author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Fantauzzi, Demandante y Apelante. v. Vázquez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en causa sobre cobro de dinero.
    No. 1201.
    Resuelto en julio 8, 1915.
    Habiendo el deudor principal dejado de verificar el pago de un pagaré vencido, fué requerido de pago el fiador, quien contestó que su fiado tenía bienes suficientes con qué responder del importe de dicbo pagaré y que estos bie-nes ya estaban embargados, constando archivada en la corte de distrito una relación de los mismos. Dicho embargo se practicó en una acción seguida por el referido fiador contra el deudor principal para garantizarse contra la insolvencia de dicho deudor, y cuyos bienes también habían sido embar-gados por otro acreedor. El acreedor estableció una acción contra el fia-dor para hacer efectivo el pagaré, habiendo la corte inferior desestimado la demanda sin perjuicio del derecho del demandante para establecer otra acción una vez agotados sus recursos contra el deudor principal por la excu-sión de sus bienes, siendo la teoría que un acreedor debe reducir a efec-tivo cualesquiera bienes del deudor aun cuando dichos bienes ya estén suje-tos a embargo. Se resolvió:

    Negligencia — Bienes Bealizables del Deudor. — -El estatuto solamente hace res-ponsable por negligencia al acreedor después que el fiador ha indicado los bienes realizables del deudor.
    Bienes Bealizables — Embargo t Ejecución. — Al referirse la Legislatura a los bienes realizables “which can he sold,’’ evidentemente quiso referirse a los bienes susceptibles de embargo y de venta bajo ejecución.
    Embargo y Ejecución- — (Levy)'—Posesión Material o Sobreentendida de los Bienes — Producto de la Venta Bajo Ejecución. — Un embargo (levy) sig-nifica que el márshal debe estar en condiciones de tomar posesión material o sobreentendida de los bienes, y cuando un segundo mandamiento de eje-cución le es entregado, él no debe embargar los mismos bienes, sino retener lo que queda del producto de la venta por virtud del primer mandamiento para cumplimentar el segundo.
    Bienes en Custodia Legis- — Bienes Bealizables. — Un acreedor no está obligado' a proceder contra bienes que ya se encuentran en custodia legis, entendién-dose por bienes realizables los que pueden ser embargados directamente y no aquellos bienes respecto a los cuales tendría que litigar el acreedor. Estoppel — Embargo.—El acto ejecutado por el fiador al embargar los bienes del deudor principal antes de haber establecido su aceión el acreedor, da lugar a un estoppel en equidad, que obstaculiza al acreedor para hacer un nuevo embargo.
    Fiador — Beembolso—Embargo.—Si tienen algún valor los bienes embargados, el fiador se encuentra en situación de poder ser reembolsado hasta cuanto1 alcancen dichos bienes, por cualquier pago que tenga que haeer al acree-dor, pues si el acreedor pudiera vender los mismos bienes, sería el fiador responsable por cualquier saldo de la deuda que no quedara cubierto con el producto de la venta.
    Id. — Beneeicio de Excusión- — Señalamiento de Bienes — Cuando el fiador es requerido al pago de la deuda contraída por su principal, es su deber seña-lar directamente los bienes sobre los cuales el acreedor podría hacer efec-tiva su reclamación. La mera indicación de la existencia de tales bienes, basada en documentos, pleitos o archivos de una corte, es insuficiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José C, Ramos.

    Abogado de los apelados: Sr. Rafael Martínez Nadal.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

- En junio 27 de 1913, J. A. Bruno suscribió un pagaré a favor de Antonio Fantauzzi por la suma de $6,651.33. Edgardo Vázquez se constituyó en fiador de Bruno y Manuel González en fiador de dicho Vázquez.

Al vencimiento del pagaré se exigió al deudor principal que satisficiera sn importe y el mencionado Fantauzzi en la fecha o antes del vencimiento del referido pag’aré, dió conocimiento a Vázquez de que el indicado pagaré estaba para vencer. No habiendo obtenido contestación de Vázquez, algunas semanas después Fantauzzi por conducto de su abo-gado solicitó de Vázquez el pago de dicho pagaré. Aparen-temente y en contestación al último requerimiento de Fan-tauzzi, escribió Vázquez la siguiente carta:

“Quayama, P. B., febrero 27 de 1914.
“Sr. Don Antonio Fantauzzi,
“Arroyo, P. B.
“Distinguido Sr. y Amigo: En contestación a su carta referente al pagaré de mi fiado Don José Antonio Bruno y en la que me re-quiere Ud. al pago, debo participarle que dicho Sr. Bruno tiene bie-nes suficientes para responder de la suma del importe del mencionado pagaré con los intereses, y ya están embargados y constan en la rela-ción que está archivada en la secretaría de la corte de distrito de esta ciudad.
“Esperando se sirva Ud. indicarme su resolución, quedo su aífmo. amigo y S. S.,
“(Firmado) ■ Edgardo Vázquez.”

En febrero 27, 1914, estableció Fantauzzi la presente ac-ción contra Edgardo Vázquez Aguilar y Manuel G-onzález. La corte dictó sentencia en contra del demandante.

Apareció del juicio que la referencia que se hacía en la carta de febrero 27, 1914, a un embargo, era a una acción y embargo establecido por Vázquez contra Bruno, sobre ga-rantía de Vázquez contra la insolvencia de dicho deudor, y que en la referida acción fueron embargados ciertos bienes que se alegó pertenecían a Bruno.

Una de las primeras cuestiones que se presenta en el caso es la de si era suficiente la contestación de Vázquez, alegando el apelante que si el demandado deseaba ampararse en el artículo 1733 del Código Civil, que más adelante citaremos, debió haber indicado específicamente cuáles eran los bienes contra los que el acreedor Fantanzzi debería proceder en primer término. Se alega en la contestación como materia especial de defensa, que antes de haberse establecido la acción en este caso, Vázquez escribió al apelante acusándole bienes realizables de dicho deudor Bruno, y entonces se procedía a especificar en la contestación cuáles eran los bienes a que se había hecho referencia. En otras palabras, se dice en la contestación que el susodicho Vázquez había ya indicado a dicho Fantauzzi cuáles eran los bienes del deudor Bruno que podían ser obtenidos. La carta a que alude la contesta-ción, según apareció de la prueba, fué la que hemos trans-crito, pero de la faz de la contestación constaba completa-mente que el mencionado Vázquez había estado escribiendo a Fantauzzi indicándole dichos bienes realizables.

En verdad que las pretensiones del apelante tendrían que prevalecer si el apelado confiaba, en una relación detalladaen la contestación por referencia directa, pero como hemos visto, el apelado se fundaba en la especificación hecha en una carta anterior al pleito. No se hizo ninguna petición en la corte inferior para que se hiciera un bill of particulars o se mostrara la carta que fué escrita con anterioridad al juicio, y por tanto debe considerarse que la contestación es suficiente.

La sentencia de la corte inferior desestimó la demanda sin perjuicio de los derechos del demandante de presentar su acción de nuevo contra los demandados una ves agotados sus recursos contra el deudor principal y de efectuada la excusión de sus bienes. La teoría tanto de la corte como del apelado es que un acreedor debe reducir a efectivo cuales-quiera bienes del deudor aun cuando dichos bienes ya hayan sido embargados.

En este caso los bienes no solamente estaban embargados por Vázquez, sino que desde antes de haberse establecido esta acción por el demandante, habían sido embargados por otro acreedor. Alegó el apelado que el apelánte fué negligente en no haber embargado más prontamente los bienes del deu-dor. Bn este caso, sin embargo, el pagaré venció en 31 de diciembre de 1913. El apelado no notificó a dicbo apelante respecto a los bienes realizables hasta febrero 27, 1914, no obstante haber sido requerido previamente para el pago, y esta acción fné iniciada en febrero 27, 1914.

El artículo 1734 del Código Civil solamente hace respon-sable de negligencia al acreedor después que el fiador ha .indicado los bienes realizables del deudor, de manera que en este caso toda cuestión de negligencia del acreedor se regi-ría por las reglas comunes de la ley, y tal vez únicamente por la misma ley de prescripción.

La cuestión principal en este caso es sobre qué es lo que debe considerarse como bienes realizables. Los artículos del Código aplicables a la cuestión, son los siguientes:

“Artículo 1731. — El fiador no puede ser competido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor.
“Artículo 1732. — La excusión no tiene lugar:
“1. Cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella.
“2. Cuando se haya obligado solidariamente.
“3. En el caso de quiebra o concurso del deudor.
“4. Cuando éste no pueda ser demandado judicialmente dentro de Puerto Rico.
“Artículo 1733. — Para que el fiador pueda aprovecharse del bene-ficio de la excusión, debe oponerlo al acreedor luego que éste le re-quiera para el pago, y señalarle bienes del deudor realizables dentro de la Isla de Puerto Rico, que sean suficientes para cubrir el importe de la deuda.”

El apelado confiesa francamente que no puede hallar nin-gún precepto terminante de la ley que determine el límite del derecho que tiene el acreedor, pero alega que el acreedor debe agotar todos los bienes del deudor aun hasta el punto de pedir la rescisión de una enajenación fraudulenta hecha por dicho deudor, y cita del tomo 12 de Manresa, 253, y la sentencia del Tribunal Supremo de España de 2 de marzo de 1891. De igual modo tampoco hemos podido encontrar ninguna definición de qué es lo que se quiere expresar al ha-blarse de bienes realizables dol deudor. Expresa, sin embargo, Sánchez Román, que el fiador pne.de no tener el bene-ficio de excusión, entre otras cosas, si es un hecho notorio que el deudor no tiene bienes con que cumplir la obligación, o si hubiera sido difícil recobrar estableciendo la acción contra el deudor. 4 Sánchez Román, Derecho Civil, 919.

