author: El Jubsz Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Colón et al., Demandantes y Apelados, v. Sucesión de J. M. Batista Pérez, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito de filiación.
    No. 2220.
    Resuelto en mayo 17, 1921.
    Apreciación de Pruebas — Filiación—Nulidad de Divorcio y Declaratoria de Herederos. — Examinada la prueba que se inserta en la opinión del presente caso de filiación y nulidad de divorcio y declaratoria de herederos es preciso concluir que la corte de distrito no abusó de su discreción al apreciarla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José de Guzmán Benitez.

    Abogados de los apelados: Sres. L. Muñoz Morales, M. Muñoz y G. Darder.

   El Jubsz Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se ha interpuesto este recurso de apelación por los de-mandados contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, que declara lo siguiente:

"Primero. Nulo y sin ningún valor ni efecto el procedimiento de divorcio, seguido ante esta corte de distrito bajo el número 411, por José Manuel Batista contra Paula Rodríguez.
"Segundo. A María Gil y Petronila Colón, hijas naturales reco-nocidas de José Manuel Batista, con arreglo a los artículos 187 y 189 del Código Civil Revisado, tal cual estaban redactados antes de la enmienda introducida por la ley de nueve de marzo de mil nove-cientos once, y con arreglo a los artículos 193 y 194 del mismo Código Civil enmendados por la referida ley de nueve de marzo de mil nove-cientos once.
“Tercero. Que María Gil y Petronila Colón, que en realidad son Batista y Colón tienen derecho a usar el apellido de su padre José Manuel Batista, y a una porción legítima en la -herencia del mismo con arreglo a los artículos 195, Código Civil, y seccionas 1 y 14 de la ley de nueve de marzo de mil novecientos cinco, para enmendar los artículos 795, 796, 797, 801. 811, 812, 815, 821, 822, 823 y 824 del Código Civil.
‘ ‘ Cuarto. Nula y sin ningún valor ni efecto la institución de here-deros contenida en el testamento otorgado por José Manuel Batista en catorce de noviembre de mil novecientos diez y siete, y declarado tal testamento por esta corte, en catorce de enero de mil novecientos diez y ocho, quedando los legados que en él aparecen, con validez legal en cuanto no sean inoficiosos.
“Y se imponen las costas a la parte demandada.” -

Los apelantes han señalado en su alegato escrito varios errores de hecho y algunos de derecho como cometidos por la corte inferior al dictar la sentencia recurrida pero, tanto en su extensa argumentación escrita como en su informe oral, han prescindido en absoluto de considerar los atribuidos erro-res de derecho y se han limitado a los de hecho por lo que nosotros seguiremos su misma conducta.

Los hechos de este caso, las conclusiones a que llegó la corte sentenciadora y la razón de su decisión en el conflicto de la evidencia están tan claramente expuestos en la opinión que escribió el Hon. Juez Jacinto Texidor como fundamento de su sentencia, que transcribiremos de ella todo lo referente a esos extremos. Dice así:

“Providencia Colón, como madre de María Gil y Petronila Colón, menores de edad, sobre los que ella tiene la patria potestad, ha pre-sentado demanda y ejercitado acción contra la Sucesión de Don José Manuel Batista, compuesta de la viuda Julia Duran y el hijo Manuel Batista Durán. La demandante ba pedido a la corte, que dicte sentencia declarando:
.“A. Que María Gil y Petronila Colón son bijas naturales reco-nocidas de José Manuel Batista, con derecho a usar su apellido, y a participación en su herencia.
“B. Que el juicio de divorcio seguido ante esta corte por José Manuel Batista contra Paula Rodríguez, civil No. 411, y la sentencia allí recaída son nulos.
“C. Que la institución de herederos hecha por José Manuel Batista en su testamento de 14 de noviembre de 1917, en favor de su hijo legitimado Manuel Batista Durán, es nula.
“Las alegaciones fundamentales de la demanda pueden resumirse en esta forma:
“La demandante alega ser madre, con patria potestad de María Gil y Petronila Colón, de 15 y 12 años de edad respectivamente. Asi-mismo alega—
“Que la Sucesión de José Manuel Batista se compone de su viuda Julia Durán Aquino, y de su hijo Manuel Batista Durán. Esta ale-gación ha sido admitida por la demandada.
“Que José Manuel Batista contrajo matrimonio con Paula Ro-dríguez en 1870. Admitida también esta alegación.
“Que Paula Rodríguez pereció ahogada en el pueblo de Utuado, siendo arrastrada por la corriente durante el ciclón de 8 de agosto de 1899.
“Que José Manuel Batista, durante los años 1900 a 1907, siendo viudo, sostuvo relaciones de concubinato con la demandante Provi-dencia Colón, que era soltera; y que ambos podían entonces casarse sin impedimento; y que de tal concubinato y amorosas relaciones na-cieron las dos hijas, María Gil en 24 de enero de 1903, y Petrolina en 18 de diciembre de 1906. Que a estas niñas, desde que nacieron, y luego constantemente, las tuvo José Manuel Batista como a sus hijas naturales, y así las llamaba, y atendía a su subsistencia y gas-tos, teniéndolas públicamente como hijas, y continuando esa relación y estado hasta el fallecimiento de Batista.
“Que Batista, en noviembre de 1917, contrajo matrimonio con Julia Durán, de la que tenía un hijo, Manuel. Alegación admitida.
“Que Batista falleció en Cataño el 2 de enero de 1918. Alega-ción admitida.
‘' Que los demandados Julia Durán y su hijo se niegan a reconocer el carácter de hijas naturales de Batista, a las llamadas María Gil y Petronila. Los demandados admiten que se niegan a reconocer tal carácter, y alegan que lo hacen así porque esas niñas nunca fueron reconocidas por Batista como hijas, y no lo son.
“Alegan además la demandante que, en 1905, José Manuel Batista intentó promover ante la Corte Municipal de Utuado procedi-miento para justificar que su esposa Paula Rodríguez había perecido ahogada durante el ciclón de 8 de agosto de 1899; y que en el mismo año, constándole que su esposa Paula Rodríguez había muerto en 1899, entabló contra ella demanda de divorcio, ante la Corte de Dis-trito de San Juan: que mediante la falsa manifestación de que su esposa Paula Rodríguez estaba viva, y mediante prueba de los tes-tigos que falsamente afirmaron tal hecho, obtuvo de la corte una sentencia, en 2 de enero de 1906, declarando la ruptura del vínculo matrimonial, que ya se hallaba disuelto desde la muerte de la esposa; y que en todo caso, la sentencia dictada en aquel pleito fué nula porque la corte no tenía jurisdicción, ya que la demandada no fué personalmente emplazada, ni se archivó el emplazamiento, ni se soli-citó el emplazamiento por edictos, ni se ordenó éste por la corte.
“Y finalmente, alega también que José Manuel Batista, falleció bajo testamento cerrado, otorgado en 14 de noviembre de 1917 que fué declarado tal testamento por resolución de esta corte en 14 de enero de 1918, y que en ese testamento Batista no nombró ni instituyó herederas a sus hijas Petronila y María Gil, pero sí al legitimado Manuel Batista Duran, quien, en unión de la viuda Julia Durán, poseen hoy los bienes de la herencia. Los demandados admiten la existencia del testamento, y el hecho de que en él no se nombra ni instituye a las citadas María Gil y Petronila, pero • alegan que no son tales hijas naturales del testador.
“Los demandados, en su contestación, aparte de las admisiones ya anotadas, alegan:
“A. Niegan las alegaciones de la primera causa de acción, o sea la de filiación; y además alegan que las demandantes no tienen causa para ejercitar la acción de filiación, porque ellas fueron concebidas y nacieron, siendo José Manuel Batista casado con Paula Rodríguez.
“B. En cuanto a la segunda causa de acción, niegan las alega-ciones especiales de la misma, relativas al procedimiento de divorcio en lo que se refiere a la falsedad de las manifestaciones de Batista y la prueba, y la falta de jurisdicción en la corte. Y alegan como materia nueva: Que Paula Rodríguez, cuando se separó de José Manuel Batista, contrajo relaciones amorosas con otro hombre, del que tuvo una hija, Vicenta; y hoy existen dos personas que dicen lla-marse Ana y Pedro Batista que se dicen hijos naturales de Vicenta, y tienen promovido pleito ante esta corte, reclamando parte de la herencia de Batista; y que ellos no son nietos de Batista, y sí pueden serlo de Paula Rodríguez, por lo que tendrían interés en este pleito, y serían parte necesaria en el mismo. Alegaron también que la de-mandante, sorprendiendo la buena fe de su abogado, ha estado pre-parando prueba falsa para este pleito.
“C. En cuanto a la tercera causa de acción, los demandados han admitido la existencia del testamento, como antes se ha anotado, esto es con su alegación de que las demandantes no son hijas naturales de Batista.
“Pidieron los demandados que se citara en este pleito a Ana y Pedro Batista, como parte.
“En este estado de alegaciones se ha llegado al juicio.
“Este es un caso en el que el juez tiene que proceder con toda cautela al hacer el análisis de la prueba. Es lamentable que lo mismo que quedan estampadas las palabras y las frases de los testigos, no quedaran también fijas en el record, aunque lo están en la memoria del juez, las actitudes, los gestos, y hasta la mirada de los testigos, que completan sus frases de una forma gráfica. Un gesto, una infle-xión de la voz, una mirada, revelan y descubren, en la mayoría de las ocasiones, estados de ánimo, y posibilidades y aún probabilidades de verdad o mentira en la expresión; porque, regularmente, ese gesto o esa inflexión de voz son irreprimibles y no nacen de cálculo previo.
“Ha habido en este caso acusaciones, ya abiertas, ya veladas, de que se había intentado falsear la prueba, por las partes. Es casi innecesario que la corte diga que, dada la limpia reputación de los abogados que en el caso intervienen, ninguna de esas acusaciones, hechas a las partes litigantes, han rozado siquiera a los Letrados.
“Estudiemos, por partes, la prueba.
“En un primer conjunto de hechos, estudiaremos si María Gil y Petronila, son o no, las hijas de José Manuel Batista: y si éste las tuvo por sus hijas naturales y las atendió como a tales.
“Establezcamos antes ciertos hechos que están admitidos como ciertos por las dos partes, son ellos:
“1. José Manuel Batista contrajo matrimonio con Paula Rodrí-guez en 1870.
“2. José Manuel Batista contrajo matrimonio con Julia Durán en 1917.
“3. José Manuel Batista, falleció en enero de 1918 bajo testa-mento cerrado otorgado en 14 de noviembre de 1917 j cuyo testamento-es tal por declaración becba por la corte de distrito. En ese testa-mento aparece nombrado como hijo e instituido como heredero Manuel Batista Duran, hijo legitimado de José Manuel Batista y Julia Duran. No se nombra ni instituye como herederos a las bijas de Pro-videncia Colón.
“En cuanto a la prueba de las relaciones amorosas y concubinato entre Batista y Providencia Colón, y el consiguiente nacimiento de las dos niñas María Gil y Petronila, la corte entiende que las alega-ciones de la demanda, relativas a esos hechos, se han probado de una. manera convincente, por los testigos presentados por la demandante,, y especialmente por los siguientes:
“Dr. Acisclo Bou de la Torre. — Este testigo conoce a las dos niñas: desde muy pequeñas, y las ha prestado asistencia médica, por orden de José Manuel Batista,, quien le ordenaba que le cargara a su cuenta las visitas, porque las niñas eran sus hijas, y así se lo dijo al testigo en más de una ocasión; sabe que Batista las trataba como hijas.
“Ramón Rivera Fuentes. — Este testigo conoció por muchos años a Batista y a Providencia Colón, y sabe que vivieron" en concubinato, bajo el mismo techo, siendo Providencia soltera, y allá por 1900 a 1902; conoce a las niñas, como las hijas de Batista y la Colón, y dice que "Batista las sostenía, alimentaba y vestía, pagando todos sus gastos, y las trataba como hijas; y afirma que Batista le dijo que ellas eran sus hijas. El testigo afirmó que fué íntimo amigo de Batista, y durante el contra-interrogatorio sostuvo firmemente sus aser-ciones.
“José Manuel Medina, hijo ilegítimo de José Manuel Batista, fué otro testigo de importancia en cuanto a este extremo. El ha dicho que vivió con su padre siempre; que conoce a Providencia Colón desde niña; que ella, por los años 1900 a 1902 vivió con José Manuel Batista como un año más o menos, y después Batista compró para ella seis cuerdas de terreno y le hizo una casa, a la que él siguió yendo; que Providencia era la querida de Batista, y tuvo del mismo dos hijas, María Gil y Petronila, a las que el testigo conoce; y el testigo fué padrino de Petronila, por indicación de José Manuel Batista, que le dijo que el testigo sabía que la niña era hija suya, y que él Batista, quería que fuera su padrino. Que Batista vivía con la Colón públicamente, y todos tenían a las niñas como hijas de Batista, y el testigo las tiene como hermanas; que Batista atendía a todas las necesidades de las niñas, y a todos sus gastos, y ante el mismo testigo Batista ha entregado dinero para Providencia Colón; que Batista trataba públicamente a las niñas como hijas, y al testigo y sus hermanos les dijo siempre que aquellas niñas eran sus hijas. En el contra interrogatorio se mantuvo el testigo en sus aseveraeío-nes; y preguntado acerca de si es enemigo de Julia Duran, dijo que no, y que al hijo de ella lo consideraba como su hermano. Realmente, la corte no llegó a convencimiento, ni aún a presunción de que esto testigo hubiera faltado a la verdad en su declaración.
