author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramiro Olabarría, acusado y apelante.
    No. 2688.

    Visto: Marzo 5, 1926.

      Resuelto: Marzo 31, 1926.
    1. Daños Maliciosos — Intención Criminal — Palta.de una Consciente Inten-ción Maliciosa. — En íin proceso por daños maliciosos, la intención ha de deducirse deli acto y sus consecuencias naturales y posibles y no de la falta de una consciente intención maliciosa.
    2. Derecho Penal — Juicio—-Renuncia (Waiver) y Corrección de Irregulari-dades y Errores — Resoluciones que Yan a la Suficiencia de las Prue-bas — Resolución Denegando Moción de "Non Suit”. — Si al presentarse moción de non suit y ser denegada el acusado presenta su prueba, la pre-sentación de prueba es una renuncia de la moción como tal.
    SENTENCIA ele Enrique Lloredo,, J. (Areeibo), condenando al acusado por delito de daño malicioso, con costas.

      Confirmada.

      Antonio Beyes Delgado, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Ptieblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En un caso de daños maliciosos la prueba del Gobierno tendió a establecer que el acusado deliberadamente tiró una piedra a un pollo que pertenecía al denunciante; que la piedra dió al pollo y le ocasionó un golpe en una o ambas alas. El pollo murió poco después. La prueba del acusado tendió a demostrar que para espantar a los pollos del de-nunciante el acusado deseando coger o dar de comer a un pollo de su principal él tiró la piedra y desgraciadamente, según diebo acusado, cogió al pollo del referido denunciante. Todos los pollos al parecer estaban en el mismo sitio o corral.

Abora bien, es verdaderamente cierto, como sostiene el apelante, que en esta clase de delitos la malicia debe resaltar y su comisión tener lugar intencionalmente sin justa causa o excusa. Este no es el caso de un animal que penetra en un sitio ajeno y en sus becbos es enteramente distinguible del caso de El Pueblo v. Valdés, 23 D.P.R. 713 discutido por ambas partes. Ese caso, sin embargo, es autoridad al efecto de que puede presentarse prueba para demostrar que eran justos los motivos del acusado.

Si una persona desea espantar pollos no es necesario ti-rarles con piedras. Cualquiera qne así proceda debe inten-tar las consecuencias naturales o probables de sus actos. La intención ba de deducirse del acto y sus consecuencias naturales y posibles y no sólo de la falta de una consciente intención maliciosa.' Esto es dar cierto peso a la prueba del acusado. Por otra parte, del acto deliberado de tirar la piedra y berir al pollo la corte tenía derecho a inferir la malicia y no estaba obligada a creer la declaración del acu-sado y sus testigos. El acusado no nos convence de que la corte cometió error al apreciar la prueba.

Al terminarse el caso por parte del Gobierno el acusado presentó una moción de sobreseimiento y al ser denegada siguió presentando su prueba. Esta presentación de prueba generalmente es una renuncia a la moción como tal y la única cuestión es si la resolución final de la corte era correcta.

El acusado expresa cierto pesar en tener que molestar a la corte con un asunto en el cual sólo está envuelta una multa de $25. Convenimos .con él, sin embargo, en que tenía de-recho a tratar de destruir la imputación de malicia que se le bacía y basta cierto punto por este motivo hemos expre-sado nuestras razones para confirmar la sentencia, con ma-. yor amplitud de lo que era necesario.

La sentencia debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 2569.

    Visto: Julio 13, 1925.

      Resuelto: Marzo 31, 1926.
    1. Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — Resolución y Dispo-sición del Caso — Revocación de la Sentencia Apelada — Causas que no dan Lugar a la Revocación. — Cuando la sentencia apelada no expresa el delito por el cual se castiga al acusado pero tal delito consta de los autos de apelación, el error cometido no lleva consigo la revocación de la sen-tencia.

      2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Disposición y Resolu-ción del Caso — Modificación de la Sentencia Apelada — Omisión de Es-pecificar el Delito en la Sentencia. — Cuando ]a sentencia no especifica el delito por el cual se castiga al acusado, pero de los autos consta el de-lito por el cual se 0!e acusó, dicha sentencia puede modificarse en apelación en el sentido de que el- acusado fué condenado por dicho delito, y así modi-ficada, confirmarse.
    3. Armas- — Estatuto Prohibiendo Portar Armas — Constitucionalidad del - Mismo. — La Ley No. 11 de junio 25 de 1924 (p. 115) no es anticonstitu-cional.
    4. Armas — Portar Armas Prohibidas — Escopeta.—Una escopeta es un arma de ofensa y defensa de igual naturaleza qiie el revólver que era una de las nombradas en la ley de 1905 (Comp. 5994) y por tanto dehe considerarse como arma prohibida por la vigente ley.
    SENTENCIA de B. Días Gintrón, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Modificada y confirmada.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; José E. Figtceras, abogado de El Pueblo, apelado. •
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación formulada por el Fiscal del Distrito de Ponce imputa a Manuel Rodríguez, el apelante una infrac-ción a la Ley No. 14 aprobada el 25 de junio de 1924 para enmendar la ley titulada “Ley prohibiendo portar armas”, aprobada en 9 de marzo de 1905 y enmendada en 12 de marzo de 1908, consistente en que allá por el 25 de enero de 1925 y en el barrio Ensenada de Gfuánica, el dicho Ro-dríguez “ilegalmente portaba o conducía una escopeta de un solo cañón, de calibre 16, cargada con un cartucho y la cual escopeta es un arma o instrumento con el cual puede causarse daño corporal.”

Llamado el caso para la celebración de la vista, decla-raron por parte del Fiscal los testigos Nicolás Beltrán y Ramón Portell, ambos policías insulares, asegurando que el 25 de enero de 1925 habían visto al acusado en un camino público portando la escopeta en cuestión que le fúé ocu-pada. La escopeta se introdujo como prueba. Por parte de la defensa declararon Juan R. Irizarry, testigo que citó el fiscal, en el sentido de haber pasado el 25 de enero de 1925 por frente de la casa del acusado con quien había te-nido antes un disgusto y de quien le habían dicho que lo iba a matar, y al verlo en la puerta de su casa con una es-copeta, corrió y dio cuenta a la policía, y Antonio B. Bo-dríguez y Salvador Fábregas quienes manifestaron que los policías llegaron a la tienda del acusado a virtud de la queja y dentro de la tienda fué que ocuparon la escopeta.

La corte declaró culpable al acusado imponiéndole treinta días de cárcel. No conforme el acusado apeló señalando en su alegato la comisión de los siguientes errores:

“1. La sentencia en este caso es nula por no ajustarse a las dis-posiciones del artículo 326 del Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, no expresa la sentencia del delito que declaró culpable al acusado.
“2. La sentencia en este caso es nula porque la Ley número 14 de junio de 1924 es anticonstitucional, y no está definida como arma prohibida en Puerto Rico una escopeta.
“3. La corte inferior cometió error en la apreciación de las pruebas.
“4. La sentencia en este caso es contraria a derecho y a las pruebas. ’ ’

Bealmente la sentencia no expresa el delito por el cual se castiga al acusado, pero como tal delito consta claramente de los autos, el error cometido no lleva consigo la revocación de la sentencia. Esta puede ser y será enmendada.

En el caso de El Pueblo v. Alvares, 21 D.P.R. 86, 90, seguido recientemente en varias ocasiones, esta corte, por medio del Juez Asociado Sr. Hutchison, se expresó así:

“Por tanto, si el único error que constara en los autos fuera el de la omisión en que incurrió la corte inferior al no determinar en su sentencia el verdadero delito por el cual fué declarado culpable el acusado, tendríamos claramente el deber, y en ello no vacilaría-mos, de modificar la referida sentencia en lo que fuera necesario con el fin de subsanar dicho defecto y luego confirmarla en la forma mo-dificada. ’ ’

El segundo error envuelve dos cuestiones, a saber: la anticonstitncionalidad de la ley y la de'no ser nna escopeta nn arma prohibida.

La primera ba sido ya resuelta en sentido contrario al apelante. El Pueblo v. Crus Rosado, 34 D.P.R. 315, y El Pueblo v. Acevedo, 34 D.P.R. 460.

Estudiemos la segunda. En el’citado caso de El Pueblo v. Cruz Rosado, esta corte, por medio del Juez Asociado Sr. De Aldrey, dijo:

"(1) El artículo primero de la ley de 9 de marzo de 1905 (Oomp. 5994), no modificado por la ley enmendatoria de 1908, es-pecificaba las armas cuyo uso se prohibía, siendo ellas revólver, pu-ñal, daga, honda, espada, bastón de estoque, garrote, arpón o ma-nopla, hecho de cualquier metal o cualquier substancia dura, o faca u otro cuchillo manufacturado o vendido para fines de ofensa y de-fensa, o machete; a menos que se portaran por determinadas perso-nas o en ciertas ocasiones.
“Ese artículo fué enmendado por la Ley No. 14 de 25 de junio de 1924 (p. 115) que en vez de determinar las armas cuyo uso se prohibía dijo que toda persona que ilegalmente portara o condujere cualquier arma o instrumento con el cual pueda causarse daño corporal incurrirá en pena de prisión de uno a seis meses.
“Arma, según su significado corriente y lá definición que de esa palabra da el diccionario de la Academia Española, es un instru-mento destinado a ofender o defenderse; o en otras palabras, el ins-trumento destinado a fines de ofensa o defensa. Por consiguiente, al castigar el artículo primero de la ley de 1924 (p. 117) a cualquier persona que ilegalmente portare o condujere cualquier arma no puede referirse sino a los instrumentos destinados a ofensa o a de-fensa, como son los que se enumeraban en la Ley de 1905 (Comp. 5994), y aunque' es cierto que prescindió en 1924 de la enumera-ción de las armas prohibidas y usó una palabra general, sin embargo, el significado de esa palabra no comprende otras armas que los ins-trumentos destinados a fines de ofensa y defensa, como son los men-cionados en la Ley de 1905 y cualquier otro de igual naturaleza.” 34 D.P.R. 315, 316.

La escopeta no estaba comprendida entre las armas pro-hibidas expresadas en la Ley de 1905. Siguiendo la regla establecida en el caso de Cruz Rosado, supra, ¿puede con-siderarse como arma de ofensa y defensa, de igual natura-leza que las nombradas por el legislador en 1905?

Escopeta, según los diccionarios, es un arma de fuego, con uno o dos cañones, de siete a oclio decímetros de largo y dos centímetros próximamente de grueso, montados en una caja de madera, donde van las llaves para disparar.

Siendo esto así no hay duda alguna que es un arma de igual naturaleza que el revólver expresamente prohibido en la ley de 1905. Y que es un arma de ofensa y defensa es tan evidente que apenas puede discutirse. Existen diferen-tes clases, siendo una de ellas el arma común de los ejérci-tos. Es cierto que escopetas de aire, que no son armas de ofensa y defensa, se usan en deportes y para jugar los ni-ños, y que escopetas de fuego que sí lo son se usan por ejemplo para cazar. Pero el uso es una defensa que puede alegarse por el acusado. Si un acusado al ser encontrado en el camino con su escopeta demuestra que iba a cazar y que tenía licencia para ello, ningún delito hábría cometido, pues -estaría comprendido dentro de una de las excepciones de la ley.

