text:
    Brockway Motor Truck Corporation of Puerto Rico, demandante y apelada, v. Tiburcio Llorens Torres, demandado y apelante.
    No. 6001.

    Sometido: Mayo 17, 1933.

      Resuelto: Mayo 23, 1933.

      L. Llorens Torres y 8. León Lugo, abogados del apelante; Molina, Dubón & Ochoteco, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Tiburcio Llorens Torres suscribió un pagaré en unión de otras personas, obligándose mancomunada y solidariamente a pagar a la demandante Brockway Motor Truck Corporation of Puerto Rico la cantidad de $1,143.51. El documento men-cionado dice así:

“Valor $1,143.51. — Vencimiento noviembre 30, 1931. — Debemos y pagaremos mancomunada y solidariamente a bRücKway motor TRUCK CORPORATION of porto RICO, o a su orden, el día treinta de noviem-bre DE .MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO, la SUma de MIL CIENTO CUA-RENTA y tres dollars cincubnta y un centavos, cantidad recibida a nuestra entera satisfacción y la que devenga intereses a razón del doce por ciento anual basta su total pago. — Expresamente nos so-metemos a la competencia de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Puerto Rico, en caso de acción o reclamación .judicial, a que dé lugar la cobranza del presente pagaré, obligándonos así también a satisfacer cuantas costas, gastos y honorarios de abo-gados en caso de reclamación judicial, y aunque los procedimientos se sigan en nuestra rebeldía. — Ponce, Puerto Rico, Junio 4 de 1931. — (Firmados Helen Buchanan Jones. — Juan Emanuelli. — Tibureio Llorens. — Por mi como presidente de la Central Juliana Ine. (Fdo.) Walter McK. Jones.) — Affidavit No. 2074. — Suscrito ante mí, hoy día 4 de junio de 1931, por Walter McK. Jones, Helen Buchanan Jones, Juan Emanuelli y Tibureio Llorens, mayores de edad, casa-dos, propietarios y vecinos los dos primeros de Villalba, el tercero de Coamo y el líltimo de Ponce, a quienes doy fe de conocer perso-nalmente. — -'(Firmado) Félix Oehoteco Jr. — Notario Público.”

La demandante ejercita esta acción contra el mencionado Tibureio Llorens Torres en su carácter de deudor solidario para reclamar el cumplimiento de la obligación principal y además el pago de la cantidad de $200, que estima justa y razonable por los servicios profesionales de la firma de abo-gados Molina, Dubón & Ocboteeo. Alega la demandante que ha contratado estos servicios con la referida firma, para exi-gir, por la vía judicial, el cumplimiento de la obligación con-traída.

Solicitó el demandado la eliminación de la alegación rela-cionada con los honorarios de abogado, y la corte declaró sin lugar esta moción eliminatoria, así como la excepción previa que se presentó después sobre la base de que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

No conforme el demandado con estas resoluciones, pidió que se dictase sentencia para establecer recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. Así lo hizo la' corte inferior, de-clarando con lugar la demanda jurada de acuerdo con lo so-licitado por el Sr. Llorens Torres.

Alega el demandado que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción solicitando la elimina-ción de la alegación fijando una cantidad determinada para honorarios de abogados. Según se desprende del texto de la obligación, los suscribientes de la misma se obligaron a pa-gar costas, gastos y honorarios de abogados en caso de re-clamación judicial. El contrato celebrado por la demandante con sus abogados, fijando la cuantía de sus servicios, no im-pone obligación alguna al demandado en cuanto a la valora-ción de estos honorarios. Sin embargo, habiéndose compro-metido los suscribientes del pagaré a satisfacer honorarios de abogados en caso de reclamación judicial, el demandado queda obligado como deudor solidario a pagar una suma razonable, que puede ser estimada por la corte al dictar su fallo sobre la suma principal, sin necesidad de acudir a un procedimiento ulterior.

La cuestión ha sido directamente planteada por la de-mandante en sus alegaciones. El demandado, si no estaba conforme con la suma reclamada por honorarios, pudo negar la valoración de los mismos, para provocar la controversia y colocar a la corte en condiciones de rendir su fallo, después de haber oído la prueba. Lejos de hacerlo así, solicitó y ob-tuvo moción sobre las alegaciones, y no siendo excesiva la cantidad reclamada y habiéndose alegado en la demanda que la misma es justa y razonable, entendemos que debemos acep-tar, sin que proceda alterarlo o modificarlo, el fallo de la corte inferior.

Esta corte, en el caso de American Colonial Bank v. Rossy, 39 D.P.R. 564, se expresó en los siguientes términos:

“Aquí existen los requisitos que faltaban en el caso de A. Alvarez y linos., esto es, la Corte, visto el previo acuerdo de las partes contratantes y la expresa alegación del demandante en su demanda, fijó en su sentencia el montante de los honorarios. No precisaba es-perar el procedimiento ulterior que la ley establece para cuando el montante queda indeterminado. Es la corte la que tiene también ju-risdicción para Jijar el montante en esa segunda etapa del procedi-miento, y no era necesario esperar a ella porque la parte demandante como hemos indicado se cuidó de plantear desde el primer momento no sólo la procedencia de los honorarios por virtud del acuerdo de los propios contratantes, sino su cuantía, dándose así la debida opor-tunidad a los demandados para discutir ambas cuestiones.”

Se alega además por el demandado que en el pagaré mencionado los firmantes de la obligación dejaron de obligar-se solidariamente al pago de honorarios de abogado y que no puede dictarse sentencia contra él por toda la suma que se reclama. No se deduce del texto del pagaré que la respon-sabilidad contraída1 por los suscribientes del mismo no sea solidaria. Comienzan los suscribientes por decir qne se obli-gan mancomunada y solidariamente a pagar nna suma deter-minada y luego exponen qne se someten a la competencia de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, en caso de reclamación judicial, obligándose también a satisfacer costas, gastos y honorarios de abogado. La obligación con-traída tiene el carácter de principal en cnanto a la suma adeu-dada y el carácter de accesoria en cnanto a las costas qne se originen en caso de qne se reclame el cobro del crédito por la vía judicial. Las costas surgen como cuestión accesoria cuando los suscribientes de la obligación ban incurrido en mora y el acreedor acude a los tribunales para hacer efec-tiva la obligación.

También alega el demandado que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción previa a la demanda basada en no aducir hechos suficientes para consti-tuir una causa de acción. Se basa esta excepción én que el pagaré que se inserta en la demanda aparece suscrito por varias personas, las cuales se obligan a pagar mancomunada y solidariamente a la Brockway Motor Truck Corporation of Puerto Rico la cantidad de $1,143.51, no habiendo alegación alguna que exima de pago a los otros firmantes del pagaré, ni hechos específicos que expliquen por qué se exige todo su pago al Sr. Llorens. La cuestión planteada por el apelante ha sido ya resuelta por este Tribunal en el caso de Millón & Cía. Sucrs. v. Caamaño, 38 D.P.R. 198. En este caso dijo la Corte:

, - “En cuanto al significado y valor jurídico del contexto de dicho pagaré, las palabras con qne empieza: ‘Pagaremos solidaria y man-eomunadamente’ declaran la existencia expresa de una obligación so-lidaria : y la firma de dos personas al pie de ese documento no puede interpretarse ni aceptarse en forma alguna que no sea la de darle el carácter de obligados en ese contrato.”
# * * * ■ # # *
“En el documento presentado se dice:
“ ‘Pagaremos solidaria y mancomunadamente. . .. etc.’
"Esta forma de establecer la obligación no es otra cosa que la expresión de la solidaridad, de la constitución de responsabilidad in solidum, en bloque en cuanto a los deudores, y dando al acree-dor las facultades y derechos especiales de esta clase de obligaciones, entre ellas, la de reclamar el cumplimiento por cualquiera de los obli-gados, y en la totalidad de la prestación.”

Arguye el abogado del demandado apelante que las palabras “mancomunada y solidariamente” unidas por la conjunción copulativa “y” resultan antagónicas y no pueden subsistir, y que debe emplearse la disyuntiva “o” para de-terminar expresamente la solidaridad. No vemos nosotros el antagonismo. No tiene importancia a nuestro juicio que no se baya usado la disyuntiva “o” como alega el ilustrado abogado de la parte demandada. Los suscribientes de la obligación se obligan mancomunada y también solidariamente. Incumbe al acreedor exigir la responsabilidad mancomunada o la responsabilidad solidaria. Si elige la última, cualquiera de los suscribientes de la obligación está obligado a pagar la totalidad de la misma. Claro está que no cabe exigir al mis-mo tiempo ambas responsabilidades, y por lo tanto no existe la posibilidad de que surja el antagonismo a que se refiere el abogado de la parte demandada.

Opinamos que la corte inferior no cometió ninguno de los errores que se le atribuyen y que debe confirmarse la senten-cia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Juan Manzanares, P. Ferrao, A. Morillo, M. A. Guzmán, M. Monclova, D. Mestre, E. Almodóvar, J. Pizá, J. M. Quidley, J. C. Ferrer y B. Halvorsen, demandantes y apelantes, v. Porto Rico Racing Corporation, demandada y apelada.
    No. 5464.

    Sometido: Diciembre 8, 1932.

      Resuelto: Mayo 23, 1933.

      Guerra-Mondragón & Soldevüa, abogados de los apelantes; M. A. Martínez Dávila, abogado de la apelada.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Manzanares y otros incoaron procedimiento contra la Porto Rico Racing Corporation. En representación de cada uno de los demandantes se alegó qne éste tenía derecho a parte del pool como resultado de las carreras celebradas en el hipódromo perteneciente a la demandada. Según hemos explicado en varios otros casos, dicho pool es adjudicado a la persona o personas qne de siete carreras logran escoger y escribir en una boleta qne se devuelve a la administración, el mayor número de caballos ganadores. Los demandantes ale-garon que en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y sép-tima carreras ellos habían acertado los caballos ganadores y que la primera carrera fué anulada por el jurado del hipó-dromo, única entidad que tenía derecho a determinar el or-den en que los caballos llegaron a la meta; que dicho jurado nunca determinó qué caballo había en realidad ganado la pri-mera; que con motivo de tal anulación cada uno de los de-mandantes tenía derecho a una o más partes del pool. Debe explicarse que cuando se anula una carrera y el dueño del cuadro acierta los otros seis ganadores, éste recibe una parte del pool por cada caballo que figuraba en la carrera anu-lada.

La demandada en su contestación aceptó un gran número de las alegaciones de la demanda. Negó ciertas materias y en la cláusula octava alegó que Leopoldo García, sosteniendo haber adivinado correctamente los siete ganadores, apeló de la decisión del jurado para ante la Comisión Hípica Insular, que anuló la decisión del jurado; que en un caso iniciado ante la Corte de Distrito de San Juan por dicho Leopoldo Gar-cía contra la aquí demandada, se dictó sentencia en favor de Leopoldo García por haber acertado las siete carreras, y la demandada había depositado en corte el total del pool. Se desprende que el mismo fué entregado a Leopoldo García.

