la Ley Núm. 103-2003 y siguientes. Ladislaus M. Szendrey et als. v. F. Castillo Family Properties, Inc., et als., KAC 94-0402(902). La demanda se instó contra otros titulares-arrendadores y la arrendataria, la Administración de Corrección. En su demanda, el matrimonio Szendrey-Ramos adujo que varias áreas del inmueble se usaban en violación a lo dispuesto en la escritura matriz que consti-tuyó el régimen de propiedad horizontal del edificio.

El 2 de septiembre de 2003, mientras ese primer pleito pendía en el Tribunal de Primera Instancia, el Consejo de Titulares del Condominio celebró una asamblea extraordi-naria con el propósito de enmendar la escritura matriz y adoptar varios acuerdos. El matrimonio Szendrey-Ramos presentó una moción en auxilio de jurisdicción ante el foro primario para que paralizaran la asamblea. Sin embargo, los cónyuges no tuvieron éxito. Por lo tanto, en esa asam-blea de 2 de septiembre de 2003 se convino, lo siguiente, por mayoría, con la oposición de los peticionarios:

1) Una enmienda al uso del área del portero o área de guardería como un recibidor y sala de espera para los visi-tantes de todos los condominos.

2) El uso de áreas comunes del piso terrero para colocar máquinas de refrescos, dulces y “snacks”.

3) Una enmienda para colocar tablones de edictos en todos los pasillos.

4) Una enmienda a la cláusula cuarta de la escritura matriz para permitir en las unidades uno y dos de la planta terrera el uso comercial, profesional o de oficina.

5) Una enmienda para el cierre del final del pasillo del piso 9, donde se encontraba la oficina del Administrador de Corrección.

Inconforme, el matrimonio Szendrey-Ramos presentó un pleito independiente de impugnación contra el Consejo de Titulares el 2 de octubre de 2003. Ladislaus M. Szendrey et als. v. Consejo de Titulares del Condominio Metropolitan Professional Park, KPE03-2535.

Con este segundo pleito, los cónyuges pretendían anular los acuerdos alcanzados en la asamblea de titulares. Ese mismo día, los cónyuges presentaron una solicitud de in-terdicto preliminar para que se dejaran sin efecto los acuerdos alcanzados en la asamblea. El 20 de noviembre de 2003, el foro de instancia emitió una sentencia en la que ordenó al Consejo de Titulares, oficiales y directores abste-nerse de firmar una escritura para enmendar la escritura matriz y cualquier documento necesario para enmendar el reglamento hasta que el tribunal dictara una sentencia final. Ese dictamen fue posteriormente revisado y confir-mado por el Tribunal de Apelaciones mediante sentencia de 13 de septiembre de 2004. Asimismo, denegamos el 3 de jimio de 2005 una petición de certiorari que presentaron los demandados. También denegamos la moción de reconsideración.

Entonces, el 28 de junio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en el pleito principal. El foro pri-mario concluyó en su sentencia

... que el régimen de propiedad horizontal en el condominio en lo que respecta a las dos unidades del piso terrero es que éstas se dediquen a usos comerciales o de oficina. Asimismo, el régimen en lo que respecta a las 11 unidades de cada una de las 9 plantas típicas, requiere que en estas unidades se operen usos profesionales o de oficina. Apéndice de la Petición de cer-tiorari, pág. 310.

Por ello, tras un análisis de la definición de “oficina”, el foro de instancia razonó que

... el uso de las unidades del piso 1 al 9 para fines de oficinas de Administración de Corrección no constituyen una violación a la Escritura Matriz ni al Art. 2 de la Ley de Condominios, supra. Las unidades están siendo destinadas a uno de los po-sibles usos consignados en la Escritura Matriz, un lugar donde trabajan empleados públicos. Id.

Asimismo, concluyó con relación a las dos unidades del piso terrero que están destinadas en la escritura matriz para usos comerciales o de oficina que

... no habiéndose consignado en la Escritura Matriz una li-mitación al concepto “uso comercial”, éste equivale a una ne-gación de un “uso residencial”. Por lo tanto, al no haber la Administración de Corrección destinado las unidades del piso terrero a un uso residencial, las actividades que se realizan en éstas no infringen la Escritura Matriz ni el Art. 2 de la Ley de Condominios, supra .... Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 311.

En el piso terrero, la Administración de Corrección tenía un gimnasio, la oficina de capellanía, un depósito de ar-mas, una oficina de enfermería o primeros auxilios, una oficina de correo, la oficina del director de seguridad y sa-lones de conferencia.

También, el foro primario señaló:

En cuanto a la reclamación por operación de máquinas ven-domáticas en un área de uno de los locales comerciales no es necesario abundar, por tratarse de una actividad comercial. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 311.

Por otra parte, el Foro de Primera Instancia analizó la alegación de los peticionarios en cuanto a que el área de portero general se estaba designando a un uso distinto del consignado en la escritura matriz. Sobre ello determinó lo siguiente:

Hemos examinado detenidamente la Escritura Matriz y de la misma no surge un “área de portero comunal”. No obstante, considerado el croquis marcado Exh. 16 de la parte deman-dante y la evidencia testifical, entendemos que el área objeto de esta reclamación es el “área de servicio” que se menciona en el párrafo “Cuarto” de la Escritura Matriz.
Tampoco surge de la Escritura Matriz el uso destinado para el “área de servicio”. Por lo tanto, esta área es un elemento común general del inmueble no ... destinado a un uso específico.
Allá para el 1993 en esta área la Administración de Correc-ción colocó un guardia de seguridad o su cuadro telefónico. Al actuar así, violó el Art. 2, supra, por ésta haber usado con exclusividad un elemento común general. Aunque surge de la prueba que este uso fue modificado antes del inicio del juicio pasando a ser un área de espera de la Administración de Corrección. No surge de la prueba la fecha en que esto ocurrió.
El último evento relacionado con esta área tuvo lugar en el año 2003. Los condominos aprobaron por mayoría en la Asam-blea Anual Especial de 2 de septiembre de 2003, que esta área será utilizada como área de espera para los visitantes de todas las oficinas, incluyendo la de los demandantes. Por lo que a esta fecha la solicitud de un remedio interdictal en cuanto a esta área se ha tornado académica. No así la reclamación de daños. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 313-314.

Por último, sobre la ratificación en la asamblea del cie-rre del pasillo del piso número 9 donde estaba la oficina del Administrador de Corrección, el Tribunal de Primera Ins-tancia señaló:

En cuanto a la alegada violación al régimen por la coloca-ción de escritorios en los pasillos comunes, resolvemos que la ilegalidad quedó establecida. El Art. 12 de la Ley de Condomi-nios, 31 L.P.R.A. sec. 129 l[j], dispone que los pasillos pueden ser considerados elementos comunes limitados, siempre que así se acuerde expresamente por la totalidad de los titulares del inmueble. Lo consignado en el párrafo Vigésimo Octavo de la Escritura Matriz satisface este requisito en cuanto a una porción de los pasillos si se dan las circunstancias que allí se contempla [n]. En este caso la colocación de escritorios en los pasillos no cumplió con lo establecido por la Escritura Matriz, por razón de que no integran dos o más unidades para que formen un solo cuerpo. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 316.

En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” algunas de las reclamaciones de los esposos Szendrey-Ramos y condenó a los demandados al pago de daños y perjuicios. Otras de las reclamaciones las deses-timó por insuficiencia de prueba. Asimismo, expidió el injunction y le ordenó a los demandados cesar y desistir de utilizar de forma exclusiva las áreas comunes.

Inconformes, los peticionarios interpusieron el 19 de ju-lio de 2005, una solicitud de determinaciones de hechos adicionales a tenor de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, vigente al momento de los hechos. Asimismo lo hicieron varios codemandados. Con relación a esta solicitud surgieron varios inconvenientes que paralizaron el trámite procesal. Específicamente, sur-gió una controversia en cuanto a si hubo justa causa para que los peticionarios notificaran tardíamente esa solicitud a varios codemandados.

Conscientes de que no había justa causa para la notifi-cación tardía, los peticionarios presentaron una primera apelación el 6 de septiembre de 2005. Aún pendían ante el Tribunal de Primera Instancia las mociones de las partes con relación a las determinaciones de hechos adicionales y la determinación sobre si hubo justa causa para la notifi-cación tardía. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso, pero nosotros revocamos esa apelación por prematura. Véase S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873 (2007).

Así pues, el pleito principal volvió al foro primario para que ese foro dilucidara los asuntos que pendían ante su consideración. Sin embargo, el Tribunal de Primera Ins-tancia emitió una resolución mediante la cual declaró que no tenía nada que proveer, ya que la sentencia en el primer pleito era final y firme. Inconformes nuevamente, los peti-cionarios presentaron una apelación contra la sentencia en sus méritos y un recurso de certiorari de la resolución que adjudicó que la sentencia era final y firme.

Luego de evaluar los recursos, el foro apelativo interme-dio los consolidó y resolvió que la sentencia de instancia no era final y firme. Por ello, ordenó al foro de instancia cum-plir con nuestra decisión (S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra) y desestimó el certiorari por prematuro.

