text:
    Esteban Chabriel y Martina Hernández, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Guayama, Hon. Tulio Rodríguez, Juez, demandada.
    No. 728.

    Sometido: Julio 29, 1930.

      Resuelto: Agosto 1, 1930.

      Lms Mercader, abogado de los peticionarios.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Trátase de una petición de certiorari en que se alega que Ernesto Cbabriel falleció el 14 de julio de 1928 mientras trabajaba para sus patronos, González & Martínez, quienes estaban asegurados; que dicho obrero era hijo de los peti-cionarios, y que! ellos fueron donde los patronos, quienes les informaron haber reportado el accidente del cual falleció su hijo a la .Comisión'de Indemnizaciones a Obreros, y que los peticionarios siempre habían activado la reclamación; que en 30 de enero, 1930, los peticionarios finalmente consultaron al abogado Luis Mercader, quien radicó una petición escrita a nombre de ellos.

Después de darse algunos pasos preliminares, el caso fue resuelto por la Corte de Distrito de Guayama por el fun-damento de que la solicitud finalmente hecha era demasiado tardía y que la acción había prescrito. En el curso de su opinión, la corte dijo:

“Nada aparece del récord que pueda informar a esta corte en cuanto a las oportunas gestiones hechas por los peticionarios demos-trativas de haber sido diligentes en 'su caso, ni que, de acuerdo con las disposiciones del art. 7 de esta ley, el patrono, ni ninguna otra persona, pusiera el accidente en conocimiento de la Comisión de modo que a ella le hubiera sido posible cumplir con el ‘disponiéndose’ que le impone el deber de investigar la razón. ...”

La corte continuó diciendo que nada había en los autos que demostrara que se hiciera alguna gestión dentro del año.

No podemos resolver por lo que se demostró que la corte cometiera error, o que dejó de ejercer jurisdicción propia-mente. Verdad es que la ley ha sido adoptada en beneficio del obrero, pero los poderes de la Comisión son limitados y no pueden ser extendidos en la forma interesada por los peticionarios. En otras palabras, ni los comisionados ni la corte tenían discreción, y, aunque lo lamentamos, el auto de certiorari deb'e ser anulado.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presideete Señok del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Orta Perdomo, acusado y apelante.
    No. 4007.

    Sometido: Junio 5, 1930.

      Resuelto: Agosto 2, 1930.

      Celestino Iriarte Jr., abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presideete Señok del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

■ Formulada acusación por el fiscal del distrito contra Juan Orta Perdomo por asesinato en segundo grado y celebrado el juicio, el jurado rindió un veredicto de culpabilidad y la corte dictó sentencia condenando a Orta a veinte años de presidio con trabajos forzados.

No conforme, apeló, señalando la comisión de' cuatro errores. El primero se formula así:

“La corte cometió error al instruir al jurado de la siguiente manera:
“ ‘Para reducir el delito de asesinato al grado de homicidio debe mediar una provocación suficiente para producir una,pasión irresistible en una persona de ordinario dominio sobre 'sí misma. Quiere decir, que para que se pueda reducir el delito de asesinato al grado de homicidio, debe mediar una provocación suficiente para producir1 una pasión irresistible en una persona de ordinario dominio sobre sí misma, esto e's, que la persona que comete el delito debe cometerlo mediante una provocación que le baga perder su dominio' personal, si esa provocación no existe, entonces no es homicidio, entonces es asesinato. La provocación debe ser notable, y si no existe notable provocación se presume la malicia. T el arrebato de cólera en sí debe ser coetáneo con el hecho ocurrido.’ ”

No hay duda alguna que 1a. instrucción impugnada no es un modelo y pudo ser más clara, pero examinada detenida-mente -en relación con las otras trasmitidas, hay que concluir que no es errónea, ni pudo perjudicar al acusado.

“Asesinato es dar muerte ilegal a un ser humano, con malicia y premeditación,” dice el artículo 199 del Código Penal; “with malice aforethought,” expresa el texto inglés. Y “homicidio es dar muerte ilegal a un ser humano sin que medie malicia. Es de dos clases: 1, voluntario: cuando ocurre con ocasión de una súbita pendencia o arrebato de cólera, ...” reza el artículo 203 del propio Código Penal.

El apelante sostiene que la ley no exige para el homicidio del artículo 203 que medie provocación alguna, bastando la falta de malicia.

Sin embargo, si nos fijamos en que el artículo 200 del Código establece que la malicia,- — que según el 559 del propio cuerpo legal, “denota la comisión de un acto dañoso inten-cionalmente, sin justa causa o excusa, la esciente infracción de la ley, en perjuicio de otro,” — es de dos clases, a saber: expresa, cuando se manifiesta el propósito deliberado de quitar la vida, y tácita, cuando no resulta notable provoca-ción, veremos, que la ausencia de malicia que la ley requiere para calificar el hecho de la muerte ilegal de un ser humano de acuerdo con el artículo 203 y no con el 199, se funda en la falta de un propósito deliberado de quitar la vida al semejante, o en la falta de notable provocación. La pen-dencia súbita surgida y el arrebato de cólera producido, deben serlo a virtud de la provocación del contrario. Parece con-veniente para aclarar más el concepto, transcribir los si-guientes párrafos del alegato del fiscal:

“De modo, que no es como dice el acusado-apelante en sus frases que anteriormente hemps copiado, ‘que ba’sta con que ocurra con oca-sión de una súbita pendencia o arrebato de cólera,’ sino que es nece-sario que dicha súbita pendencia o arrebato de cólera se hayan pro-ducido por una notable provocación, puesto que si no ha existido esa notable provocación, aun cuando haya habido una súbita pendencia o arrebato de cólera, el delito es un asesinato y no un homicidio, ya que al no haber existido una notable provocación ha existido la ma-licia a pesar de que haya habido una súbita pendencia o arrebato de cólera.
“En otras palabras, la súbita pendencia o arrebato de cólera ha tenido que producirse por una notable provocación que exa’sperara la pasión y soliviantare el espíritu, para que la múerte ilegal, llevada a cabo bajo tales condiciones de ánimo, sea un homicidio y no un asesinato. No es una simple disputa entre do's personas ni el arre-bato de cólera de una persona surgido en ella injustificadamente y sin ntotivo lo que reduce el acto de una m¡uerte ilegal de la condición de asesinato a la de homicidio, porque en estas condiciones la muerte ilegal sería un a'sesinato a pesar de haber existido una simple disputa o el injustificado arrebato de cólera.
“O expresado de otro modo. Nuestra ley (véanse artículos 199, 200 y 201 Cód. Pen.), entiende que toda muerte ilegal puede produ-cirse de dos maneras, con malicia o sin malicia. Que la producida con malicia puede producirse con malicia expresa o malicia tácita. Las producidas con malicia expresa pueden producirle de tres ma-neras: primera, llevando a cabo la muerte de una manera alevosa, deliberada y premeditada; segunda, llevando a cabo la muerte por medio de veneno, acecbo o tortura; y tercera, llevando a cabo la muerte al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, rapto, robo, asalto o mutilación.
“Se lleva a cabo con malicia tácita cuando no resulta notable pro-vocación o las circunstancias demuestran un corazón pervertido y m'aligno. Cuando se lleva a cabo con malicia expre’sa en las tres for-mas ya indicadas, el asesinato es de primer grado; cuando se lleva a cabo con malicia tácita, el asesinato es de segundo grado.”

En el caso de El Pueblo v. Morales (a) Yare-Yare, 11 D.P.R. 306, la Corte de Distrito de Mayagüez instruyó al jurado en la forma sig’niente:

“. . . La premeditación tácita se manifiesta cuando no existe provocación de parte de la víctima o no es notable, e's decir, suficiente para determinar una agresión; si no lia existido, pues, un motivo que constituya una provocación, la cual a la vez es causa determi-nante de la agresión y por tanto de la muerte, la premeditación es tácita. . .”

Esta instrucción se alegó que era errónea y este tribunal con respecto a la cuestión se expresó así:

“La explicación dada por el Juez al Jurado sobre el concepto de la premeditación tácita se ajusta a la definición que de ella da el ar-tículo 200 del Código Penal, el cual estatuye que aquélla existe •'cuando no re’sulta notable provocación, o las circunstancias que con-curren a la muerte, demjuestran un corazón pervertido y maligno.’ La provocación deja de ser notable cuando no es suficiente o adecuada para determinar una agresión, y entendiéndolo así el Juez, se ajustó en nuestro sentir a la Ley Penal.”

No se ba cometido, pues, el primero de los errores señalados. Examinemos el segundo. Se sostiene en él que el análisis de la prueba por parte del juez fué incompleto y apasionado en contra del acusado.

No consta que se solicitara de la corte que completara sus instrucciones y la síntesis de la prueba que las instruc-ciones contienen se ajusta a lo que aparece en extenso en Ja transcripción. No se cometió el error señalado.

En el caso de El Pueblo v. Boria, 12 D.P.R. 171, dijo este tribunal:

“Si el juez no diere instrucciones al jurado sobre algunos puntos determinados que el acusado estimare esenciales, o si las diere en formia defectuosa o incompleta, el acusado puede solicitar tales ins-trucciones o su ampliación en la forma que fuere procedente, o puede proponerlas por escrito al tribunal y si fueran rechazadas, podrá dis-cutirse su procedencia en apelación; mas 'si el acusado aceptase las instrucciones de la corte, no podrá impugnarlas después por deficien-tes e incompletas.
“La circunstancia de que el juez omitiera la declaración de un testigo al bacer el resumen de la prueba, no es motivo suficiente para anular el veredicto, 'si tal omisión no fué alegada en tiem|po, a fin de •que pudiera subsanarse, y especialmente, si el juez instruye al ju-rado que para llegar a un veredicto, examine toda la prueba practi-cada, no sólo la que había referido, sino aquélla que involuntaria-mente hubiera omitido.”

Tampoco se cometió el tercero de los errores señalados. La instrucción que se impugna o sea “el jurado no tiene derecho a prescindir de la evidencia admitida por la corte, ni tampoco a desechar arbitrariamente la declaración de un testigo,” es correcta.

Hemos examinado la instrucción relativa a la legítima defensa que se impugna por el cuarto y último señalamiento y a nuestro juicio es también correcta. No la transcribimos y no discutimos detalladamente la cuestión, porque sería alargar esta opinión innecesariamente, ya que nuestra pro-pia jurisprudencia sobre el particular es abundante y nada nuevo se suscita.

El hecho que dió origen a la acusación y a la condena del acusado, lo explica la testigo Gumersinda Cruz, así:

“Pues él llegó como a las cinco de la tarde a la casa mía, yo me encontraba dentro del cementerio regando unas matas, como costum-bre, con la hija mía. Al e'star regando las inatas llegó con Manolo Brito y Dámaso Cruz, y entonces se paró frente de la puerta del ce-menterio con el señor Manolo Brito y Dámaso Cruz y le dijo unas pa-labras que yo no entendí al señor Gregorio David y entonces el señor Gregorio David me llamó a mí y me dijo que viniera acá y yo vine, y entonces me dijo: “que qué hombres iban allí durante él no estaba allí,” porque él había dejado a Juan Laborde allí en lo que él venía de Ponce, que estaba llevándole unos chavo’s a una chiquita que tenía, y entonces yo le dije que allí habían ido tres hombres de Descala-brado a llevar una cruz, pero como yo no sabía donde era la sepul-tura, estaba sin poner, entonces el señor Juan Orta me dijo, “Ud. es una cuera incandescente, me dió una bofetada y me tiró al suelo, al tirarme al ’suelo el marido mío fué a cogerme, al tirarse a cogerme el marido mío, llegó él y sacó un puñal y le dió la primara herida en la espalda, al darle la primera herida en la espalda, el señor Gregorio David se sintió herido, se bajó así, yo no vi si cogió o no cogió, y cuando se enderezó, el señor Juan Orta brincó a un lado y le dijo: “tira si te atreves,” y le disparó un tiro y lo cogió aquí, cuando él se cayó revoleándo'se yo seguida fui a cogerlo y yo seguida marché dentro de la casa para ponerle un vendaje, en eso llegó el señor Orta y me cogió y me dió dos veces contra el suelo, contra la pared. ’ ’

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Augusto R. Soltero, Superintendente de Seguros, promovente, v. Hon. Charles E. Foote, Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, y The Mayagüez Dock and Shipping Co., demandados.
    No. 48.