El caso fué llamado para juicio. Las partes interrumpie-ron los procedimientos con el objeto de tener la oportunidad de celebrar consultas y luego archivaron en la corte una es-tipulación que lee como sigue:

“Comparecen las partes representadas por sus respectivos abo-gados y someten el caso a la corte bajo la siguiente estipulación:
“1. El hecbo primero de la demanda lo aceptan las partes con la aclaración de que actualmente el hipódromo Quintana no lo explota la Porto Rico Racing Corporation por haberlo arrendado, pero en aquella fecha era la corporación que explotaba el hipódromo.
“2. La alegación segunda, tercera y cuarta de la demanda fueron aceptadas por la parte demandada.
“3. En cuanto a la alegación quinta, de la cual se aceptan los dos primeros hechos y se niega el último, en cuanto a este último, se so-mete el reglamento de la Comisión Hípica y el expediente en el caso civil No. 3678, seguido por Leopoldo García v. The Porto Rico Racing Corporation, ante esta misma corte.
“4. La alegación sexta y séptima son admitidas por las partes.
“5. La alegación octava se somete con el reglamento y con el re-ferido caso de García v. The Porto Rico Racing Corporation, arriba mencionado.
“6. La alegación novena de la demanda es admitida.
“7. En cuanto a la alegación décima, se somete con el reglamento la aceptación (sic) que consta en dichos hechos (sic) y el referido expediente de García v. The Porto Rico Racing Corporation.
“8. Y la materia nueva que se alega en la contestación se somete con la prueba del demandado consistente en el citado expediente 3678, seguido por Leopoldo García v. The Porto Rico Racing Corporation ante esta misma corte. Y este expediente lo presenta el de-mandado con todos los documentos pertinentes a la acción.
“Y suplican a la corte se sirva impartir su aprobación a la pre-sente estipulación y de acuerdo con la misma y con los documentos en ella referidos, pronunciar la sentencia que corresponda.
“San Juan, P. R., a 28 de mayo de 1929.
“(Fdo.) Ismael Soldev'ila, Abogado de los demandantes.
“(Fdo.) Manuel A. Martínez Dávila, Abogado de la deman-dada.”

En el caso No. 3678 ante la Corte de Distrito de San Juan, en qne Leopoldo-Grarcía era el demandante y la Porto Rico Racing Corporation la demandada, la demanda decía qne los signientes caballos fneron los ganadores de las carreras ce-lebradas el 6 de marzo de 1927: primera carrera, Saturnina ; segunda carrera, Prances Johnson; tercera carrera, Pirata; cuarta carrera, Sherman; quinta carrera, Colombina; sexta carrera, Rin Tin Tin; séptima carrera, Mrs. Sipi.

Esa alegación figuraba en el cuarto párrafo de la demanda. Este párrafo cuatro fué admitido por la contestación a excep-ción de que la demandada alegaba que Saturnina había lle-gado primero pero que la carrera había sido anulada por el jurado. Como cuestión adicional de defensa la demandada alegaba que con posterioridad a la fecha de dichas carreras la Comisión Hípica Insular resolvió que el jurado del hipó-dromo Quintana no tenía autoridad para anular la primera carrera.

En el aludido caso de García la Corte de Distrito de San Juan resolvió o Ralló, según sea, que como la contestación de la demandada no negaba la alegación de que Saturnina Rabia llegado primero, sino que por el contrario lo admitía, con la limitación de que la demandada alegaba que dicRa carrera Rabia sido anulada por el jurado y además admitía o alegaba que la actuación del jurado fué anulada por la Comisión Hí-pica, García tenía derecho a recobrar. La sentencia de la corte de distrito concedió al demandante García el importe del pool, después de Racer las deducciones corrientes, o sea, $12,118.78, y decía, que debía Racerse tal pago si el deman-dante demostraba a la demandada Raber acertado las siete carreras, etc., y se desprendía que el demandante tenía un cuadro que correspondía a otro depositado en el hipódromo con los siguientes caballos ganadores: Saturnina, Frances Johnson, Pirata, Sherman, Colombina, Ein Tin Tin y Mrs. Sipi.

En el presente caso la Corte de Distrito de San Juan dijo que el caso le fué sometido solamente mediante la prueba que aparecía en los autos del pleito No. 3678, Leopoldo García v. Porto Eico Eacing Corporation, y las reglas de la Comisión Hípica Insular. La corte también resolvió lo que sigue:

“Habiéndose admitido como evidencia en este caso la demanda y la contestación en el caso de Leopoldo García, de acuerdo con la es-tipulación a virtud de la cual fué sometido el pleito, no cabe disputa con respecto a los hechos que resultan de las alegaciones de dicha demanda y contestación, que está bajo juramento.”

La corte aparentemente quiso decir que la contestación es-taba jurada. Continuó diciendo que como la Comisión Rabia anulado la decisión del jurado, se restableció el status quo, en otras palabras, que la primera carrera se efectuó y Satur-nina resultó ganadora. La corte también dijo que si como cuestión de hecho Saturnina fué la ganadora de la primera carrera, según fué acertado por Leopoldo García solamente, el hecho de que el jurado dejara de determinar el orden en que llegaron los caballos no impedía que él percibiera el im-porte total del pool.

Los apelantes presentaron tres señalamientos de error.

El primero fué que la Corte de Distrito de San Juan co-metió error al dar por probados hechos expuestos en la con-testación del presente pleito con alegaciones contenidas en la demanda y en la contestación de otro litigio en el cual no fueron partes los demandantes, aunque aquellas alegaciones estén formuladas bajo juramento.

El segundo señalamiento fué que la corte erró al resolver que cesó la responsabilidad de la demandada una vez que de-positó el importe del pool en el tribunal.

El tercero fué que la corte incurrió en error al absolver de la demanda a la apelada cuando debió haber fallado a favor de los demandantes y haber impuesto a la demandada el pago de las costas.

Convenimos con los apelantes en que la corte no te-nía derecho a descansar en la contestación en el presente liti-gio como prueba de las cuestiones sometidas por las partes. Que la corte en realidad descansara en ella, puede ponerse en tela de juicio. Empero la contestación quizá puede conside-rarse por la corte en conexión con la estipulación de las par-tes para arrojar luz sobre lo que ellas admitían como prueba en el caso que tenían ante sí.

De igual modo los apelantes sostienen propiamente (fuera de la estipulación) que el pleito de G-arcía no era en forma alguna obligatorio para los demandantes en el presente re-curso, y estamos de acuerdo con ¿líos en que la demandada en el caso de García no quedó exonerada de responsabilidad por haber depositado en corte el total del pool en dicho caso. En el caso de García la demandada no trató de que se hiciera comparecer en corte a los demandantes o a otras personas que alegaban tener derecho al pool. No hubo nada similar a un interpleader.

Expresándolo en distinta forma, los apelantes sostienen que la actuación del jurado anuló para siempre la primera carrera y que como nadie, a no ser el jurado, tenía derecho a hacer que se tuviera en cuenta dicha carrera, surgió una situación a virtud de la cual el pool debía distribuirse entre las personas que acertaran seis carreras, independientemente de la primera; que debía considerarse que la primera carrera dejó de existir para los fines de la distribución del pool.

Gran parte de la discusión es al efecto de que el caso anterior no era en forma alguna res adjudicata. La apelada no discute esta contención. Admite libremente que dicho pleito en sí mismo no era res adjiodicata, impedimento por senten-cia, o nada similar. La apelada sostiene que como el pleito anterior fue mediante estipulación admitido en evidencia, ésta constituía prueba de los hechos hallados en dicho pleito, o sea, según la apelada, que se celebró una primera carrera que fué ganada por Saturnina y que García tenía derecho al pool.

Podríamos decir que la contención principal de los ape-lantes es que sólo se demostró que únicamente seis caballos habían resultado ganadores en dicho día, o que sólo se deter-minó que seis caballos fueron ganadores y que por ende el acertar seis caballos daba derecho a los demandantes a par-ticipar en el pool en unión a otras personas que habían acer-tado un número similar de ganadores. Los demandantes tenían derecho solamente a recobrar si la anulación por el Jurado de la primera carrera hizo que tal carrera quedara enteramente fuera de concurso, y los demandantes aseguran que nunca se hizo nada para determinar legalmente el gana-dor de la primera carrera. Sostienen necesariamente que la primera carrera quedó para siempre eliminada.

El caso sería muchísimo más claro para su resolución si las partes no hubieran firmado la estipulación. Es algo difí-cil imaginarse qué hubiera ocurrido de no haberse presentado tal estipulación. Convenimos ciertamente que si en el pre-sente recurso la demandada hubiese ofrecido los autos del caso de García como prueba, los demandantes hubieran po-dido oponerse con éxito a la admisión de cualquier parte del .récord o al mismo en sn totalidad. Los apelantes estaban tan convencidos de la eliminación permanente de la primera carrera, qne asintieron a la- admisión de los autos en el caso de García. Tal vez la idea de los demandantes fné qne tales autos no tenían valor probatorio para ayudar en la contro-versia presentada por la demandada en este caso. El deter-minar cuál es el efecto de la estipulación presentada en este recurso y basta qué punto el récord del caso de García tiene valor probatorio, son las cuestiones principales a resolverse en la presente apelación.

Parece éste el momento propicio para considerar una de las contenciones de los apelantes, v. gr., que no se des-prende suficientemente de los autos cómo la Comisión Hípica obtuvo dicha jurisdicción para revocar la decisión del jurado que anuló la primera carrera. Asumiendo, sin embargo, que el hecho incontrovertido es que la Comisión filípica anuló la actuación del jurado, la presunción sería que la comisión ac-tuó debidamente y que se tomaron las medidas intermedias que la facultaban para anular la decisión. Los apelantes sos-tienen insistentemente que no se demostró que García mismo apelara de la decisión del jurado anulando la primera carrera. Empero es un hecho indisputado en este caso que la Comi-sión Hípica en realidad anuló la actuación del jurado.

De igual modo non constat que la Comisión Hípica, que es la autoridad final en esta materia, pudiera hacer la anulación sua sponte o a virtud de informes llegados a ella. Es cierto que el reglamento da al comprador de un cuadro el derecho a apelar, mas tal derecho no excluye la posibilidad de que la comisión creyera que el jurado actuó sin jurisdicción y que sin haberse incoado recurso de apelación ésta anulara la de-cisión del jurado.

Uno de los hechos que la demandada pudo haber probado claramente en este caso fue que la Comisión Hípica realmente anuló la actuación del jurado. La estipulación hizo innece-sario para la demandada probar ese hecho. Esto es un in-dicio de cuál fué la intención de las partes al hacer la esti-pulación celebrada. En otras palabras, debe inferirse que la idea de ambas partes fué que los hechos que pudieran ser probados por los autos del caso de García debían ser consi-derados como prueba. Difícilmente podía ser la intención de de los demandantes, a virtud de la estipulación, impedir que la demandada presentara un caso como el que ella podía pre-sentar. Del más ligero examen de los autos del caso de Gar-cía se desprende que en el mismo se determinó que Satur-nina era la ganadora de la primera carrera, independiente-mente de la razón por la cual la corte llegó a esa conclusión.

Ha surgido en nuestras mentes alguna duda res-pecto a cuál fué la naturaleza de las conclusiones y de la sen-tencia en el caso de García. Ciertamente no hubo ninguna alegación o acto en sentido adverso de parte de la demandada. Esta no hizo lo que los demandantes en este caso seguramente hubiesen hecho, controvertir la alegación de que Saturnina fué la ganadora de la primera carrera. La demandada en el caso de García específicamente admitió que Saturnina fué la ganadora.

No obstante, la sentencia en el caso de García fué una dic-tada sobre los méritos. El demandante en dicho caso pre-sentó una demanda. La demandada contestó admitiendo las alegaciones esenciales de la demanda y se dictó sentencia so-bre las alegaciones. Entre las partes en dicho caso hubo un juicio completo sobre los méritos. Debido al hecho de que a García se le entregó el importe del pool, la Porto Rico Racing Corporation quedó para siempre exonerada de pagarle cualquier cantidad de dinero por haber él acertado seis o siete caballos. En cuanto a él, la sentencia dictada en dicho caso era enteramente res adjudícala, y él estaba impedido de ha-cer reclamación ulterior alguna. Tal situación podría surgir solamente a virtud de una sentencia sobre los méritos.

