author: El Juez Pbesidewte Sbñob del Tobo

text:
    Sebastián Canet, peticionario y apelado, v. Corte de Distrito de Ponce, Etc., demandada; Buenaventura Rodríguez Droz, Isabel Epitacia, Manuel Guillermo y Buenaventura Rodríguez Gracia, apelantes.
    Núm. 8620.

    Sometido: Diciembre 7, 1942.

      Resuelto: Diciembre 15, 1942.

      Ramón G. Goyco, abogado de los apelantes; E. Tristani, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Pbesidewte Sbñob del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

' Se solicita la desestimación del recurso interpuesto en este caso, por frívolo, alegándose que fue establecido con el único propósito de dilatar la ejecución de la sentencia apelada. Se opuso por escrito la parte apelante, y la vista de la moción fue celebrada el 7 de diciembre en curso sin asistencia de las partes.

La sentencia apelada la dictó el Juez Asociado Sr. Snyder, actuando como juez de turno, en un acaso de certiorari, y por ella se anuló la resolución de la Corte de Distrito de Ponce decretando la paralización del pleito sobre ejecución de cré-dito hipotecario por vía plenaria seguido por Sebastián Canet contra Buenaventura Rodríguez Droz, Isabel Epitaeia, Manuel Guillermo y Buenaventura Rodríguez Gracia, mientras estuviese en servicio militar el demandado Manuel Guillermo Rodríguez Gracia y hasta tres meses después de terminado su dicho servicio, y se ordenó la devolución del pleito a la dicha corte para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la opinión en que se funda.

Copiada a la letra dicha opinión, es como sigue:

“Se celebró la vista de este recurso mediante un auto de certiorari expedido para revisar la actuación de la Corte de Distrito de Ponee al declarar con lugar una moción radicada a nombre de un supuesto militar, para paralizar los procedimientos en el pleito aquí envuelto de acuerdo con el ‘Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act’ de 1940.
“En 5 de febrero de 1928, Rodríguez Droz y dos de sus hijos, •Isabel Epitaeia y Manuel Guillermo, otorgaron una escritura pública titulada ‘Reconocimiento de Crédito y Garantía Hipotecaria’, que establecía una cuenta corriente- a favor de Rodríguez Droz con la firma de S. Canet & Co., S. en C., garantizada solidariamente por los referidos dos hijos. Para completar su garantía, los referidos dos hijos en este mismo documento hipotecaron cada uno una octava parte que les pertenecía en dos condominios consistentes en seis fincas poseídas en común pro indiviso con otras personas.
“En 12 de diciembre de 1931 Rodríguez Droz y otro de sus hijos, Buenaventura, otorgaron otra escritura pública titulada ‘Liquidación de Cuenta Corriente y Ampliación de Garantía’. En este documento Rodríguez Droz reconoció adeudar a S. Canet (sucesor de la firma de Canet) la cantidad de $2,372.02 por su cuenta corriente. Como en la primera escritura otorgada por los otros dos hijos, este tercer hijo de Rodríguez Droz en esta segunda escritura garantizó solida-riamente el pago de la referida cantidad y para asegurar su completo pago igualmente hipotecó su participación de % en las propiedades arriba descritas.
“La demanda en este caso, radicada el 10 de septiembre de 1941, alega que en 30 de diciembre de 1939 se liquidó en $1,326.76 la cuenta corriente; que a principios de 1940 se incurrió en una deuda adi-cional de $321.41; que en 26 de febrero de 1941, las partes convinieron en que dichas dos cantidades, ascendentes a $1,648.16, serían paga-deras con intereses al 8 por ciento empezando el 30 de diciembre de 1939, sobre la primera partida, y en 26 de febrero de 1941, sobre la segunda; que no se ha efectuado pago alguno; y que, de confor-midad con las cláusulas de las referidas escrituras que garantizan el pago, también están vencidas y se adeudan al demandante las canti-dades de $300 para honorarios de abogado y $100 para gastos. Su-plica el demandante que Rodríguez Droz y sús tres hijos sean conde-nados a pagarle las cantidades ya antes mencionadas, y que con el fin de ejecutar tal sentencia el interés de los demandados en las refe-ridas propiedades sea vendido en subasta.pública. Para asegurar la efectividad de la sentencia el demandante embargó también las refe-ridas propiedades.
“El 4 de febrero de 1942, Manuel Guillermo, por su abogado, radicó una moción .para paralizar los procedimientos en este caso, hasta transcurridos tres meses después de terminarse la guerra. La moción contenía las siguientes alegaciones:
“ !lro. Que es codemandado en esta acción y además, con anterio-ridad a la radicación de la demanda, adquirió todos los derechos y acciones de los codemandados en los bienes hipotecados, siendo por tanto la única parte interesada realmente en esta ejecución de hipo-teca, que es una acción in rem, por ser dueño único de los bienes hipotecados.
“ ‘2do. Que ingresó en el ejército de E. U. en servicio activo en octubre de 1940 el compareciente, y que actualmente está en Camp Tortuguero, Vega Baja, Puerto Rico, como Sargento Técnico, de la Banda del 296 de Infantería.
“ ‘3ro. Que de acuerdo con el “Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act” de 1940, el compareciente, quien alega en este momento que no está en condiciones de pagar la hipoteca que se ejecuta y carece de recursos y do medios para hacerlo, solicita que se suspenda esta acción hasta la terminación de la Guerra y tres meses después de la misma, para cuya fecha estará en condiciones el compareciente de hacerle frente a dicha hipoteca.’
“Esta moción fue jurada por el abogado de los demandados de-bido a que Manuel Guillermo ‘se encuentra ausente de este distrito judicial y no puede prestarlo personalmente.’
“En igual fecha, el mismo abogado radicó una contestación a nombre de todos los demandados, negando específica y generalmente todas las alegaciones de la demanda.. En adición, la contestación establece como una defensa especial que el 22 de septiembre de 1941, Isabel Epitacia y Buenaventura, habiendo vendido y traspasado, en unión de otros, a Manuel Guillermo todas sus participaciones en las propiedades hipotecadas, nada tenían que ver con este pleito y eran partes indebidamente acumuladas, y que debía paralizarse el pleito en cuanto a Manuel Guillermo, quien estaba en servicio militar activo desde octubre de 1940, hasta transcurridos tres meses después de ter-minada la guerra, de conformidad con el ‘ Soldiers ’ and Sailors ’ Civil Relief Act’ de 1940.
“El 21 de mayo de 1942 la corte de distrito declaró con lugar la moción para paralizar los procedimientos, tal como se solicitó. El 10 de agosto de 1942 la corte de distrito denegó una moción de recon-sideración. El 24 de agosto de 1942, el Juez Asociado Sr. de Jesús, actuando como Juez Asociado de Turno de este Tribunal, expidió un auto de certiorari para revisar esta actuación de la corte de distrito, celebrándose la vista ante el infrascrito Juez Asociado de Turno y sometiéndose el caso después de radicarse los alegatos el 8 de septiembre de 1942.

“Parece conveniente determinar como punto de partida la naturaleza de este pleito. Aun cuando pudiera interpretarse que el caso es uno en cobro de una deuda de dinero, la súplica, basada en las alegaciones de la demanda, no solamente es para el cobro de dinero si que también para la venta de la propiedad inmueble que garantiza el pago de la referida deuda. Parece claro, por tanto, que éste es en substancia un pleito para ejecutar una hipoteca o una serie de hipotecas. García v. Registrador de la Propiedad, 41 D.P.R. 469; Morales v. Cabrera, 53 D.P.R. 94.

“El ‘Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act’ de 1940 contiene las siguientes disposiciones (50 U.S.C.A., Apéndice, Secciones 521, 532):

