author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Torres, Peticionario y Apelado, v. Capestani, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en procedimiento de mandamus.

    No. 2566.
    Resuelto en junio 9, 1922.

      Mandamus — Causa de Acción. — Aduce hechos suficientes una petición de mandamus dirigida contra el funcionario municipal encargado de la venta de fluido eléctrico perteneciente al. municipio, cuando de ella aparece que el peticionario ha cumplido con todos los requisitos que son exigidos por el municipio a los consumidores y no resulta de ella que existe motivo para que no se le suministre al peticionario.

      Mandamus contra Funcionarios Municipales — Partes Interesadas. — El re-curso de mandamus, atendido el artículo 65 de la Ley Municipal, es proce-dente para que un consumidor pueda obtener el suministro de fluido eléc-trico que sin razón legal le niega el funcionario municipal encargado de la venta del mismo; y cuando el peticionario ha firmado el contrato como tal consumidor él es la verdadera parte interesada aunque no sea dueño del edificio al cual deba suministrarse el fluido eléctrico.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. Domínguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. M. A. Martínez.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Angel Torres presentó el 13 de julio de 1921 en la Corte de Distrito de Guayama una petición de mandamus contra Rogelio Capestani, Comisionado de Obras Publicas Municipal de dicho municipio, alegando sustancialmente que es dueño de una empresa cinematográfica que funciona en el teatro “Bernardini” de dicha ciudad; que el demandado es el Comisionado de Obras Públicas de Griayama y como tal y de acuerdo con una ordenanza regulando la venta de fluido del sistema eléctrico municipal de la ciudad de Gua-yaron, aprobada por su Asamblea Municipal, tiene bajo su administración y dirección dicho sistema eléctrico que opera y administra para utilidad pública mediante franquicia que tiene concedida el municipio; que el peticionario es un con-sumidor de ese fluido eléctrico para el alumbrado del teatro y para el funcionamiento de un aparato cinematográfico en el mismo; que ese teatro hace más de cuatro años que consume corriente eléctrica del municipio, teniendo una insta-lación eléctrica que viene funcionando, regularmente; que el día primero de julio de 1921, sin estar vencidos los diez días que tenía para pagar el consumo del mes anterior, según la ordenanza citada, el demandado por medio de sus emplea-dos y sin previo aviso cortó la corriente eléctrica para el alumbrado de la empresa del peticionario; que al día si-guiente se le informó en el municipio que la causa de ese hecho era por haber vencido el contrato el 30 de junio anterior y habiendo mostrado sus deseos de celebrar un nuevo contrato fué inmediatamente tramitado y firmado por el pe-ticionario y los empleados municipales correspondientes, ha-biendo llenado el peticionario todos los requisitos que exige la ordenanza y prestado la fianza que le fué exigida para que se le conectara la corriente; que después de haber fir-mado el contrato como consumidor y de ser aceptado por los funcionarios correspondientes requirió al demandado, como Comisionado de Obras Públicas Municipal, para que le suministrase la corriente eléctrica pero se la ha negado sin motivo justificado; que todas las noches celebraba exhi-biciones cinematográficas en dicho teatro, siendo su único negocio; que por el acto del demandado está impedido de dichas exhibiciones y ha tenido perjuicios por la cantidad que especifica, y que una vez firmado su contrato el deman-dado estaba obligado a suministrarle la corriente, lo que' estaba y está dentro de sus funciones y poderes. Por todo lo expuesto pidió a la corte que dictase un auto perentorio ordenando al demandado que le suministrase la corriente eléctrica y que le pagase cierta cantidad por los perjuicios que lia sufrido.

Se opuso el demandado a la petición de mandamus ale-gando fundamentalmente que no aduce hechos suficientes de-terminantes de causa de acción y que no está obligado a su-ministrar la corriente eléctrica al peticionario porque la ins-talación del teatro “Bernardini” es deficiente y peligrosa para el público, pero practicadas las pruebas en las que el peticionario ninguna presentó referente a los perjuicios que alegó, recayó sentencia contra el demandado ordenándole pe-rentoriamente que suministre la corriente eléctrica al peti-cionario y contra ella se interpuso por el demandado este recurso de apelación.

Los tres principales motivos de error alegados por el apelante se refieren a la insuficiencia de los hechos expuestos en la petición para determinar una causa de acción y el úl-timo a la insuficiencia de la prueba para sostener la sen-tencia dictada, y son los que consideraremos, pues aunque se alegan otros dos sosteniendo que la petición es ambi-gua y que debiéran ser eliminados ciertos particulares de ella, no tienen importancia después de practicadas las prue-bas, aparte de que no son procedentes.

La petición era suficiente porque alegándose en ella que el municipio de G-uayama tiene una franquicia para un sis-tema eléctrico, que vende corriente eléctrica al público me-diante contrato, que el demandado es el encargado de dicho servicio, que el peticionario celebró un contrato para que se le suministrase corriente siendo firmado por él y por los Comisionados de Obras Públicas Municipal y de Hacienda, que prestó la fianza que le fué exigida, que esos son todos los requisitos que se le exigen por una ordenanza del muni-cipio para que le sea suministrada la corriente y que el teatro donde lia de usarse tiene nna instalación eléctrica que viene funcionando regularmente desde cnatro años antes, siendo ciertos esos ñeclios no liay dnda de que el peticionario tenía derecho a que se le suministrara la corriente eléctrica y que su petición aduce hechos determinantes de causa de acción, pues de ella aparece que ha cumplido todos los requisitos que son exigidos por el municipio para tener derecho ah uso de la corriente eléctrica, y no resulta de ella que haya alguna razón especial para que no se le facilite.

Se sostiene, además, por el apelante, que no procede la petición de mandamus porque Torres tiene un recurso ordi-nario contra el municipio como corporación pero el artículo 65 de la Ley Municipal vigente concede el auto de mandd-mus para compeler a los funcionarios municipales al cum-plimiento de sus deberes y, según la petición, el demandado por ser el Comisionado de Obras Públicas Municipal del municipio de Guayama tiene la dirección del servicio eléc-trico del municipio. En cuanto a que Torres no es la ver-dadera parte interesada por pertenecer el teatro a otra persona, nos bastará decir que sí lo es porque fué quien firmó el contrato como consumidor y porque es el perjudicado por. no suministrársele la corriente.

Veamos ahora la prueba. De ella residta lo siguiente: que el municipio de Guayama tiene una franquicia para la explotación de una planta eléctrica y vende corriente eléc-trica al público, servicio éste que está bajo la dirección de su Comisionado de Obras Públicas y regulado por la orde-nanza de 7 de junio de 1920. Durante unos cuatro años se utilizó esa corriente en el teatro “Bernardini” de dicha ciudad hasta el primero de julio de 1921 en que por orden del Comisionado de Obras Públicas fue suprimida la corriente a ese teatro a las seis de la tarde, quedando así privado Miguel Angel Torres de continuar su negocio de dar fun-ciones de cinematógrafo por las noches, como venía haciendo desde unos dos meses antes en que se hizo cargo de igual negocio que tenía en el teatro la sociedad Rivera, Vives Torres y Compañía. Al día siguiente Miguel Angel Torres acudió al municipio para saber la causa por la que se le había cortado la corriente y al comunicársele que el con-trato o había vencido el 30 de junio anterior pidió que se le entregara un contrato impreso para firmarlo, como lo hizo con el que le fué entregado, contrato que también firmaron los Comisionados de Obras Públicas y de Hacienda, y ha-biendo constituido la fianza que se le exigió, pidió que se le suministrara la corriente, sin que en la fecha de la petición y del juicio le hubiera sido conectada.

Dispone la sección 10 a de la ordenanza citada que toda persona que desee obtener servicio eléctrico hará una soli-citud para este objeto dirigida al Comisionado de Obras Pú-blicas Municipal, la que después de tramitada y aprobada por los funcionarios respectivos en la forma prevista en la misma, servirá de contrato entre el municipio y el peticio-nario, contrato que será aprobado por los Comisionados de Obras Públicas y de Hacienda y que estará en vigor hasta el día 30 de junio de cada año, pudiendo ser rescindido antes de esa fecha a petición del consumidor; y como en este caso el contrato impreso fué firmado por Torres y por dichos dos comisionados y como el consumidor prestó la fianza que requiere otra sección de la ordenanza, cumplidos así todos los requisitos exigidos tenía derecho Torres a que se le su-ministrara la corriente eléctrica si no había alguna razón especial para negarla. Algo se dice en la prueba del de-mandado sobre si el contrato firmado debió ser otro, pero esto no se alegó como defensa en la contestación y como apa-rece del contrato que se hizo para dar corriente eléctrica al teatro “Bernardini” y como el contrato impreso fué sumi-nistrado por el encargado de ellos, no puede imputarse al peticionario que no firmara el contrato correspondiente, si es que así, sucedió, lo que no fué probado.

Pero la verdadera contienda entre las partes ha sido si la instalación eléctrica qne tiene el teatro “Bernardini” es deficiente y peligrosa y qne por esta razón no se le pnede suministrar la corriente, cuestión sobre la qne versó prin-cipalmente la prueba, porque la sección 32 de la ordenanza reserva al municipio el derecho de suspender el servicio sin previo aviso, entre otras causas, por peligro inminente en la instalación de cualquier consumidor.

El peticionario declaró que tal instalación se viene usando con corriente del municipio desde hace unos cuatro años. Su testigo Charles Mock, jefe de la planta eléctrica que da luz a Gruayama, declaró que el día 3 de julio de 1921 examinó las partes visibles de la instalación de dicho teatro y en-contró que puede seguir trabajando en la forma que está, sin peligro alguno, y que si bien el sistema “Underwriter” para instalaciones es bueno, en esta isla solamente lo tiene el edificio federal. Lucas Pou, que es electricista, declaró que hizo la instalación para el teatro ‘‘Bemardini’’ y la ha visto el día en que declaraba, la que está buena y no ofrece peligro alguno; que hizo la instalación a dos hilos porque es tan segura como la de tres hilos; que la de tres hilos es más bien para balancear el sistema de distribución de la ciudad pero no es necesario para el edificio.

La prueba del demandado sobre la deficiencia y peligro de la instalación consistió en la declaración de Francisco Moya, superintendente de la luz eléctrica del municipio de Gruayama, quien declaró que es empleado de dicho municipio desde el 10 de enero de 1921 y que antes de ser empleado daba funciones de cinematógrafo en ese teatro hasta que se lo exigieron para el comité del Partido Unionista; que desde esa época tiene algunas deficiencias en la instalación; que entonces tuvo bastante cuidado en protegerla lo más posible; que con motivo del contrato que firmó Torres hizo una ligera inspección en el teatro y encontró algunas cosas que no creyó eficientes, que estimó peligrosas hasta cierto punto, y que por eso uo ordenó la conexión; que en una comunicación que el 6 de julio de 1921 envió a Torres le manifestó cuáles eran esas deficiencias y la manera de corregirlas, siendo una de ellas que la instalación debía ser a tres hilos; que la instalación no está hecha de acuerdo con el sistema ‘' Underwriter” y que algunas veces ha visto que cuando se funden los fusibles en ese teatro los sustituyen con alambre de cobre o con un centavo, con lo que toda la instalación pierde y viene el recalentamiento de los hilos. Sobre este último ex-tremo declaró el testigo Santiago Baerga que una noche se quemó'el cordón de un camerino del teatro.