La prueba fué contradictoria. Dos testigos, los policías, declaran que el arma fué ocupada al acusado cuando la por-taba en un camino público. Dos testigos, Rodríguez y Fá-bregas, aseguran que el arma fué ocupada en la casa o tienda del acusado donde de acuerdo con la ley la tenía con derecho. Si los policías- dijeron la verdad, el acusado es culpable. Si la verdad fué dicha por Rodríguez y Fá-bregas, el acusado es inocente. La declaración del testigo Irizarry puede favorecer una u otra versión. Si el acusado estaba en la puerta de la casa con la escopeta, pudo hacer dos cosas, salir al camino con su arma siguiendo a Irizarry o entrar a su casa y guardar el arma al ver que Irizarry se había ido.

Bajo tales circunstancias habiendo decidido el juez sen-tenciador el conflicto en contra de los testigos del acusado, no' estamos en condiciones de concluir que erró.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia recurrida, modificándola en él sentido de que el de-lito por el cual se castiga al acusado es el de una infracción a la ley de portar armas prohibidas tal como quedó enmen-dada en 1924.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio Alvarado, acusado y apelante.
    No. 2678.

    Visto: Marzo 17, 1926.

      Resuelto: Marzo 31, 1926.
    Apelación t Error — Revisión — Errores no Perjudiciales — Repreguntas a Testigos — Resoluciones Sobre las Mismas. — Constituye error perjudicial al acusado el privarle de la oportunidad de demostrar, mediante repregunta, la existencia de un motivo de apasionamiento o parcialidad por parte de un testigo, y más aún cuando la repregunta a tal efeeto — hecha para conocer el alcance de la animosidad del testigo y la credibilidad que ha de darse a su declaración — está dentro del alcance del interrogatorio directo.
    SeNteNcia de Angel Aeosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas, sin costas.

      Revo-cada y devuelto el caso.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; José JE. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue declarado culpable por portar un cuchi-llo y alega que:

“Io. La Corte cometió error al no permitir que la defensa repre-guntara al testigo Antonio Nieves sobre sus relaciones con el acu-sado, a fin de determinar los móviles o interés de la declaración de dicho testigo.
“2o. La sentencia en este caso es contraria a las pruebas y a de-recho.” ■

De la declaración de Antonio Nieves citamos lo siguiente:

“P. ¿A usted le ocurrió algo con este acusado? — R. Sí, señor.— P. ¿Qué fné lo que- le ocurrió? — R. Serían las dos y media de la noche; yo estaba ya en cuerpo de camiseta'para acostarme y estando yo parado bajo el foco, vino este señor a dormir y empezó a abrir la puerta, pero volvió a buscarme la garata y al yo contestárselo, abrió la puerta y bajó y me desafió para una vega y yo no quise ir, y entonces, cuando regresa, que no quise ir, me embistió con el cu-chillo. — P. :¿Qué cuchillo? — R. Un cuchillo así de largo. — P. ¿De qué color? — R. Tiene el cabo como colorado. — P! ¿Es pequeño o grande ? — R. Así es, con cabo y todo. • — • P. ¿ Tiene o no forma de puñal? — R. No tiene forma de puñal, y al embestirme, a la embes-tida, y en la carrera que él llevaba detrás de mí, se presentó un señor que está de sereno allí, y entonces él arrancó a correr y yo me fui quedando allí. — P. El cuchillo, ¿dónde fué a parar? — R. El cuchillo lo encontraron en la casa de él. — P. ¿En la casa de él o en la calle? — R. Dentro del patio; al pie de la escalera. — P. ¿Allí hay patio? — R. Así está el patio. — P. ¿Cómo está situada esa casa? — R. La casa está al lado mío y está cercada de zinc. — P. ¿El patio de quién era? — R. Pertenece a la casa de este acusado. — P. ¿En ese patio hay muchas casas? — R. Una sola, la de él. — P. ¿Quién llevó ese cuchillo allí? — R. Tengo que suponer que haya sido él mismo.— P. Abogado: Que se elimine eso. — Juez: Sí, que se elimine. — R. El me corría a mí con él; yo lo conozco como de él. — P. Mire a ver este cuchillo. — R. Sí, señor. — P. ¿A esta forma usted no le llama de puñal? — R. No, señor; yo creo que es de puñal cuando tiene dos filos. — Abogado: P. ¿Usted era amigo de este hombre o había te-nido alguna riña con él? — Fiscal: Eso no es de este caso.- — Juez: Aquí estamos investigando el caso este de portar armas. La Corte sostiene al Fiscal. • — ■ Abogado: Tomo excepción con el mayor res-peto.”

El artículo 21 de la Ley de Evidencia es como sigue:

‘ ‘ Se presume que un testigo dice la verdad. Esta presunción, sin embargo, puede ser rechazada, por la forma en que declare, por el carácter de su declaración o por evidencia que afecte su veracidad, honradez, integridad, o móviles, o por evidencia contradictoria.”

Parece que Nieves se refirió a una riña anterior. Al aludir al acusado dijo “volvió a buscarme la garata.” Los demás actos imputados al acusado por este testigo y referi-dos en el interrogatorio directo también parecen indicar al-gún incidente previo como, explicación lógica y probable, si no la única, de lo que de otro modo parecería ser una con-ducta muy sorprendente y anormal. Por tanto, la primera pregunta becba en el interrogatorio de repreguntas, hubiera sido enteramente pertinente por estar dentro del alcance del interrogatorio directo, sin tener en cuenta el elemento de parcialidad y el derecho del acusado a impugnar al tes-tigo en la forma ordinaria si no en verdad por el único me-dio permisible.

Según el peso de las autoridades, el juez sentenciador tiene cierta discreción respecto a la cuestión de limitar tal interrogatorio de repreguntas y creemos que debe circuns-cribirlo a límites razonables. Pero no conocemos ningún caso en que se llegue a decir que el acusado en un caso criminal puede ser privado de toda oportunidad de demostrar la existencia de algún motivo de apasionamiento o parciali-dad por parte del perjudicado.

En el tomo 2 de Wigmore on Evidence, página 338, sec. 951, encontramos la siguiente declaración:

“'Seo. 951. — Detalles de una riña en interrogatorio de repregun-tas. Es claro que al determinar el estado de ánimo teniendo en cuenta el hecho de una riña, u otras circunstancias, el mero hecho solo, tiene poca significación; sin un conocimiento de los detalles no podemos conocer bien el alcance de la animosidad y la credibilidad que ha de darse a la declaración. Esta necesidad de precisar deta-lles está reconocida por algunas cortes sin limitación. Pero puede resultar inconveniente de dos modos: (1) las preguntas detalladas, las negativas, y las explicaciones, están sujetas a una multiplicidad y confusión de las cuestiones en controversia; (2) los hechos deta-llados de la disputa pueden envolver un prejuicio respecto al carác-ter del testigo, o de su opositor, lo cual sería conveniente excluir del caso. Desde este punto de vista, debe trazarse cierta línea de limitación, y hacerse un esfuerzo por evitar estos dos inconvenientes. De conformidad con esto, se ha resuelto generalmente que los detalles de la riña, u otra conducta, pueden ser excluidos a discreción de la corte sentenciadora.”

Carlos Torres, el sereno, dice que el acusado marchaba para encima de Nieves con un cuchillo en la mano cuando el testigo intervino y sostuvo al acusado hasta que llegó al sitio un policía. Este testigo también manifiesta que él re-cibió un golpe de Alvarado al tratar de reconvenirle. No pudo encontrarse ningún arma por el policía o cualquiera de los testigos citados últimamente al tiempo de verificarse el arresto aunque se hizo una búsqueda.

Alvarado fné llevado al cuartel de la policía volviendo lnego el policía a buscar el cuchillo. Su declaración es más vaga y menos satisfactoria que la de cualquier otro testigo.

Alvarado insiste en que el cuchillo presentado en el jui-cio pertenecía a Nieves, quien por lo menos tuvo tanta opor-tunidad como la que se le ofreció a Alvarado para dejar el cuchillo donde se dice que se encontró media hora o una hora después del arresto de Alvarado.

En tales circunstancias no podemos decir que el error alegado en primer término por el apelante no era perju-dicial.

Dehe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opi-nión.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Bautista Arguinzonis y Vicente Rivera, demandados y apelantes.
    No 3661.

    Visto: Enero 26, 1926.

      Resuelto: Abril 6, 1926.
    1. Apelación y Erroe — Resolución y Disposición del Caso — Confirmación— Caso no Meritorio. — Cuando un examen de las cuestiones planteadas en apelación indica que se trata de un caso no meritorio, procede confirmar la sentencia apelada.
    2. Letras y Pagarés (Bills and Notes) — Acciones—Defensas — Obligados no Beneficiados. — No es defensa a una acción en cobro de un pagaré del que aparece la responsabilidad solidaria de los demandados el que ellos no fueran los beneficiarios del préstamo y sí un tercero.
    Sentencia de Gabriel Castejón, J. (G-uayama), condenando a los demandados, a pagar cierta cantidad de dinero, con' intereses, y costas, sin honorarios de abogado.

      Confirmada.

      M. Guzmán Texidor, abogado de los apelantes; Miguel Marcos Mo-rales, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes aunque hacen un señalamiento de errores, éstos no se discuten separadamente, como exige la regla 43 del Reglamento de esta corte. Y la misma argu-mentación es de tal modo insuficiente que el señalamiento puede considerarse solamente como una mera referencia a los errores. Esto sería bastante para desestimar el recurso. TJn examen, sin embargo, de las cuestiones así planteadas indica además que no es un caso meritorio. ' La acción es en cobro de un pagaré del que aparece la responsabilidad solidaria de los demandados. El documento se copia en la demanda y su autenticidad no fué negada. La alegación esencial de los apelantes consiste en que ellos no fueron los beneficiarios del préstamo y sí un tercero y se ba resuelto más de una vez que ésa no es una defensa. Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D.P.R. 262; Crédito y Ahorro Ponceño v. Beiró et al., 32 D.P.R. 817. Véase Manresa, tomo 8, páginas 677-78.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Ex parte Lorenzo Rivera, peticionario.
    No. 92.

    Visto: Diciembre 23, 1925.

      Resuelto: Abril 7, 1926.
    1. Comisiones he Servicio Público — Preceptos Estatutorios — Interpretación— En General. — El artículo 99 de la Ley No. 70 de 1917 (1917 (2) p. til) no es de aplicación a las violaciones de las regias y reglamentos generales que dicta la Comisión de Servicio Público en virtud de la autoridad que le concede el artículo 48 de la misma ley (p. 511) limitándose única y exclusivamente a desacatos.
    2. Derecho Penal — Nattjraleiza y Elementos del Delito y Defensas en General — De la Aplicación de la Ley en General. — Para declarar que un acto equivale a un delito debe existir mandato estatutorio para ello, pues nadie puede ser objeto de una penalidad a menos que exista esa declara-ción expresa en la ley y no por implicación o interpretación de la misma.
    3. Comisiones de Servicio Público — Preceptos Estatutorios — Interpretación— Ordenes Piñales de la Comisión. — A las órdenes finales de la Comisión— las que pueden definirse como el resultado de una cuestión sometida a su consideración y que debe notificarse en la manera provista a las partes afec-tadas por la misma como si se tratara de una sentencia final' de una corte— es a las que alcanza el artículo 99 de la Ley 70 de 1917 (2) p. 541) en caso de su desobediencia.
    4. Comisiones de Servicio Público — Reglas y Reglamentos — Su Infracción como Delito.' — No prescribiendo la ley definiendo las compañías de servicio público que la infracción de las reglas o reglamentos dictados por la Co-misión de Servicio Público equivaldría a un delito, las reglas y reglamentos mismos serían y son ineficaces para crear tal delito.
    Resolución del Tribunal Supremo de diciembre 16, 1925, sobre nueva vista en el caso arriba intitulado, a fin de discutir con más amplitud las cuestiones envueltas en este caso.

