text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Cartagena, acusado y apelante.
    Núm. 7417.

    Sometido: Marzo 17, 1939.

      Resuelto: Mayo 22, 1939.

      Joaquín Velilla, abogado del apelante; R. A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

José Cartagena fue acusado de un delito de atentado a la vida, consistente en que el 26 de enero de 1936 y en el barrio Vista Alegre, de Bayamón, ilegal y voluntariamente, con malicia premeditada y propósito firme de dar muerte a Jeró-nimo Colón, lo atacó con un revólver, haciéndole un disparo e infiriéndole una herida de bala en el vientre con la inten-ción de privarlo de la vida.

La prueba del fiscal tiende a demostrar que el caso suce-dió en la siguiente forma: El día 26 de enero de 1936 José Cartagena se hallaba en el balcón de su casa en el barrio Vista Alegre, de Bayamón, preparando una lista de peones que a petición de Félix Alvarez le iba a someter para que dicho señor les diese trabajo en las fincas que posee en Ba-yamón. Frente al balcón de su casa había un grupo de veinte o veinticinco personas que deseaban ser incluidas en la lista. El propósito de Cartagena era. seleccionar los peones exclusi-vamente de aquellas personas que perteneciesen al Partido Liberal. En aquellos momentos pasó frente a la casa de Car-tagena el obrero José Rivera Morales, quien en unión de otros se acercó al grupo de donde Cartagena seleccionaba los peo-nes, diciéndole Cartagena: “No se arrimen ni socialistas ni republicanos, que esto es nada más que para los liberales.” José Rivera Morales, que cjreyó que la lista se preparaba para trabajos de la P.R.R.A., protestó de que sólo se escogie-sen liberales y con ese motivo se produjo una discusión entre Cartagena y Rivera Morales, diciéndose mutuamente palabras soeces e injuriosas. Que con motivo de estas palabras Car-tagena, que continuaba en el balcón de su casa, sacó su re-vólver e hizo un disparo contra Rivera Morales, que se ha-llaba abajo junto al grupo, hiriéndole la bala en una oreja e hiriendo a la vez a Jerónimo Colón que se hallaba a alguna distancia del grupo observando lo que allí ocurría.

La prueba del acusado tiende a establecer la defensa pro-pia al presentar evidencia-en el sentido de que Rivera Morales provocó primero a Cartagena por no haberlo pnesto en la lista y que más tarde, volviendo al sitio acompañado de algunos familiares y armado de un cuchillo, abrió el portón de la verja y trató de pasar al balcón de Cartagena para agredirlo, y que éste en defensa de su vida pidió a su esposa un revólver, haciendo entonces el disparo cuyo resultado co-nocemos.

El jurado que conoció de la causa lo declaró culpable de acometimiento y agresión grave, siendo condenado a la pena de un año de cárcel.

Recurrió Cartagena para ante este tribunal. Fundó su recurso en once errores que alega fueron cometidos por la corte inferior. Los cinco primeros y el último se hallan ín-timamente relacionados. Los discutiremos conjuntamente. Se exponen así:

“1. El Tribunal inferior incurrió en error al declarar sin lugar una eliminación, suscitada por la defensa, mientras declaraba el tes-tigo de cargo Jerónimo Colón.
“2. El Tribunal inferior incurrió en error al permitir, sobre la objeción de la defensa, que el testigo José Rivera Morales declarara sobre diferencias surgidas entre él y el acusado y que originaron la agresión recibida por el perjudicado, en el presente caso.
“3. El Tribunal inferior incurrió en error al denegar la elimi-nación, por reconsideración solicitada por la defensa, del testimonio de José Rivera Morales.
“4. El Tribunal inferior incurrió en error al denegar la moción de nonsuit presentada por el acusado, al cerrar su caso el ministerio público.
“5. El Tribunal inferior incurrió en error al transmitir el Juez la siguiente instrucción al jurado: ‘Aunque en la malicia expresa es necesario una intención de matar, sin embargo, no es necesario que exista la intención de matar a determinada persona. Si el acto co-metido por el acusado iba dirigido a otra persona, se le exige la misma responsabilidad que si lo hubiera cometido contra dicha persona. ’
“11. El veredicto emitido por el jurado que conoció de esta causa en el tribunal inferior es contrario a derecho y a la prueba.’’

La resolución de los seis señalamientos de error aquí agrupados depende de la forma en que se resuelva la siguiente pregunta: Bajo una acusación por asesinato en que se acusa a G de líaloer dado muerte a B ilegal y voluntariamente, con malicia premeditada y el firme propósito de matarlo, ¿es admisible evidencia tendente a demostrar que la muerte de B resultó incidentalmente mientras G, de manera ilegal y con malicia premeditada, acometía a A con el firme y deliberado propósito de privarle de la vida?

El principio de intención implícita (constructive, intent) tiene raíces tan profundas en la Ley Común que no requiere cita de autoridades para sostenerlo; pero la cuestión susci-tada por el apelante no es de derecho sustantivo sino de de-recho adjetivo, particularmente de evidencia en casos crimi-nales. Mientras todas las autoridades están de acuerdo en que si una persona con la intención de matar a otra le ataca e incidentalmente mata a un tercero contra quien no tenía intención alguna de hacerle daño, es culpable M mismo que si el interfecto hubiera sido la persona contra quien fué dirigida la agresión, no están, sin embargo, en armonía res-pecto a la cuestión de evidencia suscitada por el apelante en este recurso.

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. En el caso de El Pueblo v. Estrella, 42 D.P.R. 342, la denuncia imputaba al acusado el haber acometido y agredido con un revólver, ilegal y voluntariamente y con intención de causar grave daño corporal, a Gustavo Palés Matos, disparando varios ti-ros con uno de los cuales le hirió en el brazo derecho, etc. La prueba demostró, sin embargo, que el acusado, siendo en-tonces un policía insular, “corría en persecución de cierto in-dividuo de quien razonablemente sospechaba que había come-tido un hurto y quien después de estar en la entrada del cuartel, le dió un golpe y echó a correr; que el herido, Gustavo Palés Matos, estaba en un coche automóvil, tranquila-mente sentado, cuando Estrella disparó su revólver dos veces y una de las balas hirió a Palés, que era extraño a la fuga del detenido.” El acusado fué convicto por la corte municipal primero y por la de distrito después, y al apelar de la sentencia de esta última, alegó como primer error el haberse declarado el acusado culpable sin probarse su intención de causar un daño grave a Gustavo Palés Matos. Discutiendo dicho primer error dijo esta corte:

“Bn la ley y en la jurisprudencia es doctrina antigua y cons-tante la de que toda persona intenta la consecuencia natural de sus actos. El que dispara un revólver contra una determinada persona y Mere a otra, es responsable de delito, sea homicidio, sea lesión el resultado del disparo.”

En el caso de El Pueblo v. Cabán, (1931) 45 D.P.R. 217, Cabán fué acusado de un delito de atentado a la vida, con-sistente en que “el día 20 de abril de 1930, ilegal, volunta-ria y maliciosamente, con premeditación y propósito delibe-rado de dar muerte al ser humano Rosario Rodríguez, la agredió con un revólver infiriéndole una herida de bala de carácter grave con la intención, de cometer asesinato.” En el recurso de apelación que estableció para ante este tribunal, al considerar los señalamientos de error numerados 3, 4 y 5, dijo esta corte:

“Esos tres motivos pueden ser tratados conjuntamente porque to-dos descansan en la teoría de que no se ha probado que el apelante agrediera a Rosario Rodríguez con un revólver y la hiriera delibe-radamente con el propósito de cometer asesinato, pues la prueba ten-dió a demostrar que la agresión y el disparo del revólver fueron contra César Rodríguez y que si Rosario resultó herida fué porque la bala se desvió y casualmente la lesionó.
“El apelante cita en su apoyo sentencias relacionadas en notas de 30 C. J., pág. 25, párrafo 167 (h), para demostrar que cuando un acusado trata de asesinar a una persona y hiere a otra, no puede ser condenado por asesinato o tentativa de asesinato de la persona he-rida ; pero el apelante prescinde de las citas de otras sentencias con-trarias que se encuentran citadas en el mismo párrafo de la obra Corpus Juris, según las cuales cuando un hombre dispara delibera-damente contra una persona y hiere equivocadamente a una tercera persona, el acusado puede ser convicto de ataque con intención de asesinar a la persona herida o de ataque con intención de matarla cuando ése es el delito imputado; sentencias que se basan en dis-tintas teorías, siendo una de ellas la de que bay estatutos que por sus palabras no limitan la intención de matar a la persona atacada. Nuestro Código Penal dispone en el apartado 8 del artículo 39 que si el cto cometido iba dirigido a otra persona, se exigirá al autor la misma responsabilidad que si lo hubiera cometido contra dicha persona. De acuerdo con ese precepto y toda vez que el acto del ape-lante iba dirigido contra César Rodríguez, se le puede exigir por la herida grave causada a Rosario Rodríguez la misma responsabilidad que por el atentado contra César Rodríguez.' En el caso de El Pueblo v. Estrella, 42 D.P.R. 342, hemos confirmado la sentencia que condenó a Estrella por haber disparado contra una persona y haber herido 'ocasionalmente a otra extraña a la cuestión; y dijimos que es doctrina antigua y constante en la ley y en la jurisprudencia que toda persona intenta las consecuencias naturales de sus actos; y que el que dispara un revólver contra una persona determinada y hiere a otra es responsable de delito, sea homicidio, sea lesión el resultado del disparo.”