' ‘ Esta prueba ha producido en la corte la convicción de que María Gil y Petronila Colón, son hijas de José Manuel Batista y Providen-cia Colón, quienes vivieron en concubinato, al tiempo de la concep-ción y al del nacimiento' de esas niñas; que esas niñas fueron siempre, pública y privadamente, tenidas por José Manuel Batista como sus hijas, y como tales sostenidas y alimentadas y cuidadas por él.
. -“Y pasemos al problema del pleito; esto es, si al tiempo de la concepción de esas niñas era Batista viudo o casado.
“Antes de entrar en la prueba con respecto a ese extremo, desea la corte establecer, que resulta probado que Providencia Colón, en la época de la concepción y en la del nacimiento de sus hijas María Gil y Petronila, era soltera en aptitud para contraer matrimonio. Y asimismo, que se ha probado que María Gil Colón nació el 24 de enero de 1903 y Petronila Colón el 18 de diciembre de 1906.
“La corte, como cuestión de hecho, declara probado:
“Qne en el año 1899, ocurrió en Puerto Rico, o pasó por Puerto Rico un ciclón, en el mes de agosto; que en esa fecha Paula Rodrí-guez, esposa de José Manuel Batista, vivía en el barrio de Limón, Utuado, separada de su esposo; que ese día del ciclón Paula Rodrí-guez fué a guarecerse en la casa de Francisco Domenech, en cuya casa fué vista desde por la tarde, sin que se haya probado que saliera de allí, y sí que permaneció en la casa; que en la noche del mismo día en que ocurrió el ciclón, o sea el 8 de agosto de 1899, el río que estaba próximo a la casa de Domenech hizo una gran avenida; que en esa misma noche, la casa de Domenech, en la que se hallaba Paula Rodríguez, fué arrastrada y destruida por la corriente del río, y pere-cieron todos los que en ella estaban, menos un joven que se llama Joaquín Laffiossé; que se encontraron, después del ciclón, numerosos cadáveres, en estado de descomposición, pero de las personas que aquella noche se hallaban en la casa de Domenech, no se encontró más cadáver que el de un hombre llamado Demetrio y el de la suegra de Joaquín Massonet, esposa del dueño de la casa; que Batista investigó luego acerca de si había perecido Paula Rodríguez, y adquirió la firme creencia de que ella había muerto ahogada esa noche. De la prueba, apreciada en conjunto, la corte ha adquirido el firme conven-cimiento de que Paula Rodríguez íué una de las personas que se ahogaron esa noche del 8 de agosto de 1899, en el río, y en la casa de Domenech arrastrada por tal río.
‘! En este particular es donde, durante el juicio, se ha encarnizado más la contienda. Y la'corte no quiere pasar adelante sin analizar algunos extremos de importancia.
“Los testigos Joaquín Massonet, Pedro Rodríguez Batista y Juan Colón, vieron en la casa de Domenech a Paula Rodríguez, en distintas ocasiones y horas del 8 de agosto de 1899, y cuando algunas personas se retiraron de la casa, Paula se quedó en ella.
“El testigo J. Britapaja declaró que días después del ciclón, Batista estaba inquiriendo si Paula Rodríguez había perecido ahogada, y él estaba viendo cadáveres de personas ahogadas en el ciclón.
“A los testigos Acisclo Bou, Pedro Rodríguez Batista, Ramón Rivera Puentes, y José Manuel Medina, manifestó Batista su seguri-dad de que Paula Rodríguez había perecido ahogada el día del ciclón; y con alguno de ellos fué a buscar información, y luego consejo, para inscribir la defunción de Paula, y para dejar legalizada su situación.
“Se ha presentado prueba relativa a que Paula Rodríguez fué vista viva después de ese día 8 de agosto. Algún testigo ha dicho que vió a Paula en casa de Amalia Colón, tía del testigo, un año después del ciclón, y que ella estaba en busca de una hija suya; y el mismo testigo, en su misma declaración directa,-dice luego que cuando vió a Paula Rodríguez fué el año 1903 ó 1904. Se ha presentado prueba de refutación con referencia a la declaración de este testigo, y se ha probado que él no era pariente de Amalia Colón, que esta señora murió un año después del ciclón, y que la hija de Paula Rodríguez había fallecido en el año 1900.
“Un testigo Manuel Corominas, dijo que en 1900,'había visto a Paula Rodríguez, en Mameyes, barrio de Utuado, y que la vió una sola vez, y en casa de la familia del testigo. No encontró la corte este testimonio positivo y firme, y no pudo esta declaración explicar a la corte, el por qué de estas aisladas apariciones de Paula Rodrí-guez, en barrios distintos, lejanos de aquél en que ella vivía, y presen-tándose a una o dos personas que casualmente se hallaban en el sitio a que ella venía; y en cambio, los que, como Batista, la buscaban con todo interés, no tuvieron nunca ni la suerte de encontrarla, ni la de dar con esas personas que entonces la vieron, y que le pudieran dar noticias de su paradero. La corte no pudo, ni puede, dar crédito a este testigo, cuya declaración no ofreció, ni en su lógica, ni en la actitud del testigo, condiciones para convencer al juez.
“Celestino Zambrana, dijo qne Paula Rodríguez, en la tarde del ciclón se hallaba en casa de Domenech, y que no se ahogó porque se pasó a casa de Juan de los Reyes Candelario, y que ella al día si-guiente füé quien les hizo el café; que Paula se pasó a esa casa a las tres de la tarde. Este testigo también dice que vio a Paula en Ate-cibo un año después del ciclón, y que ella iba sola. El juez tiene que confesar que le llama la atención el hecho de que si Paula pasó la noche en casa de Juan de los Reyes, y no en casa de Domenech; si ella fué la que preparó el café para los que allí estaban, aún a pesar de que el dueño de la casa tenía allí a su esposa que lógica-mente era la llamada a preparar el café y atender a los allí refugia-dos, no se hayan traído a este juicio algunas de las personas que per-noctaron en casa de Juan de los Reyes, que parece fueron muchas, y venga un testigo solo, y aislado. El testimonio que asevera que Paula Rodríguez pasó la noche esa en la casa de Domenech, parece al juez más fuerte, más positivo, y digno de crédito. Es cierto que Joaquín Massonet incurrió en alguna contradicción, de detalle; pero era pre-ciso oir y ver a este testigo; que se presentó ante la corte en un estado tal de enfermedad, con una fatiga extremada, que casi no le permitía hablar, y expuesto a los errores inevitables en quien -se en-cuentra bajo la acción de un gran cansancio morboso. Aún así, este testigo y Juan Colón, presentaron una prueba suficiente de refuta-ción del testimonio de Zambrana, de quien dice Colón que vivía como a unos cinco kilómetros de distancia de la casa de Juan de los Reyes, y afirma que Paula Rodríguez no salió de casa de Domenech; y que en casa de Juan de los Reyes estuvo el testigo esa noche; y que a la mañana les hizo el café Sandalia Batista que era la señora de Juail de los Reyes. Este testigo afirma que en esa ocasión Zambrana estaba al otro lado del río, en casa de Justo Candelario, y allí pasó la noche, y al día siguiente pasó el río en una balsa de yagrumo, y vino a casa de Juan de los Reyes.
“De este mismo testigo Zambrana, nota la corte que es el único que ha dicho (pág. 125 record taquigráfico) que Paula Rodríguez después del ciclón continuó viviendo en el mismo barrio cinco o seis meses. Comparada esta aserción con la prueba toda del caso, nos parece de tal manera contraria a la verdad, que ella sería suficiente para -hacer increíble la declaración, de Zambrana.
“Y en esta materia de aseveraciones sospechosas, la corte desea hacer constar que mientras de casi todo el testimonio en el caso re-sulta claramente que Batista se casó con Paula Rodríguez obligado, y no vivió con ella más que unos días, el testigo José Colón dice que durante un año después del casamiento estuvo el testigo yendo a casa de Batista, y encontraba allí a Paula. Si comparamos este testi-monio con el de las personas más allegadas a Batista, tendremos que concluir que este testigo Colón no ha dicho verdad, y que es dudoso que conociera a Paula Rodríguez como él dice.
“Examinemos la evidencia con respecto a si Providencia Colón quiso-o no sobornar testigos.
“Quiere la corte expresar aquí, que tanto por la prueba, como por la apariencia de Providencia Colón, se ve que ella es una mujer que lucha con la miseria. Ella es una lavandera en un pueblo pe-queño. Y este es un dato que nos lleva a considerar con más cuidado una acusación de tentativa de soborno, como lo que contra ella se hace. La corte, apreciando la prueba de las dos partes, no cree que Providencia Colón ofreciera a ningún testigo una suma de'50 dollars que p’ara ella era algo como una.fortuna, fortuna.que no parece llegó a tener ni en los tiempos en que vivía en concubinato .con Batista. Y menos puede la corte creer que esta mujer fuera a hacer estos ofre-cimientos a personas a las que había'hablado una o dos veces. Y si esta mujer tiene testigos como el Dr. Bou, Medina, Pedro Rodríguez Batista y otros más, es increíble que fuera a ofrecer dinero a los que acaso no habían visto nada que a ella le importara probar:
“El juez que suscribe declara que el testimonio en cuanto al so-borno, no le ha convencido, y que no puede darle crédito para extraer 'una inferencia en contra de la parte demandante.
“El juez tiene como probado que José Manuel Batista tenía cono-cimiento de que su esposa Paula Rodríguez había perecido ahogada la noche del 8 de agosto de 1899 en el río que pasa por el barrio de Limón; que sabiendo eso, estableció ante esta corte.de distrito de-manda de divorcio, en la que falsamente afirmó que la dicha Paula Rodríguez estaba viva; y así continuó el procedimiento, y obtuvo sentencia de divorcio en el pleito No. 411, de esta corte, en el año 1907.
“Se ha probado el testamento de José Manuel Batista, y el hecho de que en él no se nombra a las hijas naturales María Gil y Petronña, que son las representadas en este pleito, ni se les asigna herencia alguna. ’ ’

