author: El Juez Asociado Señor Aldrby,

text:
    G. Llinás & Co., S. en C., demandante y apelada, v. Sucn. Mariani Bartoli, compuesta de Esther María Clotilde, Laura María, María Magdalena de las Mercedes, Clara María, María Monserrate del Carmen y Blanca María Mariani Bartoli como herederas de sus padres Antonio Mariani Cuprill y Alfonsa Bartoli y de su hermano William Francis Mariani Bartoli, demandada y apelante.
    No. 6152.
    Sometido: Diciembre 6, 1933.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de la-apelante; F. Za-paier, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrby,

emitió la opinión del tribunal.

La sucesión demandada apeló la sentencia que en este caso la condena a pagar a la demandante determinada can-tidad de dinero.

En la demanda inicial que fue presentada en diciembre de 1930 se alegó que la demandante había estado facilitando dinero y provisiones a la sucesión demandada para refacción ele sus fincas rústicas, siguiendo entre ambas partes una cuenta corriente que liquidada el 31 de diciembre de 1929 arrojó un saldo a favor de la demandante de $6,548.87, que fué aceptado por la demandada: que por convenio de las partes ese saldo devengaría el interés de 12 por ciento anual desde la fecha de su liquidación y que esa deuda no lia sido pagada.

Más de un año después, en 23 de marzo de 1932, en una demanda complementaria reprodujo la demandante los he-chos de su demanda anterior y expuso, además, los siguien-tes: que después de radicada la demanda las partes en el litigio otorgaron escritura pública el 2 de abril de 1931 en la que manifestaron que como resultado de la cuenta co-rriente liquidada el 31 de marzo de 1931 la sucesión adeu-daba a Gr. Llinás & Cía., S. en C., la cantidad de $7,416.41 por la que pagarían intereses al 10 por ciento anual a partir del 15 de marzo de 1931: que los deudores se comprometie-ron a satisfacer esa deuda en dos años, pagando el 15 de marzo de 1932 la mitad del capital debido y el total de los intereses adeudados hasta entonces y el restante capital y sus intereses un año después: que para garantía del pago de los $7,416.41 y sus intereses la sucesión constituyó en la misma escritura hipoteca a favor de su acreedor sobre cierta finca cuya descripción se hace: que en la mencionada escritura se convino en que G-. Llinás & Cía., S. en C., solicitaría el archivo y sobreseimiento del pleito que había incoado y el levantamiento de los embargos trabados, después de haber sido inscrita la hipoteca en el registro: que llegado el 15 de marzo de 1932 no fueron pagados a la demandante los intereses ni el plazo vencidos en dicho día: que la deman-dada no inscribió la hipoteca ni ha podido ser inscrita por la demandante por no estar inscrita la finca a nombre de los hipotecantes, cuyo título no ha podido inscribirse por no haber satisfecho los demandados la contribución de heren-cia: y que los demandados han sido requeridos infructuosa-mente para que verifiquen la inscripción de la hipoteca por lo que por falta del cumplimiento del convenio contenido en la escritura la demandante opta por continuar su pleito.

Desestimada por la corte de distrito la excepción opuesta por los demandados a esa demanda complementaria la con-testaron aceptando todos los hechos en ella alegados y adi-cionando como defensas que la demanda complementaria no aduce hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción y que la obligación que sirve de base a la demanda original ha sido extinguida por el contrato convenido en la es-critura de 2 de abril de 1931.-

Solicitada por la parte actora sentencia a su favor por las alegaciones porque la contestación admite todos los hechos de la demanda complementaria y porque las defensas adu-cidas carecen de mérito recayó sentencia declarando con lugar la demanda complementaria y condenando a los demandados al pago de los $7,416.41 reclamados, más sus intereses al tipo del 10 por ciento anual. ■

Alega la sucesión apelante que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción previa aducida por no contener la demanda complementaria hechos suficientes para determinar una causa de acción y al dictar sentencia por los méritos de las alegaciones. Los argumenta conjuntamente exponiendo que la demanda complementaria es improcedente porque contiene una nueva causa de acción, ya que se funda en un reconocimiento de deuda hecho en escritura pública mientras que la demanda original se basó en una cuenta corriente liquidada de conformidad; y que no aduce hechos determinantes de causa de acción porque la obligación original quedó extinguida por la novación que contiene la escritura que menciona.

La demanda complementaria no aduce una nueva causa de acción distinta a la reclamada en la demanda original por-que ambas se refieren a la cuenta corriente tenida por la demandante y la demandada, que fué liquidada en 31 de diciembre de 1929 y que luego fue liquidada nuevamente al otorgarse la escritura para agregar los intereses debidos hasta entonces.

Es cierto qne de la escritura relacionada en la demanda complementaria aparece qne se concedió a la demandada plazo para pagar la deuda reconocida en ella como consecuencia de la liquidación hecha hasta ese día, pero fué condicionada a qne la hipoteca constituida én el mismo día para garantizar el pago del saldo fuese inscrita en el registro de la propiedad; pero como esto no ha podido hacerse por no haber podido inscribir la demandada su título de propiedad a causa de no haber pagado la contribución de herencia, resulta claro que el plazo ha quedado sin efecto de acuerdo con el artículo 1096 del Código Civil, según el cual perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere comprometido. La obligación reclamada en la demanda original y la exigida en la demanda complementaria no son incompatibles, pues son la misma obligación, ya que proceden de la misma causa; sin que la prórroga que se concedió según la demanda complementaria, y que era condicionada, equivalga a novación,, según ha declarado este tribunal en los casos de Argüeso v. Rossner, 8 D.P.R. 245, y de Armstrong v. Flores Colón, 35 D.P.R. 339.

Por lo expuesto la sentencia apelada débe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Endicott Johnson Corporation, demandante y apelante, v. Ramón Echeandía, haciendo negocios bajo el nombre de R. M. Echeandía y María Victoria Iñigo y Goico, demandados y apelados.
    No. 6169.
    Sometido: Diciembre 1, 1933.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Pedro G. Quiñones, abogado de la apelante; José Sabater, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este pleito tiene por objeto qne los de-mandados paguen $5,000 de unos pagarés garantizados con hipoteca, pero después de celebrado el juicio, al que no asis-tieron los demandados, la corte declaró sin lugar la demanda y se interpuso esta apelación.

La demandante “Endicott Johnson Corporation,” del Es-tado de New Jersey, en los Estados Unidos de América, ce-lebró un contrato con K. M. Echeandía, comerciante de Ma-yag'üez en esta isla, el 7 de octubre de 1930, por el cual la corporación concedió a Echeandía un crédito por $5,000 en cuenta corriente por término de dos años prorrogable por otro año más para la compra a la corporación de mercancías fabricadas por ella. En ese contrato se estipuló que Echean-día pagaría un tanto por ciento mensual, que podía hacer abonos mayores y pedidos a la corporación en cualquier tiempo; y para el caso de incumplimiento por Echeandía de ese contrato se convino la manera cómo sería pagado por él el saldo que arrojase su cuenta. En la última cláusula de ese contrato se estipuló lo siguiente:

“Undécima: Para garantizar el crédito de los cinco mil dollars ($5,000.00) o cualquier cantidad menor que adeudare el Sr. Echean-día, éste entregará a aquélla dos pagarés hipotecarios por tres mil dollars ($3,000.00) y dos mil dollars ($2,000.00), respectivamente, los cuales estarán librados a la orden del portador, y la tenedora podrá proceder a, su cobro por la vía que creyere más conveniente.”

Tres días después de ese contrato, el 10 de octubre de 1980, la esposa de Echeandía, asistida de su marido, otorgó escritura pública por la cual como dueña de ciertos condo-minios que adquirió por herencia paterna y materna los hi-potecó para garantizar el pago de dos pagarés, uno de |3,000 y otro de $2,000 a la orden del tenedor de ellos, que los es-posos suscribieron el mismo día, comprometiéndose a pa-garlos solidariamente el día 10 de octubre de 1933; y la deudora hipotecaria se obligó a inscribir dichos condominios en el término de 120 días a contar de la fecha de la escritura; conviniéndose también que si no lo hiciera el tenedor o los tenedores de las obligaciones podrán declararlas vencidas y proceder judicialmente a su cobro. La inscripción de esa hipoteca fue negada por el registrador de la propiedad el H de octubre de 1930 porque los condominios gravados no aparecen inscritos a nombre de la hipotecante y sí de persona disinta. En mayo del año siguiente, 1931, antes de la fecha del vencimiento de íos pagarés hipotecarios, la corpora-ción demandó judicialmente el pago ele los $5,000 que suman esas dos obligaciones.

Aunque la hipoteca constituida por la esposa de Echeandía está vencida ele acuerdo con el artículo 1082 del Código Civil, edición de 1930, porque ella no tiene derecho a utilizar el plazo que se le concedió, hasta 1933 para verificar el pago por no haber inscrito los condominios que gravó, por lo que no ha podido ser inscrita la hipoteca que sobre ellos constituyó, disminuyendo así esa garantía después de establecida porque no está protegida contra terceras personas, sin embargo, los esposos demandados no están obligados a pagar los $5,000 que suman esos pagarés porque de los documentos traídos a este pleito aparece que los pagarés hipotecarios se otorgaron para garantizar la cuenta corriente llevada entre Echeandía y la corporación hasta $5,000. Por consiguiente, los esposos Eclieandía no deben a la corporación la cantidad de $5,000 sino el saldo que arroje la expresada cuenta co-rriente cuando sea liquidada al vencer los tres años de ella o antes por incumplimiento por Eclieandía de su contrato con la corporación. La demanda no se funda en la liquida-ción de la cuenta corriente, por lo que no se sabe hasta cuál cantidad serán responsables los esposos demandados, espe-cialmente la mujer con sus condominios.

