text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Krenly Olivencia y Fernando Olivencia, acusados y apelantes.
    Núm. 7480.

    Sometido: Marzo 21, 1939.

      Resuelto: Mayo 31, 1939.

      Amador Ramírez Silva y Pedro Baiges Gómez, abogados de los ape-lantes; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La acusación formulada por el fiscal del distrito en este caso lo fué por un delito de asesinato en primer grado. En lo pertinente, lee así:

“Los referidos acusados, Krenly Olivencia y Fernando Olivencia allá en la noche del día 30 de noviembre de 1936 para amanecer el día í de diciembre 1936, en Mayagüez, P. R., que forma parte del Distrito Judicial dél mismo nombre, de una manera ilegal, y volun-taria, con malicia premeditada, expresa y tácita y con el firme y deliberado propósito de matar y en ocasión de intentarse robo y demostrando tener un corazón pervertido y maligno, dieron muerte ilegal, al ser Rumano Claudio Vientos Hernández también conocido por Claudio Hernández, al cual lo acometieron y agredieron con una pieza de madera a saber: un balaustre de madera del país que es un instrumento contundente, infiriéndole una Rerida de carácter grave en la cabeza y a consecuencia de dicRa Rerida recibida, fa-lleció el mencionado Claudio Vientos Hernández c/p Claudio Her-nández en la madrugada del día 1 de diciembre de 1936 allí y en-tonces, y que tal Rerida fué inferida por los acusados Krenly Oli-vencia y Fernando Olivencia actuando juntos al Roy interfecto Claudio Vientos Hernández c/p Claudio Hernández, con la intención de matarlo.”

Radicada dicha acusación en marzo 9, 1937, se le leyó a los acusados el 18 del mismo mes, entregándoseles copia y concediéndoseles cinco días para contestarla, al cabo de los cuales comparecieron por su abogado e hicieron la alegación de no culpables solicitando juicio por jurado.

El 14 de junio siguiente comenzó a celebrarse el juicio que continuó el quince, el diez y seis, el diez y siete y terminó el diez y ocho, rindiendo el jurado su veredicto declarando a ambos acusados culpables de asesinato en segundo grado, solicitando clemencia del juez al imponer la pena.

Fijado el 23 de junio, 1937, para el pronunciamiento de la sentencia, se suspendió el acto a petición de los acusados concediéndoseles hasta el treinta para presentar una moción de nuevo juicio, término que fué luego extendido a ruego de los mismos.

El 15 de julio .siguiente quedó radicada la moción. Se opuso el fiscal por escrito. Se oyó a ambas partes el cinco de agosto y el seis la corte la declaró sin lugar, dictando sentencia el' dos de septiembre imponiendo a cada uno de los convictos la pena de veinte años de presidio con trabajos forzados.

El propio dos de septiembre de 1937 Krenly y Fernando Olivencia apelaron para ante este tribunal de la orden negando el nuevo juicio y de la sentencia, quedando radica-dos finalmente los autos en la secretaría de este tribunal en noviembre 29, 1938. En enero 9, 1939, archivaron su alegato los apelantes y en marzo 18 siguiente su informe el fiscal. La vista del recurso se celebró el veinte y uno de marzo último.

Trece errores se señalan como cometidos por la corte, en relación con la práctica de la evidencia los once prime-ros. Por el doce se sostiene que erró la corte al apreciar la prueba y por el trece que erró al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio.

Tras un estudio cuidadoso de los autos parece con-veniente comenzar por exponer la prueba a los efectos de resolver el duodécimo de los errores señalados y entonces entrar en la consideración de los primeros once errores cuya resolución lleva consigo la del décimotercero porque para solicitar el nuevo juicio se adujeron los mismos fundamentos' que abora se aducen para pedir la revocación de la sentencia.

El primer documento que presentó El Pueblo por su fiscal fué la certificación de inscripción de la muerte de Claudio Hernández, soltero, de treinta y ocho años de edad, natural de San Sebastián, residente en la calle Tamarindo esquina a la de San Ignacio, de Mayagüez, fallecido en clicba ciudad en diciembre 1, 1936, a consecuencia de hemorragia cerebral.

Seguidamente declaró el Doctor Pedro Perea Fajardo, médico-cirujano que practicó la autopsia del cadáver. Ob-servó primero la masa encefálica y el pelo envueltos en san-gre. Luego examinó las heridas. Presentaba dos contusas en la región occipital y una en la parietal. Levantó el cuero cabelludo y encontró que el hueso occipital estaba dividido en ocho o diez heridas y el parietal fracturado hacia la base del cráneo. Hubo gran hemorragia por la boca y la nariz. La causa directa de la muerte fué la hemorragia producida por la lesión cerebral.

Llamado a la silla de testigos Andrés A. Yélez, policía insular, refirió que en la noche del treinta de noviembre a amanecer el primero de diciembre se encontraba en el cuartel durmiendo cuando fue llamado por el retén, y como conse-cuencia “saqué la ‘Police Patrol’ y me dirigí al barrio de la Salud de Mayagüez, calle ‘Jagüita’ esquina a ‘San Ignacio’ y encontré a Claudio Vientos Hernández conocido por Claudio Hernández boca abajo en un charco de sangre con una herida en la cabeza.... como a cinco pies de distancia encontré un balaustre de madera hendido por la mitad lleno de sangre y con un mechón de pelo pegado. Le - pegué la ‘Patrol’ para alumbrarlo y tenía el bolsillo trasero derecho vuelto al revés, y el izquierdo un poco sacado. Entonces llamé al guardia de la ‘Salud’ y vine donde el fiscal, le expli-qué lo sucedido y él me ordenó que lo trasladara a la capilla del cementerio. Antes de llevarlo a la capilla tenía ciento sesenta y cuatro pesos y le encontré un peñuelo blanco con unas rayas verdes ensangrentado unas gafas, una peinilla y una pluma fuente. . . . En el bolsillo del gabán de adentro. También le encontré una libreta ensangrentada. ...”

Se le presentan los objetos a que se refiere en su declara-ción y los reconoce como los mismos que ocupara y entregara al fiscal. Este los introduce en evidencia y quedan admitidos por la corte, sin objeción.

Acreditado de tal modo el cuerpo del delito, continúa El Pueblo por su fiscal introduciendo su evidencia en relación con los autores del crimen.’

Matildo Colón Rivera dijo que regresando la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 1936 de “un velorio de un cumpleaños en casa de un hermano”, que se celebraba en el barrio de Juan Alonso de Mayagüez, como a la una y pico, vió en la entrada de la calle San Ignacio esquina a la de Jagüita dos jóvenes parados. Conoció a uno de ellos, Krenly Olivencia, el acusado, que estaba vestido de blanco. El otro joven “era bastante grueso y no muy alto. Trigueño.” Tenía “una camisa cardenal o bien sea color, vino.”

Siguió el testigo caminando y al llegar “a la esquina de la calle San Ignacio (en) que está el almacén de Juan Mari, encontramos a Claudio Vientos Hernández”, saludándolo. Preguntado “¿Hacia dónde iba Claudio Vientos?” contestó: “Eli se acercaba a los muchachos éstos.”

La testigo Ana Luisa Torres Pratts que era otra de las personas que con Colón Rivera regresaba a la ciudad del velorio, corrobora la declaración de Rivera.

Hilergio del Toro fué el siguiente testigo. Dijo que pasó por Mayagüez solo en un automóvil la noche del suceso. Iba por el barrio de la Salud y “al llegar por la calle de la residencia del doctor Guzmán yo sentí como caer un palo, a la izquierda, y entonces miré y entonces vi como el brillo de un palo, como cuando un policía tira un palo al suelo, y entonces miré hacia la izquierda y vi como a 30 ó 35 pies que una persona corría hacia un lado y otra hacia otro lado, y a una persona que trataba como de levantarse del suelo y yo seguí para acá y seguí viaje para Cabo Rojo.”

Uno de los que corría estaba vestido de blanco o crudo, no pudo fijarse bien, el otro en cuerpo de camisa. Según sus cálculos sería como la una o una y cuarto.

Llamado Carlos Ayala Pagán declaró que se encontraba esa noche en el “Club Mayagüezano”. Allí estuvo como hasta la una más o menos. A esa hora se dirigía hacia la casa de un vecino por la Salud. Subió por la calle San Rafael y llegó a la del Tamarindo o Jagüita, esquina a San Ignacio y al pasar sintió que hablaban, se fijó y “a la esquina, a la derecha”, vió tres personas. ‘Uno de los que estaban allí era delgado, grueso (sic), bajito, vestido de brown oscuro”; otro “era trigueño, más alto y más delgado”, vestido, de camisa a rayas, y “el otro miraba así al frente de los dos que estaban para allá y daban la espalda por donde yo tenía que pasar; ése era blanco, alto, delgado,” vestido de blanco,, se le pareció a Krenly Olivencia por el traje que vestía y por la barbilla del lado derecho de la cara. Cuando salió del Club y se dirigía hacia la calle de Jagüita se encontró con Matildo Colón Rivera.

Octavio Torres que trabajaba en el café-restanrant “La Greca” y que dijo conocer a los acusados, declaró que vio a éstos en el café entre siete y ocbo de la noche del treinta de noviembre de 1936. Krenly le pidió una cuarta de ron, le dió diez centavos y le dijo que le abonaría luego los cinco que faltaban. Volvió como a las dos y media de la madru-gada acompañado de Fernando y Felipe Olivencia. Se sen-taron en una mesa y pidieron de comer. Pagó Krenly con un billete de cinco pesos que el testigo llevó a la caja para cambiarlo, cobrar y darle la vuelta.

Llamado el dueño de “La Greca” Miguel Angel Díaz manifestó que recogió el dinero, lo envolvió en un papel y mamó el paquete “Diario del lunes y martes de ‘La Greca’.” El dinero estuvo en su poder basta la tarde del miércoles en ■que lo depositó en el “Boyal”. Antes sacó del paquete y entregó a un policía cuatro billetes de cinco pesos.

Volvió a declarar Andrés A. Vélez y dijo que el 4 de diciembre de 1936 “estando yo en la fiscalía como a las doce y cuarto más o menos, estaba declarando el testigo Torres y fui ordenado por el fiscal de trasladarme al establecimiento ‘La Greca’ a ocupar los billetes de cinco pesos que hubiera en la registradora y entre los diarios de lunes y martes que hubiera. Al llegar a La Greca le pregunté que si había depo-sitado el dinero de esa semana. . . . Entonces Miguel Angel Díaz me entregó la llavecita del cofre, y yo mismo abrí el cofre. . . . Un cofrecito de lata, cuadrado, cerrado y saqué varios paquetes que había dentro de él, que cada paquete estaba marcado y saqué el paquete que tenía escrito ‘Lunes y martes — Noche’. Entonces lo abrimos y había cuatro bille-tes de a cinco pesos. . . . Los ocupé y di un recibo por ellos a Miguel Ángel Díaz. . '. . Vine a fiscalía y delante del fiscal los marqué ‘A. V. I. P.’ y los metí en un sobre entregán-doselos al fiscal.”

Preguntado ‘ ‘ ¿ Cuál es el número de serie de los cuatro billetes?”, contesto, consultando una nota que dijo que tomó al entregarlos al fiscal, “El primero ‘D25092567A’; el se-guindo ‘V61472923A’; el tercero, ■C39523676A’, y el cuarto ‘ClLáSlOOóA’.”

Preguntado si cuando ocupó los billetes notó alg’o de particular en ellos contestó: “Sí señor, uno de ellos estaba man-chado con una manchita roja en una esquina.”

Ofreció el -fiscal en evidencia los billetes y la corte los admitió con la oposición de la defensa.

Procedió entonces la acusación a identificar por medio del testigo la ropa del interfecto y una vez identificada la ofreció en evidencia. Pué también admitida con la objeción de la defensa.