    Sometido: Mayo 14, 1930.

      Resuelto: Agosto 2, 1930.

      lion. Attorney General James B. Beverley y Felipe Ja/ner, abogados del promovente; José Saiater, abogado1 de la demandada The Mayagüez Dock and Shipping Co.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es mi caso de auto inhibitorio expedido por esta Corte Suprema contra la Corte de Distrito- de- Mayagüez para que se abstenga de conocer de un mandamus establecido contra el Superintendente de Seguros de Puerto Rico por corresponder la jurisdicción en el asunto exclusivamente a esta Corte Suprema.

Tbe Mayagüez Dock & Shipping Co. pidió a la corte de distrito que expidiera un auto de mandamus' contra Augusto R. Soltero, Superintendente de Seguros, ordenándole que procediese a clasificar los obreros que trabajan en su em-presa, bajo los números 7034 y 7317 del Manual Workmen’s Compensation Insurance.

El hecho sexto de la demanda, dice:

“Que el demandado en su capacidad de Superintendente de Se-guros de Puerto Rico, ha adoptado ciertas reglas, y se ha guiado por él Manual Workmen's Compensation Insurance y las reglas, clasifi-caciones y cuotas y tipo’s, establecidos en el mismo, y sin hacer dis-tinción alguna de los grupos de obreros que trabajan en la empresa de la demandante, o sea, los que trabajan en las lanchas y los que. trabajan en el muelle, en tierra, con sus brazos, y con carretillas de mano únicamente, ha aplicado a lo’s obreros de la demandante, el nú-mero de dicho Manual o Código 7309 que se refiere a toda clase .de tipos de estibadores y comp consecuencia de esa clasificación dicho Superintendente ha obligado a la demandante a pagar por concepto de seguro de sus trabajadores u obreros en su empresa, al fondo del B'stado, para el ejercicio de 1928-1929, la cantidad de $3,701.26.

Y el octavo, expresa

‘ ‘ Que el demandado al aplicar a la demandante el número del Có-digo o Manual 7309, a pesar de las protestas y oposiciones de la de-mandante, se ha extralimitado en sus poderes como tal Superinten-dente de Seguros y ha abusado de su discreción, por las alegaciones siguientes:
“(a) El número 7309 del Código que aplica el Superintendente demandado se refiere a toda clase de tipos de estibadores, diferente de las operaciones de carga y descarga que Se hace estrictamente con los brazos y carretillas de mano, sin usar grúa o eslinga ni ninguna otra maquinaria; y los trabajadores de lanchas; y el Superinten-dente, dentro de la justicia y equidad y siguiendo el espíritu de la ley, debe adoptar 'siempre el tipo más bajo de cuota y en el caso de la demandante, debe hacer la distinción de los obreros de la deman-dante que tripulan y trabajan en las lanchas al costado de los bu-ques en el puerto de Mayagüez y los que trabajan en tierra, en su muelle, y son .independientes de aquéllos.
“(b) Debido a la injusta clasificación hecha por el Superinten-dente demandado, la demandante 'se ve obligada a pagar $7.51 por cada. $100.00, o sea, ha aplicado a la demandante la cuota más cara, sin tener en cuenta que en el trabajo que se realiza en la empresa de la demandante no hay riesgo grave y sin que exista causa o razón alguna para aplicar a la demandante la cuota más cara.
“ (c) El Superintendente demandado debe clasificar a los lanche-ros de la demandante que llevan níercancías desde el muelle al con-tado de los buques, y viceversa, bajo el número 7034 del Código, que paga $2.80 por ciento; y a los trabajadores u obreros que trabajan en tierra, en el muelle, sin maquinaria de ninguna clase y sí sólo con sus brazo's y carretillas de mano, bajo el número 7317 que paga $2.32 por ciento. ’ ’

Expedido el auto, entre otras alegaciones el demandado suscitó la de falta de jurisdicción de' la corte de distrito para conocer del asunto, y la corte decidió la cuestión levantada como sigue:

“Hoy 81 de marzo de 1930 se llamó este caso para discutir la moción de eliminación del demandante de partes de la contestación, compareciendo el demandante por su abogado Ledo. José Sabater y el demandado por el suyo I-Ion. José R. Gelpí, Fiscal del Distrito en re-presentación del Hon. Attorney General, y alegó en corte abierta y verbalmente la excepción general de falta de jurisdicción de esta corte en este caso, fundándose en que de acuerdo con la sección 27 de la Ley número 85 de Indemnizaciones por accidentes del Tra-bajo, esta corte no tenía jurisdicción para conocer de este caso, sino la Corte Suprema de Puerto Rico. La corte, después de oír las ar-gumentaciones del Si’: Fiscal y del abogado de la demandante, y de haberse sometido dicha excepción, resolvió en el acto declarar sin lu-gar, como declara sin lugar, dicha excepción y se funda para ello en lo siguiente:
“La sección 27 dé la Ley de Indemnizaciones por accidentes del Trabajo, dice como sigue:
■“ ‘Todo asegurador radicará con el Superintendente de Seguros de Puerto Rico, sus clasificaciones de riesgos y premios relativo a las clasificaciones propuestas, las cuales no tendrán efecto hasta que hayan sido aprobadas por el Superintendente como adecuadas y ra-zonables para los riesgos a que han de aplicarse respectivamente; Disponiéndose que a petición del asegurador o de parte agraviada lás reglas del Superintendente estarán sujetas a ser revisadas por la Corte Suprema de Puerto Rico. El Superintendente puede reti-rar su aprobación a la licencia extendida a cualquiera compañía de seguros que hiciere negocio de seguros de compensaciones a obreros, y todas las pólizas extendidas por dichas compañías no estarán en vigor ha'sta que fueren aprobadas por el Superintendente de Seguros. ’
‘ ‘ Interpretando esa sección de la ley y teniendo en cuenta el pro-pósito de la misma, en lo que se refiere a asegurar a los obreros contra accidentes, la corte llega a la conclusión de que no se trata en este caso de discutir las reglás y clasificaciones de riesgos radicadas por aseguradores con el Superintendente de Seguros, en términos generales, que es el caso para ser revisado por la Corte Suprema de Puerto Rico, cuando el asegurador o parte agraviada solicitaren la revisión; sino que en este caso se aceptan las reglas del Superinten-dente y no está conforme la demandante en la aplicación que ha he-cho el Superintendente al negocio o empresa particular de la corpo-ración demandante, en lo que respecta a la prima que debe pagar la demandante por el seguro de sus obreim
“No cayendo, por lo tanto, el caso presente en el establecimiento de una normla sobre las reglas del Superintendente de acuerdo con los riesgo's a que hayan de aplicarse, a virtud de clasificaciones pro-puestas, según la sección 27 de dicha ley, esta corte tiene jurisdie-ción para conocer de este caso y desestima la excepción de falta de jurisdicción.”

Fué entonces que el Superintendente de Seguros radicó su solicitud de auto inhibitorio ante esta Corte Suprema,. Expedido el mandamiento se oyó a ambas partes concedién-doseles diez días para la presentación de alegatos escritos. Sólo el Superintendente de Seguros presentó el suyo.

Como puede verse por la opinión del juez de distrito que dejamos transcrita, todo depende en este caso de la interpretación que se dé al disponiéndose de la sección 27 de la Ley No. 85 sobre Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo, aprobada el 14 de mayo de 1928, que dice:

“Disponiéndose que a petición del ¿segurador o de parte agra-viada las reglas del Superintendente estarán sujetas a ser revisadas por la Corte Suprema de Puerto Pico,”

cuyo texto inglés lee como sigue:

“Provided, that upon petition of the insurer or other party aggrieved, the rulings of the Superintendent shall be subject to review by the Supreme Court of Porto Rico.”

El texto español se presta a primera vista a la interpreta-ción que le diera el juez de distrito, pero el texto inglés, los precedentes y la jurisprudencia, el becbo de no proveer ía ley ningún otro recurso contra las resoluciones del Superin-tendente y un estudio cuidadoso de los propios razonamientos de la corte, de distrito, nos llevan a la conclusión inevitable de que la jurisdicción exclusiva en estos casos corresponde, por disposición expresa.de la ley, a esta Corte Suprema.

El peticionario sostiene que el texto inglés es el que debe servir de base para la interpretación judicial porque la Ley No. 85 citada es una adaptación para Puerto Rico del esta-tuto de Massachusetts sobre la materia, citando en su apoyo la sección primera de la Ley No. 8 para determinar las reglas de hermenéutica legal aplicables en casos de discrepancia entre los textos castellano e inglés de una ley, aprobada en 12 de noviembre de 1917, tomo II de las leyes de ese año, página 211.

Creemos que en efecto la Ley No. 85 procede de los esta-dos continentales y que por tanto debe prevalecer el texto inglés y entonces las palabras “rulings of the Superintendent” tienen una significación mucho más amplia que las palabras “reglas del Superintendente” y la resolución del Superintendente a que se refieren los hechos sexto y octavo de la demanda de mandamus de The Mayagüez Dock &> Shq> ping Co. que transcribimos al principio de esta opinión, es claramente un ruling del dicho Superintendente, sujeto sola-mente a ser revisado por esta Corte Suprema. Convenimos con el peticionario en que sé trata de un recurso de revisión de la misma naturaleza que el otorgado para ante las cortes de distrito, de las decisiones de la Comisión Industrial, por la sección 15 de la propia Ley No. 85 de 1928. No se explica cómo en un caso el legislador escogió las cortes de distrito y en el otro la Corte Suprema, pero lo cierto es que lo hizo expresamente y mientras la ley subsista es necesario cum-plirla como está.

