text:
    Núm. 7696.
    Pimentel, aplte. v. Am. Railroad Co. of P. R., aplda.
    C. D. San Juan.
    Julio 13, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

PoR Cuanto, con fecha marzo 5 de 1937 y a petición de la ape-lante se dictó una orden al efecto de que por el taquígrafo se trans-cribiera la evidencia presentada en este caso.

PoR Cuanto, la parte apelante radicó en la secretaría de la Corte de Distrito de San Juan el original de la transcripción de evidencia, sin haber hecho entrega de copia de dicha transcripción de evidencia a la apelada y sin notificar a The American Railroad Company of Porto Rico con copia de la dicha transcripción de evidencia.

Poe cuanto, a moción de la demandante apelante la Corte de Distrito de San Juan señaló el día 10 de septiembre de 1937, a las nueve de la mañana, para la vista relativa a la aprobación de la transcripción de evidencia, pero habiendo alegado la demandada-apelada que no había sido notificada con copia de la referida trans-cripción de evidencia, la corte suspendió la vista y ordenó al taquí-grafo que dentro del término de treinta días sirviera una copia de la dicha transcripción a la demandada apelada.

Por cuanto, con fecha 5 de octubre de 1937, se dictó en este caso y por la corte de distrito una orden concediendo al taquígrafo-re-pórter una prórroga de treinta días para completar la transcripción de evidencia.

Por cuanto, con posterioridad a la orden dictada en este caso con fecha 5 de octubre de 1937 a que se refiere el párrafo anterior, no aparece que se haya dictado orden alguna concediendo nueva prórroga o término al taquígrafo para completar la transcripción de evidencia, ni aparece que se haya radicado moción alguna intere-sando prórroga del término concedido por la Corte de Distrito de San Juan al taquígrafo mediante su orden de fecha 5 de octubre de 1937, ni aparece de los autos que se haya cumplido con la expre-sada orden, ni que. se haya presentado la transcripción completa de la evidencia-practicada.en este caso.

Por cuanto, la apelante niega “que el taquígrafo de dicha corte no. haya servido copia de la misma a la parte apelada, alegando por el contrario que el taquígrafo que preparó la referida transcripción .entregó al. abogado de la parte apelada una copia fiel y exacta de la. mencionada transcripción de evidencia,” y el taquígrafo-en una declaración jurada anexa al., escrito de oposición dice: .

“Que con anterioridad a haberse fallado este caso en su fondo, y, para ser más exaetos, en o alrededor de octubre 31 de 1936, y a instancias de la parte demandada, suministré a ésta una copia fiel y exacta de la transcripción de mis notas taquigráficas, para ser utilizada en la preparación de su ©legato, por cuya copia recibí de dicha parte demandada, por concepto de honorarios, determi-nada suma de dinero;
“Que posteriormente, y a instancias de la parte demandante, se dictó una orden sobre transcripción de evidencia, la que fué cumplimentada, y que hasta hoy no he servido copia de ésta a la parte demandada por considerarlo innecesario. ’ ’

Poe CUANTO, con fecha primero de febrero de 1938, la demandada-apelada radicó en la Secretaría de este Tribunal lina moción solici-tando la desestimación de este recurso de apelación, no solamente por los fundamentos anteriormente expuestos, sino que también por otros motivos, j esta Corte con fecha 23 de febrero de 1938, declaró sin lugar la moción de desestimación por entender que la apelada no había convencido al Tribunal de que la parte apelante no había sido diligente en la tramitación de este recurso.

Poe cuanto-, a pesar de la moción de desestimación a que se ha hecho referencia, de la resolución dictada por esta Corte en este caso con fecha 23 de febrero de 1938, y a pesar de la orden de la Corte de Distrito de San Juan de fecha octubre 5 de 1937, conce-diéndole al taquígrafo de la corte un térmihó de treinta días para completar la transcripción de evidencia, la parte apelante no ha cumplido con la precitada última orden, ni dicha parte ha notificado h- la apelada con copia de la transcripción de evidencia, ni ha hecho otra gestión tendente a formalizar o activar su apelación, ni ha- so-licitado nuevo término o prórroga ni de esta Corte Suprema ni- de la. corte de distrito, para notificar a la apelada .con copia de la. trans-cripción de evidencia.

Poe cuanto, la teoría .de la apelante según consta en su escrito de oposición es la de que “una vez señalada la vista relativa a la apro-bación de la transcripción de evidencia .'. . no venía obligada a pedir nuevas prórrogas para satisfacer conveniencias de la- parte apelada”, y que- “una vez servida la parte apelada con copia de la transcripción .de la evidencia ... no venía obligada .... a solicitar -prórroga, ni de la Corte de Distrito de San Juan, ni de cualquiera otro Tribunal”.

Por cuanto, ni la resolución de esta Corte declarando sin lugar la primera moción sobre desestimación, ni. las circunstancias del caso en conjunto, bastan para relevar, a la apelante de toda responsabi-lidad en relación con los pasos necesarios para activar su apelación ' coh'posterioridad a la-fecha de' tal'resolución, ni para justificar.la actitud'desde entonces asumida por'la apelante, ' “ "',

POR TANTO, se declara con lugar la nueva moción de la parte ape-lada y se desestima por falta de diligencia la apelación interpuesta contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en enero 28, 1937.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

license: Public Domain

text:
    Núm. 7790.
    Cuevas Zequeira, apldo. aplte. v. Hernández Usera, aplte. y apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 30, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, el demandado apelado Rafael Hernández Usera ra-dicó con fecha 10 de octubre último una moción solicitando se deses-time la- apelación interpuesta por el demandante apelante Rafael Cuevas Zequeira, fundando dicha moción entre otros motivos en no haber radicado la transcripción de evidencia en la corte sentencia-dora a pesar de haber vencido la prórroga que se le concedió a ese efecto el día 20 de julio de 1938, sin que posteriormente solicitara-ninguna otra prórroga;

Por Cuanto, de una certificación expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan aparece que en efecto el deman-dante apelante solicitó el 20 de julio de 1938 una prórroga de treinta días para radicar la transcripción de evidencia y que hasta la fecha no ha,solicitado nueva prórroga ni ha radicado dicha transcripción;

Por. Cuanto, señalada la vista de la moción antes aludida,, com-pareció solamente la representación del demandado- apelado a. ex-poner lo que opinó conducente a su derecho,

Por tanto, se desestima- la apelación' interpuesta- por el deman-dante apelante Rafael Cuevas Zequeira.

B1‘ Juez Presidente.- Sr. Del; Toro- no- intervino.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)¡

text:
    Núm. 7865.
    Souffront et als., apltes. v. Franco, aplda.
    C. D. Bayamón.
    Noviembre 23, 1938.
   (Por la. Corte,, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)¡

Vista la moción que antecede con la asistencia de. ambas' partes,, apareciendo- q.ue los apelantes tienen hasta diciembre 8 del corriente-año para presentar su alegato de acuerdo con la prórroga concedida; por esta. Corte-- en noviembre 9, y existiendo la posibilidad, de susci-tarse en- dicho, alegato alguna cuestión que no carezca enteramente de» mérito, no- ha lugar por- ahora- w lfe, desestimación solicitada.

Los siguientes casos fueron desestimados, p.or abandonoNúms. 7084’, 7085, 7086, 7087,, 7574, 759.4, 7772, 7805, 7854. y 7-887'.

(c) FRIVOLIDAD DE RECURSOS


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 7719.
    The Shell Co. (P. R.) Ltd., aplda. v. Colón et al., apltes.
    C. D. Aguadilla.
    Mayo 31, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuaNto, se ba solicitado la desestimación de este recurso de apelación por razón de frivolidad;

Por cuanto, la acción de que se trata fué una en cobro de dinero para liaeer efectivo el remanente de un crédito hipotecario, consti-tuido allá en 9 de mayo de 1932, en forma de venta con pacto de retracto, a favor de la apelada, habiendo los esposos apelantes re-nunciado expresamente en la escritura a todo derecho de hogar se-guro (homestead);

Por cuanto, la contestación presentada en la corte inferior ad-mitía todos y cada uno de los hechos alegados en la demanda, limi-tándose a levantar como defensa especial el tener constituido su hogar seguro sobre la finca objeto de la escritura y del litigio;

Por Cuanto, en vista de que dicha defensa era claramente frí-vola, ya que la renuncia del derecho de hogar seguro fué hecha con anterioridad a la Ley núm. 87 de 1936, pág. 461, la corte inferior eliminó tal alegación concediéndole término a los demandados para radicar nueva contestación, lo que nunca hicieron;

Por Cuanto, después de anotada la rebeldía a favor de la de-mandante y de celebrada una vista para probar los extremos de la demanda, se dictó sentencia a favor de dicha demandante;

Por Cuanto, los demandados apelantes descansan, por vía de opo-sición a la desestimación solicitada, en las supuestas cuestiones me-ritorias levantadas en su alegato;

Por cuanto, examinado el señalamiento de errores nos encontra-mos con que la única defensa sobre los méritos la constituye una vez más el referido y renunciado derecho de hogar seguro, basada en argumentos enteramente insostenibles;

Por cuanto, las otras cuestiones allí discutidas o no constituye-ron error o no son suficientemente meritorias;

Por tanto, se declara con lugar la moción de la apelada y se desestima la apelación por frívola.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    Núm. 7639.
    Olivieri, aplda. v. Torres, et als., apltes.
    C. D. San Juan.
    Julio 5, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, en 4 de mayo último esta Corte atendida la circuns-tancia de haberse en fecha anterior concedido a los apelantes una prórroga hasta mayo 27 para presentar un alegato, y existiendo la posibilidad de que en tal alegato el apelante pudiera demostrar que el presente recurso tuviera algún mérito, declaró sin lugar provisio-nalmente una moción para desestimar la presente apelación y con-cedió a los apelantes un nuevo término basta mayo 27 para radicar en la secretaría de este Tribunal una transcripción de las notas ta-quigráficas del juicio o de la vista del caso si fuese necesario, y para elevar a este Tribunal una copia debidamente autenticada de la es-tipulación en que el juez de distrito basó su sentencia.

PoR ouaNto, en mayo 31 esta Corte concedió a los apelantes otro nuevo término vencedero en junio 26 para radicar en la corte de distrito la transcripción de la estipulación en que se basó la-senten-cia de dicba corte y concedió además a los apelantes tiempo adicio-nal que vencería en junio 26 para radicar su alegato.

PoR CTJANTO, los apelantes hasta la fecha no han radicado, ni su alegato, ni la transcripción de la estipulación, ni (han solicitado prórroga adicional alguna para ello, y resulta a nuestro juicio cla-ramente frívola la presente apelación.

Por TANTO, se declara con lugar la moción de la parte apelada y se desestima como frívola la apelación interpuesta contra la sen-tencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en agosto 31, 1937.


text:
    Núm. 7779.
    Antonsanti, aplda. v. M. Rodríguez & Cía., Sucrs., aplte.
    C. D. Ponce.
    Julio 30, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista con la sola asistencia de la parte apelante la moción que antecede para que se desestime el presente recurso de apelación por frívolo:

Por cuaNto, el Juez de Distrito en su relación del caso y opinión dijo: .

