author: El Jtjez Asociado Sr. Aldeey,

text:
    Torres, Demandante y Apelante, v. Pons, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reivindicación y cobro de frutos.
    No. 1423.
    Resuelto en julio 27, 1916.
    Títulos — Falta de Inscripción en el Registro — Ley Hipotecaria. — Cuando el título del demandado no está inscrito en el registro de la propiedad no existe cuestión alguna que tenga relación con la Ley Hipotecaria.
    Reivindicación — Venta por Persona Distinta del Dueíío — Documento Pri-vado — Escritura Pública. — Cuando en una acción reivindicatoría para reco-brar una casa que está poseyendo el demandado y para que le rinda cuenta de los alquileres desde que la posee resulta de la prueba que la persona de quienes obtuvieron sus títulos el demandado y sus antecesores, aun cuando por escritura pública no era dueña del inmueble-vendido, no podía trans-mitir la propiedad de él, y por tanto el documento privado en que funda el demandante su derecho de propied'ad sobre el inmueble, surte efecto desde que se otorgó y no desde que fué presentado como prueba en juicio, no • teniendo aplicación al caso el artículo 1195 del Código Civil.
    Escritura Pública — Documento Privado — Presunción de Autenticidad. — La escritura pública no tiene otra ventaja sobre el documento privado que la presunción de ser auténtica, que se otorgó el contrato que en ella se consigna y en la fecha que expresa, pero no confiere el dominio a quien no adquiere del dueño.
    Documento Privado — Pecha del Documento — Otros Elementos de Prueba— Tercero. — El artículo 1195 de] Código Civil es de estricta aplicación cuando no hay más prueba de un acto o contrato que el documento privado pero no se opone a que unido a otros elementos de prueba se estime probado 'en perjuicio de terceros el acto o contrato a que se refiere.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Eduardo Flores Colón.

    El apelado no compareció.
   El Jtjez Asociado Sr. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Eduviges Torres estableció acción reivindicatoría para re-cobrar una casa que está poseyendo el demandado y para que le rinda cuenta de los alquileres desde que la posee, y dictada sentencia en contra de sus pretensiones por la Corte de Distrito de Ponce conociendo en grado de apelación, esta-bleció el presente recurso en el que no ha comparecido el apelado.

Para justificar la demandante la acción que ejercita pre-sentó en el juicio prueba documental y testifical, consistiendo aquélla en un documento privado según el cual en 31 de marzo •de 1910 Silvestre Verges como dueño de la casa en cuestión por haberla construido en el año 1908 la vende a Carlos Espi-net por precio recibido; documento en el que con fecha 10 de junio de 1910 hace constar Carlos Espinet que pasa en venta la casa a Eduviges Torres también por precio recibido. También presentó la demandante otro documento en el que en 18 de noviembre de 1911 hace constar América Capó haber recibido de Eduviges Torres el pago del alquiler del solar donde tiene su casa en la calle del Jobo de Ponce. Ambos documentos fueron admitidos para darle el valor que tengan.

En cuanto a la prueba testifical la demandante declaró que- en 1910 compró la casa a Carlos Espinet estando enton-ces situada en terrenos del municipio y que posteriormente la trasladó a la calle del Jobo en el barrio de Nuevo París, añadiéndole entonces algunos departamentos; que la vivió basta septiembre de 1911 en que se ausentó para San Jiian dejándola al cuidado de su hijo Bartolo Torres, la mitad con sus muebles y la otra mitad alquilada a Joaquín Girón; que al regresar de San Juan en 1914 con motivo de la enferme-dad y muerte de su dicho hijo, se encontró con que la poseía el demandado; que su hijo le enviaba a San Juan cuatro dóla-res mensuales por el alquiler y que no ha vendido su casa ni autorizó a su hijo para venderla.

Carlos Espinet declaró ser cierto el documento privado de venta presentado y que en la fecha que en él se expresa vendió la casa a la demandante a la que también ha vendido pinturas y maderas para esa casa.

Joaquín Girón alquiló media casa a la demandante, es-tando la otra mitad ocupada con muebles de ella; la vivió seis meses y pagaba el arrendamiento a Bartolo Torres como encargado por ella para cobrarlos, quien le entregaba los reci-bos a nombre de su madre y que la casa era vieja pero tenía composiciones nuevas.

Elias Rengel es carpintero y declaró que trasladó la casa desde los terrenos del municipio al barrio Nuevo París, ha-ciendo el contrato con Bartolo Torres estando presente la madre.

Salvador Más fué alquilado por Eduviges Torres para hacer un trabajo de carpintería en una casa de ella situada en Nuevo París y le agregó algunas departamentos: vivió al lado de esa casa y siempre la conoció como dueña de ella y como vecina.