En el caso de Carpio v. State, (1921) 18 A.L.R. 914 (199 P. 1012), la Corte Suprema de Nuevo Méjico resolvió en igual forma idéntica cuestión. Los hechos del caso fueron los si-guientes: El 4 de agosto de 1919, el apelante asistió a un baile que se celebraba en el pueblo de Central, Condado de Grant, en Nuevo Méjico. Invitó Carpió a bailar a una joven llamada Julia Olguin, y ella rehusó. Entonces él le dijo que de no bailar con él no podría bailar con nadie. Después sa-lió ella a bailar con Casamero Lucero y el apelante agarró a Lucero y le dijo que no podía bailar con Miss Olguin. Lu-cero le dió una bofetada o lo empujó y otros individuos lo echaron fuera y cerraron la puerta. Más tarde, Efren Ríos entró al salón de baile y le dijo a Lucero que Carpió, el ape-lante, lo quería ver afuera. Lucero salió seguido por Ríos y se acercó al apelante, pero cuando estaba como a catorce o quince pasos de éste, el apelante le dijo que se detuviera, e inmediatamente después hizo fuego contra Lucero y la bala hizo blanco en Ríos y lo mató.

La primera cuestión levantada por el acusado fné qne existía nna incongruencia fatal entre la acusación y la prueba presentada por el fiscal, toda vez que la acusación alegaba qne el acusado, criminal, voluntaria y deliberadamente y con malicia premeditada y el deliberado propósito allí y entonces de ilegal y maliciosamente privar de la vida a Efren Ríos, acometió y disparó contra dicbo Ríos y que como resultado de la herida recibida falleció éste, mientras la prueba demos-traba que la malicia y deliberación fueron dirigidas contra Lucero y no contra Ríos. Resolviendo la cuestión dicha corte dijo:

“Este argumento carece de mérito, sin embargo, porque ante la ley la malicia y deliberación se traspasaron de Lucero a Ríos. En otras palabras, la malicia siguió a la bala. En Wharton on Homicide, ter-cera edición, sección 359, el autor dice así: ‘Es regla casi, si no uni-versalmente aceptada, que uno que mata a otro equivocándolo por un tércero a quien intentaba matar, es culpable o inocente del delito imputádole lo mismo que si el acto fatal hubiera matado la persona que intentaba matar. ... Y una acusación de que un asesinato fué cometido voluntaria y deliberadamente y con malicia premeditada se sostiene con evidencia de que el acto fué realizado bajo el estado mental mencionado, aunque fuese dirigido contra persona distinta de la que resultó muerta.’ ”

En el curso de su opinión la Corte Suprema de Nuevo Méjico cita y aprueba el caso de Brooks v. State, 141 Ark. 57, donde los hechos son sustancialmente iguales a los de autos, y en el cual dicho tribunal resolvió que la acusación en casos como éste debe alegar que el acometimiento se hizo a la persona asesinada tal y como si en todos respectos el in-terfecto hubiera sido la persona contra quien disparó el acu-sado. La misma doctrina sostuvo la Corte Suprema de Missouri en el caso de State v. Clark, 147 Mo. 20, 47 S. W. 886.

La doctrina sentada por este tribunal en los casos de Es-trella y Cabán, supra, está sostenida por la inmensa mayoría de la jurisprudencia moderna. Véanse a ese efecto People v. Weeks, (1930, Cal.) 286 P. 514, 515; Caraway v. State, (1923, Tex.) 263 S. W. 1063, 1064; Agent v. State, (1921, Okla.) 194 P. 233, 238; State v. Gallagher, (1921, N.J.) 85 A. 207; Ware v. State, (1930, Okla.) 288 P. 374, 383; y Jones v. State, (1921, Tex.) 231 S. W. 122, 124. Finalmente, Un-derhill on Crimmal Evidence, refiriéndose a la misma cues-tión, dice que la tendencia moderna es evitar el fracaso de la justicia por meros tecnicismos. Yéase la cuarta edición de dicha obra, publicada en 1935, sección 86, pág. 109.

La prueba en el presente caso fué contradictoria en lo que a la defensa propia se refiere, pues mientras de las de-claraciones de los testigos del fiscal no se desprende que el acusado en forma alguna hubiera actuado en defensa propia, la declaración de este último y la de su único testigo que de-claró, tienden a demostrar que disparó contra Eivera Morales mientras este último trataba de atacarlo con un cuchillo. El jurado, al apreciar la evidencia, dirimió el conflicto en contra del acusado, sin que se haya demostrado que al ha-cerlo así actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, ni que hubiera incurrido en error manifiesto en la aprecia-ción de la prueba. Por consiguiente, habiendo aplicado a la evidencia la ley que en sus instrucciones le transmitió la corte, cuyos principios hemos discutido anteriormente, pre-ciso es concluir que el veredicto no es contrario a la prueba ni tampoco es contrario a la ley.

Alteraremos el orden en que el apelante ha expuesto los demás señalamientos de error, considerando primeramente el noveno para pasar luego a los restantes en el orden establecido.

El noveno señalamiento de error dice así:

"El tribunal inferior incurrió en manifiesto error al no hacer a los señores del jurado una relación o resumen de la prueba practi-cada.”

Prescribe el inciso 8o. del artículo 233 del Código de En-juiciamiento Criminal (ed. 1935) que al transmitir sus ins-trucciones al jurado el juez que presida deberá hacer un re-sumen o análisis de toda la evidencia aducida tanto por el fiscal como por la defensa. Este resumen de la prueba, oído de labios de una persona experta y sin otro interés en el re-sultado del juicio que no sea el de que se haga completa jus-ticia de acuerdo con la ley, es de inestimable valor para au-xiliar al jurado a cumplir su difícil y delicada misión, pues sirve un doble propósito: refresca la mente del jurado, espe-cialmente en aquellos casos en que ha desfilado ante ellos una evidencia extensa y frecuentemente interrumpida por in-cidentes que tienden a desviar su atención, y además guía y dirige la mente del jurado a los hechos esenciales del caso, sobre los cuales ha de girar su veredicto. En casos como el de autos, donde la evidencia es breve y exenta de complicacio-nes, los jueces frecuentemente prescinden del resumen o aná-lisis de la prueba por estimarlo innecesario. Al proceder así, no incurren en error que cause revocación, a menos que pi-diéndoseles que hagan tal resumen se negaren a ello y de su negativa se tome excepción, teniendo siempre en cuenta que ningún error motivará la revocación de la sentencia cuando no se hayan perjudicado los 'derechos sustanciales de la parte. El Pueblo v. Ortiz, 19 D.P.R. 305, 306. Véase además el ar-tículo primero de la “Ley relativa a la revocación de senten-cias en casos criminales por la Corte Suprema”, aprobada el 30 de mayo de 1904 en la sesión extraordinaria de ese año, y que se halla en las leyes de 1904-1905, pág. 16, que literal-mente dice así:

“Art. 1. — Siempre que resultare de los autos, en alguna causa criminal apelada a la Corte Suprema, que cualquier requisito legal baya sido desatendido por el tribunal sentenciador, no se anulará la sentencia a menos que el error'que de los autos resultare tendiere a perjudicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere in-terpuesto la debida excepción en el tribunal sentenciador; disponién-dose, sin embargo, que el tribunal de apelación podrá conocer de errores fundamentales que aparecieren en los autos, aun cuando no se hubiera interpuesto objeción a ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo al derecho que de los hechos se desprendiere.” (Bastardillas nuestras.)

