author: El Juez Asociado, Se. MacLeaey,

text:
    González v. San Juan Light & Transit Co.
    ApblaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sfección Ia.
    No. 563.
    Resuelto en febrero 2, 1911.
    Dajños y Perjuicios Ocasionados por Culpa o Negligencia. — La acción estable-cida en el caso de autos, y que tiene por objeto reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que sufriera la demandante por la muerte de un Mjo suyo, ocasionado por la culpa o negligencia de la compañía demandada, está autorizada por las disposiciones del artículo 1803 del Código Civil, que constituyen nuestro derecho substantivo en esta materia.
    Id. — Daños que Pueden ser Indemnizados. — Solamente los daños que real y ver-daderamente se hubieren causado, pueden ser indemnizados en estos casos, y por consiguiente, a ñn de que la corte pueda determinar los daños sufridos por el demandante es necesario que se demuestre su verdadera existencia y se prueben los hechos que hayan de servir de base para fijar la cuantía de la indemnización.
    Id. — Indemnización en los Casos en que la Víctima Hubiere Fallecido. — En aquellos casos, como el de autos, en que la madre ejercita la acción por la muerte de su hijo, la demandante sólo tiene derecho a ser indemnizada por los perjuicios sufridos a causa de la pérdida de los servicios de su hijo, y nunca tendría derecho a la indemnización, que el propio hijo hubiera podido recla-mar a no haber fallecido, o que se derivara de las lesiones por él sufridas a causa del accidente. En estos casos la indemnización se extiende solamente a lo que el hijo acostumbrara a dar para el mantenimiento de su madre y de que ésta se viera privada a causa de su muerte.
    Id. — Cuantía de la Indemnización. — A los efectos de fijar la cuantía de la in-demnización a que se refiere el párrafo anterior, es necesario que se demuestre lo que el hijo estuviera ganando o acostumbraba ganar, pues de lo contrario el tribunal carecerá de base para estimar la existencia de los daños y perjuicios y determinar su cuantía.
    Id. — Estatuto de Limitación — Prescripción.—Aun cuando las disposiciones vi-gentes en materia de prescripción se encuentran incluidas en el Código Civil, por lo que respecta a su aplicación a este caso, tienen un carácter adjetivo. La prescripción se diferencia de los estatutos de limitación, en que éstos afec-tan al procedimiento y no al derecho; su objeto es impedir que la parte pueda ejercitar su acción, y se inspiran en principios de orden público; mientras que la prescripción confiere un título o un derecho, especialmente en los casos de bienes inmuebles poseídos por un largo período de tiempo.
    Id. — Interrupción de la Prescripción. — Las disposiciones del artículo 1874 del Código Civil no impiden que la prescripción vuelva a correr tan pronto como terminen los procedimientos judiciales por la acción voluntaria o negligente del demandante.
    Id. — Abandono de la Acción o su Desestimación por Voluntad del Deman-dante. — La interrupción de la prescripción por el ejercicio de la acción judicial tiene lugar cuando el demandante prosigue su acción, hasta su termina-ción; pero si la abandona, desiste de ella o permite que se desestime, el efeeto inmediato es como si tal acción no se hubiera entablado, restableciéndose entonces el statu quo, y computándose el término de prescripción desde que surgiera la causa de acción.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Eduardo Gautiño.

    Abogado del apelado: Sr. Henry F. Ho\rd.

   El Juez Asociado, Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

- Este es un recurso de apelación procedente de la Sección Primera de la Corte de Distrito de San Juan, por el que se trata de obtener la revocación de la' sentencia dictada por dicha corte el Io. de diciembre de 1909, a favor de la parte de-mandada. Esta acción se inició en la Corte de Distrito de San Juan por demanda formulada por Ramona González Soto, alegando que la compañía demandada, la San Juan Light & Transit Co., había ocasionado, por negligencia, la muerte de Juan Córdova Soto, hijo de la demandante, en el barrio de Santurce, entre las paradas 21 y 22 en la línea del trolley de la demandada, allá por el 2 de diciembre de 1904, no compare-ciendo el padre del muerto, como demandante, por haber fa-llecido después de la muerte de su hijo, pero con antelación a la presentación de la demanda.

Después de las demoras usuales en la preparación del caso, tuvo lugar la vista del* mismo en la corte de distrito, el día 17 de noviembre de 1909, habiéndose presentado la prueba de la demandante, pero no la de la demandada, quien,- a la conclusión de la prueba de la demandante, virtualmente ex-cepcionó la prueba en una .moción, solicitando que se dictara sentencia a su favor, fundándose en las siguientes razones:

“Primera. Que la demandante no ha probado haber sufri-do daños por razón de la muerte de su hijo, Juan Córdova Soto.
“Segunda. Que de los hechos probados resulta que el caso fué un accidente inevitable.
“Tercera. Que de los hechos probados resulta que la muerte de Juan Córdova Soto, resultó dé su propia culpa y negligencia.
“Cuarta. Que de los hechos probados resulta que esta ac-ción está prescrita.”

La corte consideró el caso y después de deliberar algunos días, dictó, el Io. de diciembre de 1909, una sentencia a favor de la demandada, que en substancia dice así:

“Y la corte, tomando en consideración las alegaciones, la prueba de la parte demandante, la moción de la demandada y las argumenta-ciones de las partes sobre la misma, y por los motivos que aparecen de la opinión que para este caso se redacta, declara que los hechos y la .ley están en contra de la parte demandante y a favor de la demandada, en cuanto aquélla no ba justificado la existencia de daños y su cuantía, y por tanto, que por ese motivo Ramona González Soto, .dicha deman-dante, no tiene derecho a recobrar ni obtener nada de la parte deman-dada por virtud de la muerte de Juan Córdova Soto, hijo de la deman-dante, ocurrida en dos de diciembre de mil novecientos cuatro, y cau-sada por un carro eléctrico de la compañía demandada.”

Los motivos segundo y tercero, en que la demandada funda su pretensión de obtener un fallo a su favor, no son sostenidos por las pruebas que preponderan en cuanto a estos puntos a favor de la demandante; así es que no fiaremos caso de los mismos, y pasaremos sin más discusión, a los motivos primero y cuarto, alegados asimismo por la demandada.

Es evidente que esta decisión de la corte sentenciadora se basó enteramente en el primer fundamento presentado por la demandada en su moción, el cual vamos a considerar.

Como materia de daños, se alegó substancialmente por la demandante que dicfio Juan Córdova Soto se ganaba con su "trabajo basta la suma de dos pesos por día y atendía a la sub-sistencia de sus padres; y que tal suma de dos pesos diarios, representaba la renta de un capital de seis mil pesos, al tipo •del uno por ciento mensual, de cuya renta quedó privada la de-, mandante, madre del muefiacfio por la muerte de éste, oca-sionada por el descuido de la compañía demandada.

En cuanto a la prueba presentada por la demandante res-pecto a los daños y perjuicios, se demostró por ella qué por algún tiempo anterior a la muerte del muefiacfio, Juan Cór-dova Soto, éste estuvo empleado en la casa Mora y Fresas, de Arecibo, pero con qué sueldo no resultaba de la prueba; y además se demostró que durante trece días con anterioridad a su muerte, estuvo en San Juan, sin que se demostrara en qué estuviera empleado durante su estancia en esta ciudad ni qué cantidad ganaba, si es que ganaba algo. Ni resulta de las pruebas, que la demandante derivara beneficio alguno de la paga del muchacho que fué muerto, ni que éste contribuyera con cosa alguna a su manutención, cualquiera que haya sido, el importe de su paga en cualquiera época.

Cuando ocurrió el accidente que causó la muerte del mu-chacho Juan Córdova Soto, vivían sus padres; pero su madre, Ramona González Soto, es la única demandante en esta acción, no figurando como actor, juntamente con ella, su marido, y padre del muchacho, por haber fallecido poco tiempo después de la muerte de éste, y antes de haberse entablado este pleito. Hemos consignado dicho primer fundamento alegado para conseguir la revocación de la sentencia, en la forma que ha sido expresado por el abogado de la demandada; pero, quizás también pudiera habérsele consignado más claramente, como sigue: “Aún en el supuesto de que la demandante hubiera justificado que la muerte de su hijo había sido causada por la negligencia de la compañía demandada, ¿podría concedér-sele una indemnización por daños y perjuicios, sin haberse de-mostrado mediante pruebas la existencia y cuantía de los mismos?” •

Nuestro Código Civil vigente dice lo siguiente en su artí-culo 1803:

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

De modo que la reclamación de la demandante en el pre-sente caso, se halla al amparo de este precepto legal que le reconoce el derecho de que se le repare por la demandada el daño causado a ella, por la muerte de su hijo, si dicha muerte fué causada'por algún acto u omisión de dicha compañía en que intervino culpa o negligencia.

Este es nuestro derecho substantivo en materia de indem-nización de daños y perjuicios, y de acuerdo con sus disposi-ciones, según se interpretan por la jurisprudencia vigente, es. que deben los tribunales resolver las cuestiones que se los. sometan para su resolución; y por tanto, la demandante tiene derecho, en casos en qne intervenga culpa o negligencia por parte de la compañía demandada, a recobrar de ésta, los daños y perjuicios qne realmente le hayan sido cansados, cuales-quiera qne fueren.

En el dictamen del juez sentenciador, se discuten seis de-cisiones del Tribunal Supremo de España, como comentarios al artículo 1804 del Código Civil. Cinco de dichos casos, se refieren a indemnizaciones por incumplimiento de contrato y casos análogos, y no son aplicables a casos de agravio {tort), como el presente. Una de dichas decisiones está basada en hechos semejantes a los del caso de que se trata, y no sostiene la proposición enunciada por el tribunal inferior, en cuanto a la interpretación de la ley; y es la decisión dictada en 14 de ■ diciembre de 1894, que ha sido ampliamente discutida por este tribunal, en la opinión emitida recientemente en el caso de' Alejandro Díaz v. San Juan Light & Transit Co., a la cual ’ hacemos referencia. Nos vemos obligados a seguir la doc-' trina enunciada en este último caso, fundada como está, no solamente en el caso español citado, sino también en la de-cisión dictada por este tribunal, el 20 de abril de 1909, en el caso, de Rafael Zalduondo v. Máximo Sánchez en la que se sigue la doctrina de la Jurisprudencia Americana. Así es que, aunque aprobamos el fallo dictado por el tribunal sen-tenciador a favor de la apelada, en el presente caso, no apro-bamos las razones en que está basado.