Aunque tratándose de leyes nuevas no existe jurisprudencia abundante, el peticionario nos ha citado el caso de Brest v. Commissioner of Insurance, 169 N. E. R. 657, 658, del cual parece oportuno transcribir lo que sigue:

“La facultad y deber de la corte con respecto a peticiones de.esta naturaleza están prescritos en los estatutos de 1929, capítulo 166, que enmiendan estatutos anteriores, en la siguiente-form¡a: ‘Toda persona o compañía que se creyere perjudicada por cualquier actua-ción, orden, conclusión o decisión del comisionado de conformidad con este artículo puede,’ dentro de un período de tiempo especificado, ‘radicar una petición ante la suprema corte judicial para el condado de Suffolk para que se revise tal actuación, orden, conclusión o de-cisión. . . La corte tendrá jurisdicción de equidad para modificar, enmendar, anular, revocar, o confirmar tal actuación, orden, conclu sión o decisión, revisará todas las cuestiones de hecho y de derecho allí envueltas y podrá dictar cualquier orden o decreto que sea ade-cuado. La decisión de la corte será final y concluyente para las partes.’ Esta fraseología no significa que mediante una simple peti-ción, 'sin más, las partes tienen derecho a solicitar de la corté que revise todo el eam,po cubierto por el comisionado y llegue a sus propias conclusiones. Ellas traen al procedimiento de revisión los efectos principales de la práctica en equidad. G-.L.c. 214, sec. 12. La peti-ción debe contener alegaciones en que se especifiquen con certeza, bre-vedad y con un grado de particularidad adecuado los fundamentos en que se basa el peticionario para solicitar el remedio. Si en casos como el presente, conclusiones de hecho a que llegara el comisionado son afanadas, deben especificarse en la petición las conclusiones y los señalamientos de error. ‘ “La parte expositiva de la petición debe contener todo hecho pertinente, necesario para dar derecho al deman-dante al remedio solicitado.” Esta parte de la petición debe conte-ner la cansa del demandante y su derecho al remedio solicitado; y el hecho necesario debe ser alegado clara y expresamente y no en forma vaga e indeterminada, de manera tal que no tenga que ser ex-plicado mediante inferencia o haciendo referencia a otrás partes de la petición.’ Stevens v. Hayden, 129 Mass. 328, 332; Bartlett v. New York, New Haven, & Hartford Railroad, 221 Mass. 530, 539, 109 N.E. 452; Boston v. Treasurer and Receiver General, 237 Mass. 403, 415, 130 N.E. 337. De conformidad con el capítulo 166 de los esta-tutos de 1929, los demandantes, mediante las debidas alegaciones, po-dían atacar las conclusiones de hecho a que llegara el demandado. Tales conclusiones no son atacadas por las alegaciones de esta’s peti-ciones y deben ser aceptadas como ciertas. Por tanto, es innecesario discutir el Significado y alcance de la 'revisión’ de que inviste a la corte el ameritado capítulo 166. Véanse los casos de Swan v. Justices of Superior Court, 222 Mass. 542, 547, 548, 111 N.E. 386 ; Mayor of Medford v. Judge of District, Court, 249 Mass. 465, 471, 144 N.E. 397.”

Por virtud de todo lo expuesto, no estimando suficientes las razones alegadas en pro de la jurisdicción de la Corte de Distrito de Mayagüez, se ordena a ésta que en definitiva se abstenga de seguir conociendo del caso de mandamus a que se ha hecho referencia por carecer de jurisdicción.

El Juez Asociado Señor1 Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Claudio Capó y Capó, demandante y apelante, v. Jorge Romaní, demandado y apelado.
    No. 4826.

    Sometido: Diciembre 11, 1929.

      Resuelto: Noviembre 4, 1930.

      D. Pellón Jr. y A. Ayuso, abogados del apelante; M. Tou-s Solo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en nna acción reivindicatoría alegó que los bienes valían quinientos dólares. La demanda fué radi-cada en la corte de distrito el 10 de junio de 1926. La prneba documental aportada durante el juicio demostró; que la finca fné tasada para fines de contribución en la suma de $570, en 9 de julio de 1926.

El caso fné sometido por alegatos. El juez de distrito, a iniciativa propia, desestimó la cansa por1 falta de jurisdic-ción. La corte municipal tiene jurisdicción “en todos los asuntos civiles. . . basta la suma de quinientos dólares, in-tereses inclusive.” Estatutos Revisados de 1911, sección 1173. Cuando el valor de la finca en controversia no excede de (quinientos dólares y la súplica, como en el presente caso, es para recobrar la posesión solamente, la acción debe ser entablada ante nna corte municipal.

En nna acción para recobrar nna • parcela específica de terreno la demanda es prneba prima facie de valor. No es concluyente sobre ese punto. En ausencia de nna excepción previa y después de la presentación de prueba, el valor real, y no el alegado, es el que rige en lo que a la jurisdicción se refiere. 15 C. J., página 750, secciones 51 et seq.

En el presente caso no liubo variación material entre las alegaciones y la prueba. La alegación de que la finca valía quinientos dólares no niega necésariamente la idea de que ésta valiera más de quinientos dólares. El objeto de la alegación era demostrar que la corte de distrito tenía juris-dicción. Si el error se debió a una impresión errónea res-pecto a la suma jurisdiccional exacta, a un lapsus linguae en el dictado, o a una omisión de parte del taquígrafo, ello no es importante. El demandado no fué inducido a error en forma alguna en su propio perjuicio. No levantó ninguna cuestión de incongruencia (variance). No se opuso a la jurisdicción, de la corte. No compareció a la vista en apela-ción ni ha radicado alegato. La jurisdicción de la corte de distrito quedó suficientemente establecida mediante una cer-tificación librada por el Departamento de Hacienda, presen-tada como prueba, obviamente, para ese fin, sin objeción por parte del demandado. El juez de distrito debió haber re-suelto el caso sobre los méritos.

La sentencia apelada debe ser revocada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    Antonia Matos, como madre con patria potestad del menor Rafael Pérez, demandante y apelada, v. Josefa Rodríguez, demandada y apelante.
    No. 4537.

    Sometido: Diciembre 20, 1929.

      Resuelto: Noviembre 7, 1930.

      Diego O. Marrero y Salvador Suau, abogados de la apelante; A. Martínez Aviles, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante alega qne la corte de distrito cometió error al resolver el conflicto de la prueba adversamente a la de-mandada y al dictar sentencia a favor de la demandante, toda vez qne las alegaciones de la demanda no están soste-nidas por la preponderancia de la prueba. Una cuidadosa lectura de los dos alegatos de cincuenta páginas y de la transcripción taquigráfica a la luz de los argumentos aducidos en tales alegatos no revela ningún error manifiesto en la apreciación de la prueba.

Otra contención es que la corte de distrito cometió error a] resolver que de acuerdo con el artículo 12, apartado (e), de la "Ley para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Pico, y para otros fines,” Leyes de 1916, pág. 144, el chauffeur de la guagua de la demandada tenía el deber de tocar la bocina al cruzar con otro vehículo que caminara en dirección contraria. No hallamos prueba satisfactoria de tal resolución en la relación del caso y opinión dictada por la corte de distrito.

La tercera contención de la apelante es que la corte inferior cometió error al resolver que el accidente se debió a la negligencia del chauffeur de la demandada y no al resul-tado de un accidente inevitable.

El juez de distrito resolvió que si bien el conductor de lá guagua de la demandada no era culpable de negligencia crasa, era culpable de negiigencia civilmente procesable. Convenimos enteramente con la apelante en que no hubo nece-sidad de emitir ninguna conclusión relativa a negligencia crasa, pero el error, de haberse cometido, no es uno que dé lugar a la revocación.

No podemos convenir con la apelante en que "la única razón que tuvo la corte a quo para llegar a la conclusión de que el empleado de la demandada incurrió en negligencia, (fué) la de que el demandante pudo haber sido visto por el chauffeur si hubieran caminado en la forma en que lo ex-plican los testigos de la demandada. ’ ’ Alegato del apelante, página 31. En tanto en cuanto el argumento de la apelante no se funda en este punto de vista erróneo de la relación del caso y opinión emitida por la corte sentenciadora, la cuestión de causa, próxima y de accidentes inevitables, según se dis-cute en el alegato, no exige ulterior consideración.

La última contención de la apelante es que la corte de distrito cometió error al resolver que el niño Rafael Pérez no fué culpable de negligencia contribuyente y al dictar sentencia a favor de la demandante a pesar del hecho de que se demostró que tal negligencia fué la causa próxima del accidente.

El suceso ocurrió en la carretera que conduce de San Juan a Río Piedras, cerca de esta última ciudad, como al oscurecer, en un lugar donde no había aceras. Los viandantes que usaran la carretera en ese sitio se veían precisados a caminar por la parte donde corrían los vehículos, o de lo contrario por las cunetas o zanjas a ambos lados. Rafael Pérez tenía diez años de edad en el momento de ocurrir el accidente. Se dirigía a San Juan en un carrito de cuatro ruedas, por la orilla derecha de la carretera que usan los vehículos. Otro niño, Ezequiel Nieves, empujaba el carrito por detrás. Una guagua que caminaba en dirección de Río Piedras a San Juan, en el momento de pasarle a los dos niños se echó hacia la. derecha a fin de dar paso a otra guagua que caminaba en dirección contraria, chocó con el carrito y arrolló a Rafael Pérez. Ezequiel Nieves oyó el ruido producido por la guagua casi en el momento en que ésta estaba sobre él, y evitó ser lesionado lanzándose a la cuneta. El conductor de la guagua no vió a los niños y no dió aviso alguno de su aproximación.

Rafael Pérez estaba en segundo grado y vendía frituras fuera, de las horas de escuela. El y Ezequiel Nieves habían jugado juntos antes del día del accidente pero- no habían usado previamente el carrito en la carretera. Probable-mente sabían que corrían el riesgo de ser arrollados por cual-quier conductor poco cauteloso de un vehículo de motor. No se desprende que ellos fueran culpables de negligencia con-tribuyente. La mayoría de los viandantes, ciclistas, y la mujer que empuja un cochecito de niño por una vía pública en que no hay aceras, cuando el tráfico de vehículos es grande, saben el riesgo que están corriendo. Empero ellos no son culpables de negligencia contribuyente meramente por asumir ese riesgo. No creemos necesario discutir los casos citados por la apelante a fin de hacer una distinción del presente caso. Las autoridades en que así se funda la apelante son las si-guientes: Elmendorf v. Clark, L.R.A. 1918 F, 802; Zoltovski v. Gzella, 26 L.R.A. (N. S.) 435; Masterson v. McGoldrick Lumber Co., 221 Pac. 990; Marius v. Motor Delivery Co., 131 N.Y.S. 357; Wobwich v. Dry Dock E. B. & B. R. Co., 98 N.Y.S. 39; Yordan v. American Sight Seeing Coach Co., 313 N.Y.S. 786, y Huddy on Automobiles, ed. 1922, sec. 419, pág. 503.

El juez de distrito no cometió error al resolver que los niños tenían derecho a estar donde se hallaban en el momento de ocurrir el accidente, ni al resolver que Rafael Pérez (de conformidad con la regla a que se hace referencia en el caso de Rivera v. Sucesores de López Villamil & Co., 29 D.P.R. 275) no era culpable de negligencia contribuyente, ni al dictar sentencia a favor de la demandante.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Presidexte Señor del Toro,

text:
    Raul Mercado Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 816.

    Sometido: Agosto 1, 1930.

      Resuelto: Noviembre 10, 1930.

      Nazario & García Méndez, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidexte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 21 de junio de 1930 comparecieron ante notario público Emilia, Matilde y Baúl Mercado Bodríguez, y Juan Mercado Nazario, como padre con patria potestad sobre y en representación de sus bijos menores Humberto, Alejandro y Olga Mercado y Bodríguez, y expusieron que los hermanos Mercado Bodríguez eran dueños en común y pro indiviso de una casa situada en San Germán, que adqurieron por herencia de su abuelo, Don Ignacio Bodríguez, y que no deseando el compareciente Baúl continuar la comunidad- existente entre él y sus demás hermanos, habían convenido, tratándose como se trataba de una finca materialmente indivisible, en adjudi-carla a Baúl, obligándose éste a satisfacer en metálico a los demás condueños el precio de sus condominios. T, llevando a efecto el contrato, Emilia y Matilde, por su propio derecho, v Humberto, Alejandro y Olga, representados por su padre con patria potestad sobre los mismos, convinieron en que se adjudicara y en efecto adjudicaron a Baúl la finca por el precio de mil doscientos dólares recibiendo doscientos cada uno de los adjudicatarios.

Presentada la escritura para su inscripción, el registrador la negó en cuanto a los menores, en resumen, porque tratán-dose de una verdadera enajenación de bienes de menores, el contrato no se había celebrado de acuerdo con la ley, citando el caso de Milán v. Registrador, 41 D.P.R. 98,

No conforme los interesados establecieron el presente recurso gubernativo. El alegato de su abogado en apoyo del recurso estudia cuidadosamente la cuestión envuelta y con-tiene argumentos de peso en pro de la validez del contrato celebrado. Sin embargo, nos vemos obligados a confirmar la nota.

