author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Joaquín Nazario Figueroa, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 669.
    Sometido: Febrero 1, 1927.

      Resuelto: Mayo 18, 1927.
    1. Recursos Gubernativos — Negativa de Inscripción — Notificación—Suficien-cia de la Misma. — La notificación que, a los efectos de la sección 1“. de la Ley de 1902 sobre recursos contra las resoluciones de los registradores (Comp. 2180), se haga a la persona que presentó el documento en el registro equivale a una notificación a la persona interesada en la inscripción.
    2. Recursos Gubernativos — Remisión de Documentos al Supremo — Remisión Prematura. — La remisión al Supremo por el registrador de un documento cuya negativa de inscripción fué notificada a la persona que lo presentó, no es prematura porque no hiciera tal notificación] directamente al interesado en la inscripción solicitada.
    3. Recursos Gubernativos — Negativa de Inscripción — Negativa Prematura.— Notificado el interesado en una inscripción de acuerdo eon la Ley No. 20 de 1923 (p. 213), y denegada la inscripción del documento a que se refería dicha notificación transcurrido el término mencionado en dicha ley para de-negar, no cabe sostenerse que tal negativa fué prematura.
    4. Recursos Gubernativos — Revisión—Cuestiones a Considerar t Resolvere-Documentos a Considerar — Documentos Presentados Denegada ya Ins-cripción. — El Supremo prescindirá de certificaciones que, para impugnar uno de los fundamentos en que se base la nota recurrida, se hayan presentado al registrador después de negada la inscripción del documento solicitada.
    5. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Venta — Anuncio de Subasta — Pori Edictos — Expresión de ijos Acreedores Posteriores — Objeto.—El objeto de las disposiciones contenidas en los párrafos Io. y 2o. del artículo 172 del Reglamento hipotecario es el que los acreedores posteriores no puedan que-jarse de sufrir agravio por la aplicación del artículo 125 de la ley relativo a la cancelación de los créditos posteriores al ejecutado cuando el precio de la venta o adjudicación no supere al crédito hipotecario que se realice.
    6. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Venta—'Traspaso al Comprador o al Adjudicatario — Inscripción de la Escritura de Venta o Título de Adju-dicación — Existiendo Créditos Posteriores Inscritos o Anotados — De-mostración Necesaria. — Para inscribir un título do compra obtenido en su-basta en procedimiento ejecutivo hipotecario cuando existen créditos inserí, tos o anotados posteriores al ejecutado, tiene que aparecer del título, o demostrarse al registrador, que se cumplió con el párrafo 2 y último, respec-tivamente, de los artículos 172 y 171 del Reglamento Hipotecario.
    7. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Venta—anuncio de Subasta — Publi-cación en Periódico de Distrito en que la Propiedad Radica — Efecto.— Cuando copia del aviso de la venta en subasta de una finca hipotecada objeto de ejecución se publica en un periódico del distrito en que aquélla radica, no es necesario que se anuncie tal venta en el término municipal donde dicha finca radica.
    8. Inscripción — Inscripción de Títulos — Negativa de Inscripción — Motivos Insuficientes para Denegar — Sellos Entregados no Suficientes de' Acuerdo oon el Arancel. — Cuando no se entregan al registrador sellos sufi-cientes de acuerdo con el arancel de los registros de la propiedad, aquél debe no hacer operación alguna en el registro y no denegar la inscripción solicitada.
    Nota de Luis Capó Matrés, R. (San Germán), denegando inscrip-ción de un documento de venta judicial.

      Confirmada la primera y revocada, la segunda.

      Nazario (& Garda Méndez, abogados del recurrente; El Registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Disponen las secciones 1* y 2a de la ley de 1902 sobre re-cursos contra las resoluciones de los registradores de la pro-piedad (Comp. 1911, 2180 y 2181) que cuando los regis-tradores denieguen o suspendan alguna inscripción, ano-tación o cancelación expondrán al pie del documento los mo-tivos legales de sn negativa y de ella notificarán al intere-sado, quien firmará la notificación; y que si éste, dentro del segundo día no recogiere el documento, el registrador lo en-viará por el correo más próximo al Tribunal Supremo para que decida si aprueba o revoca la negativa del registrador.

En el caso presente el registrador .denegó la inscripción de un documento de venta y notificó sn negativa a la persona que presentó el documento en el registro, enviándola después a este Tribunal Supremo por no baber sido recogida el documento, y alega aliora el interesado en la inscripción que esa remisión por el registrador fné prematura de acuerda con la sección 2* citada porque la persona interesada en la inscripción no fué notificada de la negativa de inscripción y cita el caso de Monserrate v. El Registrador, 31 D.P.R. 640.

Dispone el artículo 6 de la Ley Hipotecaria según quedó enmendado en 1923 que la inscripción de los títulos en el registro podrá solicitarse por cualquier mandatario verbal de los interesados en el título; y el artículo 53 de su Reglamento que se entiende por representante legítimo del interesado en una inscripción su mandatario, aunque el mandato sea verbal o tácito, teniéndose por mandatario para los efectos de presentar documentos en el registro y solicitar la. inscripción, cualquiera persona a quien el interesado confiara ese encargo, por lo que en vista de esos preceptos legales bay que llegar a la conclusión de que la persona interesada en la inscripción fué notificada de la negativa de inscripción porque la notificación fué hecha a la persona que presentó el documento en el registro para su inscripción y, por tanto, que no fué prematura la remisión que nos hizo el registrador. El caso de Monserrate v. El Registrador, supra, no: tiene aplicación al presente porque en él no fué notificada persona alguna de la negativa del registrador.

También alega el interesado en la inscripción del documento que la negativa del registrador fué además prematura porque de acuerdo con la Ley No. 20 de 7 de julio de 1923 el registrador no debe negar la inscripción de un documento hasta que hayan pasado por lo menos cinco días desde que hizo saber al interesado los defectos de que adolecía el título por si quería recogerlo y subsanar sus faltas.

La ley a que se hace referencia enmienda el artículo 19 de la Ley Hipotecaria y dispone que cuando el registrador notare alguna 'falta referente a la legalidad de las escrituras que se le presenten o de capacidad de los otorgantes lo co-municará por escrito al presentante o al notario que hubiere autorizado el documento para que lo recojan y subsanen la falta en el término que duren los efectos del asiento de pre-sentación o cuando menos dentro de los cinco días después de hecha la notificación, pndiendo el notario o el presentante dejar de recoger el documento cuando para subsanar la falta sólo fuere necesario acompañar otro o los antecedentes co-rrespondientes; que de no subsanarse la falta en el término indicado, el registrador denegará la inscripción si se tratare de defecto insubsanable o hará constar el defecto si fuere subsanable; y que la notificación al presentante del docu-mento o al notario se hará constar al margen del asiento de presentación.

No acredita el recurrente la fecha en que fué hecha esa notificación aunque en su alegato dice que lo fué el 26 de diciembre, pero como del registro consta que la notificación fué hecha al presentante del documento el día 24 de diciem-bre y como la negativa de inscripción no fué practicada hasta el 31 del mismo mes, resulta que habían transcurrido ■los cinco días mencionados por la ley por lo que no fué pre-matura tal negativa.

Resueltas esas cuestiones veamos los motivos fundamen-tales de este recurso.

Al registrador se le presentó para inscripción la escritura de venta judicial que el 9 de agosto de 1926 otorgó el márshal de la corte del distrito judicial de Mayagüez a favor del recurrente a quien fué adjudicada cierta finca en ella descrita como consecuencia de un juicio ejecutivo hipotecario seguido contra Don Augusto Quiñones Anglada y su esposa en el cual dispuso la corte que el requerimiento de pago que se hiciera a-los demandados se notificase a Don Salvador Guardiola por aparecer mencionado en la certificación del registrador, a los efectos del artículo 171 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria. También resulta de la escritura que para la subasta de la finca hipotecada se publicaron edictos en el periódico “El Diario del Oeste” que se edita en Mayagüez, P. R., en los números correspondientes a los días 14, 21 y 28 de julio de 1926, siendo el día 4 de agosto de 1926 el señalado para la subasta.

El registrador negó la inscripción de ese documento ha-ciendo constar sns motivos en nna extensa nota qne pnede resumirse así: l9, porque no aparece de la escritura que el márshal cumpliera la orden de la corte de notificar a Don Salvador Guardiola el requerimiento de pago al deu-dor por lo que resulta ineficaz el procedimiento para la su-basta por cuanto no se le ha dado oportunidad al acreedor hipotecario Sr. Guardiola de concurrir a la subasta; 29, porque tampoco aparece de la escritura la forma en que se publicaron los edictos anunciando la subasta para poder llegar al conocimiento de si el Sr. Guardiola fué informado de la venta por los edictos, en- caso de que no se le hubiera notificado personalmente el auto requiriendo de pago al deudor; 39, porque no consta de la escritura que el márshal fijare edictos de los bienes que iba a subastar en algún si-tio de la ciudad de San Germán, que es el término municipal donde radican los bienes, según dispone el artículo 172 de dicho reglamento; todo lo que a entender del registra-dor demuestra que no ha habido el debido procedimiento de ley para la venta.

Después de esa nota y con la misma fecha el registra-dor consigna otra negativa de inscripción porque siendo los derechos de inscripción del documento $9.50 según el arancel y el Código Político y no habiendo entregado el presentante del documento sino $6, se ha negado a entre-gar los $3.50 restantes a pesar de haber- sido requerido, para que los entregase.

Contra la negativa de inscripción se interpuso este re--curso gubernativo en el que sólo tenemos alegato del recu-xrente en lo referente a la primera nota. '

También envió el registrador a este tribunal un documento librado por el Secretario de la Corte de Dis.trito de Mayagüez en el que certifica que en el mencionado .juicio ejecutivo existe una diligencia del márshal de haber notificado el requerimiento de pago.al Sr. Guardiola a los •efectos del art. 171 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, pero prescindiremos de tal certificación porqne fné presen-tada al registrador después de negada la inscripción del documento de venta.

Dispone el último párrafo del artículo 171 del Reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria que cuandoen las certificaciones del registro de la propiedad (que lian de presentarse al iniciarse el procedimiento ejecutivo hipotecario) consten los domicilios de las personas interesadas en las responsabilidades que se hubieren inscrito después del derecho del actor, el juez mandará, a la vez que el requerimiento de pago, que se intente la notificación del auto a dichas personas interesadas -en aquellos domicilios, si en ellos fueren habidos: y el párrafo 2? del artículo 172 del mismo Reglamento establece que en los edictos señalando día, hora y sitio para el remate se hará saber la subasta a los acreedores que tengan inscritos o anotados sus derechos sobre los bienes con posterioridad al del ejecutante, y con los cuales no hubiere tenido efecto la notificación que prescribe el párrafo final del artículo 171, debiendo expresarse al efecto los nombres de esos interesados, según resulte de la certificación del registro, para que puedan concurrir a la subasta si les conviniere. El objeto de tales disposiciones es, según dijimos en el caso de Montes de Oca v. Báez, 23 D.P.R. 707, que no puedan quejarse los acreedores' posteriores de sufrir agravio por la aplicación del artículo 125 de la Ley Hipotecaria, enmendado por la Ley No. 31 de 1912, que ordena la cancelación de los créditos posteriores ál ejecutado cuando el precio de la venta o de la adjudicación no iguale o no supere al crédito hipotecario que se realice. Por consiguiente, para que pueda ser inscrito un título de compra obtenido en subasta en un procedimiento ejecutivo hipotecario tiene que aparecer del título o demostrarse al registrador, cuando existen créditos inscritos o anotados posteriores al ejecutado, que se ha cumplido con los artículos antes citados referentes a la notificación personal o en los edictos de la subasta a los aeree-dores posteriores con título inscrito; y como en el caso presente no consta ni la notificación personal al Sr. Guar-diola ni qne se le hiciera en los edicto's de la subasta, el registrador procedió correctamente al negarse a inscribir el títnlo qne motiva este recnrso.