Como se ve, esta jurisprudencia está en concordancia con el precepto legal del Código, de que no pueden concederse sino aquellos daños que han sido realmente causados, y por tanto, para que el tribunal pueda estimar qué daños han sido causa-dos, ha de demostrarse la existencia real de los daños, y losi' hechos correspondientes de los cuales el tribunal pueda dedu-cir la cuantía de los mismos. i ■

Desde luego, la demandante hace la reclamación sola para, sí por la pérdida pecuniaria sufrida por ella a consecuencia, de la muerte de su hijo, y no reclama el propio hijo por haber1 muerto; de donde se desprende que la madre nunca hubiera tenido derecho a otra indemnización qne la de los daños y perjuicios provenientes de la pérdida de los servicios de sn hijo, y nunca a la que él mismo hubiera podido reclamar, en caso de no haber fallecido’, por las lesiones que él mismo su-friera a consecuencia del accidente. Los daños y perjuicios que, en el presente caso, darían a la demandante derecho a un fallo contra la demandada, consisten solamente en la pérdida de la manutención, o contribución a la misma, que el hijo es-taba acostumbrado a dar a la madre, de lo que él ganaba, y de cuya manutención o contribución, haya sido privada por la muerte de dicho hijo. Mas ¿sostiene la prueba que ha presen-tado la parte demandante, su pretensión de resarcirse de tales daños y perjuicios? Entendemos que nó, porque no ha demos-trado que efectivamente su hijo ganara la cantidad que-alega en la demanda ni ninguna otra, ni cuánto ganaba él con su tra-bajo ’en Arecibo o en San Juan durante los días que precedie- . ron inmediatamente a su muerte, o en cualquiera época. Y en-tendemos que este requisito es necesario, porque declarando el Código Civil <jue pueden recobrarse los daños y perjuicios causados, han de probarse los daños y perjuicios causados a la demandante, para que el juez sentenciador tenga datos en que basar su sentencia.

En este pleito no se ha traído prueba alguna sobre estos particulares. El único hecho probado con respecto a este pun-íto, es que Juan Córdova Soto fué muerto por una colisión con cm carro del trolley; que él ganaba algo anteriormente cuando estaba en Arecibo; no se ha demostrado en qué se ocupaba, ni cuanto dinero ganó mientras estuvo allí, ni mientras estuvo en San Juan, ni se ha demostrado que su madre ■ haya derivado beneficio alguno de lo que él ganaba; y con esta prueba la corte no puede entender justificada la cuan-tía de los daños y perjuicios ni aún la- existencia de los mis-mos. No se ha demostrado que la'muerte de su hijo haya causado perjuicios materiales o pecuniarios a la madre,- -la demandante en-este-caso, ni la cuantia.de ellos.

Falta, por-tanto, un requisito esencial para una sentencia condenatoria contra la compañía demandada, y aún en el su-puesto de que tuviera acción por daños y perjuicios por negli-gencia de la compañía con la muerte del mucliacño, no podría-mos condenar a la compañía demandada por falta de pruebas en cuanto a las pérdidas pecuniarias sufridas, y de los hechos de que ha de deducirse la cuantía de las mismas. Por lo tan-to, la moción de la demandada, solicitando sentencia a su favor, por este primer motivo, fue propiamente declarada con lugar.

La sentencia podría sostenerse por este solo fundamento; pero también es evidente que la sentencia podría confirmarse por el fundamento cuarto consignado por la demandada en su excepción previa a la prueba, a saber: que la acción quedaba extinguida por la ley de prescripción, o, como se dice en la moción, había prescrito.

No obstante el hecho de que nuestra ley de prescripción o “statute of limitations” está englobada en el Código Civil, sin embargo, en cuanto es aplicable al presente caso, forma parte evidentemente de nuestra ley adjetiva o de procedi-mientos. “Statutes of limitations” sólo.afectan al remedio pero no a los derechos.

Existe cierta diferencia entre “limitation” y “prescription.” Los “statutes of limitations” tan comunes en el sis-tema judicial americano, están generalmente basados en el primitivo estatuto inglés Votado én el año 1623 (21 Jac. I. C. 16), y no tenían por objeto afectar el derecho del demandante a su acción, sino privarle del remedio, trascurrido cierto tiem-po solamente en beneficio de la paz y tranquilidad pública. “Prescription” confiere un derecho o título, especialmente,en cuanto se refiere a la propiedad inmueble en manos de un individuo, por un largo período de años, o a una servi-dumbre sobre la misma. Tuvo su origen en el derecho civil, y se deriva de las leyes españolas “Las Partidas.” Se en-cuentra en los Códigos de Louisiana, y con sujeción a los mis-mos, tiene en muchos casos los mismos efectos con réspecto a acciones personales que los “statutes of limitations” tienen en otros'Estados. Véase el tomo 33 del “Century Digest,’’ bajo el epígrafe “Limitation of Actions,” artículo 577, colum-na 1012, que cita varias decisiones de los tribunales de Louisiana, donde bay vigente un Código Civil semejante al que tene-mos en Puerto Rico. En la “Cyclopedia of Law and Procedure,” la diferencia entre los dos términos “limitation” y “prescription” está claramente establecida en palabras tan adecuadas, que las vamos a citar a continuación.

“Según algunos escritores el término ‘prescription’ incluye los dos sentidos en que se ba usado el término ‘limitation’; es decir, en el sen-tido de conferir' un derecho, y en el de meramente privar de un reme-dio. Sin embargo, por otro lado, la diferencia entre ‘a statute of limitations’ y ‘the law of prescription’ se ha dicho que consiste general-mente en que: el primero priva de un remedio y el segundo confiere un derecho. Pero ‘prescription’ y ‘limitation’ son términos recíprocos en cuanto se refieren a servidumbres, o según se ha resuelto, por lo que respecta a títulos de propiedad, o por lo menos por lo que respecta a títulos de propiedad de bienes inmuebles.” (25 Oye., 984.)

Esta proposición está sostenida en el texto “Angelí on Limitations,” artículos 1 y 2, y en los dictámenes emitidos en los siguientes casos:

Campbell v. Holt, 115 U. S., 622.

Alhambra Addition Water Co. v. Richardson, 72 Cal., 598.

Churchill v. Louis, 135 Cal., 608.

Nuestro Código Civil, en su artículo 1831, dice:

“Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condi-ciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales.
“También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean. ’ ’

En ciertos casos, el derecho parece extinguirse, y en otros, las acciones se extinguen por prescripción. Así, en acciones personales, entabladas con motivo de agravios {torts) o en cobro de deudas, y casos análogos, “prescription” es virtual-mente la misma cosa que “limitation” en el sistema ameri-cano.

El derecho a obtener nna indemnización por los daños' y perjuicios sufridos, pudiera desprenderse claramente de la prueba; mas, si la demandante no iniciara su acción dentro del tiempo prescrito por la ley, los tribunales se verían im-posibilitados de concederle el remedio, si dicho estatuto se in-vocara por la parte demandada, en su alegación.

El muchacho fué muerto el día 2 de diciembre de 1904; y la demandante, su madre, entabló un pleito contra la compa-ñía del trolley, pidiendo indemnización por la muerte de su hijo, el día 15 de noviembre de 1905,' diez y siete días antes de concluirse el año fijado por la ley de prescripción. El día 20 de septiembre de 1907, casi dos años más tarde, esta acción fué desestimada por falta de instancia, habiendo dejado de comparecer la demandante. El 10 de septiembre de 1908, o sea diez días antes de cumplirse un año desde esa fecha, fué entablada esta acción con motivo de los mismos hechos, y en-tre las mismas partes.

Bajo tres aspectos diferentes puede considerarse la cues-tión de prescripción o “limitation — cualquiera que sea el • término que se use — basándose en dichos hechos.

. 1. Que habiéndose interrumpido la prescripción por ha-berse ejercitado la primera acción, el tiempo solamente em-pieza a contarse desde la fecha de su desestimación, el 20 de septiembre de 1907, y que, por consiguiente, los doce meses no habían transcurrido al presentarse la demanda, el 10 de septiembre de 1908.

2. Que la primera acción sólo suspendió los efectos de la ley de prescripción durante el tiempo en que estuvo pendiente en el calendario, es decir, desde el 15 de noviembre de 1905 hasta el 20 de septiembre de 1907, un período de veinte y dos meses y cinco días, y que por lo tanto, transcurrieron un año, nueve meses y tres días, durante los cuales no hubo acción pendiente, entre la fecha en que se originó la causa de acción y la presentación de la demanda,, y como consecnencia, la ac-ción se había extinguido.

3. Que habiéndose desestimado la primera acción debido a la negligencia de la demandada, dicha acción no tenía nin-gún efecto sobre el término de la prescripción; y, por lo tanto, habían transcurrido cuatro años, siete meses y ocho días, du-rante los cuales pudo haberse entablado un pleito, sin que la demandante hubiera practicado ninguna diligencia eficaz, y en su consecuencia, la acción se había extinguido.

El párrafo 2 del artículo 1869 de nuestro Código Civil, dispone que las acciones como la que nos ocupa, prescriben en el transcurso de un año. Y por el artículo 1874 del Código Civil, se dispone que “La prescripción de las acciones se in-terrumpe por su ejercicio ante los tribunales, etc. * * Pero esto no impide que el tiempo empiece a transcurrir de nuevo, al cesar los procedimientos ante los tribunales, por la acción voluntaria, o por la negligencia de la parte deman-dante. En el artículo 1847, del Código Civil, se dispone, que la citación judicial se considerará no hecha, y dejará de inte-rrumpir los efectos de la ley de prescripción, en tres casos, el primero de los cuales no es aplicable a este asunto; siendo el segundo de ellos, cuando el actor retire la demanda, o deje caducar la instancia; y el tercero es aplicable solamente a' acciones sobre derechos reales. La segunda cláusula de este artículo parece que se relaciona con el caso de autos en el cual la demandante dejó caducar la instancia, y virtualmente retiró la demanda; pero el Tribunal Supremo de España ha interpretado este artículo del Código Civil,, y ha declarado que el acto de entablar un pleito constituye una interrupción del término de la prescripción, en vez de producir una mera suspensión, como pudiera suponerse. Dicho Alto Tribunal declara que estos artículos del Código Civil deben harmoni-zarse con el 419 de la Ley Española de Enjuiciamiento Civil, que dispone que el hecho de haber caducado el primer pro-cedimiento, no extingue la acción; sino que en el caso de que la acción no haya prescrito con arreglo a la ley, podrá ejer-citársela en el correspondiente procedimiento judicial. (-Véase la sentencia del Tribunal Supremo de España, de 4 de enero' de 1901, y 9 Jurisprudencia del Código Civil, págs. 119 y 120.) Los comentarios- de Manresa referentes al artículo 1946 son en el mismo sentido. El dice: “La interrupción de la prescripción extintiva se produce eficazmente, desde luego, con la presentación o interposición de la demanda o con cual-quier otro acto en que sea ejercitada la acción que hubiera de ser prescrita en otro caso, y en su virtud, habrá que empe-zar a contarse de nuevo el término cuando cesen los efectos de dicho ejercicio, ya por abandono o desistimiento voluntario del actor, ya por caducidad de la instancia, ya por sentencia, recaída en el juicio, sin que pueda acumularse en ningún caso-el tiempo anterior a la interrupción, al que transcurriere des-pués de ella.” (12 Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 884.) Por consiguiente, el primer aspecto mencionado ante-riormente es el que está de acuerdo con nuestro Código; y si lo aplicamos así, según la jurisprudencia española, no debe extinguirse la acción.

No obstante la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de España, y la opinión del comentarista Manresa, resolvere-mos esta cuestión legal, de acuerdo con los principios bien establecidos en la Jurisprudencia Americana; porque en nues-tra opinión, como jueces, encontramos estos últimos más en harmonía con la equidad y la justicia, -y con el espíritu de la misma ley.

