author: El Juez Asociado Señob Wole

text:
    Luis Coll Watlington, peticionario y apelante, v. Diego Biascoechea, demandado y apelado.
    Núm. 7641.

    Sometido: Diciembre 17, 1937.

      Resuelto: Febrero 24, 1938.

      Francisco M. Susoni, Jr., abogado del apelante; Dubón & Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole

emitió la opinión del tribunal.

El Dr. Luis Coll Watlington es un dentista con oficina abierta en el núm. 261 de la Avenida Ponce de León, en San-turce. Directamente al lado contrario de la avenida está situada una policlínica perteneciente al Dr. Diego Bias-coechea, que incluye entre sus varios departamentos uno de cirugía dental. Ambas oficinas fian establecido un sistema por medio del cual ofrecen sus servicios profesionales a las clases más pobres a un cargo muy bajo por tratamiento es-pecífico. En su consecuencia su clientela pertenece más o menos a personas de pocos recursos y es natural que haya existido cierta rivalidad profesional entre ellos.

En junio 8, 1937, el Dr. Coll Watlington radicó una peti-ción de injunction, en la que solicitaba se ordenara al Dr. Biaseoeehea que se abstuviera de destacar o estacionar cier-tos hombres frente a la oficina del peticionario. Alegó que estos hombres, de conformidad con las instrucciones recibi-das del demandado, constantemente trataban de sonsacar la clientela del peticionario diciendo a los' pacientes en pers-pectiva que podían ser atendidos sin dolor en la policlínica del demandado, cosa que no podían evitar en la oficina del peticionario por razón de su equipo e instrumental de inferior calidad. Alegó además que estos hombres les decían a todos sus clientes que debían ir a la policlínica del deman-dado. Se alegó en resumen que estos actos intervenían con •el libre goce de la propiedad y profesión del peticionario y que los mismos constituían un estorbo, cuya continuación podía y debía ser prohibida por la corte. Se alegó incidentalmente •que estas molestias habían prevalecido durante los dos años anteriores a la fecha en que se radicó la petición..

Bn 18 de junio de 1937, la corte inferior en respuesta a la correspondiente moción y descansando en las declaracio-nes juradas que a ella se unieron, y previa prestación de una fianza por la suma de $500, expidió un entredicho (restmm-mg order) contra el Dr. Biascoechea y una orden para mos-trar causa por la cual la corte no debía expedir un injunction preliminar. El demandado radicó una contestación dirigida tanto a la petición como a la orden para mostrar causa, y en ella suscitaba varias objeciones de derecho y varias defensas-de hecho. Las partes sometieron todo el caso por la prueba aducida durante las vistas que sobre la orden para mostrar causa fueron celebradas en junio 28 y julio 12, 1937.

Al declarar sin lugar la jpetición de mjmction, la Corte-de Distrito de San Juan dijo:

“Pasamos por alto las distintas cuestiones de derecho que levanta el demandado en su contestación y que discute en su alegato, ya que, a nuestro juicio, lo que se desprende de este estado de hechos, es una violación o quebrantamiento de normas de ética profesional.”'

El juez de distrito concluyó que “esto es para ser re-suelto por los propios profesionales, y un tribunal de equi-dad no debe establecer normas de tal ética, ya que en Puerto Rico todas las profesiones tienen sus juntas u organismos encargados de velar por el cumplimiento de la profesión.”'

El peticionario apeló de la sentencia dictada por la corte inferior y señala cuatro errores, tres de los cuales se refie-ren a la teoría de la corte inferior, su análisis de la prueba y la conclusión que finalmente adoptó. El cuarto señala-miento ataca la corrección de la sentencia dictada.

Éste es un caso, que por la naturaleza delicada de su asunto, ha requerido mayor estudio y consideración que de ordinario. De continuo hemos tenido en mente los derechos de las partes y hemos tratado de prever las consecuencias de la sentencia que finalmente dictemos. Si las alegaciones de hecho del peticionario son aceptadas como ciertas, sn posi-ción dehe en verdad ser molesta e incómoda.

La corte inferior no entró a considerar las defensas le-gales presentadas por el apelado. Sn disensión contribuirá a qne la conclusión a qne hemos llegado sea mejor entendida.

Tres de esas defensas atacaron la suficiencia de las alegaciones, al dejar de aducir (a) que el peticionario hubiera sufrido daños irreparables, (b) que las manifestaciones de los agentes del demandado con respecto al peticionario eran falsas, y (c) que éste no tuviera un remedio legal adecuado.

A juzgar por las circunstancias especiales del caso, somos del criterio que los daños irreparables estuvieron necesaria-mente presentes. Es verdad que el peticionario en su ale-gato sostiene que el proceder del demandado no le ha pri-vado de ningunos clientes, pero la presente causa de acción, según la hemos entendido, no depende por sí sola de la pér-dida del negocio profesional, aunque ello tiene que desempe-ñar determinado papel en el caso, sino de la incomodidad y tensión a que el peticionario está sometido en su trabajo. Este estado de cosas causa ciertos daños y perjuicios, que no importan cuán pequeños sean, resultan irreparables. La de-manda era por tanto suficiente a este respecto.

La segunda omisión carece de importancia. No estamos ante un pleito por libelo. Las supuestas manifestaciones de los agentes del demandado tenían prima facie por objeto per-judicar la reputación y buen nombre del Dr. Luis Coll Watl-ington y hacer que el ejercicio de la profesión por parte de éste se hiciera más difícil. La certeza o falsedad de las ma-nifestaciones era cuestión de opinión, toda vez que ello en-volvía la destreza con que el peticionario trataba a sus pa-cientes así como lo adecuado de su equipo.

La alegación contenida en el párrafo décimo de la de-manda era suficiente para cubrir lo inadecuado del remedio ofrecido por la ley.

Las otras tres defensas legales presentadas a la petición fueron qne el mj'imction no procedía ni por calumnia ni por libelo ni por quebrantamiento de los cánones de ética profesional, y que el peticionario había sido culpable de demora indebida (laches).

La defensa de laches no es una defensa buena. Si el de-mandado era responsable de los actos alegados, cada día que transcurría bajo el mismo estado de hechos creaba una nueva causa de acción, y el derecho a obtener un remedio tanto en ley o en equidad continuaba o era revivido.

En cuanto a la improcedencia del remedio de jvincticm para impedir o evitar-una calumnia, un libelo, o el quebrantamiento de la ética profesional, nos inclinamos a convenir con la corte inferior. Sin embargo, la verdadera cuestión envuelta en el caso que está ante nos es si la incomodidad, molestia o perturbación que acompañan a la comisión de actos que pueden dar origen a otra acción civil o criminal, son de por sí suficientes para justificar la intervención de una corte de equidad. Ineidentalmente también la posible pérdida final de los clientes.

Como cuestión puramente de derecho, creemos que la mera existencia de una responsabilidad criminal o civil con-currente no debe privar a un peticionario de su remedio” en equidad. (Véase e. g. 46 C. J. 762, see. 370.) La dificultad estriba en poder distinguir los casos en que el acto como es-torbo puede ser separado del acto como delito. Además, ha de considerarse la importancia y magnitud del acto y su efectoen la propiedad o vida del demandante.

Tenemos ante nos un caso difícil. Si las alegaciones del Dr. Coll Watlington son ciertas, el demandado puede estar sujeto a una acción por calumnia. La incomodidad y moles-tia que acompañan a los actos imputados, podrían entonces ser tomadas en consideración al determinar la cuantía de los daños. Empero, no podemos evitar creer que la forma en que la posible calumnia está siendo cometida no ocurre con fire-cuencia. Es algo semejante el estacionamiento de piquetes para persuadir la clientela del demandante. La conducta del demandado sugiere una competencia desleal. El peticionario, no obstante, descansa exclusivamente en la existencia de una perturbación o estorbo {más-anee).

El artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil (edi-ción 1933), que define las perturbaciones o estorbos, lee así:

“Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, cons-tituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquiera persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicha perturbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla así como decretar el resarcimiento de los perjuicios.”

Difícilmente podría imaginarse un estatuto más amplio. Sus preceptos deben ser interpretados razonablemente. La situación con que nos confrontamos es insólita y no hemos podido hallar ninguna decisión que sea enteramente aplicable a los hechos de este caso, mas ello no ha de disuadirnos una vez que estemos convencidos de la justicia de las pretensio-nes del peticionario. El apelado ha citado varios casos que niegan la jurisdicción de una corte de equidad para impedir la publicación de un libelo. En general no diferimos de tal principio. Pero aquí hay algo más que la simple comisión de una calumnia o libelo. Se sostiene que los agentes del demandado forman guardia directamente frente a la entrada de la oficina del peticionario e interrogan o molestan a cuanto cliente llega a ella. El Dr. Coll Watlington constantemente recibe quejas de sus pacientes y, según se verá cuando dis-cutamos la prueba, en más de una ocasión ha tenido que so-licitar la ayuda de aquéllos que están encargados de mante-ner la paz pública. El peticionario tiene derecho a ejercer su profesión sin que se le moleste y libre de toda clase de perturbaciones. El proceder de los empleados del apelado, al quedar probado satisfactoriamente, ha molestado al peti-cionario en el ejercicio de su profesión, y por ende en el dis-frute de su vida. A nuestro juicio, el estatuto abarca el pre-sente' caso.

Analicemos abora la prueba que estuvo ante la corte inferior para su consideración. El juez sentenciador la describió del siguiente modo:

“ ... La prueba no revela que ningún cliente baya sido indu-cido a error. Todo lo que revela la prueba es una competencia para sostener cada uno el mayor número de clientes, puesto que no po-demos ignorar la prueba del demandado. No está tan desprovista de hechos la prueba del demandado que permita se establezca una preponderancia absoluta a favor del peticionario en cuanto a conti-nuas actividades para quitarse la clientela.”

El primer testigo del peticionario lo fué Rafael B. Díaz, Jefe de la Policía para el Distrito de San Juan. Declaró que había sido llamado con frecuencia por el Dr. L. Coll Watling-ton y su abogado, el Sr. Susoni, para recibir quejas respecto al estacionamiento de ciertos individuos frente a la oficina dental del primero en la parada 26, en Santurce; que fué allá en una ocasión y encontró que un peón estaba así desta-cado, le dijo que se retirara y el hombre entonces entró en la clínica del demandado; que también halló a un hombre llamado Verdejo frente a la policlínica del demandado y le dijo, al igual que al hombre ya mencionado, qué no moles-tara más.

El siguiente testigo llamado a declarar lo fué Marcelino Romani, a la sazón Fiscal de Distrito de San Juan. Su tes-timonio sacó a relucir el hecho de que el peticionario se ha-bía quejado de que ciertos hombres eran puestos frente a su oficina y desacreditaban a éste en el ejercicio de su profe-sión, y que el peticionario manifestó al testigo que el deman-dado había colocado esos hombres allí. Romaní continuó diciendo que llamó al Dr. Biascoechea y que éste negó todo, pero admitió que había tenido que tomar como empleado un hombre llamado Verdejo para que manifestara a los pacien-tes dónde estaba realmente situada la policlínica del deman-dado. El testigo finalmente manifestó que como resaltado ■de la investigación había acusado a Verdejo de calumniar la persona y profesión del peticionario y exigídole una fianza de $500, que fué prestada por los Drs. Rivera Aulet y Bias-coechea.

