author: El Juez Peesidente Sr. Hernandez,

text:
    Sotomayor, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas señalando defecto subsanable en la inscripción de un contrato de compraventa.
    No. 435.
    Resuelto en noviembre 11, 1919.
    Solak.es — Concesiones de Solases Municipales — Defecto Subsanable.. — Como las concesiones de solares hechas por los concejos municipales se rigen por reglas distintas según se hayan otorgado antes o después de que comenzara a regir en 7 de marzo de 1912 la ley sobre la materia, es indispensable para la aplicación adecuada de la ley conocer la fecha en que se hizo la concesión, y, por tanto, cuando se presenta al registro de la propiedad para su ins-cripción una certificación del acuerdo de un concejo municipal concediendo el uso de un solar, en la que no se expresa la feeha de tal acuerdo, esa omisión constituye un defecto subsanable.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abrgado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

      El registrador recurrido, Sr. Gómez Lasserre, no compa-reció.
   El Juez Peesidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

Dueño el municipio de O aguas por título de donación, de un predio de terreno de 81 cuerdas, radicado en dicha po-blación, entre otras segregaciones hizo la de un solar de 389.94 metros cuadrados de superficie, para que se inscri-biera como finca independiente, prestando su consentimiento y concediendo permiso a Eamón Sotomayor para que edifi-cara en dicho solar una casa terrera, de maderas, techada de zinc y tejas de barro, según así se consigna en certifica-ción expedida a 10 de abril de 1919 por el secretario municipal de Caguas.

La expresada certificación fué presentada para su ins-cripción en el Registro de la Propiedad de Caguas y se ve-rificó con el defecto subsanable de no expresarse la fecha del acuerdo celebrado por el concejo municipal para la con-cesión del solar, según nota del registrador de 16 de ju-lio, 1919.

La anterior nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por Eamón Sotomayor para obtener su revocación en cuanto al defecto subsanable apuntado.

En la certificación se expresa que la concesión del solar fué ratificada por la ley aprobada en 7 de marzo de 1912. Dicha ley, que comenzó a regir en la fecha de su aprobación, establece en su sección 1ª. que el concejo municipal de cual-quier municipio queda autorizado para conceder, a petición, el aprovechamiento de cualquier solar de su pertenencia que esté situado en la zona urbana siempre que sea para cons-truir edificaciones sobre ellos, debiendo los concejos munici-pales especificar en las concesiones los derechos respectivos del cedente y del cesionario o sus sucesores respecto a pro-piedad de los edificios, su reconstrucción en los casos en que fueron destruidos o deteriorados y cuanto no se opusiere a lo preceptuado en la ley; y en su sección 4ª. establece que toda cesión de uso de solares lieclia por cualquier municipio a personas particulares, corporaciones o asociaciones, hasta la fecha de la aprobación de la ley y que se haya otorgado con el fin de estimular la construcción de edificios y el desa-' rrollo urbano, se declara válida siempre que el concesiona-rio haya llenado debidamente las condiciones de la concesión y pagare la contribución sobre la propiedad que en lo su-cesivo se impusiere, siendo el concejo municipal el tínico juez competente para resolver si un concesionario ha cumplido o no con las condiciones de la concesión.

Como se vó, las concesiones de solares se rigen por re-gias distintas según se otorgan o no antes de la fecha de la ley sobre la materia que comenzó a regir en 7 de marzo de 1912, y es indispensable para la aplicación adecuada de la ley conocer la fecha en que se hizo la concesión. Aunque de la certificación parece desprenderse que la concesión fue he-cha antes del 7 de marzo de 1912, puesto que el secretario municipal de Caguas expresa que tal concesión fue ratificada por la ley aprobada en esa fecha; sin embargo, esa apre-ciación del secretario carece de eficacia legal pues sus fun-ciones deben limitarse a certificar sobre hechos, no siendo de su incumbencia el establecimiento de una conclusión legal como la de que la concesión fue ratificada por la mencionada ley. Esa función era privativa del Concejo Municipal de Caguas.'

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la. nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Áldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no toma-ron participación en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    López et al., Demandantes y Apelados, v. Sucesión Quiñones, Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiioz, en pleito sobre nulidad de escritura y otros extremos.
    No. 2126.
    Resuelto en noviembre 13, 1919.
    Prórroga tara Radicar la Transcripción — Cómputo de Términos — Desestima-ción de Apelación. — En el presente caso, si bien el término legal para radi-car la transcripción en la Corte Suprema vencía el 28 de septiembre de 1919, se concedió por el Tribunal Supremo a los apelantes, para tal radica-ción, una prórroga pedida en tiempo, de treinta días a contar desde el día 29 de dicho mes y año. Con fecha 29 de octubre, 1919, el apelante radicó una moción solicitando nueva prórroga de quince días para elevar la trans-cripción y el mismo día el apelado solicitó la desestimación del recurso por el fundamento de no haberse radicado la transcripción dentro de la prórroga concedida al apelante, la cual, según el apelado, venció el 28 de octubre de 1919. Se resolvió: no haber lugar a la desestimación porque aunque el tér-mino legal para elevar los autos venciera el 28 de septiembre, habiéndose concedido la prórroga de, 30 días a parto del 29 de dicho mes, para computar el término de tal prórroga, de acuerdo con el artículo 338 del Código Político, debía excluirse el día 29, en cuyo caso la prórroga vencía el 29 de octubre, día en que fué radicada la segunda moción y no el 28 como pretendían los apelados.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Francisco Soto Oras y R. Siaca González.

    Ahogados de los apelados: Sres. Pascasio Fajardo, J. R. F. Savage y Fernando Vázquez.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se encuentran sometidas a la consideración del tribunal dos mociones, una de la parte apelante sobre reconsideración y otra de la parte apelada sobre desestimación del recurso. Para resolverlas debidamente es necesario exponer con preci-sión los hechos ocurridos.

El 26 de septiembre último los apelantes presentaron una moción alegando que el término para archivar la transcrip-ción de los autos vencía el 28 del propio mes y que debido a'lo voluminoso de la misma les era imposible radicaría den-' tro de dicho término, por cuyo motivo solicitaban una. pró-rroga de treinta días. A esa moción se proveyó el 27 de sep-tiembre mandando a los apelantes que acreditaran debida-mente la fecha en que se había aprobado la exposición del caso, o en su defecto, la del escrito de apelación. Así lo hi-cieron el 1 de octubre, y en 2 del propio mes se les conce-dió “una prórroga de treinta días, a contar desde el día 29 de septiembre de 1919, para radicar en este tribunal la trans-cripción de los autos a los efectos de la apelación inter-puesta. ’ ’

El 29 de octubre de 1919 a las 9 A. M. los apelantes ar-chivaron una moción, fechada el día anterior, solicitando una nueva prórroga de quince días. Se alegó que la transcrip-ción era voluminosa, que había sido preparada y no habién-dose podido obtener la conformidad de los abogados de los apelados para certificarla, se había remitido el secretario de la corte de distrito y este funcionario no había aun termi-nado el cotejo de la misma. El propio día 29 se negó la prórroga. Aun cuando no se expresó en la resolución, es lo cierto que el único fundamento que se tuvo para negarla fue el estimar que habiendo vencido el término el 28 de oc-tubre, la gestión hecha el 29 lo había sido demasiado tarde. No hubo la intención de desestimar por ello la apelación. Al contrario, siguiendo la práctica establecida, se dictó la resolución “sin perjuicio de los derechos que puedan asis-tir a las partes”, entre cuyos derechos se ha reconocido el de archivar la propia transcripción fuera de término. Bebe consignarse aquí que la transcripción se archivó en efecto el día 1 de noviembre actual, que está certificada por el se-cretario de la corte de distrito y que contiene 146 páginas. De no haberse presentado la moción de la parte apelada el mismo día 29 de octubre a las 2 P. M., solicitando la deses-timación del recurso por no haberse archivado la transcrip-ción dentro del término expresamente concedido, dicha trans-cripción de hecho se hubiera considerado debidamente radi-cada y la apelación hubiera continuado tramitándose sin dificultad.

Tanto por virtud de la moción de reconsideración de los apelantes, cnanto por la de desestimación de los apelados, es necesario que examinemos la resolución de 29 de octubre último. Si el término liabía vencido el 28 de octubre, el caso sería enteramente favorable a los apelados y sólo concurriendo circunstancias muy claras en pro de los apelantes, podría continuar la tramitación del recurso. Pero si el término no vencía en realidad de verdad hasta el 29, entonces es evi-dente que no debe la apelación desestimarse.

El término de ley para archivar la transcripción vencía el 28 de septiembre. Si se contara la prórroga de treinta días concedida a partir de ese día, vencería el 28 de octubre. A nuestro juicio esta circunstancia fue- la que motivó la re-solución de 29 de octubre. Pero es lo cierto que al conce-derse, como ya hemos consignado, el 2 de octubre, la pró-rroga solicitada, se dijo expresamente que empezara a con-tarse a' partir no del 28, sino del 29 de octubre. Y siendo esto así, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, es ne-cesario reconocer que la prórroga no vencía hasta el 29 de octubre y, por tanto, que el escrito de los apelantes archivado en dicha fecha lo fue dentro de término.

El artículo 388 del Código Político, dice que “el tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse, se computará excluyendo el primer día e incluyendo el úl-timo, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido.” Excluyendo el 29 dé septiembre, o sea el primer día, los treinta días vencían el 29 de octubre. No hay duda alguna sobre ello.

Ya esta Corte Suprema en el caso de Belaval v. Todd, 22 D. P. R., 129, 133, al practicar por sí misma la liquidación de un término de veinte días, dijo: “La moción sobre pró-rroga. fué concedida a contar desde diciembre 18, habiendo expirado tal término en enero 7, 1915.” Y en el de Korber y Cía., Inc. v. Aboy, Vidal y Cía., 26 D. P. R. 651, 652, se expresó así: “La notificación empezó a correr aquí el 26 de junio de 1917. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 388 del Código Politico (Comp. 1911, pág. 621), el término de diez días fijado por el artículo 295, No. 3, del Código de Enjuiciamiento Civil, se computará excluyendo el primer, día e incluyendo el último. Comenzando, pues a contar el 27 de junio, terminan los diez días precisamente. el 6 de julio en que la apelación fué interpuesta. ’ ’

Por virtud de lo expuesto, habiéndose ya archivado la transcripción, no es necesario conceder prórroga alguna, de-biéndose limitar nuestra actuación a considerar como bien radicada la transcripción y en su consecuencia a declarar sin lugar la moción de la parte apelada solicitando la deses-timación del recurso.