Llamó el fiscal al perito Rafael del Valle Sárraga, químico bacteriólogo, director del Laboratorio del Departamento de Sanidad Insular. Su declaración es larga y detallada. Refi-riéndose al pañuelo y a los billetes ocupados y sometidos a su examen, se expresó, en parte, como sigue:

“Pues bien, el pañuelo estaba manchado. Cuando se le entregó al perito ese pañuelo no se sabía de qué naturaleza era esa mancha. El perito tuvo entonces que realizar un trabajo químico, físico y ' biológico para con esos tres datos llegar a alguna conclusión. Pro-cedí en primer término al examen físico por medio del espectroscopio y con la aislación- de partes espectrales Regué a la conclusión de • que en esa 'manchita existía hemoglobina. Procedí al examen quí- . mico y por los procesos ordinarios identifiqué la sueroalbúmina, la ■ globulina y la pequeña cantidad de azúcar que existe ■ en la sangre normal; sometí entonces la mancha del pañuelo a un examen mi-croscópico y a través de ese examen identifiqué la presencia de gló-bulos rojos y de glóbulos blancos. Con esos datos ya el perito podía asegurar que esa mancha era de sangre, pero todavía no podía apre-ciar si esa sangre era humana o procedente de algún animal. Re-currí entonces a los métodos biológicos. El método biológico con-siste en someter -un lavado de la mancha sospechosa a la acción de - ciertos sueros que son específicos. Por medio de esos sueros, el suero antihumano conseguí reacciones características e incontrasta-bles de que la sangre del pañuelo era sangre humana. La proce-dencia o el origen en una mancha de sangre humana .es inconfundi- • ble con la de ningún otro animal excepto aquéllos que zoológicamente están relacionados con la especie humana como es el mono ... sla sangre-del 'pañuelo, no había duda álguna ante el perito que in-vestigó, que pudiera ser ésa sangre de un mono.... Ese examen se practicó también en la que aparece en el billete de cinco dólares marcado ‘C11481006A’ y utilizando los procedimientos que ya ba .descrito el perito, llegué a la conclusión de que la mancha de ese billete era de sangre humana.
“La última fase de la investigación, que por cierto fue la más difícil, consistió en establecer la analogía entre la mancha de sangre que aparecía en el billete con las que aparecían en el pañuelo. Y como ése es un procedimiento que explicándolo a viva voz quizás la Corte no podría darse exacta cuenta del fundamento científico y del procedimiento, por eso solicité permiso de la Corte para expli-carlo por escrito en una pizarra. De modo que se sienta en el si-guiente principio biológico: (El perito ilustra por medio de un dia-grama en la pizarra que se le facilitara.) Como todos los individuos de la raza humana tienen en los glóbulos de .su sangre glutoninas del tipo ‘A’ o del tipo ‘B’, de cualquiera de esos dos tipos, se designan por dos letras, pero hay que señalarlos de alguna forma al explicar el método. El suero de toda sangre, de cualquier individuo de la raza humana, en el suero, en los glóbulos tiene glutonina del grupo ‘a’ minúscula y ‘b’ minúscula, ‘A’ mayúscula y ‘B’ mayúscula. Esta es la otra base que se sienta en este sistema de identificación de sangre de un individuo con la de otro.
‘ ‘ Segundo fundamento: En un mismo individuo no puede existir conjuntamente la glutonina ‘A’ mayúscula y la glutonina ‘a’ mi-núscula porque si la glutonina de la ‘a’ minúscula se confunde con la ‘A’ mayúscula entonces esa sangre formaría una masa compacta y entonces sobrevendría la muerte de un individuo por necesidad. Fundándonos en este principio, cuando un individuo por esas re-acciones se sabe que tiene la glutonina ‘A’, se dice que pertenece al grupo ‘A’, cuando tiene la glutonina ‘B’ se dice que pertenece al grupo ‘B’ y cuando tiene las dos al grupo ‘A’ y ‘B’; y cuando no tiene ninguna de las dos entonces pertenece al grupo CERO. Quiere decir, que en la raza humana no se puede encontrar un solo indi-viduo que carezca de alguna de esas características en esa clasifica-ción. Ahora vamos a ver en qué podemos utilizar eso en las inves-tigaciones criminales .... pero antes de llegar a eso vamos a enun-ciar el tercer fundamento y es que esa característica es inmutable en el individuo a tal extremo que el que nace en el grupo ‘A', ni el clima, ni los hábitos, ni la alimentación, ni nada le hace cambiar del grupo ‘A’ al grupo ‘B’ o del grupo ‘A y B’ al grupo ‘C’, y ese individuo dondequiera que va, va dejando rastro de su característica. El individuo del grupo ‘A’ que tiene las características ‘A’ si deja tm rastro de sangre en una tela o ante la superficie de un cuerpo sólido y después se desea saber si esa sangre pertenece a la carac-terística de esa persona o de ese individuo, por medio de esas re-acciones biológicas puede llegarse a la conclusión de que ba sido así. . . . En este caso que investigué y que estoy explicando abora, la sangre del pañuelo apareció en el grupo ‘A’ y la sangre del billete apareció también en el grupo ‘A’.”

Preguntado, “Doctor, ¿a qué conclusión llegó después de usted averiguar que la sangre del pañuelo pertenecía al grupo ‘A’ y la sangre del billete pertenecía al grupo ‘A’ ”, con-testó, “Que era de la misma naturaleza. —¿Que era de la misma sangre? Sí señor.”

Declaró entonces Tomás E. Molina que conocía al acusado Fernando Olivencia y le había prestado .hacía meses, un “sweater” color vino. Eeeonoce el que le presenta el fiscal como el “sweater” que prestara y Ovidio Ramos lo reconoce también como el que en la noche del treinta de noviembre de 1936, como a las nueve, entregó al dicho acusado en el' cafe-tín de un hermano del testigo donde lo había dejado el acu-sado. Se introdujo en evidencia el “sweater” y fué admitido con la oposición de la defensa.

Sunta Collazo, concubina de Vientos dijo que la última vez que vió a éste fué en la repetida noche del treinta de noviembre, de ocho y cuarto a ocho y media. Vestía de gris y tenía mil doscientos dólares en el bolsillo derecho del pan-talón y con ellos salió de la casa situada en la Salud donde vivía con la declarante y no regresó. Iba para el Casino situado en los altos de la “Hardware”, frente a la Plaza de Colón.

Ricardo Nadal Cabassa vió a Vientos en la noche del treinta en el Casino de Mayagíiez como a las once y media. El testigo salió para “La Greca” y allí volvió a verlo como de una a una y media, yéndose Vientos y quedando él en el café. También vió esa noche a los acusados-en “La Greca” más o menos a las dos de la madrugada, en compañía dé Felipe, primo de Krenly. Este “se acercó a la mesa en que estaba yo sentado; Nano y Felipe me parece qne siguieron hacia el segundo departamento de ‘La Greca’. Sobre la mesa nosotros teníamos una botella de ron de la cual estábamos sirviéndonos. Krenly se sirvió un palo, él es amigo mío y tenía confianza. . . . Me parece a mí que estaba vestido de blanco o gris, algo así.”

Emilio Nochera vió en la noche de autos al acusado Krenly Olivencia en la esquina detrás del Casino de Mayagüez, sería como la una o la una y media, mirando “para arriba y para abajo de la calle.”

Se llamó a Maximino Colón Rivera, otra de las personas que estuvo en el velorio del barrio de Juan Alonso. Al regre-sar a la ciudad, en la esquina de las calles San Ignacio y Jagüita vió parados dos jóvenes uno vestido.de blanco y otro camisa cardenal y pantalón gris. Siguió caminando y se encontró con Vientos. Eso fué como a la una y pico.

Carlos Nazario fué el siguiente testigo llamado a declarar. En la noche del suceso como de doce y media a una menos cuarto vió a Krenly Olivencia frente a “La Greca” y a Fernando en “la plaza cuando pasaba del Casino”. El primero vestía de blanco, el segundo pantalón gris y camisa color vino. Krenly “me pidió el cigarrillo y yo le pregunté: ‘¿Qué haces por aquí?’ y me dijo ‘pues ahí’, y en ese momento entré a La Greca y encontré al interfecto dentro de La Greca y lo saludé. . . ” Vientos se retiró como a los diez o quince minu-tos.

Volvió a ver a los acusados esa noche en “La Greca” como a las dos y media más o menos. Entraron. Refiere el acto de Krenly en la mesa de Nadal y luego dice: “Pidieron una botella de ron ‘Puerto Rico’ y me ofrecieron darme y yo les dije que no y entonces pidieron unos pasteles y al comér-selos estaban hablando cosa que yo no recuerdo y entonces él se levantó y pagó. . . . Con un billete de cinco pesos.”

Jorge Vélez declaró que la repetida noche del crimen salió del Club Mayagüezano más o menos a la una menos cuarto y pasó por la calle San Ignacio, esquina Jagüita y vió a Krenlv Olivencia vestido de blanco y a otro que no conoció vestido de gris con nn “sweater” color vino, con nn palo. La calle estaba sola. Había lnna.

El último testigo qne el fiscal llamó a declarar ■ lo fné José Irizarry. Se refirió a cierta discusión qne presenció en el Gasino de Mayagüez entre Krenly Olivencia y Vientos ter-minada la cual el primero le dijo: “que tenía ganas de darle cuatro palos a Claudio.”

Tal fué, en resumen, la evidencia aportada por el repre-sentante del Pueblo en este caso. De haberse admitido correctamente, creída como fué por el jurado, es a nuestro juicio suficiente. No bay un solo testigo que impute direc-tamente la comisión del crimen a los acusados, pero los indb eios se bailan tan bien y fuertemente eslabonados que los ■encierran en un círculo que sólo es compatible con su culpa-bilidad.

La prueba de la defensa tendió a demostrar que los acu-sados no se encontraban en el sitio del suceso en la fecba y bora en que ocurrió la muerte de Vientos y que el billete que el acusado Krenly Olivencia entregó al dependiente de “La Greca” en la madrugada del primero de diciembre de •1936 lo adquirió legalmente sin que pudiera determinarse que fuera el mismo que examinara el perito Dr. del Valle Sárraga, pero no fué creída por el jurado.

Éste al dirimir el conflicto que pudiera levantar dicba prueba, en favor de la de cargo, actuó en el ejercicio de sus facultades y no existe fundamento alguno que permita concluir que de ellas abusara.

Examinemos abora los once errores que señalan los apelantes como cometidos por la corte al admitir la evidencia.

Declaraba Carlos Ayala, el sexto testigo presentado por el fiscal. Preguntado por éste a quién se le parecía la ter-cera de las tres personas que vió en la esquina de las calles San Ignacio y Jagüita, contestó “Bueno, yo ligeramente, se me pareció ...” La defensa pidió la eliminación de lo declarado. No accedió la corte y el testigo finalmente con-testó: “Bueno, ése último que describí se me pareció a Krenly Oliveneia.” Y explicando la razón de su dicho dijo que por el traje que vestía y por la barbilla del lado derecho de la cara.

Aparte de que el error de haberse cometido no podría considerarse como perjudicial ya que anteriormente había declarado Matildo Colón Rivera que había reconocido a Krenly Oliveneia, creemos que en verdad no fué cometido.