'.'Se trata en' este caso de una acción por indemnización de daños y per-juicios sufridos por la niña Monserrate Pacheco y producidos por un automóvil, que entonces conducía y manejaba Toribio Grovas en el curso de los deberes de su cargo como agente viajero de la mercantil demandada M. Bodríguez & Co., Sucesores.
' "La demandada contestó oportunamente la demanda, negando específicamente todos y cada uno de los hechos de la misma y alegando, además, varias defensas especiales y separadas.
‘íLa. vista del' caso se celebró ante esta Corte de Distrito previo señala-miento en el calendario general de asuntos civiles el día 30 de marzo de 1937, habiendo comparecido a dicha vista la parte demandante representada por su abogado señor B. Hernández Matos y la demandada por el suyo, señor J. Vallde-j'uli Bodríguez. . •
■¡•■'."Ambas partes presentaron'¿videncia testifical y documental que fué ad-nuMdá.r. .; ' , . . ‘
"Como peritos médicos declararon el Doctor Gabriel Rigáu por la parte de-mandante y el Doctor Tito Mattei por la demandada, no existiendo conflicto sus-tancial entre sus declaraciones.
"Da declaración de Juana Josefa Torres de Antonmarchi (profesora de la niña Monserrate Pacheco) no fué controvertida por ninguna otra evidencia.
"En cuanto a la forma en que ocurrió el accidente declararon como presen-ciales los siguientes testigos: la niña lesionada Monserrate Pacheco, Alejandro Gau, Domingo Vélez y Pablo Rodríguez, por parte de la demandante; decla-rando por parte de la demandada, Toribio Grovas (agente viajero de la deman-dada y conductor del automóvil) y Manuel García Rodríguez (tenedor de libros de la demandada) quien viajaba en el mismo auto Chevrolet que manejaba Grovas.
"El Juez Municipal de Yauco, Hon. Antonio Oliver Erau, declaró que 'ese día como a las 2 de la tarde vió en el pueblo de Yauco el automóvil Chevrolet y tenía una abolladura en la parte trasera del lado derecho.’ (Este testigo no presenció el accidente.)
"Vamos a prescindir en absoluto de la declaración del testigo de la deman-dante, Pablo Rodríguez, por haber hecho manifestaciones anteriores contrarias a las declaradas en la vista; según aparece de una declaración escrita que pres-tara el mismo día del accidente ante el Juez Municipal de Yauco (Exhibit núm. 2 de la demandada).
"La evidencia en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente es contra-dictoria. La corte, después de haber visto y oído declarar a todos los testigos presenciales, y, tomando en cuenta, muy especialmente, el hecho probado por los dos peritos médicos de que la niña Monserrate Pacheco recibió una contusión detrás de la oreja ieqwíerda y tenía fracturada la clavícula del mismo lado, declara que la preponderancia de prueba, en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente, está a favor de la parte demandante, y en tal sentido resuelve el con-flicto (artículo 162, apartado 5°., de la Ley de Evidencia.)
"La corte, como resultado de las alegaciones y de la evidencia presentada por ambas partes y apreciada en conjunto (prescindiendo de la declaración de Pablo Rodriguez) deelara probados satisfactoriamente los siguientes hechos:
"En el día 30 de enero de 1936, la demandada M. Rodríguez & Co., Suers., era dueña, poseía, dedicaba y utilizaba para su negocio o empresa de venta de-camisas para hombres, un automóvil o vehículo de motor marca Chevrolet, con-tablillas o matrícula o licencia núm. 10899, y este automóvil el día 30 de enero de 1936 era personalmente conducido, tripulado y manejado por Toribio Grovas quien en ese día y en los precisos momentos del accidente que más adelante se relatará, era empleado, agente vendedor o viajante de la demandada M. Rodríguez & Co., Suers., formando dicho automóvil y dicho Toribio Grovas partes integran-tes "del negocio o empresa antes mencionada de dicha demandada.

Entre doce y una de la tarde de dicho día 30 de enero de 1936 la menor demandante Monserrate Pacheco Antonsanti, se dirigía desde su casa hacia una escuela pública de la ciudad de Yaueo, caminando a pie por la sección Sabana Grande-Yauco de la carretera pública insular número 2, que va de San Juan a Ponce, vía Aguadilla, yendo por la extrema derecha de dicha carretera y por el paseo o trillado que hay a todo lo largo de ella y que queda entre su parte em-breada y su cuneta derecha; que en esa misma hora y dirección, o sea de Sabana Grande hacia Yaueo, venia el empleado de la demandada Toribio, Grovas, con-duciendo, tripulando y manejando personalmente el referido automóvil, estando dicho Toribio Grovas guiándolo en el curso ordinario y con motivo y ocasión de sus funciones o deberes como empleado de la demandada M. Rodríguez & Co., Suers., y al darle alcance a la niña Monserrate Pacheco Antonsanti, entre los kilómetros 229 y 230 de dicha carretera, que quedan dentro y forman parte del territorio y jurisdicción del Distrito Judicial de esta Corte de Distrito de Ponce, dicho Toribio Grovas permitió y dejó que dicho automóvil Chevrolet núm. 10899 se abalanzara hacia el cuerpo de la niña Monserrate Pacheco Antonsanti, y chocara con ella por la espalda, golpeándola violentamente, tirándola y arrastrándola sobre el pavimento de la carretera, de donde fué recogida dicha niña y conducida por el propio Toribio Grovas a un hospital de la ciudad de Yaueo.

"Con motivo de dieho accidente, la niña Monserrate Pacheco recibió una fuerte contusión, con derrame, detrás de la oreja izquierda que le produjo una conmoción cerebral y consecuentemente un estado de completa inconsciencia en el que piermaneeió por diez días; recibió escoriaciones en varias partes de su cuerpo; se le fracturó la clavícula izquierda; estuvo asilada en el hospital unos diez días y como veinte o treinta días más recibiendo asistencia médica en su casa; sufrió grandes dolores físicos; perdió el curso escolar del año 1935 a 36 y ha incurrido en gastos de asistencia médica y medicinas.

"Dicho accidente se debió única y exclusivamente a la negligencia y falta de prudencia y circunspección del empleado de la mercantil demandada, Toribio Grovas, quien entonces y allí, guiaba el automóvil Chevrolet núm.' 10899 propie-dad de la demandada; negligencia y falta de circunspección consistentes en correr si automóvil por la extrema derecha de la carretera cuando en la misma dirección y delante del automóvil caminaba una niña de once años de edad, pudiendo el carro correr por el medio de la carretera porque no había nada que en aquellos momentos lo impidiera, y, además, en no haber reducido la velocidad al acercarse a la referida niña Monserrate Pacheco, siendo en aquel sitio la carre-tera recta en una extensión de un kilómetro y medio.

"La corte estima todos los daños y perjuicios sufridos por la demandante en la suma de un mil dólares ($1,000).

"Por todo lo anteriormente expuesto y vistos los arts. 1802 y 1803 del Código Civil (Dd. 1930) y la jurisprudencia aplicable, la corte es de opinión que debe dictarse una sentencia declarando con lugar la demanda, fijando la cuantía de la indemnización en un mil dólares y condenando a la demandada en costas y en ho-norarios de abogado de la demandante que se fijan en doscientos dólares, de acuerdo con lo dispuesto en ia Ley núm. 69, aprobada en 11 de mayo de 1936.”

Por CUANTO, los únicos motivos en que se funda la parte apelante para oponerse a dicha moción son los siguientes:

"(A) Porque la Corte de Distrito de Ponee cometió error manifiesto en la apreciación de "la prueba, ya que declaró haber conflicto de evidencia y esto lo resolvió en favor de la demandante, a pesar de que la prueba de la demandada es preponderante en su favor, en los siguientes aspectos:
"(1) Que no se demostró allí y entonces que Toribio Grovas, que se dice empleado de la demandada, allí y entonces estuviera en el desempeño de los deberes de su empleo y, por el contrario, el testigo de la demandante, el propio Toribio Grovas, declaró que en ese momento se dirigía a almorzar. Ninguno de los testigos de la demandante habló sobre relaciones de empleado y patrono de la demandada eon Toribio Grovas. Y, cuando éste declaró como testigo de la demandante se limitó a decir que era empleado, agente viajero de la demandada, pero en ningún momento dijo que en el momento del accidente estuviese desem-peñando ningún acto en favor de la demandada y en beneficio de ésta. Véase su primer declaración en las páginas 48 y 54 de la transcripción de evidencia y su segunda declaración como testigo de la demandada en las páginas 158 a 177. En esta última especificó qué era lo que había en el momento del accidente, no habiendo dicho nada con respecto a este aspecto en su primera declaración como testigo de la demandante. En la página 163 de la transcripción de evidencia dice así:
“ ‘Yo venía cerea de la una, de doce y media a una, de Guániea para Yauco,ji almorzar, y viniendo por la carretera, como a metro y medio de la cuneta, por mi derecha, estaba un grupo en la carretera, frente a la casa: esta niña, su mamá, una hermana y otra persona más, un grupo hablando; en ese mo-mento pasaba un tren de caña frente a esa casa con vagones, y yo, en previsión, toqué el claxon tres veces; venía a una velocidad moderada de veinte millas, quince kilómetros o veinte millas, una cosa así, toqué el klaxon... ”
“ (2) Los testigos de la demandante, Alejandro Gaut, Domingo Vélez y Pablo Rodríguez, fueron atacados en su veracidad, entre otros testigos, por la declara-ción del Juez Municipal de Yauco, Ledo. Antonio Oliver Erau, páginas 191 a 208 de la transcripción de evidencia en donde este magistrado declaró ante el Tribunal que esos testigos en el momento de su investigación no fueron a de-cía: ar a pesar de que el policía Barrios fué expresamente al sitio y solicitó los testigos que hubiesen presenciado el accidente, no habiéndose presentado ninguno de ellos, con excepción de Pablo Rodríguez, cuya declaración ante el Juez Municipal de Yauco contradijo su nueva declaración como testigo de la demandante. Véase página 177 a 179 de la transcripción de evidencia,' donde se consigna su declaración, tomada en el momento de los sucesos, cuando no hay tiempo para especular, tiempo de combinarse ni de preparar declaración alguna, y en el cual momento sólo habla la conciencia guiada por la observación de los hechos. Este testigo dijo, ante el Juez Municipal do Yauco, lo siguiente:
“ ‘En Yauco, P. R., a 39 de enero de mil novecientos treintiséis, ante esta corte comparece Pablo Rodríguez, mayor de edad, casado, industrial y vecino de la Calle Mejias, de Yauco, P. R., y previo juramento conforme a la ley, dice:
“ ‘Que mis generales son las arriba expresadas. Que como entre doce y media y una de esta tarde, estando yo en la casa de Juanita Antonsanti, sita en el barrio Susúa Baja, de Yauco, P. R., y que queda en la orilla de la carretera Yaueo-Guánica, venía por su derecha un automóvil color aceituna, cerrado, que era guiado por un señor que según información responde al nombre de Toribio Grovas, cuyo automóvil venia a velocidad regular; en esos_momentos se encontró el carro mencionado eon un truck, y al estarse cruzando, la niña Monserrate Pacheco que había salido de su casa se tiró a la carretera, y cogió por su dere-cha en dirección hacia la escuela y hacia el pueblo de Yauco, chocando allí y en-tonces con la parte trasera derecha del automóvil, cuyo conductor paró como a diez metros de distancia, virando para atrás y recogiendo a la accidentada, y llevándola como en busca de auxilio hacia el pueblo de Yauco; que el automóvil que tuvo el accidente es marea Chevrolet. Que lo declarado es la verdad y nada más que la verdad.’
‘ ‘ En cambio en su declaración como testigo ante el tribunal, al decir que llevaba un almuerzo para un hermano de la muchacha lesionada, manifestó diversas afirmaciones, a preguntas capciosas del abogado de la demandante que con-tradicen fundamentalmente su declaración del día de los sucesos.
“(3) Porque aparece, además, que los hechos declarados probados por la corte, uo aparecen en la forma que los proyecta el tribunal, de la transcripción de evidencia.
"(B) Porque en un caso como éste en que no se probó agencia ninguna y en que la preponderancia de la prueba está a favor de la demandada, es mejor que esta Hon. Corte Suprema entre en el fondo del caso, con el estudio detenido que deba hacerse a través de los alegatos.
“Tercero: Alega la demandada apelante, en relación a que se demostró que Toribio Grovas, allí y entonces se dirigía a almorzar y no a ningún acto que beneficiara a la compareciente ni que fuera dentro de las deberes de su empleo, que cita, por ser de aplicación, la siguiente jurisprudencia: Marrero v. López, 15 D.P.R. 766; Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656; Martínez v. Trujillo y Mercado, 24 D.P.R. 294; Colón v. Pérez, 27 D.P.R. 748; Pérez v. J. Lema & Co., 36 D.P.R. 512; Burgos v. Sobrinos de Villamil, 41 D.P.R. 84 y Ramírez v. Marín, 42 D.P.R. 858.”

