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      In re José A. García Ortiz, querellado.

      Número: CP-2009-0007

      Resuelto: 11 de diciembre de 2012

      Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, Zaira Z. Girón Anadón y Tatiana M. Grajales Torruellas, subprocuradoras generales; José A. García Ortiz, pro se; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial.
   per curiam:

Hoy atendemos una querella presentada contra el Ledo. José A. García Ortiz (el querellado), a quien se le imputó quebrantar los Cánones 12, 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Por enten-der que ciertas actuaciones durante el proceso disciplinario contradicen lo que prescriben los Cánones 9 y 12, supra, lo suspendemos inmediatamente del ejercicio de la abogacía y la notaría por el término de seis meses.

I

El licenciado García Ortiz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 1 de noviembre de 1978 y a la práctica de la notaría el 8 de diciembre del mismo año. En lo pertinente a la querella que nos ocupa, este asumió la representación legal de la Sra. Lucy A. López Martínez (la quejosa o se-ñora López), parte demandada en el caso KAC-1996-1264 sobre división de bienes gananciales atendido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Ese foro judicial dictó sentencia en octubre de 2005, liquidando el haber ganancial y adjudicándole a la demandada $4,644.25.

Así las cosas, el 23 de enero de 2007 la señora López presentó una queja contra el querellado y adujo que estuvo varios meses tratando de localizarlo, sin resultado alguno. Relató que mientras eso sucedía, su caso se en-contraba en la etapa final y que el TPI dictó sentencia en su contra debido a su inacción. También expuso que in-tentó conseguir el expediente de su caso para contratar a otro abogado, pero sus gestiones resultaron infructuosas.

Subsiguientemente, le notificamos la queja al quere-llado en dos ocasiones. No fue hasta julio de 2007 que este compareció y contestó las alegaciones de la quejosa. Allí informó que no tenía reparo en entregar el expediente a la señora López y que le había delegado ese asunto a un tercero.

El 21 de agosto de 2007 referimos la queja a la Oficina del Procurador General. En cumplimiento con el referido, la Procuradora General Auxiliar requirió al letrado que fuera más responsivo y sustentara su contestación con la entrega de los documentos siguientes: la sentencia del TPI; el escrito con el que objetó esa sentencia; la moción en la que solicitó renunciar a la representación legal de la que-josa, y evidencia que acreditara la entrega del expediente. El querellado incumplió con dicho requerimiento, y luego de apercibirlo, le notificamos otra resolución en diciembre de 2007 para ordenarle que en 15 días entregara los documentos. El querellado tampoco cumplió con esa orden en el término dispuesto. No fue hasta pasado siete meses, el 20 de octubre de 2008, que compareció mediante una "Moción en cumplimiento de orden”. En su comparecencia detalló que “ ‘se hicieron gestiones adicionales en el tribunal con referencia a la Sentencia emitida y la propia Sra. Lucy López Martínez, el día 11 de enero de 2006, obtuvo copia certificada y me la hizo llegar a la oficina’ ”. Querella de 22 de mayo de 2009, pág. 3. Además, informó que le estaría remitiendo a la quejosa mediante correo certificado algunos documentos que quedaban de su expediente. Ante este marco fáctico, instruimos a la Oficina del Procurador General para que presentara la querella contra el licen-ciado García Ortiz. De esta forma, el 22 de mayo de 2009 se presentó la querella que aducía que el letrado violó los Cá-nones 12, 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional, supra.

En cuanto al Canon 12, supra, apuntó que el letrado demostró una falta de comparecencia durante el trámite del caso de la quejosa, provocando una dilación innecesaria en la solución del este. Referente al Canon 18, supra, sos-tuvo que este no desplegó la diligencia necesaria para pro-teger los intereses de la quejosa y que por tal razón se dictó una sentencia adversa. Respecto al Canon 19, supra, pun-tualizó que el abogado nunca le informó a la quejosa sobre la sentencia que dictó el TPI ni mantuvo comunicación con ella durante la etapa final del caso. De otra parte, adujo que el letrado quebrantó el Canon 20, supra, al no entre-garle el expediente a la señora López, según le fue peticionado.

Aproximadamente un año después, el 25 de mayo de 2010, el licenciado García Ortiz contestó la querella ne-gando las imputaciones. En esa ocasión, afirmó que hizo entrega del expediente a la quejosa una vez finalizó el caso, pero que no le tomó recibo de entrega debido a la relación de confianza que existía entre ellos. Expresó, además, que la señora López siempre estuvo informada de todos los trá-mites procesales y que nunca cuestionó su desempeño pro-fesional ni manifestó interés de apelar, a pesar de conocer de su derecho a ello. También, acompañó su contestación con una copia de un recibo de facsímil de 27 de noviembre de 2007 que, según él, evidenciaba que le había enviado a la Procuradora los documentos previamente solicitados.

Consecuentemente, el 9 de agosto de 2010 nombramos a la Leda. Eliadís Orsini Zayas como Comisionada Especial (la Comisionada). Es pertinente esbozar ciertos incidentes procesales acaecidos previo a la vista en sus méritos. Veamos.

En la vista inicial, la Comisionada advirtió que ciertas imputaciones requerían de prueba testifical para garanti-zar el debido proceso de ley al querellado. Como la Procu-radora informó que la quejosa estaba fuera de Puerto Rico, la Comisionada le instruyó a que coordinara la fecha cuando podría comparecer a prestar su testimonio. En oc-tubre de 2011 la Procuradora señaló que el caso estaba listo para atenderlo y se pautó la vista en sus méritos para el 7 y 8 de febrero de 2012. Según surge del Informe de la Comisionada, esas fechas fueron seleccionadas acorde con la disponibilidad de la testigo.

Empero, no fue hasta el 27 de enero de 2012 que la Procuradora informó que la señora López no podría com-parecer y, sin especificar fecha alguna, solicitó la transfe-rencia de la vista. Atendida esa petición, la Comisionada la declaró “no ha lugar”. Dispuso que, según el expediente del caso KAC-1996-1264, la quejosa demostraba un patrón de obstaculizar la pronta solución de las controversias. En consecuencia, declaró a la testigo no disponible conforme a la Regla 806(4) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI.

En vista de lo anterior, sin la comparecencia de la que-rellante, se celebró la vista en sus méritos. Oportuna-mente, la Procuradora solicitó la reconsideración de la or-den referida. Conforme surge del Informe de la Comisionada, en dos ocasiones esta le inquirió a la Procu-radora si disponía de alguna fecha alterna para que la que-josa pudiera comparecer. Al contestar en la negativa, la Comisionada se reiteró en su determinación de declararla como testigo no disponible. De esta manera, la prueba de la Oficina del Procurador General consistió en el expediente del TPI del caso KAC 1996-1264, el Acta de Conocimiento Judicial que emitió la Comisionada en cuanto a ese expe-diente, el expediente de la querella y las comparecencias por escrito del querellado. Por su parte, el licenciado Gar-cía Ortiz no presentó prueba testifical.

Luego de evaluar y aquilatar la prueba vertida, el 12 de marzo de 2012 la Comisionada nos rindió su informe. Con-cluyó que los cargos presentados contra el letrado no se sostenían y recomendó el archivo definitivo de esta querella. Así también, intimó que la incertidumbre de mantener en statu quo este caso, por falta de disponibili-dad de la querellante para declarar, no representaba un adecuado manejo para una justa, rápida y económica ad-ministración de la justicia.

En consideración a estos antecedentes tácticos y con el beneficio de la comparecencia de la Oficina del Procurador General, procedemos a enunciar los fundamentos que dis-ponen de la querella disciplinaria.

II

Es sabido que la práctica de la profesión jurídica acarrea una delicada y seria función social, pues representa servicio, ética y ejemplo. Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R,. 599 (1993). Por ello, el desempeño de todo letrado se rige por los cánones de ética profesional, que tienen el objetivo de promover los más altos principios de conducta decorosa para el beneficio de la profesión, de la ciudadanía y de las instituciones de justicia del país. In re Hernández Pérez I, 169 D.P.R. 91, (2006); In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R. 732 (2001). Procederemos a exponer el derecho aplicable a las faltas éticas que se le imputaron al querellado.

