author: El Juez Presidente 'Sr. Hernández,

text:
    Díaz v. Torres.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 526.
    Resuelto en abril 28, 1911.
    Apelación — Apreciación de la' Prueba---Error 'Manifiesto.- — En los casos en que la corte inferior, hubiere incurrido en manifiesto error al hacer la apré-ciación de las pruebas, procederá la revocación de la sentencia apelada, sin que pueda constituir un obstáculo para tal revocación la circunstancia de que todas las pruebas practicadas, ante la corte inferior no se hubieran incluido en la exposición de hechos, pues para1 que así fuera habría que demostrar que las pruebas omitidas son necesarias para que el tribunal pueda colocarse en situación igual'a la que tuvo la corte inferior al apreciar las pruebas.
    Divorcio — Adulterio—Reconciliación.—El mero-perdón del agravio no es sufi-ciente para que pueda estimarse que ha habido reconciliación entre las partes, siendo preciso que su unión hubiera continuado y se. hubieran resta-blecido los derechos conyugales, de tal modo que e! cónyuge culpable vuelva a ocupar la misma posición que ocupaba antes de que se cometiera la ofensa.
    Id. — Dadas las circunstancias de este caso, no es posible admitir como prueba sufi-ciente para establecer la existencia de la reconciliación, la afirmación hecha por la esposa en su declaración, contradicha por el esposo, al efecto de que ambos habían tenido unión carnal después de los hechos determinantes de la infidelidad.
    Id. — Intervención del Riscal — Apelación.—En los casos en que el Riscal del Tribunal Supremo hubiere intervenido en la tramitación del recurso de ape-lación en un caso de divorcio, no procede decretar la desestimación de dicho recurso, por no habérsele dado intervención al Riscal de distrito ante la corte inferior, pues el consentimiento del propio interesado, que es el Riscal, al no solicitar la nulidad del juicio subsana cualquier 'defecto que en su tramitación pudiera existir.
    Los Lechos están expresados en la opinión.'
    Abogados del apelante: Sres. Bosch & Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Sandalio Torres Monge.

    Abogado de El Pueblo: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Presidente 'Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 30 de noviembre del año 1909, Pedro Díaz Co-rrea presentó demanda enmendada ante' la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Jnán contra Mercedes Torres Reyes, a fin de qne se declarara roto y disnelto el vínculo matrimonial entre ellos existente, • a virtud de matrimonio celebrado en 1 de agosto del año 1904, quedando las niñas procreadas durante ese matrimonio, a saber, Mercedes, Celia América y Dolores, de cinco, tres y uno y medio años de edad, respectivamente, bajo la custodia y patria potestad del de-mandante.

Aléganse como hechos fundamentales de la demanda, que desde seis meses antes el demandante empezó a observar en su esposa cierta conducta sospechosa, pudiendo convencerse y comprobar más tarde que mantenía ilícitamente relaciones amorosas con un tal Luis Alvarez, con quien le había sido infiel, teniendo voluntaria y maliciosamente intercurso sexual con el mismo.

Al contestar Mercedes Torres Reyes la demanda, aceptó la existencia de su matrimonio con el demandante y el na-cimiento de las hijas habidas en el mismo; pero negó los hechos fundamentales de la demanda, y alegó que, en el su-puesto de que fueran ciertos, la acción de divorcio estaría extinguida completamente por' reconciliación de las partes, pues con posterioridad a esos hechos, los cónyuges vivieron juntos bajo un mismo techo hasta el día 25 de octubre de 1909 en que la demandada, de acuerdo con su esposo, se tras-ladó con sus hijos a la casa de su madre para que él pudiera marchar a España a darse los baños de Archena, habiendo dormido juntos la noche anterior del 24 de octubre, e ido el demandante posteriormente a la casa de la madre de la de-mandada, donde le entregó siete dollars para alimentos de ella y de sus hijos.hasta el 10 de noviembre siguiente. -

La demandada además formuló reconvención para que se declarara disuelto el vínculo matrimonial, quedando los hijos bajo la custodia y patria potestad de la madre; y funda tal pretensión en malos tratamientos e injurias graves del espo-so respecto de la esposa, hasta el punto de haberle trasmitido enfermedades graves de carácter sifilítico, acabando por ul-trajarla en sn honor de mujer y en sn dignidad de esposa y madre mediante la falsa y calumniosa imputación que se le hace en la demanda.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en tres de enero del año próximo pasado, concebida en los siguientes térmi-nos :

“El día ocho de diciembre de 1909 y en corte abierta, se llamó este pleito para la vista por su orden de señalamiento y compare-cieron ambas partes por medio de sus abogados y anunciaron estar listas. La parte demandante presentó sn prueba que fné practicada, haciendo lo propio la parte demandada, tanto en apoyo y en contra de la demanda y de la reconvención, respectivamente, quedando en dicho estado pendiente el caso hasta tomar declaración al testigo Dr. Clemente Fernández, de Carolina, a cuyo efecto señaló la corte el día veinte de diciembre de 1909, así como para llevar a efecto la inspección ocular de ciertos sitios, propuesta por las partes.
‘ ‘ El día veinte de diciembre, trasladóse la corte al pueblo de Carolina, y luego de recibir declaración al dicho Sr. Fernández y verificada la inspección ocular, se declaró el juicio concluso para sentencia.
“Y la corte, habiendo considerado debidamente el caso, y por los fundamentos que en opinión por separado consigna, resuelve dictar como dieta sentencia declarando sin lugar tanto la demanda como la reconvención, y ordenando queden los hijos en este matrimonio en poder de la madre, o sea la demandada, Mercedes Beyes Torres, hasta nueva orden de esta corte, con las costas al demandante.”

Contra la anterior sentencia interpuso el demandante recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, fundado en que habiéndose probado que el adulterio se ejecutó, y no probádose que haya existido reconciliación entre los cón-yuges, ha debido declararse con lugar la demanda con arre-glo al artículo 164 número Io. del Código Civil reformado, según el cual es causa de divorcio el adulterio de cualquiera de los cónyuges.

Como se ve, fúndase el recurso en error en la aprecia-ción de las pruebas practicadas en el juicio.

Veamos lo que dicen los testigos que a instancia del de-mandante declararon en el juicio.

Monserrate Comas, allá por el mes de octubre del año 1909, como Policía Insular, hizo investigaciones acerca de Mercedes Torres con motivo de denuncia de adulterio que a aquélla se imputaba, habiéndola visto entrar en una fotogra-fía con un joven zapatero de Río Piedras, en compañía del cual la vió después en la calle de San Francisco de esta capital.

Juan B. Zalduondo, también Policía Insular, un día entre cuatro y cinco de la mañana, en ocasión en que vigilaba la casa de Pedro Díaz con su corral y otro contiguo, vió pene-trar en el patio de la referida casa a un hombre que supuso fuera el demandante; pero a los dos o tres días después, habiéndole comunicado su jefe una confidencia para que in-vestigara el adulterio de Mercedes Torres con Luis Alvarez, le fué mostrado el Alvarez, y reconoció ser el mismo que había visto entrar por la palizada de la casa de Pedro Díaz.

Juan de los Santos Calderón y Gregorio Rivera, en una noche del mes de octubre del año de 1909, saliendo del pueblo de Río Piedras para el campo, vieron a Mercedes Torres y a Luis Alvarez salir de la cochera de Enriqué Vizcarrondo.

José Valentín Berrios, pariente de Pedro Díaz Correa, ha visto a Mercedes Torres y a Luis Alvarez en distintas horas del día andando por las calles de San Juan; y habiendo tenido una 'entrevista con Alvarez, sobrino de Pedro Díaz, le-manifestó que estaba.en la obligación de evitar los rumo-res que corrían acerca de él y Mercedes Torres.

Ramón López vió una noche, serían las nueve y media, a Mercedes Torres y Luis Alvarez paseando por la plaza de Río Piedras con una niña que Mercedes llevaba de la mano.

Leoncio Rodríguez ha visto varias veces a Luis Alvarez entrar en la casa de Mercedes Torres, y el día 20 de julio de 1909, en momentos en que Pedro Díaz no estaba en la refe-rida casa, vió a Alvarez y a la Mercedes llegar a ella, entrando Alvarez en un cuarto y yéndose la Mercedes para dentro.

Fernando S o ve j ano y Jesús Velill'a, entre diez y once de la noche del día 17 de octubre de 1909, vieron salir de la casa del zapatero Luis Alvarez a Mercedes Torres envuelta en nn mantón, y habiéndola seguido a quince o veinte pasos de distancia, observaron que entró en la casa de Pedro Díaz Correa; y el propio Jesús Velilla en otra ocasión, serían las nueve o nueve y media de la noche, vió a la Mercedes y a Luis Alvarez debajo del arco de la escalera del edificio de la Normal de Río Piedras acostado éí sobre ella, ejecutando actos carnales.

Ramón Pinero, cuatro o cinco meses antes de la celebra-ción del juicio, como a la nueve o nueve y media de la noche, regresando a Río Piedras desde el barrio del Río, encontró a una niña de cuatro a cinco años en las afueras de dicho pueblo sentada en el pretil del puente, y a Mercedes Torres y al zapatero Luis Alvarez sentados debajo de dicho puente; y otra noche, serían las siete, vió a la misma niña jugando en la yerba, y a los mismos Luis Alvarez y Mercedes Torres sentados en un banco o escaño que existe yendo para el cuar-tel de la Policía Insular de Río Piedras.

Luis Pérez vió una noche, en los primeros días ‘del mes de octubre de 1909, entre siete y siete y media, a Mercedes y al zapatero Alvarez conversando de pie debajo de un palo de mangó en la hacienda de Solís de Río Piedras.

Francisco Piñeiro vió también en la noche expresada y antes que Luis Pérez, a la Mercedes y al Alvarez, bajo el mismo palo de mangó, uno encima del otro.

Y finalmente, Juan Díaz Correa, hermano del demandante, serían las dos de la tarde del 27 de septiembre de 1909, fué. a la tienda de Pedro Díaz Correa para verificar un pago, y ño estando allí, pasó a la sala de la casa, encontrando a Luis Alvarez en la cama acostado con Mercedes Torres, ha-biéndose tirado el Alvarez por una ventana, de lo que dió cono-cimiento el testigo a su referido hermano para que hiciera ló que debía hacer.

Contra esos testimonios tendentes a demostrar el funda-mentó de la demanda, o sea el adulterio de la demandada, ¿qué pruebas se ban aducido por ésta?

Esas pruebas consistieron en las declaraciones de Maxi-miliano Torres, Pedro Díaz Correa, Mercedes Torres, Deme-trio López, Juan López Sicardó, Benito Rivera y José Valen-tín Berrios.

Según declara Maximiliano Torres, hermano de la Mercedes, el día 14 de octubre de 1909, con motivo de llamamiento que se le hiciera por teléfono, fué a Río Piedras por la noche, y allí le manifestó su cuñado Pedro Díaz que quería ir a Archena y deseaba que la Mercedes y los niños se quedaran en la casa del testigo, como en efecto fueron a ella con una sirvienta el lunes 25 de octubre citado.

