author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Catalina Oliver de Ramírez, demandante y apelada, v. Miguelina Oliver de Santoni, demandada y apelante.
    Núm. 8030.

    Sometido: Abril 23, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Miguel Santoni y A. Cadilla Ginorio, abogados de la apelante;

      E. Pérez Casalduc, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Andrés Oliver Roses falleció intestado en Areeibo, Puerto Rico, el 22 de febrero de 1937. Dejó a su muerte a José Ramón, Manuel y Catalina Oliver Aresti, hijos de su primer matrimonio; a Miguelina Oliver Ledesma, bija de su segundo matrimonio; a Antonia Oliver Pérez, bija natural debida-mente reconocida; y a su viuda Modesta de la Rosa, de quien no tuvo bijos. Todos fueron declarados herederos por la Corte de Distrito de Areeibo, mas la declaratoria decía:

“Como los herederos son tales desde el momento en que fallece el causante, la corte declara como herederos de Don Andrés Oliver Roses a sus hijos legítimos José Ramón, Manuel y Catalina Oliver Aresti; a la hija natural reconocida Antonia Oliver Pérez y a la hija legítima Miguelina Oliver Ledesma, así como a la viuda en la cuota usufructuaria que determina la ley.
“Es entendido para los efectos legales, que habiendo repudiado la herencia Miguelina Oliver Ledesma, quedan los restantes como los herederos y representantes del finado don Andrés Oliver Roses, en cuanto a los bienes relictos a su fallecimiento y obligaciones que puedan corresponder a la sucesión.”

La repudiación de referencia aparece de la escritura pública número 12, otorgada ante el notario Armindo Cadilla el 4 de marzo de 1937. La demandada apelante declaraba en dicba escritura:

“Segundo: Que no deseando ni queriendo aceptar la herencia de su dicho señor padre, ni ninguna participación que en ella tenga o tuviera, por causas y motivos que se reserva, la aquí compareciente doña Miguelina Oliver Ledesma, por la presente escritura renuncia y repudia tal herencia, y, en su consecuencia, deja los bienes que la compongan o integren a la disposición de cualesquiera otros herederos que resulten o sean de dicho difunto, en virtud de esta renuncia y repudiación, que verifica la compareciente.”

Andrés Oliver tenía un seguro de vida por $22,152.55. La póliza era pagadera a sus “representantes legales”. En los impresos de solicitud de seguro Oliver1 hacía constar que su parentesco con los beneficiarios era el de esposa e hijos.

La Sun Life Assurance Company of Canada, la asegura-dora, expidió un cheque a nombre de la esposa e hijos de Oliver, incluyendo a Miguelina. Este pleito fué instado por Catalina Oliver, quien sostiene que Miguelina Oliver no puede cobrar bajo la póliza, toda vez que ella renunció a la misma al repudiar la herencia; que la póliza es pagadera a los representantes legales y que Miguelina Oliver no es un representante legal.

El artículo 338 del Código de Comercio provee:

“Las cantidades que el asegurador debe entregar a la persona asegurada, en cumplimiento del contrato, serán propiedad de ésta aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquiera clase del que hubiere hecho el seguro a favor de aquélla. ’ ’

Este tribunal dijo, por voz del Juez Asociado Sr. Hutchison, en el caso de Schlüter v. Díaz, 41 D.P.R. 884, 886:

“En esta Isla, a la muerte de un asegurado, el producto de una póliza de seguro de vida pagadera a sus albaceas, administradores o representantes legales (a falta de cualquier cuestión de traspaso, cesión o de cualquiera otra expresión de intención específica) per-tenece, bien a sus herederos, o al cónyuge supérstite y los herederos, mas no a los albaceas, administradores o representantes legales del finado, ni a sus acreedores.”

Ya se lia resuelto que el contrato de seguro de vida no se rige por el Código Civil, sino por el Código de Coméreio. Cádiz v. Jiménez, 30 D.P.R. 34; Schlüter v. Díaz, supra; Espósito v. Guzmán, 45 D.P.R. 796. En este último caso se dijo (pág. 801):

“De todo cuanto hemos podido examinar en relación con el con-trato de seguro de vida, se deduce que fué regulado y se rige exclu-sivamente por el Código de Comercio, debiendo darse validez a sus cláusulas tales como constan en la póliza en que se extiende. Siempre existe en él un beneficiario y es el beneficiario el llamado a disfrutar exclusivamente de la cantidad por la cual aseguró su vida a su favor la persona que constituyó la póliza., sin detenerse a considerar el origen, del dinero con que se uagaron las primas.. ..

Con estos antecedentes, es enteramente claro que aunque la póliza era pagadera a los “representantes legales”, el pro-ducto de la póliza no era en manera alguna pagadero a la sucesión (estate) de Andrés Oliver. Al morir éste Migue-lina Oliver de Santoni se convirtió no sólo nominalmente sino en realidad, a nuestro juicio, permanentemente en beneficiaría suya bajo la póliza. El uso de las palabras “representantes legales” fué una mera descriptio personarum.. La única forma en que ella pudo haber perdido los derechos que había adquirido a la muerte de su finado padre hubiese sido si toda la póliza hubiera sido pagadera a la Sucesión Oliver y si se hubiera privado a todos los beneficiarios de su participación en beneficio de los acreedores y de otras personas.

Todas las partes en el caso sostienen que ninguna porción de la póliza es pagadera a los acreedores y eso es precisa-mente lo que dispone la ley. Por tanto, cuando Miguefina Oliver repudió su herencia, ella no renunció su derecho al beneficio de la póliza. Este le correspondía por ser ella una de las representantes legales descritas en la póliza. La inten-ción del asegurado fué que sus representantes legales perci-bieran el producto de la póliza, y, permítasenos repetir, que las palabras “representantes legales” fué la forma en que él designó Ms personas que habrían de recibir el beneficio de la póliza. Que ésa fue su intencióu queda además evi-denciado por el hecho de que en uno de los impresos de la póliza indicó que las personas que le sucederían serían su esposa e hijos.

Éste es un caso curioso toda vez que la aquí demandante i rato de obligar a la demandada a pagar su participación en corte para que ésta fuera distribuida entre los otros bene-ficiarios designados en la póliza. No importa que Miguelina Oliver de Santoni optara por repudiar el activo de la heren-cia.' Esta póliza no forma parte alguna del activo de la Sucesión.

Debe revocarse la sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo y declararse sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Jttez Asociado Señoe Wolf

license: Public Domain

text:
    Dionisio Feliciano, demandante y apelante, v. Rafael Rosado, demandado y apelado.
    Núm. 8200.

    Sometido: Junio 17, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      Carlos D. Vázquez, abogado del apelante;

      Justo Casablanca, abogado del apelado.
   El Jttez Asociado Señoe Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso de desahucio en precario fué iniciado ante la Corte de Distrito de San Juan. La demanda con-tiene las alegaciones corrientes sobre la propiedad de una casa detentada por el demandado. La primera vista fué celebrada el 13 de abril de 1940 y la segunda el 29 de abril.

En una excepción previa y en su contestación el deman-dado alegó que el demandante no tenía capacidad para deman-,dar. Sostiene que el demandante no es el único dueño de la finca en cuestión; que la referida finca fué vendida por Carmen Cartagena al demandante con pacto de retro. Las partes radicaron en la corte inferior una estipulación de hechos, así como copia de la escritura de compraventa. En mayo 2 de 1940 la corte de distrito dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. La opinión contiene las siguientes conclusiones de hecho:

Que según escritura otorgada el 16 de febrero de 1939, Carmen Cartagena, madre del demandado, vendió al deman-dante, Dionisio Feliciano, la finca en cuestión, reservándose el derecho de recobrar la misma dentro de un término de-cuatro años; que dicha venta se efectuó por la suma de $1,100, adeudada por el demandado, Rafael Rosado, a Dio-nisio Feliciano; que Feliciano había embargado el estable-cimiento de Rosado; que este último había estado en posesión de la casa por autorización concedídale por Carmen Carta-gena; y que él nunca había entregado la posesión a Feliciano ni había pagado canon o merced alguna.

La corte resolvió que de conformidad con el artículo 1410 del Código Civil el contrato debía considerarse como uno de hipoteca; y que en su consecuencia Feliciano no era el dueño, sino un acreedor hipotecario, y que como tal no tenía capa-cidad para demandar.

El demandante apela. El caso fné visto en apelación en 17 de junio.

Se señalan cinco errores, mas la cuestión principal a dirimir es si el contrato fué uno de compraventa o uno de hipoteca. La estipulación de hechos leía así:

“Comparecen el demandante y el demandado en este caso, por conducto de sus respectivos abogados de récord, y para que sirva como prueba de las alegaciones de la demanda y la contestación en-mendada, someten la estipulación de becbos que sigue:
“1. Que Rafael Rosado está en posesión material de la finca objeto del desahucio, sin que tenga ningún contrato con el deman-dante ni le pague canon o merced alguna.
“2. Que Rafael Rosado está en posesión material de la mencio-nada finca por autorización concedídale por doña Carmen Cartagena, quien en 16 de febrero de 1939, vendió dicha finca con pacto de retro al demandante teniendo un plazo de cuatro años a partir del otor-gamiento de dicha escritura, para pagar los $1,100 a que dicha escritura se refiere, y obtener entonces la retroventa de la misma por parte de Feliciano.
“3. Que hasta la fecha de esta estipulación de hechos, los $1,100 no han sido pagados por doña Carmen Cartagena ni por ninguna otra persona a su nombre, ni el Sr. Feliciano le ha otorgado escritura de retroventa.
“4. Que el Sr. Dionisio Feliciano nunca ha estado ni está al presente en posesión material de la casa objeto del desahucio, aunque la ha gestionado extrajudicialmente.
“Ésta es la estipulación de hechos que respetuosamente someten a este lion. Tribunal.”

El artículo 1410 del Código Civil (ed. 1930) dispone:

“Toda venta de propiedad inmueble con pacto de retroventa se presumirá que constituye un contrato de préstamo por el montante del precio, con garantía hipotecaria de la finca vendida, en cualquiera de los casos siguientes:
“Primero: Cuando el comprador no hubiere estado en posesión material de la cosa vendida.
“Segundo: Cuando el vendedor pague interés al comprador por el precio de la venta, aunque se denomine canon de arrendamiento o se le dé otro nombre cualquiera.
“Tercero: Cuando se hiciere figurar en el contrato, como precio de enajenación una cantidad enteramente inadecuada.”

No se ofreció prueba ni bubo alegación alguna respecto a intereses. Puede asumirse que no se pagaron intereses o que la suma de $1,100 era un precio razonable para la casa. Mas el artículo 1410 sólo exige una de tres condiciones. El mero becbo de que Feliciano nunca tomara posesión bas-taba para hacer surgir la presunción.

El apelante sostiene que en la estipulación las partes con-vinieron en que “doña Carmen Cartagena . . . vendió dicha linca con pacto de retro al demandante” y alega que esas palabras equivalen a una aceptación por parte del deman-dado de que el contrato fué en realidad uno de compraventa^ y que la escritura dice que el contrato fué una venta'. En nuestra opinión esas palabras meramente expresan que Carmen Cartagena otorgó la escritura en cuestión. Esas dos manifestaciones — contenidas en la estipulación y en la escri-tura — prueban fuera de toda duda que Carmen Cartagena en realidad vendió una casa a Dionisio Feliciano sujeta a cierta condición. La aseveración siguiente en el sentido de que él nunca ha tomado posesión de la casa crea una pre-sunción estatutaria a tenor del artículo 1410 del Código Civil.. Ni en la estipulación ni en la escritura aparece algo que-destruya esta presunción.