“ 'Sección 521. Paralización de los procedimientos cuando su tramitación sea afectada por el- servicio militar. En cualquiera de sus etapas, cualquier acción o procedimiento ante cualquier corte, en el que se halle envuelta una persona que está dentro del servicio mi-litar, bien sea como demandante o como demandado, durante el pe-ríodo de tal servicio o durante sesenta días después, puede, a dis-creción de la corte ante la cual se halla pendiente, motu proprio, y debe, al ser solicitado por dicha persona o por alguna otra a su nombre, ser paralizado según se dispone en esta Ley, a menos que, en opinión de la corte, la capacidacl del demandante de proseguir su acción o la del demandado de conducir su defensa no sea afectada materialmente por razón de su servicio militar .’
‘Sección 532. Hipotecas, escrituras de fideicomiso (trust deeds), etc. (1) Las disposiciones de esta sección serán aplicables solamente a las obligaciones surgidas con anterioridad a la fecha en que se aprobó esta Ley y garantizadas por hipoteca, escritura de fideicomiso (trust deed) o cualquier otra garantía de la naturaleza de una hipo-teca sobre propiedad mueble o inmueble poseída por una persona que se halla dentro del servicio militar al comienzo del período de tal servicio militar y todavía poseída por ella.
“ ‘ (2) En cualquier procedimiento iniciado en cualquier corte du-rante el período del servicio militar para hacer efectiva tal obligación proveniente de la falta de pago de cualquier suma adeudada bajo la misma o de cualquier otra violación de sus términos que ocurra antes o durante el período de tal servicio, la corte puede, después de una vista, a su discreción, motu proprio, y debe, excepto como se dispone en la sección 303 (Sección 533 de este Apéndice), al solicitársele por tal persona en servicio militar o por alguna persona a su nombre, a no ser que en opinión de la corte la capacidad del demandado para cumplir con los términos de la obligación no sea materialmente afec-tada por razón de su servicio militar—
“ ‘(a) paralizar los procedimientos según se dispone en esta Ley; o
‘(b) ordenar cualquier otra disposición del caso según sea justa y razonable para proteger los intereses de todas las partes.
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(Bastardillas nuestras.)
“El propósito de esta ley es laudable, y la misma debe ser entera-mente puesta en vigor de una manera imparcial a favor de aquellos a quienes se aplica. Pero no tiene el amplio efecto que le atribuyen los abogados y la corte de distrito. Ella no pretende disponer la paralización automática de cualquier procedimiento en que esté en-vuelto un militar por la mera demostración de que está en servicio militar. El militar debe alegar y probar que su capacidad para satis-facer su deuda o para preparar adecuadamente una legítima defensa ha sido afectada materialmente por su servicio militar.
“El demandado alega que no podemos intervenir con el ejer-cicio de discreción de la corte de distrito al paralizar los procedi-mientos en este caso. Pero no es ésta una discreción sin límites. Para justificar su acción la corte debe tener ante sí algunos hechos. La corte de distrito no oyó testimonio alguno en cuanto a este asunto. Concedió el remedio solicitado basándose únicamente en las alega-ciones. La moción para paralizar los procedimientos simplemente alegaba que Manuel Guillermo ‘no está en condiciones de pagar la hipoteca que se ejecuta, y carece de recursos y de medios para hacerlo...”. La defensa especial incluida en la contestación ni siquiera hace tal alegación. Alega solamente el servicio militar de Manuel Guillermo, y sobre esta base solicita la paralización de los procedimientos. Además, estas dos alegaciones fueron radicadas y juradas por el abogado de los demandados.
“El propio militar hasta la fecha no ha hecho- declaración alguna u ofrecido prueba alguna a la corte, según lo exige el estatuto, sobre el hecho de que su ‘capacidad.. .para satisfacer... [su] obligación es.. .afectada materialmente por motivo de su servicio militar’. En verdad, en la defensa especial de la contestación misma encontramos la alegación de que el 22 de septiembre de 1941, con posterioridad a la radicación de la demanda en este caso, Isabel Epitacia, Buena-ventura y otros vendieron a Manuel Guillermo todas sus participa-ciones en las propiedades aquí envueltas. Si el militar estaba en aquella fecha en una posición económica lo suficientemente buena para poder comprar propiedad, ciertamente debió exigírsele que demostrara, de acuerdo con los términos del estatuto, que su capa-cidad para pagar la obligación en este caso fué afectada adversa-mente por su servicio militar.
“En resumen, es obvio que esta cuestión debe ser determinada, no a base de alegaciones referentes a tal situación, sino a base de prueba ofrecida para sustanciar tales alegaciones. (Jamaica Sav. Bank v. Bryan, 25 N. Y. S. (2) 17; Hunt v. Jacobson, 33 N. Y. S. (2) 661; Cortland Sav. Bank v. Ivory, 27 N. Y. S. (2) 313; vea Anotaciones en 9 A. L. R. 6; 130 A. L. R. 774; 137 A. L. R. 451.) La corte de distrito debió, y así se le exigirá, celebrar una vista en la cual al militar se le dará una oportunidad para aportar tal prueba, si alguna tiene, y desde luego, se le dará una oportunidad al peti-eionario para refutar esta prueba. Sólo entonces estará la corte de distrito en una posición de poder ejercitar su discreción.
“ En vista del beelio de que este caso será devuelto a la corte inferior para ulteriores procedimientos, creemos conveniente examinar dos cuestiones discutidas por la corte de distrito. El peticionario alega que el supuesto traspaso al militar de las participaciones de Isabel Epitacia y Buenaventura en la propiedad en cuestión fué becbo 'con intención de dilatar la debida ejecución’ de las bipotecas aquí envueltas ‘tomando ventaja’ del ‘Civil Relief Act,’ y que por tanto la referida Ley no podía invocarse para paralizar los procedi-mientos en este caso, de conformidad con 50 U. S. C. A., Apéndice, Sección 580, que dice como sigue:
“ ‘Sección 580. Traspasos con el fin de tomar ventajas de la Ley. Cuando en cualquier procedimiento para hacer efectivo un derecho civil ante una corte se demuestra a satisfacción de la corte que cual-quier participación, propiedad, o contrato, ha sido, a partir de la fecha en que se aprobó esta Ley, traspasado o adquirido con la intención de dilatar la debida ejecución de tal derecho, aprovechán-dose de las disposiciones de esta Ley, la corte dictará aquella sentencia o aquella resolución que ajustándose a derecho debiera dictarse, no obstante las disposiciones en contrario de esta Ley.’
“La corte de distrito resolvió esta cuestión expresándose así:
“ ‘No creemos necesario hacer pronunciamiento alguno en cuanto a si la venta de los derechos y acciones hecha por los otros deudores a Manuel Guillermo Rodríguez Gracia 12 días después de radicada la demanda, es o no simulada, o si se hizo con el único propósito de reclamar para los otros deudores, que no son militares, los beneficios de la Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act of 1940, puesto que la propia ley prevé el caso de que se conceda a discreción de la corte, dicho beneficio a otras personas que se hallen sujetas a las mismas obligaciones o responsabilidades del militar contra quien se radique procedimiento alguno. (Véase See. 103 Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act of 1940.)’
“El título 50 de U. S. C. A., Apéndice, Sección 513(1), al cual hizo referencia la corte de distrito como la Sección 103 de la Ley, dispone que siempre que se conceda una paralización de los proce-dimientos de acuerdo con la Ley, ‘tal paralización... puede, a dis-creción de la corte, de igual manera concederse a los fiadores, garan-tizadores, endosantes, y otras personas sujetas a la obligación.. .la... ejecución de la cual se ha paralizado... ’. De primera intención parecería que esta sección se aplica solamente a aquellas personas responsables subsidiariamente en relación con un militar. 'Si bien las personas responsables mancomunadamente (jointly) están in-cluidas dentro de las palabras “otras sujetas a la.. .responsabilidad,” el principio de ejjusdem generis parecería indicar que la §103(1) [§513(1)] fué restringida a los endosantes y a aquéllos en la posi-ción de fiadores de un principal que está en servicio militar.’ 55 Harv. L. Rev. 304 (Pero véase, Griswold v. Gady, 27 N. Y. S. (2) 302, contra). Si esta interpretación es la correcta, la sección no se aplica a Isabel Epitaeia y a Buenaventura, toda vez que ellos no responden subsidiariamente en relación con el soldado. Al con-trario, ellos y el soldado son igualmente responsables como cofiadores de la obligación de Rodríguez Droz para con el demandante. Cada uno de ellos, incluyendo el soldado, contrajo una obligación solidaria, y cada uno hipotecó su participación de una octava parte en las propiedades en cuestión con el fin de garantizar su obligación. Como cuestión de hecho, cada uno de ellos pudo haber sido demandado separadamente, bajo su obligación solidaria, por la cantidad total de la deuda. Morales v. Cabrera, 53 D. P. R. 94, 103.
“Sin embargo, es innecesario que en esta etapa del presente pro-cedimiento contestemos definitivamente la pregunta de si Isabel Epitaeia y Buenaventura tienen derecho a invocar la protección de la Sección 513(1). Aun asumiendo que la Sección 513(1) le dió a la corte inferior discreción en un caso adecuado para paralizar los procedimientos en cuanto a los cofiadores de un soldado, los términos de la Sección 580 podrían sin embargo aplicarse a tal caso bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, la corte estaría más inclinada a conceder la paralización cuando se trata de un soldado, en vez 'de tratarse de otras personas en posición similar. Verdaderamente un soldado podría fácilmente tener razones convincentes para la parali-zación que no están al alcance de otras personas. Se puede concebir por tanto que aquellas personas interesadas en tal paralización traspasaran su parte a un soldado para robustecer su legalmente posible, pero tenue, esperanza de obtener una paralización por derecho propio bajo la Sección 513(1). Resolvemos por tanto que, prescindiendo del derecho que los cofiadores, como en el presente caso, pudieran haber tenido a que se considerara una petición de paralización bajo la Sección 513(1), es el deber de la corte cuando, como en este caso, hay una alegación al efecto de que la Sección 580 es la aplicable, determinar si alguna participación en la propiedad ha sido transferida con el fin de dilatar la ejecución de un derecho civil ante una corte. Aun si el .traspaso fué por cansa, esto no impide que se investigue la intención con que se bizo el traspaso.
“En la vista que se celebrará cuando se devuelva el caso, lá corte de distrito deberá por lo tanto investigar, y determinar, como una cuestión de hecho, la intención con que se bizo el alegado tras-paso de las participaciones de Isabel Epitacia y Buenaventura en la, propiedad en cuestión. Si llega a la conclusión de que el traspaso se bizo con el fin de tomar ventaja de la Ley y que el soldado participó en tal traspaso a sabiendas, la corte deberá ordenar que se siga el procedimiento de ejecución sin pérdida de tiempo en cuanto a toda la propiedad, ‘no obstante las disposiciones en con-trario de esta Ley.’ Ya se les ba advertido a los soldados por medio de la Sección 580 que si se prestan a tales maniobras, cual-quier participación que anteriormente ellos tuvieran en tal propiedad, así como la participación traspasada a ellos de esta manera, quedarán fuera del ala protectora de esta Ley.
“En esta vista el soldado se tendrá que- enfrentar con dos cuernos de un dilema. Si la prueba es al efecto de que él compró las parti-cipaciones de los otros codemandados en la propiedad el 22 de sep-tiembre de 1941, ello tendería a demostrar que su capacidad para cumplir con su obligación en este caso no ba sido afectada material-mente por su servicio militar, impidiéndole por tanto obtener una paralización. Por otro lado, si su prueba es al efecto de que sus cofiadores le traspasaron sus participaciones en las propiedades sin que mediara causa, después que la demanda para ejecutar las hipo-tecas babía sido radicada, ello tendería a demostrar que una parti-cipación en la propiedad ha sido traspasada con la intención de dilatar la ejecución de un derecho civil, obligando a la corte a pro-ceder de acuerdo con la sección 580 como si nunca se hubiera apro-bado el ‘Civil Belief Act’.

“Debe también indicarse, aún cuando el soldado en este caso, quien entró al servicio militar en octubre de 1940, establezca que la sección 580 no tiene aplicación a los hechos de este caso, que éste no tiene derecho a una paralización de los procedimientos de acuerdo con esta Ley en cuanto a la porción de la propiedad que adquirió, sujeta a las hipotecas aquí envueltas, el 22 de septiembre de 1941. Esta Ley, aprobada el 17 de octubre de 1940, específicamente limita tal remedio a las ‘obligaciones originadas con anterioridad a la fecha de la aprobación de esta Ley y garantizadas por hipoteca... sobre propiedad inmueble o mueble poseída por una persona en servicio militar al comienzo del período de tal servicio y todavía poseída por ella.’ 50 U. S. C. A., Apéndice, Sección 532(1); Twitchell v. Home Owners’ Loan Corporation, 122 P.(2) 210, 212 (Ariz. 1942). Véase Bianchi v. Pierazzi et al., 25 D.P.R. 631.

“La resolución de la corte de distrito suscitó el otro punto al decir lo siguiente:

“ ‘En cuanto a que el procedimiento pueda suspenderse tan sólo contra el primero [el soldado] siguiéndose el caso contra los demás codemandados, debemos decir que, aceptando para los fines de la argumentación que los demás codemandados sean todavía los dueños, entendemos que tratándose de una hipoteca de bienes poseídos en común pro indiviso no podría ejecutarse la hipotecá. parcialmente contra los demás codemandados excluyendo a Manuel Guillermo.’
“Sin embargo, el récord en este caso demuestra que los tres hijos, en dos documentos separados, cada uno hipotecó separadamente su participación de un octavo en seis fincas poseídas en común pro indiviso con otros para responder, solidariamente, de la obligación de' su padre para con Canet. En su consecuencia, aun cuando el procedimiento finalmente se paralizara en cuanto al soldado, no vemos razón alguna por la cual el pleito de ejecución no pueda con-tinuar en cuanto a Isabel Epitacia y Buenaventura. Esto no tendría el efecto, como alega la corte inferior, de ejecutar una hipoteca parcialmente. Simplemente tendría por resultado la ejecución de las hipotecas separadas de Isabel Epitacia y Buenaventura. El com-prador en la subasta se subrogaría en sus derechos, incluyendo el de la partición. Secciones 333, 334, Código Civil de Puerto Rico (ed. 1930); Martínez v. Mora et al., 33 D.P.R. 149. Cf. Benítez v. Bank of Nova Scotia, 110 F. (2) 169, 172.
“Aun resta otro motivo que justifica el que se continúen sin interrupción los procedimientos en cuanto a los otros demandados, en caso de concederse una paralización de los procedimientos en favor del soldado. Como ya se ha indicado, cada uno de los demandados aquí envueltos es responsable solidariamente por la cantidad total de la obligación, y pueden ser demandados separadamente en cobro de la misma. (Morales v. Cabrera, supra.) Si se concediera al sol-dado la paralización de los procedimientos, el demandante tendría por tanto derecho a una decisión en cuanto a la aplicabilidad de 50 U. S. C. A., Apéndice, Sección 524, al efecto de que ‘Cuando la persona que está en servicio militar es codemandada en unión a otras, el demandante puede no obstante proceder, con permiso de la corte, contra los otros.’ Véase Modern Industrial Bank v. Zaentz, 29 N.Y.S. (2) 969, 973.

“Las restantes cuestiones suscitadas en este caso pueden ser resueltas brevemente. La corte de distrito tuvo razón al indicar que el ‘Civil Relief Act, es aplicable tanto a la paralización de un pleito sobre ejecución de hipoteca (Secciones 521 y 532) como a levantamientos de embargo (Sección 523(6)), y que ambas situaciones concurren en este caso.

“No hay duda alguna en cuanto al emplazamiento en este caso, toda vez que el abogado de los demandados compareció generalmente a nombre de todos ellos y radicó una contestación negando las alega-ciones de la demanda.

“En lo que respecta a la prueba de servicio militar, sería preferible que se obtuviera, de acuerdo con el Título 50, U. S. C. A., Apéndice, Sección 581, una certificación a tal efecto de la autoridad militar correspondiente, en lugar de descansar en prueba obtenida por otros medios. Pero no vemos razón alguna por la cual deba insistirse en ese medio de prueba, excluyendo cualquier otra evidencia pertinente y satisfactoria.

“La resolución de la corte de distrito paralizando los procedi-mientos será revocada y el caso devuelto para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.”