Pedro Díaz Correa refiere que en la noche en que Maximi-liano Torres estuvo en su casa, se habló del divorcio que pensaba proponer contra Mercedes Torres por tener prue-bas de que había cometido adulterio; que sufragó los gastos del domicilio conyugal hasta el 25 de octubre en que la Mercedes se fué de la casa llevándose algunos muebles; que su hermano Juan Díaz Correa le habló en 27 de septiembre de la infidelidad de su esposa, pero creyó que no era suficiente prueba para promover el divorcio lo que su hermano le había revelado, y por esa razón y porque había dado cuenta a la policía para que los guardias pudieran declarar, siguió vivien-do con la demandada y las niñas hasta el día 25 de octubre; que estuvo en la casa de la madre de Mercedes Torres, a la que entregó siete pesos cincuenta centavos para sus gastos y los de sus hijos en quince días; que en la fecha en que declara-ba hacía seis o siete meses que no había tenido contacto sexual con su esposa, a la que nunca ha injuriado, si bien ella ha ido donde médicos a pedirles certificaciones sobré supuestos atro-pellos'; que jamás ha consentido en vivir nuevamente con su esposa, aunque ésta le ha propuesto olvidar lo pasado y re-conciliarse, reconciliación que también inútilmente le han pro puesto sus hermanos; que Alvarez, por espacio de dos meses más o menos, comió en su casa, y viendo que conversaba mu-dio con la Mercedes, le ordenó qne se retirara y qne fnera de-jando las visitas, lo cnal tomó aqnél como ofensa; y qne des-pués recibió dos cartas anóminas sobre el asunto, las qne rompió por haberle dicho la Mercedes y su familia que eran calumniosas.

Mercedes Torres dice qne hasta el día 25 de octubre vivió bajo un mismo techo con su esposo Pedro Díaz, teniendo ac-tos carnales en la noche anterior; qne en los primeros días de su matrimonio comenzó Pedro Díaz a-insultarla y a los tres meses el Dr. Fernández le reconoció una afección sifilí-tica qne le había comunicado; y relata los disgustos, injurias ‘y malos tratos de que ha sido víctima durante su matrimonio.

Demetrio López, Conserje de la Escuela Normal de Río Piedras, donde prestaba servicios de nueve y media de la mañana a cinco y media de la tarde, no ha visto en el’ mes de octubre en los alrededores del edificio a Mercedes Torres, y tampoco ha notado allí algo extraordinario.

A Juan López Sicardó mereció Mercedes Torres concepto de mujer honrada.

Benito Rivera compró a Pedro Díaz el establecimiento de comercio en once o doce de octubre de 1909, y demandante y demandada continuaron viviendo en la misma casa doce o catorce días después. '

José Valentín Berrios tuvo diferencias en su amistad con la familia Díaz por motivo de una cuenta de que le era deudor el demandante, en cuyo arreglo intervino el joven Luis Alvarez.

Esas pruebas no contrarrestan ni desvirtúan las de la parte demandante en la parte relativa al adulterio de Mercedes Torres, cuya declaración sólo tiende a demostrar que su marido era celoso, que le daba mal trato, y que hasta el día 25 de octubre hicieron vida común, uniéndose carnalmente en la noche anterior.

La evidencia del adulterio no puede ser más completa y opinamos que la corte inferior ha procedido con manifiesto ’ error al no estimar probada la infidelidad conyugal de Mercedes Torres. ' 1

Es cierto que, según el artículo 38 de lá Ley de Eviden-cia, lú credibilidad de los testigos podrá ponerse en duda con-forme lo dispuesto en el artículo 21, cuyo artículo ordena que se presume que un testigo dice la verdad por más que esa presunción pueda ser rechazada por la forma en que declare, por el carácter de su declaración o por evidencia que afecte su .veracidad, honradez, integridad, o móviles o por evidencia contradictoria; estableciendo el artículo 162 que el efecto de la evidencia no es arbitrario, sino que' se ejer-cerá con discreción jurídica y sujeción a las reglas de evi-' dencia, y que el tribunal o jurado no está obligado-a decidir de conformidad con las declaraciones de cualquier número de testigos que no llevaren a su ánimo la convicción contra un número menor o una presunción u otra evidencia que le convenciere.

En el presente caso no encontramos que los testigos de la parte demandante hayan faltado a la verdad en una parte de su declaración para que ésta deba ponerse en duda res-pecto a otras, según el tercer apartado del artículo 162, ya citado, ni que esos testigos al declarar se hayan contradicho en sus manifestaciones, ni que hayan declarado sobre hechos de los cuales no hayan podido tener conocimiento, ni que ha-yan obrado por móviles interesados o indignos, ni que sus manifestaciones estén en conflicto con otra evidencia, ni que hayan sido impugnadas su veracidad, honradez e integridad, mediante la oportuna evidencia.

Admitimos que ordinariamente los actos de infidelidad conyugal no se realizan ante testigos y que por el contrario, para ellos se busca la soledad y se procura envolverlos en las sombras del misterio; pero eso no impide que una pasión fogosa oscurezca la razón e impulse la voluntad a ejecutar-los bajo la creencia errónea de que no han de ser vistos, y en realidad lo sean, como ha podido suceder en el presente caso.

Los actos de infidelidad conyugal, aunque ordinariamente reservados, no son por sn naturaleza ajenos a la inspección de los .sentidos.

Observamos que en la sentencia recurrida se hace mérito de haberse recibido declaración en el pueblo de Carolina al testigo Dr. Clemente Fernández, y de haberse practicado por la corte la inspección ocular de ciertos sitios que pro-pusieron ambas partes, sin que conste en el récord el resul-tado de esas diligencias. Tal omisión no impide que haya-mos podido examinar todas las pruebas que han venido in-cluidas en la exposición del caso, y que prescindiendo de las pruebas omitidas podamos revocar la sentencia apelada.

Al decidir en 15 de enero de 1909 el caso de Francisco Vargas v. A. Monroig e hijos, digimos:

“Hay una regla de ley que expresa que antes de que un tribunal de apelación pueda revocar una sentencia basada en el veredicto de un jurado o cuando la corte está sustituida por el jurado, tal corte de apelación debe estar en condiciones de poder conocer de todos los hechos que fueron presentados a la. corte inferior. Esta regla de ley es aplicable cuando la corte inferior ha considerado los hechos y fundado su sentencia definitiva en los mismos. Pero debe mostrarse en cualquier caso que se ha omitido alguna prueba y que la prueba que ha sido omitida es importante o necesaria para el caso.”

El récord no muestra que la declaración del testigo Dr. Clemente Fernández y la inspección ocular practicada por la corte inferior sean necesarias para cploearnos en igual situación que la que’tuvo el tribunal inferior al apreciar las pruebas relativas al adulterio de la demandada. Aún más, parécenos que la declaración del testigo Dr. Clemente Fer-nández había de tender a probar la afección sifilítica a que alude la demandada en su declaración, y que la inspección ocular no influyó en la apreciación de las declaraciones de los testigos que declararon sobre actos carnales constitutivos de adulterio de la demandada, pues nada nos dice de ello ia parte apelada al impugnar en su alegato la fuerza probatoria de esas declaraciones, las qne en sí nada tienen de improba-bles, ni están en conflicto con otra evidencia, ni lian sido hechas por testigos cuya veracidad, honradez e. integridad hayan sido impugnadas, como ya hemos dicho.

En la opinión del juez que la parte apelada inserta en su alegato, no se niega crédito a los testigos atendido el resul-tado de la inspección que practicó el juez, sino por el carác-ter de sus declaraciones y por el hecho de haber seguido vi-viendo maritalmente bajo el mismo techo demandante y de-mandada.

Las palabras del juez son las siguientes:

“En el pleito actual el carácter de las declaraciones de-los testigos del demandante no han impresionado bien a esta corte. Han decla-rado haber visto a la demandada en varios sitios cerca del pueblo de Río Piedras cometiendo actos de adulterio con un individuo de tal" pueblo en varias horas de la noche. Parece extraordinario que la demandada y su querido (si hubo tal querido) no se ocultaran para satisfacer sus deseos. Un testigo, hermano del demandante, dice ha-ber visto a la demandada en actos de adulterio en'uno de los últimos días del mes de septiembre de 1909 y dice también haber relatado el hecho al demandante; presumiendo que esta declaración sea cierta resulta que el demandante y la demandada siguieron viviendo mari-talmente bajo el' mismo techo durante un' mes. Con tales bases una demanda de divorcio por adulterio no puede prosperar.”

El carácter de las declaraciones de los testigos no puede despojarlas en el presente caso del crédito que merecen, por las razones ya expuestas. En cuanto al‘hecho de haber se-guido Pedro Díaz Correa viviendo con su consorte después de haber tenido conocimiento de su infidelidad por la revela-ción que le hiciera su hermano Juan Díaz Correa, el mismo demandante explica en su declaración la razón de su pro-ceder; pero aunque no fuera admisible esa razón, el hecho de haber seguido viviendo juntos ambos consortes nunca de-mostraría que entre ellos medió reconciliación, y al efecto, reproducimos como aplicables al presente caso lo que ya digimos al resolver en 2 de abril de 1902 el de Alberto Bravo v. Angélica Franco:

“Las pruebas en el conjunto no son de naturaleza tal, que lleven al ánimo de este tribunal la convicción de que el recurrente haya perdonado la ofensa o que haya ocurrido tal reconciliación; debiendo tenerse presente la doctrina siguiente: ‘ el mero perdón del agravio no es suficiente sino que es preciso, que continúe la unión de las partes y se restablezcan todos los derechos conyugales. (Am. Eng. Ency. of Law.) Y además, que condonación significa borrar la ofensa impu-tada, de modo que el ofensor vuelva a ocupar la misma posición que él o ella ocupaban antes de que se cometiera,la ofensa. La palabra perdón, según se emplea generalmente en el idioma inglés, no expresa todo el significativo de la palabra ‘remisión.’ IJna persona puede perdonar en el sentido de no tener resentimiento o no tratar de casti-gar, sin que en manera alguna sea su intención restablecer al ofensor en la situación que ocupaba.’ (Am. Eng. Ency. of Law.) El Tribunal Supremo de España en- sentencia de junio 23 de 1874,- en una causa criminal por adulterio seguida por el marido contra su esposa se expresó en los siguientes términos: Considerando que respecto al recurso interpuesto en nombre de y su primer funda-mento, que los hechos admitidos como probados en la sentencia que es objeto del recurso, de las cartas amorosas dirigidas mutuamente entre los procesados, sus citas y entrevistas en diferentes sitios, especial-mente en la casa pública de citas, demuestran sin dejar duda, no sólo su trato ilícito, sino los actos que constituyen adulterio y son consi-guientes a esas relaciones. En lo referente al segundo fundamento, que por los hechos de continuar la procesada, en la habitación de su marido, acompañarla este en los paseos, teatros, después de haber sido sorprendida con el * * * no se infiere el consentimiento de su infidelidad, ni el perdón) ni menos en el caso presente cuando ha formalizado querella y continuado parte en la causa para la imposi-ción de pena, y siéndolo aún en este recurso.”

Bajo las circunstancias del caso y considerado el punto de vista erróneo bajo el cual el juez inferior apreció las pruebas del demandante, no podemos admitir como prueba bastante de reconciliación la afirmación hecha en su decla-ración por la esposa, contradicha por el esposo, de haber tenido ambos unión carnal después de los hechos determi-nantes de la infidelidad.