      Ratificada la resolución de diciembre 11, 1926.

      Arjona <& Arjona, abogados del peticionario; Hon. George C. Butte, Attorney General, G. Llauger Díaz y José JE. Figueras, aboga-dos de El Pueblo.

   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Lorenzo Rivera fué excarcelado a virtud de una petición de habeas corpus que originalmente se presentó ante esta Corte Suprema. La opinión y sentencia se dictaron en diciembre 11, 1925, y se sostuvo que la corte inferior actuó sin jurisdicción al imponerle al acusado una multa de cin-cuenta dólares y en su defecto cárcel por infracción de la re-gla N del reglamento de la Comisión de Servicio Público, aprobado en junio 30, 1925.

La acusación consistió en haber operado el acusado un automóvil-guagua, entre puntos fijos, en la ciudad de Ponce, mediante lucro, sin antes haber obtenido un certificado de necesidad y conveniencia expedido por la Comisión de Ser-vicio Público para la explotación del negocio. El funda-mento de nuestra decisión 34 D.P.R. 773, descansó en que la única sanción prevista por las reglas y reglamentos de la Comisión se establece en el artículo 95 de la Ley No. 70 definiendo las compañías de servicio público etc., aprobada en diciembre 6, 1917 (2) p. 539), tal como fué enmendado por la Ley No. 32, aprobada en junio 20, 1921, p. 185, siendo su aplicación de carácter administrativo y no penal.

No pareció necesario entonces hacer un estudio más ex-tenso de la ley aplicable, ya que por otra parte el Fiscal, en el acto de la vista, se allanó de plano a la solicitud del peti-cionario, por los motivos expresados en nuestra opinión. No obstante, como en el reglamento aprobado por la Comi-siga en junio 3, 1924, la regla XYI indica como penalidad aplicable la del artícnlo 99 de la Ley No. 70 (p. 541), a pe-sar de que al final del reglamento bajo el epígrafe dé “Sanción penal” se copia textualmente el artícnlo 95 de la misma ley y no el 99, parecía conveniente en vista de esa contradicción y de las diferencias de criterio entre el Fiscal y el Attorney -General, como veremos más adelante, qne se discutiera con más amplitud el asunto; por lo que este tribunal dictó la siguiente resolución:

“Oigase a las partes sobre la influencia que pueda tener en la consideración y resolución de la cuestión envuelta en este caso el artículo 99 -de la Ley No. 70 de 1917 y cualquier otro de la misma que con él se relacione, y para ello se señala el 23 de diciembre actual a las 2 p. m. Notifíquese. ”

Celebrada la nueva comparecencia, tanto el Fiscal como el Attorney General sostuvieron puntos de vista opuestos, sometiéndose además alegatos escritos por todas las partes interesadas.

El fiscal sostiene en resumen que no debe modificarse nuestra sentencia de diciembre 11, 1925, porque el artículo 99 de la Ley No. 70, “Definiendo las compañías de servicio público” etc., aprobada en diciembre 6, 1917, no “establece penalidad alguna por infracción a las reglas y reglamen-tos, sino penalidad por desobediencia a una orden final de la Comisión, o de cualquier Corte de Distrito, o lo que es lo mismo, establece penalidad por desacato, lo que en cuanto a las cortes insulares es superfino ya que ellas tienen el po-der inherente para castigar, además de la ley especial que así lo define y lo castiga.”

El artículo 99 dice:

“Pena por infracción de órdenes de la .corte. — Toda persona, ya sea oficial, agente, o empleado de cualquier compañía de servicio público o de cualquier compañía que a sabiendas faltare, omitiere, fuere negligente o se negare a obedecer a observar y cumplir cual-quier orden final, disposición o requisito de la Comisión o de cual-quier orden final o decreto de la predicba Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, o de cualquier otra corte, o que a sabiendas procurare, ayudare o permitiere cualquier infracción, omisión, falta, negligencia o negativa antedicha, será culpable de delito menos grave (misdemeanor), y convicto que fuere en cualquier corte de registro, será penada con multa que no exceda de quinientos (500) dólares o prisión por no menos de un mes ni más de doce meses, o ambas pe-nas, a juicio de la corte; y al ser convicto de cualquier falta subsi-guiente será castigado con multa que no exceda de mil (1,000) dó-lares, o prisión por no menos de tres ni más de dieciocho meses, o ambas penas, a juicio de la corte.”

La ley definiendo las compañías de servicio, etc., que decretó la legislatura en 1917 ( (2) p. 433), parece que fué tomada de la ley de servición público de Pennsylvania, y el artículo 99 es el equivalente a la sección 39 de aquella ley, que lee como sigue:

"See. 39. — Any person, whether an officer, agent, or employe of any public service company or not, or any corporation, who shall knowingly fail, omit, neglect, or refuse to obey, observe, and comply with any final order, direction, or requirement of the commission, or with any final order or decree of the said 'Superior Court or of the Supreme Court; or who shall knowingly procure, aid, or abet any such violation, omission, failure, neglect, or refusal, — shall be guilty of a misdemeanor, and upon conviction thereof in any court of quarter session of competent jurisdiction shall be punished by a fine of not more than five hundred dollars, or by imprisonment in the county jail for not less than one month, nor more than twelve months, either or both, at the discretion of the court; and upon conviction of any subsequent offense shall be punished by a fine of not more than one thousand dollars, or by imprisonment in the county jail for not less than three months, nor more than eighteen months, either or both, at the discretion of the court.”

La cuestión para resolver sería si el artículo 99 es de aplicación a las simples violaciones de las reglas y reglamen-tos generales que dicta la Comisión en virtud de la autori-dad que le concede el artículo 48 para redactar tales regla-mentos. No creemos que ni por inferencia se podía llegar á una conclusión afirmativa. Como cualquier otro estatuto penal,' está sujeto a una interpretación restrictiva y nadie piiede ser objeto de una penalidad a menos que exista una declaración expresa de la ley y no por implicación o inter-pretación de la misma. Aunque nuestra legislatura resume el artículo 99 en su encabezamiento bajo el epígrafe de “Pena por infracción de órdenes de la corte,” no es ello una expresión equivocada del legislador, pues claramente se desprende del conjunto que su texto se contrae única y ex-clusivamente a desacato, pues convenimos con el fiscal que no otra cosa significa la desobediencia a órdenes finales, tanto de la Comisión como decretos de las cortes de distrito.

La autoridad de la Comisión para dictar órdenes con el carácter de finales se deriva del poder general administra-tivo que el Acta Orgánica y la Ley No. 70 de 1917 fian in-vestido a la Comisión de Servicio Público para inspeccionar" y regular a todas las compañías de servicio público que-operan en Puerto Rico. La ley define las facultades de la. Comisión y sus deberes, establece la práctica y el procedi-miento ante la misma para la- celebración de audiencias, d'e' oficio o mediante querella, y ella por último dicta órdenes o resoluciones finales, las que deben notificarse a las partes afectadas en la forma que dispone el art. 74, diciendo:

“Notificación de órdenes finales. — Toda orden final de la Comi-sión se- notificará a cada compañía de servicio público a la cual afec-tare, en la forma que ahora se dispone por la ley para citaciones de individuos o corporaciones. La devolución de la orden diligen-ciada, se hará al secretario de la Comisión por la persona que- no-tificare dicha orden, en la forma y manera que ahora se dispone-por la ley para el diligenciamiento de citaciones; y copias certifi-cadas de dicha orden se enviarán por correo certificado a todas las demás partes en el procedimiento en el cual se dictare o a sus res-pectivos abogados, pero el hecho de no haberse recibido dichas co-pias, por cualquiera de estas partes no impedirá que dicha orden sea definitiva y que rija en la fecha que en la misma se especifica.” (1917 (2) p. 525.)

Esta disposición corresponde a la sección 13 de la ley de Pennsylvania y por sus términos en armonía con las de-más disposiciones de la ley, una orden final puede definirse-como el resultado de una cuestión sometida a la considera-ción de la Comisión y que debe ser notificada en la manera provista a las partes afectadas por la misma, como si se tratara de la sentencia final de una corte. Y a esta clase de órdenes es a la que tiene alcance el artículo 99 en caso de su desobediencia. Se insiste, sin embargo, por el Attorney General que el artículo 99 es de aplicación a la violación de las reglas y reglamentos generales que dicta la Comisión y principalmente apoya su argumentación en el artículo 25 de la Ley No. 70 y en la regla XVI del reglamento aprobado por la Comisión en junio 30, 1925, alegando que esa regla establece una acción punitoria para cualquier porteador público que se negare a obedecer cualquier orden de la Co-misión o infrinja las disposiciones del reglamento. Su ar-gumentación en ese punto "es como sigue:

“Asimismo el artículo 25 dice que siempre que la Comisión de-terminare que el servicio de cualquier compañía de servicio público es inseguro, inadecuado insuficiente o irrazonable, la Comisión de-terminará y especificará, mediante orden. escrita, .el servicio, facili-dades, reglas, reglamentos o prácticas justos, razonables, seguros, adecuados y suficientes que deberán ser puestos en vigor por dicha compañía, y previa notificación, será el deber de toda compañía de ¡servicio público, a la cual afectare dicha orden, obedecerla y obser-varla. A virtud de estos poderes, la Comisión promulgó un regla-mento en 30 de junio de 1925, que derogaba el reglamento que exis-tía con fecha anterior.
“En la regla 16 de este reglamento se establece una acción puni-toria para cualquier porteador público, que sujeto a las disposi-ciones del reglamento, no lo cumpliere o se negare a obedecer y aca-tar cualquier orden de la Comisión, dictada por virtud de dicho re-glamento, y se dispone, además, que cualquier persona, firma, socie-dad o corporación que infrinja cualesquiera de las disposiciones del reglamento, será penado con lo dispuesto en el Artículo 95 de la Ley ■de Servicio Público, tal como quedó éste enmendado por la Ley No. 32 de 20 de junio de 1921.- Este error de la Comisión de señalar ■el artículo 25 (sic) por el artículo 99 de la Ley, en nada perturba la facultad de la Comisión, para considerar cualquier violación al reglamento dictado por la Comisión, y hacer que el violador sea juz-gado por una Corte de Distrito competente.”

El artículo 25 indicado dice así:

“Reglamentación de servicios, facilidades, reglas, reglamentos y prácticas. — Siempre que'la Comisión determinare, después de audien-cias celebradas de oficio, o en virtud de querella, según más adelante se dispone, que el servicio, facilidades, reglas y reglamentos, prác-ticas o clasificaciones de cualquier compañía de servicio público en relación con sus deberes públicos son inseguros, inadecuados, insufi-cientes, injustos o irrazonables, la Comisión determinará y especi-ficará en orden por escrito, que deberá dictarse y archivarse según se dispone más adelante, el servicio, facilidades, reglas, reglamentos o prácticas justas, razonables, seguros, adecuados y suficientes, que deberán ser puestos en vigor observados, prestados, o suministrados en el desempeño de sus deberes públicos por dicha compañía; y pre-via notificación, será el deber de toda compañía de servicio público, a la cual afectare dicha orden, observarla y obedecerla.” (1917 (2) p. 485.)

