author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Lafontaine, acusado y apelante.
    No. 4322.

    Sometido: Marzo 25, 1931.

      Resuelto: Enero 19, 1932.

      A. Reyes Delgado, abogado del apelante; R. A. Gomez, Fiscal abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de Arecibo formuló acusación contra José Lafontaine imputándole la comisión de mi delito de asesinato consistente en liaber dado muerte con malicia pre-meditada al ser humano Rogelio González agrediéndole con una pistola.

Llegó la causa a juicio y la corte, de acuerdo con el vere-dicto del jurado que declaró al acusado culpable del delito de homicidio involuntario, dictó sentencia imponiéndole la pena de dos años de presidio con trabajos forzados.

No conforme el acnsado apeló señalando en su alegato la comisión de cuatro errores qne argumenta extensamente.

El primero consiste en haber permitido la corte, con la oposición de la defensa, qne el fiscal del distrito leyera de 1111 documento que se dijo ser una declaración jurada del testigo de cargo Andrés de Jesús y en negar después la eliminación de dielia declaración o affidavit.

Para el mejor estudio de la cuestión suscitada, parece conveniente copiar toda la parte del récord que se refiere a los incidentes que dan lugar al señalamiento de error. Declaraba el testigo Andrés de Jesús contestando al fiscal:

“P. ¿Qué ocurrió en la casa de José Lafontaine el día 15 de enero de este año, si ocurrió algo y lo sabe? — Pues lo que ocurrió fué, que como a las nueve de la noche salí con Ramón de Jesús y Luis Maído-nado y ellos cogieron para su casa y yo me quedé cuidando unas chi-nas que tenía en la orilla de la carretera. — P. ¿Dónde? — Frente a la casa de Juan Soto, y entonces, como de diez a once de la noche sentí una detonación, un disparo, pero no hice aprecio de eso, y entonces, a.l poco tiempo bajó Lafontaine a la casa de Juan Soto y lo llamó, y Juan Soto se tiró abajo con Lafontaine y Lafontaine me dió un papel para que se lo llevara a la casa de Ramón Márquez, y al re-gresar de casa de Ramón Márquez me dirigí a la casa de Lafontaine, cuando me encontré a Rogelio González en la casa de Lafontaine herido en el cuarto de él. — Hon. Fiscal. Este testigo había hecho ma-nifestaciones anteriormente que están en contradicción con las que hace actualmente y el fiscal se propone impugnar su declaración. — ■ Abogado Sr. Reyes Delgado. La Defensa ahora sostiene que debe hacerse saber si esas manifestaciones fueron hechas por escrito o ha-bladas, y si fueron por escrito, que las mismas se muestren al testigo, y antes de pasar el documento al testigo se le dé una oportunidad a la defensa de conocer y ver dicho documento, con el cual o del cual el fiscal pretende impugnar la veracidad de su propio testigo. — Hon. Fiscal. La Ley no dice que tenga que presentar documento por es-crito, y si fueron por escrito mejor todavía, y tengo las manifesta-ciones y las voy a leer al testigo. — Abogado Sr. Reyes Delgado. Antes de leer ningún documento al testigo d de presentar el mismo para su consideración la defensa debe tener una oportunidad para ver dicho documento o escrito. — -Hon. Fiscal. No es cuestión de presentar un documento en evidencia, sino de recordar al testigo manifestacio-nes que ha hecho anteriormente, que constan por escrito y el Fiscal las tiene. — Hon. Juez. Continúe el Fiscal. — Abogado Sr. Reyes Delgado. Excepción. — P. Recuerda haber declarado ante el Juez Municipal de Utuaclo y ante mí, en la Corte Municipal, allá para el día 5 de febrero de este año? Recuerda haberme visto allí? Recuerda que me vióf — Sí, señor. — P. Estaba el Juez Municipal también?— Sí, Señor. — P. Ud. recuerda si declaró ese día 15 de enero, estando Ud. en la casa de José Lafontaine, situada en el barrio de Río Abajo de Utuado, y que a las diez de la noche llegó Rogelio González, peón por meses de Lafontaine, con una vaca que se había perdido, y al llegar comunicó dicho Rogelio a Da. Oarmita González, madre de La-fontaine, que el becerro se mamó la vaca; que dicho José Lafontaine estaba acostado en una cama, dijo, ‘Conque se mamó la vaca?’ y co-gió una pistola que estaba sobre una silla, y mirando a Rogelio que estaba parado fuera de la casa cerca de un pesebre, díjole, ‘Mereces un tiro’, y a la vez le disparó con la pistola? — Abogado Sr. Reyes Delgado. Vamos a pedir a la Corte que ordene la eliminación de toda la declaración que ha pretendido leer el Fiscal, y que se instruya a los Sres. del Jurado que en ningún momento estos señores del Ju-rado deben tener en mente o considerar en forma alguna todo eso. V nosotros ahora pedimos esto, porque lo que se pretende es traer por el Ministerio Público una declaración que de otro modo no puede traer, para que la considere el Jurado so pretexto de que va a im-pugnar una declaración de un propio testigo suyo.' — Hon. Juez. Sin lugar la eliminación. — Abogado Sr. Reyes Delgado. — -Excepción.—P. Oyó lo que le dije? — Sí, señor. — P. No es necesario que se lo repita? Recuerda haber declarado eso? Sí o no? — -No recuerdo.- — P'. No re-cuerda haber añadido, además, que después de ese disparo que le hizo José Lafontaine ‘Rogelio cayó al suelo diciendo, ‘Ay, Ay,’ y que La-fontaine inmediatamente cogiendo una sábana de la cama corrió en donde estaba Rogelio, lo cogió del suelo y lo llevó a la cama?’ — Abo-gado Sr. Reyes Delgado. Para establecer la misma oposición anterior, para no aparecer aceptando la continuación del interrogatorio. Nos oponemos por las mismas razones y fundamentos con que nos opusimos anteriormente.- — -Hon. Juez. Sin lugar la oposición. — P. Recuerda haber declarado eso, sí o no? — No recuerdo. — P. Y todo esto que le he leído es verdad o no es verdad? — No, señor. — P. No es verdad? — No, señor.”

El artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dice:

“Artículo 245. También puede ser impugnada la veracidad de un testigo por medio de prueba que demuestre que en ocasiones an-teriores ha hecho manifestaciones que no concuerdan con su actual declaración; pero antes de hacerlo, se le referirán dichas manifesta-ciones, con expresión de la época, lugares y personas que hubieren estado presentes al hacerlas, y se les preguntará si dichas manifes-taciones fueron hechas por él, permitiéndosele que las explique, si contestare afirmativamente. Si las manifestaciones fueren escritas, se enseñarán al testigo antes de interrogarle acerca de ellas.”

Y el 159 de la Ley de Evidencia, lee como sigue:

“Artículo 15-9. También podrá tacharse a un testigo mediante evidencia de que hizo, en otras épocas, manifestaciones incompatibles con su actual declaración; pero antes de poder hacer esto, habrá que referirle las manifestaciones, con las circunstancias- de fechas, luga-res y personas que se hallaban presentes; se le preguntará si hizo esas manifestaciones, y de haberlas hecho, se le permitirá que las explique. Si las manifestaciones se hicieron por escrito, deberán enseñarse al testigo antes de podérsele interrogar acerca de ellas.”

Ambos preceptos son substancialmente iguales y en ambos el Legislador expresamente dispuso que si las manifesta-ciones fueren escritas, se enseñarán al testigo antes de inte-rrogarle acerca de ellas.

Underbill en “Criminal Evidence” trata con mucha cla-ridad esta cuestión. Dice en las secciones 238, 239 y 240 de su obra:

“Impugnación de un testigo adverso por medio de manifestaciones contradictorias. Necesidad de fundar las bases. Al testigo al cual se desea impugnar, se le puede preguntar en el contrainterrogatorio, sí no ha hecho manifestaciones fuera de la corte tendentes a probar la culpabilidad del acusado y que resultan inconsistentes o en contra-dicción con su testimonio directo en la corte. Todas las circunstan-cias que hayan rodeado las manifestaciones fuera de la corte, deben estar comprendidas en la pregunta. Si él no admite haberlas hecho ■en la ocasión que se le ha especificado que las hizo, entonces puede probarse que él realmente hizo tales manifestaciones.
- ‘ El mismo procedimiento puede ser usado para impugnar un tes-tigo durante el interrogatorio directo, o sea, por la parte que lo pre-senta en caso que dicho testigo haya resultado hostil a la parte que l'o ha presentado. Pero en cualquiera de los casos es siempre ab-solutamente esencial y justo el sentar las bases para contradecirlo, llamando su atención en la pregunta que se le haga clara y distinta-mente a las circunstancias de tiempo, lugar y personas bajo las cuales dichas manifestaciones contradictorias fueron hechas. Pero habién-dole llam'ado la’ atención directamente a las exactas circunstancias bajo las cuales las manifestaciones contradictorias o inconsistentes fueron hechas, el testigo está perfectamente protegido contra sorpresa. El tiene el derecho de explicar la contradicción. Cuando su memo-ria se ha refrescado por todos los detalles, él puede estar en condi-ciones de demostrar que estaba honradamente equivocado en la pri-mero ocasión o que las personas entonces presentes no lo entendie-ron o lo interpretaron mal. Al testigo impugnado debe premitírsele al declarar, relatar los hechos que expliquen o reconcilien las mani-festaciones inconsistentes o que demuestren la relación de unas y otras entre sí y el significado y propósito de las mismas.
“Si el testigo declara que no recuerda haber hecho tales manifes-taciones, él puede ser contradicho inmediatamente sin más sentar bases para la introducción del testimonio que lo contradiga.
“Impugnación por medio de affidavits contradictorios, deposicio-nes u otros documentos. — -Las reglas que gobiernan las impugnacio-nes por medio de manifestaciones contradictorias, según se ha expre-sado antes, son igualmente aplicables a los casos en que las declara-ciones contradictorias o inconsistentes son orales o contenidas en affidavits o deposiciones o en publicaciones hechas por el testigo refe-rentes al hecho acerca del cual él declara.
“Así, lo mismo sea que declare el acusado o cualquier testigo en su defensa, puede ser contradicho por manifestaciones hechas por él en affidavits que fueron usados por dicho acusado en una moción de suspensión del caso.
“Manifestaciones contradictorias contenidas en affidavits, deposi-ciones y en otros .documentos son, sin embargo, consideradas desde un punto de vista diferente con manifestaciones hechas oralmente a los efectos de impugnar un testigo.
“Escritos que contengan evidencia contradictoria, deten ser mos-trados al testigo que se trata de impugnar. — El escrito por medio del cual se trata de contradecir al testigo, debe mostrársele durante su declaración, de tal manera que él pueda leerlo o dicho escrito le pueda ser leído a él. Debe preguntársele si lo escribió o lo firmó y si ad-mite eso, debe llamársele entonces la atención a las contradicciones o inconsistencias. Si él admite que él escribió o lo firmó todo el es-crito debe ser leído al jurado como la mejor evidencia de lo que el escrito contiene. Si él niega que es el autor, entonces puede pro-barse por evidencia adecuada que él lo escribió. El taquígrafo que tonió la declaración en un juicio anterior, puede leer de sus notas si él jura que dichas notas son fieles y exactas, a los efectos de im-pugnar el testigo, preguntándosele al testigo si él declaró en el jui-cio'anterior.”