Se ha alegado por la parte apelada al impugnar el recur-so y pedir su desestimación, que el Fiscal ha debido tener intervención en el presente pleito como parte legítima y ne-cesaria en los casos de divorcio.

Tal alegación es extemporánea, pues debió hacerse en tiempo oportuno ante la corte inferior; pero como después de pronunciada sentencia, el Fiscal de la corte de distrito fue notificado del escrito de apelación y lia tenido interven-ción en el recurso, solicitando en su alegato escrito la con-firmación de la sentencia apelada, sin que baya alegado la nulidad del juicio por haberse tramitado en la corte inferior sin su intervención, opinamos que, en el caso de existir tal defecto, ha sido subsanado por consentimiento de la parte interesada que es el Fiscal, holgando, por tanto, discutir si el Fiscal en los casos de divorcio ha de tener otra intervención además de la que le atribuye la sección 4a. del Beglamento de esta Corte Suprema.

Evidenciado que el adulterio se ejecutó y no habiéndose probado que haya habido reconciliación entre los cónyuges, procede que con revocación de la sentencia apelada, en la parte en que ha sido recurrida, se declare con lugar la de-manda de divorcio con los pronunciamientos solicitados en la misma.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf y del Toro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Municipio de Carolina v. Saldaña et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 598.
    Resuelto en abril 28, 1911.
    Expropiación Forzosa — Cuantía de la Indemnización. — Una vez justificada la necesidad de la ocupación del terreno que se trata de expropiar, la indemni-zación que se conceda al propietario ha de comprender, no sólo el valor de la cosa expropiada, sino también una remuneración por los daños y perjuicios que se le ocasionen con la privación de la propiedad.

      Id. — Pruebas Contradictorias — Apreciación de la Corte Inferior. — Siendo con-tradictorias las pruebas referentes a la cuantía de la indemnización que deba concederse en este caso, y no habiéndole demostrado que la corte inferior actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, ni que incurriera en mani-fiesto error, su apreciación debe aceptarse, especialmente cuando los deman-dados no han probado el perjuicio que la ocupación del terreno haya de oca-sionarles, y las cantidades fijadas por 'la corte inferior parecen ser las com-pensaciones apropiadas por dicha ocupación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. Juan Hernández López.

    Abogados del apelado: Sres. Texidor y Cautiño.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El municipio de la Carolina entabló demandas contra José Esteban Saldaña y contra Andrés Crosas sobre expropiación de terrenos y establecimiento de servidumbres para servicio público, que fueron contestadas separadamente por los de-mandados. Luego ambos pleitos, a petición de las partes, se acumularon y se resolvieron por una sola sentencia contra la cual se interpuso el presente recurso de apelación.

Los hechos fundamentales alegados por la corporación demandante fueron, en resumen, los siguientes:

Que el concejo municipal de la Carolina acordó por unani-midad proceder a la construcción e instalación de un acueduc-to para el pueblo.

Que hecho el estudio de la obra, resultó de absoluta nece-sidad para su construcción y explotación tomar una faja de terreno de 2 metros de ancho y 694 de largo, partiendo de la carretera de Río Piedras a Carolina, en línea recta y direc-ción Sudeste, ocupando dicha faja en su totalidad terrenos propios de Saldaña; hasta llegar a la colindaneia dé otros te-rrenos de T. Gr. Waymouth, y establecer una servidumbre de paso por la misma finca de Saldaña por un camino privado que parte de la colindaneia de la finca con la carretera hasta llegar a la colindaneia con Waymouth. Que la ocupación de la faja de terreno será permanente y con objeto de colocar en ella los tubos del acueducto a tal profundidad que permita en toda su extensión, menos en dos puntos ocupados por una lla-ve de desagüe y una ventosa, el laboíeo de la. superficie, y la servidumbre se usará continuamente durante la construcción del acueducto y después solamente para el paso de los emplea-dos y encargados de la conservación del acueducto, y, en caso necesario, de carros para conducir algún material para repa-raciones.

Que también resultó de absoluta necesidad ocupar perma-nentemente, (a) una faja de terreno de 2 metros de ancho y 586 de largo, partiendo de la colindancia de los terrenos de Waymouth con los del demandado Crosas y atravesando estos últimos hasta llegar a una loma de la propiedad de Crosas, en línea recta y dirección • Sudeste, con objeto de colocar los tu-bos del acueducto en la forma ya indicada, (b) una superficie de una cuerda y 40 céntimos de otra en la dicha loma de Cro-sas para establecer la casa de bombas, pozos tubulares, depó-sito y camino de unión, y (c) una servidumbre de paso por camino privado dentro de la finca de Crosas, partiendo de la colindancia con Waymouth en dirección Sudeste hasta la lo-ma citada y de ella, en el punto en que se ha de establecer el depósito, hasta el río Carolina, en dirección Noroeste.

Que en vista de tal necesidad, el municipio de Carolina acu-dió al Consejo Ejecutivo solicitando que se declarara de utili-dad pública la ocupación de los terrenos y el establecimiento de las servidumbres, y el Consejo tramitó en forma el expe-diente y, por resolución de 2 de febrero de 1909, hizo la de-claración tal como la solicitó el municipio, insertándose en ambas demandas íntegra la dicha resolución.

Que los demandados se negaron a entregar las tierras y a permitir las servidumbres.

Que el municipio de Carolina se halla dispuesto a pagar al demandado Saldaña por la ocupación de la faja de terrena a razón de cien dollars por cuerda y por la servidumbre una indemnización de cincuenta dollars; y al demandado Crosas a razón de cincuenta dollars por cuerda y, además, ochenta dollars por la servidumbre de paso.

Que la ocupación de los terrenos y el establecimiento de las servidumbres, son absolutamente necesarios para la cons-trucción y explotación del acueducto.

Los demandados contestaron negando los becbos de las demandas en cuanto se opusieran, directa o indirectamente, a los siguientes:

Que no es de absoluta necesidad para la construcción y ex-plotación del acueducto, la expropiación de las fajas de terre-no y la constitución de las servidumbres a que se refieren las demandas, y

Que las tierras que se tratan de expropiar y las servidum-bres que se pretenden constituir, exigen una indemnización muy superior a la ofrecida por el demandante en ambos casos.

Celebrada la vista, la corte dictó sentencia declarando que los becbos y la ley estúu a favor de la parte demandante y en contra de los demandados, y, en su virtud, con lugar lá deman-da, con costas. En la sentencia se declara de absoluta necesi-dad la ocupación de las tierras, que se describen detallada-mente, y la constitución de las servidumbres, que se determi-nan con toda precisión, y se fijan las cantidades que el deman-dante debe satisfacer a los demandados, ordenándose que en cuanto a las servidumbres se proceda al otorgamiento de es-crituras públicas.

La ley aplicable a este pleito es la relativa a expropiación forzosa de 1903, tal como quedó enmendada en 1908. Leyes de 1908, página 98 y siguientes.

La sección 2, enmendada, de dicba ley, dice así;

“Sección 2. — Que la propiedad particular, como también la defi-nida en el párrafo 2 del artículo 328 del Código Civil como bienes patrimoniales, podrá, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, ser expropiada, perjudicada o destruida en todo o en parte, o, para fines legales imponerse a la misma una servidumbre perpetua o temporal, cuando baya sido declarada de utilidad pública por el Consejo Ejecu-tivo. La declaración de utilidad pública será becha por el Consejo Ejecutivo, previa audiencia en todo caso, de aquellos a quienes inte-rese ser oídos sobre la conveniencia de dicba declaratoria y sobre la necesidad para el mejor servicio público y mejor realización con tal fin de la obra de que se .trate, de la expropiación o expropiaciones de propiedad particular que hayan de efectuarse, o de la imposición de las servidumbres que sobre tal propiedad se requiera. Al hacer el Consejo Ejecutivo la declaración de la utilidad pública de determi-nada obra, fijará concretamente la propiedad que haya de ser expro-piada o gravada' para la realización de aquélla. ’ ’

El precepto de ley transcrito, tuvo aplicación cumplida en el presente caso.

La utilidad pública de la construcción del acueducto fué declarada por el Consejo Ejecutivo después de celebradas audiencias públicas por el Consejo y por su Comité de Fran-quicias, y al hacerla el Consejo fijó concretamente las propie-dades que debían ser ocupadas y gravadas. No sólo se limi-tó la investigación y resolución del Consejo a la determina-ción de la utilidad pública en general de la obra que intentaba realizar el municipio, sino, de acuerdo con la ley, a la necesi-dad de la ocupación y gravamen de las tierras especificadas en las demandas.

La sección 4, enmendada, de la repetida ley de expropia-ción, dice así: .

‘ ‘ Sección 4. — Hecha la declaración de utilidad pública de una obra, si los dueños de la propiedad que haya de ser expropiada no se avi-niesen por cualquier motivo a consentir la expropiación o expropia-ciones que aquélla requiera, determinará ello una causa de acción en favor del que haya de realizar dicha obra, y podrá éste ejercitarla contra los mencionados propietarios ante la corte de distrito' del dis-trito judicial en que radique el todo o parte de la propiedad de que se trate, y en la forma ordinaria que el Código de Enjuiciamiento Civil determina para el ejercicio de las acciones. Al deducirse, en ese caso, la demanda, deberá insertarse en ella íntegra la declaración de utilidad pública hecha por el Consejo Ejecutivo o acompañar con aquélla copia de dicha declaración, y consignarse' la cantidad que el demandante está dispuesto a pagar por la propiedad que haya de expropiarse. ” •

También tuvo en este, caso aplicación cumplida el anterior precepto de ley. No conformes los demandados, acudió el de-mandante a la corte de justicia competente y ésta, después de oídas las alegaciones y las pruebas, declaró necesarias la ocupación de los terrenos y la constitución de las servidum-bres y fijó el montante de las indemnizaciones que el deman-dante debía satisfacer a los demandados.

Como fundamentos del recurso, alegan los apelantes:

l°..Qne la Corte de Distrito infringió el artículo 355 del Código Civil Revisado;
2o. Que no concedió a los demandados una justa indemni-zación ;
3o. Que a lo sumo la sentencia concede indemnización por el valor de las cosas expropiadas, pero no señala remunera-ción alguna por daños y perjuicios, y
4o. Que la sentencia condena en todas las costas a los de-mandados.

Examinemos el primer fundamento. Sostienen los ape-lantes que para que pudiera haberse decretado la expropia-ción en este caso, hubiera sido necesario demostrar la necesi-dad absoluta de la ocupación de las tierras.que les pertenecen, para fines de utilidad pública, y que tal necesidad absoluta no quedó demostrada.

Nuestra ley civil prescribe que “nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa de utilidad pública, previa siempre la indemnización correspon-diente. ’ ’

Veamos si este precepto de ley, que ha sido sostenido en toda su integridad en repetidas ocasiones por esta Corte Su-prema, ha sido infringido o aplicado rectamente en este caso.

La obra que trata de construir el municipio de la Carolina, es un acueducto para el servicio general del pueblo. Su utili-dad pública es tan evidente, que no puede haber discusión sobre este extremo. Además, fué declarada con todas las for-malidades que la ley exige, por el Consejo Ejecutivo de Puer-to Rico.

