author: El Juez Asociado Sb. Aldrey

text:
    Finlay, Demandante y Apelada, v. R. Fabián & Cía., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en cansa sobre desahucio.
    No. 1432.
    Resuelto en junio 21, 1916.
    Arrendamiento — Pagos los Días Ultimos de cada Mes — Dinero.—Cuando en un contrato de arrendamiento se conviene que el arrendatario pagará deter-minada cantidad de dinero al arrendedor el día último de cada mes, clara-mente se estipula que habrá de entregársele dinero, según el artículo 1138 del Código Civil.
    Id. — Pagos por Abonos en Cuenta Corriente. — Aunque el arrendador hubiere aceptado en un contrato anterior de arrendamiento que los cánones se le pagasen mediante abonos en una cuenta corriente en vez de hacerse en metálico, esto no significa que también aceptara esa forma de pago para un contrato posterior en que se conviene que los pagos se hagan en dinero.
    Id. — Pagos los Días Ultimos de cada Mes — Requerimiento de Pago — Desa-hucio. — En un contrato de -arrendamiento en que el arrendatario se compro-mete a pagar el precio convenido el día último de cada mes, su obligación de efectuar el pago nace en dicho día, sin necesidad de requerimiento alguno por el arrendador, no siendo necesario el requerimiento de pago antes de -ejercitar la acción de desahucio.
    Desahucio — Consignación de lo Debido — Ofrecimiento de Pago — Liberación.— Para que la consignación de lo debido libere al obligado, deberá hacerse el ofrecimiento de pago antes de que haya transcurrido el plazo en que la obligación deba cumplirse.
    Id. — Impedimento o Estoppel — Transcurso de Cinco Meses. — No existe disposi-ción alguna según la cual un arrendador esté impedido de ejercitar su acción de desahucio por haber transcurrido cinco meses sin que le pagaran los arrendamientos.
    Id. — Equidad—Ley.—Cuando la ley manda a hacer una cosa o la prohíbe, la equidad no puede intervenir en sentido contrario o dispensar la obligación.
    Id. — Sentencia Procedente — Cobro de Arrendamiento — Cuantía Litigiosa— Honorarios de Abogado. — La única declaración que puede contener la sen-tencia de desahucio es si procede o no declararlo con lugar y en caso afirma-tivo ordenar el desalojo de la finca. No so establece ese procedimiento para obtener el cobro de cantidades debidas por arrendamientos, pues sus defensas son limitadas, aunque la falta de pago de ellos es uno de los casos que dan . lugar al desahucio. Por tanto, no teniendo cuantía el juicio de desahucio, no procede en él la condena de honorarios de abogado.
    Costas y'Desembolsos — Temeridad o Mala Fe — Discreción Judicial. — Las con-denas por costas j desembolsos puede imponerlas el juez en cualquier caso a discreción, si existe culpabilidad, temeridad o mala fe.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Bosch é Boto.

      Abogados de la apelada: Sres. J. Henri Brown y Eugenio Benitez Castaño.

   El Juez Asociado Sb. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil E. Fabián & Cía. interpuso este recurso de apelación contra la sentencia que declaró con lugar la demanda de desahucio establecida contra ella en primero de septiembre de 1915 por Josefina Finlay en la que se alega que la sociedad no le había pagado los cánones de arrenda-miento de su casa No. 19 de la Calle de San Justo de esta ciu-dad correspondientes a los meses vencidos de abril, mayo, ju-nio, julio y agosto de dicho año.

La parte apelante alega en el recurso para apoyar su pre-tcnsión de que revoquemos la sentencia apelada que el tribunal cometió varios errores, consistiendo el primero en lo si-guiente :

“Io. Declarar con lugar la demanda por falta de'pago del canon convenido, no obstante la prueba practicada por el demandado y acep-tada por la corte demostrativa de haberse efectuado el pago en la forma establecida y aceptada por las partes.”

La demanda se funda en el contrato escrito de 12 de abril de 1915, para regir desde el primero de dicho mes, por el nual Eafael Fabián, como apoderado de su esposa Josefina Finlay, dió en arrendamiento a la sociedad demandada la expresada casa por término de seis años y tres meses, y $2,400 de arrendamiento al año, pagaderos por mensualidades ven-cidas a razón de $200 en cada día último de todos los meses, durante la duración del contrato.

■De las alegaciones de la parte demandada y de su prueba resulta: que la demandante es soda comanditaria de la mer-cantil demandada y esposa del gestor Rafael Fabián; que en los primeros días del mes de abril de 1915 surgieron des-aveniencias graves entre los esposos que dieron por resulta-do el que la Sra. Finlay presentara en el mismo mes demanda de divorcio; que el establecimiento mercantil de la deman-dada lleva muchos años establecido en dicha casa en la que le correspondían ciertas participaciones, hasta que finalmente llegó a ser la única dueña la demandante; que antes del con-trato escrito de arrendamiento mencionado existía contrato verbal de arrendamiento y que la mercantil demandada tenía abierta en sus libros a la demandante una cuenta corriente en la que desde el año 1913 le cargaba los gastos por con-tribuciones y otros conceptos que por ella hacía y le abonó en 31 de marzo de 1914 y de 1915 lo que por arrendamiento le correspondía de acuerdo con sus participaciones en la casa, y que en los días últimos de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 1915 se abonaron también en esa cuenta los respectivos cánones por alquileres a razón de $200.

Con tales hechos sostiene la parte - apelante en apoyo de ese primer motivo de error que no habiéndose convenido nada en el contrato acerca de la forma de pago, porque la fijación de la cantidad y de la fecha del pago no arguye la forma en que el pago deba verificarse, pudo tal forma con-venirse expresa o tácitamente entre las partes y que ha pro-bado que los pagos de los meses a que se refiere la demanda fueron hechos de conformidad con lo acostumbrado y con-, sentido por las partes.

No tiene razón la parte apelante al consignar que las partes nada convinieron respecto a la forma de verificarse el pago de los cánones de arrendamiento,- pues habiendo esti-pulado en el contrato que la sociedad pagaría a la propietaria $200 el día último de cada mes, claramente convinieron en que había de entregársele dinero, pues según el artículo 1138 del Código Civil el pago de las deudas en dinero deberá ha-cerse en la especie pactada.

Es cierto que las partes pueden modificar sus conven-ciones, pero en este caso no hay prueba alguna de que la demandante1 conviniera con la demandada en una forma de pago diferente de la establecida en el contrato, o sea de la entrega mensual de dinero fijado como precio da arrenda-miento, pues no es tal prueba el hecho de que con anterioridad al contrato que sirve de base a la demanda se hiciera el pago de los cánones por abonos en una cuenta corriente, forma de pago que tampoco consta en manera alguna que fuera aceptada por la Sra. Finlay. Celebrado el contrato por cuyo incumplimiento se estableció la demanda en los días en que cesaron las relaciones conyugales de la demandante y de su esposo el gerente de la sociedad E. Fabián & Cía. y estable-cida la demanda de divorcio antes de vencer el primer plazo del arrendamiento, no podía esperar diclio gestor que la dueña de la casa fuera tolerante en la forma de verificarse los pagos, como quizás lo fue antes, y debió seguir el consejo de su otro socio de pagar en metálico como estaba convenido, si quería evitar el pleito que ha sobrevenido. La mera con-descendencia no significa un convenio en una forma de pago distinta de la expresamente convenida. García v. Fernández, 8 D. P. R. 106. Además, aun en el supuesto de que durante la vigencia del anterior contrato hubiera aceptado la deman-dante el cobrar sus cánones por abonos en una cuenta co-rriente, esto no probaría que hubiera aceptado esa forma de pago para el posterior contrato en el que expresamente se convino que se pagaría en dinero.

También alega el apelante que la sociedad demandada había pagado los arrendamientos porque tenía derecho a com-pensar su deuda por alquileres con lo que a su vez le debía la demandante por varios conceptos, según la .cuenta corriente. Esta cuestión no es necesario considerarla, pues aunque en una acción de desahucio para la posesión de la finca tu-viera la demandada por falta de pago el derecho de alegar compensación de deuda, siempre resulta de la propia cuenta corriente presentada por la demandada, que en 31 de agosto, víspera de presentarse la demanda, existía un saldo a favor de la demandante de $551.47, por lo que a lo menos se le debían los alquileres de julio y agosto.

