author: per curiam:

text:
      In re Miguel Hernández Vázquez, querellado.

      Número: CP-2006-3

      Resuelto: 30 de diciembre de 2010

      Irene S. Soroeta Kodesh, procuradora general, Carmen A. Riera Ontrón, Minnie H. Rodríguez López, procuradoras generales auxiliares, Zaira Z. Girón Anadón, Mariana Ne-grón Vargas, Maite D. Oronoz Rodríguez e Ileana M. Oliver Falero, subprocuradoras generales; Héctor L. Torres Vilá, del Bufete Héctor L. Torres Vilá, abogado del querellado; Miguel A. Hernández Vázquez, pro se; Ygrí Rivera de Mar-tínez, comisionada especial.
   per curiam:

Nos corresponde atender una querella contra un abogado-notario a quien se le imputa haber incurrido en violaciones a la Sec. 17 de la anterior Ley Notarial, equivalente al Art. 15 de la actual Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 2033, y a los Cánones 12, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Por entender que las actuaciones del querellado se apar-taron de las normas éticas que rigen el ejercicio de la pro-fesión e incurrió en violación de la fe pública notarial, or-denamos su suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

I

El Ledo. Miguel Hernández Vázquez (querellado) fue admitido al ejercicio de la abogacía y el notariado, los días 1 de noviembre de 1978 y 10 de noviembre de 1978, respectivamente. Este intervino como abogado y como no-tario en las reclamaciones hereditarias habidas entre los herederos del matrimonio Castro-Feliú, bisabuelos de la Sra. Carmen M. Sagardía Miranda (quejosa). El quere-llado, además, se convirtió en comunero de un terreno que originalmente perteneció a los bisabuelos de la quejosa, y es el objeto de disputa entre el querellado y la quejosa. A continuación, exponemos un resumen de los hechos que motivaron la interposición de la presente querella.

A. Según surge del expediente, el 10 de junio de 1980 el querellado, actuando como notario, legitimó la firma de Don Saturnino Sagardía Castro, padre de la quejosa, re-lacionado a un compromiso que éste hizo para remover una casa enclavada en el terreno en controversia, “tan pronto se divida o se haga la partición correspondiente”. Aproxi-madamente un año después, el 22 de mayo de 1981, el querellado presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una petición sobre declaratoria de herederos para que de-clarasen como únicos herederos de la Sra. María Francisca Castro Feliú a María Mercedes y Saturnino, ambos de apellido Sagardía Castro. El peticionario de la declarato-ria de herederos fue Don Daniel Castro Ortiz, quien no era heredero de la causante, sino su sobrino, y quien tenía in-terés en que se hiciera la división de la comunidad hereditaria. Consecuentemente, dicho tribunal decretó como únicos y universales herederos de la Sra. María Francisca Castro Feliú, a la señora y el señor Sagardía Castro.

Así las cosas, el 3 de mayo de 1982 el querellado —en representación de las Sucesiones de Daniel y Merced, am-bos de apellidos Castro Feliú— presentó una demanda so-bre “División de comunidad de bienes hereditarios” contra la Sucesión de la Sra. María Francisca Castro Feliú para dividir un terreno que tenía una cabida de 4,060.8178 metros cuadrados. El 14 de febrero de 1983 las partes deci-dieron llegar a un acuerdo que fue acogido por el tribunal de instancia mediante una sentencia dictada el 22 de fe-brero de 1983. En dicha estipulación, se adjudicó a los de-mandados un predio de terreno de 1,011.9642 metros cua-drados —sin especificación de colindancias— y la casa de vivienda edificada en el solar, que era habitada por la se-ñora y el señor Sagardía Castro. Asimismo, el tribunal de instancia ordenó a la parte demandante que gestionara con la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) la segregación del predio de terreno adjudicado a los deman-dados y que se otorgara la escritura correspondiente. Se-gún surge del expediente, esto último no ocurrió.

No obstante, el 17 de septiembre de 1983 el querellado autorizó la Escritura Núm. 20 sobre “Segregación, parti-ción y adjudicación” a la que comparecieron los herederos de las Sucesiones del señor Daniel y de la señora Merced, ambos de apellido Castro Feliú. En la referida escritura se procedió a “segregar y adjudicar” entre ellos el remanente del terreno sobre el que el tribunal de instancia guardó silencio en la sentencia. De tal escritura tampoco surge que la A.R.Pe. haya aprobado los permisos para las referi-das segregaciones.

Ese mismo día, el querellado compareció junto a su es-posa, la Sra. Carmen Ramírez Muñiz, como parte compra-dora de una fracción del terreno —con especificación de colindancia— que se acababa de “segregar y adjudicar” me-diante la referida Escritura Núm. 20, autorizada por el propio querellado. El 31 de octubre de 1987 el querellado y su esposa vendieron el predio adquirido mediante la Es-critura Núm. 76. Cerca de seis años más tarde, el que-rellado y su esposa compraron de la Sra. Fundadora Castro Caraballo la participación que, al morir su padre, el Sr. Prudencio del Carmen Castro y Morales, adquirió de la Sucesión del Sr. Daniel Castro Feliú. Dicha participación provino de la “segregación y adjudicación” que se hizo en la Escritura Núm. 20, autorizada por el querellado.

Así las cosas, el 26 de septiembre de 1994 el querellado presentó ante el tribunal de instancia una demanda sobre “Interdicto posesorio” contra la Sra. Carmen Sagardía (quejosa), el Sr. Francisco Andrew (esposo de la quejosa), el Sr. Saturnino Sagardía Castro (padre de la quejosa) y la Sra. María Mercedes Sagardía Castro (tía de la quejosa), en la que alegó que éstos no le permitían pasar a su propiedad. El 14 de julio de 1995 el querellado presentó una “Moción de sentencia sumaria”, a lo que los demanda-dos se opusieron. Por su parte, el Tribunal de Primera Ins-tancia declaró “no ha lugar” la “Moción de sentencia suma-ria” por entender que había controversia acerca de la procedencia del terreno en disputa y desestimó el recurso por falta de parte indispensable, debido a que no compare-cieron junto al querellado el resto de los miembros de la comunidad de bienes. Inconforme, el querellado acudió al Tribunal de Apelaciones, quien revocó al tribunal de ins-tancia respecto a la desestimación del recurso, pero no en cuanto a la decisión de declarar “no ha lugar” la sentencia sumaria.

Aun luego de la determinación del Tribunal de Apelacio-nes, quien revocó la determinación del tribunal de instan-cia de desestimar el recurso por falta de parte indispensable, el 24 de diciembre de 1997 el querellado presentó una “Moción solicitando desistimiento sin peijuicio” porque en-tendió que traer a todas las partes indispensables al pleito podía provocar el archivo de la acción al amparo de la Re-gla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ade-más, señaló que la parte demandada había aceptado com-prar su participación así como la participación del resto de los miembros de la comunidad de bienes. El 8 de enero de 1998 el tribunal de instancia desestimó la demanda, sin peijuicio, mediante sentencia. Sin embargo, contrario a lo que el querellado explicó al Tribunal de Primera Instancia como fundamento para su desistimiento, el 23 de febrero de 2000 el querellado envió a la quejosa una carta en la que le informó que desistió de la demanda “en considera-ción a su difunto padre: Saturnino Sagardía”, que no obs-tante, estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuen-cias jurídicas, y la invitó a comprar la participación de éste para así dar por terminado el asunto.

B. El 26 de marzo de 2002 la señora Sagardía Miranda presentó una queja ante este Tribunal en la que alegó que el querellado cometió faltas éticas en un caso de partición de herencia de una sucesión, debido a que siendo represen-tante legal de dicha sucesión, demandó a los miembros de ésta, compró y vendió terrenos pertenecientes a la sucesión sin los permisos de las agencias gubernamentales perti-nentes, y utilizaba a otros abogados-notarios para que au-torizaran transacciones ilegales. El 13 de julio de 2002 la quejosa reafirmó lo antes expuesto mediante comunica-ción dirigida a este Foro en la cual indicó que el querellado no era dueño de la finca y que éste había adquirido el te-rreno “violando los derechos de herencia y vendiendo a pa-rientes de él”. También, nos informó que el querellado le había enviado una carta de amenaza para intimidarla. Del mismo modo, el 12 de noviembre de 2002 la quejosa presentó un tercer escrito en el cual alegó que el abogado querellado había ido a su casa con una cámara y un objeto punzante en el bolsillo, que había proferido amenazas, in-dicando que él era el dueño de la propiedad. Además, soli-citó que fuese investigada la obra notarial del querellado.

Posteriormente, el expediente sobre la queja fue refe-rido a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para que hiciera la investigación e informe conforme a la Regla 14(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. El 14 de octubre de 2003 ODIN presentó el informe requerido, en el que concluyó que el querellado no respon-dió a las exigencias ético-notariales dictadas por este Tribunal debido a sus intervenciones como abogado y notario en un mismo asunto. Por consiguiente, el 7 de mayo de 2004 este Foro dictó una Resolución en la que refirió al Procurador General este asunto para investigación y pre-sentación del informe correspondiente. Por su parte, el 8 de septiembre de 2004 el Procurador General presentó el in-forme sobre la queja objeto del caso de epígrafe en cumpli-miento con la Regla 14(d), supra. En dicho informe, el Pro-curador General llamó la atención a posibles violaciones a los cánones del Código de Etica Profesional y la anterior Ley Notarial de Puerto Rico de 1956.

El 4 de noviembre de 2005 examinada la queja presen-tada por la quejosa, el Informe del Procurador General y la contestación del querellado, le ordenamos al Procurador General que sometiera las querellas correspondientes.

C. Por todo lo anterior, y en cumplimiento con la orden de este Tribunal, el 26 de enero de 2006 el Procurador General presentó una querella disciplinaria contra el licen-ciado Hernández Vázquez en la que le imputó cinco cargos.

En el Cargo I, el Procurador General imputó al quere-llado haber violado el requisito de la dación de fe pública notarial establecido en la Sec. 17 de la anterior Ley Notarial, equivalente al Art. 15 de la actual Ley Notarial, supra. Esto debido a que el querellado autorizó la Escri-tura Núm. 20 sobre “Segregación, partición y adjudica-ción”, que tenía un negocio jurídico inexistente por dispo-sición de ley, por no haberse obtenido la aprobación de la A.R.Pe. para la segregación de los terrenos mencionados en dicho documento público.