La controversia existe en este caso sobre la necesidad de la ocupación de las tierras especificadas en la demanda y no de otras.

Para basar su sentencia, el Juez de Distrito emitió una opinión de la cual transcribiremos los párrafos relativos al examen y apreciación de las pruebas, por encontrarlos entera-mente conformes con el resultado final de nuestro propio exa-men y apreciación de dichas pruebas.

“El proyecto, de obras de ese acueducto, llevado a cabo por el ingeniero, Sr. del Valle Zeno, y que es objeto de esta controversia, toma el agua del Río Grande de Loíza como a unos dos kilómetros de la población, y eleva las aguas a una colina situada en los terrenos del Sr. Crosas con objeto de darles la presión suficiente hasta su con-ducción al poblado.
“Y, según ese proyecto, es necesario construir en los terrenos del Sr. Crosas la toma por medio de pozos tubulares: la casa de bombas y por cañerías elevarlas a los depósitos situados en el alto del cerro para que desde allí y en línea recta la cañería hasta la población, atraviesen los terrenos de dicho Sr. Crosas, lucro los del Sr. "Way-mouth y por último los del Sr. Saldaña hasta entrar en el pueblo por estar esta última finca colindando con él.
“Dos objeciones resultantes de la prueba se han hecho a ese proyecto, y por tanto, la autorización que en concordancia con él se solicita del tribunal; una es, que sin molestar a los Sres. Crosas y Saldaña puede construirse el depósito de aguas inmediato al pueblo de la Carolina, en un sitio por donde el río pasa muy cerca de él, que tiene una prominencia denominada el “Alto del Tamarindo,” y que aún cuando ella no es suficiente para dar la debida presión a las aguas, puede ésta, sin embargo, suplirse con la construcción de una torre; y la otra objeción es que aún haciéndose los depósitos de aguas en el cerro perteneciente al Sr. Crosas, todavía podría la tubería de agua ir hasta el pueblo sin necesidad de atravesar los terrenos del Sr. Saldaña, o por lo menos no cruzándolos rectamente como se proyecta sino desviándose en curvas por las márgenes del río, para obstaculizar lo menos posible tal propiedad.
“Tomando en cuenta las declaraciones de los ingenieros, Sres. del Valle y Don Luis Rubio, quien por cuenta del Departamento de Obras Públicas estuvo sobre el terreno para examinarlo y estudiar el pro-yecto del Sr. del Valle, llegamos a la conclusión de que efectivamente el sitio más a propósito y conveniente para establecer el acueducto de Carolina es el escogido por el Sr. del Valle; y esto no es sólo porque la obra resulte más barata, y por tanto, de más beneñeio para toda la comunidad, que construyendo una torre, sino porque tiene además la ventaja, que no reporta la torre, de poder tomar el agua de un lecho arenoso que ya la da filtrada, lo que es de suma conve-niencia para los vecinos de la Carolina; y a pesar de las.explicaciones que dió el perito de la parte demandada Don José Antonio Canals, entendemos por la prueba toda que ofrece más garantía y solidez para el futuro construir los depósitos de agua sobre terreno firme que no sobre torres, en países como el nuestro sujetos con frecuencia a hura-canes y temblóles de tierra. Y si miramos esa cuestión bajo su aspecto económico, resultaría la construcción de la torre bastante más costoso que la obra proyectada por el Sr. del Valle, lo que traería como con-secuencia lógica el aumento de capital para la misma y, por consi-guíente, el alimento de precio en el consumo del agua para los vecinos.
“En resumen, pues, somos de opinión que tal como ha sido pro-yectada la obra para el acueducto, es la mejor proposición la de cons-truir los depósitos de aguas en el cerro del Sr. Crosas y no en una torre en el “Alto del Tamarindo.”
“No creemos viable tampoco la solución subsidiariamente pro-puesta de que en lugar de seguir la tubería una línea recta como está proyectada por los terrenos del Sr. Saldaña, se desvíe formando curva a buscar las márgenes del río.
“De la prueba pericial sobre este punto resulta que necesaria-mente habrían de colocarse codos, y por consecuencia de ellos y de la fricción en la corriente de las aguas disminuiría inevitablemente su presión y habría que subsanar esto dando más presión en los depósitos.
“Por estas razones no entendemos viable tampoco esa solución y optamos porque la cañería siga la línea recta propuesta en los terrenos del Sr. Saldaña.”

Habiendo en consideración todo lo expuesto, se concluye que la necesidad de la ocupación de las tierras especificadas en las demandas, con los propósitos expresados en las mismas, quedó plenamente, demostrada en este caso, a los efectos de construir un acueducto' para el uso de todos los vecinos de la Carolina, tomando el agua del sitio en donde es más pura, construyendo el depósito en el lugar más apropiado, pasando la tubería por el camino más corto y derivado como conse-cuencia mayor presión en el agua y menor gasto en la cons-trucción y conservación de la obra.

Examinemos los fundamentos relativos a la compensa-ción.

La indemnización comprenderá, no sólo el valor de la cosa de la cnal el propietario es privado, sino también nna remune-ración por los daños y perjuicios que se le ocasionen con la privación de la propiedad, dice el último párrafo del artículo 355 del Código Civil antes citado.

En el présente'caso, el demandante consignó en sus de-mandas las cantidades que estaba dispuesto a satisfacer a los demandados y éstos alegaron que tales cantidades no eran adecuadas. Ambas partes presentaron pruebas que resulta-ron contradictorias y la corte resolvió el conflicto fijando como justas y procedentes indemnizaciones las ofrecidas por el demandante. El juez se expresó así:

“Al Sr. Saldaña le ofreció el municipio de la Carolina el terreno que ocupase con su cañería a razón de cien dollars la cuerda ocupada; y por la servidumbre de paso una indemnización de 50 dollars.
“En cuanto al Sr. Crosas se le ofreció pagarle a razón de 50 dollars la cuerda de terreno que se ocupase y 80 pesos por la servi-dumbre de paso.
“Para justificar el valor de los terrenos se ha traído por la parte demandante como prueba dos peritos que valoraron el terreno del Sr. Saldaña, teniendo en cuenta su proximidad al pueblo y la clase de cultivo para que son aptos, a razón de cien pesos la cuerda; y el terreno del Sr. Crosas a 80 pesos el bajo y a 50 pesos al alto. Tam-bién se presentó por la propia parte certificaciones de la valoración de esos terrenos para el pago de contribuciones de las que resultan que el terreno del primero está valorado a razón de 71 pesos 50 centavos la cuerda, y el del segundo a 31.30.
“A su vez los demandados presentaron un perito que no era vecino de aquella localidad como los anteriores y que' sólo vió la finca con motivo de la declaración que había de prestar en este juicio, quien valoró los terrenos del .Sr. Saldaña en 400 pesos la cuerda y los del Sr. Crosas en cien pesos el terreno bajo y en 50 el alto. Además presentó la copia de una escritura de la que resulta que el Sr. Sal-daña en el año 1886 vendió 15 cuerdas y 75 centavos a razón de 200 pesos la cuerda para el establecimiento de la central Progreso.
“Del conjunto de todas estas pruebas llegamos a la conclusión de que el precio ofrecido por el ayuntamiento de la Carolina a los Sres. Saldaba y Ojosas era equitativo y justo: les ofrecieron lo mismo ■que pericialmente se ha demostrado que valen y más del valor que •tienen calculado para los efectos de la contribución. Y el hecho de que en 1886 se vendieran 15 cuerdas 75 centavos de ese terreno para la central Progreso, no nos demuestra que ese sea el valor actual de esas tierras, de una parte teniendo • en cuenta que se vendían para establecer una central y de otra porque no se nos ha probado que los precios del año 1886 fueran iguales a parecidos a los actuales. En cuanto a la declaración del perito de los demandados, nos pareció bastante exagerada, mucho más si se compara con la venta en el año 86 para una central.
“Y el precio ofrecido por el ayuntamiento,de la Carolina, es tanto más equitativo, si se tiene en cuenta que el establecimiento de la tubería que ha de pasar por los terrenos del Sr. Saldaña y del Sr. Crosas, en nada les afecta para el cultivo de esa faja de terreno por cuanto irá a una profundidad aproximada de 80 centímetros cuando la capa vegetal en aquel sitio no excede de 45, y por tanto, en nada ha de molestar la tubería para las labores agrícolas.
“Respecto a la indemnización ofrecida por la servidumbre, no se ha hecho objeción al valor de ella y, por consiguiente, hemos de admitir que es la justa.”

No se lia demostrado que la corte actuara movida por pa-sión, prejuicio o parcialidad, ni que cometiera error mani-fiesto, y por lo tanto, no-debemos alterar su apreciación, tanto más cuanto que no se alegó expresamente por los demanda-dos en sus contestaciones ni se probó en el acto del juicio, que la construcción del acueducto les ocasionara perjuicios de-terminados reales y efectivos, y las cantidades fijadas por el juez sentenciador parecen las compensaciones apropiadas por la ocupación de las tierras y la constitución de las servi-dumbres, dadas las circunstancias de este caso.

Examinemos, por último, el fundamento relativo a las cos-tas. Los demandados no discuten el derecho de lá corte de distrito a imponer las costas en casos de esta naturaleza, pero alegan que siendo la cuantía de cada uno de los pleitos acumu-lados inferior a quinientos dollars, no pueden recobrarse como costas los honorarios de los abogados.

La corte en su sentencia se limita a imponer las costas sin expresar si los' honorarios de los abogados están com-prendidos o nó en ellas. Esta cuestión pende aún, al parecer, de resolución en la corte .de distrito. Presentado el memorandum de costas y desembolsos por el demandante, fné im-pugnado por los demandados y atín no sabemos si la corte de distrito ba aprobado, modificado o desestimado el memorandum. En tal virtud, nuestra decisión sobre este extremo sería prematura, tanto más cuanto que la ley expresamente autoriza el recurso de apelación contra las resoluciones de las cortes sobre impugnaciones becbas a memorandums de costas.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y Aldrey, no inter-vinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo v. Acuña et al.
    ApelaciÓN procedente de -la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 343.
    Resuelto en mayo 1, 1911.
    Derecho Penal — Apelación—Pliego de Excepciones — Relación de Hechos— Errores Manifiestos. — No habiendo pliego de excepciones ni relación de hechos, ni apareciendo de los autos que se haya cometido error fundamental alguno que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Id.' — Sentencia Errónea — Sentencias Alternativas — Errores Corregibles.— Cuando de los autos consta que el único error es el de imponer una pena alternativa de multa, o prisión, tal error es susceptible de corrección por esta corte, modificando la sentencia apelada en el sentido de fijar como principal el pago de la multa y en su defecto prisión.
    Los Hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Adrián Agosto.

      Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Acuña y Francisco Sántaella fueron acusados ante la Corte Municipal de San Juan por M. A. Walker, quien les imputó la comisión del siguiente liecbo:

‘ ‘ Que en la noche del 9 de mayo de 1910, como a las odio y quince p. m. y en el interior de Hotel Colonial, del Distrito Judicial Municipal de San Juan, dichos acusados maliciosa e ilegalmente y con intención de causarme daño, me acometieron y agredieron; el Acuña con un bastón y el Santaella con los puños, causándome varias con-tusiones. ’ ’

El 18 de octubre de 1910, la Corte de Distrito de San Juan celebró la vista de la causa, declaró a los acusados culpables de un delito de acometimiento y agresión grave y los condenó “a sesenta dollars de multa o sesenta días de arresto cada uno.”

