text:
      In re José Luis Rodríguez Mangual.

      Número: TS-2572

      Resuelto: 16 de octubre de 2007

      Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Ins-pección de Notarías; José L. Rodríguez Mangual, pro se.

   per curiam:

El licenciado José Luis Rodríguez Mangual (Rodríguez Mangual) fue admitido al ejercicio de la aboga-cía en 1965 y prestó juramento como notario en 1966. El pasado 21 de febrero de 2007, la Oficina de Inspección de Notarías presentó ante este Tribunal el informe sobre el estado de la notaría de Rodríguez Mangual, señalando que el Protocolo de 1994 se aprobó con deficiencias en la Escri-tura Número 16 sobre Compraventa.

En la referida escritura, la parte compradora compare-ció representada por un apoderado. Sin embargo, el poder que autorizaba dicha representación, el cual fue otorgado en Estados Unidos, no estaba protocolizado en Puerto Rico para la fecha en que Rodríguez Mangual autorizó la escri-tura de compraventa. Posteriormente, se logró la protoco-lización de dicho poder, pero no fue posible ratificar la com-praventa porque a esa fecha ya habían fallecido los poderdantes. Por consiguiente, no se pudo inscribir la es-critura de compraventa en el Registro de la Propiedad.

Examinado el Informe presentado por la Oficina de Ins-pección de Notarías, concedimos a Rodríguez Mangual un término de veinte días para que se expresara. El 27 de marzo de 2007, Rodríguez Mangual compareció ante este Tribunal y reconoció las faltas señaladas.

Resolvemos, sin trámite ulterior, al amparo de las dis-posiciones de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

I

Como es sabido, el notario es el profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizado para dar fe sobre la autenticidad de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen. En el ejercicio de sus funciones, el notario recibe e interpreta la voluntad de las partes y le proporciona forma legal, redactando las escrituras y los documentos notariales correspondientes. 4 L.P.R.A. see. 2002; In re Rivera Aponte, 169 D.P.R. 738 (2007).

Al autorizar un documento, el notario da fe y asegura que el documento cumple, formal y sustantivamente, con todas las formalidades de ley y que se trata de una transacción válida y legítima. En ese momento, el documento notarial queda cobijado por la fe pública y por la presunción inris tantum de que los actos que el notario ve y oye —vidit et audit— así como lo consignado por él, es legal y verdadero. Es precisamente esta presunción de legalidad, veracidad y legitimidad lo que le brinda certeza, garantía y eficacia al documento notarial. In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000); In re Sepulveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001).

En vista de lo anterior, es imprescindible que al ejercer su función el notario actúe con el más alto grado de diligencia. Conforme a ello, el notario debe observar celosamente las disposiciones de la ley y el reglamento notariales, así como las disposiciones del Código de Etica Profesional. De no hacerlo, el notario se expone a las sanciones disciplinarias correspondientes y podría ser responsable tanto civil como criminalmente. In re Rivera Vázquez, 155 D.P.R. 267 (2001).

Cónsono con lo anterior, un notario que autoriza un instrumento público debe expresar la intervención de los otorgantes, haciendo constar si ésta es en su propio nombre o en representación de otro. Art. 18 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2036; Regla 28 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

La necesidad de auscultar la capacidad de los otorgantes la impone la naturaleza y finalidad del instrumento público y guarda correspondencia lógica con el requisito de que exista consentimiento de los contratantes, sin el cual no hay negocio jurídico válido. Conforme a ello, el negocio jurídico que se celebre a nombre de otro —por quien no tenga su autorización o representación legal— es nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue. Art. 1211 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3376; In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).

En vista de que la capacidad de los otorgantes es un requisito para conseguir la eficacia del documento, es imprescindible que ésta exista ab initio. Conforme a ello, se requiere que la capacidad representativa del compareciente se acredite ante el notario mediante un documento fehaciente antes del otorgamiento, salvo que los demás otorgantes consientan a que se acredite en un momento posterior. En este último caso, el notario debe hacer cons-tar ese hecho en la escritura y debe advertir a las partes que la eficacia del documento quedará subordinada a la presentación de prueba documental de la capacidad representativa. Además, debe consignar expresamente en la escritura que hizo a las partes la advertencia correspondiente. Art. 19 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2037.

Por otro lado, para que los documentos notariales otorgados fuera de Puerto Rico tengan la eficacia de un instrumento público en nuestra jurisdicción se requiere que sean previamente protocolizados en Puerto Rico. El notario que efectúa la protocolización tiene que verificar y certificar que el notario que autorizó el poder actuó autén-tica y válidamente. In re Gil de Lamadrid, 161 D.P.R. 461 (2004). En esencia, la protocolización de un documento im-plica su transcripción e ingreso al Protocolo de instrumen-tos públicos del notario, incorporado o unido como parte de la escritura o mediante un acta que haga viable este procedimiento. Art. 38 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2056; Regla 41 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV; In re Protocolización de Poder, 110 D.P.R. 652 (1981).

Como condición para la protocolización, es necesario que tales documentos estén legitimados por la autoridad competente. Si el documento a protocolizar proviene de un estado norteamericano, la legalización la debe hacer un funcionario autorizado. En tales casos, es necesario presentar evidencia de la autoridad de dicho funcionario o mostrar una certificación expedida por una autoridad competente, de la cual surja que el funcionario está autorizado para actuar como tal. Art. 38 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra; Regla 41 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, supra.

En particular, el Art. 4 de Ley sobre Registro de Poderes dispone que un instrumento relativo a un poder otorgado fuera del Estado Libre Asociado no surtirá efecto alguno en Puerto Rico, a menos que sea previamente protocolizado. 4 L.P.R.A. see. 923. El notario que efectúa dicha protocolización está obligado a cumplir con las disposiciones sobre registro de poderes tal y como si el documento en cuestión hubiese sido otorgado ante él.

