author: El Juez Asociado SR. del Toro,

text:
    Hernaiz Targa & Co., Demandantes y Apelados, v. Vivas, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de. la Corte de Distrito de Ponce en un caso sobre cobro de cantidad de dinero.
    No. 1023.
    — Resuelto en febrero 13, 1914.
    Orden Especial Dictada Después de una Sentencia Definitiva — Sentencia en Rebeldía. — Se entiende por orden especial dictada después de una sen-tencia definitiva a los efectos del No. 3 del artículo 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil, aquella que lesiona un derecho- al resolver sobre una cuestión no discutida en el pleito, ni resuelta por la sentencia definitiva, o que provee en contra de lo resuelto por la sentencia. De acuerdo con esta definición la orden apelada en este caso declarando sin lugar una moción solicitando la nulidad de la sentencia dictada en rebeldía, tiene el carácter de orden especial dictada después de una sentencia definitiva.
    Orden Deneqando la Anulación de una Sentencia en Rebeldía — -Apelación.— Aunque la regla general es que no son apelables las órdenes denegando la anulación de órdenes o sentencias apelables por sí mismas, existen excep-ciones a dicha regla general, siendo una de ellas la del caso de una orden negándose a dejar sin efecto una sentencia dictada en rebeldía.
    Comparecencia Especial — Norma para Determinarla. — La naturaleza del reme-dio que se solicita cuando se comparece ante una corte es lo que determina si la comparecencia es especial o general, y no la intención de la parte de que su comparecencia tenga uno u otro carácter.
    Comparecencia Voluntaria General — Moción Pidiendo el Traslado de un Pleito — Subsanación de Defectos en el Emplazamiento. — Interpretando ' los preceptos del párrafo 3 del artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 81, 82 y 83 del mismo código, la comparecencia de un demandado solicitando el traslado de un pleito a otro distrito, no obstante haberse consignado en la moción que se comparecía ‘ ‘ única y exclu-sivamente” eon tal objeto, tiene el carácter de una comparecencia voluntaria general y en tal virtud si algún ^efecto pudiera tener el emplazamiento fué subsanado por el mismo demandado.
    Traslado de un Pleito — Cambio de Distrito — Jurisdicción.—El establecimiento de una acción en un distrito que no sea el propio, no constituye un defecto jurisdiccional cuando la corte tiene jurisdicción general sobre la materia, y los estatutos que determinan el lugar de la celebración- del juicio meramente confieren un privilegio personal que puede ser renunciado.
    Id. — Comparecencia para Pedir el Traslado — Nuevo Emplazamiento del De-mandado. — Pedido por el 'demandado el traslado de un pleito a la corte de distrito de su domicilio y declarada con lugar la petición, no es necesario emplazar nuevamente al dicho demandado. Los autos en tal caso deben remi-tirse en el estado en que se encuentren por el secretario de la corte, a costa del demandado, a la corte de distrito competente, y ésta adquiere igual juris-dicción que si el pleito se hubiera originado en ella.
    Id.- — Sentencia en Rebeldía. — Guando un demandado solicita y obtiene el tras-lado de un pleito a la corte de distrito de su domicilio y deja pasar el tiempo concedido por la ley para formular excepciones o contestar la demanda sin ejercitar su derecho, puede anotarse su rebeldía a instancias del deman-dante y dictarse sentencia en su contra de acuerdo con la ley.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelados: Sres. Alvarez Nava y Domín-guez.

    Abogado del apelante: Sr. Manuel A. Rivera.

   El Juez Asociado SR. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra una orden por virtud de la cual se negó la anulación de una sentencia dictada en rebeldía.

De la transcripción de los autos aparece que Hernaiz, Targa & Cía, una sociedad mercantil domiciliada en San Juan, presentó una demanda en la Corte de Distrito de San Juan, sección Ia., en cobro de dinero, contra Roberto Vivas. Que expedido el emplazamiento, fué notificado personalmente al demandado el 25 de septiembre de 1912 con entrega de copia del emplazamiento y de la demanda, por F. Carreras, már-slial. Que el demandado presentó una moción a la corte “única y exclusivamente” para alegar que era vecino de Barros, distrito judicial- de Ponce, y para solicitar el traslado del pleito al distrito de su vecindad. Que celebrada la vista de la moción, la parte demandante se allanó y la corte el 24 de octubre de 1912 decretó el traslado solicitado por el deman-dado. Que la parte demandante presentó en la Corte de Dis-trito de Ponce una moción fechada el 4 de diciembre de 1912 pidiendo que se anotara la rebeldía del demandado por no haber contestado la demanda y que se dictara sentencia. T que la rebeldía se anotó el 10 de diciembre de 1912 y la sen-tencia concediendo lo pedido en la demanda se dictó y regis-tró en la misma fecha.

Así las cosas, el demandado presentó a la Corte de Dis-trito de Ponce el 15 de julio de 1913 una moción solicitando la nulidad de la sentencia de 10 de diciembre de 1912: (a) porque el emplazamiento fué diligenciado por el Málshal de la Corte Municipal de Barros que no tenía autoridad para ello; (6) porque la copia del emplazamiento que se entregó al demandado no lo era literal de su original; (c) porque trasladado el pleito a Ponce, el mismo día de su radicación, sin notificación ni nuevo emplazamiento al demandado, se anotó su rebeldía y se dictó la sentencia, y (d) porque ambas cortes, la de San Juan y la de Ponce actuaron sin haber adqui-rido jurisdicción sobre la persona del demandado. La Corte de Distrito de Ponce, por resolución de 29 de julio de 1913, negó la nulidad solicitada y contra esa resolución de la corte se interpuso el presente recurso de apelación.

La primera cuestión que debe considerarse y resolverse en este caso es la de si la orden de 29 de julio de 1913 es o nó apelable.

El artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado en 1905 y 1908, regula los casos en que puede apelarse para ante esta Corte Suprema y, copiado a la letra, dice así:

“Artículo 295. — Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
“1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o prOr cedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.
“2. De tina sentencia de tina corte de distrito dictada en apela-ción interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediere de trescientos dollars.
”3. De una providencia concediendo o denegando un nuevo juicio; concediendo o anulando un injunction; negándose a conceder o anular un injunction; anulando o negándose a anular un embargo; conce-diendo o negándose a conceder un cambio de lugar para la celebra-ción del juicio; de una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva; y de una sentencia interlocutoria en pleitos sobre partición de propiedad real, dentro de los diez días de dictada la providencia o sentencia interlocutoria y de anotada la misma en el libro de actas de la corte o de archivada en secretaría.”

Basta leer el precepto legal transcrito para concluir que la única parte del mismo que pudiera ser aplicable a este caso es aquella que dispone que podrá establecerse el recurso contra “una providencia especial dictada después de una senten-cia definitiva.”

Esta Corte Suprema de Puerto Rico en el caso de Ayoroa v. Sucesión Méndez, 13 D. P. R., 286, 290, invocando lo deci-dido en el de Avalo Sánchez v. Sucesión Díaz, resolvió que a los efectos del número 3 del artículo 295 del Código de En-juiciamiento Civil, se entiende por providencia especial aquella que lesiona un derecho al resolver sobre una cues-tión no discutida en el pleito, ni resuelta por la sentencia defi-nitiva, o que provee en contra de lo resuelto por la sentencia.

Si aplicamos la anterior definición a este caso concreto que estamos considerando, tendremos que concluir que la orden de 29 de julio de 1913 está comprendida dentro de sus términos, porque si bien nada proveyó en contra de la sen-tencia de 10 de diciembre de 1912, es lo cierto que resuelve cuestiones fundamentales que no fueron discutidas en el pleito.

En el caso de Ayoroa et al. v. Benítez, 14 D. P. R., 446, 448, esta Corte Suprema, citando como precedente el de Beach et al. v. Spokane Ranch and Water C'o., 21 Mont., 7, estable-ció que, como regia general, no son apelables las órdenes dene-gatorias de otras anteriores apelables.

Y en el de The American Railroad Company of Porto Rico v. Quiñones, 17 D. P. R., 261, 264, en el cual se desestimó una apelación interpuesta por el demandado contra una orden de la Corte de Distrito de Mayagüez negándose a dejar sin efecto una sentencia sobre las alegaciones dictada a petición del mismo demandado, se dijo: “La Corte Suprema no tiene ju-risdicción para conocer de una apelación de una orden rehu-sando anular una sentencia u orden apelables.” Eureka, etc., Railroad Co. v. McGrath, 74 Cal., 49; In re Get Young, 90 Cal., 77, y otros casos citados en Pomeroy, Codes of Cal. Ann., Civil Procedure, pág. 939. ‘ ‘ Cuando la sentencia u orden son apelables por sí mismas, la apelación debe establecerse contra la sentencia o la orden, y no contra una orden subsiguiente rehusando anularlas.” Goyhinech v. Goyhinech, 80 Cal., 409.

Aplicando la regia general establecida, sería necesario resolver que no cabe apelar contra la orden de 29 de julio que negó la anulación de una sentencia apelable por sí misma. Sin embargo es necesario reconocer que dicha regia general tiene excepciones. En el caso de The Fajardo Development Company v. Sucesión Morfi, 17 D. P. R., 1120, 1122, esta misma corte, por medio de su Juez Sr. MacLeary, se expresó así: “Es una proposición general que no se puede apelar de la resolución de una corte por la que ésta se niega a dejar sin efecto una orden que es apelable por sí. Pero, puede ser que esta regla general, a semejanza de todas las demás, tenga excepciones en ciertos casos. No debe olvidarse que la orden de 8 de mayo de 1911 era virtualmente una sentencia dictada en rebeldía, porque los apelantes habían dejado de presen-tar dentro de cierto período sus objeciones contra el memo-rándum de costas. Aunque los demandantes pudieran haber interpuesto recurso de apelación contra dicha orden, habría sido'muy difícil conseguir la completa revisión del caso, en virtud de los supuestos méritos del mismo, y, en tales casos, se ha permitido que se presente una moción solicitando que se deje sin efecto'la rebeldía, y que en el caso de una nega-tiva, se apele de la resolución denegando la moción.” McCormick v. Belvin, 96 Cal., 182; De la Montanya v. De la Montanya, 112 Cal., 101; Pignaz v. Burnett, 119 Cal., 157; Thompson v. Alford, 128 Cal., 227.

Un estudio detenido de las decisiones sobre la materia nos lleva a la conclusión de que las circunstancias concurrentes en cada caso concreto lian influido muclio en la determina-ción de si está o nó comprendido dentro de la regla general o dentro de la excepción.

El fundamento de la regla general descansa, a nuestro juicio, en el hecho de que sí la ley concede un término fijo para apelar de una orden o sentencia, debe establecerse la apela-ción dentro de dicho término, y no permitirse que después de vencido se acuda a la corte a quo, se pida la nulidad de la orden o sentencia, y, si no se logra, se pueda apelar a la Corte Suprema, obteniendo por ese medio indirecto tal vez la revisión del caso.

Y el fundamento de la excepción a la regia general des-cansa, en lo que se refiere a sentencias en rebeldía, a nues-tro juicio, en que en algunos casos tales sentencias se obtie-nen habiéndose emplazado al demandado por edictos y pasa el término para apelar sin que en realidad de verdad la parte perjudicada tenga conocimiento de ellas, y en otros, tales sentencias se dictan sin haberse emplazado debidamente al demandado y sin haber, por tanto, adquirido jurisdicción la corte.