A. Puntualidad, y tramitación de las causas

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todos los miembros de la profesión jurídica el deber ineludible de tramitar las causas de forma responsable con la más excelsa puntualidad y diligencia. In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25 (2011); In re Vélez Báez, 176 D.P.R. 201 (2009); In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003). Este prescribe lo siguiente:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 12.

Conforme a esto, un abogado no puede ausentarse de una vista y provocar con ello su suspensión, sin el permiso del funcionario que la preside. In re Arroyo Villamil, 113 D.P.R. 568 (1982). Por lo tanto, la ausencia injustificada y voluntaria de un abogado a las vistas ya señaladas por el tribunal constituye una violación al referido canon. In re Ríos Pérez, 179 D.P.R. 630 (2010); In re Rosado Nieves, supra.

Sin embargo, los cánones de ética profesional no son, ni deben convertirse, en armas procesales adicionales para adelantar los intereses individuales de una de las partes en un caso. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986). La falta de diligencia que da lugar a sanciones éticas tiene que ser crasa, que denote falta de competencia o un menosprecio al sistema de administración judicial. Id. Normalmente, los tribunales de instancia deben atender y resolver las dilaciones o los incidentes procesales en un caso. Id.

Por otro lado, el Canon 12, supra, requiere que los abogados presten atención minuciosa, sean diligentes y cumplan con las órdenes del tribunal, en particular cuando se trata de procedimientos relativos a la conducta profesional. In re Ruiz Hernández, 177 D.P.R. 963 (2010); In re Cuevas Velázquez, 174 D.P.R. 433 (2008); In re Ron Menéndez, 149 D.P.R. 105 (1999). En cumplimiento con este deber, los abogados están obligados a responder con premura y diligencia los requerimientos relacionados con quejas por conducta profesional; de no hacerlo, enfrentan sanciones disciplinarias serias. In re Martínez Class, 2012 TSPR 92, 184 D.P.R. Ap. (2012); In re Rosario Martínez, 184 D.P.R. 494 (2012); In re Pagán Pagán, 183 D.P.R. Ap. (2012). Esta obligación es independiente de los méritos de la queja presentada. In re Martínez Miranda, 160 D.P.R. 263 (2003).

Recordemos que el incumplimiento con los requerimien-tos de la Oficina del Procurador General es igualmente re-prochable y acarrea las mismas sanciones que desatender las órdenes de este Tribunal. In re Lasalle Pérez, 153 D.P.R. 368 (2001). Así por ejemplo, hemos sostenido que constituye una falta de respeto hacia los procedimientos del tribunal la indebida, irrazonable e inexcusable tar-danza de un abogado en formular su contestación a una querella. In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998).

B. Competencia del abogado y consejo al cliente

Por otra parte, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, establece, en lo pertinente, que:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o ala administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.

Sabemos que todo miembro de la comunidad togada tiene la obligación de defender diligentemente los intereses de su cliente. Por lo tanto, su gestión profesional debe llevarse a cabo aplicando en cada caso sus conocimientos y habilidades. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006); In re Martínez Miranda, supra.

Para determinar el alcance de la violación impuesta en este canon, es meritorio distinguir entre las diligencias re-queridas por el Canon 12 y el 18, supra. Según el profesor Steidel, el deber de diligencia que impone el Canon 12, supra, se refiere al deber de actuar oportunamente a favor de un cliente o respecto a las órdenes del tribunal. Véase S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 188. Por su parte, el deber de diligencia que requiere el Canon 18, supra, se dirige al deber de competencia, es decir, poseer los conocimientos jurídicos necesarios para llevar a cabo la gestión profesional. Steidel Figueroa, op. cit., pág. 188.

Por ello, todo abogado cuyo desempeño profesional no sea el adecuado, responsable, capaz ni efectivo, incurrirá en una clara violación al Canon 18, supra. In re Castro Colón, 177 D.P.R. 333 (2009). Reiteradamente he-mos señalado que los abogados deben asegurarse de que sus actuaciones estén encaminadas a lograr que las controversias se resuelvan de una manera justa, rápida y económica dentro de cualquier caso en que intervengan, por lo que su deber de diligencia profesional es incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia. In re Rosa Rosa, 183 D.P.R. 759 (2011); In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770 (1994). En otras palabras, el deber de diligencia constituye una obligación básica y elemental del abogado respecto de su cliente. In re Dávila Toro, 179 D.P.R. 833 (2010).

C. Información al cliente

Por otra parte, el Canon 19, supra, rige el deber de mantener informado al cliente; dispone:

El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.
Siempre que la controversia sea susceptible de un arreglo o transacción razonable debe aconsejar al cliente el evitar o ter-minar el litigio, y es deber del abogado notificar a su cliente de cualquier oferta de transacción hecha por la otra parte.
El abogado que representa varios clientes con intereses co-munes o relacionados entre sí no debe transigir ninguno de los casos envueltos sin que cada cliente esté enterado de dicha transacción y sus posibles consecuencias.

Como vemos, el abogado debe mantener informado a su cliente de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado. In re Cuevas Borrero, 185 D.P.R. 189 (2012); In re Muñoz, Morell, 182 D.P.R. 738 (2011); In re Cuevas Velázquez, supra. Sin embargo, esta obligación no se extiende a toda gestión que realice, sino solo a las gestiones importantes que no estén enmarcadas dentro del ámbito de discreción del abogado. In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651 (2010). El factor esencial para determinar qué asuntos constituyen una gestión importante está vinculado con el grado de control que debe tener el cliente sobre su caso; es decir, la información que debe suministrar un abogado a su cliente es la que este último debe tener como dueño del caso. El profesor Steidel expone que el deber de informar se ex-tiende a toda información o aquellos asuntos que: (1) afecten o prolonguen la continuidad de un pleito; (2) de ser conocidos por un cliente, pudieran razonablemente llevarlo a finalizar el pleito; (3) aumente los costos del litigio; (4) impliquen una renuncia de derechos o de garantías procesales; o (5) tienen el potencial de exponerlo a consecuencias adversas ante terceros que no forman parte del pleito. Steidel Figueroa, op. cit., pág. 193.

Las decisiones adversas o favorables que finalicen par-cial o totalmente un caso se ubican en la primera categoría. Por ello, una sentencia es un asunto que debe informarse inmediatamente al cliente. In re Cardona Ubiñas, 146 D.P.R. 598 (1998). La referida violación es independiente al deber de diligencia impuesto por el Canon 18, supra. In re Rivera Lozada, 176 D.P.R. 215 (2009).

A pesar de que estos pronunciamientos constituyen una guía sobre la información que todo abogado está obligado a revelar a su cliente, las circunstancias particulares de cada caso delimitarán el tipo de información que será impor-tante comunicar. Así pues, conviene puntualizar que dicho deber es del abogado para con el cliente, mas no del cliente para con el abogado. In re Castro Colón, supra; In re Muñoz, Morell, supra.

D. Renuncia de representación legal

Por su parte, el Canon 20, supra, consigna, en lo pertinente:

Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y reembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servi-cios que no se han prestado.

En armonía con lo anterior, cuando un abogado renun-cia a la representación legal de un cliente está obligado a entregarle su expediente y todos los documentos relaciona-dos con el caso. El expediente, al igual que la causa de acción, pertenece exclusivamente al cliente. In re Santos Rivera, 172 D.P.R. 703 (2007). Por lo tanto, no debe haber dilación alguna en su entrega una vez el abogado concluye las gestiones para las cuales fue contratado o cuando el cliente solicita dicha entrega. In re Rivera Ramos, supra; In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57 (2008).

