author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Garzot, Jr., Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa,por infracción de las ordenanzas municipales.
    No. 990.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Oedenanzas Municipales — Elemento Esencial de Prueba. — Cuando una orde-nanza es un elemento esencial de prueba y ella es inconstitucional o ilegal, es incompetente para el fin de obtener una convicción.
    Infracción de Ordenanzas Municipales — Ordenanzas Municipales — Conoci-miento Judicial — Juicios de Novo.' — Tanto las cortes municipales como las de distrito en la celebración de juicios de novo, 'deben tomar conocimiento judicial de las ordenanzas municipales,' y cuando se alega por el acusado que las mismas no son ley por no haber sido debidamente aprobadas, a él- corres-ponde demostrarlo.
    Id. — Arbitrios Municipales — Espectáculos o Exhibiciones Públicas — Tea-tros — Cinematógrafos—Ley de Patentes — Derogaciones Tácitas. — El po-der o autoridad de un municipio para imponer un arbitrio a los espectáculos o exhibiciones públicas, tales como teatros o cinematógrafos, eonferídole por la ley de 1906, no ha sido derogado por la ley No. 33'4 de 1913 (ley de patentes), por la 'que se fijan contribuciones comerciales o industriales, pues tal intención no se revela. Las derogaciones táctitas no son favorecidas. La ordenanza del municipio de Naguabo de 28 de mayo de 1914 y la Ley 134 citada pueden ambas subsistir.
    Id. — -Teatros—Espectáculos Públicos — Diversiones o Espectáculos Públi-cos. — En la tarifa de impuestos que sigue al artículo 74 de la Ley Municipal de 1906 no están incluidos los teatros o espectáculos públicos, por lo que, antes de la ley 134 de 1913, no existía contribución alguna por dedicarse a negocios de espectáculos públicos o teatros, y únicamente podía imponerse patente por el hecho mismo de las diversiones públicas o espectáculos bajo el párrafo 7o. del artículo 70 de la ley de 1906. El dirigir un teatro y sumi-nistrar distracciones y espectáculos públicos son cosas diferentes.
    Id. — Doble Contribución — Clases de Contribuciones — Discreción de la Legis-latura. — El mero hecho de que una contribución sea doble, no afecta a su validez, a menos que funcione de un modo desigual sobre la misma clase o clases de la comunidad. La cuestión de si debe haber o no una doble con-tribución es generalmente una cuestión que pertenece a la discreción -de la legislatura. Así, no es nula la ordenanza del municipio de Naguabo de mayo 28, 1914, porque sea a manera de una doble contribución.
    Espectáculos o Diversiones Públicas — Arbitrios—Intención del Legisla-dor — Presunción.—Eué la intención del municipio de Naguabo, al votar su ordenanza de 3 de diciembre de 1914, sujetar las diversiones públicas a una multa de diez dólares por falta de pago del arbitrio, y el dejar de pagar los otros arbitrios que se enumeran a una multa de cinco dólares. No es irra-zonable, arbitrario e injusto el separar las diversiones y espectáculos públicos de las demás materias sujetas al pago de arbitrios. La razonabilidad de las ordenanzas se presume.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sre-s. Arturo Aponte, Jr., y Ra-món P. Rodrigues, Alberty.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mostré, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En éste y en otros ocho casos se formularon denuncias contra Juan Garzot, Jr., por haber llevado a efecto funcio-nes cinematográficas, sin satisfacer el importe de un dólar por cada espectáculo público como se disponía en cierta orde-nanza municipal del pueblo de Naguabo. Fue declarado culpable por la corte local de Naguabo ele acuerdo con otra ordenanza especial y en la apelación interpuesta a la Corte ele Distrito de Iíumacao fué asimismo declarado culpable y condenado a pagar una multa de diez dólares en cada caso. Al ser ofrecidas como prueba las varias ordenanzas muni-cipales. en las cuales se basan las condenas, el acusado se opuso a su presentación por varios fundamentos, algunos de los cuales se dirigen a la constitucionalidad y legalidad de dichas ordenanzas.

No podemos estar de acuerdo con el Fiscal al sostener que las objeciones a la constitucionalidad o legalidad de una ordenanza no pueden hacerse cuando dicha ordenanza se ofrece como prueba. Si la ordenanza es un elemento esen-cial de prueba y es inconstitucional o ilegal, la expresada ordenanza es prueba incompetente para el fin de obtener una convicción. La corte admitió las ordenanzas. De todos modos, si por alguna razón las referidas ordenanzas eran "inconstitucionales o ilegales, no pueden subsistir las conde-nas en estos casos, de manera que discutiremos los errores observando en cierto modo el orden en que han sido presen-tados por el apelante.

Convenimos con el Fiscal, en que ambas cortes inferio-res deben tomar conocimiento judicial de la ordenanza municipal. El Pueblo v. Suárez, 23 D. P. R. 243; El Pueblo v. Nochera, 23 D. P. R. 605; 16 Cyc. 899. Como la corte de distrito podía tomar y tomó conocimiento judicial de dichas ordenanzas, era el deber del apelante el demostrar que esa corte y este tribunal no podían sostener que porque a dichas ordenanzas les faltasen algunos requisitos relativos a su aprobación por el alcalde, o alguna otra cosa, dichas orde-nanzas jamás llegaron a convertirse e.n ley. No existe nada -en los autos que demuestre que las ordenanzas no fueron aprobadas debidamente y por tanto el primer señalamiento de error no puede prevalecer.

En el segundo señalamiento sostiene el apelante que las ordenanzas eran nulas por resultar en conflicto con la Ley Orgánica y con los estatutos de Puerto Eico. Bajo este título discute el apelante la supuesta inconstitucionalidacl de la indi-cada ordenanza u ordenanzas, pero las objeciones a las orde-nanzas qmeden cristalizarse en dos-: Primera, que el poder ■o autoridad del municipio para imponer un arbitrio a los espectáculos públicos o exhibiciones ha sido derogado por la Ley No. 134 de 1913, conocida familiarmente por Ley de Patentes por la que se fijan contribuciones comerciales o industriales; segunda, que la ordenanza de mayo 28, 1914, aprobada por el municipio de Naguabo es nula, porque es a manera de una doble contribución. La ordenanza es como sigue:

“Municipio de Naguabo. Año Eeeo. 1914-15. Ordenanza. Una ■ordenanza sobre imposición y cobranza de arbitrios municipales para el próximo año de 1914-15. Por cuanto, la ley municipal autoriza a los municipios de Puerto Rico para la imposición y cobranza de ciertos arbitrios, con objeto de cubrir sus presupuestos; Por cuanto, el municipio de Naguabo desea utilizar este recurso para cubrir el presupuesto que lia de regir en el entrante año ecco. de 1914 a 1915, Por tanto, ordénese por el Concejo Municipal de Naguabo la im-posición y cobranza, durante el referido año ecco. de 1914 a 1915, de los arbitrios siguientes: por cada arroba de carne de ganado vacuno que se sacrifique para el consumo público, 25 centavos. Por cada cerdo que se beneficie, 50 centavos. Por cada cabro o carnero, 25 centavos. Por cada puesto de carnicería o matadero por una cabeza de ganado vacuno, 75 centavos. Por id. id. ganado cerda,, 50 centavos. Por id. id. ganado lanar o cabrío, 25 centavos. Por cada certificación de la alcaldía, 75 centavos. Por cada id. id. del registro civil, 25 centavos. Por cada cabeza de ganado vacuno, ca-ballar, asnal y mular que sea conducido al corralón de animales, $1. Por cada cabeza de ganado de cerda y lanar que sea conducido al corralón de animales, 50 centavos. Por cada certificación marca de ganado, 50 centavos. Por cada espectáculo público $1.

El artículo 70 ele la Ley Municipal, aprobada en marzo-8, 1906, página 124, dispone lo siguiente:

“Los municipios tendrán facultad para derivar sus rentas de Ios-recursos enumerados a continuación, fuera de los cuales no podrá imponer contribución o arbitrio, a no estar para ello expresamente-autorizado por esta Ley o por las Leyes de Puerto Rico:
*******
“(7) Derechos de licencia para diversiones o espectáculos públicos :
*******
“(10) El producto de cualquier patente comercial o industrial impuesto de acuerdo con las disposiciones de esta ley.”

Y bajo el artículo 12 de dicha Ley No. 134, como quedó enmendada en el año 1913, se dispone lo siguiente:

“Toda persona, firma, asociación, sociedad, etc., que explote al-gún negocio o industria, según se dispone en la presente, pagará contribuciones por patentes de acuerdo con la siguiente clasificación: (entre otras muchas) Teatros particulares, cinematógrafos y espec-táculos semejantes para diversión del público: Primera clase; $25? segunda clase, $20; tercera clase, $15; cuarta clase, $10; quinta clase, $5.”

Aparentemente el apelante está dispuesto a admitir que con anterioridad a la ley No. 134 de 1913, el municipio hubiera tenido derecho a cobrar el impuesto en cuestión, o sea, el importe de un dólar por cada función de cinematógrafo; pero alega que dicha contribución para el ejercicio de un negocio está comprendida en dicha ley No. 134, artículo 12, supra. 51 se examinan los artículos 72, 73 y 74 de la Ley Municipal de 1906, se verá que a los municipios se les prohíbe imponer ningún derecho de patente por cualquier negocio que no esté enumerado en la tarifa que sigue al artículo 74. En dicha tarifa no están de modo alguno incluidos los teatros y espec-táculos y por consiguiente antes de 1914 no existía contri-bución para el ejercicio de un negocio sobre teatros o espec-táculos, y únicamente podía imponérseles una patente por el hecho de ser diversiones públicas o espectáculos. Enton-ces podía fijárseles una contribución de conformidad con el párrafo 7o. del artículo 70 de la Ley Municipal, o de otro modo no podía imponérseles el arbitrio en absoluto. Sos-tiene el apelante que dicho párrafo 7o. se refiere a las diver-siones y espectáculos, como las exhibiciones, circos y fun-ciones y no a los teatros y espectáculos legalmente estable-cidos. Creemos que resulta evidente teniendo en cuenta la historia de este artículo que antes de 1913, por lo menos, la intención de la legislatura fué que a ios teatros y espec-táculos se les impusiera una contribución como diversiones públicas y espectáculos bajo el párrafo 7o.

La intención evidente de la ley No. 134 era quitarle al municipio la facultad de imponer impuestos por el ejercicio de un negocio y ponerla en manos del Tesorero de Puerto Pico. En tanto los teatros y espectáculos podían ser con-siderados como que ejercen negocios dentro del significado del párrafo 10 de la ley de 1906, la legislatura no quitó nin-guna facultad al municipio que antes tuviera, pues, como hemos visto, el municipio no tenía facultad para imponer una contribución de patente a los teatros y espectáculos de-acuerdo con dicho párrafo 10. Es evidente que hasta el año 1913 la legislatura consideró a los teatros y espectáculos como cosas distintas de una industria ordinaria n ocupación comercial.

Sin embargo, en el año 1913, la legislatura estimó que un teatro o espectáculo era un negocio o industria y les im-puso una contribución que oscilaba entre cinco y veinticinco dólares. Dijo entonces la legislatura, y creemos que es un hecho, que existía tal negocio o industria, como el teatro o cinematógrafo.