Oreemos que el precepto legal aplicable tanto a los casos criminales como a los civiles es tan terminante que no era necesaria mayor explicación que. referirse a él para concluir que el error señalado fué cometido, pero bemos transcrito lo dicho por el comentarista porque arroja luz sobre' una cues-tión que ha sido muy discutida en este tribunal bajo dife-rentes aspectos. Véanse los casos de Pueblo v. Méndez, 39 D.P.R. 653; Pueblo v. Rosa, 37 D.P.R. 428; Pueblo v. Plata, 36 D.P.R. 590; Pueblo v. Hernández, 36 D.P.R. 427; Pueblo v. González, 36 D.P.R. 867; Pueblo v. Ríos, 34 D.P.R. 546; Pueblo v. Torres, 33 D.P.R. 185; Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263; Pueblo v. Santiago, 16 D.P.R. 469; Pueblo v. Rojas, 16 D.P.R. 251; Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 343; Pueblo v. López, 8 D.P.R. 577; Pueblo v. Ruiz, 7 D.P.R. 130; Pueblo v. Díaz a. Martillo, 5 D.P.R. 124 (2a. ed.); De Gracia v. Guardiola, 37 D.P.R. 834; Vélez v. P. R. & Am. Ins. Co., 32 D.P.R. 123; Sosa v. Cardona, 30 D.P.R. 274 y Méndez v. Martínez, 24 D.P.R. 241.

Resalta aún más evidentemente el error cometido, cuando se observa el modo como el fiscal se condujo durante todo el incidente. El medio que se da a una parte para impugnar la veracidad de un testigo demostrando que en ocasiones anteriores hizo manifestaciones contrarias a su actual decla-ración, no debe servir para introducir esas otras manifesta-ciones como prueba.

En su alegato el fiscal sostiene que no se cometió error alguno porque “lo esencial era que se le hicieran conocer al testigo las manifestaciones hechas anteriormente, bien se hubieran hecho oralmente o por escrito; y que si habían sido hechas por escrito se le dieran para que las leyera o se le leyeran a él, según expresa la jurisprudencia que hemos de-jado transcrita. Y esto último fué lo que hizo el fiscal en el caso de autos.”

Si, como ha sucedido en otros casos, no hubiera existido la oposición de la parte contraria, la cuestión no hubiera podido levantarse en apelación, pero aquí la parte contraria pidió repetidamente a la corte que le reconociera el derecho a leer por sí misma el escrito y la corte le negó ese derecho. El escrito pudo contener otras manifestaciones favorables a la actual declaración del testigo. .

Además, la defensa pidió finalmente a la corte la elimi-nación de la declaración que leyó el fiscal, instruyéndose al jurado que en ningún momento la tuviera en mente, porque lo que. se pretendía por el ministerio público era presentar lina declaración que no podía de otro modo, y la corte se limitó a decir: “Sin lugar la objeción.”

Siendo fundamental el error cometido, es innecesario examinar los otros señalamientos. Debe revocarse la senten-cia apelada y devolverse la causa para la celebración de un ■nuevo juicio.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Pedro Branizar, demandante y apelante, v. Dr. José Mendín Sabat, Alcalde Interino de Arecibo, demandado y apelado.
    No. 5615.

    Sometido: Noviembre 23, 1931.

    Resuelto: Enero 19, 1932.

      A. Beyes Delgado, abogado del apelante; Bolívar Pagan, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Branizar, practicante de la sala de socorros del municipio de Arecibo, pidió a la corte de distrito que expi-diera un auto de mandamus ordenando al alcalde que lo repusiera en su cargo, del cual lo había destituido ileg’al-raente. La corte de distrito dictó sentencia declarando sin lugar la solicitud y el demandante apeló para ante este Tribunal Supremo.

Hemos examinado cuidadosamente los autos y los alegatos y' a nuestro juicio debe revocarse la sentencia recurrida, primero, porque no se siguió en la investigación practicada el debido proceso de ley y segundo porque la causa de la destitución es tan poco meritoria que constituye un abuso de discreción fundar la destitución en ella.

El artículo 36 de la Ley Municipal expresamente dispone que el alcalde es el único funcionario autorizado para destituir los funcionarios administrativos y agrega que la destitución deberá ser por justa causa concediéndose a los interesados audiencia pública y oportunidad para defenderse.

Aquí se notificaron por el alcalde los cargos al funcio-nario demandante, pero al celebrarse la audiencia no se exa-minó a los testigos bajo juramento. Decimos que no se exa-minó, porque si bien el alcalde ordenó que los testigos pres-taran juramento, lo hicieron ante el secretario municipal que carecía de autoridad para ello y con la protesta del peticio-nario por su abogado.

Faltando el requisito del juramento, debe concluirse que el procedimiento seguido fué ileg’al, de acuerdo con la juris-prudencia que repetidamente lia resuelto que en investiga-ciones de la naturaleza de la que se trata en este caso, todos los testigos deben ser juramentados. Morley v. Power, 5 Lea 691 (73 Tenn. 540); Butcher v. Charles, 95 Tenn. 532, 32 S. W. 631; Kasschau v. Police Comr’s., 49 N. E. Reporter, 257; People v. Police Comr’s., 155 N. Y. 40, 49 N. E. 257; Rutter v. Burke, 93 Atl. 842, 849.

Pero aunque el procedimiento hubiera sido legal, siempre procedería el mandamus porque la causa en que se basó la destitución carece en verdad de mérito. (Gil v. Chardón, Comisionado, 41 D.P.R. 210.) Todo lo que hizo el peticionario para incurrir en el desagrado del alcalde fué permitir que en la Sala de Socorros a su cargo situada en la planta baja del edificio municipal, se celebrara una reunión de concejales contrarios al alcalde en una de las luchas in-teriores entre los funcionarios municipales que con tanta fre-cuencia se observan en la Isla y que tan perjudiciales son al bienestar de la comunidad.

Funda el juez sentenciador su sentencia, además, en que el auto de -mandamus era improcedente porque el cargo del peticionario había sido abolido. La jurisprudencia que cita sostiene en efecto que no se expedirá el auto de mandamus para reponer en su cargo a un funcionario que ha cesado a virtud de la abolición del cargo de buena fe, por razón de economía.

Pero ése no es aquí el caso. El peticionario no quedó fuera de su puesto por razón de su abolición, sino por habér-sele destituido. La destitución tuvo lugar en mayo de 1930. Para el año económico siguiente, 1930-31, se aprobó un pre-supuesto en el que se consignaron $3,120 para pago de ser-vicios de practicantes según fueran necesarios y se alega que con ello quedó abolido el cargo del peticionario. En el presupuesto anterior, 1929-30, estaban asignadas la suma de $1,080 para el practicante de la sala de socorros y dos de $1,020 para dos practicantes del hospital, total $3,120, o sea igual a lo asignado en una sola partida y en la forma indi-cada en el presupuesto de 1930-31. Dejando a un lado cualquier comentario que lo ocurrido pueda, provocar, tiene siempre que concluirse que la plaza del peticionario existió-basta junio 30, 1930’ y en tal virtud que no es como antes dijimos el del peticionario el caso a que se refiere la juris-prudencia citada por el juez sentenciador.

La solicitud pide no sólo la reposición del peticionario, si que también que se ordene al alcalde que, dicha sea de paso, no es el mismo que decretó la destitución, que le pague u ordene que se le paguen los sueldos devengados y no pagados a la fecha de la. demanda y los que debió devengar hasta la firme resolución del pleito.

En este extremo sí que podría- considerarse lo de la aboli-ción del cargo, pero creemos que hay un motivo más fundamental para desestimar la totalidad de la reclamación, y es el de que no cabe hacerla ni menos decretarla dentro del procedimiento de mandamus. Belaval v. Todd, 24 D.P.R. 820.

Debe revocarse la sentencia apelada y el caso devolverse a la corte de distrito para ulteriores procedimientos no in-consistentes con esta opinión, sin especial condenación de costas.


text:
    Angel Wenceslao Fernández, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 857.

    Sometido: Diciembre 31, 1931.

      Resuelto: Enero 19, 1932.

      H. Torres Sola, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

A la muerte de la Señora Minerva Grifford, ocurrida en Río Piedras, su viudo Angel W. Fernández acudió a la Corte de Distrito de San Juan en solicitud de que se declarara heredera a su sobrina Josephine Grifford Kendall, de Ohio, única persona con derecho a ello, y al solicitante en la cuota en usufructo que la ley señala. De acuerdo con la prueba piactieada y dentro del procedimiento autorizado por la ley, la corte de distrito hizo la declaración solicitada. '

Presentada copia de la misma en el Registro de la Pro-piedad de San Juan a los efectos de inscribirla en relación con determinada finca rústica, el registrador la inscribió, pero haciendo constar que no resultaba de la resolución de la corte que se hubiera hecho la convocatoria que determina el artículo 19 de la Ley referente a Procedimiento Legales Especiales de 1905.

Considerando que lo hecho constar constituye por lo menos una nube en su título que puede dificultar futuras transacciones, la parte interesada ha recurrido para ante este tribunal.

Creemos que tiene razón el recurrente. El precepto legal citado por el registrador, en lo pertinente, dice:

“Solicitada la declaración de herederos a favor de un pariente colateral dentro del 69 grado, si el juez tuviere motivos para creer que podrán existir otros parientes de igual o mejor grado, y el valor de los beines excede de mil dollars ($1,000), podrá el juez a su discre-ción, mandar a publicar edictos anunciando el fallecimiento del fi-liado y los nombres y grados' de parentesco de los que reclaman la herencia y llamando a los que se crean con igual grado o mejor de-recho, para que comparezcan a reclamar dentro de un plazo deter-minado. ’ ’

No siendo obligatoria sino discrecional la convocatoria para que el juez baga la declaración de herederos, el becbo de que no aparezca de la resolución que se bizo, no consti-tuye defecto ni falta alguna a la cual esté obligado a llamar la atención el registrador al inscribirla.

En tal virtud debe declararse con lugar el recurso y orde-narse al registrador que deje sin efecto la constancia indicada.


text:
    Loreto Viqueira Villanueva, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 859.

    Sometido: Enero 7, 1932.

      Resuelto: Enero 19, 1932.
    . M. Mareos Morales, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del

tribunal.

Presentada para su inscripción en el Eegistro de la Pro-piedad de San Germán cierta escritura de hipoteca otorgada ante el notario público Miguel Marcos Morales por Loreto Yiqueira a favor del tenedor de determinados pagarés al portador^ el registrador la inscribió en efecto, pero consig-nando como defecto subsanable el “no haberse becbo constar por el notario autorizante ... si los testigos instrumentales ... no tenían excepción alguna legal para que pudieran ser tales testigos ...”

Se consigna otro defecto subsanable y se hacen otras observaciones en la nota, pero de ello no se recurre. Limi-taremos nuestro estudio a la única cuestión levantada.