Tras varios trámites que incluyeron dos desestimacio-nes adicionales del recurso por prematuro ante el Tribunal de Apelaciones, finalmente el foro de instancia determinó que no hubo justa causa para la notificación tardía de las mociones de determinaciones de hechos adicionales. Así pues, concluyó el Tribunal de Primera Instancia que éstas no interrumpieron el término para ir en alzada. Por ende, concluyó que la sentencia de 28 de junio de 2005 era final y firme.

Insatisfechos nuevamente, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo intermedio resolvió que no tenía jurisdicción porque el recurso de re-visión fue presentado tardíamente. Se basó en que no hubo justa causa para la notificación tardía de la petición de determinaciones de hechos adicionales que pretendía inte-rrumpir el término para apelar. Por ello, razonó el Tribunal de Apelaciones que la sentencia del Tribunal de Pri-mera Instancia era final y firme.

Inconformes, el matrimonio Szendrey-Ramos acudió ante este Foro. El 21 de mayo de 2009 emitimos una sen-tencia en la que determinamos que la primera sentencia no era final y firme. Tras un análisis de los hechos, señalamos que el matrimonio Szendrey-Ramos impugnó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en cuatro ocasiones y que las primeras tres apelaciones fueron desestimadas por el Tribunal de Apelaciones, por prematuras.

Explicamos que el último recurso era oportuno y, por consiguiente, resolvimos que no procedía desestimarlo. Por lo tanto, devolvimos el caso al Tribunal de Apelaciones para que continuara con los procedimientos.

En el segundo pleito los peticionarios presentaron una solicitud de sentencia sumaria. En su moción, alegaron que, como el Consejo de Titulares admitió que no contaba con su consentimiento para realizar los cambios que im-pugnó en el primer pleito, no se cumplió con el requisito de unanimidad que exige la Ley de Condominios para variar el uso y destino de las áreas comunes. Por ello, tras enten-der que no había controversia de hechos, solicitaron que se dictara sentencia sumaria a su favor y se declararan nulos e inexistentes los acuerdos tomados en la asamblea cele-brada el 2 de septiembre de 2003. Asimismo, peticionaron una orden de interdicto permanente con la que se prohi-biera al Consejo de Titulares implantar los acuerdos alcan-zados en la mencionada asamblea.

Por su parte, las interventoras GAM Realty SC CE y MPP Realty Inc., y el Consejo de Titulares, presentaron sus respectivas oposiciones a la moción de sentencia suma-ria y, a la vez, solicitaron que se dictara sentencia sumaria a su favor. En síntesis, alegaron que no existía un funda-mento válido que justificara la acción de los peticionarios de bifurcar o fraccionar las controversias, ya que estas pu-dieron haberse incluido en el primer pleito. En su oposición a estas mociones, la parte peticionaria señaló que no apli-caba la doctrina de cosa juzgada, ya que la sentencia en el pleito principal no era firme. Asimismo, señaló que no ha-bía identidad de causas ya que, en el primer pleito, se cues-tionó el uso que se le estaba dando a elementos comunes del condominio en violación a la escritura matriz, mientras que en el segundo litigio lo que se impugnaba eran los acuerdos tomados por el Consejo de Titulares para variar los usos establecidos en la escritura matriz.

El 21 de mayo de 2007, notificada el día 25 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia dictó senten-cia respecto al segundo pleito. En esta, el tribunal deses-timó el pleito de impugnación fundamentándose en la doc-trina de cosa juzgada. Entendió que la sentencia en el pleito principal era final y firme, ya que, contrario a la postura de la parte peticionaria, había concurrencia de las causas porque el motivo de pedir era vindicar el régimen de propiedad horizontal. Asimismo, el tribunal concluyó que “por no haberse celebrado el juicio en el pleito KAC1994-0402 [pleito principal] para el 2 de septiembre de 2003, fecha en que se celebró la Asamblea Anual Especial, no había razón válida alguna para no solicitar autori-zación para enmendar la demanda de ese pleito e incluir la impugnación de los acuerdos”. Apéndice de la petición de certiorari, pág. 67. Por ello concluyó que aplicaba la doc-trina de cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de la causa de acción. El foro primario fundamentó su ra-zonamiento en que los peticionarios expresaron que insta-ron el pleito de impugnación para que no se tornara acadé-mico el pleito principal.

Inconformes con ese dictamen, el 13 de julio de 2007 el matrimonio Szendrey-Ramos acudió al Tribunal de Apelaciones. Ese foro confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia el 20 de enero de 2011. Razonó que cuando el matrimonio Szendrey-Ramos reconoció que no había justa causa para la notificación tardía de la notifica-ción de su moción al amparo de la Regla 43.3 de Procedi-miento Civil, supra, procedía la desestimación del pleito de impugnación. Así pues, el tribunal concluyó que la senten-cia era firme. Además, expresó que la conclusión del Tribunal de Primera Instancia de que no había razón válida al-guna para no solicitar autorización para enmendar la demanda del pleito principal e incluir la impugnación de los acuerdos, fue producto de las determinaciones del pro-pio Tribunal de Primera Instancia, que indujo a los peticio-narios a someter una nueva causa de acción. Por ello, con-cluyó que el fraccionamiento de la causa de acción se produjo por la decisión de ese foro. Sin embargo, el foro intermedio determinó que: el segundo pleito era cosa juz-gada, ya que las partes en el primer y segundo pleito liti-gaban en la misma calidad; que en ambos pleitos se pidió idéntico o análogo remedio; que había una sentencia vá-lida, final y firme que adjudicó los hechos y resolvió una controversia en sus méritos; y por último, que se trataba del mismo objeto en ambos pleitos o su fin era el mismo.

Entonces, el 16 de marzo de 2011, el matrimonio Szen-drey-Ramos acudió ante nos. Concedimos a las partes re-curridas un término para que mostraran causa por la cual no se debía expedir el certiorari y revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Los recurridos solicitaron una prórroga que declaramos “no ha lugar”. Posteriormente, solicitaron reconsideración de la denegación de la prórroga. En esta, adujeron que el 10 de mayo de 2011 se celebró una Reunión Extraordinaria de Titulares del Metropolitan Professional Park mediante la cual se aprobó, por mayoría y con la oposición de los peticionarios, dejar sin efecto el acuerdo siguiente, alcanzado por el Consejo de Titulares en la asamblea de 2 de septiembre de 2003:

Enmendar los usos permitidos en la planta terrera del Edificio “ground floor”, con el propósito de de [sic] corregir una incon-sistencia en la Escritura Matriz de acuerdo con la realidad del uso actual que los condominos están efectuando en dicho piso terrero. Se propone específicamente enmendar la cláusula cuarta de la Escritura Número 188 sobre Constitución del Ré-gimen de Propiedad Horizontal, otorgada el 3 de julio de 1991, así como enmendar los usos permitidos en las unidades comer-ciales 1 y 2 de la planta terrera a los efectos de que puedan ser utilizados para uso comercial, profesional y/o oficinas. Moción Solicitando reconsideración y solicitud de desestimación, Anejo III, pág. 2.

Por ello, los recurridos solicitaron la desestimación del pleito. Invocaron la doctrina de academicidad. En su ré-plica, la parte peticionaria alegó que no procede desesti-mar el pleito por academicidad, ya que este caso ejempli-fica la excepción de una controversia capaz de repetirse y evadir su revisión. Adujo que le corresponde a los recurri-dos demostrar que el cambio de conducta no solo persigue lograr la desestimación de este pleito sino, además, con-cluir la controversia de manera permanente y con una ex-pectativa razonable de que el cambio de conducta no sería revertido.

Con las alegaciones de las partes y el expediente ante nuestra consideración, estamos en posición de resolver.

II

De entrada, es menester señalar que los tribunales debemos intervenir únicamente en controversias que sean justiciables. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920 (2011); Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969, 973 (2010); Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893, 907 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 558-559 (1958). Es decir, solo ejerceremos nuestra función revisora en “controversias reales y vivas, en las cuales existan partes con intereses encontrados cuyo pro-pósito sea obtener un remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 931. Véanse, además, Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969 (2011); E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584; Flast v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968).

Al encontrarnos ante la interrogante sobre si una controversia es o no justiciable debemos evaluar

... si es (1) tan definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas entre las partes que tienen un interés jurídico anta-gónico; (2) que el interés sea real y substancial y que permita un remedio específico mediante una sentencia de carácter con-cluyente, y finalmente (3) si la controversia es propia para una determinación judicial, ya que se distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso académico o ficticio. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 932. Véase, además, E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584.

Así pues, hemos establecido en el pasado que “no será justiciable aquella controversia en la que: (1) se trata de resolver una cuestión política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa; (3) después que ha comenzado el pleito, hechos posteriores la convierte nen académica; (4) las partes buscan obtener una opinión consultiva, o (5) se promueve un pleito que no está maduro”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 932. Véase, además, Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421—422 (1994).