En Kentucky, en el caso de Hermann v. Martin, 21 Ky. L. Rep., 1396; 55 S. W., 429, citado en 2 Cyc., 590, se resol-vió que una sentencia en rebeldía, sin que se haya hecho el emplazamiento o registrado la comparecencia por el deman-dado, es nula y puede ser revocada en apelación después que haya sido desestimada la moción que se presente a la corte inferior solicitando que se deje sin efecto la sentencia.

En California, concretamente, sin argumentación alguna, en el caso de McCormick v. Belvin, 96 Cal., 182, 183, se deci-clió que una orden denegando una moción para dejar sin efecto ana sentencia en rebeldía, era apelable.

T en esta misma Corte Suprema de Puerto Eico, en el caso de Vías v. Sucesión Péres, 15 D. P. R., 732, se tramitó un re-curso de apelación interpuesto contra una orden de la Corte de Distrito de Humacao negándose a dejar sin efecto una sen-tencia en rebeldía, se entró en el fondo del asunto y se revocó la orden apelada. De igual modo procedió la Corte Suprema de California en el caso de Ward v. Ward, 59 Cal., 139.

El hecho de que en Puerto Rico en la actualidad y a par-tir de la vigencia de la sección 2 de la ley número 70 de 1911, se notifique a la parte perjudicada, o a su abogado, la senten-cia que se dicte, ¿podrá influir en la decisión de este caso?

A nuestro juicio tal hecho afirma aún más el fundamento-de la regla general de que las apelaciones deben establecerse contra las órdenes y sentencias originalmente apelables y no contra las resoluciones negándose a anular dichas órdenes y sentencias, pero no influye de modo decisivo en la decisión de este caso por haberse solicitado la nulidad de la sentencia basándose en una cuestión jurisdiccional. Si se sostiene la contención del apelante, sería necesario concluir que la Corte de Distrito de Ponce había actuado sin jurisdicción y por tanto que la sentencia dictada era nula no obstante haberse dejado de interponer contra ella en tiempo y forma el recurso-de apelación autorizado por la ley. .

A virtud de todo lo expuesto la cuestión de si la orden de 29 de julio es o nó apelable, debe resolverse en la afirma-tiva. Estudiaremos ahora los fundamentos de dicha orden para resolver si debe revocarse o confirmarse.

En el caso In re Clarke, 125 Cal., 388, la Corte Suprema de California estableció la siguiente doctrina que luego rati-ficó en el de Security, etc., Co. v. Boston, etc., Co., 126 Cal., 418: “En principios generales, la alegación de que una parte comparece ante la corte especialmente para un fin determi-nado, no tiene consecuencia alguna. Si al-comparecer lo hace con el solo fin de oponerse a que la corte considere el caso o a que tenga lugar algún procedimiento en el mismo, basado en que la corte no ha adquirido jurisdicción sobre la persona •del demandado, la comparecencia tiene un carácter especial y ninguna declaración en ese sentido es necesaria en la noti-ficación ó moción, o tendría algún efecto en el caso’ de que se hiciere. Por el contrario si comparece y solicita algún, remedio que sólo puede concederse a una parte en un caso, pendiente, o que constituya un procedimiento regular del caso, la comparecencia tiene un carácter general a pesar de que especialmente se afirme en lá misma lo contrario. Es la natu-, raleza del remedio que se s.olicita lo que hay que considerar, y no la intención de la parte de que su comparecencia tenga o nó el cáracter de una comparecencia general.” Véase tam-bién el caso de Nisbet v. Clio Mining Co., 2 Cal. App., 436.

-Guiados por los anteriores principios, examinemos las cir-cunstancias de este caso.

Como hemos consignado anteriormente, emplazado el de-mandado, compareció ante la Corte de Distrito de San Juan alegando que lo hacía única y exclusivamente para solicitar el traslado del pleito a la Corte de Distrito de Ponce.

La Corte de Distrito de San Juan, accedió a lo solicitado, esto es, la pretensión del demandado fué declarada con lugar y el pleito trasladado a la corte de su domicilio en el estado en que se encontraba y, de acuerdo con la ley, artículo 85 del Código de Enjuiciamiento Civil, el secretario ele la Corte de Distrito de San Juan debió remitir los autos al Secretario de la Corte de Distrito de Ponce a costa de la parte que hizo la solicitud, y la Corte de Distrito de Ponce adquirió igual-jurisdicción que si el caso se hubiera promovido en ella.

La comparecencia del demandado solicitando el traslado-del pleito a la Corte de Distrito de Ponce, no obstante las pala-bras empleadas en su escrito, tiene el carácter de una compa-recencia voluntaria general y en tal virtud si algún defecto, pudiera contener el emplazamiento, fué subsanado por el mismo demandado que está ahora impedido de volver contra sus propios actos. Artículo 98 del Código de Enjuiciamiento. Civil; Baisley v. Baisley, 113 Mo., 544; 35 Am. St. Rep., 726; 4 Ill., 48; 3 Cyc., 508, 515; Banco de Puerto Rico v. Sucesión Font, 14 D. P. R., 583.

Introduce alguna confusión en estas materias de sumisión y de traslado el hecho de que los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil son de origen distinto a la totali-dad del código. Dichos artículos no figuran en los Códigos de California, Idaho y Montana.

Si el número 3 del artículo 77 se examina aisladamente, es indudable que podría concluirse que, habiéndose el deman-dado limitado a pedir el traslado del pleito, no se había some-tido a la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan. Pero si dicho artículo se examina en relación con el 81, el 82 y el 83 del mismo código, se verá que el demandado en un caso de esta naturaleza no tiene derecho a dilatar indefinida-mente el pleito o a terminarlo en la corte en que se comenzó y hacer que se inicie de nuevo por el demandante en la corte competente, sino que debe, al comparecer a contestar o a for-mular excepciones o en cualquier otra oportunidad que fuera procedente,- pedir el traslado del pleito alegando por medio de declaración jurada que reside en otro distrito judicial o que concurre alguna de las otras circunstancias que la ley prescribe. De esta manera el demandado puede lograr el reconocimiento de su derecho, sin que sufra dilación alguna indebida la administración de la justicia.

Esta Corte Suprema ha tratado en las siguientes deci-siones que deben consultarse, sobre cuestiones que se rela-cionan con la traslación de pleitos y la sumisión de las par-tes: Buv. Borinquen Sugar Co., decidido el 8 de abril de 1913; Carbonell v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R., 149; Fajardo et al. v. Tió, 17 D. P. R., 246; Ponce & Guayama Railroad Co. v. Antonetti et al., 17 D. P. R., 326; Bayron v. García et al., 17 D. P. R., 545; Bithorn et al. v. Ball et al., 17 D. P. R., 581; Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Ereño et al., 16 D. P. R., 103; Coll et al. v. Rigo, 16 D. P. R., 322; Torres et al. v. Torres et al., 16 D. P. R., 354; León v. Váz quez, 16 D. P. R., 433; Carbonell v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 438; Antonetti et al. v. Foote et al., 16 D. P. R., 594; Nazario v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 669; Río v. Vázquez, 16 D. P. R., 809; Arzuaga & Cía. v. Aramburu, 15 D. P. R., 181; Sarié v. Porto Rican Leaf Tobacco Co., 15 D. P. R., 208; Veve et al. v. The Fajardo Development Co., 15 D. P. R., 583; El Pueblo v. Paz, 12 D. P. R., 104; Ex parte García, 11 D. P. R., 534; Giménez et al. v. Brenes, 10 D. P. R., 134; Abella v. La Corte de Distrito, 10 D. P. R., 227; González v. El Pueblo, 10 D. P. R., 492; Sobrinos de Ezquiaga v. Munitiz, 8 D. P. R., 435; Solá v. El Registrador, 8 D. P. R., 215.

Deben consultarse de igual modo los comentarios a las secciones 396 y 397 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, por Pomeroy, pág. 141 y siguientes, y las deci-siones en ellos citadas, a los efectos de formar un concepto exacto con respecto al tiempo en que debe presentarse la soli-citud de traslado en los varios casos del artículo 397, igual al 83 de nuestro código, a los requisitos que debe contener el affidavit de méritos, etc.

También debe examinarse Cyc. que dedica las primeras 184 páginas, de su tomo 40 a estudiar la materia de cambios de lugar de juicios, tratando primero de su naturaleza, origen y alcance; luego del lugar del juicio en lo que respecta a dife-rentes Estados, o sea del traslado entre Estados; luego del lugar del juicio en lo que respecta a diferentes condados o distritos de un mismo Estado, o sea del traslado doméstico o municipal, y, por último, del cambio de lugar del juicio en general.

Hay una gran diferencia, dice, (40 Cyc., 39) entre la doc-trina referente al traslado doméstico o municipal y la que se refiere al traslado entre Estados, consistente en que la última se funda en la limitación territorial de jurisdicción mientras que la primera versa solamente sobre reglas ele procedimiento.

Luego expresa (40 Cyc., 110, 111), que bajo estatutos que exigen qne las acciones se establezcan en determinados dis-tritos, hay casos en los qne se sostiene el-principio de qne la cuestión de localidad afecta a la jurisdicción sobre la mate-ria y qne la objeción de baber establecido un pleito en un condado que no es el propio, no puede ser renunciada. Sin embargo, según la mejor regia sostenida por el peso de las autoridades, el establecimiento de mía acción en un distrito qne no sea el propio, no constituye un defecto jurisdiccional cuando la corte tiene jurisdicción general sobre la materia, y los estatutos que determinan el lugar de la celebración del juicio meramente confieren un privilegio personal que puede ser renunciado.

Más- adelante consigna (40 Cyc., 176), que el cambio de lugar del juicio produce el efecto de privar a la corte que dicta la orden de traslado de seguir teniendo jurisdicción del caso, pero no afecta a los procedimientos habidos anterior-mente, ni impide que la corte dicte órdenes enmendando o corrigiendo sus autos con respecto a los procedimientos ante-riores al traslado. El cambio también produce el efecto de conferir a la corte a donde se traslada el caso, jurisdicción tan amplia y completa como si la acción se hubiera originado en ella.

Y establece por último (40 Cyc., 182) que la parte que soli-cita el traslado del juicio no está en condiciones de oponerse a cualquier error o irregularidad en la traslación del mismo, o a que se celebre el juicio en la corte a donde pidió que fuera trasladado, a menos que dicha corte careciere enteramente de jurisdicción.

Estudiadas, pues, las circunstancias del caso y examinada la jurisprudencia aplicable, es necesario concluir: 1°., que no había necesidad de emplazar nuevamente al demandado cuando el pleito fué trasladado a su instancia a la Corte de Distrito de Ponce; 2°., que cualquier defecto que pudiera tener el emplazamiento quedó subsanado por la comparecencia del demandado al pedir el traslado del pleito a la Corte de Dis-trito de Ponce; y 3°., que habiendo dejado el dicho ciernan-dado de contestar o formular excepciones en tiempo, es bien claro qne pudo anotarse su rebeldía y dictarse sentencia en contra suya de acuerdo con lo pedido en la demanda.

