text:
    El Pueblo, Apelado, v. Meléndez, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 589.
    Resuelto en abril 28, 1913.
    JURADO — Recusación—Parcialidad Implícita. — El párrafo 4 del artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Criminal sólo es aplicable al jurado que lia inter-venido en otro juicio por el mismo hedió delictivo denunciado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado del apelante: Sr. Herminio. Días Navarro.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de- Arecibo, dictada en causa criminal seguida contra Andrés Meléndez y Rodríguez, por el delito de asesinato.

La transcripción del récord la forman: 1, la acusación; 2, acta de lectura y alegación del acusado; 3, sentencia; 4, escrito de apelación, y 5, pliego de excepciones.

La prueba practicada no se incluye en la transcripción. La acusación no ha sido impugnada y es enteramente co-rrecta a nuestro juicio. El apelante no presentó alegato alguno ante esta Corte Suprema ni compareció al acto de la vista del recurso celebrado el 23 de abril actual. La única cuestión a resolver envuelta-en la apelación, según aparece del pliego de excepciones, es la siguiente:

Sé estaba constituyendo el Jurado que a solicitud del acusado debía juzgar su causa. Se preguntó a Octavio Herrera, por'el abogado del acusado: “¿Ha actuado usted como jurado en alguna causa en esta misma corte, en este término o en el anterior, por el mismo delito de asesinato en primer grado'?” Y Herrera contestó: “Si, señor.” El abogado del acusado entonces dijo: “Recuso motivadamente este ju-rado, fundándome en lo que prescribe el párrafo 4°., del artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Criminal.” El Fiscal se opuso, la corte negó la recusación por entender que el precepto legal que se invocaba se refería a otra persona que hubiera sido juzgada separadamente por el mismo delito que se estaba persiguiendo, y el abogado del acusado tomó excepción.

Exactamente la misma cuestión fué suscitada al ser exa-minados los jurados Pedro Delgado, Salustiano Villamil, Francisco Olivieri, Carlos Urdaz, José Matos y Miguel Sán-chez, y resuelta de igual modo por la corte, habiendo el acusado en todos los casos anotado su excepción.

El precepto de ley invocado por el acusado, copiado a la letra dice así:

“Artículo 227. Una recusación por parcialidad implícita puede hacerse por todos o por cualquiera de los siguientes fundamentos y por ningún otro * * *.
“4. Haber actuado en un jurado que ha juzgado a otra persona por el mismo delito que se denuncia * *

El precepto de ley transcrito no puede tener el alcance que pretende el acusado. El hecho de que una persona hu-biera intervenido en una causa por asesinato, no le impide que pueda intervenir como jurado en otra causa por asesi-nato. Llegar a la conclusión contraria, sería establecer que en Puerto Rico un ciudadano sólo podría servir como jurado una vez en su vida por cada clase de delito, y esto sería absurdo. El alcance del estatuto lo fijó en pocas pálabras la corte de distrito. Es aplicable al caso del mismo delito que se denuncia, del mismo hecho delictivo. Dos o más perso-nas pueden ser acusadas como autores o cómplices de un delito y pueden solicitar que se les juzgue separadamente, y es natural que el jurado que intervino en el primer caso juzgado no pueda intervenir como tal en el segundo juicio.

Decidida en tal sentido la única cuestión envuelta en el recurso, debe éste declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    In re Ramírez, Querellado.
    Queja presentada por Juan Mollfulleda.
    No. 6.
    Resuelto en abril 28, 1913.
    Disbarment — Abogados—Honorarios Excesivos. — No habiéndose demostrado que el abogado Ramírez de Arellano se haya valido de engaño alguno para con-seguir que Mollfulleda le hiciera cesión del crédito de $500 que eobró Ramírez de Arellano para atender ciertos asuntos judiciales que le había encomen-dado Mollfulleda, no es el procedimiento de disbarment el propio y adecuado para exigir que el citado abogado devuelva a Mollfulleda algún sobrante de las cantidades que le entregara, en el caso de que a ello haya lugar, ni esta corte es el tribunal ante quien puede ejercitar Mollfulleda sus derechos para ese fin.
    Los hechos están expresados en la resolución del tribunal.
    El querellante compareció en nombre propio.
    Abogad,o del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   RESOLUCIÓN.

Por Cuanto Don Juan Mollfulleda lia acudido en queja a esta Corte Suprema contra el abogado Don Francisco Ba-mírez de Arellano, para que mediante investigación de los hechos que relaciona, sea condenado dicho abogado a de-volver a Mollfulleda la suma de 400 dólares que ha retenido en su poder de mayor suma recibida, y de la que sólo podía tomar 100 dólares,' para la gestión de ciertos asuntos judi-ciales que abandonó, habiendo abandonado también otro asunto para cuya gestión recibió 55 dólares en concepto de honorarios anticipados.

Por Cuanto mediante escritura pública de 29 de mayo de 1906, Mollfulleda cedió al abogado Bamírez de Arellano un crédito de 500 dólares, procedente de costas causadas en el pleito que aquél siguió contra Don Francisco Ramos, sobre nulidad de expediente posesorio, para que atendiera a cier-tos asuntos judiciales que Mollfulleda le babía encomendado, habiendo percibido Ramírez de Arellano de Don Vicente Bal-bás a nombre de Don Francisco Ramos, la suma expresada.

Pon Cuanto el Fiscal de esta Corte Suprema por dele-gación del Hon. Attorney General practicó una investigación de los cargos hechos a Ramírez de Arellano por Juan Moll-fulleda, y en vista de su resultado informa que el abogado Ramírez de Arellano compareció en los asuntos judiciales a que se refiere Mollfulleda, y a nombre y a favor de éste hizo varias gestiones, sin haberle satisfecho Mollfulleda otra can-tidad que los 500 dólares importe del crédito de que se deja hecho mérito, concluyendo el Fiscal con la súplica de que se desestime la queja de Mollfulleda.

Poe Cuanto Mollfulleda con conocimiento del anterior in-forme del Fiscal, pide que se practique nueva investigación y en su día se condene al abogado Ramírez de Arellano a que devuelva y pague la cantidad que resulte a su favor, después de deducidos los honorarios devengados en los pleitos aban-donados.

Por cuanto el recurso de queja que ejercita Mollfulleda amparado, según-pretende por la ley de 11 de marzo de 1909, no es el propio y adecuado para los fines que persigue, pues no aparece que el abogado Ramírez de Arellano se haya vali-do de engaño alguno para conseguir que Mollfulleda le hiciera cesión del crédito de 500 dólares que cobró Ramírez de Are-llano para atender ciertos asuntos judiciales que le había encomendado Mollfulleda; y si éste se considera agraviado por haber cobrado Ramírez de Arellano honorarios que re-' pute excesivos o si cree que debe devolverle algún sobrante de las cantidades que le entregara, no es esta Corte Suprema el tribunal ante quien pueda ejercitar Mollfulleda sus dere-chos.

Por tanto, de conformidad con el Señor Fiscal, se deses-tima la queja de Don Juan Mollfulleda, sin perjuicio de cual-qnier acción de qne se crea asistido. Y archívense las actua-ciones. t, ,. . ,

t, . Desestimada la queja¡

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.

Las dos mociones sobre reconsideración presentadas en este caso, han sido denegadas.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Monclova, Apelante, v. Rexach, Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 917.
    Resuelto en abril 29, 1913.
    ■ Expediente Posesorio — Pruebas — Oposición. — En un expediente posesorio la prueba del promovente debe contraerse al lieclio de la posesión por el mismo a nombre propio y no se admitirá otra oposición de parte interesada que la que se contraiga exclusivamente al lieelio alegado por el promovente de poseer en nombre propio. Esa oposición a la posesión en nombre propio debe hacerse en el expediente posesorio y en el mismo debe ser estimada o desestimada.
    Id. — Oposición—Cuestión de Derecho. — Cualquier oposición en un expediente posesorio que envuelva cuestión de derecho debe ventilarse en el juicio decla-rativo correspondiente y no puede hacerse por cualquiera, sino por quien sea parte interesada o tenga algún derecho sobre el inmueble de cuya posesión se trata.
    Id. — Oposición—Prescripción Adquisitiva del Dominio — Posesión en Concepto de Dueño. — En una demanda por la cual se promueve un juicio declarativo de oposición a un expediente posesorio, fundada en que el opositor ha obte-nido el dominio de la finca por prescripción adquisitiva, debe alegarse que la posesión ha sido en concepto de dueño, pues tal posesión es la única que puede servir de título para adquirir el dominio.
    Id.' — Oposición—Palta de Dominio por Paste del Promovente. — Aun cuando en un juicio declarativo de oposición a un expediente posesorio no se justi-fique que el demandado y iiromovente de dicho expediente tenga el dominio sobre el bien inmueble de que se trate, este hecho no es bastante para que se declare que el inmueble pertenece aí opositor y demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Freyre Barbosa.

    Abogado del apelado: Sr. Antonio Sarmiento.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Habiendo promovido ante la Corte de Distrito de Arecibo Don Agustín Eexach y Dneño, en su carácter de Cura Vicario-de Arecibo y como representante de la Ermita de la Monse-rrate de dicha ciudad, información con arreglo a la Ley Hipotecaria y su reglamento para justificar' la posesión de cuatro parcelas de terreno, se opuso Don Juan Monclova a dicha información, estableciendo en la misma corte con fecha 3 de marzo de 1912, demanda declarativa contra Eexach y Dueño, en que alega como hechos fundamentales de su oposi-ción los siguientes:

Primero. Que en el mes de diciembre de 1910 adquirió de-Doña Dolores López Cruz, obrando ésta por si y en repre-sentación de sus menores hijos José Monserrate y Federico-, Beltrán López, previa la correspondiente autorización judicial, una casa ele maderas del país techada de hierro galva-nizado, de seis metros cincuenta centímetros de frente por siete metros sesenta centímetros de fondo, enclavada en un solar que poco más o menos tiene la misma superficie, más un martillo de dos metros 30 centímetros de ancho por dos. metros 90 centímetros de largo, colindante dicho solar por el Norte con el Hospital de la Monserrate, al Sur con casa de-Isidoro Eodríguez, al Este con casa-que era de Catalina Cor-dova, hoy propiedad del Presbítero Don Agustín Eexach, y al Oeste con casa que fué dé José Beltrán, hoy de Felipe Serrano.