Se acepta que éste no fué un préstamo hecho por Feliciano a la persona que le vendió. Mas la deuda existente' entre Feliciano y Rosado (asumida por la madre de Rosado,, la cedente), estaba tan sujeta a ser garantizada por hipoteca como cualquier deuda nueva. De suerte, pues, que el punto* suscitado no puede destruir la presunción.

El apelante sostiene que la verdadera cuestión en contro-versia es si el dueño de una casa cuyo título está sujeto a la condición de retroventa puede demandar en desahucio. Si el contrato hubiera subsistido como uno de compraventa, la condición no impediría que se iniciara este recurso, toda vez que él sería el dueño, y el derecho de la otra parte era meramente potencia1. Pero como su contrato ha de ser con-siderado como uno de hipoteca, él no es un dueño y no tiene derecho a demandar en desahucio.

La otra cuestión planteada por el apelante es que Eosado no tenía derecho a atacar el contrato por no ser parte ■en el mismo.

Según la estipulación, la madre de Eosado le había cedido el uso de la propiedad algún tiempo antes de efectuarse la venta. Por lo menos él estaba interesado en la interpreta-ción que debía dársele al contrato.

Sea ello como fuere, si ninguna de estas cuestiones puede ser resuelta por la corte porque tal Vez Eosado no podía tener éxito propiamente en sus defensas, la demanda en todo .caso podría ser desestimada debido al conflicto y el deman-dante debe acogerse a un pleito ordinario.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Pablo Serrano, acusado y apelante.
    Núm. 8276.

    Sometido: Julio 15, 1910.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      E. Pérez Casalduc, abogado del apelante;

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ■ apelado.

      Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En la denuncia se imputaba un delito de acometimiento grave, cometido de la manera siguiente:

“ ... el mencionado acusado, Juan Pablo Serrano, allí y entonces, ilegal y maliciosamente y con la intención de causar al denunciante daño corporal a su persona, le acometió, alzando o levantando contra él un machete, que es un arma mortífera.”

El acusado fue convicto de una alteración de la paz.

El artículo 286 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. 1935) dispone;

“(Enmendado según la Ley Núm. 22 de 11 de marzo de 1913, pág. 65.) El jurado podrá declarar al acusado culpable de la comi-sión de cualquier delito necesariamente comprendido en el delito imputádole, o de tentativa de cometerlo.
“Bajo una acusación por el delito de mutilación, el jurado podrá declarar culpable al acusado de un delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes, o de acometimiento y agresión simple, siempre que se hubiere probado en el juicio que el agredido no ha quedado inutilizado en algún miembro importante de su cuerpo.”

Véase también 27 Am. Jur. 738, secciones 193,194 y Abbott Criminal Trial Practice, sección 454.

El artículo 368 del Código Penal (ed. 1937) lee así:

“Toda persona que maliciosa y voluntariamente perturbare la paz o tranquilidad de algún vecindario o individuo, con fuertes e inusitados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva, o amenazas, vitu-perios, riñas, desafíos o provocaciones, o que en las calles de alguna ciudad o pueblo, o en las vías públicas disparare algún arma de fuego, o hiciere uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estre-pitosa o inconveniente, incurrirá en misdemeanor y será castigada con multa máxima de doscientos dólares, o cárcel por un término máximo de noventa días o ambas penas, a discreción del tribunal.”

Una alteración de la paz no estaba “necesariamente com-prendida ’ ’ dentro del delito que se le imputó al acusado.

La sentencia apelada debe ser revocada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Jujez Asociado Señor Hutchison

text:
    María Figueroa Viuda de Fernández y Manuel, Margarita, Juan-Luis, Francisco, Rafael, José y Reinaldo Fernández Figueroa, demandantes y apelados, v. Antonia Alonso, Esteban Díaz y Carmen Sáez, demandados y apelantes.
    Núm. 7910.

    Sometido: Enero 18, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      E. Pérez Gasalduc, abogado de los apelantes;

      J. Ramírez Viñas, abo-gado de los apelados.
   El Jujez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El primer señahrmiento es que la corte de distrito come-tió error al tomar conocimiento judicial de una alegación contenida en la demanda del pleito radicado por Durlach Brothers, Tnc., contra los aquí demandantes, así como del lestimonio de un testigo en dicho caso.

En Aponte & Sobrino v. Sucn. Pérez, 48 D.P.R. 449, 451, este tribunal dijo:

“... El principio que prevalece generalmente es que la decisión de una causa debe depender de la evidencia producida. Si la corte tomase conocimiento judicial de ciertos hechos que pudieran ser objeto de prueba, entonces la parte contraria no tendría medios de rebatir esa evidencia, que sería definitiva para ella, cuando la verdad es que de ser producida estaría en condiciones de controvertirla y quizá, de rebatirla victoriosamente. Murphy v. Citizens’ Bank, 12 Ann. Cas. 537.”

Los hechos del presente caso no lo hacen caer dentro de ninguna de las bien reconocidas excepciones a la regla general.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al decidir que la demandada Antonia Alonso había aceptado tácitamente la herencia antes de otorgar la escritura de repudiación. Nos sentimos obligados a convenir con los apelantes en que la prueba fué insuficiente para sostener esta conclusión.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito erró al concluir que los pagarés no fueron actos de comercio y al resolver que no procedía la defensa especial de prescripción. Un examen de la prueba a la luz de las conclusiones a que se llegó en Bárcelo & Co., S. en C., v. Olmo, 48 D.P.R. 247, y en Banco de Puerto Rico v. Rodríguez, 53 D.P.R. 174, no demuestra que se cometiera error alguno.

No hallamos abuso de discreción en la concesión de $200 por concepto de honorarios de abogado en lo que a la deman-dada Carmen Sáez se refiere.

Debe revocarse la sentencia de la corte de distrito en cttanto a los demandados Antoma Alonso y Esteban Días se refiere y confirmarse en todos los demás respectos.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Arturo Torrellas Ramírez, demandante y apelado, v. Sucn. de Pablo F. Torrellas Ramírez et als., demandados y apelantes.
    Núm. 7942.

    Sometido: Febrero 14, 1940.

      Resuelto: Julio 26, 1940.

      F. González Fagundo, abogado de los apelantes;

      José Sabater, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Hutchison

emitió la opinión, del tribunal.

Al resolver una moción para desestimar el presente recurso por frívolo, este tribunal por voz de su Juez Asociado Sr. Wolf, 54 D.P.íi. 525, se expresó así:

“ .... La tendencia general de la demanda es, conforme la leemos, que se trataba de una tentativa de recobrar de cada uno de los demandados la suma que éste adeudaba individualmente, luego de deducir las ganancias y de agregar los intereses. En la demanda se especifica la cantidad debida por cada uno de los demandados.
“Los apelantes en este caso exeepcionaron la demanda por falta de jurisdicción, puesto que la suma a ser recobrada en cada caso era menos de la cuantía jurisdiccional necesaria para que una demanda pueda ser radicada ante una corte de distrito. Podemos agregar que al celebrarse originalmente el contrato entre las partes, todos ellos eran condueños de determinada hacienda; que se practicó una partición de terrenos entre dichos demandados, de suerte que cada uno de ellos, durante el litigio y antes, tenía el dominio de su parte.
“La corte inferior declaró sin lugar la excepción, manifestando que si bien la súplica de la demanda de ordinario no formaba parte de ésta, sin embargo, podía ser tomada en consideración en este caso, y que en la súplica se solicitaba se condenara a los demandados a pagar solidaria y mancomunadamente la suma de $615.28.
“Dudamos seriamente que la demanda demuestre otra cosa que no sea una responsabilidad separada de parte de cada uno de los demandados. Sea ello como fuere, los hechos relativos a si los de-' mandados responden colectiva o individualmente no son tan claros-para que no se oiga a éstos en apelación sobre los méritos de su excepción.”

El primer señalamiento es que la corte de distrito erró al declarar sin lugar una excepción previa de falta de juris-dicción por parte de dicha corte.

La deuda de ninguno de los demandados ascendía: a $500. La suma total adeudada por todos ellos importaba más de $500. Si las distintas causas de acción en cobro de las distintas cantidades envueltas se hubieran acumulado en una sola causa de acción contra un solo individuo en cobro de la suma total adeudada al demandante, la corte de distrito hubiera tenido jurisdicción. Véanse Schlüter v. Solano, 42 D.P.R. 157; Ramírez v. Muñoz et al., 33 D.P.R. 362, y Perea v. Castro, 25 D.P.R. 110. El ratio decidendi en estos casos, a nuestro juicio, resuelve la cuestión suscitada por el primer señalamiento. Sea ello como fuere, el alegato de los apelantes ha dejado de convencernos de que la corte de distrito errara al declarar sin lugar la cuestión.

El segundo señalamiento tiene más mérito. Es al efecto de que la corte de distrito erró por haber infringido los artículos 1090 y 1091 del Código Civil (edición de 1930). Esos artículos leen así:

“Artículo 1090.- — La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación, no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria.
“Artículo 1091. — Si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se pre-sumirán divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos unos de otros.”

No hallamos evidencia satisfactoria de una obligación ■mancomunada y solidaria.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito erró al conceder costas y honorarios de abogado. A nuestro juicio no debieron concederse estos últimos.

La sentencia de la corte de distrito debe ser modificada d.e conformidad, y así modificada confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Ernesto y Rosa Franquis Piñero, representados por su madre con patria potestad Ana Piñero, demandantes y apelantes, v. Jesús González García, demandado y apelado. Los Mismos, demandantes y apelados, v. El Mismo, demandado y apelante.
    Núms. 8081 y 8086.

    Sometidos: Mayo 7, 1940.

      Resueltos: Julio 26, 1940.

      Francisco González Fagundo, abogado de los demandantes, apelantes y apelados;

      José C. Rivera, abogado ' del demandado, apelado y apelante.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda interpuesta en este caso se alega:

"1. Que por escritura número 146 de 17 de noviembre de 1930 ante el notario Fulgencio Piñero Rodríguez, Jesús González García y su esposa Cristina Martínez reconocieron haber recibido en calidad de préstamo de don Francisco Franquis la suma de quinientos dó-lares que se comprometieron a devolver el día 30 de junio de 1931, con interés al 12 por ciento anual.
“2. Que llegado el día 30 de junio de 1931, el demandado no ha satisfecho el capital de quinientos dólares ni los intereses ascen-dentes a treinta y siete dólares cincuenta centavos.
“3. Que en la escritura referida en el hecho primero de esta alegación se pactó que en caso de reclamación judicial los deudores se obligaban a satisfacer $200 para costas y honorarios de abogado.
"4. Que don Francisco Franquis falleció en el año 1936 y en las operaciones particionales de los bienes quedados a su falleci-miento se adjudicó a los demandantes el crédito hipotecario a que se refieren las alegaciones precedentes.
“Por lo que suplican de la corte dicte sentencia contra el deman-dado condenándole a satisfacer $500 de capital, $37.50 de intereses y $200 fijados para costas y honorarios de abogado.”