Como todos los motivos de error tratados por los ape-lantes se fundan en que la corte sentenciadora abusó de sn discreción al apreciar la prueba, bemos hecho un examen de la evidencia y hemos llegado a la conclusión de que la corte inferior no cometió el abuso de discreción que se le atribuye al decidir el conflicto de la evidencia y estamos conformes con ella en todos los particulares que bemos copiado de su opinión.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. "Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Peticionario, v. Rivera Zayas, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre injunction.

    No. 320.
    Resuelto en mayo 17, 1921.
    Traslado de Casos de Cortes Insulares a la Federal — Ciudadanía-—Alega-ción — Jurisdicción.—En un procedimiento para el traslado de un caso de una corte insular a la corte federal por el fundamento de diversidad de ciuda-danía deberá aparecer de la faz de la solicitud que el pleito es uno que puede ser trasladado. De otro modo la corte insular no está obligada a declinar su jurisdicción y puede seguir adelante con el caso como si no se Rubiera hecho ninguna solicitud.
    Ip. — Id.—Conflicto entre Cortes — Cortesía.—El peligro de un conflicto entr» las cortes no es posible que surja hasta que la corte federal haya resuelto que tiene jurisdicción y la mera pendencia de urna solicitud de traslado en la corte federal no obliga a la corte insular a suspender sus procedimientos.
    Id. — Id.—Para que tal caso pueda ser trasladado deberá probarse una clara diver-sidad de ciudadanía entre las partes contendientes, como también que el caso es uno del cual la corte federal pudo haber tenido jurisdicción originalmente si el demandante hubiera elegido establecer allí su acción.
    Id. — Id.—Ciudadanía de Sociedades en Comandita. — En la mayoría de Ros Esta-dos la teoría de que una sociedad no tiene verdadera personalidad distinta a la de los miembros que la componen ha sido aplicada a sociedades en coman-dita, pero se admite generalmente .que una sociedad en comandita es una entidad distinta en Puerto Rico. En el caso que consideramos o no tiene ciudadanía la sociedad en comandita o es necesariamente un ciudadano de Puerto Rico, constituida de acuerdo con sus leyes. Si no tiene ciudadanía no puede surgir ninguna cuestión de diversidad de ciudadanía pues no puede existir diversidad a menos que ambas partes sean ciudadanos.
    Id. — Id.—La teoría basada en la ley, en la mayoría de las jurisdicciones de los Es-tados Unidos, de que una sociedad no tiene existencia legal independientemente de sus miembros no es cierta en Puerto Pico. Aquí una sociedad en coman-dita es una entidad distinta a los miembros que la componen.
    Id. — Id.—Ciudadanía.—Está probablemente establecido por la tendencia general de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos que Puerto Rico no tiene más ciudadanía que la que tiene cualquier Estado o Territorio de los Estados.Unidos. Se infiere pues que si Puerto Rico no tiene ciudadanía no existe diversidad de ciudadanía en este caso que no pudo haber sido estable-cido originalmente en la corte federal.
    Id. — Id.—Los autos mismos no muestran que la cuestión de jurisdicción esté pen-diente. en la corte federal y como es práctica de la corte considerar solamente los autos que se envían de la corte inferior, debe resolverse que el estar pen-diente'la cuestión de jurisdicción en la corte federal no está propiamente ante esta corte; por tanto se ve obligada a seguir considerando el caso y a anular la orden de traslado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del peticionario: Hon. Salvador Mestre, Attorney General y Sres. J. A. Loret y M. A. Muñoz.

    Abogado del demandado: Sr. O. B. Frazer.

   El Juez Asociado Sr. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario, El Pueblo de Puerto Eico, a principios del mes de marzo de 1921, radicó en la Corte de Distrito de Ponce una demanda contra Eussell & Co., “Sociedad en Co-mandita,” cuyo equivalente más aproximado en asociaciones legales americanas es “a limited partnership.” En marzo 10, 1921, fué radicada una petición para el traslado de la causa a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico, y en 9 de marzo se le notificó al Fiscal G-eneral de que dicha petición sería llamada para vista el día 10 de marzo a las dos de la tarde y el caso fué señalado, visto y resuelto sin estar presente el Fiscal Greneral, en marzo 10, 1921. En los autos nada consta ni tampoco se sugirió en la vista respecto a esta breve notificación y rápida resolución de la petición de traslado. La petición de traslado fué la siguiente:

“Los peticionarios, compareciendo especialmente y únicamente para los fines de esta petición, hacen saber a esta honorable corte, como sigue: Que Russell & Co., Suers., S. en C., es, y al radicarse este pleito era, una sociedad civil agrícola compuesta exclusivamente de los Sres. Horace Havemeyer, Frank A. Dillingham y William H. Morgan como gestores y los Sres. Edwin L. Arnold, H. B. Orde y Frank M. Welty como comanditarios, y que dicha sociedad es la de-mandada en este caso, el cual es de carácter civil y que el asunto y la cantidad en controversia en esta causa excede la suma o valor de ‘tres mil dólares ($3,000) los intereses y costas no inclusos; y que la controversia en esta causa es una controversia entre cinco ciuda-danos de los Estados Unidos no domiciliados en Puerto Rico y un súbdito del Reino de Gran Bretaña no domiciliado en Puerto Rico, como demandados, y el Pueblo de Puerto Rico como demandante. Que de los socios de Russell & Co., Suers., S. en C., Horace Havemeyer al radicarse este caso era y aún es ciudadano de los Estados Unidos y del Estado de New York, vecino de y domiciliado en la ciudad de Islip en dicho Estado de New York; Frank A. Dillingham al radi-carse este caso era y aún es ciudadano de los Estados Unidos y del Estado de New Jersey, vecino de y domiciliado en la ciudad de Mill-burn en dicho Estado de New Jersey; William H. Morgan al radi-carse este caso .era y aún es ciudadano de los Estados Unidos y del Estado de Ohio, vecino de y domiciliado en la ciudad de Alliance en dicho Estado de Ohio; Frank M. Welty al radicarse este caso era y aún es ciudadano de los Estados Unidos y del Estado de New- York, vecino de y domiciliado en la ciudad de Bronxville en dicho Estado de New York; Edwin L. Arnold al radicarse este caso era y aún es ciudadano de los Estados Unidos y del Estado de Ohio, vecino de y domiciliado en la ciudad de Massillon en dicho Estado de Ohio; H. B. Orde, al radicarse éste caso era y aún es ciudadano extranjero súbdito del Rey de Inglaterra y ciudadano del Reino de Gran Bre-taña, vecino de y domiciliado en la ciudad de Ottawa en la Dominion de Canadá; y que ninguno de los socios de la demandada al radi-carse este caso era o es vecino do o domiciliado en la Isla de Puerto Rico. Que el demandante en este caso es el Pueblo de Puerto Rico; que la peticionaria no sabe la ciudadanía de dicho demandante pero cree que al radicarse este pleito era y aún es un ciudadano de los Estados Unidos domiciliado en Puerto Rico; y alega la peticionaria que dicho demandante al entablarse esta causa no era y no es hoy ciudadano de ni domiciliado en ninguno de los Estados de New York, New Jersey o Ohio ni la Dominion de Canadá. Que la peticionaria desea trasladar esta causa antes de practicar más procedimientos en ella a la Corte de Distrito de los Estados Unidos en y por el Distrito de Puerto Rico. Y con la presente la peticionaria depara buena y bastante fianza para qne dentro de los treinta días venideros presente a la Corte de Distrito de los Estados. Unidos en y por el Distrito de Puerto Rico una copia certificada de los autos (record) en esta causa, y para el pago de todas las costas que sean adjudicadas por dicha Corte de Distrito de los Estados Unidos si dicha corte fallase que la presente causa fué trasladada indebidamente o ilegalmente. Por tanto la peticionaria ruega que dicha fianza y fiadores- sean aceptados y aprobados; que se traslade esta causa a la Corte de Distrito de los Estados Unidos en y por el Distrito de Puerto Rico, de acuerdo con los estatutos de los Estados Unidos que rigen en tales casos, y que no se proceda más adelante con los procedimientos de esta causa en esta corte. Así ruega la peticionaria. Ponce, P. R., 8 marzo de 1921. (Pdo.) O. B. Frazer, abogado de la peticionaria.
“El Pueblo de Puerto Rico, Distrito de San Juan, SS. H. B. Orde, debidamente juramentado, declara y dice: Que es socio y miembro de la sociedad peticionaria en esta causa; que ha leído per-sonalmente la petición que antecede y que es la verdad según su propio conocimiento exceptuándose las materias en ella alegadas sobre infor-mación y creencia y en cuanto a tales materias, que él las cree verí-dicas; que la razón porque esta atestación se hace por el declarante y no por la demandada es que la demandada es una sociedad y el deponente es uno de los socios. (Fdo.) H. B. Orde.
“Suscrito y jurado ante mí hoy día 8 de marzo de 1921, por H. B. Orde, mayor de edad, casado, propietario, vecino de Ottawa, Ca-nadá, casualmente en San Juan, a mí personalmente conocido. (Fdo.) Salvador Suau Carbonell. Affidavit No. 1287.
“Pres, en 10 de marzo de 1921. (Fdo.) Felipe Colón, Secre-tario. ’ ’

Concedida la orden y radicada la fianza para el traslado fué presentada a esta corte nna solicitud de certiorari, expe-dido el auto y los procedimientos se encuentran debidamente ante nos.

