text:
      In re Iván M. Flores Ayffán, querellado.

      Número: CP-2005-6

      Resuelto: 26 de enero de 2007

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Noemí Rivera De León, procuradora general auxiliar, querellantes; Rafael A. García López, abogado del abogado querellado; Enrique Rivera Santana, comisionado especial; Iván M. Flores Ayffán, pro se.

   per curiam:

El abogado Iván M. Flores Ayffán fue admitido a la práctica de la abogacía en Puerto Rico el 25 de junio de 1991 y a la de la notaría el 13 de septiembre del mismo año. En 1996 el Procurador General, en relación con una queja que presentara el Sr. Efraín Luiggi Negrón contra Flores Ayffán, presentó dos informes al respecto ante este Tribunal. Instruimos, entonces, al Procurador General a que presentara la correspondiente querella contra Flores Ayffán.

En un procedimiento coetáneo, con relación a una queja que se había presentado anteriormente, este Tribunal suspendió indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría a Flores Ayffán mediante Sentencia de 2 de mayo de 2000 por violaciones a los Cánones 18, 19 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Tras dicha suspensión, el Procurador General descontinuó los trámites en cuanto a la queja de Luiggi Negrón: no presentó la querella que le ordenamos.

El 19 de enero de 2005, Flores Ayffán solicitó la reinstalación al ejercicio de la abogacía. Por esta razón ordenamos la reactivación de la queja en su contra que había permanecido en suspenso. El 13 de abril de 2005 el Procurador General presentó la querella por los hechos relacionados a la queja presentada en 1996 por Luiggi Negrón. En ella se le imputó a Flores Ayffán haber violado los Cánones 12,17, 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional, ante. En síntesis, el Procurador General alegó que Flores Ayffán violó los mencionados cánones por las razones siguientes: inercia en la tramitación de una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico; diligenciamiento inadecuado de los emplazamientos; no haber replicado a dos mociones de desestimación presentadas por las partes contrarias, quedando desestimado el caso; no mantener a su cliente debidamente informado de los trámites del mismo, y “renunciar” a la representación profesional de Luiggi Negrón sin pedirle permiso al tribunal. El 30 de junio de 2005 el querellado presentó su contestación a la mencionada querella.

Designamos al ex Juez Superior, Enrique Rivera Santana, para que, en presencia de las partes y en calidad de Comisionado Especial, recibiera la prueba que presentaran las partes y rindiera un informe con sus determinaciones de hecho y recomendaciones pertinentes. El Comisionado rindió su informe; resolvemos.

I

Los togados, como parte intrínseca de su profesión, están obligados a ejercer la máxima diligencia para con las partes, sus compañeros y el tribunal. De esta manera, el abogado debe evitar dilaciones innecesarias en el trámite y en la solución de los casos; ello de acuerdo con las disposiciones del Canon 12 del Código de Ética Profesional, ante. En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 291 (1988), establecimos que “[l]os abogados son funcionarios del tribunal y, como tales, están llamados a ayudarlos en su misión de hacer justicia rápida y económica”.

El citado Canon 18 dispone que “es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Por consiguiente, cuando un abogado sabe que no puede rendir una labor idónea, competente y que no puede preparase adecuadamente sin causar demoras o gastos irrazonables al cliente o a la justicia, no debe asumir la representación profesional que se le solicita. No obstante, el abogado que asume la representación profesional de un cliente está obligado a mantenerlo informado en cuanto a los asuntos importantes que surjan del caso, de acuerdo con las disposiciones del Canon 19, ante. Respecto a ello, en In re Hernández Nazario, 159 D.P.R. 63, 67-68 (2003), sostuvimos que

... volverse inaccesible para un cliente, no responder sus llamadas, no mantenerlo informado de la situación procesal del caso, no informarlo del resultado adverso de su gestión o no informarlo inmediatamente de una sentencia de archivo o en sus méritos, entre otras cosas, contraviene lo establecido por el Canon 19 del Código de Ética Profesional ....

Por otro lado, el Canon 17, ante, dispone que la comparecencia de un abogado ante un tribunal “debe equivaler a una afirmación sobre su honor de que en su opinión el caso de su cliente es uno digno de la sanción judicial”. Cónsono con ello, el abogado que durante el transcurso de un litigio quede convencido de que el pleito que tramita es injustificado, está obligado a pedir permiso del tribunal para renunciar la representación de su cliente. Dicho de otra forma, el abogado que quiera renunciar la representación profesional de su cliente luego de haber comparecido ante el tribunal, tiene que obtener el permiso expreso del foro judicial. Además, para solicitar dicho permiso debe existir una razón justificada. Como expresáramos en Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 125 (1975), “[l]a moción de renuncia de representación es una solicitud al tribunal que propone unas razones para que se admita al abogado desligarse del caso”.

Por último, el Canon 20, ante, establece que el abogado debe evitar ocasionarle peijuicio a los derechos de su cliente. Para cumplir con este Canon es necesario notificarle al cliente de su renuncia, apercibirle de los términos en decurso en relación con su causa de acción, y aconsejarle sobre la necesidad de conseguir nueva representación legal. Además, efectiva la renuncia del abogado, éste debe entregarle el expediente del caso al cliente y reembolsarle cualquier cantidad que haya recibido como adelanto por servicios que no se llegaron a prestar. Véanse: In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); In re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986); In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984); In re Ávila, Jr., 109 D.P.R. 440 (1980).

II

Flores Ayffán asumió la representación legal de Luiggi Negrón y presentó la correspondiente demanda ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. Flores Ayffán presentó la referida demanda sin haber recibido toda la información pertinente al caso porque, conforme ha expresado, “ ‘el término estaba corriendo, y al presentar dicha Demanda [sic] al menos interrumpiriamos [sic] el término de prescripción de su causa de acción’ Informe del Comisionado Especial, pág. 5. Luego de presentar la demanda, dicho abogado le requirió a su cliente que le proveyera la información necesaria para continuar con la tramitación del pleito porque sin “ ‘dicha información no podemos continuar llevando su caso’ ”. íd., pág. 6. No bien Flores Ayffán recibió la información que requirió de su cliente, alegadamente se percató de que no existía causa de acción. Por esta razón le comunicó que “ ‘de tener alguna otra evidencia o documento que pueda justificar su causa de acción, favor de hacérnosla [sic] llegar a la mayor brevedad posible para poder continuar con su caso’ ”. Id., págs. 5-6. En el entretanto, Flores Ayffán diligenció incorrectamente los emplazamientos a las partes demandadas.

Así las cosas, Flores Ayffán envió varias cartas a Luiggi Negrón, citándolo a su oficina en más de una ocasión en aras de recolectar información adicional que justificara la causa de acción. Tras el silencio de Luiggi Negrón y su incomparecencia a las varias citas de Flores Ayffán, este último le remitió una carta en donde expresó que:

“ ‘Como le indicamos en nuestras cartas pasadas ... su caso es uno que carece de mérito ya que no cuenta con la evidencia necesaria para sustentar sus [sic] alegaciones que usted me indicara en mi oficina y que fueron utilizadas por mí para la preparación y posterior presentación de la Demanda del presente caso.
Mi recomendación es desistir de su caso, o en la alternativa esperar que el Honorable Tribunal lo desestime, dándole tiempo a usted de encontrar alguna otra representación legal que quiera llevar dicha acción.
Le notificamos que de surgir cualquier alegación de parte de alguno de los Demandados no contestaremos dichas Mociones por las razones expuestas.’ ” (Enfasis suplido.)

Conforme a lo aseverado, Flores Ayffán se abstuvo de replicar a dos mociones de desestimación presentadas por las partes demandadas. El tribunal acogió ambas mociones de desestimación. Al recibir las copias de las sentencias emitidas por el tribunal, Flores Ayffán le envió una carta a su cliente en la cual le notificó que la desestimación era sin perjuicio, por lo que podía volver a presentar la causa de acción. Luego, envió un escrito al tribunal titulado “Moción para sustituir abogado”, alegadamente desligándose así del caso.

III

No hay duda de que Flores Ayffán no actuó correctamente en la tramitación de la causa de acción de su cliente. Primeramente, presentó una demanda sin la información necesaria para sostener las alegaciones en clara violación a las disposiciones de los citados Cánones 12,17 y 18. Ello no era necesario, ya que pudo haber interrumpido el término prescriptivo mediante una reclamación extrajudicial. Un abogado que presenta una demanda sin tener toda la información necesaria para poder determinar si existe o no, una causa de acción, ciertamente falla en actuar con la máxima diligencia que impone el Código de Ética Profesional.

