text:
    Rafael Miranda, demandante y apelado, v. José López, hoy su Sucesión, demandado y apelante.
    Núm. 8169.

    Sometido: Marzo 11, 1941.

      Resuelto: Marzo 14, 1941.

      S. O’Neill Torres, abogado de la apelante; L. Rojas Flores, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso en cobro de dinero. En la demanda original radicada en el mes de junio de 1937 por el deman-dante apelado, Rafael Miranda, en la Corte de Distrito de Arecibo, alegó que el demandado José López le adeudaba $1,553.36 como liquidación de la cuenta de refacción de tabaco que tenía con él correspondiente a la cosecha del año 1935 a 1936. En el mes de octubre de 1937 falleció el demandado José López y el 14 de diciembre del mismo año el deman-dante radicó una demanda enmendada cambiando el concepto de su reclamación, pues alegó que los $1,553.36 reclamados correspondían al importe de una venta de tabaco hecha el día 9 de julio de 1936'por el demandante al demandado, en lugar de una liquidación de la cuenta de refacción correspon-diente a la cosecha de 1935 a 1936, como se había alegado en la demanda original. Exeepcionada la demanda enmen-dada por la Sucesión de José López, que había sido susti-tuida como parte demandada, por no alegar hechos suficientes constitutivos de causa de acción, y declarada sin lugar la excepción previa, contestaron negando que el demandante entregara y vendiera al demandado cantidad alguna de tabaco el 9 de julio de 1936 ni en ninguna otra fecha, aunque acep-taron que José López refaccionó al demandante en la cosecha antes mencionada.

Celebrado el juicio, la corte inferior declaró con lugar la demanda no por los $1,553.36, cuantía reclamada como objeto de la venta específica de tabaco celebrada el 9 de julio de 1936, según se alegó, sino por $857.74, liquidación de la cuenta de refacción, más intereses, descontando de dicha suma, como compensación, la cantidad de $434.46, más intereses, que según un pagaré, adeudaba el demandante a José López.

La sucesión demandada ha establecido este recurso ale-gando que la corte inferior cometió error, primero, al deses-timar la excepción previa, y segundo, al apreciar la prueba, siendo la sentencia dictada contraria a la misma.

El primer error lo funda la apelante en el hecho de haber el demandante cambiado su causa de acción en la demanda enmendada. Esta demanda enmendada fué radicada, sin permiso de la corte, según tenía derecho a hacerlo el demandante de acuerdo con el artículo 139 del Código de Enjuiciamiento Civil, ya que la demanda original no había sido exeepcionada ni contestada por el demandado. Cualquier alegación puede ser enmendada, por primera vez, sin que se solicite y obtenga permiso de la corte, siendo éste un derecho del cual no puede privarse a las partes, y es igual al que les asiste para presentar sus alegaciones originales, según resolvió esta Corte en el caso de González Reyes v. González, 43 D.P.R. 826, resolviéndose además, que “ enmien-das a las alegaciones que alteren materialmente la causa de acción o que aduzcan una esencialmente distinta o que la materia que cubran sea enteramente extraña a la demanda original, no son permisibles.”

Tanto la demanda original, como la demanda enmendada, en este caso, aducían hechos suficientes constitutivos de causa de acción contra el demandado José López, primero, y su suce-sión, después, porque en ambas el demandante trataba de cobrar la misma cantidad de dinero, que según él se le adeu-daba.

Ahora bien, la cuestión no fue debidamente planteada por la apelante ante la corte inferior. No es a virtud de una excepción previa de falta de hechos para constituir una causa de acción que puede suscitarse, sino por moción para elimi-nar la legación enmendada. En 49 C. J. 556, se dice:

“Aunque hay autoridades en contrario, se ha sostenido general-mente que el hecho que una enmienda a la demanda cambie la causa de acción o introduzca una nueva causa de acción no puede levan-tarse por medio de excepción previa sino que debe presentarse por una moción para eliminar.”

En el caso de Williams v. Williams, 88 N. W. 1057, 1058, se exponen claramente los motivos para sostener esta doc-trina, así:

“No tenemos que resolver si al concedérsele permiso al deman-dante para enmendar, él tenía derecho a radicar una alegación subs-tituta conteniendo una causa de acción distinta. Esa cuestión pudo levantarse por moción para eliminar la demanda substituía y sólo podía levantarse en esa forma. La objeción no podía considerarse al resolver una excepción previa que va, necesariamente, a la sufi-ciencia de la demanda en sí, y no al derecho de la parte a radicaría. La excepción previa debió declararse sin lugar porque el demandado trató por ella que la corte considerara no sólo las alegaciones de la demanda enmendada sino las de la demanda original. Una alega-ción substituía reemplaza alegaciones anteriores de la misma parte y una excepción previa a dicha alegación debe ser resuelta a base de la suficiencia de su contenido únicamente. El hecho de que los hechos alegados sean inconsistentes con los alegados anteriormente no es motivo para excepcionar y no debe ser la base para atacar la nueva alegación.”

Procedió correctamente, pues, la corte inferior, al decla-rar sin lugar la excepción previa en este caso y no cometió el primer error imputádole.

Por el segundo sostiene la apelante que la sentencia dictada es contraria a la prueba y que la corte cometió error en sn apreciación de la misma.

Para una mejor comprensión del error imputado, se hace necesario copiar, con alguna amplitud, de la opinión emitida por el juez como fundamento de la sentencia dictada. Des-pués de hacer referencia a lo alegado en la demanda original y en la demanda enmendada, y a la variación en el concepto de la reclamación hecha por el demandante, se expresó así:

“Esta disparidad en la reclamación, unido a la forma como los testigos de cada parte explican los documentos presentados, hace difícil resolver la controversia sin que se incurra en error de apre-ciación.
“La parte demandada niega en su contestación que sea deudora del demandante y alega que José López liquidaba sus cuentas de refacción todos los años, y que el demandante le quedó adeudando en julio de 1936 la suma de cuatrocientos treinta y seis dólares cuarenta y seis centavos que se hizo constar en un pagaré que sus-cribió a favor de José López, objeto de una demanda que se presentó en la Corte Municipal de Ciales y fué objeto de sentencia.
“Entre los documentos presentados como liquidaciones que le hacía López al demandante, hay uno de fecha 8 de julio de 1936, que es el único que dice — cuenta de refacción — y que arroja un balance a favor de Miranda de $857.74. Hay otra liquidación de la misma fecha, aunque tiene un nueve sobre el ocho, en papel azul, que arroja un balance a favor del demandante de $1,553.36, en que se funda la demanda, y que es aparentemente contradictorio con el anterior.
“El encargado de cuentas de José López declaró que la liquida-ción del papel azul, era solamente un informe para la A.A.A., dando a entender que estaban infladas las cantidades objeto del mismo. El demandante dijo que dicha liquidación, en papel azul, se refiere a una venta de tabaco que hizo a López, y que es distinta a su cuenta de refacción.
“La liquidación en papel azul, tiene arriba después del nombre de Miranda, la palabra ventar- en escritura igual al resto. Quiere decir, que José López al firmar dicho documento, quiso distinguir esa liquidación de la otra que dice -cuenta de refacción-.
“Del conjunto de la evidencia, incluyendo la declaración del demandante, en la parte que le hemos dado crédito, y considerando el cambio que hizo en su demanda y el pagaré que firmó, llegamos a la siguiente conclusión:
“José López no liquidó definitivamente en dinero la cuenta de refacción del demandante correspondiente a la cosecha de 1935 al 1936, pendiente de la liquidación de cuentas con otras personas que habían sido refaccionadas por encargo y bajo la responsabilidad del demandante. Por eso se demandó a López en mayo de 1937, cuando éste no había fallecido, reclamando el pago de la cuenta de refacción. Entonces Miranda estaba diciendo verdad en cuanto al concepto por el cual demandaba.
“Cuando se le pidió una especificación del balance de $1,553.36 que reclamaba, se dió cuenta que no podía utilizar el certificado en papel azul que tiene un haber a su favor por dicha suma, porque aparece consignado en el mismo la palabra —>ventay entonces cambió su demanda diciendo que reclamaba el importe de una venta y no de una cuenta de refacción, para seguir reclamando la misma suma, que es superior a la liquidación de $857.74, objeto de la cuenta de refacción.”
“Se desprende de los documentos presentados y de la declaración de Miranda, que López recibió en la referida cosecha distintas canti-dades de tabaco sembrado por otras personas, en cuyas entregas mediaba el demandante.
“Miranda tenía que presentar a la A.A.A., certificado de su cosecha, y por eso López le dió la constancia objeto del documento azul, y puso la palabra -venta- para distinguirlo de la cuenta de refacción del demandante, firmada en papel blanco. Parece que las cantidades del papel azul están infladas, por el precio alto que se fija a las tres clases de tabaco, distinto al de otras liquidaciones; pero eso no afecta para la resolución de este caso.
“El pagaré que firmó Miranda fué para responder de las cuentas de los otros cosecheros que operaban bajo su responsabilidad. En este punto él demandante dijo verdad, y declaró que estaba conforme en que se descontara la cantidad de $434.46 objeto de dicho pagaré.
“Por las razones expuestas, dictamos sentencia declarando: que el demandante y la parte demandada deben pagarse y liquidarse, respectivamente, las obligaciones pendientes a saber: la parte deman-dada debe pagar al demandante la suma de $857.74 con intereses al 6 por ciento anual desde la fecha de esta sentencia, descontando de dicha suma, como compensación, la cantidad de $434.46 con intereses al 9 por ciento' anual desde el 11 de julio de 1936 hasta el total pago, según fueron convenidos en el pagaré que adeuda el deman-dante y que fué objeto de la sentencia dictada por la corte municipal.” (Itálicas nuestras.)

Como puede verse, la corte inferior apreció la prueba y dictó su sentencia descartando el concepto de la reclamación que hizo el demandante de acuerdo con las alegaciones de su demanda enmendada, es decir, la venta de una cantidad específica de tabaco efectuada el 9 de julio de 1936, y resol-vió el caso a base de las alegaciones hechas por el deman-dante en su demanda original, es decir, la liquidación de su cuenta de refacción del tabaco entregado durante la cosecha de 1935 a 1936, ordenando, además, se descontara el importe del pagaré firmado por el demandante a favor de José López.

