text:
    Vicente Amador Pérez y Juan Carlos Martínez, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 320.

    Sometido: Febrero 14, 1939.

      Resuelto: Mayo 17, 1939.

      Luis Venegas Cortés y Baúl Colón, abogados de los peticionarios; Alfonso Miranda Esteres, abogado del interventor, el demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios, demandados ante la Corte Municipal de San Juan en una acción sobre cobro de dinero, interpusieron una excepción previa sobre insuficiencia de los becbos alega-dos en la demanda. Señalada la vista de dicha excepción para el día 5 de septiembre, no pudo celebrarse por ser ése un día feriado, “Día del Trabajo.” El día 9 del mismo mes se celebró la vista, con asistencia del demandante y en au-sencia de los demandados, y la corte dictó sentencia desesti-mando la excepción por considerarla frívola; y a petición del demandante declaró con lugar la demanda y condenó a los demandados al pago de los $300 reclamados, costas y hono-rarios de abogado. Los demandados fueron notificados de dicha sentencia el día 21 de septiembre de 1938, y dos días más tarde radicaron una moción que intitularon “Moción so-bre nulidad de sentencia,” en la que pedían a la corte sen-tenciadora “que anule su sentencia del 9 de septiembre,” por los motivos siguientes:

1. Porque el señalamiento hecho para el “Día del Tra-bajo” era nulo por imposible por no poder la corte celebrar sesión en ese día.

2. Porque la sentencia es nula por haberse extralimitado la corte al dictar sentencia final en un incidente de excepción previa.

3. Porque la sentencia priva a los demandados de sus de-rechos constitucionales al condenarles al pago de la suma re-clamada sin haberles dado una oportunidad de defenderse, ya que los demandados no fueron nunca notificados del nuevo señalamiento para el 9 de septiembre hecho a petición del de-mandante.

Discutida dicha moción por las partes ante la corte municipal, ésta la declaró sin lugar el día 5 de octubre de 1938. El día 14 del mismo mes los demandados apelaron para ante la Corte de Distrito de San Juan.

Llamado el caso para juicio ante la corte de distrito, el demandante y apelado pidió la desestimación de la apelación por carecer el tribunal de jurisdicción en el asunto. La con-tención del demandante fue que habiéndose notificado la sen-tencia a los demandados el 21 de septiembre de 1938, el tér-mino para apelar expiró el primero de octubre del mismo año; que ese término no fué interrumpido por la radicación en 23 de septiembre de la “Moción sobre nulidad de sentencia,” porque dicha moción no es ni puede tener el efecto de una moción de reconsideración; y que la apelación interpuesta por los demandados el 14 de octubre no pudo conferir juris-dicción a la corte de distrito por haber sido interpuesta fuera de término. Sostuvo la corte inferior el criterio del deman-dante y dictó sentencia desestimando la apelación.

En enero 26, 1939, los demandados y aquí peticionarios' radicaron ante esta Corte Suprema una petición para que se expida un auto de mandamus contra la Corte de Distrito de San Juan por el que se ordene al juez de la misma, Hon. Carlos Llauger Díaz, que proceda a conocer del caso civil núm. 2747 de dicha corte hasta su resolución final. Oídos Ios-peticionarios y la parte demandante en el pleito principal so-bre la procedencia del auto de mandamus solicitado, el caso quedó por fin sometido a nuestra decisión el 14 de febrero de 1939.

La única cuestión envuelta en el presente recurso es si la “Moción sobre nulidad de sentencia” radicada por los demandados ante la Corte Municipal interrumpió el término legal de diez días para apelar ante la corte de distrito.

Para resolver esta cuestión debemos ir más allá del título o denominación que se dió a la moción y penetrar en sus mé-ritos para determinar el fin o propósito que se perseguía al presentarla.

En la referida moción, después de exponer los hechos re-ferentes al señalamiento de la excepción previa y a la sen-tencia dictada por la corte municipal, los demandados pro-moventes informaron a dicha corte que su sentencia es con-traria a derecho entre otros motivos por haber sido dictada sin haberle dado a los demandados una oportunidad de ser oídos en su defensa y sin notificarles el señalamiento para la vista del caso. El propósito evidente de dicha moción fué el de dar a la corte sentenciadora una oportunidad de corregir su alegado error y de dejar sin efecto o anular su sentencia, evitando así una apelación innecesaria. Y ése es precisa-mente el fin que se persigue mediante la llamada “moción de reconsideración” (rehearing) y mediante la “moción para dejar sin efecto la sentencia” (motion to set aside the judgment.)

“Uña petición para una nueva vista (rehearing) es una súplica a la corte para que revise su propia acción mediante la corrección de errores y la modificación o anulación de su propia sentencia.” Parker v. State, 33 N. E. 119. “Su objeto es señalar errores de de-recho o de hecho o unos y otros, que se alega fueron cometidos por la corte al llegar a sus conclusiones.” Peo. ex rel. L’Abbe v. District Court, 58 P. 604. Véase: City of Memphis v. Brown, 94 U. S. 715, 24 Law Ed. 244.

El significado legal del término “reconsiderar” (reconsider) es considerar otra vez, revisar con cuidado, especial-mente con miras a la revocación de lo anteriormente resuelto; pensar o considerar el asnnto nuevamente con el propósito de resolverlo después de esa segunda consideración. 53 C. J. 594. Dávila v. Collazo, 50 D.P.R. 495.

Después de una detenida consideración de las alegaciones y fundamentos de la moción, así como del fin o propósito que se perseguía con su presentación, nos creemos obligados a resolver que no obstante el título que se dió a la ameritada moción, ésta era y debe ser considerada para todos los efec-tos legales como una moción sobre reconsideración de senten-cia. Y habiendo sido dicha moción “entertained,” o sea to-mada en consideración por la corte ante la cual fué presen-tada, y no rechazada de plano, el término para apelar debió empezar a contarse a partir del día 5 de octubre de 1938, fe-cha en que la corte sentenciadora declaró la moción sin lugar. • La apelación interpuesta nueve días más tarde, el 14 de oc-tubre de 1938, lo fué dentro del término legal y fué suficiente para conferir jurisdicción a la Corte de Distrito de San Juan. Véanse: Pérez Casalduc v. Díaz Mediavilla, 42 D.P.R. 357; Dávila v. Collazo, supra; Las Monjas Racing Corporation v. Comisión Hípica, 52 D.P.R. 445; y Línea Borinquen, Inc., v. American R. R. Co., 53 D.P.R. 309. Erró, pues, la corte inferior al desestimar la apelación interpuesta por los peticio-narios. No siendo apelable la resolución dictada por la Corte de Distrito de San Juan, procede a nuestro juicio la expedición del auto perentorio de mandamus solicitado. Véanse: Ponce & Guayama R. R. Co. v. Muñoz, 12 D.P.R. 165; Del Valle v. Foote, Juez, 12 D.P.R. 225; Pueblo v. Corte, 47 D.P.R. 239; Annoni v. Sucesión Nadal, 50 D.P.R. 520, y 38 C. J. 610, sección 88 y casos allí citados.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Eduardo Díaz, demandante y apelante, v. Julio Viejo Feliú, demandado y apelado.
    Núm. 7784

    Sometido: Mayo 10, 1939.

      Resuelto: Mayo 18, 1939.

      F. González Fagundo, abogado del apelante; R. Díaz Collazo y G. Rivera Cestero, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demanda de este pleito se radicó originalmente en la Corte de Distrito de Humacao, de donde a virtud de moción de traslado pasó a la Corte de Distrito de Bayamón.

Alegó el demandante que el 24 de abril de 1937 vendió al demandado 68 bultos de tabaco en rama con un peso de 87 quintales y 22 libras, a razón de $18 cada quintal de la clase conocida por “medio y corona” y $12 el quintal de la deno-minada “rezago’’, todo lo cual ascendió a $1,467.42, siendo entregado dicho tabaco en Caguas, de donde lo condujo el demandado a sus almacenes en Bayamón. Que el mismo día 24 de abril de 1937 el demandado libró y entregó al deman-dante nn cheque por la snma antes expresada, qne no pndo hacer efectivo el demandante porqne el demandado ordenó al banco la suspensión de sn pago, y finalmente alegó el deman-dante qne a pesar de los requerimientos hechos por él, el de-mandado se ha negado a pagarle la indicada cantidad.

A esta demanda, qne fné debidamente jnrada, contestó el demandado, también bajo juramento, en síntesis lo siguiente:

Aceptó la celebración del contrato en la forma expuesta por el demandante, pero alegó en contrario qne de los 68 bul-tos o fardos de tabaco, 19 no' contenían el producto de la ca-lidad comprada, sino un tabaco de clase inferior al qne fné objeto del contrato. Aceptó el demandado haber suspendido el pago del cheque, alegando en contrario que luego expidió otro a favor del demandante por la cantidad de $990.96, que era el precio correspondiente al tabaco entregádole de la ca-lidad pactada. En contestación al tercer párrafo de la de-manda, negó el requerimiento de pago alegado por el deman-dante y opuso en contrario el pago de los $990.96 antes men-cionado. Terminó solicitando sentencia que desestime la de-manda con imposición de costas y honorarios de abogado al demandante.

Celebrado el juicio oral el 23 de marzo del año pasado, el 26 de abril siguiente se dictó la sentencia apelada que de-sestimó la demanda con imposición de costas al demandante.

Dos son los errores que a la corte sentenciadora imputa el demandante apelante. Se exponen así:

“Primero: La Corte erró al admitir prueba al demandado para contradecir los hechos esenciales de la demanda y probar lo que ellos llaman defensas especiales.
“Segundo: La Corte cometió grave error al apreciar la prueba y declarar sin lugar la demanda.”

La mera exposición del primer señalamiento de error demuestra la ofuscación que sufre el competente abogado que suscribe el alegato en apoyo de este recurso. Bastará llamar su atención al precepto del artículo 110 del Código de Enjui-ciamiento Civil (ed. 1933) que en lo pertinente dice así:

“Artículo 110. — La contestación del demandado contendrá:
“1. Una negación general o especial de los becbos esenciales de la demanda con los cuales no 'esté conforme el demandado.
“2. Una exposición de cualquier materia nueva constitutiva de oposición a la demanda o de reconvención. ...” (Bastardillas nues-tras.)

Como el demandado estuvo conforme con los Lechos esen-ciales de la demanda jurada, naturalmente, los aceptó; pero esto no impedía que sin negar la verdad de tales hechos, ale-gase y probase la materia nueva constitutiva de oposición a la demanda, o sea, que después de recibido y pagado el ta-baco descubrió que una parte del mismo no respondía a las estipulaciones del contrato, por lo que ordenó la suspensión del pago del cheque que envió al demandante cuando igno-raba tal defecto; que le pagó posteriormente el montante de aquella parte del tabaco cuya calidad respondía a las condi-ciones estipuladas, y rechazó la que no era aceptable.

El artículo 114 del mismo cuerpo legal también autoriza al demandado a deducir en su contestación tantas cuantas defensas y reconvenciones pudiera tener.

La forma de alegar adoptada por el demandado y soste-nida por la corte inferior es lo que en Derecho Procesal Civil se conoce por “confession ■cmd •avoidance”, o sea que ad-mite la existencia de un hecho, pero inmediatamente alega otros que omitió exponer el demandante y que destruyen el efecto legal de lo expuesto en la demanda. Véanse por vía de ilustración el caso de González v. González Ramos, 35 D.P.R. 702, 709, et seq., y 21 R.C.L. 546, sección 108, ambos ci-tados en el alegato del apelado.