La academicidad es una de las doctrinas que autolimitan la intervención de los tribunales. Asoc. Fotoperio- distas v. Rivera Schatz, supra. Véase, además, Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 761 (2006). Estamos ante un caso académico cuando “se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes de que éste haya sido reclamado o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente”. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 652 (2008). En síntesis, “un caso se convierte en académico cuando con el paso del tiempo su condición de controversia viva y pre-sente se ha perdido”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 933.

Ahora bien, la doctrina de la academicidad admite excepciones que, aunque deben utilizarse con mesura, permiten la intervención de los tribunales ante situaciones en las que las controversias parecen no ser justiciables. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 974. Hemos señalado como excepción a la academicidad las situaciones en la que los tribunales se encuentran ante: (1) una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando el demandado ha modificado la situación de hechos, pero el cambio no aparenta ser permanente, y (3) cuando aspectos de la controversia se tornan académicos, pero subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra. Véase, además, U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253 (2010); Báez Díaz v. E.L.A., supra; Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 974.

En su réplica a la moción de reconsideración y solicitud de desestimación presentada, la parte peticionaria aduce que los recurridos convocaron a una reunión extraordina-ria del Consejo de Titulares del Metropolitan Professional Park para dejar sin efecto los acuerdos alcanzados en la asamblea de 2 de septiembre de 2003. Sin embargo, los peticionarios entienden que

... con tal actuación los apelados dejaban sin efecto los acuerdos ilegalmente pactados desde el 2003, y en consecuen-cia unilateral y espuriamente creaban una situación que les permitiese plantear ante este Honorable Tribunal Supremo la academicidad de este recurso que cuestiona dichos acuerdos. Ello, distinto a la alternativa de lograr un acuerdo transaccio-nal, obligatorio para todos los titulares del Condominio, obli-gándose permanentemente a no intervenir con los usos dispues-tos en la escritura del régimen de propiedad horizontal del Condominio Metropolitan Professional Park. Escrito para cumplir orden y reiterando súplica de trámite expedito de pe-tición, pág. 2.

Específicamente, los peticionarios esbozan que este pleito presenta la excepción de una controversia capaz de repetirse y evadir su revisión. Entienden que los demanda-dos “han modificado la situación de hechos que dio paso al litigio, teniendo absoluto control sobre los hechos que crean o artificialmente disuelven controversias”. Escrito para cumplir orden y reiterando súplica de trámite expe-dito de petición, pág. 5.

El caso ante nuestra consideración no presenta la excep-ción de una controversia capaz de repetirse y evadir su revisión. Concluir eso conllevaría “adentrarnos en el campo de la especulación”. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 976. Véase, además, Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra. Sin embargo, el acuerdo alcanzado en la asamblea de 10 de mayo de 2011 no dispone de todas las reclamaciones de los peticionarios. Cabe recordar que, en la asamblea de 2 de septiembre de 2003, se tomaron cinco acuerdos para enmendar la escritura matriz, de los cuales la parte peticionaria cuestiona tres en su recurso. En la última asamblea, solo se dejó sin efecto uno de esos acuer-dos; en específico, el relacionado con la enmienda a la cláu-sula cuarta de la escritura matriz para permitir que las unidades comerciales 1 y 2 de la planta terrera fueran uti-lizadas para uso comercial, profesional y de oficinas. Ad-viértase que nunca se llevó a cabo una enmienda a la escritura matriz. Lo único que consta es el cambio en el acuerdo alcanzado en la asamblea de 2 de septiembre de 2003. Por ello, aún quedan pendientes los acuerdos que impugnan los peticionarios en cuanto a los cambios en el uso y destino del área del portero y de la oficina del admi-nistrador en el piso terrero a recibidor y salón de espera, el acuerdo relacionado con la división de la unidad comercial uno y el acuerdo para permitir la colocación de máquinas de refrescos y “snacks”. Es decir, quedan controversias pendientes sobre las que los peticionarios no han obtenido un remedio todavía.

Aclarada nuestra jurisdicción, pasemos entonces a ana-lizar los principios generales de la doctrina de cosa juzgada.

III

El Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3343, tipifica la doctrina de cosa juzgada. Esta figura, de origen romano, es una presunción que opera cuando “entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que esta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. Rodríguez v. Sucesión de Pirazzi, 89 D.P.R. 506, 519 (1963). Véanse, además: Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 769 (2003); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827, 833 (1993). Es decir, “ ‘[p]or cosa uzgada se entiende lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad’ ”. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 268 (2004), citando a J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Espaol, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278.

Como señalamos en Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., supra, pág. 769, esta “doctrina está fundamentada en el interés del Estado en ponerle fin a los litigios y en proteger a los ciudadanos para que no se les someta en múltiples ocasiones a los rigores de un proceso judicial”. Véase, además, Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961). “De esa manera se evita que tanto el sistema de administración de justicia como las partes incurran en gastos innecesarios”. Parrilla v. Rodríguez, supra, pág. 268. Como mecanismo de defensa, “[e]l efecto de la aplicación de esta doctrina es que la sentencia emitida en un pleito anterior impide que se litiguen posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas causas de acción y cosas, las controversias ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que se pudieron haber litigado”. Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., supra, pág. 769. Véase, además, Parrilla v. Rodríguez, supra, pág. 268.

No obstante lo anterior,

... la doctrina de cosa juzgada no impide que se interponga un nuevo pleito en el que, en primera instancia, se dilucide la extensión como cosa juzgada del dictamen en el pleito anterior sobre el subsiguiente, siempre con la salvedad de que en ese segundo litigio no se examinará la sabiduría y corrección del primer pleito, sino la configuración de la doctrina. Parrilla v. Rodríguez, supra, pág. 268, citando a Manresa, op. cit., págs. 278-279.

Este Tribunal se ha negado a aplicar la doctrina de cosa juzgada de forma automática. Id., pág. 271. Aunque reco-nocemos “su valor para el adecuado tráfico jurídico de las causas individuales, en observancia con los fines de la jus-ticia y en consideración al mejor interés público, hemos intervenido para permitir que las partes ventilen sus re-clamos en los méritos”. Id. Esto último ocurre cuando inte-reses públicos mayores lo ameriten. Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253, 268 (2005); Pérez v. Bauzá, supra, págs. 226-227; Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, 508-509 (1961).

En primer lugar, “[p] ara que prospere la excepción de cosa juzgada es necesaria la concurrencia de cuatro identidades: dos objetivas —cosa y causa; y dos subjetivas —personas y representación”. (Citas omitidas.) A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 763 (1981). Es decir,

Dios requisitos para aplicar la doctrina de cosa juzgada son que: (1) haya una primera sentencia válida, final y firme; (2) las partes, en el primer litigio, sean las mismas en el segundo;
(3) en ambos pleitos se trate del mismo objeto o asunto; (4) en el primer pleito se haya pedido igual remedio que el que se pida en el segundo, y (5) las partes litiguen en la misma cali-dad en ambos pleitos. Bonafont Solís v. American Eagle, 143 D.P.R. 374, 383 (1997).

Por su parte, el impedimento colateral por sentencia es una modalidad de la doctrina de cosa juzgada. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 D.P.R. 139, 152 (2008). Véanse, además: Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. Púb., 179 D.P.R. 674, 685 esc. 7 (2010); Méndez v. Fundación, supra, pág. 268; Fatach v. Triple S, Inc., 147 D.P.R. 882, 889 (1999). Esta figura “opera cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final, y tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción distintas”. (Escolio omitido.) Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., 180 D.P.R. 655, 673 (2011). Principalmente, el impedimento co-lateral por sentencia “ ‘se distingue de la cosa juzgada en que para aplicar la primera no es necesario que se dé el requisito de identidad de causas necesario para la segunda’ ”. íd., citando a Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 221 (1992).

En cuanto a la defensa de cosa juzgada, en su aspecto de fraccionamiento de causa de acción hemos dicho que “se aplica a toda reclamación posterior entre las mis-mas partes sobre el mismo asunto”. Cruz v. Ortiz, 82 D.P.R. 834, 840 (1961). Véase Avellanet v. Porto Rican Express, 64 D.P.R. 693 (1945). El propósito de “la defensa de cosa juz-gada, en su aspecto de fraccionamiento de causa de acción, es promover la finalidad de las controversias judiciales y evitar las continuas molestias a una parte con la presenta-ción sucesiva de varios pleitos relacionados con el mismo asunto”. Crespo Cardona v. Autoridad de Carreteras, 136 D.P.R. 938, 947 (1994), opinión disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López. Véase, además, Zambrana v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 179 (1971).

De entrada, es menester evaluar si se cumplieron los requisitos que esboza la doctrina para que opere la defensa de cosa juzgada en este caso. Como señaláramos, el pri-mero de estos requisitos es que haya una primera senten-cia válida, final y firme.