Consideramos como hecho probable que la idea que tuvo primeramente en cuenta el artículo 1733, al hablar de bie-nes realizables, fué la de los bienes inmuebles o muebles que podían ser inmediatamente embargados. La versión espa-ñola emplea la palabra “realizable,” y la inglesa usa la pala-bra “sold,” pero como también en el texto inglés se habla del “benefit of levy,” resulta, pues, evidente que la idea de la legislatura, según lo revela la edición inglesa del Código, fué la de que los bienes mencionados eran bienes que podían ser vendidos después de embargados. “A levy” puede sig-nificar varias cosas, pero siempre quiere decir que el marshal o alguacil debe estar en condiciones de tomar posesión material o sobreentendida de la cosa que' se le ordena que venda o embargue. Generalmente no puede un marshal tomar pose-sión de efectos que ya están sujetos a un “levy.” Cuando se le entrega al márshal un segundo mandamiento para pro-ceder a un embargo 'y ejecución si se han vendido los efec-tos por virtud del primer embargo o ejecución, él retiene lo que quede del producto de la venta para satisfacer la segunda ejecución o embarg-o.

El apelado ha citado en su alegato el artículo 3051 del Código Civil de Louisiana y también ha hecho cita del caso de Gaillard v. Bordelon, 35 La. Ann., 390. Este fué un caso de acuerdo con una ley especial relativa a administración.

Es bastante curioso que en el mismo tomo de decisiones y en la página 814, aparece el caso de Folger v. Palmer, en el que la corte de Louisiana declara que un acreedor por sen-tencia no está obligado a embargar los bienes gravados que le han sido señalados antes de establecerse un procedimiento contra el fiador en la fianza para la apelación cuando la ten-tativa de venta únicamente resultaría en costas. Sea eso como fuere, el artículo 3047 del Código Civil'de Louisiana se expresa en los términos siguientes:

“El fiador que solicitada excusión está obligado a señalar al acree-dor los bienes del deudor principal, y prestar una fianza para que se lleve a efecto la excusión.
“No debe señalar los bienes del deudor principal radicados fuera del Estado, ni los que estén en litigio ni hipotecados por deuda y no continúen en posesión del deudor.”

Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que aunque no podemos determinar cuáles son todas las gestiones que debe hacer el acreedor, estamos, sin embargo,. enteramente satisfechos de que dicho acreedor no está obligado a proce-der contra los bienes que ya están bajo custodia legal debido a los embargos hechos por diferentes personas. Nos incli-namos a creer que “bienes realizables” debe significar los bie-nes que pueden ser embargados y vendidos directamente y-no aquellos bienes respecto a los cuales el acreedor tendría que litigar contra otras reclamaciones que ya se han hecho.

Opinamos, además, que en este caso los actos del apelado han dado lugar a un 11 estoppel” en equidad. Aun antes de haberse entablado esta acción contra él, había embargado los bienes del demandado Bruno. No solamente fué el acto del fiador un obstáculo para hacerse el embargo por el acree-dor Pantauzzi, sino que somos también de opinión de que si los bienes en cuestión tienen algún valor, dicho fiador, ape-lado en este caso, se ha puesto en condición de poder ser reembolsado en lo que puedan alcanzar dichos bienes por cualquier pago que tenga que hacer al demandante. Si en este caso el demandante embargara los mismos bienes, los vendiera y obtuviera cierta suma por ellos, todavía sería responsable el apelado por el saldo, de modo que si paga toda la deuda él mismo puede hacer- que se le pague lo que tiene que pagar debido a la imposibilidad del apelante para proceder contra los mismos bienes.

' También somos de parecer de que el artículo 1733 del Código Civil impone al fiador un deber con el cual no se cum-plió en este caso. De acuerdo con ese artículo está en el deber, al ser requerido al pago de la deuda del deudor principal, de señalar los bienes con los cuales el acreedor puede cubrir su deuda. La carta de 27 de febrero, 1914, no detallaba bie-nes a excépción de la referencia que se bacía en ella a un docu-mento archivado en la corte. Entendemos que al expresar el artículo 1733 que deben señalarse bienes, quiere decir que el señalamiento debe hacerse directamente y no mediante refe-rencia a algún otro documento o pleito. La cuestión es aná-loga a la del caso de Méndez v. Celis et al., 20 D. P. R., 527. Cuando la ley impone a una persona el deber de señalar cier-tos bienes, para que pueda evitarse o demorarse el pago debe ■cumplirse estrictamente con ese deber. Incumbe al fiador la obligación de indicar los bienes que han de ser embarga-dlos. Creemos que en este caso el fiador dejó de cumplir con la ley.

El demandado González no compareció en la corte inferior.

Debe revocarse la sentencia con instrucciones de que se anote la rebeldía del demandado González y dictarse enton-ces sentencia a favor del demandante, en contra del deman-dado Edgardo Vázquez Aguilar, y de no verificar éste el pago, contra el demandado Manuel González.

Revocada la sentencia apelada y desestimada la apelación contra la negación de nuevo juicio por ser su consideración innecesaria.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldre'y y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Pietri et al., Recurrentes, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de una partición de bienes hereditarios.
    No. 221.
    Resuelto en julio 8, 1915.
    Procedimientos Judiciales — Inscripción en el ■ Registro — Jurisdicción.— Cuando se trata de procedimientos judiciales que se presentan al registra-dor para su inscripción, el recurrente debe demostrar que la corte que enten-dió en los mismos tenía jurisdicción, así como que tuvo ante sí todas las partes necesarias en dichos procedimientos. Véase Ortis y. El Registrador de Guayama, 22 D. P. R., 339.
    Testamentos — Derechos Inscribibles — Requisitos Esenciales — Presunción.— Cuando en un testamento se ordena que se ejecute un acto determinado, la persona que alega tener derechos que puedan inscribirse de acuerdo con el mismo, debe demostrar al registrador que los requisitos esenciales en la eje-cución del testamento fueron cumplidos, no debiendo quedar éstos sujetos a presunción.
    Affidavit — Documento Público — Ley Hipotecaria. — Un affidavit no es un docu-mento público de la clase exigida por la Ley Hipotecaria. Véase Delgado y. El Registrador de Gaguas, 22 D. P. R., 125, y Hernándes v. Rosado et al., 22 D. P. R., 387.
    Partición de Herencia — Descripción de los Bienes Hereditarios — Inscrip-ción en el Registro. — Las referencias que se hagan en una escritura de partición de herencia, aun con respecto a las inscripciones en el registro, no son suficientes para dar por cumplido el artículo 30 de la Ley Hipote-caria que exige una descripción de los bienes en la propia escritura.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: 1Sres. José Tous Soto 7 Mamtél Tous Soto.

    El registrador recurrido Sr. Rafael B. Sama compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

. La nota del registrador en este caso fné snstancialmente como signe:

“No admitida la inscripción solicitada en virtud de un proyecto de partición acompañado de otros documentos por observarse los defectos de no describirse en el título las fincas urbanas, de una de Jas cuales se lia pedido inscripción siendo ineficaz y contrario a la ley un affidavit para adicionar un documento público; de no haberse cumplido lo que ordena el testador respecto que sus operaciones par-ticionales se practicaran extrajudicialmente, debiendo intervenir los interesados residentes en Francia, por sí o por medio de apoderado, y los menores por sus padres con patria potestad o por un defensor en el caso de existir intereses encontrados.”

En este caso aparece que los contadores partidores nom-brados por.el testador se negaron a aceptar sus cargos, ha-biendo sido nombrado otro contador por la corte. El registra-dor explica en cuanto al segundo defecto que señala en su nota, que no hacía referencia al hecho de que los contadores par-tidores nombrados en el testamento dejaran de cumplir su cometido, ni al nombramiento de un contador por la corte, ni siquiera al hecho de que debe acudirse a la corte cuando algunos de los herederos son menores de edad, pero insiste en .que la escritura de partición debe permitir la interven-ción directa de los herederos residentes en Francia. Los recurrentes llaman la atención al hecho de que en el recurso que consideramos no solamente la corte había nombrado un ■contador y los derechos de los menores estaban protegidos por un procedimiento judicial, sino que existe una sentencia de la corte aprobando la partición; que como tuvo lugar un procedimiento judicial sobre partición y se dictó sentencia aprobando' el mismo, surge la presunción tanto en lo que respecta a la regularidad de los procedimientos como en cuanto a que se ha cumplido con la ley, y por tanto de que fueron oídos todos los herederos o se les dió la oportunidad de ser oídos. La sentencia en cuestión expresa en efecto que a instancia de los herederos José Pietri y Pietri .y Felipe Pie-tri y Pietri la corte designó un contador partidor; que el contador rindió su informe y presentó un proyecto de inven-tario, avalúo, liquidación y división; que los expresados here-deros solicitaron que se aprobara dicho informe; que de las pruebas aducidas resultó que hubo una división justa entre los herederos, respetándose la voluntad del testador y los derechos de todas las partes interesadas, y por tanto la corte aprobó el informe y ordenó la división de conformidad con el mismo. Los procedimientos qne tuvieron lugar en el jui-cio no fueron presentados en el registro. No discutiremos ahora cuáles son todas las presunciones que surgen de una sentencia y hasta dónde está obligado el registrador de la propied’ad por razón de dichas presunciones. En el caso de Ortiz v. El Registrador de Guayama, 22 D. P. R., 339, decla-ramos que debe demostrarse la jurisdicción de la corte. De igual modo puede ser que deba probarse que todas las par-tes estaban ante la corte para que tuviera jurisdicción para dictar la sentencia que precisamente dicta.” Sea como fuere, creemos que cuando en un testamento se ordena que se haga determinada cosa, cualquier persona que alegue tener dere-chos que puedan inscribirse de acuerdo con el mismo, deberá probar al registrador que todos los verdaderos requisitos de dicho testamento han sido observados y -no exigir que el registrador entre en presunciones. En la sentencia que ha sido sometida a nuestra consideración solo se mencionan dos de los herederos, no se hace constar que hubieran estado pre-sentes otros herederos adultos, ni existe tampoco en dicha sentencia constancia alguna respecto de las gestiones hechas para proteger los intereses de los menores. No es nuestra intención resolver ahora que una sentencia es nula o está sujeta a ser impugnada por no contener estos requisitos, pero creemos que cuando las partes pretenden fundarse en los documentos que forman su título en lo que respecta a terce-ros, la sentencia que ha de ser inscrita en el registro debe contener dichos requisitos.