No existe, a nuestro juicio, el primer error señalado por el apelante.

El segundo y último de los errores señalados va dirigido a la apreciación de la prueba. La hemos estudiado y no abrigamos duda alguna de que sostiene las conclusiones de hecho a que llegó la corte inferior. De la evidencia resulta que el demandante y el demandado convinieron las condicio-nes del contrato de compraventa de tabaco en rama, estipu-lándose el precio conforme aparece de las alegaciones de la demanda. Que el 19 de abril de 1937 el demandado envió a su empleado o representante, Félix López, a clasificar y re-cibir el tabaco en cuestión en los almacenes del demandante. Que en la tarde de dicho día López clasificó, marcó y enfardó, con la aprobación del demandante, diez y nueve bultos que aceptó como de la calidad superior estipulada en el contrato, pero no pudiendo continuar el trabajo durante los dos días siguientes por tener que ir a otros barrios de Caguas a re-coger otros tabacos, convino con el demandante en dejar en su almacén y bajo el cuidado de éste los diez y nueve fardos de tabaco ya aceptados, conviniendo en volver el 22 para con-tinuar su trabajo en el almacén del demandante. Que así lo hizo y el 22 por la tarde condujo al almacén del demandado no sólo los diez y nueve bultos clasificados y enfardados el día 19 de abril, sino los que clasificó y recibió el 22, lleván-dose finalmente el resto del tabaco comprado el día 23 de abril. Que después de llegar el tabaco al almacén del deman-dado, éste, con fecha 24 de abril, remitió al demandante el cheque cuyo pago suspendió inmediatamente después, al des-cubrir el defecto de calidad en una parte del producto. Que en efecto el tabaco contenido en los 19 bultos dejados en po-der del demandante el 19 de abril había sido cambiado por otro inferior y no respondía a la calidad pactada, por lo cual el demándado lo puso a la disposición del demandante ven-dedor y a la vez le envió un cheque por $990.96, que era el valor que de acuerdo con el contrato tenía el resto del tabaco aceptado. A nuestro juicio, a nada más venía obligado el demandado comprador.

Arguye el apelante que puede que se trate en este caso de una venta mercantil comprendida en el artículo 243 del Código de Comercio (ed. 1932) y que en ese caso sería apli-cable el artículo 254 del mismo cuerpo legal. El artículo 243 antes citado dice así:

- “Art. 243. — Será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron o bien otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa.”

Convenimos con el apelante en que el contrato en cues-tión es de naturaleza mercantil, pues de la evidencia resulta que el comprador se dedica a la compra y venta de tabaco, y aunque pudiéramos asumir que el vendedor es un agricultor, no existe prueba alguna de que el tabaco vendido sea fruto o producto de su cosedla “o de las especies en que se le paguen las rentas”, no estando comprendido, por consi-guiente, en la excepción establecida en el artículo 244 del mismo código, que en lo pertinente dice así:

“Art. 244. — No se reputarán mercantiles:
“1.
“2. Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos, de los frutos o productos de sus cosechas o ganados, o de las especies en que se les paguen las rentas. ...”

Véanse a este efecto los casos dé Loíza Sugar Co. v. Baquero & Co., 29 D.P.R. 863, 866, y Freiría & Co., S. en C. v. Cortés Hnos. & Co., 32 D.P.R. 127, 136.

Pero el liecbo de que el contrato sea de naturaleza mer-cantil no hace aplicable a este caso las disposiciones del ar-tículo 254 del Código de Comercio, edición de 1930, (336 del Código español), que literalmente dice así:

“Art. 254. — El comprador que, al tiempo de recibir las mercade-rías, las examinare a su contento, no tendrá acción para repetir contra el vendedor, alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercaderías.
“El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las mercaderías recibidas en-fardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude.
“En estos casos, podrá el comprador optar por la rescisión del contrato o por su cumplimiento, con arreglo a lo convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que se le hubieran causado por los defectos o faltas.
“El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, que se haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador.”

En el presente caso el comprador apelado no ha instituido procedimiento alguno contra el vendedor. Pué el vendedor quien instó este pleito contra el comprador, a quien induda-blemente le asiste el derecho de defenderse de esta acción en cobro de dinero demostrando que el vendedor no tiene derecho a obligarlo a aceptar y pagar una mercancía que no fue la comprada por él.

El caso de Bay Shoe Co. v. Muñiz, 43 D.P.R. 352, resuelve perfectamente la cuestión. Tomamos de la opinión de dicho caso:

“R. Muñiz-de León ordenó un lote de calzado del mismo estilo y calidad de ciertas muestras exhibidas por un agente vendedor de la Bay Shoe Company. Cuando Muñiz examinó el calzado en la primera oportunidad que tuvo después de su entrega, halló que era de calidad inferior y de estilo muy distinto al de la muestra ense-fíádale por el representante. El inmediatamente notificó a la -Bay Shoe Company y al banco (por cuyo conducto esa compañía había girado contra él por el importe de la compraventa) que no pagaría el giro por él aceptado al tiempo de la entrega como requisito previo a la misma, y sujeto al derecho de examen que él se reservó. Tam-bién informó a la compañía vendedora del calzado y al banco de los motivos que tenía para negarse a aceptar la mercancía, y puso ésta a disposición de la vendedora.
“La compañía vendedora instituyó pleito en cobro, a su venci-miento, del giro aceptado, y Muñiz, después de una negativa general, alegó, como defensa afirmativa, los hechos arriba reseñados. La corte, después de celebrar un juicio sobre los méritos, dictó sentencia a favor del demandado.
“El primer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que el artículo 336 del Código de Comercio no era apli-cable y que es opcional para el comprador invocar dicho artículo y acogerse o no al mismo.
“Según indicó el juez de distrito en su relación del caso y opi-nión, el comprador en el presente recurso nunca instituyó el proce-dimiento autorizado por el artículo 336 del Código de Comercio. Convenimos con la corte inferior en que los redactores del Código de Comercio, al fijar el período de cuatro días para instar el procedi-miento autorizado por el artículo 336, no tuvieron la intención de privar a un comprador del derecho a oponerse a un requerimiento de pago, demostrando hechos que equivalían a la ausencia o falta de causa (consideration) para la aceptación de un giro, aunque los mis-mos hechos pudiesen haberle dado derecho a obtener un remedio en una acción instituida por él contra el vendedor dentro de cuatro días después de la entrega de la mercadería. El artículo 336 no puede ser aislado y considerarse separadamente. Debe ser interpretado en re-lación con otras disposiciones del Código de Comercio, tales como las contenidas en los artículos 327 y 332. Así interpretado, no puede resolverse que opera como un impedimento estatutario a la defensa aducida por el demandado en el presente recurso.”

La corte inferior dirimió el conflicto de la evidencia y no habiéndose demostrado que al así hacerlo actuase movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera error en la apreciación de la prueba, debemos aceptar sus conclusiones de hecho, a las cuales aplicó correctamente los principios de derecho.

No habiéndose cometido los errores señalados por el ape-lante, procede la desestimación del recurso y 'em, su conse-cuencia la confirmación de la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Asamblea Municipal de Maunabo, querellante y apelada, v. Casimiro Steidel, Alcalde, querellado y apelante.
    Núm. 9.

    Sometido: Mayo 13, 1939.

      Resuelto: Mayo 19, 1939.

      Burset <& Pérez Pimentel, abogados del apelante; R. Calderón Ro-drigues, y Ramón Meléndez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En 28 de julio de 1938, Agustín Torres Bellber, miembro de la Asamblea Municipal de Mannabo, formnló cargos ante diclia Asamblea contra Casimiro Steidel, Alcalde de Mau-nabo. Dichos cargos leen así:

1 ‘ 1. Que Casimiro Steidel, siendo como lo es el Alcalde Municipal de Maunabo, Puerto Rico, y con su consentimiento permitió y con-sintió que el empleado Miguel Sánchez y quien trabajaba en el acue-ducto de Maunabo, P. R., como celador del mismo, y cobrando un sueldo de este municipio, abandonara sus labores oficiales para tra-bajar y cobrar un salario en las plantaciones de la PRRA, cobrando en ambas partes al mismo tiempo.
“2. Que Casimiro Steidel, siendo como es el Alcalde Municipal de Maunabo, P. R., consintió que Gumersindo Figueroa, Conserje Municipal, trabajara en las colonias de Maunabo, abandonando sus que-haceres en la Alcaldía Municipal, cobrando en ambas partes.
“3. Que Casimiro Steidel, siendo como es el Alcalde Municipal de Maunabo, y sin el consentimiento de la Hon. Asamblea Municipal, permitió y consintió que Antonio Saldaba sembrara tabaco en una parcela de terreno propiedad del municipio, siendo ésta una atribu-ción de la Hon. Asamblea Municipal.
“4. Que Casimiro Steidel, siendo como lo es el Acalde Municipal de Maunabo, Puerto Rico, permitió, consintió y ordenó al Alcaide de Cárcel Municipal de Maunabo, entregara animales encarcelados a sus dueños sin el previo pago que determina la Ley.”

Terminada la lectura de los cargos, la Asamblea decidió suspender al querellado de empleo y sueldo, concediéndole hasta el 17 de agosto de 1938 para presentar su contestación. Según aparece de las actas del municipio, que constan en el récord, la Asamblea Municipal se reunió en los días 17 de agosto, 1, 6 y 16 de septiembre y 3 de diciembre de 1938, en asamblea extraordinaria para oír los cargos contra el Al-calde, sin que en ninguna de dichas sesiones se tomara acuerdo alguno que no fuera el de suspender la sesión. Eeunida de nuevo la Asamblea el 21 de diciembre de 1938, el mismo asam-bleísta Agustín Torres Bellber formuló cuatro cargos adicio-nales contra el querellado. Dichos cargos leen así:

“1. Que don Casimiro Steidel en su calidad de Alcalde Municipal el día 21 de agosto del año 1937 en una discusión que sostuvo con la enfermera socialista María P. Solís, la amenazó con destituirla y le dijo entre otras cosas: Los pelos que me faltan en la cabeza los tiene U. en la pulpa vaginal, por no decir otra cosa, cosa ésta con-traria a la moral pública que debe tetíer un funcionario, especial-mente un Alcalde.
“2. Que Casimiro Steidel en su carácter de Alcalde Municipal ordenó al obrero Gumersindo Figueroa que le llevara a su casa unos zocos de árboles tumbados en la plaza pública, incautándose de ellos para su propio uso siendo ésta una propiedad municipal la que podía realizarse a dinero. Esto lo vimos el asambleísta Egea y el asam-bleísta suscribiente.
“3, Que el señor Casimiro Steidel en su carácter de Alcalde y de Presidente del Comité de Festejos en las fiestas de San Pedro no rindió a esta Hon. Asamblea un estado de los fondos recolectados en la plaza pública cedidos para ayudar en las fiestas por esta asamblea, y el remanente para fondos para medicinas o cualquier atención pú-blica municipal. Ni tampoco ha sometido ningún informe sobre las personas que alquilaron puestos y lo que cada persona pagó por el puesto respectivamente por el término de la fiesta o lo pagado dia-riamente por cada persona.
“4. Que Casimiro Steidel en su carácter de Alcalde Municipal, retenía las medicinas para pobres en su oficina dando lugar a que muchos enfermos se fueran para sus hogares sin las medicinas rece-tadas por el médico, obstaculizando de este modo servicios munici-pales de gran importancia.”