El segundo error se alega en esta forma:

“2o. Desconocer el principio de derecho que impone al arrendador la obligación de requerir de pago al arrendatario antes de poder ejercitar la acción especialísima de desaliucio; aun prescindiendo del precepto de derecho citado, la corte debió haber tenido en cuenta las circunstancias de este caso y declarar sin lugar la demanda por no haber avisado la demandante a la demandada su voluntad de no continuar el pago de los alquileres en la forma hasta entonces verificados, máxime cuando el demandante dejó transcurrir cinco meses de cumplirse el contrato en esa forma para entonces demandar en desahucio.”

La primera cuestión de las dos que comprende este ale-gado error es si para poder ejercitar la acción de desaliucio es requisito haber exigido el pago del arrendamiento.

Til artículo 1472 del Código Civil dispone que el arrenda-dor podrá desahuciar judicialmente al arrendatario, entre otras causas, por la falta de pago en el precio convenido. Pero para que exista la falta de pago ¿es necesario que se haya hecho requerimiento al deudor ? Esto es lo que sostiene la parte apelante.

Ordena el artículo 1058 del propio código que las obliga-ciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de las mis-mas, por lo que habiéndose comprometido E. Fabián & Cía. a pagar el día último de cada mes el precio del arrendamiento a la demandante, nació su obligación de efectuar el pago en dicho día sin necesidad de requerimiento, porque su obliga-ción de pagar no quedó subordinada a esa condición y no tenía necesidad la arrendadora de requerir de pago antes de ejercitar su acción de desahucio. El artículo 1458 del Código Civil impone al arrendatario como una de sus obligaciones la de pagar el precio del arrendamiento en los términos con-venidos, y en este caso el convenio fué el de que la arrenda-taria pagaría el día último de cada mes. En el caso de García v. Fernández, supra, se propuso esta misma cuestión y este tribunal sostuvo la sentencia que había declarado el desahu-cio. Varias veces se ha resuelto que para que la consignación de lo debido libere al obligado, deberá hacerse el ofre-cimiento de pago antes de que haya transcurrido el plazo en que la obligación deba cumplirse. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 26 de noviembre de 1896; García v. Fernández, supra, y Veve v. The Fajardo Sugar Growers’ Association, 18 D. P. R. 282.

En el segundo fundamento del motivo de error que con-sideramos sostiene el apelante que el desahucio debe decla-rarse sin lugar por no haber avisado la demandante a la demandada su voluntad de no continuar el pago de los alqui-leres en la forma hasta entonces verificado, esto es, por abonos en uná cuenta corriente, máxime cuando la demandante dejó transcurrir cinco meses de cumplirse el contrato en esa- forma para entonces demandar en desahucio.

Eespecto de esta cuestión nos bastará recordar lo que antes dijimos: que tratándose de un contrato nuevo no podían aplicársele los convenios del anterior y que tampoco se probó que con respecto al anterior contrato la demandante convi-niera con la demandada en que los pagos se le hicieran por abonos en cuenta corriente y no en dinero. El que la de-mandante dejara transcurrir cinco meses §in ejercitar su acción de desahucio tampoco significa que estuviera conforme en que se le pagara con los abonos que la demandada hacía en cuenta corriente.

El tercer error alegado dice:

“3o. Desconocer o no aplicar a este caso la doctrina que declara improcedente la acción sumaria de desahucio cuando las relaciones entre el arrendador y el arrendatario no son las exclusivamente derivadas del contrato de arrendamiento sino otras y diversas que establecen modalidades de acción, vínculos y circunstancias impo-sibles d'e apreciar y con justicia resolver en la acción especial de desahucio; la que, por otra parte, no puede abarcar otro extremo que el motivo en que se funda o circunstancias que a él se refieran, principio igualmente violado por la corte al considerar circunstan-cias que más bien afectan al contrato báse de la acción que al motivo de desahucio alegado.”

En este caso no se ha demostrado que las relaciones entre la arrendadora y la sociedad arrendataria no son exclusiva-mente las que surgen de su contrato. La demanda se fundó en falta de pago y la demandada trató de probar el pago presentando una cuenta corriente en la que aparecían abo-nados los alquileres a la demandante y, por tanto, la única cuestión es la de si el pago en esa forma es el pago que dice el contrato. Hemos declarado antes que el pago en esa forma no era el convenido, y las demás cuestiones relativas a las relaciones entre la demandante y uno de los gestores de la sociedad demandada en nada alteran ni cambian la relación jurídica entre las partes de este pleito ni son importantes para la cuestión qué surge de las alegaciones, por lo que no existe el error alegado.

Cuarto error:

“4o. La teoría de estoppel reconocida unánimemente por la juris-prudencia y consignada en la Ley de Evidencia, que impide al de-mandante negar o quitar eficacia a un estado de hechos por él con-sentido y sobre el cual actuó la parte demandada, si' tal negativa o falta de eficacia redunda en perjuicio del demandante.”

La alegación ele este error descansa en la base falsa de que- la demandante aceptó la forma de pago de su arrenda-miento por abonos en cuenta corriente, pero después de lo que liemos declarado sobre este particular, no es necesario que le prestemos mayor atención.

El quinto error que se alega basado en la teoría de ne-gligencia (laches) por liaber dejado transcurrir la deman-dante cinco meses sin presentar su demanda, tampoco es sostenible. La acción de desahucio se rige por la ley y no conocemos disposición alguna, ni se cita, según la cual la demandante esté impedida de ejercitar su acción de desahucio por haber transcurrido cinco meses sin que le pagaran los arrendamientos.

Sostiene, la parte apelante en el 6.° error que atribuye al tribunal sentenciador que no debió declarar con lugar el desahucio porque los tribunales son refractarios a la pérdida y anulación de los contratos y se inclinan a aceptar la inter-pretación que sea favorable a sostenerlos, aceptando como buenas las eircunstacias o excusas equitativas y razonables que eviten la terminación de los contratos.

Sin embargo, la única cuestión en este caso es si el de-mandado cumplió su obligación de pagar de acuerdo con lo pactado en su contrato, y si como-entendemos, no lo cumplió, entonces infringió la obligación que le impone la ley de pagar' el arrendamiento en los términos convenidos y no pueden aplicarse principios de equidad como los que expone. Cuando la ley manda a hacer una cosa o la prohíbe, la equidad no puede intervenir en sentido contrario o dispensar la obliga-ción. 1 Story’s Eq. Jur. pág. 61.

El último error que se alega se funda en haber conde-nado la sentencia al pago de costas, desembolsos y honorarios de abogado, porque aunque se estime que la ley es aplicable hubo abuso de discreción al imponerlas, dada la falta de temeridad del demandado.

El juicio de desahucio es un procedimiento especial de naturaleza sumaria que tiene por fin recuperar la posesión material de alguna finca lanzando de ella al que la detenta sin pagar canon o merced, o a la persona que se le ha dado en arrendamiento cuando falta a alguna de sus condiciones. García v. Brignoni, 22 D. P. R. 366 y casos que cita. La única declaración que puede contener la sentencia de desa-hucio es si procede o no declararlo con lugar y en caso afir-mativo ordenar el desalojo de la finca. No se estableció ese procedimiento para obtener el cobro de cantidades debidas por arrendamientos, pues sus defensas son limitadas, aunque la falta de pago !de ellos es uno de los casos que dan lugar al desahucio. El caso de Cordero v. The Porto Rico Publishing Co., 9 D. P. R. 315 que admitió la acumulación de acciones de cobro de alquileres y de desalojo era un juicio ordinario y no el especial de desahucio. No tiene cuantía la reclama-ción, por más que a los efectos de determinar la jurisdicción del tribunal se declara en la ley que los jueces municipales conocerán de los juicios cuando el canon de arrendamiento o precio o cantidad que, por virtud de cualquier contrato,, deba pagarse, computada por una anualidad, no exceda dell,000 y que en todos los demás casos conocerán los tribunales, de distrito. No es, pues, el valor del inmueble el que con-fiere jurisdicción, pues si la demanda es por precario conocerá de ella el tribunal de distrito por pequeño que sea el valor, 'y si el precio de una anualidad no excede de $3,000 correspon-derá al juez municipal.