Bastará para sostener la conclusión que transcribamos la cita de Underhill que contiene el informe del fiscal. Dice:

“La identidad del acusado con la persona que cometió el delito es un elemento de importancia. El probarlo es siempre esencial y en algunos casos difícil. La pertinencia de la evidencia de identi-ficación depende de las circunstancias del caso. En términos gene-rales, cualquier hecho que convenza o tienda a convencer a una persona de criterio común en el desempeño de sus quehaceres diarios, de la identidad de una persona, será admitido en evidencia. Se per-mitirá a la evidencia tomar una gran latitud. Generalmente la prueba de identidad viene ele aquéllos que estaban presentes cuando se cometió-el delito y que dicen vieron al acusado cometerlo. Esto es prueba directa de identificación, pero prueba circunstancial es también admisible. En un caso extremo de esta clase en que apa-reció que el delito fué cometido en un jueves, se permitió al Pueblo probar que el acusada abrigaba una creencia supersticiosa de que el jueves era su día de suerte y que tendría siempre éxito en cual-quier empresa que intentara ese día. Asimismo también puede pro-barse que el acusado había sido previamente procesado bajo el nom-bre supuesto alegado en la acusación. Un testigo puede declarar que él identificó al acusado después de su arresto como a la persona que él vió cometer el delito. Y un testigo puede declarar que una fotografía del acusado tomada al momento de su arresto y presen-tada al testigo en el momento de declarar, se parece a la persona que él vió cometer el delito. Un testigo que declara con respecto a la identidad de un acusado, puede describir a una persona que él vió en la vecindad del sitio donde se cometió el delito en la fecha de su comisión, así como también puede declarar con respecto al color, al-tura, peso y otros detalles personales de esa persona y su descrip-ción puede ser comparada con la ‘del acusado por el jurado.’ . . .
“Es propio, a fin de que el jurado pueda determinar el conoci-miento de un testigo que está declarando en relación con la identi-dad del acus’ado, que se permita preguntarle por cuánto tiempo ba conocido al acusado y por qué término y a qué intervalos lo ba visi-tado. Cuando la evidencia de la identidad es prueba circunstancial, se le concede una gran amplitud. Cualesquiera becbos que en su faz aparezcan relacionarse con el acusado y que sean de carácter des-criptivo correspondiendo en sus detalles con la descripción del acu-sado, demostrada por otra prueba, deben ser admisibles. Así, una descripción del acusado dando su nombre, edad, nacionalidad, sitio dé nacimiento y puerto de arribo contenida en un informe prepa-rado por un oficial de un barco para los funcionarios a cargo de la inmigración, fué declarada admisible en un caso donde, de acuerdo con la prueba, aparecía que el acusado babía sido un inmigrante, y lá demás descripción se compaginaba en sus detalles con los Otros becbos que surgían de la evidencia. La presencia del automóvil del acusado cerca de la escena del crimen al tiempo de su comisión, o sus huellas dactilares en la escena del delito, son admisibles.
“Si un testigo al identificar al acusado como la persona que co-metió el crimen está expresando una opinión o relatando un becbo dentro de su propio conocimiento, es una cuestión sobre la cual existe diversidad de criterio. Algunas autoridades consideran la identidad como un becbo y requieren que el testigo identifique al acusado única-mente como cuestión de su propio conocimiento o de su recuerdo personal. Así, el testigo puede ser preguntado, ‘¿Ud. conoce a A?’ y si lo conoce, entonces puede expresar si el acusado es la persona mencionada. No puede permitírsele decir que él ‘cree’ que el acu-sado es A, o dar su impresión de que un hombre que él vió cerca de la escena del crimen es idéntico al acusado. Debe expresar he-chos dejando la inferencia de la identidad al jurado.
“De acuerdo con otro punto de vista, un testigo, al identificar al acusado, está expresando una opinión o impresión fundada en su ob-servación de numerosos detalles, como su apariencia física, su traje u otros incidentes personales y peculiares. Se le permite, por tanto, frasear su contestación a cualquier pregunta relacionada con la iden-tidad del acusado como si expresase su opinión o creencia, o fra-searla como su impresión principalmente porque los becbos simila-res, o lo contrario, en apariencia personal son tan numerosos y pe-culiares, que no pueden narrarse específicamente para presentar así claramente al jurado e'1 concepto de su verdadero peso y significado. Así, pues, un testigo después de describir a una persona que él ba visto puede expresar que en su opinión era el acusado o que él se parecía al acusado, bajo la misma teoría que permite a un testigo, aunque no sea experto, dar su opinión en cualquier asunto donde el jurado no podría de otro modo formar un concepto inteligente de la identidad.
‘‘La declaración de un testigo de que él creía haber reconocido al acusado como la persona que él vió llevarse la propiedad robada y que él vió y reconoció a otras personas que estaban con él, ha sido declarada admisible. ■ Por supuesto, aún si se acepta que la identi-dad es un hecho, la contestación del testigo no debería ser rechazada porque el testigo no esté absolutamente cierto de la identidad del acusado, fuera de toda duda razonable, ó porque, a causa de extre-mada precaución, cualificó sus contestaciones con expresiones tales como ‘me parece’, o ‘yo creo’. No se puede esperar que los testigos relaten todos los hechos con igual certeza . . . Incertidumbre en la prueba de identificación va al peso de dicha prueba más bien que a su admisibilidad.
“Prueba de la identidad por un solo testigo, si es creída, es sufi-ciente, toda vez que eL acusado no tiene- que ser identificado de una manera positiva por ningún número de testigos, pero la identifica-ción debe ser razonablemente clara y convincente.” Underhill on Criminal Evidence', cuarta edición, página 173, párrafo 127.

La cuestión que el señalamiento de error envuelve va más bien al peso que a la admisibilidad de la evidencia. Claro es que un testimonio que sólo indique el parecido de un ser humano a una determinada persona no será por sí solo sufi-ciente para concluir que dicho ser era tal persona, pero eso no quiere decir que el testimonio no sea admisible ya que unido a otros podrían todos robustecerse entre sí hasta lle-gar a sostener la conclusión. Repetimos que en este caso ya otro testigo había declarado sin vacilación alguna que el ser humano que se le pareció al testigo al acusado Krenly Olivencia, era en verdad dicho acusado.

Los errores segundo, tercero, cuarto y quinto se refieren a la admisión en evidencia de los cuatro billetes de cinco dólares ocupados por el policía Yélez en “La Greca”. Específicamente se imputa el segundo al admitir que Yélez identificara los billetes sin que se conectara a los acusados con los mismos, el tercero al permitirse mostrar a Vélez los billetes sin la indicada previa conexión, el cuarto al admitirse en evidencia los billetes faltando la conexión y el quinto al permitirse el interrogatorio del perito Dr. del Valle Sárraga sobre su examen de billetes no conectados con los acusados.

A nuestro juicio no se cometieron los indicados errores. Se imputaba un delito de asesinato cometido voluntariamente con malicia premeditada y con el firme propósito de matar, al intentarse robo. Toda la prueba es indiciarla. Y los indicios que aporta conectan estrechamente uno de los cuatro billetes con los acusados. El elemento que se sostiene que falta, existe. Veámoslo.

Por el testimonio de Sunta Collazo, concubina de Vientos, sabemos que éste salió de su casa con mil doscientos dólares, por el de Vélez que se encontraron sobre su cadáver unos ciento sesenta y cuatro en uno de los bolsillos delanteros que quedaron bajo el cuerpo al caer sobre la calle asesinado, apa-reciendo los bolsillos traseros sacados hacia afuera. Sabe-mos también que los acusados estuvieron temprano en La Greca y al pagar una cuarta de ron Krenly abonó diez centavos quedando a deber cinco y que después de muerto Vientos volvieron a dicho establecimiento y Krenly para pagar lo que en él consumieron entregó un billete de cinco dólares. Y demuestra la prueba además que ese billete con el otro dinero producido por las ventas quedó guardado sepa-radamente y fué de entre él que se ocuparon por la policía los cuatro billetes de cinco dólares encontrados uno de los cuales aparecía manchado, mancha que examinada por el perito resultó ser no sólo de sangre humana, si que de sangre humana igual a la que manchó el pañuelo de Vientos al ser herido. La conexión es completa.

Los errores sexto y séptimo guardan relación con la admisión del “sweater” en evidencia, el sexto basándose en que cuando el “sweater” fué admitido ningún testigo había declarado que alguno de los acusados lo usara en la noche del crimen y el séptimo en que la evidencia no conecta al acusado Fernando Oliveneia, a quien tendía a perjudicar la admisión, con el delito perseguido.

Es cierto que el “sweater” color vino se admitió antes de que declarara el testigo Jorge Vélez de modo concreto que el otro joven que estaba con Krenly Oliveneia parado en la esquina de las calles San Ignacio y Jagüita vestía un “sweater” color vino, pero es lo cierto también que varios testigos habían descrito ya a uno de los jóvenes que vieron parados en la dicha esquina como. vistiendo camisa color vino.

No erró, pues, la corte en la admisión de que se trata por el motivo señalado en el error sexto, ni tampoco por el que se señala en el séptimo, ya que si bien hay que reconocer que lá prueba es mucho más fuerte en cuanto al acusado Krenly Oliveneia, no deja de ser suficiente en cuanto a Fernando del mismo apellido, que había recibido el “sweater” en cuestión en préstamo de su dueño Tomás E. Molina, que lo había dejado en el cafetín del hermano de Ovidio Kamos y que fué por él en la noche del treinta de noviembre de 1936, como a las nueve.

Por el octavo señalamiento se sostiene que la corte erró al permitir que la testigo Sunta Collazo declarara que Vientos tenía mil doscientos dólares, porque ello constituyó una variación fatal de lo alegado en la acusación.

Argumentando el señalamiento se expresan en su alegato los abogados de los acusados, en parte, como sigue:

“Basó la defensa su oposición en que la acusación substancial-mente imputa a los acusados en este caso la realización de la muerte en ocasión de intentarse roto (véase transcripción autos página 1), siendo por tanto la modalidad especial imputada a los acusados el ocasionar muerte mientras intent at an cometer roto y no mientras realizaron el delito de roto. Permitir que abora, por la declaración de esta testigo de cargo, Sunta Collazo, se demostrara que el inter-fecto llevaba en su poder dinero y que éste le babía sido sustraído, realizando así los acusados un delito de robo, y no una tentativa de roto, constituía necesariamente una' variación fatal substancial entre las alegaciones específicas de la acusación y la prueba practicada, ya que el delito de ro-bo en grado de tentativa es completamente distinto al delito de robo.”

Conocemos la acusación. Imputa a los acusados la comi-sión de un delito de asesinato cometido al dar muerte a Vientos de una manera ilegal y voluntaria, con malicia premeditada y con el propósito firme y deliberado de matarlo, demostrando tener un corazón pervertido y maligno. Dice además “en ocasión de intentarse robo”, pero si esas pala-bras se eliminaran la imputación sería suficiente y el fiscal hubiera podido, eso no obstante, presentar evidencia demos-trativa de que el hecho ocurrió en ocasión de perpetrarse un robo.

Y si ello es así y si dichas palabras, como sostiene el fiscal, se usaron para determinar el móvil del delito que aunque no constituye un elemento esencial que deba necesariamente ale-garse y probarse, puede ser alegado y probado,, ¿por qué no admitir como evidencia de la intención la realización del acto intentado ?

Además nos parece que los casos del Pueblo v. Izquierdo, 25 D.P.R. 382 y Pueblo v. Matos, 26 D.P.R. 586, resuelven la cuestión en sentido contrario a la contención de los ape-lantes.

En el primero de ellos por la acusación se imputó a Rufino Izquierdo la muerte del niño Ramón Mercado cometida volun-tariamente y con malicia premeditada y propósito firme y deliberado, demostrando tener un corazón pervertido y maligno y la evidencia tendió a probar que el asesinato se perpetró al cometerse un delito de escalamiento. Se sostuvo por el apelante que existía una variación fatal y esta corte resolvió la cuestión suscitada en la negativa. En la opinión se cita jurisprudencia de varios estados. Nos limitaremos a transcribir la de Texas. Quedó establecida en el caso de Wilkins v. State, 34 S. W. 627, como sigue:

“Se ataca la instrucción de la corte porque indicó al jurado que 'todo asesinato cometido con malicia expresa es asesinato en primer grado,’ y 'que la ley declara que todo asesinato cometido en la per-•petración o tentativa de perpetrar- robo, es asesinato en primer grado.’
“La última manifestación se ataca porque la acusación en este caso solamente imputa el becbo del asesinato con malicia premedi-tada, y ninguna parte de ella imputa el asesinato al. cometer .o in-tentar cometer el delito de robo. La alegación del apelante en am-bos casos ba sido decidida en contra suya. Véase Sharpe v. State, 17 Tex. App. 486; Giles v. State, 23 Tex. App. 281, 4 S. ~W. 886. No bubo error al definir el robo, porque está establecido que bajo una acusación de asesinato con malicia premeditada, el acusado puede ser convicto de asesinato en primer grado si se cometió en la perpetra-ción o tentativa de perpetrar robo. Era deber de la corte definir lo que se entiende por robo.”

