author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    La Sociedad Protectora de Niños, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegatoria de la inscripción de edificaciones.
    No. 469.
    Resuelto en julio 28, 1921.
    Inscripción de Bienes Inmuebles Adquiridos Durante el Matrimonio como Privativos de uno de los Cónyuges — Defecto Subsanable. — Es inscribible en el registro la venta de un solar con casa y garage en él edificados, hecha por una mujer divorciada, la cual hubo dicho solar en estado de soltería y edificó casa y garage siendo casada, con recursos privados de ella, según propia manifestación corroborada por su esposo, sin que la falta de prueba mayor aportada al registro sobre el particular impida la inscripción de las ■edificaciones, pues tal falta es subsanable según repetida jurisprudencia de esta Oorte Suprema.
    Id.- — Id.—Calificación Anterior Hecha en el Registro de un Defecto como Subsanable. — Habiendo sido inscrito anteriormente en el registro un con-trato de arrendamiento del mismo solar expresado con casa y garage, cele-brado por la misma mujer en estado de matrimonio, con el defecto subsanable do falta de prueba de que casa y garage fueran bienes privativos suyos, a esa misma calificación debió atenerse el registrador sin poder ir contra ella al denegar como denegó la inscripción de la venta de la casa y garage.
    Inscripción de un Bien Inmueble a Favor del Adquirente Cuando Aquél no . Aparece Inscrito en el Registro a Favor del Causante. — Adquirido por título de compraventa un solar con casa en él edificada e inserita en el re-gistro la adquisición del solar sin hacer mención de la casa, la venta que de dicho solar y casa se haga no puede inscribirse en el registro respeeto de la casa por no aparecer ésta inserita a favor del causante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la recurrente: Sres. Soto Gras é Siaca.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

María Palomo Mellado, propietaria ya, en septiembre 18, 1918, poco antes de sn matrimonio, adquirió y vino a ser la dueña, con título inscrito de una casa en estado de ruinas y su solar. En una escritura de arrendamiento otorgada en abril 15, 1919, que fuá debidamente inscrita en 30 de diclio mes se describen una casa y garage valorados ambos en $1,500 como situados en el lugar anteriormente ocupado por la antigua casa a que se ha hecho referencia y se dice que fueron adquiridos por la arrendadora y dueña referida del solar en cuestión, que ahora es una señora casada, mediante reedificación y construcción con peculio propio y de sus fon-dos privativos, o sea, parte del dinero aportado por ella en efectivo al matrimonio, como aparece de la escritura de capi-tulaciones matrimoniales. El deseo y propósito de la arren-dadora y de su esposo de que la casa y garage constaran inscritos como bienes privativos de ella, aparece claramente de la inscripción que en parte es como sigue:

“Solar eon casa sitos en el barrio de Hato Rey, término municipal de Río Piedras. La casa que es terrera, de madera y techada de zinc, contiene anexo un garage con departamentos para dos carros; es de reciente construcción y está edificada en el mismo sitio en que en el solar que se describe enclavaba una casa, también terrera, de madera, techada de zinc, y en estado de ruinas, la cual fué destruida.” *
* * * - .« * * # “Doña María Palomo Mellado, mayor de edad, soltera, propie-taria y vecina de Río Piedras, adquirió el terreno de esta finca, siendo soltera, por compra a don Julián Silva Hubadrón según la inscripción décima, expresándose asimismo en el documento que la casa que ac-tualmente enclava en este solar y el garage anexo, los hubo doña María Palomo y Mellado, ya casada con don Julio Rodríguez y Bo-nilla, a título de reedificación y construcción, a expensas propias y con peculio privativo ' de ella, procedente del dinero efectivo que aportó a su matrimonio con el señor Rodríguez según consta de las capitulaciones matrimoniales de dichos cónyuges, queriendo y' consin-tiendo la señora Palomo en que tales edificaciones consistentes en la casa y garage dichos se hagan constar en el registro de la propiedad por los títulos expresados de reedificación y accesión a expensas y con peculio privativo de ella, haciendo constar, al efecto, que la casa y garage tienen un valor de mil quinientos dollars. Y por el título que motiva la presente doña María Palomo y Mellado, mayor de edad, propietaria y vecina de Río Piedras da en arrendamiento la finca de este número, como compuesta del solar con sus edificaciones descritas anteriormente, con otra finca más, que es la que se inscribe donde indica la nota al margen, a Mister Frederick B. Noonan, mayor de edad, divorciado, arquitecto y vecino de esta ciudad, por el término de cinco años que contados desde la fecha de la escritura vencerán por tanto el día catorce de abril de mil novecientos veinticuatro. * * *
“Don Julio Rodríguez y Bonilla, mayor de edad, propietario y vecino de Río Piedras, ratifica las anteriores manifestaciones que hacen referencia a la reedificación y construcción de la casa y garage, que podrá vender, enajenar, gravar, hipotecar, ceder, permutar, arren-dar y ejecutar sobre ellos todos los demás actos de exclusivo y rigu-roso dominio, su esposa doña María Palomo, sin la intervención de Rodríguez, quien a mayor abundamiento en lo que a tales edificacio-nes respecta consiente en este arrendamiento y en lo que por el mismo ha convenido y deja ejecutado su citada esposa doña María Palomo. En su virtud, inscribo a favor de Frederick B. Noonan su derecho de arrendamiento de la finca de este número, con el defecto subsanable de no acreditarse la procedencia del dinero empleado en la reedificación de la casa y construcción del garage.”

Admitiendo en pro del argumento la existencia del defecto subsanable así indicado, la inscripción-de este arrendamiento como se hizo era correcta y hubiera sido confirmada por esta corte en apelación como también lo hubiera sido una escri-tura absoluta de traspaso otorgada por la esposa sin la com-parecencia, ratificación o expreso consentimiento del marido. Figueroa v. Registrador de Arecibo, 24 D. P. R. 851; Julio Godreau Co. v. Registrador de Guayama, 23 D. P. R. 65, y Rodrigues v. Registrador, 26 D. P. R. 73. Y que los subsi-guientes traspasos de la propiedad así vendida hubieran po-dido ser susceptibles de inscripción con sujeción únicamente a la mención de tal defecto subsanable, es cuestión que ape-nas puede ser objeto de argumentación.

Si como parece ser el hecho, con excepción de la mención del defecto subsanable, el registrador' tuvo ante sí las capi-tulaciones matrimoniales, y si según se expresa en el con-trato de arrendamiento la esposa aportó al matrimonio en efectivo una suma igual o mayor al valor de la casa y garage como aparece de tales capitulaciones matrimoniales, enton-ces no había defecto subsanable y de haberse interpuesto recurso gubernativo la calificación en cuanto a esto hubiera sido revocada. El registrador no expresa que las capitula-ciones matrimoniales no fueron presentadas. Pero sí lo que la calificación significa es que el contrato de matrimonio no fue transcrito enteramente en el documento notarial presen-tado para inscripción, ni en ninguna otra forma, entonces el registrador 110 quedaba obligado por la mera referencia en cuestión y la mención de tal omisión en presentar prueba documental del hecho como defecto subsanable era procedente de acuerdo con la doctrina del caso de Cobreros et al. v. El Registrador de San Juan, resuelto en 13 de junio último, (página 577) y casos citados. De todos modos, no era sino un defecto subsanable susceptible de ser. corregido en cual-quier momento presentándose las capitulaciones matrimo-niales.

En abril, 1920, doña María ya divorciada, vendió la casa y solar arriba descritos en unión de otras fincas a la Socie-dad Protectora de Niños. Esta escritura fué admitida para su inscripción en cuanto al solar, pero “denegada la ins-cripción en cuanto a los edificios, por lo que respecta a la casa y garage de la finca letra ‘A’ porque habiéndolos ad-quirido la vendedora siendo casada con don Julio Bodríguez Bonilla, los enajenó ya divorciada sin acreditarse la liqui-dación de la sociedad conyugal ni la consiguiente adjudi-cación de los mismos a dicha vendedora; y por lo que res-pecta a la casa de once metros de frente por diez y siete de fondo de la finca letra ‘B’ por no haberse inscrito a favor de la vendedora la compra que de la misma casa manifiesta haber hecho.”

La Sociedad Protectora de Niños recurre de esta reso-lución.

Hasta aquí con el fin de evitar confusión hemos omitido todos los detalles'en cuánto a la finca a que se refiere el registrador como letra “B” y por la misma razón la segunda cuestión envuelta puede pasarse por alto hasta que la pri-mera haya sido resuelta.

En apoyo de esta primera proposición el registrador cita un número de casos en los cuales esta corte ha resuelto que en cuanto a terceros con derecho al beneficio de la presun-ción legal que establece el artículo 1322 del Código Civil, la mera declaración hecha por ambos esposos en un traspaso de propiedad inmueble a la esposa respecto al carácter pri-vativo del dinero de la compra, no es bastante para destruir tal presunción. En ninguno de estos casos aparecía con-cluyentemente que la esposa tuviera propiedad privativa al-gtina de su exclusivo dominio a la fecha del matrimonio. En ninguno de ellos se hicieron las manifestaciones acerca del origen y naturaleza privativa del precio de cor&pra dentro de un período menor de siete meses después del matrimonio. En ninguno de ellos se hizo referencia como prueba de la verdad de tales manifestaciones al contrato de capitulacio-nes matrimoniales. Tampoco en ellos se promovió cuestión alguna o estuvo necesariamente envuelto el efecto de tales manifestaciones como impedimento, “estoppel” o de otro modo en cuanto a las partes en el contrato y sus sucesores u otras personas que de buena fe confiaban en tales mani-festaciones al negociar con los bienes. En realidad en el último de los casos referidos, Sánchez v. Registrador, 28 D. P. R. 669, la opinión niega expresamente todo propósito de resolver acerca del alcance o efectos de las manifestaciones contenidas en él y sometidas a la consideración de la corte fuera de la conclusión enumerada respecto a la subsistencia de la presunción relativa al carácter ganancial de la pro-piedad traspasada e inscrita con defecto subsanable a nom-bre de la esposa,, no obstante la clara manifestación de los esposos y del padre de la esposa en cuanto al origen del. precio de compra.