Hemos leído detenidamente la transcripción de la evi-dencia que contiene toda la prueba presentada en este caso y de ella se desprende que los $1,553.36 reclamados por el demandante en su demanda enmendada como pago de una venta de tabaco efectuada el 9 de julio de 1936 y cuyo importe aparece detallado en el Exhibit “A” del demandante (que es el certificado azul a que se refiere en su opinión la corte inferior), fué un documento preparado expresamente para ser entregado a la A.A.A. con el fin de cobrar el 30 por ciento que por compensación pagaba el gobierno federal a los cosecheros de tabaco, y que dicho documento no repre-senta una venta. Así se desprende de la declaración del testigo de la demandada, Pedro Yanga, empleado que fué de José López durante diez años. Explicando esta transac-ción, dijo lo siguiente:

“P. — Examine este otro documento que le muestro. ¿Qué docu-mento es ese? (Mostrándole la factura que presentó la parte deman-dante, relacionada con la venta de noventa y un quintales de tabaco)— Esto fué una liquidación que él pidió que se le hiciera.
“P. — ¿Quién?—Don Bafael Miranda.
“P. — ¿Para qué pidió esa liquidación? — Para los asuntos de la Triple A que se relacionaba con los tabacos, y se hizo no sólo a él, sino a unas cuantas personas, pero después no tuvo efecto ninguno, y se hacía en forma de venta, porque nosotros al liquidar le exi-gíamos al cosechero unos recibos que nosotros le dábamos.
“P. — ¿Ese documento fué un documento auténtico de una venta o fué un documento con qué fines? — Esto fué únicamente que le hizo una petición a José López para que le hiciera una liquidación para los fines de la Triple A cobrar el treinta por ciento o simular.
“P. — ¿En los años 1934 y 35 y 36 no tenían que darnos a todos los cosecheros que entregaban tabaco una participación por el im-porte del tabaco para los fines de compensación por el Gobierno Federal? — Sí, señor; y esto fué para pago de la Triple A.
“P. — ¿Ese tabaco que está consignado en ese documento a qué tabaco se refiere? — Para los efectos de la Triple A y este tabaco no s& recibió en almacén.”
“P. — ¿Y por qué esta liquidación de ochocientos cincuenta y siete pesos y aquella (de quinientos,) de mil quinientos pesos? — Porque esa es una liquidación verdad de tabaco, que entregó o vendió a la casa y esta es una liquidación falsa ....
“P. — ¿Do que quiere decir, que en este papel azul se pone una cantidad mayor para que la triple A pagara más? — Una cosa así.
“P. — ¿Pero es la misma cosa esto que ésta? — Fué a la casa y le dijo a José López que le pusiera unos quintales de tabaco ahí' y es una liquidación que no está en récord, porque la verdadera liqui-dación fué esa y hay otra de tabaco de su cosecha.
“P. — ¿Cuando se daban estas notas para la Triple A se ponía más de lo que había entregado? — Sí, señor; además noventa y pico de quintales y él quería hacer un contrato,' porque no tenía y eso se le dió a él y a diferentes personas, porque las casas acostumbraban eso.” (Itálicas nuestras.)

Y a repreguntas del abogado del demandante, declaró:

“P. — ¿Quiere decir, que ese documento que el Juez le muestra a Ud., que dice venta, era una cuestión simulada para defraudar a las Tres A? — No sé con qué fines lo bizo Miranda.
“P. — ¿Pero lo firmó Ud.? — Sí, señor; era empleado, pero no fué el tabaco que recibí, porque yo era la persona que recibía.
“P. — ¿José López 'y Eafael Miranda, dos hombres viejos, se con-fabularon para robar a las Tres A? — Hon. Juez. No sigan por ese ■cámino.” (Itálicas nuestras.)

El propio demandante al declarar de nuevo admitió que dicho documento en papel azul él lo presentó a. la A.A.A., aunque insistió en que representaba una venta efectiva de tabaco.

La prueba de la demandada demuestra, además, no que “parezca que las cantidades del papel azul están infladas” como dice la corte inferior, sino que efectivamente se fijaron precios más altos a las distintas clases de tabaco, en com-paración con los precios que. aparecen en todas las demás liquidaciones presentadas como prueba.

En el caso de Romero v. Romero y Solís, 33 D.P.R. 108, se resolvió por esta corte lo siguiente:

“ ... Cuando se presenta una alegación enmendada como sustituía de la alegación original esta última deja de ser parte de los autos ■excepto para decidir a los fines de la prescripción, euándo fué en realidad comenzada la acción y si una nueva causa de acción ha sido .presentada, o algo por el estilo. Barber v. Reynolds, 33 Cal. 497; Kelly v. McKibben, 54 Cal. 192; Redington v. Cornwell, 90 Cal. 50; Collins v. Scott, 100 Cal. 453; Tehama v. Sisson, 152 Cal. 179; Collins v. Gray, 3 Cal. App. 726; Ross v. Flynn, 189 P. 293; Hausen v. Goodrich (Mont.) 181 P. 739.”

Véanse además los casos de Vahamonde v. Miró, 36 D.P.R. 616; Martines v. Jiménez, 20 D.P.R. 515 y Taboada v. Dragoni, 50 D.P.R. 907.

A los efectos de la acción en este caso la corte inferior no debió tomar en consideración la prueba presentada y apli-carla a resolver las alegaciones de la demanda original sobre .liquidación de la cuenta de refacción de tabaco del año 1935-36, ya que dicha demanda dejó de ser parte de los autos excepto para los fines expuestos en la jurisprudencia antes citada.

El caso debió resolverse bajo la teoría expuesta por el demandante en su demanda enmendada, es decir/ si se probó o no la venta de tabaco efectuada el 8 de julio de 1936. La prueba principal presentada para sostener esta alegación, o sea el Exhibit “A” del demandante, escrito en papel azul, quedó tan desacreditada, que la propia corte inferior la des-cartó por ser aparentemente falsa. La preponderancia de la prueba demuestra, como hemos visto antes, que dicho docu-mento fué preparado expresamente para ser presentado a la agencia federal A.A.A., con precios inflados y que no repre-senta una venta efectiva de tabaco hecha por el demandante a José López.

Habiendo el demandante variado el concepto de su recla-mación al radicar su demanda enmendada, somos de opinión que la sentencia dictada es errónea por no ser congruente con las alegaciones de dicha demanda enmendada. De la Plaza v. Central Boca Chica, 34 D.P.R. 589; El Pueblo v. P. R. Ry. Light & Power Co., 25 D.P.R. 408.

La corte inferior cometió manifiesto error al apreciar la prueba y aplicarla para conceder al demandante el importe de la liquidación de su cosecha de tabaco del año 1935-36, materia esta que no estaba comprendida en el asunto objeto del litigio, no siendo, por tanto, de aplicación el artículo 191 del Código de Enjuiciamiento Civil preceptivo de que las cortes pueden conceder al demandante, lo que siendo compatible con lo alegado en la demanda, estuviere comprendido en el asunto objeto del litigio. Una venta de tabaco, efectuada en un día determinado, puede estar comprendida en la liquidación de toda la cosecha de un año, pero ésta no puede estar comprendida en aquélla.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia apelada y, en su consecuencia, declararse sin hogar la demanda enmen-dada, con costas al demandante.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Pico, demandante y apelado, v. Francisco Castillo, acusado y apelante.
    Núm. 8592.

    Sometido: Marzo 12, 1941.

      Resuelto: Marzo 17, 1941.

      José R. Fournier, abogado del apelante; Hon. Procurador General George Á. Malcolm y R. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Castillo fué acusado de portar sobre su persona “una cuchilla curva plegadiza de más de tres pulgadas de largo, conocida por faca.” Se alega en la denuncia que el arma fué ocupada y presentada a la corte como evidencia.

En el presente recurso, interpuesto contra la sentencia de dos meses de cárcel que le fué impuesta por la Corte de Distrito de Bayamón, el acusado apelante alega que dicha sentencia es contraria a la prueba y a la ley; que la corte sentenciadora erró al dictarla, porque no se identificó el arma ni se ofreció como prueba; y que erró igualmente al apreciar la prueba.

De la transcripción de evidencia resultan probados fuera de toda duda razonable los hechos siguientes:

El día 12 de mayo de 1940, Día de las Madres, se cele-braba un baile en casa de Feliciano Nieves. Como a las dos de la tarde llegaron allí el acusado y dos amigos suyos, Eleu-terio Vázquez y Martín Castillo, y pidieron que tocaran música para bailar. Al decirles el dueño de la casa que aquella era una fiesta familiar, Martín Castillo bizo dos dis-paros contra el seto de la casa y Eleuterio Vázquez bizo otros dos disparos, uno de los cuales birió en la quijada a Feliciano Nieves. Al intervenir Rafael Nieves para defender a su padre, el acusado Francisco Castillo le birió con una cuchilla o “gulvia,” y después de herirle tiró el arma al batey. El arma fué recogida y entregada más tarde a la policía. Los cinco testigos de El Pueblo identificaron la cuchilla o “gulvia” que les fué presentada en el acto del juicio, como el arma que había esgrimido el acusado y con la cual había herido a Rafael Nieves.

Es cierto que del récord no aparece que el arma fuese ofrecida formalmente en evidencia por el fiscal. Pero, apa-reciendo que fué presentada a la corte, juntamente con la denuncia “como materia de evidencia en el caso,” y que en el acto del juicio fué mostrada a todos los testigos, no sola-mente para los fines de identificación si que también para que declarasen en cuanto al uso que de ella había hecho el acusado, sin objeción por parte de la defensa, debemos resolver que el arma en cuestión quedó debidamente identificada, sin que fuera imprescindible su presentación en 'evidencia.

En el caso de El Pueblo v. Romero, 54 D.P.R. 625, la cuchilla fué traída ante esta Corte Suprema. Al confirmar la sentencia, se dijo:

“ ... Se trata de una cuchilla plegadiza, porque su hoja se pliega dentro del mango. Medida desde la rabera del acero hasta su terminación (Pueblo v. Peña, 34 D.P.R. 76), la hoja mide justamente tres pulgadas de longitud. Es curva, en forma de faca, y plegada la cuchilla mide cerca de dos pulgadas de ancho. Por su construcción, y uso a que se dedica, no es claramente un cortaplumas o cuchilla de bolsillo. En el caso de El Pueblo v. González, 36 D.P.R. 52, 54, al establecer una comparación entre el cuchillo y el cortaplumas de bolsillo, refiriéndose a este último se dijo:
“ ‘. .cortaplumas, según la misma autoridad (el diccionario) “es un instrumento a manera de navaja pequeña usado para cortar plumas,” con el que podrá quizá causarse daño corporal en alguna ocasión inesperada pero cuyos otros múltiples usos personales, entera-mente independientes de los fines de ofensa o defensa, son los deter-minantes de que se lleve comúnmente sobre la persona’.” (Paréntesis nuestro).
“Sabemos que los electricistas usan cuchillas plegadizas como la ocupada al acusado para quitar la cubierta de los alambres eléctricos al hacer conexiones, pero del récord no aparece que el acusado, al ocupársele el arma, la estuviese usando para esos fines.
“A nuestro juicio el arma en cuestión no está comprendida en el inciso 3 del artículo 5 de la Ley de Portar Armas de 1924, y siendo ello así es un arma prohibida.”

Todos los testigos examinados en este caso, al referirse a la cuchilla que se les mostraba para su identificación la llamaban “gulvia.” Esta corte toma conocimiento judicial de que las cuchillas vulgarmente conocidas como “gulvias,” son las mismas cuchillas plegadizas y curvas que también se conocen bajo la denominación de “facas”; y que las llamadas “gulvias” no son los cortaplumas de bolsillo cuya portación está permitida por el apartado 3 del artículo 5 de la ley de 25 de junio de 1924. (Ley núm. 14 de 1924, pág. 115.).

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    Eduvígís Guillot Vda. de Suárez, por sí, y en su carácter de madre con patria potestad de su hijo Agustín Lester Suárez, demandante y apelante, v. J. F. Caratini, conocido también por Jaime Francisco Caratini, demandado y apelado.
    Núm. 8168.

    Sometido: Marzo 12, 1941.

      Resuelto: Marzo 17, 1941.

      Prank Torres, abogado de la apelante; Ramón A. Qadea Picó, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Justo Suárez, mientras viajaba en bicicleta por la carretera con dirección de Santa Isabel a Ponce, fué arro-llado por un automóvil, y habiendo fallecido como consecuen-cia de las lesiones que recibiera, su viuda y su hijo de tres años demandaron a Caratini en reclamación de daños y per-juicios, alegando que éste es dueño del carro y que el chófer era su empleado. Como actos constitutivos de negligencia alegaron que el chófer, quien iba en dirección contraria a la del finado, o sea de Ponce a Santa Isabel, conducía el vehículo a una velocidad excesiva, sin tocar klaxon o bocina. En el hecho IV de la demanda se alegó que el demandado utilizaba el automóvil como parte de su negocio o empresa, conduciendo neveras eléctricas; y en el V se alegó que en el momento del accidente el demandado iba dentro del carro. El deman-dado contestó negando los hechos esenciales, y como defensa especial alegó que el accidente se debió única y exclusiva-mente a la propia negligencia de Suárez, “quien súbita .e inesperadamente se lanzó al paso del automóvil . . . montado en una bicicleta que manejaba sin tomar las precauciones razonables para proteger su persona, ni cuidarse de los automóviles que transitaban por el sitio alegado en, la de-manda, que es una carretera pública, sin atender al sonido de alarma del automóvil del demandado, y actuando sin ejer-cer la debida prudencia.”