. Ahora bien, el hecho cié’ que en un solo y mismo día se archivaran los autos en la Corte de Distrito de Ponce, se soli-citara la rebeldía y la sentencia y se anotara en efecto la rebel-día y se dictara la sentencia, tal vez no constituya una prác-tica recomendable. Cuando el derecho cuyo reconocimiento se pide a los tribunales es claro, no debe recurrirse a medios que si bien no puede afirmarse que sean totalmente ilegales, es lo cierto que dejan la impresión de la sorpresa. Tal vez el demandado en este caso al enterarse de la sentencia dictada, pudo pedir a la Corte de Distrito de Ponce, que usando de las facultades que le confería el artículo 140 del Código de Enjui-ciamiento Civil, dejara sin efecto la sentencia, pero no lo hizo así, y ahora, después de transcurrido el plazo que dicho artí-culo señala, las circunstancias varían y como materia de ley solamente no tiene derecho al remedio solicitado.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la orden apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. del Tobo, Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf.

license: Public Domain

text:
    Ex parte Sánchez et al., Peticionarios y Apelantes, v. El Pueblo de Puerto Rico, Opositor y Apelado.
    Apelación contra resolución del Juez Asociado Sr. Aldrey en un caso de habeas corpus.

    Moción del fiscal alegando que carecía de fin práctico la decisión del recurso.
    No. 651.
    — Resuelto en febrero 13, 1914.
    Habeas Corpus — Desestimación de la Apelación — Falta de Finalidad Prác-tica de la Resolución del Recurso. — Cuando durante la tramitación de una apelación en un caso de habeas corpus fundado en la falta de causa probable para la detención de los peticionarios y en que la fianza era excesiva, los peticionarios se confiesan culpables ante el tribunal interior del mismo delito objeto de la solicitud de habeas corpus y spn condenados a prisión, carece de finalidad práctica la resolución del recurso que debe en tal virtud desesti-marse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. Bossy & Guillermety.

    Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Ensebio Sánchez e Inocencio Arduén presentaron dos soli-citudes de habeas corpus al Juez Asociado de esta Corte Su-prema Sr. Aldrey. En ambas solicitudes se alegaron como únicos fundamentos de las mismas, que los peticionarios se bailaban privados de su libertad por habérseles considerado como autores del delito de perjurio sin que existiera prueba de ello, y que en el caso de existir causa justa para decretar su detención, la fianza que se había fijado para que pudieran obtener su libertad era excesiva.

Los casos se tramitaron conjuntamente y se decidieron por una sola resolución el 1 de diciembre de 1913. El Juez Asociado Sr. Aldrey, después de considerar las alegaciones, las pruebas y los informes escritos y orales de las partes, resolvió que existía causa probable para la detención de los peticionarios y modificó las fianzas aminorando su cuantía.

Ambas partes, los peticionarios y el Pueblo de Puerto Eico por. su Fiscal, apelaron de dicha resolución para ante este Tribunal Supremo. Mientras se tramitaba el recurso el Fiscal desistió del que había interpuesto y la corte lo tuvo por desistido por resolución de diciembre 8, 1913. La apelación establecida por los peticionarios continuó su curso, habién-dose concedido dos prórrogas a sus abogados para la presen-tación de su alegato, y celebrándose la vista finalmente el 19 de enero de 1914.

Sometido ya a nuestra consideración definitiva el caso, compareció el Fiscal de esta corte el'3 de febrero de 1914 y presentó una moción, acompañada de varios docnmentos, ale-gando qne carecía de fin práctico la decisión del recnrso. El tribunal señaló la vista de la moción para el 12 de febrero actual con notificación a ambas partes y en la feclia señalada se celebró dicho acto con la sola comparecencia ■ dE repre-sentante de El Pueblo de Puerto Eico.

De los documentos acompañados a la moción del Fiscal aparece que los mismos peticionarios en este caso, Eusebio Sánchez e Inocencio Arduén, confesaron en la Corte de Dis-trito de San Juan, Sección 2a., que eran autores del delito por el cual se les había reducido a prisión, y fueron conde-nados por sentencias de 30 de enero de 1914, respectivamente, a tres y a ocho años de presidio con trabajos forzados.

Quiere decir, que los peticionarios que alegaron en sus solicitudes de habeas corpus que no existía causa probable para su detención y basándose en ello pidieron su. excarcela-miento, acudieron luego a la corte de justicia competente e hicieron otra alegación, de tal naturaleza, que destruye por completo la base en que descansan sus solicitudes.

Los mismos peticionarios actuando en armonía con su pro-ceder posterior en la corte de distrito, debieron desistir de este recurso. No lo han hecho así, pero teniendo nosotros prueba fehaciente de que se encuentran en la actualidad sufriendo condena, impuesta a virtud de su propia confesión, por el mismo delito por el cual fueron detenidos y cuya deten-ción dió origen a estás solicitudes de habeas corpus, debemos desestimar el recurso sin entrar a considerar y a resolver las. cuestiones planteadas, ya que los tribunales no existen para considerar meras cuestiones académicas ni para dictar reso-luciones prácticamente innecesarias.

En el caso de Mills v. Green, 159 U. S., 651, la Corte Su-prema de los Estados Unidos estableció el principio de que “cuando, pendiente una apelación de la sentencia de una corte inferior, y sin falta alguna por parte del apelado, ocurre algún acontecimiento que haría imposible, si la corte deci-diera el recurso en favor dél apelante, concederle ningún remedio efectivo, la. Corte Suprema no procederá a dictar una sentencia formal, sino que desestimará la apelación.”

También la Corte Suprema de los Estados Unidos deses-timó la apelación interpuesta en el caso de Johnson v. Hoy, 227 U. S., 245. En dicho caso se redujo a prisión a Johnson y se le señaló una fianza de treinta mil pesos. No la prestó 'y presentó una solicitud de habeas corpus pidiendo su excar-celación bajo la base de que la fianza era excesiva. Su solici-tud fué negada y apeló para ante la Corte Suprema. Mien-tras se tramitaba el recurso prestó la fianza, y basándose en tal hecho y en la consideración de que el peticionario al obte-ner su libertad había logrado lo que intentaba por medio del recurso, la corte desestimó la apelación.

Y esta misma Corte Suprema de Puerto Rico en la ape-lación interpuesta en' el caso de El Pueblo v. Rivera, asesi-nato en primer grado, al tener noticia del fallecimiento del acusado, sobreseyó el recurso el 9 de abril de 1912, 18 D. P. R., 1101, por carecer de finalidad práctica la continuación y deci-ción del mismo; y en el caso del Centro de Detallistas de San Juan v. A. Vicente y Cía., 17 D. P. R., 883, ratificando la doctrina establecida en el de Liga de Propietarios v. La Ciudad de San Juan, 14 D. P. R., 93, se 6aplicó el prin-cipio de que las cortes están abiertas para todo el mundo por cualquier perjuicio que se le haya causado en sus bienes, persona o reputación, pero no tienen la obligación ni pueden resolver controversias ficticias.

Debe desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes:

Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Martí, Acusado y Apelante.
    Apelacióít procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en nn .caso de perjurio.
    No. 616.
    — Resuelto en febrero 19, 1914.
    SUSPENSIÓN DEL JUICIO-EXCEPCIONES-RESOLUCIONES NO EXCEPCIONADAS.-Para que esta corte pueda considerar las resoluciones de un tribunal sentenciador denegando la suspensión del juicio solicitada por el acusado es necesario que sean exeepeionadas en el tribunal inferior.
    Eibmas de Documentos — Autenticidad de las Firmas — Peritos—Prueba Peri-cial. — De acuerdo con los preceptos de los artículos 87 y 90 de la Ley de Evidencia de marzo 9, 1905, para probar la autenticidad de las firmas de un documento no es necesario que las personas que declaren hayan de ser peritos en el sentido de que necesiten conocimientos especiales, pues dichos artículos permiten que la firma del documento se pruebe por cualquier persona que, aunque no haya visto poner la firma o no sea testigo en el documento, la creyere auténtica porque ha visto otros escritos de ella.
    Instrucciones al Jurado — Efecto de la Admisión de Pruebas. — La admisión que hace un juez de documentos cuya firma ha sido probada por medio de personas que conocían dicha firma, resolviendo la controversia sustentada entre las partes respecto a la admisibilidad de diehos documentos, lo único que decide es que hay alguna evidencia de la autenticidad del documento que debe ser sometido a la aprobación del jurado para que considere la credi-bilidad y validez de esas declaraciones a fin de que, si las estima suficientes, pueda tener los documentos como suscritos por las personas que los autorizan.
    Policía Insular — Cuerpo Civil. — Los policías y los oficiales encargados de la conservación de las paz pública son funcionarios civiles y el cuerpo de la Policía Insular es civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    •Abogado del Pueblo: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

    Abogados del apelante: Sres. Rafael López Landrón, Esteban Ramírez Nadal'j Pascasio Fajardo.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, José Martí Pont, fue acusado ante la Corte de Distrito de Mayagüez del delito de perjurio, imputándo-sele, que en una solicitud que juró ante el juez de paz de Lajas y que remitió al Jefe de la Policía Insular con objeto de ingresar en diebo cuerpo, declaró que no había sido expul-sado de cuerpo alguno civil o militar, y qne habiendo perte-necido a la Policía Insular había salido de dicho cuerpo por su propia voluntad, hecho que era esencial para el ingreso en dicho cuerpo y que declaró falsamente, pues tenía conoci-miento de que había sido expulsado del cuerpo de la-Policía Insular en el año de 1908 por conducta incorrecta e inmoral, según la Orden G-eneral del cuerpo citado No. 152, que le había sido comunicada.

Celebrado el juicio ante un jurado y habiéndolo éste encon-trado culpable del dicho delito, la Corte de Distrito de Maya-güez lo condenó a sufrir una pena de presidio, contra cuyo fallo ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Los fundamentos en que el apelante se 'basa para que revoquemos la sentencia apelada son tres: 1, que el Juez de la Corte de Distrito ele Mayagüez cometió ciertos errores que se especifican en el alegato; 2, que obró con marcada par-cialidad, prejuicio y apasionamiento contra el apelante, y 3, que el veredicto del jurado es contrario a la prueba prac-ticada.

Trataremos en primer término el segundo de los errores alegados, porque se refiere a procedimientos anteriores al juicio.

De la exposición de hechos aparece que señalado el juicio de este caso para el 20 de noviembre de 1912, en 15 de dicho mes y año solicitó el Fiscal la suspensión del juicio, la que le fué concedida por el juez de la corte inferior a reserva de que dicha moción oral la reprodujera por escrito debidamente jurado, el que nunca llegó a presentarse; que el 21 de enero de 1913 se celebró el juicio sin que el jurado llegase a ponerse de acuerdo, y que fué señalado nuevamente para el 28 de marzo siguiente, en cuyo día fué reducido a prisión el acusado por-estimar la corte en méritos de una investigación que hizo,, que no había motivos para la suspensión que el acusado inte-resó con certificación facultativa y moción dirigida al secre-tario del tribunal. Estos hechos sirven de base al apelante para fundamentar el segundo motivo de su recurso, expo-niendo en su alegato, qne al acceder el juez a la suspensión interesada por el Fiscal le perjudicó, por la probabilidad qne perdió de baber obtenido en su cansa un resultado final más satisfactorio que el del veredicto que rindió luego el jurado declarándolo culpable; y que al no acceder a la petición inte-resada por el apelante en vista de una investigación que prac-ticó, la que no obra en los autos, y al reducirlo a prisión el mismo día del juicio, aunque por pocos instantes, le privó de reunir todos los pormenores de su defensa, estimando que tal conducta del juez demuestra parcialidad y prejuicio en contra del apelante. *

Ninguna de esas dos resoluciones fué excepcionada por el apelante, como debió hacerlo si quería que nosotros consi-derásemos sus objeciones ahora, por lo que hemos de dedu-cir que su silencio equivalió a su consentimiento a ellas; pero, de todos modos, no podemos llegar con el apelante a su con-clusión de que esos solos hechos demuestren prejuicio ni par-cialidad, pues a lo sumo significarían un debido ejercicio del poder discrecional que tiene la corte para conceder o nó una suspensión de juicio.