En cnanto al tercer motivo no es procedente porqne rigiéndose la venta de la propiedad gravada en los juicios ejecutivos hipotecarios por la ley de 1905 relativa a las sentencias y manera de satisfacerlas, según ha sido declarado por este tribunal en varios casos (Manrique v. Registrador, 33 D.P.R. 548), dispone esa ley en su sección sexta que la propiedad inmueble embargada en virtud de cualquier orden de ejecución será vendida en pública subasta en la forma dispuesta por la ley para la venta de propiedad mueble sujeta a ejecución; y el artículo 251, No. 2, del Código de Enjuiciamiento Civil que cuando se trate de venta de propiedad personal se fijará el aviso de la venta en tres sitios públicos del distrito o ciudad en que se hallaren los bienes, o se publicará copia de dicho aviso en algún periódico del distrito, por lo que pudiendo anunciarse la subasta en cualquiera de esas dos formas y habiéndose hecho por medio de un periódico del distrito no era necesario justificar que también se anunció la venta en el término municipal donde radicaban los bienes.

La segunda* nota del registrador negando la inscripción por no haber sido entregados sellos suficientes de acuerdo con el arancel para los registros de la propiedad es improcedente, porque exigiéndose tales sellos para hacer operaciones en el registro es claro que si no se entregan no debió hacerse ninguna en el registro, y no debió negarse la inscripción por ese motivo. No habiéndose entregado sellos suficientes no procedía negar tampoco la inscripción por los otros motivos de la primera nota, pero como el registrador de hecho negó la inscripción hemos creído conveniente considerar los méritos de dicha negativa.

La segunda nota recurrida debe ser revocada y en cuanto a la primera se confirma la negativa de inscripción por el motivo dicho.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Lorenzo Dávila, demandante y apelante, v. Antonio Sotomayor y Gerónima Pizarro, demandados y apelada la segunda.
    No. 4182.
    Visto: Marzo 10, 1927.

      Resuelto: Mayo 18, 1927.
    1. Hogar Segur» (Homestead) — Protección y Efectividad (Enforcement) del Derecho — Fijación del Derecho — En General. — No tratándose en este caso de nn juicio arbitral ni de amigables componedores, huelga toda dis-cusión sobre la vigencia o no del juicio de amigables componedores de la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua y si se cumplieron o no las formali-dades exigidas para dicho juicio.
    2. Estoppel — Impedimento en Equidad (Equitable Estoppel) — Naturaleza y Requisitos en General — Actos Propios en General — Repudiación de los Mismos. — Las palabras de una corte al' efecto de que no es lícito a una parte impugnar un convenio, deben interpretarse con las salvedades que para tales casos fija la jurisprudencia.
    E. Hogar Seguro (Homestead) — Protección y Efectividad (Enforcement) del Derecho — Fijación del Derecho- — Personas Nombradas para Ello por las Partes — Procedimiento a Seguir no Fijado y Efecto. — Aprobada una estipulación de las partes encomendando a dos personas el determinar sobre el terreno. cierto derecho de homestead sin fijarles el procedimiento a seguir, el no notificar a dichas personas su nombramiento por los funcionarios de la corte y el actuar dichas personas sin notificar a las partes, no constituye error que invalide por sí solo el dictamen por ellas rendido.
    4. Hogar Seguro (Homestead) — Protección y Efectividad (Enforcement) del Derecho — Fijación del Derecho — Personas Nombradas para Ello por las Partes — Dictamen Final. — Cuando nada demuestra que el dictamen final de personas a quienes se ha encomendado la fijación de un derecho de homestead sea doloso o fraudulento o que a él se llegara por un procedi-miento enteramente ilegal, una corte actúa derechamente 'al aprobarlo.
    EbsoluoiÓN de Angel Aeosta Quintero, J. (Ponce), aprobando dic-tamen final sobre fijación de nn derecho de homestead con costas incluyendo honorarios de abogado.

      Confirmada.

      Arjona & Arjona, abogados,del apelante; V. Zayas Pizarro, abo-gado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del

tribunal.

Versa la presente apelación sobre la ejecución de la sen-tencia dictada finalmente en este pleito a virtnd del recurso que primeramente se interpuso contra el fallo dictado en el mismo por la corte de distrito.

Dice la sentencia en lo pertinente así:

por los motivos consignados en la opinión que antecede, se modifica la sentencia apelada en el sentido de que procede declarar con lugar el desahucio solicitado debiendo el demandante reconocer a la demandada el derecho de homestead reclamado por ésta sobre la finca en cuestión y, así modificada, se confirma. Si las partes no pudieren ponerse de acuerdo sobre la fijación del derecho de homestead, acudirán a la corte de distrito y ésta tomará las medidas necesarias para resolver de una manera justa y equitativa el con-flicto. ’ ’

Cumpliendo con la misma las partes presentaron a la corte la siguiente estipulación:

“Que de acuerdo con la sentencia de la Honorable Corte 'Su-prema de Puerto Rico por virtud de la cual se le reconoce el Homestead a la demandada, han nombrado: El demandante a don Fidel Salichs, y la demandada a don Antonio Correa, personas entendidas en la materia para valorar la casa y un pedazo de terreno con dicha casa que represente el valor de dicho Homestead, o sean $500.00 y una vez hecha esta valoración por dichos peritos que las partes se comprometen a acatar y aceptar, el demandante y demandado otor-garán una escritura por virtud de la cual el demandante trasmi-tirá a favor de la demandada el predio así valorado en quinientos dólares con dicha casa, en pago de su Homestead. Lo que firman de conformidad para que produzca sus efectos leg'ales. Ponce, P. R., octubre 4, 1926. Respetuosamente, Fdo. Vicente Zayas Pizarro (Abogado de la demandada Gerónima Pizarro.) Fdo. Arjona & Arjona. Por: R. Arjona Siaca. (Abogado del demandante.)”

A la estipulación recayó una orden que dice:

“Como se pide, se aprueba la estipulación presentada por las partes, según arriba se expresa. Ponce, P. R., octubre 13, 1926. Fdo. Angel Acosta (Juez del Distrito).”

Aparece después en los autos el dictamen de los peritos así:

“De una parte, Fidel Salichs, mayor de edad, propietario y ve-cino de Juana Díaz, en su carácter de perito nombrado por don Lorenzo Dávila, y de otra parte, don Antonio Correa, propietario, mayor de edad y vecino de Juana Díaz, en su carácter de perito nom-brado por doña G-erónima Pizarro y hacen constar: — 1. Que de acuerdo con el nombramiento que les fué notificado el día 4 de oc-tubre de 1926 se rindió un informe por virtud del cual el señor Salichs valoró las 7 cuerdas donde está enclavada la casa de la se-ñora Pizarro en la suma de $350.00 y la casa que la misma habita en $150.00 o sea en conjunto $500.00, la cual valoración fué acep-tada por el perito señor Correa, en la misma fecha, luego de haber examinado ambos peritos cuidadosamente la finca de 25 cuerdas de donde se ha de segregar el predio que se le otorgará en pago de su Homestead a la señora Pizarro. 2. Que a los efectos legales con-siguientes los peritos pasan a describir el predio que ha de ser se-gregado y que ha sido tasado en este caso juntamente con la casa en la suma de $500.00 a saber: — Rústica, predio de terreno radi-cado en el barrio Río Cañas Arriba del término municipal de Juana Díaz, con cabida de 7 cuerdas, equivalentes a 2 hectáreas, 75 áreas y 13 centiáreas. Contiene una casa de madera, techada de zinc. Linda al norte con el resto de la finca de 25 cuerdas, al sur con el camino vecinal que divide terrenos de Antonio Correa, al este con Ramón y Cirila Pizarro, y al oeste con el resto de la finca principal. Se firma por duplicado y de conformidad en el barrio Río Cañas Arriba de Juana Díaz, hoy día 15 de octubre de 1926. (Fdos.) Fidel Salichs y Antonio Correa.”

Así las cosas, la parte demandante impugnó el dictamen por los siguientes fundamentos:

“(a) Porque una vez sometida a la consideración de la corte la estipulación sobre arbitraje el demandante y apelante nunca tuvo conocimiento de que la misma hubiera sido aprobada, antes del día 15 de octubre de 1926.
“(b) Porque, por no haber tenido dicho conocimiento, el deman-dante y apelante nunca notificó el hecho a su propuesto árbitro, Sr. Salichs, a los efectos del juicio arbitral que debería celebrar con el árbitro propuesto por la demandada y apelada.
“ (c) Porque ninguno de los árbitros propuestos fué notificado de su nombramiento por la corte, habiendo sí sido notificados, ofi-ciosamente, por la demandada y apelada.
“ (d) Porque dichos propuestos árbitros procedieron, con la ig-norancia y en ausencia del demandante y apelante, pero en presen-cia de la demandada y apelada y de sus mandatarios personales, a tasar y seleccionar el Homestead en este caso.
“ (e) Porque dichos propuestos árbitros actuaron sin notificar al demandante y apelante, ni hacer saber a éste que iban a actuar, en alguna forma, como tales árbitros.”

La parte demandada por el contrario pidió a la corte que aprobara el dictamen. La corte fijó el 16 de noviembre para oir a las partes. Comparecieron en efecto éstas y ofrecieron , y practicaron prueba. La corte finalmente resolvió aprobar el dictamen y de su resolución fue que apeló el demandante para ante este tribunal.

Señala el apelante en su alegato la comisión de cuatro errores, así: 1. Erró la corte al estimar que el incidente era uno sobre juicio de amigables componedores y no uno sobre juicio de árbitros; 2, al estimar que el demandante estaba impedido de impugnar las actuaciones de los árbitros; 3, al no considerar el efecto de la falta de citación e intervención del demandante en el juicio arbitral, y 4, al sostener el fallo de los árbitros.

Los errores primero y segundo se basan en el siguiente fundamento de la resolución apelada:

“Por cuanto en el presente caso no se trata rigurosamente de dos personas nombradas árbitros, sino más bien de dos amigables componedores, y cuya decisión fué estipulada y aprobada por esta corte, y se convino que sería final, la corte es de opinión que no le es lícito al demandante ir en contra de sus propios actos solemne-mente estipulados y aprobados por esta Corte de Distrito.”

Creemos sin embargo que aquí no se trata de juicio arbi-tral alguno, ni de amigables componedores, sino simplemente de dos personas a quienes las partes de común acuerdo en-comendaron la tarea de separar de una determinada finca con la casa en ella existente una porción de terreno cuyo valor con el de la casa fuera el de quinientos dólares.

Siendo ello así huelga la amplia discusión de la parte ape-lante sobre si está vigente o no en Puerto Rico el juicio de amigables componedores y sobre si se cumplieron o no las formalidades que se exigen para el juicio arbitral.