Visto el caso ante la Corte de Distrito de Ponce, dictó ésta sentencia desestimando la demanda e imponiendo las costas a la demandante.

Los apelantes alegan qne la corte sentenciadora erró al apreciar la prueba, al aplicar la ley a los hechos probados y al dictar una sentencia que no está sostenida por la prueba.

Hemos examinado la prueba, de la que haremos un breve resumen.

El único testigo presencial del accidente que presentó la parte demandante fué Santos Troche. D'eclaró que vió a Suárez cuando salió de su trabajo y montó en su bicicleta; que el declarante y otros se montaron en un carro y desde una distancia de quince o veinte metros vieron cuando un carro arrolló a Suárez; que el automóvil iba de Ponce para Santa Isabel y Suárez en dirección contraria; que 'el auto-móvil iba a bastante velocidad; que delante del carro que arrolló a Suárez iba otro automóvil y cuando éste dobló hacia la Central Mercedita, el carro que venía detrás lo cogió; que no sabe si el automóvil tocó klaxon; que si lo hubiera tocado lo hubiera oído; que no puede precisar la velocidad que traía el carro; que cuando él llegó al sitio del accidente ya se habían llevado al muerto. Al ser repreguntado rec-tificó y dijo que él había presenciado el accidente desde una distancia de 250 ó 300 metros.

El chófer Eamón Yunque, quien guiaba el automóvil que arrolló a Suárez, describió el accidente así:

“El accidente fué de la manera siguiente: yo iba de Ponce en dirección a Santa Isabel, y cuando llegamos al callejón que entra a ‘Mercedita’, frente al carro mío iba otro; el número no lo recuerdo, ni su dueño tampoco. La cosa es que el carro que iba alante, el chófer se metió por la carretera de ‘Mercedita’.
“Lie. Gadea.
“¿Por el camino de ‘Mercedita’?
“Sí, señor.
“¿El que parte de la carretera ésa?
“Sí, señor, y viró inmediatamente para ‘Mercedita’; inmediata-mente miré así y noté a través del cristal de alante, y vi que venía uno en bicicleta, por su derecha, y nosotros por la nuestra, y al llegar al callejón de ‘Mercedita’, como el otro carro entró, lo dejó y el ciclista le pasó; entonces, cuando el ciclista se encontró que el carro que iba le había dejado poco curso a través del callejón, se desvió inmediatamente, porque venía' dando pedal muyo ligero y desvió por detrás del carro sin darse cuenta que venía otro carro. Yo al verlo tiré el carro mío hacia la derecha; en vez de seguir la carretera me tiré por la zanja, sobre la zanja, pero el ciclista, al ver el otro carro, se impresionó y empezó a hacer así y le dió con la goma delantera al guardalodo de la izquierda delantera del carro que yo guiaba. Le dió con la goma de la bicicleta al guardalodo del carro que yo llevaba, por la parte izquierda, casi pegado al estribo de la puerta. Entonces, cuando él chocó conmigo, me parece que el mismo impulso que traía le hizo abandonar el manubrio, y entonces paré el carro en el otro lado, y me quedé casi fuera de la brea. Tomé todas las medidas que exige la ley.”

La declaración, del chófer fue plenamente corroborada por las de Juan Cordero, José Cordero, Jesús Rodríguez y Francisco Acosta, testigos presenciales del accidente. Todos declararon que el automóvil iba a una velocidad moderada.

Si bubo algún conflicto entre la declaración del testigo Santos Troche y las de los testigos del demandado, la corte sentenciadora, que los vió y oyó declarar a todos en su presencia, lo resolvió dando crédito a los testigos del deman-dado y negándoselo a Troche. Y no habiéndose alegado y menos probado que la corte al apreciar la prueba actuara con pasión o movida por el prejuicio o la parcialidad, es nues-tro deber aceptar y respetar su fallo.

La corte inferior declaró además como hechos probados, que el demandado Caratini no era dueño de ninguna empresa y sí un mero agente comisionista de L. R. Wood & Co., Inc., en Ponce; que la empresa pertenecía a la citada corporación y no a Caratini; que Yunqué no era chófer del demandado; y que éste no se encontraba dentro del automóvil al ocurrir el accidente. La evidencia es suficiente para sostener dichas conclusiones.

Se trata a nuestro juicio de uno de esos lamentables acci-dentes que ocurren con tanta frecuencia en las calles y cami-nos públicos y que desgraciadamente parecen ser inevitables.

Debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Pe Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor Pérez, acusado y apelante.
    Núm. 8488.

    Sometido: Marzo 14, 1941.

      Resuelto: Marzo 17, 1941.

      J. Valide juli Rodríguez, abogado del apelante; II on. Procurador General George. A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Pe Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Ramón y Víctor Pérez fueron acusados de un delito de adulteración de lecbe, consistente en tener para la venta, con el fin de dedicarla al consumo humano, lecbe de vaca adul-terada con agua añadida artificialmente. Ramón Pérez fué absuelto, y contra la sentencia que condenó a Víctor Pérez a pagar $25 de multa o en su defecto a cumplir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satisfacer, más las costas, se interpuso el presente recurso de apelación.

La evidencia fué contradictoria. La de el Pueblo tendió a demostrar que el 3 de mayo de 1939, como a las 9:15 de la mañana, el Inspector de Sanidad Luz Méndez Serrano fué a un restaurante que en Arecibo poseen Ramón y Víctor Pérez, y de un porrón que contenía 15 litros de leche, que encontró en la nevera del establecimiento, tomó una muestra que resultó adulterada, adulteración que aceptaron los acusados; que en el establecimiento se servía café con leche; que su dueño era Víctor Pérez, quien no estaba pre-sente en aquella ocasión, y que el hermano de éste, Ramón, a cuyo nombre está la patente del establecimiento, le mani-festó que él y Víctor eran socios.

La prueba de descargo consistió en las declaraciones de los acusados. Víctor declaró que es dueño del estableci-miento y que su hermano Ramón trabaja con él. Que él, Víctor, estaba en el establecimiento cuando se presentó el Inspector Luz Méndez Serrano y le dijo que había tomado una muestra de una leche que acababan de entrar en el esta-blecimiento, pidiéndole que firmara la notificación, a lo que se negó el testigo. Que cuando la muestra fué tomada, la leche no estaba todavía en la nevera; que una vez recibida la leche, la hierven y se consume en café para ellos y para la venta.

El coacusado Ramón Pérez declaró más o menos en los mismos términos, y admitió que la leche la usan para el café y también para “lindberghs”, y que él es dependiente y no dueño del establecimiento.

En rebuttal, declaró Méndez Serrano que la muestra fué tomada de ]a leche que estaba en la nevera y que no hubo allí discusión alguna.

Víctor Pérez fué llamado nuevamente por la defensa, insis-tiendo en que la muestra fué tomada de un porrón que estaba en el suelo. No existe duda alguna de que se trata en este caso de un establecimiento público en el que se expende café con leche. El hecho de que la leche no fuese vendida sin mezclarse con café, no exonera de responsabilidad al acusado como dueño del establecimiento, cuando de la prueba resulta que la leche, antes de mezclarse con el café, había sido adul-terada. El parroquiano que compra café con leche tiene el derecho a que la que se usa en el café sea pura. Pueblo v. Blasco, 33 D.P.R. 343; Pueblo v. Lomba, 44 D.P.R. 406.

No constituye defensa alguna el que en presencia del denunciante no se llevaran a efecto transacciones. Se trata, como hemos visto, de un establecimiento público cuyo negocio consiste en vender, entre otras cosas, café con leche para el consumo humano, y en tales circunstancias el hecho de tenerla para la venta en las condiciones en que se hallaba dicho producto es constitutivo de delito.

No habiéndose cometido los errores señalados por el ape-lante, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.


text:
    Georgina Rodríguez, conocida por Georgina Font Rodríguez, demandante y apelante, v. Prudencia Ubides Viuda de Font, como heredera universal de Federico Font Delort y su tutora Encarnación Aponte, Domingo Negrón, defensor judicial, demandados y apelados.
    Núm. 8076.

    Sometido: Enero 21, 1941.

      Resuelto: Marzo 18, 1941.

      Pedro M. Porrata y Rafael Hernández Matos, abogados de la apelante; Erasto Arjona Siaca, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante en este caso radicó ante la Corte de Distrito de Ponce una demanda de filiación, en la que en síntesis alegaba que desde el 1889 basta mediados de 1893 don Federico Font Delort vivió en concubinato, pública y abiertamente, bajo un mismo tecbo, como marido y mujer con Francisca Rodríguez, quien como consecuencia de esas relaciones concibió a la demandante, dándola a luz en abril 23 de 1892; que tanto al tiempo de la concepción como en la fecba del nacimiento de la demandante, sus padres eran sol-teros y mayores de 21 años de edad y estaban en condiciones de baber podido contraer matrimonio, sin dispensa; y que desde el momento de su nacimiento basta la muerte del señor Font, la demandante gozó de la posesión continua del estado de bija natural, justificado por actos directos de dicho señor y de sus familiares. Pide la demandante que se la declare bija natural reconocida de don Federico Font Delort, con todos los derechos que la ley concede a los hijos naturales reconocidos; y que se condene a los demandados que se opon-gan, al pago de las costas.

La demandada, viuda y única y universal heredera tes-tamentaria del señor Font,- contestó la demanda, y después de negar específicamente los hechos esenciales de la misma, como una defensa especial alegó “que ella no ha aceptado ni expresa ni implícitamente la herencia . . no teniendo en la fecha en que fué demandada en este caso, ni posteriormente en todos sus trámites, ni ahora al radicar su contestación presente, el carácter de heredera única y universal de don Federico Font Delort, por lo que, no viene obligada a reco-nocer a la demandante, como hija natural reconocida de don Federico Font Delort, mientras dicha herencia no haya sido aceptada por la demandada.” Aleg’ó además, que antes de aceptar o repudiar la herencia ella tiene la facultad de ejer-cer el derecho de deliberar; que el plazo que la¡ ley le concede a ese efecto no ha empezado a transcurrir; que mien-tras la demandada no acepte la herencia, no hereda obligación alguna del causante y no viene por tanto obligada a reconocer a la demandante como hija natural de aquél, no siendo parte propiamente demandada en este litigio; y, por último, que la acción que se ejercita está prescrita.

Visto el caso, la corte inferior declaró en su opinión que wla prueba en cuanto a la demanda fué sólida, robusta y convincente; quedando probados, de la manera más satisfac-toria, todos y cada uno de los hechos alegados en la demanda de filiación”; y en cuanto a la alegada defensa especial, dijo:

"La corte, después-de haber considerado en conjunto la evidencia y los alegatos presentados por ambas partes, es de opinión, y así lo declara, que la demandada, como única y universal heredera de Federico Font Delort, no ha aceptado la herencia, y, por consiguiente, que ella no viene obligada al reconocimiento de la demandante como hija del causante, y que debe declararse, única y exclusivamente por este motivo, sin lugar la demanda, con costas, de acuerdo con el precepto imperativo de la Ley número 69 de 11 de mayo de 1936.”