El artículo 10 de la Ley Notarial, Comp. 1911, p. 409, es terminante. De acuerdo con su mandato, sólo tiene el notario que consignar en las escrituras que autorice en cuanto a los testigos instrumentales, sus nombres y vecindad. Y así lo hizo el notario en este caso.

Es cierto que la sección 20 de la propia Ley Notarial, Comp. 1911, p. 410, dispone que son nulos los instrumentos públicos, entre otros casos, en aquéllos en que sean testigos los parientes de ' las partes en ellos interesadas, o los parientes, escribientes o criados del notario autorizante, pero ello no quiere decir que el notario esté obligado a con-signar en el propio documento que los testigos no son tales parientes. El documento queda completo consignando lo que la ley ordena consignar, y mientras no se demuestre lo contrario en cuanto al parentesco de los testigos, debe pre-sumirse que no existe.

Esta cuestión quedó resuelta en tal sentido en el caso de M. Grau e Hijos v. Registrador, 23 D.P.R. 380. Si bien allí se trataba de haberse dejado de consignar la'edad, el razonamiento de esta corte, interpretando la sección 13 de la Ley Notarial, Comp. 1911, p. 409, en relación con la 10 que hemos citado, abarcó este caso así:

“En cuanto al defecto subsanable de no expresarse en el docu-mento la edad de los testigos, si bien la sección 13 de la ley notarial dispone que ninguna escritura pública, salvo lo que dispone para casos especiales, o sea en la sección 22 para los testamentos y demás dis-posiciones mortis causa, podrá ser autorizada sin la presencia de dos testigos y que no podrán ser tales los que no sepan firmar, los parien-tes, escribientes o criados del notario autorizante ni los parientes de las partes interesadas, dentro del cuarto grado civil o segundo de afinidad, la sección 10 sólo exige respecto de ellos que se consignen sus nombres y vecindad y no existe precepto alguno que disponga se baga constar la idoneidad de los testigos por lo que la falta de esta cir-cunstancia no constituye defecto alguno. Resoluciones de la Direc-ción de los Registros de España de 23 de octubre y 5 de diciembre de 1903, 5 de febrero y 20 de julio de 1904. ’ ’

Y así lo decidió esta corte en los casos de Monserrate v. Registrador, 31 D.P.R 796 y Bosch v. Registrador, 32 D.P.R. 1, en los que no se trataba del requisito de la edad sino “de no haberse hecho constar si los testigos instrumentales no están comprendidos dentro de la causa de incapacidad que determina el inciso segundo de la sección veinte de la vigente Ley Notarial.”

El caso de Ríos v. Registrador, 15 D.P.R. 665 que invoca el registrador, no tiene el alcance que le atribuye. Se in-terpretó en él la frase “sin excepción legal”, diciéndose que “envolvía la negación más completa de la concurrencia en los testigos de cualquiera de las incapacidades que la ley señala,” pero no que fuera necesario consignar siquiera tal frase para que la escritura fuera válida.

La circunstancia de que en la práctica los notarios además de los indispensables requisitos del nombre y vecindad de los testigos, consignen generalmente que los conocen, que son mayores de edad y que no tienen tacha legal alguna para serlo, quizá sea la mejor a fin de evitar cualquier duda o dificultad, pero' ello no quiere decir que la escritura se con-vierta en nula por la falta de consignación de tales circuns-tancias. Si de hecho un testigo es pariente, lo mismo será nula la escritura si nada dice, que si dice en ella el notario que no lo es.

Debe revocarse la nota en la parte en que ha sido recu-rrida, y ordenarse la inscripción sin el defecto apuntado.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Jorge Quiñones Irizarry, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 842.

    Sometido: Abril 27, 1931.

      Resuelto: Enero 19, 1931.

      Nazario & García Méndez, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Quiñones Ramos compró una finca para su esposa Monserrate Irizarry Yélez y a nombre de ella fué inscrita en el registro de la propiedad. No conocemos los términos de la inscripción, que es la 3a. de la finca No. 1075 del folio 52 en el tomo 18 del ayuntamiento de San Germán, en la cual, según el recurrente, se bizo constar que el marido reco-noció en la escritura que la compra la bacía con dinero que su esposa heredó de su padre. Murió la consorte Monserrate Irizarry Vélez y‘ declarados sus herederos siete hijos suyos fué inscrita a nombre de ellos la totalidad de la finca por séptimas partes indivisas para cada uno. Estando en tal estado los asientos de la finca fué presentada en el registro la escritura No. 7 de 3 de febrero de 1926 otorgada ante el notario Miguel Angel García Méndez, por la cual el viudo don Antonio Quiñones Eamos vendió a uno de sus hijos, Jorge Quiñones Irizarry, los derechos y acciones que dijo tener en una mitad de dicha finca. El registrador negó la inscripción de ese documento y contra esa resolución fué interpuesto el presente recurso gubernativo para que orde-nemos la inscripción solicitada.

El recurrente y el registrador han discutido en este recurso el concepto jurídico de la inscripción tercera hecha a favor de la esposa Monserrate Irizarry Yélez calificándola el primero como inscripción de un bien ganancial, por lo que el marido Antonio Quiñones es dueño según el registro de los derechos que sobre una mitad vendió al recurrente, resultando así inscribible su venta al mismo; y el registrador la califica como inscripción de un bien privativo de la esposa, por lo que de acuerdo con ella inscribió la finca en totalidad a 'favor de los siete hijos herederos de dicha señora.

No puede decidirse en este recurso el concepto jurídico de la expresada inscripción tercera porque a más de no tener ante nosotros el texto de la misma, de todos modos resulta que estando inscrita actualmente la totalidad de la finca a favor de los herederos de Monserrate Irizarry Vélez no puede prescindirse de esa inscripción, sea acertada o errónea, mientras subsista la que está hecha a favor de los hijos, de la que resulta que ningún derecho que pueda transmitir tiene el vendedor Quiñones en esa propiedad; y porque, según el artículo 17 de la Ley Hipotecaria, inscrito o anotado pre-ventivamente en el registro cualquier título traslativo del dominio o de la posesióta de los inmuebles o derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha por' el cual se trans-mita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real. [3] En tal virtud, mientras por lo menos no sea anulada la inscripción hecha a favor de los herederos por la totalidad de la finca, y éste no es el procedimiento adecuado para con-seguir tal corrección según los artículos 255 y 256 de la Ley Hipotecaria, no puede ser inscrito el título del recurrente y la nota recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó: por las razones de la opinión y de otras estoy conforme.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Miguel A. García Méndez y Jorge Quiñones Irizarry, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 838.

    Sometido: Mayo 30, 1931.

      Resuelto: Enero 19, 1931.

      Nazario & García Méndez, abogados de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata por este recurso de que el Registrador de la Propiedad de San Germán rectifique la inscripción que hizo a favor de los herederos de una señora casada en cuanto a una finca que inscribió en su totalidad a favor de sus here-deros estimando que aquella inscripción es de un bien pri-vativo de la esposa; entendiendo los recurrentes que la inscripción es de un bien ganancial.

Esas cuestiones han sido consideradas en el recurso 482 de Jorge Quiñones Irizarry v. Registrador de San Germán referente a la misma finca, resuelto hoy, y aplicando su decisión a este caso debe ser confirmada la resolución recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Benítez Sugar Co., acusada y apelante.
    No. 4617.

    Sometido: Enero 15, 1932.

      Resuelto: Enero 19, 1932.

      González Fagundo & González Jr., abogados de la apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La acusada fué convicta de una infracción de la sección 14 de la Ley de Pesas y Medidas tal como fué enmendada on 1921, leyes de ese año página 179, a virtud de acusación en que se alegaba que la referida acusada tenía en su central y la usaba para pesar caña entregada por sus colonos, una báscula de plataforma que registraba pesos falsos.

La central, al tiempo del supuesto delito, se hallaba bajo la dirección y dominio exclusivos de otra corporación que se liabía hecho cargo de ella como condición previa a la conce-sión de anticipos para la zafra ya en curso. El único de-recho o privilegio retenido por la acusada como dueña de la propiedad era el de examinar informes semanales prepa-rados por la corporación que operaba y regía la central. La báscula había sido instalada recientemente.

Bajo las circunstancias, no puede declararse responsable a la corporación acusada por las condiciones defectuosas de la báscula. Dentro del significado del estatuto, ella no usó, ni permitió, ni hizo que se usara o mantuviera en su estable-oimiento, ninguna báscula, utensilio o aparato que no se ajustaba a los requisitos estatutorios.

Debe revocarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    Juan Valldejuli Rodríguez, demandante y apelante v. Municipio de Toa Alta, demandado y apelado.
    No. 5642.

    Sometido: Enero 13, 1932.

      Resuelto: Enero 21, 1932.

      J. Valldejuli, por su propio derecho; Son. Attorney General, James B. Beverley y M. Bodriguez Berra, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso sobre cobro de dinero por servicios profesionales. Toda vez que el caso fue resuelto a virtud de una excepción previa no puede baber duda alguna de que a instancias del Alcalde d.e Toa Alta el -demandante prestó servicios de los cuales se benefició probablemente el municipio. Toda la cuestión envuelta es la interpretación que debe dársele al artículo 29 de la Ley No. 92 de 1925, como sigue:

“El Alcalde será el jefe ejecutivo y representante del municipio y en tal carácter podrá comparecer y sostener toda clase de acciones y procedimientos ante cualquier funcionario o tribunal de justicia.
“En ningún procedimiento o acción en que sea parte el munici-pió representado por el alcalde, podrá éste allanarse a la demanda o-dejar de contestarla ni someter dicha acción o procedimiento a arbi-traje sin el consentimiento de la asamblea municipal ni podrá retri-buir los servicios de un abogado que no sea el del municipio sin el consentimiento de la asamblea miinicipal. Tendrá la inspección y superintendencia de todos los servicios municipales. Dictará reglas-a las cuales deberán sujetarse los funcionarios y empleados munici-pales en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, y, además, tendrá a su cargo en los municipios de tercera clase, la dirección de las obras públicas municipales.
n * * * * # * *-

Ora se tome en consideración la versión inglesa o la española, es evidente que los alcaldes solamente pneden cele-brar contratos con abogados con el consentimiento de las asambleas locales. La intención de la ley 'fué que sin el con-sentimiento de la asamblea no debía emplearse ninguna otra persona excepto el abogado municipal. Cualquier abogada que contratara con un municipio estaba obligado a conocer la ley. Es un caso de lex scripta y la actuación del alcalde fué en exceso de sus facultades.

Bebe confirmarse la sentencia.


text:
    Santini Fertilizer Co., demandante y apelante, v. Cruz Pérez, demandado y apelado.
    No. 5479.

    Sometido: Enero 18, 1932.

      Resuelto: Enero 21, 1932.

      B. Buscaglia, abogado de la apelante; A. Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que desestimemos esta apelación.