Sin lugar la desestimación de apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no inter-vinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Millán, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por seducción.
    No. 1419.
    Resuelto en noviembre 13, 1919.
    Seducción — Prueba Suficiente — Virginidad de la Seducida. — Para la comisión del delito (le seducción definido en el artículo 261 del Código Penal, no .es necesario que la mujer sea virgen en el momento de cometerse el delito, pues basta con que basta entonces estuviera reputada por piura, y p0r tanto es innecesario presentar prueba de que perdió la virginidad con el acusado o prueba pericial de la desfioraeión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Garlos Garda de la Noceda.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión que suscita el apelan-te en este caso es que el jurado que conoció del juicio no debió declararle culpable del delito de seducción por no haberse probado con perito médico que Juana Eosario, de cuya seducción se lo acusó, fué desflorada por él, único medio que entiende existe para corroborar la declaración de la mujer en cuanto al comercio carnal.

Como para que se cometa el delito de seducción que define el artículo 261 del Código Penal no es necesario que la mujer sea virgen en el momento del delito, sino que hasta entonces estuviera reputada por pura, es claro que no es necesario probar que perdió su virginidad con el acusado ni que tenga que declarar un médico sobre su desfloración; y como hubo otra prueba tendente a corroborar la declaración de la perjudicada en cuanto al acto carnal bajo promesa de matrimonio debemos confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Rres. Presidente Hernández y Aso-ciado del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. 'Wolf y Hutchison no intervi-nieron en la resolución de este caso.


text:
    Napoleoni, Peticionario Apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, Opositor Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez ■ en recurso de habeas corpus.

    No. 1420.
    Resuelto en noviembre 13, 1919.
    Habeas Corpus — Causa Probable para la Detención — Apelación—Acusación.— Guando una persona utiliza el recurso de habeas corpus alegando que no hubo causa probable para su detención y luego apela contra una resolución ad-versa recaída en ese procedimiento, el lieclio de que después de tal resolu-ción el fiscal haya presentado acusación contra esa porsoflfe. por el mismo delito no priva a dicha apelación de finalidad práctica, pues la cuestión envuelta on la apelación es si existió o no causa probable para la detención, y la presentación de la acusación por el fiscal no prueba tal existencia, siendo como son los tribunales los llamados a decidir sobre ella.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del peticionario apelante: Sr. Leopoldo Tormes.

    Ahogado del opositor apelado: Sr. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Napoleoni presentó solicitad de habeas corpus a la Corte de Distrito de Mayagüez para qne decretase sn li-bertad alegando que había sido preso por. orden del fiscal de dicho distrito sin haber cometido delito alguno.

Después de haber oído la corte expresada la evidencia qne le presentó el fiscal para justificar la prisión del peti-cionario por delito de perjurio, resolvió qne había cansa probable para la prisión y denegó la solicitud qne se le ha-bía hecho, resolución contra la cual interpuso Napoleoni re-curso de apelación.

Pendiente la vista de esa apelación nos presentó el fiscal de este Tribunal Supremo moción solicitando que la deses-timemos, fundándose en que resultaba sin finalidad práctica porque posteriormente a la resolución apelada el fiscal de distrito de Mayagüez había presentado acusación contra Na-poleoni por el delito de perjurio y éste la había contestado negándola.

Siendo la cuestión planteada por la petición y por la ape-lación la de que no existe causa probable para la prisión de Napoleoni, entendemos que no quita finalidad práctica a la resolución de la cuestión en controversia el hecho de que posteriormente el fiscal que decretó la prisión' haya presen-tado ante la corte acusación contra Napoleoni por el delito por el cual ordenó su arresto, pues la presentación de la acusación por el. fiscal no es prueba de que exista causa probable para la prisión de una persona, toda vez que puede creer el fiscal que tiene evidencia para sostener dicha acusa-ción y, sin embargo, no ser esto así a juicio de un tribunal o juez, que son los llamados a decidir sobre' la existencia de causa probable, cuando esta cuestión se plantea ante ellos.

La moción de desestimación debe ser negada.

Sin lugar la moción solicitando la desestima-ción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no intervi-nieron en la resolución de este caso.


text:
    Iglesia Católica, Demandante y Apelante Apelada, v. Municipio de Bayamón, Demandado y Apelado Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito -sobre reivindicación de in-mueble. -
    No. 1935.
    Resuelto en noviembre 17, 1919.
    Cosa Juzgada — Bes Judicata — Reivindicación.—La Iglesia Católica de Bayamón inició un pleito contra el municipio de dicho pueblo sobre reivindicación de cierta parcela de terreno que el municipio tenía inscrita a su favor en el registro de la propiedad, alegando que su título procedía de cierta concesión que le había hecho el Gobierno de España hacía más de un siglo. Contestó el demandado, fué el pleito a prueba y la corte deelaró la demanda sin lugar. Firme ya la sentencia, la Iglesia inició otro pleito para reivindicar la misma parcela de terreno, variando algo su descripción y omitiendo alegar la concesión como título. El título alegado fué el de posesión quieta, pa-cífica y no interrumpida desde 1772 hasta 1907. Entre otras defensas, el demandado alegó la de cosa juzgada. La corte apreció que existía. Apeló la demandante y este tribunal confirmó la sentencia, ya que los hechos de-mostraron que concurría la perfecta identidad de cosas, eausas y personas que requiere la ley para la cosa juzgada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la demandante y apelante apelada: Sr. José de Gusmán Benitez.

    Abogado del demandado-y apelado apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, de-claró sin lugar la demanda, origen de este pleito, por esti-mar qne concurría en favor del demandado la defensa de “cosa juzgada”.

La Iglesia reclamó la propiedad de cierta parcela de te-rreno que se encuentra inscrita a favor del municipio y pi-dió qne se le reconociera el dominio de la misma y se orde-nara la cancelación de su inscripción en el registro a favor del demandado. Este contestó alegando como tercera de-fensa la cosa juzgada. Pué el pleito a juicio. Se presentó la prueba pertinente a la indicada defensa y la corte, como liemos dicho, apreció su existencia y declaró la demanda sin lugar. En su opinión el juez de distrito se expresó así:

“Esta alegación de cosa juzgada debe ser considerada en primer lugar.
“En la prueba del caso se han presentado, entre otros documen-tos, la demanda, la opinión y la sentencia en el caso civil No. 6151 de esta corte de distrito, La Iglesia Católica Apostólica Romana de Puerto Rico v. El Municipio de Bayamón, sobre reivindicción de in-muebles ; y la certificación del Registro de la Propiedad de San Juan, con referencia a la inscripción posesoria de que habla la demanda. Examinados estos documentos, cotejadas 'las demandas en aquel caso y este caso, y vista la certificación del registro, la corte entiende que en los dos casos hay—
“(a) Identidad de partes demandantes y demandadas.
“(7;) Identidad de cosa reclamada. La finca que se pide, aun-que se le haya variado un poco la superficie, es la misma: porque lo que se pide es la finca que posee el municipio bajo inscripción po-sesoria, y se pide la nulidad de tal inscripción. A más, el título que se alega es el mismo, porque la posesión que alega la deman-dante, se basa en la concesión que también alega, y que no puede estimarse separadamente del hecho de la posesión, ya que este hecho, de ser cierto, nacería de aquel título.
“(o) Identidad de acción en ambos pleitos.
“En el citado pleito 6153 de esta corte se dictó, en 13 de febrero de 1914, sentencia sobre los méritos del caso, declarando sin lugar la demanda; y tal sentencia aparece firme.
“Habiendo llegado a esta conclusión, la corte no tiene que resolver sobre ningún otro extremo.”

La ley reguladora del caso está contenida en el artículo 1219 del Código Civil. El párrafo tercero de dicho artículo dice:

“Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.”

La apelante en su alegato acepta la identidad de perso-nas pero sostienen “que ni las causas invocadas en las respec-tivas demandas de ambos pleitos ni las parcelas de terreno que en ellas se reclaman son las mismas.”

En cuanto a la identidad del terreno reclamado en am-bos pleitos, estamos enteramente conformes con el juez sen-tenciador. Se trata de una parcela o solar unida a la en que se levanta la Iglesia Católica en el centro del pueblo de Bayamón y que se alega que estuvo dedicada a cementerio. Si bien en el segundo pleito se varían algo las colindancias, la variación consiste en la introducción de elementos, como el atrio de la iglesia, que antes existían pero que no se hi-cieron constar. Nótase en la segunda descripción un mayor cuidado, más exactitud; se reconoce en ella la existencia de las calles en su condición actual y se advierte una diferencia en la superficie, pero a pesar de todo ello queda siempre en pie el hecho de que la parcela reclamada en uno y otro pleito es la misma que consta inscrita en el registro a favor del demandado. .

Tampoco erró, a nuestro juicio, la corte sentenciadora al apreciar que existía en este caso la perfecta identidad de causas que requiere la ley.

La apelante se funda para alegar lo contrario en que si bien en ambos pleitos se ejercita la misma acción reivindi-catoría, en el primero el derecho del demandante se basó en cierta concesión bóchale por el Gobierno de España bacía más de un siglo, mientras que en el segundo se basa en la posesión que ha venido disfrutando quieta y pacíficamente y sin interrupción desde el'año de 1772 al de 1907. Lo cierto es que'en el primer pleito se alegó la concesión y la pose-sión y en el segundo se eliminó la concesión. No es posible aceptar la distinción sutil que b.ace la apelante. La cansa, en su esencia, es la misma en ambos pleitos.

Esta materia de la “cosa juzgada” lia sido estudiada cui-dadosamente por esta Corte Suprema y decidida en muchas ocasiones. En el caso de González v. Méndez et al., 15 D. P. R. 701, se estableció la siguiente doctrina, aplicable a este pleito:

“Cuando en una acción se pide la nulidad de una enajenación beeba por la madre de los bienes de su hija menor por carecer de autorización judicial para ello y en otra. acción se pide la misma. nulidad por el fundamento distinto de que la madre carecía de la patria potestad sobre su hija, siendo el objeto de ambos pleitos el reclamar una herencia y anular la escritura de enajenación, existe la identidad de acción que da vida a la excepción de cosa juzgada.
“Existe la identidad de acciones requerida para la existencia de la excepción de cosa juzgada, aunque las razones o causas de nuli-dad de una enajenación alegadas en ambas acciones sean distintas cuando el objetivo de ambos pleitos es el mismo. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 14 de marzo de 1898.”

No se trata aquí de hechos nuevos ocurridos después de dictada la primera sentencia. Desde el primer instante la demandante.estuvo en condiciones de plantear su pleito bajo las mismas bases que lo planteó por su segunda demanda. Ella tuvo la oportunidad que se concede a todos los ciuda-danos. Se le dió “su día en corte”. Si por un error en su gestión más bien que por falta de justicia perdió un de-recho, su falta es a ella misma imputable. No es posible admitir una repetición de pleitos bajo circunstancias tales. Hablando por la corte el Juez Figueras, en el caso arriba citado, dijo:

“Esto no puede aceptarse porque nunca se constituiría un estado de derecho estable y serio porque la parte que obtuvo en su pro un fallo definitivo se vería envuelta tantas veces en otros tantos pleitos cuantas razones de pedir distintas, pero conocidas al promover el primer pleito, pudieran ocurrirse a una imaginación fecunda.”