El caso de Geo. P. Plant Milling Co. v. Navas, 22 D.P.R. 273, citado por la apelante, no es de aplicación al presente porque en él se constituyó la hipoteca por la esposa para pagar deudas liquidadas y reconocidas por su marido, y si bien se hacía extensiva a ciertas remesas de mercancías que se le hicieran, eran por cantidad fija y pagable a la presen-tación de los giros, por lo que no se estableció una cuenta corriente como en el caso que resolvemos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Jesús Pérez Cosme y José Cruz, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hons. A. R. de Jesús y Pablo Berga, Jueces, demandada.
    No. 962.
    Sometido: Abril 23, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Rdelmiro Rivera Martínez, abogado de los peticionarios; B. Dávila Rodríguez, abogado del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

A instancia de Jesús Pérez Cosme y de José Cruz libra-mos un auto de certiorari y reclamamos los autos de la corte inferior.

El colector de rentas del pueblo de Toa Baja embargó una finca de doce cuerdas y setenta y un céntimos de otra, valorada en más de $500, inscrita a favor de Vicente Montañez y ra-dicada en un barrio de aquel pueblo, para cobrar contribu-ciones debidas por Juana Beatriz Vázquez. Vendida la finca en subasta fué adjudicada a Domingo Ríos por precio de $16.37, a quien entregó el colector el certificado de compra el 30 de junio de 1932. Poco más de un mes después, el 9 de agosto siguiente, notificó el colector esa venta a Jesús' Pérez Cosme y a José Cruz quienes tenían embargos en dicba finca, el primero por $1,000 y el.segundo por $500. El 31 de julio de 1933, antes de transcurrir un año contado desde la notificación a diclios embargantes, éstos ofrecieron al com-prador Ríos los $16.17 qne babía pagado en la subasta más las otras cantidades que requiere la ley para poder redimir’ la finca, pero Ríos se negó a aceptarlos. En vista de osos hechos, Jesús Pérez Cosme y José Cruz demandaron en la Corte de Distrito de San Juan a Domingo Ríos y al Tesorero de Puerto Rico consignando en la corte la cantidad de $47.48 que ofrecieron a Ríos y solicitaron que la corte tuviese por bien hecha la consignación del dinero y que ordenara la can-celación en el Registro del certificado librado a favor de Domingo Ríos. A esa demanda agregaron otras dos causas de acción: para que se declarase nula la subasta y también el certificado de compra librado por el colector. Ordenó la corte la citación de los demandados por si querían oponerse a la consignación y así lo hicieron ellos objetando dicha con-signación por varios motivos. Desistieron los demandantes de su acción contra el Tesorero y solicitaron sentencia a su favor contra Ríos por las alegaciones. La corte la negó diciendo que los demandantes no se ajustaron en el procedi-miento de consignación al que prescribe el artículo 349 del Código Político y que suponiendo que la corte tenga jurisdic-ción por la materia, lo que niega, es ineficaz para este caso porque el procedimiento especial del Código Político excluye el general del Código Civil. Al negarse la corte a reconsi-derar esa resolución agregó que al procedimiento de consig-nación no pueden acumularse otras causas de acción, como lo han hecho los demandantes, que son incompatibles con la de consignación; y que la corte no tiene jurisdicción para conocer de la consignación por la cuantía de ella ni tampoco por la materia de acuerdo con el Código Político. Después de esas resoluciones, los demandantes, con permiso do la corte, radicaron demanda enmendada en la que prescindiendo de las dos causas de acción de nulidad que antes habían ex-puesto alegaron el ofrecimiento de pago hecho el 31 de julio de 1933 a Ríos para redimir la finca y que por su negativa a aceptarlo acudieron al Registrador de la Propiedad de San Juan el 5 de agosto de 1933, acompañados de dos testigos que presenciaron la oferta hecha a Ríos para que ante dicho funcionario juraran dichos hechos a fin de que éste actuara de acuerdo con el artículo 349 del Código Político y diese por redimida la finca, y que el Registrador rehusó, aceptar el dinero y el juramento ofrecidos porque el certificado de com-pra fué expedido el 30 de junio de 1932. Por esa razón los demandantes consignaban el dinero en la corte para que dic-tase sentencia dando por redimida la finca y por restituido en ella a su anterior dueño, sujeta a los embargos, por pa-gado Ríos de dicha suma y que ordenase al registrador que anule y deje sin efecto la inscripción que hizo a favor de Ríos. Solicitó el demandado Ríos la eliminación de la de-manda enmendada y la corte dictó sentencia ordenando dicha eliminación y el archivo y sobreseimiento del caso por ca-recer de jurisdicción para conocer del asunto por el proce-dimiento de consignación.

Después de esas actuaciones nos fué presentada la soli-citud de certiorari en la que se alega como fundamento de ella y en relación sustancial con los hechos expuestos que las resoluciones de la corte inferior son erróneas porque tiene jurisdicción sobre el asunto tanto por razón de la cuantía como de la materia: porque en la demanda no existe inde-bida acumulación de acciones y porque la demanda enmen-dada alega los mismos hechos y se refiere a una de las accio-nes alegadas en la demanda original y da jurisdicción a la corte sobre las partes, sobre la materia y sobre el objeto de la acción.

Domingo Ríos, como interventor, alega que el auto de certiorari es improcedente porque la petición no expone error alguno de procedimiento: porque los errores que menciona son de derecho: y porque todas las resoluciones de que se queja son apelables.

Podríamos anular el auto librado en este caso porque de las diligencias que nos ha remitido la corte inferior aparece que ha sido dictada sentencia ordenando el sobreseí-miento y areMvo del pleito de los peticionarios poniendo así término a él, por lo que las cuestiones propuestas en este re-curso extraordinario pueden resultar propiamente en la ape-lación contra la sentencia. Sin embargo, para la más rá-pida administración de la justicia y toda vez que hemos li-brado el auto de certiorari, nos parece conveniente en este caso decidir ahora las cuestiones suscitadas.

En la primera demanda se hacía una consignación para que se declarase bien hecha y redimida la finca vendida para el pago de contribuciones y se ejercitaban dos causas más de acción sobre nulidad; pero esa demanda ha quedado substituida para todos los fines, excepto en cuanto a la fecha de su presentación, por la enmendada que ha sido radicada, por lo que a la última nos referiremos únicamente al resolver este recurso. Sucn. Chavier v. Sucn. Giráldes, 15 D.P.R. 154; Romero v. Romero y Solis, 33 D.P.R. 108.

Por lo que hemos consignado respecto a la demanda enmendada, su objeto es que puesto que el registrador de la propiedad se negó a admitir la consignación que se le hacía por los demandantes de acuerdo con el artículo 349 del Código Político y las declaraciones juradas respecto al ofrecimiento hecho al comprador de la finca vendida del dinero para redimirla por haber acudido a él el 5 de agosto de 1934, o sea, después de un año contado desde el 30 de junio de 1932, en que el certificado de compra fué entregado al comprador, declare el tribunal, con la consignación que hace ante él de la cantidad de $47.48, que la finca ha sido redimida a favor de su dueño anterior. En otras palabras, que habiendo ofrecido los demandantes el dinero para la redención antes del 9 de agosto de 1933, cuatro días antes de transcurrir un año contado desde que la venta fué notificada a los demandantes por los embargos que tenían sobre la finca, tienen derecho a que declare el tribunal que la finca ha sido redimida.

No se trata ahora, como en la demanda original, de una consignación hecha de acuerdo con los preceptos del Código Civil sino de que habiéndose seguido para la redención el procedimiento especial fijado para casos como el presente por ol Código Político, el registrador se lia negado a aceptarla por entender, equivocadamente según los demandantes, que el tiempo de redención concedido por la ley se cuenta desde la fecha del certificado de venta entregado al comprador.

De la demanda enmendada no surge que la Corte de Dis-trito de San Juan careciera de jurisdicción en este asunto por razón de la materia puesto que alega haber seguido para la redención el procedimiento establecido por el Código Político pero que no le fue aceptada por el registrador, por lo que el tribunal tiene jurisdicción para resolver si la consigna-ción fué hecha en tiempo ante el registrador y, por consi-guiente, si la finca ha sido redimida.

Con respecto a si la corte tiene jurisdicción para conocer de la demanda enmendada por razón de la cuantía, se ha resuelto por este tribunal en el caso de The Juncos Central Co. v. Del Toro, 30 D.P.R. 330, en el que se hizo una consignación de $60 en una corte de distrito ofrecidos al acreedor y no aceptados por él, que la corte de distrito no tenía jurisdicción sobre el asunto por razón de la cuantía sino la corte municipal. En otro caso, el de García v. Fernández, 8 D.P.R. 106, se hizo una consignación de $30 en la corte municipal, debidos como consecuencia de un contrato de .arrendamiento por seis años que importaba más ele $2,000, y este tribunal resolvió la apelación contra la sentencia que dictó la corte de distrito al conocer de nuevo de ese asunto de la sentencia de la corte municipal, por lo que según esa jurisprudencia la consignación de $47.48 hecha en el caso presente no dió jurisdicción a la corte de distrito para conocer del asunto. A las-cortes municipales corresponde, según la ley, el conocimiento de todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de $500, intereses inclusive. Pujols Carlo v. Corte, 40 D.P.R. 92. Los peticionarios del auto alegan que la corte de distrito tiene jurisdicción por la cuantía porque la consignación que hacen es para redimir o recobrar ana finca que vale más de $500, por io que el valor de la finca y no el de la consignación es el que determina la jurisdicción de la corte y citan el caso de Cotal v. Díaz, 39 D.P.R. 289; pero ese caso no es de apli-cación al presente porque no se trataba de una consignación de dinero sino de que la' corte municipal ante la cual fue pre-sentado el pleito declarase nula la venta beaba por un co-lector de rentas para el cobro de contribuciones porque ven-dió un solar con casa valorado en $420 cuando vendiendo solamente la casa tasada en $70 liubiese cobrado los $32.38 debidos por contribuciones; y como se trataba de la nulidad de la venta de la finca valorada en $420 dijimos que por ser esa cantidad superior a $300, que es la que nos da jurisdic-ción en asuntos civiles iniciados en las cortes municipales, podíamos conocer de la apelación establecida contra la senten-cia que dictó la corte de distrito al conocer del caso en apelación.

