author: El Juez Asociado Señob Hutchison

text:
    Paulina Ortiz Pérez, demandante y apelante v. Pablo Héreter, Jr., y Great American Indemnity Company, demandados y apelados.
    Núm. 7523.

    Sometido: Mayo 11, 1938.

      Resuelto: Junio 10, 1938.

      V. Géigel Polanco, abogado de la apelante; J. Valldejuli Rodríguez, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El 3 de marzo, 1937, había sido fijado como el día en que se celebraría el juicio de este caso en la corte de distrito. El 2 del mismo mes la demandante solicitó la posposición por los siguientes motivos:

Que su abogado le había devuelto todos los papeles del caso el 25 de febrero y había dejado de ser abogado de la demandante; que el nuevo letrado contratado por ella en marzo 1 no estaba prepa-rado para entrar a juicio; que éste tenía otro caso cuya vista había sido señalada ante el Tribunal Supremo para las dos de la tarde del día 3 de marzo; que en su opinión la demandante tenía una buena causa de acción; que necesitaba tiempo para prepararse para el juicio del caso de la demandante.

Los demandados se opusieron a la moción fundándose en que:

El caso se había señalado para juicio el 21 de diciembre, 1936, y había sido suspendido a moción de la demandante; que había sido señalado para el 10 de febrero de 1937 y transferido nuevamente a instancias ele la demandante; que cuando a petición de la deman-dante el caso se señaló para juicio por tercera vez para el 3 de marzo, los demandados anunciaron que se opondrían a cualquiera otra posposición; que las dos suspensiones anteriores habían ocasio-nado a los demandados más de $100 de gastos y que la posposición ulterior les costaría a ellos más de $50; que la demandante en su mo-ción no ofrecía reembolsar estos gastos a los demandados.

La sentencia de la corte de distrito lee así:

“SENTENCIA
“En el día de ayer se llamó este caso a juicio oral por su orden de señalamiento en el calendario general de asuntos civiles de esta Corte. Antes de ser llamada la vista del caso y en la sesión de la mañana, solicitó la demandante la suspensión del juicio oral y ha-biéndose opuesto a ello los demandados, se denegó la suspensión, que-dando el caso pendiente para ser visto en la sesión de la tarde, tan pronto se terminase el otro juicio que había empezado en la sesión de la mañana.
“A las tres de la tarde se llamó a la vista del juicio oral en este caso, no compareciendo la demandante ni su abogado, por lo que los demandados solicitaron se diese por desistida de su acción a la de-mandante. En vista de la incomparecencia de la demandante, la corte dicta sentencia dándole por desistida de su acción, y le impone las costas y $100 por concepto de honorarios de abogado. Regístrese y notifíquese.
“Dada en San Juan, P. R., a 4 de marzo de 1937.”

El 10 de marzo la demandante solicitó se dejara sin efecto la sentencia y se abriera de nuevo el caso. En esta moción ella hacía constar que además de los motivos aducidos en la moción anterior, durante la vista de la misma había llamado la atención del juez de distrito hacia el hecho de que litigaba in forma pauperis y no podía reembolsar los gastos a los demandados. También hacía constar que durante la vista de la moción anterior la corte había aprobado una estipula-ción entre las partes relativa a la transferencia del juicio a condición de que informaran a la corte de cualquier acuerdo a que se llegara. Que los abogados de ias partes habían discutido la cuestión y convenido verbalmente en que se celebrará el juicio al siguiente día, o sea, el 4 de marzo. También exponía las circunstancias consideradas por los abogados de las partes para llegar a este acuerdo verbal. La demandante también aducía que su abogado al terminar la vista de su caso en la Corte Suprema, fue a la corte de distrito a las 3y2 de la tarde del 3 de marzo para notificar a la corte del acuerdo verbal a que se había llegado en la mañana de dicho día y se le informó que la corte ha-bía declarado a la demandante por desistida de su acción.

El abogado de los demandados radicó el 29 de marzo una oposición escrita a la moción de la demandante para que se dejara sin efecto la sentencia. Se fijó el 31 de dicho mes para oír la moción de la demandante. En mayo 20 el juez de distrito declaró sin lngar la moción de la demandante por las siguientes razones:

“RESOLUCIÓN
“El inicio oral de este caso fué señalado para el 3 de marzo último en calendario general. En la fecba y boras indicadas com-pareció la demandante representada por su abogado Sr. Géigel Po-lanco y solicitó la suspensión del juicio basta nuevo señalamiento. Se opuso el demandado, que estaba en corte con su prueba lista para entrar en juicio y la corte denegó la suspensión solicitada por la de-mandante a menos que ésta previamente pagase al demandado las costas que se le ocasionaban con motivo de la suspensión. Alegó la demandante que no podía pagarlas y la corte, que estaba celebrando otro juicio, pospuso la vista de este caso para las dos de la tarde de ese día dando así oportunidad a las partes para que llegaran a un acuerdo sobre la suspensión o se preparase la demandante para en-trar en juicio. A la bora indicada no compareció en forma alguna, la demandante y la corte, a petición del demandado, dictó sentencia dándole por desistida de su acción. La sentencia fué dictada el 4 de marzo y seis días después radicó el abogado de la demandante una moción solicitando se dejara sin efecto alegando como funda-mento que los abogados de las partes habían estipulado la posposi-ción del juicio para el día 4 de marzo.
“Se señaló el 6 de abril último a las dos de la tarde para oír a las partes en relación con la moción del demandante. Comparecie-ron ambos abogados negando bajo juramento el del demandado que hubiese celebrado la alegada estipulación con el abogado de la parte contraria. En vista de la declaración del abogado del demandado y habida cuenta de la circunstancia adicional de que la alegada esti-pulación, de haberse celebrado, no fué notificada a la corte, procede denegar y por la presente se deniega la moción que solicita se deje sin efecto la sentencia en este caso dictada.”

Si - hubo algún acuerdo verbal, conforme se alega en la moción de la demandante, la prudencia ordinaria debió haber inducido al letrado de ésta a hacer constar por escrito este convenio y a radicar el mismo, según exige la regla 27 de las cortes de distrito. El juez de la corte inferior estuvo en lo cierto al negarse a prestar seria consideración a un supuesto acuerdo verbal, cuando la existencia de tal acuerdo se había negado bajo juramento por el letrado de los demandados y el presunto convenio no se había notifi-cado a la corte al momento de comenzar el juicio, o antes. La negativa a conceder la suspensión del caso, a menos que la demandante pagara a los demandados el valor de los gastos necesarios incurridos por éstos en su preparación para el jui-cio, era cuestión que caía dentro de la discreción de la corte inferior. El hecho de que la demandante litigaba in forma pauperis y en su consecuencia no estuviera en condiciones de pagar las costas, era tan sólo una entre un número de circunstancias a ser consideradas en el ejercicio de esa discreción. Es una inferencia lógica de la tercera moción de suspensión de la demandante que el nuevo letrado de ella no había tenido la oportunidad de entrevistarse con los testigos. Nada había que demostrara que siquiera hubiera hablado con el primer letrado de la demandante. En la moción se alegaba que el abogado no había tenido la opor-tunidad de estudiar la documentación del caso. Por tanto, la manifestación de que a juicio del segundo letrado ella tenía una buena causa de acción, no tenía mucho peso. Difícilmente podía servir de sustituía a un affidavit de méritos. La insolvencia de la demandante sugiere una fuerte proba-bilidad de que los honorarios de abogado dependían de que se tuviera éxito en el caso. La demandante en su moción para que se dejara sin efecto la sentencia sostuvo que su primer abogado al devolverle la documentación le había manifestado que no disponía de tiempo para seguir aten-diéndole el caso. De haber él participado de la opinión del nuevo letrado de la demandante en torno a la naturaleza de la causa de acción de ella, no es probable que hubiera aban-donado el caso unos días antes del juicio por falta de tiempo para celebrarlo. En ausencia de prueba más robusta, el juez de distrito no cometió abuso de discreción al hacer que el pago a los demandados fuera condición precedente a una tercera posposición, no obstante el hecho de que la deman-dante litigaba m forma pauperis.

La sentencia y resolución apeladas deben ser confirmadas.

El Juez Asociado Señor Travieso no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Deogracias Viera Rodríguez, demandante y apelante, v. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, etc., demandado y apelado.
    Núm. 7411.

    Sometido: Marzo 18, 1938.

      Resuelto: Junio 16, 1938.

      Bolivar Pagan, abogado del apelante; Ilon. Procurador General B. Fernández García y M. Rodríguez Ramos, Subprocurador, abo-gados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn pleito sobre devolnción de contribucio-nes pagadas bajo protesta.

El Tesorero de Puerto Rico a los efectos de la imposi-ción de contribuciones, tasó una finca de cuarenta cnerdas situada en Hato Rey, Río Piedras, con el Hipódromo “Quin-tana” construido dentro de la misma, en $194,020 para el año 1928-29 y en $188,040 para el 1929-30. No conforme su dueño, el demandante Viera, una vez que agotara la vía gubernativa sin resultado, recurrió para ante la Corte de Distrito de San Juan alegando que demostró ante la Junta de Revisión e Igualamiento que su finca es de la misma clase y categoría que la en que se encuentra el Hipódromo “Las Monjas,” sin que exista razón para que los terrenos de la pista de su hipódromo fueran valorados a razón de 50 centavos el metro mientras los terrenos de la pista del Hi-pódromo ‘Las Monjas’ fueron valorados a razón de 20 centavos el metro y menos para que los terrenos de los solares de los edificios, del Hipódromo Quintana fueran valorados a razón de $1 el metro mientras que iguales terrenos donde enclavan los edificios del Hipódromo ‘Las Monjas’ fueron valorados a razón de 25 centavos el metro, y que tampoco existía razón para que los terrenos de la parte exterior de la cerca del Hipódromo Quintana fueran valorados a razón de 50 centavos el metro, cuando iguales terrenos del Hipó-dromo ‘Las Monjas’ fueron valorados, unos, a razón de 25 centavos el metro, y otros a razón de 20 centavos el metro, y alega además el demandante que a pesar de haber demos-trado ante la Junta de Revisión e Igualamiento, que los edificios del Hipódromo Quintana eran más viejos que los edificios del Hipódromo ‘Las Monjas’ y que en realidad se trataba de edificios similares, no obstante, los edificios del Hi-pódromo Quintana fueron valorados en la suma de $74,630, para los efectos contributivos y los edificios del Hipódromo ‘Las Monjas’ fueron valorados en la suma de $53,330, para los mismos efectos y los mismos años económicos.”

Y alegando además que el verdadero valor de su finca era el de $93,887, siendo, por tanto, injusta y opresiva la contri-bución que se le impusiera en exceso del mismo, contribución ascendente a $2,688.66 que se vió obligado a pagar como pagó bajo protesta, pidió a la corte que dictara sentencia orde-nando su devolución.