Para sostener el recurso por ella interpuesto, la deman-dante apelante ha formulado los siguientes señalamientos de error:

“I. La corte de distrito cometió error al resolver que constituye defensa valedera en derecho la alegación por parte de un heredero, a quien se le reclama una obligación del causante, de que no viene obligado a cumplir el reclamo de la demanda por no haber resuelto antes o después de ser demandado, si aceptar o repudiar la herencia.
“II. Bajo la suposición de que estuviésemos equivocados al impu-tarle el error núm. I a la corte de distrito, ésta cometió entonces el error de declarar que la intervención en las negociaciones para con-certar un arreglo por parte del heredero instituido y sus defensas afirmativas contra la demanda, unidas a los demás hechos establecidos por la demandante, no constituyen aceptación suficiente de la heren-cia a los efectos del reclamo de la demandante en el presente caso.
“III. Por último, sostiene la demandante que la corte de distrito, bajo los hechos y circunstancias del presente caso, cometió error al no declarar que, a los efectos de esta acción de filiación, la deman-dada no tenía derecho a prevalecer con su alegación de que todavía no había resuelto si aceptar o repudiar.”

Siendo una sola la cuestión, legal envuelta en los tres seña-lamientos, los consideraremos conjuntamente.

Haremos primeramente un resumen de los procedimientos seguidos ante la corte inferior. Don Federico Font Delort falleció el día 3 de febrero de 1934, sin dejar ascendientes ni descendientes legítimos ni legitimados. Fm su testamento dejó legados a varias personas e instituyó como su única y universal heredera a su esposa, la demandada.

La demanda original, radicada en noviembre 14 de 1934, iba dirigida contra todos y cada uno de los legatarios y contra la viuda del causante, como heredera universal. En enero 25 de 1935, previo permiso de la corte, la demandante radicó la primera demanda enmendada, en la que se hicieron algu-nos cambios en cuanto a las partes demandadas, sin cambiar la teoría original de la acción. El emplazamiento de la de-mandada doña Prudencia Ubides, viuda del causante, fue hecho el 15 de noviembre de 1934, notificándosele por medio de su tutor, por haber sido declarada dicha demandada inca-paz por orden judicial. Atacada la demanda enmendada mediante mociones para eliminar y excepciones previas for-muladas por otras partes demandadas, la demandante en-mendó por segunda vez su demanda en 9 de julio de 1935, siendo emplazados de nuevo todos los demandados. En 23 de julio se anotó la rebeldía de la demandada Prudencia Ubi-fies de Font. En 12 de septiembre del mismo año, a moción de la demandante se dejó sin efecto la rebeldía de la deman-dada y se concedió permiso a la demandante para radicar lina tercera demanda enmendada, la que fue radicada el mismo día. En ella figura como única demandada la viuda del cau-sante. Compareció la demandada en 25 de noviembre de 1935 y formuló moción para eliminar ciertos párrafos de la demanda. Declarada con lugar dicha moción, la corte con-cedió permiso para enmendar la demanda, quedando radicada la cuarta demanda enmendada en diciembre 10 del mismo año. En enero 21 de 1936, la demandada interpuso excepción pre-via por alegada insuficiencia de los hechos alegados en la demanda. La excepción fué declarada sin lugar y el 21 de febrero de 1936 la demandada radicó una moción en la que pedía que la actora especificase ciertos particulares “cuyo conocimiento para la demandada es necesario para poder con-testar la demanda.” Los particulares solicitados se referían a los alegados actos de reconocimiento de la demandante como su hija natural, por don Federico Font Delort, y fechas de los mismos. Concedida en parte dicha moción, la deman-dante radicó en marzo 30 de 1936 el pliego de particulares. Por fin en abril 7 de 1936 la demandada contestó en la forma que hemos expuesto al principio de esta opinión.

En el acto de la vista, con el objeto de probar la acep-tación de la herencia por la demandada Prudencia Ubides, la demandante ofreció la siguiente evidencia:

(«) La escritura sobre formación del inventario de herencia, otorgada en junio 11, 1934, por la albacea testamentaria, en la que compareció don Pedro Juan Ubides, en su carácter de mandatario verbal de doña Encarnación Aponte, ésta tutora de doña Prudencia Ubides, la demandada.
(b) Recibo de la contribución de herencia pagada por la albacea testamentaria en octubre 26 de 1934.
(c) Declaración del Lie. Porrata, abogado de la demandante al efecto de que él hizo gestiones con los demás herederos, a quienes representaba el Lie. Arjona Siaca, para hacer una división de la herencia; que Arjona redactó un proyecto de escritura de partición, y que dicho abogado nunca le dijo que la demandada Prudencia Ubides no había aceptado la herencia.
(d) Proyecto de escritura de partición, el cual no está firmado por ninguna persona.

La demandada, para sostener la no aceptación de la herencia, presentó la prueba siguiente:

(1) Declaró Georgina Ubides, albaeea testamentaria, que desde la muerte del causante ella posee y administra los bie-nes de la herencia; que la demandada ni ninguno de sus-tutores ha tomado posesión de los bienes; que ella, como albaeea, ha pagado las contribuciones; que ella le pasa men-sualmente a la demandada dinero para sus gastos, no exce-diendo nunca a la mitad de las rentas; que ella pagó la con-tribución de herencia en virtud del entendido que se hizo-según el proyecto de escritura de partición; que doña Encar-nación Aponte, tutora de la demandada, intervino en ese entendido y dió su conformidad para el mismo; que había un entendido entre las partes y se necesitaba presentar el proyecto de escritura a la corte para su aprobación y segu-ramente la corte no lo iba a admitir si no se traía el recibo del pago de la contribución de herencia y que por eso ella se vió obligada a hacer el pago; y que el entendido no se llevó a efecto porque surgió una discusión entre dos legata-rios con respecto a un solar.

Domingo Negrón, tutor testamentario de la demandada, declaró que ni la demandada ni su tutora han entrado en posesión de los bienes hereditarios; y que él no intervino en la práctica del inventario ni en el proyecto de partición.

Erasto Arjona Siaca, abogado de la demandada, declaró que él intervino en la confección del testamento del señor Pont Delort, el que fué autorizado por el notario Rafael Ati-les Moréu; que se hicieron varias copias certificadas del tes-tamento y una de esas copias fué entregada a Georgina Rodrí-guez, la demandante; que por un error del escribiente, en la copia que se entregó a la demandante, en la cláusula novena, se hizo la institución de heredero a favor de Juan Ciríaco Ubides y Encarnación Aponte, padres políticos del causante, y no a favor de su esposa Prudencia Ubides; que el declarante nunca ha tenido autoridad para aceptar la herencia ni para comprometer los derechos de la demandada Prudencia Uhides; que ésta nunca ha aceptado la herencia; y que el declarante, simplemente como abogado de la alba-cea testamentaria, trató de acercar las partes a fin de hacer una partición extrajudicial.

Convenimos con la corte inferior en que ni la formación del inventario por la albacea testamentaria, ni el pago por ésta de la contribución de herencia, ni el recibo por la heredera incapaz de una mitad de las rentas producidas por los bienes relictos, implican por sí solos aceptación de la herencia por la demandada. Artículos 953 y 1325 del Código Civil (1930).

Dispone el citado artículo 953 que la aceptación pura y simple de una herencia puede ser expresa o tácita. La expresa debe hacerse por documento público o privado. “Tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar’, o que no habría derecho a ■ejecutar sino con la cualidad de heredero(Itálicas nuestras.)

En sus Comentarios al artículo 999 del Código Civil Espa-ñol, que es el equivalente del artículo 953 de nuestro Código, dice Manresa:

“Para la aceptación tácita se requieren actos del heredero o realizados en su nombre. Acto, es toda acción humana: hechos propiamente dichos, manifestaciones escritas y aun palabras que dan ■cuerpo y vida a esa acción. Cesare Lozana, sin embargo, dice con .razón, que para igualar los efectos de la aceptación tácita con los •de la expresa, la ley tiene necesariamente que referirse a actos que por su eficacia natural e intrínseca ofrezcan la misma garantía de madura reflexión que supone un documento escrito en el que se toma fia cualidad de heredero, y que, por tanto, los actos a que la ley alude han de ser solamente aquellos que por sí mismos produzcan efectos jurídicos con relación a aquel que los realiza...
“Ahora bien: los actos realizados por el heredero deben ser tales, que necesariamente supongan la intención, o la voluntad de aceptar. Si pueden tener distinta significación o interpretarse de un modo .diferente, no hay aceptación, y desde luego pueden estimarse como actos extraños o independientes a la voluntad de aceptar, aquellos que baya derecho a ejecutar por concepto distinto al de heredero, como albacea, poseedor, socio, colono, etc. Por eso añade el artículo 999, que para que los actos que entrañan aceptación supongan nece-sariamente la voluntad de aceptar, es preciso que no exista derecho a ejecutarlos, sino teniendo la cualidad de heredero.
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"Por muy explícito y terminante que parezca el texto legal, es esta materia una de las que más dificultades pueden ofrecer en la práctica. Todo es relativo, e influyen mucho las circunstancias espe-ciales de cada caso. Es necesario deducir de los actos del heredero su voluntad o su intención.
"No se crea por ello que se trata de una simple cuestión de hecho. Los hechos son la base: de ellos hay que derivar la regla jurídica. La autoridad judicial, al promoverse litigio, apreciará, según las reglas de una sana crítica, cuáles son los hechos que deben estimarse probados, y esto no puede ser motivo de casación: los hechos son desde luego los que se declaren probados, y no puede pretenderse que fueron otros distintos. Pero de esos hechos, ¿se desprende una aceptación tácita? ¿Suponen necesariamente la vo-luntad de aceptar, pudiendo ejecutarse solamente teniendo la cualidad de heredero? Esta es ya una cuestión de derecho que puede ser apreciada de distinto modo por el Tribunal Supremo, y de aquí que proceda contra la resolución en segunda instancia el recurso de casación.
"La ley comprende la dificultad. Por esto, por vía de aclaración, determina que los actos de mera conservación o administración provisional, no implican por regla general aceptación de la herencia, y señala determinadamente en el artículo 1000 otros actos que suponen esa aceptación.” Tomo 7, págs. 354, 355, ed. 1903.

¿Son los actos realizados por los tutores de la deman-dada, en su nombre, desde antes de iniciarse y durante la tramitación del presente litigio, de tal naturaleza que impli-can o suponen la voluntad de aceptar la herencia? ¿Tenía derecho la demandada a ejecutar tales actos, sin ostentar la cualidad de heredera?

Aceptaremos, como lo aceptó la corte inferior, que la comparecencia de Pedro Juan Ubides, como mandatario verbal de su señora madre doña Encarnación Aponte, tutora dativa de su hija, la demandada Prudencia Ubides, no im-plica aceptación de la herencia por la demandada. No pode-rnos aceptar, sin embargo, qne la participación qne en la confección del proyecto de partición de la herencia tomara la tntora dativa de la demandada no implique o suponga la voluntad de aceptar la herencia a nombre de la incapaz.

Del récord aparece que dicho proyecto fué redactado por el Lie. Arjona Siaca, quien tenía la representación legal de todos los legatarios, con excepción de la demandante, y tam-bién la de la demandada,- que en la reunión celebrada con el propósito de llegar a un convenio sobre partición de la he-rencia, estuvieron presentes todos los interesados, entre ellos la demandante y la tutora dativa y el tutor testamentario de la demandada; y que después de haber llegado a un convenio, éste no pudo ser formalizado por haber surgido diferencias entre dos de los legatarios en cuanto a la adjudicación de una de las propiedades.- El mencionado proyecto fué ofre-cido en evidencia por la demandante. No hubo oposición por parte de la demandada. El abogado de ésta lo aceptó, ha-ciendo constar que fué él quien lo redactó de acuerdo con lo convenido entre las partes interesadas. Entre las cláusu-las de dicho proyecto figura la siguiente:

“Pmmera. — Si aparecieren otros bienes pertenecientes a esta herencia testada y que por ignorancia, inadvertencia, error u olvido no se hubieren incluido en la presente partición, deberán repartirse entre los interesados en la siguiente' forma: en cuanto a los lega-tarios, completando sus legados hasta hacerlos llegar a su montante testamentario, y en cuanto a cualquier remanente que resultare, se le entregará y adjudicará a la viuda doña Prudencia TJbides como heredera única y universal, instituida de acuerdo con la cláusula novena del testamento que sirve de base a esta partición.” (Itálicas nuestras.)