Tras un estudio cuidadoso de los autos, encontramos que las cuestiones envueltas en el certiorari fueron tan claramente expuestas y resueltas de modo tan correcto por el juez de turno, que no hay "base para la interposición del recurso, pudiendo en tal virtud, calificarse de frívolo.

Se trata de una situación jurídica que puede surgir en repetidas ocasiones, y estando conforme la corte además con el criterio de su Juez Asociado en la forma expresada, no debe dilatarse su aceptación como su propia opinión, para beneficio de tribunales y litigantes y de la comunidad en general.

Procede en su consecuencia declarar con lugar la moción y desestimar por frivolo el recurso.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Faustino Serrano López, demandante, contrademandado y apelante, v. Juan Antonio Torres García y Ruperto Serrano López, demandados; contrademandante y apelado el primero.
    Núm. 8505.

    Sometido: Noviembre 24, 1942.

      Resuelto: Diciembre 21, 1942.

      Faustino R. Aponte, abogado del apelante; F. González Fagundo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandado Juan Antonio Torres obtuvo sentencia a su favor y contra el otro demandado, Ruperto Serrano López, por la suma de $150, importe de un pagaré, más intereses y honorarios de ahogado. Para hacer efectiva dicha senten-cia, el márshal embargó nna finca de siete cnerdas, como si fuera propiedad de Ruperto Serrano, quedando trabado el embargo el día 9 de agosto de 1939. El día 12 del mismo mes, el demandante Faustino Serrano López, hermano de Ruperto, interpuso demanda sobre tercería de dominio contra Torres y Ruperto Serrano.

Se alega en-la demanda que en abril 14 de 1939 el deman-dante adquirió la finca en cuestión por compra al demandado Ruperto Serrano, quien no tiene en dicha finca interés alguno que pueda ser embargado para satisfacer la sentencia a favor de Torres.

Contestó el demandado Torres negando los hechos esen-ciales de la demanda y formuló contrademanda en la que alega que el codemandado Ruperto Serrano le tomó a préstamo la suma de $150, otorgándole un pagaré vencedero el Io. de agosto de 1930; que en abril de 1939 Torres requirió a Ru-perto Serrano para que le hiciese efectivo el importe del pa-garé; que en abril 14 de 1939, Ruperto Serrano, en confabu-lación con su hermano Faustino Serrano — aquí demandante y contrademandado — hizo una venta simulada, sin que me-diara precio o consideración de clase alguna, a dicho Faustino Serrano, continuando el demandado Ruperto .Serrano en la posesión del inmueble. Se alega además, que el demandante Faustino Serrano sabía en el momento en que adquirió la finca que su hermano Ruperto era deudor de Torres; que Faustino Torres aceptó el traspaso simulado hecho a su favor por su hermano Ruperto con el solo propósito de burlar los derechos de Torres; y que éste no puede de otro modo cobrar su deuda porque Ruperto Serrano ha quedado insolvente.

En junio 23, 1941 la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia declarando sin lugar la demanda de tercería y con lugar la contrademanda, rescindiendo la venta hecha por Ruperto Serrano a su hermano el demandante por haber sido otorgada en fraude de acreedores. El demandante interpuso el presente recurso. Para sostenerlo alega que la prueba del contrademándante es insuficiente para justificar la sentencia dictada a su favor.

Examinemos la prueba, comenzando por la documental.

En la Cláusula Primera de la escritura de venta otorgada por Ruperto Serrano a favor de su hermano Faustino, deman-dante en tercería, se hace constar que la venta se efectúa “por el convenido precio de trescieNtos CINCUENTA dollars que el comprador paga al vendedor en billetes americanos que éste cuenta y recibe a su satisfacción a mi presencia y la de los testigos instrumentales presentes de que yo el Notario doy fe.”

Se estipuló, además, en dicha escritura que el vendedor quedaría en posesión de la finca en calidad de arrendatario por un término de cuatro años y por canon de cuatro dólares anuales por cuerda, pagaderos por anualidades anticipadas.

En apoyo de su demanda de tercería declaró Faustino Serrano López, y dijo: que en abril 14, 1939 compró la finca a su hermano Ruperto, pagando a éste $350 “en dinero ame-ricano, en billetes de veinte pesos, de diez, de cinco y de a peso” que el pago lo hizo en presencia del Notario y de los-testigos allí presentes; que la finca tiene un valor de $350 a $400. Repreguntado contestó: que conoce a Juan Antonio Torres y es hermano de Ruperto Serrano; que la finca era antes de don Santos Rodríguez y Juan Antonio Torres y Ruperto Serrano la compraron en sociedad; que nunca tuvo conocimiento de que Ruperto le cogiera prestado a Juan Antonio Torres el dinero para pagarle a don Santos Rodríguez; que nunca conversó con Juan Antonio Torres sobre la deuda que Ruperto tenía con él.

Ruperto Serrano, como testigo de los demandados, de-claró: que adeuda a Juan Antonio Torres el importe del pa-garé de $150; que además de la finca de siete cuerdas carece de otros bienes; que para el mes de abril de 1939 él tenía como de cuatrocientos a quinientos pesos en nna tienda y tres vacas; y qne cuando el rnárslial fné a embargar la finca de siete cnerdas él le dijo qne esas tierras no eran snyas.

En .apoyo de sn contrademanda, Jnan Antonio Torres de-claró : qne conoce a los hermanos Serrano, qnienes eran sns vecinos; qne le prestó $150 a Ruperto el primero de agosto de 1929 y éste le otorgó nn pagaré; qne Fanstino tenía cono-cimiento de ese préstamo,- porqne cnando él, Torres, le fné a vender las 3% cnerdas a Rnperto en 26 de noviembre de 1937, le dijo: “tú no tienes dinero para pagar menos pnedes tener para comprar”, y entonces Fanstino le facilitó $140 a Rnperto para pagarle a Torres el precio de las 3% cnerdas; qne esas 3% cnerdas constitnyen la mitad de la finca de siete cnerdas en litigio, según aparece de la escritura de venta otor-gada por Rnperto a Fanstino en abril 14 de 1939, admitida en evidencia; qne Fanstino sabía qne Rnperto le había to-mado a Torres $150 para completar $200 qne le costaron dos cuerdas qne puso a nombre de sn padre Saturnino Serrano. Éste, como testigo de rebuttal, declaró qne él había comprado las dos cnerdas con dinero suyo procedente de nna venta de tabaco y ganado.

En sn relación del caso y opinión el juez sentenciador no hace declaración alguna de hechos probados y se limita a decir qne después de examinar las alegaciones en relación' con la prueba “llega a la conclusión de qne el aquí deman-dante Fanstino Serrano y el codemandado Rnperto Serrano, al otorgar la escritura núm. 3 en abril 14 de 1939, sobre com-praventa de la finca aquí litigada, lo hicieron única y exclusi-vamente para defraudar al codemandado Jnan Antonio Torres García, en sn justa reclamación ...” Y continúa diciendo: “Llegando, como hemos llegado, a esta conclusión, nada importa que en el título adquisitivo de dicho inmueble, se hiciera constar la entrega en efectivo, en presencia del no-tario otorgante del mismo, del importe de la venta, máxime cnando la prueba toda revela qne Fanstino Serrano López estaba y estuvo siempre informado de los pormenores de las relaciones económicas existentes entre los dos aquí codeman-dados.”

La conclusión a qne llegó la corte sentenciadora en cuanto al propósito fraudulento de la enajenación no está sostenida por la evidencia. Por regla general, el fraude no se presume, y el que lo alega debe probar su existencia con hechos incon-testables. Simples conclusiones, conjeturas y suposiciones o sospechas no son por sí solas suficientes para sustanciar una alegación de fraude. La prueba que se requiere debe ser sólida, clara y convincente. The Texas Co. v. Estrada, y Alvares, Int., 50 D.P.R. 743.

El error de la corte inferior consistió en considerar que la relación de hermanos existente entre Faustino y Ruperto Serrano, partes en la escritura de traspaso de la finca, era por sí sola suficiente para que de ella surgiese como una presunción irrebatible — o por lo menos juris tantum — la del propósito fraudulento de la enajenación. En The Texas Co. v. Estrada, supra, y más tarde en Nine v. Avilés, 53 D.P.R. 494, casos que guardan algunas analogías con el presente, resolvimos que el parentesco entre las partes es una circunstancia sospechosa que en unión de otras puede ser considerada como' evidencia de la existencia de fraude, pero que no es por sí misma suficiente'para establecer tal hecho. Es, pues, un error sostener que del mero hecho del parentesco entre las partes surge una presunción de fraude.

La escritura de 14 de abril de 1939, por la que Ruperto Serrano vendió a su hermano Faustino la finca en litigio, tiene a su favor, como todas las transacciones humanas, la presun-ción de legalidad, honradez y pureza. No puede destruirse esa presunción por el solo hecho del parentesco entre las partes.

Ya hemos visto que en la escritura en cuestión el Notario autorizante da fe de que el precio estipulado fue pagado al vendedor en billetes de banco y que el comprador los contó y los recibió a su satisfacción, en presencia del Notario y de los testigos instrumentales. De esos hechos surge la presunción de que el traspaso se hizo por causa justa y onerosa. Esa presunción fué reforzada por la decla-ración del comprador al efecto de que él pagó los $350 al vendedor en .presencia del Notario y testigos. Véase Santini Fertilizer v. Burgos, 34 D.P.R. 869.

¿Es la prueba presentada por el demandado y contrade-mandante Torres suficiente para rebatir la presunción de. legalidad del traspaso ? Opinamos que no lo es. De acuerdo con la declaración de Torres, aparece que” Faustino Serrano tuvo conocimiento de que Torres había prestado a su hermano Ruperto $150. Ese préstamo se hizo en agosto Io. de 1929. No existe prueba alguna de que diez años más tarde, en. abril 14 de 1939, al comprar la finca a su hermano Ruperto, Faustino Serrano supiese que la deuda estaba aún pendiente de pago. Tampoco se ha demostrado que en la fecha del traspaso Ruperto Serrano careciera de otros bienes sobre los cuales pudiera hacerse efectiva la sentencia en su contra. Por el contrario, el propio Ruperto declaró, sin que su decla-ración fuese impugnada o contradicha, que en abril de 1939 él poseía, además de las siete cuerdas, una tienda con exis-tencias valoradas en cuatrocientos o quinientos dólares y tres vacas, y que poseyó esas propiedades hasta fines de 1940.

El contrademandante no presentó evidencia alguna ten-diente a demostrar que el alegado precio de $350 no fué en realidad pagado.

No habiendo el contrademandante controvertido el hecho, de que la enajenación se hizo a título oneroso, ésta no puede presumirse fraudulenta por no concurrir en el caso las cir-cunstancias requeridas por el artículo 1249 del Código Civil, ed. 1930 y por la jurisprudencia de esta Corte Suprema. Hernández v. Rosado, 20 D.P.R. 175 y Méndez Vaz v. De Choudens, 35 D.P.R. 564. 20 Scaevola: Código Civil 941. En la fecha en que se hizo la enajenación en el caso de autos, ni siquiera se había radicado demanda contra el enajenante. La enajenación se hizo en abril 14 de 1939. La demanda en cobro del pagaré no fné notificada al deudor Ruperto Serrano basta el día 23 de mayo de 1939.

La sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugar se dictará otra declarando con lugar la demanda de tercería e imponiendo al demandado contrademandante el pago de las costas.


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Antonio Jaume, por sí, y Abelardo Aguilú y Antonio Jaume, haciendo negocios bajo el nombre comercial de Aguilú & Jaume, peticionarios, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Alberto S. Poventud, Juez, demandada.
    Núm. 1377.

    Sometido: Noviembre 9, 1942.

      Resuelto: Diciembre 21, 1942.