Ahora bien, creemos que en general el ser dueño de un teatro o estar al frente del mismo es algo distinto que el dar un espectáculo público en él. Un número de cosas po-drían ejecutarse en un teatro que no constituiría un espec-táculo público o diversión dentro del significado de la ley No. 134 de 1913. El espectáculo particular podría perte-necer a una persona y el teatro a otra como pasa frecuen-temente. La ordenanza de Naguabo es puramente una orde-nanza de rentas, pero muy bien podría suceder que la legis-latura deseara dejar el control de las diversiones locales y su ejecución bajo el poder de las autoridades municipales. Véase a Dillon sobre Corporaciones Municipales, § 661 y si-guientes, edición Quinta. Los espectáculos públicos y diversiones 'ha de presumirse que son medios productivos de rentas y que pueden soportar una carga de contribución. El hecho de que la legislatura al imponer contribuciones a los teatros y espectáculos limitó la contribución anual a veinte y cinco dólares es una indicación de que la legislatura con-sideró el negocio de dirigir un teatro como cosa diferente del suministrar distracciones priblicas o espectáculos. En este caso la patente era para un teatro dedicado especial-mente a exhibiciones de cinematógrafo.

Insiste el apelante en que el impuesto es doble. Las autoridades -son claras en cuanto a que el mero hecho de que una contribución sea doble no afecta a su validez, a menos que funcione de un modo desigual sobre la misma clase o clases de la comunidad. Cooley on Taxation, 3ra. edición, tomo 1, página 391 y siguientes. La cuestión de si debe haber o no una doble contribución generalmente es una cuestión que pertenece a la discreción de la legislatura misma. Cooley on Taxation, supra, pág. 388 y siguientes, 37 Cyc. 752, nota 8.

Creemos que en 1913 la legislatura simplemente deseaba imponer una carga al negocio de teatros y espectáculos. Puede ser, como sostiene el apelante, que impone una carga adicional, pero la ley de 1913 fija esta carga a todas las cla-ses de negocios y en cierto modo limitado, a los teatros y espectáculos. El derecho del municipio a imponer contribu-ciones de patente a cada espectáculo público existía desde antes del año 1913, y creemos que el medio adecuado de con-siderar la ley de 1913 era que la misma impone una contri-bución adicional para el ejercicio del negocio a dichos tea-tros y diversiones. La contribución no cae fuertemente y de todos modos nos inclinamos a creer que la doble contri-bución sería la contribución impuesta finalmente, si estamos en lo correcto al considerar que los municipios tenían dere-cho a cobrar una contribución de patente por cada espec-táculo público o función. No creemos que la ley de 1913 derogó pro tanto la de 1906,. pues tal intención no se revela y las derogaciones tácitas no son favorecidas. Cooley on Taxation, 3ra. Edición, Tomo 1, página 502; Ponce Lighter Co. v. Municipio de Ponce, 19 D. P. R. 790; Pérez v. Sucesión Collado, 19 D. P. R. 1061; Portela v. El Registrador de San Juan, 22 D. P. R. 86 (Alegato del Fiscal). Las dos leyes pueden subsistir juntas. Pero aun cuando se consi-derara como una doble contribución no creemos que no se im-pone injusta o desigualmente.

El señalamiento tercero se basa en la negativa de la corte a declarar nulas las ordenanzas, puesto que se alegó que eran irrazonables, opresivas, injustas o inequitativas. La or-denanza a que se refiere este señalamiento de error es la que fija una pena por la infracción de la ordenanza de 28 de mayo, 1914, supra. La segunda ordenanza tiene fecha de 3 de diciembre, 1914, y es como sigue:

“Yo, José R. Torres, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Naguabo, P. R., certifico: que según consta en el libro de actas de este municipio, en sesión ordinaria celebrada el 3 de diciembre de 1914, acordó y fué aprobada por el Sr. Alcalde la siguiente ordenanza: Por cuanto la sección 70 de la Ley Municipal autoriza a los muni-cipios para derivar sus rentas de los recursos enumerados en la orde-nanza sobre arbitrios que votara este concejo municipal en 28 de marzo último para cubrir su actual presupuesto de 1914 a 1915. Por cuanto la morosidad o negativa en el pago de dichos arbitrios puede ser causa de entorpecimiento en la buena administración de este pueblo; por tanto, ordénese por el Concejo Municipal de Nagua-bo: Sección Primera, que los que se negaren a pagar los arbitrios expresados en la citada ordenanza votada por este concejo municipal en 28 de marzo último, sean denunciados ante el Sr. Juez de Paz de este pueblo quien les impondrá una multa de cinco dollars. Sección Segunda, que será requisito indispensable para poder cele-brar cualquier espectáculo público, proveerse antes, del recibo que acredite haber pagado el arbitrio municipal. Los que infringieren esta disposición serán igualmente denunciados y se les' impondrá una multa de diez dólares. Sección Tercera: que una vez aprobada esta ordenanza por el Alcalde, sea ejecutiva, y de ella se libre copia al Hon. Sr. Juez de Paz y al Jefe de la Policía Insular de este pueblo. Y a pedimento del Hon. Fiscal de este Distrito, libro la presente en Naguabo, P. R., a 26 de junio de 1915. (Firmado) José R. Torres, Secretario Contador Municipal.”

Lo más esencial de este señalamiento de error es que la infracción de la ordenanza de mayo 28 en la primera sec-ción castiga con multa de cinco dólares, mientras que en la segunda una diversión pública queda sujeta al pago de una multa de diez. dólares por no tener el recibo que acredite el pago del arbitro. Alega el apelante que él está sujeto al pago de una multa de cinco dólares por no pagar el arbitrio y también a una multa do diez dólares por no tener el recibo. Oreemos que tal vez la sección segunda está expresada de un modo ambiguo, pero creemos que fue la intención del muni-cipio sujetar las diversiones a una multa de diez dólares por falta de pago del arbitrio y el dejar de pagar los otros arbitrios que se, enumeran, a una multa de cinco dólares. Sería una interpretación irrazonable de dicha ordenanza el sostener otra cosa y a las ordenanzas debe dárseles una inter-pretación razonable. El apelante no demuestra ni se queja de que haya sido multado dos veces y si así hubiera suce-dido, estaríamos dispuestos a declarar que la multa de cinco dólares era ilegal por la suposición de que la multa subsi-guiente de diez dólares fue ordenada debidamente.

No vemos que sea irrazonable, arbitrario o injusto por parte del municipio el separar los espectáculos públicos y diversiones de las demás materias sujetas al pago del arbi-trio mencionadas en la ordenanza de marzo 28. Se presume la racionalidad de una ordenanza y no vemos que exista irrazonabilidad en el requisito de que puede imponerse- una multa de diez dólares a un cinematógrafo o diversión seme-jante por dejar de pagar el arbitrio de un dólar. Los cine-matógrafos no se diferencian de otras diversiones públicas. Si el municipio estableció diferencias en las multas que ban de imponerse, creemos que esto estaba dentro de la sana dis-creción de dicbo municipio.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demadante y Apelado, v. Garzot, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de-Humacao en causas por infracción de las ordenanzas municipales.
    Nos. 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997 y 998.
    Resueltos en junio 24, 1916.
    Resueltos por los fundamentos de la opinión emitida en el oaso No. 990, El Pueblo v. Gargot (p. 231).
    Abogados del apelante: Sres. Arturo Aponte, Jr., y Ra-món P. Rodrigues Alberty.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Confirmadas las sentencias apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Escanella, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en cansa por delito de portar armas.
    No. 1038.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Portar Armas — Licencia.—Una sentencia por portar armas no será revocada si, alegándose que se estaba debidamente autorizado para ello, se deja de transcribir la licencia en la exposición del caso; ni tampoco cuando la prueba no demuestra razón alguna para llevar consigo el arma fuera dd alcance del permiso, y especialmente para tenerla encima en una corte.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante; Sres. Garlos B. Builrago j-Antonia L. López.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La defensa alegada en este caso consistió en manifestar que el acusado estaba debidamente autorizado para portar armas. Aunque la supuesta licencia fué presentada como prueba en la corte inferior no fué incluida en la exposición del caso y, por tanto, no estamos en condiciones de poder revocar la sentencia. La teoría sostenida por el acusado' era que él tenía licencia para portar armas mientras iba de su casa a la finca, pero la prueba dejó de convencer a la corte inferior que dicho acusado tenía alguna razón para llevar consigo el arma a Caguas y especialmente para tenerla encima en la corte en cuyo sitio un policía la encontró en su persona y se la quitó.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolp, Juez Aso-ciado Sr. Wolf,

text:
    Méndez, Demandante y Apelada, v. Martínez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre reconocimiento de Rijos naturales.
    No. 1415.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Resuelto en reconsideración en julio 21, 1916.
    Nuevo Juicio — Presentación de las Pruebas. — Cuando revocada una sentencia por el Tribunal Supremo el caso se devuelve para la celebración de un nuevo juicio en términos generales, a falta de indicación específica en contrario en ella, las partes no están más limitadas en la presentación de su prueba que lo que estarían en una apelación procedente de una corte municipal o si desistieran de su caso y lo empezaran de nuevo.
    Id. — Hechos Adicionales o Explicativos — Res Judicata. — Es un error suponer que en un nuevo juicio es necesario justificar, antes de que depongan testigos del primer juicio, en qué forma o manera se diferenciaría la prueba qué iba a presentarse de los techos tal como fueron referidos en la vista anterior, o que solamente puede ofrecerse nueva prueba o prueba descubierta nuevamente, y que en el segundo juicio únicamente deben permitirse hechos adicionales o explicativos de los anteriores. Los hechos del primer juicio nunca consti-tuyen res judicata en el nuevo juicio.
    Id. — Eratjde o Falsedad — Veracidad de los Testigos. — A falta de verdaderos indicios de fraude o falsedad, el mero hecho de que las declaraciones de unos testigos se diferencien en parte de las prestadas en el primer juicio y de que la teoría de la corte sentenciadora fuera otra, no puede deducirse que los testigos no estén diciendo la verdad. En caso de existir alguna diferencia substancial, una parte tiene derecho al beneficio de la verdad.
    Exposición del Oaso — Notas del Taquígrafo — Declaraciones de Testigos en ellas Contenidas. — Son inadmisibles como prueba las declaraciones de tes-tigos en un juicio anterior contenidas en una exposición del caso o récord taquigráfico si los testigos mismos pueden 'producirse.
    Testigos — Forma de Contradecirlos — Nuevo Juicio.' — La forma adecuada de contradecir a un testigo sobre manifestaciones hechas en un segundo juicio se determina en los artículos 156 y 157 de la Ley de Evidencia. Los testigos deben estar declarando, llamárseles la atención de sus manifestaciones con-trarias y deben tener la oportunidad de explicarlas.
    Id. — Preguntas Sobre Cuestiones Colaterales — Manifestaciones Falsas.'— Si- a un testigo se le pregunta acerca de una cuestión colateral que no tiene relación con los hechos del juicio, generalmente es inadmisible la prueba para acreditar que hizo una manifestación falsa, por la razón de que si tales investigaciones colaterales fueran permitidas nunca podría terminarse ol juicio.
    Nacimiento — Registro Civil — Facultades del Encargado del Registro. — El encargado de un registro civil carece do facultades para hacer la inscripción del nacimiento de un niño fuera del término concedido por la ley. Por lo general, cuando se confía en la presentación de un récord para evitar la necesidad de tener que presentar otra prueba, debe probarse que el récord está estrictamente comprendido en los requisitos de la ley.
    Hijos Naturales — Reconocimientos—Prueba de Oartas Escritas Antes del Período de la Cuestión Envuelta. — La admisión indebida'de cartas fuera de las fechas comprendidas en las alegaciones, en una demanda sobre recono-cimiento de hijos naturales, de las relaciones entre la madre y el supuesto padre natural no es perjudicial al demandado cuando otras cartas han sido •debidamente admitidas dentro de esas fechas, a menos que el demandado pruebe que las cartas escritas antes eran de naturaleza muy distinta a las escritas dentro del período preciso de la cuestión envuelta.
    Id.- — Reconocimiento—Declaración en Interés Propio. — En casos sobre recono-cimiento de hijos naturales es inadmisible una carta escrita por el supuesto padre natural a su esposa manifestándole que el demandado era su único hijo porque sería una declaración en su propio interés (self-serving declaration) y no tendría fuerza probatoria alguna. (Véase también la opinión en recon-sideración.)
    Non-Suit SUFICIEN CIA DE LA PRUEBA — PRUEBA DEL DEMANDADO — RENUNCIA. Una moeión de non-smi necesariamente tiene que hacerse al peso de la prueba y cuando el demandado sigue adelante y iiresenta su prueba, renuncia a dicha moeión.
    Defunción — Edad.—No comete error una corte que se niega a admitir una certi-ficación de defunción presentada con objeto de probar la edad de la persona fallecida.
    Concubinato — Matrimonio—Residencia.—No es un elemento necesario de un estado de concubinato que el hombre tenga una residencia más o menos exclu-siva con la mujer ni es necesario para que exista el estado de concubinato que el hombre no deba tener otra residencia que la de la mujer, pues seme-jante condición no es indispensable en un estado de matrimonio, ni para un estado de concubinato.
    Id. — Visitas Semanales — Permanencia en la Casa — Derechos de los Hijos— Reconocimiento. — Cuando un hombre sostiene una casa separada para una mujer por un período de años y va a visitarla semanalmente permaneciendo días en ella, semejantes relaciones constituyen un estado de concubinato, y el derecho del hijo nace de este estado de concubinato y no de actos - de reconocimiento voluntario del padre. (Véase también opinión en reconsi-deración.)
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció en nombre propio.
    Abogado de la apelada: Sr. José de Gusmán Benitez.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

