author: El Juez Asociado Señob, Wole

text:
    In Re Abintestato de Don Hiram Gómez Cintrón, Elisa Fedora Gómez Doittau, peticionaria, Ex Parte. General Accident Fire & Life Assurance Corporation, Etc., peticionarias y apeladas; Alonso Aguilar, et als., acreedores, opositores y apelantes.
    Núm. 7571.

    Sometido: Noviembre 14, 1939.

    Resuelto: Marzo 8, 1940.

      J. Alemañy Sosa, abogado de los opositores apelantes; Brown, Gon-zález & Newsom y Wilson P. Colberg, abogados de las peticionarias apeladas; Oscar Souffront, abogado del Administrador Judicial.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob, Wole

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una apelación de un incidente que surgió dentro de la administración judicial del caudal relicto a la muerte de Hiram Gómez. El finado había sido un prominente agente de seguros en la isla y como tal había representado a varias compañías inglesas y americanas. El 16 de marzo de 1935 el Lie. Henri Brown, como abogado de las compañías Western Assurance Company of Canada, United States Guaranty Co., de Nueva York, Federal Insurance Company, de Nueva Jersey, Hartford Fire Insurance Company, de Connecticut, y la General Accident, Fire and Life Assurance Company, de Perth, Escocia, que en lo sucesivo serán descritas como “las compañías”, para todas las cuales el Sr. Gómez había actuado como agente general, dirigió una carta al administrador judicial interino de sus bienes solicitando que separara y depo-sitara en una cuenta especial todas aquellas primas cobradas o pendientes de cobro sobre pólizas expedidas por dichas compañías en vida del finado y por mediación de su agencia. He acuerdo con una orden de la corte de distrito correspon-diente, el administrador judicial interino, y posteriormente el administrador en propiedad, depositaron estos cobros espe-cíficos en una cuenta especial.

En marzo de 1936 las compañías radicaron una petición en la que solicitaban la entrega a su abogado de las primas cobradas y depositadas en la cuenta especial supra, así como también la cesión y traspaso a dicho abogado de todas las cuentas pendientes de cobro por concepto de primas. Uno de los acreedores generales del finado, Alonso Aguilar, (a quien se unieron otros posteriormente) se opuso a la petición de las compañías, basado en que la relación entre Hiram Gómez y éstas en cuanto a la primas era la de acreedor y deudor y que por lo tanto las compañías debían considerarse como acreedores comunes. Las compañías, por el contrario, sostuvieron que las primas les pertenecían exclusivamente a ellas y que en su consecuencia no formaban parte de los fondos de la herencia misma. Ésta es la única controversia fundamental en este caso. El administrador judicial radicó un escrito en que solicitaba que antes de que la corte ordenase la disposición del fondo en controversia, las comisiones del finado debían ser deducidas del mismo y transferidas a los fondos generales de la herencia, al igual que ciertas canti-dades en pago parcial de los honorarios de dicho adminis-trador y de su abogado. La corte declaró con lugar la pe-tición de las compañías, dictando a la vez ciertos pronuncia-mientos en relación con los honorarios mencionados. No se hace referencia en la opinión a la deducción de las comisiones, pero presumiremos que, sea cual fuere nuestra conclusión final, su importe será debidamente acreditado a la sucesión de Hiram Gómez.

Siete son los errores señalados por los apelantes. Se oponen principalmente a la conclusión a que llegó la corte con respecto a la relación fiduciaria existente entre el finado y las compañías. La corte de distrito resolvió que dicha relación era la de principal y agente y que las compañías nunca se desprendieron de su derecho a las primas en este caso.

El primer señalamiento de error se refiere a la admisión en evidencia de varios contratos de agencia presentados por las compañías para probar los términos bajo los cuales ■ellas hacían negocios con el Sr. Gómez. Los apelantes sos-tienen qne dichos contratos no fueron suficientemente identi-ficados. En vista de la estipulación posteriormente radicada por las partes este error pierde su importancia, por cuanto en dicha estipulación se conviene en qne Hiram Gómez ex-pedía pólizas de seguro como representante o agente de las compañías. Aparece además en varias otras formas qne Gómez era agente general de las compañías.

La verdadera contienda en apelación es si las cantidades cobradas por el administrador judicial en concepto de primas pagadas después de la muerte de Gómez pertenecen a las compañías o a los fondos generales de la herencia. En su consecuencia, expondremos la parte principal de la estipulación radicada por' las partes para obviar la necesidad de presentar evidencia por parte de los acreedores opositores :

“6. Que a fin de evitar lá celebración de una nueva vista y la demora de la resolución en este caso, las partes comparecientes por la presente acuerdan y estipulan que de acuerdo con los libros de con-tabilidad del finado Hiram Gómez, las copias de los informes men-suales de las remesas hechas por el finado Hiram Gómez, a las compañías peticionarias, y copia de los informes mensuales de los cobros efectuados por el Administrador Judicial durante el tiempo de su administración, resulta el siguiente estado de hechos:
"A. — Que el Sr. Hiram Gómez expedía pólizas de seguro como agente o representante de dichas Compañías a los asegurados por el riesgo que las mismas cubrieran.
“B. — El importe de dichas primas, cuando no se pagaba de con-tádS, era cargado en cuenta corriente, abonándole los pagos hechos por el asegurado, muchas veces en sumas parciales, por el Sr. Hiram Gómez.
"C. — El importe de dichas primas el Sr. Hiram Gómez lo abo-naba en los libros de él a las compañías aseguradoras, descontando el 25 por ciento que le correspondía por comisión, también en cuenta corriente.
“D. — Después del día último de cada mes el señor Hiram Gómez enviaba a las compañías una lista de las pólizas expedidas durante el mes anterior y las primas' que devengaba cada una de ellas, y debía remesar el total de dichas primas, después de descontada su comisión, y las primas por pólizas canceladas, a la General y a la Hartford, a los sesenta días y a la Western, United States y Federal, a los 45 días.
"Después del día último de cada mes el Sr. Hiram Gómez reme-saba a las compañías cantidades de dinero para abonar a los saldos que a favor de las compañías por primas vencidas arrojaban las cuentas corrientes con dichas compañías de seguro que él llevaba en sus libros y para hacer dichas remesas el Sr. Gómez giraba contra sus cuentas en los bancos de Puerto Rico.
"El Sr. Gómez depositaba dichas cuentas en los bancos de Puerto Rico, que eran cuentas corrientes a nombre de él solamente, los ingresos provenientes de sus negocios, incluyendo las primas de seguro que cobraba sobre las pólizas expedidas a nombre de las compañías.
"E. — En caso de que cualquier asegurado dejase de pagar el importe de la prima de su póliza, o parte alguna de dicha prima, dentro de los períodos de 60 días o 45 días que tenía el Sr. Hiram Gómez para remesar a las compañías y dicha póliza no hubiese sido cancelada dentro de dichos períodos de tiempo, las compañías no tenían nada que ver con dicha pérdida, sino que con la misma cargaba íntegramente el señor Gómez.
"Dentro de dichos períodos de 60 días o de 45 días el Sr. Gómez podía cancelar ‘flat’ cualquier póliza expedida dentro del mes inme-diatamente precedente de dicho período de tiempo que hubiese sido ya informado o reportado a las compañías, o sea sin responsabilidad alguna por parte del asegurado o el señor Gómez, por el período de tiempo que dicha póliza hubiere estado en vigor antes de su cance-lación.
"7. — Que se acompaña a la presente estipulación copia de los informes mensuales de las remesas hechas por el Sr. Hiram Gómez a dichas compañías de seguro por el último año con anteriorid^i a la fecha de su muerte, copia de los informes mensuales de los cobros efectuados por el Administrador Judicial durante el término de su administración y el libro donde constan las cuentas corrientes llevadas por el finado Hiram Gómez con los asegurados y las cuentas corrientes llevadas por el Sr. Hiram Gómez con las compañías peti-cionarias y las reclamaciones de dichas compañías peticionarias al Administrador Judicial por el importe de sus créditos.”

Hemos leído los distintos documentos, cartas, certificados de autoridad, etc., ofrecidos en evidencia por las compañías .y encontramos qne son sustancialmente similares en cuanto se refieren a su poder para cobrar las primas. Tanto de estos convenios como de la estipulación sobre las relaciones existentes entre Gómez y las compañías, aparece que sus po-deres eran amplísimos. La autoridad escrita fue indudable-mente ampliada por los actos abiertamente realizados por el agente en sus negocios. No tenemos duda de que la conducta seguida en los negocios entre las partes es pertinente e im-portante para la solución de la cuestión principal en este caso. Tenemos que considerar todo hecho admitido para de-cidir si las compañías, por lo menos después de expirado el término de 45 ó 60 días, descansaban exclusivamente en el Sr. Gómez para el pago de sus primas o si meramente lo consideraban como garantizador de dicho pago. En el primer caso la relación entre el asegurado y la aseguradora podría considerarse sustituida por una de deudor y acreedor entre el agente y la aseguradora, o como el pago de la prima al aceptar el crédito o responsabilidad personal de dicho agente.

En el segundo caso la responsabilidad del agente consti-tuiría una garantía adicional para la principal y no privaría a las aseguradoras de su derecho preferente a cobrar las primas.

Aunque la jurisprudencia no es abundante, una investí gaeión independiente hecha por nosotros ha descubierto al-gunas autoridades que no fueron citadas por ninguna de las partes. Serán discutidas en lugar oportuno de esta opi-nión.

Los casos parecen caer en dos clases generales. Hay aquéllos que consideran la cuestión del pago de la prima desde el punto de vista de si la compañía es responsable bajo la póliza aun en aquellos casos en que el asegurado no ha pagado la prima ni al agente ni a la aseguradora. Hay también aquellos otros casos que consideran el efecto que tiene el cargarle las primas al agente haya o no él recibido su importe.