• Es cierto que esta misma Corte Suprema, en el caso de Sánchez v. Registrador, por medio del Juez Presidente Sr. Hernández, dijo:

"En el presente ca'so la escritura No. 151 de 12 de julio de 1914 no tiene por objeto la enajenación de las participaciones de condo-minio que a Silverio Sánchez Rodríguez y seis menores representa-dos por su madre corresponden en común y pro indiviso en el crédito hipotecario y finca rústica de que se trata, sino el cese de la comu-nidad. E's verdad que para el cese de toda comunidad de bienes se hace necesaria una enajenación, pues si ha de cesar el condominio es indispensable que cada comunero se desprenda de la participación indivisa que tiene en la cosa común para venir a adquirir una poi*-ción fija, concreta y determinada; pero ello no es razón para que se dé aplicación a preceptos del Código Civil que como el contenido en el artículo 229 no regula la división de la comunidad, la cual como hemo's dicho, se rige por preceptos especiales que el legislador tuvo a bien establecer en el Título III del Libro II del Código Civil, ar-tículos 399 a 413.
"En toda herencia hay comunidad de bienes y derechos, comu-nidad que cesa mediante las operaciones divisorias entre los partíci-pes, dejando de ser dueños los herederos de lo que ante's les corres-pondía en común y pro indiviso para adquirir bienes determinados hereditarios. Si para la partición de herencia en que hay menores interesados no es necesaria la intervención ni la aprobación judicial cuando aquéllos e'stán representados por el padre y en su. caso por la madre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1027, tampoco esa in-tervención o aprobación puede requerirse para la división de una comunidad de bienes en que hay menores interesados, como en el caso de que se trata, y están representados por 'su madre. El ar-tículo 413 es claro y terminante.
"El artículo 1027 no ha sido derogado por la sección 3a. de la ley de 9 de marzo de 1911, según alega el registrador, por cuanto esa ley se refiere a materia legal enteramente distinta de la regulada por aquel artículo.” 21 D.P.R. 478, 482.

Y es cierto de igual modo que esa doctrina fue aplicada y ratificada en el caso de Martinez v. Registrador, 23 D.P.R. 356, pero también lo es que en el caso posterior de Del Rosario v. Rucabado, 23 D.P.R. 473, en el cual, distinguiendo los actos de partición de los de pura enajenación, se había dicho: “Son dos casos distintos y para ambos fijó el legislador ciertos trámites tendentes a asegurar el derecho del menor,” al conocer la corte el caso de Longpré v. Díaz, 237 U. S. 512, decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos, recon-sideró su criterio y de modo definitivo adoptó el de que no importaba que la adjudicación para pago de deudas se hiciera en la partición de la herencia para que constituyendo, como constituía, una verdadera adjudicación, dejara de aplicársele la ley relativa a la venta de bienes de menores si eran éstos partícipes en la herencia. Del Rosario v. Rucabado, 23 D.P.R. 473.

Desde entonces, el caso de Longpré, supra, ha sido apli-cado con todas sus consecuencias o derivaciones muchas veces por esta corte, decidiéndose últimamente el recurso de Milán v. Registrador, supra, que, por más esfuerzos que se hagan, no puede distinguirse en su esencia del presente. En él quedó establecida, copiando 'del resumen, la siguiente doc-trina :

“Cuando existe una comunidad de bienes y la madre de do's me-nores — dueños éstos de una participación en la finca así poseída en común — traspasa dicha participación al otro condomino, esto no es una división de la comunidad sino una enajenación, aun cuando se de'signe la transacción — traspaso—como una división' de comunidad.”

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    María del Carmen del Moral y Nadal, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandada.
    No. 729.

    Sometido: Noviembre 3, 1930.

      Resuelto: Noviembre 10, 1930.

      Alfredo Amoldo, abogado de la peticionaria; José Sabater, abogado del tutor nombrado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por virtud de un auto de certiorari que libramos a ins-tancia de doña María del Carmen del Moral y Nadal nos han sido remitidos por la Corte de Distrito de Mayagüez los autos seguidos ante ella sobre declaración de incapacidad de doña Carmen Nadal Yda. de del Moral, mayor de setenta años, para administrar sus bienes, y para que se le nom-biase tutor.

La petición inicial de esos autos se limitó a exponer los Lechos referentes al estado mental de doña Carmen Nadal pero en la súplica se solicitó que Lecha la declaración de incapacidad de dicha señora se le nombrase tutor, cuyo nom-bramiento recaería en su hijo don Francisco del Moral. La corte oyó a un perito médico y declaró la incapacidad solici-tada, y en la misma resolución nombró a don Francisco del Moral tutor de doña Carmen como su hijo mayor. Poco tiempo después la peticionaria ante nosotros presentó moción a la corte de distrito interesando que anulase el nombra-miento de tutor que había hecho alegando que infringía el Código Civil de acuerdo con el cual el cargo de tutor le correspondía a ella por ser la hija mayor de doña Carmen, como justificaba con documentos, y porque nadie había soli-citado por escrito dicho nombramiento ni se había presentado declaración jurada para ello. La corte se negó a anular el nombramiento Lecho y entonces fné presentado el anto de certiorari que vamos a resolver.

Disponen los artículos 250 y 256 del Código Civil que no se puede nombrar tutor a los locos, dementes y sordomudos mayores de edad sin que preceda la declaración hecha por Ja corte de distrito de su domicilio de que son incapaces para administrar sus bienes: que la tutela de esas personas corres-ponde sucesivamente al cónyuge, al padre, y en su caso, a la madre, a los hijos, a los abuelos y a los hermanos con la preferencia del doble vínculo y que si hubiere varios hijos o hermanos será preferido el mayor al menor. Por su parte el artículo 240 dice que el cargo de tutor no es renunciable sino en virtud de causa legítima debidamente justificada. Tal es nuestra ley substantiva, que modificó nuestro anterior Código español en el particular que confería la tutela al mayor de los hijos varones mientras que ahora la otorga al mayor de los hijos sin distinción de sexo.

En cuanto al procedimiento para hacer el nombramiento de tutor, disponen los' artículos 74 y 75 de la Ley de proce-dimientos legales especiales que cuando un menor o incapa-citado no sujeto a patria potestad no tuviese tutor nombrado en testamento, se le proveerá de él a instancia de parte, acre-ditando ésta con declaración jurada el expresado extremo, así como cuál es la persona de las relacionadas en los artículos 248 a 256 del Código Civil, según los casos, a quienes corres-ponda la tutela, o que carece de todos ellos; y que acredi-tados esos extremos en la forma dicha nombrará la corte al pariente a quien corresponda la tutela y a falta de éstos a una persona de reconocida probidad, etc.

Ese procedimiento no ha sido seguido en este caso, pues aunque la moción sobre declaración de incapacidad en cuya súplica se solicitó el nombramiento de tutor está jurada, no se consignaron en ella los requisitos exigidos por los artículos citados y se limitó a decir que tal nombramiento debía recaer en don Francisco del Moral, sin consignar bajo juramento que él es el mayor de los hijos de doña Carmen Nadal Yda. de del Moral, si es que dado el estado de viudez y de edad de dicha señora podía prescindirse de manifestar que no tenía' padres vivos.

Por el expresado defecto de procedimiento la resolución de la corte nombrando tutor a don Francisco del Moral debe ser anulada para que se siga el procedimiento determinado por la ley.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    White Star Bus Line, Inc., peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger Díaz, Juez, demandada.
    No. 714.

    Sometido: Mayo 19, 1930.

      Resuelto: Noviembre 12, 1930.

      Guerra Mondo-agón & Soldevila, abogados de la peticionaria; José S. Alegría, abogado de la viuda del obrero fallecido.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 15 de la “Ley de Indemnizaciones por Acci-dentes del Trabajo,” Leyes de 1928, página 631, lee en parte como sigue:

“Cualquiera parte interesada podrá presentar copias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial.ante la corte de distrito del distrito en que ocurrió el accidente solicitando la revisión de éste en el término de diez día’s después de la notifica-ción. La corte ordenará a la Comisión Industrial la remisión del récord del caso, oirá a las partes en controversia, dictará la decisión pertinente y notificará a las partes. Las decisiones de la corte ten-drán el mi'smo efecto que una sentencia dictada én juicio, pero no se dará apelación contra dicha sentencia.”

Después de examinar el récord, en que se incluyó una transcripción de la evidencia aducida ante la Comisión Industrial, la corte de distrito, sin entrar en los méritos del caso, lo devolvió para ulterior investigación por dicto orga-nismo. Al dictar esta orden, el juez1 de distrito se refirió a una opinión emitida por él en otro caso, Agapito Alicea, peticionario, v. La Comisión Industrial, demandada.

En el caso de Alicea el juez de distrito resolvió que tenía la facultad de revisar la prueba practicada ante la Comisión Industrial y de considerar los méritos del caso. Llegó a la conclusión de que la Comisión había atribuido demasiada importancia a cierta divergencia de criterio entre los peritos médicos; que al peticionario no se le había dado una opor-tunidad suficiente para presentar su prueba, y que la inves-tigación en cuanto a la causa del accidente estaba incompleta.

En aquel caso, la cuestión a ventilar era si una hernia había provenido de haberse caído el obrero de una escalera, o si se trataba de un estado preexistente de prolongada raigambre. Según indicó el juez de distrito, ésta era una cuestión que podía y debía ser determinada definitivamente mediante una investigación ulterior.

En el caso de autos, un número de testigos presenciales declararon respecto a lo que vieron y oyeron al tiempo de la lesión acusada. Todo ese testimonio se pronunció más o menos en el mismo sentido, y no fue contradicho directa-mente por el de ningún otro testigo. Uno de los testigos dió los nombres de varios otros que podían ser llamados, pero que no fueron examinados por la Comisión. Todas las cir-cunstancias, sin embargo, tienden a la conclusión de que ese testimonio hubiera sido meramente acumulativo.

La cuestión importante que tuvo ante sí la Comisión fué la de si una infección de la fosa nasal izquierda fué ocasio-nada por la introducción de aceite, acompañada de un golpe, sobre la nariz al ocurrir el accidente, o si provino de un forúnculo de origen independiente.

José Granado Rosario era un mecánico empleado por ia White Star Bus Line, corporación que es su propia asegura-dora. El estaba debajo de la guagua trabajando con el freno cuando acaeció el suceso. Los circunstantes declararon que cuando él se levantó, se estaba limpiando el aceite de la cara y soplando' la nariz. Hubo una emisión de sangre y muco-sidad. Por lo menos uno de los testigos oculares dijo que Gra-nado se introdujo el pañuelo sucio para, extraer el aceite de la nariz, y que el testigo le advirtió del peligro que corría al hacerlo así. La explicación que entonces dió Granado fué que le había caído dentro de la nariz algún aceite caliente del motor, y que se había dado un golpe en la nariz con una llave inglesa. Murió de septicemia doce días después.

El Dr. Font Suárez, que trabaja en la clínica pertene-ciente al Dr. Díaz García, médico de la White Star Bus Line* examinó a Granado a los tres días del accidente. Declaró que el lado izquierdo del rostro de Granado, alrededor del ojo y la nariz, estaba inñamado, y que el obrero se quejaba de dolor en la nariz, diciendo que esa situación había existido desde el día anterior; que el testigo halló y descabezó un pequeño forúnculo en la fosa nasal izquierda; y que un forún-culo es producido por la infección del folículo de la raíz de un vello. Interrogado respecto a si tal infección pudo haber sido causada por una quemadura o un golpe en la nariz, el testigo contestó: “Si hay una herida, desde luego, puede-haber infección.” Después de reiterar la aserción de que el forúnculo fué secuela de un folículo infectado (siendo ésa la causa corriente) el testigo agregó que no podía decir, en este-caso particular, que la infección fuera el resultado de una lesión, porque no había prueba de tal. Preguntado si la penetración de grasa caliente en la nariz podría causar la infección de un folículo, el testigo respondió: “Podrá oca-sionar una quemadura.”