"En el sistema español al lado de los bienes gananciales está la propiedad privativa de cada uno de los esposos. Los bienes priva-tivos y los gananciales son los complementos de uno y otro. Cada esposo puede tener bienes privativos; no privativos en el sentido de la Ley Común sino privativos en cuanto al fondo común de las ganancias obtenidas en el matrimonio. El marido administraba los de la esposa asi como los suyos privativos y los frutos de toda la propiedad privativa iban al fondo común. La idea española de bie-nes privativos ha sufrido muchos cambios en los Estados Unidos. Primero vino un cambio radical cuando California separaba los frutos de la propiedad privativa del fondo común a la propiedad privativa; esta modificación fué adoptada en Arizona, Nevada y Washington. Con la separación de los frutos de la propiedad privativa del fondo común, vino también otro cambio, a saber: quitar al marido y dar a la mujer la administración de sus bienes privativos. En realidad la tendencia moderna de dejar libres los bienes privativos de la esposa de la facultad de administrarlos el marido y confiriendo más facul-tades a la mujer, ha establecido tal avance que ahora en Arizona, California, Nevada y Washington, la esposa tiene todas las facul-tades de una mujer soltera para contratar, administrar y vender sus bienes privativos sin el consentimiento o comparecencia del esposo.
“Tejas se ha adherido más estrictamente a la ley española en cuanto a la administración, frutos y rentas de la propiedad privativa de la esposa que ningún otro Estado; allí los frutos de la propiedad privativa ingresan al fondo común y el marido tiene la administración de la propiedad privativa de la esposa..
“Louisiana se ha separado de la regla de la ley española y per-mite a la esposa que gobierne ella misma esa parte de sus bienes pri-vativos que se califican como bienes parafernales y al hacerlo así, adquiere cómo parafernales las rentas, productos y beneficios. Su propiedad dotal permanece bajo la administración y control del ma-rido y sus frutos y rentas pasan a la masa común. McKay on Community Property, página 39, sección 5.
"Respecto a la existencia de la presunción de que todos los bienes que están a nombre o en poder de cualquiera de los esposos después del matrimonio son gananciales (no hay discusión alguna); pero existe cierta aparente diferencia de opinión en cuanto a la fuerza de la presunción y al qucrntum de prueba necesaria para destruirla y probar una adquisición privativa. En la mayoría de los casos estas diferencias aparentes pueden harmonizarse teniendo en cuenta las circunstancias especiales de los casos en los cuales se emitieron las opiniones divergentes.
"La presunción tiene poca fuerza inmediatamente después de la celebración del matrimonio y especialmente antes de que las partes hayan pasado de sus nupcias a los asuntos ordinarios de la vida; pero adquiere fuerza a medida que nos apartamos de la fecha del matrimonio y después que transcurre tiempo de la adquisición de la propiedad; después de adquiridos los bienes y de haber sido cam-biados o permutados los bienes privativos originales por otros y con-fundidos con las adquisiciones del fondo común, es difícil presentar prueba del dominio privativo; y el poder seguir la pista de los primi-tivos bienes privativos por medio de sus cambios y permutas a veces se convierte en cosa casi imposible; bajo tales circunstancias se dice a veces que la presunción es fuerte cuando lo que realmente quiere decirse es que la prueba en contrario es débil, dudosa y en la cual no puede dependerse, siendo por tanto insuficiente.”
"La presunción no es tan fuerte respecto a propiedad adquiiúda a nombre de la esposa; adquirir propiedad a nombre de la esposa es cosa que está fuera del curso ordinario en la transacción de los negocios de la sociedad conyugal, y cuando se hace, tiende a indicar la propiedad privativa de ella y es ligera prueba tendente a mostrar que la propiedad es privativa de ella, pero no por sí suficiente; ahora bien, al decirse que la presunción en cuanto a las adquisiciones a nombre de ella no es tan fuerte, lo que se quiere significar es que el hecho de las adquisiciones a su nombre es cierta prueba de una adqui-sición privativa aunque no sufieienté a menos que vaya acompañada por otra prueba; las circunstancias de la transacción suministran alguna prueba, aunque ligera, de que la propiedad es privativa, y la fuerza de la presunción legal disminuye en proporción. La presun-ción no es arbitraria sino razonable y se amolda a todas las variables circunstancias que acompañan la tenencia y adquisición de la pro-piedad y permite que se dé completo efecto a aquellas circunstancias. ” Idem, p. 324, art. 261.
“El razonamiento de las anteriores secciones conduce a la con-clusión de que la prueba del dominio privativo razonablemente cierta en vista de las circunstancias es todo lo que la ley exige. La prueba más allá de una duda razonable, como en casos criminales, no se re-quiere, y en verdad en la verdadera práctica, los grados de prueba poco significan. La prueba produce efecto en criterios distintos con diferentes grados de fuerza, y lo que es una fuerte prueba para uno es prueba de grado inferior para otro. La prueba de una certeza razonable significa aquella prueba que'de tal modo convencería a una persona de condiciones generales de que él estaría conforme en pro-ceder basado en ella en los asuntos de negocios de la vida. Esto es todo lo que requieren las últimas bien consideradas opiniones.” Idem. p. 325, see. 262.
“Cuando el traspaso hecho a la esposa limita la propiedad tras-pasada a sú uso privativo, o contiene cláusulas de donde aparece que la causa procedía de su propiedad privativa, y consta■ del traspaso mismo que el marido estuvo conforme en cuanto a la forma de dicho traspaso, entonces en opinión del autor, debe resolverse que la esposa adquiere una propiedad privativa, sujeta, sin embargo, a ser anulada por terceros: el derecho de la esposa a la propiedad privativa en tal caso no descansa en base más firme que no sea el consentimiento del esposo y si este consentimiento se presta con infracción de los dere-chos de otros, éstos no deben ser perjudicados.” Idem, p. 178, see. 92.
“En Louisiana las manifestaciones hechas en la escritura de venta por la que se traspasa propiedad a la esposa son obligatorias para el marido porque él es, de acuerdo con la ley, una parte necesaria en el traspaso; sin su consentimiento ella no puede comprar; en este Estado la fuerza de dichas manifestaciones como prueba descansa en el fundamento claro y racional de que dichas manifestaciones equi-valen a admisiones contra su interés como principal y administrador de la sociedad conyugal; y de acuerdo con -este razonamiento no cons-tituyen ellas prueba contra terceros entre los cuales generalmente se enumeran los acreedores del marido y sus herederos forzosos en cuanto a su legítima. Los casos en Louisiana robustecen el razona-miento de la anterior sección respecto a tales manifestaciones en las escrituras a favor de la esposa cuando el marido tiene la administra-ción y control de sn propiedad. También muestran los límites pre-cisos de la doctrina y la razón en que descansa la regla.
“Las manifestaciones son declaraciones o admisiones becbas por el esposo contra sn interés y son por tanto prueba contra él, pero no concluyente, pues él puede probar que fueron incluidas por fraude o error. En harmonía con este razonamiento las manifestaciones con-tenidas en el traspaso al esposo no son prueba en absoluto a su favor.” Idem> p. 340, see. 278.

Los artículos 173, 174 y 176 del Código Civil prescriben lo siguiente:

“Artículo 173. — El divorcio lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges.
“Artículo 174. — El cónyuge contra quien la sentencia de divorcio hubiese sido pronunciada perderá todas donaciones que la otra parte pueda haberle hecho durante el matrimonio o al contraerlo, y el ino-cente conservará todo lo que hubiese adquirido de la contraria.
“Artículo 176. — El divorcio no privará en ningún caso a Iqs hijos nacidos en el matrimonio de ninguno de los derechos o ven-tajas que por la ley les están señalados o que les corresponden por razón del matrimonio de sus padres, pero tales derechos no podrán ser reclamados excepto de la manera y bajo las circunstancias en que su reclamación hubiese procedido si el divorcio no hubiese tenido lugar. ’ ’

El artículo 1330 prescribe que “la sociedad de ganan-ciales concluye al disolverse el matrimonio en los casos seña-lados en este código, o al ser declarado nulo.”

Considerado el hecho, sin más, de que un divorcio ha sido decretado, la presunción, de haber alguna, aún en ausencia del artículo citado en último término, parece ser, no que la naturaleza de la sociedad de gananciales en manera alguna sea afectada por tal sentencia, sino que en cuanto a toda dicha propiedad el marido y la mujer, ipso facto, se con-vierten en y son condueños.

“Aunque en los Estados donde existe la institución de la sociedad de gananciales del marido y la mujer ordinariamente hay un precepto estatutorio para su división en relación con los procedimientos de divorcio, la regla general es que cuando no se Race referencia en la sentencia de divorcio a los bienes gananciales, las partes quedan convertidas en cuanto a dicha propiedad en condueñas. Godey v. Godey, 39 Cal. 164; Biggi v. Biggi, 98 Cal. 35, 35 Am. St. Rep. 141, 32 Pac. 803; Kirschner v. Dietrich; 10 Cal. 502, 42 Pac. 1064; Tabler v. Peverill, (Cal. App.) 88 Pac. 994; Kirkwood v. Domnau, 80 Tex. 645, 26 Am. St. Rep. 770, 16 S. W. 438; Southwestern Mfg. Co. v. Swan, (Tex. Civ. App.) 43 S. W. 813; Moor v. Moor, 24 Tex. Civ. App. 150, 57 S. W. 992; Williamson v. Gore, (Tex. Civ. App.) 73 S. W. 563.”
‘ ‘ En el caso de Whetstone v. Coffey, 48 Tex. 269, se sostuvo que el estatuto que prescribía que ‘la corte que pronuncia una sentencia de divorcio del vínculo matrimonial también dictará y ordenará la división de los bienes de las partes de tal manera que a ellos parezca justa y correcta, teniendo muy en cuenta los derechos de cada parte y los de sus hijos, de haber alguno; disponiéndose, sin embargo, que nada de lo aquí contenido será interpretado en el sentido de obligar a cualquiera de las partes a privarse del título a los bienes inmuebles p a los esclavos/ tenía el efecto de convertir la sentencia de divorcio en cosa juzgada en cuanto a los derechos de propiedad de la esposa, aunque el derecho a la propiedad no hubiese sido materia de discusión en el pleito de divorcio, de modo que excluya una subsiguiente acción por parte de la esposa por su parte en los bienes gananciales. La corte resolvió, sin embargo, que tal no era el efecto que había de darse al estatuto, diciendo: ‘Este ciertamente garantiza a cualquiera de las partes el derecho a hacer aqueUas alegaciones que informen a la corte de la naturaleza y extensión de los bienes que han de ser divi-didos, y puede facultar a la corte para que ordene que se haga, especialmente en beneficio de los hijos si algunos hubiere. Pero su-pongamos que las partes no lo piden y que la corte no ordene que se haga. ¿ Pudo haber sido la intención de la Legislatura al decretar esta ley que el dejar de hacerlo produciría por inducción el mismo resul-tado que ellos expresamente prohibieron hacer a la corte,- — -lo que es, o puede ser, privar a la esposa de su título a todos los bienes ganan-ciales que han quedado en poder'del marido? Semejante resultado difícilmente pudo haber sido previsto.’ * * *
“Que en Puerto Rico una esposa divorciada se considera que tiene un interés en los bienes gananciales aunque la sentencia de divorcio no haga disposición alguna en cuanto a ellos, parece haber sido recono-cido en el caso de Garrozi v. Dastas, 204 U. S. 64, 51 L. ed. 369, 27 Sup. Ct. Rep. 224, en el cual se permitió a una esposa divorciada esta-blecer una acción para anular traspasos simulados hechos por su esposo de los bienes gananciales.” 11 L. R. A. (N. S.) 103, nota al caso de Dominiki Ambrose v. August Ambrose Moore.”

Ni el artículo 174 ni el No. 1301, ni el No. 1322, ni ningún otro artículo de nuestro Código Civil prescribe que las mani-festaciones o admisiones contrarias al interés hechas por el marido en cuanto a la naturaleza privativa de la propiedad adquirida por la esposa se presumen falsas, o que un tras-paso que contiene tales manifestaciones y declaraciones y por el cual se traspasan bienes inmuebles de un tercero a la esposa se presume que simula una donación por el marido.