II

En el caso de autos, las partes del negocio jurídico com-parecieron ante Rodríguez Mangual con el propósito de ce-lebrar una compraventa. La parte compradora fue repre-sentada por un apoderado. En vista de ello, Rodríguez Mangual tenía que exigir, previo al otorgamiento, que se le acreditara la capacidad representativa del compareciente mediante un documento fehaciente. Además, dado que el poder que autorizaba la representación fue autorizado en Estados Unidos, era necesario que éste fuese previamente protocolizado en Puerto Rico para que tuviera eficacia en esta jurisdicción.

A pesar de ello, al momento del otorgamiento de la es-critura autorizada por Rodríguez Mangual, el poder repre-sentativo de la parte compradora no había sido protocoli-zado en Puerto Rico. Siendo así, éste carecía de efecto jurídico en nuestra jurisdicción. Sin embargo, Rodríguez Mangual procedió con la autorización de la escritura de compraventa. Al así actuar, mientras ejercía como notario, Rodríguez Mangual no procedió conforme a lo dispuesto en la ley y reglamento notariales. Su desempeño profesional no se caracterizó por la cautela y el celo que demanda la función pública del notario.

Como resultado de la ineficacia del poder representa-tivo, la compraventa que Rodríguez Mangual autorizó no fue válida ni produjo efecto jurídico alguno en nuestra jurisdicción. En estos casos, normalmente es posible sub-sanar el defecto en cuestión mediante la ratificación del negocio jurídico celebrado por la persona a cuyo nombre se haya otorgado. No obstante, en el caso ante nuestra consi-deración, los poderdantes fallecieron y, por tal razón, no fue posible ratificar la compraventa; tampoco se pudo ins-cribir en el Registro de la Propiedad la correspondiente escritura de compraventa. Según acepta el mismo Rodrí-guez Mangual, su falta es insubsanable y causó perjuicio a las partes del negocio jurídico.

Como hemos señalado, la importante función pública del notario exige que éste acate fiel y diligentemente los requisitos y las formalidades que le imponen la ley y el reglamento notariales. En vista de ello, procede ejercer nuestra facultad disciplinaria contra Rodríguez Mangual. Para determinar la sanción, no podemos pasar por alto que la conducta de Rodríguez Mangual en efecto perjudicó a las partes del negocio jurídico que él autorizó. Sin embargo, también debemos tomar en consideración que Rodríguez Mangual aceptó su responsabilidad y expresó su sincero arrepentimiento. Además, en su larga práctica como nota-rio, esta es la primera vez que este Tribunal toma una medida disciplinaria en su contra.

HH HH hH

Por los fundamentos expuestos, se ordena la suspensión inmediata del Lie. José Luis Rodríguez Mangual del ejer-cicio de la notaría por el término de tres meses. La Oficina del Alguacil de este Tribunal procederá, de inmediato, a incautarse de su obra notarial y entregarla a la Oficina de Inspección de Notarías para la investigación e informe correspondientes.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.


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text:
    Henock Corretger Cruz, recurrido, v. Administración de Corrección, peticionaria.

      Número: CC-2005-979

      Resuelto: 17 de octubre de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocu-radoras generales, y Amir Cristina Nieves Villegas, subprocuradora general auxiliar, peticionarios; Henock Co-rretger Cruz, pro se.

   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opi-nión del Tribunal.

Tenemos la ocasión para precisar el alcance de la limi-tación al Programa de Supervisión Electrónica impuesta por la Ley Núm. 49 de 26 de mayo de 1995 (4 L.P.R.A. see. 1112 et seq.).

I

Henock Corretger Cruz fue sentenciado el 14 de enero de 1996 a cumplir una pena de prisión de 99 años por ha-ber sido encontrado culpable de cometer los delitos de ase-sinato en primer grado, conspiración e infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, todo ello por hechos ocurridos el 13 de enero de 1988. Luego de haber cumplido varios años de reclusión, en enero de 2005 el convicto fue evaluado para determinar si cualificaba para beneficiarse del llamado Programa de Supervisión Electrónica. Dicho programa fue establecido en virtud de la autorización conferida a la Ad-ministración de Corrección por su Ley Orgánica, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. sec. 1112(e)). El pro-grama referido, según había sido creado el 15 de abril de 1992, no excluía a las personas convictas de asesinato. Sin embargo, antes de que Corretger Cruz fuera sentenciado por los hechos delictivos por los que fue convicto, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 49, supra, para enmendar la Ley Orgánica de la Administración de Corrección. Entre otros cambios, el estatuto referido ex-cluyó a las personas convictas de asesinato de participar en el Programa de Supervisión Electrónica.

En vista de lo anterior, el 29 de abril de 2005 la Admi-nistración de Corrección concluyó finalmente que Corret-ger Cruz no cualificaba para participar en el Programa de Supervisión Electrónica, pues, por las disposiciones de la citada Ley Núm. 49, el programa excluía a convictos como él. Corretger Cruz, entonces, recurrió de tal determinación ante el Tribunal de Apelaciones.

El foro apelativo resolvió que la Administración de Co-rrección había aplicado retroactivamente una ley penal, en violación de la disposición sobre leyes ex post facto de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el principio de favorabilidad del Código Penal. Por ello, el 16 de agosto de 2005 revocó la resolución recurrida y devolvió el caso a la Administración de Corrección para que proce-diera a evaluar al convicto para su participación en el Pro-grama de Supervisión Electrónica.