Los errores a que se refiere el alegato en cuanto al primer fundamento aducido para la revocación consisten todos en haber admitido la corte ciertos documentos y haberlos entregado al jurado para su consideración, siendo a nuestro modo de ver la teoría del apelante que por tratarse de docu-mentos cuyas firmas habían de ser reconocidas, no podía esto llevarse a cabo sino por persona que previamente hubiera sido calificada como perito, y al efecto cita como infringidos los artículos 87, 90 y 91 de la Ley de Evidencia, porque las personas que declararon sobre la autentidad de las firmas no vieron estamparlas, no fueron calificadas como peritos, ni suscribieron los documentos como testigos.

Como no aparece del récord que haya tratado de probarse la autenticidad de ellas mediante cotejo por los testigos o el jurado con otros documentos admitidos como auténticos, no tiene relación alguna a este caso el artículo 91, que es el úl-timo de los que se citan como infringidos.

En cuanto a los otros artículos, dicen así:

“Artículo 87. — Todo escrito podrá probarse:
“1. Por cualquiera persona que hubiere presenciado el otorga-miento del escrito; o
“2. Mediante evidencia de la autenticidad de la letra del otor-gante; o
“3. Por un testigo firmante del escrito.”
“Artículo 90.' — La letra de una persona podrá probarse por cual-quiera persona que la creyera suya y hubiere visto escribir; o hu-biere visto algún escrito tenido por suyo y de acuerdo con el cual hubiere'procedido o a cuyo cumplimiento se le hubiere obligado; o que consistiere en cartas recibidas por el testigo, debidamente cur-sadas por correo, en contestación a otras que hubiere dirigido por correo a su presunto corresponsal, llegando de este modo a conocer la letra de dicha persona.”

De acuerdo con estos preceptos no es necesario que las personas que declaren hayan de ser peritos, en el sentido de que necesiten conocimientos especiales, pues ellos permiten que el documento se pruebe por cualquiera persona que, aun-que no haya visto poner la firma o no sea testigo en el docu-mento, la creyere auténtica porque ha visto otros escritos de ella.

Del examen que hemos hecho de la transcripción de la apelación hemos comprobado que las firmas de los documen-tos a que se refiere el apelante fueron todas reconocidas como auténticas, en unos casos porque el testigo conocía la letra del que lo suscribió; en otros porque fueron reconocidas como tales por personas que, aun cuando no habían visto escribir en otras ocasiones a las firmantes, sin embargo, por su cargo habían estado en relaciones oficiales con ellas, y respecto de otras, las conocían por documentos obrantes en su oficina.

Estas cuestiones han sido ya resueltas por las Cortes de los Estados Unidos en términos claros y precisos, a saber:

“Una persona puede por muchos medios familiarizarse con la escritura de otra, además del de verla escribir o de cartearse con ella. Si en el examen preliminar del testigo la corte ha podido ver que, por cualquier medio, una persona ha podido adquirir un cierto grado de conocimiento de la letra de dicha persona, al extremo de poder apreciar la identidad de la escritura, debiera, permitírsele declarar ante el jurado expresando su opinión respecto a la cuestión.” Rogers v. Ritter, 12 Wall., 317.
“Cualquier sistema de comunicación que en el curso ordinario de los negocios crea una presunción razonable de que la letra es de una persona determinada, habilita a la persona con quien semejante comunicación ha sido sostenida para testificar respecto a la legitimi-dad de la firma de dicha persona.” Taylor v. Crowningshield, 5 N. Y., anotada en 20 Cent. Dig. Evidencia, columna 3184.

No existen, por tanto, los errores que se atribuyen a la corte por haber admitido los documentos reconocidos en esa forma.

El tercer motivo de error es el referente a que el vere-dicto del jurado es contrario a las pruebas; y si bien el ape-lante reconoce en su alegato que la evidencia de este caso es contradictoria y que hemos declarado en muchas decisiones que cuando esto ocurre no iremos contra la apreciación que de ella haya hecho el tribunal sentenciador, a menos que se nos demuestre que fué el resultado de pasión, prejuicio, par-cialidad o manifiesto error, sostiene, sin embargo, que el ju-rado procedió con error, derivado de haber admitido la corte los documentos a que antes hacemos referencia, y de instruirle que atendiera a la prueba testifical y la compaginara con la documental la que, según el apelante, no era admisible.

Ya hemos dicho antes que no hubo error en la corte al admitir los documentos a que se refiere el apelante, porque sus firmas fueron reconocidas y, por consiguiente, no puede sostenerse que el jurado obrara con error producido por haber considerado documentos impropios, y mucho menos desde el momento en que los documentos fueron entregados al jurado y las declaraciones sobre la legitimidad de sns firmas fueron sometidas a él para su consideración, teniendo, por tanto, la facultad de decidir si en efecto las firmas habían sido reco-nocidas o nó como auténticas. La admisión que un juez hace de documentos de esa naturaleza, resolviendo la controversia suscitada entre las partes respecto a su admisibilidad, lo único que decide es que bay alguna evidencia de la autenticidad del documento que debe ser sometida a la apreciación del jurado para que considere la credibilidad y validez de esas declara-ciones a fin de que, si las estima suficientes., pueda tener los documentos como suscritos por las personas que los auto-rizan ; y nada encontramos en las instrucciones del juez dadas al jurado que contradiga esta regia ni que lleve a su ánimo la creencia de que lia de tener por probada la legitimidad de las firmas obrantes en ellos pues, antes al contrario, llamó su atención a la facultad que tenía de apreciar la credibili-dad de los testigos, comprendiendo así a los que habían decla-rado sobre la autenticidad de las firmas.

Se alegó también en el informe oral que el apelante no había cometido el delito de perjurio de que se le acusaba por-que no había declarado falsamente al manifestar que no había sido expulsado de cuerpo alguno civil o militar, pues si fué expulsado de la Policía Insular, esta organización no es cuerpo civil o militar sino administrativo.

El término “funcionario civil” significa cualquier funciona-rio que no sea militar e incluye a todos los relacionados con la administración del país en contradicción a militar, por lo que todos los que tengan nombramiento bajo el gobierno, ya sean sus deberes ejecutivos o judiciales en los más altos o más bajos departamentos del gobierno, son funcionarios civi-les con excepción de los militares y de la Armada. State v. Clarke, 31 Pac., 546, 21 Nev., 333, 18 L. R. A., 313, 37 Am. St. Rep., 517.

Aunque una persona desempeñe funciones administrati-vas, no por eso deja de ser un fnncionario civil, ya que sus poderes y sus deberes son creación de la legislatura, sin que sea de importancia el modo de hacer el nombramiento. Montgomery v. State (Ala.), 18 .South, 157 y 159, citado con apro-bación en State v. Valle, 41 Mo., 31.

Entre los funcionarios civiles están comprendidos los poli-cías y otros oficiales encargados de la conservación de la paz pública. Porterfield v. State, 21 S. W., 519, 92 Tenn., 289, y Gooch v. Town of Exeter, 48 Atl., 1100, 70 N. H., 413, 85 Am. St. Rep., 637.

■Sentados estos precedentes y teniendo en cuenta que la Policía Insular ha sido creada por la Asamblea Legislativa de Puerto Pico para la protección de las personas y de la propiedad, así como para el mantenimiento del orden público, hemos de llegar a la conclusión de que siendo los policías y sus jefes funcionarios civiles, el cuerpo que forman es civil.

No obstante lo expuesto, este punto no necesita mayor consideración porque aunque el apelante tuviera razón en la tesis que sostuvo, como resulta qúe la acusación compren-dió también el cargo de haber manifestado bajo juramento en una solicitud que el apelante hizo y envió al Jefe de la Policía para su ingreso en ese cuerpo, que había pertenecido a ella y que salió de la misma por su propia voluntad, cuando sabía que había sido expulsado de dicho cuerpo, y como hubo evidencia para sostener este cargo, el veredicto de culpabili-dad rendido por el jurado estaría siempre justificado. •

Por las razones expuestas el recurso debe ser desestimado y la sentencia confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes:. Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Ex parte Perrier, Promovente y Apelado, y Del Rosario, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en nn expediente de dominio.
    No. 1005.
    — Resuelto en febrero 25, 1914.
    Expedientes de Dominio — Citación del Fiscal y de los Anteriores Dueños. — ■ La citación del Fiscal y de los anteriores dueños en .¡n expediente de dominio son requisitos esenciales de acuerdo con el artículo 395 de la Ley Hipotecaria.
    Id. — Falta de Citación del Fiscal y de los Dueños Anteriores — Orden Público. — La citación del Fiscal y de los dueños anteriores en un expediente de dominio son requisitos previos que afectan al orden o al interés público, y aún cuando tales defectos no sean planteados en el tribunal inferior por la parte opositora y apelante, pueden ser planteados por primera vez en apelación, sin que la máxima consensus tollU errorem, sea aplicable.
    Id. — Cosa Juzgada — Desistimiento de un Expediente de Dominio. — El desisti-miento de un expediente de dominio no constituye cosa juzgada que impida el promover de nuevo otro expediente de 'dominio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado-: 8r. Juan B. Huyke.

    Abogados del apelante: Sres. Aponte é Aponte.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fue una solicitud hecha por Eugenio Perrier a la Corte de Distrito de Humacao sobre información de domi-nio. Juan del Rosario intervino en el expediente formulando una demanda de oposición a dicha solicitud. La corte dictó sentencia declarando adquirido el dominio de la indicada finca por Eugenio Perrier, de conformidad con la moción presen-tada. Cuatro son los errores que se alegan fueron cometi-dos por la corte inferior. El primero se refiere a la,falta de citación del Fiscal y de los anteriores dueños de la finca. El segundo a la acción tomada por la corte declarando que el mero otorgamiento de una escritura concede y da la pose-sión al adquirente. El tercero hace referencia al hecho de no haber probado su posesión el apelado, y el cuarto a la desestimación que hizo de la defensa de cosa juzgada o desis-timiento voluntario (retraxit).