No teniendo, pues, cuantía ese juicio, cometió error el tribunal inferior al imponer al demandado el pago de los ho-norarios .del abogado de la parte contraria, pues según la ley de marzo 12, 1908, sólo está facultado para imponer esa condena cuando la materia litigiosa exceda de $500 y exista culpabilidad. Modesto v. Sucesión Dubois, 16 D. P. R. 745. Cruz v. Santiago, (pág. 108.)

En cuanto a las otras condenas por costas y desembolsos, puede imponerlas el juez en cualquier caso discrecionalmente, si existe culpabilidad, temeridad o mala fe. Martínez v. Padilla, 19 D. P. R. 582.

El deber de la demandada era el de pagar los arrenda-mientos entregando dinero a la demandante, y el hecho de verificar el pago mediante abonos en una cuenta corriente sin otra razón que las relaciones conyugales de la demandante con uno de los- socios de la demandada no excusó su conducta después que entre ellos existió un rompimiento y procedió la demandada temerariamente a pagar en una forma distinta de la convenida, por lo que no podemos alterar ese particular de la sentencia.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la sentencia apelada menos en el extremo que condena a pagar los hono-rarios de abogado de la parte demandante.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández

license: Public Domain

text:
    Alvarez, Demandante y Apelante, v. Quilichini, Demandado y Ajelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en cansa sobre cancelación de hipoteca.
    No. 1487.
    Resuelto en junio 21, 1916.
    Compraventa — Pública Subasta — Derecho Real — Falta de Inscripción. — La compra hecha en pública subasta de una finca no inscrita en el registro, está sujeta al riesgo de que el dueño la hubiera vendido o constituido sobre ella algún derecho real, pues la falta de inscripción en el registro no le impide verificar actos de enajenación que producen efecto entre las personas que los celebran y también respecto de terceros, cuando esos actos llegan a inscri-birse en el registro.
    Id. — Hipoteca—Finca No Inscrita — Inscripción Anterior — Anotación Pre-ventiva. — Cuando una escritura de hipoteca sobre finca no inscrita es otor-gada con anterioridad a una de venta, ignore o no el comprador la consti-tución de aquel gravamen, produce efeetos contra él si se verifica su inscrip-ción antes de la de venta. No importa que al verificarse la inscripción de la hipoteca en el registro estuviera anotado preventivamente el título del comprador, si ya había caducado la anotación. Ni favorece al comprador el hecho de que dentro do los 120 días de la anotación preventiva fuera ins-crita la finca a nombre del causante, porque esa inscripción no puede esti-marse hecha en favor del comprador, y convirtiéndose en inscripción definitiva la anotación preventiva.
    Anotaciones Preventivas — Inscripción Deeinitiva — Efecto de la Anotación Preventiva.' — Transcurridos los 120 días señalados por la ley de 1 de marzo de 1902, sobre recursos contra resoluciones de los registradores de la pro-piedad, sin verificarse la inscripción definitiva, caduca la anotación preventiva, pero si se verifica la inscripción dentro do dicho término, ella surte efecto desde la fecha de la anotación con arreglo al artículo 70 de la Ley Hipotecaria.
    Id. — Defectos Subsanables — Id. Insubsanables — Anotación Preventiva.— Guando se trata de una inscripción con defectos subsanables, éstos pueden corregirse sin fijación de tiempo, pero no sucede lo propio cuando se deniega la inscripción por defectos insubsanables y se toma anotación preventiva por 120 días, pues transcurridos éstos caduca la anotación.
    Id. — Cancelación de la Anotación — Nulidad de Inscripción. — Transcurridos los 120 días en que duran los efectos de una anotación preventiva, el regis-trador debe extender el correspondiente asiento de cancelación, pero la omi-sión de esa ritualidad relacionada con el mecanismo del registro no puede producir la nulidad de una inscripción posterior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Feliú & Alemañy.

    Abogado del apelado: Sr. Alfredo Arnaldo.

   El Juez Presidente Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto por el demandante Emilio Alvarez López contra sentencia que en 35 de febrero del corriente año 3916 dictó la Corte de Dis-trito de Mayagiioz desestimando la demanda por el funda-mento de que no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.

Los hechos alegados en la demanda y que hemos de ad-mitir como ciertos para apreciar la procedencia o improce-dencia de la excepción que sirve de fundamento a la sentencia .son los siguientes:

1. En pleito que instó y tramitó Emilio Alvarez López 'ante la Corte Municipal de San Germán contra José Ceferino Alvarez, embargó a éste para asegurar la efectividad de la sentencia una finca rústica de cuarenta cuerdas con casa ha-bitación en el barrio de Rayo, municipio de Sabana Cran.de, y para la ejecución de la sentencia pronunciada en dicho juicio fue subastada en 26 de febrero de 1914 la finca embar-gada, adjudicándose al demandante, a cuyo favor fue otor-gada por el marshal en la misma fecha la oportuna escritura ante el notario Joaquín Nazario de Figueroa.

2. No apareciendo inscrita la finca en el registro de la propiedad, y careciendo José Ceferino Alvarez de título de' propiedad de la misma qué fuera inscribible, Emilio Alvarez López hizo tomar, como se tomó en el registro de la propiedad de San Germán, una anotación de su título por término de 120 días, cuya anotación se hizo en marzo 12, 3914, habiendo per-mitido Emilio Alvarez López a José Ceferino Alvarez tra-mitara a nombre de éste un expediente posesorio en virtud del cual Ceferino Alvarez inscribió la finca a nombre propio en julio l.° de 1914, inscribiéndola Emilio Alvarez López a .su favor en 21 de septiembre del mismo año.

3. Al adquirir Emilio Alvarez López la finca de que se trata estaba libre de toda carga y gravamen según el registro •e informes y creencias de Alvarez López, y allá por el 10 de septiembre de 1914, el demandado en el presente caso, Vicente Qnilieliini y Ramírez, hizo también inscribir en el Registro de la Propiedad de San Germán cierta pretendida hipoteca aparentemente constituida por José Ceferino Alvarez a su favor por la suma de $648.22 a vencer en 13 de junio de 1914, constituida en igual día y mes de Í913 por escritura ante el notario de San Germán, Licenciado Miguel Juan Llaneras, sin que el demandante tuviera noticia ni informe ni conoci-miento alguno de la existencia de semejante hipoteca.

4. Al inscribir Vicente Quilichini su dicha pretendida hi-poteca en el registro de la propiedad tenía noticia y sabía y le constaba por la anotación en el registro de la escritura de venta hecha a favor de Emilio Alvarez López, por conoci-miento personal, y por informes adquiridos que la finca era de la propiedad del demandante por haberla adquirido en las condiciones y circunstancias expresadas.

Alega además el demandante que el demandado Vicente Quilichini ha instituido ya ante la misma corte de Mayag'üez el procedimiento ejecutivo sumario para el cobro de la hipo-teca y que de no paralizarse la ejecución está expuesto a litigar necesariamente con el comprador en tal subasta, a sufrir daños inestimables' e inherentes a una enajenación en tales circunstancias, y a perder también la suma de dinero que satisfizo por la finca, sin que tenga remedio alguno eficaz, adecuado, rápido y completo para evitar tales consecuencias, como no sea la concesión de un injunction.

La demanda concluye con la súplica de que se declare sin valor ni eficacia alguna en cuanto al demandante la hi-poteca constituida por José Ceferino Alvarez a favor del demandado Quilichini por escritura de 13 de junio de 1913 inscrita en el Registro de la Propiedad de San Germán y se cancele la inscripción de dicha hipoteca, decretándose un injunction preliminar que prohíba al demandado por sí o por medio de otros ejecutar acto alguno para hacer efectiva la hipoteca, cuyo injunction se haga perpetuo por sentencia definitiva..