La costumbre ordinaria seguida en los negqcios desem-peña un'papel importante en todos los casos de esta índole.

En 2 A. L. R. 1664 et seq. encontramos la siguiente dis-cusión de autoridades:

“Así pues, en Train v. Holland Purchase Ins. Co. (1875) 62 N. Y. 598, se resolvió que era inmaterial el becbo de que' la prima no hubiese sido pagada por el asegurado cuando aparecía que existía una costumbre entre el asegurador y el agente a virtud de la cual el primero le cargaba .al último las primas correspondientes a todas las pólizas que se expidiesen y que periódicamente se saldaba la cuenta, y de acuerdo con este arreglo el agente solicitó la expedi-ción de una póliza bajo un acuerdo con el asegurado de que el asegurador le cargaría la prima al agente y que este último le daría crédito a dicho asegurado por el importe de la prima.
“Y en Wythevillle Ins. & Bkg. Co. v. Teiger (Va.) supra (90 Va. 277, 18 S. E. 195), donde no existía .evidencia directa al efecto de que era la práctica del asegurador cargarle al agente personalmente el importe de las primas correspondientes a pólizas enviádasle, pero donde sí hubo declaraciones que levantaron una inferencia de que esto se hacía, la corte declaró que si las primas eran en realidad así cargadas, entonces entre el asegurado y la compañía la prima había sido pagada cuando la póliza fué entregada, y apuntó que estaba bien establecida la regla de que cuando el agente extiende crédito y su importe le es cargado a él por el asegurador, la transacción equivale a un pago.
“Y en Fidelity & C. Co. v. Willey (Fed.), supra (80 F. 497), donde de acuerdo con una costumbre entre el asegurador y su agente general la compañía le cargó a este último el importe de las primas sobre la renovación de- una póliza enviádale para su entrega, y el agente entregó dicha póliza al asegurado sin exigirle el pago de la prima, se resolvió que la, deuda del asegurado había quedado trans-ferida al agente y que entre el asegurador y el asegurado había mediado un pago, y que una cláusula de la póliza requiriendo el pago previo de la prima no podría utilizarse como defensa para evadir responsabilidad bajo la póliza.
“Y en Buckley v. Citizens’ Ins. Co. (1907) 188 N. Y. 399, 13 L. R. A. (N. S.) 889, 81 N. E. 165, se resolvió que la primera prima sobre una póliza debe ser considerada, entre el asegurador y el asegurado, como pagada al tiempo que el agente general de dicho asegurador extendió crédito al asegurado, cuando la prima fué cargada al agente en su cuenta con el asegurador, de acuerdo con la costumbre general entre ellos que descartaba cualquier arreglo que los agentes pudieran bacer con el asegurado en cuanto a crédito, a pesar de que un pagaré en pago de la prima entregado al agente por el asegurado no venció hasta después de una tentativa para cancelar dicha póliza y después también de la destrucción de la propiedad, y que al vencerse fué pagado por el agente quien lo había descontado, y todavía estaba en su poder al tiempo de enta-blarse la acción sobre la póliza, habiéndole sido en el ínterin acre-ditado a dicho agente en su cuenta con la compañía el importe de la prima no devengada al tiempo de intentarse la cancelación.
“Y en Bang v. Farmville Ins. & Bkg. Co. (1876) 1 Hughes, 290 Fed. Cas. No. 838, donde de acuerdo con la costumbre, un agente de seguros entregó una póliza a un corredor (broker) y con su cono-cimiento le cargó el importe de la prima en los libros de dicho agente, y le acreditó dicho importe al asegurador y apareció que era la costumbre del asegurador cargarle las primas a sus agentes, se resolvió que el asegurador no podía evadir su responsabilidad bajo la póliza por el no pago de las primas, aunque en dicha póliza se hubiera estipulado que el asegurador no sería responsable hasta que la prima fuese realmente pagada, y que cualquier convenio que no fuese un convenio específico, claramente expresado en la póliza, no podría ser considerado como una renuncia de cualesquiera de las condiciones impresas.
“Y en White v. Connecticut F. Ins. Co. (1876) 120 Mass. 330, se sostuvo que la evidencia era suficiente para justificar un pronun-ciamiento al efecto de que el asegurador aceptó el crédito concedido' por su agente general a un corredor (broker) como pago de la prima, dentro de una disposición de la póliza que decía que la compañía no sería responsable bajo la misma hasta que la prima fuese verda-deramente pagada, donde hubo evidencia de que era costumbre del agente general dentro del curso normal de sus relaciones entregar-pólizas a los corredores (brokers) sin exigir el pago en efectivo del importe de las primas, que se las cargaba individualmente a cada corredor y rendían un estado de cuenta mensual, y además de que un gran número de las pólizas de la compañía con el conocimiento de ella habían sido expedidas a corredores en esta misma forma, incluyendo la póliza en controversia.”

Del caso de Horton v. Eagle Indemnity Ins. Co. et al., 171 Atl., 322, tomamos los siguientes párrafos:

“El derecho de un asegurador a cobrar de los asegurados las primas adeudadas y cargadas en cuenta a un agente depende de las relaciones existentes entre el asegurador y su agente. Por los con-tratos el agente estaba obligado a pagar todas las primas. En tanto en cuanto las pagó, él solamente tenía derecho a cobrárselas a los asegurados. Habiéndolas pagado, podía proceder contra los asegu-rados, bien fuese bajo la teoría de subrogación, o basándose en una responsabilidad directa por el dinero pagado a cuenta de ellos. El pago le daba derecho al agente a ser considerado como un cesionario de los derechos del asegurador a través de una subrogación y al ■mismo tiempo equivalía a Un préstamo a los asegurados. La agencia en este respecto representaba propiamente tanto al asegurado como al asegurador. Una responsabilidad a base de la promesa al ase-gurado de obtener y mantener en vigor un seguro es consistente con sus obligaciones hacia el asegurador.
“En cuanto a las primas no pagadas ni por el asegurado a la agencia ni por la agencia por cuenta del asegurado al asegurador el derecho a colorarlas después de la terminación de la agencia no está definitivamente convenido por los términos expresos de los con-tratos. Sus términos implícitos, tal como fueron contemplados por las partes y como surgen de los términos expresos y del curso de los negocios entre las partes, deben por lo tanto ser determinados. El curso de los negocios es de ayuda en la interpretación práctica nece-saria para descubrir el entendimiento común que las partes tuvieron del significado de los contratos y de los resultados que por ellos se esperaba obtener. Los incidentes legales que surgen de dicha rela-ción, tanto de su cumplimiento como de la violación de los contratos, están dentro de la contemplación de las partes y deben conside-rarse como términos implícitos.
“La prima en sí es una deuda solamente pagadera al asegurador y hasta que el asegurador ha dispuesto de sus derechos en la misma tiene título absoluto legal y en equidad a ella. Pero la disposición de sus derechos puede ser efectuada poniendo en juego las reglas de derecho aplicables a los contratos y a la conducta seguida como consecuencia de éstos, así como también por sus términos expresos. Si los contratos demuestran que la agencia compró el derecho del asegurador a cobrar las primas sobre las pólizas expedidas por éste, ellas quedaban de la propiedad de la agencia después de su termi-nación.
"La cesión de nna prima por rn asegurador puede ser condi-cional o absoluta. La entrada en sus libros de un cargo de dicha prima al agente, aunque hecha con el consentimiento de éste, no es .suficiente para demostrar una cesión absoluta. No es un reconoci-miento por el asegurador de que la prima ha sido pagada. Brown v. Insurance Co., 59 N. H. 298, 309, 47 Am. Rep. 205. Pero la acep-tación por parte del asegurador del crédito individual de su agente ■como pago de la prima es equivalente a su pago verdadero en cuanto ■al asegurador y asegurado se refiere. Gaysville Mfg. Co. v. Insurance Co., 67 N. H. 457, 458, 36 A. 367. Este punto de vista está soste-nido por otras autoridades. (Citas.) La deducción lógica es que toda vez que el asegurador no puede alegar el no pago de la prima, la .misma pertenece al agente. De otro modo el asegurado se escaparía.
“La deducción está de acuerdo con la intención de las partes tal •como se evidencia en los contratos de agencia en la interpretación de Jos cuales las relaciones de negocios bajo los mismos son explicativas. .El convenio de parte del agente a que se le cargase el importe de la's primas debía ser interpretado como representativo de su compra, .a menos que fuese uno de fianza (suretyship) para los asegurados. .Si no compró las primas y meramente garantizó su pago, los asegu-rados siguieron siendo deudores del asegurador. Hasta que el fiador paga el asegurador no se desprende de ninguno de sus derechos. El ■convenio del fiador es una garantía para la deuda principal de los .asegurados hacia el asegurador. Pero si el asegurador acepta el con-venio del agente en sustitución de la responsabilidad de los asegu-rados, el convenio no es uno de fianza sino que el derecho a cobrar Jas primas se transfiere por el mismo al agente.
“En cuanto a si fué una compra o una fianza, puede decirse que ien ningún momento se solicitó el pago de prima alguna por el ase-gurador mientras duró la agencia de otra persona que no fuera la ,agencia. Siempre descansó exclusivamente en dicha agencia para el pago. Llevó una cuenta con la agencia compuesta de cargos y cré-•ditos y el contrato requería que la cuenta se saldara periódicamente. El pago de la cuenta se hacía mediante cheque librado contra la única cuenta bancaria que, tenía el agente a su propio nombre. No ■existían depósitos especiales segregando las primas en fideicomiso. La agencia actuaba como un deudor corriente y no como un fidu-ciario.
- ■ “La agencia tenía derecho a extender crédito por el importe de .las primas. Así pues, podía tratar personalmente con los asegurados. .Podía llevar una cuenta corriente con cada uno de ellos cargando en ella las primas sobre las pólizas de todas las compañías en que dicho cliente estaba asegurado, así como partidas de cualquier otra índole. El asegurado, al saldar su cuenta, tenía derecho a considerar la agencia como su acreedor sin responsabilidad alguna hacia el ase-gurador.
“Esta costumbre era conocida por el asegurador y mantenida con su consentimiento. Resulta por lo tanto que la aceptación del crédito personal de la agencia por el ünporte de las primas debía conside-rarse como una sustitución absoluta de las mismas. La retención por el asegurador del derecho a cobrar las primas sobre pólizas expe-didas por la agencia durante la existencia de ésta sería inconsistente con la práctica permitida a la agencia bajo la vigencia del contrato de agencia. El asegurador, descansando exclusivamente en el agente para el pago de las primas, cedió todo su interés en ellas. Los hechos manifiestan esta venta. Ni la omisión de parte de la agencia de solventar su deuda con el asegurador por el crédito coneedídole ni la terminación de dicha agencia le devolvió derecho alguno al asegurador a cobrar las primas adeudadas por el asegurado. El derecho fué incondicional y absolutamente transferido a la agencia.
“Habiendo por lo tanto comprado todas las primas sobre todas las pólizas que la agencia pudiese expedir, la misma no estaba baja ninguna obligación fiduciaria de dar cuenta de ellas. Le pertene-cían para hacer con ellas lo que mejor le conviniese. La cláusula en algunos de los contratos de que las primas menos la comisión debían ser remitidas al asegurador al ser pagadas a la agencia no altera la situación. La cláusula es meramente una disposición para fijar una fecha especial para el pago de la deuda de la agencia al asegurador en cuanto a las primas pagadas a la agencia. Ni tampoco hace dife-rencia alguna la cláusula en uno de dichos contratos al efecto de que hasta que se remitiera la cuantía adeudada sobre las primas cobradas por la agencia esta suma se consideraría como de la pro-piedad del asegurador y ‘como un depósito fiduciario.’ El curso de los negocios entre las partes demuestra una renuncia o cancelación de dicha condición. El contrato estuvo en vigor por más de tres-años, y la manera de efectuar los pagos y los métodos comerciales de la agencia durante este período de tiempo estuvieron bajo el conocimiento del asegurador. El acuerdo e intención de ambas partes de que dicha cláusula debía ser ignorada está por lo tanto definitiva-mente demostrado. Las prácticas empleadas por la agencia y acep-tadas por el asegurador equivalían a una modificación oral o cance-lación de esta condición del contrato y dicha alteración es válida. Warren v. Dodge, 83 N. H. 47, 48, 138 A. 297, y casos citados.”

