source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Integración de Salas de Despacho.

      Número: ES-2014-01

      Resuelto: 14 de abril de 2014
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRAAp. XXI-B, se constituyen las siguientes Salas de Despacho para funcio-nar mientras el Pleno esté compuesto de ocho Jueces y Juezas:

Primera Sala de Despacho:

Hon. Liana Fiol Matta, presidenta

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Hon. Mildred G. Pabón Charneco

Hon. Roberto Feliberti Cintrón

Segunda Sala de Despacho:

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez, presidenta

Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo

Hon. Edgardo Rivera García

Hon. Luis F. Estrella Martínez

Si surge un empate en la votación de alguna de las Salas de Despacho, se designará a otro Juez o a otra Jueza que no forme parte de la sala en la que surgió el empate, en orden sucesivo de antigüedad.

Publiquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Rafael Doitteau Cruz.

      Número: TS-5827

      Resuelto: 29 de abril de 2014

      María C. Ortjz Toral, procuradora general auxiliar, y Karla Z. Pacheco Alvarez, subprocuradora general; Hiram R. Morales Lugo y Jaime A. Santos Santiago, abogados de Rafael Doitteau Cruz; Rafael Doitteau Cruz, pro se.

   per curiam:

Nos corresponde suspender provisional-mente a un miembro de la profesión legal que fue encon-trado culpable por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, de cometer cuatro delitos graves. Por los he-chos y fundamentos que discutimos a continuación, orde-namos la suspensión provisional del Ledo. Rafael Doitteau Cruz.

I

El licenciado Doitteau Cruz fue admitido al ejercicio de la profesión legal el 14 de abril de 1978. El 8 de mayo de 1978 fue autorizado a ejercer la notaría.

El 20 de marzo de 2014, el licenciado Doitteau Cruz presentó un escrito ante este Tribunal mediante el cual informó que el 14 de marzo de 2014 un Jurado de la Región Judicial de Mayagüez lo encontró culpable de tres cargos graves de actos lascivos bajo el Art. 144 del Código Penal de 2004, 33 LPRA see. 4772 (ed. 2010), y de un cargo grave de actos lascivos e impúdicos bajo el Art. 105-A del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. ant. 4067. Estos delitos fue-ron cometidos en contra del menor de edad MAMS. Solicitó que se le suspendiera del ejercicio de la práctica legal y notarial. Incluyó la resolución del Tribunal de Primera Ins-tancia, Sala Superior de Mayagüez, en la que se recoge el veredicto de culpabilidad.

El 4 de abril de 2014, la Procuradora General compare-ció ante nosotros y solicitó que suspendiéramos provisio-nalmente al licenciado Doitteau Cruz hasta tanto advi-niera final y firme el dictamen del foro primario. Argumentó que los delitos por los cuales el licenciado Doi-tteau Cruz fue declarado culpable implican depravación moral.

I — I I — I

Este Tribunal tiene la facultad inherente de regla-mentar el ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción y de desaforar o suspender a los abogados que no sean aptos para ejercer la profesión. In re Martínez Maldonado, 185 DPR 1085, 1087 (2012); In re Morell Corrada, 171 DPR 327, 330 (2007); In re González Díaz, 163 DPR 648 (2005). Esta facultad no se limita a aquellas causas que surjan con motivo del ejercicio de la profesión; basta con que la conducta desplegada por el abogado afecte sus condiciones morales y, de esa forma, lo haga indigno de ser miembro de este Foro. In re González Díaz, supra, pág. 651.

La Ley de 11 de marzo de 1909, 4 LPRA see. 735, establece que un abogado que sea hallado culpable de engaño, conducta inmoral, delito grave o delito menos grave, en conexión con el ejercicio de su profesión, o que sea culpable de cualquier delito que implique depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de la profesión. Véanse, además: In re Dubón Otero, 159 DPR 550 (2003); In re Andújar Figueroa, 156 DPR 873 (2002).

Este Tribunal ha definido “depravación moral” como una actuación contraria a la justicia, a la honradez, a los buenos principios o a la moral. In re Falcón López, 189 DPR 689 (2013); In re Toro Goyco, 170 DPR 432, 436 (2007); In re Vega Morales, 167 DPR 331, 335 (2006); In re Piñero Martínez, 161 DPR 293, 295-296 (2004).

La depravación, hemos dicho, es “un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias”. Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 DPR 423, 430 (1966). Véase, además, In re García Quintero, 138 DPR 669, 671 (1995).

III

Luego de examinar el expediente, concluimos que la conducta por la que fue declarado culpable el licenciado Doitteau Cruz es constitutiva de depravación moral. Su conducta afecta directamente sus cualidades morales y lo hacen indigno de pertenecer a este Foro. Ahora bien, su convicción no es final y firme. Por eso, decretamos la sepa-ración provisional del licenciado Doitteau Cruz del ejercicio de la abogacía y de la notaría, y se ordena que su nombre sea borrado del registro de abogados autorizados a ejercer la profesión en nuestra jurisdicción.

El licenciado Doitteau Cruz deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar con su represen-tación y deberá devolver los expedientes y honorarios reci-bidos por trabajos no rendidos en los casos pendientes. Ade-más, deberá notificar oportunamente la suspensión que hoy se ordena a los foros judiciales y administrativos en los que tenga un caso pendiente. Las gestiones antes descritas de-berán ser certificadas a este Tribunal dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión. Además, se ordena al Alguacil General de este Tribunal que incaute la obra notarial del licenciado Doitteau Cruz.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco concurrió sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Interina Señora Fiol Matta no intervino. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervino.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez. Juez Asociado Señor Martínez Torres,

text:
    Eliezer Santana Báez, peticionario, v. Administración de Corrección, recurrida.