Esta prescripción de la ley da precisamente la idea de lo que debe entenderse por una orden final siendo el resul-tado de una controversia ante la Comisión, bien a iniciativa de este organismo o en virtud de querella, que es materia distinta a las reglas y reglamentos generales que dicta la Comisión según así le autoriza el artículo 48 que dice así:

“Reglas y Reglamentos — Reserva de Informes. — La Comisión po-drá dictar reglas y reglamentos no incongruentes con la ley, que fueren necesarios o propios para el ejercicio de sus facultades o para el desempeño de sus deberes; y siempre que la Comisión de-terminare que es necesario, en interés del público, podrá abstenerse de dar publicidad a los hechos o informes obtenidos durante el curso de cualquier investigación.” (1917 (2) p. 511).

No existe nada en la ley definiendo las compañías de servicio público que declare expresamente que la violación de tales reglas o reglamentos generales constituye un misdemeanor. Si es ésta la clase de delito a que el Attorney General alude, sosteniendo que la regla XYI establece dicha acción punitoria por infracción de sus reglas generales, esto equivaldría a decir que la legislatura había delegado en la Comisión la facultad de determinar los actos u omisiones que constituyen delito en relación con las compañías de ser-vicio público, pero esa es una facultad que no puede dele-garse por las legislaturas ni podía encontrarse ninguna au-toridad que pudiera sostener una teoría parecida. Cuando un estatuto no prescribe que la infracción de reglamentos equivaldrá a un delito, los reglamentos mismos son inefica-ces para crear tal delito. En todos los casos debe existir el mandato estatutorio para declarar que un acto equivale a un delito. 6 R.C.L. 182. Lo que bace la Comisión al dictar' reglamentos generales es ejercitar una autorización delegada por la legislatura, bajo otro aspecto, para pres-cribir ciertos deberes sobre los cuales la ley puede actuar al imponer una pena y al realizar el objeto propuesto al poner en vigor la ley. Y la Comisión al poner en vigor el último Reglamento aprobado en junio 30, 1925, fia prescrito aquellos deberes en diversas reglas que no siendo inconsis-tentes con la ley sirven de norma a las compañías de ser-vicio público a llenar sus fines y para que se le dé un efecto práctico a la ley. La Comisión, sin embargo, no podía ori-ginalmente declarar la penalidad si sus reglas fueren viola-das, a menos de existir una declaración expresa en la ley en tal sentido. Este es el alcance que puede tener la regla XYI del reglamento, que dice:

“Cualquier porteador público, sujeto a las disposiciones de este reglamento, que no cumpliera o se negare a obedecer y acatar cual-quier orden de la Comisión, dictada por virtud del presente regla-mento, o cualquier persona, firma, sociedad o corporación que infrin-giere voluntariamente cualesquiera de sus disposiciones será denun-ciado de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 95 de la Ley de Servicio Público, tal como quedó enmendada por la Ley No. 32 de 20 de junio de 1921.”

La regla cita el artículo 95 como la única penalidad que establece la ley para las .infracciones del reglamento y aun-que su fuerza, como materia penal, no la recibe directa-mente .de tales' reglamentos, es sí un dato solamente que de-muestra que ño fue un error de la Comisión al redactar su ultimo reglamento de junio 30, 1925, pareciendo más bien que- así quiso aclarar la contradicción que aparecía del re-glamento anterior de junio 3, 1924.

Es posible que pueda inducir a error aquella parte del artículo 99 que dice:_“o se negare a obedecer a ob-servar y cumplir cualquier orden final, disposición o requi-sito de la Comisión” .... en sentido que la palabra “dis-posición” pueda significar las reglas generales que dicta la Comisión.

Sin embargo, como sostiene el fiscal, la traducción de “disposición” por “direction” del texto inglés es equivo-cada. El artículo en inglés tal como se ba tomado de la Ley de Pennsylvania emplea las palabras “refuse to obey, observe, and comply with any final order, direction, or requirement of the commission” . ... j según el Diccionario de Bouvier, tomo 1, p. 868, la palabra “direction”-se define: “En otro sentido, es casi sinónima de instrucción.”

De todos modos, si la intención de la legislatura hubiera sido establecer el delito de misdemeanor por la infracción de las regias y reglamentos de la Comisión, expresamente lo hubiera decretado, en igual forma que lo ha establecido para las infracciones de las reglas y reglamentos de Sanidad.

Por todo lo expuesto, no debe modificarse nuestra reso-lución de diciembre 11, 1925.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Las Mercantiles Francisco Forteza & Co. y Toro Pérez & Co., S. en C., demandantes y apeladas, v. Miguel Colón Nazario y Esposa Lorenza Soto Rodríguez, demandados y apelantes.
    No. 3457.

    Visto: Marzo 20, 1925.

      Resuelto: Abril 7, 1926.
    1. Transacciones t Arreglos — Su Anulación — Derechos de las Partes a Anular — En General.- — Cuando la manifestación falsa de un deudor de que no tiene otros bienes que los embargádolés es causa de que un acreedor convenga en aceptarlos en pago, el acreedor no esté obligado por el con-venio y tiene derecho a anularlo sin hacer un ofrecimiento de los bienes recibidos en virtud del' mismo.
    2. Transacciones t Arreglos — Su Anulación — Restitución de los Recibidos— Substitución Substancial.- — Hay substitución substancial para la restitu-ción de unas existencias cuando, por haberse embargado y vendido, con conocimiento y consentimiento del deudor, no hay posibilidad alguna de lai devolución específica de las mismas.
    3. Transacciones y Arreglos — Su Anulación — Acción—Demanda—Suficiencia de la Misma. — Una demanda en la cual se alega una cuenta corriente, una tentativa fraudulenta para saldar mediante un pago parcial llamado tran-sacción, la nulidad de tal transacción y en que se solicita que se declare dicha nulidad, y en reclamación del saldo debido, determina- suficientemente una causa de acción.
    4. Transacciones y Arreglos — Su Anulación — Estoppel para Pedirla — Rati-ficación— Actos no Constitutivos lE Ratificación. — Cuando posterior a un arreglo se viene en conocimiento de que el deudor ocultó sus bienes, y empezadas negociaciones tendentes a, resultan en un traspaso de otros bienes del deudor, tal estado de cosas, más bien que una ratificación del arreglo original es un reconocimiento de que el mismo fué fraudulento.
    5. Apelación y Error — Revisión—Errores no Perjudiciales en las Senten-cias — Omisión de Hacer Pronunciamiento Contra Una Parte. — La omi-sión de una corte de hacer pronunciamiento alguno en la sentencia contra una parte cuya posición en el pleito es la de una parte adecuada más que necesaria, es un error que, de existir, no es perjudicial.
    SENTENCIA de Rafael Díaz Cinlrón, J. (Ponee), declarando nulo un contrato de transacción y condenando al demandado Colón al pago de ciertas cantidades con intereses, más las costas.

      Confir-mada.

      Carlos Brunet, abogado de los apelantes; López de Tord é Zayas y Bizarro, abogados de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Es importante en esta apelación fijar claramente la natu-raleza de la acción que fia sido establecida por las mercan-tiles demandantes. Los apelantes dicen que si bien la ac-ción se titula de “rescisión y cobro de dinero,” es real-mente una de nulidad de contrato. Como el cuarto señala-miento de error es que la sentencia es contraria a la ley y a la evidencia, examinaremos primero los becbos para po-der entender bien las cuestiones litigiosas suscitadas.

El apelante Miguel Colón Nazario tenía fuertes compro-misos con las dos mercantiles, o sea, las apeladas en este caso, que establecieron demanda contra él embargando todas las existencias que tenía en cierto establecimiento mercan-til de Ponce perteneciente al deudor. Más tarde, el día 5 de enero de 1923, se reunieron las partes y redactaron un documento por escrito en el cual se decía en substancia, que toda vez que Colón debía a las apeladas la suma de $9,199.44, y por cuanto dicbo Colón babía manifestado a las apeladas que él no tenía otros bienes o propiedad que los embarga-dos, las mercantiles apeladas convinieron en aceptar en pago de sus reclamaciones los bienes así embargados valora-dos en $1,500 y $1,000 más, que el referido Colón tomó pres-tado para pagar a dichas apeladas. Las existencias fueron vendidas subsiguientemente por las apeladas. En el juicio apareció por una fuerte preponderancia de la prueba, que Colón había perpetrado un fraudé con sus acreedores; que en la fecha de la alegada transacción él tenía muchos bie-nes inmuebles y muebles, y la corte dictó sentencia en favor de las demandantes por el saldo entre la suma satisfecha a virtud del documento escrito de enero 5, 1923, y la cuenta que se debía o se decía deber en la fecha de la sentencia. La corte declaró que dicho documento escrito, el cual de-signó como una transacción, era nulo y sin valor.

El primer señalamiento de error es que la corte erró al declarar sin lugar la excepción previa formulada por los demandados. Sucintamente, la teoría es que antes de ha-ber tenido ellos derecho a solicitar la nulidad de la alegada transacción de enero 5, 1923, las demandantes debieron ha-ber devuelto u ofrecido a los demandados los efectos o co-sas que dichas demandantes habían recibido por virtud de la misma. Los apelantes se fundan en el artículo 1270 del Código Civil, el cual es como sigue:

"Declarada la nulidad de una obligación los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.”

Los apelados sostienen que no están comprendidos en este precepto legal y también alegan un cumplimiento substancial. El artículo 1273 del Código Civil, en el cual descansan en parte las apeladas, establece una excepción a la regla de la restitución de la propiedad cuando la causa o consideración era falsa y la parte que solicita la nulidad no tiene culpa alguna. O la transacción de enero 5, 1923, carecía de consideración, o ésta, o el móvil de la misma, fué la manifestación de que el deudor no tenía otros bienes. De modo que los acreedores no estaban obligados por nada de lo expresado en dicha transacción y tenían derecho a que fuera anulada sin hacer un ofrecimiento de las existencias o dinero recibido. Esta conclusión ¿o quiere decir que un deudor no podría tener una acción o un crédito por la propiedad o dinero en realidad traspasado a los acreedores.

Las apeladas también sostienen, y estamos de acuerdo con ellas, en que hubo una substitución substancial para la restitución de las existencias. Dichas existencias embargadas fueron prontamente vendidas y esto se hizo, según parece, con el conocimiento y consentimiento del deudor. No hubo ninguna posibilidad de la devolución específica de las existencias. Los acreedores hicieron luego lo mejor que pudieron. Ellos le acreditaron al deudor las sumas obtenidas en la realización de las existencias y recibidas por ellos. Esto es todo lo que las circunstancias podían exigir en cualquier caso como éste, pues la ley no requiere imposibilidades.

Por tanto, una demanda en la cual se alega una cuenta corriente, una tentativa fraudulenta para saldar mediante un pago parcial llamado transacción, la nulidad de tal transacción y en que se solicita que se declare dicha nulidad, y en reclamación del saldo debido, todo lo cual se hizo aquí, determina suficientemente una causa de acción.

El segundo señalamiento de error se refiere a la alegada ratificación de la transacción. Las apeladas después de haber tenido conocimiento de la ocultación de los bienes, empezaron otras negociaciones tendentes al traspaso de otros bienes, aceptando así, según' los apelantes, el status quo creado por la transacción. El dendor qnería pagar más cantidades y en verdad traspasó otras existencias. Este es-tado de cosas más bien qne nna ratificación del frande fné nn reconocimiento y confirmación de la posición de las ape-ladas, o sea, qne la transacción original era tal frande y no un verdadero arreglo entre las partes.