E. Rol del Comisionado Especial

La Regla 14(i) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, establece que corresponde a un Comisionado Especial, designado por el Tribunal, cele-brar una vista para recibir la prueba. Le corresponde asi-mismo evaluar y dirimir la evidencia conflictiva. In re Iri-sarri Castro, 172 D.P.R. 193 (2007). Aunque el Tribunal Supremo no está obligado a aceptar el informe del Comi-sionado Especial, de ordinario sostiene las determinacio-nes de hechos realizadas por dicho funcionario, excepto cuando se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Torres Viñals, 180 D.P.R. 236 (2010). Esta doctrina de deferencia a las determinaciones del Comisio-nado Especial aplica cuando están basadas en prueba testifical. In re Cuevas Borrero, supra. Como sabemos, tal funcionario está en una posición similar al juzgador de ins-tancia y puede aquilatar mejor la prueba. íd. Sin embargo, cuando esas determinaciones estén basadas en la prueba documental que obra en el expediente, el tribunal revisor está en igual posición que el Comisionado Especial y, por ende, puede adoptar, modificar o rechazar tal informe. In re Torres Viñals, supra.

En ocasiones anteriores determinamos que la carga probatoria requerida en los procedimientos disciplinarios contra abogados es más acuciosa que el quantum de prueba requerido en los procedimientos civiles ordinarios, ya que en estos procesos está en juego el título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganar su sustento. In re Martínez Almodóvar, 180 D.P.R. 805 (2011). Por ello, el estándar requerido es el de prueba clara, robusta y convincente, que es más alto y sólido que el de la preponderancia de la prueba pero menos exigente y riguroso que el de prueba más allá de duda razonable. Id.

Por último, hemos afirmado que al determinar la sanción disciplinaria aplicable a un abogado es necesario considerar su reputación en la comunidad, el historial previo de sanciones disciplinarias, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, el resarcimiento al cliente y cualesquiera otras circunstan-cias atenuantes o agravantes que medien de acuerdo con los hechos. In re Cuevas Borrero, supra; In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298 (2000).

rH i — I

Debemos ahora determinar si el querellado incurrió en las violaciones que se le imputaron. Previo a pasar juicio sobre esos asuntos, conviene pronunciarnos en cuanto al señalamiento del Procurador General, quien sostiene que el haber declarado a la quejosa como testigo no disponible afectó su derecho a ser oída.

Sobre este particular, en varias ocasiones la Comisio-nada celebró vistas procesales con el propósito de coordinar fechas para la vista en sus méritos y que la quejosa pu-diera comparecer a testificar. Precisamente, en respuesta a las fechas sugeridas por la Procuradora, desde octubre de 2011 se señaló la vista para febrero del año siguiente. Como se puede apreciar, la fecha para la vista se pautó con suficiente antelación. A pesar de ello, se le informó a la Comisionada que la testigo no estaría disponible para tes-tificar apenas una semana y media antes de la vista en su fondo. Otro incidente relevante es que si bien la Comisio-nada declaró “no ha lugar” la moción de suspensión pre-sentada por la Procuradora, un examen del Informe de-muestra que se exploró la posibilidad de pautar otra fecha posterior en que la querellante pudiera comparecer. Ello tampoco fue posible en ese momento, pues no se pudo se-ñalar otra fecha. Ante ese tracto procesal, colegimos que la Comisionada no incurrió en abuso de discreción en el ejer-cicio de sus funciones. Luego de ponderar los referidos in-cidentes, procede examinar las imputaciones éticas presen-tadas contra el querellado.

En la querella se alegó que el letrado violó el Canon 12, supra, al demostrar una falta de comparecencia durante los procedimientos del caso en el foro de primera instancia. En atención a las circunstancias específicas de este cargo, convenimos con la Comisionada Especial en que el hecho de que el querellado no compareciera a una vista en el foro de primera instancia el 24 de abril de 2001 constituyó un incidente procesal intranscendente que debió ser atendido por ese foro judicial. En esa ocasión, tal incomparecencia no puso en riesgo la acción de la dienta ni causó dilaciones ulteriores. Cabe puntualizar que esa fue la única vista a la que el querellado no asistió durante el trámite de ese pleito. Ahora bien, corresponde analizar si la conducta des-plegada por el licenciado García Ortiz contraviene al Có-digo de Etica Profesional al no atender con diligencia las órdenes que se emitieron en el proceso disciplinario.

Surge del legajo que el 24 de junio de 2007 este Tribunal le refirió la queja a la Oficina del Procurador General, y el 6 de julio de ese mismo año el licenciado García Ortiz pre-sentó su contestación. Sin embargo, la Procuradora alegó que su contestación fue parca y poco responsiva. En vista de ello, el 21 de agosto de 2007 dictamos una orden para solicitarle información adicional y otra documentación. Un análisis del expediente refleja que el letrado no entregó los documentos. Ante ese incumplimiento, mediante Resolu-ción de 27 de diciembre de 2007, le ordenamos nuevamente que en un plazo de 15 días suministrara los documentos que se le habían requerido y fue apercibido de que sería objeto de sanciones disciplinarias si incumplía. Aun así, transcurridos siete meses, el licenciado García Ortiz tam-poco compareció ante nos. Finalmente, se presentó la que-rella el 22 de mayo de 2009 y no fue hasta el 20 de mayo de 2010, es decir, un año después, que el licenciado García Ortiz presentó su contestación y sostuvo que había entre-gado los documentos que se le fueron solicitaron. Para ello presentó una copia de lo que alega ser la prueba que evi-dencia el envió de los documentos vía facsímil. Sin embargo, el referido documento de envío no acredita de forma fehaciente su contención. Lo cierto es que desde agosto de 2007 se le había requerido que hiciera tal entrega y no cumplió con ello, demostrando un patrón de desidia a las órdenes de esta Curia.

Una vez más reiteramos que los abogados deben la más estricta observancia a las órdenes judiciales, más aún cuando se trata de procedimientos disciplinarios; de otro modo, pueden quedar sujetos al rigor de sanciones éticas. In re Nieves Nieves, supra. Así también, constituye una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal la indebida, irrazonable e inexcusable tardanza de un abo-gado en formular su contestación a una querella. In re Vargas Soto, supra; In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810 (1984); In re Díaz García, 104 D.P.R. 171 (1975). Es evi-dente que con su conducta el querellado incumplió con las órdenes de este Tribunal y con el deber de formular la con-testación a la querella, sin acreditar justa causa para tal proceder.

Por su parte, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. En varias ocasiones se ha acudido a las disposiciones del mencionado canon para atender situaciones en las cuales los abogados hacen caso omiso a las órdenes de este Tribunal durante un proceso disciplinario. Véase In re Rosario Martínez, supra, pág. 498. Al interpretar el Canon 9, supra, este Foro ha señalado que la naturaleza de la función de abogado requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer, incluyendo la Oficina del Procurador General; más aún cuando se trata de conducta profesional. In re García Baliñas, 167 D.P.R. 125 (2006). Es por ello que de forma reiterada hemos puntualizado el deber ineludible que tiene todo abogado admitido a la profesión de contestar los requerimientos del Procurador General. In re Irizarry Maldonado, 172 D.P.R. 306 (2007).

Por lo tanto, todo abogado tiene la obligación de responder prontamente a los requerimientos que se le cursan, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re Rodríguez Bigas, 172 D.P.R. 345 (2007). Ello, puesto que el desatender las comunicaciones relacionadas con procedimientos disciplinarios tiene el mismo efecto disruptivo de la función reguladora sobre la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por el Tribunal. íd.; In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997). En consecuencia, colegimos que el letrado infringió los Cánones 9 y 12, supra.

En cuanto a la infracción al Canon 18, supra, consta en el expediente un acta de conocimiento judicial que resume los incidentes procesales del caso en el foro de primera ins-tancia y refleja el desempeño del querellado durante el trá-mite judicial. Veamos.