La prueba de la parte demandada consistió en los testi-monios notariales de los contratos de compraventa, todos en escrituras públicas, por los cuales Bartolo Torres vendió dicha casa en 1912 como construida por él a Ramón Flores, éste a José Alvarado de quien la hubo luego Julio O. Conesa el que a su vez la vendió al demandado Pons en 8 de agosto de 1914.

Con tales pruebas la corte inferior declaró sin lugar la demanda fundándose en que la prueba principal del título de la demandante consiste en un documento privado que tiene fecha escrita de junio 18 de' 1910, pero que sólo fue presen-tado por primera vez en 17 de abril de 1915 en la Corte Municipal de Ponce con motivo de la primera vista del caso, que no fué reconocido antes ante ningún notario, ni había estado archivado en ninguna oficina pública antes de esa fecha y que habiendo presentado el demandado como título una escri-tura de 8 de agosto de 1914 y las otras escrituras que se han mencionado, de acuerdo con el artículo 1195 del Código Civil y el caso de Córdova v. Surís, 19 D. P. R. 1180 no puede con-tar la fecha del documento privado con respecto al deman-dado a' quien considera tercero sino desde dicha fecha en la cual tenía ya el demandado como título una escritura pú-blica que lleva fecha auténtica.

El título del demandado no está inscrito en el registro de la propiedad y por consiguiente no existe cuestión alguna en este pleito que tenga relación con la Ley Hipotecaria.

Como de la prueba resulta que Bartolo Torres no era dueño de la casa que. es objeto de este pleito, es claro que no transmitió la propiedad de ella a las personas que traen título de él porque nadie puede dar lo que no tiene, por lo que el documento privado de la demandante surte efecto desde que se otorgó y no desde que fué presentado como prueba en el juicio, no teniendo aplicación en este caso el artículo 1195 del Código Civil dispositivo de que la fecha de un documento privado se contará respecto a terceros desde el día en que se ha incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firma-ron, o desde el día en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. El hecho de que el demandado y sus antecesores en derecho compraran por documento público no les da el dominio no teniéndolo Bartolo Torres de donde se derivan sus adquisiciones porque la escritura pública no tiene otra ventaja sobre el documento privado que la presunción de ser auténtico, que se otorgó el contrato que en él se con-signa y en la fecha que expresa, pero no confiere el dominio a quien no adquiere del dueño. El caso de Córdova v. Surís, supra, tampoco tiene aplicación porque allí las partes que se creían con derecho a la cosa adquirieron de los que com-ponían la sociedad conyugal que era la dueña, y, por tanto, sus títulos procedían del mismo tronco.

Además, de acuerdo con la doctrina del caso de Longpré v. Wolff, 23 D. P. R. 27, el artículo 1195 es de estricta aplicación cuando no ña.y más prueba de un acto o contrato que el documento privado, pero no se opone a que unido a otros elementos de prueba, como en este caso, se estime pro-bado en perjuicio de tercero el acto o contrato a que refiere el documento privado, doctrina que se baila robustecida ade-más de las sentencias que cita con la de 9 de julio de 1904 del Tribunal Supremo de España.

Pero aunque fuera de aplicación dicbo artículo 1195 y la fecba del documento privado debiera contarse desde que se presentó en juicio, siempre resultaría que la demandante probó que en tal fecba era dueña de la casa y que el deman-dado no tenía la propiedad de la misma toda vez que como Iremos dicbo, probó que su título dimana de una persona que no era dueña de lo que vendió.