Segundo. Que con posterioridad a esa adquisición cedió en venta al Presbítero Eexach el martillo descrito en el hecho-precedente.

Tercero. Que el demandante jamás ha satisfecho cantidad alguna por el solar que ocupa la descrita casa, así como tam-poco la pagaron los anteriores dueños.

Cuarto. Que no obstante la posesión de este solar por sí y por los anteriores dueños durante un espacio de tiempo-de más de 30 años sin interrupción alguna, Eexach y Dueño,. Cura Yicario de la Iglesia Católica de Arecibo, en represen-tación de la Ermita de la Monserrate, había promovido expe-diente posesorio afirmando que esa Ermita posee desde liace 75 años por Manda Pía liedha por Calixto Soto, cuatro par-celas de terreno, entre ellas una con cabida de 1,626 metros cuadrados, lindante al Este con la travesía de la Calle Nueva de Arecibo, al Oeste con solar de la Ermita de la Monserrate, al Norte con Plazuela de la Monserrate, y al Sur con la Calle Nueva, dentro de cuya parcela están comprendidos el solar y casa del demandante Monclova.

Quinto. Que la Manda Pía a que se refiere Rexa'ch no abarca las cuatro parcelas de terreno cuya posesión trata aquél de justificar.

Sexto. Que aunque el solar del demandante estuviese com-prendido en dicha Manda Pía, jamás la Ermita de la Monse-rrate ni sus representantes han estado en posesión de él, y sí lo han estado por más de 30 años, el demandante y los anteriores poseedores, sin pagar canon ni merced alguna, ni reconocer a nadie como su legítimo dueño.

Concluye Monclova con la súplica de que se declare por sentencia no haber lugar a aprobar la información posesoria en cuanto al solar ya descrito, declarando que éste pertenece al demandante a virtud de prescripción extraordinaria con las costas y gastos de la acción, inclusos honorarios de abo-gado, a cargo del demandado.

El demandado contestó la demanda en la forma siguiente:

Como primera defensa niega de una manera general todos y cada uno de los hechos de la demanda.

Como segunda defensa alega que en representación de la “Ermita.de la Monserrate” ha promovido ante la Corte de Distrito de Arecibo un expediente para acreditar a título de dueño, sin título inscribible, la posesión desde hace 75 años por Manda Piadosa de Calixto Soto, de cuatro'parcelas de terreno destinadas a solares enclavadas en el Barrio de la Monserrate de Arecibo, sitio conocido por la denominación “El Cerro de la Monserrate,” de cuyas cuatro parcelas es exclusiva dueña la Ermita de la Monserrate que las posee, goza y disfruta quieta, pública y pacíficamente, con justo título, buena fe, y sin interrupción de ninguna especie desde que las adquirió.

Y como tercera defensa establece, que aun suponiendo ciertos los hechos de la oposición, siempre resultaría que si alguna cansa de acción hubiera tenido el opositor, hubiera quedado extinguida mediante prescripción en favor de la Ermita de la Monserrate, de acuerdo con el párrafo Io. de la Orden General de 4 de abril de 1899, artículos 1957, 1960 y. 1963 del Código Civil Español y 1840, 1858, 1861 y 1864 del Revisado;

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia en 13 de julio de 1912 por la que declara que la ley y los hechos están a favor del demandado Rexach y Dueño y en su consecuencia 'absuelve a éste de la demanda y desestima la oposición con las costas al demandante, contra cuya sentencia ha inter-puesto la representación de Monclova recurso de. apelación para ante esta Corte Suprema.

La representación de la parte apelante después de hacer un examén de todas las pruebas practicadas en el juicio, así testifical como documental, alega como motivos legales del recurso los siguientes:

Primero. Que la corte inferior cometió error al dar por probada la existencia de la Manda Piadosa de Calixto Soto, origen del derecho posesorio que reclama el apelado, pues ninguno de los testigos que han declarado hace mención de tal Manda y ésta, de existir, ha debido hacerse constar por el donante en algún documento público o privado que ha debido aportarse al juicio como evidencia.

Segundo. Que también erró la corte inferior al afirmar que los terrenos conocidos con el nombre de “El Cerro de la Monserrate” vienen afectos desde lejanos tiempos a la carga eclesiástica del sostenimiento del culto de la Ermita de la Monserrate, conforme a la voluntad del fundador, cuando se ha demostrado por datos históricos que Calixto Soto ni fué fundador de la Ermita, ni dueño del terreno en que se edificó.

Tercero. Que además incurrió la corte en error al esta-blecer que la posesión por cerca de 60 años de los bienes que constituyen la fundación de una obra pía es título legítimo para adquirirlos, cuando ni se lia probado la existencia de esa fundación, ni tampoco la posesión por dicho tiempo de los terrenos a ella sujetos.

Cuarto. Que tratándose como se trata de uña Manda Pía que data de 75 años o sea de Í837, tenía que haberse anotado en los antiguos libros de la Anotaduría de Hipotecas y tras-ladado luego a los modernos libros del registro, de confor-midad con el artículo 397 de la Ley Hipotecaria, sin que se haya llenado tal formalidad.

Quinto. Que la corte cometió error al sostener en favor de la Iglesia Católica de Arecibo, la posesión de las 4 parcelas de terreno a que se refiere el expediente posesorio, aceptando como buena la afirmación hecha por los testigos del deman-dado, de que los que poseen casas edificadas en las referidas parcelas pagan una cuota anual a1 la Ermita, cuando aquellos testigos no están acordes en la cuestión de dicha cuota.

Sexto. Que además cometió error la corte al aceptar sin más pruebas que la declaración del demandado, como acto de-mostrativo de su posesión, el hecho de que la Iglesia Ca-tólica de Arecibo amenazaba con demandar y demandaba a los que no querían pagar cuota anual por los terrenos de la Ermita que ocupaban, no existiendo en los autos prueba docu-mental de tales demandas.'

Séptimo. Que es errónea la doctrina de que el pago pol-la Iglesia de un año de contribuciones por las parcelas de terreno de que se trata, le dé carácter de dueña de las mismas.

Octavo. Qué por más que la Iglesia Católica afirma estar en posesión de las cuatro parcelas de terreno desde hace 75 años, no ha demostrado que esté en posesión civil de ellas, puestos que no ha probado que haya cobrado cantidad alguna a los ocupantes de esos terrenos.

Noveno. Que la corte inferior con infracción del artículo 83 de la Ley de Evidencia, ha desatendido los datos histó-ricos de la Ermita de la Monserrate, de los que aparece que el fundador de dicha Ermita no fue Calixto Soto sino Lorenzo González en 1756, y qué el sitio para la Ermita fué cedido por el Gobernador y Capitán General de esta Isla por tratarse de terrenos de el Pueblo.

Décimo. Que al apelante asiste derecho de propiedad sobre el solar que ocupa su casa, aunque se admita la existencia de la Manda Pía, pues le ampara el artículo 1860 del Código' Civil, por' haber demostrado suficientemente que ese solar ha estado más de 30 años sin pagar canon alguno a la Igle-sia Católica de Arecibo, favoreciendo al demandante para la computación del término de prescripción extraordinaria a su favor el tiempo de posesión de su causante.

De los diez motivos alegados para sostener, el recurso,, los nueve primeros no merecen nuestra consideración, pues en el presente caso no se discute el derecho del demandado a la posesión que se propone justificar, sino el del apelante demandante a impedir que aquél pruebe dicha posesión en el expediente que tiene iniciado, por creerse con derecho a cierto solar comprendido en una de las cuatro parcelas de terreno a que se refiere la información posesoria promovida por el Cura Vicario de Arecibo, en representación de la Ermita de la Monserrate.

Traigamos a examen los preceptos legales atinentes al caso, que son la regla sexta del artículo 391 de. la Ley Hit potecaria, el 392 de la misma ley y el 438 de su reglamenta.

La regla sexta del artículo 391 dice así:

“Cualquiera que se crea con derecho a los bienes 'o parte de ellos cuya inscripción se solicita mediante información de posesión', podrá alegarlo ante el tribunal competente en -juicio declarativo. La interposición de esta demanda y su inscripción. ,en el registro sus-penderán el curso del expediente de información y. la inscripción del mismo si. estuviera ya ,concluido y aprobado. ” ■ ,

El artículo 392 dice:

“■Siendo suficiente la información practicada en. la .forma pre-venida en el artículo anterior, y no habiendo oposición de. parte,, !%- gítima, o siendo desestimada la que se hubiera hecho, el juzgado aprobará el expediente y mandará extender en el registro la inscrip-ción solicitada, sin perjuicio de tercero de mejor derecho ®

El artículo 438 del reglamento dice:

, “En el expediente para acreditar la posesión no se podrá exigir del que lo promueva que presente el título de adquisición de la finca o derecho, ni se admitirá otra oposición de parte interesada que la que se contraiga exclusivamente al hecho de poseer en nombre propio. La cuestión de derecho no podrá ventilarse sino en juicio declarativo * *

Eelacionados entre sí los textos legales que dejamos trans-critos, tenemos que en la información posesoria, lo que se trata de probar es el hecho de la posesión a nombre propio, qqmo,.ásí.,lo .demuestra la regla tercera del artículo 391 ya pitado, al .establecer que los testigos contraerán sus declara-ciones al hepho.de poseer los bienes en nombre propio' el que promueve el expediente, y lo corrobora el artículo 438 del reglamento al disponer que al promovente de. la infor-mación no podrá exigirse que presente, el-título de adquisi-ción de -1.a- finca o derecho, ni se admitirá otra oposición de parte interesada que la que se contraiga exclusivamente al hecho.de poseer en nombre propio. Esa oposición a la pose-sión en nombre propio debe hacerse en la información pose-soria, y-en esa misma, información debe ser . estimada o desestimada, según el artículo 392 de la Ley Hipotecaria.

• Cualquier otra oposición que envuelva cuestión de derecho debe' ventilarse en el juicio declarativo correspondiente y !no puede hacerse por cualquiera, sino por quien sea parte interesada ;o tenga algún derecho sobre el bien inmueble de cuya posesióh se trata.

Sujetándose a los anteriores principios, el demandante Juan Monclova se ha opuesto en el presente juicio declarativo a la información posesoria promovida por el Presbítero Eexach, invocando en síntesis, como fundamento de la opo-sición, que ,es dueño, del solar en que está enclavada su casa •por prescripción extraordinaria, o sea por habeí poseído dicho solar por más de 30 años.

