author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Alcaide et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama en causa por conspiración.
    No. 1399.
    Resuelto en marzo 15, 1921.
    Conspiración — Acusación Insuficiente bou Omisión de Elementos Esencia-les. — La regla general eon relación a una acusación por conspiración es que deberán expresarse todos los hechos y circunstancias esenciales comprendidos en la definición del "delito,” y que de omitirse cualquier elemento esencial del delito tal omisión no puede ser suplida por el espíritu de la ley o por deducción. El cargo debe hacerse directamente y no debe ser inductivo o a manera de exposición.
    Id. — Sistema Penal de Puerto Rico — Common Law. — En Puerto Rico como en en las Cortes Federales no existen delitos a menos que estén expresamente definidos por el estatuto. Ni en una ni en otra jurisdicción existen delitos de ley común.
    Id. — Acusación Insuficiente. — Una acusación por conspiración basada en el No. 4 del artículo 62 del Código Penal por haber sido defraudada una menor en sus derechos como hija natural reconocida es fatalmente defectuosa si no expresa en qué consisten los bienes de que iba a ser privada la menor por virtud de la conspiración, pues no siempre la privación del derecho de fi-liación es equivalente a la privación de bienes.
    Conspiración para Defraudar Propiedad — Derechos que no Constituyen ’Pro-piedad. — A los fines del No. 4 del artículo 62 del Código Penal el derecho de un hijo natural a llevar el apellido y a recibir alimentos del que lo re-conoce no es un bien o propiedad. Y tampoco lo es el derecho a percib’i la porción hereditaria correspondiente mientras vive la persona que hizo el reconocimiento.
    Conspiración para Pervertir u Obstruir la Justicia. — La imputación de qne los acusados conspiraron para conseguir corrupta e ilegalmente que la corte de distrito declarara nulo el reconocimiento de hijo natural realizado en favor de una menor, debe regularse por los principios expuestos en el caso de “El Pueblo v. Torregrosa,’’ 24 D. P. R. 12, pues tal acto en sí no tiende a pervertir y obstruir la justicia pública y la debida administración de justi-cia como exige el No. 5 del artículo 62 del Código Penal, excepto, como se dijo en dicho caso en el sentido general en que cualquier acto ilegal perver-tiría la justicia pública.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Alvares Nava y Domín-guez, F. Soto Oras, M. Guerra y F. Gervoni.

    Ahogados de la acusada María Morales: Sres. E. Benitez Castaño, A. B. Bárcelo y M. Benitez Flores.

    Ahogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una causa por conspiración en la cual ciertos acusados fueron declarados culpables, e interpusieron re-curso de apelación. De los varios errores que ban sido ale-gados, el primero es que la acusación no imputa un delito público, cuestión que fué debidamente promovida en la corte sentenciadora mediante excepción perentoria. Debido a este error fundamental nos vemos obligados a revocar la sen-tencia y por tanto será innecesario examinar los demás erro ■ res alegados.

Antes de examinar la acusación en cuestión será conve-niente primero considerar algunos de los principios gene-rales aplicables a acusaciones o “indictments” por conspi-ración.

En el caso de Pettibone v. United States, 146 U. S. 197, -que es por conspiración, la corte dijo:

"La regla general con relación a una acusación es que deberán expresarse todos los beebos y circunstancias esenciales comprendidos en la definición del 'delito’, y que de omitirse cualquier elemento esencial del delito tal omisión no puede ser suplida por el espíritu de la. ley o por deducción. El cargo debe hacerse directamente y no debe ser inductivo o a manera de exposición. ’ ’

Este caso ba sido citado mucho y también al efecto de que la conspiración y no los actos manifiestos (overt acts) tendentes a su ejecución constituye la característica del de-lito. En este último sentido, por supuesto, prevalece el ar-tículo 63 de nuestro estatuto el cual más adelante citamos. La sección 5440 de los Estatutos Devisados de los Estados Unidos que estaba envuelta en el caso United States v. Pettibone, y que es semejante al artículo 63supra, ba sido inter-pretado en el caso Hyde v. United States, 225 U. S. 347, en el sentido de que es necesario el acto manifiesto (overt act) para que constituya un delito. • Con esta restricción, el caso de Pettibone y los que en él se citan son autoridades al efecto de que la conspiración' misma debe imputarse claramente.

Antes de que pueda ser castigado un hombre su caso debe estar ciara e inequívocamente comprendido en el estatuto; United States v. Brewer, 139 U. S. 388; United States v. Lacher, 134 U. S. 628; France v. United States, 164 U. S. 683, donde se dijo:

“Si se alegara que el acto de estos demandantes en error está dentro del espíritu del estatuto la contestación debe ser que está tan fuera de su texto que el incluirlo sería legislar y no interpretar le-gislación. ’ ’

Hemos discutido estos principios en el caso de El Pueblo v. Torrellas, 10 D. P. R. 542; El Pueblo y. Torregrosa et al., 24 D. P. R. 12, y otros casos.

En Puerto Eico como en las Cortes Federales no existen delitos a menos que estén expresamente definidos por el es-tatuto. Ni en una ni en otra jurisdicción existen delitos de ley común. United States v. Walsh, 5 Dill. 58; United States v. Britton, 108 U. S. 199; People v. Ruíz, resuelto en enero 31, 1921; Código Penal, artículo 5.

La acusación consta de tres cargos, el primero de los cuales es como sigue:

“Que allá por los años de 1894 a 1898, Simón A. Alcaide, y María Morales, sostuvieron relaciones amorosas, viviendo en concu-binato por varios años en el pueblo de Arroyo, en la Isla de Puerto Rico; que durante esas relaciones amorosas, y como fruto de las mismas, nació una niña en el citado pueblo de Arroyo, la que fué inscrita en el Registro Civil de dicbo pueblo, el día 21 del mes de marzo del año 1898, bajo el nombre de María de los Dolores, como bija natural de María Morales.
“Que con posterioridad, o sea allá el día 3 de octubre del año 1900, Simón A. Alcaide, compareció ante el encargado del Registro Civil de Arroyo, y reconoció a María de los Dolores, como su bija natural, quedando así inscrita la citada niña como bija natural re-conocida de Simón A. Alcaide y María Morales a virtud del acta de nacimiento y nota marginal, obrantes al folio 132 del tomo 4 de la sección de nacimientos, archivada en el Registro Civil de Arroyo, acta y nota marginal que copiada literalmente, dicen:
“ ‘Número 26: María de los Dolores Morales en el pueblo de Arroyo, Provincia de Puerto Rico, a las 9 de la mañana del día 21 del mes de marzo de 1898, ante don Pedro Massanet y Esteva, Juez Municipal y D. Miguel Jeannot, Secretario, compareció María Morales, natural de Maunabo, Provincia de Puerto Rico, de veinte y tres años de edad, de estado soltera, de profesión de su sexo, do-miciliada en la calle del Sol, presentando con objeto de que se ins-criba en el Registro Civil una niña y al efecto como madre natural de la niña declara: que dicha niña nació en la casa de la decla-rante el día 23 de diciembre último a las tres de la mañana: que es hija natural de la declarante, natural de Maunabo, Provincia de Puerto Rico, de 23 años, oficios, los de su sexo y domiciliada en la calle del Sol: que es nieta por línea materna de Juan Morales, natural de Maunabo, ya difunto, y de Braulia Soto, natural de Maunabo, domiciliada en calle del Sol: y que a la expresada niña se le puso el nombre de María de los Dolores: todo lo cual presen-ciaron los testigos D. Adolfo Soto y Díaz, natural de este pueblo, de estado casado, mayor de edad, de oficio industrial y domiciliado en calle “Santa Teresa,” y D. Ignacio Guillén, natural de España, mayor de edad, de oficio empleado, casado, y domiciliado en calle “Pescado:” leída íntegramente esta acta e invitadas todas las per-sonas que deban suscribirla a que la leyeran por sí mismas, si así lo creían conveniente, se estampó en ella el sello del Juzgado Municipal y la firmaron el Sr. Juez, los testigos y no la declarante porque manifestó no saber hacerlo, a sus ruegos D. Zenón Cintrón, de esta vecindad y de todo ello como Secretario certifico: Pedro J. Massanet. — Zenón Cintrón. Adolfo Soto. — Ignacio Guillén.— Miguel Jeannot.
“ ‘Nota marginal. — En tres de octubre de 1900, siendo las diez de la mañana, ante don José García Salinas, Juez Municipal y don José Aponte y Hernández, compareció don Simón A. Alcaide .Báez, natural de este pueblo, de treinta y cinco años de edad, soltero, pro-pietario y domiciliado en la calle ‘Morse’ de esta localidad, y expuso: que la niña inscrita en la presente acta, María de los Dolores Morales, la reconoce como hija natural suya de conformidad con el Artículo 131 del Código Civil vigente, que son abuelos por línea paterna Don Antonio J. Alcaide y doña Stella Báez, natural el pri-mero de Andalucía y la segunda de Arroyo, ambos difuntos, a todo lo cual declaró ante los testigos don Eugenio Cruz de Manattou y don Nazario Antonetti, mayores de edad y vecinos de este pueblo, solteros y empleados y firman con el declarante, luego del Sr. Juez yo certifico: García Salinas. — S. A. Alcaide. — E. C. de Manattou.— Nazario Antonetti. — José Aponte.’
“Que en varias ocasiones y en fecha anterior a la presentación de esta acusación, Simón A. Alcaide con la intención y el propósito de privar a su hija, la menor María de los Dolores, de sus derechos como hija natural reconocida, trató de conseguir que se anulara el reconocimiento que había hecho en 3 de octubre del año 1900, ante el encargado del Registro Civil de Arroyo de la ya mencionada María de los Dolores, le ofreció a María Morales, madre de María de los Dolores, sumas de dinero para que accediera facilitar y poner en práctica los medios para que se consiguiera la nulidad del acta de reconocimiento; y que estas ofertas y proposiciones le fueron hechas a María Morales, por conducto de Arturo G. López, Alberto E. Vázquez y Rafael Cintrón Lastra, todos actuando como manda-tarios de Simón Alcaide.
“Que posteriormente, o sea allá en el mes de junio de 1915, los acusados Simón A. Alcaide, María Morales, Manuel A. Martínez Dávila, Rafael Cintrón Lastra, Alberto E. Vázquez y Arturo G. López ilegal, corrupta y voluntariamente, y con intención fraudu-lenta, conspiraron, se combinaron, se asociaron, se unieron y pu-sieron de acuerdo para establecer ante el Tribunal del Distrito Ju dicial de Guayama, P. R., un recurso con el fin de conseguir que el citado Tribunal de Justicia dictara sentencia declarando que Simón A. Alcaide no era el padre de María de los Dolores, y decretara la nulidad del reconocimiento hecho por el citado Simón A. Al-caide de sir hija natural María de los Dolores, que con el fin y el efecto de defraudar ilegalmente a María de los Dolores en sus de-rechos de hija natural reconocida de Simón A. Alcaide, los citados acusados, todos unidos y de acuerdo y con el fin y propósito de persistir, continuar y llevar a cabo la conspiración, y el acuerdo que todos juntos fraguaron, presentaron y radicaron en la Secre-taría de la Corte de Distrito de Guayama en 30 de junio del año de 1915, una demanda contra Simón A. Alcaide, suscrita y jurada por María Morales, y suscrita también por su abogado Manuel A. Martínez Dávila, en cuya demanda la citada María Morales, a nom-bre y en representación de su hija, María de los Dolores, solicitaba de la Corte de Distrito de Guayama que dictara sentencia declarando que el demandado Simón A. Alcaide no era el padre de María de los Dolores, y solicitando, asimismo, la nulidad del acta de recono-cimiento a que tantas veces se ha hecho referencia; y el día 2 de julio del mismo año de 1915, Simón A. Alcaide, representado por su abogado R. Cintrón Lastra, y de acuerdo con éste y con María Morales, Arturo G. López, Alberto E. Vázquez y Manuel A. Mar-tínez Dávila, presentó y radicó en la Secretaría de la Corte de Dis-trito de Guayama, una contestación allanándose a la demanda de referencia, aceptando como ciertas todas las alegaciones de la misma y consintiendo que la corte dictara sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda. La demanda presentada lee como sigue:
“ ‘En la Corte de Distrito de Guayama, P. R. — María Morales, en representación de su menor hija María de los Dolores, deman-dante, vs. Simón Antonio Alcaide, demandado. Civil No_Sobre impugnación de un reconocimiento de un hijo natural. — Demanda.— Hon. Corte: — Comparece la demandante por su abogado y bajo juramento alega: — 1. Que es madre con patria potestad sobre su menor hija María de los Dolores Morales y vecina de Guayama y el demandado es mayor de edad y también vecino de Guayama.— II. Que llevando relaciones íntimas la madre de la menor deman-dante, María Morales, que es soltera, con cierto hombre también soltero y que no es preciso designar ahora por su nombre y viviendo en concubinato durante algún tiempo, fué concebida la menor de-mandante que nació el día 23 de diciembre de 1897 y fué inscrita por la madre de dicha menor como -su hija natural en el Registro Civil de Arroyo, P. R., el día 21 de marzo de 1898. — III. Que a los siete meses de concebida la menor demandante y durante el em-barazo de la madre de dicha menor, conoció la madre de la deman-dante al demandado y emprendieron relaciones amorosas. — IV. Que el demandado Simón Antonio Alcaide, generosamente el día 3 de octubre de 1900 acudió ante el Secretario del Ayuntamiento de Arroyo y por medio de una nota marginal en la inscripción de na-cimiento, reconoció por su hija, sabiendo que no lo era y sin con-sentimiento de la madre de la menor demandante, a la niña María de los Dolores Morales, la cual no es hija del demandado, quien la reconoció por benevolencia y cariño a dicha menor, que nació viviendo el demandado con la madre de dicha menor. — Ese recono-cimiento no fué aprobado judicialmente. — V. La demandante tiene motivos sobrados para asegurar que otro y no el demandado es el padre de la dicha menor y que sólo por cariño a ella y a la madre fué reconocida por el demandado. Por tanto, la demandante a la corte suplica, que en mérito de lo expuesto se sirva, en su día, dictar sentencia declarando que el demandado Simón Antonio Alcaide no es el padre de la menor demandante y en su virtud decretar la nu-lidad del reconocimiento hecho por dicho demandado de la menor demandante en el Registro Civil de Arroyo, P. R., ordenando que se cancele dicho reconocimiento e imponiendo costas y desembolsos al demandado. Guayama, junio 30 de 1915. — Atentamente, María Morales. — Manuel A. Martínez, abogado de la demandante.-
“ ‘Jurat. — Yo, María Morales, bajo juramento declaro.: — Que soy mayor de edad vecina de Guayama; que soy la madre de la deman-dante y que la demanda anteriormente firmada por mi abogado ha sido redactada por él de acuerdo con mis instrucciones; que dicha demanda me ha sido leída por dicho abogado y los hechos en ella con-signados son ciertos, constándome todos de propio conocimiento.— Guayama, junio 30, 1915. — María Morales, declarante. — Jurada y suscrita ante mí hoy día 30 de junio de 1915, por María Morales, sol-tei'a, mayor de edad y vecina de Guayama, a quien conozco personal-mente. — Guayama, fecha ut-supra. — E. S. Mestre, Secretario de la Corte de Distrito. Guayama, P. R. — Presentada y radicada en mi oficina, hoy 30 de junio de 1915. — Mestre, Secretario.”
‘‘La siguiente es una copia de la contestación presentada por Si-món A. Alcaide, por conducto de su abogado R. Cintrón Lastra:
“ ‘En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, P. R. — María Morales en representación de su menor hija María de los Dolores, demandantes vs. Simón Antonio Alcaide. — Sobre Nulidad de un Reconocimiento etc. — Contestación a la demanda.— Pión, corte: — Comparece ahora el demandado don Simón Antonio Alcaide, por conducto de su abogado Rafael Cintrón Lastra, y res-petuosamente alega: — que con fecha 30 de junio del año actual ha sido notificado de la demanda arriba titulada. — Que los hechos alegados en -dicha demanda son ciertos, pues realmente la menor demandante María de los Dolores, no es hija del demandado, quien la reconoció por un acto de generosidad y benevolencia debido al afecto que el demandado tuvo a la madre de dicha menor con quien sostuvo relaciones amorosas desde dos o tres meses antes de nacer dicha menor hasta cuatro o cinco años después. — Que el demandado nunca ha tenido hijos ni aún en su matrimonio legítimo. Que el demandado, en tal virtud, acepta todos y cada uno de los hechos de la demanda. — Por tanto, el demandado consiente en que la corte dicte sentencia en la presente acción, de acuerdo con la súplica do la demanda, siempre que se le releve del pago de costas y desem-bolsos. — Guayama, P. R., 2 de julio de 1915. — Respetuosamente, R. Cintrón Lastra, abogado del demandado. — Presentada en mi ofi-cina hoy 3 de julio de 1915. — Mestre, Secretario. — Notificado con co-pia boy 3 de julio de 1915; Guayama, P. R., 3 de julio de 1915. — Manuel A. Martínez Dávila, abogado de la demandante.’
£<Que al tiempo de presentarse y radicarse en la Secretaría de la Corte de Distrito de Guayama, los precedentes documentos, o sea la demanda y la contestación ya transcrita, era sabido por los acu-sados Simón A. Alcaide, Manuel A. Martínez Dávila, María Morales, Rafael Cintrón Lastra, Alberto E. Vázquez y Arturo G. Ló-pez, que las alegaciones que se hacían en los citados documentos de que María de los Dolores no es hija natural reconocida de Simón A. Alcaide y sí de otro hombre, eran falsas y contrarias a la verdad, por cuanto la verdad es que la citada María de los Dolores es hija natural reconocida de Simón A. Alcaide, y no de otro hombre como fué alegado falsamente en estos documentos, todo lo cual era conocido por todos y cada uno de los acusados; y la citada demanda y escrito de contestación fueron hechos y presentados en la Secre-taría del Tribunal del Distrito de Guayama en ayuda y para llevar a efecto el propósito de dicha ilegal y maliciosa combinación, con-certada, como antes se ha dicho, con el fin e intención de defraudar a María de los Dolores como hija natural reconocida del referido Simón A. Alcaide.
"Por tanto, el Fiscal bajo.juramento acusa y dice: — Que Simón A. Alcaide, María Morales, Manuel A. Martínez Dávila, Arturo G. López, Rafael Cintrón Lastra y Alberto E. Vázquez, en la ciudad de Guayama, dentro del Distrito Judicial de Guayama, P. R. y, en 30 de junio de 1915, ilegal, fraudulenta y criminalmente, conspi-raron, se combinaron, se asociaron y pusieron de acuerdo para co-meter un delito -contra las Leyes de Puerto Rico a saber: — Corrup-tamente y por medio de alegaciones falsas y fraudulentas y mali-ciosas pretensiones y representaciones de la manera y forma antes dichas, defraudar a una menor llamada María de los Dolores en sus derechos civiles como hija natural reconocida y heredera de Simón A. Alcaide; todo lo cual es contrario a la forma, eficacia y propósito de la Ley para tal caso hecha y prevista, y contra la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico.”

La teoría de este cargo y como ha sido expresada bajo juramento por el Fiscal de Distrito, supra, es una conspi-ración para privar a María de los Dolores de sus derechos como hija natural reconocida. Aunque en él se habla de la presentación de un pleito falso es solamente como un medio o manera por el cual la conspiración había ele llevarse a cabo o sea para privar a una menor llamada María de los Dolores de sns derechos civiles como hija natural reconocida y here-dera de Simón Alcaide. En dos o tres sitios más de dielao cargo se expresa de tal modo el objeto o propósito de la conspiración. La lectura del cargo excluye cualquiera otra teoría y es necesariamente aquélla por la cual los acusados fueron a juicio. Puede decirse incidentalmente que al dis-cutirse la excepción perentoria el fiscal de distrito dijo que el primer cargo era un proceso por virtud del párrafo 4 del artículo 62 del Código Penal. Transcribimos los articuléis 62 y 63 del Código Penal, los cuales son como sigue:

“Artículo 62. — Si dos o más personas conspiraren (1) para, cometer algún crimen; (2) para acusar falsa y maliciosamente a otra persona de algún crimen, o conseguir que se denuncie' & arreste a otra por algún crimen; (3) para promover o sostener algún pleito, causa o proceso infundadamente; (4) para estafar y defraudar a alguna persona en sus bienes por medios en sí cri-minales, u obtener dinero o bienes valiéndose del engaño; y (5} para cometer algún acto perjudicial a la salud pública, o encami-nado a pervertir u obstruir la justicia o la debida administración de las leyes, tales personas serán penadas con cárcel por un tér-mino máximo de un año, o multa máxima de mil dollars o ambas penas.
“Artículo 63. — Ningún convenio, excepto para cometer delít© grave (felony) contra alguna persona, o para cometer el delito ¿fe incendiar o asaltar moradas, constituye conspiración, a no concurrir algún acto para llevarlo a cabo, por uno o más de los convenidos.

El único párrafo del artículo 62 que se acerca a la des-cripción del acto delictivo de privar a una hija natural reco-nocida de sus derechos civiles es dicho párrafo cuarto. Con-siderado. aisladamente y sin referencia a las autoridades en particular creemos que dicho cuarto párrafo se refiere clara-mente a bienes o dinero como tales, conceptos que a veces sou equivalentes a derechos civiles pero que otras tienen ñus alcance mucho más limitado. Uno tiene derecho a bienes o dinero pero tiene también muchos otros derechos. Los dere-chos civiles pueden conducir directamente a bienes o dinero. La privación de los derechos civiles a veces conduce necesa-riamente a la privación de bienes pero si la privación de derechos civiles lleva necesariamente a la de bienes o dinero, los bienes o dinero deben describirse en el cargo.

Los bienes en particular de los cuales la hija natural re-conocida iba a ser privada debieron haberse expresado en la acusación. Hace tiempo, en el caso United States v. Cruikshank, 92 U. S. 542, que es uno de los principales casos en la jurisprudencia criminal, la corte dijo:

“Se hace consistir el delito en. la confabulación ilegal con in-tención de privar del goce de cualquier derecho conferido o garan-tido por la constitución, etc. Todos los derechos no son de tal modo concedidos o garantidos. El que uno lo esté o no es cuestión que ha de ser resuelta por la corte y no por el fiscal. La acusación, por tanto debe expresar los particulares para informar a la corte; así como al acusado.”

Véase el caso de McKenna v. United States, 127 Fed. 91 y otras citas de ese caso principal.

Entendemos que este principio es aplicable a este caso, pero de suponerse que el privar a una hija natural recono-cida de su condición (status) traería como consecuencia la privación de sus derechos de propiedad, consideremos lo que pueden o podrían ser estos derechos de propiedad. El ar-tículo 195 del Código Civil como fué enmendado por la Ley de marzo 9, 1911, prescribe lo siguiente:

“Artículo 195. — El hijo natural tiene derecho—
“1. A llevar el apellido del que lo reconoce.
“2. A recibir alimentos del mismo.
“3. A percibir la porción hereditaria que determina este Có-digo.”

El derecho a llevar el apellido del padre claramente no es una propiedad. La herencia “determinada en este có-digo,” no puede ser considerada cómo propiedad porque nadie es heredero del que vive y expectativas de esta clase no • se consideran como bienes.

'En cuanto al derecho a los alimentos, esto se define más específicamente en el título octavo del Código Civil. El ar-tículo 217 prescribe lo siguiente:

“La obligación de dar alimentos será exigible desde que los ne-cesitare para subsistir la persona que tuviere derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda.”

En este caso no se demostró que la obligación de Alcaide .existiera.