En este pleito fueron embargadas varias fincas del de-mandado el 18 de febrero de 1927 y también el producto de sus siembras el 11 de marzo del mismo año. La apelación contra la sentencia que absolvió al demandado fué interpuesta el 21 de noviembre de 1929. En noviembre de 1930 y en enero 26 de 1931 el apelado nos pidió que desestimáramos la apelación por no ser proseguida con diligencia pero negamos esas solicitudes; habiendo dicho al resolver la primera de ollas que-se declaraba sin lugar sin perjuicio de que pudiera reproducirse si la dilación continuaba en forma tal que pudiera entenderse que es de propósito o que en la forma más leve se deba al deseo de dañar los intereses de la parte apelada. En 29 de abril de 1931 este tribunal, motu proprio, ordenó que el apelante compareciera a mostrar causa por la cual no debía ser desestimada su apelación por abandono y después de oírle dispuso que continuase la tramitación del recurso. El 2 de junio de 1931 fueron radicados en este tribunal los autos para la apelación, casi a los dos años de interpuesta y desde entonces y durante siete meses el ape-lante ha estado obteniendo prórrogas para radicar su alegato de apelación, sin que hasta la fecha lo haya presentado. En 5 de enero de 1932 el apelado nos presentó moción para que desestimemos la apelación por falta de debida diligencia en su' tramitación y dos días después el apelante ha solicitado que le concedamos otra nueva prórroga de treinta días para presentar su alegato, que le fué concedida sin perjuicio de la moción de desestimación pendiente de vista. Las mo-ciones de prórroga para presentar el alegato se fundaron en que las cuestiones envueltas en la apelación requieren un estudio largo y minucioso. El abogado del apelante lo repre-sentó también en el tribunal inferior. En este pleito se trata de cobrar del demandado cierta cantidad de dinero debida por una mercantil, por el fundamento de que el demandado aceptó la obligación de pagar por aquélla, aceptación que según la corte inferior no fué probada.

Prescindiendo de que los- autos para la apelación fueron radicados en este tribunal año y medio después de haber sido interpuesto el recurso, pues las mociones del apelado para desestimar la apelación por dicho motivo fueron nega-das, sin embargo, esas peticiones debieron ser un aviso para el apelante de que el apelado, cuyos bienes están embargados desde hace cinco años, deseaba que la apelación no fuese dilatada y se tramitase con rapidez, a lo que tiene derecho. No obstante, el apelante, cuyo abogado conoce las cuestiones de este pleito desde su primera instancia, y en el que el fun-damento de la corte inferior para su sentencia absolutoria fué que no se probó que el demandado convino con el deman-dante en pagar la deuda de una sociedad mercantil, que es una cuestión de hecho, en vez de presentar su alegato dentro de los diez días que señala nuestro reglamento está solici-tando y obteniendo prórrogas para radicarlo desde hace siete meses, fundado en que las cuestiones en el pleito requieren un estudio largo y minucioso, habiendo conseguido sujeta a esta resolución, otra nueva hasta el próximo mes de febrero.

En vista de lo expuesto y de las circunstancias de este caso opinamos que por falta de la debida diligencia en la trami-tación de este recurso la apelación debe ser desestimada.


text:
    Armando A. Miranda, demandante-apelado-apelante, v. José L. Pesquera, demandado-apelante-apelado. Armando A. Miranda, demandante-apelante-apelado, v. José L. Pesquera, demandado-apelado-apelante.
    Nos. 5619 y 5681.

    Sometidos: Enero 21, 1932.

      Resueltos: Enero 22, 1932.

      A. A. Miranda y B. F. Barbosa, abogados de los apelantes; Molina, Dubón & Ochoteco, abogados dél apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la oipnión del tribunal.

En este pleito se reclama el pago de honorarios profesio-nales como abogado y ambas partes han apelado de la sen-tencia, el demandado por haber sido condenado al pago de cierta cantidad de dinero y el demandante por no habérsele concedido toda la cantidad reclamada. El juicio fue seguido en rebeldía del demandado, quien alega en esta apelación que la sentencia debe ser revocada porque la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción por no tener la alegación esencial de que los servicios cuyo pago se reclama fueron prestados a instancia del demandado. La demanda no contiene esa alegación, pero dice el demandante que la prueba suplió esa omisión y que la demanda debe conside-rarse como enmendada.

Dicha alegación es realmente esencial en esta clase de demandas porque establece la relación contractual entre las partes, y por serlo no quedó suplida por la prueba, ni la demanda podía ser considerada como enmendada ni podía ser enmendada, pues como dijimos en el caso de Suárez v. Sucesión B. Lanausse, 42 D.P.R. 347, cuando, estando el demandado en rebeldía, la demanda se enmienda de manera esencial, la enmienda abre el caso en rebeldía y no puede dictarse válidamente una sentencia basada en dieba demanda enmendada a menos que se notifique con copia al demandado dándosele oportunidad de contestar.

Bebe revocarse la sentencia y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos.


text:
    El Pueblo de Pueblo Rico, demandante y apelado, v. Faustino Márquez Rivera, acusado y apelante.
    No. 4555.

    Sometido: Enero 20, 1932.

      Resuelto: Enero 22, 1932.

      Víctor P. Martines y Buenaventura Esteves, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Piteólo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de violación de una niña menor de catorce años. Formulada acusación por el fiscal y celebrado el juicio ante un jurado, éste rindió veredicto de culpabilidad y la corte dictó sentencia imponiendo al convicto seis años de presidio con trabajos forzados.

El acusado apeló y señala en su alegato la comisión de seis errores que el fiscal impugna en el suyo. Después de un examen cuidadoso de los autos, opinamos que debe revocarse la sentencia apelada y ordenarse la celebración de nn nuevo juicio, por haberse cometido el segundo de los errores seña-lados.

Como dijimos, se trata de un caso de violación técnica. La edad de la ofendida era un factor esencial que alegó el fiscal en su acusación y que intentó probar en el juicio. ¿ Cómo ?

Declaró primero el Dr. Antonio Muñiz sobre el reconoci-miento que practicara en el cuerpo de la perjudicada Mar-celina Soto y sobre la conclusión a que llegara a virtud del mismo sobre la desfloración. La Defensa le preguntó si la niña no estaba desarrollada completamente, o no era lo que vulgarmente se designa por “una mujer”, y el doctor con-testó' que era una niña desarrollada, pero por la edad que demostraba no era lo que podía llamarse vulgarmente una mujer. Eso fué todo lo que dijo el testigo en relación con la edad.

Siguió la declaración de la propia perjudicada. Nadaj se le preguntó ni expuso con referencia a su edad. Cuando terminó de declarar, el fiscal dijo:

“Voy a presentar como prueba una certificación del Encargado del Registro Civil de San Sebastián creditiva del nacimiento de la perju-dicada en este caso Marcelina Soto y Soto.”

T la Defensa manifestó:

“Me opongo a la admisión de este documento, que es una certifi-cación librada por el Secretario Auditor del Municipio de San Sebas-tián Sr. J. Crespo Ríos en 14 de julio de 1930 del acta de nacimiento de una tal Marcelina Soto y Soto, hija legítima de Francisco Soto, de estado casado, de profesión jornalero y de María Soto, por los si-guientes fundamentos: primero, porque la perjudicada dice que sus padres no son casados y en la certificación se expone que son casados; segundo, porque la certificación es sobre el acta de nacimiento de una tal Marcelina Soto y Soto y no de Angelita Soto y Soto; tercero, porque esta certificación no es una copia fiel y exacta de la inscrip-ción del nacimiento de dicha Marcelina Soto, pues no aparece de ella quién hizo la inscripción ni qué testigos la suscribieron; cuarto, por-que no corresponde dicha certificación con la acusación de El Pueblo de Puerto Rico, y por último, porque este documento es un docu-mento inexistente, que no tiene fuerza legal de ninguna clase por los motivos que se han expuesto.”

El fiscal solicitó que se dejara en suspenso la admisión del documento hasta tanto que declararan los padres de la per-judicada. Declararon en efecto y el documento fue admi-tido con la objeción de la defensa. Dice así:

“Exhibit A de El Pueblo. — Municipio de San Sebastián, Pto. Rico. — Oficina del Registro Civil. — Certificado para actas de naci-miento. — Yo, José Crespo Ríos, Secretario Auditor- Municipal y En-cargado del Registro Civil de San Sebastián, P. R. — -Certifica: Que al folio ciento setentinueve del libro treintiséis, y bajo el número quinientos cuarenta, se encuentra el acta de nacimiento de Marcelina Soto Soto, hija legítima de Francisco Soto, de estado casado, de pro-fesión jornalero, natural de San Sebastián, avecindado en la casa número ... . de la calle de barrio Pozas de San Sebastián, y de Ma-ría Soto, natural de San Sebastián, de estado casada, de profesión doméstica y domiciliada en el de su marido. — Que dicha niña nació el día tres de agosto del año 1916, a las nueve de la noche y es de la raza blanca. — Que los abuelos por línea paterna son: Jacinto Soto y Engracia Malavé, blancos, naturales de San Sebastián, y los mater-nos son: José Soto, blanco, natural de San Sebastián, e ignora el nombre de la abuela. — Y para entregar al Licdo. Angel Emilio Franco,. Juez Mpal., que la solicita, expido la presente en San Sebastián, P. R., a catorce de julio de 1930.— (firmado) J. Crespo Ríos, Secreta-rio Auditor y Encargado del Registro Civil. — Hay un sello que dice: Gobierno Municipal de San Sebastián, Registro Civil.”

Creemos que los motivos primero y segundo y parte del cuarto de la objeción de la defensa quedaron destruidos a virtud de las declaraciones de los padres de la perjudicada,, mas no así el tercero y la parte correspondiente del cuarto. A nuestro juicio la certificación no era admisible por no ser copia fiel y exacta de la inscripción, como sostuvo la defensa,, y por tanto carecía de fuerza legal. En una palabra, que-no podía considerarse a virtud <de su presentación corno-introducida en evidencia la inscripción del nacimiento de-Marcelina Soto, la perjudicada.

La Ley de Evidencia es terminante. Todo funcionario público bajo cuya custodia obrare algún documento público, está en la obligación de facilitar, al requerírsele, copia certi-ficada del mismo, dice su artículo 48. Y al determinar el 69 cómo podrán probarse otros documentos oficiales, prescribe en sus números 5 y 6:

“5. Los actos de una corporación municipal de Puerto Rico, o de una junta o departamento de la misma, mediante copia, certificada por el correspondiente archivero, o mediante un libro impreso, pu-blicado por autoridad de dicha corporación. 6. Los documentos de cualquiera otra clase en Puerto Rico, mediante el original o una copia, certificada por el guardador legal de aquél.”

En el caso de Silva v. Carbonell, 35 D.P.R. 244, esta corte resolvió que “una certificación de matrimonio que no repre-senta ser un extracto del asiento de inscripción verificado en el registro civil sino una copia íntegra de dicho asiento es admisible en evidencia.”

Lo que introdujo aquí el fiscal no fué el original ni la copia del acta de inscripción. Eso es claro. Si no se hubiera impugnado el documento, lo consignado en él por el Secretario Auditor y Encargado del Registro Civil del muni-cipio de San Sebastián, tomado sin duda del acta de inscrip-ción original, hubiera servido como prueba, pero reclamado por la parte contraria el cumplimiento estricto de la ley, debió reconocerse su derecho. Y como el documento cons-tituía la única prueba de la fecha del nacimiento de la per-judicada, ya que lo declarado por el médico era, como hemos visto, insuficiente, y a los padres nada directamente se le preguntó sobre el particular por el Pueblo que, al contrario, se opuso, cuando la defensa trató de hacerlo, precisa concluir que no queda en los autos prueba suficiente de la edad.