La única cnestión, pnes, a debatir en el presente pleito, es si Monclova ha adquirido el dominio de dicho solar por pres-cripción extraordinaria y si en. virtnd de ese derecho es im-procedente la información posesoria iniciada por el Pres-bítero Eexach, sobre terrenos en que está comprendido dicho solar.

Nótase, desde lue'go, que el demandante Monclova dejó de alegar en sn demanda un hecho esencialísimo para com-pletar todos los elementos que ha de reunir la posesión para adquirir título de dominio por prescripción, sea ésta ordi-naria o extraordinaria. Ese hecho es el de que la posesión tenida sobre el solar por el demandante y sus antecesores fue en concepto de dueños, pnes sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en ese concepto puede servir de título para adquirir el dominio, según el artículo 449 del Código Civil Revisado. Sucesores de Lampón v. Sucesores de Rivera, 16 D. P. R., 339.

Y la prueba que sobre tal hecho encontramos en el récord suministrada por el demandante Monclova, lejos de favore-cerle le es adversa. ■ •

Declara Juan Monclova que la casa y el solar en que radica, son de su propiedad, pues adquirió casa y solar hace dos años de Dolores López Cruz, la cual poseía el solar hacía más de 35 años sin pagar absolutamente nada por su uso a la Ermita de la Monserrate, encontrándose dicho solar enclavado en una de las parcelas de terreno a que se refiere la información posesoria.

Dolores López Cruz dice que vendió a Monclova la casa •nada más, pero el solar no; que siempre oyó decir que el solar es del Alto de la Monserrate; que la casa era de Bel-trán, su primer marido, quien falleció hace 8 o 9 años, habién-dola ocupado en los siete años anteriores a su fallecimiento; que vivió dicha casa con su esposo siete años y después otros cuatro; y que nadie les molestó por la posesión del sitio, no habiendo pagado cantidad alguna por arrendamiento o censo.

Natalia Beltrán refiere que la casa era de su hermana Dolores, ya muerta, la cual la fabricó y a los 10 años, cuando se casó, la vendió al hermano de ambas José Beltrán, quien la habitó de 10 a 12 años hasta su muerte, ocurrida hace ocho años; que su hermana Dolores vendió la casa a José Beltrán, la casa nada más, pero no sabe si el solar entró en la venta; que cuando se vende una casa se vende todo, y que no vió persona alguna cobrando por arrendamiento, o censo, o por otra clase de contribuciones, pues lo que hacían era cobrar todos los años, en el mes de agosto, para la fiesta de la Vir-gen de la Monserrate, dando su hermano . José Beltrán, 25 centavos cuando los tenía, y si no, nó.

Esas declaraciones, que son prueba ofrecida por el de-mandante Monclova, no demuestran que éste y su causante Dolores Cruz López poseyeran el solar en concepto de dueños. Y si alguna duda pudiera resultar sobre el particular, pres-cindiendo de otros elementos probatorios aportados al juicio por la parte demandada, queda desvanecida por una relación que obra en el récord presentada por Monclova a la Colec-turía de renta.s de Arecibo, declarando como de su propiedad una casa, la cual según Monclova, está ubicada en un solar que mide 8.80 metros por 7.70 metros de fondo, que se dice ser de la Monserrate y que ha venido pagando hasta la fecha al clero católico $3 anuales.

La Corte de Arecibo, apreciando las pruebas a que aca-bamos de hacer referencia en combinación con las demás que fueron presentadas por la parte demandada, llegó a la siguiente conclusión:

“La Iglesia Católica por sus Obispos de la Diócesis de Puerto Rico, y por conducto de los Vicarios de la Iglesia Parroquial de Arecibo, ha venido, desde hace largo tiempo, otorgando, a vñlud de -petición y solicitud escrita del que deseaba construir o edificar-sobre los expresados terrenos, el permiso o licencia para fabricar sobre el solar correspondiente; y habiéndose además demostrado, que los Vicarios que lian venido sueediéndose en la Parroquia de Arecibo, han venido dando cumplimiento a la citada carga eclesiástica del culto a la Ermita de la Monserrate, con el canon, renta, merced o cuota caritativa, que han percibido de los dueños de las casas cons-truidas sobre dichos terrenos.”

T no iremos nosotros contra esa conclusión que resol-vió el conflicto, si alguno hubo, entre las pruebas propuestas por ambas partes. No bay motivo alguno para que nos sepa-remos de ella.

Como se ve, no hay prueba del título de dominio por prescripción que invoca Monclova, pues si él y sus causantes no poseyeron en concepto de dueños, falta a la posesión un elemento indispensable para la prescripción. Es inadmi--sible el décimo y último motivos del recurso.

No habiendo justificado Monclova el derecho que alega sobre el solar ubicado en una de las parcelas de terreno a que se refiere la. información posesoria, nada interesa a la re-solución del caso si el Cura Vicario de Arecibo tiene o no derecho de dominio sobre el mismo solar y sobre las par-celas de terreno de que se trata. Aunque el demandado no •tuviera derecho al dominio del solar cuya posesión trata de acreditar en la información posesoria, la falta de la justi-ficación de ese dominio no sería bastante para que este tribunal declarara que el solar pertenece a Monclova, según . éste solicita en su demanda.

Carece de finalidad práctica toda consideración sobre los nueve primeros motivos del recurso, pues aunque la corte inferior hubiera cometido error en sus apreciaciones sobre los derechos que pudieran asistir al Cura Vicario de Arecibo, ese error no sería de influencia en la resolución definitiva del presente caso, en el que el fundamento que verdadera-mente la sostiene es la falta de justificación por parte de Juan Monclova, de derecho alguno sobre parte de las parcelas de terreno cuya posesión trata de justificar el Presbítero Eexach.

La sentencia de la corte inferior debe confirmarse sin prejuzgar los derechos posesorios o de dominio que asistan al Cura Vicario de Arecibo, sobre los terrenos a que.se re-fiere la información posesoria que fia dado origen al pre-sente juicio.

Confirmada.

Jueces concurrentes: .Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Robles, Apelado, v. Robles, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 936.
    Resuelto en abril 29, 1913.
    Violación del Derecho de Propiedad (Trespass) — Arrendatario.—El arrenda-tario de una Anea que está en posesión de la misma puede ejercitar la acción de voluntaria violación del derecho de propiedad (trespass) prevista en el ar-tículo 279 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Pruebas — Palta de Objeción. — Cualquier testimonio probatorio puede ser con-siderado por la corte, si no se presenta objeción alguna a la admisión del mismo y el derecho de objeción se considera renunciado si no se ejercita.
    Id. — Contrato de Arrendamiento — Prueba Testifical. — Cuando una parte eon-siente la presentación de prueba testifical para probar la existencia de un contrato escrito de arrendamiento, no puede en apelación alegar que no se presentó prueba suficiente de dicho contrato, siendo aplicable la máxima consensus tollit errorem.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco González.

    Abogados del apelado: Sres. Aponte y Aponte.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

José TI. Robles presentó una demanda jurada en la Corte de Distrito de TIumacao sobre- perturbación, menoscabo y voluntaria violación del derecho de propiedad, alegando:

1. Que el demandante tiene en posesión y disfruta una finca rústica compuesta de 22 cuerdas, en el término municipal de Fajardo, mediante contrato de arrendamiento, debi-damente extendido. 2. Que dicha finca la dedica el deman-dante a pastos y maderas, y así ha venido destinándola desde que entró en posesión de ella, y, según información y creencia, los anteriores usufructuarios también la dedicaban al mismo objeto. 3. Que el demandado, sin autorización legal para ello, y contraviniendo los deseos del demandante, penetró en la finca antes mencionada durante varios días y épocas en el presente año 1910, y, voluntaria y jactanciosamente cortó madera y leña del dicho terreno, causándole gran menoscabo a la maleza y pastos, así como a los árboles allí sembrados. 4. El demandante alega que la finca en cuestión viene siendo objeto de continuas invasiones por parte del demandado; quien, con frecuencia, ya por sí, ya mediante otras personas bajó sus órdenes, penetra en la finca, destruye las cercas y estropea los árboles con el propósito de causar daños al de-mandante, o para beneficiarse con tales actos. 5. Que "los hechos realizados por el demandado han redundado en detri-mento del demandante por una cantidad que ■ excede" de seiscientos dólares.

Basándose en tales alegaciones, el demandante suplicó á la corte que dictara sentencia en contra del demandado por la indicada suma de seiscientos pesos en concepto de trebl'e damages, y ordenándole además, que se abstuviera en 15 sucesivo, ya por sí, ya por medio de sus empleados,' agentes» o sirvientes, de penetrar en la finca de referencia y' causar tales daños.

El demandado contestó la demanda negando específica* mente cada una de sus alegaciones y alegando como materia nueva: Que es condueño en unión' dé su padre' y de sus her-manos de una finca de mayor cabida' en la que está incluido el terreno a que se refiere la demanda; que el demandado en su carácter de condueño no ha arrendado la 'finca ni al demandante ni'a ninguna otra persona; qtie el demandado adquirió la finca por herencia de su madre' quién la poseía en unión del padre del demandado en concepto de bienés'ganan-cíales,• y que por no haberse promovido la testamentaría de la madre del demandado, éste pósee actualmente la finca en común proindiviso con los demás herederos.

Celebrada la vista y practicadas las pruebas, el juez de-claró probados los siguientes hechos: ^ 1

1. Que las partes demandante y demandada son mayores de edad y vecinos de Fajardo, P. R. 2. Que el demandante y demandado, son hermanos, el segundo nacido del primer matrimonio de Ramón Robles con Antonia Morales, y el pri-mero, del segundo matrimonio de dicho Robles, con Felicita Ríos. 3. Que la primera esposa de Ramón Robles, María Antonia Morales, falleció en 21 de marzo de 1878. 4. Que en 28 de abril de 1880,. o sea próximamente dos años después de la muerte de su esposa primera, Ramón Robles compró a Tomás Ríos, una. finca rústica, compuesta de treinta y tres cuerdas de terrenos, en el barrio de las Cabezas de Fajardo, P. R., y que dicha finca es á la que se refiere la demanda. Como asimismo aparece del testamento de Ramón Robles hecho en 29 de febrero de 1904,- ante el notario público Antonio de Aldrey, que ninguna de sus esposas aportó inmuebles al matrimonio. 5. Que hace como dos años que el deman-dante se encuentra en posesión por arrendamiento héchole por su padre de una porción de veinte • cuerdas, que forma parte de la finca de treinta y tres cuerdas a que antes se hace "referencia. 6. Que en 24 de junio de 1910, el demandado penetró en la finca que el demandante tiene arrendada, y cortó doscientos trece espeques de a quince dólares el ciento, y ciento ochenta y dos varas de varios tamaños, cuyo valor total asciende a ciento cincuenta dólares cuyos espeques y varas se llevó el demandado para su casa. 7. Que si bien aparece de.las declaraciones de algunos testigos que los actos del demandante ocasionaron menoscabo a la finca, no se ha probado en qué consistió dicho menoscabo y a cuánto podía ascender el daño causado.