El declarante también manifestó que' no bailó rastro alguno de quemadura, y que habría dependido del carácter de la quemadura el que hubiera o no indicios de la misma al tercer día de recibida. Después de algunas otras pre-guntas sobre el mismo extremo, hallamos lo siguiente:

“Lie. Alegría: — :¿ Usted declaró antes que en un caso en que se recibiera un golpe en la nariz que produjera una herida de la mucosa eso es suficiente para producir un forúnculo? — R. No; eso puede traer una infección. — P. ¿No puede eteo producir un forúnculo?— R. Eso puede producir una infección. — P. ¿Pero el forúnculo que se produce en la nariz se puede formar por eso ? — R. Puede formarse un absceso. — P. ¿Quiere decir que ese absceso puede formarse cerca del sitio donde hubo la infección por rotura de la mucosa? — R. Sí, señor. ’ ’

El Dr. Díaz García, que también era un cirujano del hospital municipal, vió a Granado al ser recluido en el hospital como nueve días después del accidente, y declaró que la inflamación había sido provocada por una pústula o una infección en la fosa nasal izquierda. La historia clínica del caso en el hospital, que parece fundarse1 en información obtenida de la clínica en que se practicó el primer examen, dice que (es de presumirse que al tiempo de tal examen) había un absceso en la fosa nasal izquierda. Este memo-rándum fué hecho por un tal “Dr. Cintrón” que no compa-reció ante la Comisión. El cirujano del hospital también dijo que Granado tenía en la nariz un forúnculo o “nacido” (nacencia) infectado. Al interrogársele si ese resultado pudo ser producido por un golpe, el testigo repuso: “Sí, si este hombre se ha dado un golpe, lo más probable es que se vea la huella del golpe; pero no que en tres días haya des-aparecido el golpe o los indicios de quemaduras y haya venido una infección.” Preguntado si la infección pudo haber sido cansada por grasa caliente o aceite, contestó: “Yo entiendo que lo que produce el daño en eso es el calor, y lo que produce el calor en el cuerpo es la quemadura, quiere decir que lo que ña debido producir eso es una quemadura, pero no un forúnculo.” Acto seguido sobrevino el siguiente coloquio:

“Sr. León Parra: — ¿Y si al tratarse de limpiar el aceite él se hubiera hecho una escoriación con la uña, .¿no podía formarse un fo-rúnculo? — ft. Si él se hubiera dado una heridita y esa heridita se hubiera infectado. . . Pero lo que ha descrito el Dr. Font Suárez es un forúnculo. — F. ¿De suerte que no es posible? ¿A un indivi-duo que se raspase con la uña limpiándose la nariz no puede for-mársele un tumor redondo? — R. Un absceso, sí. Todo es posible en medicina. Lo que describió el Dr. Font Suárez es una infección de la base de un pelo. — P. ¿Esa es una suposición de él? — R. No. El vió eso. — P. ¿Es que a mí me parece que él dijo que era lo más probable que lo hubiera producido? — R. Aquí no se reclamó accidente alguno hasta después de muerto el hombre. — Lie. Soldevilla: Supo-niendo que éste forúnculo hubiera estado en la nariz el día 3 de marzo de 1929, ¿la infección hubiera podido contraerse el día 9?— El lo vió el día 6 y venía con el historial del día anterior haber te-nido inflamada la nariz, y la señora de él traía el historial del fo-rúnculo desde el día del accidente.”

El Dr. Díaz García no vió a Granado mientras éste per-maneció en la clínica. El récord no pone de manifiesto la fuente de su impresión de que la esposa de Granado había suministrado la historia del forúnculo desde el día del ac-cidente. La declaración del Dr. Font Suárez no menciona en forma alguna tal narración. La viuda declaró ante la Comisión que Granado estaba bien en la mañana del día del suceso y a la hora de almuerzo; que al regresar por la noche como a las ocho, él se quejó de dolor en la nariz, la cual estaba inflamada, pidiéndole que lo examinara, lo que ella hizo; que ella nada halló en la fosa nasal, y dijo a su marido que de haber algo tenía que estar muy arriba; que ella nada vió y su esposo no se quejó de pústula alguna; que ella lo acompañó a la clínica, pero que él entró en la sala de con-sultas solo, y ella no estuvo presente mientras se practicó el examen.

El tercer médico en declarar, el Dr. Leopoldo Figueroa, quien, había oído las declaraciones de los otros dos, dijo que el aceite en la fosa nasal, aunque no esté lo suficientemente caliente para producir una quemadura, puede irrogar una irritación de la membrana mucosa y la formación de un absceso que culmine en septicemia. Este testigo también manifestó que las declaraciones de los otros dos médicos no establecían concluyentemente la existencia de una forunculosis nasal como diagnóstico; que no podía prevalecer tal teoría en ausencia de las tres características de la forunculosis; que la infección podía deberse, por ejemplo, a la presencia de cierto germen (designándolo), caso en el cual el resultado sería un absceso tubular, y no un forúnculo; que en el pre- . sente caso no bubo divieso alguno; que la irritación pudo haber sido causada por un rasguño hecho con la uña; que “lo único que podemos decir en medicina es que cada día sabemos menos”; que la existencia de un absceso, de una infección que se ha generalizado, podría comprobarse, pero que la teoría de un forúnculo no había sido establecida; que un golpe produce un traumatismo, una contusión determina una mortificación de los tejidos, la mortificación de los tejidos forma pus, y sobreviene la septicemia a causa de las toxinas producidas por las bacterias cuando éstas pasan al torrente circulatorio; y que una excoriación de'la membrana mucosa es suficiente para motivar una infección local.

Es obvio que nuestro estatuto no tiene por mira lá cele-bración de un juicio de novo en la corte de distrito. Fuera de esto, no hay restricción alguna sobre los poderes del juez de distrito. Este debe oír a las partes y dictar el fallo correspondiente. La disposición de que esas decisiones “tendrán el mismo efecto que una sentencia dictada en juicio,” es significativa. Una sentencia dictada después de celebrarse un juicio, generalmente resuelve un caso sobre sus méritos. Cuando, como en el presente caso, la corte de distrito tiene ante sí la transcripción taquigráfica de la vista celebrada ante la Comisión y tanto las opiniones de la mayo-ría como la disidente, emitidas por los distintos miembros de la Comisión, no bay base adecuada para concluir que el juez de distrito no puede revisar los becbos. En tal caso, la resolución de la causa sobre sus méritos es procedente. Bajo tales circunstancias, ninguna otra decisión podría tener el mismo efecto que la- sentencia que se dicta ordinariamente después de celebrado un juicio.

Aun si el juez de distrito careciera de facultad para revisar las conclusiones de becbo de la comisión, sin embargo, tendría el poder de escrutar el razonamiento en que se basó la decisión de ese organismo, y de corregir inferencias injustificadas y conclusiones ilógicas, mediante la revocación de un fallo incorrecto.

Los autos del caso de Alicea no están ante nosotros. En el presente, tanto los peticionarios como el patrono estuvieron representados por letrados, y tuvieron amplia oportunidad de aportar toda la prueba que desearon. Difícilmente puede considerarse el récord tan incompleto que requiera una in-vestigación ulterior. •

Puede ser que en este caso, al igual que en el de Alicea, la comisión se vió confusa ante la divergencia de criterio' de los peritos médicos. De ser así, ése fué un error de aprecia-ción que debió haber sido'corregido por la corte de distrito. Esa corte puede tomar conocimiento judicial de las defini-ciones que aparecen en los diccionarios de tales términos como forúnculo, nacencia y absceso. Con esto no queremos decir que el tema no sea uno propio para ser investigado científicamente. Si cualquiera de las partes más interesadas hubiese deseado ilustrar a la comisión con mayor amplitud sobre el particular, es indudable que se habría proporcionado la oportunidad de llamar a otros peritos médicos como testi-gos, de haberse solicitado. Ninguna de las partes pidió que se devolviera el caso para ulterior investigación por la comi-sión, y no bailamos motivo satisfactorio para tal proceder.

La corte de distrito debió haber confirmado o revocado el fallo de la comisión.

Bebe revocarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    J. M. Blanco, demandante y apelante v. Ignacio Carballeira, Juez de la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, demandado y apelado.
    No. 5151.

    Sometido: Mayo 20, 1930.

      Resuelto: Noviembre 14, 1930.

      Gabriel de la Daba Jr., y J. M. Calderón Jr., abogados del apelante; F. Prieto Azúar, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El acreedor en este caso hizo la tentativa de embargar parte del sueldo de un empleado del Gobierno. La corte municipal se negó a conceder el embargo. A virtud de una solicitud de certiorari interpuesta en la corte superior, ésta igualmente se negó a concederlo. En su opinión, el juez indicó, citando, entre otros, el caso de Lamboglia v. Junta Escolar de Guayama, 15 D.P.R. 318, y los casos que le si-guieron, que la política de la ley había sido eximir los sueldos de los funcionarios y empleados del Gobierno no con el fin de favorecer a los deudores, sino para asegurar un servicio eficiente y continuo al gobierno mismo.- Puede acudirse a la opinión para su razonamiento y cita de autoridades. El auto de certiorari fué anulado.

En la apelación interpuesta contra este fallo, se arguye que toda la cuestión está regida por uno o varios estatutos locales. Resulta que en marzo 10 de 1904 fué aprobado el Código de Enjuiciamiento Civil, el cual contiene la siguiente disposición en su artículo 249:

“Además del ‘Homestead’ declarado exento por la Ley del ‘Homestead’, las 'siguientes propiedades pertenecientes a una persona que en realidad resida en esta Isla, estarán asimismo exentas de eje-cución, excepto en los casos en que, por la presente, se dispone espe-cialmente lo contrario:
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“7. Lo que el deudor declarado tal en 'la sentencia gane por ser-vicios personales prestados en cualquier tiempo, dentro de los treinta días anteriores al cumplimiento de la orden de ejecución o la prác-tica del embargo, cuando resulte por declaración escrita y jurada del deudor, o de otro modo, que dichos sueldos o salarios son necesarios para el sostenimiento de su familia, residente en e'sta Isla, mante-nida en todo o en parte, con su trabajo; Disponiéndose que esta ley no autorizará el embargo de los derechos o sueldos de ningún fun-cionario o empleado público.”

Este precepto fué enmendado por la Ley No. 32, de junio 3, 1919, así:

“Las tres cuartas partes de lo que el deudor, declarado tal en la sentencia, gane por servicios personales prestados en cualquier tiempo, dentro de los treinta días anteriores al cumplimiento de la orden de ejecución o la práctica del embargo, cuando resulte por declaración escrita y jurada del deudor, o de otro modo, que dichos sueldos o salarios son necesarios para el sostenimiento de su familia, residente en esta Isla, mantenida en todo o en parte con su trabajo.”

El artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil expone las exenciones a que un deudor tiene derecho. Original-mente, la Legislatura mencionaba una exención aplicable a los empleados del G-obierno. Posteriormente, esa mención específica fué suprimida. De esto no podría inferirse la intención de hacer que tales sueldos estén sujetos a embargo, a menos que fueren generalmente embargables a virtud de alguna disposición específica de la ley. Ningún estatuto de exención contiene tal autoridad positiva.