El breve resumen que acabamos de hacer demuestra cla-ramente que la prueba fue contradictoria en el particular de si la instalación del teatro es peligrosa, conflicto que la corte inferior decidió en contra del demandado, sin que veamos razón alguna para ir contra esa decisión, con mayor motivo cuanto que la preponderancia de la evidencia está induda-blemente a favor del peticionario, y por tanto no ofreciendo peligro inminente la instalación no pudo en esto fundarse la negativa para dar corriente eléctrica al peticionario. Ade-más, como no se trata de una instalación nueva no tenía que ser aprobada por el municipio, de acuerdo con la sección 27, antes de recibir la corriente, y si es defectuosa debió, de acuerdo con la sección 28, comunicarse por escrito al consu-midor interesado haciendo constar los defectos y modo de corregirlos y señalársele un plazo razonable para corregirlos y vencido el plazo sin que hubiesen sido reparados los de-fectos entonces hubiera podido ser privado de servicio hasta el cumplimiento de la orden.

Con respecto al dicho de que en ese teatro se usaban al-gunas veces alambre de cobre o centavos cuando los fusibles se fundían, no tenemos necesidad de considerar tal hecho porque no se imputan tales actos al peticionario Torres y más bien se refieren las declaraciones a empresas anteriores.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. del Toro disintió.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó parte en la vista de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Franco Soto, El Juez Asociado Sb. Franco Soto, El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

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text:
    Aponte, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando la inscripción de una escri-tura sobre partición de herencia.
    No. 516.
    Resuelto en junio 12, 1922.
    Partición de Herencia — Capacidad—Venta de Bienes de Menores — Emancipa-ción por Matrimonio. — Como en una partición de bienes lo que se liquida os una comunidad hereditaria y la adjudicación y distribución que se hace en la misma de esos bienes implican verdaderas enajenaciones, no es inscribible' una partición en la que una heredera menor de edad, pero emancipada por el matrimonio, estuvo representada por su esposo y no por la persona a que se’ refiere el artículo 307 del Código Civil; y tal vicio de nulidad no se conva-lida con la presentación de una escritura de carta de pago en la cual la here-dera se limita a confesarse pagada del importe de las adjudicaciones que i.e le hicieran en la partición.
    Id. — Bienes Gananciales — Inscripción Previa. — En el presente caso se trataba de distribuir entre los herederos de Alejandrina Sánchez Rodríguez dos fincas inscritas a nombre de Sebastián Aponte Rotger, adquiridas por éste bajo el estado civil de casado sin que la inscripción expresara el nombre de la esposa. Se resolvió: que para que las adjudicaciones pudieran inscribirse sin infrin-gir el artículo 20 de la Ley Hipotecaria era necesario acreditar que al adqui-rir las fincas Sebastián Aponte estaba casado con Alejandrina Sánchez Ro-dríguez a cuyo fin la mejor prueba sería la certificación del matrimonio con-traído por ambos.
    No. 516. — Resuelto en reconsideración en julio 24, 1922; y noviembre 14, 1922.
    Recurso Gubernativo. — En la decisión de un recurso gubernativo no pueden pre-juzgarse cuestiones que pudieran ser objeto de materias contenciosas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. R. Arce.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se presentó en el Registro de la Pro-piedad de Caguas la escritura No. 6, de fecha 23 de febrero de 1907, otorgada en Humacao ante el notario Ulpiano Val-dés Cajas, acompañándose además, como complementarios de dicha escritura, otros documentos con objeto de que se ins-cribiera a nombre de Sebastián Aponte Eotger y de Eafael, Octavio, Micaela y Cándida Aponte Sánchez las adjudica-ciones de ciertos condominios que se les adjudicó en las ope-raciones de partición de los bienes relictos al fallecimiento de Alejandrina Sánchez Eodríguez y con referencia a las fincas descritas en el inventario con los números 9 y 12.

El registrador denegó las inscripciones solicitadas, po-niendo al pie de la escritura la siguiente nota:

“deNbgada la inscripción a que se refiere el precedente documento, que es la escritura de protocolización número 6, otorgada en Huma-cao el 23 de febrero de 1907, ante el notario don Ulpiano Valdés Cajas, con vista de otros documentos, por lo que respecta a las fincas descritas en el inventario con los números 9 y 12, únicas de que se ha solicitado inscripción, por las razones siguientes: Primero: ' por observar que dicha partición y adjudicación de bienes es nula por adolecer del defecto insubsanable de no estar debida y legalmente representada la heredera Cándida Aponte Sánchez de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 307 del Código Civil, habiendo estado re-presentada en dichas operaciones de partición y adjudicación de bie-nes la citada heredera Cándida Aponte Sánchez, que según dicha escritura era menor de edad pero emancipada por el matrimonio por su esposo Modesto Aponte Hernández, no estando dicho represen-tante capacitado legalmente para concurrir a dicho otorgamiento de acuerdo con lo prescrito por el artículo 307 y 2(82 en su párrafo 7o. del Código Civil y faltando por tanto el consentimiento de uno de los herederos interesados en la partición, ía omisión de cuyo consen-timiento impide la inscripción del presente documento, de acuerdo con el artículo 1228 del Código Civil y de la jurisprudencia que esta-blece que una escritura de partición es un todo en partes de tal modo trabadas entre sí, que no puede destruirse una parte sin afec-tar el todo. Sin que los documentos que se acompañan como com-plementarios y el escrito del mandatario verbal sean suficientes para desvirtuar el defecto insubsanable consignado. Segundo: por obser-var también que de las inscripciones a favor de don Sebastián Aponte de las fincas que fueron agrupadas formando la finca rústica des-crita en el inventario bajo el número 9 ni de las inscripciones de la finca urbana descrita en el inventario bajo el número 12 no consta el nombre de la esposa de dicho señor Aponte; y haciéndose cons-tar en esta escritura al hacerse las adjudicaciones a dicho señor Aponte que éste estaba casado en terceras nupcias, y habiéndose prac-ticado la agrupación de las varias fincas que forman la referida finca rústica, así como también la rectificación de descripción de la finca urbana también referida por la escritura número 23 de fecha 25 de marzo de 1921, ante el notario don Rafael Arce Rollet, en cuya escritura comparece el mismo señor Sebastián Aponte, casado, sin que tampoco conste el nombre de la esposa, y no habiéndose pre-sentado documento alguno justificativo de que las fincas que se tra-tan de distribuir entre los herederos de doña Alejandrina Sánchez y Rodríguez fueran adquiridas por don Sebastián Aponte en cons-tante matrimonio con dicha Alejandrina Sánchez, la falta de acre-ditar dicho extremo impide también la inscripción de este docu-mento por infringir lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Hipo-tecaria; ’* * * con el defecto subsanable de no acreditarse con documento alguno el carácter de don Eladio Sánchez Taboada como defensor legal de los citados menores.”

No conforme con la nota del registrador, el recurrente ha establecido el presente recurso que pende ante nos para su consideración y resolución.

El primer motivo de la nota denegatoria descansa en diversas razones legales. ,

En la escritura de partición de que se ha hecho mérito, se expone que Modesto Aponte y Hernández, mayor de edad, comparece en representación de su legítima esposa, menor de edad, pero emancipada de la patria potestad por haber contraído. matrimonio. El registrador sostiene que la com-parecencia de la menor Cándida Aponte Sánchez hecha en tal forma no tiene validez legal por no haber asistido per-sonalmente al otorgamiento de la escritura y no haber es-tado representada de acuerdo con la ley.

En una partición de bienes lo que se liquida es una co-munidad hereditaria y la adjudicación y distribución que se hace en la misma de esos bienes implican verdaderas ena-jenaciones. Siendo esto así, es de aplicación lo qne deter-mina el artículo 307 del Código Civil Revisado, que dice:

“Artículo 307. — La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor; pero hasta que llegare a la mayor edad no podrá el emancipado contraer promesa u obliga-ción alguna que exceda del importe de sus rentas por' un año. Tam-poco podrá gravar ni vender bienes inmuebles suyos sin consenti-miento de su padre, en defecto de éste, sin el de su madre, y, en su caso, sin el de su tutor.
“Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asistencia de dichas personas.”

La menor Cándida Aponte Sánchez, aunque emancipada por el matrimonio, tenía que haber estado representada en la escritura de partición por las personas que designa la ley. No es el esposo de dicha menor quien podía representarla en las operaciones divisorias objeto de este recurso, y claro es que al hacerlo así actuó ilegalmente y eso hacía nula la escritura de partición en sus efectos legales. Pero el recu-rrente alega que el defecto que acabamos de reseñar quedó subsanado explícitamente por las escrituras de fechas 6 de febrero de 1905 y 25 de marzo de 1921., Por la primera alega el recurrente que Cándida Aponte Sánchez ratificó y aprobó la escritura de partición, y por la segunda, su es-poso Modesto Aponte Hernández asimismo ratifica y aclara dicha partición. No tenemos que insistir en el examen tío esta segunda escritura porque no tiene ningún valor legal tratándose de bienes privativos de la esposa del otorgante. Este último, en todo caso, habiendo su esposa llegado a la mayor edad, había de acreditar un poder o mandato para hacerlo. En cuanto a la primera, de 6 de febrero de 1905, copiemos sus cláusulas 2a. y 3a., que dicen:

“seguNDO: Que practicadas las indicadas operaciones, correspon-dió a la compareciente, por su legítima materna, la cantidad de seis-cientos diez y ocho dollars, con ochenta y tres centavos, cuya can-tidad en distintas épocas y partidas, tiene recibida a su satisfac-ción, de su mencionado padre señor Aponte Rotger.
“TERCERO: Que para garantir a su señor padre, de la entrega del importe de su legítima materna, y relevarlo en lo sucesivo de cual-quier obligación, otorga a su favor la más eficaz carta de pago por la cantidad de seiscientos diez y oebo dollars, con ochenta y tres centavos, importe de su legítima materna, por ser realmente cierto, tener recibido, antes de este acto, a su satisfacción la mencionada cantidad de manos de su padre don Sebastián Aponte y Rotger.”