      Ramón G. Goyco, abogado de los peticionarios; Luis A. Noriega y R. Hernández Matos, abogados de los querellantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Contra “Abelardo Aguila y Antonio Jaume, haciendo negocios bajo el nombre comercial de Aguilú & Jaume” se radicó por once obreros una querella de conformidad con la sección 1 de la Ley núm. 10 de 1917 ((2) pág. 217), según fue enmendada por la número 40 de 17 de abril de 1935 ((1) pág.: 239), que literalmente dice así:

“Sección 1. — Siempre que un obrero o empleado tuviere que reclamar de su patrono cualquier suma por concepto de eompensa'-ción por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por com-pensación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin previo aviso y sin causa justificada, podrá comparecer ante la corte municipal del distrito judicial en que realizó el trabajo o en que resida el obrero o empleado en la fecha de la reclamación y formular contra el patrono una querella que extenderá o llenará, según fuere el caso, el juez o el secretario de la corte, en la cual se expresarán bajo juramento, por el obrero o empleado, los hechos en que se funda la reclamación.
“Podrán acumularse en una misma querella las reclamaciones de todos los obreros y empleados de un mismo 'patrono que hubieran dejado de percibir sus salarios devengados en una obra común', Disponiéndose que la presentación de una querella por uno o más obreros o empleados, no impedirá la radicación de otras acciones por otros obreros o empleados.” (Bastardillas nuestras.)

En la referida querella se exponía que el trabajo que en horas extras habían realizado los concurrentes y por el cual reclamaban compensación, lo habían ejecutado para ambos demandados haciendo negocios bajo el indicado nombre co-mercial. Evacuada la prueba de los demandantes, la Corte Municipal desestimó la querella al declarar con lugar una moción de nonsuit, y no conformes con la sentencia, apelaron los querellantes para ante la Corte de Distrito de Ponce, donde se señaló la vista del juicio para el día 14 de abril de 1942. Siete días antes del señalado para la vista, los deman-dados solicitaron permiso de la Corte de Distrito para en-mendar la querella y al efecto acompañaron un proyecto de querella enmendada de acnerdo con la cual la acción se dirigía contra “ Antonio Janme por sí, y Abelardo Aguilú y Antonio Janme haciendo negocios bajo el nombre comercial de Aguilú & Janme”, y se alegaba que ciertas boras del trabajo veri-ficado por algunos de los querellantes — especificando sus nom-bres, clase de trabajo y tiempo invertido — lo fueron para Antonio Jaume, mientras éste era dueño exclusivo de la industria, y que el remanente del trabajo realizado lo fué para Aguilú & Jaume, a partir de la fecha en que dicha industria pasó a poder de la referida firma.

Se opusieron los demandados a la enmienda y habién-dola permitido la corte inferior, interpusieron este recurso de certiorari interesando que anulemos dicha orden, (a) porque en la querella enmendada se demanda a Antonio Jaume por sí y a Aguilú & Jaume, o sea dos patronos distintos, contra los cuales, según los demandados, no puede acumularse esta clase de acciones, y (b) porque la querella enmendada no afecta a todos los querellados de igual modo, existiendo algunos querellantes que trabajaron exclusivamente para Antonio Jaume mientras otros lo hicieron para Aguilú J aume.

Un ligero examen de la Ley núm. 10 de 1917 demostrará que su propósito es crear un procedimiento rápido y sencillo para dirimir controversias entre obreros y patronos en que los primeros reclaman de los segundos la compensación de trabajo o labor realizado para estos, o la compensación que la ley les concede cuando el empleado u obrero hubiere sido despedido de su empleo sin previo aviso y sin justa causa. Tan informal es el procedimiento prescrito para tales reclamaciones que se autoriza al juez o al secretario de la corte donde ha de verse el caso para que redacte la querella. [1] Huelga decir que una ley de esa índole requiere la más liberal interpretación que fuere necesaria para llevar a cabo su propósito, siempre, desde luego, que no se perjudiquen los. derechos sustanciales de la parte demandada. [2] Se trata en este caso de un mismo negocio qne lo poseía primero Antonio Janme y qne despnés se nnió a él Abelardo Aguilú, sin qne al nnirse este último se crease nna persona jurídica distinta, de los miembros de la firma, ya que no existía, según se infiere de la querella, nna sociedad constituida por los' medios qne prescribe la ley. No estamos convencidos de qne se trata de dos patronos distintos dentro del espíritu qne inspira la citada ley, ni tampoco se ha variado, a nuestro juicio, la cansa de acción. [3] Concediendo la enmienda como lo hizo la corte inferior, no se perjudican los derechos sustanciales de los demandados, quienes desde el primer momento en que se notificó la querella estuvieron sometidos a la jurisdicción de la corte y tienen una razonable oportunidad de defenderse al igual que si la querella hubiere sido presentada originalmente en la forma en que fué luego enmendada. En cambio, de no permitirse la enmienda, de obligar a los querellantes' a circunscribir su prueba a las alegaciones de la querella original, se les causaría el perjuicio de que no podrían reclamar los servicios que alegan haber prestado a Jaume exclusivamente. Véase González Reyes v. González, 43 D.P.R. 826, 830.

Por las razones expuestas, opinamos que no erró la corte inferior al permitir la radicación de la querella enmendada y siendo ello así, procede anular el auto expedido y devolver el expediente- original a dicha corte para que continúe la tramitación del caso de conformidad con la ley.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Sbñob De Jesús

text:
    Vicente L. Jiménez, demandante y apelante, v. Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, Etc., demandados y apelados.
    Núm. 8285.

    Sometido: Noviembre 4, 1942.

      Resuelto: Diciembre 21, 1942.

      Bubón <& Ochoteco, abogados del apelante; Iíon. Procurador General George A. Malcolm y R. García Cintrón, Procurador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Sbñob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Desde el 2 de mayo de 1911 el demandante apelante es, o por lo menos era en la fecha en que se radicó la demanda, empleado permanente del Gobierno Insular, incluido en el Servicio Civil Clasificado, acogido a las disposiciones de la Ley núm. 104 de 2 de septiembre de 1925 (pág. 949).

Pocos días antes del 2 de agosto de 1933, el demandante solicitó de la Junta demandada le concediese el retiro a que pretendía tener derecho de conformidad con la sección 8 de la citada Ley núm. 104 de 1925 entonces en vigor y que literalmente decía así:

“Sección 8. — Cualquier funcionario o empleado en servicio a quien sea aplicable est.a Ley, y que haya prestado por lo menos veinte años de servicios computados de acuerdo con la sección 2 de esta Ley, tendrá derecho a retiro con una pensión vitalicia anual igual al dos por ciento (2) del promedio de sus sueldos o compensa-ciones básicas anuales durante los siete últimos años de servicios computables, multiplicado por el número de años de servicios.”

El 2 de agosto de 1933 le fue concedido el retiro, notifi-cándoselo así la Junta por comunicación del 4 del mismo mes en la que le decía que oportunamente le enviaría el certifi-cado de pensión y le informaría el montante de la misma. Para aquella fecha regía un acuerdo de' la Junta a virtud del cual los empleados a quienes se concedía el retiro disponían de noventa días para dejar el empleo y empezar a disfrutar de los beneficios de la pensión. Antes de que venciese el referido plazo, que en el caso del demandante debería ser el 3 de noviembre de 1933, la demandada, el 25 de octubre del mismo año, tomó otro acuerdo de conformidad con el cual el 27 de dicho mes se notificó al demandante que hasta nuevo aviso podía permanecer en servicio activo después del 3 de noviembre de 1933 sin que por ello perdiese los derechos a la pensión que le había sido concedida.

Continuó el demandante en el desempeño de su empleo y mientras tanto, el 3 de agosto de 1933, empezó a regir la Ley núm. 37, aprobada el 4 de mayo de ese año (pág. 269), por la cual la sección 8 de. la ley de 1925 antes transcrita qnedó enmendada en la siguiente forma:

“Sección 8. — Cualquier funcionario o empleado en servicio, a quien sea aplicable esta Ley, que baya alcanzado la edad de cincuenta años y que baya prestado por lo menos veinticinco (25) años de servicio computados de acuerdo con la sección 2 de esta Ley, y cualquier funcionario o empleado que haya prestado por lo menos treinta (30) años de servicio, sin límite de edad, tendrá derecho a retiro con una pensión vitalicia anual igual al dos (2) por ciento del promedio de sus sueldos o compensaciones básicas anuales, durante los diez (10) últimos años de servicios computables, multiplicados por el número de años de servicio.”

Contenía esta Ley'núm. 37 un “disponiéndose” al final de su artículo 11 que protegía los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior.

Así continuaron las cosas hasta que por Ley de 16 de julio de 1935 (Sesión extraordinaria, pág. 127), que empezó a regir inmediatamente, se aprobó una nueva ley de retiro cuya sección 11 prescribe:

“Sección 11. — Cada uno de los funcionarios y empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico que, antes de entrar en vigor esta Ley, hubiere sido retirado o cuya solicitud de pensión hubiere sido resuelta favorablemente de acuerdo con las disposiciones de las Leyes Núm. 22 de 22 de septiembre de 1923, y Núm. 104 de 2 de septiembre de 1925, tal como fué enmendada por la Ley Núm. 33 de 21 de abril de 1928, por la Ley Núm. 73 de 6 de mayo de 1930, y por la Ley Núm. 37 de 4 de mayo de 1933, tendrá derecho a recibir la renta vitalicia que le fué originalmente asignada menos un descuento que se computará en la forma siguiente: A los pensionados que tengan actualmente 50 años o menos de edad se descontará el 20 por ciento. A los que tengan más de 50 años se les reducirá este descuento a razón de 1 por ciento por cada año de edad que tengan sobre 50,-de modo que a los de 70 años de edad este descuento quedará redu-cido a cero. Disponiéndose, que estos descuentos no serán aplicablesa rentas vitalicias menores de treinta dólares ni a aquellos pensio-nados que se encuentren físicamente incapacitados para trabajar y que no tengan otro ingreso de clase alguna.”

El 17 de agosto de 1935 el demandante solicitó de la Junta demandada le informase el montante de la pensión de acuerdo con el retiro concedídole el 2 de agosto de 1933, contestando la Junta el 4 de septiembre de 1935 que para poder computar la pensión a que tenía derecho el demandante, precisaba conocer la fecha de su cese como empleado del Gobierno Insular.

Mientras tanto la Junta, el 21 de agosto de 1935, había aprobado una resolución cancelando todas las pensiones cuyos beneficiarios no hubieran empezado a disfrutar del retiro, entre los cuales se hallaba el demandante; y siete días después, el 28 del mismo mes, dejaba sin efecto su citada resolución de 21 de agosto a fin de que las personas que se hallaban en las condiciones del demandante pudiesen acogerse a los beneficios del retiro concedídoles", para lo cual se fijaba un plazo de un mes. Pero antes de que este último término expirase, la Junta volvió sobre sus pasos y tomó otro acuerdo el 11 de septiembre de 1935, a virtud del cual quedaron-sin efecto sus citadas resoluciones de 21 y 28 de'agosto, restable-ciendo' la situación que prevalecía al aprobar su resolución de 25 de octubre de 1933 de conformidad con la cual, como hemos visto, se prorrogó indefinidamente y hasta nuevo aviso el término fijado para que el demandante cesase en su empleo y empezase a disfrutar de su retiro. Transcurrieron así dos años hasta que el 20 de julio de 1937 volvió el demandante a dirigirse a la Junta, participándole su propósito de cesar definitivamente en el servicio el 31 de diciembre de 1937, contestándole la Junta que el montante de la pensión a que pudiera tener derecho no podía ser determinado mientras no se hallase absolutamente separado del servicio activo del Gobierno Insular.

Basándose en los hechos expuestos, el demandante pre-sentó la solicitud de sentencia declaratoria de este caso, alegando en adición a lo dicho que entre él y la Junta existe una divergencia de criterio con respecto al montante de la pensión a que alega tener derecho, sosteniendo el deman-dante qne habiéndosele concedido dicha pensión bajo el im-perio de la Ley núm. 104 de 1925, sn retiro debe computarse de conformidad con la misma e incluir no sólo los años de servicios prestados hasta el 2 de agosto de 1933, si que también los transcurridos desde esa fecha hasta aquella en que definitivamente cese en su empleo, sosteniendo la de-mandada, según alega el demandante, que ella no está con-forme con que se incluya en el cómputo el período última-mente mencionado. Terminó el demandante con súplica de que se dicte sentencia declaratoria estableciendo que: (a) la pensión debe computarse de conformidad con la Ley 104 de 1925, incluyendo el período en cuestión, y (ó) que se le con-ceda cualquier otro remedio compatible con las alegaciones.