Por otra parte, el caso de Alliance Insurance Co. v. City Realty Co., 52 F. (2d) 271, trata una cuestión similar de la manera siguiente:

“Al transcurrir .el período de 60 días contado a partir del mes en que se expidieron las pólizas, el agente venía obligado a remitir a cada compañía de seguros el ‘saldo’-que apareciera en el informe mensual para el mes correspondiente a aquél para el cual se otor-gaban las pólizas, ora el agente hubiera cobrado las primas o no. En otras palabras, si el agente, luego de librar la póliza, no la cancelaba dentro del tiempo concedido para la cancelación ‘de plano’ y no cobraba la prima, sino que extendía nuevo crédito al asegurado, entonces el agente, independientemente de si jamás cobraba o no la prima, era responsable a la compañía de seguro del 80 por ciento de la prima, 80 por ciento que se había incluido en el ‘saldo’ informado a fines del mes en qué se otorgaba la póliza.
“Las compañías de seguro no se entienden directamente con los tenedores de póliza a no ser por mediación de sus agentes, y nada tenían que ver con el sistema empleado por el agente al llevar sus libros de contabilidad, cobrar las primas o depositar en los bancos el dinero recaudado. Simplemente exigían a los agentes que remi-tieran los ‘saldos’ indepedientemente de los cobros por ellos efec-tuados.
“Una póliza de seguro es un contrato entre la compañía y el asegurado, en el cual el asegurado conviene en pagar la prima al asegurador. La obligación puede ser cumplida pagando la prima al agente, pero la obligación existe en favor de la compañía. El agente conviene en cobrar la prima y en remitir el producto, menos su comisión, al expirar el período de 60 días contados desde aquél en que termina el mes en que se expidió la póliza. La compañía a su propio riesgo concede al agente 15 días contados a partir del mes en que se otorgue la póliza, para cobrar la prima y entonces le autoriza, si no logra cobrar dentro de dicho período, a cancelar la póliza ‘de plano’ sin responsabilidad alguna de parte suya. Si el agente no cobra ni cancela dentro del tiempo concedido para la cancelación de plano y por el contrario opta extender un nuevo período de crédito al asegurado, la compañía le permite hacerlo así, pero sólo a condición de que él personalmente se haga responsable de la parte de la prima correspondiente a la compañía. Su respon-sabilidad no es la de un garantizado!-, sino la de un obligado principal. La compañía, como cuestión de táctica mercantil que se con-sidera beneficiosa tanto para sí como para el agente, está dispuesta a correr el riesgo desde la fecha en que se otorga la póliza hasta el 15 del mes siguiente, mas no está dispuesta a correr el riesgo más allá de dicho periodo. La compañía no cree que le resulta benefi-cioso continuar siendo responsable bajo la póliza con la mera pro-mesa del asegurado de que pagará la prima. La concesión de un nuevo período de tiempo podría beneficiar a la compañía, mas no está dispuesta a correr tal riesgo. El prorrogar el período de tiempo incondicionalmente daría al agente la oportunidad de cobrar la prima y en su consecuencia recibir su comisión, < pero si no tenía éxito en el cobro no perdería nada mientras que la compañía Rubiera asumido el riesgo sin recibir compensación alguna. El prorrogar incondicio-nalmente el crédito resultaría en su consecuencia beneficioso al agente y contrario a los intereses de la compañía. Por consiguiente, el agente no puede ampliar el riesgo de la compañía sin autoridad de ésta, y, en consideración a tal autoridad, el agente conviene, en beneficio propio, en Racerse responsable a la compañía con su parte de la prima, sea ésta cobrada o no. La responsabilidad es la existente entre un deudor y un acreedor, mas es una responsabilidad adicional a la del asegurado, que surge de una garantía separada y original por parte ¿leí agente, basada en una causa (consideration) y w tiene efecto sobre el contrato existente entre la compañía y el asegurado a no ser para impedir la caducidad del mismo. Al conceder un nuevo período de gracia él agente actúa a nombre de la compañía y con la autoridad de ella. Prolonga la vida del contrato y la respon-sabilidad de la compañía en favor del asegurado por virtud de la póliza continúa y continúa también la responsabilidad del asegurado para con la compañía por el pago de la prima. Es el crédito de la compañía y el riesgo de la compañía lo que se prorroga, y luego de tal prórroga la compañía recibe la promesa del asegurado de que pagará la prima, así como la promesa del agente de que pagará la prima después de deducir su comisión. La compañía entonces de-pende del agente como tal para él cobro del dinero del asegurado y para la remisión del ‘saldo’ dentro del período de 60 días o, si deja de cobrarlo como tal agente, entonces como un obligado indepen-diente para remitir él ‘saldo’ en cumplimiento de su obligación separada e independiente.
“Si él agente, actuando como agente y como obligado indepen-diente, deja de remitir y se pone fin a su agencia, la compañía tiene una reclamación válida tanto contra él asegurado como contra el obligado independiente. La compañía puede proceder contra uno u otro o contra ambos, hasta que su reclamación sea satisfecha-; Si ella no puede obtener el ‘saldo’ del obligado independiente, puede hacerse cargo de la cuenta, cobrarla, o la parte de ella que sea cobrable y acreditar el ‘saldo’ con el producto. La cuestión relativa al cobro de la deficiencia de un obligado independiente no tiene importancia alguna en este caso, toda vez que el informe del árbitro (master) recomienda que no se dicte sentencia por la deficiencia debido a que el valor de las cuentas y el ‘vencimiento’ de éstas no puede determinarse con precisión y por la razón ulterior de que la parte demandada es insolvente.
“Si el agente paga el ‘saldo’ en su calidad de obligado, entonces puede más tarde cobrar la prima y reembolsarse del producto obte-nido.
“En este caso, al celebrarse el contrato en 24 de mayo de 1929, se desprendía que todos los saldos de las pólizas libradas con ante-rioridad al 1ro. de diciembre de 1928 se habían ya remitido. Si esos saldos hubieran sido pagados por el demandado como obligado independiente de su propio dinero, entonces él hubiera tenido de-recho a cobrar las cuentas que vencían con anterioridad al 1ro. de diciembre de 1928, y a retener el producto a fin de reembolsarse. Mas esos saldos, ascendentes en total a $4,898.79 fueron pagados de los cobros efectuados sobre pólizas otorgadas con posterioridad al 1ro. de d:ciembre del año ya mencionado; es decir, con dinero de las compañías de seguro y no del propio peculio del demandado. Por tanto, jamás existió por parte del demandado el derecho a cobrar esas cuentas y a retener su producto.
“El dominio de cuentas por las compañías de seguro es cuestión que se discute en casos ya decididos. Véase U. S. F. & G. Co. v. Sexton, 134 Ga. 56, 67 S. E. 649; etc.... Tal dominio fué en efecto reconocido por las partes que intervinieron en este casó en el con-trato por ellas celebrado el 24 de mayo de 1929.
“Además, el árbitro (master) halló que al terminarse una agencia y al estar el agente atrasado en el pago de los saldos, existe la costumbre universal o un sistema reconocido de arreglar estos asuntos, bajo los cuales la compañía tiene derecho a tomar las cuentas, cobrarlas, y aplicar el producto de las mismas a los saldos no remitidos. La prueba fué contradictoria respecto a la costumbre, pero varios testigos declararon sobre su existencia y efecto. La con-clusión está ampliamente sostenida por la prueba y, siguiendo los principios bien reconocidos de procedimiento, la misma no debe ser alterada por este tribunal.”

