author: per curiam:

text:
      In re Edith E. Vázquez Pardo, querellada.

      Número: CP-2010-13

      Resuelto: 27 de junio de 2012

      Luis R. Román Negrón, procurador general designado, Minnie H. Rodríguez López, Celia M. Molano Flores, procura-doras generales auxiliares, Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general, y Jeanette M. Collazo Ortiz, subprocuradora general interina, de la Oficina del Procu-rador General de Puerto. Rico, parte querellante; Virgilio Mainardi Peralta, José Angel Rivera, abogados de la que-rellada; Edith Vázquez Pardo, pro se; Carlos Dávila Vélez, comisionado especial.
   per curiam:

La Leda. Edith E. Vázquez Pardo (querella-da) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 25 de enero de 2000 y, posteriormente, al ejercicio de la notaría el 3 de abril del mismo año. El 18 de agosto de 2010 el Procurador General de Puerto Rico presentó una querella contra la licenciada Vázquez Pardo. Le formularon dos cargos por alegadas violaciones a la fe pública notarial y al Canon 35 del Código de Ética Profesional, infra. A continuación ex-ponemos un resumen de los hechos que motivaron el pro-ceso disciplinario que hoy atendemos.

I

El 20 de marzo de 2003 el Sr. Carlos Israel Rivera Ro-dríguez, la Sra. Maribel Martínez Isona, el Sr. Benjamín Flores Soto y la Sra. Ada Miriam Palau Inglés (quejosos) presentaron una queja ante este Tribunal contra la licen-ciada Vázquez Pardo.() Los quejosos indicaron en la queja que el Ledo. José A. Vázquez Soto fungió como notario en una compraventa en la cual adquirieron dos terrenos de la corporación Nakato, Inc. Además, suscribieron un contrato en el cual Nakato, Inc. construiría varias casas en los te-rrenos adquiridos. Debido a que Nakato, Inc. no terminó la construcción de las casas, los quejosos presentaron una de-manda de daños y perjuicios en su contra. En dicha de-manda los quejosos fueron representados por el Ledo. John Ward Llambías y por la Leda. Rosa I. Ward Cid.() Los li-cenciados acordaron con los quejosos que cobrarían el 33% de lo obtenido en la sentencia por honorarios de abogados. Luego de varios trámites procesales, los quejosos obtuvie-ron una sentencia a su favor y el tribunal emitió una orden para que se procediera con la venta en pública subasta de cuatro fincas del demandado. Los quejosos obtuvieron la buena pro de la subasta de dos de las fincas.

Así las cosas, los licenciados Ward Llambías y Ward Cid citaron a los quejosos para que acudieran, el 8 de julio de 2002, al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, para firmar la escritura de venta judicial. Los quejosos acudieron a la cita y allí conocieron por primera vez a la licenciada Vázquez Pardo. Los licenciados Ward Llambías y Ward Cid habían escogido a la querellada para que fun-giera como notario en la otorgación de la escritura. Luego de firmar la escritura de venta judicial, los licenciados pre-sentaron a los quejosos una escritura de dación en pago. En la misma se establecía que los quejosos le otorgaban el 33% de las propiedades adquiridas en la venta judicial a los licenciados Ward Llambías y Ward Cid como pago de los honorarios de abogados. Los quejosos argumentaron que no sabían de qué trataba la escritura y, además, que la escritura no tenía número, tenía espacios en blanco y no contenía el valor de la propiedad. A pesar de los menciona-dos defectos los quejosos firmaron la escritura. Estos tam-bién alegaron que le solicitaron a la querellada copia de las escrituras, pero ésta nunca se la entregó.

Vista la queja, solicitamos a la querellada que contes-tara la queja presentada en su contra. En la contestación a la queja la querellada argumentó que los licenciados Ward Llambías y Ward Cid se comunicaron con ella el 7 de julio de 2002, para solicitarle que otorgara al día siguiente una escritura de venta judicial. La licenciada Vázquez Pardo explicó que el licenciado Ward Llambías redactó el instru-mento público y se lo entregó para examinarlo antes de acudir al otorgamiento de dicha escritura. Indicó, además, que pudo revisar todos los documentos complementarios necesarios para la otorgación y autorización de la escritura.

Por otro lado, la querellada señaló que de camino a Gua-yama el licenciado Ward Llambías le mostró por primera vez la escritura de dación en pago. El licenciado Ward Llambías le explicó que luego del otorgamiento de la escri-tura de venta judicial le presentaría a los quejosos la escri-tura de dación en pago, y si ellos aceptaban lo dispuesto en la misma aprovecharían su presencia para otorgar dicho instrumento público. En ese momento la querellada veri-ficó la escritura de dación en pago y encontró que adolecía de varios defectos, pero entendió que los mismos podían ser subsanados por un acta de subsanación.

Contrario a lo alegado por los quejosos, la licenciada Vázquez Pardo adujo que en la escritura de dación en pago solo existía un espacio en blanco para consignar el método que utilizó para identificar a los otorgantes. La querellada indicó que debido a un problema con la identificación de uno de los otorgantes ella decidió hacer la salvedad a ma-quinilla y llenar el espacio en blanco en su oficina. Por otro lado, argüyó que los quejosos tuvieron la oportunidad de leer y analizar juntos la escritura sin la intervención de los licenciados Ward Llambías y Ward Cid. Explicó que luego de permitir que los quejosos discutieran la escritura a so-las, ella se acercó a ellos para cerciorarse de que entendían el negocio jurídico y aclaró las dudas que tenían. Al quedar convencida de que los quejosos comprendieron la natura-leza y el alcance de la escritura de dación en pago, la licen-ciada Vázquez Pardo procedió con el otorgamiento y auto-rización de la misma. Sobre el incumplimiento de entregar una copia de cada escritura a los quejosos, la querellada alegó que los quejosos en dos ocasiones la contactaron pero luego no acudieron a recoger las copias.

El 11 de julio de 2003 referimos la queja a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). La ODIN rindió un in-forme el 20 de octubre de 2005 en el cual concluyó que la licenciada Vázquez Pardo violó el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico() y el Canon 35 del Código de Ética Profe-sional() por apartarse de su deber principal como notario y atentar contra la fe pública notarial. La ODIN entendió que la querellada debió abstenerse de autorizar las escri-turas porque no tuvo oportunidad de examinarlas deteni-damente y tampoco tuvo oportunidad de examinar los do-cumentos complementarios ni los estudios de títulos necesarios. Por otra parte, expresó que la licenciada debió conocer que la escritura de dación en pago no era inscribi-ble en el Registro de la Propiedad por no contener el valor de la propiedad. Indicó, además, que esta omisión evita que se pueda determinar si los sellos de rentas internas fueron cancelados correctamente. Luego de la respuesta de la licenciada Vázquez Pardo, el 16 de febrero de 2007, re-ferimos la queja ante la Oficina del Procurador General para que realizara una investigación y rindiera un informe conforme con la Regla 14(d) del Reglamento de este Tribunal. ()

Luego de llevar a cabo la correspondiente investigación, la Procuradora General rindió un informe en el cual con-currió con los señalamientos de la ODIN. Así las cosas, mediante resolución del 12 de junio de 2009 autorizamos a la Procuradora General a que presentara la querella co-rrespondiente en conformidad con el contenido de dicho informe. Por consiguiente, el 18 de agosto de 2010 la Pro-curadora General presentó una querella contra la licen-ciada Vázquez Pardo.

En la querella, la Procuradora General formuló dos cargos. En el cargo I la Procuradora General imputó a la querellada la violación al Art. 2 de la Ley Notarial, supra, por haber violado la fe pública notarial. En el cargo II le atribuyó a la querellada infringir el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, respecto al deber de los aboga-dos de “ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávits u otros documentos, y al presentar sus causas”. La Procuradora General expresó, en lo pertinente, que:

La actuación de la querellada Vázquez Pardo, al autorizar unas escrituras redactadas por otro abogado, con graves defec-tos notariales, no sólo constituye un atentado contra la fe pú-blica notarial y las disposiciones de la Ley y el Reglamento Notarial según [ha] señalado la ODIN en su informe, sino que constituye una violación al Primer Criterio General de los Cá-nones de Ética Profesional, el cual obliga a todo miembro de la profesión legal, individual y colectivamente, a velar por que los distintos procesos legales de la sociedad se incorporen y consagren de manera efectiva y adecuada. Sus actuaciones ne-gligentes impidieron que se ajustara a la sinceridad de los hechos al autorizar el documento objeto de este procedimiento, incurriendo al así hacerlo en violación al Canon 35 de[l] [Código de] Ética Profesional. Informe del Procurador General, pág. 6, Apéndice de la Querella, Anejo II, pág. 258.

Así las cosas, mediante resolución del 15 de marzo de 2011 nombramos al Hon. Carlos Dávila Vélez como Comi-sionado Especial (Comisionado) para que recibiera prueba y nos rindiera un informe con sus determinaciones de he-chos y recomendaciones. Luego de una vista ante el Comi-sionado, éste emitió un informe en el cual concluyó que la licenciada Vázquez Pardo violó el Art. 2 de la Ley Notarial, supra, y el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra.

El Comisionado indicó que al autorizar las escrituras, la querellada dio fe pública de que éstas cumplían con todas las formalidades de la Ley Notarial, aunque estaba cons-ciente de que éstas adolecían de defectos. Al considerar la prueba el Comisionado entendió que quedó establecido lo siguiente: (1) las escrituras fueron redactadas por el licen-ciado Ward Llambías; (2) la querellada examinó por pri-mera vez las escrituras el día del otorgamiento; (3) la que-rellada descansó solo en los documentos que le presentaron los licenciados Ward Llambías y Ward Cid; (4) la licenciada Vázquez Pardo autorizó las escrituras aun cuando se per-cató de que las mismas no contenían el valor de las propie-dades; (5) la querellada omitió en las dos escrituras las advertencias legales expresas sobre los efectos de la adqui-sición de una partición indivisa en una finca según reque-rido por el Art. 15(g) de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 2033(g); (6) omitió las advertencias sobre el estado de las cargas de las propiedades y sobre el hecho de que existían transacciones previas realizadas por Nakato, Inc. relativas a otras dos escrituras de dación en pago; (7) la escritura de dación en pago adolecía del segundo apellido de uno de los comparecientes; (8) la querellada omitió el número de la escritura de dación en pago; (9) ambas escrituras conte-nían guarismos en fechas y cantidades referentes a hipote-cas; (10) la escritura de venta judicial tenía una nota de saca que no contenía el nombre de a quién se hizo la copia; (11) previo al otorgamiento de las escrituras la querellada no examinó los estudios de títulos de las propiedades; (12) la licenciada Vázquez Pardo no hizo constar en la escritura de dación en pago que los otorgantes debían otorgar una escritura de rectificación para asignar el valor de las pro-piedades, y (13) la querellada no llenó los espacios en blancos.