El peticionario declaró personalmente que su oficina en 'Santurce, está abierta de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 8 de la tarde; que durante esas horas siempre están destacados dos hombres frente a la entrada a su oficina, uno al lado con-trario de la calle y uno al lado suyo; que estos hombres de-tienen o tratan de detener a todos y cada uno de sus clien-tes y les hacen toda clase de historias respecto a la manera ■en que el peticionario presta servicios, en detrimento suyo; ■que él mismo desde su oficina ha oído estas observaciones en innumerables ocasiones; que este estado de cosas hace que ■el ejercicio de su profesión sea difícil e incómodo; que los hombres se retiran tan pronto como el peticionario cierra su oficina. En la repregunta se sacó a relucir que el peticiona-rio había estado asociado con la policlínica del demandado y había salido de allí el 13 de julio de 1935, que fué un sábado, y que al siguiente lunes, julio 15, 1935, había establecido su ■oficina en el sitio donde se encuentra hoy en día; que el pe-ticionario había puesto grandes letreros que leían más o me-nos en la misma forma que los del demandado, es decir ‘“DISPENSARIO DENTAL-TRABAJOS A PLAZOS”, y “TRABAJOS A Plazo”, pero que el demandado anunciaba extracciones de dientes a 50 centavos, mientras que el peticionario no lo ha-cía así; que a indicación del Coronel Orbeta de la Policía Insular había agregado un letrero grande con el nombre del peticionario y que el Dr. Biascoechea nunca antes había men-cionado ni se había quejado de que no tuviera tal letrero; ■que el peticionario siempre había tenido un letrero pequeño con su nombre, a la vista de todos.

Angel Borrero, policía insular, declaró que a instancias del Dr. Coll Watlington había ido a la oficina de éste a dis-persar varios hombres que le molestaban; que arrestó a dos; de ellos por violación de nna ordenanza municipal que pro-híbe los grupos en las aceras; que el peticionario había lla-mado con frécuencia al cuartel para quejarse de que había ciertos hombres frente a su oficina.

Epifanio Jiménez, Antonio Figueroa y María Carrillo' ocuparon la silla de los testigos para corroborar los hechos ya expuestos por el peticionario. Epifanio Jiménez descri-bió cómo llevó a sus padres a la oficina del peticionario para que les extrajeran algunas piezas y cómo fueron detenidos y molestados por un hombre que se hallaba en la acera y que les dijo que fueran al otro lado de la calle donde estallan mejor .asistidos; que cuando salieron el mismo hombre le dijo que el Dr. Biascoechea quería verlo; que cruzó la calle y es-peró pero que el Dr. Biascoechea no salió. Antonio Figueroa y María Carrillo declararon que eran clientes del peti-cionario y que fueron detenidos por un hombre que estaba frente a su oficina y quien les dijo que cruzaran la calle en vez de ir allí, y que el peticionario era deficiente en el ejer-cicio de su profesión y les cobraría más que el Dr. Bias-coechea.

Lo anterior es más o menos un resumen de la prueba oral presentada por el peticionario en ajooyo de su contención de-que se destacaban hombres frente a su oficina intencional-mente. En adición a ello, se ofreció y admitió como prueba una serie de siete fotografías tomadas por Jesús T. Piñero, que pueden tener algún peso para ayudar a determinar el verdadero estado de cosas.

Fueron tomadas del balcón del frente de la casa del peti-cionario. Las fotografías A y B. muestran un hombre en mangas de camisa recostado contra un árbol en la acera más-cerca de la oficina, aparentemente hablando a una joven; el exhibit C presenta al hombre y a la joven entrando a la clí-nica del demandado al otro lado de la calle; el ■exhibit D muestra una vez más al mismo hombre y a otro recostados contra árboles que están frente a la oficina del peticionario; el exhibit E también muestra al mismo hombre recostado contra el árbol y nna guagua que acaba de pasar; el exhibit P a otro hombre a través de la calle y el •exhibit Gr a ambos hombres hablando entre sí. Se admitió que estas fotogra-fías fueron tomadas el 11 de junio de 1937.

El otro testigo importante presentado por el peticionario lo fue Juan Moreno Torres. Su declaración es significativa porque fue el único que conectó directamente al demandado por lo menos con el hombre que se hallaba frente a la oficina del demandado, José Verdejo. Dijo que en una época era chófer del demandado y que había conducido a otro hombre llamado Luis Bayrón, en el automóvil del. demandado para que consiguiera a Verdejo y que había oído al'Dr. Biascoe-chea decir a Verdejo que se parara frente a la oficina del Dr. Coll y le dijera a sus pacientes que vinieran a la de él, a la clínica del demandado, y que si el Dr. Coll decía algo que le agrediera, que el demandado se ocuparía de pagarle la multa. La corte inferior descartó expresamente el testi-monio de este testigo por no merecerle crédito.

El Dr. Biascoechea declaró ampliamente sobre toda la cuestión. Hizo una historia de sus relaciones con el Dr. Coll Watlington y con otro dentista, es decir con el Dr. Torruella. Admitió, tanto en la silla de los testigos como en su contes-tación, haber empleado a Verdejo y a otros, pero insistió en qne lo hacía sólo con el fin de dirigir sus pacientes a la clínica correspondiente, toda vez que había recibido informes de varios de ellos al efecto de que por equivocación habían ido a la oficina del peticionario y allí se les había dicho que el departamento dental del demandado había sido trasladado. Las instrucciones que dijo haber dado a sus agentes prohi-bían estrictamente a éstos criticar o calumniar el nombre o práctica de cualquier colega profesional, y que sus sirvientes sólo recibieron instrucciones de servir de guías. Admitió saber que Verdejo había sido convicto de calumniar al Dr. Coll 'Watlington y haber tenido que pagar una multa y que a pesar de ello lo retenía en su empleo alegando que tenía que impedir que sus pacientes fueran por equivocación a la oficina del peticionario. Manifestó que tanto el fiscal No-maní como el Coronel Orbeta le habían dicho que él no hacía nada en contravención de la ley.

La mayoría de los otros testigos del demandado declara-ron que un señor de apellido Alonso, que era el arrendador de la oficina del peticionario, se sentaba en el balcón del frente de la casa y les decía a los que le preguntaba que aquélla era la clínica dental del Dr. Biascoechea.

La lectura y apreciación de toda la prueba nos ha con-vencido de que su preponderancia era suficiente para demos-trar que ciertos hombres están destacados casi constante-mente durante las horas laborables frente al edificio donde la oficina del peticionario está situada, y que estos hombres le molestan al detener sus clientes y al persuadirles para que visiten la clínica del demandado. De esta conclusión, aun descartando el testimonio de Juan Moreno Torres, con-forme lo hizo la corte inferior, tanto la prueba oral como circunstancial, así como la documental, nos inducen, ac-tuando como corte de equidad, razonablemente a creer que los hombres fueron destacados allí por el Dr. Biascoechea e instruidos en alguna forma, de seguro oralmente, que resta-ran clientes al peticionario.

Por tanto, hemos llegado a la conclusión de que en bien de la justicia y de la preservación de la paz pública, al de-mandado debe impedírsele mediante injunction que destaque a cualquiera o a cualesquiera personas frente a la oficina del peticionario con el fin de persuadir a los clientes de éste que le abandonen o de intervenir en alguna forma que impida que el demandante ejerza su profesión tranquilamente y sin moles-tias de ninguna índole.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dá-vila no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Francisco Umpierre, peticionario, v. Comisión Industrial de Puerto Rico compuesta de los Sres. Manuel León Parra, Presidente, y F. Paz Granela y Juan M. Herrero, Comisionados Asociados; y Sucn. del obrero Bernardo Villanueva, demandados.
    Núm. 22.

    Sometido: Diciembre 20, 1937.

      Resuelto: Febrero 24, 1938.

      Wilson P. Colberg, abogado del peticionario; Ponsa & Riefkóhl, abo-gados de la sucesión del obrero fallecido.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Bernardo Villanueva Díaz perdió su vida como consecuen-cia de lesiones que recibiera en un accidente ocurrídole mien-tras viajaba en un truck propiedad de su patrono Francisco Empierre, el aquí peticionario. En 22 de julio de 1936 la Co-misión Industrial de Puerto Rico resolvió que el patrono no estaba asegurado en la fecha del accidente, junio 6 de 1936. En oposición a la reclamación formulada por la sucesión del difunto obrero, el patrono interpuso las siguientes defensas:

Ia. Que el obrero se causó intencionalmente las lesiones que le pro-dujeron la muerte.

2a. Que el obrero desobedeció intencionalmente instrucciones ex-presas de su patrono en cuanto a andar sobre el truck estando éste en marcha, asumiendo así deliberadamente el riesgo de la lesión.'

3a. Que al actuar de tal modo, el obrero se salió del curso del em-pleo, por lo que no está protegido por la ley vigente, por haber sido ■culpable de imprudencia temeraria.

Celebrada la vista y oídas las partes interesadas, la Comi-sión Industrial resolvió que el obrero sufrió el accidente del trabajo bajo el patronazgo de Francisco Umpierre y ampa-rado por la Ley irúm. 45 de 1935 ((2) pág. 251), y condenó .al patrono a pagar a la viuda e hijo del finado la suma de .$1,717.62. No conforme, el patrono interpuso el presente re-curso de revisión.

Los hechos probados y sobre los cuales no hay disputa .finiré las partes demuestran que Villanueva viajaba de Guay-nabo hacia San Juan en un truck cargado de piedra, propie-dad de su patrono; que iba sentado encima de la piedra en .la parte de atrás del truck; y que mientras el vehículo estaba -en movimiento trató de pasar a la parte delantera para sen-tarse al lado del chófer, con tan mala suerte que al poner el pie sobre el estribo derecho de la caja del asiento del conductor, resbaló, cayó al pavimento y le pasó la rueda delantera ■del truck sobre el vientre, falleciendo el mismo día como eon-.seeueneia de las lesiones que recibiera.

Alega el patrono recurrente que la Comisión Industrial •erró:

Io. Al resolver que no había evidencia en el récord que demostrara que al obrero se le advirtiera el peligro que corría.

2o. Al resolver que para que existiera la imprudencia temeraria era necesario que al obrero se le advirtiera el peligro que corría.

3°. Al resolver que el obrero en este caso no desobedeció inteneio-nalmente las órdenes del patrono.

4o. Al no resolver de acuerdo con la evidencia que el caso no es uno de los comprendidos en la ley que regula la materia, y al resolver ■ que era compensable como accidente del trabajo.

5o. Al no resolver que el accidente ocurrió intencionalmente por parte del obrero y a sabiendas de que al actuar como actuó se salía ■•del curso de su empleo y cometía un acto cuyas consecuencias no son ■.compensables ■ en el estatuto vigente.

Por estar relacionados entre sí, consideraremos dichos-cinco señalamientos conjuntamente.

