text:
    In re Héctor González Blanes, querellado.
    Núm. 61.

    Sometido: Julio 10, 1945.

      Resuelto: Noviembre 15, 1945.

      José A. Poventud, Jorge L. Górdova y José López Baralt, abogados del querellado; Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal Auxiliar de este' Tribunal presentó y sostuvo, por orden de esta Corte, una petición de disbarment contra el abogado Héctor González Blanes. La petición sustan-cialmente alega que en el caso número R-1931, que es una acción civil en la Corte de Distrito de San Juan seguida por. Luisa Boix Domínguez et al. v. Junta Insular de Elecciones, el querellado, como abogado del Partido Unión Republicana Progresista, interventor en dicho pleito, el 9 de mayo de 1944 presentó una moción que literalmente dice:

“Moción interesando se anule la transferencia del Juez, Hon. Emilio S. Belaval para actuar como Juez de la Corte de Distrito de San Juan, e interesando su inhibición en estos procedimientos.
“Comparece el interventor, Partido Unión Republicana Progre-sista, y, ante esta Hon. Corte respetuosamente expone y solicita:
“1. Que al tiempo de la radicación de la causa arriba intitulada, o sea, en abril 24 de 1944, esta Hon. Corte estaba integrada por sus jueces en propiedad, Honorables: Marcelino Romaní, Ricardo La Costa, Jr., y R. Cordovés Arana; y, en sustitución del Hon. Jorge L. Córdova Díaz, actuaba el Juez at Large, Hon. Domingo Massari.
“2. Que los supuestos peticionarios, mediante la presente acción, pretenden hacer válidas innumerables solicitudes de inscripción, de las cuales, el Partido Popular Democrático alega que le corres-ponden a sus afiliados unas 50,000.
“3. Que una acción sustaneialmente igual a la presente, me-diante la cual se solicitó del Tribunal Supremo de Puerto Rico que incluyera a los aquí peticionarios en la lista de nuevos electo-res de Puerto Rico, fué declarada sin lugar por dieba' Corte, pre-tendiéndose con el procedimiento abora iniciado, evadir la sentencia emitida por la Corte Suprema de Puerto Rico.
“4. Que de conformidad con las reglas de esta Hon. Corte, correspondía al Juez, Hon. Domingo Massari, conocer del presente, procedimiento y de otros seis casos idénticos, radicados con igual propósito, - para bacer valer numerosas solicitudes de inscripción ilegales, que fueron rechazadas por la Junta Insular de Elecciones.
“5. Que el Gobernador de Puerto Rico está actuando como un líder conspicuo del Partido Popular Democrático, y, como tal, está muy interesado en favorecer ventajosamente a su partido en el resultado final de las elecciones y en que tenga éxito el presente procedimiento, confeccionado’ propulsado y seguido por represen-tantes destacados del referido Partido Popular, para dar lugar a que personas que no reúnen los requisitos de ley voten en las próximas elecciones, dando, de esa suerte, oportunidad a la reali-zación de un fraude electoral.
, “6. Que desde el fallo adverso emitido por el Hon. Tribunal Supremo, el Gobernador de Puerto Rico ha realizado actos ilegales para desvirtuar, en beneficio de su partido y en contra de los actores políticos que han venido combatiendo sus ejecutorias como Go-bernador, las actuaciones legales de la Junta Insular de Elecciones y los efectos del fallo de nuestro más alto tribunal; y, al efecto, aprovechando la circunstancia de haberse creado dos vacantes en la Junta Insular de Elecciones, cubrió dichas vacantes nombrando a Gustavo Cruzado Silva y a Ernesto Mieres Calimano para actuar en representación del Partido Liberal, que es uno de los cuatro principales partidos políticos de Puerto Rico, atendiendo solamente a una carta del entonces Presidente de dicha colectividad, José Ramírez Santibáñez, y haciendo caso omiso, en flagrante violación de la ley, de la recomendación que le hiciera la Junta Central del Partido Liberal.
“7. Que llevado el asunto ante la Corte Suprema de Puerto Rico por Luis Archilla Laugier y José Enrique Gelpí,. que eran las personas recomendadas por la Junta Central del Partido Liberal y con verdadero derecho a cubrir dichas vacantes, el Tribunal Su'premo anuló la actuación ilegal del gobernador y ordenó nombrar a dichos señores como miembros de la Junta Insular de Elecciones.
“8. Que era público y notorio que los verdaderos y auténticos representantes del Partido Liberal en la Junta Insular tde Eleccio-nes, como miembros de dicha Junta, se oponían, como oficialmente se opusieron y continúan oponiéndose formalmente, a. la aceptación como válidas de las peticiones de inscripción en controversia, por entender que éstas son de todo punto enteramente nulas e ilegales.
“9. Que desde entonces, el gobernador de Puerto Rico, coope-rando con los líderes del Partido Popular Democrático, ba utilizado y continúa utilizando su jerarquía de gobernador de Puerto Rico para desvirtuar los efectos de la actuación de la Junta Insular de Elec-ciones y del fallo emitido por la Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Benjamín Cruz et al. v. Junta Insular de Elecciones, y a ese efecto ba utilizado su posición de gobernador para realizar los cambios extraordinarios y transferencias que a continuación se expresan:
“10. Que el Juez de la Corte de Distrito de Bayamón, señor Emilio S. Belaval, está afiliado al Partido Popular Democrático, y el gobernador de Puerto Rico, al radicarse el presente procedimiento ante la Corte de Distrito de San Juan, sin necesidad alguna para ello, bizo transferir a dicho Juez de la Corte de Distrito de Ba-yamón para que actuara como Juez Interino de la Corte de Distrito de San Juan, y a la vez bizo transferir al Juez, Hon. Domingo Massari, para que actuara en la Corte de Distrito de Guayama.
‘ ‘ 11. Que el Gobernador de Puerto Rico, interesado personalmente en el éxito de la petición en el presente caso, ba hecho, después de radicada esta acción, al señor Juez Belaval, secretamente, ofertas de ascenso en la judicatura, cuyas promesas fueron aceptadas, exis-tiendo actualmente el convenio formal de que de vacar la plaza del señor Jorge Luis Córdova en la Corte de Distrito de San Juan, el -Juez señor Belaval será nombrado por el gobernador para ocupar dicho cargo.
"12. Que la petición de Mandamus en estos autos se presentó ante el Juez, señor Massari, y, dicho Juez, en 14 de abril de 1944, asumió jurisdicción en el caso y expidió el auto alternativo, señalando la vista para tener efecto el día 2 de mayo de 1944.
“13. Que antes del 2 de mayo de 1944, se trasladó al señor Massari a la Corte de Distrito de Guayama.
“14. Que la forzada maniobra para traer al señor Belaval a San Juan, la injustificada remoción y traslado del señor Massari a una corte de la isla, luego de haber dicho juez asumido jurisdicción y de haber comenzado a actuar en el presente caso, tanto así como el nombramiento del señor Calderón para sustituir al señor Bela/val en la Corte de Distrito de Bayamón y el traslado del Juez de Bayamón, señor Belaval, todo ello con el fin único de acomodar a dicho Juez, señor Belaval, en la plaza ocupada por el señor Massari en esta Corte, en manera alguna responde ni a la ley ni a la práctica administrativa por largos años seguida en Puerto Rico, siendo ésta la única vez en que un gobernador de esta isla pone en efecto, con tan evidente y ofensivo propósito, un procedimiento inusitado, dirigido a escoger un juez para que entienda en y falle determi-nado litigio.
“15. Que el nombramiento del señor Enrique Campos del Toro, para Procurador General de Puerto Rico, ña sido fuertemente res-paldado por el gobernador, y dicho Enrique Campos del Toro, aún cuando su nombramiento no ha sido confirmado, de hecho, ha in-tervenido y' actuado en los asuntos del Departamento de Justicia, coadyuvando en la realización de aquellos cambios que sirvan a los deseos y propósitos del Gobernador de Puerto Rico, habiendo sido por indicación de dicho Enrique Campos del Toro que el De-partamento de Justicia intervino y llevó a efecto los nombramientos y cambios interesados por el gobernador de Puerto Rico para traer a San Juan al señor Belaval en sustitución del Juez at Large, señor Domingo Massari.
“16. Que recientemente y para dar visos de legalidad al nom-bramiento del señor Belaval, el gobernador de Puerto Rico le ha extendido otro nombramiento, para que continúe en la Corte de Distrito de San Juan por un período adicional, en sustitución, según ahora se alega, del señor Jorge Luis Córdova Díaz, a quien corres-ponde en propiedad el indicado cargo.
“17. Que dentro de las libertades que le están permitidas a El Pueblo de Puerto Rico bajo el actual gobierno que disfruta, está la de tener representación en la Asamblea Legislativa, y la anula-ción de tal prerrogativa por parte del Gobernador de Puerto Rico, mediante actuaciones de su parte, que tienden a violentar nuestra ley electoral y a intervenir en la administración de la justicia, con miras a favorecer un movimiento conducente a facilitar el fraude electoral, envuelve una cuestión de suma gravedad y de enorme interés público.
“18. Alega el interventor que la transferencia aludida es ilegal y contraria a la ley por los siguientes fundamentos: .
“(a) Porque ninguno de los jueces de la Corte de Distrito de San Juan ha solicitado que el Juez, señor Belaval, celebre la sesión durante la cual han de ventilarse estos procedimientos.
“(£>) Porque cuando el Juez, señor Belaval, fué transferido para ocupar en la Corte de Distrito de San Juan el lugar del señor Massari, la labor de la Corte de Distrito de Bayamón, exigía su pre-sencia en aquel tribunal, tanto así que, en sustitución suya se nombró interinamente al señor José M. Calderón, quien actualmente actúa como Juez eu dicha Corte, y al Juez Massari se le envió a la Córte de Distrito de Guayama, para que sustituyese al Juez de aquel dis-trito, señor Barceló, quien no está enfermo ni se ha ausentado de la isla, ni existe causa fundada para que él se retire de su cargo y permanezca retirado hasta tanto se tramiten en San Juan y en los distintos distritos de la Isla los varios procedimientos de mandamus que se han radicado a instancias de líderes conspicuos del Partido Popular.
“(e) Que de haber estado impedidos de actuar en estos proce-dimientos por razón de sus ocupaciones, los tres jueces en propiedad que actualmente permanecen y están actuando en la Corte de Dis-trito de San Juan, entonces la transferencia del señor Massari, a raíz de la radicación de estos procedimientos de mandamus, es cla-ramente improcedente, por lo que son injustificadas y arbitrarias las actuaciones del gobernador, resultando evidente que dicha trans-ferencia se efectuó en contra y no en favor del interés público.
“(cZ) Que la transferencia del señor Belaval de la Corte de Dis-trito de Bayamón a la del Distrito de San Juan, y el envío del Juez, señor Massari, a la Corte de Distrito de Guayama, así como el nombramiento del Juez Calderón para sustituir al Juez Belaval en la Corte de Distrito de Bayamón, se debió únicamente al interés del gobernador, actuando como líder conspicuo del Partido Popular Democrático de Puerto Pico, de lograr un propósito personal y po-lítico suyo,' cual es la intervención en estos procedimientos de un juez perteneciente al Partido Popular, cuya transferencia a este dis-trito se ha verificado después de una serie de traslados inusitados y extraordinarios con el fin primordial y único ele que dicho juez de distrito, señor Belaval, sea quien resuelva las cuestiones impor-tantes envueltas en estos casos.
“19. Que existiendo las circunstancias arriba expuestas y entra-ñando el presente caso la consideración de cuestiones de gran in-terés público, la justicia quedaría cabalmente servida si- en- lugar del señor Belaval, o de cualquier otro juez traído por el gober-nador de Puerto Pico para que intervenga en estos procedimientos, el presente caso se sometiera y se tramitara ante los tres actuales jueces en propiedad de esta Pión. Corte, Honorables Marcelino Romany, R. La Costa Jr., y R. Cordovés.
“20. Que la continuación de estos procedimientos ante el juez señor Belaval, habida cuenta de la maniobra mediante la cual se ha logrado por el gobernador hacerle intervenir como juez en estos procedimientos, así como la aceptación por el señor Belaval de la realización de dicha maniobra en adición a los demás hechos reía-tados, constituye fundado motivo para creer que los procedimien-tos en el presente caso no estarán revestidos de la imparcialidad a que tienen derecho los demandados y el interventor.
“Pon todo lo cual, respetuosamente solicita el interventor de esta Hon. Corte que se abstenga e inhiba el Juez, Hon. Emilio S. Belaval, de tomar conocimiento de esta causa, por no haberse hecho su transferencia a la Corte de Distrito de San Juan de conformidad con la ley y porque, atendido el interés del Gobernador en estos procedimientos y los cambios injustificados hechos en las cortes de distrito de la isla para que el caso se someta al señor Belaval, como Juez, existe motivo para creer que no habrá de celebrarse un juicio imparcial.
“Asimismo solicita el interventor que luego de inhibirse el señor Belaval de conocer de estos procedimientos y, en garantía de la más imparcial justicia, se constituya esta corte en tribunal cole-giado compuesto de sus tres jueces en propiedad, señores Marcelino Romany, R. La Costa, Jr. y R. Cordovés Arana, y así constituido procedan a conocer de la presente acción, que es una que envuelve gran interés público, y dicte aquellas providenciad, resoluciones y sentencias que en derecho y en verdadera justicia procedan.
“San Juan, Puerto Rico a 9 de mayo de 1944.-r-(Fdo.) Héctor González Blanes. — Abogado del Interventor.”