Las apeladas también citan los casos de Central National Bank v. Connecticut Mutual Life Ins. Co., 104 (XIV Otto) U. S. 54 e In re Mason Co., 254 F. 164, pero ninguno de ellos presenta la posición de las apeladas más vigorosamente que la cita anterior,

Hemos creído conveniente copiar la jurisprudencia que antecede sobre la materia. En algunos de los casos, espe-cialmente en los más antiguos, las cortes hicieron deducciones de los hábitos y costumbres que habían surgido entre las tres partes, o sea entre las compañías, los agentes y los ase-gurados. En el presente caso los contratos existentes entre las partes y la estipulación que puede hallarse en los autos y que ha sido copiada en esta opinión tienden todos a una conclusión, a saber, que Gómez no era un mero garantizador de los asegurados, sino que su relación con respecto a los fondos que vencían era la de principal y que entre él y las compañías surgió la relación de deudor y acreedor.

Bebe revocarse la resolución apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señou Hutchisou

license: Public Domain

text:
    Tomás Vega Delgado, sustituído por Lucía Santos, o de los Santos, y ésta a su vez por sus hijos Leocadio, Alejandrina y Maximiliano Santos o de los Santos, demandantes y apelantes, v. Bartolo Rodríguez, Gregorio y Eduardo Gómez, demandados y apelados.
    Núm. 7249.

    Sometido: Marzo 17, 1939.

      Resuelto: Marzo 8, 1940.

      Francisco Vizcarrondo, abogado de los apelantes; Carlos Santana Becerra, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señou Hutchisou

emitió la opinión del tribunal.

Leocadio, Alejandrina y Maximiliano de los Santos, de-mandantes en una acción reivindicatoria, apelan de una sentencia adversa. Sostienen que la corte de distrito erró:

Al concluir que Lucía de los Santos no había estado en posesión de la totalidad de la finca reclamada.
Al decidir que los demandados habían pagado al Municipio de Río Grande contribuciones sobre una finca agrícola en el barrio Zarzal y habían continuado pagando sobre un predio de 12)4 cuerdas en el mismo barrio durante los años 1912-1925.
Al resolver que había un conflicto de prueba, en lo que a los demandantes se refería.
Al establecer la conclusión de que los demandados habían estado en la posesión material de 12)4 cuerdas desde hacía más de 30 años con anterioridad a la demanda.
Al sostener que Lucía de los Santos había estado en posesión de 614 cuerdas en el barrio de Zarzal, donde vivía ella con sus hijos, los demandantes apelantes.
Al resolver que, “con o sin buena fe y justo título,” la acción reivindicatoria era improcedente.

La prueba de los demandantes sobre un punto fundamental, era como sigue:

Unos cincuenta o sesenta años con anterioridad a la fecha del juicio, Lucía de los Santos, madre de los demandantes, había adqui-rido las I8I/2 cuerdas de terreno de Francisco Parrilla. Lucía de los Santos, en unión a los demandantes y su padre Basilio Land, vivían en la finca. Lucía de los Santos trajo -a su hermano Gonzalo de los Santos a vivir en la finca como agregado con Rosa Rosado de los Santos. A principios Gonzalo cultivaba las 18y2 cuerdas y más tarde, toda vez que los dos hijos de Lucía ya oran mayores, la siembra y cultivo irrestringidos por parte de éstos de distintas por-ciones de terreno intervenían con el trabajo de Gonzalo y a indica-ción de éste les fueron asignadas a ellos 6% cuerdas y él continuó cultivando las doce restantes. Lucía vivía en una de las dos casas que estaban enclavadas en la finca y Gonzalo en la otra. Rosa Rosado sólo permaneció en la finca cinco años. Después que ella se fué, Gonzalo trajo entonces a Bartolo Rodríguez para que trabajara en dicbo lugar y después de la muerte de Gonzalo, Rodríguez trajo a Gregorio y a Gerardo Gómez. Gonzalo pagaba las contribuciones de las doce cuerdas porque él tenía el uso de esa parte de la finca. Después que Lucía tramitó un expediente de dominio ella pagaba las contribuciones de toda la finca.

La prueba de los demandados fué la siguiente:

María Agustina de los Santos, madre de Lucía, de Gila y de Gonzalo de los Santos, había comprado las 18% cuerdas a Francisco Parrilla. Vivió con su hijo Gonzalo en las doce y media cuerdas hasta el momento de la muerte de ella. Las 18% cuerdas pasaron por herencia a Lucía, Gila y Gonzalo, quienes se dividieron la pro-piedad y Gila más tarde vendió su participación a Gonzalo. Gonzalo perdió la vista unos ocho o diez años antes de su muerte, se enfermó y le ofreció en venta a Gila las 12% cuerdas. A indicación de Gila, Rosa Rosado adquirió la finca, pero Gonzalo continuó viviendo en la casa con su hija y yerno, Bartolo Rodríguez, quien le cuidó Fasta el momento de su muerte. Rodríguez más tarde adquirió las 12% cuerdas de Rosa Rosado.

Lucía, Gila y Gonzalo murieron antes de la fecha del juicio. El hecho de que Gila vendiera la tercera parte de la finca a Gonzalo y el hecho adicional de que Gonzalo ven-diera las 12% cuerdas a Rosa Rosado, parecen haber que-dado bien establecidos por la declaración de por lo menos un testigo inteligente y aparentemente desinteresado. Pis-tos dos hechos prácticamente incontrovertidos tienden a fortalecer el testimonio de testigos interesados que decla-raron que Lucía había adquirido por herencia un condominio indiviso de las 18% cuerdas y a desacreditar las declaracio-nes de otros testigos interesados que manifestaron que Lucía había comprado toda la finca directamente a Francisco Parrilla. Si Lucía no compró toda la finca ni parte alguna de la misma, sino que tan sólo adquirió la tercera parte indivisa de la misma por herencia — y este criterio está sostenido, a nuestro juicio, por la preponderancia de la prueba — no hay base satisfactoria para llegar a la conclu-sión de que ella jamás tuviera la posesión material de toda la finca.

Es cierto, desde luego, que aun de acuerdo con la prueba de los demandados, Lucía, a partir del día en que murió su madre hasta la fecha en que se dividieron las 18% cuerdas, tenía la posesión tácita de una tercera parte indivisa de toda la finca. Empero, ésa no es la teoría de la primera contención de los apelantes. El argumento en apoyo de esa contención asume que los testigos de los demandantes dije-ron la verdad y que los de los demandados faltaron a ella. Si el testimonio de los testigos de los demandados sobre una venta hecha por Gila a Gonzalo y respecto a una venta hecha por Gonzalo a Rosa Rosado era cierto — y a nuestro juicio lo era — es una inferencia lógica que su testimonio sobre la adquisición por herencia, la división entre los tres herederos y la posesión material por parte de Lucía de sólo seis cuer-das también era cierto. Si esas declaraciones eran ciertas, el testimonio de los demandantes al efecto de que Lucía adquirió la finca directamente de Parrilla, sobre su posesión material de toda la finca, la invitación hecha por ella a su hermano Gonzalo para que viniera a vivir en la finca como agregado y la aceptación por parte de éste de tal invitación era falso. De ello se desprende que el juez de distrito no cometió error al resolver que Lucía no había estado en po-sesión de toda la finca en controversia.

Puesto que lo ya dicho prácticamente resuelve el caso, no es necesario que discutamos las otras contenciones, supra, tal cual las mismas han sido desarrolladas en el alegato de los apelantes.

Es muy concebible, desde luego, que los demandantes hubieran tenido un caso más fuerte si Lucía de los Santos no hubiera muerto antes del día del juicio. Debido a esta posibilidad hemos examinado la prueba con sumo cuidado y no hemos hallado ningún error manifiesto en la apreciación de la misma.

De tener éxito los demandantes en una acción reivindi-catoría, ello debe ser, desde luego, a base de la validez de su propio título. Ellos no pueden descansar en la debilidad del título aducido por los demandados.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Harvey Brothers, demandante y apelada, v. R. Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 7662.

    Sometido: Abril 26, 1939.

      Resuelto: Marzo 8, 1940.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm (B. Fernández García en el alegato y en la vista) y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; Alfonso Miranda Esieve, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad demandante reclama en cuatro distintas y ■separadas causas de acción la devolución de ciertas canti-dades pagadas por ella al Tesorero de Puerto Rico, bajo protesta, por concepto de contribuciones sobre el ingreso neto de la demandante durante los años 1928, 1929, 1930 y 1931.

En la primera causa de acción se alega que el Tesorero fijó el ingreso neto de la demandante para el año 1928, en $12,572.43 y .la contribución por tal concepto en $1,571.55; ■que la demandante pagó. el importe de dicha contribución, más $651.04 por intereses, o sea un total de $2,222.59; que el cobro de dicha suma es erróneo, excesivo e ilegal :

(a) Porque el demandado rechazó la pérdida de $26,000 que la demandada alega haber sufrido en sus plantaciones de cocos, como consecuencia del ciclón de 13 de septiembre de 1928; y se negó a aceptar la reducción de $6,600 en los ingresos brutos-de 1928, que por razón de dichas pérdidas le concedió a la demandante la Junta de Revisión e Igualamiento.
(ó) Porque el demandado le ha concedido a la demandante sola-mente $850 como deducción anual por cada uno de los años 1928 a 1931, por concepto de depreciación del ganado vacuno, o sea el 16% por ciento sobre $5,100 en que erróneamente se fijó el valor del ganado, cuando debió concederle una reducción anual de $1,715.60, que es el 16% por ciento de $10,300, valor en tasación del ganado vacuno.
(c) Que aun aceptando la suma de $12,572.43 como el verdadero ingreso neto de la demandante, ésta tendría derecho "a una deduc-ción de sus ingresos brutos de $5,000, concedido por la sección 34 de la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401) por ser inconstitucional y nula y por lo tanto sin valor ni efecto legal alguno la sección 6 de la Ley núm. 18 de 1927 (pág. 487).”
(d) Que aun asumiendo que la demandante no tuviera derecho a la deducción de $26,000 por daños a los cocos y que la Ley núm. 18 de 1927 fuese constitucional, si se resta de los $12,572.43 fijados por el Tesorero como ingreso neto de 1928 la suma de $6,600 conce-dida por la Junta como deducción por daños a los cocos, el ingreso tributable resulta ser menor de $10,000, lo que daría a la deman-dante el derecho al crédito específico de $3,000 concedido por la sección 34 de la Ley núm. 18 de 1927 (pág. 487).