Según, las cláusulas precedentes, Cándida Aponte y Sán-chez confiesa haber recibido de su padre Sebastián Aponte y Rotger la cantidad de $618.83, procedente de las opera-ciones de partición al fallecimiento de su madre Alejandrina Sánchez y otorga al primero carta de pago por la cantidad recibida como legítima materna. Esta escritura de carta de pago fué otorgada el 6 de febrero de 1905, y el acta de pro-tocolización se había otorgado el 20 de febrero de 1907, o sea, dos años después. No es exacto, por consiguiente, como alega el recurrente, que la escritura de partición hubiera sido ratificada y convalidada por una escritura que se había otorgado con anterioridad a dicha partición. Esto implica una imposibilidad física. Parece que lo que ha querido de-cir el recurrente es que como Cándida Aponte y Sánchez se dió por recibida de cierta cantidad de dinero imputándole a su legítima materna, que esta confesión surtiría efectos posteriores en la partición que se protocolizó más luego y que subsanaría los vicios de nulidad que afectaban a dicha partición por la falta de representación .legal de la misma interesada. Sin embargo, no creemos que se haya obtenido el objeto deseado. En la partición no se .le adjudicaron a Cándida Aponte sumas de dinero sino que se le adjudicaron ciertos condominios en bienes inmuebles. En estas condi-ciones la escritura de carta de pago era deficiente porque ni en la misma se enajenan de algún modo los condominios ni se hace en términos claros y precisos una cesión de de-rechos y acciones de los derechos de Cándida Aponte en la herencia de su madre, ni como consecuencia se hace una ra-tificación expresa del acta de- protocolización conteniendo las operaciones particionalé's.

El segundo defecto que refiere el registrador en su nota infringe el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Alega el re-gistrador que de un examen practicado en los libros del re-gistro resulta que las adquisiciones de los bienes que se tra-tan de distribuir entre los herederos de Alejandrina Sánchez han sido hechas por Sebastián Aponte Rotger, de estado casado, sin que se haya acreditado con quién estaba casado en las fechas de las respectivas adqiiisiciones. Si alguna duda tuviera el recurrente sobre esa afirmación del regis-trador, ya que dicho recurrente sostiene lo contrario, hubiera sido fácil para él haber traído al récord una certificación de los asientos del registro relativos a los bienes cuya inscrip-ción solicita. En la escritura de partición ha podido acla-rarse el carácter de tales bienes, pero lejos de hacerse así en la misma comparece Sebastián Aponte Rotger como ca-sado- en segundas nupcias, y ésto viene indudablemente a justificar la calificación del registrador al entender que no pueden considerarse dichos bienes como gananciales del primer matrimonio contraído con Alejandrina Sánchez. No obs-tante, el recurrente trata de demostrarlo con la presentación de los dos documentos siguientes: el primer documento es un testimonio sobre rectificación de descripción de finca ur-bana y agrupación de terrenos. Este documento, aún refi-riéndose a los mismos bienes, tiene nota, según el registra-dor, de haberse inscrito con el defecto subsanable de no cons-tar el nombre de la esposa del otorgante Sebastián Aponte Rotger. A tal documento, que fué otorgado el 25 de marzo de 1921, no podemos darle, importancia alguna para aclarar la escritura de partición en cuanto a los bienes que se dis^ tribuyen entre los herederos de Alejandrina Sánchez, toda vez que en dicha escritura de agrupación de terrenos sólo concurre el cónyuge viudo Sebastián Aponte Rotger sin el concurso y consentimiento de los demás condueños o herede-ros. El segundo documento presentado, como complemen-tario, para probar el mismo extremo que el anterior, es la partida de bautismo de Cándida Aponte y Sánchez, que nació el 3 de octubre de 1883. • Se intenta probar con esa partida el matrimonio de Sebastián Aponte Rotger y Alejandrina Sánchez, y se hace el razonamiento por el -recurrente de que habiendo tenido efecto la adquisición de los bienes en épocas posteriores al nacimiento de la hija legítima Cándida Aponte Sánchez y anteriores a la defunción de la causante Alejan-drina Sánchez, la conclusión era de que tales adquisiciones tuvieron lugar durante el régimen de gananciales de los es-posos Aponte y Sánchez. De manera que la existencia del matrimonio se trata de dejar establecida por una prueba se-cundaria e indirecta, o sea, probándose otro extremo dis-tinto, que aunque verdadero, no demuestra el hecho del ma-trimonio de un modo concluyente. La mejor prueba que de-bió haberse aportado era la partida misma del matrimonio, y ésta no aparece en el récord ni tampoco el recurrente ex-plica los motivos de no haberse aportado como prueba. En tales condiciones, y no apareciendo del registro que los bie-nes objeto de la partición estén inscritos privativamente a nombre de Alejandrina Sánchez ni de una manera clara y sin sujeción a dudas a nombre de la sociedad de gananciales que constituyeron por el matrimonio el recurrente y Alejan-drina Sánchez, la consecuencia es que no pueden inscribirse dichos bienes a nombre de los herederos de la última sin infringir el artículo 20 de la Ley Hipotecaria.

Asimismo creemos fundado el defecto subsanable que se-ñala el registrador en su nota por el motivo consignado en la misma.

La nota debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.

JULIO 24, 1922.

RESOLUCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN, DE

El Juez Asociado Sb. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso, después de diotada nuestra resolución de junio 12, 1922, confirmando la nota del registrador, se lia presentado por el recurrente una moción solicitando, por las razones que se consignan en la misma, se reconsidere nues-tra resolución en término de que puedan practicarse las ins-cripciones, bien con los defectos subsanables que acepta el recurrente de los documentos a que afecta la nota denega-toria del registrador.

Después de un estudio cuidadoso de las razones que se alegan .en la moción, no vemos que se Raya sometido a nues-tra consideración ningún otro punto legal que no Rayamos resuelto en nuestra decisión anterior. Solamente el recu-rrente Race mención de que cuando se formalizó la partición de bienes Cándida Aponte SáncRez tenía veinte años de edad y que desde entonces aca Ran transcurrido unos diez y nueve años sin que durante ese tiempo se dedujera la acción de nulidad del contrato o la de rescisión; y que expirado el término que la ley concedía para ejercitar una u otra acción, la partición de bienes objeto del recurso Ra quedado firme. Se dice además por el recurrente que esta cuestión fué plan-teada en el alegato inicial, sin que aparezca resuelto en la opinión de esta corte sosteniendo su resolución. Sin embargo, no Rabiamos creído necesario ni conveniente entrar en la Con-sideración de esa cuestión en virtud de las demás razones en que se Ra fundado la decisión de esta corte, pero aRora diremos que no creemos que tal cuestión deba ser resuelta en un recurso gubernativo prejuzgando así una materia que puede ser de carácter contencioso entre partes interesadas.

Por las anteriores razones, no Ra lugar a la reconsidera-ción que se solicita.

Denegada.

NOVIEMBRE 14, 1922.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.

RESOLUCIÓN DE

El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se ha presentado una moción en la que se solicita por el recurrente la aclaración o enmienda de ciertos extremos de la opinión con el fin de que la parte interesada pueda ejercitar la acción legal que proceda, en pleito ordi-nario, en conexión con la nota recurrida y confirmada por esta corte.

Las dos primeras aclaraciones se refieren a los efectos que tuviera la carta de pago otorgada por Cándida Aponte Sánchez el 6 de junio de 1905, en las operaciones de parti-ción que se practicaron el 29 de octubre de 1903, se aproba-ron por la Corte de Distrito de Humacao .en 26 de abril de 1906 y fueron protocoladas en 23 de febrero de 1907. Poí el anterior orden de fechas, se puede observar sencillamente, que realmente la escritura titulada ‘‘carta de pago,” otor-gada por Cándida Aponte y Sánchez en junio 6 de 1905, hace referencia al documento privado en que se practicaron las operaciones de partición, y no al acta de protocolización de las mismas, pero como la validez legal de tales opera-ciones, en las que intervenían menores, dependía de la apro-bación de la corte y su protocolización, en este sentido es que se expresaba nuestro pensamiento el referirnos a que se intentaba convalidar un documento cuyo valor legal de-pendía de la aprobación judicial, la que se verificó con pos-terioridad a la fecha del citado documento titulado “carta de pago,” y anterior éste en mucho a la protocolización de la partición; todo lo cual siempre nos conduciría, más o menos, al comentario de los dos párrafos que copia el recu-rrente de nuestra opinión de 24 de junio de 1922, y la que, en tal forma, se deja aclarada.

No tenemos objeción que bacer respecto que se exprese para aclarar el tercer párrafo que se copia en la moción, que en la partición se adjudicaron a Cándida Aponte y Sánchez, según resulta de su hijuela, los siguientes bienes:

“1. Tres bueyes valorados en ciento veinte y un dollars ochenta y siete centavos-$12)1. 87
“2. Dos sextas partes de la finca urbana radicada en el pueblo de San Lorenzo, descrita en el número 12 del inventario valorada toda ella en mil doscientos dollars, correspondiendo por tanto a esta heredera por sus dos sextas partes la cantidad de cuatro-cientos dollars_ 400. 00
“3. En efectivo_ 96.96
“Total_$618.'83”

No creemos que la relación de los anteriores bienes varíe la esencia de nuestro comentario, porque queda subsistente el hecho de que se habían adjudicado a Cándida Aponte y Sánchez ciertos condominios.

La última enmienda queda aclarada en el sentido de que la escritura de 25 de marzo de 1921, por sí sola, no. tiene importancia alguna para aclarar, por las razones expresa-das en la opinión, el carácter de gananciales de los bienes que se distribuyen entre los herederos de Alejandrina Sán-chez.

En la forma que antecede debe resolverse la moción so-metida.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y. Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Porto Rican American Tobacco Company, Acusada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en cansa por infracción a las secciones 6 y 8 de la Ley sobre Contrato de Trabajo.
    No. 1845.-
    Resuelto en junio 13, 1922.
    Contrato de Trabajo — Salario de Obeebjos — Descuentos Hechos por el Pa-trono — Denuncia Insuficiente. — Como la prohibición; contenida en la sec-ción 6 de la Ley sobre Contrato de Trabajo, aprobada en marzo 31, Í919, al efecto de que ningún patrono podrá descontar por ningún motivo parte del salario que devenguen los obreros para ser pagada a otras personas, salvo en el caso de anticipo hecho en moneda legal, es absoluta, no es nece-sario alegar en una acusación bajo dicha sección 6 que el descuento se hizo contra la voluntad del obrero. Basta que se demuestre un descuento sin previo anticipo en moneda legal, para que se entienda cometido el delito de-finido en la sección 6.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. L. Muñoz Morales.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación origen de esta causa, en lo pertinente, dice así:

“El fiscal formula acusación contra la corporación Porto Rican American Tobacco Company por un delito definido por la sección 6 y castigado por la sección 8 de una ley titulada ;Ley sobre con-trato de trabajo,’ aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en 31 de marzo de 1919, misdemeanor cometida de la manera siguiente:
“Que en uno de los días del mes de diciembre de 1919 y en San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, la corporación acusada, Porto Riean American Tobacco Company, que se aprovecha del trabajo de Agustina Corchado, mediante el pago a ésta de un salario semanal, y sin haberle hecho anticipo al-guno, le descontó la suma de veinte y cinco centavos, parte del salario semanal devengado por ésta, para ser pagado a otras per-sonas. ’ ’

Celebrado el juicio, la corte declaró culpable a la acu--sada imponiéndole cien dólares de multa, y contra sn sen-tencia se interpuso el presente recurso de apelación. Exa-minaremos los errores en el orden en que lian sido señalados.