Por ouaNto, Toribio Grovas declaró que:

"En la fecha del accidente era viajante de la casa M. Rodriguez & Co. Suers.; viajaba con muestras, vendiendo de la casa, andaba con muestras, ven-diendo de la casa, con un muestrario; viajaba en un automóvil Chevrolet de M. Rodríguez & Co.; 'venía de doce y media a una, de Guánica para Tauco a al-morzar; el jefe mandó un policía para acompañar al testigo donde el juez, permaneciendo con este último hasta las dos y media de la tarde, cuando el juez le dijo que se podía marchar para San Juan. No estuvo presente cuando el juez municipal de Yauco estaba haciendo la investigación; el juez municipal lo llamó a lo último de la investigación para decirle que se podía marchar. ’ ’

Por Cuanto, el mero hecho de que el viajante, Toribio Grovas, fuera a almorzar a Tauco, en ruta de Guánica hacia San Juan como viajante vendedor de la demandada, no basta por sí sólo para pri-varle de su carácter de empleado de la demandada en el momento del accidente.

Por Cuanto, ni el hecho de que algunos de los testigos de la de-mandante fueran atacados en su veracidad por la declaración del juez municipal de Tauco al manifestar que dichos testigos en el momento de la investigación no fueron a declarar, a pesar de que un policía fué expresamente al sitio y solicitó los testigos que hu-biesen presenciado el accidente, no habiéndose presentado ninguno de ellos con excepción de Pablo Rodríguez, — ni el hecho de existir contradicciones entre las manifestaciones de Pablo Rodríguez en su declaración ante el juez municipal y sus manifestaciones como tes-tigo en la corte de distrito, — descartada por completo como fué por el juez de distrito la declaración de este testigo, — ni estas dos cir-cunstancias en conjunto, bastan para demostrar que la prueba de la demandada es preponderante en su favor.

Por Cuanto; ha dejado de convencernos el apelante cuando afirma que los hechos declarados probados por la corte no aparecen en la forma que los proyecta el tribuna] sentenciador de la transcripción de- la evidencia, y no encontramos error manifiesto alguno en la apre-ciación de la prueba, apareciendo por el contrario, a nuestro juicio, claramente frívolo el presente recurso,

Boa tanto, se declara con lugar la moción de la parte apelada y se desestima como frívola la apelación interpuesta contra la sen-tencia que dictó la Corte de Distrito de Ponce en mayo 18 del pa-sado año, imponiéndose al apelante, en adición a las costas ante la corte de distrito, las costas en apelación, incluyendo la suma de cien dólares ($100) para honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. D'e Jesús no intervino.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos Jueces, la Corte se negó a desestimar, por frívolos, los recursos, por no ser, apa-recer, resultar, haberse demostrado o estar convencida de la supuesta frivolidad.

Núms. 37 , 7524, 7678, 7710, 7728, 7733, 7746, 7762, 7768, 7823.

(tZ) PALTA DE ALEGATO O PRESENTACIÓN DEL MISMO FUERA DE TÉRMINO

       Recurso de Revisión.


text:
    Núm. 7661.
    Luciano, aplda. v. Torres, aplte.
    C. D. Ponce.
    Abril 29, 1938.
   Por Cuanto, el día 25 del corriente declaróse vista la moción de desestimación presentada en este caso, sin asistencia de las partes.

Por .Cuanto, aparece que la transcripción fué radicada en la Se-cretaría de este Tribunal con fecha 22 de diciembre de 1937 y que en enero 31 del corriente año venció la prórroga concedida al ape-lante para presentar su alegato, sin que lo haya presentado hasta ahora.

Por tanto, de acuerdo eon la ley y la jurisprudencia, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso de apelación establecido en este caso contra resolución dictada por la corte inferior en agosto 25, 1937 y modificada el 31 de dicho mes y año.

(e) FALTA DE JURISDICCIÓN APELATIVA


text:
    Núm. 7754.
    Santisteban, apldo. v. P. R. Railway, Light & Power Co., aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 24, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Poe cuanto, se ha solicitado la desestimación del presente re-curso fundándose en que el escrito de apelación se radicó después de haber transcurrido el término legal para apelar;

Poe Cuanto, de los autos se desprende que la sentencia apelada se dictó con fecha 24 de septiembre de 1937; que en Io. de octubre de 1937 la parte perdidosa radicó una intitulada “moción sobre re-consideración de sentencia” en la cual solicitaba exclusivamente de la corte sentenciadora que: . . de acuerdo con el referido artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil antes referido, exponga en la opinión unida a la sentencia dictada por esta Hon. Corte en 24 de septiembre del corriente año en el presente caso de una manera más detallada, clara y específica las conclusiones a que ha llegado, los hechos que consideró probados, las razones jurídicas y los mo-tivos que tuvo el tribunal para dirimir el conflicto existente en la evidencia aportada por las partes tanto en cuanto a la causa del incendio y los actos que constituyeron la ‘negligencia imperdonable’ de la demandada, como en cuanto a los elementos y razones que tomó en cuenta para determinar el importe de los daños o valor de la propiedad destruida, exponiendo a qué testigos o a qué otra clase de evidencia dió crédito la corte para llegar a las conclusiones a que llegó en su opinión uñida a la sentencia.”

Por cuaNto, la 'demandante apelante esperó hasta el 25 de oc-tubre de 1937 para pedir el-señalamiento de dicha “moción sobre reconsideración de sentencia, ’ ’ habiendo sido la misma señalada para el día Io. de noviembre, fecha en que, después de oídas las partes, se declaró sin lugar, habiéndose radicado el escrito de apelación en 6 de noviembre de 1937;

Por cuanto, la parte apelada alega que de entender esta corte que la referida moción era una verdadera “moción de reconsidera-ción” la misma no surtiría el efecto de interrumpir el término para •apelar de acuerdo con la Ley núm. 67 de 1937 (Leyes de ese año, p. 199) por cuanto la misma fué “rechazada de plano”; y alega ade-más que la moción radicada ante la corte inferior no era en realidad de verdad una moción de reconsideración de sentencia, pues no iba ■dirigida a la sentencia en forma alguna ;

Por cuanto, de una lectura de la moción sobre reconsideración de sentencia tantas veces referida, se desprende claramente que no se argumentaba ni se solicitaba reconsideración, revisión o modifica-ción alguna de la sentencia dictada por la corte inferior sino que meramente se le pedía una especificación de las conclusiones de hecho y derecho;

Poe cuaNto, somos de opinión que no es ésta la “petición ex parte para la revisión o reconsideración de sus sentencia o resolución, haciendo constar en ella los hechos y los fundamentos de derecho sobre los cuales se basa la solicitud” a que se refiere la Ley Núm. 67, supra;

POR tanto, entendemos que la misma no suspendió ni interrum-pió término alguno y que por consiguiente debe desestimarse la ape-lación por falta de jurisdicción.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: Juez Presidente Sr. Del Toro.)

text:
    Núm. 7757.
    Pabón, apldo. v. Crespo, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Julio 6, 1938.
   (Por l*a Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, dictada sentencia declarando con lugar el desahucio solicitado en este caso el 26 de abril de 1938 y notificada dicha sen-tencia a la parte perdidosa el 27, dicha parte, el 3 de mayo siguiente, o sea vencido ya el término de ley, archivó un escrito apelando de la misma, motivo por el cual la parte apelada solicitó la desestima-ción del recurso por moción de 10 de mayo último, cuya vista se celebró en junio 13 con la sola asistencia e informe del abogado de dicha parte apelada;

Por tanto, visto el artículo 630 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. de 1933), se declara con lugar la moción y en su con-secuencia se desestima el recurso por falta de jurisdicción.

Los Jueces Asociados señores Travieso y De Jesús no intervinieron.


text:
    Núm. 7763.
    Boorum & Pease Co., dmdte. v. Cantero Fernández & Co., aplte; Fernández Lema & Cía., aplda.
    C. D. San Juan. Administración Judicial.
    Julio 6, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes, examinados los alegatos, y apareciendo que no es apelable la orden de que se queja el apelante concediendo a la demandante permiso para radicar un pleito de desahucio contra la demandada, actual-mente bajo sindicatura, se declara con lugar dicha moción y se deses-tima el recurso. Véanse: 3 C. J. 578, 580, secciones 413 y 415; Bancroft’s Code Practice, volumen 5, 5518-5526, secciones 4204 et. seq.; Bancroft’s Code Practice, volumen 8, pp. 8340-8350.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 7855.
    Malgor & Cía., aplda. v. Vda. de Márquez et als., apltes.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 29, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

PoR .cuaNto, en este caso la apelada ha solicitado la desestimación del recurso de apelación interpuesto por los demandados apelantes, fundándose, entre otros motivos, en falta de jurisdicción por parte de este Tribunal para conocer de dicho recurso por razón de la cuantía;

PoR Cuanto, señalada la vista de la moción de desestimación, com-pareció solamente la representación de la apelada, quien oralmente informó en" apoyo de su moción;

Por CUANTO', examinados los autos, resulta que la sentencia en este caso dictada lo fué por $236.30 más $60 para costas y honorarios de abogado, no alcanzando por tanto la sentencia apelada a la suma de $300, sin comprender frutos e intereses,

Por tanto, visto el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil y los autos de este caso, se desestima, por falta de jurisdicción, el recurso interpuesto por los demandados apelantes.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7872.
    Vidal, aplte. v. Santoni et als., apldos.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 30, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede, con la asistencia de la parte ape-lada, y apareciendo que el escrito de apelación no fué notificado a los abogados del demandado Colberg, se desestima por falta de ju-risdicción, de acuerdo con la doctrina establecida en los casos de Zaragoza v. López, 16 D.P.R. 829 y Jusino v. Masjuán, 46 D.P.R. 501, la apelación interpuesta contra la sentencia y resolución que dictó la Corte de Distrito de San Juan en mayo 31 y junio 13, 1938, respectivamente, en el caso arriba indicado.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino; así como tampoco el Juez Asociado Sr. Travieso.

(C) Desistimientos

(a) Casos en que se Tuvieron por Desistidos a los Apelantes, a su Propia InstaNCIa, de los Keoursos Interpuestos

Núms. 30, 110, 111, 112, 315, 1153, 7280, 7393, 7413, 7528, 7609, 7620, 7669, 7706, 7734, 7735, 7736, 7753, 7759, 7762, 7794, 7796, 7797, 7798, 7800, 7806, 7822, 7824, 7831, 7856, 7880, 7895, 7899.

       Recurso de Revisión.

       Habeas Corpus.

        Mandamus.

         Certiorari.


text:
    Núm. 6931.
    Pueblo, apldo. v. Oyola, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Abril 27, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, José Oyóla Meléndez fué convicto dos veces por el delito de acometimiento y agresión grave, primeramente en la Corte Municipal de Bayamón y después de un juicio de novo, por la Corte de Distrito de Bayamón.

Por Cuanto, la única prueba tendiente a demostrar que el delito a que se contrae la denuncia en este caso fué cometido dentro del Distrito Judicial Municipal de Bayamón, P. R., consiste de la pre-gunta y respuesta siguientes:

“P. — Dígame, allá por el 19 de agosto, como a las 9:30' de la noche, y en la calle Cuba Libre de Comerlo, ¿tuvo algún disgusto con él.?”
“T. — En casa, en mi casa.”

Por Cuanto, tal'prueba no basta para demostrar que el supuesto delito fué cometido dentro del Distrito Judicial Municipal de Ba-yamón.

Por tanto, se revoca la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Bayamón el día 13 de diciembre de 1937, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos.


author: Juez Asociado Sr. Travieso.)

text:
    Núm. 7116.
    Pueblo, apldo. v. Mediavilla, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Abril 29, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Travieso.)