El 1 de diciembre de 2000 el querellado presentó una moción con la cual se opuso a liquidar los bienes ganancia-les hasta que se dilucidara la procedencia ganancial de unos honorarios que el esposo de la quejosa había recibido mientras estaban casados. Tiempo después, presentó otra moción informativa sobre la venta de un inmueble ganancial. Para fines de la división de los bienes ganancia-les, se nombró un contador partidor, con quien se reunió en varias ocasiones. Una vez presentado el informe del conta-dor, el letrado solicitó tiempo para su estudio. Luego, el 10 de mayo de 2005, presentó una moción informando que aún esperaban reunirse con el contador, ya que ese informe no especificaba los honorarios que el demandante cobraría. Finalmente, se aprobó el Informe del contador partidor, y el 20 de octubre de 2005 el foro primario emitió una sentencia. Posteriormente, el 16 de noviembre el quere-llado presentó oportunamente una moción de reconsidera-ción arguyendo que no se habían atendido los señalamien-tos hechos al contador respecto al informe.

De los hechos esbozados se deduce que el desempeño del licenciado García Ortiz fue adecuado a fin de proteger los intereses de la quejosa en la liquidación de los bienes gananciales. Este compareció a las vistas señaladas y se mantuvo al tanto de las alegadas incongruencias que refle-jaba el informe del contador partidor. En esa gestión, el letrado se reunió en varias ocasiones con el contador para conciliar unas diferencias que existían en cuanto a la cuota que le correspondería a su dienta. Todo ello fue posterior-mente ponderado y adjudicado por el TPI. Por consi-guiente, concluimos que el licenciado García Ortiz no se apartó del citado precepto.

Por otro lado, también se aduce que el querellado infrin-gió el Canon 19, supra, al no notificar inmediatamente a la quejosa la sentencia dictada en su contra y no mantener comunicación con ella durante la etapa de ejecución de la sentencia. La Procuradora sostiene que no fue hasta el 11 de enero de 2006 que la quejosa supo de la referida senten-cia, al visitar el tribunal para obtener una copia certificada de esta. Esta alegación surge de una expresión que hiciera el propio querellado en una moción que presentó durante este procedimiento manifestando que “ ‘se hicieron ges-tiones adicionales en el tribunal con referencia a la Senten-cia emitida y la propia Sra. Lucy López Martínez, el día 11 de enero de 2006, obtuvo copia certificada y me la hizo llegar a la oficina’ ”. Querella, supra, pág. 3.

Ahora bien, para probar este cargo y garantizar el de-bido proceso de ley del querellado era necesario el testimo-nio de la señora López. Como vimos, en sus comparecen-cias el querellado alegó que mantuvo a la quejosa al tanto de todo lo que ocurría en el caso. Sin embargo, en cuanto a ese particular, la credibilidad de la quejosa no pudo ser apreciada por la Comisionada y en el expediente no obra prueba alguna dirigida a sostener este cargo. Como sabe-mos, es doctrina reiterada que las meras alegaciones no constituyen prueba. En vista de ello, ante la ausencia de prueba para sustentar que el querellado faltó al deber de notificarle a su dienta la sentencia y mantenerla al tanto de los procedimientos, es forzoso concluir que el querellado no faltó al deber ético que le exige el Canon 19, supra.

Nos resta por resolver si el licenciado García Ortiz que-brantó el Canon 20, supra. En su contestación a la queja, el querellado sostuvo que no tenía reparo en entregar el ex-pediente del caso a la quejosa y que el asunto se delegó a otra persona. Empero, al contestar la querella afirmó que había entregado el expediente una vez finalizó el caso, pero que no tomó recibo de la entrega por la relación de con-fianza que existía con su dienta. Aun cuando le ordenamos mediante Resolución de 27 de diciembre de 2007 que acre-ditara la entrega de dicho expediente, el querellado hizo caso omiso. Somos del criterio que el hecho de no responder a los requerimientos de este Tribunal y las inconsistencias en sus contestaciones son hechos que, si bien no constitu-yen prueba en cuanto a la alegación que se incorporó en la queja, denotan una conducta censurable para un miembro de esta profesión. El querellado nunca ofreció respuestas precisas en cuanto a lo sucedido con el expediente de la quejosa. Una vez más, de su conducta se deriva una reite-rada dejadez y falta de atención a los requerimientos de la Oficina del Procurador General. Esas actuaciones son con-trarias a los requisitos que encarna el Canon 12, supra.

IV

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el Ledo. José A. García Ortiz infringió los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra, al provocar dilaciones sin justa causa en el proceso disciplinario. Su conducta du-rante este procedimiento, ignorando las órdenes emitidas por este Tribunal, constituye una afrenta a las normas éti-cas que rigen la profesión jurídica en Puerto Rico. Como mencionamos en In re Asencio Márquez, 183 D.P.R. 659, 664 (2011),

[e]ste tribunal no flaqueará en suspender a los togados que demuestren un reiterado incumplimiento con los términos finales y perentorios impuestos para cumplir con nuestras órdenes. El hecho de que esta Curia esté en disposición de conceder prórrogas para lograr el cumplimiento con nuestras órdenes, en aras de corregir deficiencias al ejercicio de la pro-fesión legal, no impide nuestra función disciplinaria. Tampoco exonera al letrado de las consecuencias de las violaciones éti-cas en que incurra ante nuestro Foro.

Atendido lo anterior, consideramos como agravante el hecho de que el querellado fue suspendido de la profesión en ocasiones anteriores. Véanse: In re García Ortiz, 176 D.P.R. 123 (2009); In re García Ortiz, 133 D.P.R. 666 (1993). En consecuencia, lo suspendemos inmediatamente del ejercicio de la abogacía y la notaría por el término de seis meses.

El querellado notificará a sus clientes que, por motivo de la suspensión, no puede continuar con su representa-ción legal y les devolverá los expedientes de los casos pen-dientes y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. Asimismo, informará de su suspensión a cual-quier Sala del Tribunal General de Justicia o a cualquier foro administrativo donde tenga algún caso pendiente.

Por último, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal, en el término de treinta días, que cum-plió con lo antes señalado. El cumplimiento con estos de-beres se notificará también al Procurador General. El Al-guacil de este Tribunal incautará inmediatamente la obra y el sello notarial del abogado para trámites ulteriores.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       Este pleito inició para el 1996 y el querellado asumió la representación de la señora López para el 1998.

       En su queja relató que lo llamó varias veces a su número telefónico y lo visitó a su oficina. Indicó que luego se percató de que el querellado tenía una localidad nueva, donde tampoco, según alegó, pudo contactarlo.

       El 26 de febrero y el 30 de abril de 2007. Dado a que no la contestó, el 21 de junio de ese año emitimos una Resolución en la que le apercibimos que dicho proce-der podría acarrear sanciones disciplinarias.

       En su moción se limitó a señalar que no tenía reparo en entregarle el expe-diente a la quejosa, que ésta le debía honorarios, que había solicitado la renuncia a esa representación legal y que había solicitado la reconsideración de la sentencia que se dictó en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). En un posterior informe rendido por la Procuradora General Auxiliar, se detalla que esta com-parecencia no había sido responsiva a las alegaciones de la quejosa.

       Informe de la Comisionada Especial rendido el 12 de marzo de 2012.

       Según surge de la orden emitida el 31 de enero de 2012 por la Comisionada Especial, la Procuradora acompañó la moción con un certificado médico. No obstante, la Comisionada apuntó que no se podía leer la firma del médico ni aparecía su número de licencia para poder identificarlo. Aludió la Comisionada Especial que ese documento aparentaba ser una hoja de receta.

       Véase Informe de la Comisionada Especial, págs. 8-9.

       Cabe señalar que, con relación al expediente del TPI, la Comisionada Especial había notificado un acta de conocimiento judicial, la cual fue aceptada por las partes. Véanse: Moción Informativa y en Cumplimiento, presentada por la Procura-dora General el 14 de abril de 2011; Moción presentada por el querellado el 7 de abril de 2011. En esa acta la Comisionada detalló minuciosamente todos los eventos pro-cesales de ese caso, haciendo referencia a las intervenciones que tuvo el querellado.