No obstante, el Comisionado indicó en su informe que la licenciada Vázquez Pardo cumple con varios de los ate-nuantes que este Tribunal ha validado en los procedimien-tos disciplinarios. El Comisionado expresó, en lo perti-nente, que

[h]abiendo concluido que la querellada quebrantó el Art. 2 de la Ley Notarial, supra, y el Canon 35 [del Código de] Ética Profesional, supra, procede que llamemos la atención de este Honorable Tribunal sobre varios atenuantes. Éstos son: para la fecha de los hechos la querellada se iniciaba en el ejercicio de la práctica de la abogacía y de la notaría; la querellada goza de una reputación intachable y respetada entre los miembros de la profesión legal ...; no existen quejas, querellas o recla-maciones pendientes contra la querellada; la querellada no actuó de mala fe o con la intención de engañar; y los quejosos no sufrieron daño pecuniario alguno por la actuación u omi-sión de la querellada, ya que la escritura de venta judicial está inscrita en el Registro de la Propiedad y los licenciados Ward retiraron la escritura de dación en pago y renunciaron a cual-quier derecho o interés sobre las fincas. Informe del Comisio-nado Especial de 18 de enero de 2012, págs. 23-24.

II

Como principio del derecho notarial, todo notario está inexorablemente vinculado al estricto cumplimiento de la Ley Notarial de Puerto Rico() y a los cánones del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.() Los notarios están obligados a respetar la Ley Notarial de Puerto Rico. En el cumplimiento de dicha función el notario puertorriqueño representa la fe pública y la ley para todas las partes.() Una vez el notario se aparta de cumplir con estos requisitos y las formalidades, incurre en conducta que aca-rrea una sanción disciplinaria, ya que lesiona la confianza y la función pública investida en él.() La sanción discipli-naria correspondiente incluye no solo su función como no-tario, sino también como abogado.!)

La fe pública notarial constituye la espina dorsal de nuestro sistema notarial.!) El Art. 2 de la Ley Notarial, supra, consagra el principio de la fe pública notarial. Este artículo dispone que “[l]a fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función, personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento”. Así pues, la fe pública notarial es de tan alta importancia que no es necesario que el notario falte a la verdad intencionalmente para que incurra en una violación a ella.!)

Como sabemos, cuando un notario autoriza un documento da fe y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley, formal y sustantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima.!) La investidura que conlleva la fe pública notarial va acompañada de una presunción controvertible a los actos que ve y oye el notario de que lo allí consignado es legal y verdadero.!) Es precisamente esta presunción de legalidad, veracidad y legitimidad lo que le brinda certeza, garantía y eficacia al documento notarial.!) Por esto, es imprescindible que el notario actúe con el más alto grado de honradez y honesti-dad como custodio de la fe pública notarial/)

Hemos expresado que la fe pública notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto de la ignorancia y la obscuridad/) Por esto, al ser el notario el principal instrumento de la fe pública, y conocedor del Derecho y las leyes, tiene la obligación de propiciar y cerciorarse de ese estado de conciencia informada/) Tiene la obligación de suplir las explicaciones, aclaraciones y advertencias en todo caso en que haga falta para lograr el consentimiento enterado de los otorgantes al acto notarial/)

Por la importancia que tiene la fe pública notarial en el tráfico de los bienes jurídicos, el notario tiene que ser cuidadoso y debe desempeñar su ministerio con esmero, diligencia y estricto celo profesional/) La fe pública notarial impone al notario el deber de ser diligente en su gestión y de asegurarse de cumplir con todas las solemnidades de la Ley Notarial al autorizar los instrumentos públicos/) De acuerdo con lo anterior, un notario debe abstenerse de autorizar instrumentos públicos en forma expedita o incidental, para evitar así la posibilidad de convertirse en un simple observador del negocio jurídico/)

Consecuentemente, el notario que falte a la verdad, ya sea intencionalmente o no, en el otorgamiento de un instrumento público no solo quebranta la fe pública notarial, sino que socava la integridad de la profesión legal y viola su deber de ser sincero y honrado, conforme a lo dis-puesto en el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.() Conforme a ello, cuando un notario otorga un do-cumento notarial en contravención a la Ley Notarial cons-tituye una violación al Canon 35 del Código de Ética Pro-fesional, supra.( )

Los abogados tienen la obligación de velar por que los procesos legales se lleven de forma honesta, digna y transparente. () El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en lo pertinente, que

[l]a conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales para con sus representados y en las rela-ciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean incon-sistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. ...
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávits u otros documen-tos, y al presentar causas. ...

De acuerdo a la disposición anterior, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, exige a los abogados ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos y al redactar documentos. Al respecto, reiteradamente hemos expresado que la conducta de un abogado debe ser sincera y honrada frente a todos y ante todo tipo de acto.()

El deber del Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, se infringe por el simple hecho de faltar a la verdad, independientemente de los motivos de la falsedad.() En el caso de In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275, 282 (2002), señalamos que no es necesario que el notario haya faltado a la verdad intencionalmente para faltar a la fe pública y a los cánones del Código de Ética Profesional.” En esencia, se infringe este deber por el simple hecho de faltar a la verdad, pues no es necesario que se haya faltado a la verdad deliberadamente o con la inten-ción de defraudar o engañar.() Por lo tanto, no es defensa que no se haya obrado de mala fe o deliberadamente, ni con intención de engañar, como tampoco lo es que no se le haya causado daño a un tercero. ()

Por otra parte, este Tribunal ha establecido que al determinar la sanción disciplinaria que habrá de imponerse a un abogado podemos tomar en cuenta los factores siguientes: (1) la buena reputación del abogado en la comunidad; (2) el historial previo de éste; (3) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (7) resarcimiento al cliente, y (8) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien a tenor con los hechos/()

HH I — I H-1

A la luz de lo antes expuesto, concluimos que la licen-ciada Vázquez Pardo infringió el Art. 2 de la Ley Notarial() y el Canon 35 del Código de Ética Profesional.() Veamos.

De acuerdo con la norma antes señalada, la querellada tenía la obligación de examinar detalladamente no solo las escrituras que iba a otorgar, sino también todos los docu-mentos relacionados con el negocio jurídico. La licenciada Vázquez Pardo no tuvo la oportunidad de examinar deta-lladamente las escrituras redactadas por el licenciado Ward Llambías. No es suficiente examinar las escrituras de manera ligera sin indagar sobre el contenido de las mis-mas ni cerciorarse que cumplen con todos los requisitos que exige la Ley Notarial. La querellada inspeccionó por primera vez el expediente del caso y las escrituras el mismo día que otorgó los instrumentos públicos. Además, previo al otorgamiento y autorización de las escrituras la querellada no tuvo oportunidad de examinar los estudios de títulos de las propiedades. La licenciada Vázquez Pardo simplemente descansó en los documentos que le produje-ron los licenciados Ward Llambías y Ward Cid, sin llevar a cabo diligencias adicionales. No desempeñó su ministerio con esmero, diligencia y estricto celo profesional. La quere-llada violó la fe pública notarial por no cerciorarse de que los instrumentos públicos cumplían con todas las solemni-dades que exige la ley.

Por otra parte, al examinar las escrituras, la querellada se percató de que estas adolecían de ciertos defectos. Sin embargo, entendió que los defectos podían ser luego subsanados por un acta de subsanación y procedió a otorgar las escrituras. Cuando un notario autoriza un documento presuntamente da fe y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades que exige la ley. Una vez el notario se percata que la escritura no cumple con las formalidades que exige la Ley Notarial deberá abstenerse de autorizarla. El notario debe proceder a corregir los defectos antes de otorgar la escritura. Si el notario, teniendo conocimiento de los defectos, no los corrige antes de autorizar la escritura, estaría violando la fe pública notarial. Como sabemos, la propia Ley Notarial dispone los mecanismos para corregir los defectos de los cuales puedan adolecer los instrumentos públicos. El notario debe seguir estrictamente lo dispuesto en estos mecanismos. Ahora bien, estos mecanismos fueron creados para utilizarse cuando el notario percibe los defectos luego de autorizar los instrumentos públicos.() Una vez la licenciada Vázquez Pardo se percató de los defectos que contenían las escritu-ras debió corregir los defectos antes de proceder a otorgarlas.

Claramente, las escrituras no cumplían con la Ley Notarial y, por lo tanto, la querellada debió abstenerse de otorgarlas. En ambas escrituras se omitieron las adverten-cias legales expresas sobre los efectos de la adquisición de una partición indivisa en una finca según requerido por el Art. 15(g) de la Ley Notarial, supra, las advertencias sobre el estado de las cargas de las propiedades y sobre el hecho de que existían transacciones previas realizadas por Nakato, Inc. relativas a otras dos escrituras de dación en pago. Ambas escrituras contenían guarismos en fechas y en cantidades referentes a hipotecas, y ninguna contenía el valor de las propiedades. Además, la escritura de dación en pago adolecía del segundo apellido de uno de los compare-cientes, no tenía el número de la escritura, no hizo constar que los otorgantes debían otorgar una escritura de rectifi-cación para asignar el valor de las propiedades y la quere-llada no llenó los espacios en blancos. Por otro lado, la es-critura de venta judicial contenía una nota de saca que no contenía el nombre de a quién se hizo la copia. La licen-ciada Vázquez Pardo incurrió en conducta que acarrea una sanción disciplinaria al apartarse de cumplir con los requi-sitos de la Ley Notarial.

La licenciada Vázquez Pardo alega como defensa que no actuó con mala fe ni con intención de engañar. No obstante, la doctrina ha dispuesto que no es requisito que el notario haya obrado de mala fe, deliberadamente o con la inten-ción de engañar. Debido a la importancia que tiene la fe pública notarial, estará sujeto a sanción disciplinaria aquel abogado que infrinja el Art. 2 de la Ley Notarial, supra, y el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra, sin importar si actuó de manera intencional o no.

No obstante lo anterior, es importante señalar que la licenciada Vázquez Pardo cumple con la mayoría de los factores atenuantes que esta Curia ha establecido para to-mar en consideración al momento de determinar la sanción disciplinaria. En primer lugar, la querellada goza de una reputación intachable y es respetada entre los miembros de la profesión legal. Además, ésta constituye la primera falta de la licenciada Vázquez Pardo y no existen quejas, querellas o reclamaciones pendientes. Cabe señalar, que los quejosos tampoco sufrieron daño pecuniario alguno por la actuación u omisión de la querellada. Por otro lado, aun-que hemos mencionado que para infringir la fe pública no es necesario que se haya actuado de mala fe ni con inten-ción de engañar, sí se puede considerar este hecho como un factor atenuante para determinar la sanción disciplinaria. Así las cosas, en el caso de autos, podemos tomar en consi-deración que la querellada no actuó de mala fe ni con in-tención de engañar a los quejosos. Finalmente, es menes-ter destacar, que la licenciada Vázquez Pardo se sometió al proceso disciplinario, cumplió oportunamente con los re-querimientos de este Tribunal, y aseguró que la conducta por la cual hoy es disciplinada no se volvería a repetir.

IV

Por los fundamentos expuestos censuramos enérgica-mente la conducta de la licenciada Vázquez Pardo. De igual forma, se le apercibe que de repetirse esta conducta estará sujeta a sanciones disciplinarias mucho más severas.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Rivera García suspenderían a la Leda. Edith E. Vázquez Pardo del ejercicio de la notaría por un término no menor de seis meses. El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

      (1) Cabe señalar, que la queja fue presentada contra la Leda. Edith E. Vázquez Pardo, el Ledo. José A. Vázquez Soto, el Ledo. John Ward Llambías, la Leda. Rosa I. Ward Cid y el Ledo. Víctor Vega Ruiz. Sin embargo, la queja contra el licenciado Vega Ruíz fue archivada mediante resolución emitida por este Tribunal el 13 de febrero de 2009. Además, debido al fallecimiento del licenciado Vázquez Soto, la queja en su contra fue archivada mediante resolución emitida por este Tribunal el 12 de junio de 2009. En torno a los licenciados Ward Llambías y Ward Cid, el proceso disciplinario continúa.