En consecuencia la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando que la demandante es dueña de la casa que reclama y que el demandado la deje a su libre disposición y le pague por sus frutos a razón de cuatro dóla-res por mes a partir del 8 de agosto de 1914 desde cuya fecba la posee, sin especial condena de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando con lugar la demanda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutcbison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    Iturrino, Demandante y Apelado, v. Iturrino, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre reclamación de participación hereditaria y nulidad de actuaciones.
    No. 1378.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Registro Civil — Nacimientos, Matbimonios y Defunciones — PArrocos En-cargados antes de 1885 — Inspección del Prelado. — El registro civil, antea de que comenzaran a regir en enero de 1885 por decreto del Gobierno español la ley y reglamento sobre el particular, estaba a cargo de los párrocos res-pectivos bajo la inspección del prelado, quien en las visitas que giraba a los pueblos de la diócesis examinaba los libros parroquiales en que se asen-taban las partidas de nacimientos, matrimonios y defunciones.
    Ministros de la Religión Católica — Funcionarios Públicos Auxiliares del Estado — Separación de la Iglesia y el Estado. — Como regla general, los ministros de la religión católica, por su institución, misión, dotación, fun-ciones, orden de categorías legalmente reconocido, y servicios legales que prestaban, constituían durante la soberanía española una clase del Estado. Tanto los párrocos como su prelado eran funcionarios públicos auxiliares del Estado. El cambio de soberanía trajo consigo la separación de la Iglesia y del Estado.
    Hijos Naturales — Reconocimiento—Registro Civil antes de 1885 — Requisitos del Registro. — Como consecuencia de estar el registro civil antes de 1885 a cargo de los párrocos bajo la inspección del prelado, actuando éste y aquéllos como funcionarios públicos, sus funciones, en cuanto a las partidas de bautismo, eran extensivas al contenido de dichos documentos. En éstos debían hacer constar los párrocos, entre otras circunstancias, quiénes eran los padres del niño y la clase de filiación de éste, de modo que si era hijo natural su padre podía reconocerlo ante el párroco, y haciéndolo en forma debida era eficaz en derecho.
    Id. — Expediente de Reconocimiento de Filiación Natural — Nota Marginal— Facultades del Superior Gobierno Eclesiástico — Bautismo.—En el año de 1884, el Superior Gobierno Eclesiástico tenía facultad para ordenar a solicitud del padre la instrucción de un expediente sobre reconocimiento de la filiación natural del hijo para que ese reconocimiento se hiciera constar por medio de nota marginal en la partida de bautismo ya extendida, cuando el padre no había hecho el reconocimiento en la misma partida, desde cuyo momento la partida de bautismo y la nota marginal venían a ser no solamente la prueba del bautismo y de la fecha de su celebración, sino también del reconocimiento del hijo.
    Id. — Reconocimiento Auténtico y Fehaciente. — Las cortes se inclinan siempre a favor del hijo natural cuando el reconocimiento resulta claro y hecho públicamente, cualquiera que pueda ser la forma en que se verifique, siempre que quede de él constancia auténtica y fehaciente.'
    Id.- — Id.—Reconocimiento por Nota Marginal en 1884 en la Partida de Bau-tismo. — El reconocimiento de un hijo natural hecho en 1884 por medio de nota marginal puesta en la partida de bautismo por el párroco a virtud de expediente tramitado a solicitud del padre y por decreto del Superior Go-bierno Eclesiástico, es un reconocimiento voluntario y espontáneo y hecho en forma solemne, auténtica y fehaciente.
    Id. — Nulidad de Institución de Herederos — Preterición de un Hijo Natural — -Mejoras y Legados no Inoficiosos. — Con arreglo al artículo 802 del Código Civil es nula la institución de único heredero hecha por el padre en testamento a favor de un hijo legítimo con preterición de un hijo natural reconocido del mismo, aunque deben- sostenerse la validez y eficacia de me-joras y legados no inoficiosos hechos en el mismo.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. Juan de Guzmán Benitez.

    Abogados del apelado: Sres. José Sabater y Francisco Soto Gras.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por la demandada contra sentencia que en 3 de junio del año pró-ximo pasado 1915 pronunció la Corte de Distrito de Agua-dilla en el caso arriba expresado.

Alega el demandante en la demanda, su fecha 20 de octu-bre de 1914, que es hijo natural auténticamente reconocido del Dr. Juan Dionisio Iturrino Rivera en virtud de expe-diente y decreto emanado del Superior Gobierno Eclesiás-tico, de fecha 3 de octubre de 1884; que el mencionado doctor falleció en Cataño el día 8 de octubre de 1913 bajo testa-mento otorgado en esta ciudad de San Juan a 4 de julio de 1912, en el'que instituyó como única heredera a la demandada María Camila Teresa de Jesús Iturrino Rivera habida en su matrimonio con Micaela Rivera Ríos; que las operacio-nes divisorias del caudal relicto por el Dr. Iturrino Rivera fueron practicadas en 18 de mayo de 1914 por la viuda con el albacea contador y el defensor de la menor demandada, habiendo sido aprobadas por resolución de la Corte de Dis-trito de Aguadilla en 4 de junio de 1914 y protocoladas en la notaría del Licdo. Carlos Franco Soto; que en 17 de junio de 1914 falleció en Arecibo la cónyuge supérst-ite Micaela Eivera Eíos; y que ni en el testamento del finado Iturrino Eivera ni en las operaciones particionales de su caudal se ha hecho mención de los derechos hereditarios del deman-dante, habiendo sido privado así ilegalmente de la partici-pación hereditaria que le confiere la ley como hijo natural reconocido de su finado padre Dr. Juan Dionisio Iturrino Eivera.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia declarando: primero, que es nulo el testamento otor-gado por Juan Dionisio Iturrino Eivera en escritura de 4 de julio de 1912; segundo, que también es nula la partición de herencia del finado Dr. Iturrino; tercero, que el deman-dante tiene derecho a la participación hereditaria que le co-rresponde como hijo natural reconocido del mismo; y cuarto, que la demandada debe pagar costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

A la anterior demanda opuso la demandada excepción pre-via de que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, cuya excepción fué declarada sin lugar por orden de 2 de diciembre de 1914; y habiendo formulado ■contestación, negó el hecho primero de la demanda en cuanto se afirma que el demandante es hijo natural auténticamente reconocido del Dr. Juan Dionisio Iturrino Eivera, negando asimismo que Iturrino y Eivera haya otorgado algún docu-mento público en que reconozca como hijo natural al deman-dante. Las demás alegaciones consignadas en la demanda fueron admitidas por la demandada.