       La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, vigente para ese entonces, en lo pertinente, dispone: “La parte adversamente afectada por una orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de cumpli-miento estricto de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la orden o resolución, presentar una moción de reconsideración de la orden o resolución”. La Procuradora General aduce que la moción de reconsideración se presentó fuera de término. No le asiste la razón. El tribunal emitió su Sentencia el 20 de octubre de 2005 y fue notificada y archivada en autos el 2 de noviembre de 2005. En virtud de ello, el querellado sometió la moción de reconsideración el 16 de noviembre de 2005. A tenor con las Reglas de Procedimiento Civil, tenía hasta el 17 de noviembre de 2005 para someter la referida moción, por lo cual fue presentada oportunamente.

       Véase Moción en Cumplimiento de Orden de 20 de octubre de 2008.


text:
      In re Wanda Valentín Custodio.

      Número: CP-2010-17

      Resuelto: 11 de diciembre de 2012

      Luis R. Román Negrón, procurador general, José Enrico Valenzuela, Yaisamarie Lugo Fontanez, Edna Evelyn Rodrí-guez Benitez, María Astrid Hernández Martín, Cecilia M. Molano Flores, procuradores generales auxiliares, Tatiana M. Grajales y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradoras ge-nerales; Luis M. Acevedo Negrón y Adalberto Núñez López, abogados de Wanda Valentín Custodio; Carlos S. Dávila Vélez, comisionado especial.
   per curiam:

A la Leda. Wanda Valentín Custodio se le admitió al ejercicio de la abogacía el 4 de agosto de 1993 y al de la notaría el 11 de agosto de 2000. La Sra. Iris Melba Santoni Tirado presentó una queja jurada contra la licen-ciada Valentín Custodio en la Secretaría de este Foro. El 21 de octubre de 2009 ordenamos al Procurador General que formulara una querella a base de los hechos expuestos en esa queja. El Procurador General así lo hizo e imputó a la licenciada Valentín Custodio haber quebrantado el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Con posterioridad, el Procurador General nos informó que en la querella presentada no se tomaron en considera-ción otras actuaciones de la licenciada Valentín Custodio que también podían violar los Cánones 6, 9, 12, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Cónsono con lo anterior, ordenamos la presentación de una querella en-mendada que atendiera las actuaciones omitidas. En esa querella se infracciones de los Cánones 6, 9, 12, 18, 35 y 38 de Etica Profesional, id. Designamos al Ledo. Carlos S. Dá-vila Vélez como Comisionado Especial para que recibiera la prueba necesaria y rindiera el informe sobre los hechos en controversia.

El Comisionado Especial presentó su informe ante este Foro y concluyó que la licenciada Valentín Custodio solo violó los Cánones 6 y 18 del Código de Ética Profesional, supra. Recomendó que la sanción se limitara a una amo-nestación y a que le pagara $100 a la señora Santoni Ti-rado por una sanción que un foro administrativo le impuso a esta última como consecuencia de las actuaciones de la abogada. El 13 de septiembre de 2012 la licenciada Valen-tín Custodio informó que ya pagó la sanción de $100 que se le impuso a la señora Santoni Tirado. Veamos los hechos que nos obligan a ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria.

I

El 20 de enero de 2004 el Subsecretario del Departa-mento de Justicia notificó a la señora Santoni Tirado una suspensión de empleo y sueldo por el término de diez días. La suspensión se debió a que, alegadamente, la señora Santoni Tirado se negó a realizar un deber de su puesto.

El 30 de enero de 2004 la señora Santoni Tirado con-trató los servicios de la licenciada Valentín Custodio para impugnar la suspensión. Los honorarios se pactaron en $1,000, de los cuales la abogada recibió $600 por adelantado. Ese mismo día, la licenciada Valentín Custodio remitió una carta por correo certificado a la Comisión Ape-lativa de Servicio Público (CASP). Con esa misiva inició el trámite de apelación ante ese foro por la suspensión de empleo. La apelación recibió el número 2004-02-0857. En la carta se certificó haber notificado una copia de la carta al Subsecretario del Departamento de Justicia.

El 5 de marzo de 2004 la CASP emitió una orden en la que concedió al Departamento de Justicia treinta días para contestar la apelación y diez días a la señora Santoni Ti-rado para someter copia de la comunicación con la que se le notificó la suspensión. El 21 de abril de 2004 la licenciada Valentín Custodio presentó una moción ante la CASP e incluyó una copia de la comunicación que se solicitó. No obstante, la licenciada Valentín Custodio escribió en la mo-ción el número de caso erróneo, pues colocó el 2002-10-0391, cuando debió ser el 2004-02-0857.

El 29 de abril de 2004 el Departamento de Justicia con-testó la apelación. Desde esa fecha no hubo trámite alguno en el caso, hasta que el 4 de diciembre de 2006 la licen-ciada Valentín Custodio se personó a la CASP para revisar el expediente del caso. Luego de auscultarlo, escribió en la hoja de control del expediente: “Estoy en espera de vista desde 2004”. Moción informativa y sometiendo expedientes estipulados, 26 de marzo de 2012, Hoja de control para el préstamo de expedientes y/o solicitud de status, Caso Núm. SES 2004-02-0857.

Además de revisar el expediente del caso, la licenciada Valentín Custodio testificó que una empleada de la CASP le indicó que existía una congestión de casos en la agencia, por lo que debía ser paciente. De igual manera, la em-pleada expresó que el trámite ante la CASP no era como en el Tribunal, por lo que debía esperar su turno.

Durante ese periodo, la licenciada Valentín Custodio ofreció de forma infructuosa al Ledo. Orlando Cintrón De Jesús, representante legal del Departamento de Justicia, la posibilidad que se llegara a un acuerdo para finiquitar el proceso administrativo.

El 4 de diciembre de 2006 la licenciada Valentín Custo-dio presentó otra apelación ante la CASP en representa-ción de la señora Santoni Tirado. Esa apelación recibió el número 2006-12-0578. En esencia, se impugnó una deter-minación del Departamento de Justicia de 2 de noviembre de 2006 que le denegó a la señora Santoni Tirado un au-mento de sueldo por años de servicios, ya que se le había suspendido de empleo y sueldo por diez días durante el periodo del 21 de enero al 3 de febrero de 2004, además de que se le concedieron 33 días de licencia desde el 23 de junio al 12 de agosto de 2005.

En el caso 2006-12-0578, la CASP emitió una orden el 18 de diciembre de 2006 en la que requirió a las partes llenar y presentar, en el término de 15 días, uno de dos formularios que se anejaron. En particular, los formularios versaban sobre la solicitud voluntaria de servicio de me-diación o su rechazo. En la orden aludida, la CASP aperci-bió a las partes que el incumplimiento con lo que se ordenó podría conllevar sanciones económicas o hasta desestimar el caso con perjuicio. Además, en la notificación de la or-den, la Secretaria de la CASP requirió a la señora Santoni Tirado que en cinco días laborables certificara por escrito si había entregado al Departamento de Justicia una copia de la apelación y de los documentos que se presentaron. Asi-mismo, la Secretaria de la CASP apercibió a la señora San-toni Tirado que si incumplía con lo ordenado en la notifi-cación, la apelación se archivaría por abandono o por falta de interés.

Durante la vista celebrada ante el comisionado Dávila Vélez, la licenciada Valentín Custodio testificó que con-versó con la representación legal del Departamento de Jus-ticia para auscultar si era posible someter el caso al pro-ceso de mediación.

Así las cosas, el 9 de enero de 2007 el Departamento de Justicia presentó una moción en que expresó que recibió la apelación pero no los tres anejos que ella contenía. Sobre el particular, sostuvo que se comunicó con la licenciada Va-lentín Custodio, quien accedió a enviarle copia de los anejos. No obstante, solicitó a la CASP las copias de los tres anejos del caso porque todavía no se los habían enviado. Asimismo, el Departamento de Justicia presentó el formulario de no aceptación del servicio de mediación. En cuanto a los formularios relacionados con el servicio de mediación, la licenciada Valentín Custodio sostuvo que como el Departamento de Justicia no aceptó la mediación, ella no tenía que presentar ninguno de ellos.