Por otro lado, si un abogado llega a la conclusión de que la demanda presentada no tiene mérito, luego de haberla presentado, lo correcto y ético es informárselo al cliente y renunciar formalmente a la representación legal. Cuando un abogado escoge ignorar el curso procesal de un caso, quebranta su deber de defender al cliente. Esta desidia indudablemente causa perjuicio a los derechos del cliente. Dicha actuación es ilícita y atenta contra los principios más básicos del Código de Ética Profesional. En la situación a la que se enfrentaba Flores Ayffán, su deber era simple: informárselo a su cliente, como lo hizo, y renunciar a la representación profesional antes de permitir —cruzándose de brazos— que se desestimara la causa de acción de Luiggi Negrón.

Como vimos, y habiéndose ya desestimado la causa de acción, Flores Ayffán renunció a la representación de Luiggi Negrón. Sin embargo, dicha renuncia no se hizo conforme establece el Código de Etica Profesional. En lugar de pedirle permiso al tribunal para renunciar a la representación profesional de su cliente, como precisa el Canon 20 del Código de Etica Profesional, ante, Flores Ayffán meramente informó su renuncia. Posteriormente, Flores Ayffán remitió el expediente del caso a su cliente. Sin duda, al así actuar, el querellado violó el citado Canon 20.

Por último, no surge claramente si de hecho Flores Ayffán incumplió con su deber de mantener informado a Luiggi Negrón, ya que el Procurador General no citó a Luiggi Negrón a comparecer a la vista ante el Comisionado Especial. Del expediente, sin embargo, surge que el querellado mantuvo informado a su cliente mediante cartas. En consecuencia, y respecto a la alegada infracción del citado Canon 19, concluimos que Flores Ayffán no violó dicho Canon como alegara el Procurador General.

IV

Tomando en consideración los hechos antes expuestos, y de acuerdo con nuestro poder inherente para regular la profesión y disciplinar a los miembros de la profesión, concluimos que Flores Ayffán violó las disposiciones de los Cánones 12, 17,18 y 20 del Código de Ética Profesional, ante, conducta que, de ordinario, ameritaría su suspensión de la práctica de la abogacía.

Ello, no obstante, consideramos que el trámite de la queja, que comenzara en 1996, no se debió paralizar tras haberse decretado la suspensión indefinida de Flores Ayffán en el 2000 por otra queja. Esto es, la queja que presentó Luiggi Negrón se debió tramitar conjuntamente con la queja que desembocó en su suspensión de la profesión porque ambas eran coetáneas. Por esta razón, y teniendo en cuenta el tiempo que lleva suspendido Flores Ayffán, le acreditamos la sanción impuesta y se da por cumplida. Por todo lo cual, nos parece razonable conceder la reinstalación de Flores Ayffán al ejercicio de la abogacía.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

        In re Flores Ayffán, 150 D.P.R. 907 (2000).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Fuster

license: Public Domain

text:
    Tomás Medina Garay y Rogelio Medina Garay, recurridos, v. Gladys Luz Medina Garay et als., peticionarios.

      Número: CC-2005-481

      Resuelto: 26 de enero de 2007

      Jorge Calero Blanco, del bufete McConnell Valdés, abogado de El Conquistador Partnership, L.P., parte peticionaria; Gustavo A. Quiñones Pinto, abogado de la parte recurrida; Sylvia Roger Stefani, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general.
   El Juez Asociado Señor Fuster

Berlingeri emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos la ocasión de resolver si la protección de la tercería registral puede cobijar al adquirente de una propiedad que aparece inscrita dos veces en el Registro de la Propiedad a nombre de un mismo titular.

I

El Conquistador Partnership, L.P. (El Conquistador o parte peticionaria) solicita la revisión de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 7 de febrero de 2005. Mediante dicho dictamen el referido foro resolvió que El Conquistador no gozaba de la protección de la fe pública registral y le impuso el pago de las costas del pleito. Veamos los hechos que dan lugar a la controversia.

El 16 de octubre de 1972, los esposos Juan Tomás Medina y Gloria Garay vendieron en $5,000 dos parcelas de terreno (“A” y “B”) a su hija Carmen Lydia Medina Garay y su esposo Miguel Angel Ortiz (matrimonio Ortiz-Medina). La parcela “A”, ubicada en el Barrio Cabezas de Fajardo, consistía de noventa centésimas de cuerda y en ella existía una casa de madera. Por otra parte, la parcela “B”, ubicada en el mismo barrio, consistía de doce centésimas de cuerda y en ella enclavaba una casa de concreto y hormigón.

Posteriormente, el matrimonio Ortiz-Medina presentó una solicitud de expediente de dominio ante el Tribunal de Primera Instancia. El 26 de julio de 1974 el Tribunal de Primera Instancia declaró “con lugar” la referida solicitud y el matrimonio Ortiz-Medina promovió la inscripción de las fincas en el Registro de la Propiedad. El 18 de septiembre de 1974, la parcela “A” fue inscrita como la finca 8,060 en el Folio 280 del Tomo 216 de la sección de Fajardo del Registro de la Propiedad. Por su parte, la parcela “B” fue inscrita como la finca 8,061 en el Folio 285 del Tomo 216 de la misma sección del Registro.

En 1980 y 1984, respectivamente, Gloria Garay y Juan Tomás Medina fallecieron intestados. Posteriormente, en 1988 ambas fincas fueron objeto de una segunda inscripción a nombre de los mismos titulares por un error del Registrador de la Propiedad. En particular, la parcela “A” fue inscrita como la finca 14,278 en el Folio 1 del Tomo 333, mientras que la parcela “B” fue inscrita como la finca 14,279 en el Folio 6 del Tomo 333.

Así las cosas, en mayo de 1992 el matrimonio Ortiz-Medina le vendió a El Conquistador la parcela “B” por $45,000. En esa misma fecha, la Sra. Gladys Luz Medina Garay y su esposo Isaías García Estrada, quienes habían ocupado la estructura enclavada en la parcela “B”, le cedieron a El Conquistador cualquier derecho que éstos tuviesen sobre la misma a cambio de $26,000.

El 23 de julio de 1993, dos de los herederos del matrimonio Medina-Garay, los Sres. Tomás Medina Garay y Rogelio Medina Garay (demandantes recurridos) presentaron una demanda contra el resto de los herederos, El Conquistador, el Municipio de Fajardo, la Autoridad de Carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Alegaron, en síntesis, que la compraventa efectuada entre los esposos Ortiz-Medina y Medina-Garay era nula por falta de causa. Además, adujeron que el título de dominio sobre la finca ostentado por El Conquistador era nulo porque los esposos Ortiz-Medina y Estrada-Medina no tenían facultad para transferirlo. Solicitaron que se declarara la nulidad de las compraventas, que se realizara la partición de la herencia y que se les entregaran sus respectivas participaciones.

Tras los incidentes procesales de rigor, el Tribunal de Primera Instancia dictó una sentencia mediante la cual determinó, inter alia, que el contrato de compraventa suscrito entre el matrimonio Medina-Garay y el matrimonio Ortiz-Medina carecía de causa y lo declaró nulo. El foro de primera instancia también determinó que El Conquistador no gozaba de la protección de la tercería registral, dado que del propio Registro de la Propiedad surgía un problema de doble inmatriculación. El aludido foro concluyó, además, que tanto la parcela “A” como el valor correspondiente a la parcela “B” y a la estructura que había en ésta antes de su demolición, correspondía por partes iguales a la sucesión Medina-Garay.

De acuerdo con lo antes expuesto, el Tribunal de Primera Instancia ordenó que la finca “A” se le entregara a la sucesión Medina-Garay para dividirla entre los herederos. En vista de que El Conquistador había cedido el dominio de la finca “B” a un tercero, el foro de primera instancia determinó que éste, los esposos Ortiz-Medina y los esposos Estrada-Medina responderían solidariamente por el valor de la finca y la estructura demolida.

Inconforme, El Conquistador recurrió ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. Los demandantes recurridos presentaron una moción de desestimación ante dicho foro en la cual alegaron que El Conquistador no notificó su escrito de apelación dentro del término jurisdiccional a la codemandada Noemí Medina Garay. Por su parte, El Conquistador alegó que no notificó a dicha codemandada, pues ésta no era “parte” en el litigio porque no fue debidamente emplazada.

Tras evaluar los argumentos de las partes, el foro apelativo desestimó el recurso instado por El Conquistador por falta de jurisdicción. Insatisfecho, El Conquistador acudió ante nos. En aquella ocasión, este Tribunal expidió el auto solicitado, revocó el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolvió el recurso a dicho foro para su disposición en cuanto a los méritos. Véase Medina v. Medina, 161 D.P.R. 806 (2004).

Así las cosas, el 7 de febrero de 2005 el Tribunal de Apelaciones dictó una sentencia mediante la cual confirmó la determinación del foro de primera instancia al resolver que la parte peticionaria no gozaba de la protección de la fe pública registral. Inconforme, El Conquistador acudió ante nos y solicitó la revisión de dicho dictamen. En síntesis, la parte peticionaria alega que tiene derecho a la protección que la ley concede al tercero registral independientemente de que la transacción entre Carmen Medina Garay y sus padres haya sido simulada.