En cuanto al primer defecto mencionado por el registra-dor, o sea el no hacerse’la descripción de una de las fincas, los recurrentes sostienen que el registrador tenía bajo su consideración y en la misma escritura de partición algunos elementos para identificar la finca y que en el affidavit que acompaña a la escritura está completa' la descripción. Hemos resuelto en los casos de Delgado v. El Registrador de Caguas, 22 D. P. R., 125, y Hernández v. Rosado et al., 22 D. P. R., 387, que un affidavit no es un documento público de la clase exigida por la ley hipotecaria. Por tanto, el caso de Méndez v. El Registrador de Caguas, 18 D. P. R., 805, no es de apli-cación. En ese caso solamente se resolvió que si del escrito que acompañaba a la escritura queda perfeccionada la des-cripción la escritura podía ser inscrita, pero en la opinión se daba por sentado que el escrito así acompañado, estaba en debida forma. Sin que exista tal affidavit, las referencias que se bagan en una escritura de partición, aun con respecto a las inscripciones en el registro no son suficientes jiara cum-plir-con el artículo 30 de la Ley Hipotecaria que exige que los bienes se describan en la misma escritura. El registrador alega que la descripción puede haber variado, o haberse divi-dido la finca y es bastante con expresar que las prescripcio-nes de dicho artículo 30 deben ser observadas.

Debe confirmarse la nota.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Jtrnz Asociado Se. del Tobo,

text:
    Becerril et al., Demandantes y Apelantes, v. Post et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Iíumacao en causa sobre cobro de dinero.
    No. 1237
    Resuelto en julio 9, 1915.
    Arrendamiento — Definición de Este Contrato. — El arrendamiento es un con-trato por el cual una de las partes se obliga a dar a la otra para cierto tiempo y por precio cierto el uso o disfrute de una cosa o de su trabajo.
    Id.-CONTRATOa DE ARRENDAMIENTO POR UN PERÍODO MAYOR DE SEIS AJOS-Derecho Real. — De acuerdo con los artículos 1453 del Código Civil Revi-sado y 2, número 5, de la Ley Hipotecaria, el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles por un período que exceda de seis años, tiene el carác-ter de derecho real sobre la finca arrendada.

      Id. — Sud-Arriendo—Consentimiento del Arrendador. — El arrendatario puede sub-arrendar la finca arrendada sin necesidad del consentimiento del arren-dador, cuando en el contrato no se le proMba expresamente.
    Id. — Cesión del Arrendamiento — Consentimiento Previo del Arrendador— Prohibición Expresa — Libre Contratación. — De igual modo' está facultado el arrendatario para ceder el arrendamiento sin necesidad de solicitar y obtener previamente el consentimiento del arrendador, cuando la cesión no se prohiba expresamente en el contrato. En ausencia de una prohibi-ción expresa o de una consecuencia claramente inmoral, rige el principio de que no debe oponerse obstáculos a la libre contratación.
    Id. — Cesión del Arrendamiento — Efectos de la Cesión — Responsabilidad del Primitivo Arrendatario. — La cesión de un arrendamiento no exonera al primitivo arrendatario de su obligación de pagar la renta estipulada, aun-que el arrendador haya consentido tal cesión y percibido la renta del cesio-nario, a no ser que el arrendador haya aceptado la transmisión del arriendo y renunciado al arriendo original.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Aponte & Aponte.

    Abogados de los apelados: Sres. Armstrong & Keith y Luis Mimos Morales.

   El Jtrnz Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en este caso, es la si-guiente: ¿Puede cederse por el arrendatario, sin necesidad de solicitar y obtener el consentimiento del arrendador, un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, por más de seis años, cuando en el contrato no se prohibió expresamente la cesión?

De los autos aparece que los demandantes el 11 de enero de 1911 arrendaron a los demandados ciertas fincas rústi-cas situadas en Fajardo, P. B., por término de catorce años y precio de ocho mil.dólares anuales pagaderos por trimes-tres adelantados. En el contrato nada se hizo constar con respecto a si los arrendatarios podían o nó subarrendar las fincas arrendadas o ceder su derecho a otras personas.

Los arrendatarios tomaron posesión de las fincas arren-dadas y pagaron los cánones de arrendamiento en su opor-tunidad hasta diciembre de 1913. El 15 de enero de 1914 los dichos arrendatarios, por escritura pública, cedieron y traspasaron su derecho a “The Fajardo'Sugar Company,” una corporación organizada e incorporada según las leyes del Estado de Nueva York, con domicilio y oficinas en Fa-jardo, P. ji., y notificaron la cesión a los arrendadores, contestando éstos negándose a reconocer la transferencia. Los arrendadores cobraron a los arrendatarios el precio del arrendamiento vencido correspondiente al primer trimestre del año 1914 y los arrendatarios no lo pagaron manifestando que. tal pago sería hecho por su cesionaria “The Fajardo Sugar Company.” En efecto “The Fajardo Sugar Company,” como cesionaria de “The Fajardo Sugar Growers’ Association,” ofreció pag'ar a los demandantes dicho precio pero los demandantes se negaron a recibirlo en tal concepto. “The Fajardo Sugar Company” consignó entonces el precio en la Corte de Distrito de Humacao, a disposición de los de-mandantes.

Así las cosas, los arrendadores iniciaron contra los arren-datarios el presente pleito, pidiendo a la corte que los con-denara al pago de $2,250 e intereses legales, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, y a satisfacer las cos-tas, desembolsos y honorarios de abogado.

Los demandados • contestaron. Se permitió intervenir a “The Fajardo Sugar Company” y se dictó finalmente sen-tencia desestimando la demanda y reservando a los deman-dantes su derecho para ejercitarlo por medio de la acción correspondiente, sin especial condena de costas. Contra esa sentencia, pronunciada el 19 de agosto de 1914, se interpuso por los demandantes el presente recurso de apelación.

El juez de distrito que falló el pleito opinó sustancialmente que de acuerdo con la ley vigente en Puerto Eico no podía cederse por el arrendatario el contrato de arrendamiento sin el consentimiento del arrendador, pero que como en este caso sólo se ejercitaba la acción de cobro de pesos y los hechos demostraban que si los demandantes no habían cobrado había sido por su propia voluntad, la cuestión por ellos suscitada era puramente académica y no debía decidirse por la- corte.

Después de haber estudiado cuidadosamente todas las cuestiones argumentadas por los abogados de las partes, opi-namos que debe confirmarse la sentencia recurrida, aunque por motivos distintos a los que tuvo en cuenta el juez sen-tenciador para dictarla. Prescindiremos de considerar por escrito -los varios errores señalados por el apelante en su alegato y limitaremos nuestro estudio a la verdadera cues-tión fundamental envuelta en el litigio.

Escriche, define el contrato de arrendamiento así: “El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes se obliga a ciar a la otra para cierto tiempo y por precio cierto el uso o disfrute de una cosa o de su trabajo.” 1 Escriche, 722. Y luego,' refiriéndose al subarriendo, dice: “El arren-datario puede subarrendar a un tercero en todo o en parte la cosa que tiene arrendada, como no se le haya prohibido por pacto. Así lo disponía el derecho romano: Nemo pro-hibetur rem quam conduxit fruendam, alii locare, si nihil aliud convenit; 1. 6, Cod. locat. Así lo sientan comunmente nuestros juristas, y especialmente Gómez y Ayllon, lib. 2, Var., cap. 3,'núm. 11; y así lo dicta igualmente la razón * * 1 Escriche, 727.

La regia general expuesta por Escriche fué consagrada por el Código Civil español que dispuso en su artículo 1550 que “cuando en el contrato de arrendamiento de cosas no se prohíba expresamente, podrá el arrendatario subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada, sin perjuicio de su responsabilidad al cumplimiento del contrato para con el arrendador,” habiendo adoptado igual regla el legislador portorriqueño en el artículo 1453 del Código Civil revisado.

La ley hipotecaria para las provincias de Ultramar do 1893, que está vigente aún en Puerto-Rico, con algunas modi-ficaciones, en su artículo 2, núm. 5, prescribe que en los regis-tros de la propiedad se inscribirán los contratos de arrenda-miento de bienes inmuebles por un período que exceda de seis años, disposición igual a la contenida en el artículo 2 de la ley hipotecaria española, y que convierte los arrendamientos de tal clase en verdaderos derechos reales sobre las fincas arrendadas.

Tenemos, pues, que de acuerdo con las leyes vigentes sobre la materia, el arrendamiento de que se trata en este pleito, tiene el carácter de un derecho real sobre las fincas arren-dadas, pudiendo los arrendatarios subarrendar dichas fincas, sin necesidad del consentimiento de los arrendadores, ya que éstos no se lo prohibieron expresamente en el contrato.

¿Están de igual modo facultados los arrendatarios para ceder su derecho, sin necesidad de solicitar y obtener pre-viamente el consentimiento de los arrendadores? La ley no lo dice expresamente, como en el .caso del subarriendo. Los comentaristas opinan de modo distinto: Scaevola concluye que no; Manresa, que sí. Los tribunales españoles, que.sepa-mos, no han resuelto la cuestión. La Dirección General de los Registros la decidió en cierto modo en sentido afirmativo al resolver el 12 de marzo de 1902, “que la inscripción del contrato de arrendamiento convierte a éste en un detecho real, que pueda enajenarse cuando no se ha prohibido expre-samente, según declara el artículo 1550 del Código Civil.”