El 11 de enero de 2007 el Departamento de Justicia so-licitó una prórroga de 20 días para contestar. Fundamentó su petición en que la apelación se recibió sin los tres anejos y que, a pesar de que realizó gestiones para obtenerlos, no pudo conseguirlos.

El 30 de enero de 2007 el Departamento de Justicia pre-sentó una moción bajo juramento en la que solicitó la des-estimación del caso. En esa moción sostuvo que se comu-nicó con la licenciada Valentín Custodio en relación con los anejos. A raíz de esa comunicación, la licenciada Valentín Custodio se comprometió a enviar los anejos de la apela-ción tan pronto regresara de sus vacaciones el 9 de enero de 2007. No empece lo anterior, el Departamento de Jus-tina indicó que al 30 de enero de 2007 no había recibido comunicación escrita o verbal de la licenciada Valentín Custodio, excepto una carta que recibió por fax el 16 de diciembre de 2006. Sobre esa carta sostuvo que no creía que fuera uno de los anejos solicitados. No obstante, ex-presó que aunque lo fuera, no había recibido los otros dos. En alternativa a la desestimación, solicitó la consolidación de los casos 2004-02-0857 y 2006-12-0578.

Con posterioridad, el 20 de septiembre de 2007 el De-partamento de Justicia presentó una moción de desestima-ción en el caso 2004-02-0857 por estar inactivo desde el 29 de abril de 2004 cuando contestó la apelación. Además, sos-tuvo que la señora Santoni Tirado incumplió con la orden de 5 de marzo de 2004 de la CASP, que le requería presen-tar una copia de la comunicación mediante la que se le notificó la acción administrativa impugnada. Esa moción de desestimación se le notificó personalmente a la señora Santoni Tirado, pero no a la licenciada Valentín Custodio.

El 13 de noviembre de 2007 la licenciada Valentín Cus-todio presentó una moción en que se opuso a la solicitud de desestimación que se presentó en el caso 2004-02-0857. En particular, la licenciada Valentín Custodio sostuvo que la señora Santoni Tirado tenía tres asuntos pendientes ante la CASP. En específico, los casos 2002-10-0391, 2004-02-0857 y 2006-12-0578. Sin embargo, explicó que ella no re-presentaba a la señora Santoni Tirado en el caso 2002-10-0391. Además, señaló que cumplió con la orden de la CASP de 2004, pero que por un error involuntario a la moción se le asignó un número de caso equivocado. Como se percató del error, acompañó en la moción una copia de la acción administrativa impugnada y una copia de la moción infor-mativa que presentó el 21 de abril de 2004.

De igual forma, mostró inconformidad con que solo se le notificara a su cliente con copia de la moción de desestima-ción que presentó el Departamento de Justicia. Además de solicitar una vista, la licenciada Valentín Custodio requirió que todo escrito que presentara el Departamento de Justi-cia se le notificara a ella como representante legal de la señora Santoni Tirado.

El 17 de julio de 2008 la CASP emitió otra orden en el caso 2004-02-0857 en que tomó conocimiento de la moción de desestimación que presentó el Departamento de Justi-cia y de la oposición que presentó la licenciada Valentín Custodio.

En cuanto al caso administrativo 2006-12-0578, el 17 de julio de 2008 el Departamento de Justicia presentó una moción en la que reiteró su solicitud de desestimación. En específico, expresó que desde el 30 de enero de 2007 pre-sentó una moción de desestimación a la que no se opuso la representación legal de la señora Santoni Tirado. El 22 de octubre de 2008 la CASP concedió veinte días a la señora Santoni Tirado para que mostrara causa por la cual no debía ser sancionada con una penalidad de $100 por sú incumplimiento con la orden de 18 de diciembre de 2006. También tomó conocimiento de las mociones de desestima-ción que presentó el Departamento de Justicia y notificó a las partes que su nueva dirección postal sería P.O. Box 192394, San Juan, P.R. 00919-2394. La licenciada Valentín Custodio nunca contestó esa orden de la CASP.

En noviembre de 2008 la señora Santoni Tirado, por derecho propio, presentó una "Moción en cumplimiento de orden” en el caso 2006-12-0578. En ella expresó que recibió las órdenes de 22 de octubre de 2008 y de 18 de diciembre de 2006, y que entregó a la licenciada Valentín Custodio una copia de la primera. También indicó que como su abo-gada no la mantuvo informada de los procedimientos ante la CASP, presentó una queja en su contra ante este Tribunal. Por último, pidió que no se le impusiera una san-ción ni que le desestimaran la apelación porque el incum-plimiento con el trámite lo ocasionó la licenciada Valentín Custodio y no ella.

El 9 de septiembre de 2009 la licenciada Valentín Cus-todio cursó una carta a la señora Santoni Custodio para notificarle que había presentado unas mociones de renun-cia a la representación legal en los casos 2004-02-0857 y 2006-12-0578. Acompañó con la misiva copia de las dos mo-ciones y le envió un giro postal por la cantidad de $600 por concepto de devolución de los honorarios de abogados que se pagaron hasta ese momento.

El 23 de diciembre de 2009 la licenciada Valentín Cus-todio envió en un sobre las dos mociones de renuncia que correspondían a los casos 2004-02-0857 y 2006-12-0578. El sobre se envió a la dirección P.O. Box 9023990, San Juan, P.R. 00919-2394, anterior dirección de la CASP. El servicio de correo postal de Estados Unidos devolvió el sobre a la licenciada Valentín Custodio y le adhirió un papel amarillo que lee: “FORWARD TIME EXP RTN TO SEND”. Del pa-pel adherido también surgía que la nueva dirección postal de la CASP era: P.O. Box 192394, San Juan, P.R., 00919-2394.

Al recibir el sobre devuelto con las dos mociones de re-nuncia, la licenciada Valentín Custodio lo colocó sin abrir en otro sobre manila y volvió a enviarlo a la CASP el 17 de octubre de 2009. De forma misteriosa, la licenciada Valen-tín Custodio volvió a enviar las mociones de renuncia a la antigua dirección de la CASP. Como era de esperarse, ese sobre también fue devuelto por el servicio de correo federal.

Por su parte, la licenciada Valentín Custodio aduce que cuando recibió el sobre devuelto por segunda vez, imprimió nuevamente las mociones de renuncia y las volvió a enviar por el servicio regular del correo federal a la dirección correcta. Aunque nunca llamó a la CASP para verificar si las mociones de renuncia habían llegado, la licenciada Cus-todio Valentín presume que sí. Vale puntualizar que la querellada no tiene copia de esas mociones ni recuerda la fecha cuando las firmó. Tampoco se encuentran en los ex-pedientes 2004-02-0857 y 2006-12-0578 de la CASP.

Así las cosas, el 26 de octubre de 2009 la señora Santoni Tirado presentó en la CASP una moción informativa. En ella expresó que el 9 de septiembre de 2009 la licenciada Valentín Custodio presentó dos mociones en que informó su renuncia a la representación legal en los casos 2004-02-0857 y 2006-12-0578. Asimismo, señaló que recibió las dos mociones y un giro por la cantidad de $600. Sin embargo, rechazó haber recibido una copia del expediente de los casos. Además, indicó desconocer la etapa procesal de ellos y si alguno tenía señalamiento. Por esa razón, solicitó a la CASP que ordenara a la licenciada Valentín Custodio en-tregarle el expediente e informarle el estado de las apelaciones.

El 4 de mayo de 2010 la señora Santoni Tirado presentó otra moción por derecho propio e informó que no tenía re-presentación legal porque le solicitó la renuncia a la licen-ciada Valentín Custodio. Indicó, además, que tenía interés en el caso pero que la abogada no le había entregado el expediente.

Cónsono con lo anterior, la CASP emitió una orden el 1 de septiembre de 2010 en el caso 2004-02-0857, en la que requirió a la licenciada Valentín Custodio que entregara el expediente a la señora Santoni Tirado. También, ordenó a esta última que anunciara la nueva representación legal en treinta días.