La demandante reclama la devolución de la suma de $2,222.59 pagada bajo protesta.

En las otras tres causas de acción se hacen iguales ale-gaciones y se reclaman, respectivamente, $360.62 pagados sobre un alegado ingreso neto de $2,138.39 en 1929; $17L53 sobre un ingreso neto de $1,068.19 en 1930; y $953.78 sobre un alegado ingreso neto de $6,253.58 durante el año 1931.

La contestación del demandado consta de 23 páginas. Para mayor brevedad reproduciremos el resumen que de sus alegaciones hizo la corte inferior:

“La contestación del Tesorero, que es bastante extensa, acepta en general los hechos, pero niega, en cuanto a la primera causa de acción, que la actor a tuviera pérdidas en su plantación de cocos, y que el valor razonable de tales pérdidas fuera el de $26,000, ni tampoco que rechazara tal deducción, y alega en contrario, que la demandante radicó en el Departamento de Hacienda su declaración de ingresos en la que reclamó como una deducción de su ingreso bruto la suma de $5,000 por concepto de pérdidas en el cosecho de cocos por el año 1928, a consecuencia del ciclón del 13 de septiembre; que el entonces Tesorero eliminó la partida reclamada por no cons-tituir la misma una pérdida deducible y sí un ingreso que la deman-dante no llegó a realizar; que la actora no apeló para ante la Junta de Revisión e Igualamiento de esta decisión del Tesorero, sino que la aceptó; que estando el caso en apelación ante la Junta, la deman-dante reclamó por primera vez una deducción por $26,000, alegando que dicha suma era el valor razonable de 5,300 pahuas de coco que fueron destruidas por el ciclón del 13 de septiembre de 1928; que la Junta de Revisión e Igualamiento admitió como una deducción del ingreso bruto la suma de $6,600 por pérdida en palmas de coco destruidas por el.temporal, y que el entonces Tesorero no admitió la decisión de la Junta, siendo tal actuación ‘ilegal, nula e ineficaz en derecho, porque fué dictada por la Junta en exceso de su juris-dicción, por cuanto dicha reclamación se planteó originalmente ante la Junta y no ante el entonces Tesorero de Puerto Rico, don Manuel Y. Domenech, y lo fué a virtud de petición de reconsideración que se radicó ante dicho organismo y no en la oficina del Tesorero de Puerto R’co, todo ello en violación de la sección 76(b) de la Ley de Contribución sobre Ingresos.’
“En cuanto a la deducción del ingreso bruto por concepto de depreciación del ganado vacuno, niega el Tesorero que el valor de dicho ganado de la demandante sea de $10,300, ni que tenga derecho a deducir la cantidad de $1,715.60; alegando en contrario que en el año 1928 la demandante no llevaba libros de contabilidad de clase alguna que pudiesen reflejar el valor de su ganado; niega que la suma de $10,300 represente el valor en tasación a los fines de la contribución sobre las 52 vacas propiedad de la demandante que utilizaba en su negocio de lechería, y alega que la suma de $850 concedida como depreciación por el ganado vacuno fué computada a base del valor en tasación de dicho ganado, menos el valor estimado del mismo al vencimiento de su período de utilidad.
“En cuanto a la deducción por créditos concedidos por la sección 34(b) de la ley de 1925, el Tesorero alega que si se dedujesen los $6,600 concedidos por la Junta de Revisión e Igualamiento, el ingreso tributable de la demandante sería menor de $10,000, y tendría derecho al crédito específico de $3,000 que autoriza la ameritáda sección de la ley de contribuciones sobre ingresos; pero que como la resolución de la Junta fue dictada en exceso de su jurisdicción, según antes alega, no puede hacer deducción o concesión de crédito alguno.
“Las demás negativas de la contestación giran alrededor de este mismo tema, y alega como defensas especiales: 1, que no habiendo la demandante ni en su declaración de ingresos ni en su alzada ante la Junta reclamado la pérdida neta que sufrió en las operaciones del año 1928, no tiene derecho ni causa* de acción para reclamar deducción alguna por este concepto, ya que no acudió ni agotó la vía administrativa antes de recurrir a la vía judicial; y 2, que por tales motivos la demandante está impedida de plantear esta recla-mación ante la corte y está asimismo impedido el tribunal de conocer de la misma y de concederla o negarla por carecer de jurisdicción.”

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia decla-rando con lugar la demanda y ordenando la devolución a la demandante de cualquiera cantidad que le haya sido erró-neamente cobrada, con sus intereses, más las costas, sin incluir honorarios. El Tesorero apelante imputa a la corte inferior la comisión de cinco errores, los que pasamos a ex-poner y discutir en el orden de su señalamiento.

Declarar que la demandante tenía derecho a la deducción de $6,600 concedídale por la Junta de Revisión e Igualamiento por concepto de la alegada destrucción de palmas de cóco.

En la planilla radicada por la demandante para el año 1928, se solicitó una deducción de $5,000 por pérdidas en la cosecha de cocos, causadas por el ciclón ocurrido ese mismo año. El Tesorero se negó a admitir la deducción. Acudió la demandante en alzada ante la Junta de Revisión e Igua-lamiento y allí reclamó una deducción de $26,000 por con-cepto de pérdida en el valor de palmas de coco destruidas por el ciclón de San Felipe en 1928. La Junta concedió una deducción de $6,600. El Tesorero se negó a aceptar dicha deducción, alegando que la Junta actuó fuera de su jurisdic-ción al concederla.

No hay duda alguna en cuanto a las pérdidas sufridas por la demandante. La evidencia demuestra que el ciclón le destruyó 5,300 palmas, de un valor de $5 cada una, o sea un total de $26,500.

El apelante plantea en su alegato estas dos cuestiones:

(a) Que la Junta no puede conocer originalmente de cuestión alguna relacionada con la imposición de contribuciones sobre ingresos, si no ha sido considerada y resuelta previamente por el Tesorero de Puerto Rico.
(b) Que la Corte de Distrito no puede conocer de cuestión alguna que no baya sido planteada ante el Tesorero mediante su inclusión en la planilla y que no haya sido sometida a la Junta para su con-sideración como uno de los fundamentos de la alzada.

En apoyo de sus contenciones el apelante cita los casos de Ríos v. Richardson, 24 D.P.R. 547, y P. R. Fertilizer Co. v. Domenech, 49 D.P.R. 45.

En el primero de dichos casos se resolvió que el contri-buyente que ha pagado contribuciones bajo protesta no puede acudir ante los tribunales en demanda sobre devolu-ción de las sumas pagadas, cuando apareciendo que la Junta de Revisión e Igualamiento tenía jurisdicción para revisar la tasación, no consta que se hubiese recurrido a ella admi-nistrativamente.

En el segundo caso citado, la Porto Rico Fertilizer Co., como agente retenedor de una corporación de Estados Uni-dos, pagó sin protesta contribuciones sobre ingresos que le fueron cobrados por el Tesorero. Más tarde solicitó del Tesorero le devolviese las sumas pagadas, alegando que le 'habían sido cobradas erróneamente. Negóse el Tesorero a devolverlas y entonces la contribuyente demandó al Tesorero ante la Corte de Distrito de San Juan. Sostuvo dicha corte la excepción previa de falta de causa de acción, declarando que no podía ordenar la devolución porque los pagos no fueron hechos bajo protesta y porque la contribuyente debió apelar la negativa del Tesorero para ante la Junta de Re-visión e Igualamiento, antes de que pudiera acudir a los tribunales de justicia. Apeló la contribuyente ante esta corte, sosteniendo que no tenía el deber de pagar bajo pro-testa, ni tampoco el de apelar para ante la citada Junta. Esta corte, interpretando las secciones 75 y 76, apartados (a) y (b) de la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401), que es la de contribuciones sobre ingresos, resolvió:

“La misma ley en su sección 76 y bajo el epígrafe 'Limitación de pleitos y procedimientos entablados por el contribuyente’ dispone en su apartado (a) que las resoluciones de la Junta de Revisión e Igualamiento serán finales sin perjuicio de su reconsideración con arreglo a la ley, y que el contribuyente deberá satisfacer bajo pro-testa toda la contribución que le baya sido impuesta dentro del plazo fijado, pudiendo interponer dentro de los treinta días siguientes al pago bajo protesta demanda contra el Tesorero de Puerto Rico ante la Corte de Distrito correspondiente. Ese plazo de treinta días fué ampliado por la Ley núm. 8 de 1927 a un año. El apartado (b) de dicha sección 76 dispone que ningún pleito o procedimiento será declarado con lugar por ningún tribunal, cuando fuere entablado para recuperar una contribución sobre ingresos o beneficios excesivos que se alegare fué impuesta o cobrada errónea o ilegalmente, o para recuperar cualquier penalidad pecuniaria que se alegare fué cobrada sin autoridad, o para recuperar cualquier suma que se considerare excesiva o erróneamente cobrada por cualquier motivo, hasta que debidamente se haya presentado al Tesorero y en apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento una reclamación de reintegro o crédito, según lo establecido por la ley en ese sentido, y por los reglamentos dictados de acuerdo con dicha ley. El alcance de dichos apartados es que la contribución sobre ingresos debe ser pagada bajo protesta para poder reclamar su devolución, y el pleito contra el Tesorero establecido dentro de un año, pero que dicho procedi-miento no será declarado con lugar por el tribunal a menos que habiéndose efectuado el pago bajo protesta se haya presentado al Tesorero y en apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento, antes o después de dicho año, una reclamación de reintegro. Ya hemos dicho antes que en el presente caso no se hizo el pago bajo protesta, como debió haberlo sido.
“Por otra parte, era necesaria la apelación por la apelante ante la Junta de Revisión e Igualamiento de la resolución del Tesorero que negó la devolución que se le pidió. Las palabras de la ley sobre apelación ante la Junta de Revisión e Igualamiento son bastante explícitas para concluir que concedieron una apelación ante la Junta. Tal apelación no fué hecha.”