Debe revocarse la sentencia apelada y, atendidas todas las circunstancias concurrentes, ordenarse la celebración de un nuevo juicio.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eloy Bosch, acusado y apelante.
    No. 4579.

    Sometido: Diciembre 17, 1931.

      Resuelto: Enero 26, 1932.

      Pedro M. Porrata, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.

      Nota: Por resolución de febrero 8, 1932, se dejó sin efecto la sentencia y se orden6 una nueva vista para cuando el tribunal esté constituido por sus cinco jueces.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Está vacante el cargo de uno de los jueces de este Tribunal Supremo y como de los otros cuatro dos opinan por la confirmación de la sentencia y los otros por su revocación, quedará subsistente la sentencia de la corte inferior en la forma que fué dictada. Saldaña v. Concejo Mumcipal de San Juan, 15 D.P.R. 37.

Esta es una apelación contra sentencia que condena por delito de portar arma prohibida.

El apelante era en 4 de julio de 1930 celador o vigilante ele la Central Matilde, radicada en el distrito judicial de Ponce, la cual se halla dividida por una carretera pública insular. En dicho día estaba el apelante en esa carretera y portaba un revólver. Según la prueba del fiscal en el juicio, una persona avisó al apelante que habían dos hombres cor-tando yerba sin permiso en la hacienda Matilde; y, según declaró el apelante, al tener ese aviso fné a la carretera donde encontró los dos hombres con un saco de yerba y tuvieron unas palabras siendo herido por uno de ellos. Acep-tó que entonces portaba un revólver.

Como se ve, la culpabilidad del apelante por dicho delito es clara. Sin embargo, sostiene en un extenso y cuidadoso alegato que no debe ser castigado por la portación del arma porque si bien tenía el revólver en una carretera pública podía llevarlo sin responsabilidad porque estaba en la averi-guación o persecución de un delito de hurto cometido en la finca de cuya guarda estaba encargado y que con tal fin podía continuar por otros sitios la persecución de los delin-cuentes sin cometer el delito por el cual se le condena.

No estamos conformes con esa teoría del apelante por no estar sostenida por la ley, pues el apartado 5 del artículo 5 de la Ley No. 14 de 1924 sólo autoriza la portación de armas en la propia casa o finca, y el apelante estaba, en un sitio público. El Pueblo v. Piña, 41 D.P.R. 762. Al decir la ley que ella no será aplicable a la portación de armas dentro de la propia casa o finca fijó así un límite territorial dentro del cual pueden tenerse sin responsabilidad y excluyó, con-siguientemente, los demás sitios.

También hace referencia el apelante al No. 1 del artículo 5 de dicha ley, según el cual tampoco será aplicable la prohibición de portar armas a la portación de los útiles, herramientas e instrumentos de las artes, profesiones, oficios y ocupaciones o deportes cuando se portaren con motivo u ocasión de los mismos; pero el revólver no está comprendido entre los instrumentos, útiles o herramientas de las profesiones, artes u oficios, pues por su naturaleza ha sido construido para fines de ofensa o defensa y no para ninguno de los fines especificados en el apartado citado de la ley, estando prohibido su uso excepto a las personas que rela-ciona el artículo 6 de la ley, entre las cuales no se halla el apelante.

Estoy autorizado para decir que el Juez Presidente Sr. del Toro está conforme con esta opinión.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Hutchison disintieron.


text:
    United Porto Rican Sugar Co. of Porto Rico, demandante y apelada, v. Sucn. de Don Pedro Sánchez, demandada y apelante.
    No. 5909.

    Sometido: Enero 25, 1932.

      Resuelto: Enero 28, 1932.

      L. Llorens Torres, abogado de la apelante; González Fagundo & González Jr., abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado nos pide que desestimemos esta apelación. De una certificación qne nos presenta del secretario del tribunal inferior aparece qne interpuesta esta apelación el 15 de julio de 1931 contra la sentencia adversa a los deman-dados, éstos optaron por qne el taquígrafo del tribunal pre-parase la transcripción de evidencia para su recurso, habién-dolo dispuesto así el tribunal sentenciador el 24 de julio de 1931; que el 11 de agosto siguiente fué concedida para tal fin una prórroga de treinta días; que el 11 de septiembre fué concedida otra prórroga igual que vencía el 12 de octubre y que no ba sido concedida nueva prórroga. Esa certifica-ción está fechada el 9 de enero de 1932.

De otra certificación del mismo secretario librada el 25 de enero de este año, que nos ha presentado el apelante, aparece que el 10 de octubre de 1931, dos días antes de vencer la prórroga de treinta días concedida el 11 de sep-tiembre anterior el taquígrafo solicitó otra nueva prórroga, enmendándola antes de ser resuelta esa petición en el sen-tido de que se le concediese hasta el 10 de febrero de 1932, y que esa prórroga y hasta esa fecha fué concedida por el tribunal inferior el 25 de enero corriente.

Presentada por el taquígrafo la solicitud de nueva pró-rroga antes de que venciera la que le había sido concedida y habiendo resuelto la corte posteriormente conceder dicha prórroga hasta el 10 de febrero del presente año, retrotra-yendo así sus efectos a la fecha del vencimiento de la anterior (Campos v. Corte de Distrito, 35 D.P.R. 624), está aún en tiempo el apelante para que el taquígrafo presente la transcripción de la evidencia, por lo que no procede la deses-timación de esta apelación y debe ser negada.


text:
    Rafael Carrión Pacheco, demandante y apelante, v. Charles E. Lawton, George H. Joy, Arturo L. Carrión y Vicente Rodríguez Rivera, demandados y apelados.
    No. 5930.

    Sometido: Enero 25, 1932.

      Resuelto: Enero 28, 1932.

      J. Henri Brown, C. Buiz Nazario y. G. González, abogados del ape-lante; F. Soto Gras y B. Díaz Collazo, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado y apelado Charles E. Lawton, por medio de sus abogados, solicita la desestimación de este recurso porque el escrito de apelación no fué notificado a todos los' demandados como requiere la ley.

Los demandados son Charles E. Lawton, George H. Joy, Arturo L. Carrión y Vicente Rodríguez Rivera. La senten-cia apelada se dictó el 20 de octubre de 1931 y fué notificada a la parte perdidosa el 26. La notificación de apelación al secretario se archivó en su oficina el 25 de noviembre si-guiente con la constancia de la notificación al demandado Lawton en la persona de uno de sus abogados de récord. Con respecto a la notificación de los demandados Joy, Carrión y Rodríguez se consignó:

‘ ‘ Cándido Morales, después de prestar juramento en debida forma, depone y dice: que se llama com’o antes se expresa y es mayor de 21 años de edad, soltero, vecino de San Juan, y que no es parte ni tiene interés alguno en este asunto; que en el día de hoy 25 de noviembre de 1931 recibió del Ledo. Clemente Ruiz Nazario, tres copias exactas y literales del escrito de apelación que precede y que en igual fecha las depositó en las 'oficinas de correo de esta ciudad de San Juan, bajo sobres certificados, y pagando el correspondiente franqueo; una de dichas copias dirigida al demandado George H. Joy, al cuidado de Raleigh Gas Co., Raleigh, North Carolina, que es la dirección actual de dicho demandado; otra de dichas copias dirigida al demandado Arturo L. Carrión, 417 West 120th St., New York, N. Y. que es la actual dirección de dicbo demandado, y la otra de dichas copias dirigida al demandado Yicente Rodríguez Rivera, Cayey, F. R. que es la dirección de dicho demandado. — Juro además que entre esta ciudad de San Juan y las ciudades de Raleigh, North Carolina, New York, N. Y. y Cayey, P. R., existe un servicio regular de comunicaciones por correo. — San Juan, P. R. Nov. 25 de 1931. — (fdo.) Cándido Morales, Deponente. — Jurado y suscrito ante mí hoy día 25 de noviembre de 1931, en San Juan, Puerto Rico, (fdo.) P. N. Colberg. — Secretario Corte Distrito de San Juan, P. R.”

Sostiene el apelado Lawton que ello no es suficiente para, demostrar que la ley fué cumplida, 1°., porque aparece que se notificó por correo a los demandados Joy, Carrión y Ro-dríguez el día en que vencía el término y no personalmente, debiendo ser recibida la notificación después de vencido dicbo término, y 2°., porque no aparece que la notificación se diri-giera al lugar de la residencia de los demandados, ni que la persona que hizo la citación y los citados residan en puntos distintos entre los cuales existe un servicio regular de comu-nicación por correo.

La parte apelante ba presentado una oposición por es-' crito acompañada de una declaración jurada de Cándido Morales, la persona que depositó las notificaciones en el correo, que es amplia y minuciosa basta el límite y a la que se acompañan los recibos de materia certificada que le en-tregara el Administrador de Correos de San Juan y las tar-jetas ereditivas del recibo de los sobres conteniendo la noti-ficación por los demandados Carrión y Rodríguez, expresán-dose en cuanto al demandado Joy que el sobre certificado que se le remitiera a su residencia y dirección postal no ba sido devuelto y que según información y creencia del depo-nente ba sido recibido por el Sr. Joy.

Como el propósito de la ley es que la parte apelada se entere en tiempo de la existencia de la apelación a fin de que pueda defender sus derechos, en el caso de que la cues-tión se levante y se advierta alguna deficiencia en la cons-tancia que del hedió de la notificación se llevara al récord, no hay duda alguna que esta Corte Suprema dará oportu-nidad a la parte interesada si así lo solicita'de suplir la deficiencia y demostrar que la notificación se hizo en efecto dentro de término y de acuerdo con la ley. Si lo demuestra, no procederá la desestimación del recurso basada en la defi-ciencia de la constancia del récord.

Aclarado este punto, procederemos al estudio de las cuestiones suscitadas en su moción por la parte apelada.