Inconforme con tal dictamen, el 14 de octubre de 2005 Procurador General recurrió ante nosotros y planteó lo si-guiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la aplica-ción en este caso de la Ley Núm. 49 de 26 de mayo de 1995 violenta la prohibición constitucional sobre leyes ex post facto. Erró el Tribunal de Apelaciones al dictar la sentencia recu-rrida sin tomar en consideración que la Ley Núm. 49 no es un estatuto penal, sino una ley de naturaleza administrativa, que únicamente establece categorías, de manera razonable, a los fines de disponer que los convictos por determinados delitos estén excluidos de los programas de desvío; ello como parte de un esquema regulador de las facultades del Administrador del sistema correccional en nuestra jurisdicción, que adelanta el apremiante interés gubernamental de preservar la seguridad pública, sin perseguir un fin punitivo.
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que en este caso aplica el principio de favorabilidad establecido en el Código Penal. Petición de certiorari, págs. 4 — 5.

El 3 de febrero de 2006 expedimos el recurso presentado por el Procurador General para revisar la sentencia dic-tada por el foro apelativo el 16 de agosto de 2005 y resolver lo que en Derecho procediese.

El 19 de mayo de 2006 el Procurador General presentó su alegato El 7 de julio de ese año, luego de una prórroga, el recurrido presentó el suyo. Pasamos a resolver.

II

En esencia, la primera controversia planteada en el caso de autos es si la prohibición constitucional sobre la aplica-ción retroactiva de leyes ex post facto impide la aplicación de la Ley Núm. 49, supra, al recurrido, en cuanto le hace "no elegible” para participar en el Programa de Supervi-sión Electrónica.

Según hemos establecido, para que se active la protección constitucional contra leyes ex post facto es necesario que el estatuto que pretende aplicarse retroactivamente sea más oneroso para el imputado que el que estaba vigente a la fecha en que se cometió la ofensa. Así lo señalamos recientemente en nuestra extensa discusión sobre las leyes ex post facto en González v. E.L.A., 167 D.P.R. 400 (2006). El referido requisito está claramente ausente en el caso de autos porque cuando se cometieron los hechos delictivos pertinentes aquí —en 1988— no existía ningún Programa de Supervisión Electrónica, mucho menos el que Corretger Cruz invoca ahora. Como no había programa pertinente alguno a la fecha en que se cometió la ofensa, no puede alegarse que el programa vigente es más oneroso que el que existía entonces. Por ende, tal como resolvimos en González v. E.L.A., supra, no existe la violación a la disposición constitucional sobre leyes ex post facto alegada por el convicto. Erró el foro apelativo al resolver que hubo tal violación a la disposición constitucional referida.

HH í — i

El foro apelativo también intentó fundamentar su dicta-men en el caso de autos a base del llamado principio de favorabilidad de nuestro derecho penal. Sin embargo, no sabemos precisamente cuál fue el razonamiento de dicho foro al invocar el principio referido, en vista de que sólo hay una breve oración en toda la sentencia del Tribunal de Apelaciones impugnada aquí sobre el particular. Esta sólo dice: “El Art. 9 del nuevo Código Penal también establece el principio de la aplicación de la ley más favorable a las personas condenadas de delito.”

Aunque no conocemos qué quiso decir exactamente el foro apelativo con la críptica oración aludida, no estamos impedidos de revisar cabalmente. Ello porque los tajantes términos de la Ley Núm. 49 mencionada antes y su historial la hacen aplicable a todos los convictos de asesinato, sin que pueda distinguirse entre ellos a base de las fechas de la comisión del delito, de su procesamiento o de la imposición de la sentencia o su cumplimiento. Dicha Ley Núm. 49, aprobada con vigencia inmediata antes de que el recurrido fuese sentenciado, tiene un artículo que trata sobre su aplicabilidad, y allí se dispone claramente que “las disposiciones de esta ley aplicarán a todos los convictos cumpliendo sentencia bajo la custodia y supervisión de la Administración de Corrección”. (Énfasis suplido.) Art. 4 de la Ley Núm. 49, supra, 4 L.P.R.A. sec. 1112 n. El claro tenor de lo ordenado por el legislador hace inaplicable aquí el llamado principio de favorabilidad. No hay una “ley más benigna” que se pueda invocar porque la Ley Núm. 49, supra, impone una exclusión que atañe a todo aquel sentenciado por asesinato a partir de la vigencia de dicha ley. El privilegio de la supervisión electrónica sencillamente no está ya disponible para ningún convicto de asesinato.

El asunto de la libertad al amparo de supervisión elec-trónica, como el tema de los llamados “programas de des-vío” en general, fueron objetos de mucha discusión pública años atrás, gran parte de ella de tono muy agrio. Sectores importantes de la opinión pública clamaron por una polí-tica de “mano dura contra el crimen”. En ese contexto histórico se aprobó la ley que aquí nos concierne, con el propósito claro de corregir lo que se tildó de “abusos ... en los programas de liberación de reclusos”; es decir, de des-continuar la supuesta práctica de “echar confinados a la calle que se convierten en riesgo para la sociedad”. Varios legisladores reiteraron en mayo de 1995 su claro intento de conjurar “la práctica muy impropia de tener asesinos en al calle ... que pondrían en peligro a las personas decentes de este País. ... [D]e evitar que a criminales los echen [a la calle] antes de ser rehabilitados”. Véase XLVI (Núm. 27) Diario de Sesiones, págs. 17963-17966 (1995).

A la luz de este claro historial, pues, no cabe duda al-guna de la clara intención legislativa de establecer una prohibición absoluta a conceder el privilegio de libertad al amparo de la supervisión electrónica a persona alguna que a partir de 1995 haya sido convicta de asesinato u otros delitos graves enumerados en la citada Ley Núm. 49. Frente a este contundente historial, no hay principio de favorabilidad que pueda prevalecer, tal como lo intimamos en González v. E.L.A., supra.

Erró también, pues, el foro apelativo al invocar el prin-cipio de favorabilidad en el caso de autos.

IV

Por los fundamentos expuestos, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones que aquí nos concierne y se confirma la decisión de la Administración de Corrección de que el convicto, en este caso, está impedido de disfrutar del privilegio de la supervisión electrónica, en virtud de lo que claramente ordena la Ley Núm. 49, supra.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió sin opinión.