      () Carlos I. Rivera Rodríguez, et als. v. Nakato, Inc., et als., Civil Núm. GDP-1996-0112 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama.

      (3) Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2002).

      (4) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.

      (5) 4 L.P.R.A. XXI-A, R. 14(d) (ed. 2002).

      (6) Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2001 et seq.).

      (7) In re Martínez Almodóvar, 180 D.P.R. 805 (2011).

      (8) In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000); In re Colón Muñoz, 131 D.P.R. 121 (1992).

      (9) In re Capestany Rodríguez, 148 D.P.R. 728 (1999).

      (10) In re Martínez Almodóvar, supra.

      (11) Id.; In re Rivera Aponte, 169 D.P.R. 738 (2006).

      (12) In re Martínez Almodóvar, supra; In re Rivera Vázquez, 155 D.P.R. 267 (2001).

      (13) In re González Maldonado, supra; In re Rivera Alvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993).

      (14) In re Rodríguez Mangual, 172 D.P.R. 313 (2007); In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).

      (15) In re Rivera Aponte, supra.

      (16) íd.

      (17) In re Hernández Vázquez, 180 D.P.R. 527 (2010).

      (18) In re Hernández Vázquez, supra.

      (19) Id.; In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976).

      (20) In re Martínez Almodovar, supra; In re Rivera Vázquez, supra.

      (21) In re Rivera Vázquez, supra.

      (22) In re Meléndez Pérez, supra.

      (23) In re Martínez Almodóvar, supra.

      (24) In re Charbonier Laureano, 156 D.P.R. 575 (2002).

      (25) In re Pons Fontana, 182 D.P.R. 300 (2011).

      (26) In re Iglesias García, 183 D.P.R. 572 (2011); In re Pons Fontana, supra; In re Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769 (2003).

      (27) In re Iglesias García, supra; In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25 (2011); In re Curras Ortiz, 174 D.P.R. 502 (2008).

      (28) In re Iglesias García, supra.

      (29) In re Nieves Nieves, supra; In re Astado Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999).

      (30) In re Plaud, González, 181 D.P.R. 874 (2011); In re Colón Morera, 172 D.P.R. 49 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005).

      (31) Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2002).

      (32) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.

      (33) In re Rivera Vázquez, 155 D.P.R. 267, 279 (2001).


source: Caselaw Access Project

author:
      (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

license: Public Domain

text:
    Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS) y otros, recurridos, v. Junta de Planificación de Puerto Rico, representada por su presidente, Rubén Flores Marzán y otros, peticionarios.

      Número: CC-2012-0021

      Resuelto: 29 de junio de 2012

      Luis José Torres Asencio, abogado de la parte recurrida; Luis R. Román Negrón, procurador general, y Valerie Díaz Aponte, procuradora general auxiliar, abogados de la parte peticionaria.
   SENTENCIA

Comparece ante nos la Junta de Planificación de Puerto Rico et al., y nos solicita que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 16 de diciembre de 2011. Mediante esta, el foro apelativo intermedio de-claró “ha lugar” una Moción en Auxilio de Jurisdicción pre-sentada por Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (en adelante I.D.S. o los recurridos), lo cual tuvo el efecto de paralizar todo procedimiento administrativo en cuanto a la solicitud y concesión de permisos de desarrollo o construc-ción en el área conocida como la Reserva Natural del Co-rredor Ecológico del Noreste (en adelante R.C.E.N.).

Evaluada la controversia entre las partes, resolvemos que el Tribunal de Apelaciones erró al declarar “ha lugar” la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por I.D.S. ante ese foro. Ello, toda vez que la referida moción no cum-plió con los estándares jurisprudenciales necesarios para emitir una Orden de Paralización en Auxilio de Jurisdic-ción Apelativa.

i — I

El Corredor Ecológico del Noreste (en adelante C.E.N.) es una zona de terrenos que consta de una superficie aproximada de tres mil cincuenta y siete (3,057) cuerdas de terreno entre los municipios de Fajardo y Luquillo. Por años varias agencias federales y estatales han reconocido esta zona como de alto valor ambiental para Puerto Rico.

La controversia del caso de autos tiene su génesis espe-cíficamente luego de la aprobación de la Orden Ejecutiva OE-2007-37 el 4 de octubre de 2007, en la cual se le ordenó a la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante J.P.) a establecer la Reserva Natural del C.E.N. (en ade-lante R.C.E.N.) y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante D.R.N.A.) a adquirir los terre-nos que componen esa área.

De acuerdo con esa Orden, la J.P. emitió el 6 de febrero de 2008 la Resolución PU-02-24(23) mediante la cual se creó, designó y delimitó la R.C.E.N. Esta Resolución fue posteriormente aprobada el 24 de abril de 2008 mediante la Orden Ejecutiva OE-2008-22. Debido a ciertos defectos procesales y errores de notificación durante el proceso de adopción, el 21 de octubre de 2009, la J.P. dejó sin efecto la referida Resolución.

Días después, el 30 de octubre de 2009, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño Burset, emitió la Orden Ejecutiva OE-2009-42 que ordenó a la J.P. designar un Area de Planificación Especial del C.E.N. (A.P.E.C.E.N.) la cual debía incluir en su interior una re-serva natural. También se revocó la Orden Ejecutiva OE-2007-37 y se le ordenó a la J.P. que considerara las reco-mendaciones del D.R.N.A. en cuanto a los terrenos que se debían proteger, conservar o restaurar para la eventual creación de la reserva natural dentro del A.P.E.C.E.N. Por último, se le ordenó a la J.P. que adoptara un Plan de Usos y Reglamento de Calificación Especial para el área, con el propósito de lograr un adecuado balance entre la protec-ción del ambiente y el desarrollo ecoturístico de la región.

Luego de varios incidentes, el 18 de enero de 2011 se publicaron anuncios de vista pública sobre la propuesta de adopción de un Plan y Reglamento sobre los terrenos en controversia. Posteriormente, varios ciudadanos e I.D.S. enviaron comunicaciones escritas a la J.P. en las cuales solicitaron que se suspendiera y pospusiera la vista pública anunciada. Consideradas las comunicaciones, el 4 de fe-brero de 2011, la J.P. las declaró “no ha lugar” y determinó que la vista pública se celebraría a las 10:00am del día siguiente.

La Leda. Rosalía Cruz Niemiec presidió la vista. Du-rante la audiencia se documentó el registro de visitantes y la cantidad de deponentes. El 30 de marzo de 2011, la li-cenciada Cruz Niemiec rindió su informe, el cual incluyó un análisis de comentarios recibidos durante la vista pública.

Así las cosas, el 13 de abril de 2011, la J.P. presentó ante la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante O.G.Pe.) una Solicitud de Determinación de Cumplimiento Ambien-tal Vía Exclusión Categórica sobre el propuesto Plan y Re-glamento para el A.P.E.C.E.N. Dicha solicitud fue apro-bada por la O.G.Pe.

Posteriormente, el 16 de mayo de 2011, la J.P. emitió la Resolución Número PU-002-CEN-24(23) en la cual adoptó la designación del A.P.E.C.E.N. y, entre otras cosas, adoptó el Plan y Reglamento de Calificación Especial para esa zona. El 28 de junio de 2011, el Gobernador de Puerto Rico emitió la Orden Ejecutiva OE-2011-026 mediante la cual aprobó la acción de la J.P. por cumplir con la política pú-blica establecida mediante la anterior Orden Ejecutiva.

Inconforme con todo este proceder administrativo, la parte recurrida de epígrafe presentó el 28 de julio de 2011 un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. En este cuestionó la conducta de las agencias concernidas, particularmente en cuanto a la determinación de cumplimiento ambiental mediante exclusión categórica.

Luego de varios trámites procesales, el 7 de noviembre de 2011, I.D.S. presentó una Moción en Auxilio de Jurisdic-ción ante el foro apelativo intermedio en la cual solicitó la paralización de todo trámite relacionado a la solicitud de permisos, licencias y/o autorizaciones de cualquier índole dentro de los terrenos de la R.C.E.N. Argumentó, escueta-mente, que se sufriría un irreparable daño ambiental si no se paralizaban los procedimientos antes descritos. El 9 de noviembre de 2011, la J.P. se opuso a la referida moción.

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones declaró “con lugar” la moción que presentó I.D.S. el 16 de diciembre de 2011. Cónsono con esto, emitió una Orden de Paralización de todo trámite administrativo en cuanto a los terrenos del R.C.E.N. mientras ese foro apelativo dilucidaba los méritos del caso de autos.

Inconformes, la J.P. recurrió mediante recurso de certio-rari ante este Tribunal el 17 de enero de 2012 y argumentó la comisión del siguiente error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al paralizar todo trámite ad-ministrativo relacionado a la solicitud de concesión de permi-sos de desarrollo y lo construcción de terrenos presente o fu-tura, mientras se dilucida la presente causa, en el área comprendida en la llamada reserva natural del corredor eco-lógico del noreste (CEN) de 2008 incluida en el APEGRN tras la adopción de la Resolución P4-002-CEN-24(23) por la Junta de Planificación, mientras dilucida el Recurso de Revisión que fue presentado ante sí. Petición de certiorari, pág. 2.

La J.P. acompañó el recurso con una Moción en Auxilio de Jurisdicción en la cual planteó que se afectaría el inte-rés público con la paralización de los procedimientos admi-nistrativos dentro del R.C.E.N., y que mediante el recurso de certiorari presentaba un caso con altas probabilidades de prevalecer en los méritos. Atendida la moción, el 19 de enero de 2012 procedimos a declararla “ha lugar”, dejando sin efecto la Orden de Paralización emitida por el Tribunal de Apelaciones. A su vez, emitimos a la parte recurrida de epígrafe una Orden para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la Resolución del foro apelativo intermedio.

I.D.S. ha comparecido y, contando con el beneficio de los escritos de amicus curiae presentados por el Colegio de Ar-quitectos y Arquitectas Paisajistas de Puerto Rico, la So-ciedad Puertorriqueña de Planificación, el Reverendo Edward Rivera Santiago y el Monseñor Eusebio Ramos Morales, estamos en posición de resolver sin ulterior trá-mite y conforme intimado.

1 — I { — I

Como hemos discutido recientemente, una moción en auxilio de jurisdicción “es, en esencia, un llamado a la uti-lización del poder inherente que tiene todo tribunal para constituir los remedios necesarios que hagan efectiva su jurisdicción y que eviten fracasos en la administración de la justicia”. García López y otros v. E.L.A., 185 D.P.R. 371, 377 (2012). Por ende, se trata de un mecanismo que va dirigido a la discreción de los tribunales para proveer re-medios en equidad similares al entredicho provisional y al injunction preliminar. Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, 182 D.P.R. 101, 109 (2011).

Es indudable la facultad de los tribunales apelativos en nuestro ordenamiento para emitir órdenes en equidad como producto de una moción en auxilio de jurisdicción. Por eso, la Regla 79 del Tribunal de Apelaciones en su in-ciso (A) establece, que:

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier asunto pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones podrá expedir cualquier orden provisional, la cual será obligatoria para las partes en la acción, sus oficiales, agentes, empleados(as) y abogados(as), y para aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban aviso de la orden mediante cualquier forma de notificación. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.()

En cuanto a la utilización de este mecanismo extraordi-nario, hemos establecido claramente que el remedio que ofrece esta Regla es “excepcional de trascendental impor-tancia en casos donde existan situaciones de verdadera urgencia”. (Énfasis suplido.) Marrero v. Dolz, 142 D.P.R. 72, 73 (1996). Es por eso que “al invocar la facultad discre-cional de los tribunales apelativos, no se puede utilizar este remedio para casos o situaciones que no conlleven el nivel de importancia adecuado”. García López y otros v. E.L.A., supra, pág. 8.