El demandado excepcionó la demanda, alegando exclusi-vamente que la misma no aducía hechos suficientes para deter-minar una causa de acción. La corte declaró sin lugar la excepción y el demandado contestó, y como materia nueva alegó que el demandado tenía un contrato de refacción con el causante de los demandantes y que por virtud del mismo el demandado en efecto entregó a dicho causante varios quintales de tabaco en rama en cantidad suficiente para cubrir el capital del préstamo, ascendente a $500; que sólo adeu-daba la suma de $36.50, y solicitaba de la corte declarara sin lugar la demanda, excepto en cuanto se refería a los $36.50 que el demandado aún adeudaba a los demandantes. El demandado solicitaba otros pronunciamientos que es innece-sario discutir.

El caso fué a juicio, la corte inferior emitió una opinión en que discutía y apreciaba la prueba y finalmente dictó sen-teneia al efecto de cine el demandado no adeudaba a los demandantes parte alguna de los $500, pero que sí les debía la suma-de $36.50, además de $200 para costas y honorarios de abogado.

Ambas partes apelaron. Discutimos primeramente la apelación de los demandantes. Los errores señalados se dirigen todos a la inadmisibilidad de la prueba por referirse a manifestaciones hechas por el causante de los demandantes, quien había muerto.

Los hechos del caso aparecen de la opinión emitida por la corte inferior, a saber:

“La cuestión principal a resolver, a juicio del tribunal según se desprende de la prueba de los demandantes y del demandado, es si fué celebrado entre el demandado y Francisco Franquis un contrato refaccionario para siembra de tabaco correspondiente a la cosecha del año 1930-1931, y si el préstamo hipotecario a que se refiere la demanda fué otorgado única y exclusivamente como garantía cola-teral de dicho contrato. Con respecto a la celebración del contrato no hay duda alguna, según se desprende de la certificación librada por el Registrador de la Propiedad de Caguas. Este contrato se celebró el día 17 de noviembre del año 1930. En igual fecha aparece otorgada lá escritura número 146, ante el notario Fulgencio Piñeiro Rodríguez, en la cual Jesús González García y su esposa Cristina Martínez reconocieron haber recibido en calidad de préstamo de don Francisco Franquis la suma de $500. Esta identidad de fechas en el otorgamiento, tanto del contrato refaccionario como del préstamo, llevan a este tribunal a la conclusión de que en este caso el préstamo hipotecario fué otorgado única y exclusivamente como garantía cola-teral del contrato refaccionario. Es .indudable que celebrado el con-trato refaccionario, Jesús González, o sea el demandado, procediese a la siembra y cultivo de las 6 cuerdas de tabaco a que se contraía el mismo. La producción normal de una cuerda de tabaco en la zona de Juncos, Caguas, Gurabo o San Lorenzo es de 5 a 6 quintales,. e indudablemente los 28.25 quintales a que se refiere el demandado fueron entregados por éste a Francisco Franquis. Blas Mangual, testigo del demandado, y que fué empleado de Francisco Franquis, testificó en el sentido de que condujo el tabaco de la casa de Jesús González a los almacenes de Franquis en Juncos. Indudablemente también, al llegar al mes de junio, se procedió a la liquidación del contrato refaccionario. Por regia general estos contratos se garan-tizan con hipoteca, además de la obligación principal. Nada bay en la prueba que revele el hecho de que el crédito reclamado procediese de una transacción distinta a la alegada por el demandado. Los demandantes pudieron haber ofrecido prueba a este tribunal a los fines de demostrar que la liquidación no se efectuó en la forma y manera que alega el demandado. Nada hay tampoco que revele que Jesús González continuó sembrando tabaco para Francisco Franquis, circunstancia que hubiera llevado al tribunal a la conclusión de que liquidada la cosecha de 1930-1931, las partes hubiesen estipulado en cualquier forma la prolongación del crédito hipotecario. Si este-crédito hipotecario tuviera fecha posterior a la entrega del tabaco y posterior a la fecha en que el contrato de refacción se celebró, indudablemente que el tribunal estaría en condiciones de considerar esta situación a los fines de juzgar si era una obligación indepen-diente y no colateral al contrato refaccionario. Todas las circuns-tancias inducen al juzgador a resolver que ello no es así. Tomando en consideración todas estas circunstancias, opina la corte que el demandado no debe a los demandantes la cantidad de $500 y sí la suma de $36.50 con intereses al 12 por ciento desde el mes de marzo de 1931 hasta la completa solvencia de la misma, con más $200 para costas y honorarios de abogado.”

Los demandantes, sin embargo, se quejan en los siguien-tes señalamientos de error de que se admitiera la evidencia:

“1. La corte cometió error por haber permitido que el testigo Jesús González García declarara en cuanto al negocio que tuvo con don Francisco Franquis.
“2. La corte cometió error al negar la eliminación de la declara-ción del testigo Marcos Torres.
”3. La corte cometió error al permitir que el testigo Blas Mangual declarara sobre manifestaciones hechas por el finado señor Franquis.
”4. La corte cometió error-ni apreciar la prueba por no haber aplicado el artículo 1201 del Código Civil, edición de 1930.”

En gran parte los apelantes descansan en el caso-de Wilcox v. Axtmayer, 23 D.P.R. 343. Ese caso ha sido distinguido en el de Freyre v. Sevillano, 28 D.P.R. 396, y quizá en otros. Mas la mejor forma de contestar las objeciones es transcribiendo la prueba ofrecida por el demandado, tal como se relaciona en el pliego de excepciones y exposición del caso:

“Se ofreció como prueba una certificación expedida por el Regis-trador de la Propiedad de Caguas, creditiva de que el día 17 de noviembre de 1930 fué otorgada por Jesús González García a favor de Francisco Franquis una escritura de refacción para la siembra de tabaco durante el cosecho de 1930 al 1931.
“La parte demandante se opuso a la admisión del documento por ser inmaterial e impertinente y la corte lo admitió tomando una excepción la demandante.
“Se llamó como testigo a Jesús González García y a preguntas de su abogado declaró que se llama como queda dicho, que conoció a don Francisco Franquis y que en noviembre de 1930 tuvo con él un negocio de sembrar seis cuerdas de tabaco.
“Entonces el abogado del demandante se opuso a que siguiera declarando en cuanto al negocio que tuvo con don Francisco Franquis por ser éste un pleito con los herederos de dicho señor, y de acuerdo con la jurisprudencia en el caso de Wilcox v. Axtmayer él tiene los labios sellados para declarar en cuanto a ese particular.
“La corte permitió que declarara respecto a lo que él hubiera hecho.
“Continuó declarando que en el año 1930 sembró seis cuerdas de tabaco en dos fincas de tres cuerdas cada una: que se hizo el contrato de refacción entre él y don Francisco Franquis y que además le hipotecó las dos fincas de seis cuerdas: que eso era un solo ne-gocio: que sembró el tabaco, lo recogió y se lo entregó a Blas Mangual, que era el que conducía el tabaco a Francisco Franquis y de quien era empleado. Que Blas Mangual llevó el tabaco al almacén de don Francisco Franquis y lo entregó: que entregó veinte y ocho quintales con veinte y cinco libras: que le liquidó el tabaco a diez y ocho dólares: que la entrega se hizo en el mes de marzo del año 1931.
“Repreguntado por la parte demandante declaró que él vino donde Franquis y le dejó el tabaco como liquidado a $18: que no le dieron ningún papel ni recibo: que quien cogió el tabaco daba una nota y que esa nota se le perdió cuando la tormenta de ‘San Felipe’.
“Al preguntársele si don Francisco Franquis le entregó la nota esa contestó que él la mandó a buscar un día y no le entregó la nota. Que estuvo en la oficina del abogado, que le dijo que si dejaba la cuenta en doscientos cincuenta dólares y él se marchó y no le con-testó. Que no recuerda si después de presentado este pleito estuvo en la oficina del abogado y vuelto a preguntar declaró que estuvo un día. Que el declarante no le dijo nada al abogado.
“A preguntas del juez declaró que firmó un contrato de refacción con don Francisco Franquis, que el dinero lo tomaba semanalmente para pagar peones el sábado: que le daba más o menos veinte, veinticinco, treinta o cuarenta dólares: que Franquis no le daba para gastos de familia: que no recuerda las semanas que duró la refacción, pero que la siembra y cosecho de tabaco duró desde octubre hasta marzo. Que recibió quinientos dólares. Que cuando se hizo la liquidación quedó a deber treinta y seis y pico de dólares más los intereses.
“Que el tabaco producía $508.50 y los intereses eran treinta y seis dólares y centavos.
“Llamado el testigo Marcos Torres después de prestar juramento, fué examinado por el abogado del demandado y declaró que se llama Marcos Torres, conocía a Francisco Franquis y a Jesús González García: que en el año 1930 era empleado de la casa de Franquis y lo que sabe de esto era que un día pasaba por en casa de Jesús González García y le dijo ‘que si yo podía darle refacción’ y yo le dije que yo no tenía, que iría a ver si don Francisco Franquis le daba la refacción — y entonces ‘fui donde él’ y le dijo que le daba la refacción siempre que Jesús González García le diera una hipo-teca por las seis cuerdas de terreno: que además le dijo, que además de darle la garantía del tabaco necesitaba una hipoteca por las seis cuerdas de terreno. Que el declarante se lo dijo a Francisco Franquis y él fué allá por la tarde.
‘ ‘ Que no sabe ante qué notario se hicieron los contratos: que él vino después y le dijo que había hecho un negocio con Jesús González.
“Se pidió la eliminación por ser referencias de un muerto. La corte declaró sin lugar la eliminación y se anotó una excepción.
“Llamado el testigo Blas Mangual después de prestar juramento, declaró que conocía a don Francisco Franquis, que era un comer-ciante de tabaco; primero de provisiones y luego de tabaco. Que vivía en Juncos: que conoció personalmente y conoce a don Jesús González García: que en el año 1930 para noviembre trabajaba industrialmente: que vivía en el pueblo y tenía un carrito para repartir provisiones, materiales, tabaco y esas cosas: que conducía tabaco de varios, pero tenía la conducción de don Francisco Franquis y de todos los refaccionados y compradores que él tenía por allá. Que el tabaco de don Jesús González García lo conducía del barrio Bincón al almacén de don Francisco Franquis y que éste le autorizó para qne lo recogiera: qne el tabaco estaba en veintidós bultos y que contenía veintiocho quintales y una arroba y que estaba presente don Francisco Franquis cuando se despachó.
"Entonces el abogado del demandado hizo la siguiente pregunta:
" '¿Hizo alguna manifestación el señor Franquis?’
"Se opuso el abogado del demandante y la corte permitió 'la pregunta, tomando excepción la parte demandante.
"Para el día ese le dieron un recibo del tabaco: que el recibo se lo dió un empleado de don Francisco Franquis llamado Pedro Cal-derón: que don Francisco Franquis le dijo que si don Jesús Gon-zález García había mandado todo el tabaco, que si no le quedaba ninguno que arreglar que fuera él a arreglarlo por allá, que se lo pagaría a $18 y que con eso saldaría la cuenta, y que si quedaba a deber algo sería muy poco. Que eso se lo dijo al señor Jesús Gon-zález García y éste le dijo que se lo dejara allá porque era de él: que el tabaco se entregó en el mes de marzo.
"Preguntado por el abogado del demandante qué hizo con los recibos, declaró que no eran recibos, que eran notas de conduce que se las daban a ellos la casa y se les daba la cuenta para que les pagaran el transporte.
"Que trajo el tabaco en un troeito' (camioneta) a fines de marzo y preguntado si sabe si se liquidó a un precio determinado contestó que él mandó a ofrecer a $18: que no era empleado de Francisco Franquis ni de Jesús González García: que era conductor del tabaco de don Francisco Franquis: que fué al campo en seguida a decirle eso a don Jesús González García porque diariamente estaba caminando por allí, y le dijo que si no tenía más ninguno, que si quería liquidarlo que fuera y no sabe si cerraron la operación porque él le dijo que lo había dejado para otro día.
"A preguntas del demandado contestó que eso se lo dijo Jesús González García y que quien le pagó la conducción del tabaco fué don Francisco Franquis y que no sabe a cómo se vendía.”