La Asamblea concedió al querellado un término de 10 días para contestarlos y se declaró en receso hasta el primer mar-tes después del día de Keyes, fecha señalada para ver los cargos. El 10 de enero de 1939, casi seis meses después de haber sido suspendido de empleo y sueldo el querellado, la Asamblea volvió a reunirse para la vista de los cargos; des-pués de explicar la presidencia “que si ha habido tardanza en este procedimiento se debe a que las direcciones centrales de los partidos coligados han estado aplazando el arreglo de este asunto y que por lo tanto no es culpa de la Asamblea,” se suspendió la sesión hasta el 13 de enero de 1939 para que la Asamblea tuviese oportunidad de contratar los servicios de un abogado.

En la sesión del 13 de enero se dió lectura a la contesta-ción del querellado a los cargos originales, que dice:

“Primero. — Que niega en su totalidad el cargo primero por ser incierto y en contrario alega como defensa: Que el señor Miguel Sán-chez no desempeñó el cargo de Celador del Acueducto durante el mes de julio de 1937, siendo este puesto desempeñado por su hijo Mercedes Sánchez, como se prueba en una declaración jurada de dicho Miguel Sánchez, que se acompaña y se hace formar parte de esta contestación, y en la cual se hace constar además que si trabajó alguna vez fuera del municipio, ello fue ignorado por el querellado. Así también so prueba con una certificación del Secretario-Auditor de este municipio, que a la vez se acompaña, que el aludido Mercedes Sánchez cobró veinte dólares por servicios prestados al municipio como Celador del Acueducto. Se hace constar además, en defensa del querellado, que el Sr. Miguel Sánchez cobra de la partida en Pre-supuesto titulada 3501, Jornales: Limpieza Acueducto, y que por lo tanto cobra por jornales sin ser empleado o funcionario del Municipio.
“Segundo. — Que asimismo niega el querellado el cargo segundo, en su totalidad, y en contrario alega, que el señor Gumersindo Figueroa nunca ha trabajado en las Colonias de Maunabo, desatendiendo a sus quehaceres en el Municipio, con conocimiento del querellado, y que si alguna vez él faltó a su trabajo en el Municipio, fué sustituido por su hijo, Sr. Angel Figueroa, habiendo alegado dicho señor Figueroa encontrarse enfermo, según se comprueba con una declaración jurada que se acompaña. Se hace constar además, en defensa del querellado, que el empleo que ocupaba el Sr. Gumersindo Figueroa como Conserje Municipal, cobraba de la partida 2292 Limpieza Edi-ficios Municipales, por servicios, no figurando en las nóminas como empleado o funcionario del Municipio.
“Tercero. — Que al negar el cargo tercero, el querellado alega como defensa, que el señor Antonio Saldaña, quien es un obrero muy pobre sin empleo, con una familia numerosa a cargo, se presentó al Alcalde querellado, solicitándole permiso para limpiar el patio del Hospital Municipal y sembrar en el mismo frutos menores y tabaco, comprometiéndose a mantener siempre limpio dicho patio y los alre-dedores del Hospital, y a dar una tercera parte del producto al Mu-nicipio; que el Alcalde querellado concedió al Sr. Saldaña el per-miso solicitado bajo las condiciones expuestas, y que el producto del tabaco sembrado no ha sido liquidado aún pero tan pronto lo sea le será entregada al Municipio la parte que le corresponde. Entiendo el Alcalde querellado, que el municipio no ha sido, en forma alguna, perjudicado, y que por el contrario se benefició grandemente, mien-tras el Sr. Saldaña mantuvo limpios los alrededores del Hospital Mu-nieipal, sin costo alguno. Se hace constar además en defensa del querellado, una declaración jurada del Sr. Saldaba testificando en la misma los becbos arriba mencionados, la que se acompaña a esta contestación.
“Cuarto. — El Alcalde querellado niega en todas sus partes el cuarto cargo, por carecer a su juicio de veracidad y en su defensa expone: que ni permitió, ni consintió, ni ordenó al Alcaide de Cár-cel Municipal de Maunabo, P. R., entregara animales encarcelados a sus dueños, sin el previo pago que determina la Ley. Que el Al-calde querellado, además de los muchos éxitos alcanzados en su ad-ministración, alega en su defensa en este extremo que ba sido él el único alcalde, en este pueblo que ba tenido el mayor éxito alcanzado basta abora en favor del municipio, según se comprueba con una cer-tificación del propio Secretario-Auditor, en la cual se hace constar que durante el semestre de julio a diciembre del año 1936, en la pa-sada Administración Municipal, solamente ingresó por concepto de ‘Corral de Animales' la cantidad de $12.50 y que durante el pró-ximo semestre de su Administración de enero a julio de 1937, in-gresó la cantidad de $164.23; y que más adelante durante el ejer-cicio económico 1937-38, el concepto montó a $317.75, o sea $153.32 más que el año anterior: Alega también en su defensa el Alcalde querellado, que si los ingresos no han sido mayores, es debido a que bay asambleístas, que sí ban ordenado que se le entreguen a ellos, animales que han sido encarcelados sin pagar sus derechos corres-pondientes y también y muy en particular a que si hubiera aceptado y dado curso a recomendaciones escritas y firmadas por el propio querellante, dirigidas al Alcalde querellado, entonces sí, que no sería de dudarse que estos ingresos hubieran sido notablemente mermados en grave perjuicio del Municipio. El Alcalde querellado tiene prueba fehaciente para comprobar lo que se refiere al propio querellante y que aparece subrayado en el presente párrafo de esta contestación.”

La contestación a los cargos adicionales lee como sigue:

“Primero. — Que niega en su totalidad el cargo primero por ser incierto y en contrario como defensa alega, que María P. Solis no era en 21 de agosto de 1937 enfermera municipal, ni tenía ningún cargo en el Municipio de Maunabo; ni fué amenazada por el Al-calde suscribiente con destituirla ni se le dijo por éste frase alguna que pudiera ser contraria a la moral pública.
“Segundo. — Que niega del cargo segundo haberse incautado para su propio uso zocos de árboles de la plaza pública, y en contrario alega que el obrero Gumersindo Figueroa obtuvo como pago de la limpieza de la plaza pública unos zocos de árboles por toda remune-ración.
“Tercero. — Niega en absoluto el cargo tercero y en contrario alega liaber rendido cuenta al Municipio de Maunabo del remanente de fondos correspondiente a las fiestas patronales de dicbo municipio, haciendo entrega de dichos fondos al Tesorero Municipal de Mau-nabo.
“Cuarto. — Niega el hecho cuarto, de los cargos, y en contrario alega que jamás ha retenido medicinas para los pobres ni obstaculi-zado los servicios municipales, pero que ha mantenido bajo su cus-todia las medicinas, para evitar que las mismas sean dispuestas para otros fines distintos y por otras personas que no sean las incumbentes en este negocio.”

Después de leídos los cargos y las contestaciones la Asam-blea acordó, con la oposición del querellado, un receso de 20 días, hasta el 2 de febrero de 1939, para que los abogados de la Asamblea tuviesen una oportunidad de estudiar los cargos y preparar la prueba. La sesión del 2 de febrero fue consu-mida en la discusión de varias cuestiones de derecho some-tidas por la representación del querellado, todas las cuales fueron declaradas sin lugar. El 3 de febrero se dió comienzo a la práctica de la prueba de cargo, continuando ésta durante los días 6, 9 y 14 de febrero de 1939. El 16 del mismo mes la Asamblea Municipal de Maunabo dictó su resolución defi-nitiva, con los siguientes pronunciamientos:

“(1) Se exonera al Alcalde impugnado Casimiro Steidel de los cargos números 1 y 2.
“(2) Y por los cargos números 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4 de los car-gos adicionales, se destituye al mencionado señor Casimiro Steidel de su cargo de Alcalde de Maunabo, P. R., quedando este funcio-nario por ministerio de Ley suspenso de empleo y sueldo, mientras esta resolución sea firme.”

En 27 de febrero de 1939 el querellado radicó ante esta Corte Suprema su escrito de apelación, acompañado de un pliego conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho en apoyo del recurso.

Alega el apelante que la Asamblea Municipal actnó mo-vida por pasión, prejuicio y parcialidad en contra del Al-calde; qne actuó de mala fe al demorar injustificadamente el procedimiento desde el 23 de julio de 1938 basta el 16 de fe-brero de 1939, privando así al apelante de un juicio rápido, justo e imparcial; y que la prueba aducida en apoyo de los cargos es incompetente e insuficiente para sostenerlos.

Pasaremos por alto las cuestiones técnicas de derecho que levanta el apelante, para entrar de lleno en el examen crí-tico de la evidencia en que se apoya la resolución recurrida.

Para sostener el cargo original núm. 3, en el que se imputó al Alcalde haber permitido que se sembrara tabaco en el patio del Hospital Municipal, se presentó el testimonio de Antonio Saldaña, quien declaró:

Que él pidió permiso al Alcalde para sembrar el tabaco; que las anteriores administraciones siempre habían dado per-miso a todo el mundo; que el Alcalde se lo concedió con el compromiso de tener siempre limpio el patio del hospital y de darle algo al Municipio si acaso tenía alguna ganancia; que el negocio le resultó malo, pues gastó $29.00 y no sacó ni $15; que mientras el tabaco estuvo allí el .patio estuvo siem-pre limpio, mientras que ahora está hecho una maleza, como cuando él lo cogió; que no dió participación en ese tabaco a nadie; que el tabaco que cosechó lo cambió por una cabra.

Al terminar de declarar el testigo Saldaña, el asambleísta Agustín Torres Bellber, quien formuló los cargos contra el querellado, se ofreció para declarar, impugnando la declara-ción de Saldaña, que éste le había informado “que ese tabaco lo había sembrado allí por orden del.Alcalde,” y añadió que la planta de tabaco “tiene nicotina y produce peste que per-judica a los pacientes que están allí recluidos en el hospital. ’ ’

En ausencia de prueba demostrativa de que el querellado se lucró en alguna forma o de que el municipio sufrió algún perjuicio en sus intereses como consecuencia de la siembra de tabaco, el cargo resulta nimio y no constituye a nuestro juicio causa bastante para justificar la destitución del quere-llado. La misma prueba de cargo demuestra que el Munici-pio se benefició con la limpieza del patio del hospital mien-tras Saldaña tuvo allí su plantación de tabaco.

En apoyo del cargo original núm. 4 — en el que se imputó al querellado haber permitido y ordenado la entrega a sus dueños de animales encarcelados, sin cobrar las cantidades fijadas por la ley — se ofreció el testimonio de Juan Texidor Puma, antiguo Alcaide de la Cárcel Municipal, quien se suponía ser la persona a quien el Alcalde había ordenado entregar los animales. A preguntas del abogado de la Asamblea, declaró: Que el Alcalde nunca le ordenó que entregara el ganado encarcelado sin el pago de los derechos. Preguntado por el asambleísta Torres Bellber, el testigo contestó que no recordaba haber dado a dicho asambleísta un papel del Alcalde en que ordenaba al testigo que entregara una cerda y una vaca. En contestación a preguntas del asambleísta Casta el testigo se reafirmó en su declaración de que el Alcalde nunca le había dado orden de entregar ganado a ninguna persona. Y al preguntársele si alguna otra persona le había dado tales órdenes, dijo: “Yo me recuerdo ahora, que este caballero (Sr. Torres Bellber) me dijo a mí: ‘Nosotros tenemos que hacer política aquí y aquí a los socialistas buenos dales los animales’ pero que nunca tuvo que dar ningún animal, pues su cargo duró pocos días.