En el caso de autos hubo una imposición de la contribu-ción por el Tesorero, una alzada para ante la Junta y un pago bajo protesta, antes de que se radicara la demanda ante la corte inferior. No vemos que sea de aplicación lo resuelto por este tribunal en los dos casos citados.

La contestación a la primera cuestión planteada por el apelante, o sea si la Junta está facultada para conocer de una cuestión que no ha sido considerada y resuelta previamente por el Tesorero, la encontramos en el texto de la ley que crea la Junta de Revisión e Igualamiento y define sus facultades y obligaciones. Los artículos 308 y 310 del ■Código Político, según fueron enmendados por la Ley núm. 75 de agosto 2, 1923, ((1) pág. 605), en lo que es pertinente leen así:

“Art. 308. — Con el propósito de revisar la tasación y retasación ■de la propiedad mueble e inmueble, según por este título se dispone y con él fin de resolver todas las reclamaciones que presenten los ■contribuyentes con referencia a la tasación de sus bienes e imposición 4e contribuciones sobre la propiedad y sobre ingresos, habrá en el Departamento de Hacienda, una Junta permanente de revisión e igualamiento, etc..:.
“Art. 310. — La citada Junta de Revisión e Igualamiento se reunirá en sesión ordinaria .... En ella se oirán las apelaciones recibidas y resolverá cualquier cuestión que se presentare y que se relacione con la mayor o menor cantidad en que puede tasarse una propiedad para imponerle las contribuciones o con el importe de •éstas, o para exceptuarla de contribuciones, o bien para fijar la con-tribución sobre ingresos de cualquier contribuyente; y al hacer -constar dicha resolución, corregirá las planillas y liquidará la eon-iribueión a imponer en las declaraciones de ingresos presentadas de .acuerdo con lo que se haya decidido y lo comunicará al Departa-mento de Hacienda para las correcciones, cancelaciones o expedición -de recibos según corresponda. La junta tendrá poder para suprimir, disminuir o aumentar las valuaciones hechas en cualquier planilla ■que le haya sido enviada, háyase presentado o no queja alguna con relación a la misma; y para decidir toda otra queja con respecto a la imposición de contribuciones sobre la propiedad y' sobre ingresos y para corregir todos los errores que haya a medida que se le in-diquen.”

En el caso de autos la contribuyente reclamó una deduc-ción de $5,000 por pérdida de la cosecha de cocos. Al serie-denegada por el Tesorero apeló para ante la Junta, haciendo-constar que el Tesorero no tomó en consideración que la. contribuyente tuvo pérdidas considerables por la destrucción de palmas de coco. Procedió la Junta a considerar y resolver la cuestión planteada, o sea la de si la contribuyente tenía, o no derecho a deducción alguna por concepto de pérdidas sufridas como consecuencia del ciclón de San Felipe. Las facultades que el estatuto concede a la Junta son claras y amplias. Cuando una planilla es enviada a la Junta para su revisión, en alzada contra la resolución del Tesorero, la. Junta está facultada para suprimir, aumentar o disminuir las valuaciones hechas por el Tesorero, sin que sea requisito-esencial el de que se haya presentado una queja específica, sobre el particular. El espíritu de la ley es abrir el caso-de nuevo ante la Junta, para que ésta haga una amplia y detenida investigación de todas las cuestiones que le sean sometidas y dicte una resolución justa para las partes con-tendientes, que proteja al contribuyente contra exacciones-ilegales del fisco y a éste contra ocultaciones de ingresos tributables.

No llegaremos hasta el punto de sostener que un contri-buyente pueda reclamar por primera vez ante la Junta una deducción enteramente nueva, con respecto a la cual nada, dijo al Tesorero. Pero, cuando como en el caso presente la. petición formulada ante el Tesorero y la formulada ante la. Junta son, si no idénticas, germanas, por referirse una y otra a pérdidas originadas por una misma causa, el ciclón-de San Felipe, y en el mismo negocio, opinamos que la. Junta de Revisión e Igualamiento tiene facultad y jurisdic-ción para conocer del caso.

Que la corte inferior erró al declarar que la Junta cometió error al conceder a la demandante deducción por depreciación, en cantidad de $850 computados sobre $5,100, valor del ganado vacuno;y al declarar, además, que la deducción por depreciación de dichaganado debió ser computada a base de un valor de $10,300.

De la planilla radicada por la demandante para el año 1928 (Exhibit 1 del demandado) aparece qne la demandante solicitó nna dedncción de $4,200 por concepto de deprecia-ción de 75 yacas lecheras, 2 toros y 3 caballos. • j

De la planilla para 1927-1928 (Exhibit 19 del demandado) qne sirvió de base al Tesorero para imponer contribuciones a la propiedad de la demandante para el año económico 1927-1928, y qne estuvo vigente hasta el año 1932-33, apa-rece qne la demandante era dueña de 52 vacas valoradas en la suma de $10,300.

Habiéndose negado el Tesorero a conceder la deducción solicitada por depreciación del ganado, en septiembre- 10, 1934, la demandante acudió en alzada ante la Junta de Revi-sión e Igualamiento. En el escrito de alzada (Exhibit 8 del demandado) presentado a la Junta se alega que al conce-derse la depreciación a que tiene derecho la demandante no se le concedió cantidad alguna por concepto de depreciación del ganado vacuno.

La Junta, después de considerar el asunto, acordó admitir como deducción del ingreso bruto la cantidad de $850 para cada uno de los cuatro años, 1928 a 1931, “que representa una depreciación de 16% por ciento sobre $5,100, valor tasado del ganado vacuno.” (Exhibit 9 del demandado.) La corte inferior' al resolver esta cuestión se expresó así:

“En cuanto a la valoración del ganado vacuno, la prueba del Tesorero (véase exh. núm. 19, que es la planilla para el año 1927-28 de contribuciones sobre la propiedad), comprende dentro de la pro-piedad de la contribuyente y bajo el concepto de ganado vacuno, 52 vacas con un valor por la contribuyente de $10,300, que fué aceptado por el Tesorero. Si éste impuso una contribución sobre la propiedad, tomando como base el valor declarado de la misma por la contribuyente en su planilla rendida, no puede (el Tesorero) rebajar después esa valoración, a menos que exista alguna causa indicativa de fraude o de que tal propiedad' fué tasada de modo exagerado y para fines de afectar una contribución posterior. Sabido es que a mayor tasación mayor contribución. En este caso no hay alegación alguna de fraude, y mucho menos indicios de prueba de que tal fraude se cometiera. No puede, a nuestro juicio, ir el Teso-rero contra sus propios actos, y la cantidad aceptada por él como valor de la propiedad mueble no puede después rebajarla caprichosa-mente, ya que es un principio general que la imposición y deter-minación de las contribuciones descansa en hechos ciertos y no en teorías, tecnicismos, entradas en los libros de contabilidad o en meras conjeturas. Loíza Sugar Co. v. Domenech, 44 D.P.R. 556. Si las vacas tenían un valor de $10,300 y se concedió una depreciación de 16 y % sobre el mismo,. este último debió servir de tipo para la deducción concedida por la Junta. No hay prueba de por qué se rebajó. El error nos parece manifiesto y debe corregirse para hacer derecha justicia.”

Estamos conformes con las conclusiones a que llegó la corte inferior, las cuales están sostenidas por la prueba.

Que la corte sentenciadora erró al declarar nula por inconstitucional la sección 6 de la Ley núm. 18 de 1927; y al declarar que debe ser aplicada en este caso la sección 34(b) de la Ley núm 74 de 1925, y que debe concederse $5,000 de crédito a la demandante.

Si se resta del ingreso bruto de la sociedad demandante el montante de las deducciones concedídasle por la corte inferior, el ingreso neto tributable resulta ser menos de $10,000.

La sección 34(b) de la Ley núm. 74 de 1925 (pág. 401), antes de ser enmendada, leía así:

"Sección 34. — Para los fines de la contribución impuesta por la sección 28 solamente se concederán los siguientes créditos:
“ (b) En el caso de una sociedad o corporación cuyo ingreso neto no exceda de veinte y cinco mil dólares, un crédito específico de $5,000 y en los demás casos, un crédito específico de $4,000.”

La sección 6 de la Ley núm. 18 de junio 3,1927 (pág. 487), enmendó la sección 34(b), supra, en la forma que sigue:

"En el caso de una sociedad o corporación doméstica cuyo in-greso neto no exceda de diez mil (10,000) dólares, un crédito espe-cífico de tres mil (3,000) dólares y en los casos en que el ingreso neto exceda de diez mil (10,000) dólares no se concederá crédito alguno. Las corporaciones o sociedades extranjeras (aun cuando tengan oficina o sitio de negocios en Puerto Pico), no tienen derecho al crédito de tres mil (3,000) dólares que se concede a las corpora-ciones y sociedades domésticas.”

La cuestión a decidir es si el crédito que reclama la demandante debe ser computado de acuerdo con la Ley núm. 74 de 1925 o de conformidad con la ley posterior, núm. 18 de 1927.