También convenimos con las apeladas en qne la omisión de la corte en bacer pronunciamiento alguno contra Lorenza Soto Bodríguez fné nn error qne no perjudicaba, si es qne podía considerarse como verdadero error. Ella era la esposa del dendor Colón Nazario. Su posición, para los fines de este pleito creemos qne era la de nna parte adecuada más qne nna necesaria. Las negociaciones tendentes a nn segundo arreglo no se consumaron debido a su negativa en tomar participación en ellas. Estaba enteramente dentro de su facultad obtener de la corte inferior nna declaración absolviéndola de cualquier responsabilidad excepto de aquella qne emanaba necesariamente del becho de ser ella miembro de la sociedad conyugal de la cual su esposo era el administrador. No vemos ningún perjuicio y posiblemente alguna ventaja para ella en el silencio de la sentencia en cnanto a ella. ■

El cuarto señalamiento de error, en tanto es específico, se refiere a la apreciación de la prueba y a la teoría general del caso. Hubo, por ejemplo, nna contrademanda en la qne se solicitaban daños y perjuicios por la forma en qne las demandantes embargaron las existencias del demandado Co-lón y molestaron a su esposa. Las declaraciones de los testi-gos fueron enteramente contradictorias en este sentido y caían perfectamente dentro de la facultad discrecional qne tiene una corte al apreciar la prueba

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Hntcbison y Franco Soto, disintieron.


text:
    Baldomero Delgado Encarnación, Alberto Rivera Delgado, representado por su padre Isidoro Rivera, demandantes y apelantes, v. Doña Juana Encarnación Guadalupe, Sucesión de Tomás Díaz Figueroa y La Porto Rico Railway, Light & Power Co., por sí y como Sucesora de la Caguas Tramway Co., demandados y apelados.
    No. 3731.

    Visto: Febrero 18, 1926.

      Resuello: Abril 12, 1926.
    1. Descendencia y Distribución — Derechos y Responsabilidades de Herederos y “Distributees” — Naturaleza y Establecimiento de los Derechos en General — Acciones Ejercitadas por Herederos — Reivindicación—Propie-dades no Liquidadas o Indivisas — Derecho de Acción. — Los herederos, dueños de porciones indivisas de propiedad inmueble, tienen derecho a es-tablecer acción reivindicatoría por el montante de sus porciones indivisas, aún cuando no se haya practicado previamente una liquidación de los bienes hereditarios.
    2. Vendedor y Comprador — Título del Vendedor — Defectos en el Mismo — ■ Conocimiento del Comprador de Dichos Defectos — Hechos Insuficientes para Imputar Conocimiento al Comprador. — El hecho de que una corpo-ración que compra a otra se haga cargo del activo, propiedades y negocios de ésta no es suficiente' para imputar a aquélla el conocimiento que la ven-dedora tenía de los defeetos en su título.
    3. Beivindicaoión — Derecho de Acción y Defensas — Prescripción como De-fensa — Comprador con Buena Ee y Justo Título. — Si bien para uno que tiene conocimiento de defeetos en su título no puede correr la prescripción ordinaria a su favor, no así ocurre para otro que, no habiéndose demostrado que tuviera conocimiento de esos defectos, compró de aquél de buena fe.
    RbsoluciÓN de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando con lugar excepciones previas y sin lugar la demanda en cuanto concierne a la Porto Rico Railway, Light & Power Co., con costas.

      Confirmada.

      Campillo & Campillo, abogados de los apelantes; J. H. Brown y Clemente Buiz Nazario, abogados de la demandada P. R. Ry., Light & P. Co.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes en sn carácter de herederos de José Delgado y Reyes interpusieron esta acción contra los deman-dados- solicitando la nulidad de un expediente de dominio y de ciertos traspasos y sus inscripciones, como medio de ob-tener la reivindicación de una porción de terreno que se describe en la demanda. Esta demanda había sido enmen-dada por tercera vez y fue nuevamente excepcionada por falta de cansa de acción, alegándose fundamentalmente por la demandada Porto Rico Railway, LigM & Power Co., en-tre otros motivos, la prescripción adquisitiva del terreno de acuerdo con el artículo 1864 del Código Civil en armonía con el 1858 del mismo Código.

La corte inferior dictó sentencia desestimando la de-manda sin emitir una opinión, y los apelantes asignan como errores los motivos que fueron alegados por la demandada para sostener su excepción y que sirvieron de fundamento a la sentencia.

El caso es bien análogo, por sus circunstancias, al de Sucesión de Jesús et al. v. Pérez et al., 28 D.P.R. 319, en donde fueron planteadas y resueltas las mismas cuestiones.

La propiedad que se reclama se alega que es un bien ganancial y la apelada alega que los apelantes no podían dirigir su acción a una parte indivisa basta que se hubiera practicado una liquidación de los bienes. En el caso de Sucesión de Jesús, supra, disponiendo de esa objeción se dijo lo siguiente:

“Al negar el título de los demandantes, la corte fundó su reso-lución en el becbo de que la propiedad en cuestión era ganancial y babía pertenecido al padre y a la madre de los demandantes y que no podía surgir título alguno en los demandantes basta tanto se hu-biera practicado una liquidación de los bienes gananciales, así como por otras informalidades semejantes. La opinión de la corte inferior fué redactada antes de que este tribunal resolviera los casos de Capó v. Fernández, 27 D.P.R. 715; Aponte et al. v. Félix Aponte Hnos., etc., 27 D.P.R. 824 y Santini et al v. Díaz San Miguel et al., 27 D.P.R. 816, en cuyos casos aparece suficientemente que los here-deros, dueños de porciones que no han sido liquidadas o indivisas de propiedad inmueble tienen derecho a establecer una acción reivindi-catoría por el montante de sus porciones no liquidadas o indivisas. Por tanto, una vez que los herederos muestran un título claro en su causante tendrían el derecho salvo la prescripción a establecer una acción reivindicatoria por sus porciones indivisas de propiedad donde quiera que estuvieren.”

El punto relativo a la prescripción tiene otro aspecto distinto, e igual en sus efectos al que .se discutió en el caso dé Sucesión de Jesús, supra. La diferencia de este caso es que la cuestión fue juzgada en sus méritos.

La demanda en este caso substancialmente alega: que Juana Encarnación Guadalupe, siendo casada con José Delgado y Reyes, compró a Casimiro Ortiz la mitad pro indi-viso de la finca que se describe en la demanda; que falle-cido Delgado dejó dos bijos nombrados Baldomero y Juana Delgado, falleciendo a su vez esta última, soltera, y dejando un bijo menor de edad, nombrado Alberto Rivera Delgado, siendo éstos en concurrencia con Juana Encarnación Guadalupe los únicos herederos del causante; que sin baber pro-cedido la viuda a la liquidación del caudal hereditario, ella vendió por escritura pública de enero 20, 1901, a Tomás Díaz Figueroa la mitad pro indiviso de la propiedad men-cionada, quien también había adquirido la otra mitad indi-visa por compra a Carmen Encarnación Guadalupe; que en 1907 Tomás Díaz Figueroa vendió a la Caguas Tramway Co. una faja de terreno compuesta de 6,720 metros cuadrados y que la corporación compradora no pudiendo inscribir su título en el registro de la propiedad por la adquisición que se hizo de Juana Encarnación Guadalupe, tramitó ante la Corte de Distrito de San Juan un expediente de dominio que fué aprobado en septiembre 2, 1908, pero sin que en el procedimiento seguido se cumplieran las formalidades del artículo 395 de la Ley Hipotecaria; alegándose por último que en julio 2, 1909, la Caguas Tramway Co. vendió a la Porto Rico Railway, Light & Power Co. la faja de 6,720 metros de terreno, y que esta última corporación “se hizo cargo del activo, propiedades y negocios de la Caguas Tramway Co.”

Se notará de estas alegaciones que no existe nada que impute a la demandada Porto Rico Railway, Light & Power Co. el conocimiento de los defectos existentes en la tramita-ción del expediente ni se alega que ellos aparezcan del re-gistro ni defecto alguno que se reñera al origen del título. El conocimiento de la Caguas Tramway Co. en cuanto a tales defectos no implica necesariamente el conocimiento de la demandada Porto Rico Railway, Light & Power Co. por el mero hecho de que ésta se hiciera cargo del activo, pro-piedades y negocios de aquella corporación. Para esto era indispensable alegar la consolidación de ambas corporacio-nes de modo que apareciera que la Caguas Tramway Co. continuaba su existencia en la corporación demandada o que ésta fuera una mera continuación de la corporación vende-dora. De manera que si bien para la Caguas Tramway Co. no puede correr la prescripción ordinaria por intervenir me-nores, no así ocurre para la demandada. En ésta se presume la buena fe siempre, consistente en su creencia de que la Caguas Tramway Co., de quien recibió la propiedad, era dueña de la misma y podía transmitir su dominio. La venta de la Caguas Tramway Co. se hizo en julio 2, 1909. La de-manda aparece archivada en marzo de 1925. Se desprende pues, que la Porto Rico Railway, Light & Power Co. ha es-tado en posesión de la propiedad por un período de más de diez años con buena fe y justo título. • No se alega que los demandantes estuvieren ausentes y de la faz de la demanda la acción resulta prescrita.

Por todo lo expuesto, dehe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Peesidente Señob del Tobo,

text:
    Eugenio Padilla Ríos, demandante y apelado, v. Corte de Paz de Maricao, Hon. Francisco Miró, Juez interino, Hon. Junta Insular de Elecciones y E. W. Keith, Superintendente General de Elecciones de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    No. 3618.

    Visto: Noviembre 12, 1925.

      Resuelto: Abril 12, 1926.
    1. Certiorari — Procedimientos t Resolución — Del Diligenciado (Return)■ — ■ Limitación de la Corte por el Return.' — Tratándose de un certiorari clá-sico, la corte que lo expide está limitada para decidir la cuestión que se plantee a lo que demuestra el diligenciado (return).

      2. Certiorari — Apelación — Errores no Per judiciales — Admisión de Prueba Puera del Diligenciado. — El admitir, en la vista de nn certiorari clásico, prueba fuera del diligenciado (return) es un error no perjudicial cuando del propio return surge la falta de jurisdicción de la corte sobre la persona1 del peticionario.
    3. Elecciones — Inscripción de Electores — Cancelación o Exclusión de Ins-cripción— Apelaciones para Ante la Corte Municipal o de Paz. — -La apelación que establece el artículo 32 de lo Ley de Inscripciones y Elec-ciones, según quedó enmendado por Ley de 1924 (p. 15) es un procedi-miento sumario que admite una reducción al límite de l'os términos, la mayor simplicidad posible y una excesiva rapidez en las vistas y resoluciones, pero en el cual no puede prescindirse de citar debidamente a los electores con entrega de copia del escrito en que la apelación se basa.
    4. Certiorari •— Costas — Temeridad o' Mala Ee.- — Cuando, atendido el diligen-ciado (return), no resulta la temeridad del demandado y éste pudo actuar, como en el caso de autos, en la forma que lo hizo de buena fe, no debe condenársele al pago de costas.
    Sentencia de Angel Acosta, J. (Mayagüez), declarando con lugar el auto establecido, con costas.

      Modificada y confirmada.