El artículo 219 determina entre otras cosas que “no es xenunciable ni trasmisible a un tercero el derecho a los ali-mentos.” El artículo 220 dispone que la obligacióü de dar alimentos también cesará cuando el alimentista puede ejer-cer una profesión, oficio o industria, o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no sea nece-saria la pensión alimenticia para su subsistencia.

Los derechos civiles de un hijo natural reconocido muy dudosamente se refieren al derecho a los alimentos cuando dicho derecho se restringe de tal modo y en todo caso ese derecho no es “propiedad” dentro del significado del pá-rrafo 4 del artículo 62 del Código Penal.

El artículo 559 del Código Penal prescribe:

* •# *
“8. La voz ‘propiedad’ incluye las dos clases de. propiedad, o sea, raíces y muebles. '* * *
“10. La frase ‘personal property’ (bienes muebles) incluye dinero, mercancías, semovientes, cosas cuya posesión puede pedirse en juicio, y comprobantes de deudas.”

Estas definiciones parecen excluir claramente el derecho a los alimentos según el significado de la palabra “bienes,” como se define en el artículo 62 del Código Penal, puesto que toda la propiedad mueble aquí expresada es susceptible de ser transmitida, condición qne niega el derecho a los ali-mentos.

Gleason v. Thaw, 236 U. S. 558, fné un caso en qne un abogado presentó en un procedimiento de bancarrota una reclamación por servicios profesionales, aleg’ando qne los servicios prestados constituían propiedad dentro del signifi-cado del párrafo 2 No. 17 de la Ley de Quiebras qne exceptúa las obligaciones por obtener propiedad mediante falsas si-mulaciones de la exoneración general de una sentencia en bancarrota. La corte dice:

“El límite exacto del concepto propiedad proporcionaría un tema especialmente a propósito para una disquisición ampliadora y filosófica; pero la Ley de Quiebras es una cosa prosaica cuyo objeto es la pronta aplicación a los asuntos diarios de negocio prác-tico, y al interpretar sus términos estamos limitados a su aceptación usual en ese campo de investigación.”

Y en la página 561 la corte se expresa así:

“Creemos que el Congreso nunca tuvo la intención de que la pro-piedad en el párrafo que consideramos comprendiera los servicios pro-fesionales. A lo sumo, denota algo sujeto al dominio, traspaso o po-sesión y disfrute exclusivo, los que pueden quedar comprendidos en el dominio y control de una corte por medio de algún proceso re-conocido. Esta es ciertamente toda la extensión del significado de la palabra como se emplea en el lenguaje y negocios corrientes y tiene la misma significación en muchos escritos preparados cuidadosamente. Las constituciones de muchos estados prescriben que toda propiedad será tasada, pero nunca se ha supuesto que esto es aplicable a los ser-vicios profesionales. ’ ’

La corte cita con aprobación la opinión del Juez G-ray, de la corte inferior, en el caso de Gleason v. Thaw, 185 Fed. Rep. 347. En ese caso la corte dijo lo siguiente:

“Que la palabra ‘propiedad’ es un término general (nomen gmera-Ussimum), como alega el peticionario, no ha de negarse, pero tampoco ha de negarse que su significación puede ser restringida no solamente por aplicación de la máxima, noscitur a sociis, sino por el fin con que se usa, o por su uso evidente como palabra de arte, o por su uso en un sentido técnico. La misma generalidad de la palabra requiere res-tricción, de acuerdo con las circunstancias en que se use. En algunas sentencias así como en algunos obiter dicta, se ha hecho comprender en la palabra ‘propiedad’ por medio de un adorno retórico todo lo tangible o intangible que se le pueda atribuir valor. Existen, sin embargo, bien consideradas decisiones de las más altas autoridades en las' cuales desde el punto de vista del caso en particular, los derechos y libertades personales han de incluirse dentro del significado de la palabra ‘propiedad.’ Así pues, el derecho da un hombre a trabajar, a emprender un negocio lícito o ejercer una profesión legítima, no se le puede quitar o restringir por ninguna ley del estado que no esté comprendida en sus facultades de reglamentación (police powers), considerándose tal acto como una privación de la propiedad dentro de la prohibición constitucional, federal o del Estado. Así pues, una combinación o conspiración para destruir o impedir a una persona seguir su negocio dentro de la protección de la Ley, puede ser impe-dida por constituir una invasión amenazante del derecho de propiedad. Tales casos, sin embargo, están lejos de expresar que los servicios realmente suministrados de acuerdo con un supuesto contrato consti-tuyen por sí propiedad que ha sido fraudulentamente quitada de la posesión de aquél que ha prestado' el servicio dentro del alcance de esa palabra como se emplea en el artículo de la Ley de Bancarrota que ahora consideramos. Una cosa es decir que el derecho de un hombre a prestar o cobrar por sus servicios de acuerdo con su propio gusto puede, para los fines de su protección, considerarse como una especie de propiedad, y otra cosa es afirmar que los servicios ya-pres-tados por una persona a otra han de considerarse como propiedad para aumentar o cambiar los medios corrientes por virtud de los cuales se pueda cobrar la deuda a la persona a quien dichos servicios se le prestaron. El derecho a trabajar en cualquier ocupación o profesión futuras puede considerarse como un derecho- de propiedad para el fin de protección, pero no existe ningún derecho en cuanto al trabajo o servicios ya préstados, y no hay nada que proteger excepto el derecho a recobrar la debida compensación por ellos. En el segundo caso nada se ha traspasado de la posesión del que ha prestado los servicios al otro a quien se prestaron los servicios. No debemos permitir nos-otros que por uña artificiosa casuística verbal se confunda un concepto del derecho a trabajar o prestar servicios con el servicio mismo cuando ha sido prestado. El derecho a trabajar o prestar un servicio es una cosa y el servicio mismo es otra muy distinta.”

T al final del caso dice la corte:

“Ciertamente qne bajo ninguna administración debida o estricta de la Ley Criminal podía acusarse a ninguna persona de acuerdo con el lenguaje general para obtener propiedad bajo falsas simulaciones por el fundamento de que los servicios cuya prestación se lia hecho mediante falsa representación, constituyan propiedad dentro del signi-ficado de la ley. ’ ’

ITna discusión algo semejante respecto a lo' que es pro-piedad puede hallarse en el caso de Fruth v. Board of Affairs. L. R. A. 1915 C, 982; 84 S. E. 105, donde la corte después de una discusión general cita de otro caso lo siguiente:

“La propiedad, pues, en un objeto determinado, se compone de ciertos elementos constitucionales, a saber: el derecho ilimitado al uso, goce y disposición de ese objeto.”

Véase también el caso de Harvey Coal Company v. Dillon, 6 L. R. A. (N. S.) 631.

En el caso de Green v. Edwards, R. I., 77 Atl. 188, se resolvió que la mera expectación o posibilidad mientras el causante vivía, no era una propiedad dentro del significado de la constitución federal de que nadie debe ser privado de su propiedad sin el debido proceso de ley.

Billingsley v. St. Louis, etc., 107, S. W. 173 fué un caso en el cual se resolvió que los servicios domésticos de la es-posa y su compañía matrimonial son puramente personales para el esposo y no poseen ninguno de los atributos de pro-piedad.

Véase también nuestra decisión en el caso de Fajardo Sugar Company v. Tesorero de Puerto Rico, 22 D. P. R. 320, en el cual citando el caso de Gleason v. Thaw, supra, resolvimos que los créditos no eran necesariamente propie-dad de acuerdo con un precepto que exigía que toda la pro-piedad fuese tasada.

El fiscal cita varios casos para demostrar que puede con-siderarse un interés futuro. Todos estos casos eran al efecto ele que la esposa tenía tal interés en un derecho de viudedad, que podía sostener una acción para anular un traspaso frau-dulento hecho por su esposo con el fin de anular tal derecho de viudedad. En uno de ellos, o sea, el de Hatch v. Rollins, 59 S. W. 232, la acción de la esposa era por su derecho de viudedad adquirido en propiedades que el esposo había tras-pasado inmediatamente antes de su matrimonio. Un dere-cho de viudedad puede ser considerado como propiedad y quizás es susceptible de ser traspasado. Ciertamente que nadie en los Estados Unidos compraría propiedad a menos que la esposa compareciera como parte en la escritura. Pero ya que se considere un derecho de viudedad como propiedad o no, nos sentimos obligados a declarar que un derecho a ali-mentos no es propiedad dentro del significado del Código Penal.

El cargo segundo es como sigue:

“Que en o cerca del 30 de junio del año 1915 y en la Ciudad de Guayama, que forma parte y está comprendida dentro del Distrito Judicial de la Corte de Distrito de Guayama, P. R., los acusados Simón A. Alcaide, María Morales, Manuel A. Martínez Dávila, Arturo G. López, Rafael Cintrón Lastra y Alberto E. Vázquez, ilegal y volun-tariamente y con intención fraudulenta, conspiraron, se combinaron, se asociaron, se unieron y pusieron de acuerdo para cometer un acto tendente a pervertir y obstruir la justicia pública y la debida admi-nistración de Ley, en la mencionada Corte de Distrito de Guayama, de la siguiente manera: — En la fecha alegada, o sea en o cerca del día 30 de junio del año 1915, los acusados Simón A. Alcaide, María Morales, Manuel A. Martínez Dávila, Alberto E. Vázquez y Arturo G. López y Rafael Cintrón Lastra, ilegal, maliciosa y voluntariamente, conspiraron, se asociaron y pusieron de acuerdo para conseguir por medios corruptos e ilegales, que el Tribunal de Distrito del Distrito Judicial de Guayama declarara nulo el reconocimiento hecho por Simón A. Alcaide en 3 de octubre del año 1900 ante el encargado del Registro Civil de Arroyo, P. R., declarando que María de los Dolores era su hija natural, y al efecto y eon el fin y propósito de persistir, continuar y llevar a cabo la conspiración, María Morales suscribió la demanda que se pasa a transcribir, de acuerdo y en combinación con Manuel A. Martínez Dávila, su abogado, quien también suscribió la citada demanda, y con Simón A. Alcaide, Rafael Cintrón Lastra, Alberto B. Vázquez y Arturo G. López, quienes estaban asociados, unidos y puestos de acuerdo para obstruir y pervertir la justicia pú-blica y la debida administración de ley, en la Corte de Distrito de Guayama:
“En la Corte de Distrito de Guayama, P. R. — María Morales, en representación de su menor hija María de los Dolores, demandante, v. Simón Antonio Alcaide, demandado. — Civil No. — Sobre: Impugná-eión de un reconocimiento de un hijo natural. — Demanda.—Hon. Corte: Comparece la demandante por su abogado y bajo juramento alega: — Que es madre con patria potestad sobre su menor hija María de los Dolores'Morales y vecina de Guayama y el demandado es mayor de edad y también vecino de Guayama. — III. Que llevando relaciones íntimas la madre de la menor demandante María Morales, que es soltera, con cierto hombre, también soltero y que no es preciso designar ahora por su nombre y viviendo ambos en concubinato1 durante algún tiempo, fué concebida la menor demandante que nació el día 23 de diciembre de 1897 y la cual fué inscrita por la madre de dicha menor como su hija natural en el Registro Civil de Arroyo, P. R., el día 21 de marzo de 1898. — Que a los siete meses de concebida la menor de-mandante y durante el embarazado de la madre de dicha menor, co-noció la madre de la demandante al demandado y emprendieron rela-ciones amorosas. — IV. Que el demandado Simón Antonio Alcaide, generosamente el día 3 de octubre de 1900 acudió ante el Secretario del ayuntamiento de Arroyo y por medio de una nota marginal en la inscripción de nacimiento, reconoció por su hija, sabiendo que no lo era y sin consentimiento de la madre de la menor demandante, a la niña María de los Dolores Morales, la cual no es hija del demandado, quien la reconoció por benevolencia y cariño a dicha menor, que nació viviendo el demandado con la madre de dicha menor. — Ese reconoci-miento no fué aprobado' judicialmente. — V. La demandante tiene mo-tivos sobrados para asegurar que otro y no el demandado es el padre ■ de dicha menor y que sólo por cariño a ella y a la madre fué reco-nocida por el demandado. Por tanto, la demandante a la corte su-plica, que en mérito de lo expuesto, se sirva, en su día, dictar sentencia declarando que el demandado- Simón Antonio Alcaide no es el padre de la menor demandante y en su virtud decretar la nulidad del reco-nocimiento hecho por dicho demandado de la menor demandante en el Registro Civil de Arroyo, P. R., ordenando: que se cancele dicho reconocimiento e imponiendo costas y desembolsos al demandado.— Guayama, junio 30 de 1915. — Atentamente, María Morales. — -Manuel A. Martínez, abogado de la demandante.
“ ‘Jurat. — Yo, María Morales, bajo juramento declaro: — Qiue soy mayor de edad y vecina de Guayama; que soy la madre de la de-mandante y que la demanda anteriormente firmada por mi abogado ha sido redactada por él, de acuerdo con mis instrucciones; que dicha demanda me ha sido leída por mi abogado y los hechos en ella consig-nados son ciertos constándome todos de propios conocimiento. — Gua-yama, junio 30 de 1915. — María Morales, declarante. — Jurada y sus-crita ante mí hoy día 30 de junio de 1915, por María Morales, soltera, mayor de edad y vecina de Guayama, a quien conozco personalmente. —Guayama, fecha ut-supra. — E. S. Mestre, Secretario .de la Corte de Distrito, Guayama, P. R. — Presentada y radicada en mi oficina hoy 30 de junio: de 1915. — Mestre, Secretario.’
“Que el día 2 de julio del año 1915 Simón A. Alcaide representado por su abogado R. Cintrón Lastra y de acuerdo y en combinación con éste, y con María Morales, Arturo G .López, Alberto E. Vázquez, Manuel A. Martínez Dávila, presentó y radicó en la Secretaría de la Corte de Distrito- de Guayama, un escrito de' contestación, allanándose a la demanda, pidiendo que se dictara sentencia de acuerdo con la súplica de la misma. — Este escrito de contestación, dice:
‘ ‘ En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, P. R.— María Morales en representación de su menor hija María de los Dolores Morales, demandante, v. Simón Antonio Alcaide. — Sobre: Nu-lidad de un reconocimiento, etc. — Contestación a la demanda. — Hon. Corte: — Comparece ahora el demandado, don Simón Antonio Alcaide, y por conducto de su abogado Rafael Cintrón Lastra, y respetuosa-mente alega: que con fecha 30 de junio del año actual ha sido notifi-cado de la demanda arriba titulada. Que los hechos alegados en dicha demanda son ciertos, pues realmente la menor demandante María .de de los Dolores, no es hija del demandado, quien la reconoció por un acto de generosidad y benevolencia, debido al afecto que el demandado tuvo a la madre de dicha menor con quien sostuvo relaciones amorosas desde dos o tres meses antes de nacer dicha menor hasta cuatro o cinco años después. Que. el demandado- nunca ha tenido hijos, ni aún en su matrimonio legítimo. — Que el demandado, en tal virtud, acepta todos y cada uno de los hechos de la demanda. Por tanto, el deman-dado consiente que la corte, dicte sentencia en la presente acción, de acuerdo con la súplica de la demanda, siempre que se le releve del pago de costas y desembolsos. — Guayama, P. R., 2 de julio de 1915.— Respetuosamente, R. Cintrón Lastra, abogado del demandado. — Pre-sentada en mi oficina boy 3 de julio de 1915. — Mestre, Secretario. Notificado con copia, boy 3 de julio de 1915. — Guayama, P. R., 3 de julio de 1915. — M. A. Martínez, abogado de la demandante.’
“Que al tiempo de hacerse la demanda a que se ha hecho refe-rencia, y al presentarse y radicarse dichu documento en la Secretaría, de la Corte de Distrito de Guayama, lo mismo que al hacerse y presen-tarse el escrito en que Simón A. Alcaide solicitó se dictase sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda, los acusados Simón A. Al-caide, María Morales, Manuel A. Martínez Dávila, Alberto E. Vázquez y Arturo G. López, sabían y les constaba que las alegaciones que se hacían en los citados documentos de que María de los Dolores no es hija natural de Simón A. Alcaide y sí de otro hombre, eran falsas e inciertas, contrarias a la verdad; y que los citados acusados hicieron esas alegaciones falsas y presentaron a la corte esos documentos con-teniendo las citadas alegaciones, con el fin y el propósito de obtener por estos medios fraudulentos e ilegales que Simón A. Alcaide quedara exento y libre de la responsabilidad y deberes que tiene para con María de los Dolores como hija natural reconocida suya, y además para obtener por medio del fraude, y del engaño, habiendo aceptado el demandado Simón A. Alcaide, en combinación con los demás acu-sados, todas las alegaciones de la demanda, que la Corte de Distrito de Guayama dictara sentencia concediendo lo que en dicha demanda se solicitaba, o sea declarando que Simón A. Alcaide no es el padre de María de los Dolores y decretando la nulidad del reconocimiento de la menor María Morales, digo, María de los Dolores, hecho por Simón A. Alcaide el día 3 de octubre de 1900, en el Registro Civil de Arroyo. — Qlue los acusados mencionados Simón A. Alcaide, María Morales, Manuel A. Martínez Dávila-, Rafael Cintrón Lastra, Alberto E. Vázquez y Arturo G. López ilegal y fraudulentamente conspiraron, se combinaron y asociaron para engañar en la forma ya indicada al Tribunal de Distrito de Guayama, con el fin de pervertir y obstruir la justicia pública y le debida administración de la ley en dicho tribunal, obteniendo, por medios ilegales, corruptos y fraudulentos, una sentencia que habría de privar a María de los Dolores de sus derechos como hija natural reconocida de Simón A. Alcaide. — Por tanto, el Fiscal, bajo juramento acusa y dice: que Simón A. Alcaide, María Morales, Manuel A. Martínez Dávila, Rafael Cintrón Lastra, Alberto E. Vázquez y Arturo G. López en la ciudad de Guayama, capitalidad del Distrito Judicial de Guayama, P. R, y en la fecha alegada, ilegal, corrupta, fraudulenta y criminalmente conspiraron, se combinaron, se asociaron y pusieron de acuerdo para cometer un delito contra las Leyes de Puerto Rico, a saber: Corruptamente y por medio de ale-gaciones falsas y fraudulentas, y maliciosas pretensiones y represen-taciones de la manera y forma antes dicba, pervertir y obstruir la justicia pública y la debida administración de justicia en la mencio-nada Corte de Distrito de Guayama, Distrito Judicial del mismo nombre, todo lo cual es contrario a la forma, eficacia y propósito de la Ley para tal caso becba y prevista, y contra la paz y dignidad de' El Pueblo de Puerto Rico.”

Este cargo debe regularse por los principios expuestos en el caso de El Pueblo v. Torregrosa, supra, toda vez que los actos imputados no son de la naturaleza de pervertir la justicia pública excepto como se dijo en ese caso, en el sentida general en que cualquier acto ilegal pervertiría la justicia pública.

El caso de People v. Daniels, 105 Cal. 262, citado por el fiscal, fué uno en el cual la acusación se formuló claramente de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 62, o sea para esta-blecer un proceso infundado mientras el fiscal admite como creemos que debe admitir que esta es una acusación por vir-tud del párrafo 2 del artículo 62, supra.

El tercer cargo es como sigue:

“Simón A. Alcaide, Rafael Cintrón Lastra, Manuel A. Martínez, María Morales, Arturo G. López y Alberto E. Vázquez, allá por el día 30 de junio de 1915, en la ciudad de Guayama, dentro de la juris-dicción de la Corte de Distrito de Guayama, P., R., ilegal, corrupta, fraudulenta y criminalmente conspiraron, se combinaron, se asociaron y pusieron de acuerdo para cometer un delito en contra de El Pueblo de Puerto Rico, como sigue: — Dichos acusados, entonces y allí, ilegal, corrupta, fraudulenta y criminalmente conspiraron, se combinaron, se asociaron y pusieron de acuerdo con el propósito de perjudicar a María de los Dolores Alcaide y Morales, con objeto de beneficiarse ellos mismos, de la siguiente manera: El citado Simón A. Alcaide con el objeto de obtener y asegurar a su favor inmunidad para siempre de su responsabilidad para con María de los Dolores Alcaide y Morales, reconocida como bija natural suya, por las acciones que pudieran ser entabladas por ella en reclamación de sus derechos y propiedad a virtud de dicbo reconocimiento: la citada María Morales, por remu-neración de la suma de ocho mil dollars que le babía de entregar Simón A. Alcaide, y los citados Rafael Cintrón Lastra, Manuel A. Martínez Dávila, Alberto E. Vázquez y Arturo G. López, por remu-neración también de cierta suma de dinero, cuya cantidad exacta es desconocida por el Fiscal, ilegal, corrupta, fraudulenta y criminal-mente, redactaron e hicieron que fuera redactado, escrito y firmado, en la fecha y lugar antes mencionado, con el propósito de llevar a efecto dicha ilegal y maliciosa conspiración, formada con el fin y propósito ya dichos, un documento que fué presentado y radicado en la Secretaría de la Corte de Distrito de Guayama, P. R., y que co-piado literalmente dice:
“ ‘En la Corte de Distrito de Guayama, P. R. María Morales en representación de su menor hija María de los Dolores, demandante, v. Simón Antonio Alcaide, demandado. — Civil No. — Sobre: Impugna-ción de un reconocimiento de un hijo natural. — Demanda.—Iíon. Corte: — Comparece la demandante por su abogado y bajo juramento alega: 1. Que es madre con patria potestad sobre su menor hija María de los Dolores Morales, y vecina de Guayama, y el demandado es mayor de edad y también vecino 'de Guayama. — 2. Que llevando relaciones íntimas la madre de la menor demandante, María Morales, que es soltera, con cierto hombre, también soltero y que no es preciso designar ahora por su nombre viviendo ambos en concubinato durante algún tiempo, fué concebida la menor demandante, que nació el día 23 de diciembre de 1897, y la cual fué inscrita por la madre de dicha menor como su hija natural, en el Registro Civil de Arroyo, P. R., el día 21 de marzo de 1898. — 3. Que a los siete meses de concebida la menor demandante y durante el embarazo de la madre de dicha menor, conoció la madre de la demandante al demandado y emprendieron re-laciones amorosas. — 4. Qhe el demandado Simón Antonio Alcaide, generosamente el día 3 de octubre de 1900 acudió ante §1 Secretario del ayuntamiento de Arroyo y por medio de una nota marginal en la inscripción de nacimiento, reconoció por su hija, sabiendo que no lo era sin consentimiento de la madre de la menor demandante, a la niña María de los Dolores Morales, la cual no es hija del demandado, quien la reconoció por benevolencia y cariño a dicha menor que nació viviendo el demandado con la madre de dicha menor. Ese reconoci-miento no fué aprobado judicialmente. — 5. Que la demandante tiene motivos sobrados para asegurar que otro y no el demandado es el padre de dicha menor que sólo por cariño a ella y a la madre fué reco-nocida por el demandado. — Por tanto, la demandante a la corte su-plica, que en mérito de lo expuesto, se sirva, en su día, dictar sen-tencia declarando que el demandado Simón Antonio Alcaide no es el padre de la menor demandante y, en su virtud decretar la nulidad del reconocimiento hecho por dicho demandado de la menor deman-dante en el Registro Civil de Arroyo, P. R., ordenando que se cancele dicho reconocimiento e imponiendo costas y desembolsos al deman-dado. — Guayama, junio 30 de 1915. — Atentamente, María Morales.— Manuel A. Martínez, abogado de la demandante.
“‘Jurat. — Yo, María Morales, bajo juramento declaro: que soy mayor de edad y vecina de Guayama.; que soy la madre de la deman-dante y que la demanda anteriormente firmada por mi abogado ha sido redactada por él de acuerdo con mis instrucciones; que dicha demanda me ha sido leída por mi abogado y los hechos en ella consig-nados son ciertos, constándome todos de propio conocimiento. Gua-yama, junio 30 de 1915. — María Morales, declarante.- — Jurada y sus-crita ante mí hoy día 30 de junio de 1915. — Por María Morales, sol-tera, mayor de edad y vecina de Guayama, a quien conozco personal-mente. — Guayama, fecha ut-supra. — E. S. Mestre, Secretario de la Corte de Distrito de Guayama, P. R. — Presentado y radicado en mi oficina hoy día 30 de junio de 1915. — Mestre, Secretario.’
“ ‘Y el día 2 de julio del año de 1915 Simón A. Alcaide, repre-sentado por sir abogado Rafael Cintrón Lastra, y de acuerdo con éste y con María Morales, Arturo G. López, Alberto E. Yázquez y Manuel A. Martínez Dávila, presentó y radicó en la Secretaría de la Corte de Distrito de Guayama, una contestación allanándose a la demanda de referencia, aceptando como ciertas todas las alegaciones de la misma, y consintiendo que la corte dictara sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda, y cuya contestación se transcribe a continuación:
“ ‘En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, P. R. — María Morales, en representación de su menor hija María de los Dolores Morales, demandante, v. Simón Antonio Alcaide. — Sobre: Nulidad de un reconocimiento, etc.- — Contestación a la demanda.— Hon. Corte: — Comparece ahora el demandado, don Simón Antonio Alcaide, por conducto de su abogado Rafael Cintrón Lastra y respe-tuosamente alega: — Que con fecha 30 de junio del año actual ha sido notificado de da demanda arriba titulada. Que los hechos ale-gados en dicha demanda son ciertos, pues realmente la menor de-mandante María de los Dolores, no es hija del demandado, quien la reconoció por un acto de generosidad y benevolencia, debido al afecto que el demandado tuvo a la madre de dicha menor, con quien sostuvo relaciones amorosas desde dos o tres meses antes de nacer dicha menor hasta cuatro o cinco años después. Que el demandado nunca lia tenido hijos, ni aún en su matrimonio legítimo. Que el deman-dado, en tal virtud, acepta todos y cada uno de los hechos de la demanda. Por tanto, el demandado consiente en que la corte dicte sentencia en la presente acción, de acuerdo con la súplica de la de-manda, siempre que se le releve del pago de costas y desembolsos. Guayama, P. R., 2 de julio de 1915. — Respetuosamente, R. Cintrón Lastra, abogado del demandado. — Presentada en mi oficina hoy 3 de julio de 1915. — Mestre, Secretario. — Notificado con copia hoy día 3 de julio de 1915. — Guayama, P. R., 3 de julio de 1915. — M. A. Mar-tínez, abogado de la demandante.’
“Que al tiempo,de redactarse y firmarse dichos documentos así como al tiempo de presentarse y radicarse los mismos en la Secretaría de la Corte de Distrito de Guayama, los citados Simón A. Alcaide, María Morales, M. A. Martínez Dávila, Rafael Cintrón Lastra, Alberto E. Vázquez y Arturo G. López, sabían que María de los Dolores Alcaide y Morales había sido reconocida por Simón A. Alcaide, como hija natural suya, el día 3 de octubre del año 1900, y sabían, asi-mismo que las alegaciones contenidas en la demanda fueron hechas por María Morales no libre y espontáneamente, sino en razón a que debía percibir por hacerlas, la suma de ocho mil dollars sin cuya entrega de dinero no hubiera nunca suscrito y jurado dicha demanda la susodicha María Morales; que los mencionados acusados sabían, además, que era falso y contrario a la verdad, que la menor María de los Dolores fuera concebida por su madre María Morales siete meses antes de empezar ésta sus relaciones amorosas con Simón A. Alcaide, tal como se expresa en la demanda, sino que por el contrario dicha María de los Dolores fué concebida durante el período de tiempo en que María Morales sostenía relaciones amorosas con dicho Simón A. Alcaide; que del mismo modo era conocido por los acu-sados la falsedad que se afirma en dicha demanda de que María de los Dolores fué reconocida por Simón A. Alcaide como hija natural suya, sabiendo que no lo era, y que la reconoció sólo por benevolencia y cariño, siendo lo cierto que Simón A. Alcaide reconoció a dicha menor Maiúa de los Dolores como hija natural suya, bajo la con-vicción y en la creencia de que en realidad era su hija natural; que que también sabían los acusados mencionados, al tiempo de redac-tarse, firmarse y radicarse dichos documentos, que la alegación hecha en la contestación a la demanda afirmando que Simón A. Alcaide sostuvo relaciones amorosas desde dos o tres meses antes de nacer María de los Dolores hasta cuatro o cinco años después, era incierta y contraria a la verdad, por cuanto lo cierto es que las relaciones de Simón A. Alcaide y María Morales comenzaron tres o cuatro años antes del nacimiento de la referida María de los Dolores, y que dichos documentos conteniendo alegaciones falsas fueron hechos, suscritos y presentados a la Corte de Distrito de Guayama con el propósito de llevar a efecto dicha ilegal y maliciosa combinación y conspiración formada como antes se ha dicho, eon el fin e intención de obtener y asegurar a favor del referido Simón A. Alcaide la inmunidad para siempre de su responsabilidad para con María de los Dolores Alcaide y Morales, a quien había reconocido como hija natural suya, defrau-dando a ésta en los derechos que de tal reconocimiento se derivan; y con el' fin y propósito de obtener la suma de ocho mil dollars, la acusada María Morales y una suma de dinero cuya ascendencia exacta es desconocida por el Fiscal, los otros acusados Rafael Cintrón Lastra, Manuel A. Martínez Dávila, Alberto E. Vázquez y Arturo G. López. Por tanto, el Fiscal, bajo juramento acusa y dice: Que Simón A. Alcaide, María Morales, Alberto E. Vázquez, Manuel A. Martínez Dávila, Rafael Cintrón Lastra y Arturo G. López, en el Distrito Judicial de Guayama, P. R., allá por el día 30 de junio de 1915, ilegal, fraudulenta, maliciosa y criminalmente, conspiraron, se combi-naron, se asociaron y pusieron de acuerdo para obtener y asegurar a favor del referido Simón A. Alcaide inmunidad para siempre de su responsabilidad como padre de la menor María de los Dolores Alcaide, reconocida por él como su hija natural defraudando así a dicha María de los Dolores en sus derechos nacidos al amparo de dicho reconoci-miento, y para obtener la suma de ocho mil dólares la acusada María Morales y una cantidad de dinero desconocida por el Fiscal los acu-sados Manuel A. Martínez Dávila, Rafael Cintrón Lastra, Alberto E. Vázquez y Arturo G. López, todo lo cual es contrario a la Ley para tal caso hecha y prevista y contra la paz y dignidad de £E1 Pueblo de Puerto Rico.’ — Fiscal del Distrito.
“La acusación que antecede está basada en el testimonio de tes-tigos examinados por mí bajo juramento, creyendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al tribunal. — (f) S. Vivaldi Pacheco, Fiscal del Distrito. — Suscrita y jurada ante mí, hoy día 29 de junio de 1916 en Guayama, P. R.— (f) E. S. Mestre, Secretario Corte de Distrito de Guayama, P. R. — Presentada en corte abierta y radi-cada y archivada en Secretaría hoy 29 de junio de 1916. — (f) E. S. Mestre, Secretario Corte Distrito.”

Este es, según admite el fiscal, también un cargo bajo el apartado 4 del artículo 62 del Código Penal y lo mismo que el primer cargo depende de la cuestión de privar de sus bienes a la bija natural reconocida, y por tanto dicho tercer cargo queda sujeto a la misma objeción.

Puesto que ningún cargo en la acusación está claramente comprendido dentro de ninguna de las subdivisiones del ar-tículo 62 del Código Penal, la sentencia debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. "Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. López, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por falsificación.
    No. 1662.
    Resuelto en marzo 15, 1921.
    Suspensión del Juicio Criminal — Discreción Judicial — Abuso de Discreción.— La suspensión del juicio, a menos que el acusado establezca previamente ciertos requisitos legales, es una cuestión que descansa en la sana discreción del tribunal y cuando éste niega tta suspensión es necesario probar abuso de discreción para obtener en apelación la revocación de la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Er. E. H. F. Dottin.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fué una causa por un delito de falsificación. El caso fué llamado a juicio oral el día 20 de mayo de 1920. En el momento del juicio el acusado solicitó que éste fuera suspendido, porque no había comparecido su abogado defen-sor y además por no haber podido preparar su defensa a •causa de estar preso y habérsele citado para juicio el día anterior. La corte desestimó la petición del acusado y or-denó que el juicio continuase.

El acusado entonces, por medio de una moción de nuevo juicio levantó la misma cuestión, pero ni en la moción original ni en la de nuevo juicio se da ninguna explicación de por qué el abogado no compareció. El referido abogado no presentó affidavit de ninguna clase y existe cierta indicación en los autos de que en la preparación de la moción de nuevo juicio el acusado estuvo asistido de abogado.

De todos modos, la cuestión de la suspensión del juicio, a menos que el acusado establezca ciertos requisitos previos legales, es una cuestión dentro de la sana discreción de la corte, algunos de cuyos principios liemos discutido en el caso de El Pueblo v. Román, 18 D. P. R. 219.

No creyendo que el acusado mismo estaba en la situación legal de tener derecho a que se le conceda una- suspensión del juicio, o que haya probado algún abuso de discreción, la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Jtjbz Asociado SR. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Echavarría, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa por libelo infamatorio.
    No. 1653.
    Resuelto en marzo 15, 1921.
    Libelo — Denuncia Defectuosa.- — Una denuncia por libelo en que no se trans-criben las palabras libel'osas es fatalmente defectuosa, pues aunque no es necesario transcribir toda la publicación la corte necesita tener ante sí en la denuncia las palabras que se alega son libelosas para poder resolver si lo son o no.

      Ib. — Ib.—El aseverar por medio de la prensa qne uu frmeíonario de policía fué a una panadería y tomó pan sin. pagarlo valiéndose de su carácter oficial, no constituye libelo en ausencia de un inimendo indicativo de que el policía era culpable de hurto u otro delito contra la propiedad, pues tal acto es uno de los que la policía' puede en ocasiones realizar en cumplimiento de un deber legal.
    Los lieclios están expresados- en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. B. Fernández, G. Domín-guez y L. Capó.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Jtjbz Asociado SR. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. La denuncia formulada en este caso es como sigue:

“Yo Felipe Blanco, Jefe de Distrito, P. T., vecino de Guayama, P. R., calle Palmer No. 30, de 42 años, formulo denuncia contra Moisés Eehavarría por el delito de libelo infamatorio, cometido de la manera siguiente: Que en 26 de julio de 1919 y en la ciudad de Guayama,, P. R., el acusado Moisés Eehavarría, como director del periódico ‘Alba. Roja’ que se edita en Ponee, Puerto Rico, voluntaria y maliciosamente publicó en el número 49 del segundo año, de dicho periódico corres-pondiente a la fecha arriba indicada, el cual circuló en Guayama, P. R., un artículo bajo el epígrafe ‘Maremagnum’ tendente a impugnar la honradez e integridad del cabo de policía insular Víctor Fuentes, el cual reside en Guayama, P. R., imputándole hechos deshonrosos tales como el presentarse en las panaderías de esta ciudad a tomar pan sin pagarlo, valiéndose para tal de su carácter como funcionario público.”

Dicha denuncia es faltalmente defectuosa toda vez que en ella no se transcriben las palabras libelo sas. La corte debe resolver si las palabras alegadas son libelosas y por tanto*, dichas palabras deben expresarse en la denuncia. 25 Cyc. 577; 17 E. C. L. 465, Newell on Libel and Slander, 1163, 1165. En el caso de El Pueblo v. Mallens, 27 D. P. R. 406, meramente se resuelve que de determinada publicación úni-camente es necesario expresar la parte libelosa.