En lo que respecta al Cargo II, el Procurador imputó al querellado haber violado los Cánones 12 y 38 del Código de Etica Profesional, supra, por haber actuado el querellado como abogado y notario en un mismo asunto, y fungir como comprador y vendedor de terrenos de la Sucesión que fue su cliente, según resuelto en In re Rosario Maisonet, 142 D.P.R. 89 (1996).

En el Cargo III se atribuyó al querellado haber violado el Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra, res-pecto al deber del abogado de ser conciso y exacto en el trámite y la presentación de las causas por cuanto, luego de presentar el interdicto posesorio contra la quejosa y otros, sin la comparecencia del resto de los comuneros, so-licitó una sentencia sumaria cuando conocía que existían controversias en cuanto a la procedencia del terreno que el querellado alegó tener interés propietario.

En cuanto al Cargo TV, el Procurador imputó al quere-llado haber incurrido en violación a la Regla 9 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Esto, porque en el caso de interdicto posesorio antes mencionado, el querellado in-dicó que desistía de su reclamación habida cuenta que la parte demandada había aceptado comprar su participación y la de los demás herederos, información a base de la cual el tribunal de instancia desestimó la acción sin perjuicio. Sin embargo, mediante carta de 23 de febrero de 2000, dirigida a la quejosa y suscrita por el propio abogado que-rellado, éste indicó que había desistido de la demanda por consideración al padre de la quejosa, pero que estaba pre-parado para llevar el caso a las últimas consecuencias ju-rídicas, lo cual no sería necesario si ella (refiriéndose a la quejosa) estuviera dispuesta a comprar la participación de él en el terreno.

En el Cargo V se imputó al querellado haber violado el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, pues el patrón de persecución que mantuvo hacia la quejosa re-sultó en dos órdenes de protección por acecho contra el querellado, situaciones que atentaron contra la dignidad de la profesión de la abogacía.

Así las cosas, el 30 de enero de 2006 ordenamos al que-rellado que contestara la querella presentada por el Procu-rador General en un término de 15 días a partir de la no-tificación de la Resolución. Debido a que el querellado no contestó, el 29 de septiembre de 2006, le concedimos un término final de 15 días a contar desde la notificación de la Resolución para contestar la referida querella, bajo apercibimiento de que su incumplimiento nos llevaría a continuar los procedimientos sin su comparecencia. El 19 de octubre de 2006 el querellado presentó tardíamente la “Contestación al Informe”, no a la querella.

El 31 de enero de 2007 nombramos a la Leda. Ygrí Rivera de Martínez como Comisionada Especial (Comisiona-da) conforme a la Regla 14(h) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Por su parte, el 6 de junio de 2007 la Comisionada concedió un tiempo adicional al querellado para que finalmente contestara la querella pre-sentada en su contra. El 25 de junio de 2007 el querellado presentó su contestación a la querella, en la que rechazó las conclusiones del Procurador General. El 14 de octubre de 2009 la Comisionada concluyó su Informe, en el cual afirmó que todos los cargos presentados por el Procurador General fueron probados. Conjuntamente, sugirió que to-másemos en consideración —como atenuante— que el que-rellado se mostró muy afectado por la situación, y expresó dolor y arrepentimiento.

Examinado dicho Informe y los “Comentarios, objecio-nes y recomendaciones al Informe de la Comisionada Especial” que presentó el querellado el 24 de febrero de 2010, procedemos a resolver el caso de epígrafe.

H-1

A. La entonces vigente Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956 (4 L.P.R.A. sec. 1001 et seq.) establece en su Sec. 17, varios requisitos de redacción y contenido para las escrituras públicas, así como lo relacionado a la expresión de dación de fe notarial. En cuanto a esto último, la citada Sec. 17 dispone lo si-guiente:

No será preciso que el notario exprese que da fe en cada cláu-sula escrituraria de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o casos a que se refiera, bastará que consigne una vez al final del docu-mento, que certificará de todo lo contenido en el mismo, para que tal expresión se entienda aplicada a todas las palabras, estipulaciones, manifestaciones y condiciones reales o perso-nales contenidas en el instrumento con arreglo a las leyes.

Al interpretar la mencionada Sec. 17, este Tribunal explicó que cuando un notario autoriza un documento, da fe pública y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley —formal y sustantivamente— que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. Asimismo, hemos manifestado que en Puerto Rico, el notario es un profesional del Derecho que ejerce una función pública de dar fe y autenticidad de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen, conforme a las leyes. Así, el notario puertorriqueño representa la fe pública ynoaun cliente en particular.

En In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976), manifestamos que la función del notario trasciende el acto externo de la legalización de unas firmas. Igualmente, ex-presamos que la fe pública notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto de la ignorancia y la obscuridad. Por esto, al ser el notario el principal instrumento de la fe pública, y conocedor del Derecho y las leyes, tiene la obligación de propiciar y cer-dorarse de ese estado de condenda informada supliendo las explicaciones, adaradones y advertendas en todo caso en que hagan falta para lograr el consentimiento enterado de los otorgantes al acto notarial.

En fin, hemos pronunciado que el notario que falla a la sociedad y a los que ante él comparecen en este fundamental aspecto de aclaración e ilustración será el coautor de un consentimiento enfermo e ineficaz en derecho y habrá traicionado la fe de la que es principal guardador.

B. Por otra parte, el Código de Ética Profesional contiene los principios éticos que rigen la profesión de la abogacía en Puerto Rico. En particular, el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, establece que es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y los testigos ser puntual con su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Dis-pone, además, que los abogados deben asegurarse de no causar indebidas dilaciones en la tramitación y solución de las causas. En In re Rosario Maisonet, supra, expresamos que viola este canon el abogado que mediante su conducta ocasione dilaciones y confusiones innecesarias. También en In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354, 358 (1999), reiteramos que los abogados tienen que responder con premura a los requerimientos relacionados a quejas por conducta profesional, pues hacer lo contrario conlleva graves sanciones disciplinarias.

Por otro lado, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en parte, que la conducta de un abogado debe ser sincera y honrada, ante los tribunales, compañeros de profesión y sus representados, y éste no debe utilizar medios que sean incompatibles con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa representación de hechos o el derecho. Cónsono con lo anterior, hemos resuelto que la conducta de todo abogado ante los tribunales debe ser una caracterizada por sinceridad y honradez, y no actúa profesionalmente el abo-gado que no se ajusta a la sinceridad de los hechos al pre-sentar las causas.

Además, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, establece, en lo pertinente, lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta impropia. ...
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida pri-vada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. ...

Al interpretar este canon hemos dicho que los abogados tienen la obligación ética de evitar, tanto en la realidad como en la apariencia, la impresión de conducta conflictiva e incorrecta. Sea en la vida privada como en el desempeño de su función, un abogado debe conducirse en forma digna y honorable. Es impropio que un abogado combine funciones de notario y abogado en un mismo asunto. Así, podemos ejercer nuestra facultad de desaforo aunque las actuaciones del abogado hayan surgido por causas no relacionadas con el ejercicio de su profesión, pues basta que tales actuaciones afecten las condiciones morales del querellado.

C. Por último, según dispone la Regla 14(h) del Reglamento de este Tribunal, supra, corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una vista para recibir la prueba y rendir un informe con sus conclusiones de Derecho. Al desempeñar una función similar al juzgador de instancia, el Comisionado Especial se encuentra en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y adjudicar credibilidad, por lo que sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. Por lo tanto, aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de la Comisionada Especial en un procedimiento disciplinario contra un abogado, y podemos adoptar, modificar o rechazar tal informe, de ordinario sostendremos sus determinaciones de hecho, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto.

III

Con el beneficio de la normativa antes expuesta, pasa-mos a evaluar los hechos que motivan la presente querella para determinar si en efecto el querellado cometió los car-gos imputados.

A. En el Cargo I se imputó al querellado haber violado el requisito de la dación de fe pública notarial establecido en la Sec. 17 de la anterior Ley Notarial de 1956, Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956, pues el querellado autorizó una escritura sobre “Segregación, partición y adjudicación”, que tenía un negocio jurídico inexistente por disposición de ley. Esto, por no haberse obtenido la aprobación de la A.R.Pe. para la segregación de los terrenos mencionados en dicho documento público. Entendemos que el querellado violó la fe pública notarial en él depositada. Veamos.

La Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos en su Art. 22, dispone, en lo pertinente, lo si-guiente:

Carecerá de eficacia cualquier otorgamiento de escritura pú-blica o contrato privado de lotificación si no ha sido sometida previamente dicha lotificación a la consideración de la Admi-nistración de Reglamentos y Permisos y no ha sido aprobada por ésta, excepto en aquellos casos en que lo permita el Regla-mento de Lotificación; Disponiéndose, que cualquier otorga-miento por medio de escritura pública o contrato privado en el cual se haga una lotificación sin haber sido previamente some-tida y aprobada por la Administración de Reglamentos y Per-misos, cuando ello fuere necesario, quedará ratificado y conva-lidado si, con posterioridad a dicho otorgamiento, la Administración de Reglamentos y Permisos aprobare, me-diante resolución, la lotificación objeto de la escritura o con-trato privado. (Énfasis nuestro.)

Respecto a este particular, en Rodríguez Padilla v. Cabassa, 102 D.P.R. 419, 421 (1974), resolvimos que la inter-dicción que prescribe el artículo antes citado es absoluta. Es decir, una escritura de segregación no tiene eficacia si no ha sido aprobado previamente por la A.R.Pe. No obs-tante, se atenúa el rigor de la prohibición admitiendo la convalidación del contrato si con posterioridad la A.R.Pe. aprobase la lotificación.

Como cuestión de umbral, no surge del expediente que A.R.Pe. haya aprobado la segregación contenida en la Es-critura Núm. 20 sobre “Segregación, partición y adjudica-ción” que autorizó el querellado el 17 de septiembre de 1983. De hecho, en ninguna de las cláusulas de dicha es-critura se hace referencia a los permisos de A.R.Pe. Ade-más, resulta que han pasado más de 25 años desde que se autorizó la mencionada escritura y aún dichos comuneros, incluido el querellado, no han obtenido los permisos de se-gregación de A.R.Pe. Ciertamente, como custodio de la fe pública notarial, cuando el querellado autorizó la escritura en controversia, con su firma y sello notarial dio fe y ase-guró que ese documento cumplía con todas las formalida-des —tanto formales como sustantivas— y que ese docu-mento era legal y verdadero. Sin embargo, dicha escritura carecía de los permisos de la A.R.Pe. necesarios para el negocio jurídico que autorizó el querellado, entiéndase la segregación de un terreno.

