author: El Juez Asociado Se. Heenández

text:
    El Pueblo v. Díaz, alias Martillo.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 3.
    Resuelto en febrero 27, 1904.
    Pliego de Excepciones. — El pliego de exeex>eiones debe contener solamente aquella parte de la prueba que sea necesaria para exponer los puntos de derecho en que se funden las excepciones, y el juez del inferior debe eliminar todas las materias que no sean propias de dicho pliego.
    Id. — Apelación—Pruebas—Veredicto.—El Tribunal Supremo no puede revocar un fallo por virtud de apelación fundado en que el veredicto es contrario a derecho o a las pruebas cuando no se hubiere sometido a su consideración toda la prueba practicada en el juicio, ni se hubieren planteado en el pliego de excepciones las cuestiones de derecho surgidas durante el juicio; en tal caso hay que presumir que el veredicto ha sido pronunciado con arreglo a derecho y a las pruebas 'practicadas.

      Nuevo Juicio — Descubrimiento de Nuevas Pruebas. — Para que una moeión de nuevo juicio, fundada en el descubrimiento de nuevas pruebas, pueda pros-perar, no solamente es necesario probar bajo juramento que se practicaron las diligencias necesarias para conseguir dichas pruebas antes del juicio, y que fueron descubiertas con posterioridad al mismo, sino que hay que mostrar, además, cuáles fueran las diligencias practicadas, a fin de que el tribunal pueda apreciar si se desplegó la mayor actividad posible para el descubrimiento de tales pruebas.
    Id. — Si al hacer una moción solicitando nuevo juicio, fundada en el descubrimiento' de nuevas pruebas, se propusieran entre éstas, declaraciones testificales, es necesario demostrar la razón que hubiera para no proponer tales declaraciones en el juicio original y la manera en que la parte vino a descubrir que tales declaraciones podían ser favorables a su causa.
    Sobreseimiento de la Causa. — Cuando en una causa criminal no se celebrare el juicio dentro de 120 días a contar desde la presentación de la acusación, y hubiere para ello justa causa, no procederá decretar el sobreseimiento (*) del proceso, que debe además ser solicitado ante el tribunal inferior.
    Pruebas — Impugnación de la Yeracidad de los Testigos. — Para impugnar la veracidad de los testigos, fundado en haber heeho manifestaciones anteriores, contrarias a las hechas en el juieio, es necesario que se les muestren antes de interrogarles sobre las mismas, si constaren por escrito, y si las recono-cieran como suyas, deberá permitírseles que las expliquen; si las manifesta-ciones fueren verbales, se les referirán a dichos testigos con todas sus cir-cunstancias y se les permitirá asimismo que las expliquen.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Juan R. Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Heenández

emitió la siguiente opi-nión del tribunal:

El caso sometido a la decisión de esta Corte Suprema, es un recurso de apelación interpuesto por Pedro Díaz, alias Martillo, contra sentencia del Tribunal de Distrito de Pluma-cao que le condena a la pena de muerte.

El apelante fué acusado en 29 de diciembre de 1902 por el Fiscal de Distrito de Humacao, como autor de delito de asesinato en primer grado, cometido del modo siguiente: “La noche del 26 de agosto próximo pasado, en momentos en que Octavio Beyes Gruzmán pasaba por frente a la casa de Juan Martínez Espino, calle de Santa Bosa, donde se hallaba escon-dido Pedro Díaz, éste salió y disparó a Beyes un tiro, ca-yendo éste a tierra y falleciendo luego. Este hecho ha sido cometido con premeditación y malicia. Este Hecho es con-trario a la ley para tal caso prevista, y a la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico.”

Con fecha 13 de enero siguiente compareció el acusado ante el tribunal y negó la acusación, solicitando se le conce-diera un término prudencial para contestarla,' término que le fué concedido hasta el día 21 del propio mes; pero el día antes presentó escrito el abogado del reo, con súplica de que fuera requerido el Fiscal para, la entrega de la lista de testigos que con su acusación debió presentar, en cumplimiento del artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y que (*) debió serle entregada para contestar la acusación. Por acuerdo del tribunal se hizo el requerimiento solicitado, y sin que el Fiscal hubiera presentado la indicada lista, el abo-gado del acusado presentó escrito negando la acusación for-mulada contra su defendido y alegando su inocencia, con ex-presión de los testigos y peritos de que intentaba valerse.

■ Señalado para el juicio por jurado el día 16 de febrero, solicitó en 10 del propio mes que fueran también citados como testigos de la defensa, Don Frank Feuille, Don Andrés B. Crosas, Don Rafael Tirado Yerrier, Don Francisco Cepero López Náter y Don Francisco López Cepero G-ómez, como así se dispuso en la misma fecha.

No consta en autos la resolución del tribunal ordenando la suspensión del juicio, pero sí aparece que con fecha 17 de febrero el defensor de Pedro Díaz presentó escrito en que manifesta, que habiéndose suspendido dicho juicio en el día anterior por no haber tiempo suficiente para celebrarlo, toda vez que tenía otras ocupaciones 'el tribunal, suplicaba se señalase el día 21 para .que tuviera lugar, y en caso de que se estimara conveniente la insaculación de un nuevo jurado se procediera a ello, citándole para dicho día.

El tribunal dictó .auto en 28 de abril, señalando para la celebración del juicio el día 18 de mayo con citación de las partes y de los testigos de descargo propuestos por la de-fensa.

Con fecha 6 de mayo citado presentó escrito el abogado de Pedro Díaz renunciando la declaración de los testigos Don Prank Feuille y Don Andrés Orosas, por tener entendido que el primero no podría asistir al juicio por estar al frente del Departamento de Justicia, y el segundo por sus muchas ocupaciones, concurriendo además las circunstancias de no ser ya de importancia las declaraciones de ambos por haber declarado en el juicio seguido contra Luis Delgado y otros por perjurio, que guarda relación íntima con la presente causa, y constar esas declaraciones en el acta de aquel (*) juicio, habiendo interesado además se espidiera certificación del acta del juicio contra Luis Delgado y otros por perjurio y de la sentencia recaída, como también del veredicto dado por el jurado.

Trajéronse a los autos las actas del juicio contra José Moreno, Luis Delgado, Santiago Martínez y Manuel Santori por el delito de perjurio, actas correspondientes a las sesio-nes que tuvieren, lugar el 16 de febrero de 1903, y de las que aparece que en ese juicio declararon como testigos de la acu-sación el Hon. Frank Feuille, Hon. Francisco López Cepero Náter, el capitán de la Policía Insular, Mr. Wilcox, Don Francisco Bussó Cabrera, Don Andrés Crosas, Martín Julbe y Pedro Astado, y como testigo de la defensa Celestino Alonso; siendo de notar que Don Francisco López Cepero Náter mani-festó que Martín Julbe y Pedro Astacio, al declarar en la causa de los sucesos de la botica, no hicieron acusación alguna contra Pedro Díaz, alias Martillo, por asesinato, y Don Andrés Crosas que no había decretado el arresto de Pedro Díaz en vista de la acusación que se le hizo por asesinato, porque no lo creyó conveniente, expresando Mr. Wilcox qué el Sr. Bussó Cabrera fué llamado por el Hon. Assistant Attorney para firmar la denuncia y cuando acudió al llamamiento no sabía por qué se le llamaba, habiéndola firmado voluntariamente. No consta el detalle o expresión de lo que declararon los de-más testigos, y sí que el jurado por unamimidad declaró inculpable a los acusados y que éstos en su consecuencia fueron absueltos.

Merece consignarse que en el juicio por jurado contra Pedro Díaz, alias Martillo, declararon como testigos de cargo Dr. Don Fernando G-. G-onzález, Don Pablo Font Martelo, Ola-lla Ortiz, Eafael Martínez, Francisco López Cepero Náter, José Aponte, Pedro Astacio y Martín Julbe, y como testigos de la defensa Martín Julbe, Pedro Astacio, Francisco López Cepero Náter, Octavio Ramírez, Juan Martínez Espino, Luis Berrios Borges y Luis Delgado Oarrión, y que (*) a petición del Letrado defensor de Pedro Díaz se bizo constar que Mar-tín Julbe negó baber declarado ante el Juez de Paz en este asunto, y que respecto de Pedro Astacio el Fiscal se opuso a todo interrogatorio fundado en el artículo 244 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiendo tomado excepción.

Igualmente debe consignarse que el defensor de Pedro Díaz ofreció como prueba documental la certificación que estaba unida a los autos de varias constancias del juicio contra Luis Delgado y otros por perjurio, y el Fiscal enton-ces presentó una moción para que fuera reconsiderada dicba prueba, que fué declarada impertinente por el juez de dere-cho, no obstante la oposición del defensor a semejante moción, consignándose en acta la excepción tomada por el Letrado.

Terminadas las pruebas practicadas y cerrados los debates, el juez de derecho instruyó al jurado de sus obliga-ciones retirándose éste a deliberar, y habiendo pedido ins-trucciones que le fueron dadas, pronunció veredicto de cul-pabilidad contra Pedro Díaz, alias Martillo, en 21 de mayo del año próximo pasado.

El letrado defensor del acusado presentó escrito en 23 del propio mayo, solicitando nuevo juicio ante otro jurado, por estimar que el veredicto pronunciado era contrario a derecho y a las pruebas, y por haber descubierto nuevas pruebas que favorecían a su defendido, las que acababa de descubrir des-pués del veredicto, a cuyo fin alegó: 1. Que siendo precepto de ley que todo acusado debe ser considerado inocente mien-tras no se pruebe lo contrario, y axioma jurídico que todo el que imputa la comisión de un delito debe probarlo, el Fiscal ba debido probar que Pedro Díaz no sólo era autor de la muerte de Octavio Eeyes Guzmán, sino también que obró, con 'algunas de las circunstancias constitutivas del delito de asesinato en primer grado, lo que no ba verificado, pues única-mente se ba acreditado la muerte de Octavio Eeyes (*) Guz-mán. 2. Que si bien es verdad que bubo tres testigos, como José Aponte, Pedro Astacio y Martín Julbe que declararon haber presenciado que Pedro Díaz fué el autor de la muerte de Octavio Eeyes Guzmán, y la concubina de éste Olalla Ortiz manifestó al jurado ser el acusado autor de dicho delito por habérselo manifestado así el interfecto momentos antes de morir, también es verdad que esas declaraciones fueron des-truidas por la prueba de descargo, con la cual se ba acredi-tado que Eeyes Guzmán fué herido, no en el sitio donde cayó, sino frente a la botica del Sr. Noya Julbe, de Humacao, en la noche famosa conocida por la de los sucesos de la botica, y que en la calle en donde cayó casi exánime no se disparó esa noche arma alguna de fuego que pudiera ocasionar la muerte de Eeyes Guzmán o de otra persona. 3. Que después de pronunciado el veredicto de culpabilidad había descubierto el acusado que en la ciudad de Humacao existían Don Juan y Don José Bertrán Casañas que podían informar al jurado y al tribunal sobre hechos que se relacionan con la presente causa, y de cuyas declaraciones se desprende que los testi-gos Pedro Astacio, Martín Julbe y José Aponte no presen-ciaron el acto de ser herido Eeyes Guzmán, y que éste no fué muerto por el acusado, obrando una de esas declaracio-nes en las diligencias instruidas por el Juez especial, Sr. Cro-sas, según noticias que acababa de obtener, habiendo ade-más otro testigo o sea Don José Martínez Espino que aca-baba de asegurarle que vió venir herido a Octavio Eeyes Guzmán, y al pasar por su casa, a poca distancia, no pudiendo ya mantenerse en pie, cayó al suelo.

El Fiscal en informe oral se opuso a la anterior moción, que solicitó fuese desestimada; y habiendo preguntado el juez de derecho si juraba que había practicado todas las diligen-cias necesarias para conseguir pruebas y había tenido cono-cimiento después del juicio de las que proponía, como (*) así lo jurara; dicho juez señaló el día siguiente para oir dichas pruebas, contra cuya resolución tomó excepción el Fiscal.