El apelado indica que la doctrina del caso de Wilcox, según la cual no se permite reproducir las manifestaciones de un finado, es aplicable solamente a aquellos casos en que no exista prueba documental para sostener la relación con el finado. Es aparente que bubo bastante prueba que no fué objetada y que alguna fué admitida sin objeción y más tarde se solicitó su exclusión mediante moción para eliminar.

Independientemente de la prueba objetada, la corte tuvo suficiente evidencia ante sí para llegar a la conclusión de que el demandado en realidad babía celebrado un contrato refaccionario con el finado. Este contrato es una de las cues-tiones principales del caso. Es difícil imaginarse que el deudor otorgara dos contratos el mismo día, a menos que uno estuviera relacionado con el otro. Conforme la corte resolvió, el de hipoteca era un contrato colateral.

En su consecuencia, creemos que la admisión de la prueba, aun si ésta era objetable, fué un error no perjudicial a los demandantes.

El recurso interpuesto por los demandantes debe ser desestimado.

Consideremos ahora el recurso núm. 8086 interpuesto por el demandado contra la sentencia que le condenó a pagar a los demandantes la suma de $36.50 con intereses al 12 por ciento anual desde marzo de 1931 hasta la completa solvencia de la misma, con más $200 para el pago de costas y honorarios de abogado.

Admite el demandado apelante que él adeuda a los deman-dantes $36.50, como balance resultante a favor del causante de los demandantes al hacerse la liquidación del contrato de refacción entre él y el Sr. Franquis; pero señala como error de la corte inferior el haberle condenado al pago de hono-rarios de abogado, no obstante haber resuelto que el deman-dado no era deudor a los demandantes de la suma principal que éstos trataron de cobrarle indebidamente.

Tiene razón el demandado apelante. Si los demandantes hubiesen reclamado al demandado la suma en realidad pen-diente de pago bajo el contrato de refacción, o sea $36.50, probablemente el demandado la hubiese pagado sin necesidad de que se le demandase. Trataron los demandantes de cobrar lo que no se les adeudaba, por haber sido satisfecha la suma principal a su causante, y obligaron con ello al demandado a defenderse y a incurrir en los gastos y costas de un pleito.

En su contestación a la demanda el demandado apelante terminó diciendo:

“El demandado de esta Hon. Corte suplica que se sirva dictar sentencia declarando sin lugar la demanda en todas sus partes excepto en cuanto se refiere al pago de la suma de $36.50 que quedó a deber el demandado al Sr. Franquis en marzo de 1931, al liquidarse el contrato de préstamo refaccionario;. ...”

Habiendo propuesto y consentido el demandado apelante que se dictara sentencia en contra suya por la suma de $36.50, y no habiendo los demandantes obtenido una sentencia más favorable, o sea por una suma mayor que la ofrecida como transacción por el demandado, éste no puede ser con-denado en costas. Véase: artículo 313 del Código de Enjui-ciamiento Civil. Erró, pues, la corte sentenciadora al conde-narle al pago de costas y honorarios.

Por las razones expuestas, debe modificarse la sentencia recurrida en el sentido de dejar sin efecto la obligación quéx se impone al demandado apelante de pagar a los demandantes la suma de $200 para costas y honorarios, y así modificada se confirma en cuanto a sus otros pronunciamientos.

El Juez- Asociado Sr. Wolf está conforme con la desesti-mación del recurso por el fundamento de no haberse radicado-el debido récord en el caso 8081. En el caso 8086, por igual fundamento, opina que debe desestimarse el recurso del de-mandado y confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Armour & Company, demandante y apelada, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7868.

    Sometido: Diciembre 21, 1939.

      Resuelto: Octubre 24, 1940.

      Ilon. Procurador General George A. Malcolm (Ex-procurador General B. Fernández García y E. Córdova Díaz, Ex-subprocurador General Auxiliar, en el alegato) y Jesús A. González, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante;

      Rafael Buscaglia, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El Tesorero de Puerto Rico fué demandado en nn pleito de injunction para impedir el cobro de ciertas contribuciones de deficiencia que se alegaba habían sido ilegal y arbitraria-mente impuestas. Apela de una resolución adversa.

Procediendo en la teoría de que el sistema de contabilidad usado por el contribuyente no “reflejaba claramente su ingreso,” el Tesorero basó su actuación en el inciso (b) de la sección 14 de la Ley núm. 74, aprobada el 6 de agosto de 1925 (leyes de ese año, pág. 401). Este inciso lee así:

“ (b) El ingreso neto será computado sobre la base del período anual de contabilidad del contribuyente (año económico o año natural, según sea el caso) de acuerdo con el sistema de contabilidad usado regularmente por el contribuyente en sus libros; pero" si él no llevare libros de contabilidad, o si el sistema usado no refleja claramente su ingreso, la computación será hecha de acuerdo con el sistema que en opinión del Tesorero refleje claramente el ingreso. Si el período anual de contabilidad del contribuyente es otro ym; el de año económico según se define en la sección 8, o si el contri-buyente no siguiera un periodo anual de contal lili ciad o no llevare libros, el ingreso neto será computado a base del año natural.”

La peticionaria es una corporación del estado de Nueva Jersey, que hace negocios en Puerto Rico y tiene oficinas en Chicago y San Juan. Armour & Co., una -corporación de Illinois que tiene su sitio principal de negocios en Chicago, es la corporación matriz y dueña de todas las acciones de la corporación de Nueva Jersey. Existe bastante confusión e incertidumbre no sólo en las ’ declaraciones de los testigos sino también en una estipulación de hechos. Esta última, por ejemplo, contiene la siguiente aseveración:

Según los libros de contabilidad de la casa Armour & Co. en su sucursal de San Juan, Puerto Rico, “la casa principal de Chicago” envía mercancías a Puerto Rico, entre otras, jamón, jabón, embu-tidos, manteca, tocino, etc., y factura dichas mercancías a precio de mercado en San Juan, sobre el cual le abona y paga a la sucursal de San Juan un por ciento que varía desde el iy2 por ciento al 10 por ciento. El precio a que se facturan los productos “por Chicago a Puerto Rico” incluye los costos del seguro y el flete hasta la en-trega de los productos sobre el muelle en San Juan. Estos gastos son pagados “por la casa principal en Chicago. ” Los libros de con-tabilidad de la casa “Armour & Co.” en Puerto Rico están llevados correctamente y reflejan todas las operaciones que -se efectúan en Puerto Rico. Estos libros no reflejan, en cuanto a los diversos pro-ductos que ellos venden en Puerto Rico, el costo original para “Armour & Co., Illinois” que opera los establecimientos empacadores que producen estos productos. La sucursal de Puerto Rico vende en la isla al precio que pueda obtener en el mercado de Puerto Rico y estos precios de venta pueden determinarse por sus libros de contabilidad. Las “cantidades” que en los años respectivos reclama Armour & Co. como costo de la mercancía que vende en Puerto Rico “es” el precio a que la “casa principal” factura éstas a su “sucursal de Puerto Rico” menos el por ciento que aquélla le concede. El Tesorero de Puerto Rico fijó el ingreso neto tributable en un dos por ciento sobre las ventas totales en Puerto Rico e impuso las con-tribuciones que se alegan en la demanda y, no conforme, “Armour! & Co.” recurrió en alzada para ante la Junta de Revisión e Igua-fl ¡amiento, la cual redujo el ingreso neto tribntable a un 1% por ciento sobre las ventas totales en lugar del 2 por ciento fijado por el Tesorero. Estando pendiente de imponerse la contribución por el Tesorero a base de la resolución de la Junta de Revisión e Igua-lamiento, “Armour & Co.” recurrió con estos procedimientos y por orden de esta corte quedó en suspenso la imposición y cobro de dicha contribución.

La peticionaria alegó que era una entidad dedicada al comercio y venta de productos alimenticios. El demandado admitió esto. En su consecuencia si las alegaciones admiti-das de la demanda han de ser tomadas como ciertas, la demandante y la corporación matriz se dedicaban al mismo negocio. El significado de este becbo, de ser un becbo, en tanto en cuanto se relaciona, con la cuestión de entidades separadas, es obvio.

Fuera de esta sutil aseveración contenida en la estipula-ción de becbos supra, la evidencia arroja muy poca o ninguna luz sobre el supuesto “contrato” existente entre la deman-dante y la corporación matriz. El juez de distrito resolvió que “la casa principal de Chicago envía mercancías a Puerto Rico, entre otras, jamón, jabón, embutidos, manteca, tocino, etc., y factura dichas mercancías a precio de mercado en San Juan, sobre el cual le abona y paga a la sucursal de San Juan un por ciento que varía desde el 1% por ciento al 10 por ciento, de acuerdo con el producto facturado.” Esta conclusión, desde luego, sigue el contexto de la estipulación de becbos y es igualmente vaga y poco satisfactoria. Al igual que la estipulación, nos deja a oscuras respecto a si la corporación principal vendía sus productos a la corpora-ción de Nueva Jersey o si traficaba directamente con la sucur-sal de San Juan de dicha corporación como agente principal y como sucursal de sus propios negocios.

El gerente de la sucursal de San Juan declaró que siem-pre había utilidades y que sólo ocurrían pérdidas cuando los gastos del negocio excedían de las comisiones. “Si hay bene-ficios”, dijo él, “los mandamos a Chicago.” Preguntado si la casa principal cle Chicago trataba a sn sucursal de Puerto Rico como si fuera una simple casa comisionista, contestó, “como a un branch”. Preguntado si “ ‘Armour & Co. en Chicago’, la casa principal, y ‘Armour & Co. en San Juan’ son la misma entidad”, contestó “sí, señor.”