Las cuestiones levantadas por las partes y sugeridas en la vista son numerosas, pero hay una que es fundamental, a saber: apareció de la faz de la petición de traslado que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico podía tener o tuvo jurisdicción del caso, en el supuesto de que los procedimientos para el traslado llenaran perfecta-mente todas las formalidades, así como la prestación de una fianza, etc.

Las cuestiones técnicas sobre si una apelación no es el remedio adecuado, si el demandante debió baber becbo ma-yores gestiones ante la Corte de Distrito de Ponce, y si el demandado renunció a sus derechos por la comparecencia en la Corte Federal están más o menos envueltas en la decisión de la cuestión principal. Asimismo lo está la cuestión de cor-tesía (comity) que discutiremos primeramente.

Esta cuestión de cortesía se levanta por medio de una contestación, compareciendo especialmente los socios que cons-tituyen dicba “Sociedad en Comandita” y alegando estar pen-diente la cuestión principal ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico. Dicen ellos que la cues-tión de cortesía debe impedir que las cortes locales conside-ren el caso estando éste pendiente de resolución por la Corte de Distrito de los Estados Unidos. En la vista se alegó un posible conflicto.

El peligro'de un conflicto solamente podía surgir después que la Corte de los Estados Unidos hubiera resuelto que tenía jurisdicción y tal conflicto es remoto a tenor de los estatutos de los Estados Unidos y de las decisiones sobre los mismos. Chesapeake & Ohio Railway Company v. McCabe, 213 U. S. 219, y autoridades; Clinger, Administrator, v. Chesapeake Railway Company, 138 Ky. 618, 128 S. W. 1056, 1057; Bolen-Darnall Coal Company v. Kirk, 26 L. R. A. (N. S.) 270; Chicago, Etc., Railway Company, v. Brazell, 124 Pac. 42.

Mientras la Corte Federal no resuelva haberse presentado un caso para el traslado, la mera pendencia de una petición de traslado en una corte federal no obliga a la corte local a suspender los procedimientos. Iowa Central Railway Company v. Bacon, 236 U. S. 310; Traction Company v. Mining Company, 196 U. S. 239.

En el caso citado últimamente se da énfasis a la propo-sición de que si de la faz de los antos, incluyéndose nna pe-tición de traslado, no aparece que nn caso sea trasladable, entonces la Corte de Estado no está obligada a declinar sn jurisdicción y puede proseguir como si no se hubiera becbo ninguna solicitud de traslado. Esta es una declaración de la proposición general de que la corte local puede seguir ade-lante sin tener que esperar la resolución de la Corte Federal y es así aún cuando se alegase como se alega por primera vez en esta corte que la cuestión de jurisdicción fué sometida y está abora bajo consideración de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.

Puede decirse incidentalmente que el peticionario en el recurso de certiorari insiste en que los autos mismos no mues-tran que baya ninguna cuestión de jurisdicción pendiente ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y que los autos en este caso de certiorari nunca podrían pro-bar debidamente ese extremo. También parece ser cierto, tenga o no razón el peticionario, que lo que tenemos que re-visar es si la actuación de la Corte de Distrito de Ponce fué o no improcedente a la fecba en que la orden impugnada se firmó. Los autos que nos ban sido remitidos muestran que no se incluyó en dichos autos ninguna prueba de la presen-tación'de una cuestión de jurisdicción a la Corte de los Es-tados Unidos. También se admite que el certiorari en este caso fué radicado antes de ser presentada la cuestión de jurisdicción a la Corte de los Estados Unidos.

Que una corte local o de Estado deba suspender todos los procedimientos porque una cuestión de jurisdicción ha sido sometida a la Corte de los Estados Unidos es una proposi-ción que niegan, según creemos, las anteriores y otras auto-ridades. Numerosos casos podrían ser y serían demorados si la proposición contraria fuera cierta. El medio de prueba es si de la faz de la petición de traslado aparece la juris-dicción de la Corte de los Estados Unidos.

Se admite por el abogado de los peticionarios del tras-lado, que comparecieron en esta corte bajo protesta, que para que un caso pueda ser trasladado deberá probarse una clara diversidad de ciudadanía entre las partes contendientes y que el caso debe ser uno en el cual las cortes de los Estados Unidos hubieran podido adquirir jurisdicción original si el demandante hubiera optado por litigar allí. Cuando todas las partes son personas naturales la cuestión es relativamente simple, pero se complica cuando se trata de entidades artifi-ciales así como corporaciones y sociedades.

En los primitivos casos en la Corte Suprema de los Es-tados Unidos la cuestión de cuál era la ciudadanía de una corporación debidamente incorporada bajo las leyes de un Estado frecuentemente se le hacía depender de la cuestión de la ciudadanía de las personas que • constituían la corpo-ración, en otras palabras, de una cuestión de hecho. Sin embargo, puesto que la idea de una corporación como entidad distinta quedó más o menos fija, la Corte Suprema resolvió entonces que la ciudadanía de una corporación se presumía indiscutiblemente que era la del Estado donde estaba incor-porada. St. Louis and San Francisco Railway Company v. James, 161 U. S. 563; Martínez v. Asociación de Señoras, 213 U. S. 20; 34 Cyc. 1261. Una cuestión diferente surge cuando se alega que una sociedad es una de las partes.

El caso de Chapman v. Barney, 129 U. S. 677, era rela-tivamente uno antiguo en donde se resolvió que las compa-ñías que no eran corporaciones no podían ser ciudadanos de los Estados Unidos. En un gran número de casos surgió naturalmente esta consecuencia del hecho de que la compañía o asociación en particular no tenía ninguna personalidad legal distinta de la de los miembros que la componían. En los Estados Unidos se resolvió que el mismo principio era apli-cable a las sociedades en comandita. Great Southern Fire Proof Hotel Company v. Jones, 177 U. S. 456, 457 y sus citas, y especialmente el caso de Ralya Market Company v. Armour & Co., 102 Fed. 530; 34 Cyc. 1263. En la mayor parte de los Estados, Unidos la teoría de qne nna sociedad no tenía nin-guna verdadera personalidad distinta de la de los miembros qne la componían filé aplicada a las sociedades en comandita.

Hasta en Iowa, donde nna sociedad en comandita tiene nna existencia legal distinta, surgió sin embargo la misma duda y tal vez más especialmente qne en este caso por razón del estatuto de Iowa. En ese Estado se permiten las acciones contra las sociedades como nna entidad, o contra los socios individuales. En McLaughlin v. Hallowell, 228 U. S. 284, un caso de Iowa, después de resolverse qne una cansa no era trasladable cuando la sociedad en comandita era nna de las partes, los miembros de la sociedad pretendieron corregir esta condición compareciendo personalmente, pero la Corte Su-prema resolvió qne puesto qne nna de las partes necesarias en el pleito nunca pudo baber sido demandada en la Corte Federal por el fundamento de la diversidad de ciudadanía (no teniendo ninguna la sociedad) el caso no era trasladable. Esa por lo menos parece ser la necesaria tendencia de la opinión aunque el caso realmente se resolvió bajo otro punto jurisdiccional. Véase también el caso de Ralya Market Company v. Armour & Co., supra.

Podemos asumir, por tanto, que en los Estados Unidos con excepción de Louisiana u otros Estados que derivan su jurisprudencia de la Ley Civil, una sociedad en comandita nunca es un ciudadano. En el caso ante nos una de dos co-sas es cierta, o que la “Sociedad en Comandita” es “a limited partnership” y que por tanto no tiene ninguna ciudadanía, o que es necesariamente ciudadano de Puerto Rico estando in-corporada aquí. Por supuesto que si carece de ciudadanía ninguna cuestión de diversidad de ciudadanía podría surgir, proposición que creemos sería admitida por el abogado de la demandada. No puede haber ninguna diversidad de ciuda-danía a menos que ambas partes sean ciudadanos.