Y estableció las siguientes conclusiones de derecho:

1. Que las partes tienen capacidad legal para demandar y ser demandadas. 2. Qne el demandante tiene dereclio a re-cobrar del demandado el valor de las maderas extraídas, as-' cendentes a ciento ochenta y nn dólares noventa y cinco centavos o sea, ciento cincnenta dólares .por las varas y treinta y nn dólares noventa y cinco centavos por los espe-ques, pero, nó el triple de los daños qne solicita. La corte basa su conclnsión, en qne no se ha demostrado la existencia de los daños, o la cuantía de éstos * * *. 3. Qne el de-mandado Damián Eobles no debe por sí, ni por sus empleados, agentes, o sirvientes, penetrar en la finca en litigio mientras dure el contrato de arrendamiento del actual demandante. 4. Qne las partes no tienen derecho a costas.

En sn alegato la parte apelante sostiene qne la corte sentenciadora cometió error al declarar probada la existencia del contrato de arrendamiento, y, además, qne la demanda ño aduce hechos suficientes para sostener la acción ejercitada.

Examinemos en primer término esta ultima cuestión.

El artículo 279 del Código de Enjuiciamiento Civil, en el qne aparentemente se basó la demanda, dice así:

‘ ‘ Toda persona que sin autorización legal para ello cortare o extra-jere leña o maleza, árbol o madera, o descortezare o de otro modo estropeare algún árbol o madera en los terrenos de otra persona, o en la calle o en camino público qne pase por frente de la casa de alguien o de algún solar de población o caserío o de terrenos cultivados o en tierras comunes o públicas de una ciudad o pueblo, o en la calle o camino público que pase por frente de1 aquéllas, incurrirá en respon-sabilidad para con el dueño de tal tierra-o para con la ciudad o pueblo por el triple del importe de los perjuicios que hubiere causado y que se determinen en pleito civil seguido ante una corte.”

El apelante sostiene qne la acción, de acuerdo con los términos en que está redactado el estatuto, sólo, corresponde al dueño de la finca, y como el demandante no es dueño sino arrendatario, debe concluirse qne no tiene acción alguna en contra del demandado.

Greenleaf, en la sección 613 de su obra sobre Evidencia, dice: “Aunque el derecho de propiedad puede, y así sucede a menudo, controvertirse en esta acción (trespass), aun así lo esencial de la acción está en el daño hecho a la posesión del demandante. Lo sustancial de la demanda es, por tanto, que el demandado a la fuerza y con aviesa intención, cause daños a alguna propiedad en cuya posesión esté el deman-dante, y bajo esta alegación general el demandante debe probar: 1. Que la propiedad estaba legalmente en su pose-sión al tiempo de verificarse el daño, y 2. Que el daño fue realizado a la fuerza por el.demandado.”

La Corte Suprema de California, en el caso de Heilbron v. Heinlen, 72 Cal., 371, decidido en mayo 28, 1887, cita las palabras de Greenleaf que dejamos transcritas, y establece la doctrina de que “un arrendatario por años no puede sos-tener una acción para recobrar daños por un trespass sobre la base del arrendamiento, a menos que esté en posesión actual de la cosa arrendada en el momento en que verificó la en-trada en la misma el demandado. ’ ’

La sección 279 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, es igual a la 1302 del de Montana, y la sentencia de Heilbron v. Heinlen arriba citada se invoca en las anota-ciones de la expresada sección 1302, para sostener la teoría, de que la acción a que se refiere dicho precepto legal, puede ejercitarse por un arrendatario. Las secciotíes 279 del Código de Puerto Rico y 1302 del de Montana son iguales a la 733 del de. California, habiendo sido esta última derogada por la ley de 8 de marzo de 1901 que comenzó a regir, el 1 de julio del propio año. La sentencia de Heilbron v. Heinlen, se dictó, como hemos anotado, antes del Io. de julio de 1901.

En este caso que resolvemos, el demandante alegó que te-nía arrendada la finca; qué estaba en posesión’ dé la misma; que la dedicaba a pastos y maderas, y que el demandado, sin autorización legal y contra la voluntad del demandante, pene-tró en la finca y voluntaria y jactanciosamente cortó madera y leña y causó menoscabo en la maleza, los pastos y los árboles.

Si bien el demandante no era el dueño de la tierra, tenía derecho a la propiedad de sus pastos y aun, de acuerdo con la demanda, a la explotación de sus maderas, y como las' madéras y los pastos fueron los directamente dañados por el demandado, de ahí que la interpretación racional del esta-tuto nos lleve a concluir, que la acción establecida en un caso de la naturaleza del presente, pueda ejercitarse por el arrendatario.

Pero la cuestión de si el caso se rige o nó por la sección 279 del Código de Enjuiciamiento Civil, no es de importancia decisiva en este pleito.' La corte sentenciadora al resolverlo finalmente no concedió al demandante el triple de los daños que solicitara, sino que se limitó a ordenar que el demandado-pagara al demandante el importe de las maderas que había cor-tado y extraído de la finca sin derecho alguno. La corte no estimó probado el elemento de malicia, o dañada inten-ción por parte del demandado, y de hecho no aplicó el artí-culo 279 del Código de Enjuiciamiento Civil, sino los princi-pios generales del derecho, que ordenan que se devuelva a su dueño lo tomado indebidamente o su justo precio, en su caso. Y para sostener esa sentencia, es indudable que la demanda ofrecía una base aun más amplia de lo que era necesario.

Resuelta la cuestión de la suficiencia de la demanda en tal sentido, veamos si la corte sentenciadora cometió el error que se le atribuye al declarar probada la existencia del contrato de arrendamiento.

En la demanda se alegó que el demandante tenía arren-dada la finca de que se trata y en el acto de la.vista el de--mandante presentó como prueba del contrato un documentó-privado que no fue admitido por la corte, sin que se expresé en la exposición del caso el motivo que tuvo la corte para no-admitirlo. Examinada la prueba testifical aparece que el demandante declaró, bajo juramento y- sin que a ello se opu-siera la parte contraria, que tenía arrendada la finca, y, que otro testigo, Pablo Rivera, también declaró, bajo juramento y sin que a ello se opusiera el demandado, “que fue llamado por José Robles para presenciar nn corte de maderas en una finca que él tenía arrendada,” etc.

En el becbo de la no admisión del documento privado como prueba y en la disposición contenida en el artículo 7 de la Ley de Evidencia, Leyes de 1905, página 105, con res-pecto a que un documento escrito es en sí la mejor evidencia posible de su existencia y contenido, se funda abora el de-mandado y apelante para decir que la corte sentenciadora erró al declarar probada la existencia del contrato de arren-damiento. Pero dada la actitud del propio demandado en el acto de la vista, es evidente que es ya demasiado tarde para levantar tal cuestión. El demandado permitió sin objeción alguna que se practicara prueba testifical sobre el arrenda-miento; la corte creyó el dicbo de los testigos, y basándose en él pudo declarar, como declaró probada, la existencia del contrato.

í í # * * es un principio de derecho, que cualquier testi-monio probatorio puede ser considerado por la corte, si no se presenta objeción alguna a la admisión del mismo. El derecho de objeción se considera renunciado si no se ejercita. Burton v. Driggs, 20 Wall., 133; District of Columbia v. Woodbury, 136 U. S., 450, 462; Patrick v. Graham, 132 U. S., 627; Coinden v. Doremus, 3 How., 515. Esta es una aplicación de la máxima Consensus tollit errorem.” Falero et al v. Falero, 15 D. P. R., 118, 122.

Resueltas en tal sentido las dos únicas cuestiones susci-tadas por el apelante, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto y confirmar en todas sus partes la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Solares, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 580.
    Resuelto en abril 30, 1913.
    Ataque con Intención de Cometer Asesinato — -Acusación—Intención Preme- / ditada de Matar. — Para que exista el delito de ataque con intención de come-ter asesinato definido en el artículo 218 del Código Penal, es indispensable que la agresión se verifique con la intención premeditada de matar, y esa circunstancia debe alegarse expresamente en la acusación.
    Id. — Errores que no Perjudican al Acusado. — No constituye error perjudicial para el acusado que implique la revocación de la sentencia, el hecho de haber la corte sentenciadora declarado sin lugar la excepción de que una acusa-ción por el delito de ataque con intención de cometer asesinato era insuficiente por no alegarse expresamente en ella la intención premeditada de matar’, cuando, como en el presente caso, el acusado fué declarado culpable de aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogados del apelante: Sres. Santiago Vivaldi y Miguel Guerra.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo condenando al apelante Eloy Solares como autor de un delito de ácometi-miento y agresión con circunstancias agravantes, a sufrir la pena de un año y seis meses de cárcel. La acusación, en lo pertinente, dice así:

“El Fiscal formula acusación contra Eloy Salares por un delito de atentado contra la vida (felony) cometido como sigue: El citado Eloy Solares en el.pueblo de Manatí, que forma parte del distrito judicial de Arecibo, P. R., durante las boras de la nocbe del día 23 de febrero de 1912, allí y entonces, ilegal y voluntariamente y con malicia premeditada, acometió y agredió a Juan Bonbome, haciéndole cinco dis-paros con un revólver hiriéndole con cuatro de los mismos en diferentes partes del cuerpo.”

Se leyó la acusación al acusado y éste hizo la alegación de no culpable y solicitó juicio por jurado. Señalada la vista para el día 27 de noviembre de 1912, el acusado, por medio de sus abogados, en la misma fecha alegó por vía de excepción perentoria, que los hechos consignados en la acu-sación no constituían delito público.- La corte desestimó la excepción.