Hay otra cuestión fundamental en este caso respecto a cuándo empieza a contarse el año concedido por el artículo 348 del Código Político para redimir las fincas vendidas para el pago de contribuciones.

Nuestro derecho de redención es estatutario por lo que la persona con derecho a redimir debe ajustarse a los requisi-tos en él exigidos. 61 C. J. 1241.

El Código Político como fué aprobado en 1902 sólo con-cedía por su artículo 348 el derecho de redimir los bienes inmuebles vendidos para el pago de contribuciones al dueño de ellos, a sus herederos o cesionarios o a sus agentes debi-damente autorizados, dentro de noventa días después de ha-berse expedido el certificado de venta. Por la enmienda hecha a ese artículo en 1910 (Ley No. 46 de 1910, pág. 148) se amplió ese derecho de redención a cualquiera persona que tuviera algún derecho o interés en dichos bienes y también se amplió el tiempo para la redención a un año, que según esa enmienda deberá contarse desde la fecha del certificado de compra. Eso es demostración de que las personas que tenían interés en las fincas vendidas para el pago de contri-buciones por ser acreedores hipotecarios o tener otro gravamen sobre ellas no tenían el derecho de redención que ahora les ha sido concedido y, también, de que el plazo de redención que ahora es de un año ha sido más concreta-mente determinado porque dispone que se contará desde la fecha del certificado de compra. Por consiguiente, por pre-cepto expreso de la ley ese plazo ha de contarse de ese modo para todas las personas que tengan derecho de redención, salvo que la notificación hecha por el colector de rentas sea tan tardía que haga ineficaz ese derecho concedido por la ley. Esto no ocurre en el caso presente, pues siendo el certifi-cado de compra de fecha 30 de junio de 1932, la notificación fué hecha a los peticionarios y demandantes en 9 de agosto siguiente, lo que ellos no niegan, por lo que tuvieron casi once meses para redimir la finca, sin que ejercitaran su de- ' recho antes de transcurrir un año contado desde el certificado de venta.

Por lo expuesto el auto de certiorari librado en este caso debe ser anulado.


author: El Juez Asociado Señob Aldkey,

text:
    Francisco Marchán Sicardó y José Martínez Llonín, demandantes y apelados, v. Bernardo Fenández Porrero, demandado y apelante.
    No. 5369.
    Sometido: Junio 15, 1933.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      E. B. Wilcox, abogado del apelante; J. Martínez Llonín, por su pro-pio derecho.
   El Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la. opinión del tribunal.

El demandado interpuso esta apelación contra la senten-cia qne declara qne son bienes gananciales de sn sociedad conyugal los qne adquirió durante su matrimonio.

Muerta Eosalía Martínez Llonín, José Martínez Llonín como único heredero testamentario de ella y Francisco Mar-, clián Sicardó como su albacea testamentario, establecieron este pleito contra Bernardo Fernández Porrero alegando que el demandado y Eosalía Martínez Llonín contrajeron ma-trimonio católico en el pueblo de Peñamellas de la provincia de Oviedo en España el día 23 de noviembre de 1880 y que allí vivieron juntos los cónyuges basta que en el año 1887 el marido vino a Puerto Eico, quedándose la esposa en Es-paña, sin que durante este tiempo adquiriesen los consortes bienes de clase alguna y sin que los aportaran a su matrimo-nio; que en 1905 la esposa vino a esta isla y fué a la casa de su marido en Eío Piedras donde ambos vivieron basta que ella murió en 1927, o sea, durante veintidós años; que el de-mandado adquirió bienes por título oneroso en Puerto Eico en los que niega participación al heredero de su esposa por entender que no son bienes gananciales sino privativos suyos.

El demandado aceptó en su contestación a la demanda que todos esos hechos son ciertos, pero alegó que su esposa no quiso venir con él a esta isla sin tener motivos justifi-cados para su negativa, en la que insistió después a pesar de las cartas que le escribió para que viniese a su lado; que en 1905 ella llegó a esta isla sin avisarle a su marido y fué a parar a la casa de su hermano, el demandante, en Eío Piedras, de la que se trasladó a la del demandado sin haber mediado reconciliación entre ellos y donde se quedó por no dar el demandado un escándalo público ni tener un encuen-tro personal con el hermano de ella, que es ahora deman-dante; que durante todos los años que su esposa estuvo en Río Piedras en la casa del demandado vivió como si fuera una huéspeda y se negó a tener relaciones sexuales con el de-mandado ; que si bien es cierto que ella intervino con el de-mandado en algún documento público para la venta de finca esto fué debido a exigencia de los compradores, y que por ello tuvo que pagar dinero a su esposa; y que por estos he-chos los bienes que ha adquirido en esta isla tienen el carác-ter de ser privativos suyos, en los que no corresponde par-ticipación alguna a su consorte ni a su heredero.

Contra esa contestación adujeron los demandantes como excepción previa que no contiene hechos determinantes de oposición ni de reconvención a la demanda. Sostuvo la corte inferior esa excepción y no habiendo presentado el deman-dado otra contestación dictó sentencia por las alegaciones, a instancia de los demandantes, declarando con lugar la de-manda.

El apelante no niega en este recurso que al contraer su matrimonio quedó constituida entre los consortes, por pre-cepto de la ley, una sociedad por virtud de la cual el marido y la mujer harán suyos de por mitad, al disolverse el matri-monio, las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos durante el mismo matrimonio.

En vista de lo expuesto, la única cuestión que tenemos que resolver es si tomando como ciertos los hechos alegados en la contestación, que se refieren a actos o palabras de la esposa fallecida, constituyen oposición a la demanda. En otras palabras, si por haber estado separados los esposos por algún tiempo y por la negativa de la mujer al débito conyugal durante los veintidós años que vivió aquí en la casa de su marido, ha perdido ella su derecho a participar en los bienes adquiridos por el demandado o, como dice éste, está impe-dido de obtener su heredero la mitad de los beneficios ha-bidos en el matrimonio al quedar disuelto por la muerte de la mujer.

La ley que creó la sociedad de gananciales entre marido y mujer no estableció excepciones a ella, a pesar de que el legislador no podía ignorar que existen matrimonios en los cuales los consortes viven separados por muchos años y al-gunas veces hasta que la muerte de uno de ellos pone tér-mino a tal sociedad. Por eso, a falta de disposición de la ley sobre esa materia de excepciones no estamos dispuestos a crearlas nosotros. Ésa es una función del poder legis-lativo y no del judicial. Tampoco creó excepciones la Corte Suprema de Louisiana cuando al resolver el caso de Cole’s Widow v. His Executors, 18 Am. Dec. 241, declaró con de-recho a los gananciales a la mujer que habiendo contraído matrimonio en Nueva York no siguió a su marido a Louisiana donde él ganó dinero y adquirió bienes y de quien estuvo separada por muchos años, hasta que él murió. El apelante cita el caso de Wheat v. Owens, de Texas, 65 Am. Dec. 164, en el que tratándose de una mujer que estuvo separada de su marido por muchos años, durante los cuales vivió en pú-blico adulterio, declaró que independientemente de su vida adúltera, su separación del marido por sí sola le impedía reclamar participación en los bienes que el marido adquirió, aunque no hace cita legal en apoyo de su conclusión. Entre ambas decisiones nos parece más ajustada a la ley la de Louisiana porque no establece por su cuenta excepciones que la ley no ha establecido para la sociedad de gananciales. Además, en el caso que resolvemos, después de una separa-ción de los consortes por algún tiempo, la mujer ha vivido en la casa de su marido por veintidós años, aparentemente como marido y mujer.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    José A. Domínguez, demandante y apelante, v. Carmen Nadal Viuda de Del Moral, sustituída en apelación por su Sucesión y su Albacea y Administrador Judicial Esteban Ferrer, demandada y apelada.
    No. 6042.
    Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Guerra Mondragón & Soldevila, abogados del apelante; José Sabater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante ha solicitado por segunda vez la reconsideración de nuestra sentencia en el caso arriba men-cionado. Se insiste en que Francisco del Moral no pudo re-presentar a la incapacitada Carmen Nadal en el procedi-miento ejecutivo que iniciara y tramitara dicha señora, re-presentada por el Sr. del Moral, quien entonces actuaba como tutor, contra el demandante en este caso, José A. Domínguez. Se alega este fundamento como motivo de nulidad. La opi-nión emitida por nosotros resolviendo la cuestión planteada dice así:

"Francisco del Moral fué designado tutor de doña Carmen Na-dal por nombramiento judicial, que aceptó y desempeñó hasta que esta Corte Suprema declaró que de acuerdo con el Código Civil, cuando se trata de la incapacidad de un padre, el nombramiento del tutor debe recaer en el hijo mayor, sea éste varón o hembra. Cuando se tramitó el procedimiento ejecutivo cuya nulidad se pide, el Sr. del Moral actuaba como tutor de la incapacitada, en cuyo be-neficio se ejercitaba el procedimiento sumario para el cobro de uña deuda. De acuerdo con el artículo 56 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuando un menor, demente o persona incapacitada es parte en un litigio, deberá comparecer bien por medio de su tutor general o de un defensor nombrado por la corte que entienda en el asunto, en cada caso, o por el juez de la misma. Aún admitiendo que Francisco del Moral no podía desempeñar las funciones de tutor general, cuando se inició y ultimó el procedimiento ejecutivo, siempre tendríamos que la corte inferior concedió autorización a dicho se-ñor para cobrar el préstamo hipotecario por la vía sumaria. El Sr. del Moral solicitó este permiso de la corte, y si ésta, después de haberse penetrado del propósito que se perseguía, autorizó a dicho señor del Moral para que ejercitase el procedimiento mencionado en beneficio de la incapacitada, entendemos que no procede declarar nulo dicho procedimiento, por el hecho de que el hijo mayor de doña Carmen no hubiese sido nombrado todavía tutor general de la misma. La realidad es, como dice el abogado de la parte deman-dada, que existía una escritura de hipoteca firmada por el deman-dante a favor de doña Carmen Nadal; que esa hipoteca había ven-cido; que el demandante no pagó el importe de la misma ni sus intereses y que por lo tanto, la acreedora tenía derecho al cobro de su crédito y que el hecho de que don Francisco del Moral repre-sentara a la incapacitada, que es su propia madre, previa autori-zación judicial, no puede ser motivo de nulidad, por el fundamento de que el hijo mayor de la incapacitada no había sido nombrado tutor general. El nombramiento de tutor recayó en doña María del Carmen, hija mayor de la incapacitada, y ésta ha comparecido en este caso en su carácter de tutora para oponerse a la nulidad del procedimiento ejecutivo, solicitada por el demandante. La compa-recencia de la incapacitada por medio de su legítimo tutor pone de relieve su asentimiento a las actuaciones llevadas a cabo en la tra-mitación de dicho procedimiento por el Sr. Francisco del Moral.” 45 D.P.E. 471, 494.

El artículo 186 del Código Civil, edición de 1930 (artículo 256, Código Civil de 1902, enmendado según la Ley No. 48 de 1930, pág. 369), fija el orden de las personas llamadas a ejercer la tutela de los locos y sordomudos y en su inciso quinto dice que “si hubiere varios hijos o hermanos, será preferido el mayor al menor”. Esta corte en el caso de Del Moral v. Corte de Distrito, 41 D.P.R. 523, anuló una orden de la Corte de Distrito de Mayagüez nombrando tutor de doña Carmen Nadal, a don Francisco del Moral, porque aun cuando la moción sobre declaración de incapacidad en que se solicitó el nombramiento de tutor estaba jurada, no se consignaron en ella los requisitos exigidos por los artícu-los 74 y 75 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, limitándose a decir que tal nombramiento debía recaer en don Francisco del Moral, sin consignar bajo juramento que este señor fuera el mayor de los bijos de doña Carmen Nadal Yda. de Del Moral. A raíz de la resolución de esta corte, María del Carmen del Moral solicitó y obtuvo el nombra-miento de tutora de su señora madre.

Es de notarse que el Código Civil en su artículo 178 al fijar el orden de la tutela legítima de los menores no eman-cipados, dice que después de los abuelos, dicba tutela corres-ponde al mayor de los hermanos, etc., mientras que el mismo código en el artículo 186, al hablar de la tutela de los locos y sordomudos dice que si hubiera varios hijos o hermanos se preferirá el mayor al menor. Es decir, en cuanto a los me-nores no emancipados se establece rigurosamente el orden en que ha de conferirse la tutela y en cuanto a los locos y sordomudos se concede una preferencia al hermano mayor.

De modo que cuando no existan abuelos paternos y mater-nos y sí hermanos de menores no emancipados, la corte nom-brará al mayor de estos hermanos y cuando no existan abue-los y sí hijos y hermanos de los locos y sordomudos, la corte preferirá al mayor de ellos.

Francisco del Moral, hijo de la incapacitada, fue origi-nalmente nombrado su tutor. De acuerdo con la ley la her-mana mayor tenía derecho a ser preferida. No obstante, el nombramiento recayó en el hijo varón, bajo cuya tutela Carmen Nadal Yda. de Del Moral, representada por su hijo y tutor, inició y tramitó el procedimiento ejecutivo que se pre-tende anular. Se trata, a nuestro juicio, de una cuestión de preferencia que no puede tener la trascendencia que le atribuye la parte demandada. No hay duda de que de no haber exis-tido Tina hermana mayor, Francisco Del Moral hubiese tenido derecho a desempeñar la tutela.

El nombramiento de tutor en estas condiciones no puede llevar consigo la nulidad de un acto realizado en beneficio de la incapacitada, como el cobro de un crédito por la vía judicial. ¿A quién puede perjudicar el ejercicio de esta acción por la incapacitada, representada por su tutor? ¿Al deudor hipotecario? Seguramente que no. La comparecencia de la incapacitada por medio de su primitivo tutor no privó al deudor hipotecario de ninguna defensa. Se arguye que den-tro del procedimiento sumarísimo no pudo establecerse contra la demanda la correspondiente excepción. Dudamos mu-cho de que esta excepción hubiese podido interponerse con éxito favorable en el curso de una acción ordinaria. Francisco del Moral actuó como tutor hasta el momento de quedar sin efecto la orden decretando su nombramiento. No cabe decretar la acción de nulidad en un caso como el presente cuando no se ha demostrado que el demandante haya sufrido perjuicio por el hecho de que la incapacitada compareciera en el juicio ejecutivo representada por su tutor original.

Hemos practicado una cuidadosa búsqueda con la espe-ranza de encontrar en el estudio de la jurisprudencia la solu-ción de la cuestión controvertida. Nada hemos hallado en los comentaristas españoles que hemos consultado y en las decisiones del Tribunal Supremo de España. En la juris-prudencia de Louisiana Imy un caso (Markham v. Schardt, 26 La. Ann. 703) que aunque no resuelve directamente el punto debatido, merece, no obstante, ser mencionado. Lo mismo decimos del caso Spaun v. Collins, resuelto por la Corte Suprema de Mississippi.

En el caso de Markham v. Schardt, supra, se designó como tutor de dos menores a una persona ajena a la familia, de acuerdo con el artículo 271 del Código Civil Revisado de Louisiana que autoriza el nombramiento de un tutor sin fianza, previa recomendación del consejo de familia, cuando no haya quien se haga cargo de la tutela, cumpla con la ley y preste la garantía requerida. El referido Código Civil dis-pone que cuando hayan muerto los padres sin haber desig-nado tutor, o cuando habiendo sido designado no haya sido confirmado o excusado, entonces el juez debe nombrar tutor al paiiente más cercano del menor en línea directa. En caso de que haya más de un ascendiente en el mismo grado y en línea directa, pero de sexo diferente, la tutela se concederá al varón. Cuando haya más de un ascendiente en el mismo grado y en línea directa, del mismo sexo, el juez nombrará uno de ellos como tutor mediante la recomendación del con-sejo de familia. La abuela del menor es la única mujer que tiene derecho a reclamar la tutela por ministerio de la ley, pero no está obligada a aceptarla. Estas disposiciones apa-recen comprendidas en los artículos 263, 264, 265, y 266 del Código Civil Revisado de Louisiana.

La abuela de los menores solicitó la nulidad del nombra-miento basándose en que la persona que había sido designada como tutor no había alegado ni probado que los menores care-ciesen de familiares que pudieran hacerse cargo de la tutela, en que los procedimientos del consejo de familia no fueron unánimes, en que el tutor designado no había prestado fianza ni alegado que no había ninguna otra persona que pudiese aceptar la tutela, y en que la abuela era el único familiar so-breviviente autorizado por la ley para obtener la tutela que estaba, dispuesta a aceptar. La Corte Suprema de Louisiana resolvió que la abuela pudo haber obtenido la preferencia del nombramiento si lo hubiese solicitado oportunamente, pero que habiéndose nombrado debidamente a un tutor, ella no podía hacer uso de su derecho como un motivo para destituir a dicho tutor o anular su nombramiento.

En el caso de Spaun v. Collins, 18 Miss. (10 Smedes & M.) 624, 25 Cent. Digest, Guardian and Ward, págs. 312. 318, interpretando una disposición que da preferencia al guardián natural o al pariente más cercano para ser nom-brado tutor, previa solicitud, a menos que el aspirante sea manifiestamente inaceptable, se declaró que la corte puede preferir el pariente más cercano a nn extraño y que si el ex-traño es nombrado a petición del padre político de nn hijo menor, la corte tendrá el deber, a petición del pariente más cercano, de destituir al tutor designado y nombrar a dicho pariente, cnando los pnpilos son menores de catorce años.

La decisión de la Corte Suprema de Louisiana reconoce el derecho de la abuela a ser nombrada tutora, con preferencia a una persona ajena a la familia, cuando solicite el nombra-miento en su oportunidad; pero le niega el derecho de obtener la destitución o nulidad del nombramiento después que esa persona ha sido debidamente nombrada.

La decisión 'de Mississippi reconoce en el pariente más cercano el derecho a obtener la destitución '{removal) de un extraño que haya obtenido el nombramiento de tutor, pero no dice que pueda obtener la nulidad.

Estas decisiones demuestran cuál es la tendencia de los tribunales en la interpretación de estas leyes relacionadas con el nombramiento de tutor.

Esta corte, por cuestiones de procedimiento, anuló la orden designando a Francisco del Moral tutor de la incapacitada, pero nuestra resolución no puede tener la trascendencia de anular todos los actos realizados en el ejercicio de la tutela por este señor, quien hasta la fecha de pronunciarse nuestra sentencia actuó como tutor de la referida incapacitada.