No tiene razón en la primera. Para sostener esta Conclusión bastará citar lo que sigue de la decisión en el caso de Am. Colonial Bank v. Ramos, 33 D.P.R. 890, 894. Es así:

“Debiendo desestimarse el recurso por el primero de los fundamen-tos de la moción, se hace innecesario resolver el segundo. Sin embargo, com'o envuelve una cuestión de práctica constante, diremos que tiene razón el apelado al sostener que la notificación a la parte contraria o a su abogado debe hacerse dentro del término fijado por el esta-tuto — artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil y jurispru-dencia sentada en Davez v. Schuerman, 93 Pac. 297, 7 Cal. App. 1 — pero diremos también que si se acepta el hecho que se ha inten-tado probar por el apelante por medio de un affidavit, a saber, que la notificación se depositó en el correo el once de julio, la ley quedó cumplida entendiéndose hecha la notificación en tal día aunque el apelado la recibiera tres días después.
“Los casos que cita el apelado, a saber: Díaz v. Pastor, 29 D.P.R. 95; Patxot v. Nadal, 19 D.P.R. 370; Oronoz v. Montalvo, 20 D.P.R. 333; Delgado v. Hutchison, 20 D.P.R. 486, y Alvarez v. Sucesores de Fantauzzi, 27 D.P.R. 530, no son aplicables como su mismo texto lo indica. Aquí se trata de una notificación ‘a la parte contraria o a su abogado’ que se rige por el artículo 322 del Código de En-juiciamiento Civil que dice:
“ ‘Art. 322. — En l'os casos de remisión por correo, la notificación o documentos deberán depositarse en la administración de correos, dirigidos a la persona a quien hubiere de intimarse, o hacerse la entrega, a su oficina o residencia pagándose el franqueo. La noti-ficación o la entrega de documentos queda cumplida al tiempo de hacerse el depósito en el correo, pero si dentro de determinado nú-mero de días después de hecho aquél, la parte contraria tuviere que ejercer un derecho o ejecutar un acto, el término dentro del cual hubiere de ejercerse el un'o o ejecutarse el otro, se entenderá am-pliado un día por cada veinte y cinco millas que mediaren entre el lugar del depósito y el de la dirección; pero esta ampliación no deberá exceder de un término máximo de treinta días.’ ”

Tampoco en la segunda. De lo hecho constar por Morales bajo juramento al entregar la notificación de apelación al Secretario y mucho más detalladamente de su otra declaración jurada acompañada al escrito de oposición, aparece que los demandados Joy, Carrión y Rodríguez no residían en el distrito judicial de San Juan, cuando hubo de notificárseles la apelación, que entre el sitio de sus actuales residencias y San Juan existía un servicio regular de comunicación por correo y que de acuerdo con los artículos 320, 321 y 322 del Cófdigo de Enjuiciamiento Civil usando el correo se les dirigieron sobres certificados al sitio de sus residencias y direcciones postales, todo en la forma que dichos artículos prescriben.

La ley no requiere imposibles. El correo es una institu-ción oficial que funciona regularmente y que es parte esen-cialísima del mecanismo de nuestra vida civilizada. El apelante estaba autorizado para valerse de él y así lo hizo en la forma fijada por el estatuto. Mientras la presunción que ahora existe no sea destruida legalmente, debe enten-derse que los demandados Joy, Carrión y Rodríguez fueron notificados en término del escrito de apelación, y en tal virtud dehe declararse sin lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison, JUEZ ASOCIADO SR. WOLE

text:
    Margarita, Manuela, Antonia y Francisco Oliver Cuveljé y Antonio Vincens Ríos, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    No. 861.

    Sometido: Enero 21, 1932.

      Resuelto: Enero 28, 1932.

      M. Mareos Morales, abogado de los recurrentes; el Registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Un registrador de la propiedad inscribió una hipoteca con el defecto subsanable de que el documento no demostraba el estado civil de la acreedora hipotecaria más allá del hecho de que era mayor de edad.

La hipoteca fué otorgada por un apoderado y se acompañó de un poder conferido casi nueve años antes de la fecha de la hipoteca. Del poder se desprende que la deudora en sep-tiembre de 1923 era mayor de edad, soltera, propietaria y vecina de Ponce.

Los recurrentes se basan en el caso de Colón v. Registrador, 22 D.P.R. 546, y en el artículo 102, inciso 31, de la Ley de Evidencia, que especifica como presunción controvertible, “Que una vez probada la existencia de una cosa, continúa ésta todo el tiempo que ordinariamente duran las cosas de igual naturaleza.”

Una joven puede permanecer soltera por ocho o nueve años después de llegar a su mayoridad. No estamos prepa-rados para decir que esto sea lo corriente con cosas de esa naturaleza. Véase el caso de Figueroa v. Registrador, 31 D.P.R. 377, y las autoridades allí citadas.

La doctrina del caso de Colón v. Registrador, supra, no puede extenderse sin riesgo de manera que cubra un período, cual el de este caso, tan largo como ocho años entre la fecha del poder y la del otorgamiento del documento' presentado al registro.

Debe confirmarse la nota.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el resultado por las razones que consigna en la opinión concurrente que se inserta a continuación:

OPINIÓN CON CURRENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLE

A mi juicio, si una propiedad resulta ser claramente pri-vativa, entonces debe hallarse algún medio de inscribirla a nombre del dueño exclusivo, ya sea esa persona casada o soltera. En otras palabras, si la propiedad envuelta, de acuerdo con el registro pertenecía exclusivamente a cierta persona antes o al tiempo de otorgarse el poder, entonces esa propiedad debe tal vez ser enajenable en cualquier momento sin que haya que demostrar que la persona es a la sazón ca-sada o soltera. Para fines privativos, el estado civil de una persona puede inofensivamente considerarse como que con-tinúa igual que a la fecha del poder.

Para propiedad adquirida posteriormente, no debe haber presunción de continuidad. El registro debe impartir cer-teza. Non constat que una persona soltera pueda haberse casado antes de la fecha de la nueva adquisición.

Si la presunción surte efecto,' entonces estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Roque Ríos Vázquez, acusado y apelante.
    No. 4623.

    Sometido: Enero 21, 1932.

      Resuelto: Enero 28, 1932.

      E. Martínez Rivera, abogado del apelante; E. Días Viera, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Roque Ríos Vázquez fué convicto por la Corte de Dis-trito de Bayamón de haber alterado la paz pública. El caso vino a la corte de distrito en apelación de la Corte Municipal de Toa Alta.

El apelante dice que la corte de distrito cometió error al declararse con jurisdicción para conocer del caso. Este es un señalamiento de error insuficiente toda vez que no expone por qué la corte de distrito carecía de jurisdicción.

El apelante sostiene que la corte carecía de jurisdicción en vista de que los autos no fueron elevados de la corte municipal a la de distrito dentro de cinco días después de entablada la apelación.

No estamos de acuerdo con el apelante en que el estatuto (inciso 4 del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según quedó enmendado por la Ley No. 95 de 1925, p. 765) sea tan imperativo que prive a la corte de distrito c!e jurisdicción. El Pueblo v. Rivera, 42 D.P.R. 934. Por el contrario, nos inclinamos al criterio de que si la Corte de Distrito de Bayamón carecía de jurisdicción, entonces sub-sistiría la sentencia de la corte municipal. Sería un sistema extraño de jurisprudencia si por errores de los funcionarios de las cortes un hombre que fuera convicto pudiese escapar ai castigo meramente porque la corte superior careciera dé jurisdicción. Conforme dijimos en el caso de El Pueblo v. Rivera, supra, incumbe al apelante ocuparse de que se eleven los autos. El caso en que declaramos que la ley era impera-tiva fué uno en que 1a. corte de distrito ya había oído la prueba y dejó de dictar sentencia, según se requiere. El Pueblo v. Acosta, 40 D.P.R. 471.

Creemos innecesario considerar detalladamente la cuestión de si el acusado tuvo o no un juicio rápido. Fué juzgado dentro de 120 días, que es todo lo que nuestro estatuto exige.

El otro señalamiento de error ataca la suficiencia de la denuncia principalmente porque ésta dejó de aducir que se alterara la paz de alguien. La denuncia demuestra que las palabras abusivas fueron dirigidas al policía denunciante y fueron oídas por varias personas. Hemos resuelto que si de las palabras de una denuncia se puede fácilmente deducir que la paz de otras personas fué en realidad alterada, es innecesaria una alegación exacta a ese efecto. El Pueblo v. Escobar, 36 D.P.R. 240; El Pueblo v. Massó, 18 D.P.R. 530.

No hallamos que la denuncia fuera vaga o confusa, aun si esa cuestión pudiera considerarse sin ser debidamente sus-citada.

Debe confirmarse la sentencia.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Calcaño, acusado y apelante.
    No. 4591.

    Sometido: Enero 13, 1932.

      Resuelto: Enero 28, 1932.

      B. Martínez Nadal, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal Au-xiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Calcaño fué acusado de homicidio involuntario por-que en ocasión en que guiaba un automóvil por la carretera que de Río Piedras conduce a Caguas, lo hizo con tal des-cuido, impericia y negligencia, corriendo a una velocidad tan excesiva, que se fué por encima de un puente y al caer al fondo del mismo le produjo la muerte a siete seres humanos. Luego de un juicio por jurado, el acusado fué convicto y sentenciado a dos años de presidio.

Se han señalado varios errores, pero el esfuerzo principal del apelante se encamina a tratar de convencernos de que el veredicto es contrario al peso de la prueba. Fre-cuentemente este tribunal y otros han declarado que cuando el gobierno establece un caso prima facie, el veredicto del jurado no sufrirá menoscabo en apelación salvo en un caso muy extraordinario. Pueblo v. Ramírez, 40 D.P.R. 396; Pueblo v. Colón, 42 D.P.R. 53; Pueblo v. González, 42 D.P.R. 221; Pueblo v. Román, 42 D.P.R. 642.

Solamente hubo un testigo ocular del accidente que de-claró contra el acusado. Era en verdad un analfabeto. Iba entre los pasajeros del automóvil, mas no podía decir aun aproximadamente el número de millas a que corría el vehículo. No obstante si se examina su declaración se verá que dijo muy positivamente que el automóvil corría a mucha velo-ciclad. En el examen directo el - testigo manifestó que el automóvil caminaba muy rápidamente, pero en la- repregunta dijo más específicamente que éste iba a escape. Preguntado si el acusado redujo la velocidad, contestó: “No, él siempre venía ligero.” El testigo admitió que no sabía nada de números ni de millas. Todos los testigos declararon al efecto de que la carretera era peligrosa y la indicación fué que ésta era bien conocida por el acusado. De toda la prueba el jurado tuvo derecho a creer que el acusado se acercó al puente a una velocidad indebida y que era culpable de homi-cidio.

La defensa fué en gran parte que la barra del guía no funcionó y que a pesar de los esfuerzos del acusado el auto-móvil no pudo ser detenido. La defensa dió algún énfasis al hecho de que el citado guía estaba en mal estado antes del accidente y en que este hecho fué desarrollado por la declaración de un perito del pueblo. No damos énfasis al hecho de que el jurado no estaba obligado á creer la declara-ción del perito. También hubo prueba tendente a demostrar que los frenos del carro no estaban en tan buenas condiciones como debieron estarlo.' Nos parece que si se entra en esta supuesta excusa entonces podría surgir la otra cuestión de si el acusado, que era un chauffeur experto, no debió haberse fijado en que su carro estuviera en buenas condiciones antes de emprender este peligroso viaje.

Sea como fuere, el caso fué sometido al jurado mediante suficiente prueba. Es cierto que un jurado quizá puede ser influido por el número de personas que perecieron en el acci-dente, pero una corte de apelaciones no puede fundar una revocación en una supuesta falsa simpatía y nada hay que indique en los autos que el jurado fuera así influido. Al acusado lo defendió un letrado hábil y si éste no pudo llevar una duda al ánimo del jurado, no vemos cómo esta corte podría posiblemente revocar la conclusión de ese organismo. Durante la vista no se hizo hincapié en los otros errores señalados, que Ran sido suficientemente contestados por el fiscal en sn alegato, y no requieren ulterior consideración.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor. Wolf,

text:
    Félix García, demandante y apelante, v. Palatine Insurance Co., Ltd., demandada y apelada.
    No. 5903.

    Sometido: Enero 25, 1932.

