author: El Juez Asociado Se. Alduey,

text:
    Candal et al., Demandantes-Impugnadores-Apelados, v. Vargas et al., Demandados-Impugnados-Apelantes.
    Apelación* procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre impugnación de elecciones.
    No. 2418.
    Resuelto en mayo 20, 1921.
    Impugnación Electoral — Desestimación de Apelación. — Dictada sentencia en un pleito sobre impugnación de elecciones por la cual se condena a los de-mandados a abandonar los cargos para que fueron electos y a pagar las cos-tas no procede la desestimación de la apelación que los demandados estable-cieron contra esa sentencia por el fundamento de carecer de finalidad prác-tica su resolución por el heebo de que mientras se tramitaba el pleito en la corte inferior y antes de que se dictara sentencia los demandados pusieron en conocimiento de la corte que habían renunciado los cargos objeto de la impugnación y que otras personas habían sido nombradas para sustituirles y habían tomado posesión de dichos cargos, pues nada ha ocurrido después de haberse dictado la sentencia recurrida que haga puramente académica la resolución de si hubo o no error al condenar a los apelantes; y si por tales renuncias y nombramientos debió sobreseerse y archivarse el pleito en 1a corte inferior sin que recayera sentencia es cuestión para decidir nosotros en la apelación contra el fallo recurrido.

      Id. — Jurisdicción — Renuncia del Asambleísta Municipal Impugnado. — De acuerdo con la legislación- vigente en Puerto Rico, los miembros de una asamblea municipal que ban obtenido un certificado de elección no pueden impedir, cuando su elección es impugnada, que el pleito continúe hasta sen-tencia definitiva por el hecho de renunciar sus puestos los demandados. No puede concluirse que la renuncia priva a la corte de jurisdicción y al pleito de finalidad práctica.
    Id. — Elección de Candidatos Inelegibles — Regla Inglesa — Causa de Acción — La elección de un candidato incapacitado para desempeñar un cargo público, aunque la causa de su incapacidad fuera conocida por los electores antes de darle sus votos, no da acción al candidato derrotado que le ha seguido en número de votos para demandar que se declare que a él corresponde ocupar el cargo de aquél, pues la vacante producida por la incapacidad del elegido deberá proveerse de acuerdo con la ley. Este Tribunal Supremo no acepta la doctrina conocida como la regla inglesa según la cual cuando los electores dan sus votos a una persona sabiendo que no puede desempeñar el cargo para que la eligen esos votos se han perdido y es como si no hubieran votado por lo que se ha de entender electa la persona que le sigue en número de votos en la elección, pues siguiendo a la casi totalidad de los tribunales de los Estados Unidos que han considerado esta cuestión, declara que solamente tiene derecho al cargo la persona que ha recibido el mayor número de votos y no la que fué rechazada por los electores, por ser una idea fundamental entre nosotros que la mayoría es la que elige y que cualquier doctrina que abra el camino para un gobierno por la minoría es antirepublicana y anti-americana.
    Id. — Causa de Acción. — La demanda tampoco es procedente de acuerdo con la Ley sobre Impugnación de Elecciones porque ésta por sus propios términos es aplicable a casos en que el contendiente o demandante tiene derecho a ser declarado electo si tuviera éxito.
    Los lie dios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelados: Sr. R. Cuevas Zequeira.

    Abogados de los apelantes: Sres. L. Feliú y J. Soto Rivera.

   El Juez Asociado Se. Alduey,

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos pendiente de resolución una moción de los ape-lados para que desestimemos la apelación establecida en este caso y debemos resolverla antes de poder considerar los mé-ritos de la apelación, porque si la desestimación es proce-dente quedará terminado el asunto en esta Corte Suprema y no podremos decidir el recurso en su fondo.

El pleito versa sobre impugnación de la elección de los tres demandados y apelantes quienes fueron electos en las elecciones generales verificadas en esta Isla el 2 de noviem-bre de 1920 miembros de la Asamblea Municipal de Fajardo, impugnación que los demandantes fundan en que los deman-dados no tenían capacidad legal el día 11 de octubre de 1920 para figurar como elegibles en la papeleta oficial para las elecciones y en que por esa incapacidad conocida de los elec-tores corresponde cubrir sus puestos a los tres demandan-tes, que aparecen derrotados por los tres demandados, según el escrutinio verificado por la Junta Insular de Elecciones.

Los demandados fueron notificados dé la demanda el día 31 de diciembre de 1920 y presentaron excepciones previas contra ella pero cuando el día 10 de enero de 1921 se celebró la primera sesión de la Asamblea Municipal de Fajardo cons-tituida por las personas electas en noviembre anterior, sola-mente uno de los tres demandados tomó posesión de sn cargo y los otros dos presentaron en ese día la renuncia de sus puestos electivos, siéndoles aceptadas al día siguiente y nom-bradas otras dos personas por la Asamblea Municipal para sustituirlos;. y también en este día el otro demandado que había tomado posesión del cargo lo renunció y fué nombrada otra persona en su lugar. En 26 de enero de 1921 los tres demandados pusieron estos hechos en conocimiento de la Corte de Distrito de Humacao y le pidieron que fuera sobreseído y archivado el pleito con las costas a los demandantes por-que por razón de sus renuncias y nombramiento de otras personas para ocupar sus puestos carecía este pleito de fina-lidad práctica. Se opusieron los demandantes a esa petición y la corte la declaró sin lugar dictando después sentencia en rebeldía de los demandados declarando nula su elección, disponiendo que sean desposeídos ele sus cargos y que sean instalados en ellos los demandantes, y condenándolos a pagar las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogados de los demandantes.

Apelada esa sentencia por los demandados se fundan los apelados para solicitar que la desestimemos en las siguientes razones:

“Primera, porque los demandados y apelantes no son parte agra-viada por la sentencia que dictara la Corte de Distrito de Humacao toda vez que dichos demandados y apelantes renunciaron los cargos controvertidos y se separaron del litigio.
“Segunda, porque los expresados demandados y apelantes no tienen interés alguno en este pleito, y en tal virtud la controversia planteada es puramente ficticia y carece de finalidad práctica, toda vez que la sentencia que en definitiva dictara esta Honorable Corte Suprema no podría ni perjudicar ni beneficiar a los apelantes en este caso.
“Tercera, porque las renuncias expresadas anteriormente apare-cen de una moción de los expresados demandados apelantes presen-tada ante la Corte de Distrito de Humacao, que se encuentra trans-crita en la página 55 de los autos radicados en la secretaría de esta Honorable Corte Suprema. ’ ’

Los apelados resumen las tres anteriores razones en el alegato escrito que nos han presentado en apoyo de su mo-ción de desestimación en la siguiente cuestión: Que los de-mandados no son parte perjudicada por la sentencia y que por este motivo no pueden apelar de ella, de acuerdo con el artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil, que es la ley aplicable al caso, según el cual la apelación podrá esta-, blecerse por la parte agraviada por la resolución judicial.

La ley sobre impugnación de elecciones, aprobada en 7 de marzo de 1906, Compilación de los Estatutos Revisados, sec-ción 898, y siguientes, regula el procedimiento en los casos de impugnación de elecciones de los funcionarios a que la ley se refiere y si bien la sección cuarta dispone que en esos juicios se observarán las reglas que rigen para los procedi-mientos en asuntos civiles, sin embargo, con respecto a ape-laciones declara su sección 11 que “del fallo de la Corte de Distrito podrá apelar cualquiera de las partes para ante la Corte Suprema * * * ” por lo que los demandados te-nían el derecho de apelar de la sentencia dictada contra ellos en la Corte de Distrito de Humacao, porque eran los impug-nados y además porque les perjudica, no sólo por el pronun-ciamiento que tiene declarando nula su elección y disponiendo que sean desposeídos de sus cargos, sino también porque ban sido condenados en costas, por lo que aún de acuerdo con el artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil son parte perjudicada por la sentencia contra ellos dictada, sin que baya ocurrido después de la sentencia becbo alguno que baga que la apelación carezca de finalidad práctica, pues si por la renuncia que hicieron de sus cargos antes de dictarse la sentencia debió sobreseerse el pleito en la corte inferior es cuestión a considerar y decidir en la apelación contra la sen-tencia pero no es motivo para que la desestimemos, por cu-yas razones no es procedente que declaremos con lugar la moción de desestimación de la apelación y pasaremos a con-siderar ésta por sus méritos.

Trataremos primeramente el segundo de los motivos ale-grados por los apelantes para pedirnos que revoquemos la sentencia recurrida, en el que alegan que fué error de la corte inferior el declarar sin lugar la moción que le hicieron para - que sobreseyera y archivara el pleito porque habiendo re-nunciado los cargos objeto del mismo carecía de finalidad práctica su resolución, porque si ese error existe y debió ac-eederse a la petición de los demandados por la corte inferior entonces no sería necesario para nosotros considerar y resolver los otros motivos del recurso. Para el estudio de esta cuestión nos bastarán los hechos que antes hemos relacionado.

Fundó la corte inferior su negativa de sobreseimiento en el párrafo 161 de 9 R. C. L., página 1172, en el que dice:

“En vista del carácter personal del procedimiento estatutorio im-pugnando una elección, parece que si la persona declarada electa a un cargo renuncia o rehúsa aceptarlo y otra persona es nombrada o electa antes de que se instituya la impugnación, esto constituye una defensa válida al procedimiento instituido contra él, y que no puede hacérsele demandado y obligado a litigar un cargo que ya no desem-peña ni tiene. Pero parece también que después de la iniciación del procedimiento no puede, mediante renuncia, evitar la sentencia de desposesión.”

Pero exponen los apelantes que esa doctrina no está ex-presada en forma positiva sino en forma dudosa y que si la acción lia de dirigirse contra la persona a la cual se haya librado el certificado de elección, como dispone la sección 2 de la Ley sobre Impugnación de Elecciones, no puede prose-guirse el pleito contra los demandados que ya no lo tienen por haberlo renunciado..

De acuerdo con la citada ley de impugnación de elecciones, la demanda fué dirigida contra las personas a cuyo favor se libró el certificado de elección y aunque es cierto que poste-riormente los demandados renunciaron los cargos para que fueron electos y que se nombraron a otras personas para que ocuparan sus vacantes, esto no produce el resultado de que el pleito carezca de finalidad práctica y de que la jurisdicción de la corte haya terminado en virtud de esas renuncias, por-que disponiendo nuestra Ley Municipal que las vacantes en los cargos de la Asamblea Municipal las cubrirá ésta nom-brando a personas del mismo partido político a que perte-necía el que ha de ser sustituido, sería la renuncia del puesto impugnado cubierta por otra persona de las mismas ideas políticas un medio muy sencillo de impedir que se averiguara en los tribunales la ilegalidad de una elección y privaría al candidato derrotado ilégalmente de su derecho de ocupar el cargo que reclama, conducta que los tribunales no pueden amparar. Además, exigiendo la Ley sobre' Impugnación de Elecciones que el demandado preste fianza si quieje ocupar el cargo impugnado mientras se decida la contienda y que si no lo hace en el término que fija pueda entonces prestarla el demandante y entrar desde luego en posesión de dicho cargo, de sostenerse la teoría de los demandados se les reco-nocería el derecho de violar esa ley, pues mediante su renun-cia y sin prestar fianza esos cargos irían a hombres de sus mismas ideas políticas y daría esto ocasión a que los deman-dantes tuvieran qne iniciar procedimientos para ocupar los cargos cuya posesión les da la ley, si prestan la fianza que dejaron de dar sus demandados.