A la anterior demanda opuso el- demandado la excepción previa de que no aduce lieclios suficientes para determinar-una causa de acción, y la corte dictó sentencia en 15 de febrero del corriente año 1916 declarando con lugar la excepción y desestimando en su consecuencia la demanda con sobresei-miento y archivo del caso y costas, g’astos y honorarios de abog’ado a cargo del demandante, contra cuya sentencia inter-puso la representación de Emilio Alvarez López recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.;

Funda la parte apelante su recurso e'n que la corte inferior cometió error al declarar con lugar "la excepción previa del demandado y desestimar la demanda ^ordenando el sobre-seimiento'y archivo del caso y en qué también erró al no con-ceder al demandante oportunidad para enmendar su demanda.

Alega la parte apelante para sostener el primer error que la hipoteca constituida por José Ceferino Alvarez a favor de Vicente Quilichini y Ramírez por escritura de 13 de junio de 1913 no puede tener eficacia legal en cuanto al demandan-te, por las siguientes razones: (a) porque cuando el deman-dante adquirió por escritura pública de 26 de febrero de 1914, la finca de que se trata, no estaba afecta, según el registro, a carga alguna, ni por tanto, a la hipoteca a favor de Vicente Quilichini, inscrita posteriormente; (b) porque al verificar Quilichini en el registro la inscripción de la hipoteca en 10 de septiembre de 1914, sabía por la anotación preventiva del título de propiedad del demandante verificada en marzo 12, 1914, y por conocimiento personal e informes adquiridos, que la finca era de la propiedad del demandante y la había adquirido sin carga alguna, no mereciendo Quilichini la con-sideración de tercero; (c) porque anotado a favor del deman-dante el título de compraventa'y subsanado dentro de los ciento veinte días señalados por la ley, el defecto que ori-ginó la falta de inscripción, consistente en no estar inscrita la finca a favor del causante, cuando la anotación no había sido cancelada, quedó convertida en inscripción surtiendo sus efectos desde la fecha de la anotación, con arreglo al artículo 70 de la Ley Hipotecaria; (d) porque para que la inscripción de la hipoteca fuera válida era necesario que la anotación del título del demandante hubiera sido cancelada, lo que no se ha alegado en su demanda.

Ciertamente que cuando el demandante Emilio Alvarez López adquirió en 26 de febrero de 1914 la finca descrita en la demanda, no podía estar afecta a carga alguna, según el registro, ni por tanto, a la hipoteca de Vicente Quilichini, pues la finca no había sido inscrita; pero la compra hecha por Emilio Alvarez López en tales condiciones lo sometía al riesgo o contingencia de que José Ceferino Alvarez la hu-biera vendido o constituido sobre ella algún derecho real, pues la falta de inscripción en el registro no impide al dueño veri-ficar actos de enajenación que desde luego producirán efecto entre las personas que los celebren, y también respecto de terceros cuando esos actos se inscriban en el registro de la propiedad.

La escritura de hipoteca a favor de Quilichini fué otorgada en 13 de junio de 1913, antes que la de venta a favor de Emilio Alvarez López, e ignorara éste o no la constitución de aquel gravamen tenía que producir efectos contra él si se verifi-caba su inscripción antes de que se efectuara la de la venta de la finca a favor de Emilio Alvarez López sin carga alguna.

No importa que al verificar Quilichini la inscripción de su hipoteca en el registro de la propiedad supiera por la anotación preventiva del título de Emilio Alvarez López en el registro y por conocimiento personal que la finca era del demandante, pues también debía saber por la misma anota-ción que los efectos de ésta no habían de extenderse a más de los ciento veinte olías señalados por la ley de l.° de marzo de 1912 sobre recursos contra las resoluciones de los registra-dores de la propiedad.

Transcurrido - dicho término sin verificarse la inscripción definitiva caduca la anotación preventiva.

Al resolver el caso de Antonsanti v. El Registrador de la Propiedad, 9 D. P. R. 190, dijimos:

“Las anotaciones preventivas que deben tomar los registradores de la propiedad cuando deniegan la inscripción, o anotación de cual-quier documento, por defectos insubsanables del mismo, con arreglo a la ley votad'a por la Asamblea Legislativa de esta isla de Io. de marzo de 1902, sobre 'Recursos contra las resoluciones de los regis-tradores de la propiedad,’ no tienen otro objeto que garantizar el derecho de los interesados en la inscripción o anotación del docu-mento, por el término de ciento veinte días que duran- sus efectos, para que si dentro de dicho término pueden presentar un nuevo título o subsanar cualquier obstáculo que impidiera la inscripción del anterior, puedan inscribir su derecho, retrotrayendo los efectos de la inscripción a la fecha de la anotación preventiva.”

Esa doctrina fué ratificada posteriormente en el caso de Ramis et al. v. El Registrador de la Propiedad, 18 D. P. R. 79.

Si el demandante Emilio Alvarez López lxubiera verifi-cado la inscripción de su título dentro de los ciento veinte días de que se deja hecho mérito, la anotación preventiva de su derecho no hubiera caducado y aquella inscripción surtiría, sus efectos desde la fecha de dicha anotación con arreglo al artículo 70 de la Ley Hipotecaria. No procedió así y debe soportar las consecuencias legales de su tardío proceder. Y no favorece a Alvarez López el hecho de que dentro de los ciento veinte días desde la fecha de la anotación preventiva fuera inscrita la finca a favor de su causante José Oeferino Alvarez, pues en virtud de esa inscripción no podía estimarse hecha la inscripción de la misma a favor de Alvarez López, convirtiéndose así en inscripción definitiva la anotación pre-ventiva. La inscripción de la finca a nombre de Alvarez Ló-pez era necesaria y así lo entendió éste al verificar la inscrip-ción a su favor después de inscrita a nombre del causante.

Teniendo como tenía Quilichini un derecho hipotecario, que no se alega esté viciado de nulidad, anterior al derecho de dominio adquirido por Alvarez López, no-puede culparse a aquél de que tratara de lastimar con la inscripción los dere-dios de Alvarez López, pues lo que se proponía evitar era que sus propios derechos fueran lastimados por Alvarez López. Ambos podían gestionar la prioridad de su inscripción en el registro y el que la hizo antes, o sea Quilichini, debe obtener el premio de su actividad. Virjilantibus et non do'rmientibus jura sunt concessa.

Cuando se trata de una inscripción hecha con defectos subsanables éstos pueden subsanarse sin fijación de tiempo, pero no sucede lo propio cuando se deniega la inscripción por defectos insubsanables, tomándose anotación preventiva por ciento veinte días, pues transcurridos éstos caduca la ano-tación, según hemos dicho antes.

Y no ha dejado de ser válida la inscripción de la hipoteca de Quilichini por no aparecer que se haya cancelado la ano-tación preventiva del derecho de dominio a favor de Emilio Alvarez López, pues sostener lo contrario equivaldría a dejar subsistentes los efectos de la anotación más allá del tiempo fijado por la ley.

“Declarada por la ley,” dicen los Sres. G-alindo y Es-cosura, “la caducidad (de la anotación) por el transcurso del tiempo, no ha de estar subordinado el precepto del legislador a que se extienda o no el oportuno asiento de cancelación en el registro, ni de esta ritualidad puede depender que el dere-cho ajeno subsista o no subsista; ni un asiento caducado que carece de fuerza esencial, puede destruir derechos civiles de un tercero.”

Galindo, tomo 3, página 111.

El registrador debió extender asiento de cancelación de la anotación preventiva transcurridos los ciento veinte días que habían de durar sus efectos, pero la omisión de esa ri-tualidad relacionada con el mecanismo del registro no puede producir la nulidad de una incripción posterior como la de la hipoteca a favor de Quilichini.

En cuanto al segundo error alegado, carece de funda-mento. La parte no muestra razones por las cuales deba con-cedérsele permiso para enmendar la demanda ni expresa cuá-les son las nuevas alegaciones en virtud de las cuales aquélla podría determinar causa de acción.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia . apelada.