Como conocedor del Derecho, el querellado debía estar al tanto de los requisitos que exigía la ley para los negocios jurídicos que autorizaba. Más aún, el querellado tenía que conocer el deber que le ocupa de cerciorarse que sus clien-tes fuesen conscientes de las posibles implicaciones a las que podían enfrentarse de no contar con los permisos re-queridos por las agencias pertinentes. De acuerdo a los he-chos particulares de este caso y según surge de la antes mencionada escritura, el querellado falló en asesorar a sus clientes y en autorizar una escritura de segregación con arreglo a las leyes. Aun así, el querellado estampó su firma y sello al final de la escritura en representación de la da-ción de fe notarial en él depositada, la cual asegura que la autorización del documento se hizo con arreglo a las leyes.

En el Cargo II se imputó al querellado haber violado los Cánones 12 y 38 del Código de Etica Profesional, supra, según resuelto en In re Rosario Maisonet, supra, por haber actuado como abogado y notario en un mismo asunto, y fungir como comprador y vendedor de terrenos de la Suce-sión que fue su cliente. En síntesis, de los hechos antes expuestos surge claramente que el querellado intervino como abogado y como notario en reclamaciones habidas en-tre los herederos del matrimonio Castro-Feliú, bisabuelos de la quejosa en este caso. El querellado, además, se con-virtió en comunero de un terreno que originalmente perte-neció a los bisabuelos de la quejosa, y es el objeto de dis-puta entre el querellado y la quejosa. Como si no fuera suficiente, el querellado demandó en varias ocasiones a miembros de la referida Sucesión, causando dilaciones y confusiones innecesarias en contravención al Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra. Todo lo anterior, cons-tituyó además una grave falta al Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra, el cual prescribe que abogados tienen la obligación ética de evitar, tanto en la realidad como en la apariencia, la impresión de conducta conflictiva e incorrecta.

Asimismo, en el Cargo III se imputó al querellado la violación al Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra, debido a que éste interpuso una demanda de inter-dicto posesorio y luego una solicitud de sentencia sumaria en contra de la quejosa con conocimiento de la frivolidad de sus planteamientos. Esto en contravención al mandato del citado Canon 12 respecto al deber del abogado en ser con-ciso y exacto en el trámite de sus causas. Igualmente, en el Cargo IV se imputó al querellado haber faltado al Canon 35, supra, y la Regla 9 de Procedimiento Civil de 1979, pues en el caso de interdicto posesorio antes mencionado, el querellado indicó que desistía de su reclamación porque la quejosa había aceptado comprar su participación y la de los demás herederos, información a base de la cual el tribunal de instancia desestimó la acción sin peijuicio. Sin embargo, el querellado envió una carta a la quejosa en la que indicó que había desistido de la demanda por conside-ración al padre de ella, pero que estaba preparado para llevar el caso hasta las últimas consecuencias jurídicas, lo cual no sería necesario si ella (refiriéndose a la quejosa) estuviera dispuesta a comprar la participación de él en el terreno.

Sin duda, la actuación del querellado a la que hacemos referencia constituye una violación al deber ético que im-pone el Canon 35, supra, concerniente a la sinceridad y honradez que debe reflejar un abogado para con los tribu-nales, sus compañeros y la sociedad en general. Indepen-dientemente de cuál fuera la verdadera motivación del querellado para desistir de la demanda, lo cierto es que éste fue contradictorio con las razones que le expuso al Tribunal en comparación con la que le informó a la parte demandada. Al mismo tiempo, el querellado incumplió con la Regla 9 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), que indica que la firma de un abogado equivale a cer-tificar que el abogado leyó el escrito, "que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundado, y que no ha sido interpuesto para causar demora u opresión”. Esto cuando firmó tanto la Moción de desisti-miento como la carta dirigida a la quejosa, pues el quere-llado tenía conocimiento de que los fundamentos incluidos en ambos documentos no eran verdaderos. Además, el de-sistimiento de la acción a base de información falsa, se-guido por el envío de la carta a la quejosa aparenta a todas luces que tal actuación fue incurrida con el propósito de causar opresión a la quejosa.

En el Cargo V se imputó al querellado haber infringido el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, como consecuencia del patrón de persecución que mantuvo el querellado hacia la quejosa, el cual resultó en dos órdenes de protección por acecho contra el querellado. Entendemos que estas actuaciones del querellado para con la quejosa son del todo contrarias a lo que debe ser el comportamiento de un abogado, y atentaron contra la dignidad de la profe-sión de la abogacía. Hemos reiterado que tanto en la vida privada como en el desempeño de su función, un abogado debe conducirse en forma digna y honorable. Además, debe esforzarse en exaltar el honor y la dignidad de su profesión aunque eso conlleve sacrificios personales. Evidentemente, no se honra ni exalta la profesión de la abogacía incu-rriendo en conducta que motive solicitudes de órdenes de protección por acecho.

Finalmente, debemos señalar que además de las faltas éticas antes discutidas, el querellado desatendió en varias ocasiones las órdenes de este Tribunal a los efectos de con-testar la querella presentada en su contra. Esto, en clara violación al Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, sobre el cual hemos expresado que los abogados tienen que responder con premura a los requerimientos relaciona-dos a quejas por conducta profesional, pues hacer lo con-trario conlleva graves sanciones disciplinarias. Luego de haber analizado los hechos que motivaron la querella que atendemos hoy, opinamos que el Ledo. Miguel Hernández Vázquez faltó a la fe pública notarial en él depositada y se apartó de los principios éticos que rigen la profesión de la abogacía.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, ordenamos la sus-pensión inmediata e indefinida del Ledo. Miguel Hernán-dez Vázquez del ejercicio de la abogacía y de la notaría. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello del licenciado Hernández Vázquez.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir representándolos, de devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados y de informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá certificarnos en 30 días del cumplimiento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       También conocido como Lino Sagardía Castro.

       Dicho affidávit núm. 488 no se encuentra en el expediente, sino una certifi-cación del asiento practicado en el Registro de Testimonios del querellado.

       También conocida como Venancia Castro Feliú.

       También conocido como Lino Sagardía Castro.

       María Mercedes y Saturnino, ambos de apellido Sagardía Castro, son la tía y el padre de la quejosa, respectivamente.

       Los demandantes alegaban que los demandados estaban poseyendo el te-rreno en controversia en concepto de herederos, y que así lo hizo constar el Sr. Saturnino Sagardía Castro en el documento público autorizado por el querellado. Por su parte, los demandados alegaron que su posesión era pacífica, pública y en con-cepto de dueño por más de 60 años, y que el referido documento público fue firmado por el Sr. Saturnino Sagardía Castro por invitación del querellado, sin saber lo que firmaba.

       El acuerdo fue firmado por los demandados y su abogado y por el querellado en representación de los demandantes.

       El terreno se dividió en cuatro predios. Dos de ellos con cabida de 1,102.6754 m/c y 1,102.1187 m/c, respectivamente. Otros dos, con cabida de 660.3392 m/c y 60.9Í33 m/c, respectivamente, para uso público.

       La Escritura Núm. 76 sobre “Compraventa” fue autorizada por el notario Raúl Aquino Figueroa el 17 de septiembre de 1983.

       A través de la Escritura Núm. 111 sobre “Compraventa”, autorizada por el notario Nelson Bassatt, el querellado vendió el predio de terreno a los esposos, Sr. Santos Martín Lamberty y Sra. Nélida Solares Rivera.

       La Sra. Fundadora Castro Caraballo fue dienta del querellado en el caso sobre “División de comunidad de bienes” contra la Sucesión de la Sra. María Francisca Castro Feliú.

       El querellado solicitó el desalojo de los demandados y la destrucción o eli-minación de cualquier edificación u objeto dentro de la propiedad.

       La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, a la que se hace referencia en este caso fue derogada por este Tribunal el 4 de septiembre de 2009 mediante la adopción de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009. In re Aprobación Rs. Proc. Civil, 176 D.P.R. 673 (2009).

       Surge del expediente que la carta de 23 de febrero de 2000 lee como sigue: “Estimada señora Sagardía: Actualmente usted está ejerciendo posesión de un te-rreno donde yo tengo una participación económica. En el pasado llevamos una acción la cual desistimos sin peijuicio en consideración a su difunto padre; Saturnino Sagardía. Sinembargo [sic] en estos momentos estamos preparados para llevar el caso a las últimas consecuencias jurídicas. Esto no sería necesario si usted está dispuesta [a] comprarnos nuestra participación en dicho terreno, por lo que la invito a que nos visite acompañada si así usted lo prefiere o con grabadora para que grabe nuestra conversación el día y hora que usted entienda conveniente, para lo que le pido que nos llame al [###-####] para concertar la cita. Cordialmente, Ledo. Miguel Hernández Vázquez”. Apéndice de la Querella del Procurador General de Puerto Rico, pág. 94.

       El 14 de junio de 2002 el querellado, Ledo. Miguel Hernández Vázquez, se limitó a presentar como contestación a la queja de la Sra. Carmen M. Sagardía Miranda una moción para que este Tribunal admitiera como su contestación una copia de la que había presentado ante el Colegio de Abogados para refutar otras querellas que le había presentado la quejosa, por los mismos hechos, y que habían sido archivadas. No obstante, el querellado no abundó en las alegaciones relaciona-das con las imputaciones que hiciera la quejosa en cuanto a “las transacciones ilega-les” y la utilización de “otros notarios” para tales fines, la compra y venta a sus familiares de terrenos que no le pertenecían y sin la debida autorización de las agencias gubernamentales, el conflicto de intereses en que incurrió él al demandar a una sucesión que fue su cliente, y las amenazas dirigidas a la quejosa. Esto, a pesar de que este Foro le concedió una prórroga de 30 días para contestar la queja presen-tada en su contra.

       Véase esc. 11.