      M. Romany, Fiscal de Distrito, y Angel A. Vázquez, abogados de los apelantes; Benet & Souffront, abogados del apelado.
   El Juez Peesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Eugenio Padilla presentó en la Corte de Distrito de Ma-yagüez una petición de certiorari con objeto de que la corte revisara los procedimientos seguidos en la Corte de Paz de Maricao con motivo de cierta apelación entablada por To-más Quintana contra una resolución de la Junta Insular de Elecciones negando la exclusión de Padilla de las listas elec-. torales del municipio de Maricao. El auto fue expedido. Se celebró una vista en la que intervinieron el peticionario por su abogado y el juez de paz por el suyo y por el fiscal del distrito. La corte finalmente anuló la sentencia de que se querelló el peticionario y no conforme el juez de paz de-mandado interpuso el presente recurso de apelación, seña-lando en su alegato la comisión de tres errores, así:

“1. La corte erró al admitir, en el acto de la vista del certiorari, ,prueba extraña y distinta al return;
“2. La corte erró al dictar sentencia declarando con lugar la petición de certiorari, a pesar de que el return demostró que en la celebración del juicio en la Corte de Paz se siguió el procedimiento de ley, citándose a Eugenio Padilla y que dicha Corte actuó con ju-risdicción ;■
“3. La corte erró al condenar al demandado al pago de costas.”

Convenimos con el apelante en que es- una regla bien establecida que en casos de certiorari la corte que ex-pide el auto está limitada para decidir la cuestión que se le plantee a lo que demuestra el diligenciado.

En el caso de Rodríguez v. Asamblea Municipal de Guánica, 31 D.P.R. 493, 498, esta corte bizo las siguientes citas de Spelling y de Corpus Juris:

“ ‘En el procedimiento de certiorari no existe alegación formal por parte del demandado. El auto diligenciado hace las veces de contestación en una acción ordinaria, y a veces se le designa como tal. El único oficio que desempeña el auto de certiorari de la ley común es hacer que se certifiquen los autos de un procedimiento por una corte inferior a una superior y es el deber del organismo inferior a quien el auto se dirige enviar una transcripción completa de los autos, debidamente certificados, a la corte que concede el auto sin ninguna exposición de hechos que no consten de los autos.’ 2 “Spelling, Injunctions and other Extraordinary Remedies,” pág. 1733.
“ .... El auto diligenciado constituye la contestación, así como la prueba y el caso se celebra por virtud del mismo, a menos que mediante moción se presente una contestación adicional o enmen-dada. Stump v. San Luis Obispo County, 131 Cal. 364, 366, 63 P. 663, 82 A.S.R. 350; .... 11 C.J. 156, nota 37 (a).”

En los últimos años la Asamblea Legislativa ba decre-tado recursos de certiorari en determinados casos. Esos re-cursos ban sido considerados por esta corte como “certio-raris” especiales a los cuales debe aplicarse en todo lo posi-ble las reglas del certiorari clásico pero admitiendo ciertas variaciones consistentes con la naturaleza del asunto y ten-dentes a convertir en realidad el propósito del legislador. Parece conveniente a este respecto transcribir lo que esta corte dijo en el caso de El Pueblo v. Oms, 34 D.P.R. 455, 457. Fué así:

“(2) El procedimiento de certiorari de referencia, aunque de-bido al uso del nombre puede tener alguna de las características de un auto clásico de certiorari, no está limitado a un examen de la documentación oficial. Las protestas, los affidavits presentados ante la junta y posiblemente alguna prueba aliunde, especialmente si ba sido descubierta recientemente, podrían ser revisados en un procedi-miento de certiorari. La idea de la legislatura fué proveer un auto para la corrección de los abusos electorales, y lo mismo que en la Ley Municipal y la Ley de Compensaciones a Obreros, la legislatura ba conferido un remedio. El limitarlo a la documentación oficial baria el auto en algunos casos completamente ilusorio.”

El caso concreto sometido a nuestra consideración y re-solución no es en verdad uno de los certioraris especiales a que acabamos de referirnos. Si la Corte de Distrito de Ma-yagüez pudo expedirlo lo fué a virtud de los poderes que otorga la ley general de 1904 (Comp. 1911, sees. 1349 a 1353), sobre la materia. Siendo ello así y apareciendo que la corte admitió prueba fuera del diligenciado, es necesario reconocer que el error alegado existe. Abora bien, diebo error no es, a nuestro juicio, perjudicial, porque del diligen-ciado por sí solo surge la falta de jurisdicción de la Corte de Paz de Maricao sobre la persona del peticionario, como veremos en seguida al considerar el segundo de los errores señalados.

El diligenciado del auto demuestra que el 29 de julio de 1924 el abogado R. A. Saliva presentó un escrito ante la Corte de Paz de Maricao en el asunto de Tomás Quintana, en el que éste aparece apelando de la resolución de la Junta Insular de Elecciones que desestimó su petición de exclusión de. los electores Eugenio Padilla y Juan B. Martínez. No consta que el escrito se notificara al peticionario Ríos.

El 6 de agosto de 1924 la corte de paz dictó una orden que copiada a la letra dice:

“La corte en vista de que este asunto es de carácter urgente y se encuentra pendiente de vista y Resolución, señala, a propia mo-ción, el día ocbo de agosto de 1924, a las nueve de la mañana, para la celebración del juicio. Y la corte ordena que se cite para dicho juicio a Tomás Quintana, Eugenio Padilla Ríos, Juan Bautista Mar-tínez Rivera, José Avilés, Ledo. Rafael A. Saliva y Ledo. Angel A. Vázquez.”

Luego sigue el mandamiento así:

“Estados Unidos de América. — El Presidente de los Estados Unidos, SS. — El Pueblo de Puerto Rico versus Eugenio Padilla Ríos. — En el Juzgado de Paz de Maricao, Puerto Rico.- — El Pueblo de Puerto Rico, a Eugenio Padilla Ríos, Rafael A. Saliva, Tomás Quintana y Angel A. Vázquez. — Por la presente se requiere’ a usted para que comparezca ante este Juzgado de Paz de Maricao, Puerto Rico, el día 8 de agosto de 1924, a las nueve de la mañana, como testigo en un proceso civil instituido por Don Tomás Quintana, contra Eugenio Padilla Ríos, en virtud dé una apelación presentada contra una resolución de la Junta Insular de Elecciones, y si usted no comparece se le considerará culpable de desacato a la corte.-— Extendido bajo mi firma en Maricao, Puerto Rico, hoy seis de agosto de 1924.— (fdo.) Francisco Miró, Juez de Paz Int. — (fdo.) Tomás Quintana. — A- Vázquez.”

Y hay otro documento que dice:

“Citación a testigos por Ramón Liquet. — En la Corte de Paz de Maricao, P. R. — En el asunto de Tomás Quintana. — Apelación de la Junta Insular de Elecciones sobre inscripciones. — Affidavit.—Yo, Ra-món Liquet, mayor de edad, juro solemnemente: Que no tengo in-terés en este asunto, que soy ciudadano bona-fine de Puerto Rico, con residencia en Maricao, y en la fecha que más adelante se dirá, era mayor de veinticinco años; que recibí la anterior cédula de ..cita-ción el día seis de agosto de 1924 y el día seis de agosto de 1924 cité personalmente en Maricao, P. R. a Tomás Quintana, José Avilés y Ledo. Angel A. Vázquez que por encontrarse fuera de la municipali-dad el día seis de agosto de 1924 los Sres. Eugenio Padilla Ríos y Juan Bta. Martínez Rivera, esperé hasta el día siete de agosto de 1924, día en que cité personalmente en Maricao, P. R.,-a los Sres. Eugenio Padilla Ríos y Juan Bta. Martínez Rivera, para que el día ocho de agosto de 1924, a las nueve de la mañana, comparecieran to-dos ante la Corte de Paz de Maricao para la celebración del juicio en este caso, y que al citar a todas y cada una de dichas personas les mostré personalmente la anterior cédula de citación. — Maricao, P. R., 7 de agosto de 1924.— (fdo.) Ramón Liquet. — No. 89. — Sus-crito y jurado ante mí por Ramón Liquet hoy día siete de agosto de 1924. — (fdo.) Francisco Miró, Juez de Paz interino de Maricao.”

El ocho de agosto, de 1924 no. compareció Padilla. Eso. no obstante oyó la corte la apelación y la declaró con lngar revocando la resolución de la Junta Insular de Elecciones y •decidiendo que Padilla no era un elector capacitado del mu-nicipio de Maricao. Fue - entonces que Padilla archivó su ■petición de certiorari ante la Corte de Distrito de Mayagüez .y obtuvo mediante ella -que la sentencia en la Corte de Paz »de Maricao fuera anulada;

Al razonar su fallo la corte de distrito hizo constar que 2a cédula de citación empleada era una de las formas impre-.sas para causas criminales usadas para la citación de testi-gos. Ella en verdad sólo contiene el apercibimiento de que •de no comparecer la persona citada se le condenará por de-sacato a la corte, y admitiendo en toda su extensión la ver-dad del, diligenciado del mandamiento sólo resulta que se mostró personalmente la cédula de citación a las personas, que se citaban. No sólo no. se entregó al peticionario Padilla copia del escrito estableciendo la apelación, que tiene ■el carácter de una demanda, sino que ni siquiera se dejó en su poder una cppia .de la citación.

Como sostiene la parte apelada.en su alegato, todo-el de-recho. que pudo .quizá tener, la corte- de paz fué el de citar, nuevamente a Padilla para que expusiera las causas a vir-tud de las cuales no debía castigársele por desacato, pero nunca adquirió jurisdicción para dictar sentencia contra, él despojándolo de su derecho a votar, derecho que le había .sido. reconocido por la Junta Insular de Elecciones después de una controversia sobre la materia.

La sección 32 de la Ley dé' Inscripciones y Elecciones de .junio 25, 1919, tal cómo quedó enmendada por la Ley Nb. 1. de 18 de junio de 1924 (p. 15), en lo pertinente dice:

"En todos los casos de'apelaciones dé las decisiones de la Junta Insular de Elecciones, según se autoriza anteriormente en esta Section, la corte municipal o el juzgado de paz señalará uno o más días •consecutivos para las vistas de dichas apelaciones, y los jueces mu-nicipales o de paz en dicho día o días'se consagrarán -a la vista dé' las mismas basta oírlas tocias debidamente, y en la vista de dichas apelaciones, las cortes ante las cuales fueren oídas tendrán el de-recho y por la presente quedan facultadas para oír testigos, y para exigir y examinar los documentos y pruebas que juzgaréñ necesa-rios para poder llegar a una determinación sobre los hechos y la ley en esos casos; Disponiéndose, que dichos casos serán oídos de acuerdo con las reglas de evidencia y procedimientos judiciales que rigen en casos civiles; . . .

Claro está que se trata de un procedimiento rápido, su-marísimo, pero ello no quiere decir que pueda condenarse a una persona sin saber siquiera que ba sido, demandada, sin habérsele servido una copia fiel de la demanda, con sólo ha-bérsele citado en forma tan confusa que más bien podía des-prenderse que se le llamaba como testigo y no como parte en el procedimiento. El legislador tuvo buen cuidado de disponer, como hemos visto, expresamente en la ley electoral “que dichos casos serán oídos de acuerdo con las regias de evidencia y procedimientos judiciales que rigen en casos ci-viles.” Ello admite, dadas las circunstancias especiales con-currentes, una reducción al límite de los términos, la mayor simplicidad posible en los procedimientos, una excesiva ra-pidez en las vistas y resoluciones, pero ello no puede admi-tir que se prescinda por completo de conceder su día en corte a la parte interesada.

- Otras razones se aducen por la parte apelada en su ale-gato para sostener la sentencia recurrida, pero estimando que la expuesta es fundamental, prescindiremos de su estu-dio en gracia a la brevedad y al exceso de trabajo que pesa sobre esta corte.