En el día expresado y en sesión celebrada al efecto, la representación de Pedro Díaz presentó' declaraciones juradas de cinco testigos que lo fueron José Martínez Espino, Feli-ciano Doble Pou, Juan Guzmán, Luis Castro y José Cintrón Peña, de los cuales el primero declara que en la noche del 26 de agosto de 1902, al sentir unos cuantos disparos, ordenó ' el cierre de su establecimiento y dejó junta una puerta donde se quedó, habiendo visto venir un hombre quejándose, en quien reconoció a Octavio Eeyes Guzmán, al que a pocos pasos vió caer, sin que en la calle en donde vive el testigo y cayó el Eeyes se disparara tiro alguno; el segundo, que en la expresada noche del 26 de agosto encontrándose frente a la botica del Sr. Noya Julbe, donde se desarrollaban los sucesos que trajeron como consecuencia la muerte de varios individuos, vió allí entre otras personas a Octavio Eeyes Guzmán, a quien oyó cuando dijo “¡ay, me han matado!” desapareciendo Eeyes sin que volviese a verlo y sabiendo luego el testigo que había muerto; el tercero, que se encontró en los sucesos de la botica, y allí vió entre otras personas a Octavio Eeyes Guzmán, a quien oyó quejarse y manifestar que lo habían matado, desapare-ciendo el Eeyes en seguida; el cuarto, que encontrándose en la calle Nueva el día 26 de agosto o sea el del tumulto, vino Eosa Peña y lo llamó, sintiendo entonces dos tiros hacia la parte de la botica de Noya Julbe, y al oir dos tiros, cuando fueron a ver lo que ocurría e iban por frente de Eamón Piñol, se encontraron a Octavio Beyes con las manos en el pecho, quien al preguntarle Rosa Peña por lo qne pasaba, le con-testó que le liabían matado, continuando Reyes para arriba y el declarante para abajo; y el quinto, que entre ocho y nueve de la noche del 26 de agosto, se encontraba en la calle Nueva, y al oir unos disparos corrió a enterarse de lo que ocurría,(*) habiendo encontrado en el trayecto frente a ,1a casa del Sr. Piñol a Octavio Reyes, quien preguntado por .lo que pasaba contestó “¡ ay, que me han matado!” después de lo cual el tes-tigo continuó su camino en dirección al sitio del tumulto, to-' mando el herido la dirección contraria.

Después de oídas las alegaciones de las partes, el juez des-estimó la moción denegando el nuevo juicio, y habiendo to-mado excepción el letrado, fundado en el número 3 del artí-culo 206 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dictó senten-cia concebida en los siguientes términos: “Visto el veredicto del jurado, Pedro Díaz, alias Martillo, será ahorcado el día 7 de agosto del corriente año, una vez firme la sentencia, con los demás pronunciamientos del caso y que Dios recoja su alma.”

Contra esa sentencia interpuso el acusado recurso de ape- ■ lación que le fué admitido, habiendo presentado antes decla-ración o pliego de excepciones que fué firmado por el juez de Derecho, y que copiado a la letra dice así :

“En la Corte de Distrito de Humacao. El acusado .Pedro Díaz aldas Martillo, por medio de su defensor, Don Ulpiano Valdé? Cajas, opone excepciones a la decisión del tribunal eh la forma siguiente:
“1. Por el caso tercero del artículo 294 de la Ley de Enjuicia-miento Criminal.
“Con fecha 6 de mayo de 1903, presentó el letrado defensor del acusado escrito al tribunal, proponiendo como prueba para el aeto-del juicio, certificación del acta del juicio oral de la causa seguida contra Don Luis Delgado y otros por delito de perjurio, certificación de la sentencia recaída, así como del veredicto pronunciado por el jurado, de cuya certificación se desprendía la inocencia del acusado. Dicha prueba fué admitida por el tribunal y declarada pertinente por providencia del mismo día y se ordenó por el mismo la expedi-ción de las certificaciones solicitadas.
“En el acto del juicio por jurado de la causa seguida contra el acusado Pedro Díaz, al hacer uso el letrado defensor de esta prueba, fué negada por el Sr. Juez Presidente, no obstante haber sido ad-mitida y librada la certificación por el Sr. Secretario que es (*) un funcionario que tiene facultad para expedir esta clase de docu-mentos.
“En dichas certificaciones consta que los testigos Pedro Astacio y Martín Julbe al declarar al día siguiente de la muerte de Octavio Reyes, no hicieron al Sr. Juez de Paz que instruía el sumario, Don Francisco López Cepero, acusación alguna contra el acusado Pedro Díaz, y que Don Andrés Crosas, nombrado por el Hon. Attorney juez especial para la averiguación del delito, manifestó que no creía conveniente decretar el arresto de Pedro Díaz.
“Es indudable que la no admisión de esta prueba, ha causado al acusado Pedro Díaz, gravísimo perjuicio, toda vez que iba encamina-da a impugnar la veracidad de los dos testigos de más cargo o sean Astacio y Julbe, que al preguntársele, de acuerdo con el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal, por qué no concordaban sus actuales manifestaciones de haber visto al acusado disparar contra Octavio Reyes, con sus declaraciones prestadas en la causa seguida por los sucesos ocurridos en Humacao la noche del 26 de agosto de 1902 en cuya noche fué muerto el Reyes, no hubieran ■ podido dar razón de su dicho, puesto que en el sumario instruido y en el que declararon los testigos Astacio y Julbe, se investigaba quién era el autor o autores de la muerte de Octavio Reyes y de los demás que murieron y en la declaración por ellos rendida entonces, no hicieron manifestación alguna contra Pedro Díaz, no obstante haber decla-rado en el acto del juicio haber sido testigos presenciales de la muerte de Octavio Reyes.
“Y tan seguro es que sus anteriores manifestaciones no concuer-dan con las declaraciones prestadas en el acto del juicio, que en el documento no admitido por el tribunal, se lee también ‘que el Hon. Don Andrés Crosas no arrestó a Pedro Díaz, alias Martillo, por no creerlo conveniente’ debiendo advertirse que dicho Sr. Crosas, fué designado por el Honorable Attorney juez especial para la averigua-ción de todos los sucesos ocurridos en Humacao en la noche del 26 de agosto de 1902, y que ante él declararon los testigos Astacio y Julbe, y si éstos hubiesen acusado a Martillo, '¿cómo el Juez Crosas no iba a creer en la conveniencia de dictar mandamiento de arresto contra un acusado de tan grave delito como es el asesinato ?
“2. Por el caso 3 del artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
“El número 7 del artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Criminal^*) autoriza al acusado a solicitar nuevo juicio, una vez decla-rado culpable, pero antes de pronunciarse el fallo, cuando descu-briere nuevas pruebas que pudieran favorecerle, las cuales, a pesar de la actividad razonable no le hubiera sido posible descubrir y adu-cir en la vista de la causa. En el presente caso, así consta bajo jura-mento del abogado de Martillo, a quien se le exigió, que después de declarado culpable y antes del pronunciamiento del fallo, descubrió nuevas pruebas que le favorecían, las que a pesar de la actividad y diligencias hechas por el acusado, no le fué posible descubrir antes del juicio, y por tanto no pudo aducir en la vista de la causa.
“Se ha cumplido estrictamente por parte del acusado con el pre-cepto terminante del artículo 303, en su inciso 7, pues se presentaron las declaraciones juradas ante el secretario de la corte de distrito que es funcionario que tiene facultad para tomar juramentos, de cinco testigos, y son tan importantes estas declaraciones y de- tan grande trascendencia para los efectos del fallo, que indudablemente al pres-cindir de ellas, se infringe abiertamente el artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Criminal por el que se tomó excepción.
“Entre las declaraciones que no fueron admitidas, figura la de José Martínez Espino que asegura que en la noche del suceso (26 de agosto) al sentir unos cuantos disparos ordenó el cierre de su esta-blecimiento y dejó una puerta junta donde se quedó, vió venir un hombre quejándose y al pasar por su lado conoció que era Octavio Reyes G-uzmán y pocos pasos después lo vió caer y que en la calle que vive no se hizo disparo alguno. Manifestación que echa por tierra las declaraciones de los dos testigos de cargo más importantes, o sean Pedro Astacio y Martín Julbe que dijeron que Pedro Díaz, alias Martillo, estaba en la casa, digo en la esquina de Juan Martínez Espino, y salió en el momento que los dos iban con el interfecto disparando el tiro que causó la muerte de Reyes. Figuran también las declaraciones de Feliciano Doble y Juan Guzmán que manifiestan que se encontraron en la noche del 26 de agosto en los sucesos ocu-rridos frente a la botica y en donde se hicieron multitud de disparos y que allí se encontraba el Reyes Guzmán, al que oyeron exclamar £ ¡ ay, me han herido! ’ lo que prueba evidentemente que la herida la recibió Reyes en aquel sitio, no en el que se dice por Astacio y Julbe, y esto viene a ser corroborado por las declaraciones de José’C. Peña y Luis Castro que tampoco fueron admitidas y en las que manifies-tan haber encontrado al interfecto frente a la casa de Don Ramón Pinol con las manos en el pecho y al preguntarle qué (*) ocurría exclamó “¡me han matado!” Humacao, junio 10 de 1903. Ledo. Ulpiano Valdés. Yo. Bo., Salvador Fulladosa. Juez Comisionado por el Honorable Attorney General en esta causa. Es copia, Enrique Lloreda, secretario. ’ ’

Dicho pliego de excepciones no se ajusta al precepto del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según el cual debía contener solamente las pruebas que fueran nece-sarias para exponer los puntos de derecho en que se basan las excepciones y el juez de derecho, lejos de firmarlo, debió, cumpliendo con lo que el mismo artículo previene, eliminar todos los demás extremos contenidos en dicho pliego. No lo hizo así, pues admitió el pliego de excepciones, no obstante contener apreciaciones extrañas al mismo y que son de la competencia judicial. Hay un extremo en ese pliego que aten-dida la relación suscinta del acta del juicio, en la cual no consta lo que declararon Pedro Astacio y Martín Julbe, tiene alguna importancia y es el relativo a que Astacio y Julbe dijeron que Pedro Díaz, alias Martillo, estaba en la esquina de la casa de Juan Martínez Espino y salió en el momento en que los dos iban con el interfecto, disparando el tiro que causó la muerte de Reyes Guzmán.

En el recurso de apelación interpuesto se alegan como fundamentos los siguientes:

1. Que el veredicto y fallo son contrarios a derecho, pues en el acto del juicio solamente se probó que Reyes Guzmán fué muerto por un disparo de arma, y si bien es cierto que los testigos Pedro Astacio, Martín Julbe y José Aponte mani-festaron que vieron a Pedro Díaz, alias Martillo, cuando dis-paró contra Reyes Guzmán, ninguno de ellos declaró que Pedro Díaz obrara con premeditación o alevosía, ni qne estu-viera en acecho de Eeyes Guzmán para darle muerte, por lo qne faltando como faltan las circunstancias qne califican el de-lito de asesinato en primer grado, según el artículo 201 del Có-digo Penal, y faltando (*) también la malicia y premeditación necesarias para qne exista asesinato, no ya de primer grado sino de segundo, es claro que el jurado no pudo pronunciar el veredicto que dió contra Pedro Díaz, alias Martillo, ni el tribunal condenarlo a muerte, sin que pueda alegarse que el veredicto y fallo se basan en la declaración de Olalla Ortiz, querida del interfecto, la que manifestó que éste en la agonía le dijo que quien lo había matado había sido el acusado Pedro Díaz, pues tal testigo no fué presencial, y además, nada expuso sobre el modo y forma como se dió la muerte a Octavio Eeyes.