El artículo 246 del Código de Enjuiciamiento Civil hace que todos los bienes pertenecientes a un deudor estén sujetos a ejecución. Es de presumirse que este estatuto — la última expresión de la Legislatura — fue adoptado con la interpreta-ción dúdale por los tribunales de los Estados Unidos. El apelante encontró una excepción en el estado de Montana, Waterbury v. Deer Lodge County, 10 Mont. 515; pero el criterio prevaleciente es en sentido contrario, según demues-tran las autoridades citadas por la corte inferior y por el apelado, fundándose en parte en nuestra propia jurispruden-cia, supra.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Alfredo Molina, demandante y apelante, v. Antonio Roig, demandado y apelado.
    No. 5205.

    Sometido: Noviembre 12, 1930.

      Resuelto: Noviembre 17, 1930.

      Campos <& Romero y 8. Garda Díaz, abogados del apelante; González Fagundo & González Jr., abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Molina demandó a Antonio Roig ¡en cobro de cinco mil dólares por servicios prestádosle. Alegó en su de-manda los siguientes hechos:

“Primero: Que el demandante es mayor de edad y vecino de Río Piedras y el demandado es mayor de edad y vecino de Humacao.
“Segundo-: Que con anterioridad al mes de septiembre de 1928, e] Sr. Roig tenía el propósito de establecer una sueur'sal del Roig Commercial Bank, en la población de Río Piedras.
1 Tercero: Que con tal fin, el domingo, 21 de octubre de 1928, en la oficina del Sr. Roig, en Iiumaeao y en pi’esencia del Sr. Esteban Padilla, quien antes de esa fecha, por encomienda del Sr. Roig estaba gestionando el establecimiento del dicho Banco en Río Pie-dras, el dicho Sr. Roig, por serle imposible al Sr. Padilla el seguir la's gestiones encomendádasle, autorizó y comisionó al demandante para que gestionara lo procedente al fin indicado y se entrevistara con comerciantes y propietarios de la municipalidad de Río Piedras, para que interesara al mayor número que pudiera de las mismas, en el sentido de que prohijaran la idea de que el Sr. Roig estableciese dicho Banco en Río Piedras y para que adquirieran intereses sobre el dicho Banco.
‘ ‘ Cuarto: Que en virtud de dicha autorización, la cual fue con-firmada por carta del Sr. Roig, y en el entendido de que los servicios que se prestaran serían pagados por el Sr. Roig y el valor de los cua-les no fué convenido antes de que los mismos ’se prestaran, el deman-dante se dedicó a salir casi todas las tardes en cuanto llegaba de su oficina y por las noches todos lo’s días laborables, todos los sábados por 1a. tarde y las noches y los domingos durante todo el día y parte de la noche, para entrevistarse con hombres de negocios y de dinero en las poblaciones de Río Piedras y Carolina, y cambiando impresio-nes con ellos sobre el negocio proyectado y recabando su cooperación material e intelectual para el establecimiento del Banco de Roig en Río Piedras.
Quinto: Que en virtud del trabajo realizado por el deman-dante, el demandado, Sr. Roig pudo dar amplias explicaciones sobre el negocio proyectado y manifestar cuáles eran las ventajas que ofre-cía su implantación, en una reunión de caballeros de Río Piedras y Carolina, que se celebró en la morada del demandante en Río Piedras.
“Sexto: Que el demandante, a requerimientos del demandado, ge'stionó y consiguió un local o casa en un centro contiguo y apro-piado para el establecimiento de la sucursal y oficina del Roig Commercial Bank en Río Piedras; que además consiguió para el Sr. Roig, asesores de reconocida solvencia material y moral en la comu-nidad, eon quienes se entrevistó el Sr. Roig y cuyos consejo's, adver-tencias y observaciones demostraron la conveniencia de establecer y la seguridad del éxito que tendría la sucursal ameritada; y que como resultado de las ge'stiones y actuaciones del demandante, el deman-dado celebró un contrato de arrendamiento con opción de compra, de la casa donde está establecido el Banco en Río Piedras, con los dueños de la dicha casa, en virtud del cual contrato el demandado ha derivado beneficios por valor de cinco mil dólares ($5,000).
“Séptimo: Que el demandante consiguió que muchas personas Se anotaran y comprometieran para la compra de acciones del Banco y las que al efecto se anotaron y compraron acciones del mismo y ofrecieron comprar más cuando el Banco estuviera en funciona-miento.
“Octavo: Que el Banco está al presente funcionando y verifi-cando las operaciones ordinarias y correspondientes a una institu-ción bancaria, después de las gestiones practicadas por el deman-dante, a requerimientos del demandado, ya enunciadas.
“Noveno: Que por la costumbre y uso frecuente del lugar, ser-vicios como los prestados por el demandante en conexión con el esta-blecimiento de la sucursal del Roig Commercial Bank, son compen-sables en debida forma; y que después de haber aceptado el deman-dado la prestación de dichos servicios y haber recibido el beneficio de los mismos, éste, al requerirle el demandante el debido pago de ellos, se ha negado a verificarlo.
‘ ‘ Que dichos servicios prestados por el demandante al demandado, valen no menos de cinco mil dólares, ($5,000).”

Emplazado el demandado alegó la excepción previa de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción.

La excepción fué declarada con lugar por la corte, con permiso al demandante para enmendar su demanda.

El demandante renunció el derecho de enmendar que se le concedía .y pidió que se dictara sentencia. La sentencia fué, en efecto, dictada, declarando la demanda sin lugar con costas.

No conforme el demandante interpuso el presente recurso de apelación.

En su alegato la parte demandada y apelada sostiene que de acuerdo con la demanda se trata de gestiones hedías por el demandante para conseguir accionistas que suscribieran acciones del Roig Commercial Bank, del logro de un local apropiado y del establecimiento final de una sucursal del banco en Río Piedras, siendo claro que cuando la sucursal se estableció ya el banco existía y estaba incorporado, pues de acuerdo con la ley número 18 aprobada el 10 de septiembre de 1923, ningún banco puede funcionar a menos de estar incorporado de acuerdo con la misma, y sostiene además que resulta claro de dichos hechos que si el demandado requirió los servicios del demandante para instalar la sucursal, lo hizo actuando en nombre y representación del Roig Commercial Bank y no en el suyo propio, pues él no podía esta-blecer banco alguno en Río Piedras.

A nuestro juicio no es necesario investigar si la acción debió ejercitarse contra Roig personalmente o contra el Roig Commercial Bank. Atendidos los hechos alegados, lo que resulta es que de ellos no surge una causa de acción.

Si se considera el contrato celebrado como uno- de man-dato, entonces de acuerdo con el precepto terminante de la ley, debe estimarse gratuito.

“A falta de pacto en contrario, el mandato se supone gratuito,” dice el artículo 1613 del Código Civil.

Lo alegado en el hecho cuarto de la demanda no puede tomarse como el pacto exigido por la ley. No basta que el demandante diga que actuó en el entendido “de que los servicios que se prestaran serían pagados por el Sr. Roig.” Debió decir lo que Roig pactó. Tampoco es suficiente lo alegado en el hecho noveno en relación con la costumbre y uso frecuente del lugar; y era necesario que el demandante hubiera alegado que tenía por ocupación el desempeño de servicios de la especie a que se refería el mandato, paía que se presumiera, de conformidad con la segunda parte del ci-tado artículo 1613 del Código Civil, la obligación de retri-buirlo. Esa alegación no existe en la demanda.

Si el contrato se considera, según sostiene el demandante y apelante, como de prestación de servicios, entonces es aun más necesaria la alegación de nn pacto de pagar por ellos, ya que el artículo 1447 del Código Civil, de modo terminante dispone que “en el arrendamiento de obras y servicios, una de las partes se oblig*a a ejecutar una obra, o- a prestar a la otra un servicio por precio cierto.” Itálicas nuestras.

En Ortiz v. Mari, 31 D.P.R. 499, que es un caso extremo en favor de un demandante que reclama el pago de sus ser-vicios, se dijo:

“No podemos convenir con el apelante en que la cpntrademanda en este caso depende exclusivamente de un tanto por ciento por los servicios prestados (cucmfoim merwt). El párrafo do's de la misma alega que las partes convinieron en cierto tanto por ciento de los beneficios el cual había de fijarse más tarde entre las partes, de acuerdo con las costumbres y u'sos de la localidad. Estamos de acuerdo en que esto era algo indefinido, pero había un convenio es-pecífico para una compensación.”

Se babla en él de los usos y costumbres del país, pero es a los efectos de: considerar razonable el tanto por ciento fijado. La opinión termina así:

“De los autos en conjunto llegamos a la conclusión de que el apelado prestó los servicios más valio'sos por los cuales debe consi-derarse que el 5 por ciento es un tipo razonable, equitativo y como declaró probado la corté inferior, está de acuerdo con los usos y cos-tumbres del país.”

En cuanto a la imposición de costas .de que se queja el apelante, no habiéndose demostrado abuso de discreción por parte de la corte sentenciadora al imponerlas, no podemos alterar el pronunciamiento.

La verdad es que resulta duro que una persona que tra-baja para otra en la forma expresada en la demanda, nada reciba por su trabajo, y que aun tenga que pagar las costas de su reclamación, pero la ley es tan clara que no debe llamarse a engaño sobre el particular. En el mundo de los negocios debe serse precavido, y el demandante no debió lanzarse a trabajar para el demandado en algo que no cons-tituía su profesión, oficio u ocupación, sin pactar el precio cierto que había de recibir por ello, si su intención, era cobrar por sus servicios.

D’ebe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    Cayetano Coll Cuchí, demandante y apelado, v. Eugenio Reyes, demandado y apelante.
    No. 4969.

    Sometido: Febrero 18, 1930.

      Resuelto: Noviembre 20, 1930.

      Ariemio P. Rodríguez, abogado del apelante; Ltds R. Polo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante vendió y entregó el 16 de septiembre de 1929 al apelado 23 vacas para lechería a razón de $140 cada una y tres días antes de transcurrir seis meses desde la venta y entrega fué demandado judicialmente por el comprador para que le pagase $670 como valor de cinco de esas vacas que tenían vicios o defectos ocultos que las hacían impropias para el uso a que se destinaban, por tener tres de ellas inútiles las ubres y dos por no ser aptas para la reproduc-ción por ser viejas. Contestada la demanda y celebrado el juicio recayó la sentencia condenatoria que motiva esta ape-lación.

La cuestión fundamental alegada por el apelante en su contestación, a la demanda y también en este recurso es que la acción ejercitada por el apelado estaba prescrita al tiempo de presentar sn demanda, por lo dispuesto en el artículo 1399 y en el 1387 del Código Civil vigente.

Después de declarar el Código Civil en sus artículos 1364 y 1377 que el vendedor está obligado al saneamiento de la cosa vendida y a responder de su posesión legal y pacífica y de los vicios o defectos ocultos que tuviere, tiene dos pa-rí afos o apartados con varios artículos cada uno, estando dedicados los siete primeros del segundo de esos párrafos a tratar de los vicios ocultos en las cosas en general, conce-diendo acción en esos casos el artículo 1389 al comprador para optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, que es la acción redbibitoria, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos, que es la acción estimatoria o cucmti minoris; acciones que según el artículo 1393 se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida. Los restantes artículos del párrafo segundo tratan de los vicios o defectos ocultos en las ventas de animales y ganados, disponiendo el artículo1 1399 que en estos casos la acción redbibitoria deberá inter-ponerse dentro de cuarenta días, contados desde su entrega al comprador, salvo que por el uso en cada localidad se bailen establecidos mayores o menores plazos; y el 1402 que en las ventas de animales y ganados con vicios redbibitorios gozará también el comprador de la facultad expresada en el artículo 1389, ya citado; pero deberá usar de ella dentro del mismo término que para el ejercicio de la acción redbibitoria queda respectivamente señalado.