Y en el caso de Matos, supra, copiando del resumen, se resolvió que:

“Alegándose en la acusación que la muerte fué causada por los acusados de manera ilegal y voluntaria, con malicia premeditada y propósito firme y deliberado, acechándolo y atacándolo alevosamente, aunque no contenga la afirmación de que la muerte ocurrió al perpe-trarse un robo, tal acusación imputa un delito de asesinato en primer grado y podría probarse en el juicio que la muerte ocurrió al perpe-trarse un robo.”

El noveno señalamiento de error se formula así:

“La corte cometió error' al manifestar como manifestó que enten-día que no había contradicción fundamental entre lo declarado por la testigo Sunta Collazo al Fiscal y lo declarado en la silla testifical, no solamente porque la contradicción existía, si que también porque el determinar una cosa o la otra compete a los caballeros del Jurado y no al Juez que preside la Corte.”

Mientras declaraba la testigo de cargo Sunta -Collazo sur-gió un incidente en relación con una supuesta contradicción que la defensa creyó advertir entre su actual declaración y ia- que había prestado ante el fiscal en la investigación pre-liminar del caso. Discutida ampliamente la cuestión, la .corte, al-resolverla, dijo: “Aclarada-la situación el jurado ■apreciará la prueba. Entiende la corte que no hay contradic-ción-fundamental.” ' •

Y alegan los apelantes que al actuar la corte de tal modo “traspasando los linderos de sn facultad y privando al jurado de un derecho”, perjudicó “grave y grandemente los derechos de estos acusados.”

Hemos examinado los autos y a’ nuestro jtácio el que la testigo declarara ante el fiscal en la investigación, que había manifestado a Vientos, “No te vayas que vas a perder el dinero y me dijo, 'yo vuelvo horita como a las once’ y no volvió” y que luego en el juicio declarara “Yo le dije a él que yo quería siempre que él me comprara mi casa, que el dinero ese era para la casa, y me contestó que él me com-praría la casa, que no me apurara que él tenía el dinero”, no constituye una verdadera contradicción. Ambas mani-festaciones se inspiran en el mismo temor, a saber, el de •que pudiera perderse el dinero, siendo la segunda más espe-cífica.

Claro es que si iba Vientos para él casino donde se jugaba y él jugaba en efecto como tiende a demostrar la prueba, se ■explica que la mujer con quien vivía y que aspiraba natu-ralmente a que le proporcionara un hogar suyo, seguro, temiera por la pérdida del dinero.

Hubiera sido mejor que el juez no hubiera expresado opi-nión alguna, limitándose a decir lo que de modo tan correcto dijo primero, a saber: “Aclarada la situación el jurado apre-ciará la prueba”, pero sus otras manifestaciones — expresivas después de todo de la verdad- — no pudieron perjudicar ni hay el más leve indicio que demuestre que perjudicaran a los acusados.

Por el décimo señalamiento se imputa error a la corte al permitir que el testigo Irizarri declarara sobre la enemistad de uno de los acusados con Vientos, por ser ello contrario a la teoría de la acusación.'

El error no existe. El nuevo elemento que la declaración admitida tendió a introducir no‘ estaba en oposición • con la imputación de asesinato perpetrado maliciosamente con pre-meditación, deliberación y propósito firme de causar la muerte, demostrando tener nn corazón pervertido y maligno, ni con el propósito de robar. Podría sumarse perfectamente a esas otras dañadas intenciones la de vengarse con motivo de resen-timientos anteriores.

La verdad es que la declaración de que se trata, analizada en sí misma, bien poca importancia tiene, habiendo podido prescindir de ella El Pueblo sin perjudicar su caso, pero presentada como fué, siendo admisible, la corte actuó correcta-mente al permitir que se prestara. Véase "Wharton on Criminal Evidence, edición 11, volumen 1, párrafo 255, página 307.

Resta sólo considerar el undécimo de los errores señalados. Se formula como sigue:

“Lá corte cometió error al negarse a ordenar la eliminación de la declaración de Sunta Collazo en relación con el dinero que dijo tenía el interfecto la noche de los sucesos, porque terminada la prueba de El Pueblo, de la misma no se probó que los acusados ni ninguno de ellos tuviera conocimiento de que el interfecto portaba esa noche cantidad alguna de dinero sobre su persona.”

Si el delito de asesinato cuya comisión se imputó por El Pueblo a los acusados lo hubiera sido únicamente como per-petrado al intentarse o al cometer el de robo, la cuestión que se levanta sería importante, pero no la es si se parte de la base de que el asesinato de que aquí se trata consiste funda-mentalmente en la muerte de un ser humano causada violen-tamente por otros con malicia premeditada, deliberación y propósito firme de causarla, demostrando tener un corazón pervertido y maligno.

No debe perderse de vista tampoco que prescindiendo de la idea del robo, la declaración aportó un elemento que con-tribuyó al esclarecimiento del delito conectando a los acusad :>s con el sitio del crimen, como indica el fiscal en su informe.

Además el veredicto del jurado no fué por asesinato en primer grado. Lo fué, después de recibir de la corte las debidas instrucciones, por asesinato en segundo grado, lo que parece implicar que los jueces de hecho descartaron la evi-dencia en relación con el robo. De suerte que de haberse cometido por la corte algún error, no podría considerarse como perjudicial.

“Después de rendido el veredicto”, como se resuelve en Grapo v. United States, 100 F. (2d) 996, 1000, “cualquier pre-sunción o inferencia de ley debe tomarse en cuenta para sostener la acusación. El veredicto cura meros errores for-males o técnicos, a menos que sea manifiesto que lian perjudi-cado al acusado.”

Procede, a virtud de todo lo expuesto, la confirmación de la sentencia apelada. Se trata de- un crimen horrendo. A la inmediata, activa e inteligente actuación del Ministerio Público y de la Policía se debe sin duda alguna el descubri-miento de sus autores. Toda es prueba de indicios la apor-tada, pero clara, fuerte, convincente. El veredicto del jurado pidiendo clemencia pone de manifiesto que no obstante la influencia que ejerció seguramente en ellos la juventud de los acusados y su defensa hábil, los jueces que lo formaron obe: decieron la voz de su conciencia dando salida al sentimiento únicamente en la forma expresada. La pena impuesta por ■el juez es fuerte, pero está autorizada por la ley y justificada por la forma en que se cometió el delito. Todo induce a creer que se hizo cumplida justicia. En tal virtud el recurso inter-puesto debe declararse sin lugar y confirmarse la resolución y la sentencia apeladas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole

license: Public Domain

text:
    María Josefa Iparraguirre, demandante y apelada, v. Salvador R., Dolores, José, María de los Ángeles, Milagros y Aurora Nin Ruiz, y Juana Nin Martínez, demandados y apelantes.
    Núm. 7973.

    Sometido: Mayo 1, 1939.

      Resuelto: Mayo 31, 1939.

      E. Soldevila, abogado de los apelantes; Damián Monserrat, Jr., abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

María Josefa Iparraguirre instó demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra Salvador R. Nin y otros en cobro de $6,500. La naturaleza exacta del pleito es una de las cuestiones que está ante nos. La apelada solicita la deses-timación del recurso por varios motivos, mas no creemos necesario discutirlos.

Los demandados comparecieron y se opusieron a la deses-timación. Uno de los fundamentos de su oposición fue que de cosas dichas en la moción para desestimar se desprende que el procedimiento se inició en ejecución de hipoteca, posi-blemente bajo la Ley Hipotecaria, y que la demandante dejó de cumplir con los requisitos fijados por esta ley. Los ape-lantes admiten que si se le considerara como un pleito meramente en cobro de dinero, quizá la sentencia hubiera ,sido buena, pero alegan que la apelada, según hemos enten-dido, dice lo contrario en su moción para desestimar.

Igualmente sostienen los apelantes que se ha entablado un procedimiento de quiebra en la Corte Federal y que la reclamación de María Josefa Iparraguirre, de $6,000 (sic) figura entre las reclamaciones relacionadas y por ende que las cortes locales han perdido su jurisdicción sobre el asunto. No estamos seguros de que los apelantes estén en lo cierto al sostener esto, pero la apelada no ha presentado alegato en apoyo de lo contrario.

Además, los autos completos del caso no están ante este tribunal y no nos es posible desestimar el recurso por frívolo o por cualquiera otra de las razones aducidas en la moción.

Debe declararse sin lugar la moción para desestimar.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf

text:
    Ramona Muñoz Vda. de Alonso, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, demandada.
    Núm. 1161.

    Sometido: Enero 23, 1939.

      Resuelto: Mayo 31, 1939.

      G. Rivera Gestero, abogado de la peticionaria; Dubón <& Ochoteoo, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señoe Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El 7 de julio de 1938 Ramona Muñoz Yda. de Alonso radicó demanda contra José Manuel Alonso Muñoz en ejecución de hipoteca. El demandado antes citado no compareció a excep-cionar o contestar y el secretario de la corte le anotó la rebeldía el 20 de julio de 1938. A moción de la demandante, la corte, el 27 de agosto de 1938, ordenó al marshal que ven-diera la propiedad hipotecada. De conformidad con esta orden, el marshal procedió a vender la propiedad en pública subasta el día 23 de septiembre de 1938. La demandante en dicho caso compró la propiedad por su crédito hipotecario y se le dió escritura de venta judicial, que inscribió en el registro de la propiedad.

En este estado del procedimiento compareció Ramón Nieves en el caso y pidió permiso a la corte para intervenir, alegando que allá para el mes de abril o mayo de 1934 celebró un contrato de aparcería con la demandante; que dicho con-trato todavía estaba en vigor; que dicha demandante en la fecha alegada y como dueña de la propiedad le había entre-gado la posesión; que todavía estaba en posesión de la pro-piedad por virtud de su contrato y que por lo tanto tenía derecho-a seguir en posesión de ella por virtud de su contrato, por. lo menos hasta que el mismo fuese terminado y se le pagaran los daños y perjuicios por su desposeimiento. La corte le dio permiso para intervenir en los procedimientos. El 20 de octubre de 1938 el interventor compareció otra vez ante la corte alegando que el marshal el día antes le había dicho que al siguiente sería lanzado de su propiedad, y pidió a la corte que le ordenara al márshal suspendiera todos los procedimientos en el caso. La corte así lo ordenó. La demandante presentó una moción a la corte para que anulara la intervención. Las partes presentaron alegatos, y en diciembre 17 de 1938, la corte denegó la moción para anular y permitió la intervención.

La demandante en la corte inferior entonces vino a este tribunal en un recurso de certiorari. El auto preliminar se expidió. La peticionaria ahora pide que se expida el auto final anulando la orden de la corte de distrito. En apoyo de su solicitud la peticionaria sostiene:

(a) Que la moción solicitando permiso para intervenir fue radicada tardíamente y que la resolución concediendo tal per-miso fué también dictada demasiado tarde, según el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, que exig*e que la intervención se radique antes de la celebración del juicio, habiendo .sido tramitada esta intervención no sola-mente tres meses después de haberse dictado la sentencia sino también un mes después de haberse efectuado la subasta y habérsele adjudicado la finca envuelta en este litigio a la peticionaria y de haberse otorgado la escritura de venta judicial de la referida finca a favor de la peticionaria.