Sentencias sobre los méritos del caso son dictadas en re-beldía, a virtud de excepción previa, mediante juicio ante ju-rado (en el continente) y en otras formas que es innecesario enumerar.' No hemos hallado una declaración específica en los libros al efecto de que una sentencia sobre las alegaciones sea una sentencia sobre los méritos, pero ello necesariamente se deduce.

La dictada en el caso de García no fue meramente una sentencia sobre las alegaciones. Fné una sentencia dictada a virtud de estipulación de que el caso fuese sometido por las alegaciones. La Porto Rico Racing Corporation, si la cues-tión llegase a ser importante, nunca podría negar que le ha-bía pagado a García el importe de la sentencia como gana-dor del pool.

El presente caso ilustra el punto que estamos tratando. La sentencia aquí fué dictada a virtud de estipulación. Los demandantes y apelantes sostienen insistentemente que la demandada está obligada por las admisiones contenidas en su contestación en este caso y principalmente que el jurado del hipódromo anuló la primera carrera. El caso de los de-mandantes depende en gran parte de esta admisión contenida en la contestación. Debido a la estipulación de las partes los demandantes no creyeron necesario probar que el jurado del hipódromo en realidad anuló la primera carrera. En lo que a este hecho se refería, el procedimiento que tenemos a la vista no es más contencioso que el del caso de García.

La apelada niega haber tenido intención alguna de ha-cer que el caso de García fuera res acljudicata. Sostiene que los autos de dicho caso constituían evidencia tendente a probar los hechos determinados en el mismo. La apelada cita los casos de Falero v. Falero, 15 D.P.R. 118; Nadal v. Miranda, 27 D.P.R. 323; Sucn. del Rosario v. Rosali, 27 D.P.R. 105; Rodríguez v. P. R. Ry. L. & P. Co., 19 D.P.R. 643; Pretince v. Miller, 82 Cal. 751; y MacElroy v. Williams, 14 Wash. 627, al efecto de que, de no ser objetado, cualquier hecho que tienda a probar algo puede ser ofrecido en eviden-cia, aunque sea inadmisible (incompetent) si se formula ob-jeción. En este instante no estamos considerando la fuerza y efecto plenos que deben darse a las conclusiones y senten-cia del caso de García, mas creemos que la apelada está en lo cierto al sostener que constituían prueba tendente a pro-bar que Saturnina fué la ganadora de la primera carrera. La opinión y sentencia de la corte y la contestación de la demandada admitiendo las alegaciones esenciales de la de-manda, son, todas y cada una de ellas, prueba de referen-cia que tiende a demostrar que Saturnina en verdad ganó la primera carrera. Esto por sí solo dispondría de la senten-cia de la corte inferior.

Por supuesto, no liemos perdido de vista que los apelan-tes sostienen que Saturnina nunca fué legalmente, así podría decirse, la ganadora de la primera carrera. Decimos legal-mente porque si los apelantes están en lo cierto, para los fines de ley no hubo ganador en la primera carrera.

Parece éste el momento oportuno para bacer constar que podría haber otras formas en que se puede determinar el ga-nador de una carrera además de la declaración específica del jurado del hipódromo. Todo el que haya presenciado el de-sarrollo de las carreras sabe que determinado caballo puede adelantarse a los demás y en tal caso nadie dudaría cuál es el ganador de la carrera. ¿Debe decirse que cuando ése es un hecho saliente no hay forma alguna en que posiblemente se puede determinar el ganador de una carrera a no ser a virtud de la declaración específica del jurado? ¿Qué la Co-misión Hípica nq tiene en reserva la facultad de determinar un hecho saliente por todos conocido ?

Tócanos ahora considerar cuál fué el efecto probato-rio del récord o expediente del caso de García. Uno de los hechos sobre los que no ha habido disputa en este caso es que los autos en el de García fueron admitidos como prueba. Supongamos que en el juicio la demandada hubiera ofrecido en evidencia los procedimientos en el caso de García y los demandantes no se hubiesen opuesto. ¿Cuál habría sido en-tonces el efecto de la admisión de ese expediente en evidencia? ¿Qué valor probatorio podría atribuírsele en lo referente a un extraño al pleito anterior ? En cuanto a las cuestiones de evidencia a que nos hemos referido, tenemos muy poca duda de que en el presente caso constituiría prueba de referencia de los hechos establecidos en el otro pleito. Tal vez los de-mandantes descansaron en el hecho de que ante un juez o- tribunal tal prueba de referencia sólo sería ligeramente consi-derada; es decir, que no se le concedería gran peso. Pode-mos también imaginarnos que los demandantes presentaran objeción al récord por ser meramente prueba de referencia, y la corte sostuviera la objeción pero lo admitiese por otros fundamentos o porque no se le formuló ninguna otra obje-ción. Entonces surgiría la cuestión en torno a cuál sería el valor probatorio de la sentencia, independientemente de la mera cuestión de prueba de referencia. Por supuesto, esta situación, si no una más fuerte, surge con motivo de la esti-pulación en este caso.

Hemos hecho un estudio considerable de las autorida-des respecto a la fuerza y efecto de una sentencia anterior ofrecida como res adjudieata en otro caso. Hemos hecho esto, no porque pueda posiblemente aplicarse la alegación de res adjudieata, sino para tratar de» determinar cuáles eran los hechos que podían considerarse probados .o que la sen-tencia anterior tendía a probar. Hemos de confesar qué las decisiones publicadas han arrojado muy poca luz en esta pes-quisa, hasta donde hemos podido averiguar. Es cierto que ordinariamente una sentencia es la determinación de los de-rechos entre las partes más bien que la determinación de cual-quier hecho en particular o de un conjunto de hechos. Sin embargo, hechos o un conjunto de hechos deben y pueden ser determinados por una sentencia.

• Cuando un demandado presenta la alegación de res adju-dieata y el demandante niega que hubiera sentencia alguna fijando los derechos entre las partes, entonces, desde luego, se le hace necesario al demandado demostrar que los hechos del caso anterior eran los mismos o por lo menos que coinci-dían con los que se tratan de probar en el segundo juicio; que las cuestiones en litigio eran las mismas, o que ciertos extremos estaban necesariamente envueltos. Se sigue, pues, que el demandado en el segundo oaso puede ofrecer los autos del primero para demostrar que los hechos de cada pleito eran los mismos o tan similares que hacían imposible el resarci-miento del actor. Por tanto, a lo menos bajo una alegación de res adjudicaba los procedimientos en el caso anterior tie-nen un valor probatorio terminante. ¿Quiere esto decir que sólo tienen valor probatorio a los fines de la alegación de res adjudicaba o que lo tienen como una cuestión in pais; en otras palabras, para probar que algo en particular ocurrió? La verdadera objeción a los autos del caso anterior es probable-mente, si no de seguro, que el récord del primer pleito era, en lo tocante a un extraño que no tenía relación alguna con el (jaso anterior ni nexo jurídico con cualquiera de las partes, irrelevante a las cuestiones del segundo pleito. Original-mente, la primera acción era enteramente res inter alios acta en lo que atañía a los demandantes en este caso. Cuando la cuestión a ventilar es si el que acertó seis carreras tenía de-recho al pool, una sentencia concediendo éste al que acertó siete carreras no puede ser completamente irrelevante como un hecho general. Puede ser irrelevante en cuanto a deter-minada persona, pero es prueba tendente a demostrar que el pool fue adjudicado al ganador de siete carreras. El Sr. Wigmore dice, al hablar de los autos de un caso anterior en-tre las mismas partes, o algo por el estilo:

. . Es más bien la extensión de la ayuda, ejecutiva, de la corte, soire ciertos términos, a un reclamante o a un demandado, sin inves-tigar los méritos de los hechos.” 2 Wigmore on Evidence, 2a. ed., pág. 1019.

No puede uno examinar la jurisprudencia en torno al efecto de un expediente anterior sin considerar que tal ex-pediente constituye evidencia para los fines de la alegación de res adjudícala. Puede que de por sí no pruebe ciertos he-chos determinados por la sentencia anterior. Quizá la mejor manera de expresar esto es, no obstante la crítica del Sr. Wigmore, que la sentencia es evidencia de los derechos de-terminados por la decision de la cuestión o cuestiones en con-troversia en el pleito anterior.

Conviniendo, como lo Racemos, en que no se trata de un caso de una alegación de res adjudicata, tenemos que averi-guar el efecto de la sentencia anterior, independientemente de las regias sentadas en tales casos. Cabe decir que, ya que no es éste un caso de res adjudicata, las sugestiones u obser-vaciones del Sr. 'W’igmore no son aplicables.

De paso podríamos decir que aun bajo los principios de res adjudícala el derecho determinado en el caso anterior fué que a G-arcía le correspondía el pool por haber acertado los ga-nadores de las siete carreras.

Hay varios caminos para determinar el efecto de la es-tipulación presentada en este caso. En lo que a los deman-dantes concernía, la estipulación puede considerarse como sus admisiones o declaraciones. Ya hemos llamado la atención hacia el hecho de que es en parte debido a la estipulación que se ha demostrado que los apelantes acertaron seis carreras; que el jurado del hipódromo anuló la primera, y que la Co-misión Hípica declaró sin jurisdicción al jurado. Todos es-tos hechos son necesariamente admitidos por los apelantes. Admisiones o declaraciones solemnes tienen el mismo efecto que evidencia. La estipulación admitió más específicamente que los autos del caso anterior constituían prueba. Si estas premisas son correctas, se colige que tal expediente era por lo menos alguna evidencia del hecho de que hubo ganadores en las siete carreras y que Saturnina ganó la primera. Ne-cesariamente, según hemos indicado, los autos del caso de G-arcía no eran obligatorios para los apelantes en este caso y ellos pudieron haber demostrado que los hechos eran distin-tos. No trataron de hacerlo, sino que aparentemente se man-tuvieron en la idea de que la primera carrera fué anulada para siempre. Con estas admisiones o declaraciones ante sí, la Corte de Distrito de San Juan tenía derecho a creer que hubo siete carreras y que Saturnina ganó la primera.

Hasta ahora hemos estado considerando la estipulación como algo incidental, pero es el elemento principal del caso. A fin de evitar nn juicio, las partes se pusieron a la voz y estipularon sobre lo que sería considerado como evidencia en el caso. El efecto de tal estipulación era obviar la necesidad de un juicio, o,' como se dice en algunos casos, prescindir de un jurado.

Así, pues, la estipulación en.el presente caso puso clara-mente en evidencia los autos del anterior por el valor que pudieran tener. En esos autos había evidencia tendente a demostrar que Saturnina había ganado la primera carrera. En otras palabras, fué la intención de las partes según la estipulación que los hechos probados en el caso de García, aunque posiblemente no fuesen concluyentes, tuvieran un valor probatorio en el presente litigio.

Resumiendo. De por sí, el espediente del caso anterior no era res adjudicóla según ha de interpretarse esa frase. Los principios de audi alteram partem impiden esto funda-mentalmente. Debe oírse a la otra parte. Igualmente, así como debe oírse a la otra parte, la estipulación dió a la de-mandada ciertas ventajas o derechos por vía de prueba. De lo contrario, el efecto de la estipulación sería privar a la de-mandada de su día en corte.