La corte inferior, previa solicitud, autorizó a Francisco del Moral, como tutor de la incapacitada, para hacer efectivo el crédito hipotecario por la vía judicial. Promovido el juicio ejecutivo con la expresa autorización de la corte, para realizar un acto en beneficio de la incapacitada, aun en el caso de que el referido señor no fuese un tutor general, podría conside-rarse como un defensor judicial (guardian at litem) o un tutor de facto. En la mayoría de las jurisdicciones prevalece la regla general de que una persona incapacitada debe estar representada por su tutor general, en caso de que lo tenga, y si no por un tutor especial o tutor ad litem. 32 C. J. 770, párr. 586. El término quasi guardian, o guardian de son tort, ha sido aplicado en equidad a personas que, sin un nom-bramiento legal, asumen las funciones de un tutor, teniendo bajo su custodia a la persona y los bienes del pupilo. Zeldeman v. Molasky, 118 Mo. App. 106, 114, 94 S. W. 754; 38 C. J. 1064, párr. 19. Un tutor de facto está sujeto a todos los deberes y responsabilidades de un tutor legalmente nombrado. Esto en cnanto a sus responsabilidades. In re Smith v. Cameron, 158 Mich. 174, 122 K W. 564. También se le ha reconocido a dicho tutor el derecho de recibir una compensa-ción equitativa por los gastos realizados en interés de .su pupilo, siempre que tales gastos hubiesen sido permitidos en el caso de tratarse de un tutor legalmente nombrado. In re, Beisel, 110, Cal. 267, 40 p. 961, 42 p. 819. Extendiendo estos principios, basados en una razón de equidad, un tutor que hace efectivo un crédito en beneficio de su pupilo, sin ocasionar perjuicio al deudor, quizás podría considerarse también como un tutor de facto. Sostenemos, sin embargo, que en el pro-cedimiento ejecutivo el Sr. Francisco del Moral actuó dentro del círculo de sus atribuciones como tutor general entonces de la incapacitada.

Dijimos en nuestra opinión original que la comparecencia en este caso de la incapacitada, por medio de su legítimo tutor, para oponerse a la nulidad del procedimiento ejecutivo pone de relieve su consentimiento a las actuaciones llevadas a cabo en la tramitación de dicho procedimiento por el Sr. Francisco del Moral. En su carácter de tutora de la referido, incapacitada, alega la Sra. María del Carmen del Moral que su hermano Francisco “radicó el relacionado ejecutivo suma-rísimo contra el demandante como tutor de la demandada, con autorización de esta corte y de buena fe.” Concluye la tutora solicitando que se desestime la demanda en que se pide la nulidad del procedimiento ejecutivo.

El demandante alega que la tutora María del Carmen del Moral no podía ratificar las actuaciones ilegales del supuesto tutor anterior y que la ratificación de estas actuáciones no puede obligar al apelante ni privarle de ningún derecho. En nuestro sentir la conducta de la tutora legítima ratificando las actuaciones del tutor anterior dentro del procedimiento ejecutivo, puede ser un elemento a considerar en la solución de la cuestión debatida.

En Taylor v. Superior Ct., 30 R. I. 560, 76 Atl. 644, una persona mayor de edad, colocada bajo tutela por falta de discreción para administrar sus bienes, radicó una reclama-ción en la corte correspondiente por servicios prestados a un finado cuyos bienes estaban bajo administración judicial. La reclamación fué denegada y entonces el pupilo estableció demanda en su propio nombre para recobrar del adminis-trador la suma reclamada. Muerto el tutor general, su sucesor acudió a la corte para que se le permitiese intervenir en la demanda promovida por su pupilo en su propio nombre sin el aparente consentimiento del tutor anterior. La mo-ción fué concedida y el administrador solicitó la revisión de los procedimientos por medio de un auto de certiorari. La corte resolvió que los actos de un pupilo, no prohibidos por la ley, cuando le benefician, son legales, expresándose en los siguientes términos:

"La demanda no es una nulidad. Nosotros sostuvimos en Taylor v. Superior Ct., 30 R. I. 200, 74 Atl. 482, eon respecto a la de-manda en cuestión, que la misma fué impropiamente iniciada por el pupilo en su propio nombre, impropiamente mantenida por él, e impropiamente enmendada en su favor. Pero nosotros dijimos: La cuestión de si los actos no autorizados del pupilo pueden ser rati-ficados y convalidados por el tutor, es una cuestión que no ha sido presentada en este caso. La cuestión se ofrece ahora de una ma-nera franca a nuestra consideración. Nosotros no dijimos y minea intentamos que se interpretasen nuestras palabras en ese sentido, que Ja demanda es una nulidad. La demanda pudo ser abatida en la forma en que fué iniciada, mantenida y enmendada porque los actos fueron separadamente ejecutados por el pupilo, o a su ruego, sin la concurrencia de su tutor. Pero la demanda no fué abatida, y el tutor al fin ha comparecido y solicitando permiso para inter ve-nir y enmendar los procedimientos, cuya moción ba sido concedida por la corte superior. ¿Qué daño se ba irrogado y en qué particular tiene el demandado motivos para querellarse? Por falta de discreción en la administración de sus bienes, Henry J. Ralph fué colocado bajo tutela y se convirtió en un pupilo. Por lo tanto, no debe presumirse que él fuese capaz de juzgar si la demanda estable-cida redundaba o no en su beneficio.De esto él no puede ser el juez, puesto que la ley ba colocado un tutor sobre él cuyo criterio debe prevalecer. Sin embargo, él radicó su reclama-ción y empleó abogados que promovieron la demanda a su debido tiempo y abora aparece que su tutor opina que los abogados fueron contratados y la demanda instituida en beneficio de su pupilo y que tal demanda, después de establecida, debe ser mantenida y ra-tificadas y convalidadas las actuaciones de los abogados, como si los mismos hubiesen sido originalmente empleados a ruego y con la aprobación de dicbo tutor. ¿A quién se ha ocasionado perjuicio? No es ciertamente al pupilo, cuyo interés es el deber de los tribuna-les proteger. Tampoco al demandado, porque si él tiene una buena defensa contra la acción cuando se juzgue en sus méritos, él no so-lamente obtendrá sentencia sino que también recobrará las costas, que no podía obtener si la demanda hubiese sido abatida, y si él no tiene una defensa válida contra la reclamación del demandante, tampoco puede querellarse de que se haya dictado sentencia contra él.”

La opinión de la Corte Suprema de Rhode Island termina con las siguientes palabras:

“Puesto que la reclamación fué debidamente radicada y la de-manda, que según hemos declarado no era una nulidad, pudiendo ser capaz de ratificación y convalidación por el tutor, si en su opi-nión redundaba en beneficio de su pupilo, fué promovida dentro del período señalado por la-ley, habiendo sido ratificada, convalidada y enmendada en el sentido de demostrar que es la demanda del pu-pilo mantenida con la concurrencia de su tutor, hay que concluir que las objeciones tercera y cuarta del peticionario son inacepta-bles. ’ ’

Como ya dijimos antes, dudamos mucho de que la demanda hubiese podido ser excepeionada y abatida en el caso de que se hubiese reclamado el pago del crédito hipotecario por medio de una acción ordinaria. Nos inclinamos a creer que tal excepción no hubiese prosperado. Repetimos que el pro-cedimiento ejecutivo iniciado y tramitado a nombre de la in-capacitada por medio de su tutor no puede ser anulado por el hecho de que se hubiese dejado sin efecto la orden decre-tando su nombramiento. El Sr. del Moral actuó entonces como tutor de su señora madre en el ejercicio de la tutela. A mayor abundamiento, la tutora legítima, últimamente nom-brada, ha comparecido en este pleito aceptando y ratificando las actuaciones del tutor anterior.

En cuanto a los demás puntos tratados en la nueva moción de reconsideración, nos atenemos a las conclusiones estable-cidas en nuestra opinión original.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santiago Rodríguez Rosario, acusado y apelante.
    No. 5322.
    Sometido: Marzo 21, 1934.

      Resuelto: Septiembre 29, 1934.

      Mariano Acosta Velarde, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Santiago Rodríguez Rosario fné acusado de nn delito de homicidio involuntario. Se alega en la acusación que allá por el día 20 de febrero de 1932, el referido Santiago Rodrí-guez Rosario, Eduardo Pérez Rivera y Sebastián Mejias Carrero, mientras operaban y conducían bajo sn dirección y cuidado la locomotora 85, de la American Railroad Co. of Puerto Rico, actuando como maquinista el apelante, debido a la negligencia, descuido, y falta de prudencia y circunspec-ción de dichos acusados en el manejo y dirección de la má-quina, arrollaron en el barrio Higuey, del término municipal de Aguadilla, al ser humano José Alers Valentín, quien falle-ció el 26 ele febrero de 1932 a consecuencia de las heridas reci-bidas.

Los acusados solicitaron una relación detallada (bill of ’particulars) de los hechos constitutivos de negligencia, des-cuido o falta de prudencia y circunspección que se les impu-taban. Accedió el fiscal a lo solicitado, formulando algunas alegaciones adicionales en un pliego de particulares que hizo formar parte de la acusación y que refiriéndose al apelante dice así:

“Que Santiago Rodríguez Rosario, en el sitio y fecha a. que se contrae la acusación, manejaba, guiaba, y operaba la máquina nú-mero ochenta y cinco de la American Railroad Company of Puerto Rico a tóda marcha, y siendo su deber reducir la velocidad de aqué-lia al aproximarse al cruce donde ñié arrollado el ser humano -losé Alers Valentín, en el que atraviesa las vías ferroviarias un camino abierto al tráfico público y de tránsito constantemente frecuentado, allí y entonces, y mientras el indicado José Alers Valentín atrave-saba a pie dicho cruce, dicho acusado, descuidada y negligentemente, y con conocimiento de las anteriores circunstancias, rehusó reducir y no redujo la marcha de la máquina expresada, ocasionando de este modo con los otros coacusados, la muerte del individuo José Alers Valentín en la forma que refiere la acusación.”