.Celebrado el juicio la corte dictó la sentencia apelada, por la que declaró con lugar las pretensiones del demandante.

La única cuestión legal a discutir en el presente recurso sobre el derecho que pretende tener el demandante a la heren-cia del Dr. Juan Dionisio Iturrino Eivera es la de si debe reputarse hijo natural reconocido de Iturrino y Eivera, lo que afirma el demandante y apelado y niega la demandada y apelante, alegando ésta en síntesis que la certificación pre-sentada como prueba para justificar el reconocimiento no constituye prueba auténtica y fehaciente de ese acto por la razón esencial de que la autoridad eclesiástica en la fecha del pretendido reconocimiento, como ahora, carecía de juris-dicción para resolver sobre el estado civil de las personas.

La prueba que aportó el demandante en el acto del jui-cio consiste, según el texto literal del escrito de exposición del caso, “en una certificación expedida por Don Carlos Ormaechea, Presbítero Notario del Obispado de Puerto Rico, en la cual consta que en el año de 1894 fué reconocido de acuerdo con las leyes ecleciásticas el demandante Luis Itu-rrino López como hijo natural del Dr. Don Juan Dionisio Iturrino.”

Nada se dice sobre el contenido de dicha certificación, y todo lo que en ella se omite debe entenderse en sentido favorable a la apreciación que de esa prueba hace el juez al con-signar en su opinión los fundamentos de la sentencia recu-rrida.

El .juez se expresa en los siguientes términos:

“De la evidencia documental resulta probadó que el Dr. don Juan Dionisio Iturrino y Rivera en escrito dirigido al Exmo. e Illmo. Señor Obispo de la Diócesis de Puerto Rico con fecha 8 de abril de 1884, fechado en el pueblo de San Sebastián, hace constar que habiendo de-terminado dar educación según sus circunstancias se lo permitan a un niño hijo suyo y de María de la Cabeza López cuya partida bautis-mal acompañaba, apareciendo en ella como hijo natural, ha creído de justicia dar su propio apellido a su referido hijo por las ventajas que esto pueda reportar tanto a él como a su madre en sociedad y, por tanto, que desea reconocer a su dicho hijo y dar su autorización para la constancia de dicho reconocimiento en los libros parroquiales; y de la partida bautismal a que se alude antes aparece que el niño euyo reconocimiento interesaba el solicitante se Rama Luis Felipe Augusto, hijo natural de María de la Cabeza López y el cual fué bautizado de edad de siete meses en la parroquia del pueblo de San Sebastián, el día 9 de marzo de 1879. Aparece asimismo de dicha certificación que comisionado el cura párroco de San Sebastián don Quintín O. Perdomo, Pbro. por la autoridad eclesiástica Diocesana para la práctica de las diligencias correspondientes al reconocimiento solicitado procedió dicho Cura primero a recibir la declaración de los testigos presentados por el promovente Dr. Don Juan Dionisio Iturrino habiendo compare-cido y declarado bajo juramento los testigos Doña María Cabeza López, madre del niño Luis Felipe Augusto, Don José María Lugo, Don Francisco Lugo, vecinos todos de dicho pueblo de San Sebastián y mayores de edad, los cuales fueron examinados a tenor de los particulares de la solicitud original presentada por el referido Dr. Iturrino, siendo contestes y conforme con los hechos expuestos en ella todas sus de-claraciones, y en tal concepto la Autoridad Superior Eclesiástica apro-bó dicho expediente por virtud de un decreto de fecha 3 de octubre de 1884, en el que se autoriza al referido cura de San Sebastián para que en la partida de bautismo del niño Luis Felipe Augusto que se encuentra en el libro 26 folio 78 vuelto proceda al reconocimiento en la conformidad que se solicita, expresando que lo verifica en virtud de este decreto. En conexión con este decreto aparece puesto al fin de la certificación de la partida de bautismo del niño de referencia, una nota marginal cuyo tenor literal es el siguiente: ‘Reconocido como hijo por el Dr. D. Juan Dionisio Iturrino en virtud del decreto ema-nado del Superior Gobierno Eclesiástico con fecha 3 de octubre de 1885- a solicitud del Dr. Iturrino y en cumplimiento de lo dispuesto por el Superior Gobierno Eclesiástico en el decreto citado que queda archivado para constancia. ’ ’

Como se ve, el Dr. Juan Dionisio Iturrino espontánea y voluntariamente reconoció en escrito dirigido a la auto-ridad superior eclesiástica de la Diócesis de Puerto Eico al demandante como, hijo natural suyo y de María de la Ca-beza López, y para que quedara constancia de ese reconoci-miento fué que solicitó la instrucción del expediente en que recayó el expresado decreto de 3 de octubre de 1884.

