author: per curiam:

text:
      In re Federico Comas Montalvo y José M. Rosado Martínez, querellados.

      Número: CP-2005-2

      Resuelto: 10 de noviembre de 2010

      Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras generales, Noemí Rivera de León y Zaira Z. Girón Anadón, procuradoras generales auxiliares, que-rellantes; Margarita Carrillo Iturrino, abogada de José Rosado Martínez, parte querellada; Gabriel García Maya y Dixon Cancel Mercado, abogados de Federico Comas Mon-talvo, parte querellada; Federico Comas Montalvo, pro se; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   per curiam:

Nos corresponde evaluar la procedencia de ciertas alegaciones de conducta impropia contra dos aboga-dos por supuestas violaciones a los cánones del Código de Etica Profesional, en las que incurrieron en la toma de una deposición a la perito de la parte adversa. Tras analizar detenidamente el asunto, concluimos que la conducta de los querellados no infringió estos cánones. Se trató, más bien, de una cuestión de derecho que fue evaluada y re-suelta por el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la supresión de la deposición en controversia. Por lo tanto, ordenamos el archivo de la querella ante nuestra consideración.

El Ledo. Federico Comas Montalvo fue admitido a la práctica de la abogacía el 11 de diciembre de 1975 y de la notaría el 15 marzo de 1976. Por su parte, el Ledo. José Rosado Martínez fue admitido al ejercicio de la abogacía el 3 de enero de 1990 y al de la notaría el 2 de mayo del mismo año.

El 14 de febrero de 2005, la Oficina del Procurador General presentó una querella contra los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez. En ésta, se le imputaron a ambos abogados cinco cargos por alegadas violaciones a los cánones del Código de Etica Profesional, relacionadas con una toma de deposición realizada durante la tramitación del caso Departamento de la Familia v. Raquel Olivencia y José Forestier, Núm. IMM 2002-0062, sobre la remoción de cuatro menores de la custodia de sus padres. Surge del expediente que el licenciado Comas Montalvo representaba a la madre de los menores a través del Programa de Prác-tica Compensada de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, mientras que el licenciado Rosado Martínez representaba al padre a través del Programa Pro-Bono.

En el transcurso del litigio, el 27 de agosto de 2002 se celebró una vista ante el foro de instancia en la cual los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez solicitaron realizar cierto descubrimiento de prueba. Tanto la abo-gada del Departamento de la Familia, Leda. Hilda Vélez Sánchez, como la Procuradora Especial de Relaciones de Familia para Situaciones de Maltrato, Leda. Grace Casanova Castro, se opusieron a la petición de los abogados. El tribunal ordenó a los abogados a prepararse para una vista el 24 de septiembre de 2002.

El 3 de septiembre de 2002, el licenciado Rosado Martí-nez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción informativa para notificar que se proponía tomarle una deposición a la Dra. María Polanco Taveras, la pedia-tra que utilizaría el Departamento de la Familia como pe-rito en el caso. Junto con la moción dirigida al tribunal, presentó una notificación de la toma de deposición dirigida a la doctora Polanco Taveras por conducto de la licenciada Vélez Sánchez. Allí se citó a la doctora Polanco Taveras para una deposición que habría de tomarse el 12 de sep-tiembre de 2002 en las oficinas del licenciado Comas Montalvo. El 9 de septiembre de 2002, la representación legal del Departamento de la Familia presentó en el tribunal una moción en oposición a la toma de deposición a la doctora Polanco Taveras.

Llegado el día de la deposición, la doctora Polanco Tave-ras compareció al lugar indicado, mas las licenciadas Casanova Castro y Vélez Sánchez no asistieron. Aún así, los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez tomaron la deposición a la doctora. Posteriormente, durante la vista celebrada el 24 de septiembre de 2002, ante el Tribunal de Primera Instancia, las licenciadas Vélez Sánchez y Casanova Castro alegadamente supieron de la toma de deposición.

Al día siguiente de la vista, la doctora Polanco Taveras prestó una declaración jurada en la que afirmó, entre otras cosas, que: (1) el licenciado Rosado Martínez le había en-tregado copia de la notificación de la toma de deposición; (2) le había indicado que la licenciada Vélez Sánchez esta-ría presente; (3) acudió a la deposición con la seguridad de que la licenciada Vélez Sánchez estaría allí y de que el documento que se le había entregado era un “documento oficial del tribunal”; (4) al llegar a la deposición no se en-contraban presentes la licenciada Vélez Sánchez ni la li-cenciada Casanova Castro; (5) los licenciados Rosado Mar-tínez y Comas Montalvo accedieron a esperar un tiempo para darle la oportunidad de llegar a las abogadas; (6) luego de esperar por alrededor de quince minutos el licen-ciado Comas Montalvo le indicó que tenían que empezar la deposición y ella se negó a prestar testimonio sin que la licenciada Vélez Sánchez estuviera presente; (7) el licen-ciado Comas Montalvo le indicó que si no deponía ese día “solicitaría del fiscal una orden de detención”; (8) al sen-tirse intimidada y asustada decidió contestar las pregun-tas que se le hicieran, y (9) que todo ese intercambio se hizo antes de comenzar a grabar los procedimientos.

El 26 de septiembre de 2002, un día después de que la doctora Polanco Taveras prestara la declaración jurada y a los dos días de celebrada la vista en el tribunal de instan-cia, el Departamento de la Familia, a través de la licen-ciada Vélez Sánchez, presentó una moción en auxilio de jurisdicción en la que realizó varias imputaciones de con-ducta impropia a los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez en cuanto a la notificación y toma de deposición. Asimismo, argumentó que no procedía la deposición de la doctora Polanco Taveras debido al carácter confidencial del procedimiento de remoción de custodia, según la legisla-ción vigente y solicitó, entre otros, la supresión de la depo-sición en controversia. Luego de varios incidentes procesa-les, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en la que determinó que la toma de la deposición había sido contraria a las reglas vigentes por no haberse solici-tado una citación del tribunal. Por lo tanto, ordenó la su-presión de la deposición.

En mayo de 2003, la licenciada Casanova Castro pre-sentó la queja que dio inicio al procedimiento disciplinario de epígrafe. Luego de la investigación de rigor, ordenamos a la Oficina del Procurador General a presentar la quere-lla, en la cual se imputó a los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez haber incurrido en violaciones a los Cá-nones 5, 15, 18, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Específicamente se alegó que los abogados habían intervenido indebidamente con la testigo de la parte adversa al citarla para una deposición y tomarla sin la abogada del Departamento de la Familia. Asimismo, se les imputó haber hostigado a la doctora Polanco Taveras, haberle provisto información falsa y haber faltado a la dig-nidad y el honor de la profesión. Ambos contestaron la que-rella oportunamente y negaron los cargos imputados.

Como parte del procedimiento disciplinario, nombramos a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez, ex jueza del Tribunal de Circuito de Apelaciones, como Comisionada Especial. Tras varios trámites procesales, las partes estipularon ciertos hechos y prueba documental y se celebró la vista en su fondo en marzo de 2008. La Oficina del Procurador General presentó como testigos a la doctora Polanco Taveras, a la licenciada Vélez Sánchez y la licenciada Casanova Castro. Por su parte, los querellados presentaron su propio testimonio, así como el de la taquígrafa que estuvo pre-sente en la toma de la deposición, la secretaria del licen-ciado Comas Montalvo y el socio de éste.

Concluido el desfile de la prueba, las partes presentaron sus respectivos memorandos de derecho y la Comisionada Especial rindió su informe. Determinó que la prueba no demostró que los querellados hubiesen violado los Cánones 15, 18, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra. No obstante, sostuvo que los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez habían incurrido en conducta contraria al Canon 5, supra, al haber tomado la deposición de la doc-tora Polanco Taveras después de que ella hubiese expre-sado que no quería deponer sin la presencia de las aboga-das del Estado, particularmente en ausencia de la licenciada Vélez Sánchez.

Sin embargo, consideró como factor atenuante el hecho de que los querellados no actuaron de forma intencional al tomar la deposición sin la intervención del tribunal, pues su conducta respondió a la interpretación jurídica que los licenciados hicieron de las normas procesales aplicables. Asimismo, señaló que ambos abogados sirven a la comuni-dad desinteresadamente y prestan servicios legales a per-sonas de escasos recursos económicos, como los demanda-dos en el caso en controversia, y que el proceso disciplinario ha sido largo y tedioso y ha causado tensión y sufrimiento para los querellados.

Sometido el informe ante nuestra consideración, proce-demos a resolver.

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El Código de Ética Profesional recoge las normas mínimas de conducta que guían el comportamiento de los abogados y promueven el desempeño ejemplar de éstos en el ejercicio de su profesión. In re García Aguirre, 175 D.P.R. 433 (2009). Entre los deberes y las responsabilidades que el referido Código le impone a los abogados, se encuentran medidas dirigidas a regular el comportamiento de los abogados en cuanto a su relación con sus clientes, con los testigos y jurados que participan en los casos, con sus compañeros abogados y con los tribunales y sus funcionarios.

A estos efectos, el Canon 5 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, entre otros asuntos, que es intolerable la intervención indebida de un abogado con sus testigos o los de la parte contraria. En este sentido, hemos expresado que es reprochable que un abogado intervenga indebidamente con los testigos con el propósito de salir triunfante en las causas de un cliente. In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55, 63 (1998); In re Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500, 508 (1992).

A modo de ilustración, en In re Vargas Soto, supra, dis-ciplinamos a un abogado por mentirle a un testigo y con-vencerlo para que abandonara el Tribunal, frustrando así la efectiva administración de la justicia, así como por pretender que un testigo variara su testimonio, requiriéndole que indicara haber olvidado, o no recordar, ciertos aspectos de su testimonio. Por otro lado, en In re Clavell Ruiz, supra, tomamos acción disciplinaria contra un abogado que intoxicó y emborrachó a una parte con el propósito de que firmara un documento en el que renunciaba a una herencia. De forma similar, en In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991), advertimos que constituye conducta profe-sional impropia cuando un fiscal utiliza medios ilegales para obtener evidencia o emplear, instruir o estimular su uso por terceros.