La corte inferior, basándose en su propia resolución del caso' de Francisco López Salgado, civil núm. 16,344, decidido en mayo de 1934, resolvió que la sección 6 de la Ley núm. 18 de junio de 1927 es nula por ser anticonstitucional, y que en consecuencia la ley aplicable al caso es la ley anterior, la de 1925, supra.

Esta misma cuestión fue considerada y resuelta por esta Corte Suprema en F. Febles y Cía. v. Sancho Bonet, Tesorero, 50 D.P.R. 778, y en J. M. Blanco, Inc. v. Sancho Bonet, Tesorero, 55 D.P.R. 389, en los cuales se decidió que el apartado (b), sección 34 de la Ley núm. 74 de 1925, como quedó enmendado por la Ley núm. 18 de 1927, es anticonstitucional sólo en cuanto no concede crédito alguno en los casos en que el ingreso neto exceda de $10,000, debiendo concederse en tal virtud el crédito de $3,000 que fija dicho estatuto para los contribuyentes cuyos ingresos no excedan de $10,000 tam-bién para los contribuyentes cuyos ingresos pasen de esa suma. De acuerdo con lo resuelto en dichos casos la corte inferior erró al resolver que la demandante en este caso tiene derecho a un crédito de $5,000, cuando sólo tiene de-recho a $3,000.

En los casos citados se resolvió además que la cuestión sobre la constitucionalidad del estatuto -por virtud del cual se cobra la contribución pagada bajo protesta puede ser levantada y resuelta en el recurso de apelación, aun cuando no se suscitara ante la Junta de Revisión e Igualamiento.

La desestimación de los tres señalamientos que hemos discutido debe traer como consecuencia la de los dos últimos. La corte inferior procedió correctamente al ordenar nna reliqnidación de las contribuciones sobre ingresos adeudadas por la demandante, y al. imponer al demandado el pago de las costas.

Por las razones expuestas debe modificarse la sentencia recurrida en el sentido de conceder a la demandante un cré-dito específico de $3,000, y así modificada, confirmarse.


author: El Juez Asociado Señor Teavieso

text:
    Juan Suárez Pérez, demandante, apelante y apelado, v. Gustavo Hernández Pastrana, demandado, apelado y apelante.
    Núm. 7743.

    Sometido: Noviembre 7, 1939.

      Resuelto: Marzo 8, 1940.

      Luis Muñoz Morales y José Suárez Zengotita, abogados del apelante apelado; Ignacio Hernández Pastrana y Clemente Ruiz Nazario, abogados del apelado apelante.
   El Juez Asociado Señor Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos en que se basa la demanda, brevemente ex-puestos, son como signe: el primero de octubre de 1931 la viuda y los siete hijos de Mariano Hernández, en su carácter de únicos herederos del mismo, otorgaron escritura a favor del demandado Gustavo Hernández Pastrana, adjudicando a éste en pago .de su haber hereditario cuatro fincas rústicas valoradas en $42,000. En la escritura se hizo- constar que sobre dos de las fincas adjudicadas al demandado, descritas bajo las letras “A” y “B,” y sobre otra finca de 92 cuerdas descrita bajo la letra “E” pesaban hipotecas constituidas por el anterior dueño y que habían quedado reducidas a la suma total de $26,542.61. Sobre la finca “E,” según el Registro, pesa una hipoteca por $11,500 a favor de los se-ñores Leonat y Ansa.

La adjudicación al demandado se hizo con la condición de que éste asumiría la obligación de pagar la hipoteca que pesaba sobre las fincas “A,” “B” y “E,” más $4,400.59 por contribuciones adeudadas por las cuatro fincas adjudi---cádasle y sobre la finca “E,” sin ulterior responsabilidad por parte de los demás herederos.

Por otra escritura de diciembre 14, 1931, los herederos de Hernández, sin incluir al aquí demandado, adjudicaron al heredero Rafael Ricardo Hernández Pastrana, en pago de su haber, la finca “E” de 92 cuerdas, haciendo constar que la finca está afecta a una hipoteca de $11,500, la cual ha sido pagada, aunque no se encuentra aún cancelada en el Registro. Dueño ya de la finca “E,” Rafael Ricardo Hernández constituyó hipoteca sobre ella a favor del deman-dante Juan Suárez Pérez, por la suma de $6,000. En la escritura a favor del demandante se hizo constar que la finca estaba libre de cargas por haber sido liberadas las qne le afectaban, según escritura de adjudicación de fecha 1 de octubre de 1931.

Alega el demandante que a pesar de que por dicha escri-tura de 1 de octubre de 1931 el demandado aceptó y asumió la obligación expresa de pagar la hipoteca de $11,500 que pesa sobre la finca “E,” hasta la fecha no ha cumplido la obligación por él contraída y no ha satisfecho al acreedor el importe de la hipoteca, la que continúa aún vigente en el Begistro; que por el incumplimiento del demandado, ha quedado pospuesto y perjudicado el derecho del demandante como acreedor hipotecario; que la hipoteca está vencida y lo estaba desde la fecha en que el demandado asumió la obli-gación de pagarla; y que cuando el demandante aceptó como garantía la hipoteca que le otorgó Hernández, lo hizo por la seguridad que se le dió de que la finca estaba libre de gravámenes y que la anterior hipoteca sería satisfecha por el demandado.

Se pide sentencia por la que se condene al demandado a que consigne “inmediatamente y pague al acreedor hipote-cario el importe de la hipoteca; y al pago de costas, gastos y honorarios de abogado.

Al radicar la demanda original, el demandante presentó una moción solicitando el embargo preventivo de bienes del demandado, para asegurar la efectividad de la sentencia. En enero 2, 1936, la Corte de Distrito de San Juan decretó el embargo, “sin fianza por constar en documento auténtico que la obligación reclamada es exigible.”

La contestación del demandado, después de negar todos los hechos esenciales de la demanda y admitir otros especí-ficamente, alega como defensa especial que es cierto “que él contrajo con los demás herederos de su finado padre” la obligación de pagar la suma que pesaba sobre la finca- “E,” pero que según convenio, consignado en escritura pública de 17 de mayo de 1935, suscrita por los mismos herederos y contratantes que suscribieron la escritura de 1 de octubre de 1935, el demandado quedó libre y exento de hacer pago alguno de gravamen o hipoteca que pesara sobre dicha finca “E.”

En 4 de febrero de 1938 el demandado radicó una moción sobre nulidad de embargo, basándola en que (a) el demam dante no ha acreditado por documento alguno, ni auténtico ni de otra naturaleza, que exprese ni demuestre obligación del demandado a favor del demandante, ni exigible de éste por aquél; (b) porque el embargo fué decretado y practi-cado “sin el previo requisito esencial de una fianza;” y (c) porque la demanda no contiene alegación alguna que demuestre obligación ni nexo jurídico alguno entre deman-dado y demandante, por lo cual la demanda no aduce causa de acción.

En 5 de marzo de 1938 la Corte de Distrito de San Juan dictó resolución por la que declaró nulo el embargo y ordenó el levantamiento y cancelación del mismo en el Registro de la Propiedad. Apeló el demandante. Dictada sentencia por la que se desestima la demanda y se condena al demandante al pago de costas, sin incluir honorarios de abogado, ape-laron ambas partes para ante esta Corte Suprema.

Sostiene el demandante apelante que la corte inferior erró al declarar que la demanda no aduce causa de acción contra el demandado y al decretar la nulidad del embargq. Alega el demandado en apoyo de su recurso, que la corte inferior abusó de su discreción y erró al no condenar al demandante al pago de honorarios de abogado y al declarar que no hubo temeridad por parte del demandante en la pro-secución de este pleito.

No cabe duda alguna en cuanto a que la obligación contraída por el demandado, de satisfacer y cancelar la hipoteca que pesa sobre la finca “E,” consta en documento auténtico y es una obligación exigible. Tampoco cabe dudar que la obligación es exigible por el heredero Rafael Ricardo Hernández, quien fué parte en la escritura de 1 de octubre de 1931 y a quien se adjudicó por la de diciembre 14, 1931, la finca “E,” sobre la que pesaba la hipoteca que el aquí demandado se comprometió a pagar y cancelar, como parte del precio o consideración del traspaso que se le hizo de las otras cuatro fincas. Podría abrigarse alguna duda en cuanto a si la obligación contraída por el demandado sería exigible por los demás coherederos a quienes no se adjudicó ninguna de las fincas gravadas por hipoteca. Esos coherederos no tienen ulterior responsabilidad en el pago de las hipotecas, no solamente porque a virtud de la misma escritura de 1 de octubre de 1931 quedaron exonerados de esa obligación, sino, especialmente, porque tratándose de hipotecas consti-tuidas por don José Laguna, el anterior dueño de las fincas, y no por el causante de la herencia, la obligación de pagar dichas hipotecas — como obligación real y hasta el montante del valor de la finca hipotecada — pasó a los adjudicatarios de cada una de las propiedades. Así, el demandado res-ponde con las fincas “A” y “B” solamente, del montante de las hipotecas que sobre ellas pesan; y el otro heredero, Rafael Ricardo Hernández, está obligado hasta el valor de la finca “E” al pago de la hipoteca que sobre ella pesa. Ninguno de los demás herederos tendría interés alguno en exigir al demandado el cumplimiento de la obligación, pues nada podrían exigir de ellos los respectivos acreedores hipo-tecarios desde el momento en que las fincas gravadas pasa-ron a sus respectivos adjudicatarios.

Podría sostenerse — aunque no lo resolvemos por no ser cuestión envuelta en este pleito — que el dueño de la hipoteca sobre la finca “E” tiene el derecho de exigir el cumplimiento por el demandado de la obligación de solventar dicha hipoteca, basándose en que él es el tercero para cuyo beneficio se contrajo la obligación; o el derecho de exigir del demandado el pago de cualquier deficiencia que resultare después de la venta de la finca, alegando que el demandado asumió, como una obligación personal, el pago de la deuda garantizada por dicha finca.