(b) Que la orden de la corte inferior concediendo per-miso para intervenir y la orden suspendiendo los efectos de la sentencia fueron dictadas ex parte.

(c) Que el efecto de la orden concediendo permiso para intervenir y de la orden suspendiendo los efectos de la sen-tencia fué el de llevar a cabo la reapertura de un caso ya juzgado y el de dilatar el juicio principal y los trámites finales de la ejecución de la sentencia y el de cambiar la posición de las partes originales en el pleito principal, todo ello con-trario al derecho procesal.

(d) Que el propósito o efecto de la intervención es tan sólo el de atacar colateralmente la validez de la subasta y de los procedimientos habidos en el pleito principal.

(e) Que los derechos del interventor en este caso depen-den de los derechos del antiguo dueño de la finca, José Manuel Alonso Muñoz, y como dicho demandado estuvo en rebeldía en el pleito principal, no procede la intervención.

(/) Que no procede una intervención cuando el pleito principal es uno de ejecución de hipoteca.

(g) Que el interventor en este caso tenía otros remedios legales y en efecto radicó demanda en la Corte de Distrito de Bayamón contra la peticionaria en este recurso, sobre ren-dición de cuentas, relacionadas dichas cuentas con el mismo contrato, habiendo sido radicada dicha demanda no sólo antes de la moción solicitando permiso para intervenir, sino tam-bién antes de la ejecución de la sentencia en el pleito prin-, cipal. Que este pleito fué trasladado a la Corte de Distrito de San Juan, y, por lo tanto, la Corte de Distrito de San Juan, tenía conocimiento judicial de la pendencia de dicha acción.

(h) Que el interventor no tiene interés alguno en el liti-gio y no ha cumplido con el artículo 72 del Código de -Enjui-ciamiento Civil.

(i) Que el interventor no tiene gravamen alguno sobre la finca y por tanto ha perdido todo interés en el litigio. ■

(j) Que aun si el interventor hubiera tenido un gravamen o un derecho dominical o posesorio sobre la-finca, ese gra--, vamen o derecho ha quedado destruido por la venta judicial y,- por tanto, al tiempo de solicitarse la intervención, había perdido cualquier interés que pudiese • haber tenido en el litigio. ' '

La; peticionaria también alega que la corte inferior cuando dictó dichas órdenes había perdido jurisdicción del caso debido. al hecho de que la sentencia ya era firme y que la propiedad había sido vendida y la escritura de venta judicial entregada.

La querellada pide que se declare sin lugar la petición, y alega:

1. Que el pleito original se inició como una acción real para la ejecución de una hipoteca y luego fué convertido en una acción de naturaleza personal en cobro de dinero. Que el lanzamiento del compareciente fué ilegal.

2. Que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil da discreción a la corte para permitir la intervención.

3. Que la peticionaria no tiene derecho a certiorari por-que tiene el recurso de apelación.

4. Que la corte tenía facultad para conceder ex parte la intervención solicitada y si ha habido error, la peticionaria no ha sido perjudicada.

5. Que tratándose como se trata de una intervención especial, el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil no es aplicable, ya que el único objeto de la intervención es proteger el derecho del interventor sobre, los bienes ejecutados.

6. Que la corte tiene poderes para eximir a una parte de los efectos de una sentencia.

7. Que el procedimiento ejecutivo hipotecario no .termina hasta que se ponga al adjudicatario en posesión material del inmueble, y no es sino hasta ese momento que la corte pierde su jurisdicción.

8. Que la condición de aparcero del compareciente cons-tituye suficiente interés en la propiedad para intervenir a fin de proteger su derecho a la posesión.

9. Que la venta judicial verificada no destruyó el derecho como aparcero que tiene el compareciente.

10. Que la existencia de otros recursos legales no impide que el compareciente reclame sus derechos por intervención.

11. Que en el caso de Sucn. Franceschi v. Hipódromo de Ponce (40 D.P.R. 804) se trataba de un procedimiento suma-rio para la ejecución de una hipoteca, el cual procedimiento, por mandato expreso de la ley, no puede ser interrumpido.

Algunas de las relaciones anteriores entre las partes pue-den Rallarse refiriéndose a las opiniones que aparecen en 50 D.P.R. 710, 52 D.P.R. 199 y 52 D.P.R. 785. La peticionaria en este recurso no carece de razón al sostener que el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil limita el llamado dere-cho de intervención al período que precede a la sentencia y generalmente al juicio del caso.

El artículo 72 dispone:

“Cualquiera persona antes ele la celebración del juicio podrá intervenir en .una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un tercero se le permita ser parte en la acción o procedimiento se-guido entre otras personas, ya asociándose al demandante para re-clamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al deman-dado para oponerse a las pretensiones del demandante, o pidiendo algo en sentido adverso a las reclamaciones dé demandante y deman-dado, cuya intervención se efectúa por medio de demanda, expo-niendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y notificada a las partes que no hubieren comparecido y a los abogados de las comparecidas, quienes podrán contestar o ale-gar una excepción a ella, como si fuese una demanda ordinaria.”

De- igual modo-, sería mejor en muchos casos que una reclamación de esta naturaleza se iniciara por pleito inde-pendiente. Irrespectivamente de' todo esto, estamos muy convencidos de que una corte puede permitir que una persona intervenga en la ejecución de una sentencia, lo que es algo similar a un pleito independiente. El auto de audita querella del derecho común no dista mucho del procedimiento a seguir. Además, el artículo 74 del Código de Enjuiciamiento Civil provee:

“La corte podrá resolver cualquier controversia entre las partes, siempre que fuere posible hacerlo sin perjudicar los derechos de otros, o salvando éstos; pero cuando no se pueda llegar a una completa resolución de la controversia sin la presencia de otras personas, la corte deberá entonces disponer la comparecencia de éstas, y acto seguido la parte a quien la- corte lo ordene deberá hacer que se en-tregue, en la forma general prescrita para las citaciones, una copia de la dispuesta en el pleito, y de la orden antedicha a cada una de las partes cuya comparecencia se hubiere ordenado, las cuales ten-drán diez días, o el tiempo que dispusiere la corte, después de noti-ficada dicha citación, para comparecer y alegar su derecho; y en caso de que dicha parte dejase de comparecer y alegar en juicio den-tro del plazo señalado, la corte podrá disponer que se haga constar su ausencia y proceder como en los demás casos de rebeldía, o dictar nueva orden de acuerdo con lo que el estado de la causa y la justicia exigieren, y cuando en una acción ejercitada para obtener la pose-sión de propiedad inmueble o mueble, una persona, que, sin ser parte en el juicio tuviere interés en el asunto litigado, solicite de la corte que se le considere como parte, podrá así ordenarse por medio de la correspondiente enmienda.”

La tendencia general de las cortes es evitar multiplicidad de litigios. Nada vemos en los autos del presente caso que impida a la corte de distrito arreglar la cuestión en contro-versia entre las partes, poniendo así fin al litigio. Estamos plenamente convencidos de la discreción de la corte, no baila-mos que hubiera abuso de discreción y el auto de certiorari expedido debe ser anulado.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole

text:
    José González Lueso, recurrente y apelante, v. Corte Municipal de Ciales, Hon. Luis Martorell, Juez, recurrido y apelado, y Epifanio Rodríguez Santiago, interventor, demandante en el pleito principal.
    Núm. 7425.

    Sometido: Mayo 1, 1939.

      Resuelto: Mayo 31, 1939.

      Y:. Polanco de 'Jesús, abogado dél apelante;' Angel Bivera Colón> ; abogado del interventor, demandante en el pleito principal.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado SeñoR Wole

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos de este caso han sido expuestos detalladamente en la opinión original qne emitimos el 22 de diciembre de 1938 (ante, pág. 18), qne fué más tarde dejada sin efecto'a virtud de. una moción de reconsideración.

Brevemente expuesta, la verdadera cuestión ante el tribunal es si al acreedor hipotecario, José González Lueso, que era el demandado en el pleito original sobre reclamación de hogar seguro, debe dársele ahora la opción de pagar al deudor hipotecario, Epifanio Rodríguez Santiago, la suma de $500, o de entregarle un trozo de la finca ejecutada valorado en $500, en pago de su derecho de hogar seguro.

La demanda original en este caso fué radicada ante la Corte Municipal de Ciales y estaba intitulada “ Cobro de dinero por homestead”. La parte demandada en dicho caso apeló para ante la Corte de Distrito de Arecibo y ésta con-firmó la sentencia de la corte inferior,, resolviéndo que el. acreedor hipotecario podía resarcir a la persona con derecho ál hogar seguro, bien pagándole la suma de $500 en efectivo, o traspasando a dicho deudor un trozo del inmueble valorado en dicha suma. Fundamentalmente este pronunciamiento debió haber puesto fin al presente litigio y obviado así todo procedimiento ulterior.

El aquí apelante pudo primeramente convencer' al juez' municipal de qué éste no tenía jurisdicción para ejecutar su sentencia. Luego de corregirse esta situación mediante cer-tiórári, íá corté municipal expidió una orden general de ejecución contra González Lueso en cobro de los $500. El acreedor hipotecario entonces acudió ante la corte de distrito con 'un"recurso dé certiorari, que fué eventualmente decla-rado sin lugar, principalmente a base de que con sus supues-tas actuaciones dilatorias posteriores en el 'procedimiento la parte demandada había perdido el derecho a disfrutar de' Cu'álquiér opción que originálménte hubiera podido tener. ■■ '

En nuestra anterior opinión teníamos algunas simpátíááen favor del criterio adoptado por la corte de distrito. Ade-más, la transcripción de antos en apelación no era un modelo de lo que tal transcripción debe ser. Algunos de los docu-mentos más importantes fueron incorporados a los autos después de haberse radicado los alegatos.

Nos parece que este litigio se ha prolongado innecesaria-mente mucho más allá de sus límites razonables. La con-troversia fué claramente resuelta y el remedio quedó prescrito en la opinión original emitida por la Corte de Distrito do Arecibo.

Luego de haber dicho la corte inferior en su sentencia que el demandado admitía que el demandante tenía un derecho de hogar seguro en la finca en cuestión, declaró que tal dere-cho de hogar seguro existía y describió la propiedad objeto del litigio, siendo la parte dispositiva de la sentencia como sigue:

“El derecho de hogar seguro que por esta sentencia se reconoce al demandante puede serle entregado por el demandado, bien en la suma reconocida por la ley, ascendente a quinientos dólares; o bien, haciéndole entrega de una porción de dicha finca cuyo valor sea estimado en esa cantidad.”

Esta sentencia era él res adjudicaba del caso. La sen-tencia como tal nunca ha sido atacada, sino únicamente algu-nos de los procedimientos que una u otra de las partes trató de llevar a cabo en la corte municipal.

Luego de haber oído una vez más al apelante, nos incli-namos a concederle otra oportunidad para que cumpla con la sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo. Con toda probabilidad lo mejor que José González Lueso podría hacer sería pagar a Epifanio Eodríguez Santiago la suma de $500, a condición de que éste desistiera de cualquier reclamación de hogar seguro.

La sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo debe ser revocada, con instrucciones de que el caso sea devuelto a la corle de su origen para ulteriores procedimientos rio inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Jhez Asociado Señor "Wolf

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Buscaglia, Alejandro Medina Rodríguez y Guillermo Hernández, acusados y apelantes.
    Núm. 7328.

    Sometido: Abril 19, 1939.

      Resuelto: Mayo 31, 1939.