       La Administración de Corrección implantó por primera vez el 14 de julio de 1989 un programa para la liberación de algunos confinados bajo supervisión electrónica. Este programa fue derogado el 15 de abril de 1992, cuando se creó como tal el Programa de Supervisión Electrónica mediante un memorando normativo. Posteriormente, este programa fue a su vez anulado por no cumplir con la Ley de Procedimiento administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

       Mediante el Reglamento para Establecer el Procedimiento para el Programa de Supervisión Electrónica, Reglamento Núm. 6041 de 26 de noviembre de 1999, la Administración de Corrección incorporó las exclusiones contenidas en al referida Ley Núm. 49 de 26 de mayo de 1995 (4 L.P.R.A. see. 1112 et seq.). Así cambió el Regla-mento para Establecer el Procedimiento para el Programa de Supervisión Electró-nica, Reglamento Núm. 5065 de 3 de junio de 1994, el cual no excluía el asesinato del beneficio de supervisión electrónica.

       En esencia, el principio referido dispone que si la ley penal vigente al impo-nerse una sentencia, o durante la condena, fuese distinta a la ley vigente al come-terse el delito, se impondrá la ley más benigna. Véase Art. 9 de la Ley Núm. 149 del 18 de junio de 2004, (33 L.P.R.A. see. 4637).


text:
      In re Rigoberto Martínez Cruz.

      Número: TS-3041

      Resuelto: 18 de octubre de 2007

      Lourdes I. Quintada Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Mariana D. Negrón Vargas, subpro-curadora general; José M. Montalvo Trías, director ejecu-tivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Rigoberto Martínez Cruz, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción de Reinstalación del Sr. Rigoberto Martínez Cruz, a la luz de las comparecencias de la Direc-tora de la Oficina de Inspección de Notarías, del Procura-dor General de Puerto Rico y del Colegio de Abogados, se ordena su reinstalación al ejercicio de la abogacía y de la notaría a partir de la notificación de la presente Resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Enmienda a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal Supremo.

      Número: ER-2007-02

      Resuelto: 19 de octubre de 2007
   RESOLUCIÓN

Se enmienda la Regla 40 del Reglamento del Tribunal Supremo para que lea de la manera siguiente:

Regla 40. Forma de los escritos; copias
(a) Todos los escritos que se presenten al Tribunal y las co-pias de éstos que se notifiquen a las partes, deberán ir enca-bezados con el epígrafe del caso, con expresión del título y del número. Dichos escritos y todas sus copias deberán estar fir-mados por el abogado o la abogada, o por la propia parte, de no tener representación legal.
(b) Todo escrito que se presente a este Tribunal se hará en letra impresa al estilo Times New Roman, Courier New o Añal en tamaño 12 o su equivalente en cualquier programa de pro-cesamiento de palabras, a doble espacio, en papel tamaño legal (8 V2" x 14"), por un solo lado del papel y con un margen izquierdo no menor de V2" y un margen derecho no menor de Vz". Las páginas del escrito deberán perforarse y sujetarse al centro del margen izquierdo de la página, a no menos de 6 pulgadas por debajo del margen superior del papel. Para suje-tarlas no se utilizará alambre o metal.
(c) Todo documento que forme parte de un apéndice deberá cumplir con los requisitos establecidos en el inciso (b) anterior, excepto que se permitirá incluir fotocopias de documentos ori-ginales a espacio sencillo siempre que dichas copias sean cla-ramente legibles.
(d) La presentación de todo documento ante el Tribunal se hará en original y ocho copias, claramente legibles, que po-drán ser de mimeógrafo, fotocopias o máquinas reproductoras de eficiencia análoga. No se aceptará copias carbón bajo nin-guna circunstancia. Será deber del Secretario o la Secretaria velar por el estricto cumplimiento de esta disposición y, en su caso, tomar las medidas correctivas que dispone la Regla 9(d). Se hará excepción de las ocho copias en los siguientes escritos, los cuales se presentarán en original y una copia:
1. Mociones de prórroga.
2. Mociones informativas.
3. Mociones para certificar la notificación del recurso bajo la Regla 39(a) de este Reglamento.
4. Mociones relacionadas con los cambios en la represen-tación legal o cambios de dirección.
5. Mociones bajo la Regla 33(k) de este Reglamento.
6. Alegatos de las partes luego de expedido un recurso discrecional o de acogida una apelación.
7. Escritos en cumplimiento de una orden para mostrar causa u otra orden emitida por el Tribunal.
8. Mociones o escritos posteriores luego de haberse noti-ficado que el caso ha quedado sometido en sus méritos.
9. Quejas contra abogados y abogadas.
10. Mociones y escritos relacionados con las quejas y los procedimientos disciplinarios contra abogados, abogadas, no-tarios y notarías bajo la Regla 14 de este Reglamento.
11. Transcripción de evidencia.
No obstante lo antes dispuesto, el Tribunal o la Secretaría podrán requerir que se presenten copias adicionales de cual-quier escrito cuando así lo considere necesario.
(e) El legajo o expediente a que se refiere la Regla 35 podrá elevarse en original o en copia certificada por la Secretaría del tribunal apelado.
(f) Cuando estas reglas dispongan el número máximo de pá-ginas para un escrito, éste no deberá presentarse con páginas en exceso de dicho máximo. El Tribunal no concederá excep-ciones, salvo mediante una moción justificativa con razones específicas y no con meras generalizaciones.
(g) El Secretario o la Secretaria no aceptará ni permitirá que se presente un memorando de autoridades por separado en apoyo de un escrito. Las autoridades pertinentes deben in-corporarse y discutirse siempre dentro del cuerpo de los res-pectivos escritos.
(h) Todos los escritos y las mociones que se presenten para el Certiorari dispuesto bajo la Regla 20(a)(6) de este Regla-mento, se presentarán en original y ocho copias.