¿Tiene derecho alguno el demandante, dneño de nna se-gunda hipoteca constituida por el adjudicatario de la finca “E,” para exigir del demandado el cumplimiento de la obli-gación1? La corte inferior negó la existencia de tal derecho, expresándose así:

“ Iniciaremos la discusión precisando cuál es el efecto legal de la obligación que el demandado asumió al obligarse los demás herederos de Mariano Hernández a cancelar la hipoteca que por $11,500 afecta y afectaba entonces la finca (e).
“No hay duda alguna de que el demandado al otorgar la escri-tura núm. 168 antes citada no contrajo ninguna nueva obligación que no pesase sobre todos los herederos, siendo el efecto de la obliga-ción por él contraída sustituirse en el lugar de aquéllas y asumir él solo la obligación para con los dueños de la hipoteca, Sres. Leonat y Ansa. Al fallecer Mariano Hernández, sus herederos lo suce-dieron en todos sus derechos y obligaciones, y entre éstas, desde luego, se hallaba la hipoteca que por $11,500 afecta a la finca (e).
“Vamos ahora a suponer, para los efectos del argumento, que la escritura núm. 168 de 1 de octubre de 1981 nunca fué otorgada, y que por consiguiente la obligación de cancelar la hipoteca de $11,500 siguió afectando a todos los herederos en general y no exclusiva-mente a Gustavo Hernández en particular. Vamos a asumir también que la finca (e) fué adjudicada, como en efecto se adjudicó, a Rafael Ricardo Hernández, y que éste constituyó la hipoteca de $6,000 de que alega ser dueño el demandante. ¿Podría el demandante en tales condiciones exigir a los herederos de Mariano Hernández que paguen la hipoteca de Leonat y Ansa, o en su defecto consignen los $11,500 montante de la misma, para que así la constituida por $6,000 se convierta en primera hipoteca? Ciertamente que no. Los herederos de Mariano Hernández, con excepción de Rafael Ricardo, ningún contrato habían celebrado con el demandante, a nada se habían obligado con él, su obligación era para con sus coherederos y Leonat y Ansa, y éstos solamente éstos y sus sucesores y causaha-bientes, podrían exigirles el pago del crédito hipotecario.... Claro es entonces que si en tales circunstancias el demandante no tiene causa de acción contra los herederos de Mariano Hernández, tampoco la tiene ahora contra el demandado que no ha hecho otra cosa que sustituirse y colocarse en el mismo lugar y - posición en que se hallaban los herederos al firmar la escritura núm. 168 antes citada.
“E1 becbo de que Rafael Ricardo Hernández;, engañase al deman-dante haciéndole creer que la hipoteca de $11,500 estaba cancelada, podría perjudicar a Rafael Ricardo Hernández, que hizo tal mani-festación pero en manera alguna obliga al demandado, que no fué parte en dicha escritura de hipoteca a favor del demandante, ni está obligado por manifestaciones de otras personas que no sean sus agentes o mandatarios.
“La segunda proposición del demandado es un corolario de la primera. Si no existe obligación alguna por parte de Gustavo Hernández a favor del demandante, es evidente que las escrituras por éste presentadas a los efectos de prescindir del afianzamiento, son documentos que aunque auténticos no consta de ellos obligación alguna por parte del demandado para con el demandante, por lo tanto, asumiendo que la demanda adujese hechos que como hemos, visto no los aduce, el embargo en todo caso sería nulo por haberse decretado sin prestación de fianza.”

Convenimos con la corte inferior en qne no existe ninguna, relación jurídica o nexo contractual que pueda determinar-una causa de acción a favor del demandante y en contra del demandado, para el cumplimiento específico de la obligación contraída por el último. La muy hábil argumentación de la representación del demandante apelante no ha logrado con-vencernos de que las conclusiones de la corte inferior sean erróneas.

Cuando la finca “E” fué adjudicada a Rafael RicardoHernández, pesaba sobre ella, como gravamen inscrito en el Registro de la Propiedad, la hipoteca de que ahora son dueños los señores Leonat y Ansa. El demandante aceptóuna segunda hipoteca a sabiendas de que la primera no había sido cancelada en el Registro. Si, como alega el demandante, él aceptó la segunda hipoteca confiando en la representación que le hizo Rafael Ricardo Hernández al efecto de que la primera hipoteca había sido pagada, aun cuando estaba vigente en el Registro, esa representación noda al demandante derecho alguno de acción contra el demandado, quien no fué parte en la escritura de constitución de la segunda hipoteca ni tampoco en la de adjudicación a su hermano de la finca en cnestión. El aquí demandado no' contrajo obligación alguna de dar al demandante una pri-mera hipoteca sobre la finca “E.” Ésa fué obligación con-traída por el dueño de dicha finca y es a él a quien debiera dirigirse el demandante para exigirle su cumplimiento. Las acciones ex contractu — como la que se trata de ejer-citar en el caso de autos — sólo pueden ser ejercitadas por una parte contratante en contra de la otra. No así las ex delicto, las cuales pueden ser ejercitadas por cualquiera persona que haya sido perjudicada por el acto torticero.

El artículo 1209 del Código Civil y el comentario que hace Manresa de su equivalente, el 1257 del Código Civil español (Vol. 8, pág. 22) en nada ayudan al demandante. Es cierto que cuando un contrato contiene una estipulación a favor de un tercero, éste puede exigir su cumplimiento. El tercero en este caso no es el demandante y sí Rafael Ricardo Hernández.

No nos convence la extensa argumentación del demandado apelante de que la corte inferior abusara de su discreción al no condenar al demandante al pago de honorarios, ni tampoco de que haya habido temeridad en la prosecución de este pleito. El demandante dió su dinero en la creencia de que sería garantizado por una primera hipoteca. Al enterarse de que la que como primera aparecía inscrita en el Registro no había sido pagada, como le había hecho creer su deudor, creyó sin duda de buena fe que tenía derecho a exigir el pago y cancelación del gravamen de aquél que se había comprometido a hacerlo con su deudor. Así pareció creerlo en un principio la corte inferior cuando decretó sin fianza el embargo de bienes del demandado, alentando así al demandante a proseguir el pleito.

Deben declararse sin lugar los tres recursos y confirmarse la resolución y sentencia recurridas en todas sus partes.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Solís Sariego, acusado y apelante.
    Núm. 8045.

    Sometido: Marzo 7, 1940.

      Resuelto: Marzo 8, 1940.

      Antonio L. López, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Éste es uno de tantos casos ilustrativos de la necesidad de restringir la jurisdicción apelativa de este Tribunal. Se trata de una denuncia por infracción a una ordenanza municipal, en cuyo caso el acusado tuvo su día en corte, en la de Paz de Caguas, primero, y en grado de apelación en la de Distrito de Humacao, que lo sentenció a pagar una multa de $10 y las costas.

Se imputó al acusado, dueño de un establecimiento de panadería, haber permitido que el frente y los alrededores de su establecimiento, ubicado en una de las calles de la ciudad, estuviesen sucios con papeles y otros desperdicios. La evidencia, sin lugar a dudas, demuestra que son ciertas las alegaciones de la denuncia y así lo admite expresamente el propio acusado en su declaración, pero trata de exculparse asegurando que un vecino vierte aguas sucias en los alrede-dores de su establecimiento, establecimiento que se baila bajo el control de William Pillot, empleado de confianza del acu-sado, quien lo administra y atiende.

Si el acusado, según admitió, es el dueño del estableci-miento a que se refiere la denuncia, el hecho de que haya con-fiado su administración a otra persona no constituye una de-fensa al no cumplirse en el establecimiento con las disposi-ciones de la ordenanza, pues los actos del empleado dentro del círculo de sus atribuciones son los actos del principal. Qui facü per alium facit per se.

En el acto del. juicio en la corte de distrito el fiscal presentó en evidencia y admitió el Tribunal con la oposición del acusado, una copia certificada de la ordenanza que se alega infringida, de la cual no aparece que dicha ordenanza hubiera sido aprobada por el Alcalde ni consta tampoco la cláusula inicial de la misma.

Se ha resuelto repetidamente por este tribunal que las cortes de paz y municipales con jurisdicción sobre infraccio-nes a las ordenanzas del municipio donde se origina el caso, y la del correspondiente distrito y este tribunal en apelación, toman conocimiento judicial de dichas ordenanzas, incum-biendo al acusado el peso de la prueba cuando impugna su validez. A este efecto se dijo por este Tribunal, por Voz de su Juez Asociado Sr. Aldrey:

"En la denuncia que inició este procedimiento se alega que el apelante tiene en su establecimiento mercantil cierto número de cajas de gasolina y de gas en contravención a una ordenanza municipal aprobada en 16 de abril de 1913 por el Consejo Municipal de Río Piedras, palabras que son suficientes para informarle del hecho por el cual se le denunciaba, sin que fuera necesario que se insertara la ordenanza en todo o en parte ni aun su título ni fecha de aproba-ción, porque estando instituido el procedimiento en una corte municipal para hacer cumplir una ordenanza municipal, que es ley peculiar de aquel forum, está la corte obligada a conocer la ordenanza, de igual manera que ocurre con las cortes de distrito y las leyes de la Asamblea Legislativa. Ex parte Davis, 115 Cal. 445.” Pueblo v. Suárez, 23 D.P.R. 243, 246.

Véanse al mismo efecto Pueblo v. Nochera, 23 D.P.R. 605, 608, y Pueblo v. Garzot, 24 D.P.R. 231, 232.

Alega también el acusado que la ordenanza infringida ha sido derogada por otra posterior. Esta última aparece de ios autos y ni deroga expresamente la ordenanza en contro-versia, ni contiene disposición alguna incompatible con las de aquélla, pudiendo ambas subsistir sin conflicto alguno.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la s-entencia apelada.