Ambas partes pudieron por sí mismas fijar el derecho de homestead reconocido a la demandada. Prefirieron encomen-darlo a dos personas elegidas por ellas, haciéndolo constar en estipulación sometida a la aprobación de la corte y por ésta aprobada. Tal procedimiento es enteramente válido en derecho.

Las palabras de la corte con respecto a que no es lícito al demandante impugnar el convenio, no tienen el alcance que les atribuye el apelante, y deben interpretarse con las salvedades que para tales casos fija la jurisprudencia.

Lo que quiso decir y dijo en verdad la corte fué que el demandante no podía volver sobre sus pasos en el sentido de repudiar sus propios actos, pero no que no tuviera el derecha de impugnar el dictamen si éste era ilegal, o contrario a la estipulación, o doloso o fraudulento.

Ni el fraude ni el dolo se alegaron al impugnar el dicta-men. La prueba practicada demuestra que la estipulación, fué el acto libérrimo de las partes. Se expresó por el de-mandante que el Sr. Salichs, designado por él, lo fué en úl-timo término y sin una consideración cuidadosa, pero es lo cierto que fué finalmente designado. Ni se alegó, como he-mos dicho, ni se probó el fraude. Hay insinuaciones en la prueba de que Salichs actuó favorablemente a la demandada y se comunicó con el abogado de ésta y no con el abogada de la parte que lo designó. Es cierto que hubiera sido más, claro y correcto que se notificara todo lo que iba ocurriendo al demandante, pero en la estipulación no se fijó el procedi-miento a seguir y ella por sus términos era bastante para que las personas elegidas procedieran a cumplir inmediata-mente su cometido. La notificación oficial de los funciona-rios de la corte no era imprescindible.

La prueba demostró que si bien las personas nombradas no procedieron a citar y a oir al demandante, tampoco cita-ron ni oyeron a la demandada. El único pozo existente en la finca qne se alegó qne se había inclnído en las tierras asig-nadas a la demandada, demostró la prneba qne qnedó en las tierras del demandante.

Puede, en verdad, qne el dictamen final sea favorable a la demandada, pero nada demuestra qne sea doloso o fraudulento, o qne a él se llegara por medio de un procedimiento enteramente ilegal. Siendo ello así, creemos qne la corte actuó derechamente al aprobarlo y qne no surge ninguna injusticia notoria del examen de los autos.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Maximino Zayas Vázquez y Julián Félix Hernández, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 665.
    Sometido: Febrero 24, 1927.

      Resuelto: Mayo 18, 1927.
    1. Registradores — Facultades—Calificación de Títulos — Resoluciones Judi-ciales en General. — Dictada sentencia por transacción condenando a unos demandados a ratificar cierta escritura de venta otorgada por el eausant© de aquéllos, el registrador tiene autoridad para examinar, presentada a ins-cripción la escritura de ratificación, si la corte tuvo o no jurisdicción para», dictarla.
    2. Vendedor t Comprador — Requisitos y Validez del Contrato — Contrato Con-signado en Escritura Pública — Inscripción—Venta Otorgada por Cau-sante Ratificada p.or sus Herederos — Justificación del CarAoter. die Herederos. — Tratándose de una obligación contraída por el causante y cumplida por el cónyuge supérstite y el bijo o hijos de aquél a virtud de sentencia en pleito sobre ratificación de cierta venta, es indispensable que tales herederos acrediten su carácter de únicos y universales herederos del causante a los efectos de la inscripción, de la escritura de ratificación.
    3. Vendedor y Comprador — Requisitos y Validez del Contrato — Contrato Con-signado en Escritura Pública — inscripción—Venta de Bienes Adquiri-dos por Herencia — Justificación del CarActer de Heredero del Vende-dor. — Para inscribir una venta hecha por uno que comparece en la escritura como casado, — siendo viudo — y vende, con otro condominio, uno procedente de su cónyuge como único heredero del mismo, además de la necesidad de acreditar su carácter de heredero del cónyuge se requiere la previa inscrip-ción a su nombre de la parte que procede de él.
    Nota de B. B. Pérez Mercado, R. (Gfuayama), denegando inscrip-ción de una venta de condominios.

      Confirmada.

      C. Domínguez RtCbio, abogado del recurrente; El Registrador recu-rrido, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Carmen Rivera Santiago, Jesús, Juana y Juan Ramón Rolón Santiago inscribieron en el registro, mediante infor-mación de dominio, una finca rústica con una cabida de 42 y % cuerdas, que adquirieron en la siguiente forma: 39 y % cuerdas por' título de herencia, y las 3 cuerdas restantes a título oneroso. Se expresaba en el expediente que a ex-cepción de Carmen Rivera los demás condueños eran casa-dos, pero no se consignó el nombre de los respectivos con-sortes. Se aclaró luego que Juan Ramón no era una sola persona, sino dos distintas, y Ramón vendió su participación a Jesús. En junio 30, 1919, Juan, Juana, Jesús Rolón y Carmen Rivera vendieron la totalidad de la finca al recurrent e Maximino Zayas Vázquez, y presentada la escritura al registro, el registrador inscribió la quinta parte indivisa correspondiente a la vendedora Carmen Rivera, así como las participaciones que en las 39% cuerdas hubieron los demás partícipes por herencia, pero denegó la inscripción en cuanto a los condominios que los demás vendedores tenían en las 3 cuerdas restantes, y además respecto a la quinta parte del total de las 42 y % cuerdas que Jesús compró a Ramón, fun-dándose para ello el registrador en que tales porciones indi-visas siendo adquiridas a título oneroso no concurrieron en la escritura para dar su consentimiento los consortes de los diferentes vendedores.

Esta nota fue consentida y el recurrente entonces acu-dió a la Corte de Distrito de Guayama con una demanda para que ratificaran la escritura de junio 30, 1919, las siguientes personas: Juan Rolón Santiago y Juan Rolón Marcano, como únicos y universales herederos de Isabel Marcano, esposa y madre, respectivamente, del primero y el segundo; Juana Ro-lón Santiago, en su carácter de heredera de su esposo Sera-fín Agosto, quien falleció en abril 7, 1919, y Herminia Gar-cía, como esposa que fue de Jesús Rolón, también fallecido.

Los demandados se allanaron a la demanda y luego me-diante estipulación de las partes, la corte inferior, de acuerdo con el artículo 313 del Código de Enjuiciamiento Civil, dictó sentencia condenando a las personas antes nombradas, en el carácter en que fueron demandadas, a ratificar la escritura de venta de junio 30, 1919. Llevada al registro esta escri-tura junto con la de ratificación que fué otorgada por el már-slial en diciembre 2, 1926, el registrador consignó en uno de los documentos, en lo pertinente, la siguiente nota:

• • Denegándose la inscripción de venta de los condominios de una 1/5 parte cada uno en la porción de tres cuerdas referidas, adquiridos por Juan y Juana Bolón Santiago a título oneroso, por los fundamentos siguientes: Porque se trata según la indicada es-critura de ratificación de una sentencia en transacción con estipula-ciones propuestas por los demandados y aceptadas por los deman-dantes que tiene todas las características y peculiaridades de un contrato entre partes, y no se acredita: l9, que Juan Bolón Santiago y Juan Bolón Marcano sean los únicos y universales herederos de la que se dice fué esposa del primero Isabel Marcano; y 29, que no se acredita asimismo que Juana Bolón Santiago sea la única y universal heredera del que se dice fué su esposo Serafín Agosto, ni ella ha inscrito la herencia de aquél para poderse inscribir la transferencia del mismo, de acuerdo eon el Art. 20 de la Ley Hipo-tecaria, y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal a favor del comprador Don Maximino Zayas Vázquez de su título de compra, al folio, tomo e inscripción antes citados, con el defecto subsanable de no acreditarse que al tiempo de adquirir los vendedores siendo casados, sus condominios a título oneroso en las expresadas tres cuerdas de la finca descrita que inscribieron por expediente de dominio, fueran Isabel Marcano esposa de Juan Bolón Santiago; Serafín Agosto esposo de Juana Bolón Santiago y Herminia García esposa de Jesús Bolón y Santiago.”

De esta nota se ha recurrido ante esta corte.

En la demanda sobre ratificación, entre otros hechos, se alega:

“D.- — Que de la citada finca faltan aún por inscribir 1/5 de 39 cuerdas 75, que fué el que adquirió Jesús Bolón Santiago por com-pra a Bamón en la escritura de que se habla en el apartado A de esta alegación y 4/5 en lo que respecta a la porción de 3 cuerdas que fueron adquiridas por los hermanos Rolón por título oneroso y no se verificó la inscripción en razón a que en la citada compraventa ante don Luis Muñoz Morales no comparecieron y consintieron en el contrato, doña Herminia García Montalvo, esposa de Jesús Rolón Santiago; doña Juana, aun cuando se dijo que era casada, es lo cierto que era viuda pues su esposo había fallecido en abril 7 de 1919 y la venta se verificó el 30 de junio del propio año, no apare-ciendo que ella concurriere por su propio derecho y como heredera de su esposo Serafín Agosto, ni Isabel Marcano con quien era ca-sado Juan Rolón, a ia fecha de la venta, perteneciendo las referidas 3 cuerdas y el condominio del quinto adquirido por Jesús, por com-pra a Ramón a la categoría de bienes gananciales.
“E. — Que al celebrar don Maximino Zayas y Vázquez con los miembros de la sucesión de Juan Leocadio Rolón y Vencesla Santiago, la compraventa de la finca arriba descrita, fui entendido que la totalidad de la misma vendida sin reserva, comprendiéndose no sólo lo adquirido por herencia de sus padres si que también lo que dichos miembros habían adquirido a título oneroso o sea la finca de 3 cuerdas de la cual se habla antes al mencionarse el expediente de dominio y el quinto que en esta finca había adquirido el nom-brado Jesús, por compra a Ramón y de que se habló antes en el apartado A de esta alegación.”

La extensa argumentación y citas de autoridades del re-currente en lo substancial se contrae a sostener que la sen-tencia dictada por la corte inferior sobre ratificación de venta, en transacción o por consentimiento de las partes, tiene la misma eficacia y valor que si hubiera sido rendida sobre los méritos y que el registrador debió pasar por ella sin discutir sus fundamentos. La síntesis de la teoría del registrador es que la sentencia no puede tener en este caso el alcance y efecto que pretende dársele sin que se acredite independientemente ante el registro el carácter o represen-tación de los demandados, a quienes se les obliga a ratificar los actos de personas, quienes sólo por las propias mani-festaciones de las partes se sabe que fueron sus consortes.

Se lia dicho y repetido en constante jurisprudencia de esta corte que si bien los registradores no están facultados para examinar y discutir los fundamentos de las re-soluciones judiciales ni apreciar la evidencia en que se ba-san, les es permitido, sin embargo, y ésta es la excepción, inquirir en cnanto a la jurisdicción con que ban sido dicta-das. Si esto es así, el registrador tenía autoridad para exa-minar si la corte inferior tuvo jurisdicción para dictar sen-tencia por transacción entre las partes y condenar a Juan y Juana Eolón Santiago para ratificar la venta en nombre de sus consortes.