Aun si la evidencia de haber ganado Saturnina o cual-quier otro caballo la .primera carrera debiera ser excluida de nuestra consideración, sin embargo, nos sentiríamos obliga-dos a resolver que los demandantes dejaron de establecer su acción. Según hemos visto, admitieron palmariamente que hubo siete carreras, que el jurado anuló o trató de anular la primera, y que la Comisión Hípica declaró que el jurado no tenía jurisdicción para anularla. Luego quedaría en pie el hecho de que era deber de los demandantes probar que tenían derecho al producto neto del pool. No podían hacer esto sin demostrar que la primera carrera no podía contarse en forma alguna. Resolvemos que esta posibilidad no fué eliminada por la supuesta anulación de la primera carrera por el ju-rado.

Los apelantes mantienen qne sólo era el jurado quien te-nía la facultad de determinar el ganador en la primera ca-rrera. Admitiendo todo eso, no queda excluida la posibili-dad de que aun así podía hacerse la determinación del ga-nador de la primera carrera. Por haber dejado de probar que el ganador de la primera no pudo ser determinado legal-mente, los demandantes están en la situación de no haber aducido una cansa de acción completa.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor Del Toro está conforme con la sentencia.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Rafael Arguelles Fernández, demandante y apelado, v. Pedro Cosme y Providencia Rivera, demandados y apelantes.
    No. 6246.

    Sometido: Mayo 17, 1933.

      Resuelto: Mayo 24, 1933.

      Armando A. 'Miranda,, abogado de los apelantes; Ignacio Morales Acosta, abog'ado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de desahucio. Se inició en la Corte de Distrito de Bayamón en marzo de 1932. Después de cele-brada la vista el demandante pidió que se le tuviera por de-sistido. Accedió la corte. No conformes los demandados apelaron y su apelación fué declarada con lugar. Arguelles v. Cosme, 44 D.P.R. 169. Volvió el pleito a la corte de dis-trito de su origen que dictó sentencia sobre los méritos, de-sestimando la demanda sin especial condenación de costas. El último párrafo de la relación del caso y opinión en qne se basa la sentencia, dice:

“La demanda debe ser, y es, declarada sin lugar, sin especial im-posición de costas. El demandado obtuvo permiso para litigar como pobre, conforme a la sección 7 de la Ley No. 17 de 1915, y relevado del pago de costas, por lo que no ha incurrido en las mismas. El abogado del demandado se expresó en el sentido de prestar gratuita-mente sus servicios a dicho demandado dadas sus condiciones de po-breza. El secretario registrará sentencia de conformidad.”

Otra vez apelaron los demandados. Se quejan del pro-nunciamiento sobre costas. Sostienen que éstas debieron im-ponerse a la [Darte demandante y a nuestro juicio tienen ra-zón.

No se trata del ejercicio del poder discrecional de la corte, pero si se tratara, tendríamos que resolver que las circuns-tancias concurrentes en el caso exigían que el demandante fuera condenado en costas, ya que su temeridad surge clara de los autos. El mismo reconoció que demandó sin razón al desistir del pleito.

Se trata de una interpretación errónea de la ley. Lo que llevó a la corte a no imponer las costas al demandante fué su creencia de que habiendo litigado como pobres los deman-dados, tales costas no existían, especialmente cuando su abo-gado se había expresado en el sentido de prestar gratuita-mente sus servicios.

De los autos no aparece renuncia alguna por parte del abogado de los demandados con respecto al cobro de sus ho-norarios y en cuanto a la procedencia de las costas en casos de- insolvencia se ha resuelto por la jurisprudencia “que a menos que por ley se prohiba recobrarlas, una persona que demanda m forma pauperis puede recobrar las costas si ob-tiene la victoria en el litigio, aunque no las hubiere satisfecho.” Véase 15 C. J. 239 y casos citados. T en Puerto Rico no hay ley que lo prohiba.

Se comprende perfectamente que’ así sea. Los tribunales de justicia se. sostienen a un costo generalmente elevado. El pueblo adelanta lo necesario para satisfacerlo de las contri-buciones generales que se impone él mismo por medio de su Legislatura,, habiendo además dispuesto que algo satisfagan los que a ellos directamente acuden. Como existen litigantes que nada pueden pagar por razón de su insolvencia y quizá tengan razón, ba acordado que se les' exima del pago de los derechos que fija el arancel, ordenando a sus funcionarios que le presten gratis sus servicios, a reserva de que si obtienen un fallo favorable y la parte que se opuso a su contienda lo hizo con temeridad, recaiga sobre ella la obligación de satisfacer no sólo sus propias costas si que también las que debió pagar su adversario. “Y en todos los casos civiles,” dice la sec-ción 5 de la Ley creando los taquígrafos-repórters, “en que una persona parte en la acción presente una declaración ju-rada donde conste estar imposibilitado para satisfacer las costas requeridas por la ley, dicha persona tendrá derecho a los servicios gratuitos del taquígrafo del tribunal, en los mis-mos términos en que éste presta sus servicios a los pobres indigentes en las causas criminales y los derechos del taquí-grafo se incluirán en las costas cuando fueren impuestas a la parte que pudiese pagarlas.”

Igual sucede con los honorarios de abogado. La profe-sión debe siempre estar lista para defender no sólo al que cuenta con recursos materiales, si que también al insolvente. El mismo esfuerzo mental, las mismas horas de trabajo, ne-cesita dedicar en ambos casos, con la sola diferencia de que en el primero comienza cobrando o pudiendo cobrar sus ser-vicios y en el segundo comienza su trabajo sin percibir re-muneración alguna, y si pierde, sin remuneración se queda, Si gana, nada más justo que se imponga al litigante temerario el deber de satisfacer a la parte victoriosa el valor razonable de los servicios de su abogado a fin de que pueda ella a su vez pagar su deuda.

A virtud de todo lo expuesto debe modificarse la sentencia recurrida eliminando de ella las palabras “sin especial con-denación de costas.,”' sustituyéndolas por las que siguen: “con las costas al actor ” y así modificada, confirmarse.


author: El Juez PrbsideNte Señor del Toro,

text:
    Ex parte José Rodas García, peticionario.
    No. 94.

    Resuelto: Mayo 29, 1933.
   El Juez PrbsideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Bodas García alegando ser major de veinte y un años de edad, ciudadano americano residente en esta Isla y Segundo Teniente de Infantería del Ejército de la Beserva de los Estados Unidos, haber terminado su instrucción pri-maria continuando la secundaria en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez donde se graduó en Ciencias Politécnicas en 1920 y haber obtenido el título de Bachiller en Ingeniería Mecánica en la Ohio Northern University en 1922, y en 1928 el de Bachiller en Leyes expedídole por la “La Salle Extension University” de Chicago, Ill., solicita de esta Corte que lo admita a examen y en su caso le expida la licencia correspondiente para ejercer la profesión de aho-gado en Puerto Rico.

Para ello invoca especialmente la Ley No. 29 de 1927, Leyes de 1927, pág. 173, cuya sección 2a. en lo pertinente dice:

“Sección ’2. — Tocios los que no hayan sido admitidos anterior-mente al ejercicio de la abogocía en esta Isla, de conformidad con lo prescrito en la Sección primera de esta Ley, pero que hayan obte-nido un diploma de abogado en cualquier universidad o escuela acre-ditada nacional o extranjera, serán admitidos a postular ante las cor-tes de justicia de Puerto Rico, previo el cumplimiento de los si-guientes requisitos,. si probaren a satisfacción del tribunal examina-dor que al tiempo de empezar sus estudios de abogado eran ciuda-danos lona fíele de los Estados Unidos de América.
“1. Presentación ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico del diploma .correspondiente; entendiéndose que tal diploma no debe haberse obtenido por correspondencia; y entendiéndose, además, que no se entenderá obtenido por correspondencia un título o diploma adquirido por enseñanza libre en la forma y bajo las condiciones acos-tumbradas en algunas universidades del estado en Europa o en la Universidad de Puerto Rico.”

Alega además el peticionario ‘ ‘ Que dicha Universidad (La Salle Extension University) como su nombre indica, no es. una escuela de correspondencia propiamente dicha, sino una Universidad de Extensión que ofrece un curso de Derecho por enseñanza libre en la forma y bajo las condiciones acostum-bradas en varias Universidades de los Estados Unidos”, y que el título le fue conferido “después de haber comparecido a tomar un examen final general, ante un abogado nombrado al efecto por dicha Universidad.”

La ley dice “algunas universidades del Estado en Europa o en la Universidad de Puerto Rico.” Y lo que tuvo en menté el legislador fué su plan de estudios libres a virtud del cual personas que asisten o no a sus cátedras, se matri-culan en dichas universidades y se van examinando periódi-camente asignatura por asignatura ante un tribunal de cate-dráticos de la propia universidad, con sujeción a los mismos programas que rigen' para el curso regular de estudios, y cuando las aprueban todas toman los exámenes de grado teó-rico y práctico, recibiendo si los pasan el diploma que los autoriza al ejercicio de su profesión.

Por lo que en la solicitud se alega, el título obtenido por el peticionario no lo fué en esas condiciones ni en universi-dad que sostenga un plan de estudios semejante.

De la misma solicitud se desprende que el peticiona-rio abriga fuertes dudas al invocar la ley que hemos inter-pretado cuando alega:

“Aunque estas leyes mencionadas en los hechos 12 y 13 de esta petición prácticamente facultan al peticionario a solicitar su admi-sión a examen Re reválida, este peticionario no desea basar su peti-ción en los derechos que pueda derivar de las referidas leyes exclusi-vamente, sino que además fundamenta su petición muy especialmente en el poder discrecional, universalmente reconocido, que tienen las cortes para admitir candidatos a examen de reválida, pues ‘el poder para admitir aspirantes al ejercicio de la abogacía es judicial y no legislativo y desde luego pertenece exclusivamente a las cortes.’ (Véase 4 Cyc. 900; In re Day, 181 Ill. 73; In re Splane, 123 Pa. 527; 2 R.C.L. pág. 941 Sec. 6; In re Applicants for License, 113 N. C. 1, 55 S. E. 635; 10 Ann. Cas. 187; 10 L. R. Cas. 187; A. N. S. 288; In re Goodwell, 39 Wisc. 232: etc., etc.”

Creemos que esta corte tiene en verdad el poder a que se refiere el peticionario pero sólo estará justificada en ejercerlo en casos realmente extraordinarios, y aunque no hay duda que el peticionario es persona instruida en varias disciplinas que pueden serle muy útiles en el ejercicio de la abogacía, hay que reconocer que no concurren en él aquellas extraordi-narias circunstancias que pudieran justificar ál tribunal en la adopción de tal regia, especialmente cuando los conocimien-tos previos legales los justifica simplemente por un título que revela a todas luces que se obtuvo por correspondencia y la Legislatura expresamente ha dicho “entendiéndose que tal diploma (el que debe presentarse al tribunal para obtener el examen) no debe haberse obtenido por correspondencia.” Al alcance del peticionario está el curso libre de la Universidad de su isla, si es que no puede tomar el regular que también le ofrece.

Por virtud de todo lo expuesto, dele declararse no haler, lugar a lo solicitado. ■ - •


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Gaspar Berio, sustituído en apelación por su cesionario Antonio Berio Frau, demandante y apelado, v. Lorenzo Frau y su esposa Juana Josefa Serra, demandados y apelantes.
    No. 5703.

    Sometido: Mayo 24, 1933.

      Resuelto: Mayo 31, 1933.