El artículo 395 de la ley hipotecaria en lo que respecta a la adquisición de nn título de dominio dispone entre otras cosas, £íQue el juez dará traslado de este escrito al Minis-terio Fiscal, citando a aquel de quien procedan los bienes o a su causahabiente, si fuere conocido, y a los que tengan en dichos bienes cualquier derecho real.” En este caso no fue citado el Fiscal así como tampoco los anteriores dueños aunque en la primera orden dictada por la corte se disponía que se verificara la citación. Se publicaron los edictos por término de 60 días de acuerdo con la ley, habiendo sido cita-dos y emplazados solamente los colindantes de la finca. He-mos resuelto repetidas veces que debe cumplirse estricta-mente con las prescripciones de la ley relativas a la citación del Fiscal y dueños anteriores de la finca. Ex parte Pacheco, 5 D. P. R., 165; Ex parte Ramírez, 7 D. P. R., 484; Ex parte Castro, 7 D. P. R., 488; Calderón et al. v. García, 14 D. P. R., 420; Sierra v. El Registrador de la Propiedad, 14 D. P. R., 686; Rivero et al. v. Hernández et al., 18 D. P. R., 1042. La citación del Fiscal y dueños anteriores de la finca son requi-sitos previos a la obtención de un título inscribible. Por lo general las condiciones o requisitos previos deben ser obser-vados rigurosamente.

El apelado no alega que el precepto de la ley no sea de carácter imperativo pero sí sostiene que esta cuestión no puede ser promovida ante esta corte pues no fué suscitada por él en la corte inferior, y cita en apoyo de su alegación el caso de Banco de Puerto Rico v. Sucesión de Font, 14 D. P. R., 578. Sostiene el apelado que habiéndose limitado el apelante en la corte inferior a atacar solamente la pose-sión del apelado, habiendo hecho además la alegación de cosa juzgada únicamente puede ser oído* en este tribunal sobre estas cuestiones pero no en cuanto a la suficiencia de la cita-ción. Según alega el apelado el procedimiento inicial podría ser impugnado por otra persona interesada pero no por el apelante que renunció a tal derecho por el hecho de haber comparecido formulando su contestación.

El apelante hizo' su comparecencia en debida forma en la corte de distrito y oportunamente interpuso apelación para ante este tribunal. Por’ tanto, creemos que tenía derecho a llamar la atención de esta corte hacia cualquier omisión o defecto en que hubiera incurrido el peticionario al tratar de adquirir su título de dominio. De haber sido' presentada al registrador la certificación de la sentencia de la corte de dis-trito en la que se decretó la adquisición del título de dominio, hubiera estado justificado dicho funcionario en negarse a ins-cribirlo. La corte inferior no debió haber dictado su sen-tencia hasta tanto no se hubiera cumplido con los requisitos previos referentes a la citación, y este tribunal está en el deber de tomar en consideración esa omisión tan pronto como se le llame la atención sobre el particular. El principio re-lativo -a que el consentimiento subsana el error (consensus tollit errorem) es en realidad de aplicación solamente cuando una parte está en condiciones de poder consentir o renunciar su derecho, como sucede en los casos en que el juicio es con-tencioso y toda la cuestión es entre las partes del mismo. Si el apelante en este caso pudo haber renunciado a sus pro-pios derechos el público no lo hizo así, y es una cuestión de orden o interés público el hecho- de que se haga el debido em-plazamiento o citación en la adquisición de un título de domi-nio. El título de dominio debe estar protegido.

La cuestión sobre res adjudícala se refirió a un caso en el cual el apelado había desistido de una moción que presentó anteriormente para adquirir un título de dominio sobre la misma finca de que se trata. El apelante al desistir entonces de su moción manifestó que lo hacía de momento. Por con-siguiente, la corte no resolvió en definitiva la cuestión. Se-gún la regla, para que pueda alegarse la cosa juzgada es necesario que la sentencia haya sido dictada sobre los méritos del caso y no por desistimiento voluntario. Calaf et al. v. Calaf, 17 D. P. R., 198, y páginas siguientes. 23 Cye., 1528.

No discutimos el segundo y tercer señalamiento de error por entender que debe revocarse la sentencia por virtud del primer señalamiento, debiendo devolverse el caso a la Corte de Distrito de Humacao para que proceda a la celebración de un nuevo juicio o a adoptar otros procedimientos que no sean incompatibles con los fundamentos de esta opinión. T no terminaremos este dictamen sin llamar la atención al liecbo de no haber sido redactada la solicitud inicial de este expe-diente con arreglo al artículo 395 de la Ley Hipotecaria.

Revocada ordenando una nueva vista o ulte-riores procedimientos de acuerdo con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso--ciados del Toro y Aldrey.


author: En Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Ramos, Demandante y Apelado, v. Esteves, Juez Municipal, et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de A recibo en un procedimiento de certiorari contra el Juez Municipal de Manatí.
    No. 1009.
    — Resuelto en febrero 25, 1914.
    'Certiorari — Desestimación de Apelación — Transcripción de Autos.' — Inter-puesta apelación por el juez demandado contra una resolución dictada en un procedimiento de certiorari, si el demandado y apelante no presenta en tiempo la transcripción de los autos, debe desestimarse el recurso.
    .Id. — Apelación—Exposición del Caso — Partes que no han Intervenido. — Se ajusta a derecho la orden denegatoria de aprobación de una exposición del caso en una apelación en un procedimiento de certiorari preparada por per-sonas que no han sido partes en dicho procedimiento.
    Id. — Intervención—Tiempo Oportuno para Pedirla. — La parte que se crea con derecho a intervenir en la corte a quo en un procedimiento de certiora/ri, debe ejercitarlo mientras el certiorari está tramitándose y nó después de haber sido resuelto por dicha corte y apelada la resolución para ante el Tribunal Supremo.

      Id. — Desestimación de Apelación — Partes que Pueden Apelar. — Unicamente los que han sido partes en el procedimiento en el cual se dictó la resolución apelada, tienen derecho a interponer contra ella el recurso ordinario de apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. José E. Díaz.

    El apelante no compareció.
    Abogado de Bamón Montano, Cortés Hermanos y Sandoval Hermanos: Sr. Angel M. 'Villa/mil.

   En Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Virgilio Bamos Casellas presentó una solicitud de cer-tiorari en la Corte de Distrito de Arecibo contra el Juez Municipal de Manatí. El juez de distrito expidió el auto y reclamados los procedimientos en el caso de Virgilio Ramos v. Arístides Ayala, los revisó y, el 2 de julio de 1913, anuló cierta orden dictada en un pleito distinto seguido por Bamón Montano contra el mismo demandado Ayala, para producir sus efectos en el caso de Ramos v. Ayala y otra orden dictada en este último pleito ratificando la anterior. Contra esa resolución de la corte de distrito apeló el juez municipal demandado, limitándose a presentar su escrito de apelación sin elevar transcripción alguna a este Tribunal Supremo. También apelaron contra ella Bamón Montano, Cor-tés Hermanos y Sandoval Hermanos, alegando que eran los perjudicados por la misma.

Dichos Bamón Montano, Cortés Hermanos y Sandoval Hermanos enviaron por correo por conducto del Secretario de la Corte Municipal de Manatí al Secretario de la Corte de Distrito de Arecibo una llamada “exposición del caso” que el juez de distrito se negó a admitir finalmente, en 7 de agosto de 1913, porque los que la remitieron no habían sido partes en el procedimiento de certiorari, porque había sido enviada por correo y no entregada por la parte interesada como dispone la ley, artículo 199 del Código de Enjuiciamiento Civil, y porque no habiéndose practicado prueba en el caso ni tomado excepciones, no era necesaria, constituyendo los documentos que la integraban el legajo de la sentencia.

Entonces Bamón Montano, Cortés Hermanos y Sandoval Hermanos, presentaron, el 11 de agosto de 1913, nna moción a la corte de distrito para que, de acuerdo con el artículo 63 del Código de Enjuiciamiento Civil, los tuviera como par-tes opuestas, y la corte el mismo día decidió que estando ya resuelta la solicitud de certiorari y apelada la resolución para ante el Tribunal Supremo, no tenía facultad para resolver lo que se le pedía. Montano, Cortés Hermanos y Sandoval Hermanos apelaron de las resoluciones de 7 y 11 de agosto de 1913.

Lo que hemos expuesto anteriormente consta de dos cer-tificaciones expedidas por el Secretario de la Corte de Dis-trito de Árecibo a instancias del Abogado A. M. Yillamil, qué lo es no del juez municipal demandado, sino de Ramón Montano, Cortés Hermanos y Sandoval Hermanos, elevadas dichas certificaciones a esta Corte Suprema por el mencio-nado abogado en la representación indicada. La copia de los autos- del pleito revisado por virtud del certiorari, no ha sido elevada a este tribunal.

La apelación interpuesta por el Juez Municipal de Manatí, el verdadero y único demandado en este caso (112 Mass., 214, y 118 Mass., 563) fue, pues, prácticamente abandonada y debe desestimarse de acuerdo con el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Civil en relación con el 299 del propio código, enmendado por la Ley No. 70 de 1911, y la regla 40 de las de este tribunal.

. También debe desestimarse la apelación interpuesta por Bamón Montano, Cortés Hermanos y Sandoval Hermanos contra la resolución de 2 de julio de 1913, porque no habiendo sido partes en el procedimiento en el cual se dictó la reso-lución de que se quejan, no tenían derecho a interponer contra ella el recurso ordinario de apelación.

El recurso establecido contra las órdenes de 7 y 11 de agosto de 1913, debe declararse sin lugar. En cuanto a la de 7 de agosto, por el mismo fundamento que existe para desestimar la apelación contra la resolución de 2 de julio de 1913, y en cuanto a la de 11 de agosto, porque si algún derecho tenían Montano, Cortés Hermanos y Sandoval Her-manos a intervenir en el procedimiento, debieron haberlo ejer-citado en tiempo oportuno, esto es, cuando el certiorari se estaba tramitando en la corte de distrito, y no después de haber sido resuelto y apelada por la única parte que fué de-mandada la resolución que puso término al mismo. Véanse el artículo 63 del Código de Enjuiciamiento Civil invocado por los apelantes y los casos de United States v. Patterson, 56 U. S., 9, y Leonis v. Biscailuz, 101 Cal., 330.

Deben desestimarse las apelaciones interpuestas contra la resolución de 2 de julio de 1913 y declararse sin lugar la establecida contra las órdenes de 7 y 11 de agosto de 1913.

Desestimadas las apelaciones.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-mados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Espada, Peticionaria, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Ponce en una acción sobre reconocimiento de hijos naturales.
    No. 111.
    — Resuelto en febrero 25, 1914.
    Certiorari — Errores de Procedimiento — Discreción del Tribunal. — Cuando el recurso de certiorari se invoca para corregir errores de procedimiento, no es de procedencia obligatoria (writ of right) sino que debe expedirse solo cuando se demuestre a la corte una causa especial para ello, y la corte está investida de discreción judicial para concederlo o negarlo según lo requiera la justicia en cada caso.
    Id. — Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento Contra Herederos Desco-nocidos — Intervención de Legatarios. — La corte inferior permitió inter-venir a un legatario en un pleito sobre reconocimiento de hijos naturales seguido contra los herederos desconocidos de una persona que murió bajo testamento expresando en el mismo que no dejaba ascendientes ni descen-dientes y repartiendo la totalidad de sus bienes en legados. Se resolvió: que atendidas las circunstancias del caso, el tribunal no revisaría el procedi-miento dentro del recurso de certiorari establecido por el demandante en el pleito sobre reconocimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la peticionaria: Sres. F. Gervoní Gely y Juan B. Huyke.

    Abogado de la interventora María Escalera: Sr. Manuel A. Rivera.