Apelada dicha sentencia para ante este Tribunal Supremo, se celebró la vista el 25 de abril último, sin que comparecieran los apelantes. Estos tampoco presentaron alegato escrito en apoyo del recurso.

Hemos examinado la transcripción, que no contiene ni pliego de excepciones, ni relación de hechos, y no encontra-mos que se haya cometido error fundamental alguno. Sólo en la imposición de la pena se erró, al prescribirla en forma alternativa. Tal error es susceptible de corrección por esta corte, de acuerdo con lo resuelto en repetidos casos.

En tal virtud el recurso debe declararse sin lugar y con-firmarse la sentencia apelada, pero modificándola en el sen-tido de fijar como principal el pago de la multa impuesta por el juez sentenciador, y, en defecto del pago, un día de cárcel por cada dollar que se dejare de satisfacer.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


text:
    Hernández v. La Corte de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari.

    No. 73.
    Resuelto en mayo 2, 1911.
    Certiorari — Ordenes Inapelables — Orden Denegando un Nuevo Juicio en . Casos Procedentes de las Cortes Municipales. — Son inapelables las reso-luciones que dictan las cortes de distrito denegando o concediendo un nuevo juicio en casos apelados de las cortes municipales, pues de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, solamente pro-cede el recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo contra las sen-tencias dictadas por las cortes de distrito en virtud de apelación interpuesta contra resolución de una corte inferior.
    Id. — Cuestión de Jurisdicción — Nuevo Juicio. — No procede el recurso de cer-tiorari para que el Tribunal Supremo revise una orden de una corte de distrito denegando una moción de nuevo juicio en un caso procedente de una corte municipal, y cuya denegatoria se funda en la apreciación becha por la corte de distrito de los keelios sometidos a su consideración mediante declaraciones juradas y una exposición del caso.
    Los lieclios están expresados en la resolución.
    El peticionario compareció en nombre propio.
   resolución.

La presente es nna solicitud de Agustín Hernández Mena, con súplica de que se expida y dirija a la Corte de Distrito de Mayagüez un auto de certiorari, para que eleve a esta Corte Suprema los autos originales en el caso de Agustín Hernández Mena v. Víctor P. Martínez sobre cobro de dinero, y por el mérito de las razones invocadas en dicha solicitud, se revoque y anule la resolución dictada por aquella corte en 16 de marzo último, denegatoria de la celebración de un nuevo juicio, dis-poniendo que éste se celebre a virtud de las causas alegadas.

De las alegaciones del peticionario resulta que Agustín Hernández Mena presentó 'demanda ante la Corte Municipal de Mayagüez contra Víctor P. Martínez,, en cobro de dinero, y que el demandado estableció reconvención reclamando al demandante doscientos dollars, en concepto de honorarios, por servicios profesionales que le había prestado en el caso de Agustín Hernández Mena v. Leopoldo Cabassa y Picá y Antonio Cabassa, sobre nulidad; que dicha corte municipal dictó sentencia por la que declaró con lugar la demanda y la recon-vención, cuya sentencia fué apelada- para ante la Corte de Distrito de Mayagüez, la que por la suya de 14 de febrero último declaró sin lugar la demanda y con lugar la reconven-ción; que el demandante solicitó nuevo juicio por las causas tercera y quinta del artículo 221 del Código de Enjuiciamiento Civil; y que la moción fué desestimada por orden de 16 de marzo citado, por no aparecer que no pudo descubrir y presentar oportunamente las pruebas que ofrecía, y porque aún admitidas esas pruebas, no habría que variar la sentencia.

El recurso de certiorari, a que ha acudido Hernández Mena para obtener la anulación de la orden expresada, es claramente improcedente, aunque admitimos que tal orden no es apelable, según afirma el peticionario.

El presente recurso no envuelve cuestión alguna de juris-dicción o procedimiento,'sino que va encaminado directamente a combatir una resolución que la corte inferior ha dictado, apreciando los hechos sometidos a su consideración, mediante declaraciones juradas y escrito de exposición del caso. Seme-jante apreciación no puede ser discutida por nosotros me-diante un certiorari, el.cual no se ha establecido para hacer las veces de un recurso por causa de error o de apelación, como ya digimos al resolver los casos de Hortensia Arribas v. Pedro Mirandés y la Corte de Distrito de Ponce, y de Eduardo Barreras y otros v. Pedro de Aldrey, Juez de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo, decididos, respectiva-mente, en 7 de diciembre de 1905, 17 de febrero de 1906. (Véase la Ley para autorizar autos de certiorari, aprobada en 10 de marzo de 1904.)

El Código de Enjuiciamiento Civil en el número 2o. del artículo 295 sólo otorga recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo contra las sentencias que dicten las cortes de distrito en virtud de apelación interpuesta contra resolu-ción de una corte inferior, y no contra las providencias que en esas condiciones dicten concediendo o denegando un nuevo juicio; y esa voluntad de la Legislatura limitando las apela-ciones, quedaría burlada o frustrada si para suplir la falta de un recurso de apelación, admitiéramos con el mismo fin que éste, el recurso de certiorari.

Por las razones expuestas debe denegarse la solicitud pi-diendo libramiento de auto de certiorari.

Se desestima dicha solicitud.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Peesidente Se. HebNANdez,

text:
    El Pueblo v. López.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 336.
    Resuelto en mayo 3, 1911.
    Derecho Penal — Delito de Portar Armas Prohibidas — Cortes Municipales— Su Jurisdicción.- — Las cortes municipales tienen jurisdicción para conocer de todos los delitos comprendidos dentro del artículo 4 de la ley prohibiendo portar armas, aprobada en marzo 9, 1905, porque dicho artículo de un modo expreso se la confiere.
    Id. — -Cuestión de Hecho — Apreciación de Pruebas. — La determinación del lugar y de la ocasión en que el acusado fué sorprendido portando el revólver, es una cuestión de hecho, y contra la apreciación del tribunal sentenciador no cabe ir, cuando examinadas las pruebas no consta que se haya procedido con manifiesto error o influido por pasión, prejuicio o parcialidad.
    Id. — -Multa—Prisión Subsidiaria. — De acuerdo con lo resuelto en los casos de El Pueblo v. Puente, de febrero 17, 1908, y El Pueblo v. Yázqueg, de marzo 23, 1911, no puede imponerse a un acusado prisión subsidiaria por defecto del pago de la multa, cuando la pena sea de prisión y multa, y la sentencia que así lo ordena puede ser modificada en apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Peesidente Se. HebNANdez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por el acusado- contra sentencia que dictó la Corte de Distrito de Guayama en 17 de enero del corriente año, condenándole, como culpable del delito de portar armas prohibidas, a las penas de multa de cincuenta dollars y de 30 días de cárcel, debiendo reducírsele a prisión en el caso de que la multa no fuere satisfecha, cuya prisión será de un día por cada dollar que deje de satisfacer,-'con las costas del juicio a su cargo.

_ Di° origen al juicio celebrado de novo ante 1-a Corte' de Distrito de Guayama, recurso de apelación interpuesto por Julio López contra sentencia que dictó la' Corte Municipal de Guayama a virtud de denuncia que le fué hecha por el sargento de la Policía Insular, Agustín M. Vargas, contra Julio López, por el delito de portar un revólver en una mani-festación pública que celebraba el Partido “La Unión de Puerto Pico” en dicha ciudad, el día 30 de octubre del año próximo pasado.

No ha comparecido la parte apelante a sostener el recurso.

Del escrito de exposición del caso resulta que a la denuncia se opuso la excepción previa de falta de jurisdicción de la corte municipal para conocer del caso, y que la resolución de la corte, declarando sin lugar tal excepción fué excepcionada.

No hay duda que la Corte Municipal de Guayama tenía jurisdicción para conocer del hecho, tal como le fué denun-ciado, y que por las circunstancias en que tuvo lugar aparece evidentemente comprendido en el número 4o. de la ley prohi-biendo portar armas, aprobada en- 9 de marzo de 1905, cuyo artículo estatuye por modo expreso que las cortes munici-pales tendrán jurisdicción para conocer de todos los delitos comprendidos en dicho' artículo, que se cometan dentro de sus respectivos distritos. La determinación del lugar y de la ocasión en que el acusado fué sorprendido portando el revólver, fué una cuestión de hecho que la Corte de Distrito de Guayama decidió en el sentido que se afirma en la denun-cia ; y no podemos ir contra su apreciación, porque examina-das las pruebas que lian venido en el escrito de exposición del caso, no encontramos que baya procedido con manifiesto error o influida por pasión, prejuicio o parcialidad.

La pena señalada al delito de que se trata, es la de multa no menor de veinte y cinco dollars ni mayor de cien dollars, ó prisión por un período no menor de veinte días ni mayor de-tres meses, o ambas penas, y la corte, ejercitando la discreción que.la ley le reconoce, estimó que debía imponer, como impuso-a'l acusado, arabas penas, o sean cincuenta dollars de multa y treinta días de cárcel; pero al proceder así, no lia podido or-denar que el acusado sufra prisión subsidiaria por defecto del pago de la multa, por ser ilegal esa prisión, según lo liemos resuelto en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. José Puente Durán, y en el de El Pueblo de Puerto Rico v. José Vázquez, decididos, respectivamente, en 17 de febrero de 1908 y en 23 de marzo de 1911.

Atendida la infracción legal apuntada, que no vicia de nu-lidad la sentencia recurrida, procede modificar ésta en el sen-tido de que el apelante se entienda condenado a la pena de cincuenta dollars de multa y treinta días de cárcel, sin que por defecto del pago de la multa deba sufrir prisión subsidiaria.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, "Wolf,, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Rivera v. Cámara.
    ApblaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a. .
    No. 661.
    Resuelto on mayo 3, 1911.
    Ordenes Apelables — Administración Judicial.- — Una resolución de la corte inferior, declarando sin lugar nn» moción para anular el nombramiento de un-administrador judicial hecho de acuerdo con la Ley de Procedimientos Legales Especial, es apelable.
    Administración Judicial — Juramento Defectuoso — Representante Legal de un Menor. — ün juramento hecho en una solicitud interesando el nombra-miento de un administrador judicial, por una persona no interesada en la heren-cia, ni que ostente la representación legal del menor peticionario, que sólo compete a su padre o, en su defecto, al tutor o defensor judicial, y en la que no- se expresa además cuales hechos jura el declarante por información y creencia, y cuales por conocimiento propio, es defectuoso y no produce efecto alguno.
    Id. — Enmienda de un Juramento Defectuoso — Facultades del-Tribunal._La
    solicitud interesando el nombramiento de un administrador judicial, debe estar debidamente jurada, y si el juramento fuere defectuoso, la corte puede per-mitir que se enmiende antes, pero no después de haber hecho el nombramiento. *D- Huros Naturales — Acción de Reconocimiento — Personalidad.—Los hijos naturales no pueden pretender obtener la declaración de su filiación en un procedimiento sobre nombramiento de un administrador judicial, ni. pueden pedir tal nombramiento mientras no hayan sido reconocidos por un documento auténtico y fehaciente, o su derecho declarado por virtud de una sentencia.
    -fr3- Hijos Naturales Prueba de la Filiación — Partida de Bautismo. — Una partida de bautismo en la que se exprese que el bautizado es hijo natural reconocido de otra persona, pero sin que se afirme que dicha persona hizo tal reconocimiento ante el sacerdote que autorizó la partida, ni se certifique que tal reconocimiento tuvo lugar ante testigos que dan fe del mismo, no es docu-mento suficiente para acreditar la filiación del interesado como hijo natural. Declaraciones Juradas — Juramentos Prestados por el Cliente Ante su Abogado. La práctica de prestar declaraciones juradas ante el propio abo-gado del declarante, actuando como notario, es mala práctica y no debe insis-tiise en ella; las cortes, deben revisar esas declaraciones así juradas, pero como ellas no son ineficaces, su admisión no constituye error suficiente a justi-ficar la revocación de la resolución apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Martínez Dávila.