      Número: MO-2014-5

      Resuelto: 12 de mayo de 2014

      Eliezer Santana Báez, peticionario.
   SENTENCIA

(Regla 50)

Examinado el escrito titulado “Certiorari y auxilio de jurisdicción” y la “Urgente comparecencia especial”, pre-sentadas por el Sr. Eliezer Santana Báez, en virtud de la facultad que nos confiere la Regla 50 de nuestro Regla-mento, 4 LPRAAp. XXI-B, se acoge como una petición de “certiorari”, se expide el auto solicitado y se dicta Sentencia mediante la cual revocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones de 31 de enero de 2014 —notificado el 7 de febrero de 2014— solo en cuanto a la orden para que el peticionario deposite $50 en sellos de rentas como sanción.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió una opinión de conformidad. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón. La Jueza Presidenta Interina Señora Fiol Matta no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez.

El mandato de acceso a la justicia no puede quedarse en meros discursos. Hay que poner la palabra en la acción. Por eso no procede la desestimación.

En el caso de autos, el Sr. Eliezer Santana Báez, quien se encuentra confinado, presentó un “Certiorari y auxilio de jurisdicción” y una “Urgente comparecencia especial”, mediante los cuales solicitó la revisión de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 31 de enero de 2014 —notificada el 7 de febrero de 2014— en el caso KLRA201301160 ante ese tribunal.

En síntesis, sostiene que el foro intermedio erró al con-firmar la suspensión de visitas, la recreación activa y la comisaría como medida disciplinaria que aplicó la División de Remedios Administrativos del Departamento de Correc-ción y Rehabilitación. A su vez, señala que el Tribunal de Apelaciones le impuso una sanción de $50 por presentar el recurso de revisión al concluir que era un recurso frívolo y le advirtió que incumplir con el pago podría conllevar que fuera sancionado con pena de cárcel por desacato. Como consecuencia, el señor Santana Báez solicitó la paraliza-ción del dictamen recurrido en cuanto a la sanción impuesta. No obstante, a pesar de que la petición del señor las reglas procesales. Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 Santana Báez alude a exhibit, el documento que tramitó la Administración de Corrección y Rehabilitación no incluye la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de la cual se recurre.

Entiendo que el hecho de que la documentación trami-tada por conducto de la agencia no contenga una copia de la sentencia emitida por el foro recurrido, no constituye un impedimento real y meritorio que impida a este Tribunal atender el caso en los méritos, a la luz de las circunstan-cias particulares del reclamo que nos ocupa.

Tal visión encuentra apoyo en la política pública incorporada en la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 LPRA sec. 24 et seq.), que reconoce la responsabilidad de propiciar a toda la ciudada-nía el acceso inmediato y económico a un sistema de justi-cia sensible a la realidad de los distintos miembros de la sociedad. Exposición de Motivos de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 2003 (2003 Leyes de Puerto Rico 971); Fray a v. A.C.T., 162 DPR 182, 189 (2004). Así, el Art. 1.002(a) de ese estatuto dispone, en lo pertinente, que la Rama Judicial será “accesible a la ciu-dadanía; prestará servicios de manera equitativa, sensible y con un enfoque humanista [...]”. (Énfasis suplido). 4 LPRA sec. 24a. Como consecuencia, existe una política de apertura a los tribunales que propicia la atención en los méritos de los recursos ante nuestra consideración. Por ello, incumplir con nuestro reglamento no necesariamente provoca un impedimento real y meritorio que nos impida atender el caso en los méritos. Véase Román et als. v. Román et als., 158 DPR 163, 167-169 (2002). La razón para esto es que se busca conciliar el deber de las partes de cumplir con los reglamentos procesales y el derecho esta-tutario de todo ciudadano a la revisión.

Ciertamente, las partes están obligadas a cumplir con las disposiciones reglamentarias y el que comparezcan por derecho propio, por sí, no justifica el incumplimiento con (2003). Sin embargo, no es menos cierto que, en ocasiones anteriores, este Tribunal ha considerado la realidad de los reclusos que litigan sus causas por derecho propio para crear un justo balance entre lo procesal y el acceso a la justicia. De esta forma, hemos evitado que la aplicación automática e inflexible de los requisitos reglamentarios prive a un litigante de su derecho de acceso a los tribunales. Véase Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314, 322 (2009). El hecho de que haya que cumplir con las disposiciones reglamentarias no implica una “adhesión inflexible” a los reglamentos. Gran Vista I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 174, 186 (2007); Rodríguez v. Sucn. Martínez, 151 DPR 906, 913 (2000).

Al momento de evaluar si procede la petición del señor Santana Báez se debe considerar que el principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico es el acceso a la justicia. Así, en el caso de confinados que comparecen pro se, nada impide que este Tribunal tome conocimiento judicial de hechos adjudicativos de fácil corroboración. La ra-zón para esto consiste en que la sentencia del Tribunal de Apelaciones y su notificación es un hecho susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes que no pueden ser razonablemente cuestionadas. Por ende, la falta de ese documento no impide que este Tribunal re-suelva el asunto traído a nuestra atención.

En el caso de autos, considero que el señor Santana Báez provee datos suficientes que permiten la búsqueda de la sentencia emitida por el foro intermedio para determi-nar si poseemos jurisdicción para atender el recurso. Véase Regla 201 de Evidencia 2009 (32 LPRAAp. VI).