No constituyendo error fundamental la omisión del resu-men o análisis de la prueba y no constando de los autos que la defensa llamase la atención de la corte y que de su nega-tiva tomase la debida excepción, no tiene derecho a señalarlo como error en apelación.

La corrección o suficiencia de las instrucciones al jurado no se resuelve considerando y analizando determinada instrucción aisladamente de las demás, sino considerándolas como un todo, pues lo que se dice en una puede explicar, aclarar o rectificar lo que incorrectamente se baya dicho u omitido en otra. Hemos examinado las de este caso cuidadosa y detenidamente y no encontramos en ellas error alguno que justifique una revocación.

A nuestro juicio no existe el noveno error señalado por la defensa.

Los señalamientos de error marcados sexto y séptimo están íntimamente relacionados y se refieren a las instrucciones con respecto a defensa propia. Los consideraremos conjuntamente :

“Sexto: El tribunal inferior incurrió en error cuando, refirién-dose a la defensa propia, transmitió el juez la siguiente instrucción al jurado: ‘La teoría dentro del hogar, de la defensa propia: esta última circunstancia hace más rígida- la defensa propia. La ley con-sidera como circunstancia justificativa del homicidio, la de cometerse al defenderse una morada u hogar contra alguien que intente o procure, por medio de violencia o sorpresa, cometer algún delito grave; o que intente o procure violentamente penetrar a una morada u ho-gar de otro con el propósito de agredir a alguna persona que se ha-llare en ella.’
“Séptimo: El tribunal inferior incurrió en error cuando, ins-truyendo a los señores del jurado sobre los veredictos que podían considerar, se expresó el juez en los siguientes términos: ‘Si por el contrario creéis que de acuerdo con la teoría del acusado y prueba total del caso que el acusado actuó en defensa propia y en defensa de su hogar, entonces el veredicto será de no culpable.’

Alega la defensa bajo el sexto señalamiento de error que la corte erró en sus instrucciones al hacer referencia a la de-fensa del hogar, diciendo que en tal caso “la defensa propia es más rígida.”

Aparte de qne no podemos asegurar qné pndo entender el jurado por la frase “la teoría dentro ■del hogar, de la defensa propia: esta última circnmstam,cia hace más rígida la defensa propia,’’ y por consiguiente determinar qué perjuicio pudo haber sufrido el acusado con motivo de tal instrucción, si se examina toda la instrucción sobre defensa propia, especial-mente en relación con la defensa propia dentro del hogar, se verá que expone correctamente la ley sobre la materia. La. instrucción dice así:

“La teoría dentro del hogar, de la defensa propia: esta última circunstancia hace más rígida la defensa propia. La ley considera como circunstancia justificativa del homicidio, la de cometerse al de-fenderse una morada u hogar contra alguien que intente o procure por medio de violencia o sorpresa, cometer algún delito grave; o que intente o procure violentamente penetrar a una morada u hogar de otro con el propósito de agredir a alguna persona que se hallare en ella.” (Legajo de sentencia, pág. 70.)

Resulta más clara esta instrucción cuando se estudia en relación con la siguiente:

“En este caso se ha planteado también la teoría de la defensa propia. La persona contra quien se intente algún daño podrá opo-ner la necesaria resistencia para impedir una ofensa contra su persona y la persona que sea atacada por otra no está obligada a huir, esconderse o correr por las -calles o caminos para ponerse a salvo de-su agresor.” (Legajo de sentencia, 67.)

No se cometió, a nuestro juicio, el sexto de los errores-señalados.

Argumentando el séptimo señalamiento de error sostiene el apelante que “en ningún momento se sostuvo por nadie, ante el tribunal apelado, que José Rivera Morales intentara atacar el hogar del aeusado, si no fuera por la natural inferencia de que atacado el morador se afecta el hogar donde se le ataca.” También sostiene el apelante que la copulativa “y” que pusimos en bastardilla al transcribir la ins-tracción impugnada, causó grave perjuicio al acusado porque indicó al jurado que para absolver al acusado por motivo de defensa propia tenían ellos que estimar probado que el acu-sado actuó en defensa de su persona y además en defensa de su hogar.

En cuanto a la primera objeción, bastará decir que la de-fensa de morada no está limitada al caso de que se trate de .destruir la casa donde vive el acusado, sino que, comprende la defensa de cualquier persona, sea o no el acusado, que fuera atacada mientras' se halle dentro del hogar de éste. Pueblo v. Méndez, 40 D.P.R. 757; Pueblo v. Gómez, 47 D.P.R. 340. Como hemos visto, la prueba de la defensa tiende a de-mostrar que el acusado se hallaba en el balcón de su casa cuando disparó contra Rivera Morales al tratar éste de agre-dirlo con un cuchillo.

En cuanto a la segunda objeción, asumiendo que la copu-lativa “y” no sea un error del taquígrafo al hacer la trans-cripción, considerada ésta junto con las demás instrucciones transmitidas en relación con la defensa propia, se comprende fácilmente que no fué la intención del juez decirle, ni pudo el jurado entender, que para que el acusado pueda alegar con .éxito la defensa propia es preciso que haya atacado en de-fensa de su vida y además en defensa de su hogar. Si en realidad se cometió ese error, ¿por qué la defensa no lo ad-virtió al juez inmediatamente de suerte que pudiera corre-girlo? Tampoco aparece de los autos que la defensa tomara excepción a las instrucciones relativas a la defensa propia. Sus únicas excepciones fueron las siguientes:

“La defensa anota excepción a las instrucciones trasmitidas por la corte sobre asesinato y sobre homicidio, así como sobre los vere-dictos que pueda rendir' el jurado, por entender que bajo esta acu-sación que está ventilándose sólo puede haber tres veredictos: 1, culpable de atentado a la vida; 2, culpable de acometimiento y agresión grave; ó 3, no culpable.
“Y que las instrucciones sobre otros veredictos y otros delitos mueve a confusión a los señores del jurado, poniendo en entredicho sus intereses al estudiar y considerar la prueba presentada en el caso del veredicto que deba emitir.”

Las excepciones a las instrucciones deben señalar especí-ficamente el error que crea la parte haberse cometido, de suerte que la corte tenga una oportunidad razonable de con-siderarlas de nuevo y rectificar si se convenciere de que la instrucción transmitida es errónea o no es suficientemente clara o exacta. La ley con respecto a defensa propia es bas-tante amplia, comprende distintas modalidades, y en un caso como el presente, en que el juez instruyó sobre todas las mo-dalidades de esta defensa, difícil le hubiera sido advertir cualquier error en las mismas si la defensa simplemente hu-biera tomado excepción a las instrucciones sobre defensa pro-pia sin especificar o señalar el error que motivaba la excep-ción.

El octavo señalamiento de error dice así:

“El tribunal inferior incurrió en error al expresarse el juez, transmitiendo instrucciones finales, en la siguiente forma: ‘ Si tenéis duda, cualquiera que fuere, en que el acusado ha cometido alguno de estos delitos que os he especificado, pero existe duda en cuanto al grado en que él haya podido incurrir en responsabilidad criminal, entonces es vuestro deber darle el beneficio de esa duda al acusado y declararlo culpable del delito más bajo.’ ”

Argumentando este señalamiento de error dice la defensa:

“Bajo esta instrucción se instruye a los señores del jurado que si albergan duda sobre si el acusado cometió cualquiera de los de-litos definidos por el juez inferior, que es deber de ellos declararlo culpable del delito más bajo, en vez de instruirlos en que, bajo las circunstancias de duda en cuanto a si el acusado cometió cualquiera de ellos, era su deber adjudicarle el beneficio de esa duda, absolvién-dolo libremente.”

Si se examinan cuidadosamente las instrucciones de la corte, se verá que contienen una amplia instrucción con res-pecto a la presunción de inocencia a favor del acusado y a la duda razonable. De manera, pues, que esta instrucción deberá ser analizada y estudiada en relación con las demás instrucciones transmitidas con respecto a duda razonable y a presunción de inocencia. Como dijimos anteriormente, el acusado no señaló de manera específica al tomar excepción, en qué consistía el defecto de esta instrucción. Por el con-trario, sólo se limitó a decir “que las instrucciones sobre otros veredictos y otros delitos mueven a confusión a los se-ñores del jurado, poniendo en ■entredicho sus intereses <al es-tudiar y considerar la’prueba presentada en el caso del ve-redicto* que deba emitir.” (Bastardillas nuestras.)