2. .Ser el veredicto y fallo contrarios a las pruebas, pues aunque ante el jurado deciaron Pedro Astacio y Martín Julbe en el sentido de que yendo ambos acompañado del interfecto, se les presentó el acusado y disparó contra ellos, hiriendo y dando muerte a Octavio Eeyes, esas declaraciones están des-truidas por la de Don Luis Delgado que manifestó haber visto al interfecto frente a la botica del Sr. Julbe, tomando parte en los sangrientos sucesos de la noche del 26 de agosto, y allí presenció cuando fué herido, estando también destruidas por otros testigos que manifestaron que cuando se desarrollaban dichos sucesos vieron al acusado salir de su casa; y claro está por tanto que no teniendo el don de la ubicuidad, y encon-trándose en su casa a la hora en que fué herido Octavio Eeyes, no pudo ser autor del delito de que se le acusa.

La representación del acusado ante esta Corte Suprema alegó como motivos del recurso los siguientes:

1. Infracción de los artículos 11 en su número 1 y 448 en su número 2, ambos del Código de Enjuiciamiento Criminal, toda vez que presentada denuncia jurada contra el acu-sado por Don Francisco Bussó Cabrera en 25 de noviembre de 1902, por delito de asesinato cometido en la persona de Octavio Reyes Guzmán, tres meses antes o sean el 26 de agosto, se acordó la prisión del mismo en la propia fecha (*)• en que se presentó la denuncia, y habiéndose formulado acu-sación en 29 de diciembre siguiente por delito de asesinato en primer grado, cuya acusación negó Pedro Díaz, fué seña-lado para la celebración del juicio el 16 de febrero del año si-guiente, suspendiéndose sin causa alguna justificada, contra lo que reclamó su defensor, interesando se celebrara el juicio ante el jurado que estaba reunido o por otro qué al efecto se convocara, reclamación que fué desatendida, señalándose por providencia de 18 de abril el día 18 de mayo para la cele-bración del juicio, esto es, después de transcurridos 120 días a contar desde la presentación de la acusación y cuando la causa por tanto debió ser sobreseída.

2. La excepción autorizada por el caso 3 del artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Criminal, toda vez que habién-dose traído a la causa testimonio del acta del juicio celebrado contra Don Luis Delgado y otros por perjurio, en cuyo juicio declaró el Juez de Paz Don Francisco López Cepero, pero que en la investigación que practicara sobre los sucesos ocurridos en Humacao en la noche del 26 de agosto, declararon Pedro Astacio y Martín Julbe, quienes no hicieron cargo alguno contra Pedro Díaz, alias .Martillo, como también se recibió declaración a Don Andrés B. Crosas, juez especial nombrado para la investigación de aquellos sucesos, al- entonces capitán de la Policía Insular, Mr. Wilcox, y a otros, el tribunal no obstante, al solicitar el defensor que se hiciera lectura de dicha acta ante el jurado, como el Fiscal se opusiera a ello, declaró con lugar la oposición, rechazando así una prueba perfectamente ajustada a lo prescrito en el artículo 245 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues esa prueba venía a demostrar la poca veracidad con que se habían producido en el acto del juicio’ Astacio y Julbe, cuya falsedad o contra-dicción se demostraba también con el testimonio de la decla-ración del juez especial Sr. Crosas.

3. La excepción autorizada por el caso 3. del artículo 296 del Código Enjuiciamiento Criminal, pues habiendo (*) soli-citado el acusado nuevo juicio en ejercicio del derecho que le acuerda el número 7 del artículo 303, por haber descubierto nuevas pruebas que le favorecían y justificaban su inocencia y que no había podido utilizar en el acto del juicio a pesar de la actividad razonable desplegada, le fué denegada tal pretensión, no obstante su solicitud jurada y las declaracio-nes también juradas de testigos tan importantes y presen-ciales como José Martínez Espino, dueño de la casa en cuya esquina aseguran Julbe y Astacio se ocultaba Pedro Díaz cuando disparó contra Reyes, y Feliciano Doble, Juan G-uz-mán y otros que aseguran haber visto venir a Octavio Reyes de la botica ya herido, exclamando ‘ ¡ ay, me han matado! ’ ’

El Fiscal estimó que ni el veredicto ni el fallo eran con-trarios a derecho y a las pruebas, y en su virtud impugnó el recurso, solicitando se declare sin lugar.

Habiendo sido expuesto cuanto resulta de las copias envia-das a este tribunal para la resolución del recurso y consig-nados los motivos en que éste se funda, alegados tanto ante el tribunal de Humacao como ante esta Corte Suprema, toca ahora examinar la procedencia o improcedencia de esos mo-tivos.

Para obtener la celebración de un nuevo juicio alega el' acusado que el veredicto fué contrario a derecho y a las prue-bas. Consta que en el juicio declararon como testigos de cargo Don Fernando P. G-onzález, Don Pablo Font Martelo, Olalla Ortiz, Rafael Martínez, Francisco López Cepero Náter, José Aponte, Pedro Astacio y Martín Julbe, y como testigos de la defensa los expresados Pedro Astacio, Martín Julbe y Don Francisco López Cepero Náter, Octavio Ramírez, Juan Martínez Espino, Luis Berrios Borges y Luis Delgado Carrion; pero en el acta del juicio no aparece lo que declarara cada uno de esos testigos, y si bien en el pliego (*) de excep-. ciones redactado en la forma que se deja expuesta, se consigna que los dos testigos de cargo más importantes, o sean Pedro Astacio y Martín Julbe, dijeron que Pedro Díaz estaba en la esquina de la casa de Juan Martínez Espino y salió en el momento en que los dos iban con el interfecto disparando el tiro que causó la muerte de Eeyes, no consta en ese pliego 'lo que declararan los demás testigos, especialmente José Aponte, que según el escrito de apelación interpuesto ante el tribunal de Humacao, fué también testigo presencial, y Olalla Ortiz qué según ese mismo, escrito de apelación, recibió de los labios de su querido agonizante la manifestación de que lo' había matado Pedro Díaz, alias Martillo. Esas cuatro declaraciones combinadas con las de los demás testigos de cargo y de descargo que declararon ante el jurado, llevaron a la conciencia de éste el convencimiento de la culpabilidad de Pedro Díaz y como esta Corte Suprema ignora en su deta-lle diversas declaraciones prestadas en el juicio, no puede afirmar que el veredicto fuera contrario a derecho o a las pruebas. Al acusado toca traer justificación cumplida de se-mejante alegación mediante declaración de excepciones, según el precepto del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Criminal; y esa .justificación no ha venido en forma debida, por lo que es de presumirse que el jurado pronunció su vere-dicto con arreglo a derecho y a las pruebas practicadas.

No procede, pues, la celebración del nuevo juicio con arre-glo al número 6 del artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Criminal y tampoco procede con arreglo al número 7 del mismo artículo, o sea por haber el acusado descubierto nue-vas pruebas que no le fué posible descubrir y aducir en la vista de la causa, a pesar de haber desplegado la mayor actividad razonable.

Ciertamente que el letrado defensor del recurrente a vir-tud de pregunta del tribunal, juró que había practicado todas las diligencias necesarias para conseguir pruebas y que (*) Rabia tenido conocimiento de las nuevas qne había descu-bierto después de celebrarse el juicio; pero esa declaración jurada no era bastante al fin apetecido, pues aquél no expresó cuáles eran las diligencias qne practicó con el fin de demos-trar a juicio del tribunal la mayor actividad razonable para descubrir y aducir en la vista de la causa las nuevas prue-bas de que luego ha intentado valerse.

Llama la atención que el letrado, al solicitar nuevo juicio, propusiera como testigos que habían de declarar en favor del acusado, a Don Juan y Don José Beltrán Casañas y a Don José Martínez Espino, y sin embargo, al producir las pruebas no se acordó de los dos primeros, sino únicamente del tercero, el cual declaró, como también Feliciano Doble Pou, Juan Guzmán, Luis Castro y José Cintrón Peña, sin que los cuatro últimos fueran citados en el escrito interesando la celebración de nuevo juicio.

Aparece ignorado el motivo de que no fueran producidas las declaraciones de los dos primeros, y una presunción lógica parece indicar que sus testimonios no habían de ser favora-bles al acusado, pues de serlo, no se hubiera prescindido de ellos.

Los cinco testigos que declararon eran todos vecinos de Humacao; no hay'la más ligera indicación de que estuvieran ausentes desde que se perpetró el'delito en 26 de noviembre de 1902 hasta que fué celebrado el juicio en 18 de mayo del año siguiente, y tampoco ha manifestado el letrado cómo fué que vino a descubrir que las declaraciones de esos testigos podían ser favorables a Pedro Díaz, alias Martillo.

Es en verdad muy inverosímil que Pedro Díaz que com-pareció ante el tribunal de Humacao en 13 de enero de 1903, en cuya fecha negó la acusación contra él formulada, y que su letrado que desde el día 20 del mismo mes hizo su primera moción en la presente causa, no hubieran descubierto todas las pruebas favorables al acusado antes de celebrarse el juicio, para cuyo acto se señaló el día 18 de mayo, si hubieran (*) puesto en juego la mayor actividad razonable; y que bastara el anuncio de un veredicto de culpabilidad para que a los do® días descubrieran las nuevas pruebas en que fundan la peti-ción de nuevo juicio.

Con razón, pues, el tribunal de Iiumacao denegó la cele-bración del nuevo juicio solicitado por la representación del acusado.

Ni cabe alegar como se alega que hayan sido infringidos-los artículos 11 en su número 1 y 448, en su número 2 del Código de Enjuiciamiento Criminal, pues Pedro Díaz fué detenido en 25 de noviembre de 1902, o sea en la misma fecha en que fué denunciado como autor del delito, y la acusación se presentó contra él en 29 de diciembre siguiente, señalán-dose para la celebración del juicio el día 16 de febrero del año siguiente; pero como no pudiera tener lugar por falta de tiempo suficiente para celebrarlo, por tener otras ocupacio-.nes el tribunal, según confiesa la misma representación del acusado, hubo de aplazarse el acto para el día 18 de mayo, y si no se señaló una fecha anterior, sería porque el jurado no-ejerce sus funciones permanentemente, sino en tiempos deter-minados.

Iíubo, pues, justa causa para que el juicio contra Pedro Díaz no se celebrara dentro del término de 120 días a contar desde la presentación de la acusación, y por tanto, no pro-cede en derecho el sobreseimiento del proceso, el que tampoco-fué solicitado por el acusado ante el tribunal inferior, recono-ciendo así que no había causa justa para semejante pedimento.

Resta por examinar el motivo del recurso fundado en el número 3 del artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Criminal, por haber denegado el tribunal la lectura del acta del juicio por jurado contra José Moreno, Luis Delgado, Santiago Martínez y Manuel Santori por el delito de perjurio, con cuya denegatoria, según se alega, se privó al acusado del derecho-que le otorga el artículo 245 del código citado.(*)

Ese artículo dice textualmente: “También puede ser im-pugnada la veracidad de un testigo por medio de prueba que demuestre, que en ocasiones anteriores ha .hecho manifesta-ciones que no concuerdan con su actual declaración; pero antes de hacerlo se le referirán dichas manifestaciones, con expresión de la época, lugares y personas que hubieren estado presentes al hacerlas, y se le preguntará si dichas manifesta-ciones fueron hechas por él, permitiéndosele que las explique, si contestare afirmativamente. .Si las manifestaciones fueren escritas se enseñarán al testigo antes de interrogarle acerca de ellas.”

Del texto legal transcrito se desprende que el acusado pudo impugnar la veracidad de los testigos Pedro Astacio y Martín Julbe demostrando,que anteriormente habían hecho manifes-taciones que no concordaban con las declaraciones que aca-baban de prestar en el juicio, pero antes de acudir a aquella prueba, era necesario que a esos testigos se les refirieran dichas manifestaciones con expresión de la época, lugares y personas que estuvieron presentes al hacerlas, y se les pre-guntara si tales manifestaciones fueron hechas por ellos, ex-plicando en caso afirmativo el motivo de su proceder y mos-trándoles sus manifestaciones, en el caso de ser escritas, antes de interrogarles sobre ellas.