1. Sostiene la apelante que la acusación no expresa lie-dios suficientes para constituir la infracción imputada. A su juicio debió alegarse en ella que el pago se hizo contra la voluntad de la supuesta perjudicada. Veamos la ley. Las secciones 1 y 6, que son las pertinentes, dicen:

“Sección 1. — En todo contrato celebrado con obreros se pagarán los salarios de éstos, exclusivamente en moneda legal de los Estados Unidos, y si por convenio especial, por costumbre o por cualquier otro motivo percibiere antes de la fecha regular del pago de su salario, un anticipo en metálico, será legal que el patrono descuente dicho anticipo. Si en un contrato de trabajo celebrado se estipu-lare que todo o parte de los salarios, se pagasen en otra forma que en metálico, será nulo tal contrato en todo lo referente a la pro-mesa o compromiso de que se paguen los salarios en otra forma que en moneda legal de los Estados Unidos. •
“Sección 6. — En el caso de que el patrono o su apoderado haga un anticipo en moneda legal de los Estados Unidos al obrero, ten-drá derecho a descontar esta suma del salario de éste. Sin embargo, ninguna retención de salarios podrá exceder del total de la suma adelantada. Ningún patrono podrá descontar por ningún motivo paite del salario que. devenguen los obreros para ser pagada a otras personas, salvo en los casos previstos en esta sección.”

Claramente se deduce de la lectura de la ley que su pro-pósito principal fué garantizar el salario del obrero evitando cualquier combinación que pudiera mermarlo, y así, en su sección primera, dispone que dicho salario deberá pagarse exclusivamente en moneda legal, pudiendo sólo descontarse los anticipos en metálico que se hubieren hecho y siendo nula cualquier estipulación que pueda acordarse en relación con el pago en cualquier otra forma que no sea en dinero.

En la sección sexta vuelve el legislador sobre la cuestión de los anticipos que se hagan al obrero y de modo termi-nante prescribe que “Ningún patrono podrá descontar por ningún motivo parte del salario que devenguen los obreros para ser pagada a otras personas, salvo en los casos pre-vistos en esta sección.” La prohibición es absoluta. Sólo cabe descontar cuando se ha hecho un anticipo al obrero. Si se descuenta en cualquier otra forma o por cualquier otro motivo, se incurre en la infracción de la ley que está cas-tigada como delito menos grave por la sección octava de la misma. El pago debe ser hecho al obrero y con él liqui-darse el anticipo si se le hizo alguno. No se puede descon-tar para pagar a otras personas, no importa lo bueno de los motivos que se tengan para ello.

Siendo esto así, no era necesario alegar en la acusación que el descuento se había hecho contra la voluntad del obrero. Se hizo en contra de lo dispuesto en la ley y esto, que era todo lo que se necesitaba, se alegó, mediante hechos, clara-mente en la acusación.

2. Los otros errores señalados son: que se cometió error: (a) al desconocer que el descuento se hizo con el consenti-miento de la supuesta perjudicada; (b) al desconocer que los descuentos verificados no eran para entregarse a otras personas, sino para beneficio de los propios obreros; (c) al no reconocer la existencia de las organizaciones obreras en los talleres de la corporación acusada; (d) al desconocer que las comisiones designadas por los obreros tenían autoridad para acordar descuentos, y (e) al apreciar en conjunto la prueba y al hacer ciertas manifestaciones que denotan par-cialidad o prejuicio.

Veamos el resultado de la prueba. Agustina Corchado, la obrera a que se refiere la denuncia, declaró, en resumen, que trabajaba como despalilladora en la 'fábrica de tabaco de la acusada, ganando nueve pesos semanales; que no tomó dinero anticipado y eso no obstante cada semana se le des-contaban cincuenta centavos; que no había autorizado en forma alguna el descuento y que protestó ante la oficina con-testándosele que había orden de una federación obrera de descontar a cada miembro de la fábrica cincnenta o cuarenta y cinco centavos; que según las comisiones obreras expre-saban, el dinero descontado era para una cooperativa, para alguna viuda, etc.; que las cantidades descontadas se paga-ban a los representantes de las comisiones; que las comi-siones las nombraba la mayoría de los salones y las opera-rías desde el momento que había mayoría, tenían que acep-tarlas.

Augusto de Chabert, testigo de la' acusada, declaró que era pagador de la misma, y admitió que se hacían descuen-tos así:

“Que venía la comisión del taller y le exponía a las despalilla-doras el motivo que creían que había por el cual debían hacer el descuento y después de ellos explicarles se sometía a votación y le-vantaban la mano o se ponían de pie, y si resultaba mayoría en la votación se hacía el descuento y entonces ellos mismos autorizaban a la comisión del taller para que fueran a la oficina a informar qué descuento se había de hacer en la semana aquella y para que fin y entonces el jefe de la oficina o el manager del departamento se lo comunicaba a él (el testigo) y él les decía a ellos los empleados si debían hacer o no el descuento; de modo que ese descuento se hacía por el acuerdo de la asamblea de los mismos trabajadores; que había algunos que decían que ellos no estaban conformes con que se les descontase, pero se lo decían a él y él les decía que fuesen a la oficina a quejarse, porque él al taller solamente iba a pagar, no a recibir quejas, pero que la oficina sí estaba autorizada a recibir quejas. ’ ’

Siguió declarando ampliamente el testigo y contestando al fiscal se expresó, en parte, así:

“Que el día que se fue Agustina Corchado que hubo el escán-dalo en el taller protestó ante el taller, no ante él; que él le dijo que ya el dinero estaba pagado y no ppdía devolverlo; que si antes de hacerse el pago ellas venían a protestar se le comunicaba a la comisión y si lo autorizaba se le devolvía el dinero, de modo que había inteligencia previa entre la comisión y las despalilladoras, y ellos pasaban por el acuerdo de la comisión.”

Y contestando, por último, al juez, expuso, en parte:

“Que ellas hacían la reclamación y entonces ellos llamaban a la comisión para que ella tuviera conocimiento de que se le iba a de-volver el dinero si lo autorizaba antes de haberse hecho el pago, de modo que si la comisión se oponía a que devolviera el dinero la compañía no lo devolvía porque ya había sido autorizado fin el taller; que en cuanto a descuento el verdadero jefe era la comisión, porque una vez hecho el descuento ya se consideraba que pertenecía a la comisión puesto que antes de haberse hecho el pay roll el taller lo hahía autorizado.”

Introdujo la acusada como' prueba cuatro recibos, de los cuales transcribiremos el primero. Los otros son de la-misma naturaleza:

“Recibí de la Porto Rican American Tobacco Co. of P. R., Gen. Slemmery Dept. la cantidad de $89.90 rebajados de los jornales de los trabajadores durante la semana de diciembre 12 a 18, 1919, por fines cooperativos de la Federación Libre como sigue:

1 Lector, a lo (M CO OI C)
86 Capoteras y trabajadores, a o CO H O o
563 Despalilladoras, a o CO co CO tO Ü1 o
$89. 90” Total-

Prudencio Rivera Martínez, organizador de la Unión In-ternacional de Tabaqueros, en parte, dijo así:

“Los talleres tenían una organización democrática, regían las comisiones y cuando llega allí alguna viuda o algún agente de la Cruz Roja o cualquier petición, se somete a la mayoría y si lo acepta la mayoría, se comunica a los jefes de la compañía para que se dé el dinero. A veces muere un tabaquero sin protección y se levanta un trabajador en el taller y propone el descuento de alguna can-tidad, van a hablar con el manager, se lo comunican, éste lo anti-cipa y luego lo descuentan de los sobres de pago; de modo que esos descuentos se hacían a virtud de esos acuerdos.”

Declarando el testigo se presentó como prueba la cláusula 7 de cierto reglamento aprobado en 1917 que estaba vigente, según el, cuando ocurrieron los lieclios de este caso. Dice así:

“La Oficina General deducirá semanalmente del jornal de cada tabaquero que gane más de $2.50 semanales la suma de quince centavos, acordada por ellos mismos para el sostenimiento de sus en-fermos y esta suma será entregada por el Tesorero de la compañía al manager de la fábrica, quien a su vez la entregará a la persona o personas que los torcedores designaren.”

Finalmente declararon los testigos Florentino Miranda y Arturo H. Noble,' Ambos se refirieron a los reglamentos de los obreros. Noble, en parte, expresó:

“Que en tal carácter está enterado de ciertos descuentos que se ban becho a los trabajadores, y que esos descuentos se hacían en todos los talleres en toda la isla por virtud de acuerdos entre las organizaciones obreras y la compañía; que esos acuerdos estaban vigentes en el año 1919 y continuaron vigentes hasta fines del 1920; que en la actualidad no están vigentes por virtud de que los tra-bajadores que están actualmente trabajando no están unionádos; que en aquella época existían las uniones o gremios de los talleres; que ellos siempre se entendían con las comisiones que cada taller nom-braba y nunca personalmente con ninguno de los operarios, no desde 1914, porque entonces parece que no estaban organizados; tenían esas organizaciones pero no perfectamente funcionando; que la com-pañía tuvo conocimiento de esas organizaciones por virtud de huel-gas qué habían y las comisiones que eran las que representaban al obrero intervenían; que esos descuentos se hacían sin distinción nin-guna a todos los operarios.”

La parte que dejamos expuesta de la prueba es la esen-cial, a nuestro juicio, y pone de manifiesto la verdad de lo ocurrido. Es indudable- que las uniones obreras compren-dían, durante el tiempo en que ocurrieron los hechos que dieron origen a esta causa, a casi todos los trabajadores de la fábrica, pero nada hay en la prueba que demuestre que Agustina Corchado perteneciera a alguna unión. Ella lo niega. Ella afirma que jamás autorizó descuento alguno y que protestó del que se le hizo.