      Martínez Nadal & Martines Rivera, abogados de los apelantes; E. Ortis Romea, L. A. y M. A. García del Rosario, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito en cobro de pesos. Alegó el deman-dante en su demanda:

“Que allá para el día Io. de mayo de 1924 se estableció una cuenta corriente entre el demandante y los demandados, por medio de la cual los esposos demandados tomaron al fiado dinero y efectos del establecimiento que el demandante posee en el barrio ‘Cuchillas’ de Corozal, que aplicaron entre otros usos, a la refacción y beneficio de fincas que los demandados Lorenzo Frau y Juana Josefa Serra, po-seen en común proindiviso, así como de otras que la demandada Juana Josefa Serra posee privativamente en el barrio ‘Negrón’ de Corozal; la que al liquidarse el día 7 de marzo del año en curso, arrojó un balance de $1,795.22 a favor del demandante Gaspar Berio.
“Que desde la referida liquidación o sea 7 de marzo del año en curso, el demandante ha realizado gestiones con el fin de obtener el cobro de la referida cantidad de $1,795.22; sin que hasta la fecha, haya logrado su propósito porque los demandados se han negado y se niegan a satisfacerla.
“Que la deuda de los demandados para con el demandante es lí-quida y exigible, no habiéndola aquéllos pagado ni en parte ni en su totalidad.”

Solicitaron los demandados un “bill of particulars.” Lo proporcionó el demandante. Contiene cientos de pequeñas partidas. Muchas de ellas son cantidades facilitadas en efec-tivo, algunas personalmente a la demandada. También los abonos hechos por los demandados. Fxcepcionaron éstos la demanda. Sus excepciones fueron declaradas sin lugar. Contestaron. Se celebró la vista. Y basándose en las alega-ciones y en las pruebas la corte falló el caso en su contra. Apelaron para ante esta Corte Suprema señalando en su ale-gato la comisión de dos errores que no existen, a nuestro juicio.

Fúndase el primero en que la demanda no aduce una causa de acción porque no especifica las partidas de merca-derías vendidas y entregadas a los demandados ni su precio, dejando de alegar los abonos hechos por los demandados. Se invoca el caso de E. Rubio e Hijos v. Carrasco, 26 D.P.R. 255.

Carecen de razón los apelantes, especialmente habiendo presentado como presentaron su excepción después de haber solicitado y obtenido un “bill of particulars” que contiene to-dos los elementos necesarios para revisar la cuenta en que se funda la demanda, partida por partida, y comprobar su saldo.

Desde 1921 resolvió’ esta corte en el caso de Giménez v. Alfonso, 29 D.P.R. 322, 325, lo que sigue:

“Y no era necesario que se practicara una liquidación de cuentas con intervención del demandado y conformidad del mismo para exi-girle en cualquier tiempo el pago del saldo que resultara adeudar en cuenta corriente al demandante, pues según sentencia del Tribunal Supremo de España de 2 de diciembre de 1887 las cuentas corrientes se entienden siempre liquidadas por depender su liquidación de'1 una simple operación aritmética. Las sumas adeudadas por compra de mercancías que .no se satisfagan de contado sino que se carguen en cuenta, generalmente y según la práctica comercial, son para cobrarse en cualquier fecha en que el vendedor reclama el saldo a su favor, salvo que haya pacto en contrario aplazándose el pago, cuya excep-ción será en su caso materia de defensa.
“Tampoco era necesario que se incluyeran en la demanda las diversas partidas vendidas y entregadas al comprador y no pagadas por él, el precio y las demás circunstancias de las distintas compras hechas, pues el Código de Enjuiciamiento Civil excluye tal necesidad en su artículo 124, que dice así:
‘ ‘ ‘ Artículo 124. — En las alegaciones no es necesario que la parte que alega la existencia de alguna cuenta, detalle las partidas de ésta, pero deberá entregar a la parte contraria dentro de los diez días de haberla pedido por escrito, una copia de dicha cuenta, requisito sin el cual quedará imposibilitada de presentar prueba en apoyo de la misma. La corte o juez podrá disponer la presentación de otra cuenta además de la presentada, si ésta fuere demasiado general o resultare defectuosa en alguno de sus particulares.’
“Según el precepto transcrito, el demandante no tenía que deta-llar las partidas de la cuenta en que basaba su acción sino que al demandado incumbía pedir una copia de dicha cuenta para contra-decirla en el juicio si así convenía a su derecho Así lo entendió la parte demandada al solicitar como solicitó del demandante y se le concedió en la corte municipal, que se le entregara una copia de su cuenta corriente desde el comienzo de dicha cuenta hasta la última partida anterior a la presentación de la demanda.
“En contra del recurso y en pro de la confirmación de la senten-cia recurrida invoca la parte apelada la decisión de esta corte en el caso de E. Rubio e Hijos v. Carrasco, 26 D.P.R. 255; pero en ese caso la demandante fundaba más bien su acción en la liquidación de varias cuentas, lo que no ocurre en el presente. De todos modos la doctrina que dejamos consignada es la que debe regular la cuestión lega] planteada.”

Lo dicho en el caso de Giménez, supra, fué confirmado en los de Sanabria v. Rosa et al., 32 D.P.R. 583, 585, y Lizardi v. Marrero, 32 D.P.R. 598, 601, y muy recientemente en el de Rivera v. Corte de Distrito de San Juan, 44 D.P.R. 817.

El segundo señalamiento se basa en que la corte erró al apreciar la prueba y dictar sentencia en contra de ambos demandados cuando no proporciona base para concluir que la. demandada Juana Serra sea responsable de la cuenta de Lorenzo Frau.

Pesando la evidencia practicada concluye la corte en la relación del caso y opinión que sirve de base a su sentencia:

. que allá en 1ro. de mayo de 1924, el demandante abrió una cuenta corriente en sus libros oficiales a nombre de Lorenzo Frau, por provisiones, mercaderías, y dinero efectivo entregado; que cuando se engendró la cuenta corriente hubo un convenio entre el demandante y los demandados, de que todo lo que se despachera a Juana Josefa Serra se cargara a la cuenta a nombre de Lorenzo Frau, para llevarse así una sola cuenta, y que a la misma se abonaran los productos de la fínea que entregara Juana Josefa Serra; que los efec-tos y dinero entregados por el demandante se hacía ordinariamente mediante vales expedidos y firmados por la demandada Juana Josefa Serra, que es la esposa del otro demandado Lorenzo Frau, y se car-gaba a la cuenta, usándose dichos efectos y dinero en la refacción y mejoramiento de fincas rústicas que los demandados Lorenzo Frau y Juana Josefa Serra poseían én común, así como en fincas de la pro-piedad privativa de dicha Juana Josefa Serra; que ésta entregó café procedente de sus fincas privativas al demandante para abonar a la cuenta; que la demandada Juana Josefa Serra constituyó una hi-poteca sobre sus fincas con el Banco Federal y recibió cierta canti-dad de dinero, abonándose a la cuenta por el demandado Lorenzo Frau la suma de $500 mediante un cheque que se extendió a nombre de éste y endosó al demandante y que liquidada la cuenta después de dicho abono, el 7 de marzo 1929, arrojó un balance de $1,795.22 a favor del demandante Gaspar Berio; que los demandados han estado conformes con la liquidación y el demandante les ha cobrado el saldo y han prometido pagar, tanto uno como otro demandado, pero no lo han realizado a pesar’ de las gestiones practicadas.”

Examinada la evidencia sostiene las conclusiones de la corte. El error no existe. Es claro que se trata de una ape-lación interpuesta meramente para dilatar la ejecución de la sentencia. De estar autorizados por la ley, impondríamos a los apelantes las costas del recurso.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante.
    No. 5514.

      Sometido: Junio 10, 1932.

      Resuelto: Mayo 31, 1933.

      Guerra-Mondragón & Soldevila, abogados de la apelante; Ron. Pro• curador General Charles E. Winter y M. Rodrigues Serra, Procu-rador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este oaso no están en disputa. Demuestran que el 12 de abril de 1927 la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico proveyó u ordenó lo que sigue:

"Sección 1. — Que con sujeción a las limitaciones, condiciones y restricciones que ahora o en lo sucesivo imponga la ley, y a las que aquí se fijarán específicamente, por la presente se concede autoridad exclusiva por un período de doce años a partir de la aprobación de esta franquicia por el Gobernador de Puerto Rico, a la 'White Star Bus Line, Inc., una corporación, que en adelante será designada como la concesionaria, para establecer, mantener y explotar un servicio de autobuses de alquiler para trasladar y transportar pasajeros por y entre los municipios de San Juan y Río Piedras y puntos inter-medios. Todos los itinerarios para el servicio aquí autorizado serán fijados por la Comisión de Servicio Públco de Puerto Rico después de oír a la concesionaria. La referida autorización se extenderá y abarcará todas las operaciones, de cualquiera índole, que sean ne-cesarias para que la explotación de ese servicio dentro del territo-rio anteriormente descrito resulte provechosa y económica; Dispo-niéndose, que la autoridad exclusiva que por la presente se confiere sólo será aplicable a la transportación local enteramente dentro de los municipios de San Juan y Río Piedras, y no será interpretada en el sentido de prohibir el que se conceda permiso a otras compañías de servicio público para explotar autobuses por rutas desde puntos en otros municipios que no sean San Juan y Río Piedras, atrave-sando dichos municipios de San Juan y Río Piedras o yendo y sa-liendo de ellos.”

Es, pues, evidente que la existeneáa, autoridad y vida de esta corporación emanaron de la Comisión de Servicio Pú-blico.

En la sección 2 se dispuso:

“Durante la vigencia de esta franquicia, la concesionaria por la presente se compromete a pagar anualmente al Tesorero de Puerto Rico, el 15 de enero de cada año, uña regalía por esta franquicia, como sigue: Durante los años primero, segundo, tercero y cuarto de la franquicia, el importe de la regalía será el cuatro (4) por ciento de los ingresos brutos anuales que en su negocio tenga la concesionaria; durante los años quinto, sexto, séptimo y octavo, el importe será el cinco (5) por ciento de tales ingresos brutos; y durante los años noveno, décimo, undécimo y duodécimo, el importe de tal regalía será el seis (6) por ciento de dichos ingresos brutos; Disponiéndose, sin embargo, que la Comisión de Servicio Público enmendará y fijará el tanto por ciento de dicha regalía si después de un plazo no menor de un año del funcionamiento del negocio de la concesionaria, y previa solicitud de ésta o a iniciativa propia de la Comisión y previa audien-cia por la Comisión de Servicio Público, se hallare justificada para enmendar y fijar el tanto por ciento de 'dicba regalía a ñn de per-mitir a la concesionaria una ganancia razonable sobre su inversión.”

Parece admitirse por las partes que el primer año de las operaciones de la White Star Bus Line, Inc., comenzó el quince de enero de 1928, y que el pago de la suma estipulada en la referida sección 2 vencía, de acuerdo con los términos de la franquicia, el 15 de enero de 1929. En ese día la compañía presentó solicitud a la Comisión de Servicio Público para que ésta modificase los términos de la regalía a ser pagada por aquélla. El 30' de julio de 1929 la White Star Bus Line, Inc., presentó demanda de injunction contra Juan G. Gallardo para tratar.de impedir que él, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, cobrara el importe de la regalía fijado en la franquicia. Así las cosas, el Pueblo de Puerto Rico presentó la demanda en este caso para cobrar a la demandada la suma de $45,575.28 como lo adeudado por concepto del ingreso bruto de la refe-rida compañía durante el año que comenzó el 15 de enero de 1928. La Corte de Distrito de San Juan, después de presen-tarse contestación y de celebrarse una vista y otros procedi-mientos, dictó sentencia a favor del Pueblo de Puerto Rico por la cantidad reclamada, más intereses.