Como puede verse de la nota, la negativa del registrador se limita solamente a los dos condominios que sobre las 3 cuerdas transmitieron Juan y Juana al recurrente, siendo aquéllos casados y habiendo adquirido a título oneroso. En ambos casos el registrador tiene razón. Eespecto a Juan, el registrador conviene que en él no se requiere la previa inscripción porque se trata de la ratificación por parte de su esposa Isabel Marcano, con quien estaba casado al hacer la venta y no compareció a prestar su consentimiento en la escritura primitiva de venta. Tratándose de una obligación contraída por la causante Isabel Marcano y cumplida por su esposo e hijo ratificando la venta, parece obvio que la previa inscripción que exige en general el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, no era necesaria hacerse a- nombre de los últimos como herederos de su causante. Pero esto no quiere significar que no sea indispensable justificar el carácter con que fueron demandados Juan Eolón y su hijo como únicos y universales herederos de Isabel Marcano. En los casos que citan los recurrentes de Coy v. Registrador, 22 D.P.R. 432, y Ortiz v. Registrador, 23 D.P.R. 702, lo que se resuelve es lo mismo que admite el registrador en sentido de no ser necesaria la inscripción a favor de los herederos, quienes cumplen una obligación del causante; pero en modo alguno se releva a los herederos de acreditar su carácter de tales. El registro es una institución para la protección de terceros y la admisión de las partes en un pleito sobre ratificación de cierta venta, en la forma que aparece de este recurso, podría afectar a personas posiblemente interesadas en los bienes vendidos, sin que Rayan tenido su día en corte. La declaración de herederos en este caso era nn trámite necesario y el registrador estuvo en lo cierto exigiendo que se acreditara ante él dicho extremo.

En cuanto a Juana Bolón Santiago, la cuestión va más lejos. Además de la necesidad de acreditar su carácter de heredera de su esposo Serafín Agosto, se requiere la previa inscripción a su nombre de la parte que procede del esposo. Según se alega en la demanda, Serafín Agosto, esposo de Juana Bolón, había fallecido en abril 7, 1919, y la escritura de venta se otorgó en junio 30, 1919, mucho después de su fallecimiento. Juana, no obstante, compareció en la escritura como casada, cuando en realidad era viuda, y vendía no sólo la parte ganancial que le correspondía en el condominio por su propio derecho, sino la otra parte, también ganancial, que procedía de su esposo como única heredera del mismo. No se desprende de la 'demanda ni de las estipulaciones de las partes el hecho jurisdiccional de que Juana Bolón vendía para cumplir una obligación contraída por su esposo fallecido. Si se hubiera hecho así, estaríamos bajo las mismas circunstancias del caso anterior.

Por todo lo expuesto, se confirma en todos sus particu-lares la nota del registrador de diciembre 20, 1926. .


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ulises Padilla, acusado y apelante.
    No. 2961.
    Visto: Mayo 6, 1927.

      Resuelto: Mayo 18, 1927.
    1. Testigos — .Examen-—Privilegio de Testigos — Preceptos Estatutorios — In-terpretación. — El exigir el artículo 12, letra (6), de la Ley No. 75 de 1916 (p. 144), que, en caso de accidente, se dé la información a que se refiere dicho estatuto, no infringe el precepto constitucional del artículo 2, párrafo 3, de la Ley Jones, relativo a que nadie, en una causa criminal, será obligado a ser testigo contra sí mismo.
    2. Carreteras (Highways) — Reglamentación y Uso para el TrInsito — Uso de la Carretera y Let del Caiminio (Law of the Road) — Derecho al Uso-Vehículos de Motor. — El,conductor de un vehículo de motor, al manejar el mismo, hace uso de un privilegio conferido por la Legislatura y el. esta-tuto que, como el artículo 12, letra (6), de la Ley No. 75 de 1916 (p. 144), fije las condiciones de su ejercicio prescribiendo se dé la información que en él se exige, es válido.
    SbntenCia de Roberto H. Todd, Jr., J. (Ponce), condenando al acu-sado por el delito de infracción a la Ley de Automóviles, con cos-tas.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apela de una sentencia que le impone $10 de multa por violación del artículo 12, letra (b), de la Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor, aprobada en abril 13, 1916. La acusación consiste en que habiendo chocado el automóvil que el acusado guiaba con otro del denunciante, y el cual resultó con desperfectos, no se de-tuvo en el sitio del accidente para dar su dirección, nom-bre y número de su licencia al denunciante. Dicho apar-tado, letra (b), dice así:

“ (b) En caso de accidente ocurrido a una persona o propiedad, debido al funcionamiento de un vehículo de motor, la persona que manejare dicho vehículo deberá detenerse a dar su nombre, direc-ción y el número de su licencia a la persona perjudicada o a cual-quier policía u otra persona interesada; y si no fuere el dueño del vehículo, dará también el nombre y dirección del dueño. También deberá comunicar los detalles de tal accidente a la estación de poli-cía más próxima. En caso de lesión personal, el automóvil que fuere causante de aquélla llevará a la persona o personas lesionadas al hospital, si así lo solicitaren, o a la residencia de dichas personas, si estuviere en la población más cercana, en cualquier dirección, del sitio del accidente; y, si éste no fuere el caso, entonces dicha persona o personas serán conducidas a cualquiera de las dos poblacio-nes que solicitaren.”

La intención del legislador al establecer tal disposición filé sin duda alguna como una medida preventiva, tratando de evitar que el conductor de un vehículo de motor, o la persona que tenga el dominio del mismo, puedan ocultar su identidad y huyan del sitio del accidente, y presten al mismo tiempo asistencia a la persona o personas qne hayan podido ser lesionadas.

El apelante, sin embargo, ataca la validez de la ley diciendo que dicho precepto infringe el artículo 2, párrafo 3, de nuestra Acta Orgánica (Acta Jones) que dispone “que ninguna persona será obligada en ninguna causa criminal a ser testigo contra sí misma.” Y ésta es la única cuestión a resolver en este caso.

El precepto que se infringe está tomado de estatutos más o menos iguales que rigen en varios estados de la Unión. En la obra Berry on Automobiles, página 62, se dice lo siguiente:

“Estatutos similares al de New York han sido aprobados en otros estados, habiendo sido copiado literalmente en las leyes del estado de Missouri. Se ha resuelto que tal estatuto no infringe nin-guna disposición constitucional, y que no es contrario a la política pública ni a los principios de libertad personal.”

Es interesante, sin embargo, hacer notar que la ley en su origen, en el Estado de New York, fué declarada anti-constitucional y en Missouri, por el contrario, se declaró el precepto en controversia válido y constitucional.

En el caso de Ex parte Kneedler, 40 L.R.A. (N. S.) 622, la Corte de Missouri alude al caso de New York diciendo:

“Se ha llamado nuestra atención al caso de People v. Rosenheimer, 70 Misc. 433, 128 N. Y. Supp. 1093, en que la corte de se-siones generales resolvió que una ley similar era anticonstitucional. Esta decisión fué confirmada por la corte superior con una votación de tres contra dos. 146 App. Div. 875, 130 N. Y. Supp. 544. Consideramos que la opinión disidente del juez Ingraham está sos-tenida por un razonamiento más sabio.
“Estatutos similares han sido aprobados en los estados de Maine, New Jersey, Michigan, Florida, California, y otros estados. No se ha llamado nuestra atención a ninguna decisión de una corte de úl-tima instancia resolviendo la cuestión envuelta en el presente caso.”

Por nuestra parte estamos conformes con el razona-miento de la Corte Suprema de Missouri sosteniendo la va-lidez de la ley. En lo fundamental aquella corte signe en parte la opinión del Juez Ingraham de New York, pero la corte añade nuevos argumentos que vigorizan el pensamiento de la ley, y así dicha corte dice:

‘‘Tal'estatuto es simplemente una reglamentación policíaca. No dice que el accidente por sí solo sea un delito. De existir algún de-lito, surge de alguna otra ley. No trata específicamente de’ autori-zar que se admita la información dada como prueba en un caso criminal. El mero hecho de que el conductor se identifique no es prueba de culpabilidad sino más bien de inocencia. Por el contra-rio, el huir inmediatamente que ocurre un accidente es considerado como prueba de culpabilidad. Si en este caso especial el privilegio constitucional justificaba el negarse a dar la información exigida por el estatuto, esa cuestión podía ser levantada más tarde en el juicio. Tenemos varias leyes que exigen que una persona dé información que tienda a sostener posibles acusaciones, al ser pre-sentada como prueba. A personas que estén a cargo de minas y fábricas se les exige comunicar los accidentes. Los médicos están obligados a comunicar las muertes y sus causas, dando sus nombres y direcciones. Los farmacéuticos deben mostrar sus listas de rece-tas. Los traficantes deben permitir que sean inspeccionados los ali-’ mentos que tienen en existencia. Resolvimos que era válida una ley que exigía a un prestamista mostrar a un funcionario los libros en que se anotaban los artículos recibidos por él, en contra de su ob-jeción fundada en la misma disposición constitucional. Resolvimos que ésta era meramente una reglamentación en el ejercicio del po-der de policía, que no dejaba de ser válida porque se pudiera pre-sentar una acusación en la que se podía tratar de usar la prueba para demostrarse que había recibido efectos robados.”

Se ha dicho también para sostener la constitucionalidad de la ley, que ésta se basa en la teoría de que el conductor de un automóvil al manejar el mismo hace uso de un privilegio más bien que de un derecho y que tratándose de un privilegio la Legislatura puede fijar las condiciones en que el mismo puede ser ejercido, o negarlo en absoluto.-

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia aje-lada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcial Montalván, acusado y apelante.
    No. 3115.
    Visto: Mayo 17, 1927.

      Resuelto: Mayo 19, 1927.
    Asmas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Acusación o Denun-cia — Alegaciones en la Misma — Largo del Arma — Cortaplumas o Cuchi-llas Plegadizas. — En. acusaciones por la portación de cortaplumas o cuchi-llas plegadizas de bolsillo es necesario alegar que éstas tienen más de tres pulgadas para que la acusación impute delito alguno.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Revocada, absolviendo al acusado.

      Bubón & O chaleco, abogados del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación imputó al apelante que portaba sobre su persona una cuchilla y se alega en este recurso que tal he-cho no es constitutivo de delito porque en la acusación no se dice que la cuchilla tiene más de tres pulgadas de largo.

La Ley No. 14 del año 1924 para enmendar la de 1905 prohibiendo portar armas, que había sido enmendada en 1908, dispone en el artículo 5 No. 3 que sus disposiciones no serán aplicables a la portación de cortaplumas o cuchi-llas plegadizas de bolsillo, cuyas hojas no excedan de tres pulgadas de largo, por lo que para que la portación de tales instrumentos sea constitutiva de delito es necesario que tengan más de tres pulgadas de largo, y por consiguiente tal hecho debe ser alegado en la acusación para que ésta impute dicho delito, alegación que no se hizo en este caso.

La ley se refiere a cortaplumas o cuchillas plegadizas de bolsillo usando esas palabras como sinónimas, y real-mente lo son porque una cuchilla plegadiza de bolsillo es como un cortaplumas, que también es plegadizo y de bolsi-llo, aunque aquélla es un poco más grande de lo que sue-len ser los cortaplumas. Por esto, usadas esas palabras como sinónimas la cuestión de tamaño fijado por la ley tiene que ser alegado para que sn portación pueda ser cons-titutiva de delito.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado.


text:
    Luis Vilella y Vélez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 676.
    Sometido: Marzo 14, 1927.