La demandada aceptó los hechos alegados en la demanda, aclarando, respecto a la alegada divergencia de criterio, que nunca ha sostenido que el demandante tenga derecho a pen-sión, e inmediatamente alegó como defensas especiales:

(a) Que la Junta de -Retiro que concedió la pensión al demandante carecía de facultad para prorrogar indefinida-mente el plazo dentro del cual debería éste separarse del servicio para poder disfrutar del retiro concedídole el 2 de agosto de 1933.

(b) Que el demandante renunció al derecho de retiro al no ejercitarlo dentro de un tiempo razonable.

(c) Que el demandante incurrió en laches.

(d) Que en el supuesto de que hubiera existido la facultad de prorrogar indefinidamente dicho plazo, el derecho al retiro quedó abrogado a virtud de la sección 11 de la Ley núm. 23, aprobada el 16 de julio de 1935, toda vez que en ningún momento antes de la vigencia de la ley últimamente citada se fijó el montante de la pensión al demandante.

(e) Y por último, que la demanda no aduce hechos cons-titutivos de causa de acción.

Sometido el caso por las alegaciones, se dictó la sentencia apelada, decretando: que habiendo sido presentada la soli-citud de retiro durante la vigencia de la Ley núm. 104 de 2 de septiembre de 1925, el demandante tiene derecho a la pensión solicitada, incluyendo solamente los veintidós años de servicios de qne se ha hecho referencia, o sea desde el 2 de mayo de 1911, fecha en qne empezó a trabajar con el Gobierno Insular, hasta aquélla en que presentó la petición de retiro, y siendo entendido que dicha pensión- está sujeta a los descuentos prescritos por la sección 11 de la Ley núm. 23 de 16 de julio de 1935 arriba transcrita. Fué contra la indicada sentencia que una y otra parte establecieron recurso de apelación, desistiendo del suyo la demandada dos meses después.

En el alegato de la apelada se acepta como enteramente correcta la sentencia que motiva este recurso. De tratarse de un procedimiento ordinario podríamos circunscribirnos a considerar los errores señalados por el apelante. Pero tratándose de una apelación de una sentencia declaratoria, todo el caso está ante el tribunal de apelación para su revisión a fin de determinar si el demandante tiene derecho al remedio solicitado, a pesar de que el apelante sólo objete a una parte de la sentencia. RKO Distributing Corporation v. Film Center R. Co. (1936, Ohio) 5 N. E. (2d) 927, 929; Borchard on Declaratory Judgments (2a. ed.) 253, 254; Anderson on Declaratory Judgments, pág. 622, sec. 213» Siendo ello así, la primera cuestión que debemos considerar es la suficiencia de la demanda para determinar una causa de acción. Una mera lectura de la síntesis que hemos hecho de las alegaciones de la demanda no deja dudas de que el derecho del demandante es afectado por la Ley núm. 104 de 2- de septiembre de 1925 y por la número 23 de 16 de julio de 1935 antes citadas, y que entre el demandante y la demandada existe una controversia que puede ser determinada efectivamente dentro de este procedimiento.

Pasemos ahora a considerar los méritos de las cuestiones suscitadas. ¿Tiene el demandante derecho a recibir una pensión al amparo de la Ley núm. 104 de 1925 í Cuando antes del 2 de agosto de 1933 el demandante solicitó su retiro, estaba en vigor la citada sección 8 de la Ley núm. 104, a virtud de la cual un empleado del Gobierno Insular acogido a dicha ley, que hubiese prestado veinte años de servicios, tenía derecho a retiro con una pensión vitalicia computada en la forma prescrita en dicho precepto legal. Este artículo, conforme hemos indicado, fué enmendado por la Ley núm. 37 de 1933, aprobada el 4 de mayo de dicho año, para empezar a regir noventa días después de su aprobación, o sea el 3 de agosto de 1933, y no el 2 de agosto del mismo año, como equivocadamente asumió la corte inferior. Artículo 8 del Código Civil (ed. 1930). En tales condiciones, al solicitarse por el demandante la pensión y al concedérsela la Junta el 2 de agosto de 1933, no cabe duda que la ley entonces en vigor era la número 104 de 1925, de conformidad con la cual el demandante tenía derecho al retiro sin necesidad de haber prestado veinticinco años de servicios ni haber alcanzado la edad de cincuenta años como exigía la sección 8, según fué enmendada por la Ley núm. 37 de 1933. Ya hemos apuntado que la Ley núm. 37 de 1933 dejó a salvo los derechos adqui-ridos al amparo de una legislación anterior. Se sostuvo, sin embargo, por la demandada que en el supuesto- de que la ley aplicable fuese la 104 de 1925 (sección 8), el demandante no tiene derecho a la pensión de conformidad con la sección 11 de la Ley de 16 de julio de 1935 antes transcrita, toda vez que la Junta en ningún momento fijó el montante de la pensión.

El argumento de la demandada parece descansar-en que, según ella, el propósito del precepto legal que acabamos de citar es salvaguardar los retiros concedidos al amparo de las anteriores legislaciones, siempre que al concederlos se hubiese fijado el montante de la pensión, ya que dicha sección 11, al referirse a dichos pensionados, prescribe que tendrán derecho a recibir la renta que les fué originalmente asignada, menos el descuento que en la citada sección se impone, y como ninguna pensión fué originalmente asignada en este caso, el demandante no está protegido por dicha ley.

No está en lo cierto la demandada. El evidente propósito de la sección 11 de la ley de 1935 es crear el descuento de referencia. La mención que se hace a la renta originalmente asignada es para fijar un punto de partida, es decir, deter-minar de qué suma ha de hacerse el descuento, y esta suma fácilmente puede determinarse en el presente caso por medio de la sencilla operación aritmética indicada en la sección 8 de la Ley núm. 104 de 1925. Id certum est quod certum reddi potest. El hecho de que la Junta, faltando al deber que imperativamente le imponía la sección 10 de la Ley núm. 104 de 1925, omitiese fijar el montante de la pensión al conceder el retiro, en manera alguna perjudica al demandante. Dicha sección en lo pertinente prescribe que “la Comisión de Ser-vicio Civil devolverá la solicitud a la Junta de Retiro con todos los documentos creditivos de los servicios prestados por el solicitante, y la junta resolverá si la pensión solicitada puede ser concedida y el montante de ella, de acuerdo con esta Ley.” (Bastardillas nuestras.) A este efecto, dijimos en Tirado v. Junta de Retiro de Empleados, 38 D.P.R. 1002, 1006:

“De la creación de un derecho a pensión, no puede caber duda alguna. No se trata de una pensión que pueda, discreeionalmente, concederse o negarse por una junta o autoridad determinada. Se trata de un derecho que la ley crea, mediante la existencia ,de deter-minadas condiciones, y con respecto al que la Junta de Pensiones no tiene facultad discrecional alguna. O no se han dado las- condiciones que la ley exige, y la junta no puede conceder o fijar la pensión: o se han dado, y la junta no tiene más misión que cumplir él mandato del estatuto, y fijar el montante de la pensión, de acuerdo con los preceptos reguladores de la materia. El mandato de la ley desplaza toda discreción en este caso.” (Bastardillas nuestras.)

Con razonable diligencia actuó el demandante, exigiendo repetidas veces que la Junta cumpliera con su deber y fijara el montante de la pensión. Como se dijo en Tirado v. Junta de Retiro, supra, “sería justo que él sufriera las consecuen-cias de sus propios actos; pero no las de los ajenos.”

No incurrió el demandante en laches, como le imputa la demandada. Aparte de que, como hemos visto, él fue dili-gente en la reclamación de su derecho, no existe en este caso el elemento esencial para que pueda alegarse con éxito esa defensa. Es ésta una defensa de equidad, y quien la invoque en su beneficio debe demostrar que la dilación de la otra parte en ejercitar su derecho le ha causado perjuicio. McKnight v. Taylor, 1 How. 161, 11 U.S. (L. ed.) 86; Southern Pac. Co. v. Bogert, 250 U. S. 483; Turner v. Hunt, 116 S. W. (2d) 688, 117 A.L.R. 1066; Hall v. Mortgage Security Corporation, 111 A.L.R. 118. Ningún perjuicio ha sufrido la demandada en el presente caso. Por el contrario, ha tenido el beneficio de no haber desembolsado hasta la fecha la pensión que de otro modo hubiera recibido el deman-dante desde el año 1933.

Convenimos con la apelada en que la Junta que concedió la pensión no tenía derecho a prorrogar indefinidamente el término dentro del cual debería el demandante abandonar el servicio para disfrutar de la pensión vitalicia; pero esta circunstancia, como hemos dicho, ningún perjuicio causó a la demandada ni existe en la ley precepto alguno dispositivo de que tal omisión anule el derecho a la pensión concedida.

Pretende el demandante que al computarse el montante de su pensión se tengan en cuenta los años de servicios prestados desde que le fué concedida en 2 de agosto de 1933 hasta que se retire del servicio. A esto no tiene derecho. La sección 11 de la Ley núm. 104, como hemos visto, prescribía que la pensión debería fijarse al resolver la Junta si el solicitante tenía derecho al retiro, y la resolución concediéndolo tuvo efecto el 2 de agosto de 1933. De manera, pues, que hasta el 1933 sólo puede tomarse en cuenta para la computación del montante de la pensión. No puede el demandante invocar la Ley núm. 104 de 1925 en lo que le beneficia y repudiarla en cuanto le perjudica.

El lenguaje expreso de la sección 11 de la ley de 1935 antes transcrita no permite siquiera dudar que la pensión del demandante, como todas las' demás que se concedieron al amparo de la Ley núm. 104 de 2 de septiembre de 1925, está sujeta al descuento en cuestión.

La sentencia apelada correctamente resolvió la divergencia existente entre las partes. Procede confirmarla.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Baltasar Piñas, peticionario y apelante, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, Hon. Rafael A. González, Juez, demandada y apelada.
    Núm. 8626.

    Sometido: Diciembre 14, 1942.

      Resuelto: Diciembre 22, 1942.

      Nicolás Lecároz Largó, Oficial Jurídico del Departamento del Trabajo, abogado del apelante; Carlos D. Vázquez, abogado del juez recurrido.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.-

Se pide la desestimación del recurso de apelación inter-puesto en este caso por falta de jurisdicción y por no haberse radicado la transcripción en tiempo.

Aparece de los autos que Ramón Cruz demandó en la Corte Municipal de San Juan a Baltasar Piñas reclamándole $36.99. Previa prestación de fianza, la corte decretó el ase-guramiento de la sentencia que pudiera dictarse mediante embargo de bienes del deudor, cumpliéndose la orden por el mársbal embargando “una cuarta parte de cualquier cantidad de dinero que deba ser pagada por la Central Constancia al demandado, como remuneración por su trabajo o por cual-quier otro concepto.” Lo que llegó a embargarse fueron $5.04, que se dedujeron del salario del demandado.

En mayo 16, 1941 la corte municipal dictó sentencia decla-rando la demanda con lugar, y firme la misma el demandante pidió que se le entregara la suma embargada en pago parcial de su crédito. En agosto 13, 1941, la corte resolvió “Como se pide.”

Más de siete meses después el demandado Piñas por medio del oficial jurídico del Departamento del Trabajo pidió a la corte municipal que decretara la nulidad del embargo y la devolución de la suma retenida y cobrada. Su moción fué declarada, sin lugar especialmente por no haberse satis-fecho por el demandado el derecho de un dólar que establece la Ley núm. 10 de 1921 (pág. 113) de acuerdo con la cual se había tramitado el pleito, ni haber su abogado adherido a la misma el sello forense.

Piñas, representado por el dicho oficial jurídico, acudió entonces en certiorari para ante la Corte de Distrito de San Juan, y expedido el auto, compareció la corte municipal pidiendo su anulación. La corte de distrito accedió a ello y Piñas apeló de su sentencia para ante este tribunal.