De otra parte, el Canon 15 del Código de Ética Profesional, supra, exige que los abogados traten con respeto y consideración a los testigos y abogados de la parte adversa. Por ello, los abogados deben ser siempre corteses y respetuosos, y actuar con el mayor cuidado y prudencia. In re Irisarri Castro, 172 D.P.R. 193, 210 (2007); In re Matos González, 149 D.P.R. 817, 819 (1999). Además, el referido canon dispone que el abogado no debe actuar motivado por la animosidad ni los prejuicios de su cliente, ni debe permitir que éste dirija el caso. El deber de defender vehementemente los intereses de sus clientes no implica que pueda incurrir en comportamiento imprudente. In re Vélez Lugo, 175 D.P.R. 854 (2009); Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1, 7 (1986).

El Canon 15, supra, también prohíbe a los abogados uti-lizar los procedimientos legales de forma irrazonable o como mecanismo para hostigar a la parte contraria. No podemos perder de vista que los abogados son funcionarios del tribunal y deben velar por que los procedimientos se conduzcan correctamente y sin dilaciones innecesarias que socaven el fin último de los tribunales de impartir justicia. In re Martí Fajardo, 161 D.P.R. 351, 357 (2004).

Por su parte, el Canon 18, supra, dispone, en lo pertinente, que el abogado tiene el deber de defender a su cliente diligentemente y actuar de forma adecuada y responsable, según los estándares de la profesión legal. Aclara, no obstante, que este deber de diligencia no autoriza al abogado a incurrir en violaciones a la ley o a valerse de engaños para garantizar la victoria de su cliente, y señala que el abogado debe siempre actuar dentro de los límites de la ley, tomando en cuenta tanto su letra como el espíritu y los propósitos que la informan. Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra. Este canon exige, pues, que el abogado represente a su cliente diligente, competente y honradamente, pero le prohíbe que incurra en actos ilegales o que se valga de engaños para lograr adelantar los intereses de su representado. In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436, 455 (2001); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710, 717 (1998).

Según lo anterior, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los abogados el deber de actuar siempre de manera sincera y honrada. Entre la conducta prohibida por ese precepto se encuentra: la utilización de medios incompatibles con la verdad, inducir a error a un juzgador, la distorsión o supresión de citas jurídicas para transmitir una idea contraria a la que realmente establecen, y la alteración de los hechos al examinar testigos, redactar documentos o presentar causas. Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Este deber de sinceridad y honradez comprende todos los ámbitos de la conducta pro-fesional del abogado y le impone la obligación de condu-cirse siempre de manera digna y honorable, hasta en su vida privada. In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998).

Asimismo, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, impone al abogado el deber de esforzarse al máximo de sus capacidades para exaltar el honor y la dignidad de la profesión. Para ello, le obliga a evitar hasta la apariencia de conducta impropia y a aportar para lograr una mejor administración de la justicia. En cuanto a esta disposición de nuestro Código de Ética Profesional, hemos expresado reiteradamente que “[c]ada abogado es un espejo en el cual se refleja la imagen de la profesión. ... [por lo que debe actuar] con limpieza, lealtad y el más escrupuloso sentido de responsabilidad”. In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313, 319 (1974). Véase In re Rodríguez Vázquez, 176 D.P.R. 168, 177 (2009).

Por otra parte, hemos pautado que el criterio probatorio que ha de utilizarse en procedimientos disciplinarios es el de la prueba clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas. In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001). Este criterio es más fuerte que la mera preponderancia de la prueba, pues los casos de disciplina ponen en juego el título del abogado y, por consiguiente, su derecho fundamental a ganarse la vida. Id. En este sentido, la prueba clara, robusta y convincente ha sido descrita como aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una convicción duradera de que las contenciones tácticas son altamente probables. In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246 (2006); In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005).

Por último, la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dispone el trámite ordinario de los casos disciplinarios. Según ese precepto, le corresponde al Comisionado Especial celebrar una vista para recibir la evidencia que se presente contra el abogado querellado. En vista de ello, el Comisionado Especial está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y ad-judicar credibilidad, por lo que sus determinaciones de he-cho merecen nuestra deferencia. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994). En este sentido, aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de un Comisionado Especial en un procedimiento disciplinario contra un abo-gado, y podemos adoptar, modificar o rechazar tal informe, de ordinario sostendremos las determinaciones de hecho de un Comisionado Especial, salvo que se demuestre prejui-cio, parcialidad o error manifiesto. In re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007); In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994).

Con estos preceptos en mente, atendamos la controver-sia ante nuestra consideración.

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Según mencionamos, la Comisionada Especial deter-minó en su informe que los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez no habían incurrido en violaciones a los Cánones 15, 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Coincidimos con su apreciación. Las determinacio-nes de hechos que realizó la Comisionada demuestran que los querellados no hostigaron ni intimidaron a la doctora Polanco Taveras, ni se valieron de mecanismos fraudulen-tos para lograr la toma de la deposición.

Según se expone en el informe, el testimonio de la doc-tora Polanco Taveras fue confuso y contradictorio en este aspecto, y no mereció la credibilidad de la Comisionada frente al testimonio de los querellados y los demás testigos que se encontraban presentes. La evidencia apunta a que la doctora tuvo la oportunidad de hacer constar el estado de intimidación en el cual supuestamente se encontraba. Sin embargo, no lo hizo aun cuando se le ofreció tal opor-tunidad al principio y al final de la toma de la deposición. Además, terminada ésta, la doctora no se comunicó con sus abogadas para relatarle lo sucedido ni lo hizo en los días subsiguientes. Según declararon ante la Comisionada Especial, los testigos la vieron salir de la oficina en aparente estado de tranquilidad. Asimismo, se le concedieron tres días a la doctora para que leyera y objetara la deposición en caso de que ésta contuviera algo con lo que no estaba de acuerdo. Sin embargo, no hizo señalamiento alguno al respecto. Por todo lo anterior, concluimos que los licencia-dos Comas Montalvo y Rosado Martínez no cometieron las violaciones a los Cánones 15, 18, 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra, imputadas en cuanto a la toma de la deposición.

No obstante, no estamos de acuerdo con la apreciación de la Comisionada en el sentido de que los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez incurrieron en conducta contraria al Canon 5, supra, al tomar la deposición de la doctora Polanco Taveras, luego de que ella expresara que no quería deponer sin la presencia de las abogadas del Es-tado, particularmente en ausencia de la licenciada Vélez Sánchez.

Como muy bien reconoce la Comisionada en su informe, “la controversia que ha dado lugar al presente procedi-miento se acerca más a una de naturaleza jurídica que a una de carácter ético”. Se trata, pues, de una cuestión ju-rídica que fue evaluada y resuelta en su día por el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la supresión de la deposición.

Un estudio de nuestra jurisprudencia sobre el Canon 5, supra, revela que la supuesta intervención indebida de los querellados con la perito de la parte adversa palidece frente a las conductas impropias por las que hemos disciplinado a abogados mediante este canon. En estas últimas ha estado presente la intención de frustrar la búsqueda de la verdad, tergiversándola u ocultándola, con el fin de obtener un triunfo. En la conducta de los querellados no hemos hallado indicios de que éstos obraron con tal intención.

De hecho, la evidencia demuestra que, en cuanto a la toma de la deposición, los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez procedieron de la manera que entendie-ron apropiada y correcta conforme a derecho. En ese sen-tido, los querellados advirtieron al tribunal de su intención de tomar una deposición a la doctora Polanco Taveras y notificaron a esta última por conducto de una de sus abo-gadas, la licenciada Vélez Sánchez. Además, cuando la doc-tora se percató de que sus abogadas no estaban presentes en el lugar de la deposición, los querellados ofrecieron a ésta la oportunidad de comunicarse por teléfono con sus abogadas, lo que hizo sin éxito. Asimismo, los querellados explicaron a la doctora que ella tenía la opción de irse y no contestar las preguntas, en cuyo caso ellos tendrían que acudir al tribunal y solicitar una orden judicial para poder obtener su testimonio.

Al evaluar si los querellados violaron el Canon 5, supra, al tomar la deposición luego de que la doctora Polanco Ta-veras expresara su deseo de no deponer en ausencia de sus abogadas, debemos también ser sensibles al hecho de que la doctrina sobre la toma de deposiciones avala que éstas se tomen en ausencia del abogado de la parte contraria a la se que toma la deposición. Véanse: R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 2910, pág. 312; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 519. Lo anterior fortalece nuestra convicción de que la controversia aquí planteada es de naturaleza jurídica y no ética.

La supuesta violación ética de los querellados es la con-secuencia de haber actuado conforme a su mejor entendi-miento del derecho procesal aplicable a los hechos. Aplicar el peso del Canon 5, supra, en estas circunstancias sería contrario a nuestras expresiones en el pasado.

En vista de que la controversia aquí planteada se trata de un asunto de derecho que ya fue atendido por el foro de instancia, resulta innecesario dirimir esta cuestión en el ámbito disciplinario.

Por consiguiente, ordenamos la desestimación de todos los cargos y archivamos la querella ante nuestra consideración.

IV

Por entender que no se presentó prueba clara, robusta y convincente que nos permita concluir que la conducta de los querellados se apartó de las normas éticas que rigen la profesión de la abogacía, ordenamos la desestimación de los cargos y el archivo de la querella presentada contra los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no intervino.

       La minuta de esta vista no se notificó a las partes hasta el 13 de septiembre de 2002.

       La moción y la notificación fueron firmadas sólo por el licenciado Rosado Martínez y se certificó que se habían enviado a las licenciadas Casanova Castro y Vélez Sánchez, así como al licenciado Comas Montalvo.

       Según se desprende del propio escrito en oposición, éste fue notificado a la licenciada Casanova Castro y al licenciado Rosado Martínez, mas no al licenciado Comas Montalvo. Por otro lado, en su contestación a la querella, el licenciado Rosado Martínez sostiene que esa oposición nunca se le envió. Debemos señalar que del expediente de la querella ante nuestra consideración no obra evidencia de que se haya enviado este escrito al querellado Rosado Martínez.