La evidencia no demuestra si los directores de las dos corporaciones son los mismos. Asumiendo que la corpora-ción de Nueva Jersey compra a la corporación matriz de Illinois, surge entonces la cuestión de si el contrato existente entre las dos corporaciones puede ser ignorado por resultar injusto para con la subsidiaria. Ésta es en gran parte una cuestión de hecho y, conforme hemos demostrado, los autos están incompletos. La teoría del Tesorero era y es que a virtud de este contrato los libros de la subsidiaria no refle-jaban claramente el ingreso neto derivado por la subsidiaria de su negocio en Puerto Rico. Su proceder al acudir al método alternativo para la computación de ese ingreso, tai cual se le autoriza por el inciso (b) de la sección 14 de la ley, supra, era presuntivamente correcto, y a la demandante incumbía, a nuestro juicio, demostrar que el contrato era razonable y equitativo y que sus condiciones eran más o menos iguales a las que podían ser fijadas por entidades inde-pendientes que negociaran entre sí con toda libertad. La cuestión discutida ampliamente en los alegatos en torno a si el carácter corporativo de la subsidiaria puede ser igno-rado, es cuestión que no es menester determinar por ahora. La cuestión en controversia es más bien si el Tesorero podía o no ignorar el contrato existente entre las dos corporacio-nes, que limitaba las utilidades a ser percibidas por la sub-sidiaria de sus negocios en Puerto Rico. No hemos hallado caso alguno que resuelva esta cuestión bajo un estatuto idén-tico al nuestro.

En Buick Motor Co. v. Milwaukee, 48 F. (2d) 801, la Corte de Circuito ele Apelaciones para el Séptimo Circuito —al discutir una situación similar que surgió bajo disposi-ciones estatutarias algo similares — dijo:

“Pero se insiste en que debe dársele efecto a la relación contractual existente entre las corporaciones, y en que debe resolverse que los $2,500 de ganancia neta estipulados para el apelante constituye el ingreso máximo tributable de éste para cada uno de los años en cuestión. Si el contrato, en lo que a las partes contratantes entre sí se refiere, es de su faz fraudulento, ello es cuestión que no con-cierne al Estado en lo que a la imposición de contribuciones sobre los ingresos obtenidos de los negocios efectuados dentro de sus límites se relaciona. No importa qué otro fin tal contrato pudiera tener, parece inevitable la conclusión de que uno de sus objetivos fué trans-ferir los ingresos que se obtuvieran del negocio en tales estados que para aquella época tenían, o que más tarde pudieran aprobar, una ley ele contribuciones sobre ingresos, a fin de que los ingresos no fueran tributables en el estado donde se percibían. Este motivo por sí solo no justificaría que el estado hiciera caso omiso del contrato, mas si el apelante, a pesar de la existencia del contrato, continuaba percibiendo ingresos sobre los negocios efectuados dentro del estado, el contrato no podría destruir el derecho del estado a imponer contribuciones sobre los ingresos así devengados.
“La venta del producto era un departamento altamente esencial en el negocio de la General Motors, ligeramente menos esencial que la parte fabril del mismo, y esa compañía tenía derecho a que se le acreditara una parte substancial de las ganancias obtenidas en el negocio general. Al entregar a la General Motors las remesas de las ventas efectuadas por el apelante en la sucursal de Wisconsin, las ganancias que el apelante obtenía en el negocio de Wisconsin pa-saban a la única dueña ele las acciones del apelante — General Motors. Mientras el apelante efectuaba este inmenso negocio bajo un arreglo hecho con la General Motors, según el cual los beneficios pasaban inmediatamente a la General Motors, tales beneficios constituían un ingreso tributable en Wisconsin antes de que pasaran al único dueño de las acciones. La distribución de las ganancias corporativas a o entre los accionistas, en la forma en que se hagan 110 exime a la corporación del pago de contribuciones sobre las sumas así obtenidas y distribuidas. Cliffs Chemical Co. v. Wis. Tax Comm., 193 Wis. 295, 214 N. W. 447, 449; Shaffer v. Carter, 252 U. S. 37, 40 S. Ct. 221, 64 L. Ed. 445; Houston, etc., Co. v. United States (C.C.A.) 250 F. 1; Rensselaer & S. R. Co. v. Irvin (C.C.A.) 249 F. 726; West End St. Ry. Co. v. Malley (C.C.A.) 246 F. 625; Judson Freight Forwarding v. Commonwealth, 242 Mass. 47, 136 N. E. 375, 27 A.L.R. 1131.”

Véanse también Palmolive Co. v. Conway, 43 F. (2d) 226, confirmado en 56 F. (2d) 83 (certiorari denegado en 287 U. S. 601), Cliffs Chemical Co. v. Wisconsin Tax Commission, 214 N. W. 447 (certiorari denegado en 277 U. S. 574), People ex rel Studebdker Corporation of America v. Gilchrist, 155 N.E. 68 (Corte de Apelaciones de Nueva York 1926).

En el caso de Studebaker, la Corte de Apelaciones de Nueva York en nna luminosa opinión de la mayoría emitida por voz del Juez Cardozo, resolvió que el proceder adop- • tado por1 nna comisión de contribuciones no estaba autorizado por el estatuto de Nueva York. El Juez Crane emitió una interesante opinion disidente. El caso no sirve de autori-dad para el criterio de que el proceder adoptado por el Teso-rero de Puerto Rico no estaba autorizado por el inciso (b) de la sección 14 de nuestro estatuto., supra.

No debe entenderse que resolvemos que el Tesorero estuvo plenamente justificado al no considerar el contrato existente entre la corporación de Nueva Jersey y su matriz de Illinois como demasiado generoso en favor de esta última o como que transfería a ésta utilidades derivadas por la subsidiaria de su negocio en Puerto Rico, y a decidir que como resultado de tal contrato los libros de la subsidiaria no reflejaban clara-mente su ingreso neto. Tampoco es necesario que resolva-mos aflora que el método alternativo adoptado por el Tesorero claramente reflejaba el ingreso, o que era el único método alternativo disponible, o que era tan razonable y justo que resistiría con éxito la prueba de un pleito sobre devolu-ción de contribuciones pagadas bajo protesta. Bastará decir que la demandante lia dejado de demostrar que el proceder del Tesorero fué arbitrario o sin color de autoridad o que la demandante no tiene un remedio adecuado en el curso ordinario de los procedimientos, o sufriría graves e irre-parables daños a menos que se le concediera el remedio de injunction. Véanse Los Diablos de la Plaza v. Sancho Bonet, 54 D.P.R. 658; Benítez Rexach v. Sancho Bonet, 54 D.P.R. 751, y Barceló Marques & Co. v. Sancho Bonet, 55 D.P.R. 284.

Sin embargo, la apelada insiste en que el demandado había renunciado a la cuestión jurisdiccional y que ésta fué suscitada demasiado tarde al terminar la prueba de la demandante.

En 32 C. J. 365, sección 612, citado pon la apelada a este respecto, bailamos lo siguiente (bastardillas nuestras):

!íLa cuestión de lo adecuado del remedio en derecho debe plan-tearse mediante excepción previa, o por lo menos suscitarse especial-mente en la contestación, y no puede plantearse por primera vez du-rante el juicio.”

En 4 Bancroft’s Code Practice and Remedies 4488, sec-ción 3442, bailamos el siguiente párrafo:

“Renuncia de defensa. — Cuando la parte demandada contesta sobre los méritos y solicita un remedio en equidad, ella no puede más tarde impugnar la jurisdicción de la corte para conceder un injunction fundada en que el demandante tiene un remedio adecuado y completo en derecho. Mas cuando en la demanda se alegan los hechos necesarios para conferir jurisdicción y esos hechos son ne-gados en la contestación, la cuestión se convierte en una de hecho y no es renunciada al contestarse sobre los méritos, y si la falta de jurisdicción aparece durante el juicio, el pleito debe ser desestimado.”

La contestación del demandado al negar y al contener ale-gaciones afirmativas y defensas especiales elaboradas, cum-plió plenamente con estos requisitos.

La orden concediendo el injunction pendente lite y la sentencia final apeladas deben ser revocadas y la demandé declarada sin lugar.


author: El Juez Asociado Señoe, Hutchison

text:
    Pedro, Celestino, Tomás, Lucas, Felícita y Juana, todos de apellido Verdejo, demandantes, apelantes y apelados, v. Bernardo Lecumberri, hoy su Sucesión, etc., demandada, apelada y apelante.
    Núm. 7924.

      Sometido: Febrero 1, 1940.
    Resuelto: Octubre 24, 1940.

      Carlos T>. Vázquez y Virgilio Brunet, abogados de los apelantes y apelados;

      Damián Monserrat, Jr., abogado de la apelada y ape-lante.
   El Juez Asociado Señoe, Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Ambas partes apelan de una sentencia por la suma de $500 dictada en pleito de daños y perjuicios. Nos referire-mos a ellas como demandantes y demandados.

Los demandantes sostienen que la corte de distrito come-tió error:

Al no conceder daños punitivos.
Al fijar los daños en la suma de $500.
Al no conceder honorarios de abogado.
Al rebajar de $50 y $15 respectivamente a la suma de $2 en cada caso las dos partidas contenidas en el memorándum de costas para el pago de los honorarios de dos peritos.

En apoyo de su negativa a conceder daños punitivos el juez de distrito citó de 17 C. J. 989, párrafo 289, al efecto de que:

“Como los daños punitivos se conceden a manera de castigo al transgresor y no en forma de compensación, éstos no pueden sub-sistir una vez muerta la persona culpable.”

El presente recurso fue iniciado contra Bernardo Lecum-berri, quien murió luego de haberse radicado su contestación, pero antes del juicio. Los demandantes se conforman con citar de la monografía 47 al texto citado por el juez de dis-trito lo siguiente:

“1. La responsabilidad de la viuda y de los herederos de un finado con motivo de una transgresión cometida por éste, no cubre los daños punitivos a menos que se iniciara el pleito antes de la muerte del finado. Edwards v. Ricks, 30 La. Ann. 926.”
“2. Aunque a tenor del párrafo 2525 del Código una causa de acción por daños y perjuicios subsiste después de la muerte de la persona que los produjo, sin embargo, tocia vez que la ley civil nunca impone castigo vicario, no se pueden conceder otros que no sean daños compensatorios en contra de los representantes de esa persona. Sheik v. Hobson, 64 Iowa 146, 19 N. W. 875.”
”3. No es posible obtener daños punitivos contra los herederos de un finado por incumplimiento de promesa matrimonial. Johnson v. Levy, 122 La. 118, 47 S. 422, 16 Ann. Cas. 978.”

Se presume que la sentencia de la corte de distrito es correcta.

Sin hacer por ahora una investigación independiente de la cuestión, no estamos dispuestos a alterar el resultado.

La prueba de daños y perjuicios fué floja y no hallamos que se cometiera error en la fijación de los mismos.

Tampoco hallamos abuso de discreción al dejar el juez de distrito de incluir honorarios de abogado al conceder las costas.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil tal cual fué enmendado en 1937 (Ley núm. 94 de 1937, Leyes de ese año, pág. 239) incluye “$2 por cada testigo y por cada día de asistencia a la corte, más millaje para ida y vuelta a su residencia.” No se hace excepción alguna en favor de peritos. Si debe hacerse o no tal excepción es cuestión que incumbe al poder legislativo.

Los demandados sostienen que la corte de distrito cometió error:

Al no declarar con lugar la excepción previa de falta de causa de acción, presentada al terminarse la vista del caso.
Al dictar sentencia declarando con lugar la demanda.
Al condenarles al pago de la suma de $500 más las costas.

La excepción fue una dirigida a la prueba, es decir, una moción de nonsuit. El juez de distrito se reservó su decisión y luego de haber los demandados ofrecido su prueba dictó sentencia en favor de los demandantes. La médula del argu-mento es que no hubo prueba de daños. Ya hemos dicho que la prueba era floja. El juez de distrito admitió esto. Hemos leído la transcripción de la evidencia. A nuestro juicio hubo lo suficiente para sostener la sentencia.