Esta enmienda entrará en vigor el 3 de diciembre de 2007.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Enmienda a la Regla 11 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

      Número: EJ-2007-07

      Resuelto: 19 de octubre de 2007
   RESOLUCIÓN

Al amparo del poder inherente de este Tribunal para regular la admisión y el ejercicio de la práctica de la abo-gacía y la notaría, y conforme a lo dispuesto en la Regla 15.4 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, 4 L.RR.A. Ap. XVII-B, de junio de 1998, se enmienda la Regla 11(11.1.1) del citado reglamento, para que exprese lo siguiente:

Regla 11. ...
(11.1) Derechos de los aspirantes con calificación de no aprobado.—
(11.1.1) Sólo podrán solicitar una reconsideración aquellos aspirantes con la calificación de no aprobado que hayan obte-nido una puntuación final en su reválida hasta quince (15) puntos ajustados cercanos a la puntuación mínima para apro-bar un examen de reválida en particular. De transcurrir el término para solicitar la admisión al próximo examen que se administrará, se extenderá dicho término para los aspirantes que tengan recursos pendientes.

Esta enmienda entrará en vigor a partir de la reválida de marzo de 2008.

Publiquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Enmienda a la Regla 6 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

      Número: EJ-2007-08

      Resuelto: 19 de octubre de 2007
   RESOLUCIÓN

Al amparo del poder inherente de este Tribunal para regular la admisión y el ejercicio de la práctica de la abo-gacía y la notaría, y conforme a lo dispuesto en la Regla 15.4 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, 4 L.P.R.A. Ap. XVII-B, de junio de 1998, se enmienda la Regla 6(6.2.1) del citado reglamento para que exprese lo siguiente:

Regla 6. ...
(6.2) Documentos que han de ser sometidos con la solicitud.—
(6.2.1) Salvo una dispensa autorizada por justa causa por la Junta, la solicitud deberá estar acompañada de:
(a) el formulario de solicitud suministrado por la Junta, debidamente completado y firmado por el aspirante, y jurado y suscrito ante un notario o funcionario público autorizado, in-cluyendo funcionarios de los tribunales facultados para tal efecto;
(b) dos (2) fotografías recientes de busto, tamaño 2"x 2";
(c) aquellos sobres que la Junta requiera, predirigidos con el nombre y dirección postal del aspirante, y franqueo pre-pagado con sellos de correo adheridos (no se aceptan sellos de metro), y
(d) un certificado de antecedentes penales expedido por la Policía de Puerto Rico dentro de los noventa (90) días anterio-res a la fecha en que se presente la solicitud de admisión al examen.
Si durante los últimos diez (10) años ha vivido, residido o estudiado fuera de Puerto Rico por un periodo de seis (6) me-ses consecutivos o más, deberá solicitar, además, un certifi-cado de antecedentes penales, o su equivalente, a la Policía del lugar o lugares donde vivió, residió o estudió. El período de seis meses no se entenderá interrumpido como consecuencia de visitas periódicas a Puerto Rico, o a cualquier otro lugar, por razón de vacaciones, asuntos personales o familiares, o por circunstancias en las que no media la intención del aspirante de permanecer en Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicción visitada. No se aceptarán solicitudes que no acompañen el o los referido(s) certificado(s) o prueba de haber iniciado las ges-tiones para cumplir con este requisito.
Si ha presentado un certificado de antecedentes penales del extranjero conforme al párrafo anterior, no tendrá que presen-tar nuevamente dicho certificado como parte de su solicitud de readmisión, a menos que posteriormente vuelva a vivir, residir o estudiar fuera de Puerto Rico por un periodo de seis meses consecutivos o más.
Sin perjuicio de lo antes dicho, se podrá aceptar en sustitu-ción de este certificado una declaración jurada en la que se asevere que no ha cometido delito o falta en una jurisdicción foránea y reconociendo que de ser falsa tal aseveración hay consecuencias disciplinarias, en casos donde:
(1) se presente prueba inequívoca de que en la jurisdic-ción foránea no puede tramitarse la petición del documento porque no existe un trámite igual o similar, o por razones de índole política que entorpecen su obtención, o
(2) se demuestre que se ha sido diligente en solicitar el documento, pero las autoridades foráneas no quieren o no pue-den indicar una fecha cierta de entrega o envió del documento.
El aspirante que tenga que cumplir con este requisito por razón de pertenecer a las fuerzas armadas, podrá presen-tar una copia del certificado de Honorable Discharge o una certificación del cuerpo militar al respecto.
(e) En caso de que el aspirante haya sido admitido al ejer-cicio de la abogacía en otras jurisdicciones, deberá presentar con su solicitud las certificaciones oficiales de su acreditación como abogado en tales jurisdicciones y una certificación de buena conducta profesional y de cualesquiera procedimientos disciplinarios instituidos en su contra, vigente a la fecha de presentación de la solicitud, así como el formulario correspon-diente provisto por la Junta a tales efectos, debidamente com-pletado y firmado por el aspirante, y jurado y suscrito ante un notario.
(f) Una descripción detallada de cualquier tipo de impe-dimento o condición que necesite acomodo razonable en con-formidad con las disposiciones de las leyes aplicables y las normas que apruebe la Junta al respecto.
(g) Una transcripción de todos los créditos universitarios aprobados por el aspirante para obtener el grado académico de Derecho, certificada por la autoridad competente de la univer-sidad que le otorgó dicho grado y dirigida directamente por ésta a la Junta.
(h) Una copia del diploma acreditativo del grado acadé-mico obtenido por sus estudios de Derecho y una certificación oficial en original de la universidad donde obtuvo el grado.
(i) Una autorización y un relevo en el formulario corres-pondiente provisto por la Junta.
(j) Sellos de rentas internas por doscientos cincuenta dó-lares ($250) que serán adheridos a la solicitud y cancelados a su presentación.
(k) Cualquier otro documento que le requiera la Junta.