El tercero y último aspecto es, en nuestro parecer, el co-rrecto y el que está apoyado por, las autoridades americanas.

Citaremos los siguientes preceptos legales que, en nuestra opinión son aplicables al caso, y de. decisiva influencia sobre el asunto en cuestión:

‘‘Cuando se hubiere entablado algún procedimiento legal para hacer valer un derecho, con respecto al cual la prescripción aun no ha-tenido lugar, cualquiera que sea el período de tiempo transcurrido después de haberse incoado tal procedimiento, no constituirá obstá-culo para exigir el cumplimiento de aquel derecho. El hecho de que la sentencia que recaiga en la acción, no se dicte hasta después de haber transcurrido el término fijado para la prescripción, no alterará el .principio establecido.”' (25 Cyc., p. 1288.)
“Pero si el demandante pierde su acción, o si habiéndola ganado, la sentencia queda sin efecto o deja de ser ejecutoria por cualquier razón, entonces permanecerán las cosas en el mismo estado en que estarían si la acción nunca se hubiera entablado.’’ (25 Cyc., p. 1289.)
“Aún cuando se ha resuelto que el establecimiento real y verdadero de un pleito es suficiente para suspender los efectos de la ley de pres-cripción, sin consideración alguna que se refiera o que dependa de las diligencias que en su prosecución ejercite con posterioridad el deman-dante, parece bien establecido que si un pleito se abandona voluntaria-mente, o se desestima, o se deja de instar por un período considerable de tiempo, no se suspenderán los efectos de la citada ley.” (25 Cyc., p. 1290.)

Cuando un demandante prosigue una acción hasta su ter-minación, tal prosecución es la interrupción de que habla la ley. Sin embargo, cuando el demandante abandona su acción, -deja de ejercitarla, o da lugar o permite la desestimación •de la misma, la situación que resulta es como si nunca se hu-biese entablado la acción. Queda restablecido el statu quo, y la prescripción sigue su curso desde la época en que surgió la causa de acción, habiendo sido simplemente suspendida en el Ínterin. La ley tiene por objeto la tranquilidad de la so-ciedad, y no puede molestarse al demandado con acciones in-conexas y no continuadas con constancia y resolución. El caso es distinto cuando el demandante prosigue la acción, causando una verdadera interrupción.

El Tribunal Supremo de Missouri, en 1895, después de ad-mitir que la causa de acción estuvo suspendida durante la pendencia de una acción seguida con éxito y mientras la sen-tencia era ejecutoria, dice: “Desde luego, que si el deman-dante hubiera perdido su acción reivindicatoria, o si'habién-dola ganado, la sentencia hubiera prescrito, o, por cualquier motivo, hubiera dejado de tener efecto, entonces la posesión continuaría en el mismo estado como si la acción-no se hu-biera nunca entablado.”

Snell v. Harrison, 52 Am. St. Rep., 646.

T del mismo parecer son los Tribunales Federates, como lo demuestran sus decisiones. El Tribunal de Circuito de los Estados Unidos, por conducto del Juez Sr. Story, dice: “Una acción que ba sido entablada, y que luego ba dejado de instar-se, no aprovechará al demandante en otra acción, aún cuando se ejercitara ante el mismo tribunal y con motivo de la misma causa de acción.”

Delaplaine v. Crowninshield, 7 Fed. Cases, No. 3756, p. 388.

En el mismo sentido se expresa la decisión en el caso de Clark v. Hackett, 5 Fed. Cases, No. 2823, p. 879. Este caso fué confirmado por el Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos, (66 U. S., 77), mas sin bacer referencia a la cuestión de prescripción.

Por lo tanto, es claro que la causa de acción, por buena que baya sido en los comienzos, se extinguió por prescrip-ción y la causa fué justamente desestimada. Debe, por con-siguiente, confirmarse la sentencia de la corte de distrito.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

El Juez Presidente, Sr. Hernández, y Asociado, Sr. Al-drey, no intervinieron en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez. Asociado, Se. Audrey,

license: Public Domain

text:
    H. F. Besosa & Co. v. Cadierno López & Co.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    No. 594.
    Resuelto en febrero 3, 1911.
    Pruebas Contradictorias — Apreciación de la Corte Inferior — Apelación. En los casos de prueba contradictoria la apreciación que de la misma hubiere hecho la corte inferior se estimará como procedente en apelación, a no ser que se demuestre que en tal apreciación la corte actuara movida por pasión, pre juicio o parcialidad, o que incurriera en manifiesto error.

      Libelo Infamatorio — Escrito Malicioso y Tendente a Ocasionar un DaSo.— Si el demandante dejare de probar que la'comunicación que considerare inju-riosa fué escrita por el demandado maliciosamente, o sea, sin justa causa o excusa, j con la intención-de causar un mal, no puede estimarse probada la existencia del libelo.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. T. D. Mott, Jr.

    Abogados del apelado: Sres. Hord y Scoville.

   El Juez. Asociado, Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil de esta plaza, H. F. Besosa y Cía., era desde 5 de agosto de 1904 representante exclusiva-en esta isla de la sociedad American Rice Brokerage Co., de Crowley, Louisiana, para la venta de arroz y con ese carácter, en 11 de marzo de 1905, contrató con los demandados Cadierno, López y' Cía. la venta de 1,500 sacos de arroz, tipo número 70, que. formaban parte de un lote de 2,400 sacos.

Las dos partidas llegaron en el tiempo estipulado, reci-biéndose la primera sin objeción, pero cuando la segunda llegó fué rechazada por los demandados con su carta de 28 de abril de 1905 dirigida a los demandantes en la que al devolverle la factura le manifestaban que lo hacían por el fundamento y causas conocidas por los demandantes.

Pocos días- después, los demandados escribieron la si-guiente carta, recibida por su destinatario, quien enteró de ella a los demandantes.

Por vapor Philadelphia.-

Mayo 2 de 1905.
The American Bice Brokerage Co.,
Crowley, Louisiana.
“Muy Sres. nuestros: La factura de arroz a que se contrae su escrito de 18 de abril ppdo. fué entregada en unión del artí-culo a sus representantes Sres. H. F. Besosa y Cía., de quien tenemos el consiguiente recibo.
“Esta determinación nuestra obedece únicamente a inco-rrección de sus representantes para con ésta su casa, cuya cir-cunstancias nos priva del gusto de encaminar a Uds. nuevas órdenes por mediación de ellos, pues arinque el artículo nada dejaba que desean, mediaron otras circunstancias en extremo perjudiciales a nuestros intereses, y por ningún concepto que-remos dar lugar a que el caso se repita.
“Somos de Uds. muy affmos. y S. S.,
“Cadierno, López y Cía.”

Los demandantes estimando esta carta injuriosa para ellos presentaron una demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, contra la sociedad que la firmaba, por libelo y reclama-ción de $20,000 de perjuicios, la que falló el Hon. Juez de la Sección 2a. en 21 de junio de 1910 declarando que los Lechos y la ley estaban en contra de la parte demandante por lo que declaró sin lugar la demanda con costas al demandante.

De esta sentencia apelaron los demandantes en 29 del mismo mes y año, habiendo sido visto el recurso en esta Corte Suprema.

- Tres motivos de error alegan, los demandantes, que pue-den resumirse en uno y es: que la corte inferior erró al dar fallo a favor de los demandados y en contra de los deman-dantes porque no hay evidencia en que basar un fallo a favor de los- demandados, pues antes al contrario, la' preponderancia de la evidencia exige una sentencia en contra de los deman-dados y a favor de los demandantes.

Así, pues,, la cuestión planteada por la sociedad apelante es la de si la evidencia sostiene el fallo de la corte inferior, & si por .el contrario no solamente no la sostiene, sino que está, a favor de los apelantes. En otras palabras, que hay error en lá apreciación de las pruebas por parte del tribunal senten-ciador.

Repetidamente lia dicho esta Corte Suprema que siendo contradictoria la prueba corresponderá al tribunal inferior armonizarla en lo posible y en todo caso dirimir el conflicto, como lo bizo; y no encontramos en el ejercicio de dicba facul-tad que baya procedido con pasión, prejuicio o parcialidad, ni que baya incurrido en manifiesto error.

La divergencia entre las partes consiste en este caso, en que la sociedad demandante sostiene que sin razón alguna y sólo por perjudicarle en sus intereses escribió la sociedad demandante la carta que bemos transcrito, base de este pleito y que cuando no aceptó la demandada la segunda partida de arroz, fué únicamente porque no quisieron hacerle rebaja en el precio estipulado por la alegación de los demandados de que el arroz era de calidad inferior; sostienen en contrario los demandados que cuando compraron los 1,500 sacos de arroz fué con la condición de que los restantes 900 que com-pletaban el lote de 2,400 sacos estaban vendidos para A recibo y que no habiendo resultado esto, sino que dichos .900 sacos habían sido vendidos en San Juan, esta informalidad de los Señores H. F. Besosa y Cía. fué lo que les movió a escribir la carta a la American Brokerage Co.

La prueba en este caso consiste en diversas cartas de los Sres. H. F. Besosa y Cía. dirigidas a sus representados American Brokerage Co. y en las declaraciones de Don Harry F. Besosa de la firma de los demandantes, la de Don Segundo Cadierno, de la firma de los demandados y Jesús Meléndez, ya que los otros testigos Don Carlos Conde y Don' Evaristo Freiría, presentados por la demandante en nada pu-dieron ilustrar al tribunal, pues manifestaron no haber oído la conversación entre demaiídante y demandado cuando la segunda partida de arroz fué rechazada; y Don Manuel Padial nada.sobre los puntos en discusión aportó al juicio.

Así, pues, el hecho de si había sido condición de la compra-venta de los 1,500 sacos de arroz por Cadierno, López & Cía. que los restantes 900 sacos fueran vendidos en Arecibo, resultó . contradictorio ya que en términos opuestos declararon los Señores Besosa y Cadierno, estando este último corroborado por Jesús Meléndez.

El otro extremo de si la cansa de la no aceptación de la segunda partida de arroz fné el ser éste de inferior calidad o porque babía sido vendido en San Juan el resto de los 900 sacos, resultó también contradictorio porque los únicos testi-gos Besosa y Cadierno, cada uno sostuvo las respectivas afir-maciones de sus alegaciones.

Existía, pues, sobre ambos extremos prueba contradictoria y el juez que conoció el caso y oyó los testigos se decidió por la prueba del demandado haciendo uso de la facultad que le concede la ley para apreciar el valor de las declaraciones y de decidir en caso de controversia..

Pero cuando así decidió el juez estaba apoyado por otra prueba que indudablemente le llevó a aquella conclusión.

Es un hecho cierto que del mismo lote de .2,400 sacos número 70 de los que compró Cadierno, López y Cía. 1,500, el resto fué vendido a Sucesores de López,- Villamil, de San Juan, y 600 llegaron aquí al mismo tiempo que la primera entrega a los demandados, por más que éstos se enteraron de ese hecho después de haber pagado esa partida y cuando la recogían del muelle. También lo es que mientras Cadierno, López y Cía los pagaba a $2% o sean a $2.25 saco, Sucesores de López, Villamil y Cía sólo satisfacía por ellos $2.22%.