Los señalamientos segundo y tercero tal cual han sido presentados en el alegato de los demandados son corolarios del primero.

La sentencia apelada dehe ser confirmada.


author: El Juez Asociad-o Señor Hutchison

text:
    Las Monjas Racing Corporation, por su Presidente Germanico S. Belaval, demandante y apelada, v. Comisión Hípica Insular, et als., demandados y apelantes.
    Núm. 7726

    Sometido: Junio 18, 1940.

      Resuelto: Octubre 24, 1940.

      Diego O. Marrero, abogado de los apelantes;

      Leopoldo Felm, abogado de la apelada.
   El Juez Asociad-o Señor Hutchison

-emitió la opinión del tribunal.

Las Monjas Racing- Corporation inició esta demanda para prohibir a los demandados qne pusieran en vigor cierto acuerdo, que prohibieran a la demandante la venta de ciertos boletos o interviniera en la venta de los mismos. Los deman-dados apelan de una sentencia adversa.

El primer señalamiento es que la corte de distrito erró al no declarar con lugar una moción para que se desestimara la demanda, toda vez que los demandados habían aprobado otro acuerdo derogando el primero.

Conforme indica la demandante al oponerse a esta moción, los demandados no admitieron su carencia de autoridad o facultad para tomar el acuerdo original. En su consecuen-cia, la derogación de ese acuerdo no garantizó que los deman-dados no alegarían nuevamente en cualquier época futura su supuesto derecho a prohibir la venta de los boletos o a intervenir en la disposición de los mismos.

Los apelantes se fundan en: 32 C. J. 75, 76, sección 61; Hallenborg v. Cobre Grande Copper Co., 74 P. 1052; 32 C. J. 576, sección 63; Continental Securities Co. v. Interborough R. T. Co., 207 F. 467; Alsager v. Peterson, 141 N. W. 391, Ann. Cases 1915D 1253; People v. Grand Rapids & W. Plankroad Co., 34. N. W. 250; Kerr et al. v. Riddle et al., 31 S. W. 328; Reyes v. Las Monjas Racing Corporation, 40 D.P.R. 910, y Lewis Publishing Co. v. Wyman, 228 U. S. 610.

. Los hechos en algunos de estos casos los hacen caer den-tro de la regla general enunciada en 28 Am. Jur. 201, sección 8, a saber:

“Con frecuencia sucede que, mientras está pendiente un recurso de injunction, ocurren ciertos cambios en las condiciones que dan lugar al litigio, presentándose entonces la cuestión de si el pleito debe continuar o fracasar a base de los hechos existentes al momento de iniciarse el mismo, en forma tal que excluya toda consideración de cambios posteriores o el abandono de los actos imputados. Hablando en términos generales, es el estado de cosas existente al momento del pleito, más bien que el existente al tiempo de iniciársele, lo que es per-tinente y lo que sirve de base al remedio solicitado. La corte no sólo está autorizada, sino que ello también es su deber, para deter-minar no meramente si el demandante tiene derecho a un injunction al momento de iniciarse el litigio, sino igualmente para determinar si los hechos existentes al momento de Ja vista justifican tal remedio, y ella puede negarse a expedir un injunction cuando después de ini-ciado el litigio las condiciones han cambiado en tal forma que el injunction, de ser concedido, resulte fútil e ineficaz.”

Sin embargo, conforme se indica en el mismo texto:

“Esto no significa que la corte debe denegar el injunction soli-citado en todo caso en que ha habido un cambio fundamental en las condiciones o un abandono de los actos imputados en la solicitud, puesto que todavía pueden existir circunstancias que, aun existiendo tal situación, justifiquen la expedición del injunction como cuestión de sana discreción judicial.”

Véanse también: Roberts v. City of Louisville, 17 S. W. 216; Sawyer v. Botti, 27 L.R.A. (N.S.) 1007; United States v. Workingmen’s Amalgamated Council of New Orleans et al., 54 F. 994; Majenica Telephone Co. v. Rogers, 43 Ind. App. 306; Goshen Mfg. Co. v. Hubert A. Myers Mfg. Co. et al., 242 U. S. 202.

El presente caso, a nuestro juicio, cae dentro de la excep-ción a la regla gen'eral, y no hallamos abuso de discreción.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que bajo las disposiciones del artículo 261 del Reglamento de la Comisión Hípica Insular ésta no podía adoptar el acuerdo de que se quejó la deman-dante, por el mero hecho de que la evidencia no demostrara cuál había sido la costumbre respecto al referido acuerdo.

Las únicas autoridades citadas en apoyo de esta conten-ción son: Artículo 5 de la “Ley Hípica de Puerto Rico” (Núm. 11 de 1932, pág. 195), según fué enmendada por la Ley núm. 17, aprobada el 15 de julio de 1935 (Sesión Extra-ordinaria. de ese año, pág. 93); Huffman v. State Roads Commission, 137 A. 358, 365, citado en 59 C. J. 112, sección 118, nota 62 (6); State Racing Commission v. Latonia Agricultural Asso., 25 L.R.A. (N.S.) 905, 913, y Douglas Park Jockey Club v. Talbott, 191 S. W. 474.

Al decidir el caso, el juez de distrito dijo que los deman-dados habían admitido que nada había en la ley ni en los reglamentos para resolver el caso, pero se amparó en lo preceptuado en el artículo 261 del Reglamento, que dispone que cualquier caso no previsto deberá determinarse por la costumbre o uso en los hipódromos en general. Continuó diciendo que la jurisprudencia citada por los demandados no era aplicable. Como la costumbre o uso, siguió diciendo el juez, no ha sido objeto de evidencia en este caso, hay que resolverlo adversamente a las pretensiones de los demanda-dos. Así pues, parecería que el error, de haberse cometido, fué incitado por los propios demandados. Sea ello como fuere, su alegato deja de convencernos de que la corte de distrito cometiera el error imputádole en el segundo seña-lamiento.

El tercer señalamiento es que la corte inferior cometió error al declarar con lugar la demanda de injunction, cuando en la misma no se alegan hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Se arguye que el artículo 21 de la Ley 21 de 1925 (leyes de ese año, pág. i 47) expresamente autoriza la suspensión de cualquier orden o resolución de la Comisión Hípica Insular que viole derechos constitucionales o estatutarios, mas este precepto fué eliminado de las leyes de 1927 y 1932. La con-clusión es que la demandante debe alegar y probar daños irreparables.

La peticionaria alegó :

Que ele subsistir el mencionado acuerdo y tener que cumplir el mismo la demandante, la venta de dichos boletos quedaría suspen-dida indefinidamente; se desmoralizaría el negocio de la deman-dante, en cuanto a la venta de tales boletos se refiere; se le privaría de una suma considerable de dinero, que tendría derecho a percibir de dicho fondo, por ministerio de la ley, que no era posible deter-minar ni fijar, ni aun aproximadamente, en esa fecha, ni en fecha alguna, hasta tanto no se hubiera sorteado y adjudicado dicho subscription fund; se exponía a la demandante al descrédito de su dicho negocio, careciendo ella en este caso de todo remedio en el curso or-dinario de la ley.

La médula del testimonio incontrovertido de la peticio-naria es la siguiente:

Ya se habían distribuido para la venta todos los boletos del subscription fund. Gran parte de los mismos había sido vendida. También se había ya registrado en la corporación un número de cerca de $2,000 de esos boletos cuando vino la orden de suspensión de la Comisión. Muchos de los boletos que estaban en manos de los ven-dedores ya se habían vendido pero su importe no había sido ingre-sado en la corporación porque no los habían traído a registrar toda-vía. Los que se presentaron .no pudieron ser registrados porque la Comisión había tomado nota de los números registrados y había pro-hibido que se registraran otros o que se efectuaran nuevas ventas y recibos. Como consecuencia del acuerdo, la corporación solamente registró alrededor de 2,000 boletos. En subscription ■funds anteriores se registraban más de 45,000 boletos. La diferencia representada por boletos no registrados nunca pudo volver a ingresar en la corpora-ción porque ya esos boletos no servían. Estaban perdidos. De ha-berse permitido la venta, la corporación (que tenía un tanto por ciento en el importe del subscription fund) hubiera participado eu un total de 25,000 o más boletos. El dinero de las personas que habían comprado boletos, estuvieran registrados o no, estaba atado. El público esperaba que este dinero le fuera devuelto. La deman-dante había recibido infinidad de cartas solicitando su devolución. La peticionaria no podía devolverlo porque el dinero estaba en el banco y no podía sacarse de allí a no ser con las firmas del presi-dente de la Comisión Hípica y del presidente de la corporación. El resultado fué que, al celebrarse otro subscription fund, si antes ven-dían 45,000 o 50,000 boletos, entonces solamente venderían la mitad, porque al público no le gusta y no está dispuesto a jugar a un juego que se presta a esas cosas.
Hacía unos quince días que los boletos estaban a la venta. Las personas que los vendían recibían el dinero. Luego acudían a registrar los boletos y una vez registrados pagaban por ellos; pero el adquirente le pagaba al vendedor mucho antes de registrarse los boletos. Los vendedores habían vendido miles de esos boletos, mas no se sabía donde estaba ese dinero. La peticionaria continuamente recibía cartas reclámándole el dinero de los boletos que no habían sido registrados. Todo ese dinero estaría en la corporación y los boletos debidamente registrados, pero la demandante tuvo que ne-garse a registrarlos cuando los vendedores así lo solicitaron. La de-mandante les manifestó que la Comisión había suspendido la venta de boletos, había hecho una lista de los ya registrados y prohibido que se registraran otros.

No podemos convenir con los apelantes en que la corte de distrito cometiera el error imputádole en el tercer señala-miento.

No hallamos abuso de discreción en la concesión de cos-tas, incluyendo honorarios de ahogado.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: Ul Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    The Volunteer State Life Insurance Co., demandante y apelada, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7956.

    Sometido: Junio 4, 1940.

      Resuelto: Octubre 24, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm (Ex-Procurador General B. Fernández García en el alegato), Emilio de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar y A. García Rodríguez, abogado éste de la Oficina del Superintendente de Seguros, abogadps del apelante; Jaime Sifre, Jr. y Gonzalo Sifre, abogados de la apelada.
   Ul Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

The Volunteer State Life Insurance Company es una cor-poración de Tennessee. Tiene sus oficinas en Chattanooga. Hué autorizada para hacer negocios en Puerto Rico en abril 30 de 1936. Designó un agente general en esta Isla. Por medio de dicho agente procuró y obtuvo contratos de seguros de vida de un número de residentes. Dió por terminado el contrato de agencia y se retiró voluntariamente de Puerto Rico el 31 de octubre de 1936. A partir de dicha fecha no lia celebrado nuevos contratos de seguro en la Isla. Per-manecieron en vigor pólizas de seguro ascendentes a $1,831,680. Desde el 31 de octubre de 1936 la compañía no ha ejercido franquicia alguna en Puerto Rico a pesar de haber sido autorizada por el Superintendente de Seguros de Puerto Rico el día 1 de julio de 1936 por un término que expiró en junio 30 de 1937. Desde sus oficinas en Chattanooga ha continuado cobrando por correo las primas de los contratos celebrados con los residentes de Puerto Rico con anterioridad al 31 de octubre de 1936. No ha tenido agente cu Puerto Rico desde esta última fecha.