Vista la moción del acusado apelante por la que pide se le con-ceda un nuevo término para solicitar la transcripción de evidencia y poder perfeccionar su apelación;

Por Cuanto, el apelante no ha explicado a satisfacción de este Tribunal las razones por las cuales no se solicitó la transcripción de evidencia dentro del término señalado por la ley; y

Por Cuanto, la alegación que hace el abogado del apelante de que éste tiene una buena y justa causa de acción y méritos suficientes para elevar su apelación, no es suficiente para convencernos de que la apelación interpuesta es meritoria;

Por Cuanto, este Tribunal es de opinión que la mejor práctica a seguir es la de presentar al Tribunal en apoyo de la solicitud una declaración jurada haciendo constar en ella los errores que haya po-elido cometer la corte inferior y en los cuales se ba de basar la so-licitud de revocación de sentencia:

PoR TANTO, se declara sin lugar la solicitud para la concesión de un nuevo término.


text:
    Núm. 7101.
    Pueblo, apldo. v. González et al., apltes.
    C. D. Guayama.
    Mayo 17, 1938.
   Examinada la denuncia y visto el alegato de los acusados y ape-lantes y el informe del fiscal, no imputándose en ella a los primeros hecho alguno constitutivo de delito penado por la ley, de acuerdo con lo resuelto por esta corte en el caso de Pueblo v. Fernández, 52 D.P.R. 811, se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia apelada y se absuelve a los dichos acusados José González León y Rafael Delgado de la infracción a la ley de automóviles que se les imputara.


text:
    Núm. 6941.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Mayo 20, 1938.
   Por cuanto, uno de los errores que señala el apelante para pedir la revocación de la sentencia es que la corte erró al declarar sin lugar la moción de nonsmt que le presentara pidiéndole su absolu-ción por falta de prueba, habiendo el fiscal de esta corte convenido en que dicho error existe; y

Pok cuanto, examinada la transcripción de evidencia certificada como fiel por el taquígrafo y aprobada por el juez como contentiva de una relación completa de la evidencia practicada, se encuentra que a preguntas del fiscal el perito químico Gadea contestó que había examinado la muestra de leche marcada “Efp, número 3971” que resultó adulterada, mientras que el otro testigo del Pueblo, el inspector de sanidad Font Pacheco, declaró que la muestra que él tomó de la leche que ocupara al acusado la marcó “E.F.P. 3671”; y

Por Cuanto, con tales declaraciones que constituyen la única evi-dencia aportada por el Pueblo no se puede concluir que la leche ocu-pada al acusado estuviera adulterada;

Por tanto, se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao el día 1 de no-viembre de 1937, y se absuelve al acusado.

El <Tuez Asociado Sr. Travieso no intervino.


text:
    Núm. 6943.
    Pueblo, apldo. v. González, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Mayo 23, 1938.
   Examinada la denuncia y visto el alegato del acusado y apelante y el informe del fiscal, no imputándose en ella a dicho acusado hecho alguno constitutivo de delito penado por la ley, de acuerdo con lo resuelto por esta Corte en los casos de El Pueblo v. Fernández, 52 D.P.R. 811, y El Pueblo v. José González León y Rafael Delgado, núm. 7101, resuelto el día 17 de mayo de 1938 ante, pág. 1004, se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia apelada y se ab-suelve al acusado de la infracción a la ley de automóviles que se le imputara.


text:
    Núm. 6927.
    Pueblo, apldo. v. Mattei, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 31, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

PoR Cuanto, el acusado en este caso fue declarado culpable del delito de portar armas por la Corte de Distrito de Ponce;

PoR CUANTO, los únicos errores levantados se refieren a la apre-ciación de la prueba e interpretación de la jurisprudencia;

Por Cuanto, no se ha demostrado pasión, prejuicio, o parcialidad por parte del juzgador al no darle crédito al testigo principal del acusado, ni al propio acusado, de cuyas declaraciones dependía en-teramente la teoría de la defensa;

Por Cuanto, bajo estas circunstancias queda el caso cubierto por los principios enunciados en el de El Pueblo de Puerto Rico v. José Marcano, núm. 6875, resuelto el 11 de mayo de 1938;

Por tanto, se confirma la sentencia de la corte inferior de fecha 18 de agosto de 1937.


text:
    Núm. 7105.
    Pueblo, apldo. v. Ribot, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 2, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Visto el caso con la asistencia de ambas partes, examinados los alegatos y la prueba de cargo y atendidas las circunstancias especiales del caso, así como la recomendación del fiscal de este Tribunal, se revoca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en enero 17, 1938, por falta de prueba suficiente de la malicia como elemento esencial del delito de daños maliciosos. Véanse: Pueblo v. Valdés, 23 D.P.R. 713; Pueblo v. Reyes, 24 D.P.R. 168; Brady v. State, 26 S. W. 621; State of North Dakota v. Moses Minor, 117 N. W. 528; State v. Rogue, 132 N. W. 5; May’s Criminal Law, 3ra. ed. pág. 318, sec. 322.


text:
    Núm. 7018.
    Pueblo, apldo. v. González et als., apltes.
    C. D. Humacao.
    Junio 24, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por CUANTO, el apelante en su primer señalamiento de error alega:

“Primero: Que la corte inferior actuó erróneamente al declarar sin lugar la excepción perentoria formulada por los acusados de que la denuncia no aduce he-chos suficientes para constituir una infracción a la Ley Núm. 25, aprobada el día 17 de julio de 1935, y especialmente a la sección 2 de dicha Ley.”

Por ouanto, la denuncia, después de referirse al delito boli-pool, pools y loterías clandestinas e infracción a la sección 2 de la Ley Núm. 25, aprobada en julio 17, 1935, (Sesión Especial de ese año, pág. 153) sobre bolita, especifica:

‘ ‘ Que en 7 de enero, 3 P. M., de 1937, y en la calle D'r. Bufo de Gaguas, P. B., dentro del Distrito Judicial Municipal de Oaguas, P. B., que forma parte del Distrito Judicial de Humaeao, P. B., los referidos, acusados, Marcelo Gon-zález, Antonio Bodríguez Rodríguez y Hermenegildo Castro García, allí y enton-ces, ilegal, voluntaria y maliciosamente en la casa residencia del acusado Marcelo González, fueron sorprendidos manipulando y poniendo en circulación el negocio de los juegos conocidos generalmente como “bolita”, “boli-pool”, combinaciones clandestinas y loterías clandestinas, ocupándoseles 159 libretas de bolita en blanco, dos libretas más con diferentes cifras de número, 4 hojas de libretas con cifras de números, dos listas de sumar, un lápiz, a sabiendas de éstos que todo se iba a usar en el juego ilegal denominado Bolita, al que se refiere la sección 2da. de la Ley Núm. 25, aprobada en julio 17, 1935, sobre bolita, boli-pool, pools y lo-terías clandestinas. Dichas libretas, hojas con cifras de números y el lápiz fueron ocupados y se pone todo a disposición de la Hon. Corte como evidencia en el caso.”

Por Cuanto, la sección cuarta de la Ley Núm. 25 arriba men-cionada, lee como sigue:

“Toda persona que fuere sorprendida portando o conduciendo cualquier pa-peleta, billete, tiolcet, libreta, lista de números o implementos, a sabiendas de que se utilizan o están utilizando para los juegos ilegales de la 'bolita', ‘boli-pool’, combinaciones clandestinas relacionadas con los ‘pools’ de los hipódromos de Puerto Bico, y loterías clandestinas, y toda persona que vendiere éstos o cuales-quiera otros análogos que se probare representar algún billete, suerte, acción o in-terés en dichos juegos ilícitos o conectados con la práctica de los mismos, será arrestada inmediatamente, formulándose la eorrespondieinte denuncia ante la corte municipal con jurisdicción, y convicta que fuere, . . .; y todo dueño, apo-derado, agente, encargado, director o administrador de los juegos prohibidos por esta Ley, convicto que fuere, podrá ser castigado a pagar una multa no menor de cien (100) dólares ...”

. Por Cuanto, tratándose como se trata de una denuncia presen-tada por un policía y no de una acusación formulada por un fiscal, no estamos conformes con el apelante en que no aduce hechos sufi-cientes para constituir un delito.

Por cuanto, los demás señalamientos son:

“Segundo: Que la corte inferior, actuó erróneamente al permitir como evi-dencia, prueba inadmisible, todo en perjuicio de los acusados.
‘' Tercero: Que la corte inferior actuó erróneamente al considerar hechos ocurridos durante la eelebaeión del juicio ante la corte municipal como impedi-mento legal para los acusados de suscitar cuestiones fundamentales de derecho durante juicio de novo en la corte de distrito.
“Cuarto: Que la corte inferior actuó erróneamente al declarar sin lugar la moción solicitando la absolución perentoria de los acusados por falta de prueba.”

Por CUANtio, aparte de cualquier cuestión de forma y suficiencia de estos tres señalamientos, los apelantes en su alegato no nos han convencido de la existencia de ninguno de dichos tres supuestos erro-res, y el segundo de los tres si existiere, no sería motivo por sí solo para justificar una revocación de la sentencia.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en noviembre 10, 1937.

Los Jueces Asociados Sres. Travieso y De Jesús no intervinieron,

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.


author: Juez Asociada Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 7132.
    Pueblo, apldo. v. Segarra et al., apltes.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 6, 1938.
   (Por la Coi’te, a propuesta del

Juez Asociada Sr. Wolf.)

Por Cuanto, la Corte de Distrito de Mayagiiez, en 28 de noviem-bre de. 1936, declaró culpables del delito de adulteración de leche a Fernando Segarra y Eamón Segarra, consistente en tener almace-nada dicha leche para el consumo humano;

Por Cuanto, los acusados arriba mencionados han apelado de la sentencia que les fué impuesta por la referida corte y han señalado errores que esencialmente van dirigidos a revisar la actuación de la corte inferior (a) al negarse a decretar el archivo y sobreseimiento del caso a pesar de no habérseles celebrado juicio a los acusados dentro del período de 120 días que señala el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y (fe) al declarar sin lugar una moción de nonsuit y al apreciar la prueba y declarar culpables a los acusados;

Por Cuanto, de los autos se desprende que la moción de archivo y. sobreseimiento se presentó varios días antes del día señalado para juicio y cuando ya habían transcurrido más de seis meses, de ha-bérseles leído la acusación a los acusados, sin que las razones aduci-das por el Fiscal, únicas que se presentaron como 'justa causa para denegar dicho archivo y sobreseimiento, sean suficientes para excluir este caso de la doctrina sentada por esta corte en los casos de De Gracia v. Corte, 52 D.P.R. 607 y González Molina v. Corte, Mandamus núm. 313, resuelto en 24 de junio de 1938 (ante, pág. 977);

'■-Por Cuanto', de la prueba practicada se desprende únicamente que lbs 'acuSádo’s operaban un establecimiento de provisiones dentro' del cüal" tenían uiia' nevera; que-los inspectores de Sanidad encontraron un litro de leche de vaca adulterada dentro de la misma; que el perito químico que realizó el análisis declaró que la leche podía ser de la conocida en el mercado por el nombre de “Klim” o evaporada, sin presentarse prueba directa o circunstancial de que la leche iba a ser usada para fines industriales o de venta;

Por CUANTO, la evidencia expuesta es insuficiente para demostrar la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable, es-pecialmente en vista de que es dudoso si el guardar un solo litro de leche en la nevera de un establecimiento de provisiones constituye “almacenar” dentro de los términos del estatuto y considerando la teoría expresada por esta corte en los casos de El Pueblo v. Rivera, 43 D.P.R. 929, El Pueblo v. Bermúdez, 35 D.P.R. 597 y El Pueblo v. Blasco, 33 D.P.R. 343;

Por cuanto, visto el alegato del ministerio fiscal en el cual se allana a la revocación de la sentencia por entender que se cometieron claramente los dos errores ya relacionados;

Por tanto, se revoca la sentencia de la corte inferior y se absuelve a los acusados.


text:
    Núm. 6993.
    Pueblo, apldo. v. Figueroa, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Julio 20, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, los únicos supuestos errores señalados por el ape-lante son:

“1. La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción del acusado al iniciarse la vista de este caso en el sentido de que el registro efectuado por la policía en la persona del acusado había sido ilegal y por tanto ilegal e inadmisible la evidencia que se alega se le ocupó.
“2. La corte inferior erró al admitir en este caso prueba de la supuesta manipulación por Raimundo Cardona Capella, persona distinta y que no era parte en esta acción de una banca de ioli-pool con el fin de conectar a este acusado con dicha manipulación y justificar así el registro de su persona, cuando esto acusado no estaba en forma alguna eonneetado ni acusado por infracción de la Ley Núm. 25 de julio 17 de 1935, en relación eon la manipulación de bancas de boli-pool.
“3. La corte inferior erró al admitir en evidencia los tickets de poli-pool. que se alega se ocuparon al acusado siendo, como era, evidencia ilegalmente ob-tenida por ser a virtud de un registro ilegal.”