       Cada uno de los querellados presentó sus comentarios en torno al informe de la Comisionada Especial el 21 de mayo de 2009. La Regla 14(1) del Reglamento de este Tribunal dispone que, una vez notificado el informe del Comisionado Especial, “cada parte tendrá un término simultáneo de veinte (20) días, contados desde la notificación del informe, para ofrecer sus comentarios u objeciones, y sus recomen-daciones en cuanto a la acción que deba tomar el tribunal”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(1). Se dispone, además, que “transcurrido dicho término, el tribunal resolverá lo que en derecho proceda”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(m). En vista de que el informe de la Comisionada Especial se notificó a las partes el 12 de marzo de 2009, ambos escritos fueron presentados fuera del término para ello, por lo que no los consideraremos.

      6) El foro de instancia concluyó que los abogados actuaron incorrectamente al notificar personalmente a la perito sobre la toma de la deposición, sin que mediara una citación expedida por el secretario del tribunal correspondiente, conforme a la Regla 40.4 de Procedimiento Civil de 1979 (34 L.P.R.A. Ap. III), y al no notificar de dicha deposición a una de las partes en el pleito, a saber, a la Procuradora Especial de Relaciones de Familia, asignada al caso, según lo requiere la Regla 27.2 de Pro-cedimiento Civil de 1979 (34 L.P.R.A. Ap. III). El tribunal de instancia entendió que estas “irregularidades procesales” eran serias, por lo que procedía la inadmisibilidad de la deposición.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Gerardo Fernández Amy.

      Número: TS-9708

      Resuelto: 10 de noviembre de 2010

      Lourdes I. Quintana Llórens, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías.
   per curiam:

Hoy, nuevamente nos encontramos en la ne-cesidad de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra un miembro de la profesión legal por su incumplimiento craso con los requerimientos de este Tribunal. A pesar de las oportunidades concedidas, nos vemos obligados a imponer la más severa de las sanciones por una conducta que es temeraria y constituye un desafío a nuestra jurisdicción disciplinaria.

El Ledo. Gerardo Fernández Amy (en adelante licen-ciado Fernández Amy) fue admitido al ejercicio de la abo-gacía el 15 de enero de 1991 y al de la notaría el 16 de julio de 1993.

Obra en el expediente una comunicación de la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías (en adelante ODIN), donde nos informa que, con fecha de 13 de abril de 2004 y 23 de noviembre de 2004, el licenciado Fernández Amy fue notificado a su dirección del expediente para ser inspeccionado. Las gestiones realizadas fueron infructuosas. El 30 de septiembre de 2009 se le cursó al licenciado Fernández Amy una nueva notificación de cita-ción para la inspección de su obra notarial. Informa la Directora de la ODIN lo siguiente:

Ese mismo día 30 de septiembre al número telefónico del no-tario (787)297-8711, que aparece informado por el notario en su último índice notarial el inspector a cargo de su inspección se comunicó personalmente con el notario Fernández Amy y al informarle el propósito de la llamada el cual era notificarle la fecha de la inspección de su obra notarial, el notario cortó la llamada. Intentos seguidos de comunicación telefónica al mo-mento y otros posteriores tuvieron por respuesta un contesta-dor electrónico. A los mensajes grabados dejados en la má-quina no hubo respuesta alguna del notario. A esta fecha el notario no ha tenido ninguna comunicación con ODIN al respecto. Solicitud de orden para inspección, pág. 1.

En la comunicación de ODIN surge que uno de sus ins-pectores se personó a la dirección física de la sede notarial, la cual se encuentra en un complejo residencial con control de acceso. Aun cuando el personal de seguridad colaboró tratando de gestionar la presencia del notario, ésta fue infructuosa. Informa ODIN que la obra notarial del licen-ciado Fernández Amy tiene un severo atraso de inspección por la poca o ninguna colaboración de éste.

Luego de atender la situación planteada por ODIN el 19 de febrero de 2010, emitimos una resolución para ordenar al Alguacil General de este Tribunal que incautara la obra notarial del licenciado Fernández Amy.

Sin embargo, a pesar de las gestiones de la Oficina del Alguacil General para diligenciar la orden emitida, éstas han sido infructuosas. Surge de la comunicación del Algua-cil General que visitaron el complejo de viviendas donde reside el licenciado Fernández Amy en tres (3) ocasiones distintas. En una de estas ocasiones, un vecino del licen-ciado Fernández Amy les comunicó que efectivamente allí residía el letrado. A su vez, la Oficina del Alguacil General visitó varios lugares donde el licenciado Fernández Amy había trabajado. En uno de los bufetes se les suministró la dirección de correo electrónico, número de teléfono e infor-maron que el licenciado Fernández Amy contaba con una página en la red social de Facebook.

Así las cosas, uno de los alguaciles de este Tribunal lo-gró comunicarse con el licenciado Fernández Amy y seña-larle que tenía unos documentos que tenía que entregarle. El licenciado Fernández Amy informó que se encontraba en Hato Rey y que le devolvería la llamada. Sin embargo, el licenciado Fernández Amy no llamó conforme había acordado.

Todo lo anterior apunta a una conducta reiterada de dejadez e indiferencia por parte del licenciado Fernández Amy hacia nuestras órdenes. Además, demuestra su igno-rancia de sus deberes como abogado, así como su desinte-rés en continuar siendo miembro de la profesión. In re Martínez Miranda, 174 D.P.R. 773 (2008).

I

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere urna escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre conducta profesional. In re García Incera, 177 D.P.R. 329 (2010); In re Colón Rivera, 165 D.P.R. 148 (2007). Reiteradamente hemos señalado que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9, supra. In re García Incera, supra; In re Maldonado Ri vera, 147 D.P.R. 380 (1999). A su vez, hemos advertido que procede la suspensión del ejercicio de la profesión cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requeri-mientos. In re García Incera, supra; In re Ríos Rodríguez, 172 D.P.R. Ap. (2007); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007).

En vista de que el licenciado Fernández Amy ha hecho caso omiso a nuestras órdenes en ocasiones reiteradas y ha incumplido sus deberes procede suspenderlo indefinida-mente del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

II

Por los fundamentos expuestos en la opinión per curiam que antecede, la cual se hace formar parte de la sentencia, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría al Ledo. Gerardo Fernández Amy. Se le im-pone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabi-lidad para continuar representándolos, devolverles cuales-quiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judi-ciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, en el término de treinta (30) días a partir de la notifi-cación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Extensión de Términos por Motivo de la Concesión del Día 26 de Noviembre de 2010.

      Número: EM-2010-07

      Resuelto: 12 de noviembre de 2010
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, ha concedido el viernes 26 de noviembre de 2010 libre con cargo a vacaciones a los empleados(as) y funcionarios(as) de la Rama Judicial.

A tales efectos, y en virtud de nuestra facultad para reglamentar los procedimientos judiciales al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplica-bles a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73), y se considerará el viernes 26 de noviembre de 2010 como si fuera día feriado completo. Cualquier término por vencer en ese día se ex-tenderá hasta el lunes 29 de noviembre de 2010, próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Borinquen Container Corporation, recurrida, v. Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, peticionario.

      Número: CC-2007-485

      Resuelto: 12 de noviembre de 2010

      Noel S. González Miranda, abogado de la parte peticionaria; Gilberto Mayo Pagán, abogado de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

El 13 de julio de 2007 expedimos el auto de certiorari solicitado por la parte peticionaria, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (C.R.I.M.). Estando el recurso pendiente para la resolución en los méritos, el 13 de sep-tiembre de 2010 el C.R.I.M. presentó un escrito titulado “Moción para informar sobre acuerdo de transacción y para solicitar que se decida el caso por no ser académico, y en la alternativa, que se anule la sentencia adversa del Tribunal de Apelaciones”.

En esa moción, el C.R.I.M. señala que firmó un acuerdo de transacción con la recurrida Borinquen Container, Corp. (Borinquen) para ponerle fin a éste y otros 15 pleitos. Añade que aun cuando dicho acuerdo fue efectivo el 27 de agosto de 2010, debemos resolver el caso de epígrafe debido a que éste cae dentro de una de las excepciones de la doc-trina de academicidad. En la alternativa, nos plantea que si determinamos que el caso es académico entonces debe-mos anular la sentencia recurrida, la cual fue emitida el 11 de abril de 2007 por el Tribunal de Apelaciones.

El 16 de septiembre de 2010 concedimos un término de 10 días para que Borinquen se expresara en cuanto a la moción presentada por el C.R.I.M. Habiendo transcurrido dicho término sin presentar su respuesta, el 7 de octubre de 2010 concedimos un término final e improrrogable para que Borinquen cumpliera con lo ordenado. Así, pues, el 8 de octubre de 2010 la parte recurrida presentó su moción en cumplimiento de orden.

Luego de evaluar los escritos de las partes, resolvemos que la controversia del caso de epígrafe se ha tornado aca-démica debido a la transacción realizada entre el C.R.I.M. y Borinquen. Por lo anterior, se devuelve el caso al foro de instancia para que desestime la demanda por haberse tornado académica.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió un voto concurrente, al cual se unió la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto concurrente emitido por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, al cual se une la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez.

Emitimos este voto particular para expresar nuestra concurrencia con el resultado al que llega este Tribunal en el caso de autos. No tenemos duda de que la controversia en este caso se tornó académica debido al acuerdo de tran-sacción suscrito por las partes mientras el recurso de epí-grafe estaba pendiente de resolución en este Tribunal. No obstante, por las razones que exponemos a continuación, diferimos de los fundamentos invocados por el Tribunal.

El 13 de julio de 2007 expedimos el recurso de certiorari solicitado por el Centro de Recaudación de Ingresos Muni-cipales (C.R.I.M.). Estando el caso pendiente de resolución en los méritos, el 13 de septiembre de 2010, el C.R.I.M. presentó una “Moción para informar sobre acuerdo de transacción y para solicitar que se decida el caso por no ser académico, y en la alternativa, que se anule la sentencia adversa del Tribunal de Apelaciones”. En dicho escrito, el C.R.I.M. nos informa que suscribió un acuerdo de transac-ción con Borinquen Container Corp. que puso fin al pleito. No obstante, nos solicita que resolvamos la controversia planteada debido a que se configura una de las excepciones a la doctrina de academicidad. A tales efectos, el C.R.I.M. arguye que la controversia planteada en este caso es susceptible de repetirse entre otros contribuyentes y el C.R.I.M. o el Secretario de Hacienda.