Todo lo expuesto nos convence de que por razón de nues-tras leyes las personas que lian obtenido el certificado de. elección no pueden impedir, cuando su elección es impugnada, que el pleito continúe hasta sentencia definitiva, aunque re-nuncien los puestos. Así se resolvió también en los casos de Davis v. Jones, 123 Ala. 647, 26 So. 321, y en los de Sweeney v. Adams, 141 Cal. 588, 75 Pac. 182, y en el de Bush v. Head, 154 Cal. 277, 97 Pac. 512, aunque en estos dos el fundamento fué el interés del publico por concederse el derecho de im-pugnación a cualquier elector del condado, por más que am-bos pleitos fueron establecidos por los candidatos derrotados' sin que conste que ejercitaron ese derecho como electores. Según “McCrary on Elections,” párrafo 456 a, página 335, se ha declarado por la Cámara de Representantes de los Esta-dos Unidos en. el caso que cita de Mackey v. O’Connor, 2 Ells. 561, que cuando, pendiente en dicha Cámara un pleito •sobre impugnación de elección y después de haberse presen-tado las alegaciones y las pruebas, el demandado muere y se nombra un sucesor por lo que resta de su término, el puesto del sucesor depende del pleito .sobre la elección del demandado originalmente y que en consecuencia queda obli-gado por las alegaciones y pruebas en la contienda original y por la decisión que después se rinda.

Así, pues, entendemos que no cometió la corte inferior el error que se le atribuye por haber negado el sobreseimiento y archivo del pleito por la renuncia de los demandados.

Resuelta esta cuestión consideraremos el error que se alega en primer término, que se funda en haber declarado la corte inferior sin lugar la excepción previa opuesta a la demanda.

La acción fué establecida por Eladio J. Caudal, José Vidal Planellas y Luis Acosta Beeerril contra Salvador Vargas, Avelino P. Carrión y Ramón Piñeiro, quienes alegaron contra ella la excepción previa de indebida acumulación de partes y de acciones así como que no aduce hechos determinantes de causa de acción, pero en este recurso de apelación los de-mandados apelantes sólo insisten en el último fundamento de su excepción para pedirnos la revocación de la sentencia dic-tada contra ellos y por tanto a él nos limitaremos.

En la demanda se alega que el día de las elecciones gene-rales de 2 de noviembre de 1920 y con anterioridad a las 12 .del día del día 11 de octubre de 1920 los demandados care-cían de capacidad legal para el desempeño de los cargos de miembros de la Asamblea Municipal de Fajardo porque el demandado Avelino F. Carrión había sido destituido dos ve-ces, con anterioridad a la inscripción de su nombre como candidato, del cargo de miembro de la Policía Insular, la pri-mera vez por mala conducta y la segunda por conducta in-moral y por haber jurado a sabiendas y falsamente, con el propósito de reingresar en el cuerpo de la Policía Insular, que nunca había sido destituido del cargo de policía y que había cesado en él por expiración del tiempo por el cual fué nombrado. En cuanto a Salvador Vargas se alega que fué acusado ante la Corte Municipal de Fajardo por el delito de infracción al artículo 162 del Código Penal del que fué de-clarado culpable y que por él fué condenado a reclusión en la cárcel municipal de Fajardo, ordenando también el tribunal que su nombre fuera eliminado de las listas electo-rales del municipio de Fajardo. Con respecto a Ramón Pi-ñeiro la demanda expone que también fué acusado ante la 'misma corte por igual delito que Vargas y que fué decla-rado culpable siendo condenado a reclusión en la cárcel municipal, ordenándose asimismo que su nombre fuera elimi-nado de las listas electorales del municipio de Fajardo. En la alegación quinta de la demanda se dice además que esas sentencias contra Vargas y Piñeiro fueron dictadas en 30 de agosto de 1920 y 3 de septiembre de 1920, respectivamente; que fueron cumplidas por esos demandados en la cárcel municipal de Fajardo y que fueron notificadas a la Junta Insular de Elecciones, que verificó la eliminación de los nom-bres de los expresados demandados de acuerdo con los tér-minos de las sentencias ameritadas. Se expone también en la demanda que esos motivos de ineligibilidad e incapacidad de los demandados eran bien conocidos por el electorado y por toda la comunidad de Fajardo porque las sentencias fue-ron dictadas por la Corte Municipal de Fajardo en el curso de un juicio público con numerosa concurrencia de ciudadanos por el carácter sensacional que en la comunidad tenían los procesos criminales contra Vargas y Piñeiro y porque esas sentencias, y en especial el particular en que se ordenó la eliminación de los demandados de las listas electorales, fue-ron objeto de pública propaganda en las tribunas y que por distintos medios de publicación se Fizo saber personalmente a los electores que toda persona que votara la candidatura socialista de Fajardo perdía su voto en cuanto a los candi-datos demandados se refiere, pues la destitución de Avelino F. Carrión de miembro del cuerpo de la Policía Insular por actos delictivos y conducta inmoral eran también conocidos por los electores de Fajardo y habían sido, como las sen-tencias dichas, objeto de general comentario y advertencia en Fajardo durante el período electoral. Asimismo se ale-gan las condiciones personales de elegibilidad de los tres de-mandantes y que fueron los candidatos derrotados en las elecciones por los tres demandados pero que siendo nula e ineficaz la elección de éstos por las razones dichas los de-mandantes fueron realmente elegidos porque los votos emi-tidos a favor de cada uno de los demandados no pueden con-tarse en su beneficio, por lo que procede considerar la can-didatura del partido socialista de Fajardo como si los nom-bres de los demandados no hubieran sido incluidos en ella y sus puestos permanecieran en blanco por lo que debe pro-clamarse electos a los tres demandantes en defecto de los demandados a los que siguen en el número de votos entre los no elegidos según el escrutinio .anunciado oficialmente por la Junta Insular de Elecciones.

Las alegaciones de la demanda muestran claramente que la teoría en que los demandantes fundan su derecho es la de que la incapacidad de los tres demandados-para ser ele-gidos como miembros de la Asamblea Municipal de Fajardo produce el resultado de que no deben contarse los votos que obtuvieron y que por consiguiente corresponde desempeñar esos cargos a los tres demandantes porque siguieron en el número de votos a los tres demandados. Por su parte los demandados apelantes sostienen que la teoría de los deman-dantes, que es conocida como la regla inglesa, no ha sido aceptada por los tribunales americanos los que, por el con-trario, con excepción de muy pocos, declaran que la elección de una persona incapaz para desempeñar el cargo no da de-recho al contrario derrotado para ocupar el puesto de aquél y que por tanto la demanda basada en esa teoría no acep-tada no alega hechos determinantes de acción a favor de los demandantes.

La regla inglesa referida ha sido aceptada por muy pocos tribunales de los Estados Unidos pues casi la totalidad de los que han tenido que resolver cuestiones como la que esta-mos considerando la han rechazado enérgicamente como con-traria a los principios de la forma republicana de los Estados Unidos. Así encontramos que según McCrary on Elections, página 248, 20 C. J. 207, notas 43-48 y 9 E. 0. L. 1126, mien-tras ha sido aceptada en Indiana, en algún caso de Ohio y de New York, y recientemente en Wisconsin, ha sido recha-zada por el Congreso de los Estados Unidos y en Arkansas, California, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Nebraska, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Vermont, West Virginia y Puerto Rico.

En. vista del número de decisiones contrarias a la regla inglesa en los Estados Unidos podemos concluir que la casi totalidad de .los tribunales de la Unión Americana están en contra de su adopción, según declara McCrary en la página 249 de su obra citada, y así, aunque en el reciente caso del año 1910 de State ex rel. Brancroft v. Frear, 144 Wis. 90, cuatro de los siete jueces de ese tribunal dijeron que el peso de la autoridad, inglesa y americana, sostiene que los votos dados a un candidato sabiendo que no podrá ejercer las fun-ciones para que es electo son considerados como nulos, los tres jueces disidentes declararon que la regla de los casos contrarios tiene el peso de la autoridad en el país.

. No cabe pues duda de lo dicho teniendo en cuenta, el nú-mero de decisiones, pero si examinamos los argumentos adu-cidos para rechazar esa regla y para sostenerla, encontrare-mos muy justificada la actitud contraria a su adopción. Así, ya en el año 1859 la Corte de California, en el caso de Sanders v. Haynes, 13 Cal. 153, dijo:

“Se observará que la defensa se funda en que los votos dados a Turner, suponiendo que él recibió el mayor número, son nulos a causa de su ineligibilidad. No lo creemos así. Aunque en algunos casos antiguos puede encontrarse sostenida esta doctrina, creemos que la mejor opinión ahora es que no es correcta. La importante contro-versia en el Parlamento Británico entre Wilkes y Luttrel ha susci-tado mucha discusión, y las opiniones de los juristas y de los polí-ticos se hallan divididas. Pero la opinión prevaleciente, inglesa y americana, en los tiempos modernos, parece ser contra el precedente establecido en ese caso,. En el caso de Whitman y Melony, (10 Cal. 88) el <Tuez Presidente Field claramente declara su opinión en favor del principio de que los votos dados a un candidato inelegible no se cuentan al candidato que le sigue en número. En State of Wisconsin v. Giles, (1 Chand 117) se sostuvo la misma doctrina, que fué robus-tecida por los Jueces de la Corte Suprema de Maine, en su opinión, que se encuentra en 38 Mo. 597. Nuestros precedentes legislativos parece que siguen el mismo rumbo. Como principio, pensamos que así debe ser la ley. Una elección es la deliberada selección de una mayoría o de una pluralidad de los electores. Esto se demuestra por los votos de los electores. Pero si la mayoría de esos votos, por equivocación de la ley o de becbo, se dan a un candidato inelegible de ningún modo se sigue de aquí que el siguiente a él en el número de votos debe ocupar el cargo. Si así se hiciera, puede ser electo un candidato que baya recibido un pequeño número de votos y que sin esa equivocación nunca hubiera sido electo. Los votos no son menos legales porque se hayan dado a una persona en cuyo favor no puedan ser contados y la persona que le sigue en la lista de can-didatos no recibe una pluralidad de votos porque su contrario sea inelegible. Los votos dados a éste ciertamente que no pueden con-tarse en. su beneficio, pero esto no es razón para que se cuenten a favor de su contrario, quien posiblemente no los hubiera recibido. Es más claro, más justo y más consistente con la teoría de nuestras instituciones declarar que esos votos no tienen efecto para la elec-ción que darles el efecto de desagradar la voluntad popular y decla-rar electo para el cargo a un hombre cuyas pretensiones ha recha-zado el pueblo.”