Esta venta del resto del lote a Sucesores de López, Villa-mil y Cía. no la recordó el Señor Besosa en el juicio, a' pesar de ser un hecho tan importante, por ser la defensa de los demandados y cuando en sus libros debía constar.

Parece lo más razonable en el orden natural de las cosas que un comerciante trate de evitar la competencia en un artí-culo de comercio, la que ha de resultarle más gravosa, si com-pra más caro que su competidor. Así pues, es creíble que Cadierno, López y Cía. pusieran la condición de que el resto del lote se vendiera fuera de su plaza; y el haberse por los vendedores faltado a esa condición, agravada por la venta más baja en precio a otro comerciante, indudablemente fué el motivo de su disgusto con H. F. Besosa y Cía. y de que escri-bieran la carta que se estima injuriosa.

Y que ésta debió ser la razón para rechazar la entrega de la segunda partida y no la mala calidad del arroz la robustece el que pocos días después escribían la carta de 2 mayo a la American Brokerage Co. imputando incorrección a los de-mandantes y reconociendo que el arroz era de buena calidad.

Entonces no sabían que habrían de tener litigio con los demandantes y si esa no hubiera sido la causa verdadera parece que era más expedito decir lo cierto, según los deman-dantes, de que el arroz era inferior y que no se le quiso hacer rebaja por ese motivo.

Además, diversas cartas, anteriores a la ruptura de los litigantes, cruzadas entré H. F. Besosa y Cía. y la American Brokerage Co. convencen de que las relaciones, entre éstos eran muy tirantes y'no en la mejor' armonía. Por esto no puede afirmarse tampoco que la carta de los demandados fuera la única causa de que los. demandantes terminasen en la representación de dicha sociedad Americana en esta Isla.

Estuvo, por consiguiente, acertado el juez sentenciador al absolver a la sociedad .demandada porque interpretando la carta, no era injuriosa, según la preponderancia de la prueba.

Entendió, rectamente apreciada la prueba, que tal carta hó se había escrito maliciosamente, o sea sin justa causa o excusa, intencionadamente para causar un mal, así como que no se había justificado que como consecuencia de ella perdieron los demandantes la representación de la American Brokerage Co.

Tiene razón el apelante al'manifestar que el que este pleito haya estado pendiente dé juicio por 'mucho tiempo no es fun-damento para estimar' qué los intereses dél demandante' no hayan sufrido perjuicios; y aun Cuando' lo contrario consigna el juez sentenciador en su opinión,"Creemos que no'fué está la razón1 por la que falló en los términos que lo hizo, sino ias ' otras que consigna de no haber preponderancia de prueba á favor de los' demandantes 'y sí pára afirmar por ella que la' carta no era injuriosa.

Por las razones consignadas somos de opinión qne la sen-tencia debe ser confirmada con costas al apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-' ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado, Sr Wole,

text:
    El Pueblo v. Marrero.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 274.
    Resuelto en febrero 6, 1911.
    Juegos Prohibidos — Billetes' de Lotería — Denuncia—Calificación Errónea del Delito Imputado. — En la denuncia presentada en este caso, el denun-ciante imputa a la acusada el delito de vender billetes de lotería, pero de los hechos expuestos en la misma se deduce que la acusada sólo trató de cometer . dicho delito; cómo no hay pliego de excepciones, ni relación de heehos, hay que presumir que la corte conoció del delito envuelto esencialmente en la de-nuncia y justificado por la prueba, y que estimó culpable a la acusada de una tentativa de vender billetes de lotería, pues la pena impuesta está dentro de los límites que fija el artículo 293 en relación con los 16 y 50, No. 4, del Código Penal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Podro González García.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Éossy, Fiscal.

   El Juez Asociado, Sr Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La vista de esta causa tuvo lugar primeramente el día 25 de noviembre de 1910, pero estimando necesaria el tribunal una mayor ilustración sobre la cuestión referente, a si el hecho qne se imputa en la denuncia está comprendido en los pre-ceptos dél artículo 293 del Codigo Penal, o ‘si los hechos que en dicha denuncia se determinan pudieran considerarse como constitutivos de tíña tentativa para' cometer el referido delito, ordenó la celebración de una nueva vista del caso ante el tribunal en pleno, qne tuvo lugar en 30 de enero de 1911. La denuncia es como sigue:

“Yo, Juan Gutiérrez, detective, vecino de San Juan, calle de Cristo número 5, de 35 años, formulo denuncia contra Ramona Ma-rrero por delito de vender billetes de la lotería de Santo Domingo, cometido de la manera siguiente: que en 30 de julio, 1909 y ñora 2 y media p. m. y en la calle de San Francisco del Distrito Judicial Municipal de San Juan la mencionada Ramona Marrero, vecina de la calle de Santo Cristo 26, ofrecía en venta a Juan Florit vecino de Puerta de Tierra, dos décimos de billete de la lotería de Santo Domingo del sorteo que se celebrará el 8 de agosto de 1909 por la suma de sesenta centavos. Le fueron ocupados además a la mencionada Marrero tres billetes en-teros números 9731, 4638 y 432, un billete entero más, número 3747; además, ocho décimos número 1534 y ocho décimos números 2678, y cuatro décimos números 3746 de los cuales dos eran los que ofrecía al mencionado Florit, siendo testigo Juan Florit, vecino de Puerta de Tierra y Alejandro Esteve, detective.”

Se celebró el juicio de esta causa en la Corte Municipal de San Juan, habiéndose establecido apelación a la Corte de Distrito de San Juan, cuya corte dictó sentencia en 29 de noviembre en la siguiente forma:

‘ ‘ Hoy día 29 de noviembre de 1909, y en corte abierta, celebrada la vista de este caso, la corte luego de considerarlo debidamente declara a la acusada culpable del delito que se le imputa y la condena a cien dollars de multa o tres meses de arresto.”

Es de notarse que en la primera parte de la denuncia el detective que bizo el arresto imputa a la acusada el delito de baber vendido billetes de lotería. ' Los hechos, sin embargo, muestran una tentativa para realizar dicha venta. En la vista de la causa ante este tribunal, el abogado de la acusada que también la representó en las cortes municipal y de dis-trito, admitió que las palabras de la denuncia imputaban una, tentativa para cometer el delito, habiendo alegado en la corte inferior que la acusada solamente podía ser declarada culpable de este último delito. Sin embargo, la sentencia se limita solamente a declarar culpable a la acusada del delito por el cual se la acusó. Los becbos referidos muestran nn«i tentativa y nó otra cosa. Por consiguiente, la presunción es que la corte consideró la parte esencial de la denuncia así como la prueba, y declaró culpable a la acusada de una ten-tativa. El castigo está bien comprendido en el límite fijado por la ley, siendo menos de la mitad del máximum de la pena señalada en el artículo 293 del Código Penal en relación con los artículos 16 y 50, sección 4 del propio Código.

No existe pliego de excepciones o relación de becbos, y estamos por lo tanto obligados a declarar que no bay nada en los autos que muestre que la corte no se ajustó a la ley y a los becbos, debiendo confirmarse la sentencia. Esta, sin embargo, debe modificarse a fin de que la pena subsidiaria se ajuste a la ley.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Ascociado, Sr. MaoLeary,

text:
    Sucesión Pagán v. Pagán et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 614.
    Resuelto en febrero 7, 1911.
    Hijos Ilegítimos — Derechos Hereditarios en Casos de Sucesión Intestada._ Aunque los hijos ilegítimos reconocidos tienen los mismos derechos hereditarios que los hijos legítimos, ya para heredar por derecho propio, eomo por derecho^ ■ de representación, sin embargo, no tienen derecho a suceder abintestato a los hijos y descendientes legítimos y parientes colaterales legítimos del padre o. madre que los haya reconocido.
    Id. — Sucesión Testada. — Las disposiciones de la ley para derogar determinados • artículos del Código Civil, aprobada en marzo 9, 1905, sólo tienen aplieacióm a los casos de sucesión testada, y no tienen aplicación al caso de autos en que-los demandantes, como sobrinos ilegítimos, pretenden heredar abintestato, por dereeho de representación, a un tío que es hermano .legítimo de su difunto;. padre.

      Los hechos están expresados en ]a opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Fernando Vázquez y N. B. K. Pettingill.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

   El Juez Ascociado, Sr. MaoLeary,

emitió la opinión del tribunal.

El presente pleito fué establecido para que se decretara nula una orden de la corte por la que se reconocía a los de-mandados como herederos de Lucas Antonio Pagán y Seda, que falleció en 2 de septiembre de 1908, dejando bienes de gran estimación ascendentes en valor a unos $40,000. Se alega que los demandantes son los hijos ilegítimos reconocidos de Bo-que Pagán, que era hermano legítimo de Lucas Pagán fallecido en 12 de octubre de 1900. Tanto Lucas Pagán como Boque Pagán fallecieron sin hacer testamento. Los demandados son los hermanos y sobrinos legítimos de Lucas Pagán cuyos de-rechos a la participación en la herencia de este último no han sido discutidos, tratando solamente los demandantes que se les permita tomar parte en la distribución del caudal.

A esta demanda se formuló una excepción previa de con-formidad con el párrafo 6o. del artículo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil, fundada en que las alegaciones hechas ien la referida demanda no exponían hechos suficientes para (determinar una causa de acción. Esta excepción fué declarada <con lugar y de acuerdo con la misma la demanda fué deses-timada.

Contra esta sentencia que fué dictada en 10 de septiembre de 1910, se interpuso apelación en debida forma para ante este tribunal siendo la corrección de dicha apelación la cues-ítién presentada a esta corte para su resolución. En el ale-gato del ¡apelante no aparece ningún pliego de errores; pero por cuanto únicamente hay una simple cuestión envuelta, y isi la resolución de la corte inferior es errónea, el.error es fundamental y procederemos a considerar el mismo. En el acto de la vista ambas partes hicieron informes orales por medio de sus respectivos abogados habiendo los apelantes solamente presentado su alegato en los autos.

La única cuestión es, pues, si deben los.demandantes como hijos naturales reconocidos de Boque Pagán ser admitidos como herederos de su hermano Lucas Pagán, que falleció sin hacer disposición testamentaria después del fallecimiento del referido Boque. En primer lugar debemos decir que la ley de 1905 en la cual se fundan los. apelantes, no tiene aplicación porque ella solamente hace referencia a sucesiones' testadas. (Sess. Acts, 1905, pág. 111, artículo 1, párrafo 3.)

Si heredan los demandantes debe ser por representación de su padre Boque Pagán, que murió mucho tiempo antes que su hermano Lucas Pagán. Boque no puede ser considerado de ningún modo como el heredero de Lucas que le sobrevivió; puesto que Nemo est haeris viventis. (Broom, 522; 2 Bl. Com., 208; Co. Litt. 8a., 22b; Black Law Diet., 810.)