Hemos examinado cuidadosamente la evidencia aducida por el patrono, para sostener que Villanueva fué culpable de imprudencia temeraria porque había sido advertido del peligro y se le había prohibido expresamente andar por encima de la piedra mientras el truck estuviese en movimiento. Y convenimos con la Comisión Industrial en que la prueba es insuficiente para sostener tal defensa. Lo único que aparece de la declaración de un peón del patrono y de la del mismopatrono es que éste daba instrucciones a los peones para que tuvieran cuidado al bajar de o al subir a los trucks y que en la oficina del patrono se había fijado un cartón en el que aparecían inscritas ciertas instrucciones sobre el particular; pero no existe prueba alguna de que tales instrucciones fuesen comunicadas directa y personalmente a Villanueva. Y la prueba demuestra que Villanueva no pudo enterarse de las instrucciones escritas, por no saber leer.

Para que el acto del obrero pueda ser calificado como im-prudencia temeraria (wilful misconduct) y se le pueda negar la compensación, es necesario probar que el obrero actuó en contravención de órdenes expresas de su patrono y después de haber sido advertido del peligro que correría en la reali-zación del acto prohibido. Así lo sostiene toda- la jurispru-dencia citada por el recurrente. Como ejemplos citaremos los siguientes casos:

“Lesiones resultantes de actos realizados en directa hostilidad y como un reto a las órdenes positivas del patrono referentes a instru-mentalidades, sitios o cosas con respecto a los cuales el empleado no tiene obligación alguna que cumplir, y con los cuales su empleo no está relacionado, no son compensables.” (Itálicas nuestras.) Dickey v. Pittsburgh & L. E. R. Co., 297 Pa. 172, 146 Atl. 543.
Si un empleado va a un departamento que no es el suyo, y es le-sionado mientras trata de realizar precipitadamente un trabajo que él está autorizado a hacer en su departamento, la lesión no ha sido recibida en el curso del empleo, cuando existe una regla conocida por el empleado que restringe las actividades de los empleados a su pro-pio departamento.” (Itálicas nuestras.) Hyatt v. U. S. Rubber Reclaiming Co., 230 App. Div. (N. Y.) 743, 243 N. Y. Supp. 474.
“Un empleado que es lesionado en un departamento de la planta de su patrono, al cual, por razón del riesgo de que pudiera ser lesio-nado, se le había dicho positivamente por sus superiores que no fuera, no fue lesionado en el curso de su empleo; especialmente cuando fué a ese departamento a hacer trabajos para su propia conveniencia y para su beneficio pecuniario.” (Itálicas nuestras.) Kasper v. Liberty Foundry Co., (1932) Mo. App. 54 S. W. 2d. 1002.

Los numerosos casos citados por el recurrente sostienen la doctrina de que un empleado es culpable de imprudencia te-meraria (wilful misconduct) y pierde su derecho a ser indem-nizado, cuando después de haber sido advertido por su pa-trono del peligro que corre realiza el acto prohibido y asume el riesgo de ser lesionado. La imprudencia temeraria es algo más que la negligencia; envuelve la idea de una conducta cuasi criminal o sea la deliberada intención de realizar un acto prohibido con pleno conocimiento de sus probables con-secuencias. Véanse: Clark v. Los Angeles County, 1 Cal. I. A. C.; Haffenayer v. United Keanograph Film Mfg. Co., 1 Cal. A. C. Dec. 620. El recurrente, al invocar esa doctrina como la aplicable al caso de autos, dice en su alegato:

“La jurisprudencia ha llegado a sostener definitivamente en casos de esta naturaleza, que un empleado que viola órdenes expresas de su patrono y que sean dadas para su protección, se sale ‘del curso de su empleo,’ y si resulta lesionado,' dicha lesión no ha sido recibida ‘en el curso de su empleo’ ni ‘por motivo de su empleo’ que son re-quisitos esenciales para determinar responsabilidad.” (Itálicas nuestras.)

Sostiene además la jurisprudencia que el peso de la prueba, cuando se alega imprudencia temeraria, descansa so-bre el demandado; que la defensa no queda debidamente pro-bada cuando hay duda sobre la deliberada y temeraria expo-sición al peligro; y que cuando la lesión causa la muerte, la evidencia debe ser clara e inequívoca y de tal grado que esta-blezca la defensa más allá de toda duda razonable, por el he-dió de que los labios del obrero, sellados.por la muerte, no pueden hacerse oír en su propia defensa. Véanse: Hedges v. City of Los Angeles, 1 Cal. I. A. C. Dec. 394; Honnold Vol. 1 pág. 568; Freid v. Smith Lumber Co., 2 Cal. I. A. C. Dec. 117.

Somos de opinión que el patrono en el caso de autos no ha establecido satisfactoriamente su defensa de imprudencia te-meraria. Ya hemos hecho constar que la prueba aducida para establecer el hecho de que Villanueva había recibido ór-denes expresas del patrono es insuficiente. No habiéndose presentado prueba clara e inequívoca de que el obrero fuera expresamente advertido del peligro, y considerando que dicho obrero se encontraba en el truck con el consentimiento del pa-trono, en funciones de su empleo de conducir piedra desde la cantera para entregarla en la obra, no estamos autorizados para presumir que el acto de tratar de pasar desde la piedra en que iba sentado al sitio junto al chófer fuera realizado por Villanueva con el propósito deliberado de violar las órdenes de su patrono y de asumir el riesgo de ser lesionado. Más lógica sería la presunción de que Villanueva tan sólo trataba de encontrar un asiento menos peligroso y más cómodo que el que su patrono le había asignado sobre la piedra. No hubo error en la aplicación de la ley a los hechos que la comisión consideró probados. No erró la comisión al resolver que el accidente ocurrió en el curso del empleó del obrero y que el caso es compensable de acuerdo con la ley vigente.

Durante la vista del caso se hizo un esfuerzo por parte del patrono para demostrar que en el momento del accidente Villanueva no se encontraba en el curso ordinario de su empleo. A ese efecto declaró el patrono que el trabajo de Villanueva era el de llenar el truck en la cantera y vaciarlo en la obra a la cual iba destinada la piedra; y que mientras el truck estaba en movimiento no tenía ningún trabajo. Vista esta declaración se nos ocurre preguntar: ¿Cómo podía Vi-llanueva cumplir su obligación de descargar la piedra, si no iba en el mismo truck que la conducía hasta la obral A falta de prueba demostrativa de qne se le prohibiera hacer el viaje en el mismo truck que conducía la piedra, debemos presumir qne su presencia en el truck el día del accidente estaba rela-cionada con y era parte integrante de su obligación de cargar el truck en la cantera y vaciarlo en la obra. Y como conse-cuencia debemos resolver que el accidente que causó la muerte del obrero ocurrió en el curso ordinario de su empleo. En la Anotación que aparece en 23 A.L.R. pág. 1156 encontramos la siguiente jurisprudencia, que citamos con aprobación y consideramos aplicable al presente caso:

“Existen prohibiciones que limitan la esfera del empleo, y prohi-biciones que se refieren únicamente a la conducta dentro de la esfera del empleo. La violación de una prohibición de esta última clase deja la esfera del empleo donde estaba, y por consiguiente no impe-dirá el cobro de una compensación. La violación de una prohibición de la primera clase coloca al obrero fuera de la esfera de su empleo.” Plumb v. Cobden Flour Mills Co., [1914; H. L.] A. C. (Eng.) 62, 7 B.R.C. 128, Ann. Cases, 1914 B, 495.

“Por consiguiente, la regla que debe aplicarse para determinar si una violación de una regla u orden coloca al obrero fuera de la esfera de su empleo es si la orden que fué desobedecida limitaba la esfera de tal empleo, o era simplemente una instrucción de no hacer ciertas cosas o de hacerlas en una forma determinada, dentro de la esfera del empleo.” Macechko v. Bowen Manufacturing Co., 179 App. Div. 573, 166 N. Y. Supp. 822.

La evidencia en este caso demuestra que la prohibición que se alega fué violada por Villanueva no limitaba la esfera de su empleo y solamente establecía una regla de conducta que debería ser observada dentro de la esfera del empleo. Villa-nueva se encontraba en el truck en el momento del accidente legalmente, con el consentimiento, del patrono, acompañando la piedra hasta la obra, que era una función comprendida dentro de la esfera de su empleo. Las instrucciones del patrono se referían solamente a la conducta que debería ob-servar el obrero mientras realizaba la indicada función.

Nos inclinamos a creer qne Villanueva actuó negligentemente al tratar de pasarse al asiento delantero, sin detenerse a pensar en el peligro que corría; y más aún, que al hacerlo así asumió el riesgo de ser lesionado. Pero ni la negligencia ni la asunción del riesgo por parte del obrero pueden ser alegadas como defensa por el patrono. (Art. 15 Ley núm. 45, 1935.)

Convenimos con el patrono recurrente en que el Artículo 15 de la Ley núm. 45 de 1935 ( (1) pág. 251), denominada “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo,” priva al patrono solamente de aquellas defensas específica-mente enumeradas en el mismo artículo, o sea la negligencia contribuyente, la asunción del riesgo y la negligencia de un contratista o subcontratista independiente no asegurado bajo la misma ley; y no le priva de la defensa de “imprudencia temeraria” del obrero como única causa de la lesión, reco-nocida por el Artículo 4, inciso .4 de la misma ley como causa suficiente para que un accidente no sea compensable. Así lo resolvimos en el caso de Bonilla v. Mitchel, 51 D.P.R. 126,

Pero no basta probar la violación de una orden del patrono para establecer la defensa de imprudencia temeraria. Debe probarse además que el obrero tenía conocimiento de la existencia de la orden, y que la violación deésta fué deliberada e intencional y nó meramente un acto impensado realizado bajo el impulso del momento. Véanse: Frint Motor Car Co. v. Industrial Commission, 168 Wis. 436, 170 N. W. 285; Hyman Bros. B. & L. Co. v. Industrial Acc. Commission, 180 Cal. 423; Western P. R. R. Co. v. Industrial Acc. Comm., 180 Cal. 416; Diestelhorst v. Industrial Acc. Comm., 32 Cal. App. 771, 23 Am. L. Rep. 1168.

Por las rasiones expuestas debe confirmarse la resolución-recurrida.

• Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dá-vila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico, Diócesis de San Juan, demandante y apelada, v. José Puig Morales, demandado y apelante.

      Núm. 7376.

    Sometido: Enero 18, 1938.

      Resuelto: Febrero 25, 1938.

      González Fagundo & González, Jr., abogados del apelante; Arturo Aponte, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El primer fundamento de la apelación es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción que atacaba el juramento de la demanda. Ésta fué jurada por un sacerdote que bacía constar bajo juramento que era mandatario de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico en Caguas. La objeción era que el mandatario debió haber unido o presentado su mandato. No se citó au-toridad alguna para esta contención ante la corte de distrito ni el apelante ha citado alguna en su alegato. En ausencia de -autoridad en contrario, convenimos con el juez de distritoen que el juramento era suficiente.