“Según expusimos extensamente en corte abierta,” dijo la corte de distrito en su sentencia, “entendemos que el abogado del peticionario está actuando debidamente en su capacidad de oficial jurídico del Departamento del Trabajo y por lo tanto no viene obligado a cancelar el sello del Colegio de Abogados. Creemos, no obstante, que el peticionario viene obligado a satisfacer los derechos del arancel ya que no se trata de una contienda entre un obrero y su patrono, por lo que no es de aplicación lo dispuesto en la Ley.núm. 10 de 14 de noviembre de 1917 ((2) pág. 217), y tampoco se nos ha llamado la atención hacia ningún otro estatuto que pudiera eximir al peticionario del pago de los derechos del arancel. Si el peticionario carece de los medios para satisfacer estos derechos, puede obtener de esta corte y de la corte municipal el permiso necesario para litigar en forma pauperis, pero hasta tanto no consiga dicho permiso no podemos considerar las alegaciones que pretende hacer sin haber pagado los derechos que exige la ley.”

Los hechos expuestos hablan por sí mismos y el razona-miento del juez de distrito en el sentido de la no aplicación al caso de la Ley núm. 10 de 1917 resuelve la nueva situación surgida con motivo de la falta de pago de los derechos de arancel para apelar, ya que es en esa ley que el apelante se funda para sostener que no viene obligado a dicho pago.

Dicha ley, que fue enmendada por la número 40 de 1935, página 239, se dictó para determinar el procedimiento a, seguir cuando “un obrero o empleado tuviere que reclamar de su patrono cualquier suma por concepto de compensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o por compensación” cuando “dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin previo aviso y sin causa justificada”, y ése no es aquí el caso. El hecho de que Piñas fuera un obrero y el de que se retuviera su salario por su patrono no voluntariamente sino en cumplimiento de un man-dato judicial, no son suficientes para colocar el asunto dentro de los términos de la ley. Todo lo que pudo reconocérsele al obrero y le fué reconocido es el beneficio de contar con los servicios del abogado del Departamento del Trabajo. En cuanto al pago de los cinco dólares que por cada escrito de apelación de las cortes de distrito al Tribunal Supremo fija la letra “D” del Arancel comprendido en la Ley núm. 17 de 1915, página 46, no tiene aquí el obrero por el solo hecho de serlo privilegio alguno.

La desestimación en tal virtud procede, sin necesidad de entrar a considerar y resolver el segundo motivo en que se Linda. Como se dijo en Delgado v. Cárdenas, 34 D.P.R. 240, confirmando Nazario v. Santos, Juez Municipal, 27 D.P.R. 89, y Paz v. Bonet, 30 D.P.R. 919, “Cuando a un escrito de apelación no se acompañan los sellos de rentas internas correspondientes, el escrito es nulo, procediendo la desestimación de la apelación interpuesta si no se lia cumplido con dicho requisito antes de vencido el término para apelar”.

Debe decretarse la desestimación solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Salvador Iturrino, demandante y apelado, v. Lydia Figueroa, demandada y apelante.
    Núm. 8556.

    Sometido: Noviembre 25, 1942.

      Resuelto: Diciembre 22, 1942.

      Miranda & Miranda Esteve, abogados del apelante; Francisco Navarro Mendía j Otero Suro & Otero Sur o, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, después de haberse anotado la rebeldía de la demandada, dictó sentencia en éste caso declarando con lugar la demanda de divorcio interpuesta por el marido por abandono de su esposa y en este recurso la demandada alega que dicha corte cometió error de derecho al pasar a considerar una demanda que no aduce hechos sufi-cientes constitutivos de causa de acción; al declarar con lugar la demanda con la sola declaración del demandante sin haber sido corroborada tal declaración por el testimonio de personas no interesadas; y además porque la prueba es insu-ficiente para sostener la sentencia.

El fiscal de esta corte, a quien se pasó el caso para in-forme de acuerdo con las reglas de este tribunal, ha reeomen--dado que la sentencia apelada sea revocada por estimar que la prueba es insuficiente para sostenerla.

La demanda fué radicada en la corte inferior el día 22 de enero de 1941 y después de alegarse en ella que las partes contrajeron matrimonio en el año 1933 y que del mismo se han procreado dos hijos que a dicha fecha contaban seis y cuatro años de edad respectivamente, se alega en el hecho cuarto lo siguiente:

“4. Que la demandante y el demandado vivieron en las me joies relaciones conyugales hasta fines del año 1939 en que tenían ambos cónyuges constituido su hogar en la ciudad de Río Piedras, la deman-dada sin motivo ninguno, sin ofensa por parte del demandante, contra la voluntad de éste y sin ninguna causa razonable, abandonó al demandante en el hogar que ambos tenían constituido, y desde en-tonces se ha negado a vivir con el demandante y yéndose a vivir a la ciudad de Nueva York .y habiendo cesado por completo desde •entonces todas las relaciones maritales entre ambos cónyuges, sin esperanzas de una reconciliación.”

Emplazada la demandada mediante la publicación de los edictos correspondientes y no habiendo comparecido se anotó su rebeldía. Señalado el caso para ser visto en el calendario especial, la única prueba presentada para sostener las alega-ciones de la demanda en cuanto al supuesto abandono de la demandada, fue el testimonio del.propio demandante quien en síntesis declaró que él contrajo matrimonio con la deman-dada en el año 1933, en Cayey, y que de dicho matrimonio existen dos hijos, de siete y cinco años de edad; que después de casarse residieron en Río Piedras, y que allí vivieron hasta el año 1940. Inmediatamente dijo que a fines del año 1939 la demandada sin motivo alguno aparente se fué de la casa y que como ella lo había hecho a cada rato él no lo. tomó en serio y pensó que volvería; que él no consintió en que ella lo abandonase y que la requirió y trató de averiguar su paradero con amigos; que no volvieron a tener relaciones; que él ignora el paradero de ella; que le parece que ella se embarcó por noticias que tuvo a fines de 1939 en diciembre; que cuando ella se embarcó vivían en Río Piedras; que él no sabe la fecha exacta en que ella se embarcó pues ella tenía garatas y solía irse a casa de su familia, y que él trató de averiguar con amigos en Río Piedras y le dijeron que ella no había estado allá; que él trató de buscarla en el mismo Río Piedras pues ella tenía familia, pero no la encontró; que le escribió a un tío suyo que es detective en Nueva York para ver si podía localizarla pues un amigo le había dicho que ella se había embarcado; que los hijos están con él.

Con estos antecedentes pasemos a considerar los errores señalados.

En cuanto a que la demanda no aduce hechos sufi-cientes constitutivos de la causa de acción de divorcio por abandono, sostiene la apelante que debió expresarse en la alegación cuarta de la demanda la fecha exacta en que la demandada abandonó al demandante para así poder deter-minarse si había transcurrido el año que requiere el inciso 5 del artículo 96 del Código Civil. No tiene razón la apelante, pues alegándose que la demandada abandonó al demandante para fines del año 1939 y que desde entonces se ha negado a vivir con él, y habiéndose radicado la demanda el 22 de enero de 1941, la misma aduce hechos suficientes aunque no exprese la fecha en que el abandono tuvo lugar, según resol-vimos en el caso de Meléndez v. Pérez Díaz, 38 D.P.R. 811, siendo materia de prueba en el juicio los hechos que demues-tren el abandono por más de un año.

En cuanto al segundo señalamiento; la demandada apelante admite que de acuerdo con nuestra Ley de Evidencia la declaración de un testigo que merezca entero crédito a la corte es suficiente para probar un hecho, pero arguye que debe establecerse una excepción en los casos de divorcio en rebeldía especialmente cuando existen terceras personas afectadas por la sentencia, como son los hijos, y que en dichos casos debe exigirse la corroboración del testimonio de la parte que solicita el divorcio.

Las autoridades que cita la apelante para sostener que debe exigirse testimonio adicional que corrobore la declara-ción de la parte demandante en una acción de divorcio se refieren a y aplican la regia prevaleciente en aquellos estados que se rigen por el derecho común o a aquellos en que por estatuto expresamente se exige dicha corroboración cuando existe una confesión o admisión de la parte. Esta regla no es otra cosa que una adaptación del Canon 105 de las Cortes Eclesiásticas de Inglaterra que, en lo pertinente, dispone que:' “en todos los procedimientos sobre divorcio y nulidad del matrimonio debe usarse buena circunspección y consejo, y que la verdad pueda (hasta donde sea posible) ser cernida por las deposiciones de testigos y otras pruebas legales, y que no se le dé crédito a la sola confesión de las partes mismas, no importa que lo hagan bajo juramento en corte o fuera de ella.” Harrison v. Harrison (1842) 13 Eng. Reprint 238. Y aún en dichos estados, y en la propia Inglaterra, la regla no ha sido estrictamente aplicada en casos en que se demostró que no había existido contubernio o confabulación entre las partes. (Véase la monografía en 40 A.L.R. 630.)

En Puerto Rico no existe disposición estatutaria alguna que prohiba a las cortes dictar sentencia de divorcio con la sola declaración de la parte o de nn testigo que le merezca entero crédito, siempre que dicha evidencia sea de carácter directa, artículo 380 del Código de Enjuiciamiento Civil (artículo 18 Ley de Evidencia). El artículo 371 del mismo Código (artículo 9 de la Ley) define dicha evidencia en esta forma:

“Evidencia directa es aquella que prueba el hecho controvertido, sin inferencia ni presunción, y que en sí de ser cierta, demuestra el hecho por modo concluyente... ”

¿Puede considerarse la declaración prestada por el demandante en el caso de autos, como evidencia directa del hecho en controversia o sea el alegado abandono por su esposa? Consideramos que no. La ley exige que el hecho controvertido, no sólo quede probado sino que debe serlo, sin inferencia ni presunción y por modo concluyente. El testimonio del demandante pudo haber sido suficiente para dejar demostrado dicho hecho básico de la demanda pero él se limitó a declarar, en forma harto dudosa, que vivió con su esposa hasta el año 1940 sin especificar fecha exacta y luego dijo que ella se fué del hogar a fines del año 1939 pero que no le dió importancia porque ella se había ido otras veces. En cuanto al hecho de que ella se hubiera ido para Nueva York, su declaración fué de referencia pues primero dijo, categóricamente, que ignoraba dónde estaba y luego que unos amigos le habían informado que se había embarcado. No hay base en la prueba para poder determinar con exactitud si, al radicarse la demanda el 22 de enero de 1941, había transcurrido más de un año del alegado abandono por la demandada. A lo sumo se probó una separación de los cónyuges.

Repetidamente esta corte ha resuelto que a los efectos del abandono como causal de divorcio, el término de un año empieza a correr no en el momento en que se inicia la separación sino desde el momento de la nolición del cónyuge o sea aquél en que el cónyuge demandado expresa su firme y decidido propósito de abandonar a sn compañero. Jirot v. Crispín, 23 D.P.R. 822; Parés v. Echandi, 55 D.P.R. 163; Martínez v. Avilés, 57 D.P.R. 192. El hecho de que el caso de autos fué resuelto en rebeldía de la demandada no hace menos aplicable esta regla. Debido al interés que tiene el Estado en todos los casos de divorcio, especialmente cuando existen hijos del matrimonio, las cortes de distrito deben exigir que en los juicios celebrados en rebeldía, la parte demandante pruebe debidamente todos los hechos necesarios para demostrar la causal alegada en la demanda, en la misma forma en que lo exigen cuando el pleito es uno de carácter contencioso. 17 Am. Jur. 361, see. 432.

No porque la declaración del demandante estuviera huér-fana de corroboración, sino porque ella no probó de modo satisfactorio el hecho en controversia, la prueba en este caso es insuficiente para sostener la sentencia recurrida.