Aún cuando el reconocimiento del padre dé a sus hijos ile-gítimos ciertos derechos en su herencia, este proceder por par-te del mismo no obliga a sus hermanos o a otros parientes cola-terales, ni debería en justicia obligarlos. Nuestros estatutos son bien claros con respecto a esta cuestión. El artículo 913 del Código Civil vigente declara que los hijos ilegítimos cuando .son debidamente reconocidos tendrán los mismos de-rechos hereditarios que los hijos legítimos; pero se dispone que <(No obstante el hijo ilegítimo y sus descendientes no tendrán derecho a suceder abintestato á los hijos y descen-dientes legítimos y parientes colaterales legítimos del padre o madre que los haya reconocido, ni ellos al hijo ilegítimo y sus descendientes.” Esto excluye claramente a los sobrinos ilegítimos' de la herencia de su tío que es hermano legítimo de su difunto padre.

La misma exclusión existía según el antiguo Código Civil español, a saber:

“Artículo 943.; — El hijo natural y el legitimado no tienen derecho a suceder abintestato a los hijos y parientes legítimos del padre o madre que los haya reconocido, ni ellos al hijo natural ni al legiti-mado. ’ ’

El distinguido comentarista Scaevola aclara esta doctrina en una disensión en la qne él compara con la ley de España las de Francia, Italia y otros países, y demuestra de modo claro qne los hijos ilegítimos, aún cuando sean reconocidos, no pueden heredar a los parientes legítimos del padre.

16 Scaevola, pp. 398 y 399.

De un examen de los autos se ve claramente que la corte inferior hizo una apreciación correcta de la ley sobre esta ma-teria interpretándola debidamente. Por consiguiente, debe confirmarse la sentencia en todas sus partes.

Confirmada,

Jueces concurrentes: Sr'es. Presidente Hernández, y Aso-ciados, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PbesideNte, Se. HERNÁNDEZ,

text:
    Carbonell v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán •.
    No. 62.
    Resuelto en febrero 11, 1911.
    Inscripción — Sentencia en Rebeldía. — La disposición del artículo 140 del- Código de Enjuiciamiento Civil al efecto de que cuando la citación para contestar una demanda no se haya hecho al demandado personalmente, la corte puede per-mitirle que la conteste en cualquier tiempo dentro del año de pronunciada la sentencia, no envuelve el reconocimiento de un derecho a favor del demandado, en forma tal que no pueda reputarse firme tal sentencia, ni ejecutarse, hasta transcurrido dicho término; y con arreglo al artículo 323 del mismo Código, no es necesario, a los efectos del artículo 140, ya citado, que la sentencia en rebeldía se notifique personalmente al demandado.
    Jurisdicción — Casos en que la Demanda no se Establece en el Distrito Correspondiente. — Aunque los pleitos para recobrar la posesión de bienes raíces, o de una propiedad o interés en los mismos, o para determinar en cual-quier forma dicho derecho o interés, deben sustanciarse en el distrito en que radique el objeto de la acción, si la demanda se'establece en distrito distinto, podrá continuarse el juicio en él, si el demandado no solicitare el traslado del caso para el distrito correspondiente, de acuerdo con el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil, disposición que es aplicable al caso en que la citaeión se baga por edictos y el demandado deje de comparecer a contestar la de-manda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Benito Fórés.

   El Juez PbesideNte, Se. HERNÁNDEZ,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la corte municipal de San Germán por Celedonio Carbonell y Casabó, conocido con los nombres de Jorge Celedonio, contra Ramón Rafael de los mismos ape-llidos, residente en Méjico, para el otorgamiento de escritura de venta de una participación de condominio en una finca ra-dicada en el barrio de Llanos Costa del término municipal de Cabo Rojo, la expresada corte dictó sentencia en doce de abril del año de 1910, condenando al demandado, cuya rebeldía ha-bía sido anotada, á que en el término de quinto día otorgara al demandante escritura traslativa del condominio a que se refe-ría la demanda; y expedido mandamiento al marshal de la cor-te para que lo hiciera a nombre y en rebeldía de Ramón Rafael Carbonell y Casabó, dicho marshal, cumpliendo lo orde-nado, otorgó la escritura en 28 de abril citado por ante el notario de San Germán, Benito Forés.

Presentada copia de la escritura de referencia al Registra-dor de la Propiedad de San Germán para su inscripción, fué hecha ésta en 12 de mayo siguiente, con los defectos subsana-bles de no acreditarse la forma en que se hizo la citación del demandado á los efectos del artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil, ni si aquél se sometió a la jurisdicción de la Corte Municipal de San Germán, según los artículos 75 y 76 del Código citado.

Esta Corte Suprema confirmó la nota del registrador en resolución de dos de junio del año próximo pasado por las razones consignadas en la opinión que la fundamenta; y Cele-donio Carbonell y Casabó volvió a presentar la misma escri-tura al registrador acompañando para subsanar los defectos anteriormente apuntados certificación expedida por el secre-tario de la Corte Municipal de San Germán, justificativa de que por encontrarse ausente en Méjico el demandado, su cita-ción había sido hecha por edictos que se publicaron una vez por semana durante un mes en el periódico La Bandera Americana de Mayagüez, habiéndosele enviado por correo al lugar de su residencia copias de la demanda y de la citación, sin que hubiera comparecido a contestar dicha demanda, por lo que después de transcurrido el término fijado por la ley, a peti-ción del demandante le fué anotada la rebeldía pronuncián-dose sentencia contra la que no interpuso recurso alguno.

El registrador apreció que no se habían subsanados los defectos consignados en la nota de doce de mayo, porque una sentencia dictada en rebeldía no puede estimarse firme, si no se notifica personalmente al demandado, cuyo extremo no se ha justificado, y porque radicando en Cabo Rojo la finca de cuyo condominio se trata, tampoco se ha acreditado que la Corte Municipal de San Germán adquiriera legalmente juris-dicción para entender en el pleito y dictar sentencia.

La nota denegatoria de subsanación de defectos lleva fe-cha de 21 de junio- del año próximo pasado, y ha sido recu-rrida para ante esta Corte Suprema. '

En cuanto al primero de los defectos, se ha justificado que la citación del demandado por encontrarse en Méjico se hizo por medio de edictos, y en vista de ello opina el registrador que no constando que se le notificara personalmente la sen-tencia, no puede ésta reputarse firme. '

Ciertamente que el artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil dispone que cuando por cualquier causa la cita-ción en una demanda no se hubiese hecho al demandado 'en persona, podrá la corte, en la forma que estimare justa, permitir que dicho demandado o su representante legal, en cualquier tiempo dentro del año de pronunciado el fallo en ella, la con-teste tal como se interpuso; pero esa facultad discrecional concedida a la corte no envuelve el reconocimiento de un de-recho a favor del demandado para que la sentencia quede pen-cliente de ejecución, durante nn año, en espera de qne el deman-dado acnda a la corte solicitando nn permiso qne. la corte en nso de sn discreción puede concederle o nó. Ni es necesario qiie la sentencia se notifique personalmente al demandado re-belde a los efectos del artícnlo 140 ya citado, pnes el artícnlo 323 dispone que si el demandado no ha comparecido, no habrá necesidad de que se le hagan Vas notificaciones o entrega de documentos a menos que se hallare en prisión con motivo del pleito por falta de fianza, circunstancia qne no concurre en Eamón Eafael Carbonell y Casabó.

En cnanto al segundo defecto consistente en no haberse' acreditado qne la Corte Municipal de San Germán adquiriera, jurisdicción para conocer del pleito y dictar sentencia, opina-mos que dicha corte, según el artícnlo 98 del Código de Enjui-ciamiento Civil, desde qne expiró el término de la publicación-de edictos ordenando la citación del demandado, adquirió ju-risdicción sobre ambas partes y quedó sometido a ella todo procedimiento subsiguiente.

Con arreglo al artículo 75 del Código citado, los pleitos para recobrar la posesión cíe bienes raíces o de una propie-dad o interés en la misma, o para determinar en cualquier forma dicho derecho o interés, como sucede en el pleito qne motivó la escritura de 28 de abril de 1910, deben sustanciarse en el distrito en qne radique el objeto de la acción, qne en el presente caso radica en Cabo Eojo y no en San Germán; pero> como el artícnlo 82 preceptúa qne si el distrito en qne se esta-blece la demanda no es el en qué deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél a menos qne el demandado al comparecer a contestar o a formular .excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el distrito correspondiente, no habiéndose llenado estos requisitos, debemos estimar que la corte de San Germán tuvo jurisdicción para conocer y sentenciar el pleito de que se trata. La de Cabo Eojo no podía separarse del cono-cimiento del asunto, de oficio y sin gestión del demandado.

Por las razones expuestas, entendemos que han sido sub-.sanados los defectos apuntados por el Registrador de San ■Germán en sn nota de 12 de mayo de 1910, y que en sn conse-cuencia procede revocar la de 21 de junio siguiente, debiendo proceder el registrador con arreglo a los principios y doctrina consignados en la presente opinión.

Revocado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez PresideNte, Sr. HerNÁNdez,

text:
    Lucero et al. v. Los Herederos de Vilá.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Poncé.
    No. 438.
    Resuelto en febrero 11, 1911.
    Alegaciones — Excepciones—Palta de Capacidad — Defensor Judicial. — No ha-biéndose hecho parte de los autos de este caso los procedimientos seguidos para el nombramiento del defensor judicial cuya capacidad se impugna, es de pre-sumirse que tal nombramiento ha sido hecho con arreglo a ley.
    Xd. — Defecto de Partes Demandadas — Albaceas.—Las disposiciones de los artí-culos 65 y 66 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales de marzo 9, 1905, se refieren al caso en que se impugne la validez de un testamento por falta de cumplimiento de algunas de las formalidades legales, o por falta de capacidad en el testador para testar, pero no tienen aplicación al caso en que se ejercite la acción de ineficacia de institución de heredero, por preterición de un heredero forzoso, al efecto de exigir que se haga figurar como parte en el juicio al albacea, y aún en el supuesto de que aquellas disposiciones sean aplicables a este último caso, no es necesario que el albacea figure como parte (demandada sino cuando lo sea de otro testamento que se alegue ser del finado y cuya validez se pretenda probar o destruir.
    Id. — Acumulación de Acciones — Acciones Derivadas de Otras.- — Aunque no hay disposición que autorice la acumulación de las acciones de filiación, reconoci-miento de derechos consiguientes a dicha filiación, y nulidad de testamento en euanto lastime esos derechos en la parte que tengan de- sucesorios, como esas acciones están íntimamente relacionadas entre sí, pues la tercera se deriva de la segunda y ésta de la primera, no hay objeción en sostener su acumulación.
    Id. — Apelación—Errores -o Defectos en los Procedimientos que no Perjudi-quen los Derechos de las Partes. — La acumulación improcedente de varias acciones en una misma demanda no es motivo suficiente por sí solo para la revocación de la sentencia en apelación, si no hubiere causado perjuicio alguno al demandado por ser una misma la prueba acumulada de todas las acciones, y derivarse, éstas, unas de las otras.