    Abogado del apelado: Sr. O. M. Wood.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En 26 de octubre de 1910 fué presentada a la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a. una petición de Ignacio Rivera, menor de edad, representado por su amiga Isabel Gon-zález, en la que manifiesta ser hijo ilegítimo reconocido de su madre Isabel Rivera Rodríguez, muerta el 6 de agosto de 1903 en el pueblo de Bayamón, sin testamento, sin que hasta la fecha de la presentación de la sohcitnd se hubiera nombrado administrador judicial de los bienes que dejó consistentes en 'muebles e inmuebles, los que relaciona; y teniendo interés en esa herencia y temores de que desaparezcan los bienes, con-cluyó pidiendo se señalara día y hora para la vista del asunto y nombramiento de un administrador judicial a cuyo efecto manifestó los nombres de los otros herederos que son, el viudo Don Eamón Cámara, dos hijos legítimos y otro ilegítimo reconocido.

Esa solicitud fué solamente firmada por un abogado, pero después, en Io. de noviembre de 1910, se extendió el siguiente juramento:

'“San Juan, Puerto Rico, “Isla de Puerto Rico,
“Yo, Ignacio Rivera, por medio de mi representante Isabel Gon-zález, 33 años de edad, soltero, residente en Bayamón, juro que be leído la anterior demanda y bajo mi mejor creencia es la verdad, sino exceptuando hechos, dichos por otros informes y tocante a éstos cree es la verdad.
“Isabel González.
“Jurado y firmado ante mí por noviembre de 1910.
Isabel González hoy día primero de
“F. G. PÉREZ ALMIROTY,
“Secretario Auxiliar.”

El mismo día Io. de noviembre se presentó por Eamón Cámara, por sí y como representante de sus menores hijos Agustín y Julia Cámara, una solicitud en la que-expuso que ja petición de Ignacio Eivera, antes mencionada, no se ajusta a la ley, pues el juramento puesto al pie de ella es nulo y sin valor alguno; que Ignacio Eivera no es hijo ilegítimo reco-nocido de Isabel Eivera Eodríguez, por lo que no tiene de-recho a solicitar el nombramiento de administrador judicial; que Isabel Eivera no poseía a su fallecimieto bienes de nin-guna clase; y que durante la larga enfermedad de ésta quedó muy mermado el capital que el marido había aportado al matrimonio, por cuyas razones interesó se dejara sin efecto el nombramiento de administrador judicial, en este caso.

Esta solicitud fue jurada por Ramón Cámara ante un notario y notificada el mismo día al abogado de Ignacio Rivera.

De los papeles que ante nosotros tenemos, no consta que el otro lijo ilegítimo compareciera, ni en qué forma fueía cita-do ; sólo encontramos como diligencias posteriores que en 7 de noviembre siguiente, practicaron pruebas ante la'corte, Ra-món Cámara e Ignacio Rivera, consistiendo la del primero en el acta de nacimiento de Ignacio González, extendida en el Registro Civil de Bayamón, de la que resulta que en 14 de agosto de 1890, Antonio González declaró el nacimiento del niño Ignacio, ocurrido el primero de agosto, reconocido en dicha acta como su hijo natural, sin que en ella compareciera la madre a reconocerlo; certificación del matrimonio de Ra-món Cámara con Isabel Rodríguez, celebrado en Bayamón el 28 de junio de 1902; acta de defunción de Isabel Rivera, ocu-rrida en 6 de agosto de 1903. .También presentó como pruebas otros documentos referentes a adquisiciones y negocios con bienes que no necesitamos consignar para nuestra resolución.

Por su parte, Ignacio Rivera presentó certificación de una partida bautismal, de la que resulta que en 17 de agosto de 1890 el párroco de Bayamón bautizó y puso el nombre de Ignacio a un niño nacido el primero de agosto, hijo natural de Isabel Riveía, sin que en tal documento se exprese que dicha señora reconociera ante él al niño como su hijo natural; certi-ficación de defunción de Isabel Rivera, igual a la de la otra parte; y varias declaraciones prestadas en forma de affidavits ante un notario, que es abogado del peticionario Ignacio Rivera, y en las que se testifica respecto a quién es la madre de dicho Ignacio Rivera y a actos de reconocimiento.

Después de esas pruebas, el juez de la corte inferior dictó la siguiente resolución:

“En este asunto se ha nombrado un administrador judicial para proteger los intereses del menor Ignacio Rivera; tal nombramiento ha sido impugnado.
"Es verdad que el juramento de la petición del promovente es defectuosa, porque debe prestarse directamente por el promovente o por su representante Isabel González; este defecto puede subsanarse abora.
"No es posible, ni permisible dictar una resolución definitiva sobre la interpretación y valor de la prueba documental presentada para impugnar el nombramiento de administrador; solamente la corte puede decir abora que bay posibilidad de que el promovente, Ignacio Rivera, tenga la personalidad y los derechos que reclama, y por tanto, debe ser representado por un Administrador Judicial.
"La mocion para anular el nombramiento del Administrador Judicial se declara sin lugar; sin costas.
"San Juan, P. R., noviembre 21 de 1910.”

Pocos días después presentó Ramón Cámara el siguiente escrito de apelación:

"Se. SECRETARIO DE LA CORTE:
"El oponente Ramón Cámara, por medio de su abogado José Mar-tínez Dávila pone en conocimiento de Ud. que apela para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico de la resolución dictada por la corte en este caso, declarando sin lugar la moción de impugnación al nombramiento de Administrador Judicial.
"San Juan, P. R., noviembre 25 de 1910.
"José MartíNez Dívila,
“Abogado del oponente Ramón Cámara.
"Notificado con copia del precedente escrito de apelación boy 25 de noviembre de 1910.
"O. M. Wood,
“Abogado de Ignacio Rivera.”

En la misma resolución se hace referencia a que la moción presentada por Cámara es una en la que se trata de anular el nombramiento de administrador, mientras en el escrito de apelación se dice que es una moción de impugnación al nom-bramiento. No hay duda de que en ambos documentos se hace referencia a la misma moción; y baya o nó habido más de una moción, no fué dictada sino una sola resolución, que es la que se inserta aquí, y contra la cual se ha establecido el pre-sente recurso de apelación. Esta resolución es apelable por-que ha resuelto definitivamente la cuestión de si procede o nó el nombramiento de administrador judicial de acuerdo con la petición de Ignacio Rivera y con la oposición de Cámara a que tal nombramiento se hiciera.

El primer error alegado por el apelalante es que la corte de distrito permitió al peticionario enmendar su declaración jurada, la que fue reconocida como defectuosa, porque una vez sometido y'resuelto el caso por la corte, no podía subsa-narse un defecto de tanta importancia.

Según se desprende de los autos, el juez hizo el nombra-miento de administrador judicial antes de que fuera enmen-dado el juramento de la solicitud, que él declaró defectuoso, y que indudablemente lo era, porque a más de que no se mani-fiesta cuáles hechos le constan por información y cuáles por conocimiento propio' a la persona que lo prestó, aparece sus-crito por Isabel González, que no es interesada en la herencia ni la representante legal del menor peticionario, pues legal-mente sólo tiene su representación su padre Antonio González, cuya muerte no se alega, o un tutor o defensor nombrado por la corte de distrito en caso de que también haya muerto el padre o tenga intereses encontrados con su hijo. '

Además, el artículo 23 de la Ley de Procedimientos Lega-les Especiales, aprobada en 8 de marzo de 1905, exige que para que se haga el nombramiento de un administrador judicial, • la solicitud conteniendo los requisitos que la misma exige, de-be ser jurada, y en este caso el nombramiento se hizo antes de que fuera jurada debidamente, por lo que la ley fué infrin-gida.

La corte tenía facultad para permitir la enmienda del juramento antes de hacer el nombramiento de administrador judicial, pero no después, porque de esa suerte realizaba un acto que no podía ejecutar válidamente sin el juramento, dan-do esto ocasión a que los bienes de Ramón Cámara estén o puedan estar fuera de su poder y bajo un administrador judicial sin el juramento exigido por la ley.

La solicitud de Ignacio Eivera debió cumplir todos los requisitos exigidos por la ley para que por sí sola estuviera autorizado el juez para acordar la reunión de herederos, y para en ella hacer el nombramiento de administrador.

Se alega además que la corte inferior cometió error, por-que la filiación de los hijos se prueba con el acta de nacimiento extendida en el registro civil, y no por la partida de bautismo y las declaraciones de 'varios testigos que dicen que el peti-cionario es hijo natural de Isabel Eivera.

La ley no exige ni ordena la comparecencia para pruebas que celebró la corte el día siete de noviembre; pero de las en ella admitidas aparece que Ignacio Eivera fue reconocido por su padre únicamente, sin que del acta de su nacimiento en el registro civil se sepa quien es su madre. Es cierto que presentó una partida de bautismo en la que aparece Ignacio Eivera como hijo natural de Isabel Eivera; pero, según juris-prudencia constante, tanto del Tribunal Supremo de España como de este Tribunal Supremo, una partida de bautismo en la que se expresa que el bautizado es hijo natural reconocido de otra persona, pero sin que se afirme que dicha persona hizo tal reconocimiento ante el sacerdote que autorizó la partida, ni se certifica que tal reconocimiento tuyo lugar en presencia de testigos que den fe de dicho reconocimiento, no es docu-mento suficiente para acreditar el reconocimiento del intere-sado como hijo natural. (Véase el caso de Josefa Aguayo y otro v. Elvira García, decidido en 30 de junio de 1906.)

Lo único que podría llevar a la creencia de que el peticio-nario, Ignacio Eivera, es un hijo natural de Isabel Eivera y Eodríguez, de cuya sucesión se trata, es la prueba de testigos presentada por el peticionario, tendente a demostrar ser su hijo natural reconocido por ella. Sin embargo, entendemos que tal clase de prueba sería pertinente en un pleito instituido contra los otros herederos de Isabel Eivera para obtener la declaración de ser un hijo natural reconocido por ella; pero en procedimientos especiales, como el presente, tal clase de prue-ba no debe ser permitida, porque esos procedimientos no tie-nen por objeto la declaración de derechos, sino únicamente, en vista de nn derecho claro y reconocido, el obtener la adminis-tración judicial- de los bienes de la persona qne tiene derecho a heredar. Podrá ser cierto qne Ignacio Eivera sea nn hijo natural reconocido de Isabel Rivera, pero mientras no haya sido reconocido por ella por un documento auténtico y feha-ciente, o mientras ese estado no haya sido declarado por vir-tud de una sentencia, no puede pretender que los bienes de la persona de quien se cree hijo sean sujetos a una adminis-tración judicial. Esta doctrina que ya tiene declarada esta corte en el caso de Just-o Puente Amsterdam y otros v. Félix Puente Solano y otra, decidido en 18 de junio de 1910, y aun-que en él se trataba de una declaratoria de herederos, es de perfecta aplicación al presente caso.