En 3 de julio de 1913", la Corte de Distrito de Aguadilla dictó una sentencia a favor de los demandantes en esta acción. Esta fné revocada en apelación, debido principalmente a que la prueba era insuficiente, por exigir prueba robusta un caso de filiación. Méndez v. Martínez, 21 D. P. R. 252. El caso fné devuelto para la celebración de nn nuevo juicio J Ia corte dictó otra vez sentencia a favor de los- demandantes. Contra esta segunda sentencia Víctor Martínez ba interpuesto nuevamente recurso de apelación.

Un número de los errores alegados se debió a la situación que el apelante consideró fué producida por los hechos desa-rrollados en el primer juicio.

La tercera excepción presentada por el apelante es de este carácter. Los demandantes propusieron como prueba las declaraciones de Cecilia Méndez, Sixta Torres e Irene Hernández, todas las cuales habían declarado en el primer juicio.- Al ser llamadas a la silla testifical y antes de que se les hiciera ninguna pregunta, el apelante se opuso a la declaración de estos testigos, fundándose en que era nece-sario justificar primero en qué forma o manera se diferen-ciaría la prueba que iba a presentarse de los hechos refe-ridos en el primer juicio. El parece tener la idea de que al ser devuelto un caso para la celebración de un nuevo jui-cio, los hechos del primer juicio son una especie de res adju-dicata, y que solamente podía ofrecerse nueva prueba, o prueba descubierta nuevamente; y que en el segundo juicio únicamente deben permitirse hechos adicionales o explica-tivos de los anteriores. No discutiremos todos los concep-tos erróneos del apelante. Es bastante con decir que cuando un caso ha sido devuelto para la celebración de un nuevo juicio en términos generales para permitir que se aclaren todas las cuestiones principales, como se hizo en este caso,' el caso es un juicio de novo y las partes no están más limi-tadas en la presentación de su prueba que lo que estarían en una apelación procedente de una corte municipal, o si desistieran de su caso y lo empezaran de nuevo. En cier-tas ocasiones, cuando este tribunal revoca por falta de ele-mentos de prueba, o para que se rinda una cuenta, el orden que ha de observarse por la corte inferior lo indica nuestra sentencia. Sin embargo, a falta de una indicación especí-fica en sentido contrario, el ordenar la celebración de un nuevo juicio deja a las partes en libertad para empezar de nuevo, sin más traba, o impedimento que no sea el de que a los testigos se les p'ong’a de manifiesto cualesquiera decla-raciones contradictorias que liayan prestado en el juicio anterior. Los principios que regulan las mociones de nuevo jui-cio basadas en el descubrimiento de nuevas pruebas no tie-nen aplicación a un caso que fia sido revocado por errores cometidos en la admisión o denegación de prueba, o por la falta de prueba suficiente, o cosa semejante. Donahue v. Klassner, 22 Mich. 252; Atchison v. Owen, 58 Tex. 610; Jones v. Andreys, 72 Tex. 5; 29 Cyc. 1043-44. Es de alguna aplicación la decisión de este tribunal en el caso de Carmona v. Cuesta, 23 D. P. R. 685.

La cuarta excepción del apelante se basó en la misma errónea teoría. De igual naturaleza son una o más de las razones alegadas en una moción de non suit, a cuya nega-tiva se refiere la quinta excepción.

La corte se negó a admitir como prueba la exposición del caso del primer juicio, y a esta negativa fiace referen-cia la séptima excepción. El ofrecimiento de esta exposi-ción del caso como prueba independiente no se ajusta a'nin-guna de las formas reconocidas por la ley cuando los tes-tigos mismos viven y pueden ser traídos a la corte. La regla es que deben presentarse los testigos mismos y las excep-ciones se fundan en la ausencia o incapacidad de elidios tes-tigos para declarar.

En tanto este ofrecimiento como prueba de las decla-raciones prestadas en el juicio anterior fué una tentativa para contradecir las manifestaciones fiechas por los testi-gos en el segundo juicio, tal vez es bastante con decir que la forma adecuada de contradecir a un testigo es la que deter-minan los artículos 156 y 157 de la Ley de Evidencia. Los testigos deben estar declarando, llamárseles la atención a sus manifestaciones contradictorias, y deben tener la oportuni-dad de explicarlas. En otra de las excepciones que presenta el apelante en el señalamiento de error relativo a la admi-sión en evidencia de las cartas del padre del apelante, tam-bién tenía el apelante la idea de qne podía atacar dicha admi-sibilidad mediante la presentación de los hechos del primer juicio.

El apelante ofreció como prueba el récord taquigráfico de la primera apelación para impugnar a'ciertos testigos, prueba que fué desestimada por la corte, y éste fué el punto objeto de la excepción novena. Aunque este supuesto error se discute extensamente en los alegatos de las partes, parece suficiente con decir que no se puso de manifiesto a los tes-tigos que se trató de impugnar sus declaraciones contradic-torias, ni se les dió oportunidad de explicarlas, y la excep-ción queda refutada por los principios de los artículos 156, 157 y 158 de la Ley de Evidencia, supra.

La demandante para probar el nacimiento de los deman-dantes ofreció dos certificaciones expedidas por el encargado del Begistro Civil de San Sebastián. En una de estas- cer-tificaciones se hace comparecer a Cecilia Méndez y decir que había tenido un niño unos veinte y nueve días antes. La ley parece exigir que dicha comparecencia debe hacerse den-tro de veinte días, si bien el apelante dice que el término es de ocho días. No importa el período preciso puesto que la comparecencia de Cecilia Méndez estaba fuera de uno u otro período y, por tanto, el encargado del registro carecía de facultades para hacer la inscripción. Nos inclinamos a creer que la admisión de esta- certificación constituyó un error. Por lo general cuando'se confía en la presentación de un récord para evitar la necesidad de tener que presentar otra prueba, debe probarse que el récord está estrictamente com-prendido en los requisitos de la ley. Se le hizo la objeción a la otra certificación de que a falta de explicación del hecho de no haber comparecido uno de los padres la comadrona no tenía derecho a comparecer. Creemos asimismo que la ob-jeción formulada a la segunda certificación fué válida. Sin embargo, los errores en la admisión de esta prueba no eran perjudiciales en manera alguna. Apenas hubo dudas de que estos niños eran los hijos de Cecilia Méndez. En una acción establecida por estos niños contra su madre para reclamar su filiación la prueba podría haber tenido más importancia, pero en el caso de autos no existió verdadera cuestión acerca del hecho de que los demandantes eran los hijos de Cecilia Méndez y nacieron en las fechas indicadas. La relación de estos niños con Cecilia Méndez quedó suficientemente pro-bada por su misma declaración, la de sus otros hijos, la coma-drona que la asistió en su alumbramiento, y por otros tes-tigos.

La excepción segunda hace referencia a la admisión por la corte de numerosas cartas que se dice fueron escritas por Víctor Martínez a Cecilia Méndez. Parte del razonamiento se dirige a la falta de autenticidad de las mismas. Hubo prueba suficiente tendente a mostrar que estas cartas fue-ron escritas y enviadas por el padre del apelante. Sin embargo, el argumento en su mayor parte se refiere al peso de la prueba y debe ser discutido al tratarse de la suficiencia de la prueba para sostener la sentencia. Sería una objeción decir que estas cartas se referían a un período que está fuera de las cuestiones envueltas en este caso. La teoría del ape-lante en cuanto al particular, es que la demanda hace refe-rencia solamente al período existente entre la concepción de los niños y la muerte del padre natural, o sea, desde 1908 a 1912; pero la teoría que sustenta la demanda es, que las relaciones entre Víctor Martínez y Martínez y Cecilia Mén-dez- existieron durante un número de años; por tanto era pertinente y esencial, sino necesario, para los demandantes el probar un estado constante de concubinato que tal vez se extiende a más allá de una época anterior al de la con-cepción de los demandantes. Aun cuando las relaciones fue-ran interrumpidas, la admisión de varias cartas fuera de las fechas comprendidas en las alegaciones de este caso no sería ■perjudicial en vista de las numerosas cartas que son debi-damente admisibles dentro de estas fechas, a menos que el apelante pudiera probar que las cartas no comprendidas en el período eran de naturaleza muy distinta a las cartas escri-tas durante el período preciso de las cuestiones envueltas en este caso. Como ya liemos indicado estas objeciones afec-tan más bien al peso de la prueba. Algunas de las otras obje-ciones formuladas a estas cartas ya ban sido consideradas por esta corte en otro lugar.

Al terminarse la prueba de la demandante el demandado presentó una moción de non suit. Una moción de non suit necesariamente tiene que hacerse al peso de la prueba. Algu-nas de las cuestiones levantadas en esta moción de non suit ya las hemos discutido y es bastante con decir en lo que res-pecta a mociones de non suit en general, que cuando un de-mandado sigue adelante y presenta su prueba, renuncia a dicha moción. Rivera v. Díaz, 19 D. P. R. 548; Príncipe v. The American R. R. Co, 22 D. P. R. 302. Esta corte, por tanto, solamente considerará la prueba en conjunto para ver si los hechos sostienen la sentencia.

Se queja el apelante de la negativa de la corte a admi-tir una certificación de defunción para probar la edad de su padre. La corte admitió la certificación para .acreditar el fallecimiento, pero la rechazó como creditiva de la edad y no vemos ningún error en su resolución.