A nuestro juicio la resolución de la cuestión depende de los efectos que la cesión pueda causar en las relaciones del arrendador con el primitivo arrendatario. Si la cesión produce el efecto de exonerar de toda responsabilidad al arren-datario en cuanto, por ejemplo,' al pago del precio que se obligó úa satisfacer, autorizarla equivaldría a facultar a una sola de las partes contratantes para eludir a su voluntad el cumplimiento de la obligación contraída, sin temor de incu-rrir en responsabilidad alguna. Pero si la cesión no produce tal efecto y la responsabilidad del primitivo arrendatario para con el arrendador continúa, entonces no encontramos razón lógica alguna para llegar a la conclusión de que la ce-sión de un arrendamiento está prohibida por nuestras leyes.

Opinamos que debe adoptarse el último criterio y en su virtud contestarse en la afirmativa la pregunta que formu-lamos al comenzar este dictamen, ya que en ausencia de una prohibición expresa, o de una consecuencia claramente inmo-ral, rige el principio de que no debe oponerse obstáculos a la libre contratación.

Al opinar así, creemos resolver el problema jurídico plan-teado de un modo que permite conservar todas las caracte-rísticas especiales del contrato de arrendamiento, y a la vez aceptar sin vacilaciones las consecuencias de lo dispuesto en el Código Civil y en la Ley Hipotecaria en relación con él mismo. Además, nuestros razonamientos están sostenidos por la jurisprudencia constante de los tribunales america-nos, aplicable por no ser contraria sino más bien conforme a la naturaleza del arrendamiento tal como consta regulado en nuestras leyes. Dicha jurisprudencia, resumida por Cyc., es como sigue:

“A falta de restricciones estatutorias o contractuales en contrario, el arrendatario por un número de años puede sin el consentimiento del arrendador, si no existe cláusula expresa que lo probiba en el contrato, ceder, subarrendar, hipotecar o de otro modo gravar el tér-mino concedido en el arrendamiento.” 24 Cyc., 962.
“La cesión de un arrendamiento no,anula la obligación del arren-datario del convenio expreso de pagar la renta, aunque el arrendador haya consentido tal cesión y percibido la renta del cesionario, a no ser que el arrendador haya aceptado la transmisión del arriendo y renunciado al arriendo original.” 24 Cyc., 1177, y casos citados.

' Los derechos del arrendador con nuestra teoría, quedan garantidos. No sufren perjuicio alguno con la cesión. Si el artículo 1126 del Código Civil autoriza el pago por cual-quier persona, tenga o nó interés en el cumplimiento de la obligación, no hay razón legal que impida el pago por el cesionario.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, caen por su base todos los argumentos de los apelantes relativos a los probables perjuicios que la cesión podría ocasionarles. Los apelantes alegaron que ellos no podían aceptar el pago de la corporación cesionaria, porque si así lo hacían, aceptaban también implícitamente la cesión, e, ipso facto, liberaban al primitivo arrendatario de toda responsabilidad para con ellos. Mas, como esto no es así, el único obstáculo qne tuvie-ron los a]3elantes para recibir el precio del arrendamiento de manos de los cesionarios, desaparece, y la verdadera situa-ción legal del asunto es la de que los apelantes al tiempo ■de interponer la demanda que dió origen al pleito, no tuvie-ron necesidad alguna de acudir a las cortes de justicia a pedir >el reconocimiento de un derecho que en realidad de verdad nunca le fué negado.

Debe .confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: tires. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison. 1


author: El Juez Asociado Sr. del Toro-,

text:
    Muriente, Demandante y Apelante, v. Terrasa et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa sobre daños y perjuicios.
    No. 1304.
    Resuelto en julio 9, 1915.
    Fianza Judicial — Aseguramiento de Sentencia — Fianza Voluntaria o Con-vencional. — Una fianza para asegurar la efectividad de una sentencia (Esta-' tutos Revisados de Puerto Rico de 1902, pág. 180), es una fianza judicial (artículos 1755, 1756 y 1757 del Código Civil Revisado), de naturaleza dis-tinta por su ' origen a la voluntaria o convencional.
    Id. — Excusión de los Bienes del Deudor Principal — Fiadores Solidarios.— En las fianzas judiciales, de acuerdo con el precepto expreso de la ley, el fiador no puede pedir la excusión de los bienes del deudor principal, circuns-tancia que en realidad le coloca en la condición de un fiador obligado soli-dariamente eon el deudor.
    Id. — Fianza para Asegurar la Efectividad de Sentencia — Obligación Soli-daria — Acción.—En la fianza que se presta para obtener el aseguramiento de la sentencia que pueda dictarse en un determinado pleito, los fiadores se obligan solidariamente con el deudor, y siendo esto así, la acción puede dirigirse contra el deudor y los fiadores simultáneamente o contra cualquiera de ellos. Véase Lowande v. Otero y Compañía et al., 14 D. P. R., 571, y los artículos lili y 1723 del Código Civil Revisado.

      Daños t Perjuicios — Pérdidas Sufridas — Ganancias Dejadas de Obtener— Ganancias Obtenidas Anteriormente. — Conforme al artículo 1073 del Có-digo Civil, la indemnización, de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el aereedor; pudiendo tomarse como base para calcular la ganancia dejada de obtener, la obtenida anteriormente en un período de tiempo, igual, bajo idénticas circunstancias.
    Apelaciones Contra Sentencias de las Cortes Municipales — Juicio de Novo.— En las apelaciones contra sentencias dictadas por las cortes municipales para ante las cortes de distrito, el juicio se celebra de novo, no debiendo en tal virtud revocarse, confirmarse o modificarse la sentencia apelada, sino dictarse una nueva, basada en las alegaciones hechas y en las pruebas prac-ticadas en la eorte de apelación.
    Id. — Fiadores Solidarios — Juicio, de Novo — Notificación de Apelación — Sen-tencia.- — En este caso la demanda se interpuso en una eorte municipal contra dos fiadores solidarios y fué declarada, en parte, con lugar. TJno sólo de \ los fiadores apeló para ante la eorte de distrito. Celebrado el juicio de novo con la sola intervención del acreedor y del fiador apelante, fué resuelto en contra del aereedor. Este apeló para ante el Supremo y notificó su escrito sólo al fiador que intervino en la eorte de distrito. Se resolvió: que tal pro-cedimiento implica que el aereedor aceptó entenderse únicamente con el fiador solidario y apeló a la eorte de distrito y que, en tal virtud, la sen-tencia que pronuncie esta eorte, en lugar de la que debió haber pronunciado la corte de distrito, debe dictarse solamente en eontra del fiador que apeló a la dicha eorte, pudiendo el fiador establecer contra sus codeudores las recla-maciones que procedan de acuerdo con la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. B. Agrait Aldea y José Mar-tines Dávila.

    Abogado del apelado: iSr. Simón Large.

   El Juez Asociado Sr. del Toro-,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de Areeibo por virtud de la cual se declaró sin lugar cierta demanda sobre daños y perjuicios.

En la demanda se alegó, en resumen, que el 11 de marzo de 1914 Doña Santos Gril reclamó judicialmente al demandante $410 y, para asegurar la efectividad de la sentencia que pu-diera dictarse, solicitó y obtuvo, previa fianza que prestaron los demandados, el embargo de cuatro muías ele la propiedad del demandante. El embargo se practicó el 25 de marzo de 1914 y el pleito se resolvió por sentencia de 25 de abril de 1914 en contra de Doña Santos Gil. Esta apeló y desistió luego del recurso, quedando firme la sentencia y devolvién-dose los mulos embargados a su dueño, el demandante, el 13 de julio de 1914. Por virtud del embargo, el demandante alega que sufrió los siguientes perjuicios: $350 como ganan-cias líquidas que hubiera obtenido por el uso y trabajo de las muías embargadas desde el 25 de marzo al 13 de julio de 1914; $37.20 que el demandante tuvo que satisfacer al marshal de la corte municipal para el depósito de las muías durante el tiempo indicado, y $60 que el demandante satis-fizo al abogado que lo representó en el pleito y embargo de referencia.

Los demandados excepcionaron la demanda por haberse acumulado en ella indebidamente varias acciones y por no aducir hechos bastantes para determinar una causa de acción. Luego contestaron negando en general todos los hechos de la demanda y alegando que, en todo caso, el aseguramiento de la sentencia solicitado por la señora Gil no había causado al demandante perjuicio alguno.

El pleito se tramitó primero en la Corte Municipal de Arecibo y fué resuelto por sentencia de 14 de octubre de 1914, por virtud de la cual se declaró con lugar la demanda, condenándose a los demandados a pagar al demandante sola-mente la suma de $97.20, o sea, en junto, las cantidades que el demandante alegó que había satisfecho al marshal y a su abogado. La corte municipal entendió que no se habían pro-bado los daños y perjuicios alegados por la ganancia dejada de obtener.

De la sentencia de la corte municipal apeló el demandado Gabriel Terrasa, para ante la corte de distrito, y celebrado de nuevo el juicio ante la corte de distrito con la compare-cencia del demandante y del dicho demandado Terrasa, fué resuelto por sentencia de 11 de enero de 1915 por virtud de la cual se desestimó totalmente la demanda.

Contra esa sentencia interpuso el demandante el presente recurso de apelación, notificando su escrito al demandado »Terrasa y no al otro demandado Correa.

La prueba del demandante practicada en la corte de dis-trito consistió:

1. En la declaración dé Gumersindo Román, Secretario de la Corte Municipal de Arecibo, quien depuso sobre la cer-teza del embargo y reconoció los aritos en los cuales fué decre-tado. Diclios autos se introdujeron entonces como prueba;

2. En la declaración del demandante que dijo que le babían embargado cuatro muías que dedicaba a la conducción de provisiones entre Aguadilla y Lares, haciendo tres viajes semanales y obteniendo un beneficio líquido de $25 por se-mana, y que pagó al márslial y al abogado las cantidades que se especifican en la demanda;

3. En la declaración de Juan Ramón Lorenzo quien dijo que conoce al demandante, trabajador de toda la .vida con carros de muías; que así lo conoció en marzo de 1914 tra-bajando con un carra y dos parejas de muías en la conduc-ción de provisiones. El testigo explica amplia y detalla-damente el negocio de carros y concluye así: “a un indi-viduo como el señor éste (el demandante), que es herrador y mantiene muías y las cuida, lo menos que deja son, veinte o veinte y cinco pesos semanales limpios, cada carro, de ga-nancias líquidas.” También dijo el testigo que vió sin ocu-pación al demandante cuando las muías fueron embargadas.

4. En la declaración del testigo Bernardo González quien dijó que la ocupación conocida del demandante es trabajar con nn carro de muías, y que en marzo de 1914 se ocupaba en ese negocio. Dijo además que la ganancia bruta que puede obtenerse con un carro de muías empleado constantemente en la conducción de carga es de 125 a 150 pesos mensuales, pudiendo quedar reducido el beneficio líquido a 75 pesos men-suales.

5. T en la fianza que formaba parte de los autos introdu-cida como prueba al declarar el testigo Román. Dicha fianza,' en lo pertinente, es como sigue:

“Por CUANTO, el demandante Santos Gil de Lamadrid, ba esta-blecido ante esta corte una demanda en cobro de dinero,- por la suma de cuatrocientos diez dólares, contra el demandado Pedro J. Muriente, y además, ha solicitado del Hon. Juez el aseguramiento de efectivi-dad de sentencia que ha de dictarse en la misma;
“Por CUANt,o, el Hon. Juez ha. exigido para decretar el embargo, la prestación de fianza por la suma de quinientos dollars para responder de daños y perjuicios que puedan irrogarse con dicho asegu-ramiento.
“Por- tanto, nosotros, Miguel A. Correa y Gabriel Terrasa, resi-dentes en el Distrito Judicial de Arecibo, P. B»., libre y espontánea-mente garantizamos mancomunada y solidariamente la obligación que por la presente fianza ha contraído el demandante en dicho pleito, respondiendo de la suma de quinientos dollars, para atender a los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandado Pedro J. Mu-riente en el caso de resolverse en definitiva no haber lugar a fallaren dicho pleito en contra del demandado. (F-dos.) Miguel Correa. Fiador. Gabriel Terrasa. Fiador.”

La prueba del demandado consistió únicamente en la de-claración del testigo Juan Martín Lagarreta que explicó el negocio de carros de carga tirados por muías en la carre-tera de Aguadilla a Lares. Dijo que cada viaje proporcio-naba una ganancia bruta de seis pesos, pudiendo calcularse los gastos en $6.75 semanales, suponiendo además el servicio un desgaste semanal de doce reales.

La sentencia apelada se basa en dos fundamentos distin-tos. Es el primero, que el demandante debió haber dirigido su acción contra la persona que solicitó el embargo y no contra los demandados que fueron simplemente sus fiadores, y es el segundo, que aun cuando el demandante tuviera causa de acción contra los demandados por virtud de la fianza, la prueba no demuestra que sufriera perjuicio a consecuencia del embargo y, por tanto, no tiene derecho a reclamar can-tidad alguna a los demandados.

Examinemos el primer fundamento. Exponiéndolo, la corte sentenciadora se expresa así:
“La demanda en este caso va dirigida únicamente contra los fia-dores Miguel Correa y Gabriel Terrasa que lo fueron de Santos Gil de Lamadrid, para obtener el aseguramiento de la sentencia que pu-diera recaer en el pleito seguido por aquélla contra el demandante. En la demanda no se transcribe la fianza íntegramente, y se alega que los demandados en el caso actual, suscribieron una fianza por la cual se obligaron, mancomunada y solidariamente, por la suma de $500, a responder de los daños y perjuicios que pudieran irrogarse al en-tonces demandado y actual demandante, en el caso de resolverse en definitiva, no haber lugar a fallar en dicho pleito en contra del de-mandado.
“Con arreglo a los preceptos combinados de los artículos 1104 y 1723 del Código Civil revisado, idénticos a los artículos 1137 y 1822 del antiguo, la responsabilidad de los fiadores es subsidiaria, o sólo-para el caso de que el principal obligado resulte insolvente después de hecha excusión en sus bienes, a no ser que se hubiesen obligado soli-dariamente con el deudor principal, en cuyo caso pueden ser deman-dados en unión de éste.” Caso de El Pueblo v. Esteves, 12 D. P. R., 47.
“En el caso que nos ocupa, los fiadores no se obligaron solida-riamente con el deudor principal, que lo es la demandante en aquel pleito, puesto que ésta no suscribió ni intervino en la fianza y clara-mente resulta dé la alegación transcrita de la demanda, que la man-comunidad y solidaridad en el pago se establece en la fianza entre los fiadores que son los que suscriben la obligación y por consiguiente, es claro que la demanda es defectuosa y no expresa causa suficiente de acción contra los fiadores demandados, pues que en la misma-no se expresa, que la deudora principal resulte insolvente, y tampoco-se la demanda en unión de los fiadores.
“En demostración de esta deficiencia en la demanda, vamos a transcribir las siguientes palabras de la sentencia de nuestra Corte Suprema, en el casó de Lowande v. Otero & Co. et al., en el cual se ejercitaba igual acción que la presente, y se estableció la demanda contra la Sociedad Otero y Cía. como deudores principales, y los fia-dores en cobro de la fianza por perjuicios que se alegaban haberle causado Otero y Cía. con el embargo. Dice el Tribunal Supremo: ‘que los daños y perjuicios que a consecuencia del embargo se cau-saren al demandado (demandante -en el caso posterior), serán de la responsabilidad de. los fiadores, y por consiguiente, de los deudores principales también, pues que la responsabilidad de los unos y los otros es mancomunada y solidaria”

A nuestro juicio, el criterio sustentado por el juez sen-tenciador, es erróneo. La ley aplicable a este caso está con-tenida especialmente en el estatuto que regula el asegura-miento de las sentencias que puedan dictarse en los pleitos que se entablan en las cortes de Puerto Eico, (Estatutos revi-sados de Puerto Eico de 1902, p. 180), y en los preceptos del Código Civil revisado sobre la fianza legal y judicial. (Ar-tículos 1755, 1756 y 1757.)

La sección 4 de la ley sobre aseguramiento de sentencias, dice así:

“Si consta claramente en documento auténtico que la obligación es exigible, el tribunal decretará el aseguramiento sin fianza. En cualquier otro caso, exigirá fianza para decretarlo. La fianza que al efecto se prestare, responderá de los daños y perjuicios que se cau-sen al demandado por consecuencia del aseguramiento.”

T la cláusula pertinente de la fianza prestada, expresa:

“Por tanto, nosotros, * * * libre y espontáneamente garan-tizamos mancomunada y solidariamente la obligación que por la pre-sente fianza lia contraído el demandante en diclio pleito, respondiendo de la suma de quinientos dollars, para atender a los daños y perjui-cios que puedan irrogarse al demandado Pedro J. Muriente, en el caso de resolverse en definitiva no haber lugar a fallar en dicho pleito en contra del demandado.”

Se trata, pues, de una fianza judicial, de naturaleza dis-tinta, por su origen, a la voluntaria o convencional que tuvo sin duda en mente la corte de distrito al pronunciar su sen-tencia. Véase Manresa, Código Civil, vol. 12, p. 368.

Y en las fianzas judiciales, de acuerdo con el precepto expreso de la ley, el fiador no puede pedir la excusión de los bienes del deudor principal, circunstancia que en realidad le coloca en la condición de un fiador obligado solidaria-mente con el deudor. Véanse el artículo 1157 del Código Civil revisado y los Comentarios de Falcon sobre el Código Civil, vol. 4, p. 405.

Comentando Manresa el artículo 1856 del Código Civil antiguo, igual en un-todo al 1757 del revisado, se expresa como sigue:

“El precepto consignado en este artículo ha sido objeto -de larga controversia entre los tratadistas, y aun sigue dando lugar a encon-tradas opiniones en cuanto a su fundamento ya su justificación.
“Refiriéndose al artículo 1923 del Código de Italia, idéntico en 'un todo al que examinamos, dice Rieci que en el derecho, y aun en la equidad, se buscará en vano una razón suficiente a justificar la diversidad de tratamiento que se observa en dicho artículo, añadiendo que en él no hizo otra cosa el legislador que mantener un uso intro-ducido ya en la práctica sin detenerse a investigar si dicho uso se presentaba o nó bien justificado.
“Otros autores censuran también esta disposición, fundándose para ello en que la fianza es siempre una obligación accesoria, depen-diente de una obligación principal a cargo de una tercera persona, que es la que está sujeta en primer término a su cumplimiento, y que así como el fiador dado por precepto de la ley o por decreto del juez tiene las mismas responsabilidades que el dado en fuerza de la convención, debiera tener los mismos derechos y los mismos recur-sos que éste, por cuyo motivo dicen no se concibe por qué razón ptieda invocar uno el beneficio de excusión y el otro no.
“Pero los que tal opinión sustentan olvidan, sin duda, la noto-ria diferencia que existe en cuanto al origen de una y otra de dichas clases de fianza; diferencia que por sí sola basta para hacer impo-sible el ejercicio o la utilización del beneficio indicado, aun sin nece-sidad de apelar a la razón que dan los partidarios de la limitación impuesta por nuestro Código de que deben ser más fuertes los vín-culos y mayores las seguridades en las obligaciones que se contraen en el caso de la fianza judicial que en las otras clases, en considera-ción a la índole especial de las obligaciones aseguradas con ella.
“Esa especialidad de los intereses y derechos que los tribunales están en el deber de garantir, aconseja, en éfecto, asegurar por todos los medios que no se demore ni dificulte el cumplimiento de la obli-gación de fianza, a fin de que,-desde luego, la haga efectiva el fiador sin esperarse a depurar si el principal obligado tiene o nó bienes con que responder en primer término, ni a dirigir el procedimiento contra ellos, por la razón ya indicada en otra ocasión, de que muchas más garantías y mayor seguridad ha de ofrecer el fiador que el fiado cuando no basta la solvabilidad de éste, según lo demuestra la necesidad im-puesta por la ley o por los tribunales para el aseguramiento de dichos intereses y derechos.” Manresa, Cód. Civil, vol. 12, pág.- 369.