      Hijos Ilegítimos — Derechos de Filiación — Ley que Debe Degularlos. — Los derechos de filiación de los hijos ilegítimos deben regularse por la legislación vigente en la época de su nacimiento, y por eónsiguiente, las condiciones que según el Código Civil Devisado, han de concurrir en ellos para ser reputados como naturales, no afeetan, .ni en pro, ni en daño, a los nacidos bajo el régi-men de la legislación anterior, cualquiera que sea la época de su reconocimiento, pues esas condiciones son esenciales e inherentes a su propia personalidad, y constituyendo esencialmente la personalidad del sujeto desde el instante en que nace, tal personalidad es la que tiene que servir de base para la adquisición de toda clase de derechos, por lo que, a fin de dar efecto al nuevo derecho consignado en el Código Devisado y convertir en hijos naturales los que no lo eran, ni podían serlo, bajo la legislación anterior, es necesario que se disponga explícitamente, no obstante lo dispuesto en la regla primera de las disposi-ciones transitorias de dicho Código, que no es aplicable en estos casos.
    Id. — Aun siendo de aplicación a estos casos los preceptos de la regla primera de las disposiciones transitorias del Código Civil Devisado, nunca podrían aco-gerse a ella los hijos ilegítimos nacidos bajo el régimen de las legislación anterior para exigir su reconocimiento como tales hijos, porque ese derecho establecido por primera vez en el Código Devisado se opone, o perjudica a otros derechos nacidos o adquiridos al amparo de dicha legislación anterior, a favor del padre y sus eausahabientes, tales como los que se derivan de los artículos 138, 139, 140 y 141 del Código Civil español.
    Id. — Los hijos ilegítimos reconocidos, nacidos bajo el régimen del Código Civil Devisado, tienen derecho indiscutible a la declaración judicial de tal reconoci-miento y a llevar el apellido de su padre, pero no pueden pretender heredarle por testamento.
    Id. — Hijos Naturales. — Los hijos ilegítimos no tienen derechos hereditarios en la sucesión testada, pues tales derechos solo se reconocen por la ley sobre herencia de marzo 9, 1905, a los hijos naturales legalmente reconocidos, entendiéndose por tales, a los efectos de dicha ley, los nacidos fuera de matrimonio, de padres que, al tiempo de la concepción de aquéllos, pudieran casarse sin dis-pensa o con ella, siendo por consiguiente más restringido el concepto de hijo natural que el de hijo ilegítimo, y no pudiendo dárseles, en modo alguno, la misma significación y alcance.
    Apelación — Pruebas—Prueba de Carácter Cumulativo. — La admisión improce-dente de prueba, cuando ésta tenga carácter cumulativo, y haya otra prueba para establecer los hechos sobre que aquélla versara, no es motivo suficiente por sí solo para justificar la revocación de la sentencia.
    Id. — Admisión de Detratos o Fotografías Como Prueba. — Los retratos o foto-grafías son admisibles como prueba en juicio, siempre que se identifiquen de-bidamente como representativos de las personas a las cuales se refieran.
    Id. — Apreciación de Prueba Contradictoria. — La apreciación que la corte inferior hubiere hecho en los casos de pruebas contradictorias, debe ser aceptada por el tribunal de apelación, a no ser que se demuestre que al hacer tal apreciación dicha corte, actuó movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que incurrió en manifiesto error.
    Los hectos están expresados en la opinión.
    Abogado de los demandados: Sr. Julio M. Padilla.

      Abogado de los demandantes: Sr. José Tous Soto.

   El Juez PresideNte, Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 29 de octubre de 1908, Carmen, Lucía y José Lucero, representados por su defensor judicial Bamón Da-pena Pacheco, y bajo la dirección del Letrado José Tons Soto,, presentaron demanda jurada ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce, contra los herederos de José Vilá y Soler, nombrados María de la Paz Palermo, Guillermo, Francisco, Salvador, María y Antonio Vilá y Palermo, con súplica de que se. declarara por sentencia que los demandantes son hijos ilegítimos reconocidos de José Yilá y Soler, que tienen, derecho como tales a llevar el apellido Yilá y a heredar cada uno de ellos la mitad de lo que corres-ponda a cada uno de los hijos legítimos no mejorados, y que es nulo el testamento otorgado por José Yilá y Soler, en aten-ción a haberse preterido en él a los demandantes como here-deros forzosos.

Las alegaciones fundamentales de la demanda son las si-guientes :

Ia. Que José Yilá y Soler falleció en la Ciudad de Poned el día cinco de Agosto de 1908, bajo testamento que otorgó en el mismo año, en el que instituyó por sus únicos y universa-les herederos a su consorte María de la Paz Palermo y a los hijos legítimos de ambos llamados Guillermo, Francisco, Sal-ivador, María y Antonio, quienes han aceptado la herencia dejada por Vilá y entrado en posésión de ella.
2a. Que José Vilá y Soler procreó durante su vida en su unión con Dolores Lucero a los demandantes, de los cuales Carmen nació en 11 de septiembre de 1899, Lucía en 25 de marzo de 1902 y José el 3 de agosto de 1906.
3a. Que José Yilá y Soler, en el momento de nacer y ser concebidos los demandantes, vivía en concubinato con Dolores Lucero, atendiendo a la subsistencia de ésta y de los hijos, a los que trataba como tales, y viviendo con ellos bajo el mismo techo.
4a. Que José Yilá y Soler en su último testamento no dejó cantidad alguna a sus hijos ilegítimos antes mencionados.
5a. Que la corte de Ponce por orden de 28 de octubre de 1908 nombró defensor de los menores demandantes, a Ramón Dapena Pacheco.

A la anterior demanda opusieron los demandados como excepciones previas las siguientes:

Ia. Palta de capacidad en los demandantes, porque siendo estos hijos ilegítimos reconocidos d'e Dolores Lucero, ésta no los representa, sin motivo alguno que lo justifique.
2a. Defectos de partes demandadas, porque ejercitándose la acción de nulidad de testamento, no se demanda a los al-baceas, que deben ser tenidos como partes en el juicio, se-gún el artículo 66 de la Ley de Procedimientos Especiales..
■3a. Indebida acumulación de las acciones de filiación, de inoficioso testamento y de petición de herencia, que no pue-den ejercitarse dentro del mismo procedimiento.
4a. Palta de hechos suficientes en la demanda para cons-tituir causa de acción.

La corte de Ponce, por resolución de 27 de enero de 1909, declaró sin lugar todas las excepciones previas con costas a los demandados a quienes concedió diez días para contestar.

Los demandados, al contestar la demand^, negaron todas las alegaciones en ella contenidas, excepto la primera que admitieron como cierta, y la cuarta en cuanto establece que José Yilá y Soler en su último testamento no dejó cantidad alguna a los demandantes.

Agregaron los demandados que Vilá y Soler en su testa-mento nombró como albacea a María de la Paz Palermo, que con tal carácter no ha sido demandada ni emplazada; que en las fechas en que se dice nacieron los .demandantes estaba Yilá y Soler casado en legítimas nupcias con María de la Paz Palermo, de cuyo matrimonio nacieron los hijos legítimos, enumerados en la demanda, y que en la fecha de la interpo-sición de la demanda la madre de los demandantes no tenía motivo alguno legal que le impidiera representar a sus hijos, ni ella pidió a la corte que se les nombrara defensor, ni tal petición se hizo por los menores interesados, ni por el Fiscal.

Como segunda defensa establecieron los demandados que la demanda en este pleito fué primeramente presentada a nombre de Marcelina Lucero, abuela de los demandantes, como defensora de ellos nombrada por la corte, y fué desis-tida.

Señalado día para la celebración del juicio, al comenzar éste, la parte actora, con permiso de la corte y excepción de la parte demandada, introdujo una enmienda al último pedi-mento de la súplica de la demanda, en el sentido de que se de-clarara que los demandantes tienen derecho a heredar cada uno de ellos una porción igual a la que corresponda a cada uno de los hijos legítimos no mejorados; y practicadas las pruebas de ambas, partes, la corte por sentencia de 26 de abril de 1909 declaró que los demandantes tienen derecho a llevar el apellido Yilá de su padre, que los reconoció en vida, y a heredarle cada uno de ellos en una porción igual a la mi-tad de la que corresponde a cada uno de los hijos legítimos no mejorados, y en su consecuencia declaró también nulo el testamento otorgado por José Yilá y Soler, en cuanto afecta a los derechos de los hijos ilegítimos reconocidos, quedando en los demás subsistente, con las costas del caso a cargo de la sucesión demandada.

Contra esa sentencia interpusieron lós demandados re-curso de apelación ante esta Corte Suprema; y también los demandantes, en cuanto se les reconoce solamente una cuota hereditaria, equivalente a la mitad de la que corresponda a cada uno de los hijos legítimos no mejorados, y no una cuota igual a la de éstos.

Alegan los demandados apelantes como motivos legales de su recurso los siguientes:

Io. Falta de. capacidad en los demandantes, porque siendo éstos menores de diez años, no han venido al juicio represen-tados por su madre Dolores Lucero, sino por Eamón Dapena y Pacheco, como .defensor nombrado por la corte, sin haberse alegado razón especial justificativa de ese nombramiento, in-fringiéndose así el artículo 223 número Io. del Código Civil.
2o. Defectos de partes demandadas, por no haberse diri-gido la demanda contra los albaceas del testamento cnya nuli-dad se reclama, infringiéndose, el artículo 66 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, aprobada en 9 de marzo de 1905.
3o. Indebida acumulación de acciones en la demanda, o • sea de las acciones de filiación, nulidad de testaménto y petición de herencia, que no caben dentro del mismo procedimiento, por no estar comprendidas entre las que enumera como acu-mulables el artículo 104 del Código- de Enjuiciamiento Civil.
4o. Falta de hechos suficientes que determinen una causa de acción, por cnanto desprendiéndose, como se desprende de la demanda, que los demandantes son hijos adulterinos de José Vilá, éste no pudo reconocerlos en perjuicio de la esposa y de los hijos legítimos a pesar de los preceptos de los artí-culos 187 y 188 del Código Civil Revisado, inaplicables al caso, en virtud de la primera de las disposiciones transitorias, y tampoco han podido reconocerse a los demandantes los de-rechos hereditarios que se les reconocen en la sentencia, por impedirlo la ley sobre herencia aprobada en 9 ele marzo de 1905, que en sus secciones Ia. y 14 sólo reconoce derechos de legítima a los hijos naturales legalmente reconocidos y no a los .hijos adulterinos.
5°. Que habiendo admitido la parte demandante la alega-ción de la parte demandada de que en la fecha de la concepción y nacimiento de los demandantes, José Vilá y Soler era casado con María de la Paz Palermo y existían ya todos los hijos legítimos de ese matrimonio que han sido demandados, la sen-tencia recurrida que los declara herederos por testamento en concurrencia con los demandados, infringe por aplicación in-debida las secciones Ia. y 14 de la Ley sobre herencias anterior-mente citada.
6°. Que la corte cometió error al admitir como prueba de la parte demandante el récord taquigráfico del pleito de divorcio de José Yilá y Soler contra María de la Paz Palermo, ■para probar las admisiones beabas por ésta y por Salvador y José Yilá y Palermo, habiendo venido así al juicio la declara-ción íntegra de la Palermo y de sus hijos Salvador y Francisco, ( sin haberlos examinado antes como testigos.
7o. Que también cometió error la corte al admitir como prueba el retrato que ha venido en el récord, como de José Vilá y Soler y Dolores Lucero y de las demandantes Carmen y Lucía, sin que se haya identificado debidamente ése instru-mento de prueba. : •
8o. Que igualmente cometió error la corte al apreciar las pruebas del actor y estimarlas suficientes, para demostrar que los demandantes son hijos de José Yilá y Soler y que éste los reconoció.
9o. Que igualmente cometió error la corte al no estimar que las pruebas de la parte demandada no destruían la fuerza y valor de las de la parte demandante.