El 26 de agosto de 2005 expedimos el auto de certiorari según solicitado. El 15 de noviembre del mismo año declaramos “con lugar” la solicitud de la parte peticionaria al amparo de la Regla 33(k) de nuestro Reglamento, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A, a los efectos de que el asunto quedara sometido sin necesidad de presentar un alegato. En la misma Resolución concedimos un término adicional a los demandantes recurridos para que presentaran su alegato. Estando en posición de resolver, procedemos a hacerlo.

II

A. Acorde con la tradición española, nuestro ordenamiento jurídico inmobiliario reconoce el Principio de Fe Pública Registral (o Publicidad Material). Banco de Santander v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 591, 601 (1990). El mismo está incorporado a través del Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria) el cual dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

A pesar que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni altera las relaciones jurídicas de quienes intervengan como partes en dichos actos o contratos, el tercero que de buena fe y a título oneroso adquiera válidamente algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultad para transmitirlo será mantenido en su adquisición, una vez haya inscrito su derecho, cuando por cualquier razón resulte inexacto el Registro, bien sea que se rescinda, resuelva o anule el título del otorgante en virtud de causas que no resulten clara y expresamente del propio Registro, o que existan sobre la finca acciones o títulos de dominio o de otros derechos reales que no estén debidamente inscritos.
La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se prueba que al adquirir conocía la falta de exactitud del Registro. (Énfasis suplido.)

En virtud del citado precepto, nuestro Derecho Registral Inmobiliario protege a todos aquellos que reúnan las condiciones para ser considerados terceros regístrales. Se considera tercero a quien adquiera un derecho real confiando en las constancias del Registro de la Propiedad. Banco Santander v. Rosario Cirino, supra, pág. 601. Véanse, además: Infante v. Maeso, 165 D.P.R. 757 (2005); Mundo v. Fuster, 87 D.P.R. 363, 376 (1963). Para que opere la referida protección, se exige que aquel que la invoque cumpla con todos los requisitos establecidos en el Art. 105 de la Ley Hipotecaria, supra, los cuales, según hemos ex-presado anteriormente, pueden recogerse en la máxima siguiente: deberá tratarse de un tercero civil que de buena fe y a título oneroso, en función de un registro inexacto, adquiera, en un negocio intervivos válido, un derecho real inmobiliario inscrito a nombre de una persona que según las constancias del Registro tenga facultades para transmitirle, sin que consten clara y expresamente las causas de la inexactitud ni concurra alguna de las excepciones a la aplicación de la fe pública registral, y que, a su vez, haya inscrito su adquisición. Banco Santander v. Rosario Cirino, supra, págs. 603-604.

B. Nuestro derecho registral inmobiliario está predicado en la presunción de certeza y corrección de las inscripciones que constan en el Registro de la Propiedad. Es por ello que una de las funciones más críticas de los registradores de la propiedad es cerciorarse de que los documentos que se presenten para inscripción no consten inscritos de antemano. Cruz Fontánez v. Registrador, 126 D.P.R. 182, 186 (1990); Rosado Collazo v. Registrador, 118 D.P.R. 577, 582 (1987); Acevedo v. Registrador, 115 D.P.R. 461, 462 (1984). De esta manera se trata de evitar el fenómeno de la doble inmatriculación. Cruz Fontánez v. Registrador, supra, págs. 186-187.

Por doble inmatriculación se entiende el hecho irregular de que una misma finca se encuentre inscrita en el Registro de la Propiedad en dos o más folios independientes. Según comenta Roca Sastre, la doble inmatriculación “puede afectar a la totalidad de una finca, o bien, a una finca que solamente está doblemente inmatriculada en una porción de ella”. (Énfasis suprimido.) R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 8va ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1995, T. III, pág. 263. El problema de la doble inmatriculación es grave “porque, ante ese hecho, puede quebrar el presupuesto de fe pública registral y las presunciones que de él se derivan ...”. (Énfasis suprimido.) I. De Casso Romero, Derecho hipotecario o del Registro de la Propiedad, 4ta ed. rev., Madrid, Inst, de Derecho Civil, 1951, págs. 366-367. Lamentablemente, este grave mal en la mecánica registral inmobiliaria “ ‘puede producirse incluso en los sistemas regístrales más perfectos en su base catastral, por cuanto el error siempre es posible, cuando no interviene la mala fe’ ”. Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill, op. cit., pág. 259.

La respuesta doctrinal y jurisprudencial ante la problemática de la doble inmatriculación ha sido negarle a los adquirentes de la finca en cuestión la protección de la tercería registral, debiéndose adjudicar las controversias planteadas de acuerdo con las reglas del Derecho Civil. Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365, 371-372 esc. 6 (1973); Alameda Tower Associates v. Muñoz Román, 129 D.P.R. 698, 707 (1992). La necesidad de acudir a las reglas de Derecho Civil para resolver la pugna entre las inscripciones y determinar cuál es la que debe prevalecer se debe a que la existencia de asientos de igual rango y naturaleza contradictorios e incompatibles entre sí constituiría un absurdo.

III

A. En el caso de marras, la Parcela B fue inmatriculada en dos ocasiones. Sin embargo, ambas inscripciones fueron a nombre de los mismos titulares. La parte peticionaria sostiene que bajo estas circunstancias en realidad no cabe hablar de una doble inmatriculación y debe mantenerse la protección registral a favor del tercero adquirente. Esto en vista de que en circunstancias como la de autos, quien adquiere algún derecho sobre la propiedad en cuestión no tiene incertidumbre alguna en cuanto al título de la finca, pues se trata de una simple repetición de la inscripción a favor del mismo dueño.

Los argumentos de la parte peticionaria son sustancialmente cónsonos con la postura al respecto asumida por Roca Sastre. Éste sostiene que cuando la misma finca está inmatriculada varias veces, pero a nombre de la misma persona, “no hay ... verdadera doble inmatrieulación”. (Énfasis suplido.) Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill, op. cit, pág. 263. No obstante, aunque la doble inscripción no haya originado una situación antagónica como tal, como en el caso de autos, existe el riesgo de que la misma surja si la finca se enajena o grava por una de las inscripciones. íd. pág. 229.

B. Amparándose en la opinión emitida por este Foro en Cruz Fontánez v. Registrador, supra, el Tribunal de Apelaciones resolvió que, independientemente de que la Parcela B estuviese inscrita dos veces a favor del mismo titular, la parte peticionaria no estaba protegida por la figura del tercero registral. Dicho foro concluyó que El Conquistador tenía que esperar a que se corrigiera la situación registral irregular para luego adquirir la propiedad si pretendía contar con las protecciones de la tercería registral.

En Cruz Fontánez v. Registrador, supra, explicamos que, a pesar de que la doctrina mayoritaria española considera que cuando una finca ha sido inmatriculada dos veces a favor de un mismo titular la anomalía puede ser corregida por el Registrador de la Propiedad, nuestra Ley Hipotecaria ordena que se recurra a los Tribunales para dilucidar el asunto y el Registrador no puede corregir de oficio el error. Señalamos que nuestra Asamblea Legislativa, al diferenciar el lenguaje del Art. 251 de la Ley Hipotecaria de su homólogo en la legislación española, expresó inequívocamente su deseo de que la normativa sobre doble inmatriculación incluyera los casos de varias inmatriculaciones a favor de un mismo titular. 30 L.P.R.A. see. 2776. En esa ocasión comentamos que no nos correspondía cuestionar la sabiduría de dicha determinación legislativa. Cruz Fontánez v. Registrador, supra, pág. 189.

Es necesario aclarar que en Cruz Fontánez v. Registrador, supra, no resolvimos expresamente que en casos de doble inmatriculación a favor de un mismo titular opera la excepción a la tercería registral que se ha reconocido para la doble inmatriculación a favor de distintos titulares. No obstante, aun si la interpretación del Tribunal de Apelaciones a esos efectos fuese cónsona con el referido caso, no podemos perder de perspectiva que en el momento en que lo resolvimos el citado Art. 251 de la Ley Hipotecaria tenía un texto diferente al actual. El texto anterior disponía lo siguiente:

Si el que tuviera inscrita a su favor una finca creyere que otra inscripción de finca señalada bajo número diferente se refiere al mismo inmueble y al mismo titular, podrá solicitar de la Sala del Tribunal Superior correspondiente que, con citación de todos los interesados y siempre que se pruebe la identidad de ambas fincas como un solo inmueble, dicte auto resolviendo cuál de ambas inscripciones subsistirá.
Cuando la doble inmatriculación se refiera a distintos titulares se resolverá por juicio ordinario sobre la identidad de la finca y el mejor derecho al inmueble.
En ambos casos se ordenará la cancelación de la inscripción correspondiente.
Cuando el registrador notare que una finca aparece inscrita más de una vez, notificará de tal hecho a los presentantes y a los notarios autorizantes de los títulos inscritos en ambas fincas y pondrá una nota, a los efectos de haber enviado tal aviso, al margen del asiento correspondiente de las fincas. El registrador no procederá a practicar ningún otro asiento hasta tanto no se cumpla con lo dispuesto en esta sección para el caso de la doble inmatriculación. 30 L.P.R.A. see. 2776 (ed. 1996).