Por lo expuesto se ve que nuestra ley civil substantiva concede por su artículo 1402 al comprador de animales con vicios ocultos las mismas acciones que el artículo 1389 con-fiere al comprador de cosas en general, o sea, la acción redbibitoria para rescindir el contrato o la estimatoria para rebajar una cantidad proporcional del precio, con la dife-rencia de que en los casos a que se refiere el artículo 1389 babrá de ejercitarse una u otra acción dentro de sesenta días contados desde la entrega de la oosa, mientras que cuando se trata de animales ese plazo es de cuarenta días para cual-quiera de esas dos acciones, pues el artículo 1399'fija cuarenta días para la acción redliibitoria en las ventas de animales y el 1402 dispone que en las ventas de animales y ganados el comprador tendrá las mismas acciones del artículo 1389, o •sea la redliibitoria o la estimatoria, pero haciéndose uso de ellas dentro del mismo término que para el ejercicio de la acción redliibitoria' queda respectivamente señalado; y como el término para la acción redliibitoria en los casos de venta de animales es dé cuarenta días según el artículo 1399, tenemos que llegar a la conclusión de que es de cuarenta díaé el término que rige para la acción estimatoria cuando se trata de la venta de animales y ganados. Sobre este particular dice el Sr. Manresa en sus Comentarios al Código Civil español, tomo X, página 262, tratando del artículo 1499 y refiriéndose a los artículos 1490 y 1496 de dicho código, que son iguales a los nuestros 1402, 1393 y 1399, lo siguiente:

“No se limita el artículo a e'sto, sino que, a semejanza del 1490, señala un plazo común para el ejercicio de ambas acciones en las Mentas de animales y ganados; este plazo es el establecido en el artículo 1496 al hablar de la acción redhibitoria, esto es, el marcado por los uso’s locales, y en su defecto, el de cuarenta días.”

Por lo expuesto y por no haberse alegado ni1 probado que el uso en la localidad ha establecido mayor término que el de cuarenta días para comenzar la acción establecida por el apelado, tenemos que concluir que dicha acción estaba pres-crita cuando la demanda fué presentada y que debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al demandado, sin especial condena de costas.


text:
    Juan Sixto Marcano Santiago, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 823.

    Sometido: Noviembre 3, 1930.

      Resuelto: Noviembre 21, 1930.

      11. Cintrón Lastra, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.

       Nota :. Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente Jnan Sixto Marcano Santiago compró nna finca con pacto de retro siendo inscrita su adquisición en el Registro de la Propiedad de Caguas, y cuando vencido el plazo estipulado para que el vendedor pudiera redimir el predio que enajenó solicitó el comprador que el registrador pusiese en sus libros nota de consumación de la venta dicbo funcio-nario se negó, fundándose en que del registro aparece que en la escritura, de venta fné convenido que el vendedor que-dase como arrendatario de la finca mediante el canon que convinieron, por lo que esa venta está comprendida en la Ley; No. 47 de 1916, sección Ia., párrafo segundo, negativa que motiva este recurso.

En lo referente a ventas con pacto de retro dispone la ley citada en su sección Ia. lo siguiente:

“Toda venta de propiedad inmueble con pacto de retroventa se pre’sumirá que constituye un contrato de préstamo por el montante del precio, eon garantía hipotecaria de la finca vendida, en cualquiera de los casos siguientes:
“Primero. Cuando el comprador no hubiere entrado en posesión material de la cosa vendida.
“Segundo. Cuando el vendedor pague interés al comprador por el precio de la venta, aunque se denomine canon de arrendamiento o se le dé otro nombre cualquiera.
“Tercero. Cuando se hiciere figurar en el contrato, como precio de enajenación, una cantidad enteramente inadecuada.”

La cuestión a resolver aliora está implícitamente decidida por este tribunal en el caso de Lizardi v. El Registrador de Caguas, 24 D.P.R. 863, existiendo sólo la diferencia de que entonces el registrador se negó a inscribir la venta por el mismo motivo que abora se niega, después de estar inscrita, a poner nota de consumación de ella. Entonces este tribunal revocó la resolución del registrador j le ordenó que inscri-biera la venta, diciendo lo siguiente:

“La presunción, juris tawtum, de que toda venta de propiedad inmueble con pacto de retro coristituye un contrato de préstamo con garantía hipotecaria en los casos especificados por la Ley de 13 de abril de 1916, no crea real y positivamente el derecho hipotecario a favor del comprador, pues ese derecho sin que sea declarado tal por tribunal competente no puede ser inscrito en el registro aunque lo solicite el presunto acreedor, ni é'ste puede iniciar el procedimiento sumario establecido por la Ley Hipotecaria y su Reglamento para perseguir el cobro del préstamo garantido con hipoteca. La ley ha establecido dicha presunción para que, cuando se impugne en juicio la validez de la venta con pacto de retro, constituya, si no se des-truye, prueba de la simulación alegada.
“El contrato de compraventa con pacto de retro, cuya inscrip-ción ha sido denegada, contiene todos los requisitos esenciales del ar-tículo 1228 del Código Civil, o sea, consentimiento de los contra-tantes, objeto cierto materia del contrato y causa de la obligación. La nulidad del mismo no aparece evidente en su faz, pues la pre-sunción que pudiera viciarlo de nulidad y que el registrador invoca, no es concluyente y puede ser discutida por las partes. El registra-dor no está obligado a negar la inscripción de una escritura a menos que sea nula por su propia faz. Julio Gordreau Co. v. El Registrador de Guayama, 23 D.P.R. 65. La denegatoria del registrador envuelve una cuestión de fraude que debe 'ser resuelta por tribunal compe-tente y en el correspondiente juicio, con audiencia de las partes. El registro no es el sitio para juzgar asuntos que entrañan hechos a dis-cutir. Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador, 19 D.P.R. 152.
“No definimos si concurren o no en el presente ca'so las presun-ciones primera y segunda a que se refiere la sección D de la Ley de 13 de abril de 1916, pues esas cuestiones y otras que puedan surgir no deben discutirse y resolverse en un recurso gubernativo. Véanse los casos ya citados, de Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador, 19 D.P.R. 152, y de Julio Godreau Co. v. El Registrador de Guayama, 23 D.P.R. 65.”

Esos razonamientos son aplicables al caso presente pues sí una venta en las condiciones dichas es inscribible con igual razón debe serlo como venta definitivamente mediante la nota de consumación puesta al transcurrir el término del retro sin hacerse uso de él, pues una venta en que el vendedor con-tinúa en la finca como arrendatario no es nula necesariamente porque la ley no la declara tal, ni constituye necesariamente un préstamo con garantía hipotecaria de la finca enajenada, por lo que es inscribible tanto la venta condicionada al retro como la nota de consumación que la convierte en venta defi-nitiva por el transcurso del término del retracto. Es una venta que por las condiciones en que ha sido hecha tiene la presunción legal de ser préstamo hipotecario, que por su naturaleza es juris tcmtum y puede ser controvertida por el comprador; y como los registradores no están autorizados para resolver si por estar hecha la venta con alguna de las circunstancias especificadas en la sección Ia. de la ley citada es definitivamente un préstamo y no una venta, por eso es que deben -inscribir tal clase de ventas y también su consu-mación cuando transcurra el término convenido para poder retraerla. El no hacerse la inscripción y la consumación cuando llegue equivaldría a convertir la presunción juris tcm-tum de la ley en otra juris de jure bajo la base de que no puede probarse que a pesar de haber quedado el vendedor en la finca como arrendatario mediante el pago de un canon sin embargo el contrato fué verdaderamente de venta y no de préstamo hipotecario. Además, en el presente caso resal-taría una anomalía que bajo los mismos becbos la finca fué inscrita aunque sujeta al pacto de retro y que no pueda hacerse constar en el registro que ha expirado el plazo de retro y que se ha consumado la venta.

Por lo expu&sto debe ordenarse la inscripción solicitada.

Los Jueces, Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Hutchison, disintieron.


text:
    Hernaiz, Targa & Co., Sucrs., S. sn C., demandante y apelada, v. R. Cobián Rivera, demandado y apelante.
    No. 4877.

    Sometido: Diciembre 19, 1929.

      Resuelto: Noviembre 21, 1930.

      Rafael Arce, abogado del apelante; De la Torre <& Ramírez, abogado de lá apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La mercantil Hernaiz, Targa & Co., Sucrs., S. en O., de-mandó judicialmente en 1927 a R. Cobián Rivera alegando los hechos determinantes de sn personalidad y los del de-mandado: qne éste le debe $1,308.48 de mercancías qne le tomó en sn establecimiento mercantil y qne recibió a su entera satisfacción; que esa cantidad es líquida y exigible y que el demandado no la ba satisfecho a pesar de las gestiones de cobro practicadas. El demandado negó en su contesta-ción los becbos de la demanda excepto el referente a la capa-cidad de las partes y en la materia nueva de oposición a la demanda dijo que la demandante no podría referirse nunca en su reclamación a una fecba posterior al 15 de diciembre de 1920, por lo que la acción ejercitada está prescrita de acuerdo con el Código Civil. Celebrado el juicio y dictada sentencia condenatoria fué interpuesta esta apelación.

En los dos primeros motivos aducidos para sostener este recurso se alega que el tribunal inferior cometió error al desestimar la excepción previa aducida contra la demanda, por no alegar becbos determinantes de causa de acción y al desestimar la excepción de prescripción.

Los motivos expuestos por el apelante en apoyo del primer motivo de error son que en la demanda se omite consignar la clase de mercaderías tomadas por el demandado, su precio específico, la fecba en que fueron tomadas, la en que se liquidó, su valor y la forma y fecba en que habían de ser pagadas. El precio de la venta lo expone la demanda y también que la deuda era exigible cuando se presentó la reclamación judicial. En cuanto- a los otros extremos men-cionados no era necesario que la demanda especificase la clase de mercancías vendidas ni 'la fecba en que fueron tomadas por el demandado porque eso podía ser especificado a petición de él, como así lo solicitó antes del juicio siéndole entregada copia de su cuenta con la manifestación de la de-mandante de que le suministraría cualquier otro detalle que necesitase. En cuanto a la excepción de prescripción de la acción fué también propiamente negada porque no conte-niendo la demanda la fecha de la venta de las mercancías no pedía determinarse por ella el día en que la prescripción de la acción debía empezar a contarse.

De la evidencia presentada en el juicio por el demandante resulta que el demandado le compró mercancías en 12 de diciembre de 1920 por valor de $1,296.30 y otras el 15 de dicho mes por $12.18, que suman $1,308.48, que es la cantidad que se le reclama ahora; que la venta fue de contado y que desde entonces la demandante ha enviado al demandado cada seis meses el estado de su cuenta. La única prueba que presentó el demandado fué el estado de su cuenta que a requerimiento suyo le entregaron los abogados de la demandante con las dos partidas que hemos dicho de 12 y 15 de diciembre de 1920. •

El demandado no ha negado en su contestación que com-prara las mercancías cuy.o pago se reclama, sino que después del 15 de diciembre de 1920 no ha hecho compras a la de-mandante. Tampoco que haya pagado esa mercancía, pues lo que alega es que la acción para cobrarlas ha prescrito. No ha negado haber recibido los estados de cuentas que la demandante jura que le envió semestralmente, ni ha mani-festado en forma alguna que la cuenta que se le cobra sea errónea o fraudulenta. El no asistió al juicio. En vista de esos hechos y circunstancias y de que el demandado ha tenido tiempo más que razonable para objetar esa cuenta, podemos llegar a la conclusión de que quedó liquidada (accotmt stated) y que la demandante probó su caso prima facie, por lo que no' hay modo de aplicar la prescripción de tres años alegada por el demandado. En el caso de Torres v. Lothrop, Lutz & Co. et al., 16 D.P.R. 188, en el que se habían rendido cuentas sin que la corrección de sus partidas hubiera sido impugnada hasta varios años después al establecerse una demanda, se declaró que el deudor había- dejado transcurrir mucho tiempo sin poner reparos a las cuentas que le habían sido rendidas; y en el syllabus se dice que esa omisión constituía una apro-bación tácita de dichas cuentas. Pueden verse también los casos siguientes: Dunavant v. Fields, 68 Ark 534, 60 S. W. 420; Oil Co. v. Van Etten, 107 U. S. 325; Kenneth Invest, Co. v. National Bank, 96 Mo. App. 125, 70 S. W. 173; Griffith v. Hicks (1921 Ark.), 18 A.L.R. 882.