Una de las contenciones principales en este caso es la interpretación que ha de dársele a la sección 2 de la aludida franquicia, por virtud de la cual la Comisión de Servicio Pú-blico convino en considerar la posible reducción del importe de la regalía a ser pagado por la apelante. En su alegato la apelante hace algún hincapié sobre el hecho de que las pala-bras finales de la sección 2 fueron insertadas en la franquicia después que la compañía se había negado a aceptar la fran-quicia tal como había sido redactada por la Comisión de Ser-vicio Público, y luego de otras cuestiones previas a la expe-dición material de la franquicia. Ya sea ésta considerada como un contrato o no, creemos que todos los convenios y discusiones preliminares se fundieron en el documento tal cual fué finalmente otorgado. La apelante en su octavo se-ñalamiento de error trata de sostener que algunas de las con-versaciones preliminares formaban parte de la historia de la concesión de la franquicia, pero no podemos ver que lo que el proponente de la enmienda dijo con respecto a su inter-pretación sea comparable a la historia legislativa. Bajo otro aspecto, la argumentación que la apelante hace en las pági-nas 11 y 12 de su alegato, tiende a sostener estos puntos de vista.

La corte de distrito primeramente consideró la de-fensa suscitada por la apelante al efecto de que el injunction por ella presentado era un pleito pendiente entre.las mismas partes y por la misma causa de acción. La corte desestimó esta defensa por el fundamento de que el pleito entablado contra Grallardo era una cosa y un pleito incoado por el Pueblo de Puerto Pico otra. En otras palabras, que las partes adversas a la White Star Bus Line, Inc., en cada uno de los dos pleitos no eran las mismas y, por consiguiente, que no se trataba de la misma causa de acción. Se nos pueden ocu-rrir casos en que para ciertos fines quizá el Tesorero y El Pueblo de Puerto Rico hubieran de ser considerados como la misma parte, pero no estamos necesariamente en desacuerdo con lo resuelto por la corte inferior. Lo”que sí resolvemos es que la tentativa por El Pueblo de Puerto Rico para reco-brar la cantidad que alegó adeudarle la corporación no era en sentido alguno el mismo pleito o clase de pleito que la apelante trató de establecer a fin de impedir el cobro. Un pleito para cobrar y otro para impedir que se cobre son ne-cesariamente distintos. Sería absurdo suponer que con mo-tivo de un mjunction radicado contra él, el Tesorero de Puerto Rico no pudiera radicar su propio pleito a fin de cobrar la cantidad que se alegó adeudársele. De otro modo, el Teso-rero podría ser demorado indefinidamente en su cobro. El no estaba obligado a radicar una contrademanda en el otro pleito, aunque creemos que con el propósito de destruir la acción de la demandante pudo haberlo hecho. Esto se hizo objeto del sexto señalamiento de error.

Jill apelado discute el cuarto señalamiento de error como el más importante. Es así:

‘ ‘ Cometió error el tribunal de distrito al no declarar que el ar-tículo 53 de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, por el que se pretende dar .facultad a la Comisión de Servicio Público para im-poner regalías y del que se pretende baeer derivar poder o facultad para exigir la regalía dispuesta en la sección 2 de la franquicia, al igual que esa misma sección, tienen vicio de nulidad e inconstitucio-nalidad por violar el artículo 3 de la Ley Orgánica.”

Según indica el apelado, el título de la Ley No. 70 de 1917 (Leyes de ese año, tomo II, página 433) lee así:

‘‘Definiendo las compañías de servicio público y proveyendo lo necesario para su reglamentación; prescribiendo, definiendo, regla-mentando y limitando sus derechos, facultades y deberes; prescri-biendo y definiendo las facultades y deberes de la Comisión de Servi-cio Público y los de sus funcionarios; prescribiendo y reglamen-tando la práctica y el procedimiento ante dicha comisión y en ape-lación, y para otros fines.”

Los artículos 52 y 53 de esa ley disponen:

“Artículo 52. — Concesiones que se hicieren. — La Comisión tendrá poder para otorgar franquicias, derechos, privilegios o concesiones para fines públicos o "cuasi públicos incluyendo el derecho de usar o cruzar carreteras, caminos o cauces de agua públicos; y para otorgar franquicias, derechos, privilegios o concesiones para el aprovecha-miento de las aguas públicas para fines públicos o particulares. No estará facultada para conceder el dominio o aprovechamiento de te-rrenos o propiedades públicas o para otorgar franquicias, derechos, privilegios o concesiones para usos particulares, excepción hecha del aprovechamiento de aguas públicas, sin la aprobación de la Asam-blea Legislativa. ’
“Artículo 53. — Condiciones y clases de concesiones. — La Comi-sión tendrá poder para determinar los términos y condiciones de las franquicias, derechos, privilegios o concesiones, que otorgare para de-terminar los casos en que deberán otorgarse; y estará facultada para exigir un canon periódico por el ejercicio de los mismos.”

El artículo 3 de la Carta Orgánica es como sigue:

“No se impondrá ni cobrará derecho alguno sobre las exporta-ciones procedentes de Puerto Rico; pero podrán imponerse contri-bridones e impuestos sobre la propiedad, ingresos, rentas internas, y por licendas, franquicias, privilegios o concesiones, cnando dichas contribuciones sean para los fines de los gobiernos insular y munci-pales, respectivamente, y se impongan según las disposiciones y pres-cripciones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. . .”

Aun si no hubiera otra disposición en la Carta Orgánica, dudamos seriamente que haya algo en esta ley que sea una limitación del poder de la Legislatura para delegar autoridad en la Comisión de Servicio Público para conceder franquicias y fijar los términos de las mismas. Sin embargo, el artículo 38 de la Ley Orgánica dispone en parte como sigue:

“Toda franquicia, derecho, privilegio y concesión de carácter pú-blico o cuasi público, será otorgada por una Comisión de Servicio Público compuesta de un Comisionado de 'Servicio Público, que será Presidente de dicha Comisión, y dos comisionados asociados nom-brados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Se-nado. . . . Dicha Comisión queda facultada para desempeñar, y se le ordena que desempeñe, todas las funciones ejecutivas rela-cionadas con las corporaciones de servicio público que hasta ahora se han conferido por la ley al Consejo- Ejecutivo, y aquellos deberes y funciones adicionales que se confieran a dicha Comisión por la Asamblea Legislativa. Ninguna franquicia, derecho y privilegio que otorgare la mencionada Comisión tendrá efecto hasta que haya sido aprobado por el Gobernador y se hubiese informado al Congreso, el cual por la presente se reserva la facultad de anularlos o modificarlos.
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“La Asamblea Legislativa de Puerto Rico queda autorizada por la presente para decretar leyes relativas a la reglamentación de los precios, tarifas y servicios de todos los porteadores públicos en Puerto Rico, y la Comisión de Servicio Público creada por esta Ley tendrá facultad para poner en ejecución las leyes de ese carácter mediante reglamentación adecuada.”

Conforme indica el apelado, dicho artículo 38 sólo contiene las limitaciones en él expresadas. A nuestro entender es per-fectamente claro que cuando a la Comisión de Servicio Pú-blico se le dió la facultad de conceder franquicias el derecho a fijar los términos de las mismas estaba necesaria e inevi-tablemente implícito.

Dudamos más bien si la regalía impuesta es una con-tribución en el sentido estricto de la palabra, pero suponiendo que se baya ejercido el derecho a imponer contribuciones, es claro que la Legislatura, y especialmente el Congreso, tendría el derecho a otorgar la facultad de imponer tales contribu-ciones a una compañía que deriva su autoridad'de una fran-quicia de la Comisión de Servicio Público. Tenemos además la idea de que la regalía que debía pagar la 'White Star Bus Line, Inc., participaba más bien de la naturaleza de un arren-damiento de otra causa (consideration) por la concesión de la franquicia, y de que no estaría sujeta a las restricciones que podrían surgir al considerar esta regalía como una forma de contribución. La White Star Bus Line, Inc., voluntaria-mente convino en pagar este tipo por otorgársele esta con-cesión.

La Corte de Distrito de San Juan resolvió que la de-mandada estaba impedida de alegar la inconstitucionalidad de la sección segunda de la franquicia que había aceptado y disfrutaba. La teoría es que una persona que se ha aprove-chado de un acto inconstitucional no puede posteriormente alegar su inconstitucionalidad como defensa. Daniels v. Tearney, 102 U. S. 415 y casos citados en la página 421; Grand Rapids etc. Co. v. Osborn, 193 U. S. 17. Si bien no descan-samos en este principio, estamos dispuestos a convenir con él, y esto dispone del quinto señalamiento de error.

El sexto señalamiento es que la Corte de Distrito de San Juan no tenía derecho a dictar sentencia mientras se ha-llaba pendiente ante la Comisión de Servicio Público una pe-tición para enmendar y fijar el tanto por ciento que de los in-gresos brutos la demandada estaba obligada a pagar. Somos de opinión que a pesar de estar pendiente esta solicitud sobre reducción, suponiendo que ello pudiera hacerse, el Pueblo de Puerto Rico tenía derecho nominalmente a recobrar el tipo fijado en la franquicia, y que cualquier rebaja hecha por la Comisión de Servicio Público podía ser objeto de algún pro--, cedimiento independiente o quizá dar lugar a una reconven-: ción (set off) en años posteriores. Dudamos, sin embargo, si de conformidad con los términos de la franquicia la Comi-sión de Servicio Público, bajo cualesquiera circunstancias, te-nía la facultad o autoridad para reducir la regalía para el primer año. En realidad la Corte de Distrito de San Juan resolvió que cualquier rebaja que la Comisión de Servicio Pú-blico pudiera hacer, no podía ser aplicable al primer año toda vez que ello equivaldría a dar a la resolución efecto retroac-tivo.

Contrario' al segundo señalamiento de error, con-venimos con la corte inferior en que el primer año había ex-pirado totalmente. En realidad, el año finalizó el 14 de enero de 1929 y no el 15. El año completo expiró cuando transcu-rrieron los 366 días, por ser el 1928 un año bisiesto. Una visión más clara de esto aparece cuando uno considera todo un año natural. Una franquicia otorgada el primero de enero expira el 31 de diciembre y no el primero de enero. Esto es cierto aunque la franquicia misma decía que los pagos debían efectuarse una vez transcurrido un año o el 15 de enero de cada año.

Bajo el tercer señalamiento, que copiamos a continuación, la apelante ha presentado un cúmulo de argumentos:

“Erró la Corte a qua al no decidir que la demandada, como com-pañía de servicio público1, tiene derecho a un beneficio razonable sobre el capital invertido; y al negarle ese derecho a virtud de la sen-tencia.”