El demandado presentó excepción por falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. La demandante alegó: que tenía en Caguas una iglesia quequedaba frente a la parte este del Paique Palmer, circundada por un atrio que se extiende de oeste a este; que desde hace más de treinta años, y también desde tiempo inmemorial, existe un callejón de unos cuatro metros ele ancho más o menos, que discurre desde el atrio de dicho templo hasta la calle de Ruiz Belvis, en una extensión de unos veintitrés metros aproximadamente, lindante por el este con una casa de tres plantas de la sucesión de Ramón Vilar, edificada en un solar que en un tiempo fué de Rosalía Santiago .Vda. de Polanco,, y por el oeste con una casa del demandado José Puig Morales, que anteriormente pertenecía a la mencionada señora Rosalía Santiago Yda. de Polanco; que la demandante ha estado en posesión del descrito callejón desde hace más de treinta años y desde tiempo inmemorial hasta el 3 de enero de 1933, para los feligreses entrar y salir del templo y para la entrada y salida de los ministros y representantes de la demandante, hasta la expresada calle de Ruiz Belvis, mediante el tránsito de sacerdotes, empleados, feligreses y con todo aquello que se hacía menester para comunicar el susodicho atrio con la calle de Ruiz Belvis; que el día 3 de enerode 1933 el demandado José Puig’ Morales interceptó el susodicho callejón, llenándolo de tierra y escombros en una ex-tensión de varios metros, dando ello lugar a que no se pueda transitar libremente por él; que estos actos fueron realiza-dos contra la voluntad de dicha demandante y con el propó-sito de privar a ésta de la posesión del callejón de referencia y de que lo utilice como servidumbre de la demandante.

La demanda fué presentada el 14 de diciembre de 1933. Fué titulada “Injunction para recobrar la posesión.” Se solicitaba se dictara sentencia: amparando a la demandante en la posesión y disfrute del callejón descrito en la demanda; ordenando al demandado, sus empleados y subalternos que se abstengan de inquietar a la demandante en la posesión y disfrute del callejón de referencia; prohibiendo a dichas personas que obstruyan o intercepten en cualquier forma y manera dicho callejón, o cualquier parte del mismo, desde el atrio de la iglesia hasta la calle de Ruiz Belvis y debiendo dejarlo libre y expedito para que la demandante pueda uti-lizarlo convenientemente, y condenando al demandado a pa-gar todas las costas.

Éste no era un recurso para establecer la existencia de una servidumbre ni era, como sucedió en el caso de Trujillo v. López, 45 D.P.R. 815, una acción para abatir un supuesto estorbo priblico. El presente fué un pleito interpuesto por la demandante para recobrar la posesión o cuasi posesión o uso de un callejón, como medio de ingreso y egreso, so color de derecho. En él no estaba envuelta ninguna cuestión de título o derecho de posesión. La alegación de que la deman-dante había estado usando el callejón por espacio de más de treinta años y desde tiempo inmemorial hasta el 3 de enero de 1933, bastaba para demostrar el uso durante más de un año con anterioridad a la perturbación del demandado y dentro del año anterior a la radicación de dicha demanda. En su consecuencia, la demanda aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Véase Echevarría et al. v. Saurí, 38 D.P.R. 737.

Se presentaron otras dos excepciones previas, que fueron igualmente declaradas sin lugar. Una de ellas se basaba, en que la demanda era ambigua, ininteligible y du-dosa; la otra, en que se habían acumulado indebidamente dos causas de acción. Se sostenía que el supuesto uso del calle-jón era inconsistente con la alegación relativa a la posesión material y física del mismo. El demandado estaba en duda respecto a si la demandante trataba de recobrar el alegado uso de una servidumbre de paso o la posesión material del terreno así usado. La contención final era que una causa de acción para recobrar el uso de la servidumbre de paso había sido acumulada indebidamente con otra causa de acción para recobrar la posesión material. Podría admitirse que la demanda no está tan exenta de toda ambigüedad o incerti-dumbre que pueda considerársele como un modelo. No obs-tante, tomada ella en su totalidad e interpretada equitativa-mente, parece razonablemente claro, a nuestro juicio, que la demandante no estaba alegando una posesión anterior ex-clusiva del callejón ni tratando de recobrar tal posesión, sino sólo el uso del mismo como medio de ingreso y egreso. Sea ello como fuere, al demandado no se le indujo a error en su perjuicio, y el error, de haberlo, al declarar sin lugar las dos excepciones, no es uno que da lugar a la revocación.

El tercer señalamiento es que la corte de distrito cometió error al admitir en evidencia una escritura de compraventa otorgada por Rosalía Santiago Vda. de Polanco en 1906. Esta escritura fue admitida como prueba con el fin de demostrar una supuesta admisión contra interés por parte de la vendedora. Estamos plenamente convencidos de que la exclusión de la escritura no hubiera afectado el resultado. El error de admitir el documento, de serlo, no justificaría la revocación.

El cuarto señalamiento es que la sentencia es contraria a la prueba. Luego de un cuidadoso examen de la transcrip-ción taquigráfica a la luz de los argumentos del apelante, no nos es posible concurrir con este criterio.

Loj sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Aristides Ayala, acusado y apelante.
    Núm. 6826.

    Sometido: Enero 21, 1938.

      Resuelto: Febrero 25, 1938.

      JE. Pérez Casalduc, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Aristides Ayala fue acusado del delito de portar ilegal-mente un revólver. Condenado a la pena de dos meses de ■cárcel y al pago de las costas apeló para ante esta Corte Su-prema. Examinaremos solamente uno de los errores que en su alegato imputa a la corte inferior, a saber:

Erró la Corte sentenciadora al apreciar la prueba de cargo y al concluir que ella es suficiente para establecer la culpabilidad del acusado.

La evidencia aportada por el' fiscal puede resumirse así:

Alfredo Fabián, policía insular, declaró que el 14 de marzo de 1936 prestaba servicio en Manatí; que encontrán-dose esa nocbe en el balcón del cuartel oyó cinco detonacio-nes, pudiendo desde donde estaba ver los fogonazos, pero sin poder precisar si los disparos se hacían desde dos sitios distintos; que fue al sitio acompañado del cabo de la policía y encontró allí dos heridos, uno Eafael Arce y el otro Arcadio Fernández. Inmediatamente después de esta parte del inte-rrogatorio de este testigo, el examen continuó así:

"P. ¿Ayudó a llevarlo al hospital? — Sí, señor.
“P. ¿Manifestó algo Axcadio Fernández en el momento en que-llegó ?
"Abogado. Me opongo. No se han sentado las bases.
“P. ¿Cuánto tiempo después de haberse terminado las detona-ciones fué al sitio? — Casi seguido.
"P. ¿A Areadio Fernández cómo lo encontró? — Herido.
"P. ¿Qué hizo él? — Me han herido, dijo.
"P. ¿Dijo quién lo había herido? — En ese momento no.
"P. ¿Cuándo hizo las manifestaciones?
"Abogado. Ya ve que en el momento no dijo.
"I-Ion. Juez. Si es con tiempo que sea elevado la Corte lo eli-mina (sic).
1 í Abogado. Excepción.
"Testigo. Dice él: Me han herido.
"P. ¿Lo llevó al hospital? — Sí, señor.
"P. ¿Cuánto tiempo tardó en ir al hospital? — Cinco minutos lo menos.
"P. ¿En el camino manifestó algo?
"Abogado. Me opongo.
"Hon. Juez. Se admite.
"Abogado. Excepción. Que se oiga que en el momento no de-cía nada.
"Testigo. Entonces fué que dijo que había sido Aristides.
"P. ¿Dónde? — ¿En e'l trayecto? — En el hospital.
“F. ¿Cómo dijo? — No dijo el apellido, Aristides.
"P. ¿Lo conoce? — El señor sentado ahí (el acusado).
"P. ¿Se refería a él? — No lo sé.”

En este punto del interrogatorio la corte increpa al tes-tigo diciéndole que la policía no debe venir a hacer favores y que la corte cree que el testigo favorece al acusado como declara. El testigo ratificó lo que ya había declarado, diciendo: "Sí señor; sin decir el apellido, y tengo una decla-ración jurada que está en Corte.” Y continuó declarando que él ño arrestó a nadie; y que supo después que habían arrestado al acusado.

Benito Pérez, policía insular, declaró que al oír los dis-paros acudió al sitio y allí encontró a Arcadio Fernández (a) Malas Noches; que éste al correr abrió los brazos y el testigo lo vió herido por la tetilla izquierda; que él le pre-guntó: “Quién te hirió”, y el herido contestó: “Aristides Ayala; nos tiramos él y yo y él me hirió”; que allí no llegó-ningún otro policía en ningún momento; que él cogió al he-rido y con dos o tres más lo llevaron cargado al hospital; que él no arrestó al acusado; que el herido murió como dos o tres meses después, como consecuencia de unos tiros que hubo en el barrio “Monte Bello”, y que lo mató un policía.

El fiscal ofreció entonces la declaración de un perito mé-dico para demostrar que Arcadio Fernández había sido-herido. Se opuso la defensa por el fundamento de que su nombre no aparece en la acusación como testigo de cargo y además porque dicho perito estuvo presente en el juicio y oyó declarar a los testigos de cargo que le precedieron. La corte admitió la declaración “porque tiende a corroborar en parte la declaración de los policías de que el herido mani-festó que el acusado era quien lo había herido.” Y la de-fensa anotó su excepción. Declaró el doctor Juan A. Ponsal efecto de que él había examinado al herido; que éste pre-sentaba una herida de bala; y que le había extraído el plomo-ofrecido por el fiscal como evidencia de que la herida había, sido inferida con un arma mortífera.

En defensa del acusado se ofreció la siguiente prueba:

Antonio Vázquez Laureano, declaró: que iba con Bafael Arce en el momento en que sonaron unos tiros; que se para-ron y vieron a Arcadio (a) Malas Noches y otro hombre que-se entraron a tiros y un hombre alto de camisa oscura lo-corrió y Arcadio corrió para atrás disparando tiros e hirió-a Rafael Arce; que conoce a Aristides Ayala, el acusado;. que la otra persona que disparaba no era Aristides Ayala.

Para impugnar la veracidad de este testigo, el fiscal le-preguntó si cuando él declaró ante el juez municipal ya sabía que Aristides Ayala había sido arrestado, a lo que el testigo-contestó afirmativamente. Siguió preguntando el fiscal: "¿Por qué, sabiendo que el acusado había sido ya arrestado por estos hechos, usted no le dijo al juez municipal en su de-claración, que él no era la otra persona que iba corriendo con un revólver”? Se opuso la defensa, alegando que sólo podía admitirse prueba que estuviese en contradicción con lo declarado por el testigo en el acto del juicio. Intervino en-tonces la corte, preguntando al testigo:

"P. ¿Cómo si no pudo reconocer la persona que disparó, sabe que no era Aristides Ayala?
"Testigo. Si hubiera sido Aristides Ayala lo conozco, porque lo conozco de anterior, pero al individuo que era no lo conocía ante-riormente y no puedo decir quién era y solamente le vi la ropa.”