Por cuanto, los policías encargados de cumplimentar la orden de allanamiento declararon: que encontraron al aeusado en la casa registrada en una mesa y sobre la cual 'tenía libretas de tickets de boli-pool, dinero y listas; que sobre su persona le ocuparon varios tickets de boli-pool y cine© tickets más de otra banca; que en el momento de registrarlo, él tenía libretas de boli-pool, listas y mani-pulaba una banca de boli-pool, recolectando dinero de distintas per-sonas que volaron por la ventana y se fueron; que lo registraron porque vieron que los tickets ocupados los tenía en el bolsillo de la camisa, que se le veían a través de la misma porque no tenía chaqueta puesta, y por eso lo registraron.

PoR Cuanto, el acusado mismo declaró: que lo registraron sin encontrarle nada encima, y que todos los tickets estaban sobre la mesa; que no manipulaba ningún juego; que no sabe quién era el dueño de los tickets, y que no vive en la casa registrada.

Por Cuanto, el segundo de los tres señalamientos tal como está, desarrollado en el alegato del apelante, no exige detenida conside-ración,

Por tanto, visto los casos de El Pueblo v. Sierra, 49 D.P.R. 510; El Pueblo v. Gandía, 46 D.P.R. 643; El Pueblo v. Pérez, 43 D.P.R. 770; El Pueblo v. Roldán, 42 D.P.R. 956; El Pueblo v. Argues Nieves, 39 D.P.R. 387; El Pueblo v. Ocasio, 37 D.P.R. 127; El Pueblo v. Márquez, 36 D.P.R. 265; El Pueblo v. Ramos, 35 D.P.R. 765; El Pueblo v. Guzmán, 34 D.P.R. 117, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Aguadilla en noviembre 29, 1937.


text:
    Núm. 7232.
    Pueblo, apldo. v. Ramos, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 23, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. Del Toro.)

Por cuanto, Santiago Ramos Valentín fué acusado por el Fiscal de Distrito de Mayagüez de la comisión de un delito de escalamiento' en primer grado consistente en haber penetrado por la noche vo-luntaria, ilegal y maliciosamente en cierto establecimiento cafetín si-tuado en el distrito y perteneciente a Juan Morales con la intención de cometer hurto y hurtado varios efectos valorados en cuatro dó-lares noventa y .dos ceintavos; y

Por cuanto, al leérsele la acusación, hizo la alegación de culpable, e interrogado por la corte sobre si tenía razón legal que adu-cir para que no se dictara sentencia contestó en la negativa, impo-niéndole entonces la corte cuatro años de presidio; y

Por Cuanto, no conforme, apeló, señalando como único error que la pena, es excesiva; y

Por Cuanto, celebrada la-, vista del recurso- eon- la sola- asistencia del Fiscal que lo impugnó, examinados los autos no resulta que se-haya cometido el error alegado, pues la pena que fija la ley como castigo al delito cometido por el acusado es la de. presidio de uno a quince años. Arts. 408 y 410 del Código Penal, El Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 443;

Por tanto, se declara sin lugar la apelación interpuesta y se con-firma la sentencia recurrida que dictó la Corte de Distrito de Ma-yagüez el 14 de marzo de 1938.


text:
    Núm. 7213.
    Pueblo, apldo. v. Méndez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 26, 1938.
   Llamada boy para vista la moción sobre desestimación del re-curso, sólo compareció El Pueblo por su Fiscal, quien pidió que se le tuviera por desistido de su moción y que se decrete el archivo y sobreseimiento del caso bajo la autoridad de El Pueblo v. Pérez, 52 D.P.R. 169. El Tribunal decretó el archivo y sobreseimiento soli-citados.


text:
    Núm. 7211.
    Pueblo, apldo. v. Marchand Paz, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 30, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociada Sr. Wolf.)

Por cuanto, con fecha 27 de julio de 1938 nos fué sometido el caso de epígrafe con la misma prueba y alegato en el caso de ase-sinato, núm. 6639 (ante, pág. 671) ;

Por Cuanto, el delito de portar armas es uno enteramente dis-tinto y separado del delito de asesinato y como tal debe ser juzgado, según se dijo en el caso de El Pueblo v. Peña, 50 D.P.R. 862, 865;

Por cuanto, por la propia estipulación del acusado se le sometió el caso de portar armas al juez de la corte inferior por la misma prueba que desfiló en el caso de asesinato, recayendo sentencia con-denatoria ;

Por cuanto, examinada dicha prueba no encontramos que el juez sentenciador incurriera en error manifiesto ni estuviese influido por pasión, prejuicio o parcialidad;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada en este caso.

El Juez Asociado Sr. De Jesús uo intervino.


text:
    Núm. 6928.
    Pueblo, apldo. v. Jiménez, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 14, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, el único señalamiento de error es:

"Erró la corte inferior al apreciar la prueba en este caso y dictar una sentencia condenatoria contra el acusado.”

Por CUANTO, se trata únicamente de un conflicto en la prueba resuelto en contra de la teoría del acusado, sin que exista motivo su-ficiente para creer que el Juez de Distrito haya cometido error al-guno en su apreciación de la prueba practicada.

Por TANTO, se confirma la sentencia que dictó la Corte de Dis-trito de Ponce en octubre 16, 1936.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: Juez Presidente Accidental Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 6936.
    Pueblo, apldo. v. Fortis, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 17, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Accidental Sr. Wolf.)

Por cuanto, en esta apelación interpuesta contra una sentencia condenando al acusado por el delito de acometimiento y agresión simple el apelante ha dejado de incluir en su alegato un señalamiento de errores;

Por cuanto, aun considerando el caso en sus méritos una corte, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Evidencia (Código de En-juiciamiento Civil, Art. 380) tiene derecho a condenar a un acusado con la sola declaración de un testigo que le merezca entero crédito, siendo el interés que pueda tener dicho testigo en el resultado del caso un elemento a ser considerado por la corte;

Por Cuanto, la corte inferior tuvo ante sí no sólo la declaración del perjudicado, sino también la de otro testigo presencial;

Por cuanto, existió un conflicto en la prueba que fué resuelto en contra del acusado, sin que veamos razón suficiente para intervenir en la apreciación que de la evidencia hizo la corte inferior;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7134.
    Pueblo, apldo. v. Sepúlveda, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Noviembre 18, 1938.
   Celebrada hoy la vista de este caso, visto el allanamiento del fiscal, se declara con lugar el recurso y en su consecuencia se revoca la sentencia apelada que dictó la corte de Distrito de Mayagüez el día 9 de noviembre de 1937, se ordena el archivo y sobreseimiento de la causa, y se absuelve al acusado.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 6959.
    Pueblo, apldo. v. Aponte, (a) Chato, aplte.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 9, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, los únicos supuestos errores señalados por el anc-lante son:

“Primer Error. — Haber declarado sin lugar la moción de nuevo juicio pre-sentada 'por el acusado.
“Segundo Error. — Haber declarado el Jurado de la Corte de Distrito de Humaeao culpable al acusado de un delito de mutilación.
“Tercer Error. — No haber declarado que el acusado estuvo justificado at actuar como lo hizo, en su defensa propia.
“Cuarto Error. — Haber admitido la Corte de Distrito de Humaeao, come prueba, los expedientes criminales 12303 y 12803, por infracciones a los Artículos 137 y 84, respectivamente, del Código Penal.
“ Qumto Error. — Haber instruido a los Sres. del Jurado, el Juez de la Corte de Distrito de Humaeao, en la forma que lo hizo con respecto a los citados expedientes admitidos como prueba. ’ ’

Por Cuanto, el segundo y tercero de estos supuestos errores se contraen a un conflicto en la prueba resuelto en contra del acusado por el jurado, sin que exista error tan manifiesto en la apreciación de la prueba que exija una revocación de la sentencia apelada;

Por Cuanto, no encontramos error -alguno por haberse admitido los expedientes criminales mencionados en el cuarto señalamiento para demostrar el móvil del delito imputado al acusado ni en las ins-trucciones dadas por el Juez de Distrito al jurado sobre los expe-dientes así admitidos;

Por Cuanto, la moción sobre nuevo juicio se funda en las si-guientes razones:

‘1 (a) Porque el veredicto es contrario a derecho y a la prueba, y al cual veredicto fué inducido el jurado por un miembro del mismo que era miembro de la Policía Insular, y era un policía allí y entonces pensionado y fué nom-brado Presidente del Jurado, y llamado José Beyes Beyes, siendo dicho vere-dicto x301' tal razón apasionado y el jurado no tuvo en cuenta la prueba pre-sentada por el acusado;
“ n,i) Porque la Corte instruyó erróneamente al jurado al recibir dos ex-pedientes criminales contra el acusado como evidencia, lo cual influyó deci-sivamente también e indujo a error al jurado en este caso;
‘■‘(c) Porque así mismo influenció en la decisión del jurado las preguntas improcedentes y contrarias a derecho hechas por el Fiscal, tendiendo a influen-ciar, como influenció en el jurado, en el sentido de que el acusado fuera un elemento díscolo y violento;
‘ ‘ (dj Porque el acusado ha descubierto nueva prueba en su favor, como lo es un dependiente de la casa Gai-zot & Cía., de Humaeao, y otro testigo de la Playa de Fajardo, que declararán que dicho policía corrió y persiguió al compareciente revólver en mano, a pesar de las súplicas del acusado de que no le disparara, viéndose obligado por ello el acusado a disparar su revólver contra dicho policía. ’ ’

Por cuanto, en la vista de la moción sobre nuevo juicio ocurrió lo siguiente:

“El día 14 de octubre de 1937, señalado para la vista de la moción sobre nuevo juicio interpuesta en este caso por el acusado comparecieron el Pueblo de Puerto Rico por su fiscal Son. García González y el acusado repre-sentado por el Ledo. Juan Valldejuli Rodríguez.
“Defensor. — En ese caso Sr. Juez liemos pedido la citación del Juez Municipal de -Fajardo y del Sr. Beyes que fué presidente del Jurado.
“Juez. — Hay un telegrama que ha sido recibido por el Juez, del juez municipal informando que tiene sesión -señalada para el día de hoy y que en esas circunstancias lo es imposible comparecer.
“Defensor. — Ese es un testigo imprescindible Sr. Juez, para nosotros. Vamos a demostrar con él que en más de tres ocasiones, a petición del acusado, el Juez llamó al policía Ortiz, en presencia también de este acusado para adver-tirle que cesara en las persecuciones de dicho policía contra este ciudadano; y que en presencia del propio juez se mostró hostil y agresivo contra el acusado, el Sr. Ortiz. Eso lo declararía el Juez municipal, -siendo a nuestro juicio, para los efectos de resolver la moción, una declaración esencial y una prueba que descubrimos posteriormente.
“Juez. — Entonces el Fiscal estaría dispuesto a admitir que si viniera aquí el señor Nevares declararía eso?
“Fiscal. — Estoy dispuesto a admitir que el Sr. Nevares de venir aquí declararía eso.
“Defensor. — Para aclarar la situación, la estipulación es la siguiente, que de comparecer aquí el Juez Municipal de Fajardo, Sr. Nevares Santiago decla-i-aría que antes de los sucesos, en varias, ocasiones, y a petición del acusado en este caso, Sr. Aponte y en su presencia, en la propia corte citó al policía Ortiz y -en presencia del acusado le llamó la atención de las manifestaciones hostiles y de persecución que estaba realizando contra el Sr. Aponte.
“Fiscal. — A través de la información dádale a él por el acusado, pero en presencia de él.
‘ ‘ Defensor. — Sí, del acusado, y que en presencia del acusado lo amonestó que cesara esa persecución porque podría traer malas consecuencias, y en pre-sencia del propio juez, y contra el acusado, el policía Ortiz se mostró hostil, en actitud de no obedecer, ni admitió para dejar dicha persecución, en virtud de las indicaciones de dicho Magistrado.
‘ ‘ Juez. — Desde luego, a reserva de la contestación del Fiscal en cuanto a la estipulación, la parte que ve la Corte es la siguiente. El testigo Nevárez estuvo aquí declarando.
“Defensor. — Estuvo declarando, pero hacemos constar que era testigo del pueblo.
“Juez. — Como quiera que fuera.
“Defensor. — Y que -esa evidencia, o la realidad de esos hechos no habían llegado a noticias de este abogado.
“Juez. — Por eso, yo no lie terminado, y estuvo aquí declarando y pudo haber sido utilizado como testigo entonces para la prueba de estos lieclios por parte del acusado que los conocía. En segundo término, que no es posible admitir, S. S. lo sabe muy bien, en una moción de nuevo juicio, evidencia de esa naturaleza. Cuando la evidencia era conocida por el propio acusado, porque en su presencia fué que ocurrieron esos hechos, y lo que justificaría admitirla no era la negligencia, no era la ignorancia de esos hechos por el abogado, si-no la ignorancia de los hechos por el acusado, que no los ignoraba. De manera que la prueba sería absolutamente irrelevante, impertinente, inadmisible, inma-terial para una moción de nuevo juicio, en un procedimiento de nuevo juicio. Y por otro lado no hay nada en las alegaciones de la moción que tienda a la admisión de esa prueba.
“Defensor. — Sr. Juez, nosotros solicitamos que se enmiende la moción, sin embargo en la moción habla de nueva prueba descubierta por este abogado, y si no aparece específicamente esa alegación, solicitamos que la moción sea enmen-dada en el sentido de que tales hechos fueron descubiertos con posterioridad al proceso.
“Juez. — ¿Cómo pudieron haber sido descubiertos con posterioridad al pro-ceso cuando el acusado los conocía?
“Defensor. — En cuanto al conocimiento que tenía este abogado que dirigía el proceso.
“Juez.' — Está bien.
“Defensor. — Y que se enmiende la moción en el sentido de que el acusado por su condición de hombre del pueblo, ignorante y de no haber a su debido tiempo recordado estos hechos para informárselos a su abogado, este abogado que dirigía el proceso vino en conocimiento de esa evidencia con posterioridad a la terminación del proceso en este caso.
“Juez. — Con lugar la solicitud para enmendar en la forma en que ha sido expresada por el Letrado. ¿Hay alguna solicitud del Fiscal?
“Defensor. — A los efectos del récord en cuanto a la resolución del tribunal con respecto a la evidencia tomamos excepción.
“Juez. — Ha sido una expresión de criterio nada más.
“Defensor. — Está muy bien, Sr. Juez, entonces retirada.
“Fiscal. — El Fiscal va a hacer clara su posición en este caso como lo hace siempre, a los fines que persigue la defensa de producir el testimonio del Juez Municipal de Fajardo. El Fiscal acepta que de venir a declarar el Juez declararía eso.
“Juez. — Ya aparece eso.
“Fiscal. — Ya aparece eso. Ahora el Fiscal alega que.es improcedente, inmaterial e impertinente esta declaración a los efectos de conseguir un nuevo juicio. Estos hechos que se quieren traer a conocimiento de la Corte a través del testimonio del Juez Municipal de Fajardo de haber existido estaban en el conocimiento personal y eran del dominio absoluto y exclusivo del acusado.
“Defensor. — El compañero está reproduciendo el criterio de la Corte.
“Fiscal. — Indudablemente, si es que no cabe otro criterio porque me baso en la ley, es la ley elemental.
“Juez. — Yo lo que creo es que el propio letrado pensara en la misma forma.
“Defensor. — Yo discrepo del criterio del tribunal.
“Juez. — S. S. no discrepa, S. S. lo que hace es alegar que S. S. no conocía esos hechos.
“Defensor. — Pero entiendo que en dereclio todo es posible, porque uno es-pecula bajo los mismos códigos y nadie ha dicho la última palabra, y el propio Supremo, como el Supremo de los E. U. hay veces que ha dicho que no en una cosa como definitivamente establecida y unos años, después ha dicho que sí.
“Piscal.- — -Bueno, en cuestiones de nuevo.juicio la regla es la existencia de una prueba la cual era ignorada y estaba fuera del dominio del acusado y que a pesar de haber hecho todas las diligencias necesarias para probar su defensa no pudo nunca descubrir esa prueba y que ha .venido a descubrirla ahora con posterioridad al juicio cuando los hechos demuestran que de existir esa situación, existía y era del conocimiento del acusado.
“Juez. — ¿Entonces S. S. solicita la eliminación de la declaración?
‘ ‘ Piscal. — Indudablemente.
“Juez. — Una vez admitido que podría él declarar eso.
“Piscal. — Sí, señor.
“Juez. — Con lugar.
“Defensor. — ¿Con lugar qué?
“Juez. — El Piscal ha admitido que si viniera el testigo declararía tal como S. S. propuso la estipulación. Es como si hubiera venido el señor Nevares y hubiera declarado eso; él solicita la eliminación de la declaración y la Corte declara con lugar la moción de eliminación.
“Defensor. — Entonces solicito que quede como evidencia presentada y no admitida por el Tribunal.
“Juez. — Sí, señor, queda a los efectos del récord, la eliminación material nunca se permite.
“Defensor. — A los efectos del Supremo si no se lleva en esa forma, es una cosa inexistente, el Supremo ha dicho que ahora debe solicitar que conste que se ofreció y no se admitió. Se lleva como evidencia no admitida.
“Juez. — El resto de la moción.
“Defensor. — El Presidente del jurado.
“Declaración Bajo Juramento de José Beyes Beyes.
“Defensor:
“P. ¿Su nombre es?
“B. José Beyes Beyes.
“Juez. — ¿Se podría informar a la Corte sobre lo que va a declarar este testigo?
“Defensor. — Bueno, nosotros sabemos de que lo vamos a interrogar pero no sabemos lo que él contestará.
“Juez. — No me he sabido explicar entonces.
“Defensor. — Perdóneme el Tribunal.
“Juez. — ¿Sobre qué extremos de la moción?
“Defensor. — El testigo fué el Presidente del jurado que intervino en este caso de este acusado y cuando se estaba preguntando en sentido general, cuali-ficándole para jurado, en ningún momento contestó, por la información que nosotros tememos de su condición de policía insular pensionado, y si ese hecho lo hubiese él descubierto al preguntarle de su capacidad, actitud, temperamento, condiciones espirituales para juzgar este caso, lo hubiésemos rechazado porque pertenece, si es que es policía pensionado, a esa organización, y por el espíritu del cuerpo y de clase, no hay duda que le influenció, y estaba en una actitud completamente liostil a este acusado, y no liubo un juicio imparcial y justo contra él. Y lo que queremos establecer en el récord es si en realidad es un policía pensionado, según nos ha sido informado.
“Fiscal. — Si el propósito de la evidencia es ése, nosotros vamos, desde luego, no habíamos hecho ninguna moción a la Corte hasta que en el interro-gatorio fueran ocurriendo las preguntas, ir el Fiscal haciendo sus objeciones a la declaración del testigo, pero una vez esbozado en estos términos el propósito que persigue la defensa, el Fiscal se opone terminantemente a que el testigo declare sobre nada que se relacione con su actitud y conducta cuando formó parte del jurado que juzgó este caso: primero, porque es secreta la labor, la conducta del jurado en su deliberación cuando un.caso le es sometido para su resolución; y, además, porque la parte tuvo oportunidad, o de buscar si era posible la recusación motivada de este jurado, y una vez aceptada su capacidad para actuar como tal jurado, tuvo la oportunidad de haberle recusado peren-toriamente y no lo hizo, y si mal no recuerdo entre los primeros señores jurados que se sortearon y fueron juramentados estaba el Sr. Reyes, fué aceptado por la defensa, y no vemos en qué forma podría esto influir en la mente del juzgador para que basándose en una declaración como la que esboza la defensa fuese a conceder la gracia de un nuevo juicio.
“Defensor. — Sr. Juez, nosotros no queremos penetrar en la decantada y ca-careada realidad de que las deliberaciones del jurado son sagradas. No que-remos penetrar en eso. No nos gustan las cosas sagradas, ni queremos entrar en un lugar santo protegiendo y deseando todo lo sagrado, pero nosotros lo que queremos es establecer en el récord que este señor a pesar de ser policía pensionado perteneciente a la organización a que pertenecía y pertenece también Ortiz, que es un policía pensionado, mientras se estaba preguntando la actitud y condiciones para jurados, en ningún momento descorrió y descubrió esa con-dición y ese hecho lo ponemos en el récord a los efectos de lo que pueda juzgar el tribunal. No somos nosotros los que vamos a penetrar en las sagradas cir-cunstancias de esas deliberaciones, no; es la Corte la que tiene que pesar si un policía que es el presunto perjudicado, y hay un acusado de haberlo agre-dido, si un jurado de policías sería bueno para juzgar a ése que dice que agredió o mutiló a un policía. Eso no es nada más que para el aspecto humano, y el aspecto legal que por ejemplo se asesine a un barbero de la localidad a ver si es bueno un jurado de barberos de la localidad para juzgar al acusado.. De manera que no es nada más que establecer un hecho sin penetrar en lo que él hizo. Ya eso se deducirá, ya eso lo dirá la ley, y ya eso lo dirá el tribunal, la actitud del testigo en el jurado, juzgando a un' hombre que agredió y mutiló a un policía. Eso es para el Tribunal y eso es para la moción de nuevo juicio.
“Juez. — Entonces examinado el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente, en su edición de 1935, y considerando el apartado A de la moción de nuevo juicio, se declara con lugar la oposición del Fiscal.
“Defensor. — Queremos establecer Sr. Juez en el récord, y pedimos la re-consideración, porque el Supremo ha dicho que ningún argumento con poste-rioridad a la resolución debe pedirse que se reconsidere a los efectos de esta-blecer los fundamentos nuestros. Sr. Juez, tenemos llamado por el Tribunal al testigo José Reyes Reyes, que alegamos en nuestra moción es un policía pen-sionado. Está sentado en la silla de los testigos debidamente juramentado. Este testigo pertenece al cuerpo de la policía, no solamente formó parte del ju-ráelo sino que fué nombrado Presidente del Jurado por este Hon. Tribunal. Sostenemos Sr. Juez que en ningún momento, en el examen que se le hizo mani-festó que pertenecía al cuerpo de la policía insular, y sostenemos que se guardó eso con el propósito de influenciar en el jurado y hacer que se trajera el vere-dicto que se trajo de culpabilidad contra este acusado Aponte a pesar que la evidencia de la defensa es superior y no fué controvertida, en relación a la evidencia del Pueblo de Puerto Rico, y solicitamos que se nos permita interrogar a este testigo para demostrar tales extremos.
1 ‘ Juez. — La Corte ha basado su negativa en la consideración que ha dado al apartado A de la moción de nuevo juicio y en lo que prescribe el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal, sobre los nuevos juicios, y además en las primeras manifestaciones del letrado, que eoncuerdan fundamentalmente con las últimas, porque entiende la Corte que no es procedente, ni es suficiente lo que el letrado dice enmendando o adicionando su moción con lo que acaba de decir, si eso es posible, porque ello convierte la declaración de este testigo en inadmisible en este procedimiento.
"Defensor. — Queremos llamar la atención al Tribunal que basamos nuestra moción en que el veredicto es contrario a la ley y a la prueba, y entendemos que un jurado que pertenece a la misma clase de la que se dice el perjudicado, esa condición de policía es un aspecto ilegal de este procedimiento y a los efec-tos del récord tomamos excepción de la resolución del tribunal. Ahora señor Juez solicitamos que se cite al joven Nicolás García que está en la Mercantil Buxó Hnos. me parece.
"Juez. — {Con relación a qué apartado?
"Defensor. — Va a declarar que estando en el día de autos y en la obra en que se dice ocurrieron los hechos vió cuando el policía Ortiz innecesariamente persiguió a este hombre que iba en marcha contraria, lo registró, y entonces cuando sé iba le echó mano al revólver para disparar y este hombre corrió y se parapetó detrás del poste de la luz que había en la calle, vió cuando después de haberle disparado dos veces en que mascaron las balas y no salieron, cuando se le fué para encima con el gatillo montado, entonces fué que este hombre en defensa propia hizo su disparo que cogió al policía.
"Juez. — Tratándose de evidencia meramente acumulativa a la presentada por el acusado, sería justo y lógico, primero, antes de citar a este testigo y de oírle, ver las diligencias -hechas por el acusado para conseguir esa prueba, sin posibilidad de encontrarla.
"Defensor. — Hacemos constar al Tribunal, y si -el Tribunal lo desea lo haré constar bajo juramento que estando almorzando el día del proceso llegó la noticia de que ese testigo había observado y visto todos los hechos, y ese día él no pudo ser encontrado para ser citado ante el Tribunal, y estaba ya en una etapa el procedimiento que no se podía aguardar más, y después del pro-ceso entonces este abogado habló con ese. testigo, y efectivamente le declaró todo lo que había visto.
"Juez. — La interrogación de la Corte es la siguiente: jai el acusado de-claró, y declararon sus testigos en esa misma forma, en qué puede influir para un nuevo juicio una evidencia meramente acumulativa?
"Defensor. — Nosotros entendemos que eso sería para considerarlo el jurado y que es posible que el jurado por una abrumadora preponderancia de pruebas la tuviera en consideración y toda vez que los señores del jurado son los únicos jueces de la prueba, no sabemos Sr. Juez ni podemos penetrar en el ambiente esotérico de lo que ellos habían de pensar y juzgar con respecto a esa evidencia. De..manera que nosotros sostenemos que el Tribunal a los efectos de nuevo juicio no podría calificar ni cualificar la evidencia con el epigrama de que fuera acu-mulativa porque los únicos jueces de la prueba en estos casos, en juicios por jurado, es exclusivamente el jurado, y no sabríamos la forma en que ellos habían de conducir estos hechos proyectados de la evidencia en la silla testifical y oído por los Sres. jurados.
“Fiscal. — A pesar de que el Juez en cualquier momento de un juicio cuando' se está produciendo evidencia de carácter acumulativo, como un caso que está viendo el juez puede en su discreción y en el cumplimiento de sus deberes al conducir el juicio suspender toda aquella evidencia que sea de carácter acumu-lativo.
■ “Defensor. — Sostenemos que esa facultad la tiene el Tribunal solamente en juicios por tribunales de derecho pero nunca en tribunales de hecho.
“Juez. — El principio que rige en estos procedimientos, invariable, necesa-riamente, sin el cual se destruiría y caería por su base la estructura del derecho procesal penal, es el de que para que la evidencia nuevamente descubierta sea suficiente para determinar la reapertura de un caso y un nuevo trámite de juicio, esa evidencia no debe ser meramente corroborante o acumulativa; debe ser una evidencia absolutamente nueva, que no venga a versar sobre los mismos hechos sobre los cuales otros testigos han declarado en idéntica forma. Ese es el prin-cipio general, que es invariable, tanto en juicios por jurado como en juicios ante los tribunales de derecho. La Corte cree que es sano, que de no sostenerse esa doctrina, de no tener fuerza esa doctrina, de restársele vigor, sería un entorpeci-miento para la terminación definitiva de las acciones penales y sería ello por consiguiente grandemente lesivo al orden social.
“Defensor. — ¿Qué resuelve entonces el tribunal?
“Juez. — Resuelve no admitir la declaración.
“Defensor.' — Tomamos excepción, Sr. Juez. Y en cuanto a las instrucciones, en cuanto a la admisión de los expedientes penales, nosotros entendemos que el Tribunal cometió un error que perjudicó al acusado y que llevó influencias no-civas para el acusado al ánimo de los Sres jurados. Esos expedientes eran fran-camente inadmisibles. No bastó tampoco la instrucción de la Corte, Sr. Juez, para aminorar todo el daño que la admisión de esos expedientes hicieron al acu-sado. El daño fué hecho y la explicación del tribunal no fuá para retirarlos sino para admitirlos y explicó en qué sentido se admitían. Nosotros sostenemos que esos expedientes eran francamente inadmisibles y que ninguna instrucción por evangélica y cristiana que fuera podía curar el daño realizado por esos expe-dientes. Sostenemos además, como cuestión de derecho, que las preguntas del Fiscal con respecto al temperamento ha proyectado en la conciencia del jurado, digo, con respecto a proyectar en la conciencia del jurado que el acusado era de un temperamento violento ha lesionado también profundamente los derechos del acusado y violado esas preguntas, a pesar de ser resueltas como inadmisibles por la Corte, violaron la doctrina del Tribunal Supremo de P. R. establecida en el caso del Pueblo v. Valle, 29 D.P.R. 555, en que se le impone el deber al Fiscal de conducir sus casos estrictamente de acuerdo con la ley, y no hacer ninguna pregunta que sabiendo que es inadmisible trae perjuicios para los acusados. Por esa misma actitud del Fiscal en el caso del Pueblo v. Valle, de hacer preguntas irrelevantes aunque eran desechadas por la Corte en su mayor parte, por ese mismo motivo se revocó la sentencia de presidio dictada contra Manuel Valle por un supuesto delito de escalamiento en primer grado. Soste-nemos Sr. Juez que por esos motivos la Corte debe conceder un nuevo juicio a este acusado, por las manifestaciones últimamente indicadas, y además porque no creemos en la justicia del veredicto dado por un jurado cuyo presidente pertenece al mismo cuerpo del presunto policía perjudicado.
“Juez. — Entonces el Fiscal va a contestar.
“Fiscal. — Una parte de la argumentación está consignada por escrito.
‘ ‘ Juez. — Entonces se resolverá. Al resolverse, si acaso fuese adversa la resolución en el procedimiento se fijará la feolia para la sentencia.”