    El demandado no. compareció.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.,

Estefanía Espada, en su carácter de madre con patria po-testad de su hija menor de edad Mercedes Espada, presentó, en esta Corte Suprema una solicitud jurada en demanda de un auto de certiorari dirigido contra el Juez del Distrito de Ponce a fin de revisar cierta orden dictada por el expresado juez permitiendo a María Escalera y Santiago intervenir en el pleito seguido por la dicha Estefanía Espada a nombre de su hija Mercedes Espada contra John Doe y Richard Roe, herederos desconocidos de Julián Benito Rivera, sobre filia-ción.

El auto solicitado fué expedido y el pleito original ele-vado a esta Corte Suprema. Lo tenemos a la vista y de sus constancias resulta: Que la peticionaria entabló demanda en la Corte de Distrito de Ponce contra los herederos descono-cidos ’de Julián Benito Rivera alegando esencialmente que la menor Mercedes era hija natural reconocida del dicho. Julián Benito Rivera fallecido en Coamo el 5 de abril de 1905 sin dejar ascendientes ni descendientes y bajo testamento otorgado ante notario el 23 de septiembre de 1902. La da-manda termina suplicando que se declare a la menor Mercedes hija natural reconocida de Julián Benito Rivera, con derecho a llevar su apellido y a participar de sus bienes en la cuantía determinada por las leyes del país.

El 13 de agosto de 1913 el juez de distrito ordenó que los demandados, o sean los herederos desconocidos de Julián Benito Rivera, fueran citados por medio de edictos, y el 29 de septiembre de 1913 compareció María Escalera Santiago y pidió que se le permitiera intervenir en el pleito alegando que Julián Benito Rivera le había legado 50 cuerdas de te-rreno, la mitad de una casa y una sortija con un brillante; que según aparecía del testamento, el finado Benito había distribuido todos sus bienes en distintos legados disponiendo que si aparecieran algunos otros además de los que especi-ficó como ele su propiedad, los legaba a Cecilio Cruz, y que sería directamente perjudicada si la demandante obtenía una sentencia favorable en el pleito que había iniciado. Los he-chos alegados por María Escalera constan del testamento de Julián Benito Rivera presentado por la misma parte de-mandante al archivar su demanda.

La parte demandante se opuso a que se concediera la intervención solicitada y la corte decidió la cuestión en la siguiente forma:

“Orden. — La corte, resolviendo ahora la moción de María Esca-lera y Santiago, registrada en 27 de septiembre de 1913, por la presente la declara con lugar, y en consecuencia, y de acuerdo con el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, concede permiso a dicha com-pareciente María Escalera y Santiago para intervenir en este pleito uniéndose a los demandados para oponerse a las pretensiones de la demandante, pudiendo presentar su correspondiente demanda de in-tervención notificando de ello a las partes interesadas.”

La vista del recurso de certiorari se celebró ante esta Corte Suprema el 29 de enero de 1914 con asistencia de la peticionaria por su abogado. María Escalera pidió permiso, que le fuá concedido, para intervenir, presentando al efecto un alegato por escrito que se unió a los autos. Y el caso quedó sometido definitivamente a nuestra consideración.

A menos que así se disponga por el estatuto, el auto de certiorari cuando se usa para corregir los "procedimientos de una corte inferior, no es de procedencia obligatoria (writ of right), sino que debe expedirse sólo cuando se demuestra a la corte una cansa especial para ello, y la corte está inves-tida de discreción judicial para concederlo o rehusarlo según lo requiera la justicia en cada caso. Este principio expuesto en la forma que antecede en 6 Cyc., 748, está sos-tenido por muchas decisiones de Arkansas, California, Florida, Illinois, Louisiana, etc., y esta misma Corte Suprema de Puerto Eico lo ha aplicado en varias ocasiones entre otras en los casos de Polo v. Domínguez, 15 D. P. B., 609; Torres v. GUI, Juez ele Distrito, 17 D. P. B., 40, y, especialmente, en el de Arguelles v. Rossy, Juez de Distrito, decidido el 7 de noviembre de 1913.

Hemos estudiado cuidadosamente las circunstancias que concurren en este caso concreto en él cual como se ha visto el Juez de Distrito de Ponce permitió intervenir a una lega-taria en un pleito sobre filiación seguido contra los herederos desconocidos de una persona que murió bajo testamento ex-presando en el mismo que no dejaba ascendientes ni descen-dientes y repartiendo la totalidad de sus bienes en legados, Y opinamos que la justicia del caso no requiere que revisemos el procedimiento.

No vemos por ahora que se cause ningún perjuicio efec-tivo a la parte demandante con la intervención concedida por la corte de distrito. Y si llegare a causársele alguno en contra de la ley, tendrá ocasión de hacer valer sus derechos en el recurso ordinario de apelación que pueda entablar en su día contra la sentencia definitiva en el caso de que éste le fuera adversa.

Debe anularse el auto de certiorari expedido y devolverse el pleito original remitido a la Corte de Distrito de Ponce para que continúe tramitándolo de acuerdo con la ley.

Anulado el mandamiento de certiorari expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.


author: El Juez Peesidente Se. Hernández,

text:
    Espada, Peticionaria, v. Sepúlveda, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Ponce en una acción sobre reconocimiento de Rijos naturales.
    No. 113.
    — Resuelto en febrero 25, 1914.
    Intervención' — Ordenes Inapelables — Certiorari.—Es inapelable una orden per-mitiendo a una parte intervenir en una aeeión, pero dicha orden puede ser revisada en la apelación contra la sentencia definitiva sin necesidad de acudir a un recurso de oertiorañ.

    Id. — Jurisdicción de la Corte. — Una corte con jurisdicción para conocer de un pleito, la tiene también para dictar una orden permitiendo a una parte inter-venir en una acción.
    Certiorari — Intervención en una Acción — Perjuicio Eeal. — La orden de la corte inferior permitiendo la intervención de una parte en una acción sobre filiación, no causa perjuicio alguno real y efectivo a la peticionaria, ni trae como consecuencia un completo o parcial fracaso de la justicia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionariá: Sr. F. Cervoni Gely.

    El demandado no compareció.
   El Juez Peesidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de certiorari promovido ante esta Corte Suprema en 27 de enero próximo pasado contra el Juez de la Corte de Distrito de Ponce, Honorable Domingo Sepúl-veda, por Estefanía Espada en concepto de madre con patria potestad sobre su hija menor de edad Mercedes Espada, con el fin de revisar una orden que dictó aquel juez en 12 de enero citado, permitiendo a José Ruperto Larrauri intervenir como demandado en el pleito sobre filiación iniciado por la Este-fanía Espada a nombre de su referida hija contra John Doe y Richard Roe, herederos desconocidos de Julián Benito Rivera.

Fué expedido el auto de certiorari y tenemos a la vista el pleito original de que se deja hecho mérito, elevado a esta Corte Suprema a virtud de otro auto de certiorari anterior-mente solicitado por la misma Estefanía Espada en concepto de madre de la Mercedes.

Funda José Ruperto Larrauri su derecho de interven-ción en que como legatario de Julián Benito Rivera en el tes-tamente otorgado por éste, tiene interés en el pleito sobre filiación, e invoca en su defensa el artículo 63 del Código de Enjuiciamiento Civil, habiendo accedido la Corte de Ponce a su pretensión por la resolución ya citada.

Alega la peticionaria en apoyo de su recurso que José Ruperto Larrauri no es parte interesada en el pleito sobre filiación y que la resolución de la Corte de Distrito de Ponce accediendo a la intervención es inapelable, que carece de un remedio en el curso ordinario de la ley para impedir que se realice tal intervención, perjudicial a la acción de la menor Mercedes Espada, y que fué concedida además en exceso de jurisdicción de la corte inferior.

Ciertamente que contra la resolución de 12 de enero úl-timo no cabe ejercitar recurso de apelación, por no estar comprendida entre las resoluciones apelables que enumera el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero como ella entraña una providencia o decisión dada sobre una moción controvertida, debe considerarse excepcionada por ministerio de la ley y sujeta por tanto a revisión al ser revisada en grado de apelación la sentencia definitiva que recaiga en el caso, siempre que forme parte de los autos y legajos del pleito, según el artículo 213 del código citado. He ahí un remedio que asiste a la peticionaria en el curso ordinario de la ley, para obtener reparación del agravio que cree habér-sele inferido. Ni hubo exceso de jurisdicción por parte de la Corte de Ponce al proceder como procedió, pues teniendo jurisdicción para conocer del pleito, la tiene también para conocer de todas sus incidencias, aunque en el ejercicio de su jurisdicción pueda proceder con error, lo que ahora no nos toca discutir.

Al resolver en 7 de noviembre del año próximo pasado el caso ele Argüelles v. Rossy, Juez de Distrito, sobre cer-tiorari, dijimos que aunque el recurso de certiorari es de carácter extraordinario y por lo común no procede en los casos en que la ley otorgue para reparar el agravio otro re-curso ordinario, si ese recurso ordinario, por la lentitud del procedimiento que lo regula, pudiere dar por resultado un completo o parcial fracaso de la justicia, entonces puede ser viable el recurso extraordinario de certiorari, bien enten-dido que como no es recurso de procedencia obligatoria (writ of right), puede siempre concederse o denegarse a discre-ción del tribunal que reciba la solicitud.

En el presente caso la orden de la Corte de Distrito de Ponce dando intervención en el pleito sobre filiación a José Buperto Larrauri, en el supuesto de que fuera errónea, no causa perjuicio alguno real y efectivo a la peticionaria y no trae como consecuencia un completo o parcial fracaso de la justicia. De todos modos el perjuicio, de existir, sería reparable mediante el recurso ordinario de apelación que en su día pueda entablar la peticionaria contra la sentencia defi-nitiva que recaiga en el pleito, en el caso de que ésta le fuere adversa.

Es aplicable al presente caso la doctrina que dejamos establecida al resolver en este día otro recurso de certiorari, número 111, de Estefanía Espada contra el mismo Juez de' la Corte de Distrito de Ponce, lion. Domingo Sepúlveda, y ratificamos dicha doctrina.

Procede por tanto anular el auto de certiorari expedido, comunicándose al Juez de la Corte de Distrito de Ponce para que continúe el juicio de acuerdo con la ley, como si dicho auto no hubiera sido expedido.

Anulado el mandamiento de certiorari expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Cortes, Recurrente, v. El Registrator, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota denegatoria de inscripción del Registrador de la Propiedad de Arecibo.
    No. 173.
    — Resuelto en marzo 5, 1914.
    Bienes Gananciales — Venta de Participaciones Determinadas Antes de la Liquidación. — El lecho de que no se haya practicado la liquidación de una sociedad de gananciales no impide al cónyuge viudo que pueda vender las participaciones indeterminadas que le puedan tocar en los bienes gananciales inscritos en el.registro a nombre de dicho cónyuge y de los herederos del cónyuge premuerto.
    Contratos — Bienes Gananciales — Enajenación de Derechos y Acciones.' — ■ El contrato de venta de participaciones indeterminadas de bienes gananciales hecho por el cónyuge viudo antes de la liquidación de la sociedad de ganan-ciales constituye una enajenación de derechos y acciones y nó una venta de fincas o parte alguna determinada de ellas.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Eduardo Marín.