Y continuó el testigo declarando que no había dicho al juez municipal que el acusado no era el que había hecho los disparos porque el juez no se lo preguntó.

La declaración prestada por este testigo ante el juez municipal es idéntica a la prestada en el acto del juicio. No encontramos que exista entre ellas discrepancia o contradic-ción, alguna que pueda servir de base para impugnar la de-claración prestada en el juicio o para desacreditar al testigo. El hecho de que el testigo no informase al juez municipal que Ayala no era la otra persona que había disparado, sobre lo cual el juez no le preguntó, es una omisión tanto del juez in-vestigador como del testigo pero no una contradicción de este último que pueda afectar su veracidad.

Rafael Arce, declaró substancialmente lo mismo que Antonio Vázquez, y que conocía a Arcadio Fernández como a sus propias manos. Al preguntarle el abogado defensor si después de la fecha del suceso había él hablado con Arcadio Fernández, se opuso el fiscal por no ser esa conversación parte del hecho (res gestae). Alegó la defensa que habién-dose admitido las declaraciones hechas por Fernández mo-mentos después de ser herido, las declaraciones contradicto-rias hechas'por él posteriormente eran también admisibles para impugnar su veracidad. Sostuvo la corte la oposición del fiscal, con excepción de la defensa.

Siguió declarando el testigo, que no vió allí a Arcadio Fernández; que lo vió cuando corrió, pero no lo vió que dis-parara ni al testigo ni a nada; que lo vió cuando él, el tes-tigo, cayó al suelo herido; que no vió a Aristides Ayala.

El fiscal presentó al testigo la declaración prestada por él ante el juez municipal. El testigo después de leerla reco-noció que ésa era su declaración. En ella dijo el testigo: “que al poco rato el declarante se sintió herido, pero no sabe quien lo hirió. Tampoco vió por allí a Arcadio Fernández ni a Aristides Ayala.” Con la oposición de la defensa, la corte admitió la declaración ofrecida para desacreditar al tes-tigo. Y se anotó la excepción del acusado.

Hemos leído cuidadosamente la declaración prestada por el testigo ante el juez municipal y no encontramos que ella difiera de o contradiga la prestada en el acto de la vista en cuanto al punto substancial'que se investigaba, o sea si Aristides Ayala, el acusado, estaba en el sitio y en el momento donde y en que ocurrieron los disparos. Ambas declaracio-nes son idénticas en cuanto a ese extremo. El testigo de-claró en ambas ocasiones que no había visto allí al acusado.

Terminó la vista del caso con el siguiente incidente:

Pidió la defensa que se citara al taquígrafo para que le-yese las manifestaciones del fiscal al solicitar el archivo de la causa seguida contra el acusado por el delito de atentado a la vida. Se opuso el fiscal. Eesolvió la corte que lo dicho por el fiscal en otro caso no era admisible como prueba en el de portar armas, y, “además, porque lo único que dijo el fiscal fué: que no tenía pruebas para un caso do atentado a la vida.” La defensa hizo constar su excepción.

Descartando la prueba ofrecida por la defensa y consi-derando exclusivamente la aducida por el fiscal, encontramos que la única evidencia tendiente a conectar al acusado con la comisión del delito que se le imputa es prueba de referencia, la cual, aunque correctamente admitida por la corte senten-dadora como parte del res gestae no es por sí sola suficiente, a nuestro juicio, para justificar una sentencia de culpabili-dad. Tanto más si se tiene en cuenta que Arcadio Fernán-dez, la persona que se dice hizo las manifestaciones que ten-dían a inculpar al acusado, había ya fallecido en la fecha de la celebración del juicio. No aparece del récord prueba al-guna que tienda a corroborar las declaraciones que se dice fueron hechas por el herido a los dos policías. Véase: Williams v. State, (11 Ga. App. 662) 75 S. E. 988, que sos-tiene que declaraciones de referencia, aun cuando sean ad-misibles como parte del res gestae, no son suficientes para condenar, a menos que haya algún hecho esencial establecido por otra evidencia.

En tal virtud, y atendidas todas las circunstancias de este caso, debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jorge Frau, acusado y apelante.
    Núm. 6700.

    Sometido: Febrero 15, 1938.

      Resuelto: Febrero 25, 1938.

      C. Triarte, F. Fernández Guyar y Héctor González Blanes, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En 20 de junio de 1936 el Fiscal de San Juan formuló acusación contra Jorge Frau por un delito de infracción de las disposiciones de la Ley núm. 24 de 20 de abril de 1928 (Leyes cíe 1928, pág*. 167), consistente en que “ilegal, volun-taria y maliciosamente vendía, ofrecía y tenía en venta, y tenía almacenado, café adulterado con cereales, con el fin de •dedicarlo al consumo humano.”

En enero 13, 1937, el acusado solicitó el sobreseimiento de la causa porque habiéndose radicado la denuncia el 20 de junio de 1936, el juicio debió celebrarse en o antes del 18 de •octubre del mismo año, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 448, inciso 2°., del Código de Enjuiciamiento Criminal. Declarada sin lugar dicha moción, se celebró el juicio ■el 19 de enero de 1937 y el acusado fué declarado culpable y condenado al pago de $25 de multa. El 23 de septiembre de 1936, fecha señalada originalmente para el juicio, el fiscal, •con permiso de la corte y con la oposición de la defensa, en-mendó la acusación, cambiando la frase “café adulterado con •cereales” por la de “café adulterado con cáscara del mismo fruto. ’ ’

El acusado apelante señala tres errores. En el tercer se-ñalamiento sostiene que la culpabilidad del acusado no ha •sido establecida fuera de toda duda razonable por ser la prueba claramente insuficiente.

La prueba fundamental del Pueblo consistió en la decla-ración del Dr. Rafael del Valle Sárraga, químico y bacterió-logo del Departamento Insular de Sanidad. Este declaró ■en substancia: que hizo un análisis de la muestra de cafó tomada en el establecimiento del acusado; y que apareció adulterada con una pequeña cantidad de cáscara del mismo .■grano. T repreguntado por la defensa contestó que había usado la frase “pequeña adulteración” porque la adultera-ción venía siendo algo así como un 7 por ciento de cáscara -con respecto a la totalidad del café; que el café.normalmente tiene una cantidad de fibra cruda una vez que está descasca-rado; que el 12 por ciento de fibra cruda se considera come standard en un café normal; que ese promedio puede ser menor o mayor, dependiendo de multitud de factores que in-fluyen en la cantidad de fibra cruda. Preguntado por la de-fensa si en este caso era significativo el tanto por ciento que arrojó el análisis de una adulteración activa, el testigo con-testó :

“En este caso los datos están en el border Une, entre lo que cons-tituye una contaminación accidental y una adición intencionalmente. Más bien está en la zona de la adulteración intencional, sin que con esto el perito quiera decir que ése haya sido el caso. Lo que quiero-decir con ello es que si lia sido una contaminación indudablemente que ha habido negligencia o descuido notable o quizás algún defecto muy serio en el procedimiento mismo que ha dado lugar a que esta fibra haya estado en cantidad ...” (Bastardillas nuestras.)

Y más adelante, al ser preguntado si como resultado del análisis podría él decir que en este caso babía habido una adulteración activa o intencional, contestó que no podía ase-gurarlo.

Como testigo de la defensa declaró el perito químico Sr. Ángel M. Pesquera al efecto de que él hizo el examen del café y obtuvo una cantidad de 12.90 por ciento de fibra cruda; que esa cifra no significa de por sí adulteración activa, por ser una cifra normal y más por debajo de lo normal en al-gunos casos; que no existe un standard legal en cuanto a la cantidad de fibra cruda que puede tener el café tostado y mo-lido; que el Departamento Federal en Washington consi-dera la cifra 12.90 por ciento como normal; que un café debe considerarse adulterado con cáscara cuando contenga más de 15 por ciento de fibra cruda.

No aparece del récord prueba alguna que tienda a demos-trar que el acusado adulteró intencionalmente el café.

La prueba pericial es a nuestro ■ juicio insuficiente para justificar una sentencia de culpabilidad. ¿Cómo es posible que el juzgador quede convencido fuera de toda duda razona-ble de la culpabilidad del acusado, cuando el mismo perito del Pueblo admite que el caso está en el border line, en la línea divisoria, y no se atreve a asegurar que se trata de una adul-teración intencional?

La insuficiencia de la prueba es a nuestro juicio tan pa-tente que consideramos nuestro deber revocar la sentencia re-currida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    José Manuel Alonso Muñoz, demandante y apelante, v. Ramón Nieves Luyando, demandado y apelado.
    Núm. 7517.

    Resuelto: Febrero 25, 1938.

      B. Díaz Collazo, abogado del apelante; Bubón & Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

En la opinión qne dictamos en este caso, en 31 de julio de 1937, publicada en la página 199 de este tomo, dijimos:

“Para mejor guía do la profesión en la aplicación de la ley re-solvemos qne de acuerdo con la sección 11 de la Ley núm. 76 de 1931 (pág. 467) cuando en el contrato de aparcería no se ba fijado término para la duración del mismo y el terrateniente desea termi-narlo y recuperar la posesión de la finca, diebo terrateniente tiene derecho a pedir el desahucio del aparcero siempre que de su demanda ■aparezcan como cumplidos los requisitos siguientes:
“1. Que el aparcero fué requerido para que desocupara la finca dentro del plazo fijado por el terrateniente.
“2. Que el terrateniente pagó u ofreció pagar al aparcero, en el acto del requerimiento para que desalojara la finca, los daños y perjuicios que pudiere causarle, más el importe de su participación en los frutos pendientes.
“3. Que el aparcero fué requerido para que se 'aviniese a nombrar peritos para la tasación de los frutos.
“4. Que a pesar de haberse cumplido los requisitos preceden-tes, el aparcero se ha negado a desocupar la finca.”

El demandado apelado ha presentado una moción en la que nos pide que aclaremos el alcance del requisito número 2, supra, en el sentido de que no bastará un simple ofreci-miento de pago por parte del terrateniente; y que el ofreci-miento de pago debe estar debidamente afianzado para que el terrateniente pueda proceder al desahucio del aparcero.

Consideramos bien fundada la petición del demandado apelado. Y accediendo a ella, modificamos el requisito número 2 para que lea así:

“2. Que el terrateniente pagó al aparcero en el acto del re-querimiento para que desalojara la finca, los daños y perjuicios que pudiera causarle, más el importe de su participación en los frutos pendientes; o que en el acto o antes de dicho requerimiento el terrateniente constituyó una fianza válida y suficiente a favor del aparcero para garantizar a éste el pago de dichos daños y perjuicios y de su participación en los frutos pen-dientes. ’ ’

El pago o el afianzamiento del pago de los daños y de la participación en los frutos pendientes es condición indispensable para que surja el derecho del terrateniente a desahu-ciar al aparcero. En el caso de que se haya constituido fianza a favor del aparcero, la sentencia de desahucio no podrá ser ejecutada en su contra hasta que se le haya hecho efectivo el importe de los daños que se le hubieren causado y la parte proporcional que le correspondiere en los frntos pendientes, de acuerdo con la tasación de los peritos nombra-dos al efecto.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Antonio Fernández, demandante y apelado, v. Las Monjas Racing Corporation, demandada y apelante.
    Núm. 7495.