      Rafael Buscaglia, abogado de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal,_ y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado'. ' "
   El Jhez Asociado Señor "Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Según los hechos expuestos en la opinión del juez, que se hizo formar parte de la sentencia;-la Corte-de Distrito- dé Ponce declaró a los coacusados Antonio .Buscaglia, G-uillermo Hernández, Alejandro • Medina y Candita Collazo culpables de una violación del artículo 11 de lá Ley Núm. 67, de-1934 (leyes de ese año, pág. 459)., tal cual fué-enmendada.en.cuanto a su título por la núm. 66 de mayo 9, 1936 (leyes de ose año, pág. 343). Los acusados, en el orden mencionados, fueron sentenciados a penas de cárcel con trabajos forzados de 10 años, 8 años, 8 años y 4 años.

La acusación lee así:

‘‘‘El Fiscal formula acusación contra Antonio Buscaglia, Alejandro Medina Rodríguez, Guillermo Hernández, Ramón Morales, Can-dita Collazo y Virgilio Torres, por un delito de infracción al Art. 11 de la Ley Núm. 67 para reglamentar la manufactura, uso, pose-sión, almacenaje, transporte, venta o donación de explosivos en Puerto Rico; definiendo los delitos y estableciendo penas, declarando una emergencia y para otros fines aprobada en 13 de mayo de 1934, según quedó enmendado su título por la Ley Núm. 66, aprobada en 9 de mayo de 1936, consistente en que allá en o para el día 5 ama-necer 6 de julio de 1937, y durante las horas de la noche y en Ponce, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, P. R., allí y entonces, ilegal y voluntariamente y con el propósito de causar daño o destruir la casa residencia del Rev. Padre Néstor J. Aguilera o de aterrorizar o asustar a las personas que habitaban en la misma y a las que residían en el inmediato vecindario, prepararon una bomba la que contenía pólvora y otros ingredientes de naturaleza explosiva, así como otros objetos capaces de causar grave daño, artefacto éste que los referidos acusados envolvieron en una bandera de los Estados Unidos de América, y allí y entonces hicieron explotar en la citada casa del Rev. Padre Néstor J. Aguilera causándole grandes daños, entre otros, destruyéndole parte de la puerta de entrada, hundiendo parte del piso de cemento, doblando parte de la verja de hierro de su balcón, deteriorando su plafón y rompiendo, además, en pedazos el mobiliario de la sala de dicho edificio, deteriorando su biblioteca, habiendo los referidos acusados hecho explotar dicho artefacto muy cerca de los cuartos dormitorios en donde dormían esa noche el Rev. Padre Néstor J. Aguilera y los que con él residen en dicha propiedad.
“La explosión del referido artefacto, ocurrida en las circunstan-cias y hora expresadas, produjo en el vecindario de la residencia del Padre Aguilera la consiguiente alarma, susto, sobresalto y terror, así como también produjo alarma, sobresalto y terror entre los habitantes de esta ciudad de Ponce.”

Ninguna de las partes en sus respectivos alegatos ba expuesto un resumen de los hechos presentados- durante ¡el juicio, mas el fiscal de esta corte descansa en la relación que de los mismos contiene la opinión del Juez Todd.

La corte concluyó que se habían probado ciertos becbos fuera de toda duda razonable. Haremos un resumen de las que consideramos partes esenciales, o sea, que allá para el 28 de febrero de 1937, se celebró una asamblea del Partido Nacionalista en la cual, entre otras cosas, se aprobó un acuerdo que declaraba al Rev. Padre Néstor J. Aguilera persona non grata a la independencia de Puerto Rico; que el Padre Aguilera, sacerdote católico, tiene y tenía su residencia en los barrios de Clausells y Armstrong, de Ponce, siendo él además Capellán del Regimiento 296 de la Guardia Nacional; que en 4 de julio, 1937, el referido padre salió para San Juan a participar, como miembro de la Guardia Nacional, en la parada que en celebración de clicba festividad se llevaría a cabo el día 5, y que regresó a Ponce en la nocbe de este último día. Que estando durmiendo, y a eso de la una y media de la madrugada del día 6 de julio, fué despertado por una explo-sión que sintió y que de momento creyó era un cañonazo del Castillo del Morro, pues la nocbe anterior babía dormido en ■el Cuartel de Ballajá en San Juan; pero que al ser llamado por otro sacerdote que con él estaba, se dió entonces cuenta de que se trataba de algo distinto, puesto que la explosión fué muy fuerte. Que los efectos que la explosión produjo en la casa, entre otros, fueron los que describe, exponiendo enton-ces las numerosas cosas que fueron destruidas o averiadas por la explosión. Que al levantarse el Padre Aguilera, olía a pólvora y babía bumo en la casa y sobrevino una alarma general en el vecindario y un gran tumulto de gente se reunió frente a la casa. Que un objeto que voló cuando la explo-sión, atravesó las paredes del frente y de atrás, dejando un •agujero de seis pulgadas en la casa situada al frente de la del Padre Aguilera. Que la explosión se oyó a más de un kilómetro de distancia. Que el Padre Aguilera conocía al acusado Medina desde el año 1930, pues éste fué monaguillo suyo por cuatro años.

Se probó además, continuó diciendo el juez de distrito, y también fuera de toda duda razonable, que en la casa del acusado Antonio Buscaglia se reunían, con anterioridad al 5 de julio, 1937, unos cuantos nacionalistas entre los que estaban los acusados Antonio Buscaglia, Guillermo Hernán-dez, Alejandro Medina,' Ramón Morales y Candila Collazo, en cuyas reuniones se preparaban planes de carácter terro-rista, con el fin de aterrorizar al vecindario, causar daños y conseguir dinero de los ricos, siendo uno de los medios de llevar a cabo dichos planes el de utilizar bombas explosivas; y que, específicamente en una de dichas reuniones, se tramó a sugestión del coacusado Antonio Buscaglia, poner y hacer estallar bombas.en las residencias del Padre Aguilera y de Pedro J. Rosaly, de Ponce; que la persona que presidía estas reuniones era Antonio Buscaglia; que el que cometiera cual-quier indiscreción hacían que lo quemaran en un brazo con una gota de ácido sulfúrico, y hasta él mismo se impuso este castigo; que para llevar a efecto lo tramado los acusados prepararon y fabricaron una bomba explosiva por medio de una lata y de varios materiales que se describen, algunos de los cuales tuvieron que ser cernidos en un cedazo; que dicha bomba fué preparada en la-casa de Virgilio Torres y Can-dila Collazo, y fué puesta en la residencia del Padre Aguilera en la noche del día 3 a amanecer 4 de julio, por el coacusado Guillermo Hernández, mientras otros coacusados velaban en frente de la casa; que dicha bomba se apagó y no estalló; que la misma fué reformada y reforzada por algunos de los acusados y por Santos Rodríguez el día 5 de julio; que la bomba fué envuelta en la bandera' americana perteneciente a Antonio Buscaglia y que en la casa residencia del Padre Aguilera se encontraron varios pedazos de la bandera. Entonces la corte procede a enumerar los-esfuerzos hechos por la policía para demostrar el origen de los varios compo-nentes de la bomba, incluyendo la tela metálica hallada en. la casa de Candila ■ Collazo; que cuando las autoridades regis-traron la casa de Candita Collazo, donde se había guardado el cedazo ella dijo que no sabía donde éste estaba, y que el mismo fué finalmente bailado dentro de la letrina que queda en el mismo patio de la casa. Según la corte inferior tam-bién se probó, fuera de toda duda razonable, que pedazos del material, o del material idéntico al usado en la preparación y fabricación de la bomba, fueron bailados en la casa del acusado Antonio Buscagiia y Candita Collazo. La corte inferior entonces discute un número de detalles adicionales relacionados con la formación de la bomba, así como la prueba pericial tendiente a demostrar la forma en que se preparó la misma. También discute especialmente la presencia de pól-vora. Entonces la corte llega a la conclusión final de que el artefacto preparado por los acusados fué el que estalló en la casa del Padre Aguilera.

Los acusados no presentaron prueba en la Corte de Dis-trito de Ponce, y en lo que a la prueba en su totalidad se refiere, descansaron en una moción de nonsuit. El baber declarado sin lugar dicba moción de nonsuit sirve de objeto al señalamiento vigésimo quinto. Este error, como tal, no ba sido discutido en el alegato de los apelantes. El fiscal de esta corte estuvo perfectamente justificado al no prestar aten-ción especial a dicbo señalamiento. A este respecto el fiscal dice que de los veinticinco errores tan solo doce ban sido dis-cutidos y que únicamente éstos debían ser refutados en su alegato. Lo que los apelantes trataron de bacer después de celebrarse la vista ante este tribunal fué poner una nota a continuación del vigésimo quinto error al efecto de que debía examinarse la página 509 de la transcripción de evidencia. Nada bailamos en dicba página ni en ninguna página posterior que arroje alguna luz sobre lá moción de nonsuit. Se bizo referencia en las páginas 503 y siguientes. En lo que podría llamarse su relación del caso, los apelantes se refieren a la moción de nonsuit. No se ba becbo una verdadera dis-cusión de los becbos allí expuestos, a no ser -en efecto para decir que bubo una incongruencia entre la acusación y la prueba. Como no se hizo nn señalamiento de error sobre este punto específico, el fiscal de esta corte necesariamente no lo discute y no bailamos incongruencia alguna. Lo que los ape-lantes dicen es más o menos una repetición de la idea de que la prueba tendió a probar un delito bajo el artículo 516 del Código Penal y no bajo el artículo 11 de la ley del 1934.

En realidad, si no bubo incongruencia alguna y si los becbos tendieron a sostener la acusación, la corte inferior actuó correctamente al declarar sin lugar la moción de non-suit. Sobre este punto el fiscal de esta corte dice al final de su alegato que en cuanto al conjunto de toda la prueba prac-ticada, basta con leer la declaración del testigo Santos Rodrí-guez, para concluir que la misma fué más que suficiente para sostener la sentencia dictada, ya que su testimonio cubre toda la transacción en detalle, tanto en lo subjetivo como en lo< objetivo; que este testigo describe la intervención y partici-pación de todos y cada uno de los coacusados, desde el prin-cipio basta el final, limitándose la otra prueba, más que nada,, a corroborar su testimonio en muchísimos particulares.

El primer señalamiento se refiere a la resolución de la; corte declarando sin lugar una moción de traslado. Discu-tiremos este señalamiento al final de nuestra opinión.

El segundo señalamiento lee como sigue:

“La corte inferior cometió error al negar a los acusados el de-recho a juicio por jurado y por separado.”

Los apelantes tratan de decir primeramente que su supuesto delito estaba cubierto por el artículo 516 del Código Penal. El segundo fundamento aparentemente es, según h> entendemos, que el artículo 15 de la Ley Núm. 67 de 1934 trata de fijar un procedimiento especial para juzgar los casos,, incluyendo en sus términos un procedimiento que priva a los acusados del derecho a un juicio por jurado. El tercer fun-damento es que la promulgación del Código Penal y del Código de Enjuiciamiento Criminal en 1937 y 1935 respectivamente, derogó la ley anterior de 1934, según fué enmendada en 1936.

Es claro que el señalamiento de error es totalmente defi-ciente al hacer que su interpretación dependa de las tres pro-posiciones separadas enunciadas más tarde, y además la lectura de dicho señalamiento da muy poca idea de cuál es la supuesta exoneración de los acusados. La corte inferior decidió las cuestiones envueltas al serle originalmente presen-tadas por moción, resolviendo que si bien el artículo 516 del Código Penal exigía que el delito se cometiera maliciosa-mente, el artículo 11 de la ley de 1934 no requería malicia. El artículo 516 del Código Penal y el artículo 11 de la ley de 1934, leen así:

“Artículo 516. — Toda persona que maliciosamente, mediante la «explosión de pólvora u otra sustancia explosiva, destruyere, derri-bare, o dañare total o parcialmente algún edificio, con lo cual peli-grare la vida o seguridad de seres humanos incurrirá en ‘felony’.”
“Artículo 11. — Toda persona que use dinamita u otro explosivo ilegalmente con el propósito de hacer daño corporal, o de aterrorizar o asustar a cualquier persona, o para hacer daño o destruir cualquier propiedad, o para hacer daño a la misma en cualquier forma, podrá ser castigada, convicta que fuere, a pagar una multa de no menos de doscientos cincuenta (250) dólares, ni de más de cinco mil (5,000) dólares; o a sufrir cárcel con trabajos forzados por un término que no sea menos de un año ni que exceda de veinte años.”