Véanse también las decisiones de esta Corte Suprema en los siguientes casos: Quintero v. Morales, 25 P. P. R. 118; Vega et al. v. Rodríguez et al., 21 D. P. R. 334; Hernández v. Arán et al., 20 D. P. R. 53; Orama et al. v. Oyanguren, 19 D. P. R. 829; Ninlliat v. Suriñach et al., 18 D. P. R 195, y Calaf et al. v. Calaf, 17 D. P. R. 198, y la de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Calaf y Fugurul v. Calaf y Rivera, 232 U. S. 371, 374.

Pebe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada, la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutcbison no intervi-nieron en la resolución de este caso.


author: En Juez Presidente Sr. Hernandez,

text:
    Vázquez, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas, denegando la inscripción de una declaración de dominio.
    No. 432.
    Resuelto en noviembre 17, 1919.
    Información de Dominio — Audiencia Verbal al Fiscal — Facultades del Re-gistrador al Calificar. — En el presente caso el registrador denegó la ins-cripción de una resolución de la Corte de Distrito ordenando' la inscripción del dominio de cierta finca "por-no constar de dicha resolución que fuera oído el ministerio fiscal, a tenor de lo dispuesto en la regla 3“. del artículo 395 de la Ley Hipotecaria." Recurrida dicha nota, se resolvió: que la falta de audiencia verbal al ministerio fiscal que, sirve de fundamento a la nota recurrida no envuelve una falta sustancial que vicie de nulidad el expediente y justifique el proceder del registrador, cuya función al calificar la resolu-ción aprobatoria del dominio debió limitarse a examinar si el juez que la dictó tenía jurisdicción para hacerlo, si se dictó en procedimiento debido, si fueron citadas las partes que la ley señala y si contenía todos los elemen-tos necesarios que debían expresarse en la inscripción. Aparte de que, no habiendo reclamado el fiscal contra la falta de audiencia ni internuesto recurso de apelación para el cumplimiento de tal requisito, dicha falta quedó sub-sanada.

      Cabida de la Finca — Sistema MjStrtco Decimal — Estado Civil. — Constituye de-fecto subsanable el no expresarse en una declaración de dominio la cabida de la finca con arreglo al sistema métrico decimal, así como también el no ex--presarse el estado civil del promovente al tiempo de adquirir la propiedad objeto de la información.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido no compareció.
   En Juez Presidente Sr. Hernandez,

emitió la opinión del tribunal.

Jnan Claudio Vázquez, de estado casado, promovió una información ante la Corte de Distrito de Hum acao para acre-ditar el dominio de una finca de 24 cuerdas, que valora en $300, radicada en el barrio de Quemados del término municipal de San Lorenzo.

El juez aprobó el expediente por orden de 18 de enero de 1915 y ordenó que el dominio de la finca se inscribiera en el Eegistro de la Propiedad de Caguas a favor de Juan Claudio Vázquez.

Presentada en el Eegistro de la Propiedad de Caguas copia certificada de la orden anterior, el registrador se negó a inscribirla “por no constar de dicha resolución que fuera oído el ministerio fiscal, a tenor de lo dispuesto en la regla 3a. del artículo 395 de la Ley Hipotecaria”, y tomó anota-ción preventiva a favor del promovente con los' defectos sub-sanables de no expresarse la equivalencia de la cabida de la finca al sistema métrico decimal ni el estado civil de Juan Claudio Vázquez cuando adquirió la finca.

La calificación del registrador consignada en nota de 1°. de agosto de 1919, está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto.

Ciertamente que el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, al marcar las formalidades que deben llenarse para justifi-car el dominio de un bien inmueble, establece en su regla 3ª. que el juez oirá por escrito sobre la reclamaciones y prue-bas que se hubiesen presentado, al ministerio fiscal y a los demás que hayan concurrido al juicio, cuya audiencia según la regla 6ª. será verbal cuando el valor del inmueble no ex-cediere de 1,000 pesos. Bn el presente caso el valor del in-mueble es. de $300 y, por tanto, la audiencia no tenía que ser escrita sino verbal.

La falta de audiencia verbal al ministerio fiscal que sirve de fundamento a la nota recurrida no envuelve una falta sustancial que vicie de nulidad el expediente y justifique el proceder del registrador, cuya función al calificar la reso-lución aprobatoria del dominio debió limitarse a examinar si el juez que la dictó tenía jurisdicción para hacerlo, si se dictó en procedimiento debido, si fueron citadas las partes que la ley señala y si contenía todos los elementos necesarios que debían expresarse en la inscripción. Ninguno de esos defectos ha sido observado por el registrador.

El ministerio fiscal, por más que fué citado para la in-formación según, se consigna en la resolución de 18 de enero de 1915, no reclamó contra la falta de audiencia ni interpuso recurso de apelación para el cumplimiento de ese requisito, cuyo recurso pudo interponer según la regla 4ª. del artículo 395 ya citado, quedando así subsanada aquella falta.

El artículo 440 del Eeglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria previene que las inscripciones que deban verificarse para acreditar el dominio o la posesión que se haya justificado por los medios establecidos en el artículo 390 y siguientes de la ley, se acomodarán a las regias que para las inscripciones en general determinan la ley y el re-glamento, y además expresarán las circunstancias particu-lares que convengan a cada caso según resulten de los do-cumentos presentados al registro para obtener la inscripción. Las reglas que para las inscripciones en general determinan la Ley Hipotecaria y su reglamento están comprendidas' en el artículo 9 de dicha ley y 63 de su reglamento; y por lo que toca a las inscripciones de dominio y posesión, el artículo 35 del Begiamentó consigna la regla especial de que se hará siempre constar en ellas la procedencia inmediata y el es-tado actual de la posesión de los bienes inscritos. •

La resolución declaratoria de dominio a que se refiere el presente recurso contiene todos los elementos necesarios para llevar a efecto la inscripción denegada y como liemos dicto antes tampoco adolece de defecto sustancial que la vicie o anule. Esa resolución expresa la naturaleza, situación y lin-deros del inmueble que se trata de inscribir y su medida superficial con arreglo a la usada en el país, faltando sólo la expresión de su equivalencia al sistema métrico decimal; la naturaleza del título y su fecba con expresión no sólo del procedimiento seguido para obtenerlo,’que es el autorizado por el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, sino también el. resultado de las pruebas practicadas ante la corte, el nom-bre y apellido de la persona a cuyo favor se ba, de verificar la inscripción, el estado, mayoría de edad y vecindad de dicha persona, los nombres y apellidos de las personas de quie-nes procede inmediatamente el inmueble, la citación del mi-nisterio fiscal y de las demás personas que la ley previene sean citadas, y el nombre y residencia del tribunal que au-torizó el título. Ramos v. El Registrador, 16 D. P. R. 60.

Nada bay que impida verificar la inscripción.

. Los defectos subsanables apuntados por el registrador exis-ten, pues no se ba expresado la cabida de la finca según el sistema métrico decimal, lo que puede hacerse fácilmente, y tampoco aparece cuál fuera el estado civil de Juan Claudio Vázquez al adquirir la finca de que se trata, por más que ■consta que era casado al promover la información de do-minio. ’ Pudo ser casado al promover la información y sol-tero o Adudo en la fecba o fechas de la adquisición.

Es de revocarse la nota recurrida y ordenarse que se ve-rifique la inscripción denegada con los defectos subsanables de que se deja hecho mérito.

Revocada la nota y ordenada la inscripción con los defectos subsaAiables apuntados.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no loma-ron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Torres, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas, denegatoria de la inscripción de un contrato de compraventa de finca rústica.

      No. 430.
    Resuelto en noviembre 17, 1919.
    Compraventa — Precio Aplazado — Extensión del Derecho Cuya Inscripción se Solicita. — En el presente' caso trátase de una eseritura de compra-venta de una finca por precio aplazado, otorgada en abril 19 de 1860, en lo. cual ge hace constar que la venta se lleva a cabo ‘ conservando el vendedor hasta el total solvento de su valor el dominio directo de la finea vendida v doliendo el comprador, que desde luego queda hecho cargo de ella, per-ra'f'- n Leopoldo Pérez permanecer allí hasta fin de mayo siguiente.” En-recurso gubernativo contra nota del registrador, denegatoria de la inscripción porque a su juicio no se expresa de modo terminante la ex-te”són del derecho cuya inscripción se solicita, se resolvió: que la cláusula fren'«rita por la cual se reserva el vendedor el dominio de la finea vendida h"stn la total solución del precio es eficaz en derecho y no vicia de nulidad el contrato, por más que en su caso podría dar lugar a la rescisión del -íGo"'o: y qne la cláusula de quedar heeho cargo de la finca el comprador muerirn la entrega de la misma por el vendedor, cumpliéndose así una obli-gación consecuencia del contrato.
    Estado Civil de los Contratantes — Escritura Pública — Defecto Subsanable.— Constituye un defecto subsanable el no expresarse en la escritura el estado civil del comprador.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recnrrido, Sr. Pedro Gómez Lasserre, no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en el pueblo de Barran-quitas a 19 de abril de 1860, Tomás Escalera vendió a Gregorio Torres nna finca de 88 cnerdas y ¼, situada en el barrio de Cañabón de dicbo pueblo, bajo los lindes qne se des-criben en la escritura, habiéndose verificado la venta por precio de 900 pesos, de los que el comprador pagaría 160 dentro del término de quince días en ganado, y el resto a razón de 160 pesos cada año, a contar desde la fecha del contrato, con excepción del último plazo que sólo alcanzaba a 100 pesos, “conservando el vendedor hasta el total sol-vento de su valor el dominio directo de la finca vendida y debiendo el comprador, que desde luego quede hecho cargo de ella, permitir a Leopoldo Pérez permanecer allí hasta fin de mayo siguiente.”

Presentada dicha escritura al Registrador de la Propie-dad de Paguas para su inscripción, el registrador la denegó, según nota de 21 de julio de 1919,. por la razón de que en el documento “no se expresa de un modo terminante, que no dé lugar a duda, la extensión del derecho cuya inscripción se solicita, toda vez que el vendedor se reserva el dominio directo de la finca vendida, quedando hecho cargo de la misma el comprador, sin que se exprese cuál es el derecho que al parecer se le transmite”, habiéndose tomado anotación pre-ventiva durante el término de ciento veinte días a favor de Gregorio Torres, con el defecto subsanable de no haberse acreditado el estado civil del comprador.

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo contra, ella interpuesto.

La escritura de que se trata contiene todos los elementos de un contrato de compraventa con cláusula de reservarse' el comprador el dominio de la finca vendida hasta la total solución de su precio, cláusula eficaz en derecho que no vicia de nulidad el contrato por más que en su caso podría dar lugar a la rescisión del mismo. La otra cláusula, de quedar hecho cargo de la finca el comprador, muestra la entrega de la misma por el vendedor, cumpliendo así una obligación, consecuencia del contrato.