A este respecto parece muy oportuna la siguiente frase del eminente Juez Cardozo:

“La ley . . . es celosa al sostener en favor de una persona acu-sada de delito cualesquiera formas de procedimiento que sean esen-ciales para darle una oportunidad de defenderse. Los privilegios fundamentales que son inherentes a cualquier concepto de un juicio justo, aceptable por cualquier persona razonable, deben ser mante-nidos inviolados e inviolables no obstante lo aplastante que pueda resultar la presión de prueba incriminatoria. Pero la justicia, aun-que debida al acusado, es también debida al acusador. El concepto de lo justo no debe ser estirado hasta reducirlo a un filamento. De-bemos procurar el justo medio. ’ ’ Snyder v. Massachusetts, 291 U. S. 97, 122.

El décimo señalamiento de error, último a conside-rar, dice así:

“El tribunal inferior incurrió en error al instruir a los señores del jurado sobre los distintos veredictos que podían considerar.”

Argumentando este señalamiento de error alega la defensa que la corte, bajo la prueba de este caso, no debió dar ins-trucciones con respecto a ataque para cometer homicidio. Se trata en este caso de una acusación por atentado a la vida. Se alegó por el acusado la defensa propia y al mismo tiempo provocaciones por parte de la persona contra quien él dis-paró su arma. En tales circunstancias es indudable que pro-cedía la instrucción sobre homicidio voluntario, pues como de haber muerto Jerónimo Colón hubiera existido en la prueba base suficiente para sostener un veredicto de homicidio vo-Inntario, no habiendo él mnerto, el jurado podía rendir nn veredicto de taque con intención de cometer homicidio. Pero sea como friere, la cuestión resulta académica, pues el jurado rindió un veredicto de acometimiento y agresión grave, no pudiendo causarse perjuicio alguno al acusado al dar instruc-ciones sobre el delito de ataque con intención de cometer ho-micidio, ya que el jurado no estimó que tal delito se hubiera cometido.

No existiendo los 'errores señalados por el apelante, pro-cede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Hermes Galanes Malaret, representado por su madre con patria potestad, Rosa Malaret Jiménez, demandante y apelado, v. Cornelio Ciprían Galanes Reboyras, José Oliveros y Adela Castillo, demandados y apelantes.
    Núm. 7766.

    Sometido: Mayo 10, 1939.

      Resuelto: Mayo 24, 1939.

      Luis Mercader, abogado de los apelantes; Francisco B. Flores, abo-gado del apelado. .

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El objeto principal de la acción que se ejercita en este caso es la reivindicación de un solar y casa, valorados en $300, y recobrar la suma de $160 como indemnización por las rentas que el demandante dejó de percibir.

El demandante, niño de nueve .años de edad, quien com-parece representado por su madre, alegó en su demanda ser dueño del solar y casa que reclama por haberlos adquirido por compra y mediante escritura pública; que su padre, el demandado Cornelio Ciprián Galanes, sin poder ni autoridad para ello y sin que mediara autorización judicial, permutó la finca del demandante por otra de la propiedad de los code-mandados Oliveros y Castillo, valorada en $250.00; qne la escritura de permuta así otorgada es nnla e inexistente; qne los demandados Oliveros y Castillo lian estado y están en po-sesión de la finca del demandante desde julio 10 de 1933, sin derecho o título legal para ello, privando al demandante de una renta mensual de $5, qne asciende en total a $160.

Los demandados interpusieron una negación general de todos los hechos de la demanda. Visto el caso ante la Corte Municipal de Utuado dictó ésta sentencia desestimando la de-manda. Apeló la parte demandante para ante la Corte de Distrito de Arecibo, y visto el caso de novo dicha corte dictó sentencia declarando que el demandante es dueño de la finca que reclama y debe ser puesto en posesión de la misma; que habiéndose mejorado la finca no sería justo condenar a los demandados al pago de las rentas reclamadas; y que los de-mandados deben pagar las costas sin incluir honorarios de abogado. No conforme los demandados interpusieron el pre-sente recurso.

El primero y tercer señalamientos de error se basan en la alegada falta de jurisdicción de la Corte Municipal para conocer del caso, por exceder de $500 la cuantía envuelta.

Para sostener su tesis los apelantes practican la siguiente adición:

Valor de las dos fincas permutadas— $550. 00
Valor de la finca a reivindicar_ 300. 00
Eentas que se piden__ 160. 00
$1, 010. 00

La corte inferior resolvió, a nuestro juicio correctamente, que la jurisdicción de la corte municipal “debe determinarse por el valor de la finca en la cual el demandante reclama un interés y no por el valor computado de las dos fincas permu-tadas.”

El total reclamado por el demandante, por el valor de sn finca más las rentas, ascendía a $460, snma comprendida den-tro del límite jurisdiccional de la corte ante la cnal se radicó la demanda. Tratándose de la reivindicación de nn inmueble ilegalmente enajenado, ¿qué importancia puede tener, a los fines de determinar la jurisdicción, el precio o consideración recibido por el enajenador ilegal,' teniendo en cuenta que el legítimo dueño no está obligado a reintegrar lo que él no ba recibido?

La jurisdicción se determina por el valor o cuantía que se reclame en la súplica de la demanda. De acuerdo con la es-critura de adquisición, la finca fue comprada por el deman-dante por $250. En la escritura de permuta los demandados le dieron un valor de $300, que es el mismo que se le fija en la demanda, y están por tanto impedidos de alegar que el valor de la finca es mayor que esa suma.

El segundo señalamiento se refiere a la alegada falta de capacidad legal de la madre del menor demandante para representar a éste en el pleito.

En la vista del caso el demandante ofreció y fué admitida en evidencia una copia certificada de la sentencia en rebeldía dictada por la Corte de Distrito de Arecibo, en el caso de divorcio entre Rosa Malaret y José Galanes, padres del menor demandante. En dicha sentencia se declara roto el vínculo matrimonial, “quedando el hijo habido en el matrimonio bajo la patria potestad de la madre demandante.” Del récord aparece que desde el 11 de mayo de 1934 en que se dictó dicha sentencia hasta el momento del juicio el menor ha vivido siempre con la madre, quien le ha proporcionado alimentos, sin que el padre se haya ocupado de él para nada.

La objeción que tardíamente y por primera vez en este recurso hace el apelante padre del menor, de que no se probó que la sentencia fuera firme, carece de fundamento. La sen-tencia tenía la presunción de validez desde el momento en que fue dictada, y era al padre demandado en divorcio y privado de la patria potestad sobre el menor por sentencia judicial, a qnien incumbía probar que los efectos de dicha sentencia ha-bían sido y estaban suspendidos por la oportuna interposi-ción de un recurso de apelación. No habiéndolo hecho así, debemos presumir que dicha sentencia nunca fué apelada y debe surtir todos sus efectos legales. Si tomamos en consi-deración, además, el conflicto de intereses existente entre el menor y su padre, debemos resolver que la corte inferior pro-cedió correctamente al reconocer la capacidad de la madre para representar a su hijo.

El cuarto señalamiento de error lee así:

“Al negar a los demandados enmendar la contestación para esta-blecer la defensa de que el importe pagado por Galanes, al adquirir la finca de Pablo Avilés en 1931 y que puso a nombre de su hijo menor el demandante, fué pagado con dinero procedente de herencia y que era un bien privativo del padre.”