Contestó el tesorero sosteniendo la validez y justicia de su actuación y alegando que:

“La parcela de 40 cuerdas de terreno que ocupa el hipódromo, es continuación o formaba parte de la urbanización llamada ‘Quin-tana.’ cuyos terrenos están tasados uniformemente a razón de $1 el metro cuadrado.
“La pista del Hipódromo Quintana, con un ancho de 25 metros, y longitud de una milla es una magnífica obra hecha con esmero y habilidad, su base es una superficie plana, impermeable, completa-mente lisa, rellena con una capa de arena completamente limpia, de 10 a 12 pulgadas de espesor y, para mayor comodidad y el menor riesgo de los caballos que corran en la misma.
“La obra de esta ‘pista’ es única en su género en Puerto Rico. Consta de cuatro curvas y una recta de llegada que les permite a los caballos mayor ligereza y más seguridad, registrándose mejora-miento en el récord, de dos segundos, en carreras, comparado con las demás ‘pistas’ de otros hipódromos.
“Teniendo en cuenta el trabajo, llevado a efecto, el material re-querido (conducción de enorme cantidad de arena de sitios distan-tes) y el terreno ocupado, el valor de $1 por metro cuadrado es ra-zonable.
“El terreno ocupado por las edificaciones está tasado a razón de $1 por metro cuadrado y es justa dicha tasación, teniendo en cuenta las razones ya especificadas. Dada la solidez del mismo y estando tasados los solares contiguos, o sea la Urbanización Quintana con la misma tarifa de $1 por metro cuadrado, no hay razón para que el terreno ocupado por los edificios del hipódromo, de mejor construc-ción y de mayor valor y de fines más lucrativos, que los ocupados por la urbanización, sean tasados a menos de $1 por metro cuadrado.
“En cuanto al terreno ocupado por la ‘pelusse’ o sea el centro del hipódromo, es idéntico al terreno usado en la urbanización, pero teniendo en cuenta el uso que le corresponde dentro del conglome-rado del negocio de que forma parte, se ha tasado a un precio de 500 por metro cuadrado.
“Y en cuanto a las construcciones, existen dos edificios de gran-des dimensiones, de concreto armado, acero y techo de zinc para aco-modar a las personas que concurren a las carreras, destinados a ‘campo’ y ‘grand stand’; ‘caseta de jurado,’ caseta pool, caseta pista, taquilla, jockeys, jaulas, verja y otras dependencias en buen estado y esmeradamente cuidadas; tienen un valor en tasación en relación al valor que representan, por lo que está justificada la ta-sación dada en planilla.”

Fue el pleito a juicio. Un solo testigo declaró, Ramón Llobet, ingeniero civil y agrimensor, presentado por el de-mandante. Su declaración ocupa veinticinco páginas de la transcripción y resumiéndola bien puede decirse que toda ella gira alrededor de la diferente valoración dada a los hipó-dromos “Quintana” y “Las Monjas”, ambos construidos bajo su dirección, y a los terrenos en los que los mismos se encuentran ubicados, y sobre el valor que personalmente da a tierras y edificaciones.

Sometido el caso definitivamente a la corte, ésta lo re-solvió en contra del demandante. En su opinión se expresó así:

“En ninguna parte de la demanda se alega la comisión de al-guna irregularidad al determinar el valor de las propiedades que sirvió de base para la imposición de las contribuciones; ni resulta de-mostrado que la tasación sea arbitraria y caprichosa. Tampoco se alega que el tesorero o la junta procedieran de mala fe o que reali-zaran actos de fraude o de extralimitación de autoridad o discreción administrativa. Ni hubo evidencia de que ante la junta se presen-tara prueba irrefutable de que la finca donde enclava el Hipódromo Quintana es de la misma clase y categoría que la finca donde en-clava el Hipódromo Las Monjas, contiguo uno al otro. Quizás la ta-sación hecha’ de los terrenos y edificios que integran el Hipódromo Las Monjas sea demasiado baja, pero el error, de existir, no puede servir de base para rebajar la tasación de propiedades similares del Hipódromo Quintana. El deber de los funcionarios de la adminis-tración es el de proceder en todos los casos de la mejor manera po-sible dentro de la ley, corrigiendo al efecto cualquier yerro que se hubiera cometido previamente. 'Sin embargo, la evidencia del de-mandante no demuestra que la tasación del Hipódromo Las Monjas sea tan correcta que merezca ser tomada como tipo de comparación, ni que la valoración del Hipódromo Quintana sea de tal modo exce-siva que dé lugar a una verdadera y manifiesta opresión que equi-valga a una injusticia clara y sustancial de que deba obtener repa-ración mediante la acción ejercitada.”

No conforme el contribuyente, apeló, señalando en sn alegato la comisión de tres errores. El primero va a los fundamentos de la sentencia y no a sns pronunciamientos. Por el segundo se. impugna la apreciación de la prueba por parte de la corte de distrito y por el tercero se sostiene que dieba corte erró al dictar su sentencia declarando la demanda sin lugar. Todos pueden estudiarse conjuntamente.

Comienza el apelante refiriéndose a los términos en que está redactada la Ley núm. 8 de 1927 (leyes de ese año, pág. 123) que autoriza el pago bajo protesta y el recurso subsiguiente para ante los tribunales de justicia, y sostiene que no exigen que se alegue y demuestre fraude' o mala fe para tener derecho a la devolución, si que simplemente se alegue y demuestre que la tasación que sirvió de base a la imposición de la contribución cobrada y pagada bajo protesta fué injusta.

La primera ley general que autorizó los pleitos sobre de-volución de contribuciones pagadas bajo protesta, fué la núm. 35 de 1911 (leyes de ese año, pág. 132). Eeconoció a la parte que creyere que la contribución que se le cobrara fuera injusta o ilegal el derecho a satisfacerla bajo protesta y a recurrir a los tribunales dentro de treinta días recla-mando sn devolución.

Esa ley fué derogada por la núm. 17 de 1920 (leyes de ese año, pág. 125), que comenzó diciendo que cuando un contribuyente creyere que no debe pagar una contribución por ser ilegal, excesiva o errónea, podrá pagarla bajo pro-testa y demandar ante los tribunales la devolución de lo pagado dentro de un término de quince días.

En 1924, por la Ley núm. 9 (leyes de ese año, sesión ex-traordinaria, pág. 71), se derogó la Ley núm. 17 de 1920. Se conservaron las palabras ilegal, excesiva o errónea y se estableció el plazo de treinta días para la interposición del recurso para ante los tribunales.

En 1925, por la Ley núm. 84 (leyes de ese año, pág. 581), se enmendaron algunas secciones de la Ley núm. 9 de 1924, y en 1927, ambas leyes, la núm. 9 de 1924 y la núm. 84 de 1925, fueron derogadas por la Ley núm. 8 (leyes de 1927, pág. 123) que es la que rige en la actualidad. Las palabras ilegal, excesiva y errónea quedaron eliminadas, autorizándose al contribuyente que “creyere que no debe pagar cualquiera contribución o parte de ella” a hacerlo bajo protesta y a re-currir para ante los tribunales en solicitud de su devolución dentro del término de w% año.

Las leyes, pues, ban ido haciendo cada vez más fácil y amplio el recurso iniciado en 1911 para ante las cortes, pero esto no quiere decir que en éstas las cuestiones que se sus-citen no deban esclarecerse y resolverse de acuerdo con los precedentes y la jurisprudencia aplicables.

Aquí, por ejemplo, el motivo único que el contribuyente alega para fundar su reclamación es que la tasación o valo-ración que de su propiedad se hizo a los efectos de imponerle y cobrarle la contribución fue injusta por excesiva, y nada más natural que se sigan los precedentes y la jurisprudencia sobre lo que pueden y deben hacer los tribunales cuando se les someten cuestiones de esa naturaleza.

En el caso de Swanson v. Snohomish County, 71 P. (2d) 170, decidido por la Corte Suprema del Estado de 'Washington, en 1937, se dijo que “la tasación se presume correcta y corresponde al dueño de la propiedad el probar por medio de evidencia clara y convincente que la tasación fue tan alta que tácitamente constituye un fraude.” Véase también Burke v. Stiles, 18 A. 657.

La tasación se presume justa y razonable, se sostiene en Washington Union Coal Co. v. Thruston County, 2 A.L.R. 1546, y, como se dice en Cooley “On Taxation,” cuarta edi-ción, Vol. 3, Capítulo 18, sección 1199, pág. 2401, “al revisar, en lo que sea permisible los actos de la Junta de Revision e Igualamiento, se partirá de la base de que existe la pre-sunción en favor de que sus actuaciones son correctas . . . A aquél que se oponga corresponderá probar que la reso-lución (de la Junta) es errónea.” Véanse Ensenada Estates, Inc. v. Hill, Tesorero, 24 D.P.R. 491; Saurí & Subirá v. Hill, Tesorero, 26 D.P.R. 609; Havemeyer v. Domenech, Tesorero, 45 D.P.R. 721, 723.

Estamos conformes con el apelante en que no es necesario alegar y probar fraude o extralimitación de autoridad para obtener la devolución de la contribución pagada bajo pro-testa, pero, de acuerdo con todos los precedentes, resolve-mos que para destruir la presunción de justas que tienen las actuaciones del tesorero y de la junta se necesita una prueba clara que convenza a la corte sentenciadora de que la tasación hecha por el tesorero y confirmada o modificada por la junta es de tal manera excesiva que la contribución impuesta de acuerdo con la misma resulta injusta en verdad, opresiva.

La experiencia demuestra lo difícil que es fijar el justo valor en el mercado de una propiedad y los diferentes criterios que sobre el particular pueden sostenerse de buena fe y por fundamentos que examinados separadamente parecen todos de peso. De allí que para que la corte esté justificada en sustituir su criterio por el del tesorero o la junta, deba aparecer de la evidencia aportada por el demandante que existió fraude, extralimitación de facultades, base falsa o errónea o fijación de un valor tan claramente excesivo que, sostenerlo equivaldría a sancionar una injusticia notoria. Y examinadas las alegaciones y la evidencia a que nos referimos al principio de esta opinión, no creemos que ése sea aquí el caso.

Si bien algunas de las manifestaciones contenidas en la opinión de la corte sentenciadora parecen exigir demasiado, surge claro de su contexto general que se colocó en el justo medio y que fué porque a virtud de la declaración del único testigo que el demandante le presentara no quedó convencida no ya de la no existencia de fraude, mala fe o falta de au-toridad, si que de que la tasación fuera realmente excesiva, que desestimó la demanda. Admitiendo la diferencia entre la tasación de los dos hipódromos, como bien dijo dicha corte, pudo la más baja ser la injusta. Y por respetable que fuera el testimonio del testigo sobre su apreciación personal del valor del terreno y de las edificaciones existentes en el mismo, sólo se trataba de una opinión frente a otra, sin que la del testigo estuviera robustecida por algún dato, becbo o fundamento tan claros que hicieran patente su superioridad sobre la opinión contraria.

Bajo esas circunstancias no es posible que prospere la apelación interpuesta que debe ser declarada sin lugar, quedando, en su consecuencia, confirmada la sentencia re-currida.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Clemente González Andino, acusado y apelante.
    Núm. 6946.

    Sometido: Abril 26, 1938.

      Resuelto: Junio 22, 1938.

      Ramón S. Pesquera, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Clemente González Andino apela de una sentencia de la Corte de Distrito de Bayamón que le declara culpable del delito de infracción a la Ley de Automóviles y le “condena a pagar una milita de $60 y las costas .... y en su defecto . . . . un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar.”