En lo que respecta a una sentencia final y firme cabe apuntar que “[u]na vez que se archiva en autos la notificación y se registra la sentencia, ésta se considera final. A partir de ese momento los derechos y obligaciones de las partes quedan adjudicados y la sentencia goza de una presunción de corrección”. (Énfasis nuestro.) R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 4106, pág. 378. Véase, además, Vargas v. González, 149 D.P.R. 859 (1999). Por consiguiente, “la sentencia se convierte en firme según el transcurso del tiempo. Es firme una vez transcurrido el término para pedir reconsideración o apelar sin que esto se haya hecho, o al concluir el proceso apelativo”. (Énfasis nuestro.) Hernández Colón, op. cit, pág. 379. Es decir, una sentencia es final y definitiva “ ‘cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en tal forma que no queda pendiente nada más que la ejecución de la sentencia’ ”. Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 509 (1977), citando a Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551, 556 (1955). Mientras, “[l]a adju-dicación se presume válida y correcta hasta tanto sea re-considerada, modificada o revocada mediante un remedio o recurso”. Hernández Colón, op. cit, pág. 378.

Según surge de los hechos narrados, en nuestra senten-cia de 21 de mayo de 2009 determinamos que el primer pleito no era final y firme. Lo devolvimos al Tribunal de Apelaciones para que continuara con los procedimientos. Sin embargo, el 20 de mayo de 2011, el foro apelativo in-termedio emitió una sentencia en el pleito principal, que a esta fecha no es final y firme.

Tampoco se cumple en este pleito con el requisito de la identidad de causas. En el pleito principal se cuestionaba el uso que los titulares le daban a varios elementos comu-nes del edificio. Por otro lado, en el segundo pleito, se im-pugnan los acuerdos alcanzados en la asamblea celebrada el 2 de septiembre de 2003. Por ello, los reclamos en uno y otro pleito no son los mismos.

Además, la alegación de los recurridos de que, en este pleito, procedía la defensa de cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de la causa de acción también es errada. Aquí no había una sentencia final y firme en el primer pleito cuando se presentó el segundo pleito de im-pugnación de los acuerdos de la asamblea de 2 de septiem-bre de 2003.

Por ello, a la luz de lo discutido, forzosamente conclui-mos que no se configuraron los requisitos necesarios para que opere la defensa de cosa juzgada en este caso. Diluci-dada la primera controversia, evaluemos entonces si pro-cedía la moción de sentencia sumaria solicitada por la parte peticionaria.

Con el beneficio del derecho reseñado, pasemos a anali-zar las disposiciones de la Ley de Condominios que permi-ten enmendar la escritura matriz.

IV

Ya en varias ocasiones hemos manifestado que las disposiciones de la Ley de Condominios de 2003 “ ‘regirán a todo inmueble sometido al régimen de Propiedad Horizontal, cualquiera que sea el momento en que fuera sometido a dicho régimen’ (Énfasis suprimido.) Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 D.P.R. 485, 496 (2011). Véanse: S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180 D.P.R. 387 (2010); Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101, 108 (2006). Véase, además, la nota sobre el Art. 44 de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291 n. Claro está, como señalamos en Consejo Titulares v. Williams Hospitality, supra, pág. 108, “aun cuando la ley disponga su efecto retroactivo o así surja de la intención legislativa, ésta no podrá afectar derechos adquiridos por las partes en virtud de la legislación anterior”. Ahora bien, cabe aclarar que

... el derecho adquirido no puede ser el conjunto de faculta-des que la ley anterior permitía que los ciudadanos ejercita-ran, ya que esto sería el estado de derecho objetivo que la nueva ley intenta cambiar. El derecho adquirido, en cambio, es una situación consumada, en la que las partes afectadas des-cansaron en el estado de derecho que regía al amparo de la ley anterior. Id., pág. 109.

Por consiguiente, la aplicación retroactiva de la Ley de Condominios dependerá de la situación particular que se suscite. Es decir, “Muestra contestación dependerá de la situación jurídica que se pretenda reclamar con arreglo a la legislación antigua”. Consejo Titulares v. Williams Hospitality, supra, pág. 110. Así, por ejemplo, no puede invo-carse el estatuto actual para impugnar un acuerdo, que fue aprobado por el número de titulares que disponía en aquel entonces la ley. Ahora bien, distinto es el escenario, por ejemplo, cuando lo que se pretende hacer es avalar un acuerdo nuevo conforme al número de titulares requerido por la ley derogada. Es decir, cuando se pretende actuar sin observar los requisitos de la nueva ley no estamos ante derechos adquiridos. Id.

Así pues, ya que la asamblea en la que se tomaron los acuerdos que son objeto de impugnación en el presente pleito fue celebrada el 2 de septiembre de 2003, es decir, luego de la vigencia de la Ley de Condominios de 2003, que entró en vigor el 4 de julio de 2003, analizaremos la con-troversia a la luz de ese estatuto. Véase el Art. 44 de la Ley de Condominios, supra.

V

La escritura matriz constituye “la fuente vinculante para los condominos, luego de la Ley”. M. J. Godreau, El condominio: el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico, 1ra ed., Río Piedras, Ed. Dictum, 1992, pág. 71. Es, pues,

... un estatuto privado —al cual se adhieren los titulares cuando compran sus respectivos apartamentos— que gobierna a los condominos o titulares y a cuyas disposiciones debemos acudir para dirimir cualquier conflicto, a menos que tales dis-posiciones violen la ley, la moral o el orden público. (Énfasis suprimido.) Consejo Tit. Cond. McKinley Court v. Rullán, 126 D.P.R. 387, 394 (1990) (Sentencia). Véanse, además: Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 582 (1973); Soto Vázquez v. Vázquez Torres, 138 D.P.R. 282 (1995).

Explica el profesor Godreau, con relación al Art. 2 de la anterior Ley de Propiedad Horizontal, que

[e]n la escritura matriz, por disposición del artículo 2, § 1291, se expresará “clara y precisamente el uso a que será destinada toda área comprendida en el inmueble, y una vez fijado dicho uso sólo podrá ser variado mediante el consentimiento uná-nime de los titulares. (Énfasis nuestro.) íd., pág. 71.

Sin embargo, enfatiza Godreau que “esta disposición ha-brá que entenderla en sentido amplio”. íd. Es decir,

... si en la escritura matriz se destina un local para oficina de administración, quedará a discreción de la Junta de Direc-tores o del Consejo de Titulares el uso particular que deba dársele a tal local, siempre y cuando tal uso pueda catalogarse como parte de la gestión administrativa. De igual forma, si un local se destina para “salón de reuniones”, puede el mismo utilizarse para diversas actividades, como juegos de mesa, fiestas, espectáculos, servicios religiosos, etc., aunque las mis-mas no puedan catalogarse estrictamente como “reuniones”. En forma similar, si en la escritura matriz se destina algún apartamiento como “para oficina médica”, debe entenderse que la limitación del uso se refiere a que sea una oficina pro-fesional relacionada con la medicina y no a que esté prohibido montar, por ejemplo, una oficina de psicólogos. Id.

De la misma forma, cuando se quiera prohibir específi-camente una actividad

... tendría que cumplir con los requisitos de cualquier condi-ción restrictiva o servidumbre en equidad, ... consignando ex-presamente en la escritura matriz que tal apartamiento o local no puede utilizarse para otra clase de actividad. Tales restricciones representan una verdadera alteración del régi-men normal de la propiedad, la cual se presume libre de car-gas y gravámenes. (Enfasis en el original.) Id., págs. 72-73.

Así pues, la escritura matriz es el mapa que guiará con relación al destino y uso de las áreas que comprenden el inmueble. Por lo tanto, una vez se fija el destino y el uso de un área del inmueble en la escritura matriz, este únicamente podrá ser variado con el consentimiento unánime de todos los titulares.

Con las enmiendas introducidas en el 2003, el Art. 2 de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291, no sufrió cambios sustanciales. Actualmente dispone, en lo pertinente:

La escritura que establezca el régimen de propiedad horizontal expresará clara y precisamente el destino y uso de toda área comprendida en el inmueble, y, excepto que este capítulo autorice lo contrario, una vez fijado dicho destino y uso sólo podrá ser variado mediante el consentimiento unánime de los titulares. (Énfasis suplido.)

El texto enfatizado recoge los cambios añadidos por la enmienda a la ley en el 2003. Como vemos, no se alteró el requisito de unanimidad para variar el uso y destino de las áreas comprendidas en el inmueble conforme lo que se dis-pone en la escritura matriz.

Ahora bien, el Art. 38(d)(3), supra, dispone otro estándar para variar el uso y destino de un área o un local comercial o profesional en los condominios exclusivamente comerciales. En lo pertinente, el artículo dispone:

En los condominios exclusivamente comerciales o profesio-nales, las dos terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez, reúnan las dos terceras partes (2/3) de las participaciones en los elementos comunes del inmueble, podrán aprobar las obras de mejora que estimen pertinentes, sin que para ello tengan que estar disponibles el dinero en el fondo de reserva que se establece en esta sección. Por igual número de votos, podrá variarse el uso fijado a un área o a un local comercial o profesional, si así lo autoriza la escritura matriz.