La cuestión planteada, tal y como aparece en la página 23 de la transcripción de evidencia, es la siguiente:

“Abogado Sr. Mercader: Antes de continuar el caso suplicamos a la Corte nos admita enmendar la contestación de la demanda en su súplica, interesando del tribunal que al dictar sentencia en su fondo, por haber surgido que tiene jurisdicción, que declare sin lugar la demanda y disponga que se cancele y se deje sin efecto la escri-tura a favor del menor hecha en mil novecientos treinta y uno de proceder, luego de evacuar la evidencia nuestra. Que en caso que probemos a la Corte los hechos suficientes, que entonces el tribunal dé por enmendada la contestación y la súplica de ella.
“Hon. Juez: La Corte, según ha sido aclarado por el abogado, lo que pretende es incluir en este pleito en apelación una nueva con-troversia, o sea que se le permita enmendar la contestación en el sentido de poder presentar pruebas para justificar que la escritura por la cual el menor adquirió la finca descrita en el hecho tercero era nula; y solamente esto sería una nueva controversia que no puede, a nuestro juicio, iniciarse en este momento después de oída la prueba de la parte demandante en un caso apelado de la Corte Municipal. ”

La corte inferior no abusó en manera alguna de su dis-creción al denegar el permiso solicitado. La moción de los demandados era no solamente tardía si que también contra-ria a la buena práctica. Si fuera cierto que el demandado padre del menor había pagado el precio de la finca con dinero perteneciente a él privativamente, ese hecho debió cons-tarle a dicho demandado desde la fecha en que pagó el dinero, en 1931. Y no sería justo ni correcto permitir a un deman-dado callar y ocultar sus defensas para interponerlas a su arbitrio después de oír toda la prueba aducida por el deman-dante en apoyo de su demanda. Además, la evidencia que pretendió ofrecer el demandado para sostener su nueva de-fensa era claramente inadmisible, pues ella tenía por objeto contradecir los términos expresos de una escritura pública cuya validez no había sido impugnada en la contestación, lo que no es permisible de acuerdo con lo dispuesto en los ar-tículos 24 y 25 de la Ley de Evidencia. Debe desestimarse el cuarto error señalado y también el quinto por envolver la misma cuestión que acabamos de resolver.

En el sexto y séptimo señalamientos se discute la resolución de la corte inferior negándose a admitir en evidencia un affidavit ofrecido por los demandados para tratar de pro-bar que además de lo que se hizo constar en la escritura de permuta como recibido por el demandado Galanes, padre del menor, el demandado Oliveros entregó a Galanes $100.00 más como consideración de dicho contrato.

No conocemos el contenido exacto del affidavit en cuestión, pues el mismo no ha sido elevado a esta corte. Sin embargo, las constancias del récord son suficientes para qué podamos darnos cuenta de la naturaleza del documento y de las razo-nes que tuvo la corte para no admitirlo. Presentado el affidavit al demandado Galanes mientras declaraba como testigo, para su identificación, el abogado del demandante, después de examinar el documento, se opuso a su admisión porque: “es nulo y no es admisible en evidencia, porque se declara un fraude al estado en ese documento y un fraude más grande al menor. En el documento se declara que ambos se combi-naron para defraudar al menor en cien dólares y defraudar al Pueblo de Puerto Rico en el importe de los derechos de la escritura.” La resolución de la corte dice así:

'‘Ilon. Juez: Haga constar el taquígrafo que el documento es una constancia en documento privado que hizo José Olivero y Ciprián Galanes de que lo consignado en una escritura pública no era la ver-dad y que era otro el precio del contrato de permuta objeto de la demanda. La corte entiende que no siendo admisible este documento no debe hacérsele pregunta alguna al testigo porque lo consignado en una escritura pública no puede variarse en una declaración por un documento privado a no ser que entre las partes del contrato exista algún pleito en que se haya alegado alguna sorpresa, error o fraude por parte de uno contra el otro.”

No erró el tribunal a quo al rechazar el affidavit. Ade-más de las razones que tuvo la corte para no admitirlo, opi-namos que era inadmisible por su naturaleza de self-serving, o sea hecho para ser usado solamente cuando y si conviniese a los intereses de los declarantes; y además, por ser inma-terial el precio o consideración adicional que recibiera y se guardara para sí el demandado Galanes, quien no estaba au-torizado para enajenar la finca del menor.

El octavo y último señalamiento se refiere a la apreciación de la evidencia por el tribunal inferior. Hemos leído cuidadosamente la transcripción de evidencia y encontramos que las conclusiones de hecho a que llegó la corte sentenciadora están justificadas por la prueba. La falta de poder o autorización judicial, necesaria para que el demandado Ga-lanes pudiese disponer legalmente de la propiedad del me-nor, quedó claramente establecida. La permuta hecha en esas condiciones era legalmente nula y en nada podía obligar al menor. La corte inferior procedió conforme a derecho al condenar a los demandados a devolver la propiedad a su legítimo dueño.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resul-tado.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Luisa de la Haba y su esposo Luciano R. Fuertes, demandantes y apelados, v. Gay & Co., S. en C., demandada y apelante.
    Núm. 7819.

    Sometido: Mayo 19, 1939.

      Resuelto: Mayo 25, 1939.

      ~ F. González Fagundo, abogado de la apelante; Gabriel de la liaba, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La parte demandante que fue la victoriosa en este pleito presentó en la corte del distrito un memorándum de costas ascendente a $779, de los cuales $29 se reclamaron por gas-tos y costas y $750 por honorarios de abogado.

La parte perdidosa lo impugnó por haberse radicado en febrero 16, 1938, sin autoridad de ley. Sostuvo que no exis-tía ley que autorizara la presentación de un memorándum después que un pleito fuera apelado para ante la Corte Su-prema, ya que la vigente a esa fecha lo era la Núm. 69 de 1936 ((1) pág. 353) que ordena la presentación del memorán-dum dentro de los diez días de notificada la sentencia. Y para el caso de que se resolviera lo contrario, alegó que la partida de honorarios era excesiva.

Oyó la corte a ambas partes y en definitiva aprobó el me-morándum rebajando los honorarios a $500. Y es de esa re-solución que apeló la parte demandada.

En su alegato no insiste en la primera cuestión, reconociendo la autoridad de la decisión de esta corte en el caso de Henry Mason v. White Star Bus Line, Inc., 53 D.P.R. 337, 343, en el que se resolvió qne “los citados artículos” — 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil — “tal y como fueron enmendados por la Ley Núm. 69 de 1936 no tienen efecto retroactivo y por consiguiente no son de aplicación a litigios como éste, en que con anterioridad a la vigencia de dichos preceptos legales se había dictado el pronunciamiento de costas bajo el imperio de la ley anterior. Se limita a sostener que los honorarios son excesivos. Cita el caso de Bertrán et al. v. Carrasquillo et al., 29 D.P.R. 559.

La parte demandante sostiene que un examen de los autos del caso original apelado a esta Corte Suprema a la luz de los principios sentados en la propia decisión que se cita, es suficiente para declarar el recurso sin lugar. Y tiene razón a nuestro juicio.

El pleito en el cual el memorándum fué presentado ver-saba sobre rescisión de contrato. Pué traído en apelación ante esta corte y resuelto en febrero 2, 1938. La opinión está reportada en el volumen 52 de las Decisiones de Puerto Rico a las páginas 585 a 595. Su estudio nos lleva a estar con-formes con la parte demandante cuando sostiene que envol-vía cuestiones de derecho difíciles que requerían de parte de su abogado cuidadoso estudio. En tal virtud y aunque la cuantía envuelta — que sólo llega a dos mil dólares según la apelante y que asciende a tres mil quinientos según los ape-lados — no es mucha, no creemos que pueda afirmarse que la corte de distrito abusara de su discreción al fijar los hono-rarios de abogado en la suma de quinientos dólares.

Dicha suma es menor en cien dólares que la fijada en el caso de Bertrán et al. v. Carrasquillo et al., supra, y si bien es cierto que la cuantía en ese caso — nueve mil dólares — era mayor que en éste, lo es también que éste resultó más largo, complicado y trabajoso que aquél.

Bebe declararse el recurso sm lugar y confirmarse la re-solución recurrida que dictó la Corte de Distrita de Humacao en jimio 24, 1938.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Teódulo Llamas, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1049.

    Sometido: Mayo 1, 1939.

      Resuelto: Mayo 25, 1939.