“Las palabras ‘inferencia’, ‘probabilidad’, ‘suposición’'y ‘presun-ción’ tienen sustancialmente la misma significación y alcance que cuando se usan en escritos y opiniones legales. De tiempo en tiempo se han hecho tentativas por establecer distinciones entre varias • de estas palabras pero en el lenguaje legal así como en el ordinario no se reconocen tales sutilezas de expresión.” 10 R. C. L., p. 867, sec. 10.
“Ocurre frecuentemente que los mismos hechos dan lugar a dos presunciones y que éstas presunciones están en conflicto la una con la otra. En esta situación una de las presunciones ha de ceder. La fuerza de ellas debe medirse y la menos fuerte se considerará anulada por la más fuerte. Cada caso será regulado, por supuesto, por sus propios hechos.” Idem, p. 869, see. 12.
“Es una regla bien establecida que una presunción puede legal-mente permitirse solamente cuando los hechos de los cuales surge la presunción se prueban por evidencia directa y esa misma presunción no puede inferirse de otra. Sostener que un hecho que se infiere o presume se convierte inmediatamente en un hecho establecido con el fin de que sirva de base a una inferencia o presunción ulterior sería llevar la cadena o serie de presunciones a la región de la. más atrevida conjetura.” Idem, 870, sec. 13.
“Una inferencia de hecho no debe establecerse de premisas que sean dudosas, pero los hechos en los cuales lógicamente puede des-cansar una inferencia, se dice que deben establecerse por prueba directa como si fueran los hechos mismos en litigio. De aquí se sigue que una presunción no puede basarse en otra presunción.” 22 C. J., p. 84, see. 27.

Un traspaso de bienes inmuebles hecho a una mujer ca-sada como privativos de ella con el expreso consentimiento de su marido a tal forma de traspaso y que contiene otros detalles qne indican el verdadero origen del precio de venta, aunque no sea de tal fuerza probatoria que anule entera-mente la presunción legal respecto al carácter ganancial de la propiedad así traspasada con perjuicio de los derechos de terceros, puede ser inscrito en esta isla por lo que en sí representa, con la debida indicación respecto a los particu-lares defectuosos de la documentación que se presenta. El hecho de que la esposa alegue que tal propiedad es privativa de ella y que el marido admita que dicha propiedad perte-nezca a su esposa exclusivamente queda de tal modo hecho público para todo el mundo; y el hacer mención de la cir-•cunstancia de que tal constancia es incompleta es una noti-ficación suficiente para cualquier futuro comprador, acree-dor hipotecario u otra persona que negocie con la propiedad de que la presunción legal de su carácter de ganancial no ha quedado enteramente anulada, y puede ser invocada por cualquier persona con derecho a su beneficio.

Si en el presente caso el registrador hubiera inscrito el documento sujeto al mismo defecto subsanable que se menciona en la anterior inscripción respecto a la suficiencia de la prueba presentada en cuanto a la naturaleza privativa de la propiedad, fundando su mención del defecto ya en la anterior inscripción o en el hecho de no presentarse con el documento el contrato de capitulaciones matrimoniales, en-tonces, por lo menos, podría haberse dicho con cierto grado de razón que era aplicable la. doctrina sentada en la resolu-ción de la Dirección General de los Begistros de enero 17 de 1913 a que se hace referencia en el caso de Sánchez, pero la calificación que ahora consideramos no se basa en tal fun-damento.

Al interpretar cuestiones como ésta es conveniente no perder de vista ciertas modificaciones que han sido introdu-cidas en nuestro Código Civil y la Ley Hipotecaria en años recientes, ni pasar desapercibido el espíritu y el fin. de tales modificaciones.

“Los preceptos del artículo 61 del Código Civil Español, que re-, gía en esta isla, de que sin el permiso o poder de su esposo una mujer casada no podía adquirir por causa o consideración válida o enajenar sus bienes u obligarse ella misma excepto en los casos y con las limita-ciones establecidas por la ley, fueron derogados al ser adoptado el Código Civil revisado en el año 1902.” Longpré v. El Registrador de San Juan, 24 D. P. R. 896; Giménez v. El Registrador de la Propiedad, 21 D. P. R. 329.

Este artículo, tal como estuvo basta que fué eliminado del código en la revisión que se hizo en el año 1902, era como sigue:

“Artículo 61. — Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la ley.”

En su lugar el nuevo código citado en último término contenía los siguientes preceptos:

“Artículo 160. — Cada uno de los cónyuges tiene la libre disposición y administración de sus bienes propios.
“Artículo 161. — El marido es el representante legal de la sociedad conyugal.
“La mujer puede por sí contratar y comparecer en juicio para lo que se refiera a la defensa de sus derechos o de sus bienes propios, al desempeño de la patria potestad a la tutela o administración que le confiera la ley y al ejercicio de una profesión, cargo u ocupación. ’ ’ Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, pág. 878.

Y por ley de marzo 10 de 1904, el artículo 160 quedó en-mendado como sigue:

“El marido y la mujer tendrán el derecho de administrar y dis-poner libremente de sus respectivas propiedades particulares. ’ ’ Com-pilación pág. 643.

El primero de marzo próximo será el vigésimo aniver-sario de “Una ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad,” Compilación de 1911, página 450, que deroga “la Orden General No. 99, de 30 de abril de 1900, y todos los artículos de la Ley Hipotecaria y su reglamento que se opongan a la presente.”

El artículo 4 de esa ley dispone lo siguiente:

“Los registradores no suspenderán por defectos subsanables, la inscripción, anotación o cancelación de ningún título. En la inscrip-ción harán constar los defectos que tenga el título y en cualquier tiempo en que se presente la documentación para subsanarlo, se hará constar la subsanación por medio de nota marginal.”

Comentando este artículo en el caso de Rodríguez v. El Registrador de Mayagüez, 26 D. P. R. 74, dijimos:

“En el caso reciente de Agostini v. El Registrador, esta corte con-firmó una nota del registrador en la que se sostenía que un poder sometídole para subsanar el defecto en cuestión era defectuoso e insuficiente para los fines indicados por cuanto en el mismo no se identificaba claramente la descripción de la finca a que el mismo se contraía.
“El presente recurso ba sido interpuesto contra una nota dene-gando la inscripción otorgada por la dueña de la finca según el re-gistro, ‘porque habiéndose denegado la subsanación del defecto con-signado en la inscripción 8a. de la finca de que se trata, o sea por la que adquirió la vendedora la finca que transmite al comprador, por no considerarse bastante el poder otorgado por la causante de la se-ñora Agostini y Maristany ni rectificado por el affidavit con que se acompañó dicho poder, según la nota marginal de la inscripción citada, adolece la adquisición de la vendedora señora Agostini y Maristany de un vicio de nulidad que incapacita a dicha señora para transmitir a su vez la propia finca.’
“En el caso de Sucesión Blanco v. El Registrador, 16 D. P. R. 67, al presentarse copias certificadas de una sentencia y una orden, se cancelaron ciertos asientos sujetos al defecto subsanable por no apare-cer que la sentencia que ordenaba la cancelación fuera firme. La subsanación de este defecto fué denegado posteriormente porque el certificado demostrativo de que la sentencia era firme mostraba a su vez que no lo fué en realidad de verdad al tiempo de la inscripción verificada en virtud del mismo, calificando así el registrador nula y sin efecto legal alguno la cancelación de la inscripción. Esta corte sostuvo entonces que el estado de derecho creado por inscripciones una vez verificadas debe ser respetado hasta que fuese modificado de algún modo conocido en derecho, que el registrador debió concretarse a determinar si se subsanaba o no con el documento presentado a su consideración el defecto anotado en la inscripción y que la tentativa de pasar sobre la validez de otro instrumento ya inscrito constituía una arrogación de la privativa facultad de las cortes. Aquella deci-sión se basó en una expresa disposición legal aún vigente y que se transcribe literalmente en la opinión.
“En el presente caso tanto el recurrente como todo el mundo te-nían conocimiento por el registro no sólo de que el título inscrito de la vendedora está sujeto a un defecto subsanable, sino además de que ha fracasado la tentativa que se hizo para subsanarlo. La validez del título de la vendedora, según aparece- del poder a que se contrae el caso de Agostini v. El Registrador y por la anotación a que el mismo se refiere, depende de una cuestión de identidad de determinada finca vendida por un apoderado y no de una cuestión de capacidad del apoderado para transmitir, como lo arguye el registrador. El de-fecto puede ser subsanado en cualquier tiempo por escritura pública que demuestre que la casa a que se contrae el poder es la misma casa vendida por el apoderado y que ahora después de revendida trata de inscribirse a nombre del recurrente. Nos parece que es suficiente notificación para todas las personas que tengan algo que ver con la finca que puede que sean distintos los hechos y que cuando menos la cuestión está abierta a la duda. Puede muy bien concebirse que pre-cisamente casos como el presente, en que todas las partes interesadas al parecer conocen los hechos y prefieren que permanezca un defecto técnico en el título inscrito antes de tener que pasar por la molestia y gastos que ocasionan la subsanación inmediata, estuvieron en la ' mente del legislador cuando con el fin de evitar innecesarios inconve-nientes, dificultades o dilaciones ordenó que ‘los registradores no suspenderán por defectos subsanables la inscripción, anotación o can-celación de ningún título,’ y que ‘en la inscripción harán constar los defectos que contenga el título y en cualquier tiempo que se presente la documentación para subsanarlo, se hará constar la subsanación por medio de nota marginal.”

En el caso de Schroder v. El Registrador, 28 D. P. R. 189, recurso contra la negativa del registrador a inscribir una hipoteca constituida por una mujer casada con la apro-bación y ratificación del acto por su esposo respecto a bienes traspasados a ella como privativos, e inscritos “con el de-fecto subsanable de no acreditarse la procedencia del dinero invertido en la adquisición de dicha finca’ revocamos la nota recurrida por las razones siguientes:

“La presunción legal del carácter de ganancial de la propiedad envuelta en el caso mientras no se subsane el defecto mencionado en la inscripción, no requiere que los esposos tergiversen los hechos al tratar de dicha propiedad mientras está pendiente la resolución final relativa a la condición legal de dicha propiedad en el registro. Tanto el marido como la esposa parecen considerar la casa como una pro-piedad privativa de la esposa, pero aparentemente con el fin de evitar cualquier objeción que pudiera hacer el registrador, así como para facilitar la inscripción de la hipoteca constituida por la esposa, el marido ratifica y aprueba expresamente la referida hipoteca. En vista de las circunstancias sería difícil elegir palabras que fuesen más adecuadas para expresar ‘el consentimiento expreso de ambos cón-yuges,’ requerido por el Código Civil como requisito para la enajena-ción o gravamen de los bienes gananciales. El código no prescribe la ‘fraseología en que habrá de expresarse tal consentimiento y la ratifi-cación y aprobación de envolver alguna cosa que no sea una distin-ción sin establecer una diferencia, parecen significar algo más que un mero consentimiento. ’ ’

Y en el caso de Negroni v. Luchetti, 24 D. P. R. 21, en la página 24, encontramos lo siguiente:

“En otros varios documentos otorgados hacia la misma fecha el referido esposo consintió a su susodicha esposa contratar a nombre propio para, efectuar la hipoteca que existía sobre dicha finca. Es eierto, como alega el apelante, que en todas estas transacciones se dio por eierto que la finca pertenecía a los bienes privativos de la esposa, pero creemos que el marido quedó absolutamente obligado por ellas, Ya que su acto de consentir en estos traspasos fuera una ratificación del acto de su esposa, o que estuviera él impedido (estopped) para poder alegar cualquier título por razón de sus actos, el resultado es exactamente el mismo. Y el caso no podía variar aún cuando los bienes fueran gananciales y estuviera él consintiendo en su traspaso en la creencia errónea de que eran bienes privativos de la esposa. Se presumía que él conocía la ley.”