La denuncia, transcrita literalmente, lee así:

“Yo, Regino Pizarro, P. I. núxn. 695, vecino de Bayamón, P. R., calle de Dr. Yeve número_, mayor de edad, formulo denun-cia contra Clemente González Andino por delito Inf. a la Ley de Autos, Art. 12 (a) en conexión con el 12 (e), cometido de la ma-nera siguiente: que en 25 de mayo 9 A. M. de 1937, y en la calle Comerío de Bayamón, P. R., dentro del Distrito Judicial Municipal de Bayamón, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Ba-yamón, P. R., el citado acusado Clemente González Andino, allí y entonces ilegal, voluntaria y maliciosamente violó las disposiciones de la Ley para reglamentar el uso de los vehículos de motor por los caminos públicos de Puerto Rico, porque en el referido día guiaba por la calle Comerío de Bayamón (que es un camino público) el autotruck IN58, propiedad de Francisco Otero, de Bayamón, y en ocasión que g'uiaba el referido truck por la referida calle en direc-ción a San Juan por su derecha no ejerció el debido cuidado ni tomó las precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades porque al pasar al niño William Vázquez que venía montado en una bicicleta en la misma dirección del truck y por su derecha no tocó klaxon o aparato para dar alarma dando lugar a que por su negligencia, descuido y falta de circunspección arrollara al mencionado niño, ocasionándole una contusión con ema-toma de la región parietal izquierda, abundante hemorragia por el oído izquierdo, ligero traumatismo del tobillo izquierdo con pronós-tico reservado, siendo curado en el Hospital Municipal de Bayamón, quedando allí recluido, violando de este modo las disposiciones del Art. 12 letra (a) en conexión con el Art. 12 letra (e) de la Ley de Autos en vigor, según últimamente enmendada por la Ley núm. 9 de julio 18 de 1926. Hecho contrario a la ley para tal caso prevista. ’ ’

Alega el apelanté que la sentencia recurrida es errónea, primero, porque la prueba del fiscal no demostró la comi-sión de los hechos denunciados, y segundo, porque de toda la prueba se deduce la falta de acción u omisión delictiva del acusado. El fiscal de esta corte concurre con el acusado en que la sentencia debe revocarse, y somos de opinión que así debe hacerse.

Los apartados (a) y (e) del artículo 12 de la Ley mím. 75 de 1916 (pág. 144), para reglamentar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, dicen así:

“ (a) Las personas que manejen vehículos de motor en los cami-nos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades.
“ (e) Cuando se dé alcance a otro vehículo o persona siempre deberá darse aviso, y la persona o vehículo de menor velocidad de-berá echarse hacia la derecha, tanto como le fuere posible, y el ve-hículo que dé alcance pasará siempre por su izquierda.”

Una simple lectura de la denuncia es suficiente para con-vencer a cualquiera de que en ella no se imputa violación alguna del apartado (a). No hasta con seguir el lenguaje del estatuto; es necesario ser más específico y alegar la comisión u omisión de un hecho delictivo. Así lo hemos sostenido en El Pueblo v. Borque, 25 D.P.R. 594; El Pueblo v. Rivera, 26 D.P.R. 439; El Pueblo v. Salgado, 27 D.P.R. 881; El Pueblo v. Matienzo, 27 D.P.R. 918; El Pueblo v. Garda, 28 D.P.R. 954; El Pueblo v. Rivera, 28 D.P.R. 996, y El Pueblo v. Figueroa, 48 D.P.R. 754. En este último el Juez Asociado de este tribunal, Sr. Hutchison, hablando a nombre de la corte, se expresó así:

“. . . La denuncia no imputaba un delito ni bajo el inciso (a) ni bajo ningún otro inciso del artículo 12 de la ley. La contención del fiscal no podía ser sostenida aún si la denuncia hubiese seguido literalmente el contexto del inciso (a). Ese inciso prescribe en tér-minos amplios y generales una regla de conducta para aquellas per-sonas que guían vehículos de motor en la vía pública. En tales casos no basta que la denuncia siga la fraseología del estatuto. Debe ser más específica a fin de advertir al acusado de manera más de-finida de la naturaleza de la acusación que se le imputa. Este es el principio general en que se basa el caso de Borque, el cual fué seguido por este tribunal en los casos de Pueblo v. Rivera, supra; Pueblo v. Salgado, 27 D.P.R. 881; Pueblo v. Matienzo, idem 918, y distinguido en el de Pueblo v. García, 28 D.P.R. 954.”

La tínica alegación de hechos punibles que contiene la denuncia consiste en no haber el acusado tocado klaxon o aparato de alarma al pasarle a Vázquez. Esa alegación sí imputa una violación del apartado (c), supra. Pero el fiscal no la probó. Ni siquiera hizo a sus testigos una pregunta sobre el particular.

Es claro que en esas circunstancias no procedía la sen-tencia que dictó la corte inferior, -que debe, 'por lo tanto, re-vocarse y absolverse al acusado.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Henry Mason, demandante y apelado, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 7562.

    Sometido: Junio 15, 1938.

      Resuelto: Junio 22, 1938.

      C. Iriarte, P. Fernández Cuyar j H. González Blanes, abogados de ]a apelante; Brown, González & Newsom j Sergio Gelpí, aboga-dos del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso fué radicada el 30 de enero de 1933 y el 19 de febrero de 1934 la corte de distrito dictó sen-tencia condenando a la demandada a pagar al demandante la cantidad de $2,429 por concepto de daños y perjuicios, más las costas, desembolsos y honorarios de abogado. Apeló la demandada para ante este tribunal, siendo confirmada la sentencia el 19 de enero de 1937. Mason v. White Star Bus Line, Inc., 50 D.P.R. 833.

Radicó entonces el demandante su memorándum de costas, que incluye las siguientes partidas:

Honorarios de citación_ $2. 00
Honorarios del secretario- 10. 00
Gastos de deposición de Rafael Ríos, Jr- 16. 90
Gastos de deposición de Charles Duff- 10.00
Honorarios de abogado- 1, 000. 00
Total_$1, 038. 90

Compareció la demandada e impugnó el memorándum de costas, alegando:

(а) Que las partidas 3 y 4 por gastos de deposición de los testigos Ríos Jr. y Duff deben reducirse a $5 cada una, conforme dispone el inciso (5) del artículo 327'del Código de Enjuiciamiento Civil según fué enmendado por la Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936. (Leyes de ese año, pág. 353.) '

(б) Que la corte carece de jurisdicción para conocer del memorándum de costas, porque dicho procedimiento no se halla autorizado por ley alguna, toda vez que el artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil que prescribe la forma y manera de fijar las costas y el artículo 327 del mismo cuerpo legal que dispone la forma y manera de fijar la cuantía de los honorarios de abogado, tal y como fueron en-mendados por la Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936, por ser de carácter procesal tienen efecto retroactivo, son por consiguiente aplicables al presente caso y no se lia seguido el procedimiento prescrito en dichos preceptos.

(c) Para el caso de que la corte entendiere que tiene ju-risdicción para conocer de dicho procedimiento, impugna además la partida de honorarios de ahogado por estimarla excesiva de acuerdo con las circunstancias del caso.

Trabada así la contienda, la resolvió la corte a quo por resolución de 27 de mayo del año pasado. Se declaró con jurisdicción para conocer del procedimiento por estimar que el artículo 327 del código citado, tanto en la forma en que regía en la fecha en que se dictó la sentencia el 19 de fe-brero de 1934 como cuando se confirmó por este tribunal, no es de carácter adjetivo o procesal, sino de naturaleza substantiva, y que habiéndose concedido las costas bajo el imperio de la ley anterior, tienen éstas el carácter de una obligación o deuda como parte de la sentencia. Resolvió además la corte que aunque se considerase el artículo 327 tal y como rige en la actualidad, de carácter procesal, no podría alterar el derecho adquirido por el demandante al amparo de la legislación anterior ni podría afectar su de-recho a las costas. Aprobó las partidas 1 y 2 por no haber sido impugnadas, redujo las partidas 3 y 4 a $5 cada una y la de honorarios de abogado a $500, aprobando el memo-rándum por la cantidad total de $522.

Fué contra esta resolución aprobatoria del memorándum de costas que se estableció el presente recurso.

Insiste la apelante en el carácter retroactivo de los artícu-los citados, para llegar a la conclusión de que debe revocarse la resolución apelada, toda vez que aplicándose dichos ar-tículos como regían al confirmarse la sentencia el 19 de enero de 1937, el memorándum de costas habría sido radicado fuera de tiempo y la cuantía de honorarios de abogado no podía fijarse en la resolución aprobatoria del memorándum, sino en la propia sentencia que los concedió.

Una y otra parte lian presentado extensos alegatos en apoyo de sns respectivas posiciones, pero a nuestro juicio la solución del problema no ofrece dificultad alguna.

La regla general invocada por la apelante al efecto de que las leyes de carácter procesal tienen efecto retroactivo y se aplican tanto a los casos pendientes en la fecha de su aprobación como a los futuros, está muy bien establecida y universalmente aceptada. Pero es regla de oro en materia de interpretación de leyes que el objeto primordial de todas las reglas de hermenéutica no es conseguir un objetivo arbitrario preconcebido, sino dar efecto al propósito del legislador. Spicer v. Benefit Asso. R. E., 90 A.L.R. 517, 522. En armonía con este principio, la regla general invocada por la apelante, como todas las de su clase, tiene una excepción, y es que no se da efecto retroactivo a las leyes procesales cuando de la propia ley resulta expresa o implícitamente que no fue ésa la intención del legislador. Paulsen v. Reinecke, 97 A.L.R. 1184, 1186; Stallings v. Stallings, 148 So. 687, 689.

El principio antes enunciado no es nuevo en esta juris-dicción. En el caso de Guerra v. Carrión, 47 D.P.R. 798, 800, este tribunal citó con aprobación de 59 Corpus Juris 1173-1176 las secciones 700 y 701, de cuya cita tomamos el siguiente párrafo:

“La Legislatura tiene pleno dominio sobre la forma, términos y manera de proseguir los litigios y cubando al considerar todo el esta-tuto relativo a estas cuestiones se desprenda que ha sido la intención legislativa darle efecto retroactivo, se le dará tal efecto.” (Bastar-dillas nuestras.)

Recientemente, en el caso de Zayas Pizarro v. Molina, 50 D.P.R. 647, 650, este tribunal citó con aprobación un párrafo de la Corte Suprema de Oklahoma en el caso de Shelby-Downard Asphalt Co. v. Enyart, 170 Pac. 708, que dice así:

“Bajo la bien establecida regla de que im estatuto que se aplica exclusivamente a procedimiento debe surtir efecto retroactivo, a me-nos que aparezca que la Legislatura intentó que operara prospectiva-mente nosotros opinamos que esta enmienda debe ser interpretada en el sentido de comprender y abrazar causas de acción existentes al tiempo de entrar la ley en vigor, del mismo modo que aquéllas que se originaren después.” (Bastardillas nuestras.)

Veamos ahora cuál fué el propósito legislativo al enmendar los artículos 327 y 339 del Código de Enjuiciamiento Civil por la Ley num. 69 de 11 de mayo de 1936.

El artículo 327, supra, según regía en la fecha en que se dictó la sentencia por el tribunal inferior en lo pertinente de-cía así:

“Art. 327. Las partes en acciones o procedimientos, incluyendo El Pueblo de Puerto Sico, tendrán derecho a las costas y desembol-sos, sujeto a las reglas que más adelante se prescriben.
“En todos los casos en que se hayan concedido a una parte las costas en una acción o procedimiento en la corte de distrito, dicha parte, a discreción de la corte de distrito, tendrá derecho a recibir de la parte vencida una cantidad que represente el valor de los ser-vicios de su abogado o una parte de dicha cantidad; . .