Como vemos, de acuerdo con el contenido del anterior Art. 251 se requería que cuando las dos inscripciones tuviesen el mismo titular se acudiese al foro judicial para subsanar dicho defecto.

Luego de haberse resuelto Cruz Fontánez v. Registrador, supra, el Art. 251 fue enmendado para permitir que cuando una finca aparezca inscrita a favor del mismo titular y, en casos donde no existan cargas sobre la misma, el Registrador de la Propiedad resuelva la discrepancia sin necesidad de intervención judicial. El Art. 251 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2776, prescribe el vehículo procesal a través del cual se puede resolver la doble inmatriculación al disponer lo siguiente:

Si el que tuviera inscrita a su favor una finca creyere que otra inscripción de finca señalada bajo número diferente se refiere al mismo inmueble y al mismo titular, podrá solicitar del señor [Registrador] que, con citación de todos los interesados conforme lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil, Ap. Ill del Título 32, y siempre que se pruebe la identidad de ambas fincas como un sólo inmueble, resuelva cuál de ambas inscripciones subsistirá, procediendo éste con la cancelación de una de ellas.
No obstante, en aquellos casos en que todos los interesados no pueden ponerse de acuerdo, tendrán que acudir al Tribunal de Primera Instancia para resolver la controversia.
Cuando la doble inmatriculación se refiera a distintos titulares se resolverá por juicio ordinario sobre la identidad de la finca y el mejor derecho al inmueble.
En ambos casos se ordenará la cancelación de la inscripción correspondiente.
Cuando el Registrador notare que una finca aparece inscrita más de una vez, a favor de un mismo titular, notificará de tal hecho al presentante y al notario autorizante. Si no hay cargas en ninguna de las dos fincas, el titular procederá a hacer la petición correspondiente ante el Registrador de la Propiedad, quien resolverá sobre el particular. De existir cargas en cualquiera de las dos fincas, el titular del dominio dará cumplimiento al procedimiento establecido en el primer párrafo de esta sección. (Enfasis suplido.)

Conforme al artículo antes transcrito, para resolver un caso de doble inmatriculación que involucre distintos titulares, se tiene que celebrar un juicio ordinario. No obstante, cuando se trata del mismo titular y la misma finca, no es necesario acudir al tribunal. Nos parece razonable y apropiado concluir que el procedimiento no adversativo dispuesto en el último párrafo del actual Art. 251 constituye una expresión inequívoca de que la Asamblea Legislativa no ha pretendido extender a los casos de doble inmatriculación a favor de un mismo titular la excepción a la tercería registral que opera en caso de doble inmatriculación a favor de distintos titulares.

C. De acuerdo con lo antes expuesto, resolve-mos que no existe impedimento para que se aplique la figura del tercero registral en situaciones como la del caso de autos, cuando una finca ha sido inmatriculada más de una vez a favor de un mismo titular y no se ha producido una enajenación o gravamen que conste en uno de los asientos de inscripción. Esta conclusión es cónsona con la doctrina española de mayor peso, la cual, según explicamos, considera que la doble inmatriculación de una finca a favor de un mismo titular no derrota la protección del tercero registral.

Por lo anterior, no es necesario que nos pronunciemos con relación al segundo señalamiento de error (la imposición de costas contra la parte peticionaria).

Por las razones antes expresadas, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       Los asientos de inscripción registral se refieren a la unidad de medida de las fincas como “centavos de cuerda”, esto es, se dice que la parcela “A” mide 90 centavos de cuerda y la parcela “B” mide 12 centavos de cuerda.

       Varios años después, en mayo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución sobre declaratoria de herederos en el caso CD95-274. Dicho foro declaró como únicos y universales herederos de los esposos Medina-Garay y a sus hijos Tomás, Rogelio, Gladys Luz, Carmen Lydia y Noemí —todos de apellidos Medina Garay— así como a Domingo y Reina Medina Vidal, en representación del para entonces fallecido Domingo Medina Garay y del también fallecido Severiano Medina Garay, a Ruth Lillian y Daisy Luz Medina.

       El hecho de que el error es atribuible al Registrador de la Propiedad no está en controversia.

       Desde tempranas etapas del proceso, el Municipio de Fajardo, la Autoridad de Carreteras y el Departamento Transportación y Obras Públicas dejaron de formar parte del mismo.

       La referida estructura se demolió para facilitar una construcción posterior que realizó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

       Inicialmente, el foro apelativo modificó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la imposición de costas y devolvió el caso a dicho foro para que dilucidara si procedía la demanda contra coparte que presentó El Conquistador. En reconsideración, el Tribunal de Apelaciones modificó su sentencia para dejar en vigor la aprobación del memorando de costas que hizo el foro de primera instancia.

       El Conquistador planteó los señalamientos de error siguientes:
      “1. Erró el Tribunal de Apelaciones al no conceder a El Conquistador la protección de ‘tercero registral’.
      “2. Erró el Tribunal de Apelaciones al, en reconsideración, aprobar en su totalidad el [memorando] de costas de la parte demandante.” Solicitud de certiorari, pág. 8.

       30 L.P.R.A. sec. 2355.

       Así, Roca Sastre comenta lo siguiente:
      “Mientras esta doble inmatrieulación de finca se mantenga con el mismo y solo titular registral y con el estado de cargas y afecciones existentes, no hay de momento conflicto grave de doble inmatrieulación, pero entre tanto subsiste el peligro de que este mismo titular, por ignorar incluso esta situación registral de anormalidad, enajene o grave la finca, con la consiguiente inscripción del acto en una sola de las hojas o registros particulares de la finca, o, incluso que, por ignorancia, los herederos enajenen la misma finca a personas distintas, creyendo que son dos fincas diferentes, cuya creencia vendrá propiciada por el Registro.” R. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 8va ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1995, T. III, pág. 263 esc. 9.

       Arts. 1 y 2 de la Ley Núm. 4 de 13 de febrero de 1996.


text:
      In re Héctor Martínez Jiménez.

      Número: TS-6288

      Resuelto: 26 de enero de 2007
   RESOLUCIÓN

Atendida la condición de salud del querellado, y conforme a nuestra Resolución de 11 de octubre de 2006, se ordena la suspensión indefinida de Héctor Martínez Jiménez del ejercicio profesional.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Felipe Rivera Prudencio et al., recurridos, v. Municipio de San Juan et al., peticionarios.

      Número: CC-2003-520

      Resuelto: 2 de febrero de 2007

      Simone Cataldi Malpica, abogada del Municipio de San Juan, parte peticionaria; Lourdes G. Aguirrechu Salom, abogada de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia medular que tenemos que atender en el presente caso gira en torno al alcance de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 L.RR.A. see. 194 et seq., comúnmente conocida como Ley de Represalias. Específicamente, debemos resolver si dicha ley protege a empleados municipales y al testimonio que presten ante un foro administrativo municipal.

I

El Sr. Felipe Rivera Prudencio (Rivera Prudencio o recurrido) comenzó a trabajar el 18 de enero de 1994 en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal del Municipio de San Juan (Municipio), como Funcionario Ejecutivo III. Dos años más tarde, se le informó que sería asignado al Programa de Sección 8. Inconforme con dicha determinación, el recurrido presentó una querella ante la Oficina de Igualdad en el Empleo y Relaciones Laborales, adscrita a la Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del Municipio el 25 de junio de 1996, alegando que su reubicación respondía a una acción discriminatoria y caprichosa de la entidad nominadora.

Aproximadamente seis meses más tarde y pendiente aún la querella instada, el Municipio le informó que sería reubicado en el área de autosuficiencia a partir del 27 de enero de 1997. Al año siguiente el recurrido fue asignado al área de inspección. Dos años después se le reubicó en el programa de implantación de ordenanzas. Al cabo de tres meses de estar allí, el recurrido recibió una carta en la que le notificaban que a partir del 12 de mayo de 1999 sería trasladado al área de inspección por necesidades del servicio.

El 17 de mayo de 1999 se le reubicó en el programa de rehabilitación de vivienda. Sin embargo, una semana después, el señor Rivera Prudencio fue reasignado nuevamente en esta ocasión al programa de adquisición y realojo.