Se alega, además, en la petición de disbarment, que las im-putaciones contenidas en la transcrita moción al efecto de que el Gobernador babía prometido al Juez Belaval nom-brarlo juez en propiedad de la Corte de Distrito de San Juan, en el entendido de que resolvería dicho caso a favor de los peticionarios, y que esa promesa fue aceptada por el Juez, son falsas y fueron hechas por el querellado sin que le constase su certeza y sin tener causa probable o funda-mento alguno para creer en la verdad de ellas; que dichas manifestaciones constituyen materia escandalosas y fueron vertidas con la maliciosa intención de exponer al Tribunal al Juez Sr. Belaval, así como al Gobernador de Puerto Rico, al odio y desprecio de la' comunidad y de menoscabar su honradez, integridad y buena fama, mediante la imputa-ción de un delito público, todo ello en violación de los debe-res que el querellado, como abogado, tenía para con dicha Corte y Juez.

En su contestación admitió el querellado haber presen-tado la transcrita moción; y afirma qne todo cnanto dijo en la misma es cierto, y qne cuando la presentó, lo mismo qne al tiempo de contestar la petición, tenía fnndamento o cansa probable para creer qne tales manifestaciones son ciertas; negó qne la referida moción contuviese materia escandalosa, y qne al presentarla lo hiciera con intención maliciosa, ale-gando que su única intención fue la de cumplir con el deber, que como abogado, tenía para su cliente.

Por vía de defensa alegó: (a) que esta Corte carece de jurisdicción para conocer de este procedimiento de . disbarment; (ó) que la petición no aduce hechos constitutivos de causa de acción y (c) que, de prevalecer la petición inter-puesta, quedarían menoscabados los derechos, inmunidades y libre ejercicio de la profesión del querellado, así como la necesaria libertad que debe gozar en el desempeño consciente de su profesión ante los tribunales, en el sentido de no coar-tarle, restringirle ni privarle del deber de instar a nombre de su cliente la inhibición de un juez con exposición franca de fundamentos que prima facie y razonablemente demues-tren que su representado no habría de obtener justicia im-parcial; en contravención todo ello con la disposición sobre el debido procedimiento contenido en la Enmienda V a la Constitución Federal y en el artículo 2, párrafo 1 de la Lev Orgánica de Puerto Eico, aprobada en marzo 2 de 1917.

Estipularon el Fiscal y el querellado someter el caso por la evidencia recibida en la investigación practicada por los Fiscales Gómez, Aponte y Rodríguez Serra, debiendo unirse' a dicha evidencia 16 documentos marcados Exhibits 1 al 16 inclusive, que inadvertidamente no fueron presentados por el querellado al Fiscal Gómez. Se estipuló, además, renun-ciar al derecho de informar oralmente y en someter la cues-tión por alegatos, los cuales fueron presentados.

I

La alegada falta de jurisdicción está predicada en que la petición ha sido presentada por el Fiscal Auxiliar, sin que al así actuar dicho funcionario lo haga por delegación del Procurador General. El querellado invoca la sección 13 de la Ley núm. 9 de 11 de marzo de 1909 y el artículo 2, inciso g, de la Ley para Determinar la Organización del Colegio de Ahogados de Puerto Pico (Ley núm. 43 de 14 de mayo de 1932).

Como hemos indicado anteriormente, el Fiscal Auxiliar ' presentó la petición por orden de este Tribunal, el cual tiene facultad inherente para determinar quiénes pueden ejercer como abogados en las cortes insulares, facultad que conlleva la de eliminar del Registro de Abogados aquéllos que por sus actuaciones se hagan indignos de ejercer la profesión. In re Bosch, 65 D.P.R. 248, (1945); In re Arroyo Rivera, 63 D.P.R. 796, 798, (1944); In re Tormes, 30 D.P.R. 267, (1922); In re Claiborne, 119 F.2d 647 (C.C.A. 1st., 1941); In re De Caro, 262 N. W. 132, (Iowa 1935); In re Ulmer, 167 N.E. 749 (Mass. 1929); In re Gibbs, 214 N. W. 850, (S. D. 1927); In re Keenan, 192 N. E. 65, 96 A. L. R. 79, (Mass. 1934).

Es verdad que los tribunales han sostenido la validez de la legislación aprobada 'en auxilio de ese poder inherente; pero cuando esa legislación ha tenido el efecto de privar o menoscabar el derecho inherente de las cortes, éstas han anulado tal legislación, In re Edwards, 266 P. 665 (Idaho 1928); Norfolk & Portsmouth Bar Ass’n v. Brewry, 172 S. E. 282 (Va. 1934), pero las leyes invocadas por el querellado no menoscaban ese poder que tiene esta Corte. La primera de ellas impone al Procurador General ■ o al Fiscal que él designe, el deber de sostener la acusación y le faculta para iniciar o investigar la conducta profesional de los abogados. La segunda autoriza al Colegio de Abogados para investigar quejas que se formulen respecto a la conducta profesional de sus miembros y para instituir el correspondiente proce-dimiento de disbarment ante el Tribunal Supremo, si se en-contrare causa probable para instituirlo. Esas leyes no afec-tan el poder que tiene esta Corte para que, sin esperar que se radique queja alguna, ordenar de su propia iniciativa que se investigue cualquier asunto relacionado con la conducta de sus oficiales, como lo son los abogados, cuando el Tribunal tenga información de conducta impropia por parte de ellos, que a su juicio demande su intervención. Matter of Bar Association of City of New York, 222 App. Div. 580 (N. Y. 1928); In re Tormes, supra; Randall v. Brigham, 7 Wall. 523, 19 L. ed. 285, (U. S. 1868). Y como el poder in-' berente del Tribunal Supremo no se deriva del poder legis-lativo, la causa de disbarment no tiene que ser necesaria-mente una de las definidas en los estatutos, siempre que al abogado se le conceda una oportunidad de ser oído en su defensa. In re Tormes, supra; In re Myrland, 45 P.2d 953 (Ariz 1935); Wood v. State, 165 S.E 908 (Ga. 1932); In re Richards, 63 S. W.2d 672, (Mo. 1933).

Es claro que si esa facultad puede ejercerla el Tribunal sua spowte, puede delegar en cualquier abogado. In re Claiborne, supra, y con mayor razón en el Fiscal Auxiliar de esta Corte, para que presente la querella y sostenga la acu-sación, especialmente cuando, como en este caso, el Fiscal de este Tribunal se inhibió de actuar.

II

A los efectos de determinar si la petición aduce hechos, debemos aceptar como ciertas sus alegaciones. Brevemente las hemos expuesto y hemos transcrito la moción de inhibición.

El juramento que al ser admitido al ejercicio de la abo-gacía prestó el querellado le obliga a guardar el respeto debido a las cortes de justicia y a los funcionarios judicia-les, y el primero de los Cánones de Etica Profesional, tra-tando de los Deberes del Abogado Para Con Los Tribuna-les, entre otras cosas, prescribe:

' “Es deber del abogado observar hacia al Tribunal una actitud respetuosa, no a beneficio del que entonces desempeñare el cargo de Juez, sino para dar prestigio al cargo mismo y sostener su capital importancia.”

Los casos de Pueblo v. Gelpí, 59 D.P.R. 36 y Peña v. García, 45 D.P.R. 44, no son de aplicación. En el primero los abogados Grelpí fueron procesados por desacato por el solo hecho de haber radicado una moción de traslado en la que, al exponer los fundamentos de la misma, hacían impu-taciones' graves contra el Juez. Sin darse a los querellados ana oportunidad de probar los hechos alegados en su mo-ción, el Juez los condenó por desacato y este Tribunal, al revocar la sentencia, dijo al final de su opinión:

“A los querellados debió concedérseles la oportunidad de probar los hechos alegados en su moción y de resultar éstos falsos y mali-ciosos entonces haberse procedido en su contra de acuerdo con la ley. De ser ciertas las alegaciones conteniólas en la moción los demandantes en el pleito tenían derecho a solicitar y obtener la inhibición del Juez o traslado del caso.” (Pag-. 45.)

En el caso que nos ocupa se alega en la petición de disbarment que los hechos alegados en la moción de inhibición fueron expuestos por el querellado sin que le constase su certeza y sin tener fundamento o causa probable para creer que eran ciertos.

El caso de Peña v. García, supra, no es de aplicación porque en el presente caso no estamos pasando sobre los méritos de la moción de inhibición. La cuestión aquí en con-troversia es si el querellado, como se alega en la petición, expuso los hechos de su moción sin constarle su certeza y sin tener fundamento o causa probable para creer que eran ciertos. Si los hechos alegados eran ciertos, pero aún no sién-dolos, si el querellado tuvo fundamento o causa probable para creer que lo eran y la moción no fué presentada ma-liciosamente sino con el propósito de obtener el juicio im-parcial a que todo litigante tiene derecho, entonces el quere-llado tendría que ser absuelto del disbarment. Pero ésa es una cuestión de hecho que depende del resultado de la prueba. Por lo tanto somos de opinión que la petición es suficiente.

III

La tercera defensa no amerita una extensa discusión. La libertad de que goza el abogado para defender a su cliente y el derecho que la ley le concede a solicitar la inhibición del juez cuando tiene motivo razonable para creer que no ha de tener un juicio imparcial, no llega al extremo de permitirle basar su moción de traslado o inhibición en imputaciones graves contra el juez, sin constarle la certeza de tales imputaciones o sin tener fundamento o causa probable para •creer que los hechos imputados son-ciertos. Al igual que sucede con la defensa II, su éxito depende del resultado de la prueba.

IV

Resueltas las cuestiones ele derecho, pasemos ahora a considerar el caso en sus méritos.

En las inscripciones celebradas en Puerto Rico los días 15 y 16 de enero, 1944, se presentaron un total de 277,471 peticiones de inscripción en todas las Juntas de Inscripción de la Isla. De ese total, 85,019 adolecían de ciertos alega-dos defectos, por los cuales la Junta Insular de Elecciones acordó, por mayoría, declararlas nulas. Contra esa resolu-ción, el Partido Popular Democrático, Luis Muñoz Marín, Samuel R. Quiñones y David Benjamín Cruz, recurrieron ante este Tribunal en solicitud de un auto de mandamus. Alegaron, entre otras cosas, que las 85,019 peticiones, 55,000 correspondían a personas afiliadas al Partido Popular De-mocrático, las cuales quedarían privadas de votar si preva-lecía la resolución de la Junta, Solicitaron que fuese soste-nida la validez de las 85,019 peticiones y en su consecuencia se ordenase a la Junta y al Superintendente General de Elecciones que le diesen el curso que de conformidad con la ley, correspondía a peticiones válidas.