• En vista de la anterior conclusión se Lace innecesario decidir si la acción está prescrita por el transcurso de tres años y tampoco, los otros motivos, del recurso basados en cuestiones distintas de la rendición de cuenta cada seis meses, y si hubo error en admitir como evidencia proposi-ciones que por escrito y por terceras personas hizo el apelante al apelado para pagarle un 20 por ciento de su deuda en dos años, porque no afectan al fundamento que tenemos para confirmar la sentencia condenatoria de pago.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez PbesideNtb Señob del Tobo,

text:
    Manuel Valdés Nadal y su esposa Manuela Cabrello Manzano, demandantes y apelados, v. Sucesión de Rafael Gandía Córdova, compuesta de sus hijos Amparo, Angel, Rafael, Carlos, Vidal y Jesús Gandía Santos, demandados y apelantes.
    No. 5042.

    Sometido: Febrero 21, 1930.

      Resuelto: Noviembre 21, 1930.

      José E. Díaz, abogado de los apelantes; Víctor J. Vidal González y José 8. Rodríguez Cebollero, abogado de los apelados.
   El Juez PbesideNtb Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda en este caso, se alegó, en resumen, lo que. signe:

Hechos 1 y 2, relativos a las partes. 3. Que el deman-dante es dueño de cierta finca rústica,' situada en Manatí, que describe debidamente. 4. Que los demandantes vienen en posesión de la finca desde que la adquirieron en 1914. 5. Que debido a continuos disgustos personales tenidos con un convecino, y no pudiendo el demandante, por su padeci-miento físico, prestar atención a la finca trasladándose a ella, se puso de acuerdo con Don Rafael G-andía Córdova, su amigo, su consejero, y persona de insuperable honorabilidad, conviniéndose entre ambos, en que el título se traspasara a Gandía, quedando a elección de los demandantes la fecha en que volviera a traspasarse a sus nombres, y, cumpliendo lo acordado, el 20 de febrero de 1925, se otorgó la escritura pública consiguiente, pero continuando los demandantes en posesión y disfrute de la finca, satisfaciendo las contribu-ciones que continuaron a nombre de la Sucesión de Severo Valdés, su causante. 6. Que en junio de 1925, se pactó entre los demandantes y Don Pedro Zorilla, el arrendamiento' de una parte de la finca, y con intervención de Gandía, por figurar a su nombre el título, se segregó la porción, se arrendó por término de ocho años y canon mensual de $7.80 que el arrendatario paga al demandante Valdés. 7. Que en variad ocasiones Valdés y Gandía trataron del nuevo traspaso, perd dada la confianza que existía entre ellos nó le dieron impor-tancia al asunto y bajo tales circunstancias en marzo de 1926, falleció Gandía. 8. Que después del fallecimiento, Valdés se dirigió a la Sucesión demandada, le hizo saber que la finca era de su propiedad aun cuando el título figurara a nombre de G-andía y la requirió para que le otorgaran escritura de traspaso, negándose a ello la sucesión. 9. Que el traspaso de los esposos demandantes a Gandía fue puramente con-vencional, sin condiciones que obligaran a ello. 10. Que en el traspaso figuran mil cien dólares como recibidos de Gandía, no siendo cierto el recibo. 11. Que los demandados Amparo, Angel, Rafael, Carlos, Vidal y Jesús G-andía, componentes de la sucesión demandada, son hijos reconocidos de Rafael Gandía Córdova y como tales fueron declarados sus here-deros, habiendo tácitamente aceptado su herencia.

La demanda termina suplicando que se declare que la finca en cuestión es propiedad del demandante y se condene a los demandados a otorgar escritura de venta a su favor y si no lo hicieren que la otorgue el marshal- a su nombre. La demanda está jurada por ambos demandantes, en un solo acto, ante el Juez de Paz de Manatí.

Los demandados excepcionaron la demanda, y, además, la contestaron bajo juramento, así:

“A. Que admiten los hechos primero y segundo de la demanda.
“B. Que niegan por falta de información bastante, el hecho ter-cero de la demanda.
“C. Que niegan asimismo, por falta de información suficiente, el hecho cuarto de la expre'sada demanda.
“D. Niegan los demandados por falta de información bastante el hecho quinto de la demanda.
“E. Niegan los demandados por falta de información bastante, el hecho sexto de la demanda.
“F. Los demandados niegan también por carecer de información suficiente, el hecho séptimo de la demanda.
“G. Niegan los demandados por falta de información bastante el hecho octavo; afirmando en contrario que, los demandantes no hi-cieron saber a los demandados que la finca que se describe en el hecho tercero de la demanda fuese de su exclusiva pertenencia.
“H. Niegan los demandados asimismo, que la venta hecha de dicha finca a don Rafael Gandía Córdova, fuese simulada y conven-cional, habiendo ’sido la misma real y efectiva.
“T. Los demandados admiten el último hecho alegado en la de-manda, en cuanto que son hijos reconocidos del causante Rafael Gan-día Córdova, negando que hayan aceptado en manera alguna la he-rencia remanecida al falleeimiento.de dicho causante.
“Como matebia de defensa, los demandados alegan:
“Que los demandantes, hace algún tiempo, vendieron al causante, Rafael Gandía Córdova, la finca descrita en el hecho tercero de la demanda, por precio recibido, según confesaron lo's demandantes, en documento público.”

La excepción fué declarada sin lugar y solicitada sentencia sobre las alegaciones por la parte demandante la corte de-claró que procedía. La parte demandada solicitó que se le permitiera enmendar su contestación y la corte le concedió un término de cinco días para presentar autoridades en apoyo de su solicitud. Transcurrió el término sin que el memo-rándum fuera presentado y la corte ordenó el registro de sentencia final favorable al demandante. No conforme la demandada' interpuso esta apelación. Asigna cuatro errores cometidos, a su juicio, por la corte, 1, al decidir que la de-manda aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción; 2, al estimar que la demanda estaba debidamente jurada; 3, al dictar sentencia sobre las alegaciones, y 4, al declarar sin lugar la excepción previa.

Examinemos el primer error.

Argumentándolo sostiene la parte apelante que la demanda no aduce hechos suficientes porque no revela la existencia de .un contrato, citando el caso de Gonzáles Rodriguez v. Fumero, 38 D.P.R. 556, en la parte que dice:

“Cuando la prueba demuestra que no hubo entrega de precio por el supuesto comprador y no salieron los bienes del poder del supuesto vendedor, no puede afirmarse que hubo contrato de compraventa, sino que no hubo contrato alguno.”

El caso de González Rodriguez v. Fumero, supra, es dis-tinto al presente. Allí los demandantes reclamaron basán-dose en que los traspasos hechos por su causante eran simu-lados y el demandado contestó que no había existido la simulación. La contienda quedó trabada de tal modo. Fué a juicio y basándose en la prueba practicada la corte falló a favor de los demandantes declarando que las ventas otor-gadas por su causante eran inexistentes por simuladas, que no se celebró contrato válido alguno y por tanto que el de-mandado nada adquirió permaneciendo el título en la parte demandante.

Aquí nos encontramos frente a la demanda solamente. En ella se alega, es cierto, la simulación, pero en ella se alega, además, que Gandía convino en traspasar de nuevo el título a los demandantes en la fecha en que éstos lo soli-citaran, y lo que se pide a la corte que ordene a los herederos de Gandía es que cumplan la obligación de su causante que se han negado privadamente a cumplir.

No cometió, pues, la corte el primero de los errores que se le atribuyen. Tampoco el segundo.

La demanda está debidamente jurada. De acuerdo con la ley los jueces de paz tienen autoridad para recibir jura-mentos y el hecho de que ambos demandantes, que son marido y mujer, aparezcan jurando a la vez, no convierte el jura-mento en nulo. La parte apelante no cita ley ni jurispru-dencia alguna en apoyo de su contención.

Todo lo que se dice en el alegato de la parte apelante argumentando el tercer error, es lo que sigue:

“Si como dejamos consignado anteriormente en el segundo error, la demanda enmendada e'stá sin jurar, la contestación de los deman-dados, desde luego, no necesita estar jurada, siendo un manifiesto error el cometido por el Tribunal sentenciador al dictar sentencia en la forma y manera como lo hizo, cometiendo el error apuntado.”

Nada deberíamos agregar. Sólo puede interpretarse la posición del apelante en el sentido de subordinar el tercero a la existencia del segundo error. Si el segundo no existe, esto es, si la demanda está debidamente jurada, parece que él admite la procedencia de la sentencia sobre las alega-ciones por no haberse contestado de la manera específica qué la ley y la jurisprudencia exigen.

De todos modos parece conveniente decir que a nuestro juicio, tal como se formuló la contestación, quedaron admiti-dos los hechos esenciales de la demanda jurada, y que, por 'tanto, no erró la corte de distrito al dictar sentencia sobre las alegaciones favorables ¡al demandante. Parece conve-niente transcribir lo que sigue de la opinión del juez senten-ciador :

“El artículo 110 del Cód. de Enj. Civil dispone que si se jura la demanda, la negación de cada alegación impugnada deberá ser espe-cífica y hacerse por afirmación absoluta o 'según información o creen-cia del demandado.
"La contestación admite los hechos primero y segundo. T los hechos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la demanda los niega por falta de información suficiente. Como esas alegaciones no han ‘sido negadas en forma específica de acuerdo eon el Art. 110 del Cod. de Enj. Civil esa falta de negación deja en pie tales alegaciones. Antonsanti v. Axtmayer, 38 D.P.R. 782. La alegación octava de la demanda es negada por afirmación, y se alega en contrario que los demandantes no hicieron saber a los demandados que la finca que se describe fuera de su exclusiva pertenencia, pero no niega el otro ex-tremo de e'sa misma alegación de que el demandante ‘les requirió para que le otorgasen la escritura de traspaso a ellos y a los deman-dantes, a lo que se negaron, sin razones legales para ello.’ Cuando un párrafo de una petición contiene más de una alegación de hechos, cada alegación debe ser negada separadamente. Boyer v. Guayama, 34 D.P.R. 21. La alegación (h) de la contentación que se refiere, aunque no expresamente, a la alegación 9a. de la demanda ,es asi-mismo una admisión, ya que fué admitida en la forma que hemos ex-presado más arriba la alegación 5a. de la demanda. Y la materia de defensa alegada, no es'otra cosa que una reproducción de la alegación (h) de la contestación que ya hemos estudiado.
"Examinada en conjunto la contestación encontramos que ella no es la alegación que la ley requiere cuando la demanda es una que se formula bajo juramento. Horton v. Robert, 11 D.P.R. 176; Parker v. Oller, 21 D.P.R. 138; Delaney v. Blondet, 22 D.P.R. 235; Benevolence Society v. Ponce, 28 D.P.R. 824; Carlo v. Ferrer, 28 D.P.R. 369; González v. González, 35 D.P.R. 702.”

• El cuarto error señalado, según expresa la propia parte apelante, está comprendido en el primero. Al estudiar éste resolvimos que la demanda aducía hechos suficientes, luego es necesario concluir qne la excepción fué debidamente de-clarada sin lngar y qne el error no existe.

Bebe confirmarse la sentencia recurrida.