Para casos como el de ella y para otros semejantes fue que se ideó la ley infringida por la corporación acusada. Cada trabajador es dueño de y debe recibir todo lo que gana sin estar sujeto a extrañas presiones que lo obliguen a ceder parte de su jornal involuntariamente, y para que este pro-pósito pudiera cumplirse y la ley no resultara ilusoria, lar. prohibición impuesta por la misma tenía que ser como fue-general, absoluta. El pago debe hacerse al obrero y con él! liquidarse el descuento de lo que en metálico se le hubiere adelantado. Si el trabajador por su propio acuerdo, a virtud de un estudio reflexivo de los bienes que de ello podría de-rivar o de las buenas obras que para con sus compañeros con ello podrían realizarse, quiere desprenderse de parte del producto de su trabajo y entregarlo a determinada persona, asociación o unión, no hay poder alguno que se lo impida. Pero debe hacerlo él personalmente. Ese es el estado actual de nuestra legislación sobre la materia.

Lo expuesto resuelve en sentido negativo los cuatro pri-meros errores agrupados bajo el número 2. Resta sólo con-siderar el último. Dijo, la corte en su sentencia:

“Por virtud de esta- prueba la corte dictó sentencia declarando a la compañía culpable del delito imputádole y le impuso la pena de $100 de multa en cada caso, manifestando que en estos casos ha sido benigna pero que si trajese el fiscal otro caso de esta índole después de haberse dictado ya una sentencia, le impondría una pena de cárcel en el grado máximun que le permita la ley. La defensa hizo constar su protesta contra esta manifestación de la corte porque implica prejuzgar cualquier caso que pueda traerse ante su consi-deración. ’ ’

• No creemos que constituya error la manifestación de la corte. Fué en verdad' exagerada, pero quizá resultó benefi-ciosa para la misma acusada y para el debido cumplimiento de la ley. De todos modos, se refería a actuaciones futuras que están por ahora fuera de nuestro alcance.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.*


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Porto Rican American Tobacco Company, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en causa por infracción a la Ley sobre Contrato de Trabajo.
    No. 1844.
    Resuelto en junio 13, 1922,
    por los fundamentos del caso No. 1845, El Pueblo v. Porto Rican American Tobacco Company, de junio 13, 1922.
    Abogado del apelante: Sr. L. Muñoz Morales.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

       El Juez Asociado Sr. Franco Soto no tomó’ parte en la vista de este caso.

   Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Escalera, Demandante y Apelado, v. Escalera et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de partición de herencia.
    No. 2494.
    Resuelto en junio 13, 1922.
    Contratos Inexistentes — Partición de Herencia Nula — Prescripción de Ac-ciones. — Aunque un heredero hubiera estado presente en una reunión familiar en que los interesados intentaran llevar a cabo pero al fin pospusieron la par-tición, si ésta se otorga luego sin el consentimiento de tal heredero y la prueba revela que la persona que la suscribió a nombre de éste no estaba auto-rizada, para suscribirla, tal partición es nula' e inexistente, por lo que la prescripción de cuatro años de que tratan los artículos 1268 y 1043 del Código Civil no es aplicable a la acción para pedir la nulidad de la misma.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados de los apelantes: >8res. E. H. F. Dottin y C. Ir icurte, Jr.

    Abogados del apelado: Sres. M. Tous Soto, E. Campillo y T. Rivera.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Consta inscrita en el Begistro de la Propiedad de San Juan una escritura de partición. El demandante trató de anular la escritura y la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a su favor. La controversia principal gira sobre una cuestión de hecho.

El demandante era uno de los varios herederos habiendo declarado probado la corte inferior que nunca fué notificado de la petición que se hizo a la corte para el nombramiento de un contador-partidor; que tampoco se le notificó la vista de esa petición o el informe subsiguiente del contador y que-no se le dió oportunidad mediante copia de la petición o la' debida notificación para oponerse a la aprobación de la par-tición hecha por la corte.

La prueba mostraba que el demandante fué puesto en posesión por su padre de una parcela de- terreno compuesta de tres cuerdas y pico, situada en el barrio de “Seboruco,” de Santurce, colindando al norte con terrenos de la Sucesión Calderón, Agustín Llano, Francisco Latorre y Pedro Mocsó; al sur, y este, con la Sucesión de Félix Escalera, y al oeste con José Herrera; que en realidad de verdad estuvo pre-sente en una reunión familiar o de las partes en la cual de-bido a la negativa de una de sus hermanas fueron pospuestos los procedimientos de partición. Fuera de eso no hay prueba directa satisfactoria de la intervención del demandante en los procedimientos partieionales. La prueba suministrada por varios testigos sobre la cooperación del demandante es demasiado general y vaga para pesar en contra de su nega-tiva terminante, especialmente habiéndole dado crédito a su declaración la corte sentenciadora, y de los autos en conjunto nos inclinamos a dar crédito a sn testimonio. La parte de prueba más importante contra él era la notificación de la división actual hecha por un ingeniero que- no fué firmada por el demandante Modesto Escalera, sino por su hermano Mónico quien declaró que firmó a petición de Modesto por-que el segundo no sabía escribir. La prueba en el juicio, sin embargo, era terminante' de que Modesto sí sabía escribir, y en el conflicto entre las declaraciones de los dos hermanos la corte declaró probado, y creemos que correctamente, que había de creerse al demandante cuando dijo que no dió tal autorización a su hermano.

Los apelantes también indican que la escritura de parti-ción fué inscrita y que se pagaron las contribuciones sobre la parcela asignada a Modesto en dicha escritura. No ve-mos con claridad que estas contribuciones fueran pagadas por Modesto, pues él negó el hecho y dijo que pagó contri-buciones sobre la finca que ocupaba. Pero no hay nada que muestre que este hombre ya de edad intencionalmente pa-gara las contribuciones sobre alguna propiedad de la cual no estaba en posesión. Cualquier persona puede pagar con-tribuciones por otra y para alegar un impedimento (estop-pel) o algo semejante la prueba, circunstancial o directa debe ser más robusta. En cuanto a la inscripción de la escritura de partición no existe ninguna prueba de que el demandante tuviera alguna relación con la. inscripción y no hay en este caso cuestión alguna referente a terceros. Tal vez Modesto fué informado primitivamente, formal o informalmente, de los procedimientos de partición, pero desde el momento en que las partes se retiraron debido a las objeciones hechas por una hermana no existe prueba satisfactoria de ninguna intervención por parte de Modesto. Asimismo no hay nada en los autos que sugiera que él invoca un mero y simple de-recho debido a alguna informalidad ocurrida en el otorga-miento de la escritura. Por el contrario, él desea que se le deje donde su padre lo puso y donde ha estado por años y se opone a que lo obliguen a trasladarse de su casa los cesio-narios de sus hermanos. Su tranquilidad fué perturbada por la tentativa en obtener la posesión del terreno que él ocupa. Los cesionarios intervinieron en la escritura de partición.

Los apelantes sostienen que la demanda no determina una causa de acción. La mayor parte de las consideraciones de , los apelantes son aplicables a los contratos en que ha inter-venido una parte. Entonces el fraude o la mala fe, o algo semejante debe alegarse antes de que una parte pueda desau-torizar su propio acto. A lo que se opone el demandante es a la existencia de una escritura de partición que se llevó a cabo sin su intervención, que le asigna un terreno que puede no desearlo, que probablemente es pantanoso y que trata de desposeerlo del terreno que actualmente ocupa. Convenimos con el apelado en que en cuanto a él la escritura de parti-ción es. enteramente nula e inexistente y que él tiene dere-cho a hacer que se destruya esta fortaleza de títulos contra él. El artículo 70 de la Ley de Procedimientos Legales Es-peciales no fué observado.-

Los apelantes también ■ alegan la prescripción toda vez que la acción no fué establecida dentro de cuatro años. Tra-tan de mostrar que esta es una acción de rescisión, pero esta teoría presupone la intervención del demandante en el con-trato mientras que el hecho es que el alegado contrato es nulo e inexistente. Convenimos con la corte inferior y el apelado en que a un procedimiento como este no puede dár-sele validez o ser ratificado por el tiempo, y que la pres-cripción de cuatro años de que habla el Código Civil (ar-tículos 1268, 1043) no es aplicable a una acción para anular una inscripción en la cual el demandante no tomó partici-pación legal. Oliver v. Oliver, 23 D. P. R. 181; Torres v. Torres, 29 D. P. R. 909.

El único otro error alegado tiene por punto de partida la teoría de que la aprobación hecha por la corte de la par-tición substituye al consentimiento de las partes cuándo to-das éstas son mayores de edad. Convenimos con el apelado y la corte inferior en qne este procedimiento fné una ten-tativa para establecer nna relación entre partes qne de ser válida bnbiera establecido nn contrato o algo tan semejante qne qnedaría regulado por los principios de los contratos. Por tanto, como la situación originada se llevó a cabo sin la intervención del apelado, la corte estuvo justificada al declarar que la partición era nula en cuanto a él. Debe con-firmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado- Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Pbesidente Sr. del Toro,

text:
    López, Demandante y Apelante, v. Comisión de la Policía Insular, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en procedimiento de mandamus.

    No. 2601.
    Resuelto en junio 15, 1922.

      Mandamus — Pastes Demandadas en Mandamus Contka la Comisión de la Po-licía Insulae. — La notificación de un auto de mandamus expedido contra la Comisión de la Policía Insular, no es necesaria hacerla extensiva al Go-bernador ni al Fiscal General de Puerto Rico.
    Id. — Costas en Pleitos Civiles. — En el presente caso se resolvió: que la de-mandada Comisión de la Policía Insular no estaba obligada a pagar las cos-tas a que se refiere la Ley No. 17 de 1915.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. A. A. Vázquez.

    Abogados de la apelada: Hon. Attorney General y José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Juan López Acevedo presentó en la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, una solicitud para que se ex-pidiera nn auto de mandamus dirigido a la Comisión de la Policía Insular, compuesta de las personas que se indican, a fin de que dicho organismo lo repusiera en su cargo de po-licía de cuyo cargo alegaba que había sido privado ilegal-mente.

El auto fué expedido y en el día señalado para la com-parecencia, la comisión, por medio de su abogado, el At•torney G-eneral Interino de Puerto Eico, presentó una mo-ción para anular el emplazamiento y notificación, y, sin per-juicio de ella, archivó una. moción de eliminación, un escrito de excepción previa y otro de contestación. Se argumentó oralmente la primera moción o sea la de nulidad y la corte la declaró con lugar y en su consecuencia desestimó la soli-citud. La nulidad se basó en que siendo la comisión deman-dada una junta u organismo oficial de El Pueblo de Puerto Eico, el mandamus debía entenderse como un pleito contra El Pueblo de Puerto Eico, y, por tanto, era necesario noti-ficar al Gobernador y al Fiscal General, con cuyo requisito había dejado de cumplir el demandante.

No conforme éste apeló y en su alegato señala la comi-sión de dos errores, a saber: el cometido por la corte al no dictar un auto de mandamus perentorio y el incurrido al declarar con lugar la moción de nulidad.