      Resuelto: Mayo 23, 1927.
    1. Albaceas y Administradores — Oobro y Administración de la Propiedad — . Propiedad Eeal, Derechos en la Misíma — Venta—Facultad 'del Albacea para Vender — Concurrencia o Intervención de dos Herederos. — Confe-rida a un albacea facultades extraordinarias, incluyendo la de vender in-muebles, la concurrencia o intervención de los herederos en la venta de un inmueble hecha por el albacea no es necesaria, cuando los herederos son vo-luntarios.
    2. Albaceas y Administradores — Administración en General — Cuándo es Ne-cesaria. — Facultado un albacea para enajenar bienes sin limitación alguna, el hecho de que en dichos bienes estén interesados menores y legatarios au-sentes no hace necesaria la administración judicial de los mismos ni la in-tervención judicial para la venta de inmuebles, euando se trata de herederos que son voluntarios y tal intervención está prohibida expresamente por el testador.
    3. Albaceas y Administradores — Oobpjo y Administración de la Propiedad— Propiedad Eeal y Derechos en la Misma — Venta—Inscripción—Venta Otorgada por Albacea con Facultad Extraordinaria de Vender — Nece-sidad de la Inscripción Previa a Favor de dos Herederos. — Otorgada una venta de nn inmueble por un albacea a quien el testador le confiriera, sin limitación alguna, la facultad extraordinaria de vender inmuebles, la finca vendida pasa del dominio del testador — por mediación del albacea — al del adquiriente sin necesidad de que se efectúe la inscripción previa a nombre de los herederos.
    4. Testamentos — "Probate'», Acción para Establecerlos y Anulación — Probate y Registros de Testamentos Extranjeros — En General. — Otorgado un testamento abierto en el extranjero los tribunales de Puerto Rico no necesitan resolver sobre la validez y autenticidad del mismo para que pueda pasar el título a bienes aquí radicados, y menos aún cuando su autenticidad se ha establecido mediante copia del original debidamente legalizada.
    5. Testamentos — ‘‘ Probate Acción para Establecerlos y Anulación — Probate y Registro de Testamentos Extranjeros — Registro e Inspección— Defectos Subsanables — Requisitos Formales y Solemnidades. — Cuando el registrador consigna como un defecto subsanable el no haberse acreditado que en un testamento se llenaran los requisitos en cuanto a la forma y so-lemnidad del sitio en que se otorgó y no especifica las formas y solemni-dades que él alega omitidas, falta base para considerar el defeeto apuntado.

      Nota de Pedro Gómez Lasserre, R. (Mayagüez), denegando inscrip-ción de una venta otorgada por un albacea.

      Revocada.

      José Sdbater, abogado del recurrente; El Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Angel Bodríguez Balzana, en sn carácter de albacea eje-cutor del testamento otorgado por Dolores Nadal y Freyre, vendió a Luis Yilella y Yélez ciertas fincas rústicas, y pre-sentada al registro la escritura para su inscripción, el re-gistrador la denegó, fundándose en los motivos que pode-mos resumir así:

I. Porque debe hacerse la previa inscripción a nombre de los herederos instituidos en el testamento, según exige el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

II. Porque estando interesados en la herencia herederos y legatarios menores de edad, sin que consten que estén re-presentados por su padre o madre, o por un tutor, así como existiendo también herederos y legatarios ausentes y esta-blecimientos públicos con interés en la herencia, sin que conste que tengan sus representantes legítimos en esta ju-risdicción, donde radican los bienes de la finada, es necesa-ria la administración judicial y la venta hecha por el al-bacea no puede inscribirse sin la intervención judicial, a tenor de lo que dispone la ley de procedimientos legales, y lo prescrito en el artículo 877 del Código Civil.

III. Porque no aparece que la herencia haya sido ex-presa o tácitamente aceptada o repudiada por los herede-ros de la finada. En el primer caso se requiere la. previa inscripción a nombre de los herederos, y si lo segundo, ha-bría que estarse a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 886, y el 887 del Código Civil.

IY. Porque es necesario resolver primeramente por los tribunales de esta jurisdicción la validez del testamento.

Además, el registrador consignó en su nota los siguien-tes defectos subsanables: (a) no justificarse que alguno de los herederos premuriera -a la testadora dejando herederos necesarios y qne entre éstos no había menores de edad, y (b) no acreditarse qne en el testamento se hayan llenado los requisitos en cuanto a la forma y solemnidades exigi-das por las leyes españolas.

Dolores Nadal y Freyre otorgó testamento abierto en Madrid, España, en noviembre 17,1924. En él declara qne fné casada en únicas nupcias con Rafael G-álvez y Echegaray, de cuyo matrimonio no tuvo sucesión, y que no teniendo ascendientes ni descendientes carece de herederos forzosos. La testadora hace varios legados de cantidad y específicos; luego instituye herederos en el remanente a diferentes personas que designa por sus nombres; prohibe la intervención judicial; nombra albacea y contador-partidor en primer lugar a Angel Rodríguez Balzana, y a quien entre otras facultades, le confiere las siguientes: “la testadora le confiere, además, y sin perjuicio de las atribuciones generales que le correspondan con arreglo a las leyes, las más amplias facultades para que tan pronto como haya ocurrido el fallecimiento de la propia testadora, pueda apoderarse de todos los bienes que constituyan el caudal relicto y administrarlos libremente durante la proindivisión y hasta su entrega a los herederos y legatarios, recaudando sus rentas y productos; . . . vender o de otro modo enajenar, en la forma y condiciones que estime convenientes, toda clase de valores, bienes muebles e inmuebles y derechos de cualquiera naturaleza; ...”

Los tres primeros motivos están íntimamente relaciona-dos y serán examinados conjuntamente.

La cuestión fundamental en este recurso es la no con-currencia de los herederos en la venta hecha por el alba-cea y de si su intervención en la misma era o no necesaria.

Los siguientes artículos del Código Civil Revisado pres-criben :

“Art. 875. — Los albaceas tendrán todas las facultades que ex-presamente les Raya conferido el testador, y no sean contrarias a las leyes.
“Art. 876.- — No habiendo el testador determinado especialmente las facultades de los albaceas, tendrán las siguientes:
“1. Disponer y pagar los sufragios y el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por él en el testamento; y en su defecto, se-gún la costumbre del pueblo.
“2. Satisfacer los legados que consistan en metálico, con el co-nocimiento y beneplácito del heredero.
“3. Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él.
“4. Tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes, con intervención de los herederos presentes.
“Art. 877.- — Si no hubiere en la herencia dinero bastante para el pago de funerales y legados, y los herederos no lo aprontaren de lo suyo, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles; y no alcanzando éstos, la de los inmuebles, con intervención de los here-deros.
“Si estuviere interesado en la herencia algún menor, ausente, corporación o establecimiento público, la venta de los bienes se hará con las formalidades prevenidas por las leyes para tales casos.”

El registrador, sin duda, no lia considerado en sn ver-dadero alcance el artículo 875, especialmente en relación con la institución de herederos voluntarios. Las facultades a que se refiere este artículo son las extraordinarias o es-peciales que el testador concede al albacea, aparte de las que legalmente le corresponden, especificadas por el artículo 876. Estas últimas tienen el carácter de ordinarias y pue-den llamarse legales o normales y de suyo están limitadas. Parece que ésta es la dificultad del registrador, no distin-guiendo una de otras. No estamos considerando, pues, las facultades legales de un albacea, sino las amplias y espe-ciales conferidas por el testador y que no sean contrarias a las leyes.

En este caso la testadora confirió al albacea facultades extraordinarias, incluyendo entre ellas la enajenación de in-muebles. Hasta donde puede llegar esta autorización, ba sido objeto de discusión por tratadistas y la jurisprudencia española cuando los interesados en la herencia son herede-ros forzosos. Esta Corte Suprema definió, sin embargo, la doctrina que debía seguirse tratándose de herederos forzo-sos en el caso.de Sucesión Criado v. Martínez et al., 25 D.P.R. 334. Nada es necesario considerar, no obstante, en cuanto a éstos en este recurso. No parece que haya habido dificultad existiendo solamente herederos voluntarios. Ga-lindo y Escosura (tomo 2, pág. 73), refiriéndose a esta úl-tima clase de herederos, se expresa así:

“¿Puede sostenerse que tal facultad es contraria a las leyes?
“Si sólo hay herederos voluntarios, desde luego que puede ase-gurarse que no, porque sólo lo son en virtud de la voluntad del tes-tador, a la que en absoluto han de estar sometidos. (V. Resolución de 5 Nov. 1887 y 16 Sept. 1890)”

Comentando Manresa igual material dice lo siguiente:

“El testador, al facultar la venta de bienes, así como puede de-terminar su objeto, puede también fijar su forma a los requisitos con que ha de llevarse a efecto; puede exigir subasta pública o que intervengan los herederos, o que medien otras formalidades; mas si faculta en absoluto para enajenar todos los bienes o una parte de ellos, sin añadir limitación alguna, el albacea puede enajenar en la forma que crea más conveniente, sin que pueda exigirse la in-tervención de los herederos, ni el- requisito de la subasta, ni otra formalidad alguna, cuando éstos sean voluntarios.” Manresa, Co-mentarios al Cód. Civ., vol. 6, pág. 767, 4ta. ed.

La teoría descansa en que tratándose de herederos volun-tarios, todos los bienes del causante, siendo de libre disposi-ción, puede disponerse de ellos con absoluta libertad, pues no es contrario a ningún precepto legal que el testador fa-culte al albacea para que pueda enajenar bienes en la forma que creyere más conveniente, sin que pueda exigirse la in-tervención de los herederos, ni menos que sea necesaria la intervención judicial, cuando está prohibida expresamente por el testador. La regia es que no quebrantándose nin-guna disposición legal en las facultades que sin limitación alguna se le conceden al albacea, es ley la voluntad del testador.

El otro requisito que exige el registrador de la previa inscripción a nombre de los herederos, levanta la cuestión: a quién representa el albacea. Manresa también dis-cute esta materia y dice:

“La resolución de 7 de Enero de 1875, a los efectos de la ins-cripción, sentó la doctrina de que el albacea universal representaba al testador, mas los albaceas particulares eran representantes de los herederos nombrados para auxiliar a éstos, por ser anómalo que re-presente el mandatario a tina persona ya muerta, y ser peligroso permitirle obrar con independencia de los herederos.
“Esta teoría, defendida con argumentos de no escasa fuerza, se encuentra hoy completamente desacreditada. La mayoría de los es-critores se han revuelto contra ella, y la jurisprudencia viene admi-tiendo la doctrina contraria, los albaceas en todo caso representan la personalidad del testador. Como ejemplo pueden citarse la sen-tencia de 4 de Julio de 1895 y la Resolución de 22 de Octubre de 1897. ” Manresa, Comentarios al Cód. Civ., vol. 6, pág\ 771, 4ta. ed.