El apelante excepcionó la acusación basándose en qne los beclios expuestos en la misma no constituyen delito público contra él. Las excepciones perentorias fueron desestimadas. Al terminar la prueba de cargo, fue absuelto el acusado Eduardo Pérez Rivera, conductor de la locomotora. Prac-ticada toda la prueba y sometido el caso al jurado, éste rindió un veredicto absolviendo a Sebastián Mejías Carrero, fogo-nero, y declarando culpable de un delito de homicidio invo-luntario al maquinista Santiago Rodríguez Rosario.

Alega en primer término el acusado apelante que la corte incurrió en manifiesto error al declarar sin lugar las excepciones perentorias interpuestas contra la acusación.

Durante la vista de la causa ante este tribunal, el abogado del apelante alegó con énfasis que siendo la acusación original defectuosa, el pliego de especificaciones o bill de particulares no llenaba las lagunas que se advertían en dicha acusación. Es de notarse que el pliego de especificaciones fué servido a solicitud del propio acusado y que el fiscal expresó que for-mulaba dichas alegaciones adicionales para que formasen parte de la acusación. Creemos, sin embargo, que no es nece-sario decidir la cuestión que planteara verbalmente el abogado de Santiago Rodríguez Rosario, porque, a nuestro juicio, la acusación originalmente formulada basta para sostener el delito de homicidio involuntario que se imputa al acusado.

El artículo 328 del Código Penal declara que todo conductor, maquinista, guardafrenero, guardagujas, u otra persona encargada del todo o en parte de cualquier vagón, loco-motora, etc., o cualquier otra persona encargada del todo o en parte del deber de despachar o dirigir los movimientos de dicho vagón, locomotora, etc., que por imprudencia teme-raria o descuido lo dejase o hiciese chocar con otro vagón, locomotora, etc., ocasionando de este modo la muerte de una persona, incurrirá en pena de presidio por un término máximo de cinco años. El artículo 203 del mismo código declara que el homicidio es involuntario cuando ocurre al realizarse un acto ilegal que no constituye delito grave; o al realizarse un acto legal que pudiese ocasionar muerte en forma ilegal, o sin la debida prudencia o circunspección. Prácticamente la acusación original emplea el mismo lenguaje del estatuto. Se alega que los acusados Santiago Rodríguez Rosario, ma-quinista, Eduardo Pérez Rivera, conductor, y Sebastián Mejías Carrero, fogonero, operaban y conducían bajo su cuidado, una locomotora, y se dice que debido a la negligencia, descuido y falta de prudencia y circunspección de dichos acusados en el manejo y dirección de la máquina indicada, arrollaron al ser humano José Alers Valentín, ocasionándole lesiones que le produjeron la muerte. Convenimos en que la acusación ha podido ser más específica, pero en nuestro sentir contiene hechos bastantes para informar al acusado de la naturaleza y carácter del delito que se le imputa, y no creemos que sea absolutamente necesario especificar detalladamente en qué consistió el descuido, la negligencia o la falta de prudencia y circunspección.

En el caso de Schultz v. State, 130 N.W. 973, la Corte Suprema de Nebraska se expresó así:

“Los autos demuestran que el acusado entendió completamente la naturaleza del delito y que condujo su defensa en tal forma que hubiese quedado exonerado de responsabilidad criminal si el jurado hubiese creído su evidencia.. Una cuestión igual fué presentada ante la Corte Suprema de Missouri en el caso de State v. Watson, 216 Mo. 420, 115 S.W. 1011, sobre una información similar en la cual se imputó al acusado el haber matado a una persona mientras descuidada y negligentemente manejaba un automóvil en cierta calle de la ciudad de St. Louis.”

Copia la corte las conclusiones de la Corte Suprema de Missouri, y termina diciendo .que la acusación en el caso fue suficiente al imputar al acusado el delito de que fue declarado convicto.

Copiamos a continuación lo que dice la Corte Suprema de Missouri en el caso de State v. Watson, supra, citado por la corte de Nebraska:

“Dirigiendo nuestra atención a la primera cuestión suscitada respecto a la suficiencia de la acusación para sostener la sentencia, hallamos que la acusación imputa al acusado la comisión del delito de homicidio voluntario en' cuarto grado y ques se basa en las dispo-siciones del artículo 1834 de los Estatutos Revisados de 1899 (Esta-tutos Anotados 1906, pág. 1269) que dice.- ‘Toda muerte de un ser humano causada por el acto, impericia o negligencia voluntaria de ota. persona, que equivalga al delito de homicidio en el derecho co-mún, que no sea excusable o justificable, o que no esté declarado como homicidio de otro grado por este capítulo, será considerada como homicidio voluntario en cuarto grado.' La cuestión aquí en-vuelta parece ser una de primera impresión en lo que a las conclu-siones de la corte se refiere. Los letrados que representan tanto al estado como al acusado no han llamado nuestra atención a ningún caso fundado en un estado similar de hechos, ni nos ha sido posible, después de una minuciosa búsqueda, descubrir ningunas decisiones que sean especialmente aplicables al punto aquí envuelto. Por con-siguiente, la solución del problema que está ante nos debe hallarse mediante la aplicación de preceptos bien establecidos. Es cuestión fundamental que una acusación fiscal o del gran jurado basada en las disposiciones de un estatuto debe imputar el delito en el lenguaje del estatuto, y las alegaciones contenidas en la acusación fiscal o del gran jurado deben ser suficientes para informar ampliam.eh.te al. acusado de la naturaleza del delito de que responderá al sometér-sele a juicio final. Bastará decir sobre esta cuestión que, aplicando el principio fundamental de procedimiento en causas criminales, nuestro juicio esta acusación imputa suficientemente el delito de que se declaró culpable al acusado. El estatuto en que se basa esta acu-sación dispone que la muerte de un ser humano causada por el acto, impericia o negligencia voluntaria de otra persona, que equivalga al delito de homicidio en el derecho común, que no sea excusable o jus-tificable, o que no esté declarada como homicidio de otro grado, será considerada como homicidio voluntario en cuarto grado. Los he-dios en que se basa esta acusación fueron el uso y conducción negli-gente de un automóvil, cuyo manejo es universalmente reconocido está acompañado de mucho riesgo para los viandantes que hacen uso de las calles. Esta acusación alega que el acusado guiaba el auto-móvil descuidada, aviesa y negligentemente. Le imputa que allí y entonces se hallaba a cargo y tenía el dominio y control de cierto automóvil que era conducido y guiado por la calle Locust, que es una vía pública de la referida ciudad de St. Louis, y que el alu-dido Jesse Watson, allí y entonces en dicha ciudad de St. Louis, el 31 de octubre de 1907, criminal, descuidada, aviesa y negligente-mente, guió y condujo dicho automóvil con gran fuerza y violencia contra y sobre dicha Cristina Musiek. Entonces continúa alegándo-las heridas causadas al guiarse dicho automóvil tan descuidada, aviesa y negligentemente, así como que el acusado descuidada, aviesa y negligentemente lanzó a la referida Cristina Musiek al suelo y sobre el pavimento, e hizo que dos de las ruedas de dicho automó-vil pasaran por sobre la cabeza y cuerpo' de dicha Cristina Musiek, produciéndole así ciertas heridas de las cuales ella murió. Esta, a nuestro juicio, es una imputación suficiente que informó plenamente al acusado de la naturaleza del delito de que debía responder. En nuestra opinión no era esencial que la, acusación expusiera detalla-damente en qué consistió el descuido, impericia o negligencia; y que la alegación de que guiaba y conducía este automóvil por una calle pública descuidada, aviesa y negligentemente servía para no-tificar al acusado de que no usaba, manejaba o conducía su automó-vil de conformidad con la ley o las ordenanzas de la ciudad que re-glamentan el uso y manejo de tales vehículos. Evidentemente el acusado sabía que tendría que afrontar la imputación de descuido, impericia y negligencia en el manejo de su automóvil, y al hacer frente a tal imputación es indudable que su única defensa hubiese sido que guiaba y conducía el automóvil de conformidad con las le-yes y ordenanzas de la ciudad, debidamente aprobadas, para regla-mentar el manejo de tales vehículos. El acusado no pudo ser in-ducido a error por esta alegación. A él no pudo tomársele por sor-presa. Según las alegaciones contenidas en esta acusación, él debió saber que el estado trataría de probar todos y cada uno de los he-chos que tendían a establecer cualquier clase de negligencia, des-cuido o impericia en el manejo de ese vehículo.”

Las razones expuestas por la Corte Suprema de Missouri para sostener la suficiencia de una acusación muy parecida a la que ha sido objeto de excepción en este caso, nos parecen aceptables. El acusado no puede llamarse a engaño. En virtud de los cargos formulados contra él, queda informado de que se le imputa negligencia, descuido y falta de circuns-pección y prudencia en el manejo de la locomotora. Esto en cuanto a la acusación original. Luego el bill de particulares informa al acusado de que su negligencia consistió en operar a toda marcha la locomotora que guiaba por un camino abierto al tráfico público y de tránsito constantemente frecuentado, rehusando reducir la marcha de la máquina expresada. Esta especificación, que limita la alegada negligencia, descuido y falta de prudencia y circunspección al hecho de haber rehu-sado el acusado reducir la velocidad de la máquina, ha reci-bido de nosotros la más cuidadosa consideración. La velo-cidad a que debe caminar una locomotora al atravesar un cruce en una zona rural es cuestión que depende de un número de circunstancias, como por ejemplo las condiciones del cruce, su situación, el peligro que pueda existir, y todos aquellos detalles que tiendan a determinar si una persona de pru-dencia ordinaria estuvo o no justificada, de acuerdo con las circunstancias, en conducir la máquina a una determinada velocidad. En el bill de particulares se dice que el maquinista tenía el deber de reducir la velocidad. En términos generales, no creemos que pueda establecerse esta afirmación. Se ha sostenido que en ausencia de un estatuto y bajo los preceptos del derecho común, el principio de que una compañía ferro-viaria debe ejercer su franquicia con debido respeto a la se-guridad de sus pasajeros y a la de las personas que puedan cruzar la vía en un camino público, demanda de dicha com-pañía que al establecer el grado de velocidad a que sus trenes puedan correr ejerza debido cuidado, no solamente con res-pecto a la seguridad de los pasajeros, sino también de todas las personas que en el ejercicio de un cuidado ordinario crucen sus vías en un camino público.