1. Argumentando el apelante el primer señalamiento de error, cita las secciones 8, 9 y 10 de la Ley estableciendo el auto de mandamus de 1903, que fijan el procedimiento que debe seguirse en tales casos. “Si no se diere contestación alguna, se expedirá el auto de mandamus perentorio en contra del demandado,” dice la sección 9, y el apelante sostiene que la corte debió dar cumplimiento a ese precepto legal porque aquí no se archivó contestación alguna, ya que si bien se presentaron las mociones y escrito indicados, lo fue-ron sin sellos y deben considerarse como nulos y no exis-tentes por mandato imperativo de la ley.

La sección 6 de la Ley No. 17 de 1915, reguladora del cobro de derechos y costas en los pleitos civiles, dice así:

“Todos y cada uno de los documentos o escritos que por esta Ley se requiere que lleven un sello o sellos de rentas internas serán nulos y sin valor y no se admitirán como prueba en juicio a menos que dichos sellos hayan sido fijados a los mismos.”

¿Requiere la ley que la moción resuelta por la corte lleve adherido algún sello de rentas internas? La única'disposi-ción a este caso aplicable es la contenida en las letras “M” y “N” de la sección segunda de la ley, a saber:

“M. Por cada petición en recursos extraordinarios, $3.00. — N. Por cada oposición de una parte cualquiera en recursos extraordinarios, $2.00.”

No sin algunas dudas consideramos que dicha moción está comprendida • dentro de lo dispuesto en la letra “N”. Pa-rece que la intención de la ley es que se satisfaga por la parte opositora el derecho fijado, al comparecer por primera 'Vez en cualquier forma y para cualquier propósito que lo haga.

La representación legal de la comisión no discute este punto. Sostiene que “Si El Pueblo de Puerto Rico está exento del pago de derechos y la demandada y apelada en este caso, que lo es la Comisión de la Policía Insular, forma parte y es una entidad de El Pueblo de Puerto Rico, claro está que no puede aplicársele la ley de costas, ya que esto sería aplicársela indirectamente a quien por la ley está exento del pago de tales derechos.”

El razonamiento del fiscal es lógico. No se trata aquí de la imposición de costas a virtud de sentencia, sino del pago previo de ciertos derechos que se verifica por medio de estampillas que se compran al propio Pueblo de Puerto Rico.

El apelante invoca en su favor la resolución de esta corte en el caso de Nazario v. Santos, Juez Municipal, 27 D. P. R. 89. Allí dijimos:

“Leída cuidadosamente toda la ley, en ninguna de sus secciones se exime del pago de los derechos fijados a los funcionarios públicos cuando éstos son parte en los procedimientos civiles, en casos de la naturaleza del presente. La parte interesada no ha citado como era su deber ninguna ley que contenga dicha exención ni jurisprudencia concreta aplicable y, en tal virtud, nos vemos obligados a decidir que tiene razón la parte apelada, porque siendo ‘nulo y sin ningún valor’ el escrito interponiendo el recurso, éste no tiene existencia legal.”

Aunque no puede negarse que el caso invocado tiene pun-tos de contacto con el presente, no es igual ni semejante al mismo. En el de Nazario se trataba- de la gestión hecha por el propio funcionario individualmente. En éste se trata de una junta que se ve obligada a comparecer. Los térmi-nos en que aparece redactada la opinión en el repetido caso de Nazario, indican claramente que cuanto en ella se dijo está limitado al caso mismo o a otros iguales o semejantes.

2. ¿Se trata aquí de una verdadera demanda en contra de El Pueblo de Puerto Rico? El procedimiento se siguió contra la Comisión de la Policía Insular, un organismo de-bidamente constituido, por un acto realizado dentro del radio de sus atribuciones. A la comisión se le emplazó en forma y acudió en el plazo fijado a la corte y archivó, entre otros documentos, su contestación. No creemos que se trate de un caso en que sea necesario emplazar al Gobernador y al Attorney General, de acuerdo con la ley interpretada por esta corte en el caso de Sauri y Subirá v. Sepúlveda, 25 D. P. R. 242. El pleito es entre el demandante y la comisión. Cualquier sentencia que pueda dictarse no irá en sus efectos más allá de ambas partes.

Siendo esto, así, la corte erró al declarar con lugar la moción y en tal virtud debe revocarse la resolución apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no in-consistentes con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


text:
    Olmedo, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2540.
    Resuelto en junio 15, 1922.
    Desestimación de Apelación — Alesato Insuficiente.- — Cuando el alegato del apelante no contiene una breve relación del caso y el señalamiento de errores que exigen las reglas 42 y 43 del'Reglamento del Tribunal Supremo, procede deelarar con lugar una moción del apelado para desestimar la apelación.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Charles Hart sell y F. Ra-mírez de Arellano.

    Abog’ado del apelado: Sr. A. Aponte, Jr.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandada y apelante para sostener su recurso contra la sentencia que lo condenó a pagar cierta cantidad de dinero como indemnización de daños y perjuicios nos ba presentado un alegato que carece de la relación de la causa tal como consta en los autos y también de una exposición de los errores en que funda su recurso, indicando separadamente cada error, requisitos que exigen las regias 42 y 43 de nues-tro reglamento, y se ba limitado a bacer una crítica de las declaraciones prestadas por los testigos en el juicio y a su-posiciones que no encuentran apoyo en la evidencia, sin ha-ber becbo tampoco citas de precepto legal alguno infringido por la sentencia apelada ni de los errores que baya podido cometer la corte sentenciadora.

Al contestar ese alegato la parte apelada llamó la aten-ción de esta corte a la forma en que está redactado el ale-gato del apelante pero éste no ha subsanado su alegato y no asistió a la vista del recurso el día señalado y en ella la parte apelada nos pidió que desestimáramos el recurso de apelación por los motivos expresados.

Hemos decidido varias veces, desde hace mucho tiempo, que con un alegato como el que se nos ha presentado en este caso, desestimaremos la apelación. Así, según los syllabus de los casos que citaremos, hemos resuelto en el de Suro v. Prado, 29 D. P. R. 361, lo siguiente:

“Un alegato en el que meramente se copian las alegaciones y la opinión de la corte y en el que se pretende discutir supuestos errores sin hacerse una breve relación de los hechos y un claro señalamiento de tales errores, no cumple con los requisitos exigidos por las reglas 42 y 43 del Reglamento del Tribunal Supremo por lo cual procede la desestimación del recurso.”

En el de Mazarredo v. Ramírez, 29 D. P. R. 796, que:

“Un señalamiento de errores es por su naturaleza como una ale-gación, y en la corte de último recurso juega el mismo papel que una demanda en la corte de jurisdicción original. El objeto del se-ñalamiento de errores es apuntar los errores específicos que se alega haber sido cometidos por la corte inferior, con el fin de exponer a la vista de la corte de revisión y de los abogados de la parte con-traria los puntos sobre que los abogados del apelante se proponen solicitar la revocación de la sentencia o decreto, y limitar la discu-sión a esos puntos.”

El de Goble & Jiménez v. Truyol & Co., 27 D. P. R. 392, es así:

“Cuando el alegato del apelante no contiene una relación de la cansa tal como conste en los autos, ni una exposición de los errores en que se funda el recurso, procede desestimar la apelación.”

Y en el caso de Díaz et al. v. Cividanes, 29 D. P. R. 582, 586, se dice:

“Se supone que el alegato es el conductor del abogado que lleva a la corte los hechos esenciales del caso de su cliente, la exposición de las cuestiones legales envueltas, la ley que él hubiera aplicado y la aplicación que él desea se dé por la corte. Guando el alegato se presenta a una corte de apelación debe indicar a esa corte cuáles de las muchas objeciones y excepciones que generalmente se encuen-tran en la transcripción desea el apelante que la corte revise. A este fin debe asumirse que el conocimiento de la corte no incluye los he-chos del caso en particular, o los errores especiales de la corte sen-tenciadora en los cuales se funda el apelante para anular la sentencia o resolución * * *.
“Las palabras ‘que contendrá una relación fiel y concisa de la causa tal como conste en los autos,’ tienen una significación definida, resultado de la experiencia de las cortes por mucho tiempo. Las pa-labras esencialmente significan que sería innecesario para la corte examinar los autos para determinar cuáles son los hechos esenciales sino solamente con el objeto de comprobarlos o averiguar hechos con-trovertidos. Bl apelante está obligado a hacer que la reseña de su caso conste en su alegato de modo que la corte pueda saber por ella cuáles son las cuestiones litigiosas envueltas.”

De acuerdo, pues, con la regla 60 de nuestro reglamento, la apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sjb. "Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Peña et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por infracción al artículo 407 del Código Penal.
    No. 1750.
    Resuelto en junio 16, 1922.
    Incendio Malicioso — Interpretación de las Palabras “Ranchón de Tabaco.’’ —Las palabras “ranchón de tabaco’’ (tobacco sheds) usadas en el artículo 407 del Código Penal se interpretan en el sentido de que significan ranchones para tabaco sin tenerse en cuenta si realmente contienen o no tabaco al ocu-rrir el incendio.
    Id. — Evidencia de Otros Incendios — Intención—Error Perjudicial. — En el presente caso de incendio malicioso de un ranchón para tabaco la corte inferior admitió prueba de otros incendios meramente para demostrar que se quemaron otros ranchones en la vecindad la misma noche, pero sin que tal evidencia probara que los acusados fueran autores de dichos otros incendios. Se resolvió: que no siendo el objeto de la prueba el demostrar que el incen-dio imputado a los acusados no era accidental sino parte de una serie de actos indicadora de un propósito o plan común, no era admisible y, como alegan los acusados, constituyó error perjudicial a éstos.
    Id. — Prueba df Animosidad entre el Perjudicado y los Acusados. — Prueba de animosidad entre el perjudicado y los acusados es admisible ya surgiera ésta de causas políticas o de otra naturaleza.
    Los hechos están expresados en la opinión.'
    Ahogados-de los apelantes: Sres. L. Feliú'j G. Travecier.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sjb. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fné nna cansa por virtud del artículo 407 del Có-digo Penal, el cual prescribe lo siguiente:

“Artículo 407. — Toda persona que voluntaria y maliciosamente quemare algún puente de valor de más de cincuenta dollars, o cual-quier edificio o embarcación que no fuere materia de incendio mali-cioso o tabaco, o ranchón de tabaco, o cualquiera plantación creciente o por cosechar, pasto o árbol o cualquiera cerca, no perteneciente a dicha persona, incurrirá en pena de presidio por uno a diez años.”

Se imputó a los acusados el hecho de haber pegado fuego y quemado, con intención de destruirlos, dos ranchos para tabaco pertenecientes al querellante.