Es decir, el Art. 38(d)(3), supra, es la excepción a la regla general dispuesta en el Art. 2 de la Ley de Condominios, supra. Como vemos, en el Art. 38(d)(3) se autoriza, contra-rio a lo dispuesto en el Art. 2, supra, que, en los condomi-nios exclusivamente comerciales, se varíe el uso de un área dispuesta en la escritura matriz, si así se aprueba con el voto de las dos terceras partes de los titulares, que, a su vez, reúnan las dos terceras partes de las participaciones en los elementos comunes del inmueble.

Ahora bien, ese Art. 38(d)(3), supra, impone una restricción adicional para variar el uso y destino originalmente dispuesto en un edifico comercial. Eso solo es posible si la escritura matriz autoriza ese cambio. Es decir, si la escritura matriz no autoriza ese voto, entonces no podrá llevarse a cabo el cambio con el voto de las dos terceras partes de los titulares, que a su vez, reúnan las dos terceras partes de las participaciones en los elementos comunes del inmueble. En ese caso, se tendrá que contar con el con-sentimiento unánime de todos los titulares, como establece la regla general dispuesta en el Art. 2, supra. Claro está, como el Art. 38(d)(3), supra, se añadió mediante la Ley de Condominios de 2003, las escrituras matrices de los condo-minios sometidos al régimen de propiedad horizontal, antes de esa fecha no incluyen una cláusula para variar el uso fijado a un área o a un local comercial o profesionales por el voto de las dos terceras partes de los titulares, que a su vez, reúnan las dos terceras partes de las de las parti-cipaciones en los elementos comunes. Por ello, los condomi-nios exclusivamente comerciales sometidos al régimen de propiedad horizontal con anterioridad a la vigencia de la Ley de Condominios de 2003, que interesen variar el uso y destino de un área o un local comercial o profesional por la mayoría de votos de los condominos dispuesta en el Art. 38(d)(3), supra, tendrán que realizar una enmienda a su escritura matriz para incluir una cláusula que lo permita. De lo contrario, necesitarán la unanimidad de votos que dispone el Art. 2, supra.

Por consiguiente, corresponde preguntarnos si los acuerdos aprobados en la asamblea de 2 de septiembre de 2003 constituyeron enmiendas a la escritura matriz para las cuales se requería el consentimiento unánime de todos los titulares del Metropolitan Professional Park. Analice-mos por separado cada uno de los acuerdos que impugna la parte peticionaria en su alegato ante este Tribunal y que no se hicieron académicos por el acuerdo subsiguiente de 10 de mayo de 2011.

A. Enmienda a la escritura matriz para permitir la coloca-ción de máquinas de refrescos y “snacks”

Con relación a este asunto, la parte peticionaria aduce que “la unidad comercial está específicamente destinada a usos estrictamente comerciales, según como surge de la es-critura matriz, párrafo sexto, páginas (9) a la once (11)”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 11.

En Soto Vázquez v. Vázquez Torres, supra, págs. 292—293, explicamos:

En un condominio comercial se justifica aún más una inter-pretación restrictiva de las limitaciones al uso de los locales cuando, como en el caso de autos, se intenta restringir el uso comercial dispuesto en la escritura a un uso comercial particular. La utilización variada de un local es una de las cualidades más importante cuando el mismo se utiliza para propósitos comerciales. La flexibilidad brindada a esos efectos en gran medida influye sobre el precio y la mercadeabilidad. Audrey Loeb, Condominium Law and Administration 8 — 1 (1989).
Por otro lado, nos parece pertinente el hecho de que el con-cepto “uso comercial” es más abarcador que el concepto “uso residencial”. Así, cuando en una escritura se restringe el uso o destino de los apartamentos a fines residenciales, la estrechez del concepto informa clara y debidamente al adquiriente las limitaciones impuestas a su derecho propietario. Sin embargo, cuando se restringe el uso de un local a “uso comercial”, pode-mos pensar en una multiplicidad de actividades que se pueden ubicar bajo dicho calificativo. Es decir, el término es tan abar-cador que en la mayoría de los casos equivale a una negación de un uso residencial, sin límites en cuanto a los posibles usos relacionados con el “comercio”. De esta manera, el tercero in-teresado, aunque percibe una restricción a sus derechos pro-pietarios, puede entender que se le ha brindado cierta flexibi-lidad en cuanto a los usos posibles de su propiedad.
Por lo tanto, entendemos que al intentarse restringir el uso comercial a un uso particular, la interpretación de las cláusu-las restrictivas del dominio debe ser aún más estricta, pues se debe informar con mayor claridad a los nuevos titulares la existencia de una restricción adicional que modifica la ampli-tud del concepto de “uso comercial”. Una limitación del dere-cho propietario de esa magnitud así lo justifica. Ésta debe sur-gir de la escritura matriz con suma claridad. (Énfasis nuestro.) Véase, además, Rodríguez et al. v. Gómez et al., 156 D.P.R. 307, 322-323 (2002).

El foro primario determinó que “[e]n cuanto a la recla-mación por operación de máquinas vendomáticas en un área de uno de los locales comerciales no es necesario abundar, por tratarse de una actividad comercial”. Esta-mos de acuerdo con esa conclusión. La venta de dulces, refrescos y piscolabis es precisamente una actividad co-mercial permitida en el área que estaba denominada en la escritura matriz como comercial. Tampoco encontramos prohibición en la escritura para que estas máquinas sean colocadas en esa área. Este razonamiento es cónsono con las expresiones del profesor Godreau en cuanto a que los usos y destinos dispuestos en la escritura matriz deben interpretarse en sentido amplio y con nuestros pronuncia-mientos en Soto Vázquez v. Vázquez Torres, supra.

B. Cambios en el uso y destino del área del portero y de la oficina del administrador en el piso terrero a recibidor o salón de espera

Por último, al aprobarse la utilización del área del por-tero y el área de guardería para que se establezca allí un recibidor y una sala de espera para los visitantes de todos los condominos, no se violó el uso y destino del área con-forme se estipuló en la escritura matriz.

De las determinaciones del Foro de Primera Instancia surge que, luego de examinar la escritura matriz y el cro-quis presentado por la parte peticionaria, el área objeto de la reclamación es el “área de servicio” mencionada en el párrafo cuarto de la escritura matriz. Así pues, como esa área no tiene un uso destinado y tampoco prohibiciones a su uso y destino, se debe considerar un elemento común general. Este razonamiento es correcto, toda vez que en la escritura matriz se estableció el área de servicio en el primer piso como un elemento común general. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 218-129.

Consideramos que el “área de servicio” se podía destinar como recepción para uso de todas las oficinas del edificio. Se trata de una obra de mejora, según se define en la ley. Por definición, una obra de mejora es aquella “obra permanente que no sea de mantenimiento, dirigida a aumentar el valor o la productividad de la propiedad en cues-tión o a proveer mejores servicios para el disfrute de los apartamientos o de las áreas comunes”. Art. 38(d)(3), supra. El cuórum necesario para la aprobación de estas obras de mejora en los condominios exclusivamente comer-ciales o profesionales se alcanza con las dos terceras partes (2/3) de los titulares, que a su vez reúnan las dos terceras partes (2/3) de las participaciones en los elementos comu-nes del inmueble, sin que para ello tenga que estar dispo-nible el dinero en el fondo de reserva. Art. 38(d)(3), supra. Así pues, concluimos que el cambio en el uso y destino del área de servicio a recibidor o salón de espera, fue una obra de mejora alcanzada por el número de titulares que dis-pone la ley para esos actos. En fin, se trató de una obra que provee mejor servicio para el disfrute de todos los apartamentos.

VI

La sentencia sumaria puede dictarse a favor de la parte reclamante o a favor de la parte contra quien se reclama. Cuando es el reclamante quien presenta la moción de sen-tencia sumaria, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, regulaba el mecanismo para la fecha que se resolvió este caso en el Tribunal de Primera Instancia. Por su parte, cuando es la persona contra quien se reclama la que presenta la moción de sentencia suma-ria, era la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la que gobernaba. Hacemos referencia a las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 porque eran las vigentes al momento de dictarse sentencia. El análisis es el mismo al amparo de las reglas vigentes de 2009.

Los tribunales podrán dictar sentencia sumaria “inmediatamente si [de] las alegaciones, disposiciones [deposiciones], contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay controversia real sustan-cial en cuanto a ningún hecho material y que como cues-tión de derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente”. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.

Asimismo, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, disponía, en lo pertinente, que “[p]odrá dictarse sentencia sumaria de naturaleza interlocutoria resolviendo cualquier controversia entre cualesquiera partes que sea separable de las controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse a favor o en contra de cualquier parte en el pleito”. Es decir, se podrá dictar sentencia sumaria parcial interlocutoria de cualquier controversia, siempre que ella pueda ser separada de las controversias restantes. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, 25 (1986).

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal útil “para resolver controversias en donde no se requiere la celebración de un juicio”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213 (2010), citando a Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994, 1002-1003 (2009).

La sentencia sumaria tiene como propósito aligerar la tra-mitación de un caso permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de que se tenga que celebrar la vista en los méritos, cuando de los documentos no controvertidos que se acompa-ñan con la solicitud surge que “no existe disputa de hechos a ser dirimida, ... sólo resta aplicar el derecho ... y “no se ponen en peligro o se lesionan los intereses de las partes. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).