Esta corte, en el caso de Ferrer e Hijo v. American Railroad Co., 39 D.P.R. 44, se expresó así:

“De conformidad con las autoridades, según el examen que de ellas hemos hecho, en tal cruce, que no es claramente un cruce pú-blico, el deber de la compañía es dar algún aviso y usar el cuidado ordinario. La ley no exige que en estos sitios rurales los trenes reduzcan la velocidad.
“Bin embargo, la conclusión principal de la corte inferior fué que el accidente se debió a haber dejado el tren de la demandada de reducir la velocidad. La corte basó esta conclusión en la ley de diciembre 6, 1917.
« * * * * ”
“De una mera inspección de esta ley se desprende claramente que el deber de reducir la velocidad surge solamente al cruzar las calles y que toda la ley es aplicable a cruces reconocidos como ca-minos públicos. En modo alguno es el camino en cuestión un ca-mino piiblico dentro del significado del estatuto.”

En el caso de St. Louis-San Francisco R. Co. v. Prince, 71 A.L.R. 357, resuelto por la Corte Suprema de Oklahoma, se aprobó por la Corte una instrucción al jurado que dice así:

“(Ion referencia a la velocidad del tren, se os instruye que en vuestra determinación sobre si la compañía acusada fué descuidada y negligente al manipular dicho tren a la misma velocidad que la prueba demuestre discurría al acercarse y cruzar el paso a nivel en cuestión, podéis tomar en consideración la situación del cruce y de los alrededores y circunstancias, ora dicho cruce fuera o no exeep-cionalmente peligroso, y de todos los hechos y circunstancias resul-tantes del caso, determinar si una persona de ordinaria prudencia, bajo similares o idénticas circunstancias, hubiese manipulado dicho tren a la velocidad en que, según vosotros determinéis, dicho tren discurría por y cerca del cruce en cuestión.”

A raíz de transcribir la instrucción que antecede, dice la Corte Suprema de Oklahoma:

“La regla general es que, en ausencia de un estatuto regulando la velocidad de los trenes en campo abierto, no hay límite para la velocidad a que puedan correr, excepto aquél que establece una cui-dadosa precaución por la seguridad de los trenes y los pasajeros. Cross v. Ry. Co., 120 Kan. 58, 242 P. 489; Mulvaney et al. v. N.Y. Cent. Ry Co., 233 Mich. 350, 206 N.W. 536, 537, en que se cita Robinson v. Ry. Co., 79 Mich. 323, 44 N. W. 779, 780, 19 Am. St. Rep. 174.
"En el último caso citado se dijo: ‘Debe presumirse que la parte demandada ha cumplido con las disposiciones de la ley con respecto a cercar su vía y a construir este cruce atendiendo debida-mente a la'seguridad de las personas y de la propiedad que pasen sobre él, y disponiendo que sus máquinas y carros estén suplidos con los aparatos de rigor. Habiendo hecho esto, la parte deman-dada tenía derecho al uso de su vía para el paso de sus trenes en todas las ocasiones, para aumentar la velocidad de sus trenes ordina-rios cuando se hubieren retrasado, y para hacer circular trenes es-peciales o irregulares cuando sus negocios lo requirieran. La ley no limita el grado de velocidad de sus trenes. Los negocios del país demandan de los ferrocarriles rápida transportación tanto para las personas como para la propiedad. En ninguna parte se ha resuelto que una velocidad de sesenta millas constituye negligencia cuando un tren atraviesa un campo fuera de villas y ciudades, o a través de una comunidad escasamente poblada. Es sabido que los trenes corren en muchas partes del país a una velocidad de cincuenta o se-senta millas por hora.’
“En Mulvaney et al v. N. Y. Cent. Ry. Co., supra, después de copiar la regla que antecede se dice: ‘Como ocurre con todas las reglas, ésta tiene también sus excepciones.’
“Las excepciones a la regla han sido reconocidas en este estado según puede verse en St. Louis-San Francisco Ry. Co. v. Rundell, supra, donde se copia la regla que aparece en 22 R.C.L. 947, que dice así: ‘Un grado de velocidad que ofrecería completa seguridad bajo algunas condiciones, puede, sm embargo, ser en extremo peli-groso en otras, y se ha sostenido generalmente que corresponde al jurado determinar si la velocidad a que un tren era manipulado constituyó negligencia o no bajo todas las circunstancias.’
“Entonces se dice: ‘La cuestión relativa a si cuarenta millas por hora era una velocidad excesiva mientras el tren bajaba una pen-diente, sin hacer ruido alguno, sin tocar campana o sonar el silbato, al acercarse a un camino vecinal en un sitio de mucho tráfico, donde la vista de un lado estaba obstruida, donde el cruce estaba en mal estado conforme se ha dicho antes, era una cuestión de hecho a ser determinada por el jurado y no una de derecho a ser resuelta por la Corte, aliste no es un estado de hechos sobre el cual todo hombre razonable llegaría a la mism)a conclusión.’
“La regla general debe ser observada y la excepción aplicada so-lamente en un caso adecuado. La cuestión fue propiamente some-tida al jurado mediante una instrucción que correctamente expone la ley, no habiéndose cometido el error apuntado.”

En el caso de Missouri, K. & T. Ry. Co. of Texas v. Luten, 203 S.W. 909, resuelto por la Corte de Apelaciones Civiles de Tejas, se dijo:

“La evidencia no controvertida demuestra que el tren que arrolló y mató a E. E. Luten caminaba a una velocidad de treinta y cinco a cuarenta millas al aproximarse al cruce, bajo una neblina muy densa. Es cierto que se trataba de un cruce en el campo; pero era un cruce público en el sentido de que se usaba comúnmente por pedes-tres y personas que viajaban en vagones, coches y otros vehículos, siendo - un lugar donde los operadores del tren de la apelante po-dían esperar que hubiese allí personas en cualquier tiempo. Al aproximarse a tal cruce, aunque sea en el campo, las compañías fe-rroviarias no tienen derecho a operar sus trenes a la velocidad que consideran propia, sin tener en cuenta el peligro a que se expongan las personas que puedan legalménte usar el cruce. Aunque el sitio del accidente esté en el campo, y no exista ninguna ley regulando la velocidad, sin embargo, la negligencia puede ser demostrada por la velocidad a que el tren camine, cuando se considere en conexión con el sitio del accidente y las circunstancias que lo rodeen. Fue el deber de los empleados de] apelante en aquella ocasión ejercer cui-dado ordinario y si este cuidado se ejerció en la velocidad del tren bajo las circunstancias de la situación, fué una cuestión a conside-rar por el jurado. El caso de Railway Co. v. Langham, 95 S. W.. 686, citado por el apelante, no enuncia, a nuestro juicio, una doc-trina contraria. Por el contrario, la regla, según se establece aquí,, es distintamente reconocida.”

No puede decirse que el criterio sustentado por la Corte de Apelaciones Civiles de Tejas esté en pugna con la doctrina general establecida por la jurisprudencia. Más bien señala y precisa las limitaciones que la seguridad pública demanda para que los trenes no caminen con rapidez excesiva al atra-vesar un cruce, cuando las circunstancias aconsejen una marcha moderada a fin de proteger a los viandantes que pasan por dicho cruce. Es decir, la falta de una ley que limite la velocidad de los trenes en campo abierto al aproximarse a un cruce, no autoriza que en el desarrollo de esa velocidad se actúe de una manera negligente y descuidada, con menos-precio de la vida y la seguridad de las personas que puedan pasar por ese cruce, cuando las circunstancias aconsejen la reducción de la velocidad.

Ahora Men, ¿ concurren en este caso circunstancias especiales que aconsejen la reducción de la velocidad? En caso afirmativo, ¿se ha probado que el acusado dejó de reducir la velocidad al atravesar el cruce y que su negligencia, si es que existe, es de tal naturaleza que apareje responsabilidad criminal? Cuestiones son éstas que nos llevan necesaria-mente a fijar nuestra atención en los dos últimos errores señalados por el acusado. Se alega que el veredicto del jurado es contrario a la prueba y que ésta es insuficiente en derecho para establecer la culpabilidad del acusado.

Empezaremos por describir el sitio donde ocurrió el acci-dente, teniendo en cuenta la prueba practicada. En el bill de particulares se alega que el sitio del accidente es el de un cruce entre la vía férrea y un camino abierto al tráfico público. Tanto la prueba de cargo como la de defensa de-muestran que por la vía cruza un camino que da acceso a una finca de un Sr. Mejías, donde hay unas cuantas casas. A la entrada de esta finca existe un portón y colocado a cierta distancia un letrero donde dice: “Peligro-Prohibido el paso-Daniger-No Trespassing

Melitón Rivera declara que antes de llegar al cruce hay una pequeña curva que impide la vista.- El testigo Ramón Gelabert, ingeniero civil auxiliar de la American Railroad Co. of Puerto Rico, declara que hay una recta de ochenta y cinco metros en dirección de Mayagüez a Aguadilla inmediata-mente antes de cruzar la vía o vereda que da acceso a la finca del Sr. Mejías, y que estando una persona junto al portón en terreno de la compañía del ferrocarril y parada esa persona a dos metros y medio de distancia de la vía, puede ver’ un tren en marcha que venga desde Mayagüez a una distancia de 105 metros. También declara dicho testigo que dicho camino no puede ser utilizado para automóviles o ca-rretas, y que es transitable solamente para peatones y ani-males. El Fiscal sostiene que de acuerdo con la prueba los letreros anteriormente mencionados tienen el efecto de pro-hibir el paso por la vía hacia arriba y hacia abajo, o sea a derecha e izquierda del camino; pero no por el camino que cruza la vía. La prueba de la defensa tiende a demostrar que se prohibía transitar por esos terrenos paralela o diago-nalmente o en cualquier dirección. El ingeniero Gfelabert declara que el camino termina en la finca del Sr. Mejías que queda a una distancia de unos veinte metros de la vía. La prueba demuestra que las personas que vivían en la finca, pasaban por la vía para salir a la carretera. En dicha finca . había un número de casas que algunos testigos calculan en diez y otros en quince o veinte. La verdad es que por aquel sitio pasaba alguna gente y es lógico suponer que la compañía ferroviaria autorizara el tránsito, porque el Sr. Mejías y sus peones tenían derecho a salir de su propiedad y de acuerdo con la evidencia aportada era ése el camino que facilitaba la salida.