Confirmada, la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Reyes et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por delito de daños maliciosos.
    No. 1040.
    Resuelto en junio 22, 1916.
    Daños Maliciosos — Alambres Eléctricos — Poda de Arboles que Tocan los Alambres — Malicia—Elemento Esencial del Delito. — En este caso, de la prueba resulta que los acusados, empleados de una compañía de fuerza y luz eléctrica, después de solicitar permiso y serles éste denegado, cortaron, usando para ello una escalera de cincuenta pies y sin penetrar en la finca del denunciante, cierto número de ramas o pencas de palma de coco que sobresalían hacia la carretera y que atravesaban las líneas de trasmisión, porque qiodrían ocasionar la ruptura de los alambres por los cuales pasaba una corriente peligrosa, mortal, de 4,400 volts. También hubo prueba de cierta autorización del Comisionado del Interior para cortar y podar árboles y ramas dentro de la carretera y quitar y podar la parte d'e ramas o árboles que sobresalieren de las propiedades adyacentes o que pudieran poner en peligro la dicha línea o entorpecer su servicio.- Se resolvió: que no existe el delito de daños maliciosos por faltar la malicia, que es un elemento ' esencial.
    Id. — Autorización para Bealizar los- Actos Denunciados — Ealta de Mali-cia — Besponsabilidad Civil. — Cuando- de los autos resulta que -los acusados no actuaron con la dañada intención de perpetrar un delito sino bajo la creencia de que estaban debidamente autorizados para realizar el acto que llevaron a cabo, si se extralimitaron o no en sus facultades no es una cuestión que deba resolverse en una causa criminal. La maquinaria de la ley penal no puedo invocarse propiamente para el resarcimiento de un daño mecamente privado.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. J. 11: Brown.

      Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Tobo,

emitió la opinion del tribunal.

Se trata de una causa sobre daños maliciosos. La de-nuncia, en lo pertinente, dice así:

“Yo, Arturo G-. Bird, vecino de Fajardo, calle de Celis Aguilera, número, de 29 años, formulo denuncia contra Sandalio Reyes y Rafael F. Veve, por delito de daños maliciosos, cometido de la manera siguiente: que en la tarde del día Io. de octubre de 1915, y en la carretera de Luquillo a Río Grande, barrio Sabana, del Distrito Judicial Municipal de Fajardo, el acusado Sandalio Reyes, maliciosa-mente, y contra la voluntad y prohibición del denunciante, cortó aproximadamente setenta pencas o ramas de sobre cuarenta palmas de cocotero, situadas en una finca de la cual es encargado el denun-ciante, situada en el barrio de Luquillo, digo Sabana de Luquillo, habiendo instigado maliciosamente el Rafael F. Veve, la comisión del delito.”

Los acusados fueron condenados por la corte municipal y apelaron para ante la corte de distrito. Esta celebró el juicio de nuevo y condenó también a los acusados quienes apelaron entonces para ante este Tribunal Supremo.

Los apelantes presentaron en su oportunidad su alegato solicitando la revocación de la sentencia y el Fiscal de esta corte archivó su informe opinando que procedía la revoca-ción solicitada.

Forma parte de los autos una exposición del caso de la cual resulta que los hechos ocurrieron de la siguiente manera:

Arturo C. Bird, el denunciante, declaró que fué requerido por el acusado Veve para que le permitiera cortar las ramas de varias palmas de coco que crecían en su finca situada en Luquillo, y no obstante haberse negado, las ramas fueron cortadas. Zoilo López, mayordomo de Bird, admitió que las ramas cortadas sobresalían a la carretera y tocaban los alam-bres eléctricos.

Los acusados manifestaron que eran empleados de la Porto Rico Railway, Light & Power Co.; que solicitaron per-miso para el corte de las ramas de que se trata y'que al serles denegado, procedieron a verificarlo usando una escalera de cincuenta pies para llegar hasta ellas, sin necesidad de pene-trar en la finca a que se refiere la denuncia; que estando las ramas atravesadas en las lincas de transmisión de la com-pañía, era .necesario cortarlas, porque podrían ocasionar la ruptura de los alambres por los cuales pasa una corriente peligrosa, mortal, de 4,400 volts; que las pencas cortadas sobresalían fuera de la finca, penetrando en la carretera y que el corte fué presenciado por un policía requerido expresa-mente para ello por los acusados.

La defensa presentó además como prueba una certifica-ción expedida por el Comisionado del Interior de Puerto Rico, creditivo de que la línea que pasa por la carretera donde ocurrieron los hechos fué establecida en el sitio donde actual-mente existe de acuerdo con la franquicia concedida por el Consejo Ejecutivo y los planos aprobados por el Comisionado del Interior, y de que la Compañía fué expresamente auto-rizada por el Departamento del Interior para cortar, quitar y podar árboles y ramas dentro de la carretera y quitar y podar la parte de ramas o árboles que sobresalieren de las propiedades adyacentes y que pudieran poner en peligro la dicha línea o entorpecer su servicio, autorización que estaba vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados.

El. examen de la prueba nos lleva necesariamente a la conclusión de que no existe en este caso el delito de daños maliciosos por el cual han sido condenados los acusados ape-lantes.

Toda persona que maliciosamente dañare o destruyere bienes muebles o inmuebles ajenos, dice el artículo 511 de nuestro Código Penal, fuera de los casos especificados en este 'código, incurrirá en misdemeanor.

La malicia es un elemento esencial que debe ser alegado y probado en mía acusación por tal delito, lia decidido esta Corte Suprema de Puerto Eico en los casos de El Pueblo v. Maldonado, 15 D. P. R. 776, y El Pueblo v. Lanause, 15 D. P. R. 605, y recientemente en el de El Pueblo v. Valdés, 23 D. P. R. 713.

La malicia necesaria para constituir el delito de daños maliciosos, lia sostenido la Corte Suprema de 'Wyoming, es algo más que la malicia que ordinariamente se infiere de la realización voluntaria de un acto ilegal sin excusa. Véase el caso de State v. Johnson, 7 Wyo. 512.

Para -que un delito pueda ser considerado como de daños maliciosos, sostiene el mismo tribunal, debe aparecer que la maldad fué el objeto directo del acto y que no fué incidental a otro acto legal o ilegal. State v. Johnson, supra.

Pero es más-, no sólo resulta de los autos que los acusados no actuaron con la dañada intención de perpetrar un delito, si que aparece de ellos que actuaron creyendo por lo menos que estaban debidamente autorizados por la franquicia otor-gada a la compañía de la cual eran empleados para realizar el acto que llevaron a efecto. Si se. extralimitaron o no en sus facultades, no es cuestión que deba resolverse en una causa criminal. La maquinaria de la ley penal, lia dicho la Corte Suprema de Indiana, no puede invocarse propiamente para el resarcimiento de un daño meramente privado. Véase el caso de Hughes v. State, 103 Indiana 344.

Por virtud de todo lo expuesto, procede la revocación de la sentencia apelada y la absolución de los acusados.

Hevocada la sentencia apelada y absueltos los ac%isados.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Rivera, Demandante y Apelado, v. Rivera et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en causa sobre división de propiedad.
    No. 1364.
    Resuelto en junio 23, 1916.
    Demanda — Excepción Previa de Ambigüedad. — Cuando de la transcripción no consta que el demandado adujera excepciones contra la demanda al celebrarse un juicio de novo ante la corte de distrito, debe suponerse que si contenía alguna ambigüedad renunció a ella el demandado.
    Nulidad de Venta — Cuantía de la Demanda — Jurisdicción—Cortes Munici-pales. — Cuando el objeto del pleito es la nulidad o validez de una venta verificada por precio de $500 tiene cuantía la demanda dentro de la jurisdic-ción de la corte municipal.
    Id. — Confabulación—Conocimiento de la Confabulación — -Venta Simulada.— Aun cuando en una demanda para que se declare la nulidad de venta de ciertas fincas por confabulación entre los demandados, no se alegue que uno de ellos tenía conocimiento de la confabulación, si se expone que no medió precio en el aontrato y que se simuló para perjudicar al demandante en sus derechos, aduce hechos en cuanto a ambos contratantes demandados para obtener la declaración de nulidad, porque lo que se hace simuladamente es nulo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado-de los apelantes: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. Benito Forés.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Rivera Barrientos demandó en la Corte Municipal de San Germán a José de las Mercedes Rivera y María de la Paz Vélez con el fin de que el tribunal declarase la nuli-dad de la escritura de 27 de abril de 1912 por la que el primero de los demandados vendió a la segunda por precio de qui-nientos pesos sus condominios en ciertas fincas 31 para que se cancelasen las inscripciones que por virtud de ella se verifi-caron en el registro de la propiedad.