Sin ningún otro innuendo puede dudarse si decir que un funcionario de la policía que va a una panadería y toma pan sin pagarlo valiéndose de su carácter oficial constituye una exposición de un libelo por parte del acusado. Non constat que el policía tomó debidamente el pan en cumplimiento de un deber oficial. Si el alegado libelo quiso indicar que el policía era culpable de un hurto de menor cuantía o algo pa-recido, tal innuendo debió haber sido hecho. El apelante dice que la denuncia debía haber expresado que el funcio-nario de la policía estaba de servicio en Guayama, pero cree-mos que este hecho puede deducirse de la denuncia a falta de una objeción más específica formulada en la corte inferior.

Y no era necesario tampoco que la denuncia expresara que el acusado hizo que el periódico publicado en Ponce circu-lara en Guayama. No dejaba de ser menos libelo por el hecho de que circulara o no el periódico en Guayama. Ade-más, puede dudarse si el acusado no puso esa fuerza en ac-ción que tuvo lugar en Guayama y que era la consecuencia natural y probable del acto suyo. 16 C. J. 73, 81. Yéase por paridad de razonamiento el caso In re Palliser, 136 U. S. 257.

Las palabras se pronunciaron respecto a un jefe de po-licía en Guayama y la prueba tendía a demostrar que el de-nunciante era el único jefe en Guayama en esa fecha. Algo como esto debió haber aparecido de la denuncia. El acusado excepeionó específicamente la denuncia porque no contenía ningún “inducement”, “colloquium” o “innuendo”.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    A. Hartman y Compañía, Demandante y Apelante v. Porrata et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre reivindicación.
    No. 2103.
    Resuelto en marzo 15, 1921.
    REÍVINDXCAOIÓN-^LINDERiO iNDEIIHNipO' — PltTJEBA CONTRADICTORIA SOBRE LINDE-ROS. — Cuando en una acción reivindicatoría surgida de una controversia sobre la colindaneia entre dos propiedades la prueba respecto a dieba colindaneia es contradictoria, la corte debe dirimir el conflicto y si la preponderancia de la misma está a favor del demandante la acción reivindicatoría debe prosperar, sin que sea necesario un procedimiento previo para determinar la colindaneia, pues tal determinación puede hacerse dentro de la acción reivindicatoría.
    Sentencia Dictada en Apelación. — De acuerdo con el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado en 1906, el Tribunal Supremo revisa los hechos y dieta la sentencia que hubiera debido dictar la corte inferior.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. I. Bernardini.

    Ahogado de los apelados: Sr. J. G. Ramos.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fné una acción reivindicatoría en la cual A. Hartman & Co. era demandante y los demandados fueron Elvira de Porrata Doria y Agustín Bird Elias.

Estamos de acuerdo con varias de las conclusiones de hecho a que llegó la corte sentenciadora las cuales hemos comprobado mediante nn examen independiente y enume-raremos por orden, a saber:

“1. Que la demandante es una sociedad industrial, mercantil domiciliada en el pueblo de Arroyo y.con capacidad para demandar y ser demandada; y los demandados son mayores de edad, residentes, doña Elvira Porrata Doria en Ponce y don Agustín Bird y Elias en esta ciudad, habiéndose sometido a la jurisdicción de esta corte.
‘ ‘ 2. Que la demandante es dueña de una finca rústica denominada ‘Hacienda Reunión’ constante de 398 cnerdas y 38 centavos de otra, sita en el barrio ‘Jobos,’ lindando por el norte eon la estancia ‘Rosada’ de don Juan H. Blondet y ‘Melania’ de don Carlos Blondet; por el sud con la orilla del mar, hacienda ‘ Cayures, ’ que fué de la sucesión de don Pedro Amorós y la hacienda ‘Mercedes’ de la sucesión de don Ignacio Díaz; y al Este con la estancia de don Santiago Porrata y la citada ‘Mercedes’ y por el oeste con la hacienda ‘Cayures,’ ‘La Gregoria’ de don Jesús María Texidor y la estancia ‘Rosa.’ Habién-dose segregado de esta finca una parcela a favor de don Jeremiah Smith, quedó reducida su cabida a 364 cuerdas con 83 centaims de otra; cuya finca adquirió la demandante de los señores Rafael y Mateo Amorós y Alsina.
“3. Que la demandada doña Elvira de Porrata Doria, es dueña de una parcela de terreno compuesta de 46 cuerdas con 6 centavos de otra, radicada en el barrio de ‘Jobos’ de este término municipal, lindando por el norte con el antiguo cauce del río ‘Guamaní,’ Suce-sión Boyer y hacienda ‘Palmira;’ por el sud con la finca llamada ‘Mercedes’ y don Erasmo Porrata, y por el oeste la hacienda ‘Re-unión,’ de que la separa el río, cuya finca adquirió por herencia.
“4. Que los anteriores dueños de la hacienda ‘Reunión,’ los se-ñores Amorós, poseyeron la referida hacienda como dueños y la finca de la demandada señora Porrata Doria en arrendamiento. • Que es-tando los señores Amorós en posesión de ambas fincas y para el mejor disfrute de las mismas, destruyeron y quitaron la cerca o línea divi-soria que separaba las referidas fincas desapareciendo los puntos que marcaban la colindancia, formando con dichas dos fincas un solo cuerpo, disfrutándolas en esta forma y durante un gran número de años.
“5. Que estando las fincas en este estado, los señores Amorós ena-’ jenaron sus derechos sobre la hacienda ‘Reunión’ y traspasaron el arrendamiento de la finca de la demandada viniendo ambas fincas a poder de la demandante, la hacienda ‘Reunión’ en propiedad y la finca de la demandada Porrata Doria en arrendamiento. Que la de-mandante siguió disfrutando ambas fincas como un solo cuerpo hasta el 5 de- enero de 1917 en que doña Elvira de Porrata Doria arrendó su estancia al otro demandado Agustín Bird y Elias.
“6. Que en primero de febrero de 1917, habiendo vencido el arren-damiento, la demandante hizo entrega de la finca de la demandada al nuevo arrendatario don Agustín Bird Elias.
“7. Que una vez tomada posesión de la finca por el Sr. Bird, la demandante trató por medio de sus agentes y empleados de poner la cerca que fija la colindancia de ambas fincas,, cuya cerca trató de situar por la margen derecha del río ‘Guamaní.’ Que el Sr. Bird, como arrendatario y representante de la demandada se opuso a que se pusiera la cerca por dicho sitio, alegando que la colindancia de la hacienda ‘Reunión’ era por un canal de manipostería que conduce las aguas del riego y no por el sitio donde quería establecerla la. demandante.
“8. Qíue entre la margen derecha del río ‘Guamaní’ sitio por donde alega la demandante pasa su colindancia, y el canal de mani-postería situado por donde alega la demandada es la colindancia de la hacienda ‘Reunión,’ existe una parcela de terreno de trece cuerdas nueve centavos conocida con el nombre de ‘Pastos de las Quintinas’ que es objeto de esta controversia.”

La corte entonces continúa diciendo:

‘‘Si examinamos la prueba presentada por ambas partes veremos que ésta no trata de probar el dominio de la parcela de terreno que se trata de reivindicar, sino de fijar la colindancia que divide dichas fincas y de determinar el sitio por donde ha de pasar la empalizada o cerca divisoria. La prueba testifical es contradictoria y en su ma-yoría se refiere a' manifestaciones que dicen los testigos les fueron hechas por los anteriores dueños señores Amorós Hermanos, pero de esta prueba no podemos llegar a la conclusión de cual de las dos partes litigantes es la colindancia digo, es la verdadera dueña de la parcela que se reclama, siendo ésta una cuestión que queda a resolver después que se determine cual es la línea divisoria de ambas fincas.
“Si examinamos la prueba documental, veremos que los títulos de la parte demandante en cuanto a esta colindancia, o sea la colin-daneia este de la hacienda ‘Reunión’ indica que.colinda con la finca de don Santiago Porrata, sin especificar objeto alguno que indique dicha colindancia.
“Si examinamos la prueba documental de la demandada veremos que ésta indica en su colindancia oeste, la hacienda ‘Reunión,’ espe-cificando que las separa el río. Pero de la inspección ocular hecha por la corte aparece que el cauce de dicho río durante los últimos años ha variado grandemente existiendo en la actualidad varios cauces secos de gran anchura, sin que podamos determinar a que cauce es al que se refiere dicha escritura.
“Las partes han presentado gran número de planos, pero todos estos planos hechos de acuerdo con sus respectivas contenciones.. Así tenemos que el plano mareado exhibit 17 del demandante, donde aparecen las fincas de la demandada y la porción que. se reivindica. En dicho plano el cauce del río está trazado en forma tal que da a la demandada en su finca, una cabida de 49 cuerdas con cuatro centavos de otra. Este plano ha sido reconocido por el perito como un plano exacto. En cambio tenemos q1 plano de la demandada mar-cado letra ‘A’ de la demandada, en el cual se coloca el canee del río en tal situación que disminuye la finca de la demandada a 36 cuerdas trece céntimos, o sean 12 cuerdas más o menos de diferencia en el plano de la demandante. Y este plano también es correcto, consis-tiendo esta diferencia en la colocación del cauce del río, según se elija uno u otro de los varios cauces que en el mismo se han tra-zado. ’ ’

La corte dice entonces que como el presente pleito era uno de reivindicación, la parte demandante debía probar el dominio sobre dicha parcela de terreno de modo tal que pu-diera identificarse en caso de ejecución de sentencia sin ne-cesidad de ulterior explicación, y dijo la corte además que toda la prueba en este caso tendía a demostrar el sitio por donde debe pasar la colindancia que separa las dos fincas y según por donde se determine dicho sitio si la parcela que se reclama pertenecería a la demandante, o a la demandada. Dijo la corte que si la colindancia pasaba por el sitio en que alega la prueba de la demandada, no hay duda alguna de que la parcela pertenecía a ella; que si la colindancia pasaba por el sitio en que alegaba la demandante, entonces la parcela pertenecía a la demandante.

La corte también expresa que esta es una cuestión que no podía resolverse dentro de un pleito entablado exclusi-vamente con el objeto de reivindicar una finca, pero que si la colindancia ha desaparecido y no puede señalarse de co-mún acuerdo debe seguirse un procedimiento para fijar dicha colindancia. La corte entonces llegó a ciertas conclu-siones de ley que no es necesario reproducir, y dictó sen-tencia en la cual la conclusión esencial fué la siguiente:

“De las pruebas practicadas y de las admisiones de las partes, la corte entiende que debe dictar y dicta la siguiente sentencia: Que la ley y los hechos están a favor de la parte demandada y en contra de la parte demandante y por tanto, debe desestimar y desestima la demanda interpuesta, sin perjuicio de presentarla de nuevo, una vez se haya fijado la colindancia; imponiendo a la demandante las costas, desembolsos y honorarios de abogado.”

Estamos enteramente en desacuerdo con esta declaración o conclusión de la corte. Cuando se fijan tres lados de un cuadrilátero o todos menos uno de otra figura geométrica y sólo es necesario una simple línea para completar la figura, no hay duda alguna de que una parcela de terreno puede ser enteramente identificada de modo que el marshal pueda dar posesión de ella a un demandante tan pronto como se determine la línea que falta. En el caso de El Pueblo v. Sir agusa, 18 D. P. R. 595, por ejemplo, el cual ha sido ci-tado por la corte, la dificultad, entre otras, era que no hubo prueba tendente a establecer una de las colindancias. Si los demandantes en ese caso hubieran podido fijar la colindan-cia que faltaba mediante preponderancia de prueba y des-vanecer las demás dificultades, el resultado hubiera sido diferente. En ese caso faltó prueba respecto a una de las cb-lindancias. No hay falta de prueba en este caso, aunque pueda haber conflicto en la misma. Tal conflicto, si hubo alguno, debió haberlo determinado la corte.