Esta moción “[p]uede presentarse predicada en la insu-ficiencia de la demanda, o bien plantear cuestiones estric-tamente de derecho que no ameriten declaraciones jura-das, tales como cosa juzgada, exoneración, pago, aceptación en finiquito, prescripción, entre otros”. J. Cue-vas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2000, T. I, pág. 595. Véanse, además: Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 270-271 (1975); Jablon v. Dean Witter & Co., 614 F.2d 677, 682 (9no Cir. 1980); Sánchez v. Loffland Bros. Co., 626 F. 2d 1228 (5to Cir. 1980); Boeder v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, 644 F.2d 690, 692 (1981).

“[A]l dictar sentencia sumaria el tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, así como aquellos que obren en el ex-pediente del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos.” Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 333 (2004). Véase, además, López v. Miranda, 166 D.P.R. 546, 562-563 (2005). Ahora bien, una vez el tribunal haya analizado los criterios anteriores, “no dictará sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hayan alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede”. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 333-334.

“Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213, citando a Cuevas Segarra, op cit., T. I, pág. 609. Como vemos, “[l]a controversia sobre el hecho material tiene que ser real”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Por ello, “cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre los hechos relevantes y pertinentes”. íd., pág. 214. Véase, además, Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 932 (2010). “Debe surgir de estos documentos que no existen controversias sobre hechos materiales y esenciales y que, por lo tanto, lo que resta es aplicar el derecho, ya que una vista en los méritos resultaría innecesaria.” Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334.

Asimismo, la persona que se oponga a que se dicte sentencia sumaria “debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales que están en disputa”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215, citando a 11 Moore’s Federal Practice 3rd Sec. 55.11[6][b], pág. 56-145 (2008). Es decir, para controvertir una moción de sentencia sumaria “la parte opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente”. Id., citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986).

Según el derecho reseñado procedía dictar sentencia su-maria en cuanto a los acuerdos impugnados por la parte peticionaria. Como vimos, no había controversia de hechos, por lo que procedía únicamente aplicar el derecho.

VII

Por los fundamentos expuestos se expide el auto de cer-tiorari y se revoca la sentencia recurrida. Determinamos que es académico el señalamiento de error acerca del acuerdo para permitir usos profesionales o de oficina en las unidades uno y dos del piso terrero. Asimismo, dictamos sentencia sumaria para permitir la colocación de máquinas de refrescos y “snacks” en el área comercial uno en el piso terrero, y para los cambios en el uso y destino del área del portero y de la oficina del administrador en el piso terrero a recibidor o salón de espera.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió sin opi-nión escrita. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

       A esta asamblea asistieron todos los titulares, excepto el señor Ladislaus Szendrey, quien fue representado por su esposa, la señora Ramos de Szendrey.

       No discutiremos la alegada división de la unidad comercial uno, pues no formó parte de los acuerdos alcanzados en la asamblea de 2 de septiembre de 2003.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneña, peticionaria, v. Jesús Casiano Rivera, recurrido.

      Número: CC-2011-0177

      Resuelto: 30 de diciembre de 2011

      Gilberto Figueroa Merced, abogado de la parte peticionaria; Héctor Vargas Díaz, abogado de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nos corresponde determinar si una cláusula en un con-trato de adhesión, que impone el pago de gastos y honora-rios de abogado en que incurra la parte acreedora en su gestión de cobro de dinero por incumplimiento del pago acordado, constituye una cláusula penal. De contestar en la afirmativa, nos compete discernir si el pago convenido de 33% en concepto de dicha cláusula resulta razonable o no. Tras examinar la cláusula y el contrato en controversia, la doctrina civilista y la jurisprudencia de este Tribunal sobre los preceptos de la contratación entre personas pri-vadas, concluimos que la mencionada cláusula constituye una cláusula penal válida y que el cargo de 33% convenido es razonable.

I

El 24 de septiembre de 2005 el Sr. Jesús Casiano Rivera solicitó un préstamo personal de $25,000 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sabaneña (la Cooperativa). El prés-tamo fue aprobado el 7 de octubre de 2005 y, para eviden-ciar, esa deuda el señor Casiano Rivera y la Cooperativa firmaron un pagaré. Dicho pagaré contiene una cláusula que establece una penalidad en ocasión de que el señor Casiano Rivera incumpla con su obligación contractual. La cláusula establece:

COSTAS, GASTOS Y HONORARIOS: Nosotros nos obliga-mos a pagar a la Cooperativa, o al tenedor por endoso de este pagaré, todos los gastos que se incurran en las gestiones de cobro de este preestamo [sic], más honorarios de abogados en una cantidad igual al 33% de la cantidad del préstamo que se indica al comienzo de este pagaré.

Posteriormente, el recurrido incumplió con su obligación. A tales efectos, la Cooperativa realizó una ges-tión de cobro mediante carta de 31 de agosto de 2009, pero ante la falta de pago, instó una demanda en cobro de dinero el 19 de octubre de 2009. En la demanda alegó que la parte demandada le adeudaba $19,435.84, más “el 33% del principal para costas y honorarios de abogado que as-cienden a $8,250.00”. (Énfasis en el original.)

Ante la incomparecencia del recurrido, el Tribunal de Primera Instancia le anotó la rebeldía y subsiguiente-mente dictó sentencia en rebeldía, en la que declaró “ha lugar” la demanda. El 3 de agosto de 2010 —notificado el 11 del mismo mes y año— el foro de instancia sentenció al señor Casiano Rivera a pagar a la peticionaria “la suma de $19,435.84 y una cantidad adicional de $6,413.55, equiva-lente al treinta y tres por ciento (33%) de lo adeudado, por concepto de costas, gastos y honorarios de abogados”. El 25 de agosto de 2010 el recurrido solicitó la reconsideración del dictamen, pero el 10 de septiembre de 2010 el tribunal de instancia notificó su denegatoria.

Inconforme, el señor Casiano Rivera acudió ante el Tribunal de Apelaciones y alegó que la partida impuesta en concepto de gastos, costas y honorarios de abogado era ex-cesiva, exagerada y abusiva, particularmente cuando se impuso en virtud de un contrato de adhesión donde él no intervino en su redacción. Además, señaló que la partida era excesiva debido a que la Cooperativa no se opuso du-rante el pleito, puesto que la sentencia se dictó en rebeldía por su incomparecencia.

Así las cosas, el 2 de febrero de 2011 el Tribunal de Apelaciones notificó una sentencia en la que dejó sin efecto la parte del dictamen del Tribunal de Primera Instancia que imponía el pago de $6,413.33 en concepto de gastos, costas y honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la cláusula en controversia era inválida por estimar irrazonable el por ciento contratado, lo que que-branta el orden público. En consecuencia, ordenó al foro de instancia establecer una cuantía razonable.

El 4 de marzo de 2011 la Cooperativa presentó el re-curso de certiorari ante este Foro y el 14 de junio de 2011 notificamos al recurrido una Resolución en la que le solici-tamos que mostrara causa por la que no debíamos expedir el recurso solicitado. El señor Casiano Rivera presentó oportunamente ante esta Curia un escrito en oposición al recurso presentado, en donde alegó la irrazonabilidad de la cláusula pactada y adujo que, por ser un contrato de adhe-sión con un por ciento excesivo para honorarios de abo-gado, se debía declarar nula dicha cláusula por violar el orden público. Contando con la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

La controversia de autos nos invita a examinar el con-cepto de razonabilidad de las cláusulas penales en los con-tratos de adhesión y la función moderadora de los tribuna-les ante estas cláusulas.

A

La teoría contractual que rige en nuestra jurisdicción dispone el principio de libertad de contratación o autonomía de la voluntad. El principio de pacta sunt servanda lo recoge expresamente el Código Civil de Puerto Rico: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”, Art. 1207, 31 L.P.R.A. sec. 3372; “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mis-mos”, Art. 1044, 31 L.P.R.A. sec. 2994. Este principio, con-siderado como axioma del liberalismo económico, permite expandir el campo previsible de los legisladores al permitir introducir en las relaciones contractuales variedades nove-les y atípicas producto del imaginario humano. J.L. Concepción Rodríguez, Derecho de Contratos, 2003, pág. 35. A pesar de ello, el principio de libertad contractual no es irrestricto y está sujeto a la intervención de los tribunales, según dimana del propio Código Civil. Art. 1207 del Código Civil, supra. Véase, también, F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed. rev., Madrid Eds. Pirámide, 1976, Vol. III, págs. 338-342.

B

El derecho de crédito faculta al acreedor para exigir del deudor una obligación de dar, hacer o no hacer una cosa —Art. 1041 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2991— y nuestro Código Civil provee al acreedor ciertos mecanismos para proteger y garantizar ese derecho de crédito. Estas garantías, en parte, tienen la encomienda de “estimular la voluntad del obligado para que realice la prestación debida”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. II, pág. 449.