    Sometido: Enero 25, 1938.

      Resuelto: Marzo 10, 1938.

      Leopoldo FeUú, 'abogado de la apelante; Gonzalo Ardín, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En las carreras de caballos que tuvieron lugar el 2 de diciembre de 1936, el peticionario jugó y pagó un cuadro que resultó triunfante por haber acertado las siete carreras cele-bradas en dicho día.

Al practicarse el escrutinio con el objeto de determinar las personas entre las cuales habría de dividirse el montante del pool, el cuadro del peticionario fué sometido a la conside-ración de la Comisión Hípica Insular para que ésta decidiera si dicho cuadro era válido o si los defectos de que el -mismo adolecía eran suficientes para invalidarlo. La Comisión sos-tuvo la validez del cuadro y ordenó que su importe fuese pa-gado por Las Monjas Racing Corporation, la cual se ha ne-gado a hacer el ameritado pago.

Alegando que carece de otro remedio legal adecuado para obligar a la corporación demandada a cumplir lo que le ha sido ordenado por la Comisión Hípica Insular, el peticiona-rio solicitó de la Corte de Distrito de San Juan la expedición de un auto de mandamus por el que se ordenara a la deman-dada pagar al peticionario la suma de $292.95, importe del cuadro, más las costas y honorarios de abogado.

Expedido el auto en forma alternativa, compareció la de-mandada y en oposición a las pretensiones del peticionario alegó que los hechos expuestos en la petición son insuficientes para determinar una cansa de acción; y que la corte de dis-trito carecía de jurisdicción.sobre el caso por razón de su materia.'

Resuelto el caso por sentencia adversa a la demandada, ésta apeló para ante este Tribunal' Supremo.

Conviene liacer constar que en el acto de la vista las par-tes estipularon como hechos probados que en las mismas ca-rreras del 2 de diciembre de 1936 apareció otro cuadro re-clamado por un tal Carlos Brignoni; que dicho cuadro fué declarado nulo o inválido por la comisión; que la corpora-ción demandada se negó también a pagar el importe recla-mado por Brignoni; que la demandada instó ante la misma Corte de Distrito de San Juan una acción para una sentencia declaratoria por la que se resuelva si está o no obligada a pagar a uno y otro de los dos alegados ganadores; y que la demandada consignó y depositó en la corte la suma que ha-bría de corresponder a cada uno de los reclamantes, sujeto a las resultancias de la acción declaratoria.

Como se ve por los hechos que acabamos de exponer, no se trata de un caso en que dos personas distintas reclaman a otra el pago de una misma cantidad, y el deudor deposita la cantidad en la corte para que ésta decida a cuál de los dos reclamantes debe ser pagada. La reclamación de Brignoni no tiene relación alguna con la que ha formulado el aquí pe-ticionario y apelado.

JW1 apelante señala como errores de la corte inferior (1) haber expedido un auto perentorio de mandamus para orde-nar el pago de una suma adeudada a virtud de una obligación contractual; y (2) haber considerado la obligación de la ape-lante como un deber ministerial estatutario.

La Ley núm. 11 de 18 de abril de 1932 (Leyes de ese año, págs. 195, 211), denominada “Ley Hípica” dispone:

“Artículo 27. — Toda persona natural o jurídica que, de acuerdo con esta Lev, estableciere o tuviere establecido debidamente un hi-pódromo en Puerto Rico y explotase o permitiese que otra persona explote, dentro de los terrenos de su hipódromo el negocio de bancas alemanas o pools, será responsable a la persona que apostare de cual-quier reclamación justa; disponiéndose, que las decisiones del Ju-rado y de la Comisión Hípica Insular constituirán autoridad bas-tante para que el dueño del hipódromo que las acate quede exento de ulterior responsabilidad.”

Como complemento de la disposición legislativa que precede, el Reglamento de la Comisión Hípica Insular dispone en su artículo 205 que las decisiones de la Comisión serán de-finitivas y concluyentes para todos los efectos.

Las relaciones que se crean entre el dueño de un hipó-dromo explotador de un “pool” y el comprador o jugador de un “cuadro,” no son a nuestro juicio de naturaleza pura-mente contractual. Las partes contratantes son en realidad todas aquellas personas que mediante la compra de un cua-dro y el pago de su precio aportan los fondos necesarios para constituir un fondo común, denominado “pool”, para ser pa-gado a la persona o personas que acertaren el mayor número de caballos triunfadores. El explotador del “pool” no es en realidad parte en un contrato de apuesta. Su interés es fijo y no aleatorio, estando limitado a un tanto por ciento del montante total de las apuestas de los jugadores. Su posi-ción legal es la de un mero depositario o “trastee” de los fondos aportados por los jugadores para beneficio de aque-llos que resultaren ganadores y que tuvieren una reclama-ción justa. Sus deberes como tal depositario o “trastee” están claramente establecidos por la Ley Hípica, art. 27, supra, y no por contrato. La determinación de la justicia de una reclamación presentada por el jugador de un cuadro* es función de la Comisión Hípica Insular y no del explotador del “pool.” Tan pronto como la comisión dicta una deci-sión favorable al jugador reclamante, el depositario de los fondos del “pool” tiene el deber ministerial de hacer efec-tivo el importe del cuadro a su dueño, sin que pueda esta-blecer recurso alguno en contra de la decisión de la comisión, por tener tal decisión el carácter de definitiva y concluyente para todos los efectos.

La interposición de una-demanda sobre sentencia declaratoria, que fije los derechos de Jas partes y resuelva si la reclamación del aquí peticionario es o no es justa, no puede tener el efecto de privar al dueño de un cuadro cuya reclamación ha sido declarada justa por la comisión, del derecho a exigir que se le haga efectiva su ganancia, ni de eximir al ex-plotador del “pool” de la obligación que la ley le impone de pagar la suma que tiene en. su poder como depositario. El propósito evidente del legislador ha sido el de conferir a la Comisión Hípica jurisdicción exclusiva y definitiva para conocer de las reclamaciones que puedan ser formuladas por los jugadores al “pool.” Permitir que se utilice el'recurso de la acción declaratoria para revisar lo que ya ha sido resuelto por la Comisión Hípica, equivaldría a conceder al ex-plotador del “pool” un recurso de apelación que el legisla: dor le negó expresamente al disponer que las decisiones de la comisión tendrá el carácter de definitivas y concluyentes. Tampoco sería justo obligar al dueño del cuadro a iniciar una acción para recobrar una suma que ya le ha sido adjudicada definitiva y concluyentemente por la comisión y que el depositario está obligado a pagar por ministerio de la ley.

El artículo 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, autoriza la expedición de un auto de mandamus contra cualquier persona o corporación para obligarla a realizar cualquier acto que la ley le ordene especialmente como un deber resultante de un empleo, cargo o función, “resulting from an office, trust or stationCuando el deber incumplido es ministerial o ejecutivo y su cumplimiento no depende de la discreción del llamado a cumplirlo, el auto de mandamus puede y debe ser expedido. Véanse: Ortis v. Muñoz, 19 D.P.R. 850, Santiago v. Feuille, 10 D.P.R. 432 y Pagán v. Towner, Gobernador, 35 D.P.R. 1.

Somos de opinión de que tan pronto como la Comisión Hí-pica falló que el cuadro del peticionario era válido y su re-clamación justa, la obligación ,de pagar su importe se convir-tió en un deber ministerial de naturaleza pública de la cor-poración demandada como depositaría de los fondos.

Arguye la apelante que al disponer en la sección 27 de la Ley Hípica, supra, que “las decisiones de la Comisión Hípica constituirán autoridad bastante para que el dueño del hipódromo que las acate quede exento de ulterior responsabilidad,” el legislador dejó a la discreción del depositario de los fondos el acatar o no acatar tales decisiones. No creemos que el lenguaje del estatuto sea susceptible de tal interpretación. Para aceptarla tendríamos que aceptar también que las facultades cuasi judiciales que la ley concede a la comisión, para investigar y fallar sobre la justicia de una reclamación, son vanas formalidades y que el único juez y árbitro sobre si debe o no debe pagarse el importe de un cuadro es el depositario de los fondos, no obstante su aceptación del depósito sujeto a la obligación de pagarlo a la persona que a juicio de la comisión presentare una reclamación justa. El propósito del legislador fué, a nuestro juicio, simplemente el de exonerar y proteger al depositario una vez que éste haya cumplido la orden de pago dictada por la comisión.

Por las razones expuestas opinamos que no erró la Corte inferior al expedir el auto de mandamus y que debe confir-marse su sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidestte Señor Del Toro

text:
    Juan Masini, Tomás Torres, Pedro L. Lamoute, Celso Dávila, Joaquín Hernández, Guillermo Hernández, Miguel Pelegrina, Juan Alvarez, Mercedes Rivera, Zoraido Rivera e Hipólita Burgos, demandantes y apelantes, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 7388.

    Sometido: Diciembre 21, 1937.

      Resuelto: Marzo 11, 1938.

      M. Soltero Peralta, abogado de los apelantes; IJon. Procurador General B. Fernández García y M. Rodríguez Ramos, Subprocura-dor, abogados del apelado.
   El Juez Presidestte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Muestran los autos que en enero 11, 1936, once deman-dantes presentaron una demanda enmendada que contiene once causas de acción; que el demandado la excepeionó; que la corte declaró las excepciones con lugar; que cuatro de los once demandantes presentaron entonces una segunda demanda ■enmendada que fue exeepeionada por el demandado y que la norte declaró las excepciones con lugar y considerando la de-manda no susceptible de enmienda dictó sentencia desesti-mándola sin especial condenación de costas. Contra esa sen-tencia es que se interpuso el presente recurso de apelación.

Son alegaciones comunes a las once causas de acción pri-mitivas y a las cuatro finalmente ejercitadas las siguientes:

Tres empleados del demandado, en noviembre de 1931 y en Jayuya, actuando en el ejercicio de sus funciones como tales ■en el establecimiento de líneas transmisoras de electricidad in-clusas en el proyecto de desarrollo de fuentes fluviales del (Gobierno de Puerto Rico, realizaron los actos causantes de los perjuicios.reclamados, como sigue: Uno, Ramón Ortiz, colocó en los bajos de la cocina de la casa de María Mattei, sin su consentimiento, cuatro j ‘ drums ’5 de gasolina del demandado; otro, Francisco Rodríguez, trató de sacar por la madrugada de uno de los “drums” una lata de gasolina mientras el ter-cero, Juan Ramón Ybio, alumbraba con un farol de gas de modo tan negligente que inflamó la gasolina, propagándose el fuego en todas direcciones.

Varían entonces las alegaciones describiéndose en cada causa de acción la propiedad o propiedades destruidas por él incendio y especificándose los daños sufridos que unidos as-cienden en las últimas cuatro causas de acción a la suma de $29,219 por la cual se pide sentencia en contra del deman-dado.