Por otra parte, me resulta sospechoso que en casos en los que se impugna la conducta o el proceder negligente de empleados correccionales no se acompañe la sentencia del Tribunal de Apelaciones objeto de revision. Ello, pues en estos casos los confinados dependen de la Administración de Corrección para el trámite y envío del recurso al foro correspondiente. Es decir, el confinado carece de control una vez entrega los documentos a los oficiales correcciona-les para su tramitación. Ante esa realidad, el curso de acción propuesto es cónsono con la política de facilitar el ac-ceso de los confinados a las cortes, un derecho que estamos obligados a proteger. Véase Bounds v. Smith, 430 US 817, 821 (1977).

Asimismo, me preocupa enormemente la sanción econó-mica impuesta por el Tribunal de Apelaciones al señor Santana Báez con el apercibimiento de un posible desacato ante su incumplimiento. Este tipo de medida no tan solo puede ser sumamente onerosa, sino que desalienta que los confinados ejerzan su derecho a la revisión cuantas veces entiendan que les asiste el derecho. No podemos perder de perspectiva que los confinados, en la mayoría de los casos, carecen de los conocimientos necesarios para discernir ante los posibles escenarios jurídicos. Además, la imposi-ción de este tipo de sanción económica responde a un ena-jenamiento de la realidad que vive este grupo de nuestra sociedad. Esta situación tiene, a su vez, matices más abar-cadores para estas personas. No se trata tan solo de una imposición que afecta el peculio de unos individuos caren-tes de recursos económicos para poder cumplir con lo orde-nado, sino que, además, contiene implicaciones mucho más serias y efectos colaterales posteriores en cuanto al incumplimiento. Así, de no cumplir con lo ordenado, el con-finado sería incurso en desacato, cometiendo un nuevo de-lito que sería considerado para cambios de custodia o para la concesión del privilegio de libertad bajo palabra, entre otros.

Resulta desacertado acudir a otros precedentes que se alejan diametralmente de las circunstancias particulares de este caso y, mucho más, al récord de reclamos previos de una parte en particular. El hecho de que el señor Santana Báez no prevaleciera en su reclamo, o que haya acudido en múltiples ocasiones al foro recurrido para solicitar la revi-sión de resoluciones administrativas, no constituye, por sí solo, una razón suficiente para determinar la frivolidad de su reclamo. Al estudiar sus contenciones, me parece que éstas no llegan al matiz de frivolidad que implicaría la imposición de una sanción como la de autos. El señor Santana Báez, entre otras, entendió que la determinación administrativa violaba las determinaciones del caso federal Morales Feliciano, et als. v. Fortuno, et als., USDS Civil Núm. 79-4, e invocó las normas de derecho internacional. Igual-mente, indicó que no estaba en el lugar al momento de los hechos, por lo que no le procedía la medida disciplinaria impuesta.

Por lo tanto, entiendo que no nos encontramos ante la frivolidad que requiere la Regla 85 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para imponer sanciones, 4 LPRAAp. XXII-B. Asimismo, basta con examinar la sentencia emi-tida para percatarse de que el foro apelativo intermedio no cumplió con la obligación de fundamentar debidamente las razones para la imposición de la sanción, tal y como dis-pone la aludida regla. Un mero párrafo con alusiones al pasado del peticionario no puede ser fundamento para im-poner una sanción que podría repercutir en la libertad de un ser humano.

Por tal razón, considero que la determinación de este Tribunal, en el trámite del asunto ante nuestra considera-ción, resulta la más adecuada y propia a los intereses de proveer la oportunidad de acceso a los tribunales y adjudi-cación en los méritos, en una manera sensible y huma-nista, tal y como lo dicta la política pública que emana de la Ley de la Judicatura.

Ignorar lo expuesto, equivaldría a validar que la discre-ción seejerza en el vacío y de modo arbitrario.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres,

a la que se une el Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón.

Disiento respetuosamente del curso seguido en la Sen-tencia que precede. En este caso se incumplió crasamente con la Regla 34 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B. Esa regla exige presentar copia de todos aquellos documentos necesarios para establecer de manera fehaciente la jurisdicción del Tribunal. En este caso no se acompañó la sentencia del Tribunal de Apelaciones de la cual se recurre. Ante ese incumplimiento, procede desestimar el caso. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 (1987). De hecho, todavía no se ha secado la tinta de lo resuelto en Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. Esa opinión la emitimos para reafirmar que todo litigante tiene el deber de cumplir fielmente con las normas reglamentarias en los procesos apelativos. Id. Es funesto que reafirmemos una norma y a los pocos meses la echemos al olvido. Cuando un tribunal carece de jurisdicción, no puede hacer otra cosa que reconocerlo y desestimar el caso. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682-683 (2011). Así lo hacemos siempre.

La mayoría del Tribunal está en desacuerdo con la sanción que impuso el Tribunal de Apelaciones en el ejercicio de su discreción. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 12, revela que el señor Santana Báez ha presentado ante la Secretaría del Tribunal de Apelaciones 180 recursos judiciales dentro del periodo comprendido entre los años 2009-2013. A ese número hay que añadirle el caso que nos ocupa. Aquí el señor Santana Báez interesa que se revoque una resolución administrativa que confirmó la suspensión de privilegios como medida de seguridad al amparo de la Regla 9 del Reglamento Disciplinario para la Población Co-rreccional, Reglamento Núm. 7748 del Departamento de Estado de 23 de septiembre dé 2009. El señor Santana Báez acepta en su escrito que hubo una reyerta en la que hubo confinados heridos. La Regla 9 del Reglamento Disci-plinario para la Población Correccional, id., permite suspender privilegios en situaciones que atenten contra la se-guridad institucional.