Para impugnar la veracidad de Juan Texidor Puma, vol-vió a ocupar la silla testifical el asambleísta Torres Bellber, quien declaró que él como Presidente del Partido Socialista recibió numerosas quejas contra el Alcaide de Cárcel Texi-dor por estar siempre abandonando sus servicios; que el Partido recomendó a Carlos Torres para sustituirlo; que por eso Texidor se niega a decir la verdad; que la verdad es que Texidor le dió a él unos papeles relacionados con órdenes del Alcalde para la entrega de animales; que esos papeles se han desaparecido; que no es cierto que él dijera a Texidor que había que entregar ganado para hacer política.

Esta prueba es claramente insuficiente para sostener este cargo. La declaración de referencia de Torres Bellber en cnanto a las manifestaciones que le hiciera Texidor, contra-rias a las qne hizo en el momento de la vista, favorables al querellado, pneden ser utilizadas para impngnar la declara-ción del testigo Texidor, pero son inadmisibles en contra del querellado. El cargo debió ser desestimado por falta de prueba.

El primero de los cargos adicionales se refiere a las palabras que se dice fueron dirigidas por1 el querellado a la enfermera socialista María P. Solís. Para sostenerlo se ofreció como único testimonio el de la señora Solís, quien declaró que allá para el 21 de agosto de 1937 ella trabajaba como enfermera en Maunabo; que renunció como enfermera municipal en abril de 1937 porque el Alcalde no le ofrecía garantía, porque en una ocasión estando ella trabajando allí oyó una conversación en el hospital en que el Alcalde decía que el Sr. Agustín Torres Bellber era el culpable de que no hubiera doctor; que ella le dijo al Alcalde que lo que decía era falso, y que ella sabía que él le había declarado la guerra y que él tenía pelos en el corazón, y que él le respondió “que si él los tenía en el corazón, que yo los tenía abajo y entonces señaló con los dedos y los ojos a cierta parte,” refiriéndose a sus partes sexuales. A repreguntas de la defensa respondió que ella es casada y enfermera y que por eso el término “vulva vaginal” no le causa sorpresa; que el 21 de agosto, 1937, día en que ocurrió esa conversación, ella no era empleada del Municipio de Maunabo, pues había renunciado en marzo o abril de ese mismo año. Examinada de nuevo por el abogado de la Asamblea, declara la testigo que el día en que el Alcalde le dirigió esas palabras ella estaba en el hospital atendiendo a los enfermos; que el Alcalde le dijo esas palabras en el pasillo, delante de un grupo como de veinticinco personas; que ella pidió auxilio al cuartel de la policía y un policía investigó el caso y el Alcalde no le negó al policía lo que le había dicho y lo sostuvo delante del público; que lo único que ella le dijo al Alcalde fue que los pelos que le faltaban en la calva los tenía en el corazón; que mientras ella salió del hospital a buscar al policía el Alcalde preparó al público para que declarasen a favor de él.

Si se tiene en cuenta que el alegado incidente entre el querellado y la señora Solís ocurrió dieciséis meses antes de que- se formulara el cargo ante la Asamblea, sin que la se-ñora Solís se tomara interés suficiente en el asunto para pre-sentar una denuncia en contra del alcalde, a pesar de haber ocurrido el hecho en presencia de veinticinco personas parti-culares y un policía; que el incidente fué provocado por la propia señora Solís al imputarle al alcalde haber dicho una falsedad en contra del asambleísta acusador Agustín Torres Bellber y que tenía en el corazón los pelos que le faltaban en la calva, dando con ello lugar a que el alcalde ofendido le contestare en términos similares, aun cuando con referencia a una parte distinta de su anatomía; que parece inaudito el hecho de que habiendo más de veinticinco personas y un agente del orden público que se dice presenciaron y oyeron el insulto de una mujer por un hombre, ni uno solo de ellos saliera a la defensa de la ofendida o compareciera ante la Asamblea a corroborar el testimonio de la señora Solís, ne-gado enfáticamente por el querellado; y por último, que el hecho, aun cuando fuera cierto, no tiene relación alguna con el servicio público y en nada ha podido afectar los intereses del municipio, debemos llegar a la conclusión de que la Asam-blea erró al no desestimar el cargo por insuficiencia de la prueba aducida para sostenerlo. Del hecho de no haberse presentado el testimonio de una sola de las veinticinco per-sonas que según la señora Solís presenciaron el incidente o del policía que intervino en el mismo surge la presunción legal de que esa evidencia voluntariamente suprimida por la parte querellante le hubiese resultado adversa si la hubiese ofrecido. Artículo 102, inciso 5, Ley de Evidencia.

El cargo adicional número 2, en el que se imputa al Alcalde querellado haberse apropiado para su uso particular unos zocos de árboles tumbados en la plaza pública, tampoco aparece sostenido por evidencia alguna qne demuestre que el Alcalde se baya lucrado o que el Municipio baya sufrido me-noscabo en sus intereses. Examinemos la prueba.

Declaró Gumersindo Figueroa que fue Conserje de la Al-caldía durante catorce meses a partir de enero 11, 1937; que el Alcalde nunca le ordenó qne llevara unos zocos de árboles y nunca cargó troncos para el Alcalde; que habiendo en la plaza unos árboles que estorbaban y que debían ser elimina-dos porque se estaban secando, el Alcalde empezó a buscar un peón para que hiciera el trabajo, y entonces el testigo se ofreció a hacerlo él con la condición que le dieran la leña; qne el Alcalde se negó por ser el testigo empleado del Mu-nicipio ; qne entonces él le propuso al Alcalde que le diera la leña y que él pondría un peón para derribar los árboles y sacarlos de la plaza; que el Alcalde aceptó esa proposición; que sacó dos carros de leña y los vendió a una panadería; que el Alcalde le dijo que cogiera la leña en pago de su tra-bajo; qne en la panadería le pagaron por la leña $2.50, de los cuales dió la mitad al peón, reservándose para sí el $1.25 restante en compensación por las horas extras en que tra-bajó ayudando al peón; que no dió dinero al Alcalde ni a ninguna otra persona; que algunos de los zocos que sobra-ron fueron usados en la carnicería y en el corral de animales del municipio. Preguntado por el asambleísta Egea si era o no cierto que el testigo le había ofrecido a él la leña, dicién-dole que el Alcalde se la había mandado a vender, el testigo respondió: “No, señor, eso no es verdad.”

Para suplir las deficiencias de su propio testigo e impug-nar su veracidad, volvió a declarar el asambleísta acusador Agustín Torres Bellber, y dijo: “Lo que yo sé es que Gu-mersindo Figueroa pasaba con un zoco para la casa del Al-calde y nos dijo al asambleísta Egea y a mí, que ese zoco era para una cocina de una casa del Alcalde. ’ ’ Pidió el abogado defensor la eliminación de dicha declaración por ser de refe-rencia, tomando excepción al ser denegada su petición. En igual sentido se permitió declarar al asambleísta Egea, con la diferencia de que no era uno sino cinco los zocos que Figueroa llevaba para la cocina del Alcalde.

Fue error de la Asamblea declarar probado este cargo a base de declaraciones de referencia ofrecidas con el propó-sito de impugnar la veracidad de los testigos de la parte que-rellante. El cargo debió ser desestimado.

Se acusa al querellado y apelante en el cargo adicional número 3 de no haber rendido a la Asamblea un estado de los fondos recolectados durante las fiestas de San Pedro. En la transcripción de evidencia consta (págs. 27 y 77) que los abogados de la Asamblea solicitaron el archivo de este cargo por considerarlo frívolo y vicioso, porque el Alcalde no está legalmente obligado a rendir tal informe a la Asamblea y porque no se alega que el querellado se haya apropiado en todo o en parte de los dineros recaudados, ni que el municipio se haya perjudicado en sus intereses. La oposición del asambleísta Torres Bellber fué suficiente para que la moción de archivo fuese derrotada por votación de 5 contra 2. En apoyo del cargo declaró el asambleísta Torres Bellber que la Asamblea había pasado un acuerdo para que lo recaudado por el Comité de Festejos fuera consignado, en la Tesorería Municipal y que se sometiera un memorándum de lo recaudado a la Asamblea, lo que no hizo el Alcalde. El Secretario-Auditor del Municipio de Maunabo declaró: Que según consta del Acta núm. 50 que tiene ante sí, en la sesión del 22 de junio de 1938, a la que asistió el asambleísta Torres Bellber, lo único que se acordó lee así:

“Luego la Asamblea acuerda ceder al Comité de Festejos de las fiestas patronales, lo que ingrese por concepto de espectáculos públi-cos, durante los días de fiesta, por alquiler de sitios en la plaza, ins-talación de ruletas y demás juegos. Este acuerdo lo tomó la Asam-blea con el voto en contra del Sr. Agustín Torres.”

Continuó declarando el Secretario y Auditor que le consta de su propio conocimiento que el Alcalde ingresó $30 como donativo al hospital municipal, procedente dicha suma del sobrante de lo recaudado en las fiestas- patronales. Y volvió a la carga el asambleísta Torres Bellber para declarar que si él firmó el acuerdo leído por el Secretario, lo hizo por in-advertencia y sin darse cuenta de que no se había hecho cons-tar en el acta que el remanente debía ser para medicinas para los enfermos del hospital; e insistió en que la Asamblea había acordado “que el Comité de festejos devolvería el re-manente a la Asamblea.”

El cargo debió ser desestimado por las razones expuestas en la moción de archivo de los abogados de la querellante.

El cuarto y último cargo adicional debió ser desestimado de plano por vago e impreciso. Vaga, imprecisa e insuficiente fué la evidencia ofrecida para sostenerlo. El asambleísta Egea declaró que un día, sin precisarlo, él fué con cuatro veteranos enfermos al hospital y el médico le dijo que se aguardara media hora en lo que mandaba buscar medicinas para los enfermos; que se vió obligado a esperar seis horas porque el Alcalde, quien tenía las medicinas guardadas en su oficina, no aparecía; y que los veteranos se fueron sin las medicinas. Repreguntado no pudo precisar la fecha, ni los nombres de los veteranos ni la clase de medicinas que éstos necesitaban.

Para reforzar la declaración del testigo Egea, se ofreció nuevamente el Sr. Torres Bellber, quien declaró que a él le constaba que en muchas ocasiones se fueron los enfermos sin medicinas, porque el Alcalde no las despachaba. No pre-cisó fechas ni nombres de los enfermos. Y por último de-claró que a él le constaba que el Alcalde le echaba agua a las medicinas.

Hemos hecho un estudio detenido y cuidadoso de la evidencia elevada ante esta corte, incluyendo todas las actas de sesiones de la Asamblea en relación con este asunto. Al terminarlo, hemos experimentado la natural sensación de amargura y desencanto que produce en los ánimos serenos todo acto humano realizado bajo la influencia de la pasión y del instinto de venganza.

La lectura del récord revela claramente que todo este pro-ceso ha girado alrededor del asambleísta Agustín Torres Bellber, acusador, testigo estrella, impugnador de todo tes-tigo que no declaraba conforme a sus deseos, y por último, como asambleísta, interviniendo con su voto en la resolución del caso en contra del querellado.

Es lamentable que la pasión, el prejuicio y la parcialidad, claramente manifiestos en todo este proceso, hayan llevado a un hombre elegido para servir al pueblo a utilizar su cargo para tratar de dañar con acusaciones infundadas el buen nombre de otro ciudadano que ha merecido la confianza popular. Pero más lamentable aún es el triste espectáculo que ofrece toda una Asamblea, que por ductilidad o incapacidad se presta a servir de instrumento a las pasiones de uno de sus miembros.