No consta que el letrado de Pedro Díaz, después de haber prestado Astacio y Julbe sus declaraciones en la presente causa, impugnara la veracidad de las mismas refiriéndoles las manifestaciones contrarias que anteriormente hubieron hecho para que contestaran sobre la realidad de las mismas y en caso afirmativo las explicaran; apareciendo solamente del acta del juicio que Julbe negó haber declarado ante el juez de paz sobre el hecho de. que se trata, y que respecto de Astacio, el Fiscal se opuso al interrogatorio fundado en el artículo 244 del Código de Enjuiciamiento Criminal, habiendo tomado el Fiscal excepción, lo que demuestra que tal interroga-torio fué hecho, pues de no ser así, no.hubiera sido (*) el Fiscal sino el defensor de Díaz quien hubiera tomado excepción.

Aun más, en el acta del juicio por perjurio consta que Don Francisco López Cepero Náter manifestó qne Astacio y Julbe, al declarar en la causa sobre los sucesos de la botica, no habían hecho acusación alguna contra Pedro Díaz por asesinato; pero se ignora si en esa causa declararon los testigos Astacio y Julbe y si por tanto tuvieron oportunidad de ser examinados sobre la muerte del desgraciado Beyes Guzmán. Este testigo Don Francisco López Cepero Náter declaró también en la pre-sente causa, y por tanto el defensor de Pedro Díaz tuvo opor-tunidad de preguntarle sobre las manifestaciones que en su ■caso hicieran Astacio y Julbe al declarar en la causa sobre los sucesos de la botica, aparte de que no cabe afirmar que no fuera interrogado en tal sentido, pues ni,en el acta del juicio ni en el pliego de excepciones consta la declaración de López Cepero.

En cuanto a la declaración de Don Andrés Crosas, obrante en el acta del juicio por perjurio, no podía traerse a esta causa para impugnar la veracidad de los testigos Astacio y Julbe, pues Crosas, al ser preguntado en aquel juicio por la razón de no haber decretado el arresto de Pedro Díaz en vista •de la acusación que se le hacía por asesinato, contestó que por-que no lo creía conveniente y tal contestación lejos de demos-trar que Astacio y Julbe no acusaron ante Crosas a Pedro Díaz, indica que fué acusado, pudiendo partir muy bien de Astacio y Julbe la acusación, por más que así no se consigne.

De todos modos, si el defensor de Pedro Díaz quería de-mostrar que los testigos Pedro Astacio y Martín Julbe no habían hecho acusación alguna contra Pedro Díaz en la inves-tigación que de los sucesos de la botica hizo el Juez de Paz Don Francisco López Cepero Náter, no debió ir por esta prueba al acta del juicio por perjurio, sino a las diligencias instruidas en averiguación de los sucesos de la botica.(*) Trayendo al presente juicio testimonio de las declaraciones prestadas por Astacio y Julbe en las diligencias instruidas p»or Don Francisco López Cepero Náter, declaraciones, que dicho sea de paso, fueron prestadas o no, pues Julbe ha negado en el presente juicio haber declarado ante dicho juez de paz y se ignora lo que haya dicho Astacio sobre el particular, hubiera podido el defensor de Pedro Díaz obtener del tribunal que se leyeran esas declaraciones a Julbe y Astacio antes de interrogarles acerca de ellas.

El jurado, pues, no tenía necesidad de que en el acto del juicio se hiciera lectura del acta del juicio por perjurio, pues esa acta no le hubiera dado luz alguna para apreciar los ma-yores o menores grados de veracidad de los testigos Pedro Astacio y Martín Julbe.

En resumen, no aparece que el veredicto del jurado sea contrario a derecho o a las pruebas, ni que se empleara la mayor actividad razonable para descubrir o aducir oportuna-mente en la vista de la causa las pruebas suministradas des-pués de pronunciado dicho veredicto, como tampoco aparece que faltara justa causa para el aplazamiento del juicio hasta después de transcurridos 120 días después de formulada la acusación y que fuera privado el acusado del derecho que tenía de impugnar la veracidad de los testigos de cargo. El tribunal, pues, debe confirmar la sentencia que dictó el tribunal de Humacao en 25 de mayo del año próximo pasado, con las costas a cargo del recurrente.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Sulzbacher y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Figueras no formó tribunal en la vista de esta causa.(*)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Su. Sulzbachek,

license: Public Domain

text:
    Sobrinos de Portilla v. Quiñones.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 47.
    Resuelto en marzo 7, 1904.
    Obligaciones. — Producida una cuenta perfectamente detallada, con los cargos expresados partida por partida, así como los abonos, devoluciones y rebajas liay que impugnar específicamente sus partidas, y no por medio de alegaciones vagas, y señalar concretamente las equivocaciones o engaños cometidos en la misma.
    Id. — Mora—Intereses.—Incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa, desde que se les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación y vienen obligados por ello al pago de los intereses convenidos, o a falta de convenio, al del interés legal.
    EXPOSICIÓN DEL OASO.
    En el juicio seguido ante el Tribunal de Distrito de San Juan, entre partes, de la una Sobrinos de Portilla, como de-mandante al que ban representado ante esta Corte Suprema, sucesivamente, los Letrados Don Hilario Cuevillas y Don Jacinto Texidor, y'de la otra Don Nicolás Quiñones Cabezudo, como demandado, bajo la representación y dirección del Le-trado Don Eafael López Landrón, sobre cobro de pesos, cuyo juicio pende ante nos a virtud del recurso de apelación inter-puesto por Nicolás Quiñones Cabezudo, contra la sentencia dictada por el referido tribunal, que copiada literalmente dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de San Juan de Puerto Rico a los cua-tro días del mes de abril de 1903. Vistos en juicio oral y público estos autos declarativos seguidos por el Licenciado Don Hilario Cue-villas Hernández, en representación de la sociedad industrial de esta plaza, Sobrinos de Portilla, como demandante, contra Don Nicolás Quiñones Cabezudo, hacendado, vecino de Caguas, dirigido y repre-sentado por el Letrado Don Rafael López Landrón, en cobro de pesos.
    “1. Resultando: que en febrero 2 de 1897 y firmada por Qui-ñonez Cabezudo, fué dirigida a Sobrinos de Portilla una carta que dice: ‘Reposa en nuestro poder la apreeiable de usted del 31 del (*) mes pasado. De los efectos correspondientes al borderó que indican, resulta con precio exagerado la llave que anotan en cinco pesos, por lo cual espero limiten más su importe. Ocupado en la revisión de las cuentas con esa respetable casa, me cuidaré, al terminar la opera-ción, de ver en qué forma puedo atender a la remisión de fondos, puesto que para ello aguardo el resultado de inspección’; en sep-tiembre 26 de 1898, otra que dice: ‘Correspondo a sus anteriores manifestándoles que basta el próximo mes de enero, en que dé prin-cipió a la zafra, no podré pasar a esa al arreglo y liquidación de nuestra cuenta. En la actualidad no hay azúcar ni dinero de qué disponer. Infinidad de reparaciones que necesitan las máquinas, no las bago boy, por falta de dinero de que disponer. Sírvanse tener paciencia,’ continuando algo ininteligible; otra de febrero 18 de 1898, que dice: ‘Con el portador Don José Ríos remito a usted un giro a-su favor contra Don Antonio Molina por la suma de $200 m/c. El mismo Ríos, quizás, le anote algunos artículos siempre que conven-gan en precio. Cuando publiquen las relaciones de precios que anualmente acostumbran, les estimaré me envíen una para gobierno. Deseo un extracto de cuenta corriente, con el fin de ver si estamos de conformidad’; otra de mayo de 1897, que expresa acompaña un giro por $400 m/c. que le abonarán en cuenta; y otra de 21 de mayo de 1898, manifestando que al cesar las múltiples ocupaciones exami-nará la cuenta, que no bay quien compre azúcar, con ese motivo están los hacendados sin recursos, y que la bomba aleatoria pequeña número 1 les fué devuelta.
    “2. Resultando: que acompañando dichas cartas, Sobrinos de Portilla formuló demanda en 13 de agosto de 1900, pidiendo se con-dene ñ Don Nicolás Quiñones Cabezudo al pago de $1,652.43 moneda provincial, o su equivalente, americana, intereses legales desde la de-manda y en las costas, sentando como hechos: que el demandado estaba en relaciones con el demandante, quien le vendía efectos de herrería y le hacía trabajos para la hacienda, como así lo declara el primer asiento de la cuenta que presenta y fué pasada a Quiñones.; que esa cuenta corriente continuó, remitiéndole Portilla de tiempo en tiempo un extracto de ella y enviándole, o no, Quiñones, canti-dades inferiores al saldo, sin expresar su conformidad, y si se le exigía, se excusaba con no tener tiempo para el examen, poniendo término Portilla a esa situación, exigiendo lo debido, y citando, como fundamentos de derecho, los artículos 1100, 1101, 1108 y 1901 del Código Civil. (*)
    “3. Resultando: que el demandado contestó pidiendo se le ab-suelva y estableciendo reconvención para que se condenase al actor a producir una cuenta corriente completa y general comprobada, con las costas al demandante; exponiendo como hechos: que desde 1889 Portilla y Quiñones sostienen cuenta corriente entre sí,' tomando el actor a su cargo proveer al demandado de efectos de herrería, útiles de maquinarias agrícolas, accessorios y reparaciones mecánicas de la finca, a cambio de abonos en efectivo, por cuenta de aquéllos; que con-tinuaron los cargos y abonos, remitiendo el extracto de su cuenta a Quiñones, no la cuenta detallada, bastándole que el actor no despa-chara nada sin su orden; que al recibir las cuentas nunca dejaba de anunciar reparos, reclamando contra el precio exagerado de alguna partida, previniendo moderación de valores, defectos de construcción, deducción de partidas o artículos devueltos, encabezadas las cuentas con saldos importantes; que el demandado les pidió produjeran la cuenta desde su origen y nunca pudo obtenerlo; que encargó varias coronas para las mazas del molino, las remitieron y no fué posible uti-lizarlas, devolvió varias de esa coronas y exigió se le descargase su importe de la cuenta sin conseguirlo; que en 1896 envió a Portilla una maza para acuñar y ajustar el eje, la repararon y al recibirla Quiñones, la montó y al segundo día de molienda se corrió el eje de su sitio, perdiéndose la caña cortada; que en otra ocasión encargó una bomba de vapor, se recibió y colocada a los seis u ocho meses de funcionamiento regular, dejó de aspirar e impulsar las vinazas, sien-do preciso desarmarla y advirtiéndose entonces que en su interior estaba revestido de hierro y no de bronce; y que fué otro fracaso una maza nueva con su eje; sentando como puntos de derechos los artículos 1103 al 1106, 1254, 1258 y 1972. *
    "4. Resultando: que el demandante contestó la reconvención solicitando se declare sin lugar, con las costas al demandado, alegando como hechos: no ser exacto consintiera Portilla en llevar cuentá corriente con Quiñones, ni en hacer nada de lo que dice y sí que to-maba del establecimiento lo que necesitaba, encargó trabajos, ofreció pagar y no pagó cumplidamente; que al comprar efectos se remi-tía un borderó que los comprendía todos, con sus precios, no siendo exacto se enviaren extratos de cuentas; que no hubo reclamacio-nes (*) y sí excusas para no pagar, existiendo conformidad con las cuentas, pues en 2 de febrero de 1897 dijo las estaba inspeccionando y después en 18 de febrero y 7 de marzo remitió fondos; que alegar mala construcción, trastornos, etc., de nada sirve, porque ningún fabricante responde de montura que no. baee, y porque en 18 de febrero de 1898 remitió $200 y en 7 de marzo de 1897, $400, a cuenta, y que presentada una cuenta con carga y data ascendente a $1,652.43 debe reparar y fijar valor a. los reparos, invocando como fundamen-tos de derecho los artículos 547 y 548 de la Ley de Enjuiciamiento' Civil; que nadie puede ir contra sus propios actos, pues todo el que recibemna cuenta debe aceptarla, rechazarla o repararla y no hacer pagos a cuenta y dejar pasar tres años sin pagar el saldo.
    “5. Resultando: que abierto a prueba el juicio, de las del actor aparecen reconocidas por el demandado las cartas' producidas con el escrito de pruebas obrantes de folios 38 al 53 de los autos, pare-cí índoles firmadas por Don Zoilo Giménez, por su orden las que por éste están suscritas, en cuyas cartas constan los pedidos que en ella se hacen de los efectos que cada una refiere, entre ellas la de 11 de marzo de 1895, que dice: ‘Me extraña, pero me extraña mucho, que no admitiesen los 1,000 pesos como saldo de los 1,275 pesos 98 centavos, pues así fue convenido con Don José. Si éste no tenía facul-tades para esta transacción, no haberla hecho. La rebaja no es tan grande, pues en esta cantidad entran 72 pies de correas y otras recla-maciones que desde hace mucho tiempo he venido haciendo, así como la reclamación de una corona que les devolví por defectos de fábrica, quiere decir, que por la transacción queda todo arreglado; ’ la de 28 de enero de 1898 que dice: ‘Dentro de pocos días enviaré alguna azúcar a la capital y daré orden a don Antonio Molina de hacerle el mayor abono posible;’ conteniendo la de 18 de enero de 1899, que la zafra comenzará en breve y para los demás particulares se servirán enten-derse con su apoderado general, el Procurador Don Rafael Arce-la cuenta de 22 de septiembre de 1900 de lo que adeuda al actor' el demandado, detallada partida por partida, desde enero 17 de-1895, en la que constan los abonos, devoluciones de efectos y reba-jas, notándose un abono de $300 en 13 de julio de 1896, otro en mayo' 21 de 1897, por $400, y otro en 26 de febrero de 1898, por $200,. siendo los pedidos posteriores a este último abono, de efectos cuyo' valor suma $76.30 y balanceada la (*) cuenta en diciembre de 1896,. arrojó un debe por $2,577.84, con abonos y rebajas, valor $670.25, pasando en diciembre de 1896 un saldo al debe por $1,907.59, que con pedidos, subió nuevamente, en 26 de febrero de.1898, a $2,288.29,, 'que deducidos $635.86, de rebajas y abonos, arroja el saldo de $1,652.43.
    “6. Result anido: que como de prueba del actor, la confesión del demandado, expresando nunca ha hecho convenio con Portilla; que para terminar y transar y no ocuparse más del asunto, ofreció a dichos señores una cantidad que ordenó pagara Don Antonio Molina, reservándose él el derecho de reclamar luego, si tenía motivo para ello; que en aquella época entendía no adeudar nada, pero necesi-taba le hiciera un trabajo la casa y para evitar pérdidas en'la hacienda creyó que 1,000 pesos no arruinaban a un hacendado y mandó pagarlos; que no puede precisar si los pagaron porque se entendía en eso su comisionista; que Don Zoilo Giménez era azucarero de su hacienda, que hoy no tiene ésta, administrándola Don Ramón Quiñones Cabezudo; que nunca ajustó que de casa de Portilla fue-ran a montar las piezas a la finca, haciendo las monturas bajo la dirección de Don Federico Brover, reconocido como ingeniero mecá-nico; que ha recibido todas las cuentas de Portilla y las entregó, bien al juzgado o al Sr. López Landrón, según cree, no pudiendo asegurar que las presentadas por el Sr. López Landrón agregadas •a los autos que se le ponen de manifiesto, sean las mismas que estuvie-ron en su poder.