La parte apelada dice que este es un caso en que hubo conflicto en la prueba que fué resuelto por la corte inferior. En vista de los hechos probados y de la sentencia en este caso, no hay duda alguna de que la corte se negó a resolver el conflicto que pudo existir. Dijo la corte que los deman-dantes habían equivocado su presente acción. De modo que no habiendo la corte resuelto la cuestión en controversia, o sea, cuál era la principal colindancia al este de la finca “Re-unión, ’ ’ está corte podría optar entre devolver el caso para que se fijara la colindancia, o resolver ella misma el caso. Consideramos la prueba de la demandante tan fuerte y el conflicto promovido por la prueba de la demandada tan dé-bil, que creemos que es nuestro deber resolver el caso en esta corte, como entendemos que debió haber sido ■ resuelto en la corte inferior.

Para los fines de conveniencia en la disensión, nos refe-riremos a la finca de la demandante como “Reunión” y a la de los demandados como “Porrata,” según dichas fincas fueron descritas familiarmente por los testigos.

Los demandantes presentaron como prueba dos contra-tos de arrendamiento en los cuales la eolindancia oeste de la “Porrata” se decía que era-la “Reunión,” separadas por el río. Uno de estos arrendamientos fué hecho a los ante-riores dueños de la “Reunión,” y el otro al actual arrenda-tario de la “Porrata,” Sr. Agustín Bird, a quien se lo hizo parte eo-demanclada en el pleito. Los apelados dicen que esta descripción era un error poro viniendo de ellos es una prueba prima facie sumamente fuerte. No basta con decir que ésto fué un error del notario, especialmente en vista dé la prueba documental.

Hubo prueba tendente a demostrar que cuando el anterior dueño de la “Porrata” arrendó esta propiedad a los anteriores dueños de la “Reunión,” él entregó a ellos un plano del cual aparece que la eolindancia oeste de la “Po-rrata” es el río “Gruamaní” y que al otro lado de éste está “Reunión.”

Otro plano que fué admitido por la corte y creemos que su autenticidad es indiscutible, mostraba las anteriores co-lindancias de la propiedad “Amparo” con la “Reunión” al oesté y el río separando las fincas. “Amparo” pertenecía originalmente a los causantes de Elvira Porrata y “Porrata” fué segregada de la “Amparo.” Asimismo en la escritura procedente de la demandada Elvira Porrata por virtud de la cuál entró ella en posesión de la “Porrata” se hace la misma descripción. Igual descripción aparece en una sen-tencia de expropiación dictada contra Elvira Porrata por la Corte de Distrito de Gruayama.

Hay otro plano en los autos que es de poco menos fuerza probatoria por proceder de los demandantes, pero que es una copia de un plano hecho por Antonio J. Porrata en 1865 y que fue entregado a los demandantes por sus causantes en cuyo plano aparece el mismo río como la colindancia oeste de la “Porrata.”

Y de fuentes oficiales los demandantes presentaron como prueba un plano de “Reunión” hecho en el año 1876, que acredita que dicha propiedad tiene el río como colindancia este y la propiedad “Amparo” al otro lado del río.

Asimismo y de poco menos fuerza probatoria por pro-ceder de los demandantes, pero hecha ante litem motam, una venta por los dueños de “Reunión” a la American Railroad Company, donde aparece el río como colindancia del este.

Hubo a la vez prueba muy fuerte y convincente en el sen-tido de que cuando los anteriores arrendatarios de la “Po-rrata” que eran los dueños también de “Reunión” se hicie-ron cargo de ambas propiedades destruyeron una cerca que Rabia en la orilla oeste del río “Guamaní” y la colocaron más hacia el oeste a lo largo del canal. En otras palabras, ellos pusieron una cerca dentro de la “Reunión” a poca dis-tancia al oeste del río. Esto lo hicieron ellos para unir la finca así cercada a la orilla oeste del río con la “Porrata” al este y convertirla en una vega de ganado. Aquí podemos llamar la atención hacia el hecho de que gran parte de la prueba de la demandada se explica por la teoría de que con el cambio de la cerca todo el mundo hablaba de la finca al este de la palizada como “Porrata,” o “La Porrata.”

Del hecho de que Agustín Bird puso la colindancia oeste de “Porrata” donde esta cerca estaba anteriormente y contra la voluntad de los demandantes, la prueba no deja duda alguna. La parte de terreno que está entre esta cerca y el río y conocida principalmente por “Las Quintillas” es el terreno que se trata de reivindicar en este pleito.

Con este fuerte caso prima facie establecido por los de-demandantes, el peso de la prueba pasaba a los demandados. Ellos no presentaron prueba documental alguna que no pro-cediera de ellos y de fecha reciente que fijara la colindancia oeste de “Porrata” al otro lado del río ‘‘Gruamaní.” Su prueba testifical en parte se explicaba, como fiemos dicho antes, por el fiecfio de que los testigos en tiempos pasados vieron un pasto o vega con una cerca al lado oeste del río-como colindancia oeste. La prueba testifical de la deman-dada tendría que ser muy fuerte en verdad para destruir-la preponderancia establecida por la prueba de los deman-dantes toda la cual no fiemos tratado de discutir. Por ejem-plo, el primer plano de “Amparo” presentado como prueba y que se fia probado qne procedía originalmente de los cau-santes de los demandados, en su reseña histórica al lado de-recho del plano dice que la colindancia oeste es el río y que al otro lado está la “Reunión.” Este plano está firmado por “Antonio J. Porrata,” que era uno ele- los anteriores dueños.

•Independientemente de los testigos que declaran por re-ferencia y cuyas manifestaciones proceden de otras hechas por los anteriores dueños, según indica la corte sentenciadora, la prueba testifical de los demandados consiste en gran parte en la declaración de la misma Elvira Porrata. Esta decla-ración se basa principalmente en su memoria en cuanto a la condición física cuando ella era una niña de ocho años. Un portón, por ejemplo, la conduciría por “Las Quintillas” a su propia casa. No consta muy claramente si el pasto de “Porrata” estaba arrendado entonces a “Reunión,” pero que ella pasaba por “Las Quintinas” no es prueba satis-factoria de que el título de dicha finca lo tenían sus causan-tes. Non constat que esto lo permitían los que entonces eran dueños de la “Reunión.”

Una parte muy importante de la prueba testifical fue la manifestación hecha por el agrimensor Caballero quien de-mostró que siguiendo el cauce más al oeste del río “Grua-maní,” el cual se ha probado que tiene varios cauces, la finca de Elvira Porrata al este del río consistiría de '49 cuerdas. El perito de los demandados, Clausells está ente-ramente' de acuerdo en que de colocarse la colindancia donde la colocaba Caballero habría por lo menos esa cantidad de terreno perteneciente a Elvira Porrata, al este del río, o más bien al este del'cauce más al oeste. Los apelados en su alegato expresan que el agrimensor de la demandante tomó el cauce más al este del río, mientras que el agrimen-sor de los demandados tomó el más al oeste. Con sólo leer uno la declaración de Clausells es bastante para ver que esto no es una manifestación correcta. El dice terminan-temente que él y Caballero habían cotejado los planos, siendo la única diferencia que había entre ellos que Caballero to-maba el cauce más al oeste y que él tomó un cauce más al este. Ambos planos de los agrimensores fueron presentados como prueba. Se preguntó a Clausells si podía determinar la cantidad de terreno comprendida entre los dos cauces del río según aparecían en los dos planos, tomando la corte un receso de quince minutos para permitirle hacer esto. No solamente manifestó él que la diferencia era de unas tres o más cuerdas, sino que todavía aparecen sus mareas de lápiz sobre el plano y muestran que él hizo sus cálculos fijando terrenos según la colindancia determinada por él al oeste o hacia "Reunión.”

Clausells fué repreguntado minuciosamente y manifestó que si a la finca en controversia al oeste del río se le agre-gaba la propiedad al este del río la finca total de "Porrata” tendría 62 cuerdas. El fijaba 36 cuerdas al este del río en el plano según lo delineó pero dijo que el cauce del río for-maba varias cuerdas más y que la diferencia entre los cau-ces citados formaban más de tres cuerdas, pero como hemos dicho él estaba de acuerdo con que el plano de Caballero era exacto, fijando la diferencia en los dos cauces del río.

Es verdad como también aparecía de la opinión de la corte y de la prueba que la inscripción de "Reunión” como se hizo en el registro de la propiedad no hacía mención del río como situado al este, pero este hecho no podía afectar a la cuestión de la verdadera colindancia como aparece del resto de la prueba.

Resulta claro para nosotros que si se permitiera a Elvira Porrata tomar el terreno al oeste del río su pertenencia en conjunto importarían unas sesenta cuerdas tomando en consideración el cauce del río, mientras que se admite sus-tancialmente y la corte ha declarado probado que todo su terreno sólo asciende a 46 cuerdas. Los apelados dicen que la corte declaró probado que los agrimensores de la deman-dante tomaron el cauce más al este y el agrimensor del de-mandado tomó el más al oeste, pero esto no lo dijo la corte. La corte expresó en efecto que si la verdadera colindancia de “Porrata” era el cauce del río como lo delineó Clausells, Elvira Porrata quedaría limitada a 36 cuerdas y que si el cauce fijado por Caballero era el verdadero se le deberían a ella 46 cuerdas. En otras palabras, según vemos la duda de la corte surgió por el temor que tenía en su mente de que si resolvía que la colindancia del cauce del río estaba más al este y los demandantes trataran de ir hasta donde se encontraba este cauce al este, los terrenos de Elvira Po-rrata necesariamente quedarían reducidos y como el juez no tenía claramente en su mente cuál era el verdadero cauce del río ordenó a las partes a que determinaran fuera del pleito dicha verdadera colindancia.

En verdad podemos decir que la conclusión de la corte muestra concluyentemente que la colindancia es el río y cuando se prueba claramente, como se probó, que los deman-dantes sólo reclaman el terreno que está al oeste de la orilla más al oeste del río, creemos que la resolución de la corte por sí demuestra que los demandantes tenían derecho a rei-vindicar. Además de lo que hemos dicho acerca de la con-formidad entre los peritos se probaron otras cosas por sus declaraciones y por las de otras per'sonas, o sea que si bien el río “GuamauP’ generalmente está seco, cuando el agua corro tiende más bien a correr en el cauce más ál oeste. Clausells dijo que él tomó el cauce más hondo pero dijo tam-bién que era un cauce seco. Caballero manifestó que tomó-el cauce donde el agua corría, o algo parecido, y esto ]o corrobora por lo menos un testigo. La variación de los cauces de los ríos o donde el agua corría no fué materia de mucha discusión en el pleito.

Por tanto, declaramos probado (1), que los demandantes son los dueños de la parcela descrita en el segundo hecho de la decisión de la Corte de Distrito de Guayama, supra; (2), que la colindancia este de esa finca es el cauce más al oeste del río y que los terrenos en controversia como están expresados en el hecho octavo de la decisión de la corte inferior están dentro de los terrenos pertenecientes a la de-mandante como se describen en el hecho anterior; (3), que los demandados entraron en posesión de dicho terreno es-pecificado en el referido octavo hecho probado sin título a él y lo retienen en contra de la voluntad de la demandante que es la legítima dueña.

Llegamos a la conclusión de que los demandantes han probado un derecho perfecto para reivindicar la finca así reclamada y que la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito-de Guayama debe ser revocada, dictándose en su lugar otra a favor de la demandante como se describirá en la sentencia que dictaremos.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo, JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

text:
    Forés, Demandante y Apelado, v. Balzac, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre indemnización.
    No. 2144.
    Resuelto en marzo 17, 1921.
    Daños y Perjuicios por Libelo — Libelo “Per Se” — Causa de Acción. — El calificativo de “ chanchullero ” imputado a un abogado y notario en relación con un asunto en que actuó como tal, en una oficina en donde se registran ‘los títulos de propiedad en que dieho abogado notario interviene, y al alcance y oído del registrador y empleados del registro, que oyeron la imputación y se dieron euenta de su significado, es aeeionabfe per se, porque tiende clara y necesariamente a destruir el crédito profesional del repetido abogado y notario.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A. Vázquez.