Resuelto el pleito a favor del demandante apelaron los demandados para ante la Corte de Distrito de Mayagüez y celebrado allí el juicio de nuevo, en unión de otro que le fue acumulado, recayó sentencia en cuanto a dicha demanda, de-clarando la nulidad de la expresada venta y ordenando las cancelaciones de las inscripciones que motivó en el registro.

Contra esta sentencia establecieron los demandados el- pre-sente recurso en el que no lian presentado relación de las pruebas presentadas en el juicio ni pliego de excepciones, por lo que limitan los motivos de error a sostener que la córte municipal no tenía jurisdicción para conocer de la demanda, que ésta no aduce becbos determinantes de causa de acción y que es ambigua y dudosa.

Como no consta de la transcripción que los demandados adujeran excepciones contra la demanda al celebrarse el juicio de nuevo en la corte de distrito debemos suponer que si la demanda contenía alguna ambigüedad renunciaron los deman-dados a que se hiciera más clara y limitaremos nuestra con-sideración a los otros dos motivos de excepción ya que éstos pueden proponerse ante nosotros aunque no se adujeran en el tribunal inferior.

Sostiene la parte apelante que la corte municipal no tenía jurisdicción para conocer de la demanda porque su objeto es el de obtener la nulidad de una escritura y que, por tanto, no teniendo cuantía corresponde la jurisdicción original a la corte de distrito, citando en su apoyo el caso de Ferraioli v. El Registrador de Ponce, 21 D. P. R. 503.

Este caso no sostiene la proposición de la parte apelante porque si entonces se sostuvo que la corte municipal no tenía jurisdicción para conocer de la demanda fué porque tenía por objeto el que se condenara a los demandados a que tra-mitasen .en el tribunal competente una declaratoria de here-deros, cuestión que no tiene cuantía. Pero en ese mismo caso dijimos que las 'cortes municipales tienen jurisdicción para conocer de cuestiones cuya controversia sea susceptible de ser tasada y resuelta en dinero, con tal de que no exceda de quinientos dólares, incluyendo intereses; y al resolver pos-teriormente el recurso de Sabathié v. El Registrador de Ponce, 23 D. P. R. 325, nos deferimos al caso de Ferraioli, supra, y tratándose de una escritura de venta otorgada en cumpli-miento de una sentencia de una corte municipal dictada en pleito seguido para que se condenase a la sucesión demandada a otorgar escritura de una venta que por 480 dólares satis-fechos con anterioridad, hábía hecho su causante, considera-mos la cuestión do la jurisdicción de dicha corte para conocer del juicio, declaramos que la tenía y ordenamos la inscripción del documento.

Así, pues, siendo el objeto del pleito en este caso la nulidad o validez de una venta verificada por precio de quinientos dólares tiene cuantía la demanda y esa cantidad, que aparece en ella es lo que ha de tenerse en cuenta para decidir que la corte municipal tenía jurisdicción en el asunto.

Con respecto a la otra cuestión de si la demanda aduce o no hechos determinantes de causa de acción, sin necesidad de consignar todas sus alegaciones nos bastará decir que en ella se expresa, entre otras cosas que el demandante y el demandado José Mercedes Rivera son herederos declarados de su hermano Rosendo Rivera: que por escritura pública de 20 de marzo ele. 1900 dicho demandado cedió al deman-dante por precio recibido todas las acciones y derechos que tenía y le pudieran corresponder en la herencia de Rosendo Rivera; y que a pesar de esta cesión de derechos hereditarios, dicho demandado José Mercedes Rivera se confabuló con su madre María de la Paz Vélez, que es la otra demandada y otorgaron simuladamente la escritura pública de 27 de abril de 1912 por la cual la madre aparece comprando al hijo por precio de quinientos pesos dichos derechos y acciones en los bienes de la herencia que describe la demanda, siendo el precio incierto toda A^ez que ella carece de bienes porque ha per-manecido siempre en la mayor insolvencia y por no ejercer industria ni trabajo que le produjera la posesión de tal can-tidad, contrato que se hizo para perjudicar al demandante en sus derechos y que consiguieron inscribir por'estar ins-critos los bienes a nombre de los herederos.

Sostiene la parte apelante que estas alegaciones no son suficientes en cuanto a la demandada María de la Paz Vélez porque no se alega que ella tenía conocimiento de la cesión de derechos hereditarios hecha por su vendedor al demandante y que la confabulación requiere más de una persona y que todas tengan conocimiento entre sí de la confabulación que realizan.

Si bien es cierto que tal conocimiento no se alega en la demanda, como en ella se expone también que no medió precio en el contrato de los demandados y que se simuló para per-judicar al demandante en sus derechos, aduce hechos en cuanto a ambos contratantes demandados para obtener la declaración de nulidad porque lo que se hace simuladamente es nulo. Scaevola, Principios generales del derecho civil. Hernández v. Fernández, 17 D. P. R. 116.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo

text:
    Serrano, Demandante y Apelante, v. Sucesión Santos, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre injunction para recobrar posesión material de finca rústica. .
    No. 1449.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Injunction para Recobrar Posesión Material de Propiedad Inmueble — Jura-mento de la Demanda — Palta de Objeciones por Defecto en el Jura-mento — -Hechos Probados — Desestimación de la Demanda. — De acuerdo con la ley sobre injunction para recobrar posesión material de propiedad inmueble de 1913, la demanda debe ser jurada. Sin embargo aun cuando el juramento no se ajuste exactamente a lo prescrito en el artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, si no aparece que fuera objetado por la parte demandada y se entra a juicio y por virtud de declaraciones de testigos se comprueban los hechos alegados por el demandante, el defeeto existente no puede servir de base para desestimar la demanda. ’
    Id. — Posesión—Tenencia—Arrendamiento.—Las palabras "posesión material” usadas en la Ley No. 43 de 1913, comprenden los conceptos de "posesión” y "tenencia" de la antigua ley de Enjuiciamiento Oivil, (artículo 1649 de la misma). Aunque arriende su propiedad, el dueño no se desprende en absoluto y en cuanto a todos de la posesión material, pudiendo sostenerse que continúa en esa posesión por medio del arrendatario.
    Id. — Descripción de PIncas — Corrección de la Palta en Juicio. — La falta de describirse debidamente en la demanda la exacta porción de terreno recla-mada, puede subsanarse mediante prueba en el acto de la vista.
    Id. — Violencia—Fuerza Písica — Enga&o—Voluntad del Poseedor. — La violen-cia que requiere la ley No. 43 de 1913, no exige necesariamente el empleo de fuerza física o engaño, bastando sólo que el despojo se verifique contra la voluntad del poseedor o sin el concurso de ella.
    Deslinde — Colindancias—Línea Divisoria. — Cuando al practicarse el deslinde de una finca uno de los colindantes no está conforme con la línea divisoria tal y como la trazó el agrimensor de la otra parte, es necesario acudir a los tribunales para dirimir el conflicto.
    Exposición del Caso — Prueba no. Transcrita. — Aun cuando una carta presen-tada y admitida como prueba en el acto del juicio no se transcriba en la exposición del caso, si por los otros datos consignados, en la dicta exposición, es posible fijar la naturaleza de la carta omitida y conoeida dieta naturaleza se llega a la conclusión de que la carta no alteraría en modo alguno el juicio formado por la corte de apelación con respecto a la revocación de la sen- , tencia apelada, la omisión del repetido documento no puede servir de base por sí sola para la eonfirnjaeión de la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Luis Mercader.

    Ahogado de la apelada: Sr. Félix Santoni.

   El Juez Asociado Se. del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso sobre injunction para recobrar la posesión material de cierta parcela de terreno. La acción qne se ejercita se basa en la ley No. 4-3 de 191.3.