      “7. Resultando: que cotejada la cuenta de lo adeudado por el demandado al actor, con los libros de éste, resulta que todas las par-tidas se encuentran debidamente anotadas en los libros diario y de cuentas corrientes, sin que exista equivocación, estando los libros sellados y legalizados; que requerido el demandado para presentar las cuentas y documentos recibidos de Portilla, manifestó se dirigie-ran a su abogado para que los presentara, y éste lo efectuó en 16 de agosto, con la producida a 23 de enero de 1895, y abarca desde el 15 de enero de 1894 y termina con un saldo a favor de Portilla de $1,249.49, siendo todas las demás producidas anteriores, desde 1888 a dicha fecha, excepción de la que empieza en 20 de diciembre de 1896 y termina en 26 de febrero de 1898, con el saldo que se cobra en esta demanda, de la que se ha hecho referencia en el resultando anterior, y en cuya cuenta aparecen los abonos y rebajas que en total suman $635.86.(*)
    “8. Resultando: que los peritos declararon que las fundiciones y establecimientos de ventas de piezas mecánicas, no responden de defectos'internos de dichas piezas, a no ser que la cláusula del con-trato les obligue a ello; que eso ocurre porque aun las piezas mejor y con todo esmero' fundidas, suelen tener defectos que no se pueden evitar ni se pueden conocer; que tampoco se obligan a garantir el resultado de la maquinaria que se venda si no hacen ellos el mon-taje, porque el descuidado e imperito produce mal funcionamiento y la rotura de la misma máquina.
    “9. Resultando: de la prueba del demandado la confesión del actor contestando que las cuentas anteriores se cerraron en 1894 con los 1,000 pesos que abonó Quiñones y del 1895 al 1899 es cuenta nue-va; que en la cuenta del 94 antes de cerrarla, se hicieron por el de-mandado reclamaciones, por lo cual se rebajó en aquella cuenta; que Quiñones Cabezudo ha reconocido la cuenta, pues están las car-tas, y siempre que recibía efectos, contestaba y que el saldo fué arre-glado con un individuo que dice el actor envió a Caguas a ese fin; requeridos Ochoa Hermanos exhibieron el asiento del libro en que consta que el 2 de octubre de 1893, dice: ‘Nicolás Quiñones. Por gastos de le. maquinaria recibida de s/c por v. Olinde Rodríguez de 5 del actual’; informe de Sobrinos de Ezquiaga de constar en los libros que D. Nicolás Quiñones Cabezudo embarcó para España en el vapor correo Alfonso XII el 15 de agosto de 1892, no pudiendo expresar en qué vapor regresó por carecer de anotaciones detalladas, por traer los vapores sólo-simples relaciones del pasaje, que no ha sido posible encontrar; declarando tres testigos que actor y deman-dado llevaban cuentas, enviando aquél efectos de maquinaria y pa-gando el otro sin plazo fijo, haciendo éste varias reclamaciones por descomposición de algunos efectos devolviendo algunas piezas, y de esto hará ocho o diez años, dice un testigo; y los otros dos, que las reclamaciones de las coronas fué ha nueve o diez años, y uno de éstos que lo de la cuenta en aquellos días, declarando otro testigos, que dice es maquinista práctico, por tanto sin título, y que lo era de la hacienda; que ha visto se han roto coronas de las fabricadas por Portilla, teniendo Quiñones que encárgalas a Inglaterra; que la rotura de las coronas ocurrió hace unos diez años y la hacienda no tenía coronas ni mazas de repuesto; que el eje de la maza a los tres días de colo-cado se corrió y tuvo Quiñones que suspender la molienda, quedando caña cortada en la plaza, echándose a perder la mayor parte; que también una bomba funcionó bien y a los ocho meses dejó de funcionar (*) y examinada resultó que las vinazas se habían .corrido, notándose que el revestimiento interior no era de bronce; que una pieza de una maza estaba desgastada y a poco de montar la enear-gada a Portilla se notó se había aflojado, teniendo que desmontarla y arreglarla y que las piezas al recibirse no se reconocían.
    “10. Resultando: qne terminadas las pruedas, los defensores de las partes alegaron lo que estimaron conveniente y al votar la sen-tencia disintió de la mayoría el Juez Asociado Don José Tous Soto.

      “Siendo Ponente en este pleito el Juez Presidente Don Juan Morera Martínez.

      “1. Considerando: que aceptando el demandado al contestar la demanda sostenía cuenta con Portilla, quien le proveía de efectos de herrería, útiles de maquinaria, accesorios y reparaciones mecánicas a cambio de abonos en efectivo, todo ello implica el reconocimiento de la cuenta por el actor presentada, y por tanto el deber de impug-nar concretamente las partidas que pudieran contener engaño o error para que sobre ellas versara la discusión y prueba en esos dos perío-dos del juicio.
    “2. Considerando: que los errores de cuentas no pueden impug-narse por medio de alegaciones vagas, sino determinando cuál es la cifra equivocada o cual es el engaño padecido, y que producidas por el actor al demandado a su debido tiempo las cuentas, fueron a ins-tancia de aquél presentadas por el defensor del demandado, quedando liquidadas y cerradas hasta 1894 inclusives, los 1,000 pesos que Quiñones abonó, según éste y el demandante han confesado en el juicio, siendo nueva por lo tanto la del 95 al 98.
    “3. Considerando: que las reclamaciones por el demandado he-chas, según sus mismos testigos, se refieren a las de 9 o 10 años antes, ajenas por lo tanto al saldo de la cuenta que se reclama y compren-didas en la transacción o convenio, por actor y demandado confe-sada, que cerró la cuenta de 1894 sin que sea apreciable, según dicha prueba y-la pericial practicada, la referente a 1896 por una maza y ajustar el eje, porque no habiéndola montado Portilla, ni mecánico alguno, y sucedido el percance a los tres días de colocada, no puede exigírsele al actor responsabilidad alguna en ese caso y los (*) demás idénticos, por no resultar de dicha prueba quepa y pueda exigírsele, dadas dichas circunstancias y consideraciones.
    “4. Considerando: que en la cuenta objeto de la demanda no sólo constan detallados todos los cargos, partida por partida, si que los abonos, devoluciones y rebajas, siendo esos abonos de 1896, 1897 y 1898, arrojando el saldo reclamando de $1,652,43 y envolviendo ese reclamo una acción por efectos vendidos y entregados y por el balance no pagado del precio de los mismos, las vagas y evasivas con-testaciones del demandado, respecto a la entrega y aceptación de los efectos vendidos, su valor razonable y la falta de pago, no son sufi-cientes para absolverle ni fundar su reconvención, mientras que las pruebas de que antes se ha hecho mérito y especialmente sus car-tas traídas a los autos que han sido identificadas, no dejan duda alguna respecto de la certeza de aquellos tres extremos esenciales, máxime estando acreditado que recibió oportunamente las cuentas detalladas, y a pesar del tiempo transcurrido, jamás impugnó espe-cíficamente sus partidas.
    “5. Considerando: que incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que se les exija judicial o extrajudicial-mente el cumplimiento de su obligación, incurriendo por mora en el pago de los intereses convenidos o en el legal.

      “Vistos los artículos 1067, 1075, 1403, 1404, 1500 y 1501 del Código Civil y 326 del Código de Comercio.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la de-manda deducida por la Sociedad Sobrinos de Portilla contra Don Nicolás Quiñones Cabezudo, y, desestimando la reconvención conde-namos al demandado pague al demandante los 1,652 pesos 43. centavos del saldo de su cuenta, o su equivalente en oro americano, con los intereses al tipo legal desde la fecha en que se le citó para con-testar la demanda y en las costas.

      “Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo prc nunciamos, mandamos y firmamos: Juan Morera Martínez, Frank H. Richmond y José Tous Soto.”

      Resultando: que notificada dicha sentencia a dicho Nicolás Quiñones Cabezudo, interpuso contra ella recurso de apela-ción, que fué admitido, ordenándose que se remitieran los autos a este tribunal, previa citación y emplazamiento de las partes por el término legal, y personadas éstas, se le (*) dió la tramitación correspondiente, habiéndose señalado día para la vista, en la que los abogados de las respectivas partes ale-garon lo conducente a sus respectivas pretensiones.
    Abogado del apelante: Sr. López Landrón.

    Abogados del apelado: Sres. Cuevülas y Texidor.

   El Juez Asociado Su. Sulzbachek,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada.