PoR cuanto, tampoco encontramos error alguno en la resolucón de la Corte de Distrito denegando la moción sobre nuevo juicio:

PoR tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en octubre 22, 1937.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: Juez Asociado Sr. Hutcbison.)

text:
    Núm. 7227.
    Pueblo, apldo. v. Torres, aplte.
    C. D. Guayama.
    Diciembre 14, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutcbison.)

Por Cuanto, la sección 2 de una ley para reglamentar el peso de los bollos de pan que se vendan u ofrezcan en venta en Puerto Rico, y para otros fines”, aprobada en 12 de abril de 1917 (Leyes de ese año, Tomo I, pág. 129) disponía que:

“Todo pan que se venda o se ofrezca para la venta en Puerto Rico, y cuyo peso sea mayor o menor que el que se establece para la unidad 'tipo' o sea una libra 'avoirdupois’ ó 453 gramos, deberá llevar un rótulo claro e inte-ligible, en inglés o castellano, con el peso correcto y el nombre del fabricante;... ”

Por cuanto, la misma sección tal como quedó enmendada en 1921 (Leyes de ese año, pág. 167), lee en parte como sigue:

“Todo pan que se venda o se ofrezca o exhiba para la venta en Puerto Rico deberá ser envuelto en una bolsa de papel y llevar sobre la misma un rótulo claro e inteligible, en castellano, con el peso correcto y el nombre del fabricante

Por cuanto, en una denuncia radicada en una corte municipal por un inspector insular de pesas y medidas, Marcelo Torres fué acusado de una infracción de dicha sección tal como quedó enmendada, cometida de la manera siguiente:

“Que en 8 de diciembre de 1937, y en la calle José de Diego de Cayey, P. R. del Distrito Judicial Municipal de Cayey, P. R. que forma parte del Distrito Judicial de Guayama, P. R., el referido acusado, Marcelo Torres, voluntaria e ilegalmente exhibía para la venta y vendía una cantidad de bollos de pan, sin que dichos bollos de pan estuviesen rotulados con el nombre del fabricante, peso y precio del bollo, según lo determina la sección de ley arriba citada. El acusado es reincidente. Eué sentenciado por igual delito que el que en esta denuncia se le imputa por la Corte Municipal de Cayey, P. R., en noviembre 16, 1937, en cuatro casos, en cada uno de los cuales fué sentenciado a pagar una multa de $1.00 y costas, sentencia ésta que quedó firme por haber sido satisfechas las multas impuestas y por no haber sido apelada para ante una corte superior o de distrito.
“Hecho contrario a la ley.”

Por Cuanto, el único señalamiento es el siguiente:

‘ ‘ Erró la corte de distrito al desestimar la excepción previa del acusado alegando que los hechos que se le imputan no constituyen delito público. ’ ’

Por Cuanto, aún en el caso de una acusación formal presentada por un fiscal de distrito, lo único que xige el inciso segundo del ar-tículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal es:

“2. Una exposición de los actos constitutivos del delito, en lenguaje con-ciso y corriente, y redactada de tal modo que cualquier persona de inteligencia común pueda entenderla. ’ ’

Por cuanto, la denuncia en el caso de autos cumple con tal requisito.

Por TANTO, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Guayama en abril 8, 1938.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7228.
    Pueblo, apldo. v. Torres, aplte.

    C. D. Guayama.
    Diciembre 15, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, el único señalamiento es que:

“La corte cometió error al desestimar la excepción perentoria del acusado.”

Por cuanto, la teoría del apelante tal como aparece de su alegato, es la siguiente:

“A nuestro juicio hay un solo hecho»en controversia, a saber: que el pan que exhibía y vendía Miguel G-rataeós Vázquez como dueño y Marcelo Torres como vendedor de Miguel Gratacós estaba incompleto. La denuncia contra ambos acusados es por un delito de infracción a la Seo. 2 de la Ley Núm. 13 de abril de 1917.
“La Sección 2 de la Ley Núm. 13 de 1917, enmendada por la Ley Núm. .25 de junio 11 de 1921. Más o menos la Sección 2 en ambas leyes dice lo siguiente: ‘Todo pan que se venda y se ofrezca o exhiba para la venta en Puerto Rico deberá ser envuelto en una bolsa de papel y llevar sobre la misma un rótulo claro e inteligible en castellano, con el peso correcto y el nombre del fabricante. ’
“En la denuncia se alega que los acusados, Miguel Gratarás Vázquez y Marcelo Torres, exhibían para la venta y vendían una cantidad de bollos de pan cuyo peso correcto por bollo de acuerdo con el rótulo que aparece estampado en la envoltura de cada uno de dichos bollos de pan debía ser de una libra, etc.
“Si ellos han sido denunciados por una infracción a la Seo. 2 de la Ley de 1917, enmendada por la Ley de 1921, en virtud de la cual constituye delito no llevar cada bollo de pan envuelto en una bolsa de papel con un rótulo claro e inteligible, nos encontramos con que hay una incongruencia esencial entre el delito que se imputa a los acusados y la forma en que éste se cometió, ya que de la propia denuncia aparece que el pan que’ vendían los acusados estaba envuelto y que en la envoltura de cada bollo aparecía un rótulo con el peso del pan, y por consiguiente a los acusados no se les imputará prima facie la comisión del delito descrito en la sección 2 de las Leyes de 1917 y 1921.
“Entendemos por tanto que la excepción perentoria del acusado Marcelo Torres debió prosperar. ’

Por cuanto, no estamos conformes ni encontramos incongruencia alguna entre el delito que se imputa a los acusados y la forma en que éste, según la denuncia, se cometió, — resultando claramente por el contrario de la faz de la denuncia que el delito que se imputa al acusado es vender pan falta de peso y no haber dejado de rotularlo, como se le imputa en el caso Núm. 7227 de este Tribunal, resuelto en el día de ayer (ante, pág. 1019).