Examinados a la luz del bosquejo histórico, supra, que reseña el desarrollo del sistema de bienes gananciales en los Estados Unidos y considerados en relación con la serie de sucesos en esta parte del mundo durante las dos últimas décadas, no bay nada obscuro u oculto ya en la fraseología o en el alcance y efecto general de los preceptos legislativos arriba citados, no obstante el carácter radical de los cam-bios verificados en nuestro Código Civil y de las limitaciones de tal modo establecidas a las algo más que facultades cuasi judiciales ejercitadas por los registradores de la propiedad con anterioridad al cambio de soberanía. Una mujer casada en Puerto Bico boy tiene el derecho absoluto a manejar y dirigir a su gusto y disponer de sus bienes privativos sin intervención o impedimento por parte de su esposo, o de el registrador de la propiedad.

En el presente caso el vendedor de los edificios y solar adquiridos por la recurrente consta del registro ser el dueño con título inscrito de los mismos como bienes privativos, con sujeción solamente al defecto subsanable en el título inscrito en cuanto a la casa y garage. Cualquier futuro comprador al examinar el registro sabría que los herederos forzosos o cualquier tercero con derecho a invocar la presunción del carácter de bienes gananciales de estos edificios podría esta-blecer una reclamación legal en cuanto a ellos en cualquier tiempo. Si está en su poder el contrato de capitulaciones matrimoniales él podría saber también que el defecto subsa-nable en cuestión en realidad no existe y que la mención del mismo en el registro puede eliminarse cuando se desee me-diante la presentación de tales capitulaciones matrimoniales y pago de los correspondientes derechos. De todos modos él sabría que en cuanto a él, o a cualquier tercero que negocie con la propiedad, el marido por sus propias admisiones contra su interés y por su conducta y actuación, al consentir que queden tales admisiones en record en el registro de la propiedad estaría impedido de alegar cualquier derecho, tí-tulo o interés en la propiedad qne de tal modo se dice que es privativa de la esposa.

Si nn comprador en tales circunstancias prefiere correr el riesgo envuelto además de la posibilidad de reclamaciones válidas y no satisfechas que surjan de cualquier decreto de partición que podría ser o no consecuencia de los procedi-mientos de divorcio, y si los derechos de herederos forzosos y de todas las demás partes interesadas están suficientemente protegidos y garantidos por la mención del alegado defecto subsanable, entonces no podría resultar ninguna injusticia para nadie y el hecho principal en cuanto al verdadero ca-rácter de la propiedad en cuestión es un asunto en el cual el registrador de la propiedad no tiene nada que ver. Lo. más que podría hacer sería llamar la atención hacia el de-fecto subsanable ya anotado y a la omisión en subsanarlo, pre-sentando en unión a la escritura una copia de las capitula-ciones matrimoniales u otra prueba suficiente de la veraci-dad de las manifestaciones contenidas en la escritura. Más que ésto prohibe expresamente el artículo 4 de la ley de marzo primero de 1902 y resolver otra cosa produciría el efecto pro tanto de una derogación judicial de esa clara ex-presión de la voluntad legislativa.

Parece que la casa situada en la finca a que se refiere la inscripción letra “B” fué adquirida por compra en unión del terreno y se describió como parte del mismo en la escri-tura que fué inscrita sin objeción; pero sin duda debido a una inadvertencia sin hacerse mención de la casa. La certi-ficación de la escritura en la cual se funda el recurrente no contiene ninguna intimación de tal omisión pero el hecho debe resolverse por el contenido de la inscripción sin tener en cuenta lo que pueda mostrar lo que se expresa en la certi-ficación. Esta casa y el terreno por ella ocupado aparece que fueron excluidos expresamente del contrato de arrenda-miento a que se ha hecho referencia y por tanto la omisión en la inscripción no mereció atención entonces. El recu-rrente insiste en que el error por parte del registrador en dejar de mencionar la casa al inscribir la escritura, tanto en cnanto a la casa como en cuanto al terreno, no debe perjudicar el derecho del dueño a que se inscribiera el mismo $ pero según indica el registrador no se hizo petición alguna para que se corrigiera este error y la inscripción ya fuera correcta o no, no puede ser modificada por el único funda-mento de las manifestaciones contenidas en los siguientes traspasos de la finca, sino que debe prevalecer hasta que se haga el debido requerimiento y se demuestren hechos satis-factorios acerca de las razones que hayan para la propuesta modificación.

Para terminar, por tanto, y de acuerdo con las repetidas decisiones de esta corte arriba citadas, y sin desviarnos de la doctrina en ellas enunciada, nos vemos obligados a decla-rar que la nota recurrida en tanto se refiere a la casa y al garage, y en este sentido atañe a la escritura de abril 24 de 1920, cualquiera cosa que no sea el defecto subsanable ya calificado anteriormente’ al ser inscrita otra escritura anterior de arrendamiento de abril 15 de 1919, debe ser revo-cada con instrucciones de que se inscriba dicho traspaso de acuerdo con las prescripciones del artículo 4' de la ley de marzo 1, 1902, sujeto solamente a tal defecto subsanable; y que en tanto se trata de la negativa a inscribir la casa descrita situada en la finca “B”, dicha calificación debe ser confirmada.

Revocada la nota recurrida en parte y en parte confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Sucesión González, Demandante y Apelante, v. Fernández et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero y renun-cia de herencia.
    No. 2274.
    Resuelto en julio 28, 1921.
    Contrato — Prueba Suitciente. — Cuando el demandado alega en su contestación • hechos que constituyen una admisión de la existencia del contrato alegado en la demanda, aunque alegando un precio inferior y su pago, tal admisión hace innecesario que el demandante pruebe el contrato, quedando como única cuestión a probar y resolver la del montante del precio y si ha sido o no pagado.
    Heredero — Aceptación o Repudiación de Herencia — Causa de Acción.. — Como-la aceptación o repudiación de la herencia por uno de los herederos que se-ha negado a unirse a los demás en una acción contra un deudor del causante común afectaría al montante de la sentencia que pudieran obtener los deman-dantes, pues mientras la aceptación les daría sólo derecho a una participa-ción a pro rata en la deuda reclamada la repudiación les daría derecho a su totalidad, tienen ellos derecho a obligarlo a elegir en un término razonable-a lijar por la corte. <
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. Marín Marién.

    Abogado de los apelados: Sr. A. Sarmiento.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda presentada- en este caso alegaba entre otros particulares, los siguientes:

“Tercero: Que allá por el mes de junio de mil novecientos ca-torce, el demandado convino con don José González Otero, en que éste recibiría en su casa a Oscar y Purificación Fernández y Hernán-dez, hijos de dicho demandado,- menores de edad y bajo la patria potestad del mismo, bajo concepto de huéspedes de aquél, debiendo atender el señor González Otero a la manutención, hospedaje y cui-dado de dichos menores de edad, y obligándose el padre de dichos menores, o sea el demandado, a satisfacer todos los gastos que se originaren en tales atenciones en favor de sus predichos hijos.
“Cuarto: Que desde entonces don José González Otero ha venido subviniendo a las necesidades de los expresados hijos del demandado, quien sólo ha satisfecho las cantidades correspondientes hasta el mes de julio de mil novecientos catorce; habiendo invertido en tales sostenimiento y hospedaje don José González Otero, desde el mes de agosto del expresado año mil novecientos catorce, hasta el de junio de mil novecientos quince, ambos inclusive, la cantidad de doscientas nueve pesetas mensuales, en total dos mil trescientas pesetas, cantidad que ha cobrado en distintas ocasiones al demandado, sin resultado alguno en tales gestiones de cobro, a pesar de haberse comprometido a remitir tales cantidades por trimestres vencidos; siendo la equiva-lencia de dichas dos mil trescientas pesetas, cuatrocientos ochenta dollars. ’ ’

Después de radicada esta demanda falleció el demandante y la acción fué seguida a nombre de la viuda Yilar G-arcía Pertierra y los hijos, con excepción de uno que se negó a unirse como demandante.

• De una demanda suplementaria que fué presentada cita-mos lo siguiente:

“Primero: Que con posterioridad a la anterior demanda de este caso ocurrió el fallecimiento del demandante don José González Otero, habiendo sido declarados sus herederos los hoy demandantes en unión del demandado Ricardo González.
“Segundo: Que dicho Ricardo González, que fué quien promovió la anterior demanda en este caso, ahora se niega a unirse a los demás demandantes para continuar esta acción.
“Tercero: Que dicho Ricardo González se niega también a de-clarar si acepta o no la herencia de dicho José González Otero, y que como con ello se perjudican los demás demandantes, pues a ellos correspondería como herederos legítimos y forzosos la parte del que repudia la herencia, se hace necesario determinar si dicho demandante acepta o repudia tal herencia, pues no existen .actos del mismo que demuestren su intención de aceptar, ni tampoco dice categóricamente si la repudia.
“Por lo expuesto, los demandantes suplican a la corte que en adición a la anterior demanda acepte ésta, que ordene la citación de dicho demandado, y que en definitiva declare que los demandantes en esta acción deben obtener sentencia contra el demandado Serapio Fer-nández por toda la cantidad reclamada en la primitiva demanda, teniendo a Ricardo González por apartado de la herencia indicada, o sea, declarando que repudia la misma.”

La contestación formulada por Fernández después de ne-gar algunos hechos alega como materia nueva lo siguiente:

‘ ‘ Que desde veinte y tres de octubre de mil novecientos trece tuvo el demandante José González Otero en su casa de Puerto de Vega, provincia de Oviedo, España, a los hijos del demandado Osear y Purificación en clase de huéspedes por el precio convenido con éste de cien duros anuales por cada uno hasta el quince de junio de mil novecientos quince y que dicho precio le fué satisfecho totalmente al dicho señor González Otero.”

En la contestación presentada por Ricardo González alega como defensa general lo siguiente:

“Que, en cuanto al cobro de cantidad, no le incumben los hechos que se hayan alegado en la primera demanda de la que, como deman-dado, no se le ha entregado copia, y
“*Qíue niega de una manera absoluta el hecho segundo de la de-manda complementaria.”

Después de desestimadas las excepciones previas por falta de hechos suficientes para constituir una cansa de acción, entre otros fundamentos, y de celebrado nn juicio sobre los méritos, la corte inferior declaró sin lugar la demanda y la demanda complementaria, por las razones que a continua-ción se expresan;

“La prueba en este caso impone a la corte la siguiente declara-ción: no se ha probado la existencia del contrato alegado en la demanda. Es cierto que se ha traído una carta de Serapio Fernán-dez, en la que habla a González Otero de remisiones de fondos, una de presente y otras para el futuro; pero no hay nada que demuestre el contrato que por la parte demandante se alega. Es posible que los demandantes tengan otro título y otra acción; pero la que en este pleito han ejercitado, no tiene en su apoyo la prueba necesaria para que la corte dicte sentencia en su favor.
“No hay necesidad de citar en esta opinión preceptos de ley, porque no hay un caso de hecho al que pudieran ser aplicados.
“En cuanto a la acción que se ejercita contra Ricardo González— demanda complementaria — no encontramos que exista tal acción.”