Se añade a dicho reglamento la Regla 6.2.2, la cual dis-pondrá:

(6.2) Documentos que han de ser sometidos con la solicitud.—
(6.2.2) Todo aspirante que apruebe el examen de reválida general deberá entregar en la Junta Examinadora, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación de la calificación de aprobado:
(a) el formulario de declaración informativa del aspi-rante, suministrado por la Junta, debidamente completado y firmado por el aspirante, y jurado y suscrito ante un notario o funcionario público autorizado, incluyendo funcionarios de los tribunales facultados a tal efecto, y
(b) sellos de rentas internas por valor de quince dólares ($15). Estos sellos se fijarán al diploma que se otorgará a cada aspirante que sea juramentado como abogado por el Tribunal. Dichos sellos podrán ser reclamados por el aspirante si la Co-misión de Reputación no certifica su buena reputación y, como consecuencia de ello, se ve imposibilitado de jurar como abo-gado ante el Tribunal Supremo.

Esta enmienda entrará en vigor inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Alfredo Berríos Pérez.

      Número: TS-5852

      Resuelto: 23 de octubre de 2007

      María D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Alfredo Berríos Pérez, pro se.

   per curiam:

El Lie. Alfredo Berríos Pérez fue admitido al ejercicio de la notaría el 26 de abril de 1978.

El 19 de marzo de 2007, la Oficina de Inspección de Notarías rindió un informe sobre el estado de la notaría de Berríos Pérez, en el cual se destaca que sus Protocolos de 1996 y 1997 fueron aprobados con deficiencias, ello debido a que autorizó dos testamentos abiertos con errores que no pudieron subsanarse por el fallecimiento de los testadores.

Según el informe referido de la Oficina de Inspección de Notarías, en la escritura número 32 de 1966 sobre testa-mento abierto, el notario omitió dar fe del conocimiento o la identificación de la testadora; ésta compareció asistida de testigo, pues no sabía leer ni escribir, pero no consta la fe expresa de la lectura en voz alta por el notario y el testigo. Se fijó la huella de un solo dedo pulgar, sin expli-cación alguna por el notario.

En la escritura número 18 de 1997 sobre testamento abierto, el primer apellido de la legataria es erróneo. El notario pretendió corregir ese error mediante un acta notarial.

I

El Código Civil de Puerto Rico regula todo lo con-cerniente a la autorización de testamentos en general y dispone, en cuanto a los testamentos abiertos, sus requisi-tos, el modo de otorgarlos y las formalidades que deben observarse. Por su parte, la ley notarial aplica supletoria-mente, complementando y asegurando el cumplimiento de tales disposiciones. Cintrón v. Cintrón, 70 D.P.R. 770 (1950); In re Irlanda Pérez, 162 D.P.R. 358 (2004). En este sentido, el testamento abierto, como instrumento público, debe cumplir no sólo con las solemnidades contenidas en el Código Civil, sino también con los requisitos de forma que le impone la ley notarial y su reglamento. In re Nieves Ortiz, 144 D.P.R. 918 (1998).

A. Omisión del acto de lectura en alta voz

El Art. 645 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 2182, requiere que el testamento abierto se lea en voz alta para que el testador manifieste su conformidad con lo redactado. Este requisito adquiere mayor importancia cuando el testador no sabe leer ni escribir. Sobre el particular, tanto el Art. 21 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2039, como la Regla 32 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, disponen que cuando un otorgante no sepa o no pueda leer, se dará lectura dos veces en voz alta al instrumento, una por el notario y otra por el testigo que dicho otorgante designe, de lo cual debe dar fe el notario en dicho instrumento.

B. Fijación de una sola huella dactilar

El Art. 645 del Código Civil, supra, dispone que si el testador y los testigos están conformes con el testamento, procederán a firmarlo. Por su parte, el Art. 25 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2043, y la Regla 32(c) del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, disponen que cuando cualquiera de los otorgantes no sepa o no pueda firmar, el notario procurará que fijen las huellas digitales de sus dos dedos pulgares junto a la firma del testigo que a su ruego firme y al mar-gen de los demás folios del instrumento. El Art. 13 de la ley, 4 L.P.R.A. see. 2031, requiere la firma de los otorgantes al final de la escritura matriz como elemento indispensable de validez del instrumento. Así también, el Art. 16 (4 L.P.R.A. see. 2034) establece que los otorgantes y los testigos firmarán la escritura y estamparán, además, las letras de su nombre y apellido o apellidos al margen de cada una de las hojas del instrumento. Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831 (1979).

Por su parte, el Art. 34, en su inciso (3), 4 L.P.R.A. see. 2052(3), provee que serán nulos aquellos instrumentos en que no aparezcan las firmas de los otorgantes y los testi-gos, si los hubiese.

En la escritura núm. 32 de 1996, la testadora fijó una sola huella sin que el notario explicara la razón para ello. Luego el notario expresó al final del instrumento que todos la habían firmado, contrario a la legislación notarial antes discutida.

C. Omisión de la fe del conocimiento o identificación de la testadora

El Art. 634 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 2150, dispone que el notario y dos de los testigos deberán conocer al testador; si no lo conociesen, se identificará su persona con dos testigos que le conozcan y que sean conocidos del notario y de los testigos instrumentales. Por su parte, el Art. 635 (31 L.P.R.A. sec. 2151) establece que de no poder identificarse al testador en la forma prevista en el Art. 634, supra, el notario deberá aclarar tal circunstancia reseñando los documentos que el testador presente con dicho objeto y las señas personales de éste.

La dación de fe de conocimiento del testador es un requisito esencial para garantizar la autenticidad y veracidad de la declaración de voluntad de un testador y constituye una formalidad de fondo que afecta la validez del acto, conforme a lo establecido en el Art. 636 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 2152.