El Art. 1.002(a) de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24a, establece que la Rama Judicial será “accesible a la ciudadanía; prestará servicios de manera equitativa, sensible y con un enfoque huma-nista [...]”. Ahora bien, esa disposición de ley no impide que los tribunales impongan sanciones o desestimen casos frívolos. Ante el asedio constante de recursos frívolos como este por parte del señor Santana Báez, es ineludible con-cluir que el foro apelativo intermedio no abusó de su dis-creción al imponer la multa.

Como norma general, este Tribunal no debe pretender administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro apelativo intermedio. Solo ante un abuso de discre-ción es que procede intervenir con ese manejo. García López y otros v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012). Es cierto que la “tarea de determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no tenemos duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial está es-trechamente relacionado con el concepto de razonabilidad”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).

Un tribunal incurre en abuso de discreción

[...] cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante con-siderar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e im-portantes y descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).

Es un gran error intervenir en este caso, en el que no tenemos jurisdicción, para cercenar la discreción del Tribunal de Apelaciones, que impuso una multa de $50. Esa sanción es usual y no constituye un abuso de discreción. Por ejemplo, en Nieves Huertas et al. v. ELA I, 189 DPR 611 (2013) (Sentencia), impusimos una sanción de $10,000 en honorarios a unos litigantes pro se que presentaron un caso frívolo.

Tal parece que este Foro otorga demasiado peso al hecho de que el señor Santana Báez es un confinado que comparece pro se. A diferencia del Tribunal, opino que ese hecho no altera este análisis. Nuestro ordenamiento jurídico es claro en establecer que el litigante pro se no tiene derecho a que se le apliquen reglas procesales distintas ni a que se le releve de cumplir con la normativa aplicable. “La persona que comparece por derecho propio está sujeta a que se le impongan las mismas sanciones que la Regla 9.3 de este apéndice provee para los abogados y abogadas, así como las consecuencias procesales que estas reglas proveen para las partes representadas por abogado o abogada”. Regla 9.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véase Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).

En su dimensión procesal, el principio rector de la igual protección de las leyes, nos obliga a usar dos (2) varas iguales para medir y adjudicar recursos ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones y este Foro; esto es interpretar y aplicar rectamente las mismas normas reglamentarias que requieren de-terminados documentos, imprescindibles en los apéndices, demostrativos de la jurisdicción apelativa y los méritos del recurso. (Enfasis en el original). Codesi, Inc. v. Mun. de Canóvanas, 150 DPR 586, 589 (2000).

Con más razón, el mismo principio aplica cuando se trata de los casos ante nos.

Hasta el presente, constantemente este Tribunal se ha ne-gado a expedir recursos por deficiencias como las que contiene la apelación del Municipio, en recursos presentados ante nos (o ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones). En esas cir-cunstancias hemos fundamentado nuestra determinación en “ausencia de jurisdicción” (prematura, tardía e, incluso, no demostrada), o “por incumplimiento craso con el Reglamento”. Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998). Íd., págs. 589-590.

Más aún, recientemente resolvimos que la condición de confinado no constituye de por sí y automáticamente la justa causa que exige el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 LPRA sec. 3077a, para eximir del requisito de' notificación al Estado. Véanse: Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 561 (2013); ELA v. Martínez Zayas, 188 DPR 749, 750-755 (2013), opinión de conformidad de la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Martínez Torres, Rivera García y Peliberti Cintrón. El fundamento principal para arribar a ese resultado es que todos los litigantes son iguales ante la ley, como claramente dispone la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra. A diferencia de esa línea jurisprudencial, la Sentencia del Tribunal otorga un trato especial al peticionario Santana Báez por su condición de reo. Véase la Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Estrella Martínez en este caso.

En la opinión de conformidad se excusa la omisión en el apéndice del dictamen a revisarse, porque el peticionario es confinado y la Administración de Corrección no cooperó. La excusa es muy conveniente. No hay nada que pueda asegurar a este Tribunal que eso es cierto. De hecho, nada impide a un confinado hacer arreglos para que alguien le procure unas fotocopias fuera del penal. El peticionario de-bió, además, sopesar las dificultades que podría enfrentar para presentar un recurso completo a tiempo antes de in-sistir en proseguir sin un abogado. Es claro que el deber de perfeccionar un recurso siempre es del peticionario. Véase Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra. No actuamos de manera justa al relevar al peticionario Santana Báez de los requisitos de nuestro Reglamento para que nosotros busquemos la sentencia que no se incluyó en el apéndice del recurso. No lo hacemos con nadie más; mucho menos somos una “oficina de archivos” (record room) del peticionario. Véase, e.g., Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 154 (1999), voto concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García.

En conclusión, es desacertada la Sentencia del Tribunal que decide intervenir en un caso aunque no tiene jurisdic-ción para ello. Pero más aún, el Tribunal interviene inde-bidamente con la discreción que tiene el Tribunal de Ape-laciones para atender el trámite de los casos ante su consideración. Ese curso de acción desafortunado me obliga a disentir.

Lamentablemente, este Tribunal les amarra las manos a los jueces, con el resultado de que estos no puedan tomar medidas para manejar eficientemente sus calendarios judiciales. Con eso no solo se castra su autoridad como jue-ces, sino que también se perjudica a nuestro Pueblo. Este se verá obligado a solventar un sistema de tribunales, no para atender los casos meritorios de todos, incluyendo los confinados, sino para soportar la dilación producto de la permanencia en el sistema de los recursos frívolos que presenten por derecho propio algunos reos. A los abogados no les permitimos obviar los requisitos reglamentarios, pero al peticionario sí. Compárense: Soto Pino v. Uno Radio Group, supra, pág. 90; Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 (1975) (no puede quedar “al arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias de-ben acatarse y cuándo [...]”). En fin, el confinado que com-parece por derecho propio es ahora un litigante privile-giado que tiene más derechos que nadie. Eso se conoce ahora con el eufemismo de “justicia sensible y humanista”. Ante esta doble vara no es de extrañar, entonces, que haya personas que no crean que en nuestros tribunales se dispensa justicia. En realidad, ¿qué es lo que estamos garan-tizando? ¿Acceso a la injusticia? ¿Trato desigual y privile-giado?