Que una “Sociedad en Comandita” tiene una entidad dis-tinta en Puerto Rico es una proposición generalmente admi-tida. Algunos de nuestros propios casos así lo expresan. Cintrón v. Colorado, 22 D. P. R. 580; Quintana Hnos. & Cía. v. S. Ramírez & Cía., 22 D. P. R. 761. Yéase también a Sánchez Eomán, segunda edición, tomo II, página 144. Decir que una entidad organizada bajo las leyes de Puerto Eico tiene una ciudadanía distinta del cuerpo político o territorio que la or-ganizó sería una manifestación sorprendente. Si Puerto Eico tiene alguna ciudadanía una corporación organizada bajo sus leyes debe necesariamente tener igual ciudadanía y lo mismo sucedería tratándose de una sociedad en comandita de tener esa sociedad en absoluto alguna ciudadanía. No necesitamos por tanto ni siquiera resolver en este caso si una sociedad en comandita es o no un ciudadano.

La alegación principal de la demandada no obstante es y debe ser que — la cuestión de ciudadanía en este caso ha de determinarse por los socios que componen la “sociedad en comandita,” — siendo varios de ellos socios gestores y otros comanditarios. Entendemos que esta teoría se basa en la ley en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos de que una compañía no tiene ninguna existencia legal indepen-dientemente de sus miembros. Esto ciertamente no es así en Puerto Eico. Esta corte recientemente ha resuelto que en ciertas contingencias pueden los socios ser demandados con-juntamente en una acción contra una compañía, M. Lamadrid & Cía., Sucs. v. Torrens, Martorell & Cía., 28 D. P. R. 879, pero eso era muy distinto a decir que la sociedad estaba compuesta o dependía en su existencia legal de la condición individual de sus miembros. Creemos que los cinco o seis miembros in-dividuales que forman esta sociedad en comandita serían los primeros en negar que ellos eran colectiva o individualmente responsables por todos los actos de la sociedad en comandita. Sostenemos, sin embargo, que una sociedad en comandita es una entidad distinta de los miembros que la componen.

Para que un caso pueda trasladarse por el fundamento de diversidad de ciudadanía debe haber, como indica la palabra “pleito,” partes en el mismo, y solamente son las partes en nn pleito las qne pueden solicitar sn traslado. La persona o entidad demandada en este caso fné Enssell & Co. Era la parte esencial y únicamente demandada en el pleito. Cual-quier obligación existente era entre El Pueblo de Puerto Eico y Eussell & Co. y estos miembros individuales no pueden variar la naturaleza de la obligación con pedir que sean be-cbos partes. Se admite en las alegaciones que Eussell & Co. es una sociedad en comandita. La demandada en este caso no tiene entonces ninguna ciudadanía distinta de la de El Pueblo de Puerto Eico o no tiene ninguna ciudadanía en absoluto.

Hemos estado más o menos asumiendo que Puerto Eico tiene alguna ciudadanía. El que suscribe ba tenido algunas dudas respecto a si El Pueblo de Puerto Eico no podría ser considerado como una corporación puesto que es un cuerpo político organizado por las leyes del Congreso. Dada, sin embargo, la tendencia general de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cuestión probablemente está resuelta en el sentido de que Puerto Eico no tiene más ciudadanía que la que tendría cualquier Estado o Territorio de los Estados Unidos. United States v. Cruikshank, 92 U. S. 542; Stone v. South Carolina, 117 U. S. 430; Gromer v. Standard Dredging Company, 224 U. S. 362; People of Porto Pico v. Rosaly, 227 U. S. 274. Se infiere, pues, que si Puerto Eico no tiene ninguna ciudadanía entonces no bay diversidad alguna de ciudadanía y el caso fuá uno que nunca pudo baber sido debidamente presentado a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Eico.

Los autos muestran que El Pueblo de Puerto Eico inter-puso recurso de apelación. Una apelación, sin embargo, no es un remedio adecuado cuando la corte local misma se ba declarado sin jurisdicción y el caso queda de tal modo en suspenso. Las decisiones asimismo muestran que la cues-tión de la legítima condición legal de un demandante ba de resolverse por la ley del Estado. Turk et al. v. Illinois Central Railway Company, 218 Fed. 315. En otras palabras, el liecbo de si tin demandante o demandado en particular puede demandar o ser demandado las cortes federales como es bien conocido están obligadas por las decisiones de Estado en esta, cuestión de modo que en muchos casos la Corte Federal de-searía conocer la actitud de las cortes locales respecto a la condición o capacidad de las partes en el pleito y algo seme-jante lia surgido en este caso, o sea, si los peticionarios del traslado fueron o no partes adecuadas o necesarias en este pleito. En el caso de Camuñas v. New York & Porto Rico Steamship Company, 260 Fed. Eep. 40, 48, 51, que es uno en que está envuelta la ley local de compensaciones a obreros, la Corte de Circuito de Apelaciones expresó su pesar de que una corte federal se viera obligada a interpretar la ley antes de que ésta hubiera sido considerada por una corte local. De todos modos, esta corte siempre ha tenido discreción para expedir el auto si cree que una apelación no es el remedio adecuado.

Los autos mismos no demuestran que la cuestión de juris-dicción esté pendiente ante la Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para Puerto Rico. Esto solamente aparece de una contestación especialmente radicada y sin someterse a la jurisdicción de la corte. Varias veces hemos resuelto y nues-tra práctica ha sido considerar únicamente los autos que se encontraban ante la corte de distrito al dictarse la orden. No creemos que el hecho de estar pendiente una cuestión de jurisdicción en la Corte de Distrito de los Estados Unidos esté debidamente ante nos y nos sentimos obligados a seguir adelante con el caso.

Sin embargo, no creemos que por el hecho de haber com-parecido el demandante en la Corte Federal e impugnado la jurisdicción de esa corte estuviera impedido de ejercitar' su derecho. Un caso interesante es el de City of New Orleans v. Seixas, 35 La. Ann. 36, donde la corte dijo (página 38):

“No hubo, pues, ni una comparecencia voluntaria ni ejecución de la orden apelada. Habiendo los demandados solicitado el traslado de la causa a la corte de los Estados Unidos, inician allí procedi-mientos que provocan y hacen necesaria la intervención del deman-dante y su comparecencia en esa corte, y entonces alegan su compare-cencia como un obstáculo a que se siga tramitando el caso en la corte de Estado. Esto es llevar a una contra su voluntad a un sitio y alegar entonces su presencia allí obligada como razón por la cual no debe él volver al sitio de donde vino.
“Está establecido que si una parte fracasara en sus esfuerzos por obtener un traslado y se viera obligada a ir a juicio en la corte de Estado, su comparecencia allí e impugnación del caso no es una re-nuncia de su derecho. Inc. Co. v. Dunn, 19 Wall. 214; The Removal Cases, 10 Otto, 457; Dillon on Removals, secciones 84, 88.
“Parece que debe ser igualmente claro que si una parte fracasara en sus esfuerzos por evitar un traslado y se viera obligada a ir a juicio en la corte de los Estados Unidos, el comparecer allí e impug-nar el caso no debe ser una renuncia de su derecho a un juicio en lá corte de Estado ni considerarse como una conformidad con la orden de traslado si dicha parte ha seguido sosteniendo ese derecho ape-lando contra esa orden y prosiguiendo dicha apelación con diligencia.”

La resolución dictada por la Corte de Distrito de Ponce trasladando el caso a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico debe ser anulada.

Anulada la orden de traslado y devuelto el caso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: .'(En Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Barbosa, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por perjurio.
    No. 1666.
    Resuelto en mayo 20, 1921.
    Perjurio — Esencialidad de la Falsa Declaración — Acusación Sueiciente.— Siendo un elemento esencial del delito de perjurio la matei'ialidad de la falsa, declaración en cuanto a la cuestión litigiosa o punto de investigación, debe ser alegada y el que acusa puede a su elección alegar que era de tal modo esencial, o exponer heehos de los cuales aparezca la esencialidad de acuerdo con la ley. 3STo se necesita hacer ambas cosas. Cuando la falsa declaración fué dada en un juicio, el primero es el método corriente y el mejor práctica-mente. Cuando el perjurio se cometió en un affidavit el segundo método es quizás el más corriente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Iriarte, Jr.

    Ahogados del apelado: Sres. José E. Figueras, Fiscal j C. Llauger.