D. Autorización de acta de subsanación para corregir un testamento

Mediante la autorización del Acta Notarial núm. 31 de 18 de agosto de 1999, el notario Berríos Pérez pretendió corregir el primer apellido de una legataria instituida en uno de los testamentos objeto de este informe. Aun cuando el ordenamiento notarial permite la rectificación y subsa-nación de los defectos de que adolezcan los documentos no-tariales inter vivos, mediante acta notarial bajo ciertas condiciones, la Regla 39 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, excluye expresamente la utilización de este medio para subsanar los testamentos.

II

Como puede deducirse de todo lo anterior, en los dos asuntos que aquí nos conciernen el notario Berríos Pérez incumplió con las disposiciones de ley aplicables a la auto-rización de testamentos, lo cual pone en entredicho su va-lidez y constituyen faltas graves que exponen al notario inevitablemente a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal.

Al ponderar la sanción que procede aquí, debemos to-mar en cuenta que la actuación errónea del notario no causó daños, ya que en las dos instancias concernidas la distribución de la herencia se hizo conforme a lo dispuesto en los testimonios en cuestión. Así mismo debemos tomar en cuenta que el notario ha comparecido ante nos y ha aceptado sinceramente los errores cometidos. Se trata de un abogado notario de más de 80 años de edad, que hasta este caso no había cometido faltas en su desempeño profe-sional y quien se ha distinguido por su participación en el Programa Pro Bono del Colegio de Abogados.

En vista de todo lo anterior, se suspende a Alfredo Be-rríos Pérez por tres meses del ejercicio de la notaría solamente. Se le impone el deber de acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tarse de la obra y del sello notarial del abogado suspendido y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Fiol Matta no intervino.


text:
      In re Moisés Rivera Colón.

      Números: AB-2004-230
    AB-2004-240

      Resueltos: 25 de octubre de 2007

      Mariana D. Negrón Vargas y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradoras generales, Miriam Soto Contreras y Li-zette Mejías Avilés, procuradoras generales auxiliares; Moisés Rivera Colón, pro se.

   per curiam:

El Ledo. Moisés Rivera Colón fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de noviembre de 1980 y al ejercicio de la notaría el 9 de marzo de 1981.

I

El 5 de octubre de 2004 el Sr. Ricardo Colón Colón pre-sentó una queja contra el licenciado Rivera Colón en este Tribunal. La Secretaria del Tribunal notificó al licenciado Rivera Colón el 1 de noviembre de 2004. Luego de que el abogado de epígrafe contestó dicha queja, ésta fue referida a la Oficina del Procurador General para la investigación y el informe correspondientes, en cumplimiento con la Regla 14(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

El Procurador General sometió su informe el 7 de diciembre de 2006. Mediante la Resolución del 21 de diciem-bre de 2006 concedimos a Rivera Colón un término de veinte días para expresarse sobre el mencionado informe del Procurador General.

Transcurrido el término de veinte días sin recibir la comparecencia del abogado, mediante Resolución de 30 de marzo de 2007 se le concedió un término adicional de veinte días para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía ejercer su jurisdicción disciplinaria e impo-nerle sanciones por su incumplimiento con lo ordenado. Se le apercibió que su incumplimiento podía conllevar la sus-pensión al ejercicio de la profesión. Esta Resolución fue notificada personalmente el 12 de abril de 2007 a través de la Oficina del Alguacil del Tribunal Supremo. Aún hoy Rivera Colón no ha comparecido ante nos.

De otro lado, el pasado 15 de noviembre de 2005 la Se-cretaria del Tribunal Supremo cursó una comunicación por correo certificado al abogado de epígrafe con relación a otra queja presentada en su contra, en esta ocasión por el Sr. Rolando Rojas Torre. Luego de una segunda notificación, Rivera Colón compareció ante este Tribunal y expresó que devolvería los cinco mil dólares que le fueron pagados por adelantado en concepto de honorarios y que constituían el objeto de la queja presentada.

Así las cosas, mediante Resolución de 15 de marzo de 2006 se le ordenó a Rivera Colón que devolviera al señor Rojas Torre los cinco mil dólares objeto de la queja dentro de un término de noventa días. Rivera Colón no cumplió con dicha orden.

El 30 de junio de 2006, mediante una resolución y bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias severas, se le concedió un término adicional de veinte días para que in-formara al Tribunal las gestiones realizadas para dar cum-plimiento a la orden del 15 de marzo de 2006. Rivera Colón solicitó dos prórrogas para cumplir con la referida orden. A pesar de que las prórrogas le fueron otorgadas, el abogado de epígrafe no cumplió.

El 12 de diciembre de 2006 emitimos otra Resolución mediante la cual otorgamos a Rivera Colón un término de quince días para informar a este Tribunal de las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la Resolución del 15 de marzo de 2006. Rivera Colón no compareció.

Por último, mediante Resolución de 1 de marzo de 2007 concedimos un término final de quince días para que infor-mara a este Tribunal las gestiones realizadas para cumplir con la Resolución de 15 de marzo de 2006, bajo apercibi-miento de suspensión del ejercicio de la profesión. Dicha Resolución fue notificada personalmente por un alguacil del Tribunal el 8 de marzo de 2007. Aún hoy Rivera Colón no ha comparecido.

En vista de que el licenciado Rivera Colón no ha compa-recido ante este Tribunal, en un craso incumplimiento con nuestras órdenes, procedemos a consolidar los asuntos per-tinentes a las dos quejas (AB-2004-230 y AB-2005-240) y resolver sin ulteriores trámites.

II

Reiteradamente hemos expresado que uno de los compromisos que asume cada uno de los abogados que presta juramento ante este Tribunal está relacionado con la facultad inherente de este Foro de reglamentar el ejercicio de la abogacía. Se trata del deber de todo abogado de atender y cumplir con los requerimientos y las órdenes de este Tribunal. Sobre este particular, hemos sido enfáticos al señalar que la naturaleza y práctica de la abogacía requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente en la esfera de la conducta profesional.