Para aquella fecha existía en esta Corte la misma vacante que aún prevalece y estando igualmente dividida la opinión de los cuatro jueces, el 28 de marzo de 1944 se dictó senten-cia denegando la petición de mandamus. Partido Popular v. Junta Insular de Elecciones, 63 D.P.R. 296.

Volviendo ahora a la resolución de la Junta Insular de Elecciones debemos notar que el voto del representante del Partido Liberal Puertorriqueño fue el que determinó que dicha resolución fuese dictada, pues votaron en contra de la validez de las peticiones los representantes del Partido Unión Republicana Progresista, Partido Socialista y Partido Liberal Puertorriqueño; a favor el del Partido Popular De-mocrático y se abstuvo de votar el Superintendente General de Elecciones. Pero poco tiempo después de tomado el acuerdo y antes del 12 de marzo de 1944, el Sr. Dlibón re-nunció su cargo como representante del Partido Liberal en la Junta Insular de Elecciones. Claro es que en caso de que el sucesor del Sr. Dubón no compartiese la opinión de éste respecto a la validez de las peticiones, en una reunión de la Junta podía intentarse reconsiderar la resolución y dictarse otra pretendiendo convalidar las 85,019 peticio-nes no obstante la sentencia de esta Corte negándose a expedir el auto de mandamus.

Mientras se estaba pendiente de que el Gobernador nom-brase el representante del Partido Liberal, el senador Iriarte, según declaró ante el Fiscal Gómez, manifestó en presencia del senador Muñoz Marín, Jefe del Partido Popular y Pre-sidente del Senado, que éste era el responsable de que .esos electores perdiesen su voto, ya que él (Iriarte) y el Dr. Figueroa, le habían invitado a presentar enmiendas a la Ley Electoral, a fin de convalidar las peticiones de inscripción de aquéllos que tuvieren derecho a votar, y que el Sr. Muñoz Marín nada había hecho en ese sentido. Agrega el Sr. Iriarte en su declaración que el senador Muñoz Marín, en presencia de los señores Teófilo Maldonado, Samuel E. Qui-ñnes y Susoni le contestó que él (Muñoz Marín) arreglaría el asunto administrativamente. Declaró, además, el sena-dor Triarte que el día siguiente a esta conversación, o sea el 30 de marzo de 1944, el Gobernador nombró al Sr. G. Cru-zado Silva, quien no participaba de la opinión del Sr. Du-bón, representante del Partido Liberal en la Junta Insular de Elecciones, y al Sr. Ernesto Hieres Calimano, represen-tante suplente. Estos señores habían sido recomendados al Gobernador por el entonces Presidente del Partido Liberal, Sr. José Ramírez Santibáñez, en abierta violación a lo acordado por la Junta Central de dicho Partido, la cual era el único organismo con facultad legal para hacer tal reco-mendación. La Junta había recomendado a los señores Luis Archilla y José E. Gelpí, el primero de los cuales había hecho pública su conformidad con la opinión del Sr. Du-bón. Recurrieron ante esta Corte los señores Archilla y Gelpí solicitando un auto de mandamus pafa compeler al Gobernador a nombrarlos, y por los méritos del caso se de-claró con lugar la petición y se dictó el auto perentorio or-denando al Gobernador que procediese a nombrarlos y así lo hizo. Archilla v. Tugwell, Gobernador, 63 D.P.R. 413.

Pocos días después, alrededor del .10 de abril de 1944, varios pleitos, sustancialmente idénticos al del Partido Po pular v. Junta,, supra, fueron presentados en todas las cor-tes de distrito de la Isla a nombre de las personas residen-tes en los respectivos distritos cuyas peticiones de inscrip-ción habían sido anidadas por la resolución de la Junta. El que se presentó en la Corte de Distrito de San Juan fue ins-tituido a nombre de Luisa Boix Domínguez, et al. La sec-ción tercera de la Corte de Distrito de San Juan era donde debía verse el caso y para aquella fecha la presidía el Juez de Distrito At Large, Sr. Massari, quien actuaba en susti-tución del Juez en propiedad Sr. Córdova, mientras durase la licencia que se le había concedido. Uno de los abogados de la demandante presentó al Juez Massari la petición de mandamus y un proyecto de auto alternativo, pero el Juez rehusó firmar inmediatamente el auto alternativo y expresó la necesidad de estudiar detenidamente el asunto antes de dictar resolución alguna. Luego de considerar el caso y de haber expresado ciertas dudas con respecto a si debía o no denegarse de plano la petición, por entender que se trataba de un caso ya resuelto por el Tribunal Supremo, optó por expedir una orden citando a las partes para que informasen sobre la procedencia del remedio solicitado. Firmó esa or-den, pero no le dió curso porque el Secretario Andréu Ribas, quien conocía la actitud mental del Juez, inmediatamente se puso en comunicación con el Sr. Samuel R. Quiñones, otro de los abogados de los peticionarios, quien a través del Se-ereario envió un mensaje al Juez para que no dictase reso-lución alguna en el caso hasta que dicho abogado pudiese discutir con él la cuestión. Al efecto, al día siguiente, tu-vieron una entrevista en la cual dicho abogado, lo convenció de que podía firmar el auto alternativo y dejarlo sin efecto si luego se convencía de su improcedencia. En las últimas horas de la mañana del 14 de abril el Juez firmó el auto al-ternativo y señaló la vista del caso para el 2 de mayo si-guiente. Horas después se comunicó al Juez Massari la or-den del Departamento de Justicia trasladándolo a la Corte de Distrito de Guayama en sustitución del Juez Barceló, a quien se había concedido licencia. Para sustituir al Juez Massari en la Corte de Distrito de San Juan, fue traído el Juez de la Corte de Distrito de Bayamón, Sr. Belaval, quien en aquella fecha, según su testimonio, tenía varios ca-nsos pendientes de resolución, algunos de ellos de gran im-portancia y urgencia. Para sustituir al- Juez Belaval en la Corte de Distrito de Bayamón fue. nombrado interinamente el abogado José M. Calderón.

En aquellos días el Juez Massari se hallaba convaleciendo de una larga enfermedad, por lo que insistió con el Procu-rador General Interino y con el Sr. Campos del Toro — cuyo nombramiento de Procurador General de Puerto Bico se hallaba pendiente de confirmación por el Senado de los Estados Unidos — para qne no lo enviasen, a Gnayama, pero todos sns esfuerzos fueron inútiles. Se le dijo qne iría a Guayama por pocos días. Así fné en efecto. El primer día hábil para tomar posesión de la Corte de Distrito de Gua-yama fné el martes 18 de abril y ese día salió para su des-tino en compañía del Jnez Barceló. Pero ese mismo día sin embargo, el Procurador General Interino recomendó al Go-bernador el nombramiento del Sr. Borinquen Marrero para Juez Interino de la Corte de Distrito de Gnayama, exten-diendo el nombramiento el Gobernador dos días despnés, ju-rando su cargo el Jnez Marrero el día 21 de abril. Regresó a San Juan el Jnez Massari el 22 de abril, y permaneció en la oficina del Procurador General hasta el 7 de mayo de 1944 en que fué enviado a Ponce. Salta a la vista que si el Juez Marrero iba a ser recomendado el 18 de abril, es decir, el mismo día en que salía para Guayama el Juez Massari, ¿qué fin laudable pudo haber inspirado su traslado de la Corte de Distrito de San Juan casi inmediatamente después de haber firmado el auto alternativo de mandamus, luego de haber expresado sus fuertes dudas sobre su procedencia? Pero eso no es todo. Parece natural y lógico que si lo que en realidad motivó el traslado del Juez Massari fue simple-mente sustituir al Juez Barceló, una vez nombrado el Juez Marrero para Guayama y volver el Juez Massari a San Juan se hiciese cargo éste de nuevo de la Corte de Distrito de San Juan como Juez at large en sustitución del Juez Cor-dova, es decir; se restableciese el statu quo que existía cuando se firmó el auto alternativo, pues como hemos indicado an-teriormente el Juez Massari permaneció en San Juan hasta el 7 de mayo. Volviendo el Juez Massari a la Corte de Dis-trito de San Juan, el Juez Belaval hubiera regresado a la Corte de Distrito de Bayamón, donde hubiera podido resolver los varios asuntos urgentes e importantes que había de-jado pendientes.

Pero las cosas no se desenvolvieron como debía espe-rarse. El Juez Belaval continuó como Juez Interino de la Corte de Distrito de San Juan y el 2 de mayo se le extendió un segundo nombramiento, de ese modo habilitándolo para conocer del caso de mandamus que había señalado el' Juez Massari para el 2 de mayo de 1944.

El 9 de mayo, fecha en que finalmente se llamó el caso a juicio en sus méritos, el querellado, como abogado del in-terventor Partido Unión Republicana Progresista, presentó la moción de inhibición antes transcrita y solicitó que dicha moción se oyese y resolviese antes de dar principio al juicio. Accedió el Juez a oír la moción, pero luego de leída por el querellado, al anunciar éste que se proponía utilizar los testi-monios del Juez Belaval, del Sr. Campos del Toro y otros, tuyo lugar el siguiente incidente:.

“La Corte: . . . Ahora bien, frente a esta moción ele inhibición, que yo voy a declarar sin lugar de .plano, el Juez que preside este Tribunal quiere que en el récord consten los siguientes hechos:
“Sr. González Blanes: ¿Me permite la Corte? Sí vuestro Honor va a hacer declaraciones sobre hechos que le constan a vuestro Honor, yo deseo que se nos ofrezca a nosotros entonces la oportu-nidad de traer prueba con respecto a cualquier cuestión de hecho que vuestro Honor desee hacer constar en el récord.
“La Corte: Después que yo haga eso, lo discutiremos. Es bien sabido en Puerto Rico que don Enrique Campos del Toro fué nom-brado Procurador General. Es un hecho sabido en Puerto Rico que el Lie. Antonio R. Barceló, Juez de la Corte de Distrito de Guayama, pasará a ocupar el cargo de Primer Procurador General. Tan pronto se supo el nombramiento del señor Enrique Campos del Toro se me llamó a mí a una reunión en casa del Lie. Enrique Campos del Toro, en la cual estuvimos presentes el Lie. Enrique Campos del Toro, el Juez Barceló y yo. En esa reunión se me preguntó si yo creía que representaba un perjuicio para Antonio R. Barceló dejar su puesto de juez y venir a ocupar el puesto de Primer Pro-curador, porque el Lie. Enrique Campos del Toro babía decidido que el Primer Procurador General de Puerto Rico Auxiliar fuera el Juez Barceló. Entonces existía el problema de que al Juez Barceló había que darle unas vacaciones para resolver los casos que él tenía pendientes, para hacerse cargo de la Primera Subprocura-'doría, General. Allí se discutió quién de los dos podía, si el Juez Massari podía cubrir esa plaza en Guayama, y se llegó a la conclu-sión de que por ser el Juez at Large, era conveniente de que fuera el Juez Massari quien cubriera esa plaza, porque ésas son sus obli-gaciones como Juez de Distrito at Large.
“Entonces, al momento de considerar la vacante en San Juan, se me consultó a mí si yo creía que yo podría ser nombrado, de que era el propósito del Departamento de Justicia considerar mi nombramiento en propiedad, si como se esperaba en aquellos días, el Juez Córdova Díaz sería nombrado Juez del Tribunal Supremo. Tuvimos todas las discusiones. Yo presenté mis argumentos en cuanto a lo que yo tenía que hacer, el tiempo que se me tenía que dar para la nueva combinación. El señor Campos del Toro aquella noche me informó que el Juez Jorge Luis Córdova sería nombrado de un momento a otro, que esa era la impresión que él traía de ■Washington. Entonces se mandó al Juez Calderón, porque el Juez Calderón, si el Juez Jorge Luis Córdova va a la Corte Suprema y yo vengo a la Corte de Distrito de San Juan, con toda seguridad será el juez en propiedad de Bayamón, y se mandó al Lie. Borinquen Marrero a Guayama, porque con toda seguridad Borinquen Marrero será juez en propiedad de Guayama.
“Claro, ésta fue una conversación informal y el Procurador General puede cambiar este criterio cuando él lo crea conveniente, pero yo he venido aquí bajo la impresión de que si el Juez Jorge Luis Córdova pasa a la Corte Suprema yo inmediatamente recibiré, por lo menos el Attorney General me recomendará para Juez de la Corte de Distrito de San Juan en propiedad.
“Después de esas manifestaciones en el récord, que es lo único que quería hacer constar, la moción me parece simplemente una coacción moral ante los tribunales, cuya coacción moral yo, como Juez, no voy a tolerar, y la voy a declarar sin lugar de plano.” Junta Insular de Elecciones v. Corte, 63 D.P.R. 819, 827..