No adoleciendo el documento de vicio alguno sustancial que lo invalide, es de aplicación el párrafo 3º. del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, preceptivo de que podrán inscri-birse sin el requisito de la inscripción previa del derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la trans-misión o gravamen, los títulos otorgados por personas que hubiesen adquirido el derecho sobre los mismos bienes con anterioridad al día en que empezó a regir la Ley Hipoteca-ria, siempre que justifiquen su adquisición con documentos fehacientes y no estuviere inscrito el mismo derecho a favor de otra persona, pero expresándose en el asiento solici-tado las circunstancias esenciales de tal adquisición, que se tomarán de los documentos necesarios al efecto.

En cuanto al defecto subsanable de no expresarse en la escritura el estado civil del comprador, existe y puede sub-sanarse fácilmente.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu-rrida, y verificarse la inscripción denegada aunque con el defecto subsanable apuntado en dicha nota.

Revocada la nota y ordenada la inscripción con él defecto subsanable apuntado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Asociados. Sres. Wolf y Hutchison no intervi-nieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asocíalo Sb. del Tobo,

text:
    Rivera, Peticionario, v. Juez de la Corte de Distrito de Arecibo.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Arecibo en causa sobre infrac-ción a la Ley de Arbitrios.
    No. 261.
    Resuelto en noviembre 20, 1919.
    Prórrogas — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — Da apreciación de las circunstancias concurrentes a los efectos de la concesión o negativa de pró-rrogas de términos, descansa en la sana discreción de las cortes, j, en tal virtud, no se revocarán sus resoluciones sobre la materia, a menos que se demuestre un claro abuso de dicho poder discrecional.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Antonio Trujillo Güil.

    El demandado compareció por escrito.
   El Juez Asocíalo Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Ensebio Rivera, por medio de sn abogado, presentó en este tribnnal nna solicitud para que se expidiera un auto de certiorari porque los procedimientos seguidos por la Corte de Distrito de Arecibo en la tramitación de una apelación que había interpuesto contra una sentencia dictada por dicha corte condenándole por una infracción a la Ley de Arbitrios, eran erróneos. El error alegado consistía en haber abusado de su discreción el juez de distrito al negar cierta prórroga solicitada para presentar la exposición del caso. Se expidió el auto y se envió a esta corte la causa original.

De ella resulta que la denuncia se formuló en la Corte Municipal de Camuy y dicha corte, examinada la prueba, con-denó a Rivera.a pagar doscientos dólares de multa; que Rivera apeló, y celebrado un nuevo juicio, la corte de distrito volvió a condenarlo; que apeló entonces para ante este Tribunal Supremo y el último día del término que la ley le con-cedía para ello, solicitó una prórroga de veinte días “para presentar la exposición del caso por no haberle sido entre-gadas aun las notas taquigráficas”, y que el juez negó la prórroga basándose en que el apelante • no había solicitado que la transcripción fuera preparada por el taquígrafo y en que bajo tales circunstancias no era causa justa para pedir la prórroga la alegación de que el taquígrafo no le hubiera entregado sus notas.

La apreciación de las circunstancias concurrentes a los efectos de la concesión o negativa de las prórrogas, descansa en la sana discreción de la corte, y como de los hechos ex-puestos no puede deducirse abuso alguno de discreción por parte de la corte de distrito, debe anularse el auto expedido, devolverse la causa al tribunal sentenciador y desestimarse la solicitud.

Desestimada la solicitud y anulado el auto.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no tomaron parte en la resolución de este caso.


text:
    Delgado, Interventor Apelante, v. Cruz et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en incidente de injtmction para paralizar partición de he-rencia.
    No. 2041.
    Resuelto en noviembre 21, 1919.
    Partición de Herencia — Acreedores.- — Para qno una persona tenga derecho a impedir que los herederos practiquen la partición de la herencia, es nece-sario, de acuerdo con el artículo 1049 del Código Civil, que tal persona os-ente el carácter de acreedor de la herencia con título reconocido.
    Injunction — Discreción Judicial- — Abuso de Discreción. — La concesión de un injunction no es ex debito justitiae sino que descansa en la sana discreción del tribunal, por lo que la resolución de la corte inferior concediendo o ne-gando un injunction no será revocada en apelación a menos que se demuestre que dicha corte abusó de su facultad discrecional.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. A. Bones.

    Ahogados de los apelados: Sres. Francisco González y José de Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Delgado presentó una demanda de intervención en cierto pleito seguido en la Corte de Distrito de Humacao y luego archivó una solicitud de injunction que fue finalmente declarada sin lugar. La presente apelación se interpuso contra la sentencia negando el injunction.

La demanda de intervención se dirige contra Eladia Cruz, viuda de Jiménez, contra Joaquín Jiménez Cruz y contra la sucesión del Dr. Manuel Jiménez Cruz y por ella se pide a la corte que declare nulo un expediente, en el cual se estimó justificado el dominio de dos fincas a favor de la demandada Eladia Cruz, y varias escrituras de arrendamiento, segrega-ción, venta, hipoteca y rescisión, todas otorgadas en relación con las diclias fincas; y, además, se solicita qne se condene a la sucesión del Dr. Manuel Jiménez Cruz a pagar a la so-ciedad de gananciales que el demandante tiene constituida con su esposa Gertrudis Jiménez Oruz, la suma de $8,102.77.

En la demanda de intervención se alega qne las fincas de que se trata en ella no pertenecen privativamente a la de-mandada doña Eladia Cruz, sino que correspondían a la sociedad de gananciales que la dicha doña Eladia tuvo cons-tituida con su esposo don Manuel Jiménez Sicardó fallecido en 1887. La esposa del demandante interventor es hija de don Mánuel- y de doña Eladia. T se alega, además, en la demanda, que muerto don Manuel Jiménez Sicardó, su hijo, el Dr. Jiménez Cruz, entró a administrar las fincas sin en-tregar a la esposa del demandante la parte que le correspon-día en sus productos, y es esa parte, ascendente a $8,102.77. la que se reclama a su sucesión.

Archivada la demanda, el demandante interventor pre-sentó su solicitud de injunction alegando que la sucesión del doctor Jiménez Cruz, uno de los demandados, había promo-vido los procedimientos necesarios para la partición de sus bienes y que si tales procedimientos terminaban y cada he-redero percibía su parte, el solicitante se vería obligado a establecer varias acciones separadas para reclamar a cada uno el cumplimiento de las obligaciones contraídas por su causante. Y alega en ella, además, que' el solicitante care-cía de todo otro remedio adecuado, fácil y expedito en el curso ordinario de la ley para garantizar su derecho.

¿Es éste un caso propio para expedir un auto de injunction? ¿Asiste al demandante interventor algún derecho claro para obtener la paralización de las operaciones divisorias? Yeámoslo.

Desde muchos años antes de aprobarse la ley sobre injunctions, se reconocía al acreedor el derecho de paralizar la partición de la herencia hasta que se le pagara o afianzara el importe de su crédito. El artículo 1082 del Código Civil Antiguo, igual al 1049 del Código Civil Revisado, dice: “Los acreedores reconocidos como tales podrán oponerse a qne se lleve a efecto la partición de la herencia hasta qne se les pilgüe o afiance el importe de sus créditos.”

“Los herederos tienen,' desde lnego, la facultad de par-tir”, dice Manresa, “o dividir la herencia; pero sólo deben comprenderse en la división los bienes y derechos qne qne-den después de cumplidas las obligaciones o pagadas las deu-das de la sucesión; * * * Primero es pagar que here-dar, se ha dicho siempre, y éste puede decirse que es el fun-damento del precepto del artículo 1082, en general, o la principal razón que abona la facultad que a los acreedores se concede.” 7 Manresa. Código Civil Español, 3ª. edición, página 756.

Ahora Men, la ley no se refiere en general a “los acree-dores”, sino que se limita a- “los acreedores reconocidos como tales”. Manresa estudia esa limitación y concluye: “Los acreedores cuyos créditos no quieran reconocer los he-rederos ni puedan presentar un título escrito que justifique cumplidamente su derecho, no podrán ejercitar, por tanto, la facultad concedida en el artículo 1082.” 7 Manresa. Có-digo Civil Español, 3ª. edición, página 755. Y ese es preci-samente el caso del demandante interventor. Puede que le asista el derecho que alega; puede que su reclamación sea enteramente justa, pero la deuda que reclama no consta aun reconocida y depende, en primer término, de que se resuel-van a su favor las nulidades del expediente de dominio y de los documentos públicos que solicita, y, después, de la prueba que aporte para demostrar que el causante de la sucesión demandada percibió y no entregó los productos que se ex-presan en la demanda.

No encontrándose, pues, el' apelante en las condiciones requeridas por el artículo 1049 del Código Civil que invoca, no tenía, bajo la autoridad de dicho precepto, derecho a ob-tener la paralización de las operaciones particionales de que se trata.

Veamos si las prescripciones de la Ley de Injunction le favorecen. Funda especialmente sn solicitud el apelante en el caso sexto de la sección 3 de la ley de 1906 sobre la ma-teria, Comp. 1911, página 293, o sea en que puede concederse un injunction “cuando la restricción fuere necesaria para impedir una multiplicidad de procedimientos judiciales. ”

El demandante interventor lia dirigido su demanda, en-tre otros, contra la sucesión del doctor Jiménez Cruz. Cita-dos en forma todos los componentes de la misma, la corte adquirirá jurisdicción sobre todos ellos y en este mismo pleito quedarán resueltas todas las cuestiones levantadas. Además, de acuerdo con la ley para asegurar la efectividad de la sem tencias, está al alcance del demandante interventor garanti-zar la que pueda dictarse en este pleito con bienes no adju-dicados aun individualmente a los herederos y que aunque después lo fueran continuarían afectos a la indicada res-ponsabilidad.

Bajo las circunstancias que concurren y que dejamos ex-puestas, no vemos que la corte de distrito abusara de su po-der discrecional, y sabido es que la concesión de un injunction no es ea; debito justiiiae, sino que descansa en la sana discreción del tribunal, por lo que la resolución que dicte no se revocará en apelación a menos que se demuestre que dicho tribunal abusó de su facultad. Véase el caso de Escobar v. Gámbaro et al., 22 D. P. R. 566 y los en él citados.

Debe declarase no haber lugar al recurso y confirmarse la resolución recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no tomaron parte en la resolución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Salgado, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda en causa por infracción a la Ley de Au-tomóviles.
    No. 1424.
    Resuelto en noviembre 21, 1919.
    Automóviles — Infracción a la Ley de Automóviles — Requisitos de la Denun- - cía. — En tma denuncia formulada de acuerdo con la sección 12 de la Ley de Automóviles, no basta que se exprese en .general que el chauffeur no tomó las precauciones razonables para garantizar la seguridad personal del per-judicado, sino que es necesario especificar, además, que realizó algún hecho en violación de alguna o algunas de las varias disposiciones coneretás con-tenidas en dicha sección.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: iSres. Heriberto Torres Solá y F. Marchán Sicardó.