El artículo 339 del mismo código, tal y como regía en la misma fecha, en lo pertinente decía así:

“Art. 339. Las costas se reclamarán por la parte a la cual hayan sido concedidas, entregando al secretario de la corte en que se hubiere dictado sentencia en primera instancia un memorándum de dichas costas, de los desembolsos necesariamente hechos por el reclamante en el pleito y del montante de los honorarios de su letrado, la vera-cidad del cual memorándum deberá ser jurada por la parte o su abogado; y la entrega de dicho memorándum se hará dentro de los diez días siguientes al en que haya vencido el término para apelar de la sentencia dictada en el caso de que no se hubiere apelado; si se hubiere apelado, la entrega se hará dentro de los diez días siguien-tes al en que se haya recibido en la corte sentenciadora en primera instancia aviso oficial de la resolución dictada en apelación en última instancia.
“A la parte condenada al pago deberá servírsele una copia de dicho memorándum por la que lo presente, pudiendo aquélla im-pugnar todas o cualesquiera de sus partidas dentro de los diez días siguientes al en que se le baya entregado su copia. En caso de im-pugnación, la parte contraria, dentro de los cinco días siguientes al en que se le baya entregado la copia de aquélla, podrá contestarla. La corte señalará día para la vista del asunto y celebrada ésta, prac-ticándose en el acto las pruebas pertinentes que las partes propon-gan, dictará su resolución.
“Si se hubiesen impugnado los honorarios de un abogado por ex-cesivos, la corte, al resolver la impugnación si la declara con lugar fijará el montante de aquéllos que deben ser pagados.
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El mismo artículo 327, tal y como fué enmendado por la ley citada, luego de conceder el derecho a las costas a favor de la parte victoriosa, al referirse a los honorarios de abogado dice así:

“En caso de que cualquier parte haya procedido con temeridad, la corte debe imponerle en su sentencia el pago de los honorarios del abogado de la otra parte, estableciendo en su sentencia el mon-tante de dichos honorarios, teniendo en cuenta el grado de culpa en el litigio y el trabajo necesariamente prestado por el abogado de la otra parte.”

T el 339, de acuerdo con la enmienda de 1936, dice así:

“Art. 339. El memorándum de costas debe ser presentado den-tro de los diez (10) días después de notificada la sentencia, y cual-quier oposición del mismo dentro de los cinco (5) días subsiguien-tes. Dentro de los diez (10) días después de la resolución de la corte sobre el memorándum de costas cualquiera de las partes puede apelar para ante el Tribunal Supremo y la apelación será tramitada conjuntamente con cualquier apelación que haya sido establecida contra la sentencia principal; Disponiéndose, que en caso en que no se haya establecido apelación de la sentencia principal, podrá siem-pre apelarse del memorándum de costas.”

Un estudio comparativo de los dos preceptos como exis-tían al tiempo de dictarse la sentencia y como habían sido enmendados al ser confirmada por el Tribunal Supremo, fácilmente demuestra la imposibilidad de aplicar la ley posterior a aquellos litigios anteriores a su vigencia en que como en el presente caso se había ya dictado la sentencia con el pronunciamiento de costas. En el caso que nos ocupa no se presentó el memorándum de costas al tiempo de noti-ficarse la sentencia, porque como ya hemos visto, el precepto legal que entonces imperaba exigía que el memorándum se presentase dentro de los diez días siguientes a aquél en que hubiera quedado firme la sentencia. Claro es que al confir-marse la sentencia en este caso, el término prescrito por la ley de 1936 para radicarlo había ya expirado con exceso. Tampoco podía incluirse en la sentencia el montante de los honorarios de abogado como exige la ley posterior, porque de acuerdo con la que regía al dictarse aquélla en 1934, los honorarios eran fijados en la resolución aprobatoria del me-morándum de costas. En otras palabras, si intentásemos aplicar la ley que regía al confirmarse la sentencia el 19 de enero de 1937, privaríamos al apelado, no sólo de las costas, propiamente dichas, si que también de los honorarios de abogado coneedídosle por la sentencia, y ése indudablemente no fué el propósito del legislador, porque la ley posterior por sus propios términos es físicamente inaplicable a aque-llos casos como el presente en que ya existía una condena de costas de acuerdo con la ley entonces vigente. Y es más evidente el propósito legislativo, cuando se tiene en cuenta que la ley posterior preserva el derecho a las costas y hono-rarios de abogado, pues no se concibe que fuera la intención legislativa privar de este derecho a los litigantes que obtu-vieron el pronunciamiento de costas y honorarios antes de regir la nueva ley, y conceder el mismo derecho a los que obtuvieron el pronunciamiento después de la vigencia de la Ley núm. 69 de 11 de mayo de 1936. La situación sería dis-tinta si la nueva ley hubiese proscrito de nuestro Código el derecho a obtener costas. A nuestro juicio es evidente la intención legislativa de que la enmienda a los artículos 327 y 339 tuviese efecto prospectivo solamente.

Por estos fundamentos opinamos que los citados artícu-los tal y como fueron enmendados por -la Ley núm. 69 de 1936 no tienen efecto retroactivo y por consiguiente no son de aplicación a litigios como éste, en que con anterioridad a la vigencia de dichos preceptos legales se había dictado el pronunciamiento de costas bajo el imperio de la ley anterior.

Resuelta esta cuestión jurisdiccional, restamos ahora considerar el caso en sus méritos. Las partidas 1 y 2, conforme aparecen de los autos, no fueron impugnadas y la corte les impartió su aprobación. Las partidas 3 y 4 fueron impugnadas en cuanto al montante de las mismas y la corte las redujo a $5 cada una, que era precisamente la cantidad a que según la apelante debían reducirse dichas partidas, por lo que no debemos alterar la discreción de la corte en cuanto a las mismas.

.Tratando del montante de los honorarios de abogado, la corte inferior, fundamentando su resolución, se expresó en los siguientes términos:

“Aparece de los autos que radicada la demanda la' demandada presentó moción eliminatoria, qu.e fué declarada sin lugar; que en-tonces radicó moción de especificación de particulares; que fué de-clarada en parte con lugar, sometiendo el demandante el pliego or-denado; y que se presentó excepción previa contra la demanda que fué declarada sin lugar, concediéndose entonces a la demandada tér-mino para contestar. A las vistas de dichas tres cuestiones, compa-reció el demandante por su abogado. Contestada la demanda, el demandante pidió que se tomara por deposición la declaración de Rafael Ríos Jr., residente en los Estados Unidos, celebrándose tam-bién una vista y expidiéndose la correspondiente comisión e interro-gatorios. T para la deposición del testigo Robert C. Duff, en Puerto Rico, también se siguió el procedimiento de'ley de notificación a la parte contraria, y ambas estuvieron presentes en el acto de la misma. Celebrado el juicio, presentándose evidencia documental y testifical, el día 21 de diciembre, 1933, también se practicó una inspección ocular al día siguiente, a solicitud de la parte demandada, estando presentes los abogados de las partes. Luego de dictada sentencia, ambas partes pidieron reconsideración de la misma, informando oral-mente y presentando alegatos. El del demandante consta de 7 pá-ginas.
“Expuesto, en síntesis, el trabajo necesariamente realizado en esta corte por los abogados del demandante, resta decir que si bien no aparece temeridad en grado sumo en la demandada al defenderse de la acción ya que la reclamación se redujo a casi una quinta parte de la suma pedida en la demanda, y fué resuelta por apreciación de la evidencia, no se trata de un caso corriente de daños y perjuicios, sino que fué laborioso, como lo demuestran los autos y la transcrip-ción de la evidencia que sirvió para la apelación que consta de 179 folios. La suma de $500 que representa alrededor de un 20 por ciento de la cantidad concedida por la sentencia por concepto de in-demnización, parece justa y razonable como montante de los hono-rarios de abogado, y en dicha suma se fijan los mismos. Véase Díaz v. P. R. Railway, Light & Power Co., 33 D.P.R. 25.
“Por tanto, se aprueba el memorándum por la suma de $522, y se condena a la demandada White Star Bus Line, Inc. a pagar al demandante Henry Mason, la expresada suma de $522 en con-cepto de costas, desembolsos y honorarios de abogado; debiendo el secretario expedir la correspondiente orden de ejecución si no se satisficiere dentro del término de ley.”

Examinados los fundamentos qne tuvo el juez de la corte inferior para reducir a $500 la partida de honorarios de abo-gado, no tenemos motivo alguno que justifique alterar la conclusión a que él llegó y opinamos que la cantidad de $500 por concepto de honorarios de abogado es una cantidad ra-zonable.

Procede, por consiguiente, confirmar en todas sus partes la resolución apelada.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    Josefina González, demandante y apelada, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 7499.

    Sometido: Abril 22, 1938.

      Resuelto: Junio 24, 1938.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blames, aboga-dos de la apelante; Juan Lastra, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a estudiar y a resolver en este caso es la de si bajo las circunstancias que en el mismo concurren estuvo facultada la corte sentenciadora al dejar sin efecto la sen-tencia que dictara y al permitir la radicación de una demanda enmendada.

Josefina González, una mujer casada, demandó a la WMte Star Bus Line, una corporación de esta isla que se dedica al transporte de pasajeros, en reclamación de mil doscien-tos dólares por concepto de daños y perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente que atribuye a la negligencia de la demandada y a virtud del cual un automóvil suyo quedó destrozado por un golpe que le dió una guagua de la deman-dada.

Contestó ésta negando general y específicamente las ale-gaciones esenciales de la demanda y alegando como defensa especial que dicba demanda no aducía beclios suficientes de-terminantes de una buena causa de acción en favor de la demandante y en contra de la demandada.

Pué el pleito a juicio y la corte lo falló por sentencia de febrero 5, 1937, declarando la demanda sin lugar. Basó su sentencia en una relación de hechos y opinión en que dice:

"Las partes no ban sometido alegato alguno; pero al examinar la corte la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a esta materia, encuentra que de acuerdo con la teoría sentada en el caso de Flit v. White Star Line, 49 D.P.R. 144, en el que se hace un resumen de toda la jurisprudencia anterior sobre la misma ma-teria, es la doctrina de esta jurisdicción que una mujer casada no tiene causa de acción para iniciar un pleito por daños y perjuicios sufridos en bienes de la sociedad de gananciales, y que por tanto, bay necesariamente que declarar con lugar la excepción de falta de becbos constitutivos de causa de acción en la demanda. Pudiera ale-garse que esta jurisprudencia se refiere solamente a daños persona-les; pero en el extenso estudio que se hace de esta cuestión en el caso de Vázquez v. P. R. Railway, Light & Power Co., 35 D.P.R. 62, se resuelve la cuestión de que bienes adquiridos durante el matri-monio se reputan gananciales mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer. Ésa es la ley y ésa es la jurisprudencia. La demanda alega expresamente que la demandante es una mujer casada y que 'su carro “Chevrolet” sufrió daños.’ Hemos examinado la prueba para ver si la existencia de propiedad no comunal quedaba curada; pero de la declaración de la demandante y de su esposo José Avilés Rodríguez se desprende que el carro lo compró ella con sus economías en marzo 29 de 1936, para cuya fecha ya estaba casada. Las economías están consideradas como pro-piedad conyugal y el carro, aún cuando adquirido por la mujer, era bien ganancial, de acuerdo con el artículo 1301 del Código Civil de Puerto Rico, y especialmente el inciso primero de dicho artículo. Siendo un bien ganancial los daños y perjuicios que sufrió el mismo, la indemnización por tales daños y perjuicios constituye una pro-piedad o bien ganancial a su vez, que debe ser reclamada por el ma-rido como representante legal de la sociedad conyugal.”

Pidió la demandante a la corte que reconsiderara su sen-tencia y le permitiera radicar una demanda enmendada. Oyó la corte a ambas partes y, citando el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y el caso de Merino v. City of New York Fire Ins. Co., 35 D.P.R. 451, el veinte del pro-pio febrero de 1937 dejó sin efecto su sentencia y concedió permiso para que la demanda enmendada fuera radicada, siendo contra esa orden de la corte que se interpuso el pre-sente recurso de apelación.

¿Tuvo facultad la corte de distrito para actuar en la forma en que lo hizo?

La demandada y apelante sostiene que no, porque la de-manda original era fatalmente defectuosa y no susceptible de enmienda, porque la demanda enmendada no corrige el defecto de la original y porque no teniendo derecho de ac-ción alguno la demandante, tampoco lo tenía a ser sustituida por otra parte ajena al litigio. Y tiene razón a nuestro juicio.