El tercer error fué cometido y procede, por tanto, declarar, como se declara, con lugar el recurso y en su consecuencia se revoca la sentencia apelada, dehiendo dictarse otra decla-rando sin lugar la demanda, con costas.


author: El Juez Asociado Señoe SnydeR

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. Harry E. Henneman, Etc., Fiduciarios (Trustees) de Eastern Sugar Associates, Eastern Sugar Associates, un Fideicomiso (Trust) y Leoncio Velázquez Rodríguez, Etc., querellados.
    Núm. 11.

    Sometido: Diciembre 7, 1942.

      Resuelto: Diciembre 23, 1942.

      E. T. Fiddler, H. 8. McConnell y José G. González, abogados de los . peticionarios; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y Miguel Guerra-Mondragón, Rafael Rivera Zagas, Luis Venegas Cortés y Nilita Vientos, abogados especiales los últimos, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señoe SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una petición para que se traslade una querella de la naturaleza de quo warranto de esta corte a la Corte de Distrito de los Estados Unidos, para Puerto Rico. La querella alega dominio y control de tierras en violación de ciertas leyes insulares y federales. A petición de los allí demandados, un procedimiento similar al presente caso fué trasladado, debido a diversidad de ciudadanía, a la referida Corte Federal por orden de este tribunal. (60 D.P.R. 59). Posteriormente dicho procedimiento fué desistido voluntaria-mente por el querellante ante la Corte Federal, y más luego el presente recurso fué entablado ante esta corte.

. Solamente hay una diferencia entre este recurso y el anterior que nos concierne en esta petición, o sea, que aquí se han incluido como partes demandadas a los arrendadores de terreno a uno de los demandados, Eastern Sugar Associates, a pesar de que ellos no fueron incluidos en el primer procedimiento. Por tanto, la única cuestión nueva presen-tada por esta petición de traslado, es si el hecho de que se incluyeran tales arrendadores, que son residentes de y domi-ciliados en Puerto Rico, evita el traslado en este caso. Los peticionarios alegan que no lo evita por los fundamentos (a) que los arrendadores no son partes indispensables en este caso, y (ó) que los arrendadores fueron incluidos frau-dulentamente como demandados con el fin de evitar el traslado.

Nos confrontamos primeramente en este procedimiento con la contención de los peticionarios al efecto de que nuestra función en este caso se limita a determinar si los requisitos formales para tal petición señalados en el Título 28 U.S.C.A., Sección 72, han sido cumplidos y de que por lo tanto no tenemos poder para considerar la cuestión de si los arrendadores son partes indispensables en este caso. Por tanto, examinamos primeramente esta contención.

Convenimos con la manifestación hecha por los peticio-narios en su alegato al efecto de que el procedimiento a seguirse en una petición de traslado se establece en Houlton Sav. Bank v. American Laundry Machinery Co., 7 F. Supp. 858 a las págs. 860, 61, como sigue:

“. . .Cuando se radica una petición de traslado, la única cuestión que la corte estatal debe decidir, es si, admitiendo la veracidad de los hechos relacionados en la petición, aparece de la faz del récord que el peticionario tiene derecho al traslado...
“El Tribunal Supremo en el caso de Burlington, etc., R., Co. v. Dunn, 122 U. S. 513,...dijo: ‘Todas las cuestiones de hecho alegadas por la petición de traslado deben ser resueltas en la Corte de Circuito (ahora de distrito), pero la corte estatal está en libertad dé deter-minar por sí misma si, a base del récord, se ha efectuado un traslado .. .Se presenta en tal virtud a la corte estatal estrictamente una cuestión de derecho; esto es, que si se admite la veracidad de los hechos alegados en la petición de traslado, aparece de la faz del récord ... que el peticionario tiene derecho al traslado del pleito ... Pero, aun cuando la corte estatal rehusara paralizar los procedi-mientos, el peticionario puede radicar en la Corte de Circuito [de distrito] una copia del récord ante dicba corte estatal, tal como' se encontraba al radicarse la petición, y hacer que el caso sea radicadoen dicha Corte de Circuito.’ ” (Bastardillas nuestras).

Pero nada hay en dicho caso, así como tampoco en el de Ches. & Ohio Ry. Co. v. Cockrell, 232 U. S. 146, citado también por los peticionarios en cnanto a este pnnto, que nos impida considerar como ciertos todos los hechos alegados en la petición y luego entrar a considerar y decidir las limi-tadas cuestiones de derecho suscitadas por esta petición con el fin de determinar si tal petición debe concederse. Al con-trario, es nuestra opinión que éstos así como otros casos que-más adelante se indicarán establecen no solamente nuestro derecho si que' también nuestro deber a examinar esas-cuestiones.

En Chicago R. I. & Pac. Ry. v. Dowell, 229 U. S. 102, se radicó una demanda contra una compañía ferroviaria y contra un maquinista por daños debido a lesiones recibidas a causa de alegada negligencia de parte de la compañía ferroviaria y del maquinista. La compañía ferroviaria" demandada, tratando de que se trasladara el caso debido a una alegada diversidad de ciudadanía entre ella y el demandante, alegó una controversia separable. La corte estatal denegó la peti-ción. Al confirmar tal sentencia la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo a la página 113 que “La cuestión de si había o no responsabilidad conjunta era una a ser determi-nada basándose en las alegaciones del demandante al rela-cionar su causa de acción, y es una cuestión a decidir por la corte estatal.”

En Illinois Central R. R. Co. v. Sheegog, 215 U. S. 308, el demandante radicó una acción por la muerte de un familiar que murió intestado, un maquinista empleado por una com-pañía ferroviaria, alegando que las condiciones de los cimien-tos y de la vía eran inadecuadas. El demandante incluyó como demandadas a la compañía B, que explotaba el ferro-carril, y a la compañía A, arrendadora de las propiedades del ferrocarril a la compañía B. La corte estatal denegó la petición de traslado radicada por la compañía B, alegando qne había diversidad de ciudadanía. La Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la sentencia en una opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Holmes en la cual dijo a a las págs. 317, 18:

“... la cuestión de si uña obligación conjunta del arrendador y del arrendatario resultaría de los actos y omisiones de la Illinois Central Railroad Company solamente, era úna relativa al estatuto de Kentucky a ser resuelta por ella [la corte estatal], y nos parece que la ba resuelto.
ti* * * & * * *
‘ ‘... cualquiera que sea la pauta precisa seguida por dicha corte de ahora en adelante, queda decidido que en Kentucky los hechos alegados y probados contra la Illinois Central Railroad Company en este caso hicieron a su arrendador responsable conjuntamente como cuestión de ley. Estamos obligados a respetar esta decisión.”

En Morgan v. Kroger Grocery & Baking Co., 96 F. (2d) 470, (C.C.A. 8th Cir., 1938) la demandante instituyó una acción personal de daños en una corte estatal contra la ciudad de St. Louis y la corporación demandada. Esta última soli-citó traslado a la Corte de Distrito de los Estados Unidos, alegando la existencia de una controversia separable en cuanto a ella. La corte estatal negó el traslado, y entonces la corporación demandada radicó el caso en la Corte Federal, y dicha corte concedió un injunction contra la demandante, prohibiendo a ésta proseguir la acción en la corte estatal. La Corte de Circuito de Apelaciones revocó a la Corte de Distrito de los Estados Unidos, ordenándole que devolviese el caso a la corte estatal. La Corte de Circuito dijo, a las págs. 472, 73:

‘ ‘... Sin embargo, la corte estatal no está obligada a renunciar ' su jurisdicción a menos que la petición de traslado demuestre que la causa es una susceptible de traslado. Stone v. South, Carolina, 117 U. S. 430, 6 S. Ct. 799, 29 L. Ed. 962; Carson v. Hyatt, 118 U. S. 279, 6 S. Ct. 1050, 30 L. Ed. 167; Madisonville Traction Co. v. Mining Co., 196 U. S. 239, 25 S. Ct. 251, 49 L. Ed. 462; Chesapeake & O. Ry. Co. v. Cockrell, 232 U. S. 146, 34 S. Ct. 278, 58 L. Ed. 544; Illinois C. R. Co. v. Sheegog, 215 U. S. 308, 30 S. Ct. 101, 54 L. Ed. 208; Gulf Refining Co. v. Morgan, 4 Cir., 61 F. 2d 80; Moulton v. National Farmers’ Bank, D. C., 27 F. 2d 403. Si del récord no surge prima facie un caso de traslado, la corte estatal puede negar el traslado. Guando la petición de traslado presenta solamente una cuestión de derecho, la corte estatal puede actuar en relación con ella, pero si presenta cualquier cuestión de hecho, ésta debe ser determinada por la corte federal mediante una moción para que se devuelva el caso. Farmers’ Bank & Trust Co. v. Atchison, T. & S. F. Ry. Co., 8 Cir., 25 F. 2d 23; Boyle v. Chicago, R. I. & P. Ry. Co., 8 Cir., 42 F. 2d 633.” (Bastardillas nuestras).

Véanse también Lake v. Texas News Co., 51 F. (2d) 862; Hoffman v. Metz, 31 F. Supp. 204, 206 (1940).

Las cortes estatales ban decidido en igual forma. State v. Mosman, 133 S. W. 38 (Mo. 1910); Goodman v. Grace Iron & Steel Corporation, 13 A. (2d) 228 (N. J. 1940); Miles v. Layton, 193 A. 567 (Del. 1937).

Por lo tanto, procedemos a considerar como una cuestión de derecho esta petición de traslado en donde “solamente deben considerarse las partes indispensables .... todas las demás pueden ser.... descartadas, si su comparecencia excluye o limita el derecho ...” al traslado. (Fienup v. Kleinman, 5 F. (2d) 137, 40 (C.C.A. 8th Cir., 1925)). Las partes en el presente caso están de acuerdo en afirmar que el caso de Fienup define correctamente una parte indispensable a la página 140 como sigue:

“Una parte indispensable es aquella qüe tiene tal interés en la cuestión envuelta en la controversia que no puede dictarse un décreto final entre las otras partes en la acción, sin lesionar y afectar radical-mente su, interés, o sin permitir que la controversia quede en tal estado que su determinación final baya de ser inconsistente con la equidad y una conciencia limpia... ”

New Jersey Central Railroad Co. v. Mills, 113 U. S. 249, Egyptian Novaculite Co. v. Stevenson, 8 F. (2d) 576 (C.C.A. 8th Cir., 1925), Iberia Petroleum Corporation v. Acadian Production Corp., 34 F. Supp. 995 (1940), Murphy v. Johnson, 49 F. (2d) 410 (1931), Sharpe v. Landowners Oil Ass’n., 92 S. W. (2d) 435 (Tex. 1936), y De Grazier v. Panell Oil Corporation, 109 S. W. (2) 1109 (Tex. 1937) son ejemplos del sinnúmero de casos qne aplican la regla (test) establecida en el caso de Fienup.

Véanse también las secciones 63 y 66 del Código de Enjui-ciamiento Civil de Puerto Rico, en comparación con las Reglas 19 y 20 de las Reglas de Enjuiciamiento Civil Federales; Ramis et al. v. Prats et al., 32 D.P.R. 882; Carlo v. Ferrer et al., 27 D.P.R. 216, 227. Cf. Pueblo v. Plata Sugar Co., 58 D.P.R. 912; Pueblo v. The Fajardo Sugar Company of P. R., 51 D.P.R. 876.

En el presente caso, los peticionarios resumen su conten-ción de que los arrendadores no son partes indispensables en esta acción, como sigue: “La única cosa que lucieron los arrendadores fué contratar’ con estos peticionarios. En cuanto a ellos la única cuestión que caba (sic) es si contra-taron con personas que tenían capacidad para contratar o no. No tienen nada que ver con las circunstancias que deter-minan si esa falta de capacidad existe o no. Puede ser que ellos tengan interés indirecto en el resultado del procedi-miento; pero esto no los hace partes indispensables a la controversia entre El Pueblo y estos peticionarios.”

No es necesario que determinemos si esta contención de los peticionarios prevalecería si la presente fuera una acción corriente de quo warranto y nada más — si, por ejemplo, ésta fuera una acción de quo warranto para disolver una corpora-ción organizada con el fin de manufacturar ropa que había arrendado y que estaba explotando una cantera.