El 30 de junio de 1999 se le informó que, conforme al Plan de Clasificación y Retribución del Municipio, su puesto estaba catalogado como Oficial Administrativo I y dicha designación era retroactiva al 1 de marzo de 1999. El recurrido impugnó la clasificación de su puesto, señalando que ésta obedecía a las funciones que desempeñaba en ese momento y no al puesto que en efecto ostentaba bajo el anterior plan de clasificación de Funcionario Ejecutivo III. Señaló que el nuevo plan le ubicó en un puesto de inferior jerarquía que el que le correspondía, lo que a su vez conllevaba una reducción de su salario.

En vista de todo lo anterior, el señor Rivera Prudencio y su esposa, la Sra. Norma Santiago Colón, en representación de la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos, presentaron una demanda por represalia contra el Municipio al amparo de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991 (Ley Núm. 115 o Ley de Represalias). En ésta, el recurrido alegó que fue trasladado a diferentes posiciones en represalia por haber instado una querella contra el Municipio ante la Oficina de Igualdad en el Empleo y Relaciones Laborales, adscrita a la Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del Municipio (Comisión). Solicitó ser ubicado en un puesto con funciones compatibles con su clasificación como Funcionario Ejecutivo III, así como la correspondiente compensación en daños y perjuicios. A su vez, su esposa reclamó al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, por los daños y perjuicios que alegadamente sufrió debido a los distintos traslados de su esposo.

Como parte del trámite procesal ante el foro de instancia, el recurrido cursó un interrogatorio y un requerimiento de admisiones al Municipio. Pasado varios meses sin que el Municipio contestara, el tribunal los dio por admitidos. Luego de solicitar la reconsideración y de un largo trámite judicial, el 22 de marzo de 2002 el Municipio contestó finalmente el requerimiento de admisión, pero sin juramentarlo. En vista de lo anterior, la parte recurrida solicitó que no se aceptara la respuesta del Municipio y se diera por admitido el requerimiento de admisiones.

El Municipio presentó sendas mociones de desestimación de la demanda instada. En la primera, alegó falta de jurisdicción sobre la materia por entender que la Comisión no era un “foro administrativo” para los efectos de la Ley de Represalias. Ello en virtud de que la Comisión no era un ente administrativo bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq. Adujo, además, que la Ley Núm. 115 no aplicaba a los empleados públicos que ostenten nombramientos de carrera, conforme lo establece la definición de empleado que provee la propia ley.

En la segunda moción de desestimación, el Municipio planteó que los daños reclamados por el señor Rivera Prudencio antes del 14 de julio de 1997 estaban prescritos, como también los daños reclamados por la señora Santiago Colón. En esta moción el Municipio solicitó también que no se diera por admitido el requerimiento de admisiones que le cursó la parte demandante.

La parte recurrida se opuso a ambas mociones alegando, entre otras cosas, que el foro de instancia tenía jurisdicción para atender la reclamación instada al amparo de la Ley Núm. 115. Además, adujo que los daños que se reclamaban en la demanda no estaban prescritos, ya que el término prescriptivo para una reclamación al amparo de la Ley Núm. 115 era de tres años, computados desde la fecha en que ocurrió la violación. Se adujo que el término comenzó a computarse a partir del 24 de enero de 1997, fecha cuando comenzó la cadena de traslados y movimientos de personal. Habiéndose presentado la demanda el 14 de julio de 1999, ésta no estaba prescrita.

Sobre los daños reclamados por la señora Santiago Colón, la parte recurrida alegó que éstos eran de carácter continuado, por lo que su causa de acción se presentó oportunamente. Asimismo, la parte recurrida reiteró su solicitud de que no se aceptara la contestación tardía del Municipio a los requerimientos de admisiones.

Trabada así la controversia, el foro de instancia, mediante sendas resoluciones, proveyó “no ha lugar” a las solicitudes de desestimación presentadas por el Municipio. El tribunal resolvió que la reclamación al amparo de la Ley Núm. 115 no estaba prescrita y, además, que los daños reclamados por la señora Santiago eran de carácter continuo, por lo que tampoco estaban prescritos. En cuanto al requerimiento de admisiones, el foro de instancia, luego de resaltar el trámite accidentado de la solicitud de requerimiento de admisiones, concluyó que el Municipio había sido displicente y que no lo había contestado a tiempo, por lo que lo dio por admitido.

Luego de notificada ambas resoluciones, el Municipio solicitó oportunamente una reconsideración al foro de instancia de su decisión de dar por admitido el requerimiento de admisiones. El 18 de diciembre de 2002 el tribunal acogió la moción de reconsideración. Sin embargo, dos días antes —el 16 de diciembre de 2002— el Municipio ya había presentado su recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En su recurso ante el foro apelativo, el Municipio cuestionó la determinación del tribunal de instancia de denegar las solicitudes de desestimación y ordenar que se diera por admitido el requerimiento de admisiones.

El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto presentado por entender que no se cometieron los errores señalados. Según el foro apelativo, los términos de la Ley Núm. 115 eran claros. La intención del legislador fue proteger a todo empleado por expresiones vertidas en cualquier foro administrativo sin excepción de persona y sin exceptuar aquellos foros administrativos creados mediante ordenanza municipal que no estuviesen cubiertos por la L.P.A.U. Asimismo, el foro apelativo subrayó que los daños reclamados por la señora Santiago Colón eran de naturaleza continua, por lo que éstos no habían prescrito al momento de presentarse la demanda. Finalmente, dicho foro concluyó que procedía que se diera por admitido el requerimiento cursado, en vista del reiterado incumplimiento del Municipio en contestarlo a pesar de los múltiples apercibimientos del tribunal sobre las consecuencias de no hacerlo oportunamente.

Insatisfecho, el Municipio acudió ante nosotros. El 5 de septiembre de 2003 expedimos el auto presentado. Las partes han comparecido, por lo que estamos en posición de resolver y pasamos a hacerlo.

II

Los primeros tres errores señalados por el Municipio en su recurso se refieren al alcance de la Ley Núm. 115. El Municipio sostiene que la Ley Núm. 115 no aplica a los municipios por éstos no haber sido incluidos en la definición de “patrono” que dispone la ley. Además, planteó que la Comisión no era una agencia administrativa conforme las disposiciones de la L.P.A.U., por lo que el testimonio que el señor Rivera Prudencio ofreció ante dicho organismo no era una actividad comprendida dentro del ámbito de protección de la Ley Núm. 115. Pasemos entonces a discutir este asunto.

A. La Ley Núm. 115 es un estatuto de carácter reparador que prohíbe el discrimen contra un empleado por ofrecer o intentar ofrecer información o testimonio ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico. La ley provee para que todo empleado que fuese despedido, amenazado u objeto de discrimen en el empleo por motivo de represalia, pueda instar una acción civil contra el patrono dentro de los tres años próximos a la fecha cuando ocurrió dicha violación. 29 L.P.R.A. sec. 194a. Véanse, sobre el particular: Cintrón v. Ritz Carlton, 162 D.P.R. 32 (2004); Marín v. Fastening System, Inc., 142 D.P.R. 499 (1997). Véase, también, A. Acevedo Colom, Legislación Protectora del Trabajo Comentada, 6ta ed. rev., [ed. del autor], 1999, pág. 250.

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115 indica claramente que con esta ley se procura ratificar “la protección de los empleos de los trabajadores, tanto de las instrumentalidades del Estado Libre Asociado como del sector privado, cuando comparecen ante la Legislatura o alguna de sus comisiones, y ante foros administrativos o judiciales para colaborar con dichos foros”. (Énfasis nuestro.) 1991 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 957. Este texto es claro y no admite confusión, y apunta a que el legislador tenía la intención de extender la protección conferida por la Ley Núm. 115 al sector gubernamental. Como sabemos, de ordinario, la exposición de motivos de un estatuto recoge el propósito de éste. No obstante, del texto de la ley no surge expresamente o con total claridad lo que se declara en su Exposición de Motivos. Nos explicamos.

La ley define patrono como “cualquier persona que tenga uno o más empleados”. Art. 1 de la Ley Núm. 115 (29 L.P.R.A. sec. 194). Persona, por su parte, se define como “individuo, sociedad, corporación, asociación, así como cualquier entidad jurídica”. Id. Empleado aparece definido de la manera siguiente: “cualquier persona que preste servicios a cambio de salarios, o cualquier tipo de remuneración, mediante un contrato oral, escrito, explícito o implícito.” íd. Como puede observarse, aunque la Exposición de Motivos alude al sector gubernamental, la falta de precisión en las definiciones contenidas en la ley dejan margen para una interpretación en contrario.