Citando el caso de Dubbers v. Goux, 51 Cal. 153, dice Bancroft:

“. . . no puede sustituirse el demandante que entabló la acción por un nuevo demandante, cuando la parte que viene como sustituía es la única que tenía un interés actual al tiempo que se entabló la acción.” (Bancroft’s Code Pleading, Vol. 1, sec. 574, pág. 830.)

Siendo ello así, como la sociedad de gananciales que trató de traerse al pleito era la única que tenía un interés actual al tiempo en que se entabló la acción, claro es que la demanda enmendada no pudo admitirse. La corte carecía de autoridad para ordenar por tal medio que un pleito que cayó por su base, que era a los efectos legales inexistente, continuara en pie, como si se hubiera válidamente iniciado cuando la primitiva demanda fue archivada.

Examinado el caso de Merino, supra, encontramos que es distinto. Allí el pleito había sido iniciado por la persona que realmente tenía derecho para ello, habiéndose cometido un error de derecho por parte de su abogado que dió lugar a que se dictara' una sentencia adversa contra dicha persona. Aquí se alega también la comisión de un error de derecho por parte del abogado de la demandante cometido al iniciar el pleito a su nombre en vez de hacerlo a nombre de su marido como representante de la sociedad de gananciales, pero lo hecho no estableció base alguna sobre la cual pueda continuar edificándose. Lo que aquí procede es iniciar in-dependientemente la acción a nombre de la parte realmente interesada.

Bebe el recurso declararse con lugar y en su consecuencia revocarse la resolución apelada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    Ramona Muñoz Viuda de Alonso, demandante y apelada, v. Ramón Nieves Luyando, demandante y apelante.
    Núm. 7347.

    Sometido: Marzo 10, 1938.

      Resuelto: Junio 24, 1938.

      Bubón & Ochoteco, abogados del apelante; B. Días Collazo, abogado de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Bamona Muñoz Vinda de Alonso demandó a Bamón Nieves en cobro de pesos. Alegó que Nieves; en unión de José del Llano, en marzo 31, 1923, suscribió y le entregó un do-cumento por virtud del cual se obligó a pagar en septiembre treinta siguiente, seiscientos dólares, valor recibido, con intereses al uno por ciento mensual a satisfacerse cada treinta días. El pagaré se transcribe en la demanda. Con-tiene la obligación de pagar también las “costas, gastos y honorarios de abogado en que incurra dicha acreedora para el cobro de este crédito.” No contiene pacto alguno con .respecto al pago de intereses después de vencida la obliga-ción.

Alegó además que la deuda estaba vencida desde sep-tiembre 30, 1923, que no obstante los requerimientos de la demandante el demandado no la había satisfecho en todo o en parte, sin que tampoco hubiera satisfecho en todo o en parte los intereses por cuyo concepto le adeudaba nove-cientos dólares, montando, en tal virtud, la obligación a mil quinientos dólares, por cuya suma pidió sentencia con costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

Emplazado el demandado alegó por vía de excepción pre-via que la demanda no aducía hechos suficientes para cons-tituir una causa de acción. Y el cuatro de mayo de 1936, la corte de distrito resolvió el pleito por sentencia en los si-guientes términos:

“En el día de hoy, 4 de mayo de 1936, se llamó a vista la excep-ción previa formulada por el demandado de que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción. Com-pareció la demandante por su abogado. El demandado no compa-reció por sí ni por abogado alguno que lo representara. La deman-dante solicitó que se dictara sentencia a su favor por tratarse de una excepción a todas luces frívola.
“Se trata de una acción en cobro de dinero que tiene su origen en un pagaré suscrito solidariamente por el demandado y ante no-tario. A los fines de la excepción aducida tenemos que aceptar como ciertas todas las alegaciones de la demanda. Ésta, a nuestro juicio, aduce todos los elementos necesarios para esta clase de acciones. Se alega en la misma la obligación contraída por el demandado, que ésta está vencida y que no obstante haber sido requerido de pago no ha satisfecho ni en todo ni en parte la obligación contraída ni tampoco sus intereses devengados desde marzo 31, 1923 y vencidos. La excep-ción previa presentada es frívola y dilatoria. Morales v. Iglesias, 49 D.P.R. 235; Mora v. Rivera, 25 D.P.R. 493; y Muñoz v. El Cenit, 27 D.P.R. 29 y casos citados en el primero.
‘ ‘ Se declara con lugar la moción de la demandante y, en su virtud, se dicta sentencia declarando con lugar la demanda y condenando al demandado Ramón Nieves Luyando a pagar a la demandante Ramona Muñoz Viuda de Alonso la suma de $600' con sus intereses al 1% mensual, desde el 21 de marzo de 1923 hasta la fecha de su total pago, más las costas, gastos y honorarios de abogado.”

Pidió reconsideración de la sentencia el demandado, alegando que ann cuando fué notificado de la moción de la demandante solicitando la inclusión del pleito en el calenda-rio especial de mayo 4, 1936, para la discusión de su ex-cepción previa, no recibió noticia de la inclusión, motivo por el cual dejó de comparecer; que su excepción no es frívola porque en la demanda no se alega que la demandante sea dueña y actual tenedora del pagaré, ni que éste no ha sido pagado por el otro deudor solidario; que no fué notificado de moción alguna para que se registrara sentencia y que el registro de la misma le privaba de su derecho a pedir que se le exhibiera el documento a los efectos de negar su au-tenticidad y también de alegar como defensa la prescripción, y, por último, que la condena al pago de intereses al doce por ciento anual era contraria a la ley, por no resultar con-venido expresamente su pago a ese tipo.

Por resolución fundada de junio 5, 1936, negó la corte sentenciadora la reconsideración y la apelación interpuesta siguió su curso hasta verse en diez de marzo último.

Abandona el apelante su contención de no haber sido no-tificado para la vista de la excepción previa, pero insiste en que la demanda es insuficiente, en que la corte no tenía autoridad para dictar la sentencia en la forma en que lo hizo y en que erró al condenarlo a pagar intereses al uno por ciento mensual. •

Debemos partir de la base, pues, de ana demanda, nna excepción previa de falta de cansa de acción y ana vista ce-lebrada para oír la misma a la qae dejó de comparecer sin cansa jastificada el demandado.

La demanda es snficiente. La hemos resanado. No era necesario qae alegara expresamente qae la demandante era daeña y actaal tenedora del pagaré en qae se fnnda. Alegó, transcribiendo el pagaré, qae éste faé sascrito y entregado por el demandado a la demandante, y ello es bastante. ‘ ‘ Caando se demanda en cobro de an pagaré y la demandante alega qae éste faé otorgado por los demandados y entregado a ella, sarge la presanción de continuidad,; dijo esta corte en Solé & Co. v. Sepúlveda, 41 D.P.R. 813, y ratificó en Abarca v. Rodríguez, 44 D.P.R. 419, 422. Qae era daeña, sarge implícito de todas las alegaciones de la demanda.

Tampoco era necesario qae alegara expresamente qae la obligación no había sido satisfecha por el otro deador solidario. Alegó sa vencimiento, sa no pago por el demandado, deador solidario, y bastaba. “De acaerdo con el artículo 1182 del Código Civil, concordante con el 108 de la Ley de Evidencia en procedimientos civiles, la praeba de ana obligación corresponde a la parte qae reclama o exige sa cumplimiento, y la de sa extinción a la qae la opone o niega; siendo presanción contra la extinción de la obligación, mientras no se destraya por praeba en contrario, el hecho de encontrarse en poder del acreedor el docamento o pagaré qae la demaestra.” Shaw v. Rodríguez, et al., 24 D.P.R. 871. “Además, la presentación de an pagaré por cnalqnier tenedor impone al obligado el deber de demostrar qae el pagaré ha sido satisfecho.” Royal Bank v. McCormick, 27 D.P.R. 414. Véase Broackway Motor Truck Corp. v. Lloréns, 45 D.P.R. 123, en el qae se trataba de ana excepción previa.

% Pndo la corte acceder a lo solicitado por la demandante, esto es, tavo facaltad para dictar sentencia al declarar la excepción sin lagar?

Desde hace más de veinte años dijo y resolvió esta corte en Mora v. Rivera et al., 25 D.P.R. 493, 495:

“La moción del demandante solicitando la desestimación de-la excepción previa por no haber comparecido a sostenerla la parte que la propuso, estaba én orden. La corte de distrito no se limitó a desestimarla, sino que la consideró en relación con la demanda y con-cluyó que era frívola, ya que la demanda a su juicio era suficiente y propia para registrar una sentencia sin más trámites, por tratarse de una deuda líquida, de plazo vencido.”

Y recientemente, en Morales v. Iglesias Silva, 49 D.P.R. 235, 237, por medio de su Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, se expresó así:

'“La sentencia dictada al desestimar la excepción se basa en ju-risprudencia sentada por esta corte. En Mora v. Rivera et al., 25 D.P.R. 493, se sostiene. . . .
“Esta doctrina está sostenida por la jurisprudencia de California. En el caso de Barron v. Deleval, 58 Cal. 95, 97, se dijo lo siguiente, interpretando el artículo 472 del Código de Enjuiciamiento Civil de. California, equivalente al 139 del Código nuestro:
“ ‘El artículo 472 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone1 que cuando una excepción previa a la demanda es desestimada y nose ha presentado una contestación, podrá la corte, en los términos que estime justos, permitir que se presente una contestación. Y en el caso de Seale v. McLaughlin, 28 Cal. 672, la corte dijo: “No hubo error en dictar sentencia por falta de contestación al desestimarse la excepción previa. Cuando una excepción a una demanda es deses-timada, y no se ha radicado contestación, la corte puede, en los tér-minos que estime justos, y previo pago de las costas, permitir que se radique una contestación. Pero esto no quiere decir que deba hacerse así en todos los casos. De ordinario la corte permitirá in-dudablemente que se radique la contestación cuando la excepción ha sido interpuesta de buena fe, con alguna razón para suponer que debiera ser sostenida. Pero en este caso no se solicitó permiso para radicar una contestación y la excepción es manifiestamente frívola e interpuesta simplemente para dilatar, sin ninguna intención de con-fiar en sus méritos. Es verdad que bajo las circunstancias no se hizo un uso impropio de la misma por los abogados que la presen-taron. Pero no hubo error en dictar la sentencia al declarar sin lugar la excepción previa.” ’ ”

La pregunta formulada debe, pues, contestarse en la afirmativa, agregándose que la corte sentenciadora no abusó de su discreción al negarse a dejar sin efecto la sentencia que de tal modo dictara.

El demandado tuvo la oportunidad al presentar su mo-ción de reconsideración de demostrar que fiabía sufrido un verdadero perjuicio si ése era el hecho y no lo hizo. Se li-mitó a insinuaciones y no a alegaciones positivas. No acom-pañó proyecto alguno de contestación que sirviera de base a la corte sentenciadora para apreciar si realmente tenía una buena defensa que oponer a la reclamación.