      Fiddler, Górdova <& McConnell y J. M. Morales, abogados del recu-rrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Teódulo Llamas es dueño de dos solares contiguos en San-turce que se designan en la escritura que está bajo nuestra consideración con las letras “A” y “B.” El solar “A” ga-rantizaba con hipoteca un pagaré al portador por la suma de $45,000. En el documento que tenemos a la vista Teódulo Llamas agrupa las fincas íi:A”y“B”y hacé que toda la pro-piedad así consolidada responda hipotecariamente del pagaré de $45,000. El notario ante quien se otorgó la escritura cer-tifica que ha puesto la misma eonstáncia en el pagaré en cues-tión. El Registrador de San Juan, Sección Primera, inscri-bió la agrupación, mas se negó a inscribir el cambio en la hipoteca mencionado en la escritura, según aparece de la si-guiente nota:

“Denegado el precedente documento en cuanto a la modificación de hipoteca que comprende por observarse que no se ha redistribuido la hipoteca entre la parcela hipotecada originalmente y la nneva a qne se amplía la garantía, tomándose en sn lugar anotación preven-tiva por 120 días al folio 21 del tomo 210 Santurce Norte, finca 8437, ins. 2a., San'Juan, abril 19, 1939. (Fdo.) A. Malaret, Registrador.”

Ambas partes han presentado argumentos y citas de la Ley Hipotecaria en apoyo de sus respectivas posiciones.

Convenimos con el recurrente en que el documento debe ser inscrito en su totalidad. Los solares “A” y “B” se ban convertido en uno solo y no es necesario bacer una redistri-bución entre las dos fincas originales. La agrupación elimina la existencia separada de dichas fincas. Cada una de ellas deja de tener existencia individual.

Debe revocarse la nota del registrador y ■'practicarse la inscripción \en su totalidad.


author: El Jtjez Asociado Señoe Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Darío Arroyo Morales, acusado y apelante.
    Núm. 7140.

    Sometido: Enero 9, 1939.

      Resuelto: Mayo 29, 1939.

      F. Pérez Bejis, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Jtjez Asociado Señoe Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En abril 5, 1938, Darío Arroyo Morales fuá convicto de infringir el artículo 7 de una “Ley para reglamentar la venta de armas de fuego en Puerto Rico; ordenar la declaración de las mismas en cualquier forma que éstas fueren poseídas; prohibiendo la entrega de ellas a ciertas personas e imponiendo penas, y para otros fines,” aprobada el 8 de julio de 1936 (Tercera Legislatura Extraordinaria, págs. 129, 133). En abril 6 el taquígrafo del fiscal de distrito aceptó la entrega de copia del escrito de apelación, que fué entonces radicado en la oficina del secretario de la corte de distrito. Esta notificación estaba firmada “Pedro Rodríguez Serra, Fiscal del Distrito, por H. Rivera, taquígrafo.”

En julio 15, 1938, el apelante radicó en este Tribunal una • excepción perentoria a la acusación, un alegato en apoyo de su excepción y una moción solicitando permiso para impugnar la acusación por no imputar ésta un delito público bajo el artículo 7 de la ley. El apelante explicó que no estaba en condiciones de pagar por la transcripción de evidencia o por la preparación de la exposición del caso y que la corte de distrito le había declarado sin lugar una moción en que soli-citaba permiso para litigar in forma pauperis.

En agosto 10, 1938, se señaló el 20 de diciembre para la vista del caso. El 6 de diciembre el fiscal de esta corte soli-citó se desestimara el recurso por falta de jurisdicción, basado en que el escrito de apelación no había sido notificado al fiscal de distrito, conforme exige el artículo 350 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Se señaló el 12 de diciembre para la vista de dicha moción.

En la mañana del 12 de diciembre el apelante radicó una declaración jurada al efecto de que conforme demostraban los autos, el escrito de apelación había sido notificado al fiscal de distrito por mediación de su taquígrafo, que había acep-tado la notificación; y que el escrito de apelación también había sido notificado al fiscal de distrito personalmente. La moción para desestimar fué oída en la tarde del mismo día.. El apelante no compareció a la vista y el recurso fué deses-timado. Luego de haberse llamado la atención de la cort'e hacia la declaración jurada presentada por el apelante, la resolución desestimando el recurso fué dejada sin efecto y la moción fué nuevamente señalada para vista.

En la segunda vista celebrada el 9 de enero de 1939 el fiscal de esta corte presentó una contradeclaración jurada en la cual el fiscal de distrito manifestaba que en ningún momento había sido notificado del escrito de apelación; que un día dentro del período transcurrido entre el 19 y el 24 de diciem-bre de 1938, el letrado del apelante había informado al declarante haber entregado copia del escrito de apelación al. taquígrafo de éste y le había pedido que conviniera en que se considerara tal notificación como una hecha personal-mente; que el deponente rehusó esta proposición, basado en que no deseaba establecer tal precedente en su oficina; qué en una entrevista celebrada con el letrado del apelante el 28 de diciembre de 1938, el declarante le informó de una carta recibida del fiscal de este tribunal y que entonces el letrado le dijo que él había entregado al declarante copia del escrito de apelación luego de haberle entregado copia del mismo al taquígrafo del declarante, manifestación que el declarante había negado de plano. Toda vez que el letrado del apelante no compareció a la segunda vista de la moción de desesti-mación y que la contradeclaración no aparece haber sido noti-ficada, para ahorrar tiempo pueden omitirse en esta opinión ' cualesquiera manifestaciones contradictorias relacionadas con otra cuestión mencionada en las dos declaraciones. En nin-guna parte de la contradeclaración niega el fiscal de distrito haber tenido conocimiento del hecho de que el taquígrafo, actuando a nombre del fiscal y utilizando el nombre y título oficial de éste, hubiera aceptado por escrito copia del docu-mento de apelación. En ninguna parte dice el fiscal que jamás recibió la copia del escrito de apelación entregada a su taquígrafo.

Hasta el presente este tribunal lia resuelto que el dejar de notificar el escrito de apelación al fiscal de distrito es un defecto jurisdiccional. Véanse Pueblo v. Martínez, 53 D.P.R. 578; Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889. El caso de Santana v. Salinas, 54 D.P.R. 116 denota una tendencia similar en casos civiles. Los artículos 350 y 351 del Código de Enjui-ciamiento Criminal lian sido copiados íntegramente en el caso de El Pueblo v. Rubio. Si -es que vamos a adherirnos a esta' regla, no debemos ser demasiado escrupulosos sobre la prueba de la notificación.

En el caso de El Pueblo v. Escudero, 41 D.P.R. 318, resol-vimos que “el dejar una copia del escrito de apelación sobre <el escritorio del fiscal ... no es un cumplimiento de la ley.” .A este respecto se indicó que “la entrega debe ser personal 'O debe demostrarse la imposibilidad de hacer una notificación ■■así o en forma similar, según provee el artículo 351” del Código de Enjuiciamiento Criminal. Si el affidavit de noti-ficación hubiera demostrado que copia del escrito de apelación fué dejada en el escritorio del fiscal en horas de oficina y que ni el fiscal ni ninguna otra persona se hallaba en dicha oficina en aquel momento, el resultado tal vez pudo ser dis-tinto, aunque tal vez no.

En el caso de El Pueblo v. Rubio, supra, este tribunal dijo:

“Si al suscitarse por el fiscal la cuestión, el apelante no se hu-biera limitado a descansar en el récord sino que hubiera presentado prueba demostrativa de que el pliego enviado conteniendo la notifi-cación fué en efecto entregado, recibido y abierto por el fiscal del dis-trito dentro del término de ley quedando así enterado personalmente de la interposición del recurso, podría sostenerse que la notificación por correo había llegado a ser una personal, sin necesidad de la ayuda de ningún precepto estatutario específico.”

El affidavit de notificación en el caso de Eubio no demos-traba siquiera que la copia del escrito de apelación se hubiera enviado por correo certificado. Si el affidavit hubiese demos-trado esto y si hubiera venido acompañado por la tarjeta en que se acusa recibo del certificado, como prueba adicional del hecho de que el sobre babía sido recibido por el fiscal de distrito, esto habría bastado, a nuestro juicio, para estable-cer la entrega de la notificación contenida en tal sobre.

En el caso de El Pueblo v. Varela, 41 D.P.R. 889, el fiscal de distrito, dentro del tiempo concedido por la ley para inter-poner una apelación, manifestó durante el curso de una conversación que el acusado babía apelado de la sentencia. Dentro del término concedido por la ley para apelar el acu-sado le babía notificado de una moción en que solicitaba la transcripción de la evidencia. En el párrafo inicial de dieba moción el apelante manifestaba que babía apelado. El fiscal de distrito, en unión del letrado del apelante, habían firmado una estipulación mediante la cual sometían la transcripción de* la evidencia al juez de distrito para su aprobación. Este tribunal dijo:

“El propósito del requisito estatutario respecto a la entrega de co-pia del escrito de apelación al fiscal de distrito es para informarle del primer paso dado por el apelante en la tramitación de su recurso. Aquí, el fiscal de distrito tenía conocimiento efectivo y escrito de la apelación. El aviso contenido en el primer párrafo de la moción solicitando la transcripción de la evidencia era un cumplimiento subs-tancial del estatuto. Al firmar la estipulación para que se aprobara esa transcripción, el fiscal de distrito renunció cualquier defecto formal en el aviso así dado.”