El gobierno eclesiástico no decidió contienda alguna sobre reconocimiento del niño Luis Iturrino López sino que se limitó a instancia del Dr. Iturrino a instruir expediente para dejar constatado el reconocimiento hecho por éste, accediendo a sus deseos. Cualquier cuestión litigiosa sobre estado civil era entonces, como es ahora, 'de la exclusiva competencia de los tribunales de justicia.

Y el Prelado Diocesano tenía facultades para proceder como procedió. El registro civil, antes de que comenzara a regir en enero de 1885 por decreto del gobierno español la ley y reglamento sobre el particular, estaba a cargo de los párrocos respectivos bajo la inspección del Prelado, quien en las visitas que giraba a los pueblos de la Diócesis exami-naba los libros parroquiales en que se asentaban las parti-das de nacimientos, matrimonios y defunciones. Tanto los párrocos como su Prelado eran funcionarios públicos auxi-liares del Estado. El Código Penal entonces vigente a vir-tud de Eeal Decreto de 23 de mayo de 1879, al definir y cas-tigar el delito de falsificación de documentos públicos por funcionario público, bacía responsable de ese delito al minis-tro eclesiástico que lo cometiera con relación a actos o docu-mentos que pudieran producir efectos en el estado de las personas o en el orden civil; y la Ley de Enjuiciamiento Civil entre los documentos públicos enumeraba las partidas o certificaciones de nacimiento, de matrimonio y de defun-ción, dadas con arreglo a los libros por los párrocos o por los que tuvieran a su cargo el registro civil. Como regla general, los ministros de la religión Católica por su institu-ción, misión, dotación, funciones, orden de categorías legal-mente reconocido, y servicios legales que prestaban, cons-tituían durante la soberanía española una clase del estado, según sentencias del Tribunal Supremo de España en mate-ria penal, de 29 de abril de 1885, y 13 de marzo de 1888.

Si el Obispo Católico Apostólico Eomano de Puerto Eico dejó de ejercer funciones públicas oficiales desde el cambio de soberanía que trajo consigo la separación de la Iglesia y del Estado, según dijimos al resolver en 20 de mayo de 1905 el caso de Díaz Coneja v. Marxuach, 8 D. P. R. 480, esta corte entendió que las ejercía durante la dominación española.

Como consecuencia de estar el registro civil a cargo de los párrocos bajo la inspección del prelado, actuando éste y aquéllos como funcionarios públicos, sus funciones, con-trayéndonos a las partidas de nacimiento, tenían que ser ex-tensivas al contenido de dichos documentos. En éstos debían hacer constar los párrocos entre otras circunstancias quié-nes eran los padres y abuelos del niño, la clase de filiación ■de éste, y los nombres de los padrinos; de modo que si el niño era hijo natural su padre podía bacer el reconocimiento ante el párroco, y haciéndolo en forma debida el reconocimiento era eficaz en derecho. Eseriche, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, tomo 3, página 58, y tomo 4, página 255, edición del año 1876.

En el caso de Rivera v. Cámara, 17 D. P. R. 528, dijimos que “una partida de bautismo en la que se expresa que el bautizado es hijo natural reconocido de otra persona, pero sin que se afirme que dicha persona hizo tal reconocimiento ante el sacerdote que autorizó la partida, ni se certifica que tal reconocimiento tuvo lugar en presencia de testigos que den fe de dicho reconocimiento, no es documento suficiente para acreditar el reconocimiento del interesado como hijo natural.” Luego, a contrario sensu, cuando tales circuns-tancias constan en el documento, debe reputarse éste sufi-ciente para acreditar el reconocimiento. Tal ocurre en el presente caso en que por nota marginal de la partida del nacimiento del demandante Luis Iturrino en cumplimiento de decreto del Superior Gobierno Eclesiástico se hizo cons-tar su filiación natural con relación al Dr. Iturrino, desde cuyo momento la partida de bautismo con la nota marginal vino a ser no solamente prueba del bautismo y de la fecha de su- celebración, sino también del reconocimiento del niño Iturrino.

Entendemos que una vez extendida y autorizada en el libro correspondiente una partida de bautismo, de matrimo-nio o de defunción, cesaban completamente las funciones del párroco, el cual no- podía hacer alteración alguna sino medi-ante orden de autoridad competente o del Obispado bajo cuya inspección estaban los libros parroquiales; ’pero si el padre del hijo natural no había hecho el reconocimiento en la misma partida con las formalidades debidas, le era permitido solici-tar su enmienda en el sentido de que por nota marginal se hiciera constar en ella dicho reconocimiento, a cuyo fin debía acudir al tribunal eclesiástico y presentar la solicitud expre-siva de su deseo, acompañando copia de la partida y pidiendo que se accediera a sn pretensión previas las diligencias nece-sarias para justificar que la reclamación era justa. Tratado Teórico-Práctico de Procedimientos Eclesiásticos por Don Francisco Gómez Salazar y Don Vicente de la Fuente, Tomo I, páginas 496 y 511, edición del año 1868. Así procedió en el presente caso el Dr. Juan Dionisio Iturrino.