Comenzó la vista y el acusado por medio de sus abogados alegó también por vía de excepción perentoria, que la acusa-ción no aducía hecho suficientes para constituir el delito pú-blico comprendido en el artículo 218 del Código Penal. La •corte desestimó de igual modo esta excepción.

Continuó el juicio, el jurado rindió su veredicto decla-rando al acusado culpable no de atentado a la vida, sino de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, y la corte dictó la sentencia condenatoria a que nos hemos referido anteriormente.

La prueba practicada no se ha incluido en el récord. La única cuestión envuelta en el recurso es la suscitada por las alegaciones del acusado hechas el 27 de noviembre de 1912, antes de comenzar y después de comenzado el juicio.

La primera, o sea la de que la acusación,no aducía hechos constitutivos de delito público, está, desprovista de todo fun-damento. La segunda, más concreta, o sea, la de que los hechos consignados en la acusación no constituían el delito de atentado a la vida, prescrito en el artículo 218 del Código Penal, presenta una cuestión digna de estudio.

El artículo 218 invocado, es como sigue: “Toda persona que agrediere a otra, con intención de cometer asesinato, incurrirá en reclusión penitenciaria por un término de uno a quince años.”

Asesinato, de acuerdo con el artículo 199 del Código Penal, es dar muerte ilegal a un ser humano con malicia premedL tada. En tal virtud, para que se entienda perpetrado el delito a que se refiere el artículo 218, es necesario que la agre-sión se verifiqúe con la intención premeditada de matar, y esa circunstancia debe alegarse expresamente en la acusación.

Si examinamos la presentada en este caso, veremos qne la intención de matar por parte del acusado, aunque pudiere deducirse de los términos en que está redactada la acusación, no se alegó expresamente como la buena práctica requiere, y que, por tanto, la corte de distrito debió liaber declarado con lugar la excepción del acusado.

Al no hacerlo así es indudable que la corte erró, pero* ¿fué el error por ella cometido de tal manera fundamental, • que lleve consigo la revocación de la sentencia posterior-mente dictada?

Consideremos todas las circunstancias del caso. El acu-sado, como liemos dicho, no fué condenado por atentado a la vida, sino por acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, y para sostener estq último delito la acusación presentada era a todas luces suficiente. De hecho, pues, la acusación quedó reducida a sus propios límites y el acusado no sufrió perjuicio de ninguna especie.

Se ha consignado en el alegato del apelante que- el acusado fué perjudicado porque, atendida la naturaleza del delito perseguido, tenía derecho a que lo juzgara la corte municipal de su pueblo y no la corte de distrito. Esta Corte Suprema ha resuelto en varios casos que las cortes de distrito tienen jurisdicción concurrente 'con las municipales, para conocer de los delitos calificados misdemeanors, entre los cuales está comprendido el de acometimiento y agresión con circunstan-cias agravantes, y siendo esto así y habiendo decidido el Fiscal perseguir .al acusado ante la corte de distrito y no ante la municipal, de nada puede quejarse el acusado.

El hecho de que interviniera un jurado en la causa, no puede estimarse tampoco como perjudicial al acusado, tanto más cuanto que fué el mismo acusado el que voluntariamente solicitó que lo juzgara un jurado. Taffe v. State, 16 Southeastern Reporter, 204.

Consideradas, pues, todas las circunstancias concurrentes, debe concluirse que el error cometido por la corte no lesionó los derechos substanciales del acusado y no puede, en tal vir-tud, servir de base-para la revocación de la sentencia dictada.

Al proceder así nos inspiramos,, además, en lo dispuesto por el legislador en el artículo 461 del Código de Enjuicia-miento Criminal que dice:

“Ni el hecho de separarse de la forma prescrita por este código para cualquier alegación o procedimiento, ni el de que éste adolezca de algún error o equivocación, bastará para invalidarlo, a menos que real y efectivamente haya per-judicado al acusado o tienda a perjudicarle, en cuanto a algún derecho sustancial.”

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Alonso et al., Apelantes.
    •Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 482.
    Resuelto en abril 30, 1913.
    Tumulto — Elementos del Delito — Acuerdo Previo Entre los Acusados.— Existe el delito de .tumulto cuando dos o, más personas reunidas y actuando juntas intentaren o hicieren ademán de cometer un acto que de realizarse tendría el carácter de motín, no siendo necesario probar ningún acuerdo pre-vio entre los acusados, y bastando el que dos o más personas estén reunidas y actúen con el mismo propósito de perturbar la paz pública.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogado de los apelantes: Sr. Herminio Díaz Navarro.

   El Juez Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal

Los cinco apelantes fneron acusados ante la Corte de Distrito de Arecibo por el delito de tnmnlto, definido en el artículo 361 del Código Penal y declarados culpables del mismo, imponiéndoles a uno de ellos la pena de un año ■ de cárcel, de odio meses a otro y de seis meses a cada uno de los demás, contra cuya sentencia fian establecido el presente recurso de apelación.’

El abogado de los apelantes no presentó alegato.de errores, pero en la vista del caso alegó, oralmente que no se babía probado el delito imputado y que aunque así fuera, las penas eran excesivas, por lo que solicitaba de esta corte que si con-sideraba probada la culpabilidad, sustituyera las penas de cárcel por la de multa.

No se ha hecho objeción alguna a la acusación, que es suficiente, y por tanto, pasaremos, a considerar las cuestiones propuestas por el abogado de los apelantes.

Para resolver la primera, esto es, la insuficiencia de la evidencia para sostener una sentencia condenatoria, hemos de examinar la que se aportó al juicio y que está contenida en un pliego de exposición del caso aprobado por el juez de la corte inferior.

Del conjunto de la evidencia resulta que en la tarde del 23 de junio del año próximo pasado, y por motivos que de la misma no aparecen, temeroso el Juez Municipal de Dtuado de que el Alcalde Don Adrián Cueto fuera acometido, se pre-sentó en su oficina para acompañarle de ella hasta su casa vivienda y cuando ambos cruzaban con ese objeto la plaza del pueblo y bajaban unos escalones de la misma, se les acercó el acusado Pedio Alonso profiriendo palabras insul-tantes y amenazadoras contra Cueto e invitaba a un gran numero de personas que había por aquel sitio a que acome-tieran y mataran a dicho Cueto, siendo secundado en esa actitud y amenazas por los otros acusados y. tratando de poner manos sobre el alcalde. ..Sin embargo, no fué éste agre-dido y todo quedó reducido a insultos y amenazas.

Nuestro estatuto define el delito de tumulto diciendo que -existe cuando'dos o más personas reunidas y actuando juntas !l 'intentaren o hicieren ademán de cometer un acto, que de reali- ' 'izarse, tendría el carácter de motín; constituyendo este último cielito todo empleo de fuerza o de violencia que perturbe la ■-tranquilidad pública o la amenaza de emplear tal fuerza o ■violencia, acompañada de la actitud para realizarla en el acto, por parte de dos o más personas, obrando juntas y sin autori-dad de ley.

En esta clase' de delitos no es necesario probar ningún ■acuerdo previo entre los acusados, siendo suficiente si dos 'ó más personas están reunidas y aparece que actúan con el ;mismo propósito de perturbar la paz pública.

La evidencia es suficiente para sostener la declaración de 'culpabilidad, pues aparecen probados todos los elementos cons-titutivos del delito, ya que los acusados estaban reunidos, actuaron en idéntica forma y con el mismo propósito y per-turbaron la paz pública intentando emplear fuerza y violen-cia, hallándose además en actitud de realizarla.

La segunda petición de los recurrentes está dirigida a la 'Miscre'ció'n del tribunal, ya que no se alega la ilegalidad de las penas impuestas por la corte sentenciadora, sino que se * Solicita que se cambie la prisión por multa.

Muy pocas veces hemos alterado las penas impuestas por '"las cortes inferiores, y toda vez que no vemos razón para modificar la señalada en este caso, ni se nos ha demostrado que exista alguna, debemos confirmar la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaey,

text:
    El Pueblo, Apelado, v. Lugo et al., Apelantes.
    Apelacióít procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 452.
    Resuelto en mayo 1, 1913.
    Conspiración — Destrucción de. Bienes Asegurados — Pruebas.—Examinada la prueba presentada en este caso resulta insuficiente para demostrar la exis-tencia de la conspiración y debe ser revocada la sentencia condenatoria apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Ahogados de los apelantes: Sres. Lopes Landrón, Rincón y Francis.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

Se inició esta cansa ante la Corte Municipal de Cabo Pojo 'a virtud de una denuncia jurada que fué presentada por Leonardo Recio, Jefe de Distrito de la Policía Insular, impu-tando a los acusados, que son los apelantes antes este tribunal, la comisión de un delito de conspiración que se alega haberse llevado a efecto en los días 6 y 7 de septiembre do 1911 en el pueblo de Cabo Rojo, porque los acusados volun-taria y maliciosamente conspiraron, poniéndose de acuerdo para llevar a cabo un delito de destrucción de bienes asegu-rados, con el objeto de cobrar las pólizas que existían sobre dichos bienes. Los acusados fueron juzgados y declarados culpables en la Corte Municipal de Cabo Rojo, contra cuya sentencia interpusieron recurso de apelación.

La Corte de Distrito de Mayagüez, ante la cual fué llevado este caso en apelación, celebró un nuevo juicio del mismo en 19 de marzo de 1912, y después de oir y considerar la acusa-ción, la alegación de no culpable, la prueba que fué presen-tada, y los informes de las partes, declaró a los acusados Abraham Lugo y José Martí culpables de un delito de cons-piración, condenando a cada uno de los mismos a sufrir la pena de nn año de prisión en la cárcel de distrito y a pagar una multa de mil ($1,000) dólares y las costas del procedi-miento de por mitad. Contra esta sentencia condenatoria los. acusados interpusieron el mismo día 19 de marzo de 1912 por' medio de su abog’ado, Señor Alfredo Arnaldo, recurso de ape-lación para ante este Tribunal Supremo.

Aparece en los autos un pliego de excepciones y una ex-posición del caso. Tanto los apelantes como El Pueblo pre-sentaron sus alegatos escritos, habiendo argumentado el casa en el acto de la vista.