v

No era ésa la forma de resolver la moción. En ella se hacía una grave imputación al juez y silenciando al acu-sador no se destruía la acusación. Pero es que, además de esto, el interventor tenía derecho a que su caso fuese resuelto por un juez imparcial y esa circunstancia y la situación en que, consciente o inconscientemente, se había colocado el juez, imperativamente demandaba que concediese al interventor una razonable oportunidad de presentar la evidencia que ofrecía. Si lograba probar las alegaciones de su moción, se reconocería su derecho a un juicio imparcial inhibiéndose el juez. Si por el contrario no las probaba, la duda sem-brada por la imputación quedaría disipada. Como se dijo en State Ex Rel Barnard v. Board of Education, 19 Wash. 8, 18:

“César exigió que su mujer no sólo fuese, virtuosa sí que estu-viese libre de sospechas; y el estado no debe ser menos exigente con sus funcionarios judiciales en cuyas manos se confían no sólo los intereses económicos, sino el honor, la libertad y las vidas de sus ciudadanos, y debe velar porque la balanza en que se pesan los derechos del ciudadano esté exactamente en el fiel, porque como muy bien dijo el Juez Bronson en People v. Suffolk Common Pleas, 18 Wend. 550 'Lo más importante después del deber de dictar una sentencia justa, es que se haga, de tal forma que no pueda levantar sospechas de la imparcialidad e integridad del Juez’ ”,

Es de notarse que no existe evidencia como tal en el ré-cord para sostener el cargo que hace el querellado contra el Gobernador Tugwell por el delito de soborno consistente en haber ofrecido secretamente al Juez Belaval ascenderlo al puesto de Juez de Distrito de San Juan en el entendido de que éste último decidiría el caso en cuestión en favor de los demandantes. De igual modo tampoco existe evidencia al-guna como tal contra el Juez Belaval para sostener la im-putación de haber aceptado la dádiva. Somos de opinión que si bien el querellado se excedió al hacer la imputación de soborno contra uno y otro funcionario, actuación del quere-llado que desaprobamos, sin embargo, todos los hechos que hemos expuesto en detalle en esta opinión y las circunstan-cias concurrentes en este caso no justifican que el querellado sea disciplinado en forma o manera alguna.

Proce Je declarar sin lugar la petición de disbarment.

       El Fiscal del Tribunal Supremo se inhibió de presentar la querella y se dictó entonces por esta Corte una orden dirigida al Fiscal Auxiliar para que procediese a presentarla y sostenerla.

       La sección 13 de la Ley núm. 9 de 11 de marzo de 1909, pág. 105, dice así:
      “Será el deber del Attorney General de Puerto Bico, o de cualquier Fiscal que él designe, sostener la acusación en todos los casos para la remoción o suspensión de abogados según queda expresado.”

       El artículo 2, inciso g, de la Ley para Determinar la Organización del Colegio de Abogados de Puerto Bico, dice así:
      “El Colegio de Abogados de Puerto Bico tendrá facultad:

        < i # # * * •* X

        “ (g) Para recibir e investigar las quejas que se formulen respecto a la conducta de los miembros en ejercicio de la profesión, pudiendo remitir-las a la Junta de Directores para que actúen, y después de una vista pre-liminar, en la que se dará oportunidad al interesado, si encontrara causa fundada instituir el correspondiente procedimiento de destitución (disbarment), ante la Corte Suprema de Puerto Bico. Nada de lo dispuesto en este apartado se entenderá en el sentido de limitar o alterar la facultad del Procurador General de Puerto Bico para iniciar por su propia cuenta estos procedimientos. ’ ’

      Votando el nuevo representante del Partido Liberal a favor de la validez de las peticiones, el voto de los cuatro representantes de los partidos estaría igualmente dividido. En el supuesto de que el Superintendente General se abs-tuviese de votar, el voto del Gobernador decidiría el empate. Art. 36 de la Ley Electoral.

      En una declaración jurada ante el Eiseal Auxiliar de la Corte Suprema, el 8 de marzo de 1945, refiriéndose a las manifestaciones que le imputó el senador Iriarte, el senador Muñoz Marín dice: “Recuerdo muy imperfecta-mente la conversación a que alude el senador Iriarte. Es posible que estuvié-ramos hablando sobre el Plan de Trabajo de Emergencia y no sobre la situa-ción de los 85,000 electores. En cuanto al Plan de Emergencia el Gobierno hizo esfuerzos por mantenerlo funcionando en beneficio de los desempleados por medios administrativos. Pero no estoy enteramente seguro de esto, puede ser que estuviéramos hablando sobre los 85,000 electores. De lo que estoy absolutamente seguro es de que en forma alguna mi intención al hablar de remedios administrativos, puede haber tenido relación alguna con traslados de jueces. No pensé, desde luego, en traslado de jueces. No es mi norma actuar en tal forma.”.

       Parece pertinente decir aquí qjie el Sr. Rodríguez Pacheco declaró al efecto que el día 30 de marzo, por la noche, sostuvo una conversación por telé-fono con el Gobernador Tugwell en la cual le pidió que nombrase a los señores Archilla y Gelpí que habían sido recomendados por la Junta Central, y que el' Gobernador le informó que ya había extendido los nombramientos a favor de otras personas (no recordaba el Gobernador los nombres) y a la vez dijo a Rodríguez Pacheco: ‘‘¿Usted también está en contra de Don Pepe?”, refi-riéndose al Sr. José Ramírez Santibáñez, Presidente entonces del Partido Liberal.

      Edición del periódico El Mundo correspondiente al 15 de marzo de 1944.

       Conforme declaró el Secretario de la Corte de Distrito, Sr. Andréu Ribas, la petición de mandamus juntamente con el proyecto de auto alterna-tivo estaban en la oficina del Juez Massari desde el día 10 de abril, siendo radicada la petición el día 12.

      E1 nombramiento del Juez Belaval fué extendido por el Gobernador Tug-wcll el sábado 15 do abril de 1944..

       Desde su oficina de Coordinador en la Fortaleza el Sr. Campos del Toro tenía una gran ingerencia en la dirección del Departamento de Justicia. Exhibit EX págs. 125 y 142 y carta del Sr. Borinquen Marrero, de 6 de septiembre de 1944, dirigida al Juez Belaval, Exhibit 12 JCA, que dice:
      "6 de septiembre de 1944, Hon. Emilio S. Belaval, Juez de Distrito, Calle Estado 14, (Miramar), Santuree, P. R. — Mi apreciado amigo y com-pañero: —De conformidad con la conversación telefónica sostenida por nos-' otros en el día de hoy, mo complazco en ratificarte que recuerdo perfecta-mente bien que el Lie. Enrique Campos del Toro me llamó por teléfono en la tarde del día 18 de abril de 1944 a mi oficina en la División Legal del Departamento de Hacienda. Accediendo a sus deseos me trasladé a la oficina del Lie. Campos del Toro en la Fortaleza y allí él me preguntó si estaba dispuesto a venir 'a Guayama para actuar como Juez Interino de la Corte de Distrito, mientras duraran las vacaciones del Juez Barceló, empezando el lunes 24 del referido mes de abril. Me preguntó además el Lie. Campos del Toro si en caso de vacar el cargo de Juez de Distrito de Guayama, por renuncia del Juez Barceló, quien sería nombrado Procurador General Interino, estaría yo dispuesto a aceptar que se me designara en propiedad. Contestó ambas preguntas afirmativamente y al extendérseme el correspondiente nombramiento por el Gobernador de Puerto Rico actué como Juez de Distrito Interino de Guayama desde el 24 de abril hasta el 27 de junio, inclusive.
      “Más tarde, según es de conocimiento público, al nombrarse al Lie. Barceló Presidente de la Comisión de Servicio Público, se me designó a mí Juez de Distrito do Guayama. — Sinceramente, (Fdo.) B. Marrero Ríos. - — B. Marrero Ríos.”

       Sobre la necesidad de estos cambios de jueces tomamos de la declara-ción del Procurador General Interino Sr. Rodríguez Ramos, quien dispuso el traslado del Juez Massari:
      “P. — De manera, Sr. Rodríguez Ramos, que si le preguntáramos a usted o yo le hiciera la pregunta directa de qué necesidad había de tras-ladar al Juez Massari a la Corte de Distrito de Guayama, ¿qué contestaría usted? R. — Que no había necesidad ninguna.
      “P. — Prácticamente no hubo ninguna necesidad ni fundamento alguno para trasladar al Juez Massari a Guayama y traer al Juez Belaval a San Juan. R. — Necesidad imperiosa no la había. P. — ¿El servicio no lo reque-ría? R. — Indiscutiblemente, no.” Exhibit EX, págs. 72, 73-4. Y de la declaración del-Sr. Campos del Toro tomamos lo siguiente:
      “P. — Muy bien con respecto al señor Barceló de la Corte de Distrito de Guayama. ¿Por qué consideró usted necesario que para sustituir al Juez Belaval, digo Barceló en Guayama tuviera que ser trasladado el Juez Massari que actuaba en San Juan en sustitución del Juez Córdova Díaz? R. — La razón que hubo para eso es fácil, es la siguiente: El Ledo. Calde-rón, candidato del señor Barceló para el cargo de Juez interino de Baya-món, nunca había ocupado un cargo en la judicatura, nunca había tenido la experiencia do ser juez de distrito y además de eso resido aquí en San-turee. Se consideró que dentro de esas circunstancias no era aconsejable nombrar al Ledo. Calderón para ocupar el cargo de Juez interino de San Juan en sustitución del Juez Córdoza Díaz, por su falta de experiencia y que no debía ensayarse, y esa norma se lia seguido en el Departamento de Justicia, que no debía ensayarse al Ledo. Calderón en la Corte de Distrito de San Juan, que es la Corte que más importancia tiene en la Isla de Puerto Rico y entonces se pensó que como el Señor Massari es un Juez at-large y ejerce sus funciones en toda la Isla de Puerto Rico y se le traslada de un distrito a otro ejerciendo sus funciones de Juez de Distrito at-large, que no había ningún inconveniente para que el Juez Massari pasara a Guayama, el Ledo. ^ Calderón a Bayamón y el Juez Belaval a San Juan y también porque dada la proximidad de la Corte de Distrito de Bayamón a San Juan, donde tiene su residencia el Juez Calderón, ésto esta-ría en mejores condiciones y no haría objeción a aceptar el cargo por la cuestión de estar muy retirado del domicilio y al Juez Calderón lo sería fácil venir todas las tardes a su casa.
      P. — ¿Es cierto que el Juez Massari es el Juez de Distrito at-Large, pero él estaba desempeñando sus funciones en San Juan? R. — Sí, señor. P. — ¿Y el Juez Massari reside en San Juan? R. — Sí, señor. P. — ¿Y por qué había de pensar el testigo en el inconveniente para el Juez Calderón ir a Guayama? ¿Por qué no pudo ser enviado ol Juez Calderón a Guayama y dejar a Massari en San Juan? R. — Primero, porque el Ledo. Calderón le había dicho al Juez Barceló que él no aceptaba ir a Guayama y segundo porque en cuanto al Juez Massari era un deber de él ir donde el Procu-rador General lo asignara porque de acuerdo con la ley que establece su cargo, él viene obligado a ejercer sus funciones en toda la Isla y en cuanto al Ledo. Calderón, éste no iba a prestar el servicio como un deber impués-tole por la ley sino sencillamente como una oportunidad que se le brindaba a él para ensayarse como juez de distrito. P. — Usted ha manifestado que era el deber del Juez Massari ir donde el Departamento lo mandara. Eso os así, pero en este momento no investigamos y no tratamos de investigar los deberes del Juez Massari. Se trata de la necesidad indispensable que hubiera en ese momento de trasladar a Massari de San Juan para Gua-yama. R. — Yo quiero manifestar, a lo que acaba de decir ol señor Fiscal, que [lo que] yo trato de explicar es la motivación que según yo le enten-dí al Juez Barceló que dio lugar a, que él idease el traslado del señor Belaval y el traslado de él propio temporalmente de la Corte de Distrito do Guayama dentro de esta combinación judicial.” Exhibit EX, págs. 158-16.1.