Resta sólo considerar la cuestión de los intereses. Para sostener su contención invoca el apelante del caso de Goico v. Rodríguez et al., 28 D.P.R. 530, 535, lo que sigue:

“A nuestro juicio erró la corte de distrito al conceder intereses al doce por ciento a partir de la fecha y después de vencido todo el término de la hipoteca, y por esta razón la sentencia tal como fué dictada, no puede subsistir.
“Y esa conclusión a que llegamos encuentra apoyo en los ar-tículos 1067, 1068, 1075, 1076 y 1141 del Código Civil, pero aunque así no fuera estaríamos satisfechos con seguir la doctrina enunciada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, como se indica en la cita que a continuación hacemos:
“ ‘Está bien establecido que el tipo convencional de intereses será permitido después de vencida la obligación cuando existe estipulación en este sentido, y también ha sido frecuentemente resuelto que tal tipo puede permitirse aun en ausencia de un convenio expreso en tal sentido cuando de los términos de la obligación misma interpre-tados debidamente resulta enteramente manifiesto que ésta fué la intención de las partes, como por ejemplo en el caso de un pagaré pagadero un día después de la fecha, o un pagaré pagadero a su presentación, con intereses convenidos. Sin embargo, cuando no hay nada que indique la intención de las partes en el contrato y la cuestión no está resuelta por prescripción del estatuto, las autorida-des están en conflicto respecto a si será o no concedido el tipo con-vencional o legal después del vencimiento. Según un número de de-cisiones el tipo convencional de interés seguirá después del venci-miento lo mismo que antes a falta de alguna estipulación hecha por las partes. Por otro lado las cortes en un número de estados sostie-lien que bajo tales circunstancias el tipo legal de interés y no el tipo convencional será permitido después del vencimiento. Ésta es la regla generalmente aplicada por la Corte Suprema de los Estados Unidos pero ese tribunal ha resuelto que la cuestión es siempre de ley local y que cuando se ha establecido una regla diferente rige en esa localidad. Tiene bastante fundamento el argumento de que cuando el contrato nada dice en cuanto al tipo de interés después del vencimiento debe permitirse el tipo legal. Aquéllos que sostienen una teoría distinta alegan que es una presunción de las partes el que el tipo anterior estipulado deba continuar después del venci-miento; pero esto se opone a la regla de que después que se ha dejado de verificar el pago el interés se da entonces no de acuerdo con el contrato sino en concepto de daños y perjuicios y entonces la regla referente a daños, el tipo legal 'de interés, debe regir.’ -15 R.C.L. 22.”

En el caso de Caraballo v. Registrador, 48 D.P.R. 923, 925, esta corte ratificó y aplicó la doctrina del caso de Goico, snpra, así:

“El contrato original no contenía disposición alguna respecto al tipo de interés en caso de que no se efectuara el pago a su venci-miento. En ausencia de tal disposición los acreedores hipotecarios, si hubiesen instado acción sobre el contrato original, hubieran po-dido recobrar intereses a razón del 6 por ciento anual solamente a partir de la fecha del vencimiento y de la falta de pago. Véase ar-tículo 1061 del Código Civil (ed. de 1930); Goico v. Rodríguez, et al., 28 D.P.R. 530; Cook v. Fowler, 14 E.R.C. 546, y otros casos citados en 33 C. J. 226, sección 111, y la decisión de la Corte Suprema de España de junio 7, 1922, 156 Jur. Civ. 464.”

El error apuntado fué, pues,- cometido, pero no dará lugar a la revocación de la sentencia apelada, sino a su modifica-ción en el sentido de condenar al demandado a pagar inte-reses al doce por ciento hasta septiembre 30, 1923 y al seis por ciento a partir de esa fecha. Y así modificada procede su confirmación.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió en cuanto a la modificación de la sentencia por . entender que la sentencia debe ser totalmente confirmada.

El Juez Asociado Señor De Jesús no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. George L. Holliday, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 6967 y 6968.

    Sometidos: Junio 8, 1938.

      Resueltos: Junio 24, 1938.

      Gabriel da la Soba, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Contra George L. Holliday se presentaron dos denuncias imputándole la comisión de dos delitos de abuso de confianza consistentes en la apropiación “voluntaria, maliciosa y frau-dulenta” del importe de dos cheques propiedad de “Prensa Insular de Puerto Rico,” uno por noventa y nueve dólares y otro por setenta y cuatro dólares y sesenta y siete centavos.

Las causas se radicaron en apelación en la Corte de Dis-trito de San Juan en agosto 14,1936. En enero 5, 1937, pidió su sobreseimiento el acusado por haber transcurrido más de ciento veinte días sin que se le sometiera a juicio. En febrero siguiente la corte declaró sin lugar la petición y señaló las vistas para marzo 3, 1937.

En esa fecha se celebraron, acumulándose las causas a los fines de la práctica de la evidencia, dictándose las sen-tencias en abril 6, 1937. Por ellas se declaró al acusado culpable de dos delitos de abuso de confianza de menor cuantía, condenándosele en cada una a pagar cien dólares de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer.

Apeló Holliday para ante esta Corte Suprema, y en un alegato común a ambos recursos señala siete errores cometi-dos a su juicio por la corte de distrito al negarse a sobreseer las causas, al declarar sin lug’ar sus excepciones a las denun-cias de falta de becbos constitutivos de delito y su moción de absolución perentoria por falta de prueba, al resolver que babía cometido los delitos y que había actuado fuera de la esfera de su empleo, al no decidir que El Pueblo babía dejado de establecer su intención de defraudar y al apreciar la prueba haciendo caso omiso de evidencia no impugnada y actuando con pasión, prejuicio y parcialidad.

El fiscal de esta corte en su alegato impugna, los tres primeros señalamientos de error, pero al contestar conjun-tamente los cuatro últimos muestra su conformidad con la revocación de las sentencias “porque no se ha probado, fuera de toda duda razonable, la intención fraudulenta del acusado de defraudar a nadie.”

Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción y a nuestro juicio los recursos interpuestos deben ser declarados con lugar. Fundaremos nuestra resolución exclusivamente en la falta de prueba de la intención criminal imputada al acusado, pero creemos conveniente manifestar además que estamos inclinados a creer que también la corte sentenciadora erró al declarar sin lugar las mociones de sobreseimiento.

Demostró la evidencia que el acusado trabajó a sueldo como director de la sección inglesa de “El Imparcialdia-rio que se edita en esta ciudad de San Juan de Puerto Rico, desde 1934 basta febrero de 1936, y que como su sueldo no fuera suficiente para satisfacer sus necesidades, se ocupó luego también de solicitar anuncios para el periódico, reci-biendo por ello determinada comisión.

Demostró además que como la empresa adeudara a Holli-day algunos sueldos, lo autorizó a cobrarlos del importe de los anuncios, haciéndolo sin dificultad basta fines de 1935, siendo su práctica la de rendir sus cuentas mediante una rela-ción en la que constaba lo cobrado por anuncios y lo tomado por él para pagarse su sueldo, entregando la cuenta con el saldo al auditor de la empresa. Así cobró varios cheques que presentó en evidencia fechados en agosto, septiembre y octu-bre de 1935, firmándolos como sigue: “El Imparcial, By: George L. Holliday,” cheques que presentó con sus cuentas siendo éstas aceptadas.

La evidencia discrepa en si ese entendido subsistía o no en enero de 1936 cuando Holliday cobró los cheques en que se basan las denuncias. Según declaró el testigo de cargo Antonio Ayuso, director del periódico, él personalmente, con anterioridad al cobro, comunicó su cese a Holliday, comuni-cación que también le fué hecha por el auditor de la empresa, García. Las exactas palabras de éste fueron finalmente las que siguen:

“Fiscal: P. — ¿Después de esa fecha de octubre 25, 1935, se le permitió al señor Holliday tomar dinero de las liquidaciones?
‘1R. — Bueno, se le advirtió que no; por mí mismo, que no tomara dinero de las liquidaciones y entregara cuanto traía. Yo también no sé si para esa fecha o después fué que se le prohibió que hiciera cobro alguno, sino que lo trajera íntegro'a El Imparcial y que no tomara nada para él de las comisiones, y una vez entregado a El Imparcial, El Imparcial le pagaría su comisión.
“P. — ¿Eso fué antes o después de coger los cheques de Martínez & Márquez de la Fox Film?
“R. — Se le advirtió antes.”

El acusado reconoció el hecho de la comunicación pero declaró que no le fué trasmitida como una orden, sino como una súplica hasta tanto que su cuenta fuera liquidada, siendo lo cierto que cuando él cobró y después del cobro de los che-ques en que se basan las denuncias, la empresa le debía cierta suma de dinero.

En la opinión que sirve de base a su sentencia la corte de distrito invoca el artículo 452 del Código Penal, que prescribe :

“Defensa en Caso ele Acusación. — En los casos de acusación o denuncia por abuso de confianza, bastará como defensa justificar que la cosa fué apropiada abiertamente, en virtud de título aducido de buena fe, aunque resultare éste insostenible. Pero esta disposición no excusará la retención ilegal de bienes de otra persona para ba-lancear o satisfacer algún crédito en contra de la misma.”

Hace énfasis en su última parte y cita la jurisprudencia de esta corte establecida en el caso de El Pueblo v. Ortiz, 7 D.P.R. 140, tomándola del resumen, como sigue:

“La circunstancia de que un empleado, que hubiere cometido el delito de abuso de confianza disponiendo de bienes pertenecientes a su principal, hubiere percibido o no sus salarios correspondientes durante el tiempo por que fué empleado, en nada puede desnatura-lizar la acusación, ni atenuar la responsabilidad del culpable, por lo que no constituye error la denegación de prueba sobre tal particular. ’ ’

En ese caso se imputó al acusado la comisión de un delito de abuso de confianza consistente en haber dispuesto ilegal y fraudulentamente de dos novillos pertenecientes a la hacienda “Obdulia” de la cual era mayordomo, vendiéndolos y apro-piándose su importe. Y en el curso de la opinión de la corte emitida por su Juez Asociado Sr. Figueras, se dijo:

“. . . Impertinente de todo punto fué la pregunta hecha por el defensor al perjudicado, de si había satisfecho al acusado los sala-rios durante el tiempo que fué su empleado, y como tal la declaró el tribunal. Esa pregunta no tenía en su resultado verdadera fina-lidad práctica, porque satisfechos o no los salarios, ese hecho no des-naturalizaba el de la acusación, ni era por sí solo bastante para ate-nuar la responsabilidad del culpable.”

Basta comparar uno y otro caso para advertir la diferen-cia que entre ellos existe. En el caso de El Pueblo v. Ortiz, supra, se trataba de un hecho aislado. Nada demostró que transacciones iguales se hubieran venido realizando con el consentimiento del perjudicado. Aquí el acusado continuó una línea de conducta aceptada. Quizá fue más lejos de lo que debiera al actuar como lo hizo después del aviso de Ayuso y García. Pero no puede de sus actos deducirse que existiera la intención criminal que se necesita para que el delito se entienda realmente cometido.

Vivas estaban aún sus relaciones con la empresa. Pen-diente la liquidación de su cuenta que arrojaba un saldo a su favor. Nada en última instancia tomó que no le corres-pondiera. No actuó ocultamente, sino a las claras. Todo revela que confió en que lo que hacía si bien podría contrariar o no ser del agrado de la empresa, jamás sería considerado por ésta como la comisión de un crimen.

“La regla general expuesta por las autoridades” — se dice en 13 A.L.E. 14-2 — “es al efecto de que uno que se apropia abiertamente (openly and avowedly) de los bienes de otra persona, sin el consentimiento de ésta, para cancelar una deuda que aquél reclama de buena fe le adeuda el dueño de dichos bienes, no es, sin importar qué ofensa pueda ser, por lo menos culpable de hurto o de abuso de confianza. La base para la decisión es la falta de intención de defraudar, que es la esencia del crimen. . . . Johnson v. State, 73 Ala. 523; People v. Eastman, 77 Cal. 171, 19 Pac. 266; Staples v. Johnson, 25 App. D. C. 155; Buchanan v. State, 5 So. 617; State v. Reilly, 4 Mo. App. 392; People v. Hopkins, 126 App. Div. 843, 111 N.Y. Supp. 423; Lawrence v. State, 11 Tex. App. 306; Young v. State, 34 Tex. Crim. Rep. 290, 30 S.W. 238; Reg. v. Wade (England), 11 Cox, C. C. 549.”