Como resuelve este Tribunal, no le asiste la razón al C.R.I.M. Resulta claro que la controversia en este caso se tornó académica tan pronto las partes llegaron a un acuerdo que puso fin al conflicto entre las partes y fue rati-ficado por éstas. En tales circunstancias, no se configura la excepción a la doctrina de academicidad basada en la recu-rrencia de la controversia.

Al resolver como lo hace, el Tribunal en efecto reconoce que una controversia puede tornarse académica mientras está pendiente un recurso apelativo. Esa fue precisamente nuestra posición en Pueblo v. Pagán Medina, 177 D.P.R. 842 (2010), voto disidente, en el cual sostuvimos que mien-tras estaba pendiente una moción de reconsideración de la Procuradora General, ocurrió un cambio fáctico que a to-das luces convirtió en académica dicha petición. Asimismo, entendimos que, en ese caso, no se configuraba la excep-ción a la doctrina de academicidad basada en la recurren-cia de la controversia. Como se sabe, esta excepción aplica solamente en aquellas circunstancias especiales en las que existe una probabilidad sustancial de que la controversia se repita y evada la revisión judicial. Como bien señala el profesor Álvarez González en su obra sobre derecho cons-titucional:

La excepción de recurrencia (“capaz de repetirse, pero evadir revisión judicial”) intenta delimitar aquellas situaciones en que la controversia se ha tornado académica debido a circuns-tancias de tiempo íntimamente relacionadas con su natura-leza, por lo que es razonable pensar que, de surgir la misma controversia en el futuro, nuevamente se tornará académica antes de que un tribunal la adjudique. J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucio-nales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 186.

Por su parte, el Profesor Tribe, al analizar la jurispru-dencia sobre academicidad del Tribunal Supremo federal, apunta lo siguiente:

The Court has described the “capable of repetition, yet evading review” doctrine as applying only to “ £exceptional situations’ ” where the following two circumstances are simultaneously present: “ £(1) the challenged action [is] in its duration too short to be fully litigated prior to its cessation or expiration, and (2) there [is] a reasonable expectation that the same complaining party would be subjected to the same action again.’ ” (Citas omitidas, énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) L.H. Tribe, American Constitutional Law, 3ra ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 2000, V. I, pág. 349.

A la luz de lo anterior, es forzoso concluir que la excep-ción de recurrencia no aplica en el presente caso. Si bien es cierto que la controversia que en un momento dado existió entre Borinquen Container Corp. y el C.R.I.M. es susceptible de repetirse entre otros contribuyentes y esa misma agencia, resulta claro que, de ese ser el caso, el asunto no evadiría la revisión judicial.

A idéntica conclusión llegamos en Pueblo v. Pagán Medina, supra. Frente a este señalamiento y en un intento por validar su decisión en aquel caso, el Tribunal ha pro-curado distinguir el presente caso de Pagán Medina en el esc. 1 de su Resolución. Sobre este particular, basta seña-lar que nos reafirmamos en lo allí señalado. En aquel caso, entendimos que no se suscitaban las “características ex-cepcionales” que justifican la aplicación de la excepción de recurrencia. No se trataba del tipo de controversia que, por su propia naturaleza, se tornaría académica antes de poder ser objeto de revisión judicial.

A la luz de nuestra posición en aquel entonces, no pode-mos suscribir todos los fundamentos de la Resolución emi-tida por el Tribunal. No obstante, concurrimos con su resultado.

       Es menester señalar que en Pueblo v. Pagán Medina, 177 D.P.R. 842 (2010), este Tribunal entendió que debido a unas circunstancias (“happenstance”), el caso ciertamente se había tornado académico. No obstante, aunque académico, el caso era justiciable porque, a nuestro juicio, existía una “característica excepcional” que con-vertía la controversia en una recurrente y capaz de evadir la revisión judicial. De manera que el asunto se reduce a qué constituye esa “característica excepcional” que señalamos en Pueblo v. Pagán Medina, supra, característica que en el caso de autos no existe. De igual manera resolvimos recientemente en Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969 (2010).


text:
    Komodidad Distributors, Inc., peticionaria, v. Jackeline Sánchez Quiñones, John Doe y La Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, recurridos.

      Número: AC-2008-16

      Resuelto: 22 de noviembre de 2010

      José Rafael Del Valle Rodríguez, de Del Valle Rodríguez Law Offices, P.S.C., abogado de la parte peticionaria.
   SENTENCIA

Por estar igualmente dividido el Tribunal, se dicta sen-tencia confirmando la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo Interina. La Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente, a la que se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Martínez Torres se inhibió.

(.Fdo.) Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez, a la que se une el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

El presente recurso nos brindaba la oportunidad de aclarar algunos aspectos sobre el proceso de ejecución de sentencia en casos de cobro de dinero al amparo de la Re-gla 51.2 de Procedimiento Civil, infra. Específicamente, si el Tribunal de Primera Instancia puede requerir que el promovente de la ejecución provea la dirección física de los bienes de la parte perdidosa con los cuales interesa satis-facer su acreencia, como condición previa e indispensable a la expedición del mandamiento de ejecución; ello aun cuando dicho trámite se lleve a cabo dentro de los primeros cinco años de que advenga final y firme la sentencia. Tras examinar las reglas procesales pertinentes junto a nuestra jurisprudencia, soy del criterio que tal requerimiento es improcedente.

Lamentablemente, por estar igualmente dividido el Tribunal, no se puede aclarar esta controversia.

I

El 26 de junio de 2007 la peticionaria Komodidad Distributors Inc. instó una demanda en cobro de dinero contra la Sra. Jackeline Sánchez Quiñones, su cónyuge de nombre desconocido y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. La reclamación se presentó según el procedi-miento sumario dispuesto en la entonces vigente Regla 60 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), exi-giendo el pago de $2,341.35. Tras ser notificada del proce-dimiento y citada a la vista señalada por el Tribunal de Primera Instancia, la parte demandada no compareció. En la referida vista el foro primario constató que la deman-dada fue debidamente citada y, aun así, esta última no presentó objeción alguna a la reclamación instada en su contra. Por ello, luego de evaluar una declaración jurada que fuera presentada por la parte demandante, en la cual afirmaba tener una acreencia vencida, líquida y exigible, dicho foro ordenó a la demandada a satisfacer la cantidad exigida en la reclamación, así como las costas y los hono-rarios de abogado. La sentencia en rebeldía, emitida el 22 de septiembre de 2007 fue notificada a las partes el 25 de septiembre del mismo año.

El 27 de noviembre de 2007 la peticionaria presentó una moción al Tribunal de Primera Instancia para que se orde-nara la ejecución de la sentencia en cobro de dinero previa-mente dictada por el tribunal. La moción contenía la fecha en que se archivó la sentencia en autos y señalaba que la parte perdidosa aún no la había satisfecho a pesar de ser final y firme. Igualmente, en la moción solicitaba la desig-nación de tres depositarios judiciales y el embargo de bie-nes suficientes de la demandada para satisfacer la sentencia. Cabe señalar que, al término de la moción, el promovente certificó haber enviado copia de ésta a la parte demandada utilizando su dirección en el expediente del Tribunal.

Por su parte, el foro primario dictó la siguiente orden el 9 de enero de 2008: “Provea la parte demandante dirección física donde ubican los bienes sujeto de embargo en un término de 10 días.” Poco después, el tribunal ordenó a la peticionaria que cumpliera con lo anterior so pena de de-negar la solicitud de ejecución.

Inconforme, la peticionaria acudió mediante un recurso de certiorari al Tribunal de Apelaciones solicitando la revi-sión de la orden de 9 de enero de 2008. Allí alegó que el tribunal de instancia erró al sujetar la expedición del man-damiento de ejecución de sentencia a la previa presenta-ción de la dirección de los bienes del deudor. Mediante una breve resolución, un panel del Tribunal de Apelaciones (Martínez Torres, Miranda de Hostos, Feliciano Acevedo, Js.) denegó expedir el recurso solicitado por entender que el tribunal de instancia tenía la facultad y discreción para hacer el requerimiento impugnado.

De dicha determinación acude ante este Tribunal la peti-cionaria mediante un recurso de apelación. En su escrito aduce que el Tribunal de Apelaciones debió expedir el auto de certiorari que le fuera solicitado y dejar sin efecto la or-den de instancia, mediante la cual se requiere información de los bienes del deudor como condición indispensable para ordenar la ejecución de la sentencia. La peticionaria tam-bién alega que la orden es errada, ya que no figura en las reglas procesales sobre ejecución de sentencias en cobro de dinero. Asimismo, sostiene que no conoce la dirección física de los bienes de la recurrida, por lo que para proveer dicha información al tribunal tendría que solicitarla a la otra parte, quedando entonces ésta advertida del procedimiento de ejecución de sentencia que se lleva en su contra antes de obtenerse la orden del tribunal. Tal escenario, según la pe-ticionaria, da al traste con determinaciones previas de este Foro en las cuales hemos expresado que no es necesario no-tificar a las partes contra las que se pretende ejecutar una sentencia, siempre que se realice dentro de los primeros cinco años de que ésta advenga final y firme.

El 13 de jimio de 2008 acogimos el recurso presentado como un certiorari y expedimos. La parte recurrida no com-pareció, a pesar de haber sido debidamente notificada y habérsele brindado un término para ello. Vistos los hechos, pasamos a resolver.

II

La ejecución de una sentencia es un mecanismo suple-mentario que tiene disponible aquel litigante vencedor que desea satisfacer el dictamen final y firme que ha obtenido, poniendo así fin al sinuoso proceso que puede ser el litigio. Este mecanismo “le imprime continuidad a todo proceso judicial que culmina con una sentencia. Es necesario recu-rrir a la ejecución forzosa de una sentencia cuando la parte obligada incumple con los términos de la sentencia”. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 247-248 (2007), citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie de P.R., 1997, Cap. 63, pág. 453.