Nos hemos expresado en lenguaje franco y fuerte, no so-lamente por creer que el récord ante nos lo justifica, si que también inspirados por el deseo de ayudar en cuanto nos sea posible a orientar y educar cívicamente a nuestro pueblo. Es el de Alcalde de un Municipio cargo de honor y de res-ponsabilidad; el más alto honor que los ciudadanos de una comunidad municipal pueden conferir y la más grave respon-sabilidad que pueden imponer a uno de sus conciudadanos. Es deber del recipiente de tal honor hacerse digno del mismo, sirviendo a sus comitentes con lealtad y eficiencia. Debe el Alcalde sobre todo ser estricto y escrupuloso en el manejo de fondos públicos y en la administración y conservación de la propiedad municipal, evitando aun aquellas pequeñas irre-gularidades que puedan dar lugar a críticas o crear dudas en cuanto a su integridad. Y es deber de sus comitentes, aun de aquellos que fueren sus enemigos personales, respetarle, alentarle y ayudarle en el desempeño de sus deberes públicos. Así nada más es posible el funcionamiento normal de un ré-gimen democrático.

Opinamos que de acuerdo con el récord ante nos no bubo “cansa justificada” para la destitución del Alcalde apelante y que la misma fue dictada en contravención de las disposi-ciones del artículo 29 de la “Ley estableciendo un sistema de gobierno local para los Municipios de Puerto Rico,” apro-bada en 28 de abril de 1928 (Ley núm. 53 de 1928, pág. 335), según quedó enmendado por la Ley núm. 98 de mayo 15 de 1931. (Leyes de 1931, págs. 595, 609.)

Por las razones expuestas debe revocarse, la resolución re-currida„ ordenarse la reposición del apelante Casimiro Steidel en su cargo de Alcalde Municipal de Maunabo y condenarse a la Asamblea apelada al pago de las costas, más la suma de $150 como honorarios del abogado del apelante.


author: En Juez Asociado Seños. Teavieso

text:
    Sucn. de José D. y Federico Molinary, etc., demandante y apelante, v. Central Los Caños, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 7799.

    Sometido: Mayo 16, 1939.

      Resuelto: Mayo 19, 1939.

      Luis Mercader, abogado de la apelante; 6r. Zeno Sama, abogado de la apelada.
   En Juez Asociado Seños. Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda se alega como primera cansa de acción que don José D. Molinary, cansante de la Sucesión deman-dante, adquirió y fné dueño hasta su muerte de una finca de dos cuerdas situada en el barrio “Dominguito,” de Arecibo; que en 14 de julio de 1908 los demandantes y apelantes fue-ron declarados únicos herederos del difunto Molinary; y que desde esa fecha los demandantes son dueños en común y pro indiviso de la citada finca. Que la corporación azucarera de-mandada explota un ferrocarril privado para el transporte de sus cañas y otros efectos, y con ese fin atraviesa con sus vías la finca de los demandantes, sin el consentimiento de éstos y sin pagar consideración alguna, imponiendo así una servidumbre de paso sobre dicha finca contra la voluntad de sus dueños. Que no obstante haber sido requerida para que levantase sus vías y dejara la finca libre, la demandada se ha negado a hacerlo y continúa pasando por la finca.

En la segunda causa de acción se alega que la demandada ha usado durante 14 años la finca de los demandantes para los fines ya indicados y que ese uso vale razonablemente la suma de $5,000.

Piden los demandantes se dicte sentencia declarando que su finca está libre de servidumbre de paso a favor de la de-mandada y que se ordene a ésta levantar sus vías, condenán-dola además a pagar a los demandantes $5,000 por el uso del inmueble, más las costas y honorarios de abogado.

Contestó la demandada negando específicamente que el difunto Molinary fuera en la fecha de su muerte dueño de la finca en cuestión, alegando en contrario que Molinary vendió dicha finca a don Alberto Gandía Córdova hace más de treinta años por $200, vendiéndola más tarde Gandía a Pavenstedt Land Company, pasando lnego a distintos dneños qne la ñau poseído sin interrupción hasta el presente. Negó además la demandada todos los actos qne se le imputan en la demanda, alegando afirmativamente qne la demandada era nna corpo-ración privada, qne fue disnelta el 25 de junio de 1931 de acuerdo con la ley; que la demandada nunca ha tenido ferro-carril que atraviese la finca descrita en la demanda, nunca, ha sido requerida para levantar ningunas vías y nunca ha. ocupado la finca en cuestión para ningún fin.

Celebrado el juicio ante la Corte de Distrito de Arecibo dictó ésta sentencia desestimando la demanda con costas a los demandantes, sin incluir honorarios. De la opinión y senten-cia de la corte inferior copiamos lo que sigue:

“(1) Las acciones que se ejercitan en este pleito van dirigidas contra Central ‘Los Caños.’ Al contestar la parte demandada alegó en el hecho tercero, que no tiene industria ni ferrocarril alguno, y que Central ‘Los Caños’ era una corporación privada que fué disuelta en 25 de junio de 1931.
“Los demandantes tuvieron noticia a virtud de tal hecho, de que se estaba demandando a una entidad disuelta, y pudieron mediante permiso de la Corte sustituir oportunamente a la parte demandada, o desistir y encaminar su litigio contra la parte realmente interesada.
“No lo hicieron, entraron a juicio y después de practicar su prueba y cuando mediante prueba documental y testifical se establecía por la otra parte que Central ‘Los Caños’ hace seis años dejó de hacer negocios como tal corporación, solicitaron permiso para cambiar la entidad demandada por otra corporación titulada ‘Plazuela Sugar Company’ que aparentemente es la que ejerce la industria y man-tiene el ferrocarril donde antes estaba la Central ‘Los Caños’ y sin que haya evidencia alguna de que sólo se trate de un cambio de nombre, apareciendo por el contrario, de prueba documental y testi-fical, que se trata de entidades distintas. Es claro que no podíamos acceder a tal sustitución en el tiempo y forma como se pedía.
“(2) Apareciendo, pues, de la evidencia que Central ‘Los Caños’ no tiene industria de caña, ni ferrocarril que pueda cruzar finca al-guna de los demandantes, la demanda no puede prosperar porque no tendría efectividad práctica, y cualquier fallo que se dictara no po-dría obligar a Plazuela Sugar Company.
“ (3) Además de este motivo, existe también otra razón legal para que dictemos sentencia contra la parte demandante. La evidencia demostró (incluyendo la prueba de los demandantes), que ellos no están en posesión de la finca de dos cuerdas atravesadas por la vía, sobre la cual niegan que exista servidumbre.
"La prueba de los demandantes tendió a demostrar con testigos .que esa parcela fué arrendada bace muchos años a don Alberto Gan-día y que éste después la entregó a 'Los Caños/ sin explicar en forma satisfactoria por qué si era arrendatario de los verdaderos dueños, entregó la finca a dicha Central.
"Don Alberto Gandía negó tal hecho bajo juramento y declaró que compró la parcela en doscientos dólares a José Molinary, cau-sante de los demandantes, allá por el 1906 ó 1907, y que Molinary murió con posterioridad al 1908. Que Alberto Gandía estuvo pose-yendo la finca hasta 1922 en que la vendió a Pavenstedt Land Company, y que después pasó a Eduardo Giorgetti que compró esas pro-piedades. ’ ’

Apeló la Sucesión demandante, señalando siete errores que creemos innecesario considerar por existir una cuestión fundamental que a nuestro juicio fué correctamente resuelta por la corte inferior y es suficiente para que confirmemos el fallo recurrido.

Al terminar la presentación de la prueba de la Sucesión demandante, el abogado de la demandada ofreció en evidencia una certificación del Secretario Ejecutivo, acreditativa de que de los records de la Secretaría Ejecutiva de Puerto Pico aparece que en 25 de junio de 1931 se expidió certificado de disolución a “Central Los Caños,” que había sido organizada como corporación bajo las leyes de Puerto Rico. La disolución de dicha corporación fué corroborada por la declaración de su antiguo administrador Sr. Sárraga, quien declaró además que las vías que atraviesan la finca descrita en la demanda son propiedad de la corporación “ Plazuela Sugar Company,” que es una entidad jurídica distinta de la que se llamó “Central Los Caños.” El abogado de los demandantes solicitó entonces que de acuerdo con el artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Civil se sustituya el nombre de “Central Los Caños” por el de “Plazuela Sugar Co.,” o que de acuerdo con el artículo 74 del mismo código se cite u ordene el emplazamiento de Plazuela Sugar Co. “por lo que le pueda interesar al resolver y dictar sentencia en este caso.” La corte denegó la moción por considerarla tardía y por entender que lo procedente era desistir de la demanda y presentar una nueva acción contra la verdadera parte inte-resada, o sea “Plazuela Sugar Company.”

El artículo 141 del Código de Enjuiciamiento Civil citado por el apelante en apoyo de su moción no es de aplicación en el presente caso. No se trata aquí de un caso en que el de-mandante ignorando el nombre del demandado lo hizo cons-tar así en la demanda y designó al demandado con un nom-bre ficticio, para sustituirlo por su verdadero nombre cuando éste fuere descubierto. Armstrong & Co. v. Irizarry, 29 D.P.R. 606, 613.

Los demandantes iniciaron su acción contra “Central Los Caños” bajo la errónea creencia de que ella era la dueña del ferrocarril. En 24 de junio de 1937 los demandantes fueron informados por la contestación radicada en esa fecha que la corporación “Central Los Caños” había dejado de existir como entidad jurídica desde la fecha de su disolución, 25 de junio de 1931, y que por lo tanto no tenía capacidad legal ni para demandar ni para ser demandada como corporación. El hecho de si dicha corporación había sido realmente disuelta era muy fácil de comprobar acudiendo a la oficina del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico. Prefirieron los demandantes esperar hasta diciembre 13 de 1937, fecha de la vista, y seguir el proceso y presentar su evidencia contra una parte demandada de cuya inexistencia se les había avisado oportunamente y con tiempo más que suficiente para haber podido hacer debidamente una substitución.

Tampoco consideramos aplicable el artículo 74 del Código de Enjuiciamiento Civil. Entre los demandantes y “Central Los Caños” no existe ni puede existir controversia alguna, pues ya hemos visto que dicha entidad quedó disuelta desde 1931. No puede decirse por lo tanto que éste es un caso en que la corte, no pndiendo “llegar a nna completa re-solución de la controversia sin la presencia de otras perso-nas” deba disponer la comparecencia de esas otras personas. Véase: Funtané v. Goldberg, 35 D.P.R. 199. Opinamos tam-bién que aun cuando el artículo 74 fuera aplicable a una si-tuación como la que presenta el caso de autos, su invocación se hizo tardíamente, pues pudiendo haberlo hecho tan pronto como fueron notificados de la inexistencia de la única parte contra la cual se había expedido emplazamiento, los deman-dantes aguardaron hasta el final de la visita del caso para tratar entonces de traer ante la corte, por una simple moción, a una entidad completamente distinta, que no había sido em-plazada y que no tuvo oportunidad alguna de confrontarse con los testigos de la parte actora. La corte inferior proce-dió correctamente al dictar su sentencia de 16 de diciembre de 1937, la cual debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Montañez, acusado y apelante.
    Núm. 7345

    Sometido: Marzo 10, 1939.

      Resuelto: Mayo 22, 1939.

      Joaquín Y ¿lilla, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Montañez fue acusado por el Fiscal del Distrito de Humaeao de un delito de asesinato cometido en la noche del 28 de diciembre de 1935, en Yabucoa, al dar muerte ilegal, con malicia premeditada y deliberación, al ser humano José B. Berrios, acometiéndolo con un revólver, produciéndole con sus disparos heridas que le causaron la muerte la misma noche.