El hecho declarado por la corte de que los demandantes dejaron de probar el contrato alegado en la demanda hace enteramente caso omiso del estado de las alegaciones. Fer-nández en su contestación alega que desde el 23 de octubre de 1913 basta junio 15, 1915, el primitivo demandante José González Otero, por el precio convenido de una cantidad anual tuvo en su casa en clase de huéspedes en su casa de Puerto de Vega, Provincia de Oviedo, España, a los dos hijos de dicho demandado, Oscar y Purificación. Esta clara manifestación aunque en ella se insiste en una compensación inferior a la indicada por los demandantes como que fue la convenida y se alega que el pago se hizo en dicho precio inferior, admite claramente la existencia de un contrato'y una primitiva obli-gación de pagar por lo menos la manutención y alojamiento de los dos hijos, y pone únicamente en controversia la cues-tión de la cantidad y del pago. Por tener relación con' este punto podemos hacer referencia sin comentario, al artículo 1240 de nuestro Código Civil, el cual prescribe que “la inde-terminación en la cantidad no será obstáculo para la exis-tencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes.”

La carta a que ha hecho referencia el juez sentenciador es en parte como sigue:

“Puerta de Tierra, 20 junio 1914. — Sr. don José González Otero.— Mi querido tío: — Ayer jueves recibí su apreciable y deseada carta porque estaba con cuidado porque en la carta que me escribió Ade-lina me decía que bubo que levantarle la espinilla a Oscar, y en verdad que estaba con cuidado, porque es muy cierto que cuando viene una mala nunca viene sola, pero ya veo por la suya que sigue bien y de ‘lo que me alegro que no baya novedad en ninguno de la familia, por ésta su casa todos nos bailamos buenos solamente sin-tiendo un fuerte calor que este verano será bueno. Adjunto le mando un giro por valor de quinientas pesetas yo de buena gana se lo mandaría de mil por no estar mandando con frecuencia pero no estamos muy fuertes de fondos, debido a que como el balance fué tan desastroso hemos tenido que ir pagando cuentas que. tenía la tienda atrasadas ñero ya están pagadas y no se le debe nada a nadie y tam-bién llevamos gastado en mejorar las fincas que hemos comprado unos mil duros pero eso no importa para que dentro de un par de meses le mande otras quinientas pesetas más sin hacer ningún es-fuerzo, por lo tanto le repito que se cuiden y no teman gastar un duro que para eso se trabaja y para eso también hay algo ya traba-jado y más vale gastarlo en cuidarse que luego tenerlo que gastar en médicos y medicinas, también quedo enterado de que Oscar no aprende bien en la escuela pues yo también creo que tiene tiempo para apren-der sobre todo que está libre de quintas, también quedo enterado de lo que me dice con respecto a lo que se gasta, pues si a V. le parece mucho en cambio a mí me parece poco, también le encargo y espero que me lo cumpla que no quiero que le coja dinero prestado a nadie a menos que sea por un caso imprevisto y para eso tiene Y. a su sobrino, no recuerdo ahora su nombre pero es el hermano de Regino o sea el marido de la hija del difunto Sixto pues estoy muy agra-decido de él porque fué el que le sirvió cuando la muerte dé mi difunta Emilia y para el próximo cosecho del café de caracolillo le mandaré para que sepa lo mucho que yo aprecio los buenos servicios y sobre todo tratándose de mi inolvidable Emilia pues ya Y. sabe que yo le tengo encargado que cuando necesite dinero lo pida sin ambajes ni rodeos porque del pequeño apuro que teníamos debido a lo indicado ya hemos salido, de ahora en adelante no hay más que recoger dinero para la caja pues teníamos cuentas por pagar atrasadas y las fuimos pagando poco a poco, también le decía que llevamos gastado en las fincas que compramos muy cerca de 1,000 duros en mejorarla pero no tenga cuidado que para fines de agosto le mandaré otras 500 pesetas o más si se necesitara pero lo que deseo es que no carezcan de nada y sobre todo que mi tía Felisa pueda disponer de un duro con toda libertad. # * * ”

El siguiente estado de cuenta suscrito por el primitivo demandante poco antes de su fallecimiento también fué pre-sentado como prueba:

“Puerto de Yega Io. de agosto de 1914 a 1915. Cuenta corriente de los gastos de mantención de los hijos de Serapio Fernández, Purita y Oscar. A José González Otero, debe por once meses de comida.
1914. — Agosto por comida -Pstas._209
Sebre. por id. _ 209
Obre. por id. _ 209
Nobre. por id. _ 209
Dibre. por id. _ 209
J 015. — Fuero por id. -Pstas. — 209
Febrero por id. _ 209
Marzo por id. - 209
Abril por id. - 209
Mayo por id. - 209
Junio por id. - 209
Suma el sustento de dichos meses- 2300
“Un préstamo a don Vicente Trelles que yo le pedí para Serapio estando en mi casa. — Puerto de Vega, 10 de octubre 1915. — José Gon-zález_500.1 ’

Creemos que la carta a que se lia lieclio referencia mues-tra suficientemente el propósito y la promesa de reembolsar al causante del demandante en cualesquier gastos y desem-bolsos en que pudiera incurrir él por razón del sostenimiento y manutención de los hijos puestos bajo su cuidado. Otras declaraciones muestran concluyentemente que los hijos se en-contraban bien vestidos, alimentados y cuidados y con razo-nable certeza que el tío suplió el dinero que se necesitaba para tal sostenimiento y manutención hasta una cantidad que aproximadamente es igual a las sumas expresadas en la de-manda y en el estado de cuenta, supra. No se presentó prueba por la defensa y por tanto la nueva materia conte-nida en la contestación no es necesario que se considere ex-cepto en cuanto en ella se admite el cuidado de los niños y la existencia de una obligación de pagar por sus alimentos y .hospedaje.

Los demandantes tuvieron interés en determinar si Ricardo González estaba o no dispuesto a aceptar su herencia y el mero hecho de que en la súplica de la demanda comple-mentaria se diga algo más de lo que tuyo en cuenta el esta-tuto no ha de producir el efecto de privarlos de cualquier remedio a que pueden tener derecho por razón de los hechos alegados. Si el heredero rehácio se decidiera a aceptar la herencia a pesar de su negativa a establecer su derecho contra el demandado en este caso, los demandantes tendrían derecho solamente a una participación pro rata en el dinero que se debe; de otro modo deben ellos recobrar todo el im-porte de la deuda. El artículo 971 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Instando, en juicio, un tercer interesado para que el heredero acepte o repudie, deberá la corte de distrito señalar a éste un tér-mino, que no pase de treinta días, para que haga su declaración; apercibido de que, si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada.”

La sentencia apelada debe ser revocada, debiendo devol-verse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimien-tos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres, Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sil Hutchison,

text:
    Coll, Demandante y Apelante, v. Gandía, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito de daños y perjuicios por libelo.
    No. 2300.
    Resuelto en julio 28, 1921.
    D Afros y Perjuicios por Libelo— Comunicación Privilegiada — Causa de Ac-ción. — -En una acción por daños y perjuicios por libelo, cuando éste se alega haber sido cometido en un documento 'prima faaie privilegiado, como lo es una comunicación dirigida a una de las Cámaras de la Legislatura, es obli-gación del demandante, para que la demanda pueda decirse que contiene he-chos suficientes para determinar una causa de acción, destruir con las alega-ciones de la misma la presunción que tiene el documento de privilegiado, y si ésto no se hace debe prosperar una excepción previa de falta de hechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Cruzado.

    Abogado del apelado: Sr. J. Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sil Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito desestimó una demanda de libelo des-pues de declarar eon lugar la excepción previa por falta de hechos suficientes .para constituir una causa de acción.

Uno de los fundamentos en el cual basó el juez senten-ciador su resolución fué que “el escrito dirigido por el señor Pedro Gandía a la Cámara de Representantes de Puerto Rico y que forma parte de la demanda es de carácter pri-vilegiado.” El único error alegrado es que la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección Primera, cometió error al decla-rar con lugar la excepción previa de falta de causa de acción, fundando su sentencia en el hecho de que el escrito unido a la demanda y que fué dirigido por Pedro Gandía Córdova a la Cámara de Representantes tiene el carácter de privi-legiado, y al no apreciar dicha circunstancia como materia de defensa.

El demandante alegó:

“I. Que es mayor de edad, casado, y vecino de San Juan, que ejerce la profesión de abogado y notario en la Isla de Puerto Rico, y especialmente ante esta honorable corte; y que también es miembro de la Cámara de Representantes do Puerto Rico, habiendo sido electo para dicho cargo por el sufragio de sus conciudadanos en las últimas elecciones generales celebradas en Puerto Rico.
“TI. Que en su calidad de abogado el demandante representa a ciei'tos clientes ante las cortes de Puerto Rico en pleitos y procedi-mientos que contra ellos ha entablado el demandado Pedro Gandía; y entre otros, en un procedimiento de certiorari que el demandante, en su carácter de abogado de la corporación Porto Rico Fertilizer Company, entabló en la Corte Suprema de Puerto Rico contra cierta orden de la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan.
“III. Que el demandante, además de miembro de la Cámara de Representantes es Presidente del Comité Jurídico Civil de la misma, uno de los más importantes de la Legislatura;, y en su carácter de abogado representa un número de importantes compañías y corpora-ciones y está al frente de un despacho de importancia y reputación considerables.
“IV. Que en un pleito seguido por el demandado Pedro Gandía contra la corporación Porto Rico Fertilizer Company, el demandante, en representación de dicha corporación, resistió con todo éxito las pretensiones del demandado sobre examen de los libros de la corpora-eión, excepto en la íorma en que la misma corporación aceptaba dicho examen; y habiéndose dictado cierta orden que el demandante consi-deraba perjudicial para los intereses de su cliente, el dicho deman-dante solicitó del Tribunal Supremo de Puerto Rico el auto de certio-rari a que se refiere el hecho II de la demanda, el cual no fué expedido por encontrarse en vacaciones dicho alto tribunal.
“Y. Que por esa fecha, y'especialmente el día 5 de septiembre de 1917 se encontraba en sesión la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; y en la Cámara de Representantes el secretario de la misma' dió lec-tura a un escrito, cuya copia certificada se une y hace parte de esta demanda, firmado por Pedro Gandía, el demandado, en cuyo escrito, de una manera falsa y maliciosa, a sabiendas y sin causa probable para ello, el demandado Gandía acusaba al demandante de utilizar su carácter de Representante para- tratar de enmendar una ley en vigor en Puerto Rico con el único fin de.su provecho personal y del provecho de su cliente.
“VI. Que semejante escrito constituye una imputación falsa y maliciosa, hecha a sabiendas por el demandado contra el demandante sin causa probable para ello y con el único fin de perjudicarle y. cau-sarle daño personal en su reputación como abogado y como miembro de la Cámara de Representantes.
“VII. Que la conducta del demandado en la forma expuesta en esta demanda ha causado al demandante daños y perjuicios en la suma de cincuenta mil dollars. ’ ’ El escrito de referencia es como sigue:
“ ‘ A la Honorable Cámara de Representantes de Puerto Rico. — El que suscribe, ciudadano americano, comerciante y vecino de San Juan, a la Cámara de Representantes de -la Legislatura de Puerto Rico, respetuosamente expone que según ha llegado a su noticia el Represen-tante Sr. Lastra Charriez ha presentado ante la Honorable Cámara, el siguiente proyecto de ley:
“ ‘P. de la C. 75. — En la Cámara de Representantes de Puerto, Rico. — Agosto 30, 1917. — El Sr. Lastra Charriez presentó el siguiente proyecto de ley: Para enmendar la “Ley para autorizar autos de certiorari,” aprobada en 10 de marzo de 1904.’ — Decrétese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. — Sección 1. — La sección 2 de la ley para autorizar autos de certiorari, aprobada en 10 de marzo de 1904 se entenderá redactada del modo siguiente: — Sección 2. — El Tribunal Supremo o cualquiera de sus jueces y las cortes de distrito respectivas de Puerto Rico, quedan por la presente autorizadas y con facultad para expedir autos de certiorari. — Sección 2. — Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente queda por ésta derogada. — ■ Sección 3.- — Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación, teniendo por objeto urgente el que el juez actuante du-rante este término de vacaciones de dicho tribunal, teng'a la facultad que por esta ley se concede.’
“El que suscribe sabe también que entre los representantes que constituyen la comisión de legislación de esta Honorable Cámara, está don Cayetano Coll y Cuchí quien no hace muchos días hallándose en la Secretaría del Tribunal Supremo y en vista de no haberse expedido seguidamente el auto de certiorari que solicitó en el pleito a que más adelante se hace referencia, manifestó que iba a presentar un proyecto de ley introduciendo una modificación en el vigente estatuto sobre certiorari; y el exponente puede afirmar que la aprobación de dicho proyecto de ley interesa muy especialmente al referido Sr. Coll y Cuchí como abogado de la ‘Porto Rico Fertilizer Company,’ en el pleito antes mencionado que es el No. 9463 que el suscribiente como demandante sigue contra la citada corporación ante la Sección Pri-mera de la Corte de Distrito de San Juan, en cobro de dinero y para obtener otros remedios; y que el beneficio que dicho abogado y sus clientes han de obtener de la aprobación del expresado proyecto de ley, es el de obstaculizar y demorar la inspección de los libros de la corporación demandada la cual inspección solicitada por el que sus-cribe desde febrero del año en curso, ha encontrado enormes dificul-tades para ser discutida por los obstáculos y demoras opuestas por el abogado Sr. Coll y Cuchí, incluso el privilegio como delegado que alegó dicho señor hasta que al fin vino a ser decretada la diligencia de que se trata por resolución de la corte de distrito de fecha 7 de junio del año en curso.
“Dictada esta resolución, todavía hasta el momento actual no ha podido verificar dicha inspección, a pesar de las reiteradas órdenes de la corte y de los apercibimientos de castigarse la desobediencia por desacato, en virtud de que el Sr. CoR y Cuchí sistemáticamente ha impedido el cumplimiento de dicha orden judicial, llegando a oponerse a ella personalmente con varios pretextos y a guardar en su oficina de abogado los libros que deberán ser objeto de la inspección.
“Antes de decidirse el Sr. Coll y Cuchí a proceder en tal forma, acudió al Hon. Juez Hutchinson, del Tribunal Supremo, con una solicitud de certiorari para que se suspendiese el procedimiento de la inspección decretada por la corte; pero como el Hon. Juez Hutchi-son transfirió dicha solicitud para dar cuenta con ella al Tribunal Supremo, que por hallarse hoy en vacaciones no se reunirá hasta el 5 de noviembre próximo el Sr. Coll y Cuchí ahora se propone obtener una ley que autorice la expedición del auto de certiorari, durante estas vacaciones, para que queden paralizadas hasta el referido no-viembre las diligencias que insistentemente viene practicando el que suscribe a fin de que se verifique la inspección decretada por la corte.
“Demostrado, pues, que la medida legislativa a que me refiero se propone una ventaja personal para el abogado Cayetano Coll y Cuchí y su cliente la Porto Rico Fertilizer Company, con gravísimos per-juicios de los intereses del suscribiente, éste suplica a la Honorable Cámara de Representantes, que antes de aprobar el-dictamen favorable de la Comisión de Legislación, en el caso de que si resulte, se sirva ordenar una investigación para el esclarecimiento de los ante-cedentes de que dejo hecho mérito y permitir al que comparece, si la Honorable Cámara lo estime necesario, informar sobre los extremos indicados a la comisión que se designe por conducto del abogado que representa al exponente en el pleito de que se trata. — San Juan, P. R., septiembre 5 de 1917. — Muy respetuosamente, (Fdo.) Pedro Gandía Gordova.”

El apelante para sostener su contención sólo cita tres autoridades, a saber: Gudger v. Penland, 23 A. S. R. 73; Conroy v. Pittsburg Times, “resuelto por la Corte Suprema de Pennsylvania en enero 5 de 1891,” y Dixon v. Allen, 11 Cal. 179.

El primero de los casos mencionados era una “apelación contra una resolución desestimando una excepción formu-lada a una demanda por calumnia en la que se alegaba que el demandado había imputado de palabras al demandante el hecho de haber jurado ciertas falsedades mientras se le exa-minaba como testigo en cierta causa criminal.”

La corte se expresó en los siguientes términos (bastar-dilla nuestra):

“La alegación del abogado del demandado de que las palabras calumniosas parecen haber sido empleadas en el curso de una investi-gación judicial y que de acuerdo con el principio enunciado en el caso de Nissen v. Crammer, 104 N. C. 564, el demandado está absolu-tamente exento de responsabilidad, no encuentra apoyo en las alega-ciones de la demanda que han sido admitidas. No consta afirmativa-mentC' en la demanda si el lenguaje imputado al demandado en cual-quiera de los párrafos de la demanda, en que se alega el lenguaje específico en que el cargo se hizo en diferentes ocasiones, fué em-pleado en el momento del juicio de una causa criminal o después. El demandante no» estaba obligado a negar la idea de que las pala-bras calumniosas per se fueron pronunciadas bajo tales circuns-tancias que el demandado estaría protegido de responsabilidad por el fundamento de un privilegio. El hecho, de ser cierto, de que las palabras fueron pronunciadas en el curso de un procedi-miento judicial-y eran esenciales y pertinentes a la cuestión ante la corte debe ser alegado en la contestación si el demandado desea apro-vecharse él mismo de esto en su defensa, a menos que sea oficiosamente alegado en la demanda.
“Si hubiera sido alegado que el lenguaje fué empleado cuando el demandado estaba sometido al examen como testigo en el juicio de la causa, todavía no aparece que el demandado sostenía tal relación con el denunciante que le proporcionara absoluta o presuntiva pro-tección contra una responsabilidad: Nissen v. Cramer, 104 N. C. 574; Shelfer v. Gooding, 2 Jones, 175; Brigge v. Byrd, 12 Ired. 380. Nada ha sido alegado en la demanda que sostenga la contención del abogado del demandado de que la acción no puede ser sostenida.”

El caso de Conroy citado por la fecha solamente, lia sido reportado en el tomo 21 Atl. en la página 154. El deman-dante en ese caso ofreció como prueba un artículo de un pe-riódico cuyo tenor general se indicaba en las frases con que el mismo comienza, que parecen ser el encabezamiento aun-que no se expresa así, las cuales son las siguientes:

“El lupanar tiene que marcharse. La mala gente abandona el pueblo. Otro proyecto. del viejo Godfrey presentado. Bill Lannen en la cárcel. ‘Humpy’ Long cierra. Ella Godfrey regresa.”

La parte del artículo que se refiere al demandante es la siguiente:

“En el número 2 de la cuadra ‘Diamond’ Mike Conroy tiene esta-blecido un lugar de malas compañías que, en todos sus particulares, es tan malo como el que tenía establecido Tom O-’Brien. En nada le han afectado las manifestaciones del Alcalde MeCallin en favor de la moralidad y del buen orden. Las malas personas que han sido excluidas de otros sitios de la vecindad todos se han reunido en el sitio de Conroy y se les lia dado buena acogida. Un bailarín de una pierna ba sido empleado y da unas noches horribles en sus tentativas de pasar el tiempo a los acordes del desgraciado instrumento que fué una vez un piano. Conroy también tiene la costumbre de cerrar sus puertas de enfrente a eso de la media noche y tener la reunión en el cuarto de atrás hasta cerca de la mañana o hasta que se les acaba el dinero o termina su cerveza. Todas las noches en este sitio pueden verse ladrones, pujiles, timadores y la clase más mala de mujeres abandonadas. El bailarín de zapateo en una pierna em-pleado en este sitio es un conocido timador. Ha cumplido varios años en el presidio por robos en la carretera, y hace pocos meses que ha sido puesto en libertad. Conroy no tiene que sorprenderse de ver una delegación de la policía del Alcalde McCallin pasar por ese sitio alguna vez y quedarse lo necesario para atender al propietario y a sus clientes.5 ’

Ninguna cuestión de privilegio absoluto parece liaber sido promovida y claramente que tal cuestión no pudo haberla tenido en cuenta la corte. El demandado alegó, sin embargo, “que el artículo era una comunicación privilegiada y soli-citó un sobreseimiento obligatorio.” Que lo que se dijo en la opinión tenía referencia solamente a un privilegio restrin-gido aparece del siguiente resumen del primer párrafo, el cual es como sigue (bastardilla nuestra):

“La publicación de que el apelante se queja imputa una ofensa denunciable y es libelosa per se. Puede admitirse que pertenece a la clase de privilegios restringidos. En tales casos es corriente decir que la demandante debe probar la malicia expresa. Temo, sin embargo, que la declaración más exacta de la ley es que en tales casos no existe presunción prima fade de malicia de la publicación. Debe haber al-guna prueba fuera del mero hecho de la publicación, pero nada se exige en cuanto a cuál ha de ser la forma de la prueba. Puede ser intrínseca, según la forma y el tono del artículo.”

El único caso de Dixon v. Allen que encontramos en las decisiones de California es en la página 527 del tomo 89, en-el cual el sumario expresa que:

“La demandante a la fecha de la publicación alegada era una alumna de la escuela normal del Estado en San José de la cual el demandado es principal. El alegado libelo consistía en una parte de una carta que fué escrita por el demandado y que hizo que se publi-case en un periódico en la que se decía en relación con la demandante como tal alumna que ‘por su comportamiento en la clase, conducta en el edificio y sus alrededores y por su espíritu según lo demostró en infinidad de entrevistas personales, había probado ser trapacera e indigna de confianza y carecer casi enteramente de aquellas cualidades propias de mujer y honrosas que deben ser las primeras condiciones de una maestra.’ La carta fué escrita en contestación a ciertos ar-tículos de censura que habían aparecido en la prensa pública y que afectaban a la facultad y dirección de la escuela normal en relación con la forma de tratar a la demandante.”

En ese caso el apelante insistió en que la demanda podía ser exeepcionada porque “no- alegaba en términos expresos que la publicación no era privilegiada.” Sobre este punto la corte dijo lo siguiente (bastardilla nuestra):

“Cuando el lenguaje es denunciable y no consta que es privile-giado, se presume que es tanto falso como malicioso y no es necesario niñguna otra prueba de falsedad o malicia que no sea la misma pu-blicación (Townshend, 388). Y la malicia que se presume en una publicación falsa únicamente puede eludirse de un solo modo y ese .es demostrando una excusa legal para el acto de la publicación; por ejemplo, probando que era privilegiada.”