Dicho procedimiento está regulado por la Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill (ed. 1983). Sobre cuándo procede la ejecución de una sentencia, la Regla 51.1 dispone:

La parte a cuyo favor se dicte sentencia, podrá ejecutarla mediante el procedimiento fijado en esta Regla 51, en cual-quier tiempo dentro de cinco (5) años de ser firme la misma. Expirado dicho término, podrá ejecutarse la sentencia me-diante autorización del tribunal a moción de parte y previa notificación a todas las partes. Si después de registrada la sentencia se suspendiere la ejecución de la misma por una orden o sentencia del tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el cual ha sido suspendida dicha ejecución deberá ex-cluirse del cómputo de los cinco (5) años durante los^ cuales podrá expedirse el mandamiento de ejecución. (Enfasis suplido.)

En varias ocasiones nos hemos expresado sobre la Regla 51.1 de Procedimiento Civil de 1979, la cual es práctica-mente idéntica a la hoy vigente. Hemos aclarado que la parte que obtiene sentencia a su favor puede hacerla efec-tiva en cualquier momento dentro de los cinco años de que ésta advenga final y firme, sin tener que presentar moción al tribunal ni notificar a la parte contraria. R. 51.1 (32 L.P.R.A. Ap. V); Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra; Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R. 1 (1998); Avilés Vega v. Torres, 97 D.P.R. 144 (1969). La notificación de la ejecución en este período se desfavorece porque “tendría el efecto de prevenir al deudor dándole la oportunidad para esconder o transferir propiedades y frustrar así el propósito del man-dato de ejecución”. Avilés Vega v. Torres, supra, pág. 149. “Es propio asumir que todo litigante sabe las consecuen-cias de una sentencia en su contra. ...” Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, 690 (1979). De manera que sólo cuando expira el término de cinco años se requiere autorización del tribunal para la ejecución de la sentencia, previa moción de parte y notificación a todas las partes. R. 51.1, supra; Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra; Igaravidez v. Ricci, supra; Avilés Vega v. Torres, supra.

Por otro lado, si la ejecución de la sentencia se realiza dentro del plazo de cinco años de haberse dictado la sen-tencia, la parte victoriosa sólo tiene que presentar su sen-tencia final y firme en la secretaría del tribunal y obtener un mandamiento de ejecución de sentencia. Esto se des-prende de la interpretación conjunta de la Regla 51.1, supra, y la Regla 65.2 (32 L.P.R.A. Ap. III (ed. 1983). Esta última dispone que todas las mociones para solicitar la “ex-pedición de mandamientos” y “otros procedimientos para los cuales no se requiere el permiso u orden del tribunal” serán consideradas por el secretario del tribunal. íd. Ya que bajo la Regla 51.1 no se requiere una orden del tribunal para la ejecución de una sentencia en los primeros cinco años, y el secretario del tribunal es quien está auto-rizado a expedir mandamientos y atender otros asuntos que no requieren permiso del tribunal, es forzoso concluir que en dicho procedimiento sólo se requiere obtener un mandamiento de ejecución de sentencia expedido por el se-cretario del tribunal.

Por ello hemos expresado anteriormente que en esos ca-sos tanto la orden del tribunal como su notificación pueden considerarse innecesarias. Lawton v. Porto Rico Fruit Exchange, 42 D.P.R. 291 (1931); Banco Terr. y Agríc. de P.R. v. Marcial, 44 D.P.R. 129 (1932); Avilés Vega v. Torres, supra. “La expedición del mandamiento de ejecución [dentro del plazo de cinco años de advenir firme la sentencia] es un acto ministerial del secretario”, Lawton v. Porto Rico Fruit Exchange, supra, pág. 300, y estando presentes las condi-ciones necesarias para su expedición, el secretario no puede negarse a expedirlo.

Esto es particularmente importante cuando se tienen sentencias en cobro de dinero, ya que la Regla 51.2, supra, especifica que éstas se harán cumplir mediante manda-mientos de ejecución dirigidos al alguacil para ser entrega-dos a la parte interesada, especificando los términos de la sentencia y la cantidad a pagar. Id. De igual forma, esta regla nos permite concluir que el procedimiento de ejecu-ción de sentencia en casos de cobro de dinero se divide en dos etapas. En la primera fase, el promovente de la ejecu-ción procura obtener el mandamiento de ejecución de la secretaría del tribunal, mientras en la segunda, gestiona su diligenciamiento por el alguacil. Véase, además, Regla 51.5 (32 L.RR.A. Ap. III (ed. 1983). Es en esta segunda fase donde deberá brindarse la dirección física de los bienes del deudor, su descripción y cualquier otra información nece-saria para que el alguacil pueda llevar a cabo su encomienda. Véase Carlo v. Corte, 58 D.P.R. 889, 895 (1941) (“Es el demandante quien generalmente señala al márshal los bienes que han de sujetarse al embargo ...”)• (Énfasis nuestro.) En la etapa de expedición del manda-miento no es indispensable conocer la ubicación de los bie-nes del deudor, pues su propósito inmediato es obtener una orden dirigida al alguacil para que haga cumplir la sentencia. Será luego, cuando el acreedor interese que el alguacil efectivamente diligencie la orden para tomar po-sesión de bienes del deudor por la cantidad y bajo los tér-minos dispuestos en la sentencia final y firme, que tendrá necesariamente que señalar la ubicación de los bienes. De otra forma el acreedor no podrá satisfacer su sentencia pues el alguacil no contará con la información necesaria para ello. A esos efectos, el profesor Hernández Colón aclara:

Librado el mandamiento al alguacil, éste lo diligencia incau-tándose de fondos pertenecientes al deudor por sentencia o embargando sus bienes muebles o inmuebles. Los fondos o bie-nes que serán objeto de la ejecución le son señalados al alguacil por la parte promovente mediante un escrito dirigido a éste y denominado “Señalamiento de Bienes”. Esta parte puede seña-lar indistintamente bienes muebles o inmuebles, o ambos. (Enfasis suplido.) R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2010, Cap. 63, pág. 571.

Ahora bien, aunque el proceso adecuado para ejecutar una sentencia de cobro de dinero dentro del plazo de cinco años de ésta haber advenido final y firme, es la presenta-ción ante el secretario del tribunal de una solicitud de mandamiento de ejecución, “[l]a práctica usual... es que se presenta una moción al tribunal para que éste a su vez ordene al secretario que expida el mandamiento”. Hernán-dez Colón, op. cit., pág. 571. Esta práctica, aunque no está prohibida, atenta contra la economía procesal y judicial pues aumenta la faena del juez y dilata aún más la reso-lución de los conflictos. Todo ello es precisamente lo que la Regla 51.1, supra, y la Regla 51.2, supra, pretenden evitar.

Finalmente, debemos recordar que cuando se procede con el diligenciamiento de la ejecución de la sentencia el deudor no queda desamparado de protección. Aunque es el acreedor quien inicialmente señalará los bienes del deudor que se tomarán para satisfacer la sentencia, cuando los bienes del deudor tengan un valor mayor a la cantidad adeudada, “deberá el alguacil embargar únicamente la parte de los bienes que indicare el deudor, siempre que éstos sean ampliamente suficientes para cubrir el importe de la sentencia y de las costas devengadas”. 32 L.RR.A. Ap. III, R. 51.5 (ed. 1983). De esta forma, las Reglas de Proce-dimiento Civil conceden a aquellos deudores contra los cuales se pretende ejecutar una sentencia, la posibilidad de seleccionar cuáles de sus bienes serán utilizados para ex-tinguir su obligación. Tal facultad está sujeta a que el deu-dor cuente con bienes suficientes, respecto a su cantidad y valor pecuniario, para saldar por completo el crédito reco-nocido mediante sentencia a favor del acreedor.

III

En vista de lo anterior, debemos determinar si un juez del Tribunal de Primera Instancia puede exigir que se le informe la dirección física de los bienes del deudor como condición previa a ordenar al secretario del tribunal que expida el mandamiento de ejecución, cuando se solicita la ejecución de una sentencia en cobro de dinero dentro del plazo de cinco años de que ésta advenga firme.

En el presente caso, la peticionaria obtuvo una senten-cia en cobro de dinero a su favor el 25 de septiembre de 2007 y presentó una moción al tribunal para su ejecución el 25 de noviembre de 2007, tan sólo dos meses después. Fue entonces cuando el tribunal requirió la información sobre los bienes del deudor y, posteriormente, advirtió que de ésta no proveerse se denegaría la ejecución de la sentencia.

En primer lugar, debemos señalar que la peticionaria pudo haber dirigido su moción al secretario del tribunal, en vez de al juez de sala, pues como ya explicamos ese es el procedimiento adecuado que las Reglas de Procedimiento Civil disponen para estos casos. R. 51.1, supra; R. 51.2, supra. Sin embargo, si la solicitud se dirige al juez, nada impide que éste utilice su discreción para atender el asunto y ordenar la expedición del mandamiento de ejecu-ción de sentencia. Véase Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 140 (1996). No obstante, por las razones que expresamos a continuación, entendemos que una vez el juez tiene ante sí una solicitud de ejecución de sentencia en cobro de dinero que advino firme hace menos de cinco años, éste no puede condicionar la ejecución de la sentencia a que se le brinde información de los bienes del deudor.

Las Reglas de Procedimiento Civil han creado un meca-nismo sencillo y eficaz con el fin de garantizarle a aquellos acreedores dinerarios, así reconocidos por sentencia firme, que podrán satisfacer la acreencia a la que tienen derecho según se dispuso en el dictamen judicial. Estas reglas no requieren que el promovente de la ejecución provea al juez de sala información relacionada a los bienes que serán ob-jeto de dicha ejecución. Por el contrario, como ya vimos, la Regla 51.1 y la Regla 51.2 ni siquiera exigen una orden del tribunal para llevar a cabo la ejecución de la sentencia en estos casos. Tal requerimiento no puede responder al deseo de proteger los intereses del deudor, de manera que el acreedor no obtenga bienes en exceso de aquellos que fue-ran suficientes para satisfacer su acreencia. Como ya seña-lamos, las Reglas de Procedimiento Civil atienden esa pre-ocupación en la Regla 51.5 brindándole al deudor la potestad de señalar al alguacil los bienes que deberán ser incautados para satisfacer la sentencia, siempre y cuando el deudor tenga bienes en exceso de la suma adeudada y los bienes señalados cubran dicha suma. R. 51.5, supra; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, pág. 822. Si aún así el embargo fuera excesivo, el deudor podría presentar una moción al tribunal para que éste se reduzca. Pueblo v. Berríos, 43 D.P.R. 558 (1932).