Si se examina cuidadosamente el proyecto de partición, se Verá que el inventario que le sirve de base es el mismo que fué practicado por la albacea testamentaria en junio 11 de 1934.

La demanda original interpuesta por Georgina Eodríguez, reclamando su filiación como base para poder reclamar la herencia de su padre, fué dirigida contra doña Prudencia Ubides viuda de Pont, en su cualidad de única y universal heredera del causante, y contra varias otras personas como legatarias bajo el testamento del señor Pont Delort. Tras una serie de incidentes — mociones eliminatorias, solicitudes de especificaciones, excepciones previas, etc. — cuya tramita-ción cubrió el período desde noviembre 14 de 1934 hasta diciembre 10 de 1935, fecha de la cuarta demanda enmendada, fueron eliminados todos los legatarios demandados y quedó como sola demandada, en su cualidad de única y universal heredera, doña Prudencia Ubides de Pont. Emplazada con copia de la cuarta demanda enmendada, recurrió la deman-dada a nuevas tácticas dilatorias, presentando moción para eliminar, moción sobre reconsideración de la orden denega-toria de la eliminación y excepción previa a la demanda. Fallados en su contra todos estos incidentes, pidió la deman-dada que se ordenase a la demandante que especificara “cuándo y en qué forma don Federico Pont' Delort se dirigió a G-eorgina Rodríguez por escrito, como su hija natural, es decir si fué por medio de carta u otro documento, y fecha de cada documento o carta”; y alegó que esos datos le eran absolutamente necesarios para poder contestar la demanda. Declarada con lugar la moción y radicado el pliego de parti-culares, compareció la demandada en 7 de abril de 1936 y contestó la demanda, no para negar su cualidad de única y universal heredera de su esposo, ni para alegar su repudia-ción de la herencia, y sí para controvertir todas y cada una de las alegaciones de la demanda tendientes a establecer la filiación de la demandante y para alegar al final, lo que pudo haber alegado en contra de la demanda original, o sea que ella no ha aceptado ni expresa ni implícitamente la herencia.

A nuestro juicio, todas las actuaciones de la tutora dativa de la demandada necesariamente implican y suponen la voluntad de aceptar la herencia. ¿Si el propósito de la demandada era repudiar la herencia, qué objeto podía tener la cláusula primera del proyecto de partición, supra, por la cual se le adjudicaba “como heredera única y universal” el remanente de cualesquiera otros bienes que no hubiesen sido inventariados e incluidos en la partición? La inserción de dicha cláusula es un acto que supone la voluntad de aceptar la. herencia.

Ya hemos hecho constar que la acción de filiación fué entablada contra Prudencia Ubides en su carácter de heredera y no como simple legataria. Contra Prudencia Ubides como legataria, la demandante no tiene causa de acción, pues la acción de filiación, cuando no se ejercita durante la vida del presunto padre, debe dirigirse contra los herederos de éste, por ser los herederos los que de acuerdo con el artículo 610 del Código Civil (Ed. 1930) “suceden al difunto por el hecho solo de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones.” Si la voluntad de la demandada era repudiar la herencia, debió limitar su contestación a una negación de su cualidad de heredera universal, alegando su repudiación de'la herencia o su propósito de repudiarla. Si en realidad no estaba en el momento de contestar la demanda — más de dos años después de la muerte del causante y conociendo y habiendo aceptado el inventario de sus bienes — en condiciones de decidir si aceptaba o repudiaba la herencia, pudo de acuerdo con el artículo 959 del Código Civil pedir a la corte que le señalara un plazo para deliberar. No lo hizo así. Prefirió contestar. Y al hacerlo, se colocó en la posición y asumió la cualidad de heredera universal, que era la única que podía darle derecho a trabar una contienda con la demandante en cuanto a su alegada condición de hija natural del causante Font Delort. El acto de contestar la demanda controvirtiendo las alegaciones tendientes a establecer la filiación, implica o presume la voluntad de aceptar la herencia. ¿Qué objeto podía tener la impugnación de la alegada filiación, si no era el de defender la herencia e impedir que ésta pasara a manos de la hija natural del difunto?

En el caso de Amy v. Aponte, 29 D.P.R. 145, la demanda fué dirigida contra los herederos de Palés, quien había sus-crito como fiador un pagaré otorgado por Aponte a favor de Amy. En la apelación ante esta, corte sostuvieron los deman-dados que la demanda era insuficiente porque en ella no se alegaba que los demandados hubieran aceptado la herencia de Palés, con o sin beneficio de inventairo, y que fué error de la corte inferior desestimar la excepción previa. Al con-firmar la sentencia en contra de los herederos apelantes, este tribunal se expresó así:

"Indudablemente que si los herederos no aceptan o repudian la herencia de su causante no le suceden en todos sus derechos y obliga-ciones; pero de ese principio no puede derivarse la consecuencia de que el demandante que trata de exigir a los herederos las responsa-bilidades de su causante, deba alegar en su demanda que ellos han aceptado la herencia.
"Al demandante sólo incumbe alegar la condición de herederos de los demandados, pues como sostiene un ilustrado comentarista del Código Civil, Robles Pozo:
" ‘A partir del fallecimiento del causante, la sustitución de éste por heredero o causahabiente es simultánea, sin que sea necesario la aceptación, porque ésta se presupone siempre como consecuencia de la sucesión, equivaliendo la repudiación por el heredero a la renuncia de un derecho que ya se tiene o se posee y de una repre-sentación adquirida que se abandona y se rechaza o se condiciona al aceptarla ostensiblemente con arreglo a las facultades concedidas por derecho. ’
"La no aceptación de la herencia es una excepción que favorece a los herederos para que se les exima del cumplimiento de las obli-gaciones en que suceden al difunto por el solo hecho de su muerte, y como excepción es una cuestión de defensa que corresponde alegar a los demandados. Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D.P.R. 66.
"El Tribunal Supremo de España en dos de marzo de 1896, Jurisprudencia Civil, tomo 79, 414, al resolver un recurso de casa-ción contra sentencia en que unos menores representados por su madre fueron condenados al pago de dinero, en cuyo recurso se ale-gaba como motivo legal la infracción de los artículos 922 y 1005 del Código Civil Español, resolvió que ninguno de los artículos citados eran aplicables al caso porque los recurrentes condenados al pago de la deuda contraída por su padre eran herederos necesarios del mismo y no se había indicado y tratado de probar que hubieran renunciado a la herencia ni siquiera que la hubieran adido con limitación alguna.”

De acuerdo con la regia establecida por el citado caso, la demandante no estaba obligada a alegar- — y por consi-guiente tampoco a probar — que la demandada había aceptado la herencia. Era a la presunta heredera usufructuaria y testamentaria, demandada y requerida para que cumpliese la obligación que tenía el difunto Pont Delort de reconocer como su hija natural a la demandante, a quien incumbía alegar y probar que ella no tenía la cualidad de heredera por haber repudiado la herencia, no estando por tanto obligada a cum-plir las obligaciones del difunto. La demandada no alegó en su defensa la repudiación de la herencia. Su única de-fensa, tan inaceptable como insuficiente, fué su propia inde-cisión, alegando en sustancia que, no obstante haber trans-currido dos años y dos meses desde el fallecimiento del causante, ella no había decidido aún si aceptaba o repudiaba la herencia.

La misma cuestión legal levantada en Amy v. Aponte, supra, fué sometida de nuevo a la consideración de este tribunal en Banco Comercial de P. R. v. García, 51 D.P.R. 735. Demandados los herederos de la señora García en cobro de un pagaré, dejaron sin contestar la demanda y apelaron de la sentencia en rebeldía dictada en su contra. En la apela-ción alegaron que la demanda era insuficiente, porque en ella no se alegaba que los demandados hubiesen aceptado la herencia; y que la corte inferior había cometido error al no desestimarla. Al desestimar el recurso, este tribunal, des-pués de confirmar en términos inequívocos su decisión en Amy v. Aponte, se expresó así:

"El argumento más poderoso aducido por Manresa en apoyo de su criterio es el precepto del artículo 1005 del Código Civil español, equivalente al artículo 959 de nuestro Código, edición 1930. De acuerdo con este artículo cuando un tercero interesado insta en juicio para que el heredero acepte o repudie la herencia, deberá la corte de distrito señalar a éste un término que no pase de treinta días para que haga su declaración, apercibido de que si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada. Y añadimos nosotros, ¿qué más requerimiento que una demanda establecida contra los herederos reclamándole el pago de una obligación contraída por el causante? La ley concede diez días a los demandados para establecer sus alega-ciones, y nada impide que puedan solicitar de la corte la concesión de un tiempo razonable para aceptar o repudiar la herencia. La Sra. Monserrate F. Yiuda de García falleció en 1930, y esta demanda aparece radicada en 21 de febrero de 1931.
“El artículo 959 dispone que una vez instado en juicio el here-dero, el término que se conceda para que haga su declaración no pasará de treinta días. Se trata, como se ve, de un término peren-torio, y en nada se perjudican los demandados en hacer esta declara-ción cuando se les exige el cumplimiento de una obligación contraída por el causante. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita, y si el heredero ha realizado algún acto que implique tácita-mente esa aceptación, este hecho tiene que descansar necesariamente en su conocimiento y no debe esperarse del tercero que alegue y pruebe actos que quizás ignore y que no está obligado a conocer. Toda alegación esencial tiene que ser probada para que se establezca una causa de acción, y si el demandante ignora que la herencia haya sido aceptada, no debe exigírsele la alegación de hechos que está imposibilitado de probar, por carecer de la necesaria informa-ción. Sostener lo contrario equivaldría a autorizar al heredero a evadir fácilmente con su silencio el cumplimiento de una obligación de su causante, cuando puede protegerse y exonerarse de toda respon-sabilidad estableciendo el hecho de no haber aceptado o de haber repudiado la herencia.
“Como muy bien dice Manresa, cuando se acepta la herencia, se retrotraen los efectos jurídicos al momento de la muerte del causante. Si se obliga a la persona que exige judicialmente del heredero el cumplimiento de una obligación contraída por su causante a demos-trar la aceptación de la herencia, podría muy bien fracasar en sus empeños por carecer de la necesaria información. Si más tarde se prueba la aceptación de la herencia por ese heredero, el acreedor podría quizás verse colocado en una posición muy difícil para hacer efectivos sus derechos, ya que fracasó en sus propósitos, por falta de prueba, en una acción anteriormente entablada contra el referido heredero. Es verdad que de acuerdo con el artículo 959 un tercero interesado puede requerir al heredero para que acepte o repudie la herencia, pero si con la interposición de la domanda se obtiene este propósito, parece innecesario que se le obligue a cumplir con dicho requisito como condición precedente para establecer su reclamación. Se trata simplemente de una cuestión de procedimiento que no des-truye, a nuestro juicio, los principios enunciados por el comentarista Manresa. Si el heredero acepta la herencia, responde de la obligación contraída por su causante. Si no la acepta, y la repudia, entonces no contrae ninguna responsabilidad. Conviene advertir que el pre-cepto del artículo 959 es para el caso de que el heredero acepte o repudie la herencia. Puede darse el caso de que la haya aceptado sin conocimiento del tercero, y entonces se le estaría invitando a llevar a cabo un acto que ya ha realizado. T esto puede suceder, porque el tercero no está obligado a conocer el hecho de la acepta-ción de la herencia expresa o tácitamente, que como ya hemos dicho, descansa más bien en conocimiento del heredero. Debe desestimarse el error apuntado.”