En la opinión del tribunal en ese caso se dijo lo siguiente:

“Para que la apelante en este caso hubiera podido alegar con éxito su condición de hija natural reconocida y p'onerse como tal y como tal ser declarada heredera, era necesario qne constara que su reconocimiento se había verificado voluntaria y solemnemente por el padre, sin lugar a dudas, o que teniendo ella derecho a ser reconocida de acuerdo eon la ley y habiéndose omitido por el padre hacer el reconocimiento de una manera solemne o habiéndose negado a ello, había obtenido sentencia firme a su favor en un tribunal competente y dentro del procedimiento contencioso adecuado.
“La calidad de hijo natural ha de fundarse necesariamente en el reconocimiento del padre, espontáneo y legalmente probado, o en el caso de omisión o resistencia en una ejecutoria solemne que así lo declare.” (Sentencia del Tribunal Supremo -de España de 16 de abril de 1864.)
“La filiación de los hijos naturales debe constar necesariamente por el reconocimiento de sus padres o por la declaración solemne de una- ejecutoria, no bastando para justicarla la simple partida de bautismo.” (Sentencia del Tribunal Supremo de España de 28 de junio de 1864.)
‘ ‘ El Código Civil Español de 1888 hecho extensivo^ a Puerto Rico en 1889, en su artículo 131 determina que el reconocimiento del hijo natural deberá hacerse en el acta de nacimiento, en testamento o en otro documento público. Cuando el reconocimiento ?e ha hecho por él-padre en una de las formas prescritas, entonces el hijo no necesita acudir a los tribunales, pues él tiene su estado perfectamente esta-blecido. . ' ■
“El propio Código Civil Español en su artículo- 135 determina cuando él padre está obligado a reconocer al hijo natural, a saber: cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad o cuando el hijo se halla en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos directos del mismo padre o de su familia. Yéase con respecto a la madre el artículo 136. Y en tales casos, cuando el padre no se aviene a hacer el reconocimiento de la manera dispuesta en el artículo 131, es necesario acudir al tribunal competente ejercitando la acción de reconocimiento cuya duración fija el artículo 137 del propio Código Español.
“Nuestro Código Civil revisado determina en su artículo 187 que el hijo ilegítimo puede ser reconocido de cualquier modo, por el padre y la madre conjuntamente o por uno sólo de ellos, y, en su artículo 188, que los hijos ilegítimos pueden probar su filiación paterna y materna, estableciendo en su artículo 198 que la filiación de los hijos se prueba por el acta de nacimiento extendida en el Registro Civil, por la posesión del estado de la filiación o por cualquier otro medio legal.
“El propio Código establece en el artículo 189 los tres casos en que el padre está obligado a reconocer al hijo ilegítimo a saber: 1. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad, 2. Cuando pública o privadamente le tenga por hijo suyo o le haya llamado tal en conversación o se ocupe dé su educación y sostenimiento, y 3. Cuando la madre fue conocida viviendo en con-cubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo, o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas. Si estudiamos este artículo relacionándolo con los demás preceptos legales que el Cóáigo contiene sobre la materia y especialmente con el artículo 199, llegaremos a la conclusión que en todos dichos tres casos, cuando el padre omite o se niega a hacer el reconocimiento de una manera solemne, es necesario ejercitar la acción ante el tribunal ’ competente para reclamar la filiación dentro del tiempo que la misma ley señala.
“Los trámites de la ley sobre procedimientos legales especiales a que hemos hecho referencia, no son los apropiados para la obtención de una sentencia declarando a una persona hijo natural -reconocido de otra. Ha sido la práctica constante que cuando. el padre omite o niega el reconocimiento, el hijo debe acudir al tribunal competente ejercitando la acción de filiación para obtener que §1 tribunal declare en una sentencia lo que omitió o se negó a declarar el padre de una manera solemne. Tal procedimiento es por su naturaleza contencioso y en él son partes además del bijo, el padre o sus herederos y causa-habientes.
“Sólo cuando el hijo natural ha sido reconocido voluntaria y solemnemente por el padre o ha obtenido una sentencia reconocién-dosele como tal, es que puede acudir a la ley de procedimientos legales especiales para obtener su declaratoria de herederos en los casos de herencia intestada. ’ ’

El tercer error que el apelante alega haber cometido la corte inferior, consiste en admitir ciertas declaraciones jura-das que .fueron preparadas en el bufete del abogado del peti-cionario y juradas ante el mismo como notario público. Es cierto que este tribunal ha declarado que esa es una mala prác-tica y no debiera insistirse en ella; pero no habiendo estatuto alguno que lo prohiba, no podemos declarar que las declara-ciones juradas hechas ante el abogado en su carácter de no-tario sean por ese motivo ineficaces. La corte debió haberlas rechazado, pero el no haberlo hecho no es un error que exija la revocación de la resolución dictada en este caso.

Más fuerte hubiera sido la objeción si se hubiera hecho por haberse presentado declaraciones testificales en forma de affidavits, o sea sin la intervención de las repreguntas de la parte contra quien se dirigen.

Se observa que el peticionario, siendo hijo de Antonio González, no usa el apellido de éste y aparece con el de Rivera, y también que la persona de cuya sucesión se trata, apa-rece ser unas veces Isabel Rodríguez y otras Isabel Rivera Rodríguez, pero las partes no han hecho objeción sobre esto y no niegan que sean las mismas personas.

Por las razones expuestas, la corte cometió error al no acceder a la moción de Ramón Cámara y sus hijos de que no procedía el nombramiento de administrador judicial en este caso, por lo que su resolución de 21 de noviembre de 1910 debe revocarse y en su lugar debe esta Corte Suprema dictar otra desestimando la solicitud de Ignacio Rivera sobre nombra-miento de administrador judicial de los bienes de Isabel Rivera, con las costas de la primera instancia.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez PkesideNte Se. HeeNÁNDez,

text:
    Bayron et al. v. García et al.
    ApeiaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 546.
    Resuelto en mayo 3, 1911.
    Jurisdicción de las Cortes Municipales — Nulidad de Venta en Pública Su-basta. — De acuerdo con la sección 4 de la ley de marzo 10, 1904, para reor-ganizar el sistema judicial de Puerto Bico, las cortes municipales tienen juris-dicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de $500 incluyendo interés.
    Id. — Nulidad de Venta en Pública Subasta — Cuantía Litigiosa. — De acuerdo con la doctrina anterior, una corte municipal no tiene jurisdicción para conocer de una demanda de nulidad de venta en pública subasta y de los actos sub-siguientes de otorgamiento de escritura e inscripción en el registro de la pro-piedad, cuando el precio del remate excede, como en el caso de autos, de $500, aún cuando dicho remate se llevare a cabo en una acción en cobro de una hipoteca menor de $500.
    Jurisdicción — Competencia.—Jurisdicción es la potestad de que se hallan reves-tidas las cortes para administrar justicia y competencia es la facultad que tienen para conocer de ciertos negocios, ya por la naturaleza de los casos o bien por razón de las personas.
    Id. — Consentimiento de las Partes. — Si una corte por precepto de la ley carece de jurisdicción para conocer de una causa, el consentimiento de las partes nunca podrá darle esa jurisdicción.
    Competencia — Sumisión de las Partes. — Si una corte carece de competencia para conocer de una acción, adquiere esa competencia siempre que tenga jurisdic-ción para conocer de dicha acción, por convenio o sumisión de las partes, según los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Excepción Previa de Ealta de Jurisdicción — Falta de Competencia— Traslación del Juicio al Distrito Correspondiente. — La excepción previa de falta de jurisdicción comprendida en el No. 1 del artículo 305 del Código de Enjuiciamiento Civil, es alegable cuando falta jurisdicción; pero cuando existe esa jurisdicción y falta competencia, o sea, cuando no se establece la demanda en la corte de distrito que con arreglo a la ley debe conocer de ella, no debe entonces alegarse la excepción de falta de jurisdicción, sino solicitarse que el juicio se celebre en el distrito correspondiente, con arreglo a lo que previene el artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Br. José E. Benedicto.

    Abogado, de los apelados: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez PkesideNte Se. HeeNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

En 15 de octubre de 1908, José Arrarás, como cesionario de Antonio Diez, interpuso ante la Corte Municipal de Añasco demanda ejecutiva por el procedimiento hipotecario contra Carmen G-arcia, viuda de Domingo Cruz, para el cobro dé un crédito hipotecario por seiscientos cincuenta pesos provincia-les, constituido por escritura pública de 13 de julio de 1889 sobre una finca rustica, situada en el barrio de Borrero del término municipal de Rincón, habiéndose señalado el día 21 de diciembre del mismo año para la subasta de la mencionada finca.

En 19 de noviembre anterior, Emilia Bayron, viuda de Raffneci, y los demás demandantes, habían dado a Carmen García en calidad de préstamo la suma de dos mil quinien-tos dollars garantizados con hipoteca sobre la misma finca antes referida, bajo la condición de que fuera pagado ense-guida con parte de ese dinero el crédito hipotecario que esta-ba cobrando José Arrarás, a cuyo efecto en 18 de diciembre, L. B. Martínez, consignó en poder del marshal de la citada corte municipal la suma de cuatrocientos dollars procedentes de Alfredo Raffucci, con el fin de que se pagase y cancelase la hipoteca de Arrarás sin llevarse a efecto la subasta anun-ciada.

De los indicados cuatrocientos dollars tomó el marshal trescientos noventa, importe del crédito reclamado por Arra-rás, devolviendo a L. B. Martínez los diez dollars restantes, sin cobrar las costas, y sin advertirle tampoco- que debía ha-cerlas efectivas.

No obstante el depósito hecho en poder del marshal, proce-dió éste a la celebración de la subasta señalada para 'el día 21 de diciembre, so pretexto de que no se habían satisfecho las costas judiciales, obteniendo la buena pro José B. Pérez por la suma de quinientos cincuenta dollars, y otorgándose a su favor la correspondiente escritura de venta judicial, que fué inscrita en el Eegistro de la Propiedad de Mayagüez.

Así las cosas, Carmen García. interpuso ante la misma cor-te municipal de Añasco demanda contra José Arrarás y Antonio Diez sobre nulidad del procedimiento hipotecario de que se deja hecho mérito, por el fundamento de que el crédito que se reclamaba había sido ya pagado por Carmen (Jarcia; y al contestar dicha demanda José Arrarás, interpuso reconven-ción' por la suma de setecientos cincuenta y un dollars 20 centavos, que según alegó le debía la Carmen García por intere-ses vencidos de la misma hipoteca que había ejecutado, y quinientos dollars más. para honorarios de abogado.