La parte demandante invoca como motivos de su recurso los siguientes:

Io. Violación del artículo 913 del Código Civil, que concede a los hijos ilegítimos los mismos derechos hereditarios que a los legítimos.
2o. Violación por aplicación indebida, de la ley de 9 de marzo de 1905 en su sección 14, toda vez que esa ley se refiere exclusivamente a los casos de sucesión testada, y el caso pre-sente es de sucesión intestada, por cuanto el testamento de Vilá es nulo por preterición de herederos forzosos.

Examinemos ahora los fundamentos del recurso de la parte demandada por el mismo orden en que han sido expuestos.

En cuanto al primer motivo del recurso, o sea falta de ca-pacidad en el defensor judicial Ramón Dapena Pacheco para llevar la representación de los demandantes,- encontramos que el artículo 77 de la Ley de Procedimiento Legales Especiales ordena que el nombramiento de defensor se haga siempre me-diante petición, en la que se ha de consignar bajo 'juramento que el menor de que se trata está comprendido en el artículo 230 del Código Civil; y, como ni la orden nombrando defensor a Dapena, ni la moción- en qne tal orden se basó, ni los- docu-mentos qne pudieron acompañarle, se han hecho parte del récord, debemos presumir que aquel nombramiento fué hecho con-arreglo a la Ley, presunción establecida bajo el número 15 en el artícnlo 102 de la Ley de Evidencia, aprobada en 9 de marzo de 1905.

En cuanto al segundo motivo sobre defecto de partes de-mandadas, por no haber sido demandado el albacea que en su testamento nombrara José Yilá y Soler, entendemos que el artículo 65 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, aprobada en 9 de marzo de 1905, y su complementario el 66, no son aplicables al presente caso, pues ambos artículos se refie-ren al caso en que se impúgnela validez de un testamento por haberse dejado de cumplir algunas de las formalidades exi-gidas por la Ley, o por carecer el testador de capacidad para testar, circunstancias que no concurren en el presente caso, en que no se ejercita en rigor acción de nulidad de testamento, sino de ineficacia de la institución de herederos por preteri-ción de un heredero forzoso, acción que en nada afecta al albacea, sino a los herederos, toda'Vez que el testamento puede ejecutarse en cnanto a las mandas y mejoras no inoficiosas, según el artículo 802 del Código Civil. Pero aun en el supues-to de que el artícnlo 65 se refiriera, no solamente al caso en que •se impugnare la validez de un testamento en su totalidad, por ■defectos de las formalidades externas exigidas por la ley ■o por carecer el testador de capacidad para testar, sino tam-bién al caso en que se impugnare la validez en parte por de-fecto de alguna formalidad intrínseca o interna como en el presente caso, siempre tendríamos que no habría falta de partes, pues según dicho- artículo el juicio puede promoverse por cualquier heredero o por un albacea o legatario, sin que sea necesario que se promueva por todos ellos, y según el 66 serán partes en el mismo los demás herederos del finado y el albacea y legatario de parte alícuota de cualquier otro testa-mento, que se alegue ser del finado y cuya validez se procu-rare probar o destruir. Aquí sólo bay iin testamento cuya eficacia parcialmente se ataca, y no otro testamento qne se alegue ser del finado y cuya validez se sostenga o se impugne. Huelga, pues, la representación del albacea.

Respecto del tercer motivo del recurso sobre indebida acu-mulación de acciones, conviene bacer constar que las acciones ejercitadas son tres, a saber: de filiación, de reconocimiento de derechos consiguientes a dicba filiación, y de nulidad de testamento que lastima esos derechos en la parte que tienen de sucesorios. Ahora bien, la segunda acción se deriva de la primera, y la. tercera de la segunda, siendo evidente que hay una relación estrecha entre todas ellas, por lo que no vemos dificultad en su acumulación, aunque no encontramos en nues-tro Código de Enjuiciamiento Civil precepto alguno que la autorice. Tal doctrina ha sido aceptada por la Corte Su-prema de California en el caso de Wilson v. Castro, 31 Cal., 431. Pero aun en el supuesto de que la acumulación fuera improcedente, no sería este motivo bastante por sí solo para revocar el fallo inferior, toda vez que ningún perjuicio ha podido causarse a los demandados desde el momento en que la prueba acumulada de todas las acciones es una misma, y unas acciones se presentan como derivación de otras.

Así lo preceptúa el artículo 142 del Código de Enjuicia-miento Civil al establecer que en cualquier estado de un pleito, la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las ale-gaciones o procedimiento que no afecten a lo esencial de los • derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o defecto.

Los motivos 4o. y 5o. de los cuales el 2o. se refunden en el primero, deben ser considerados simultáneamente, y son los que tienen más importancia en el presente caso.

Ante todo se hace necesario inquirir y constatar cual es la ley que ha de regular el pretendido reconocimiento de los demandantes.

Alégase en la demanda que Carmen y Lucía nacieron, res-pectivamente, en los días 11 de septiembre de 1899 y 25 de marzo de 1902, mientras que José nació el 3 de agosto 'de 1906. Así también se lia justificado en el juicio.

Abora bien, el Código Civil español comenzó a regir en esta Isla a virtud de Eeal Decreto de 31 de julio de 1899 y estaba en vigor en las fechas en que nacieron Carmen y Lu-cía. No así en la fecha en que nació José, pues entonces yá regía el Código Revisado. T como los preceptos legales que condicionan el reconocimiento de los hijos nacidos fuera de matrimonio son distintos en ambos códigos, surge desde luego la cuestión jurídica de si los demandantes Carmen y Lucía deben regirse por el Código Civil Español, y su hermano José por el Código Civil Revisado, o si a los tres amparan y cobijan los preceptos que contiene sobre reconocimiento el último Código citado, actualmente vigente.

Indudablemente que al demandante José, nacido bajo el régimen del Código Revisado, deben aplicarse los preceptos de ese Código, así como a las otras demandantes Carmen y Lucía deben aplicarse los preceptos del Código Civil Español, bajo cuyo régimen tuvieron lugar su concepción y nacimiento, por la razón de que uno n otro Código tienen que regular los derechos nacidos de hechos realizados bajo su régimen respec-tivo, según la primera de las disposiciones transitorias de ambos. ' ¡

No cabe sostener que los preceptos del Código Civil Revi-sado sean también aplicables a Carmen y Lucía, pues el Có-digo Revisado en su artículo 3o. prescribe que las leyes no' tendrán efecto retroactivo a no ser que dispongan expresa-mente lo contrario, sin que en caso alguno el efecto retroac-tivo de una ley pueda perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior. No encontramos en el Código Revisado precepto alguno que estatuya que sus pre-' eeptos sobre reconocimiento de hijos ilegítimos sean aplica-bles a los nacidos con anterioridad a la promulgación de dicho Código; y aun más, la regla Ia. de las transitorias para su' aplicación ordena que se regirán por la legislación anterior al Código Revisado los derechos nacidos según ella de hechos’ realizados bajo su régimen, aunque dicho Código los regule de otro modo o no los reconozca.

Se arguye que esa misma regia Ia. previene que si el "de-recho apareciere declarado por primera vez en el Código Civil Revisado tendrá efecto, desde luego, aunque el hecho que lo origine se haya verificado bajo la legislación anterior, siem-pre que no se oponga'o perjudique a otro derecho nacido o adquirido al amparo de dicha legislación anterior, por lo que se sostiene que apareciendo declarado por primera vez en dicho. Código el derecho al reconocimiento de los hijos ilegítimos de toda clase, es consiguiente que las demandantes Carmen y Lucía tienen derecho al reconocimiento pretendido por no oponerse o perjudicar tal reconocimiento a otro derecho na-cido o adquirido al amparo de la legislación anterior.

No podemos estar conformes con esa alegación. Según el Código Español, artículo 119, son hijos naturales los nacidos fuera de matrimonio de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos pudieron casarse sin dispensa o con ella, y esos son los hijos naturales que, según el artículo 129 del mismo 'Código, podían ser reconocidos por el padre o la madre con-juntamente o por uno sólo de ellos.

Esos preceptos modificaron la legislación anterior rela-tiva al reconocimiento de los hijos naturales, tales como los definía la ley 11 de Toro; y habiéndose traído á judicial de-ibate la cuestión de si podía ser reconocido un hijo que nació ¡al amparo de dicha ley de padres que no podían casarse justa-mente sin dispensación, sin que por tanto pudiera llamarse hijo natural, mereciendo esa denominación con arreglo al artículo 119 del Código Civil Español, cuya aplicación al caso ¡se s'olíeitabá, invocándose el párrafo 2o. de la primera de las reglas transitorias para la aplicación de dicho Código, cuya regla es la misma que con igual número reproduce nuestro ¡Código revisado, el Tribunal Supremo de España por senten-cia de 9 de abril de 1904, decidió el caso en sentido negativo, entre otros fundamentos por los que transcribimos a continua-ción;

“Considerando que las condiciones que han de concurrir en los hijos ilegítimos para ser reputados como naturales, se-gún el párrafo segundo del artículo 119 del Código, no afectan ni en pro ni en daño a los nacidos con anterioridad y someti-dos consiguientemente a las requeridas por la Ley 11 de Toro, cualquiera que,sea la época del reconocimiento de tales hijos, porque siendo condiciones esenciales e inherentes a su propia personalidad determinada por el momento del nacimiento, no es posible prescindir de ellas sin admitir y establecer uña fic-ción contraria a la realidad y no auto rizada, por la ley; pues la regla Ia. de las disposiciones transitorias del Código, si bien consistente dar efecto a los derechos nuevos en tanto en cuan-to no perjudiquen a otros adquiridos, esto no puede enten-derse de lo que constituye esencialmente la personalidad del sujeto desde el instante en que nace, por ser la que tiene que servir de base para la adquisición de otra clase de beneficios o ventajas con el carácter de derechos; y hubiera sido menes-ter, en consonancia con lo que preceptúa el artículo 3°. del Código, que resolución tan trascendental como la de convertir en hijos naturales a aquellos que no lo eran, ni podían serlo con arreglo a la legislación anterior, se hubiera consignado explícitamente, dadas las consecuencias que había de producir en las relaciones familiares y sociales.”
“Considerando que esto supuesto no son de estimar los cuatro primeros motivos del recurso, porque en ellos, con des-conocimiento de la doctrina expuesta en el precedente consi-derando, se da una equivocada interpretación al concepto del derecho por primera vez declarado en el Código a que se re-fiere el segundo párrafo de la primera de las reglas transi-torias de éste, pues si este derecho nuevo arranca de hechos verificados bajo la legislación anterior, es claro que cuando tales hechos tienen un carácter distinto u opuesto a los que el Código exige, no hay posibilidad para la aplicación de dicha regia, siendo forzoso, por lo tanto, dados sus términos y es-píritu que la informa, dejar .subsistentes en su integridad y sig-nificación jurídica aquellas situaciones que afectan a un estado de personalidad perfectamente definido en la legislación anterior, no habiendo por otra parte consignado este Supremo Tribunal declaración doctrinal contraria a la expuesta en las sentencias que como infringidas se citan en el referido recur-' so, cuando por la inversa repetidamente se fia sentado el prin-cipio fundamental de ser aplicable la legislación antigua o la moderna, según la época del nacimiento de los hijos.”