Y vuelve entonces a alegarse en cada una de las cuatro causas de acción finalmente ejercitadas:

“Que con fecha 23 de noviembre de 1932 el demandante en esta causa de acción radicó demanda ante la Corte de Distrito de Areeibo, Puerto Rico, contra El Pueblo de Puerto Rico y la Puerto Rico Irrigation Service, bajo el numero 13,551, y reclamando daños y per-juicios por el concepto aquí expresado; pero no habiendo estado en condiciones^ dicho demandante de prestar fianza a favor del Pueblo de Puerto Rico, tal como lo exige la ley número 76 de 13 de abril de 1916 (pág. 155), según fue enmendada por la ley número 11 del 18 de abril de 1928 (pág. 131), dicha acción no pudo progresar y la misma fué archivada con fecha 25 de junio de 1935.”

Las excepciones aducidas y declaradas con lugar fueron: falta de jurisdicción por no haber El Pueblo de Puerto Rico prestado su consentimiento para ser demandado, indebida acu-mulación de partes demandantes y falta de causa de acción porque las acciones que hubieran podido ejercitar los deman-dantes prescribieron a tenor de lo dispuesto en la sección 9 de la Ley núm. 76 de abril 13, 1916 (pág. 155).

Sostienen los apelantes en su alegato que la corte de dis-trito erró al declarar las excepciones con lugar.

Para basar su contención de que la corte puede conocer del litigio sin el expreso consentimiento del Pueblo demandado, invocan el artículo 9 de la Resolución Conjunta núm. 36, de abril 29, 1927 (pág. 345), conocida como la Ley para el desarrollo de las fuentes fluviales, en la parte que dice :

"El ingeniero director designado por el Comisionado del Interior para dirigir los estudios y construcción de estas obras, sus oficiales,, agentes, o empleados tendrán el derecho de entrar, previa notificación al propietario o representante, en cualquier terreno, para practicar deslindes y para situar y establecer cualquiera obra propuesta o in-clusa en el proyecto de desarrollo de fuente fluvial, incluyendo las líneas de cualquier canal, camino, túnel, local para embalse de agua, acueducto, planta para desarrollar fuerza eléctrica, líneas transmi-soras, subestaciones de transformadores, u otra que se requiera de-biendo indemnizarse al propietario por los perjuicios que se le oca-sionen como consecuencia de dichas obras; Disponiéndose, que el montante de la indemnización deberá ser objeto de la aprobación del Consejo Ejecutivo.”

Ni la parte del precepto legal transcrito, ni menos la tota-lidad del mismo, tienen el alcance que pretenden los apelantes. El legislador se limitó a fijar el deber de indemnizar al pro-pietario por los perjuicios que se le ocasionen en las obras que especifica, y lo que los empleados del demandado se dice que realizaron en este caso no está comprendido claramente en ninguna de ellas.

Nos inclinamos a creer que no hubo error, pero aunque así no fuera dados los amplios términos en que se enmendó el artículo 1 de la Ley núm. 76 de 1916 (Leyes de ese añoy pág. 155), por la Ley núm. 11 de 1928 (Leyes de ese año, pág. 131), siempre habría que resolver que la sentencia se sostiene porque de la faz de la demanda resulta que las causas de acción ejercitadas estaban prescritas de acuerdo con el artículo 9 de la citada Ley núm. 76 de 1916, que expresamente dispone que todas las -acciones contra El Pueblo de Puerto Rico prescribirán si el pleito no se entabla dentro de un año 4e originada la causa de acción, en relación con el artículo 4 de la misma, como quedó enmendado en 1928, a saber:

. Disponiéndose, sin embargo, que todo demandante, como 'condición previa para entablar dicha demanda, debe prestar una fianza satisfactoria a la corte por la suma de dos mil (2,000) dólares para responder de las costas; entendiéndose, que la corte tendrá fa-cultades para eximir de fianza a las personas que por razón de po-breza, no puedan prestarla.”

El hecho determinante de la causa de acción ocurrió en noviembre 29, 1931, presentándose la primitiva demanda sin el previo requisito de la fianza en noviembre 23, 1932.

El pleito que así se intentó iniciar fué archivado en junio '25, 1935, radicándose la nueva demanda en noviembre del año 1935.

La alegación de que los demandantes no estaban en con-diciones de prestar la fianza, carece de mérito-porque la misma ley prescribe cómo puede y debe solucionarse la dificultad en tales casos.

Aún cuando dada la conclusión a que hemos llegado podríamos omitir hacer referencia a la indebida acumulación de partes demandantes, deseamos sin embargo decir que la re-solución de la corte declarando con lugar la excepción se ajusta a la ley y a la jurisprudencia de esta propia corte interpretativa de la misma. Artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. de 1933); Ortiz v. Comisión Policía Insular, 40 D.P.R. 166; Rodríguez v. Rodríguez et al., 17 D.P.R. 733.

«Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sen-tencio. apelada.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Presideette Señor Del Toro

text:
    Central Cambalache, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    Núm. 1017.

    Sometido: Febrero 21, 1938.

      Resuelto: Marzo 11, 1938.

      A. Gadilla Ginorio j Miguel Santoni, abogados de la recurrente;
   El Juez Presideette Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La Central Cambalache por escritura pública constituyó hi-poteca voluntaria por un millón y medio de dólares para ga-rantizar el pago de tres pagarés por quinientos mil dólares, cada uno, sobre una finca agrupada denominada hacienda o ingenio Central Cambalache, de cuatro mil novecientas treinta y nueve cuerdas, situada en los municipios de Arecibo, Hatillo y Barceloneta, comprendidos todos dentro del territorio del Registro de la Propiedad de Areeibo. La hipoteca se ins-cribió en dicho registro en los tomos correspondientes a los in-dicados municipios.

Así las cosas, la central dió en prenda a The Royal Bank of Canada, Sucursal de San Juan, Puerto Rico, los tres pa-garés, otorgándose el contrato por escritura pública a fin de que la garantía colateral así dada pudiera hacerse constar en el registro y a ese efecto el documento fué presentado acom-pañado de sesenta y un dólares en sellos de rentas internas para satisfacer los derechos correspondientes.

El registrador se negó a ello por medio de la siguiente nota contra la cual se interpuso el presente recurso guberna-tivo :

“Suspendida la inscripción o anotación preventiva caso de no proceder la inscripción de este documento; por no haberse consig-nado los correspondientes sellos de rentas internas, según el número 5 de la sección 22 de la Ley núm. 32 de 1917, extendiéndose nota por 120 días al margen del asiento de presentación número 260, Dia-rio 198, cancelándose un sello de 50$5 núm. 1 arancel, derecho de pre-sentación del documento y devueltos los sellos sobrantes, sesenta dollars cincuenta centavos.”

Tanto la recurrente como el registrador están conformes en que la ley que regula el caso es la núm. 32 de 1917 (Leyes de 1917, pág. 313), que contiene el Arancel de los Registra-dores de la Propiedad, cuyo número cinco en lo pertinente ordena:

“Número 5. — Por cada inscripción o anotación y consiguientes notas marginales que no estén comprendidas en los números prece-dentes se cobrarán las cantidades fijadas que se establecen en la es-cala siguiente:
Inscripciones Inscripciones
o anotaciones o anotaciones
extensas. concisas.
Por cada finca o derecho
cuyo valor_
De más de $1,000,000_$60. 00 $54. 00.”

No cita el registrador jurisprudencia en apoyo de su nota. Se limita a sostener que estando la finca sobre la cual debe verificarse la anotación formada por tierras situadas en tres municipios y por tanto inscrita en el tomo correspondiente a ■cada uno de ellos, habiéndose solicitado que la anotación se hiciera en todos, debe considerarse el caso como si se tratara de tres anotaciones distintas y pagarse separadamente por las tres.

El recurrente invoca el artículo 61 del Reglamento de la Ley Hipotecaria que prescribe:

"Se inscribirán bajo nn solo número si los interesados lo solici-taren, considerándose como una sola finca, con arreglo al artículo 8 de la ley y para los efectos que el mismo expresa:
“Primero; Las propiedades rústicas conocidas con los nombres de haciendas, cafetales, ingenios, vegas, estancias, sitios, potreros, etc., que formen un cuerpo de bienes dependientes o unidos, con uno o más edificios y una o varias piezas de terreno con arbolado o sin él, aun-que éstas no linden entre sí ni con el edificio, con tal que pertenezcan al mismo cuerpo de bienes y a una sola persona, o a varias pro indi-viso, y aun cuando afecten al mismo gravámenes o derechos reales, correspondientes a una sola persona o a varias, y se componga de distintas suertes o porciones dadas en enfiteusis. Para los efectos de la inscripción se considerará único el señorío directo, aunque sean varios los que a título de dueños directos cobren rentas o pensiones de una finca, siempre que ésta no se halle dividida entre ellos por el mismo concepto.
"Si cualquiera de las agrupaciones de fincas que puedan inscri-birse bajo un solo número, conforme a lo dispuesto en este artículo, estuviere enclavada en los términos de dos o más ayuntamientos, se inscribirá en el registro especial de cada uno de ellos la parte corres-pondiente al mismo, expresándose al final de la inscripción que las fincas objeto de ella, en unión con las demás, cuyos números, folios y libros se citaran, constituyen_(la hacienda, cafe-tal, estancia, etc.), e indicando el nombre, si lo tuviere, o en otro caso, la denominación con que fuere conocida dicha agrupación.”

Y sostiene que la agrupación en su caso se hizo bajo la autoridad de ese artículo y por tanto que aunque se haya inscrito la finca agrupada en tres municipios, no deja de ser una sola, siendo el derecho que se trata ahora de anotar sobre ella uno solo también y no tres.

A nuestro juicio su contención está bien fundada y encuen-tra apoyo en el caso de Solís v. Registrador, 19 D.P.R. 1038 en el que se hipotecó una finca situada en los municipios de Caguas y San Lorenzo, y en el que el. registrador practicó la inscripción pero con el defecto subsanable de no describirse en el título la parte situada en Cagnas y la parte situada en San Lorenzo. Revocando la nota, esta corte resolvió:

“Resulta de la nota que dejamos transcrita que la finca letra (A) es una sola, radicando parte de ella en el barrio de Tomás de Castro de Caguas y parte en el barrio de Hato, de San Lorenzo, y tratán-dose como se trata de una sola finca, la hipoteca sobre ella consti-tuida la afecta en su totalidad, sin que sea aplicable al presente caso el artículo 119 de la Ley Hipotecaria. ...”

Se trata de una sola finca y de la anotación o inscripción de un solo derecho. El que a virtud del régimen interior de los registros, por el hecho de extenderse dicha finca por tres municipios del territorio del mismo registro, haya habido que registrarla en tres tomos separados, ¿ debe pagarse por la ano-tación o inscripción del derecho sobre la finca como si se tra-tara de tres fincas y de tres derechos distintos? Esto esy ¿bastan para que la operación se verifique en todos los tomos los sesenta y un dólares que acompañó la recurrente o es ne-cesario que acompañe los ciento ochenta y un dólares que el registrador exige?