Esta doctrina fué sostenida por dicha corte en el año 1877 en el caso de Crawford v. Dunbar, 52 Cal. 41.

En la obra que hemos citado del Sr. McCrary, página 249, después de citar los casos en que se ha considerado y rechazado la regla inglesa, dice:

“Así se verá que el peso de la autoridad en este país está deci-didamente contra la adopción en él de la doctrina inglesa. Y cree-mos que la sana política así como la razón y la autoridad, prohiben la adopción de esa doctrina en este país. Es una idea fundamental entre nosotros el que la mayoría, o por lo menos una pluralidad, es la que elija a una persona para un cargo público, mediante el voto popular. Entre nosotros una elección es la deliberada preferencia de una mayoría o de una pluralidad de electores. Cualquier doc-trina que abra el camino para un gobierno por la minoría en cual-quier caso es anti-republicana y anti-americana. La regla inglesa, si nos adherimos a ella, tendría en muchos casos el efecto de compeler a grandísimas mayorías a someterse a pequeñísimas minorías, puesto que una persona inelegible puede recibir, y en muchos casos ha reci-bido, una gran mayoría de votos. Basta, en tal caso, con declarar nula la elección. La misma cuestión fué ampliamente discutida y resuelta, en lo que respecta al Senado de los Estados Unidos, en el caso de Joseph. G-. Abbot de North Carolina. La decisión en ese caso fué contra la adopción de la regla inglesa en este país y Abbot, qué a pesar de haber recibido una minoría de los votos emitidos recla-maba el asiento en aquel cuerpo por el fundamento de que fué' la única persona elegible por la cual se votó, fué declarado no electo. Y se afirmó taxativamente en el informe del comité que el hecho dé que los electores tengan aviso de la inelegibilidad del candidato al emitir sus votos a su favor, nada importa. La observación hecha por el Juez Strong en Commonwealth v. Cluley, (56 Pa. St. 270) en el sentido de que ‘la persona incapacitada es, sin embargo, una persona y que cada voto que se le da es válido’ se cita con aprobación. La amplia doctrina de que en este país la elección por una minoría de las personas que votan no será tolerada bajo ninguna circunstancia fué afirmada. El Sr. Carpenter, de la minoría del comité, presentó un informe cuidadoso sosteniendo el derecho del Sr. Abbot al puesto, siendo amplio el debate, pero el Senado sostuvo a la mayoría del Comité. ’ ’

Sobre la misma cuestión se dice en 15 Cyc., página 391, con citas de numerosos casos, lo siguiente:

“Es una idea fundamental de la política americana que la ma-yoría es la que gobierna y que ninguna persona puede ser electa a un cargo a menos que reciba una mayoría o, por lo menos, una plu-ralidad de todos los votos. Consiguientemente, se ha establecido por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que la inelegi-bilidad del candidato que reciba el mayor número de votos no da derecho al candidato que reciba el siguiente número mayor de votos, aún cuando la elección se celebre en un Estado en que prevalezca la regla contraria. La misma regla se ha adoptado por el Senado de los Estados Unidos y tiene el apoyo del gran peso de la autoridad judicial en los Estados Unidos. ’ ’

Por nuestra parte este Tribunal Supremo en el año 1906, en el caso de Domenech v. Moret, 13 D. P. R. 99, consideró la misma cuestión y rechazó la regla inglesa al sostener, la sentencia apelada que declaró sin lugar la demanda por'dos razones, siendo una de ellas que “Si un candidato es inele-gible las cortes deben declararlo así por medio de un' pro-cedimieuto adecuado, no pudiendo el resultado de tal acción, tomada por la corte, servir para elegir al candidato que le sigue en orden;” argumentación que no puede considerarse como obiter dictum en ese caso como sostienen ahora los ape-lados porque fué una de las razones por las cuales se resolvió la apelación. En esa opinión se citaron los casos de Saunders v. Hayne, 13 Cal. 154 y de Crawford v. Dunbar, supra, y si bien es cierto que en el primero de ellos disintió uno de los jueces del parecer de los otros dos, sin embargo, la opi-nión de la mayoría fué ratificada al resolver la reconsidera-ción que de ella se pidió y en el otro caso fué confirmada la doctrina por los votos de todos los jueces. Además, según bemos visto antes, la casi totalidad de los Estados que ban considerado esta cuestión lia rechazado la regla inglesa.

Para sostener la teoría de que debemos adoptarla en este caso alegan los apelados que requiriendo nuestra Ley Electoral que los candidatos por petición, como son los deman-dados, presenten con la petición una declaración jurada ma-nifestando que son elegibles, lo que demuestra la. voluntad del legislador de que en la papeleta electoral no figuren can-didatos inelegibles, sostener que puedan ser electos sería es-tablecer o admitir el contrasentido jurídico de que las leyes favorecieran su propia infracción. Es cierto que la ley per-sigue con esa disposición que en las listas electorales figuren solamente personas que tengan la condición de elegibles, pero el hecho de que por un motivo o por otro llegue a figurar en las papeletas electorales una persona, incapacitada para ser electa producirá la nulidad de su elección, no se le con-tarán los votos obtenidos por ella, pero este no trae como consecuencia lógica que se entienda que no fué votada, cuando en realidad obtuvo el mayor número de votos, y que por tanto se entienda que sólo obtuvo votos el que le siguió en número aunque el resultado de la elección demuestre que no obtuvo los votos de la mayoría.

Otra razón de los apelados es que siendo el voto obliga--torio, no para la acción negativa de derrotar al adversario sino para la positiva de elegir, el elector debe elegir en cada municipio nn determinado número de personas para miem-bros de la asamblea municipal y que sabiendo los electores en Fajardo que los tres demandados no tenían capacidad para ser electos, al votar por la candidatura socialista en la que figuraban los tres demandados votaban por todos los candidatos de ella menos por los tres demandados porque legalmente no estaban en la candidatura. Según los beelios de la demanda los apelantes no eran elegibles, no tenían de-recho a estar en la candidatura, pero el hecho es qu°e estaban en ella por no haber sido sustituidos por otros por lo que de acuerdo con la ley debían figurar en la papeleta electoral y así no puede sostenerse que legalmente no estaban en ella, que no fueron votados y que por esto los demandantes obtu-vieron el mayor número de votos y deben ocupar los cargos que reclaman. Lo cierto es que los demandados obtuvieron la mayoría de los votos.

El argumento de que por conocer los electores la inelegi-bilidad de los demandados deben entenderse electos los que les siguieron en número de votos, plantea francamente la petición de que adoptemos la regla inglesa de la cual hemos tratado antes y que hemos visto no ha sido aceptada en los Estados Unidos de América ni por este tribunal, según el caso citado de Domenech v. Moret. Pero se sostiene que después de esta sentencia, y tal vez como consecuencia de ella, la Legislatura enmendó la Ley Electoral en el sentido de que si la incapacidad o muerte de un candidato debida-mente nombrado ocurriese después de las doce del día del 11 de octubre su nombre permanecería en la candidatura de su partido y si recibiera el mayor número de votos para el cargo se declararía éste vacante y se proveería tal y como dispone la ley. (Sección 39 a, Leyes de 1908, página 88, re-producida en las Leyes de 1919, página 565.) Basta la lec-tura de este precepto legal para quedar convencido de que según la ley pnede estar en la candidatura nna persona ine-legible pndiendo recibir los votos de los electores annqne con el resaltado de qne sn puesto se declarará vacante, sin que por causa de esa incapacidad ocupe su puesto la persona que le siga en el número de votos. Opinamos que por la citada enmienda no se lia establecido diferencia entre el caso presente y el de Domenech v. Moret, supra, como sostienen los apelados, pues se limitó a declarar cómo Rabia de pro-cederse en caso de incapacidad del candidato ocurrida des-pués de las doce del día del 11 de octubre; y el hecho de que en este caso la incapacidad de los demandados ocurrió antes de esa fecha, sin que fueran sustituidos por otros pro-puestos por el comité o junta debidamente autorizado o fa-cultado para representar al partido en tales casos, como dis-pone la ley para cuando la incapacidad ocurre antes del día 11 de octubre, no favorece a los demandantes para ocu-par los cargos de aquéllos, pues por el hecho de que la Ley Municipal exija que se declaren electos a los que hayan reci-bido el mayor número de votos hasta completar el número total de miembros que componen la Asamblea Municipal no puede sostenerse que los demandantes obtuvieron la mayoría de votos, aunque luego resulte que la elección de los deman-dados sea nula.

Como último argumento se alega por los apelados que por haber adoptado nuestra Legislatura el sistema austra-liano de elecciones, que es de origen inglés, debe ser de apli-cación la regla inglesa a que venimos refiriéndonos y que los tribunales de la Unión han ido aceptándola al adoptar el sis-tema australiano. Este sistema regula el procedimiento electoral pero en nada se refiere en cuanto a que la vacante de un inelegible debe ser ocupada por el candidato derrotado y en cuanto al segundo particular, si bien es cierto que en 9 R. C. L.,‘ párrafo 127, página 1126 se dice que se ha decla-rado en un reciente caso que el peso de la autoridad, tanto inglesa como americana, sostiene que cuando los electores votan por nn candidato sabiendo que no puede, posiblemente, ejercer sns funciones, los votos son perdidos, citando para sostener esa opinión, el caso de State v. Frear, 144 Wis. 79, 128 N. W. 1068, 140 A. S. R. 992, sin embargo en ese caso la resolución se tomó por cuatro jueces contra tres.

Como resumen de la cuestión que venimos estudiando que-remos decir que hemos consignado con alguna amplitud las opiniones que rechazan la doctrina inglesa porque expresan claramente las poderosas razones que hay en nuestro sistema político para rechazar, como rechazamos, la doctrina de la regla inglesa, y que por nuestra cuenta poco más podríamos decir, como no sea que a nuestro entender el hecho cierto de la elección de un candidato, aunque sea incapaz para desem-peñar el cargo, no puede ser destruido por la teoría más o menos ficticia de que por conocer los electores la incapacidad del candidato no votaron pqr él, cuando la verdad es que le dieron el mayor número de votos. Podrá quedar vacante ese cargo pero no puede por ese motivo conferírsele el puesto al candidato que le siguió en el número de votos, que fue rechazado por la mayoría de los electores.