El historial legislativo pone de manifiesto esta falta de claridad sobre la aplicabilidad de la ley al sector gubernamental. A esos efectos, en la ponencia del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre el P del S. 987 —que luego se convertiría en la Ley Núm. 115— se indicó lo siguiente: “en las definiciones de empleado y patrono no se hace exclusión alguna [, e]ntendemos ... que la ley especial resultante será de aplicación ... a todo tipo de empleado de la empresa privada y del gobierno, sin importar el nivel de gobierno (central o municipal) ni el tipo de agencia (tradicional o corporación pública semejante a negocio o empresa privada). Nótese la expresión que en ese sentido se hace en el segundo párrafo de la Exposición de Motivos. Si la intención de la medida no fuere como hemos dejado expuesto, corresponde hacer las aclaraciones de rigor” (Énfasis en el original suprimido y énfasis nuestro.) Memorando del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 18 de marzo de 1991, pág. 3.

La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico ex-presó igual preocupación ante la Comisión de lo Jurídico del Senado. En su ponencia expresó: “[d]ado que la Exposición de Motivos indica el deseo de proteger a los trabajadores, tanto de las instrumentalidades del Estado Libre Asociado (ELA) como del sector privado, entiendo que la definición de “Patrono” (Artículo 1(b) de la proyectada ley) debe incluir, específicamente, a las instrumentalidades del E.L.A” (Énfasis en el original suprimido y énfasis nuestro.) Memorando de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico de 30 de abril de 1991, pág. 1. El texto del proyecto de ley no se modificó conforme habían sugerido tanto el Secretario del Trabajo como la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.

El Secretario de Justicia, sin embargo, da por sentado que “patrono” aplica tanto al sector público como al privado, al indicar expresamente en su ponencia: “ [e]l P. del S. 987 propone ratificar y confirmar la política pública que ofrece protección a los empleados de los trabajadores, tanto de las agencias e instrumentalidades públicas como del sector privado.” (Enfasis nuestro.) Carta del Departamento de Justicia de Puerto Rico de 20 de marzo de 1991.

Esta ambivalencia se ha reflejado en leyes posteriores. Por ejemplo, la Exposición de Motivos de Ley Núm. 426 de 7 de noviembre de 2000, conocida como la Ley para la Protección de los Derechos de Empleados y Funcionarios Públicos Denunciantes, Querellantes o Testigos de Alegados Actos Constitutivos de Corrupción, expresa lo siguiente: “[e]n lo que respecta a los empleados del sector privado, la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991 establece una protección adicional cuando un empleado ofrezca o intente ofrecer información sobre el mal manejo de una empresa. La misma establece las prohibiciones, así como las violaciones y la responsabilidad civil y criminal contra cualquier patrono que exhiba esa conducta. Es imperativo que al sector público se le extienda una protección similar.” (Enfasis nuestro.) 2000 (Parte 3) Leyes de Puerto Rico 2939-2940. La referida Ley Núm. 426 se aprobó para ofrecer protección a empleados y funcionarios públicos que denuncien o sean testigos de actos constitutivos de corrupción en el Gobierno. Evidentemente, el legislador al aprobar la Ley Núm. 426, supra, partió de la premisa que la Ley de Represalias sólo aplicaba al sector privado.

Por el contrario, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 14 de 11 de abril de 2001, conocida como la Ley de Protección y Compensación a Personas que Denuncien Actos de Corrupción contra Fondos y Propiedad Pública, señala que en Puerto Rico se ha aprobado legislación para proteger a los empleados públicos que divulguen información dirigida a combatir los actos ilegales de los funcionarios gubernamentales y para sostener esta proposición se cita expresamente las referidas Leyes Núm. 115 y Núm. 426. Véase 2001 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 80. La Asamblea Legislativa, por lo tanto, no ha hablado con una voz uniforme respecto a la aplicabilidad de la Ley Núm. 115 al sector gubernamental.

Existe un evidente desfase entre lo que aparenta ser la intención legislativa según consta en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115 y el contenido mismo de la ley, según ejemplificado por la interpretación hecha por la Asamblea Legislativa sobre el alcance de dicha ley. Al dilucidar estas incongruencias lo hacemos tomando en cuenta que, por ser la Ley Núm. 115 un estatuto de carácter laboral, toda duda en cuanto a su interpretación y alcance debe resolverse a favor del obrero o empleado, para de esta forma adelantar los principios reparadores y sociales que animan nuestra legislación laboral. Así se logra garantizar la mayor protección de los derechos a nuestras trabajadoras y trabajadores. E.g., Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 D.P.R. 634 (2000); Irizarry v. J. & J. Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155, 164 (2000); Méndez v. F.S.E., 140 D.P.R. 375 (1996).

“El antecedente de la Ley Núm. 115 lo encontramos en la Ley Núm. 65 de 3 de julio de 1986.” Irizarry v. J. & J. Cons. Prods. Co., Inc., supra, pág. 166. Esta última enmendó el Art. 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185b), para disponer que no sería justa causa para el despido de un empleado sus “expresiones ... relacionadas con el negocio de su patrono, en una investigación ante cualquier foro administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico ...”. Del texto de la referida Ley Núm. 65 y su propia Exposición de Motivos surgía que el alcance de la enmienda era limitar la protección ofrecida a expresiones hechas por el empleado en el curso de una investigación del negocio del patrono.

En Irizarry v. J. & J. Cons. Prods. Co., Inc., supra, al enfrentamos a un cuestionamiento sobre el alcance de la Ley Núm. 115 concluimos, luego de analizar detalladamente el historial legislativo así como los antecedentes de la ley, que el propósito del legislador al aprobar la Ley Núm. 115 fue crear una ley general de represalias y ampliar la protección que ofrecía el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, según enmendada por la mencionada Ley Núm. 65. Ello es así al eliminar el requisito de que el testimonio protegido fuera, exclusivamente, aquel ofrecido durante el curso de una investigación al patrono. El historial legislativo es claro al expresar que la Ley Núm. 115 pretende conferir la mayor protección posible a los trabajadores.

Al establecer un amplio entramado de protección a los trabajadores, es razonable concluir que se pretendió, tal y como se explica en la Exposición de Motivos de la ley, extender la protección que ofrece la ley al sector gubernamental. La falta de especificidad en los artículos de la ley no detrae lo que pretendió hacer el legislador al aprobar esta ley y su verdadero alcance. Una interpretación como la propuesta por el Municipio dejaría fuera del ámbito de protección a un sector importante de la clase trabajadora puertorriqueña, lo que sería contrario a la intención legislativa. No podemos avalar, por lo tanto, la interpretación propuesta por el Municipio de San Juan.

Concluimos, por lo tanto, que a la luz del historial legislativo, de las normas de hermenéuticas aplicables y de la más reciente expresión legislativa respecto el alcance de la Ley Núm. 115, esta última ofrece protección a los empleados municipales.

B. El Municipio de San Juan también argüyó que, en vista que la L.P.A.U. no le aplica a un municipio —y ya que en Irizarry v. J. & J. Cons. Prods. Co., Inc., supra, concluimos que expresiones ante el Fondo del Seguro del Estado estaban protegidas por la Ley Núm. 115 al aplicarle la definición de foro administrativo de la L.P.A.U.— las expresiones hechas ante los foros municipales no están cobijadas por la protección que ofrece la Ley Núm. 115. No tiene razón el Municipio.

La Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal, adscrita a la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Servicio del Municipio de San Juan, fue creada mediante la Ordenanza Municipal Núm. 32, Serie 1985-86, de 13 de noviembre de 1985. La ordenanza dispone que dicha Comisión será “el foro administrativo adecuado ante el cual puede recurrir todo empleado municipal para ejercer su derecho a solicitar una vista administrativa para dilucidar la controversia y controvertir los cargos formula-dos en su contra, en aquellos casos en los que se ha generado contra éste una acción disciplinaria que puede resultar en una suspensión de empleo y sueldo por un término no mayor de 30 días o en una destitución”. Apéndice, pág. 232. Además, dispone que la Comisión es “el foro administrativo adecuado que le garantiza a todo empleado municipal el derecho a ventilar sus querellas por alegado discrimen ... en relación con la obtención o tenencia de un empleo en el Municipio de San Juan”. íd., págs. 232-233.

Aunque la Ley Núm. 115 no define el concepto “foros administrativos”, lo cierto es que conforme señalamos anteriormente, con ésta el legislador pretendió conferir a los obreros o empleados la protección más amplia contra las represalias que pudiera tomar su patrono ante las expresiones vertidas por sus empleados en distintos foros, incluyendo los foros administrativos. Sería un contrasen- . tido dejar fuera del ámbito de protección la entidad administrativa creada por el Municipio precisamente para escuchar y atender las quejas del empleado municipal en contra del propio Municipio. Siendo la Comisión, por sus propios términos, un foro administrativo, no debemos ex-cluirla de la Ley Núm. 115 y ponerle trabas a esta ley que no fueron concebidas por el legislador. Por lo tanto, no erró el foro apelativo intermedio al disponer que en efecto la presentación de una querella por parte de un empleado ante la Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del Municipio de San Juan era una de las “actividades protegidas” por la Ley Núm. 115.