El carácter imperativo de la exigencia impuesta por el foro primario tampoco se justifica con un interés práctico de asegurar que la ejecución se llevará a cabo de la forma más rápida y eficaz posible, mediante conocimiento previo de los bienes que estarían sujetos a la ejecución. Cierta-mente, la dirección física de los bienes que serán objeto de la ejecución es necesaria para poder concretar el procedi-miento, pero ello no lo hace conditio sine qua non para autorizar el mandamiento de ejecución; menos aún, si el promovente desconoce tal información. Al momento en que se solicita la expedición del mandamiento —ya sea direc-tamente al secretario del tribunal o mediante el juez de sala— con el fin de satisfacer una sentencia en cobro de dinero, el promovente de la ejecución sólo tiene que presen-tar la sentencia a su favor dentro de los primeros cinco años de advenir final y firme. Una vez el mandamiento de ejecución es expedido y dirigido al alguacil del tribunal, entonces será necesario que el acreedor interesado en lo-grar el diligenciamiento del mandamiento le provea al al-guacil un “señalamiento de bienes” con la información ne-cesaria para ello. Sin duda, la dirección de los bienes del deudor deberá ser provista para dicho fin.

Si fuera forzoso que el acreedor por sentencia proveyera al tribunal la dirección física de los bienes del deudor antes de poder obtener un mandamiento de ejecución, en innu-merables ocasiones el acreedor tendría que contactar al propio deudor para indagar sobre los pormenores de sus bienes, como aduce la peticionaria. Ello constituiría una notificación similar a las que las reglas sobre ejecución de sentencia pretenden evitar cuando ésta se realiza dentro de los cinco años de advenir final y firme la sentencia, pues el deudor tendría la oportunidad de esconder o desaparecer sus bienes con el fin de eludir su obligación monetaria. De ser necesario que el acreedor requiera dicha información del deudor, aquél debe poder hacerlo lo más cercano posible a la efectiva ejecución de la sentencia, es decir, justo antes de requerir el diligenciamiento del mandamiento de ejecu-ción por parte del alguacil del tribunal. Hacerlo antes po-dría ser muy contraproducente para el acreedor que recu-rre al tribunal en busca de ver compensado su crédito. No obstante, somos conscientes de que en el caso de autos este factor no pudo pesar contra la peticionaria debido a que ella misma envió copia de la moción de ejecución de la sen-tencia a la parte recurrida cuando la presentó al foro pri-mario, dando entonces conocimiento a la otra parte de los esfuerzos que realizaba.

Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia podía atender la referida moción y bien podía pedir que se le proveyera la dirección física de los bienes del deudor para acelerar el procedimiento. Empero, dicho foro erró al con-dicionar su orden de ejecución a la presentación de esos datos, ya que las Reglas de Procedimiento Civil no los re-quieren para la expedición del mandamiento de ejecución de una sentencia en cobro de dinero promovida dentro del plazo de cinco años de convertirse en sentencia firme. Mu-cho menos cuando la intervención del juez en estos casos es totalmente innecesaria, pues como ya vimos, las Reglas de Procedimiento Civil establecen un mecanismo sencillo a través de las figuras del secretario del tribunal y el algua-cil para hacer efectivas las sentencias en cobro de dinero. R. 51.1, supra; R. 51.2, supra; R. 51.5, supra. Estando la peticionaria imposibilitada de proveer al foro primario la información requerida, por ignorar en aquel entonces el paradero de los bienes a ser embargados, la orden de eje-cución de sentencia debió ser emitida.

IV

Por todo ello, considero que erró el Tribunal de Apela-ciones al denegar el recurso presentado ante su considera-ción y confirmar así la orden del Tribunal de Primera Ins-tancia, la cual exigía que se proveyera la dirección física de los bienes del deudor como requisito previo para ordenar la ejecución de una sentencia de cobro de dinero que fue soli-citada dentro del plazo de cinco años de ésta haber adve-nido final y firme. Revocaría así la resolución recurrida y declararía “con lugar” la Moción Solicitando la Ejecución de la Sentencia, presentada por la peticionaria.

       La peticionaria sostiene que la referida moción estaba acompañada de un Proyecto de Orden de Ejecución y Mandamiento, mas éste no consta en nuestro expediente ni en el del Tribunal de Apelaciones.

       Ante nosotros la peticionaria señaló la comisión del siguiente error:
      “Erró el TA al negarse a expedir el auto de certiorari y sostener al TPI en su exigencia y requerimiento a la apelante de proveer información relativa a la direc-ción física donde ubican los bienes susceptibles de embargo de la apelada, como condición indispensable para dictar la orden de ejecución de sentencia dineraria dentro del término de cinco años de ser firme e impedir el libramiento del correspon-diente mandamiento de ejecución, aun cuando ello no es lo que se contempla, espe-cíficamente, en la Regla 51.2 de Procedimiento, [32 L.P.R.A. Ap. III (ed. 1983) ], ni en el actual estado de derecho.”

       La Regla 51.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) dispone:
      “La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá ejecutarla mediante el procedi-miento fijado en esta Regla 51, en cualquier tiempo dentro de cinco (5) años de ésta ser firme. Expirado dicho término, la sentencia podrá ejecutarse mediante autoriza-ción del tribunal, a moción de parte y previa notificación a todas las partes. Si des-pués de registrada la sentencia se suspende su ejecución por una orden o sentencia del tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el cual ha sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse del cómputo de los cinco (5) años durante los cuales podrá expedirse el mandamiento de ejecución.”


text:
      In re Damián F. Planas Merced, querellado.

      Número: CP-2008-4

      Resuelto: 23 de noviembre de 2010

      Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, Edna Evelyn Rodríguez Benitez, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, abogadas de la parte querellante; Jorge L. Santiago Carrasquillo y Myrna E. López Colón, abogados del querellado; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial.
   per curiam:

El 22 de febrero de 2005, el Sr. Eduardo Ro-dríguez Domínguez presentó una queja juramentada contra el Ledo. Damián F. Planas Merced. Expuso, en esencia, que el abogado se había comunicado con él con relación a un caso sobre cobro de dinero presentado por una corpo-ración de la cual él era accionista, a pesar de que represen-taba a la persona demandada.

Adujo que era accionista de la corporación Comfort Planners, Inc. junto con el Sr. Pedro González Larriuz, y que, aunque la corporación se encuentra inactiva en cuanto a sus operaciones, subsiste con el propósito de pa-gar y cobrar deudas pendientes. Esa función administra-tiva correspondía al señor González Larriuz, quien con-trató al Ledo. Luis Sevillano Sánchez para presentar una demanda en cobro de dinero contra el Sr. Alfredo Dome-nech Guerrero, la que fue identificada como Comfort Planners, Inc. v. Alfredo Domenech, Civil Núm. CD-2004-539.

Expuso el señor Rodríguez Domínguez que, en o alrede-dor de 21 de octubre de 2004, se comunicó a su teléfono celular una persona que se identificó como el Ledo. Damián Planas Merced, quien alegadamente representaba al señor Domenech Guerrero en la demanda sobre cobro de dinero presentada contra éste por Comfort Planners, Inc. Durante esa comunicación, el licenciado Planas Merced le informó que el 27 de octubre de 2004 se estaría celebrando una vista en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Manatí, con relación a la reclamación de Comfort Planners contra su cliente. Según el señor Rodríguez Domínguez, el licen-ciado Planas Merced le insinuó que el señor González La-rriuz y el licenciado Sevillano Sánchez le estaban ocul-tando los procedimientos que se llevaban a cabo debido a ciertas agendas escondidas.

El 27 de octubre de 2004, el señor Rodríguez Domínguez acudió al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Manatí, y allí se le acercó una persona que se identificó como el licen-ciado Planas Merced, con quien había hablado por teléfono irnos días antes. La conversación con el licenciado Planas Merced fue interrumpida por la llegada del licenciado Se-villano Sánchez, a quien el señor Rodríguez Domínguez informó que su presencia en el Tribunal obedecía a que el licenciado Planas Merced se había comunicado con él.

En su queja, el señor Rodríguez Domínguez indicó que el licenciado Planas Merced trató de permanecer a su lado, mientras el licenciado Sevilla Sánchez intentaba dialogar con él. Llamado el caso, el licenciado Sevillano Sánchez le informó a la jueza que presidió los procedimientos lo ocu-rrido con el licenciado Planas Merced y ésta le indicó al abogado que esa conducta no era aceptable y que cualquier comunicación tenía que hacerse a través del abogado de la corporación. Tras lo sucedido, el señor Rodríguez Domín-guez entendió que el propósito de la comunicación directa del licenciado Planas Merced era suscitar en él dudas sobre las actuaciones del licenciado Sevillano Sánchez y el señor González Larriuz, para beneficio de su cliente.

El licenciado Planas Merced presentó su “Contestación a la Queja” el 7 de septiembre de 2005. Referimos el asunto a la Oficina del Procurador General y éste presentó su in-forme el 14 de marzo de 2007.

Indicó el Procurador que el licenciado Planas Merced admitió, en su contestación a la queja, que sostuvo una conversación con el señor Rodríguez Domínguez, pero negó haber infringido el Canon 28 del Código de Etica Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IX, aduciendo que el señor Rodríguez Domínguez no era “parte contraria”, porque la corporación Comfort Planners había sido disuelta de facto. Además, el licenciado Planas Merced expuso que el único propósito de su comunicación con el señor Rodríguez Domínguez fue “auscultar la posibilidad de incluir al quejoso como parte en el pleito y garantizarle su día en corte”.