Por otro lado, en cuanto al caso 2006-12-0578, la CASP emitió una orden el 17 de septiembre de 2010 en la que impuso a la señora Santoni Tirado una sanción económica de $100 por el incumplimiento con la orden de 23 de sep-tiembre de 2008. Esa orden se notificó al Departamento de Justicia, a la señora Santoni Tirado y a la licenciada Va-lentín Custodio. El 27 de septiembre de 2010 la señora Santoni Tirado, por derecho propio, solicitó por escrito la reconsideración de la orden que le impuso la sanción de $100. Fundamentó su pedido en que la licenciada Valentín Custodio no le había entregado el expediente del caso ni le informó cuando renunció que había órdenes pendientes de cumplir. De igual forma, solicitó que le permitiera contra-tar una nueva representación legal.

El 8 de diciembre de 2010 el Ledo. Jorge Tantao Eche-varría presentó una moción para informar que asumió la representación legal de la señora Santoni Tirado. El 7 de marzo de 2011 solicitó a la CASP que considerara favora-blemente la moción de consolidación que presentó el De-partamento de Justicia y que señalara una vista. El 8 de junio de 2011 la CASP consolidó los casos 2004-02-0857 y 2006-12-0578.

Todavía al 8 de junio de 2011 la licenciada Valentín Cus-todio permanecía en los expedientes de la CASP como abo-gada de la señora Santoni Tirado. Como cuestión de hecho, el Comisionado Especial concluyó que la CASP “no ha re-levado a la querellada de la representación legal de la que-josa por no encontrarse en los expedientes las mociones de renuncia”. Informe del Comisionado Especial, pág. 15.

II

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, esboza, en lo concerniente, que todo abogado debe esforzarse en la exaltación del honor y de la dignidad de su profesión. Señala, además, que todo miembro de la profesión legal, en “su conducta como funcionario de tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia”. Id. En ese sentido, hemos reiterado que los abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión. In re Fontánez Fontánez, 181 D.P.R. 407, 417 (2011). Por esa razón, “deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen”. In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25, 45 (2011). Véase, además, In re Cuyar Fernández, 163 D.P.R. 113, 117-118 (2004).

De otra parte, el Canon 6 del Código de Ética Profesional, supra, establece, en lo pertinente, que “[a]l pres-tar sus servicios profesionales ante organismos legislativos o administrativos el abogado debe observar los mismos principios de ética profesional que exige su comporta-miento ante los tribunales”. Sobre ese particular, resolvi-mos recientemente en In re Pietri Castellón, 185 D.P.R. 982, 991 (2012), que “el abogado que rinde servicios profe-sionales ante organismos administrativos debe observar los mismos principios de ética profesional que exige su comportamiento ante los tribunales”.

Por su parte, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, dispone:

El abogado debe observar para con los tribunales una con-ducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o aten-tados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales. En casos donde ocurrieren tales ataques o atentados, el abogado debe interve-nir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales.
El deber de respeto propio para con los tribunales incluye también la obligación de tomar las medidas que procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de sus prerroga-tivas o desempeñan impropiamente sus funciones y que no observen una actitud cortés y respetuosa.

De esa forma, la desatención a las órdenes de un tribunal o una agencia administrativa en virtud del Canon 6 del Código de Ética Profesional, supra, constituye un grave insulto a su autoridad, en clara violación al mandato expreso del Canon 9, supra. In re Cuevas Borrero, 185 D.P.R. 189 (2012). Véanse, además: In re Torres Viera, 179 D.P.R. 868 (2010); In re Dávila Toro, 179 D.P.R. 833 (2010).

Por otro lado, el Canon 12 del Código de Ética Profesio-nal, supra, dispone:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Éllo implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente.

Como resultado del deber figurado en el Canon 12 de Etica Profesional, id., la conducta de un miembro de la profesión legal no debe entorpecer la resolución de un caso. In re Pietri Castellón, supra. Véase, además, In re Vélez Báez, 176 D.P.R. 201 (2009). Así, las actuaciones y omisiones que coloquen en riesgo la causa de su cliente son violaciones patentes a ese postulado ético. Id. Véase, además, In re Cuevas Velázquez, 174 D.P.R. 433 (2008). Por ello, la falta de diligencia en la tramitación de los casos y el incumplimiento con las órdenes constituyen un patrón de conducta sumamente irresponsable. In re Cuevas Velázquez, supra, pág. 441. Véanse, además: In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70 (2001).

De otro lado, el Canon 18, supra, en lo pertinente, ex-presa:

Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está [sic] consciente de que no puede ren-dir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazo-nables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurí-dica en general estima adecuada y responsable.

Sobre ese canon hemos pautado que “[t]odo miembro de la profesión legal tiene el ineludible deber de defender los intereses de su cliente con el compromiso de emplear ‘la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez’ ”. In re Rivera Ramos, 178 D.P.R. 651, 664 (2010), citando a In re Cuevas Velázquez, supra, pág. 442.

Así pues, “[u]n abogado no puede olvidar que la indife-rencia, desidia, despreocupación, inacción y displicencia en la tramitación de un caso viola el Canon 18”. In re Amill Acosta, 181 D.P.R. 934, 940 (2011), citando a In re Pizarro Colón, 151 D.P.R. 94, 105 (2000).

III

Al aceptar la tarea de representar a la señora Santoni Tirado en las apelaciones ante la CASP, la licenciada Va-lentín Custodio tenía la obligación ineludible de defender los intereses de su dienta. Cónsono con lo expuesto, debió tramitar los casos con puntualidad, diligencia y respetando las órdenes de la CASP. Como la querellada incumplió con lo expuesto anteriormente, quebrantó los Cánones 6, 9, 12, 18 y 38, supra.

Contrario a lo que expresó la licenciada Valentín Custo-dio, las apelaciones ante la CASP en controversia no están imbricadas ni confundidas. Por el contrario, el trámite de cada caso se efectuó de forma separada hasta su consolidación.

En el caso 2004-02-0857, se evidenció que la licenciada Valentín Custodio efectuó las gestiones siguientes: (1) cursó la carta que dio inicio al trámite apelativo ante la CASP; (2) el 21 de abril de 2004 presentó una moción con el número incorrecto, a la que anejó copia de la comunicación del Departamento de Justicia que contenía la determina-ción impugnada; (3) el 4 de diciembre de 2004 se personó a la CASP para examinar el expediente; (4) se comunicó con el abogado del Departamento de Justicia para iniciar con-versaciones transaccionales, y (5) el 13 de noviembre de 2007 se opuso a una moción de desestimación que presentó el Departamento de Justicia.

Al igual que el comisionado Dávila Vélez, concluimos que no se probó que la licenciada Valentín Custodio ac-tuara con desidia e indiferencia en la tramitación del caso 2004-02-0857. Tampoco procede concluir que la demora en el trámite de ese caso se debe a la actuación de la querellada. Esta no controlaba el calendario de vistas de la CASP y tampoco surge que incumpliera con alguna moción en ese caso.

Sin embargo, no podemos concluir lo mismo con relación al caso 2006-12-0578. En cuanto a este caso, la prueba de-mostró que las únicas gestiones que realizó la licenciada Valentín Custodio fueron: (1) presentar la apelación ante la CASP y (2) proponerle verbalmente al abogado del De-partamento de Justicia que refiriera el asunto al programa de mediación. Más aún, del expediente surge que la licen-ciada Valentín Custodio no respondió a las órdenes que emitió la CASP el 18 de diciembre de 2006 y el 22 de octu-bre de 2008.

La acción de la señora Santoni Tirado se pudo archivar por abandono o falta de interés, según surge de su texto, por el incumplimiento con la orden de 18 de diciembre de 2006. Aunque el Departamento de Justicia declinó even-tualmente someter el asunto al programa de mediación, la orden de 18 de diciembre de 2006 era clara al respecto. La licenciada Valentín Custodio, como representante legal de la señora Santoni Tirado, debía llenar uno de los dos for-mularios relacionados al proceso de mediación; sin embargo, no lo hizo. Además, la querellada también incumplió con esa orden por una razón independiente: nunca certificó si entregó al Departamento de Justicia una copia de la apelación y de los tres documentos que se anejaron a ella.