   .'(En Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del -tribunal.

jEI apelante, a quien en adelante nos referiremos como acusado, fué declarado culpable de un delito de perjurio por virtud de una acusación en la cual se le imputan los siguientes hechos:

“El citado Rafael Barbosa allá por el día 25 de enero de 1919 y en San Juan, P. R., que forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, y en ocasión de haber comparecido como testigo ante el Hon. Agustín Pont, Juez Municipal de San Juan, P. R., quien estaba autorizado para tomar juramentos, y habiéndo el referido acusado jurado declarar la verdad en un caso pendiente ante dicho funció-, nario e iniciado por El Pueblo de Puerto Pico v. Pedro José Cartagena por un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes en la persona de Andrés Rodríguez Vera, ilegal, volun-taria y maliciosamente, y a sabiendas de que mentía, declaró encon-trarse en el sitio en que se desarrollaron los hechos que estaban siendo objeto de investigación por el Juez Municipal de San Juan, y cuya declaración en el momento en que fué prestada hacía refe-rencia a un extremo esencial del asunto que se ventilaba; no siendo verdad que Rafael Barbosa se encontrara en el lugar en que se rea-lizó el delito de- que se acusaba a Pedro José Cartagena, ni que dicho Rafael Barbosa conociera en absoluto tales hechos.”

El fiscal recomienda la revocación de la sentencia y cita como única autoridad para ello el caso de El Pueblo v. Colón, 10 D. P. R. 207. En ese caso el alegado perjurio parece haberse cometido, si se cometió, jurando falsamente ante un juez de paz, pero fuera de esto no Rubo nada absolntamente qne indicara la naturaleza, materia en cuestión, objeto o pro-pósito de la declaración jurada en cuestión. No se bizo men-ción alguna a ningún affidavit o denuncia, ni ninguna refe-rencia de estar pendiente algún caso o procedimiento. Para fines prácticos una declaración puede ser considerada como verdadera o falsa independientemente de cualquiera otra ma-teria o cosa. Pero la palabra “substancial” como se emplea en nuestro Código es un término relativo. Por lo menos, ge-neralmente, la supuesta falsa declaración que constituye la característica del delito no es intrínsicamente substancial, o substancial per se, o en ningún sentido absoluta, o en sí misma, pero debe ser substancial a alguna situación externa, cuestión litigiosa o materia en cuestión. Por tanto, decir sim-plemente que la cuestión es esencial es cosa que no tiene sig-nificación. Así pues, en el caso de Colón este Tribunal dijo lo siguiente:

“En la acusación contra Marcos A. Colón por instigación a co-meter el delito de perjurio se afirma que aquél indujo maliciosa y criminalmente a Pablo Torres 2do. y a Bernabé Ortega a que jura-ran, como juraron en falso ante el Juez de Paz de Morovis que Gregorio Rodríguez Escribano, durante el período electoral hacía propaganda política mediante ofertas a los campesinos de los barrios de Pasto y de Baga de medicinas que llevaba consigo, y se agrega que esos hechos, cuya certeza no constaba a Torres y a Ortega, eran' esenciales,- pero en la acusación no se explica por qué tales hechos eran esenciales, y nosotros creemos que atendidos los términos de la acusación no eran esenciales o importantes, pues en ella no se dice si Gregorio Rodríguez Escribano era candidato para algún cargo en el período electoral a que se alude, ni si los campesinos entre quienes hacía propaganda política mediante oferta de medicinas eran elec-tores, ni si las ofertas de medicinas tenían por principal objeto ad-•quirir votos o sufragios de electores determinados en favor de ciertos candidatos.
“Por falta de expresión suficiente en la acusación no podemos afirmar que Pablo Torres 2do. y Bernabé Ortega imputaron falsa-mente ante el Juez de Paz de Morovis a Gregorio Rodríguez Escri-baño la perpetración de algún delito contra el derecho electoral de los previstos y castigados en el Código Penal o en la ley aprobada en 1ro. de marzo de 1902 para proveer lo necesario para elecciones en Puerto Rico, en cuyo caso indudablemente serían esenciales o im-portantes los hechos que por instigación de Mareos A. Colón juraron Pablo Torres 2do. y Bernabé Ortega.”

Claramente que si la acusación hubiera revelado la exis-tencia y naturaleza de la materia en cuestión a la cual las supuestas falsas declaraciones podrían haberse referido, en-tonces la alegación de que tales manifestaciones eran esen-ciales a dicha materia en cuestión hubiera sido suficiente. Pero la alegación aislada, en abstracto, sin ninguna base para ella era por sí misma contradictoria y equivalente a si no se hubiese hecho ninguna alegación. Ese en sustancia pa-rece ser el significado de la opinión en el caso de Colón.

Pero sea esto como fuere, hacemos referencia a la siguiente cita:

“Siendo un elemento esencial del delito, la materialidad de la falsa declaración a la cuestión litigiosa o punto de investigación, debe ser alegada. Y el que alega, al hacer esto, puede a su elección decir que era de tal modo esencial, o exponer hechos de los cuales apare-cerá su esencialidad de acuerdo eon la ley. El no necesita hacer ambas cosas. Cuando la falsa declaración fué dada en un juicio el primero es el método corriente y el mejor prácticamente. Hasta unos pocos de los casos parecen exigirlo con exclusión de la segunda. Cuando el perjurio se cometió en un affidavit el segundo método es quizás el más corriente.” 3 Bishop’s New Criminal' Procedure, 1811, No. 921.

En el caso de El Pueblo v. Ayala, 13 D. P. R. 200, la acu-sación especificaba “una denuncia jurada en el juzgado de paz” y alegaba que “En dicha denuncia el dicho Genaro Ayala maliciosamente y conociendo su falsedad, juró como cierto ‘que la noche del suceso don Emilio Pietri y don Manuel Peralta regresaron del barrio de Santana, serían las diez de la noche, siendo éste un hecho importante y esencial a dicha denuncia.’ ”

Dentro de las circunstancias que sólo -se diferencian del caso de Colón en los particulares indicados en bastardilla supra, esta corte resolvió haciendo cita del sílabo, que—

“Una acusación por perjurio que contenga una alegación expresa con respecto a la eseneialidad y materialidad de los hechos que el acusado jurara como ciertos conociendo su falsedad, es suficiente, sin que sea necesario alegar ningún otro hecho tendente a mostrar esa eseneialidad o materialidad.”

Y en el caso de El Pueblo v. Viader, 23 D. P. R. 724, la acusación imputaba lo siguiente (bastardilla nuestra):

“El citado José Narciso Yiader, allá el día 16 de julio de 1914, en San Juan, que forma parte del distrito judicial del mismo nom-bre, y en los días fijados para hacer las recusaciones de los electores que podían tomar parte en las elecciones generales que deben cele-brarse el día 3 de noviembre de 1914, en la Isla de Puerto Eico, ile-gal, voluntaria y maliciosamente y con la intención de privar de su, voto al elector capacitado Bernardino González Goyena, compareció ante el notario público de Puerto Rico, Roberto H. Todd, el que en su carácter de notario público estaba autorizado para tomar jura-mento's y entonces y allí y a sabiendas de que juraba una falsedad, después de haber jurado decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, afirmó, constándole su falsedad y siendo un hecho esencial, que Bernardino González Goyena, el que aparecía inscrito en la lista de electores capacitados, inscritos en julio de 1914, cómo vecino del barrio de Santurce, con la edad de 53 años, de color trigueño, no tenía residencia, no era vecino de la municipalidad de San Juan, solicitando su eliminación de las listas; siendo la verdad que es vecino de Santurce, dentro de la municipalidad de San Juan.”

Y de nuevo esta corte se expresó como signe:

“La acusación es -correcta. Contiene todos los requisitos esen-ciales que la ley y la jurisprudencia exigen para que se entienda cometido un delito de perjurio.”

Véase también a Joyce on Indictment, página 261, sección 241; People v. Sweichler, 16 Cal. App. 738, 117 Pac. 939, y otros casos citados en el Digesto de California de Kerr, 1915, páginas 7275 y 7279, secciones 7 y 17.

A la luz de las regias elementales así expuestas debemos negarnos a adoptar la sugestión como ba sido hecba por el abogado del gobierno.

Después de un examen cuidadoso de toda la prueba esta-mos convencidos, sin embargo, de que la condena de tres años en el presidio impuesta por la corte inferior es algo excesiva y que dentro de las circunstancias peculiares de este caso en particular la imposición de un término de un año será bas-tante para que se cumplan los fines de la justicia sustancial.