No obstante, el Procurador General concluyó que, según los criterios expuestos en In re Andréu, Rivera, 149 D.P.R. 820 (1999), el señor Rodríguez Domínguez debe ser consi-derado y es parte en la demanda sobre cobro de dinero instada por Comfort Planers, por lo cual el licenciado Pla-nas Merced estaba impedido de comunicarse con él de forma ex parte. Adujo el Procurador que en el caso seña-lado se resolvió que los directores, empleados u oficiales de una entidad corporativa deben ser considerados partes en una acción judicial por o contra ésta. Añadió que en ese caso se expuso que:

La determinación de si un empleado, director u oficial cor-porativo es parte de la acción judicial se ha hecho tomando en cuenta factores como: el cargo que ocupa, su poder para tomar decisiones, su autoridad para vincular a la corporación o para hablar en nombre de ésta. También ... el asunto sobre el cual versa la comunicación, es decir, si está inherentemente rela-cionado con la controversia judicial. íd., pág. 829.

Por lo expuesto, el Procurador General determinó que existía la posibilidad de que la conducta del licenciado Pla-nas Merced hubiera infringido el Canon 28 del Código de Etica Profesional, supra.

Tras solicitar varias prórrogas, el licenciado Planas Merced presentó su Réplica al Informe del Procurador General y Posición del Querellado, el 11 de septiembre de 2007. En su escrito, sostuvo que el señor Rodríguez Domín-guez no es la “parte contraria” que dispone el citado Canon 28, porque la corporación Comfort Planners había sido disuelta. Insistió en lo que ya había expuesto ante el Pro-curador General, en el sentido de que la queja fue un es-fuerzo del licenciado Sevillano Sánchez para desquitarse por una solicitud de descalificación que el licenciado Pla-nas Merced había presentado contra él.

El licenciado Planas Merced argüyó que el certificado de incorporación de Comfort Planners fue cancelado por el Departamento de Estado el 2 de noviembre de 1998, por no haberse presentado los informes anuales de 1995 a 1997 y que, en conformidad con el Artículo 9.08 de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. see. 3008, su personalidad jurídica cesó el 2 de noviembre de 2001; o sea, tres años después de la fecha de la cancelación de su certificado de incorporación. Concluyó que, habiendo cesado la persona-lidad jurídica de Comfort Planners, él no se comunicó con un oficial de esa corporación, sino que se comunicó perso-nalmente con el señor Rodríguez Domínguez, quien no te-nía conocimiento de la demanda sobre cobro de dinero ins-tada contra el señor Domenech Guerrero y no era parte demandante, sino un socio de la extinta corporación. Por todo ello, entendía que no existía “prueba clara, robusta y convincente” de que había incurrido en violación al Canon 28.

Mediante Resolución de 30 de noviembre de 2007 orde-namos al Procurador General presentar la querella contra el licenciado Planas Merced por violación al Canon 28 de Ética Profesional. Es así como el 23 de enero de 2008 el Procurador General presentó la querella en la que formuló el cargo siguiente:

Cargo I
Al comunicarse de manera ex parte con el señor Eduardo Rodríguez Domínguez el Ledo. Damián F. Planas Merced in-fringió el Canon 28 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el cual dispone que [el] abogado no debe, en forma alguna, comunicarse, negociar, ni transigir con una parte re-presentada por otro abogado en ausencia de éste. Particular-mente, debe abstenerse de aconsejar o incurrir en conducta que pueda inducir a error a una parte que no está represen-tada por abogado. (Énfasis suprimido.) Querella, pág. 3.

El licenciado Planas Merced presentó su “Contestación a la Querella” el 14 de marzo de 2008, reiterando esencial-mente los argumentos contenidos en la contestación a la queja y en su réplica al Informe del Procurador General. Designamos a la Leda. Ygrí Rivera de Martínez como comi-sionada especial para recibir la prueba y rendir un informe con determinaciones de hechos y las recomendaciones pertinentes.

Señalada la vista, el licenciado Planas Merced solicitó la desestimación de la querella, el 5 de septiembre de 2008. Apoyó su solicitud en que el Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda, con perjuicio, en el caso Comfort Planners, Inc. v. Alfredo Domenech Guerrero h/n/c Aireare Technology, CD2004-0539, al concluir que Comfort Planners había cesado de existir desde el 2 de noviembre de 2001, en conformidad con el Artículo 9.08 de la Ley General de Corporaciones de 1995, supra, por lo cual no tenía legitimación activa. Expuso el licenciado Pla-nas Merced que Comfort Planners no había impugnado la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó, entonces, que, al no existir la corporación Comfort Planners, el señor Rodríguez Domínguez no era accionista de ésta al presen-tarse la demanda, y en consecuencia nunca fue represen-tado por el licenciado Sevillano Sánchez. Por eso, la comu-nicación que sostuvieron el licenciado Planas Merced y el señor Rodríguez Domínguez no fue una conversación ex parte con una parte contraria y no infringió el Canon 28 de Etica Profesional.

El 9 de septiembre de 2008 las partes presentaron el Informe de Conferencia con Antelación a Vista Disciplinaria. En éste se estipuló que, según la sentencia emitida el 9 de julio de 2008 en el caso mencionado, Comfort Planners cesó de existir jurídicamente el 2 de no-viembre de 2001. El querellado reiteró su petición de des-estimación de la querella porque en esas circunstancias su conversación con el señor Rodríguez Domínguez no podía ser considerada como una comunicación ex parte.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2008, el Ledo. Jorge L. Santiago Carrasquillo, representante legal del querellado, solicitó autorización para renunciar a la repre-sentación legal, por haber surgido diferencias irreconcilia-bles con su cliente. En su solicitud, expresó que, contrario a lo expuesto en la moción de desestimación de la querella, la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso Comfort Planners, Inc. v. Alfredo Domenech Guerrero, CD-2004-0539, no había advenido final y firme. In-formó que, después de presentar esa moción, recibió varios documentos que evidenciaban que el 13 de agosto de 2008 se había presentado una apelación ante el Tribunal de Ape-¡aciones en el mencionado caso, identificada con el número KLAN200801282. Explicó que recibió esa documentación el día antes de presentar su renuncia a la representación legal aunque su representado, el licenciado Planas Merced, fue notificado de ello el 22 de agosto de 2008, antes de presentarse la moción de desestimación.

La Leda. Myrna E. López Colón asumió la representa-ción del querellado. Tras varios trámites y reuniones, las partes presentaron un informe de conferencia enmendado, el 24 de marzo de 2009. Éste no incluyó estipulación al-guna respecto a lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia. En vez, las partes estipularon que: (1) el Ledo. Luis Sánchez Sevillano presentó una demanda sobre cobro de dinero en representación de Comfort Planners, Inc., el 18 de junio de 2004 y (2) antes de la llamada telefónica del querellado, el señor Rodríguez Domínguez tenía un total desconocimiento del estado de los procedimientos que se estaban llevando a cabo contra el señor Domenech Guerrero en el caso de cobro de dinero.

A la vista final comparecieron el Procurador General, representado por la procuradora general auxiliar, Leda. Edna E. Rodríguez Benitez, y el querellado, representado por la Leda. Myrna E. López Colón. La Procuradora General Auxiliar sometió su caso a base del expediente de la queja AB-2005-45, que contiene la querella y los incidentes originales.

Por su parte, el querellado expuso, una vez más, que el señor Rodríguez Domínguez no tenía nada que ver con Comfort Planners desde el 2002. Argüyó que no existía en este procedimiento la prueba clara, robusta y convincente requerida. Ambas partes solicitaron término para presen-tar memoriales de derecho. Una vez recibidos, la Comisio-nada Especial sometió su informe, en el cual encontró pro-bados los hechos siguientes:

1. El Ledo. Damián F. Planas Merced fue admitido a la práctica de la abogacía el 30 de junio de 1995 y de la notaría el 17 de agosto de 1995.
2. Comfort Planners, Inc. es mía corporación con fines de lucro organizada el 13 de febrero de 1968 bajo las leyes de Puerto Rico. Sus accionistas son el Sr. Eduardo Rodríguez Do-mínguez y el Sr. Pedro González Larriuz. El 2 de septiembre de 1998, el Departamento de Estado notificó a Comfort Planners su incumplimiento con la presentación de los informes anuales correspondientes a los años 1995 al 1997, y su inten-ción de cancelación por tal actuación. El 2 de noviembre de 1998, el certificado de incorporación de Comfort Planners fue cancelado por no haber cumplido con los requisitos exigidos por el Artículo. 15.02 de la Ley 144 de 10 de agosto de 1995 [14 L.P.R.A. see. 3272], según enmendada.
3. Desde el año 2002, por acuerdo de los accionistas, la cor-poración Comfort Planners se encuentra inactiva en cuanto a sus operaciones; sin embargo, ha permanecido activa con el fin de pagar y cobrar deudas pendientes. Entre las personas que adeudaban dinero a Comfort Planners se encontraba el Sr. Alfredo Domenech Guerrero quien hacía negocios como Air-eare Technology. Por tal razón, el 18 de junio de 2004, el Ledo. Luis Sánchez Sevillano presentó una demanda en cobro de dinero contra el señor Domenech Guerrero en representación de Comfort Planners. Dicha demanda fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Manatí, y fue identificada como Comfort Planners, Inc. v. Alfredo Domenech Guerrero h/n/c Aircare Technology, Civil Núm. Cd-2004-539.
4. Varios días antes de la celebración de la vista sobre el estado de los procedimientos pautada para el 27 de octubre de 2004, el Ledo. Damián Planas Merced, representante legal del señor Domenech Guerrero, se comunicó por teléfono con el se-ñor Rodríguez Domínguez, en presencia de su cliente. La co-municación fue con el propósito de indagar si éste tenía cono-cimiento sobre la demanda presentada e informarle sobre la fecha, hora y lugar en que se celebraría la primera vista en el caso.
5. Debido a que al momento desconocía que se hubiera pre-sentado tal reclamación y ante la información ofrecida por el licenciado Planas Merced, el señor Rodríguez Domínguez com-pareció a la vista señalada para el 27 de octubre de 2004 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Manatí. Mientras el señor Rodríguez Domínguez se encontraba en el Tribunal de Manatí, se le acercaron el señor Domenech Guerrero y el li-cenciado Planas Merced quien volvió a mencionarle lo discu-tido previamente por teléfono. La conversación entre ambos fue interrumpida por la llegada del licenciado Sevillano Sánchez. A preguntas del licenciado Sevillano Sánchez, el se-ñor Rodríguez Domínguez le indicó que se encontraba allí por-que el licenciado Planas Merced se comunicó con él para infor-marle sobre el proceso que se estaba llevando a cabo y decidió asistir por desconocer lo que sucedía. El licenciado Sevillano Sánchez le informó que su comparecencia no era necesaria porque se trataba de la primera vista sobre el estado de los procedimientos.
6. Llamado el caso, el licenciado Sevillano Sánchez informó al Tribunal sobre la comunicación del licenciado Planas Mer-ced con el señor Rodríguez Domínguez. Ante lo expresado, la jueza Gloria Sierra Henríquez apercibió al licenciado Planas Merced que no debía tener contacto con el señor Rodríguez Domínguez y que cualquier comunicación debía realizarse a través del abogado.
7. Tras varios incidentes procesales, el 9 de julio de 2008, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en el caso Comfort Planners, Inc. v. Alfredo Domenech Guerrero h/n/c Aircare Technology. Dicha Sentencia fue notificada el 10 julio de 2008. Mediante Certificación de 13 de agosto de 2008, la Secretaria del Tribunal de Apelaciones certificó que no surgía del registro automatizado de casos que dentro del periodo com-prendido desde el 24 de enero de 1995 hasta el 20 de agosto de 2008 se hubiera presentado un recurso ante dicho ese Tribunal cuyo epígrafe leyera: Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Comfort Planners, Inc. v. Alfredo Domenech Guerrero h/n/c Aircare Technology.
8. En realidad, Comfort Planners presentó una apelación el 13 de agosto de 2008 y el 22 de agosto de 2008 se notificó de ello al licenciado Planas Merced. Mediante Sentencia de 24 de octubre de 2008, el Tribunal de Apelaciones revocó la determi-nación del Tribunal de Primera Instancia. Concluyó que Comfort Planners tenía legitimación activa para presentar la reclamación judicial como consecuencia de la renovación de su certificado de incorporación. Encontró que Comfort Planners había renovado su certificado de incorporación el 3 de enero de 2008, y lo había acreditado ante el foro de instancia antes de que éste emitiera la sentencia apelada. Determinó también que, en virtud del Artículo 11.02 de la Ley General de Corpo-raciones, 14 L.P.R.A. sec. 3102, la cancelación del certificado de incorporación por no haberse presentado los informes anua-les requeridos no privó a Comfort Planners automáticamente de su capacidad para demandar y ser demandada como ente corporativo. Por el contrario, según la disposición señalada, la corporación quedó renovada y establecida con la misma fuerza y vigor como si no hubiera perdido validez en el ínterin. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.
9. El querellado, licenciado Planas Merced se ha mantenido firme en su posición de que no ha habido prueba clara, robusta y convincente de que el señor Rodríguez Domínguez fuera parte del proceso o parte representada por abogado, por lo que no se violó el Canon 28 de Ética Profesional, como se le imputa.
10. El querellado admite que hizo una llamada al señor Ro-dríguez Domínguez el 16 de octubre de 2004, pero aduce que lo hizo con la certeza de que éste no era parte en el pleito en ese momento y para auscultar la posibilidad de incluirlo como parte demandada. Informe de la Comisionada Especial al Honorable Tribunal Supremo, págs. 13-15.

Acorde y con las determinaciones de hechos reseñadas, la Comisionada concluyó que el querellado no debió haber intervenido con el quejoso, constituyendo tal conducta una violación al citado Canon 28.

I

El Canon 28 del Código de Ética Profesional dis-pone lo siguiente:

El abogado no debe, en forma alguna, comunicarse, negociar ni transigir con una parte representada por otro abogado en ausencia de éste. Particularmente, debe abstenerse de aconse-jar o incurrir en conducta que pueda inducir a error a una parte que no esté a su vez representada por abogado.

En In re Andréu, Rivera, supra, pág. 825, explicamos la razón de ser de esta limitación a la conducta de los aboga-dos que litigan en nuestra jurisdicción. En In re Axtmayer Balzac, 179 D.P.R. p. 16 (2010), reiteramos ese criterio como sigue:

Este Canon regula las comunicaciones que emiten los abo-gados de una parte hacia la parte contraria. Su propósito [es] evitar que los abogados obtengan una ventaja indebida me-diante acercamientos inapropiados y anti éticos hechos a una parte en ausencia de su representación legal, como también prevenir que los abogados induzcan a error a personas que no están representadas legalmente. De esa manera se salva-guarda el privilegio abogado-cliente y el derecho de los litigan-tes a obtener una representación legal adecuada.

En lo que nos atañe, el Canon 28, supra, prohíbe que el abogado de una parte se comunique con la otra parte en ausencia de su representante legal. En cuanto a quiénes deben considerarse “parte” para propósito de esta prohibición, en In re Andréu, Rivera, supra, págs. 825 — 826, explicamos que ese término “no se circunscribe a la entidad corporativa”, puesto que las corporaciones, “como regla general, actúan por conducto de directores y oficiales, encargados de dirigir sus asuntos y negocios”. Por eso, los directores, empleados u oficiales de una corporación pueden ser partes en una acción judicial instada contra la corporación.

Para determinar si una persona en particular lo es, a los efectos del canon, se deben considerar factores como el cargo que ésta ocupa, su poder para tomar decisiones y su autoridad para vincular a la corporación o para hablar a nombre de ésta. In re Andréu, Rivera, supra, pág. 829; In re Axtmayer Balzac, supra. Véase, también, In re Amundaray Rodríguez I, 172 D.P.R. 60 (2007). Además, en In re Castillo Herrera, 159 D.P.R. 276, 279 (2003), recono-cimos que el Canon 28, supra, no sólo pretende evitar que los abogados de una parte hagan acercamientos inapropia-dos a personas obviando a sus representantes legales, sino que “[tjambién tiene por finalidad prevenir que los aboga-dos induzcan a personas que carecen de representación legal”. (Enfasis suprimido.) Cabe señalar que la intención del abogado al comunicarse con una parte contraria no es pertinente. Puede tener las mejores intenciones, pero la frontera trazada por el canon tiene que respetarse. In re Guzmán Rodríguez, 167 D.P.R. 310 (2006). Véase, también, In re Martínez Lloréns, 158 D.P.R. 642 (2003).

r — 1 I — i

El señor Rodríguez Domínguez era uno de los dos accio-nistas de la corporación demandante en el caso presentado ante el Tribunal de Primera de Instancia. En ese caso se reclamaba, a nombre de la corporación el pago de una deuda alegadamente debida a ésta por el cliente del licen-ciado Planas Merced.

Si aplicamos los criterios desarrollados por nuestra ju-risprudencia, es del todo previsible que, en una corporación constituida por sólo dos accionistas, ambos tengan algún grado de poder para tomar decisiones y autoridad para vin-cular a la corporación o hablar a nombre de ésta. El licen-ciado Planas Merced no demostró lo contrario, sino que descansó en meras alegaciones relacionadas a la cancela-ción del certificado de Comfort Planners por la falta de pago de los derechos anuales. Además, nos parece evidente que aunque la corporación hubiese sido disuelta, como alegó el licenciado Planas Merced, el resultado de un caso de cobro de una deuda corporativa podría afectar a quienes fueron sus accionistas. Igual de evidente nos parece que el licenciado Planas Merced era consciente de esa posibilidad, pues, según explicó en su moción en cumplimiento de or-den presentada el 23 de julio de 2007, invitó al señor Ro-dríguez Domínguez al tribunal “para que se enterara y tu-viera su día en corte”. Por otra parte, no hay duda de que los acercamientos del licenciado Planas Merced podían in-ducir a error al señor Rodríguez Domínguez, quien carecía de representación legal.

No podemos permitir que un abogado se escude tras su-tilezas y sofismos para evadir su responsabilidad ética. Por eso, considerado todo lo anterior, resolvemos que la comu-nicación del licenciado Planas Merced con el señor Rodrí-guez Domínguez fue una comunicación ex parte que violó el Canon 28, supra.

Hemos señalado que una vez se demuestra que un abogado o abogada ha traspasado los límites de su responsabilidad ética, la sanción que habremos de imponer estará condicionada, no sólo por la gravedad de la violación, sino por factores tales como: (1) la buena reputación del abogado en la comunidad, (2) su historial previo, (3) si constituye su primera falta y si ninguna parte ha sido perjudicada, (4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, (5) si se trata de una conducta aislada, (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación, (7) el resarcimiento al cliente y (8) cualquier otra consideración, ya sea atenuante o agravante, que sea pertinente en conformidad con los hechos. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005).

Tomando en consideración que esta es la primera vez que se le imputa una falta ética al querellado, limitamos la sanción a la suspensión de la práctica de la profesión por un término de tres meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton reco-mienda que la sanción en este caso sea una suspensión por un mes.

       Junto a su moción, el abogado renunciante incluyó copia de una resolución del Tribunal de Apelaciones de 25 de agosto de 2008, en la que se concedió a la parte apelada un término de veinte días para expresar su posición con relación al recurso presentado. Esta resolución fue notificada el 4 de septiembre de 2008. Además, se incluyó copia de la notificación de presentación de recurso de apelación en el Tribunal de Apelaciones de 22 de agosto de 2008. Esta notificación fue enviada al licen-ciado Planas Merced y al Secretario General del tribunal de Manatí.

       Específicamente, el foro apelativo resolvió que
      “[d]e acuerdo con ese mismo articulado, tal reinstalación validará todo contrato, acto, asunto tramitado o cosa hecha por la corporación y los oficiales o agentes de la corporación dentro del alcance de su certificado de incorporación, durante el término que el mismo estuvo ineficaz o írrito, como si el certificado de incorporación hubiera subsistido en todo momento para todos los fines con igual fuerza y vigor. Así también, se establece que la corporación será exclusivamente responsable por todo contrato otorgado, acto, asunto tramitado o cosa hecha en representación de la corporación por sus oficiales y agentes antes de su restablecimiento como si el certificado de incorporación hubiera permanecido en todo momento en plena fuerza y vigor.”