Por las razones expuestas la demanda no aduce hechos determinantes de acción para que por la incapacidad de los demandados ocupen sus puestos los demandantes y debe ser desestimada, pues aún prescindiendo de este extremo de la demanda, tampoco pueden los demandantes discutir en el procedimiento de impugnación de elecciones la incapacidad de los demandados para ocupar los puestos para que fueron electos pues, como dijo este tribunal en el caso de Domenech v. Moret tantas veces citado, “en cuanto a la acción contra la cual se ha interpuesto el recurso de apelación equivale a un procedimiento con arreglo a la ley, prescribiendo la forma de impugnación de elección de funcionarios, etc.,” aprobada en marzo 7, 1907 (debe ser 1906), tal procedimiento no puede prosperar pues esa ley por sus propios términos es aplicable a casos en que el contendiente o demandante tiene derecho a ser declarado electo si tuviere éxito.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda.

Revocada la sentencia y desestimada la de-manda sin especial condena de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Jubbz Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Candal et al., Demandantes-Impugnadores-Apelados, v. Vargas et al., Demandados-Impugnados-Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre impugnación de elecciones.
    No. 2430.
    Resuelto en mayo 20, 1921.
    Impugnación Electoral — Desempeño de los Cargos Disputados Mediante Prestación de Fianza — Término para Prestación de Fianza. — No estando obligados los candidatos electos objeto de la impugnación electoral a prestar la fianza que señala la Ley de 1906 para poder desempeñar los cargos para que fueron elegidos, hasta el día 20 de enero de 1921, es preciso coneluir que no estaban obligados a prestarla previamente para poder tomar pose-sión de los cargos el día 10 de enero de 1921, fecha fijada por la Ley Municipal para la instalación de los funcionarios elegidos en noviembre 2, 1920. Era después de enero 20, 1921, que los impugnados no podían continuar desempeñando sus cargos sin prestación de fianza, a menos que los impug-nadores no la hubieran prestado dentro de los diez días fijados por la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelados: Sr. R. Cuevas Zequeira.

    Abogados de los apelantes: Sres. L. Feliú y J. Soto Rivera.

   El Jubbz Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Según la Ley sobre Impugnación de Elecciones de 7 de marzo de 1916 los demandados pueden desempeñar los cargos que son objeto de impugnación si prestan fianza dentro de los veinte días de haber sido notificados de la demanda, pudiendó en caso contrario prestarla los demandantes y ocnpar los pnestos controvertidos pero si no la prestan entonces los de-mandados tendrán derecho a continuar en ellos.

En este caso los demandados fueron notificados el 31 de diciembre de 1920 de la demanda en que se impugna su elec-ción como miembros de la Asamblea Municipal de Fajardo, verificada el 2 de noviembre de 1920 y de acuerdo con la Ley Municipal las personas electas como miembros de la asamblea municipal deberían tomar posesión de sus cargos el 10 de enero de 1921.

Dos días antes de esa fecha los demandantes pidieron a la corte inferior que prohibiera a los demandados que to-maran posesión de sus cargos sin que prestaran la fianza a que se refiere la ley de impugnación de elecciones y habién-dolo decretado así la corte el mismo día sin audiencia de los demandados, éstos le pidieron luego que anulara esa orden y habiendo sido rechazada- esta pretensión interpu-sieron contra dicha negativa el presente recurso de ape-lación.

Convenimos con los apelantes en que no habiendo trans-currido cuando la orden prohibitoria se dictó el plazo de veinte días concedido por la ley a los demandantes para prestar fianza con el fin de poder desempeñar los cargos para que fueron electos mientras se resuelve el pleito sobre impugnación, fué error de la corte inferior el prohibirles antes de vencer ese plazo que tomaran posesión de dichos cargos, pues no tenían obligación de tener constituida fianza para desempeñar los cargos durante esos veinte días. Lo que no podían hacer después de ese plazo era continuar en ellos sin fianza, a menos que los demandantes no la pres-tasen dentro de los diez días fijados por la ley.

Además, la demanda de impugnación de la elección de los demandados en que descansa la petición y la orden pro-hibitoria no aduce hechos determinantes de causa de acción según hemos resuelto hoy entre las mismas partes de este recurso.

La resolución que negó la anulación de la orden de pro-hibición y también ésta deben ser revocadas.

Revocada la resolución apelada y anulada la orden de injunction pendente lite.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toso,

text:
    Cuesta, Demandante y Apelante, v. Ortiz, Demandado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre desahucio.
    No. 2456.
    Resuelto en mayo 23, 1921.
    Desahucio en Precario' — 'Jurisdicción de la Corte de Distrito — Venta de Finca Arrendada. — Cuando el comprador de una finca arrendada cuyo arren-damiento no consta inscrito en el registro no promete respetar el contrato aún cuando eonozea su existencia, no queda obligado por sus términos y si el arrendatario no se aviene a entregarle la finca puede ejercitar contra él la acción de desahucio en la corte de distrito correspondiente, ya que-no existiendo contrato, la posesión del arrendatario es equivalente al disfrute de la finca en precario y no surge cuestión del montante de las rentas anuales según se deeidió en Sosa v. Mo Grande Agrícola Go., Ltd., VI D. P. E. 1149.
    Los hechos están expresados en la opinión. '
    Abogado del apelante: Sr. R. Sánchez Bonet.

    Abogado del apelado: Sr. E. Ponsa Parés.

   El Juez Asociado Se. del Toso,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Cuesta Prieto entabló demanda de desahucio contra Carmelo Ortiz, alegando que era dueño de una casa si-tuada en Cataño por compra que hizo el 21 de enero de 1921; que había pedido por escrito al demandado, ocupante de la casa, que se la dejara libre para el 15 de febrero si-' guíente; que el demandado no dejó libre la casa y la con-tinúa ocupando sin mediar contrato ni convenio, contra la voluntad de su dueño, el demandante, sin pagar canon ni merced. La demanda se presentó originalmente en la Corte de Distrito de San Juan el 11 de marzo último.

Contestó el demandado que ocupa en efecto la casa de que se trata desde hace más de un año mediante el pago de un canon mensual de sesenta y cinco dólares que ha sa-tisfecho hasta el 28 de febrero de 1921; que el demandante el 21 de enero último le notificó la compra de la casa y le pidió que la desocupara o le pagara por ella ciento cincuenta dólares mensuales, y que “el demandante, con la modifica-ción del precio del canon, quedó subrogado en el contrato de arrendamiento existente entre los anteriores dueños de la casa y el demandado.” Y sostuvo el demandado “que no existiendo la condición precaria en la ocupación de la casa,” debía declararse sin lugar la demanda.

Se presentaron como prueba dos cartas del demandante al demandado de fechas 20 de enero y 17 de febrero de 1921 que copiadas en lo pertinente, dicen así:

“Por medio de la presente pongo en conocimiento de Ud. que habiendo adquirido por compra la casa que Ud. ocupa y necesitando urgentemente utilizarla le ruego encarecidamente me la desocupe para el día 15 de febrero de 1921 con lo que Ud. me hará un gran favor.
“En caso de que Ud. no la hubiese desocupado para la fecha in-dicada se servirá tomar nota del precio del arrendamiento que será a partir de esa fecha $150 ciento cincuenta dollars mensuales.
“Pero como yo necesito hacer uso' de ella para esa fecha le rei-tero mi súplica para que me la desocupe. .
“Sin más esperando acuse recibo de ésta quedo de Ud. atento S. S. y amigo.”
“La presente tiene por objeto manifestarle, que toda vez que usted no ha sabido apreciar mi benevolencia al concederle 25 vein-ticinco días para que desocupara la casa que ocupa de mi propiedad, puesto que yo la estoy necesitando con urgencia, ésta le servirá de aviso que doy por terminado el contrato de arrendamiento que usted hizo con el anterior dueño de la casa, para tener efecto el día último de febrero.”

La corte de distrito resolvió el caso en contra del de-mandante por estimar que no se había probado la condición precaria del demandado y el demandante interpuso entonces el presente recurso de apelación.

Explicando el criterio adoptado, el juez sentenciador, en su opinión, dijo:

“Así las cosas la corte no ha podido llegar a otra conclusión que a esta. No se ha probado que el demandado ocupe la casa sin me-diar contrato ni convenio alguno, sin pagar canon ni merced alguna ni contra la voluntad del demandante, pues aún en el supuesto de que el demandado no desalojara la finca en la fecha fijada por el demandante en su notificación, éste siempre tendría derecho a exigir el pago de los $150 mensuales que había fijado como precio o canon mensual del arrendamiento, con todo lo cual ha quedado desvirtuado el concepto de precario, si es que en algún momento existió éste. El demandante ha podido obtener su propósito si la acción se hubiera fundado en la terminación del contrato, pero no en un precario que no ha sido debidamente justificado.”

En el caso de López v. Central Eureka, Inc., 27 D. P. R. 291, esta corte decidió que cuando el' comprador ’de una finca arrendada cuyo arrendamiento no consta inscrito en el re-gistro de la propiedad no promete respetar el contrato, aún cuando conozca "su existencia, no está obligado por sus tér-minos, y si el arrendatario no se aviene a entregarle la finca, puede ejercitar contra él la acción de desahucio. Y esa ju-risprudencia es enteramente aplicable al presente .caso por-que si bien el comprador dió al demandado la oportunidad de continuar en la posesión de la finca mediante el pago del canon de ciento cincuenta dólares mensuales, el demandado no sólo dejó de aceptar la oferta, sino que resulta de la prueba que la rechazó. Consta de la transcripción que el demandado depositó en poder del secretario de la Corte Municipal de Bayamón la suma de sesenta y cinco dólares ex-presando que representaba el precio del arrendamiento du-rante el mes de febrero de 1921. Sesenta y cinco dólares debía pagar el demandado con arreglo al antiguo contrato que no estaba obligado a respetar, que no existía para el comprador. Si el demandado hubiera pagado al nuevo dueño los ciento cincuenta .dólares por él exigidos, o los hubiera depositado de acuerdo con la ley, su situación sería distinta.

Siendo esto así, el caso debe regularse por los principios establecidos en el de Sosa v. Río Grande Agrícola Co., Ltd., 17 D. P. R. 1149, a saber:

“Las cortes de distrito tienen jurisdicción para conocer de los-, juicios de desahucio entablados por el comprador de una finca arren-dada en virtud de un contrato privado, no cayendo dentro de las. excepciones del artículo 474 del Código Civil, pues la posesión del. arrendatario es equivalente al disfrute de la finca en precario y nn surge cuestión del montante de las rentas anuales.”

El caso es distinto del de Cerra v. González, decidido ei 31 ele marzo ríltimo, (página 289). Allí no se trataba de un nuevo dueño, sino del mismo que había celebrado el contrato a virtud del cual había entrado el arrendatario en la posesión legal de la finca.

Habiéndose, pues, demostrado que el demandado ocupa la finca de que se trata contra la expresa voluntad del dueño, sin que exista contrato alguno celebrado entre el dueño y el demandado, y sin que éste haya pagado canon ni merced alguno desde el primero de febrero de 1921, habiéndose in-terpuesto la demanda en 11 de marzo de 1921 después de haberse pedido por escrito al demandado que desocupara la finca desde fines de enero de 1921, dándosele para ello un plazo de veinticinco días, y, después de haberse insistido, sin resultado, en la petición de desalojo por carta de 17 de febrero de 1921, debió decretarse el desahucio solicitado por la causa alegada.