Por razones de conveniencia examinaremos las cuestiones, que han sido sometidas a nuestra consideración por orden dis-tinto a aquel en que fuerón presentadas en los alegatos de las partes. Los motivos en que se funda esta apelación son los. siguientes:

“Primero. Que de los hechos probados no aparece que los acusados llevaron a cabo ninguna conspiración o ejecutaron acto alguno de-donde aparezca que alguno de los mismos es culpable del delito que se lea imputó.
“Segundo. Que la corte cometió error al desestimar las excep-ciones perentorias que se formularon a la denuncia.
“Tercero. Que la córte cometió error al negar la moción de los-apelantes solicitando la eliminación de las intercalaciones o enmien-das a la denuncia original fenmendada, y permitiendo ál denunciante Leonardo Recio jurar una nueva denuncia ante el secretario de la corte de distrito.
“Cuarto. Que la corte cometió error al admitir evidencia secun-daria de la póliza de aseguro de mercancías que había sido expedida a favor de Abraham Lugo Quiñones.”

Tanto en los alegatos como en los informes orales que se^ hicieron en este caso, el Fiscal confiesa el error cometido por la corte sentenciadora al admitir en evidencia una copia de la póliza de seguros sin-que antes sé alegara'la razón que había para ello, como se ha expresado en el cuarto motivo a que se ha hecho referencia, y solicita que la causa sea devuelta a la. corte sentenciadora para la celebración de un nuevo juicio.. Por otra parte el abogado de los apelantes sostiene que debe revocarse la sentencia por las razones que ban sido alegadas y desestimarse la acusación absolviéndose libremente a los acusados.

Considerando estas cuestiones por su orden correlativo, según se ba indicado anteriormente, resulta:

Primero. En cuanto a la suficiencia de los becbos pro-bados para mostrar que se formó una conspiración o cuales-quiera otros actos criminosos por parte del acusado, exami-nemos toda la prueba en detalle. Las declaraciones esen-ciales de los testigos pueden ser resumidas en la forma si-guiente :

PRÜEBA DEL FISCAL.
“Benigno Rodríguez declaró que: ‘A. Lugo S. en C. tenía asegurado su establecimiento con una póliza en la Compañía L’Union de París por $4,000 vigente allá para el 6 y 7 de septiembre de 1911 y la cual fue endosada a favor de Abrabam Lugo Quiñones en 12 de agosto de 1911.’
“Federico Schroeder declaró que: ‘Era Juez Municipal de Cabo Rojo para los días 6, 7 y 8 de septiembre y en esos días ocurrió allí un incendio, siendo destruida la corte municipal y varias casas más.’
‘ ‘ El día 6 por la tarde como a las 7 de la nocbe, salió para Mayagüez en unión de Abrabam Lugo y regresó a Cabo Rojo como a las doce de la nocbe; durante el viaje de regreso que bacía con Lugo observó el incendio; se montó en un automóvil que entonces pasaba, quedando Lugo en el cocbe. Esa tarde como a las 4 vió una calesa frente a la tienda de Lugo y al saber que ésta iba para Mayagüez indicó al cochero si podía llevarlo también a él; estando comiendo llegó Lugo y le dijo que lo llevaría en el cocbe a Mayagüez; cuando fué a la casa de éste para tomar el coche no lo encontró allí pero como a las 7 de la nocbe lo encontró Lugo y al decirle el declarante que había desistido del viaje por ser hora intempestiva, insistió Lugo en que hiciese el viaje porque podrían llegar temprano y regresar tam-bién temprano; que al preguntarle la causa de no salir temprano, le contestó que era porque había mandado el caballo a comer. Fueron a Mayagüez donde se separaron, dieiéndole que haría lo posible por ter-minar pronto para regresar, volviendo a encontrarse a las doce de la nocbe, dándole como excusa de la tardanza que había jugado una mesa de billar. Cuando iban para Mayagüez, Lugo manejaba el cocbe y se afanaba porque el caballo llegase cuanto antes y al llegar lo invitó a que fuera a Añasco para que lo conociera, lo que no aceptó; al regreso de Mayagüez, Lugo se quedó dormido en el coche aunque supone que estaba despierto, aunque lo veía con los ojos cerrados. Cuando en el camino observó el fuego el declarante11 quitó las bridas al muchacho para apurar al caballo, y él me decía (parece referirse al muchacho) que no tomara las bridas, pero como el declarante tenía más deseo que él por llegar, porque se decía en Cabo Rojo que de un momento a otro habría un fuego, habiendo pasado un automóvil lo tomó para llegar antes. Se decía que el fuego iba a ocurrir en la cuadra aquella donde tuvo lugar, porque todas esas casas estaban aseguradas y había adver-tido al Jefe de la Policía que vigilara por ese lado del pueblo.
“Rafael Montalvo declaró que: ‘Uno o dos días antes del fuego hizo un viaje en calesa con Martí a Mayagüez y al regresar de esa-ciudad llevó Manuel Toro una caja y la echó en el coche, pero no sabe lo que contenía; por entre la madera de la caja se veían cartuchos de meter botellas. Al llegar a Cabo Rojo le dijo Martí que entregara la caja a Lugo y que llevó a la tienda.’
“Juan Paulino, de 15 años de edad, declaró que: ‘El 6 de septiem-bre, en cuya noche hubo un fuego en Cabo Rojo y por orden de Lugo bajó en la tienda de éste una caja poco más de un latón de gas acos-tado a lo largo; las tablas no estaban muy unidas y se veían de los cartuchos que le ponen a los botellas de ron; más abajo de ios car-tuchos vió en una esquina de la caja, una cosa colorada, lo cual ase-gura que sería una lata, porque cuando la puso en la rueda para traérsela otra vez sonó como lata y cuando la llevaba sentía como que se movía dentro algún líquido y por la esquina vió que era colorada la lata: que por orden de Lugo puso la caja en la trastienda; no sabe si ahora vendrán lo mismo las latas de gasolina pero antes venían latas coloradas de gasolina y las de gas eran blancas y la caja a que él se refiere tenía el mismo tamaño de una lata de gas o de gasolina. ’
“Alfredo Rodríguez, de 15 años, declaró que: ‘Era dependiente de Lugo y entre cinco y seis de'la tarde del 6 de septiembre el cochero Rafael Montalvo llevó una lata colorada cubierta.con unos listones la que se puso a la parte de atrás. La tienda de Lugo se alumbraba con gas y cuando eso, allí había gas, pero muy poco. La tienda no se encendía todas las noches, solamente los sábados. Que cuando entró a la tienda había muy poco gas en un latón y durante el tiempo que estuvo allí no se gastó ese .latón en el que había muy poco gas, pero alcanzaba para el sábado siguiente y los quinqués tenían gas; no le dijeron lo que contenía la caja esa.’
‘ ‘ En la casa de Lugo se vendían como de un peso a dos los .días de,, trabajo y $10 los domingos; que la tienda .no estaba bien surtida., teniendo todas las mercancías al frente y no ocupaban muchos de los escaparates; que en los sitios donde faltaban telas se tendía unas, pieza de tela, abierto un pedazo para que cubriera donde no había y r para que no se viera aquello vacío; las estibas que no estaban así,, tenían muchas telas. Que durante el tiempo que estuvo allí (había,, entrado el 15 de junio) la tienda no se surtió, pues no vió llegar mer.-. cancía nueva;, allí se vendía y no se traía mercancía. En la tras-; tienda había un baño como de, dos varas de largo vuelto boca abajo en el suelo y había también una mesa pero el baño no estaba encima-de ella. Que en la tienda no se vendían materias inflamables como'-' licores, gas o gasolina ni había alcohol desnaturalizado; que había/ como 30 cajas de zapatos de hombre pero algunas no tenían ningún zapato; habían 20 o 30 con zapatos dentro. Había como dos docenas,, de zapatos de niño. Los zapatos de hombre se detallaban a $2 y algunas veces a $2.50; que habrían como dosciéntas piezas de tela aunque no estaban completas.
“Enrique López Delgado declaró que; ‘El día del fuego estuvo en la carpintería de Henry, cuyo patio es el mismo que el de la tienda de Lugo y ese día derramaron una pipa con agua que había en el patio y para verterla se .presentó Lugo en la puerta de la carpijá-'1 tería, diciendo que si alguno le hacía el favor de ayudarle á derramar el agua, y, ofreciéndose José Martí, entre los dos la volcaron.’ ' 1
“Luis Henry declaró que ‘El día del fuego llegó' al patio Lugo a volcar el agua de una pipa, no pudo hacerlo, y entonces dijo ‘ ¿ Quién me ayuda?’ y de entre unos cuantos que habían eñ la carpintería se ofreció José Martí a ayudarlo. Martí no trabajaba en la ebanistería, pero estaba allí componiéndole el cajón a un limpiabotas y no sabe a' qué se dedicaba Martí por esos días pues no le conocía ningún trabajó.-Agrega ‘tengo entendido que las aguas del barril estaban malas por-que hedían,’ y se fijó en que despedían mal olor; que la pipa era un barril nuevo que había llevado Lugo y el declarante le había dado una viruta para que lo quemara porque tenía manteca y él le pegó fuego al barril y aquel día vino a botar el agua. Hacía algunos días que el barril estaba lleno de agua; que después de vertida el agua el barril volvió a quedar en su mismo sitio en la chorrera donde caía el agua. (
“Juana Ayala declaró que': ‘Cuando el fuego vivía con Julia Yriza-rry la que estaba en concubinato con Martí. Acompañó a Julia como una semana antes del fuego a casa de Lugo a coger una orden-que le dió Martí por $10. Esa sola vez la acompañó y Julia cogió mercancías, pero no dinero.’
“Julia Yrizarry declaró que: ‘Era concubina de Martí. -Antes del fuego llevó una orden que por $10 le dió Martí, pero antes no había llevado ninguna otra a casa de Lugo. En otras ocasiones le llevaba órdenes de Martí a otros establecimientos de los cuales menciona dos. Supone que Martí tenía alguna ñuca aunque no ha ido a ella; no le conoce ningún oficio ni profesión; llevó la orden a Lugo como quince días antes del fuego.’
“Miguel del Toro Colberg declaró que: ‘Es notario y su protocolo fué destruido por el incendio, pues estaba contiguo a la tienda de Lugo. El 14 de enero de 1911 fué a Lajas con José Martí para que la señora de éste le otorgara un poder general y como un mes después Martí otorgó una escritura de venta. Martí es casado, e ignora si tiene alguna concubina. Después del poder y la venta de la finca rústica, le preguntó Martí, que si se perdía la escritura original que obraba en una notaría si podía anularse una venta hecha, contestándole que podía reconstruirse. Que días antes del fuego en la casa de Lugo éste le dijo que intentaba mudarse a la casa de Gregorio Ramírez porque creía que era mejor sitio. En cierta ocasión le dijo Lugo a Ramírez que le ponía como condición para mudarse que levantara la póliza de seguro. Visitaba la tienda de Lugo y ni una vez en dos meses pudo observar que llevara caja o mercancías: Vió que habían seis u ocho tramos que estaban vacíos tapados con telas.’
“Gregorio Ramírez declaró que: ‘Tuvo en tratos en agosto o sep-tiembre una casa con Lugo para arrendársela; que antes de mudarse había de levantar el aseguro de las mercancías; entregó la llave de la casa a fines de agosto, pero Lugo no se mudó aunque llegó a empe-zar los aparadores. La llave la entregó en los últimos días de agosto o principios de septiembre y el fuego ocurrió el 6 de septiembre y se la devolvió al fin de octubre.’
“José Quiles declaró que: ‘Es quincallero y su última compra a Dugo, la hizo cinco o seis días antes del fuego. Luego le dijo si quería hacer una factura contestándole que sí, siempre que le convinieran los precios. Relata los efectos que le compró y dice que las telas las compró a un centavo menos que en otras ocasiones, aunque en otras le había comprado a un centavo más barato. Le gastó $40 en percales y muselinas.’
' “Arturo Brugman declaró que: ‘Es policía insular. Como a la 1.05 de la noche pasó por la tienda de Lugo, inspeccionando bien, porque había recibido orden del jefe de vigilar aquella casa porque era la de la corte: todo estaba oscuro y se fué al cuartel a buscar el capote, regresando enseguida. Oyó un ruido fuerte, baló el portón de la casa y estaba abierto: debajo de la escalera de la corte babía una mesa y encima una ponchera grande de la que salía llama y olor a gasolina; debajo de la palangana no había fuego ninguno todavía: la puerta del patio estaba abierta.’
“Leonardo Recio declaró que: ‘Es jefe de policía. El juez municipal, José Martí, Lugo y el declarante, estaban juntos en la plaza: Lugo y el juez se fueron para Mayagüez y Martí y él desde esa hora (7 de la noche) estuvieron dando vueltas por la población hasta la 1 de la madrugada en que se despidieron, se fué al cuartel y enseguida oyó la vez de fuego. Martí nunca había acostumbrado a andar con él.de noche de ese modo. Que de la corte municipal al sitio donde se separó de Martí, habrán treinta o cuarenta metros. Al llegar al sitio del incendio observó sobre una mesa un baño cuyo contenido ardía con mayor incremento que el fuego que se sucedía en los bajos de la casa.’
‘ ‘ José Flores declaró que: ‘ Es policía. Al día siguiente del incen-dio ocupó una lata y un balde que eran los que estaban al lado de la escalera. ’
“Se presentó como prueba la póliza de seguro.”
PRUEBA DE LA DEFENSA.
“José Irizarry declaró que: ‘Tiene un cafetín o confitería en Mayagüez. En septiembre expidió una caja para Cabo Rojo conte-niendo artículos de su establecimiento. Le parece que fué el día 6, e iban dirigidas a Juan Rosario. El contenido de la caja era mer-cancías por $11. Que el coche que llevó la,caja a Cabo Rojo pertenecía a José Martí que andaba en él. Las mercancías eran latas de salmón, de calamares, y unas botellas de Vermouth.’
' , “Manuel Toro declaró que: ‘Estuvo en el establecimiento de Yri-zarry el día 6, no recuerda el mes pero le parece que fué en septiembre y llevó a un coche un cajón de la confitería para Cabo Rojo; cuando llegó a la confitería le estaban poniendo la última tabla y no sabe lo que llevaba dentro; entregó la caja al cochero de José Martí.’
“Miguel Seda declaró que: ‘Conoce a Lugo y estuvo en su esta-blecimiento en agosto de 1911. Calculó aproximadamente las mer-cancías que tenía de $3,500 a $4,000. Dice que no pasó balance de la casa pero que tenía 24 años de práctica, pero que con la vista, que todos los años pasa balance en su casa; que no pasaba balance en su casa con la vista: no sabe si las cajas de zapatos estaban llenas o vacías: ’
‘1 Juan Caneio declaró que: ‘ Ha sido comanditario de Lugo hasta-agosto en que lo vendió. El capital de la casa era de $2,000 y además, cogía mercancías en la plaza. Supone que cuando se separó Lugo, pasó balance, pues le enseñó un documento haciendo constar las exis-tencias que había y en el que aparecía la casa con un activo de $4,000 y pico de pesos. No sabe las deudas que tenía la casa y le vendió la comandita por los $1,000 que había dado en efectivo, cuyo pago le hizo parte en dinero, parte en una garantía, y $200 que aun no ha cobrado. Retiró la comandita porque le pareció que el negocio no-iba bien y durante- ella no obtuvo beneficio. ’
“Andrés Rodríguez declaró que: ‘La noche del fuego vió bajar del Casino a Martí con el jefe de la policía. Se separaron ambos, el declarante se fué delante a un cafetín a tomar café y en el momento llegó Martí y allí estuvieron juntos algún tiempo. Después marchó a su casa y como cinco minutos antes de acostarse oyó la voz de fuego: José Martí había quedado en el cafetín. La separación fué cuestión de cinco minutos.’ ”