La corte procede a resolver que los delitos son distintos y aún duda que la palabra “voluntariamente” signifique otra cosa que no sea deliberadamente.

Sin embargo, nos parece que la mejor respuesta a esta clase de argumentos es que la Legislatura tiene derecho a establecer delitos que tengan elementos similares pero que quizá sean distintos como sucede aquí. Según el artículo 11 de la ley de 1934, es posible condenar a los acusados sin que haya evidencia de un delito grave. Los acusados pudieron tal vez ser culpables de un delito mayor y ello no impedía que se les procesara por el delito menor.

Estamos muy contestes con el fiscal en que no está envuelta cuestión alguna sobre derecho a juicio por jurado, especial-mente porque la Legislatura fácilmente pudo abolir el jurado aun para los delitos graves.

Es un principio general de derecho que la promulgación de un código que cubra las leyes penales fundamentales, no deroga ciertas leyes especiales, como la que está bajo nues-tra consideración. En otras palabras, la Legislatura podía pasar, y en 1934 pasó, una ley especial sobre la posesión de materias explosivas, y no fué necesario que la Comisión Codi-ficadora incluyera esta ley especial en el nuevo Código Penal. La Legislatura no ha mostrado tendencia alguna a derogar ■esa ley y las derogaciones implícitas no son favorecidas por la ley. El segundo señalamiento de error es discutido más ampliamente en el alegato del fiscal con citas adecuadas.

Los señalamientos tercero y cuarto serán discutidos conjuntamente. Estos leen así:

“3. La corte inferior cometió error al permitir que por los mis-mos hechos se mantuvieran dos procesos contra los acusados; bajo alegaciones de dos intenciones distintas e irreconciliables; forzán-dose la ventilación del proceso por el delito menor mientras se man-tenía el otro en pie con el propósito evidente de mantener encarce-lados a los acusados durante toda la tramitación del primero.
"4. La corte inferior cometió error al mantener la eonstituciona-lidad del artículo 11 de la Ley Núm. 67 de 13 de mayo de 1934.”

La corte inferior resolvió, y convenimos con ella, que el tener pendientes dos acusaciones distintas es generalmente cuestión que • concierne al fiscal. La moción de los acusados fué presentada aparentemente mientras se hallaban pendien-tes ambas acusaciones y la corte creyó que la radicación de la moción envuelta en este caso era prematura para aquel entonces; es decir, antes del juicio. Tenemos la idea, salvo mejor criterio, que los acusados pudieron ser procesados tanto bajo el artículo 516 del Código Penal, como bajo el artículo 11 de la ley de 1934, según fué enmendado en 1936. Igual-mente convenimos con el fiscal en que el título de una ley no necesita que describa todo su contenido, y que es suficiente que se identifique su contenido.

El título de la ley en cuestión, según fué enmendado en 1936, dice así:

“Para reglamentar la manufactura, uso, posesión, almacenaje, transporte, venta o donación de explosivos en Puerto Rico, definiendo los delitos, estableciendo penas, declarando una emergencia y para otros fines.”

Besolvemos que el título es lo suficientemente amplio para que cubra la cuestión expuesta en el artículo 11 a que ya nos liemos referido. El uso de la palabra “explosivos” hace que el título sea suficiente.

El quinto señalamiento provee como sigue y convenimos con el fiscal en que es enteramente frívolo:

“5. La corte inferior cometió error al sostener que la Ley Núm. 66 de 9 de mayo de 1936 es enmendatoria a la Ley Núm. 67 de 13 de mayo de 1934.”

Los señalamientos sexto, séptimo y octavo leen así:

“6. La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la mo-ción solicitando especificación de ciertos particulares de la acusación y eliminación de otros por su resolución de 17 de agosto de 1937.
“7. La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la ex-cepción perentoria de que la acusación imputaba la comisión de más de un delito.
“8. La corte inferior cometió error , al denegar la excepción pe-rentoria de q.ue la acusación no se ajustaba a los requisitos exigidos por los artículos 71, 72 y secciones 6 y 7 del Artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal.”

Hemos leído los alegatos de ambas partes y no bailamos que se cometiera error alguno, o de haberlo, el mismo no fué perjudicial.

Los señalamientos noveno y décimo leen así:

“9. La corte inferior cometió error al concluir que en 28 de fe-brero de 1937 en una asamblea del Partido Nacionalista celebrada en Ponce, entre otros acuerdos, se aprobó uno declarando al Rev. Padre Néstor J. Aguilera persona non grata a la independencia de Puerto Rico.
“10. La corte inferior cometió error al permitir al testigo Rev. Padre Néstor J. Aguilera declarar en términos generales sobre el contenido de un artículo que había declarado éste haber publicado el 20 de febrero de 1937 en el periódico ‘El Mundo’.”

Los apelantes mismos admiten que el móvil del delito no es esencial para una convicción. Sostienen, sin embargo, que cuando en un caso de prueba circunstancial, como el presento, el juez Lace comentarios sobre el móvil, la supuesta prueba insuficiente es pertinente, mas conforme el fiscal indica en-forma que hemos aceptado, hubo prueba tendiente a demos-trar el móvil del delito.

En los señalamientos undécimo y duodécimo se alega:

”11. La corte inferior cometió error al permitir al testigo Pedro Guillermo Teissoniere declarar como perito en clasificación de dis-tintas clases de pólvoras, identificación de éstas, sus efectos y resi-duos así como dinamitas y bombas, no habiéndose cualificado el tes-tigo como perito para declarar sobre estas materias.
”12. La corte inferior cometió error al negar la eliminación de la declaración del testigo Luis Fortuno Janeiro porque lo declarado por dicho testigo, aunque relacionado con uno de los acusados, era completamente inmaterial para los efectos de los hechos que se es-taban ventilando en la acusación y tendiente tan solo a prejuieiar la mente del juzgador en contra de los acusados.”

Estamos de acuerdo con el fiscal en que el testigo Teisso-niere era lo suficiente perito para que declarara sobre este simple artefacto utilizado por los acusados. Teissoniere era un perito en pirotecnia y nada más, pero conocía necesaria-mente sobre pólvora y otras materias explosivas y su cono-cimiento era más que suficiente para que cubriera el uso de las materias utilizadas en la bomba que estalló. En relación con las manifestaciones del testigo Fortuno Janeiro y su refe-rencia al hecho de que la bomba estaba envuelta en la bandera americana, etc., creemos que esas manifestaciones no podían afectar seriamente el ánimo de un juez sereno, como creemos lo fué el Juez Todd.

Los señalamientos décimotercero, décimocuarto, décimo-quinto, décimosexto, décimoséptimo, décimoctavo, décimono-veno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigé-simo tercero, vigésimo cuarto y vigésimo quinto, no fueron discutidos en el alegato de los apelantes y es innecesario que este tribunal los discuta, a menos que se nos convenza que se cometió un error fundamental. No hallamos semejante error fundamental.

Una de las cuestiones más serias discutidas a través del alegato de los apelantes es que hubo una acusación bajo el artículo 11 supra, y a la vez otra bajo el artículo 516, del Código Penal; que a virtud de esta última acusación a cada uno de los acusados se le fijó una fianza de $20,000 ó $25,000, según sea el caso; que la fianza exigida en el delito menos grave era de $500, que los acusados fácilmente podían háber prestado; que los funcionarios judiciales hicieron esto con el propósito de mantener a los acusados en la cárcel mientras se veía el juicio por el delito menos grave. Dicen que la acusación por el artículo 516 fué archivada después que hubo una sentencia condenatoria en este caso. Nos sentimos obligados a exonerar a los funcionarios judiciales de cualquier mal proceder porque es aparente que en algún momento ellos pudieron haber esperado reunir suficiente prueba para convencer al jurado de la culpabilidad de los acusados y luego haber perdido tal esperanza y entonces haber resuelto archivar el proceso bajo el artículo 516 del Código Penal.

El primer señalamiento lee así:

“La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la moción de traslado de 9 de agosto, 1937.”

El señalamiento es insuficiente. Un señalamiento de -error de esta índole o de índole similar debe contener, podríamos decir, alguna indicación de las razones por las cuales la corte erró al declarar sin lugar la moción de traslado. Por ejemplo, los apelantes pudieron haber dicho que la corte inferior come-tió error al declarar sin lugar la moción de traslado presentada el 9 de agosto, 1937, basada en el fundamento de que el prejui-cio o la parcialidad del juez le impedía presidir el caso tal cual corresponde a un magistrado. Quizá lo anterior hubiese bas-tado, mas para ayudar a este tribunal, aún hubiera sido mejor si los apelantes hubiesen dicho que esta hostilidad se demos-tró al fijar una fianza indebida, al dirigir el proceso, con actos de hostilidad hacia los letrados, y en otras formas.

El fiscal de esta corte demuestra o trata de demostrar que una moción de traslado como tal se limita al prejuicio existente en la comunidad que impida la formación de un jurado imparcial, mas no a un ataque al juez. Segundo, el fiscal demuestra que un ataque al juez debe hacerse por razo-nes distintas a las expresadas en el párrafo anterior, o sea, entre otras cosas, que tiene prejuicio personal contra los acusados.

Los apelantes dicen algo al efecto de que las declaraciones juradas radicadas por ellos, y para las cuales no hubo eon-tradeclaraciones, deben ser aceptadas como ciertas. No esta-mos convencidos de que un “affidavit” desempeña el mismo papel que una demanda en tal forma que sus hechos deban ser admitidos. La declaración jurada es algo distinto a una alegación. Sea ello como fuere, un juez no está obligado a aceptar como presuntivamente ciertos aquellos hechos que se relacionan con él o con su conducta. Carece de impor-tancia que el juez aparentemente rehusara saludar a algunos de los letrados del caso. Pudo haber sido una emoción pasa-jera o una distracción, y no hay indicios en los autos de que esta actitud prevaleciera. En cuanto a su dicho de que el delito era peor que un asesinato en primer grado, suponiendo que hiciera tal manifestación, podría asumirse que se trataba meramente de una cuestión de opinión, que fácilmente podía ser. sustentada por otros. Las actuaciones llevadas a cabo consecuentemente por los acusados podían costar no una sola vida sino varias vidas o un gran número de ellas.

Una de las cuestiones, de no ser la principal, a que se dió énfasis fue la fijación de fianzas de $25,000 a dos de los acusados, que fueron posteriormente reducidas por el infrascrito, actuando a nombre de la corte, a $10,000. Esta-mos plenamente contestes en que la fijación de una fianza alta pudo ser uno de los elementos a utilizarse para demos-trar prejuicio por parte del juez, mas este acto por sí solo no es suficiente. Una de las razones fundamentales por las cuales se fija una fianza alta es garantizar la presencia de los acusados durante el juicio.