* La sentencia apelada debe en tal virtud revocarse y dic-tarse otra en su lugar ordenando el desahucio.

Revocada la sentencia apelada y declarada con lugar la demanda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Sanders Philippi y Compañía, Acusada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por infracción a la Ley No. 24, sección 5a., apro-bada en 23 de noviembre de 1917.
    No. 1560.
    Resuelto en mayo 23, 1921.
    .Denuncia — Excepción Perentoria Tardíamente Presentada — Objeciones a la Denuncia.. — El Tribunal Supremo no tomará en consideración las objeciones a una resolución de la corte inferior declarando sin lugar una excepción pe-rentoria a la denuncia por no cumplir los requisitos exigidos por los artículos 71, 72 y 73 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el No. 1 del artículo 153 del Código Penal y por imputarse más- de un delito, cuando dicha excep-ción ha sido presentada en el acto del juicio.
    Infracción a la Ley sobre Anotación de Embarques de Café — Exportación de Café. — De acuerdo con el No. 9 del artículo 69 de la Ley de Evidencia en un juicio por infracción a la Ley No. 24 de 1917 es admisible una certifi-cación librada por el Sub-Coleetor de la Aduana de San Juan para probar que los acusados hicieron embarques de café para el extranjero en determi-nada fecha.
    Id. — Prueba Suficiente. — Probado que una razón social dejó de anotar en el libro que lleva por exigencia de la Ley No. 24 de 1917, ciertos embarques de . café que hizo en determinada fecha para Cuba y España, es necesario con-cluir que la culpabilidad de la acusada quedó suficientemente establecida.
    Jd; — Sentencia Castigando una Sola Infracción. — El hecho de que la prueba ■ demostrara que los acusados habían cometido en más de una ocasión el de-lito por el cual fueron convictos, no puede justificar la revocación de la sen-tencia.
    ' Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. B. Garda Méndez.

      Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Sanders Philippi & Cía. fueron denunciados en 14 de fe-brero de 1920 por infracción de la sección 5a. de la Ley No. 24 de 23 de noviembre de 1917 por haber dejado 4e anotar en el libro de existencia y movimiento de café para la expor-tación las operaciones de exportación de café hechas du-rante algunos meses anteriores a la fecha de la denuncia. Dictada sentencia condenatoria interpusieran.. este recurso de apelación.

Esa ley tiene por objeto legalizar la procedencia del café que se exporte de esta Isla mediante el uso de ciertos sellos adheridos a los envases que contengan el café que se ha de exportar; y en ella se dispone que todas las personas com-prendidas en la ley llevarán un libro apropiado en el cual harán constar los mismos datos que se requieren para las solicitudes de sellos que han de hacerse al colector o sub-colector del municipio por el que haya de hacerse el embarque.

De los tres únicos motivos alegados por los apelantes para que revoquemos la sentencia contra la cual recurren es el primero que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria que alegó contra la denun-cia, fundada en que no cumplía con los requisitos estableci-dos por los artículos 71, 72 y 73 del Código de Enjuiciamiento Criminal ni el inciso Io. del artículo 153 del Código Penal y porque imputa más de un delito, pero habiendo sido pre-sentada la excepción el mismo día del juicio no debemos con-siderarla según hemos resuelto en los casos de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111; El Pueblo v. Rosaly, y El Pueblo v. González, 28 D. P. R. 475 y 786.

En el segundo motivo de error se quejan los apelantes de haber sido admitida indebidamente en el juicio una cer-tificación librada por el sub-colector de la Aduana de San Juan creditiva de que los apelantes hicieron embarques de café para Cuba y España en los meses de noviembre y diciembre de 1919, por entender que debió diclio funcionario presentarse en el juicio con sus libros. No era necesario esto y la certificación era admisible porque el artículo 69 de la Ley de Evidencia en su párrafo 9o. dispone que los docu-mentos de los departamentos del Gobierno de los Estados Unidos podrán probarse mediante el certificado del guar-dador legal de los mismos, y la aduana es uno de dichos de-partamentos.

El último motivo es por haber sido denegada la petición de los apelantes para que la corte inferior los absolviera por no haber presentado la acusación prueba suficiente para condenarlos.

Se probó en el juicio que los apelantes tienen el libro, or-denado por la sección 5 de dicha ley para anotar en él los embarques de café que hagan para el extranjero y que de-jaron de hacer en él las anotaciones de los embarques del café que en los meses de noviembre y diciembre de 1919 ex-portaron para Cuba y España por lo que no podemos de-clarar que no hubo prueba de la infracción de que se les acusó, sin que sea obstáculo para la condena el hecho de que otro agente de rentas internas que inspeccionó dicho libro dejara de notar las faltas de dichos asientos.

En cuanto a que la prueba demuestra que se trata de varias infracciones de la ley, si bien es cierto que se han probado dos faltas de anotación de embarques y que cada una es constitutiva de un delito, sin embargo no habiendo los acusados hecho objeción a la denuncia antes del juicio renunciaron a ella, 14 R. C. L., 203, y no pueden suscitar esta cuestión en apelación ni quejarse porque se les haya condenado y castigado como si fuera un solo delito el come-tido por ellos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y HutcMson.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en causa por acometimiento y agresión con agravantes.
    No. 1741.
    Resuelto en mayo 26, 1921.
    Acometimiento y Agresión Grave — Varón Adulto — Prueba de la Edad del Acusado.- — -En el juicio de una causa criminal en el cual la edad del acusado es un elemento esencial del delito como oerare en el acometimiento y agresión de un varón adulto a una mujer, los autos deberán mostrar que la sentencia se fundó en la prueba, sin que exista la presunción de que la corte juzgó la edad por la apariencia del acusado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José J. Aponte.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.'

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el juicio de esta'causa no hubo absolutamente prueba para demostrar que el acusado, a quien se imputó el hecho de ser un varón adulto y agredir a una mujer, era en rea-lidad tal adulto. Esto aparentemente constituyó error como se resolvió en nuestra opinión en el caso de El Pueblo v. Colón, 25 D. P. R. 629.

El fiscal trata de diferenciar el caso diciendo que cuando se celebra un juicio en una causa por un misdemeanor y el acusado no está presente sino representado por abogado no habría medio alguno para poder juzgar la edad que tiene.

No podemos estar conforme con el fiscal. En el juicio de una causa criminal debe aparecer claramente en los autos que el acusado fué declarado culpable por virtud de la prueba. A pesar del hecho ele que se demostró que el acusado teníá una hija y que ésta tuvo dificultades con la mujer acometida, esto no sería prueba indiscutible (certain) de que el acusado tenía más de 21 años de edad. El podría haber tenido un hijo de cuatro años o más, y no tener sin embargo 21 años de edad.

Los autos debieran demostrar en todo caso que la corte miró al acusado y juzgó su edad. En el caso de Tracy v. The State, 44 Texas 10, la corte se expresó como sigue:

“En la exposición de hechos se habla del acusado como un hombre que tenía un hotel y usaba patillas y al hablarse de la persona agre-dida, como testigo, se le llama Nancy Sheppard, cuyo supuesto nom-bre es generalmente el de una mujer, y al designársele allí como la persona agredida se dice ella. ’
“Cuando hay así en corte abierta un manifiesto reconocimiento por todas las partes interesadas en el juicio, de la existencia de los hechos necesarios, bien debe presumirse que existen, a menos que la misma parte interesada en su no existencia aproveche la oportunidad a su debido tiempo, para hacer una investigación más minuciosa y completa del asunto, con el fin de refutar las claras apariencias y suposiciones. ’ ’

Aparentemente en esta declaración la corte de Texas re-suelve que el acusado, o renunció a la cuestión de ser un adulto, o está impedido de levantar tal cuestión, no habién-dola presentado a la corte inferior. En el caso ante nos, sin embargo, el acusado no presentó prueba alguna y radicó una moción de non suit por no haberse probado que el acu-sado era un adulto. De modo que evidentemente el acusado no renunció ninguno de sus derechos sino que distintamente llamó la atención de la corte de distrito hacia el hecho de no haberse probado que era mayor de edad y por tanto este caso puede fácilmente diferenciarse del de Tracy v. The State, supra, aun cuando el fiscal estuviera fundándose en esta cuestión de renuncia.

La sentencia en este caso declaró al acusado culpable de un delito de acometimiento y agresión con agravantes y lo condenó a pagar cincuenta dólares de multa, o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejara de satis-facer. La multa de cincuenta dólares es el máximum por acometimiento y agresión simple y el mínimum para el aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes. Fre-cuentemente hemos modificado sentencias como ésta reba-jándolas a sentencias por acometimiento y agresión simple y lo haremos así en este caso, porque aún cuando el acusado técnicamente no fuera un adulto le faltaba necesariamente tan poco que su falta era grave al agredir a una mujer. Aún un joven debe saber desde muy temprana edad que no debe ejercer violencia con una mujer y por tanto la sentencia será modificada en este caso en el sentido de que se declara qúé el acusado es culpable de acometimiento y agresión simple y condena a pagar una multa de cincuenta dólares o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer.

Confirmada la sentencia apelada pero modi-ficada declarando al acusado culpable de acometimiento y agresión simple.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Alclrey y Hutchison. ' :


author: El Jusbz Asociado Sr. Wolf,

text:
    Lassalle et al., Demandantes-Apelados-Apelantes, v. Hilla et al., Demandados-Apelantes-Apelados.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre cobro de honorarios.
    No. 2389.
    Resuelto en mayo 26, 1921.
    Honorarios de Abogado — Discreción Judicial — Suficiencia de la Transcrip-ción. — Descansando en la sana discreción de la corte de distrito la conce-sión de honorarios de ahogado, si no se eleva la prueba en la transcripción, el Tribunal Supremo no está en condiciones de decidir si la corte inferior anusó de su discreción, en cuyo caso la presunción es que la conclusión de la corte de distrito es correcta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelados-apelantes: Sr. M. del Toro Colberg.

    Abogados de los apelantes-apelados: Sres. González Mena y Váldejulli & Rodrigues.