    Ahogado del apelado: .Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue denunciado por infracción del artículo 12, letra A de la Ley No. 75 de 1916, sobre automóviles, por-que entre 5 y 5 y media de la tarde del 31 de julio de 1918, en el barrio de Sabana Llana de Río Piedras “manejaba el automóvil No. P. 406 por la carretera central que de Río Piedras conduce a Carolina y en el Kilómetro 4, que es un camino público de Puerto Rico, ilegal, voluntaria y malicio-samente al caminar a gran velocidad por tal sitio no to-mando las precauciones razonables para garantizar la se-guridad de la vida de Damiana Hernaiz desvió dicho auto-móvil No. P. 406 lanzándolo contra ella y ocasionándole al chocar con ella la fractura de los huesos tibia y peroné de la pierna derecha * * *

Alega el apelante como fundamento para que. le revo-quemos la sentencia que lo condenó con esa denuncia que ésta no le imputa delito alguno porque faltan en ella los he-chos esenciales para que pudiera conocer con toda claridad cuál es el delito que se le imputa a fin de poder preparar su defensa sin dudas ni vacilaciones.

El fiscal de este tribunal estuvo conforme con esa alega-ción y también nos pide que por ese motivo revoquemos la sentencia apelada.

La cuestión suscitada por el apelante ha sido ya resuelta por nosotros en el mismo sentido que propone, en los casos El Pueblo v Borque, 25 D. P. R. 595, y en el de El Pueblo v. Rivera, 26 D. P. R. 439, que resolvimos considerando de-nuncias idénticas a la que origina este recurso, por lo que, por los motivos expuestos en esos casos, debemos ahora re-vocar la sentencia apelada y absolver al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no intervi-nieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey, EL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNÁNDEZ.

text:
    Rojas, Peticionaria y Apelada, v. Colón, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan,' Sección Primera, en recurso de habeas corpus.

    No. 2060.
    Resuelto en noviembre 21, 1919.
    Patria Potestad — Derechos y Deberes de los Padres. — lia patria potestad im-puesta por la naturaleza y reconocida y regulada por nuestras leyes crea de-rechos y deberes, siendo un'o de aquellos el de que el padre, o, en su caso, la • madre tengan a sus hijos en su compañía, derecho que está reconocido en la ley al disponer ésta en el número 1º. del artículo 223 del código citado, como uno de los efectos de la patria potestad, que tienen ese deber, el cual no po-drían cumplir si no tuvieran el derecho de reclamarlo. Siendo, pues, un de-recho, no puede privarse de él al padre, o en su caso a la madre, sino en los casos previstos y determinados por la ley.
    Id. — Id.—Aparte de que el hecho de que el padre con patria potestad no atendiera, a su hija menor por algún tiempo no lleva consigo el que no ha de atenderla y cuidarla en lo sucesivo, tal hecho no figura entre los mencionados en el artículo 236, únicos casos en los cuales puede privarse al padre de la compa-ñía de sus hijos.

      Bienestab del Hijo. — Si bien es cierto que el bienestar del hijo debe ser tenido en consideración por las cortes, también éstas deben recordar que la ley ha sido decretada teniendo en cuenta este fin.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la peticionaria y apelada: Sr. Luis Muñoz-Morales.

    Abogado del opositor y apelante: Sr. Celestino Iriarte, Jr.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Teresa Rojas presentó a la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, solicitud de habeas corpus alegando ser ma-dre natural de la niña Margarita qxte hasta el día anterior había tenido bajo sn cuidado y amparo y qne según infor-mación que cree cierta, Francisco Colón Martínez, padre tam-bién natural de dicha niña, la reconoció por acta notarial y se propone inscribirla como hija suya reconocida en el re-gistro civil. Alegó también que el padre se había llevado y tenía a la niña contra la voluntad de lá peticionaria, que ella cuenta con recursos suficientes para atenderla, y que dada la edad de la niña y que su padre natural vive en con-cubinato e intenta ausentarse para la República Dominicana, la salud y la educación de la niña estarían expuestas a ser lesionadas si permaneciera privada de los cuidados y aten-ciones de la madre, por lo que pidió a la corte que se la entregara.

Aceptó el demandado en su contestación las dos primeras alegaciones referentes a quiénes son los padres de dicha niña, extremos sobre los que no se practicó prueba, aunque decla-rando la peticionaria en el juicio manifestó que había tenido esa hija con el demandado, y negó éste todas las demás ale-gaciones.

De la prueba resultó que el demandado tiene ahora la niña en su poder, que desde algunos meses antes de la peti-ción de habeas corpus está casado con otra mujer, que la •niña nació en 10 de octubre de 1917, está inscrita con el nom-bre de Consuelo y que desde hacía año y medio, en que ter-minó las relaciones eon la madre de la niña, no atendió al cuidado de ésta.

La sentencia qne dictó la corte inferior, disponiendo qne la niña qnede en la compañía y bajo el cuidado de la madre, fué apelada por el demandado por medio del presente re-curso.

La única cuestión fundamental entre las partes es la de si la niña debe estar en la compañía del padre o de la ma-dre, materia que se baila claramente establecida en nuestras leyes y en nuestra jurisprudencia, pues el Código Civil, se-gún fué enmendado en este particular en el año 1917, dis-pone que la patria potestad de los bijos ilegítimos recono-cidos por el padre y por la madre corresponde, en primer tér-mino al padre, y en ausencia, impedimento legal o muerte de éste, a la madre: el 235, que la patria potestad se suspende por incapacidad o ausencia del padre, o, en su caso, de la madre, declaradas judicialmente, y también por la interdic-ción civil; y según el 236, los tribunales podrán privar a los padres de la patria potestad o suspenderlos en su ejercicio, si trataren a los bijos con dureza excesiva o si les dieren órdenes, consejos o ejemplos corruptores.

La patria potestad impuesta por la naturaleza y recono-' cida y regulada por nuestras leyes crea derechos y deberes, siendo uno de aquéllos el de que el padre, o, en su caso, la madre, tengan a sus bijos en su compañía, derecho que está reconocido en la ley al disponer ésta en el número 1º. del ar-tículo 223 del código citado, como uno de los efectos de la patria potestad, que tienen ese deber, el cual no podrían cum-plir si no tuvieran el derecho de reclamarlo. Siendo, pues, un derecho no puede privarse de él al padre, o en su caso a la madre sino en los casos previstos y determinados por la ley.

A pesar de que el caso presente no se halla comprendido en ninguno de los determinados en el artículo 236 citado, pues no se imputa al padre dureza excesiva, ni órdenes, consejos o. ejemplos corruptores para con la niña Margarita, sin embargo, la corte inferior ordena qne la niña no esté en sn com-pañía sino en la de la madre, fnndándose en qne esa es la conveniencia para la niña.

Aparte de qne el hecho de qne el padre no atendiera a sn hija por algún tiempo no lleva consigo el qne no ha de atenderla y cuidarla en lo sucesivo, como lo demuestra el qne ahora la tiene bajo, sn cuidado y protección, tal hecho no-figura entre los mencionados en el artículo 236, únicos en los cuales puede privarse al padre de la compañía de sus hijos, según hemos declarado en los casos de LeHardy v. Acosta, 18 D. P. R. 458, y de Arbona v. Torres, 24 D. P. R. 452, habiendo dicho, además, en el primero de ellos, lo si-guiente, qne tiene aplicación al presente caso: “es cierto qne el bienestar de los hijos debe ser tenido en considera-ción por las cortes, pero éstas deben recordar qne también la ley ha sido decretada teniendo en cuenta este fin. (21 Cyc. 331, 332 y 333: In re Gates, 95 Cal. 461. Y aunque las cortes tienen el deber de ejercitar el mayor cuidado en la protección de los niños en todos sus derechos e impedir que se les ocasione ningún perjuicio, sin embargo, este cui-dado debe ejercitarse en el presente caso en la forma indi-cada por nuestro código, y es el deber de las cortes, tanto en éste como en los demás casos, observar la ley. Como la corte sentenciadora sin duda con las mejores intenciones' no tomó en consideración los requisitos exigidos por los esta-tutos al dictar la- sentencia apelada, no debemos permitir que subsista la sentencia así dictada. El padre debe tener el dominio absoluto y custodia de sus menores hijos, a me-nos que se alegue y pruebe alguna poderosa razón legal en contrario. ”

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar la petición de habeas corpus.

Revocada la sentencia apelada.

Juez concurrente: Asociado Sr. del Toro.

El Juez Presidente Sr. Hernández disintió.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutchison no inter-vinieron en la resolución de este caso.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR

EL JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNÁNDEZ.

La única cuestión fundamental a discutir en el presente recurso es la de si la niña Margarita, nacida en 10 de octu-bre de 1917 debe estar en compañía de su padre natural Francisco Colón o de su madre también natural Teresa So-jas, que reclama su entrega mediante habeas corpus.

Ciertamente que con arreglo al artículo 222 enmendado del Código Civil • vigente, al padre corresponde la patria potestad sobre la referida niña y no concurre motivo legal alguno de los que expresa el artículo 236 del mismo código para que se le prive de la patria potestad o se le suspenda el ejercicio de ella. Sin embargo, opino que no es requisito esencial para el ejercicio de la patria potestad que la niña viva en compañía del padre, pues si así fuera el hijo que al nacer fuera reconocido por su padre natural, sin vivir éste con la madre, debería ser entregado a aquel, privándolo así de los cuidados de su madre, la lactancia inclusive, el cual sería un acto inhumano en contradición con el principio de que la patria potestad no es un beneficio para el padre o pana la madre, sino para el niño que de ella necesita.

El artículo 223 del Código Civil al reconocer derechos ai padre y a la madre respecto de sus hijos no' emancipados, no otorga esos derechos exclusivamente al padre como lo hacía expresamente el artículo 155 del Código Civil Español. El deber de alimentar a los hijos incumbe tanto al padre como a la madre.

Reproduzco la doctrina ya consignada en la opinión disi-dente que con mi ilustrado compañero el Juez Sr. Hutchison emití en el caso de Arbona v. Torres, 24 D. P. R. 456 a 462, corroborada por ,1a opinión de los tratadistas Manresa y Scaevola, en cuanto a la niña Rosa nacida en el año de 1912, cuya entrega reclamaba el padre a su madre natural. Eu el presente caso, como hemos indicado antes, la niña Margarita nació en el año de 1917 y necesita más que la Rosa de los cuidados de' sn madre.