III

El próximo señalamiento de error del Municipio se refiere a que erró el tribunal a quo al concluir que la reclamación extracontractual de la señora Santiago Colón no estaba prescrita, ya que los daños por los que se reclamaba eran de carácter continuo. El Municipio alegó, por el contrario, que eran daños sucesivos y que como tal, aquellos que, alegadamente, la señora Santiago sufrió antes del año en que se presentó la demanda estaban prescritos.

A. Las acciones para exigir el resarcimiento del daño sufrido como consecuencia de la culpa o negligencia de un tercero, poseen una vida limitada y se extinguen una vez transcurrido el plazo estatuido sin que se interrumpan eficazmente. Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303. El propósito de la prescripción es fomentar el pronto reclamo de los derechos, a la vez que se protege al obligado de la eterna pendencia de un reclamo en su contra. Como en tantas ocasiones hemos dicho, en Puerto Rico la prescripción constituye un derecho sustantivo y acarrea la desestimación de cualquier demanda presentada fuera del término previsto para ello. Maldonado v. Russe, 153 D.P.R. 342, 347 (2001).

De ordinario, el término prescriptivo comienza a transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento del daño y pudo ejercer su causa de acción, lo que no necesariamente coincide con el momento en que se sufre el daño resarcible. Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2002). Por ello es menester identificar el tipo de daño que se trate para poder establecer el punto de partida o momento inicial del cómputo y de esta forma conocer con certeza cuál será su momento final. J. Puig Brutau, Caducidad, Prescripción Extintiva y Usucapión, Barcelona, Ed. Bosch, 1988, pág. 7; Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 593 (1990).

Entre las diversas categorías de daños, hemos identificado los llamados daños continuados y los daños sucesivos. Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383, 386 (1982). Hemos señalado que los daños continuados son

... aqu[e]llos producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca —por ser previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de un daño actual (aquel que ya ha acaecido), y de daño futuro previsible y por tanto cierto. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 D.P.R. 560, 575 (1995). Véase, además, Santiago v. Ríos Alonso, ante.

Los daños continuados se distinguen por ser daños derivados de un acto ilícito como unidad y no como una pluralidad de daños particulares. Por su naturaleza, el plazo prescriptivo para reclamar por daños de naturaleza continua comienza a transcurrir cuando se verifica el último de los actos o se produzca el resultado definitivo. Véase, además, Santiago v. Ríos Alonso, supra, pág. 192.

Por otro lado, los daños sucesivos se definen como aquella “secuencia de reconocimientos de consecuencias lesivas por parte del perjudicado, las que se producen y manifiestan periódicamente, o aun continuamente, pero que se van conociendo en momentos distintos entre los que medió un lapso de tiempo finito, sin que en momento alguno sean previsibles los daños subsiguientes, ni sea posible descubrirlos empleando diligencia razonable”. (Énfasis suprimido.) H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. X, pág. 643.

De lo anterior se desprende que los daños sucesivos constituye una cadena de daños unitarios, individuales y concretos que se producen en intervalos finitos de tiempo y producen efectos jurídicos distintos. Lo que distingue a los daños sucesivos de los daños continuados es que los sucesivos son daños ciertos que se van repitiendo, sin que necesariamente sean idénticos, de forma tal que no son previsibles o susceptibles de ser descubiertos empleando diligencia razonable. Brau del Toro, op. cit., pág. 643. Es decir, el rasgo determinante de esta categoría es que la repetición del daño no es previsible. No puede considerarse que la secuencia de los daños ciertos son previsible cuando la repetición de los episodios lesivos es meramente especulativa. íd., pág. 644.

Nos explica el profesor Brau del Toro que la causa que propicia los daños sucesivos puede ser “una secuencia de actos culposos o negligentes del actor” o, por el contrario, puede tratarse de “un acto único o varios coetáneos que no se repiten pero pueden seguir ejerciendo su efecto lesivo en forma sostenida y duradera, cuyos actos no son previsibles en supuesto alguno”. Brau del Toro, op. cit., pág. 643. En ambos casos los actos u omisiones negligentes por parte del autor, que se repiten periódicamente, o el acto generador de las correspondientes consecuencias lesivas, hacen que cada daño se manifieste y sea reconocido cada vez que ocurre.

Por consiguiente, en los “daños sucesivos”, cada reconocimiento de una lesión a causa de un acto culposo o negligente produce un daño distinto, generando así cada acto una causa de acción independiente. De allí que el término prescriptivo para el ejercicio de cada una de ellas comienza a contar en el momento en que el daño se manifiesta y el perjudicado tiene conocimiento de él. Brau del Toro, op. cit, pág. 644. De esta forma, si el peijudicado interpone una “acción resarcitoria transcurrido más de un año del acto dañoso original, su acción estará limitada a los daños ocurridos durante el último año únicamente ya que las ocurridas con anterioridad están prescritas”. íd., pág. 645.

Lo anterior es cónsono con la teoría general de daños que dispone que el periodo prescriptivo de un año para acciones de responsabilidad civil extracontractual comienza a transcurrir en la fecha cuando el perjudicado conoce del daño y quién fue su autor, y además conoce los elementos necesarios para ejercer efectivamente su causa de acción. Santiago Rivera v. Ríos Alonso, supra, pág. 189. En ese sentido, hemos establecido que el término prescriptivo de la acción para exigir de la autoridad nominadora la responsabilidad civil extracontractual que pueda surgir por un traslado ilegal y discriminatorio de un empleado público, comenzará a transcurrir a partir del momento en que el empleado es notificado de la decisión que decretara finalmente el traslado. Véanse: Cintrón v. E.L.A., supra, pág. 594; Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988). Ello es así debido a que es a partir de este momento cuando el agraviado conoce los daños que le ocasionó la actuación arbitraria. Ríos Quiñones v. Adm. Servs. Agrícolas, 140 D.P.R. 868, 872, (1996).

B. En el presente caso la parte recurrida argumentó que los distintos traslados constituyeron un “daño continuo e ininterrumpido” y, por lo tanto, el plazo prescriptivo de su causa de acción comenzó a transcurrir el día de la producción del resultado dañoso definitivo. Alegó que todos los traslados fueron producto de una acción en represalia de la autoridad nominadora, por su esposo haber presentado una querella ante un foro administrativo alegando que fue objeto de un traslado discriminatorio y caprichoso. Ello produjo que se suscitaran los posteriores traslados. No tiene razón.

Somos del criterio que los posibles daños resultantes de la secuencia de traslados que se suscitaron en el presente caso por alegada represalia son de carácter sucesivo. Estamos ante una serie de daños ciertos, individuales y concretos, los cuales no hubiesen podido ser previstos por el más diligente de las personas prudentes y razonables. Es decir, los traslados que se repitieron periódicamente y sus posibles consecuencias lesivas, se manifestaron y fueron reconocidos cada vez que ocurrieron. No eran jurídicamente previsibles, sino que, por el contrario, la creencia de que ocurrirían subsiguientes traslados era meramente especulativa.

En el presente caso, contrario a lo que decidieron los foros inferiores, los daños alegados en la demanda son producto de una secuencia de actos independientes que conformaron los llamados daños sucesivos. Cada traslado produjo un daño distinto que generó una causa de acción independiente desde que la autoridad nominadora los notificó. Resolvemos, por lo tanto, que los daños reclamados por la señora Santiago Colón que fueron producto de actuaciones realizadas anterior al año en que se presentó la demanda de epígrafe, están prescritos.

IV

Finalmente, nos resta determinar si de acuerdo con los hechos del presente caso procedía dar por admitido el requerimiento de admisiones que le fue cursado al Municipio de San Juan. Los requerimientos de admisiones cumplen una función importante en nuestro sistema adversativo, pues sirven como un instrumento sencillo y económico para delimitar las controversias del caso. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 565. Así lo reconocimos en Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997), donde expresamos que la Regla 33 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que regula lo relativo al requerimiento de admisiones, persigue “aligerar los procedimientos para definir y limitar las controversias del caso y proporcionar así un cuadro más claro sobre éstas”. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., ante, pág. 571.

A través de un requerimiento de admisiones una parte puede requerir a la otra que admita la veracidad de cualquier materia que esté dentro del alcance de la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, respecto a cuestiones u opiniones de hechos o con la aplicación de la ley a los hechos, o que admita la autenticidad de cualquier documento que se acompañe con el requerimiento. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., supra, pág. 572. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 565. El efecto de dicha admisión es que releva a la parte adversa de tener que presentar en el juicio prueba del hecho admitido y de esta forma propicia que se acorte la audiencia y que no se incurra en gastos innecesarios. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 566. Por lo tanto, la admisión de un requerimiento se considerará definitiva, salvo que el tribunal permita su retiro o una enmienda a ésta.