Vistas las disposiciones legales que en la misma se citan.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia qne en 4 de abril de 1903, dictó la Corte de Distrito de San Jnan, con las costas a cargo del apelante, y devuél-vanse los autos con la certificación correspondiente. ■

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez PresideNte Se. QuiñoNes,

text:
    Ex Parte Rodríguez.
    Apelación" procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 70.
    Resuelto en marzo 10, 1904.
    Dominio — Posesión para Adquirirlo. — La posesión quieta y pacífica de una finca, por parte del promovente y por espacio de cinco meses, sin comprobación de ningún otro extremo, no es suficiente para declarar acreditado a su favor el dominio de la misma.
    EXPOSICIÓN" DEL CASO.
    En los autos seguidos en el Tribunal del Distrito de San Juan a instancia de Don Miguel Rodríguez Rivera, para acre-ditar el dominio de una finca rústica, pendientes ante nos a virtud de recurso de apelación interpuesto por la represen-tación del promovente contra la sentencia dictada por el (*) referido tribunal de distrito, la que copiada a la letra dice así:
    “Puerto Rico 30 de junio de 1903. Resultando: que Don Miguel Rodríguez y Rivera presentó escrito diciendo es dueño y posee hace más de dos meses una finca- rústica en la Carolina, barrio de San Antón, de 13 cuerdas de tercera clase, colindante por el Este, con terrenos de la sucesión de Doña Josefa Ruiz; al Norte, la quebrada San Antón; al Oeste, un caño que la separa de la finca de Don Miguel Fernández y al Sur, la citada Sucesión de Doña Josefa Euiz, siendo su valor, $160; que lo adquirió por compra a Don Felipe Eeyes, según documento privado otorgado el 30 de junio de 1902, y care-ciendo de título escrito promueve información. Resultando: que admitida con citación Fiscal, de las personas de quién los bienes pro-ceden y los que tengan algún derecho real, y de los colindantes, se ordenó la convocatoria y practicadas las citaciones, declaran dos tes-tigos ser cierto adquirió de Eeyes la finca, poseyéndola quieta y pacíficamente, sin expresar tiempo de posesión del vendedor, pero sí. que hace cinco meses el promovente la adquirió de. Eeyes.

      “Considerando: que no resulta de la prueba justificación para acceder a la declaratoria de dominio que se solicita, pues la posesión de cinco meses del promovente, o sea del tiempo que la adquirió, sin otra comprobación, no basta para dar por acreditado él dominió: No ha lugar a la declaración del dominio qué se solicita. Lo acor-daron y firman los señores jueces del tribunal, de que certifico: Juan Morera Martínez, Frank H. Eichmond, José Tous Soto y Luis Mén-dez Yaz.”

      Resultando: que contra esta sentencia interpuso apelación la representación del promovente, y admitido el recurso libre-mente y en ambos efectos, se elevaron los autos a esta supe-rioridad, con citación y emplazamiento de-las partes, y que personado el apelante y sustanciado en forma el recurso, señaló día para la vista con citación de las partes, cuyo acto se celebró con asistencia del Sr. Fiscal de este Tribunal Supremo, no habiendo comparecido el abogado defensor de la parte apelante. (*)
    Abogado del apelante: Sr. Emigdio S. Ginorio.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez PresideNte Se. QuiñoNes,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y dé derecho de la sentencia apelada.

Visto el artículo 395 de la Ley Hipotecaria, la Orden Judicial de 4 de abril de 1899, y las demás disposiciones aplicables del Código Civil vigente en esta Isla.

' Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada'con las costas al apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Sulz-bacher y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. Sulzbacher,

text:
    El Pueblo v. Rodríguez.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao:
    No. 2.
    Resuelto en marzo 11, 1904.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Errores Manifiestos. — No habiendo en los autos pliego de excepciones, ni apareciendo de los mismos que se haya come-tido error alguno, la sentencia apelada deber ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. del Toro, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Sulzbacher,

emitió la siguiente opinión:

El acusado Luis Eodríguez, fué debidamente juzgado y condenado por la Corte de Distrito de Humacao, por hurto de mayor cuantía; hizo moción apelando a este tribunal. No se encuentra en los autos pliego de excepciones, ni escrito alguno, refiriéndose a error cometido por el tribunal senten-ciador. Esta Corte Suprema no encuentra error alguno, y (*) por tanto la sentencia de la Corte de Distrito de Humacao' debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Se. HeRkandez,

text:
    Tibot v. Ocasio.
    AuelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 11.
    Resuelto en marzo 14, 1904.
    Apelación — Recurso de Casación. — La ley de marzo 12, 1903, transformando la Corte de Casación en tribunal de apelación, no dió fuerza y vigor a los pre-ceptos de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil que otorgan el recurso de apelación, sino a los que fijan su tramitación, derogando los que se refieren a la sustaneiación del recurso de casación.
    Id. — El recurso de apelación sólo procede en los mismos casos en que procedía anteriormente el recurso de casación.
    Id. — El recurso de apelación no procede contra los autos dictados en los procedi-mientos para la ejecución de sentencias, a no ser que resuelvan puntos sus-tanciales no controvertidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, o que se provea en contradicción con lo ejecutoriado.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En el juicio de desahucio seguido ante el Tribunal de Dis-trito de San Juan por D. José Ramón Tibot, como albacea testamentario de D. José Antonio Fuentes, contra Andrés y Juan Ocasio, e incidente sobre nulidad de actuaciones pro-movido por los demandados, cuyo incidente pende ante nos a virtud de recurso de apelación, interpuesto por los mismos, ■contra la sentencia que lo declaró sin lugar, habiendo repre-sentado y defendido a los apelantes en esta Corte Suprema ■el Abogado Frank Antonsanti, sin que haya comparecido la parte apelada.(*)

      Resultando: que la expresada sentencia, copiada a la letra, dice así:

      “Sentencia,. En la ciudad de San Juan de Puerto Pico a 23 de noviembre de 1903. Vista esta demanda incidental de nulidad de actuaciones, establecida por Andrés y Juan Ocasio, representados al principio por el Abogado Don José C. Rodríguez Cebollero y últi-mamente por el Abogado Don Frank Antonsanti, contra Don José Ramón Tibot, representado por el Abogado Don Cruz Castro.

      “1. Resultando: que seguida demanda de desahucio de una finca rústica sita en Bayamón, por el último contra los primeros, en 9 de mayo último, se dictó sentencia por este tribunal declarando con lugar la demanda y condenando a Andrés y Juan Ocasio a que desa-lojasen la finca en el término de 20 días, apercibidos de lanzamiento si no cumplían lo mandado, condenándolos, además, en las costas del juicio.

      “2. Resultando: que consentida y firme dicha sentencia, como se declaró en provisto de 3 de junio, se ordenó en la misma providencia su cumplimiento, dando comisión al juez municipal de Bayamón para que previniese a los demandados que dentro de 20 días desalo-jaran la finca; que habiéndoles notificado ese provisto en 12 del pro-pio mes, no cumplieron lo mandado, por lo que en 7 de julio y a instancia del actor, se ordenó su lanzamiento, librándose, con ese objeto, la oportuna orden al día siguiente.
    “3. Resultando: que recibida dicha orden por el juez municipal de Bayamón, dió comisión bastante al alguacil del Juzgado, Fidel Cepero, para que asistido del secretario, efectuase, como efectuó el 13 de julio, el lanzamiento de Andrés y Juan Ocasio, en cuyo acto y a solicitud del actor, representado por su encargado o mandatario Don Ramón Nieves, retuvo para cubrir las costas, dos vacas de Juan Ocasio, que dejó depositadas en su poder, y otros animales de Andrés Ocasio, que fueron depositados en Don Manuel Barril.
    “4. Resultando: que en 18 de agosto presentó el abogado del actor Tibot, su minuta jurada de honorarios devengados en el pleito, ascendente a $75, y que a su instancia se ordenó, el 20, librar des-pacho al juez municipal de Bayamón para que requiriese a Andrés Ocasio a que en el acto satisficiese su importe y las costas causadas en dicho juzgado, para efectuar el desahucio, procediendo en otro caso, a la venta de los bienes depositados (*) en la forma que expresa el artículo 1601, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para cubrir con el importe de dicha venta las mencionadas responsabilidades.
    “5. Resultando: que librado el despacho en 4 de septiembre, en 29 del mismo mes, estableció demanda incidental el Abogado Don José C. Rodríguez Cebollero, solicitando la nulidad de todas las actua-ciones practicadas en cumplimiento de la sentencia recaída en el juicio de desahucio fundándola en los siguientes hechos: 1. Que no habiéndose dado comisión al juez municipal de Bayamón sino paras efectuar el lanzamiento de los demandados, se había extralimitado embargando bienes a éstos para el cobro de costas. 2. Que esos em-bargos no se habían becbo a solicitud de parte legítima, sino de un Don Ramón Nieves que se dijo mandatario verbal del actor, sin .que ese mandato conste acreditado. 3. Que el lanzamiento se efectuó no por el juzgado municipal al que se comisionara al efecto, sino por el alguacil y secretario delegados por el juez, que carecía de facul-tades para tal delegación. 4. En que no estando realmente jurada la minuta de sus bonorarios presentada por el Abogado Don Cruz Castro, este tribunal no pudo decretar su pago legalmente, ni el juz-gado municipal de Bayamón está autorizado para tasar las costas de unos autos de que conoce esta corte; alegando, además, como funda-mentos de derecho, que parecían pertinentes al caso, la Orden Judicial No. 134 de 31 de diciembre de 1899, en que se previene que las partes sean representadas en las cortes de distrito por abogados y en los juzgados municipales por un vecino con poder; los artículos 290, 292, 296 y 298 que se contraen a los comisionados para presentar y hacer cumplir exhortos y despachos y a los delegados que los jueces exhortados puedan nombrar para evacuar las diligencias que no pu-diesen efectuar por sí mismos.
    “6. Resultando: que admitida con lugar la demanda, se confirió traslado de ella por 6 días a Don José Ramón Tibot y Fuentes, que lo ha evacuado refutando los hechos y fundamentos de derecho ale-gados por los demandados, e invocando en su apoyo los artículos 63 de la Orden General No. 118, y 1593, 1599 y 1601 de la Ley de En-juiciamiento Civil.
    “7. Resultando: que abierto a prueba el incidente por el término de 10 días en calidad de comunes, no habiéndose promovido ninguna por las partes, habiendo renunciado el Sr. Rodríguez Cebollero su representación, y acreditado el transcurso del término de pruebas, en provisto de 16 del que cursa, se ordenó por el tribunal (*) traer los autos a la vista para sentencia, con citación de las partes, y habién-dose mostrado parte en lugar del Sr. Rodríguez Cebollero el Abo-gado Sr. Antonsanti, como representante de los Sres. Ocasio, con su citación y la del abogado de Don José R. Ribot, se ha dado cuenta con estos autos.
    “8. Resultando: que en la tramitación de este juicio se han guar-dado las reglas del procedimiento. Yisto, siendo Ponente el Juez Presidente Don Juan Morera Martínez.
    “1. Considerando: que sin necesidad de que lo solicite el actor, al ejercitar el lanzamiento, deben retenerse y constituirse en depósito, como se hizo en este caso, los bienes más realizables que se encuentren, suficientes a cubrir las costas del juicio y de las diligencias poste-riores que fueren de cargo del demandado, no existiendo, por lo tanto, extralimitación alguna en los procedimientos del juzgado mu'nicipal de Bayamón, al cumplir la orden que se le dió para el lanza-miento de los demandados.
    “2. Considerando: que la intervención en que su retención tuvo Ramón Nieves, como mandatario del actor, nada importa ni signi-fica, puesto que sin ella y por ministerio de la ley, estaba obligado el encargado de efectuar el desalojo a hacer dicha retención para el pago de las costas del juicio y diligencias posteriores; y que según el artículo 290 de la ley de trámite, las personas encargadas por las partes de presentar o gestionar el cumplimiento de un exhorto o •despacho, no están obligadas a presentar poder, ni puede exigírseles por el juez exhortado o comisionado por otro.
    “3. Considerando: que no existe disposición alguna que ordene que el juez de un juzgado municipal a quien se comisione para el lanzamiento de uno o más desahuciados, asista personalmente a esa diligencia, que queda legalmente cumplida verificándola el alguacil y el secretario por orden del juez, siendo esos funcionarios a quienes propiamente corresponde efectuar tales actos, análogos a los embar-gos y ejecuciones, según los artículos 1402 y 1440' de la Ley de En-juiciamiento Civil.
    “4. Considerando: que según el artículo 422 de la propia ley, los abogados están autorizados para regular por sí mismos en minutas detalladas y firmadas, sus honorarios, luego que sea firme la sentencia ■o auto en que se hubiere hecho la condena de costas, y que en la hipó-tesis de que los condenados al pago consideren excesivos los honora-rios que cobra el abogado Don Cruz Castro, su derecho se limita a impugnarlos por los trámites que determina el artículo 426 de dicha (*) ley, sin que eso les autorice para pretender la nulidad de las demás actuaciones practicadas en cumplimiento de la sentencia re-caída en estos autos. Vistas las disposiciones legales aplicables al •caso presente.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar la de-manda incidental de nulidad de las actuaciones practicadas en estos autos, desde el folio-43 al 53, promovida a nombre de Don Andrés y Don Juan Ocasio, a quienes se condena en las costas. Así por ■esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Juan Morera Martínez, Frank H. Richmond y José Tous Soto.”