Según se puede ver por la franquicia y por nuestra deci-sión en Santiago v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, et al., 37 D.P.R. 501, a la White Star Bus Line, Inc., se le concedió un monopolio por las calles y carreteras de y en-tre San Juan y Río Piedras. Pué un derecho exclusivo. Por esto el Pueblo de Puerto Rico por conducto de la Comisión de Servicio Público, exigía compensación. Las citas hechas por la apelante en modo alguno nos convencen de que una corpora-ción de Servicio Público está obligada a tener ganancias du-rante el primer año de su explotación. Por el contrario, cree-mos que la regia general sería distinta. Cuando se otorga un derecho, especialmente un derecho exclusivo, debe esperarse que las utilidades de una corporación de servicio público pro-cedan de su explotación tomada durante una serie de años. Antes de haber expirado un. período mayor qué un año sería imposible decir que se había privado a la corporación de su propiedad sin el debido proceso de ley, porque los años su-cesivos fácilmente podrían más que compensar cualquier su-puesta falta de beneficios durante el primer año. Tomemos, por ejemplo, United Railways and Electric Company of Baltimore v. West, Chairman, et al., 280 U. S. 234, citado por la .apelante. Cierto tanto por ciento de las utilidades fue parte de la cuestión considerada en dicho caso. Evidentemente, en la corte inferior una de las partes argüyó que habían existido supuestas tarifas inadecuadas durante largo tiempo y que debían continuar. Parte del argumento de la apelante fue:

' ‘ ‘'Disfrutando de tarifas inadecuadas durante largo tiempo el pú-blico no puede adquirir el derecho a continuar tales tarifas por más tiempo. Por el contrario, según las decisiones de esta corte, la cues-tión no es si el servicio público ha esperado demasiado tiempo antes de atacar una tarifa eonfiscatoria, sino si ha esperado demasiado tiempo para hacer constar con razonable claridad que el tipo resul-tará realmente confiseatorio. Knoxville v. Knoxville Water Co., 212 U. S. 1; Willcox v. Consolidated Gas Co., 212 U. S. 19; Pennsylvania R. Co. v. Public Service Comm’n., 126 Md. 59.”

De suerte que es- evidente que el estado de los beneficios o pérdidas de la compañía durante el primer año no puede servir de norma o base para tratar de fijar una tarifa con-fiscatoria. La apelante discute las disposiciones de la sección segunda de la franquicia tal cual si fuera absolutamente obli-gatorio para la comisión hacer el ajuste el primer año. He-mos leído la fraseología de esta sección repetidas veces y no existe la obligación absoluta. A lo sumo estaría dentro de la sana discreción de la Comisión de Servicio Público hacer una rebaja si dicha entidad lo creía prudénte, razonable y justo. La obligación a que la apelante da tanta insistencia no existía. Necesariamente, la facultad debe residir en alguien y tendría qne haber nn gran abnso de discreción para qne nosotros dijéramos qne la Comisión de Servicio Público, con la demos-tración becba por la demandada, estaba obligada a redncir el tipo de la regalía.

Bajo estas consideraciones carece de importancia qne la corte inferior rehusara admitir prueba para demostrar las pérdidas totales de la compañía durante su primer año. El error, de haberlo, no fné perjudicial.

Debe confirmarse la sentencia.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Julio 19, 1933

Estamos muy de acuerdo con la apelante en que la Comi-sión de Servicio Público pudo en su discreción haber redu-cido la regalía que la White Star Bus Line tenía que pagar por el primer año de sus operaciones, pero estamos plena-mente convencidos de que la comisión no estaba obligada a hacerlo y que la White Star Bus Line no tenía derecho a exigirlo. De nuestra opinión original aparece suficientemente que a duras penas podía esperarse una ganancia para el primer año y la compañía se obligó a pagar el 4 por ciento de su ingreso bruto. En nuestra opinión anterior puede haber errores de concepto, o quizá algunas equivocaciones, pero la cuestión fundamental resuelta es que la compañía no tenía necesariamente derecho a una rebaja por el primer año de sus operaciones.

La apelante también insiste en que esta corte se equivocó al no resolver que había un pleito anterior pendiente entre las mismas partes. Por supuesto, no importa que la corte inferior creyera que las partes en los dos pleitos, El Pueblo de Puerto Rico en uno y el Tesorero en el otro, no eran las mismas. No vemos razón alguna para variar nuestra idea de que un pleito para cobrar contribuciones adeudadas no es la misma causa de acción que un injunction para impedir que el Tesorero las cobre. A nuestro entender, la alegación de estar pendiente otro pleito por la misma cansa de acción generalmente presupone una acción anterior radicada por el mismo demandante. La idea es que existe cierta especie de estoppel contra el demandante que inició el pleito anterior, y, por tanto, que no puede aprovecharse del segundo pleito mientras el ya radicado esté pendiente. Yendo ahora al ner-vio de la cuestión, sin embargo, estamos del todo convencidos de que el pleito anterior radicado por la White Star Bus Line jamás sería un impedimento contra el Tesorero hasta tanto la corte hubiera, en el pleito previo de injunction, tra-tado de impedir que el Tesorero procediera.

Respecto a la cuestión de si la Legislatura podía delegar en la Comisión de Servicio Público la facultad de fijar los términos y condiciones de la franquicia y de imponer una con-tribución o regalía a la compañía, nada tenemos que agregar a nuestra opinión original. También nos parece que la corte inferior no se equivocó al decir que surgió un impedimento {estoppel), pero no hacemos hincapié en ese punto.

La apelante también llama nuestra atención hacia el hecho de que erramos al decir que el primer año de las operaciones de la compañía empezó el 15 de enero, cuando, según la de-mandada, fué el Io. de enero. No vemos la importancia del error, de serlo, y la discusión en nuestra opinión original surgió de alg*o contenido en los alegatos de las partes.

Siguiendo a la apelante, no podemos comprender cómo la Corte de Circuito de Apelaciones tendría alguna dificultad por el hecho de que no resolvimos claramente si la apelante tenía derecho a solicitar una reducción después de haber ex-pirado el primer año. Todavía estamos inclinados a creer que la White Star Bus Line no tenía ese derecho legal una vez expirado el primer año, o aún antes, pero si estuviéramos equivocados con respecto a esto, no vemos por qué la corte de apelación ha de tener dificultad alguna. Tal vez la opi-nión adolecía de otros errores de expresión, pero estamos con-vencidos de que la conclusión fundamental era correcta, y la, moción de reconsideración debe ser declarada sin lugar.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Antonio, Rafael, Aurelio y Luis García León, demandantes y apelados, v. José J. Dávila, hoy su Sucesión y Aurelio García León, conocido por Aurelio Rivera, demandados y apelantes.
    No. 5678.

    Sometido: Junio 7, 1932.

      Resuelto: Mayo 31, 1933.

      González Fagundo & González Jr. y B. Dávila Ortiz, abogados de los apelantes; B. Arroyo Bíos, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio García León y los otros demandantes eran algu-nos de los herederos de Amalia León Rivera. A su muerte, ella era dueña de cierta finca radicada en el barrio Calaba-zas, de la jurisdicción de Tabucoa, la cual, para los fines de esta opinión, es innecesario describir en forma más específica. En 1912, y con posterioridad a la muerte de dicha Amalia León Rivera, se inició ante la Corte Municipal de Humacao el pleito No. 652 por Alfonso Ortiz contra Aurelio García León y los aquí demandantes, quienes para aquel entonces eran menores, en cobro de la suma de $250. En dicho pleito la propiedad antes mencionada fué vendida, a instancia del acreedor Ortiz, y adjudicada a Manuel Méndez, quien poste-riormente la vendió a José J. Dávila. Este murió y el pre-sente pleito de reivindicación fué iniciado contra sus herede-ros. La contención principal de los demandantes en este re-curso es que la Corte Municipal de Tabucoa nunca adquirió jurisdicción sobre ellos, y tenían, pues, derecho a recobrar la finca. La Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia en favor de los demandantes.

En su opinión la corte de distrito expresó que lo que los demandantes sostenían era que al tiempo en que Alfonso Ortiz entabló el litigio, ellos eran menores; que a pesar del hecho de que el padre de dichos menores estaba vivo, la Corte Municipal de Tabucoa les designó un defensor ad litem y que éste fué nombrado antes de que el márshal notificara el em-plazamiento a los aquí demandantes, demandados en el pleito anterior. Entonces la corte dijo que se alegaron varias cau-sas de nulidad contra el emplazamiento mismo.

Durante el juicio se radicó una estipulación sobre lo que declararían algunos de los demandantes de estar presentes en el juicio y entonces los demandados presentaron algunas cosas como prueba, entre ellas testimonio tendente a demos-trar que algunas omisiones del emplazamiento quedaron su-plidas por los hechos.

Se desprende que el defensor ad litem fué designado porque se suponía que el padre tuviera intereses encontrados con los menores. La Corte de Distrito de Hnmacao entonces cita jurisprudencia al efecto de que el nombramiento del de-fensor fué nulo e ineficaz por varios motivos. La corte en-tonces procedió a discutir las faltas del diligenciamiento del márslial, el cual lee como sigue:

‘'CERTIFICAD© DE DILIGENCIAMIENTO DEL MÁRSHAL.-CERTIFICO: Que recibí el presente emplazamiento a las diez de la mañana del día 5 de septiembre de 1912, y que notifiqué el mismo, personalmente, el día 6 de septiembre de 1912, a los menores, Antonio, Rafael, Aurelio y Luis García León y a Aurelio García León, padre de dichos menores, como componentes de la sucesión demandada, demandados mencionados en dicho emplazamiento, entregando a dichos demand a.dos y dejando en su poder personalmente en su propio domicilio, una copia de dicho emplazamiento y en poder de los demandados men-cionados, una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito men-cionado en dicho emplazamiento. Fechado hoy día 6 de septiembre de 1912. (Fdo.) Manuel Ortiz Delgado, márshal.”

La corte resolvió que el diligenciamiento era insuficiente toda vez que no decía el sitio en que se Labia liecbo el mismo. En segundo lugar la corte resolvió que no bastaba entregar a los demandados una (sola) copia del emplazamiento y de la demanda, toda vez que Labia cinco demandados. La corte se preguntó “¿A cuál de ellos se le entregó esa copia de la demanda?” y finalmente llegó a la conclusión de que como nada Labia que demostrara que cada uno de ellos fué empla-zado personalmente, la Corte Municipal de Yabucoa no ad-. quirió jurisdicción. La corte entró en otras consideraciones para demostrar que los menores, que cierta o probablemente tenían menos de catorce años de edad, debieron Laber sido cuidadosamente notificados del procedimiento en unión de su padre, y también resolvió que la defensa de prescripción plan-teada en este caso no podía favorecer a los demandados.

Los apelantes sostienen, y quizá acertadamente, que como la presunción sería que toda vez que el mársbal de la Corte Municipal de Yabucoa solamente tenía jurisdicción dentro de los límites territoriales de dicLo municipio, la notificación se Lizo dentro de la jurisdicción de Yabucoa; y que además el secretario declaró verbalmente que el domicilio de los deman-dados era Yabucoa, habiendo dicho el diligenciamiento que el emplazamiento fué notificado a los demandados en su domi-cilio. Los apelantes sostienen igualmente que las palabras usadas en el diligenciamiento “entregando a dichos deman-dados y dejando en su poder personalmente en su propio do-micilio una copia fiel de la demanda en el pleito mencionado en dicho emplazamiento” equivalen a decir que se dejó una copia a cada uno de ellos. Copiamos lo que los apelantes dicen en su alegato:

“Sostiene la corte inferior en la página 46 de la transcripción de autos, que no aparece que los menores demandados hubieran sido emplazados personalmente mediante la entrega a cada uno de ellos de la copia de la demanda y del emplazamiento. El diligenciamiento hecho por el marshal de la Corte Municipal de Yabucoa aparece en la exposición del caso, pág. 72 de la transcripción, y de dicho cer-tificado aparece que el día 6 de septiembre de 1912 se notificó el mismo personalmente a los menores Antonio, Rafael, Aurelio y Luis García de León y Aurelio García León, entregando a dichos de-mandados y dejando en su poder personalmente en su propio domi-cilio una copia de dicte emplazamiento, y en poder de los deman-dados mencionados una copia fiel y exacta de la demanda en el pleito mencionado en dicho emplazamiento. El juez de la Corte de EL trito de Iiumacao sostiene que esto no es bastante porque ha debido decirse que la entrega se hizo a cada uno de ellos, pero estando re-dactado el certificado del marshal en el idioma castellano al emplear el plural en vez del singular es que cada uno de los demandados re-cibió copia de la demanda y del emplazamiento.”