Por todo lo anterior ofrezco un consejo a mis hermanos jueces del Tribunal de Apelaciones. Lamento tener que re-comendarles que no se molesten en imponer sanciones en casos frívolos, por más que un litigante haya abusado de los procedimientos, de ustedes o de la otra parte. La mode-ración o severidad de la sanción y los hechos que la justi-fican no importan. Para desgracia de todo Puerto Rico, vuestra discreción y facultades como jueces no se respeta-rán en el Tribunal Supremo.

       Máxime, cuando el peticionario hace, en algunas instancias, referencias a “exhibit [...] de este escrito”, refiriéndose al escrito presentado ante este Tribunal. Certiorari y auxilio de jurisdicción, pág. 5.


author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez,

text:
    Ángelo Medina Mercado y otros, peticionarios, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, recurridos.

      Número: AC-2013-0118

      Resuelto: 12 de mayo de 2014

      Roberto Sueiro Del Valle y Nicolle M. Rodríguez Candelario, abogados de la parte peticionaria.
   SENTENCIA

Atendido el escrito presentado como una petición de cer-tiorari, por estar igualmente dividido el Tribunal y conforme a lo dispuesto en la Regla 4(a) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXI-B, se expide el auto y se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida en el caso de autos por el foro apelativo.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo, Feliberti Cintrón y Estrella Martínez hubiesen expedido el auto para revocar el dictamen del Tribunal de Tribunal Apela-ciones y devolver el recurso al Tribunal de Primera Instan-cia para que los demandantes tengan su día en corte. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez emitió un voto particular disidente, al que se unieron la Jueza Asociada Se-ñora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por el

Juez Asociado Se-ñor Estrella Martínez,

al cual se unen la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kol-thoff Caraballo.

Respetuosamente disiento de la acción de confirmar el dictamen desestimatorio del reclamo de los productores de espectáculos por estar esta Curia igualmente dividida. En su lugar, hubiese revocado por entender que los foros ape-lados incidieron al desestimar su reclamo al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra. Ello, pues los fo-ros aludidos debieron permitir a estos productores que pre-sentaran evidencia con el fin de demostrar la veracidad de lo reclamado. Al desestimar su causa de acción por el fun-damento de que dejaron de exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio, se actuó en contra-vención al importante interés de que todo litigante tenga su día en corte. No podemos avalar un curso de acción que quebranta toda una política judicial firmemente estable-cida. Por lo tanto, expediría el recurso presentado para re-vocar el dictamen de los foros recurridos. La referida polí-tica pública judicial así lo exige.

A continuación, exponemos el escenario fáctico y proce-sal que dio margen a la controversia que nos ocupa.

I

El 19 de agosto de 2011, varios productores de espec-táculos (productores) presentaron una demanda y senten-cia declaratoria en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) sobre el fundamento de que la Ley Núm. 108 de 12 de julio de 1985 (Ley Núm. 108), 1 LPRA sec. 531 et seq., infringía sus derechos constitucionales. En particular, señalaron que esta ley viola su derecho a la igual protección de las leyes, su libertad de expresión, su derecho al trabajo y el derecho a no ser privados de su propiedad sin el debido proceso de ley.

En síntesis, los productores alegan que la Ley Núm. 108 transgrede la igual protección de las leyes, ya que discrimina en contra de los productores de espectáculos dirigidos a personas mayores de sesenta años. Plantean que el refe-rido esquema legal regula el contenido, así como el tiempo, el lugar y la manera de los espectáculos que producen. De igual forma, sostienen que existe una exclusión de facto de productores de espectáculos que apelan a las personas de edad avanzada. Asimismo, arguyen que la ley constituye una censura previa al hacer imposible económicamente los espectáculos dirigidos a las personas de edad avanzada.

Por otro lado, los productores aducen que la Ley Núm. 108 los priva de recibir un dinero al cual tienen derecho y frustra sus expectativas empresariales. Para ellos, la ley incauta propiedad privada sin el debido proceso de ley y sin concederles una compensación justa, pues plantean que tienen un interés propietario en la explotación econó-mica de su negocio. Finalmente, señalan que la aplicación de la aludida ley ha causado daños estimados en 2 millones de dólares a cada productor (20 millones de dólares en total).

Luego de varios incidentes procesales, el ELA presentó una moción de desestimación fundamentándose en que la demanda no exponía hechos que justificaran la concesión de un remedio. Para el ELA, conceder lo reclamado por los productores constituiría una intervención indebida de los foros judiciales con las funciones y prerrogativas que le competen a las Ramas Legislativa y Ejecutiva. En cuanto a la igual protección de las leyes, el ELA argumentó que las disposiciones de la Ley Núm. 108 aplican a todos los pro-ductores por igual, por lo que no se configura una clasifi-cación sospechosa. Por lo tanto, adujo que la ley supera el escrutinio de razonabilidad.