La anterior fué toda la prueba presentada en el caso. Examinada toda cuidadosamente, no revela dicha prueba becbos suficientes que demuestren la formación de una cons-piración o comisión de algún otro delito. Pueden aparecer de la misma circunstancias sospechosas, pero para que pueda basarse en ellas una sentencia condenatoria, lo mismo en este caso que en cualquiera otro en que se formule una acusación criminal deberá quedar establecida la culpabilidad de los acu-sados por la prueba, fuera de toda duda razonable. La prueba en cuanto a este punto ha fracasado. Por tanto no puede sostenerse la sentencia condenatoria.

En cuanto al 2o., 3o. y 4o. fundamentos que han sido ex-, presados y por los cuales los apelantes solicitan la revocación de la sentencia dictada por la corte inferior, podemos ex-presar que, apareciendo que no existen hechos suficientes so-bre los cuales pueda fundarse una sentencia condenatoria, no importa que la corte cometiera error al desestimar las excep-ciones que se formularon a la acusación y al negarse a elimi-nar las mismas, así como en haber permitido que se presen-tara una 3i3ieya denuncia jurada por el denunciante, o en haber admitido prueba impertinente. Según el criterio qne hemos formado del caso, todas estas cuestiones resultan inmateriales para la decisión del recurso y no es necesario qne las dis-cutamos.

En el alegato escrito e- informe oral del abogado de los apelantes se hace referencia a otros errores qne se alega fue-ron cometidos por la corte inferior, pero son demasiado nu-merosos para siquiera ser mencionados dentro de los límites de esta opinión; por tanto no serán tomadas en consideración.

Por consiguiente, somos de opinión de qne el error come-tido por la corte sentenciadora al dictar su sentencia condena-toria, fundada la misma en prueba insuficiente, hace necesa-ria la revocación de dicha sentencia. Por esta razón, la sen-tencia de la corte inferior debe ser revocada, comunicándose tal resolución a la corte inferior a los fines que fueren pro-cedentes.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Wolf expresó estar conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Acosta, Apelada, v. Pagán, Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Coirte de Distrito de Mayagüez.
    No. 962.
    Resuelto en mayo 5, 1913.
    Regularidad de los IProcedimientos — Presunción.'—La regularidad de los pro-cedimientos en las cortes de justicia se presume siempre mientras no se de-muestre lo contrario.
    Divorcio — Alimentos—Transcripción de Autos Defectuosa. — Para que este tribunal pueda examinar en una apelación las alegaciones de no haberse conce-dido al apelante tiempo ni lugar para defenderse y de no haberse exigido a la demandante prueba sobre los hechos consignados en una solicitud sobre alimentos en un pleito de divorcio, es necesario que los hechos que sirven de base a dichas alegaciones estén debidamente incluidos en la transcripción de autos.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Abogado del apelado: Sr. José Sabater.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia por la Corte de Distrito de Mayagüez el 12 de agosto de 1912 en el pleito sobre divorcio seguido por Bosario Acosta Sepulveda contra su esposo José Pagán Salazar, declarando roto y disuelto el vínculo matrimonial que los unía, la demandante, firme ya la sentencia de divorcio, solicitó de la corte que ordenara al demandado que entregara a la demandante la suma de $25 mensuales, para atender a las necesidades de la hija de ambos, puesta bajo la custodia de la demandante y de la demandante misma. En la solici-tud se hace constar que la demandante carece de suficientes medios para vivir ella y atender a las necesidades de su hija, y que el demandado, según informes de la demandante, tiene una renta anual de más de mil pesos.

Celebrada la vista de la solicitud en corte abierta el 20 de ■enero de 1913, la corte ordenó al demandado que pagara a la demandante, como pensión alimenticia, la suma de 25 pesos mensuales, y contra esa resolución de la corte, dictada el 5 de febrero de 1913, se interpuso el presente recurso de .apelación.

No se trata, pues, de una medida provisional dictada mientras el- pleito de divorcio se encontraba pendiente, de acuerdo con el artículo 168 del Código Civil, sino de una re-solución basada en lo dispuesto en el artículo 177 del propio ■código, que dice así: “Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, la corte de distrito puede asignarle alimentos discrecionales de los bienes ■que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la tercera parte de la renta de .aquéllos. La pensión alimenticia será revocada si llegare a 'hacerse innecesaria, o cuando la mujer divorciada contrajese segundo matrimonio.”

El apelante sostiene en sn alegato qne la corte de distrito infringió el dicho artículo 177 al no conceder al demandado tiempo ni lugar para que compareciera a defenderse, yv al no exigir a la demandante que presentara prueba sobre los hechos consignados en la solicitud.

Si el apelante deseaba sostener tales afirmaciones ante este Tribunal Supremo, debió antes haber preparado el ré-cord de la apelación en debida forma. En la preparación de dicho récord no intervino la parte contraria, ni tampoco el juez sentenciador. Se compone de copias certificadas por el secretario de la córte de distrito como conformes con sus originales obrantes en el pleito de que se ha hecho mérito, de los siguientes documentos: sentencia en el pleito de divorcio, solicitud de alimentos, minuta de la vista de la misma, orden concediendo la pensión, y escrito de apelación.