En State v. Reilly, 4 Mo. App. 392, 13 A.L.R. 145, se re-solvió que:

“Un agente que sinceramente cree, aunque erróneamente, que tiene una reclamación contra el principal, y de buena fe trata de asegurarse contra pérdida reteniendo dinero del principal que se le adeuda, no es culpable de abuso de confianza, ya que el elemento principal, la intención criminal, no existe.”

Y en State v. Collins, 41 A. 144, 13 A.L.R. 146, que:

“En un proceso contra un agente de una compañía de seguros por abuso de confianza, dijo la corte contestando una petición del acusado que se instruyera al jurado al efecto de que si la compañía le debía dinero él tenía derecho a retener el dinero de la compañía que llegaba a sus manos en su carácter de oficial de la corporación: ‘Ésa es la ley, y si él creyó que tenía una reclamación justa y retuvo el dinero bajo una reclamación en derecho (claim of right), no es abuso de confianza aunque pueda haber estado equivocado en lo que respecta a sus derechos, ya que el interés de defraudar no estaba presente.’ ”

Por virtud de todo lo expuesto, deben declararse con lugar los recursos, revocándose las sentencias apeladas y absolvién-dose en ambos procesos al acusado.

Los Jueces Asociados Señores Travieso y De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Josefa Quiñones Medina, en sustitución del menor José Antonio Quiñones, quien falleció, demandante y apelada, v. Francisco Galeno Cabán, demandado y apelante.
    Núm. 7267.

    Sometido: Diciembre 2, 1937.

      Resuelto: Junio 24, 1938.

      E. Pérez Casalduc, abogado del apelante; L. Mercader, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Josefa Quiñones Medina alegó en la Corte de Distrito de Arecibo que era la madre con patria potestad sobre los meno-res José Antonio Quiñones y Gladys Quiñones, e instó de-manda a nombre de ellos contra Francisco Galeno Cabán para obtener de éste el reconocimiento de dichos menores como hijos naturales.

Durante el juicio, la prueba tendió a demostrar, substan-cialmente, que el demandado tuvo relaciones amorosas con la madre de los demandantes durante varios años, o sea más o menos desde 1928 hasta mediados de 1933; que le puso una casa, la visitó continuamente y vivió con ella como concubina suya; que los menores nacieron durante este período; que el demandado era solícito con ellos desde el momento en que nacieron, les tenía afecto y les pagaba- sus alimentos y demás cosas necesarias.

La corte de distrito dictó sentencia a favor del menor José Antonio Quiñones y desestimó la demanda en lo que a Gladys Quiñones se refería. La desestimación se basó en el hecho de que Josefa Quiñones Medina se había casado con Gregorio Monto. Se divorció de éste en julio 26 de 1930, y, según el certificado de nacimiento y la prueba aducida en el juicio, la menor Gladys Quiñones nació el primero de agosto de 1931. Como de acuerdo con el inciso sexto del artículo 70 del Código Civil, edición de 1930, una mujer cuyo matrimo-nio ha sido disuelto, no puede contraer matrimonio durante los trescientos un días siguientes a tal disolución, y como el artículo 125 del mismo código provee que son hijos naturales los nacidos fuera de matrimonio de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos hubieran podido casarse sin dispensa o con ella, Gladys Quiñones, en su consecuencia, no era una hija natural, puesto que ella fué concebida cuando la madre estaba impedida por ley de contraer matrimonio con el deman-dado o con cualquier otro hombre.

El demandado apeló de esta sentencia y señala cuatro erro-res.

Como primer señalamiento el apelante sostiene que la corte de distrito cometió error al dictar sentencia a favor del menor José Antonio Quiñones, por no haber comparecido éste representado por la persona que designa la ley.

Josefa Quiñones Medina alegó en su demanda que era la madre con patria potestad sobre el menor José Antonio Qui-ñones, a cuyo favor se dictó sentencia. El apelante sostiene que la mera manifestación de Josefa Quiñones Medina de que el referido menor era hijo suyo no es suficiente prueba de ese hecho. El apelante sostiene, además, que la única forma en que puede probarse la paternidad de un hijo ilegítimo, de acuerdo con el artículo 125 del Código Civil (edición de 1930), es mediante copia del acta de nacimiento en que el padre o madre, o ambos, han comparecido conjuntamente y suscrito la declaración en que se reconoce a dicho menor o mediante copia de cualquier otro documento público en que él, ella, o ambos, reconocen a dicho menor.

El acta de nacimiento del menor-José Antonio Quiñones, copia certificada de la cual fué ofrecida en evidencia, no demuestra que Josefa Quiñones misma reconociera el hijo como suyo, sino que dicha declaración fué hecha por otra persona, o sea por José Quiñones, tío del niño, quien sus-cribió la misma. En su consecuencia, el apelante alega que nunca ha habido un reconocimiento del menor por Josefa Quiñones Medina, conforme exige el artículo 125 del Código Civil (edición de 1930).

En el caso de Pabón v. Alvarado et al., 28 D.P.R. 579, 583, 584, este tribunal resolvió lo siguiente:

“El Código Civil habla en varios sitios del reconocimiento por cualquiera de los padres pero podemos dudar si una madre natural que tiene la custodia de la hija no puede ser considerada como que la ha reconocido si la mantiene y sustenta. Nos inclinamos a creer que la madre en estas circunstancias tiene la patria potestad sobre la hija hasta tal punto que puede presentar una acción, pero no que-remos insistir en este punto.
“La madre prima facie reconoció a la hija en la fecha de su nacimiento como aparece del acta de nacimiento presentada por am-bas partes en este caso. Es cierto que la madre no compareció per-sonalmente en el registro, pero de la certificación aparece que la persona que fué allí estaba encargada de inscribir el nacimiento de la misma. Recientemente hemos declarado en el caso de Ex parte Otero y Striker v. El Pueblo, 27 D.P.R. 340, que el registro parro-quial es prueba prima facie del reconocimiento hecho por la madre y una regia semejante parece ser de aplicación al registro civil. Eso por sí sería suficiente razón para demostrar que Angélica Alvarado reconoció a.su hija. No se hizo demostración alguna en el juicio de que esta inscripción se hiciera sin el consentimiento de la madre. . .”

En Pérez v. Registrador, 29 D.P.R. 672, 674, hallamos lo que sigue:

“. . . . resulta documentalmente de las certificaciones de naci-miento de los menores que fueron reconocidos por Juana López en las fechas de sus respectivas inscripciones de nacimiento como hijos naturales suyos y si bien es cierto que ella no compareció en el re-gistro a hacer tales declaraciones sino que otra persona las hizo en su nombre, esto no impide que tales actas sean prueba prima facie de que son sus hijos naturales según hemos declarado en el caso de Pabón v. Alvarado, 28 D.P.R. 583, por lo que tenía la patria potestad sobre los menores que representó en la escritura de división de bienes y no era necesario la aprobación judicial. : .”

En Góñez v. Palmieri, 50 D.P.R. 457, se resolvió:

“En pleito entablado por una madre en representación de su bija menor, la verdadera parte interesada lo es la bija y no la madre, la que sólo comparece en representación de ella. En esas circuns-tancias, la demanda no está sujeta a ser excepdonada por el fun-damento de falta de causa de acción en la madre para demandar.”

Por tanto, toda vez que el acta de nacimiento del menor y la declaración de la madre constituían prueba prima facie de que Josefa Quiñones Medina era la madre de dicho menor, y tenía la patria potestad sobre el mismo, el apelante debió haber presentado prueba para destruir tal evidencia, y, en tal virtud, la resolución de la corte de distrito no es errónea.

Los señalamientos segundo y tercero envuelven una cuestión de derecho e imputan a la corte de distrito haber actuado erróneamente al admitir como prueba copia del acta de nacimiento del menor José Antonio Quiñones.

Durante el juicio el letrado de la demandante ofreció en evidencia el acta de nacimiento de José Antonio Quiñones. Alegando que dicha acta se le había extraviado, solicitó, y se le concedió, permiso para buscarla. Cuando la corte reanudó la sesión, el letrado alegó que el acta se 'le había perdido y solicitó tiempo adicional para obtener copia de la misma del Departamento de Sanidad. Esta solicitud le fué concedida por la corte, reservando al demandado el derecho a presen-tar cualesquiera objeciones que pudiera tener a la admisión de dicha acta en evidencia.

El apelante alega que la corte abusó de su discreción al obligar al demandado a ofrecer su prueba antes de la deman-dante haber terminado de presentar la suya. El apelante también alega que la corte de distrito erró al admitir el acta de nacimiento en evidencia, toda vez que la misma no está firmada por el Comisionado de Sanidad, sino por otra persona a su nombre. También alega que no hubo prueba en torno a si dicha persona había sido autorizada por el Comisionado de Sanidad para expedir certificados de nacimiento.

El inciso octavo del artículo 7 del Código de Enjuicia-miento Civil (edición de 1933) lee como sigue:

‘ ‘ Toda corte tiene poder:
“8. Para inspeccionar y corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia.”

En lo que se refiere al tiempo concedido para presentar dicha acta de nacimiento, no existe ningún error aparente por parte de la corte de distrito, mas aún si lo hubiera, no vemos cómo el mismo pudo haber perjudicado al demandado. El certificado era meramente evidencia corroborante, puesto que ya se había presentado otra evidencia suficiente para probar el nacimiento del menor y el hecho de que Josefa Quiñones Medina era su madre.

En Montalvo v. Montalvo, 25 D.P.R. 858, este tribunal resolvió que no es un error perjudicial en pleito sobre reco-nocimiento de hijo natural, el admitir una certificación de muy poca o ninguna fuerza probatoria en sí misma, para acreditar la fecha del nacimiento del demandante, cuando existen otras pruebas más que suficientes que establecen dicho hecho.

En lo que concierne a la contención del apelante de que el acta no estaba firmada por el Comisionado de Sanidad, sino por otra persona en su lugar, el artículo 38 de la Ley núm. 24 de 1931 (Leyes de ese año, pág. 229, 267) lee así:

“A petición de parte interesada, el Comisionado de Sanidad o la persona autorizada por él, suministrará copia certificada de cual-quier certificado de nacimiento, casamiento o defunción que se baya inscrito y registrado en el Registro General de acuerdo con las dis-posiciones de esta Ley. ... La copia del récord de cualquier naci-miento, casamiento o defunción, después que sea certificada por el Comisionado de Sanidad o por la persona autorizada por él, consti-tuirá evidencia prima facie ante todas las cortes de justicia de los hechos que consten en la misma. ...” (Itálicas nuestras.)

A este respecto, la regla general, según ha sido expuesta por Ruling Case Law, es como sigue (22 R.C.L. 472, seo. 143):

“Existe la presunción legal de que todo funcionario público cum-ple con su deber y que cuida fielmente de aquellos asuntos encomen-dádosle, y además, basta que se demuestre lo contrario, que las per-sonas que desempeñan un cargo público han sido debidamente nom-bradas y actúan con autoridad.”

Véanse Keely v. Sanders, 99 U.S. 441, 25 L. Ed. 327; Commonwealth v. Kane, 11 Am. Rep. 373.

El cuarto señalamiento del apelante alega que la corte de distrito cometió error al considerar la evidencia presen-tada y al resolver que el menor José Antonio Quiñones tenía derecho a su reconocimiento como hijo natural del demandado. A este respecto, la demandante ofreció suficiente prueba para sostener las alegaciones de la demanda y no existe mérito alguno en la contención del demandado.