Del mismo modo, el ELA argüyó que el estatuto en cues-tión no regulaba el tiempo, el lugar o la manera de las expresiones artísticas; tampoco prohibía la expresión ni re-gulaba el contenido de las mismas. Asimismo, en cuanto a la privación de propiedad sin un debido proceso de ley, planteó que la ley era una medida socioeconómica que de-bía evaluarse según el escrutinio de razonabilidad, el cual superaba.

El 21 de noviembre de 2011, los productores presenta-ron la correspondiente oposición a la solicitud de desestimación. En esta reiteraron los argumentos expues-tos en cuanto a la inconstitucionalidad de la Ley Núm. 108. El 20 de enero de 2012, los productores presentaron una moción de sentencia sumaria.

Así las cosas, el 29 de mayo de 2012 el Tribunal de Pri-mera Instancia emitió una Sentencia mediante la cual de-claró “ha lugar” la moción de desestimación presentada por el ELA. Por lo tanto, desestimó la totalidad de la demanda instada por los productores fundamentándose en que la de-manda no exponía hechos que justificaran la concesión de un remedio. En desacuerdo, los productores presentaron una moción de reconsideración, pero fue declarada “no ha lugar”.

Inconformes con este dictamen, los productores acudie-ron al Tribunal de Apelaciones. Esencialmente, plantearon los mismos argumentos esbozados ante el foro primario. No obstante, añadieron el señalamiento de que la mencio-nada ley adolece de vaguedad, pues no imponía topes sobre la cantidad de boletos que recibirían el descuento o los que brindarían gratuitamente.

El 30 de agosto de 2013, el foro apelativo intermedio dictó una Sentencia mediante la cual confirmó el dictamen recurrido. Por este proceder, los productores recurren ante este Tribunal.

Empero, por encontrarse esta Curia igualmente divi-dida y conforme lo que dispone la Regla 4(a) de este Tribunal, 4 LPRAAp. XXI-B, se emite una Sentencia cuyo re-sultado es confirmar los dictámenes desestimatorios del reclamo de los productores. Por ello, disiento y expreso a continuación los fundamentos que me llevan ello.

II

Antes de exponer nuestro criterio respecto a la contro-versia que nos ocupa, es menester señalar las disposiciones estatutarias y jurisprudenciales aplicables. Procedemos.

Como es sabido, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece las defensas mediante las cuales una parte puede solicitar la desestimación de la causa de acción que se insta en su contra. Ello cuando es evidente que, a base de las alegaciones formuladas en la demanda, alguna de las defensas afirmativas prosperará. TransOceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). Así, esta regla dispone, en lo pertinente, que:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada:
(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.
(2) Falta de jurisdicción sobre la persona.
(3) Insuficiencia del emplazamiento.
(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento.
(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la con-cesión de un remedio.
(6) Dejar de acumular una parte indispensable. (Énfasis suplido). 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.

En lo que atañe a la controversia que nos ocupa, hemos establecido que ante la presentación de una moción de desestimación basada en la quinta defensa de la aludida regla procesal, los foros judiciales deben tomar como ciertas to-das las alegaciones fácticas plasmadas en la demanda. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883, 889 (2000); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 13, 30 (1999); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994). Asimismo, están precisados a interpretar las aseveraciones de la parte demandante en forma conjunta, de la manera más favorable y liberal, formulando a su favor todas las inferencias que puedan asistirle. Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. De esta forma, los tribunales deben razonar si, a la luz de la situación más favorable al demandante y resolviendo las dudas a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505.

En consecuencia, la causa de acción no debe ser desestimada a menos que el promovente de la moción demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno al amparo de cualquier estado de hechos que puedan evidenciarse en apoyo a su causa de acción. Colón v. Lotería, supra, pág. 649; Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. Por lo tanto, se debe conceder la desestimación cuando existan circunstancias que permitan a los tribunales deter-minar, sin ambages, que la demanda no tiene mérito al-guno o que la parte no tiene derecho a obtener remedio alguno.

Por su parte, esta Curia ha sostenido firmemente la clara política pública judicial de que los casos se ventilen en sus méritos. Datiz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004); Mercado v. Panthers Military Soc., Inc., 125 DPR 98, 105 (1990). Como corolario de esta política, hemos reiterado que existe un trascendental interés en que todo liti-gante tenga su día en corte.

Ala luz de este marco estatutario y jurisprudencial, pa-samos a exponer nuestro parecer.

H-1 HH I — i

Conforme indicamos, los foros recurridos desestimaron las alegaciones de inconstitucionalidad de la Ley Núm. 108 instadas por los productores, al amparo de la examinada regla procesal. Los foros razonaron que los productores de-jaron de exponer una causa de acción que justificara la concesión de un remedio, por lo que desestimaron de plano la totalidad de su reclamo. Empero, arriban a esta conclu-sión sin otorgarle a los productores la posibilidad de un desfile de evidencia tendente a demostrar la veracidad de lo aseverado. Ante esa realidad, este Tribunal emite una Sentencia cuya consecuencia directa es ratificar un curso de acción contrario a los postulados básicos de nuestro or-denamiento jurídico. No nos queda más que disentir.

No podemos avalar la contención de los foros recurridos. Sus determinaciones y fundamentos no logran persua-dirnos. Ello, pues sostenemos que al desestimar la causa de acción de los productores, los foros incidieron al contra-venir la firme política pública de que los casos deben ven-tilarse en los méritos y, sobre todo, al quebrantar la máxima de que todo litigante debe tener su día en corte. Por lo tanto, somos de la opinión de que no procedía la desestimación del reclamo instado.