Si se examina cuidadosamente el caso de Lowande v. Otero & Cía. et al., 14 D. P. R., 571, citado por el juez sentencia-dor, se verá que es contrario a la teoría sustentada por dicho juez y está en un todo conforme con la regla de que los fia-dores se obligan solidariamente con el deudor en la fianza que se presta para obtener el aseguramiento de la sentencia que pueda dictarse en un determinado pleito.

Siendo esto así, debiendo partirse de la base de que los fiadores Correa y Terrasa se obligaron solidariamente con el deudor Santos Gil de Lamadrid a pagar al demandante los perjuicios que pudiera ocasionarle el embargo de sus bienes decretado para asegurar la afectividad de la senten-cia que pudiera dictarse en el pleito seguido por Santos Gil de Lamadrid contra el -aquí demandante, pudo éste dirigir su acción contra el deudor y los fiadores simultáneamente o contra cualquiera de ellos. Véanse los artículos lili y 1723 del Código Civil revisado.

Examinemos’ el segundo fundamento. Piemos estudiado cuidadosamente la prueba y no comprendemos en verdad cómo pudo concluir, la corte sentenciadora que no se ocasio-naron perjuicios a consecuencia del embargo.

El demandante era dueño de un carro con cuatro muías. No sólo era dueño sino que' lo explotaba personalmente en la conducción de provisiones, obteniendo un beneficio líquido de setenticinco pesos mensuales, tomando como base la decla-ración menos favorable a los intereses del demandante. Si por virtud del embargo se sacaron del poder del demandante su carro y sus muías y se le obligó a suspender la explotación de su negocio ¿cómo es posible suponer siquiera que no se le ocasionaron perjuicios?

El artículo 1073 del Código Civil prescribe que la indem-nización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que liaya' sufrido, sino también el de la ganan-cia que haya dejado de obtener el acreedor.

¿No es lógico concluir que si no hubiera sido por el embargo, el demandante hubiera continuado explotando su nego-cio y ganando lo mismo que ganaba? A nuestro juicio lo es, y, por tanto, estimamos que puede y debe tomarse como base para calcular la ganancia dejada de obtener por el deman-dante, la obtenida anteriormente en un- período de tiempo igual, bajo idénticas circunstancias. . Desde el 25 de marzo en que se practicó el embargo hasta el 13 de julio en que se devolvieron el carro y las muías al demandante, transcu-rrieron tres meses y veinte días. Calculadas las ganancias a razón de 75 pesos mensuales, una mera operación aritmé-tica permite concluir que el demandante dejó de ganar 275 pesos, que tiene derecho a reclamar como la justa indemni-zación de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del embargo. También opinamos que tiene derecho a percibir el demandante la suma de 37 pesos veinte centavos que se vió obligado a satisfacer al marshal de la corte municipal por el depósito de las muías durante el tiempo que duró el embargo. En cuanto a los honorarios de abogado, como no se expresa con toda claridad los que se pagaron por virtud del embargo únicamente, no puede, ordenarse su reintegro.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, procede, como es natural, la revocación de la sentencia. Ahora, bien ¿a quién debemos condenar directamente al pago de las su-mas indicadas ?

Como hemos visto, este pleito se tramitó primero en una corte municipal y ésta condenó a los demandados a pagar al demandante solamente la suma de $97.26 y no la de $547.20 reclamada en la demanda. Uno de los demandados no apeló. Tampoco apeló el demandante. Se limitó a hacerlo el deman-dado Terrasa. Sometido el caso a la corte de distrito, sólo intervinieron en el nuevo juicio el demandante y el deman-dado Terrasá. .La corte desestimó totalmente la demanda. Y apeló entonces el demandante para ante esta Corte Su-prema, notificando su escrito únicamente al demandado Te-rrasa.

¿Podía dictarse en la corte de distrito nna sentencia que empeorara la situación del demandado apelante? A nuestro juicio podía, porque por virtud de las apelaciones de las sen-tencias dictadas por las cortes municipales para ante las de distrito, el juicio se celebra de novo, no debiendo, en tal vir-tud, revocarse, confirmarse o modificarse la sentencia ape-lada, sino dictarse- otra nueva basada en las alegaciones y las pruebas hechas y practicadas en la corte" de apelación.

¿Era necesario notificar el escrito de apelación para ante esta Corte Suprema, al otro demandado ? • A nuestro jui-cio lo hubiera sido y el dejarlo de hacer hubiera servido de base para desestimar el recurso, a no tratarse como se trata en este caso, de deudores solidarios. La actitud del deman-dante al aceptar el nuevo juicio en la corte de distrito con-tendiendo solamente con uno de los deudores solidarios y al notificar a ese solo fiador su apelación, implica que esco-gió entenderse con él únicamente. En su consecuencia al dictar esta Corte Suprema la sentencia que debió haber pro-nunciado la corte de distrito, debe limitarse a condenar al demandado Terrasa. Este podrá establecer contra sus codeu-dores las reclamaciones que procedan de- acuerdó con la ley.

Debe revocarse la sentencia apelada y condenarse al de-mandado Terrasa a pagar al demandante la suma de tres-cientos doce pesos, veinte centavos, e intereses contados a partir de la fecha de la interposición de la demanda, sin especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y pronunciada otra condenando al demandado Gabriel Te-rrasa, sin costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cofresí et al. Acusados y Apelantes.
    ApelacióN procedente de ¿a Corte de Distrito de Mayagüez en cansa por delito de conspiración.
    No. 845.
    Resuelto en julio 9, 1915.
    Conspiración — Incendio—Examen de las Pruebas — Hecho de la Conspira-ción. — Eraneiseo Cofresí era dueño de un establecimiento de comercio en que ocurrió un incendio, y Bernabé Acevedo uno de sus empleados. La única prueba del hecho en contra de Acevedo fue de que vivía detrás del establecimiento; que en la noche del fuego ambos acusados se quedaron en la tienda después que todas las demás personas se habían retirado; y que al ser requeridos por el Riscal para explicar el motivo de encontrarse allí materiales de combustión sospechosos, ellos nada dijeron. Se resolvió: que esto a lo sumo sería una prueba muy insuficiente de haber ayudado o asistido Acevedo a Cofresí en los preparativos del fuego, pero no probaría que Acevedo a sabiendas ayudó a Cofresí a cometer un delito, y siendo dos los acusados y faltando la cooperación de uno no hay prueba de conspiración.
    Los lieclios están expresados en1 la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Esta fue una acusación contra Francisco Cofresí y Ber-nabé Acevedo por conspiración para cometer el delito de destruir bienes -asegurados por medio de incendio. Varias son las cuestiones que han sido promovidas y que no és nece-sario considerar, pues el caso debe ser revocado por el defecto fatal de no probarse la conspiración. Puede presumirse en pro del argumento que -hubo prueba tendente a establecer el hecho de que Francisco Cofresí era culpable por haber pegado fuego a sus mercancíás para cobrar el aseguro lo cual constituye un delito penado por el artículo 478 del Código Penal. Cofresí era el dueño de un establecimiento de comer-cio y Bernabé Acevedo uno de sus empleados. La única prueba en contra de Acevedo era que vivía detrás del esta-blecimiento; que en la noche del fuego que tuvo lugar, Co-fresí y Bernabé se quedaron en la tienda después que todas las demás personas se habían retirado; y que al ser reque-ridos los acusados por el Fiscal para que explicaran el motivo de encontrarse allí los materiales de combustión sospechosos, ellos nada dijeron. Esto a lo sumo sería una prueba muy insuficiente, en tal caso, de haber ayudado o asistido Ber-nabé a Cofresí de algún modo vago o indeterminado en los preparativos del fuego. No probaría que Bernabé a sabien-das ayudó a Cofresí a cometer un delito. El pudo hasta haber ejecutado actos bajo las órdenes de Cofresí y a pesar de esto no ser partícipe en el delito (particeps criminis). El depen-diente podría hasta haber tenido sospechas o conocimiento de las intenciones criminales de su principal. De cualquier acto manifiesto, de cualquier acuerdo, expreso o tácito, com-binación o connivencia entre Cofresí y Bernabé, no existe la más leve prueba bien sea directa o circunstancial.