Los apelantes sostienen que la designación de un defensor ad litem antes o después del emplazamiento, de ser errónea, fué meramente un error de procedimiento y no de jurisdic-ción. Admiten, sin embargo, que si el diligenciamiento de-jaba de demostrar que el emplazamiento fué notificado debi-damente, entonces la corte municipal de Yabucoa no adquirió jurisdicción. Asumiendo, sin resolverlo, que la forma de de-signar un defensor ad litem no era un defecto jurisdiccional, y que era el único, la defensa de prescripción adquisitiva adu-cida en este caso prevalecería toda vez que la sentencia de la corte municipal no hubiera sido una nulidad absoluta y qui-zás era suficiente para buscar en ella un justo título.

Los apelados también suscitan la cuestión de que en los autos del pleito No. 652 no aparece la sentencia original de la Corte Municipal de Tabucoa. Creemos más bien que in-cumbía a los apelados demostrar que no había- tal sentencia, antes que alegar que no aparecía en los autos. Ellos tam-bién atacan la suficiencia del embargo librado en el caso. Alegan otros supuestos defectos que no consideramos de ju-risdicción y que hallamos innecesario discutir, y entonces se fundan en lo que la corte inferior dijo respecto a que el dili-genciamiento no demostraba que cada uno de los demandados en el pleito anterior había sido debidamente emplazado entre-gándosele copia de dicho emplazamiento y de la demanda.

Los apelantes también argüyeron en el curso de su ale-gato que muchas de las cuestiones planteadas por los deman-dantes no podían ser suscitadas en un pleito -colateral, pero no tenemos duda de que la falta de jurisdicción y la nulidad de la sentencia podían ser objeto de un ataque directo o co-lateral.

La única cuestión realmente importante es la re-lativa a la suficiencia del diligenciamiento. No podemos con-venir con los apelantes en que las palabras “entregando una copia a los demandados”, han de ser interpretadas distribu-tivamente y significan una entrega a cada uno de ellos. En español, como en el equivalente inglés, el lenguaje usado tiende a demostrar que sólo se dejó una copia en poder de los deman-dados. Aun si el significado fuera ambiguo o dudoso, la duda debe resolverse contra los apelantes. Lo que el diligencia-miento decía era de todo punto consistente con un estado de hechos en que el márshal solamente hubiera entregado una copia, y la jurisdicción de una corte inferior no de récord, debe aparecer positivamente. Llegamos a la conclusión de que no hubo un cumplimiento suficiente de los artículos 92 y 93 del Código de Enjuiciamiento Civil..

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Arden Chemical Company, demandante y apelada, v. Porto Rico Drug Co., Inc., demandada, y National Surety Company, interventora y apelante.
    No. 6014.

    Sometido: Enero 10, 1933.

      Resuelto: Mayo 31, 1933.

      Besosa é Besosa, abogados de la apelante; E. B. Wilcox, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Arden Chemical Company inició pleito contra la Porto Rico Drug Co. por algo más de $1,000 y embargó cierta can-tidad de perfumería y medicinas de patente valoradas en $2,100. Al prestarse una fianza por la suma de $2,500 por la Drug Company y la National Surety Company, se dejaron los bienes embargados en poder de la primera. Todo esto su-cedió a fines de mayo de 1926. En octubre 16 de dicho año la Porto Rico Drug Co. fué adjudicada en quiebra en uu procedimiento voluntario instituido por dicha compañía en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Dis-trito de Puerto Rico. En septiembre 17, 1927, el síndico de la quiebra solicitó se dejaran en suspenso los procedimientos del presente caso de conformidad con las disposiciones de la sección 11 de la Ley de Quiebras. En abril 30, 1928, el sín-dico, en otra moción, adujo que el objeto de la moción anterior fué suspender el presente recurso por el período de un año a partir de la adjudicación en quiebra, que este período babía transcurrido y que no babía obstáculo para que se con-tinuara el presente litigio al cual no presentaría defensa al-guna el síndico. En abril 28 el letrado del síndico ya se ba-bía allanado a una resolución para eliminar de los autos la moción de septiembre 17, 1927. En abril 28 de 1928 la corte de distrito declaró sin lugar una excepción previa, y en mayo 7 la National Surety Company solicitó permiso para inter-venir y para que se le hiciera parte demandada. Al mismo tiempo archivó una excepción previa que fué declarada sin lugar en noviembre 12. La compañía de seguros contestó el 28 de noviembre. La demandada dejó transcurrir el término para contestar y el secretario registró sentencia contra ella en enero 18,1929. La demandante y la interventora entonces fueron a juicio sobre las cuestiones suscitadas por la de-manda y por la contestación de la interventora. Ésta apela ahora de una sentencia adversa y sostiene que la corte de distrito erró al considerar que no existen diferencias entre una fianza para levantar un embargo y una fianza como de-positario judicial y al considerar la fianza en cuestión como que babía sido otorgada con el objeto de levantar el embargo.

La apelante en su relación de hechos dice que la Porto Rico Drug Go. entregó al síndico designado por la Corte Federal todo su activo, incluyendo los bienes embargados deja-dos en su poder al otorgarse la fianza. El alegato no hace referencia a ninguna de las páginas de los autos en apoyo de esta aseveración. Luego, en el curso de la argumentación, la apelante dice que “de acuerdo con la prueba” la Corte de Distrito de San Juan había designado un síndico y tomado posesión de todos los bienes de la Porto Rico Drug Co. A este respecto se hace referencia a una resolución que se dice haber sido dictada en el “caso civil No. 2548, Antonio Canals et al. v. P. R. Drug Company, Corte de Distrito de San Juan”, en la cual (según se transcribe en el alegato) al síndico de la corte de distrito insular se le ordenó que entregara al sín-dico designado por la Corte Federal los bienes de la Porto Eico Drug Co. No se Race referencia a página alguna o parte del récord del presente caso. Fuera de esto nada hay, aun en el alegato de la apelante, que demuestre que la perfumería y las medicinas de patente embargadas por la demandante en este recurso que fueron dejadas en poder de la Porto Eico Drug Co. fueran jamás entregadas a uno u otro síndico.

La apelante cita de Collier on Bankruptcy los siguientes extractos:

“Cuando un funcionario de una corte del estado voluntariamente entrega a un síndico de la quiebra bienes que están en su poder, la corte del estado queda privada de jurisdicción.” Página 760.
“El poder de una corte de distrito para proceder sumariamente depende principalmente de si el asunto en litigio está en su posesión, ya sea material o simbólicamente; cuando se demuestra tal posesión, la corte puede proceder sumariamente a determinar las controversias en lo referente a los bienes y el límite y naturaleza de los gravámenes que pesen sobre los mismos o a los derechos contra ellos alegados.” Página 771.
“Si los bienes que están en poder de un quebrado tienen la ca-lidad de fideicomiso, ellos pasarán al síndico sujetos a tal fideico-miso.” Página 1680.
“Una vez que la corte adquiere posesión subsistirá la jurisdic-ción para determinar en juicio plenario o en procedimientos sumarios todas las reclamaciones adversas, y ninguna corte podrá intervenir con tal posesión, a no ser mediante recurso de error o apelación.” Página 775.
“La regla que da a la corte de quiebras jurisdicción exclusiva para resolver las reclamaciones que existan contra bienes que se ha-llan bajo su custodia no se limita a la posesión material sino que se extiende también a posesión simbólica, incluyendo bienes tenidos nu solamente por el quebrado si que también para el quebrado.” Pá-gina 779.
“Cuando la alegación de posesión contraria a la del síndico se basa exclusivamente en un embargo que es anulado por la adjudica-ción en quiebra, la persona o funcionario que está en posesión re-tiene los bienes como depositario del síndico; ella no es un recla-mante adverso y su mera negativa a entregar los bienes no le con-vierte en tal.” Página 757.
“Al reclamante incumbe determinar y hallar los fondos que se tienen en fideicomiso, así como demostrar que el activo que está en poder del síndico ha sido directamente aumentado o beneficiado con nna. suma de dinero obtenida de determinados bienes poseídos en fi-deicomiso.” Página 1684.
‘ ‘ Cuando la ley del estado provee que los bonos sean depositados con un funcionario del estado para protección de los acreedores de quienes el depositante de tales bonos recibe dinero, los bonos pueden ser retenidos por el síndico del quebrado para beneficio de aquellos acreedores que residen dentro del estado.” Página 1688.
“Los procedimientos para reclamar los bienes pueden ser inci-dentales al de quiebra o ajenos a éste.” Página 1763.
“La regla moderna sustentada por el gran cúmulo de autoridades es que para sostener una reclamación sobre fondos que están en fidei-comiso en manos de un síndico de una quiebra, el reclamante debe depender de su habilidad para identificar los bienes en su forma original o substituta. en poder del síndico.” Página 1683.
“La persona que tenga un gravamen puede establecer su reclama-ción en cualquier corte que tenga jurisdicción, aunque si los bienes se hallan en poder de la corte, la corte de quiebras tiene jurisdicción y bajo ciertas condiciones puede proceder sumariamente contra tales bienes.” Página 1535.
“Después que bienes que están en posesión de un quebrado en el momento de la quiebra, caen bajo la jurisdicción y custodia de una corte de quiebras por radicarse una petición de esta índole y por una adjudicación posterior, un acreedor que tenga un gravamen o escri-tura de fianza no puede entonces adquirir un título de los bienes o la posesión de los mismos en tal forma que se convierta en un reclamante adverso, de tal suerte que sus derechos así adquiridos, de tenerlos, no pueden ser investigados y resueltos en un procedimiento sumario.” Página 774.

La apelante cita también de 6 C. J., p. 321, sec. 636, como signe:

“Cuando se ha disuelto un embargo por la insolvencia o quiebra del deudor,, la persona que recibe los bienes embargados queda exenta de responsabilidad bajo su fianza si los bienes vuelven a estar en ma-nos del deudor o si los entrega al cesionario, a menos que la corte dicte una orden para que continúe la cesión en beneficio de este último.”

Puede que sea cierto que la demandante quizá pudo ha-ber tratado de hacer valer su gravamen en la Corte Federal, si asumimos, para los fines de la argumentación, que los bie-nes embargados pasaron en realidad a manos del síndico de la quiebra. De ello no se desprende, según asume la ape-lante, que por baber dejado de seguir este remedio la deman-dante perdió su derecho a proseguir basta que se dictara sen-tencia su recurso en la corte insular con el fin de cobrar la sentencia de los bienes embargados o de la fianza. Si babía algo que impedía a la Porto Rico Drug Co. o a la asegura-dora de reclamar en la Corte Federal los bienes embargados, esto no se desprende del alegato de la apelante. Nada bay en éste que revele que el embargo en el presente caso, trabado más de cuatro meses antes de la adjudicación en quiebra, fue disuelto por tal procedimiento. Nada bay en el alegato de la apelante que demuestre por qué no debió haberse permi-tido a la demandante que continuara su recurso en la corte insular con el propósito de hacer valer su reclamación contra la compañía de seguros por la fianza prestada. Nada hay que demuestre que la apelante fuera perjudicada en forma alguna por haber dejado la corte de distrito de distinguir en-tre la fianza provista por la sección 15 de la Ley para ase-gurar la efectividad de sentencias (Estatutos Eevisados, sec. 5247) y la fianza provista por la sección 10 de la misma ley.

Debe confirmarse la sentencia apelada.