Por otro lado, la omisión de la licenciada Valentín Cus-todio en contestar la orden de 22 de octubre de 2008 es más grave todavía. En esta disposición se le ordenó que mos-trara causa por la cual no se le debía imponer una multa de $100 por incumplir con la orden de 18 de diciembre de 2006. Además, la CASP apercibió a la señora Santoni Ti-rado que el incumplimiento con lo ordenado podía desem-bocar en “la desestimación y archivo con perjuicio” del caso. (Énfasis en el original). Caso Núm. 2006-12-0578, Orden de 22 de octubre de 2008, pág. 29.

Ante ese panorama, la licenciada Valentín Custodio se cruzó de brazos y, en vez de contestar la orden, prefirió enviar el 23 de septiembre de 2009 —casi un año después— unas mociones en las que anunciaba su renuncia a la re-presentación legal de la señora Santoni Tirado. La prueba demostró que esas mociones de renuncia se enviaron a la dirección incorrecta, aunque la licenciada Valentín Custo-dio conocía o debía conocer la dirección correcta. Sin lugar a dudas, esa actuación de la querellada colocó en riesgo la causa de acción de su cliente porque incumplió con la orden de la CASP.

A la luz de lo anterior, concluimos que la licenciada Va-lentín Custodio violó los Cánones 6, 9, 12, 18 y 38 del Có-digo de Ética Profesional, supra; en particular, quebrantó los Cánones 6 y 9, de ese Código, id., al no atender con premura las órdenes que emitió la CASP. Asimismo, violó el Canon 12, supra, por no entregar al Departamento de Justicia los tres anejos que se presentaron junto con la apelación en el caso 2006-12-0578. Con esa actuación se causó una dilación indebida en la tramitación del caso. También abonó al retraso el hecho de que la licenciada Valentín Custodio no entregó de forma inmediata a la se-ñora Santoni Tirado los expedientes de los casos. De igual forma, la querellada también infringió el Canon 18, supra, al no desplegar su más profundo saber y habilidad en la tramitación del caso. Finalmente, tenemos que concluir que la actuación de la licenciada Valentín Custodio violó el Canon 38, supra. Haber desatendido las órdenes de la CASP y los intereses de su dienta no promovió la sana administración de la justicia ni exaltó el honor y la digni-dad de la profesión jurídica.

Por último, clarificamos que el Comisionado Especial concluyó que no se pueden quebrantar los Cánones 9 y 12, supra, en el contexto administrativo. Sin embargo, recientemente determinamos lo contrario en In re Pietri Castellón, supra. Asimismo, no puede haber duda de que el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, aplica en el contexto administrativo. Velar por la buena administración de la justicia y exaltar el honor y dignidad de la pro-fesión jurídica son postulados éticos que hay que guardar en cualquier foro.

IV

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, en lo atinente, establece:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean incon-sistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávits u otros documen-tos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable.

En virtud del precepto citado, “el abogado que provee al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, o que oculte información que deba ser revelada, incumple con este canon”. In re Nieves Nieves, supra, pág. 41. Véase, además, In re Pons Fontana, 182 D.P.R. 300 (2011).

Como se deduce del primer párrafo del Canon 35, supra, la conducta de sinceridad y honradez que debe desplegar todo abogado en su desempeño se exige en todo momento y ante todos. En otras palabras, estas normas mínimas se exigen frente a todos: clientes, compañeros abogados y tribunales. Todo el entramado de nuestro sistema judicial se erige sobre la premisa de que los abogados, sobre quienes recae principal-mente la misión de administrar la justicia, han de conducirse siempre con integridad ante los foros judiciales. In re Nieves Nieves, supra, pág. 42. Véase, además, In re Irizarry Vega, 176 D.P.R. 241 (2009).

El 29 de septiembre de 2009 la licenciada Valentín Cus-todio presentó un escrito en el que certificó haber “presen-tado nuestra renuncia a la representación legal de la Sra. Iris Santoni en los casos que están pendientes en CAS[P] objeto de esta Queja”. Moción en cumplimiento de orden de 23 de septiembre de 2009, pág. 1. No obstante, el Comisio-nado Dávila Vélez concluyó, como cuestión de hecho, que esas mociones de renuncia no se encuentran en los expe-dientes de los casos aludidos.

Luego de estudiar la evidencia presentada, concluimos que la licenciada Valentín Custodio no violó el Canon 35, supra. Se estableció por la prueba que la querellada depositó en el correo las dos mociones de renuncia. Así, no podemos indicar que la querellada no fue sincera ni honrada. Aunque técnicamente la moción de renuncia nunca se presentó, sí se depositó en el correo. En vez de una conducta deshonesta, se trata de una conducta descuidada. Repetimos a la profesión legal que,

[ajunque no existe una regla plasmada en nuestro Derecho positivo que regule la forma de presentar una moción de re-nuncia profesional en un caso, por su envergadura se reco-mienda enfáticamente que el abogado presente la moción per-sonalmente o por conducto de un mensajero, o a lo sumo, por correo certificado. In re Amill Acosta, supra, pág. 943.

Más bien consideramos que la conducta de la licenciada Valentín Custodio pareció quebrantar el Canon 20 del Có-digo de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que regula cómo un abogado debe tramitar su renuncia. Sin embargo, como el Procurador General no formuló un cargo por ese canon, no nos pronunciaremos al respecto. In re Ruffalo, 390 U.S. 544 (1968); In re Pérez Riveiro, 180 D.P.R. 193 (2010); In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57 (2008).

V

Por último, debemos resolver cuál sanción debemos imponer a la querellada. Para poder realizar esa encomienda es necesario considerar el historial previo de la abogada, si esta goza de buena reputación, la aceptación de la falta y su arrepentimiento sincero, si fue realizada con ánimo de lucro y cualquier otro factor pertinente a los hechos del caso. In re Vázquez Pardo, 185 D.P.R. 1031 (2012); In re Plaud González, 181 D.P.R. 874 (2011).

Recientemente, en In re Pietri Castellón, supra, discipli-namos a un abogado con una censura enérgica por que-brantar los Cánones 6, 12, 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Fundamentamos nuestro dictamen en que el licenciado Pietri Castellón no actuó diligentemente en el trámite de unos casos administrativos, incumplió con órdenes de la Junta de Personal de la Rama Judicial y no mantuvo informada directamente a su dienta, lo cual culminó en la desestimación con perjuicio de dos querellas y la imposibilidad de solicitar la revisión judicial en las restantes.

En este caso se encuentran presentes unos atenuantes que conviene señalar. En primera instancia, esta es la pri-mera falta de la licenciada Valentín Custodio en su carrera jurídica. Ya hemos reconocido que esto constituye un ate-nuante a considerarse. Véase In re Amill Acosta, supra, págs. 944-945; In re Rodríguez Feliciano, 165 D.P.R. 565, 582 (2005). Tampoco hubo ánimo de lucro en su actuación, pues la licenciada devolvió los honorarios cobrados a la dienta. Por último, los dos casos están activos y tramitán-dose ante la CASP. La dienta no ha perdido su causa.

Considerado todo lo anterior, censuramos enérgicamente a la licenciada Valentín Custodio y le apercibimos que si incurre nuevamente en una conducta contraria a los cáno-nes del Código de Ética Profesional que rigen la profesión de la abogacía, será sancionada rigurosamente.

Notifíquese personalmente esta opinion “per curiam” a la Leda. Wanda Valentín Custodio a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Somos conscientes de los cambios de nombre que ha tenido la CASP a través del tiempo, tales como Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP) y Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público (CASARH). Sin embargo, para facilitar la lectura, siempre nos referiremos al nombre actual de ese organismo: Comisión Apelativa de Servicio Público (CASP). Véase Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, conocido como Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa de Servicio Público, 3 L.P.R.A. Ap. XIII.