E1 autor luego sostiene que el albacea es al testador a quien realmente representa, siendo una prolongación ficticia de la vida del causante para ejecutar cuanto éste deseó que se ejecutare y que la pretendida necesidad de la previa inscripción de los bienes no puede alterar la verdad de tales afirmaciones. .Se refiere. entonces a autores que admi-ten cierta contradicción entre lo que el Código dispone en el artículo 901 del Código antiguo, equivalente al 875 del Código Civil Revisado, y lo que exige el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Pero dice que si la contradicción existe, no está en los preceptos de las leyes respectivas, sino en la doctrina sentada por la Dirección General de los Regis-tros. Se citan a continuación varias resoluciones de aquel organismo, y concluye diciendo:

“Nace esto de interpretar el art. 20 de la Ley Hipotecaria con un criterio estrecho y poco racional, y querer armonizar bajo esta falsa base preceptos que se juzgan contradictorios.
“Lo que el expresado art. 20 quiere es: que conste en el Registro la historia completa de cada finca o derecho; que esa historia no re- ■ suite interrumpida; que sólo ejecute actos de dueño el que como dueño aparezca en el Registro o la persona que ostente la legítima representación de ese dueño; y por eso exige que el que vende, el que hipoteca, el que constituye cualquier derecho real o lo trans-mite, tenga inscrito previamente su derecho en el Registro. De otro modo sería imposible apreciar cuándo había o no derecho para trans-mitir. El Registrador y los terceros, para saber quién es el dueño, necesitan un guía seguro, y ese guía es la inscripción, los datos del Registro.
“Pero de aquí no se deduce que, facultado el albacea por el tes-tador para enajenar, sea necesario inscribir los bienes a nombre de los herederos, extraños al acto, ni a nombre de los albaceas, que no adquieren sobre esos bienes el dominio ni derecho real alguno.
“El testador es el dueño, y sólo a su nombre ha de figurar la inscripción previa. Al testar y conceder al albacea facultad para arrendar, para hipotecar, para vender, para adjudicar en pago de deudas, para cancelar ciertas fincas o ciertos derechos, o cuantos le correspondan, no se desprende de derecho real alguno en favor de ese albacea, le autoriza sólo para que en su nombre realice ese des-prendimiento, y así la finca o el derecho que se transmiten, pasan directamente del dominio del testador al del adquirente, no siendo el albacea más que un instrumento, un intermediario, un simple eje-cutor de la voluntad del causante. . . .
“Lo expuesto hace relación al art. 901. En el caso del articula 903, la cuestión es distinta, porque el dueño no autorizó para ena-jenar ni la ley da esa facultad al albacea. Este promueve la venta, interviene en ella, puesto que así se desprende del artículo; pero ven-den los herederos, y es natural que se exija la inscripción a favor de éstos.” Manresa, id., págs. 773, 774 y 775.

A la luz de esta doctrina, toda duda debe disiparse en cuanto a la no necesidad de la inscripción previa que re-quiere el registrador.

Por el cuarto motivo parece sostenerse que los tribunales de Puerto Rico deben intervenir para determinar la validez „y autenticidad del testamento por haber sido otorgado por la testadora en país extranjero. De acuerdo con el artículo. 11 del Código Civil disponiendo que las formas y solemnidades de los testamentos se rigen por las leyes del país en que se otorguen, no es necesaria dicha interven-ción judicial para establecer su validez. No es innecesario decir además que en este caso las formas y solemnidades que aparecen del testamento son las mismas que se exigen por el Código Civil en Puerto Rico. Lo importante era es-tablecer la autenticidad del testamento y esto aparece cum-plido mediante la copia del original, debidamente legalizada según exige el artículo 69 de la Ley de Evidencia, inciso 8.

En cuanto a los defectos señalados en la nota, el primero carece de fundamento por quedar demostrado que no fué necesaria la concurrencia de los herederos para la validez de la venta, y en el segundo, no especificándose las formas y solemnidades que el registrador alega haberse omitido, falta la base para considerarlo.

Por los motivos expuestos, debe revocarse la nota recu-rrida y ordenarse la inscripción solicitada.


author: El Juez Asociado Señoe Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Rosendo Scott, acusado y apelante.
    No. 3113.
    Visto: Mayo 3, 1927.

      Resuelto: Mayo 23, 1927.
    1. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—Prueba de la Existencia del Arma. — Cuando bajo las circunstancias que revelan la portación de una manopla es imposible separar la forma empleada para realizar el delito de portarla, puede preguntarse sobre los efectos del golpe recibido para determinar si fué o no dado con ella y dejar así establecida o no la existencia del arma.
    2. Armas — Portar. Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—Prueba de la Existencia del Arma. — Cuando no se ha ocupado el arma, su exis-tencia en poder del acusado puede demostrarse por otros elementos de prueba y en tal caso los jueces deben proeeder con mucha cautela.
    3. Testigos — Del Examen — Modo de Tomar el Testimonio — Examen por la Corte — En General. — Atendidas las preguntas y observaciones heehas por la corte en el examen de uno de los testigos se resolvió: de ellas nada podía derivarse que hubiera influido en dicho testigo a manera, de amenaza o temor para que dijera una falsedad.
    4. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—Admi-sibilidad. — En éste caso se objetó la introducción de una manopla como prueba porque su hallazgo fué demasiado remoto al momento en que ocu-rrieron los hechos en que aquélla se portaba. Se resolvió: que tal prueba era admisible como evidencia circunstancial y que su valor probatorio podía considerarse en relación con los demás elementos de prueba.
    5. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Sobre las Pruebas — Apreciación de las Mismas — Prueba Contradictoria. —Cuando la prueba es contradictoria y no existe error fundamental, o pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación que de toda ella en conjunto bizo el juez sentenciador, procede confirmar la sentencia apelada.
    Sentencia de Angel Acosta, J. (Mayagüez), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Confirmada.

      Pedro Baigés Gómez y José Sabater, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Bosendo Scott fue acusado de portar una manopla y la corte le condenó a sufrir sesenta días de cárcel.

La prueba de cargo tendió a establecer que el acusado portaba una manopla cierta noche y en ocasión que sostenía una riña con Angel Bovira Granas. Este , declaró y refiere, en síntesis, que en momentos en que pasaba por la Bolsa, en la ciudad de Mayagüez, fué' llamado por el acusado y dirigiéndose ambos baeia el barrio de París, al llegar a una parte bastante oscura, el acusado le dió un golpe en la cara con una manopla; que vió cuando el acusado se quitó y tiró la manopla, la que pudo ver porque estaba frente a los focos de un automóvil que alumbraba cuando eso ocurría.

En el curso de la declaración de este testigo, la defensa hacía objeción a toda pregunta que tendiera a establecer las consecuencias del golpe que recibiera el testigo Bovira, ale-gando que no se estaba investigando un delito de acometi-miento y agresión. Muchas de las objeciones a ese particular fueron sostenidas por la-corte inferior. Sin embargo, a preguntas de la corte el testigo dijo que el círculo amo-ratado que tenía en el ojo derecho era el efecto del golpe que recibió con la manopla, la que vió cuando se la quitaba el acusado de la mano. También hizo indicación el testigo de una rotura del hueso y de una radiografía. Del récord aparece que la- defensa tomó excepción a todo este interro-gatorio que hizo la corte.

En buena lógica, bajo las circunstancias en que el tes-tigo relata liaber el acusado revelado portar una manopla, era una imposibilidad metafísica hacer una separación de la forma o modo que el acusado había empleado para reali-zar el delito de portar armas prohibidas. A nuestro juicio la corte pudo, por otra parte, preguntar acerca de los efec-tos del golpe que había recibido el testigo Rovira para de-terminar conscientemente si el simple golpe de puño podía haber dejado los vestigios físicos que presentaba el testigo Rovira, o si necesariamente fué el de un instrumento de efecto más brutal y contundente, como el de una manopla. Eran, por consiguiente, datos o indicios de una prueba cir-cunstancial que la corte inferior la tenía a la vista y podía apreciarla en relación con la demás prueba para dejar o no establecida la existencia del arma, ya que como cuestión legal, si no se había ocupado la misma, su existencia en po-der del acusado podía demostrarse por otros elementos de prueba. El Pueblo v. Nieves, 35 D.P.R. 53, y El Pueblo v. Juliá, 18 D.P.R. 940.

El testigo Juan R. Rivera declara que iba con Henry Barreda en automóvil por la calle que conduce a la estación agronómica de Mayagüez, cuando se encontraron que Scott y Rovira estaban peleando y pudo notar que Scott se quitaba algo de la mano y lo botaba. En este momento aparece del récord que ocurrió el siguiente incidente:

‘ ‘ El Juez hizo la siguiente pregunta al testigo: ¿ Qué botaba, se-ñor, lid. ha prestado un juramento y tiene la obligación de decir la verdad, qué fué lo que Ud. vió que botaba? Y el testigo con-testó: lina manopla. Y continuó declarando a preguntas del Juez: que le vió la manopla en la mano, un instrumento.
“El Juez hizo la siguiente pregunta. ‘Aquí se viene a decir la verdad bajo el juramento prestado, y al que no diga la verdad la Corte se reserva la decisión respecto de ellos para que vaya al Gran Jurado a defenderse. ’ (Y el testigo contestó: ' Botaba una mano-pla.)”

El apelante no hizo objeción ni tomó excepción a nin-guna de estas preguntas y respuestas del' testigo, pero se queja de que el juez inferior trató de atemorizarlo y que por esa razón declaró que lo que botaba el acusado era una manopla. Puede observarse, sin embargo, que las manifes-taciones del testigo de que vió al acusado que se quitaba algo de la mano fueron enteramente espontáneas. Tal vez por el aspecto del testigo y la manera con que se producía, circunstancias que no llegan hasta nosotros, el juez inferior pudo comprender que era necesario recordarle al tes-tigo el juramento prestado, invitándole a decir toda la ver-dad, pero de estas observaciones del juez, acaso dichas con firmeza y en uso de una sana discreción, nada puede deri-varse que hayan influido en el testigo a manera de ame-naza o temor para que dijera una falsedad.

Dos testigos más de cargo, Henry Barreda y José Arrivas Martínez, declaran: El primero llegó al sitio con Bivera, pero no dice que viera ningún arma en manos del acusado, y Martínez no presenció los hechos y su declaración se limita a que fué al sitio de la riña al siguiente día temprano y en un lado de la carretera encontró una manopla. Esta fué introducida y admitida en evidencia y la defensa tomó excepción. La objeción del apelante consistió en que la manopla no fué identificada y que su hallazgo fué demasiado remoto, al siguiente día de ocurrir los hechos. Tal prueba, sin embargo, como evidencia circunstancial era admisible y su valor probatorio podía ser considerado en relación con los demás elementos de prueba.

La prueba de defensa, consistente en testigos que también llegaron al sitio de la riña, sostienen que no vieron en poder del acusado manopla alguna, ni que sacara o echara nada de sus manos. La prueba, por tanto, fué contradictoria y el juez inferior dirimió el conflicto en sentido adverso al acusado.

La defensa señala, no obstante, el peligro de un fallo basado en prueba contradictoria sin que se presente el arma, y fundado en la declaración de su existencia de testigos más o menos resentidos. Sin embargo, la posibilidad del error cabe siempre, y aunque no está demás decir que deben los jueces proceder con mucba cautela cuando no se presenta el arma en evidencia, ellos están siempre en mejores con-diciones que el tribunal de apelación para apreciar la prueba,, y bajo todas las circunstancias que ban concurrido en este caso, no bemos podido encontrar que exista error fundamental, o pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación que de toda la evidencia en conjunto bizo el juez sentenciador.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señoe Aldeey,

text:
    La Iglesia Católica, Apostólica, Romana de Puerto Rico, Ermita de la Monserrate de Arecibo, promovente y apelada, v. Juan Monclova Martínez, Narcisa Rodríguez y Belén Guardiola, opositores y apelantes.

      No. 4032.
    Visto: Diciembre 17, 1926.