En el caso de García et al. v. Garzot, 18 D. P. R. 866, aceptamos las facultades de la autoridad eclesiástica, refiriéndo-nos al año de 1895, para tramitar y resolver el expediente-sobre asentamiento de una partida de bautismo en el libro correspondiente; y siendo ello así, nos parece debemos admi-tir como consecuencia lógica que en el año de 1884 podía ordenar como ordenó aquella autoridad la instrucción del expediente sobre reconocimiento de la filiación natural del demandante para que ese reconocimiento se hiciera constar por medio de nota marginal en la partida de bautismo ya extendida.

Ni el escrito del Dr. Iturrino a la Autoridad Superior Ecle-siástica de la Diócesis de Puerto Rico, ni las manifestacio-nes en él contenidas, ni su firma puesta al pie de dicho escrito, ni las declaraciones de los testigos que depusieron en el expe-diente sobre reconocimiento, han sido impugnadas como su-puestas o falsas, y sólo se niega la autenticidad del recono-cimiento por falta de autoridad en el gobierno eclesiástico-de la diócesis para instruir y decidir el expediente de reco-nocimiento.

Opinamos que el reconocimiento fué voluntario y espon-táneo y hecho en forma solemne, auténtica y fehaciente. En todo caso siempre resultaría de poca importancia la cues-tión de si el tribunal eclesiástico tenía en realidad jurisdic-ción para intervenir en el caso de que se trata, pues las cor-tes se inclinan siempre a favor del hijo natural cuando el reconocimiento resulta claro y públicamente, cualquiera que pueda ser la forma en que se verifique, siempre que quede-de él constancia auténtica y fehaciente. Pérez Villamil et al. v. Romano et al., 19 D. P. R. 875. La parte apelante no nos ha citado caso alguno de la Corte Suprema de España que sea contrario a la anterior doctrina.

Sostiene la parte apelante qne la corte inferior cometió error al declarar nulo el testamento otorgado por Juan Dio-nisio Iturrino y Rivera por preterición del demandante como heredero forzoso en concepto de hijo natural reconocido.

El artículo 802 del Código Civil claramente establece que la preterición de alguno o de todos los herederos forzosos en línea recta, sea que vivan al otorgarse el testamento, o sea que nazcan después de la muerte del testador anulará la institución del heredero, pero valdrán las mandas y mejo-ras cuando no sean inoficiosas.

Con arreglo al anterior precepto es. nula la institución de única heredera hecha por el Dr. Juan Dionisio Iturrino a favor de la demandada con preterición del demandante que es hijo natural reconocido del mismo, debiendo soste-nerse la validez y eficacia de las mejoras y legados hechos en dicho testamento.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada, menos en cuanto declara nulo el testamento otor-gado por el Dr. Juan Dionisio Iturrino, entendiéndose que esa nulidad afecta solamente a la institución de la deman-dada María Camila Teresa de Jesús Iturrino Rivera, coma única heredera del mismo, debiendo participar el demandante de lqs derechos hereditarios que le corresponden con arre-glo a la ley vigente en la fecha del fallecimiento de su padre.

Confirmada la sentencia apelada, menos en cuanto declara nulo el testamento, enten-diéndose que esa nulidad afecta solamente a la institución de la dema/tidada como única ■ heredera, debiendo participar él demandante-de los derechos hereditarios que le corres-ponden.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-•drey y HutcMson.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Marcano et al., Acusados y Apelantes.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en cansa por juegos prohibidos.
    No. 1030.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Juegos Prohibidos — Juegos de Banca o Interés — Lotto—Ganancia o Bene-ficio. — Para que sea punible un juego de banca o interés que no sea do los que específicamente mencionaba el artículo 299 del Código Penal como estaba originalmente redactado al comenzar a regir en 1902, entre los que no figuraba el de lotto de que se trata en el presente recurso, como tampoco figura en las enmiendas hechas por las leyes de 12 de marzo de 1908 y 10 de marzo de 1910, es necesario que haya una persona que abra, dirija o . administre la jugada y que esa misma persona u otra cualquiera reciba por ello alguna ganancia o beneficio, sin que los actos de recoger el dinero y . cantar los bolos en el juego de lotto demuestren por sí solos que los acusados condujeron o dirigieron dicho juego en las condiciones expresadas.
    Los becbos están expresados en- la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. M. Romany y F. E. Martínez.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del 'tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto contra sen-tencia .que con fecha. 21 de febrero del corriente año 1916, en grado de apelación y mediante celebración de nuevo jui-■cio, pronunció la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., -en el caso arriba expresado, declarando a los acusados cul-pables de un delito de juegos prohibidos, e imponiendo a •cada uno de ellos una multa de $2.50 con las costas, y por falta de pago un día de cárcel por cada dólar de multa que ■dejaren de satisfacer.