Entendemos que, en consideración a las alegaciones in-coadas por los productores, a lo sumo, se les debió permitir que demostraran los méritos de sus reclamaciones me-diante la celebración de una vista evidenciaria. Por ello, afirmamos que la razón ampara a los productores cuando aducen que la adjudicación de su reclamo requería un des-file de prueba a tales efectos. Es más, mediante la celebra-ción de una vista evidenciaria, el foro primario tendría un panorama más amplio que le permitiría examinar con mayor detenimiento la situación presentada por los productores. De esta forma, el referido foro estaría en me-jor posición para cumplir a cabalidad con el mandato de examinar si, a tenor con la situación más favorable para los demandantes y resolviendo las dudas a favor de estos, procedía en derecho desestimar su causa de acción. Lo anterior posibilitaría que, dentro de las circunstancias del presente caso, se cumpla de forma adecuada con la desea-ble práctica de que los casos se ventilen en los méritos, política judicial de la que, reiteradamente, este Tribunal ha sido fiel patrocinador. Recordemos, pues, que la deses-timación debe ser la excepción y no la norma general.

En fin, debemos señalar que, si bien reconocemos que la Asamblea Legislativa tiene múltiples alternativas a su dis-posición para implantar la política pública que emana de la Ley Núm. 108 y, al mismo tiempo, lograr un balance entre las alegaciones de los productores sobre los efectos de la aplicación de esta, ello no puede ser óbice para que los foros judiciales atiendan oportuna y diligentemente el re-clamo constitucional instado.

IV

Al amparo de los fundamentos que anteceden, no puedo avalar la desestimación de la demanda instada por los pro-ductores de espectáculos.

       En lo pertinente, la ley establece el derecho de las personas mayores de sesenta años a recibir un descuento de cincuenta por ciento en el boleto de admisión para cualquier espectáculo que se lleve a cabo en instalaciones o facilidades pertenecientes al Estado Libre Asociado (ELA). También dispone que el derecho de admi-sión a estas actividades debe concedérsele libre de costo a toda persona que tenga setenta y cinco años o más.

       Esta regla establece, en lo pertinente, que “[p]ara la expedición de un auto por el [P]leno, se requerirán los votos de por lo menos la mitad de los jueces y las juezas que intervengan. Cuando la votación sea empate, se expedirá el auto discrecional y se confirmará el dictamen objeto del recurso”. 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 4(a).


author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Martínez Torres,

text:
    Keith Olin y Matthew Wolper, Ex parte.

      Número: MC-2014-086

      Resuelto: 23 de mayo de 2014

      Miriam B. Toledo-David, de Toledo-David Lavo Office, PSC, abogada de la Lie. Niza María Motola, peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Examinada la solicitud de admisión por cortesía presen-tadas por los peticionarios Keith Olin y Matthew Wolper, se provee “con lugar”. En su consecuencia, se admiten por cortesía a ambos abogados para que representen a su cliente en el caso FINRA Núm. 14-00151.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Martínez Torres emi-tió un voto de conformidad, al cual se unieron la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez y los Jueces Asociados Señores Kolthoff Caraballo, Rivera García y Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco hace constar la expresión siguiente:

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco disiente por en-tender que la Regla 12(f) de nuestro Reglamento, 4 LPRAAp. XXI-B, requiere la presentación de las certificaciones acredi-tativas de todos los estados en los cuales los peticionarios es-tán admitidos. Véase Voto particular disidente emitido por el compañero Juez Asociado Señor Estrella Martínez en el caso Moylan, Ex parte, 190 DPR 646 (2014). Luego de examinar la solicitud de admisión por cortesía objeto de controversia, en-contramos que, además del estado de Florida, el Ledo. Keith Olin está admitido a ejercer la práctica de la abogacía en el estado de Illinois y no proveyó una certificación acreditativa de dicho estado. Por lo tanto, proveería “no ha lugar” a la solicitud de admisión por cortesía en cuanto al licendiado Olin hasta tanto se presente la certificación acreditativa del estado de Illinois y cualquier otro estado en el cual se encuentre ad-mitido para ejercer la práctica de la abogacía.

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez hace constar la expresión siguiente:

El Juez Asociado Señor Estrella Martínez está conforme con la determinación de admitir al Ledo. Matthew Wolper. Sin embargo, disiente de la admisión del Ledo. Keith Olin por las razones expuestas en Moylan, Ex parte, 190 DPR 646 (2014) (voto particular disidente del Juez Asociado Señor Estrella Martínez). Entiende que, a pesar de encontrarse admitido a la profesión en los estados de Illinois y Florida, no incluyó la totalidad de los certificados acreditativos expedidos por las ju-risdicciones en las cuales se encuentra admitido al ejercicio de la profesión, tal como lo requiere la Regla 12(f) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B, según interpretada en In re Wolper et al., 189 DPR 292 (2013).

La Jueza Presidenta Interina Señora Fiol Matta no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Martínez Torres,

al cual se unieron la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y los Jueces Asociados Se-ñores Kolthoff Caraballo, Rivera García y Feliberti Cintrón.

Estoy conforme con la Resolución del Tribunal. La Regla 12(f) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B, no exige que un abogado, en una solicitud de admisión por cortesía, presente un certificado de cada uno de los foros a los que está admitido. Procede declarar con lugar la petición del Ledo. Keith Olin de ser admitido por cortesía en esta jurisdicción. Nadie debe ser penalizado por ataduras geo-gráficas indebidas en el proceso de admisión por cortesía de abogados de otras jurisdicciones. C.W. Wolfram, Modern Legal Ethics, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1986, pág. 865.