Las consideraciones anteriores exigen la confirmación de la sentencia.

Los Jueces Presidente Señor Del Toro y Asociado Señor De Jesús no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Dolores Cotto Vargas, peticionaria, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. R. Cordovés Arana, Juez, demandada.
    Núm. 1117.

    Resuelto: Junio 24, 1938.

      M. Guzmán Tmidor, abogado de la peticionaria; G. Domínguez Ru-bio y L. Domínguez Rovira, abogados del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En enero 28, 1938, emitimos una opinión en este caso en que resolvimos, sustancialmente, que la Ley núm. 81 de 1936 (leyes de ese año, pág. 433) era aplicable a todas las hipote-cas independientemente de la fecha en que se otorgó la escri-tura, y fijaba un procedimiento uniforme para la ejecución sumaria de gravámenes hipotecarios. Dijimos:

“Hemos leído cuidadosamente las leyes de 1931 y 1936 e inter-pretado su aprobación en el sentido de expresar la intención legisla-tiva de poner en vigor un sistema completo para la valoración de propiedades antes de su venta, en forma algo similar a la existente entre 1893 y 1905. Creemos que la Ley de 1936 comprende toda hipoteca inscrita con anterioridad a su aprobación. Además, somos del criterio de que la ley es retroactiva y que meramente afecta el procedimiento a seguirse en el ejecutivo sumario, cuando la escritura no expresa el precio mínimo en que debe venderse la finca en la pri-mera subasta. Tal interpretación conduce a que se establezca un procedimiento uniforme para todos los ejecutivos sumarios.”

El acreedor hipotecario afectado por nuestra decisión ha radicado una moción para reconsiderar. Señala quince mo-tivos por los cuales trata de convencer a este tribuna] de lo acertado de su posición.

De los muchos motivos aducidos, el primero, tercero, quinto, duodécimo y decimocuarto son, a nuestro juicio, los únicos importantes.

El primer motivo se refiere al efecto legal que debe darse a la Ley núm. 81, supra. El acreedor sostiene, al igual que sostuvo en su alegato original, que el estatuto ya men-cionado meramente enmendaba el artículo 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, que por ende tan sólo a aquella parte o frase que fue realmente agregada debe dársele efecto independiente, y que no importa el alcance que el resto del artículo mismo pueda haber tenido antes de tal enmienda, el mismo no debe ser por ella afectado. Da én-fasis al hecho de que antes de la existencia de la Ley núm. 81, supra, el artículo 175 del Reglamento había sido inter-pretado por este tribunal en el sentido de que tenía aplica-ción definida que en algunos respectos era muy amplia y en otros muy limitada. Sostiene que ese artículo lee, a no ser por la enmienda que más tarde discutiremos, exactamente como leía en 1893. A todo lo que el artículo decía original-mente sobre las tres situaciones en que se podía suspender el procedimiento ejecutivo sumario y a sobre cómo por otra parte debe acudirse a la acción plenaria correspondiente, se le ha dado pleno alcance en nuestros tribunales.

El penúltimo párrafo del artículo ha de ser considerado. Leía y aún lee como sigue:

“Los acreedores que tengan inscrito su derecho con anterioridad a la ley vigente podrán optar por este procedimiento sumario; mas cuando los títulos de sus créditos no expresen la conformidad del deudor con un precio determinado para la subasta, habrán de acre-ditar esta conformidad, consignada en documento público, o pedir el justiprecio, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, para pre-parar el anuncio de la subasta; entendiéndose siempre aplicables las reglas de esta sección, que señalan el tipo mínimo para salvaguardar las responsabilidades preferentes. Las diligencias para el nombra-miento de perito se practicarán al verificarse el requerimiento de pago y se entenderán con las mismas personas con quienes aquél deba formalizarse.” ,

Este párrafo fue interpretado por nosotros en el caso de Henna v. Saurí & Subirá, 22 D.P.R. 836, 848, en el sentido de que se refería a aquellas escrituras de hipoteca que ha-bían sido otorgadas con anterioridad al año 1893 y que no estipulaban que el deudor convenía en determinado precio para el caso de la subasta. Este precepto, conforme hemos dicho, ha permanecido inalterado a través de los cuarenta y cinco años que han transcurrido desde que fue aprobado por primera vez en 1893. La única enmienda al artículo 175 bajo la Ley núm.. 81 de 1936, ha de hallarse en la frase que sub-rayamos en el siguiente párrafo:

"Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor como los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo; pero los efec-tos de tales redamaciones quedarán sujetos a lo dispuesto en el ar-tículo 34 de la Ley Hipotecaria en lo que respecta a terceros adqui-rentes, si del registro no resultasen claramente los motivos de la ac-ción ejercitada. La competencia para conocer de este juicio declara-tivo se determinará por las reglas ordinarias.”

La peticionaria sostiene que toda vez que la Ley núm. 81 de 1936 se intitulaba “Ley para enmendar el Artículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico,” y que la frase introductoria de la ley provee que “el artículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico queda enmendado y redactado del modo siguiente:”, a la ley sólo debe dársele el efecto de una enmienda y no de una reenaceión.

En apoyo de esta contención el letrado alega en su tercer motivo que nuestro Código de Enjuiciamiento Civil no con-tiene disposición alguna relativa al procedimiento a seguirse en caso de que la tasación en un procedimiento ejecutivo haya de ser hecha judicialmente. Este procedimiento, alega el letrado, constaba expresamente en la Ley de Enjuicia-miento Civil Española, que ya no está en vigor en Puerto Rico y que fue suplantada por el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904. En su consecuencia, sostiene que la referen-cia que en la ley de 1936 se hace a “el justiprecio, con arre-glo a la Ley de Enjuiciamiento Civil,” no puede referirse posiblemente al Código que abora está en vigor, y debe in-terpretarse en la misma forma que se bacía antes de 1936.

El peso de la argumentación expresada en los señala-mientos duodécimo y decimocuarto consiste .en el becbo de que si la Ley núm. 81 de 1936 se interpreta en el sentido de que crea, una vez más, la situación que prevaleció desde el 1893 al 1904, el resultado sería que anularía o baria que es-tuvieran sujetos a ser anulados todos los procedimientos eje-cutivos sumarios tramitados después que la Ley de 1936 em-pezó a regir, en los cuales no se hizo un justiprecio con an-terioridad a la venta.

Nos damos cuenta del peso de los argumentos presenta-dos por la peticionaria. No obstante, la ley de 1936, supra, aunque se intitulaba enmienda, fue, con una alteración sin importancia, sustancialmente una reenacción del artículo 175 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria con-forme el mismo ya existía en los estatutos. Así pues, la le-gislatura demostró una vez más su intención de que el justi-precio de la finca era un requisito previo indispensable al procedimiento ejecutivo sumario.

Es cierto que la peticionaria llama nuestra atención hacia el becbo de que según el caso de Henna v. Saurí & Subirá, 22 D.P.R. 836, 848, este tribunal interpretó el artículo 175, supra, como que se refería tan sólo a las escrituras de hipo-teca otorgadas con anterioridad al 1893. Empero, dadas las leyes de 1931 y 1936, no podemos llegar a otra conclusión que no sea la de que la legislatura tuvo la intención de dar al artículo 175, según fué enmendado, un alcance mayor. Este artículo restablece el remedio sumario a aquellas hipotecas que caen bajo nuestra decisión en el caso de Emanuelli v. Corte, 49 D.P.R. 775.

La contención de que como la' Ley de Enjuiciamiento Civil Española es a la que se refiere el artículo 175, la inter-pretación original debe aún seguirse, no es un verdadero obstáculo. Hemos resuelto en varios casos que el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 tan sólo derogó las disposicio-nes del antiguo código que no estaban en armonía con la ley existente.

La peticionaria llama nuestra atención Lacia la dificultad que podría surgir para los acreedores hipotecarios que han ejecutado sus gravámenes con posterioridad a 1938 en co-bro de hipotecas otorgadas con anterioridad a 1931 y que procedieron bajo la asunción de que el justiprecio era inne-cesario. Tenemos la idea de que esos casos serán relativa-mente pocos y no se encuentran claramente ante nos. Es posible que semejantes hipotecas pudieran estar protegidas por el principio de stare decisis aunque no se nos ha pedido que hagamos tal declaración. Cuanto dijimos en sentido con-trario en nuestra opinión principal debe interpretarse a la luz de la anterior posibilidad, de ser la doctrina de stare de-cisis aplicable.

Tomando en consideración todas las circunstancias, aun-que admitamos que la peticionaria ha sugerido uua interpre-tación plausible, sostenemos nuestra opinión original de 28 de febrero del año en curso, y declaramos sm lugar la mo-ción de reconsideración.


text:
    Ex parte Luis Ramos, peticionario.

      Resuelto: Junio 24, 1938.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario Luis Ramos solicitó de esta Corte Suprema en 12 de marzo de 1938 que se le autorizara a tomar los exá-menes de reválida para poder ejercer como abogado ante las cortes insulares.

Aparece de la petición que el citado Luis Ramos obtuvo en 4 de junio de 1937 un diploma de abogado del Cbáttanooga College of Law, de Chattanooga, Estado de Tennessee, y que dicho diploma constituye la base del alegado derecho a que se le permita tomar los exámenes requeridos por la ley.

El derecho a postular como abogado ante las cortes de justicia de esta Isla se regula por la Ley núm. 38, aprobada en 13 de abril de 1916. La sección 2 de esta Ley, tal y como lee hoy, después de haber sido enmendada por la número 1 de 21 de marzo de 1933, fija los requisitos con que habrán de cumplir los aspirantes que hasta entonces no habían sido admitidos y procedan, no obstante, de universidad o escuela acreditada, bien sea aquélla nacional o extranjera. Transcrita dicha sección textualmente, dice así:

“Todos los que no hayan sido admitidos anteriormente al ejercicio de la abogacía en esta Isla, de conformidad con lo prescrito en la sección 1 de esta Ley, pero que hayan obtenido un diploma de abo-gado en cualquier universidad o escuela acreditada, nacional o ex-tranjera, serán admitidos ante las cortes de justicia de Puerto Rico, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos si probaren a sa-tisfacción del examinador que son ciudadanos de Estados Unidos de América:
“2. *******
(í g ¡& # i¡í< =X= & * w J f
(Bastardillas nuestras.)

Este tribunal no lia dicho basta la fecha qué universidades aceptará como ‘ ‘ acreditadas ” a los efectos de esta Ley. Tam-poco ha establecido una norma para determinarlo, pero en-tiende que debe hacerlo ahora para el mejor cumplimiento de la ley y para levantar el standard y el prestigio de la abo-gacía en Puerto Eico. Pero como no tiene a su alcance los medios y facilidades necesarios para saber cuáles son las escuelas de derecho que merecen la calificación de “acredita-das” requerida por el estatuto, acuerda, en cuanto a las de Estados Unidos de América, adoptar como regia la de con-siderar “acreditadas” solamente aquellas que hubieren sido aprobadas y marcadas “A” por el Consejo de Educación Legal de la American Bar Association. •

El Chattanooga College of Law, de donde este peticionario procede, no figura en la lista de escuelas de derecho aprobadas y clasificadas como “A” por el ameritado Consejo de Educación Legal de la American Bar Association. Considerando, sin embargo, que el peticionario comenzó sus estudios en él después de haber sido admitidos a examen por esta Corte Suprema otros graduados de dicho Colegio, y que obtuvo su diploma con anterioridad a la fecha de la presente resolución, acordó admitirle a examen ante la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, celebrados el día 28 de marzo de 1938.