En cuanto al tercer error, limitando nuestro examen al diligenciado, no resulta la temeridad del demandado. Pudo éste actuar en la forma en que lo hizo de buena fe y no debió' por tanto condenársele al pago de las costas. En este extremo debe revocarse la sentencia apelada.

Por virtud de todo lo expuesto debe modificarse la sen-tencia apelada sustituyendo las palabras “y se condena al demandado al pago de las costas” por las siguientes: “sin especial condenación de costas”, y así modificada debe con-firmarse.■


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Leopoldo Rivera, acusado y apelante.
    No. 2681.

    Visto: Marzo 18, 1926.

      Resuelto: Abril 13, 1926.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error y Certiorari — Cuestiones Sobre la Prueba — Apreciación de las Pruebas — Credibilidad a Testigos por la Apreciación Hecha. — El Recito que un juez dé absoluta credibilidad a un testigo no quiere decir que dejara de apreciar el resto de la prueba.
    2. Derecho Penal — Pallo {Judgment), Sentencia y Auto de Prisión {Commitment) Pinal — Base del Pallo en General. — Presentada prueba en causa criminal1 de que el acusado fué denunciado ante y absuelto por' una corte municipal de deEtos relacionados con el Recito que dió origen a dicRa causa, la corte de distrito no viene obligada por el juicio que formara el juez municipal. Sólo las alegaciones y pruebas ante ella formuladas y prac-ticadas constituyen la base de su fallo.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión — Presuncio-nes — Examen de Testigos — Intervención del Juez Inferior. — A falta de una demostración en contrario, debe presumuirse en apelación que cuando un juez de distrito interviene, como en este caso, para indicar a un testigo que si el estado de su eerebro no le permitía seguir declarando podía pedir un receso, fué porque observó algo que lo Rizo creer que su intervención era necesaria.
    Sentencia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de portar armas prohibidas, sin costas.

      Con-firmada.

      Enrique Díaz Viera y Arcilio Alvarado, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal formuló acusación contra Leopoldo Rivera im-putándole la comisión de un delito de portar armas prohi-bidas consistente en llevar sobre su persona un black-jack (macana de plomo). Celebróse el juicio y la corte de dis-trito dictó sentencia condenatoria imponiendo al acusado noventa días de cárcel. Apeló el acusado.

Durante el juicio se suscitaron varias cuestiones que ban sido luego abandonadas. En su alegato el apelante sólo se-ñala dos errores, así:

“1. La corte inferior erró al apreciar la prueba del Pueblo dán-dole absoluta credibilidad al testigo policía Primitivo Casiano, y dejando de apreciar las demás pruebas, especialmente la prueba de defensa, y movida por pasión o prejuicio condenó al acusado.
“2. La corte inferior erró al intervenir indebidamente en la re-pregunta del testigo Primitivo Casiano, policía, ilustrando al testigo para que evadiera, como evadió la repregunta, en perjuicio del de-recho esencial del acusado.”

Al pronunciar su sentencia, el juez del distrito ex-puso oralmente los fundamentos de la misma. Entre otras cosas dijo:

“ . . . . Y la corte, por la apreciación que hace de la prueba, o sea, dando absoluta credibilidad al testigo cabo de la Policía, Pri-mitivo Casiano, que ha declarado ante la corte que vió que este acu-sado portaba en el bolsillo interior ese black-jack, que lo ha recono-cido, que le vió las correítas, que vió cuando este acusado penetró en el patio y lo tiró y entonces vinieron varias personas al patio ese en que el acusado entró y recogieron ese black-jack, la Corte entiende que la ley y los hechos están en contra de este acu-sado. ...”

Las palabras del juez no tienen el alcance que le atri-buye el apelante. El hecho de que “diera absoluta credibi-lidad” al testigo Casiano no quiere decir que dejara de apreciar el resto de la prueba. Antes había dicho: “por la apreciación que hace de la prueba.”

La evidencia fué contradictoria. Según los testigos de descargo ningún arma portaba el acusado. La declaración del policía constituyó una imputación directa y completa. Y lo que hizo el juez sentenciador fué resolver el conflicto en contra del acusado.

¿Erró manifiestamente el juez de distrito al actuar de tal modo? Para sostener la afirmativa entra el apelante en un detallado examen de la prueba y entre otros puntos sostiene que:

“Es notable- que la Corte inferior no dió peso alguno al hecha de que las tres denuncias presentadas por el cabo Casiano contra el acusado, una de ellas por acometimiento y agresión con el mismo black-jack que se alega, fueron resueltas a favor del acusado, absol-viéndolo la Corte Municipal de Yauco, . . .

La defensa introdujo en el acto de la vista prueba docu-mental demostrativa de que el acusado babía sido denun-ciado ante y absuelto por la Corte Municipal de Yauco de tres delitos más o menos relacionados con el becbo que dió origen a esta causa, a saber: acometimiento y agresión, al-teración de la paz pública y violación de la ley de automó-viles. Refiriéndose a esa prueba, el juez sentenciador dijo:

“ . . . . Si el honorable juez municipal de Yauco absolvió a este acusado en un delito de acometimiento y agresión y otros delitos, esta corte no tiene que tener en cuenta esas absoluciones; él se en-contró en varios casos en que entendió que debía absolver, y con arreglo a su conciencia y con arreglo a la evidencia aportada, dictó sentencia en aquellos casos absolviendo al acusado. ...”

En modo alguno estaba obligada la corte de distrito por el juicio que formara el juez municipal. Sólo las alegacio-nes y las pruebas ante ella formuladas y practicadas po-dían servir de base a dicba corte para rendir su fallo.

Hemos estudiado por nosotros mismos la evidencia y no podemos convenir con el apelante en que sea de tal manera fuerte en favor del acusado y tan deleznable en su contra que deba concluirse que sólo a virtud de pasión, prejuicio o parcialidad pudiera llegarse a la conclusión a que llegó el juez sentenciador. No existe, pues, el primero de los erro-res señalados.

Tampoco el segundo. Muestran los autos que el primer testigo que se llamó a declarar fué Primitivo Casiano, cabo de la Policía Insular. El interrogatorio directo ocupa unas dos páginas del récord. Comenzó el abogado el suyo y cuando babía insistido preguntando y repitiendo llegando a llenar más de cinco páginas del récord, ocurrió lo que sigue:

“P. ¿Cuándo llegó a sus manos? — R. Como cinco minutos des-pués. — P. ¿Quién lo entregó en sus manos? — R. El guardia Burgos me lo pasó. — P. ¿Cinco minutos después se lo.pasó a usted? — Bien. .¿Dijo usted que cuando el incidente entre usted y el acusado junto al automóvil alguien fué a buscar al guardia Burgos? ¿No fué así? —R. Fué alguien. — P. ¿Y vino después? — R. Casi en los momentos. —P. ¿Y ese alguien anduvo ciento veinticinco metros en ir a buscar a Burgos y Burgos vino de allá. Cinco minutos, más cinco, son diez •minutos, que se echaron en ir a buscar a Burgos y .venir Burgos? ¿Cuánto tiempo estuvieron en la lucha y la ocupación del black-jack por el policía? — Fiscal: Esa es una conclusión que hace: como cinco minutos, que decía que vino en cinco minutos. — Esa es una apreciación de la prueba que hace la Corte. — Abogado: Nosotros apelamos al record para decir que a los cinco minutos de la lucha fué que se ocupó el black-jack. — P. ¿Dígame, señor, cuando . . . . —Juez: Si su cerebro de usted no está en condición para poder declarar, usted pide un receso,- porque de repregunta a repregunta pueden llevarlo a usted a tales confusiones, a tales. conclusiones, donde usted declararía cosas que no podría declarar si su cerebro estuviera completamente despejado. ¿Usted 'puede continuar? — R. Sí señor. — Juez: Continúe entonces contestando ál abogado defensor. —Abogado: P. ¿Dígame, no es cierto que ese black-jack estaba en poder de otra persona cuando lo ocupó o lo tomó el guarlia Burgos? —R. Estaba en poder, primero de éste. (El testigo señala al acu-sado.) Y después lo tiró a la tierra y después el guardia fué que me lo entregó en mis manos.”

Hay algo que escapa a las transcripciones taquigráficas y es la apariencia del testigo al declarar, el temblor de sus manos, la palidez de su semblante, su mirada firme o extra-.viada, su rostro, en fin, que es el espejo de. su alma. A tra-vés de sus contestaciones conservadas por el taquígrafo mu-cho pueden ciertamente ver y deducir del estado de ánimo de los testigos los jueces de las cortes de apelación, ‘pero nunca tanto como el juez sentenciador.

Debemos presumir en este caso que cuando el juez' de distrito intervino fué porque observó algo-que. creyó que así lo requería. Nada bay que demuestre lo contrario. El juez está obligado a dirigir los juicios de-tal modo que recono-ciendo los derechos de todas las partes por igual no permita a ninguna de ellas usar de esos derechos en forma que re-suite abusiva u opresiva contra los testigos que tienen de-recbos también que deben ser reconocidos por la corte. Y mientras no se demuestre lo contrario, como no se ha demos-trado, debe presumirse que el juez actuó aquí inspirado en tal principio.

Además, ni se tomó excepción, ni perjuicio alguno se oca-sionó al acusado. El testigo dijo al juez que podía contes-tar y siguió contestando al abogado en la forma que bemos visto.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Gonzalo Vélez y Francisca García, demandantes y apelantes, v. Juan Font, demandado y apelado.
    No. 3496.

    Vista: Noviembre 12, 1925.

      Resuelto: Abril 14, 1926.
    1. Apelación y- Error — -Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Apreciación de las Pruebas. — En el caso de autos, el recurso se basó únicamente en la errónea apreciación de la prueba. Examinadas las alegaciones, las pruebas y los alegatos, se resolvió: que siendo la prueba de los demandantes deficiente en sí misma y tendiendo la del demandado no sólo a demostrar que el accidente fué sin su culpa sino a desacreditar el testimonio más importante del demandante, no podía llegarse a otra con-clusión que a la de confirmar la sentencia apelada.
    2. Negligencia — Causa Próxima del Daíío — Causa que lo Produce — Chauffeur no Autorizado para Cuiar Vehículos Pesados de Motort — Relación Causal Entre la Omisión y el DaSo. — El que el chauffeur del demandado no estuviera autorizado para guiar automóviles de carga no lo hace res-ponsable del daño causado cuando se demuestra que el daño no se debió a impericia alguna por su parte, tanto más cuando, eomo en este caso, se prueba que el chauffeur estaba autorizado para guiar automóviles de pasa--jeros y de hecho había guiado automóviles de carga de varias marcas.
    SENTENCIA de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, eon costas.

      Confirmada.

      Bolívar Pagan, abogado de los apelantes; Fernando B. Fornaris, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

• Los demandantes en su carácter de padres de Nicolás Vélez establecieron demanda contra Juan Font alegando que su hijo fué arrollado y muerto por un automóvil de carga del demandado guiado por.su empleado Santiago Seijo qne no. estaba autorizado legalmente para ello, yendo el auto-móvil a gran velocidad, por el lado izquierdo de la carretera, sin. las luces de ley y sin tomar las precauciones debidas.

Negó el demandado las alegaciones de la demanda que le perjudicaban y a su vez alegó que su autolnóvil marchó cumpliendo con todos los requisitos de ley, que especifica, y a nadie arrolló. Y alegó además que si el hijo de los de-mandantes se ocasionó la muerte al caer del estribo del truck del demandado, la muerte se debió a su propia negli-gencia habiendo actuado como un intruso, sin permiso, con-sentimiento, ni conocimiento del demandado.