La cuestión más seria lo es la imputación de que el Juez Todd participó activamente en el procesamiento de los acusados, habiéndose en varias ocasiones encerrado con el fiscal de distrito o con el jefe de la policía, y que la impresión general de la comunidad fue que el Juez Todd era el alma del proceso. En un caso corriente es aconsejable que un juez evite dar la impresión de que él se está tomando un interés indebido en un proceso. Queremos decir, sin embargo, que no obstante lo imperfecto del señalamiento de error, si estuviéramos convencidos de que el juez actuó inde-bidamente y que como resultado de ello los acusados no tuvieron un juicio imparcial, revocaríamos la sentencia. Las quejas de los apelantes, sin embargo, tanto en su moción original como en sus argumentos ante esta corte, no nos convencen de que el Juez Todd se tomara demasiado interés en el caso. El examen que fiemos hecho de los autos no nos convence de que él hiciera algo en la búsqueda de prueba o' en la presentación de la misma, o de que en realidad penetrara en los deberes del fiscal. Tampoco nos convencen los autos de que el juez tuviera algo que ver con el proceso incoado contra estos acusados específicos. Empero, dando color a la teoría de los apelantes de que algunas de las actúa • ciones del juez tendían a demostrar parcialidad y prejuicio, esto, conforme veremos, podría obviarse con otras actuaciones dél mismo juez. Por lo menos en una de las declaraciones juradas, los letrados de los apelantes declararon sobre la imparcialidad general del Juez Todd al juzgar los casos. Un juez aún podría demostrar cierto celo para que un caso se prosiga y con ello no podría imputársele prejuicio o un móvil indebido.

Coino cuestión leve que tiende a demostrar la actitud del juez, podemos referirnos al siguiente hecho. La explo-sión del artefacto que destruyó parcialmente la casa del Padre Aguilera, era o se convirtió en un hecho familiar para el pueblo de Ponce, y de ordinario cualquiera hablaba de él como una bomba. Sin embargo, cada vez que un testigo se refería á, una “bomba”, los acusados se oponían y el juez sostenía la objeción. Tenemos realmente la idea de que “bomba” era la palabra corriente que podía usarse; que si no lo era, el conocimiento del testigo podía salir a relucir en la repre-gunta, y que si se hubiera declarado la objeción sin lugar ello hubiera constituido un error no perjudicial.

No hallamos en la dirección del juicio signo alguno de pasión o prejuicio. Aun si un juez erróneamente y quizá con hostilidad discute un punto de derecho con los letrados, tal manifestación no demuestra prejuicio.

La mejor respuesta al señalamiento de error, conforme una vez más sugiere el fiscal, es el examen de todos los autos del caso, especialmente de aquella parte que se refiere al juicio. Este caso fue una prueba (test) pragmática o prác-tica de imparcialidad y el juez, a nuestro juicio, la pasó satisfactoriamente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor HutchisoN

text:
    Emiliano Ramos Santiago, hoy su Sucesión, compuesta por Armonía, Liberto y Palmira Ramos, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1048.

    Sometido: Mayo 8, 1939.

      Resuelto: Mayo 31, 1939.

      Victor M. Pons Gil, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor HutchisoN

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad denegó la cancelación de una hipoteca porque el acreedor hipotecario no había expre-sado su consentimiento para que se cancelara la inscripción ■en el registro, según requiere el artículo 82 de la Ley Hipo-tecaria.

El acreedor hipotecario había recibido del dueño de la finca hipotecada la suma de $500 pagádale en presencia del notario y en la escritura de cancelación formalmente recono-cía haber recibido dicha cantidad en pago total de la deuda hipotecaria, más los intereses hasta el día de la cancelación. Él había cancelado completamente la hipoteca y se había obli-gado a conseguir una declaratoria de herederos y a inscribir-la hipoteca a su nombre para que el dueño de la propiedad hipotecada pudiese inscribir la cancelación de la hipoteca en el registro de la propiedad. Había convenido en que de no hacer eso dentro de un término razonable el dueño de la propiedad hipotecada podía hacerlo a nombre y por cuenta del acreedor. Eso bastaba. Héreter v. Registrador de la Propiedad, 18 D.P.R. 813.

La nota recurrida debe ser revocada y la escritura de cancelación devuelta al registrador con instrucciones de que la inscriba.


text:
    Núm. 1027.
    Lomba, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Diciembre 16, 1938.
   Original. Recurso Gubernativo.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)

PoR CUANTO el recurrente en este caso es el comprador condi-cional de ciertos bienes muebles qué se describen en el contrato de compraventa;

Por Cuanto en el mismo contrato se constituye una hipoteca sobre dichos bienes a favor del vendedor condicional con el objeto de garantizar el pago del precio convenido y aplazado;

PoR cuanto el Registrador de la Propiedad de San Juan se negó a inscribir dicha hipoteca “por no ser el deudor el dueño legal de los bienes hipotecados”;

Por cuanto de acuerdo con el caso de Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545, y otros, el comprador condicional es “un Verdadero dueño de los bienes comprados, pero en un dominio sujeto a desapa-rición por medio de resolución, o sea por el acaecimiento del suceso que constituye la condición del contrato”;

PoR cuanto sostenemos que dicho título es suficiente para per-mitirle al comprador hipotecar los bienes;

Por cuanto el registrador en su oposición al recurrente alega además que la sección 5 de la ley sobre hipoteca de bienes muebles (nmn. 19 de 1927, pág. 493) requiere que los bienes hipotecados estén libres de gravámenes y cargas;

Por Cuanto el vendedor condicional y acreedor hipotecario en este caso son una y la misma persona y por lo tanto en cuanto a él se refiere dicha hipoteca goza de preferencia absoluta;

Por tanto, se revoca la nota del registrador recurrido y se ordena la inscripción solicitada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7714.
    Pastrana, aplda. v. Pastrana, aplte.
    Diciembre 16, 1938.
   C. D. Huma-cao. Alimentos.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto la Corte de Distrito de Humacao, en 5 de noviembre de 1937, dictó la siguiente:

' ‘ Sentencia
‘ ‘ Examinados los autos en este caso y considerada en su totalidad la evidencia presentada por las partes, la corte dicta sentencia en el día de hoy declarando la demanda con lugar y condenando al demandado, Pedro Pastrana, a pasar a la demandante, Ada-Bisinia Pastrana Díaz, por conducto de su señora madre, doña Isabel Díaz, una pensión mensual de $25.00 para los gastos de alimenta-, eión, ropa y calzado de dicha menor, imponiéndose al demandado las costas en el procedimiento. ”

Por cuanto en 11 de noviembre del mismo año la corte dictó la siguiente:

“Resolución Enmendatoria de Sentencia
“Vista la moción presentada sobre reconsideración de sentencia por la parte demandante en este caso y habiendo pasado inadvertido para esta corte al dictar la sentencia que se dictó en el mismo, la fijación de una suma como importe de los honorarios del abogado de la demandante, incluida en las costas impuestas al demandado, se enmienda la referida sentencia, mtno pro timo, fijándose los referidos honorarios profesionales en la suma de $100.00 moneda americana, que el demandado deberá satisfacer a la demandante para pagar los servicios del abogado de que ésta se ha valido en la sustaneiación del presente caso.”

Por cuanto los únicos supuestos errores señalados por el ape-lante son los siguientes:

“1. — La Corte de Distrito de Humaeao erró al condenar al demandado a pasar a su hija una pensión alimenticia de $25.00 mensuales, no dando aplica-ción al artículo 146 del Código Civil. (Ed. 1930).
“2. — La Corte de Distrito de Humaeao erró al apreciar la prueba, por no sostener ésta la sentencia dictada en el caso.
“3. — La Corte de Distrito de Humaeao erró al dictar la resolución enmen-datoria de sentencia, nimo pro timo, de 11 de noviembre de 1937. ’ ’

PoR cuanto no encontramos en la apreciación de la prueba error tan manifiesto que exija una revocación de la sentencia, y por tanto, no existe tampoco el primero de dichos errores.

Por cuanto si bien la mejor práctica hubiera sido quizá, oír a las partes antes de dictarse la resolución enmendatoria (Véase el caso de Rodríguez v. Sánchez, 48 D.P.R. 236, citado por el apelante) sin embargo, tratándose como se trata, de suplir una mera omisión invo-luntaria en la sentencia original, tal error de procedimiento por sí solo no justifica una revocación de dicha resolución, y no apareciendo excesivo el montante de los honorarios de abogado concedidos, ni ver-dadero abuso de discreción por haberse incluido tales honorarios en las costas.

Por tanto se confirma en todas sus partes la sentencia enmendada apelada que dictó la Corte de Distrito de Humaeao en noviembre 11, 1937.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Núm. 7322.
    Durán, aplte. v. Sucn. Durán, aplda.
    Diciembre 23, 1938.
   C. D. Ponce. Nulidad de testamento y reclamación de herencia.

Apareciendo que el término que tenía la parte demandante para radicar su apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el primer Circuito ha vencido con exceso, no ha lugar a admitir el recurso.


text:
    Núm. 46.
    In re Francisco González, Jr., querellado.
    Enero 12, 1939.
   Original. Disbarment.

POR cuanto, el Fiscal de este Tribunal Supremo radicó en 19 de diciembre de 1938 una querella jurada contra Francisco González, Jr., abogado admitido a postular ante los tribunales insulares desde el 12 de diciembre de 1921, y al ejercicio del Notariado desde el día 22 del mismo mes y año, imputando a dicho abogado el haber reali-zado hechos que no solamente implican depravación y conducta inmo-ral en la práctica de su profesión de abogado, sino que también pueden ser constitutivos de delito;

Boe cuanto, después de haber sido debidamente notificado con copia de la querella y de conocer su contenido, el querellado radicó una contestación en la que admite y acepta como probados todos los hechos esenciales alegados por el fiscal en su querella;

Por cuanto, habiendo sido admitidas todas las imputaciones de la querella, por el abogado querellado, no es necesario celebrar una vista ni practicar prueba alguna;

Por cuanto, los cargos formulados en contra del querellado y admitidos por éste constituyen a juicio de este Tribunal Supremo causa grave y suficiente para justificar la remoción (disbarment) del querellado como abogado y como notario y la eliminación de su nom-bre de los registros de Abogados y Notarios;

Por lo tanto, vistas las disposiciones de la Ley de 11 de marzo de 1909, titulada "Ley proveyendo para la organización de una Comi-sión que examine e informe sobre las condiciones morales de los aspirantes al ejercicio de la abogacía ante los tribunales de la Isla de Puerto Rico, definiendo determinados deberes de los abogados y para otros fines,” las de la "Ley para regular el ejercicio de la profesión notarial en Puerto Rico,” aprobada en marzo 8, 1905, y la jurisprudencia establecida por este tribunal en los casos de In re Figueroa Maestre, 20 D.P.R. 466, In re Angel Torregrosa, 25 D.P.R. 637, e In re Erasto J. Arjona Siaca et al., 40 D.P.R. 109, se decreta y ordena la remoción del querellado del ejercicio de su profesión de abogado, así como del ejercicio del notariado, y la eli-minación de su nombre del Registro de Abogados y del Registro de Notarios de esta Isla.


text:
    Núm. 64.
    Montaner, Admor., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, dmdada. y Santini Fertilizer, patrono ante la Comisión.
    Enero 12, 1939.
   Original. Recurso de Revisión.


text:
    Núm. 65.
    Montaner, Admor., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, dmdada. y J. R. Nieves & Co., patrono ante la Comisión.
    Enero 12, 1939.
   -Original. Recurso de Revisión.

(Por la Corte, a. propuesta del Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, el recurrente no acompaña su -solicitud de revisión con una copia certificada de la orden o decisión de la Comisión Industrial cuya revisión se pide.

Por cuanto, visto el artículo 11 de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 (Leyes de ese año, (1) págs. 251-289), no ba lugar por ahora a la revisión solicitada.


text:
    Núm. 20.
    Irizarry et als., promoventes, v. Municipio de Coamo, dmdado.
    Enero 16, 1939.
   Original. Injunction.

(Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Travieso.)

Yista la Ley para definir los injunctions, etc., aprobada en 8 de marzo de 1906 (artículos 675 et seq. del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. de 1933, pág. 276) y los casos de Santaella v. Garrido, Comisionado, 50 D.P.R. 147; Héreter v. Reguero, et al., 40 D.P.R. 925, y Rodríguez v. Saldaña, 38 D.P.R. 397, no ha lugar a la solicitud de injunction.