Tuvo lugar el juicio finalmente ante un Jurado que de-claró al acusado culpable de homicidio voluntario, imponién-dole la Corte por su sentencia, dictada en octubre 1, 1937, cuatro años de presidio con trabajos forzados.'

Apeló Montañez, celebrándose la vista del recurso en marzo diez último con asistencia e informe de los abogados de ambas partes.

Doce errores señala el apelante. Los cinco primeros se refieren a la constitución del jurado, el sexto se dice cometido al no suspenderse el juicio, el séptimo al permitirse la decla-ración de cierto testigo, el octavo al intervenir el juez en el examen de los testigos, el noveno al no citarse a las partes al considerar una solicitud de inspección ocular y el undécimo al no transmitirse al jurado instrucciones que solicitara la Defensa. Por el décimo y el duodécimo se sostiene que el veredicto no se ajusta a la prueba y que de ser culpable el acusado la pena que se le impuso es excesiva.

Los dos primeros señalamientos se discuten por el apelante conjuntamente. Se imputa por ellos error a la corte “al no ordenar al márshal que presentara el return, en relación con la citación de los jurados que componían los distintos panels” y “al denegar la recusación de todo el panel formulada por el acusado.”

La argumentación que contiene el alegato del apelante es muy extensa y elaborada. Para simplificarla parece lo me-jor dejar que el récord hable por sí mismo contándonos lo ocurrido. Fue así:

“Defensor. El acusado está representado por el señor Pereyó y yo, y llamado el caso, Sr. Juez, nosotros estamos bajo la impresión de que en el panel ordinario figuran los Sres. Francisco Mújica (y) Dueño, de Juncos.
“Juez. Fueron excusados estos señores.
“Defensor. El señor Vicente Nieves, de Las Piedras.
“Juez. Fueron excusados los que faltan.
“Defensor. Entonces en el primer panel especial el señor Secre-tario debe llamar al señor Frank Matta.
“Juez. También fue excusado.
“Defensor. Y en el segundo panel especial no se llamó al señor Inocencio Vázquez.
“Juez. También fué excusado.
“Defensor. Ni al señor Miguel Nieves.
“Juez. Está excusado.
“Defensor. Entonces nosotros, Sr. Juez, en vista de que el jurado Manuel Pórtela Cabezudo ba sido informado ausente por el secreta-rio, quisiéramos que se nos diera el return del márshal al efecto de determinar la forma en que han sido citados todos los Sres. jurados.
“Juez. Tenga la bondad de decirlo el Márshal limitándose al jurado Manuel Pórtela Cabezudo.
“Defensor. Nosotros queremos hacer la moción en el sentido que se nos traiga el return en cuanto al panel regular, mejor dicho en cuanto al panel especial segundo, ya que están presentes los del primer panel especial y los del ordinario.
“Juez. La Corte resuelve que sólo se traiga en cuanto al señor Pórtela que es el único que está ausente.
“Defensor. Entonces nosotros anotamos excepción porque se nos limita el derecho a plantear cualquier cuestión a base del return.
“Marshal. Fui informado por el Jefe de la Policía Insular de G-urabo que el señor Pórtela Cabezudo se trasladó a otro pueblo y no conoce dónde vive.
“P. ¿No ha sido citado?
“B. No ha sido citado.
“Defensor. Entonces, nosotros, Sr. Juez, en vista de la informa-ción que suministra el Márshal, solicitamos que se recuse a todo el panel por razón de no haber sido citado uno de los jurados, tal y como dispone la ley.
“Juez. Sin lugar.
“Defensor. Nosotros anotamos una excepción.”

En primer lugar el señalamiento va más lejos de la rea-lidad. Abarca los distintos panels, cuando sólo se trató de uno. Y en segundo lugar no consta que el juez se negara en absoluto a ordenar al márshal que presentara el return. Después de haber informado el propio juez al abogado del acusado sobre los jurados que habían sido excusados, al pe-dirse por dicho abogado el return en cuanto al panel que com-prendía al jurado Manuel Pórtela Cabezudo, dijo el juez, “La corte resuelve que sólo se traiga en cuanto al Sr. Pór-tela que es el único que está ausente”, y luego vino la de-claración del márshal con respecto al motivo de la no citación.

Todo el argumento del apelante gira alrededor de no ha-berse cumplido fielmente con la ley y la jurisprudencia en cuanto a la citación de los jurados y a haberse el márshal servido de la policía sin estar autorizado para ello.

La ley aplicable está contenida en los artículos 211 y 212 del Código de Enjuiciamiento Criminal que prescriben:

“Artículo 211. — Becusar el ‘panel’ es la objeción puesta a todos los jurados que figuran en la lista presentada, y cualquiera de las dos partes puede ejercitar este derecho.
“Artículo 212. — Sólo puede fundarse la recusación de todo el ju-rado en que los procedimientos se hayan desviado considerablemente de las prácticas prescritas para el sorteo y formación de la lista de jurados, o en que se haya omitido citar intencionalmente a uno o más de los jurados sorteados.”

Estamos conformes con el apelante en qne las palabras “y formación de la lista de jurados” del texto español del artículo 212 no corresponden a la palabra “return” del texto inglés, que es la correcta.

La palabra “return” significa el informe formal acerca de un deber cumplido. (54 C. J. 740.) Así con respecto a la citación de jurados “habiendo ejecutado el mandamiento a él dirigido, es el deber del funcionario correspondiente ha-cer su diligeneiamiento demostrativo de la forma en que ha procedido bajo el mismo, diligeneiamiento que constituye prueba auténtica de las personas que han sido citadas para que comparezcan, y, en ausencia de cualquier indicación en contrario, será aceptado prima facie'como cierto.” 35 C. J. 278.

No se hace impugnación alguna en cuanto al sorteo. El énfasis se pone en la citación, involucrándose la llamada ne-gativa de la corte a que el márshal presentara el return o sea el diligenciado de la orden de -citación que recibiera, y en que no se pudo recurrir a la policía para cumplimentar dicha orden.

Ya hemos visto lo que consta de los autos sobre la nega-tiva de la corte. Accedió ésta en cuanto al jurado dejado de citar, que era lo único que por entonces estaba en discusión, y el acusado no insistió, ni-demostró entonces ni demuestra ahora que existieran motivos fundados para creer que la ci-tación no se había hecho en forma en cuanto a los demás ju-rados, de suerte que después de tanta discusión el único he-cho comprobado es el de haberse dejado de citar el jurado Pórtela porque el Jefe de la Policía de Gurabo informó al márshal que se había trasladado a otro pueblo, sin que el márshal conociera cuál era.

Constituye eso la desviación que tuvo en mente el legis-lador cuándo ni siquiera se alegó, ni menos se demostró que la citación se dejara de hacer intencionalmente? A nuestro juicio se impone una respuesta negativa que queda robuste-cida al aplicar a este caso el razonamiento y las conclnsiones a qne esta propia corte llegara en el del Pueblo v. Lopes, 49 D.P.R. 329. En él la corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, a las páginas 331 y 332, se expresó así:

“Más tarde el acusado atacó el panel tal y como quedó consti-tuido. Esencialmente el ataque, según lo entendemos, se basó en el fundamento de que cierta persona, que iba a ser citada como jurado, no fué realmente citada.
“El apelante se quejó en verdad de que el márshal no había hecho diligenciamiento respecto a los jurados efectivamente citados. Los autos que tenemos ante nos demuestran realmente que las per-sonas que constituyeron el panel del que se insaculó el jurado en este caso, fueron todas debidamente citadas, con la sola excepción mencionada, y el dejarse de hacer el diligenciamiento, de ser un error, no fué perjudicial.
“Yendo ahora a la omisión de citarse a determinada persona, la jurisprudencia es suficientemente clara de que a menos que tal omi-sión sea intencional, no debe prevalecer una recusación al panel. Esto es enteramente consistente con nuestro estatuto, que lee así: (Art. 212 del Código de Enjuiciamiento Criminal ya transcrito.)
“Igualmente, según hemos resuelto, y otros tribunales también lo han hecho, la constitución de un panel descansa en gran parte en la discreción de la corte sentenciadora. El Pueblo v. Lanausse, 30 D. P.R. 732; El Pueblo v. Vázquez, 20 D.P.R. 361; El Pueblo v. Pillot, 20 D.P.R. 376; El Pueblo v. Julia, 25 D.P.R. 258.
‘ ‘ Como sucede corrientemente, al ser llamada la causa para juicio había jurados listos para intervenir en el juicio. Sin embargo, en casos de asesinato, la corte sabe que los jurados puede que no sean suficientes y de ordinario da los pasos necesarios para citar otros adicionales. Nuestro estatuto provee que la citación será hecha por un funcionario de la corte, pero el márshal que de ordinario actúa está autorizado para utilizar a agentes con tal fin y aun a valerse de telegramas, conforme se hizo en el caso que tenemos ante nos. El Pueblo v. Lanausse, supra.’’

Los errores tercero y cuarto se discuten también conjuntamente. Se refieren ambos al jurado Ramón Rivera Alverio.

Bivera fue llamado para actuar como jurado en un juicio anterior de la propia cansa y fue recusado. El abogado del acusado le pidió que expresara el motivo de la recusación. El fiscal se opuso. Y la corte resolvió la cuestión suscitada como sigue:

“Lo que la Corte cree es que no es necesario; que nada de lo que ocurrió en el otro procedimiento en cuanto a la selección del ju-rado tiene valor abora, sino que abora se debe bacer la pregunta con relación a la situación actual para recusar o no, según convenga a las partes.”

Continuó el examen haciéndosele al jurado por la defensa varias preguntas sobre su estado de ánimo para rendir vere-dicto. De ellas transcribimos:

“P. Entonces, Sr. Rivera ¿usted está en condiciones de ánimo de poder llegar a un veredicto imparcial y justo, estrictamente ceñido a la prueba que se practique y desfile aquí en este caso?
“R. Sí, señor.
“P. ¿De modo Sr. Rivera que de acuerdo con su estado de ánimo, si este acusado probara que es inocente, Ud. sin vacilación ninguna emitiría un veredicto de no culpable?
“R. Si la prueba lo justifica emitiría un veredicto de no culpable.
“P. De modo Sr. Rivera que si este acusado no probara que es inocente, ¿cuál sería su veredicto?
“R. Lo declararía culpable.”

De la última contestación deduce el apelante' que el ju-rado no estaba en condiciones de rendir un veredicto impar-cial. No lo creyó así la corte por estimar que- se trataba de una cuestión de derecho que no pudo ser bien entendida por el jurado.

Nos inclinamos a creer que la corte en ambas ocasiones actuó correctamente. No era necesario investigar el motivo de la recusación en el juicio anterior teniendo como tuvo el acusado la mayor amplitud en el examen de las condiciones en que se encontraba el jurado en el momento en que se le llamó de nuevo para actuar como tal. Y en cuanto a la con-testación de que se trata dada como lo fue en el curso de una serie de preguntas y contestaciones demostrativas todas las contestaciones de la imparcialidad del jurado, no puede con-siderarse que tenga el alcance que le dió y le da la Defensa.

Además, aunque la corte hubiera actuado erróneamente, como el acusado no recusó luego al jurado perentoriamente sin que llegara a agotar el número de recusaciones perento-rias que le concedía la ley, el error no podría servir de base para una revocación. Pueblo v. Morales, 45 D.P.E. 191, Pueblo v. Vázquez, 20 D.P.E. 361.