En buena lógica creemos que la primera pregunta debe contestarse en la negativa y por consiguiente la segunda en el sentido de que basta la suma que fué acompañada para, que la inscripción se efectúe.

En su alegato el registrador dice que la práctica general seguida en todos los registros de la isla sostiene su interpre-tación de la ley pero no está claro si su dicho se refiere al caso de fincas radicadas no sólo en municipios distintos sí que también en registros diferentes. No conocemos en ver-dad con exactitud cuál sea la práctica. Hemos llegado a la conclusión que estimamos justa y procedente y de acuerdo-con ella decidiremos el recurso, pero si el registrador se con-sidera tan firme en su posición que crea que la justicia exige que nuestra decisión sea otra, puede pedir reconsideración ro-busteciendo sus argumentos y explicando mejor y más detalla-damente la práctica invocada.

Debe revocarse la nota y ordenarse que los derechos deben cobrarse como si se tratara, como se trata, de una sola finca y de un solo derecho constituido sobre la misma.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Crispín Nevares Virella, acusado y apelante.
    Núm. 6727.

    Sometido: Febrero 23, 1938.

      Resuelto: Marzo 11, 1938.

      Celestino Iriarte, F. Fernández - Cuyar y Héctor González Flanes, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Lamer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Crispin Nevares Virella fue denunciado ante la Corte Municipal de Toa Alta como autor de un delito de portar armas prohibidas consistente en que el 20 de diciembre de 1936 y en la carretera núm. 2, kilómetro 24, ilegal, voluntaria y mali-ciosamente, portaba sobre su persona un revólver.

Alegó su inocencia y fué condenado. Apeló para ante ía Corte de Distrito de Bayamón. Se celebró un nuevo juicio y la corte le impuso dos meses de cárcel. Pidió reconside-ración de la sentencia. Por resolución razonada de mayo 28, 1937, le fue negada su petición. Apeló para ante este Tribunal Supremo y en su alegato señala dos errores, el primero cometido a su juicio por la corte de distrito al aplicar inde-bidamente el derecho a los hechos del caso y el segundo al im-ponerle una pena excesiva de acuerdo con las circunstancias concurrentes.

Como testigos del Pueblo declararon el Jefe de la Policía Insular Enrique de Orbeta y el Comandante de Distrito de la misma José A. López.

Dijo el primero:

“. . . .yo iba en el carro número 11, del Gobierno Insular, en viaje de inspección y en dirección hacia Toa Alta y al llegar al kilómetro 23, hectómetro 8, iba en la misma dirección del carro un ganado suelto. Caminamos unos cuantos metros detrás de este ga-nado cuando alzo la vista y me veo un jinete vestido de caqui; me fijé que llevaba un revólver al lado izquierdo, enganchado en el pan-talón.Al ver a este jinete con el arma, detuve el carro, me bajé y le grité, pero él empezó a desviarse de la carretera. Yo le grité: ‘deténgase que quiero hablar con usted.’ Apresuró el caballo, cogió una verja de alambre y la tumbó y se tiró por una pieza de ■caña. Estuve gritando dos o tres veces, pero desapareció. Enton-ces me fui donde el ganado, a los que conducían el ganado y les pre-gunté que quién era este hombre y nadie me sabía decir. Por fin, después de muchas preguntas, uno me dice: ‘él se llama Crispin’. En vista de esto, seguí hasta Toa Alta y allí llamé al Jefe de la Po-licía, al Cabo López; le dije lo que había ocurrido y que se viniera conmigo a ver si localizábamos a este hombre. Al volver, como a cien metros después de pasar el puente en esta dirección, alcancé a ver el jinete en el medio de la carretera. Le dije al Cabo: ‘yo lo conozco.’ Ya casi al llegar, al vernos, volvió a montar en el caballo, salió corriendo hacia el lado izquierdo de la carretera, se tiró; en-tonces el Cabo López le gritó: ‘Crispin, yo te conozco.’ Al subir 1© pregrinté dónde estaba el arma y dijo que la había déjado eñ la finca. Le pregunté' si tenía permiso para portar armas, me contestó bastante fuera de tono: ‘Usted debe ocuparse de los chóferes sin-vergüenzas que andan por la carretera, llevo el revólver para prote-germe de ellos.’ Le dije al Cabo: ‘Proceda al arresto de este hombre y proceda a hacer las investigaciones pertinentes y formúlele cargos.’ ”

Y manifestó el segundo:

“ El día 20 de diciembre del año pasado, como a las 9:45 de la mañana, se personó en el Distrito el Coronel de la Policía, Enrique de Orbeta, acompañado de sú chófer. Me informó que si yo conocía un tal Crispin que trabajaba con Nevares; yo le dije que sí, en-tonces me informó que a ese señor lo había sorprendido en la carre-tera con un revólver en la cintura y fuimos hacia el sitio de la ca-rretera número 2, kilómetro 24 y al llegar al sitio, un poco más acá observamos que el señor Crispin Nevares estaba montándose a ca-ballo ; al ver el carro, trató de entrar otra vez, salió fuera de la ca-rretera con rumbo hacia el pasto del cercado; yo lo llamé y él vino y fué identificado por el Coronel y el policía como la misma persona que portaba en aquel entonces el revólver; le requerí para que lo entregara y a la vez lo registré; no tenía ningún revólver encima.”

Por la defensa declararon el propio acusado y José Ne-vares.

Dijo el acusado que era mayordomo de una finca de seis-cientas cuerdas de José Nevares y que conducía el ganado dél establo a la parte baja de la finca, donde pasta; que la finca está situada a ambos lados de la carretera y que no llevaba arma. A la siguiente pregunta del fiscal: “¿El lo llamó y usted no le atendió la primera vez?”, contestó:

“Me paré a la parte abajo de la carretera en ese momento, pues cuando bajó del carro, se apeó y dijo: ‘Oiga, párese ahí.’ Me de-tuve por primera vez. ‘Venga acá.’ Entonces yo me aguanté, vol-vió y dijo: ‘Vuelva acá porque le voy a meter un tiro.’ Entonces yo dije: ‘Yo no tengo que ir porque yo tengo que ir por la finca, soy empleado, mayordomo.’ Oí que la señora le dijo: ‘Usted con tan buen cuerpo, no le pegas un tiro.’ Yo creí que era verdad y seguí corriendo. ’ ’

José Nevares manifestó que el acusado era mayordomo de su finca que se extiende a ambos lados de la carretera; que no presenció los hechos, y que para llevar a alimentar al ganado desde el establo tiene que cruzarse la carretera y andarse un pedazo como de un cuarto de kilómetro.

Como puede verse existe un conflicto absoluto en la prueba. El Jefe de la Policía asegura que el acusado portaba .sobre su persona y en la carretera un revólver y el acusado declara que él no portaba arma alguna.

En su alegato la defensa abandona la posición de la no por-tación del arma por parte del acusado. Se funda en que siendo el acusado un mayordomo que conducía ganado de una parte de la finca a otra, tenía derecho a ir armado aunque tu-viera que cruzar la carretera. Cita los casos de El Pueblo v. Bosch, 43 D.P.R. 741 y El Pueblo v. Rodríguez, 43 D.P.R. 749.

El primero se diferencia del presente. Bosch era celador de una central cuyas tierras estaban a ambos lados de la ca-rretera. Se encontraba armado dentro de la finca y si armado salió a la carretera fué en persecución de dos hombres que es-taban llevándose la yerba de la propiedad de su patrono.

Menos diferencia existe entre este caso y el de Bodríguez, supra, porque en el de Bodríguez se reconoce que el acusado anduvo por la carretera armado como un cuarto de milla, yendo desde el sitio de su trabajo hasta su casa4, pero se hace énfasis en que había sido especialmente “comisionado para mantener una vigilancia estricta a causa de la existencia de una amenaza de hurtar caballos.” 43 D.P.R. 750.

En este caso sometido ahora a nuestra consideración y re-solución el acusado mayordomo no tuvo necesidad alguna de salir armado a la carretera. Como se dijo en el caso de El Pueblo v. Echevarría, 46 D.P.R. 646, 648, posterior a los de Bosch y Bodríguez, en una opinión unánime de la Corte, emi-tida por el Juez Asociado Sr. Aldrey:

“El apelante no debió salir con su revólver para ir a la finca de otra persona para entregar un caballo y recoger el suyo, teniendo que caminar así por la carretera; estaba en una función de su cargo, pero ella no requería que fuese armado.' La distancia que anduvo por la carretera no es de importancia, pues lo mismo es que anduviese por ella un kilómetro, como menos o más de esa distancia. En las circunstancias de este caso él no tenía derecho a transitar con un revólver por la carretera.”

Y como expresó el juez de distrito en su resolución ne-gando la reconsideración de la sentencia:

“No debe olvidarse que nada hay directamente en la ley qne au-torice a un agente o celador a portar armas en la propiedad de su principal. Pueblo v. Cardona, 50 D.P.R. 206, 208. Por razón de que un mayordomo o celador tiene necesariamente el uso y ocupación de la finca- que vigila y recorre, la jurisprudencia ha reconocido que él, en sus funciones, está en su propia finca.’ Pueblo v. Bosch, supra. Es decir, que el mayordomo o celador simbólicamente actúa como dueño de la finca en cuanto a su vigilancia se refiere. Pero esto no quiere decir que un mayordomo o celador, por el mero hecho de serlo, puede portar un arma fuera del ejercicio de sus funciones y aun dentro del ejercicio de su empleo cuando no existe la necesidad de estar armado.”

Sedentemente en el caso de El Pueblo v. García, 52 D.P.R. 297, este tribunal, copiando del resumen, resolvió:

“Suponiendo al acusado autorizado para portar armas dentro de los almacenes de provisiones de la F.E.R.A. y que fuera celador de los mismos, su actuación al salir armado de un almacén a la vía pú-blica sin nada que indicara que perseguía a alguien que cometiera algún acto ilegal en el almacén, o algo semejante, infringe la ley, no bastando a justificarla el que se trasladara del almacén a otro en misión oficial cuando ésta nada tiene que ver con la vigilancia enco-mendádale ni explica la necesidad en que se encontrara de salir a la vía pública portando el arma. ’ ’

No erró la corte sentenciadora, pues, al aplicar el dere-cho a los hechos del caso..

Tampoco cometió el segundo error que se le imputa. Pudo, dadas las circunstancias concurrentes, haber impuesto el mínimum de la pena. De haberlo hecho, nada hubiéramos tenido que decir. Pero creyó que debía imponer dos meses. El máximum fijado por la ley es el de seis. Y nada estamos tampoco justificados en decir porque la corte estuvo en mejores condiciones que nosotros para apreciar en toda su extensión las dichas circunstancias concurrentes y no se excedió en sus facultades. Menos del grado medio de la pena fue el escogido por ella para castigar la infracción y dado el gran número de delitos de sangre que se vienen cometiendo en Puerto Eico y en atención al hecho de que la portación de armas de ofensa y defensa complica y agrava las consecuencias de cualquier encuentro personal y en ocasiones lo provoca, debe serse rí-gido en el castigo de los infractores de la ley que prohíbe dicha portación.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.