      No hay duda que el querellado tenía perfecto derecho a presentar prueba en apoyo de su moción. Junta Insular de Elecciones v. Corte, supra, pág. 828, El no oírlo entonces tendió a perjudicarle, pues por lo general un. hábil interro-gatorio en el momento oportuno, resulta más eficaz como medio de extraer la verdad, que declaraciones de loa mismos testigos tomadas ex parte varios meses después de ese momento decisivo.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Santos Torres Ojeda, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1171.

    Sometido: Noviembre 5, 1945.

      Resuelto: Noviembre 20, 1945.

      Andrés Mena Latorre, abogado del recurrente.; el registrador recu-rrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Santos Torres Ojeda suscribió un pagaré al portador por la cantidad de $1,000 y para garantizarlo constituyó hipoteca sobre nna finca de su propiedad por escritura núm. 20 de 17 de abril de 1939 ante el notario Carlos D. Vázquez, ins-erita en el Registro de la Propiedad de Cagnas, al folio 52, tomo 41 de Guaynabo, finca 894, duplicado, inscripción ter-cera.

El 21 de febrero de 1944 el mismo Santos Torres Ojeda compareció ante el notario Andrés Mena Latorre y por es-critura num. 57 expuso que hallándose en su poder el pa-garé antes mencionado lo había destruido totalmente, por lo cual quería y consentía “bajo su exclusiva responsabilidad” que en el Registro de la Propiedad se cancelase totalmente la hipoteca que en garantía de la referida obligación había constituido por dicha escritura de 17 de abril de 1939.

El recurrente presentó la escritura de cancelación en el Registro de la Propiedad acompañada de la escritura de constitución de hipoteca, siendo denegada la cancelación por no haber dado fe el notario autorizante de haber inutilizado el pagaré en cuestión. En su lugar se tomó anotación pre-ventiva por 120 días.

A los efectos de convertir en inscripción definitiva la anotación preventiva, el recurrente volvió a presentar la es-critura de cancelación acompañándola esta vez de una decla-ración jurada del propio recurrente haciendo constar que hallándose el pagaré en su poder, lo había destruido total-mente. Volvió a denegar el Registrador la cancelación por el mismo fundamento, agregando que el procedimiento se-guido por el recurrente para acreditar la destrucción del pagaré con su declaración jurada, no es el prescrito por la Ley.

El xíltimo párrafo del artículo 82 de la Ley Hipotecaria nos da la solución del presente caso. Dice así:

“Artículo 82. — .
“Las inscripciones hechas para responder de cantidades repre-sentadas por títulos al portador o trasmisibles por endoso, se cance-larán presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la cual debe consta,r haberse inutilizado e.n el acto de su otorgamiento, los títulos endosables o al portador. Si todos o al-gunos de dichos títulos se hubiesen extraviado, sólo podrán cancelarse dichas inscripciones por medio de mandamiento judicial crediiivo de haber recaído sentencia firme, obtenida por el procedimiento ordinario del Código de Enjuiciamiento' Civil, en que se declare haber quedado extinguidas dichas obligaciones.” (Bastardillas nuestras.)

El recurrente sin duda creyó de aplicación el art. 136 del Reglamento para la Ejecución de la Ley .Hipotecaria, y por ese motivo y no obstante lo prescrito en el último párrafo del art. 82 antes transcrito, acompañó la escritura de cons-titución de hipoteca y el affidavit de que se ha hecho refe-rencia. El art. 136 del Reglamento en lo pertinente dice así:

“Artículo 136. — -La misma escritura en cuya virtud se haya hecho la inscripción de una obligación, será título suficiente para cance-larla, si resultare de ella o de otro documento fehaciente que dicha obligación ha caducado o se ha extinguido.”

. No se necesita esfuerzo alguno para concluir que el art. 136 del Reglamento sólo se aplica al párrafo segundo del art. 82 de la Ley Hipotecaria que dice:

“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las inscripcio-nes o anotaciones a que el mismo se refiere, podrán cancelarse sin los requisitos expresados, cuando quede extinguido el derecho ins-crito por declaración de la ley, o resulte así de la misma escritura inscrita.”

Pero ése no es el caso ante nos. Aquí se trata de una obli-gación al portador para cancelar la cual se ha provisto un procedimiento adecuado en el art. 82 de la Ley Hipotecaria.

La destrucción del pagaré a los efectos del art. 82 equi-vale a su extravío, puesto que es físicamente imposible pre-sentarlo al notario para ser inutilizado por éste en el acto del otorgamiento. Para la cancelación de la hipoteca en tales casos requiere el art. 82 la garantía de una sentencia firme que acredite la destrucción o extravío del pagaré. Ninguna seguridad ofrecería a los que pudieran ser tenedo-res del pagaré hipotecario si la mera declaración jurada del dueño de la finca gravada, al efecto de que el pagaré estuvo en su poder y él lo había destruido, acompañando esta de-claración de una escritura de cancelación otorgada por él mismo, bastase para cancelar la hipoteca en el Registro. Podría ser falsa esa declaración y mediante ella perjudicar’ los derechos de un tercero que fuese tenedor del pagaré.

Por lo expuesto procede confirmar la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    José Enríquez Leduc, recurrente, v. El Regitrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    Núm. 1,166.

    Sometido: Junio 11, 1945.

      Resuelto: Noviembre 20, 1945.

      Rogelio Fernández Garzot, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

José Isabel Meléndez de la Matta, dueño en común pro-indiviso con su hermana Monserrate de una finca de 11.90 cuerdas en proporción de una mitad cada uno, otorgó hipo-teca a favor de José Enríquez Leduc mediante la cual gra-vaba una parcela de dos cuerdas de la referida finca. En la escritura se deslindaba materialmente dicha' parcela, ha-ciándose constar qne formaba parte de la mitad qne le co-rrespondía al otorgante en la finca, y qne se hipotecaba con el expreso consentimiento de la otra condneña. Presentada copia de la escritnra al Registro de la Propiedad para sn inscripción, la misma fue denegada a virtud de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de este documento porque para hipo-tecar la parcela de dos cuerdas que se describe en el mismo, se necesita segregaría e inscribirla previamente en el Registro de la Propiedad y en el Registro de Planificación y al no hacerlo así se violarían las disposiciones de los artículos 9, 20, 21 y 30 de la Ley Hipotecaria y 50, 60, 62, 63 y 75 de su Reglamento-y las disposi-ciones del Reg. de Planificación Núm. 3, promulgadas por la Junta de Planificación a virtud de las disposiciones de las Leyes núms. 213 de 1942 y 155 de 1943 todo al folio 55 vuelto del tomo 27 de Na-guabo, finca 1090, inscripción 2Í¡1 — Humacao a 14 de mayo de 1945.— Guillermo Estrella, Registrador, — Dros. Can. $3.00 Núm. — Como complemento a la nota que precede se hace constar que se tomó anotación por 120 días a favor del acreedor, al asiento y folio indi-cados en dicha nota. — Humacao, a 14 de mayo de 1945. Guillermo Estrella, Registrador.”

No conforme José Enríquez Leduc estableció el presente recurso, en el cual sostiene que no es necesaria la previa se-gregación e inscripción de la parcela de dos cuerdas para poder constituir hipoteca sobre ella, y cita en su favor el artículo 333 del Código Civil, la Resolución de 23 de noviem-bre de 1886 de la Dirección General de los Registros, y el caso de Mayagüez Sugar Co. v. Registrador, 40 D.P.R. 82.

La verdadera cuestión a resolver es si un condomino, con el expreso consentimiento de otro y único condueño, puede hipotecar una parte fija y determinada de una finca indivisa de la comunidad.

No hay duda alguna de que el condomino puede hipote-car su parte en la comunidad. Para ello está expresamente autorizado por el artículo 333 del Código Civil, el cual dis-pone que:

“Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo en su conse-cuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir otro en su aprovechamiento y darla en arrendamiento, salvo si se tratare de derechos personales, pero el efecto de la enajenación o de la hi-poteca con relación a los condueños, estará limitado a la porción que se les adjudique en la división al cesar la comunidad, y el efecto del arrendamiento será conferir al arrendatario, durante el término del contrato, las facultades del condueño en orden a la administra-ción y mejor disfrute de la cosa común.”

Empero, cuando es un condomino quien hipoteca sin la intervención de los demás condueños, la hipoteca así consti-tuida no se fija sobre ninguna parte determinada de la finca, ya que el derecho del condueño es el de una cuota abstracta en-la propiedad, que recae sobre la totalidad de ésta. Por consiguiente, al constituir hipoteca sobre esa cuota, el gravamen flota sobre la finca en la misma forma que el derecho sobre el cual se constituye. Véanse Galindo y Escosura, Comentarios a La Legislación Hipotecaria de España, Tomo III, pág. 169 (Cuarta Edición), y Morell y Terry, Comenta-rios a la Legislación Hipotecaria, Tomo III, pág. 635.

El caso de autos, sin embargo, es distinto. Aquí un con-domino, con el expreso consentimiento del otro condueño de la finca, que compareció en la escritura a ese efecto, hipotecó dos cuerdas de la finca de once poseídas en comunidad y dicha parcela fué deslindada o delimitada materialmente con la aprobación de ambos condueños. Esta actuación equivale a haberse constituido la hipoteca, con el consentimiento de ambos condueños del inmueble, gravando la misma, expre^ sámente una parte específica de la finca, que a ese efecto quedó perfectamente deslindada y la cual formará parte de lo que en definitiva pueda corresponder al condomino hipo-tecante en la finca. A los efectos del caso no existe prácti-camente problema alguno de indivisión en relación con las dos cuerdas hipotecadas. Empero, no es necesario, como sostiene el Registrador recurrido, hacer una segregación e inscribir la parcela hipotecada como finca independiente pues basta can la delimitación o deslinde ya heclio en la escritura para que sea fácilmente identificada en caso de ejecución. De no ocurrir la ejecución, toda la finca continuará en la indivisión.

De acuerdo con la Resolución del 23 de noviembre de-1886 de la Dirección G-eneral de los Registros, “ ... si el gravamen se impone sobre una parte de finca, es preciso que dicha porción se circunscriba y limite, ora deslindándola ma-terialmente, ora determinando su cuantía con relación al valor total del ininueble, ora precisando la proporción en que la referida parte se encuentra con respecto a la total cabida de la finca, . . . ”. (Bastardillas nuestras.) Por tanto, de hipotecarse un condominio, puede hacerse o bien deslindando materialmente la porción hipotecada o determi-nando su cuantía en relación con el valor total del inmueble o bien precisando la proporción en que la referida parte se encuentre" en relación con la cabida total. En el caso de autos no sólo se ha deslindado, sino que la otra condueña ha consentido expresamente con que dicha parcela sea hipote-cada.

En cuanto al no cumplimiento de los Reglamentos de Planificación promulgados por la Junta de Planificación bastará decir que ellos expresamente se. refieren y aplican a casos de “venta, arrendamiento o traspaso”

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.

       Véase artículo 1 del Reglamento de Planificación núm. 3, promulgado por la Junta de Planificación de Puerto Rico el 5 de septiembre de 1944.


text:
    Axton Fisher Tobacco Company, demandante y apelada, v. Rafael Buscaglia, en su carácter de Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 9026.