Es de confirmarse la sentencia apelada de la corte infe-rior, ordenando que la niña Margarita quede en la compañía y bajo el cuidado de sn madre Teresa Rojas.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Bocanegra, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en cansa por acometimiento y ■agresión graves.
    No. 1426.
    Resuelto en noviembre 24, 1919.
    Sobreseimiento de la Acción — Acusación.—El término de i 20 días a que se re-fiere el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal debe contarse a partir de la presentación de la acusación y no a partir de la fecha de la co-misión del delito.
    Id. — Alegación Necesaria. — Cuando un acusado solicita el sobreseimiento del easo amparándose en los preceptos del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, es preciso que alegue en la moción que el juicio no había sido trans-ferido a petición suya.
    Acometimiento y Agresión Grave — Circunstancias Agravantes — Alegación Necesaria.' — Cuando se acusa por acometimiento y agresión grave es necesa-rio especificar con toda claridad alguna de las circunstancias agravantes que expresa la sección 6“. de la ley sobre acometimiento y agresión (le 1904, Leyes de 1904, página 42.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Abraham Peña y José Soto Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por el acusado, E. N. Bocanegra, contra sentencia que pronunció la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en 23 de enero de 1919 declarándolo culpable del delito de acome-timiento y agresión con circnnstancias agravantes y conde-nándolo a $100 de malta o noventa días de cárcel.

La acusación dice así:

“El citado acusado (Dr. E. N. Bocanegra), allá el día 14 de mayo de 1918, en San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ilegal, voluntaria y maliciosamente y con inten-ción de causarle daño acometió y agredió a Enrique Castro, infi-riéndole varios golpes con las manos.”

Alega el apelante como motivos del recurso los siguientes:

1°. Que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción solicitando el archivo de la causa por no ha-ber sido traído a juicio el acusado dentro de los ciento veinte días prevenidos por la ley; 2°., que también cometió error calificando el delito de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes, cuando la acusación no determinaba tal calificación; y 3°., que igualmente cometió error al conside-rar suficiente la prueba de El Pueblo de Puerto Pico para dictar una sentencia condenatoria.

En cuanto al primer error apuntado, el escrito de expo-sición del caso sólo consigna lo que transcribimos a conti-nuación :

“Leída la acusación de acometimiento y agresión grave y antes de contestar la misma, la defensa presentó una moción solicitando el archivo de la causa por no haberse traído a juicio dentro de los 120 días que ordena la ley, toda vez que el supuesto delito se come-tió el día 14 de mayo de 1918, según consta dé la acusación, cuya moción luego de oída la oposición del fiscal de la corte de distrito, la corte la declaró sin lugar.”

El caso fué traído a juicio en 22 de enero de 1919.

El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal establece que a menos que exista justa causa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso cuando no se haya presentado la acusación en el término de sesenta días desde la detención del acusado, y cuando éste, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a él en el término de ciento veinte días a contar desde la presen-tación de la acusación. A ese segundo caso se refiere el ape-lante, y desde luego llama la atención que al formular su moción se apartara de los términos de la ley. pues según ésta el término de ciento veinte días no se cuenta desde la fecha de la comisión del delito, que en el presente caso fué el día 14 de mayo de 1918, sino desde la presentación de la acusación, la cual fué hecha en 10 de julio de 1918. Pero examinando la moción bajo la base de que desde la presen-tación de la acusación hasta el día en que se celebró el jui-cio habían transcurrido ciento veinte días nos faltan ele-mentos para poder apreciar que la corte cometió el error que se le atribuye, pues en la moción no se expresa, ni del récord aparece, que el juicio no había sido transferido a petición del acusado e ignoramos las razones que tuviera el fiscal para oponerse a ello y las de la corte para desestimar dicha, moción.

Por lo que toca al segundo error en que se funda el re-curso, el apelante tiene razón, y aquí repetiremos lo que ya dijimos al resolver el caso de El Pueblo v. Rivera, 23 D. P. R. 421: “Es tan clara la ley y tan abundante la juris-prudencia de esta Corte Suprema sobre la materia que ape-nas puede comprenderse que se incurra en error por los fun-cionarios encargados de la persecución de los delitos en esta Isla. Cuando se acusa por acometimiento y agresión grave es necesario especificar con toda claridad alguna de las cir-cunstancias agravantes que expresa la sección 6ª. de la Ley sobre acometimiento y agresión, de 1904, Leyes de 1904, página 42.” Tal especificación no se ha hecho por el fiscal en este caso, y siendo ello así, no es posible sostener la exis-tencia de circunstancia alguna agravante calificativa del aco-metimiento y agresión de que se trata.

El último error alegado por el apelante es insostenible. Encontramos demostrado más allá de toda duda razonable que el .acusado acometió y agredió a Enrique Castro con in-tención de causarle daño. Si hubo conflicto en las pruebas de El Pueblo y del acusado fué dirimido por el juez en contra del segundo y no hay motivo bastante para ir contra su apreciación.

Por las razones expuestas, ajustando la sentencia a los términos de la acusación, es de modificarse la sentencia ape-lada condenando al acusado-apelante como culpable de un de-lito de acometimiento y agresión simple a pagar una multa de $25 y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dollar de la multa que dejare de satisfacer.

Modificada la sentencia apelada en el sentido de condenar al acusado por acometimiento y agresión simple a pagar 25 dólares de multa o en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que deje de pagar.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución de este caso.


text:
    Flesh, Peticionario, v. Texidor, Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Pri-mera en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 260.
    Resuelto en noviembre 24, 1919.
    Jurisdicción en Materia Civil. — Como necesaria consecuencia del nrecento conte-nido en la sección 4ª. de la ley reorganizando el sistema judicial de Puerto Rico, según la cual los jueces municipales tendrán jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta $500, intereses inclusive, las cortes de distrito tienen jurisdicción cuando la cuantía, intereses inclusive, exceda de quinientos dólares.
    Id. — Intereses por Mora — Embargo para Aseguramiento de Sentencia. — Cuando en una demanda en la cual se reclama el importe de un pagaré por valor de $500 sin intereses, se alega que al vencimiento no íué pagada la obligación a pesar de haber sido requerido de pago el deudor y reclama además el acree-dor intereses por mora a partir del requerimiento, tiene jurisdicción una corte de distrito para expedir una orden de embargo para aseguramiento de sen-teneia; pues sieudo obligación del deudor de acuerdo con el artículo 1067 del Código Civil, el pagar intereses por mora desde que el acreedor le exija el cumplimiento, judicial o exlrajudicialmente, es preeiso concluir que la cuantía envuelta en el pleito excede de $500.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. V. M. Fernández.

    El juez demandado compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

William B. Flesh & Bro., por su abogado V. M. Fernán-dez, presentó en este tribunal una solicitud para que se ex-pidiera un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, con el fin de revisar los procedimientos de esa corte en un caso civil del peticio-nario contra Julio César González, alegando al efecto ha-berle sido denegado el aseguramiento de la efectividad de la sentencia en dicho caso por el fundamento de que la corte carecía de jurisdicción para, conocer del mismo cuando real-mente la tenía. Se expidió el auto y se elevó a esta corte el caso original.

De los autos elevados resulta que la demandante William B. Flesh & Bro. radicó demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en 16 de mayo de 1919 contra Julio César González, para el cobro de un pagaré por valor de $500, a vencer el día último de diciembre de 1918, trans-cribiendo en la demanda dicho pagaré y alegando que al ven-cimiento de la obligación había sido requerido de pago el demandado, quien no la satisfizo en todo ni en parte, como tampoco los intereses devengados desde el día 1º. de enero de 1919. En el pagaré se obliga el deudor a pagar la ex-presada suma sin interés alguno el día último de diciembre de 1918, con gastos, costas y honorarios de abogado.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando al demandado a pagar al demandante la cantidad de $500, los intereses de ella al 6 por ciento anual desde el día 1º. de enero de 1919 hasta su definitivo pago, así como todas las costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Presentó el demandante moción de aseguramiento de sen-tencia en la misma fecha, mayo 16, 1919, solicitando el embargo de bienes del demandado por. valor suficiente a cubrir los $500 importe del pagaré y una suma adicional de $250' para responder de los intereses de mora y de los gastos judiciales, y esa moción fué denegada por orden del día 19 del propio mayo en atención a que por la cuantía reclamada en la demanda la corte carecía de jurisdicción. Posterior-mente en agosto 26 del mismo año, volvió el demandante a insistir en el aseguramiento solicitado y la corte a su vez insistió en su negativa de aseguramiento de sentencia, por orden del día 10 de septiembre siguiente.

Opúsose el demandado al auto de certiorari fundándose en que la obligación consignada en el pagaré es por la suma de $500 con el pacto expreso de “sin interés alguno”, en que cuando no se han pactado intereses de mora deben con-cederse desde la notificación de la demanda y en que la de-manda presentada no contiene especificación de cantidad al-guna por costas y honorarios de abogado, por todo lo cual la corte no cree tener jurisdicción sobre el caso.

Entendemos que la Corte de Distrito de San Juan, Sec-ción Primera, tiene jurisdicción para conocer del caso, pues su cuantía excede de $500. Los jueces municipales tendrán jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promueven en su distrito, hasta la. suma de $500, intereses inclusive, dice la sección 4ª. de la Ley para reorganizar el sistema judicial de Puerto Rico, de 10 de marzo de 1904, y como consecuen-cia del anterior precepto las cortes de distrito tienen juris-dicción para conocer de los asuntos civiles, cuya cuantía, in-tereses inclusive, exceda de $500. Ciertamente que el deman-dado en el pagaré transcrito se obliga a pagar al deman-dante la suma de , $500 sin interés alguno, el día último de diciembre del año 1918, y ello impide que hasta esa fecha pueda cobrar el demandante intereses, pero desde esa fecha en adelante pnede reclamárselos, según el artículo 1067 del Código Civil, preceptivo de que incurren en mora los obli-gados a eútregar o a bacer alguna cosa desde que el acree-dor les exija judicial o extra judicialmente el cumplimiento de su obligación. El peticionario alegó que al vencimiento de la obligación fué requerido de pago el demandado, y el artículo 1075 del código citado establece que la indemniza-ción por mora en el pago consistirá en el pago de los in-tereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal.

La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, tenía jurisdicción para conocer del juicio de que se trata y de sus incidentes por razón de la cuantía y en su consecuencia pro-cede dejar sin efecto sus órdenes de 19 de mayo y 10 de septiembre del corriente año.

Anuladas las órdenes de 19 de mayo y de 10 de septiembre dictadas por la corte de dis-trito.