En la demanda, presentada el 1 de septiembre de. 1915, se alegó qne la demandante es dneña de cierta finca rústica de ocho cnerdas, sita en Sabana Hoyos, de Arecibo, qne se describe en la forma corriente en esta isla, y qne los deman-dados violentamente privaron a la demandante, del 29 al 30 de agosto de 1915, de nna faja de terreno de sn referida finca "como de tres metros de ancho qne coge todo el largo de la colindancia snd por donde tocan los demandados, haciendo colindancia la faja predicha por la parte snd con la aludida sucesión demandada y por el norte, el resto de la finca de la demandante, en cnya faja se encuentra un extenso número de palmas de coco.” Se Racen además en la demanda las ale-gaciones usuales en esta clase de acciones.

La sncesión demandada excepcionó la demanda y la con-testó en debida forma. En el acto del juicio ambas partes presentaron sus pruebas y el 23 de octubre de 1915 la corte dictó sentencia en contra de la demandante. Esta, entonces, interpuso el presente recurso de apelación.

Varios fueron los fundamentos de la sentencia recurrida, a saber: 1, que el juramento de la demanda es defectuoso; 2, que no corresponde a la demandante la acción que ejercita, por no haberse demostrado que estuviera en la posesión material del terreno que reclama; 3, que no se describió la propiedad conforme ordena el artículo 125 del Código de En-juiciamiento Civil; 4, que la prueba no fué suficiente para demostrar un título a favor de la demandante; 5, que tampoco fué la prueba suficiente para fijar la exacta porción de terreno reclamada, y 6, que no se demostró violencia alguna por par-te de la demandada.

1. Hemos examinado el juramento que aparece al pie de la demanda prestado por el abogado de la demandante y en realidad no se ajusta exactamente a lo prescrito en el artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, como no aparece que dicho juramento fuera objetado por la parte demandada y como se entró a juicio y por virtud de declaraciones de testigos debidamente juramentados se probaron, como luego veremos, los hechos alegados por la demandante, el defecto existente no pudo ni puede servir de base para desestimar la demanda.

2. El juez de distrito se expresa en su sentencia así:

“El objeto del injunction que provee la ley No. 43 de 1913, en su sección Ia., es para recobrar la posesión material de la propiedad inmueble, cuando una parte demuestre que ha sido privado de dicha posesión material, y en el caso presente, tenemos, que según claramen-te se desprende de la misma prueba de la demandante, ésta no tiene la posesión material de la finca que se describe en la demanda, como suya, sino José Santiago Román, quien, por tanto, sería el autorizado para ejercitar la acción que establece la precitada ley No. 43 de 1913; pues corresponde el interdicto o injunction para recobrar, a todo el que se halle en posesión material o tenencia de la cosa lo mismo al legítimo poseedor que al mero detentador. ’ ’

A nuestro jiiieio no es posible aceptar el criterio susten-tado por el juez sentenciador por ser contrario al espíiitu de la ley No. 43 de 1913.

Veamos lo que dice la sección 1 invocada. Es como sigue:

“Se concederá un injunction para recobrar la posesión material de propiedad inmueble cuando una parte demuestre ante la corte que ha sido privada de la posesión material por actos violentos o fraudulentos de la otra, a menos que tales actos fueren ejecutados por virtud de procedimiento legal.”

La antigua ley de Enjuiciamiento Civil de Cuba y Puerto Rico prescribía en su artículo 1649, lo que sigue:

“El interdicto de retener o de recobrar, procederá cuando el que se halle en la posesión o en la tenencia de una cosa, haya sido perturbado en ella por actos que manifiesten la intención de inquie-tarle o despojarle, o cuando haya sido ya despojado de dicha pose-sión o tenencia.”

Y comentando Manresa ese artículo se expresa así:

“De lo expuesto se deduce, que el interdicto de recobrar, no sólo compete al propietario y usufructuario, que son los que tienen la posesión jurídica, sino también al inquilino, arrendatario, colono, depositario y comodatario, al que tiene la cosa en prenda, y- a.un al que la tiene por fuerza, clandestinamente o por ruegos, los cuales sólo se hallan en la tenencia de la cosa.” 6 Manresa, Ley de En-juiciamiento Civil, 139.

En nuestra opinión las palabras posesión material usa-das en la ley vigente, comprenden los conceptos de posesión y tenencia de la ley antigua. Aunque arriende su propiedad, el dueño no se desprende en absoluto y en cuanto a todos de la posesión material, pudiendo sostenerse que continúa en esa posesión por medio del arrendatario.

3. Basta leer la descripción de la porción de terreno que según la demanda fué ocupada por la demandada, para con-cluir sin esfuerzo alguno que el juez sentenciador estuvo en lo cierto al consignar que no cumple con las exigencias del artículo 125 del Código de Enjuiciamiento Civil. La descrip-ción que se da es confusa y sería difícil con ella sola como base identificar la faja de terreno reclamada. Sin embargo, el defecto apuntado quedó corregido por virtud de la prueba practicada en el acto de la vista, como veremos más adelante.

4. Si bien es cierto que la demandante no presentó do-cumento público o privado alguno creditivos del dominio de la finca en cuestión, surge tan claro su derecho dominical de muchas de las declaraciones de los testigos, que no vemos cómo el juez de distrito pudo consignar como uno de los fundamen-tos de su sentencia, la falta de prueba del título de la deman-dante, tanto más tratándose como se trata de un pleito en que lo que se discute es el hecho de la posesión. La misma parte demandada reconoció el derecho de la demandante al tratar con ella como con la verdadera colindante de la parte norte de su finca, a los efectos del deslinde que, según veremos des-pués, trató de practicar con su consentimiento.

5. Hemos dicho que el error cometido al no describirse debidamente en la demanda la exacta porción de terreno re-clamada, quedó subsanado en el acto de la vista.

Declarando la demandante Gregoria Serrano, se expresó así:

Que los demandados se han posesionado de una colindan-cia de sus terrenos, al sud, “en una extensión de dos varas de fondo a morir en nada.” A preguntas del juez: “que son dos varas, para arriba muy poco, que es para abajo, dos varas de fondo; que partiendo de lo mismo de ella los Borrero lian cogido dos varas de fondo a salir arriba, ellos hicieron un ángulo nada más que por donde queda el palmar. ’ ’ A pre-guntas de su abogado; “que ese palmar es de ella; que cogie-ron dos metros e hicieron un codo, cogiendo el palmar y rajando hacia abajo, fino hacia arriba y ancho hacia abajo, como un listón o un ángulo, o un codo, o una curva.” A pre-guntas del abogado de los demandados: “que ha dicho que la faja de terreno tiene dos varas de fondo y termina en nada, como una curva; en algunos sitios tiene dos varas y en otros sitios no tiene nada.”

El testigo José Santiago, ocupante de la finca de la Serrano en el momento del despojo de la porción reclamada, dijo: que la Sucesión Santos ha tomado parte de la finca de ocho cuerdas, como dos o tres varas a morir en nada, del sur hacia el norte, cogiendo de saliente a poniente ele la finca de Gregoria Serrano * * *; que los alambres que cerca-ban la colindancia quedan ahora a la parte afuera de los alambres que han puesto los Borrero.

Francisco Moreda, hijo del antiguo dueño de la finca de la demandante, manifestó que fue llevado al terreno por los mismos demandados, y declaró entre otros particulares: “que cuando fue a ver la colindancia sur de la finca referi-da observó que una línea que habían tirado por orden de los Borrero se introducía en lo de Gregoria Serrano en una exten-sión a todo el largo de la finca y dos o tres varas de ancho, quedando por medio de esa línea una de palmas de coco que la tenía de yerba do guinea. * * * Conoce que el palmar de cocos es do la finca nuestra que es ahora de Gregoria Serrano, y nadie se lo discutió hasta ahora, pues siempre lia pertenecido a dicha finca.”

Nicolás Moreda dijo que conocía la finca de la deman-dante “que tenía palmas por la colindancia sur; * * * la parte esa de las palmas pertenecía a la finca de ocho cuer-das. ’ ’

Martín Soto declaró haber vivido en la finca de los de-mandados ; que el alambre que hoy divide esa finca de la de la demandante está en la finca de ésta; “que por la parte del sur la finca de ocho cuerdas tiene palmas de coco y está sem-brada de yerba de guinea”; que esa parte pertenece a la finca de Gregoria Serrano.