Pero aquí, además de las sanciones negativas y prohibi-torias dispuestas para casos semejantes al ejemplo mencio-nado, la sección 1 de la Ley núm. 47, Leyes de Puerto Rico de 1935, (Sesión Extraordinaria, pág. 531) prescribe, para casos de la clase del que nos ocupa, la disposición afirmativa de que “Cuando cualquier corporación.. .esté .poseyendo ilegalmente, por cualquier título bienes inmuebles en Puerto Rico, El Pueblo de Puerto Rico podrá, a su opción, dentro del propio procedimiento, instar la confiscación de dichos bienes, a sn favor, o su enajenación en snbasta pública dentro de nn término no mayor de seis meses...” (Bastardillas nuestras).

La sección -21 de la Ley núm. 47, tal como fné enmendada por la Ley núm. 183, Leyes de Puerto Rico, 1941 ((1) pág. 1383), dispone que la sentencia en un caso de esa naturaleza deberá decretar “la nulidad de todos los actos y contratos realizados por la corporación o entidad demandada, y se decretará, además, la cancelación de. los asientos o inscripciones que los mismos hayan producido en los registros públicos de Puerto Rico, y cuando el decreto de nulidad afecte a bienes inmuebles y El Pueblo de Puerto Rico hubiere optado por su confiscación, o se ordenare la venta eü pública subasta, la sentencia final fijará el precio razonable que deba pagarse por los mismos.” (Bastardillas nuestras).

Las secciones 57, 58 y 59 de la Ley de Tierras de Puerto Rico (Ley Núm. 26, Leyes de Puerto Rico, 1941 (1) pág. 389) también han sido invocadas para sostener la presente acción en sus méritos. Y la sección 23 de dicha Ley de Tierras confiere a la Autoridad de Tierras ciertos derechos y auto-ridad en relación con la mencionada opción de El Pueblo sobre tierras poseídas ilegalmente.

Es evidente que, al implementar con sanciones la Ley del Congreso que prohíbe tenencias de tierra en exceso de 500 acres (31 Stat. 716), la Legislatura Insular, en la Ley núm. 47 de 1935 ((2) pág. 531), según ha sido enmendada, y en la Ley de Tierras, fué más allá de los remedios pres-critos en la acción ordinaria de quo warranto. En verdad, si no lo hubiera hecho, la posición de la demandada, en el caso de Bubert Hermanos, Inc., hubiera sido quizás correcta. La demandada en aquel caso sostenía que una vez que se hubiera dictado sentencia disolviendo la corporación, nada más podía hacer esta corte dentro del procedimiento. Aunque la Corte de Circuito de Apelaciones difirió del criterio de esta corte en cuanto a la necesidad, en ese estado del procedí-miento, de (a) el nombramiento de nn síndico (receiver), y (b) el control y manejo por el síndico de toda la propiedad mueble e inmueble de la corporación demandada, dicha corte estuvo de acuerdo con nosotros en que la opción antes men-cionada era válida, y estaba en vigor aún después de la sentencia decretando la disolución de la corporación (118 F. (2d) 752, 58). Y la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos revocando a la Corte de Circuito de Apela-ciones y confirmando el nombramiento de un síndico hecho por esta corte en dicho caso, estaba predicada en la premisa de que la opción era válida y estaba en vigor aún después de disolverse la corporación culpable. Rubert Hermanos, Inc. v. People of Puerto Rico, 315 U. S. 637. Cf. Pueblo v. Central Cambalache, 59 D.P.R. 60, 75, 76.

No sería propio que en este estado del procedimiento considerásemos la validez de la Ley de Tierras o que explo-rásemos su significado preciso. Igualmente, no creemos nece-sario determinar en este momento el efecto de anteriores estatutos federales e insulares sobre los demandados y sus transacciones. Pero si, como alega el querellante, resolvié-semos finalmente que por razón de su dominio sobre algunas tierras, y arrendamientos de otras a los arrendadores deman-dados, los peticionarios son dueños y tienen el control de tierras en violación de la ley, el efecto de la aplicación de la Ley núm. 47, según ha sido enmendada, y de la Ley de Tierras afectaría incuestionablemente, en virtud de las' op-ciones ya mencionadas, los intereses de los arrendadores demandados, haciéndoles partes indispensables en este caso de acuerdo con las autoridades mencionadas.

Consideramos innecesario, para llegar a esta conclusión, determinar si las opciones mencionadas afectarían los de-rechos de propiedad de los arrendadores, o sólo los arrenda-mientos. Pero asumiendo, sin decidirlo, que sólo los arren-damientos fuesen afectados, éstos estarían sujetos — si el querellante prevalece en este caso — a dichas opciones al precio “razonable” o “justo”, que podría ser diferente del canon fijado en los arrendamientos.

Además, como señaló la Corte de Circuito de Apelaciones en la segunda apelación del caso de Rubert Hermanos, Inc., (118 F. (2d) 752, 59), las opciones quizá sólo se refieran a tenencias de tierras en exceso de 500 acres. La cuestión de si el dominio o el arrendamiento de no más de 500 acres de tierra se permitiría finalmente en un caso específico, es uno de los muchos problemas que esta corte estaría llamada a considerar. Como cuestión de hecho, como ya hemos apun-tado, la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la acción de esta corte al ordenar al síndico en el caso de Rubert Hermanos, Inc., hacerse cargo de toda la propiedad, inclu-yendo la de naturaleza mueble, al decir en 315 U. S. 637, a la página 648, que “Es Suficiente decir que todo el mundo concurre en que las propiedades constituyen una unidad de trabajo, en el cultivo, corte y molienda de caña. Separar la tierra de la maquinaria y de otras propiedades muebles, en espera de que el Pueblo eligiera entre varios procedimientos alternativos, hubiera sido un desperdicio económico inexcusable. Era completamente propio de parte de la Corte Suprema reconocer estas realidades y permitir al síndico que mantuviera la entidad como un negocio activo mientras se llevaba a cabo una liquidación final.”

En resumen, como para nuestro fin inmediato el dominio y el control por medio de arrendamiento están sustancial-mente en igualdad de condiciones, el afirmar que existe una controversia separable que afecta los arrendamientos y los arrendadores en ellos es similar a la contención, que nadie hace, de que existe una controversia separable que envuelve cada una de las parcelas de terreno propiedad de los peti-cionarios. Según lo expresó el Juez de Circuito Sr. Hutchison en Lake v. Texas News Co., 51 F. (2d) 864 (Corte de Dis-trito, Tejas, 1931) a la página 863, en este caso está envuelta “una controversia contra los dos; no dos controversias, una contra cada uno”.

El que este caso no prospere por no haberse incluido como demandados a arrendadores adicionales y el qne dicho defecto, de existir, sea snbsanable incluyéndolos después, son cuestiones que no están ante nos en este momento.

Al resolver, como hemos hecho, que los arrendadores de las tierras son partes indispensables en este caso y que no existe controversia separable alguna que envuelva a los peti-cionarios, no podemos ver cómo la omisión del querellante de incluir los arrendadores de las tierras en el primer procedi-miento radicado contra los peticionarios y en otros procedi-mientos de quo warranto, exige que resolvamos como cuestión de derecho que tales arrendadores fueron incluidos en este caso fraudulentamente con el fin de evitar el traslado.

En el caso de Chicago B. & Q. Ry. Co. v. Willard, 220 U. S. 413, el demandante en una acción por daños radicada ante una corte estatal incluyó como partes demandadas al arrendador junto con el arrendatario de una compañía ferro-viaria. Se concedió una petición de traslado a la corte federal. La Corte de Circuito de Apelaciones resolvió que la corte federal no tenía jurisdicción. Esta sentencia fué confirmada en apelación, resolviendo la Corte Suprema que bajo el estatuto local aplicable existía una causa de acción conjunta contra ambas compañías ferroviarias, la arrenda-dora y la arrendataria. La corte dispuso de la contención en cuanto a la inclusión fraudulenta a la página 427, como sigue:

“... no se puede afirmar que el demandante fraudulenta e im-propiamente incluyó como codemandada a la corporación de Illinois junto a la corporación de Iowa, cuando tal acusación es rechazada, como cuestión de ley, por el hecho de que el demandante tenía derecho, como hemos visto, bajo las leyes de Illinois, donde se originó la acción y dentro del cual se encuentra la vía en cuestión, a radicar una acción conjunta contra las compañías de Illinois y Iowa. Ill. Central RR. Co. v. Sheegog, 215 U. S. 308, 316. Pudo haber preferido que se juzgara su caso ante la corte estatal, de la misma manera que la corporación de Iowa prefirió la corte federal. Pero estas preferencias o motivos, ni fraudulentos ni ilógicos, no tuvieron importancia alguna. Eran inmateriales al determinarse si el deman-dante tenía un derecho legal a radicar una acción conjunta contra las compañías arrendadora y arrendataria y en esa forma llevarla a su terminación.”

Al mismo efecto, véanse: Ill. v. Sheegog, supra, a la página 318; Chicago v. Dowell, supra, a la página 114; Norwalk v. Air-Way Electric Appliance Corp., 87 F. (2d) 317 (C.C.A. 2, 1937); Culp v. Baldwin, 87 F. (2d) 679 (C.C.A. 8, 1937); Hoffman v. Metz, 31 F. Supp. 204 (1940).

Se dictará una resolución declarando sin lugar la petición para que se traslade la querella a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio M. Morales, acusado y apelante.
    Núm. 9775.

    Sometido: Diciembre 15, 1942.

      Resuelto: Diciembre 23, 1942.

      Antonio L. López, abogado del acusado; Eon. Procurador General Interino M. Rodrigues Ramos y R. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Horacio Nieves, Policía Insular, denunció a Julio M. Morales porque en Caguas, el 24 de agosto de 1941, domingo, a las nueve y media de la mañana, tenía abierto al público .su establecimiento comercial.

El 17 de octubre siguiente se llamó la causa para su vista en apelación ante la corte de distrito y el acusado por :su abogado hizo constar “a los efectos del récord” que no existía la ley que en la denuncia se decía infringida, artículo 553 del Código Penal enmendado por la Ley 110 de 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 268), por haberse ésta derogado.

Se practicó la prueba y estimándola suficiente la corte declaró culpable al acusado de una “infracción al artículo 553 del Código Penal” y lo condenó a pagar diez dólares de multa y en defecto de pago a cumplir un día de cárcel por cada dólar dejado de satisfacer. Apeló Morales para ante esta Corte Suprema y en su alegato señala tres errores como cometidos por la corte sentenciadora al condenarlo por in-fringir la Ley 306 del 15 de mayo de 1938 (pág. 568), cuando la denuncia se refería a la Ley 110 de 1937; al desestimar su moción de nonsuit, y al apreciar la prueba con pasión, prejuicio y parcialidad en contra suya.

El primer error no fue cometido. Los hechos imputados al apelante en la denuncia constituyen una infracción ni artículo 553 del Código Penal y por esa infracción fué que la corte dictó su sentencia.

Es cierto que en la denuncia se dijo: “Art. 553 del Código Penal, enmendado por la Ley núm. 110 de 1937,” siguiendo .seguramente el texto de la edición de 1937 del Código; que la Legislatura por la Ley 306 de 1938 enmendó el artículo 553 redactándolo de nuevo y disponiendo que toda ley o parte de ley que a ella se opusiera quedaba derogada, y que la infracción se perpetró en 1941, pero también lo es que se trataba del mismo artículo del Código Penal y que los hechos expuestos en la dénuncia y probados en el juicio ■constituían una infracción al artículo no ya como quedó ■enmendado en 1938 si que como lo había sido en 1937. La ■enmienda del 1938 en nada varió el precepto en cuanto a la modalidad del delito imputado en este caso, esto es, cierre al público de establecimientos comerciales los domingos.

La evidencia practicada fue contradictoria. La bemos examinado y la encontramos suficiente. La de El Pueblo en sí misma, era bastante. La aportada ■ luego por el acusado no fue creída por la corte.

No existen, en tal virtud, los otros errores señalados, y el recurso debe declararse sin lugar, confirmándose la sen-tencia apelada.