En el caso de El Pueblo v. Mercado, 45 D.P.R. 750, el escrito de apelación fué remitido por correo al fiscal de dis-trito. La notificación no se hizo personalmente porque cuando el letrado del apelante fué a la oficina del fiscal éste se bailaba ausente del distrito. Más tarde el abogado del apelante visitó de nuevo la oficina del fiscal de distrito y se enteró de que el escrito de apelación se había recibido. Las partes habían convenido en que el caso fuera juzgado en la corte de dis-trito y apelado para ante este tribunal. Al resolver una moción de desestimación este tribunal dijo:

“En El Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889, indicamos que si el ape-lante lograba demostrar que la notificación por correo había llegado a manos del fiscal, quizá podría sostenerse que la notificación Rabia sido becba personalmente. Y en El Pueblo v. Varela, supra, resol-vimos que el propósito del estatuto era que se le hiciese al Pueblo de Puerto Rico una notificación material.
“Además, creemos que dados los hechos del caso surgió un impe-dimento {estoppel). El apelante fue a la oficina del fiscal de dis-trito y allí se cercioró de que la notificación de la apelación había sido realmente recibida. Cuando el abogado del apelante acudió a la oficina del fiscal de distrito con el fin de hacer una notificación personal, como parece ser la inferencia lógica, era entonces deber del fiscal de distrito insistir en una notificación más formal, si así lo de-seaba. Todas las circunstancias del caso tienden a demostrar que el fiscal de distrito tuvo conocimiento personal de la apelación.”

En Pueblo v. Acevedo, 48 D.P.R. 753, este tribunal en una opinión de la mayoría distinguió los casos de El Pueblo v. Varela y El Pueblo v. Mercado, supra, y resolvió lo siguiente, conforme aparece del sumario:

“El que al dictarse sentencia en su contra, el acusado manifieste su deseo de apelar y pida que se le fije fianza, así como el que el taquígrafo notifique su transcripción de la evidencia entregando co-pia de ella al fiscal y luego sea aprobada por la corte en sesión pú-blica, no equivale a ni implica notificación alguna de apelación al fiscal (Pueblo v. Varela, 41:889, y Pueblo v. Mercado, 45:750, distinguidos) . ’

En Ex parte Orellana, 46 D.P.R. 207, este tribunal tam-bién resolvió lo siguiente, según aparece del sumario:

“Desestimado un recurso de apelación interpuesto por un acu-sado por haberse dejado de notificar al fiscal, puede el acusado ape-lar de nuevo cumpliendo con dicho requisito, si el término fijado por la ley para apelar no hubiere aún vencido.”

En el caso de El Pueblo v. Hernández Laureano, ante, pág. 495, el fiscal de esta corte compareció y solicitó el sobre-seimiento y archivo definitivo del caso, mas no pidió la deses-timación del recurso. Se resolvió que había renunciado el derecho a ser notificado. Este tribunal decidió que tenía jurisdicción y procedió a resolver el caso revocando la sen-tencia de la corte de distrito y devolviendo el mismo para ulteriores procedimientos.

La regia, desde luego, es que se debe hacer una notifica-ción personal. No debe entenderse que resolvemos lo con-trario. El presente, sin embargo, es un caso excepcional.

El acuse de la notificación lee así:

“Notificado con copia boy día 6 de abril de 1938.
“Pedro Rodríguez Serra,
“Fiscal del Distrito
“Por (fdo.) H. Rivera,
‘ ‘ Taquígrafo. ’ ’

No vemos razón alguna por la cual un fiscal de distrito no pueda autorizar a su taquígrafo para que firme las noti-ficaciones de escritos de apelación. Un taquígrafo oficial, ya esté expresamente autorizado o no, que asume tal autoridad y acepta la notificación de un escrito ele apelación en la forma indicada, puede, y a nuestro juicio debe considerársele,- como' un delegado defacto, en tanto en cuanto concierne al público. El fiscal de distrito que prefiera no seguir tal precedente, puede descontinuar la práctica en cualquier momento al orde-nárselo así a su taquígrafo.

Conforme se indica en el caso de Sanxey v. Iowa City Glass Co., 27 N. W. 747, el código del Estado de Iowa pro-veía que la apelación se entablaría, “notificándole el escrito a la parte contraria y.al secretario.” La corte resolvió en dicho caso, según aparece del sumario, que:

“Un estatuto que exija que el escrito de apelación sea notificado al secretario de la corte, queda cumplido al notificársele dicho escrito a su auxiliar durante la ausencia o incapacidad del secretario.”

En Wheeler & Wilson Manufacturing Co. v. Sterrett, 62 N. W. 675, la misma corte resolvió, conforme aparece del sumario, que:

“La aceptación de un escrito de apelación por un subsecretario de facto es válida.”

El presente caso, sin embargo, no gira enteramente sobre la cuestión de si el taquígrafo del fiscal era o no. un dele,-gado defacto.

Entre las presunciones controvertibles establecidas por el artículo 102 de nuestra Ley de Evidencia (Sección 464, Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933), aparecen las siguientes:

"15. Que los deberes de un cargo ban sido cumplidos con regu-laridad.
"27. Que las cosas ban ocurrido de acuerdo con el proceso ordi-nario de ,1a naturaleza y los hábitos ordinarios de la vida. ’ ’

Si el taquígrafo oficial del fiscal de distrito que aceptó la entrega del escrito de apelación a nombre y en representa-ción del fiscal no era un delegado defacto, si el letrado del apelante no tenía derecho a asumir que el taquígrafo estaba" debidamente autorizado para aceptar la entrega de copia del escrito de apelación, y si el fiscal de distrito no quedaba obligado por tal aceptación, surge por lo menos la inferencia lógica de que el taquígrafo informó al fiscal de lo ocurrido y le entregó la copia del escrito de apelación. Si las manos de este tribunal no están atadas por la teoría de un defecto jurisdiccional, si estamos en libertad para ejercer nuestra discreción y si la doctrina de renuncia e impedimento (waiver and estoppel) puede ser • invocada, entonces ni al fiscal de distrito ni al de este tribunal debe permitírseles que repu-dien la aceptación formal de copia d.el escrito de apelación en el presente caso ocho meses después de tal aceptación, más de siete meses después de radicarse el legajo de senten-cia en este tribunal, más de cinco meses después de presen-tarse el alegato del apelante, más de cuatro meses después de señalarse el caso para vista y unos dos meses después de baber expirado el término dentro del cual el acusado pudo haber entablado una segunda apelación.

Debe declararse sin lugar la moción.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió'.

El Juez Asociado Sr. De Jesús está conforme con el resultado.


author: El Juez Peesidente Señoe Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Augusto Mercado, conocido por Augusto Morales Mercado, acusado y apelante.
    Núm. 7694.

    Sometido: Mayo 29, 1939.

      Resuelto: Mayo 31, 1939.

      Augusto Mercado, por su propio derecho; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señoe Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El seis de octubre de 1938 el Fiscal del Distrito de Ponce formuló acusación contra Augusto Mercado conocido por Augusto Morales Mercado imputándole la comisión de un delito subsiguiente de escalamiento en primer grado.

Con respecto a la lectura de la acusación, todo lo que consta en autos transcrito del Libro de Minutas, es lo que sigue:

“Alegación del Acusado. — Llamados estos casos señalados para boy, para la lectura de las acusaciones, comparecieron los acusados personalmente, sin representación profesional. Leídas las acusacio-nes, los acusados bicieron alegación de inocentes y solicitaron juicio por jurado. La Corte ordena se les entregue copias de las acusa-ciones, quedando dichos casos pendientes de señalamiento para jui-cio en su oportunidad. La Corte ratifica las fianzas impuestas por el Fiscal.”