      Resuelto: Enero 28, 1932.

      Pellón & Ayuso, abogados del apelante; J. Henri Brown, G. Buis Nosario y G. Gonsáles, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso en que la corte de distrito concedió una prórroga para- radicar la transcripción taquigráfica cuando ya había vencido el término anterior. Resolvimos, en efecto, que la corte carecía de poder o autoridad para conceder tal prórroga. 42 D.P.R. 978.

El apelante radicó moción de reconsideración y pidió que le concediéramos un nuevo término. La moción fue-de-negada en lo atinente al nuevo término porque una moción de reconsideración no era el medio adecuado para obtener un nuevo término.

El 14 de enero, 1932, el apelante radicó una moción solicitando de este tribunal la concesión de un nuevo término. La moción no está jurada, ni la acompaña un ajfida/vit de méritos respecto a la apelación.

La apelada no sólo se opone con fundamentos técnicos a que se declare con lugar la moción, sino que sostiene que es frívolo el recurso. Es posible que se puedan mantener los motivos técnicos, pero consideraremos preferentemente la supuesta frivolidad de la apelación.

El apelante sostuvo durante la vista que la apelada no tenía derecho a fundarse en la transcripción taquigráfica que ella alegó fué aprobada por la corte sin poder o autoridad, y que así nos fué- presentada. Es evidente, sin embargo, que un documento preparado por el apelante y certificado por él podía utilizarse para demostrar que, aun cuando fuese aprobado propiamente, no podía ayudar al apelante.

Hemos examinado los autos y las excepciones anotadas, y vemos en verdad que el caso, según sostiene la apelada, sólo envuelve el peso de la prueba. Tal como apunta la apelada, el apelante trató de cobrar una póliza de seguro. La prueba tendió a demostrar que el incendio ocurrió un domingo por la noche y que el demandante fué la última persona que estuvo en el lugar del siniestro'. El deman-dante no llevaba libros, y declaró respecto a las existencias de su colmado en el momento del siniestro. El incendio sólo duró hora y media. La evidencia propendió a demostrar que la trastienda del demandante no podía haber contenido todas las mercancías que él declaró existían allí. Más par-ticularmente, como el fuego sólo se prolongó por hora y media, hubo prueba tendente a demostrar que todo el conte-nido de la tienda, especialmente los enseres o moblaje, de baber estado allí, no pudo haber sido destruido en ese tiempo. Podría ser que algún otro juez no llegara a una conclusión similar, pero hubo suficiente prueba para que la corte dijera, como en efecto dijo, que el incendio no fué casual. La corte también llamó la atención Lacia el be dio de que los referidos artículos no aparecieron después del fuego, y de que de un gran número de latas sólo quedaron 83.

De suerte que tal parece como si al tiempo del siniestro el demandante, o no tenía la cantidad de mercancía que alegó, o tal vez jamás la tuvo, o aun removió parte de la mercancía, supuestamente asegurada, del local. Bajo estas circunstan-cias, el caso caería dentro de los principios enunciados en Dragoni v. U. S. Fire Ins. Co., 36 D.P.R. 470, y López Pérez v. Western Assurance Co., 40 D.P.R. 163.

Cualquiera duda que pudiera surgir en' este caso debió baber sido disipada en un affidavit de méritos presentado por el apelante. En otras palabras, después que un caso es pro-piamente desestimado, el peso para demostrar que la apela-ción es meritoria recae fuertemente sobre el apelante.

Convenimos con la apelada en que la apelación es frívola, y debemos declarar sin lugar la moción interesando se reins-tale el caso.


text:
    Jovito González, demandante y apelante, v. Jovito Rodríguez, demandado y apelado.
    No. 5444.

    Sometido: Noviembre 27, 1931.

      Resuelto: Enero 28, 1932.

      Armando A. Miranda, abogado del apelante; A. Rivera Colón, abo-gado del apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.'

Se trata de un pleito de filiación. La Corte de Distrito de Arecibo dictó la siguiente opinión al declarar con lugar una excepción previa:

“J'ovito González radicó en la Corte de Distrito de San Juan el 28 de septiembre de 1929 demanda sobre filiación contra Jovito Ro-dríguez, en la que alega que nació en Morovis el día 3 de marzo de 1903 mientras su madre Ventura González y su supuesto padre Jovito Rodríguez vivían en concubinato público, teniéndole dicho Jovito Rodríguez pública y privadamente como hijo suyo, realizando con él actos de padre para Con un hijo, y sin que tales relaciones hayan sido interrumpidas en momento alguno desde el nacimiento del demandante. A esa demanda se estableció por el demandado la excepción previa de que la acción está prescrita. Por virtud de una orden de traslado, esta corte está conociendo de este asunto.
“La excepción previa fué vista y discutida el 17 de marzo de 1930, estando presentes las partes por sus abogados, la corte se re-servó su resolución.
“El demandante nació, según alega bajo juramento, el 3 de marzo de 1903; p'or tanto, arribó a su mayor edad el 4 (sic) de marzo de 1924. De acuerdo con el artículo 199 del Código Civil vigente a la fecha del nacimiento del demandante, la acción para reclamar su filiación sólo duró hasta dos años después de haber lle-gado a la mayor edad. Su acción, por tanto, sólo pudo ser estable-cida en 'o antes del tres de marzo de 1926. La demanda se archivó, como hemos dicho, en 28 de febrero de 1929, cuando la acción ya estaba prescrita. Jesús v. Sucn. Pérez Villamil, 18 D.P.R. 403; Orta v. Arzuaga, 23 D.P.R. 259.
“Se declara- con lugar la excepción previa radicada por el de-mandado. ’ ’

El apelado sugiere que el caso de Ciuró v. Ciuró, 31 D.P.R. 730, también es aplicable.

Poco o nada tenemos que agregar a nuestra previa juris-prudencia sobre la materia. Nos parece que las tentativas del apelante simplemente cubren el mismo- terreno abarcado por las partes perdidosas en los casos anteriores.

Debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


text:
    Rafael M. Schuck, demandante y apelante, v. Cirila Verdejo, demandada y apelada.
    No. 5778

      Sometido: Enero 19, 1932.

      Resuelto: Febrero 1, 1932.

      Molina, Duhón & Ocholeco, abogados del apelante; Ángel A. Váz-quez, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito sobre desahucio en precario la corte de dis-trito llegó a la conclusión de que la demandada era dueña de cierta casa, mas no del terreno en que ésta se hallaba enclavada. La corte consideró, juzgando por la prueba, que Labia un conflicto de títulos que no podía ser resuelto propia-mente en dicho pleito de desahucio en precario.

Convenimos con el apelante en que la demandada dejó de ofrecer prueba tendente a demostrar que era dueña de la casa, sino meramente que había vivido en ella por más de treinta años y había hecho ciertas reparaciones. Bajo los artículos 367 y 368 del Código Civil se presume que pertenece al dueño del terreno todo aquello que se coloque sobre el mismo. Lo accesorio sigue a lo principal. Antes de que pueda surgir un conflicto de títulos conforme lo define la jurisprudencia, era necesario que la demandada presentara prueba tendente a demostrar en cierto modo el dominio de la casa, sin dar énfasis a-1 hecho de que ordinariamente un solar y la casa en él enclavada pertenecen a la misma persona.

Hallamos innecesario considerar los supuestos derechos de hogar seguro de la demandada.

Debe revocarse la sentencia y dictarse otra desahuciando a la demandada.


text:
    Hernaiz Targa & Cía., Sucers., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 860.

    Sometido: Enero 13, 1932.

      Resuelto: Febrero 2, 1932.

      De la Torre & Ramírez, abogados de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece de una escritura pública que la sociedad mer-cantil Hernáiz Targa y Cía., Sucrs., S. en C., demandó en cobro de dinero a Ramón Cobián Rivera y que para hacer efectiva la sentencia dictada contra el demandado fué ven-dido en pública subasta y adjudicado a la acreedora todo el derecho e interés de Ramón Cobián Rivera en la herencia de su madre doña Josefa Rivera Vázquez en una finca y en un crédito hipotecario. Presentada en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, esa escritura, fué negada la inscripción de la venta a la mercantil por estar inscrita la finca a favor de Esteban, Narciso, Ildefonsa, Rosaura, Evaristo y Margarita Cobián Rivera y el crédito hipotecario a nombre de Modesto, José, Ildefonsa, Rosaura, y Margarita Cobián Rivera, personas distintas de Ramón Cobián Rivera.

Dice la mercantil compradora en su escrito estableciendo este recurso gubernativo contra la negativa de inscripción de su título que al ser interpuesta su demanda fué anotado en el registro su embargo del interés o participación de Ramón Cobián Rivera en la herencia de su madre en cuanto a la finca y crédito dichos; que posteriormente se practicó la división y partición de los bienes de'doña Josefa Rivera Vázquez de la que aparece que a cada heredero correspondió un haber en los expresados bienes de $9,502.01; que diciéndose en ella que el heredero Ramón Cobián Rivera era deudor a su madre de $17,000, la diferencia se hicieron cargo de pagarla algunos de los herederos a los que fué adjudicada la participación de su hermano Ramón; y que todo esto aparece de la inscripción de la finca y crédito a favor de los hermanos. El registrador acepta en el alegato que nos ha presentado la anotación del embargo y lo que aparece de la inscripción hecha como consecuencia de la escritura de partición de bienes mencionada.

El derecho hereditario de Ramón Cobián Rivera en la herencia de su madre no fué inscrito en el Registro de la Propiedad, como pudo serlo con la presentación de la decla-ratoria de herederos, por lo que la transmisión de tal de-recho a la mercantil no podía ser inscrita pues, según el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la pose-sión de los bienes inmuebles o derechos reales deberá constar previamente inscrito o ¿notado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen. La anotación de un embargo no es la inscripción de bienes a favor de la persona a quien se embarga, ni crea el dominio ni derecho real.

Además, estando inscritos actualmente el crédito hipotecario y la- finca a favor de personas distintas de Ramón Cobián Rivera, mientras subsista esa inscripción, no puede inscribirse o anotarse otro título por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble, de acuerdo con el artículo 17 de la misma ley. Si al hacer el registrador la inscripción a favor de los hermanos de Ramón Cobián Rivera debió negar la inscripción en cuanto a la parte embargada y no debió ignorar la anotación del embargo referido, como dice la recurrente, es cuestión que no puede ser resuelta en este recurso pues el hecho es que, bien o mal, la finca y crédito están inscritos a favor de otras personas.

La nota del registrador debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gabriel Ramos, acusado y apelante.
    No. 4541.

    Sometido: Enero 22, 1932.

      Resuelto: Febrero 2, 1932.

      L. Torines, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Gabriel Hamos fue acusado del delito de homicidio invo-luntario imputándosele que en cierta fecha por negligencia y descuido en el manejo de un automóvil arrolló a la niña Francisca María Plana Luciano produciéndole tales contu-siones que le ocasionaron la muerte inmediatamente; dicién-dose que la negligencia y descuido consistieron en este caso en haber manejado el automóvil sin tocar klaxon ni bocina y por correr a una velocidad exagerada por el lado izquierdo de la carretera de Guayama a Ponce, en vez de por su de-recha, y sin reducir la velocidad. Fué declarado culpable de ese delito por un jurado y sentenciado por la Corte de Distrito de Ponce a la pena de seis meses de presidio con trabajos forzados.