La excepción octava se refiere a la negativa de la corte a admitir dos certificaciones de la corte municipal crediti-vas de que Joaquín Oronoz había radicado dos denuncias contra el apelante por supuestos delitos, de los cuales fué absuelto el apelante. Estas certificaciones no tendían a de-mostrar que Joaquín Oronoz tenía algún interés en esta ac-ción, y el hecho de que el testigo dijera que solamente había presentado una denuncia contra el demandado era una mani-festación colateral a las cuestiones del caso. Si al testigo se le pregunta acerca de una cuestión colateral que no tiene relación con los hechos del juicio, generalmente es inadmi-sible la prueba para acreditar que hizo una manifestación falsa, por la razón de que si tales investigaciones colatera-les fueran permitidas nunca podría terminarse el juicio, Wigmore on Evidence, par. 1001 y siguientes, 40 Cyc. 2569, y siguientes. Sees. 156, 157 y 158 de la Ley de Evidencia. La prueba, además, tendía a demostrar de todos modos que la supuesta manifestación falsa no se Mzo corruptamente.

La excepción décima se refirió a la negativa de la corte en admitir una carta escrita por Víctor Martínez, padre, a su esposa, en la que le manifestó que Víctor P. Martínez era su único Lijo legítimo. Esta carta fue a manera de una declaración en su propio interés (self-serving). Era res inter alios acta y no se probó ninguna razón para su admisión. No vemos ningún error y la carta prácticamente no tendría fuerza probatoria alguna. Sin la solemnidad de un jura-mento una carta escrita por un hombre a su esposa en la que le dice que no tiene otro hijo que su hijo legítimo, aun cuando fuera prueba competente sería todavía menos con-vincente o probatoria que la manifestación hecha por un hombre de que una propiedad era suya exclusivamente y no ganancial. Esto resuelve todas las demás excepciones pre-sentadas en los autos.

El apelante discute en su alegato la insuficiencia así de la demanda como de la sentencia. Creemos que la demanda determina suficientemente que en la época de la concepción y nacimiento de cada uno de los demandantes en este caso, Víctor Martínez y Cecilia Méndez vivían juntos en estado de concubinato, habiendo sostenido relaciones amorosas, y que en la fecha de la concepción de los niños no existía impe-dimento alguno para el matrimonio de los padres. Alega también la demanda hechos que tienden a demostrar que Víctor Martínez siempre había considerado a los niños como suyos propios y como tales los había llamado en distintas ocasiones, y que Víctor Martínez estaba muerto. En la de-manda entre otras cosas se pide que sean declarados los niños hijos naturales de Víctor Martínez, con derecho a lle-var su apellido y demás derechos que les otorga el Código Civil; y la sentencia en este caso se ajustó suficientemente a las alegaciones de la demanda. No es una crítica de la sentencia que en ella se declararon los derechos civiles que tenían los niños en la herencia de su padre.

Las cuestiones realmente importantes que han de ser con-sideradas en este caso son si la prueba fué bastante fuerte para justificar la sentencia de la corte, y también si dicha prueba confirió a los niños un estado legal. .

Al revocar la sentencia en la primera apelación este tribunal se apartó de su práctica general de dictar la senten-cia que debió haber dictado la corte inferior, pues parecía probable que los demandantes dejaron de presentar toda la prueba de que disponían. Esta corte resolvió que los actos de Víctor Martínez en prodigar cariños a sus supuestos hijos y en llamarles a veces como hijos suyos, no era la prueba ro-busta que la ley requería y eran medios algo dudosos de demostrar la intención del padre de reconocer a sus hijos. También declaramos que las cartas ofrecidas en evidencia en aquel caso no fueron identificadas suficientemente, ni se demostró que comprendían el período inmediatamente anterior y posterior al nacimiento de los demandantes en esta acción. La teoría sostenida por las partes en el anterior juicio era que los supuestos padres de estos niños habían tenido relaciones solamente por cuatro o cinco años, y por tanto, que como las cartas comprendían un período anterior a eso no tendrían fuerza probatoria para acreditar una rela-ción existente después de terminada la correspondencia. No hubo prueba de que ninguna de estas cartas se refiriera al período de la concepción y nacimiento de los demandantes en este caso. También resolvió la corte que las manifesta-ciones hechas por los testigos en cuanto al sostenimiento de Cecilia Méndez y sus hijos por Víctor Martínez fueron vagas, no convincentes y basta contradictorias.

En el segundo juicio Cecilia Méndez subió a la silla de testigos y declaró que tuvo relaciones con Víctor Martínez por espacio de veintitrés años; que Víctor Martínez durante todo el período iba generalmente a su casa como una vez a la semana y permanecía allí tres o cuatro días; que durante estos tres o cuatro días que estaba con ella llevaba la vida que observa cualquier hombre con su mujer e hijos; que se cuidaba de ella y la sostenía, así como a todos los hijos; que le enviaba ocho dólares semanales; que todo lo que había, adquirido procedía de él; que atendió a su sostenimientoen diferentes lugares y la ayudó a sostener y a atender a estos sitios; que sus relaciones con ella continuaron hasta después de la fecha del nacimiento de Pedro Angel y Laura María, demandantes en este caso; que a la fecha del jui-cio uno de estos niños tenía cinco años de edad y el otro tres ; y de esta manera comprobó ella que el nacimiento de Ios-niños fué en la fecha mencionada en la demanda, o sea, en noviembre 22, 1909, y noviembre 4, 1911; que ella sabía que Víctor Martínez era casado y tenía una casa en otro sitio, a veces en San Sebastián y otras en Mayagüez. Hizo otras manifiestaciones tendentes a demostrar que durante-todo el período de veintitrés años Víctor Martínez venía a visitarla periódicamente y hacía un vida marital con ella por tres o cuatro días en cada una de sus visitas. Hubo-prueba que no fué refutada en este caso de que Víctor Martínez y Martínez tenía una casa independiente donde vivió con su esposa y que su único hijo legítimo era el demandado.

Cecilia Méndez, es la persona que naturalmente tendría conocimiento de todos los hechos de este caso. Su decla-ración ha sido impugnada por tener interés en el asunto,, y como cuestión general sería peligroso para cualquier corte-de primera instancia recibir las manifestaciones no corro-boradas de una mujer en sus condiciones, pero en este casó-la declaración de Cecilia Méndez fué fuertemente corrobo-rada. Estuvo corroborada por sus demás hijos, con respecto-a los cuales también hubo prueba de que eran los hijos de Víctor Martínez;' fué corroborada por testigos que estuvieron presentes en la fecha del nacimiento de sus dos últimos hijos;, por testigos que declararon respecto al conocimiento que te-nían de las delaciones que por largo tiempo existieron entre Víctor Martínez y Cecilia; por testigos que llevaban cartas y dinero a ella; y, finalmente para no mencionar todas las circunstancias, por las mismas cartas.

Hemos examinado las firmas' que aparecen en estas car-tas. Tiene razón el apelante al sostener que la firma de las cartas difiere de la firma puesta en los documentos indubi-tados. Los documentos legales eran de fecha un poco anterior a las fechas de las primeras cartas. Creemos, sin embargo, que el carácter general de las firmas es igual. Cada una de las letras o caracteres que constituyen las firmas de la correspondencia no se diferencian más de las letras en los documentos indubitados que lo que se diferencian de cada una de las letras en el cuerpo principal de la corres-pondencia. En algunas de las cartas admitidas como prueba la “M” de Martínez se diferencia de la “M” del cuerpo principal de la comunicación. Las cartas presentadas en este juicio fueron identificadas por varios testigos, por las per-sonas que las llevaron, y por los miembros de la familia de Cecilia Méndez que las habían visto o recibido. El conte-nido de estas cartas tendía a demostrar una relación continua entre Víctor Martínez y Cecilia Méndez. Una de estas cartas fué escrita por uno de los hijos de Cecilia Méndez a su madre cuando él se encontraba con su supuesto padre natural y el padre natural agrega algunas líneas a las pala-bras del muchacho. Esta carta fué impugnada porque estaba firmada “Pascasio” cuando el nombre del muchacho era “Francisco,” pero creemos que hubo prueba suficiente de que al muchacho se le llamaba por ambos nombres. Ahora bien, aunque no se ha probado claramente que estas car-tas comprendan el período en que nacieron los demandan-tes, sin embargo, toda la prueba tiende a acreditar que las relaciones que existieron durante todo ese período de las. cartas, continuaron existiendo después, y que el estado O' condición, si así puede llamarse, que existía entre Víctor Martínez y Cecilia Méndez continuó durante la concepción y nacimiento de Pedro Angel y Laura María.

El caso presentado en el segundo juicio era muy dife-rente del deficiente caso que fué presentado en el primer juicio. A falta de verdaderos indicios de fraude o false-dad del mero hecho de que las declaraciones de los testigos se diferenciaran en parte de las prestadas en el primer jui-cio y de que la primera teoría de la corte sentenciadora fué algo cambiada no puede deducirse que los testigos no estaban diciendo la verdad. Si existió alguna diferencia sustancial •en las declaraciones, los demandantes tenían derecho al bene-ficio de la verdad y la corte estaba obligada a apreciarla.

Los autos no muestran cuál fué el fundamento que tuvo la corte inferior para llegar a la conclusión de que estos demandantes tenían derecho a que se hiciera- el reconoci-miento. Nos inclinaríamos a dudar si hubo prueba suficiente de que Víctor Martínez y Martínez reconoció en verdad a estos dos hijos como suyos. Hubo prueba, desde luego, ten-dente a demostrar eso, pero dudamos si debemos estar satis-fechos con esa prueba solamente. Hemos dejado de decir ■que la esposa de Víctor Martínez falleció en 1908, y por consiguiente que a partir de esa fecha no hubo impedimento para el matrimonio de Víctor Martínez con Cecilia Méndez. El derecho de estos niños a ser llamados hijos naturales reco-nocidos depende, entre otras cosas, de la capacidad de sus padres para contraer matrimonio, podríamos tener alguna ligera duda respecto a si Víctor Martínez llevó una vida familiar en lo concerniente a estos niños en particular, pues las cartas no comprenden el período que empieza con la con-cepción de los niños, pero esa duda está envuelta en lo que consideramos que es la cuestión principal en este caso, o sea, si los actos de Víctor Martínez con Cecilia Méndez cons-tituyeron un estado de concubinato suficientemente conocido •de otros. El párrafo 3o. del artículo 189 del Código Civil Revisado, con anterioridad a la enmienda de marzo 9, 1911, disponía que el padre estaba obligado a reconocer al hijo ilegítimo cuando la madre fué conocida viviendo en concu-binato al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo, o cuando-éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.

Y el artículo 193 del Código Civil, como ha sido enmen-dado por la ley No. 73 de marzo 9, 1911, dispone que el padre está obligado a reconocer al hijo natural “cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo.”

Se levanta cierta cuestión respecto al hecho de que Pedro Angel nació antes de marzo 9, 1911, y Laura María después. Sin embargo, de la única manera que estaríamos satisfe-chos en confirmar la sentencia en este caso es por la teoría de que los hechos mostraron el estado de concubinato des-crito en el artículo 3 de cada una de estas leyes. No dare-mos importancia a esta consideración de si ese concubinato era conocido. Creemos que la prueba muestra que las rela-ciones entre Víctor Martínez y Cecilia Méndez eran sufi-cientemente conocidas en San Sebastián donde el hombre y la mujer fueron vistos viviendo juntos.