Melitón Eivera dice que los vecinos que allí vivían y el mismo dueño de la finca pasaban frecuentemente por ese camino a todas horas. El interfecto, José Alers Valentín, salía de la mencionada finca, donde vivía, para la Central Coloso, y al atravesar la vía como entre una y dos de la tarde del día 20 de febrero de 1932, fué arrollado por la locomotora No. 85 que venía de Mayagüez, muriendo a con-secuencia de las lesiones recibidas. El ingeniero Grelabert dice que la palabra “peligro” que aparece en los letreros se usa porque pueden ocurrir accidentes por razón del trá-fico, y que los sitios de peligro son innumerables, como por ejemplo, la aproximación a un puente, a una curva, a una pendiente muy fuerte, la aproximación a un túnel, la aproxi-mación a un cruce de carreteras, de caminos, etc.

Hemos estudiado detenidamente los hechos que culminaron en el accidente y no estamos convencidos de que el acusado haya incurrido en responsabilidad criminal. Melitón Eivera habla de una pequeña curva que impedía ver; el ingeniero Cfelabert dice que la vía es recta ochenta y cinco metros in-mediatamente antes de llegar al crnce. También declara qne bay nna pendiente al aproximarse a dicho crnce, viniendo de Mayagüez en dirección a Agnadilla. Los testigos de la acusa-ción declaran todos que no se dió ninguna señal de aviso y que vieron la locomotora en los momentos en que ocurrió el accidente. Los testigos de la defensa dicen que se tocó pito y campana. El jurado rindió un veredicto de culpabilidad. Es de asumirse que no creyó a los testigos de la defensa. En el pliego de especificaciones no se alega que el acusado de-, jara de tocar el pito. Se le imputa exclusivamente el hecho de no haber reducido la velocidad. La omisión del aviso in-dicado, sin embargo, es un elemento a considerar cuando se trata de apreciar si hubo o no negligencia al no reducir la velocidad. Esta precaución no siempre constituye un deber cuando el tren se acerca a un cruce en un campo abierto, a menos que las circunstancias así lo requieran. En el presente caso los testigos que hablan de la velocidad de la máquina no vieron la locomotora antes de ocurrir el choque. ¿Cómo pudieron apreciar que el acusado no redujo la velocidad?

En el caso de St. Louis, I. M. & S. Ry. Co. v. Kimbrell, 183 S.W. 516, el accidente ocurrió en el pueblo de Beebe, en un cruce de calles. Se alegó, entre otras cosas, que el tren corría a una alta y desusada velocidad a través del pueblo de Beebe y que no dió señal alguna al aproximarse al cruce. Befiriéndose a la velocidad dice la Corte- Suprema de Arkansas :

“La rapidez desusada del tren fue un elemento propio de con-siderar bajo las circunstancias de este caso aunque la rapidez del tren por sí sola no sería suficiente para estabiecer responsabilidad si todas las demás precauciones fueron observadas por aquellas per-sonas que tenían a su cargo el tren. En Ford v. St. Louis, I. M. & S. Ry. Co., 66 Ark. 363, 50 S.W. 864, el Juez Riddick, hablando a nombre de la corte, se expresó así: ‘La conveniencia pública y la necesidad, desde luego, requieren que los trenes corran a un alto grado de velocidad y el simple hecho de que el tren corría ránida-mente en el momento en que arrolló a un animal no es prueba de negligencia por parte de la. comlpañía cuando no ocurren otros he-cbos tendentes a demostrar que bubo negligencia bajo las circuns-tancias al correr a tal velocidad, porque es de esperarse que los tre-nes corran rápidamente. Pero cuando el accidente ocurre en una ciudad o población populosa, las circunstancias entonces pueden ser tales que el jurado esté justificado en declarar a la compañía culpable de negligencia al correr sus trenes a un grado desusado de velocidad, y esto es realmente cierto cuando las señales fijadas por el estatuto no se dan en los diferentes cruces de calles.’ ”

Nótese que en el caso resuelto por la Corte Suprema de Arkansas se trata de una acción civil y no de una acusación criminal. A pesar de tratarse- de un accidente ocurrido en plena ciudad, la corte dice que la rapidez del tren solamente no sería suficiente para establecer responsabilidad si se obser-varan todas las demás precauciones. Dudamos mucbo de que en el presente caso las circunstancias sean de tal natu-raleza que determinen responsabilidad criminal de parte del maquinista. No hay un testigo de cargo que declare que vió la locomotora antes de ocurrir el accidente. Melitón Rivera habla de una velocidad bastante regular y de una marcha avanzada. Ramón Acevedo dice que el tren paró bastante retirado “de donde le dió el cantazo.” A preguntas de la defensa dice que el tren paró bastante retirado, “como de aquí adonde están las últimas gentes.” Pablo Rodríguez declara que el tren iba demasiado ligero. Eugenio Iglesias dice que la máquina paró bastante retirado. A preguntas de la defensa dice que el paso a nivel “está como aquí y la máquina le dió y arrastró al señor ese como hasta donde está Ud. y después la máquina fuá a parar como adonde están esos otros señores.” José LaO Cordero manifiesta que sintió el ruido cuando el tren venía a toda velocidad y que vió la máquina cuando ya estaba parada. Estos testigos presen-ciaron el accidente, pero no vieron la locomotora hasta el mo-mento de ocurrir la colisión. Ramón Ortiz y Miguel Beltrán, testigos de la defensa, declararon que la locomotora paró a. cinco o seis metros del paso a nivel. Eduardo Pérez Rivera dice que dicha locomotora paró a ocho o diez metros del sitió del accidente. Sebastián Mejias dice que la máquina se de-tuvo a ocho metros de distancia. De acuerdo con la prueba de la defensa, la locomotora caminaba a una velocidad de quince a veinte kilómetros por bora.

Las decisiones de los tribunales varían en cuanto al grado de negligencia necesario para declarar a una persona culpable de homicidio involuntario; pero todos están conformes en que se requiere una negligencia mayor que la que se nece-sita para establecer el derecho de una persona a obtener in-demnización por daños y perjuicios en una acción civil. Es verdad que el artículo 328 del Código Penal habla de impru-dencia temeraria o descuido; pero es claro que el código, al usar esta última palabra, no ha querido significar una mera falta de cuidado, sino un grado de negligencia o descuido mayor que el que se requiere para obtener una indemnización en un caso civil.

En el caso de People v. Adams, 124 N.E. 575, la Corte Suprema de Illinois se expresó así:

“La verdadera cuestión en controversia en el caso es si el acu-sado era culpable de negligencia criminal. Ésa era una cuestión de echo a ser determinada por el jurado y a éste se le debió ordenar que considerara ese becho de acuerdo' con instrucciones exentas de error o libres de una errónea exposición de la ley. La cuarta ins-trucción solicitada por el pueblo y dada por la corte ordena al ju-rado, en síntesis, que tocia persona que conduce un vehículo por ¡a vía pública está en el deber legal de observar, en el manejo de su vehículo, razonable circunspección a fin de impedir causar daño a un semejante. Ésta es la ley, pero la instrucción va más lejos y aduce que toda persona es criminalmente responsable de todo acto de mera negligencia que ocasiona la muerte a otra persona. Para que la negligencia sea criminal, es necesario que sea crasa o teme-raria. Negligencia crasa es aquella que toca a los límites de la im-prudencia, y negligencia temeraria, tal cual es aplicada al manejo de un vehículo de motor, implica un abandono positivo de las re-glas. de. diligencia y un flemático menosprecio de sus consecuencias, según apunta Babbitt en su obra sobre Vehículos de Motor, sección 1517. Negligencia ordinaria denota meramente una cualidad ne-gativa de parte de una persona a cargo o en el desempeño de un deber. La responsabilidad criminal no puede estar basada en todo acto legal descuidadamtente realizado, meramente porque tal des-cuido produzca la muerte de una persona. Para que la negligen-cia sea criminal, es necesario que ésta sea imprudente o temeraria y de tal naturaleza que demuestre un absoluto menosprecio de la se-guridad de los demás bajo circunstancias que probablemente pro-duzcan daño a éstos. People v. Falkovitch, 280 Ill. 321, 117 N.E. 398, Ann. Cas. 1918 B, 1077.”

Ésta es la jurisprudencia generalmente establecida. A nuestro juicio la prueba aportada en este caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias, es de tal naturaleza que no basta para que pueda dictarse un veredicto de culpabilidad en contra del acusado. No surge de la prueba que éste haya incurrido en una negligencia que apareje responsabilidad criminal. La acusación especifica el cargo de no haberse reducido la velocidad y nosotros entendemos que dado el sitio en que ocurrió el accidente y demás circunstancias que con-curren en este caso, no puede decirse que Santiago Rodríguez Rosario sea responsable criminalmente del hecho que se le imputa.

Bebe, revocarse la sentencia y declararse dbsuelto al amsado.