El primer fundamento de error fué que las palabras.de! código significaban un rancho que contenía el tabaco y. no para tabaco, pero creemos que las palabras tanto en caste-llano como en inglés son susceptibles de ser usadas en el sentido de ranchos para tabaco, haya o no realmente tabaco en ellos.

El segundo señalamiento de error es vel más importante en esta apelación y envuelve la cuestión de si debió haberse permitido declarar a un testigo acerca de la existencia de otros fuegos ocurridos en la misma noche en que se quema-ron los ranchos de tabaco en cuestión.

En la obra Wigmore sobre Evidencia, párrafo 300 y si-guientes, se discute la materia de otros delitos o actos seme-jantes como prueba de conocimiento, propósito o intención. Guando la relación de un acusado con la ejecución del acto en cuestión queda establecida terminantemente, la prueba de otros actos para demostrar su intención puede ser admitida. Asimismo, si no se conoce el origen pero existe una serie de actos o delitos todos los cuales indican un propósito o plan común, entonces puede también presentarse prueba de estos otros actos. En el párrafo 304, Wigmore sobre Evi-dencia, después de citar casos, expresa lo siguiente:

“Se verá que la diferencia entre exigir semejanza, por actos que no demuestran una intención inocente, y exigir circunstancias comu-nes que indican un propósito común, por actos que muestran una intención, constituye una diferencia en grado más bien que en clase.”

Lo que expresa el autor en otras partes de este capítulo es que cuando el acusado no ba sido conectado con el delito, todos los demás actos pueden presentarse como parte de la teoría de la culpabilidad mediante prueba circunstancial, y desde luego que cuando un acusado ha de ser conectado con el delito la prueba debe ser fuerte como en todos los casos de prueba circunstancial. Sin embargo, cuando el acusado ya ha sido conectado con el acto, la prueba de la intención no tiene que ser tan fuerte. Esto es particularmente así cuando el gobierno trata de probar que el fuego no fue la consecuencia de un accidente, cuestión que se discute en el párrafo 303 de Wigmore, supra. Dice Wigmore: “Es po-sible negar el accidente o inadvertencia e inferir una deli-berada intención humana sin formar alguna conclusión en cuanto a la personalidad del autor.” En otras palabras, la multiplicidad de accidentes que un solo individuo sufra ne-garía la idea de accidente. Una cita del caso State v. Huffman, 73 S. E. 294, puede aclarar algo esta cuestión.

“Generalmente cuando ha sido admitida prueba de delitos ante-riores con cualquiera de los fines indicados ellos lian sido imputados en cierto modo al acusado, pero según entendemos las autoridades, este no es un requisito previo para su admisión, si el objeto es limi-tarla a probar que el fuego en particular en cuestión no fué casual. Wigmore dice: ‘Además, el principio de una intención desconocida se reconoce que tiene aquí de vez en cuando una utilidad peculiar; por ejemplo, la repetición de un fuego semejante puede tender deci-sivamente a negar una intención inocente, aún cuando no aparezca quién es el autor de los otros fuegos; entonces habiendo negado la acusación la intención inocente en el presente fuego por cualquiera que lo baya pegado, puede probarse que el acusado lo ocasionó.’ La dificultad que tenemos en el caso presente ha sido si la prueba de tantos fuegos y otros daños que datan de hace tantos años y que no guardan relación en cuanto a fecha, circunstancias y naturaleza, como fueron éstos, era prueba admisible, por estar comprendida en las reglas y principios de las decisiones y autores citados. Hemos llegado a la conclusión, sin embargo, que tomada en relación con la prueba de la animosidad del prisionero hacia Reynolds, la cual empieza hacia la misma fecha, el número extraordinario de estos delitos, su naturaleza peculiar, y la fecha y circunstancias en que ocurrieron, y considerada en relación con todas las demás pruebas del caso, la prueba fué admisible, por lo menos en cuanto a la natu-raleza del carácter incendiario del fuego en cuestión. Que Reynolds, un vecino cercano del acusado debió haber sufrido tantas y tan ex-traordinarias pérdidas en su propiedad por fuego y otras causas, que empiezan casi al mismo tiempo que sus disgustos con el acusado, es muy significativo y constituye un hecho complejo que no sola-mente tiene relación con el acto de pegar fuego, sino que también, a falta de cualquier prueba de un móvil u oportunidad por parte de alguna otra persona, señala decididamente -al prisionero como la persona culpable. Por estas razones no estamos dispuestos a sostener el señalamiento de error.”

En el caso ante nos, sin embargo, hubo meramente prueba de otros fuegos ocurridos en la misma noche y muy poco más. Este “muy poco más” fué que los acusados y el que-rellante pertenecían a partidos contrarios y que los acusados actuaron en propaganda de su partido y que todos estos fuegos ocurrieron precisamente antes de las elecciones de 1920. Si el gobierno hubiera continuado demostrando que los otros ranchos quemados también pertenecían a dueños del mismo partido que el querellante y que existía gran ani-mosidad entre los dos partidos, hubiéramos estado más con-vencidos de que la prueba era admisible pero según fué pre-sentada se cometió error.

Surge entonces la cuestión siguiente: ¿Fué perjudicial el error? El querellante y varios miembros de su familia de-clararon haber visto realmente a los acusados o algunos de ellos pegando fuego a los ranchos, estando los otros acusados presentes en el sitio de los sucesos. Fué llamado otro tes-tigo quien declaró que en las noches del fuego había visto a los acusados en ciertos sitios. En la página 27 de los autos aparece que después de relatar este hecho la defensa no hizo ninguna pregunta, pero la corte hizo varias al testigo a las cuales dicho testigo contestó que había visto a los acusados una noche del mes de junio en que ocurrieron unos fuegos en varios ranchos de tabaco en el barrio de Lirios y Ceiba Sur de Juncos. Después de terminar la corte el interroga-torio del testigo preguntó el fiscal: “¿Ese sitio donde usted los vió a ellos fué muy distante de donde ocurrió el fuego?” El testigo contestó: “Yo debo hacer una aclaración. Hubo varios fuegos esa noche en distintos ranchos, y en algunos de ellos había más distancia que en otros.” La defensa dijo: “Me opongo a que el testigo hable de otros ranchos, porque han podido haber cincuenta mil fuegos en Juncos y eso no tendría que ver nada con los acusados.” El fiscal sostuvo que el hecho de que se quemaran propiedades en la vecin-dad tendía a probar que el acto cometido por los acusados fué malicioso e intencional. La corte, después de una pe-queña argumentación, admitió la pregunta meramente para demostrarse que se quemaron otros ranchos pero sin demos-trarse que los acusados tuvieron alguna intervención con los otros fuegos, y entonces se permitió al testigo decir, al pa-recer sin más objeción, que en los otros ranchos en que hubo-fuego aquella misma noche fueron en propiedades pertene-cientes a Juan Dávila y Juan Rivera de Juncos.

Aunque el juez que firma esta opinión y el Juez Aso-ciado Sr. Aldrey tienen dudas la mayoría del tribunal está convencida de que los acusados fueron perjudicados con la presentación de esta prueba, y los miembros de la minoría están dispuestos a conceder a los apelantes el beneficio de la duda.

Otro fundamento de error fue que la corte permitió la prueba de la diferencia de afiliación política entre el que-rellante y los acusados, pero en esto no vemos error ni pre-juicio. En realidad de verdad la corte no permitiría al tes-tigo decir cuáles eran las diferencias entre los partidos polí-ticos o en sus tendencias, actuación que fué favorable si acaso» a los acusados. No vemos que pueda formularse objeción.: alguna a que se pruebe la animosidad entre el querellante: y los acusados, ya que surja ésta de alguna causa political o de otra naturaleza.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse la causa a la corte inferior para la celebración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Nieves, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 343.
    Resuelto en junio 16, 1922.
    DestitucióN de Funcionarios Municipales — Injunction para Impedir la Desti-tución de Funcionarios. — Destituido el comisionado de instrucción por la asamblea municipal, instó certiorari para obtener la anulación del acuerdo-destituyéndolo y en trámite el recurso solicitó y obtuvo una orden de injunction contra la asamblea y el funcionario nombrado para sustituirlo a fin de-que se abstuvieran de estorbarlo en sus funciones como tal comisionado. Se resolvió: que la corte carecía de jurisdicción para intervenir por medio de injunction sobre el derecho del peticionario al cargo porque tal cuestión es legal por su naturaleza y debe ser deeidida como materia de ley por lo que no procede el injunction que es remedio en equidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. R. Arjona Siaca.

    Abogados de los interventores: Sres. D. Sepulveda, J. Rosario Gelpí y L. Tormes.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de Guánica, por acuerdo de 2 de diciembre de 1921, destituyó a Clemente J. Rodríguez Cario del cargo de Comisionado de Instrucción Pública de aquel municipio que estaba desempeñando, y tres días después el Concejo do Administración nombró a Pedro Nieves para sus-tituirlo interinamente mientras la Asamblea Municipal con-firmase o rechazase dicho nombramiento. El 12 de diciem-hre la Asamblea Municipal de dicho municipio ordenó la cancelación de la fianza que el • funcionario destituido tenía prestada para responder de su cargo y autorizó a Pedro Nieves para que prestara fianza como Comisionado de Instruc-ción Pública, cargo que estaba desempeñando desde el 6 de diciembre.

El 15 de diciembre Clemente J. Rodríguez Cario presentó en la Corte de Distrito de Ponce una petición de certiorari contra la Asamblea Municipal de Guánica para que fuese anulado el acuerdo que lo destituyó del cargo de Comisionado de Instrucción Pública de aquel municipio y en 4 de enero de 1922 recayó sentencia declarando la nulidad de tal acuerdo y contra ella interpuso la Asamblea Municipal recurso de apelación que está pendiente.

Antes de que fuera resuelto el certiorari el mismo Cle-mente J. Rodríguez Cario presentó el 28 de diciembre de 1921 en la misma corte de distrito una petición de injunction contra la Asamblea Municipal de Guánica y contra Pedro Nieves, en la que insertó la petición ele oertiofari a que te-mos hecho referencia y alegando que no ha hecho entrega de sn cargo a Pedro Nieves y que éste y la Asamblea Municipal tienden a hacer ineficaz la resolución qn.e pueda die-' tarse en el procedimiento de certiorari que tenía establecido solicitó que se librase orden para que los demandados se abs-tengan de realizar acto alguno tendente a perjudicarle en sus derechos como Comisionado de Instrucción Pública de Guánica o a estorbarle en sus funciones como tal. El mismo día 28 la corte de distrito, fundándose en la petición de injunction y en la de certiorari, dictó una orden de entredicho por la cual prohibió a los demandados que estorbasen al pe-ticionario en el desempeño de su cargo de Comisionado de Instrucción Pública del Municipio de Guánica y señaló día para que comparecieran los demandados a mostrar las causas que tuvieran para que no se concediera el injunction solici-tado. El día 4 de enero de 1922 los demandados presenta-ron en el procedimiento de injunction varias alegaciones contra la petición y contestaron la petición. También en ese día el peticionario solicitó de la corte que castigase a Pedro Nieves por desacato, por haberse negado a entregarle la llave de la oficina del Comisionado de Instrucción Pública del mu-nicipio. El 13 de enero compareció Pedro Nieves ante la corte, citado por desacato, y aquélla se limitó a amonestarle, pero le ordenó que al día siguiente hiciera entrega de dicha llave a Clemente J. Rodríguez Cario. Después, y por haber alegado el peticionario que se había negado a entregarle la llave Pedro Nieves fué citado nuevamente por desacato y en este estado quedó en suspenso el procedimiento por haberlo reclamado nosotros en virtud de un auto de certiorari esta-blecido por Pedro Nieves. , Con las diligencias sobre injunction nos fueron remitidas las del certiorari a que aquéllas se refieren.