Celebrada la vista ante iin jurado en febrero 3, 1939, se rindió el siguiente veredicto:

“Nosotros los Señores del Jurado, declaramos al acusado Au-gusto Mercado, conocido por Augusto Morales Mercado, culpable del delito que se le imputa, y declaramos que la imputación de haber sido convicto es verdad. — Ponce, P. R., 3 de febrero de 1939. (fdo.) Jaime Blaymayer, Presidente del Jurado.”

Presentó el convicto una moción de nuevo juicio. Entre los motivos que se aducen para solicitarlo figura el de la falta de abogado.

La córte resolvió la moción y dictó sentencia, así:

“Llamádo este caso para el acto de discutir la moción de nuevo juicio que radicara el acusado, compareció el Pueblo, representado por su Fiscal, Hon. P. Rodríguez Serra, y compareció el acusado per-sonalmente, sin representación profesional. Se le dió lectura a dicha .moción y empezada a discutirse, intervino el Ledo. M. Bahamonde como ‘amicus curiae’. El Ledo. Bahamonde objetó el veredicto del ■jurado en cuanto se refiere a la frase ‘y declaramos que la imputa-ción de haber sido convicto es verdad’, por no contener la palabra anteriormente ’, lo que reduce el veredicto a declarar al acusado culpable únicamente del delito de escalamiento en primer grado. La Corte, discutida la cuestión, declara sin lugar la moción solicitando nuevo juicio, y declara con lugar la objeción hecha al veredicto y tiene por reducido dicho veredicto al delito de Escalamiento en Primer Grado, únicamente. 'Preguntado el acusado si tenía alguna ob-jeción que hacer para que no se le dictara sentencia en el día de hoy, el acusado manifestó no tener objeción que hacer a que se le dictara sentencia, y no existiendo a juicio de la corte razón legal alguna que impida el pronunciamiento de la sentencia, la Corte con-denó a dicho acusado Augusto Mercado, conocido por Augusto Morales Mercado, a sufrir cinco años de presidio, con trabajos forzados y sin costas por ser insolvente.”

Acto seguido manifestó el acusado su no conformidad con la sentencia dictada y apeló para ante este tribunal. En mayo primero radicó un alegato manuscrito que remitió por con-ducto del Alcaide de la Cárcel del Distrito de Ponce donde se encuentra recluido con motivo de esta causa por no baber prestado la fianza que se le fijara, y al día siguiente se señaló la vista del recurso para mayo veinte y nueve. Sólo compa-reció el fiscal.

En su alegato el apelante insiste en que fué juzgado y condenado sin que se le reconociera su derecho constitucional a estar asistido de abogado, derecho que nunca renunció. El fiscal en el acto de la vista llamó la atención hacia las dife-rentes veces que el acusado se defendió por sí mismo demos-trando al parecer inteligencia y conocimientos, a los efectos de que el tribunal apreciara si se trataba o no de un caso en el que la asistencia de abogado podría considerarse renun-ciada de modo implícito pero consciente. Para el caso de que el tribunal decidiera la cuestión en la negativa, mostró su conformidad con la revocación de la sentencia.

La ley es clara. La Declaración de Derechos de nuestra Carta Orgánica contenida en su artículo segundo, dedica siete de sus ocho primeros párrafos a consagrar los derechos de los ciudadanos en relación con la privación de su vida o libertad, como sigue:

“Artículo 2. — -No se pondrá en vigor en Puerto Rico ninguna ley que privare a una persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido procedimiento de ley, o que negare a una persona de dicha isla la protección igual de las leyes.
“En todos los procesos criminales el acusado gozará del derecho de tener para su defensa la ayuda de abogado; de ser informado de la naturaleza y causa de la acusación; de obtener copia de la misma; de tener un juicio rápido y público; de carearse con los testigos de cargo, y de usar de medios compulsorios para conseguir testigos a su favor.
“Ninguna persona será considerada responsable de un delito sin el debido procedimiento de ley; y ninguna persona será puesta dos veces en riesgo de ser castigada por el mismo delito, ni será obligada en ninguna causa criminal a ser testigo contra sí misma.
“Toda persona podrá, antes de ser convicta, prestar fianza con suficiente garantía, excepto por crímenes capitales cuando la prueba sea evidente o la presunción grande.
“Ninguna persona será encarcelada por deudas.
“No se suspenderá el privilegio del auto de bábeas corpus, a menos que, en caso de rebelión, insurrección o invasión, lo requiera la seguridad pública, pudiendo en cualquiera de esos casos ser sus-pendido ese privilegio por el Presidente o por el Gobernador, siem-pre que durante dicbo período exista la necesidad de tal suspensión.
“No se aprobará ninguna ley ‘ex post facto’ ni ningún proyecto de ley para condenar sin formación de juicio.”

T luego el Código de Enjuiciamiento Criminal por su artículo 141, ordena:

“Si compareciere el acusado a responder a la acusación sin abo-gado, deberá el tribunal hacerle presente su derecho a tener abogado defensor antes de leerse el acta de acusación y preguntarle si desea la asistencia de letrado. Si contestare afirmativamente, y no estu-viere en posición de emplearlo, el tribunal deberá nombrarle abogado defensor, de oficio.”

La ley especial de marzo 9, 1905, pág. 210, sobre nom-bramiento de defensor en causas criminales hace compulsorio el nombramiento en procesos “por un cargo que envuelva pena capital o reclusión perpetua”, si resultare que no lo tiene y su pobreza no le permitiere emplearlo, quedando a la discreción del tribunal la designación en los demás casos.

De suerte que es imperativo que el tribunal actúe en alguna forma, haciendo presente a cada acusado que ante él com-parezca sin letrado, su derecho a tenerlo. Para ejercitar su discreción debidamente necesita, penetrarse bien de las cir-cunstancias concurrentes. Y aun para aceptar la renuncia, debe quedar convencido de que el acusado ha procedido inte-ligentemente, esto es, de una manera consciente, hallándose en condiciones de defenderse.

En cnanto a la jurisprudencia, es abundante. La reciente' decisión del Tribunal Supremo nacional en el caso de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, revivió la trascendencia del derecho dándole plena efectividad, y las subsiguientes de esta, corte inspirada en ella — Ex parte Hernández Laureano, ante, pág. 416; El Pueblo v. Rosario Matta y El Pueblo v. Rodríguez Cordero, decididos, respectivamente, el 27 y 28 de marzo' pasado (per curiam) y Santiago v. Corte de Distrito de San Juan, ante, pág. 607 — no dejan lugar a dudas con respecto a la existencia y extensión del derecho cuyo ejercicio puso-el legislador no sólo en manos de los propios acusados si que bajo la salvaguardia de las propias cortes de justicia.

En este caso la omisión es evidente. No sólo no se le' advirtió de su derecho al acusado al leérsele la acusación,, si que después se le dejó ir a juicio en un delito de califica-ción complicada sin asistencia de letrado.

No obstante .su brevedad — cinco páginas — la propia trans-cripción revela la importancia de la intervención del abogado. En la moción de nuevo juicio no se impugnó el veredicto. Fué un abogado que en la corte se hallaba en el momento-de discutirse y que intervino voluntariamente, el que lo hizo. T obtuvo éxito.

No estamos considerando la justicia substancial de la sen-tencia. Quizá aunque hubiera estado asistido el acusado del abogado más competente que pudiera imaginarse, ninguna otra que la pronunciada hubiera podido dictarse. De lo que aquí se trata es de algo previo al juicio, del reconocimiento-de un derecho substancial que forma parte esencial de éstas nuestras instituciones que dando al poder público toda la fuerza y eficacia que son necesarias para el mantenimiento del orden y la administración de la justicia, reconocen de-igual modo el derecho del individuo y lo rodean de todas las-garantías que se requieran para hacerlo efectivo, de manera, que cuando el más desvalido de los ciudadanos, al surgir un-conflicto, se vea obligado a enfrentarse con el más poderoso, o con la más fuerte organización social o gubernamental, se dé el espectáculo magnífico de una lucha sin ventajas, de un proceso claro, abierto, imparcial.

No es que no deba perseguirse, ni pueda castigarse al delincuente. Es que ese poder y ese deber deben ejercitarse y cumplirse conforme a normas preestablecidas que rigen lo mismo para el gobierno que para el ciudadano. Y aquí la norma no fué cumplida. Y fué invocada. Y debió recono-cerse.

En tal virtud, declarando el recurso con lugar, procede la revocación de la sentencia apelada y la concesión del nuevo juicio que solicitó el acusado.