Escriche en el Tomo II, página 453, define la concubina como la mujer que vive y cohabita con un hombre como si fuera su marido, siendo ambos libres y solteros y pudiendo contraer matrimonio, aunque el hombre en realidad pueda no ser su marido; y Gregorio López, el comentarista a las Leyes de Partida, se expresa en sentido parecido.

Ei artículo 452 del Código Penal que antes regía en Puerto Pico castiga al marido que tuviere una manceba dentro de la casa conyugal o fuera de ella con escándalo. Estas citas por sí indican que no es un elemento necesario de un estado de concubinato que el hombre tenga que tener una residen-cia más o menos exclusiva con la mujer. No creemos que es necesario para que exista un estado de concubinato que el hombre no deba tener otra residencia que la de la mujer. Como dijo la Corte Suprema de Louisiana, semejante con-dición no es indispensable en un estado de matrimonio ni lo era para un estado de concubinato. Succession of Jahraus, infra. La Enciclopedia Jurídica Española tiene un corto artículo sobre el concubinato en donde se dice que para que constituya concubinato la unión que existe entre un hombre y una mujer debe ser duradera, continua y persistente.

Louisiana que también indirectamente hereda su ley de Boma, tenía también un precepto legal semejante al artículo 452 del Código Penal para España y Cuba, según el cual es un delito por parte del marido tener una concubina en la casa conyugal, o en algún otro sitio, notoria y pública-mente. El estatuto ha sido citado en el caso de Ledoux v. Her Husband, 10 La. Ann. 663.

El artículo 1481 del Código Civil de Louisiana dispone que aquellos que han vivido juntos en notorio concubinato son incapaces para hacerse donaciones de bienes inmuebles.

En el caso de Sucesión de Jahraus, 114 La. 456, un hombre casado sostenía a una mujer secretamente y la corte, por tanto, resolvió que el artículo 1481 no era de aplicación, pero en el curso de la opinión la corte se expresó en estos términos:

“El demandado niega que jamás han existido relaciones ilícitas entre él y la testadora, y que en caso de que la corte resuelva que tales relaciones realmente existieron, él niega que fueran de la natu-raleza que se les atribuye, o, en otras palabras, que constituyeran el hecho de ‘vivir juntos en notorio concubinato,’ de donde resulta •la incapacidad que determina el artículo 1481.
* * * * * * *
“Los ilustrados abogados del demandado fundan, el argumento en las palabras ‘haber vivido juntos.’ Palabras que dicen deben ser tomadas en su sentido ordinario en la interpretación de un estatuto; y el sentido corriente de las palabras ‘haber vivido juntos’ es ‘haber morado o residido juntos’; y por tanto los concubinos deben haber vivido juntos en el sentido de haber morado o residido juntos para que pueda ser aplicable a ellos el artículo 1481.
“No podemos adoptar esa interpretación. El residir juntos con frecuencia acompaña al concubinato, pero no es una característica esencial. Puede haber concubinato, un concubinato público a la vez, o sin eso, lo mismo que puede haber matrimonio sin ello. Es cosa que acompaña de modo invariable al matrimonio pero que no es esencial; su falta no anularía el matrimonio. No creemos que deba decirse que la ley no tendrá en cuenta un concubinato en tanto se abstengan los concubinos de vivir realmente juntos. El objeto de la ley es la relación permanente de vivir juntos como hombre y mujer sin ser casados, y si esa relación se sostiene públicamente queda cumplida la condición del artículo 1481, aunque las partes no vivan juntas. Según la interpretación alegada un hombre podría poner una casa a una mujer, visitarla allí regularmente, crear una familia con ella, pagar sus cuentas, educar a sus hijos y de palabra o por su conducta, o en ambas formas, dar a conocer sus relaciones ilícitas con ella y, sin embargo, no estar comprendido el caso dentro de las prescripciones del artículo 1481, en tanto residiera en otra parte. Repetimos que no creemos que sería procedente dar esa inter-pretación al artículo 1481.”

En el caso de Succession of Filheil, 119 La. 998, la corte diferenció el caso de Jahraus con respecto a lo que consti-tuirá una relación secreta entre las partes y declaró que existía un estado de concubinato entre ellas cuando los hechos, dejando a un lado la cuestión de ser notoriamente conocidos, eran muy parecidos a los del presente caso. El razonamiento de la corte en el caso de Jahraus que hemos citado, fué aceptado.

En el caso Jahraus, supra, página 49, se cita una auto-ridad francesa que define el concubinato en un sentido pare-cido a como se define en dicho caso. En vista de los ante-cedentes de Puerto Rico y la ley que hemos podido hallar en las jurisdicciones que tienen condiciones parecidas a las de Puerto Rico, no vacilamos en lleg'ar a la conclusión de que cuando un hombre sostiene una casa separada para una mujer por un período de años y va a visitarla, permaneciendo con ella por tres o cuatro días a la vez, semejante relación constituye un estado de concubinato.

Ataca el apelante la sentencia y conclusión general de la corte inferior por existir prejuicio, pero su razonamiento se hace depender principalmente del hecho de que la posi-ción de la corte en cuanto al caso era distinta de la que tuvo el apelante; en otras palabras, se hace depender el hecho relativo al prejuicio en gran parte, de los errores que alegó el apelante que pueden verse en los autos. Para estar de acuerdo con el apelante sería necesario aceptar la teoría que él sustenta respecto al caso y declarar que los demandantes no estuvieron justificados al establecer su acción, pero del examen que liemos lieclio de los autos en su totalidad esta-mos convencidos de lo contrario; y siendo ello así, claro es que opinamos que debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.

Habiéndose presentado con posterioridad una moción de reconsideración de sentencia, el tribunal por su

Juez Aso-ciado Sr. Wolf,

emitió la siguiente opinión:

Se ha presentado una moción de reconsideración en la que se alegan varias razones para fundamentarla. Es evi-dente que este tribunal incurrió en un error en el uso de una palabra en una parte de su opinión. Dijimos al considerar la Excepción Décima, que la corte inferior no cometió error alguno al negarse a admitir una carta que fué escrita por Víctor Martínez a su esposa en la que manifestaba que su único hijo legítimo era Víctor P. Martínez. El uso de la palabra ‘‘legítimo” fué un desliz de la pluma. Es evidente que el propósito del demandado, como lo revela la carta, fué demostrar que él era el “único hijo” y no el “único hijo legítimo.” La carta, sin embargo, no era sino a manera de una declaración en su propio interés (self-serving declaration), ni menos que res inter alios acta y prácticamente sin ninguna fuerza probatoria. La única carta a que se refería la Excepción Décima fué la dirigida a la esposa de Víctor Martínez y no a una carta escrita al Royal Bank -of Canada. Pero una carta escrita al banco quedaría sujeta a objeciones parecidas.

Con respecto a la prueba de que los demandantes eran los hijos de Cecilia Méndez y nacieron en las fechas expresadas, nada tenemos que añadir al razonamiento que aparece en la opinión; ni nada tenemos que agregar acerca de la fuerza probatoria de las cartas que fueron admitidas como prueba.

En cuanto al interés de los testigos o a la contradicción en la prueba, esa era una cuestión que incumbía a la corte inferior con la cual no intervendrá este tribunal excepto en un caso extraordinario y cuando esté convencido de que lia habido error o mediado algún otro elemento.

Si la sentencia de la corte inferior dependió únicamente del reconocimiento voluntario de Víctor Martínez de los su-puestos hijos naturales, simpatizaríamos mucho con la actitud del demandado, pero la sentencia de este tribunal se basa específicamente en el hecho de que la prueba tendía a demos-trar un estado de concubinato que existe entre Víctor Mar-tínez y Cecilia Méndez y que los hijos nacieron mientras duró ese estado. Es innecesario, por tanto, probar nada más sino que a la fecha del nacimiento de cada uno de estos hijos existía dicho estado de concubinato; y la prueba en realidad tendía a mostrar un estado de concubinato que comienza antes y se extiende hasta una fecha posterior al nacimiento de cual-quiera de los hijos en este caso.

Debe desestimarse la moción.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    La Isabella Grove, Inc., Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Segunda, Recurrido.
    Recueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Segunda, denegando la ins-cripción de una escritura de venta e hipoteca.
    No. 268.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Corporaciones Extranjeras — Compra de Bienes Inmuebles — Hipoteca—Nego-cios en Puerto Bico. — El mero lieelio de adquirir y poseer bienes inmuebles e hipotecarlos para garantir el pago aplacado del precio de la venta una corporación extranjera no registrada, no constituye emprender negocios en esta isla dentro de la ley de 9 de marzo de 1911. Los artículos 37 al 40 de dicha ley se refieren a las corporaciones que realmente están emprendiendo negocios en Puerto Bico, en el sentido ordinario de la palabra.
    Id. — Nombre de la Corporación — Negocios en Puerto Bico. — No puede esta-blecerse una conclusión legal respecto a los negocios de una corporación por el nombre de la misma.
    Id. — Negocios en Puerto Bico — Registro de la Propiedad.' — No es en los regis-tros de la propiedad sino en los tribunales donde debe ventilarse la cuestión de si una corporación extranjera está o no emprendiendo negocios en Puerto Bico.
    Id. — Derechos de las Corporaciones. — Cuando no se prohíbe expresamente por la legislatura a una corporación extranjera el que haga contratos aislados o posea terrenos, al igual que cualquiera otra corporación que no está res-tringida por su propia ley, tiene todos los derechos que pertenecen a un individuo.
    Id. — Contratos Nulos — Contratos Anulables. — No es nulo, un contrato en que se cumplen los requisitos que determina el artículo 1228 del Código Civil, aunque si es ilegal puede ser anulado a solicitud de la persona con derecho para ello.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Francis E. Neagle.

    El registrador recurrido Sr. José Marcial López, compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Por virtud de los artículos 37 y siguientes de la ley de marzo 9, 1911, (Leyes de la Sesión de 1911, página 110 y si-guientes), las corporaciones extranjeras “antes de emprender sus negocios en esta isla,” están obligadas a archivar en la oficina del Secretario de Puerto Eico sus cláusulas de incor-poración, una declaración, contentiva entre otros particulares, para los fines de reglamentación y de supervisión, del objeto u objetos del negocio y el consentimiento para ser deman-dada y designación de la persona que ha de ser demandada. De acuerdo con el artículo 40, la tentativa de cualquier cor-poración extranjera a emprender negocios en esta isla sin haber cumplido antes con los precedentes artículos, se cas-tiga con multa de diez dollars por cada día, a beneficio de El Pueblo de Puerto Bico, y es el deber del Attorney General establecer la correspondiente acción para hacer efectiva dielia multa. La ley no prescribe ninguna otra penalidad.

En febrero 1, 1916, la Isabella Grove, corporación debi-damente registrada bajo las leyes del Estado de Nueva York, presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Juan, una escritura, por la que se le traspasaba el título de cierta propiedad, y al propio tiempo y en la misma escritura la referida corporación constituyó una hipoteca so-bre la mencionada propiedad a favor ele William Allan. El registrador recurrido se negó a inscribir dicha escritura, por el fundamento de que la Isabella Grove, Inc., no acreditó que había archivado en la oficina del Secretario de Puerto Rico, la declaración, certificado y consentimiento que deter-mina la ley de marzo 9, 1911, antes de emprender negocios en la isla, sin los cuales, según el recurrido, carecen de vali-dez los contratos por dicha corporación celebrados relativos a bienes inmuebles. Expresa el recurrido que el defecto es insubsanable.