      Resuelto: Mayo 23, 1927.
    1. Expediente Posesorio — Conversión de la Inscripción Posesoria en Ins-cripción de Dominio — Derecho a la Conversión — Bn General. — Cuando la solicitud de conversión cumple con todos los requisitos de la ley, el promo-vedle tiene derecho a que se declare convertida su posesión en dominio si no se hace oposición a ello dentro del término estatutario o si, habiendo opo-sición, ésta es imx>roeedente.
    2. Expediente Posesorio — Conversión de la Inscripción 'Posesoria en Insj cripoión de Dominio — Cuestiones a’ Considerar y Resolver — En General. —En un expediente de conversión de posesión en dominio la única cues-tión es si durante los diez años posteriores a la inscripción posesoria el solicitante ha continuado en la posesión de la finca o si esa posesión ha sido interrumpida.
    3. Expediente Posesorio — Conversión de la Inscripción Posesoria en Ins-cripción de Dominio — Cuestiones a Considerar y Resolver — En General. —La cuestión de si unos opositores son los dueños de las fincas y si el expediente posesorio que fué inscrito contiene o no defectos, no son cues-tiones propias do los expedientes de conversión de posesión en dominio.
    4. Evidencia — Pertinencia, Materialidad y Competencia en General — Hechos en Issue y Pertinentes a los Issues — Pertinencia de la Prueba en General. — No comete error una corte que niega a una parte el presentar prueba de heehos impertinentes a la cuestión a resolver.
    SENTENCIA, de- Luis Samalea Iglesias, J. (Arecibo), declarando con lugar solicitud sobre conversión de posesión en dominio.

      Con-firmada.

      Luis Freire Barbosa, abogado de los apelantes; Manuel Tons Boto, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La Iglesia Católica, Apostólica, Romana en esta Isla tiene inscrita en el Registro de la Propiedad de Arecibo la po-sesión de cuatro fincas radicadas en dicba ciudad y des-pués de diez años de la inscripción solicitó de la Corte Municipal de Arecibo que la declarase convertida en dominio. A esa solicitud se opusieron los apelantes, uno de los cua-les se opuso sin éxito al expediente posesorio que originó la inscripción que se quiere convertir en dominio; Monclova v. Rexach, 19 D.P.R. 428. La Corte de Distrito de Arecibo, en grado de apelación, dictó sentencia declarando la conversión de la posesión en dominio y contra ese fallo interpusieron los opositores este recurso de apelación.

Para que la posesión inscrita pueda convertirse en do-minio e inscribirse como tal en el registro de la propiedad requiere la ley que se baga una solicitud en tal sentido a la corte municipal donde radiquen los bienes, con certifica-ción del registrador en que se baga constar que ban trans-currido diez años desde la fecha de la inscripción y que no existe en el registro nota que indique que la prescripción ha sido interrumpida, solicitándose en su vista que se anun-cie en un periódico del distrito judicial en que radique la corte en que se promueva el expediente o en su defecto en el que designe la corte, la conversión de la inscripción de posesión en dominio, a fin de que los que se consideren per-judicados puedan oponerse en el plazo de quince días con-tados desde la fecha de la publicación del edicto; y que transcurridos los quince días sin que se hubiese presentado ninguna reclamación el juez municipal hará constar ese he-cho, declarará concluso el expediente y dictará resolución final que hará constar la descripción de la finca y demás requisitos legales y mandará expedir por el secretario co-pia literal certificada de dicha resolución final, y con tal copia certificada acudirá al registrador dicho solicitante para que verifique la conversión, etc. Ley No. 21 de 7 de julio de 1923, página 217, enmendando el artículo 441 del Regla-mento de la Ley Hipotecaria, enmendado por la Ley No. 11 puesta en vigor el 30 de abril de 1921.

El apelado hizo su solicitud de conversión cumpliendo con todos los requisitos de la ley y por esto tenía derecho a que se declarase convertida su posesión en dominio si no se hacía oposición a ella dentro de quince días contados desde la publicación del edicto anunciando la solicitud de conversión o si habiendo oposición ésta fuese improcedente.

Eos apelantes en su demanda de oposición a la conversión de posesión en dominio no alegaron como fundamento de ella que la posesión de la apelada haya sido interrumpida después de haber sido inscrita su posesión, sino que ellos son los dueños de las fincas por más de treinta años y defectos del expediente que originó la inscripción posesoria que quiere convertirse en dominio; y los motivos alegados para sostener esta apelación son todos por no haber permitido la corte inferior que presentaran prueba para demostrar los hechos de su demanda de oposición.

En un expediente de conversión de posesión en dominio la única cuestión es si durante los diez años posteriores a la inscripción el solicitante ha continuado en la posesión de las fincas o si esa posesión ha sido interrumpida, interrup-ción que no se alega por los opositores apelantes. Las cues-tiones de si los apelantes son los dueños de las fincas y si el expediente posesorio que fué inscrito contiene o no de-fectos no son propias de los expedientes de conversión de posesión en dominio y por eso no erró la corte al negarse a que los apelantes presentaran prueba de tales hechos por-que eran impertinentes a la cuestión a resolver.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    El menor Julio Alfonso Carbou Rodríguez, asistido y representado por su abuelo materno Brígido Rodríguez y por su defensor Ricardo Gómez, demandante y apelado, v. Miguel Mir, demandado y apelante.
    No. 3786.
    Visto: Marzo 17, 1926.

      Resuelto: Mayo 23, 1927.
    1. PatboNo t Empleado — Responsabilidades pior DaSios a Terceras Personas— Actos u Omisiones del Empleado — Negligencia del Empleado. — Cuando un eha/éffeur no conduce una guagua de servicio público a la velocidad mo-derada que de consuno exigen la ley y las circunstancias concurrentes, es negligente y hace al dueño de la guagua responsable de los perjuicios que cause.
    2. Muerte — Acción por Muerte Causada — Derecho de Acción y Defensas— Ley que Rige. — La fuente original en Puerto Rico de la concesión de daños por muerte causada por un acto ilegal, se encuentra en los artículos 1808 y 1804 del Código Civil.
    3. Muerte — Acción por Muerte Causada — Daííos, Confiscaciones o Multas— Elementos de Daííos — Sufrimiento Mental o Moral — Muerte Ilegal de un Hijo Menor. — El sufrimiento moral causado a los padres de un niño muerto a causa de un acto ilícito puede considerarse como un elemento para fijar la indemnización.
    4. Apelación y Error — Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclusiones— Conclusiones de la Corte Inferior — Importe a Recobrar — Cuantía de la Indemnización. — Aún cuando una indemnización pudiera ser menor que la concedida, en ausencia de un claro abuso de discreción, el Supremo no alte-rará la cuantía fijada por la corte de distrito.
    5. Alegaciones — Defectos y Objeciones — Renuncia (Waiverj y Subsanación por Veredicto o Sentencia — Defectos u Omisiones Curadas por la Con-testación io las Pruebas — Insuficiencia de la Demanda. — Cuando se sus-cita por vez primera en apelación una cuestión que pudo levantarse dentro de una alegada excepción de falta de hechos que nunca se discutió ni resolvió en la corte inferior y la prueba no objetada demuestra la existencia del hecho omitido en la demanda y a que se refiere tal cuestión; la excepción, en cuanto a dicho extremo omitido-, debe considerarse abandonada y el de-fecto subsanado por la prueba.
    6. Muerte — Acción por Muerte Causada — Juicio, Sentencia y Revisión — Ape-lación — Resolución y Disposición del Caso — Revocación—Devolución del Caso para Determinar Una Cuestión. — En acción por muerte, cuaudo la prueba demuestra que el demandante es heredero pero no el único y con-curren las circunstancias de un caso eomo éste, procede revocar la sentencia y devolver los autos para que se determine la cuestión, y de acuerdo con la prueba presentada con tal fin, se dicte nueva sentencia en el mismo.
    SENTENCIA de Charles JE. Foote, J. (San Juan, primer distrito), de-clarando con lugar demanda de daños y perjuicios, con costas.

      Revocada.

      Jaime Sifre Jr., Horacio H. Franceschi y Enrique Igaravidez, abo-gados del apelante; Salvador Mestre, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la mañana del 22 de octubre de 1923, bailándose- Ino-cencia Rodríguez parada entre dos montones de piedra al lado Norte de la carretera Central, en Santurce, fue gol-peada por la guagua de servicio público “Experiencia,” propiedad del demandado Miguel Mir, y murió a consecuen-cia de los golpes casi inmediatamente. Su hijo natural, el menor Julio Alfonso Carbou, asistido y representado de acuerdo con la ley, alegando ser su heredero único y universal y que el accidente se debió exclusivamente a la ne-gligencia del chauffeur de la guagua, entabló este pleito en reclamación de daños y perjuicios y obtuvo sentencia a su favor por dos mil dólares.

En su opinión la corte sentenciadora se expresó, en parte, como sigue:

“Como cuestión de derecho solamente deseamos discutir si es pro-cedente conceder en estos casos otra indemnización que no sea la de daños materiales: en otras palabras, si existe- obligación de indem-nizar daños o sufrimientos morales. Cualquiera que sea nuestro cri-terio sobre este particular nos sentimos obligados a respetar y se-guir la opinión de nuestro más alto tribunal en el caso de Maído-nado vs. Porto Rico Drug Co., 31 D.P.R. 747, donde claramente se resuelve que los sufrimientos causados pueden y deben ser teni-dos en cuenta, al calcular una indemnización en casos de esta natu-raleza, y aún más, que ellos pueden ser por sí solos materia indem-nizable. En el caso citado no se probó ningún otro daño que no fuera el sufrimiento moral de Ignacio Maldonado por la muerte de su hijo Luis Maldonado, y sin embargo, la Corte Suprema sostuvo que ese sufrimiento podía y debía ser indemnizado, revocando la sentencia de la corte inferior y dictando otra en la que se concedía una indemnización al padre por la muerte de su hijo.
“Finalmente, consideramos que el demandante ha probado, aten-didas todas las circunstancias, que ha sufrido daños y perjuicios con la muerte de su madre Inocencia Rodríguez por valor de $2,000.”

No conforme el demandado apeló señalando en su ale-gato la comisión de siete errores.

Los dos primeros se refieren a la cansa del accidente. Sostiene el apelante qne el choque de su guagua con Inocencia Rodríguez y la muerte de ésta, no se debieron a la negligencia de su empleado el chauffeur sino a algo inevitable y en todo caso a la negligencia contributoria de la Sra. Rodríguez.

Hemos examinado cuidadosamente la prueba y a nues-tro juicio sostiene las conclusiones de hecho de la corte sen-tenciadora. Inocencia Rodríguez estaba parada con otra persona casi a la orilla de la carretera que entonces se es-taba reconstruyendo y si el chauffeur del demandado hu-biera llevado su guagua a la velocidad moderada que de consuno exigían la ley y las circunstancias concurrentes, a saber: un carrito de carbón parado al lado Sur de la ca-rretera, dos mujeres al lado Norte y otra guagua que ca-minaba a gran velocidad en sentido contrario, el accidente hubiera sido por él fácilmente evitado.

Los errores tercero y cuarto levantan una cuestión de verdadera trascendencia. Se formulan así: La corte inferior erró al sostener que como resultado de la muerte de su madre natural, el demandante-apelado sufrió daños consistentes en sufrimientos morales y al considerar aplicable la teoría sentada por esta Corte Suprema en el caso de Maldonado v. The Porto Rico Drug Co., 31 D.P.R. 747.