   El Jusbz Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes, demandantes en la corte inferior, obtu-vieron sentencia a su favor en este caso. La corte impuso las costas a los demandados, pero se negó a conceder hono-rarios de abogado de los demandantes. El procedimiento fué de injunction para recobrar la posesión material de una propiedad inmueble. Los demandados alegaron tener el tí-tulo de dicha propiedad. La corte' resolvió que una cues-tión de título no podía ser considerada en esta clase de pro-cedimientos. Los apelantes alegan haberse cometido varios errores. Todos ellos afectan necesariamente a la cuestión de si los demandados defendieron el caso cuando debieron haber entregado la posesión, y si tal defensa como la esta-blecida demostró “temeridad” como se emplea la palabra en la frase en castellano. Los apelantes sostienen que como los demandados los obligaron á someterse a procedimientos bastante largos y embarazosos para recobrar la posesión, debieron haber sido condenados en honorarios de abogado. La corte no dió explicación alguna por dejar de conceder honorarios. La concesión era una cuestión de la sana dis-creción de la corte y en apelación debe demostrarse que la omisión en conceder honorarios es una injusticia. En la opinión no existe nada que demuestre tal cosa y la prueba no ha ¡tido certificada a este tribunal. La corte tuvo a las partes ante sí y pudo apreciar si se defendieron en la creen-cia más o menos honrada de que mantenían sus respectivos derechos. Sólo podríamos revisar las actuaciones de la corte si tuviéramos la prueba ante nosotros. No teniéndola, debe subsistir la presunción de que la conclusión de la corte fué correcta, debiendo por tanto confirmarse la sentencia ape-lada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Rocafort, Demandante y Apelante, v. Cantero et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de dinero por virtud de contrato.
    No. 2408.
    Resuelto en mayo 27, 1921.
    Apelación — Transcripción de los Autos — Pruebas—Error en la Apreciación de Prueba.' — Si la prueba que se alega fué erróneamente apreciada por la corte inferior ño se somete a la consideración del Tribunal Supremo inser-tándola en la transcripción, no es posible decidir si la corte .de distrito erró al apreciarla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado .del apelante: Sr. Juan de Guzmm Benitez.

    Abogados de los apelados: Sres. F. de la Torre y J. Martínez Dávila.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

Primitivo Rocafort entabló demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, contra Laureano Cantero, Gaspar Font y Sucesores de Liado y Santana en cobro de dinero por virtud de contrato. La acción se basa en un pagaré por la suma de $2,000 suscrito por los deman-dados a favor del demandante.

Contestaron los demandados aceptando los hechos de la demanda pero alegando como materia de defensa que el pa-garé en cuestión estaba sujeto a las resultancias del pleito civil No. 10736 seguido en la Corté de Distrito de San Juan, Sección Primera, por Juan Antonio Sobrino contra el de-mandante Rocafort y otros, en cuyo pleito los aquí deman-dados fueron requeridos por el mársbal de la corte de dis-trito por orden de la corte para que se abstuvieran de pagar, hasta nueva orden, el importe del pagaré, y que este hecho le constaba al demandante antes de iniciar este pleito.

Fué el caso a juicio. El demandante no presentó prueba. Los demandados presentaron prueba documental y testifical, y la corte, estimando probado que el pagaré, base de la acción, estaba realmente embargado a virtud de una orden de otra corte, declaró la demanda sin lugar, porque tratar de co-brarlo ahora sería dejar sin efecto dicha orden lo que la corte no podía ni debía hacer de acuerdo con el principio de derecho que tiende a mantener la jurisdicción de los tribunales y el respeto que entre sí se deben en el ejercicio de la misma.

No conforme con la sentencia, apeló el demandante para ante este tribunal y el único error que alega es el cometido a su juicio por la corte al decidir que el pagaré, base de este pleito, y el embargado en el pleito No. 10736 de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, eran el mismo.

La corte no se limita a decidirlo en su sentencia, sino que, en su opinión, analiza la prueba practicada que la llevó a establecer la conclusión. El apelante sostiene que la prueba demuestra que se trataba de dos documentos distintos. En su opinión la corte sentenciadora dice:

“Las declaraciones de Laureano Cantero y Gaspar Font tienden a demostrar que en ambos casos se trata del mismo pagaré. Han declarado que ese pagaré por dos mil dollars se deriva de una deuda anterior de $4,000 dollars que habían contraído Sucesores de Liado y Santana, que ellos firmaron el pagaré por dos mil dollars que quedó en poder del demandante Primitivo Roeafort; que como hace ya bas-tante tiempo no pueden recordar la fecha con exactitud, pero que ellos no han firmado ninguna otra obligación a favor del demandante, sino, la que se transcribe en la demanda que es la misma objeto del embargo en el pleito pendiente ante la sección primera de esta corte. Teniendo en cuenta estas declaraciones y el record del pleito número 10736 la corte es de opinión que el pagaré que abora se trata de cobrar es el mismo pagaré de dos mil dollars objeto de la precitada orden. ’ ’

Y en su. alegato el apelante argumenta que las declara-ciones de Cantero y Font no demuestran lo que dice el juez sentenciador. Esta Corte Suprema no conoce las declara-ciones indicadas ni el record del pleito a que se refiere la corte de distrito.

No tenemos, pues, base para decidir la cuestión plan-teada. En la transcripción preparada por el propio ape-lante no figuran las pruebas y siendo ello así, ¿cómo vamos a decidir que la corte erró en la apreciación de esas prue-bas? No basta la opinión de la corte. Las pruebas mismas debieron elevarse a este tribunal, según se fia decidido repe-tidamente.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutcbison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Guerra, Peticionario y Apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en un recurso de certiorari.

    No. 2232.
    Resuelto en mayo 27, 1921.
    Debido Procedimiento de Ley — Notificación a las Partes Interesadas — Cuando una ley que prescribe un procedimiento ante una corte, junta, comí sión u otra entidad gubernamental, no prescribe la notificación de dicho proco dimiento a las partes que han de ser oídas, dicha corte, junta, comisión u o1 ra entidad, tiene la facultad, inherente a la facultad de audiencia, de notificar tal procedimiento a las partes interesadas, y dehe ejercer dicha facultad para que exista el debido procedimiento de ley.
    Id. — Comisión de Indemnizaciones a Obreros — Notificación al Patrono. — Si la Comisión de .Indemnizaciones a Obreros dieta resolución en un procedi-miento en que no ha mediado notificación al patrono, condenando a éste a indemnizar a un obrero lesionado en un accidente del trabajo, tal resolución ha sido dictada sin el debido procedimiento de ley, pudiendo subsanarse la deficiencia mediante un nuevo procedimiento con notificación y consiguiente oportunidad de audiencia a todas las partes interesadas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. B. Guerra.

    Abogados de la apelada: Hon. Attorney General y Sres. A. Arroyo y G. Llauger.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Recientemente hemos resuelto en el caso de Rivera v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, decidido en abril 29, 1921, (página 393), que el objeto de la Ley Ño. 61 de 1919 fué dar a la corte de distrito completo derecho para revisar las decisiones de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros. Al procedimiento para revisar se le llamó “certiorari” en la referida ley y las partes han discutido la cuestión algo así como si la revisión estuviera limitada a cuestiones de pro-cedimiento y jurisdicción.

El apelante insiste en que la comisión no tenía derecho a adicionar los autos radicando un affidavit en la corte de distrito, pero admite que este affidavit fué sometido a la co-misión. El hecho de si una corte de distrito puede o uo oir prueba adicional, o si debe dictar la decisión que la comisión debió haber dictado, son cuestiones que no han sido presen-tadas por las partes, pues cada una de ellas tiene la idea de que la revisión quedaba limitada como lo estaría en el auto ordinario de “certiorariNos inclinamos a creer que la corte estuvo justificada al admitir el affidavit en demos-tración de que el patrono en realidad había sido notificado del accidente; aunque no es necesario que resolvamos defi-nitivamente la cuestión. La corte tiene nna amplia discre-ción de acnerdo con la ley y ciertamente pudo haber certi-ficado el affidavit para demostrar qne el patrono fné notifi-cado del accidente. La resolución apelada, sin embargo, debe ser revocada por otro fundamento.

A pesar de las numerosas decisiones de esta corte qne requieren mi señalamiento de errores en apelación como pres-criben nuestras regias y no obstante algunas desestimacio-nes, los apelantes frecuentemente no observan la regia. No se hizo ningún señalamiento de error en el alegato. El ape-lante, sin embargo, al principio de su alegato pone de mani-fiesto las objeciones que había hecho en la corte inferior. Una de ellas era que el patrono jamás fué notificado de los procedimientos ante la comisión. En otras palabras, según en parte se desarrolla en su alegato, el apelante sostiene que jamás tuvo una oportunidad de ser oído; que nunca tuvo su día en corte. Ambas partes tratan ligeramente esta cues-tión y en sus argumentaciones y citas discuten principal-mente la necesidad de hacerse una notificación del accidente al patrono, o si puede renunciarse a tal notificación. Que puede renunciarse a la notificación del accidente, no tene-mos duda alguna y creemos que así sucedió en este caso. Asimismo podría renunciarse á la notificación del procedi-miento ante la comisión, pero los autos no demuestran que sé haya hecho ninguna renuncia en este sentido.

El apelante, si bien sugiere que la ley misma puede ser anticonstitucional, niega toda intención de atacarla por ese fundamento, pero funda su objeción exclusivamente en la falta de notificación de los procedimientos. Como las par-tes no han tratado esta cuestión no resolveremos definiti-vamente si la ley es constitucional, aunque nos inclinamos a creer que lo es. En el caso de Camuñas v. The New York & Porto Rico Steamship Company, 260 Fed. 40, 42, la Corte de Circuito de Apelaciones revisó la constitúcionalidad de las Leyes de Compensaciones a Obreros y resolvió que la ley local no solamente era constitucional sino compulsoria. La cuestión de que en la ley no se prescriba respecto a la notificación al patrono de los procedimientos no fué presen-tada a esa corte. Creemos conveniente, no obstante, pre-sentar algunas de las consideraciones por las cuales ba de determinarse la constitucionalidad de la ley en este sentido.

La ley no contiene precepto terminante en cuanto a la notificación de los procedimientos. Los Estatutos de Com-pensaciones a Obreros en otras partes .probablemente dis-ponen la notificación o constituyen una especie de Comisión de Arbitraje en la cual el patrono está representado. No encontramos caso alguno en donde la falta de notificación en un estatuto sobre compensación baya sido considerada y tal vez el caso no ba surgido. Una situación análoga, sin embargo, se presenta en los estatutos sobre procedimientos de expropiación forzosa. Las cortes están divididas en cuanto al efecto de la omisión en prescribirse la notificación de los procedimientos en tales estatutos. Algunas de ellas ban re-suelto que un estatuto que no contiene precepto alguno para la notificación es anticonstitucional. Sterritt v. Young, 82 Pac. 946, 4 L. R. A. (N. S.) 169; James v. West Puerto de Luna, Etc., 169 Pac. 309; 20 C. J. 930, nota 29. Otros casos resuelven, y esta es la tendencia más general, que si los re-quisitos de debido procedimiento de ley mediante notificación y audiencia ban sido cumplidos, los procedimientos serán mantenidos aún cuando el estatuto no prescribiera la notifi-cación. Ky. R. R. Tax Cases, 115 U. S. 334; Baltimore Belt Railroad Company v. Baltzell, 23 Atl. 74; McGeehe Due Process of Law, 82; 20 C. J. 930; notas 27, 28. Las varia-ciones de la segunda clase de casos permiten que se examine el estatuto mismo, o el resto de la ley constitucional o estatutoria del Estado para descubrir y por lo general resolver afirmativamente que la facultad de dar un aviso y oir a las partes se considerará como inherente a la corte, junta o comisión en cuestión, como aparece de los casos citados últimamente. En los casos de Kentucky Railroad Tax, supra, la corte resolvió que si las partes tienen un derecho consti-tucional a una audiencia, el estatuto ha de interpretarse pro-piamente de modo que reconozca y respete tal derecho y no lo niegue. La constitución y el estatuto, dice la corte, serán interpretados conjuntamente como una sola ley.

