author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Mrs. Charles M. Boerman, née María L. Fordham, peticionaria, apelada y apelante, v. Herederos de Esther Bessie Boerman, opositores, apelantes y apelados.
    Núm. 7060.

    Sometido: Marzo 2, 1937.

      Resuelto: Febrero 4, 1938.

      Mariano Acosía Y alarde y Federico Acosta Yelarde, abogados de los apelantes y apelados; E. Ramos Antonini y V. Gutiérrez Fran-qui, abogados de la apelada y apelante.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación entablado en un incidente surgido en la administración judicial de los bienes dejados por el finado Charles M. Boerman. La señora de Charles M. Boerman, née María L. Fordham, fue designada originalmente administradora judicial de los bienes de su finado esposo en 1917. Por testamento se declaró que los partícipes en el grueso de la herencia lo eran la viuda y la madre del testador por partes iguales. El testamento tam-bién contenía un legado en favor de Amelia Marrero, quien posteriormente probó ser hija natural del testador y recibió su participación legal en la herencia. Véanse: Marrero v. Fordham et al., 27 D.P.R. 708; 273 Fed. 61; Boerman v. Marrero, 34 D.P.R. 126; 27 Fed. (2d) 321. Como resultado de estos diversos litigios la herencia ya había sido distribuida para 1922, tanto en lo que se refería a la señora de Charles M. Boerman como a Amelia Boerman Marrero. La partici-pación restante, o sea, la de doña Esther Bessie Boerman, madre del finado, no pudo ser entregada a ésta debido a ha-llarse ella fuera de la isla, siendo Rusia su residencia para aquel entonces. La participación exacta de la herencia reci-bida por cada heredera puede ser determinada leyéndose nuestra opinión en el caso de Boerman v. Marrero,'supra. Ésta constituye más o menos la historia de la administración judicial hasta el año 1922.

La administradora judicial quedó en posesión de la parti-cipación de su suegra en la herencia. No se desprende clara-mente si su nombramiento original continuó en vigor, más de las varias opiniones emitidas por este tribunal en relación con distintos aspectos del caso, se colige que sus deberes ac-tivos como administradora finalizaron para aquel entonces y que ella continuó bien de jure o de facto — ciertamente de facto — en posesión de la parte correspondiente a Esther Bessie Boerman con el objeto de entregar tal posesión a ésta o a sus herederos debidamente autorizados. Esther Bessie Boerman falleció bajo testamento en Rusia, y sus herederos, luego de una tentativa infructuosa de obtener posesión de su participación en la herencia, finalmente probaron su identi-dad y derecho a los bienes allá para el 1930 y lograron tomar posesión de ellos, así como una resolución de la Corte de Dis-trito de Ponce requiriendo a María L. Fordham (señora Boerman) para que rindiera su cuenta final. Es precisa-mente en relación con esta cuenta final y algunas de sus par-tidas que se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

Los apelantes en este caso específico son, por un lado, los herederos de Esther Bessie Boerman, y por otro, la señora de Charles M. Boerman. Ambas partes impugnan algunas de las conclusiones de la corte sentenciadora en lo relativo a la cuenta final arriba mencionada.

Los herederos también han presentado una moción para que se desestime el recurso de apelación interpuesto por la señora de Charles M. Boerman fundados en que el escrito de apelación fué radicado en la corte inferior más de diez días después de haber comenzado el término legal para apelar. Los herederos sostienen que la resolución que aprobó la cuenta final es una providencia especial dictada después de sentencia y que por tanto la apelación debió haberse entablado dentro de diez días, de conformidad con el inciso tercero del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933). Resolveremos primero esta moción para desestimar.

Los' promoventes de la moción para desestimar sostienen que la sentencia o decreto final en el procedimiento de ad-ministración judicial fué dictado cuando la corte de distrito, con fecha 24 de septiembre de 1930, resolvió que tal adminis-traeión había tocado a su. fin, y que cuando aprobó la cuenta final meramente dictaba nna providencia especial despnés de sentencia. No se citan casos en apoyo de esta proposición.

Los artículos 588, 589 y 590 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) disponen:

“Artículo 588. — Cuando el albacea o administrador baya termi-nado la liquidación de los bienes, renuncie o sea separado, o por cual-quier otra causa cese en el desempeño de su cargo, deberá presentar a la corte una cuenta final jurada, y acompañada de los recibos y res-guardos correspondientes, la cual también se pondrá de manifiesto para su inspección. Al presentarse dicha cuenta final, se citará a todas las partes interesadas en el caudal, a fin de que puedan pre-senciar la liquidación final de sus cuentas, y se les devuelva o cancele la fianza que hubieren prestado.
“Artículo 589. — Si pasados ocho días después de presentada la citación decretada por un juez de dicha corte, ninguna de las partes hubiese hecho oposición a las cuentas, la corte de distrito si en su opinión dichas cuentas son justas y correctas, dictará auto aprobán-dolas y declarando exento de responsabilidad al administrador; y cancelará la fianza que hubiere constituido. Si las cuentas fueren im-pugnadas, se sustanciará la impugnación y se admitirán pruebas en una vista del caso y se aprobarán o desaprobarán aquéllas según el resultado de la vista.
“Artículo 590. — La corte de distrito dictará auto definitivo, bien aprobando la cuenta presentada, o haciendo en ella modificaciones y alteraciones, con cargo al albacea o administrador, que el derecho y la justicia reclamen; contra dicho auto podrá interponerse recurso de apelación.”

De un examen de estos tres artículos se desprende que la radicación y aprobación de la cuenta final prácticamente constituye de por sí un procedimiento especial. La ley ha dispuesto que se citen todas las partes interesadas y que de ser necesario se celebre una amplia vista, y ha autorizado una apelación de lo que el estatuto mismo califica de “auto definitivo, bien aprobando la cuenta presentada, o haciendo en ella modificaciones y alteraciones, con cargo al albacea o administrador, que el derecho y la justicia reclamen; . . . ” La resolución que termina la administración judicial pone fin a las actividades del administrador, mas es la resolución aprobatoria de la cnenta final la qne definitivamente releva al administrador o administradora de sn responsabilidad ofi-cial.

El único caso qne fiemos podido bailar en nuestra juris-prudencia y que puede tener alguna relación con la materia es el de Díaz et al. v. Cividanes, 25 D.P.R. 450. En ese caso el administrador provisional, Genaro Gautiño, fiabía renun-ciado como tal y rendido una cuenta final con súplica de que la misma fuera aprobada. En diciembre 27, 1915, el juez de distrito dictó resolución aprobando tal cuenta y sugiriendo una compensación adicional. Luego, con fecfia 31 de enero de 1916, el mismo juez dictó otra orden final relevando a Cau-tiño de toda responsabilidad en la administración. Casi un año más tarde una parte interesada solicitó se dejara sin efecto la orden aprobatoria, supra, y que se le diera la opor-tunidad de atacar la cuenta. La corte declaró con lugar la moción, pero insistió en que se citara a Cautiño y se le diera la oportunidad de defenderse, y exigió otras actividades de menor importancia de la parte opositora. Esta última apeló de tal resolución condicional. En el curso de su opinión este tribunal dijo (bastardillas nuestras) :

“Admitiendo que cualquiera, o ambas de las resoluciones de fecha diciembre 27, 1915, y enero 31, 1916, fueran definitivas, como parece fué la intención y modo de entenderlas de la corte de distrito, indu-dablemente que una resolución dictada un año después para consi-derar nuevamente cuestiones que al parecer ya habían sido resueltas por dichas anteriores órdenes no puede considerarse de modo alguno como una sentencia definitiva, ...”

Por tanto, somos del criterio de que la resolución apelada era un decreto final dictado en un. procedimiento especial y, por ende, que la apelación fué entablada oportunamente.

Consideremos afiora la apelación de la señora de Charles M. Boerman, née María L. Fordfiam. Tanto debido al alegato insuficiente • como con motivo de la opinión de este tribunal, dictada en respuesta a una moción para deses-timar, de 8 de mayo de 1933, la apelante está limitada a la consideración de nno de los tres errores señalados por ella. El señalamiento lee:

“La Corte' de Distrito cometió manifiesto error al declarar con lugar en parte la impugnación de los opositores cargando en conse-cuencia la suma de $1,260 a la Administradora en concepto ele arren-damiento por la casa de Magueyes.”

La casa en cuestión forma parte de un pequeño huerto que fué adjudicado a doña Esther Bessie Boerman al hacerse la partición de la herencia, y del cual María L. Fordham con-tinuó en posesión desde 1922 a 1930. Tócanos determinar si a la administradora dehe cargársele un canon de arrenda-miento razonable por su ocupación de la casa durante este tiempo. Cuando se hizo la partición o división de la herencia, 1a, propiedad denominada “Magueyes” fué tasada en la suma de $21,000. Se estableció una comunidad en los si-guientes términos:

Esther Bessie Boerman_$19, 667. 845
Amelia Boerman Marrero_ 802. 925
María L. Fordham_ 529.23
Total_$21, 000. 00

En otras palabras, los herederos de Esther Bessie Boer-man poseen el 93.6364 por ciento del total. Su reclamación, desde luego, debe limitarse a su parte proporcional.

La apelante sostiene que su ocupación de la casa se de-bió principalmente para facilitar la administración de la hacienda y, por tanto, que tal ocupación redundó exclusivamen-te en beneficio de los herederos de Esther Bessie Boerman. Igualmente insiste en que ella nunca celebró contrato de arrendamiento alguno y en su consecuencia que no puede co-brársele ningún canon. Mas los apelados no se basan en un ■contrato de arrendamiento, sino en el deber que tiene una administradora de hacer cuanto sea razonable para que los bienes por ella administrados sean productivos a sus bene-ficiarios.

La duda que en verdad liemos abrigado es si a una admi-nistradora que está en posesión de determinados bienes con el solo objeto de entregar su posesión a los verdaderos 'due-ños, debe imponérsele el deber positivo de hacer que tales bie-nes produzcan algo. No podemos perder de vista el hecho-de que la señora Boerman vino a Puerto Rico con el objeto-de administrar los bienes dejados por su finado esposo. Ella no era una mera extraña a la administración, sino la viuda, del testador. De ser posible debe ejercitarse mayor consi-deración y lenidad en lo que a sus actuaciones como tal admi-nistradora se refiere, debido a.1 hecho de que ella quizá pudo-creer que tenía derecho a hacer determinadas cosas y a gozar de determinados privilegios, cosa que un administrador ex-traño a los bienes posiblemente no podía razonablemente ha-berse imaginado. La viuda era también una copartícipey, aunque pequeño, tenía cierto interés en el dominio de los bienes. En adición a todo esto, del testimonio incontrover-tido que de ella figura en los autos se desprende que la casa no tenía agua y que por espacio de siete meses con posterio-ridad a 1915 trató infructuosamente de alquilarla. También parece razonable imaginar que de no haber vivido ella la casa y cuidado de los terrenos circundantes, se hubiera nece-sitado un mayordomo a un costo mayor para los herederos-de Bessie Boerman.

Por último, aunque no de menos importancia, debe hacerse-constar, según alegaban los herederos mismos en su oposi-ción a otras partidas de esa cuenta final, que desde 1920 en adelante ella no tenía ningunos deberes activos de adminis-tración, sino meramente la obligación de entregar la propie-dad a Esther Bessie Boerman o a los herederos de ésta, cuando quiera que se presentaran a solicitar la posesión a que tenían derecho.

Bajo todas estas circunstancias, creemos que los fines de la. justicia quedan cumplidos de manera más equitativa exone-rando a María L. Fordham de todo cargo por su ocupación de la casa en la propiedad “Magueyes” mientras ella tuvo la. custodia de la misma con el fin de entregarla, a los herederos de Esther Bessie Boerman. La decisión de la corte inferior a este respecto debe, en su consecuencia, ser revocada.

Consideremos ahora la apelación de los herederos de Esther Bessie Boerman.

El primero de los siete errores señalados se refiere a haber concedido la corte inferior la suma de $4,954.265 como parti-cipación de los apelantes en los honorarios de abogado y en las costas judiciales incurridas por la administradora, según su cuenta, durante los años 1923 a. 1930. Los apelantes lla-man nuestra atención a un error aritmético en la suma total de estos honorarios de abogado.

Toda vez que nos proponemos analizar la prueba relativa al importe de estos honorarios y costas judiciales, ignorare-mos este supuesto error por el momento.

El legajo de sentencia contiene una cuenta final jurada por la señora de Charles M. Boerman, relativa a los ingre-sos y gastos de la sucesión de Charles M. Boerman para los años 1923 a 1930, ambos inclusives. Bajo el epígrafe de ‘‘ho-norarios de abogado y costas judiciales,” aparecen las si-guientes cifras:

1923_ $3, 393.10
1924_ 528. 82
1925_ 1,142. 85
1926_ 1, 228. 74
1927_ 1, 674. 27
1928_ 649. 70
192-9_ 222. 50
1930_ 200. 00
$9, 802. 05

En las páginas que siguen a esta cuenta final aparece un resumen de los gastos e ingresos de las distintas propieda-des adjudicadas a Esther Bessie Boerman (que son los bie-nes envueltos en este caso), donde, bajo el mismo epígrafe de la cuenta general, aparecen las siguientes cifras:

Recibos: Gastos:
1923-30 $4, 954. 26%

La transcripción de la evidencia contiene la declaración de la administradora con respecto a estos gastos. Lo menos qne podría decirse sobre sn declaración es qne no es clara ni contiene cita de cantidades específicas ni una explicación clara de la naturaleza de los litigios específicos tenidos por la administración desde 1922 a 1930. Nos ha sido imposible determinar con corteza cómo gastó ella los $4,954.26 cargados a los herederos como participación de éstos en los honorarios de abogado y costas judiciales. En muchos casos tendremos que aceptar los gastos en la forma indicada por las órdenes de la corte o por los recibos de los funcionarios judiciales, etc., como correctos, descansando según debemos, hasta cierto punto, en el mayor grado de familiaridad y conocimiento te-nido por la corte sentenciadora sobre toda esta administra-ción.

La resolución de la corte inferior concediendo la suma anterior no arroja luz alguna sobre la situación, toda vez que la corte, luego de haber negado en su totalidad la partida en cuestión, dijo en reconsideración:

“La corte reconsidera el apartado 6o. de la referida resolución, quedando como queda redactado, en la siguiente forma:
“Declara sin lugar la impugnación hecha por los opositores al cargo que hace la Administradora de $4,954.26% pagados por hono-rarios de abogado; por entender la corte, de acuerdo con lo expuesto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Ex Parte Boerman, 38 D.P.R. páginas 757 y 758, que ‘hasta el momento de entregar los bienes a los herederos, la retención de’ los mismos por parte de la administradora, es una continuación de sus deberes como adminis-tradora de la herencia de Charles M. Boerman’ y ella tenía derecho a utilizar los servicios de abogado para defender los bienes hasta que fueran entregados a los herederos.

Nos inclinamos a convenir con la corte inferior en que la señora ele Charles M. Boerman tenía autoridad para con-tratar los servicios de un letrado en cualquier tiempo, entre 1922 y 1930, y cargar los honorarios y costas correspondien-tes a los herederos de la señora Esther Bessie Boerman, pero solamente si dichos servicios eran necesarios para proteger su participación en la herencia o estaban relacionados en al-guna otra forma con la preservación de tal participación.

A fin de resolver esta cuestión, debemos, según fiemos dicho, analizar la declaración de la señora Boerman y los reci-bos y órdenes judiciales que figuran en la transcripción de la evidencia.

Conforme indican los apelantes, la señora Boerman sólo se refiere a tres casos distintos en su declaración en lo que a honorarios de abogado se refiere. Uno es el que ella deno: mina “el caso contra la propiedad de Río Piedras.” De cuanto está ante este tribunal hemos inferido que la propie-dad de Río Piedras fué adjudicada a la testadora de los ape-lantes al efectuarse la partición de los bienes de Charles M. Boerman. El pleito parece haber sido para recobrar ciertas rentas derivadas de los mismos. Ella admite que este pleito fué iniciado en 1922, mas no dice si tuvo o no éxito en el mismo. Aunque la prueba no es muy clara, estamos inclinados a darle el beneficio de la duda con referencia a este caso específico, toda vez que el mismo afectó'claramente los frutos de una de las propiedades asignadas a los apelantes. El hecho de que este pleito pudiera haber sido instruido en 1922 y, en su con-secuencia, antes del período que está bajo nuestra considera-ción, no es determinante, toda vez que el desembolso material de los honorarios probablemente se efectuó algún tiempo des-pués de 1922.

Otro de los pleitos fué uno en que la administradora atacó, ante la Corte Federal, la sentencia de la Corte de Distrito de Ponce, confirmada posteriormente por este Tribunal, en el pleito de filiación iniciado con éxito por Amelia Marrero. El costo de este litigio, a nuestro juicio, no debe ser pagado, siquiera en parte, por los apelantes, que nunca impugnaron la certeza del procedimiento de filiación. Además, este pleito no afectaba en absoluto los bienes que ya se hallaban en po-der de la administradora para ser entregados a los apelantes.

El tercer recurso era una petición iniciada por una persona de apellido Calderón, solicitando la partición de una co-munidad. Nos inclinamos a favorecer la participación de la administradora en dicho pleito, toda vez qne el mismo tam-bién envolvía ciertos bienes en qne los aqní apelantes tenían interés.

Las órdenes judiciales autorizando el pago de honorarios a varios letrados, llegan a cinco. Por la primera, a F. Manuel Toro, que fue designado árbitro allá para 1920, con el propósito de examinar, fiscalizar e informar sobre una cuen-ta final rendida para aquel entonces por la actual adminis-tradora a instancia de Amelia Boerman Marrero, se le con-cedió la suma de $900 a cuenta de sus honorarios como tal árbitro. Esta orden está fechada el 29 de diciembre de 1922. En mayo 29,1923, otra orden autorizó el desembolso de $1,100 al Sr. Toro en saldo de sus servicios a la administración, $1,025 a Peter J. Hamilton por servicios prestados a la admi-nistración, y $250 a Herminia Tormes por servicios profe-sionales desde enero primero 1923 a mayo 31, 1923. Estas dos órdenes justifican un desembolso de $3,275.

Las tres órdenes siguientes, fechadas abril 17, 1925, julio 30, 1927 y septiembre 12, 1929, autorizan el pago de honora-rios a la firma profesional de Martínez Nadal, Tormes y Co-lón, hasta la suma de $1,150, y al Lie. Leopoldo Tormes por las sumas de $1,350 y $790, o sea un total de $3,290. Según la partición y distribución de 1920, a la Sra. Esther Bessie Boerman se le adjudicó la mitad de los bienes dejados por su hijo. Por tanto, somos de opinión que ella debe responder de la mitad de los honorarios pagados a los abogados o a otras personas a nombre de la sucesión, aún si los servicios fueron prestados antes de 1922. Por tanto, bajo estas circunstan-cias, debe cargarse a los apelantes la mitad de los gastos men-cionados en los párrafos anteriores, ascendente a $3,282.50.

El resto de la prueba documental se compone de copias de varios recibos, cuentas y otros comprobantes que se unie-ron a las cuentas trimestrales rendidas por la administra-dora. La suma de éstos asciende a $2,873.25. De este total deben deducirse aproximadamente $250 que claramente apa-recen haberse desembolsado en el caso de Winnie L. Baerman v. Amparo Marrero et al., caso en equidad núm. 1227E, ante la Corte Federal, y cuyo desembolso ya hemos resuelto no debe :ser sufragado en parte alguna por los apelantes. Esto de-jaría un remanente de $2,623.25, suma de la cual los apelan-tes deben responder de $1,311.63. No vamos a tratar de in-vestigar estos comprobantes individuales sino que aceptare-mos las conclusiones de la corte inferior.

Del estudio que hemos hecho de la prueba creemos que a los apelantes debe cargárseles, por concepto de su participa-ción en los honorarios de abogado y en las costas judiciales no más de la suma total de las cifras anteriores de $3,282.50 y $1,311.63, o sea $4,594.13. Por tanto, las conclusiones de la corte inferior deben ser modificadas y reducida la canti-dad de $4,954.26 a $4,594.13.

El siguiente error señalado por los apelantes se refiere a los gastos incurridos en la reparación de una casa en la calle de San Francisco, en San Juan. Aunque los apelantes son copartícipes del dominio, el usufructo corresponde a la apelada. Los artículos 425, 428,' 429 y 430 de nuestro Código Civil (ed. 1930) proveen:

“Artículo 425. — El usufructuario deberá cuidar las cosas dadas -en usufructo como un buen padre de familia.
“Artículo 428. — El usufructuario estará obligado a hacer las re-paraciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo.
“Se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros o des-perfectos que procedan del uso natural de las cosas, y sean indispensables para su conservación. Si no las hiciere después de reque-rido por el propietario, podrá éste hacerlas por sí mismo a costa del usufructuario.
“Artículo 429. — Las reparaciones extraordinarias serán de cuenta del propietario.
“El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuere ur-gente la necesidad de hacerlas.
Artículo 430. — Si el propietario hiciere las reparaciones extraor-dinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo.
"Si no las hiciere cuando fuesen indispensables para la subsisten-cia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario, pero tendrá derecho a exigir del propietario al concluir el usufructo, ei aumento del valor que tuviese la finca por efecto de las mismas obras.
"Si el propietario se negare a satisfacer su importe, tendrá d usu-fructuario el derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus-productos. ’ ’

La controversia gira sobre la naturaleza de las repara-ciones, si fueron extraordinarias u ordinarias. Nos inclina-mos a aceptar la conclusión de la corte sentenciadora al efecto-de que las reparaciones surgieron con motivo del ciclón que azotó esta Isla en 1928. Los apelantes sostienen que la corte de 'distrito descansó más en la naturaleza extraordinaria de la causa, (el ciclón) que en la naturaleza extraordinaria de las reparaciones mismas. De la lectura de los artículos-citados uno saca la impresión de que la distinción gira en torno a si las reparaciones son "las que exigen los deterioros o desperfectos que procedan del uso natural de las cosas.” Creemos que las reparaciones que se hacen necesarias debida a un huracán no caen razonablemente dentro de la anterior definición y deben, por ende, ser consideradas como extraor-dinarias.

Los apelantes sostienen que, de conformidad con el artículo-430, supra, la usufructuaria debe pagar intereses al tipo legal sobre la cantidad cargada a los dueños por concepto de-reparaciones. En este caso sólo tenemos que ver con la ren-dición de la cuenta final de la Sra. Boerman como administra-dora y no trataremos de determinar los derechos de las par-tes respectivas a virtud de otras relaciones legales que pue-dan tener. El derecho de la apelada a cargar el gasto en. cuestión a los apelantes era claro.

El tercer señalamiento se refiere a la cuestión de seguro sobre la referida casa. Según nuestro Código Civil nial dueño ni al usufructuario de un edificio se les impone el deber de asegurarlo. Podría suceder que en un caso excepcional recayera sobre el usufructuario el deber de asegurar a tenor del artículo 425 del Código Civil (ed. 1930) como re-quisito necesario en el cuido de las cosas dadas en usufructo, como un buen padre de familia. No se desprende que éste sea tal caso excepcional.

Nos confrontamos una vez más con la doble personalidad disfrutada por la apelada, puesto que ella era tanto usufruc-tuaria como representante de la dueña de los bienes. Su in-terés en lo que al asunto en litigio se refería era uno que es-taba en conflicto. Si ella optaba por dividir los gastos del seguro con la dueña, ello no embargante podría, de confor-midad con el artículo 446 (Código Civil, ed. 1930) gozar del nuevo edificio o percibir los intereses del precio del seguro, si se destruyera la casa. Por otra parte, ella hubiese estado en el deber de reconstruir aun si hubiera pagado la prima del seguro de su propio peculio. Bajo las circunstancias creemos que a ella le incumbía averiguar del dueño o dueños del edi-ficio si deseaban asegurar la propiedad en unión de ella. Sin embargo, era por demás difícil comunicarse con la Sra. Esther Bessie Boerman, que se hallaba en Busia, y las obligaciones de la apelada, de conformidad con su posición judicial como administradora, probablemente exigían que ella asegurara el edificio para proteger a su principal. De igual modo duda-mos que la Sra. de Charles M. Boerman no pudiera estar pro-tegida de acuerdo con los artículos 1789 et seq. del Código Civil (ed. 1911) en lo que respecta a la gestión de negocios ajenos. No sin dejar de abrigar alguna duda, nos inclina-mos a aceptar la conclusión de la corte inferior al efecto de que los gastos de seguro deben ser distribuidos igualmente entre las partes.

Por el cuarto error los apelantes atacan las conclusiones de la corte inferior en lo relativo a las rentas producidas por cierta propiedad situada en la calle de Bayola, en Santurce. La corte de distrito resolvió que no se había probado que la apelada hubiera recibido las, rentas. De los autos se desprende que a la apelada se le privó del derecho a disfrutar de estas rentas por resolución de la Corte de Distrito de Ponce fechada allá para 1922. No estamos en condicio-nes de imputar negligencia a la administradora por haber obedecido tal orden, y si los apelantes tienen derecho a las rentas, ellos deben demandar a la persona qne las ha disfru-tado ilegalmente.

El siguiente señalamiento de error se refiere a haberse dejado de incluir en la cuenta final ciertas rentas, que se alega fueron recibidas o cobradas por la administradora. Queda-mos convencidos por la propia declaración de ella y por el alegato de la apelada de que estas rentas nunca fueron reci-bidas por ella para beneficio de los aquí apelantes y que no se trataba de rentas acumuladas entre los años 1923 a 1930.

El sexto señalamiento de error se refiere a la suficiencia de la renta concedida por la corte inferior sobre la propiedad ocupada por la administradora en Magueyes. Este punto ha sido cubierto por la discusión que hemos hecho del recurso de apelación de la Sra. Boerman y, por tanto, no requiere ulterior discusión.

Por el último señalamiento de error se sostiene que la corte de distrito debió haber concedido intereses al tipo le-gal sobre el saldo que, para beneficio de los apelantes, se dejó en poder de la Sra. Boerman como resultado de la rendición de cuentas en 1922. La cuantía envuelta es de $2,533.84. Los apelantes reclaman intereses por espacio de ocho años tres meses, o sea $1,406.28. No estamos convencidos de que bajo las circunstancias de este caso deban cargarse tales intereses a la apelada. El estado de los autos demuestra que ella gastó más dinero del que realmente recibió por concepto de los bienes bajo su administración, y nos inclinamos al criterio de que ella, o usó la suma anterior para gastos, o tenía el derecho de hacerlo así. Sea ello como fuere, confirmaremos las conclusiones de la corte inferior.

Por las razones que anteceden, debe revocarse la resolu-ción \de la Corte de Distrito de Ponce, de fecha 2 de junio de 1932, según fué enmendada en 28 de diciembre de 1933, en tanto en cuanto carga a la administradora la suma de $1,260 por su ocupación de la casa en la finca Magueyes, y modifi-carse en tanto en cuanto concede la suma de $4,954.26 con cargo a los herederos de Etsther B-essie Boerman como partici-pación de éstos en los honorarios de abogado, suma que debe ser reducida a $4,594.13.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Mrs. Charles M. Boerman, née María L. Fordham, peticionaria y apelante, Ex Parte; Herederos de Esther Bessie Boerman, opositores y apelados.
    Núm. 7064.

    Sometido: Marzo 2, 1937.

      Resuelto: Febrero 4, 1938.

      E. Ramos Antonini, abogado de la apelante; Mariano Acosta Velarde y Federico Acosta Velarde, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En diciembre 31, 1932, la señora de Charles M. Boerman, como administradora judicial de los bienes dejados por Charles M. Boerman, radicó ante la Corte de Distrito de Ponce nna moción solicitando compensación extra y honorarios de abogado. En esta moción, que fue presentada casi dos años después de haberse rendido sn cuenta final, ella alegó que había sido administradora por espacio de quince años, había realizado deberes extraordinarios que enumeraba, y se había visto precisada a contratar los servicios profesionales del Lie. Bamos Antonini para preparar la cuenta final y para defenderla en la aprobación de la misma. Solicitaba se le concedieran $9,000 como compensación extra por el término de quince años, a razón de $50 mensuales y $1,000 para los honorarios de abogado arriba mencionados. Los herederos de Esther Bessie Boerman, como partes interesadas, se opu-sieron a la anterior petición, negando todas y cada una de las alegaciones de la misma y alegando que la señora de Charles M. Boerman tenía derecho solamente al porcentaje sobre las sumas cobradas durante la administración, fijado por el artículo 586 del Código de Enjuiciamiento Civil. Esta, com-pensación estatutaria ya había sido retenida por ella. La corte inferior, con fecha 28 de diciembre de 1933, declaró sin lugar la moción y la peticionaria apeló.

Los herederos de Esther Bessie Boerman han solicitado se desestime la apelación por dos motivos, a saber: (a) que la resolución de diciembre 28 de 1933 era inapelable; y (b) que el período estatutario para apelar, que los apelados sostienen es de diez días, había transcurrido al tiempo en que se interpuso el recurso.

En lo que al segundo fundamento jurisdiccional presenta-do se refiere, este tribunal tomará conocimiento judicial del hecho de que el 7 de enero de 1934, que según la teoría de los apelados era el último día en que se podía entablar la ape-lación fue un domingo. Toda vez que el escrito de apela-ción; fué radicado en 8 de enero de 1934, los procedimientos interpuestos por la apelante están debidamente ante nos. Véase el artículo 388 del Código Político.

El otro fundamento de la desestimación requiere'un análisis cuidadoso de los principios legales que rigen la liquidación final de los bienes de un finado. Por tanto, creemos que la consideración del recurso en sus méritos presentaría una base más satisfactoria para resolver todas las cuestiones envueltas. Esto es especialmente así porque estamos inclinados a considerar una resolución de la naturaleza de la apelada como una providencia de naturaleza especial dictada después de sentencia final.

No podemos proceder a resolver el caso sin comentar so-bre el alegato presentádonos por la apelante. Se señalan dos errores. La disensión material de las cuestiones susci-tadas comprende página y media. Las cuestiones planteadas, que sepamos, nunca lian sido resueltas definitivamente por este tribunal. Mas, sin embargo, la apelante dejó de aducir jurisprudencia específica o argumentos sustanciales para sos-tener sus contenciones.

En lo que a la cuestión de compensación extra se refiere estamos inclinados a convenir tanto con la corte inferior como con los apelados. En lo que concierne a la compensa-ción que debe concedérsele a los administradores de los bie-nes de un finado, nuestro estatuto expresa el porcentaje exac-to que ha de pagarse y la jurisprudencia de los Estados Uni-dos, de donde fué tomado nuestro estatuto, es casi unánime-mente como signe:

“Cuando la suma exacta de la compensación o la cuantía máxima a concederse es fijada por el estatuto, en ausencia de una disposición testamentaria o estatutaria para que se conceda compensación adicio-nal por servicios extraordinarios, a los representantes personales del finado sólo puede concedérseles la compensación específica, aunque la administración de los bienes del finado haya sido muy difícil o los representantes hayan prestado servicios inusitados que han benefi-ciado a la sucesión.” 24 C. J. 987, sección 223 y los muchos casos allí citados.

La señora Boerman también apela de aquella parte de la resolución que se negó a concederle $1,000 por concepto de honorarios de abogado para ser pagados por ella al Lie. Ramos Antonini por los servicios de éste en la ayuda prestadale en la preparación y rendición de su cuenta final, así como en defender la cuenta final de las objeciones formuladas por los aquí apelados.

De unos autos que están ante este tribunal en una apela-ción mutua entablada por las mismas partes contra la orden de la Corte de Distrito de Ponce que resolvió definitivamente la cuenta final rendida pon.la señora Boerman, apelación núm. 7060, aparece que la corte sentenciadora sostuvo algunas de las objeciones formuladas contra la cuenta y declaró sin lu-gar otras. Bajo las circunstancias somos del criterio de que la señora Boerman tenía derecho a utilizar un letrado para que defendiera su cuenta final pero no a una suma considerable por ayudarla a preparar dicha cuenta, puesto que no es-tamos convencidos de que su administración desde 1922 en adelante fuera una extremadamente complicada o' difícil. En lo que se refiere a los honorarios de abogado por defender la cuenta final presentada por ella, creemos que la regla más equitativa en esta jurisdicción, cuando la compensación de la administradora bajo la regla antes expresada en esta misma opinión está limitada a la prescrita por el estatuto, debe ser la establecida en los casos de Pinckard's Distributees v. Pinckard's Adm’rs., 24 Ala. 250, y Clark v. Eubank, 80 Ala. 584, 3 So. 49. Esta regla, en resumen, dice que cuando una cuenta final es impugnada y algunas de las objeciones son sostenidas y otras declaradas sin lugar, a la administradora debe concedérsele una suma proporcional de sus honorarios de abogado. Esta regla, desde luego, presupone buena fe por parte del administrador. Hemos considerado plena-mente el litigio en lo que concierne a la cuenta de la apelante y hallado que muchos de los puntos suscitados giraban sobre cuestiones de derecho. No se puede concluir en este caso que la administradora no cumpliera sus deberes con fidelidad.

Los honorarios solicitados por la administradora están, sin embargo, a nuestro juicio, algo fuera de proporción con la cuantía envuelta en la liquidación final. Creemos que la apelante debe tener derecho a que se le conceda la suma dé $300 para liquidar estos honorarios de abogado.

Debe modificarse la resolución de la corte de distrito en el sentido de conceder a la administradora la suma de $300 para honorarios del abogado que la representó en la liquida-ción final de la cuenta presentada.

Los Jueces Presidente Señor del Toro y Asociado Señor Córdova Lávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señob Tbavieso

text:
    Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, Inc., demandante y apelante, v. Francisco P. Cintrón, demandado y apelado. Francisco P. Cintrón, demandante y apelado, v. Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, Inc., demandada y Apelante.
    Núms. 7351 y 7352.

    Sometidos: Noviembre 10, 1937.

      Resueltos: Febrero 4, 1938.

      E. Rivera Zayas y Joaquín Telilla, abogados de la apelante; Besosa & Besosa, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

Francisco P. Cintrón radicó demanda contra la Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, Inc., ale-gando haberle suministrado en varias ocasiones diferentes partidas de dinero en calidad de préstamos para la explota-ción del negocio de ésta, quedando un saldo de $2,208.46, que no le ha pagado, no obstante haber reconocido dicha deuda, y ser requerida de pago.

Declarada sin lugar una excepción previa de falta de he-chos, la demandada radicó una moción solicitando de la corte que, de acuerdo con el artículo 124 del Código de Enjuicia-miento Civil, ordenara al demandante que le suministrara “un pliego de particulares especificando todas y cada una de las partidas que constituyen la suma global que se reclama, expresando el origen y concepto de cada una de ellas.” La corte declaró con lugar esta moción y ordenó que se suminis-traran los particulares solicitados, cosa que el demandante no hizo.

La demandada contestó negando específicamente todas las alegaciones de la demanda y aduciendo como única defensa especial el hecho de no habérsele suministrado los particu-lares solicitados, razón por la cual no debía permitirse al demandante ofrecer prueba en apoyo de su demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 del Código de En-juiciamiento Civil-

La Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, Inc., interpuso ante la misma corte de distrito una de-manda contra Francisco P. Cintrón en cobro de la suma de $1,300, alegando que en 22 de junio de 1934 le había arren-dado cinco espacios para explotar tres picas y dos hipódro-mos, así como también otro espacio para un kiosco, todos dentro de los terrenos en que la demandante celebraba una feria-exposición en San Juan, y que Cintrón no le' había pa-gado el importe de los arrendamientos, que era el de $250 por los espacios para picas e hipódromos, y el de $50 para el del kiosco.

En su contestación, Cintrón negó en general los hechos aducidos en la demanda, y al mismo tiempo contrademandó alegando que, agotados los recursos con que contaba la cor-poración demandante, le hizo en su carácter de director y vicepresidente de la misma préstamos ascendentes a $1,700, que no le han sido pagados.

Radicó la demandante entonces una moción para que Cin-trón le informara qué partidas comprendían la cantidad re-clamada, y el concepto de cada una de ellas, apercibido de que si así no lo hacía, quedaría, de acuerdo con el artículo 124 del Código de Enjuiciamiento Civil, imposibilitado de presentar evidencia en apoyo de las mismas. Esta moción fue declarada con lugar y los particulares solicitados orde-nados, en la forma que fueron solicitados, a pesar de la opo-sición del demandado y contrademandante, quien no obstante, los suministró, aunque en forma tan vaga, imprecisa y general que escasamente son lo que pretenden ser. La Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, Inc., a su vez, contestó la contrademanda, negando generalmente los hechos y aduciendo como única defensa especial que debía declararse sin lugar la contrademanda y no permitirse prueba de sus alegaciones, por no haberse suministrado los parti-culares solicitados con los detalles y precisión necesarios-..

El día de la vista en la corte inferior estipularon las palo-tes que ambos pleitos se viesen conjuntamente, y así se hizo.. Procedieron entonces las partes a presentar su evidencia, y en 26 de diciembre de 1935 dictó la corte sentencia en los dos-pleitos condenando en el núm. 7352 a la corporación deman-dada a pagar al demandante Cintrón la cantidad de $2,008.46; (sic), más intereses legales hasta su total pago, con más cos-tas y desembolsos, incluyendo en las mismas honorarios de-abogado, y sin lugar la demanda y la contrademanda en el núm. 7351, sin especial condenación de costas. De esas sen-tencias apeló únicamente la Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, Inc. Examinemos en primer tér-mino el recurso núm. 7352.

El primer error que se le atribuye a la corte sentenciadora consiste en haber declarado sin lugar la excepción: previa formulada por la apelante. Sostiene ésta que “tratándose de una corporación y teniendo en cuenta que Cintrón. era uno de los oficiales y directores de la misma y no obstante que en tal carácter debía procurar de buena fe que se cumplieran los compromisos de la entidad corporativa, es indudable que una transacción en virtud de la cual un oficial o-director de una corporación se convierta en acreedor de ésta, debe haber sido previamente autorizada debidamente por la. corporación. 14A C. J. pág. 132.” Además, que no se alega, en la demanda que la deuda reclamada fuera líquida, y por consiguiente exigible, invocándose aquí lo resuelto en E. Rubio, e Hijos v. Carrasco, 26 D.P.R. 255.

No cometió, a nuestro juicio, la corte inferior este error. En cuanto al primer fundamento en que descansa, resulta elemental ya, que una excepción previa no puede basarse en-hechos que no aparezcan expresamente alegados. Fernández v. Pastoriza, 43 D.P.R. 896; Ojeda v. Coll & Gelábert et al., 26 D.P.R. 538, y Guasp v. Rosch, 9 D.P.R. 348. Si examina-mos ahora la demanda, la encontraremos huérfana de toda alegación al efecto de qne Cintrón fuera uno de los oficiales y directores de la corporación demandada, y como en ese hecho precisamente es que descansa la excepción, no pudo haber sido declarada con lugar. Con respecto al otro fundamento de la excepción, se alega en la demanda “que al terminarse la citada feria-exposición, el demandante requirió a la demandada para qne le pagase la citada cantidad, y mo obstante reconocer la demandada al demcmdcmte adeudarle la citada suma de $2)208.46, ,1a citada demandada no ha pagado al deman-dante . . . .” (Bastardillas nuestras.) Una alegación como la qne precede es todo cuanto requiere el caso de E. Rubio e Hijos y. Carrasco, invocado, que se haga en demandas basadas en una cuenta liquidada (>account stated).

“. . . Y si la demanda, ... se basaba en varias cuentas liquida-das (accounts stated), entonces no debió haberse limitado la deman-dante a alegar que se había practicado una liquidación de la cuenta dél demandado. . . sino que debió haber alegado además que la cuenta se rindió al demandado y éste en alguna de las formas reconocidas en derecho mostró su conformidad con el 'balance.” (Bastardillas nues-tras.) E. Rubio e Hijos v. Carrasco, supra.

Lo esencial es alegar el reconocimiento, aprobación o con-formidad con el balance, pues de ese reconocimiento, apro-bación o conformidad con el balance o cuenta es que surge una nueva e independiente causa de acción, en que ha de basarse la demanda.

“Y si ése era el caso no había que probar las partidas de la cuenta porque surgía una nueva causa de acción basada en el convenio. Dice R. C. L., resumiendo la jurisprudencia:
“ ‘Del convenio surge una nueva e independiente causa de acción y, por tanto, se establece una obligación legal irrespectivamente de las partidas o constituyente del fundamento de responsabilidad anterior. El saldo especificado es una deuda líquida, tan obligatoria como si estuviese evidenciada por un pagaré, factura o fianza.’ 1 R. C. L. 212.” Santiago v. Cucvas Padilla, 41 D.P.R. 116.

Bn el caso de autos se alega que la demandada reconoció la deuda y en la promesa implícita de pagarla es que se basa la acción. Opinamos que la demanda aduce hechos suficientes.

El segundo error que se le imputa a la corte « quo consiste en que admitió al demandante prueba en apoyo de las alegaciones de la demanda a pesar de no haber suministrado en absoluto el pliego de particulares pedido por la demandada y ordenado por la corte. Se basa la demandada en el artículo 124 del Código de Enjuiciamiento Civil que dice' textualmente así:

“En las alegaciones no es necesario que la parte .que alegue la existencia de alguna cuenta, detalle las partidas de ésta, pero- deberá entregar a la parte contraria, dentro- de los diez días de haberla pe-dido p'or escrito, una copia de dicha cuenta, requisito sin el cual que-dará imposibilitada de presentar prueba en apoyo de la misma. La corte o juez podrá disponer la presentación de otra cuenta además de la presentada, si ésta fuere demasiado general o resultare defec-tuosa en alguno de sus particulares.”

Como la acción que se ejercita en este pleito tiene por objeto recobrar el balance no pagado de una cuenta liquidada {stated account), no cometió la corte inferior el error apun-tado, de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal en Santiago v. Cuevas Padilla, supra:

"No conforme el demandado apeló para ante este tribunal. Tres errores señala en su alegato. Insiste en el primero en que no habién-dole proporcionado el demandante el pliego de particulares que a tiempo le pidiera, no pudo presentar prueba sobre la cuenta en que basó su reclamación.
"El artículo 124 del Código de Enjuiciamiento Civil expresa:
" ‘Artículo 124. — En las alegaciones no es necesario que la parte que alegue la existencia de alguna cuenta, detalle las partidas de ésta, pero deberá entregar a la parte contraria, dentro de los diez días de haberla pedido por escrito, una copia de’ dicha cuenta, requi-sito sin el cual quedará imposibilitada de presentar prueba en apoyo de la misma. La corte o juez podrá disponer la presentación de otra cuenta además de la presentada, si ésta fuere demasiado general o resultare defectuosa en alguno de sus particulares.’
“Si la reclamación del demandante se hubiera basado en una cuenta corriente, tendría entera razón .el apelante, pero su reclama-ción se basó en un saldo vencido, liquidado de conformidad con el demandado.
“Siendo ello así, es necesario reconocer que se trataba de lo que en derecho americano se conoce como ‘an account stated/ esto es:
“ ‘Una cuenta que ha sido rendida por una persona, a otra, con-teniendo el saldo que se alega está e'n descubierto, saldo que ha sido aceptado y admitido que es una cuenta correcta de la deuda que representa.’ 1 R. C.L. 207.”

En el tercer señalamiento se imputa a la corte sentenciadora error al admitir c.omo evidencia un “Estado de Pérdidas y G-anancias” de la “Feria Exposición de Puerto Rico.”

En apoyo de las alegaciones de su demanda, ofreció en evidencia Cintrón, y fue admitido por la corte con la oposi-ción y excepción de la demandada, un Estado de Pérdidas y Ganancias en que figura F. P. Cintrón en el “Pasivo Co-rriente” con un balance a su favor de $2,208.46. También ofreció y fué admitido sin oposición el libro mayor de la cor-poración demandada que contiene al folio 47 la siguiente cuenta:

“Francisco P. Cintrón, cta. caja 1934, Julio 4 — C 6 $1,006.25, Julio 7, C 11 $3,214.71.”

No nos detendremos a considerar este señalamiento de error porque aun suponiendo que se baya cometido, no cau-saría la revocación de la sentencia, según veremos. Además del Estado de Pérdidas y G-anancias, el demandante ofreció el libro mayor de la corporación. La demandada no hizo oposición a su admisión, a pesar de que a la página 47 apa-recen dos entradas que, restada una de la otra, arrojan a favor del demandante, el balance que reclama en su demanda. Los libros de una corporación hacen, por lo menos, prueba prima facie contra ella, y en este caso las entradas en el mayor cons-tituyen una admisión de la corporación demandada de que adeuda el balance reclamado.

“Considerando que una corporación habla prácticamente por me-dio de sus records, y es en realidad en ese respecto diferente a una persona natural que puede expresarse por medio de la palabra y por su conducta lo mismo que por escrito, resulta que los libros y records de una corporación son prueba prima facie en contra de ella, como admisiones; y bajo ciertas circunstancias, pueden constituir prueba concluyente.” 2 Jones Commentaries on Evidence, pág. 497 (1913 ed.)

La demandada no hizo objeción a esta evidencia cuando fue ofrecida, y menos aún anotó una excepción al admitirla la corte inferior, quien pudo, dentro de su discreción, conside-rarla por sí sola suficiente reconocimiento de la deuda y de la cantidad debida. Y como la demandada no excepcionó esta evidencia al ser admitida, está ahora impedida de formular contra ella las objeciones que levanta en su alegato. De modo que, aunque fuera inadmisible el “Estado de Pérdidas y Ga-nancias,” el error debe declararse sin lugar, ya que la corte tuvo ante sí prueba bastante en que basar su sentencia.

El cuarto señalamiento estriba en que la corte inferior no dedujo de los $2,208.46 a que condenó a pagar a la demandada, $500 que el demandante le adeuda en concepto de acciones que compró de la demandada, y $182.50 que el propio demandante confesó deberle por beneficios que obtuvo en conexión con la feria.

Examinemos antes lo relacionado con la partida de $500. En el libro mayor de la corporación figura un cargo contra Cintrón por $1,006.25, y un crédito a su favor montante a $3,214.71. La diferencia entre una y otra cantidad es el im-porte de la sentencia. A la demandada correspondía probar que los $500 importe de las acciones no están incluidos en la partida de $1,006.25, como es lógico esperar, si Cintrón debía dicha suma. Y si alguna cosa se desprende del récord es que están incluidos en dicha partida. Bernardo Cruz, Jr., conta-dor de la demandada, declaró a preguntas que le hiciera el abogado de aquélla, como sigue:

“A. ¿Usted como tenedor de libros practicó alguna entrada acre-ditándole quinientos (500) pesos que debía de acciones el señor Cin-tron?
“T. Cargándolo.
“A. ¿Y no los ba pagado?
“T. No, señor.”

En esas condiciones, i. e. si los $500 estuvieran incluidos ■en la partida de $1,006.25 y ordenáramos ahora que se dedu-jeran del importe de la sentencia, resultaría el demandante pagando $1,000 en vez de $500, por las acciones. No hay base en el récord para que podamos llegar a otra conclusión.

En cuanto a los $182.50, la cuestión varía. Declaró Cin-tron que, días antes de comenzar la feria, quedaban sin arren-dar varios espacios de los que se destinaban a instalar picas, ■que afeaban y desairaban el espectáculo. Que entonces con-vino con los otros oficiales de la demandada en que él instalaría picas en dichos espacios, pondría al frente de ellas a su her-mano, a quien daría el 50 por ciento de los beneficios, y el otro ■50 por ciento quedaría para la corporación. Así se hizo en ■efecto, resultando un beneficio de $365, de los cuales entregó .a su hermano $182.50 y se reservó igual suma “Para entregar •a la corporación”; que no entregó nunca esos $182.50 porque no logró reunirse con sus asociados para hacerles la liqui-dación.

Resulta, pues, admitido por el propio demandante, que ■en su poder tenía $182.50 pertenecientes a la demandada, •cantidad que no puede estar incluida en ninguna de las dos partidas que figuran en el libro mayor, porque nunca llegó a hacer una liquidación. En esas circunstancias, la corte inferior debió deducir de los $2,208.46, los $182.50.

El quinto error se refiere a una partida de $800 que la •corte inferior no dedujo de los $2,208.46, importe de la sen-tencia. Se refiere la demandada a un pago por esa cantidad hecho a la casa San Miguel Hnos. en concepto de materiales ■de construcción. Con respecto a dicha partida, declaró Bernardo Cruz, Jr., qne como hemos dicho era el contador de la-demandada, qne esos $800 estaban inclnídos en la reclamación-de Cintrón, y qne él se los abonó en los libros, como qne los había gastado. Para demostrar qne ese pago no se hizo con dinero de Cintrón, la demandada ofreció la declaración de José Mnñoz, apoderado general en San Jnan de la casa San Miguel Hnos., quien dijo haber recibido en pago de esos $800 y por cuenta de la feria, $300 en efectivo y un cheque por $500 de Fernando Caso, tesorero a la sazón de la demandada.

La declaración de José Mnñoz no desvirtúa ni contradice la del contador Cruz. Caso pudo hacer personalmente el pago, y hasta en un cheque suyo, y sin embargo proceder el dinero de Cintrón, quien sostiene haberle hecho a la deman-dada diversos préstamos porque los fondos de que disponía ésta estaban agotados. La demandada no ha demostrado que esos $800 estuvieran indebidamente incluidos en la partida de $3,214.71 que aparece al folio 47 del libro mayor, y que repre-senta la cantidad admitida por la demandada como deuda a favor del demandante.

El sexto señalamiento se dirige contra la condena a pagar costas y honorarios. Del estudio que hemos hecho del récord de ambos casos no resulta que la corporación demandada haya sido temeraria en grado tal que justifique la imposición de costas y honorarios.

Se dice en el octavo señalamiento que la corte inferior erró al declarar con lugar la reclamación de Cintrón por concepto de préstamos, habiéndose demostrado por la prueba que la corporación no tenía poderes ni facultades para tomar dinero a préstamo.

Los poderes- o facultades de una corporación emanan de sus estatutos de incorporación, y esos poderes y esas facul-tades pueden ser expresos o implícitos. Son expresos los que específicamente constan de los estatutos de incorporación, e implícitos, no sólo los que son indispensables a la realización de los propósitos y fines para que fué creada, sino también los que son apropiados, convenientes y necesarios a esos fines, 1 Cook on Corporations, pág. 11, párr. 3.

No puede negarse que la facultad de tomar dinero a prés-tamo le es a la corporación demandada no sólo necesaria sino indispensable a su desenvolvimiento normal. Y si ello es así, debemos llegar a la conclusión ineludible de que esa facultad reside implícitamente en ella, por lo que no existe el error apuntado.

• [7] Examinemos abora el único error señalado contra la sentencia en el caso núm. 7351. Dice así:

“La Corte cometió error manifiesto en la apreciación de la prueba aportada por la corporación Insular Industrial & Agricultural Exposition Association, Inc., en la demanda sobre cobro de dinero contra Cintrón, declarándola sin lugar a pesar de que las pruebas de-mostraron cumplidamente las alegaciones de la demanda de la cor-poración y al no compensar parcialmente la cantidad reclamada por Cintrón en su demanda con la cantidad que debió baber sido recono-cida como deuda de Cintrón en el pleito seguídolef por la corpora-ción. ’ ’

Hemos leído detenidamente la transcripción, y si bien es cierto que la prueba es contradictoria, no encontramos que la corte sentenciadora cometiera manifiesto error de apreciación. No se alega que actuara movida por la pasión o el prejuicio, y si tal cosa se alegara, ello no se desprende del récord. Debe, por tanto, respetarse su dictamen. Marrero v. White Star Bus Line, Inc., 51 D.P.R. 41; Bonilla v. Mitchel, 51 D.P.R. 126.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la sentencia em el recurso wám. 7351, y modificarse la que fue dictada ■m el núm. 7352, deduciendo de su importe la cantidad de $182.50 y eliminando el prommciamiento de costas, desembolsos y hono-rarios de abogado, y así modificada confirmarse.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro

text:
    Juan Enrique Soltero y Rafael Soltero Peralta, demandantes y apelantes, v. Jaime A. Vélez Raíces, en su carácter de Secretario-Auditor del Municipio de Manatí, Puerto Rico, demandado; y Leslie A. MacLeod, Auditor de Puerto Rico, interventor y apelado.
    Núm. 7291.

    Sometido: Noviembre 17, 1937.

      Resuelto: Febrero 7, 1938.

      B. Soltero -Peralta, por su propio derecho y como abogado del otro apelante; Ron. Procurador General B. Fernández García y C. Andréu Bibas, Subprocurador, 'abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 27 de noviembre de 1933 la Asamblea Municipal de Manatí adoptó una ordenanza autorizando e instruyendo al alcalde para tomar los pasos necesarios a fin de reclamar el reintegro al tesoro municipal de cantidades ilegalmente des-embolsadas por funcionarios de la administración según se desprendía del informe del secretario-auditor. Las secciones 1 y 4 de dicha ordenanza, en lo pertinente, leen así:

“Sección 1. — Se autoriza por la presente al Alcalde para que se-leccione un abogado y nn contador público autorizado con experiencia en administración y finanza municipal a fin de que se' efectúe un estudio de las irregularidades contenidas en el informe del se'cretario-anditor municipal a que se hace referencia en esta ordenanza.”
“Sección 4. — El Alcalde contratará los servicios de ambos profe-sionales para realizar este servicio por un mínimum de $300.00 más el 20 por ciento del producto de la reclamación, debiéndose hacerse efectivo dichos honorarios en la forma siguiente: ...”

Autorizado de tal modo por la ordenanza, el alcalde con-trató los servicios de los demandantes contable uno y abogado otro, quienes iniciaron un pleito en la Corte de Distrito de San Juan que se falló en favor del municipio. Entonces se dirigieron al alcalde acompañando su cuenta por doscientos dólares. El alcalde trasmitió el asunto al secretario-auditor y éste contestó que babía partida provista y fondos suficientes para el pago y hubiera hecho el libramiento consiguiente a no ser por haber recibido una carta del Auditor de Puerto Rico en la que le daba instrucciones de no efectuar pago alguno en relación con dicho contrato hasta tanto interviniera en el mismo.

Se enteró a los demandantes quienes solicitaron entonces de la Corte de Distrito de Areeibo por medio de un procedi-miento de mandamus que ordenara al auditor municipal el pago de la deuda. En el procedimiento pidió permiso para intervenir el auditor insular y le fue concedido. El ocho de octubre de 1935 la corte dictó sentencia declarando sin lugar el mandamus, sin costas, sin perjuicio de que si en el término de quince días el auditor municipal no expidiere el libramiento necesario para el pago reclamado, pudieran los demandantes presentar una nueva solicitud.

Transcurrió el término sin que.el libramiento se hiciera y presentada la nueva solicitud se declaró con lugar ordenán-dose al auditor municipal la expedición del libramiento para el pago hubiera o no recibido la documentación del auditor insular.

No hubo pronunciamiento de costas y los demandados pre-sentaron una moción pidiendo a la corte que las impusiera al auditor insular modificando su sentencia en tal sentido. A ello se negó el juez de distrito y los demandantes interpusieron la presente apelación para sostener la cual señalan siete erro-res, .os seis primeros tendentes a preparar el fundamento del úRimo que presenta de lleno la única cuestión envuelta en el recurso, a saber, si debe o no debe el auditor insular inter-ventor pagar las costas del pleito.

Como base legal para la condenación de costas establecen los apelantes la que signe, fundándose en la ley en vigor y en la jurisprudencia de este propio tribunal:

“l.-La base legal para que las cortes ejerciten su discreción al imponer costas y honorarios de abogado a un litigante es el grado de culpabilidad de ese litigante (Art. 327 del Código de Enjuicia-miento Civil (ed. de 1933)).
“2. La culpabilidad de un litigante, a los efectos de imponerle las costas y honorarios de abogado, ha sido interpretada como ‘la teme-ridad’ del litigante. (Martínez, et al. v. Padilla, 19 D.P.R. 582; Otero & Núñez v. Sucrs. de M. Pérez, 46 D.P.R. 4; Rosa v. Díaz, 33 D.P.R. 198.)
“3. Cuando un litigante es temerario, constituye un abuso de dis-creción de la corte sentenciadora, no imponerle las costas y honorarios de abogado (Efret v. Quiñones, 40 D.P.R. 192; Arabía v. Lago, 41 D.P.R. 586; Ayende v. Crespo, 38 D.P.R. 141; Central Pasto Viejo, Inc. v. Aponte, 34 D.P.R. 90; Mundo v. Agosto, 27 D.P.R. 276).
“4. Una persona es ‘temeraria’ en un litigio cuando no existe algo que' justifique su acción o sus defensas (Martínez v. Padilla, 19 D.P.R. 582).”

Y como hechos determinantes de la temeridad del auditor insular interventor, exponen y resumen luego los que siguen:

“(a) En haber hecho recurrir innecesariamente a los peticiona-rios a dos procedimientos de mandamus;
(b) En haber remitido al auditor municipal la carta prohibién-dole que efectuara el pago a los peticionarios sin su previa apro-bación ;
“ (c) En haber intervenido en ambos recursos de mandamus en-torpeciendo los procedimientos, a pesar de reconocer la legalidad de dicha reclamación de los peticionarios;
(d) En haberse arrogado la representación del auditor municipal para colocar a éste, sin su consentimiento, y contra su verdadera posición en el caso, en oposición a la reclamación de los peticiona-rios ;
(&) En ignorar toda la jurisprudencia dictada por esta Corte ■Suprema no solamente en lo que respecta a la facultad de revisión que tiene el auditor en casos de esta índole, sino al derecho de inter-venir en las cortes como parte en procedimientos en que se reclama el cumphmiento de contratos contraídos por los municipios.
'' (/) Bn no baber devuelto al auditor municipal los comproban-tes de pago del crédito reclamado por los peticionarios (retenidos desde el 29 de agosto de 1935 y no devueltos aún en 13 de diciembre, pág. 17 de la transcripción) pretextando la revisión de unos docu-mentos que, según la propia expresión de la corte inferior, pudieron ser revisados en treinta minutos.”

Por supuesto que un interventor puede ser condenado en costas. . De una nota al párrafo 196 del tratado sobre “Cos-tas” que aparece en el tomo 15 de Corpus Juris, tomamos lo que sigue:

“Así pues, a un interventor pueden imponérsele las costas de la intervención: (1) cuando retira su alegación durante el juicio. Thief River Co-op. Store Co. v. Thief River Falls First Nat. Bank, 131 Minn. 193, 154 N. W. 953; Askey v. Williams, 74 Tex. 294, 11 S. W. 1101, 5 L.R.A. 176. (2) Cuando el procedimiento fué desestimado por falta de instancia por parte del interventor. McCormack v. Malone, 10 Ala. A. 623, 65 So. 711. Mas véase Guinn v. Iowa, etc., R. Co., 125 Iowa 301, 101 N. W. 94 (que resuelve que una persona que ha intervenido voluntariamente y luego desiste de su petición de intervención, no está dentro de la jurisdicción de la corte y no puede ser condenada al pago de las costas). (3) Cuando deja de demostrar que tiene un verdadero interés en el asunto objeto del li-tigio. Gifford v. Workman, 15 Iowa 34; State Bank v. Hurley Farmers El. Co., 33 N. D. 272, 156 N. W. 921. (4) Cuando se des-prende que la intervención no fué hecha de buena fe (Gifford v. Workman, supra), (5) o nó fué necesaria para la protección de los inte-reses del interventor. G. W. Jones Lumber Co. v. Wisarkana Lumber Co., 125 Ark. 65, 187 S. W. 1068; Barnard v. Bruce, 21 How Pr (N.Y.) 360; Cushing v. Houston, 53 Wash. 379, 102 P. 29.” 15 C. J. 101.

La jurisprudencia citada armoniza perfectamente con la nuestra. Aplicada a este caso no creemos que exija necesa-riamente la condena de costas que se pide.

No bay duda de que si los demandantes no cobraron a tiempo y de que si hubo necesidad de la segunda solicitud, se debió a la actitud asumida por el auditor insular al retener en su poder la documentación para-su examen, pero tampoco la hay de que el auditor no actuó de mala fe, ni con el propó-sito de impedir sin justificación el cumplimiento de un contrato debidamente celebrado y el pago de- la deuda contraída de acuerdo con el mismo.

La Ley Orgánica en su artículo 20 impone al auditor insular deberes que cumplir. También la ley municipal. Y aun-que sus facultades no son tan amplias como se creyó en un principio, subsisten después de depuradas por las cortes (Municipality of Río Piedras v. Serra, Garabis & Co., 65 F. (2d) 691, 693) en extensión tal que le permiten un examen de la documentación en casos de la naturaleza del presente.

De los autos no se desprende en qué consistió el pleito enco-mendado a la dirección técnica de los demandantes ni cuál fué su cuantía. Llama la atención la necesidad de un contable cuando existe la propia auditoría municipal y la auditoría insular con expertos suficientes para fijar el alcance de las irregularidades advertidas a que se refiere la ordenanza y a mayor abundamiento la oficina del fiscal general, y llama tam-bién la atención que para hacer efectivo el cobro de sumas garantizadas por fianzas no sólo se asigne para el pago de honorarios una cantidad mínima considerable si que además un veinte por ciento del producto de la reclamación.

La intervención del auditor insular lo es generalmente en pro de la buena marcha administrativa, del uso debido de los fondos públicos, del contribuyente, y, por tanto, de la comu-nidad. A veces nada logra remediar, pero el solo hecho de su intervención constituye una garantía para el buen gobierno de la isla.

■Siendo ése el ambiente de este caso, no nos sentimos justi-ficados para concluir que la corte de distrito que lo tuvo ante sí directamente abusara de su poder discrecional al dejar de condenar en costas, gastos y honorarios de abogado al auditor insular interventor. En tal virtud ■ debe declararse sim hogar el recurso y confirmarse la smtmcia •apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Roig Commercial Bank, demandante y apelante, v. Manuel Portela Cabezudo, Gustavo Quiñones y Ramón Quiñones, demandados y apelados.
    Núm. 7326.

    Sometido: Noviembre 30, 1937.

      Resuelto: Febrero 7, 1938.

      González Fagundo & González, Jr., abogados del apelante; C. Iriarte, F. Fernández Cuyar, Héctor González Blanes y Luis Lloréns Torres, abogados de los'apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

A una demanda sobre rescisión de enajenaciones fraudu-lentas radicada contra ellos por el Eoig Commercial Bank ante la Corte de Distrito de Humacao, Manuel Pórtela Cabe-zudo, Gustavo Quiñones y Eamón Quiñones interpusieron con éxito una excepción previa de falta de causa de acción y de prescripción. A instancias del demandante, la corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda.

Como antecedentes, el banco demandante alegó en la demanda que pagarés, que por las sumas de cuatrocientos y dos mil dólares habían sido otorgados por el demandado Pórtela y otro allá para 1929, habían vencido el 9 de enero fie 1930 y no fueron pagados a su vencimiento; aue el banco entabló demanda para recobrar estas cantidades, pero que no prosiguió el recurso debido a que en pago de los mismos el banco aceptó otro pagaré de las mismas partes fechado septiembre 15, 1931, por $2,400.09, a noventa días, pagaré que tampoco fué satisfecho a su vencimiento; que entonces el banco demandó a Pórtela, y el 3 de abril de 1933 obtuvo sentencia por dicha suma, con intereses al 12 por ciento a partir del 14 de diciembre de 1931.

La demanda continúa alegando que de conformidad con la referida sentencia el banco trató de embargar ciertos bienes que se suponían pertenecer a Pórtela, pero que se denegó la anotación de estos embargos debido a que dichos bienes, en julio y mayo de 1930, habían sido traspasados a Eamón Qui-ñones y Gustavo Quiñones, respectivamente. En los tres últi-mos párrafos de esta demanda se alega que estos traspasos fueron simulados, toda vez que el demandado continuó en po-■sesión y las personas a quienes se hicieron los traspasos eran insolventes al tiempo de las enajenaciones; que éstas fueron hechas con el fin de defraudar al acreedor, y que el deman-dado no tenía otros bienes contra los cuales pudiera ejecutarse la sentencia. En resumen, el Boig Commercial Bank solicita que se dejen sin efecto las enajenaciones por ser simuladas y, jjor ende, nulas y sin ningún valor ni efecto.

Al declarar con lugar las excepciones por ambos funda-mentos, la corte de distrito, con fecha 23 de octubre de 1935, .dijo, entre otras cosas, lo siguiente:

“La propia entidad demandante dice, en el he’cho cuarto de su •demanda, que las obligaciones que vencieron en el 1930 fueron pa-.gadas, estableciéndose al efecto en septiembre de 1931, una nueva obligación para veneer a 90 días plazo. En esas condiciones, y ha-biendo estado necesariamente fuera de toda consideración por la en-tidad demandante, al establecerse la nueva obligación de 1931, d ■dominio, por el demandado Pórtela, de ambas o de cualquiera de las dos fincas descritas en la demanda, las cuales según sus propias .alegaciones habían sido vendidas con anterioridad a dicha fecha, se impone la conclusión de que, cuando las mismas fueron enajenadas, no se realizó con ello fraude alguno contra el demandante, pues a la fecha de las referidas enajenaciones no se había establecido todavía la obligación que fué objeto de la acción entablada ante esta corte ■en 2 de julio de 1932. ...”

En síntesis, lo que la corte dice es que los traspasos se hicieron antes de haber surgido la nueva obligación de Pórtela y que en su consecuencia no pudo haber fraude. La corte 'Continúa diciendo que la demanda deja de aducir que el deman-dante no tuviera otro modo de obtener el pago de su deuda, alegación necesaria, según ella, “para que pueda prosperar una acción de esta clase, a juzgar por el texto del artículo 1243 •del Código Civil vigente (edición de 1930), así como por el artículo 1246 del mismo código, y las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos de Martínez v. Sucesores de Cosío y Primo, 38 D.P.R. 240; Congress Cigar Co., Inc., v. Gráu, 44 D.P.R. 649 y González v. Lopez Quiñones, 46 D.P.R. 843.”

Los artículos 1243 y 1246 ífel Código Civil proveen:

“Artículos 1243. — Son rescinclibles:
“3. — Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos mn> puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.
“Artículo 1246. — La acción de rescisión es subsidiaria; no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso-' legal para obtener la reparación del perjuicio.”

La obligación original de Pórtela en favor del banco surgióen 1929. Convenimos con el apelante en que cuando en la. demanda se alegó que la obligación babía sido pagada, mera-mente quiso decir que el pagaré posterior babía sido aceptadoen sustitución de los anteriores. Desde 1929 existía una ver-dadera deuda, que nunca fué pagada. Los pagarés dados pri-meramente evidenciaban la obligación, y el otorgado más tarde-no podía considerarse como un pago, sino meramente como* una continuación de la deuda. De igual modo, cuando el se-gundo pagaré no fué pagado, el demandante estaba en libertad.' de demandar nuevamente sobre la deuda u obligación origi-nales, o sobre el pagaré dado en su sustitución.

Igualmente somos del criterio de que estas enajenaciones, hechas con tanta proximidad a la supuesta obligaciónnueva, fueron celebradas en fraude de acreedores, aun en lo que respecta al nuevo pagaré, toda vez que Pórtela al tiempo» de efectuar las enajenaciones adeudaba dinero al banco. El5 objeto (subject) del pagaré podía retrotraerse a esa fecha.

Convenimos, desde luego, en que si se hacen enajenaciones tona fide en época en que una persona es absolutamente solvente, su insolvencia posterior de ordinario no podría hacer que sus enajenaciones anteriores puedan ser atacadascorno fraudulentas. Un pleito para que se deje sin efecto una enajenación por fraudulenta claramente o de ordinario no cae dentro de los artículos 1243 y 1246, supra. Tampoco hallamos que los casos citados tengan peso alguno en la resolución da! recurso que tenemos a la vista. Conforme leemos la opiniónde la corte inferior, vemos que ella no descansó en uno de los-fundamentos que ahora aducen los apelados, o sea, que la demanda no alegó que Pórtela fuera insolvente al tiempo de efectuarse los traspasos. Bajo estas circunstancias, y de resolver este Tribunal que la acción no ha prescrito, creemos que al demandante dehe dársele la oportunidad de enmendar su demanda, si puede, para'que incluya esa alegación.

Según hemos dicho, la corte inferior también sostuvo la excepción previa basada en prescripción. La corte de distrito se basa exclusivamente en el artículo 1251 del Código Civil (edición de 1930), que lee así:

“La acción para pedir la rescisión dura cuatro años.
“Para las personas sujetas a tutela y para las ausentes, los cuatro años no empezarán hasta que haya cesado la incapacidad de los primeros, o sea conocido el domicilio de los segundos.”

Hemos considerado la demanda y aunque nominalmente se titula como de “rescisión” de contrato, llegamos a la con-clusión de que debe ser considerada como una que primordial-mente trata de dejar sin efecto o deshacer una transacción celebrada ficticiamente por el deudor del demandante y otros, con la intención fraudulenta de impedir que el demandante recobre lo que se le debe. La corte inferior, no sin justifi-cación alguna, aplicaba lo que ella consideró ser el único esta-tuto bajo el cual podía instruirse el pleito, mas creemos que su decisión a este respecto debe ser revocada. Las cortes existen primordialmente con el fin de hallar un remedio para un daño legal. Esto es especialmente cierto en casos de fraude, cuando las simpatías del juzgador deben estar con la persona defraudada, de suerte que no debe privársele de su derecho por algún motivo realmente técnico, como por ejemplo, el intitular su demanda indebidamente, cuando aparece que ella aduce suficientes hechos de los cuales se puede establecer una causa de acción definitiva a su favor.

En este caso el demandante alegó que las ventas efectuadas por el deudor a Gustavo y Ramón Quiñones fueron simuladas y ficticias y que éstos eran insolventes para aquella época. Igualmente alegó que el demandando continuó en posesión de las fincas. La súplica de la demanda lee así:

“For lo que suplica de la corte se sirva dictar sentencia declarando nulas y sin ningún valor ni efecto por ser simuladas, la venta de la finca urbana a favor de Ramón Quiñones Rieder' y la venta de la finca rústica a favor de Gustavo Quiñones Rieder, condenando a los demandados al pago de las costas.”

Por tanto, en nuestra opinión, la demanda contenía hechos suficientes para determinar que el demandante trataba de de-jar sin efecto o que se declarara inexistente una transacción simulada. La situación no cae claramente ni bajo los artículos 1248, et »aq., que tratan de rescisión, ni bajo el artículo 1253 del Código Civil, que se refiere a las acciones de nulidad.

Hemos hallado sostén para el concepto que del caso hemos formado en los comentaristas al Código Civil español y en la jurisprudencia escrita a la luz de la Ley Civil de Louisiana.

Martínez Ruiz, en sus Comentarios al Código Civil espa-ñol, según' éste es interpretado por el Tribunal Supremo de España (edición de 1907), da énfasis al hecho de que cuando para defraudar a los acreedores se simula una venta, el reme-dio adecuado no es una acción rescisoria, sino una de nulidad, toda vez que las partes jamás han celebrado un contrato válido. (Véase el tomo 8, opus cit. a'la página 604.)

Al discutir la acción de nulidad, el comentarista llegó a la conclusión de que cuando el contrato en realidad es inexis-tente, el período prescriptivo nunca transcurre, a exclusión del término necesario para adquirir los derechos de propiedad. (Véase el tomo 8, supra, páginas 670, 671.)

De igual modo, Manresa, en el tomo 8 de sus Comentarios al Código Civil (cuarta edición, 1929) a la página 697, discute la distinción existente entre contratos nulos e inexistentes. Incluye los contratos “simulados” entre los que deben consi-derarse como inexistentes y para cuya nulidad o declaración judicial de inexistencia no transcurre el período prescriptivo.

Bn el caso de Hibernia Bank and Trust Co. v. Louisiana Avenue Realty Co., 143 La. 962, 79 So. 554, 556, la Corte Suprema de Louisiana dijo:

‘ ‘ Si consideramos abora las excepciones en tanto en cnanto afectan la segunda causa de acción del demandante, o sea que las supuestas ventas y transferencias son meras falsedades y simulaciones, es evi-dente que dichas excepciones son insostenibles bajo nuestro derecho. Un contrato simulado es uno que, aunque concreto en su forma, no tiene en realidad existencia y es tan sólo un mito. Puede en cual-quier momento, y a instancias de una parte interesada, ser declarado falso, y puede ser aun pasado por alto por los acreedores del pre-sunto vendedor.”

En el caso de Louisiana, del cual hemos citado más arriba, hubo una excepción previa de prescripción bajo el estatuto. Conforme puede inferirse, la corte la declaró sin lugar, ya que resolvió que un contrato simulado podía ser declarado nulo en cualquier momento y a instancias de cualquier parte interesada. En armonía con toda la discusión anterior y en-focando la cuestión como una de procedimiento no regulada claramente por la ley ni determinada por los precedentes ju-diciales, y en cuya decisión debemos estar guiados entera-mente por consideraciones de equidad, no vemos razón alguna para sostener la resolución de la corte inferior sobre la cues-tión de prescripción.

Debe dejarse sm efecto la sentencia de la corte de distrito que declaró sin lugar la demmrbda y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Reyes y Pagán, Sociedad Mercantil, peticionaria, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada. Felipe Torres, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada. Ramón Pérez, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. R. Arjona Siaca, Juez, demandada.
    Núms. 1126, 1127, 1128.

    Sometidos: Enero 31, 1938.

      Resueltos: Febrero 7, 1938.

      B. A. Arroyo Bíos, abogado de los peticionarlos; B. S. Vidal, abogado de la demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Humacao se radicó el pleito civil núm. 46 por Cruz Pérez & Cía., S. en C., v. Félix Pérez, en cobro de dinero. Ordenado el aseguramiento de la senten-cia, el márshal procedió al embargo de dos casas y de cuatro vacas como propiedad del demandado.

Alegando ser los verdaderos dueños de las dos casas, de tres vacas, y de una vaca, respectivamente, cada nno de los aquí peticionarios radicó ante la Corte inferior nna moción .solicitando permiso para intervenir en dicho pleito civil núm. 46, acompañada de la correspondiente demanda de interven-ción, en la qne se pedía la anulación del embargo y nna decla-ración de qne la propiedad era de la exclusiva pertenencia del interventor, con imposición de costas en caso de qne se hiciera ■oposición. Oídas las partes en pro y en contra de las mocio-nes de intervención, la corte inferior las declaró sin lngar por las razones expuestas en la resolución qne copiamos a conti-nuación :

“Refiriéndose el derecho invocado por Ramón Pérez únicamente al título de propiedad que él alega tener sobre ciertos bienes embar-gados por la demandante como de la propiedad del demandado y existiendo un claro y adecuado remedio para dicha situación en la legislación vigente, cual es el procedimiento de Tercería sobre Bienes Muebles; y resultando claramente de ello que dicho interés en nada se relaciona con ‘el asunto en litigio’ (the matter in litigation), único caso en que se autoriza la intervención en los autos de un caso por el ■artículo 72 del vigente Código de Enjuiciamiento Civil, que establece y regula el procedimiento, se declara sin lugar la petición de interven-ción radicada en los autos de este caso por el referido Ramón Pérez, imponiéndose al mismo las costas en el incidente, en las euale's se incluye una suma de $25.00 que se estima razonable para los honora-rios de abogado de la parte demandante con motivo de dicha solici-tud de intervención. ’ ’

Para que este Tribunal Supremo revise y corrija los ale-gados errores de procedimiento que se imputan al tribunal inferior, los interesados radicaron sendas peticiones de cer-tiorari, las que consideraremos y resolveremos en una sola -opinión por envolver todas ellas la misma cuestión legal.

Sostienen los peticionarios que la corte inferior se excedió en sus atribuciones al dictar las resoluciones recurridas; que éstas son nulas y carecen de efecto legal por no tener dicha norte autoridad ni jurisdicción para dictarlas, por cuanto por virtud de dichas resoluciones se le negó a los peticionarios el derecho que tienen, de acuerdo con el artículo 72 del Código' de Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia de esta Corte' Suprema, a intervenir para reclamar como suyas propiedades embargadas como pertenecientes al demandado en el pleito principal; y que procede la expedición del auto de oertiorari por carecer los peticionarios de un remedio rápido, adecuado' y eficaz para la protección de sus derechos.

Expedidos mandamientos de certiorari en cada caso, com-pareció en cada uno de ellos la demandante en el pleito principal, Cruz Pérez & Cía., S. en C., alegando en oposición a los recursos de oertiorari-.

“1. Que la Corte de Distrito tuvo jurisdicción para dictar las re-soluciones denegando la intervención.
“2. Que dichas resoluciones son válidas y legales.
“3. Que no procede el recurso de intervención en ninguno de estos tres casos específicos.
“4. Que no procede el recurso de certiorari para la revisión de tales resoluciones adversas.”

Convenimos con la parte opositora en que la cuestión envuelta no es jurisdiccional. La corte de distrito tenía jurisdicción para autorizar o denegar la intervención. La. cuestión a resolver es si al denegar la intervención por las razones expuestas en la resolución arriba transcrita la corteinferior cometió un error de procedimiento corregible por medio del recurso de oertiorari, o si actuó correctamente deacuerdo con la ley y la jurisprudencia.

El artículo 72 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) lee así:

“Artículo 72. — Cualquiera persona antes de la celebración del juicio podrá intervenir en una acción o procedimiento, si tuviere in-terés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes,, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un tercero se le permita ser parte en la acción o procedi-miento seguido entre otras personas, ya asociándose al demandante-para reclamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al demandado para oponerse a las pretensiones del demandante, o pi-diendo algo en sentido adverso a las reclamaciones de demandante y demandado, enya intervención s<J efectúa por medio de demanda ex-poniendo en ello los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y notificada a las partes que no hubieren comparecido y a los abogados de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una excepción a ella, como si fuese una demanda ordinaria.”

Interpretando el citado artículo 72, esta Corte Suprema lia sentado como regla a seguir en esta jurisdicción la de que el remedio de intervención existente en el derecho civil e in-corporado a nuestro derecho procesal al adoptarse las dispo-siciones del Código de California sobre- la materia, puede ser utilizado por el que reclame como suya una propiedad embar-gada como perteneciente a otra persona o por el que reclame cualquier gravamen o derecho sobre la propiedad embargada; y que el hecho de que el interventor pueda hacer uso del reme-dio de tercería no es óbice para el ejercicio de su derecho de intervención. Véanse: Mari v. Mari y Royal Bank of canada, 26 D.P.R. 665, 670; T. Rodríguez & Hnos. v. Corte, 40 D.P.R. 875; Casanova v. Carballeira, Juez, 41 D.P.R. 850; Murray v. Tabacaleros de Buyamón, Inc., 43 D.P.R. 210; Benítez v. Tabacaleros, etc., y Fed. Int. Credit Bank of Baltimore, 50 D.P.R. 791; 20 R. C. L. 688, see. 27 y la nota en 123 A. S. R. 295 y 309.

En las resoluciones recurridas se sostiene erróneamente que el artículo 72, supra, autoriza la intervención únicamente en aquellos casos en que el interés del interventor está rela-cionado con el “asunto en litigio” {the matter im, litigation). La simple lectura de dicho artículo revela que cualquiera persona podrá intervenir en un litigio pendiente entre otras dos o más, en los casos siguientes: (a) si tuviere algún in-terés en el asunto en litigio; (b) si tuviere interés en el éxito de cualquiera de las partes; y (3) si tuviere algún derecho en contra de ambas partes litigantes.

Los peticionarios, a no ser por el embargo trabado sobre íos bienes que ellos reclaman como de su exclusiva propiedad, no tendrían interés alguno en el asunto en litigio o sea en la reclamación que Cruz Pérez <&.Cía., S. en C., ha formulado contra Félix Pérez para el cobro de una suma de dinero. Pero al quedar afectados al pago de esa reclamación, mediante embargo, los bienes que los peticionarios alegan pertenecerles, esos bienes han entrado a formar parte integrante del asunto en litigio, toda vez que corren el riesgo de ser vendidos en pública subasta para satisfacer el importe de la sentencia que pueda dictarse en el pleito principal. Y los peticionarios, como alegados dueños de los bienes embargados, tienen inte-reses y derechos contrarios a los de ambas partes litigantes; en contra del demandante, para impedir que éste haga efectivo su crédito mediante la venta de bienes que no son de su deudor y sí de los peticionarios; y en contra del demandado, para impedir que éste permita que se satisfaga su deuda con bienes que no son de su pertenencia. La fijación de los derechos de cada una de las partes interesadas puede hacerse sin dificultad alguna dentro del pleito principal, con tanta o mayor facilidad y rapidez que en un procedimiento de tercería, en el que ten-drían que intervenir necesariamente las mismas partes con-tendientes.

El error cometido por la corte inferior siendo uno de pro-cedimiento puede ser corregido mediante recurso de certiorari.

Por las razones expuestas, se emulan y dejan sin valor y efecto legal alguno las tres resoluciones dictadas •por la Corte de Distrito de Humaoao -en 4 de enero de 1938, y se devuelve el caso a dicha Corte para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.