La parte interpelada tiene que admitir o negar lo requerido bajo juramento o presentar una objeción escrita sobre la materia en cuestión dentro del término de 20 días. Si ésta no cumple con este término, “las cuestiones sobre las cuales se solicitó la admisión, automáticamente se tendrán por admitidas”. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., ante, pág. 573. El requerido tiene un deber afirmativo de responder y de efectuar las gestiones necesarias para obtener la información para admitir o negar.

En el presente caso, en apretada síntesis y según el tracto fáctico recogido en la resolución del Tribunal de Primera Instancia, el 13 de octubre de 2000 la parte recurrida le envió por correo ordinario al Municipio de San Juan el primer pliego de interrogatorios, producción de documentos y requerimiento de admisiones. El 1 de diciembre de 2000 el Municipio presentó una moción de prórroga de 45 días para contestar los requerimientos de admisiones. Inmediatamente, el recurrido se opuso a la prórroga solicitada, alegando que ésta se había solicitado fuera del término y, en su lugar, solicitó que se dieran por admitidos los requerimientos. El tribunal, aunque reconoció que el Municipio no presentó oportunamente su moción de prórroga, le concedió hasta el 22 de febrero de 2001 para contestarlos, apercibiéndole que de no contestar o no solicitar prórroga dentro del término se darían por admitidos.

Según el expediente de autos, el 23 de febrero de 2001 la abogada del Municipio solicitó al tribunal de instancia una autorización para renunciar a la representación legal. Varios días después, y ante el incumplimiento del Municipio con la orden del tribunal, la parte recurrida nuevamente solicitó que se dieran por admitidos los requerimientos. El Municipio no presentó su oposición. Finalmente, el 4 de mayo de 2001 el foro de instancia dictó la orden según lo intimado por la parte recurrida.

El 17 de mayo de 2001 el Municipio presentó una moción en cumplimiento de orden y otros extremos, la cual se acogió como una solicitud de reconsideración. En dicha moción se solicitó que se dejara sin efecto la referida orden del 4 de mayo de 2001. La parte recurrida se opuso y alegó que el Municipio estaba impedido por sus propios actos de solicitar que se dejara sin efecto dicha orden cuando aún no había contestado los requerimientos.

El 13 de diciembre de 2001, sin haberse tomado acción alguna sobre el asunto de los requerimientos, la nueva representación legal del Municipio renunció a ésta. Así las cosas, no es hasta el 22 de febrero de 2002 que el Municipio finalmente notificó la contestación a los requerimientos, pero sin juramentar. En atención a ello, la parte recurrida presentó la correspondiente oposición solicitando que no se aceptara dicha contestación por ser tardía.

Una lectura del anterior tracto procesal pone de manifiesto la falta de diligencia de la representación legal del Municipio en cumplir con las órdenes del tribunal y con las Reglas de Procedimiento Civil que establecen un término mandatario de 20 días para admitir o negar un requerimiento de admisiones. No podemos refrendar la dejadez y desidia de una parte que con sus actuaciones promueve la dilación de los procedimientos judiciales. Ante el incumplimiento del Municipio en realizar actos afirmativos para responder el requerimiento cursado, a pesar de haber sido apercibido de las consecuencias de no actuar cumplidamente, entendemos que no erró el foro apelado en mantener vigente la orden de dar por admitidos el requerimiento de admisiones.

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones respecto a que el Tribunal de Primera Instancia posee jurisdicción sobre la materia y la determinación de que procede dar por admitidos los requerimientos de admisiones que fueron cursados al Municipio de San Juan. No obstante, se revoca la determinación del tribunal recurrido en cuanto a que no está ■ parcialmente prescrita la reclamación de la señora Santiago Colón. Devolvemos los autos al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta se inhibió.

       Debido a la etapa procesal en que el caso se encuentra, la relación de hechos se basa en las alegaciones contenidas en la demanda instada en este caso.

       Anteriormente, el Municipio había renunciado a su planteamiento de prescripción en cuanto a la reclamación del señor Rivera Prudencio, por entender que había cometido un error al efectuar el cómputo de la prescripción. Pero, respecto a la reclamación de la señora Santiago Colón reiteró su alegación de que estaba prescrita.

       Respecto a la moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la materia, el Tribunal de Primera Instancia la declaró “no ha lugar” sin más.

       Hemos establecido que el Tribunal de Primera Instancia puede considerar una oportuna moción de reconsideración luego de transcurrido el término que provee la regla para atenderla, siempre que dicho foro no haya sido privado de jurisdicción por razón de haberse interpuesto contra la sentencia un recurso de apelación o de “certiorari”, o no haya expirado el término para interponer dichos recursos. El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 801 (1965), reafirmado en Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592 (2003). De ahí que en el presente caso el foro de instancia carecía de jurisdicción cuando acogió la moción de reconsideración, por haberse interpuesto previamente un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

       En el escrito presentado se señalaron los errores siguientes:
      “Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que la Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del Municipio de San Juan es un foro administrativo.

        “Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que un testimonio ofrecido ante la Comisión para Ventilar Querellas y Asuntos de Personal del Municipio de San Juan —organismo creado por la Asamblea Municipal— es una actividad comprendida en el ámbito de protección de la Ley 115 de 20 de diciembre de 1991.
      “Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción para entender sobre la reclamación de los recurridos bajo la Ley 115, supra.

      “Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que la reclamación de la Sra. Santiago Colón no está parcialmente prescrita.
      “Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al concluir que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error al dar por admitidos el requerimiento de admisiones.” Petición de certiorari, págs. 8-9.

       No estimamos que la expresión “entidad jurídica” comprenda al sector gubernamental, lo que incluye claro está al municipio, pues como se sabe, cuando las palabras generales siguen a las palabras específicas en un enumeración descriptiva, las palabras generales se interpretan para que incluyan solamente asuntos similares en su naturaleza a los enumerados en forma específica. Autoridad Sobre Hogares v. Tribl. Superior, 82 D.P.R. 344, 358-359 (1961); Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, 64 D.P.R. 914, 921-923 (1945). L.E. Bemier, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, [ed. de autor], 1965, pág. 341.

       Como sabemos, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.RR.A. sees. 185a-185m) aplica con carácter de exclusividad a la empresa privada y a los entes gubernamentales que operan como corporaciones públicas. Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, pág. 27.

       Véase Memorando de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico sobre el P. del S. 987.

       Véanse, sobre el particular: J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1978, T. I, Vol. 2, pág. 963; Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 881; A. Borrell Macia, Responsabilidad derivada de culpa extracontractual civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág. 344 et seq.

       Las expresiones que hacemos hoy no deben entenderse como una adjudicación en los méritos de la causa de acción por la que se reclama en el presente caso. Ello le competerá al Tribunal de Primera Instancia dirimir en su día.

       El requerimiento de admisiones enviado al Municipio contenía lo siguiente:
      “1) Admita que el demandante Felipe Rivera comenzó a trabajar el 18 de enero de 1994 en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal del Municipio de San Juan.
      “2) Admita que para el 18 de enero de 1994, el demandante Felipe Rivera se desempeñaba como Funcionario Ejecutivo III en el Programa de Rehabilitación de Vivienda encargado del almacén y devengando un salario de [sic] mensual de $905.00 [sic].
      “3) Admita que efectivo el 20 de junio de 1996 el demandante Felipe Rivera fue reubicado en el Programa de Sección 8.
      “4) Admita que el demandante Felipe Rivera presentó la Querella número 1712-096-083 ante la Oficina de Igualdad en el Empleo y Relaciones Laborales.
      “5) Admita que efectivo el 27 de enero de 1997, el demandante Felipe Rivera ocupó el puesto de Técnico del Área de Autosuficiencia o “Self Sufficiency’.
      “6) Admita que efectivo el 1ro. de febrero de 1998 el demandante Felipe Rivera trabajó en el área de Inspección.
      “7) Admita que efectivo el 12 de enero de 1999, el demandante Felipe Rivera estuvo asignado al Programa de Ordenanzas.
      “8) Admita que efectivo el 12 de mayo de 1999 el demandante Felipe Rivera estuvo asignado al Área de Inspección.
      “9) Admita que efectivo el 18 de mayo de 1999 el demandante Felipe Rivera trabajó en el Programa de Rehabilitación de Vivienda.
      “10) Admita que efectivo el 27 de mayo de 1999 el demandante Felipe Rivera estuvo asignado al Programa de Adquisición y Realojo.
      “11) Admita que retroactivo al 1ro. de marzo de 1999 al demandante Felipe Rivera se le asignó el puesto de Oficial Administrativo I con escala de 5 devengando un sueldo de $1,225.00.
      “12) Admita que bajo el actual Plan de Reclasificación el sueldo del Funcionario Ejecutivo III es mayor que el de Oficial Administrativo 1.” Apéndice, págs. 80-81.