La Ley Municipal vigente que creó las asambleas muni-cipales confirió jurisdicción en su artículo 65 a las cortes de distrito para en forma de certiorari y a instancia de parte perjudicada anular o revisar cualquier acto legislativo o ad-ministrativo de las asambleas municipales que lesione dere-chos constitucionales de los querellantes o sea contrario a la; Ley Orgánica o a las leyes de Puerto Rico, procedimiento que instituyó Clemente J. Rodríguez Cario para que se deci-diese que es nulo el acuerdo administrativo de la Asamblea Municipal de G-uánica destituyéndolo del cargo de Comisio-nado de Instrucción Pública de dicho municipio y por con-siguiente que continúa siendo tal comisionado.

Establecido ese procedimiento para decidir en ley la cues-tión indicada no tenía jurisdicción la corte inferior para in-tervenir por medio de injunction, que es un remedio en equi-dad, sobre el derecho del peticionario al cargo público, por-que tal cuestión es legal por su naturaleza y debe ser decidida solamente como materia de ley por lo que no procede el injunction contra el funcionario o cuerpo que puede destituir para imqfedir la destitución de un empleado público ni contra la persona nombrada en lugar del oficial destituido para impedirle ejercitar los deberes de su cargo. 22 R. C. L. 454; Wood sobre Mandamus, 107. Además, de la solicitud de injunction aparece que el peticionario no es en la actualidad el Comisionado de Instrucción Pública de Guánica mientras no se resuelva definitivamente si su destitución es ilegal y por tanto no debió librarse el injunction que pidió para que no se le obstaculizara como tal comisionado, ni debió la corte dar órdenes para que la persona nombrada en su lugar le dejara actuar como dicho comisionado haciéndole entrega de la llave de la oficina.

En consecuencia de lo expuesto el procedimiento de injunction referido es improcedente y debe ser anulado.

Anulado él procedimiento de injunction se-guido por Clemente J. Rodrigues Cario contra la Asamblea Municipal de Cuánica. y contra Pedro Nieves.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y HntcMson.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la vista de este caso.


text:
    El Municipio de Naguabo, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Becueso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la inscripción de una finca.
    No. 528.
    Resuelto en junio 20, 1922.
    Inscripción de Título — Identidad de las Fincas — Descripción de la Propie-dad. — Aunque la descripción de una propiedad inscrita pueda tener alguna semejanza con la de la propiedad que trata de inscribirse, si existen diferen-cias suficientes que indiquen que no bay peligro de confusión,' cualquier duda debe resolverse en favor del que solicita la inscripción particularmente cuando resulta ser él el dueño de la propiedad de acuerdo con una u otra descrip-ción y de ambas propiedades si son diferentes.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Soto Gras & Siaoa.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El Begistrador de la Propiedad de Humacao denegó la inscripción de la posesión y usufructo de un solar pertene-ciente al municipio de Naguabo porque a su. juicio resultaba que el solar que se trataba de inscribir figuraba ya inscrito, aunque con menor cabida, a nombre del recurrente. La des-cripción del solar que trató de inscribirse es como sigue:

Solar : radicado en la calle Padial esquina a la de Mario Brasclii, de 22.50 metros de largo por 16.50 metros de ancho; colindando por el norte con la referida calle Mario Braschi; por el sur con la calle Rius Rivera por el este que es su fondo en el que hay una cisterna, con solar donde se encuentra radicada una casa de Amalio Ramírez y por el oeste que es su frente con la mencionada calle Pádial; cuyo solar tiene una cabida superficial de 371.25 metros cuadrados. En el mencionado solar se Ralla edificada una casa, propiedad de don Armando S. Belaval, cuya casa es de maderas del país y extranjeras, techada de zinc, con las siguientes medidas: 14.50 metros por el norte,- 9.70 metros por el sur; 22.40 por el oeste y 22.40 por el oeste; y el solar referido se encuentra ubicado en la zona urbana de este pueblo.”

El solar que aparece inscrito es el siguiente:

“UebanA: solar sin nombre ni número al igual, que la manzana de que forma parte; radica en el pueblo y término municipal de Naguabo, en su calle de Rius Rivera, mide quince metros por su frente y espalda y diez y seis metros por sus costados, con una su-perficie de doscientos cuarenta metros cuadrados y colinda: por su derecha entrando con la calle de Padial; por su izquierda con casa en construcción de don Emilio Ramírez, y por su espalda con casas de don Juan D. Cruz y don Marte Cecilio.”

Expresa el registrador que tres de los linderos son los mismos en cada descripción y que la colindancia Amalio Ra-mírez en la primera descripción es la misma que Emilio Ra-mírez en la segunda. Pero si uno se sitúa en. la calle de Rius Rivera, la calle Padial aparece al oeste en la primera descripción, mientras que en la segunda dicha calle Padial se encuentra a la derecha o al este. Los solares están al parecer en esquinas contrarias al lado norte de la calle Rius Rivera. Amalio Ramírez construyó una casa al este en la primera descripción si bien la casa de Emilio Ramírez está al oeste en la segunda descripción. Amalio y Emilio pueden ser la misma persona pero es posible que él tenga casas en diferentes solares. El puede haberse mudado de una a la otra y haber dejado sus indicaciones en las inscripciones. El primer solar tiene nominalmente su frente en la cálle Padial mientras que el segundo lo .tiene en la calle Rius Rivera. Los dos solares son de dimensiones muy diferentes y las casas que ahora se describen como situadas en ellos son enteramente distintas. No vemos ningún peligro de con-fusión. Cualquier duda que pudiéramos tener debe resol-verse a favor del recurrente toda vez que e] municipio apa-recí en una u otra descripción poseyendo el solar y existe cierta presunción de que los funcionarios del municipio sa-bían lo que tenían entre manos cuando dieron a Juan D. Cruz el derecho a construir una casa en el solar en cuestión.

Debe revocarse la nota del registrador.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


text:
    González et al., Demandantes y Apelantes, v. González, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de HumacaO en pleito sobre división de comunidad.
    No. 2647.
    Resuelto en junio 20, 1922.
    División de Comunidad — Inscripción-—Causa de Acción. — No es requisito indispensable que el título hereditario esté inserito para que unos herederos puedan demandar judicialmente de otros la división de la comunidad.

      Nonsuit. — A virtud de una moción de nonsuit la corte no-debe tratar de conside-rar la prueba sino que ha de resolver si el demandante ha probado un caso primo facie.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. F. González.

    Abogado dé la apelada: Sr. F. Gervoni.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una acción sobre división de comunidad de una propiedad consistente principalmente en una casa que ale-garon los demandantes era indivisible. En el juicio la de-mandada presentó una moción de sobreseimiento (nonsuit) que la corte consideró, dictando sentencia a favor de la de-mandada.

Tienen razón los apelantes al sostener qne la corte in-currió en error al declarar qne los demandantes y la deman-dada no eran los únicos dueños de la finca. Los deman-dantes y la demandada obtuvieron una declaratoria de here-deros de Valeriana Franquis y Ramos y como tales le suce-dieron en todos sus derechos desde el momento de su muerte. Código Civil, artículos 664 y 665. Velilla v. Pizá et al., 17 D. P. R. 1117. La susodicha Valeriana Franquis era la dueña de la finca en cuestión. Esta finca parece ser la única pro-piedad dejada por la causante y por tanto no puede ser dis-tribuida entre los herederos como ocurre tal vez cuando hay varias propiedades.

La corte pareció creer que antes de que pudiera hacerse una división debió haberse inscrito el título de estos here-deros en el registro de la propiedad. Estamos enteramente de acuerdo con los apelantes en que toda vez que había una inscripción a nombre del causante los herederos hubieran tenido derecho a una inscripción y lo mismo cualquier com-prador de ellos. Pero convenimos más particularmente en que en una partición de propiedad el registro no desempeña ningún papel necesario. Una partición de bienes puede te-ner lugar sin estar inscrita la propiedad y la propiedad ins-crita puede dividirse entre herederos sin que sea necesario que su declaratoria de herederos esté inscrita en el registro. Muchas clases de actos en relación con bienes inmuebles pue-den ejecutarse sin necesidad de la intervención del registro, y la partición es uno de estos actos. La omisión de la po-sibilidad de la inscripción de ser cierta no constituía ningún obstáculo al pleito de partición ante nos.

Cuando hay un número de herederos, y aquí son cuatro o cinco, raras veces ocurrirá que pueda ser dividida conve-nientemente una casa entre ellos. Por tanto, por lo general cuando hay conflicto entre herederos no se exigiría fuerte prueba para demostrar la necesidad de una división. En el juicio un perito suministró prueba tal vez no muy robusta tendente a indicar qne la casa era indivisible. También la madre de los demandantes manifestó qne ella ofreció vender las participaciones de los menores demandantes a la deman-dada quien aparentemente tiene título a la mitad de la .pro-piedad. La demandada es una bija y los demandantes los Lijos de un hermano .fallecido. Si bien la prueba no era muy robusta fué suficiente para los fines de una moción de non-suit. En una moción de nonsuit la corte no aquilata la prueba sino que resuelve si existe alguna prueba que sostenga la demanda. Además el artículo 407 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Artículo 407. — Ningún propietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común.
“Esto no obstante será válido el pacto de conservar la cosa in-divisa por tiempo determinado, que no exceda de diez años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención.”

Resultaría que los condueños tienen derecho a la división a menos que alguno muestre razones en contrario, y esto es así sea o no divisible la propiedad en cosas de la misma especie.

Los demandantes sugirieron que se hiciera una inspec-ción ocular, indicación que era bastante razonable. Llega-mos a la conclusión de que hubo prueba suficiente para se-guir adelante en la celebración del juicio. Debe revocarse la sentencia y devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio u otros procedimientos no incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y devuelto él caso para nuevo juicio u otros procedimien-tos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey, Hutchison y Franco Soto.