    Sometido: Abril 6, 1945.

      Resuelto: Noviembre 20, 1945.

      Hon. Procurador General Interino Jesús A. González y G.- Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; James B. Beverley, B. Castro Fernández j José López Baralt, abo-gados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso es germano al de Axton Fisher Tobacco Company v. Buscaglia, ante, pág. 125. Pero, levantándose en el de autos por el Tesorero la defensa de prescripción, precisa considerarla y, de no. prosperar, resolverlo por lo que en aquél se dijo.

Sostiene el Tesorero que habiéndose hecho los pagos bajo protesta en agosto 30, septiembre 10, octubre 8 y 21 y no-viembre 1 y 13 de 1941 y radicado la demanda el 28 de agosto de 1942, la- causa de acción de la demandante estaba prescrita, de acuerdo con la sección 3 de la Ley núm. 8 de 1927 (pág. 123), según quedó enmendada por la Ley núm. 17 de 21 de noviembre de 1941 ((2) pág. 55), a vir-tud de cuya enmienda se estableció una nueva forma de ha-cer pagos bajo protesta y se redujo el término para radicar la demanda en reclamación de contribuciones pagadas bajo protesta, de un año a treinta días. Cita en apoyo de su contención 34 Am. «Tur., Limitation of Actions, sec. 21, pág. 29, en donde se expresa la regla general de que “ . . . está firmemente establecido que cuando una nueva prescripción se liace aplicar a derechos o causas de acción existentes, un tér-mino razonable debe concederse antes de que se ponga en vigor y durante mi cual tales derechos puedan ejercitarse o en que pueda iniciarse el pleito sobre dichas causas de ac-ción, y que una ley de prescripción es nula si el término concedido es irrazonablemente corto. Por otra parte esta-tutos de prescripción que afectan derechos existentes no son inconstitucionales si un término razonable se concede para ejercitarlos antes de que la prescripción entre en vigor,” y el caso de Atchafalaya Co. v. Williams Co., 258 U. S. 190 en el cual, aplicando la regla citada se dijo que “ . . . tales es-tatutos son válidos y conceden un término razonable después de su aprobación para ejercitar un derecho existente o el cumplimiento de una obligación existente. ...”

La apelada por su parte sostiene que como los pagos bajo protesta se efectuaron antes de entrar en vigor las enmien-das a la ley, ella tenía un año y no treinta días para radicar su demanda toda vez que dichas enmiendas no tienen carác-ter retroactivo. Cita a su vez el caso de U. S. v. St. Louis, San Francisco & Texas Ry. Co., 270 U. S. 1, en el cual al interpretar una ley que disponía que “ ‘Todas las acciones en ley por los porteadores ... en reclamación de impuestos o parte de ellos, se iniciarían dentro de los tres años conta-dos desde que la causa do acción surgió (accrues) y no des-pués,’ ” se resolvió: “que a un estatuto no se le dará efecto retroactivo a menos que tal interpretación se requiera por lenguaje explícito o por necesaria implicación, es una regla de aplicación general. Se ha aplicado por esta Corte a es-tatutos sobre procedimientos (citas). No hay nada en el lenguaje usado en el párrafo 3 de la sección 16, o en cual-quier otra disposición de la ley, o en su historia, que re-quiera que resolvamos que la prescripción de los tres años se aplica, bajo ninguna circunstancia, a causas de acción existentes a la fecha de la aprobación de la ley.”

En el caso de autos la causa de acción surgió y fue ejercitada por la demandante bajo las disposiciones de la Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927. El mencionado estatuto proveía una forma específica de hacer el pago bajo protesta (poniendo al dorso del recibo qué cantidad de la contribución que se pagaba era protestada) y otorgaba el derecho a reclamarlas dentro del año siguiente al día en que se efectuó el pago. Antes de transcurrir dicho término y con anterioridad a que la demandante-apelada ejercitara su acción, se enmendó la ley del 1927 por la número 17 de 21 de noviembre de 1941, mediante la cual se establece una nueva forma de hacer el pago bajo protesta (especificando al dorso del recibo todas las razones en que se funda la protesta) y se establece el térpiino de 30 días para iniciar la acción pertinente, y disponiéndose específicamente que la demanda no podrá ser por otra cantidad ni por otro fundamento que los alegados en su protesta al realizar el pago. Esta última limitación no existía en la Ley de 1927.

La jurisprudencia ha establecido una distinción entre es-tatutos de prescripción propiamente dichos y leyes que al conferir jurisdicción a una corte para conocer sobre deter-minada causa de acción establecen un término para ejercitar el derecho conferido.

En el caso de Hathaway et als. v. Merchants’ Loan & Trust Co., 75 N. E. 1060, la Corte Suprema de Illinois esta-blece la distinción a que hemos hecho referencia en esta forma:

“Existe una distinción sustancial entre un estatuto confiriendo jurisdicción y señalando un término dentro del cual pueda ser ejer-citada, y un estatuto de prescripción. Úna corte de equidad no tiene poder para conocer de una petición para anular un testamento independientemente de un estatuto confiriendo tal jurisdicción. Cuando se confiere jurisdicción sólo puede ser ejercitada en la forma y bajo las limitaciones prescritas en el estatuto. El término dentro del' cual una petición puede ser radicada bajo el estatuto por una persona interesada no es una ley de prescripción y el estatuto en vigor al momento de radicación de la petición es el estatuto que confiere jurisdicción y que debe prevalecer.”

Y en el caso de Branch v. Branch, 2 S. E. 2d 327, resuelto por la Corte Suprema de Apelaciones de Virginia, a la pá-gina 329, dice:

“El derecho mismo es provisto por el estatuto, y el estatuto que crea los derechos provee una limitación especial sobre el derecho— el término dentro del cual el derecho puede ser ejercitado. El es-tatuto que confiere el derecho fija el período dentro del cual el de-recho puede ser ejercitado y la limitáción es tanto del derecho como del remedio. No es un estatuto de prescripción propiamente dicho (pure) es decir, uno que se refiera al remedio únicamente.”

En Wood on Limitations, 30, Sección 9, aja pág. 31, se expone la doctrina en esta forma:

“Al crear el derecho, la legislatura tiene el poder de imponer cualesquiera restricciones que tenga a bien y las condiciones así im-puestas restringen eí derecho y forma parte integrante del mismo; son condiciones precedentes, por así decirlo, que tienen que ser cum-plidas o el derecho no existe. . . Parece, también, que cuando' tal derecho es concedido por un estatuto que impone una limitación en cuanto al término dentro del cual la acción debe traerse, y con pos-terioridad al momento en que un derecho surgió bajo el mismo el derecho es ampliado o restringido y la cláusula de limitación es derogada, el derecho sólo puede ejercitarse bajo el estatuto como existía cuando el derecho surgió (accrues), y sujeto a todas sus con-diciones y limitaciones.”.

La Ley núm. 8 de 19 de abril de 1927 establecía una forma de hacer el pago y proveía que la reclamación se de-bería establecer dentro del año después de haberse efectuado el pago en la forma prescrita por la ley. La enmienda de 1941 establece una nueva forma de hacer el pago y un tér-mino de 30 días para ejercitar la acción a aquéllos que pagan de acuerdo con la forma establecida en el nuevo estatuto y limita, además, los fundamentos de la reclamación a los expuestos en el momento de hacerse el pago bajo protesta.

Si como dice el comentarista Wood “el derecho sólo puede ejercitarse bajo el estatuto como existía cuando el derecho surgió (accrues) y sujeto a todas sus condiciones y limitaciones,” es obvio que cuando surgió la causa de ac-ción de la demandante en este caso ella sólo podía ejerci-tarlo de acuerdo con las condiciones y limitaciones que exi-gía la Ley núm. 8 de 1927. lias enmiendas de la Ley núm. 17 de 1941, en cuanto al término prescriptivo de treinta días y la forma de hacer los pagos bajo protesta y la limitación en cuanto a fundamentos de la reclamación, son requisitos que ella nunca pudo cumplir pues no existían en la ley cuando -su causa de acción surgió. Somos de opinión que las en-miendas a la Ley núm. 17 de 1941 son de carácter prospec-tivo pues al no poder el contribuyente que pagó de acuerdo con la Ly núm. 8 de 1927 cumplir con los nuevos requisitos exigidos para pago bajo protesta y para hacer su reclama-ción judicial tampoco puede aplicársele al nuevo término prescriptivo.

Por estos fundamentos y los ya expuestos en el oaso anterior entre las mismas partes, ante, púg. 125, se confirma la sentencia apelada.

       La Ley núin. 8 de 1927, en sus secciones 1 y 3 establecía:
      "Sección 1. — Cuando algún contribuyente creyere que no debe pagar cualquier contribución o parte de ella, estará no obstante obligado a pagarla en su totalidad, a requerimiento del colector de rentas internas de su dis-trito, o del funcionario encargado de la recaudación, y si desea establecer alguna reclamación, al efectuar el pago, pedirá a dicho colector, o funcio-nario recaudador, que consigne su protesta al dorso del recibo indicando específicamente si ésta se refiere al todo o parte de la contribución que ha sido pagada bajo protesta-, y precisando el montante de lo impugnado. Dicha nota será firmada por el contribuyente y por el colector o funcionario encar-gado de la recaudación.
      "Sección 3. — El contribuyente que haya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo protesta, podrá, dentro del plazo de un año, a partir de la fecha del pago, demandar al Tesorero de Puerto Bico en una corte insular de jurisdicción competente, o en la corte de distrito de los Estados Unidos para Puerto Bico, para obtener la devolución de la canti-dad protestada. ..."
      La Ley núm. 17 de 21 de noviembre de 1941 enmendó la sección 1 así:
      "Sección 1. — Cuando algún contribuyente creyere que no debe pagar cualquier contribución o parte de ella, excepción hecha de las contribuciones sobre propiedad, herencia e ingresos, para el pago de las cuales existen procedimientos específicos en las leyes correspondientes, dicho contribuyente estará, no obstante, obligado a pagar la contribución totalmente, a reque-rimiento del colector de rentas internas de su distrito o del funcionario encargado de la recaudación, y si desea establecer alguna reclamación, al efectuar el pago, pedirá a dicho colector o funcionario recaudador, que consigne su protesta al dorso del recibo, indicando específicamente la parte de la contribución que ha sido pagada bajo protesta e impugnada por el contribuyente y las razones en que funda la protesta e impugnación. Dicha nota será firmada por el contribuyente y por el colector o funcionario encargado de las recaudaciones. (Bastardillas nuestras.)
      T la sección 3 lee ahora así:
      "Sección 3. — El contribuyente que haya pagado el todo o parte de cualquier contribución bajo protesta, de acuerdo con esta Ley y las excep-ciones que en ella se establecen, podrá, dentro del plazo de treinta (30) días, a partir de la fecha del pago, presentar demanda jurada contra el Tesorero de Puerto Bico en la corte de distrito correspondiente para obte-ner la devolución de la cantidad protestada; Disponiéndose, que la demanda no podrá ser por otra cantidad ni por otro fwndamento que los alegados en su protesta ál realizar el pago.” (Bastardillas nuestras.)


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Carmen Margarida Llenza Vda. de García Veve, sustituída por Charles F. Zimmerman, demandante y apelada, v. Alfredo Casalduc, demandado y apelante.
    Núm. 9143.

    Sometido: Noviembre 6, 1945.

      Resuelto: Noviembre 23, 1945.

      Brown, Newsom & Córdova, abogados del apelante; Damián Mon-serrat, Jr. y Rafael Baragaño, Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante es dueña de una parcela de terreno, si-tuada en el término municipal de Guaynabo, compuesta de ■2.17 cuerdas de terreno, con las colindancias siguientes: por el Norte y Sur, con terrenos de Jesús Martinó; por el Este con un camino privado de la finca principal de donde se se-gregó; y por el Oeste con terrenos de Mr. P. Reed.