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Guayama en abril 8, 1938.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7229.
    Pueblo, apldo. v. Torres, aplte.
    C. D. Guayama.
    Diciembre 15, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por los motivos expresados en la sentencia dictada en el día de hoy en el caso Núm. 7228, El Pueblo de Puerto Rico v. Marcelo Torres (ante, pág. 1020), se confirma la sentencia que dictó la Corte de Distrito de Guayama en abril 8, 1938.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

RECONSIDERACIONES DENEGADAS POR EL TRIBUNAL DURANTE EL Período que Cubre el Presente Toiho


text:
    Núm. 7191.
    Pueblo, apldo. v. Torres, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 24, 1938.
   Por cuanto, Aquino 'Torres Reyes fué acusado de los delitos de homicidio y portar armas, y celebrado el juicio de su causa,, fué con-denado en junio 25, 1937, a sufrir un año de presidio por el primer delito y u-n mes de cárcel por el segundo, y habiendo apelado de las sentencias y obtenido el beneficio de pobreza para tramitar su ape-lación el taquígrafo solicitó para preparar la transcripción de la evidencia una prórroga que venció en agosto 1, 1937, sin que desde entonces se realizara acto alguno para perfeccionar el recurso; y

■ Poe cuanto, nueve meses después acudió a esta Corte Suprema pidiéndole un nuevo término para radicar en la corte sentenciadora la transcripción de la evidencia y como no alegara hechos demostra-tivos de que su apelación fuera meritoria su petición fué denegada el diez de mayo actual; y

PoR CUANTO, el veinte de mayo en curso ha presentado una mo-ción de reconsideración acompañada de una declaración jurada de Armando A. Miranda, abogado que lo defendiera en el juicio, que narra los hechos que se le imputaron y asegura que debió ser ab-suelto por haberse demostrado que actuó en legítima defensa; y

Por cuanto, dada la forma en que aparece redactada la decla-ración jurada, la Corte no ha quedado de tal modo impresionada que se sienta justificada en autorizar nuevos términos que permitan tra-mitar una apelación que se tuvo abandonada por nueve meses;

Por tanto, se declara no haber lugar a reconsiderar la resolu-ción de mayo diez en curso negando la concesión de un nuevo tér-mino para archivar en la Corte de Distrito la transcripción de la evidencia.

En los siguientes casos también se declaró no haber lugar a las reconsideraciones solicitadas:

Núms. 6934, 6935, 7191 y 7355.

(B) DESESTIMACIONES

(a) EN GENERAL


text:
    Núm. 7193.
    Pueblo, apldo. v. Ramos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 20, 1938.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por Cuanto, en el caso, número 7167, seguido por El Pueblo de Puerto Rico contra Juan Martínez, este Tribunal con fecha de hoy desestimó la apelación que contra la sentencia de la Corte de Dis-trito de San Juan interpuso el acusado en dicho caso;

Por Cuanto, en el caso arriba expresado, seguido por El Pueblo de Puerto Rico contra José Ramos Encarnación, las cuestiones en-vueltas son exactamente las mismas que las resueltas en el caso se-guido contra el acusado Juan Martínez;

Poe taNto, por la autoridad del caso de El Pueblo v. Juan Martínez, núm. 7167, (ante, pág. 578), se desestima el recurso de ape-lación que en este caso interpuso el acusado José Ramos Encarna-ción contra la sentencia impuéstale por la Corte de Distrito de San Juan en 8 de septiembre de 1936, que le condenó al pago de una multa de $50 o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar.


text:
    Núms. 6995, 6996, 7001 y 7002.
    Pueblo, aplte. v. Armour Fertilizer Works, apldo.
    C. D. San Juan.
    Mayo 25, 1938.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida para fundar las resoluciones dictadas en los recursos núms. 6965, 6970, 6971, 6976, 6977, 6980 y 6981, El Pueblo v. Armour Fertilizer Work, sobre in-fracción al artículo 8 de la Ley de Abonos (ante, pág. 218) Ley Núm. 36 de 1934 enmendada por la Núm. 20 de 1935— se desestima la apelación interpuesta en estos casos.

(b) FALTA DE DILIGENCIA O BUENA FE EN LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO

Los siguientes casos fueron desestimados por el fundamento (b) antes expresado:

Núms. 6957, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 702*7, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7037, 7038, 7039, 7040, 7041, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 7048, 7050, 7051, 7054, 7055, 7056, 7057, 7058. 7059, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081* 7082, 7083, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7165, 7166, 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7191, 7194, 7195, 7196, 7197, 7198, 7199, 7200, 7202, 7209, 7210, 7212, 7219, 7220, 7235, 7236, 7355, 7381, 7385, 7386, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392,'7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7446, 7447, 7448, 7449.

(c) FALTA U OMISION DE NOTIFICAR EL ESCRITO DE APELACIÓN AL APELADO


text:
    Núm. 6943.
    Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Abril 25, 1938.
   Llamada hoy para vista la moción para desestimar por falta de jurisdicción, visto el escrito del apelante y la certificación acompa-ñada de cuyo texto aparece que fué notificado el recurso de apelación al fiscal de distrito y oído el fiscal de este Tribunal, se declara sin lugar la moción de desestimación.

Los siguientes casos fueron desestimados por el fundamento (c) antes expresado:

Núms. 7065, 7066, 7114, 7121, 7122, 7142, 7143, 7144, 7145, 7181, 7182, 7183, 7184, 7185, 7190, 7201, 7206, 7207, 7208, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7225 y 7352.

(d) FRIVOLIDAD DE RECURSOS

Los siguientes casos fueron desestimados por el fundamento (d) antes expresado:

Núms. 6636, 6637, 66.46, 6678, 6682, 6683, 6686, 6690, 6719, 6732, 6733, 6734, 6735, 6737, 6744, 6746, 6772, 6773, 6781, 6785, 6790, 6793, 6794, 6814, 6824, 6825, 6827, 6854, 6855, 6856, 6857, 6859, 6876, 6881, 6892, 6893, 6904, 6905, 6910, 6918, 6922, 6925, 6930, 6949, 6950, 6951, 6953, 6954, 6955, 6958, 6960, 6964, 6975, 6978, 6985, 6987, 6997, 7099, 7137 7138, 7146, 7149.

(e) FALTA DE JURISDICCIÓN APELATIVA

Por falta u omisión de notificar el escrito de apelación al apelado. Véase ante II (c).

(c) Desistimientos

(a) CASOS EN QUE SE TUVIERON POR DESISTIDOS A LOS APELANTES, A SU PROPIA INSTANCIA, DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS

Núms. 6792, 6813, 6942, 6969, 6989, 6990, 7063, 7068, 7100, 7102, 7103, 7104, 7106, 7108, 7110, 7113, 7123, 7133, 7135, 7136, 7139, 7148, 7150, 7151, 7155, 7162, 7163, 7164, 7175, 7176, 7177, 7188, 7189, 7205, 7230, 7234, 7245, 7248, 7250, 7252, 7253, 7254, 7255, 7265, 7266, 7268, 7271, 7274, 7275, 7277, 7280, 7281, 7282, 7285, 7286, 7287, 7291, 7293, 7295, 7296, 7297, 7303, 7305, 7306, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7326, 7332, 7334, 7335, 7337, 7346, 7356, 7357, 7363, 7364, 7367, 7369, 7375, 7382, 7408, 7409, 7412, 7413, 7418, 7419, 7420, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7464, 7465, 7475, 7476, 7477, 7479, 7481, 7484, 7488, 7489, 7492, 7858 y 6961.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Beltrán Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 6756.

    Sometido: Diciembre 7, 1938.

      Resuelto: Diciembre 16, 1938.

      C. Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. González Blanes, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal de la Corte -de Distrito de Bayamón formuló la siguiente acusación contra José Beltrán Ortiz;

“El Fiscal formula acusación contra José Beltrán Ortiz por una infracción al Art. I de la Ley prohibiendo Portar Armas, de junio 25, 1924, misdemeanor, cometida como sigue:
“El referido acusado allá por el día 17 de enero de 1936, y en el poblado Vista Alegre, en la vía pública, de la ciudad de Baya-món, P. R., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nom-bre, ilegal y voluntariamente portaba y conducía un revólver, siendo éste un arma con la cual puede causarse daño corporal.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de ‘El Pueblo de Puerto Rico.’

Oída la prueba, se le condenó a sufrir la pena de tres . meses de cárcel, y no estando conforme, apeló para ante este Tribunal.

Por razones que surgen de dos opiniones de este tribunal emitidas en relación con el caso de autos, publicadas, una en el volumen 52, pág. 555, y en el volumen 53, pág. 164, la otra, pero que no son abora de rigor, la prueba ba sido elevada en forma de estipulación entre el fiscal y el abogado del acu-sado, con la aprobación del juez de la corte sentenciadora. En lo pertinente dice así:

“Estipulación. — Comparecen el Fiscal de Distrito y el abogado del acusado y, a los efectos de la apelación establecida en la causa arriba intitulada, estipulan que los hechos probados en el juicio de la misma son los siguientes:
“1. Que el acusado allá para el día 17 de enero de 1936 y desde algún tiempo antes era dueño de un establecimiento comercial ubi-cado en el poblado ‘Vista Alegre’ de Bayamón.
“2. Que para esa fecha y desde hacía algún tiempo el estableci-miento aludido venía siendo objeto de una serie de escalamientos, siéndole hurtados bienes de la propiedad del acusado y pertenecien-tes a la existencia de artículos que en el repetido establecimiento había.
“3. Que el día antes del de autos y en varias otras ocasiones el acusado oportunamente dió cuenta a las autoridades públicas corres-pondientes de estos actos de escalamiento y hurto.
“4. Que, asimismo, dicho acusado optó por permanecer durante la noche en el establecimiento referido para proteger la propiedad suya y evitar la repetición de los actos que venían realizándose, y, el 17 de enero de 1936, a altas horas de la noche, sorprendió dentro de su dicho establecimiento a Dolores García cometiendo hurto y es-calando el mismo.
“5. Que el acusado persiguió al escalador dentro del estableci-miento haciéndole varios disparos con un revólver, y habiendo lo-grado éste abrir una de las puertas y salir huyendo a la calle el acusado lo persiguió fuera del local, y salió a la calle todavía dis-parándole con el revólver. Los disparos que hizo en la calle fueron dos mientras Dolores García continuaba su fuga.”

Alega el acusado apelante en sn alegato, qne es incorrecta la interpretación qne el tribunal inferior ha hecho del dere-cho y equivocada la aplicación qne hizo de la ley a los hechos establecidos. A nuestro juicio tiene razón. El caso es muy parecido al de El Pueblo v. Bosch, 43 D.P.R. 741, y en aquel caso se dijo:

“¿Dejó el apelante de ser tal celador cuando a fin de reprender o reprimir a unas personas que se estaban llevando la yerba de la finca de su patrono, él fué a la carretera? Creemos que no. Pene-trar en la vía pública bajo tales condiciones caía claramente dentro de sus deberes. Si tenemos razón en nuestra contención de que un celador tiene derecho a usar una pistola mientras desempeña sus de-beres, se colige que el hecho de que el celador saliera a la vía pú-blica fué un acto que caía enteramente dentro de la esfera de su empleo o de las atribuciones del mismo.”

En los casos de El Pueblo v. Rodríguez, 43 D.P.R. 749, y El Pueblo v. García (a) El Perla, 52 D.P.R. 297, se discute la regla establecida en el de Bosch, aún cuando no se aplicó a ellos por ser sus hechos distintos.

Bebe revocarse la sentencia.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.