Aquí también la. única cuestión de privilegio que pudo haberse sugerido era la de un privilegio restringido. Ver-daderamente el razonamiento del apelante en el presente caso parece dar por sentado, sin la más remota indicación de ninguna razón para tal hipótesis, que el privilegio alegado para el escrito de que aquí se trata no es sino un privilegio restringido. Pero aunque fuera de esta suposición implícita por parte del apelante ninguno de los alegatos pretende es-tablecer tal distinción y aunque sólo hemos tenido poco tiempo para hacer una investigación independiente de la cuestión, la propiedad de la teoría por virtud de la cual parece haber procedido el apelante, a lo menos no es evidente por sí mismo.

Después de clasificar las ocasiones privilegiadas, el señor Newell al hablar”de aquéllas que son absolutamente privile-giadas, dice én la página 508, sección 506, de sn obra sobre calumnia y libelos, (“Slander and Libel”), lo siguiente:

“En esta clase de casos se considera .en beneficio del bien público que a todas las personas debe permitírseles expresar sus sentimientos y hablar lo que piensan cabal y valientemente sobre todas las cues-tiones y materias; y todas las acciones por palabras de tal modo empleadas quedan absolutamente prohibidas aún cuando se alegase y probase que las palabras fueron empleadas falsamente, a sabiendas, y con malicia expresa.”

T en la página 510, sección 510, encontramos lo siguiente:

“Las peticiones y memoriales presentadas a la Legislatura relativos a procedimientos a que son pertinentes, son absolutamente privilegia-dos. Así lo es una petición a un comité de cualquiera de las cá-maras.”

En el caso de Lake v. King, citado en apoyo de esta pro-posición, se dice lo que sigue:

“El demandante declaró que por los seis últimos años era doctor en derecho y vicario general del obispado de Lincoln para toda la diócesis, en cuyo cargo se había conducido honesta e incorrupta-mente sin ninguna extorsión, corrupción u opresión: sin embargo, el demandado el día primero de diciembre en el decimoctavo año del reino del ahora Rey hizo que se imprimiese y repartiese, publicase y entregase a diversos súbditos de nuestro señor el ahora Rey, cierto falso, malicioso y escandaloso libelo del demandante en el cumpli-miento de su cargo en esta forma: ‘Al honorable Comité del Parla-mento de Agravios, la humilde petición de Eduardo King de Cray’s Inn en el Condado de Middlesex, Esquire, expone, etc. (y en realidad la petición imputaba al demandante muchos abusos horribles y gran-des tales como extorsión, opresión, vejamen y otras faltas menores •en el desempeño de su cargo) cuando en verdad (como alegó el deman-dante) toda la materia contenida en dicho libelo era falsa y maliciosa con perjuicio del demandante, etc.
‘•H’ ^
“Y este caso fué frecuentemente debatido. Y se convino en que la presentación de la petición a un Comité del Parlamento era legal, y que ninguna acción procede por ello aunque la materia contenida en la petición era falsa y escandalosa, porque es en un curso sumario de la justicia y ante aquéllos que tienen facultad para investigar si es cierta o falsa.” English. Reports, Reprint, tomo 85, página 137.

No tenemos a la mano el caso de Cook v. Hill, citado al mismo respecto, pero en otro de New York, el de Woods v. Wiman, 122 N. Y. 445, Libro XXV, Ct. of App. Reports, edición revisada, página 354, la corte, por conducto del Juez Presidente Sr. Follett, dijo lo siguiente:

“Si los estatutos públicos del Estado han de ser cambiados es cuestión de interés general y público, y la información suministrada al Gobernador con el fin de influir en su actuación respecto a un proyecto que ha aprobado la Legislatura es prima facie privilegiada; pero si la comunicación contiene materia difamatoria e innecesaria-mente se le da publicidad, tal publicación no es privilegiada. Coffin v. Coffin, 4 Mass. 1; 3 Am. Dec. 189; Rex v. Creevey, 1 M. & S. 273; Odgers L. & S. (2d ed.) 186; Folkard Starláe L. & S. 202, 205; Newell Def.-471; Townsh. L. & S. (4th ed.) 217.”

No debe entenderse abora que nosotros adoptamos sin restricción la regla arriba sugerida respecto a comunicacio-nes que se dice son absolutamente privilegiadas. Se llama la atención a la distinción que generalmente se establece en este sentido meramente para insistir en la necesidad de una alegación ciará y no contradicha acerca de la malicia expresa y falta de causa probable, así como de prueba completa y convincente en este particular. Ciertamente que la bien co-nocida regla referente a esto, aún cuando no fuera estricta-mente aplicada en casos que envuelven un privilegio restrin-gido solamente, nunca debiera ceder una vez que se le ha hecho incluir procedimientos judiciales y legislativos.

Conocemos, por supuesto, las limitaciones establecidas en la regia inglesa en el caso de White v. Nicholls, 44 U. S. 266,. a la que hemos hecho mención en el caso de Franco v. Martínes, resuelto en marzo 28, 1921, (pág. 237), e implícitamente-confirmada de nuevo en el de Nalle v. Oyster, 230 U. S. 165. Si bien la doctrina allí enunciada no parece haber sido acep-tada umversalmente (véanse los casos de Shelfer v. Gooding, 2 Jones (N. C.) 181; Johnson v. Brown, 13 W. V. 119, 17 R. C. L., páginas 330 y siguientes), no es necesario discutirla ahora suponiendo que estemos en libertad para hacerlo.

Las conclusiones a que se llegó en el caso de Nicholls han sido resumidas brevemente en la opinión en la siguiente forma:

“La investigación nos ha llevado a las siguientes conclusiones que presentamos respecto a la ley aplicable al mismo. — 1. Que toda publi-cación ya sea por escrito, impresa, o por grabados, en que se alegue o impute a cualquier persona algo que lo sujete a castigo, o cuyo fin es infamarle, odiarle o ridiculizarle, es prima facie un libelo, y envuelve malicia por parte del autor y quien la publica hacia la persona de quien se hace tal publicación. La prueba de malicia, por tanto, en los casos que acaban de referirse, nunca puede exigirse de la parte que se queja fuera de la prueba de la publicación misma; la justificación, excusa, o mitigación, si alguna puede probarse, debe proceder del demandado. — 2. Que la descripción de casos reconocidos como .comunicaciones privilegiadas debe ser entendida como excep-ciones a esta regla, y que se fundan en alguna obligación o motivo,, legal, moral o social, al parecer reconocido, que razonablemente pueda presumirse que indujo a la publicación, y por tanto que prima facie la releva de esa justa inferencia de la cual se deduce la regla general de la ley. La regla de evidencia .en cuanto a tales casos ha sido de conformidad cambiada hasta el punto de exigir al demandante que haga desaparecer aquellas presunciones que surgen de la apariencia de las obligaciones y situaciones de las partes, y exigirle que haga saber al demandado la existencia de malicia como verdadero motivo de su conducta. Fuera de esta medida no podrá permitirse que pueda tener efecto ninguna presunción y mucho menos puede santificar la indulgencia de malicia, por mal intencionada, por expresa, bajo la protección de formas legales. Llegamos a la conclusión, por tanto, de que debe probarse la malicia aunque se alegue que ha existido en los procedimientos ante una corte, o cuerpo legislativo, o cualquier otro tribunal o autoridad, aunque tal corte, cuerpo legislativo u otro tribunal, haya podido ser la debida autoridad para reparar el per-juicio a ella alegado; y que la prueba de malicia expresa en cualquier publicación por escrito, petición o procedimiento, dirigido a tal tribunal, convertirá esa publicación, petición o procedimiento, en libelo por su naturaleza, puede ser denunciable, y sujetará al autor y al que lo publica, a todas las consecuencias de un libelo. Y creemos que en cada caso de un procedimiento como los enumerados la fal-sedad y falta de causa probable equivaldrá a la prueba de malicia.”

La obligación recaía en el apelante de demostrar que esta demanda exponía lieclios suficientes para determinar una causa de acción acerca de una comunicación que prima facie es privilegiada, y no solamente lia dejado él de hacerlo, sino que creemos que el examen cuidadoso de la alegación, sin la ayuda de argumento o alguna referencia más específica, muestra una clara incompatibilidad entre la alegación de ma-licia y falta de causa probable y los demás hechos alegados, >o que de otro modo aparecen de la faz del documento en •cuestión. Para los fines de esta opinión puede admitirse que a falta de tal contradicción el caso de Nalle v. Oyster, supra, sería suficiente autoridad para una revocación. Pero en el presente caso no podemos decir con referencia al cargo de malicia, falsedad y falta de causa probable, como dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Oyster que “la alegación de estos hechos no se niega o restringe por ninguna otra cosa que aparezca” en la demanda.

La sentencia apelada debe .ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Hernández, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de un legado.
    No. 477.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Inscripción Previa a Pavor del Albacea — Testamento—Albacea—Cláusula Testamentaria Dudosa. — Estudiadas las circunstancias concurrentes en este caso, resultando dudosa la voluntad del testador, y siendo la cuestión en-vuelta más bien propia para ser resuelta por los tribunales, se decidió: que estaba justificada la negativa del registrador a inscribir el documento, tanto más cuanto que se solicitaba la inscripción a favor de un albacea que, por amplias que sean sus facultades, no llega a adquirir la propiedad del inmue-ble, y si se ve obligado a transmitirla, no lo hace por dereeho propio, sino en representación del testador o de los herederos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. L. Méndez Vas.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 31 de enero de 1921 esta corte deses-timó el recurso gubernativo interpuesto en este caso por no haber demostrado el recurrente que tenía derecho a gestio-nar la inscripción solicitada. Luego compareció el dicho re-currente y en demostración de su interés presentó un certi-ficado creditivo de haber comprado el inmueble de que se trata en cierta subasta que se hizo por falta de pago de las contribuciones. Dicho certificado tiene fecha 11 de julio de 1918, se presentó en el registro y el registrador se negó a inscribirlo en 7 de noviembre de 1919 “por aparecer que doña Tomasa González falleció bajo testamento en que hizo legado de varias habitaciones de la citada casa sin que resulte a quien ha sido trasmitida la habitación No. 2 objeto del certi-ficado y no consta que en el procedimiento de apremio y venta se hayan hecho las notificaciones que previenen los artículos 336, 342 y otros del Código Civil.” Esa calificación es firme.

