author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Gandía, Demandante y Apelante, v. Trías et al., Demandados y Apelados.
    No. 3082.

    Visto: Diciembre 14, 1923.

      Resuelto: Abril 30, 1924.
    Sentencia — Aseguramiento de Sentencia Fieme. — No obstante ser firme una sentencia, la parte victoriosa puede obtener en casos propios el aseguramiento de la efectividad de la misma, como sucede aquí en que antes de ejecutar la sentencia era necesario practicar ciertas operaciones que podían dilatar el cumplimiento de la misma. ‘
    Resolución de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), anulando un embargo.

      Revocada.

      José Guzmán Benitez y J. B. Soto, abogados del apelante; C. Coll Cuchi y G. Cruzado Silva, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia por esta Corte Suprema resolviendo los recursos números 2118 y 2187, establecidos en el pleito seguido por Pedro Gandía contra Arturo Trías y Johann D. Stubbe, sobre liquidación de sociedad mercantil, destitu-ción de liquidador e indemnización, y recibido el mandato en la corte inferior, Pedro Gandía, el demandante, solicitó cque se asegurara la efectividad de la sentencia embargando bienes de los demandados por valor de cuarenta mil nove-cientos cincuenta y cuatro dólares, cuarenta y siete centavos. Así lo decretó la corte y el embargo consiguiente fué trabado.

Acto seguido los demandados solicitaron la nulidad de dicho embargo porque la corte carecía de jurisdicción; por-que aunque la corte tuviera jurisdicción, no era el asegura-miento sino la ejecución de la sentencia lo que procedía por tratarse de una sentencia firme, y porque se había solicitado el aseguramiento basándose en un pronunciamiento que no existía en la sentencia.

El juez de distrito decidió el caso decretando la nulidad solicitada y razonó su decisión así:

“La cuestión sobre la jurisdicción de esta corte que se levanta en los fundamentos primero y segundo, ha sido resuelta por nues-tro Tribunal Supremo en este mismo caso, y en sentencia de mayo 12 de 1923. Pero la corte cree que los demandados' tienen razón en cuanto al tercer fundamento.
“Los aseguramientos de sentencias han de decretarse de acuerdo eon la ley mencionada, solamente en aquellos casos en que sea esto necesario para asegurar la efectividad de las mismas antes de die-tarse sentencia en el caso, pero minea después que una sentencia ha sido dictada y ella es firme, como en el presente caso en que la sentencia de la corte inferior fue confirmada por la Corte Suprema.
“La enmienda a que se refiere el demandante en su alegato a la sección 3 de la mencionada ley para asegurar la efectividad de la sentencia (Ley No. 27 de 1916) no autoriza a decretar embargos después de una sentencia firme. El propósito de dicha ley, en cuanto a este punto se refiere haciendo una interpretación razona-ble de la misma, es la de eximir a la parte de la prestación de la fianza en el caso en que el aseguramiento fuese solicitado después de obtenida sentencia a su favor, y para asegurarle la efectividad de la misma, pero siempre antes de que dicha sentencia pueda ser firme, porque una vez firme la sentencia lo que procede es la. ejecución de la misma, y no el aseguramiento de su efectividad. Véase 4 Oye. 540:
“ ‘En caso de un embargo preventivo la existencia de una ac-ción es un requisito esencial sin el cual no puede dictarse la orden, y una orden dictada antes de comenzarse la acción es nula e ine-ficaz; pero la orden puede ser dictada al mismo tiempo en que se comienza una acción o en cualquier tiempo después antes de una sentencia final”

No conforme Gandía interpuso el presente recurso de apelación. Sus argumentos en contra del criterio susten-tado por la Corte de Distrito, se condensan en el siguiente párrafo de su alegato:

“Siendo la intención del legislador facilitár al demandante que ha obtenido una sentencia a su favor, mantener el status quo hasta que la ejecute el medio de lograrlo es obtener la efectividad de dicha sentencia mientras pueda ser ejecutada.; y es lógico que la ley número 27 de 13 de abril de 1916 debe interpretarse en el sentido justo y razonable de que aún cuando dicha sentencia sea firme porque contra ella no se haya establecido recurso alguno, puede obtenerse el aseguramiento de la misma mientras ella llega a con-vertirse en sentencia ejecutoria y pueda expedirse la orden de su ejecución de acuerdo con la ley.”

Como regla general tal vez la interpretación dada por la Corte de Distrito sea la justa j procedente, esto es, que tratándose de sentencias firmes lo que procede es su ejeeu-ción y no su aseguramiento, pero es necesario reconocer qne existen casos en qne no obstante ser firme una sentencia sus pronunciamientos sean de tal naturaleza que no puedan ejecutarse inmediatamente requiriendo ciertas operaciones previas que exigen tiempo para practicarse, como sucede en el presente caso.

La sentencia que sirvió de base a la orden de asegura-miento es como sigue:

“Celebradas las vistas en estos dos recursos, — el interpuesto por el demandado Stubbe y el establecido por el demandante Gandía — , y estudiados los alegatos y los autos, la corte resuelve, decidiendo por esta sola sentencia ambos recursos, que debe revocar como re-voca la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, el 16 de julio de 1919, y examinadas las alegaciones y las pruebas la corte decide el pleito así: 1, no ha lugar a decretar la destitución del que fue liquidador de Gandía & Stubbe, el demandado Arturo Trías; 2, no ha lugar a condenar a los demandados a pagar al demandante la suma de $3,342.60 en concepto de efectivo depositado en los bancos pertenecientes al demandante en el momento de la disolución de Gandía & Stubbe, pero el demandado Trías vendrá .obligado a rendir cuenta detallada y justificada dentro de quince días del empleo dado a dicha suma en la liquidación mientras fue liquidador, con las responsabilidades consiguientes; 3, no ha lugar a condenar a los demandados a pa-gar al demandante la suma de $11,308.00 por el concepto de acreencias falsas que se reclaman en la demanda, pero el asiento de 11 de agosto de 1916 en los libros de Gandía & Stubbe por virtud del cual el demadado Trías actuando como liquidador enco-mendó al demandado Stubbe el pago de dichas acreencias dándole por ello el correspondiente crédito, y todos los actos que haya podido ejecutar el demandado Stubbe basándose en dicho asiento, quedan anulados; 4, no ha lugar a condenar a los demandados a pagar al demandante la suma de $5,052.20 por concepto de divi-dendos de 1915 de la Porto Rico Fertilizer Co., pero el asiento de 31 de julio de 1916 en los libros de Gandía & Stubbe anulando el cargo hecho a la cuenta 2da. en julio 31, 1915, en los dichos libros, queda anulado; 5, se condena a los demandados Stubbe y Trías, solidaria y mancomunadamente, a pagar al demandante Gandía la suma $8,234.06 por los dividendos que le fueron adjudicados en la escritura de disolución de Gandía & Stubbe, y 6, los demandados pagarán las costas.
“Una vez que esta sentencia sea debidamente recib’ida en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, líbrese ejecución de acuerdo con la ley para cumplirla. Comuniqúese en la forma y a los fines procedentes.” . .¡ ■ l

La sentencia, como se consigna al final de la opinión que le sirvió de fundamento, si Men resuelve definitivamente el pleito, “deja aún pendientes de aclarar y fijar en la prác-tica varias cuestiones.”

Estamos conformes con los apelados en que esa senten-cia sólo ordena el pago de $8,234.06 y el de las costas, pero es necesario reconocer que contiene otros pronunciamientos que requieren la liquidación de la sociedad bajo bases dis-tintas, liquidación que puede dar por resultado que en rea-lidad de verdad el demandante perciba la suma que él in-dica, o parte de la misma. Quizá no sea así, pero de todos modos existe algo por fijar que no puede establecerse en el acto pero sí asegurarse para el caso de que se convierta en realidad. La ley no distingue. Dice: “Si el asegura-miento se solicitare después de pronunciada sentencia. . . .” No babla de sentencia firme. Véase Gandía v. Porto Pico Fertiliser Co., 30 D.P.R. 262.

Abora bien, como dado el tiempo transcurrido quizá baya podido variar la situación legal de este asunto, creemos que lo más acertado para esta corte es limitarse a revocar la orden apelada dejando el caso abierto para que la corte de distrito lo considere de nuevo oyendo a las partes y adop-tando la resolución que los becbos demanden de acuerdo con los principios establecidos en esta opinión.

Revocada la orden apelada.

El Juez Asociado Señor Wolf firmó: “Conforme con la sentencia por entender que el embargo después de senten-cia firme puede decretarse en los mismos casos que antes de dictada.”

El Juez Asociado Señor Aldrey disintió.

El Juez Asociado Señor Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Señok del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Collado, Acusado y Apelante.
    No. 2008.

    Visto: Noviembre 13, 1923.

      Resuelto: Abril 30, 1924.
    Apelación de Sentencia en Causa Criminal — Exposición del Caso en Causa Criminal — Aprobación de Exposición del Caso en Causa Criminal. — De acuerdo con el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el juez que preside el juieio, o la Corte Suprema, únicamente tienen jurisdicción para aprobar el pliego de excepciones o la exposición del caso, para los efec-tos de una apelación. Un juez en propiedad que sustituye al juez que pre-sidió el juieio, carece de jurisdicción para aprobar dichos documentos y la estipulación de las partes no se la confiere. Una exposición del caso o pliego de excepciones firmados y aprobados por el juez de distrito que no es el que presidió el juicio carecen de autenticidad y no surten efecto legal alguno en apelación.
    Sentencia de Luis Campillo, J. (Primer Distrito, San. Juan), con-denando al acusado por delito de falsa representación.

      Confir-mada.

      Guerra Mondragón & Soldevila, abogados del apelante; José F. Fi-gueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señok del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Esta cansa está pendiente de resolnción desde Race va-rios meses y ba sido objeto de nn estndio detenido por parte del tribunal. Todas las cuestiones envueltas ban sido con-sideradas y sólo una ba parecido dudosa. A pesar de no. haberse incluido toda la prueba practicada, aquella que se incluye ba sido analizada y estimada suficiente para soste-ner el fallo condenatorio apelado y la interesante cuestión de extradición envuelta examinada en todos sus detalles, llegándose a una conclusión contraria a la sostenida por el acusado por aparecer que de acuerdo con los becbos, la ley y la jurisprudencia dicbo acusado perdió todos los derechos que invoca al rendirse voluntariamente en Franciai La enes-tión dudosa a que nos hemos referido surge de la llamada “exposición del caso,” copia de la cual fue elevada a esta Corte Suprema, así:

“Así quedó la primera alegación del acusado sometida a la re-solución de la Sección Segunda de la Corte de Distrito de San Juan, previa presentación de alegatos por las' partes. Mientras es-taba pendiente de resolución, según se ba dicho, la excepción de jurisdicción propuesta por el acusado entró en vigor la vigente ley aboliendo la Corte de Distrito de San Juan y creando dos tribunales para dicho distrito. Entonces fue trasladado este caso por orden y a iniciativa de la corte en la cual estaba pendiente a la del Primer Distrito de San Juan establecida por la ley ameritada. Cuando se hizo el traslado estaba sin resolver aún la excepción de jurisdicción presentada.
“Sin previa celebración de vista al efecto, sin transcripción 0 pliego alguno de la evidencia aportada en la vista que tuvo lugar ante la Sección Segunda de la Corte de Distrito, sin el consenti-miento y en ausencia del acusado, el Tribunal del Primer Distrito de San Juan resolvió la cuestión de jurisdicción planteada por la defensa. Mediante la resolución dictada se declaró sin lugar la excepción propuesta. Constan en autos la objeción y excepción que anotó el acusado a la resolución pronunciada.
“Señalóse día para que se formulara cualquiera otra alegación contra la acusación. La defensa presentó excepción perentoria que fue declarada sin lugar, reservándose y reiterando al mismo tiempo su objeción a la resolución recaída sobre la alegación impugnando la jurisdicción de la corte. Negados entonces los hechos expues-tos en la acusación y solicitando juicio por jurado, la corte dis-puso el 12 de septiembre para la celebración del juicio.”

Con anterioridad a esa constancia aparece en la “expo-sición” la larga prueba presentada con motivo de la cues--tión de jurisdicción suscitada por el acusado, a saber: que habiendo sido extraditado para responder de un delito, se le juzgaba por otro distinto. T se sostiene que el juez a quien se trasladó la causa, sin oir a las partes y sin consi-derar la prueba, decidió la cuestión en contra del acusado.

La verdad es que analizada la “exposición” en-sí misma, a no ser por la manera enfática con que la existencia de tal hecho se consigna, no se concibe que hubiera ocurrido. En primer lugar no hay constancia de que la protesta .del acusado se formulara ante el juez a quien se trasladó el caso clara y aisladamente. Sólo al archivarse cierta excep-ción previa, el acusado reserva su objeción a la resolución recaída sobre la cuestión de jurisdicción levantada. Sin duda la atención de la Corte estuvo fija en la excepción y quizá nuuca se dió cuenta de la “reserva.” Además, si la prueba practicada ante el juez que primeramente conoció del caso no se remitió al trasladarlo y el segundo juez deci-dió la cuestión sin tener a la vista la prueba ¿cómo y cuándo llegó dicha prueba que ahora se hace formar parte de la “exposición,” a la Corte que lo decidió finalmente? La presunción sería que al trasladarse la causa se remitió todo lo que existía en la corte y por tanto la prueba, la mayor parte de la cual consistía en documentos. Esto no es incompatible con los términos en que aparece redactada la reserva, así:

• “Y expone además, el acusado, que formula esta comparecencia sin renunciar a su objeción y excepción a la resolución de esta. Hon. Corte declarando sin lugar la excepción que a la jurisdicción del tribunal interpuso, fundándose en los motivos siguientes: por-que esta Hon. Corte no tenía autoridad para resolver la cuestión ameritada, sin haber oído al acusado y porque no tuvo lugar vista alguna ni presentación de evidencia ante este tribunal con prio-ridad a la resolución mencionada.”

El hecho de que no se hubiera celebrado una nueva vista y de que no se hubiera presentado evidencia en la Corte a la que se trasladó la causa, no implica necesariamente que dicha Corte hubiera decidido la'cuestión de jurisdicción sin examinar la prueba que se presentó ante la corte en que se tramitó la causa originalmente. Hay una gran diferen-cia entre lo que parece haber ocurrido examinado a la luz de este documento redactado por la representación del pro-pio acusado y lo que se dice que ocurrió en la “exposición del caso” preparada en la forma que veremos luego.

Si tuviéramos que apreciar por nosotros mismos el re-sultado de la prueba sobre la cuestión de extradición, ya bemos dicho que llegaríamos a una conclusión contraria a la sostenida por el acusado. En su último análisis estamos conformes con la resolución de la corte de distrito, pero si los hechos hubieran ocurrido como se narran en la “expo-sición,” tendríamos que concluir que el procedimiento se-guido había sido erróneo, aunque podría quizá resolverse, atendidas todas las circunstancias concurrentes, que el error cometido no era perjudicial.

Quizá todo lo dicho sea innecesario porque como vere-mos en seguida no existe ante nosotros una verdadera “ex-posición” que nos permita conocer en su integridad lo ocu-rrido en la tramitación de esta causa en la corte de distrito. La “reserva” que aparece en el escrito de excepción pre-via, no constituye por sí sola prueba de que los hechos ocu-rrieron como los narra el acusado. Esta circunstancia fue advertida después de haberse preparado y discutido un am-plio memorándum en el que se trataban en extenso todas las cuestiones envueltas.

No sin antes llamar la atención hacia el hecho de que el Fiscal que firma la estipulación no fué el mismo que in-tervino en los procedimientos anteriores al juicio, ni en el juicio mismo, transcribiremos la estipulación y la orden aprobatoria de la “exposición.” Copiadas a la letra, dicen:

ESTIPULACIÓN PARA QUE SE APRUEBE LA EXPOSICIÓN DEL CASO
“El Pueblo de Puerto Rico, representado por el Fiscal del Dis-trito de San Juan, Primer Distrito, y el acusado Enrique Collado, quien comparece por medio de sus abogados Guerra Modragón & Soldevila, mediante la presente hacen constar que han convenido y estipulado lo siguiente:
“Que visto y examinado cuidadosamente por ambas partes el escrito de exposición del caso y excepciones, presentado por el acu-sado con fecha 3 de mayo de 1922 a los fines de los recursos de apelación entablados contra la resolución u orden denegando la concesión de nuevo juicio solicitada y contra la sentencia proferida por esta Hon. Corte en el presente proceso, y después de nn dete-nido estudio por ambas de toda la documentación, de los récords taquigráficos y de los autos del caso, encuentran dicho escrito de ex-posición del caso y excepciones ajustado a la verdad de lo actuado en este procedimiento y prestan su entera conformidad a la apro-bación, por el tribunal, del referido escrito.
“Que aceptan formalmente el ameritado documento conteniendo la exposición del caso y excepciones, por constituir una relación fiel, completa, exacta y correcta del presente proceso, desde el mo-mento inicial del mismo hasta la interposición de los recursos de apelación contra la orden denegatoria de nuevo juicio y contra la sentencia condenatoria pronunciada.
“Que ambas partes han acordado someter y por la presente someten a la aprobación de la Hon. Corte, sin adición o modifica-ción alguna, la exposición del caso' y excepciones que, para uti-lizar en los recursos de apelación interpuestos, ha presentado el acu-sado.
“Que aunque el actual Juez de esta Corte, Hon. Charles E. Foote, no fué quien presidió la sesión del tribunal cuando se cele-bró el juicio del caso, sí entendió en la solicitud de nuevo juicio formulada por el acusado y es además el que ha sucedido en su cargo al juez anterior Sr. Luis Campillo, el cual está ausente de Puerto Rico desde hace varios meses. Por tanto, las partes expre-samente someten a la aprobación del Hon. Charles E. Foote, actual Juez de esta Corte, la referida exposición del caso y excepciones,
“En virtud de la estipulación consignada en la presente, com-parecen ambas partes y solicitan del Hon. Charles E. Foote, actual juez de este tribunal, se sirva dictar orden aprobando la ex-posición del caso y excepciones radicada en este caso y adherir a ésta el correspondiente certificado de aprobación. — San Juan, Puerto Rico, Junio 22, 1922. — Firmado:—Guerra Mondragón & Soldevila, por Ismael Soldevila, abogados del acusado. — Fdo.—Rafael Arrillaga Urrutia, Fiscal del Distrito.”
“Isla de Puerto Rico. — Primer Distrito Judicial de San Juan.— En la Corte de Distrito.' — El Pueblo de Puerto Rico vs. Enrique Collado. — No. 75. — Falsa representación. — Orden aprobatoria de la Exposición del caso y excepciones.
“Yo, Charles E. Foote, Juez de. la Corte de Distrito del Dis-trito Judicial de San Juan, Puerto Rico, Primer Distrito.
“CERTIFICO: — Que la exposición del caso y excepciones que ante-cede fué sometida para su aprobación, mediante estipulación que se hace formar parte de esta orden, suscrita y presentada por los abogados del acusado y por el fiscal del distrito, la cual exposición del caso y excepciones no pudo someterse a la aprobación del juez anterior de esta corte, ante quien se celebró el juicio de la causa, por haberse presentado y radicado después de haber cesado dicho juez en sus funciones de tal.
“ObRtipico ADEMlg: — Que la ameritada exposición del caso y excepciones contiene una relación fiel, completa, correcta y exacta de la presente acción y que la misma comprende toda la prueba documental y testifical aportada al juicio y a las vistas celebradas en este procedimiento.
“Asimismo certifico: Que los recursos de apelación interpuestos por el acusado contra la orden de la corte denegando un nuevo juicio y contra la sentencia dictada han sido perfeccionados dentro del término dispuesto por la ley.
“Pob tanto, ordeno que la referida exposición del caso y ex-cepciones forme parte de la presente causa y pueda utilizarse en la transcripción de autos que se eleve al Hon. 'Tribunal Supremo a los efectos de los recursos de apelación entablados.
“Y el juez que certifica aprueba en todas sus partes la mencio-nada exposición del caso y excepciones, vista la absoluta conformi-dad de ambas partes para que como tal fuera aceptada en la misma forma que consta en autos.
. “Pronunciada en Sala, a 26 de junio de 1922.- — (Pdo.)—Charles E. Poote, Juez Corte del Primer Distrito de San Juan.”

El Juez Poote carecía en absoluto de autoridad para aprobar la transcripción. La estipulación de las partes no podía conferirle tal autoridad. La cuestión no es nueva. Quedó decidida desde 1912 por este Tribunal en el caso de El Pueblo v. Coll, 18 D.P.R. 361, así:

“De acuerdo con el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el juez que preside el juicio, o la Corte Suprema, úni-camente tienen jurisdicción para aprobar el pliego de excepciones o la exposición del caso, para los efectos de una apelación.' Un juez en propiedad que sustituye al juez que presidió el juicio, carece de jurisdicción para aprobar dichos documentos. Una ex-posición del caso o pliégo de excepciones firmados y aprobados por el juez de distrito que no es el que presidió el juicio carecen de autenticidad y no surten efecto legal alguno en apelación.”
“El artículo 65 del Reglamento del Tribunal Supremo fué dic-tado para casos civiles y en materia criminal rige el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal.”
“Careciendo la exposición del caso y pliego de excepciones pre-sentados a los efectos de la apelación interpuesta, de la debida autenticidad por no estar firmados y aprobados dichos documentos por el juez que presidió el juicio, sino'por el que le sucedió en el cargo, no puede este tribunal considerar los motivos del recurso fundados en la denegatoria de recusaciones de jurados y en la denegatoria de exclusión del récord de la declaración de un testigo.
“El hecho de que el pliego de excepciones y la exposición del caso hayan sido presentados al Tribunal Supremo, aprobados por un juez que no presidió el juicio, sin impugnación alguna por parte del fiscal y del acusado, no obliga a esta corte a aceptarlos como legales ni a darles un valor de que carecen.” El Pueblo v. Goll, 18 D. P. R. 361.

En el caso de Scott v. State, 63 S. E. 936, la Corte de Apelaciones de Georgia, se expresó así:

“Seott fue convicto de un delito en la corte superior de Decatur, y en diciembre 28, 1908, el juez Spence, entonces juez de la corte superior del Circuito de Aíbkny, desestimó una moción de nuevo juicio en el caso. En diciembre 31 el término del cargo del juez Spence venció y fue sucedido por el Hon. Frank Park. El acu-sado presentó al juez Park un pliego de excepciones quejándose de la resolución del juez Spence al desestimar la moción de nuevo juicio y el juez Park firmó y certificó el pliego de excepciones.
“No tenemos jurisdicción para conocer el auto de error. El Có-digo Civil de 1895, artículo 5539, dispone que un pliego de excep-ciones será presentado ‘al juez que presidió en el caso.’ No hay disposición estatutoria alguna por la cual algún otro juez pueda certificar el pliego de excepciones. El artículo 5542 dispone que ‘si el juez que vió el caso' renuncia o por otra causa cesa en su cargo de juez, cuando el pliego de excepciones sea presentado él puede, sin embargo, firmarlo y certificarlo.’ Resolvimos en el caso de Wright v. State (No. 1,681, resuelto hoy) 5 Ga. App. — , 63 S. E. 936, que esto es aplicable a casos criminales lo mismo que a casos civiles. Si el juez de cuya sentencia final se apela no pu-diera certificar el pliego de excepciones después de vencido el tér-mino de su cargo, nadie podría hacerlo, y el .acusado que no obtu-viera la certificación de su pliego de excepciones antes de vencer el término del juez quedaría sin remedio alguno; pues.la Legisla-tura nada ha dispuesto para que el sucesor del juez pueda certi-ficar el pliego de excepciones quejándose de decisiones dadas .por su antecesor. La inconveniencia de permitir tal procedimiento se demostró claramente cuando durante la presente sesión de esta corte se nos presentó un caso en que el abogado del acusado vino a ocupar el puesto de juez de la corte en que el caso había sido visto y en que él mismo había firmado el certificado estatutorio del pliego de' excepciones quejándose de decisiones dadas por su ante-cesor en el cargo ante quien él, como abogado, había llevado el caso. Lo’s casos de Grace v. Gordon, 113 Ga. 88, 38 S. E. 404, y de Brand v. City of Lawrenceville, 127 Ga. 237, 55 S. E. 967, son autoridad para sostener la proposición de que en el caso especial de autos interlocutorios sumarios el ex-juez no puede certificar, pero no sos-tienen la proposición de que su sucesor en el cargo puede hacerlo.”

Y en el de Simmons v. State, 63 S. E. 937, la propia corte dijo:

“El pliego de excepciones debió haber sido certificado por el juez que presidió el juicio en la corte inferior. Su sucesor no te-nía facultad para certificar el pliego de excepciones; y consiguien-temente el auto de error debe ser desestimado. La decisión está basada en la resolución en el caso de Scott v. State (resuelto hoy) 63 S. E. 936.”

En el estado de Texas se ha establecido igual jurispru-dencia. En el caso de Richardson v. State, 158 S. W. 517, 518, la Corte de Apelaciones criminales, expuso:

“Pero por otra razón no podrían, aún archivados en tiempo, ser considerados. El caso fue visto ante el Hon. J. "W. Patterson, juez de la corte de distrito del condado de Parker; los pliegos no están certificados con su firma, ni tampoco está la exposición de .los hechos aprobada por él. La primera ley aprobada autorizando la presentación de pliegos de excepciones después de pasado el tér-mino de la corte contiene la siguiente disposición: ‘Aquellos jue-ces cuyos términos como tales venzan antes de acabarse el término de la corte en que se vió la causa, o durante los veinte días si-guientes al final del término de la corte, pueden aprobar tales exposiciones del caso o pliegos de excepciones.’' Nuestras leyes así lo han dispuesto desde que se permitió la presentación de pliegos de excepciones después de finalizado el término de la corte, y esas disposiciones se ban cristalizado en el artículo 2076 de los Esta-tutos Revisados de 1911, que dice como sigue: ‘Cualquier juez de una corte de distrito o de condado cuyo término del cargo venza antes de finalizado el término de dieba corte en que se baya visto una causa, o durante el período prescrito para el archivo de la exposición del caso y pliego de excepciones, o de las conclu-siones de becbo y de derecho, podrá aprobar tal exposición del caso y pliego de excepciones, o archivar tales conclusiones de be-cbo y de derecho en aquellas causas que en este capítulo se prescribe.’ Así, se ve que nunca ha sido la intención de nuestras leyes que a alguna persona distinta al juez que presidió el juicio del caso pueda permitírsele aprobar pliegos de excepciones o de expo-sición del caso. Si tal contingencia pudiera surgir en un caso en que fuera imposible obtener la firma y aprobación del juez senten-ciador, como en caso de su fallecimiento, permanente establecimiento fuera de los límites del estado, u otra causa que hiciera imposible obtener su aprobación, una cuestión distinta pudiera presentarse. Nada de esta índole aparece de los autos.”

En el de Porter v. State, 160 S. W. 1194, 1195, la propia corte decidió:

‘‘La supuesta exposición del caso fue archivada en la corte inferior en 26 de abril de 1913. No fue aprobada por el juez Miller, pero aparece aprobada por el juez Crawford. En estas cir-cunstancias, como lo demuestran estos autos, el Assistant Attorney General hizo una moción para eliminar dicho pliego de excepciones y exposición del caso. Esta cuestión ha sido ya antes considerada cuidadosamente por esta corte en el caso de Richardson v. State, 158 S. W. 517, en el que esta corte, después de citar los estatutos, sostuvo que sólo el juez de la corte en que se vió el caso, y ante quien tuvieron lugar dichos procedimientos, podía aprobar pliegos de excepciones y exposiciones del caso, y que su sucesor no podía hacerlo. Estamos perfectamente de acuerdo con la resolución y opi-nión en dicho caso, y de conformidad con la misma y con los estatu-tos nos vemos obligados a declarar como declaramos con lugar la moción del Assistant Attorney General, y por consiguiente a elimi-nar dicho pliego de excepciones y exposición del caso.”

Y en el de Allen v. State, 162 S. W. 868, ratificó su doctrina, así:

“El caso fue visto en la corte inferior y los procedimientos tuvieron lugar ante el juez Barry Miller en época en que era juez de aquella corte. Existe en los autos lo que aparenta ser una ex-posición del caso y pliego de excepciones, aprob'ada mucbo después por el juez Crawford, su sucesor, en vez de por él. Las "circuns-tancias de este caso son precisamente las mismas que en el caso de Will Porter v. State, 160 S. W. 1194, del condado de Dallas, re-suelto recientemente pero aún no publicado oficialmente. A mo-ción del Assistant Attorney General, y por la autoridad de ese caso y el de Richardson v. State, 158, S. W. 517, así como del esta-tuto-, la dicha exposición del caso y pliego de excepciones es elimi-nada de los autos y no puede ser considerada. Sin ella no existe cuestión alguna levantada que pueda ser objeto de revisión.”

La ley en Puerto Rico es más completa que la que sir-vió de base a las cortes de Texas y Georgia para establecer la anterior jurisprudencia. Nuestro estatuto no sólo con-tiene prescripciones semejantes, sino que además fija como medio supletorio el de acudir a la Corte Suprema para aprobar el pliego de excepciones.

Es necesario reconocer que existen jurisdicciones en que el sucesor en el cargo puede válidamente aprobar el pliego o exposición. Yéase 17 C. J. 144, pero en esta Isla, como se consigna en el propio 17 C. J. 144, “el pliego de excep-ciones” y por consiguiente la exposición del caso, “pueden sólo firmarse y aprobarse por el juez que intervino en el juicio o por la Corte Suprema,” citando el caso de Coll, supra. Un examen de la propia exposición aquí archivada demuestra lo acertado de la norma establecida.

Bajo cualquier aspecto que se considere, pues, este caso, la única resolución procedente es la de declarar sin lugar el recurso, quedando confirmada la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.

El Juez Asociado Señor Franco Soto firmó: “Conforme con la sentencia por cuanto técnicamente no existe exposi-ción del caso. Si, no obstante, pudiéramos considerar sus méritos, opino que el caso-debe ser devuelto para un nuevo juicio.”


author: u El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Jeannot, Demandante y Apelante, v. Dalmau, Demandados y Apelados, y “The Central Machete Co.,” Interventora y Apelada.
    No. 3078.

    Visto: Febrero 28, 1924.

      Resuelto: Mayo 1, 1924.
    Prelación de Créditos — Befacción Agrícola — Prueba.—La única prueba ofre-cida en este caso sobre prelación de crédito, fué: un contrato privado de préstamo con garantía de las cañas a favor de A, un simple pagaré a la orden de la. central B suscrito, como aquél, por el deudor, y la declaración de éste en cuanto a que había invertido el producto de ambos préstamos en la siem-bra y cultivo de las cañas. Se resolvió': que el mero hecho de que el dinero fuera empleado en la siembra y cultivo de la caña no podía convertir una u otra de las obligaciones en un contrato de refacción agrícola.
    Sentencia de B. Díaz Cintrón, J. (Guayama), declarando con lugar demanda de intervención y crédito preferente, sin costas.

      Be-vocada y devuelto el caso.

      A. Pon-ata Doria y M. A Martínez, abogados de la apelante; J. J. Aponte, abogado de los demandados-apelados; y J. Tous 8oto, por la interventora-apelada.
   u El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Eugenio Dalmau, como arrendatario de cierta propiedad inmueble, tomaba dinero prestado a doña Carmen Jeannot, viuda de Ramos, y en garantía del préstamo afectaba las plantaciones de caña existentes en la finca.

Posteriormente la señora Ramos estableció demanda en la Corte de Distrito de Guayama en cobro de un saldo de-bido por virtud de esta obligación, y embargó las cañas en crecimiento así afectadas.

La Central Machete intervino entonces alegando tener un subsiguiente contrato de préstamo refaccionario, y ser de-mandante en un pleito pendiente contra Dalmau en la Corte Municipal de Ponce, en el cual se había practicado un se-gundo embargo de la misma caña.

La Corte de Distrito de Guayama, después de celebrar una vista sobre los méritos, resolvió que la reclamación he-cha por la central constituía un crédito preferente, y como tal tenía derecho a qne fuera primero satisfecha con el pro-ducto de la caña embargada.

La tínica prueba aducida al juicio fué un simple pagaré pagadero a la orden de la central, el documento arriba des-crito en primer lugar,,y la declaración de Dalmau en el sen-tido de que él había gastado el dinero que obtuvo de la se-ñora Ramos para terminar la siembra de la caña en cues-tión y había usado el importe recibido de la central en el tercer desyerbo de la caña. No hubo absolutamente nada que indicase un acuerdo definitivo entre las partes ya para contratar respecto al fin o fines para el cual fué facilitado el dinero, o cómo había de ser empleado. En ausencia de alguna prueba en contrario, el deudor en uno u otro caso es-taba en libertad para emplear, el producto en aquella • forma que estimase conveniente. El mero hecho de que el dinero fuera empleado en la siembra y cultivo de la caña no podía convertir una u otra de las obligaciones en un contrato de refacción agrícola.

No existe, pues, ninguna base para la teoría del inter-ventor de una preferencia por el fundamento de un gravamen subsiguiente, y por tanto superior, de crédito refaccio-nario, en lo que respecta a tales dos contratos no inscritos. Por otra parte, una ley aprobada en marzo 10, 1904 (p. 131) titulada “Ley para que los agricultores puedan contraer préstamos con la garantía de productos y efectos agrícolas, y para otros fines,” prescribe que:

“Serán objeto de garantía para esta clase especial de préstamos, las cosechas recolectadas o por recolectar, los frutos, granos, semi-llas, legumbres, aguardientes, mieles, azúcar, tabaco, sal marina, ma-deras de construcción, plantas secas, ganados, aves de corral, carros, artefactos y máquinas agrícolas movibles.”

Es cierto que las partes en la primera de las dos obliga-ciones aquí envueltas no observaron el procedimiento pres-crito por esa ley; y puede ser, y probablemente es también cierto, que varias de sus disposiciones, tal como la que per-mite el remate de los efectos, no servirían al acreedor que no pnede presentar la certificación formal que expresamente constituye la base de ese procedimiento. Pero de ello no se infiere que un gravamen que deliberadamente se ba consti-tuido sobre nna cosecha en crecimiento por sn dueño sin cumplirse estrictamente con el método prescrito por la ley por tal omisión es absolutamente nulo. El fin principal de la disposición legal era hacer que tales dueños pudieran to-mar dinero prestado por virtud de dicha garantía; y no hay lugar a duda en cuanto a la intención de las partes res-pecto al contrato arriba citado en primer término, de esta-blecer un gravamen sobre la cosecha en cuestión como ga-rantía del préstamo.

No hay nada que.indique, ya en la opinión emitida por el juez sentenciador ni en el alegato del apelante, aparte de la cuestión de un segundo y por tanto superior contrato de préstamo agrícola, ya resuelta, porque. en lo que respecta a las partes en el primitivo contrato, o en cuanto al pri-mero y segundo acreedores embargantes en este caso, no debe darse completa fuerza y efecto al expresado gravamen.

Pero sea esto como fuere, y por otras razones ya indica-das, la sentencia apelada debe revocarse, y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señob. Wolf,

text:
    Dávila, Demandante y Apelante, v. del Campo et al., Demandados y Apelados.
    No. 3287.

    Visto: Abril 28, 1924.

      Resuelto: Mayo 2, 1924.
    Desestimación de Apelación por Falta de Alegato — Discreción del Tribunal Supremo. — Para que el Tribunal Supremo ejereite su discreción en favor de un apelante que ba radicado su alegato fuera de término y después de notifi-cársele una moción de desestimación, debe estar convencido de que existe una apelación meritoria o que se ba promovido alguna cuestión dudosa.
    Ooncejo de Administración — Responsabilidad Civil de dos Miembros del Oon-cejo de Administración — Quaere.—Si la responsabilidad civil a que se refiere el artículo 42 de la Ley Municipal por los perjuicios que causaren a los par-tieulares los miembros del concejo de administración es por actos ejecutados por ellos individual o colectivamente.
    SentbnCXA. de Pablo Berga, J. (Humacao), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Desestimada la apelación a instancia del apelado.

      L. Toro Cabañas y A. Rodríguez, abogados del apelante; J. Boto Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados presentaron una moción para desestimar esta apelación por no haber sido radicado el alegato oportu-namente. De los autos aparece que fné declarada con lu-gar una excepción previa formulada a la demanda y que después se dictó sentencia contra el demandante el día 28 de enero de 1924. Los autos fueron radicados en esta corte el día 6 de marzo de 1924. El término para radicar el ale-gato vencía a los diez días siguientes. La moción para de-sestimar la apelación se radicó y notificó en 14 de abril de 1924. El día 28 de abril el apelante archivó una contesta-ción a la moción, un alegato sobre el caso principal y un affidavit de méritos.

La contestación no es satisfactoria toda vez que frecuen-temente hemos resuelto que las meras ocupaciones profesio-nales no constituyen excusa para presentar un documento fuera del término autorizado por la ley. Dichas meras ocu-paciones profesionales nunca son excusa para no solicitar una prórroga del término para radicar un alegato. En cam-bio, cuando el apelante radica un alegato con razonable prontitud hemos estado dispuestos, aunque el término haya vencido, a ser liberales al conocer de una apelación. Sin embargo, debemos estar convencidos de que existe una ape-lación meritoria, o que se ha promovido alguna cuestión du-dosa. El demandante trataba de hacer responsable a los miembros del concejo individualmente por la nulidad de un contrato para la venta de la finca.

Se admite que el concejo municipal que celebró el ale-gado contrato para comprar la finca en cuestión no tenía autoridad alguna para ello. La facultad pertenecía a la asamblea municipal. El apelante cita el artículo 42 de la Ley Municipal .para determinar una responsabilidad a los miembros del concejo, (Ley No. 85, 1919 p. 685). Dicbo artículo es, como sigue:

“Artículo 42. — Cada uno de los miembros del concejo de admi-nistración tendrá bajo su dirección y control las oficinas y servicios correspondientes a su cargo; cuidará de la ejecución de todas las ordenanzas y acuerdos referentes a las materias comprendidas en la denominación de su empleo; certificará los pagos que deban hacerse por su departamento, dentro de las asignaciones del presupuesto; nombrará los empleados de su oficina, con el consentimiento y apro-bación del concejo, y podrá destituirlos con igual aprobación por justa causa, previa audiencia por escrito del interesado, y en pri-mero de agosto de cada año, rendirá un informe anual a la asam-blea municipal de los asuntos de su departamento; preparará los proyectos de ordenanza que atañan a éste; y los someterá al con-cejo de administración; suministrará al concejo, a la asamblea y al comisionado de servicio público, policía y prisiones todos, los datos e informes que se le pidieren, relacionados con sus oficinas; desem-peñará todos los deberes adicionales que prescribiere el concejo; cumplirá las reglas que dictare el comisionado de servicio público, policía y prisiones en cuanto al cumplimiento de sus deberes y obli-gaciones, y será responsable de la dirección y funcionamiento de su departamento, y civilmente de cualquier perjuicio que cause a los particulares con sus actos y omisiones, por malicia, negligencia o ig-norancia inexcusable. Las ordenanzas relativas a asuntos sanitarios deberán ser aprobadas por el Comisionado Insular de Sanidad.”

Parece que la responsabilidad que aquí se indica se re-fiere a los actos ejecutados en el departamento particular de cada miembro del concejo y no a sus actos legislativos o en concejo, pues tales actos son generalmente privilegiados.

El apelante no nos convence de que constituye negligen-cia inexcusable por parte de un miembro del concejo incu-rrir en el mismo error de derecho en que incurrió el propio apelante. Generalmente debiéramos decir que un error de ley cometido por un funcionario público de bnena fe, cre-yendo él mismo tener facultad, sería nna ignorancia excusable dentro del significado del estatuto, especialmente cuando estaba dentro del alcance del demandante el conocer la con-dición de la ley.

La corte inferior también resolvió que en la demanda no se alegaba ninguna pérdida o daño especial sufrido por el demandante con motivo del alegado incumplimiento de con-trato. Los daños por no cumplir con un contrato de venta serían al parecer por su naturaleza especiales y el deman-dante debe entonces alegar y probar los. daños reales y no descansar en referencias generales sobre daños.

Estas y otras consideraciones nos llevan a la conclusión de que el apelante no ña demostrado una apelación merito-ria- y por tanto debe sostenerse la moción para desestimar la apelación por falta de alegato.


author: El Juez Asociado Senos. Hutchison,

text:
    Brillón, Demandante y Apelante, v. Figueroa, Demandado y Apelado.
    No. 3253.

    Visto: Abril 25, 1924.

      Resuelto: Mayo 2, 1924.
    Daños y Perjuicios bor Negligencia — Prueba.-—En este caso de daños y perjui-cios por negligencia se declaró sin lugar la demanda bajo la teoría de que el demandado no fué identificado suficientemente como el óhawffewi• del automó-vil que causó los daños. Se revocó -la sentencia porque la prueba que se es-tudia en la opinión, así como la defensa afirmativa de la contestación, con-tradicen tal teoría de la sentencia apelada.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), declarando sin lugar la demanda con las costas.

      Revocada.

      L. Freire Barbosa, abogado del apelante; C. Iriarte, Jr., y J. Cer-vera Travieso, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Senos. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante estableció demanda por los daños y per-juicios que alegó le fueron causados por el demandado con motivo de su negligencia en el manejo de un automóvil.

El demandado no compareció al juicio y la corte de dis-trito, después de oir la prueba aducida por el demandante, declaró sin lugar la demanda.

La única cuestión envuelta en la presente apelación pa-rece ser de hedió.

El juez sentenciador no emitió opinión ni formuló con-clusiones, y la sentencia sólo puede explicarse por virtud de la' teoría sugerida sin ningún argumento en apoyo de la misma por el abogado del apelado, a saber, que el deman-dado Florencio Figueroa no fué suficientemente identificado como el chauffeur del automóvil que produjo los daños su-fridos por el demandante.

Que una impresión tal como ésta se produjo en la mente del juez sentenciador, lo indica el propósito de ciertas pre-guntas que fueron dirigidas al único testigo ocular que pre-tendió identificar al demandado como tal chauffeur. Este testigo, al empezar su declaración, había dicho que conocía (usando el tiempo presente) tanto al demandante como al demandado; que los vió el día del accidente en el sitio donde éste ocurrió; que ‘‘Brillón se apeó de una guagua y venía el señor con un carro a mucha velocidad.” Después este testigo, al parecer refiriéndose al demandado, dijo que “el carro de ese señor, que lo venía guiando Fulgencio,” cogió al demandante.

La conversación que tuvo lugar al terminar esta declara-ción, es como sigue:

“¿Qué carro chocó con Brillón? Era un Buick chiquito de dos asientos.
“¿Usted conoce el carro? La marca.
“¿Conocía usted al chauffeur? El chauffeur lo conocía de vista.
“¿Sabe cómo se llama? El señor Figueroa.
“¿Pero no sabe el nombre de él? Fulgencio, un nombre así.
“¿No sabe el nombre de él, sabe el apellido nada más? ¿Cómo dice usted que es Fulgencio? Porque en el caso de la investigación fué que supe como se llamaba.
“¿Entonces es cuando usted lo conoció a él? 'Sí señor, cuando pasó el caso lo conocí.
“¿Lo conocía usted antes? No señor.”

Debe admitirse que las referencias anteriores al deman-dado como chauffeur del automóvil que cogió al demandante parecen haber sido consecuencia de un accidente más que de un propósito definido o deliberado, y dejan mucho que de-sear como cuestión de certeza real y concluyente. Pero en ausencia absoluta de cualquier contradicción, inconsistencia intrínseca o verdadera discrepancia, tales referencias no pueden ser estimadas como inadecuadas para contrarrestar y rebatir la negativa general de los “hechos asenciales” de la demanda, contenida en la contestación sin jurar for-mulada por el demandado.

Además, una defensa afirmativa propuesta en esta con-testación, que parece haber sido pasada por alto por el juez sentenciador, admite sustancialmente no sólo el accidente sino también el hecho de que el demandado iba guiando su mismo automóvil en aquel entonces. La alegación, en tanto es pertinente a este particular, es en sus términos como sigue:

“Que el día 14 de junio de 1921, como a las once y media de la mañana, el demandado se dirigía a San Juan en su automóvil y al pasar por la parada 25 de los Trolleys de la Puerto Eico Eailway, Light & Power Co. en momentos en que cruzaba con su automóvil a una velocidad menor de 16 kilómetros por hora, se apeó de una guagua del servicio público que estaba en movimiento, el deman-dante Epifanio Brillón y sin tomar las precauciones necesarias para garantizar su vida, trató de cruzar la carretera en el mismo mo-mento en que el demandado pasaba por el lado de la guagua de la cual él se había apeado, y sin tiempo ni forma para evitarlo tro-pezó con el demandante derribándolo al suelo.
“Que inmediatamente después del accidente, el demandado reco-gió al demandante en su automóvil y lo condujo al Hospital Municipal de Santurce, encargando al Dr. Víctor Gutiérrez Ortiz de la asistencia y cuidado del demandante.
“Que el demandante no sufrió daño alguno de gravedad en el accidente mencionado, pues solamente tuvo una ligera conmoción, que le desapareció totalmente unas horas después y de la erial quedó completamente curado al día siguiente de su ingreso en el Hospital Municipal.
“Finalmente alega el demandado, que la causa inmediata deter-minante del accidente que sufrió el demandante, fué su falta de cuidado al tratar^ de cruzar una carretera pública de mucho trán-sito sin' tomar las precauciones necesarias para evitar daños a su persona. ’ ’

El demandado qne no presentó ninguna prueba testifical para sostener la defensa arriba indicada, ni siquiera com-pareció a juicio, no tenía ninguna licencia al ocurrir el acci-dente, y no existe serio conflicto en la prueba, la cual, en conjunto, prácticamente no da lugar a duda en cuanto a la completa negligencia del chauffeur del automóvil que causó los daños de los cuales se queja el apelante.

Debe revocarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Rivera, Demandante y Apelante, v. Rodríguez et al., Demandados y Apelados.
    No. 3077.

    Visto: Diciembre 6, 1923.

      Resuelto: Mayo 6, 1924.
    Reivindicación de Condominio Hereditario — Causa de Acción — Partición de Bienes — Adjudicación de Bienes para Pago de Deudas sin Autorización Judicial Previa. — Para que pueda prosperar una demanda por la cual un heredero reclama un condominio con sus frutos en.una finca que perteneció a la sucesión de su causante, bajo la teoría de que fué adjudicada a un here-dero para pago de deudas de la herencia sin previa autorización judicial, es necesario probar que la finca objeto de la reclamación fué adjudicada espe-cialmente para el pago de deudas sin tal requisito.
    Sentencia de Enrique Lloreda, J: (Árecibo), declarando sin lugar la demanda, con costas a la demandante.

      Confirmada.

      L. Mercader, abogado de la apelante; A. Lens Cuena, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Emilio Rivera Yélez, Osvaldo de iguales apellidos y. Juana de León, únicos hijos y herederos de Eladio Rivera Olivero, practicaron en el año 1912 la partición de los bie-nes dejados por su padre, en la que Osvaldo y Juana, que eran entonces menores de edad, fueron representados por un defensor judicial y por la madre, respectivamente. La Corte, de Distrito de Arecibo aprobó esas operaciones par-ticionales las que después fueron protocolizadas en una no-taría.

El caudal inventariado ascendió a |2,800 de los que fue-ron deducidos $800 para pagar una deuda de $500 recono-cida ante notario por. el causante, siendo los $300 restantes para gastos de su última enfermedad y de su testamentaría quedando así un líquido de $2,000 que dividido entre los tres herederos correspondió a cada uno la cantidad de $666.66. El heredero mayor de edad Emilio, se hizo cargo de pagar las bajas que con su cuota hereditaria dieron un total de $1,466.66. A la heredera Juana se le pagó su ha-ber hereditario con un condominio de $666.67 en una finca urbana valorada en $1,200. Los $533.33 restantes de esa finca fueron adjudicados a Osvaldo en condominio, a quien también se le dió otro condominio de $133.34 en otra finca valorada en $800 reseñada en el inventario con el número 4 para completar su acreencia de $666.67. En cuanto al he-redero Emilio para pagarle sus $1,466.66 le fueron adjudi-cados un condominio de $666.66 en el resto del valor de $800 de la finca número 4, otra finca valorada en $450 más otros $350 en efectivo y en un crédito, sin que aparezca de esas operaciones particionales que el condominio que se le adju-dicó en la finca número 4 lo fuera determinadamente para el pago de deudas, pues todos los bienes le fueron dados indeterminadamente y en conjunto para satisfacerle los $1,466.66.

Emilio y Osvaldo, condueños en la finca número 4 la ven-dieron después a Antonio Jeanot, quien posteriormente la vendió a Juan Rodríguez Barreto en cuya posesión está. •

Diez años después de esa partición Osvaldo y Juana de León, usando ésta el nombre de Juana Rivera de León y representada a causa de su menor edad por su madre, de-mandaron judicialmente a Juan Rodríguez Barreto para que reconozca que cada uno de ellos dos tienen un condominio de urna tercera parte en la finca que describen, que es la nú-mero 4 del inventario, para que le pagúe sns productos en la misma proporción y para que cese la comunidad entre ellos existente vendiéndose la finca en pública subasta y re-partiéndose el precio, alegando como fundamento de esas reclamaciones que la adjudicación de bienes becha en la par-tición al heredero Emilio para el pago de deudas y gastos de la herencia es nula por haberse hecho sin obtenerse pre-viamente autorización judicial.

El demandado se opuso a esas reclamaciones y cuando comenzó el juicio desistió Osvaldo de su demanda por lo que continuó con Juana Rivera. Dictada .sentencia en contra de la demandante, ésta interpuso el presente recurso de apelación en el que no ha comparecido el demandado apelado.

Como se ve por los hechos expuestos la apelante, que recibió su cuota hereditaria libre de deudas, trata por este pleito de obtener además una tercera parte de la finca nú-mero 4 que fué adjudicada a Osvaldo y a Emilio fundán-dose en que es nula la adjudicación que de ella se hizo para el pago de deudas sin autorización judicial, pero no ha pro-bado que esa finca fué adjudicada a Emilio en ese concepto pues todas las adjudicaciones le fueron hechas indetermina-damente, demostrando más bien las operaciones particiona-les que el condominio adjudicado a Emilio en esa finca lo fué para el pago de su cuota hereditaria ya que corresponde exactamente en pesos y centavos a la cantidad de $666.66 que como, heredero debía percibir, pudiendo racionalmente entendérse que fueron los otros bienes los que se le dieron para el pago de deudas, por cuyo motivo no puede prospe-rar la demanda establecida contra el actual dueño de la finca porque para que por la nulidad alegada estuviera obligado el demandado a reconocer un condominio a la apelante de-bió probarse en contra suya que esa finca fué adjudicada especialmente para el pago de deudas, sin haberse obtenido autorización judicial. De prosperar esta demanda con la prueba que ba sido presentada la apelante podría estable-cer otra demanda reclamando una tercera parte en los otros bienes adjudicados a Emilio y de este modo recibiría casi el doble de lo que correspondió a cada uno de los otros be-rederos.

La sentencia apelada dehe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    González, Demandante y Apelada, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelante.
    No. 3221.

    Visto: Marzo 10, 1924.

      Resuelto: Mayo 6, 1924.
    Apelación de Decisiones en Certioraries — Transcripción de la Evidencia por el Taquígrafo — Desestimación de Apelación. — El procedimiento de la trans-cripción de la evidencia por el taquígrafo no es adecuado para formalizar la apelación de una resolución dictada en certiorari contra la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, cuando en la vista no se practicó prueba. Por tal razón se eliminó del récord de este caso, a petición de la apelada, una certificación del taquígrafo titulada “aprobación de la exposición del caso,” autorizada por el juez sentenciador, comprensiva de los procedimientos que tuvieron lugar ante la comisión demandada. No habiendo, pues, una verda-dera exposición del caso y resultando que la transcripción se radicó después de treinta días de archivado el escrito de apelación, el recurso fué deses-timado.

      El Attorney General, B. H. Todd, Jr., J. A. López Acosta y C. Llauger Díaz, abogados de la apelante; G. Iriarte, Jr., y R. Castro Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una' moción de los demandantes solicitando se elimine la transcripción del récord y se desestime la ape-lación.

La apelante, al interponer su recurso, pidió que de acuerdo con la ley número 27, proveyendo la substitución del pliego de excepciones y exposición del caso por la transcripción de la evidencia, aprobada en noviembre 27, 1917 (2, p. 275), se ordenara al taquígrafo bacer y preparar la transcripción del récord conforme a dicba ley.

Los apelados se opusieron a que se utilizara este .medio de apelación, alegando que en el acto de la vista del certio- rari no se practicó prueba alguna sino que solamente la corte inferior se limitó a considerar los procedimientos ha-bidos en la comisión demandada (return).

La corte inferior, no obstante, ordenó al taquígrafo pre-parara fiel y completamente el récord del caso, pero de los autos aparecen dos certificaciones del juez inferior, una aprobando una llamada exposición del caso que comprende el legajo de la sentencia y está certificada por el secretario, y la otra, titulada “aprobación de la exposición del caso,” la que contiene todos los procedimientos que tuvieron lugar en la comisión demandada, certificados por el taquígrafo y certificada a su vez con la firma original del juez inferior. La sección 1a. de la ley número 27, aprobada en noviembre 27, 1917, dice:

“En lugar de preparar el pliego de excepciones o la exposición del caso que determina el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, con el fin de que se revise en grado de apelación cualquier materia u orden revisable en la apelación de una sentencia final, po-drá radicarse en poder del Secretario de la corte de cuya sentencia, orden o resolución se hubiere apelado, un escrito solicitando que se haga y prepare una transcripción de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas ofrecidas y practicadas, y de todas las re-soluciones, actos o manifestaciones de la corte, así como de todas las objeciones y excepciones de los abogados y cuestiones o materias que con la misma se relacionen. Dicho escrito deberá presentarse dentro de diez días después de haberse archivado la apelación.”

Como en el procedimiento de certiorari el auto diligen-ciado constituye la contestación del demandado, así como la prueba y el caso se celebra por virtud del mismo, y no otra cosa se ha hecho en el presente caso, no vemos que el taquí-grafo pueda certificar de procedimientos que no han tenido lugar ante él. El caso sería lo mismo que si el taquígrafo hubiera certificado la primera llamada exposición, que com-prende el legajo de la sentencia. Desde luego que si se tratara de un certiorari en que el procedimiento compren-diera cualquiera de las actuaciones a que se refiere la ley substituyendo la exposición del caso o pliego de excepciones por las notas taquigráficas, claro es que entonces procede-ría la transcripción de tales actuaciones por el taquígrafo como medio de apelación. Pero de otro modo, la naturaleza del certiorari parece que no es conciliable con esa forma de preparar el récord cuando solamente es objeto de conside-ración el auto diligenciado, no existiendo otra alegación formal del demandado y sin que se tenga que ofrecer ni prac-ticar evidencia de ninguna clase.

El método, por consiguiente, seguido para que nos ponga en condiciones de revisar el auto diligenciado, no es el ade-cuado y debe, pues, declararse con lugar la moción, elimi-nando del récord de esta apelación la titulada exposición del caso certificada por el taquígrafo.

Y resultando por esta declaración que no existe en los autos un verdadero pliego de excepciones o exposición del caso, era el deber del apelante elevar el récord de este caso a esta Corte Suprema dentro de los 30 días siguientes a la fecha del archivo del escrito de apelación y, no habiéndolo así cumplido de acuerdo con lo que dispone el Eeglamento de esta corte y la jurisprudencia aplicable, la apelación debe desestimarse.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Battle, Demandante-Apelante-Apelada, v. J. B. Litchetenstein and Co., Demandada-Apelada-Apelante.
    No. 2943.

    Visto: Diciembre 21, 1923.

      Resuélto: Mayo 8, 1924.
    Arrendamiento — Incumplimiento de Oontrato. — Examinada la prueba en la opinión, se concluyó que los arrendadores demandantes faltaron al cumpli-miento del contrato y por tanto que no podían obligar a los demandados al cumplimiento del mismo.
    Id. — Contrademanda—Notificación de la Contestatión a la Contrademan-dada. — De todas las alegaciones deducidas después de la demanda, deberá en-tregarse copia a la parte contraria, pero si tal requisito se omite y la parte con derecho a la copia se queja durante el juicio, después de practicada la prueba de la parte que presentó la alegación y cuando todas las circunstan-cias tienden a demostrar que estaba perfectamente enterada, no comete erroí perjudicial la corte al declarar la queja sin lugar.

      Id. — Compensación de Reclamaciones Recíp®ocas. — Un demandante que lia sido contrademandado para qne pague el valor de mejoras introducidas, mediante convenio, por los demandados en la finca objeto del arrendamiento, puede pedir que las mejoras sean compensadas con el valor de cánones vencidos j no pagados por dichos demandados como arrendatarios de la finca.
    Sentencia de B. Días Cintrón, J. (Ponce), desestimando la demanda y condenando a los demandantes al pago de nna indemnización y a los demandados al pago de nna compensación.

      Confirmada.

      Martines Nadal, Tormes & Colón, abogados de la demandada-ape-lada-apelante; J. Tons Soto y Pérez Marchand, abogados' de la demandante y apelante-apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Las demandantes alegaron en sn demanda qne eran due-ñas de cierta finca urbana qne arrendaron a la demandada de acuerdo con las condiciones qne en la demanda se especi-fican y qne la demandada se negó a firmar la escritura pu-blica convenida no obstante bailarse en posesión de la finca arrendada y estar las demandantes dispuestas a cumplir por su parte con todas las obligaciones estipuladas, y pidie-ron que se condenara a la demandada a otorgar la escritura y a cumplir con todo lo consignado en la misma.

Contestó la demandada aceptando la celebración del con-trato pero negando que diera su conformidad a todas las cláusulas que en la demanda se transcriben. También negó la demandada que ocupara toda la finca. Admitió que ocu-paba una parte de ella por habérsela cedido la American Tobacco Co. que antes la tenía en arrendamiento.

Como materia nueva de oposición a la demanda alegó la demandada:

“Que la demandada después de rectificar el error cometido en la cláusula sexta de la minuta servida por las demandantes a la de-mandada, al fijar la cuantía de mil doscientos dollars cuando el con-venio fue de mil quinientos dollars,” (se refiere a las mejoras que, debía bacer la demandada reintegrando su importe las demandan-tes), “y el error cometido al fijar la cuantía de los dos plazos en que debía pagarse esta suma, estuvo dispuesta a aceptar y cumplir las demás condiciones del contrato y a otorgar la escritura del mismo, en tal forma que la demandada realizó las mejoras que tenía la obli-gación de hacer en los ranchones en las que gastó la suma de mil quinientos veinte dollars; que la demandada no otorgó la escritura dél contrato ni siguió cumpliendo sus obligaciones porque las de-mandantes dejaron de cumplir antes la obligación de pagar a la de-mandada el día 10 de marzo de 1921 el primer plazo de novecien-tos dollars a que venían obligadas según la cláusula sexta del con-trato al empezar el arrendamiento, así como también las demandan-tes dejaron de cumplir la obligación fundamental del contrato de entregar la finca arrendada a la demandada que la parte del edifi-cio que debían entregarle estaba ocupada por la Corporación Porto Rico Importing Co. dedicada a la talla de diamantes la que se resis-tía a dejar el local.”

Formuló además la demandada una contrademanda recla-mando, en resumen, el valor de las mejoras realizadas y el de cierta construcción que, según ella, se vió obligada a hacer por no habérsele entregado a tiempo el almacén arren-dado.

Aparece entonces en la transcripción una excepción pre-via y contestación a la contrademanda formulada por la demandada. Al final de dicho escrito consta lo que sigue:

"Alegamos además como materia nueva de oposición — Compen-sación. — Que el contrademandante viene usando y disfrutando una porción del edificio arrendado descrito en la demanda, equivalente a un 93.45 del mismo desde 10 de marzo de 1920, en virtud del con-trato de arrendamiento alegado en la demanda, sin haber satisfecho renta alguna, siendo el canon proporcional a la parte así ocupada de $186.90 mensuales.”

Se celebró la vista practicándose una larga prueba do-cumental y testifical y finalmente la corte de distrito resol-vió el pleito basándose en una relación del caso y opinión que, en su parte final, dice:

"La corte después de un estudio detenido de toda la evidencia en conjunto llega a las siguientes conclusiones en este caso: (a) Que el contrato o convenio de arrendamiento celebrado entre las partes, no fué cumplido por los demandantes, por no haber éstos podido entregar el edificio en la fecha acordada 10 de marzo de 1921. — (b) Porque los demandantes tenían la obligación de satisfacer al deman-dado, la suma de seiscientos dollars, por las mejoras introducidas en el edificio por los demandados, al empezar el arrendamiento, o sea el día 10 de marzo de 1921 y no fueron debidamente diligentes para entregar a los demandados la suma así convenida.- — (e) Que los demandantes están en la obligación de satisfacer a los demanda-dos la suma de mil doscientos dollars, por las mejoras introducidas por éstos en el edificio.— (d) Que los demandantes tienen derecho a una compesación de setenta y cinco dollars mensuales, por la parte del edificio que ocupaban los demandados a contar desde el día 10 de marzo de 1921.”

Registrada sentencia de conformidad con las anteriores conclusiones, ambas partes apelaron para ante este tribunal, tramitándose conjuntamente los recursos.

Los errores señalados por la parte demandante son seis: Pueden agruparse en dos, a saber: errores cometidos al apreciar la prueba concluyendo que demuestra el no cumpli-miento del contrato por parte de los demandantes y error al graduar la compensación.

Hemos examinado cuidadosamente la prueba practicada y a nuestro juicio sostiene las conclusiones de la corte sen-tenciadora.

La finca de que se trata es un gran almacén de manipos-tería fabricado en un extenso solar. Estaba ocupado una parte por una fábrica de tallar diamantes y otra por una compañía tabacalera. Allá por el año de 1920 las demandan-tes y la demandada concertaron en principio un contrato de arrendamiento para empezar a regir el 10 de marzo de 1921, por mediación de Julio Niglagioni, quien, declarando en el juicio como testigo de las demandantes, dijo:

“Ellos lo que convinieron delante de mí fue arrendar el almacén citado por cinco años a razón de doscientos dólares mensuales y ha-cer un anticipo el señor Vilaró de seiscientos pesos para unas repa-raciones que ellos calculaban uno en mil doscientos pesos y el otro en mil quinientos, para el señor Vilaró hacer los gastos de eso an-ticipando la mitad al empezar y la mitad al terminar es lo único-que sé en este caso.” '

Hemos dicho que la negociación quedó concertada en principio desde 1920 y como la demandada necesitara del local con urgencia, obtuvo que la compañía tabacalera que se ha mencionado le' cediera la parte ocupada por ella. Acto seguido la demandada comenzó a hacer con el consentimiento de las demandantes mejoras en el edificio, invirtiendo más de mil quinientos dólares.

Llegó el 10 de marzo de 1921. Las demandantes lograron que la compañía de diamantes desalojara el local para esa fecha, pero dejándolo en tan malas condiciones que las pro-pias demandantes no lo recibieron y se vieron obligadas a iniciar un pleito en el cual obtuvieron una sentencia a su favor.

Debido a ello es lo cierto que las demandantes no entre-garon en la fecha convenida el local en la forma estipulada, sin que conste que pagaran o intentaran pagar a la deman-dada suma alguna por las mejoras no sólo prometidas reali-zar sino ya realizadas por la demandada. ,

La falta de cumplimiento del contrato por parte de las demandantes resulta, pues, evidente. Conviene agregar que la escritura no llegó a otorgarse porque si bien las partes, estaban conformes en lo substancial, siempre surgían deta-lles sobre los cuales no lograron ponerse de acuerdo. Dos notarios fueron ocupados en la redacción del documento.

En cuanto a la “compensación” la parte demandante y'apelante sostiene que la corte erró porque según ella se demostró que la demandada ocupaba un 94.45 por ciento del local y tratándose- de un arrendamiento cuyo canon era dos-cientos dólares mensuales, la suma de $75 mensuales man-dada pagar, no es la adecuada. La prueba fue contradic-toria. La de la demandada sostuvo que ella sólo llegó a ocupar la tercera parte.

Pero no fué esa la base que, a nuestro juicio, la corte a,doptó. Se admite que con anterioridad a la fecha en que el contrato debía comenzar a regir, la demandada ocupó una parte del local a virtud de convenio con la arrendataria de la misma y con la conformidad de las demandantes, pa-gando setenta y cinco dólares al mes. T la corte estimó que esa era la suma que debió continuar satisfaciendo. Esta cuestión volverá a tratarse al estudiar y resolver el recurso interpuesto1'por la demandada. El establecido por las de-mandantes, en atención a todo lo expuesto, debe ser decla-rado sin lugar.

En su alegato la parte demandada y apelante señala la comisión de cuatro errores que pueden agruparse en dos, a saber: primero, los tres cometidos al no eliminar, al per-mitir prueba y al declarar con lugar la compensación, y se-gundo, el cometido al apreciar la prueba en relación con los $5,200 reclamados por daños y perjuicios.

En cuanto a los daños y perjuicios diremos que no se ne-cesita esfuerzo alguno para concluir que el error no existe. Alegó la demandada y pretendió probar en el juicio que por la falta de cumplimiento del contrato por parte de las de-mandantes se vió obligada a construir un ranchón para al-macenar tabaco en Coamo que le costó la suma indicada en-teramente perdida para ella porque el ranchón quedaba a be-neficio del dueño de la finca en que fué edificado. Está tan desprovista de fundamento esta reclamación y es tan exage-rada, que a nuestro juicio no sólo cae por su base, sino que daña la posición de la demandada en el pleito y hace surgir dudas en el ánimo del juzgador al pesar el mérito de sus otras alegaciones.

En cuanto a la “compensación,” de los autos aparece que cuando la parte demandante terminó de' practicar su prueba el demandado dijo:

“Pido que se elimine la contestación a la contrademanda en donde se solicita compensación, porque la parte contraria, en ningún momento durante el trámite ha notificado a esta parte con copia ni tenido esta parte noticia de que se hubiera radicado tal contestación.
“Demandante: Nosotros entendemos que no debe ser eliminada porque, dejando aparte el aspecto de la notificación o no notifica-ción de ese pleading, es lo cierto que en la demanda, conocida bien y contestada por la parte demandada en este caso, existe en la sú-plica una parte que es idéntiea a la de compensación de que tratamos, pidiendo a S. S. que en su oportunidad y previo el trámite legal condene a la parte al otorgamiento de la escritura, al cumplimiento de todas las condiciones del contrato que incluye el pago de los cá-nones; suponemos que no es el propósito de la parte rehusar la compensación de la ocupación de un edificio de doscientos dólares mensuales por algo más de un año valiéndose, como dijo mi compa-ñero hace un momento, de un subterfugio o de una argucia.
“Juez: La corte toma en consideración lo solicitado y resolverá en su oportunidad.”

Ya hemos visto que la demandada formuló una contra-demanda en este caso. Y el artículo 115 del Código de En-juiciamiento Civil, al final, dice: “Esta contra-demanda de-berá notificarse a las partes contra quienes se establezca, las cuales podrán interponer excepción previa a la misma, o contestarla como la demanda primitiva.”

Las demandantes hicieron uso del derecho que la ley les concedía y archivaron en los autos su “excepción previa y contestación a la contrademanda” que está fechada el 21 de enero de 1922. La sección no habla de notificación, como lo hace en cuanto a la contrademanda del demandado, y no fué hasta julio de 1922, en el juicio, después de practicada la prueba de la parte demandante, que la demandada le-vantó la cuestión.

Siendo ello así, la corte estaba en condiciones de resolver la cuestión planteada apreciando las circunstancias concu-rrentes. Analizadas éstas, creemos que de haberse cometido algún error en atención a lo dispuesto en el artículo 135 del Código de' Enjuiciamiento Civil, no citado por la demandada apelante en su alegato, tal error no sería perjudicial. Tan enterada estaba la parte demandada, que ella misma tomó la actitud que en cierto modo fijó luego la sentencia. Hay en la evidencia indicaciones tendentes a probar que la deman-dada resolvió permanecer en la parte del almacén que ocu-paba dejando de pagar los alquileres, hasta satisfacerse a sí misma de lo que había gastado en las mejoras.

Decidida la cuestión suscitada en cuanto a la notificación, veamos si procedía la compensación.

El artículo 113 del Código de Enjuiciamiento Civil, prescribe :

“Art. 113. — Cuando Rayan existido reclamaciones recíprocas en-tre personas, de tal suerte que, entablada la demanda por una de ellas, baya deducido la otra la reconvención, se considerarán mutua-mente .compensadas las dos reclamaciones basta donde resultaren iguales entre sí, y a ninguna de las partes podrá privársele del con-siguiente beneficio por motivo de cesión o fallecimiento de la otra."

Creemos que ese artículo es de aplicación a este caso. La demandada, en su contrademanda, reclamó el importe de las mejoras que babía realizado en el inmueble arrendado y las demandantes reclamaron entonces, bajo el epígrafe de compensación, los alquileres de la parte del edificio ocupado por la demandada donde las mejoras se habían realizado, no pagados por la demandada. Quizá la forma de la alega-ción no sea un modelo, pero el caso en su totalidad estaba ante la corte y ésta hizo bien en resolverlo terminando el litigio y no eliminando algo de él que necesariamente hu-biera dado lugar a otra reclamación.

•El artículo 113 citado es igual al 440 del Código de En-juiciamiento Civil de California. Las siguientes decisiones ilustran su significado y extensión:

“Para que una reclamación pueda ser usada para compensar otra bajo este artículo debe ser tal que pudiera constituir materia de contrademanda estatutoria. Las contrademandas se diferencian del derecho de contra-reclamación en equidad que requiere alguna circunstancia basada en cuestiones de equidad tales como fraude, insolvencia, o algo semejante, para justificar la intervención de la corte. Tanto el derecho estatutorio como el de equidad, sin embargo, se fundan en la idea de que la existencia de deudas mutuas deriva-das de contratos entre las partes crea la compensación o pago de ambas reclamaciones en tanto en cuanto sean iguales entre sí; pero bajo el código las dos reclamaciones deben ser mutuas y coexistir como causas de acción separadas al comienzo de la acción sobre la reclamación principal.” Lyon v. Petty, 65 Cal. 322, 324, 4 Pac. 103.
“Cuando se debe al demandado cierta suma por alquileres o algo parecido y al demandante se debe una suma mayor por intereses, ambas deudas pueden ser compensadas.” Martin v. Ede, 103 Cal. 157, 162, 37 Pac. 199.
“La doctrina de la contra-reclamación se dice estar derivada de la doctrina de compensación del derecho civil, y se asemeja a ésta en muchos respectos. Para permitir las contra-reclamaciones en de-recho deben existir deudas entre las partes por su propio derecho, de la misma clase o calidad, y claramente determinadas o liquida-das.” Naglee v. Palmer, 7 Cal. 543, 546.

Examinada la “compensación” reclamada y acordada en este caso encontramos qne reúne los requisitos que exigen los artículos 1163 y 1164 del Código Civil. Porto Rico Fertiliser Co. v. Gandía, 29 D.P.R. 386, 389.

Por virtud de lo expuesto, también debe declararse sin lugar el recurso establecido por la parte demandada, que-dando así confirmada en todas sus partes la sentencia.


text:
    Martínez, Tercerista y Apelante, v. Mora et al., Demandados y Apelados.
    No. 2963.

    Vista: Junio 28, 1923.

      Resuelto: Mayo 9, 1924.
    Procedimiento Ejecutivo — Hipoteca de Condominio Indiviso — Causa de Acción del Acreedor Hipotecario de Condominio Indiviso — División de Hinca— Indivisibilidad de la Hipoteca. — El acreedor de una hipoteca constituida por el comunero A sobre su condominio indiviso en varias fincas que luego agru-paron y se adjudicaron los dos condueños A y B, no puede, al ejecutar su crédito, comprender la porción de la finea adjudicada a B, por impedírselo el artículo 406 del Código Civil según quedó enmendado por la Ley Núm. 15 de 1916, el eual, al declarar que los condominios pueden hipotecarse, esta-blece que el efecto de tal hipoteca con relación a los condueños estará limi-tada a la porción que se adjudique en la división al cesar la comunidad.
    Sentencia de A. Acosta, J. (Mayagüez)' declarando sin lugar la des-manda con costas.

      Revocada con las costas al demandado.

      J. Alemañy Sosa, abogado del apelante; J. Sabater, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Luis Vilella y don Jesús María Rodríguez eran due-•ños en común proindiviso de cuatro fincas rústicas inscritas en el registro de la propiedad. En tal estado de comuni-dad, don Jesús María Rodríguez hipotecó sus condominios en esas fincas a favor de don José Mora y Pol, cuya hipo-teca también fué inscrita. Posteriormente los condueños Vi-lella y Rodríguez otorgaron una escritura en la que agrupa-ron esas cuatro fincas formando con ellas una sola que por el mismo documento dividieron éntre sí y se adjudicaron de-terminada porción de ella para cada uno de los condueños, todo lo que se hizo constar en el registro de la propiedad. La porción determinada que correspondió al Sr. Vilella éste la vendió a don Arsenio Martínez.

Establecido después por don José Mora Pol procedi-miento ejecutivo hipotecario contra Rodríguez para el co-bro de su crédito hipotecario hizo que ese procedimiento fuera notificado a don Arsenio Martínez, alegando que la finca por éste comprada está afecta a la hipoteca que ejecuta por haberse verificado la agrupación y segregación después de estar inscrita la hipoteca.

Interpuso don Arsenio Martínez demanda de tercería contra Mora y contra Rodríguez para que se declare que la porción segregada que compró a Vilella no está afecta a la expresada hipoteca ni a la ejecución para su cobro y ha-biéndole sido contraria la sentencia interpuso este recurso de apelación en el que no han comparecido los demandados.

El fundamento que tuvo la corte inferior para declarar sin lugar la demanda fué que si bien cualquier condueño puede hipotecar su participación proindiviso en una finca, sin embargo, toda la finca responde de la hipoteca por ser ésta indivisible y por sujetar directamente los bienes sobre los cuales se constituye, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad se cons-tituye, citando los artículos 105, 122 y 123 de la Ley Hipo-tecaria y el 1777 del Código Civil.

Esos principios son aplicables a las hipotecas constitui-das sobre la totalidad de la finca pero no al caso presente en que sólo fue hipotecado el condominio indiviso que en ellas tenía Bodríguez. La totalidad de la finca no fue dada en hipoteca sino un condominio proindiviso y por esto toda la finca no responde de la hipoteca sino el condominio o parte indivisa que fué hipotecado.

Cuando se trata de hipotecas sobre condominios la regla aplicable es la consignada 'en el artículo 406 del Código Civil, según quedó enmendado por la ley núm. 15 de 1916 (p. 48), que al declarar que los condominios pueden hipo-tecarse establece que el efecto de tal hipoteca con relación a los condueños estará limitado a la porción que se adju-dique en la división al cesar la comunidad. Con respecto a este particular el Sr. Manresa en el tomo tercero de sus co-mentarios al Código Civil español dice en la página 490 lo siguiente:

“Después de haber consignado el Código Civil el indis-cutible derecho de todos y cada uno de los condueños a enajenar, ceder o hipotecar y aun sustituir otra persona en el aprovechamiento de la cosa común, sin otra limitación que la necesaria impuesta por la naturaleza misma de la propiedad cuando se trate de los llamados derechos perso-nales, establece la segunda parte del presente artículo como principio terminante que los efectos de tales actos permi-tidos al copropietario quedan circunscritos a la porción que a él se adjudique el día en que cese la comunidad por la división de los bienes o derechos. La doctrina es tan clara y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la ma-teria, tan explícita (V. sents. de 13 de octubre, 1866, 18 de noviembre de 1879, 29 de diciembre de 1905, 5 de julio de 1907, etc.), que se hace innecesaria toda explicación.” Y en otra página, la 521, dice así: “es cierto que cada co-munero podrá mientras subsista la indivisión, donar, enaje-nar, permutar y aún hipotecar su cuota indivisa, y que los acreedores podrán hacerla embargar y, vender sin esperar a qne sea un hecho la división; pero no lo es menos que, limitados los efectos de tales créditos a la porción que al deudor se adjudique al cesar la comunidad, porción hasta entonces abstracta, realmente ideal, y por ello indetermi-nada, la venta judicial, a un caso de hipoteca, no lo estará de este o aquel mueble e inmueble sino de la cuota que re-presenta la participación del deudor en el todo de lo co-mún o indiviso, porque, como acertadamente dice el código portugués (artículo 2177), ‘el copropietario, mientras la cosa permanece indivisa, no puede disponer .determinada-mente de una parte del objeto común sin que de modo pre-vio le haya sido consignado en la participación.’ Nuestra jurisprudencia así lo ha establecido expresamente (Y. sents. del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1866 y 18 de no-viembre de 1879).” Y más adelante, en la página 530, dice así: “Ahora bien: la teoría general de lo indivisible de la hipoteca ha de subordinarse *a lo dispuesto en el último apar-tado del artículo 399 del Código Civil. De modo, que en el supuesto de que el gravamen hipotecario deba su origen a una obligación privativa del condomino contraída por éste durante el proindiviso, la hipoteca queda, en cuanto a sus efectos jurídicos, limitada, como dijimos al estudiar aquel artículo, a la porción que corresponda al obligado al disol-verse la comunidad.”

En visfa de lo expuesto y de que la división de la comu-nidad fué hecha por los condueños, sin que en ella fuera necesaria la intervención del acreedor, la porción adjudi-cada al deudor Rodríguez es la única responsable de la hi-poteca salvo el caso de que en la división haya mediado fraude, pues entonces tendrá el acreedor acción para obte-ner la nulidad de la división.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar dictada otra declarando que la parte adjudicada a Vilella en la división de la comunidad y que fué comprada por el tercerista Martínez no responde de la hipoteca constituida por Rodríguez sobre su condominio im-diviso a favor del demandado Mora, con las costas al de-mandado Mora.