1D1 20 de febrero de 1937 ’■a demandante rindió informe al Superintendente de Segures de Puerto Rico contentivo de las primas cobradas durante los meses de julio, agosto, sep-tiembre y octubre del año 1936 y pagó en contribuciones el V/z por ciento sobre dichas primas, de conformidad con la sección 59 de la Ley de Seguros de Puerto Rico. Hizo saber al Superintendente de Seguros que desde octubre 1 (sic) de 1936 ella no venía obligada al pago de las referidas contri-buciones ni a rendir informes de las primas que cobraría con posterioridad a ese aviso. El _ Superintendente de Seguros-requirió a la demandante en distintas ocasiones, con poste-rioridad, que rindiera información y pagara la contribución relativa a las primas cargadas después del 31 de octubre de 1936.

La cuestión a determinar es si la compañía es responsable de esas contribuciones a tenor del artículo 59, supra(Leyes de 1921, pág. 523), que lee en parte como sigue:

“Todo negocio de seguro de vida, hecho en Puerto Eico, y el' seguro de vida de toda persona residente en esta Isla, hecho fuera del país, por compañías extranjeras autorizadas para hacer esos segurosen Puerto Rico, pagará, por contribución de franquicia, un uno y medio por ciento (1%%) sobre la cantidad de la prima bruta cargada-por el seguro.”

La corte de distrito resolvió que la compañía no tenía íal responsabilidad y ordenó la devolución de las contribu-ciones pagadas bajo protesta, con costas.

El apelante se funda en los siguientes casos: Mutual Life Ins. Co. v. Spratley, 172 U. S. 602; Commercial Mutual Accident Co. v. Davis, 213 U. S. 245; Hagler v. Security Mutual Life Ins. Co., 244 F. 863; Mutual Reserve, etc. v. Phelps, 190 U. S. 147; State v. Ackerman, 51 Ohio St. 163 citado en John Hancock Mutual Life Ins. Co. v. Warren, 181 U. S. 73, 74 y 75; y 1 Joyce on Insurance (2da. ed.), sección 328 (a).

En Mutual Life Ins. Co. v. Spratley, supra, la Corte-Suprema de los Estados Unidos dijo:

“. . . A nuestro juicio, no puede decirse con visos de certeza que una compañía de seguros no hace negocios dentro del Estado a menos-que tenga agentes en el mismo que continuamente solicitan nuevos-riesgos y continúe expidiendo nuevas pólizas para cubrir los mis-mos. Habiendo tenido éxito en obtener los riesgos dentro del Estado durante un número de años, no puede decirse que ella cesa de hacer negocios allí al dejar de obtener o de solicitar nuevos riesgos o de expedir nuevas pólizas, mientras que al mismo tiempo sus antiguas pólizas continúan en vigor y las primas son continuamente pagadas por los asegurados a un agente que reside en otro Estado y que en una época fué el agente en el Estado en que residían los asegurados.”

En Provident Sav. Life Assur. Society v. Kentucky 239 U. S. 103, 113, la misma corte, por voz del Juez Presidente señor Hughes, dijo:

”... Existe, sin embargo, una dificultad manifiesta al resolverse que la mera continuación de la obligación de las pólizas equivalía a la transacción de un negocio local sobre el cual podía imponerse una ■contribución de privilegio. Como contribución de privilegio ella des-cansa en la asunción de que lo que se hace depende del consentimiento •del Estado. Has la continuación de los contratos de seguro ya sus-critos por la compañía no dependía del consentimiento del Estado. Es verdad que podrían realizarse ciertos actos dentro del Estado en relación con dichas pólizas, como, por ejemplo, el sostener una ofi-cina o agentes aunque no se solicitaran u otorgaran nuevas pólizas, cosa que podría considerarse como equivalente a la continuación de un negocio local. En tal caso sería la realización material del ne-gocio lo que daría derecho a que se exigiera la contribución, y no la mera- existencia de la obligación bajo las pólizas anteriormente ex-pedidas. Estas pólizas son contratos ya otorgados; el Estado no puede destruirlos ni hacer que su mera continuación, independiente-mente de los actos que se realicen dentro de sus límites, equivalga a un privilegio a ser concedido o impedido. Ni la continuación de la obligación en sí ni los actos realizados en cualquier otro sitio como consecuencia de la misma pueden considerarse que están dentro del dominio del Estado. (Citas)”

Parece haber quedado bastante bien establecido que los mismos actos pueden equivaler' a efectuar negocios dentro del Estado para un ñn y no para otro. Véase 2 Cooley Taxation (cuarta edición), pág. 1838,'selcción 920. Al considerar la cuestión de responsabilidad por una “contribución de fran-quicia”, las cortes no parecen estar dispuestas a ir tan lejos como lo- han ido al tratar de la cuestión relativa “a si una corporación extranjera hace negocios dentro del Estado en tal forma que se adquiera jurisdicción sobre ella en un pleito iniciado en su contra.” Véase 9 Fletcher Cyc. Corp. 10,299, sección 6021, y casos supra. Sea ello como fu'ere, no nos es posible distinguir el presente caso del de Provident Sav. Life Ass. Society v. Kentucky, supra. La disposición esta-tutaria allí envu'elta leía así :

“4226. Informes y Contribuciones. — Toda compañía de seguros, excepción hecha de las compañías de seguros de vida fraternales, no organizada bajo las leyes de este Estado, pero que haga negocios dentro del mismo, radicará el primero de enero de cada año, o dentro de los treinta días subsiguientes, en la oficina del Contador Público, para ser depositada en el Departamento de Seguros, una declaración jurada sobre todas las primas recibidas, conforme consten de la faz de la póliza original expedida, y de las primas recibidas correspon-dientes a los años sucesivos, ya fuere en efectivo, o en alguna otra forma, dentro o fuera del Estado, por negocios realizados dentro del Estado durante el año que finaliza el 31 de diciembre; y no se harán deducciones por dividendos o desde que se radicaron los últimos in-formes, sobre ninguna clase de recibos de prima, incluyendo primas sencillas, primas por anualidades y primas recibidas por renovación o reinstalación de las pólizas, primas anuales y periódicas, dividendos abonados a las primas y toda otra clase de pagos de primas recibidos durante el año precedente sobre todas aquellas pólizas que hayan sido expedidas sobre las vidas de personas residentes en este Estado o fuera de este Estado por concepto de negocios hechos dentro del Estado; e igualmente pagará al tesoro del Estado una contribución de dos dólares por cada cien dólares de primas así determinadas. Toda compañía de seguros no organizada bajo las leyes de este Es-tado, pero que haga negocios dentro del mismo a base de lo que se conoce con el nombre de plan industrial de seguro, mediante el cual se cobran primas semanales, rendirá igualmente al Auditor Público que será depositado en el Departamento de Seguros, una declara-ción jurada de todas las primas recibidas por seguro otorgado exclu-sivamente sobre el plan industrial; e igualmente pagará al tesoro del Estado una contribución de dos dólares por cada cien dólares de las primas así fijadas. Cualquier compañía mencionada en este artículo que realice negocios de seguro sobre un plan distinto al industrial, rendirá informes y pagará al tesoro del Estado las contribuciones que correspondan según cada inforate.”

La contribución impuesta de conformidad con los términos del artículo 59 de nuestra ley, supra, es una “contribución de franquicia”. El artículo 2 de dicha ley también es sig-nificativo. Provee:

“El sostenimiento de un agente especial en Puerto Rico con ob-jeto de investigar y transigir alguna pérdida en algún contrato de seguros hecho legalmente en esta Isla o con el fin de liquidar el activo y pasivo de una compañía, resultante de los negocios, mientras estuvo registrada en el país, no se considerará como hacer negocios en Puerto Rico.” (Leyes de 1921, pág. 527.)

Véase también el artículo 149.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Seños HutchisoN

text:
    Juan García Cintrón, demandante y apelado, v. Municipio de Humacao, demandado y apelante.
    Núm. 7471.

    Sometido: Febrero 7, 1940.

      Resuelto: Octubre 24, 1940.

      Burset_ & Pérez Pimentel, abogados del apelante;

      Arturo Aponte y B. Garcia Cintrón, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seños HutchisoN

emitió la opinión clel tribunal.

La corte de distrito declaró inconstitucional una enmienda ai artículo 553 del Código Penal y una ordenanza municipal aprobada bajo la autoridad de ese artículo, tal cual fué enmendado.

Con anterioridad a la enmienda en cuestión (Código Penal, edición de 1937) el artículo, tal cual fué enmendado en 1917 (Leyes de ese año, vol. II, pág. 273), disponía:

“Artículo 553. — Los domingos durante todo el día; los días de fiestas legales desde las 12 A. M., excepto el Labor Day, o sea el primer lunes del mes de septiembre, y el día 4 de julio, que perma-necerán cerrados todo el día; todos los sábados desde las 9 P. M.; todos los días laborables desde las 6 P. M., y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año desde las 10 P. M., permanecerán cerrados al público y una bora después de cerrados no se permitirá ninguna clase de trabajo para los empleados, en los establecimientos comerciales e industriales, con excepción de los designados a con-tinuación :
“I. — Las bibliotecas, fábricas de azúcar y alcohol, tahonas de café, farmacias, solamente en cuanto al despacho de recetas y medi-cinas al detall.
“II.' — Los mercados públicos, imprentas, garages y panaderías; Disponiéndose, que ningún establecimiento abierto en los mercados públicos para la venta de provisiones y mercancías estará exento del cumplimiento de esta ley.”

Según fué enmendado en 1925 (Leyes de ese año, pág. 137) y conforme regía al iniciarse el pleito, el artículo lee así:

“Artículo 553. — Los domingos, durante todo el día; excepto cuando fueren domingos los días 24 de diciembre, y primero y o de enero; el primer lunes de septiembre (Labor Day), y el día 4 de julio; los días de fiesta legal desde las 12 a. m.; todos los sábados desde las 9 p. m.; todos los días laborables desde las 6 p. m., y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año, desde las 10 p. m., permanecerán cerrados al público; y una hora después de cerrados, no se permitirá ninguna clase de trabajo para los empleados en los establecimientos comerciales e industriales, con excepción de los de-signados a continuación:
“8.' — Los establecimientos de farmacias, el cierre de los cuales será regulado por ordenanzas de las asambleas municipales; Disponién-dose, que en ningún caso podrán los municipios ordenar el cierre de los establecimientos de farmacias dentro de las boras de las 7 a. m. y las 6 p. m., durante los días laborables.”

El párrafo octavo del artículo 34 de nuestra Carta Orgá-nica provee:

“No se aprobará ningún proyecto de Ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no, baya sido expresada en el título.”

La ley de 1925 tenía por título: “Ley para enmendar el artículo 553 del Códig’o Penal, y para otros times.”

D’esde 1917 al 1925 las farmacias fueron incluidas excepto en lo que se refería “al despacho de recetas y .medicinas al detall.”