    El Registrador Sr. José Marcial López compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Marrero adquirió por título oneroso durante su matrimonio con María Cortés varias fincas, las que después de su muerte fueron inscritas en común proindiviso a favor de sus herederos y de la viuda.

Posteriormente por escritura pública de 2 de diciembre de 1913 la viuda María Cortés Marrero, después de relacio-nar varias fincas comq adquiridas por su esposo durante el matrimonio con ella; las vendió por cierto preci-o a favor de Justiniano Cortés y Marrero “en la proporción que de cada, una de ellas pueda corresponderle una vez practicada la, liqui-dación de la sociedad legal de gananciales,” y presentado el documento para su inscripción en el Registro de la Propie-dad de Arecibo, fué negada por medio de la siguiente nota contra la cual se lia interpuesto el presente recurso guber-nativo :

“Denegada la inscripción del contrato de compraventa que com-prende este documento por pertenecer las fincas objeto del mismo a la sociedad legal de gananciales llevada por la vendedora Doña María Cortés Marrero con Don Domingo Marrero, aun no liquidada; y porque el viudo y los hijos herederos del cónyuge difunto están pri-vados de la libre disposición de los bienes gananciales mientras se practica la liquidación del caudal inventariado y hasta que se entre-gue a cada uno su haber, según doctrina de los artículos 1331 y si-guientes del Código Civil, confirmada por Decisiones de la Honorable Corte Suprema de Puerto Rico de acuerdo con Resoluciones de la Dirección General de los Registros de España. También contiene en cuanto a la finca letra E el defecto subsanable de haberse cometido error al determinarse el número de la finca y el folio de su inscrip-ción. Y en cumplimiento de lo establecido por la sección 7a. de la ley de Io. de marzo de 1902, siendo el primer defecto insubsanable se tomó anotación preventiva por ciento veinte días al folio 176 vuelto del tomo 70 de Utuado, finca número 3790; al folio 173 del tomo 70 de Utuado, finca número 3789; y al folio 184 vuelto del tomo 52 de Utuado finca número 2979, anotaciones letras A. Arecibo, 16 enero de 1914. José Marcial López, Registrador.”

De los antecedentes expuestos resulta que la cuestión plan-teada en este recurso es la de si inscritas ciertas fincas en común proindiviso a favor de los herederos de una persona y de su viuda por sus gananciales, es inscribible la venta que ésta hace de las participaciones que en tales fincas pue-dan corresponderá cuando se liquide la sociedad conyugal y por consiguiente sin que tal liquidación se baya verificado.

Ya liemos dicho en 17 de junio de 1913 al resolver el re-curso gubernativo interpuesto por Eíos Ocaña contra el Ee-gistrador de Arecibo, que el cónyuge viudo no puede dispo-ner cual si fueran propios del todo o -parte determinada de los bienes que tengan el carácter de gananciales sin que pre-ceda la liquidación de la sociedad conyugal, doctrina que inde-bidamente aplica el registrador en el presente caso porque la viuda no enajena parte alguna determinada y concreta de las fincas que relaciona en el documento de venta, sino las participaciones indeterminadas que en ellas puedan corres-ponderle como gananciales cuando se practique la liquidación de éstos. El contrato que motiva el recurso no es de venta de fincas o de parte alguna determinada de ellas sino de ena-jenación de derechos y acciones. González v. Méndez, 8 D. P. R., 258. Por virtud de la venta hecha por la viuda al recurrente Justiniano Cortés, no adquiere éste el dominio de determinada parte de las fincas que relacionaron, sino las participaciones que puedan adjudicarse a la vendedora el día que se practique la liquidación, si es que alguna se le adjudica en tales fincas.

Hemos examinado las resoluciones de la Dirección General de los Registros de España que el registrador recurrido cita en apoyo de su negativa de inscripción y si bien sostienen la afirmación que hicimos en el caso de Ríos Ocaña a que hemos hecho referencia al principio, no apoyan el fundamento de la negativa, pues se limitan a declarar que no puede ven-derse parte determinada de los bienes gananciales por el cón-yuge sobreviviente mientras no se practique su liquidación. Esta corte ya ha resuelto en el caso de Méndez v. El Registrador de la Propiedad de Caguas y casos en él citados, 18 D. P. R., 807, que es inscribible la enajenación del derecho hereditario aunque no se haya verificado la adjudicación co-rrespondiente, con tal que se halle previamente inscrito a favor del transmútente! Siendo inscribible esa enajenación ha de serlo también la que hace la viuda de su derecho here-ditario por sus gananciales.

El que la ley establezca que una vez disuelto el matrimo-nio se proceda a la liquidación de la sociedad conyugal no impide, como sostiene el registrador, que pueda enajenarse el derecho hereditario mientras aquélla no se verifique, pues . tal precepto no tiene otro alcance que el de mediante ella concretar y determinar la porción que a cada partícipe corres-ponda en determinados bienes de herencia y es indispensable cuando quieran cesar en la .indivisión. No existe por tanto el temor que abriga el registrador de que enajenando los con-dueños sus participaciones abstractas en bienes de la heren-cia jamás llegaría a cumplirse la ley que ordena tal liquida-ción, pues será de absoluta necesidad el día en que los compra-dores de los derechos vendidos quieran determinar la por-ción fija y concreta que a cada uno corresponda en los mis-mos; ni tampoco el de que los acreedores puedan ser burla-dos por tal clase de ventas, pues si tienen algún derecho real inscrito no podrán ser perjudicados por esas enajenaciones y si no fueren de esa clase, el artículo 23 de la ley de procedi-mientos especiales permite que los acreedores con título es-crito no asegurado, promuevan las diligencias de administra-ción judicial.

Resuelto el único motivo en que el recurrente apoya su recurso, debe revocarse la nota recurrida por lo que respecta al defecto insubsanable consignado en ella y ordenarse la inscripción del documento.

Revocada la nota en cuanto al defecto insubsanable.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.


author: El Juez PbesideNte Se. Hebnandez,

text:
    Quiñones, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recurso -gubernativo contra nota denegatoria de inscripción del Registrador de la Propiedad de San Hermán.
    No. 175.
    — Resuelto en marzo 5, 1914.
    Facultades de un Tutor — Adjudicación en Pago y Cancelación de Hipoteca— Autorización Judicial. — De acuerdo con el artículo 282 del Código Civil, enmendado por la Ley No. 33 de marzo 9, 1911, el tutor necesita autorización judicial para aceptar por documento público en pago de un crédito la adju-dicación de la finca hipotecada y cancelar la hipoteca, aun en el supuesto de que dicha adjudicación haya sido convenida privadamente con el padre ■del menor en vida de éste. La adjudicación o dación en pago equivale a. un contrato de venta y la cancelación de una hipoteca importa tanto conun una verdadera enajenación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Benito Forés.

    El Registrador Sr. Rafael B. Sama compareció por escrito' en nombre propio.
   El Juez PbesideNte Se. Hebnandez,

emitió la opinión deli tribunal.

En la ciudad de San Germán a 7 de enero del corriente año 1914, por ante el Notario Don Benito Forés y Morazo, Juan José Reliado acompañado de su legítima esposa Antonia Tomey otorgó escritura pública de.venta de una casa radi-cada en la calle del Sol de dicha ciudad a favor de los menores Norberto Alfredo, Rafael Angel y Rosendo de Jesús Quiñones e Irizarry, únicos herederos de su difunto padre Don Rosendo Quiñones y Guzmán, representados por su tutor testamenta-rio Don Tomás Quiñones y Guzmán, cuya venta según se ex-presa en la escritura, por Don Juan José Tellado, había sido» hecha anteriormente desde el 17 de septiembre de 1913 al men-cionado Don Rosendo Quiñones y Guzmán mediante docu-mento privado por precio de $615 de los cuales dejó al com-prador $590 en pago de igual suma, por la que estaba hipo-tecada la referida casa según escritura de 10 de noviembre de 1911, habiendo recibido el vendedor los $25 restantes de manos del comprador, sin que el contrato en la fecha de su celebración se hubiera elevado a escritura pública, por más que desde entonces entró en posesión de la casa Don Rosendo Quiñones y Guzmán, fallecido en 6 de noviembre de 1913.

Presentada en el Registro de la Propiedad de San Germán la escritura de venta de que se deja hechu mérito, el registra-dor denegó su inscripción por medio de la siguiente nota:

“No admitida la inscripción del documento que precede con vista de otro, por el defecto de que aunque la escritura se otorga a favor de Don Rosendo Quiñones y Guzmán, habiendo éste fallecido, la hipoteca en pago de la cual se adjudica la finca, constituye capital de los menores sucesores de aquél y no puede el tutor hacer contratos o actos sujetos a inscripción, sin la correspondiente autorización de la corte de distrito, según la Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico del año .mil novecientos once,, tomándose en su lugar anotación letra A por ciento veinte días al folio 8 vuelto del tomo 39 del ayun-tamiento de esta ciudad, finca número 2160. San Germán, febrero 9 de 1914. El Registrador, Rafael B. Sama.”

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por Tomás Quiñones y G-uzmán en representación de los meno-res hijos de Don Rosendo de los mismos apellidos, y alega en apoyo del recurso que la razón legal invocada por el regis-trador no es aplicable al presente caso en que el tutor no ha celebrado contrato ni ejecutado acto alguno sujeto a inscrip-ción por su propia cuenta y en funciones de su cargo, sino que se ha limitado a formalizar mediante escritura pública un contrato ya celebrado por el difunto padre de los menores mediante el cual fué recibida en pago la finca hipotecada y extinguido desde entonces el gravamen hipotecario que sobre ella pesaba.

No podemos aceptar como buena la alegación de la parte recurrente.

El artículo 282 del Código Civil Revisado, tal como quedó enmendado por la Ley No. 33 de 9 de marzo de 1911, en lo atinente al caso dice así:

“Artículo 282. — El tutor necesita autorización de la corte de distrito competente:
“5. Para enajenar o gravar bienes inmuebles que constituyan el capital de los menores o incapaces o hacer contratos o actos sujetos a inscripción * * *.”
Son bienes inmuebles según el artículo 335 del código ci-tado, -entre otros, las servidumbres y demás derechos reales impuestos a aquéllos.
“La adjudicación importa un verdadero contrato de dación o venta en pago.” Voighl v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, 2 S. P. R., 145.
“Los actos o contratos en virtud de los cuales se extingan o can-celen derechos reales inscritos importan tanto como una verdadera enajenación y deben distinguirse, de aquellos que hacen referencia & la cobranza de créditos y a la extensión de los oportunos recibos.” Benítez Hermanos v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R., 234.

Haciendo aplicación de los preceptos de ley y de la doc-trina legal que dejamos consignada a la escritura cuya ins-cripción fué denegada por el Registrador de la Propiedad de ¡San Germán, encontramos que éste procedió con razón dere-cha, pues aun en el supuesto de que la venta de la casa fuera hecha desde 17 de septiembre de 1913 por Juan José Tellado a Rosendo Quiñones y Guzmán mediante documento privado, •cuya copia no aparece en la escritura pública de 7 de enero ■del corriente año, no puede desconocerse que esa escritura envuelve la formalizaeión o ratificación de aquel documento privado por el tutor de los menores hijos de Rosendo Qui-mones y Guzmán, siendo el otorgamiento de la escritura pú-blica requisito indispensable para la inscripción en el regis-tro de la adjudicación o dación en pago de la casa hipotecada. El tutor Tomás Quiñones y Guzmán ha ejecutado un acto .sujeto a inscripción y por tanto necesitaba para ello de la ..autorización judicial que exige el artículo 282 que dejamos transcrito.