Jueces concurrentes: Sres Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Hutcbison no toma-ron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Aponte, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas, denegatoria de la inscripción de una escritura de compraventa.
    No. 436.
    Resuelto en noviembre 25, 1919.
    Otorgantes Analfabetos — Testigos Instrumentales — Escrituras Públicas.— El Begistrador de la 'Propiedad de Caguas denegó la inscripción de una es-critura de compraventa “porque diebo documento no aparece Armado de acuerdo con la sección 14 de la Ley Notarial vigente, toda vez que habiendo consignado el notario que los vendedores no sabían firmar y lo verificaba por ellos el testigo instrumental Onofre Aponte, al verificarlo éste no consigna los nombres y apellidos de los otorgantes vendedores por quienes lo hacía, cuya falta produce la no constancia de las firmas en la forma exigida por el estatuto * * *.” Recurrida dicha nota se resolvió: que tal omisión no constituye defecto alguno puesto que siendo dos solamentq los vendedo-res especificados en la escritura y no sabiendo firmar ninguno de ellos, no existe ambigüedad alguna.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

    El registrador recurrido, Sr. Pedro- Gómez, no' compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fue una escritura de,compraventa en la cual el com-prador firmó .personalmente, no haciéndolo así los vendedo-res. La cláusula de la escritura en la cual el n.otario da fé del otorgamiento, dice así: Leída que les fué esta escritura porque renunciaron al advertírsele el derecho que tenían de hacerlo por sí, se ratificaron y firman, con excepción de los vendedores, que dijeron no saberlo hacer, verificándolo por ellos el testigo instrumental Sr. Onofre Aponte.” Según se consigna en la escritura, los vendedores eran dos, a saber: los esposos don Francisco Martínez Montañez y doña Justina Hernández. El registrador se negó -a inscribir el documento por no consignar el testigo instrumental los nombre y ape-llidos de los otorgantes vendedores por quienes él firmó. En otras palabras, sostiene el registrador que expresar que el testigo instrumental firmó a nombre de los vendedores no es bastante sino que sus nombres específicos debieron ha-berse expresado en la cláusula arriba citada de la escritura en la cual se da fé del otorgamiento. Pudiéramos ver al-guna fuerza en esta objeción si los vendedores hubieran sido más de dos y hubiese sido necesario especificar cuál de ellos no sabía escribir, pero en el presenté caso son solamente los tínicos dos vendedores los que no saben escribir.' No es po-sible qne haya ambigüedad alguna cuando se usa en plural la palabra “vendedores”, y resulta de la escritura que éstos son solamente dos. El testigo instrumental oyó leer la es-critura y sabe necesariamente a quiénes se refería exclusiva-mente la palabra “vendedores”. Certum est quod cerium reddi potest. La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada la nota.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Falcón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por infracción al Reglamento de Sanidad No. 28.
    No. 1430.
    Resuelto en diciembre 2, 1919.
    Sanidad — Reglamento de Sanidad No. 28 — Permiso Previo para Construir o Reconstruir Edificaciones. — Substituir por otras algunas tablas deteriora-das del piso y de las paredes de un edificio y pintar éstas no constituye una violación del artículo 2 del Reglamento de Sanidad No. 28 que exige presen-tación de plano por triplicado y aprobación previa del Departamento de Sa-nidad para construir o reconstruir edificaciones.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Carlos V. Urrutia.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Bayamón fue denunciado Isidro Falcón por infracción al artículo número 2, Reglamento No. 28 de Sanidad, por el hecho de que en 17 de mayo de 1918 y en la. calló Oomerío No. 313 de dicho pueblo, de una manera voluntaria y maliciosa reconstruía un edificio de su propiedad o administración sin haber presentado al Depar-tamento de Sanidad un plano triplicado de dicha construc-ción y sin tener permiso autorizado por el mismo departa-mento.

El artículo 2 del Reglamento de Sanidad citado en la de-nuncia dice así:

“Art. 2. — Desde la aprobación de este Reglamento en adelante no se podrá construir o reconstruir en la Isla de Puerto Rico ediñ-cio alguno sin antes haberse presentado al Servicio de Sanidad un plano triplicado de dicha construcción. * * * El Servicio de Sa-nidad aprobará dichos planos o en su caso hará las observaciones que resulten necesarias, de acuerdo con los reglamentos de sanidad vigentes, dentro de un plazo razonable. No se empezarán las obras sin la aprobación definitiva de dichos planos. * *

Celebrado el juicio en grado de apelación ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, esa corte dictó sentencia en 30 de diciembre de 1918 declarando culpable a Isidro Falcón de infracción a la Ley de Sanidad por recons-truir un edificio suyo sin permiso y plano aprobado y le con-denó a $15 de multa o a un día de cárcel por dólar, y costas, contra cuya sentencia interpuso Falcón recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Tanto la parte apelante como el fiscal solicitan la revo-cación de la sentencia apelada por falta de prueba de la in-fracción del reglamento de que se trata.

Hemos examinado las pruebas practicadas en el juicio y de ellas sólo aparece que el denunciado se limitó a pintar las paredes de su casa y a substituir por otras unas tablas de-terioradas de las paredes y del piso. Ni en lenguaje grama-tical, ni en lenguaje legal, esos actos determinan la construc-ción o reconstrucción de un edificio, requisito necesario para que sea obligatoria la presentación del plano triplicado al Servicio de Sanidad y la aprobación del mismo antes de co-menzarse las obras.

En el presente caso holgaba la presentación de plano al-guno al Departamento de Sanidad, por la razón de que las obras de pintura y de substitución de unas tablas deterio-radas por otras no están sujetas a reglas sanitarias.

. Es de revocarse la sentencia apelada y absolverse al ape-lante con las costas de oficio. ■

Revocada la sentencia y absuelto el acusado con las costas de oficio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la re-solución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cuevas et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de A gu adilla en causa por adulterio.
    No. 1428.
    Resuelto en diciembre 2, 1919.
    Adulterio — Apreciación de Prueba — Comercio Carnal — Prueba Insuficiente.— El heebo de que el acusado viviera en la casa de la eo-acusada que estaba sepa-rada de su esposo, y que entrara a la casa de día y do noelie, no es prueba suficiente de adulterio en ausencia de prueba de ¿tras circunstancias que per-mitan deducir que estaban inclinados los acusados a realizar el acto carnal y que, por tanto, aprovecharon esa oportunidad.
    Los hechos están expresados en' la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Manuel A. García.

    Ahogado del apelado: >Sr. José E. Fi(ju,eras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En diez de marzo de 1919 fue presentada acusación en la Corte de Distrito de Aguadilla contra Obdulia Cuevas y Ernesto Mateu por el delito de adulterio, imputándoles que entre los meses de junio de 1918 y febrero de 1919 tuvieron comercio carnal, siendo la primera casada con Esteban Ba-rreto y el segundo soltero.

Celebrado el juicio, la corte los declaró culpables de dicho delito y los condenó a sufrir, cada uno de ellos, la pena de dos años de cárcel, contra cuyo fallo interpusieron los acusados este recurso de apelación en el que solicitan la re-vocación de la sentencia y su absolución fundados en que el juez sentenciador apreció la prueba erróneamente; recurso al que se adhiere el Fiscal de este Tribunal Supremo solici-tando también la revocación de la sentencia por el motivo alegado por los apelantes.

Los acusados presentaron prueba en su defensa que niega el beclro que se les imputa en la acusación pero prescindire-mos de ella para la consideración de este recurso porque si la evidencia que presentó el fiscal del distrito en el acto del juicio prueba su acusación, entonces resultaría contradicto-ria con la de los acusados y habiendo creído el juez la del fiscal, como lo demuestra la condena, habrá que sostener la .sentencia apelada, ya que a los jueces a qtw es a los que incumbe resolver los conflictos de la evidencia.

Así, pues, pasaremos a examinar la evidencia que la acu-sación presentó en el juicio para decidir si con ella pudo dic-tarse en este caso sentencia condenatoria.

El juicio tuvo lugar el día 14 de marzo de 1919 y la prueba que presentó el fiscal consistió en las declaraciones que rin-dieron toes testigos. Fue el primero de ellos Esteban Ba-rreto, esposo de la acusada Obdulia Cuevas, y declaró en sustancia que hacía dos años que estaba separado de su es-posa Obdulia Cuevas; que tiene un pleito de divorcio pen-diente contra ella; que el 23 de junio de 1917 se ausentó para el Canal de Panamá como militar, de donde regresó el 13 de febrero de 1919; que el día que llegó a Lares, donde vivía su esposa, no fue inmediatamente a visitarla; que su esposa llevaba relaciones ilícitas con Ernesto Mateu y la en-contró viviendo con éste; que no sabe dónde ella vivía mientras él estuvo en el Canal; que vió a Mateu sentado en una silla en la casa de Obdulia y no entró; que no vió ropa alguna de Mateu en la casa; que no entró en la casa de Obdulia y que lo ha visto entrar en la casa de ella.

El segundo testigo, Liborio Robles, manifestó que ha te-nido oportunidad de observar la vida de Mateu y de Obdulia; que vivían juntos; que ha visto a Ernesto Mateu en la casa de ella; que lo ha visto allí de noche, habiéndolo visto en-trar distintas veces; que habló con Obdulia cuando el asunto del divorcio y ella le manifestó que vivía con él; “que tuvo la oportunidad de ver por allí a Mateu distintas noclies qne él pasaba por la casa de Obdulia Cuevas bachateando”; que vió que se retiraba por la noche para acostarse; qne ha visto entrar allí a Maten y retirarse de la casa para la calle; qne lo ha visto entrar y retirarse en horas del día y de la noche; qne Obdulia vivía con Maten pero no sabe en qué tiempo, ni si fné con posterioridad a la fecha en qne fné decretado el divorcio, qne fné antes.

El ultimo testigo Pedro Bivera declaró qne ha observado la vida de Obdulia y de Ernesto entre junio del pasado año y febrero de este año; qne vió muchas veces a Ernesto Mateu por la casa de Obdulia, por la noche y por el día; qne sabe que vivía allí; que a cada rato hablaba con ella y qne le manifestó que vivía con él; que veía entrar a Ernesto en la casa de Obdulia; que una noche lo vió entrar porque “andaban en ruta y Mateu le cantaba canciones”; qne cree que Mateu se quedaría a dormir allí; que no observaba si él dormía en la casa de Obdulia porque se acostaba temprano y no se ocupaba de la vida de ellos; qne Mateu no tenía su 3'opa en la casa de Obdulia ni puede decir si comía allí y que no puede decir que Mateu vivía en casa de Obdulia sino que a cada rato lo veía por allí, pero lo vió entrar en la casa por mucho tiempo, de día y de noche.

Dando entero crédito a esas declaraciones prueban qne Ernesto Mateu vivía en la casa de Obdulia mientras ésta era casada y estaba separada de su esposo Barreto y que Ernesto entraba en la casa de día y de noche; pero no son suficientes para estimar probado que tuvieron comercio carnal, elemento esencial en el delito de adulterio, pues si bien el hecho de vivir juntos en la misma casa les daba la opor-tunidad de realizar tal comercio, no es suficiente por sí solo para concluir que lo tuvieron, faltando como falta la prueba de otras circunstancias que permitan deducir que estaban inclinados a realizar el acto sexual y que, por tanto, aprove-charon esa oportunidad. El Pueblo v. Cruz, 19 D. P. R. 702.

Por la razón expuesta el juez inferior apreció errónea-mente la prueba y la sentencia apelada debe ser revocada, dictándose otra absolutoria.