Así, como una garantía del derecho de crédito, encontra-mos en el Código Civil la llamada “cláusula penal”. Arts. 1106-1109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3131 — 3134. A diferencia de otros códigos civiles —como el francés y el quebequés— nuestro Código Civil no define específica-mente lo que constituye una cláusula penal. Empero, se-gún la jurisprudencia y la doctrina, se ha definido dicha cláusula como “una convención accesoria a una obligación principal mediante la cual se promete realizar una presta-ción, generalmente pecuniaria, para el caso en que una de las partes no cumpla o cumpla mal o irregularmente lo prometido”. (Enfasis suprimido.) J.R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed., San Juan, Programa de Educación Jurídica Continua de la Facultad de Derecho de la U.I.A., 1997, pág. 299.

Se han destacado dos funciones de la cláusula penal: (1) asegurar el cumplimiento de una obligación y (2) evaluar por anticipado los peijuicios que habría de ocasionar al acreedor el incumplimiento de la obligación. R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 D.P.R. 163 (1974). La capacidad de preestimar los daños en sustitución del método convencional y supletorio que fija la acción resolutoria del Artículo 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3052, en donde se exige probar los daños, la provee el propio Artículo 1106 del Código, al prescribir que la pena sustituirá la indemnización de daños. Levitt and Sons of P.R., Inc. v. D.A.C.O., 105 D.P.R. 184, 192 (1976). En otras palabras, el convenio de una cláusula penal redunda en la ausencia de tener que probar los daños que sufrió el acreedor por el incumplimiento de la obligación. C.M. & Finance Corp. v. Cooley, 103 D.P.R. 6, 9-10 (1974).

Esta cualidad anticipatoria de la cláusula penal y su naturaleza in terorrem tiene, no obstante, un límite im-puesto por el Artículo 1108 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3133, que faculta al tribunal a modificar equitativa-mente la pena cuando la obligación haya sido satisfecha en parte o irregularmente. Levitt and Sons of P.R., Inc., supra, pág. 193. Sin embargo, la facultad moderadora de los tribunales debe usarse sólo con gran cautela y justificación, pues la acción de limitar la autonomía de la voluntad de los contratantes debe ejercerse únicamente en circunstancias extraordinarias. Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112 D.P.R. 344, 350 (1982).

Por último, nos hacemos eco de lo expresado anterior-mente por este Tribunal con respecto a que “ ‘la fórmula verbal que se emplee en el contrato no es lo que provee normalmente la clave. Hay que precisar primero las fun-ciones que generalmente cumple la cláusula penal y escu-driñar su impacto en cada caso específico’ ”. Levitt and Sons of P.R., Inc., supra, pág. 193.

C

El presente caso requiere que comentemos sobre la va-lidez de un contrato de adhesión con cláusula penal. Al hablar sobre los contratos de adhesión, resulta imperativo que comentemos sobre otro aspecto paralelo: la interpreta-ción de los contratos.

Los contratos de adhesión son

“... aquellos en que el contenido, esto es, las condiciones de la reglamentación son obra de una sola de las partes, de tal modo que el otro contrayente no presta colaboración alguna a la formación del contenido contractual, quedando así susti-tuida la ordinaria determinación bilateral del contenido del vínculo por un simple acto de aceptación o adhesión al es-quema predeterminado unilateralmente.” Maryland Cas’y Co. v. San Juan Rac’g Assoc. Inc., 83 D.P.R. 559, 566 (1961), citando a J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1954, T. 3, pág. 332.

La norma de este Tribunal ha sido consistentemente que si bien los contratos de adhesión son válidos en nuestra jurisdicción, la interpretación de sus disposiciones se hará favorablemente hacia la parte que nada tuvo que ver con su redacción. Herrera v. First National City Bank, 103 D.P.R. 724, 727 (1975); Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739, 744 (1964); Maryland Cas’y Co., supra.

Sin embargo, “[e]l hecho de que un contrato sea de ad-hesión ... significa tan solo que se analizará del modo más favorable a la parte más débil, ... pero no que se interpre-tará de modo irrazonable”. (Enfasis suplido.) R.C. Leasing Corp., supra, pág. 167. Por tal motivo, es un error conceptual que los contratos de adhesión se consideren nulos me-ramente por ser redactados por una sola de las partes. Véase C.R.U.V. v. Peña Ubiles, 95 D.P.R. 311, 314 (1967). Ante tales contratos, la función principal de un tribunal debe dirigirse a evaluar la presencia de cláusulas ambiguas. En ausencia de ambigüedad, el contrato se in-terpretará según sus términos. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 D.P.R. 48 (2011); Martínez Pérez v. U.C.B., 143 D.P.R. 554 (1997). Independientemente del tipo de cláusula en cuestión —bien sea una cláusula penal u otra dispositiva— el método de interpretación descrito se aplicará por igual. Despejada la apariencia de ambigüe-dad, el tribunal entonces procederá a evaluar la razonabi-lidad de lo allí convenido.

Examinada la doctrina contractual antes esbozada, pa-semos a ver su aplicación a los hechos de la controversia de autos.

III

El asunto principal en esta controversia es evaluar la razonabilidad de lo convenido, por lo que dista de realizar una función interpretativa de las cláusulas contractuales. Veamos.

A

En las comparecencias del señor Casiano Rivera ante los tribunales inferiores y este Tribunal, su argumentación se ha reducido tautológicamente a decir que el contrato convenido es de adhesión y que él no tuvo la oportunidad de intervenir para fijar los honorarios. Como indicamos an-teriormente, los contratos de adhesión tienen validez en nuestra jurisdicción. Su naturaleza adhesiva no es inhe-rentemente nula. R.C. Leasing Corp., supra. Sin dudas, el pagaré firmado entre el recurrido y la Cooperativa es un contrato de adhesión, porque surge del expediente la falta de participación del recurrido en su redacción.

Nos corresponde, pues, evaluar si es ambigua la cláu-sula de costas, gastos y honorarios que dispone que, en caso de incumplimiento, el deudor asumirá “todos los gas-tos que se incurran en las gestiones de cobro de este pre-estamo [sic], más honorarios de abogados en una cantidad igual al 33% de la cantidad del préstamo ...”. Coincidi-mos con la apreciación del Tribunal de Apelaciones con re-lación a dicha cláusula:

Observada la cláusula antes transcrita, no encontramos en ella características que nos hagan concluir que sea una [sic] obscura o ambigua. Ante esta realidad, a pesar de ser una [sic] claramente adhesiva no es posible determinar que por esta razón sea nula; la cláusula está redactada de manera clara y su lenguaje es uno [sic] de fácil entendimiento. (Enfasis en el original.)

De una lectura concienzuda resulta evidente la ausen-cia de ambigüedad. Se estipula que en caso de incumpli-miento, el señor Casiano Rivera pagará por los gastos y honorarios de abogado en que incurra la Cooperativa en su gestión de cobro del préstamo. Llegada a la conclusión de que la cláusula no es ambigua, es improcedente aplicar los métodos de interpretación en contratos de adhesión, donde los tribunales habrán de favorecer a la parte que no inter-vino en su redacción.

B

Cabe preguntarnos en esta ocasión si la cláusula de costas, gastos y honorarios de abogado del pagaré constituye o no una cláusula penal. La importancia de responder primero a esa pregunta ilustrará a un tribunal sobre las normas a utilizar cuando se enfrente a una cláusula contractual. Por ejemplo, de contestar en la afirmativa, se utilizará la normativa provista por el Código Civil en cuanto a las cláusulas penales. Arts. 1106-1109 del Código Civil, supra. Para determinar si una cláusula es penal hay que ver su funcionalidad, mas no la nomenclatura empleada. Jack’s Beach Resort, Inc., supra, pág. 349. La funcionalidad de la cláusula debe medirse en virtud de: (1) su capacidad para anticipar daños sin tener que probarlos posteriormente en caso de incumplimiento y (2) sus propósitos coercitivos y punitivos para evitar el incumplimiento (su naturaleza in terrorem).

Al examinar la cláusula en cuestión, observamos que su función principal es la preestimación de los daños y gastos en que la Cooperativa incurriría en su gestión de cobrar la obligación incumplida. Esos gastos, claro está, incluyen los honorarios de abogado. En cuanto a la segunda función descrita, cobrar el 33% de la deuda cumple con sus propó-sitos de disuadir el incumplimiento. En consecuencia, no dudamos que estemos frente a una cláusula penal.