Sostiene el recurrente que el contrato o contratos que se tratan de inscribir, por los que la corporación extranjera ad-quiere propiedad en Puerto Rico, no constituye hacer nego-cios en Puerto Rico y que aun cuando tal acto o actos cons-tituya hacer negocios en dicho país, no es el registrador, sino únicamente el Attorney General la entidad que puede opo-nerse.

El aceptar una simple escritura sobre bienes inmuebles no es emprender negocios en Puerto Rico. Cooper Mfg. Co. v. Ferguson, 113 U. S. 727; Bamberger v. Schoolfield, 160 U. S. 149; International Textbook Co. v. Pigg, 217 U. S. 91; 19 Cyc. 1267, et seq.; 12 R. C. L. 68, et seq. State of Kansas v. American Book Co., 1 L. R. A. (N. S.) 1043. En el caso de Union Central Life Insurance Company v. Gromer, 19 D. P. R. 900, esta corte resolvió que el hacer prés-tamos garantizados por hipoteca no constituía emprender negocios en Puerto Rico de acuerdo con las leyes sobre con-tribución. Creemos que los artículos 37 al 40 tuvieron por objeto ser de aplicación a las corporaciones que realmente están emprendiendo negocios en Puerto Rico, en el sentido ordinario de la palabra. Considérese, por ejemplo, la parte de la ley que requiere el nombramiento de un agente para fines de litigios. Sin embargo, es perfectamente posible obte-ner la citación contra una corporación extranjera mediante edictos por cualquier asunto que envuelva contratos de la clase que se pretende inscribir. Considérese, además, el re-quisito de que debe una corporación presentar una declara-ción del negocio realizado en cada año. En tanto se trata de la escritura en este caso no existe indicación de que la corporación realice alguna vez cualquier otro negocio en Puerto Rico. Exigir a una corporación que presente un in-forme anual meramente porque poseía una propiedad, sería un absurdo. El registrador en su alegato admite que no hay nada en la ley que proliiba a una corporación extran-jera poseer o tener bienes, pero sostiene que esta corpora-ción no solamente adquirió el terreno, sino que inmediata-mente lo hipotecó-y que del mismo nombre de la corpora-ción aparece que la compañía se dedicará a fines agricultu-rales. Podría surgir una seria cuestión respecto a si una' corporación que cultiva el suelo por varios años antes de hacer un embarque de frutas cítricas, por ejemplo, puede decirse que emprende negocios dentro del significado de la ley; pero nadie tiene derecho a establecer una conclusión legal respecto al negocio de una corporación del nombre de la misma. En tanto se trata de la constitución de una hipo-teca, eso con frecuencia está tan unido a la adquisición de la propiedad, que si con dicha adquisición no se está empren-diendo un negocio, uno de sus incidentes ordinarios, como lo es la hipoteca, para garantir el pago aplazado del precio de venta, no podría ser considerado como un acto indepen-diente con el cual se emprende un negocio. Decir que una persona puede adquirir bienes y luego decir que no puede gravarlos entonces impediría indirectamente en un gran nú-mero de casos, el adquirir bienes.

Aun cuando se presentara la cuestión de si la corpo-ración estaba o no haciendo negocios en Pnerto Pico, no es el registro el lugar donde se ha de resolver sobre tal cuestión de hecho en que hay desacuerdo. Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador, 19 D. P. R. 152; Seoane v. El Registrador de Caguas, 23 D. P. R. 810. En el primer caso el principal fundamento de la decisión era el de que el derecho de. una corporación particular bajo la Ley Orgánica a poseer más de quinientas cuerdas de terreno, no importa lo flagrante que pueda ser la infracción de la ley. era una cuestión que sólo podía ser investigada por el Gobierno y que la corporación adquirió un título inscribible perfectamente válido que sólo podría ser anulado mediante la debida acción establecida por el Attorney General. De igual modo cuando una corporación está infringiendo la ley de marzo 9, 1911, no se impone al registrador ningún deber de corregir dicha infracción. Las penalidades son impues-tas 'por la misma ley y es el deber específico y expreso del Attorney General el hacer que se cumplan. En ningún sitio sino en una corte podía ser juzgada la cuestión de si el eje-cutar determinado contrato era emprender negocios, según la sanción de los artículos 37 al 40 de la ley de marzo 9, 1911.

Aun cuando admitiéramos que la Isabella Grove, Incorporated, está emprendiendo negocios en Puerto Eico, el regis-trador no tendría derecho a denegar la inscripción. Uno de los fines principales del registro es proteger a los com-pradores diligentes. Aun cuando la Isabella Grove no hu-biera cumplido con la ley, adquirió en definitiva propiedad que deseaba proteger contra todo el mundo. El efecto principal de denegar la inscripción sería el de abrir el camino al fraude. Pero convenimos con la recurrente en que la infracción de la ley está bajo el dominio del Attorney General directamente mediante procesos y multas y es posible que por otros medios. Por lo general cuando una legisla-tura quiere evitar que una corporación extranjera haga con-tratos aislados, o posea terrenos, así lo ha expresado en claro lenguaje. No revelándose esa intención, una corpora-ción extranjera ál igual que cualquiera otra corporación que no esté restringida por su propia ley tiene todos los derechos que pertenecen a un individuo. 12 E. C. L. 47. Alega el registrador que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria está él en el deber de investigar res-pecto a la capacidad de las partes contratantes. Pero no existe en este caso cuestión alguna relativa a la capacidad de la Isabella Grove para concertar contratos. Puede o no estar infringiendo la ley, pero tiene capacidad para contra-tar, y el registrador admite que puede adquirir bienes. La misma nota se funda aparentemente en la teoría de que el acto de la corporación es nulo, pero hemos resuelto en los dos casos ya citados, y en otros, que cuando en un contrato se cumplen los requisitos que determina el artículo 1228 del Código Civil, dicho contrato no es nulo, pero si aparentemente es ilegal puede ser anulado a solicitud de la persona o personas con derecho a quejarse. Un comprador tiene derecho a ser pro-tegido contra cualquier otra persona.

Debe revocarse la nota.

Revocada la nota recurrida.

Jueces- concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    The Porto Rican Leaf Tobacco Co. Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Eecueso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Caguas inscribiendo con defecto subsanable una escritura de constitución de hipoteca.
    No. 266.
    Resuelto en junio 24, 1916.
    Corporaciones Extranjeras — Compra be Bienes Inmuebles — Negocios en Buerto Rico. — El adquirir y poseer bienes inmuebles una corporación extran-jera no registrada en Puerto Rico no constituye emprender negocios dentro de la ley de 9 de marzo de 1911. Véase La Isabella Grove, Inc. v. Ll Regis-trador de San Juan (pág. 257).
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Andrés Mena.

    El registrador recurrido Sr. Emigdio S. Ginorio compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La única diferencia que hay entre él principio envuelto en este caso y el de La Isabella Grove v. El Registrador de San Juan, (pág. 257) que acaba de fallarse, es que en aquel caso el registrador procediendo más correctamente inscribió la escritura con un defecto subsanable. Este proceder da más fuerza al hecho de que las cuestiones de esta clase no se presentan al registro. En este caso el registrador pro-bablemente estaba satisfecho independientemente del título presentado de que la corporación había cumplido con la ley, pero en el anterior el registrador no tenía conocimiento personal de un manera o de otra. La verdadera información según los autos en uno u otro caso era la misma. La nota del registrador en este caso expresa que no consta que la compañía era una corporación doméstica, o autorizada para emprender negocios en Puerto Rico. Como la escritura ofre-cida era la adquisición de una finca, el registrador debió haberla inscrito sin necesidad de tener que hacer una inves-tigación para ver si la corporación había cumplido o no con las leyes referentes a las corporaciones extranjeras a cuya clase pertenecía la recurrente, como aparece de la escritura. Por estas razones y las que más extensamente han sido con-signadas en el caso de La Isabella Grove, Inc., v. El Registrador de San Juan, supra, debe ser revocada la nota.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Villaveitía, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en cansa por libelo.
    No. 940.
    Resuelto en julio 3, 1916.
    Libelo — Identificación del Denunciante — Denuncia Suficiente. — Una denun-cia por libelo hecha en una corte municipal por el oficial de sanidad de la municipalidad, como tal oficial, y firmada por él como denunciante y como oficial de sanidad local, imputando al acusado que, como autor de la materia libelosa, hizo que la misma se publicara con la intención de “difamar al , oficial de sanidad” de tal municipalidad y de “impugnar su honradez e integridad como tal funcionario público, exponiéndolo al odio y ridículo público,” suficientemente identifica al denunciante como la persona a que se refiere la publicación libelosa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: SV. Ramón P. Rodríguez Alberty.

    Abogado del apelado: 8r. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado y apelante fné declarado culpable del delito de libelo, primero en la corte municipal y luego en la de Distrito de Hnmacao, a virtud de una denuncia que dice lo siguiente:

“Yo, José A. Díaz, oficial de sanidad, vecino de Fajardo, calle de Celis Aguilera, No. 45, de 44 años, formulo denuncia contra J. J. Villaveitía, por delito de libelo (Infracción al artículo 243 del Código Penal) cometido de la manera siguiente:
“Que en fecha anterior a 24 de marzo de 1915, y en Fajardo, del Distrito Judicial Municipal de Fajardo, el acusado suscribió y envió al periódico Unión Obrera, que se 'edita en Mayaguez, P. R., una correspondencia para ser publicada en el citado periódico, como efectivamente lo fué, habiendo circulado públicamente en esta ciudad entre otros ejemplares el marcado con el No. 67 (edición de marzo 24 de 1915) de dicho periódico y forman parte de dicha correspon-dencia, los siguientes párrafos:
“ ‘Los empleados de la sanidad en Fajardo, no cumplen sus debe-res, por complacer a personas influyentes que monopolizan el Comer-cio y las industrias, etc., etc. El lunes 15 del mes corriente, varias personas, entre ellos panaderos denunciaron al oficial de sanidad de esta población, el heclio de que la noche del día anterior se había elaborado pan con harina que contenía gorgojos; se le notificó ade-más que 46 sacos de la misma harina en mal estado se hallaba alma-cenada en el establecimiento de Don Jesús Bird Belona. Dicho fun-cionario público mandó al inspector a que investigara el caso; éste fué, examinó, mareó los sacos, mejor dicho todos los sacos, pues no había uno en buenas condiciones, mas por desgracia no se atrevió (ni el oficial tampoco) a decomisar la harina por tratarse del señor Bird.’
“Aunque los transcritos párrafos están suscritos bajo el pseudó-nimo ‘Don Simplicio,’ el acusado es el único autor de los mismos y gestionó su publicación con la maliciosa intención de difamar al oficial de sanidad de Fajardo y de impugnar su honradez e integridad como tal funcionario público, exponiéndole al odio y ridículo públicos y son, además, falsas las imputaciones que se le hacen. (Firmado) José A. Díaz' denunciante. Jefe Local de Sanidad.”

El apelante insiste en que los hechos denunciados’ no constituyen delito público, pues en la denuncia no se alega que el artículo publicado por el acusado se refiera el denun-ciánte, por no aparecer que en realidad era el denunciante •en la época en que se hizo la referida publicación el oficial de sanidad del pueblo de Fajardo y porque la supuesta ma-teria libelosa no tiende a impugnar la honradez, integridad, virtud o buena fama del denunciante.