Esas mismas razones, que aceptamos como convincentes, son de aplicacación al presente caso, por lo que toca a las de-mandantes Carmen y Lucía, cuyos derechos de filiación deben regularse en su consecuencia por los preceptos del Código Civil Español, bajo cuyo régimen fueron concebidas y nacie-ron.

Véanse además la sentencia del Tribunal Supremo de Es-paña de 28 de abril de 1894 en el caso de D. I. P. y M. y S. R». y P., sobre declaración del derecho de patria potestad, y nuestra sentencia en el caso de Gual v. Gual, decidido en 25 de junio de 1909.

Pero aún hay más; y es que las demandantes Carmen y Lucía no pueden aspirar al reconocimiento que solicitan, escu-dadas con preceptos del Código Civil Revisado, por cuanto aquel derecho se opone o perjudica a otros derechos nacidos o adquiridos al amparo de la legislación española, bajo cuyo régimen nacieron y fueron concebidas. Veámoslo.

Al amparo de la legislación anterior sólo los hijos legíti-mos o legitimados y los naturales legalmente reconocidos te-nían con relación a su padre derecho de llevar el apellido de éste y de percibir alimentos, según los artículos 114,' 122, 127 y 134 del Código Civil Revisado, mientras que los hijos ilegí-timos, en quienes no concurría la condición legal de naturales, sólo tenían derecho a exigir de sus padres alimentos, conforme al artículo 139. Además, según el artículo 129, sólo el hijo natural podía ser reconocido, pudiendo ser impugnado, según el artículo 138, el reconocimiento hecho a favor de un hijo que no reuniera la condición de natural en los términos en que lo define el artículo 119. Y finalmente, según el artículo 141, se prohibía admitir en juicio demanda alguna que directa o indi-rectamente tuviera por objeto investigar la paternidad de los hijos ilegítimos en quienes no concurriera la condición legal de naturales, fuera de los casos Io. y 2o. del artículo 140.

■ Según esos preceptos, el padre tenía .el derecho de que na-die más que sus hijos legítimos, legitimados o naturales reco-nocidos llevaran su apellido; sólo tenían obligación de dar alimentos a sus hijos ilegítimos en los casos Io. y 2o. del artí-culo 140, o sea cuando la paternidad se infería de una senten-cia firme dictada en proceso criminal o civil, o resultaba de un documento indubitado en que expresamente reconociera la filiación; sólo podía obligársele, cuando procediera, al reco-nocimiento de un hijo que tuviera la condición de natural, pu-diendo ser impugnado el reconocimiento de un hijo que no tuviera esa condición, y finalmente el padre tenía derecho a que ningún hijo ilegítimo pudiera demandarle para investi-gar su paternidad.

El nuevo Código no admite más clasificación que la de hi-jos legítimos, ilegítimos o legitimados, tales como los define el artículo 180; el reconocimiento se extiende a todos los hijos ilegítimos, según el artículo 187; el hijo ilegítimo tiene dere-cho a llevar el apellido de su padre que lo reconozca y a reci-bir alimentos del mismo, al igual que los hijos legítimos, según los artículos 186 y 191, y no hay- precepto alguno que prohíba investigar la paternidad.

De modo que si la filiación y derechos de las demandantes Carmen y Lucía se regularan por los preceptos del Código Civil Revisado, se perjudicarían los derechos ya relacionados que para su padre y causahabientes nacieron al amparo de la legislación anterior, debiendo establecerse como conclusión que a las demandantes Carmen y Lucía, por falta de las con-diciones que exige el artículo 119- del Código Civil antiguo para la filiación natural, no puede otorgárseles el reconoci-miento de hijas de José Yilá y Soler que solicitan en su. de-manda, ni derecho alguno que se derive de tal reconocimiento.

Por lo que toca al otro demandante José, sus derechos de-ben regularse por el Código Civil Revisado, bajo cuyo régi-men fue concebido y nació; y habiéndose justificado que es hijo ilegítimo de Dolores Lucero y de José Vilá y Soler, bar biéndolo reconocido éste por tal hijo, según apreciación de las pruebas hechas por la corte inferior, es indiscutible su derecho a la declaración judicial de tal reconocimiento y a llevar por tanto el apellido de su padre, pero no puede pretender here-darle por testamento, ni que se declare nulo el otorgado por Vilá y Soler según solicita en la demanda.

El Código Civil Revisado, al tratar de la sucesión testada, fijó los derechos de los hijos ilegítimos reconocidos con rela-ción a sus padres y ascendientes naturales, como puede verse en la sección 5a. del capítulo 2°. del título 3°. del libro 3o. de dicho Código; pero los preceptos de éste en sus artículos 795 y. 796 fueron sustituidos por las secciones Ia., 14,15,16,17,18, y' 19 de la ley sobre- herencias, aprobada en 9 de marzo de 1905.

En esa ley sólo se reconocen derechos hereditarios a los hijos naturales legalmente reconocidos; y como sus preceptos son reproducción del Código Civil antiguo, el concepto de hi-jos naturales debe tener la misma significación que les daba dicho Código al definirlos en su artículo 119 en los siguientes términos:

“Son hijos naturales los nacidos fuera de matrimonio de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos pudieron casarse sin dispensa o con ella.”
El concepto gramatical y legal de hijo natural es más res-tringido que el de hijo ilegítimo, y no podemos admitir que ambos tengan la misma extensión y alcance. Si la legislatura hubiera querido reconocer derechos hereditarios a los hijos ilegítimos, tales como los define el Código Civil Revisado, hu-biera empleado la locución de hijos ilegítimos y no la de hijos naturales. Procediendo como procedió, sólo reconoció dere-chos a los hijos naturales legalmente reconocidos, tales como se definen en el Código Civil antiguo. Tenemos, pues, que no cabe reconocer derechos hereditarios al demandante José, nacido bajo el régimen del Código Civil Revisado, y sujeto a la Ley de Herencias que modificó sustancialmente los pre-ceptos de dicho Código sobre sucesión testada. ’ ’

Esos derechos hereditarios tampoco serían de reconocerse a las demandantes Carmen y Lucía, aun en el supuesto de que su filiación se rigiera por el Código Civil Revisado y no por' el Código antiguo.

La corte inferior cometió ciertamente un error al admitir como prueba en el presente juicio las declaraciones que en pleito dé divorcio de José Yilá y Soler y María de la Paz Palermo habían prestado ésta y sus hijos legítimos Salvador y Francisco; pero como dicha prueba fué meramente cumula-tiva y el Salvador prestó además declaración en el presente juicio, no vemos que los demandados apelantes hayan side perjudicados con tal motivo, ni que en su consecuencia tal error apareje por sí'solo la revocación de la sentencia.

El retrato o fotografía de que se hace mérito en el sexto motivo del recurso, ha sido perfectamente identificado en autos, como representativo de José Vilá y Dolores Lucero y de sus hijas Carmen y Lucía, siendo una ampliación del que Salvador Yilá tomó en la casa de Dolores Lucero, según afir-maron en el juicio varios testigos.

Finalmente, en cuanto al 8°. y 9o. motivos del re'curso, que se refieren a error cometido en la apreciación de las pruebas, presentadas por ambas partes, la corte inferior dirimió a favor de la filiación pretendida por el demandante José Lucero,, único que tiene capacidad para ser reconocido, el conflicto existente entre una y otras, sin que se nos haya demostrado que procediera con prejuicio, pación, parcialidad o manifiesta equivocación, y en su virtud no podenios ir contra su aprecia-ción, según doctrina ya establecida en repetidas decisiones.

Por lo que toca a los fundamentos del recurso de los de-mandantes, huelga discutirlos si se tiene .en cuenta que por las; razones expuestas no son de reconocérseles derechos heredi-tarios de clase alguna; pero si esos derechos existieran, nunca se regirían por el artículo 930 del Código Civil que se refiere a los casos de sucesión intestada, mientras que el presente es de sucesión testada, por cuanto Vila y Soler falleció bajo testa-mento que no puede estimarse nulo.

Por las razones expuestas, entendemos que procede la re-vocación de la sentencia apelada, menos en cuanto declara que el demandante José como hijo ilegítimo reconocido de José Vila y Soler tiene derecho a llevar el apellido de su padre ; en cuyo extremo debe quedar subsistente, declarándose sin lugar todos los demás pronunciamientos solicitados en la demanda.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Presidente, Sr. Hernández,

text:
    Lucero et al. v. Los Herederos de Vilá.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte‘de Distrito de Ponce.
    No. 639.
    Resuelto en febrero 11, 1911.
    Apelación — Alimentos Provisionales — Orden Especial. — Una resolución dictada después de sentencia definitiva, decretando el pago de una pensión en concepto de alimentos provisionales, es una providencia especial, y la apelación contra ella debe interponerse dentro del término de diez días, pues de lo contrario, dicha apelación deberá desestimarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Julio M. Padilla.

    Abogados del apelado: Sres. Luis Méndez Vaz y José ■Tous Soto.

   El Juez Presidente, Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso de Ramón Dapena, como defensor judicial de los menores hijos de Dolores Lucero, Carmen, Lucía y José Lucero, contra los herederos de José Vilá y Soler, sobre filia-ción, después de dictada sentencia por la Corte de Distrito de Ponce, y estando pendiente dicha sentencia de recurso de apelación contra ella interpuesto, la representación de los de-mandantes presentó nna moción a dicha corte para qne se les señalara, - en concepto de alimentos, la snma de cincuenta ■dollars pagaderos por mensualidades adelantados con cargo a la herencia de José Vila y Soler.

Oída dicha moción, la mencionada corte dispuso, por orden de 19 de agosto de 1910, que los herederos de José Vila y Soler pasaran a los demandantes, Carmen, Lucía y José Lucero, una pensión mensual de treinta dollars, por mensualidades adelantadas, que empezarían a contarse desde el Io. de sep-tiembre siguiente, y contra esta orden interpusieron los deman-dados recurso de apelación para ante este Tribunal Supremo, ■con fecha 2 de septiembre citado.

No podemos considerar y resolver tal recurso por faltar-nos jurisdicción para ello, pues tratándose, como se trata, de una providencia especial dictada después de una sentencia ■definitiva, el recurso ha debido interponerse dentro del tér-mino de diez días, que señala el número 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuyo término ha vencido con exceso, a contar desde el 19 de agosto, en que se dictó la pro-videncia recurrida, al 2 de septiembre, en que se interpuso el recurso.

Por las razones expuestas, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la .orden apelada, de 19 de agosto del año próximo pasado.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados, MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.