La dificultad con que tropezamos en muchos de nuestros casos en la de que temiendo los Fiscales que los jurados no darán veredictos por incendios o delitos semejantes procu-ran hacer caso omiso del jurado formulando acusaciones por conspiración, delito que frecuentemente es muy difícil pro-bar. Si en cualquier comunidad el jurado no ha de dictar veredicto por un delito de incendio el resultado de esto pronto dejará sentir sus efectos en toda la comunidad. Por distin-tos motivos la propiedad será destruida. Las compañías de aseguro no asegurarán o de otro modo sus tarifas serán tan altas que resultarán prohibitivas. Tiene que ser una comu-nidad rara la que por mucho tiempo' tolere semejantes abu-sos o sea condescendiente con los jurados como ciudadanos que dejen de condenar cuando se haya perpetrado verdade-ramente un incendio. Una vez se creyó que los jurados no emitirían un veredicto en un caso de pena capital, o no con-denarían por perjurio o soborno, pero los hechos han demos-trado lo contrario. Debe revocarse la sentencia y absolverse a los acusados sin perjuicio de que pueda formularse otra acusación contra el acusado Cofres!

Revocada la sentencia apelada y absueltos los acusados sin perjuicio de que pueda formu-larse cualquier otra acusación contra. el acu-sado Francisco Cofresí de acuerdo con la ley.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado SR. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Diodonet, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por. delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 831.
    Resuelto en julio 10, 1915.
    Denuncia — Juramento de la Denuncia. — La cuestión de si una denuncia está o nó debidamente jurada debe promoverse en la corte inferior.
    Prueba- — -Actos Anteriores o Delitos. — La mera prueba de actos anteriores o delitos no tiende a establecer la existencia de un acto posterior o delito.
    Id. — Objeciones a Preguntas de un Testigo Propio — Promesa de Prueba.— Si una pregunta que se dirige a un testigo propio es objetada, debe ofre-cerse demostrar lo que se intenta probar con su contestación, si es que se desea oponerse a la eliminación de la pregunta, cuando el objeto de la misma no es claro y la pregunta no indica si la contestación del testigo ha de ser material, pertinente o adecuada; pero cuando de la pregunta misma aparece su objeto, y la materialidad de la prueba que trata de ponerse de manifiesto, no es necesario hacer la promesa de la prueba.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Prueba—Ata-ques Sufridos por la Denunciante — Promesa de Prueba. — Cuando la evi-dencia tiende a demostrar que un adulto acometió y agredió a una mujer tirándola contra el suelo y agrediéndola mientras tanto, la pregunta hecha a un testigo referente al número de ataques que había padecido la denun-ciante agredida, no era suficiente a falta de una promesa {offer) más ter-minante. '
    Prueba Contradictoria — Conflicto de la Prueba — Testigos—Contradicciones Entre los Testigos de Una Misma Parte. — El principio de que el con-flicto en la prueba debe ser resuelto por la corte inferior, es aplicable no sólo cuando existe contradicción entre los testigos de una y otra parte, sino también cuando los testigos de una misma parte se contradicen virtualmente los unos a los otros.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: 8res Tísol y Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado SR. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, que es un varón adulto, fué denunciado por haber acometido y agredido a Milagros Morales que es una mujer, pegándole con las manos y los pies, agarrándola por el cuello, causándole varias contusiones en el cuerpo y las manos. La vista del caso tuvo lugar en la corte municipal, celebrándose luego el juicio de novo ante la corte de distrito donde el acusado fué declarado culpable de un delito de aco-metimiento y agresión grave y condenado a tres meses de cárcel.

El primer error que ha sido alegado se refiere a que la denuncia no está jurada-debidamente. No consta, que esta cuestión haya sido promovida en la corte inferior. De todos modos la denuncia fué jurada por la denunciante aunque del documento aparece que un policía firmó por ella.

El segundo error alegado consiste en la negativa de la corte a admitir prueba tendente a acreditar el número de veces que la denunciante había padecido de ataques. El Fiscal había ofrecido prueba con el .objeto de mostrar el hecho de haber sido tirada la denunciante contra el suelo . por el apelante durante la lucha en que se hallaban, y que ella fué agredida por el acusado mientras estaba en el suelo. La defensa había presentado prueba tendente a demostrar que Milagros Morales, o sea la denunciante, cayó al suelo con un ataque. La corte se negó a admitir prueba con el fin de acreditar el número de ataques, por el fundamento de no ser perito médico el testigo que declaraba. No aparece de modo claro la pertinencia o materialidad de la prueba ofre-cida. Es una cuestión de sentido común como también un principio de evidencia, qne la mera prueba de actos anterio-res o delitos no tiende a establecer la existencia de nn acto posterior o delito'. Si la idea de la defensa era probar qne la denunciante tenía la costumbre de fingir para así bacer ver que tenía un padecimiento, debió haberse ofrecido a acre-ditar ese extremo. La prueba de anteriores ataques no tiende a acreditar que la denunciante pretendía estar agredida. Si la teoría de la defensa era que la denunciante sufría de alguna enfermedad, entonces fué correcta la resolución de la corte de que el testigo no era perito, a falta de una promesa {offer) más terminante. El principio está condensado en el tomo 38 de Oye., página 1329. “Sise formula objeción a la pre-gunta dirigida al propio testigo de la parte deberá ir ésta acompañada de la promesa de lo que se quiere probar con la contestación del testigo, si se desea formular objeción a la eliminación de la pregunta, cuando el objeto de ésta no es claro y la pregunta no indica si la contestación del testigo sería material, pertinente o adecuada; pero cuando la pre-gunta muestra su objeto y la materialidad de la prueba que se trata de poner de manifiesto, no es necesario hacer la pro-mesa de probar.” En este caso no era manifiesto el propó-sito, particularmente porque la prueba tendía a mostrar que el acusado continuó atacando a la denunciante «después de estar ésta en el suelo. Algunos de los casos pertinentes son el de De Forest v. United States, 11 App. D. C., 461, en cuyo caso la corte dice:

“En tui estado posterior del juicio se trató a nombre de la de-fensa de poner de manifiesto por medio de un testigo que fué llamado por esa parte, el relato que a ella le hizo un testigo que antes había declarado y que fué llamado por el Fiscal, relativo a las razones por las cuales había declarado así. Esto fué rechazado, por la corte inferior por resultar que nadie más estaba presente durante la conver-sación. No es necesario que nos detengamos a considerar si el fun-damento que aquí se ha aducido para excluir la prueba propuesta era o nó correcto. Ciertamente que de los autos no aparece que haya habido error en cuanto a esto. No consta cómo podía ser pertinente en alguna forma la prueba propuesta. No existe promesa específica de prueba como debió haberse becbo, si es que el objeto era. basarse eu dicba prueba; siendo imposible inferir de los autos cuál es su objeto, a menos que éste fuera el de impugnar la credibilidad del anterior testigo; y para eso no se babía establecido base suficiente •en el interrogatorio becho al testigo que se trató de impugnar.”

Y también el de Pickford v. Talbott, 28 App. D. C., 505.

El único otro error que ha sido alegado es que la senten-cia no está sostenida por la prueba. Los abogados del ape-lante conocen bien la jurisprudencia de este tribunal en la cual se establece que cuando hay un conflicto en la prueba, como se admite que existe en este caso, deberá éste ser re-suelto por la corte inferior, pero alegan dos razones espe-ciales que someten a nuestra consideración en este caso. La primera es que los testigos de la acusación se contradicen virtualmente los unos a los otros. Podría admitirse esto y ■observarse todavía el principio de que tal conflicto debe ser resuelto por la corte inferiqr en la misma forma que cuando hay contradicción entre los testigos de una y otra parte. Pero .aunque hubo discrepancia en los detalles de cada una de las ■declaraciones de los testigos del gobierno, todas sus decla- . raciones tienden, sin embargo, a sostener la denuncia, o sea, que el apelante había agredido severamente a la denunciante. La otra materia especial es que los testigos de la acusación no son dignos de crédito por ser una prostituta la denun-ciante, completamente inmoral, uno de los testigos su que-rido, otro una mujer compañera suya, y todavía otra que era amiga de su querido. Estas objeciones van dirigidas al peso de la prueba. Llama la atención el apelante hacia el carácter más digno de crédito de sus propios testigos, pero el Fiscal alega que éstos eran guardias compañeros del ape-lante. Estos no estaban muy cerca del lugar del suceso y no presenciaron todos los hechos que fueron referidos por los testigos de la denunciante, de manera que la corte debe haber creído que ellos no vieron gran cosa de lo que pasó. La prueba presentada por ambas partes fué considerada o aqui-latada por la corte inferior, y no vemos qne Raya habido pasión, prejuicio n ’ otro elemento qne justifique una revo-cación.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez PbesideNte Sb. IíebNÁNdez,

text:
    Machuca e Hijos & Co., Recurrentes, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Kecueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción 'de una escri-tura .de venta de finca rústica.
    No. 219.
    Resuelto en julio 10, 1915.
    Alegato del Registrador — Nota al Pie del Documento Presentado — Motivos Legales de la Nota. — No es en el alegato donde un registrador debe con-signar los motivos legales de la resolución, sino que por precepto impera-tivo de la ley sobre recursos contra las resoluciones de los registradores de la propiedad, de marzo 1, 1902, es deber suyo exponer al pie del docu-mento clara y concisamente los motivos legales de su negativa, sobre los cuales podrá luego ante esta Corte Suprema exponer los razonamientos que estime convenientes en justificación de su proceder.
    Venta Judicial — Escritura Otorgada por el MArshal — Debido Procedimiento de Ley — Inscripción en el Registro. — Cuando en la escritura otorgada por el márshal sobre venta judicial no se diee cuál fué el procedimiento seguido para el cobro del crédito hipotecario, si- el sumario especial que autoriza la Ley Hipotecaria o el ordinario establecido por el Código de Enjui-ciamiento Civil, ni si el procedimiento fué seguido en rebeldía del deman-dado, ni-cómo fué emplazado éste, ni cual fué la sentencia dictada, ni si la orden de subasta fué librada al márshal para la ejecución de la senten-cia, tal escritura no revela que se haya seguido el debido procedimiento de ley, lo que necesita saber el registrador para poder calificar el documento.
    Id. — Referencia al Procedimiento — Transcripción del Procedimiento. — No es bastante que en una escritura de venta judicial el notario haga referen-cia al procedimiento habido ante la corte, sino que deben presentarse las copias de aquellos procedimientos que sean necesarios al registrador para que pueda tener la oportunidad de saber si se ha cumplido con la ley, o deben transcribirse en la escritura tomándolos de sus originales o de copias debidamente expedidas y certificadas, pues sólo así podrá quedar protegido el derecho de un comprador subsiguiente.