En la apelación que interpuso contra la negativa a con-cedérsele un nuevo juicio y contra la sentencia alega tres motivos comunes de error que resume en uno, a saber, la insuficiencia de la prueba para sostener la condena.

No siempre que ocurre un accidente de automóvil en el que una persona sufre lesiones o pierde su vida existe necesariamente culpabilidad del conductor del vehículo. Tal hecho no es por sí mismo prueba de su culpabilidad ui hace necesario que el conductor justifique su inocencia. Para que una persona pueda ser condenada y privada de su libertad tiene que probarse que el accidente se debió a algún acto culpable suyo o a su negligencia o descuido en observar las disposiciones establecidas para la seguridad de los viandantes o de los otros vehículos, pues todo acusado tiene la presunción establecida por la ley de ser inocente a menos que su culpabilidad se pruebe fuera de duda razonable. Existen accidentes inevitables o desgraciados por los cuales no hay responsabilidad, porque no son causados por culpa o negligencia.

Generalmente respetamos la conclusión o veredicto de un jurado declaratorio de la culpabilidad de un acusado, particularmente en la credibilidad que da a los testigos, pero como tribunal de apelación podemos determinar si hubo un manifiesto error en la apreciación de la prueba o si ésta es de tal naturaleza que no justifica -el veredicto y no es bastante para sostener una condena.

Teniendo presentes tales conclusiones examinaremos la prueba presentada en este caso para decidir si, como dice el apelante, es insuficiente para sostener el veredicto del jurado que lo declaró culpable de homicidio involuntario, que ha dado origen a su condena en el presidio con trabajos forzados.

Uno solo de los testigos del fiscal, Ramón Villa, vió cómo ocurrieron los hechos en este caso, pues los otros que fueron presentados no presenciaron el accidente, ya que Ignacio Echevarría' y los policías Antonio S. Fantauzzi y Ramón Portel llegaron al sitio del suceso después de haber sido arrollada la niña por el automóvil; otros como Juana Luciano, madre de la niña, y María Mercado1 estaban a alguna distancia de la niña y de otra que caminaba detrás de aquéllas y sólo vieron que el automóvil del apelante caminaba ligero.

Del conjunto de las declaraciones se llega a la conclusión no discutida de que entre doce y una del día 16 de mayo de 1930 caminaban Juana Luciano y María Mercado y detrás de ellas, a alguna distancia, la interfecta y otra niña por la corretera pública que de Ponce conduce a Santa Isabel, Salinas y Guayama, por el lado derecho de la misma, que es la parte sud de ella, en dirección a Santa Isabel; que en la misma dirección pasó a las mujeres y niñas un automóvil del que eran lanzadas al aire hojas de papel con un anuncio; que en aquellos momentos caminaba en dirección contraria, para Ponce, el automóvil que guiaba el apelante, por su derecha, parte norte de dicha carretera; y que en aquel sitio la carretera es recta y no hay curvas. Lo que entonces ocurrió lo dice el testigo Ramón Villa, cuya declaración en e] juicio en su parte principal dice así:

“P.- — -Tenga la bondad y explique.
“R. — Pues, estando trabajando yo al lado de la carretera que conduce a Santa Isabel, vi venir a esta señora, dos señoras con dos niñas; las dos doñas iban alante y las dos niñas detrás, un poco retirado de las dos doñas iban las dos niñitas; pasó un carro de Ponce para Santa Isabel.
“P. — ¿Qué hacía ese carro?
“R. — -Iba regando programas.
“P. — Siga.
“R. — V siguió. Y entonces venía un carro de allá para acá.
“P.- — -¿De dónde?
‘ ‘ R. — Como de Salinas' para acá.
“P. — ¿En dirección opuesta al que iba de. Ponce para Santa Isabel ?
“R. — Sí. Y entonces la niña, que iba por su derecha de aquí para allá, entonces vió un programa, y tiró a la derecha del carro que venía de allá para acá a coger el programa, y entonces el chauffeur del auto que venía de allá para acá . . .
“P. — ¿A qué velocidad venía ese carro?
“R. — Venía a una velocidad bastante regular.
“P. — ¿Cómo?
‘ ‘ R. — 'Bastante regular.
“F. — ¿Regular o exagerada?
“R. — Bastante, no mucha.
(Defensa) Que se elimine eso. Que no haga preguntas suges-tivas.
(Juez) Se elimina.
Fiscal:
“P. — Explique lo que usted quiere decir con bastante regular.
“R. — Ligero. Cuando la niña cogió el programa, vino para acá, para la otra orilla, y el carro viró para la izquierda de allá para acá, y entonces cogió la niña porque la niña . . .
“P. — ¿Entonces el carro se desvió?
“R. — Se desvió de su derecha para la otra derecha, para la otra izquierda.
“P. — i¿ Y cogió el sitio donde estaba la niña?
“R. — La niña estaba en la derecha.
“P. — ¿La arrolló ahí?
“R — El carro viró para la derecha. No sé si sería para sal-varla. Entonces la niña corrió para la izquierda.
“P. — Entonces, la niña fué cogida en la derecha yendo ...
“R. — Fué cogida en la izquierda.
“P. — ¿Yendo para Santa Isabel?
“R. — Yendo para Santa Isabel, la cogió aquí, en la izquierda.
“P.- — ¿Y dónde la dejó?
“R. — La dejó ahí mismo.
“P. — ¿Está seguro de eso?
“R. — Ahí mismo la dejó.”

Por ese testimonio se llega a la conclusión de que en los momentos en que el apelante se acercaba al sitio por donde caminaban las mujeres y las niñas, una de éstas cruzó la carretera para ir al otro lado de la misma a coger un anun-cio, por donde venía por su derecha el automóvil del apelante, quien se desvió hacia su izquierda donde fué arrollada dicha niña por haber vuelto al sitio donde antes estaba. De tal declaración se deduce que al cruzar la niña la carretera para el sitio por donde caminaba el automóvil del apelante, éste se echó hacia sn izquierda, probablemente para evitar arro-llarla, como digo a un policía al poco rato, y que habiendo vuelto la niña para atrás, para el lado por donde antes iba y para el cual fué desviado el automóvil, ocurrió el accidente al llegar ella a dicho sitio.

En vista de los hechos narrados por el testigo Villa y de lo que de ellos se infiere hay que llegar a la conclusión de que la muerte de la niña fué el resultado de un accidente desgraciado en que no tuvo culpa el apelante, quien trató de evitarlo cambiando su dirección hacia la izquierda cuando la niña cruzó la carretera y fué a la derecha que él ocupaba, y que el inesperado regreso de la niña al lado de la carre-tera que antes ocupaba fué la causa de su muerte. Los hechos en el caso de Aguayo v. Municipio de San Juan, 35 D.P.R. 425, son similares a los del presente.

En la acusación se imputa al apelante como negligencia y descuido suyos causantes de la muerte de la niña el no haber tocado klaxon ni bocina y por correr a una velocidad exagerada por el lado izquierdo de la carretera en vez de por su derecha y sin reducir la velocidad. La prueba, sin embargo, demuestra que él caminaba por su lado derecho y que se desvió a la izquierda cuando la niña fué al lado que él ocupaba; que redujo la velocidad que llevaba pues puso los frenos, como demostraban las señales que de los neumáticos quedaron marcadas en la carretera. Es cierto que se probó que tales señales comenzaban veinte metros antes del sitio en que la niña quedó en el suelo y terminaban otros veinte metros después, pero ni se le imputó que el accidente se debió a defecto en los frenos ni se probó que el haber recorrido tales distancias con los frenos puestos sea demostración de que los mismos estaban defectuosos o de que pudo parar antes de esa distancia. En cuanto a la velocidad lo único que se probó fué que caminaba ligero en una recta y que por ese sitio sólo iban dos mujeres y las niñas por el lado opuesto al del automóvil. Los automóviles pueden caminar por las carreteras a la velocidad que estimen con-veniente siempre que sea compatible con la seguridad de vidas y propiedades, salvo que si corren a más de 48 kiló-metros por hora y ocurre un accidente, tal velocidad cons-tituirá evidencia prima facie de que el vehículo era condu-cido sin el debido cuidado, según disposición expresa de la ley número 75 de 1916 (p. 114). En los casos de El Pueblo v. Casanovas, 38 D.P.R. 219, y de El Pueblo v. Rodríguez, 40 D.P.R. 11, hemos declarado que no existe responsabilidad por el solo hecho de llevar un automóvil por las carreteras a más de 48 kilómetros por hora. En cuanto a no haber tocado ¡claxon ni bocina, la ley sólo impone el deber de tal aviso al pasar a peatones o a otros vehículos y en las curvas, ninguna de cuyas circunstancias existieron en este caso. La prueba del acusado tampoco demostró acto alguno negligente ni descuidado del apelante.

Es de sentirse que ocurran desgracias como la que motiva esta apelación, pero no siempre son responsables de ellas los que guían los automóviles.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al apelante.


text:
    Nicolasa Rivera, demandante y apelada, v. Hermenegildo Vázquez, demandado y apelante.
    No. 5761.

    Sometido: Febrero 1, 1932.

      Resuelto: Febrero 3, 1932.

      F. GadMa, Lens <& Susoni, abogados del apelante; Ulpiano Crespo, Jr., abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita de nosotros que desestimemos esta apelación por cuatro motivos: 1, porque la resolución que la motiva no es apelable; 2, porque no- se ha presentado la transcripción de la evidencia; 3, porque el alegato del apelante no cumple con las reglas 42 y 43 de este Tribunal Supremo; y 4, porque la apelación es frívola. El apelante se ha opuesto a esa petición.

Después de ser firme la sentencia que decretó el divorcio entre las partes de esta apelación, la Corte de Distrito de Arecibb declaró que el derecho de hogar seguro sobre cierta finca debe ser adjudicado a la esposa divorciada, resolución que es apelable de acuerdo con el No. 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil porque resuelve una cuestión que no fue objeto de la sentencia de divorcio.

Para esta apelación nos ha sido presentada por el ape-lante una transcripción aprobada por el juez de la corte inferior de la que aparece que en la vista de la moción cuya resolución motiva este recurso fueron presentados como prueba dos documentos, uno la certificación del matrimonio de las partes y otro del nacimiento de un hijo de dichos es-posos. No puede, pues, sostenerse, como dice la apelada que no ha sido presentada la transcripción de la evidencia.

liemos examinado el alegato presentado por el apelante para sostener esta apelación y encontramos que cumple con las reglas 42 y 43 de este Tribunal Supremo pues con-tiene una relación fiel y concisa de la cansa para esta apela-ción, nna exposición separada de los errores en que funda su recurso y una argumentación de ellos.

Siendo uno de los motivos de error alegados por el apelante que el magistrado que concedió el derecho de hogar seguro a la esposa divorciada no tuvo ante su consideración prueba que le permitiera disponer de él según la equidad del caso, nos parece que no puede declararse que la apelación es frívola.

La moción de desestimación de esta apelación debe ser negada.