Como hemos visto en el caso de Rivera v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, supra, la sección 7 de la Ley No. 10 de 1918, da a la comisión amplia facultad para oir pruebas, examinar testigos y practicar aquella in-vestigación que pueda ser necesaria para los fines de la ley. Tales disposiciones por sí implicarían un derecho a hacer la notificación. El derecho de apelación en ciertos casos de una u otra de las partes demostraría asimismo que la Le-gislatura presumía que las partes habían sido debidamente llevadas ante la comisión. La ley especial de “certiorari” a que nos hemos referido, aunque empezó a regir después de haberse iniciado estos procedimientos, presupone además que las partes se encuentran debidamente ante la corte. Más particularmente, la Ley Orgánica, artículo 2, prescribe lo siguiente:

“No se pondrá en vigor en Puerto Rico ninguna ley que privare a una persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proce-dimiento de ley, o que negare a una persona de dicha isla la protec-ción igual de las leyes.”

Esta debe ser una facultad completa para que cualquier comisión haga comparecer a las personas ante ella cuando está por lo demás autorizada por la ley para conceder in-demnizaciones. No solamente fué considerada la constitu-cionalidad de la ley en cuestión en el caso de Camuñas v. The New York & Porto Rico Steamship Company, supra, sino que la constitucionalidad de los estatutos compulsorios algo semejantes al nuestro lia sido considerada por la Corte Su-prema de los Estados Unidos. New York Central Railroad Company v. White, 243 U. S. 188, y Mountain Timber Company v. Washington, 243 U. S. 219. Hay una interesante-discusión de las Leyes de Compensaciones .a Obreros en el tomo 28, R. C. L., página 739, y siguientes, donde se demues-tra que la tendencia de las cortes es muy liberal en sostener estas leyes. ■ Suponiendo, pues, la constitucionalidad de la ley y que debe hacerse la notificación, nos sentimos obliga-dos a resolver que el apelante en este caso no tuvo la debida notificación y audiencia.

La ley "ha sido bien resumida como puede verse de la siguiente cita:

“Los elementos esenciales del debido procedimiento de ley son la notificación, y la oportunidad de ser oído y de defenderse en un procedimiento ordenado adaptado a la naturaleza del caso. En rea-lidad una de las definiciones más famosas y casi la que con más frecuencia se cita respecto a debido procedimiento de ley es la .de Daniel "Webster en su argumentación en el caso de Dartmouth College, en el cual él declaró que debido proceso de ley significaba ‘una ley que oye antes de condenar; que actúa por virtud de investigación y dicta sentencia solamente después de un juicio.’ Algo parecido es la declaración de que es una regla tan antigua como la ley que nadie quedará personalmente obligado hasta que haya tenido su día ante la corte, lo que quiere decir, hasta que haya sido debidamente citado para comparecer y tenido una oportunidad de ser oído. Una sen-tencia sin tal citación y oportunidad carece de todos los atributos de-una resolución judicial; es una usurpación y opresión judicial y jamás puede ser mantenida cuando la justicia se administra impar-cialmente.” 6 R. O. L. 446.

La apelada en la vista argumentó que una vez que el pa-trono tenía noticia del accidente estaba obligado a asistir a aquélla ante la comisión, pero no podemos ver que sea el deber de ningún patrono investigar él mismo cuándo ha de-tener lugar una vista y decisión o pedir que se celebre la. vista. La ley prescribe en cnanto al pago de nna prima de seguro por aquéllos que directamente acepten los beneficios de la ley, pero aquéllos que no se acogieron a los beneficios de la ley de 1918, enmendada después, de los cuales era uno el apelante, aparentemente de acuerdo con el artículo 20 que-daban obligados por el importe de aquella compensación que la comisión pudiera ordenar que se pagase al obrero lesio-nado y se ordenó al Tesorero de Puerto Rico que imponga y cobre dicho importe en la misma forma que se prescribe-para el cobro de primas. En otras palabras, si el patrono-no prefería pagar las primas de seguro por las cuales El. Pueblo de Puerto Rico paga al obrero con su Pondo de De-pósito, en ese caso el patrono había de pagar toda la in-demnización. En el caso ante nos la indemnización fijada por la comisión que había de pagarse al obrero lesionado -era de $1,244. En otras palabras, una sentencia o especie de gravamen, a manera de sentencia ha surgido en la cual se condenó al patrono al pago de la cantidad fijada por la comisión sin haber sido jamás oído ante ella, esto* es, “sin tener su día en corte.” Esto no fué debido procedimiento de ley y la sentencia debe ser revocada dictándose otra en su lugar por la que se devuelva el caso a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros para procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada y ordenado., que el caso sea devuelto por la corte inferior a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros} para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Guerra, Peticionario y Apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito de certiorari.

    No. 2233.
    Resuelto en mayo 27, 1921,
    por los fundamentos del caso No. 2232. Guerra v. Comisión de Indemnizaciones a Odreros, de mayo 27, 1921.
   Revocada la sentencia y ordenada la devolu-ción del caso por la corte inferior a la Co-misión demandada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Pérez, Demandante y Apelado, v. Morán, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre desahucio en precario.
    No. 2260.
    Resuelto en mayo 27, 1921.
    Desahucio — Alegaciones—Materia Nueva — Conflicto de Títulos.- — En una acción de desahucio en que el demandado niega la posesión de la finca des-crita en la demanda alegando como materia nueva que cierta mercantil de la cual es socio es dueña de una finca situada en un barrio y término municipal distintos,' no puede concluirse que el demandado ha planteado un con-flicto de títulos, por lo que no es errónea una orden sosteniendo una excep-ción previa a la contestación y disponiendo la eliminación de la materia nueva.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. C. Rodrigues Cebollero.

    Abogado del apelado: Sr. I. Carballeira.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda sobre desahucio presentada en este caso ale-gaba entre otros particulares lo siguiente:

“Segundo. Que el demandante es propietario de la finca si-guiente :
“ ‘Rústica: predio de terreno situado en el-'barrio de “Florida Afuera,” sitio denominado “Alto de la Quebrada,” del término municipal de Barceloneta, compuesta de doce cuerdas, ochenta y tres céntimos y medio, siendo sus eolindancias las siguientes: por el sa-liente, con terrenos de la sucesión de Gregorio Kuinlam; por el norte, con los de la sucesión de María Encarnación Caballero, hoy Juan Villamil; por el sur, con terrenos de Miguel Monroig y por el po-niente, con los de Celestino Pérez y Ramón Morán. Inscrita en el Registro de la Propiedad, al folio 238, vuelto, finca número 765, inscripción 4a.’
‘ ‘ Tercero: Que el demandado Ramón Morán está ‘ detentando la posesión material de la finca descrita y la está disfrutando precaria-mente sin. pagar canon o merced alguna, en contra de la voluntad del demandante.
“Cuarto: Que distintas veces el demandante ha requerido al de-mandado para que desaloje la descrita finca, siendo infructuosas las gestiones que ha hecho con tal fin el demandante.”

El demandado en su contestación negó los hechos así ale-gados y como materia nueva de defensa alegó lo siguiente-:

“1o. QUe l’a mercantil domiciliada en Manatí Ramón Morán y Cía. de la cual es socio gestor y administrador el demandado es dueña de la siguiente:
“‘Finca: Rustica, en el barrio “Bajura Adentro,” de Manatí, compuesta de 4 cuerdas, igual a 1 hectárea, 57 áreas, 21 centiáreas, lindante, al norte y este, con la sucesión Kuinlam; sur, Miguel Mon-roig y la Sucesión Kuinlam, y oeste, Celestino Pérez.’
“2o. Esta finca la-hubo dicha sociedad por compra-venta judicial según escritura otorgada en Manatí por el marshal de la Corte Municipal de Manatí, en 24 de febrero de 1917.
“3o. Que parece, por la faz de la demanda, que la finca objeto de la acción es la misma que se describe de la propiedad de la mer-cantil ‘Ramón Morán y Cía.,’ de la que como se ha dicho, es gestor y administrador el demandado.”

Formuladas excepciones previas a la contestación, la corte inferior ordenó que la nueva materia fuera eliminada, a cuya resolución el demandado tomó excepción. .

La contestación enmendada niega los hechos segundo y cuarto de la demanda, admitiendo por tanto, por no negarse, el hecho de la posesión como se alega en el tercer párrafo de la demanda.

Citamos el siguiente párrafo de la opinión emitida por el juez sentenciador:

“Del examen de la prueba documental y testifical practicada, entiendo que el demandante fia justificado cumplidamente los hechos esenciales de su demanda, cuales' son su carácter de dueño de la finca en cuestión adquirida por escritura pública inscrita en el re-gistro de la propiedad; el estar ocupada dicha finca por el deman-dado Ramón Moran, el cual así lo reconoce en su declaración, sin que, con prueba de ninguna clase, ni aún en su propia declaración, haya tratado de invocar derecho ni razón alguna a su favor para poseer y seguir poseyendo dicha finca.”

El apelante alega como error, primero, la resolución de la corte declarando con lugar la excepción previa formulada a la contestación y la orden eliminando la nueva materia de la contestación, y segundo, el dictar sentencia en un pro-cedimiento como éste, no obstante el hecho de revelar la prueba un conflicto de título.

En la contestación original se niega la posesión de la finca descrita en la demanda y no se alega que la propiedad que se reseña en la contestación esté comprendida en las colindancias de la parcela descrita en la demanda. Ni apa-rece tampoco de la faz de la demanda, como se alegó en la contestación original, que las dos fincas son idénticas. Es verdad que algunas de las señales de los dueños de propie-dades colindantes son las mismas, pero esta circunstancia es tan compatible con la teoría de las fincas colindantes como lo es con la de una confusión sobre las dos fincas. Por otra parte, la finca descrita en la demanda es una parcela de doce cuerdas situada en el barrio de “Florida Afuera,” del tér-mino municipal de Barceloneta, mientras que la que se describe en "la contestación es una finca de cuatro cuerdas radi-cada en el barrio de “Bajura Adentro” de la municipalidad de Manatí. Dentro de las circunstancias apenas si puede decirse que la corte cometió error al declarar con lugar la excepción previa en cuanto concierne a la materia nueva en cuestión, o al eliminar la misma de la contestación.