       “Cuando el(la) abogado (a) o el(la) Notario(a) hayan presentado su contes-tación, o haya transcurrido el término concedido para contestar, el(la) Secretario(a) remitirá la queja y la contestación, o la queja y una expresión al efecto de que no ha sido contestado, según fuese el caso, al(la) Director(a) de la Oficina de Inspección de Notaría, respectivamente, para que éstos(as), dentro del término de treinta (30) días, se expresen sobre las mismas y hagan la recomendación que estimen pertinente.” 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(d).

       Por conducto de la Procuradora General Auxiliar.

       La Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, a la que se hace referencia en este caso fue derogada por este Tribunal el 4 de septiembre de 2009 mediante la adopción de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009. In re Aprobación Rs. Proc. Civil, supra. Esta regla, a su vez, fue enmendada por la Ley Núm. 220 de 29 de diciembre de 2009 y la Ley Núm. 98 de 26 de julio de 2010.

       Según surge de la querella sometida por el Procurador General, en dichas órdenes se requiere al abogado querellado abstenerse de acercarse o entrar a la residencia de la quejosa, a la escuela a la que ésta asiste y sus alrededores, y al lugar de empleo y sus alrededores.

       La Resolución se notificó el 18 de mayo de 2006.

       La Resolución se notificó el 2 de octubre de 2006.

       “Se celebrará una vista para recibir la prueba sobre la querella. El tribunal podrá ordenar que se celebre ante sí o, en el uso de su discreción podrá nombrar un Comisionado Especial para que reciba la prueba y rinda un informe con sus deter-minaciones de hecho.” 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(h).

       Esta ley fue derogada mediante la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, conocida como la Ley Notarial de Puerto Rico de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2001 et seq.). Sin embargo, la escritura a la que se hace referencia en el Cargo I se autorizó durante la vigencia de la anterior Ley Notarial de 1956.

       La Sec. 17 de la anterior Ley Notarial es análoga al Art. 15 de la Ley Notarial vigente, 4 L.P.R.A. see. 2033, respecto a varios requisitos de redacción y contenido para las escrituras públicas. In re Martínez Ramírez, 142 D.P.R. 329, 342 esc. 5 (1997). No obstante, en lo que respecta a la expresión de dación de fe pública notarial, el equivalente a la mencionada Sec. 17 es el Art. 26 de la actual Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2044.

        In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).

       Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico de 1987 (4 L.P.R.A. sec. 2002).

        In re Raya, 117 D.P.R. 797 (1986); In re Lavastida et al., 109 D.P.R. 45 (1979).

        In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976).

       íd.

       íd.

        In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 311 (2000).

        In re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999); In re Peña Clos, 135 D.P.R. 590 (1994).

        In re Vélez Lugo, 164 D.P.R. 751 (2005).

        In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977).

        In re Vélez Lugo, supra.

        Colegio de Abogados de P.R. v. Barney, 109 D.P.R. 845, 848 (1980).

        In re García Aguirre, 175 D.P.R. 433 (2009); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012, 1016 (1994).

        In re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007); In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003); In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994).

       Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. ant. sec. 71u).
      A pesar de que dicha ley fue derogada mediante el Art. 19.10 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, el Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3, dispone que las leyes no tendrán efecto retroac-tivo a no ser que expresamente se disponga lo contrario. En armonía con lo anterior, el Art. 18.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos establece, en lo pertinente, que: “Cualquier acción civil radicada en relación con la estructuración de cualquiera de las leyes, o partes de éstas, derogadas o afectadas por esta Ley, y en trámite antes de la fecha de vigencia de esta Ley, no quedará afectada por ninguna de las derogaciones o modificaciones formuladas por esta Ley.”

       La Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, a la que se hace referencia en este caso fue derogada por este Tribunal el 4 de septiembre de 2009 mediante la adopción de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009. In re Aprobación Rs. Proc. Civil, supra. Esta regla, a su vez, fue enmendada por la Ley Núm. 220 de 29 de diciembre de 2009 y la Ley Núm. 98 de 26 de julio de 2010.


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text:
    Medardo Negrón Ramos, peticionario, v. Xiomara Alvarado Cruz, recurrida.

      Número: CC-2009-684

      Resuelto: 5 de enero de 2011

      Oscar Acarón Montalvo, abogado del peticionario.
   SENTENCIA

La controversia ante nuestra consideración en el caso de epígrafe versa sobre el efecto que tuvo la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009 (Ley Núm. 215) —que extendió los términos para la acción de impugnación de filiación y la manera como computarlo— sobre los casos pendientes ante los tribunales a la fecha de su aprobación. En este caso, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda ins-tada originalmente por haberse presentado fuera del tér-mino de caducidad de tres meses dispuesto para tal acción en el Art. 117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 465. El foro apelativo intermedio confirmó esta determinación.

Pendiente de atender el recurso de certiorari presentado por el peticionario ante nuestra consideración, se aprobó la Ley Núm. 215. Ante el nuevo término dispuesto en esta ley, el 12 de febrero de 2012 emitimos una orden de mostrar causa dirigida a la recurrida en la cual la conminamos a que se expresara sobre este asunto y del porqué no debía-mos expedir el auto solicitado y revocar a los foros inferiores. Esta no compareció, por lo que pasamos a resolver.

Estudiadas las disposiciones de la Ley Núm. 215, así como su historial legislativo, resolvemos que, conforme cla-ramente se dispone en el Art. 6 de la Ley Núm. 215, la intención de la Asamblea Legislativa fue que las disposicio-nes de esta ley aplicasen a los casos que estuviesen pendien-tes ante los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico —como el de autos— a la fecha de su aprobación. Por lo tanto, procede revocar el dictamen del foro de instancia, confirmado por el tribunal apelativo, que desestimó la de-manda que se había presentado y reinstalarla. Se devuelve el caso de epígrafe al foro primario para que allí continúen los procedimientos acorde con lo aquí dispuesto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Den-ton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez, a la que se une el Juez Pre-sidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Tenemos ante nuestra consideración una controversia que requiere nos expresemos sobre el efecto que tuvo la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009 (Ley Núm. 215), que extendió el término para la acción de impugnación de filiación dispuesto en el Código Civil, sobre aquellos casos pendientes ante los tribunales a la fecha de su aprobación.

I

El 19 de enero de 1995, las partes en este caso, el señor Medardo Negrón Ramos y la señora Xiomara Alvarado Cruz, contrajeron matrimonio. Durante la vigencia del ma-trimonio nacieron tres hijos varones, E.A.N., nacido el 27 de abril de 1997, A.D.N.A., nacido el 10 de marzo de 2001, y J.Y.N.A., nacido el 15 de diciembre de 2006. Todos se inscribieron en el Registro Demográfico como hijos de la pareja conyugal.

El 12 de agosto de 2008, el peticionario presentó una demanda de divorcio invocando la causal de adulterio y de trato cruel. En la demanda adujo que, casado con la señora Alvarado Cruz, escuchó comentarios que ponían en duda su paternidad respecto a sus hijos, por lo que realizó prue-bas de ADN para corroborarla. El 14 de julio de 2008 se produjeron los resultados de estas pruebas y éstos indica-ban que dos de sus hijos, A.D.N.A. y J.Y.N.A. no eran sus hijos biológicos. El señor Negrón Ramos incluyó los resul-tados de estas pruebas en su demanda como evidencia de lo alegado e impugnó la paternidad de los menores. Solicitó también la custodia del único de los tres menores que, se-gún las pruebas, era su hijo biológico.

La señora Alvarado Cruz contestó la demanda, recon-vino por la causal de trato cruel y solicitó la desestimación de la acción de impugnación por entender que ya había transcurrido el término de caducidad de tres meses dis-puesto en el Código Civil para impugnar la presunción de paternidad. Presentó, además, una solicitud urgente para que se fijaran las relaciones paterno-filiales y una pensión alimentaria pendente lite.

El 5 de diciembre de 2008, el Tribunal de Primera Ins-tancia dictó sentencia de divorcio y concedió la custodia y patria potestad de E.A.N. al peticionario, y la de los otros dos menores a la señora Alvarado Cruz, fijó una pensión alimentaria y estableció las relaciones materno-filiales con E.A.N.

El 17 de marzo de 2009, el peticionario presentó un es-crito ante el foro primario que tituló Solicitud de En-mienda de Demanda. En éste solicitó enmendar la de-manda de divorcio para incluir como codemandados a los Sres. Jesús A. Nieves y Juan Figueroa, presuntos padres de J.Y.N.A., y al Sr. Rolando Díaz Marrero, presunto padre de A.D.N.A. El peticionario solicitó que “se incluy[era] a los anteriores como demandados al efecto de que se les filie con los anteriores niños y respondan por ellos a todos los fines legales”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 45.

El 31 de marzo de 2009, el Tribunal de Primera Instan-cia emitió una Resolución en el caso de divorcio en la que indicó que “el asunto de la impugnación de paternidad” había quedado “sometido” a su consideración luego de cele-brada la vista en la cual se había declarado “con lugar” la demanda de divorcio. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 47. El tribunal desestimó la impugnación de paterni-dad por haber caducado el término para instarla según lo establecido en el Art. 117 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 465.

Inconforme, el señor Negrón Ramos acudió ante Tribunal de Apelaciones. Señaló que tanto la Resolución recu-rrida como el Art. 117 del Código Civil eran inconstitucio-nales por violar la igual protección de las leyes. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. El Tribunal de Apelacio-nes confirmó el dictamen de instancia mediante sentencia notificada el 6 de julio de 2009. De esta determinación, el señor Negrón Ramos compareció ante nosotros. Pendiente de consideración el recurso, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009 para enmendar el Art. 117 del Código Civil y modificar el tér-mino para impugnar la presunción de paternidad, así como la forma en que se computa este término.

Así las cosas, el 12 de febrero de 2010 emitimos una or-den de mostrar causa dirigida a la recurrida en la que le solicitamos que se expresara sobre por qué no debíamos ex-pedir el recurso instado y revocar la sentencia recurrida, según las disposiciones de la Ley Núm. 215. La parte recu-rrida no compareció ni solicitó un término para comparecer.

II

La Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009 enmendó el Art. 117 del Código Civil para modificar el término de caducidad para ejercitar la acción de impugnación de pre-sunción de paternidad de los hijos, así como la manera en que se computa este término. Previo a la enmienda, el Art. 117 disponía lo siguiente:

La acción para impugnar la legitimidad del hijo deberá ejer-citarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la inscripción del nacimiento en el registro si el marido se hallare en Puerto Rico, y de los seis (6) meses si estuviere fuera de Puerto Rico, a contar desde que tuvo conocimiento del nacimiento. (Énfasis nuestro.) 31 L.P.R.A. see. 465.