Por la enmienda se excluyó a las farmacias pero se otorgó a los municipios un poder limitado de reglamentación. La teoría de la corte de distrito fué que el fin legislativo de conferir tal autoridad a los municipios m> estuvo claramente expresado en el título de la ley. Éste, desde luego, quizá pudo ser más específico. La delegación de autoridad legis-lativa, sin embargo, fué tan sólo parte de los asuntos, según indica su título. Por lo menos no era “tan extraña al título” que sea inconstitucional. Véanse: Pueblo v. P. R. Telephone Co., 40 D.P.R. 566; 25 R.C.L. 530, sec. 116; Nota al caso de Lewis v. Dunne, en 55 L.R.A. 833, 842; Carter County v. Sinton, 120 U. S. 517, 522; Blair v. Chicago, 201 U. S. 400, 451; Posados v. Warner, B. & Co., 279 U. S. 340, 344; 25 R.C.L. 505, see. 88 y siguientes; Gallardo v. P.R. Ry. Light d Power Co., 18 F. (2d) 918; Vidal v. Fernández, 104 F. (2d) 606; y Cooley Constitutional Limitations (sexta ed.) 172.

La ordenanza requería que todas las farmacias dentro del Municipio de Humacao permanecieran abiertas en determinados días festivos desde las 7 a.m. basta las 12 y todos los demás días desde las 7 a.m. basta las 6 p.m. Autorizaba la venta de medicinas 'en casos de emergencia después de las 11 de la noche. Disponía que durante todos los días festivos no numerados en su primera sección, todas las farmacias permanecerían cerradas desde la 1 de la tarde basta las 7 a.m. del día siguiente. La víspera de Navidad y de Año Nuevo, y los sábados que cayeran en días festivos, se les permitía permanecer abiertas basta las 11 p.m. Se autorizó al Alcalde para convocar a todos los dueños de farmacias con el fin de establecer un tumo semanal, para que cada una de dichas farmacias que así lo deseare pudiera permanecer abierta sin límites de los días y horas exceptuados, a condición de que se obligara a despachar toda la noche. Previa aprobación del Alcalde, tales tumos eran transferibles.

La corte de distrito también resolvió: que la Asamblea Legislativa excedió los límites de su poder de policía; que la ordenanza era irrazonable por ser perjudicial al público y a los clientes del demandante; a los derechos del demandante y a los derechos de otros farmacéuticos dentro del municipio; y que la ordenanza privaba al demandante de la igual pro-tección de las leyes, era discriminatoria y contraria al artículo 2 de la Carta Orgánica y a la Enmienda XIV de la Cons-titución Federal.

La ordenanza permite once horas de trabajo por día durante cinco días por semana, dieciséis horas los sábados y cinco horas los domingos, o sea un total de 76 horas por semana. En Bosley v. McLaughlin, 236 U. S. 385, 392, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por voz del Juez Presidente Hughes, se expresó así:

“Se desprende que un estatuto de California limita las boras de trabajo de los farmacéuticos a diez horas por día y a sesenta horas por semana (Estatutos de California, 1905, pág. 28). En vista de la naturaleza de su trabajo y de la importancia inmensa que para el público tiene que el mismo no sea efectuado por personas que sufran de cansancio mental y físico, no hay duda alguna de la fa-cultad que tiene el poder legislativo de limitar razonablemente las boras de trabajo de esa profesión. . . La mera cuestión de si en tales casos existe una emergencia práctica, es decir, de si tal requi-sito es necesario, debe ser una a determinarse por el poder legisla-tivo y no por el judicial.”

Véanse también: In re Twing, 188 Cal. 261 y M. Taboada £ Cía. v. Rivera Marlines., 51 D.P.R. 253.

Empero, la ordenanza que está ante nos trata de las horas del cierre y no de las horas de trabajo. Esta diferencia fué reconocida en el caso de Patton v. Bellingham, 38 P. (2d) 364, 367, en el que la Corte Suprema de 'Washington dijo:

“Los querellados sostienen que es necesario limitar las horas de trabajo de un barbero a fin de impedir el cansancio con los consi-guientes riesgos y molestias para el público en general. Debe notarse que la ordenanza por sus propios términos no limita en absoluto las horas de trabajo, sino que meramente trata de limitar el tiempo durante el cual un establecimiento puede permanecer abierto. Si la barbería permanece abierta 20 horas al día, con dos turnos de 10 horas cada uno, o 24 horas al día con tres turnos de 8 horas o con 4 turnos de seis horas cada uno, entonces no se violaría reglamento alguno relacionado con las horas de trabajo.”

En el caso de Pueblo v. García & García, 22 D.P.R. 817, este tribunal resolvió que el artículo 553, tal cual entonces regía, era un estatuto válido, toda vez que dejaba a discre-ción de los empleados trabajar 19 horas al día.

De la opinión disidente emitida por el Juez Asociado Sr. Holmes, en el caso de Lochner v. New York, 198 U. S. 45, copiamos lo siguiente:

“Este caso se resuelve a base de una teoría económica no sus-tentada por gran parle de la Nación. Si se tratara de la cuestión de si estoy de acuerdo con esa teoría, me gustaría continuar estudián-dola ulteriormente y por mucho tiempo antes de llegar a una con-clusión. Mas no concibo que ése sea mi deber, porque firmemente creo que mi concurrencia o disentimiento nada tiene que ver con el derecho de la mayoría a emitir sus opiniones. Ya ha sido resuelto por varias decisiones de este Tribunal que las constituciones y leyes estatales pueden reglamentar la vida del ciudadano en muchas for-mas distintas, que nosotros como legisladores tal vez consideraríamos poco juiciosas o si se desea como tiránicas y que igualmente menos-caban la libertad de los contratos. Las leyes contrarias al trabajo dominical y las de usura son antiguos ejemplos. Un ejemplo más moderno es la prohibición de las loterías. La libertad del ciudadano a hacer cuanto le plazca siempre qué no intervenga con el derecho de los demás a hacer lo mismo, cosa que ha sido un santo y seña (shibboleth) para algunos autores bien conocidos, es menoscabada por las leyes escolares, por las postales y por toda institución estatal y municipal que exija dinero para cualquier fin que crea prudente; ora le guste' o no al ciudadano. La Enmienda XIV no éstablece las estáticas sociales del Sr. Herbert Spencer. En días pasados sostu-vimos la ley de vacunas de Massachusetts. Jacobson v. Massachusetts, 197 U. S. 11. Los estatutos y decisiones de los Estados Unidos y estatales que menoscaban la libertad de los contratos en forma de combinaciones son conocidos por esta Corte. Northern Securities Co. v. United States, 193 U. S. 197. Hace dos años sostuvimos el pre-cepto de la Constitución de California que prohibía la venta de ac-ciones al margen o para entrega futura. Otis v. Parker, 187 U. S. 606. La decisión que sostiene la ley de ocho horas para los mineros es aún reciente. Holden v. Hardy, 169 U. S. 366. Algunas de esas leyes encarnan criterios o prejuicios que es posible los jueces sustenten. Algunos tal vez no. Pero el objeto no es que una constitución en-carne determinada teoría política, ya sea por paternalismo y por la relación orgánica del ciudadano para con el estado, o como cuestión de ladssez faire. Toda constitución es adoptada para aplicarse a per-sonas de criterios fundamentalmente distintos, y la coincidencia de que hallemos que ciertas opiniones resultan naturales y conocidas o noveles o aun chocantes, no debe ser decisivo en el criterio que for-memos sobre la cuestión relativa a si estatutos que la contienen están en conflicto con la Constitución de los Estados Unidos.
“Las proposiciones generales no resuelven casos concretos. La decisión dependerá de un criterio o de una intuición más sutil que cualquier premisa mayor articulada. Mas a mi juicio la proposición que acabo de enunciar, de ser aceptada, nos conduciría muy cerca del final. Toda opinión emitida tiende a convertirse en ley. Creo que el significado de la palabra 'libertad’ tal cual ésta aparece en la Enmienda XIY, es tergiversado al sostenerse que ella impide el resultado natural de una opinión dominante, a menos que pueda de-cirse que un hombre razonable y prudente necesariamente admitiría que el estatuto en cuestión infringiría principios fundamentales tal cual éstos han sido interpretados por las tradiciones de nuestro pueblo y por nuestra ley. No es menester hacer una investigación para demostrar que no puede censurarse tan severamente el estatuto que está ante nos. Un hombre razonable quizá podría creer que es una medida sabia para proteger la salud. Hombres que en verdad no podría yo calificar de irrazonables la aprobarían como el primer paso de una reglamentación general de las horas de trabajo. Si en este último aspecto estaría sujeto a que se dijera que no mide a todos eon la misma vara, es cuestión que creo innecesario discutir.”

La opinión de la mayoría, en que se funda el apelado, no es hoy la ley. Véase Bosley v. McLaughlin, supra.

En 3 McQuillin sobre Corporaciones Municipales, pág. 398, hallamos lo siguiente:

“Sección 1062.— . . . Las ordenanzas que prescriben las horas en que se abrirán y cerrarán determinadas clases de negocios, apro-badas de buena fe y que son razonables, no discriminatorias (por contener una clasificación natural y lógica) están de acuerdo con la ley y con la política pública del estado, y que emanan de una dele-gación suficiente de poderes, son válidas y constitucionales y pueden ponerse en vigor.”

En el caso de Soon Hing v. Crowley, 113 U. S. 703, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo (bastardillas nues-tras) :

“No tiene peso alguno la objeción de que se hace un discrimen injustificado contra las personas que se dedican al negocio de lavan-derías (laundry), porque a otras personas que se dedican a otras clases de negocios no se les exija que dejen de trabajar durante las mismas horas de la noche. Tal vez en los negocios de otras per-sonas no haya riesgos de clase alguna; por- lo menos ni con mucho como en aquéllos en que el fuego es necesario para su operación. Las reglamentaciones específicas para una clase de negocios, -que pueden ser necesarias para la protección del público, nunca pueden servir de base a quejas fundamentales, por no imponerse restricciones similares a otros negocios de distinta índole. Las discriminaciones que están sujetas a censuras son aquéllas en que personas qu,e se dedican al mismo negocio •están sujetas a distintas restricciones, o se les conceden distintos privilegios bajo idénticas condiciones.”

En el caso de El Pueblo v. Coto, 24 D.P.R. 381, 383, hallamos lo siguiente:

“. . . Las condiciones de vida,-la índole de los negocios, la clase de industrias no son las mismas en todas las municipalidades que integran el territorio de Puerto Rico. De abí el motivo de conferir ciertos poderes a los gobiernos locales para prescribir medidas de orden público de acuerdo con las necesidades de cada pueblo o ciudad. ’ ’

En el de El Pueblo v. García & García, snpra, este tribunal dijo:

“. . . El estatuto según ha sido enmendado prescribe que estarán cerrados los establecimientos durante todo el día del domingo y desde-las 6 p. m., en todos los días laborables; en otras palabras, no es el propósito directo del estatuto la limitación de las horas de trabajo, sino el regular los períodos de descanso o suspensión del trabajo du-rante toda la semana.”

Prácticamente la única diferencia existente entre el caso de El Pueblo v. García & García y el presente, es que en el primero se trataba de una tienda de provisiones mientras' que aquí se trata de una farmacia.

Si las condiciones existentes justifican o no el ejercicio del poder de policía es principalmente una cuestión para el poder legislativo y la sentencia de la corte de distrito no debió haber sustituido el criterio de la Asamblea Municipal en el presente caso, a menos que la ordenanza en cuestión fuera- claramente arbitraria y por ende aprobada sin justifi-cación o excusa. A nuestro juicio no es ése el caso.

La sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin. lugar la demanda.