A pesar de que la cláusula incluye una partida para ho-norarios de abogado, no la exime de su cualidad de cláu-sula penal ni estimamos que sea contraria a derecho por esa disposición. Como sabemos, este pacto fue entre la Coo-perativa y el recurrido, por lo que los honorarios que se cobren producto de este convenio constituyen una indem-nización para la Cooperativa, independientemente de los honorarios que ésta haya pactado con sus abogados. Con relación a las cláusulas entre partes privadas que pactan honorarios de abogado, coincidimos con el honorable juez Sigfrido Steidel Figueroa, al exponer:

[E]n algunos tipos de relaciones contractuales se establece un porcentaje específico para honorarios de abogado en caso de incumplimiento por parte del deudor. Frecuentemente esos porcentajes fluctúan entre un 5% del monto total del principal adeudado hasta un 30%. Se podría argumentar que esta úl-tima cifra es, por lo general, irrazonable, ya que la gestión de cobro de dinero es esencialmente sencilla .... Sin embargo, este tipo de pacto reviste caracteres de una cláusula penal cuya finalidad no es exclusivamente establecer el monto de unos honorarios de abogado, sino también proteger al acreedor de ciertos riesgos que la obligación pactada genera, a la vez que representa un disuasivo para el incumplimiento del deudor. Además, se trata de una disposición incluida como parte de la contratación original sin que necesariamente el abogado que inicia las gestiones judiciales de cobro haya te-nido participación. ... El abogado más bien actúa incidental-mente en las gestiones de cobro. (Escolio omitido.) S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, págs. 164-165.

Determinado que se trata de una cláusula penal, debe-mos entonces examinarla al amparo del Artículo 1108 del Código Civil. Esto es, debemos razonar si se justifica la modificación de la pena por haberse pagado parte de la deuda. En la demanda original presentada por la Coopera-tiva, ésta solicitó como remedio que se aplicara ad verbatim la cláusula en controversia en cuanto a que el 33% debe aplicarse al monto del préstamo original. En otras palabras, la peticionaria solicitaba aplicar el 33% a $25,000, para un total de $8,250 en gastos y honorarios. Acertadamente, el Tribunal de Primera Instancia modificó la pena para aplicar el 33% al monto adeudado al momento de presentar la demanda, para un total de $6,413.55. No obstante, el recurrido solicita que nuestra función modifi-cadora se extienda, no a la aplicación de la pena, sino a la pena en sí misma. Para ello nos corresponde ponderar la razonabilidad de la pena.

C

Llegamos al planteamiento central del caso: ¿Acaso pac-tar el pago de 33% del monto para gastos, costas y honora-rios de abogado es excesivo, abusivo y ofende el orden pú-blico contractual? ¿O, por el contrario, es una cuantía razonable?

El Tribunal de Apelaciones concluyó que ese porcentaje es irrazonable y contraviene el orden público. Erró dicho tribunal, máxime cuando omitió toda la doctrina contractual sobre las cláusulas penales que aplican a la controver-sia de autos. Según hemos esbozado en esta Opinión, al enfrentarnos a una cláusula luce de carácter penal, debe-mos realizar un examen de su funcionalidad. De ser una cláusula penal, no podemos soslayar el carácter punitivo de esas cláusulas. Hacer lo contrario sería restar eficacia a un mecanismo creado legislativamente para garantizar y fortalecer los negocios jurídicos.

No ignoramos la capacidad de los tribunales de interve-nir en las relaciones contractuales y dar remedios en equidad. Véanse: BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686 (2008); Jack’s Beach Resort, Inc., supra. Empero, esas in-tervenciones deben proceder con sensatez y cautela —id.— y solamente cuando una de las prestaciones resulte exce-siva, abusiva y una desproporción intolerable en las prestaciones. BPPR, supra, págs. 710-711.

Cuando un tribunal interviene con las relaciones con-tractuales, debe sopesar los valores jurídicos afectados con su intervención. En una controversia como la de autos, por ejemplo, se deben ponderar valores como la autonomía de la voluntad y la certeza de los negocios jurídicos. La auto-nomía de la voluntad gobierna todo el desarrollo de la vida contractual. Puig Peña, op. cit., pág. 338. Interferir con ella sin justificación alguna es un acto de trastocar una de las bases de nuestro ordenamiento jurídico, que sostiene gran parte de las relaciones sociales y comerciales. “[L]a inter-vención moderadora del tribunal con la autonomía contractual de las partes se da únicamente en circunstancias ex-traordinarias ... [y] ha de ejercerse con extrema cautela y patente justificación por su efecto lesivo a la estabilidad de los contratos y a la seguridad jurídica.” López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265, 271 (1982). Asimismo, interferir con la doctrina de pacta sunt servanda es el equivalente de modificar o hasta anular una ley; no olvidemos que los con-tratos son ley entre las partes. Art. 1044 del Código Civil, supra.

Una cláusula que impone una pena de 33% para gastos y honorarios de abogado en caso de incumplimiento contractual no justifica nuestra intervención con la estabili-dad de los negocios jurídicos. El recurrido sostiene que es excesivo y abusivo. Sin embargo, y a modo de ejemplo, al examinar varias leyes que fijan los costos de honorarios de abogado en distintas causas de acción, vemos que el por-centaje fluctúa entre el 20% y el 33%.

Por consiguiente, el 33% pactado entre la Cooperativa y el señor Casiano Rivera no nos parece que ofende la razo-nabilidad ni el orden público contractual. Asumir la pos-tura del recurrido y validar la decisión del Tribunal de Apelaciones convierte injustificadamente en inoperante a la cláusula penal. La pretensión del recurrido es fijar los honorarios a base de quantum meruit (tanto como se me-rece) cuando alega que, debido a su incomparecencia y, por consiguiente, el dictado de una sentencia en rebeldía, se deben reducir los honorarios de abogado por que la Coope-rativa obtuvo una sentencia sin oposición alguna. Esta pre-tensión, más que una moderación —como sostiene el Tribunal de Apelaciones— es una anulación de una cláusula válidamente convenida. Jack’s Beach Resort, Inc., supra, págs. 352-353.

D

En cuanto a la aplicación que hizo el Tribunal de Apela-ciones de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, nos limitaremos a decir que erró dicho foro al aplicar la regla y soslayar el convenio habido entre las partes. Ese convenio era el sustituto de la preestimación de los honorarios de abogado y la posible temeridad en que pudiera ocurrir el demandado. Por esa razón, la controver-sia había que examinarla según la teoría contractual y no según las reglas procesales.

IV

En la controversia de autos, el 33% pactado entre la Cooperativa y el señor Casiano Rivera fue el producto de la autonomía de sus voluntades. Intervenir con ella sin justi-ficación suficiente sería una intromisión indebida que atenta contra el principio de pacta sunt servanda. Más aún, tal proceder equivale a eludir el propósito in terrorem y de preestimación de daños de una cláusula penal. Puesto que estimamos razonable el porcentaje convenido, que no atenta contra el orden público contractual y que no se jus-tífica la intervención moderadora de los tribunales, deja-mos sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal de Ape-laciones que ordenó al Tribunal de Primera Instancia a modificar la cuantía en concepto de gastos y honorarios de abogado. Restablecemos así la sentencia emitida por el foro de instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrió y hace constar la expresión siguiente: “La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurre con el resultado. No obs-tante, no concuerda con que este tipo de cláusula penal se aplique automáticamente en casos en que se alegue incum-plimiento con la obligación por razones económicas imprevistas.” Los Jueces Asociados Señor Rivera García y Señor Feliberti Cintrón concurrieron con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

       El pagaré, titulado “Pagaré de préstamo a plazos/divulgación de costos”, es un modelo preimpreso redactado en su totalidad por la Cooperativa. Apéndice, pág. 31.

       Apéndice, pág. 31.

       Íd., pág. 32.

       Íd., pág. 34.

       Íd., pág. 19.

       Otras limitaciones al principio de libertad contractual son la buena fe contractual, la equidad y la doctrina de rebus sic stantibus. Véase BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686 (2008).

       Véase el Artículo 1622 del Código Civil de Quebec, que dispone, en lo perti-nente: “A penal clause is one by which the parties assess the anticipated damages by stipulating that the debtor will suffer a penalty if he fails to perform his obligation.” Por su parte, en el código francés se define “cláusula penal” como: “La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage á quelque chose en cas d’inexécution.” Art. 1226 del Código Civil francés.

       Cabe señalar que a pesar de su parecido, no debe confundirse la figura de la cláusula penal con la figura de daños líquidos del common law anglosajón. P.F. Silva-Ruiz, La Cláusula Penal, LIV (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 89, 105-108 (1985). Véase, también, R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 D.P.R. 163, 168 (1974).

       Apéndice, pág. 31.

       Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN201001487, de 31 de enero de 2011. Apéndice, pág. 14.

       Deseamos hacer hincapié en que el reconocimiento que hemos hecho a la capacidad interventora de los tribunales en las relaciones contractuales es reflejo de que no estamos dispuestos a aplicar automáticamente una cláusula penal, sino que ésta deberá ponderarse a la luz de los hechos de cada caso.

       Véase, e.g., Art. 1 de la Ley Núm. 9 de 8 de agosto de 1974, 4 L.P.R.A. see. 742 (establece que el máximo de honorarios de abogado permitido en casos de daños y peijuicios es 33% del producto final o 25% si el cliente es menor de edad o incapa-citado mental); See. 3 de la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, 32 L.P.R.A. see. 3343 (en los pleitos de clase por consumidores, los tribunales impondrán “una can-tidad razonable que no bajará de un 25% en concepto de honorarios de abogado”); Art. 41.110 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 4111 (en acciones de daños y peijuicios por impericia médico-hospitalaria se establecen honorarios escalonados entre un 33% y 20%, según aumenta la cuantía de la indemnización).