Del texto transcrito se desprende que en aquellas situa-ciones en que el marido "se hall[a] en Puerto Rico”, como ocurre en el de autos, su término para impugnar la pater-nidad de su presunto hijo es de tres meses. Este término es de caducidad apreciable de oficio, según hemos dispuesto reiteradamente. González Rosado v. Echevarría Muñiz, 169 D.P.R. 554, 561 (2006); Santiago Ojeda v. Cruz Maldonado, 109 D.P.R. 143, 146 (1979).

Por otro lado, la Ley Núm. 215 modificó sustancial-mente el contenido del Art. 117 del Código Civil. Éste ahora dispone de la siguiente manera:

La acción para impugnar la presunción de paternidad o de maternidad, por parte del padre legal deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha de [sic] que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de esta Ley, lo que sea mayor. (Énfasis nuestro.) 31 L.P.R.A. see. 465 (Supl. 2010).

Como se advierte, cambian dos cosas. Por un lado, el término de tres meses se aumentó a seis, pero más impor-tante, se modificó la forma como se computa este término. Así, para marcar el comienzo del cómputo del término ya no se partirá de la inscripción del menor en el Registro Demográfico cuando el padre se encontrara en Puerto Rico, o desde que éste se enterara del nacimiento si se encon-trara fuera; ahora, su decurso se da “a partir de la fecha de [sic] que se advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de esta Ley, lo que sea mayor”. Con esta determinación, la Asamblea Legisla-tiva quiso cerciorarse de que “la realidad jurídica [fuese igual a] la biológica”, y expresó su deseo de “armoniza [r] nuestro ordenamiento jurídico con los avances científicos y codificar normas dictadas por vía de jurisprudencia”. P. del S. 1195, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009.

La Asamblea Legislativa quiso, además, extender la norma establecida “a todos [los] casos que estén presenta-dos ante nuestros tribunales, impugnaciones de paterni-dad o de maternidad, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 215. Ello, “[c]omo medida de derecho transitorio ...”. Informe de la Cámara de Representantes, Comisión de lo Jurídico, pág. 3. En lo pertinente, la primera oración del Art. 6 de la Ley Núm. 215 dispone lo siguiente: “Toda acción de impugna-ción de filiación pendiente ante los tribunales se le aplicará lo dispuesto en esta Ley.” Esta disposición del Art. 6 no deja duda de que la intención del legislador fue que el nuevo plazo para impugnar la paternidad y la nueva forma de computarlo aplicasen a aquellos casos que se encontra-ran ante la consideración de los tribunales del país al mo-mento de aprobarse y entrar en vigor la Ley Núm. 215.

Delimitado el marco jurídico que debemos aplicar en este caso, sólo nos resta repasar los hechos ante nuestra consideración para resolver esta controversia.

III

Iniciamos señalando que conforme el estado de derecho vigente al momento de instarse la demanda de autos, no hay duda de que el término con que contaba el peticionario para impugnar la paternidad de dos de sus presuntos hijos había caducado, por lo que la determinación de los foros inferiores fue la correcta. Ahora bien, en el transcurso del litigio el derecho aplicable cambió. Veamos.

Como se señaló inicialmente, estando el caso de autos pendiente de atender por este Tribunal, la Asamblea Legis-lativa aprobó la Ley Núm. 215. La nueva ley modificó el término para impugnar la paternidad y cómo éste se com-puta; además, proveyó que lo allí dispuesto fuese aplicable a todos los casos que se estuviesen litigando ante los tribunales. Con lo cual, no cabe otra conclusión que el caso de autos debe evaluarse conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 215.

Habida cuenta que el Tribunal de Primera Instancia desestimó la reclamación de impugnación de paternidad por haber caducado el término para instarla conforme el estado de derecho vigente en ese momento, y ante lo dis-puesto en la Ley Núm. 215, que aplica a casos como los de autos, procede revocar al foro de instancia y devolver el caso a ese foro para que se reinicien los procedimientos desestimados. Reiniciado el proceso, todas las partes con-cernidas tendrán la oportunidad de hacer los planteamien-tos que estimen procedentes y el foro primario los habrá de ponderar y resolver conforme estime correcto.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico en Interés de la Menor C.Y.C.G.

      Número: CC-2007-681

      Resuelto: 5 de enero de 2011

      Ana Rosa Montes Arraiza, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada de la menor peti-cionaria; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Marta E. Ortiz Camacho, procuradora general auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso que tenemos ante nuestra consideración nos brinda la oportunidad de determinar si el padre, la madre, el tutor o encargado de una menor que enfrenta un proce-dimiento al amparo de la Ley de Menores de Puerto Rico puede comparecer a acompañarla, como requiere la refe-rida ley, a pesar de ser uno de los testigos de cargo contra la propia menor.

Por las razones que exponemos más adelante, contesta-mos tal interrogante en la negativa. Pasemos, pues, a ex-poner los hechos que dieron origen a la controversia plan-teada en el caso de epígrafe.

I

Por hechos alegadamente ocurridos el 16 de diciembre de 2006, el 20 de diciembre de ese mismo año se presentó una queja contra la menor C.Y.C.G. en el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Caguas, Asuntos de Menores. A esta menor se le imputó haberse apropiado ile-galmente de ropa, cartera, zapatos y accesorios pertene-cientes a su vecina Verónica Sánchez Ortiz, todo ello con un valor aproximado de $2,000. Así, pues, la falta impu-tada fue por apropiación ilegal agravada en su clasificación de delito grave de tercer grado, según lo establece el Có-digo Penal de Puerto Rico para la apropiación de bienes cuyo valor es de $1,000 o más. Al pie de la queja-querella presentada contra la menor se incluyó una lista de cuatro testigos de cargo, de los cuales la segunda era la Sra. Carmen J. Guadalupe Delgado, madre de la menor.

De acuerdo con los escritos de ambas partes, la madre de la menor prestó una declaración jurada sobre los hechos y en ésta expuso que ella fue quien alertó a la perjudicada Verónica Sánchez sobre la acción de la menor y acudió junto a la perjudicada al cuartel de la Policía para presen-tar la queja contra su propia hija.

El mismo día en que se presentó la queja también se celebró la vista de aprehensión contra la menor. Según consta del expediente, la menor estuvo acompañada única-mente por su madre y allí se le hicieron las advertencias legales correspondientes. A pesar de que, como señalamos, de la propia faz de la queja —entre la corta lista de testigos de cargo— surgía claramente el nombre de la madre de la menor, ni el Ministerio Público —representado por la Pro-curadora de Menores— solicitó ni el tribunal motu proprio ordenó la comparecencia de un defensor judicial para que velara por los mejores intereses y el bienestar de la menor en el procedimiento. A base de los testimonios bajo jura-mento del agente investigador y de la alegada peijudicada, el tribunal de instancia determinó causa probable por la falta imputada, dejando a la menor bajo la custodia de su madre para los procedimientos subsiguientes.

Llegado el día de la vista de determinación de causa probable para presentar querella, la menor compareció al tribunal acompañada por su madre y la Leda. Belisa Rosa Solá, de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), siendo ese el último día de los términos. En esa vista, la Procura-dora de Menores, la Leda. Aida Cruz Oquendo, indicó que su primer testigo sería la madre de la menor.

Ante tal anuncio, la representante legal de la menor se opuso al indicar que la madre había sido quien había acom-pañado a la menor a la vista de aprehensión y a quien, a su vez, el tribunal le había delegado la custodia de la menor. Mientras, la Procuradora de Menores expuso que la madre de la menor era una testigo esencial y que no había impe-dimento para presentarla como testigo de cargo. Entonces, por primera vez, la Procuradora de Menores solicitó que se nombrara un defensor judicial a la menor.

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el foro de instancia acogió el planteamiento de la SAL, denegó la petición de nombramiento de un defensor judicial y deses-timó finalmente la queja por no haberse cumplido con los términos de juicio rápido, según la Regla 6.2(2) de Proce-dimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Inconforme con la determinación del foro de instancia, el Procurador General recurrió ante el Tribunal de Apelacio-nes mediante un escrito de certiorari.

En su recurso ante el foro apelativo intermedio, el Pro-curador General expuso que el tribunal de instancia había errado al privar al Estado de presentar el testimonio de un testigo esencial de cargo y que fue anunciado desde el ini-cio del proceso, ello aunque se tratara de la madre de la menor imputada de falta. Por su parte, la abogada de la menor argumentó, citando la Regla 6.2(2)(d) de Procedi-miento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, que la menor tenía derecho a que, desde la vista de aprehen-sión, se le nombrara y se citara un defensor judicial que velara por su bienestar y sus intereses. Además, señaló que la Procuradora de Menores había actuado de forma negligente al solicitar el nombramiento de un defensor judicial en la misma vista de determinación de causa probable para presentar querella, siendo esa fecha el último día de los términos y a pesar de que “tenía conocimiento del patente conflicto de intereses entre la menor y su madre”.

No obstante, el 25 de junio de 2007 el Tribunal de Ape-laciones expidió el auto de certiorari, revocó la decisión del tribunal de instancia y ordenó la continuación de los pro-cedimientos en ese foro. En lo pertinente, el Tribunal de Apelaciones concluyó lo siguiente en su dictamen:

En cuanto a que la menor estuviera representada por un adulto o representante legal, entendemos que la menor sí es-tuvo adecuadamente representada. En este caso, la menor contaba con una representante legal, la licenciada Belisa Rosa Solá, y además, si fuere necesario se podía asignar al padre como adulto en interés del bienestar del menor. De igual forma, la madre podía servir como testigo de cargo toda vez que la menor estaba adecuadamente representada.

En desacuerdo con la decisión del Tribunal de Apelacio-nes, la parte peticionaria presentó ante esta Curia un re-curso de certiorari en el que expone específicamente que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar: (1) que la me-nor C.Y.C.G. estuvo adecuadamente representada durante los procedimientos acaecidos en instancia, y (2) que el foro de instancia actuó incorrectamente al desestimar la queja por violación a los términos de juicio rápido.