En una demanda de injunction para recobrar la posesión, la demandante alega que desde el día 29 de diciembre de 1941 ella y su esposo, ahora difunto, estuvieron en la po-sesión y uso del camino que forma la eolindaneia Este de su finca; que desde el fallecimiento de su esposo, ocurrido en agosto 15, 1942, la demandante continuó en la posesión, uso y disfrute del referido camino en toda la extensión del mismo en eolindaneia con su finca; que allá para el 15 de septiem-bre de 1942, el demandado Casalduc, contra la voluntad y sin el consentimiento de la demandante, interceptó el trán-sito y uso del camino, levantando un portón de madera y concreto, el cual mantiene cerrado, privando así a la deman-dante del uso, disfrute y posesión de una parte de dicho ca-mino e impidiéndole la entrada a y la salida de su finca por la parte del camino que quedó incomunicado al levantarse el portón.

Contestó el demandado, negando que todo el Este de la finca de la demandante colinde con un camino privado, ale-gando en contrario “que la referida finca sólo colinda con el referido camino 'Martinó’ por el Este hasta un punto que queda como a 113 pies hacia el Sur desde el punto más al Norte de la eolindaneia Este de dicha finca”; y que “desde (lidio punto en la colindancia Este de la referida finca hasta el punto más al Norte de dicha colindancia Este, la refe-; rida finca colinda con terrenos propiedad del Sr. Gus La-llande”. El demandado negó además todas y cada una de las alegaciones de la demanda en cuanto a la posesión y uso por la demandante de aquella parte del camino que ha que-dado interceptada por la construcción del portón.

En octubre 9 de 1944, la Corte de Distrito de Bayamón dictó sentencia declarando con lugar la demanda. No es-tuvo conforme el demandado e interpuso el presente recurso. El caso ha sido sometido a nuestra consideración mediante una estipulación en la cual las partes convienen en que el resumen o extracto de la prueba testifical que hace el Juez sentenciador en su Relación del Caso y Opinión, haga las veces y substituya a todos los efectos legales la exposición narrativa de la evidencia.

La corte inferior, después de hacer una relación detallada de lo declarado por cada uno de los testigos de una y otra parte, declaró • como probados los hechos siguientes:

“Que la finca radicada en él barrio Frailes de Guaynabo fué propiedad originalmente de don Juan Martinó, que separó un ca-mino rústico que llegaba basta el punto número tres del plano le-vantado por A. E. Amadeo, ingeniero civil, contenido en el exhibit 1 del demandado; que antes de venderle esas parcelas a los señores García Veve y Ranck, el señor Juan Martinó le había arrendado diez u once cuerdas de terreno en el extremo norte a Felipe Her-nández, y que Felipe Hernández para que no se le saliera el ganado que tenía pastando en dicho sitio puso esos pelos de alambre en un punto 113 pies antes del extremo noreste de la colindancia de García Veve, cuyos pelos de alambre eran una puerta de golpe rústica y no una intersección fija sobre el resto del camino; que el día 29 de diciembre de 1941 don Luis García Veve entró en posesión de una parcela de terreno' compuesta de dos cuerdas diecisiete centésimas de otra, colindando por el norte y sur con terrenos de Jesús Mar-tinó; por el este, con un camino de la finca de donde se segregó; y por el Oeste, con terrenos de Mr. Reed. Que posteriormente el señor Ranch adquirió algunas parcelas entre las cuales estaba el terminal norte de la finca donde desemboca el camino que se ex-tiende por toda la colindancia este de la finca de la demandante.
“Que desde que el arrendatario Felipe Hernández le arrendó una parte de esa finca al señor Juan Martinó con objeto de que nose le saliera al camino un ganado que pastaba en esa parte de la finca, puso uno o dos pelos de alambre desde la empalizada de la parcela que hoy pertenece a Mr. Zimmerman hasta la parcela que hoy pertenece a la demandante; pero que dichos pelos de alambre no eran permanentes, sino removibles y no interfería con el uso del camino, ya que cada vez que se iba a utilizar se desenganchaban dichos pelos de alambre del espeque alrededor del cual estaban su-jetos por un aro formado por el mismo alambre; que por tratarse de una finca rústica y de una parcela que parece que sólo se utili-zaba para pasar los fines de semana la familia García Yeve los signos exteriores del tránsito no eran tan claros como hubieran sido el de un camino vecinal abierto continuamente al tránsito de viandan-tes y vehículos, pero que indudablemente se utilizaba ese camino, y que el objeto del señor Juan Martinó al abrirlo fué para beneficiar a todas las parcelas; que de ese uso discontinuo del camino estuvo en posesión la demandante un año con anterioridad a la radicación de este recurso.”

Las conclusiones de hecho a que llegó el tribunal senten-ciador están justificadas por la evidencia documental y tes-tifical. El título de adquisición de la demandante demues-tra que la finca colinda por el Este con un camino privado de la finca principal de donde se segregó. El testigo Juan Martinó, anterior dueño de la finca, declaró que fué él quien construyó el camino llamado “Martinó”, para beneficio de todas las personas que compraban las parcelas que él les vendía; y que ese camino se extiende por toda la colindancia Este de la finca de la demandante. La-prueba de la deman-dante establece el hecho de que la demandante estuvo en la posesión, uso y disfrute del camino durante el año anterior .a la fecha de la radicación de su demanda.

Los hechos probados son a nuestro juicio suficientes 'para justificar la expedición del interdicto posesorio a favor de la demandante. Mercado v. Chardón, 57 D.P.R. 450; Iglesia Católica v. Puig, 52 D.P.R. 773; Fajardo Sugar Co. v. Central Pasto Viejo, 41 D.P.R. 825; Echevarría v. Saurí, 38 D.P.R. 737.

La sentencia recurrida dehe ser confirmada.


text:
    Emérito Velázquez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1170.

    Sometido: Noviembre 5, 1945.

      Resuelto: Noviembre 26, 1945.

      Antonio L. López, abogado del recurrente; el registrador reeurido no compareció.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Juan Rivera López de Victoria, dueño de una finca rús-tica de seiscientas veinticinco milésimas de cuerda, o sea 2,459.2 metros cuadrados, segregó y vendió a doña Angustia Rodríguez 160 metros cuadrados, quedándole un remanente de 2,299.2. metros cuadrados.

■ Por escritura de 23 de agosto de 1945, el señor Rivera segregó del indicado remanente de 2,299.2 metros un predio de 334 metros cuadrados, quedando reducida la finca a 1,965.2 metros cuadrados. Por la misma escritura el Sr. Rivera vendió dicho remanente de 1,965.2 metros cuadrados a don Emérito Velázquez.

Presentada la escritura al Registro de la Propiedad de Cagnas para la inscripción de dicha finca a nombre' del Sr. Velázquez, negóse el Registrador a practicar la inscripción solicitada “por resultar que al subdividirse el solar que trata de inscribirse no se ha cumplido con lo dispuesto en el apar-tado final del artículo primero del Reglamento de Lotifieación, que determina que el Registrador de la Propiedad, antes de proceder a aceptar tales divisiones o segregaciones para re-gistrarlas requerirá de la parte interesada la certificación expedida al efecto por la Junta de Planificación, Urbaniza-ción y Zonificación de Puerto Rico, cuya certificación no se acompaña según lo determina dicho Reglamento.”

No estando conforme con la nota denegatoria del Regis-trador, el Sr. Velázquez interpuso el presente recurso, ale-gando que el registrador ha interpretado erróneamente la ley, pues no se trata de inscribir una o varias segregaciones y sí de la inscripción del remanente de una propiedad.

El artículo 1 del Reglamento de Lotifieación, aprobado por la Junta de^ Planificación, Urbanización y Zonificación, excluye de sus disposiciones a las “divisiones y lotificaciones de fincas en la zona rural para fines agrícolas, cuando el área, tanto del remanente como de cada una de las nuevas fincas resulte de cinco (5) cuerdas o mayor”. El mismo ar-tículo, en su segundo párrafo, dispone que cuando el rema-nente o las nuevas fincas resulten, respectivamente, con un área menor de cinco (5) cuerdas, la lotifieación o división de una finca podrá ser dispensada expresamente de cumplir con el Reglamento, por la Junta de Planificación.

En Vega v. Registrador, ante, pág. 105, resolvimos que “para que una lotifieación esté exenta de' las disposiciones del Reglamento y pueda ser inscrita sin la dispensa otor-gada por la Junta, es necesario que el área de la finca se-gregada sea por lo menos de cinco cuerdas y que el área del remanente de la finca principal tampoco sea menor de cinco cuerdas”. En el caso de autos tanto la finca segre: gada como el alegado remanente tienen, respectivamente, un área de menos de cinco cuerdas. Ninguna de las dos par-celas puede ser inscrita sin la dispensa de la Junta.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez A&ociado Señor De Jesús

text:
    José y Juan Laboy Montes, querellantes y apelantes, v. Corporación Azucarera Saurí & Subirá, querellada y apelada.
    Núm. 9134.

    Sometido: Mayo 23, 1945.

      Resuelto: Noviembre 27, 1945.

      K. Hernández Matos, abogado délos apelantes; Francisco Parra Capó y Leopoldo ■Tomes García, abogados de la apelada.
   El Juez A&ociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

José y Juan Laboy Montes empezaron a trabajar para la corporación azucarera Saurí & Subirá desde que esa Cor-poración inició sus negocios en el año 1919. Ambos empe-zaron con nn salario de $10 semanales y a virtud de suce-sivos aumentos, al retirarse el primero el 20 de febrero de 1944 ganaba $50 semanales como mayordomo de fábrica y cuando se retiró el segundo el 15 de julio del mismo ano ga-naba $25 semanales, como mayordomo de plaza.

La evidencia demostró que el salario fijado a los apelan-tes comprendía los siete días de la semana y admiten que les fue pagado religiosamente mientras estuvieron traba-jando para la apelada. Su única contención es que de con-formidad eon el art. 553 del Código Penal, las fábricas de azúcar están exentas de suspender sus trabajos los domin-gos y como el trabajo de los querellantes lo verificaban en relación con la fábrica de azúcar de la querellada, cada uno de ellos tenía derecho a un día de descanso íntegro por cada seis días trabajados; que si bien sus contratos de trabajo comprendían los siete días de la semana, sin embargo, no se les había dado el día de descanso a que alegan tener derecho, y por esa Tazón reclaman el valor del trabajó que cada uno hizo durante los días de descanso. La corte municipal dictó sentencia a favor de los querellantes, pero la corte de dis-trito la revocó fundándose en que la preponderancia de la evidencia demostraba que los querellantes nunca trabajaron los domingos. Como no se trataba de una reclamación de salarios agrícolas, los querellantes instaron el presente re-curso de apelación.

A pesar de que los obreros en su querella alegan que trabajaron todos los días durante cada año, sin embargo, la evidencia demuestra que durante el tiempo muerto los querellantes no trabajaron los domingos. Los propios querellantes lo admiten así en su alegato cuando dicen:

“Una vez demostrado que los querellantes trabajaron para la querellada a base de un sueldo semanal, en zafra los siete días a la semana y en tiempo muerto seis días [la corte de distrito] no tenía otra alternativa que la de declarar con lugar la querella y concederla en la medida demostrada por la evidencia(Alegato de los apelan-tes, pág. 93.) (Subrayado nuestro.)

En lo que al tiempo de la zafra respecta, no podemos convenir con la corte inferior én cuanto asegura que la evi-dencia también demuestra que los querellantes no trabajaron los domingos. ' La evidencia de los querellantes sostiene que durante la zafra ellos trabajaban los siete días de la semana, y la de la querellada también tiende a sostener esa conten-ción, como puede verse de las siguientes contestaciones del administrador de la querellada, a saber:

“P. — Estos dos señores [los querellantes] ¿trabajaban los días domingos durante el tiempo muerto? R. — Muy raras veces. P.— ¿Y durante el tiempo de zafra? R. — La mayor parte, del tiempo se trabaja, pero también hay días que no se trabajaba los domin-gos. (T. de E., pág. 197).
“P. — ¿Usted les concedía los días de descanso! ¿En zafra ellos podían irse los domingos? R. — Podían irse donde quisieran. Te-nían bastante,autoridad para hacer muchas cosas. P. — Por ejemplo, los domingos, ¿ ellos podían irse realmente sin perjudicar el trabajo de la fábrica ? R. — Si había un domingo moliendo y alguno quería salir, arreglaba sus cosas de manera que pudiera salir. P. — ¿Usted no puede recordar ahora los domingos que ellos salieron? R. — No.” (T. de E., pág. 209).