Pero aun hay más. La escritura de 7 de enero del co-rriente año no sólo entraña un contrato de venta por parte de ■Juan José Tellado, pues como hemos dicho antes, venta es la adjudicación o dación en pago, sino que también envuelve "una enajenación por parte de Tomás Quiñones y Guzmán en representación de los menores, pues por dicha escritura que-daba extinguido el crédito hipotecario que gravaba la casa, con arreglo al artículo 1124 del Código Civil, procediendo ■en su consecuencia la cancelación de dicho crédito con arre-glo a los artículos 82 de la Ley Hipotecaria y 132 del Regla-mento para su ejecución, y ya antes de ahora hemos dicho que la cancelación de un crédito hipotecario entraña un ver-dadero acto de enajenación, pues por aquélla se desapodera el acreedor de un derecho real que le pertenece. Benítez Hermanos v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, 17 D. P. B., 234.

Ciertamente que el contrato de venta privadamente cele-brado en 17 de septiembre de 1913 entre Juan José Tellado y Bosendo Quiñones y Guzmán, si es que existió, creó entre los contratantes un vínculo de derecho que hoy afecta a los causahabientes del comprador, pero ese contrato no podía producir efectos legales respecto de terceras personas mien-tras no se elevara a documento público y fuera inscrito en el registro de la propiedad, y por tanto en cuanto a terceros la casa de que se trata continuó perteneciendo a Juan José Tellado y la hipoteca subsistente a favor de Bosendo Qui-ñones y Guzmán y por muerte de éste a favor de su menores hijos.

Para la formalización por medio de documento público del contrato de venta de la casa con la extinción de la hipo-teca que la gravaba era de absoluta necesidad la autorización judicial cuya falta motiva la nota recurrida.

Por las razones expuestas es de confirmarse la expresada nota.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Peesidente SR. Hernández,

text:
    Durán et al., Recurrentes, v. El Registrador, Recurrido.
    Becurso gubernativo contra nota denegatoria del Begistrador de la Propiedad de San Juan, Sección 2a.
    No. 170.
    — Resuelto en marzo 6, 1914.
    Agrupación ee Fincas — Requisitos Indispensables para su Inscripción. — De acuerdo con el artículo 61 del reglamento de la ley hipotecaria es indispensable para que puedan inscribirse en el registro de la propiedad varias fincas bajo un solo número y como una sola finca que aquellas sean de un solo dueño o de varios dueños en proindiviso, es decir que cada una de las dis-tintas personas que quieran agrupar los inmuebles ha de tener condominio en cada una de las fincas que deban reunirse.
    Id. — Bienes Privativos de un Cónyuge — Bienes Gananciales. — De acuerdo con la doctrina establecida en el párrafo anterior no pueden agruparse bienes que corresponden privativamente a uno de los cónyuges con bienes ganan-ciales por ser distinta la personalidad de un cónyuge de la de la sociedad de gananciales.
    Id. — Permuta de Bienes Entre Cónyuges. — Los artículos 1361 y 1444 del Código Civil prohíben el contrato de permuta de bienes entre cónyuges y es por tanto nula una agrupación de bienes por la cual la esposa cede a la sociedad con-yugal el dominio que tenía sobre un solar de su exclusiva propiedad a cambio del reconocimiento de un condominio en la totalidad de la finca agrupada.
    Casa Oonstruída Sobre Solar no Inscrito. — No estando inscrito o no siendo inscribible un solar tampoco cabe inscribir la casa construida sobre el mismo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los recurrentes: Sr. Enrique Márquez Huer-tas.

    El Registrador Sr. José Benedicto compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Peesidente SR. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en 18 de agosto de 1913 en el pueblo de Bayamón ante el Notario Don Enrique Már-quez Huertas, Doña Juana Durán con intervención de su es-poso don Francisco Giménez agrupó dos fincas, a saber, una de ellas, letra A, consistente en un solar de 218 metros y 40 centímetros cuadrados con casa de maderas techada de zinc de 8 varas de frente por 8 de fondo, calle de Comerlo del pueblo de Bayamón, y la otra, letra B, consistente también en otro solar radicado en la misma calle de Comerlo del expre-sado pueblo de 195 metros 30 centímetros cuadrados, con una casilla de 6 varas de frente por 10 de fondo, viniendo ambas fincas mediante dicha agrupación a formar una sola que se describe así:

“Urbana: Solar radicado en la calle de Comerlo de Bayamón, con cuatrocientos trece metros setenta centímetros cuadrados, colin-dando por su frente o Sur con dicha calle de Comerlo; por su fondo o Norte con una calle en proyecto, sin nombre; por el Este o derecha entrando con solar de Sucesores de San Miguel Hermanos y por la izquierda u Oeste con propiedad de Miguel Gránela; conteniendo según inscripciones hechas en el registro de la propiedad, una casa de maderas extranjeras techada de zinc de ocho varas de frente por ocho varas de fondo, con un martillo y cinco puertas al frente; y una casilla terrera, de madera, techada de zinc, de seis varas dé frente, por diez de fondo, teniendo esta finca un valor de mil setecientos dollars, libre de cargas.”

En dicha escritura de 18 de agosto de 1913 expresó Doña Juana Durán haber construido con fondos o dinero propio, sobre los dos solares indicados una casa de madera, terrera, de 19 varas de frente por 8 de fondo valorada en $1,000, con cuya manifestación estuvo conforme su consorte Don Francisco Giménez, y están también conformes ambos cónyuges en que la adquisición de la finca letra A, se hizo por precio de $1,000, que pagó la Durán con fondos de su propio peculio, siendo por tanto esa finca bien privativo de dicha Durán, con-viniendo ésta y su consorte en que al agrupar ese inmueble letra A con el otro letra «B se inscriba la finca agrupada con la casa que en ella se ha construido como poseída en común proindiviso por ambos esposos, “conservando así tal Señora Durán como bienes privativos de ella su participación de $1,000 con respecto al valor de esa finca agrupada con las tres casas en ella contenidas, mientras la sociedad de ganan-ciales de ambos esposos conservará la participación en cuanto al resto del valor de ese inmueble agrupado con tales tres casas que contiene.”

Presentada en el Registro de la Propiedad de San Juan, Sección 2a., la expresada escritura de 8- de agosto de 1913 para su inscripción, el registrador la denegó por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, que es la escritura número 87 otorgada en Bayamón el 18 de agosto de 1913 ante el Notario Enrique Márquez Huertas, por los motivos siguientes:
“Primero, porque habiendo adquirido Doña Juana Durán, como bien propio, el solar y la casa de 8 varas de frente por 8 de fondo y habiendo edificado con fondos o dinero de ella la casa de nueva construcción, de 19 varas de frente por 8 de fondo, por lo cual le pertenece también exclusivamente, se agrupan a otra finca de la sociedad conyugal que lleva con su esposo Don Francisco Giménez, siendo los propietarios de dichas fincas personas o entidades legalmente distintas, no pudiendo, por tanto, agruparse aquéllas;
“Segundo, porque la finca que adquirió la Sra. Durán, como bien propio, por compra a la Sucesión San Miguel, se cambia y con-vierte abora en una participación por mil dollars en el valor total de la finca agrupada; y
“Tercero, porque la casa de nueva construcción, que se ha refe-rido, edificada con fondos o dinero de la Sra. Durán, y que por esa razón le corresponde exclusivamente, se transfiere a la sociedad con-yugal, lo que envuelve una donación a favor, del esposo, convenios todos que están prohibidos entre ■ cónyuges; y en su lugar se ha extendido anotación preventiva, por término legal, a favor de Doña Juana Durán, en cuanto a la participación de mil dollars en el valor de la totalidad de la finca, como bienes privativos de ella, y en cuanto al resto del valor, o sean mil setecientos dollars, a favor de la expre-sada señora, casada con Don Francisco Giménez, como perteneciente dicho resto a la sociedad legal de ambos esposos, al foliu 2 del tomo 46 de Bayamón, finca 2134, anotación letra A. San Juan, P. R., diciembre 18 de 1913. El registrador, José Benedicto.”

Esa nota está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso gubernativo interpuesto contra ella por los con-sortes Doña Juana Durán y Don Francisco Giménez. La esti-mamos bien fundada.

Según el artículo 61 del Reglamento General para la eje-cución de la Ley Hipotecaria, para que puedan inscribirse en el Registro de la Propiedad bajo un solo número y como una sola, varias fincas, es requisito necesario que éstas perte-nezcan a un mismo dueño o a varios proindiviso. De modo que, transcribimos las palabras del registrador recurrido en su alegato, “es indispensable que las fincas que se traten de agrupar sean de un solo dueño o de varios proindiviso, es decir, que cada una de las distintas personas que quieran agrupar los inmuebles ña de tener condominio en cada una de las fincas que deban reunirse.”

La finca que como una pretenden registrar los esposos recurrentes, comprende las que dejamos designadas con las letras A y B, perteneciente la primera a Doña Juana Duran como bien privativo de ella, y la segunda a la sociedad con-yugal de la Duran y Don Francisco Giménez, cuyas fincas no pueden agruparse por pertenecer a entidades distintas, pues entidades distintas son la esposa doña Juana Duran y la sociedad conyugal de ella y su consorte Don Francisco Giménez.

La misma parte recurrente lia reconocido la necesidad de llenar el requisito expresado para que pueda verificarse la inscripción de las dos fincas A y B agrupadas en una sola y bajo un mismo número, pues mediante la escritura de 18 de agosto de 1913 ha intentado conseguir que esas fincas y una casa de nueva construcción existente en la finca agrupada, pertenezcan a una sola entidad jurídica en común o proindi • viso, o sea a la sociedad conyugal, reconociéndose a la esposa sobre la finca agrupada una participación de $1,000 en com-pensación del dominio exclusivo que la asistía sobre la finca letra A.

Pero es que el medio puesto en práctica para llegar al fin deseado es ineficaz, pues el reconocimiento de un condo-minio a favor de la Duran por valor de $1,000 sobre la finca agrupada, cediendo ella a la sociedad conyugal el dominio que le asistía sobre la finca letra A y adquiriendo así el ma-rido participación en una finca privativa de su esposa, en-vuelve un convenio entre marido y mujer que reviste los caracteres de contrato de permuta entre ellos y que como pro-hibido por la ley entraña vicio de nulidad. Artículos 4, 1361 y 1444 del Código Civil.

Por lo que toca a la casa construida en los solares letras A y B de cuya agrupación se trata, ya se considere dicha casa como bien privativo de la esposa, ya como perteneciente a la sociedad conyugal, su inscripción ha sido bien denegada, pues según lo convenido en la escritura, de 18. de agosto de 1913 la finca agrupada había de inscribirse con la casa que en ella se había construido, y como la finca agrupada que comprende los solares en que ha sido construida la casa no es inscri-bible, tampoco puede serlo la.casa. Hernández v. El Registrador de la Propiedad, 16 D. P. R., 464. Solá v. El Registrador, 19 D. P. R., 58.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota re-currida.

Confirmada.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.