Conocemos la forma en que se expresó el juez senten-ciador. Su apreciación del caso de Maldonado no es del todo exacta pues en dicho caso se tomaron en consideración además de la angustia y el sufrimiento moral, otros elemen-tos de daños, como se verá en seguida. En él la jurispru-dencia se resumió así:

“La pérdida de servicios no constituye un daño especial que sea necesario alegar. El montante de la indemnización a que un padre tiene derecho por la muerte de su hijo menor causada por la negligencia de otro, es aquella suma que, considerando todas las cir-cunstancias del caso, es justa y razonable; y al determinar el im-porte de la indemnización puede tenerse en cuenta no sólo la per-dida de los servicios del niño durante su menor edad y los gastos de asistencia médica y de entierro, sino también la angustia y su-frimiento moral de los padres.”

Y en el curso de la opinión se dijo:

“¿Probó la parte demandante los daños y perjuicios reclama-dos? No existe en toda la evidencia dato alguno que demuestre a cuánto ascendieron los gastos del padre con motivo de la enferme-dad y muerte de su hijo. Ningún daño concreto fué probado. Sólo hay una base: la muerte misma del niño, que ha sido reconocida por la jurisprudencia como suficiente para la concesión de daños y perjuicios en casos de esta naturaleza.
“La ley en Puerto Rico sobre la materia es igual a la que rige en California y la Corte Suprema de dicho estado ha resuelto que: ‘El elemento principal de los daños es el valor que probablemente hubieran tenido los servicios del niño muerto hasta llegar a su mayor edad; el jurado está limitado al daño pecuniario efectivo cau-sado al padre. La pérdida de servicios no constituye un daño especial que sea necesario alegar. Un veredicto por $20,000 fué anu-lado por ser excesivo: Morgan v. Southern Pac. Co., 95 Cal. 510; 29 Am. St. Rep. 143. Yéase también el caso de Cleary v. City R. R. Co., 76 Cal. 240, en cuanto a la indemnización a que un padre tiene derecho por la muerte de su hijo menor causada por la negli-gencia de otro.’ Pomeroy’s Cal. Code of Civil Procedure, p. 123.
“En el último de los casos citados, la corte dice:
“ ‘Bajo el artículo 377 del Código de Enjuiciamiento Civil, el montante- de la indemnización a que un padre tiene derecho por la muerte de su hijo menor causada por la negligencia de otro, es aquella suma que, considerando todas las circunstancias del caso, es justa y razonable; y al determinar el importe de la indemnización el jurado puede correctamente tener en cuenta no sólo la pérdida de los servicios del niño durante su menor edad y los gastos de asis-tencia médica y de entierro, sino también la angustia y sufrimiento moral de los padres.’ Cleary v. City R. R. Co., 76 Cal. 240.
“Dadas las circunstancias concurrentes en este caso, la angustia, el sufrimiento moral de los padres tuvo que ser necesariamente in-tenso. En cuanto a los servicios probables del hijo, sólo conocemos que tenía ocho años faltándole trece para llegar a la mayor edad. En Puerto Rico, sobre todo entre las familias enteramente pobres o de pocos bienes de fortuna, no es raro el caso en que un menor de edad trabaja y aporta por completo el producto de su trabajo a gastos generales del bogar. Mucho depende de la condición de sa-lud, de la personalidad del menor. Nada concreto conocemos aquí, pero algún valor será siempre necesario dar a los servicios del hijo.
“Atendido, pues, el resultado de la prueba, nos parece que la cuantía de la indemnización puede razonablemente fijarse en tres mil dólares.”

En un alegato adicional presentado por la parte ape-lante se sostiene y se demuestra que el criterio adoptado por la Corte Suprema de California en los casos citados en la decisión de Maldonado, supra, fué abandonado en poste-riores decisiones. Por ejemplo, en el de Munro v. Dredging Co., 84 Cal. 515, la corte se expresó así:

‘ ‘ El dolor, la pena y el sufrimiento moral de la madre o esposa del finado no están incluidos en las circunstancias a considerarse, de acuerdo con la sección 377 del Código de Enjuiciamiento Civil, y no se puede conceder indemnización por los mismos, arinque el ju-rado puede tomar en consideración la pérdida de las comodidades, compañía y protección del interfecto.”

Y posteriormente la dicha parte apelante llamó la aten-ción de la corte hacia un caso decidido por la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, en el cual estaba envuelta la interpretación de los artículos 60 y 61 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil. Nos referimos al caso de The American Railroad Co. of P. R. v. Santiago et al., 9 F. (2d) 753. La jurisprudencia establecida se re-sumió así: r

“Bajo los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, en una acción por la muerte de un hijo menor la corte debe instruir al jurado que al determinar la pérdida pecu-niaria del padre puede considerar la probable duración de la vida de éste y los beneficios pecuniarios que pudiera razonablemente es-perarse él habría de recibir del hijo durante el período de expec-tación de vida común a ambos, incluyendo dinero, atención personal, cuidados, protección y ayuda, pero no así los dolores y sufrimien-tos del hijo ni la pesadumbre del padre, y que ninguna suma debe concederse por concepto de daños punitivos.”

Y en el curso de la opinión se dijo:

“En un juicio subsiguiente sobre la cuestión de daños debe ins-truirse al jurado, entre otras cosas, que, al considerar la pérdida pecuniaria sufrida por el padre, puede tomar en consideración la probable duración de la vida de éste y del hijo, los futuros bene-ficios pecuniarios que pudiera razonablemente esperarse que el padre habría de recibir del hijo durante todo el período de expectación de vida común a ambos, incluyendo entre tales pérdidas no sólo las contribuciones en dinero sino también aquellos beneficios que el padre pudiera derivar de la atención personal, cuidados, protección y ayuda que el hijo pudiera prestar al padre; que al conceder da-ños el jurado no debe tomar en consideración ni conceder suma al-guna por los dolores y sufrimientos del hijo ni la pesadumbre o pena del padre por la muerte del hijo; que ninguna suma debe con-cederse por concepto de daños punitivos; y que la suma a conce-der debe ser el valor actual de los beneficios futuros de carácter pecuniario que razonablemente puedan esperarse, dadas todas las circunstancias, durante todo el período de expectación de vida co-mún al interfecto y al padre.”

La cuestión fué ampliamente discutida en el seno del tribunal tomándose en consideración además los casos de Am. R. R. Co. of Porto Rico v. Didricksen, 227 U. S. 145, y Mich. Cent. R. R. v. Vreeland, 227 U. S. 59, decididos por la Corte Suprema de los Estados Unidos, y en los cuales se interpretó por dicho alto tribunal un estatuto que tenía por origen, al igual que los preceptos del Código de En-juiciamiento Civil de California correspondientes a los ar-tículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Eico, la llamada Ley de Lord Cambell.

Eso no obstante, estimándose que la situación jurídica en Puerto Eico era distinta, que los artículos 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil no eran la fuente original de la concesión de daños, sino- los artículos 1803 y 1804 del Código Civil y que las Cortes Suprema y de Circuito no habían tenido aún la oportunidad de resolver el problema a la luz de todas esas consideraciones, se sostuvo la juris-prudencia establecida en el caso de Maldonado, supra. El criterio de la corte quedó así fijado en la opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf hace unos días en el caso de Orta v. P. R. Railway, Light & Power Co., 36 D.P.R. 743.

Aplicando ese criterio es necesario concluir que no se cometieron los errores tercero y cuarto que estudiamos.

En la demanda se alegó que el demandante “con la muerte de su madre lia perdido la única persona de quien tenía derecho a recibir alimentación y protección y que la muerte de su citada madre acarrea al demandante una gran desgracia y un gran sufrimiento, pues que, huérfano como era de padre se encuentra hoy también privado del cariño y de la protección de su madre, habiendo sufrido daños y perjuicios por la suma de diez mil dollars ($10,000), los cuales no le han sido pagados en todo ni en parte, ni por el demandado ni por ninguna otra persona a nombre de él.” T la prueba demostró que el menor demandante era huérfano de padre, viviendo fuera de Puerto Rico con sus abuelos paternos, y que la madre era una obrera que trabajaba en La Colectiva. A su trabajo iba cuando reci-bió el golpe que le ocasionó la muerte. Nada enviaba a su hijo. Nada ni parecer necesitaba éste de ella. Sin embargo, la madre existía y estaba obligada al sostenimiento de su hijo. Nada hay absolutamente estable en la vida y situación material de las familias. Los abuelos podrían v,enir a menos y morir y en tal caso hubiera sido la madre el seguro refugio y sostén del hijo. El hijo estaba en la menor edad — 9 años — la madre tenía alrededor de treinta y aunque sus ganancias necesariamente debieron ser pocas, ganancias eran y la experiencia demuestra hasta dónde puede llegar una madre cuando un hijo necesita. Esto, hablando sólo de la pérdida de una probable ayuda material. La pér-dida de la compañía y cuidado que hubiera podido pres-tarle en su caso la madre es evidente. Y los sufrimientos del hijo, aunque atenuados por la ausencia desde tan tem-prana edad, tuvieron necesariamente que existir.

El quinto error se refiere a la cuantía de los daños.

La verdad es que las, circunstancias que concurren en este caso son de las menos fuertes que puedan imaginarse para un hijo demandante. Quizá la indemnización debió ser menor, pero en ausencia de un claro abuso de discreción, opinamos que no debemos alterarla.

Por el sexto error se sostiene que la demanda debió desestimarse de plano porque no se alega en ella que la madre muerta fuera mayor de edad.

Consta de los autos que el demandado al contestar alegó por vía de excepción previa que la demanda no aducía he-clios suficientes para determinar una causa de acción, pero, tal excepción jamás fué discutida separadamente ni resuelta aisladamente por- la corte.

La cuestión se suscita por vez primera ante esta Corte Suprema. Cabía levantarla dentro de la excepción. Pero si se hubiera' levantado a su debido tiempo, la demanda pudo ser fácilmente enmendada.

Fué el pleito a juicio y la prueba demostró que la ma-dre era mayor de edad al tiempo de su muerte y esa prueba se presentó sin objeción alguna por parte del demandado.

■ Si el demandado al final del juicio hubiera levantado la cuestión, el demandante hubiera pedido permiso para en-mendar su demanda conformándola con la prueba y lo hu-biera obtenido.

Bajo esas circunstancias carece de mérito alguno la con-tención del apelante. Los debates judiciales deben ser cla-ros y consistentes. La verdad y la justicia deben prevale-cer. T las sorpresas evitarse.

La excepción debe, pues, en lo que al extremo indicado se refiere, considerarse abandonada y el defecto subsanado por la prueba.

Resta sólo considerar el último de los errores alegados. Sostiene el apelante que no habiendo probado el demandante que fuera heredero único, ni siquiera que fuera heredero de Inocencia Bodríguez, la demanda no pudo ser como fue declarada con lugar.

Hemos examinado la prueba y a nuestro juicio demues-tra que el demandante era heredero de Inocencia Bodríguez, pero no demuestra en verdad que fuera el único heredero, aunque todo induce a creer que lo era.

La ley — artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil —y la jurisprudencia establecen que la acción debe enta-blarse por todos los herederos conjuntamente o por uno solo a beneficio de todos.

En tal virtud nos vemos obligados a revocar la senten-cia apelada con el solo objeto de determinar si el deman-dante es o no el único heredero, debiendo la corte inferior dictar nueva sentencia de acuerdo con el resultado de la prueba que se le presente con tal fin, todo sujeto a los prin-cipios establecidos en esta opinión.