      Resultando: que contra esa sentencia interpuso la repre-sentación de Andrés y Juan Ocasio, recurso de apelación que le fué admitido, y elevados los autos a esta Corte Suprema, previa citación y emplazamiento de las partes, de las que compareció únicamente la apelante, se dió a dicho recurso la tramitación prevenida por' la ley, habiéndose celebrado la vista sin asistencia de apelantes ni apelado.
    Abogado de los apelantes: Sr. Awbonscmti.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. HeRkandez,

después de exponer los hechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Considerando: que la ley de 12 de marzo del año próximo pasado, transformando la corte de casación en tribunal de apelación, no dió fuerza y vigor a los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que otorgan el recurso de apelación, sino únicamente a los que fijan la tramitación de dicho recurso en los antiguos juicios de mayor cuantía, con supresión del apuntamiento, como así lo estatuye en su sección 3a., dero-gando expresamente en la 2a., los trámites establecidos para la sustanciación de los recursos de casación.

Considerando: que al prescribir la mencionada ley de 12 de marzo, en su sección 4a., que en todos los casos en que la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de recursos de casación, se entenderán de apelación, reveló claramente la intención (*) del legislador de que el recurso de apelación para ante la Corte Suprema se da actualmente contra las mismas resolu-ciones que antes podían ser materia del recurso de casación, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Considerando: que esa ley establece en su artículo 1693 que no habrá lugar al recurso de casación contra los autos que se dicten en- los procedimientos para la ejecución de senten-cias, a no ser que resuelvan puntos sustanciales no controver-tidos en el pleito, ni decididos en la sentencia, o se provea en contradicción con lo ejecutoriado, y como consecuencia de la' doctrina expuesta, esa misma regla y excepciones, deben tenerse én cuenta para determinar la procedencia o improce-dencia del recurso sometido boy a la decisión de este tribunal.

Considerando: que la sentencia apelada no resuelve punto alguno sustancial de derecho, pues el incidente en que ha sido dictada versa sobre nulidad de actuaciones, bajo el funda-mento de haberse infringido reglas de procedimiento, y tam-poco provee en contradicción con lo ejecutoriado, sino que por el contrario tiende a las más pronta ejecución del fallo pronunciado en el juicio de desahucio en que se ha originado dicho incidente.

Considerando: que por las razones expuestas es inadmi-sible el recurso interpuesto, y por tanto, no cabe discutirlo y resolverlo.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no haber lugar a resolver el repurso de apelación interpuesto por Juan y Andrés Ocasio, contra la sentencia que dictó el Tribunal de Distrito de San Juan en 23 de noviembre del año próximo pasado, por la que se declaró sin lugar el incidente de nulidad de actuaciones con las costas del recurso también a cargo de los apelantes, y devuélvanse los autos al referido tribunal con certificación de esta resolución a los fines procedentes.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Pigueras, .Sulzbacher y MacLeary.(*)


author: El Juez Pbesidente Se. Quiñones,

text:
    Moret v. Vázquez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 108.
    Resuelto en marzo 15, 1904.
    Divorcio — Abandono.'—El abandono de un cónyuge por el otro supone permanente separación de tálamo y habitación por voluntad del último y denegación por parte del mismo de los auxilios debidos al otro cónyuge.
    Id. — Deberes de la Mujer. — La mujer está obligada a seguir al marido donde-quiera que fije su residencia, y se entenderá que deja de seguirlo voluntaria-mente, si no constare que hay algún motivo que le impide haeerlo así.

      Id. — La voluntad firme y decidida de uno de los cónyuges, de no convivir con el otro cónyuge cumpliendo los defieres que como tal le imponen la ley natural y la civil, sostenida esa voluntad por más de un año, constituye el abandono que como causa de divorcio señala el artículo 164 del Código Civil.
    Apelación — Pruebas—Indefensión.—No puede alegar indefensión la parte que fiaya tenido toda clase de oportunidades para presentar cuanta prueba esti-mara procedente, y que en el acto del juicio oral no baya protestado o recla-mado contra las infracciones que estimara cometidas en el orden del procedi-miento, por lo que debiendo estimarse consentidas, no podrían servir de fundamento para pedir la revocación de la sentencia.
    Id. — Declaraciones testificales tomadas a espaldas de la parte contraria y no pro-puestas oportunamente en el juicio, y ofrecidas en la segunda instancia, des-pués de estar citadas las partes para sentencia, no son admisibles.
    EXPOSICIÓN DEL CASO.
    En los autos del juicio declarativo seguido en el Tribunal de Distrito de San Juan, entre partes, de la una Don Simón Moret y Muñoz, como demandante, representado y dirigido por su abogado D. Juan Hernández López, y de la otra, como demandada, Doña Enriqueta Vázquez, representada primera-mente, por los abogados D. José Hernández Usera y D. Ramón Falcón, y en el acto del juicio, por D. José de Jesús Tizol, so-bre divorcio; autos pendientes ante nos en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación de la deman-dada contra la sentencia pronunciada por el expresado tribunal de distrito, que transcrita literalmente dice así:

      “Sentencia. En la ciudad de San Juan de Puerto Rico a 24 de julio de 1903. Visto en juicio oral este (*) pleito de nulidad de matrimonio civil y subsidiariamente de divorcio, seguido entre par-tes, de la una, como demandante, Don Simón Moret Muñoz, vecino de Cayey, médico, defendido por el Letrado D. Juan Hernández López; de otra, como demandada Doña Enriqueta Vázquez, vecina de New York, de profesión doméstica, defendida en el acto del juicio por el Abogado Don José de Jesús Tizol, y de otra el- Honorable Fiscal del distrito.
    “1. Resultando: que el Sr. Moret formuló demanda en 5 de sep-tiembre de 1902, contra su consorte Doña Enriqueta Vázquez, ale-gando como hechos: que ambos cónyuges contrajeron matrimonio civil en la ciudad de New York el 9 de julio de 1898, según docu-mentó que acompañó; que el esposo no pudo consumar su matri-monio por no prestarse a ello la esposa; que ésta se marchó a vivir sola y por su propia cuenta, rehuyendo la vida matrimonial sin que se aviniera a volver al hogar del marido a pesar de las gestiones que éste practicó por sí y por mediación de su señor padre, llegando la esposa hasta el extremo de no permitirle pasar a sus habitaciones particulares en la casa en que vivía; que al regresar el demandante a Puerto Rico, por razón de su cargo como médico militar, buscó inútilmente a su esposa para requerirla a que le acompañase a su nuevo domicilio, buscándola de nuevo en un viaje que hizo a New York, en esta ciudad sin lograr hallarla; que envió con una carta un giro a su esposa desde Puerto Rico, siendo devueltas ambas cosas a la señora madre del actor, y finalmente, que el abandono tuvo lugar en el año 1898, y hace mucho más de un año que el Sr. Moret se encuentra en Puerto Rico prestando sus servicios como médico militar, sin que su esposa, a pesar de ser puertorriqueña, haya que-rido venir a vivir en su compañía; consignando como fundamentos de derecho que la nulidad del matrimonio tiene lugar por impoten-cia relativa para la procreación, anterior al matrimonio, y que de estimarse tal nulidad, debería apreciarse que la negativa de la mujer a consumar el matrimonio, es gravemente injuriosa para el marido, existiendo, además, el abandono, o sea dos motivos de divorcio; y final-mente que debía condenarse a la demandada en costas.

      “2. Resultando: que conferido traslado de la demanda a la de-mandada, se personó a su nombre y la contestó el Abogado Don José Hernández Usera, negando todos los hechos de la demanda, excepto el relativo al matrimonio de los cónyuges, estableciendo, además: que el marido fué el que abandonó a su mujer desde julio de 1899, viniendo a esta Isla sin hacer a su esposa la más pequeña indicación (*) de que le acompañara ni darle conocimiento de su partida, dejando de facilitarle recursos para su sostenimiento, ale-gando como fundamentos de derechos los artículos 131, número 5, 164, número 6 y 165, del Código Civil y el principio de que el cónyuge culpable no puede pedir el divorcio.
    “3. Resultando: que el actor propuso prueba de documentos pú-blicos y privados y testifical, y la demandada de confesión testifical y de documentos privados en el acto de la comparecencia para pro-posición de pruebas, y en el acto del juicio oral, propuso el actor tres actas notariales y la demandada una carta suscrita por el Sr. Moret,. siendo ambas pruebas admitidas.

      “4. Resultando: de la prueba del actor que se unió a los autos la partida de nacimiento de la demandada, de la que aparece que nació el día 24 de. enero de 1872; y que el capitán del Regimiento de. Puerto Rico, Mr. Owal P. Townsliend, certificó que el actor se en-cuentra prestando sus servicios en Cayey como cirujano ayudante del Regimiento Provisional de Infantería de Puerto Rico desde el 2i de julio de 1901.
    “5. Resultando: de la prueba de dicbo actor que Mr. George A. C. Barnett, abogado, declaró que tuvo una entrevista con la Sra. Yáz-quez de Moret hacia el mes de noviembre de 1899, por encargo de su marido con el fin de persuadirla a que fuera a vivir con éste, mani-festándole ella su intención de .jamás vivir otra vez con su esposo; que Doña Francisca Roncero manifiesta que hace tres años, poco más o menos, época en que ya estaban separados los esposos Moret, la comisionó el Dr. Moret para que se avistara con su esposa y le pre-guntara si había recibido varias cartas de él, comisión que no pudo cumplir por no encontrar a la Sra. Vázquez; que Don José J. Alonso, amigo íntimo del Dr. Moret, manifestó que pagaba a la Sra. Váz-quez por encargo del Dr. Moret una suma semanal que enviaba a dicha señora por conducto de un tío de ella; que estuvo dos veces en la casa de la Sra. Vázquez en New York, la primera vez se le in-formó que dicha señora no estaba en la casa y la segunda pasó aviso a esta señora del objeto de su visita que era persuadirla a que volviera a vivir con su marido, negándose a recibirlo.
    “6. Resultando: de la prueba del mismo actor que en el acto del juicio fueron presentadas y admitidas, de acuerdo con el artículo 505, No. 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, tres actas notariales de fecha 25 de abril de 1903, una en la que consta que requerida la. Sra. Vázquez por el Notario D. Rafael López Landrón a instancias (*) de Don Simón Moret para que' se aviniera a cumplir sus obligaciones de mujer casada, trasladándose al domicilio de su marido en Cayey, manifestó que su abogado, Mr. F. Dexter, tenía poder amplio para contestar sobre este asunto como si fuera ella en persona y las otras dos de requerimiento a los abogados Mr. F. H. Dexter y Don J. Her-" nández Usera, como representantes de la Sra. Vázquez, habiendo manifestado el primero que esta señora le había hablado sobre el asunto a que se refería el requerimiento, pero se había abstenido de-dar su opinión por haberle dicho ella misma que su abogado era el Sr. Hernández Usera; y el segundo que acababa de renunciar la re-presentación de la demandada.