Considerando que los actos realizados a nombre de la demandada suponen la voluntad de aceptar la herencia; que dichos actos indujeron a la demandante a dirigir’ su demanda contra la heredera universal en la creencia de que ésta había aceptado la herencia; y que la presunta heredera, al ser demandada, no interpuso la defensa de repudiación de la herencia, nos vemos obligados a resolver y resolvemos que a los efectos de la reclamación de filiación de la demandante, la demandada aceptó la herencia y se hizo responsable del cumplimiento de la obligación que como padre natural de la demandante contrajo el causante. Esa aceptación debe ser considerada como hecha a beneficio de inventario, de acuerdo con el artículo 947 del Código Civil, ed. 1930. 7 Manresa 311-12; 6 Sánchez Román 1769-1770, Estudios de Derecho Civil; 17 Scaevola 407. El tutor dativo puede aceptar la herencia a nombre del menor o incapacitado, con beneficio de inventario, sin que necesite para ello la autorización judicial. Es lógico que si la puede aceptar expresamente, tam-bién puede aceptarla tácitamente por medio de actos reali-zados a nombre del heredero, que impliquen la voluntad de aceptar. Al tutor no se le puede imputar la aceptación implícita sin beneficio de inventario, porque aun para la acep-tación expresa, sin dicho beneficio, necesitaría la autorización judicial.

Hemos estudiado la evidencia aducida por la demandante para establecer sn filiación y convenimos con la corte inferior en que la prueba es “sólida, robusta y convincente” y que todos los hechos alegados en la demanda fian quedado satis-factoriamente probados.

La sentencia recurrida, por ser contraria a derecho, debe ser revocada, dictándose en su lugar otra por la que se declare a la demandante Georgina Rodríguez, conocida por Georgina Font y Rodríguez, hija natural reconocida de don Federico Font Delort, con todos los derechos que la ley reco-noce a los hijos naturales reconocidos, debiendo hacerse la correspondiente nota marginal de dicho reconocimiento en el acta de nacimiento de la demandante en el Registro Civil en donde dicha acta apareciere inscrita. Bebe condenarse a la demandada al pago de las costas originadas por esta acción.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Ramón Montaner, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y Cándida Fuentes Vda. de Cortés, William Cortés Fuentes y Eloísa Cortés Soto, peticionarios ante la Comisión Industrial.
    Núm 217.

    Sometido: Marzo 10, 1941.

      Resuelto: Marzo 18, 1941.

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, E. de Aldrey, Procu-rador General Auxiliar j Víctor J. Vidal González, abogado éste del Fondo del Seguro del Estado, abogados del recurrente; Ramón A. Gadea Picó, abogado de los peticionarios ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de enero de 1937 el obrero Domingo Cortés sufrió un accidente del trabajo, a consecuencia del cual falleció el 31 del mismo mes. Previos los trámites légales, el 29 de septiembre de 1937 el Administrador del Fondo del Seguro del Estado declaró a Gregorio Cortés único beneficiario con dependencia parcial de su hijo, el obrero fenecido, adjudicán-dole una compensación ascendente a $1,395.87, a ser pagada a razón de $12 mensuales, con efecto retroactivo al mes sub-siguiente a aquél en que falleció el obrero. Además de su padre, dependían también del obrero la hermana de éste, de doble vínculo, Eloísa Cortes Soto, su medio hermano William Cortés Colón, y su madrastra a la vez que madre de crianza, Cándida Colón Puentes quien vivió con y cuidó del obrero desde que éste contaba diez años de edad. Gregorio Cortés era un anciano y sufría de hemorragias hemoptísicas que le impedían trabajar; su hijo William Cortés Colón, en la fecha en que murió el obrero, no había alcanzado la edad de quince años, y Eloísa, según se alega, siempre ha tenido perturbadas sus facultades mentales, por lo que tanto Gregorio como su indicada familia se sostenían del salario del obrero, auxiliado con 50 ó 75 centavos semanales que recibía Gregorio de otros hijos.

Gregorio Cortés continuó recibiendo los $12 mensuales de compensación hasta su fallecimiento, acaecido el 28 de diciem-bre de 1939, quedando pendiente de pago por no estar ven-cido, el remanente de la compensación, o sea, una suma alre-dedor de $800, y dejando una deuda de $86.62 por concepto de medicinas y alimentos.

El 18 de enero de 1940, en vista del fallecimiento de Gregorio Cortés, su viuda y sus dos hijos antes mencionados solicitaron del Administrador del Fondo del Estado que la compensación que venía recibiendo Gregorio Cortés fuese transferida a la viuda para beneficio de todos los peticiona-rios, hasta que se agotase el remanente de dicha compen-sación, petición que fué negada por el administrador por comunicación de febrero primero de 1940, ratificada por reso-lución del 8 del mismo mes, en la que expone las razones por las cuales no procede, a su juicio, acceder a lo por ellos solicitado, a la vez que ordena la suspensión de los pagos mensuales y el reintegro del balance de la compensación al Fondo del Seguro del Estado.

Recurrieron los peticionarios a la Comisión Industrial, la que por mayoría revocó la resolución del administrador, ordenando: (1) que la deuda de $86.62 de que se ha hecho referencia deberá ser pagada por el Fondo del Seguro del Estado con cargo al remanente de la compensación concedida a Gregorio Cortés y que quedó sin pagar por motivo de su fallecimiento; (2) que el remanente de dicha compensación sea pagado por partes iguales a Cándida Cortés Fuentes, viuda del beneficiario y madre de crianza del obrero, y los hermanos de éste, William Cortés Colón y Eloísa Cortés Soto, a quienes declara la comisión herederos beneficiarios de Gregorio Cortés, debiendo justificarse previamente que Eloísa Cortés se halla incapacitada mentalmente, y limitán-dose el derecho de William Cortés a la cantidad que le corres-ponde hasta haber cumplido quince años de edad, debiendo acrecer el sobrante de la parte de compensación de éste'— si tal sobrante hubiere — a su madre Cándida Colón Fuentes, y de igual modo acrecerá a favor de dicha señora la parte correspondiente a Eloísa Colón, si no se justificare su inca-pacidad mental.

Solicitó reconsideración el Administrador del Fondo del Seguro del Estado y siéndole denegada, instó este procedi-miento de revisión.

La cuestión a resolver en este recurso es la de si muerto el beneficiario de un obrero, la parte de la compensación no cobrada por él por no estar vencida en la fecha de su fallecimiento, pasa a los herederos dependientes del beneficiario, que a su vez lo eran también del obrero, o si dicha porción no cobrada revierte al Fondo del Seguro del Estado.

El precepto legal aplicable a la cuestión en controversia es aquella parte del apartado 5 del artículo 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Leyes de 1935, pág. 253), que dice así:

“Si el obrero o empleado dejare una viuda, padres, hijos, legí-timos o ilegítimos, o hijos postumos, fueran éstos o no naturales o adoptivos, o nietos, cualquiera de los cuales dependiera total o parcial-mente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su muerte, recibirán una compensación de mil (1,000) dólares a tres mil (3,000) dólares que se graduará en aten-ción a la capacidad económica del obrero o empleado fallecido y sus probabilidades de vida, de acuerdo con las reglas que deberá preparar el Administrador del Fondo del Estado, las que tendrán fuerza de ley después de aprobadas por la Comisión Industrial y el Gobernador, y promulgadas de acuerdo con la ley. Dicha compen-sación se distribuirá entre los parientes mencionados atendiéndose a la condición, necesidades, grado de parentesco y dependencia de cada uno, según se decida por el administrador de acuerdo con los hechos.
“En defecto de las personas antes mencionadas, el padre o la madre de crianza, los hijos de crianza, o hermanos menores de quince años, o cualquiera que sea su edad, si fueren judicialmente declarados incapacitados por la corte correspondiente, que dependieren total o parcialmente de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido, reci-birán una compensación de mil (1,000) a dos mil (2,000) dólares como máximum, y si fueren varias las personas con derecho a esta compensación, la misma se distribuirá entre ellas según lo disponga el administrador.
“La compensación concedida a los beneficiarios que resultaren con derecho a recibirla, se hará efectiva por pagos parciales mensuales, y en los casos en que el administrador así lo decida, se pagará la compensación en total y de una sola vez, sujeto a la aprobación de la Comisión Industrial por el voto unánime de sus miembros si„de los hechos investigados por el administrador o la Comisión Industrial se probare que no hay peligro alguno de efectuar este pago y que la inversión ha de resultar provechosa al beneficiario y a los fines que persigue esta ley. En tales casos el administrador y la Comisión Industrial harán constar en su resolución el resultado de los hechos investigados, y las razones que tuvo para conceder el pago total y de una sola vez.
“Al volver a casarse la viuda o viudo los pagos parciales eonce-dídosle para su beneficio cesarán por completo; y cesarán igualmente al morir cualquiera otro de los beneficiarios a quien se estuviere haciendo tales pagos parciales y en casos de menores cesarán igual-mente tales pagos al llegar éstos a la edad de 18 años, a menos que estuvieran incapacitados para el trabajo.”

Del transcrito precepto legal resulta que la ley divide en dos grupos las personas con derecho a recibir compensación por la muerte de un obrero, disponiendo que los del primer grupo excluyen a los del segundo, es decir, que sólo en defecto de los comprendidos en el primero, recibirán compensación los del segundo, y establece además que la compensación correspondiente al primer grupo fluctúa entre $1,000 y $3,000, mientras que los del segundo reciben no menos de $1,000 ni más de $2,000.

Incluye el primer grupo: la viuda, padres, hijos, legíti-mos o ilegítimos, o hijos postumos, sean éstos o no naturales o adoptivos, o nietos, que dependieren total o parcialmente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado a] tiempo de su muerte.

Constituyen el segundo grupo, el padre o la madre de crianza, o hermanos menores de quince años de edad, o cual-quiera que sea su edad si fueren judicialmente declarados incapacitados y dependieren, como los del primer grupo, del obrero fenecido.

En el presente caso, al fallecer el obrero, vivía su padre Gregorio Cortés, quien por estar incluido en el primer grupo, excluyó a la madre de crianza y hermanos del obrero, que la ley, como hemos visto, incluye en el segundo. Muerto Gregorio Cortés, ¿no corresponde entonces a los del segundo grñpo — los peticionarios en este caso — continuar percibiendo la parte de la compensación no extinguida, o, debe ésta, según alega el administrador, revertir al Fondo del Seguro del Estado? Parece haber confundido tanto al administrador como a la minoría de la Comisión Industrial, aquella parte de la ley transcrita que dice:

“Al volver a casarse la viuda o viudo, los pagos parciales con-cedídosle para su beneficio cesarán por completo; y cesarán igual-mente al morir cualquiera otro de los beneficiarios a quien se estu-viere haciendo tales pagos parciales y en casos de menores cesarán igualmente tales pagos al llegar éstos a la edad de 18 años, a menos que estuvieren incapacitados para el trabajo.”

De este precepto legal infieren el administrador y la mino-ría de la Comisión Industrial que al morir Gregorio Cortés, los plazos no cobrados por no haber vencido en la fecha de su muerte, revierten al Fondo del Seguro del Estado.