Ello tiene que ser así, ya que el uso inadecuado de las mociones en auxilio de jurisdicción afecta injustificada-mente el funcionamiento interno de los tribunales apelati-vos, “lo cual tiene un efecto detrimental en la administra-ción expedita de la justicia”. Marrero v. Dolz, supra, pág. 73. Es por eso que hemos establecido que los abogados que utilicen de manera inadecuada o abusiva las mociones en auxilio de jurisdicción estarán sujetos a la imposición de sanciones. García López y otros v. E.L.A., supra, pág. 10.

Por otra parte, la presentación de una moción en auxilio de jurisdicción también le impone ciertas obligaciones al Tribunal de Apelaciones. Si la situación planteada en la moción es de verdadera urgencia, el Tribunal de Apelacio-nes abusa de su discreción si no la atiende con la celeridad y premura debida. Véase Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, pág. 114. Incide también el foro apelativo in-termedio si concede términos a las partes para que se ex-presen en cuanto al remedio solicitado en una moción en auxilio de jurisdicción si con ello se crea un riesgo de con-vertir la controversia en académica o se fomenta un in-aceptable panorama de incertidumbre jurídica. García López y otros v. E.L.A., supra, pág. 16.

En cuanto a los remedios que puede constituir el Tribunal de Apelaciones en auxilio de jurisdicción se encuentran las órdenes de paralización. Desde Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 154 (1978), establecimos que los foros apelativos pueden constituir esas órdenes a su discreción siempre y cuando la parte que lo solicita cum-pla con los requisitos siguientes: “(a) que el peticionario presente un caso fuerte de probabilidad de prevalecer en los méritos de la apelación; (b) que demuestre que a menos que se detenga la ejecución sufrirá [un] daño irreparable; (c) que ningún daño substancial se causará a las demás partes interesadas, y (d) que la suspensión de la sentencia no peijudica el interés público”. (Enfasis suplido.) Estos requisitos han sido recientemente reiterados por nuestra jurisprudencia. Véanse: García López y otros v. E.L.A., supra, pág. 12; Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, pág. 109; Plaza Las Américas v. N & H, 166 D.P.R. 631, 642-643 (2005).

III

Según el análisis que antecede, pasamos a determinar si la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por I.D.S. ante el Tribunal de Apelaciones cumplió con estos requisitos jurisprudenciales.

De una simple lectura de la moción presentada podemos constatar que no se cumplió con el requisito indispensable de demostrar que, de no paralizar los procedimientos ad-ministrativos dentro del área del C.E.N., I.D.S. sufriría un daño irreparable. Nos explicamos.

A través de cinco (5) párrafos, los recurridos presenta-ron unas alegaciones en el vacío sobre el daño que sufriría el medio ambiente en el área del C.E.N. si se comenzaba con el proceso de meras solicitudes de Consultas de Ubica-ción y Permisos de Desarrollo o Construcción. No se hace mención en cuanto a algún permiso ya aprobado o cuya aprobación sea inminente. Tampoco se presentó evidencia o alegación en cuanto a presentes construcciones en el área del C.E.N.

Lo que sí incluyó la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada ante el Tribunal de Apelaciones fueron alega-ciones generales sobre “el alto interés de diversos interesa-dos en utilizar y explotar los terrenos valiosos del CEN, lo cual se evidencia por el largo historial de proyectos...”() que los recurridos mencionan en sus escritos. No obstante, no se colocó el foro apelativo intermedio en posición de dilucidar si ese alegado historial de interés por desarrollar proyectos en el área del C.E.N. se traducía a un daño irre parable inminente que conllevara la necesidad de una or-den de paralización de procedimientos administrativos.

Como hemos visto, las órdenes de paralización que se pueden conceder a consecuencia de una moción en auxilio de jurisdicción apelativa solo están disponibles para situa-ciones de verdadera urgencia. Al igual que en otras áreas del Derecho, no podemos permitir que el concepto “daño irreparable” incluido entre los factores a considerar para emitir una orden de paralización se convierta en un “inge-nioso ejercicio académico de lo concebible”. Véanse: Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555, 566 (1992), citando a United States v. SCRAP, 412 U.S. 669, 688 (1973).

Al no cumplir con uno de los requisitos jurisprudencia-les necesarios para la emisión de una Orden de Paraliza-ción, el Tribunal de Apelaciones erró al declarar “con lu-gar” la Moción en Auxilio de Jurisdicción presentada por I.D.S. ante ese foro. Los requisitos expuestos en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., supra, y confirmados en Pantoja Oquendo v. Mun. de San Juan, supra, y García López y otros v. E.L.A., supra, no son guías discrecionales, sino elementos constitutivos que deben ser analizados en conjunto para determinar si la solicitud en auxilio de juris-dicción es meritoria.

Conforme discutido, en el caso de autos, I.D.S. no pudo articular la existencia de un daño irreparable que ameri-tara la concesión de una Orden de Paralización de los pro-cedimientos administrativos de Consultas de Ubicación, Permisos de Desarrollo o Construcción. Como mucho, sus alegaciones son prematuras. Por esa razón incidió el Tribunal de Apelaciones al emitir una Resolución en la que ordenó la paralización de estos procedimientos.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de “certiorari” y se declara “ha lugar”. Por ende, se revoca la Resolución del Tribunal de Apelaciones de 16 de diciembre de 2011. A tales efectos, se devuelve el caso al Tribunal de Apelaciones para que atienda los méritos del recurso de revisión presentado por la parte recurrida de epígrafe ante ese foro.

Lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Her-nández Denton disintió sin opinión escrita. La Jueza Aso-ciada Señora Fiol Matta emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Este Tribunal, nuevamente, le exige a las personas in-teresadas en la protección ambiental que cumplan con un grado de prueba mayor que el que nuestra doctrina re-quiere para demostrar la posibilidad de sufrir un daño irreparable. En esta ocasión, se tildan de “meras alegacio-nes” los argumentos presentados por un grupo de ciudada-nos y ciudadanas para que se paralice la concesión de per-misos para desarrollos en un área de alto valor ecológico, mientras el Tribunal de Apelaciones dilucida si se violaron las normas sobre planificación y la política pública ambien-tal al autorizar el desarrollo en esos terrenos. Así, una ma-yoría de este Tribunal permite que se inicien los procesos para construcciones en la zona del Corredor Ecológico del Noreste sin que se haya determinado finalmente si la libe-ración de esos terrenos previamente protegidos cumplió con las normas de planificación y protección ambiental. Por entender que ese proceder obstaculiza la labor del foro apelativo y pone en peligro una reserva natural de gran importancia para el pueblo puertorriqueño, disiento.!)

I

La Sentencia que avala una mayoría de este Tribunal reconoce que los tribunales apelativos tienen facultad para emitir órdenes, producto de mociones en auxilio de juris-dicción, con el propósito de hacer efectiva su jurisdicción en los asuntos que tienen pendientes y evitar fracasos en la administración de la justicia. En el caso del Tribunal de Apelaciones, esa potestad está establecida en la Regla 79 de su Reglamento y en ésta se basó el foro apelativo al tomar la decisión de paralizar temporeramente los trámi-tes administrativos relacionados con la concesión de permi-sos de construcción para el área cuya calificación y protec-ción se encuentra en controversia.

Uno de los reclamos de los grupos de ciudadanos en su recurso de revisión es que, utilizando erróneamente el me-canismo de exclusión categórica, las agencias no prepara-ron los documentos ambientales que nuestro ordenamiento requiere que se realicen antes de tomar decisiones que pueden afectar significativamente el medio ambiente. Rei-teradamente, hemos manifestado que estos estudios se tie-nen que llevar a cabo en las etapas más tempranas del proceso de planificación para el otorgamiento de permisos por parte del Gobierno.!() No tiene sentido posponer el aná-lisis sobre el impacto ambiental que podrían tener ciertos desarrollos en el área del Corredor para después de que se hayan otorgado los permisos para los mismos, o, peor aún, después de que hayan iniciado las construcciones. Por eso, al paralizar la concesión de permisos mientras resuelve esta controversia, el Tribunal de Apelaciones, lógicamente, actuó para preservar su jurisdicción y evitar que el caso pendiente de adjudicación se tornara académico.

Además, los ciudadanos argumentan que la reclasifica-ción de ciertos terrenos del Corredor y hacer viable consul-tas de ubicación sobre éstos tiene el efecto de flexibilizar los criterios de evaluación de cumplimiento ambiental para los proyectos propuestos para el área. Permitir que se con-sideren las solicitudes de permisos antes de que se re-suelva el caso puede conllevar que el Gobierno tome deci-siones sobre bases inadecuadas. Si el recurso se resuelve a favor de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), los permisos concedidos podrían ser inválidos y se habrían desperdiciado recursos tanto del Estado como de las em-presas desarrolladoras.

El Estado alega que la orden del tribunal apelativo im-pide la gestión gubernamental al paralizar sus funciones ministeriales dirigidas a la sana administración pública.!) Sin embargo, el foro apelativo fue muy cuidadoso al dictar su Resolución y limitó la paralización temporera a las so-licitudes de concesión de permisos de desarrollo y construc-ción en el área en controversia, haciendo la salvedad de que “[e] sta [paralización no será aplicable a cualquier ges-tión administrativa conducente a la realización de estudio, evaluación o documento ambiental dirigido a dar cumpli-miento al proceso de planificación ambiental”.!) Por lo tanto, las funciones ministeriales primárias de las agen-cias de permisos del Gobierno nunca fueron suspendidas.

La paralización temporera tampoco provocaba un daño a las partes interesadas en obtener los permisos, en parte porque las estadísticas sobre la actividad de la construc-ción demuestran que no existe demanda para desarrollos turísticos, residenciales y comerciales en estos momentos. () Esperar a que el Tribunal de Apelaciones resolviera la controversia no hubiese tenido un efecto significativo sobre proyectos en riesgo de quedarse estancados en la fase de construcción en lo que mejora la situación económica del País, como ha sucedido con muchos otros desarrollos en el área.()

Si el Tribunal de Apelaciones decidió acceder a la solici-tud de paralización fue porque evaluó las posiciones de am-bas partes y concluyó que el Corredor Ecológico sufriría un daño irreparable si no se suspendía la concesión de permi-sos, mientras que ni la otra parte ni el interés público ex-perimentarían un daño sustancial como consecuencia de la paralización. () Más importante aun, si el foro apelativo concedió la paralización, en su sana discreción y amparado en su poder inherente para así hacerlo, fue porque enten-dió que de esa forma garantizaría su jurisdicción.() Al suspender los efectos de la orden de paralización, este Tribunal limita injustificadamente la facultad del foro apelativo de velar por mantener la eficacia de su jurisdicción.

II

Una mayoría de este Tribunal revoca sin mayor análisis la decisión del foro apelativo, que tomó en consideración no sólo la moción en auxilio de jurisdicción sino también el expediente completo del recurso de revisión y la oposición del Gobierno, para establecer un remedio que protegiera su jurisdicción con el menor impacto posible para la parte afectada. La Resolución del Tribunal de Apelaciones describe, específicamente, las acciones que se paralizaban y las acciones que podían continuar, lo cual demuestra que, distinto a lo que señala la Sentencia de este Tribunal, ese foro analizó cuidadosamente los criterios para conceder ór-denes de paralización.

Asimismo, la moción en auxilio de jurisdicción, que la Sentencia cataloga como escueta e insuficiente para pedir el remedio que concedió el Tribunal de Apelaciones, discute y fundamenta las razones por las cuales cumple con todos los requisitos para la expedición del auxilio.() La Senten-cia de este Tribunal se basó únicamente en los señalamien-tos relacionados con el “daño irreparable” discutidos en la moción en auxilio de jurisdicción para su decisión de revo-car al foro apelativo. Contrario a lo que indica la Senten-cia, los señalamientos sobre el daño irreparable que sufri-rían los peticionarios de no concederse el auxilio no son “alegaciones en el vacío”, sino que hacen referencia al his-torial del Corredor y de la controversia ante el foro apela-tivo, así como a los documentos contenidos en el Apéndice del Recurso de Revisión, incluso las evaluaciones para de-sarrollos específicos de hoteles dentro del Corredor prepa-radas a petición del Gobierno y mapas de ubicación de pro-yectos propuestos.!() Además, se particularizan los proyectos que se encuentran ante la consideración de las agencias de permisos, que ubicarían dentro del área del Corredor cuya protección se reclama en el recurso ante el Tribunal de Apelaciones.!() De aprobarse estos proyectos, se construirían más de dos mil seiscientas (2,600) unidades residenciales y cuartos de hotel y condohotel, además de las instalaciones relacionadas con el funcionamiento de esos desarrollos y un centro comercial. La mayoría de esos proyectos se encuentra en proceso de consulta de ubica-ción, el trámite administrativo para que la Junta de Plani-ficación evalúe usos de terrenos propuestos para zonas en las que éstos no están permitidos por la reglamentación aplicable, pero que esa agencia tiene discreción para autorizar.!()

La Sentencia que hoy se emite señala que la solicitud de auxilio no menciona permisos que ya se hayan aprobado ni presenta evidencia de construcciones que se estén reali-zando en el Corredor en el presente.!() Precisamente, eso es lo que IDS quiso evitar al pedir que se paralizaran las consultas de ubicación y los procesos de concesión de permisos. El fin de las consultas y los permisos es que se lleve a cabo un desarrollo, y el propósito de la petición de paralización es que no se construyan proyectos en los te-rrenos sobre los que trata el caso hasta tanto se adjudique el nivel de protección que merecen esas tierras y los requi-sitos de planificación ambiental que se tienen que cumplir si se permite algún tipo de desarrollo en el área.

Cuando se solicita una orden de paralización en auxilio de jurisdicción es porque, de no actuar con premura, las consecuencias serán irreversibles o el caso se tornará académico. En casos como el presente, en el que se argu-menta que se estarían permitiendo desarrollos sin haberse preparado los documentos ambientales requeridos y sin cumplir con las normas adecuadas de planificación, es de vital importancia la intervención oportuna de los tribunales.!) Hemos establecido que incumplir con el re-querimiento de preparar una declaración de impacto am-biental, en las etapas más tempranas del desarrollo, es “de por sí considerado un daño irreparable” debido al carácter permanente de los daños ambientales.() Además, Puerto Rico ha adoptado como política pública el principio inter-nacional de prevención o precautionary principle, que dicta que, cuando exista la posibilidad de daños graves o irrever-sibles al ambiente, no se pueden posponer las medidas para prevenirlos amparándose en que no hay certeza de que estos vayan a ocurrir/()

En ese contexto, llama la atención que la Sentencia de este Tribunal subraye que las mociones en auxilio de juris-dicción no se deben utilizar para casos que “no conlleven el nivel de importancia adecuado” y que se use ese criterio como fundamento para denegar la paralización solicitada en un caso como este, que, sin duda, es de alto interés público, basado en nuestra disposición constitucional y nuestra política pública de protección de los recursos naturales.() El Corredor Ecológico del Noreste es una de las áreas de mayor valor ecológico que tiene Puerto Rico.() Está compuesto por 3,057 cuerdas de terreno entre Luqui-11o y Fajardo, que incluyen casi todos los tipos de humeda-les costeros de la Isla y albergan más de 860 especies de flora y fauna, incluyendo 50 especies endémicas, vulnera-bles y en peligro de extinción, que dependen de la conser-vación integral de este ecosistema para sobrevivir/() Ade-más, la vida natural del Corredor interactúa con las zonas protegidas adyacentes de la Reserva Natural de Las Cabe-zas de San Juan, la Reserva Natural del Río Espíritu Santo y el Bosque Nacional El Yunque. En los últimos cua-renta años, agencias estatales y federales han promovido diversas iniciativas para conservar los ecosistemas natura-les de esta región y organizaciones internacionales han so-licitado la protección del Corredor por ser el área de ani-daje más importante del tinglar, la tortuga marina más grande del mundo, que se encuentra en peligro de extinción. Si algún caso cumple con el requisito de “impor-tancia adecuada” enunciado por una mayoría del Tribunal es este caso.

El inmenso valor ecológico del Corredor llevó a que la totalidad de los terrenos que lo componen se declarara Re-serva Natural en el 2008, por orden ejecutiva.() Su impor-tancia también fue reconocida recientemente por el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico al aprobar, ambos cuerpos por unanimidad, el Proyecto 2282, que se convirtió en ley con la firma del gobernador Luis Fortuño el 25 de junio de 2012.() El proyecto de ley, que se identi-fica como “un primer paso para proteger efectivamente y a perpetuidad los terrenos que componen el Corredor Ecoló-gico del Noreste”,() afirma que “[a] pesar de su gran valor natural, el CEN ha estado amenazado por la propuesta construcción de varios proyectos residenciales-turísticos y el desparrame urbano experimentado durante las últimas décadas en la zona costanera y en la región noreste de la Isla”.() La nueva ley ordena la conservación de todos los terrenos públicos y patrimoniales del Estado dentro del Corredor, equivalentes al 66% de la reserva natural original. ()

Asimismo, la trascendencia de esta zona para la socie-dad puertorriqueña se reflejó en la presentación de cuatro alegatos como amigos de la corte en el presente caso de agrupaciones que incluyeron las organizaciones profesio-nales Sociedad Puertorriqueña de Planificación y Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, así como las co-munidades católicas y evangélicas de los pueblos aledaños al Corredor. Todas estas personas expresaron su preocupa-ción ante el peligro en el que este Tribunal colocó al Corre-dor al suspender la paralización ordenada por el foro ape-lativo y las repercusiones que la resolución de esta controversia tendrá sobre la conservación de los recursos naturales del País y su disfrute por las generaciones pre-sentes y futuras.()

La designación del Area de Planificación Especial de la Gran Reserva del Noreste, que se está impugnando en el Recurso de Revisión, se aprobó mediante exclusión categó-rica, un mecanismo para eximir del requisito de preparar un documento ambiental —evaluación ambiental o decla-ración de impacto ambiental— reservado para situaciones en las que se determina que la acción propuesta es prede-cible o rutinaria que no tendrá un impacto ambiental significativo. Las construcciones de proyectos en los terre-nos del Corredor que antes estaban protegidos se viabiliza-ron de acuerdo con el Plan y Reglamento de Calificación Especial de la nueva Gran Reserva, que también se está impugnando en el Recurso de Revisión y que permite la recalificación de los terrenos para consentir usos más intensos. La moratoria a las consultas de ubicación, los permisos y las obras de construcción en el área del Corre-dor que estuvo vigente desde el 2009 se eliminó con la aprobación del Area de Planificación E special. () A este panorama se añade la simplificación de los procesos para ob-tener permisos de construcción y la reducción de mecanis-mos de revisión administrativa sobre otorgación de permisos que estableció la Ley para la Reforma de los Pro-cesos de Permisos de Puerto Rico.()

Ante este cuadro y el hecho de que los terrenos del Co-rredor eliminados de la zona protegida mediante la apro-bación del Area de Planificación Especial de la Gran Re-serva del Noreste corresponden a los que han sido identificados para construir los proyectos incluidos en la lista que se presentó en la moción de auxilio de IDS, era lógico que el Tribunal de Apelaciones concluyera que, de no emitir la orden de paralización con carácter de urgencia, los peticionarios se expondrían a un daño irreparable. Este Tribunal debió haberle brindado deferencia a esa decisión y haberle permitido que resolviera los méritos del caso ante sí con la garantía de no perder su jurisdicción que le proveía la paralización. Si algún caso era de tal importan-cia que exigía que el foro apelativo actuase en auxilio de su jurisdicción, éste era el caso. No es razonable esperar a cuando ya sea muy tarde.

Por todo lo anterior, disiento.

      (1) Este Tribunal también está facultado para expedir órdenes en auxilio de su jurisdicción apelativa. A tales efectos, la Regla 28 de este establece que:
      “(a) El Tribunal podrá expedir una orden provisional en auxilio de su jurisdic-ción cuando sea necesario hacer efectiva su jurisdicción en un asunto pendiente ante su consideración.
      “A los fines de esta regla, se entenderá que el tribunal atenderá, sin sujeción al trámite ordinario, cualquier asunto relacionado con el recurso presentado o pen-diente para evitar alguna consecuencia adversa que afecte su jurisdicción o que pueda causar un daño sustancial a una parte mientras resuelve el recurso”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B.
      Para un estudio sobre el linaje basado en principios de equidad sobre la figura de las mociones en auxilio de jurisdicción, véase García López y otros v. E.L.A., 185 D.P.R. 371 (2012).

      (2) Véase Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 126.

      (1) Los hechos más relevantes para la controversia están resumidos en la Sen-tencia, por lo que no los repetiremos. No obstante, debemos resaltar unos datos que no se mencionan en la Sentencia y que están directamente relacionados con uno de los señalamientos de error del recurso de revisión. Estos son: que el Plan de Califi-cación del Área de Planificación Especial de la Gran Reserva del Noreste no estuvo disponible para el público interesado en presentar comentarios en la vista en la fecha requerida y que no se permitió que todas las personas que solicitaron deponer en la vista participaran.

      (2) Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 D.P.R. 908, 925 (1998). Véase, también, Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898 (2012).

      (3) Petición de certiorari, págs. 20-21.

      (4) Resolución del TA, KLRA 2011 00747, pág. 3. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 5.

      (5) Véase Alegato como amicus curiae del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico de 13 de febrero de 2012, págs. 10-11.

      (6) Véase Solicitud de Intervención como Amigo de la Corte y Alegato del Mon-señor Eusebio Ramos Morales de 13 de febrero de 2012, pág. 5. El Obispo de la Diócesis Católica de Fajardo-Humacao expresó que los desarrollos turísticos y comer-ciales que amenazan la integridad del Corredor son innecesarios porque en la Carre-tera Núm. 3 hay tres proyectos a mitad y en áreas cercanas hay muchos otros abandonados. Véanse, también: Departamento de Recursos Naturales y Junta de Planificación, Declaración de Impacto Ambiental Estratégica, Plan Integral de Usos de Terrenos y Manejo de la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste, septiembre 2008, págs. 155-180, 219-220 y 259-267; Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 1141-1165, 1205-1206 y 1245-1253. El Plan Integral, por ejemplo, señala que, según análisis preparados por la Asociación de Bancos, la demanda de vivienda en la región noreste ha sufrido una reducción drástica. Id., pág. 174; Apén-dice de la Petición de certiorari, pág. 1160. El inventario de habitaciones e instala-ciones turísticas en la zona es extenso. íd., págs. 174-179; Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 1160-1165.

      (7) Es necesario señalar que, utilizando el mismo análisis que plantea la Sen-tencia, se tendría que concluir que la solicitud de auxilio presentada por el Gobierno ante este Tribunal no cumplió con los requisitos para que se suspendieran los efectos de la paralización decretada por el foro apelativo. Esto porque no contiene argumen-tos sobre un perjuicio directo e inmediato. Sólo menciona, en términos generales, que se paralizan “ciertas funciones consecuentes a la difícil labor de implantación de política pública de gobierno”, a pesar de que la Resolución del Tribunal de Apelacio-nes excluye expresamente de la paralización ciertas funciones administrativas nece-sarias para formular la política pública. Lo que paralizó el foro apelativo fue la consideración y la concesión de permisos a entes privados. Siguiendo las exigencias de la Sentencia, habría que observar que la moción del Gobierno no incluyó una lista de proyectos que se encontraran en esa etapa y tuvieran un impacto positivo en el interés público. Faltando esto, y según el método de análisis que adopta una mayoría de este Tribunal, es forzoso concluir que la paralización concedida por el Tribunal de Apelaciones no estaba causando daño alguno.

      (8) García López y otros v. E.L.A., 185 D.P.R. 371 (2012). Vale recalcar que los criterios para emitir órdenes de paralización —la probabilidad de prevalecer en los méritos de la apelación, el daño irreparable que sufrirá el peticionario de no conce-derse, que las demás partes interesadas no sufrirán un daño sustancial si se concede y que no se peijudica el interés público con la concesión — • se establecieron en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 154 (1978), para guiar a los juzgadores. No obstante, el propósito de ese análisis no es verificar que se cumpla con lo que se puede interpretar que significa cada criterio por separado, sino que los tribunales puedan determinar si una orden de ese tipo es necesaria para preservar su jurisdicción en el caso que tengan pendiente de adjudicación.

      (9) Aunque la cantidad de palabras contenidas en una moción no importa tanto como su contenido, debemos aclarar que, cuando la Sentencia enfatiza que la moción en auxilio de jurisdicción sólo incluye cinco párrafos de alegaciones, se refiere a la discusión bajo el acápite de “daño irreparable”, que se tiene que leer en conjunto con otras secciones de la moción a las que hace referencia. La moción, que tiene nueve páginas en total, incluye fundamentos para evidenciar que cumple con todos los requisitos del citado Peña v. Federación de Esgrima de P.R.

      (10) Sentencia, pág. 10. Moción Solicitando Orden en Auxilio de Jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones, págs. 2-3 y 5-6, Apéndice de la Petición de certio-rari, págs. 123-124 y 126-127.

      (11) La moción enumera cinco proyectos que se encuentran en proceso de eva-luación para construirse dentro del Corredor, con sus números de caso ante las agen-cias: “San Miguel Resort (DIA-PA JCA-01-0030 (CT) / C.U. 2001-23-0961-JPU); Dos Mares Resort (DIA-E JCA-99-015 (JP) / C.U. 1998-24-0681-JPU); Paradise Found Villas (C.U.2006-24-0534-JPU); Seven Seas Resort (C.U.1996-24-0003-JPU), y Playa Azul Center (C.U.2008-23-0444-JPU)”. Moción Solicitando Orden en Auxilio de Ju-risdicción ante el Tribunal de Apelaciones, pág. 3, Apéndice de la Petición de certio-rari, pág. 124. También menciona otros proyectos pendientes en áreas cercanas al Corredor, resoluciones de la Junta de Planificación y controversias sobre derechos de opción sobre terrenos públicos en el Corredor. Id.

      (12) Véase Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 79-80 (2000).

      (13) Sentencia, pág. 10.

      (14) Por ejemplo, a principios de este mes ordenamos que se suspendiera el permiso de construcción de una torre de telecomunicaciones mientras atendíamos la controversia de si se cumplió con lo dispuesto en los reglamentos de planificación al otorgar el permiso. Municipio de San Sebastián v. QMC Telecom, LLC, CC-2012-233.

        (15) Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 681-682 (1997).

      (16) Art. 4(b)(5) de la Ley sobre Política Pública Ambiental, Ley Núm. 416-2004 (12 L.P.R.A. sec. 8001a(b)(5)).

      (17) Sentencia, pág. 8. Véase Art. VI, sec. 19, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1.

      (18) Véase Exposición de Motivos del P. del S. 2282 de 22 de septiembre de 2011.

      (19) Véase Departamento de Recursos Naturales y Junta de Planificación, De-claración de Impacto Ambiental Estratégica, Plan Integral de Usos de Terrenos y Manejo de la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste, septiembre 2008, págs. 31-153, 181-220; Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 1019-1139,1167-1206. íd., Anejos 6-13 (listas de elementos críticos, invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas que se encuentran en el Corredor); Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 1426-1480.

      (20) Órdenes Ejecutivas OE-2007-37 y OE-2008-22; Junta de Planificación, Re-soluciones PU-02-2008-24 y R-08-37-2.

      (21) La medida fue aprobada en el Senado el 23 de abril de 2012 y en la Cámara el 21 de mayo de 2012. Las enmiendas sugeridas por el Gobernador para aclarar unas incongruencias en los números de catastro que se citaban fueron aprobadas por la Cámara y el Senado el 14 de junio de 2012.

      (22) P. del S. 2282 de 22 de septiembre de 2011, pág. 4.

      (23) íd., pág. 3.

      (24) Aún quedarían desprotegidas 450 cuerdas de los terrenos del Corredor, den-tro de las cuales están proyectados los desarrollos en pugna.

      (25) La Sociedad Puertorriqueña de Planificación indicó que, debido a su deber ético de contribuir al mejor desarrollo urbano, ambiental, social y económico de Puerto Rico; al alto interés público de la controversia y a que siempre ha abogado por la protección íntegra del Corredor, recomendada mantener la paralización de los trámites de permisos. Explicó que, de lo contrario, se permitiría un cambio drástico en las calificaciones de uso del suelo y la construcción de proyectos que, sin la debida planificación, impactarían significativamente los ecosistemas de la zona. Véase Mo-ción para Intervenir como Amicus Curiae de la Sociedad Puertorriqueña de Planifi-cación de 13 de febrero de 2012. El Colegio de Arquitectos urgió a mantener la paralización. Señaló que argumentar que los daños ocasionados por un permiso son especulativos porque sólo la construcción efectiva puede tener impacto en el am-biente equivale a erradicar la función previsora de la planificación. Afirmó que es imperativo corregir la idea expresada por el Estado de que un plan que incide sobre la calificación del suelo no conlleva, de por sí, efecto ambiental alguno. Véase Alegato del Colegio de Arquitectos, supra. La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico ha solicitado, desde el 2007, que se proteja el Corredor, pues sus miembros disfrutan de los recursos naturales del área y entienden que es responsabilidad de los seres hu-manos promover la justicia ecológica ya que Dios creó la naturaleza con un propósito definido y las personas no pueden alterarlo mediante una explotación irresponsable que resulta en la degradación de su calidad de vida. Véase Solicitud de Intervención como Amigo de la Corte y Alegato del Reverendo Edward Rivera Santiago de 13 de febrero de 2012. La Diócesis Católica de Fajardo-Humacao también ha pedido que se mantenga el Corredor como una reserva ecológica y los feligreses de las parroquias cercanas al Corredor participan en actividades de concienciación sobre la importan-cia de los recursos naturales de la zona y la protección del tinglar como parte de su deber cristiano de proteger la creación para el bienestar de la humanidad. Véase Alegato del Monseñor Ramos Morales, supra.

      (26) La Junta de Planificación estableció la moratoria en su Resolución PU-002CEN-24(23) de 3 de noviembre de 2009 y la extendió mediante sus Resoluciones PU-002-CEN-24(23)-02 de 5 de mayo de 2010 y PU-002-CEN-24(23)-03 de 27 de agosto de 2010.

      (27) Ley Núm. 161-2009 (23 L.P.R.A. secs. 9011-90280.


text:
      In re Miguel A. Ojeda Martínez, querellado.

      Número: CP-2011-7

      Resuelto: 3 de julio de 2012

      Minnie H. Rodríguez Ló pez, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; Miguel A. Ojeda Martínez, pro se; Wilfredo Alicea López, comisio-nado especial.
   per curiam:

Hoy ejercemos nuestra jurisdicción discipli-naria sobre un notario que dio fe sobre hechos que le cons-taban como falsos. También debemos determinar si un abo-gado incurre en una violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, infra, al enviar una carta al quejoso me-diante la cual le avisó de su intención de presentar una demanda de daños y perjuicios presuntamente causados por su queja. Antes de evaluar las controversias plantea-das, veamos los hechos que generaron ambas acciones.

I

El Ledo. Miguel Ángel Ojeda Martínez (en adelante li-cenciado Ojeda Martínez o querellado) fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 25 de enero de 1985 y prestó jura-mento como notario el 1 de julio de 1985.

El 11 de agosto de 2005 el Sr. Luis Raúl Delgado Mercado (en adelante quejoso) presentó una queja contra el licenciado Ojeda Martínez.() El 25 de octubre de 2005, la Secretaria de este Tribunal, cumpliendo con la Regla 14(d) de nuestro Reglamento, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A, refirió a la Oficina de Inspección de Notarías (en adelante ODIN) co-pia del expediente de la queja de referencia para la inves-tigación y el informe correspondientes. Procedemos a rela-tar en detalle los acontecimientos que motivaron la Querella, según surgen del Informe del Comisionado Especial, del Informe de ODIN y del expediente sobre la gestión profesional del licenciado Ojeda Martínez.

Surge del Informe de ODIN que para la fecha del otor-gamiento de la Escritura Núm. 24 de 22 de mayo de 1989 (en adelante Escritura Núm. 24), los dueños regístrales del inmueble en cuestión eran el padre y la madre del quejoso. El licenciado Ojeda Martínez autorizó la Escritura Núm. 24, sobre Donación y Acta de Comprobación de Edificación Nueva. Mediante la referida Escritura, los dueños regís-trales del inmueble en cuestión donaron su derecho propie-tario a Lisandra Delgado Mercado —hija de los donantes y hermana del quejoso— y a su esposo, Braulio Collazo Tosca. Esta donación fue revertida posteriormente me-diante la Escritura Núm. 71 de 22 de septiembre de 1990 (en adelante Escritura Núm. 71), autorizada por el notario aquí querellado. En esta última instancia comparecieron como donantes la hermana del quejoso y su esposo; como donatarios, comparecieron el padre y la madre del quejoso.

Por su parte, ODIN concluyó que el querellado autorizó un contrato simulado mediante la referida Escritura Núm. 24. Específicamente, según las alegaciones del licenciado Ojeda Martínez, ODIN concluyó que el querellado autorizó una Escritura de Donación con conocimiento de que los comparecientes deseaban realizar la compraventa de la propiedad a favor de la hermana del quejoso y su esposo. En consecuencia, ODIN imputó al licenciado Ojeda Martí-nez una violación al Canon 35 del Código de Etica Profe-sional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. ODIN también concluyó que el licenciado Ojeda Martínez incurrió en una conducta alta-mente impropia en contravención al Canon 38 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Basó su determina-ción en que, dentro del trámite de la presente Queja,() el querellado cursó una carta al quejoso en la cual le notificó la posibilidad de instar una demanda por daños y perjui-cios supuestamente causados por el quejoso, a raíz de la presentación de la queja de autos.

Por otro lado, según relató el licenciado Ojeda Martínez en su réplica a la queja presentada, el quejoso solicitó sus servicios legales durante 1989. Adujo el licenciado Ojeda Martínez que el quejoso le informó que interesaba obtener el dinero correspondiente a sus derechos que, según él, te-nía sobre la segunda planta de una casa que pertenecía a sus padres. El quejoso alegó que la segunda planta le per-tenecía, pues, según él, fue construida con su patrimonio. Por su parte, la hermana del quejoso, junto a su esposo, interesaba comprar la propiedad y solicitar un préstamo hipotecario. De esta forma, los padres y dueños de la pro-piedad acordaron vender la propiedad a su hija y pagar al quejoso el dinero que reclamaba. A su vez, el quejoso in-formó al notario que la propiedad se utilizaría como garan-tía hipotecaria y “que era necesario que estuviera regis-trada a nombre de su hermana y su cuñado para gestionar el préstamo”.!)

Así las cosas, el licenciado Ojeda Martínez informó al quejoso “que si todas las partes estaban de acuerdo, la única manera de poder realizar dicha transacción válida-mente era por vía de donación”.!() Posteriormente, el que-rellado autorizó la Escritura Núm. 24, sobre Donación y Acta de Comprobación de Edificación Nueva. Sin embargo, aunque la hermana y el cuñado del quejoso comenzaron a gestionar el préstamo hipotecario, el quejoso informó al li-cenciado Ojeda Martínez que el préstamo no fue otorgado. Por esta razón, el querellado aconsejó al quejoso y a su familia “revertir ... título de la propiedad a nombre de sus padres vía donación [,] tal y como se había hecho en un principio”.!) Así, el 22 de septiembre de 1990 el querellado autorizó la Escritura Núm. 71, mediante la cual Lisandra Delgado Mercado y su esposo —donatarios en la Escritura Núm. 24— comparecieron como donantes y sus padres como donatarios. Esta Escritura se inscribió en el Registro de la Propiedad.

El 31 de mayo de 2011, luego de examinar el Informe de ODIN, ordenamos a la Procuradora General que presen-tara la correspondiente querella. En esta imputó violacio-nes a los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.i() Comenzado el trámite, nombramos al Hon. Wilfredo Alicea López como Comisionado Especial. En la con-ferencia celebrada el 29 de noviembre de 2011 por el Comi-sionado Especial, las partes estipularon someter el caso basado en las constancias de los autos.

Sometido el caso ante nuestra consideración y contando con los escritos que obran en autos, incluyendo el Informe del Comisionado Especial, examinamos las normas aplicables.

J-H J-H

A. El Canon 35, supra, impone a los abogados un deber de actuar con sinceridad y honradez. Este canon dis-pone:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean incon-sistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o fa-cilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso tam-bién es altamente reprochable. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.

Al respecto, hemos expresado que la conducta de un abogado debe ser sincera y honrada frente a todos y ante todo tipo de acto. In re Pons Fontana, 182 D.P.R. 300 (2011). En esencia, se infringe este deber por el simple he-cho de faltar a la verdad, independientemente de los moti-vos de la falsedad, puesto que no es necesario que se haya faltado a la verdad deliberadamente o con la intención de defraudar o engañar. In re Nieves Nieves, 181 D.P.R. 25 (2011).

En ese sentido, hemos apuntalado que

Se infringe este deber deontológico con el hecho objetivo de faltar a la verdad en funciones propias de un abogado o cuando, actuando como ciudadano común, se pretende realizar actos o negocios de trascendencia jurídica. Más que un ideal irrealizable, la verdad es atributo inseparable del ser abogado y, sin ella, la profesión jurídica no podría justificar su existencia. In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275, 281 (2002).

Respecto a los notarios, establecimos que cualquier hecho que un notario asevere en un documento público que no concuerde con la verdad, constituye una violación al Canon 35, supra, independientemente si hubo intención de faltar a la verdad. In re Tejada Rivera I, 155 D.P.R. 175, 182 (2001).

Entre algunas de las funciones de los notarios se encuentran la de “recibir e interpretar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle[s] autoridad ...”. (Énfasis suplido). Art. 2 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2002), conocida como Ley Notarial de Puerto Rico. Véase In re Avilés, Tosado, 157 D.P.R. 867 (2002). Para ello, el notario está autorizado por ley para dar fe e impartir autenticidad a los negocios jurídicos y otros actos extrajudiciales que se realicen ante él. In re Avilés, Tosado, supra, pág. 889. Todo lo anterior es corolario de la fe pública notarial, principio doctrinal consagrado en el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra. Este artículo dispone que

El notario es el profesional del Derecho que ejerce una fun-ción pública, autorizado para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos ex-trajudiciales que ante él se realicen, sin perjuicio de lo dis-puesto en las leyes especiales. Es su función recibir e interpre-tar la voluntad de las partes, dándole forma legal, redactar las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirle [s] au-toridad a los mismos. La fe pública al notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su función personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la forma, lugar, día y hora del otorgamiento. 4 L.P.R.A. see. 2002.

Hemos reiterado que la fe pública notarial constituye la espina dorsal de la profesión notarial. In re Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769, 774 (2003); In re Avilés, Tosado, supra. Véase, además, In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000). Esto se debe a que el notario no es un simple observador del negocio jurídico que autoriza; por el contrario, al dar fe, el notario se asegura que el documento y los negocios allí contenidos son verdaderos y que la transacción es válida y legítima. In re Avilés, Tosado, supra, pág. 889.

En fin, el Canon 35, supra, obliga a los miembros de la profesión legal a observar una conducta totalmente sincera y honrada y prohíbe cualquier medio incompatible con la verdad. In re Cuyar Fernández, 163 D.P.R. 113, 117 (2004). Es por ello que condenamos enérgicamente la participación consciente de un abogado, como funcionario o parte, en el otorgamiento de documentos simulados o faltos de veracidad, independientemente del propósito que anime dicha conducta. “Tal conducta es incompatible con la función pública del notario y con las exigencias de veracidad y honestidad que esta función acarrea”. In re Collazo Sánchez, supra, pág. 775.

B. Nos corresponde evaluar si el notario querellado violó su deber ético impuesto por el Canon 35, supra. En particular, debemos examinar si el notario, según lo dis-puesto en los Cargos I y II, violó el principio de la fe pú-blica notarial y su deber de sinceridad y honradez al auto-rizar la Escritura Núm. 24 y la Escritura Núm. 71.

En este caso, el licenciado Ojeda Martínez aceptó en su comparecencia de 5 de junio de 2005, que el verdadero pro-pósito de las partes comparecientes en la Escritura Núm. 24, supra, era realizar una compraventa y que fue él quien asesoró a las partes para que realizaran la transacción me-diante Contrato de Donación; ello con el propósito de que los donatarios obtuvieran posteriormente un préstamo cuyo dinero utilizarían —la hermana del quejoso y su es-poso— para pagar a los donantes por la propiedad. A su vez, el donante y padre del quejoso y la donataria utiliza-rían el dinero recibido para pagar al quejoso la cuantía que éste reclamaba por la construcción de la segunda planta.

Esta admisión, sin más, es suficiente para concluir que el licenciado Ojeda Martínez no fue sincero al autorizar la Escritura Núm. 24. El querellado dio fe de una transacción que no representaba el verdadero interés de las partes en ese momento. Mientras el deseo de las partes era conseguir un préstamo hipotecario para otorgar eventualmente un Contrato de Compraventa, el notario asesoró a las partes e indujo a simular un negocio jurídico para la consecución de otro verdadero e interesado por las partes. Es decir, el no-tario aconsejó a las partes a transferir el dominio del in-mueble en cuestión mediante una donación, mientras el acuerdo de las partes era la otorgación de aquellos contra-tos necesarios para la concesión final de una compraventa. Nótese que la donación hecha mediante la Escritura Núm. 24, íue a título gratuito, pues no se expresa precio alguno sobre la propiedad ni intercambio de bienes que pueda lle-varnos a concluir que en dicha Escritura hubo una dona-ción parcial. Tampoco encontramos que el querellado haya recogido de alguna manera en la referida Escritura la ver-dadera intención de las partes de pagar posteriormente al donante por el inmueble con el producto del préstamo. Cuando el querellado se enteró que la compradora no ob-tuvo el préstamo necesario para la compraventa, éste ase-soró nuevamente a las partes a comparecer en la Escritura Núm. 71, con el propósito de revertir la titularidad del in-mueble donado.

Es por ello que, fuera de las rigurosidades y caracterís-ticas de los negocios jurídicos implicados en esta transac-ción, no tenemos base alguna para concluir que el licen-ciado Ojeda Martínez autorizó un instrumento público que contuviera la verdadera intención de las partes de pagar posteriormente al donante por el inmueble. Esto nos lleva necesariamente a colegir que la autorización de la Escri-tura Núm. 24 y la Escritura Núm. 71 creó una impresión falsa de la realidad frente a terceros, incluyendo a poten-ciales acreedores hipotecarios y al Estado.

Es claro que el querellado violó la fe pública notarial al impartir fe sobre unos hechos falsos con conocimiento de ello. Ciertamente, este proceder constituye una violación al Canon 35, supra, lo cual constituye una falta grave en nuestro ordenamiento.

I — i H-1 HH

No obstante la gravedad de los Cargos I y II discutidos, prestamos atención especial al Cargo III. Se nos indica que mientras la presente queja se tramitaba, el licenciado Ojeda Martínez violó el Canon 38, supra, al enviar una carta al quejoso en la cual le avisó de una posible demanda en su contra por alegados daños sufridos como consecuen-cia del proceso disciplinario que hoy atendemos. Por la trascendencia del contenido de la comunicación, a conti-nuación la reproducimos íntegramente:()