En cuanto al segundo señalamiento, será bastante con de-cir que de un examen cuidadoso de los autos en conjunto no aparece que se baya cometido un error tan manifiesto que exija la revocación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces 'concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Laborde, Demandante y Apelado, v. López, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre indemnización (aprobación de memorán-dum de costas).
    No. 2406.
    Resuelto en mayo 31, 1921.
    HONORARIOS DE ABOGADO POR SERVICIOS ANTE LA CORTE SUPREMA — MEMORANDUM de Costas — Jurisdicción.—Al presentarse el memorándum de costas se co-braron honorarios de abogado por trabajos realizados en esta Corte Suprema y la corte de distrito ordenó el pago de los mismos. Se resolvió: que la corte de-distrito eareeía de jurisdicción para dictar tal orden.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. F. González y J. B. Huyhe.

    Abogado del apelado: Sr. M. Tons Soto.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Firme la sentencia dictada finalmente en este pleito, la parte demandante presentó un memorándum de costas, de-sembolsos y honorarios y ascendentes' a $3,615.35. El de-mandado lo impugnó y la corte de distrito ordenó el pago de $1,586.35. El demandado apeló para ante este tribunal.

El memorándum contiene las siguientes partidas: “hono-rarios del abogado Eugenio Benitez Castaño ante la corte de distrito, $700. Idem ante el Tribunal Supremo, $1,000. Honorarios del abogado M. Tons Soto ante la corte de dis-trito y el Tribunal Supremo, $1,000.”

La resolución de la corte de distrito en cuanto a esas partidas fué así: “y en cuanto se refiere a los honorarios de los abogados Eugenio Benitez Castaño y M. Tous Soto, que se fijan en las cantidades de $1,700 y $1,000, respectiva-mente, se reducen, vistos estos autos y dada la cuantía de la sentencia dictada en definitiva por el Tribunal Supremo, a las cantidades de $800 y $700.”

Como se ve cobráronse aquí honorarios no sólo por el trabajo realizado en la corte de distrito, sí que también por el efectuado en el Tribunal Supremo. Y la corte tuvo en cuenta ambos- trabajos.

El pronunciamiento de la sentencia sobre pago de hono-rarios se refería naturalmente a las costas causadas a la fecha de dicha sentencia. La Corte Suprema dejó en pie ese pronunciamiento. Ningún tribunal hizo pronunciamiento al-guno sobre el pago de honorarios por trabajos realizados con motivo de la apelación y en tal virtud la corte de distrito actuó sin autoridad al tener en cuenta dicho trabajo para fijar *la cuantía de los honorarios y como no tenemos base para determinar lo que hubiera decidido la corte de distrito con respecto al trabajo realizado en dicha corte considerado aisladamente, la resolución que se impone es devolver .el asunto a la repetida corte para que lo considere y resuelva de nuevo con arreglo a los principios expuestos en esta opi-nión y en la emitida en el caso de Nicot v. Valdecilla et al., decidido hoy, en el cual la misma cuestión aquí envuelta se estudia con más amplitud.

Revocada la resolución recurrida y devuelto el caso a la corte de su origen.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “Conforme con la sentencia. ’ ’


author: - El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Nicot, Demandante y Apelado, v. Valdecilla et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en incidente sobre memorándum de costas.
    No. 2438.
    Resuelto en mayo 31, 1921.
    Honorarios de Abogados — Memorándum de Costas — Res Judicata. — La cuestión de que la apelación contra la sentencia dictada por la corte de distrito ver-sara sobre la jurisdicción de dicha corte por no exceder de $500 la cuantía de la reclamación, no puede levantarse con éxito para objetar la concesión de honorarios del abogado del demandante cuando dicha cuestión había sido resuelta negativamente en apelación, por lo que adquirió el carácter de res judicata. Además, el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil quedó enmendado por la Ley No. 38 de 12 de abril de 1917, excluyendo el requisito antes exigido de que para que se concedieran honorarios a una parte en un pleito o procedimiento era necesario que la materia litigiosa excediera de $500.
    Id. — Id.—Apreciación del Valor de Servicios de Abogado. — No puede concluirse que la corte de distrito erró al conceder honorarios y fijar su cuantía sin que - el demandante presentara evidencia alguna para justificarlos, cuando la trans-cripción demuestra que la corte tuvo a su consideración el record del caso con todos los elementos necesarios para apreciar el trabajo profesional del abogado en la corte inferior.
    Honorarios de Abogado ante la Corte Suprema — Jurisdicción.—Las cortes de distrito carecen de jurisdicción para conceder honorarios de abogado cobrados por medio de memorándum de costas por servicios profesionales llevados a cabo ante el Tribunal Supremo con motivo de una apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: Sr. J. Tons Soto.

    Ahogado del apelado: Sr. R. Martínez Nadal.

   - El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte de Distrito de Ponce por Rafael Nicot contra Ramón Valdecilla y Eduardo Rivera de León, sobre cumplimiento de convenio de deslinde y pago de daños y perjuicios, dicha corte dictó sentencia en 3 de febrero de 1919 a favor del demandante y en contra de los demandados condenando a éstos en gastos, desem-bolsos y honorarios de abogado del demandante, cuya sen-tencia fué confirmada por esta Corte Suprema en grado de apelación por la suya de 3 de junio de 1920.

El día 12 del citado junio la parte demandante presentó a la corte de distrito un memorandwn jurado por su abo-gado, R. Martínez Nadal, de costas y desembolsos, que com-prendía distintas partidas ascendentes a $532.60, entre las cuales figuraba una de $500 en concepto de honorarios del abogado R. Martínez Nadal por estudio, demanda, vista y alegato ante la corte inferior, estudio de la apelación y ale-gato ante la Corte Suprema.

La parte demandada impugnó la cuantía de los honora-rios de abogado porque dada la simplicidad de la evidencia, el tiempo invertido en el juicio, la naturaleza del caso y la exigua cuantía de lo que estaba envuelto en la controversia, la cantidad de $500 era excesiva a todas luces por repre-sentar más del doble de la cuantía litigiosa. A esa impug-nación contestó el demandante que nada tenía que ver la exigua cuantía de la reclamación litigiosa para la imposición de honorarios y que la corte debía tener en cuenta la teme-ridad del litigante, que el caso requirió estudio para esta-blecer la demanda, que los demandados son personas adi-neradas, que el pleito fué visto en la corte de distrito con-sumiendo una sesión de dicha corte, que hubo que hacer ale-gatos ante la misma y estudiar y discutir la exposición del caso y presentar alegatos ante esta Corte Suprema, y que los honorarios reclamados representaban una cantidad justa y razonable. La corte por orden de 22 de julio de 1920, fijó los honorarios del abogado Rafael Martínez Nadal, por estudio, demanda, vista en la corte inferior, alegato, estudio de la apelación y alegato ante la Corte Suprema en la suma •de $300 quedando por tanto reducido el memorandum de cos-tas y desembolsos a la cantidad de $332.60.

La anterior orden ba sido apelada por los demandados y se alegan como motivos del recurso:

1o. Que la Corte de Distrito cometió errar al conceder honorarios de abogado en un caso de cuantía inferior a $500;

2o. Que también erró la corte al conceder honorarios y .fijar su cuantía, sin que el demandante presentara evidencia alguna para justificarla.

En cuanto al primer error la misma parte apelante alega que la apelación contra la sentencia dictada en el juicio versó sobre la jurisdicción de la corte de distrito por no exceder fie $500 la cuantía de la reclamación, cuya cuestión, aunque resuelta en sentido contrario, puede levantarse en cualquier momento y por tanto como oposición a la concesión de hono-rarios por afectar a la jurisdicción de la corte. Si esa cues-tión jurisdiccional ha sido ya resuelta por esta Corte Su-prema al decidir el caso en grado de apelación, no puede levantarse de nuevo por impedirlo la res judicata. Es cosa ya resuelta que la cuantía de la cosa litigiosa excede de $500. Pero aunque así no fuera, la alegación de la parte apelante carece de fuerza legal alguna toda vez que el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil quedó enmendado por la Ley No. 38 de 12 de abril de 1917, excluyendo el requisito antes exigido de que para que se concedieran honorarios a una parte en un pleito o procedimiento era necesario que la materia litigiosa excediera de $500.

El segundo error alegado tampoco existe, pues la corte que dictó la orden recurrida tuvo a su consideración el record del caso con todos los elementos necesarios para apreciar el trabajo profesional del abogado del demandante y fijar la cuantía de sus honorarios.

Pero hay otra cuestión que no ha sido levantada por la parte apelante y que esta Corte Suprema puede levantar de oficio por afectar a la jurisdicción de la corte inferior, y esa cuestión es la de haberse fijado los honorarios del abogado teniendo en cuenta el estudio de la apelación y el alegato ante la Corte Suprema además del trabajo profesional del abogado en la corte inferior.

Opinamos que la Corte de Distrito de Ponce carecía de jurisdicción para apreciar trabajos profesionales prestados ante esta Corte Suprema y considerar esos trabajos conjun-tamente con los prestados en la corte inferior para fijar los honorarios de que se trata.

Con arreglo al artículo 339 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado según la ley de 12 de marzo de 1909, un memorándum de costas y desembolsos sólo podía comprender los honorarios de abogado en la corte de distrito y no los de-vengados en la Corte Suprema. T la razón es obvia, pues al presentarse.el memorándum no había honorarios devengados en la Corte Suprema. El artículo 339, enmendado del Código de Enjuiciamiento Civil, quedó enmendado por la Ley No. 15 de 19 de noviembre de 1917, pero esa enmienda nada contiene que permita la inclusión de honorarios devengados en la Corte Suprema, como lo revela su simple lectura.

La corte inferior no conocía los trabajos profesionales del abogado Martínez Nadal • en esta Corte Suprema, y el artículo 8o. del Código de Enjuiciamiento Civil, prohíbe a esta coi'te conceder honorarios a ningún funcionario por sus servicios.

Siendo ello así, tenemos que llegar a la conclusión de que la Corte de Distrito de Ponce carecía de jurisdicción para incluir en la partida de honorarios del abogado Rafael Martínez' Nadal, trabajos profesionales prestados por dicho Letrado en esta Corte Suprema, a cuyo pago no había sido condenado, no pudiendo precisarse por tanto cuáles sean en sentir de la corte inferior los honorarios devengados ante dicha corte por el mencionado Letrado.

Es de revocarse la orden apelada en la" parte que ha sido materia del recurso y devolverse el caso a la corte inferior para que fije la cuantía de los honorarios devengados ante la misma por el abogado Rafael Martínez Nadal, haciendo caso omiso de sus trabajos profesionales en esta Corte Suprema.

Revocada la orden apelada en la parte recu-rrida y devuelto él caso a la corte inferior para que fije la cuantía de los honorarios, haciendo omisión de los trabajos profesio-nales en esta corte.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con la sentencia.