Concedemos que la ley, en lo que a este particular res-pecta, no es tan clara como debió serlo; pero si para inter-pretarla recurrimos al espíritu que anima esta legislación de justicia social, fácilmente comprenderemos que no fué ni jamás pudo ser ése el propósito del legislador. Como se ha dicho reiteradamente, la compensación que se paga al obrero o a sus beneficiarios no es una limosna: es un derecho que la ley les reconoce cuando en el curso de su trabajo y como consecuencia del mismo, sufren lesiones o se inutilizan, o pierden la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo. Inspírase la ley no sólo en ese acto de justicia al obrero y a los que de él depen-den, si que también en evitar que a la muerte del obrero puedan aquéllos quedar sin el necesario sustento, constitu-yendo así una carga para el Estado. Si bien -en Puerto Rico la compensación se paga por conducto del Fondo del Seguro del Estado, ésta se deriva de las primas que a dicbo fondo contribuyen los patronos, quienes a su vez se benefician del trabajo del obrero. [2] Siendo como es la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo una ley de dependencia y no de herencia, como se ha resuelto repetidas veces, claro es que al concederse una compensación, efectiva mediante pagos parciales, aquellos plazos no satisfechos por no haber vencido al fallecimiento del beneficiario — no constituyendo el derecho a cobrarlos un derecho adquirido (vested right) — no pasan a los herederos del beneficiario como tampoco a los del obrero. Quiñones v. South P.R. Sugar Co. of P.R., 48 D.P.R. 351; American Rolling Mill Co. v. Earnhart (Ohio App.), 186 N.W. 883 (Dic. 1932); Barwin v. Independent School District (S.D.), 248 N.W. 257 (Mayo 1933); 2 Schneider Workmen’s Compensation Law, 2a. ed., 1292-1293.

En el presente caso los peticionarios, como herederos y dependientes de Gregorio Cortés, no tienen derecho a lo que solicitan; pero ellos a la vez eran dependientes del obrero al tiempo de su fallecimiento, incluidos en el segundo grupo con derecho a compensación. A este efecto se dice con toda pro-piedad en la resolución recurrida:

“De acuerdo, pues, con la realidad de los hechos, del trabajo de Domingo dependían para su subsistencia no sólo su padre Gregorio, sino también sus dos hermanos antes nombrados y la esposa de aquél, Sra. Cándida Colón de Cortés. Esa es la realidad, según han de apreciarse los hechos tal como ocurren en la vida: si Gregorio Cortés estaba imposibilitado de trabajar, y en compañía de él vivían sus dos hijos William y Eloísa, y su esposa, y con ellos Domingo, quien entregaba al padre el producto de su trabajo, no hay duda que de ese producto se mantenían también sus hermanos y madrastra; aparte del deber legal y moral que tenía Domingo de mantenerlos, imposi-bilitado como estaba el padre de poder trabajar para sustentarlos, por el estado precario de su salud.”

Conocido el espíritu, de la ley, ¿puede racionalmente sos-tenerse que contempla una situación como la del presente caso, en que existiendo la suma de $800 proveniente de la compensación concedida con motivo de la muerte del obrero, deban su madre de crianza y hermanos — el último menor de quince años y la otra incapacitada — que de aquél dependían para su sustento, quedar sumidos en la indigencia, mientras esa suma va a engrosar el Pondo del Seguro del Estado'? Indudablemente que no. Se arguye por el recurrente y por la minoría de la Comisión Industrial que no existe precepto legal que autorice el pago solicitado por los peticionarios, pero es lo cierto que tampoco existe precepto alguno que lo prohíba, y por el contrario, interpretando la ley con ánimo de llevar a efecto los altos fines que la inspiran, se compren-derá fácilmente que la conclusión a que llegó la mayoría de la Comisión Industrial, debe prevalecer.

En igual sentido se han interpretado preceptos similares de la ley de Massachusetts. En In re Bartoni (Mass.) 114 N.E. 663 (Dic. 1916), al obrero fenecido sobrevivieron su viuda y cinco hijos, los cuatro primeros mayores de 21 años y el último de catorce años. El hijo menor estaba compren-dido, como en el presente caso la madre de crianza y her-manos del obrero, dentro de la definición de dependientes (dependents) contenida en el párrafo 5 de la sección 2 de la ley de aquel Estado, porque eran miembros de la familia del obrero a la vez que herederos presuntos (next of kin). Por el párrafo 2, sección 7 (c) de aquella ley, hubiera exis-tido la presunción concluyente de que el menor dependía totalmente de su padre, a no ser que por vivir su madre, quedó excluido por presumirse concluyentemente que era ella quien dependía de su esposo. Fallecida la viuda del obrero sin cobrar todos los plazos semanales que le habían sido concedidos — por no haber éstos vencidos a la fecha de su muerte — , el menor solicitó ser sustituido en el derecho a recibir la compensación no vencida, y la corte resolvió, citando el caso In re Murphy, 224 Mass. 592, 113 N.E. 283, que el derecho a recibir los plazos semanales no vencidos no cons-tituía un derecho adquirido (a vested right) a favor de la viuda, y que este derecho sólo existía durante la vida de ella, cesando con su muerte; que su administrador sólo podía per-cibir los plazos semanales quo no hubieran sido satisfechos desde el día del accidente hasta la fecha del fallecimiento de ella, pero no obstante esto, al adjudicar los derechos del menor como hijo del obrero, refiriéndose al párrafo 3 de la sección 12 de aquella ley, dijo el tribunal:

“Además, esta sección es amplia en su propósito. Debe dársele una interpretación tan amplia como los fines que la inspiran. Está de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compensaciones ordenar que al morir la viuda, el pago de la compensación semanal continúe haciéndose al hijo menor del empleado fenecido, dependiendo aquél de sv, padre para su sostenimiento a la fecha de su muerte

Se revocó la resolución de la Junta de Accidentes Indus-triales (Industrial Accident Board) y se devolvió el caso a dicha junta para ulteriores procedimientos. El precepto legal que sirvió de base a la Corte Suprema de Massachusetts para esta decisión dice así:

“Cualquier pago semanal bajo esta ley puede ser revisado por la . . . Junta y al así revisarlo, puede en consonancia con la prueba y de acuerdo con las prescripciones de la ley, dictar cualquier orden que estimare conveniente.”

Admitimos que en nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no existe un precepto similar al precedentemente transcrito; pero nuestra jurisprudencia ha llegado a la misma conclusión al sostener, de acuerdo con el consenso de los tribunales del Continente, que el derecho a plazos no vencidos no constituye un derecho adquirido (vested right). No constituyéndolo, es evidente que el administrador o la Comisión Industrial en su caso, interpretando la ley en armonía con su evidente propósito, puede revisar los plazos no vencidos y dictar la misma resolución que bajo el precepto anteriormente transcrito dictó el Tribunal Supremo de Massachusetts.

Véanse por vía de ilustración los casos de Ex parte Todd Shipbuilding & Dry Docks Co., (Ala.) 103 So. 447; California Casualty Indemnity Exchange v. Industrial Accident Commission et al., (Cal.) 295 P. 34; McCarl v. Borough of Houston (Pa.), 106 A. 104.

Parece oportuno que hagamos una digresión, transcribiendo aquí un párrafo de la resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico que debiera servir de norma al Administrador del Fondo del Seguro del Estado al establecer en el futuro los pagos parciales de una compensación. Dice así:

"Gregorio era un hombre enfermo, que padecía de hemoptisis, conociéndolo el 'Administrador del Fondo del Estado, pues aparece así de la investigación por él practicada cuando la muerte del hijo de éste, Domingo; y no obstante le fijó en concepto de pago de su compensación la suma de $12 mensuales, e insiste en ese montante a pesar de Gregorio haberle pedido por su escrito de junio 20 de 1939 que se lo aumentara a $30. Es obvio que un hombre enfermo seriamente como lo estaba Gregorio, había de tener gastos extraordi-narios en medicinas y para alimentación, y era lo justo que a ellos hiciera frente en los últimos días de su vida, cuando eran más peren-torias por demandarlo el estado agudo de su enfermedad, contando con los $800 ó $900 que aun le quedaban por cobrar de la compen-sación que se le había concedido.”

Al disponer que la compensación se haga efectiva por pagos parciales mensuales, persigue la ley el saludable pro-pósito de proteger al beneficiario, impidiendo que pueda mal-gastarla; pero una medida tan justa y razonable no debe aplicarse de t'al modo que haga inútil la compensación, divi-diéndola en pagos mensuales tan exiguos que. no alcancen a cubrir las más perentorias necesidades del beneficiario, con-denándolo al hambre y a la miseria a pesar de tener una cantidad de dinero en el Fondo del Seguro del Estado. No ya en el caso de autos, que por las circunstancias concurren-tes es extraordinario, sino en cualquier otro en que una o más personas dependan del beneficiario para su sustento, una mensualidad de $12 es a todas luces irrazonable.

En el informe oral, la representación del recurrente puso especial énfasis, como si ello fuera un impedimento a lo soli-citado por los peticionarios, en el becbo de que los benefi-ciarios comprendidos en el segundo grupo reciben una com-pensación menor, como bemos visto, a la que se concede a los del primero. Aparte de que esa circunstancia no sería un obstáculo, puesto que podría reducirse el montante de la compensación dentro de los límites que determina la ley— siempre que en ningún caso la cantidad a recibir por los nuevos beneficiarios menos la ya recibida por los anteriores, exceda del máximo establecido para el primer grupo, ni exceda tampoco de la cantidad pendiente de pago en poder del Fondo del Seguro del Estado — en el caso de autos la cantidad de $1,395.87 concedida a Gregorio Cortés no alcanza a $2,000, que es el máximo que puede concederse a los bene-ficiarios del segundo grupo. Por consiguiente, no es nece-sario variar el montante de la compensación.

Por los términos en que está concebida la resolución recu-rrida, no podemos determinar con absoluta certeza si ella dispone que el remanente en poder del Fondo del Seguro del Estado deba pagarse en la proporción indicada de una sola vez. Si así fuere, es decir, si el propósito de la resolución fuese que la totalidad del remanente en poder del Fondo del Seguro del Estado deba pagarse de una sola vez, entonces debe entenderse dieba resolución modificada en el sentido de que deberá hacerse efectiva en pagos parciales mensuales razonables, a menos que el administrador decida lo contrario, sujeto desde luego a la aprobación de la Comi-sión Industrial por el voto unánime de sus miembros, con-forme prescribe el apartado 5 del artículo 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

Hecha la precedente aclaración, procede confirmar la reso-lución recurrida qiie dictó'la Comisión Industrial de Puerto Hico en 20 de diciembre de 1940.


text:
    Antonia Ortiz, en su carácter de madre con patria potestad sobre el menor José Manuel Ortiz, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada.
    Núm. 219.

    Sometido: Marzo 10, 1941.

      Resuelto: Marzo 18, 1941.

      Pedro M. Porrata y J. G. Santiago Matos, abogados de la recurrente; Frank Torres, abogado de Evangelina Rodríguez, madre del obrero fallecido.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El obrero Domingo Báez falleció a consecuencia de un accidente del trabajo acaecido el 21 de noviembre de 1938. Su madre, Evangelina Rodríguez Viuda de Báez, fué decla-rada beneficiarla y se le concedió compensación. Posterior-mente Antonia Ortiz, en representación de su hijo menor de edad, José Manuel Ortiz, compareció ante el Administrador del Pondo del Seguro del Estado alegando que dicho menor es hijo postumo del obrero y solicitando se le reconociese su derecho a participar en la compensación previamente conce-dida a su abuela paterna. El Administrador del Pondo del Seguro del Estado practicó la correspondiente, investigación, pero estimando que el caso por su naturaleza no debía ser resuelto ex parte, denegó la petición de Antonia Ortiz para que recurriese ésta ante la Comisión Industrial de Puerto Eico y se resolviese allí el caso con audiencia de todas las partes interesadas.