El 22 de agosto de 2007 paralizamos los procedimientos ante el tribunal de instancia y expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver la controversia ante nuestra consideración.

II

A. El origen y desarrollo de los procedimientos de meno-res en Puerto Rico

A pesar de que en 1844 el régimen español en la Isla estableció un Asilo de Beneficencia en el que se recluía a los delincuentes juveniles, entre otras personas, no fue hasta 1902 que se dispuso algo sobre la responsabilidad penal de los menores, esto mediante el Código Penal de Puerto Rico de 1902. Específicamente, el Art. 39 exponía —en lo pertinente— lo siguiente:

Todas las personas son capaces de cometer crímenes, ex-cepto los pertenecientes a las siguientes clases:
(1) Todos los niños menores de siete años; y
(2) Los niños mayores de siete años y menores de catorce, cuando no exista prueba plena de que al tiempo de cometer el acto de que se les acusa, tenían conciencia de su maldad.

Mediante ley aprobada el 9 de marzo de 1905 se creó la Escuela Industrial de Mayagüez, la cual serviría de insti-tución educativa y correccional para jóvenes delin-cuentes. Diez años después, en 1915, se promulgó la pri-mera ley que instauraba un procedimiento especial para el tratamiento y procesamiento de los menores en Puerto Rico: la Ley de Cortes Juveniles, Ley Núm. 37 de 11 de marzo de 1915. Más adelante, ésta fue derogada por la Ley de Menores de 1955, Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955, según enmendada. Esta ley instituyó las salas de menores en el Sistema Judicial de Puerto Rico —también conocidas como Tribunal Tutelar de Menores— estableció la naturaleza civil del estatuto y fijó la edad máxima para un menor en 18 años.

La Ley de Menores de 1955 respondió a un esquema filosófico paternalista y tutelar que sirvió para atender las necesidades del Sistema de Justicia Juvenil entre media-dos de 1955 y principios de 1986. El enfoque principal de esta ley era la rehabilitación del menor delincuente o transgresor. A poco más de tres décadas de promulgada, esta ley se vio debilitada, entre otras razones, por las crí-ticas en cuanto a su inefectividad para lograr el propósito de la rehabilitación. Además, fue enmendada en varias ocasiones, lo que llevó a establecer cambios en su enfoque filosófico.

Con esos aires de cambio, la Legislatura optó por dero-gar el mencionado estatuto y dar paso a una nueva legislación. Fue en ese momento histórico que se aprobó la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 2201 et seq. (Ley de Menores).

B. La Ley de Menores de Puerto Rico

Según se plasma en la Exposición de Motivos de la Ley de Menores, este estatuto “adopta como marco filosófico del Sistema de Justicia Juvenil el humanismo dentro de un enfoque ecléctico de acción e intervención, donde se compatibilicen la propuesta rehabilitadora y el poder y responsabilidad posible inherente al Estado de brindarle toda oportunidad rehabilitativa, así como exigirle al menor un quantum de responsabilidad para dirigir sus actos y responder por éstos”. Esta ley es la que rige actualmente nuestro Sistema de Justicia Juvenil, pues regula “los procedimientos investigativos, judiciales y ejecutivos en los casos en que los menores de edad incurren en conducta constitutiva de delito, según tipificada en el Código Penal o en leyes especiales”.

La Ley de Menores incorpora los derechos básicos que se han extendido al ámbito juvenil para garantizar un procedimiento justo, rápido y eficaz sin alterar el carácter especial del proceso. Conforme a lo anterior, la Ley de Menores se debe interpretar de acuerdo con los propósitos siguientes:

(a) Proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilita-ción y rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad.
(b) Proteger el interés público tratando a los menores como personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento, a la vez que se les exige responsabilidad por sus actos.
(c) Garantizar a todo menor un trato justo, el debido proce-dimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales ,

De acuerdo con la Ley de Menores, el menor es aquella persona que no ha cumplido los 18 años de edad o que, habiéndola cumplido, sea llamada a responder por una falta cometida antes de cumplir esa edad. En cuanto a la jurisdicción del tribunal, el estatuto establece que éste tendrá autoridad para atender todo caso en el que se impute a un menor una conducta que constituya falta, la cual se haya cometido antes de que el menor hubiera cumplido los 18 años de edad.

C. Las garantías que cobijan a los menores en los proce-dimientos judiciales juveniles en Puerto Rico

En la década del 60, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió dos decisiones de gran trascendencia en el desarrollo de los procedimientos de menores, pues recono-ció mayores garantías a los menores imputados de faltas. Uno de esos casos fue Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966), y el otro In re Gault, 387 U.S. 1 (1967).

En In re Gault, supra, el Tribunal Supremo federal dejó claro que las reglas del debido proceso de ley enun-ciadas en la Enmienda Decimocuarta de la Constitución federal aplican en todo procedimiento celebrado ante los tribunales de menores cuando ese proceso pueda culminar en la privación de la libertad del menor. En ese caso el Tribunal discutió los siguientes derechos como requisitos del debido procedimiento de ley en los casos de menores: (1) notificación de la falta que se le imputa al menor; (2) asistencia de abogado; (3) confrontación o careo con los tes-tigos de cargo; (4) guardar silencio y no incriminarse; (5) acceso a la transcripción del récord del procedimiento, y (6) revisión apelativa.

En Puerto Rico, desde ELA en interés R.M.R., 83 D.P.R. 242, 248 (1961), este Foro ha dejado claro que el menor al que se le impute conducta constitutiva de delito puede reclamar aquellas garantías constitucionales que le aseguren un trato justo y un debido procedimiento de ley. Así lo resolvimos bajo el esquema paternalista y tutelar de la Ley de Menores de 1955, y lo ratificamos al amparo del enfoque ecléctico de acción e intervención de la actual Ley de Menores. Claro está, el ejercicio de un derecho por parte de un menor presupone que éste ha sido informado de tal derecho de manera previa, adecuada y oportuna.

El derecho al debido proceso de ley, consagrado en la Enmienda Decimocuarta de la Constitución federal y en la See. 7 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, cobija tanto al adulto como al menor imputado de falta. Este derecho constitucional de tanta relevan-cia constituye, como expresamos en Pueblo u. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 822 (2007), la garantía fundamental de protección que tiene un ciudadano contra los posibles abu-sos o usos arbitrarios de poder que cometa el Estado. Ade-más, representa la máxima garantía de la aspirada justicia plena e imparcial. Id.

Algunas de las garantías que se han reconocido a los menores imputados de conducta constitutiva de delito se encuentran pautadas en la Ley de Menores y en las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. Así, pues, hallamos el derecho a representación legal, la protección contra registros y allanamientos irrazonables y la protección contra arrestos sin orden. Además, mediante jurisprudencia hemos extendido a los menores ciertas salvaguardas que protegen a los adultos en el proceso criminal, entre ellas el derecho a juicio rápido, la garantía constitucional contra la autoincriminación, el derecho a rebatir la prueba presentada por el Estado y el derecho a confrontar los testigos de cargo en los procesos en su contra y obtener copia de las declaraciones juradas de los testigos que hayan declarado en la vista de determinación de causa probable para presentar la querella. No obstante el reconocimiento de las mencionadas garantías en los procedimientos de menores, la Legislatura excluyó de forma expresa los derechos de fianza, juicio público y juicio por jurado dado el carácter rehabilitador y confidencial de los procesos al amparo de la Ley de Menores.

D. Los procedimientos judiciales de menores en Puerto Rico

[10] En varias ocasiones hemos expresado que los procedimientos de menores son procesos de carácter civil sui géneris y no se consideran de naturaleza criminal. No obstante, aun cuando tales procedimientos continúan siendo sui géneris, éstos han adquirido matices de natura-leza punitiva que van más allá del propósito rehabilitador y paternalista de la antigua ley.

Debido al factor que constituye el actual carácter adversativo de los procesos judiciales juveniles, así como el aumento en el reconocimiento de más derechos constitucionales aplicables a los menores, se ha exigido un grado mayor de formalidad en tales procesos, ello sin cambiar la naturaleza especial de éstos. Los mencionados dos factores se unen al hecho de que los menores imputados están sujetos, como los adultos, a la posible reclusión en una institución disciplinaria y, por lo tanto, a la privación de su libertad. Pueblo en interés menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 13 (1999). Ante esta realidad, nuestro ordenamiento jurídico juvenil levanta como bandera el principio de rehabilitación en el que está predicado y reafirma que nadie será privado de su libertad sin el debido proceso de ley. íd.

En nuestro ordenamiento jurídico, los procedimientos judiciales de menores se rigen tanto por las disposiciones de la Ley de Menores como por las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, las cuales fueron adoptadas por este Foro en 1987. En conjunto, ambas fuentes de derecho crean el esquema jurídico que se sigue en los procedimientos de menores. Específicamente, la profesora Dora Nevares-Muñiz nos señala que las etapas principales del proceso son las siguientes: (1) la investigación; (2) la aprehensión; (3) la determinación de causa probable para presentar querella; (4) la presentación de mociones ante-riores a la vista adjudicativa; (5) la vista adjudicativa, y (6) la vista dispositiva.

En particular, los procedimientos anteriores a la vista de adjudicación se rigen por la Ley de Menores y las Reglas 2.1 a 2.17 de Procedimiento para Asuntos de Menores. En-tre estas reglas se establecen asuntos acerca de: (a) qué funcionarios podrán realizar la aprehensión del menor (Re-gla 2.1); (b) cómo se expedirá una orden de aprehensión y quién puede dictarla (Regla 2.2); (c) cuáles son los requisi-tos de la orden de aprehensión (Regla 2.3); (d) en cuáles circunstancias se podrá realizar una aprehensión sin una orden judicial previa (Regla 2.4); (e) cómo se efectúa una aprehensión de un menor (Regla 2.5); (f) a quiénes deberá informar el funcionario que efectúe la aprehensión del me-nor (Regla 2.6); (g) cuáles advertencias deberá informar el funcionario que realice la aprehensión (Regla 2.7); (h) quié-nes podrán expedir una citación al menor y cuáles son los requisitos de ésta (Regla 2.8); (i) cuál es el procedimiento que se realiza luego de la aprehensión del menor (Regla 2.9); (j) cuál es el procedimiento durante la vista de deter-minación de causa probable para presentar querella (Regla 2.10), y (k) qué ocurre cuando el juez determina causa probable para presentar querella y qué ocurre cuando deter-mina lo contrario (Regla 2.11), entre otros.