El quinto señalamiento se formula como sigue: “El Tribunal inferior incurrió en error al limitar, indebidamente, el examen voir dire en relación con el jurado Facundo Colón.”

Según los autos ocurrió lo que sigue:

“Defensor. P. Con la venia de la Corte, Colón, ¿usted conoce al acusado?
“R. Sí, señor, lo conozco.
“P. ¿Y conoció a don José Berrios?
“R. No, señor.
“P. ¿Y los hechos de este caso le son conocidos?
“R. Por información de la prensa.
“P. ?, Esa información recibida por Ud. le ha llevado a formar juicio sobre esta causa?
“R. No, señor.
“P. ¿Entonces está usted en condiciones de ánimo de resolver este asunto a través de la prueba que desfile aquí exclusivamente?
“R. Sí, señor.
“P. En esas condiciones si este acusado le demostrara a usted que es inoeente, ¿cuál sería su veredicto?
“R. No culpable.
“P. Y si no le demostrara a usted que no es inocente, ¿cuál se-ría su veredicto?
“Fiscal. No conteste, nos oponemos a la pregunta en la forma que se- ha hecho.
“Juez. Se permite la pregunta, conteste.
“Defensor. P. Dijo usted que si él lo probase ser inocente que su veredicto sería no culpable, ahora la pregunta específica, y si él no le prueba ser inocente, ¿cuál sería su veredicto?
“R. Sería de acuerdo con la prueba.
“P. Y si de acuerdo con la prueba que el acusado practique no. le demuestra a usted ser inocente, ¿cuál sería su veredicto?
“Fiscal. No se ha dicho cuál es la prueba.
“Juez. La Corte sostiene al Fiscal y declara con lugar la ob-jeción; en realidad la pregunta, tal como está hecha, no debe for-mularse al jurado pues envuelve un elemento técnico, de necesaria ilustración previa antes de que el jurado pueda contestar.
“Defensor. ¿Entonces yo no puedo seguir el interrogatorio en esa forma?
“Juez. No, esa pregunta.”

Continúa el incidente en el mismo sentido ocupando va-rias páginas más del récord. Se observa que el defensor si-guió aquí la misma táctica que en el caso del jurado Pórtela. Aparentemente se trató de envolver al jurado involucrando en las preguntas una cuestión de derecho. Como en el caso anterior, nos parece que si la corte hubiera permitido al ju-rado que contestara, una vez que se le hubiera explicado cla-ramente la situación, no hay duda de que su respuesta hu-biera estado a tono con las demás que diera demostrativas todas de que se econtraba en perfectas condiciones de actuar y se hubieran eliminado los incidentes.

La corte, sin embargo, optó por intervenir en la forma que conocemos y nos inclinamos a creer que usó correcta-mente de su discreción o que por lo menos no abusó de ella. Su actitud no constituyó una limitación del derecho del acu-sado al examen de los jurados. Hablando por sí mismos, dicen los autos que el acusado ejercitó ampliamente ese derecho.

El sexto señalamiento atribuye error a la corte sentenciadora al no decretar la suspensión del juicio por la falta de comparecencia de un testigo.

Hemos examinado los autos y no surge de ellos abuso de discreción por parte de la corte. La petición se hizo después de constituido el Jurado, y si el acusado no se enteró de la enfermedad de su propio testigo, lo fué porque no ejercitó la debida diligencia. Además no surge clara la materialidad de la declaración, ni tampoco que no estuviera al alcance del acusado obtener otro testigo de igual clase demostrando más bien los autos que estaba al alcance del acusado obtener otro testigo, ya que lo que se trataba de probar por medio de la declaración del testigo que no pudo comparecer por razón de enfermedad y que era jefe de la policía insular en Tabueoa en la noche del crimen, era que “dicho jefe en compañía de otros oficiales de orden público oyó disparos” y con motivo de ellos “arrestó a otra persona que no fue el acusado por portar armas y hacer uso de un revólver en el sitio.” Y si ello era así y se encontraban presentes los “otros” o algunos de los “otros oficiales” de orden público ¿por qué no tratar de acreditar con sus testimonios el indicado hecho?

No fué, pues, cometido el sexto error. Tampoco el séptimo que se formula como sigue: Erró el tribunal “al permitir que el testigo José María Ortiz declarara que el acusado estaba embriagado en los momentos de ocurrir el crimen. ’ ’

José María Ortiz es un abogado que ejerce en Yabucoa. En la noche de autos se encontraba con unos amigos entre ellos el interfecto Berrios en la plaza del pueblo. Pregun-tado sobre lo ocurrido contestó:

“R. Al poco rato de nosotros estar allí en la plaza venía el acu-sado de abajo de la calle Cristóbal Colón hacia arriba y se sentó en un murito en una pequeña alcantarilla que da al frente de la plaza y empezó a insultar, a pronunciar palabras obscenas y entonces el Sr. Berrios le llamó la atención de que no debía producirse en esa forma porque nosotros no estábamos haciéndole nada a él, entonces él volvió otra vez con otras frases en la misma forma.
“R. El acusado se levantó y se fué un poco hacia la calle, la otra calle, o bien sea la calle Luis Muñoz Rivera, y entonces en ese sitio sacó el revólver y en el momento de sacar el revólver nosotros que estamos en la plaza sentados inmediatamente corrimos hacia ellos que estaban parados, . . .
“P. Continúe, ¿qué más hicieron?
“R. Entonces en ese momento, me parece que fué el Sr. Berrios, no recuerdo exactamente, se le dijo, usted lo que debe hacer es irse a dormir, en realidad, porque el hombre estaba . . .
“Defensor. No lo diga.
“Fiscal. P. Diga cómo estaba, cómo no.
“R. En estado de embriaguez, ésa es la realidad.
“Defensor. Que se elimine la contestación.
“Juez. Sin lugar, como una apreciación del testigo.
“Defensor. Él necesitaría, para hablar sobre el estado de una persona, que cualificarse como perito médico, o lo que se puede decir por un testigo cualquiera es hablar sobre manifestaciones exteriores de un estado determinado.
“Juez. La Corte sostiene que cualquier persona de normal capa-cidad está cualificada para declarar sobre el aspecto de cualquier persona que esté borracha.
“Defensor. Yo acepto que pueda declarar sobre el aspecto pero no puede declarar sobre el estado que son dos cosas distintas.
“Juez.- Sobre el estado de borrachera de cualquier persona.
“Defensor. Nosotros anotamos una excepción.
“Juez. Ahora en la repregunta S. S. puede dilucidar detalles con relación a ese hecho para demostrar que la apreciación está mal for-mada. Puede continuar el Sr. Fiscal.”

La actuación de la corte está sostenida por la jurispru-dencia. En el caso del Pueblo v. Gerardino, 37 D.P.R. 185, 197, dijo esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Franco Soto:

“Desde Hipócrates, ya la tuberculosis pulmonar se estudiaba y se describía en sus obras. Su generalización en la humanidad ha sido tal, por la falta de remedios específicos, que los signos físicos de la enfermedad son familiares a personas profanas. De esto no vamos a decir que los conocimientos basados en la experiencia sean un dictamen pericial para el juez sentenciador, pero son datos o cir-cunstancias que eran para ser apreciados por la corte en relación con los demás elementos de prueba.”

Y el tratadista Underhill en sn obra sobre Evidencia en lo Criminal, sección 231, pág. 432, se expresa como signe:

“ . . . así también, una -persona que no sea un perito puede de-clarar si un individuo estaba borracho o sobrio, o si estaba en su opinión bajo la influencia de bebidas embriagantes, o que tal indi-viduo demostraba estar borracho o estar bebiendo, y el testigo por lo general debe presentar los hechos sobre los cuales basa su opi-nión, aunque esto no es siempre necesario.”

Por el octavo señalamiento se imputa error a la corte “al intervenir su juez en forma inconsulta en el examen de los testigos.”

Tras un estudio de la transcripción de la evidencia, cree-mos que es suficiente contestación al señalamiento lo que dice el fiscal en su alegato, a saber:

“También es frívolo este supuesto error. En primer término, la defensa en ningún momento llamó la atención de la corte ni objetó su conducta sobre el particular; y en segundo término, porque la conducta observada nor el juez durante todo el juicio, y su interven-ción limitada con el examen de los testigos, en ningún momento re-veló al jurado que su mente estuviera inclinada a uno u otro bando. Pueblo v. Gutiérrez, 44 D.P.R. 29; Pueblo v. Villanueva, 49 D.P.R. 63; Pueblo v. Cruz, 46 D.P.R. 538; Pueblo v. Millán, 46 D.P.R. 889; Pueblo v. Sattari, 53 D.P.R. 893.”

El noveno error no existe. Se sostiene por él que la corte sentenciadora erró “al no citar a las partes al considerar una solicitud de inspección interesada por el jurado, así como al denegar" la misma.”

Según los autos, ocurrió lo que sigue:

“Presidente del Jurado. Hon. Juez, el jurado ha acordado soli-citar de la Corte que nos permita trasladarnos a Tabucoa para pre-senciar el sitio donde ocurrió el hecho.
“Juez. P. ¿El Sr. Presidente puede informar a la Corte si el jurado ha cambiado impresiones entre sí sobre la absoluta necesidad que existe de este paso?
“R. Bueno, el acuerdo fué por mayoría.
“P. ¿Por?
“R. Mayoría.
“Juez. La situación está en que pudiera ser que una considera-ción de la medida determinaría el que no fuera absolutamente nece-sario el traslado. Desde luego, si después de considerar la medida nuevamente resulta necesario, imprescindible, el traslado, la Corte accedería; desea concederle una nueva oportunidad porque de cual-quier manera, aún cuando la Corte desea poner al jurado en condi-ciones de que rinda su cometido de la manera más eficaz y más cons-ciente posible, si en cada caso tuviera que realizarse una inspección, por su costo y por el tiempo a invertirse en cada uno sería ello un impedimento en vez de un beneficio para la administración de la jus-ticia. Sin embargo, el criterio de vosotros será el que ustedes crean,, y si ustedes creen que es una cosa imprescindible, se lo informarán a la Corte y volverá a considerarse la solicitud.
“El jurado nuevamente se retiró a deliberar.”

No consta de los autos que el abogado del acusado estu-viera ausente ni que formulara excepción a la resolución de la corte. Ésta no se negó en absoluto a acceder. Dejó el asunto a la nueva consideración del jurado y éste no insistió. La Corte tuvo discreción para actuar en la forma en que lo hizo. No hubo error.

El undécimo error tampoco fué cometido. El acusado por su abogado presentó a la corte unas largas y repetidas instrucciones — doce en número — sobre duda razonable y le pidió que las trasmitiera al jurado. La corte procedió entonces a dar por sí misma las suyas que cubren amplia y correctamente la materia. Al terminar dijo el defensor: “La defensa quisiera informarse de qué ha resuelto el tribunal en relación con unas instrucciones solicitadas”, y contestó el juez: “Ya está cumplido el trámite que dice la ley, sustancialmente incluidas en las rendidas”, anotando el defensor su excepción.

Habiendo quedado cubierto el campo debidamente como ya dijimos, esto es, habiendo el juez instruido por sí mismo correctamente sobre la duda razonable, no tenía la obligación de trasmitir al jurado las instrucciones preparadas por la defensa por correctas que ellas fueran, según se ha resuelto repetidas veces por este propio tribunal.

Por el décimo error se sostiene que el veredicto no se ajusta a la prueba.