Fue el pleito a juicio y la corte finalmente dictó senten-cia declarando la demanda sin lugar. De su opinión y sen-tencia transcribimos lo que sigue:

'■Estudiada detenidamente la prueba aportada, creemos que ella no sostiene las alegaciones de la demanda y que por el contrario, tiende a demostrar que si en realidad la muerte de dicho Nicolás Yélez hubiera sido ocasionada por el truck del demandado, él actuó de todos- modos negligentemente y contribuyó en tal grado al acci-dente que pueden considerarse exentos de responsabilidad, los em-pleados del demandado.”

No conformes los demandantes apelaron. Su recurso se basa únicamente en la errónea apreciación de la prueba por parte del juez sentenciador.

Hemos examinado cuidadosamente las alegaciones, las pruebas y los alegatos y creemos que no puede llegarse a otra conclusión que no sea la de confirmar la sentencia ape-lada.

La prueba de los demandantes fue deficiente en sí misma. Nada aclara con respecto a las heridas recibidas por Vélez: cómo pudieron ser causadas, si por una caída, o por un choque, o por un arrollamiento; nada dice en relación con las huellas que pudiera haber dejado el automóvil o sobre el estado en que éste se encontrara después del accidente. Y la prueba aportada por el demandado no sólo tiende a explicar la ocurrencia en forma tal que si sucedió lo fue sin ■culpa en absoluto para él, pues si corriendo su automóvil trató de alcanzarlo el hijo de los demandantes por su propia voluntad, sin invitación ni consentimiento, ni siquiera cono-cimiento del demandado, y al subir cayó y se ocasionó la muerte, de nada es responsable el demandado, si que tiende además a desacreditar el testimonio del testigo más impor-tante del demandante, Sostre, al sostener que no se encon-traba en el sitio de la ocurrencia.

El único de los motivos de negligencia alegados que ■ quedó comprobado fué el de que el chauffeur del demandado no estaba autorizado para guiar automóviles de carga, pero ya esta corte ha resuelto que “la mera omisión del conductor de un automóvil de tener la licencia estatutoria al ma-tar con un carro a un viandante en el camino no le hará responsable por el daño causado, a menos que dicha omisión tuviera alguna relación con la causa de la muerte.” Maldonado v. Hamilton, 32 D.P.R. 224. Además, aquí quedó comprobado que si bien el chauffeur no tenía una licencia específica para manejar automóviles de carga, la tenía para manejar automóviles de pasajeros habiendo practicado cuatro años y de hecho manejado automóviles de carga de diferentes mar-cas.

La cita del caso de Cruz v. Sotomayor, 32 D.P.R. 189, no es aplicable. Los hechos son distintos.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    Jorge V. Domínguez, Francisco Soto Gras, Antonia Q. Vda. de Quiñones, José Ramón Quiñones, Segismundo Quiñones, Juana Manuela Rodríguez de Willoughby, Palmira McCormick de Schuck, Dionisio Trigo y Alvaro Trigo, demandantes y apelantes, v. Rafael Fabián y Fabián, demandado y apelado.
    No. 3839.

    Visto: Febrero 1, 1926.

      Resuelto: Abril 19, 1926.
    1. Apelación t Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Transcript de Apelación no Radicado en Tiempo — Transcript en Tramitación en la Corte Inferior.- — No cabe desestimar xm recurso por el fundamento de no haberse radicado en tiempo el transcripto de apelación, cuando se halla váli-damente en tramitación la transcripción de los autos en la corte inferior.
    2. Cortes — Establecimiento, Organización t Procedimientos en General.— “Rules of Decisions”, Adjudicaciones, Opiniones y Records — -Provi-dencias Judiciales- — Corrección de las Mismas. — Independientemente del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, las cortes tienen poder para inspeccionar y corregir sus propias providencias con el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia.
    MociÓN sobre desestimación de apelación presentada por la parte, apelada.

      Sin lugar.

      Jorge V. Domínguez y Francisco Soto Oras, abogados de los ape-lantes; Henry G. Molina, abogado del apelado.

       Véase, la opinión disidente del Juez Sr. Wolf al final del tomo.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada archivó una moción .solicitando la de-sestimación del recurso establecido en este caso, por no ha-berse radicado en tiempo la transcripción de los autos en la secretaría de este tribunal.

La sentencia se dictó el 17 de agosto de 1925, la apela-ción se interpuso el 17 de septiembre siguiente y la moción de desestimación se archivó el 18 de enero de 1926. Si no se estaba válidamente tramitando una exposición del caso o transcripción de los autos a los efectos de la apelación en la corte sentenciadora, la moción estaría bien fundada. Si se estaba tramitando, la moción debe ser declarada sin lugar.

¿Qué demuestran los documentos acompañados a la mo-ción?

Demuestran que el 22 de septiembre de 1925, o sea, den-tro del término de diez días de interpuesto el recurso, los apelantes presentaron una moción que dice:

“Moción de prórroga. — Comparece la parte demandante por con-ducto de los abogados que suscriben y solicita de la Corte se sirva concederle una prórroga de sesenta (60) días para preparar y pre-sentar la transcripción del récord a los efectos de la apelación es-tablecida para ante la Hon. Corte Suprema. — San Juan P. E., sep-tiembre 22 de 1925.”

A esa moción la corte proveyó:

“Se concede la prórroga solicitada. — Octubre 24, 1925.”

El 16 de noviembre de 1925, vigente aún el término pro-rrogado, los apelantes presentaron nna extensa moción so-bre corrección de orden y prórroga, recayendo el 20 del propio mes de noviembre la siguiente resolución:

“Por Cuanto, el escrito de apelación de este caso se radicó el día 17 de Septiembre de 1925.
“Pob Cuanto, el día 22 de Septiembre de 1925 los demandantes-apelantes solicitaron de esta Corte una prórroga de sesenta días para preparar y presentar la transcripción del récord taquigráfico.
“Por cuanto, en la solicitud de prórroga se omitió la petición formal de que esta Corte ordenara al taquígrafo la transcripción del récord, y la orden de esta Corte, dictada con fecha 24 de Octubre de 1925 concediendo esa prórroga también omitió la orden al taquí-grafo de proceder en aquel sentido.
“Por cuanto, las omisiones o inadvertencias indicadas constitu-yen meras informalidades que una vez conocidas, pueden y deben ser subsanadas por esta Corte en bien de la justicia y para que el procedimiento quede encausado debidamente.
“Por cuanto, a falta de la orden formal al taquígrafo y peti-ción al efecto por los demandantes, éstos notificaron en aquella fe-cha al taquígrafo para que tuviera listo el transcript mencionado.
“Por cuanto, si bien el taquígrafo tiene transcritas las notas de las pruebas testificales, no ha terminado aún las de las pruebas do-cumentales y se requiere una nueva prórroga con tal fin.
“Por tanto, en uso del poder inherente de esta Corte para co-rregir sus propios récords y en su caso por virtud de las facultades que le concede el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil para relevar a una parte de su inadvertencia, decreta y ordena por la presente que su orden de 24 de octubre de 1925 concediendo pró-rroga de sesenta días a los demandantes para preparar y presentar la transcripción del récord taquigráfico, se entienda redactada nuno pro tunc, de modo que se ordene por ella al taquígrafo la transcrip-ción de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas ofre-cidas y practicadas, de todas las resoluciones, actos o manifestacio-nes de la Corte, así como de todas las objeciones y excepciones de los abogados y cuestiones o materias que con la misma se relacionen, constantes en el récord taquigráfico y en el legajo del caso, en el término de veinte días contados desde el 22 de Septiembre de 1925, en qne se presentó la moción y que ese término de veinte días se tenga por prorrogado a cuarenta días más, o sea hasta el día 21 de noviembre de 1925, que comprende el término de 60 días concedido por la orden de 24 de Octubre de 1925.
“Y se DECRETA y ORDENA, además, que por razones expuestas en esta orden, no siendo suficiente la primera prórroga concedida se concede al taquígrafo otra prórroga de treinta días contados desde 21 de Noviembre de 1925 con igual fin de preparar la transcripción del récord o de evidencia ordenada, que vencerá el 21 de Diciembre de 1925.”

¿Pudo actuar la corte sentenciadora en la forma en que lo hizo?

Sostiene el apelado en su memorándum en apoyo de su moción que:

“Si los apelantes desearon acogerse a la Ley de 1917, (trans-cripción por el taquígrafo), entonces de acuerdo con la Sec. Ira. de dicha ley, debieron haber radicado con el secretario de la coyte ‘un escrito solicitando que se haga y prepare una transcripción de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas ofrecidas. . . .’ cuyo escrito ‘deberá presentarse dentro de diez días después de ha-berse archivado la apelación.’ ”

A nuestro juicio, aunque imperfectamente, eso fué lo que hicieron los apelantes.

Los actos humanos deben interpretarse de modo que tien-da a dárseles validez. No se concibe que la gestión de los apelantes hecha dentro del término de ley, tuviera otro ob-jeto. Habían interpuesto un recurso y debe presumirse que si algo pidieron a la corte fué para hacer viable dicho re-curso. No expresaron su pensamiento en forma correcta y completa, pero el rastro que dejaron en la realidad diri-giéndose al taquígrafo y el entendimiento actual de la corte como ella misma lo reconoce luego, hablaron de modo elo-cuente y permitieron corregir la incorrección y completar lo que faltaba.

Las leyes tienen siempre en cuenta lo imperfecto de la naturaleza humana, lo limitado de sus facultades. Por eso el Código Civil expresamente, en sn artículo 7, No. 8, con-fiere poder a las cortes “para inspeccionar y corregir sus providencias con el fin de ajustarlas a la ley y a la justi-cia.” Y de ese poder fué que hizo uso la corte de distrito en este caso. No es necesario, pues, entrar a considerar la aplieabilidad o no aplicabilidad del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Siendo como es a nuestro juicio susceptible de interpre-tación el escrito de septiembre 22, 1925, en el sentido en que lo fué, esto es, en el de pedir tiempo para que el taquígrafo preparara la transcripción de los autos y las pruebas a los efectos de la apelación, y habiendo sido ésa la realidad de los hechos como lo alegó la parte y lo reconoció la corte de distrito, la actuación de dicha corte no es contraria a la jurisprudencia establecida por este tribunal. La corte pudo haber dictado en 24 de octubre con el escrito de 22 de sep-tiembre como base una orden que expresara en forma com-pleta su intención, y si pudo hacerlo entonces, pudo hacerlo después para ajustar su actuación a los hechos y la ley.

El caso de Goffinet v. Polanco, 31 D.P.R. 210, 214, con-firmado por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, (4 Fed. 2nd 74) no es aplicable. Allí se trataba de una orden concediendo una prórroga indefinida que quedó en pie y que por tanto era y debió ser tratada como una mera nulidad. Una situación muy distinta se hubiera pre-sentado si la parte apelante en aquel caso hubiera pedido a la corte de distrito, en tiempo, que corrigiera su error y la corte debidamente lo hubiera corregido.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, no es necesario entrar a considerar la tan debatida cuestión de la intervención del abogado Sr. Feliú a los efectos del con-sentimiento de la parte apelada a la petición de corrección. No era necesario que la parte contraria consintiera para que la corte actuara en la forma en que lo hizo.

Por virtud de todo lo expuesto, hallándose válidamente en tramitación la transcripción de los autos en la corte de distrito, debe declararse no haber lugar a la - desestimación, del recurso.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Franco Soto, disintieron.