Entre las figuras que participan en los procedimientos de menores encontramos al representante legal, los padres, tutores o encargados del menor y el defensor judicial. En cuanto a la representación legal, el Art. 6 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2206, establece que “[e]n todo procedimiento el menor tendrá derecho a estar representado por abogado y, de carecer de medios económi-cos, el tribunal deberá asignarle uno”. Ya hemos reconocido que los menores tienen el derecho a estar representados por abogado en todas las etapas críticas de los procedi-mientos, incluso en la etapa investigativa. Así lo reite-ramos en Pueblo v. Medina Hernández, 158 D.P.R. 489, 505 (2003), al citar con aprobación la norma pautada en In re Gault, supra:

... la cláusula de debido proceso de ley de la enmienda deci-mocuarta exige que en los procedimientos determinantes de delincuencia que puedan resultar en envío a una institución donde se limite la libertad de un menor, éste y sus padres deben ser notificados del derecho del menor a ser represen-tado por un abogado contratado por ellos o, de no tener medios económicos para hacerlo, a que se nombre un abogado para tal fin. (Enfasis suprimido.)

Además, el Art. 11 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2211, exige la presencia de un abogado en el momento en que el menor renuncie a cualquier derecho constitucio-nal, excepto para renunciar al derecho de asistencia legal.

Por su parte, y como una exigencia claramente distinta al derecho a representación legal, el Art. 37(g) de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2237(g), establece lo siguiente:

... En todo procedimiento al amparo de este capítulo el me-nor deberá comparecer acompañado de sus padres, tutor, en-cargado o en su defecto, del defensor judicial. Se notificará de toda citación, resolución u orden a los padres, tutor o encar-gado o en su defecto, del defensor judicial del menor. El tribunal podrá encontrar en desacato e imponer la sanción que se establezca por ley, a los padres, tutor o encargado del menor, que sin justa causa falte a los procedimientos previamente citados. Se exceptúa de esta norma, los casos en que el Estado o cualquiera de sus instrumentalidades es el custodio legal de dicho menor. (Enfasis suplido.)

Nótese que el texto de este artículo es claro al señalar que el menor deberá estar acompañado de sus padres, tutor o encargado en todo procedimiento. Esto es, desde la etapa investigativa, si es que el menor es un sospechoso, hasta el momento cuando tiene que comparecer ante la presencia del juez. Así también se implica claramente en las Reglas 2.7 (Advertencias al menor y a sus padres) y 2.8 (Citación; forma y requisitos) de Procedimiento para Asun-tos de Menores, supra. El requisito de que el menor se encuentre acompañado por sus padres, tutor, encargado o defensor judicial cumple una función dual: (1) proteger al menor que con su vulnerabilidad y falta de madurez se enfrenta a las prácticas investigativas de la policía y a los procesos adversativos del Estado y (2) cumplir con el de-ber de ofrecer una adecuada notificación de la queja y de la falta que se imputa al menor, además de los procesos pen-dientes en su contra.

Mientras, el inciso (f) del mismo Art. 37 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2237(f), establece de forma clara cuándo procede el nombramiento de un defensor judicial para el menor. El artículo indica lo siguiente:

... Si el menor afectado por cualquier asunto ante el tribunal fuere huérfano y no tuviere tutor ni persona encargada que lo representare o cuando se estimare necesario, el juez pro-cederá a nombrarle un defensor judicial. La designación de-berá recaer, si fuere posible, sobre un familiar del menor que haya demostrado interés en su bienestar, y si no lo hubiere, el juez podrá designar a una persona idónea. (Enfasis suplido.) 34 L.P.R.A. sec. 2237(f).

El defensor judicial es aquel tutor especial nombrado por el tribunal para que represente a un incapacitado o a un menor en un pleito en particular. Este nombramiento surge por el poder de parens patriae que ostenta el Estado y que tiene como único y principal objetivo garantizar el bienestar de los menores e incapacitados. Asimismo, hemos señalado que dicho nombramiento constituye una excepción a los derechos y las obligaciones que tienen los padres por ostentar la patria potestad de sus hijos menores no emancipados.

El objetivo de que un padre, tutor, encargado o defensor judicial acompañe al menor en los procedimientos investigativos y judiciales consiste en garantizar que el menor conozca y entienda: (1) los procedimientos que se llevan en su contra; (2) las garantías que le cobijan, y (3) las consecuencias jurídicas que podrían resultar de renunciar a éstas. Lo que busca el Sistema de Justicia Juvenil es que cualquiera de estas figuras (padre, tutor, encargado o defensor judicial) sea realmente un adulto interesado en el bienestar del menor.

En el contexto de una confesión ofrecida por una menor, en Pueblo v. Medina Hernández, supra, pautamos que los tribunales deben utilizar el criterio de la “totalidad de las circunstancias” para determinar si el adulto que acompa-ñaba a esa menor durante una confesión ofrecida a las au-toridades era un adulto interesado en el bienestar de la menor. Allí apuntamos que el tribunal, entre otras cosas, deberá analizar si existía alguna rivalidad o conflicto de interés entre el adulto y el menor imputado, y además de-berá evaluar si el adulto interesado tenía la capacidad para comprender la situación por la cual atravesaba el me-nor para así poder brindarle su consejo. Id., pág. 519.

Por otro lado, y como parte del carácter adversativo que se introdujo con la aprobación de la Ley de Menores de 1986, se creó la figura del Procurador para Asuntos de Menores. El Procurador de Menores, conforme lo define el propio estatuto, es un Fiscal Auxiliar del Tribunal de Primera Instancia designado exclusivamente para ejercer sus funciones en los asuntos cubiertos por la Ley de Menores. Este funcionario está investido de todas las facultades y deberes propios de su cargo, así como de todas aquellas atribuciones que señala la propia ley, con el objeto de hacer válidos los preceptos y las medidas en ella expresados.

Entre las funciones de un Procurador de Menores se encuentra realizar las diligencias pertinentes, esto es, “los arreglos necesarios para que el juez nombre un tutor o cus-todio del menor cuando éste no tuviere persona alguna res-ponsable de su custodia legal”, así como de ejercer “cuales-quiera otras funciones necesarias para el desempeño de su cargo”.

III

Luego de exponer el marco jurídico aplicable, procede-mos a analizar y discutir únicamente el primero de los errores planteados. Señala la peticionaria que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que la menor C.Y.C.G. estuvo adecuadamente representada durante los procedimientos ocurridos ante el Tribunal de Primera Instancia. Específicamente argumenta que el Estado tenía la obligación de nombrar un defensor judicial a la menor antes de celebrar la vista de aprehensión.

Por su parte, el Procurador General indica que la menor del presente caso ha estado acompañada en todo momento por un adulto interesado y consciente de los derechos que le cobijan y de las consecuencias de su renuncia a éstos. Añade que no hay duda de que “la madre [de la menor] ha fungido como persona responsable que, a pesar de la dolo-rosa situación que ello pueda representar, pretende buscar ayuda para su hija aunque ello acarree someterla a un proceso judicial’’.

La situación particular que se presenta en el caso de autos se resume en que la madre de la menor es una tes-tigo anunciada por el Estado contra su propia hija, testi-monio para lo cual incluso prestó una declaración jurada desde el mismo inicio del proceso. Aunque no dudamos, como bien argumenta la Procuradora General —y salva-guardando, claro está, la presunción de inocencia que protege a la menor— que la decisión de la madre de compare-cer como testigo junto a la denunciante de su hija —en el contexto de una madre responsable— fue lo mejor que pudo haber hecho, lo cierto es que tal acción finalmente la colocó del lado del acusador de su hija, en un proceso que ya hemos descrito como adversativo.

De manera que, en el procedimiento del Estado contra la menor, madre e hija tienen intereses opuestos, produ-ciéndose un monumental desfase en el rol tradicional de una madre y un claro conflicto. Esto es, la madre actúa en pro de los intereses del Estado, mientras la menor necesita de alguien que vele por su “vulnerabilidad y falta de ma-durez” ante el proceso que enfrenta contra ese Estado. No nos queda duda que tal circunstancia requería, conforme provee el inciso (f) del Art. 37 de la Ley de Menores, supra, el nombramiento de un defensor judicial para la aquí peti-cionaria, antes de la celebración de la vista de apre-hensión.

Ante el claro conflicto entre los roles de la madre de la menor, correspondía, en primer lugar, al Procurador de Menores gestionar el cumplimiento con el requisito de la presencia de una persona idónea que acompañara a esa menor durante la vista de aprehensión, conforme al Art. 37(g) de la Ley de Menores, supra. Así surge claramente de sus deberes conforme los citamos del texto de la propia ley. Igualmente, las salas para atender asuntos de menores, en el ejercicio de su poder de parens patriae y como guardia-nes del proceso, también tienen el deber de detectar tal tipo de conflicto y dar fiel cumplimiento al Art. 37(g) de la Ley de Menores, supra, mediante el mecanismo que la pro-pia ley provee, esto es, el Art. 37(f).

Por otro lado, el foro apelativo intermedio determinó que la menor sí estuvo adecuadamente representada durante la vista de causa probable para presentar querella porque contaba “con una representante legal”. En primer lugar, esas no fueron las circunstancias durante la vista de aprehensión, pues la menor compareció sin abogado y, como ya determinamos, su madre sufría de un claro con-flicto que le impedía acompañarla en el proceso. Pero, con relación a lo acontecido en la vista de causa probable para presentar querella, es menester aclarar, como ya habíamos dejado entrever, que el derecho de un menor a gozar de representación legal durante el proceso en su contra, y el requisito estatutario de la presencia de alguno de sus padres, tutor, encargado o, en su defecto, defensor judicial, son distintos e independientes. El que un menor comparezca con representación legal a enfrentar el proceso en su contra no implica que se ha cumplido con lo dispuesto por el legislador en el Art. 37(g) de la Ley de Menores, supra.