Siendo esto así, bien podría insistirse en que el recurrente no ha demostrado su interés, pero aceptando que lo tenga, procederemos al examen de la nota recurrida. La nota es como sigue:

“Denegada la inscripción del precedente documento con vista de otros, en cuanto a la habitación número dos de la casa número 86 de la calle de San Sebastián de esta ciudad, por los motivos siguientes: “Primero: Que de las clásulas, 4, 6, 10, 13, 15 y 16 de este testa-mentó, relacionadas entre sí, resulta dudosa e indeterminada la vo-luntad de la testadora respeto a la citada habitación, pues si bien en la cuarta aparece que destina los alquileres de la misma a misas y limosnas sin disponer de la propiedad de ella, en favor de persona alguna, del contenido de las demás cláusulas se desprende claramente que ha legado la totalidad de la casa, como así lo dice, no sólo en cuanto a su propiedad, sino en cuanto a los alquileres, que constituyen una parte del usufructo, cuyos dos conceptos parece distinguir la testadora, debiéndose presumir en su consecuencia que existe error u omisión respecto a la nuda propiedad de la citada habitación número 2, por cuya indeterminación no procede inscribir la misma en plena propiedad a favor de persona alguna, conforme al espíritu del artículo 773 del Código Civil Español.
£ ‘ Segundo: Qlue aún en el caso de que tal nuda propiedad no hu-biese sido legada a ninguna persona, carecería también el albacea de capacidad para que se inscribiese a su favor, pues en tal caso habría quedado vacante esa porción de bienes, parte herencia o legado, no pudiendo verificarse la inscripción a favor del albacea, quien además, no es universal, sino particular.
‘ ‘ Tercero: Que siendo la muerte o la renuncia del albacea, con otras, causas, de la extinción del cargo, y no habiéndose solicitado por éste personalmente, o por alguien acreditando su representación la inscripción de referencia, es preciso acreditar que dicho cargo esté vigente, y además, que tal albacea en caso de existir, haya obtenido de los tribunales la autorización y cartas testamentarias correspon-dientes para poder verificar sus actuales gestiones, conforme a la sección 64 de la ley referente a Procedimientos Legales Especiales, a la cual han de ajustarse las actuaciones presentes del albacea, y cuyos requisitos no se han cumplido. Este defecto en unión de los otros impide la inscripción, y en su lugar se ha tomado anotación preventiva por el término legal, al folio 138 vuelto del tomo 38 de San Juan, finca número 493 triplicado, anotación letra C.”

Examinado el testamento de doña Tomasa González otor-gado el 16 de agosto de 1877, se observa que por su cláusula cuarta declaró como bienes de su exclusiva propiedad una casa terrera de manipostería, No. 86, de la calle de San Se-bastián, de esta ciudad. Lueg’o expresa que la casa está dividida en cinco piezas. Las piezas números 1, 3, 4 y 5 las leg'a a determinadas personas, y con respecto a la No. 2 dice:

“Segunda pieza, al costado izquierdo de la primera, consta de su sala y recámara, la cual destino para que de sus alquileres se apliquen a perpetuidad y mensualmente dos misas de a peso por el eterno descanso de mi alma y el resto se distribuya por mi primer albacea en limosnas entre los pobres vergonzantes que considere más necesitados. ’ ’

El primer albacea a que la testadora se refiere es Juan Ballesteros Núñez, a cuyo favor solicita Hernández Mena que se inscriba la pieza en cuestión. La quinta pieza la legó doña Tomasa a Higinio Clodomiro, expósito en la casa de Ballesteros, y en caso de muerte del dicbo expósito al propio Ballesteros.

La cláusula 16 del testamento dice:

“Declaro que no bago institución de heredero por la circunstancia de qua la casa, prendas, ropa, loza, cristalería, muebles y créditos, de que he hecho referencia y que constituyen mis únicos bienes, los dejo legados en las anteriores cláusulas por estar en aptitud de veri-ficarlo así, en atención a carecer de herederos forzosos.”

Examinados esos becbos se comprende la actitud perpleja .del registrador frente a la solicitud de Hernández Mena. En el registro la pieza de que se trata consta aún inscrita a favor de la Sra. González y seguramente el objeto de la ins-cripción a favor de Ballesteros es para armonizar el registro con el certificado de venta otorgado a Hernández Mena, pues en dicbo certificado aparece como contribuyente moroso Ba-llesteros.

Sostiene el recurrente que debe entenderse que la testa-dora legó la pieza a su propia alma y en tal virtud que su albacea es universal y a su favor debe inscribirse, y cita la resolución de la Dirección General de los Registros de España de 7 de enero de 1875. Dos de sus considerandos expresan:

“Que el carácter y atribuciones de los albaceas testamentarios difieren según que sean universales, que son los nombrados cuando el testador no instituye heredero o el designado carece de personalidad como en el caso de instituirse el alma, o particulares, que son los que se nombran ordinariamente para cumplir algún encargo piadoso o auxiliar al heredero en las operaciones consiguientes a la liquidación y adjudicación del caudal hereditario; pues mientras los primeros, conforme la opinión de los más autorizados intérpretes de las leyes recopiladas, Matienzo, Comentar, in libro Y, Recollect, reg. Hip. glosa Ia., Ley 14, tit., IY, Carpió, De execut, test., lib. I, Cap. I, núm. 48, están equiparados a los herederos, los segundos sólo tienen el carácter de simples mandatarios, apoderados o encargados, sin otras facultades que las que el testador haya designado taxativamente en la cláusula de. su nombramiento.
“Considerando que respecto de los albaeeas universales se halla ' establecido por la jurisprudencia de esta Dirección que deben inscri-birse los bienes de la herencia a su nombre como si fuesen verdaderos herederos, según la doctrina que sirvió de fundamento a la resolución dictada en 5 de septiembre de 1863, en la que se acordó que los bienes raíces de una testamentaría deben inscribirse a nombre del albacea cuando la institución de heredero se ha hecho en favor del alma del testador.”

No está desprovista de razón la opinión del recurrente, pero, a nuestro juicio tampoco lo está la actitud asumida por el registrador, sobre todo si se tienen en cuenta los intereses que puedan asistir a otras personas y al Pueblo de Puerto Rico mismo en la pieza en cuestión, el tiempo transcurrido, la falta de intervención del propio albacea, las otras dispo-^ siciones del testamento y su peculiaridad. No es por medio de una inscripción más o menos acertada o hábil en el registro como deben resolverse asuntos de esta naturaleza. Los tribunales de justicia constituyen la institución apropiada para ello.

Además la inscripción que se solicita parece innecesaria. .Si bien se ha resuelto por la Dirección de los Registros de España que procede en ciertos casos la inscripción a favor de los albaeeas, ese criterio ha sido combatido. Galindo, por ejemplo, sostiene que los bienes no deben inscribirse a favor del albacea porque este jamás adquiere la propiedad de los mismos y cuando se ve obligado a actuar para trasmitir la propiedad a favor de otras personas lo liace a nombre del testador o en representación de los herederos. Y. esta Corte Suprema en los casos de Coy v. Registrador, 22 D. P. R. 432, y Ortiz v. Registrador, 23 D. P. R. 702, refiriéndose no ya a los albaceas, sino a los herederos, sostuvo que cuando los herederos de una persona ejecutan la obligación de su cansante, qne quedó incumplida, no se necesita inscripción previa a favor de los dichos herederos.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe con-firmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    J. Ochoa & Hermano, Demandantes y Apelantes, v. José González Clemente & Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2460.
    Resuelto en julio 29, 1921.
    Pbincipal — Agente—Causa de 'Acción — Demanda Insuficiente. — Cuando ejer-citando una causa de acción que tiene su representado, el agente no la esta-blece a nombre de aquél como demandante sino a su propio nombre, el de-fecto no es de partes sino de falta de causa de aceión y la demanda no es susceptible de ser enmendada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. J. Sabater y S. Suau.

    Abogados de la apelada: Sres. Renet & Sou front.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del. tribunal.

■De la demanda que consta en los autos sometidos a nues-tra consideración aparece que J. Ochoa y Hermano son agen-tes generales en Puerto Rico de Morris & Co., y que J. Ochoa & Hermano, actuando como tales agentes generales, vendie-ron mercancías a J. González Clemente y Cía. Alegando que ellos dejaron de pagar por la mercancía fue establecida una acción contra J. González Clemente & Cía. en la Corte de Distrito de Mayagüez. El pleito, sin embargo, se estableció no a nombre de los verdaderos obligados o principales, Morris & Co., sino a nombre de J. Ocboa & Hermano, los agen-tes. La demanda se titula J. Ocboa y Hermano, como agen-tes generales de Morris & Co., y empieza dicba demanda diciendo “Comparecen los demandantes J. Ocboa & Her-mano,” y por lo menos dos veces más se designa en dicba alegación o describe a J. Ocboa & Hermano como los deman-dantes. Aunque el contrato fué necesariamente entre Gon-zález Clemente y Morris & Co., es J. Ocboa y Hermano quien alega un derecho de acción y establece este pleito. Por tanto, cuando los demandados formularon una excepción previa general, la corte declaró con lugar la excepción previa por falta de causa de acción en J. Ocboa y Hermano, los alegados demandantes. ' •

La excepción previa .fué discutida por ambas partes y en la vista los demandantes no propusieron enmiendas. La corte no les concedió permiso para enmendar. Los deman-dados comparecieron ante la corte y solicitaron se dictara sentencia exponiendo los becbos y alegando que la demanda no era susceptible de enmienda. La corte estuvo conforme con ellos y dictó sentencia en enero 12, 1921. La apelación es contra esa sentencia.

En los documentos remitidos a esta corte, entre la moción solicitando sentencia y la sentencia misma bay uno denomi-nado “Demanda Enmendada,” pero no bay nada que indi-que la fecha de su radicación o que se llamara la atención de la corte respecto a ella. Como también creemos que la demanda no era susceptible de enmienda, la radicación o no radicación de esta demanda enmendada no desempeña gran papel, pues parecería que como la apelación se interpone contra la sentencia tínicamente estamos limitados a revisar los documentos que se encuentran debidamente ante la corte y conducentes a dicba sentencia.

No hay discusión formal por parte de los apelantes res-pecto a si la demanda era o no excepcionable. Sostienen 'ellos sustancialmente, sin embargo, que el defecto era de falta de partes y no de falta de cansa de acción. Los ape-lados contestan esto de varios modos. Uno de ellos es el argumento conocido en lógica por redutio cid absurdum. Pero admiten primero que por la radicación de una excep-ción previa general los demandados hubieran técnicamente renunciado al derecho a oponerse a un defecto de partes. Los apelados dicen entonces que si la demanda hubiera de prevalecer y los demandados tuvieran una causa de acción dichos demandantes podrían tratar de obtener sentencia y ejecución contra los demandados mientras el derecho de ac-ción de Morris & Co. aún subsistiría.

Pero los apelados dicen también con acierto que de la faz de la demanda aparece que el único demandante descrito en ella no tenía causa de acción contra los demandados, que la demanda fué establecida, bajo la responsabilidad del de-mandante descrito en ella y no de ninguna otra persona, que el artículo 51 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que toda acción debe establecerse a nombre de la persona realmente interesada; que cuando hay un solo demandante difícilmente podría ser oído para expresar que había un de-fecto de partes cuando aparecía que la causa de acción ale-gada había sido establecida por una persona que no tenía derecho a ella y que siendo tal firma demandante equivocada la única persona ante la corte no tenía derecho a solicitar que alguna otra persona le substituyera. Podríamos agre-gar aquí que en ninguna parte del procedimiento aparece que Morris & Co. estén solicitando nada o hayan autorizado a alguna persona.a comparecer por ellos, sino que es siem-pre J. Ochoa y Hermano quien comparece.

Después de la sentencia los demandantes presentaron una moción de reconsideración pero temiendo perder su derecho apelaron antes de que la corte resolviera sobre la moción. Por tanto esta moción no se encuentra debidamente ante nos. Convenimos, sin embargo, con la corte inferior en que la de-manda no era susceptible de enmienda y además, aún supo-niendo que baya algún medio de poder substituir a los prin-cipales por los agentes, aún así deben ser los principales quie-nes bajo su propia responsabilidad comparezcan ante la corte y bagan suya esta causa de acción. La moción de reconsi-deración, lo mismo que la demanda, fue solamente presen-tada por J. Ocboa y Plermano.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison..