text:
    Roger, Peticionario, v. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Guayama, en pleito sobre desa-hucio.
    No. 290.
    Resuelto en junio 3, 1920.
    Desahucio — Arrendamiento—Cánon de Arrendamiento — Jurisdicción de la Corte Municipal. — Un arrendatario que continúa en posesión de la propie-dad arrendada después de vencido el contrato no puede alegar que su pose- . sión es precaria, y si el cánon anual es de mil dólares o menos, una corte municipal tiene jurisdicción para conocer del pleito. De otro modo las cortes municipales quedarían privadas de ejercitar su jurisdicción a voluntad de un arrendatario. .
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. G. Domínguez Rubio y F. Navarro.

    Abogados del demandado y del interventor: Sres. M. M. Morales y B. Sánchez.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la primera consideración que hicimos de la solicitud de certiorari presentada en este caso estábamos bajo la im-presión de que con excepción de los particulares que se ale-gan en el párrafo cuarto de dicha petición, todas las demás alegaciones no eran cuestiones de procedimiento ni de juris-dicción 'y nuestro criterio sobre este punto no lia variado después de examinar los autos remitidos por la corte inferior.

La duda que sustentábamos era si este pleito de desahu-cio era o no de naturaleza precaria. Si lo era, entonces el demandante no tenía derecho a establecer su acción en una corte municipal. De la demanda radicada en la corte municipal, que es lo único que tenemos derecho a considerar, apa-rece que los demandantes reconocieron y ratificaron un con-trato de arrendamiento hecho por otra persona a nombre de dichos demandantes, por término de seis meses y canon de $38 mensuales pero se negaron a prestar su consentimiento para que fuera prorrogado. Ahora bien, aunque podría pre-sentarse la cuestión de si fné concedida o no una prórroga, o si hubo o no hubo tácita reconducción, en la demanda se alega el hecho de que los demandantes trataban de dar tér-mino a un arrendamiento, notificándose a los demandados que dejaran libre y expedita la finca. El demandado basaba su derecho en su carácter de arrendatario y en el pago de una renta estipulada, y como segunda causa ele acción alegaba el demandante no haberse pagado la renta. Cuando un arren-datario continua en la finca arrendada después de vencido el término, tal posesión generalmente no es de naturaleza pre-caria. De otro modo tocia tentativa para recobrar la pose-sión al vencimiento de un arrendamiento podría a elección del arrendatario convertirse en precaria y anular así la ju-risdicción de la corte municipal."

El auto debe ser anulado.

Anulado el auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Alclrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

license: Public Domain

text:
    Nicot, Demandante y Apelado, v. Valdecilla et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de' Ponce en pleito sobre cumplimiento de convenio de deslinde y pago de daños y perjuicios.
    No. 2146.
    Resuelto en junio 3, 1920.
    Jurisdicción — Deslinde.—En una aeeión que se entabla para que el demandado sea compelido a cumplir un convenio por el cual las partes, transando dife-rencias, quedaron comprometidas a fijar por determinados puntos la línea divisoria de dos fincas de su propiedad colindantes entre si y a entregar el demandado al demandante como consecuencia de la transacción cuatro cuer-das de terreno de las ocho que según alegación de éste, el demandado estaba detentando sin título, la cuantía envuelta a los efectos de la jurisdicción de la corte no deberá computarse p>or el importe de las cuatro cuerdas de te-rreno, sino por el valor de las fincas a deslindar que es en este caso el ver-dadero y principal objeto del pleito.
    Id. — Partes Necesarias. — En un pleito sobre cumplimiento de contrato son par-tes necesarias todas las partes en el contrato.

      Id. — Acumulación de Acciones. — Los gastos efectuados para verificar un con-trato pueden ser reclamados por la persona que demanda su cumplimiento y aquella acción puede acumularse a ésta por ser una consecuencia de ella.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. J. Tons Soto.

    Ahogado del apelado: Sr. R. Martines Nadal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Ponee se presentó la siguiente demanda:

“1. Que el demandante y demandados son mayores de edad, ve-cinos de Ponce y tienen capacidad legal para demandar y ser de-mandados. — 2. Que el demandante Rafael Nicot es dueño en pleno dominio de una finca rústica radicada en el barrio de ‘Portugués,’ sitio de- la Pandura, de 86 cuerdas de cabida, la cual colinda con una finca rústica propiedad del demandado Ramón Yaldecilla, que se describe así: Porción de terreno sin nombre, radicada en el tér-mino municipal de esta ciudad, barrio de ‘Río Chiquito,’ antes, hoy ‘Portugués,’ con cabida de 150 cuerdas más o menos, con casa de ma-dera, cubierta de tejamaní. — Linda por el Este con el camino de Montes Llanos, desde un tártago que se halla al pié de un tocón de capá, desde este punto por el Norte, colindando con Felicita Tourell antes, después Salomé Santiago Díaz, luego de su sucesión y hoy de Rafael Nicot y Tourell, hasta un árbol de Jagüey a orillas del río y siguiendo .río abajo por el Este con el expresado río, hasta un palo de Guaraguao y partiendo de este punto, por el Sud con Elena Mojica y Cornelio Delgado, hasta volver al tártago donde se prin-cipió. — 3. Que don Ramón Yaldecilla y Górdova ha arrendado la finca antes descrita, con promesa de venta, al otro demandado Eduardo Rivera y León. — 4. Que con motivo de ciertas diferencias surgidas ’con respecto a las colindancias de la finca del demandante con la finca del demandado Ramón Yaldecilla, que está arrendada con pro-mesa de venta al otro demandado Eduardo Rivera León, el deman-dante y los demandados celebraron un convenio de deslinde, allá para el mes de marzo de 1915, con el fin de transar la diferencia de ocho cuerdas de terreno que está poseyendo el señor Yaldecilla y que pertenecen al predio de 86 cuerdas del Sr. Nicot descrito en el hecho segundo de la demanda, acordándose que para solucionar esta diferencia, el Sr. Nicot cedería al señor Valdecilla un area de cuatro cuerdas de las que está detentando indebidamente al Sr. Valdeeilla, y que éste a su vez entregaría al Sr. Nicot las otras cuatro cuerdas de las ocho detentadas por aquél, verificándose el con-venio de acuerdo con el plano levantado por el agrimensor don Pedro Clauselle en marzo de 1914 que acompaña a esta demanda y debiéndose efectuar la segregación en la forma siguiente: establecer la colindancia con una línea recta que partiendo del punto indicado capá blanco en el plano y terminando en la margen derecha del río Chiquito, fórmase un triángulo de cuatro cuerdas de superficie, con la línea actual de colindancia descrita en el plano, así R-251 °% D. 800 m. — 5. Que de acuerdo con este convenio, ambas partes nom-braron, el señor Nicot al ingeniero don Jacobo Tur y los demanda-dos al ingeniero señor Salich para que practicaran la segregación de acuerdo con este convenio ya dicho. — Que los ingenieros citados se trasladaron al sitio donde residen las fincas e hicieron las opera-ciones técnicas necesarias para trazar la línea de la nueva colin-dancia-, según convenio, y que después de trazada dicha línea, el demandado R. Rivera por sí y en nombre del Sr. Valdeeilla, no quiso aceptar la línea trazada y se negó sin motivo alguno a cumplir lo convenido verbalmente entre demandante y demandados, habiendo continuado negándose a cumplirlo, hasta la fecha de esta demanda, no obstante los requerimientos del demandante señor Nicot. — 6. Qne el demandante Sr. Nicot ha hecho gastos como el pago de ingeniero señor Tur y otros gastos más para los trabajos que ocasionó la tran-sacción, por valor de cien dólares. — Por tanto a la honorable corte suplicamos que en su día declare con lugar esta demanda y dicte una sentencia ord'enando al demandado a verificar el deslinde de ambas propiedades de acuerdo con el convenio consignado en el hecho cuarto de esta demanda, imponiéndole el pago de honorarios a los agrimensores y gastos que pueda ocasionar la. mensura^ más los gastos, costas y desembolsos de este litigio y honorarios de abogado.”

Esa demanda fue exeepcionada por los demandados pero desestimada la excepción previa, los demandados contestaron negando los hechos alegados en la demanda.

Celebrado el juicio recayó sentencia favorable a las peti-ciones del demandante y contra ella interpusieron los deman-dados este recurso de apelación en el que solo aportaron de la prueba ante la corte inferior lo siguiente-:

"Según aparece de la prueba del demandante, no controvertida, el valor de los terrenos de ambas fincas objeto del deslinde fluctúa entre treinta y'cuarenta dollars por cuerda y la cabida que tienen respectivamente las fincas del demandante y demandados es de 86 y 150 cuerdas.”

El primer motivo alegado por los apelantes para que re-voquemos la sentencia recurrida es que la corte inferior co-metió error al declararse con jurisdicción por razón de la cuantía para dictar sentencia en este caso.

Para decidir la cuestión propuesta es de importancia en este asunto determinar la clase de acción que se ejercita en la demanda pues mientras la corte inferior y el apelado sos-tienen que por ella se trata de exigir el cumplimiento de un convenio que tiene por objeto el deslinde de dos fincas cada una de las cuales tiene un valor superior a quinientos dólares y que por tanto la corte sentenciadora tenía jurisdicción en' el asunto por razón de la cuantía, en contrario alega la parte apelante que no hay ninguna cuestión de límites sometida al tribunal sino la de entrega de cuatro cuerdas de terreno con valor de $160, cantidad que unida a los $100 que se redaman por ciertos gastos no alcanza a los $500 que dan jurisdicción a la corte de distrito para conocer de este pleito.

Según la demanda se alega un convenio para fijar la línea divisoria de ambas fincas de acuerdo y la negativa de los demandados a cumplirlo, por lo que no podemos declarar, como pretende el apelante, que el pleito versa sobre entrega de cuatro cuerdas de terreno sino que tiene por objeto (pie de acuerdo con el convenio se trace la línea que ha de ser la colindancia de ambas fincas, por cuya razón el valor de las cuatro cuerdas de terreno no es el que ha de regular la cuantía del pleito, por no ser esa la materia litigiosa, sino la fijación de la línea colindante de acuerdo con el convenio y por tanto la corte inferior no cometió el error que se lo atribuye.

El segundo error alegado es porque fue desestimada la excepción previa de indebida acumulación de partes deman-dadas por no serlo Rivera toda vez que no se alega que tenga derecho real alguno en la finca de Valdecilla.

Si bien en la demanda no se alega derecho real alguno del demandado Rivera en la finca de Valdecilla, sin embargo como dice que “los demandados” o sea Rivera y Valdecilla , celebraron con el demandante el convenio cuyo cumplimiento se pide, no puede sostenerse que no sea parte en el pleito que exige el cumplimiento de la obligación y que exista in-debida acumulación de demandados.

Fúndase el tercer motivo de error en no haber declarado la corte inferior que la demanda es ambigua por no descri-birse la finca del demandante. Como con la demanda se acompañó un plano j como según el convenio alegado la línea que debe trazarse de acuerdo con éste será una recta entre dos puntos de la finca del demandado Valdecilla' bastaba con la descripción de su finca y no era ambigua la demanda por no describir la finca del demandante.

Sostienen los apelantes en el cuarto motivo de su recurso que debió ser declarada con lugar la excepción de falta de causa de acción en cuanto a la reclamación de cien dólares invertidos en la mensura por no alegarse que su pago hu-biera sido convenido ni de dónde dimana la obligación de pagarlos.

De la demanda resulta que por virtud del convenio sobre deslinde el demandante nombró un ingeniero que con el del demandado trazó la línea estipulada en el contrato y que los demandados no han querido reconocer dicha línea, ^resultando inútil el trabajo de los ingenieros por faltar los demandados a lo convenido, surgiendo de estos hechos el derecho del demandante a ser indemnizado por el gasto que hizo.

El último error que se alega es por haber desestimado la corte inferior la excepción de haberse acumulado indebida-mente las acciones de cumplimiento de contrato y de indem-nización o pago de los cien dólares importe del trabajo del agrimensor.

Es cierto que en la demanda se alegan dos causas de ac-ción, la de cumplimiento de contrato y- la de indemnización por haber dejado de cumplirlo los demandados, pero estas acciones pueden acumularse porque la segunda es la conse-cuencia legal del incumplimiento de contrato alegado en la primera.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y HutcMson.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ.

text:
    Allende, Recurrente, v. Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registra-dor de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, de-negatoria de la inscripción de una escritura de hipoteca.
    No. 461.
    Resuelto en junio 3, 1920.
    Bienes Gananciales — Hipoteca—Liquidación de la Sociedad Conyugal — Ex-tensión dj¡l Derecho Hipotecario. — Inscrita una finca como bien ganancial en el registro y luego a. favor del viudo y de los Rijos del matrimonio a vir-tud de la muerte do la esposa, es inscribible la hipoteca otorgada por el viudo sobre su mitad de gananciales, pero verificándose la inscripción sujeta a las resultas de la liquidación de la dicha sociedad de gananciales.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Pedro González.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Allende constituyó hipoteca sobre la mitad pro-in-divisa de cierta finca urbana situada en Santurce, P. R. Pre-sentada para su inscripción en’el registro la escritura, el re-gistrador se negó a ello porque la indicada finca aparecía inscrita a favor de Allende y sus hijos pro-indivisa y sin determinación de partes.

Del registro consta que la finca en cuestión fué adquirida por Allende siendo casado y que muerta la esposa fueron declarados herederos sus hijos habidos en su matrimonio con Allende y el propio Allende en la porción en usufructo que fija la ley. Obtenida la declaratoria de herederos, el viudo pidió la inscripción de la finca en el registro, en la siguiente .forma: Una mitad pro-indivisa a su favor y la otra mitad a favor suyo, en usufructo, y de sus hijos, en propiedad, por partes iguales pro-indivisas. El registrador se limitó a ins-cribir la propiedad pro-indivisa a favor de Allende y de sus hijos sin especificar la extensión de sus condominios. Y así las cosas, Allende otorgó la escritura de hipoteca de que se trata en la forma en que se ha dicho.

Cita el registrador en apoyo de su negativa, el artículo 20 de la Ley Hipotecaria y la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en los casos de Ríos v. El Registrador de Arecibo, 19 D. P. R. 742; Paulo v. El Registrador de Guayama, 23 D. P. R. 318, y Rossy v. El Registrador de San Juan, 23 D. P. R. 553.

El artículo 20 de la Ley Hipotecaria prescribe que de-berá constar previamente inscrito o anotado el derecho de-la persona que otorgue o en cuyo nombre se hag'a la tras-misión o gravamen, para poder inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, y la jurisprudencia in-vocada establece:

En el caso de Ríos, supra, que “la liquidación de la so-ciedad conyugal no es requisito indispensable para inscribir pro-indiviso a favor del cónyuge sobreviviente y de los hijos una finca de la sociedad conyugal inscrita previamente a nombre del cónyuge difunto, bastando para este fin la pre-sentación en el registro del testamento y la certificación de defunción del testador o de la declaratoria de herederos. ’ ’ Y que “la escritura de inventario, división y. adjudicación de bienes es indispensable para inscribir a nombre del cónyuge sobreviviente y de los hijos una finca inscrita a1 nombre del difunto, cuando lo que pretenden los herederos es inscribir participación determinada de dichos bienes en favor de cada uno de ellos, y no la finca pro-indivisa.”

En el caso de Paulo, supra, que “cuando los herederos solo tienen inscrito en el registro su título de herencia in-testada en común y pro-indiviso con el cónyuge viudo en relación a determinada finca del haber hereditario, solamente pueden enajenar ese derecho indefinido e indeterminado se-gún aparece del registro, pero no un condominio igual a la mitad del valor de dicha finca, el que, no estando inscrito a favor del vendedor, tampoco puede inscribirse a favor del comprador por impedirlo el artículo 20 de la Ley Hipote-caria. ’ ’

Y en el caso de Eossy, supra, que “por la muerte de uno de los cónyuges nace en el viudo, en relación con la disolu-ción del matrimonio, el derecho a la plena propiedad de la mitad de los bienes que una vez liquidada la sociedad con-yugal resulten ser ganancias pero por el solo hecho de la muerte del cónyuge no llega a ser dueño el viudo de una mitad de la propiedad, ni puede disponer como suya de tal mitad, o de menos de ella, aunque puede ceder sus derechos en la misma.”

Si el artículo 20 de la Ley Hipotecaria impide o no la ins-cripción de la hipoteca en este caso concreto, depende del alcance’que se dé a la inscripción de la finca, propiedad ga-nancial del matrimonio Allende, a favor de Allende y de sus hijos, una vez muerta la esposa. En cuanto a la jurispru-dencia establecida, basta examinarla ligeramente para con-cluir que encuentra apoyo en ella el criterio sustentado por el registrador.

Ahora bien, con posterioridad a los casos de Ríos, Paulo y Rossy invocados, ésta Corte Suprema decidió los casos de Capó v. Fernández, 27 D. P. R. 715, y Santini et al. v. Díaz San Miguel et al., 27 D. P. R. 816, en los que, si bien reco-noció a la partición de la herencia y a la liquidación de la sociedad de gananciales su función verdadera, reconoció tam-bién efectividad inmediata al derecho hereditario y a la diso-lución de lá sociedad, adoptando así un temperamento liberal que a la vez que garantiza todos los derechos envueltos permite reclamaciones y transacciones difíciles o imposibles de otro modo. Ese temperamento nos lleva necesariamente a modificar también nuestra jurisprudencia sobre la materia en relación con los registros de la propiedad.

ía en el caso de Dávila v. El Registrador de Caguas, decidido el 25 de marzo último, (pág. 197) y en el que Jesús María Maldonado una vez que obtuvo que se le declarara he-redero en unión de catorce hermanos más de su padre Nemesio Dávila, pidió que en cierta finca, que estaba inscrita a favor de su padre como bien genancial, se hiciera constar su de-recho hereditario en cuanto a una treinta ava parte indivisa de la misma, y en el que el registrador se limitó a inscribir el derecho hereditario indiviso sin especificar su extensión, esta corte, por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, dijo:

“De acuerdo con lo que resolvimos en el caso de Capó. v. Fernández, 27 D. P. R. 715, al recurrente corresponde una treinta ava parte de la finca comprada por la sociedad de gananciales de que formó parte su padre, porque desde el mismo momento de su muerte sus derechos se trasmitieron a sus herederos, aunque no aparezca liquidada la sociedad de gananciales y aunque la herencia no haya sido partida, porque no existiendo testamento la ley fija en partes iguales la extensión del derecho de cada heredero.”

La circunstancia de que cuando Allende solicitó la anterior inscripción de una mitad indivisa de la finca ganan-cial a su favor y la de la otra mitad a favor de los here-deros, el registrador se limitara a inscribir la finca proin-divisa y Allende no recurriera, no es obstáculo, a nuestro juicio, para que Allende otorgara la escritura de hipoteca en la forma en que lo hizo y para que dicha escritura pueda inscribirse en el registro, porque si bien no hizo constar el registrador la extensión del derecho que amada uno corres-pondía, como debió haberlo hecho para mayor claridad, y como sin duda hubiera ordenado que lo hiciera esta corte en el caso de que Allende hubiera pedido el auxilio de la misma en su oportunidad, esa extensión no puede ser otra que la fijada en la ley. Interpretada la inscripción a que nos re-ferimos a la luz de la única ley aplicable al caso, tiene nece-sariamente que concluirse que la mitad correspondía al cón-yuge viudo y la otra mitad a los herederos, todo, desde luego, indiviso y sujeto a las resultas de la liquidación de la so-ciedad de gananciales y de la partición de la herencia.

Además, ya esta Corte Suprema, en el caso de Recerra v. El Registrador de Guayama, lijó su criterio de una ma-nera clara sobre el particular. La opinión fue emitida por el Juez Asociado Sr. Hutchison y dice así:

“El cónyuge superviviente, Diego Becerra, como dueño de. una mitad proindivisa de ciertas fincas rústicas adquiridas durante su matrimonio constituyó hipoteca sobre su participación en dichas fincas.
El registrador se negó a verificar la inscripción de este docu-mento por el fundamento de que dicha participación indivisa no había sido inscrito debidamente a- nombre del deudor hipotecario después de la liquidación de la sociedad de gananciales.
La finca en cuestión ya había sido inscrita a nombre de Becerra como bienes de la sociedad de gananciales. Los hijos habían sido declarados únicos y universales herederos de la difunta esposa. El marido' siguió siendo el dueño con derecho inscrito de una mitad pro indivisa de los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales, sujeta, por supuesto, a las resultas de la liquidación de la sociedad conyugal. El no trató de hipotecar nada más que esto.
La mención que se haga del hecho de que la participación en ios bienes inmuebles de tal modo gravados queda sujeta a las resultas de tal liquidación, sería bastante para prevenir a terceras personas, interesadas en la propiedad, no vemos razón por la cual no deba ser inscrita la hipoteca, haciéndose referencia a la omisión aparente de no haberse practicado una liquidación formal.”

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe revo-carse la nota recurrida y ordenarse al registrador que veri-fique la inscripción solicitada, sujeta a las resultas de la liquidación de la sociedad de gananciales.

Revocada la'nota recurrida.

Juez concurrente: Asociado Sr. Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la sen-tencia.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-clrey disintieron. .

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR HERNANDEZ.

La única cuestión legal a resolver en el presente recurso es la de si inscrita en el registro cierta finca urbana en co-mún y proindiviso a favor del viudo Juan Allende y Here-deros de su. difunta esposa, sin especificar la extensión de la porción dominical correspondiente a cada uno de ellos, es inscribible una escritura de hipoteca constituida, por el viudo sobre la mitad de dicha finca.

La cuestión se resuelve fácilmente mediante aplicación del artículo 20 de la Lev Hipotecaria que en la parte atinente dice así:

“Para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, de-berá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la' persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la trasmisión o gravamen.”

En el presente caso se trata de inscribir un título en que se grava por el viudo la mitad de una finca urbana como de su exclusiva propiedad; pero el dominio de esa mitad no aparece inscrito a su favor en el registro sino que la finca toda está inscrita en común y pro-indiviso a favor del mismo y de los herederos de su difunta esposa. Palta pués, un requisito indispensable para que pueda llevarse a efecto la inscripción de la hipoteca sin infringir el precepto legal que dejamos transcrito.

No es materia a discutir cuáles sean las participaciones de dominio que en la finca corresponden al viudo y herede-ros de la esposa. Esa cuestión hubiera podido considerarse y resolverse si hubiera sido recurrida oportunamente para ante esta Corte Suprema la nota del registrador por la que éste se limitó a inscribir la propiedad indivisa de la tota-lidad de la finca a favor de Allende y de sus hijos sin espe-cificar la extensión de los condominios a pesar de haberse así solicitado. Ese procedimiento fné seguido en el caso de Dávila v. El Registrador, citado en la opinión de la corte. Como la expresada nota no fné recurrida quedó establecido un estado de derecho en virtud del cual solo puede estimarse inscrita en el registro, en común y pro-indiviso, a favor del viudo y herederos de su esposa, la finca de que se trata sin fijarse las participaciones dominicales correspondientes a cada uno de ellos.

Por las razones expuestas, disintiendo de la opinión de la mayoría de la corte, estimo que debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Jiménez, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao. en causa por asesinato en segundo grado.
    No. 1414.
    Resuelto en junio 3, 1920.
    Nuevo Juicio — Prueba Recientemente Descubierta — Discreción Judicial. — La sospecha con que se mira una solicitud para un nuevo juicio "basada en el fundamento de pruebas nuevamente descubiertas exige una fuerte demostra-ción de la, diligencia practicada para que la corte de distrito ejercite su dis-creción concediendo el nuevo, juicio, y a falta de tal demostración la moción deberá ser denegada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. B. Huyke y G. Travecier.

    Abogado del apelado: Sr. ,7. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó al apelante la comisión de un delito de asesi-nato en segundo grado y fué declarado culpable de homicidio voluntario.

Los siguientes son los errores que han sido alegados: Primero, que la corte cometió error al considerar el hecho como homicidio voluntario; segundo, que la corte cometió error al no instruir al jurado sobre el homicidio involunta-rio; tercero, que la corte cometió error al no conceder un nuevo juicio; y cuarto, que la corte cometió error al dar sus instrucciones al jurado.

La prueba es enteramente suficiente para sostener el ve-redicto y no revela que exista base adecuada para dar una instrucción de homicidio involuntario.

La moción de nuevo juicio se fundó en parte en el motivo de haberse descubierto nuevas pruebas y este es el único aspecto de la cuestión que ha sido discutido en el alegato del apelante. La prueba a que de tal modo se hace referen-cia consiste (a) en una declaración en artículo de muerte, que se alega está en poder del fiscal, en la que se sostiene que el acusado disparó al ver que no podía vencer a su con-trario en ninguna otra forma y (&) en la declaración de un testigo que declararía que el acusado “tenía un instrumento del tamaño de un cuchillo”.

Fuera de la simple manifestación de que esta prueba no pudo haberse presentado en el juicio aun cuando el acusado hubiera demostrado la mayor actividad, no hay constancia alguna acerca de tal diligencia. Las palabras que acaban de citarse ni siquiera indican que se desplegó en verdad nin-guna diligencia ni sugieren por qué tal diligencia, de haberse ejercitado, no hubiera servido.

“En casos criminales y particularmente en los de pena capital la regla de que, en ausencia de la debida diligencia para obtener y presentar pruebas, dicha prueba es ineficaz como fundamento para un nuevo juicio, no se aplica tan rigurosamente como en los casos civiles. Sin embargo, la sospecha con que se mira una solicitud para un nuevo juicio basada en el fundamento de pruebas nueva-mente descubiertas exige una fuerte demostración de dicha diligen-cia y a falta de tal demostración la moción deberá ser denegada.” 16 C. J. 1191.
“La concesión o denegación de la moción descansa grandemente en la sana discreción de la corte sentenciadora, siendo la considera-ción principal si se ha hecho debida justicia. En el ejercicio de esta discreción, sin. embar go, las cortes siempre han oído con desconfianza la alegación de pruebas nuevamente descubierta^ y como fundamento para la celebración de un nuevo juicio no se le mira favorablemente. Por tanto, se ban establecido reglas para que sírvan de norma a la corte en el ejercicio de su discreción en el asunto, y generalmente se negará un nuevo juicio a menos que la solicitud cumpla con estas reglas. Además del requisito esencial de que la prueba debe ser nue-vamente descubierta debe existir la debida diligencia por descubrir y presentar dicba prueba antes de dictarse el veredicto; debe ser esen-cial y competente, no meramente acumulativa, o de naturalezá objectionable o contradictoria, y debe ser creíble y razonablemente sufi-ciente para que dé por resultado un veredicto diferente en un nuevo juicio.” Idem., 1182-83.

La única cuestión que se discute en el cuarto señalamiento es la acción de la corte al hacer referencia a la posición eco-nómica y spcial del acusado y al prevenir al jurado de que pudiera ser influido por tales consideraciones; Se dijo al jurado en substancia- que el acusado debía ser juzgado y declarado culpable o absuelto de acuerdo con la prueba y la ley según las instrucciones dadas por la corte, lo mismo que lo sería cualquier otro ciudadano sin consideración al-guna al punto relativo a las circunstancias económicas o po-sición social. La instrucción tal como fué dada claramente no tuvo por objeto prevenir el ánimo del jurado contra el acusado, pero ciertamente que dicha instrucción tenía por fin tratar por anticipado y contrarrestar cualquier influencia indebida que el asunto de referencia de otro modo hubiera podido ejercer sobre el jurado en su deliberación.

Algo parece haberse manifestado en la discusión ante el jurado respecto al hecho de no presentar el fiscal la decla-ración hecha en artículo de muerte a la cual se hace refe-rencia en la moción de nuevo juicio, y se hace cierta insis-tencia en el comentario hecho por la corte respecto a tal omisión. No se tomó ninguna excepción a ésta, o a ninguna otra parte de la instrucción, ni se levantó cuestión alguna ante esta corte en tal sentido como no fuera en relación con los señalamientos primero y tercero. No se solicitó ninguna instrucción respecto a la presunción legal que surge de la omisión voluntaria' de la prueba aunque la corte al terminar sus instrucciones preguntó si se interesaban otras instruc-ciones. Luego la defensa solicitó que se diera una ligera instrucción acerca de otro punto la cual fué dada al jurado, pero no se hizo ninguna objeción a las instrucciones ya da-das ni tampoco se solicitaron otras o más instrucciones.

La declaración del propio acusado no presenta un ver-dadero caso de defensa propia, sino meramente lo suficiente .para rebajar el grado del delito a homicidio voluntario. Aun ■admitiendo la presunción de que la declaración en artículo de muerte era contraria al gobierno sobre la cuestión de ase-sinato, de ello no se deduce ni parece probable que sería más favorable al acusado que su propia versión de la lucha, la que aparentemente fué aceptada como verdadera por el ju-rado. En vista de las circunstancias, de haberse cometido algún error, no sólo se renunció a éste, sino que dicho error no era perjudicial.

Sin embargo, si el acusado hubiera sido declarado culpable de asesinato podríamos haber estado dispuestos a con-siderar desde un punto de vista distinto el asunto, no obs-tante el hecho de no haberse planteado debidamente la cues-tión en la corte inferior. Hacemos mención de esto mera-mente para llamar la atención acerca de la conveniencia de evitar la molestia innecesaria y los gastos consiguientes en los nuevos juicios y de la facilidad con que puede ser elimi-nada la posibilidad de una revocación mediante el debido miramiento hacia los derechos del acusado por parte del fiscal, así como de la corte sentenciadora.

Si la declaración en cuestión en realidad de verdad era inadmisible, como se indica en las instrucciones impugnadas, o estaba sujeta a poder ser objetada por la defensa por ca-recer de los requisitos legales prescritos como salvaguardias contra cualquier posible prejuicio hacia los reconocidos de-rechos que tiene el acusado en un caso criminal, entonces la práctica mejor y más recomendable hubiera sido presentar el’ documento a la corte y al abogado de la defensa, sin estar presente el jurado, dando así al acusado la oportunidad de definir su actitud. Tal procedimiento no hubiera dado lugar a sospecha y hubiera evitado al fiscal la molestia de una situación tal como la que surgió después que el caso había sido sometido al jurado. La revocación de una sentencia con-denatoria en un caso de asesinato debido a un error origi-nado por la supresión voluntaria de'prueba por parte del fiscal se reflejaría seriamente en la conducta del represen-tante del gobierno y nunca deberá permitirse que surja la necesidad de que esta corte tenga que revocar la sentencia por tal motivo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados 'Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Pabón Demandante y Apelado, v. Alvarado et al., Demandados, y Apelante el Ultimo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez .en pleito sobre nulidad de actuaciones.
    No. 2099.
    Resuelto en junio 4, 1920.
    Reconocimiento por la Madre del Hijo Natural — Acta de Nacimiento — Es-toppel. — El acta del registro civil es prueba prima facie del reconocimiento de un hijo por su madre natural aunque ésta no comparezca personalmente al aeto de la inscripción; y la presentación por ésta de una demanda de filia-ción en nombre de aquel constituye también un reconocimiento, a tal extremo que la madre está, impedida de negarlo.
    Id. — Nulidad de Sentencia — Defensor Judicial — Fraude.—Existiendo el reco-nocimiento del hijo por la madre natural, y no concurriendo la muerte o in-capacidad de ésta, el hijo no puede ser representado en un pleito por un de-fensor judicial; y si éste pretende que se anulen todos los procedimientos habidos en un pleito de filiación seguido por la madre en representación del hijo, debe alegar y probar la existencia de fraude.’
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. Sabater.

    Abogado del apelado: Sr. L. Llorens Torres.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En 28 de agosto de 1914 Angélica Alvarado radicó una demanda en la Corte de Distrito de Aguadilla contra Her-minio López como único heredero de Eurípides López; que dicho Eurípides López y ella habían tenido, relaciones car-nales y como consecuencia de estas relaciones nació la niña Herminia; que ambos padres eran solteros y podían contraer matrimonio sin impedimento alguno, y otras alegaciones se-mejantes, al efecto de obligar a que se hiciera un reconoci-miento por Herminio López de que Herminia Alvarado' era hija natural de Eurípides López. Los autos muestran que hubo una contestación y juicio y que la Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia a favor de Herminio López, deman-dado en este pleito.

El día 15 de mayo de 1917 fué radicada la presente' de-manda en la Corte de Distrito de Aguadilla y trasladado sub-siguientemente el caso a la de Mayaguez. La demanda fué posteriormente enmendada y es sustancialmente como sigue: (1) Que el demandante Dionisio Ulises Pabón es el defensor de la niña Herminia, conocida por Herminia Alvarado, de siete años de edad, y el demandante está autorizado para entablar a nombre de ella este litigio según consta en la or-den dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla con fecha 15 de marzo de 1917, en el caso civil ex parte No. 2351; (2) que la citada Herminia es de filiación ilegítima y no- fué re-conocida como hija por ninguno de sus padres, ni en el acta de su nacimiento ni en escritura pública ni en otra forma solemne; (3) que con fecha 28 de agosto de 1914 la ahora demandada Angélica Alvarado, que residía en Lajas, alegando que era madre de Herminia Alvarado, pero sin expresar si era madre legítima o natural reconocida, presentó una de-manda ante la Corte de Distrito de Aguadilla para justificar .que dicha niña Herminia conocida por Herminia Alvarado, era hija natural de Eurípides López, y solicitó en la demanda que la corte dictara sentencia declarando a la citada Herminia Alvarado hija natural reconocida de Eurípides López; que tal demanda no estaba jurada y lleva el número 1824 de asuntos civiles de dicha Corte de Distrito de Aguadilla y fue establecida contra dicho Herminio López en su carácter de único heredero de su hermano Eurípides López que falleció el 13 de enero de 1914; (4) que a pesar de que la deman-dante y el demandado en el pleito de filiación de referencia eran residentes' del Distrito Judicial de Mayagüez, sometié-ronse por causas que ignora el demandante a la jurisdicción de la Corte de Distrito de Aguadilla, y celebrado el juicio, dicha corte dictó sentencia final en 20 de octubre de 1914 de-sestimando la demanda; (5) alega el demandante que Angé-lica Alvarado no era ni es madre legítima ni natural recono-cida de Herminia Alvarado y que todos los procedimientos ■habidos en el pleito sobre filiación paterna de la niña Herminia, como hasta ahora han sido especificados, adolecen de vicio de nulidad y son nulos por haber sido instituidos por persona que no tenía capacidad legal para tramitarlos y por no haber prestado consentimiento en legal forma la citada niña Herminia, y que tales procedimientos fueron llevados a cabo por Angélica Alvarado y por Herminia. Alvarado," me-diante acuerdo entre las dos, sabiendo ambas según informa-ción que el- demandante cree cierta, que la citada Angélica Alvarado no tenía capacidad legal para tramitarlos y el de-mandante suplicó a la corte que dictara sentencia decretando la nulidad de todos los procedimientos habidos en el pleito civil No. 1824 de la Corte de Distrito de Aguadilla.

En diez de febrero de 1919 cuando el caso fue llamado a juicio el demandante presentó la orden de la Corte de Dis-trito de Aguadilla dictada en el caso civil No. 2351 por ía que se autorizaba a dicho Dionisio TJlises Pabón a establecer varias acciones. El demandante presentó entonces el acta de nacimiento de Herminia Alvarado en la cual se expresaba que en el pueblo de Lajas, Carlos E. Irizarry, vecino de Lajas, como encargado para hacerlo, inscribe el nacimiento de una hembra y'que dicha niña es hija natural de Angélica Alvarado, suscribiendo varios testigos el acta, que fue debi-damente inscrita en el municipio. Esta comparecencia de (Jarlos E. Irizarry fné liecha en 9 de julio de 1909 y también se hacía constar en dicha acta que la niña nació el día pri-mero de maj'o del mismo año. Entonces se ofrecieron como prueba los procedimientos del pleito anterior en unión de la sentencia de la Corte de Aguadilla; después una certificación del secretario de la Corte de .Distrito de Aguadilla creditiva de que en el pleito anterior ninguna de las partes presentaron prueba clocumentaf. Sigue entonces la declaración de la tes-tigo Angélica Alvarado que dijo que no compareció ante nin-gún notario a reconocer la niña y que ella nunca la recono-ció ante la Corte de Distrito de Aguadilla. Con eso quedó terminada la prueba del demandante. La parte demandada empezó por presentar la solicitud de Dionisio Ulises Pabón para que se le nombrara defensor la que comprendía casi la misma exposición de hechos que los referidos en la de-manda enmendada, siendo la alegación principal que la niña carece de padres que la hubieran reconocido legalmentc. En-tonces el demandado presentó también el acta de nacimiento, la orden de la corte, los procedimientos del pleito anterior y la sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla. Sigue la declaración del testigo William J. Santos, tendente a mos-trar que Leopoldo Feliú estaba debidamente autorizado para radicar la acción a nombre de Angélica Alvarado y una de-claración semejante prestada por Benito Forés, habiendo pre-sentado también la parte demandada algunas copias de escri-turas del registro de la propiedad en las que Angélica Ai-varado actuó a nombre de su hija Herminia; luego Angélica Alvarado fue a la silla testifical para decir que Herminia Ai-varado era su-hija y vivía con ella desde que nació y que entonces vivía con ella; declaró luego Dionisio Ulises Pabón a nombre de los demandados e hizo constar que todos los documentos presentados por Angélica Alvarado en el pleito habían sido preparados por él. La Corte de Distrito de Ma-yagüez dictó .sentencia. a favor del demandante. Entre las alegaciones de los demandados además de la contestación ha-bía tina excepción previa. El apelante alegó que la demanda no determinaba una causa de acción.

La sentencia debe ser revocada y aunque la mayoría de las cuestiones han sido promovidas por el apelante, por ra-zón de conveniencia las consideraremos en un orden algo diferente.

Aunque tal vez Dionisio TJlises Pabón tenía prima facie facultad para representar a la hija por razón de sus mani-festaciones ante la Corte de Distrito de Aguaclilla, la prueba revela que él carecía de tal facultad porque la hija tenía ma-dre natural que la había reconocido legalmente, De acuerdo con el Código Civil y el de Enjuiciamiento Civil la facul-tad para nombrar a un defensor existe solamente cuando no hay tutor natural o cuando éste por alguna razón está in-capacitado o imposibilitado. Si Angélica Alvarado es la ma-dre natural de esta niña y la ha reconocido legalmente, de los autos no aparece absolutamente nada por qué otra persona ha de radicar una acción a nombre de ella.

El Código Civil habla en varios sitios del reconocimiento por cualquiera de los padres pero podemos dudar si una ma-dre natural que tiene la custodia de la hija no puede ser considerada como que la ha reconocido si la mantiene y sus-tenta. Nos inclinamos a creer que la madre en estas circuns-tancias tiene la patria potestad sóbrela hija hasta tal punto que puede presentar una acción, pero no queremos insistir en este punto. La madre prima facie reconoció a la hija en la fecha de su nacimiento como aparece del acta de naci-miento presentada por ambas partes en este caso. Es cierto que la madre no compareció personalmente en el registro, -pero de la certificación aparece que la persona que fué allí estaba encargada de inscribir el nacimiento de la misma. Sedentemente hemos declarado en el caso de Ex parte Otero y Striker v. El Pueblo, 27 D. P. R. 340, que el registro pa-rroquial es prueba prima facie del reconocimiento hecho por la madre y una regla semejante parece ser de aplicación al registro civil. Eso por sí sería suficiente razón para demos-trar que Angélica Alvarado reconoció a su hija. No se hizo demostración alguna en el juicio de que esta inscripción so hiciera sin el consentimiento de la madre. Ella meramente manifestó que no compareció allí.

La radicación del pleito anterior en Aguadilla era un re-conocimiento por parte de la madre. Una demanda presen-tada por un abogado que está autorizado es un documento público solemne y ya que técnicamente se le deba tener por tal documento o no es un acto solemne para el cual no es necesario ningún estatuto especial. Si no había alguna otra razón Angélica Alvarado está impedida de negar en contra de Herminio López que ella era la madre natural reconocida ele la niña y que estableció la acción a nombre de ella.

Asimismo aparece de los autos que Angélica Alvarado ad-quirió bienes a su nombre y en el de su dicha menor Herminia y que también vendió cañas por escritura pública pro-cedentes de una propiedad inscrita a su nombre y en el de Herminia.

También hacemos mención, aunque no basamos nuestra decisión en este aspecto ele la ley, de que la niña nació en el año 1909 después ele haber .empezado a regir él código de 1902 y antes de ser reformado en estos particulares por la ley de 1911. El artículo 187 de ese código prescribe que el hijo ilegítimo puede ser reconocido de cualquier modo por el padre y la madre conjuntamente o por uno solo de ellos. Se verá pues, que Angélica Alvarado admite el hecho de haber reconocido a la niña desde la fecha de su nacimiento.

La excepción previa en este caso era válida porque un de-mandante que pretende que se anule una sentencia debe de-mostrar que tiene interés en el asunto. Un hijo ilegítimo solo puede tener interés en anular una sentencia por ía que se declara que no es hijo natural, demostrando en realidad de verdad que es tal hijo natural. Si se examina la demanda se verá que no-hay en ella ninguna alegación de que Herminia Alvarado es hija de padres que a la fecha de su con-cepción eran solteros y podían contraer matrimonio sin dis-pensa, ni ninguna otra alegación semejante. En la demanda debieron haberse alegado hechos demostrativos de que Herminia 'Alvarado era hija natural de padres cuyos nombres se mencionaron o se alegaba eran desconocidos del demandante. La demanda también era defectuosa por otra razón que tal vez es igual o semejante al fundamento que alega el apelante. Herminio López no estaba obligado por los procedimientos ex parte de Dionisio Ulises Pabón. Por tanto, la demanda debió haber alegado hechos por los cuales se hacía necesario a Pabón solicitar y obtener una orden nombrándole defensor.

Considerado el hecho de que había una madre reconocida como aparece demostrado por la prueba, era imposible dejar sin efecto la sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla sin demostrarse de algún modo que Herminio López y An-gélica Alvarado conspiraron o cometieron fraudes. Los pre-ceptos de lá ley que autorizan a una madre natural a esta-blecer una acción sin un requisito previo solemne son todos en favor de los hijos naturales. Las cuestiones promovidas por el apelado en este caso, de ser válidas, podrían servirle a un padre natural. Si hubo en realidad de verdad un fraude en este caso había medios para proteger a la hija, pero a falta de una alegación y prueba de fraude, como hemos dicho, la sentencia de la Corte de Distrito de Aguadilla debe sub-sistir.

La sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez debe ser revocada y desestimada la demanda.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la demanda sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Torres et al., Demandantes y Apelados, v. Ramos, Demandada y Apelante.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte, de Distrito de Mayagüez en pleito sobre reivindicación de bienes inmuebles.
    No. 2128.
    Resuelto en junio 7, 1920.
    Discreción Judicial — Enmiendas a las Alegaciones — Abuso de Discreción.— El poder de las cortes para permitir enmiendas a las alegaciones es amplí-simo y tendría que demostrarse un claro almso de discreción o un manifiesto perjuicio a la parte contraria para que la corte suprema revocara una sen-tencia por virtud de la aeeión del juez de distrito en tal sentido.
    Nuevo Juicio en Cuanto a Determinada Cuestión. — Cuando en un caso hay más de una cuestión de beelao y tales cuestiones por su naturaleza son dis-tintas y susceptibles de ser separadas, está dentro de las facultades de la corte sentenciadora el ordenar un nuevo juicio sobre una de esas cuestiones y negarlo en cuanto a las otras.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelados: Sr. L. Montalvo.

    Abogado de la apelante: Sr. B. Forés.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En'la demanda se alegó que los demandantes eran dueños de una finca rústica compuesta de seis cuerdas de terreno sembradas de café, chinas y guineos, y que la demandada, sin derecho, de mala fe, se posesionó de tres cuadros más o menos de terreno de la indicada finca, y se negaba a en-tregarlos a los demandantes.- La finca de seis cuerdas, y la porción de tres cuadros de una cuerda, se describen debida-mente en la demanda. Se alegó además én ésta, que durante los nueve años que hacía que la demandada detentaba el te-rreno, Labia percibido "frutos por valor de $475. Se solicitó una sentencia mandando'entregar la fierra'a los demandan-de^, poE/ser.de'su propiedad,' y. ordenando eLpago a los-mis-mos de una indemnización’ascendente■ a $475:' o ; : -

La demandada contestó negando las alegaciones de la de-manda. Fué el pleito a juicio y la corte dictó sentencia or-denando a la demandada que devolviera a sus dueños los de ■ mandantes el terreno de que se trata y les pagara además $525, importe de los frutos por ella percibidos durante siete años.

La sentencia se dictó el 31 de mayo de 1917 y no consta . que se apelara de ella. La demandada solicitó un nuevo juicio que le fue concedido. No forma parte de la transcrip-ción la solicitud. Tampoco la prueba practicada en el juicio anterior relativa a la propiedad del terreno. Del récord ta-quigráfico incluido aparece que cuando comenzó a celebrarse el nuevo juicio se suscitó una controversia entre las partes con respecto a cierta enmienda de la demanda. Parece que ésta se había enmendado en el sentido de aleg-ar que la de-tentación había durado nueve años y que el juez sugirió que se eliminara la enmienda y quedara la alegación tal como se había hecho al principio, o sea, que la detentación había durado siete años. La parte se opuso y la transcripción es muy confusa con respecto a este particular. La demanda que se incluye en dicha transcripción dice que la detentación duró nueve años. La prueba practicada luego fija dicho pe-ríodo en siete.'

También surgió otra controversia entre las partes en re-lación con la extensión que debía darse al nuevo juicio, que fue resuelta por la corte así:

“La corte abora va a resolver la cuestión planteada. Entiende que habiendo sido un nuevo juicio únicamente para determinar la indemnización que' procede, el derecho de la demandante habiendo sido resuelto definitivamente a favor de dicha demandante, no se debe practicar prueba respecto a este extremo sino- limitarse a la indemnización. Esta misma cuestión fue resuelta en la Corte Federal no hace mucho, en el caso de José Romero v. Ignacio Peñagarícano y otros. — Demandado: Tomo excepción.”

Se procedió entonces a la práctica de la prueba, decla-rando por los demandantes*María ele la.Paz..Torres y Samuel Torres. La demandada no presentó prueba. ■

....■Terminado el nuevo juicio, la corte, el 15 de septiembre de. 1919, dictó sentencia declarando que los tres cuadros de terreno' de que se trata y .que se .describen-son de:la pro-piedad exclusiva de los demandantes, ordenando a la deman-dada que devuelva a los demandantes los dichos tres cuadros de terreno, y condenando a la dicha demandada a pagar a los demandantes la suma de $475 como indemnización por los frutos que ha percibido durante siete años, con más las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

Contra esa sentencia interpuso la parte demandada el pre-sente recurso de apelación, señalando en su alegato la comi-sión de dos errores, a saber, los cometidos por la corte al permitir la enmienda de la demanda y al limitar el nuevo juicio a la cuestión de los frutos.

Ya hemos expresado los hechos relativos a la enmienda. Repetimos que la transcripción es confusa. Hemos tratado de penetrar en la verdad de lo ocurrido y no podemos con-cluir que la corte cometiera error fundamental alguno.- De todos modos la enmienda no perjudicaba a la demandada. El poder de las cortes para permitir enmiendas a las alega-ciones es amplísimo y tendría que demostrarse un claro abuso de discreción o un manifiesto perjuicio a la parte contraria, para que esta corte revocara una sentencia por virtud de la acción del juez de distrito en tal sentido.

Ratificamos la doctrina expuesta-por esta corte en el caso de Palermo et al. v. Vilá, 14 D. P. R. 279, 282, a saber:

“Cuando se enmienda un escrito se debe volver a redactarlo, incluyendo la enmienda, resultando el nuevo escrito un sustituto del documento original.”.

Pero el hecho de que al parecer no se siguiera esa prác-tica en este caso,, no implica necesariamente la revocación de la sentencia.

El segundo error alegado se refiere, como hemos dicho, al cometido por la corte al circunscribir la celebración del nuevo juicio a una cuestión determinada. Ya hemos dicho que no forma parte de los autos la solicitud de nuevo juicioy consta de lo que dejamos expuesto cómo interpretó la corte su propia resolución concediéndolo. El poder de- la corte para hacer tal limitación es incuestionable de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, no habiéndose cometido, en tal virtud, el error señalado.

Un nuevo juicio, según la ley, artículo 220 del Código de Enjuiciamiento Civil, es la revisión de una cuestión de hecho ante la corte o árbitro que celebró el anterior en que se sus-citó aquella- y pronunció sentencia. Y, según la Corte Su-prema de California.— ;

“Cuando en un caso hay más de una cuestión de hecho y tales cuestiones por su naturaleza son distintas y susceptibles de ser se-paradas, está dentro de las facultades de la corte sentenciadora el ordenar un nuevo juicio sobre una de esas cuestiones y negarlo en cuanto a las otras. San Diego L. & T. Co. v. Neal, 78 Cal. 64 (3 L. R. A. 83, 20. Pac. 372); Duff v. Duff, 101 Cal. 4 (35 Pac. 437); Mountain, etc., Co. v. Bryan, 111 Cal. 38 (43 Pac. 410). Estos ca-sos sostienen también que cuando se concede un nuevo juicio en tales circunstancias ello abre a examen sólo la cuestión respecto de la cual ha sido ordenado, que la determinación de las otras cuestiones subsistirá en el record y que éstas no pueden ser juzgadas nueva-mente.” Estate of Everts, 163 Cal. 452.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, claro es que no hay duda alguna con respecto a la confirmación de aquella parte de la sentencia que declaró que la propiedad del terreno en cuestión correspondía a los demandantes y ordenó su entrega a los mismos. Resta solo considerar la cuestión relativa a los daños y .perjuicios.

Es realmente difícil la prueba exacta de lo dejado de per-cibir por el dueño de una propiedad detentada por otra persona, por concepto de frutos producidos. Uay datos en las declaraciones de los testigos en este caso que elevan la pro-ducción del café,'chinas y guineos de los tres cuadros de te-rreno de que se trata a $75 al año, pero uno de esos mismos testigos fija en general la producción en $4(3 ó $50 anuales. Creemos que la suma inferior es la que puede tomarse como base, atendida la clase de prueba practicada, lo incierto de las cosechas, la variedad de los precios y otras circunstancias.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que debe con-firmarse la sentencia recurrida, pero modificándola en el sen-tido de fijar la indemnización en $280 por los frutos dejados de percibir por los demandantes en los siete años que. duró la detentación.

Confirmada la sentencia apelada pero modifi-cándola en él particular relativo a la cuan-tía de la indemnización que se fija en 280 dólares.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


text:
    León, Demandante y Apelado, v. Meléndez et al., Demandados y Apelados, y Torres, Interventor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2190.
    Resuelto en junio 8, 1920.
    Demanda de Intervención — Intervención Denesada.' — No comete error la corte que desestima la moción de una tercera persona pidiendo permiso para inter- - venir en un pleito, cuando el demandante prueba en la vista de la moción que el pleito había sido ’transigido. „
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. Brunet.

    Abogados de los apelados: Sres. S. León Lugo y F. L. Pacheco.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Victoriano Torres solicitó permiso de la Corte de Distrito de Ponce para intervenir en un pleito que Sergio León Lugo tenía ante aquella corte contra Juan Meléndez y su esposa en cobro de pesos. Cuando se oyó esa moción presentó León Lugo copia notarial de una escritura pública otorgada con anterioridad a dicha petición de intervención de la que re-sulta que había transado sus reclamaciones con sus deman-dados y había recibido de éstos bienes en pago'de sn crédito. Fundándose en este hecho la corte de distrito negó la inter-vención pedida, contra cuya resolución interpuso Torres este recurso de apelación.

Admite el apelante que si esa transacción se hizo de buena fé nada tiene que objetar pero alega que fué hecha con la • intención de impedir su intervención y que per esto no puede surtir efecto alguno.

No hay constancia en los autos que demuestre la afirma-ción que hace el apelante, pero, aunque así fuera, estando terminado el pleito por la transacción no podría concederse la intervención.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sb. d:ijl Tobo,

text:
    Almodóvar et al., Demandantes y Apelantes, v. Santa Isabel Sugar Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre desahucio.
    No. 2186.
    Resuelto en junio 8, 1920.
    ARRENDAMIENTO — Desahucio—Ealta de Pago ded Cánon. — Habiendo demostrado la demandada que no obstante estar consignado en el contrato que el pago del arrendamiento se verificaría en el domicilio del arrendador, tal cláusula fué tácitamente modificada por las partes en el sentido de verificarse el pago en el domicilio del arrendatario; habiéndose demostrado además que la «de-mandada hizo todo lo posible por satisfacer el precio en el sitio y fecha acep-tados por las partes y no pudiendo verificarlo lo consignó en la corte a dis-posición de los interesados, y en atención a otras circunstancias que con-curren y que se expresan en la opinión, se resolvió, que la corte inferior no co-metió error al desestimar la demanda de desahucio presentada en este caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. L. Torneó y E. Tornes.

      Abogados de la apelada: Sres. Parra & Pérez Marchand y J. Tons Soto.

   El Juez Asociado Sb. d:ijl Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de desahucio por falta de pago del canon del arrendamiento. Los demandantes, que forman to-dos la sucesión de José Florencio Almodovar, alegaron que son dueños de cierta finca rústica que su causante tenía arren-dada a la demandada por término de quince años, que co-menzó a correr en 1909, y precio de doce dólares por cuerda, anualmente, que debería pagarse por trimestres vencidos en el domicilio del arrendador. T alegaron además, los deman-dantes, que el trimestre vencido el 19 de octubre de 1919 montante a $324 no les había sido pagado, por cuyo motivo pidieron a la corte que dictara sentencia decretando el desa-hucio de la demandada de la finca en cuestión.

Contestó la demandada alegando que la cláusula del con-trato relativa al lugar del pago fué modificada por convenio tácito de las partes en el sentido de que el pago se haría en la oficina de la demandada a José Florencio Almodovar o a su hijo político Ramón Rodríguez Negrón y que esa fué la práctica invariablemente seguida durante muchos años; que Almodovar murió y la demandada no fué notificada del fallecimiento, ni de si el fallecido dejó o no testamento, ni del nombre y domicilio de sus herederos; que el 18 de octu-bre de 1919 era sábado y hallándose en la oficina de la de-mandada Rodríguez Negrón, representante de facto de la su-cesión, se avino finalmente a.recibir el precio del arrenda-miento, pero se retiró de la oficina antes que pudiera entre-gársele el cheque; que la demandaba entonces, el lunes 20 de octubre, envió por correo el cheque a la sucesión; que la su-cesión se negó a recibirlo y la demandada consignó la canti-dad en la corte de distrito a disposición de los herederos de Almodovar.

Fué el pleito a juicio y la corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. Los demandantes apelaron para ante esta Corte Suprema.

Hemos examinado cuidadosamente las alegaciones y las pruebas y a nuestro juicio debe confirmarse la sentencia re-currida.

No obstante haberse consignado en el contrato que el pago se verificaría en el domicilio del acreedor, esa cláusula pudo modificarse por convenio expreso o tácito de las partes. La prueba de la modificación en el sentido alegado por la de-mandada, es clara y abundante. La conclusión a que llegó la corte de distrito nos parece enteramente correcta.

La evidencia demostró además que Rodríguez Negrón, hijo político de Almodovar, recibió en repetidas ocasiones el pre-cio del arrendamiento para entregarlo a Almodovar; que muerto Almodovar, la demandada pagó a Rodríguez Negrón para la sucesión Almodovar cierta bonificación que volunta-riamente venía haciendo, al terminarse la zafra, sobre el pre-cio del arrendamiento, en atención al alza del azúcar, y que esa actuación de Rodríguez fué aceptada por la sucesión; que la demandada intentó pagar también a Rodríguez el precio del trimestre del arrendamiento el sábado 18 de octubre de 1919 y no pudo hacerlo por haberse ido de la oficina en el momento en que se le iba a entregar el cheque; que el plazo trimestral vencía el 20 de octubre — el 19 fué domingo — y la demandada, según costumbre, esperó a que vinieran a soli-citar el pago y que al cerciorarse de que no venían, envió el cheque por correo, en la tarde de ese mismo día, en sobre dirigido a la sucesión; que la sucesión se negó a recibir la carta y que entonces, el 24 de octubre, se consignó la canti-dad en la corte de distrito.

Demostrados esos hechos, no es posible, sobre todo des-pués de la jurisprudencia establecida por la Corte de Cir-cuito de Boston, en el caso de la Central Vannina, de mayo 26, 1919, 259 Fed. R. 198, sostener que debe declararse termi-nado el contrato de arrendamiento por haber sido violado por el arrendatario en la cláusula relativa al pago y en su consecuencia decretarse el desahucio del dicho arrendatario de la finca arrendada.

Atendidas las circunstancias concurrentes, la demandada en este caso hizo cuanto pudo y debió para pagar a tiempo el precio estipulado y fueron en verdad los demandantes los que demostraron con sus actos su deseo de terminar el con-trato, en la esperanza seguramente de poder realizar otro más beneficioso para ellos.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la, sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldrey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Santos, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en causa por infracción al artículo 338 del Código Penal.
    No. 1541.
    Resuelto en junio 10, 1920.
    Delitos Contra la Salud Publica — Prueba Necesaria.' — Para que una persona pueda ser convicta del delito de vender carne en estado de descomposición es preciso probarle que la vendía sabiendo que estaba descompuesta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. Domínguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. J. E: Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Luis Santos Burgos fué condenado a pagar una multa porque vendía carne a sabiendas de que estaba en descomposición y solicita que revoquemos la sentencia y lo absolvamos porque no se ba probado el hecho de que sa-bía el estado en que se hallaba esa carne. Por el mismo motivo el fiscal de esta Corte Suprema solicita también la absolución.

Hemos examinado la prueba que se presentó en el juicio y en efecto hay carencia absoluta de evidencia que tienda a probar ese extremo; prueba que es necesaria en esta clase de delito, según declaramos en el caso de El Pueblo v. Malos, 22 D. P. R. 649.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al apelante.

Revocada la sentencia apelada} absolviendo al acusado.

'Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Pbesidente Se. Hernández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pérez, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por adulteración de leche.
    No. 1534.
    Resuelto en junio 10, 1920.
    Delito Contra la. Salud Pública — Leche Adulterada — Adulteración de Le-che. — -El hecho de que una persona tenga leche adulterada en su casa morada, 1 no es por sí solo, constitutivo de delito; para que lo sea, es necesario demos-trar que el acusado la ofrecía o la tenía en venta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. V. M. Fernández.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra sentencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, condenando al acusado apelante como culpable del delito de adulteración de leche a seis días de cárcel y costas.

■ Tanto el apelante como el fiscal solicitan la revocación de la sentencia, el primero por no constituir lets hechos de-lito alguno y el segundo por falta de prueba de esos mismos hechos.

La acusación formulada por el fiscal de la causa en lo pertinente dice así:

“El citado acusado (Jesús Pérez), en Bayamón, dentro de este Distrito Judicial (de San Juan), y-allá por el día 27 de abril de 1918, ilegal, voluntaria y maliciosamente tenía, con la intención de ofrecerla en venta, leche de vaca adulterada con agua artificialmente y la cual no se tenía en venta para fines industriales.”

La acusación transcrita es igual a la formulada en el caso de El Pueblo v. Camuñas, de abril 11, 1919, 27 D. P. R. 311, y entonces resolvimos que el hecho de tener leche adulte-rada con intención de ofrecerla en venta como pura no está previsto ni castigado en la ley aprobada el 10 de marzo de 1910.

Pero es que tampoco han sido probados los hechos con-signados en la acusación, pues si bien el acusado tenía leche adulterada con agua en su casa morada, no aparece demos-trado que la ofreciera o tuviera en venta. Nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Pérez, 23 D. P. R. 878, fio es ele aplicación al presente caso.

Es de revocarse la sentencia apelada, dictando otra por la que se absuelva al apelante, con las costas de oficio.

Revocada la sentencia apelada, absolviendo al acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    García et al., Demandantes y Apelados, v. Cantero Fernández & Co., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios por libelo.
    No. 2161.
    Resuelto en junio 11, 1920.
    Costas en Reclamación por. Libelo. — La sección 7 de la ley de febrero 19, 1902, para reclamar indemnización por libelo y calumnia no ha sido derogada por el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil según fué enmendado por la ley 38 de 12 de abril de 1917 para regular la concesión de costas y desem-bolsos.
    Libelo y Calumnia — Desestimación de la Demanda. — La desestimación por si sola de una demanda en reclamación de daños y perjuicios por libelo no lleva implícita la apreciación de falta de toda razón derecha para iniciar el litigio.
    Id. — Costas.—Para que el Tribunal Supremo pueda declarar que la corte inferior cometió error o abuso de discreción al no conceder costas al demandado en una acción de daños y perjuicios por libelo en la cual la demanda fué deses-timada sin que la corte declarara que fué establecida sin causa justificada, es preciso que sea sometida a su consideración la evidencia aportada al jui-cio; la demanda, la contestación y la sentencia por sí solas no son suficien-tes a tal fin.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. A. Sarmiento.

    Abogados de los apelados: Sres. Oiler y Rodríguez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Don fecha doce de mayo de 1919 los consortes Ramón García y Obdulia O’Kelly presentaron demanda enmendada ante la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, contra Cantero, Fernández y Cía. en reclamación de quince mil dólares en concepto de indemnización de perjuicios que se-gún alegan les fueron cansados por la publicación en El Impartial, periódico de la propiedad de los demandados, de tres sueltos que se copian en la demanda y qne envolvían la falsa imputación de tener establecida los demandantes una casa escandalosa o dedicada a citas deshonestas.

La corporación demandada admitió la publicación de los tres sueltos en el periódico aludido, pero negó que contuvie-ran la imputación qne se les atribuye y que por tanto pu-dieran causar perjuicios a los demandantes.

Celebrado el juicio, la corte, tomando en consideración las alegaciones, pruebas y argumentaciones de las partos de-claró sin lugar la demanda por sentencia de 27 de octubre de 1919, por las razones consignadas en la opinión que la sirve de fundamento.

Contra diclia sentencia interpuso la demandada recurso de apelación en cuanto no condena a los demandantes al pago de las costas y gastos y honorarios del abogado de la deman-dada, y como único motivo para sostener el recurso alega que la corte cometió error infringiendo la • sección 7a. de la ley para autorizar pleitos civiles por daños y perjuicios oca-sionados por libelo y calumnia.

La parte apelada niega la existencia de tal error y sos-tiene además que el texto legal invocado no está actualmente en vigor por haber sido derogado por el artículo 327 del Código de .Enjuiciamiento Civil, según ha sido enmendado por la Ley No. 38 de 12 de abril de 1917.

Entendemos que el caso ha de gobernarse por la Ley de 19 de febrero de 1902 para autorizar pleitos civiles por da-ños y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia, y no por (>1 Código de Enjuiciamiento Civil, como ya lo decidimos al resolver el caso de Saldamando v. Valdecilla, 20 D. P. R. 96.

La sección 7a. de dicha ley, según la versión castellana del texto-inglés en la parte atinente, dice así:

“Si la sentencia se dictare a favor del demandado y estimare la corte que la acción fué iniciada por el demandante sin haber una causa que la justificare, la sentencia incluirá además de las costas, los honorarios de abogados, los que serán fijados por la corte y no excederán de 150 dólares.”

Como se ve por el texto literal del precepto legal trans-crito, para que proceda. condena de costas con inclusión de honorarios de abogada son indispensables dos condiciones: Primera, que se pronuncie fallo a favor del derhandado; y segunda, que la corte encuentre que la acción fué iniciada e interpuesta por el demandante sin causa justificada.

La primera condición se lia cumplido en el presente caso, pues la corte dictó sentencia a favor del demandado al de-clarar sin lugar la demanda, pero falta la segunda condi-ción pues no aparece que la corte encontrara que el deman-dante iniciara su acción sin causa justificada; y antes por el contrario, al dejar de imponer al demandante las costas con los honorarios de abogado, estimó que el demandante no estaba desprovisto de toda causa o razón para promover su acción. La desestimación de la demanda por sí sola no lleva implícita la apreciación de falta de toda razón derecha para iniciar el litigio.

De todos modos las pruebas practicadas en el juicio son elemento necesario para poder apreciar si la corte inferior cometió error de ley o abuso de discreción dejando de con-denar al demandante en las costas y honorarios del abogado de la demandada, y estamos impedidos de examinar dichas pruebas por no habérsenos presentado en forma debida.

Si la corte procedió con error o abuso de discreción ha de determinarse por la totalidad del juicio y no por la de-manda, la contestación y la sentencia. Vivas et al. v. Hernaiz, Targa y Cía. et al., 24 D. P. R. 836.

Véase nuestra decisión de esta fecha en otro recurso, en el mismo caso y entre las mismas partes.

Es de confirmarse la sentencia apelada en la parte que ha sido recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, AMrey y Hutchison. -

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    García et al., Demandantes y Apelantes, v. Cantero Fernández & Co., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios por libelo.
    No. 2212.
    Resuelto en junio 11, 1920.
    Libelo — Daños y Perjuicios por Libelo — Apreciación de Pruebas. — El hecho de que varios testigos del demandante en una aeeión de daños y perjuicios por libelo declaren que ellos dedujeron de la leetura de los sueltos publicados que se trataba de una cas^, de citas, no obliga a la corte. Esta tenía la facultad de juzgar de las declaraciones por sí misma en relación con el contenido de los sueltos, dándoles el crédito y el alcance que en justicia tu-vieran, y a menos que se demuestre que la corte erró en el ejercicio de esa facultad, la conclusión a que llegue debe ser sostenida por la corte de ape-lación.
    Los berilos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Oiler & Rodrigues.

    Abogadó de la apelada: Sr. A. Sarmiento.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Bamón García y su esposa Obdulia O’Kelly entablaron demanda contra Cantero, Fernández & Co., editores del pe-riódico El Imparcial que se publica en esta ciudad de San Juan, Puerto Bico, en reclamación de daños y perjuicios cau-sádoles por ciertos sueltos que aparecieron en dicho perió-dico y que los demandantes estimaron que les imputaban el hecho incierto de tener una casa dedicada a citas deshonestas. Contestó la parte demandada neg'ando los hechos de la de-manda que le perjudicaban y afirmando que los sueltos en cuestión se publicaron a virtud de información de personas que le merecían crédito y se referían a hechos indicativos de que se jugaba a lo prohibido en cierta casa de Cataño. Fué el pleito a juicio. Practicó su prueba la parte deman-dante. La demandada no ofreció prueba alguna. Y la corte finalmente dictó sentencia declarando la demanda sin lugar. Contra esa sentencia interpusieron los demandantes el pre-sente recurso de apelación..

En sn opinión, la corte de distrito se expresó así:

“La corte do encuentra prueba clara y convincente de que tales sueltos publicados en El Impartial hicieran referencia directa y ex-presa, o claramente inferible, a los -demandantes. Y aunque este extremo no fuera así, y en cuanto a él cupiera duda, la corte no encuentra que en dichos sueltos se diga que en la casa de los deman-dantes hubiera establecida una casa de citas deshonestas, ni que del contexto de los sueltos, y del examen de las circunstancias que se publicaron, nazca una inferencia lógica y justa de que se atribuye la existencia de tal casa escandalosa o de citas y se señale a los de-mandantes como sus dueños. Para que cupiere aquí una acción sería preciso que hubiera una forma lógica de extraer tal inferencia. Una inferencia que nazca de las interpretaciones de gentes malicio-sas o ligeras de juicio, no puede ser causa de acción.”

Los apelantes por su abogado lian presentado un buen alegato revelador de un amplio estudio sobre la materia, pero sus argumentos no han convencido a esta corte. El hecho de que dos o tres testigos en el acto de la vista declararan que ellos dedujeron de la lectura de los sueltos que se tra-taba de una casa de citas, no obligaba a la corte. La corte tenía la facultad y el deber de juzgar dichas declaraciones por sí misma en relación con el contenido de los sueltos, dán-doles el crédito y el alcance que en justicia tuvieran. Y no habiéndose demostrado que cometiera error manifiesto al pro-ceder de tal modo, debe prevalecer su decisión. En tal vir-tud procede la confirmación de la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Su. Aldrey,

text:
    A. Gelabert & Co., S. en C., Demandante y Apelante, v. Morales et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre constitución de garantía.
    No. 2203.
    Resuelto en junio 11, 1920.
    Ordenes Inapelables — Embargo.—Una orden por la cual se manda ejecutar una orden anterior que anulaba un embargo y disponía el levantamiento del mismo no es apelable.
    Los hechos, están expresados en la opinión.
    Ahogados de la apelante: Sres. L. Tomes y E. Tornes.

    Abogado de los apelados: Sr. J. Tous Soto.

   El Juez Asociado Su. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal. •

A instancia del demandante en este caso la Corte de Dis-trito de Ponce decretó el embargo de bienes de los deman-dados'para asegurar la efectividad de la sentencia que pu-diera recaer en el pleito, llevándose a efecto el embargo en bienes del demandado Eladio Burgos. Pidió éste a la corte que dejara sin efecto la orden de embargo que había decre-tado y así lo resolvió la corte en 30 de abril de 1919 orde-nando además el- levantamiento del embargo, trabado. Un mes después, en cinco de mayo siguiente, Eladio Burgos pre-sentó moción a la corte alegando que siendo ejecutoria la orden de 30 de abril anterior levantando el embargo se li-brase mandamiento al márshal para su cumplimiento, moción que la,-,cort.e resolvió favorablemente y contra la cual inter-puso el demandante este recurso de apelación.

La parte apelada no ha suscitado la cuestión de nuestra jurisdicción para resolver esta apelación pero, esto no obs-tante, debemos considerarla notu propio.

Entendemos que la orden contra la cual se ha interpuesto este recurso no es apelable porque no se halla comprendida en ninguno de los casos del artículo 295 del Código de En-juiciamiento Civil, pues no anula el embargo que se había decretado sino que se limita a disponer el cumplimiento de la orden anterior de 30 de abril de. 1919 que fue la .que anuló y dejó sin efecto la orden de embargo que se babía dictado en este pleito. Lá resolución de 30 de abril de 1919 sí era apelable porque anulaba y dejaba sin. efecto la orden de embargo, pero no puede ser revisada abora al ser apelada la orden que solamente dispuso su cumplimiento. De aceptarse el camino seguido por el apelante en este caso cualquier sen-tencia firme dictada en 'un pleito podría ser revisada en ape-lación interpuesta posteriormente contra la orden que se limita a disponer su ejecución.

Por las razones expuestas, la apelación debe ser deses-timada.

Desestimada la apelación.

■ Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.


text:
    Roig, Demandante y Apelado, v. Barletta et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2138.
    Resuelto en junio 11, 1920.
    Quiebra— Créditos n>o Afectados por la Exoneración del Deudor. — Un cré-dito no incluido en la lista de acreedores a que se refiere el párrafo 8 de la. seeeión 7 de la vigente ley de quiebras, no queda afectado por la .exonera-ción a que se refiere la seeeión 17 de dicha ley, a no ser que se demuestre que el acreedor fué notificado o tuvo conocimiento del procedimiento de quie-bra.
    Cesión de Crédito. — Un crédito reconocido por sentencia es algo que está den-tro del comercio de los hombres y puede cederse.
    Sociedades Mercantiles — Responsabilidad de los Socios.-^-E1 heeho de que una sociedad mercantil deje de existir o cese de algún modo en sus negocios, no implica por sí solo la cesación de la-responsabilidad personal subsidiaria de sus socios.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado de los apelantes: Sr. P. Fajardo.

    Abogados del apelado: Sres. Benet & Soúffront.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados en este pleito son los socios de la mer-cantil Vicente Barletta y Cía. Cada uno de ellos tenía el carácter de gestor con una participación igual en las ga-nancias, pérdidas y responsabilidades de la sociedad.

El 19 de octubre de 1917 la Corte de Distrito de Maya-güez dictó sentencia en el pleito seguido por Pedro Olivari contra Vicente Barletta y Cía. condenando a la demandada a satisfacer al demandante $592.03 más los intereses legales a partir de la fecha de la interposición de la demanda. Ex-pedido mandamiento para ejecutar dicha sentencia, fué de-vuelto sin cumplimentar por no haberse encontrado bienes de la sociedad en qué hacer efectiva la sentencia.

Así las cosas, Olivari cedió a Juan Roig todo el derecho, título e interés que tenía sobre dicha sentencia por la suma de $550' y Roig interpuso la demanda origen de este pleito contra los socios individualmente en cobro de $592.03 de principal y $51.49 de intereses. La corte de distrito dictó sentencia favorable a Roig y los demandados apelaron de ella para ante este tribunal.

Los hechos que dejamos expuestos constan claros de las alegaciones y las pruebas. Las cuestiones que los deman-dados levantaron en la corte inferior y sostienen en esta Corte Suprema son: (1) Que la sentencia de 19 de octubre de 1917 fué satisfecha por virtud de un procedimiento de quiebra seguido por Vicente Barletta y Cía. en la Corte Federal; (2) que la'cesión de Olivari a Roig es nula; y (3) que la cuestión en controversia quedó resuelta en el pleito de Olivari contra Vicente Barletta y Cía.

1. En efecto, se alegó y probó que la mercantil Vicente Barletta y Cía. fué adjudicada en quiebra, y mediante un convenio, que fué finalmente aprobado por la Corte de Dis-trito de los Estados Unidos y por el cual se obligó a pagar a sus acreedores im veinte por ciento de sus créditos, quedó exonerada de toda ulterior responsabilidad.

Sin embargo, esa exoneración no puede aplicarse al cré-dito que se reclama en este pleito porque Olivar!, que era aoreedor de la sociedad cuando ésta presentó su petición de quiebra, no fue incluido en la lista de acreedores, ni fue ci-tado en el procedimiento, ni se demostró que conociera la existencia del mismo.

El párrafo 8 de la sección 7 de la vigente ley de quiebras dice:

“El quebrado debe: * # * (8) Preparar, jurar y presentar a la corte, dentro de diez dias, a menos que unj término mayor le fuere concedido, después de la declaración de quiebra, '* * y una lista de sus acreedores, expresando la residencia d’e los mismos, si fuere conocida, y en el caso de que fuere desconocida expresando tal becbo, el montante debido a cada uno de ellos, la causa u origen de la deuda '* *

Y el párrafo tercero de la sección 17 de la misma ley que se refiere a las deudas no afectadas por la liberación, expresa:

“La liberación de un quebrado exonerará a éste de todas sus deudas probables, excepto de las siguientes: # '* (3) Las que no bayan sido incluidas a tiempo en la relación de deudas para ser aprobadas y reconocidas, con expresión del nombre del acreedor, si fuere conocido por el quebrado; a no ser que tal acreedor baya sido notificado o tenido en realidad conocimiento del procedimiento de quiebra;”

2. Sostienen los apelantes que la cesión de Olivari a Roig es nula., porque no puede • cederse lo que no existe y porque el derecho trasmitido en todo caso era incierto.

Este error depende del que antecede. Se sostiene que el crédito no existía a virtud de la exoneración. liemos ya re-suelto que dicha exoneración no afectó al crédito, y en tal virtud decidido el punto en contra de los apelantes.

Un crédito reconocido por sentencia es algo que está den-tro del comercio de los hombres y puede cederse. La incer-tidumbre que en un caso semejante pueda existir, es algo a considerar por las partes que contratan, y no pnede estimarse como nn motivo de nulidad.

3. Insisten los apelantes en que habiendo sido declarada en quiebra la mercantil Vicente Barletta y Cía., quedó ex-tinguida por completo su personalidad, y siendo los deman-dados miembros de dicha mercantil, su responsabilidad cesó al cesar la de la sociedad.

Es la misma cuestión levantada en otra forma. ' Existe aquí una sentencia válida contra una sociedad mercantil que fué declarada en quiebra, dictada dicha sentencia a favor de un acreedor no comprendido en ni afectado por la quiebra.

El hecho de que una sociedad mercantil deje de existir o cese de algún modo en sus negocios, no implica por sí solo la cesación de la responsabilidad personal subsidiaria de sus socios. Esa responsabilidad continua, como continuó en este caso, de acuerdo con la ley.

Por virtud de todo lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia ■ recurrida.

Confirmada la sentencia recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado "Sr. Wolf no tomó parte en la resolu-ción de este caso.