Por último, reiteradamente hemos dicho que las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores “ ‘siguen fun-damentalmente las disposiciones de las Reglas de Procedi-miento Criminal que regulan ... los procedimientos crimi-nales contra los adultos’ ”. Como señalamos, en el caso de autos la defensa de la peticionaria presentó su reclamo ante los foros a quo, basado en la Regla 6.2(2)(d) de Proce-dimiento para Asuntos de Menores, supra, la cual dispone que “no se determinó causa probable conforme a derecho”. Esta regla encuentra su equivalente en la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 32 L.P.R.A. Ap. IV, la cual, en esencia, provee para que un acusado pueda solicitar la des-estimación del pliego acusatorio o cualquier cargo incluido en éste, cuando no se ha determinado causa probable por un juez u ordenado su detención para responder del delito con arreglo a la ley y a derecho. La Regla 64(p) de Pro-cedimiento Criminal, supra, dispone específicamente dos fundamentos para solicitar la desestimación de la acusa-ción o la denuncia: que la determinación de causa se hizo ante ausencia total de prueba o por infringir los requisitos o derechos procesales que se deben observar en la vista.

Recientemente, interpretando los efectos de una deses-timación bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, en Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 D.P.R. 867 (2010), advertimos la existencia de defectos “insubsanables” en el proceso que no permiten su corrección mediante una en-mienda al pliego acusatorio o por la continuación del trá-mite tras la presentación de una nueva denuncia o acusación. En esa ocasión señalamos que si la vista “no se celebró de acuerdo con el procedimiento dispuesto en nues-tro ordenamiento procesal penal o de que no se cumplió con alguna garantía inherente a éste, entonces se debe cele-brar una vista ... en sustitución de la vista ‘anulada’ ”.

Considerando que la vista de aprehensión contra la pe-ticionaria no se celebró conforme a los requerimientos o derechos procesales que dispone nuestro ordenamiento procesal para asuntos de menores, corresponde la anula-ción de ésta y la celebración de una nueva vista de aprehensión.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, se modifica la emitida por el Tribunal de Primera Instancia y, así mo-dificada, se confirma. Se anula la vista de aprehensión ce-lebrada en el caso de autos y se devuelve el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos en consonancia con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Las Juezas Asociadas Señoras Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       Art. 193 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4821).

       Refiérase a la Petición de certiorari, pág. 2, y al Alegato del Procurador General, págs. 1-2.

       En su dictamen, el Tribunal de Primera Instancia señaló lo siguiente:
      “Desde el 20 de diciembre de 2006, la señora Carmen Guadalupe ha estado representando los intereses de su hija, generándose entre ambas la confianza nece-saria para tomar aquellas decisiones que mejor salvaguardaran los derechos de esta última. Nunca se anunció ni se comentó el interés de considerar a la señora Carmen Guadalupe como testigo de cargo. No es sino hasta el 10 de enero de 2007 que se anuncia la testigo, pretendiéndose dejar desprovista a la menor de continuar, como hasta ese momento, a atender su caso a tenor con lo dispuesto en la Regla 6.2(2) de los Procedimientos para Asuntos de Menores.” Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 38.

       En su contexto, la citada regla dispone lo siguiente:

        “Regla 6.2. Mociones antes de la vista adjudicativa

      “Las siguientes mociones deberán presentarse y resolverse antes de la vista adjudicativa:
      “(2) Moción de desestimación basada en las siguientes defensas y objecio-nes surgidas en la tramitación del proceso:
      “(d) que no se determinó causa probable conforme a derecho[.]”

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 59.

       Esta decisión fue archivada en autos y notificada el 3 de julio de 2007.

       Véase Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 69-70.

       Véanse: D. Nevares-Muñiz, Derecho de menores: delincuente juvenil y menor maltratado, 6ta ed. rev., San Juan, Ed. Inst, para el Desarrollo del Derecho, 2009, Sec. 1.1.1, pág. 3; A. Palau de López, Esbozo de la historia legal de las instituciones y tribunales de menores ele Puerto Rico, 2da ed., Río Piedras, Ed. Universitaria, 1975, págs. 27-28. Además, refiérase a Pueblo en interés menor A.L.G.V., 170 D.P.R. 987, 994-995 (2007).

       Palau de López, op. cit, pág. 30.

       Véase Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 3.

       Palau de López, op. cit., pág. 55.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, 1986 Leyes de Puerto Rico 284, 285 (Ley de Menores); Pueblo en interés menores C.L.R. y A.V.L., 178 D.P.R. 315 (2010).

       Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 4.

       Véase la Exposición de Motivos de la Ley de Menores. De acuerdo con la profesora Dora Nevares-Muñiz, hay 4 asuntos principales que distinguen la Ley de Menores de 1955 y la actual Ley de Menores. Éstos son: (1) el cambio de enfoque filosófico de uno penal a uno con fines duales: rehabilitación y protección de la socie-dad mientras se les garantizan derechos a los menores y se les exige responsabilidad penal por sus actos delictivos; (2) la exclusión de los jóvenes indisciplinados de la jurisdicción del Tribunal de Menores debido a que éstos no han violado leyes penales; (3) la reducción del límite de edad (de 16 a 14 años) para que el Tribunal de Menores renuncie a su autoridad para procesar al menor, y (4) la creación de la figura del Procurador de Menores y la delimitación de funciones y responsabilidad de los pro-fesionales de la salud que intervendrán con el menor. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 4.

      Art. 2 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2202.

       Art. 3(o) de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2203(o).

       Art. 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2204.

       La opinión Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966), trata sobre ciertos errores cometidos en el proceso de renuncia de jurisdicción. Allí se resolvió que en ese proceso el menor tendrá derecho a una vista para que muestre causa por la cual el tribunal no debe renunciar su jurisdicción, derecho a representación legal, derecho a que su abogado pueda examinar el expediente judicial y social del caso, y derecho a que la resolución mediante la cual se traslade el caso al trámite ordinario de adultos incluya los fundamentos del juez para la renuncia de jurisdicción.

       Emda. XIV, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008.

       G. Lassa Díaz, Los casos Kent y Gault y el debido procedimiento de ley en los tribunales de menores, 29 Rev. C. Abo. P.R. 637, 666 (1969).

        Pueblo en interés menor G.R.S., 149 D.P.R. 1, 11 (1999).

        Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443, 456-457 (1989).

         Pueblo en interés menor F.R.F., 133 D.P.R. 172, 183 (1993).

       Art. II, Sec. 7 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008.

       Véase el Art. 6 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2206.

       Refiérase al Art. 7 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2207.

       Véase Regla 2.4 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

        Pueblo en interés menor R.G.G., supra.

        Pueblo en interés menor R.H.M., 126 D.P.R. 404 (1990).

       Id.

        Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993).

        Pueblo v. Suárez, 163 D.P.R. 460, 467 (2004).

       Véanse pueblo en interés menor A.L.G.V., supra, pág. 996; Pueblo v. Suárez, 167 D.P.R. 850, 857 (2006); Pueblo en interés menor G.R.S., supra, pág. 10; Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497, 502 (1983).

        Pueblo v. Suárez, supra, pág. 857; Pueblo en interés menor G.R.S., supra, págs. 11-12; Pueblo en interés menor R.G.G., supra, pág. 460.

        Pueblo en interés menores C.L.R. y A.V.L., supra.

       Véase Ley Núm. 33 de 19 de junio de 1987 (34 L.P.R.A. Ap. I-A).

       Véase Nevares-Muñiz, op. cit., págs. 15-16.

       íd., págs. 16-20.

        Pueblo ex rel. F.B.M., 112 D.P.R. 250, 253 (1982).

       El Art. 11 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2211, exige asimismo la presencia de los padres o encargados del menor en la renuncia de cualquier derecho constitucional, incluso, claro está, su derecho a representación legal.

       Véase O. Oquendo Claudio, Renuncia al privilegio contra la autoincrimina-ción en casos de menores, 72 Rev. Jur. U.RR. 227, 230 (2003). También refiérase a Haley v. Ohio, 332 U.S. 596, 599-600 (1948).

       En Pueblo en interés menor F.R.F., supra, pág. 184, resolvimos que “una adecuada notificación a todas las vistas debe ser dada a los menores y a sus padres o guardianes como parte del debido proceso de ley. El derecho a notificación cumple con el propósito de informar al menor y a sus padres o encargados de la falta que se le imputa al menor, con suficiente antelación para la preparación adecuada de su caso”. Véase, además, Pueblo en interés menor E.R.C., 149 D.P.R. 804, 812-813 (1999).
      En In re Gault, 387 U.S. 1, 33-34 (1967), el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya se había expresado sobre el derecho a una adecuada notificación. Ese foro sostuvo:
      .. [I]t would have to yield to the requirements that the child and his parents or guardian be notified, in writing, of the specific charge or factual allegations to be considered at the hearing, and that such written notice be given at the earliest practicable time, and in any event sufficiently in advance of the hearing to permit preparation. Due process of law requires notice of the sort we have described —that is, notice which would be deemed constitutionally adequate in a civil or criminal proceeding. It does not allow a hearing to be held in which a youth’s freedom and his parents’ right to his custody are at stake without giving them timely notice, in advance of the hearing, of the specific issues that they must meet.” (Énfasis y escolio suprimidos.)

        Crespo v. Cintrón, 159 D.P.R. 290, 300 (2003).

       íd.

       Véase Pueblo ex. rel. F.B.M., supra, pág. 253.

       Art. 3(p) de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2203(p), y Art. 12(a) de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2212(a).

       Art. 12(b)(7) y (b)(10), 34 L.P.R.A. sec. 2212(b)(7) y (b)(10).

       En su recurso de certiorari, pág. 6, la parte peticionaria señaló como se-gundo error que el Tribunal de Apelaciones había errado al determinar que el foro de instancia actuó incorrectamente cuando desestimó la queja por violación a los térmi-nos de juicio rápido. Como mediante esta Opinión resolvemos que la vista de apre-hensión celebrada en el caso de autos fue nula, ello significa que los términos de rápido enjuiciamiento nunca comenzaron a decursar, por lo que resulta innecesario discutir el mencionado error.

       Véase Petición de certiorari, págs. 1-2.

       Véase Alegato del Procurador General, págs. 20-21.

       A no ser, claro está, que el padre, la madre, el tutor o el encargado del menor sea, a su vez, su abogado.

        Pueblo en interés menores C.L.R. y A.V.L., supra, pág. 340. Véase, además, Pueblo en interés menor R.G.G., supra, pág. 463.

        Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 D.P.R. 867 (2010); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803, 815 (1998).

        Pueblo v. Rivera Vázquez, supra.

       íd.