Asimismo, hemos expresado que el compromiso de todo abogado de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, con el propósito de lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas, sino a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. Véase In re Ríos Acosta I, 143 D.RR. 128 (1997). A tono con lo anterior, hemos señalado que, independientemente de los méritos de las quejas presentadas contra un abogado, éste tiene la obligación ineludible de responder prontamente a nuestros requerimientos. In re Rodríguez Mena, 126 D.P.R. 205 (1990).

Debe mantenerse presente que la desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en lo relativo a la exigencia de respeto hacia los tribunales. In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992). Demás está decir que en estas situaciones, de renuencia a cumplir con nuestras órdenes, procede la suspensión temporal o indefi-nida del ejercicio de la abogacía. Véanse: In re Osorio Díaz, 146 D.P.R. 39 (1998); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re Bonaparte Rosaly, 131 D.P.R. 908 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991).

III

De todo lo antes expuesto, resulta obvio que el licen-ciado Rivera Colón ha incumplido con su deber de responder prontamente a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal. En vista de lo anterior se suspende inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría al licenciado Moisés Rivera Colón.

Se le impone al abogado querellado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar re-presentándolos, devolverles cualesquiera honorarios reci-bidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tar la obra y el sello notarial del licenciado Rivera Colón y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la investigación y el informe correspon-dientes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.


text:
      In re Luis Rodríguez Bigas, querellado.

      Número: AB-2007-33

      Resuelto: 25 de octubre de 2007

      María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Co-misión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

El 29 de diciembre de 1976 Luis Rodríguez Bigas fue admitido al ejercicio de la abogacía y el 17 de enero de 1977 fue admitido al ejercicio de la notaría.

El 18 de mayo de 2006 se presentó ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico una queja juramentada contra el licenciado Rodríguez Bigas. Conforme el procedimiento es-tablecido, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados envió una copia de la queja al licenciado Rodríguez Bigas y le requirió su posición al respecto. En cuatro ocasiones se le requirió al licenciado Rodríguez Bigas su contestación a la queja interpuesta.

Todas las gestiones realizadas resultaron infructuosas, ya que éste no contestó ninguno de los requerimientos. En vista de ello, el Colegio de Abogados compareció ante nos el 26 de enero de 2007 para solicitar nuestra intervención.

Mediante la Resolución de 29 de marzo de 2007, notifi-cada personalmente por un alguacil del Tribunal, le orde-namos al licenciado Rodríguez Bigas que contestara los re-querimientos del Colegio de Abogados y compareciera ante este Tribunal para exponer las razones por las cuales no debía ser disciplinado por no responder a dichos requerimientos. Además, le apercibimos que incumplir con lo ordenado podría conllevar sanciones disciplinarias seve-ras, incluyendo su suspensión del ejercicio de la profesión.

El 7 de junio de 2007 el Colegio de Abogados compareció ante nos para informarnos que el licenciado Rodríguez Bi-gas no había contestado a sus requerimientos, a pesar de haberle ordenado este Tribunal que lo hiciera. Hoy, el tér-mino concedido ha transcurrido y el licenciado Rodríguez Bigas no ha comparecido ni ha solicitado una prórroga para comparecer, ni al Colegio de Abogados ni ante nos, incumpliendo así con nuestra Resolución de 29 de marzo de 2007.

Hemos expresado reiteradamente que los abogados tienen la obligación de responder con diligencia a las órdenes de este Tribunal así como a los requerimientos del Colegio de Abogados con respecto a las quejas que se pre-sentan en su contra. In re Guede Mijares, 159 D.P.R. 396 (2003); In re Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001). El incumplimiento por parte de un abogado con nuestras órdenes o con los requerimientos del Colegio de Abogados conlleva la imposición de severas sanciones disciplinarias. In re García Enchautegui, 164 D.P.R. 740 (2005); In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004).

Desatender las comunicaciones relacionadas con los procedimientos disciplinarios “tiene el mismo efecto disruptivo de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal”. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997). El Canon 12 del Código de Ética Profesional exige “desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones” en la tramitación de las causas. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Este deber profesional “se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas sino a la jurisdicción disciplinaria de este foro”. In re Ríos Acosta, supra, pág. 135.

Asimismo, constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, incumplir las órdenes y los requerimientos de este Tribunal. Este canon establece el deber de todo abogado de observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye al estricto cumplimiento con las órdenes y las resoluciones de este Tribunal relacionadas con nuestra jurisdicción disciplinaria. In re Moreno Franco, 166 D.P.R. 787 (2006); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992).

Igualmente, hemos expresado que todo abogado tiene la ineludible obligación de responder prontamente a nuestros requerimientos, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re Colón Rivera, 170 D.P.R. 440 (2007); In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. 586 (2004).

En el caso de autos el licenciado Rodríguez Bigas ha desatendido los múltiples requerimientos del Colegio de Abogados relacionados con la queja presentada en su contra. Además, ha hecho caso omiso a nuestra Resolución de 29 de marzo de 2007. Con tal proceder el licenciado Rodríguez Bigas ha ignorado las obligaciones que tiene como miembro de la profesión jurídica. El incumplimiento del licenciado Rodríguez Bigas demuestra indiferencia y menosprecio a nuestra autoridad disciplinaria. Resulta evidente que no tiene gran interés en continuar siendo miembro de la profesión.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la se-paración inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Ledo. Luis Rodríguez Bigas, a partir de la notificación de la presente opinión per curiam.

Se le impone al abogado querellado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar re-presentándolos, devolverles cualesquiera honorarios reci-bidos por trabajo no realizado e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días, a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial de Rodríguez Bigas y entregarlos a la Direc-tora de la Oficina de Inspección de Notarías para la corres-pondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.