      Otorgamiento de Escritura — Conocimiento de los Otorgantes — Ee que Debe Dar el Notario Autorizante — Conocimiento Personal. — Cuando en la escritura eonsigna el notario que conoce a los comparecientes y le eonstan sus circunstancias personales, terminando el documento con la fórmula co-rriente “de todo lo cual doy fe,“ ello es suficiente para demostrar que el notario autorizante dió fe del conocimiento de los otorgantes. Véase del Valle v. TSl Registrador, 16 D. P. R., 794.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Celestino Domínguez Rubio.

    El registrador recurrido, Sr. Felipe Cuchí, compareció en nombre propio.
   El Juez PbesideNte Sb. IíebNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de Guayama la escritura de venta de dos fincas rús-ticas otorgada en 21 de enero de 1914 (sic) ante el Notario Celestino Domínguez por.. Tomás Escalera, Marshal de la Corte de Distrito de Guayama, a favor de la mercantil A. Machuca e Hijos y Compañía, representada por su socio Salvador García y Díaz, el registrador denegó la inscripción por medio de nota que copiada a la letra dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento por no apa-recer del mismo que se hayan guardado las solemnidades estable-cidas en el Código de Enjuiciamiento Civil para ordenar la venta en-pública subasta de los bienes del demandado Victoriano Marcial y no dar fe el notario autorizante del conocimiento de los otorgantes, haciéndose constar también el defecto subsanable de venir equivo-cada la fecha del título, y de que según el registro y respecto de la finca de 14% cuerdas, el D. Victoriano Marcial aparece con el segundo apellido de incógnito. Y tomada anotación preventiva de la dene-gación por término de 120 días de conformidad con la Ley de Io. de marzo de 1902, al folio 187"del tomo 22 de Cayey, finca No. 1332, ano-tación letra A y al folio dos vuelto del tomo 31 de Cayey, finca No. 1767 anotación letra A. Guayama, febrero once de mil novecientos quince.' El Registrador, Felipe Cuchí Arhau.”

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema por la sociedad compradora A. Machuca e Hijos y Compañía.

Quéjase con razón la parte recurrente de-que el registra-dor no lia puntualizado los defectos de que adolece la escri-tura cuya inscripción 'ha sido denegada, si bien posterior-mente vino a tener conocimiento por el mismo registrador de que esos defectos consistían en no aparecer de la escri-tura que el demandado hubiera sido debidamente emplazado y en no insertarse en la escritura la. sentencia dictada en el caso que motiva el recurso.

El registrador en su alegato sostiene la existencia de tales defectos. No es en el alegato donde el registrador debe con-signar los motivos legales de su resolución, sino que por precepto imperativo de la ley sobre recursos contra las reso-luciones de los registradores de la propiedad aprobada en marzo Io, 1902, es deber suyo exponer al pie del documento clara y concisamente los motivos legales de su negativa, sobre los cuales podrá luego ante esta Corte Suprema, exponer' los razonamientos que estime convenientes en justificación de su proceder.

Examinada la escritura que motiva la nota recurrida, ella muestra prima facie que en pleito seguido ante la Corte de Distrito de Guayama por A. Machuca e Hijos y Compañía contra Victoriano Marcial Rodríguez y su esposa Mareolina González en cobro de un crédito hipotecario por la suma de $1,269.23 de capital, intereses al 1 por ciento mensual y $200 para costas, desembolsos y honorarios de letrado, se expi-dió al marshal una orden por el secretario de dicha corte para que vendiera en pública subasta los bienes hipotecados que en la misma se describen y con su producto pagase a la sociedad demandante las sumas reclamadas; ■ que en cum-plimiento de tal orden se fijaron edictos anunciando la venta en pública subasta; que se señaló para el acto del remate el día 8 de enero del corriente año .a las trés de la tarde; y que las fincas subastadas fueron adjudicadas a la parte de-mandante, una de ellas por la suma de $515 y la otra por $180, cantidades que le serían abonadas a cuenta del crédito recla-mado. t

La escritura no dice cuál fué el procedimiento seguido para el cobro del crédito hipotecario, si el sumario especial que autoriza la Ley Hipotecaria o el ordinario establecido por el Código de Enjuiciamiento Civil, ni si el procedimiento fué'seguido en rebeldía del demandado, ni cómo fué empla-zado éste, ni cuál fué la sentencia que fué dictada, y lo que es más importante aún, si’ la orden de subasta fué librada al márslial para la ejecución de dicha sentencia.

• Al resolver en 14 de abril del corriente año el caso de Francisco Ortiz G-erena contra el Registrador de la Propie-dad de G-uayama, dijimos:

“Como la validez del título del comprador depende de que se baya seguido el debido procedimiento de ley, opinamos que en la escri-tura cuya inscripción ba sido denegada debió probarse al menos que la corte adquirió jurisdicción sobre la persona de los demandados, e insertarse en todo caso la resolución final dictada que dió motivo a la venta becba por el marshal. ”

La escritura no revela que se haya seguido el debido pro-cedimiento de ley. El registrador para calificar el documento necesita saber si se ha seguido el debido procedimiento de ley; y para ello, como ya dijimos al resolver en 24 de diciem-bre de 1914 el caso de Orcasitas v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, 21 D. P. R., 553, no es bastante con que el notario haga referencia al procedimiento habido ante una corte de distrito, sino que deben presentarse las copias de aquellos procedimientos que sean necesarios al registrador para que pueda tener la oportunidad de saber si se ha cum-plido con la ley, o deben transcribirse en la escritura tomán-dolos de sus. originales o de copias, debidamente expedidas y certificadas, pues sólo así podrá quedar protegido el dere-cho de un comprador subsiguiente.

En cuanto al defecto de no dar fe el notario autorizante del conocimiento de los otorgantes, en la escritura de que se trata, consigna el notario que conoce a los comparecientes y le constan .sus circunstancias personales, terminando el do-cumento con la fórmula corriente de todo lo cual doy fe.

No existe el anterior defecto, habiendo sido resuelto ya ese punto al decidir el recurso de Del Valle v. El Registrador do la Propiedad, 16 D. P. R., 794.

Los otros dos defectos consignados como subsanables en la nota lian sido reconocidos por el recurrente y por tanto es innecesario discutirlos.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota del Registrador de la Propiedad de (Juay ama de 11 de febrero-de 19.15, menos en la parte relativa al defecto de no dar feel notario autorizante de la escritura, del conocimiento cíe-las otorgantes.

Confirmada la nota recurrida menos en la parte relativa al defecto de no dar fe el no-tario del conocimiento de los otorgantes.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Hernández Mena, Peticionario, v. Foote, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez en una causa sobre indemnización.
    No. 152.
    Resuelto en julio 10, 1915.
    Intereses — Sentencias—Intereses Desde la Fecha de la Sentencia — Deber del Secretario. — El artículo 341 del Código de Enjuiciamiento Civil impone al secretario del tribunal sentenciador el debeT de incluir en el registro de la sentencia, y por tanto en el mandamiento para la ejecución de ésta, los intereses correspondientes a la misma desde la fecha en que se dietó, aun cuando en la deeisión rendida por el juez no se hubieran incluido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El peticionario compareció en nombre propio.
    El demandado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Hernández Mena fue condenado por la Corte de Distrito de "Mayagüez en 31 de octubre de 1913 a pagar a José Benet Colón como indemnización de daños y perjui-cios la suma ele $2,000 sin especial condenación de costas, sen-tencia que fue confirmada por este Tribunal Supremo.

Para su cumplimiento el secretario de dicta corte de dis-trito espidió mandamiento al marshal para hacer efectiva la cantidad de $2,000 con intereses a razón del 6 por ciento desde octubre 31 de 1913.

En Io. de julio de este año dicho sentenciado Hernández Mena pidió a la corte de distrito dictase una orden declarando nulo el mandamiento, de ejecución a que se hace referencia y el embargo de bienes que se había trabado porque sin causa lícita se ordenaba el cobro de intereses no debidos, ya que la sentencia condenatoria es solamente por $2,000; petición que después de oídas las partes resolvió la corte desestimán-dola por el fundamento de que de acuerdo con el artículo 341 del Código de Enjuiciamiento Civil había derecho a los inte-reses correspondientes a la cantidad adeudada desde la fecha en que se dictó la sentencia, siendo* correcto que el secreta-rio lo hiciera en el mandamiento de ejecución.

Contra esta resolución ha interpuesto Agustín Hernández. Mena recurso de certiorari contra el Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez a fin de que revisemos y anulemos.la expresada orden.

El artículo 341 citado por el juez inferior impone al secre-tario del tribunal el deber de incluir en el registro de la senten-cia los intereses correspondientes a la misma desde la fecha en que se dictó: el derecho a esos intereses ha sido creado por el .artículo 341 citado y es un deber ministerial del secre-tario, por lo que aunque la sentencia no condenó expresamente al pago de esos intereses, tenía el secretario el deber de que se hicieran efectivos aun cuando en la decisión rendida por el juez no se hubieran incluido. Golden Gate Co. v. Joshua Hendy Machine Work, 82 Cal., 184; San Joaquín Land, etc., Co. v. West, 99 Cal., 345, y Barnhart v. Edwards, 128 Cal., 572.

El auto de certiorari que se solicita debe ser negado.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.