30 de octubre de 2008 Correo Certificado con Acuse de Recibo
Sr. Luis Raúl Delgado Mercado y su esposa, Sra. Zaida M. Reyes Hernandez
Re: Demanda en Daños y Perjuicios Estimado Sr. Y Sra. Delgado:
El proposito de la presente carta es para informarle que luego de revisarlos hechos que usted y su esposa estipularon en el caso, Civil Num. K AC2005-8779 (508) en donde usted y su esposa acordaron, aceptaron y al dia de hoy es final y firme, he decidido que llego el tiempo para que el abogado suscribiente le pida cuentas por los daños y perjuicios que durante años mantuvo a toda mi familia en angustia por usted haberme sometido una querella en el Tribunal Supremo, solicitando mi desaforo, destitución como abogado y los mas traumático, el perder mi licencia que es con lo que me gano mishabichuelas y mantengo a mis hijas y familiares, he decidido presentar contra usted y su esposa una demanda por Daños y Perjuicios por haberme radicado una querella de mala fe, con toda intención de que me desaforaran y perdiera el modus vivendi de ga-narme la vida y por ultimo haber mentido bajo juramento al alegar que este abogado habia defraudado a la Sra. Nilsa I. Caban apropiándome mediante engaño de la casa de Colinas de Fair View, que si su memoria aun le funciona, le ayude ha que no perdiera la misma primero ofreciemdome a prestarle el dinero para que usted pudiera pagar la hipoteca de esa casa y luego complaciéndolo y haciéndole el favor de comprarle esa casa por insistencia suya.
Ahora, la situación y el tiempo ha sacado la verdad a flote y con las estipulaciones que hizo en el caso antes mencionado y con la prueba de que usted mintió bajo juramento alegando que el suscribiente engaño a la Sra. Caban dejándola fuera de la correspondiente división de la misma, me han hecho decidir radicarle una demanda por la suma de $50,000.00 dolares y solicitarle al tribunal que me asegure el [c]obro de ese dinero poniéndole un gravamen a su participación hereditaria en la propiedad donde reside. Lamento mucho que usted en su afan por hacerle daño a varias personas, no pensó que le sucedería de ser la parte perdedora y la que con toda mala fe e intención me radico una querella cargada de mentiras y calumnias que al presente tendrá que pagar. El poner en riesgo el medio de una persona ganarse la vida de la forma mal intencionada que usted utilizo para hacerme daño, merece que ahora aprenda que lo que se hace de mala fe, a su tiempo tendrá los efectos que merece. No creo que usted pueda pensar que el haberme intentado dejarme a mi y a mis hijas en la Calle, nos hizo sufrir y angustiarnos por todos estos años. Le doy la Gloria al Señor que no permitió que la maldad venciera la verdad y ahora le toca a usted y a su esposa sentir lo que mi familia sintió cuando usted y su esposa injustamente nos ataco y pidió mi desaforo.
Puede estar seguro que la prueba esta ahí y es cuestión de tiempo el que los tribunales observen las contradicciones que usted y su esposa hicieron en la querella que me radicaron y luego en la estipulación que presentaron en corte y que al dia de hoy ya es final y firme.
Le ofrezco una alternativa para que la acción que radicare no le afecte brutalmente y es que si usted mi hace un pago de $5,000,00 dolares como gastos y daños ocasionados, en el ter-mino de 30 dias, estaría dispuesto a renunciar por escrito el demandarlo por $50,000.00 dolares.
Aunque no lo crea, yo al contrario suyo le oro a Dios por usted porque se que esa es el deseo del Señor. Ahora sus actos ten-drán que enfrentar sus efectos. Tiene 30 dias para aprove-charse de mi propuesta, de no aceptarla, lamentablemente, le radicare una demanda por todos los daños y angustias que usted me hizo pasar a mi y a mi familia y entenderá que las actuaciones fuera de la voluntad de Dios tienen que pagar su precio.
En espera que sea sabio y acepte la alternativa que le ofrezco de compensar los daños brutales que su mala fe me ha ocasio-nado y paga en cheque certificado la suma de $5,000.00, dejare el asunto ahí, pero si usted comete el error nuevamente de creer que no tengo el derecho de reclamarle mediante esta carta, le aseguro que volverá nuevamente a perjudicarse aun mas de lo que actualmente esta.
Atentamente;
Ledo. Miguel A. Ojeda Martínez (por la misericordia de Dios que no permitió que usted me dejara sin poderme ganar la vida. Apéndice, págs. 81-82.

Mediante la referida misiva, el querellado consideró que el proceso disciplinario fue instado por el quejoso sin fun-damento alguno. En consecuencia, estimó que había su-frido daños y perjuicios ascendentes a cincuenta mil dóla-res ($50,000). Asimismo, el licenciado Ojeda Martinez aprovechó la misiva para hacer una oferta de transacción del potencial pleito. En específico, el notario ofreció abste-nerse de presentar el potencial pleito por cinco mil dólares. Consideramos que ese proceder representa una violación a los deberes éticos de la profesión legal. Veamos.

El Canon 38, supra, dispone, en lo pertinente, que todo abogado debe esforzarse para exaltar el honor y la dignidad de la profesión, aunque ello conlleve grandes sacrificios personales. Indudablemente, “ ‘[c]ada abogado es un espejo en [el] que se refleja la imagen de la profesión ...”. (Enfasis suprimido). In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533, 541 (2001), citando a In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542, 556 (2000), y a su vez, In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313, 319 (1974). El abogado debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. In re Silvagnoli Collazo, supra, pág. 541. La razón es que la conducta impropia o hasta su apariencia, tiene el efecto de malograr la imagen, la confianza y el respeto de la ciudadanía hacia la profesión. In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210, 216 (2007); In re Sepulveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001). De esta forma, hemos sancionado a los abogados por la apariencia de conducta impropia. Véanse: In re Silvagnoli Collazo, supra; In re Nogueras Cartagena, 150 D.P.R. 667 (2000); In re Ortiz Brunet, supra.

Hemos establecido que un abogado puede aceptar su responsabilidad y transigir su diferencia con el quejoso. Véanse: Canon 26 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Ríos Ríos, 175 D.P.R. 57, 76 (2008). Véase, además, In re Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180, 187 (1986). Incluso, es norma que la admisión de responsabilidad civil y el resarcimiento por el abogado a su cliente serán factores atenuantes que se analizarán conjuntamente con las circunstancias del caso. In re Ríos Ríos, supra, págs. 76-77. Sin embargo, el Canon 26, supra, esta-blece un “principio ético ... dirigido a evitar ... que el abogado limite, se exonere o evada, contractualmente o de otro modo, su responsabilidad profesional”. In re Ríos Ríos, supra, pág. 76. Por esta razón, en In re Pagán Ayala, supra, pág. 187, aclaramos que

... en ninguna forma podrá el abogado transigir con su cliente la acción civil en daños por mala práctica profesional, al esta-blecer como condición para ello que no se presente querella por violación ética en su contra.

Por tal razón, un contrato con tales condiciones no evita nuestra jurisdicción disciplinaria. Id.

Sin embargo, en este caso nos encontramos en una si-tuación distinta; no se trata de que el licenciado Ojeda Martínez hiciera una oferta de manera expresa en torno a la transacción de la queja presentada. Por el contrario, el contenido de la carta sobre un aviso de pleito denota apa-riencia impropia que, a su vez, puede tener un efecto ex-tremadamente lesivo para la honra de la profesión. En efecto, consideramos que este tipo de carta es altamente impropia cuando, aún pendiente el proceso disciplinario, un abogado ejerce presión económica y psicológica me-diante artificios y presiones sobre los ciudadanos que pre-senten quejas éticas. Esto puede tener un efecto desalen-tador (“chilling effect”) de manera implícita. Asimismo, puede provocar que el quejoso desista del proceso disciplinario. En consecuencia, resolvemos que enviar este tipo de carta amenazante, aún pendiente la adjudicación del proceso disciplinario, constituye una violación al Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra.

Somos conscientes de que las quejas sobre conducta pro-fesional dan paso a un proceso difícil de enfrentar para la vida profesional y personal de cualquier abogado. No obs-tante, el abogado no puede valerse de artificios y amenazas para presionar indebidamente a un quejoso. De igual forma, somos conscientes de que, en ocasiones, el abogado puede sentir extrema molestia, máxime cuando entiende que la queja presentada en su contra no tiene fundamento válido. Empero, amenazar al quejoso con un posible pleito de daños y perjuicios tiene el efecto de manchar la honra de la profesión. Distinto al resto de los procesos adjudica-tivos judiciales o administrativos, el abogado debe enfren-tar el proceso sobre conducta profesional con la honra y el sacrificio que conlleva la profesión de la abogacía; en su día, tendrá la oportunidad de defenderse y persuadir a to-das aquellas personas relacionadas con el proceso adjudi-cativo de quejas sobre conducta profesional. En fin, conde-namos enérgicamente que un abogado intente evadir el proceso disciplinario enviando cartas de aviso de pleito por alegados daños causados por la presentación de una queja relacionada con su conducta profesional.

Por los fundamentos antes esbozados, colegimos que el licenciado Ojeda Martínez incurrió en violaciones a los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, según lo dispuesto en los cargos formulados. Nos resta determi-nar cuál debe ser la sanción a imponer.

IV

Hemos reiterado que al momento de imponer la sanción disciplinaria consideramos los factores siguientes:

“(i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si esta constituye su primera falta y si alguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una con-ducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actua-ción; (vii) resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos”. (Énfasis suprimido). In re Pérez Marrero, 185 D.P.R. 449, 461 (2012), citando a In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138, 147 (2005). Véase In re Mulero Fernández, 174 D.P.R. 18, 37 (2008).

Estos criterios nos sirven de guía al determinar la san-ción que procede imponer.

En su informe, el Comisionado Especial nos sugiere que atemperemos la sanción a las admisiones del licenciado Ojeda Martínez, que ciertamente han sido de beneficio para el proceso disciplinario. También, al revisar el expe-diente personal del licenciado Ojeda Martínez, tomamos como atenuante que no tiene historial disciplinario previo al que hoy atendemos.

V

Por los fundamentos que anteceden, suspendemos al li-cenciado Ojeda Martínez del ejercicio de la abogacía y la notaría por un término de tres (3) meses a partir de la no-tificación de la presente Opinión “per curiam”. El licen-ciado Ojeda Martínez tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándoles y les devolverá los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajo no realizado. De-berá también informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país y certificar a este Tribunal, dentro del término de treinta (30) días, el cumplimiento con lo aquí dispuesto. Por último, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Ojeda Martínez y los entregará a la Direc-tora de la Oficina de Inspección de Notarías para la corres-pondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton, la Jueza Asociada Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Ro-dríguez Rodríguez no intervinieron.

      (1) El quejoso adujo que el licenciado Ojeda Martínez, actuando como notario, incurrió en un conflicto de interés al autorizar la Escritura Núm. 24 de 22 de mayo de 1989 y la Escritura Núm. 71 de 22 de septiembre de 1990. Además, alegó que el abogado ocultó documentos, faltó a la lealtad y fidelidad a la amistad, y se autore-presentó en una Escritura de Compraventa para ocultar información y no compartir bienes gananciales con su exesposa. Por último, indicó que el abogado pretendió sobornarlo para intentar detener la investigación. Sin embargo, estas alegaciones fueron depuradas según la prueba evaluada por la Oficina de Inspección de Notarías.

      (2) AB-2005-180.

      (3) Réplica a la queja AB-2005-180 de 5 de junio de 2006, pág. 2, Apéndice, pág. 24.

      (4) íd.

      (6) íd.

      (6) La Procuradora General imputó los cargos siguientes:

        “Cargo [s] I y II

      El licenciado Miguel A. Ojeda Martínez incurrió en conducta que viola la fe pública notarial de la cu[a]l es custodio y los preceptos enunciados en el Canon 35 de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35, al dar fe de hechos falsos en la Escritura Núm. 24 de 22 de mayo de 1989 en donde se realiza una donación cuando las partes interesaban una compraventa, donación que luego fue revertida en una segunda escritura autorizada por dicho abogado el 22 de septiembre de 1990, Escritura Núm. 71. El notario al autorizar dichas transacciones conocía que las partes lo que intere-saban en realidad era la venta del inmueble en cuestión y la obtención de dinero para realizar un pago al quejoso, señor Luis Raúl Delgado Mercado, quejoso.

        “Cargo III

      El licenciado Miguel A. Ojeda Martínez violó las disposiciones del Canon 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. Di C. 38, el cual, entre otras cosas, dispone que todo abogado tiene el deber de evitar, en todo momento, hasta la apariencia de conducta impropia. Los hechos relatados previamente y contenidos en el Informe rendido por ODIN en cuanto a la comunicación del 30 de octubre de 2008, demuestra a todas luces la violación de este [clanon”. Querella, págs. 3-4.

      (7) Transcribimos la carta tal como surge del expediente.