No aparece de dichos documentos que el demandado com-pareciera al acto de la vista de la solicitud ni que hiciera alegación alguna con respecto de ella, pero tampoco de nin-guno de ellos puede deducirse que no se diera al dicho deman-dado y apelante la oportunidad de comparecer y ser oído. Y como la presunción es que los procedimientos se llevaron a efecto de acuerdo con la ley, no habiendo el demandado y apelante demostrado en forma positiva nada en contrario, la presunción subsiste.

Pudiera tal vez deducirse de las constancias del récord, que la peticionaria no presentó prueba en apoyo de su solici-tud, y que, esto no obstante, la corte le concedió la pensión que solicitara. A nuestro juicio, la corte no cometió error fundamental alguno al proceder de tal modo.' Ella había inter-venido en el pleito de divorcio anteriormente; ella tenía bajo su consideración la solicitud de la peticionaria, sostenida en corte abierta, en la que se alegaban hechos bastantes para basar la petición, y ella, habiendo en consideración la na-turaleza especial del caso y sabiendo que la resolución que dictaba era susceptible de modificarse y aun de revocarse^ si se le presentaban por la parte interesada razones suficien-tes y legales para ello, pudo acceder como accedió a la preten-sión de la demandante.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la re-solución apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Wolf,

text:
    Rodríguez, Apelante, v. Ramírez et al., Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 942.
    Resuelto en mayo 5, 1913.
    Enmiendas — Eliminación de Partes — Presentación de Nueva Alegación En-mendada. — Cuando un demandante elimina do su demanda varias partes de-mandadas, debe presentar una nueva demanda en la forma en que lia quedado enmendada.
    Sociedad Colectiva — Besponsabilidad de los Socios — Transformación de la Misma en Corporación — Excusión.'—Para que pueda exigírsele a los socios responsabilidad por las deudas de la sociedad, es necesario hacer excusión de los bienes de ésta y no constituye tal excusión el quedar incumplida por falta de bienes una sentencia dictada contra la corporación que adquirió los bienes de la sociedad y en la cual quedó transformada aquélla por acuerdo de los socios, a menos que en el acta de constitución de dicha 'corporación se com-prometiera ésta a pagar todas las obligaciones de la sociedad original.
    Cosa Juzgada — Sociedad Colectiva — Transformación de la Misma en Corpora-ción. — Cuando una sociedad colectiva se transforma por acuerdo de sus socios en una corporación y vende a ésta sus propiedades, no por ese solo hecho puede decirse que ésta sea una continuación de la personalidad de aquélla y la sentencia dictada contra la corporación _ no puede alegarse como cosa juzgada en otra acción de la misma naturaleza contra los socios de la anterior sociedad, pues falta el requisito de identidad de partes demandadas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: -Sr. José G..Torres.

    Abogado del demandado, (Jenaro Ramírez: Sr. Leopoldo Feliú.

    Los demás apelados no comparecieron.
   El Juez Asociado Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso Jnan Z. Rodríguez presentó nna demanda enmendada contra varios demandados, sobre cobro de cantidad. Subsiguientemente y por medio de una moción que presentó .al efecto eliminó del pleito a varios de los demandados, si-guiendo la acción solamente contra aquellos que liemos men-cionado en el título de esta opinión. El demandante no debió haberse limitado a presentar la moción sobre eliminación sino ■que, de acuerdo con la práctica a qúe hemos llamado cons-tantemente la atención de los abogados, debió habér acompa-ñado una copia de la demanda con los nombres omitidos.

En la demanda enmendada se alega sustancialmente que ■los demandados o sus causantes constituyeron, el 31 de diciembre de 1902 y por término* de cuatro años, una sociedad xegular colectiva denominada “Candelaria y Fraternidad,” cuyo objeto era dedicarse a la explotación de unas salinas artificiales. Que el 15 de mayo de 1903 los socios acordaron convertir la sociedad colectiva que habían formado en una campañía anónima cuyos estatutos se aprobaron el 7 de junio dé 1904. La liquidación de la sociedad colectiva se enco-mendó a los gestores de la misma Pedro E. Ramírez, Juan A. Monagas y Manuel Montalvo, a quienes se confirió además poder para realizar la transformación y conversión de la .sociedad colectiva en compañía anónima y para hacer la inscripción de esta última en el registro de corporaciones. ■Que los indicados gestores comparecieron por sí y como representantes de otras personas, ante el demandante, que ■entonces ejercía su profesión dé notario público actuando en Mayagüez como sustituto del Notario Alfredo Arnaldo Se-villa, y otorgaron la escritura número 96 de agosto 26, 1904, para llevar a cabo la modificación de la sociedad regular ■colectiva “Candelaria y Fraternidad,” y su conversión en la ■nueva compañía anónima titulada- “Porto Rico Salt Company.” Que el mismo día 26 de agosto de 1904 los propios .señores Ramírez, Monagas y Montalvo, otorgaron ante el propio ■ demandante en su antes dicho carácter de notario, la escritura número 97, dejando constituida la nueva, compañía anónima “Porto Rico Salt Company,” por tiempo ilimitado, con domicilio en Puerto Rico y oficina central en Mayagüez. Que en 29 de noviembre de 1904 los mismos señores Ramírez, Monagas y Montalvo, volvieron a comparecer ante el notario demandante y otorgaron una tercera escritura para hacer constar que las acciones de condominio que constituían el capital de la sociedad colectiva “Candelaria y Fraternidad” y que pasaron a constituir el caudal de la “Porto Rico Salt Company” se encontraban afectas a una hipoteca a favor del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico y otra a favor de Don Conrado Palau por valor ambas de $46,947.06. Que desde que se otorgó el último documento el notario deman-dante comenzó a hacer gestiones para el cobro de los $2,880 que, con arreglo al Arancel, importaban sus honorarios, sin que dieran resultado sus gestiones privadas. Que el de-mandante entabló entonces dos acciones judiciales, una contra la compañía “Porto Rico Salt Company” que fué re-suelta condenando a la demandada al pago de la suma recla-mada, intereses y costas, por sentencia de la Corte de Dis-trito de Mayagüez de 13 de febrero de 1906, cuya sentencia no pudo hacerse efectiva por haber el Banco Territorial y Agrícola rematado en cobro de su hipoteca todos los bienes de la compañía; y otra contra don Pedro E Ramírez, en su carácter de director de la “Porto Rico Salt Company,” que fué declarada sin lugar; y que en su consecuencia y resul-tando que los señores Ramírez, Montalvo y Monagas actuaron como gestores de la sociedad regular colectiva “Candelaria y Fraternidad” al verificar el otorgamiento de las escrituras, todos los socios de la dicha sociedad son responsables personal y solidariamente con todos sus bienes a las resultas de las operaciones hechas a nombre y por cuenta de la sociedad, y el demandante ejercita contra ellos su acción en cobro de los expresados $2,880 importe de las repetidas escrituras.

Los demandados formularon excepción previa a la de-manda, alegando que era ambigua, que la acción había pres-crito, que la demanda no aducía hechos suficientes para de-terminar una causa de acción, y por' el fundamento de‘ cosa juzgada. La corte desestimó los dos- primeros funda-mentos, pero- declaró con lugar la excepción por-el fundamentó de que la demanda no aducía hechos suficientes' para cletermn nar una causa de acción, y además por el de cusa juzgada.- ;

El demandante creyó al parecer que siendo la “Porto Rico Salt Company” la sucesora de la “Candelaria y Fraterni-dad,” y habiéndose hecho cargo de los biehés de esta última, dicha compañía era en efecto la continuadora legal de la per-sonalidad o entidad de la primitiva sociedad, en forma algo parecida a la que tiene lugar cuando un gobierno sustituye a otro. La alegación consiste al parecer, en que habiendo el demandante hecho la excusión en los bienes de la'sociedad, puede ahora proceder individualmente contra los socios que’ constituyeron la sociedad colectiva “Candelaria y Frater-nidad. ’ ’

El demandante cree al parecer que la acción seguida por él contra la “Porto Rico Salt Company,” era equivalente a hacer la excusión en los bienes de la “Candelaria y Frater-nidad,” pero esta teoría carece evidentemente de fundamento. La sociedad “Candelaria y Fraternidad” es una entidad dis-tinta. Fue esa sociedad la que por medio de sus gestores y accionistas compareció ante el notario, si lo hizo, y su respon-sabilidad legal debe quedar establecida antes de que pueda surgir una acción contra sus socios en particular. Entende-mos que la sentencia de la Corte Suprema de España dictada en 17 de diciembre de 1873 es de aplicación a este caso, aun cuando el Código de Comercio que rige en esta isla sea de-fecha posterior. El principio relativo a la responsabilidad principal de la sociedad es aún aplicable, de acuerdo con .el actual código. Y no establece diferencia alguna que la socie-dad “Candelaria y Fraternidad” haya sido disuelta y sus. bienes pasado a formar parte de los de la nueva compañía. Antes de que puedan ser demandados los socios individual-mente deberá ejercitarse la acción contra la sociedad o 'sus. sucesores legated.11! Puede ser que la sociedad tenga todavía alguna existenóiailegal para fines judiciales; quizás los liqui-dadores representan a la sociedad, pero de todos modos el pleito contra, la'Sociedad anónima no era equivalente a uno contra la sociedad.,. ■ Esa compañía era enteramente una nueva entidad jurídica. ¡ Se regía por sus propias leyes y era muy posible que tal vez. tuviera distintos funcionarios y un cambio completo de accionistas. Las personas que hacían negocia-ciones con ella no estaban obligadas a conocer sus antece-dentes a menos que existiera algo en sus cláusulas de incorpo-ración acerca .de este particular.

Por la misma razón que una corporación es una entidad ■jurídica con facultades determinadas, no vemos razón alguna por la cual deba declararse con lugar la excepción previa, por <el fundamento de .cosa juzgada. La “Candelaria y Fraterni-dad” era una spciedad cuya existencia, objeto y responsa-bilidad estaban bien determinados. La “Porto Pico Salt •Company” era.una entidad distinta, no habiendo por consi-guiente identidad de .partes' demandadas.

La sentencia..debe confirmarse por no expresar la de-manda una causa de acción.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.