Según surge del expediente, el peticionario Keith Olin cumplió con los requisitos de nuestra Regla 12(f), supra. Esa regla exige, en lo pertinente, que el abogado solicitante presente un “certificado expedido por el más alto tribunal del estado en el cual la persona solicitante esté admitida al ejercicio de la profesión, haciendo constar el hecho de su admisión y que a la fecha del certificado se mantiene debi-damente acreditada”. En particular, el Ledo. Keith Olin presentó un certificado del estado de Florida en el que se acredita que es miembro de ese foro y que, a la fecha de su expedición, su membresía estaba vigente. Con la presenta-ción de ese certificado se cumplió con la Regla 12(f), id. Nuestro ordenamiento no requiere el ritualismo extremo de exigir que un abogado, en una solicitud de admisión por cortesía, presente un certificado de cada uno de los foros a los que está admitido.

El propósito de esa regla es que tengamos constancia de que ese abogado está admitido a la práctica de la abogacía en algún otro foro y que ha cumplido con sus obligaciones éticas en esa jurisdicción. Véase American Bar Association, Client Representation in the 21st Century: Report of the Commission on Multijurisdictional Practice, Estados Unidos, ABA, 2002, pág. 47 (“Ordinarily, the interests in protecting the client, the public and the court will be served where the court ascertains that the lawyer is admitted to practice elsewhere and has complied with professional obligations [...]”). (Énfasis suplido). Véase, además, State v. Brown, 515 P. 2d 1008 (1973). Ser miembro en “good standing” de alguna jurisdicción es suficiente para comprobar que esa persona ha cumplido con las obligaciones éticas en ese otro foro. Véanse, por ejemplo: Walter E. Heller Western, Inc. v. Superior Court, 111 Cal.App.3d 706 (1980); C. Ubanks, Can I Conduct This Case in Another State? A survey of State “Pro Hac Vice” Admission, 28 J. Legal Prof. 145, 147-148 (2003). De hecho, algunas cortes resuelven que los tribunales deben dar gran deferencia a los demás foros sobre la determinación de competencia y estatura moral que hicieron sobre el abogado que solicita admisión por cortesía. Véase, por ejemplo, Hahn v. Boeing Company, 621 P.2d 1263, 1266 (Wa. 1980) (“where an out-of-state attorney in good standing in the bar of his own state applies for temporary admission, chief reliance must be placed upon the competency and moral character determination made by the proper authorities in the attorney’s home state”). No tengo que abundar en cuanto a la importancia de esa norma de deferencia para un tribunal que se precie de ser fiel a los principios del federalismo y a la deferencia entre jurisdicciones estatales.

La preocupación que esbozó el compañero Juez Asociado Señor Estrella Martínez en Moylan, Ex parte, 190 DPR 646 (2014), sobre la protección que debemos darle a los ciuda-danos en nuestro Foro es muy legítima. Sin embargo, opino que la solución a su preocupación está contemplada en la Regla 12(f), supra. Un abogado que solicite la admisión por cortesía tiene que presentar una solicitud endosada por un abogado admitido al ejercicio de la profesión por este Tribunal, quien tiene que dar fe de la capacidad de esa persona solicitante para ejercer la profesión. Wolfram, op. tit., págs. 871-872. Es decir, un abogado de nuestro foro, cuyas capacidades morales e intelectuales ya evaluamos y sobre quien tenemos completa jurisdicción para disciplinar, se hace responsable ante nosotros sobre cualquier deficiencia en la capacidad profesional del abogado solicitante. Véanse: Williams v. City of New Orleans ex rel. Public Belt R.R. Com’n of City of New Orleans, 831 So.2d 947 (La. 2002); Lefton v. City of Hattiesburg, Miss., 333 F.2d 280 (5to Cir. 1964). Además, el abogado de nuestro foro velará por que el abogado solicitante se comporte de acuerdo con nuestros estándares éticos. Véase American Bar Association, op. cit., pág. 24.

La Regla Modelo 5.5 de Conducta Profesional de la American Bar Association —Wolfram, op. cit., págs. 1143-1144— citada en el disenso del Juez Asociado Señor Estre-lla Martínez, tampoco exige, ni en su letra ni en su espí-ritu, que un abogado presente todos los certificados de los foros a los que pertenece. Y es que el propósito de esa regla no es regular cómo un abogado debe solicitar admisión por cortesía. Su propósito es establecer en qué momento un abogado que no está autorizado a ejercer en una jurisdic-ción en particular incurre sustantivamente en una práctica ilícita de la profesión legal. De hecho, lo que evaluamos en In re Wolper et al., 189 DPR 292 (2013), era si los abogados involucrados en el caso habían practicado la abogacía ile-galmente en Puerto Rico.

En el caso ante nuestra consideración, no hay duda de que bajo nuestro ordenamiento podemos autorizar al peticionario Keith Olin para el fin que solicita. Véase In re Michel Prüss, 189 DPR 763 (2013). Lo que este Tribunal debe analizar es si el abogado Keith Olin cumplió con el proceso para que le autoricemos a ejercer la abogacía en nuestro foro. Por lo tanto, es inaplicable la Regla Modelo 5.5 de Conducta Profesional, supra. Para considerar si el peticionario cumplió con el proceso, tenemos que acudir al texto que regula ese tema en nuestra jurisdicción: la Regla 12(f) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

En conclusión, reafirmo mi conformidad con admitir al peticionario Keith Olin porque presentó un certificado del estado de Florida, en el que acredita que está admitido a la abogacía y que goza de “good standing” en esa jurisdicción, y porque una abogada de esta jurisdicción, la Leda. Heidi L. Rodríguez, se comprometió a responder ante nosotros en caso de cualquier problema ético que involucre a los peticionarios. Williams v. City of New Orleans ex rel. Public Belt R.R. Com’n of City of New Orleans, supra.