      : “7. Resultando: de la prueba del actor que éste declaró como 'testigo que se casó con Doña Enriqueta Vázquez en New York en '1898, teniendo 18 años y siendo estudiante de medicina, y su esposa de 21 a 23 años; que poco después se fué a la guerra de Cuba re-gresando en 1899 a New York, viviendo en compañía de su esposa, comenzando entonces los disgustos matrimoniales; que se colocó en una farmacia en donde ganaba 8 pesos mensuales de los que daba 6 a su esposa; que ésta se ausentó de New York sin noticiarle su mar-cha, no obstante lo .cual le pasaba una pensión semanal; que pudo averiguar su paradero y fué a verla, negándose ella a recibirlo y teniendo que romper la puerta de su habitación promoviendo el con-siguiente escándalo; que le envió al abogado Mr. Barnett y a Don Pedro Salazar para persuadirla de que se uniera a él, sin resultado; que él mismo en persona estuvo en unión de Don Pedro Guerrero en la calle 114, piso tercero, en New York, requiriendo a su esposa para que le acompañara a Puerto Pico, negándose a ello; y que al regre-sar su esposa a Puerto Rico con motivo de este pleito, le envió varios amigos insistiendo en hacer vida común con ella, negándose de nuevo; que el testigo Benigno Quevedo declaró que por encargo de Moret trató de ver a la Sr. Vázquez para persuadirla de que se uniera con su marido sin que pudiera verla personalmente, pero sí escribirle sin obtener respuesta; que el testigo Salvador Gallart depuso que vió a Moret depositar en el correo una carta certificada para su esposa con-teniendo un giro de 50 pesos; que el testigo Julio Ramos, adminis-trador de correos de Cayey, manifestó: que el 21 de abril de 1902 certificó Moret la carta referida, conteniendo un cheque de 50 pesos; y que el testigo Pedro Guerrero manifestó: que en marzo de 1902 acompañó al Sr. Moret, médico entonces del vapor Philadelphia, a un tercer piso de la calle 114, en donde habitaba (*) la Sra. Váz-quez, invitándola él a que la acompañara a Puerto Rico y negán-dose ella.
    “8. Resultando: de la prueba del actor que se unieron a los autos dos cartas dirigidas al Dr. Moret por su esposa, y por ella reconocidas, la una sin fecha y la otra incompleta, sin tener relación su contenido con el presente pleito por lo que no se consigna el con-tenido de ambas.
    “9. Resultando: de la prueba de la demandada que se unió a los autos una comunicación del Coronel Buchanan, manifestando que el Sr. Moret entró a ejercer su cargo en 22 de junio de 1901.
    “10. Resultando: de la prueba de la demandada que se trajeron a este pleito y reconocieron por el actor tres cartas por él-dirigidas a su señor padre, Don Simón Moret, Ponee, fechada en New York, diciembre 5 de 1899, otra dirigida a Mr. William de Rivera, New York City, fechada en la misma ciudad en 19 de diciembre de 1899, y la tercera dirigida a Mrs. Parcy Walling, city, fechada en New York en diciembre 26 de 1899, en la primera de las cuales él actor acusa recibo a su padre de la suma de 40 pesos, y le pide que no le abandone ni a él ni a su esposa; la segunda en que manifiesta hallarse satisfecho de que su señora esté al lado del Sr. Rivera y propone a éste un arreglo para que no tenga que sufragar los gastos de su es-posa, y la tercera en que pide la Sra. Walling una cuenta de los gas-tos hechos por su esposa desde el 9 de julio de 1898 hasta el 14 de marzo de 1899, excusándose de no haberlo hecho antes por su escasez de recursos.
    “11. Resultando: que asimismo reconoció el actor una carta diri-gida por él a su consorte, fechada en New York a 30 de mayo de 1899, en la que expresa haberse ido de su lado por causa de su her-mana Consuelo, pero que no la ha abandonado; que desde el siguiente día comenzará a trabajar según le prometió y le enviará su semanal el sábado, rogándole encarecidamente que lo acepte, manifestando el propósito de continuar en septiembre sus estudios y graduarse para volver a su esposa como hombre honrado.
    “12. Resultando: que efectuado el juicio oral de este pleito a puerta cerrada, por la índole del mismo, informaron los abogados de ■las partes lo atinente a su derecho, desistiendo el actor de su acción de nulidad de matrimonio y de su alegación de injurias graves como causa de divorcio, asistiendo al acto el demandante y la demandada sin que concurriera el Ministerio Fiscal, citado al efecto, que tampoco contestó la demanda de que se le dió traslado. (*)
    “13. Resultando: que con citación de las partes y en pública audiencia se pronunció unánimemente sentencia en esta causa civil.
    “14. Resultando: que en la tramitación de este juicio se han observado las formalidades legales.
    “Siendo Ponente el Juez Asociado Don José Tous Soto.
    “1. Considerando: que por el desistimiento de la parte actora no hay que hacer mérito de sus alegaciones de nulidad de matrimonio y •divorcio fundado en injurias graves, limitándose el debate a resolver si la mujer abandonó al marido, habiendo transcurrido más de un año desde este hecho hasta la fecha de la interposición de la demanda o por el contrario, la esposa fué abandonada por el marido.

      “2. Considerando: que las cuatro cartas ofrecidas por la deman-dada como prueba, no revelan que fuera abandonada por su marido, pues la de mayo, 1899, a ella dirigida por este último demuestra solamente una separación momentánea de los cónyuges producida por determinados motivos, pero nó el abandono de la mujer por el marido, que supone permanente separación de tálamo y habitación por volun-tad del marido y denegación de parte del mismo de los auxilios de-bidos a su mujer; demostrando por el contrario tal carta el propósito del marido de auxiliar a su mujer con el producto de su trabajo personal, y de volverse a unir con ella terminado que hubiera su carrera y en cuanto a las cartas dirigidas a la Sra. Walling y al Sr. Rivera, demuestran que la Sra. Vázquez de Moret vivió en compañía y a expensas de la primera desde el 9 de julio de 1898 hasta el 14 ■ de marzo de 1899, y en compañía y a expensas del segundo, un tiempo que no puede precisarse, hacia el mes de octubre de 1899, fecha posterior a la del supuesto abandono; pero también demuestran que Moret tenía en diciembre de 1899, mes en que ambas cartas se escri-bieron, el propósito de satisfacer los gastos causados por su esposa en las respectivas casas dirigiéndose a la Sra. Walling y Sr. Rivera, ofreciendo formalmente solventar los desembolsos que les hubiera ocasionado su consorte, y respecto a la carta del Dr. Moret, dirigida a su señor padre, ella es la demostración más elocuente de que la Sra. Vázquez no fue abandonada por su esposo en mayo de 1899, o en todo caso que éste fué momentáneo, volviendo a unirse ambos después, puesto que en diciembre del mismo año, según del contexto de dicha carta, firmada Enriqueta y Simón, se deduce, el marido se preocu-paba de la suerte de su consorte tanto como de la suya propia, lla-mando a esta ‘hija de su padre’ y ‘mi pobre Enriqueta’ circunstan-cias (*) todas que no se compadecen con el pretendido abandono de la mujer por el marido.
    “3. Considerando: que es un hecho demostrado, así por la prueba de la demandada (informe del Coronel Buchanan) como de la del actor (informe del Capitán Townshend) que en julio de 1901 el Dr. Moret empezó a servir en Cayey su empleo de cirujano ayudante del Regimiento de Puerto Rico, y debiendo la mujer seguir al marido donde quiera que fije se residencia y no constando motivo alguno que hubiera impedido a la Sra. Vázquez de Moret reunirse con su esposo, debe deducirse lógicamente que no quiso seguir a éste cuando tras-ladó su residencia a Puerto Rico, país natal de ambos, al cual re-gresó el esposo para ocupar el puesto de médico militar que actuál-mente ocupa, manifestándose la voluntad firme y constante de la esposa de no bacer vida común con su consorte desde fines del año 1899 en que, según manifiesta el abogado Sr. Barnett, se negó a volver de nuevo al bogar conyugal, después en marzo de 1902, al ser requerida al afecto por su marido, según declaración del testigo Guerrero, y finalmente evadiendo la respuesta al requerimiento notarial que con el expresado fin le bizo el actor, ya comenzado este litigio, con el propósito de ponerle término con una franca reconciliación.
    “4. Considerando: que la expresada firme y decidida voluntad de la demandada de no convivir con su marido cumpliendo los debe-res que como esposa le imponen de consuno la ley natural y la ley civil persistiendo en ella por más de un año, constituye el ‘abandono’ que señala el número 5 del artículo 164 del Código Civil Bevisado, como causa de divorcio.
    “5. Considerando: que no desestimándose en absoluto las preten-siones de ninguna de las partes, el tribunal debe proceder en la im-posición de costas con arreglo a equidad.
    “Yistos los artículos 164 y 178, No. 5, del Código Civil, y los de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Orden General 118, serie de 1899.

      “Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar esta demandada de divorcio, y en su consecuencia disuelto en absoluto el matrimonio civil contraído por el Sr. Don Simón Moret Muñoz con la Sra. Doña Enriqueta Yázquez en la ciudad de New York el día 9 de julio de 1898, quedando en libertad ambos cónyuges para con-traer nuevo enlace matrimonial, con los demás efectos legales consi-guientes al divorcio, sin especial condenación (*) de costas. Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan Morera Martínez, Frank H. Kicbmond y José Tons Soto.”

      Resultando: que notificada dicha sentencia a Doña Enri-queta Vázquez, interpuso contra ella recurso de apelación, que le fue admitido, ordenándose que se remitieran los autos a este tribunal, previa citación y emplazamiento de las partes, y personadas éstas, se dió al recurso la tramitación corres-pondiente, habiéndose señalado día para la vista, en la que los abogados de las respectivas partes y el Sr. Fiscal, que impugnó el recurso, alegaron lo conducente a sus respectivas pretensiones.
    Abogado del apelante: Sr. Savage.

    Abogado del apelado: Sr. Hernández López.

    Abogado del Pueblo: Sr. del Toro, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Se. Quiñones,

después de exponer los Pechos anteriores, emitió la opinión del tribunal.

Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia apelada, y

Considerando, además, que no son de estimarse las pro-testas de indefensión, alegadas en el acto de la vista por el abogado defensor de la apelante, pues no habiéndose coar-tado, ni limitado en manera alguna a esta parte, sus legítimos medios de defensa, antes al contrario, habiéndosele admitido todas las pruebas que propuso y que estimó pertinentes a su derecho, y habiéndosele concedido tiempo más que suficiente para evacuarlas, incluso los interrogatorios de repreguntas para los testigos de la prueba contraria, si realmente hubiera tenido algún interés en formularlos, no se justifican bajo nin-gún concepto las protestas de indefensión aludidas, máxime, cuando no habiéndolas consignado en el acto del juicio oral, ni establecido reclamación alguna para que se subsanaran las infracciones que se suponen Cometidas en el orden del proce-dimiento, deberían estimarse consentidas en todo caso, y no podrían servir de fundamento para pedir la nulidad de la sen-tencia apelada. (*)

Considerando, en cuanto a las declaraciones testificales que presentó el abogado defensor de la parte apelante, con su escrito de 19 de enero último, y le fueron devueltas por pro-videncia del siguiente día, y en cuya agregación a los autos ha insistido en el acto de la vista, que tanto por el estado en que se encontraban estos autos cuando fué presentado dicho escrito, estando ya citadas las partes para sentencia, cuanto por tratarse, no de una prueba de documentos, sino de una pruebá- de testigos, que no fué propuesta oportunamente en el jiiicio, y que a mayor abundamiento se ba recibido- sin citación y, por consiguiente, a espaldas de la parte contraria, no es de admitirse, por no estar comprendida en ninguno de los casos en que procede el recibimiento a prueba, en la se-gunda instancia, con arreglo al artículo 801 dé la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistas las disposiciones legales citadas.

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sen-tencia apelada con las costas a la apelante.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras y Mae-' Leary.

El Juez Asociado Sr. Sulzbacber no formó tribunal en la vista de este caso.