Elevado el caso ante la Comisión Industrial se celebró una vista pública el 14 de mayo de 1940 ante el Comisionado Sr. Paz Gránela desfilando ante él toda la prueba relativa a la petición de Antonia Ortiz. El 3 de enero de 1941 dicho comisionado, actuando como ponente, escribió una resolución en la que después de analizar todas las declaraciones pres-tadas en la vista pública, llegó a la conclusión de que el niño José Manuel Ortiz es hijo postumo del obrero Domingo Báez y que como tal tiene derecho a la mitad de la compensación concedida a la madre del obrero por resolución de 5 de abril de 1939.

Los dos comisionados restantes no estuvieron conformes con la apreciación que de la evidencia hiciera el Comisionado Paz Gránela y dictaron un voto disidente que se convirtió en resolución de la comisión, en la que después de analizar la prueba y apreciarla de manera distinta a la en que la apreció el Comisionado Paz Gránela desestiman las preten-siones del alegado hijo postumo.

De esta resolución recurrió la peticionaria para ante este tribunal alegando que la misma es errónea porque exige para probar la paternidad un grado de evidencia tal que establezca el caso fuera ele duda razonable, y además porque no habiendo los comisionados de la mayoría visto ni oído declarar los testigos, como lo hizo el Comisionado Paz Gránela, no podían aquéllos rechazar la apreciación que de la prueba hiciera este último.

Es obvio el error en que incurrió la mayoría al exigir en un caso ante la Comisión Industrial un grado de evidencia que pruebe la contención de la parte que lleva la afirmativa, fuera de duda razonable. Este grado de evidencia sólo se exige en casos criminales. Probablemente lo que se intentó decir es que la prueba en casos como el presente debe ser robusta y persuasiva. No creemos que los comisionados que no tuvieron la oportunidad de asistir a la vista pública tengan necesariamente que aceptar la aprecia-ción qne de la prneba Melera aquél ante quien se celebró, pero es indiscutible que los que no oyeron ni vieron declarar a los testigos, no están en tan buenas condiciones para apreciar y resolver sobre la credibilidad de los testigos como aquél que presidió la audiencia.

Existiendo desacuerdo con respecto a la apreciación de la prueba y habiéndose cometido el error antes indicado, procede a nuestro juicio dejar sin efecto la resolución recurrida de 3 de enero, 1941, y devolver el caso a la Comisión Industrial para que se celebre una nueva audiencia ante la comisión en pleno y se resuelva entonces lo que proceda de acuerdo con la ley y la preponderancia de la, prueba; permitiéndonos reco-mendar, considerando la tardanza que con tales incidentes ha tenido el caso, que se le dé preferencia en el calendario de asuntos pendientes posteriormente radicados.


author: El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

text:
    Ramón Irizarry Quiles, demandante y apelante, v. Josefa García Sanabría, demandada y apelada.
    Núm. 8257.

    Sometido: Marzo 13, 1941.

      Resuelto: Marzo 18, 1941.

      Francisco González Fagundo, abogado del apelante; Ramón Melendez Lima, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señok Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito dé Humaeao dictó sentencia de divor-cio a favor de la demandada contrademandante en este caso, Josefa G-arcía Sanabria, concediéndole además la custodia y patria potestad sobre los cinco bijos habidos en el matri-monio, todos menores de edad. Firme ya dicha sentencia, la demandada radicó una moción alegando que vivía con sus hijos en una casa perteneciente a la sociedad d'e gananciales y que, no habiéndose hecho pronunciamiento en la sentencia sobre el derecho de hogar seguro la equidad del caso requiere le sea concedido y reconocido a ella dicho derecho.

El demandante se opuso a dicha moción por el funda-mento de que “de acuerdo con la Ley núm. 87 de 1936 ((1) pág. 461), no procede que dentro de un pleito de divorcio se declare tal derecho y además porque el derecho de hogar seguro no se puede constituir en la forma que pretende la parte demandada.”

Celebrada una vista y presentada la prueba correspon-diente por ambas partes, la corte inferior dictó resolución declarando con lugar la moción de la demandada adjudi-cándole el hogar seguro “sin perjuicio de que el marido divorciado pueda reclamar la mitad de dicha propiedad 'cuando los hijos hayan llegado a la mayoridad o cuando por cualquier otra causa autorizada por la ley, la referida pro-piedad deje de constituir el hogar seguro de la demandada eontrademandante y sus hijos.”

No conforme el demandante entabló el presente recurso y alega que la corte inferior cometió error, primero, al decla-rar que la finca que se describe en la moción, constituye el bogar seguro de la demandada y, segundo, al declarar el hogar seguro dentro de un pleito ya terminado por senten-cia firme, infringiendo así la Ley núm. 87 aprobada en 1936.

El juez inferior, Sr. Janer, en su resolución se expresó, en lo pertinente, así:

“Celebrada la vista de estas mociones el 24 de mayo del año en curso, con asistencia de las partes y sus respectivos abogados, se produjo prueba documental y testifical, consistente la primera, pre-sentada por el demandante eontrademandado, de una resolución ex-pedida por la Corte Federal en el caso núm. 15043 de dicha corte, en procedimiento de arreglo con deudores, en la que se ordena que las dos propiedades que en la misma se describen con las letras A. y B., respectivamente, siendo esta última la casa sobre la cual se reclama la declaración del goce del privilegio de hogar seguro, se inscriban en el Registro de la Propiedad correspondiente como per-tenecientes a la sociedad de gananciales habida entre los litigantes en este pleito de divorcio, y se cancelen las inscripciones anteriores de dominio existentes a favor de las menores Matilde y Juanita Irizarri García, respectivamente, hijas legítimas de las partes en este pleito, cuya custodia y patria potestad conjuntamente con la de los otros tres hijos menores habidos en dicho matrimonio, se con-cedió por esta corte a la aquí promovente.
“En cuanto a la prueba testifical, la promovente declaró que hace más de dos años y medio que vive en dicha casa, declaración que fué corroborada por el propio demandante contrademandado al declarar que vivió conjuntamente con la promovente la casa objeto de esta petición hasta el año 1938 en que abandonó dicha residencia.”
“En cuanto al primer extremo la promovente descansa en la sección tercera de la vigente Ley de Hogar Seguro que es la núm. 87, aprobada por nuestra legislatura en mayo 13, 1936, siendo el tenor de dicha sección el siguiente:
“ ‘Sección 3.' — La exención establecida en la sección anterior con-tinuará subsistente después de la muerte del jefe de familia a bene-ficio del cónyuge supérstite mientras éste contmúe ocupando dicho hogar seguro y después de la muerte de ambos cónyuges a beneficio de sus hijos hasta que el menor de éstos haya llegado a la mayoridad. En caso de que el marido o la mujer abandonase su familia la exención continuará a favor del cónyuge que ocupe la finca como residencia; y en caso de divorcio el tribunal que lo conceda deberá disponer del hogar seguro según la equidad del caso.’
‘ ‘ Conviene advertir que la ley sobre la materia aprobada en 1903, y que quedó expresamente revocada por la Ley núm. 87, ut supra, también autorizaba expresamente a los jueces en los casos de divorcio, a disponer del hogar seguro según la equidad del caso. (Sec. 1001, Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, ed. 1911.)
"El derecho pues de la promovente es completamente claro, toda vez que ella obtuvo a su favor la sentencia de divorcio recaída y, como consecuencia de ella, le fué confiada la custodia y patria po-testad de sus cinco hijos menores habidos en el matrimonio con el demandante contrademandado.
"En el caso Carrillo v. Santiago, 51 D.P.R. 545, nuestro Tribunal Supremo, comentando el precepto legal antes aludido, copia de la decisión rendida por la Corte Suprema de Illinois, en el caso de Maher v. Goff, 147 N. E. 427, el siguiente párrafo:
" ‘Cuando Goff abandonó a su esposa ella le sucedió en los de-rechos al homestead como jefe de la familia, según se dispone por el artículo 2o. de la ley de exención. (Citas) El artículo 5o. de dicha ley autoriza a la corte a disponer del hogar seguro de acuerdo con las equidades del caso. Cuando una esposa obtiene el divorcio y la custodia de los niños, se convierte en jefe de la familia y el derecho de hogar seguro pasa a ella. Bonnéll v. Smith, 53 Ill. 375’ y a continuación se expresa en los siguientes términos:
" ‘En Puerto Rico, como en Illinois, de acuerdo con la ley apro-bada en 12 de marzo de 1903, en caso de divorcio el tribunal que lo concede podrá disponer del hogar seguro según la equidad del caso. Es lo que ha hecho la corte de distrito: ajustarse a los prin-cipios. de equidad para asegurar a la esposa la mitad proindivisa de la casa poseída como hogar seguro y proteger a los hijos del demandante hasta que lleguen a la mayoría de edad.’
"En cuanto a la orden dictada por la Corte Federal en el caso ut supra núm. 15043, declarando que la finca a que este procedimiento se contrae es una perteneciente a la sociedad conyugal habida durante el matrimonio de los litigantes en este pleito, presentada en evidencia por el demandante contrademandado, la misma no puede afectar en forma alguna el derecho que solicita la demandada contrademandante, ya que tanto dicha orden como la resolución que se dicte en este caso declarando dicha propiedad afecta el goce del privilegio de hogar seguro a favor de la promovente, no crean un nuevo título de dominio, o equitativo en el mismo, ni tampoco fortalecen ni ensanchan el título ya existente, cambiando tan sólo el uso de la propiedad y nunca el título. (Carrillo v. Santiago, 51 D.P.R. 547.)
"Además, aún en los procedimientos de quiebra las cortes fede-rales reconocen y dan efecto a la exención establecida por la ley local del quebrado, en lo que a la exención establecida por hogar seguro se refieren. (8 C. J. S. Sec. 498.) (3 R. C. L. Sec. 54, pág. 219 y Sec. 87, pág. 258).”

Hemos leído la transcripción de la evidencia en este caso y somos de opinión que la prueba aportada ante la corte inferior justifica plenamente las conclusiones a que llegó en su resolución y que poco tenemos que agregar a la misma.

No cometió dicha corte el primer error imputado, por-que según demostró la prueba la demandada ha vivido con sus hijos en la casa desde hace más de dos años y medio, y en ella vivió también el demandante hasta el año 1938. El hecho de que la propiedad no se inscribiera a nombre de la sociedad de gananciales hasta una fecha posterior no des-truye el derecho de hogar seguro que ya existía a favor del demandante ya que la sección primera de la Ley núm. 87 aprobada el 13 de mayo de 1936 dispone lo siguiente:

“Sección 1. — Toda persona que sea jefe'de familia tendrá derecho a poseer y disfrutar, en concepto de hogar seguro (homestead), una finca cuyo valor no exceda de quinientos (500) dólares consistente en un predio de terreno y los edificios enclavados en el mismo, de cualquier estancia, plantación o predio de terreno, que le pertenezca o posea legalmente, y estuviere ocupada por ella o por su familia como su residencia. Este derecho de homestead es irrenunciable; y cualquier pacto en contrario se declara nulo.”

El demandante, con la demandada y sus hijos, tenían constituido su hogar seguro sobre la propiedad que "poseía legalmente” aun cuando el título estuviera inscrito a nombre de dos de sus hijos, y dicha propiedad estaba ocupada por él y su familia como su residencia, hasta que él la abandonó, continuando entonces la demandada residiendo allí hasta el presente.

Tampoco cometió la corte inferior el segundo error, porque ya esta Corte en el caso de Carrillo v. Santiago, 51 D.P.R. 545, supra, que fué uno en que la sentencia de divorcio también era firme, cuando se solicitó la declaración del liogar seguro a favor del esposo, cónyuge inocente, sin perjuicio de los derechos de la esposa, resolvió que estuvo bien ejercitada la discreción judicial de acuerdo con la equidad del caso. No es necesario esperar, como pretende el demandante, a que llegue el momento de una venta forzosa de la finca para que entonces pueda la demandada reclamar que se le reconozca su derecho.

Debe confirmarse la resolución apelada.