Este testigo fue comisionado para entregar la finca a los demandados cuando éstos la compraron y dice que cuando dió los puntos “la faja esa pertenecía a Manuel Moreda, que es lioy Gregoria Serrano. ” Ya preguntas del juez contestó: “que todo el tiempo que estuvo en la finca de los Borrero (hoy de los demandados) no hubo nada que la separase de la de Moreda (hoy de la demandante); que por lo pronto no hubie-ron separaciones; que había entre las fincas como señal un palmar de cocos; que cree que el palmar de cocos era de la finca de Moreda y no de los Borrero, porque ya la había co-nocido antes; que la separación entre las fincas es que ese palmar está en la finca de Gregoria Serrano; que se funda para decirlo en que siempre se ha respetado así desde muchos años a esta parte; que así conoce respetándose eso a lo menos cuarenta años; que de la entrega que él hizo, hace tres o cua-tro años; que él la tuvo como encargado seis o siete meses, y antes de tenerla como encargado "vivía en la finca de me-dianero. ’ ’

Vicente Rodríguez dijo que conocía la finca de 8 cuerdas desde hacía cuarenta años; “que antes del mes de agosto referido, esa parcela de las palmas de coco pertenecía a la finca de ocho cuerdas de Gregoria Serrano, hace más de quince años que lo conoce así.”

Y, por último, Leandro Rodríguez, depuso: “que la finca esa de la sucesión Santos fué de su abuelo, por lo que conoce la colindancia sur; que la parte esa, la faja que tiene las palmas de coco y la yerba de guinea desde que él la conoce per-tenece a la finca que era de la sucesión Moreda, la cual es hoy de Gregoria Serrano, y que siempre fué respetada por su abuelo y ios hijos y por ellos que fueron nietos quienes también respetaban esa parte; que de quince años para acá los cocos de esa faja los gozaba Gregoria Serrano así como la yerba dé guinea.”

Hasta aquí la prueba de la demandante. Citaremos además cierta parte pertinente de la declaración del primer testigo de la demandada que robustece y completa la prueba del actor. Ese testigo fué el agrimensor a quien la sucesión demandada encomendó la práctica del deslinde a que nos referiremos más adelante y dijo que para fijar la colindancia norte, o sea la sur de la finca de ocho cuerdas, avisó al dueño de ésta y vino Santiago esposo de la Serrano, y le dijo que “los puntos determinantes de la línea estaban claros,” que eran un orte-gón al pie de un pomarrosas 31 un poste de ortegón que había en la otra esquina. Que Santiago admitió que la línea co-gería dos o tres palmas. Que Santiago se retiró; “que al ir a trazar la línea, notó a simple vista que no eran dos o tres palmas como él decía, sino que eran todas las palmas de coco y entonces dijo: vamos a trazar, a marcar la línea, y avisaré a G-regoria Serrano y José Santiago que son todas las palmas.”

Si bien no es posible trazar con los datos aportados por los testigos la exacta figura de la porción reclamada, queda por ellos identificada dicha porción de tal modo que el agente judicial encargado de cumplir la sentencia que se dicte, no en-contrará dificultad alguna para su ejecución. Los dos extre-mos de la colindancia sud de la finca de la demandante y norte de la de la demandada, están claros. En una esquina un or-tegón al pie de un pomarrosas y en la otra otro ortegón. La diferencia surgió cuando se quiso enlazar esos dos puntos por una línea recta, cuando la realidad existente no era esa línea, sino la formada por las últimas palmas situadas al sur del palmar que han descrito los testigos y que se levanta todo en la finca de ocho cuerdas.

6. La corte sentenciadora sostiene, por último, que no ha-biéndose demostrado que la parte demandada actuara vio-lentamente, no cabe la concesión del injunction. Y sostiene, además, dicha corte, que la prueba tiende a demostrar que la colindancia quedó finalmente fijada por el deslinde practicado que fué un acto ejercitado por virtud de un procedimiento en-teramente legal citando al colindante.

En cuanto al deslinde diremos que la prueba demuestra en verdad que la parte demandada encomendó a un agrimen-sor el deslinde de su finca y que se citó para tal acto a la demandante, pero también demuestra la prueba que jamás la demandante mostró su conformidad con la línea tal como la trazó el agrimensor de la sucesión demandada. Siendo esto así, cae por su base toda la fuerza que pueda tener el des-linde. Desde el momento en que uno de los colindantes no estuvo conforme, no pudo el otro fijar por sí solo la línea divisoria, ya que a nadie es lícito tomarse la justicia por su mano, sino que debe acudirse a los tribunales para conseguir-;-la, “ca por aquesto son puestos los judgadores en los lugares, porque los ornes alcancen derecho por mandamiento dellos, é non lo puedan por ellos mesmos fazer”, como dice la ley 14,. tít. 10 de la Partida 7a.

Y en cuanto a la violencia, expondremos, de acuerdo con lo decidido ya por esta misma Corte Suprema, que la que re-quiere la ley No. 43 de 1913, no exige el empleo de fuerza física o engaño, bastando sólo que el despojo se verifique contra la voluntad del poseedor, o sin el concurso de ella. Véase Mattei v. Badillo, 21 D. P. R. 171, 177.

7. Sólo nos resta investigar la siguiente cuestión suscitada al fin del alegato de la parte apelada, en la siguiente forma:

“Además, la exposición del caso no contiene todas las pruebas, pues en vano liemos buscado en ella una carta admi-tida como prueba, por lo que es de aplicación la doctrina de que, cuando el récord no inserta toda la prueba presentada ante el tribunal sentenciador, debe confirmarse la sentencia. Freyre v. Cabassa et al., 21 D. P. R. 103.”

Examinada la exposición del caso resulta que en efecto cuando declaraba el testigo de la parte demandada Benigno Martínez Badía, se le presentó cierta carta escrita por él al agrimensor Puig con referencia al deslinde. El testigo la re-conoció y la carta fué admitida como prueba, sin que ¿parezca trascrita en la exposición del caso; pero, atendidas las cir-cunstancias concurrentes, la omisión de la carta en el récord no puede servir de base para la confirmación de la sentencia apelada.

Parece que dicha carta tendía a probar que el dicho testigo, que había representado a la demandante en el acto del des-linde, había mostrado su conformidad con la línea trazada por el agrimensor Puig\ Aceptando que así fuera, tal con-formidad no podría decidir definitivamente sobre los derechos de la demandante porque no se probó que ésta hubiera autori-zado al testigo para prestarlo. Por el contrario, el testigo, que como hemos consignado fué presentado por la parte de-mandada, declaró bajo juramento “que G-regoria Serrano no lo autorizó a él para que cediera esa porción de terreno que cogía la línea; que dicha señora nunca dió su conformidad. ’ ’

Se ve, pues, que la carta no produciría el efecto de hacer variar el juicio que del caso hemos formado y bajo tales cir-cunstancias, repetimos, su falta de transcripción en el récord no puede servir de base para la confirmación de la sentencia apelada.

En resumen, diremos, que el estudio de este pleito revela errores y deficiencias cometidos por la parte demandante y apelante desde que entabló su demanda hasta que sometió su apelación a este tribunal. Sin embargo, tales errores y defi-ciencias no son bastantes, como hemos visto, para impedir la actuación reparadora de la justicia pedida por la demandante. Es un hecho indiscutible para nosotros que la demandante es-taba en posesión de la faja de terreno que reclama y que contra su voluntad se apoderó de ella la sucesión demandada. Si la sucesión demandada cree que tiene mejor derecho a la propiedad de dicha faja, que reclame ese derecho ante el tribunal de justicia que corresponda y en la forma que fuere procedente, pero no es posible consentir que se tome la justi-cia por sí misma.

En tal virtud procede la revocación de la sentencia apelada dictándose en su lugar otra por la cual quede restablecido el estado de cosas existente con anterioridad al deslinde prac-ticado por orden de la demandada.

Revocada la sentencia, apelada y dictada en su lugar otra declarando con lugar la demanda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.