Conocemos ya la declaración del testigo presencial de cargo -Ortiz. Otro de los testigos de cargo, Rogelio Rodrí-guez, dependiente de comercio, declaró:

“Terminado el baile salimos Berrios, Paco Díaz y yo por la calle Tmis Muñoz Rivera hacia arriba, hacia la plaza . . . nos encontramos allí con algunos amigos que estaban sentados en un muro de la plaza que está en esa misma esquina, . . . empezamos a hablar del baile que se había terminado demasiado pronto ... el Sr. Miguel Montañez ... se sentó en una alcantarilla que queda frente al lado opuesto ... ya habíamos cambiado el tema, y estábamos hablando del tema político, entonces el Sr. Montañez se levantó en actitud . . . colérica ... y empezó a hablar palabras obscenas del partido Socialista y de la Coa-lición. . . . Cuando él se expresaba en esta forma el Sr. José Be-rrios le llamó la atención dieiéndole que nosotros estábamos allí en camaradería y que estábamos discutiendo allí asuntos de nuestra in-cumbencia, que no nos interrumpiera, y que no nos habíamos diri-gido a él, que él no tenía razones para ofenderse, pero a pesar de eso siguió manifestándose ofendido el Sr. Montañez y entonces el Sr. Berrios volvió a decirle que si él quería comprar algún compromiso entre él y algunos de los que estaban allí, inmediatamente el Sr. Mon-tañez manifestó que él tenía su revólver y que él se disponía a cual-quier cosa, entonces sacó inmediatamente su revólver, él hizo o invitó a Berrios para que le acompañara a pelear y entonces Berrios le de-cía que él no necesitaba revólver para él, que si necesitaba pelear que él con su brazo era suficiente, entonces los que estábamos en el grupo vimos la gravedad del asunto y quisimos intervenir y persua-dir a Montañez de que iba a cometer un error pero él no quiso con-vencerse y continuó retando al Sr. Berrios, ... y siguió hacia el frente con el revólver en manos y Berrios detrás, y en la acera de la derecha íbamos el Sr. Miguel con nosotros, un servidor y nosotros, atrás iban el grupo, y al llegar frente al teatro el Sr. Montañez le hizo el primer disparo a Berrios, yo le advertí entonces a Berrios que era el momento de defenderse, que se defendiera, que estaba corriendo peligro, a pesar de que el primer disparo de Montañez le había fa-llado pero parece que Borríos hizo caso omiso a la advertencia que yo le hice, entonces Montañez volvió a dispararle nuevamente y en-tonces la bala parece que hizo blanco, ... en Berrios y se fué como para caer hacia el lado derecho y fué a caer en la misma boca calle a la parte detrás del poste que queda en la esquina, inmediatamente volvió Montañez y le hizo el segundo disparo, allí hizo forcejeo el Sr. Berrios para sacar el revólver y del suelo, se notó que hizo una fuerza sobrehumana para levantarse y disparó contra el Sr. Monta-ñez que en esos momentos se escudaba del poste que quedaba entre él y Berrios entonces volvió Montañez y le disparaba y se escondía detrás del poste y Berrios volvía a hacerle disparos.”

Y el doctor Miguel Yeve, médico-cirujano, manifestó:

“El 29 de diciembre de 1935 en Yabucoa cuando llegué yo a la sala de emergencia ya él (Berrios) estaba muerto. . . toqué el pulso porque me decían que estaba vivo, ya el corazón había dejado de latir, no había pulso ninguno, inmediatamente hice despojarlo de las ropas, encontré una herida con orificio de entrada y salida en el brazo izquierdo. . . Herida de bala, encontré una herida en el borde posterior de la axila, en la plegadura posterior de la axila. . . Esa no tenía salida. . . De bala, y además había una herida de bala con orificio de entrada, sin orificio de salida en la región lumbar izquier-da .. . fué la causa de la muerte. . . La herida de bala con una hemorragia intensa, y desde luego una muerte casi instantánea, la perforación del corazón, la herida del riñón, una gran hemorragia, hubiese dado tiempo a hacer algo pero era mortal por necesidad también. ’ ’

Preguntado sobre la condición del acusado, contestó:

“Estuve en el cuartel a requerimiento del Fiscal, de S. S. para que examinara a Montañez el acusado que tenía una herida contusa en el lado superior o inferior ... él objetó mi asistencia y prefirió al Dr. Cintrón a quien se mandó a buscar a su casa, ...”

Lo transcrito es suficiente para formar una idea de la prueba de cargo. Para formarla también de la prueba de descargo, bastará transcribir lo pertinente de las declaracio-nes de Virgilio Medina, del Doctor Julio Cintrón y del pro-pio acusado.

Medina declaró:

“Los primeros disparos salieron del grupo donde estaba Berrios y donde se encontraba Montañez a la vez, de allí fué que salió Miguel Montañez corriendo . . . tan pronto Montañez se parapetó de-trás del poste entonces fué que nosotros notamos la detonación y la candela que salía de los disparos que se hacían detrás del poste, y después sentimos otros disparos más pero que no puedo decir de a donde se hicieron porque en realidad no vi salir más nada.”

El Doctor Cintrón depuso:

“A instancias del Sr. Fiscal curé al Sr. Montañez. Yo llegué al cuartel de la policía pero le manifesté al Sr. Fiscal que allí yo no podía curarlo que tenía que ser trasladado al hospital. . . . Una vez en el hospital entonces procedí a buscar el sitio de la herida cosa que me fué excesivamente difícil porque resulta que cualquier movimiento que hacía el Sr. Montañez me obscurecía, . . con mucho trabajo y al cabo de bastante tiempo pude localizar por fin una herida de bala en el labio superior. Sostengo que es herida de bala por la circuns-tancia siguiente, de que si no fuese herida de bala, es decir que hu-biese un agujero yo no hubiera podido introducir el estilete y ese estilete sostiene el hecho de que había un agujero que aguantaba el estilete, ...”

Y el acusado se expresó como sigue:

”... esa noche sucedió que yo salí del baile liberal que se ce-lebraba en la casa donde vivía últimamente el Dr. Roure Maeías, Ci-rujano Dental, ... y al pasar . . . frente a la plaza, un poco más antes de llegar allí oí a un ciudadano que estaba allí entre medio de ellos, estaba Román, estaba Pepe Berrios, estaba Luis Cordero, el Ledo. Ortiz, Miguel Angel. . . . Estaba diciendo que los liberales eran nada más que unos canallas, palabras demasiado de malas, en-tonces yo en vez de pasar por el frente pasé por el ángulo que hace la plaza, atravesé la plaza a salir frente al cuartel de la policía y así en este lado encontré a Virgilio Medina sentado y al maestro Agustín, bajé hasta abajo a casa de Carmelo Martínez, compré un tabaco. . . . Para ir para casa a dormir, al llegar frente al grupo dijo uno mira allá viene ese canalla otra vez entonces salió del grupo Pepe Berrios, vino hacia mí y me dijo: ‘por qué tú no te has lar-gado ya a dormir’, entonces me cogió por aquí por los dos brazos cuando yo hablaba con él y le decía que qué iban a hacer ellos con-migo, que yo era solo porque yo vi la actitud de él contra mí, en-tonces me dieron por detrás, al darme por detrás es muy justo que yo me cambiara para ver quién me daba y contestar la agresión con la agresión, darle un puño, allí me cayeron encima todos a pesar de eso yo al que le podía dar le daba e iba reculando para atrás, pax-a atrás en forma tal que cuando estoy sacando el cuerpo arranco a co-rrer pero cuando iba llegando a la esquina de la calle San Rafael oigo que detrás de mí los que vienen dicen: ‘vamos a acabar, vamos a matar a ese perro, rómpanle una pata a ese perro’, entonces cam-bié y al cambiar oigo dos detonaciones y sentí como que me llevaban un lado de la cara, ahí me eché mano y me metí detrás de un poste, al meterme detrás del poste yo portaba un revólver negro, calibre 38, y desde luego no tuve otro remedio que rasgarme la camisa e hice tres disparos al grupo, al hacerle tres disparos me dieron con una cosa por detrás, me fui bacía alante así, y perdí el equilibrio y se me fué el revólver de la mano, se me cayó ‘y cuando me vi desar-mado y sin nada no me quedó otro remedio y arranqué a correr, y otros detrás de mí todavía disparándome, yo sentí disparos por 3a espalda mía basta que llegué a casa, allá me fué a coger el guardia Andrés, no me recuerdo el apellido. . . . De allí me condujeron al cuartel de la policía todo bañado en sangre, entonces el policía Estrada fué y buscó un poco de algodón y yo me ponía compresiones porque la sangre era demasiado y yo cogí un paquete grande de al-godón y me lo ponía abí bien apretado para que saliera menos san-gre que allí como a las dos boras o tres después fué el Dr. Cintrón, me vió, yo de eso no puedo contar de abí porque yo estaba ya se puede de-cir muerto porque yo no sentía nada de eso, yo no sentía allí ni cuando me curaron, yo vine a despertar después en la carretera, yo no sentí por más inyecciones según me dicen, que me pusieron in-yecciones.”

Conocida esa evidencia no es posible dejar de concluir que el jurado tuvo ante sí prueba suficiente para, dirimiendo el conflicto existente entre la misma, rendir el veredicto de cul-pabilidad que rindiera. No bubo error.

El último señalamiento se formula así:

“Que de ser culpable el acusado del delito imputádole, la pena impuesta es exageradamente excesiva.”

Según los autos, el primero de octubre de 1937, día fijado para el pronunciamiento de la sentencia, compareció el con-victo en persona y por su abogado. Al preguntar el Juez si había algún motivo por el cual no debiera dictarse la sen-tencia, contestó el abogado que sólo quería presentar cierta prueba. En efecto introdujo al testigo Ernesto Carrasquilla que declaró que era vecino de Yabucoa/ representante a la Cámara por el distrito Humacao-Yabucoa, que conocía al acusado desde hacía veinte años y a él refiriéndose dijo que era buena su reputación, que estaba casado y tenía tres hijos, que nunca había cumplido condena por delito grave y que era un ciudadano ejemplar.

Manifestó entonces el abogado que el acusado de declarar diría que era casado, con tres hijos, y pidió “a la corte que al dictar sentencia tenga en cnenta qne el acusado tiene fa-milia, que es una persona dedicada a sus labores, siempre lo ha sido y que ha demostrado .siempre ser de una reputación buena en la comunidad, que por lo tanto sea lo más benigno posible en la imposición de la pena.”

Entonces el juez habló y actuó como sigue:

“Póngase de pie el acusado. Al dictar sentencia en este caso la Corte tiene muy en cuenta su impresión sobre los hechos ocurridos el día de autos. Esa impresión es que si bien es verdad que usted dió muerte a la persona que se alega fallecida por consecuencia de sus disparos, el día 28 de diciembre de 1935, usted fué llevado a la pelea en este caso que dió muerte a dicha persona. De manera que usted voluntariamente no fué la persona que inició el combate, sin que esto implique una crítica para el veredicto del jurado que la Corte entiende que se ajusta a derecho. Claro que hay circuns-tancias de fuerza para que la pena ya no sea la que impone habi-tualmente esta Corte en casos en que el homicida ha provocado la contienda, o ha tenido por lo menos tanta intervención culpable como la otra parte en la riña. Se le imponen cuatro años de presidio.”

Siendo ése el caso, no creemos qne el acusado pueda que-jarse. Pudo el juez imponerle diez años de presidio. Lo condenó a cuatro. No se advierte abuso alguno de discreción. No hubo error.

En tal virtud\ no habiéndose cometido ninguno de los errores señalados, debe declararse el recurso sin lugar y con-firmarse la sentencia apelada.