En ese juicio recayó sentencia declarando sin lugar la de-manda de nulidad y con lugar la reconvención de Arrarás, y al ejecutarla, como no aparecieran bienes de la propiedad de Carmen García, fué requerido Alfredo Raffucci para que ex-pusiera ante la corte si la sociedad Sucesores de Raffucci, de que era gestor, debía ciertas cantidades a Carmen García, ha-biendo sido su contestación negativa, por lo que Arrarás soli-citó y obtuvo autorización de la corte para presentar demanda contra la referida sociedad.

Los hechos que se dejan expuestos han sido alegados por Emilia Bayron, viuda de Raffucci y los demás demandantes, que son todos, menos uno, vecinos de Rincón, para funda-mentar demanda que presentaron ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Aguadilla en 6 de mayo de 1909 contra Carmen García, viuda de Cruz, José Arrarás, Antonio Diez y José B. Pérez, todos vecinos de Añasco, a excepción de la primera que lo es de Rincón, en cuya demanda se solici-tan los siguientes pronunciamientos:

Io. Que es nulo el procedimiento hipotecario seguido ante la corte municipal de Añasco por José Arrarás contra Carmen García, por carecer dicha corte de competencia para co-nocer de tal procedimiento.

2°. Que en virtud de las graves irregularidades cometidas en dicho procedimiento, son también nulas la venta hecha en pública subasta a José B. Pérez, la escritura otorgada a su favor, y la inscripción de la misma practicada en el registro.

3o. Que igualmente es nula la sentencia declarando con lu-gar la reconvención aducida por José Arrarás en . el juicio sobre nulidad del procedimiento hipotecario, por ser ese jui-cio consecuencia de dicho procedimiento que era nulo, y por carecer la corte municipal de Añasco de competencia para resolver sobre la reconvención atendida su cuantía.

4o. Que asimismo es nulo el procedimiento suplementario a la ejecución de la expresada sentencia, y nula la autoriza-ción concedida a Arrarás para demandar en juicio a la socie-dad Sucesores de Baffucci.

A la anterior demanda opuso José Arrarás como excep-ciones previas las siguientes:

Ia. Que la corte no tenía jurisdicción para conocer del caso por tratarse de una acción para anular procedimientos-seguidos en una corte municipal, sobre la que tiene jurisdic-ción, la del Distrito Judicial de Mayagüez.

2a. Que la demanda no aduce hechos suficientes para de-terminar una causa de acción.

3a. Que los demandantes no tienen la capacidad legal ne-cesaria para entablar la demanda, pues no aparece que hayan sido partes en ¿1 pleito que se trata de anular, ni que estén interesados en la materia de la acción.

Antonio Diez y José B. Pérez opusieron a la misma de-manda como excepciones previas las siguientes:

Ia. Que la corte no tenía jurisdicción para conocer de la nulidad de los juicios de que se trata, pues no llegando su cuantía a quinientos dollars, incumbía su conocimiento al juzgado municipal de Añasco.

2a. Qiie varias acciones habían sido indebidamente acumu-ladas.

3a. Que había indebida acumulación de partes demandadas.

4a. Que la demanda no aduce hechos suficientes para cons-tituir una causa de acción.

Los demandados Diez y Pérez formularon también con-testación a la demanda aceptando algunos hechos de la misma y negando otros, con súplica de que fuera declarada sin lu-gar.

Discutidas las excepciones previas, resolvió la corte por orden de 12 de noviembre de 1909, que carecía de jurisdicción para conocer de la demanda,'por razón de la materia de la ac-ción, por tratarse de errores e irregularidades cometidas por una corte inferior en un procedimiento, y de la nulidad del mismo procedimiento con inclusión de la sentencia pronuncia-da, cuya nulidad y errores e irregularidades sólo podían ser revisados mediante el ejercicio de los recursos ordinarios y extraordinarios correspondientes, tales como el de apelación y el de certiorari ante la corte de distrito a que pertenece la corte inferior, cuya corte de distrito en el presente caso era la de Mayagüez por estar radicada dentro de su término juris-diccional la corte municipal de Añasco.

Como consecuencia de esa orden la Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia en 18 de marzo de 1910, desestiman-do la demanda con las costas a la parte demandante, por no ser aquella córte competente para conocer de dicha demanda, y contra esa sentencia interpusieron los demandantes re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema.

La única cuestión envuelta en la sentencia recurrida, es si la Corte de Distrito de Aguadilla tiene jurisdicción o nó para conocer de la demanda interpuesta.

Para resolver elidió punto legal, debemos tener en cuenta la acción ejercitada por la parte demandante, y no otra acción o remedio de que haya podido o debido valerse para llegar a los fines que persigue en la súplica de dicha demanda, pues la improcedencia del remedio empleado afecta a la acción del demandante pero no a la jurisdicción de la corte.

• Tomando por guía y norte la doctrina expuesta, cabe pre-guntar :

¿Tiene jurisdicción la Corte de Distrito de Aguadilla para conocer de la nulidad de los juicios de que se trata, o incumbe su conocimiento a la corte municipal de Añasco, según sos-' tienen los demandados Antonio Diez y José B. Pérez?

¿Tiene jurisdicción la referida corte de Aguadilla para co-nocer del caso, ejercitándose como se ejercita una acción para anular procedimientos seguidos en una corte municipal en-clavada, según sostiene.el demandado Arrarás en el Distrito judicial de la Corte de Mayagüez, o asiste tal jurisdicción a esa última corte?

Según la sección 4a. de la ley para reorganizar el sistema judicial de Puerto Pico, aprobada el 10 de marzo de 1904, el juez municipal tendrá jurisdicción en todos dos asuntos ci-viles que se promuevan en su distrito basta la suma de qui-nientos dollars intereses inclusive.

En la demanda interpuesta no se ventila una reclamación cuya cuantía sea inferior a quinientos dollars, pues se pide la nulidad de la venta beeba en pública subasta a José B. Pé-rez de la escritura otorgada a su favor y de la inscripción de la misma practicada en el registro. La referida venta se bizo por precio de quinientos cincuenta dollars, y por tanto, los actos subsiguientes de otorgamiento de escritura y de ins-cripción en el registro se encuentran en igual caso.

Se pide además la nulidad de la sentencia dictada por la corte municipal de Añasco, condenando a Carmen G-arcia, a virtud de reconvención interpuesta por José Arrarás en jui-cio de que conocía dicba corte, a que pagara a Arrarás la su-ma de setecientos cincuenta y un dollars 20 centavos por in-tereses vencidos de una deuda hipotecaria y quinientos dollars más para honorarios de abogado. La primera de dichas partidas es por sí sola superior a la de quinientos dollars, fijada como máximun a la competencia de los juzgados municipales. También se pide la nulidad del procedimiento seguido para ejecutar la sentencia de que se deja hecho mé-rito y esa reclamación sigue la misma suerte que la sentencia, cuya cuantía es superior a quinientos dollars.

Aunque en- la demanda se lia solicitado la nulidad del pro-cedimiento hipotecario seguido ante la corte municipal de Añasco por José Arrarás contra Carmen García en cobro de un crédito que no llegaba a quinientos dollars, es un hecho consignado en la demanda que en ese procedimiento se hizo la venta cuya nulidad, la de su escritura y la de su inscrip-ción en el registro se piden, siendo el interés de esos actos superior a quinientos dollars; y como la nulidad del procedi-miento se alega como fundamento de las demás nulidades, a la misma corte de distrito que deba conocer de éstas, y nó a la municipal de Añasco asiste jurisdicción para conocer de aqué-lla, para que no se divida la continencia de la causa.

' No tiene, pues, jurisdicción la corte municipal de Añasco para conocer de la demanda interpuesta; y ahora nos toca examinar si esa jurisdicción radica en la Corte de Distrito de Mayagüez exclusivamente y nó en la de Aguadilla.

Entendemos que la Corte de Distrito de Aguadilla tenía y tiene jurisdicción para conocer del pleito ante ella iniciado-sobre nulidad de procedimientos y otros extremos, por ser esa materia que cabe dentro de la jurisdicción de las cortes de distrito-, que son cortes de jurisdicción general.

Jurisdicción es la potestad de que se hallan revestidas las cortes para administrar justicia, y competencia es la facultad que tienen para conocer de ciertos negocios, ya por la .natu-raleza de las cosas o bien por razón de las-personas, según digimos al resolver en 12 de julio de 1900 el caso de Gavino Garcés Nazario v. Damián Franceschi.

“La jurisdicción, como dice el ilustrado comentarista Manresa y Navarro, emana siempre de la ley, directa e inmediatamente; nadie puede ejercerla sin que la ley le haya concedido este poder; sólo tienen jurisdicción, sólo pueden administrar justicia las personas a quienes les ha sido conferido este poder con arreglo a la ley; mas la competencia de un juez para conocer de un negocio, aunque se derive también de la ley, unas veces trae de ella su origen directa, inme-diata y exclusivamente, y otras lo tiene de la voluntad de las partes. El primer caso forma la regla general y el segundo las excepciones.

De aquí que la jurisdicción no puede prorrogarse; lo con-trario sucede con la competencia. Si nna corte por precepto de la ley carece de jurisdicción para conocer de una acción, el consentimiento de las partes nunca podrá darle esa juris-dicción.

Por el contrario, si una corte carece de competencia para conocer de una acción, adquiere esa competencia siempre que tenga jurisdicción para conocer de dicha acción, por convenio o sumisión de las partes, según los artículos 76 y 77 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La excepción previa comprendida en el número 1°. del ar-ticulo 105 del Código de Enjuiciamiento Civil de carecer la corte de jurisdicción sobre la persona del demandado o por la materia de la acción, es alegable cuando falta jurisdic-ción; pero cuando esa jurisdicción existe y falta competencia, o sea cuandq no se establece la demanda en la corte de dis-trito que con arreglo a la ley deba conocer de ella, no debe en-tonces alegarse la excepción de falta de jurisdicción, sino soli-citarse que el juicio se celebre en el distrito correspondiente, con arreglo a lo que previene el artículo 82 del Código va citado. '

Una corte no puede rehuir el conocimiento de una acción siempre que tenga jurisdicción para conocer de ella, aunque carezca de competencia, pues esa competencia se la pueden dar las mismas partes por sumisión expresa o tácita. ■

Haciendo aplicación al presente caso de la doctrina ex-puesta, opinamos que la Corte de Distrito de Aguadilla tiene jurisdicción para conocer del caso tal como le ha sido presen-tado, y que si las partes demandadas creen, sea cual fuere el motivo, que- es de la competencia de la corte de Mayagüez, han debido solicitar la tras^ción del juicio sujetándose para ello^ a los preceptos legales qne el Código de Enjuiciamiento Civil establece. (Véanse los casos de Fajardo v. Tió y de Ponce and Guayama Railroad Company, decididos, respectivamente, en 24 de febrero y 27 de marzo del corriente año.

No habiéndose solicitado en forma debida la traslación del juicio, debe éste continuarse en el mismo distrito en que fné promovido.

Por ías razones expuestas, siendo como son improcedentes las excepciones alegadas de falta de jurisdicción, procede la revocación de la sentencia apelada, pudiendo el Juez de Agua-dilla acordar lo que proceda sobre las demás excepciones que se abstuvo de resolver.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf y del Toro.

El Juez Asociado, Sr. Aldrey, no tomó parte en la resolu-ción de esta caso.