    Abogados del apelado: Sres. Benito Forés y José Sabater.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Benito Forés Morazo demandó a G-alo Balzac Faria en reclamación de diez mil dólares por daños y perjuicios. Alegó en sn demanda que era un abogado y notario en activo ejer-cicio desde 1902, bien conocido y muy solicitado en la ciudad de San Germán, P. B.; que el 26 de julio de 1918 fué al registro de la propiedad y allí el demandado, sin motivo justificado, en voz alta y en tonos destemplados, dijo, diri-giéndose al demandante:

“Aquí estoy viendo los chanchullos que usted, (señalando al de-mandante) y don Alfredo han hecho, como están acostumbrados a hacerlo; se quedó don Alfredo con los desvíos y se creían que don Adolfo era eterno.”

El demandante explica que el demandado maliciosamente quiso decir con tales frases lo que sigue:

“Que este demandante, como abogado y notario público es un pillo y comete en su profesión manejos ilícitos especialmente para lu-crarse en perjuicio de sus clientes y de otras personas, que este de-mandante y don Alfredo Ramírez, se han confabulado para lucrarse en perjuicio de los bienes de don Adolfo Ramírez de Arellano e indi-rectamente de los bienes de la esposa del demandado, heredera de ■dicho don Adolfo Ramírez de Arellano; que este demandante está acostumbrado a cometer tales pillerías y manejos ilícitos; que por medio de tal confabulación y conspiración entre este demandante y don Alfredo Ramírez, éste se había robado todos los desvíos al prac-ticarse la división de la hacienda ‘Isabel Josefa/ en el expediente sobre tutela e incapacidad seguido ante esta corte por Camila Ramí-rez, otra heredera de don Adolfo Ramírez, bajo el No. 6319 de esta corte; que tal confabulación y conspiración había de quedar impune porque don Adolfo Ramírez de Arellano estaba incapacitado, y no había de morir en mucho tiempo, pero habiendo ahora ocurrido el fallecimiento de don Adolfo, se descubriría la confabulación; que la suerte para este demandante y don Alfredo Ramírez era que la corte, refiriéndose a esta corte de distrito, había aprobado dicha división, que de otro modo ya estaría impugnada.”

Alegó además el demandante que “las dichas frases fue-ron proferidas por el demandado, estando presentes Emig-dio S. Ginorio, Registrador de la Propiedad de San Germán, el oficial del registro Enrique Báez, y los escribientes Manuel Martín y Francisco Delgado, quienes oyeron perfecta-mente dichas frases y se dieron cuenta de su significado;” que al oir las indicadas frases el demandante “quedó ano-nadado, confuso y avergonzado, produciéndole gran sufri-miento moral por ser deprimentes para el demandante en su profesión, y en su reputación profesional; y aún se siente avergonzado y adolorido moralmente.” Y que “el deman-dado vertió esas frases contra este demandante, voluntaria y maliciosamente y con el objeto de molestar, vejar y per-judicar como le ha perjudicado gravemente, en su reputa-ción profesional, conociendo que tales imputaciones son fal-sas y que con tales imputaciones difama y denigra y ha difamado y denigrado a este demandante, dando a la publi-cidad en la ciudad de San Germán tales imputaciones falsas que ■ han llegado a oídos de su numerosa clientela produ-ciendo de este modo y desde entonces, bastante paralización en/sus negocios profesionales, con perjuicio moral y material y pecuniario a este demandante que estima en la suma de diez mil dólares.”

La demanda es jurada. En su contestación, también ju-rada, el demandado admitió los hechos relativos a las par-tes y a su encuentro en el registro de la propiedad con el demandante. Alegó que se encontraba en el registro “exa-minando, en los libros correspondientes, las inscripciones que se habían verificado con motivo de la partición de la men-cionada hacienda ‘Isabel Retiro,’ y en tal momento encon-trándose el demandado muy excitado porque según su mejor información esa partición de bienes la había efectuado el de-mandante haciendo todo el favor posible al condueño y cliente ' suyo don Alfredo Ramírez * * * dijo * * * : Viendo' aquí estos chanchullos, porque se han dado gusto” y alegó además que profirió esas palabras en términos generales, en un momento de calor o de ira sin que fueran oídas por otras personas y sin que las palabras tuvieran la tendencia ni él la intención de injuriar al demandante quien salió del regis-tro contento, y no sufrió perjuicio o desprestigio alguno en. su profesión.

Fué el pleito a juicio. La corte oyó la prueba presen-tada por ambas partes y dictó sentencia en favor del deman-dante por la suma de quinientos dólares, con más las costas, gastos y desembolsos.

Contra esa sentencia interpuso el demandado el presente recurso de apelación alegando que la corte había errado “al dictar sentencia declarando con lugar la demanda, ya que la prueba es insuficiente para sostener ese pronuncia-miento.”

Las alegaciones de la demanda apreciadas en conjunto' muestran que las palabras se dirigieron al demandante en su carácter profesional, y si pudiera observarse alguna de-ficiencia en la demanda, tendría que concluirse que fué sub-sanada por la contestación y por la prueba que demuestra que el demandado pronunció dichas palabras en el momentoy en el sitio y-al 'alcance de las personas indicadas en la de-manda, que las oyeron, pucliendo deducirse de ellas mismas y de los antecedentes de la cuestión, puestos también de ma-nifiesto por la prueba, que fueron pronunciadas por el de-mandado no bajo las circunstancias que concurrieron en el caso de Palou, v. Ríos, 23 D. P. R. 363, invocado por el de-mandado, sino dándose éste cuenta de lo que hacía y con la intención de herir al demandante en su reputación profe-sional en la forma explicada en el innuendo que dejamos transcrito, habiendo sido así entendidas por lo menos por el registrador que había practicado las inscripciones que examinaba el demandado.

La palabra “chanchullo” se deriva de “chancha” que significa “embuste, mentira, engaño” y en sí misma quiere decir, según el diccionario de la Real Academia Española,, “manejo ilícito para conseguir un fin y especialmente para lucrarse.” Vulgarmente, según declaró el testigo Ginorio, Registrador de la Propiedad de San Germán, quiere decir “una cosa mal hecha, una cosa que no está correcta.”

Sobre el significado de dicha palabra declararon tam-bién los abogados Oscar Souffront y Juan Alemañy, así: El primero:

“El sentido lato de la palabra chanchullo, tal como la entiende cualquier persona dentro de todas las esferas sociales, tal como lo entiende tanto una persona ilustrada como una persona iliterata, sig-nifica un acto delictivo cometido en combinación con otra persona, cualquier acto que realmente manche la honradez de una persona; un chanchullero es una persona en la cual no se puede tener con-fianza, porque falta la honradez en todos sus actos.”

Y el segundo:

“Por chanchullo se entiende una mistificación de los actos de un abogado, hechos incorrectos en que un abogado ha intervenido.”

La imputación de chanchullero, que según el Diccionario citado se aplica a la persona “que gusta de andar en chan-chullos”, hecha a un abogado y notario en relación con un asunto en qne intervino como tal y en una oficina en donde se registran los títulos de propiedad en que dicho abogado y notario interviene y al. alcance y oído del jefe y emplea-dos de dicha oficina, es accionable por sí misma, porque ' tiende claramente a destruir el crédito profesional del repe-tido abogado y notario.

Besumiendo Oye. la jurisprudencia, expresa:

“Por regla general puede decirse que las palabras vertidas por escrito o de palabra pueden ser denunciadas si tienden directamente a perjudicar o causar daño a alguna persona en su profesión, oficio o negocio. La naturaleza punible de la imputación está en el hecho de que perjudica a la parte en su negocio o profesión, y por consi-guiente no es necesario que las palabras contengan una imputación contra el denunciante como individuo en particular lo que sería pu-nible dejando a un lado la cuestión de su negocio o profesión. * * *
“Una imputación difamatoria de palabra o por escrito que afecte a un abogado en su profesión es por sí denunciable. ” Yéase 25 Oye. 326 y 333.

Gomo punto de partida para un estudio más completo y amplio de las cuestiones que pudieran tal vez suscitarse pero que no lo han sido, en este litigio, véanse los casos de People v. Ritchie, 42 Pac. 209, la nota al caso de Newton v. Grubbs, 48 L. R. A., N. S., 362, y Harris v. Zanone, 93 Cal. 59, 64.

Estudiando cuidadosamente todo este caso puede dedu-cirse que el demandado era en efecto un hombre, como lo describió su propio perito, neurasténico, que se imaginó que había sido injustamente perjudicado en sus intereses por el demandante, y que, sin prueba de ninguna especie, injurió en la forma fuerte y agresiva que se ha descrito al dicho demandante imputándole actos que de ser ciertos en realidad de verdad perjudicarían en gran manera la reputación personal y profesional del demandante. Se observa también que el demandado ha sentido lo que ha hecho y ha tratado de explicarlo de la mejor manera que ha podido. Eso no ■obstante, su injuria quedó en pie y como la suma de quinien-tos dólares fijada como indemnización por la corte no es excesiva, opinamos que debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jneces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

Sostengo que la demanda no determina una causa de ac-ción. La única alegación que en la misma se bace y en la cual ni siquiera se alega remotamente que las palabras em-pleadas fueron pronunciadas respecto al demandante en su capacidad profesional está contenida en un innuendo y por tanto no es una exposición de beclios ni se hace bajo jura-mento. El innuendo es solamente una interpretación o cali-ficación de los hechos y jamás una exposición de hechos. El oficio de un innuendo no es nunca imputar hechos. Los an-teriores principios fueron enunciados por el Juez Presidente Sr. Shaw en un antiguo caso de Massachusetts aunque no puedo en el momento encontrarlo y deberé pedir al recopi-lador que luego lo incluya. Las autoridades que sostienen los anteriores puntos de vista son Pollard v. Lyon, 91 U. S. 233; Grant v. Dreyfus, 120 Cal. 62; Mellen v. Times Mirror, 140 Pac. 277; Legg v. Dunleavy, 50 A. R. 512; Mundy v. Hart, 46 Mo. 46; Watson v. Detroit Journal, 52 L. R. A. (N. S.) 480. Estos casos indican que si las palabras no son necesariamente libelosas per se es por medio de un inducement y no de un innuendo que debe hacérseles aparecer así.

Las palabras de la demanda no eran por su faz libelosas per se toda vez que no hacían referencia al hecho de que el demandante era un abogado o a que los actos que se le imputaron fueron cometidos en su capacidad como tal abo-gado. Como las palabras imputaban una confabulación en-tre dos personas para cometer fraudes, si los actos impu-tados pudieron haberse realizado por personas no profesio-nales y “don Alfredo” no era un- abogado, algo debió ha-berse alegado para demostrar que las palabras se referían a algún acto ejecutado por el demandante independientemente de “don Alfredo.” La presunción sería que “don Alfredo” no era un abogado.

Los hechos corroboraron las dudas que tengo. No se de-mostró que alguna persona hubiera entendido las palabras en el sentido de que se referían al demandante en su capa-cidad de abogado. El demandado se encontraba examinando los libros del registro, imputándole fraudes al demandante y a “don Alfredo.” Pero los fraudes se cometen por toda clase de gente y si algunos se descubren en el Registro de la Propiedad y un abogado interviene en ellos no existe pre-sunción de que los fraudes fueron cometidos en su capad • dad profesional como abogado o siquiera como notario.

Para que las palabras de esta naturaleza sean libelosas per se deben ser dichas respecto a una persona con relación a su oficina, profesión, comercio o negocios, y deben atacar su habilidad, conocimiento o su conducta oficial o profesional. Cuando ellas sólo contienen una imputación general que es igualmente perjudicial para cualquier persona de quien pu-dieran decirse no son libelosas per se a no ser que se de-muestre su aplicación especial al carácter profesional del demandante. Newell sobre Libelo y Calumnia, sección 175; 25 Cyc. 327, notas 75, 76, 77 y 78.