Revocada la sentencia apelada y absueltos los acusados.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la resolución de este casó.


text:
    Berríos, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de Oaguas, denegando la agrupación de varias fincas en una.
    No. 442.
    Resuelto en diciembre 4, 1919.
    Agrupación de Vincas — Inscripción.—Una persona de estado viudo agrupó va-rias fincas colindantes entre sí y pidió que así agrupadas se inscribieran de nuevo como una sola finca a su favor en el registro. Las fincas habían sido adquiridas cuando dicha, persona era casada. Se resolvió: que el registrador negó correctamente la inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco González.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José A. Berríos, viudo, compareció ante notario público, manifestó que era dueño de varias fincas rústicas que colin-daban entre sí y que estaban afectas a un solo contrato de arrendamiento y expresó su voluntad de agruparlas en una sola finca. El documento se presentó en el registro de la propiedad y el registrador se negó a inscribirlo, en resumen, porque de la escritura resultaba que el otorgante era viudo y del registro que las fincas agrupadas se habían adquirido cuando estaba casado y tenían, por tanto, el concepto legal de gananciales.

No conforme Berrios con la negativa, estableció el pre-sente recurso gubernativo invocando en su favor la juris-prudencia establecida por esta Corte Suprema- en los casos de Diez v. Registrador, 12 D. P. R. 4, y Palou v. Registrador, 19 D. P. R. 372.

Hemos examinado dichos casos y no sostienen la conten-ción del apelante. ' Aunque es verdad que la agrupación no constituye una enajenación o un gravamen, ni tiene el ca-rácter de un contrato, y si bien puede considerarse como un acto que da lugar a una nueva inscripción en el registro, es a una inscripción de orden interior, dentro -del registro mismo, que no crea, ni modifica, ni extingue derecho alguno, Palou v. Registrador, 19 D. P. R. 376, también es verdad que las fincas que se agrupan deben pertenecer a un mismo dueño o a varios proindiviso y que el dueño o los dueños así lo soliciten. Véanse el artículo 61 del Beglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, y el caso de Muñoz v. El Registrador de Caguas, 25 D. P. R. 842.

Las fincas aquí agrupadas tienen el carácter de ganan-ciales. Si el recurrente es viudo como dice en la escritura, la sociedad de gananciales tuvo necesariamente que disol-verse por la muerte de la esposa. Disuelta la sociedad sólo en el caso de que el recurrente hubiera sido el único heredero de la esposa o en el de que se hubieran adjudicado otros bie-nes a los otros herederos y a él todas las fincas en pago de sus gananciales, en la actualidad sería dueño absoluto de ellas, y nada de eso consta en la escritura. T si no se ha liquidado la sociedad, y hay varios herederos, y las fincas continúan proindiviso, entonces existen varios dueños y la agrupación debió haberse hecho y la inscripción pedida pol-la voluntad de todos y no por la de uno solo.

Debe confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y HutcMson.


text:
    Franceschi, Demandante y Apelante, v. Rodríguez, Demandado y Apelado.
    Apelaoión procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reducción de precio en pago de fincas rústi-cas.
    No. 2012.
    Resuelto en diciembre 4, 1919.
    Venta de Fincas fob Precios Distintos — Precio Alzado — Disminución de Ca-bida — Causa de Acción. — Cuando en una escritura de venta de dos fincas rús-ticas, con cabidas y eolindancias distintas, que no se lia realizado a tanto por unidad de niedida o número, se consigna que constituye el precio de la venta la suma ajustada de $18,500 cuyo precio se distribuirá entre ambas fincas en la forma en que habían sido valoradas, a saber: una de ellas en $7,750.40 y la otra en $4,749.60, es preciso concluir que la yenta se efectuó por precios distintos, y que, por tanto, debiendo regirse la misma por el primer apartado del artículo 1374 del Código Civil, tales heelios no dan causa de acción al comprador para que el vendedor descuente del precio aplazado la parte pro- ' poreional a la disminución de cabida que resultó de la mensura.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: iSres. Libertad Torres Grau y To-más Torres Pérez.

    Abogados del apelado: Sres. López de Tord y Zayas Pizarro.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto por ol demandante, Alejandro Francescbi, contra la sentencia que en 26 de febrero del corriente año 1919 pronunció la Corte de Distrito de Ponce, declarando sin lugar la demanda sin especial condenación de costas, desembolsos y honorarios de abogado, por el fundamento de que los becbos en ella alega-dos no determinan una causa de acción.

Los becbos alegados en la demanda que debemos aceptar como ciertos a los fines de la excepción previa opuesta a ella por el demandado, son los siguientes:

Por escritura pública de 12 de enero de 1917, el deman-dado Benigno Rodríguez vendió al demandante Alejandro Francesehi dos fincas rústicas formadas por agrupación de otras, situadas ambas en el barrio de Cedro, término municipal de Peñuelas, que designaremos con las letras A y B, la primera de ellas, o sea la letra A, con cabida de 77 cuer-das 38 céntimos, bajo las colindancias que se expresan, con dos casas de madera y zinc y una casita también de madera techada de paja, y la segunda, o sea la letra B, con cabida de. 237 cuerdas 48 céntimos, cuyas colindancias también se precisan y determinan.

En la escritura se consignó que la finca letra A se valo-raba en $7,750.40 y la letra B en $4,749.60, y que constituye el precio de la venta la suma ajustada de $12,500, precio que se distribuye entre ambas fincas en la forma en que han sido valoradas.

Como la venta se efectuó a plazos, el comprador, con el consentimiento de su esposa, constituyó primera hipoteca a favor del vendedor, debiendo responder la finca letra A de $5,000 de capital, $450 para intereses y $350 para gastos y costas, y la finca letra B de $2,500 de capital, $150 para in-tereses e igual suma para costas y gastos.

Practicada la mensura de ambas fincas para cerciorarse el comprador de la exactitud de su cabida, resultó la finca letra A con una cabida de 73 cuerdas 42 céntimos, cantidad menor en 3 cuerdas 96 céntimos a la cabida de 77 cuerdas con 38 céntimos en que se había vendido, y la finca letra B con una cabida de 208 cuerdas con 34 céntimos, o sea, con una diferencia de 29 cuerdas y 14 céntimos con relación a las 237 cuerdas 48 céntimos en que había sido vendida.

Notificado el demandado de la diferencia de cabida que había en el terreno vendido se negó a hacer en el precio la rebaja proporcional que de él exigía el demandante.

Con tales hechos por base, el demandante presentó de-mancla contra el demandado para que éste fuera condenado por sentencia a rebajar del último plazo del precio de las fincas pendiente de pago, la suma de $1,314.10, val©r de las 33 cuerdas 10 céntimos que fiabía de menos en la cabida de las dos fincas vendidas.

A la anterior demanda opuso el demandado la excepción previa de que sus alegaciones no determinaban una causa de acción, y declarada con lugar dicha excepción por resolu-ción de 4 de febrero de 1919, recayó sentencia en 26 del pro-pio febrero, en los términos al principio indicados.

El presente caso se regula por el artículo 1374 del Có-digo Civil a que cada una de las partes da la interpretación que favorece a sus pretensiones. El artículo citado dice así:

“Art. 1374. — En la venta de un'inmueble, hecha por precio al-zado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque resulte mayor o menor cabida o número de los expresados en el contrato.
“Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos o más tincas las ven-didas por un solo precio; • pero si además de expresarse los linderos, indispensables en toda enajenación de inmuebles, se designaren en el contrato su cabida o número, el vendedor estará obligado a en-tregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos, aun cuando exceda de la cabida o número expresados en el contrato; y si no pudiere,' sufrirá una disminución en el precio proporcional a lo que falte de cabida o número, a no ser que el contrato quede anu-lado por no conformarse el comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló.”

El artículo transcrito contiene en su apartado 1º. una re-gia general consistente en que cuando se trate de la venta de un inmueble por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, no tendrá lugar el aumento o disminución del precio aunque la cabida o número resulten mayor o menor de los expresados en el contrato. La anterior regla, que no contiene excepción alguna pues está con-cebida en términos absolutos, fue hecha extensiva en el pá-rrafo primero del 2º. apartado del mismo artículo,, al caso de que se trate de dos o más fincas vendidas por un solo precio y a ese mismo caso y no al comprendido en el primer apartado del artículo 1374, fué que se puso la excepción con-signada en el 2º. párrafo del 2º. apartado, al establecer que cuando además de expresarse los linderos se designan en el contrato su cabida o número, el vendedor estará obligado a entregar todo lo comprendido dentro de los mismos lin-deros, aun cuando exceda de la cabida o número expresados en el contrato, y si no pudiere sufrirá una disminución en el precio proporcional a lo que falte de cabida o número a no ser que el contrato quede anulado por convenir así al comprador.

El apartado 2º. del artículo 1374 no bace provisión al-guna para el caso de que se vendan dos o más fincas por distintos precios, pues claramente se refiere al caso de que dos o más fincas sean vendidas por un solo precio, es decir, cuando baya una sola venta, un solo contrato, y un solo acto transmisorio de una pluralidad de cosas raíces. Scaevola, tomo 23, p. 511.

En el caso sometido a nuestra consideración no se trata de dos fincas rústicas vendidas por un solo precio sino por precios distintos, a saber, una de ellas, la letra A, por-pre-cio de $7,750.40, y la otra, letra B, por precio de $4,749.60, expresándose la cabida de ambas y sus respectivas colindan-cias. Y no importa que en la escritura de Í2 de enero de 1917 se consigne que constituye el precio de la venta la suma ajustada de $12,500, pues a la vez se expresó que ese precio se distribuiría entre ambas fincas en la forma en que habían sido valoradas, a saber, una de ellas en $7,750.40 y la otra en $4,749.60, cuyas partidas dan la anterior suma de $12,500. Fue la intención de las partes que cada finca tuviera su valor propio.

Hn^o venta de dos fincas por precios distintos, aunque sólo se extendiera un documento o título que fue la escri-tura d« 12 de enero de 1917; y así como si se hubieran otor-gado dos títulos independientes, la venta consignada en cada uno de ellos se hubiera regido por el primer apartado del artículo 1374, "ese mismo apartado debe aplicarse a la venta de dos fincas por distintos precios consignada en un mismo título o documento. La circunstancia de haberse otorgado un solo' documento para la venta de dos fincas, que como fiemos dicfio fueron vendidas por precios distintos y no por un solo precio, no puede producir efectos leg’ales diversos de los que hubiera producido el otorgamiento de dos documen-tos, para constatar la venta de cada una de las dos fincas.

En síntesis, el presente caso fia de gobernarse por el apartado primero del artículo 1374 del Código Civil, según el cual no puede prosperar -la pretensión de que se descuente del precio de las fincas vendidas la parte proporcional co-rrespondiente a lo que falta de cabida. T nos abstenemos de dar consideración a la extensión y alcance que pueda te-ner el segundo párrafo del 2º. apartado del mismo artículo, cuando se trata de dos o más fincas vendidas por un solo precio con expresión de linderos y con designación de ca-bida o número.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.