La sentencia apelada debe ser modificada de conformidad, y como quede modificada confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada pero modi-ficándola en el sentido de rebajar a un año la condena.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Jtjhbz Asociado Sb. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Torres, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa por infracción al artículo 162 del Código Penal.
    No. 1739.
    Resuelto en mayo 20, 1921.
    PasióN — Prejuicio.—El Tribunal Supremo no puede prestarle consideración a la mera alegación de que la corte de distrito actuó movida por pasión y pre-juicio contra el acusado, cuando ni de los autos aparece ni el apelante de-muestra en su alegato que existe la prueba de tal alegación.
    Abuso de Discreción. — Aunque el apelante hubiera probado que los tres testigos presentados por el Riscal eran políticos y habían sido utilizados por El Pueblo en otras acusaciones similares y que uno de ellos era jugador de ofieio, hechos que no aparecen de los autos, no constituiría abuso de discre-ción por parte de la corte el dar crédito a tales testigos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. Martínez Nadal.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Jtjhbz Asociado Sb. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Encarnación Torres Santiago fué condenado por baber in-fringido el artículo 162 del Código Penal al hacerse inscribir en el Begistro de Electores del Municipio de Santa Isabel sabiendo que no tenía derecho a tal inscripción por carecer de residencia legal, o sea por tener menos de un año de resi-dencia con antelación al dos de noviembre de 1920 en cuya fecha se celebrarían elecciones generales en esta Isla; y en el recurso de apelación que ha interpuesto contra la senten-cia por él apelada, alega como único motivo para que la revo-quemos y lo absolvamos que la corte inferior actuó en este caso con pasión y prejuicio contra él y que abusó de su dis7 creción al resolver el conflicto de la evidencia, exponiendo como razón que la prueba del Pueblo consistió en la ‘decla-ración de los tres eternos testigos políticos del Fiscal de Gruayama cuyas declaraciones son imprecisas, mendaces y amañadas, siendo uno de ellos un jugador de oficio y que la declaración del testigo que presentó el apelante es hon-rada, lógica y llena de detalles respecto de la' vida y resi-dencia del acusado.

Nada se expone en el alegato del apelante en demostra-ción de la afirmación que hace de que la corte sentenciadora actuó en este caso con pasión y prejuicio en contra del ape-lante ni nada hay, en absoluto, en los autos respecto de esta cuestión.

La alegación de que la corte inferior abusó de su discre-ción al resolver el conflicto de la evidencia en este asunto no podemos sostenerla porque aunque se hubiera probado que los tres testigos del fiscal son políticos y utilizados por él en otras acusaciones, lo que no aparece de los autos, y tam-bién que uno de ellos es jugador de oficio, lo que tampoco resulta sino que habiendo ido al barrio del “Descalabrado” de Santa Isabel en busca de unos gallos durante el mes que per-maneció allí estuvo jugando, aunque todo eso se hubiera probado, repetimos, no sería nn abuso de discreción en la corte el dar crédito a esos testigos. Por lo demás la prueba fue contradictoria, como reconoce el apelante, en cuanto al tiempo de residencia que el acusado tenía en Santa Isabel con referencia al día de las elecciones generales, pues mientras los testigos de la acusación declararon que el apelante no cam-bió su residencia de “Villalba” al “Descalabrado” de Santa Isabel basta el mes de febrero, resultando así que sólo tenía en el último sitio nueve meses de residencia con anterioridad a las elecciones, el testigo del apelante declaró que el cambio de residencia había, tenido lugar diez y ocho meses o dos años antes de las elecciones, conflicto que tocaba dirimir a la corte inferior sin que por el examen que hemos hechos de la prueba podamos declarar que hubo abuso de la discreción judicial al resolverlo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rodríguez, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama, en causa por infracción al artículo 162 del Código Penal.
    No. 1740.
    Resuelto en mayo 20, 1921,
    por los fundamentos del caso No. 1739, El Pueblo v. Torres, de mayo 20, 1921.
    Abogado del apelante •. Sr. B. Martínez Nadal.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presideute Sr. HerNÁNüez,

text:
    Baerga, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegatoria de inscripción de un ex-pediente de dominio.
    No. 491.
    Resuelto en mayo 20, 1921.
    Expedientes de Dominio — Jurisdicción para Conocer de Expedientes de Do-minio — Cortes dio Distrito. — La doctrina establecida en el caso de Nazario y. El Registrador, 16 D. P. R. 668, en cuanto a ser exclusiva la jurisdicción para conocer de expedientes de dominio, de las cortes de distrito del partido en que radiquen los bienes objeto de la información, no es contraria a la jurisprudencia establecida en el caso de Solá v. El Registrador, 8 D. P. R. 213, ni quedó afectada por la del caso de Agenjo y Santiago et al. v. Santiago Rosa et al., 26 D. P. R. 713, pues en el primero se trataba de competencia sobre declaratoria de herederos y en el segundo de competencia para conce-der autorización judicial para enajenar bienes de menores.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. C. Domínguez Rubio.

    El Registrador recurrido, no. compareció.
   El Juez Presideute Sr. HerNÁNüez,

emitió la opinión del tribunal..

Con fecha 18 de octubre de 1920 Antonio Baerga, de es-tado casado, promovió expediente ante la Corte de Distrito de Guayama para acreditar el dominio a su favor de una finca rústica situada en el barrio de Matuyas del Municipio de Maunabo; y dicha corte por resolución de 28 de enero de 1921 declaró justificado el dominio pretendido ordenando su inscripción en el Registro de la Propiedad de Humacao y que se librara copia cértificada de la resolución al peticio-nario para el uso de su derecho.'

El Registrador de la Propiedad de Humacao denegó la inscripción por medio de nota de 11 de abril, 1921, que dice así:

“Denegada la inscripción * '* por aparecer de la orden expedida por la Corte de Distrito de Guayama que la finca cuyo do-minio se ha declarado por dicha corte radica en el barrio Matuyas del municipio de Maunabo, que pertenece al Distrito Judicial de Humacao, y por cuanto la única corte con jurisdicción para decla-rar el dominio de la finca aludida es la Corte de Distrito de Hu-macao, cuya jurisdicción es exclusiva, a tenor de lo preceptuado en el artículo 395 de la Ley Hipotecaria y lo resuelto por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Nazario v. El Registrador, 16 D. P. R. 668.”

La calificación del Registrador de Humacao ha sido recu-rrida por Antonio Baerga para ante esta Corte Suprema y en apoyo de su revocación invoca nuestras decisiones en el caso de Solá v. El Registrador de la Propiedad, 8 D. P. R. 213 y de Agenjo y Santiago et al. v. Santiago Rosa et al., 26 D. P. R. 713.

La doctrina establecida en el caso de Solá v. El Registrador, no se refiere a un caso análogo al presente pues en aquél se trataba de la inscripción de una declaratoria de here-deros y en éste de la inscripción de un expediente de domi-nio; y respecto de las inscripciones de los expediente de dominio al resolver el caso de Nazario v. El Registrador, dejamos establecido ser exclusiva la jurisdicción conferida por el artículo 395 de la Ley Hipotecaria al Juez de Primera Instancia (hoy juez de distrito) del partido en que radiquen los bienes o al del en que esté la parte principal, si fuese una finca enclavada en varios partidos.

La anterior doctrina no ha sido afectada según alega el recurrente, por la decisión posterior de esta corte en el caso de Agenjo y Santiago et al. v. Santiago Rosa et al., pues en dicho caso no se trataba de competencia para instruir expedientes de dominio sino de competencia para conceder autorización para la enajenación de bienes de menores.

Existiendo como existe en la Ley Hipotecaria un precepto especial que regula la competencia para la instrucción de los expedientes de dominio que es el artículo 395 que de-jamos citado, a ese precepto hay que atenerse y no a los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil reguladores de la materia de competencia en los casos comunes y ordinarios.

La misma Dirección General de los Registros de España en resolución de 11 de junio de 1908 fijando la jurisdicción para conocer de los expedientes posesorios, cuya jurisdicción se atribuye por lá Ley Hipotecaria al Juzgado de Primera Instancia del partido (boy juez del distrito) en que están situados los bienes y en ciertas condiciones al juzgado mu-cipal, corrobora la .doctrina establecida en el caso de Nazario v. El Registrador, cuya doctrina ratificamos.

Es de confirmarse la nota recurrida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “Conforme con la sen-tencia. ’ ’