text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Anastasio Andrades, acusado y apelante.
    No. 2599.

    Visto: Diciembre 4, 1925.

      Resuelto: Abril 30, 1926.
    .1. Derecho Penad — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Discrecionales — Suspensión del Juicio. — Dentro de las circunstancias con-currentes en el caso de autos se resolvió no podía decirse que la corte inferior abusara de su discreción al denegar la moción sobre suspensión • de la vista del juicio.
    2. Derecho Penal — Venue—Sitio Donde Debe Establecerse el Proceso — Re-organización de Distritos Judiciales. — Cuando la demarcación territorial dentro de la cual se comete un delito se incluye dentro de los límites terri-toriales de otro distrito nuevamente creado, la corte de este distrito tiene jurisdicción exclusiva del delito a menos que la jurisdicción de la corte del viejo distrito no se continúe por el estatuto que reorganizó dichos distritos.
    3. Derecho Penal — Evidencia—Peso y Suficiencia — Evidencia del Sitio en que el Delito se Cometió. — Habiéndose alegado en este caso que no se probó el sitio en que el delito se cometió, se resolvió: que en vista de todas las circunstancias, el sitio quedó razonablemente probado.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Veredictos— Veredicto que se Alega Ser Contrario a las Pruebas. — En este caso se ataca el veredicto del jurado por ser contrario a la prueba. Considerado» y discutidos ios particulares más importantes levantados ptfr el apelante en su alegato, se resolvió no había base para anular el deliberado veredielo del jurado formado como consecuencia necesaria de la prueba.
    SENTENCIA de ilí. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San duan), condenando al acusado por delito de asesinato en segundo grado.

      Confirmada.

      Eduardo López Tizol, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El primer error que alega el apelante es que la corte de distrito incurrió en error al declarar sin lugar la moción sobre suspensión de la vista del juicio. La moción muestra por su faz que habían transcurrido más de siete meses desde el día del arresto; que durante este período el acusado había estado representado por varios abogados en diferentes .estados del procedimiento; que al tener noticia del día señalado para el juicio ya hacía más de diez días que había sido nombrado un abogado para defender el caso; que este abogado abandonó el asunto dos días antes del juicio y que el abogado que compareció al juicio dedicó el tiempo que tuvo disponible en obtener certificaciones de la corte municipal donde el acusado había sido declarado culpable de acometimiento y agresión con anterioridad a la muerte de la víctima.

Esta moción fue presentada al ser llamado el caso para juicio. Pudo haberse llegado al sitio del crimen en cual-quier momento en diez o quince minutos por los medios co-rrientes de comunicación que hay entre la zona comercial de San Juan y sus inmediaciones. La moción no revela ningún esfuerzo por parte del abogado designado última-mente por obtener del anterior abogado cualesquiera datos o informes, ni muestra tampoco por qué no se hizo tal es-fuerzo; ni aparece de la moción que tuviera el abogado al-gún motivo para creer que podría encontrar algo nuevo en cuanto a la prueba en caso de una suspensión.

Dentro de las circunstancias no podemos decir que la corte inferior abusara de su discreción al denegar la moción.

El segundo señalamiento de error es que la Corte' de Distrito del Segundo Distrito de San Juan carecía de jurisdicción para celebrar el juicio por haberse formulado la acusación por el Gran Jurado del primer distrito.

En el año 1923 y después de haber sido devuelta la acu-sación (indictment) la Legislatura reorganizó las cortes de distrito para el distrito judicial de San Juan e incluyó en los límites territoriales del segundo distrito, así nuevamente creado, aquella demarcación de la municipalidad donde el delito en cuestión había sido cometido. Entonces la corte de distrito del primer distrito, a petición del fiscal, ordenó el traslado de este caso.

Se indica también en el alegato que el reconocer la ju-risdicción de la corte dé distrito del segundo distrito sobre los delitos cometidos con anterioridad a la organización de dicho nuevo distrito dentro de la anterior jurisdicción te rritorial de la corte de distrito del primer distrito, sería dar al estatuto un efecto retroactivo.

Sería bástante con decir que no se cita ninguna autori-dad en apoyo de una u otra de estas proposiciones y que no hay razón alguna por la cual esta corte tenga más inte-rés en el asunto que el que ha tenido el apelante. Pero véase a 16 C.J., pág. 197, párrafo 296.

La tercera proposición es que no se probó el sitio en que se cometió el delito. Correspondía al fiscal probar que el delito fué cometido al lado sur de la avenida Ponce de León, o sea, dentro de la sección del municipio que está entre la avenida y el frente de la bahía.

La prueba en conjunto muestra que la disputa empezó en una casa de la calle de San Agustín en Puerta de Tierra; que la víctima del subsiguiente acometimiento al salir de esta casa fué seguida por el acusado y que el golpe fatal fué dado a unos cinco metros de distancia del balcón dé otra casa en la calle de San Agustín. Algunos de los tes-tigos se refirieron a los sucesos que precedieron inmediata-mente al acometimiento como que tuvieron lugar en un punto al sur de la vía.

La calle de San Agustín en la mayor parte de su longi-tud está en sentido paralelo a la avenida de Ponce de León y al sur de ella. Quizás es cuestión de conocimiento judicial, o un becbo del conocimiento del jurado, que la vía del carro eléctrico en Puerta de Tierra está al lado sur de la avenida de Ponce de León y al sur de la calle de San Agus-tín. No existe nada en la declaración de ninguno de los testigos que tienda terminantemente a mostrar que el acu-sado cruzó una u otra de estas vías, o la avenida en algún momento basta el tiempo de cometer el delito.

En vista de todas las circunstancias, el sitio parece ha-ber sido razonablemente probado y como también ocurre con frecuencia inexcusable, parece que se llegó a este re-sultado por casualidad más bien que por un verdadero pro-pósito.

El cuarto señalamiento es que el veredicto es contrario a la prueba. Se ba insistido mucbo en el becbo de que un policía que bizo el arresto y declaró que el practicante que practicó la curación de la herida había dicho al testigo que dicha herida no pudo haberse producido con el cuchillo que entonces fué presentado y sin embargo formuló denuncia en la corte municipal por un delito de acometimiento y agresión que se alegó fué cometido con el cuchillo en cuestión. La explicación que en cuanto a esto da el testigo en el interrogatorio de repreguntas no es muy satisfactoria, pero el efecto de tal incompatibilidad sobre el valor probatorio de esta declaración era cosa que correspondía al jurado resolver.

La declaración del médico que hizo la autopsia también se ataca. Su narración no deja lugar a duda respecto a la causa de la muerte. La conclusión a que llegó este testigo respecto a la profundidad de la herida original basada en su condición al verificarse la autopsia y al encontrar una fractura del hueso a unas tres o cuatro pulgadas de la masa encefálica a penas si puede armonizarse con el hecho establecido por otra prueba de que el herido con la ayuda de otras dos personas caminó desde el sitio del suceso a una sala de socorros y después de curada la herida siguió solo para su casa.

El fiscal de esta corte dice en relación con el tiempo que transcurrió entre la fecha en que se causó la herida y el día de la muerte como explicación lógica, que el hueso por gravedad se desprendió de su sitio y bajó algunas pulgadas según se vió de la autopsia practicada. La cuestión no es importante en el estado actual del procedimiento excepto en lo que pueda servir para explicar la naturaleza poco sa-tisfactoria de la prueba pericial con referencia a las con-clusiones que pudieran hacerse fácilmente por el mismo ju-rado, y la consiguiente impropiedad de permitir que tal prueba fuera al jurado después de haberse formulado la debida objeción. En el presente caso, sin embargo, no se ha levantado ninguna cuestión como ésta y la conclusión a que llegó el médico en cuanto a la profundidad de la herida como fué causada no suministra base alguna adecuada para anular el deliberado veredicto de un jurado formado como consecuencia necesaria de la prueba en conjunto.

Otros particulares que se discuten en el alegato son fac-tores de menos importancia todavía en el resultado general y no requieren seria consideración.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    Catalina Beamud, demandante y apelada, v. The Porto Rican & American Insurance Company, demandada y apelante.
    No. 3622.

    Visto: Noviembre 20, 1925.

      Resuelto: Mayo 4, 1926.
    1. Seguros — Cancelación, Entrega (Surrender), Abandono- o Rescisión de la Póliza — Notificación dél Aviso de Cancelación — En General. — Cuando en póliza se reserva a las partes recíprocamente, a opción, el derecho a can-celar mediante notificación a la otra, el asegurador, para cancelar, debe hacer al asegurado una notificación razonable.
    2. Seguros — Cancelación, Entrega (Surrender), Aeandonio o Rescisión de la Póliza — Notificación del Aviso de Cancelación — Momento Desde el Cual Surte Efecto. — Un asegurador que ejercita el derecho reservado para cancelar dando el aviso do cancelación en inminente peligro y cuando el asegurado no tione oportunidad, por la hora en que se da, de acudir a otra compañía aseguradora para obtener un nuevo seguro, en ausencia de prueba que relacione al asegurado con el origen del luego, la notificación del aviso no tiene efecto inmediato y el asegurado tiene derecho a recobrar bajo la póliza.
    3. Seguros — Cancelación, Entrega (Surrender), Abandono o Confiscación de la Póliza — Derecho Reservado a Cancelar — Ejercicio del Derecho— Buena Pe. — El derecho reservado para cancelar una póliza debe ejercitarse de buena fe, pues si la cancelación ha de ocasionar al asegurado un fraude debido a alguna emergencia especial, no puede ejercitarse el privilegio re-servado de terminar la póliza mediante notificación.
    4. Seguros — Aviso y Prueba de Pérdidas — Cuándo n-o Hay Necesidad de Ello, —Cuando la compañía de seguros se niega a pagar una póliza por conside-rarla cancelada, quedan sin efecto todas las cuestiones técnicas de aviso de pérdidas y demás.
    SENTENCIA de Charles E. Poole, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      F. B. Fornaris, abogado de la apelante; Hugh B. Francis, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Catalina Beamud dedujo demanda contra The Porto Rican & American Insurance Co. para recobrar la suma de $1,623.25 por el deterioro sufrido a cierto mobiliario asegu-rado con la demandada y ocasionado por nn incendio ocu-rrido en la madrugada del 24 de febrero de 1922 en el edi-ficio conocido con el nombre de “Café Colonial,” de esta ciudad.

La tarde de la noche del siniestro, después de las cinco o seis p. m., la demandada por conducto de nn empleado en-tregó a la demandante una carta en la que le notificaba el aviso de que la póliza que aseguraba el mobiliario por $2,000 quedaba cancelada. La demandante protestó de la cance-lación diciendo que se le dejaba en descubierto, y si bien es de aclararse que no bubo los actos de violencia y amena-zas que se alegan en la demanda para recoger la póliza de la demandada, es lo cierto, sin embargo, que bubo mucba insistencia para obtenerla en razón, según dicbo empleado, de que si no se entregaba no tenía ningún efecto legal en caso de que ocurriese algo. Parece inferirse claramente que ese “algo” tenía que referirse al siniestro o conflagra-ción que pudiera sobrevenir y que constituía el objeto o provisión del contrato de seguro mediante la prima que re-cibió la demandada, y que en efecto, ocurrió boras después durante la nocbe. Convenimos con la apelante que la én-trega de la póliza no era importante para que tuviera efecto la cancelación, pero es una circunstancia, dada la forma en que fué exigida, para presumir, como lo bizo la corte inferior, que el motivo para cancelar no fué el que se consig-naba en la carta que servía de aviso para cancelar dicién-dose como tal que los dueños del edificio, González Padín y Co., deseaban fabricar dentro de poco, sino el incendio que .ocurrió a las pocas boras, en el mismo edificio, origi-nando.- las pérdidas o daños que se reclaman. Dicba carta o aviso estaba redactado en esta forma:

“Sra. Catalina Beamud, c/o Café Colonial. — San Juan, P. R.— Muy Sra. n/ y amiga: Como sabemos que los Sres. González Padín & Co., de ésta, desean dentro de breve fabricar en ese local nos he-mos permitido cancelarle su póliza contra incendio No. 15698 por $2,000 cubriendo el mobiliario que tiene Ud. en ese establecimiento. Incluso se servirá encontrar nuestro check por $7.35 que cubre la diferencia de la prima por el tiempo que ha transcurrido, así como también nuestro endoso haciendo constar dicha cancelación. — Sin otro asunto por el momento y sintiendo que hayamos tenido nece-sidad de cancelar nuestra póliza, nos repetimos a sus órdenes, attos. amigos y SS. SS.”

La corte inferior apreciando en conjunto la prueba dijo:

“Estudiada la prueba y alegaciones, consideramos que teniendo en cuenta la fecha, hora y forma en que se dió aviso a la demandante de la cancelación acordada por la demandada de la póliza de seguro a su favor, y el motivo que indujo a la compañía a cancelar esa pó-liza, que todo esto unido al hecho de que el incendio se declaró tal como había sido anunciado, es bastante para decidirnos a resolver a favor de la demandante que esa cancelación no ha sido hecha de buena fe, y que la póliza debe considerarse en vigor.”

La apelante insiste en que la cláusula 10 de la póliza autorizaba a cancelar la póliza en cualquier fecba y bora para tener un efecto inmediato. Dicha cláusula dice:

“Artículo 10. — El asegurado podrá en cualquier tiempo exigir la anulación del presente seguro, quedando entendido que la frac-ción de prima correspondiente al plazo vencido, calculada según la tarifa ordinaria de los seguros de corto plazo, quedará de propiedad de la compañía. Esta tendrá el mismo derecho de cesar en cual-quier época en su garantía, por medio de una simple notificación al asegurado quien entonces podrá exigir la devolución de la fracción de prima correspondiente al tiempo que falte por correr desde la fecha de la anulación.”

Esta cláusula por sus términos está concebida en sentido de que las partes se reservan recíprocamente, a su opción, el derecho de cancelar.

En cláusulas de esa naturaleza las autoridades, sin embargo, no están de acuerdo si el aviso debe tener un efecto inmediato, eo mstcmti, o si una oportunidad o tiempo razo-nable debe ser dado para que el asegurado pueda recurrir a otra compañía de seguros. Aún aquellas autoridades que sostienen lo primero, han establecido no obstante que el aviso debe ser de buena fe. Al menos así queda sentado en el caso de Lipman v. Niagara F. Ins. Co., 121 N. Y. 454, que citan una y otra parte. En el volumen 39 L.ft.A. (N. S.) 829, en la nota bajo el epígrafe “Desde qué momento surte efecto un aviso de cancelación de seguro contra in-eendio,” se encuentran resumidas las siguientes citas, que incluyen el caso de Lipman, supra:

“A falta de estipulación expresa respecto a la notificación re-querida, se ha resuelto que debe hacerse una notificación razonable. Karelsen v. Sun Fire Office, 16 N. Y. S. R. 239, 1 N. Y. Supp. 387; McLean v. Republic F. Ins. Co., 3 Lans. 421; Chadbourne v. German-American Ins. Co., 31 Fed. 533; y véase el caso de Lipman v. Niagara F. Ins. Co., 16 N. Y. S. R. 231, 1 N. Y. Supp. 384, en el cual las razones de esta regla se presentan, pero' que fué revocado en 121 N. Y. 458, 8 L. R. A. 719, 24 N. E. 699.
“Pero en el caso de Lipman v. Niagara F. Ins. Co., 121 N. Y. 454, 8 L. R. A. 719, 24 N. E. 699, se resolvió que la cancelación de una póliza de seguro en la cual se prescribe que puede ser termi-nada mediante notificación, puede hacerse eo instanti al hacerse una notificación de buena fe por el asegurador, si no se ha pagado nin-guna prima. En el mismo sentido se pronuncia el caso de Springfield F. & M. Ins. Co. v. McKinnon, 59 Tex. 507.”

Joyce on Evidence, p. 1662, en relación con la opción de un asegurador para cancelar una póliza, dice lo siguiente:

“Aunque puede ejercitarse un derecho reservado para cancelar una póliza en caso de que el riesgo esté sujeto a un peligro mayor de fuego del que existía -al expedirse la póliza, siempre que el dere-cho se ejercite de buena fe, sin embargo, si el acto de la cancelación ha de ocasionar un fraude al asegurado debido a alguna emergen-cia especial, tal como la proximidad de un fuego, o un peligro probable y amenazador de fuego que hace inminente la responsabilidad de pérdida, no puede ejercitarse el privilegio reservado de termi-nar la póliza mediante notificación, pues de admitirse tal derecho las pólizas resultarían sin valor. Y en el caso de que se dé el aviso de cancelación en vista de tal peligro inminente, no puede servir de razón al asegurador el hecho de que la propiedad haya sido cier-tamente destruida por un fuego procedente de otra parte.”

La prueba estableció claramente que no bien la deman-dada recogió la póliza (6 y media de la tarde), la deman-dante llamó por teléfono a la casa de Sobrinos de Ezquiaga con objeto de obtener un nuevo seguro sobre sus muebles y se le contestó que eran horas fuera de oficina, que el personal se había marchado y que no era posible expender un seguro. Un empleado de Sobrinos de Ezquiaga declaró en ese sentido.

No bubo prueba en absoluto que relacionara de algún modo a la demandante con el origen del fuego.

Bajo las circunstancias de este caso concurrimos con la corte inferior de que la notificación del aviso para cance-lar no pudo tener un efecto inmediato y que la demandante tiene derecho a recobrar las pérdidas sufridas.

Concurrimos, por último, 'con la apelada que habiéndose negado la demandada a pagar la póliza por considerarla cancelada, quedan sin efecto todas las cuestionés técnicas de aviso de pérdidas, etc.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.


author: El Juez Asociado Señou Franco Soto,

text:
    Teresa Lamboy Ithier, demandante y apelante, v. The National Fire Insurance Company, representada por su apoderado y agente general, S. V. L. Lippitt, demandada y apelada.
    No. 3845.

    Visto: Marzo 25, 1926.

      Resuelto: Mayo 4, 1926.
    1. Seguros — Cancelación, Entrega (Surrender), Abandono o Rescisión de la Póliza — Notificación del Aviso de Cancelación — Momento Desde el Cual Surte Efecto. — Cuando un incendio ocurre en tiempo demasiado re-moto al aviso de cancelación — al día siguiente del aviso — no puede soste-nerse que dicho aviso fué dado en inminente peligro, por lo que el aviso surte efecto desde que se dió, de acuerdo con el contrato.
    2. Seguros — Acciones sobre Pólizas — Derecho de Acción. — Un asegurado a quien se le da un aviso razonable do la cancelación de su póliza no tiene derecho a recobrar las pérdidas sufridas por un incendio ocurrido en tiempo demasiado remoto al aviso, y menos aún cuando, como en el caso de autos, ■existe prueba. sospechosa respecto al origen del fuego.
    Sentencia de M. Rodríguez Berra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      R. Rivera Zayas y José 8. Alegría, abogados de la_ apelante; O. B. Fraser y R. Castro Fernández, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señou Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este un caso sobre cobro de una póliza de seguro en que se declaró sin lugar 1a. demanda y que por sus circunstan-cias especiales podemos distinguirlo del de Catalina Beamud v. Porto Rico & American Insurance Company, resuelto en el día de boy.

En primer lugar, el apelante admite en su alegato que la demandante1 recibió el día anterior al siniestro una carta certificada en la cual se le notificaba la cancelación de la póliza. La autoridad para cancelar la compañía en cual-quier tiempo, mediante aviso, se funda en una cláusula del contrato redactada en iguales o parecidos términos que la contenida en la del caso de Beamud, supra.

Aparece claro que el incendio ocurrió en un tiempo de-masiado remoto al aviso para que sea posible sostener, como lo hace la apelante, que el. aviso fué dado en inmi-nente peligro de ser destruida la casa. El aviso en el caso de Beamud fué dado a las seis y media de la tarde y pocas horas antes de ocurrir el incendio. Sin nada que demos-trara en dicho caso ninguna relación o colusión en los he--chos por parte de la demandante y existiendo indicaciones por la compañía de que algo pudiera suceder a las pocas horas, ello equivaldría a decir que el peligro era más o me-nos inmediato o amenazante y sin oportunidad por la hora en que fué dado el aviso, de acudir a otra compañía asegu-radora para obtener un nuevo seguro.

En segundo lugar, aunque la corte inferior se limitó a fundar su sentencia en la interpretación estricta del conve-nio, existe prueba, sin embargo, de ciertos hechos sospecho-sos que no presentan limpio este caso. Como quince días antes del siniestro, la casa contigua, también propiedad de la apelante, despedía un fuerte olor a gasolina y varios días tuvo que ser forzosamente vigilada por la policía. Tan luego la policía cesó en su vigilancia, salió el fuego de dicha casa y se propagó, destruyendo la casa contigua cuyo se-guro es objeto de este pleito.

Como cuestión de lieclio aparece además que Kauffmann era socio de S. V. L. Lippitt, agente general de la compañía aseguradora, y éste después de investigar por sí mismo el caso, fué quien ordenó la cancelación, autorizando al pri-mero por teléfono desde Mayagüez, donde radicaba la casa asegurada, para que diera el aviso cancelando la póliza en la forma que fué verificado.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.

Los Jueces Asociados Señores 'Wolf y Aldrey están con-formes con la sentencia.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro, JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

text:
    Carlos Merino, como sucesor de Rafael Seijo Casaldere, demandante y apelado, v. City or New York Fire Insurance Company; The Automobile Fire Insurance Company; The American Insurance Company y Camden Fire Insurance Company, demandadas y apelantes.
    Nos. 3565, 3566, 3567 y 3568.

    Vistos: Diciembre 4, 1925.
    Resuelto: Mayo 7, 1926.
    1. Sentencia — Reconsideración (Opening) o Acto de Dejarla sin Efecto— Errores Excusables de Ley — Errores de Ley Cometidos for el Abosado del que la Pide. — De acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuicia-miento Civil, una corte puede dejar sin efecto una sentencia por errores de ley cometidos por el abogado, dentro del plazo estatutorio, cuando las cir-cunstancias son tales que debe tomarse esa medida en bien de la justicia.
    2. Sentencia — Reconsideración (Opening) o Acto de Dejarla sin Efecto— Errores Excusables de Ley-^Sentencia Dictada por Desistimiento. — El lieelio de que la sentencia se liaya dictado por desistimiento, no es un obs-táculo infranqueable para dejarla sin efecto.
    3. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Inferior — A'cto de vacar o Dejar sin Efecto una Sentencia — Sentencia por Desistimiento. —Examinada la petición y la prueba aportada se resolvió que bubo base para que la corte inferior ejercitara como ejercitó su poder discrecional para dejar sin efecto las sentencias de que se trata en estos casos.
    4. Desistimiento y “Non Suit“ — Voluntario—Doctrina de Retraxit. — En los ca-sos de auto se examina la doctrina de retraxit.

      RbsoluCiones de Pablo Perga, J. (San Juan), dejando sin efecto las sentencias por desistimiento • previamente dictadas.

      Confir-madas.

      Jaime Sifre, Jr., Horacio Franceschi j Enrique Igaravídez, aboga-dos de las apelantes; Antonsanti & La Costa, abogados del ape-lado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Estos casos fueron iniciados por Carlos Merino en cobro de pólizas de seguro de la goleta “María Magdalena,” que se tundió el 29 de abril de 1921 en viaje hacia Sánchez,., República Dominicana, y en todos ellos el demandante por medio de su abogado presentó mociones consignando y pi-diendo lo que sigue: “Que el demandante desea desistir de esta acción en virtud del fallo recaído en el caso civil No. 675, titulado Carlos Merino como Sucesor de Rafael Seijo Casaldere v. The Globe Fire Ins. Co., resuelto por el Tribunal de Distrito de San Juan, Primer Distrito, por lo cual respetuosamente, suplica a esta corte que dicte sentencia por desistimiento sin especial condenación de costas.” Las sentencias así pedidas fueron dictadas y registradas el 27 de abril de 1923, en el caso contra The City of New York Fire Insurance Co.; en igual fecha en el caso contra The Automobile Fire Insurance Co.; en 8 de mayo, 1923, en el caso contra The American Insurance Co., y en 28 de abril, 1923, en el caso contra Camden Fire Insurance Co.

Así las cosas, el demandante, por medio de nuevos abo-gados, presentó, el 6 de septiembre de 1923, mociones pi-diendo a la corte que dejara sin efecto sus sentencias, conce-diendo al demandante una oportunidad para discutir su caso sobre los méritos.

El 7 de agosto de 1924 la corte de distrito estudiadas las mociones y la prueba presentada, y considerada la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Carlos Merino v. The Globe Fire Insurance Co., 33 D.P.R. 421, dejó sin efecto las sentencias. Y cqntra esas resoluciones de la corte es que se han interpuesto los presentes recursos que serán consi-derados en una sola opinión.

Las apelantes hicieron el siguiente señalamiento de erro-res

“La Corte cometió error al declarar con lugar la moción soli-citando se vacara la sentencia por desistimiento recaída en este caso y al reponer el mismo por las siguientes razones:—
“(a) Porque la inadvertencia e ignorancia de la ley por parte del abogado del demandante y a consecuencia de las cuales éste es perjudicado no es razón suficiente para que se abra el caso y se va-que la sentencia, de acuerdo con el artículo 140 del Código de En-juiciamiento Civil de Puerto Rico.
“(b) Porque el desistimiento voluntario de un pleito por el de-mandante no puede ser rectificado ni anulado, alegándose como mo-tivo para ello que dicho desistimiento se debió a inadvertencia, error, ignorancia o excusable negligencia de la Corte y de la parte con-traria.
“ (e) Porque dicha moción es insuficiente toda vez que en la misma no se alegan los hechos determinantes de la inadvertencia, error, sorpresa o excusable negligencia que son los fundamentos que pueden alegarse bajo el art. 140 para que la Corte pueda ejercitar su poder discrecional bajo dicho artículo.
“ (d) Porque alegado como único fundamento de la moción para vacar que las partes, ni la Corte ni los abogados tuvieron en consi-deración que existía una cláusula escrita en la póliza, cuyo efecto era anular la cláusula impresa sobre la cual se basó la corte del Primer Distrito de San Juan para dictar sentencia declarando sin lugar la demanda en el caso de la Globe Rutgers, la prueba presen-tada, jíara sostener tal fundamento no demuestra que tal haya su-cedido.
“ (e) Porque el demandante no alegó en su petición ni demos-tró por su prueba que antes de y cuando solicitó la desestimación de esta acción estuviera libre o exento de culpa, falta o inexcusable ne-gligencia en relación con dicho desistimiento, y por tanto no puede acogerse a los preceptos del artículo 140 citado.
“II. — Que el apelante al dictarse sentencia por desistimiento con-sintió en que la misma se dictara sin especial condenación de costas, cargando la apelante con las que por su parte había incurrido, y que tal estado de hechos tiene el efecto de un retraxit y constituye un bar o defensa eficaz contra cualquier otra acción que se entable so-bre el mismo asunto por el demandante, y que la corte al dictar su resolución vacando esta sentencia y reponiendo el caso priva a dicha demandada de esta defensa eficaz, perjudicando irreparable-mente los derechos de esta apelante.”

Para el debido estudio de los errores, precisa antes co-nocer los techos. Como ya hemos dicho, todos estos pleitos y además el seguido contra The Globe Fire Insurance Co. se iniciaron en cobro de pólizas de seguro, sobre la misma embarcación, la goleta “María Magdalena.” En el último, o sea, Merino v. The Globe, se celebró la vista y se dictó sentencia en contra del demandante el 23 de marzo de 1923. En 5 de septiembre siguiente, se presentó una moción para que se dejara sin efecto la sentencia que fué declarada sin lugar por la corte el 3 de octubre del mismo año. Apeló el demandante y obtuvo que esta corte revocara la resolución (33 D.P.R. 421, supra.) Al final de su opinión esta corte, por medio del Juez Sr. Wolf, se expresó así:

“Debido a.1 error de la corte en creerse sin facultades para co-nocer de la moción, debe revocarse la resolución apelada y devol-verse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión. Cuando el caso sea devuelto la corte puede conside-rar los méritos de la moción y oir a las partes por affidavit, o de otro modo,u para determinar si el demandante probó un caso de abandono excusable y si solicitó prontamente que se dejara sin efecto la sentencia después de descubrir el error.”

Al volver el caso a la corte de distrito, el demandante pidió permiso para enmendar su.demanda que le fué conce-dido, solicitando también que se le permitiera jurar su pe-tición acompañando el juramento y archivó los siguientes affidavits:

Gabriel Palerm, que dijo: “Que es el apoderado de don Carlos Merino, el demandante en este caso. — Que después que se dictó la sentencia en este caso con fecha 23 de marzo de 1923, visitó a el abogado de dicho Carlos Merino don Carlos J. Torres, casi a diario por espacio de un mes y me-dio para informarse del recurso que podía establecerse en beneficio de los intereses de su poderdante Carlos Merino, durante cuyo período de tiempo el licenciado Carlos Torres le informaba al dicente que estaba estudiando el asunto y que también estaba haciendo gestiones con la casa de So-brinos de Ezquiaga para que hicieran el pago, puesto que el señor Mendía de dicha casa se encontraba dispuesto a ayudar a Merino a cobrar el importe de su póliza. — Que al cabo de un mes y medio o sea allá a fines del mes de mayo o a principios de junio el licenciado Torres informó al dicente que no se podía hacer más nada en el asunto porque no se probó en el juicio que Sobrinos de Ezquiaga eran los agentes de la compañía demandada. — Que en el mes de ju-nio, entonces el dicente consultó con el licenciado Pedro Santana, Jr., abogado de esta capital, exponiéndole el caso, y este letrado le informó que habiéndose dictado una senten-cia en el caso y la cual era firme por no haberse interpuesto recurso de apelación en su contra, y que ya no había más recurso en el caso. — Que a los pocos días y tan pronto pudo el dicente verse con el licenciado Salvador Suau que es un abogado de esta ciudad, consultó con este letrado a fines del mes de junio sobre el mismo asunto y dicho letrado allá a fines de julio le emitió su opinión, en el sentido que creía que ya no había recurso alguno. — Que tan pronto le indicó el licenciado Suau lo que antes se ha dicho, supo el dicente que el licenciado Prank Antonsanti se encontraba en San Juan, y quien en esos días había regresado de los Estados Unidos, y tan pronto tuvo conocimiento el dicente que había regresado dicho abogado, se apresuró a consultarle sobre el asunto, puesto que en años anteriores dicho abogado le ha-bía prestado servicios profesionales al dicente y le conocía personalmente. — Que dicho abogado Antonsanti le requirió al dicente para que le trajera todos los documentos de los abogados con quienes había consultado previamente y se los llevó al licenciado Antonsanti a mediados de agosto del 1923, y a fines de este mismo mes el dicente fué llamado por dicho abogado quien le informó que después de estudiar el asunto detenidamente, era de opinión que podía solicitarse de la corte se dejara sin efecto la sentencia dictada, fun-dándose en ciertos errores cometidos, y que si la corte-ac-cedía a la moción, el demandante Merino tendría su dere-cho expedito para recobrar el importe de la póliza. — Que en seguida el dicente encargó al abogado Antonsanti para que entablara los recursos que él creía oportunos habiendo éste presentado en 5 de septiembre de 1923 la moción que dió origen a esta cuestión. — Y manifiesta el dicente que desde que se dictó la sentencia en este caso, o sea desde marzo 28, 1923, hasta el día 5 de septiembre del mismo año en que se radicó la moción solicitando se dejara sin efecto esa sen-tencia, el dicente fué diligente en solicitar la ayuda de los letrados nombrados anteriormente, y si antes no se pre-sentó dicha moción fué debido a la opinión que le habían dado dichos letrados. — Que el dicente visitó en el día 23 de junio de 1924, el despacho del licenciado Suau para soli-citar de éste una declaración jurada, no pudiéndola conse-guir por el motivo de que hace más de un mes que dicho abogado se embarcó para España y no se encuentra en la actualidad en Puerto Rico. — Y además manifiesta el dicente que Carlos Merino se encuentra en la actualidad y se en-contraba al tiempo de emitir su opinión el Tribunal Supremo, fuera de Puerto Rico y por ese motivo el dicente hace este juramento y no lo verifica en persona el propio Carlos Merino.”

Pedro Santana, Jr., abogado,, que corrobora lo dicho por Palerm.

Y Frank Antonsanti, abogado, que también sostiene lo afirmado por Palerm.

En la petición, jurada finalmente, se consignan los si-guientes hechos:

“Que. allá por el día 30 de marzo de 1922 este peticionario por conducto de su abogado que entonces lo era el Ledo. Carlos Torres, presentó a esta Corte una demanda en contra de la Globe Rutgers Insurance Company en una acción sobre cobro de póliza.
“Que en esta demanda entre otras alegaciones se exponía que allá •por el día 28 del mes de marzo de 1920, -Rafael Seijo Casaldere era dueño de una goleta denominada ‘María Magdalena.’
“Que la corporación demandada había asegurado dicha goleta por la cantidad de $2,500 y espidió la correspondiente póliza cu-briendo la misma contra riesgos marítimos, etc. por un término comprendido entre mayo 12, del 1920, y mayo 12 de 1921, según puede verse de las cláusulas insertas en dicha póliza y que se hacía parte de esa demanda.
“Que en dicha demanda se seguía alegando que allá por el mes de enero de 1921 Rafael Seijo Casaldere cedió los derechos que te-nía sobre la goleta ‘María Magdalena,’ a Carlos Merino o sea el demandante en esta acción, pasando por lo tanto éste a ser sucesor -en la propiedad de la referida goleta así como en los derechos so-bre la póliza espedida a favor de aquél y que la demandada fué notificada de ese cambio o traspaso en primero de abril de 1921, y que allá por el día 29 de abril de 1921, la goleta ‘María Magdalena’ ya siendo propiedad del demandante, Carlos Merino, salió del puerto de Mayagüez con destino a la República Dominicana habiéndose dicha goleta hundido en alta mar accidentalmente, sin culpa del capi-tán ni de la tripulación ni por negligencia o falta de experiencia ■de los que la manejaban.
“Que el demandante presentó su reclamación en debida forma a la compañía aseguradora o sea la demandada en este caso por con-ducto de sus agentes en esta ciudad Sres. Sobrinos de Ezquiaga y ésta se negó a pagar el importe de dicha póliza.
“A esta demanda la compañía aseguradora presentó su contes-tación y entre las varias defensas que interpuso para justificarse «n_no satisfacer el importe de la póliza había una que decía en sín-tesis :—
“ ‘Que la póliza era nula porque cuando ocurrió el hundimiento, de la goleta la citada embarcación aún estaba asegurada a favor de Rafael Seijo Casaldere, y no de ninguna otra persona y que si éste cedió y traspasó dicha póliza a Carlos Merino lo hizo sin el consen-timiento de la demandada y en contra de los términos expresos de 3a citada póliza que determinaba que éste no podía vender, ceder o traspasar la póliza sin el consentimiento por escrito, de la deman-dada y que ese consentimiento nunca fué dado.’
“Este peticionario alega que una de las condiciones generales ‘impresas adheridas a la póliza a las que se refiere la defensa ante-riormente transcrita dice en efecto que la póliza será nula si se traspasa sin el consentimiento por escrito de la compañía, siendo dicha cláusula la que dió lugar a la sentencia recaída y a que nos referimos más adelante.
“Y alega este peticionario que en su oportunidad’ se celebró, la vista de este caso ante el Iíon. Juez López Acosta y que después de oir a las partes dicho Juez en marzo 23, 1923, dictó una senten-cia cuya parte dispositiva es como sigue:
“ ‘La parte demandada en este caso plantea la cuestión siguiente:
“ ‘Que de acuerdo con el contrato de seguro no existe causa de acción a favor del demandante Carlos Merino, toda vez que la pó-liza de seguro está a nombre de otra persona, y de acuerdo con el contenido de la misma cualquiera transferencia o traspaso hecho sin el consentimiento de la aseguradora anula el contrato de seguro.
“ ‘Una de las condiciones de esta póliza de seguro es la si-guiente :—
“ ‘Se conviene además que este seguro será nulo en caso que esta póliza o el objeto asegurado por la misma sea vendido, asignado,, traspasado o dado en prenda sin el previo consentimiento por es-crito de los aseguradores.
“ ‘No hay duda que este contrato era obligatorio por las partes, y su no cumplimiento traería por consecuencia su nulidad. El de-mandante Carlos Merino, aún suponiendo que dicho traspaso fuera legal, nunca hubiera podido adquirir la propiedad de dicha póliza hasta que no fuese debidamente autorizada o consentida por la com-pañía aseguradora.
“ ‘De la prueba presentada aparece que tal consentimiento no existió nunca, y por consiguiente nunca existió una válida transfe-rencia de la propiedad o venta de la goleta con respecto a la póliza de seguro, y por consiguiente dicho demandante carece de causa de acción para reclamar el montante de la misma.
“ ‘Por estas razones entiende la Corte, que no habiéndose pro-bado una causa de acción, procede desestimar como desestima la de-manda interpuesta, imponiéndole al demandante las costas, desem-bolsos y honorarios de abogado.’
“Como se ve de una manera clara y terminante, la Corte al resolver este pleito sólo tuvo en cuenta para ello la defensa promovida por la demandada sobre el hecho único de que habiéndose transfe-rido la póliza sin el consentimiento por escrito de la compañía el demandante Carlos Merino carecía de causa de acción a su favor para reclamar el montante de la misma.
“Y alega este peticionario que según se desprende de las alega-ciones y del récord taquigráfico, cuyos documentos se hacen formar parte de esta moción, ni las pa.rtes, ni sus abogados, ni aún la misma Corte tuvieron en cuenta que la póliza en sus clátjsuuas esobitas en verdad no aseguraba a Eafael 'Seijo Casaldere individualmente, sino que en realidad se verificaba el seguro por cuenta de quien corres-ponda — ‘for account of whom, it may concern.’
“Y sigue alegando este peticionario que como cuestión de de-recho y de acuerdo con las cláusulas de la misma póliza que se acompaña, dicho Eafael Seijo Casaldere,' no estaba obligado en forma alguna dar aviso de la transferencia de la póliza o de la go-leta, ni solicitar permiso de la compañía aseguradora para traspa-sar dicha póliza o el interés que en ella pudiera tener porque de la misma póliza se desprende que tal consentimiento no era necesa-rio toda vez que la misma póliza ya preveía estas cláusulas especia-les que el aseguro se verificaba no sólo a favor de Eafael Seijo Ca-saldere sino por cuenta de quien corresponda o sea a favor de sus sucesores en interés, pues es elemental que existiendo en un mismo documento cláusulas contradictorias siendo unas impresas y otras escritas el significado y fuerza y sentido de las escritas que son es-peciales siempre se imponen a las cláusulas impresas, que se consi-deran las generales.
“Y sigue alegando el peticionario que por un error de aprecia-ción este peticionario entonces demandante, dejó de solicitar un nuevo juicio dentro del término legal y así mismo permitió trans-currir el tiempo legal para presentar el escrito de apelación contra esa sentencia sin haber ejercitado ese derecho y por consiguiente hoy carece este peticionario de todo recurso legal contra esta senten-cia, exceptuando el remedio contenido en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y este peticionario manifiesta que si esta Hon. Corte reconsiderase la sentencia dictada en esta acción o en cualquier otra forma eximiera a este demandante de los perjuicios resultantes de dicha sentencia, reconsiderando, revisando o anulando la misma y se le permitiese presentar su caso nuevamente ante la Corte de una manera más concreta y de acuerdo con la realidad de los hechos y demostrar que no era un requisito obtener el per-miso de la compañía para traspasar la póliza, se cumplirían los fines de la justicia y así se repararía el agravio irreparable que se ha cometido contra este peticionario.
“Por lo tanto el demandante suplica a la Corte que de acuerdo con lo estatuido en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil y usando de su discreción absoluta y en bien de la justicia, se sirva conceder a esta parte agraviada, el único remedio de que puede valerse, o sea, dejar sin efecto la sentencia dictada por esta Corte a que venimos refiriéndonos bien reconsiderando, revisando o anulando, y así eximir a este peticionario de los resultados de la misma, y en su consecuencia concederle una oportunidad mediante la revisión o reconsideración del caso para que este peticionario pueda demostrar que la compañía demandada está legalmente obli-gada a satisfacer los $2,500.00 importe de la póliza.”

Lo expuesto anteriormente consta de nna copia de los autos del caso de Merino v. The Globe presentada como prueba en cada uno de estos pleitos. Con excepción de que en estos casos la sentencia se dictó por desistimiento, los hechos en que se basan los peticionarios para pedir que se dejen sin efecto dichas sentencias, son los mismos que en el repetid.o caso de Merino v. The Globe.

Procederemos ahora al examen de los errores señalados. El primero está dividido en cinco partes.

(a) Sostienen las apelantes que siendo el fundamento único alegado para dejar sin efecto las sentencias, el error de apreciación sobre el alcance de una cláusula de los contratos en que las acciones se basaron, se trata de un error de ley imputable al abogado del demandante, que, de acuerdo con la jurisprudencia, no es suficiente para dejar sin efecto un fallo.

Citan los apelantes numerosos casos que sostienen su contención, pero nosotros creemos que en Puerto Rico existe una ley tan amplia sobre la materia- — el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil — que es permisible dejar sin efecto una sentencia por errores de ley cometidos por el abogado, dentro del plazo fijado por el estatuto, cuando las circunstancias son tales que debe tomarse esa medida en bien de la justicia. Esta conclusión está sostenida ader más por la jurisprudencia de California donde existe un precepto similar al nuestro. Nos limitaremos a citar un caso de la Corte Suprema de dicho Estado en el que se re-solvió lo que sigue:

“La exención por el fundamento de error, al amparo del artículo 473 del Código de Enjuiciamiento Civil, no se limita a errores de hecho, ya que dicho artículo es suficientemente amplio para justifí-car la acción de la corte al eximir a nna parte de los efectos de un error de derecho cometido por su abogado, cuando por descansar en él dicha parte queda impedida de hacer defensa alguna.” Douglass v. Todd, 96 Cal. 655.

(b) Si es posible — y acabamos de ver que lo es— dejar sin efecto una sentencia por errores excusables de ley, no importa que la sentencia se baya dictado por desistimiento. Debe tratarse en verdad de un caso muy meritorio, pero no es el desistimiento un obstáculo infranqueable.

(c), (d) y (e) Los restantes apartados del error primero pueden estudiarse. conjuntamente. A nuestro juicio la petición en relación con la prueba presentada demuestra que la corte de distrito tuvo base para ejercitar y ejercitó debidamente su poder discrecional para dejar como dejó sin efecto las sentencias de desistimiento.

Volviendo al caso de Douglass v. Todd, 96 Cal. 655, 658, encontramos en el curso de la opinión, precediendo precisa-mente al párrafo que dejamos citado, las siguientes consi-deraciones que parece oportuno transcribir:

“La ignorancia es a,menudo el resultado de la negligencia, aun-que no siempre puede atribuirse a esa causa.
“El demandado no fué culpable de negligencia alguna. Si hu-biera descansado en su propio criterio respecto a la ley aplicable a los hechos de su caso, ello pudiera considerarse como negligencia. Pero él recurrió a un abogado en ejercicio, y tenía derecho a supo-ner que éste era competente, y estaba justificado para actuar de acuerdo con su consejo.” Douglass v. Todd, supra, 658.

No bay el más leve indicio de que la cláusula de la pó-liza que contiene las palabras “for account of whom it may concern” y que presenta el problema jurídico a resolver bajo un aspecto enteramente distinto, fuera invocada por el abogado del demandante, ni menos por el de la demandada, ni tenida en consideración por la corte sentenciadora. La demandada por el contrario invocó con éxito otra cláusula que, al parecer, no tenía validez, dado el becbo de haberse consignado por ella misma en la póliza las indicadas pala-bras “for account of whom it may concern.” Oreemos que aunque pudo presentarse prueba más robusta y directa so-bre el particular, la aportada es bastante.

No hubo negligencia por parte del demandante. Hizo cuanto pudo y tuvo la fortuna de encontrar al fin la ayuda legal necesaria. Es un caso meritorio que pone de mani-fiesto la sabiduría del legislador al decretar el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. Unos días más y unas sentencias dictadas sobre un contrato habiéndose por inad-vertencia dejado de considerar una de sus cláusulas real-mente esenciales, hubieran quedado en todo su vigor no obstante ser, quizá, enteramente injustas.

El segundo error levanta la cuestión de la existencia de un retraxit. Sin que se entienda que resolvemos que la regla es aplicable en Puerto Rico, — cuestión que no ha sido discutida por las partes — , la estudiaremos tal como ha sido levantada por las apelantes y discutida por el apelado. Examinemos la jurisprudencia.

Citando a 3 Blackstone’s Commentaries 296, la Corte Suprema de California, en el caso de Westbay v. Gray, 116 Cal. 660, 666, dijo:

“En el .derecho común ocurría un relraxit cuando un deman-dante comparecía ante la corte en persona y voluntariamente renun-ciaba a su pleito o causa de acción, y cuando esto se hacía y se dic-taba sentencia a favor del demandado, la causa de acción del de-mandante desaparecía para siempre.”

Es cierto que la propia Corte Suprema de California en el caso de Merritt v. Campbell, 47 Cal. 542-43, resolvió que:

“Una sentencia de desistimiento dictada a solicitud de cualquiera de las partes con el consentimiento escrito de la otra, equivale a una renuncia abierta y voluntaria de la demanda del actor, lo cual es igual a un retraxit.”

Y es cierto también que en este caso se solicitó y obtuvo el desistimiento sin especial condenación de costas, pronun-ciamiento que equivale a decir que cada parte pagará sus uostas, y que al pie de las peticiones de desistimiento apa-rece lo que sigue: ‘-‘la demandada consiente a que se dicte sentencia en la forma que se solicita,” pero es necesario reconocer que hay diferencia en los hechos.

En el caso de Merritt v. Campbell, supra, para llegar a la conclusión citada, la corte razona así:

“El estatuto (Ley de Práctica, artículo 148) provee tanto para una sentencia de nonsuit como para una sentencia de desistimiento y por el inciso segundo se dispone que puede dictarse una senten-••eia de desistimiento a instancia de cualquiera de las partes con el consentimiento escrito de la otra. Somos de opinión que tal desisti-miento. obtenido mediante dicho consentimiento, equivale a una re-nuncia abierta y voluntaria de un litigio pendiente, lo cual debe •considerarse como un retraxit. Y no vacilamos en dar esta interpre-tación al estatuto toda vez que en la práctica en este estado, general y quizá universalmente, se ha considerado que es la intención •de las partes, al convenir en un desistimiento, poner fin a la con-troversia.
“En el caso de Bank of Commonwealth v. Hopkins, 2 Dana, 395, la primera acción establecida fué “desistida por convenio” por la sentencia de la corte. Presentada una segunda demanda ba-sada en la misma causa de acción, el demandado invocó dicha sen-tencia como defensa. En la opinión de la corte sosteniendo tal de-fensa, el Juez Presidente Sr. Robertson se expresa como sigue: '‘Esta Corte ha resuelto frecuentemente que la deducción legal que ha de hacerse de una sentencia teniendo por desistido un pleito por “convenio” es que las partes, por su acuerdo, han transado la ma-teria objeto de la controversia; y el efecto legal de tal sentencia es, por consiguiente, el de un impedimento a cualquier acción sub-siguiente entre las mismas partes y por la misma causa de acción así transada por las partes y envuelta en la sentencia allí dictada a su instancia y como resultado de su convenio.’
“En el presente caso no sólo hubo un mutuo convenio de que la acción fuera declarada desistida por la sentencia de la corte, dic-tada por razón de dicho convenio, sino que el demandado, por los términos del convenio de desistimiento, fué condenado a pagar las costas, que de no haber existido el convenio y la sentencia que le dió efecto él no estaba obligado a pagar y pudo, de lo contrario haber recobrado del demandante. El había pagado dichas costas -antes de comenzarse la presente acción, y en cuanto a ellas puede decirse que el demandante obtuvo sentencia contra el demandado en dicho pleito. No queremos se entienda que estamos resolviendo-que un mero desistimiento de una acción por el demandante por mi-nisterio de la ley y.sin que él convenga en tal desistimiento deba considerarse como un impedimento a entablarla de nuevo, ni tampoco que una sentencia de nonsuit, aún dictada por consentimiento, tiene igual efecto, sino sólo que una sentencia de desistimiento basada en y dictada de conformidad con el convenio de las partes, debe con-siderarse, a'falta de alguna expresión en contrario contenida en el convenio e incluida en la sentencia misma, como equivalente a una transacción de los méritos de la controversia hecha por las partes mediante la sentencia de la corte, bastante para constituir una de-fensa contra otra acción subsiguientemente entablada sobre la misma causa de acción.” Páginas 546-47.

Y en este caso nada revela que existiera un acuerdo o transacción entre las partes sobre la substancia del asunto. Sin estar convencida como lo revelaron sus actos personales posteriores, la parte, por su abogado, acudió, a la corte y pidió el desistimiento ¿basada en qué? Unicamente en el fallo rendido en el pleito que siguió contra The Globe, bajo la impresión errónea que se ha explicado. La misma base falsa que sirvió de fundamento para dictar la sentencia en el caso de The Globe, se extendió- a estos otros casos. Y al desaparcer dicha base también su efecto debe extenderse a estos casos.

Tampoco son iguales los procedimientos, las situaciones jurídicas en uno y otro caso. En el de California se co-menzó por el demandante una nueva acción no obstante su desistimiento previo, y el desistimiento fué alegado como un impedimento. Y aquí se pide a la corte que haciendo uso de las facultades que la ley le concede, exonere al demandante de los .efectos de la sentencia de desistimiento para poder entonces plantear su caso de nuevo ante el tribunal.

No nos detendremos a examinar si se demostró o nó la existencia de una buena causa de acción. Tal cuestión •se estudia en el recurso No. 3785, Merino v. The Globe R. F. Ins. Co., decidido el 29 de abril de 1926, 35 D.P.R. 397. Sólo deseamos consignar con respecto al hecho de la exis-tencia de un convenio sobre costas, que si el convenio fué cumplido, debe subsistir, si nó, será una circunstancia a considerar en su día por la corte para el ejercicio de su dis-creción.

Deben confirmarse las resoluciones apeladas.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. WOLE.

Como aparece suficientemente de la opinión de la mayo-ría, la sentencia original contra el demandante en este caso» fué dictada por su propia, solicitud y con su consentimiento; se le eximió del pago de las costas y la demandada pagó sus costas. Este fué un desistimiento voluntario del actor (retraxit) y puso término al litigio. Nuestro Código de En-juiciamiento Civil ha sido tomado de California y el princi-pio de retraxit está reconocido allí bajo el Código. Stoutenborough v. Bd. Education, 104 Cal. 664; Merritt v. Campbell, 47 Cal. 542; Crossman v. Davis, 79 Cal. 603; Hibernia Saving, etc., Soc. v. Portener, 139 Cal. 93.

Independientemente del nombre con que se le llame, cuando una persona comparece ^ante una corte y solemne-mente y sin reserva renuncia a cualquier causa de acción contra un demandado, ésto es mejor que una exoneración consignada en documento (release under seal). Es una de-claración solemne por parte del demandante de que el de-, mandado ha quedado exento para siempre. Menos en un claro caso de engaño o algo semejante, que nadie pretende que existió aquí, él está obligado por su acto que constituye un completo impedimento (estoppel). Interest reipublicae est sit finis litum.

; El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil es en-teramente inaplicable a tal situación. Dicho artículo prescribe que una persona podrá ser exenta de los efectos de una sentencia, orden u otro procedimiento “que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia., sorpresa o excusable negligencia.” El procedimiento fué iniciado por el demandante que desistió del mismo. Por tanto, no hubo ningún procedimiento seguido contra él, ni siquiera una .sentencia por costas. Todo lo que existió fué su propia actuación, puesta voluntariamente en acción por él. No hubo inadvertencia, sorpresa o excusable negligen-cia. Todo fué el acto deliberado del demandante.

La opinión de la mayoría sólo trata de distinguir esta acción de un caso de retraxit diciendo que las cortes allí asumen la existencia de una transacción, y aquí no hubo ninguna. La presunción de una transacción no quedó des-truida meramente por tratar el demandante de dejar sin efecto la sentencia. No hubo ninguna otra prueba para re-batir la presunción.

A mayor abundamiento, los autos muestran que el de-mandante por lo menos en dos de los pleitos fué relevado del pago de las costas; no se le impusieron honorarios de abo-gado que hubieran sido considerables aquí en Puerto Pico. Hubo una clara transacción de estos derechos por la de-mandada.

Sin embargo, personalmente no confiaría en la presun-ción de una transacción, pfero como en una carta de pago en documento, cualquiera que fuere el motivo, la sentencia evidenció el deseo de las partes de poner término a toda re-clamación del demandante y a toda obligación por parte de la demandada.

Me siento, por lo tanto, obligado a disentir.


author: El Juez Asociado Señor Frastco Soto,

text:
    Carmen María Nadal Carrión, demandante y apelada, v. John Doe y Richard Roe, o sea, los desconocidos tenedores de dos obligaciones al portador, demandados y apelantes.
    No. 3671.

    Visto: Abril 19, 1926.

      Resuelto: Mayo 7, 1926.
    1. Apelación y Error — Alegatos—Exposición de Errores — Omisión de Una Verdadera Exposición de Errores y Efecto. — Cuando en el alegato pre-sentado no hay una verdadera exposición de errores ni tampoco éstos se dis-cuten separadamente, procede desestimar, a instancia del apelado, la apela-ción interpuesta.
    2. Apelación t Error — Alegatos—Presentación del Mismo — Alegato que no se Ajusta al Reglamento — Efecto.—Guando el alegato presentado no se ajusta al Reglamento del Tribunal Supremo, procede desestimar, a instanca do parte, el recurso interpuesto.
    3. Apelación y Error — Alegatos—Discusión de Errores — Cuando la Prueba es Objeto de Errores.' — Cuando la prueba es objeto de errores señalados en el alegato, debe concretarse aquella parte del testimonio de testigos que cons-tituyen las cuestiones levantadas, las objeciones y excepciones tomadas y referirse a las páginas del récord en que se encuentran para ser comprobadas.
    Mooión sobre desestimación de apelación presentada por la apelada.

      Desestimada.

      A. Nazario Lugo, abogado de los apelantes; Angel A. Vázquez, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Frastco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada solicita la desestimación de la apelación, por-que el alegato no se ajusta al reglamento de esta corte.

Una simple lectura del mismo es bastante para que sos-tengamos la moción de la apelada.

No bay una verdadera exposición de errores ni tampoco 'éstos se discuten separadamente.

El señalamiento de errores parece dividirlos el apelante en dos grupos: graves y menos graves. Estos últimos se enumeran del I al VI; signen entonces los errores graves con nueva numeración del I al VII. Esto por sí induce a cierta.confusión en la apuntación de errores. De los califi-cados como menos graves sólo se discuten separadamente los cuatro primeros pero por una mera indicación a los mis-mos sin una seria argumentación que los sostenga. Des-pués no bay separación en la disensión de los que el ape-lante apunta como graves. Se inicia la disensión en rela-ción a ellos por lo que llama diebo apelante una “disgre-eión” que ocupa varias páginas y que no se refiere a ningún error específico. De aquí se pasa al examen en general de la prueba sin concretar aquella parte del testimonio de tes-tigos que constituyen las cuestiones levantadas, las objecio-nes y excepciones tomadas, ni referencia a las páginas del récord para ser comprobadas, y finalmente el apelante bajo el epígrafe “Realidad de los becbos ocurridos, según lo aprecia el demandante-apelante,” bace nn historial de cier-tos hechos, en los que ni siquiera se bace una ligera indica-ción a la transcripción de la evidencia.

El apelante aunque admite en su mayor parte que no bace la referencia a las páginas del récord para que poda-mos encontrar fácilmente las alegaciones y la prueba que es objeto de los errores señalados, alega como excusa que el récord no tiene nada de voluminoso y que tal omisión no implica una violación de las reglas de esta corte, ofreciendo en todo caso subsanar dichas omisiones en el acto de' la vista. El apelante, sin embargo, no compareció al acto de la vista y como aparece además que el récord taquigráfico se compone de más de 300 páginas, todo ello indica la poca seriedad de la oposición del apelante y su falta de atención á- ’ la ’ constante jurisprudencia de esta Corte Suprema en relación a desestimaciones de apelaciones por la omisión a las reglas 42 y 43 de su Reglamento. Goble & Jiménez v. Truyol & Co., 27 D.P.R. 393; Sucn. de Juan Suro v. Sucn. de Encarnación Prado et al., 29 D.P.R. 361. Véase también Amy v. Sucn. Verges, 35 D.P.R. 37.

Del presente caso podíamos repetir exactamente lo que se dijo por esta corte en el caso de Goble, supra, con estas palabras:

“Deseamos consignar además que hemos examinado la transcrip-ción de los autos y que estamos convencidos de que la corte de dis-trito impartió justicia en este pleito, pero preferimos fundar nues-tra sentencia en la falta de cumplimiento por parte de la apelante de la regla 42 citada, para llamar la atención a la abogacía sobre cuestión de tanta importancia para la debida consideración y reso-lución de las apelaciones que se interpongan ante este tribunal.”

Por todo lo expuesto, •la apelación interpuesta debe des-estimarse.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Viejo & Rodríguez, sociedad civil en liquidación, demandante y apelante, v. Juan Ignacio Caloca, Isabel Roig de Caloca, y María Vitalia Caloca, demandados y apelados.
    No. 3820.

    Visto: Enero 27, 1926.

      Resuelto: Mayo 18, 1926.
    3. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Sentencia o Decreto y Ejecución— De la Orden de Ejecución. — La sección 2 de la Ley de marzo 9, 3905 (Comp. 5296), no está limitada a acciones en ejecución sumaria sino que comprende todas las sentencias por las. cuales se ejeeute un gravamen.
    2. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Venta—-Posesión al Adquirente dh Inmuebles Ejecutados — Término para Ponerlo en Posesión — Cumpli-miento de la Orden de Posesión ya Vencido el Término. — Un adquirente de inmuebles ejecutados que deje correr el término estatntorio sin pedir que. el márshal le ponga en posesión de dichos bienes puede solicitar de la corte expida orden para que se cumpla el mandamiento — y ésta- tiene facultad para hacer cumplir su orden — aún después de vencido dicho término.
    3. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Venta—Posesión al Comprador de Inmuebles Ejecutados — Plazo Dentro del Cual Debe Darse Aquélla— Cumplimiento de la Orden de Posesión Después del Plazo. — -Ejecutados unos inmuebles por el procedimiento sumario hipotecario y adjudicados aqué-llos en la venta verificada dándose posesión parcial de los mismos al com-prador, la corte tiene facultad para hacer cumplir su orden disponiendo se ■ dé posesión al comprador dentro del plazo de treinta días aún después de vencido dicho término.
    Resolución de'Pablo Berga, J. (San Juan), declarando sin lugar moción para que se dé posesión material de una ñnca adjudicada en procedimiento especial hipotecario.

      Revocada.

      Jacinto Texidor, abogado de la apelante; Luis Muñoz Morales, abo-gado de los apelados; Angel Arroyo, amicus enrice.

   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La resolución de la cual se quejan los apelantes es como sigue:

“La parte ejecutante solicita en moción radicada el 26 de octu-bre, 1925, se. le dé posesión material de la finca urbana situada en la calle del Sol, de Río Piedras, que le fué adjudicada en el proce-dimiento especial en cobro de crédito hipotecario, así como de una casa y parte del terreno de la finca rústica que le fué también adju-dicada en el mismo procedimiento.
“Aparece de autos y de la propia moción, que la ejecución de.los inmuebles y su adjudicación a la demandante tuvo lugar el 24 de Agosto de 1925, otorgándose la' escritura el 2 de Septiembre 1925, en cuya fecha se le dió posesión de parte de los mismos, y la Sección 2 de la Ley relativa a las sentencias y manera de satisfacerlas dis-pone, en cuanto a estos pleitos especiales en cobro de hipoteca, que la sentencia dispondrá se dé posesión al comprador del inmueble eje-cutado dentro del plazo de 30 días contados desde el de la venta.
“Dejando a un lado la cuestión de si en un pleito ordinario po-dría el marshal, sin necesidad de aeudirse al procedimiento de de-sahucio, lanzar al propietario de los bienes subastados al verificarse la subasta, tenemos que convenir que tratándose de pleitos especia-les en los cuales se limita la intervención del demandado hasta el punto de convertirse en procedimiento ex parte, el legislador ha li-mitado el derecho de obtener la posesión al término de 30 días, pa-sados los cuales exime al ejecutado de las limitaciones extraordina-rias consignadas en el procedimiento hipotecario, obligándose al ad-judicatario de los bienes ejecutados a utilizar los procedimientos ordinarios para obtener la posesión de los mismos.
“Se declara sin lugar la moción sin perjuicio de los remedios ordinarios que la ley concede a la demandante.”

El artículo de la ley a que se ha referido el juez de distrito parece que fué tomado del estatuto de Texas de 1885. Sayles’ Texas Civil Statutes, (1897) artículo 1341.

Las cortes de Texas al parecer no interpretaron la cláu-sula “dentro de treinta días” durante la década que siguió inmediatamente a la aprobación de la ley. No podemos conseguir un digesto reciente de las decisiones de Texas, ni hemos tenido tiempo de examinar los tomos en particular publicados durante el último cuarto del siglo pasado.

Sin embargo, la práctica de las cortes de Texas anterior al año 1885, se indica en el caso de Voigtlander v. Brotze, 59 Texas, 286.

Cualquier otro significado que puedan tener las pala-bras “dentro de treinta días,” no quieren decir que la corte no tiene facultad para hacer cumplir su orden después de vencido ese término. La sección no está limitada a accio-nes en ejecución sumaria como asume la corte inferior, sino que comprende todas las sentencias por las cuales se ejé-cuta un gravamen.

Creemos que el fin de la legislación a lo sumo fué hacer qne nn adqnirente qne lia dejado correr el período pres-crito sin pedir qne el márslial le ponga en posesión de la propiedad qne ha adquirido, solicite de la corte en la forma ordinaria qne expida nna orden para qne se cumpla el man-damiento.

Si ha de notificarse o nó tal moción, y qué otros requi-sitos deben cumplirse, o qué otra demostración o explicación puede exigirse por el juez de distrito dentro de una sana discreción judicial y de acuerdo con los principios y reglas generales de práctica en equidad, son cuestiones que no es-tán envueltas en esta apelación- y no es necesario conside-rar ahora.

Debe revocarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Aurora Uriarte Vda. de Martínez, demandante y apelante, v. González Padín Company, Inc., demandada y apelada.
    No. 3776.

    Visto: Marzo 12, 1926.

      Resuelto: Mayo 18, 1926.
    1. Apelación t Error — Revisión—Alcance y Extensión en General — Cuestio-nes Levantadas que no es Necesario Considerar.- — Cuando los motivos ale-gados para revocar se fundan en errores al apreciar la prueba y del examen de ésta no ha de revocarse la sentencia dictada- a favor del demandado, pueda preseindirse en apelación de la alegación heeha por el demandado do no exis-tir causa de acción contra él.
    2. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Apreciación de las Pruebas — Conclusiones Sobre Prueba Con-tradictoria. — Cuando siendo la prueba- contradictoria sólo se alega en ape-lación que el conflicto se resolvió por la corte erróneamente, si del examen de la prueba no puede concluirse que existe manifiesto error en la decisión del conflicto, la sentencia apelada debe ser confirmada.
    Sentbnoia de Charles E. Foote, J. (Primer Distrito, ‘San Juan), de-clarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Luis Janer, O. M. Wood, Luis E. Dubón y M. Benitez Flores, abo-gados de la apelante; Travieso e Triarte,.abogados de- la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Todos los motivos alegados por la apelante para que revoquemos la sentencia qne declaró • sin lugar su demanda se fundan en error de la corte inferior al apreciar la prueba; y como por el examen que hemos hecho de ella no revocare-mos la sentencia dictada a favor del demandado podemos prescindir de la alegación que hace ésta de no existir causa de acción contra ella.

En la demanda reclama doña Aurora Uriarte viuda de Martínez que la corporación demandada González PadínCo.,.Inc. le pague cierta cantidad de dinero como indemnización por ciertas palabras proferidas por un empleado suyo contra la demandante y con tal fin alegó en su demanda que estando el día 14 de diciembre de 1923 en el establecimiento comercial de la demandada viendo unos pañuelos se separó del mostrador sin comprarlos y se puso a hablar a poca distancia con una amiga suya, acercándose entonces a ella un empleado de la demandada, quien en forma brusca y grosera la requirió para que le entregara una caja que la demandante tenía en las manos, diciéndole: “Déme esa caja,” y que al preguntarle para qué la quería le contestó “Porque .usted se ha robado un pañuelo,” cuyas palabras dijo maliciosamente, sin causa o motivo y a sabiendas de que era falso; y que arrebatándole la caja la desenvolvió y la abrió en presencia de todo el público que se encontraba en aquellos momentos por aquel sitio en el establecimiento de la demandada, y que al descubrir dicho empleado que lo que contenía la caja eran unos baberos bordados por la demandante, aquél la tiró en el mostrador y se marchó.

La teoría de la contestación fué una negativa de los he-chos expuestos en esa forma y alegación de que al notar dicho empleado que la demandante tenía en sus manos una caja de pañuelos sin envolver, muy parecida a las que se vendían en el establecimiento, se acercó a ella y se la pidió para envolvérsela, siguiendo la costumbre de la casa, y ella se la entregó voluntariamente para ser envuelta y así se hizo,

Ambas partes presentaron prueba en el juicio respecto . a M manera como respectivamente alegan que ocurrieron los hechos, consistente la de la demandante en su declara-ción y la de dos testigos, y la corte declaró que dada la forma apasionada de las declaraciones de los dos testigos de la demandante, tuvieron un marcado interés en declarar en favor de la demandante y que tal interés les indujo a hacer, como hicieron, una relación ilógica de los hechos ocu-rridos; y que se‘ inclinaba a creer que los hechos sucedie-ron como los relatan los testigos de la demandada, aun cuando son empleados de ella, porque por la forma de de-clarar demostraron que no tenían interés marcado en dar una impresión de los hechos favorable a la demandada; y que considerando la evidencia en conjunto no se han pro-bado preponderantemente los hechos de la demanda.

La evidencia presentada en el juicio por las partes fué. contradictoria y no se alega por la apelante que la corte inferior resolviera el conflicto de ella movida por pasión, pre-juicio o parcialidad sino erróneamente; y del examen que hemos hecho de la evidencia no podemos concluir que hu-biera ün manifiesto error en la decisión de dicho conflicto, tanto más cuanto que la corte que oye y ve declarar los tes-tigos y puede por esto apreciar el carácter y condiciones de ellos según el juicio, está en mejores condiciones que nosotros para determinar del lado que está la. credibilidad y la preponderancia de la prueba.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Senos. Aldset,

text:
    Sucesión de Ramón Cuadra Rodríguez y María José Gómez, compuesta de sus hijos Juan, Pedro, Francisca y Adelaida Cuadra Gómez y su nieta Adelaida Cuadra Cedillo, demandantes y apelados, v. Josefa López Cuadra y su esposo Manuel Bustelo Gutman, demandados y apelantes.
    No. 3577.

    Visto: Mayo 28, 1925.

      Resuelto: Mayo 18, 1926.
    Evidencia — Evidencia Primaria y Secundaria — Asientos del Eegistro de la Propiedad — Prueba de los Mismos. — Para probar en los pleitos los asientos obrantes en el registro de la propiedad debe presentarse certificación literal de ellos si específicamente la certificación en relación no está autorizada por la Ley Hipotecaria.
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Humaeao), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      Arturo Aponte y M. Tous Soto, abogados de los apelantes; Gonzá-lez Fagundo & González, Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Senos. Aldset,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelados, como herederos de don Ramón Cuadra Ro-dríguez, demandaron en reivindicación a doña Josefa López Cuadra y a su esposo don Manuel Rústelo Grutman alegando que su causante era dueño de una finca de 40 cuerdas de te-rreno en el barrio de Candelario Abajo del término municipal de Humaeao inscrita a su favor en el registro de la pro-piedad, de la cual segregó y vendió a don Pedro Regalado López una porción de 15 cuerdas 21 céntimos de otra y que las 24 cuerdas 79 céntimos restantes, cuya descripción hi-cieron, es propiedad de los demandantes por título de he-rencia pero la, ocupan los demandados ilegalmente, de mala fe y sin título alguno desde el año 1900.

Los demandados negaron los hechos de la demanda aun-que en la materia nueva de oposición admitieron que don Pedro Regalado López compró al causante de los deman-dantes 15 cuerdas 21 céntimos que formaban parte de otra finca de mayor cabida, y celebrado el juicio recayó senten-cia condenándolos a devolver a los demandantes la finca re-clamada y contra ella interpusieron esta apelación.

El primer motivo de error alegado por los apelantes para sostener su recurso se funda en que la corte inferior erró al admitir como prueba cierta certificación del Registro de la Propiedad de Humaeao.

Para probar los demandantes que son los dueños de las 24 cuerdas 79 céntimos que reclaman presentaron una cer-tificación en relación librada por el Registrador de la Pro-piedad de Humaeao, que no contiene una transcripción literal de los asientos del registro relativos a la finca en con-troversia, lo qne aceptan los apelados en sn alegato, sino lo qne a juicio del registrador resnlta de sns libros, a enva admisión se opusieron los demandados pero fné admitida por la corte.

Si bien el artículo 290 de la Ley Hipotecaria autoriza a los registradores de la propiedad para librar certificacio-nes en relación o literales de lo que resulte de sus registros, según se les pidieren o mandaren dar, cuando se trata de probar en los pleitos lo que aparece del registro fia de pre-sentarse certificación literal de sus asientos, si específica-mente la certificación en relación no está autorizada por la Ley Hipotecaria, porque es la manera de probar en los- tribunales las constancias de archivos públicos según dispo-nen los artículos 69, No. 6, y 74 de la Ley de Evidencia, y por tanto fué indebidamente admitida en este caso la certi-ficación no literal o en relación de los asientos del registro, evidencia que por ser primaria excluye la secundaria de testigos. No queremos decir que por virtud de los precep-tos de la Ley de Evidencia quede derogada la Ley Hipote-caria en cuanto permite que se puedan librar certificaciones en relación cuando así se interesan sino que para probar en los pleitos los asientos obrantes en el registro de la pro-piedad debe presentarse certificación literal de ellos.

Siendo fundamental el error cometido por la corte inferior al admitir dicha certificación porque se refiere a la prueba del título en que los demandantes fundan su dere-cho, debe revocarse la sentencia apelada y ordenarse la ce-lebración de un#nuevo juicio.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Alonso, acusado y apelante.
    No. 2695.

    Visto: Abril 29, 1926.

      Resuelto: Mayo 19, 1926.
    1. .Derecho Penal — Apelación t Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones ' Relativas a las Pruebas — Ap-keciación de las, Pruebas — Credibilidad de los Testigos.- — El hecho ele que, siendo la prueba contradictoria, se dé mfe crédito a una persona con quien el apelante había tenido un disgusto personal y a un subalterno de aquélla, no demuestra que la corte inferior al hacerlo, obrara con pasión, prejuicio o parcialidad.
    2. Asmas — Poetas, Asmas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—Capa-cidad del Asma o Instrumento pasa Producís DaSo Corporal. — En causas por portar ,o conducir un arma, no es necesario probar que ésta es capaz de producir daño corporal; las armas por su naturaleza pueden producirlo por sí mismas.
    3. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—Capa-í.i. a.) del Arma o Instrumento para Producir DaSo Corporal. — En causas por portar armas prohibidas sólo hay que alegar y probar que se puede producir daño corporal cuando se trata de instrumentos similares a las armas mencionadas en la Ley de 1905 (Comp. 5994) que puedan producir tal daño.
    SENTENCIA de E. Lloreda, J. (Areeibo), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Confirmada.

      Herminio Miranda y Rafael Cuevas Zequeira, abogados del ape-lante; José E. Higueras, abogado de El Pueblo.

   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué acusado y condenado por delito de por-tar sobre su persona un revólver y en su alegato escrito expone como único fundamento de su recurso que la corte inferior apreció la prueba con pasión, prejuicio y parciali-dad porque siendo contradictoria dió más crédito a los tes-tigos del fiscal, que lo fueron una persona con quien el ape-lante había tenido un disgusto personal y otra que era su-balterna de dicho testigo.

Todos los testigos estuvieron contestes en que el acu-sado estuvo en la colecturía de Utuado el día a que se re-fiere la acusación, habiendo manifestado aquél que fué a pedir una satisfacción al colector por una firma que había tomado a su esposa, lo que consideró como pna ofensa, pero discreparon los testigos sobre si en aquel momento sacó de uno de sus bolsillos un revólver que portaba y con él apuntó al colector. La corte inferior resolvió ese conflicto estimando que el acusado portaba un revólver, y el mero hecho de que tuviera ese disgusto con el acusado y de que él otro testigo del fiscal fuera un empleado de la colecturía no. demuestra que al darles crédito la corte obrara con pa-sión, prejuicio o parcialidad; ni tampoco el hecho de que tratando la defensa de que un testigo suyo- dijera lo que había sucedido dos días antes en la casa del acusado dijera la corte al fiscal: “¿Qué tenemos que ver con eso? El fiscal ha debido oponerse,” y otras frases por el estilo.

Como el revólver no fué ocupado, porque se lo llevó el acusado, dice la defensa en un alegato adicional que desde que entró en vigor la ley de 1924 sobre portar armas sólo pueden considerarse prohibidas aquellas armas a que hizo referencia la ley de 1905 (Comp. 5994) cuando las mismas son portadas en circunstancias que las hacen capaces de producir daño corporal, y que tratándose de un revólver es necesario que se alegue y pruebe que estaba cargado por-que de otra suerte no es capaz de producir daño corporal.

Al resolver nosotros el caso de El Pueblo v. Cruz Posado, 34 D.P.R. 315, dijimos que aun cuando la Ley No. 14 de 25 de junio de 1924 no especificaba las armas que prohi-bía portar y usó la palabra general “armas,” debía enten-derse que esas armas eran las mencionadas en la ley de 1905 sobre la materia, entre las cuales está comprendido el revólver, y por tanto la persona que porta o conduce un revólver infringe la Ley de 1924 citada, sin que sea necesa-rio probar que el revólver que se porta o conduce es capaz de producir daño corporal porque este requisito es exigido por la ley para los instrumentos que pueden producir daño-mas no para las armas que por su naturaleza pueden pro-ducirlos por sí mismas por ser construidas para fines de ofensa y defensa. El artículo primero de la Ley de 1924 según el cual toda persona que ilegalmente portare o con-duzca cualquier arma o instrumento con el cual pueda cau-sarse daño corporal incurrirá en pena ha de interpretarse en el sentido de que se castigará al que porte o conduzca cualquier arma o al que porte o conduzca cualquier instru-mento con el cual se pueda causar daño corporal, ya _ que como hemos dicho las armas por su propia naturaleza y los fines a que se destinan son para producir daño corporal, por lo que sólo hay que alegar y probar que se puede producir daño corporal cuando se trata de instrumentos similares a las armas mencionadas en la Ley de 1905 que puedan pro-ducir tal daño. Y como dice el caso de Williams v. State, (61 Ga. 417) 34 Am. Rep. 102, una pistola no deja de serlo porque temporalmente sea deficiente y porque esté cargada o nó, porque mientras tenga las características generales de una pistola y su apariencia de tal, es una pistola.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agustín del Valle, acusado, Agustín Vélez Cruz y Marcelina Franqui Vega, fiadores y apelantes.
    No. 2726.

    Visto: Abril 29, 1926.

      Resuelto: Mayo 19, 1926.
    1. Fianza (Bail) — En Procesos Criminales — Acciones Sobre Fianzas Presta-das en Causas Criminales — Apelación—Resoluciones Apelables. — El procedimiento para confiscar y hacer efectiva nna fianza prestada en causa criminal es apelable.
    2. Fianza (Bail) — En Procesos Criminales — Acciones Sobre Fianzas Presta-das en Causas Criminales — Naturaleza del Remedio. — El procedimiento especial para declarar confiscada una fianza y para hacerla efectiva tiene ca-rácter civil aunque se haya prestado la fianza en un proceso criminal.
    3. Fianza (Bail) — En Procesos Criminales — Acciones Sobre Fianzas Presta-das en Causas Criminales — Apelación-Revisión.—Unos fiadores se obli-garon, mediante fianza, a responder de 1a. comparecencia- del acusado, entre otros casos, si la sentencia fuera revocada y se ordenare la celebración de un ' nuevo juicio. Revocada la sentencia y devuelto el caso para ulteriores pro-cedimientos, el acusado no compareció una vez citado, se decretó la confis-cación de la fianza y se alega que dicha confiscación fué errónea. Se resol-vió: que como, los procedimientos ulteriores dan lugar a un nuevo! juicio, los fiadores venían obligados por su fianza, y la confiscación decretada no fué errónea.
    ORDEN de Tomás Bryan, J. (Aguadilla) confiscando la fianza pres-tada por los fiadores.

      Confirmada.

      Rafael Padró Pares, abogado de los apelantes; José E. Pignoras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ha sido interpuesta por Agustín Vélez Cruz y por Marcelina Franqrá Yega contra resolución de la Corte de Distrito de Agnadilla qne decretó la confiscación de la fianza qne prestaron para qne Agustín del Valle estu-viera en libertad mientras se tramitaba su apelación ante este Tribunal Supremo contra sentencia condenatoria en un proceso criminal que contra él sigue El Pueblo de Puerto Bieo por delito de adulterio.

Por virtud de esa fianza los apelantes se comprometieron ■“a entregar al dicbo acusado en cumplimiento de dicha sentencia si fuere confirmada o modificada, o en caso de que la sentencia fuere revocada y se ordenare la celebración de un nuevo juicio a que el referido acusado Agustín del Va lie comparecerá ante el tribunal al que la causa haya sido remitida y se someterá a las órdenes e intimidaciones de la misma. . . .

La sentencia apelada por Agustín del Valle fué revo-cada por este Tribunal Supremo y se devolvió el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con la opinión en que se fundó, de la cual resulta que la acusación hecha contra del Valle no imputaba delito por-que siendo soltera la mujer con quien se alegó fué come-tido el adulterio no expresaba que el acusado era casado, y que si bien para suplir la falta de ese requisito esencial en la acusación el fiscal solicitó y obtuvo permiso de la corte en el juicio para agregar a ella las palabras “siendo ca-sado,” la concesión de ese permiso fué errónea porque des-pués que una acusación ha sido enmendada en un aspecto substancial el acusado no debe ser llevado a juicio sin la previa lectura y sin darle oportunidad para hacer su ale-gación.

Después de haber sido comunicada nuestra sentencia a la corte inferior se expidió citación al acusado Agustín del Valle para que compareciera a la lectura de la acusación y se notificó a sus fiadores para que lo hicieran comparecer, y por no haber comparecido el acusado el día que fué seña-lado se decretó la confiscación de la fianza.

Aunque el fiscal sostiene en su alegato la cuestión de que no es apelable la resolución contra la cual se ha interpuesto este recurso porque en los procesos criminales sólo pueden apelar el acusado o El Pueblo de Puerto Rico-en los casos determinados en los artículos 347 y 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal, entendemos que la cuestión que se ventila en esta apelación es un procedimiento especial para declarar confiscada una fianza y para hacerla efectiva por lo que tiene carácter civil, aunque se haya prestado la fianza en un proceso criminal, y por tanto es apelable.

Sostienen los apelantes que su fianza fué erróneamente confiscada porque se comprometieron a que el acusado comparecería en la corte en caso de que la sentencia hubiera sido confirmada o modificada o en caso de que la sentencia fuera revocada y se ordenara la celebración de un nuevo juicio, pero que como nuestra sentencia si bien revoca la apelada no ordenó la celebración de un nuevo juicio sino que devolvió el caso para ulteriores procedimientos, no están obligados por su fianza a responder de la comparecencia del acusado.

Es cierto que la sentencia que dictamos en la apelación de Agustín del Valle si bien revoca'la sentencia apelada no ordena de una manera expresa la celebración de un nuevo juicio, pero como dispuso que la revocación era para ulterio-res procedimientos, en éstos cabe la celebración de un nuevo juicio. Prácticamente lo que resolvimos fué que siendo subs-tancial la enmienda hecha por el fiscal a la acusación du-rante el juicio éste no debió celebrarse sin la lectura de la acusación enmendada para que el acusado pudiera alegar contra ella, siendo éstos los ulteriores procedimientos que darían lugar a un nuevo juicio.

Por las razones expuestas la resolución apelada debe ser confirmada.


text:
    María, Estebania y Alfonsa del Rosario y Armando y Eduardo Chico Soler, demandantes y apelantes, v. Higinio Allende Cruz y Juan Cotto Pereira, este último por su administrador judicial demandados y apelados.
    No. 3376.

    Visto: Febrero 17, 1925.

      Resuelto: Mayo 19, 1926.
    1. Apelación t Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Naturaleza, Alcance-. y Erecto de la Decisión — Resolución Negando Reconsideración de Sen-tencia. — La resolución negando la reconsideración de nna sentencia no es! una providencia especial ni es de aquellas contra las cuales se da el recurso, de apelación.
    2. Apelación y Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Naturaleza, Alcance y Efecto de la Decisión — Resolución Negando Reconsideración de Sen-tencia. — Denegada reconsideración de sentencia, la apelación debe interpo-nerse contra la sentencia que resolvió el litigio y no contra la providencia que denegó su reconsideración.
    3. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar la Causa — • Término para Interponer el Recurso — Apelación Interpuesta Euera del Término — Efecto.—Archivado con los autos de un caso copia de la notifi-cación de sentencia hecha por el secretario a la parte que puede apelar, aún-cuando la copia así archivada no esté firmada por el secretario, si la apela-ción se interpone fuera del término legal empezado éste a contar desde la fecha del archivo de dicha copia-, procede desestimar la apelación interpuesta.
    SENTENCIA de Charles E. Eoote, J. (Primer Distrito, San Juan), de-clarando sin lugar la demanda, con costas; y Kesoluoión del mismo juez declarando sin lugar moción de reconsideración.

      Desestimadas las apelaciones contra la anterior sentencia y re-solución.

      M. Tons Soto y Enrique Campillo, abogados de los apelantes; José Martínez Davila, abogado del apelado Cotto Pereira.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada nos pide en su alegato contestando el de los apelantes qne desestimemos esta apelación por haber sido interpuesta fuera del término concedido por la ley para apelar de las sentencias dictadas en los juicios.

La sentencia qne resolvió este pleito fné dictada y re-gistrada el 4 de mayo de 1922, el día del juicio, inmediata-mente, como dicen los apelantes en sn alegato; en la misma, sesión del tribunal, como aparece de la exposición del caso.. En los autos existe copia de la notificación qne el 5 de mayo de 1922 hizo el secretario de la corte inferior de la sentencia a nno de los abogados de la parte demandante, annqne no está firmada; y según declaración jurada de dicho secretario que nos ha sido presentada, al respaldo de un impreso de notificación de sentencias civiles unido a los autos de este pleito aparece escrito en maquinilla lo si-guiente: “Certifico: que con esta fecha he remitido por correo el original de esta notificación, dejando esta copia unida al récord. San Juan, P. R., Mayo 5 de 1922”: No está firmado.

Cuatro días después de dictada la sentencia pidieron su reconsideración los demandantes y habiéndole sido negada insistieron nuevamente en ella el 26 de octubre de 1922, siéndole negada otra vez el l9 de junio de 1923 y ocho días después interpusieron apelación contra la negativa de re-consideración y contra la sentencia dictada un año antes.

Si bien la resolución negando la reconsideración solicitada por los demandantes es una providencia dictada después de sentencia no es una providencia especial porque puede ser revisada mediante una apelación interpuesta contra la sentencia misma, Ríos et al. v. Ríos, 15 D.P.R. 281, y por tanto no es de las providencias contra las cuales per-mite apelación el No. 3’ del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Además, según hemos resuelto en repetidas ocasiones, la apelación debe interponerse contra la .sentencia resolutoria del litigio y no contra la providencia que niega su reconsideración, Rexach v. Comisión de Indemnizaciones, 31 D.P.R. 17; Rivera v. Medina, 28 D.P.R. 808.

Con respecto a la apelación interpuesta contra la sentencia, un año después de dictada, dispone la ley No. 70 de 9 de marzo de 1911 en su sección 29, Compilación .5339, que en todos los casos en que pueda establecerse apelación, “será deber del secretario de la corte enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, al dictarse la sentencia, de la cual pueda establecerse recurso de apelación, una notificación es-erita informándole qne la sentencia ha sido dictada, o de la resolución de la corte, y una copia de esa notificación será archivada con los antos, y el término para establecer el re-cnrso de apelación empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los antos.”

Según ese precepto legal el término para, apelar empe-zará a correr desde la fecha del archivo en los antos de la copia de notificación qne el secretario haya hecho de la sen-tencia a la parte qne pneda establecer el recnrso de apela-ción. No dice la ley qne la copia qne se archive debe estar firmada por el secretario y como la copia de la notificación de la sentencia fné archivada con los antos el 5 de mayo de 1922, desde esta fecha empezó a correr el término de un mes qne el No. I9 del artículo 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, según ha sido enmendado, concede para esta-blecer apelación contra las sentencias, por lo qne la apela-ción interpuesta en este caso el 9 de junio de 1923 se esta-bleció fuera del término legal y por eso esta* apelación debe ser desestimada, aunque en fecha anterior negamos la des-estimación.'

Las apelaciones contra la sentencia y contra la resolu-ción que negó su reconsideración deben ser desestimadas.


author: El Juez Asociado Seño® Wole,

text:
    Luis Brown, demandante y apelado, v. La Sociedad Civil Peña y Balbás, demandada y apelante.
    No. 3852.

    Visto: Marzo 1, 1926.

      Resuelto: Mayo 19, 1926.

      y. Apelación y Errior — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Caso o Re-lación de Hechos — Radicación—Término para Radicar — Prórrogas—No-tificación al Apelado. — No hay necesidad de notificación alguna por parte del apelante al apelado cuando se desean prórrogas para radiear una expo-sición del caso o pliego de excepciones.
    2. Apelación y Error — Decisiones Sujetas a Revisión — Naturaleza, Alcance y Efecto de la Decisión — Ejercicio de Discreción Judicial — Discreción Ejercitada Después de Sentencia.- — Una discreción ejercitada de acuerdo con el artículo 149 del Código de Enjuiciamiento Civil después de sentencia es materia apelable y debe ser objeto de apelación.

      3. Apelación y Error, — Récord y Procedimientos que jno Están en Récord^— Contenido, Preparación y Aprobación de la Exposición del Oaso o Re-lación de Hechos — Radicación—Termino para Radicar — Prórrogas—Pró-rrogas una Vez Vencido el Término. — Una eorte de distrito no tiene fa-cultad para actuar por virtud del articulo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, cuando se trata de un pliego de excepciones o exposición del caso.
    4. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Palta de Diligen-cia. — Procede desestimar, a instancia de parte, la apelación interpuesta, cuando vencido el término concedido para presentar la exposición del caso . y pliego de excepciones sin el apelante haber aducido razón alguna para no haber presentado moción de prórroga en la fecha en que venció la pró-rroga anterior, ha transcurrido el término legal sin haberse radieado el transcript de apelación en el Supremo.
    5. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Palta de Diligen-cia. — Cuando vencido el término concedido para radicar la exposición del caso y pliego de excepciones el apelante no aduce razón alguna para no haber presentado moción de prórroga en la fecha en que aquél venció, no procede invocar ni ejercitar la discreción del Supremo para conceder un término den-tro del cual presentar esos documentos en apelación.
    Mooión sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Con lugar.

      A. Marín Marión, abogado de la apelante; X. V alíele juli Rodríguez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Seño® Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos ba presentado una moción de desestimación de la apelación por no haberse radicado los autos en esta corte dentro del término de treinta días, por cnanto el apelado sostiene que el término concedido finalmente para incorpo-rar la prueba estaba fuera de las facultades de la corte de-distrito.

La apelante obtuvo varias prórrogas para radicar una exposición del caso y pliego de excepciones. En enero .4 se concedió una prórroga de veinte días que venció en enero 24, un domingo. En 25 de enero no se hizo ninguna moción de prórroga. En enero 26, el apelante, invocando el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, presentó una mo-ción solicitando una prórroga para radicar dicha exposi-ción y pliego de excepciones. En la moción se bacía cons-tar la diligencia de la apelante tratando de acelerar al ta-quígrafo y también expresaba que en enero 25 la apelante-hizo varias gestiones por encontrar al abogado del apelado pero sin ningún resnltado. La corte concedió a la apelante nn término para presentar su pliego de excepciones y ex-posición.

Podemos decir inmediatamente que si este caso dependía únicamente de la notificación al abogado de la otra parte la apelante presentó un buen caso.' Sin embargo, como sugiere el apelado, no bay necesidad de notificación cuando se desean prórrogas y éstas se conceden ex parte. En el presente caso se concedieron prórrogas sin notificación al abogado del apelado y en 25 de enero, 1926, no era necesario bacer una notificación a dicbo apelado.

El apelado también manifiesta que en el presente caso no hubo en forma ninguiía prórroga pero la corte concedió a la apelante un término dentro del cual debía presentar Ja exposición del caso y pliego de excepciones. En otras pala-bras, por lo menos en forma la corte estaba concediendo un nuevo término.

No es necesario insistir mucho sobre si el término creado era «na prórroga o un nuevo término toda vez que la corte inferior parecía estar ejercitando una facultad conferida por el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. En otros casos, además, hemos resuelto que una discreción ejer-citada de acuerdo con este artículo después de la sentencia era materia de apelación y debe ser objeto de una apelación.

El apelado insiste en que la corte de distrito no tenía facultad para actuar por virtud del artículo 140, supra, cuando se trata de un pliego de excepciones o algo seme-jante-. Así lo hemos resuelto varias veces, pero ni el juez de la corte inferior ni las partes parecen conocer la juris-prudencia. Días v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 32 D.P.R. 95; Días v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 32 D.P.R. 99, y casos citados. Por lo menos no ha ha-bido tentativa por discutir los casos.

Otra razón que se nos ocurre es por qué la Legislatura no tuvo la intención de que las cortes de distrito tuvieran facultad para conceder prórrogas o nuevos términos una vez que han vencido los actuales términos. Aquí, por ejemplo, en 26 de enero de acuerdo con la Ley de 1921 y nuestro Reglamento, surgió un claro derecho por parte del apelado para solicitar la desestimación y pudo haberlo hecho en esta corte, después de presentar los documentos necesarios. Por la apelación el caso había pasado a la jurisdicción de esta corte y hubiéramos tenido derecho a desestimarlo. El apelado en ningún caso debe tener que esperar a ver sí la corte inferior estaba dispuesta a crear un nuevo término, o ampliar uno vencido. Bajo los términos literales del ar-tículo 140, supra, si se supone que es aplicable, el apelante podía hacer su solicitud dentro de seis meses. Surgiría una confusión enorme a menos que sea esta corte la que sólo tenga la facultad de condonar una falta en cumplir con la ley. Si se confiere la facultad de condonar a una corte de distrito, debe ser por un término mucho más limitado.

La apelante invoca también nuestra discreción y cita el caso de Remy v. Muñoz, resuelto en julio 22, 1925 (34 D.P.R. 520), y resoluciones subsiguientes en el mismo caso. De igual modo que creemos que la corte de distrito no debió haber ejercitado su discreción, asimismo no debe ejercitarse ninguna aquí. No se adujo razón alguna para no presentar una moción en 25 de enero, 1926. En el caso de Remy v. Muñoz, supra, el apelante nos convenció de un verdadero error de cálculo. El caso estaba en la línea divisoria como aparece de las subsiguientes disidencias de dos jueces. El mismo infrascrito que no intervino en ei acto de discreción, duda de si tal discreción debió haberse ejercitado, pero una vez que el caso fue restablecido por esta corte, se sintió obligado a permitir al apelante incor-porar la prueba, toda vez que las demoras posteriores se debieron al derecho del juez de distrito a considerar la prueba.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hutchi-son disintieron.