Parece claro que durante la zafra los querellantes traba-jaban los domingos. Es cierto que si tenían que salir un domingo podían hacerlo, pero para ello era preciso que hi-cieran arreglos de modo que su ausencia no perjudicase el trabajo. Siendo ello así, erró la corte sentenciadora al apre-ciar la evidencia en el sentido de que los querellantes no trabajaban los domingos.

Resultando de la evidencia el tiempo que duró cada zafra sería factible computar los días de descanso trabajados. Pero como la querellada atacó la constitucionalidad de la ley que obliga al patrono de ciertas empresas a conceder a sus obreros o empleados un día de descanso con salario íntegro por cada seis de trabajo, y en caso de ser inconstitucional, los demandantes no tendrían derecho a un fallo a su favor, estamos obligados a pasar sobre la validez de la ley.

Alega la querellada que la ley es inconstitucional porque: (a) existe una fatal discrepancia entre su título y su texto; y (b) porque en lo que que respecta a la concesión del día de descanso con salario íntegro, niega a la corporación la igual protección de la ley y la priva de su propiedad sin el debido procedimiento.

Estas dos cuestiones fueron suscitadas contra la misma ley y hábilmente discutidas por los abogados de la deman-dante en el caso de Cía. Popular v. Corte, 64 D.P.R. 383. Pué innecesario entonces considerar las cuestiones constitu-cionales porque el caso podía resolverse, como se resolvió, a favor de la Compañía Popular por otros fundamentos. En el presente es inevitable pasar sobre la constitucionalidacl de la ley.

En el caso de Rodríguez v. Corte, 60 D.P.R. 919, tuvimos oportunidad de estudiar, en relación con otra ley, el precepto constitucional relativo al título de las leyes. Dijimos en-tonces :

“Prescribe nuestra Ley Orgánica en su artículo 34 que ‘no se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presu-puesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuese incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no haya sido expresada en el título’.
“Si nos detenemos a examinar el precepto constitucional trans-crito, observaremos que' requiere que el asunto de una ley sea claramente- expresado en el título y que aunque hace la salvedad de que si algún asunto que no esté expresado en el título fuese in-cluido en el cuerpo de la ley ésta será nula solamente en aquella parte de la misma que no hubiere sido expresada en el título, .... Y es que el título de una ley tiene, por objeto informar al público en general y a los legisladores en particular, el asunto que es objeto de la ley, de forma que el primero pueda oponerse a su aprobación si la considera lesiva a sus intereses y los segundos estén en condi-ciones de emitir su voto conscientes del asunto objeto de legisla-eión. La necesidad de que el título de la ley refleje fielmente el contenido de la misma, surge diáfana de otro apartado del mismo artículo 34, supra, que dice así:
“ ‘El Presidente de cada Cámara firmará, en presencia de la Cámara que presida, todos los proyectos de ley y resoluciones con-juntas aprobados por la Asamblea Legislativa, después gue sus títulos hayan sido leídos públicamente, inmediatamente antes de firmar; y el becho de firmar se hará constar en el acta.’ (Bastardillas nues-tras.)
“Aplicando el precepto constitucional que nos ocupa, la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, en el caso de Martínez v. People of Puerto Rico, 46 F.2d 427, 429, procedente de este Tribunal, dijo:
‘No vemos cómo los que vota-ron la ley pudieron ser inducidos a error por el título.’
“No se entienda que sostenemos que el título debe contener una minuciosa descripción de la ley. Basta que exprese en términos ge-nerales cuál es su objeto, Rodríguez v. P. R. Ry., Lt. & Power Co., 30 D.P.R. 931, siempre que, desde luego, no induzca a error. Como gráficamente se dijo en el caso últimamente citado, el título debe ser ‘un poste indicador’ de lo que contiene la ley. Véase Posados v. Warner, B. & Co., 279 U. S. 340, donde interpretando la cláusula tercera de la Ley Orgánica de Filipinas dispositiva de que ‘ningún proyecto de ley se convertirá en ley cuando contenga más de un asunto, y que el- objeto de la ley será expresado en su título’ dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que el propósito de ése principio constitucional ‘es impedir la inclusión en la ley de materia incongruente y extraña a la vez que poner en guardia contra la inadvertencia, la ocultación y el fraude en la legislación. Cuando los proyectos de ley se ajustan a tales requerimientos, sus títulos sirven convenientemente para informar a los legisladores y al pú-blico de los asuntos bajo su consideración’ ”,

La ley envuelta en el presente caso es el art. 553 del Có-digo Penal. Este precepto legal se originó en una Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobada el 10 de febrero de 1902, para empezar a regir el primero de marzo siguiente (Laws and Resolutions Passed by tbe Second Session of the Legislative Assembly of Porto Rico, p. 89), cuyo título en ingles dice así: “An Act Providing for the Closing of Certain Commercial and Industrial Establishments on Sunday After Twelve O’Clock Noon, and Fixing Penalties for Infractions of the Provisions Thereof” Esta Ley con-siste de seis secciones; Al aprobarse el Código Penal el 1ro. de marzo de 1902 para empezar a regir el 1ro. de julio del mismo año a las doce del día, la Asamblea Legislativa incor-poró íntegramente en dicho Código, la sección 1 de la refe-rida Ley, bajo el Título XIX, “Cierre de Establecimientos los Domingos”, pasando a ser dicha sección 1 el art. 553 del Código Penal. Dicho artículo decía así:

“Artículo 553. — Que todos los domingos, después de las doce del día, permanecerán cerrados y sin efectuar transacciones de ninguna especie, los establecimientos comerciales e industriales, con excep-ción de los mercados públicos, farmacias, panaderías, hoteles, restaurants, cafés, y lugares donde sólo se venden refrescos, excep-tuándose también las empresas de utilidad pública y cuasi pública y trabajos urgentes y necesarios para evitar inusitadas y conside-rables pérdidas de dinero. Pero esta prohibición no se hará exten-siva a los teatros, ni a otros lugares dedicados exclusivamente a recreo o a fines de caridad, en los cuales sitios será legal trabajar a toda hora durante los domingos, pero solamente en pro de dichos fines de caridad o para ayudar a proporcionar recreos.”

En la Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico de 1911, continuó el art. 553 del Código Penal redactado según aparecía en los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico de 1902.

En 1913, por la Ley núm. 57 de 13 de marzo de ese año, pág. 96, y más tarde en el mismo año por la Ley núm. 131 de 9 de agosto (Sesión Extr., pág. 88), y luego por la Ley núm. 24 de 28 de marzo de 1914 (pág. 177) el art. 553 del Código Penal fue enmendado y el título de las dos primeras leyes enmendatorias decía así: “Ley Para Enmendar el Artículo 553 del Código Penal”, y el de la de 1914 decía así: “Ley Para Enmendar el Artículo 553 y Restablecer el Ar-tículo 554 del Código Penal”.

Prescribe el art. 34 de la Ley Orgánica:

“No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título; pero si algún asunto que no esté expresado en el título fuere incluido en cualquier ley, esa ley será nula solamente en aquella parte de ella que no baya sido expresada en el título”.

Como las enmiendas de que fué objeto el art. 553 del Có-digo Penal en los años 1913 y 1914 estaban relacionadas con el asunto original de dicho artículo, el título de dichas leyes cumplía con los requisitos del art. 34 de la Ley Orgánica. Interpretando preceptos constitucionales similares al del art. 34 de nuestra Ley Orgánica, se ha resuelto que siempre que la materia enmendatoria sea congruente con el asunto de la ley original, un título como el de las Leyes de 1913 y 1914 antes mencionadas, cumple, con el requisito constitucional. A contrario sensu, si la materia enmendatoria constituye una clara desviación y un cambio completo del asunto de la ley original, en tales circunstancias un título como el indicado infringe el precepto constitucional. Praetorians v. State, 184 S. W. 2d 299 (Tex. 1944); First National Bank of Corvallis v. Benton County, 154 P.2d 841 (Or. 1944); Benedicto v. Porto Rican American Tobacco Co., 256 F. 422 (C.C.A. 1st. Circ. 1919) y Domenech v. Porto Rican Leaf Tobacco Co., 50 F.2d 579 (C.C.A. 1st. Circ. 1931).

Fué en la Ley de 1917 donde se operó el cambio que-ha dado lugar a este ataque a la validez de ciérta parte de lá Ley. En dicha fecha la Ley núm. 26 de 23 de noviembre de ese año (Sesión Extr., 1917, pág. 273), titulada “Ley Para Enmendar el Artículo 553 del Código Penal, Derogar el Ar-tículo 554 de Dicho Código y Para Otros Fines”, concedió como día de descanso la totalidad del Día del Trabajo (Labor Day) y del 4 de Julio, y ordenó el cierre los sábados desde las nueve de la noche en vez de las diez de la noche. En los demás días los establecimientos no exceptuados vol-vieron a cerrarse desde las seis de la tarde. Si el contenido de esa Ley de 1917 hubiera sido solamente el que acabamos de indicar, no habría dnda que su título hubiera cumplido con las disposiciones del art. 34 de la Ley Orgánica. Pero en esa Ley de 1917 la Asamblea Legislativa no se limitó a enmendar el art. 553 y a derogar el 554 como decía su título, sino que intercaló una'sección 3 que dice así:

“Sección 3. — Los empleados y dependientes de las empresas y establecimientos no exceptuados por esta Ley, que presten sus ser-vicios sobre la base de un salario anual, mensual, semanal o en cualquier otra forma que no sea por jornal o ajuste a un tanto alzado, tendrán derecho a un día de descanso por cada seis de tra-bajo, con salario íntegro.”

Es de notar que la sección 3 arriba transcrita constituye una clara desviación del asunto original del art. 553 del Có-digo Penal. Salta a la vista que el asunto de la sección 3 es de carácter puramente civil y quien lee el título de la Ley núm. 26 de 23 de noviembre de 1917, difícilmente podrá sos-pechar que a un artículo del Código Penal se le haya adi-cionado una materia de naturaleza estrictamente civil. El título de la Ley de 1917 en ninguna forma indica que fuera el objeto de la enmienda que el patrono concediese a su em-pleado un día de descanso con salario íntegro por cada seis de trabajo.

Conviene agregar que la frase “Y Para Otros Fines” con que termina el título de la Ley de 1917 no subsana el defecto apuntado. Como se dice en 1 Sutherland, Statutory Construction (rev. ed. 1943) sección 1714:

“Aunque términos como ‘etcétera’ y ‘para otros fines’ frecuente-mente se usan en los títulos ele las leyes, tales frases tienen muy poco efecto sobre la validez de los estatutos. Aunque estos térmi-nos pueden servir para advertir que materias adicionales a las especificadas en el título aparecen en la ley, tales términos no pue-den convalidar la inclusión de disposiciones incongruentes. Además cualesquiera disposiciones que estén íntimamente relacionadas con el asunto general de la ley pueden ser incluidas sin el auxilio de estas frases de sentido general.”

No estando expresada en el título de la Ley de 1917 la materia objeto de la sección 3 y constituyendo dicha mate-ria una desviación del asunto de la ley original, nos vemos obligados a sostener que dicha sección infringe el art. 34 de la Ley Orgánica. Siendo nula la sección 3 de la cual nace el alegado derecho de los demandantes a recibir compensa-ción por el día de descanso que no le fué concedido, procede, aunque por fundamentos distintos de los expresados por la corte inferior, confirmar la sentencia apelada.

       No disponemos de la edición española.

       Para un estudio del proceso evolutivo del art. 553 del Código Penal véase Parrondo v. L. Rodríguez Co., 64 D.P.R. 438, donde, entre otras cosas, resuelve que el voeab'o “no” que aparece en la sección 3 arriba transcrita, aparece en diclia sección por error, y debe considerarse como inexistente.