Aunque la denuncia deja algo que desear en lo que res-pecta a la identificación del denunciante como la persona a que se hace referencia en la publicación libelosa, y si fuera una acusación tal vez podría ser objeto de censura en cuanto al particular, creemos que considerados conjuntamente los párrafos con que comienza y termina dicha denuncia esta-blecen suficientemente este elemento del delito.

La alegación de que el lenguaje ofensivo no es libeloso •dentro del significado del artículo 243 del Código Penal, es demasiado frívola para merecer detenida consideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Hutchison,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Quirós, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibc» en causa por hurto de menor cuantía.
    No. 925
    Resuelto en julio 3, 1916.
    Hurto de Menor Cuantía — Consejo o Incitación — Autores o Principales— Acusación Suficiente. — Una acusación que alega que algunos de los acu-sados aconsejaron, incitaron y propusieron a otros también acusados la comi-sión de un delito de hurto de menor cuantía que se especifica, siendo prin-cipales o autores del mismo, imputa un delito público.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Félix Santoni.

    Abogado del apelado: ffr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado y apelante fué declarado culpable de un delito-de hurto de menor cuantía, a virtud de una acusación en la cual se imputaba el delito en la forma siguiente:

“El Fiscal formula acusación contra Juan Figueroa, Pío Muñiz, Venancio Santiago, Eulogio Quirós y Andrés Quirós, por un delito de liurto de menor cuantía (misdemeanor) cometido como sigue:
“Los citados Juan Figueroa, Pío Muñiz y Venancio Santiago durante las horas de la noche del 22 al 23 de febrero de 1915, en el barrio de Cialitos, del término municipal de Ciales, que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, P. R., allí y entonces, voluntaria e ilegalmente y con intención criminal, puestos de acuerdo, hurtaron, cogieron y se llevaron cinco cajas de colmenas de madera y zinc con sus abejas valoradas en $50 y que eran de la propiedad de C. López de Tord.
“V el Fiscal alega además que los citados Eulogio Quirós y Andrés Quirós voluntaria, ilegal, criminal y maliciosamente aconsejaron, in-citaron y propusieron a los referidos Juan Figueroa, Pío Muñiz y Venancio .Santiago la comisión del referido delito de hurto de menor-cuantía que se deja dicho, siendo principales o autores del mismo.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y contra la paz y dignidad d'e El Pueblo de Puerto Rico. ’ ’

La acusación lia sido impugnada por el fundamento de-que, en lo que respecta al acusado y apelante, en ella nose imputa un delito público, pues no se determinan los actos, particulares que constituyen el supuesto consejo e instiga-ción, ni se alega que los acusados Quirós, “no estando pre-sentes,” aconsejaron e incitaron la comisión del delito.

Aparte de la distinción que establece la ley común en cuanto al delito de traición, burto de menor cuantía y misdemeanors, las únicas autoridades que ban sido citadas por el apelante, o sean los casos de People v. Campbell, 40 Cal. 129, y People v. McGungill, 41 Cal. 429, no representan la ley ya en California o en cualquiera otra parte bajo pre-ceptos de códigos semejantes al nuestro, careciendo de méritos la alegación. People v. Outeveras, 48 Cal. 19; People y. Rozelle, 78 Cal. 84; People v. Nolan, 144 Cal. 75; 1 R. C. L. 151, párrafo 33; 22 Cyc. 360, 361; 3 Bishop, New Criminal Procedure, párrafos 1 al 15, páginas 1217 y siguientes.

Y en cuanto al único otro error alegado, o sea, que la sentencia no está sostenida por la prueba, será bastante con decir que examinada cuidadosamente la prueba, ésta no-revela tal error manifiesto por parte del juez sentenciador que justifique la revocación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Martínez, Peticionario, v. Soto Nussa, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa sobre otorgamiento de escritura.
    No. 163.
    Resuelto en julio 3, 1916.

    Certiorari — Documentos Base de la Acción — Prueba—Eliminación—Demanda Enmendada. — Cuando en una demanda se transcriben documentos que el tribunal estima que no son la base de la acción a que se refiere el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil sino sólo medios de evidencia para pro-barla, la resolución declarando con lugar una moción de eliminación no es revisable mediante certiorari.

    Los beclios están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.
    El juez demandado no compareció.

       En julio 11, denegada reconsideración.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario en la corte inferior presentó una demanda en la que transcribió ciertos documentos y cartas. El de-mandado liizo una moción para eliminar que fue concedida por la corte inferior por entender que los documentos trans-critos no podían ser estimados como base de la acción, sino •sólo como medios de evidencia para probarla, ordenando al •demandante que enmendara, su demanda y concediéndole cinco días para subsanar tales defectos, en otras palabras, •el derecho a enmendar. Generalmente no debe ordenársele al demandante que enmiende sino dársele permiso, pero esta irregularidad no es la materia sobre que versa la petición.

Cuando en una demanda se insertan indebidamente mate-rias de evidencia, el medio adecuado para poner un remedio .a esa situación es presentando una moción de eliminación. Examinada la petición tiende ésta a convencernos de que iodos o la mayor parte de los documentos transcritos eran cuestiones de evidencia y no documentos parecidos a escri-turas, pagarés y otros contratos a los cuales se refiere el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil. Aun cuando algunas de las cartas en realidad constituían el contrato en el cual se basaba la causa de acción, no creemos, sin embargo, que la resolución de la corte es revisable mediante certiorari, y si tuviéramos alguna duda todavía ejercitaríamos nuestra discreción para denegar el auto. El error impugnado es a lo sumo de apreciación, a saber, si la demanda contenía o no cierta, materia impertinente o superfina. No bubo errol-de procedimiento y nada aparece de los lieclios referidos en la petición que indique que cualquier supuesto error no podía ser revisado por apelación. Estamos lejos de sugerir que prosperaría una apelación contra la sentencia definitiva que el peticionario hubiera podido solicitar que se dictara si no prefería hacer enmiendas. Debe denegarse el auto.

Denegada, la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: En Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Cividanes, Peticionario, v. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado, y Díaz et al., Interventores.
    Solicitud para que se expida un auto de mandamus al Juez de la Corte de Distrito de G-uayama en causa sobre admi-nistración judicial.
    No. 155.
    Resuelto en julio 3, 1916.
    Mandamus — Deberes de los Jueces Inferiores — Administración- Judicial.— Resuelto por este tribunal que el cónyuge viudo tiene preferencia a cualquiera otra persona para ser nombrado administrador judicial y que la objeción que se hizo a su nombramiento no es suficiente para privarle de ese derecho, es deber del juez inferior hacer su nombramiento de modo que pueda tomar posesión del cargo.
    Id. — Contestación Evasiva — Falta de Hechos Constitutivos de Oposición— Auto Perentorio. — Si la contestación dada por el juez recurrido a un auto condicional de mandamus es evasiva y no contiene liechos constitutivos de oposición, debe expedirse el auto perentorio sin más trámites, de acuerdo con la sección 9 de la ley de mandamus.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Eduardo Acuña.

    El juez demandado compareció por escrito en nombre propio.
    Abogados de los.interventores: Sres. Jorge V. Domínguez, Francisco Soto Oras y Miguel Guzmán Texidor.

   En Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento sobre administración judicial de los bienes de Doña Rufina Molinaris la Corte de Distrito de G-uayama convocó a los herederos y a los acreedores para una reunión con objeto de nombrar a dicho administrador. La reunión se verificó, el cónyuge viudo Don Manuel Civi-danes solicitó ser nombrado administrador, y la corte nombró a una persona extraña, a quien desde luego fijó fianza para el desempeño del cargo y ordenó que luego que la prestara y jurase el cargo se le diera posesión de él.

Pedida reconsideración de esa resolución por Don Manuel Cividanes insistiendo en ser nombrado administrador se con-vocó nuevamente a las partes y, después de oir los cargos que se opusieron a la designación del Sr. Cividanes, resolvió la corte ratificar su anterior nombramiento de administrador porque aunque reconocía la capacidad del Sr. Cividanes, en-tendía que había divergencias entre él y los herederos y con-dueños lo que obstaculizaría la buena marcha de la adminis-tración.

Conociendo nosotros en grado de apelación de ese caso Díaz v. Cividanes, 23 D. P. R. 847, resolvimos en 16 de mayo de este año que el cónyuge viudo tiene preferencia sobre cual-quiera otra persona para ser nombrado administrador, aun-que dicha preferencia no es tan-indiscutible que deba siempre prevalecer porque pudiera darse el caso de existir razones tan poderosas que fuera necesario nombrar administrador a ■otra persona; y en cnanto a las objeciones qne se habían hecho a Cividanes para qne fuera nombrado administrador resolvimos qne no se consignó ningún hecho concreto demos-trativo de qne se tratase de algo grave qne incapacitara al viudo para el ejercicio de dicho cargo, y, por tanto, qne las objeciones qne se le habían hecho no eran tales porque cons-tituían meras probabilidades' de disgustos y de obstáculos insuficientes para excluirlo de la administración, cuya capa-cidad y honradez fueron reconocidas por la misma corte y cuya gestión quedaría garantida, además, por la fianza que prestase, por las cuentas que rindiese y por la supervisión qne sobre él ejercería la propia corte que lo nombrara, pol-lo que revocamos la orden recurrida y ordenamos la devolu-ción del caso a la corte de su origen para ulteriores procedi-mientos de conformidad con los principios establecidos en la opinión.

Comunicada esta resolución a la corte inferior, ésta nom-bró en 26 de mayo último al cónyuge sobreviviente Don Manuel Cividanes administrador judicial de dichos bienes, siempre y cuando los demás condueños de la herencia no demostrasen que existen razones poderosas que le incapaciten y estimando que debía darse una oportunidad a dichos here-deros o copartícipes para impugnar el nombramiento que hacía y demostrar las causas' que tuviera que afecten a la honradez y habilidad del Sr. Cividanes incapacitándole para actuar como tal administrador, señaló el 10 de junio siguiente para que las personas interesadas comparecieran a mostrar las causas que tuvieran para impugnar el nombramiento, apercibidas de que si no comparecían a verificarlo se estima-ría que lo aceptaban, en cuyo caso procedería la corte a librar-las oportunas órdenes para la entrega de bienes y prestación de fianza.

Después de esta resolución acudió ante nosotros Don Manuel Cividanes solicitando que ordenáramos al juez de distrito que lo nombrase administrador judicial de los bienes en cumplimiento de nuestra sentencia y que previa la pres-tación del oportuno juramento y fianza decretada para el anterior administrador, se le diera posesión del cargo. En vista de esta petición, en 12 de junio expedimos mandamiento condicional de mandamus al juez de esa corte Sr. López Acosta para que al recibo del mismo procediera desde luego a liacer permanente el nombramiento de Don Manuel Civi-danes como administrador de los bienes de Doña Rufina Molinaris, le fijara fianza y le diera posesión del cargo una vez que la Rubiera prestado y jurase su cargo, y que si alguna razón tenía para no ejecutar lo que se le ordenaba compa-reciera ante este tribunal el día 19 de junio y alegase las razones que tuviera para no cumplimentarla y para que no se expidiera un auto perentorio de mandamus.

Los heredero^ en este caso fueron admitidos como parte interventora y presentaron una contestación solicitando que se desestimase la solicitud de mandamus y se dejase sin efecto el auto alternativo que Rabiamos dictado, y por su parte el juez Sr. López Acosta expuso por escrito que no tiene ni existe motivo alguno, excepto la impugnación de los copartícipes, para nombrar definitivamente al peticionario Manuel Civi-danes administrador de los bienes relictos por Doña Rufina Molinaris y que si no procedió a hacer la entrega de los bienes fue debido a tener dudas si dentro de la letra y espíritu de la sentencia nuestra en el caso debía o no darse una opor-tunidad a los copartícipes para impugnar el nombramiento; negó que por su parte exista prejuicio alguno contra el Sr. Cividanes, y que Raya tratado de dejar incumplida nuestra sentencia: que sus actos al librar las órdenes referidas en la petición de mandamus tuvieron por objeto el cumplimentar nuestra sentencia aunque entendiendo que debía oir a las partes sobre las impugnaciones, toda vez que declarábamos que si bien la ley concede un derecho preferente- al cónyuge viudo no es tan indiscutible que no pueda ser atacado con razones suficientes para incapacitarlo y concluye en la si-guiente forma:.

“Expuestos los anteriores motivos justificativos de la actitud de la corte en el caso de autos, y resuelta por ese honorable tribunal la cuestión surgida de si deben o no los copartícipes ser oídos en impugnación que hacen al nombramiento del Sr. Cividanes, no hay oposición por parte de esta corte a que se libre el auto de mandamus solicitado, a los efectos de proceder a la entrega al Sr. Cividanes de la administración de bienes solicitada.”

El día que habíamos señalado para la vista comparecieron el abogado del peticionario Cividanes y los abogados de los interventores, y solicitó el primero que en vista de la con-testación dada por el juez contra quien el auto se había diri-gido, dictáramos sin más trámites el auto perentorio que había solicitado.

Aun cuando estamos autorizados por la sección 5a. de la Ley de Mandamus para expedir autos perentorios cuando el derecho para requerir el cumplimiento del acto es claro, y es evidente que no puede darse excusa alguna para dejar de hacer lo que ordenemos, sin embargo, por cortesía para con los jueces inferiores, no acostumbramos usar de esa facultad y preferimos expedirlos condicionálmente' para darles una oportunidad de exponernos las razones que tengan para no ejecutar el acto que motiva el recurso.' Así lo hicimos en este caso a pesar de que no podíamos tener dudas respecto al alcance de la sentencia que habíamos dictado revocando el nombramiento que la Corte de Distrito de Guayama hizo de una persona extraña para administrar los bienes de Doña Rufina Molinaris, en la que declaramos que el cónyuge sobre-viviente Sr. Cividanes tenía un derecho preferente a cual-quiera otra persona para ser nombrado administrador y que aunque esa preferencia no es tan absoluta que deba prevalecer, porque pueden darse casos de existir razones tan poderosas que fuera necesario nombrar a otra persona, deci-dimos también que las objeciones que se hicieron al Sr. Cividanes no eran suficientes para privarle del cargo. Des-pués de esto era el deber del juez inferior hacer el nombra-miento de Cividanes, fijándole - fianza y dándole posesión del cargo así que la hubiera prestado y jurase desempeñarlo bien y honradamente. A esto era que se referían los ulte-riores procedimientos que ordenamos en nuestra resolución que el juez debía seguir ya que no podíamos hacerlo nosotros mismos al revocar la orden apelada porque desconocíamos ia importancia de los bienes para determinar con justicia la fianza. No eran pues los de celebrar de nuevo la reunión que determina el artículo 31 de la ley de procedimientos especiales, porque ya esa reunión se había verificado. Así parece que lo entendió también el juez inferior porque o a lugar de convocar a una junta para designar administrador nombró desde luego a Cividanes en cumplimiento de nuestra sentencia aunque tratando de evadirla pues no le fijó fianza ni estaba dispuesto a tomarle juramento y darle posesión del cargo, hasta que las partes tuvieran una oportunidad de im-pugnarlo, conducta que no siguió cuando nombró al extraño, resultando así que lo nombraba administrador aunque sin facultarle para cumplir su nombramiento por la falta de esos requisitos que son necesarios para desempeñar el cargo y estableció motu propio el procedimiento nuevo de convocar a una junta' para que se impugnase el nombramiento que nosotros habíamos resuelto que debía hacer.

También la contestación que da el juez inferior a nuestra orden requiriéndole para' que fijara fianza al Sr. Cividanes y le diese posesión del cargo una vez que la otorgase y pres-tara juramento, es evasiva, pues sin exponer razón alguna para no cumplir lo mandado por nosotros, se limita a decir que había tenido dudas respecto al alcance de nuestra sen-tencia y que "no tiene oposición que hacer a que se libre el auto perentorio de mandamus, resuelta que sea la cuestión de si deben o no los copartícipes ser oídos en la impugnación que hacen al Sr. Cividanes.

Además, la contestación dada por el juez requerido no contiene hechos constitutivos de oposición a nuestra orden por lo que no debemos considerarla como una contestación y, ' por tanto, de acuerdo con la sección 9 de la Ley de Mandamus debemos expedir el auto perentorio sin más trámites y, a pesar de que existen partes interventoras, entre otras ra-zones, porque ordenado por nosotros lo que en el auto se dispone, no alegan razón alguna para que no dictemos el auto perentorio, pues no son tales que Rayan interpretado mal una sentencia que es clara; ni que por entender que el juez tenía facultad discrecional en el nombramiento no Mcieron oposición al Sr. Gividanes pues antes al contrario la Mcieron y nosotros declaramos que no era suficiente. La cuestión sobre la preferencia del viudo a la administración y la sufi-ciencia de los cargos que se le hicieron fué resuelta a su favor siendo la consecuencia que debía ser nombrado.

El auto condicional librado debe hacerse perentorio.

Declarada con lugar la solicitud y ordenada la expedición de auto perentorio de mandamus.

Jaeces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Su. del Toro,

text:
    Lorenzo Isern & Cía., Peticionaria, v. Cuevas Zequeira, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 161.
    Resuelto en julio 5, 1916.
    Apelaciones de las Coetes Municipales — Coetes de Disteito — Radicación de los Autos — Pago de Derechos. — -Para que una apelación de una corte municipal a la de distrito se entienda debidamente archivada en la corte de apelación, no basta la sola remisión de los autos por el secretario sino que es también necesaria su radicación en los libros de la corte de distrito mediante el pago por el apelante de los derechos correspondientes.
    Id. — Escrito de Apelación — Sus Efectos. — La presentación del eserito de apela-ción contra una sentencia de una corte municipal en pleito civil, tiene el efecto de suspender la ejecución de dicha sentencia, pero no de anularla, y si se declara después que la apelación no se prosiguió debidamente, la sus-pensión desaparece y la sentencia apelada recobra su propia virtualidad.
    Id. — Juicios de Novo ■— Partes Demandante t Demandada ■ — ■ Radicación de los Autos. — En los juicios de novo que se celebran en las cortes de distrito a virtud de apelaciones interpuestas contra sentencias de las cortes munici-pales, no hay propiamente partes apelantes y apeladas sino partes deman-dantes y demandadas, pero esta doctrina es aplicable solamente a partir de la debida radicación del caso en la corte de apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionaria: iSr. Francisco González Fa-gundo.

    El Juez demandado no compareció.
   El Juez Asociado Su. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari. En la petición se alegó, en resumen, lo que sigue:

Que la sociedad peticionaria estableció una demanda en la Corte Municipal de San Lorenzo contra Eodulfo Hons,' en cobro de pesos, y obtuvo una sentencia favorable el 19 de enero de 1915 que fue apelada por el demandado el 27 del mismo mes y año.

Que el 8 de febrero de 1915 se remitieron los autos a la corte de distrito, sin que el demandado registrara su apela-ción mediante el pago de los derechos correspondientes, ni practicara diligencia alguna para proseguirla.

Que el 17 de abril de 1916, o sea, más de un año después, el demandante solicitó la desestimación del recurso, y al día siguiente la corte de distrito declaró sin lugar la moción y resolvió que el apelado, a falta del apelante, venía obligado a radicar la apelación pagando los derechos correspondientes, ya que una vez remitida la transcripción por el secretario de la corte municipal, la sentencia apelada había perdido toda existencia legal, debiendo procederse a la celebración del nuevo juicio. En la petición se transcribe íntegra la resolución de la corte inferior.

El recurrente sostiene que al actuar de tal modo la corte sentenciadora lo hizo erróneamente, infringiendo la- juris-prudencia establecida por este Tribunal Supremo en el caso de Cividanes v. López Acosta, 22 D. P. R. 79.

El caso de Gividanes que se ha invocado no es exacta-mente igual al presente, pero, a nuestro juicio, los principios que en él se establecieron le son enteramente aplicables.

Allí cuando la moción de desestimación se presentó a la corte de distrito, ann no se habían remitido los autos por el secretario de la corte inferior. Aquí los autos se habían remitido. Pero no basta la sola remisión. Es necesaria la radicación en los libros de la corte de distrito, mediante el pago por el apelante de los derechos correspondientes, para que se entienda que el asunto se encuentra debidamente en dicha corte de distrito.

El caso de G-elabert citado por el juez sentenciador, se cita también en el de Cividanes. “Desde luego,” dijo este tribunal, “que una vez elevados los autos en término a la corte de distrito, y registrada la apelación e incháda en el calendario, es el deber de la corte oirla y resolverla, aun sin la comparecencia del demandado apelante, como así fué resuelto en el caso de Gelabert v. Córdova, Juez de Distrito, 17 D. P. R. 1200.” Véase Cividanes v. López Acosta, 22 D. P. R. 79, 85. (Las itálicas son nuestras.)

Es condición, pues, indispensable que el apelante haga radicar su apelación mediante el pago de los derechos que la ley exige, para que tenga aplicación la jurisprudencia establecida en el caso de Gelabert. Una transcripción reci-bida por el secretario pero no radicada en los libros de la corte, es lo mismo que una demanda que se envía a dicho funcionario y que éste no radica porque no se le satisfacen los derechos que para ello fija el estatuto. Ni uno ni otro documento puede considerarse que se encuentra debidamente dentro de la corte de distrito.

De acuerdo con la sección 2 de la ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, de 1908, la presentación del escrito de ape-lación en la forma que prescribe la sección primera de dicha ley, tendrá el efecto de suspender la ejecución de la sentencia. La sentencia, de acuerdo con la ley, queda meramente sus-pendida pero no anulada por virtud de la apelación que contra ella se interponga. Si se declara después que la ape-lación no se prosiguió debidamente, la suspensión desaparece y la sentencia apelada recobra su propia virtualidad.

Esto que decimos ahora en nada afecta a la jurispruden-cia sentada en el caso de G-elabert con respecto a que en los juicios que de novo se celebran en las cortes de distrito a virtud de apelación interpuesta contra sentencia de las cortes municipales, no hay propiamente partes apelante y apelada, sino partes demandante y demandada, y, por tanto, no cabe invocar como aplicables aquellos preceptos que regulan las apelaciones que han de resolverse sobre los mismos méritos que sirvieron de base a la sentencia apelada, pero, repetimos, que tal doctrina es aplicable solamente a partir de la debida radicación del caso en la corte de apelación.

Debe anularse la resolución de ,18 de abril último de que se ha quejado el recurrente y devolverse el caso a la corte de su origen para que proceda de conformidad con los prin-cipios establecidos en esta opinión.

Anulada la resolución recurrida, debiendo la corte inferior proceder con arreglo a los principios enunciados en la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.