La causa se originó en la Corte Municipal de Eío Piedras a virtud de denuncia jurada que en la parte conducente dice ■•así:

“Yo, Juan T. Acevedo, Cabo P. I., vecino de Río Piedras, calle de Oriente, formulo denuncia contra los acusados arriba mencionados, por delito infracción al artículo 299 del Código Penal, cometido de la manera siguiente: que en 28 de diciembre, 1915, a la 1 P. M. y en la calle del ‘ Comercio ’ de Río Piedras, del Distrito Judicial Municipal de Río Piedras, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, los acusados Aristides Marcano, Ricardo Santiago, Manuel R. Fernán-dez, José Torres, Marcelino Pepín, Luciano González, Nicolás Rodriguez, Salvador Bayada, Alejandro Torres, Nicolás Suárez, Ventura Martínez, Martín Maysonet, Ramón Carreras, Asunción Santana y Alberto Micbel, voluntaria, maliciosa y criminalmente y en el cafetín de Manuel Rivera sito en dicba calle jugaban a lo prohibido por interés con dinero el juego denominado lotto, el que era dirigido por Martín Maysonet, ocupando cincuenta centavos, treinta cartones y noventa bolos. Hecho contrario a la ley.”

Alega la representación de los apelantes en apoyo de la revocación de la sentencia apelada que la corte cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria opuesta a la denuncia de que los lieclios alegados en la misma no eran constitutivos de delito público y que también erró al declarar sin lugar la moción de non-suit presentada por los apelantes al terminar la prueba de cargo.

Hemos examinado la denuncia transcrita y las pruebas practicadas en el juicio, y aunque la primera acaso contiene todos los elementos necesarios para determinar el delito de juego prohibido, tal como lo provee y castiga el artículo 299 del Código Penal, según quedó últimamente enmendado por la Ley No. 36 aprobada en 10 de marzo de 1910, interpretado por esta Corte Suprema en los casos de El Pueblo v. Benítez et al. y El Pueblo v. Ortiz et al., 19 D. P. R. 246 y 1136, por cuanto en dicha denuncia se consigna que los acusados juga-ban a lo prohibido por interés con dinero el juego denomi-nado lotto el que era dirigido por Martín Maysonet, y en una denuncia de esa clase redactada por un cabo de la Policía Insular y no por un fiscal letrado' no podemos: exigir estric-tamente las mismas formalidades que en una verdadera acu-sación, sin embargo las pruebas practicadas no demuestran la existencia de nn juego prohibido dirigido por alguno de los jugadores y verificado en las mismas condiciones que cual-quier juego de banca o de interés de los específicamente rela-cionados en dicho artículo tal como estaba originariamente redactado al comenzar a regir el Código Penal en 1902. Para que sea punible un juego de azar que no sea de los que espe-cíficamente mencionaba ese artículo, entre los cuales no figu-raba el de lotto, como tampoco figura en las enmiendas he-chas por las leyes de 12 de marzo de 1908 y 10 de marzo de 1910, es necesario que haya una persona que abra, dirija o administre la jugada y que esa misma persona u otra cual-quiera reciba por ello alguna ganancia o beneficio.

Tales requisitos no han concurrido en el presente caso, pues aunque en la denuncia se afirma que el juego era diri-gido por Martín Maysonet, los dos únicos testigos que han sido examinados declaran, uno de ellos que Ventura Martí-nez era quien recogía el dinero y un tal Maysonet cantaba los bolos, conviniendo el otro testigo en que Maysonet era quien cantaba los bolos, sin que ni uno ni otro haga la más ligera indicación acerca de que hubiera quien dirigiera el juego o percibiera por ello algún beneficio.

Los actos de recoger el dinero y cantar los bolos no mues-tran que Ventura Martínez y Martín Maysonet condujeran o dirigieran el juego en las condiciones ya explicadas y tam-poco aparece que en esas mismas condiciones lo hiciera al-guna otra persona.

Por las razones expuestas es de revocarse la sentencia apelada y absolverse a los acusados con las costas de oficio.

Revocada la sentencia apelada y absueltos los acusados con las costas de oficio.

.Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

. Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison disin-tieron.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Torres et al., Demandantes y Apelantes, v. Plazuela Sugar Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre acción negatoria de servidumbre.
    No. 1433.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Servidumbre de Paso — Servidumbres no Aparentes y Discontinuas — Título Escrito — Vías de Ferrocarriles — Servidumbre Aparente. — De acuerdo con los artículos 546 y 547 del Código Civil, el dereelio de una servidumbre de paso no aparente y discontinua sólo puede ser adquirido mediante título escrito, pero si debido a la colocación de vías de un ferrocarril sobre el terreno la servidumbre se convierte en aparente, es dudoso si sería necesario el docu-mento escrito. En ambos casos siempre debe probarse título de alguna clase.
    Id. — Causa Legal o Consideración — Beneficios—Consentimiento—Dominio.— Cuando no ha habido cansa legal o consideración para la existencia de una servidumbre de paso, ni el dueño del predio sirviente ha obtenido beneficio alguno, aun cuando haya prestado su consentimiento para ello, tal consen-timiento no significa que haya renunciado para siempre su completo dominio.
    Id. — Negatoria de Servidumbre — Consentimiento—Regla del Artículo 446 del Código Civil. — Cuando en una acción para que se declare que no existe una servidumbre de paso y para que se abstenga la demandada, una corpora-ción privada, de transitar sus trenes y para que levante las vías colocadas sobre el terreno, sólo aparece que el demandante prestó su consentimiento para ello, el caso quizás deba regularse por el artículo 446 del Código Civil.
    Negatoria de Serviduaibre — Corporaciones de Servicio Público — Corporacio-nes Privadas — Servidumbre de Paso — -Ferrocarriles—Impedimento en Equidad. — En este caso la demandada no es una corporación de servicio pú-blico sino privada, dedicada a la elaboración de azúcar de caña, que por espacio ' de algunos años estuvo utilizando unas fajas de terreno de los demandantes sobre los cuales estableció una vía de ferrocarril particular para transportar sus cañas en y de dicha factoría, y habiéndose levantado la teoría del impe-dimento en equidad (equitable estoppel) para justificar la existencia de un contrato que terminaba o empezaba, o los principios de negociaciones seme-jantes a las de la expropiación forzosa, se resolvió: que no siendo la corpo-ración demandada una de servicio público, y no habiendo mediado ninguna hompensaeión, no era de aplicación la regla de equidad citada, sino los pre-ceptos del Código Civil vigente.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. Agrait Aldea.

    Abogados de la apelada: Sres. Cayetano Coll Cuchí j Roberto H. Todd, Jr.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes son los dueños de tres fincas rústicas radicadas en el Distrito Judicial de Arecibo. Presentaron, éstos sn demanda contra la Plazuela Sugar Company el día 27 de enero de 1915, acción algo semejante en su naturaleza al remedio del injunction para que se declare que no existe ninguna servidumbre, se ordene a la demandada que se abs-tenga de transitar sus trenes y se levanten ciertas vías de-ferrocarril que la demandada había colocado en los terrenos de dichos demandantes.

La demandada es una corporación privada que tiene una factoría de fabricar azúcar, y no se alega o demuestra que es dueña o dirige un ferrocarril público, o que el ferrocarril que ha establecido en los terrenos de los demandantes es un ferrocarril de servicio público. Dicho ferrocarril, sin embargo, en realidad se ocupa en transportar la caña de la factoría de azúcar y trae cañas de las diferentes fincas a la factoría de la central. Las vías se colocaron en la finca en el año 1907 o 1908.

Los demandantes probaron en el juicio sus títulos y con esto concluyó toda su prueba original. La demandada alegó varias defensas y la corte dictó sentencia a su favor.

La corte en su opinión declaró probado que los deman-dantes en 1907 ó 1908, concedieron y autorizaron a la deman-dada para que colocara sus vías sobre los terrenos en cues-tión y que ellos mismos indicaron el curso que debía tomar la vía.; que después de hecho el primer trazado, fué variado éste a instancias de los demandantes viéndolo y consintién-dolo sin protesta ni oposición alguna; y que durante todo el tiempo que ha estado allí la vía, los demandantes jamás han manifestado que no deben seguir funcionando los trenes, ni que las vías deban ser levantadas, ni siquiera presentado ninguna reclamación de dinero por daños y perjuicios ni soli-citado que se formalice algún convenio verbal.

Hay alguna duda prespecto a la naturaleza de la servi-dumbre en este caso. Generalmente una servidumbre de paso es una servidumbre no aparente y discontinua. Si esto es así los apelantes están en lo correcto en alegar que de acuerdo con los artículos 546 y 547 del Código Civil tal derecho sólo puede ser adquirido mediante título escrito. Por el contra-rio si debido a la colocación de la vía sobre el terreno la ser-vidumbre se convierte en aparente, entonces puede haber gran duda de si es necesario el documento escrito. Scaevola,, Tomo 5, página 238. De todos modos era necesario para la apelada probar un título de alguna clase. Discutiremos brevemente si el apelado, dejando a• un lado todo principio de estoppel, adquirió un título en este caso.

Convenimos con los apelantes en que no se demostró nin-guna consideración o “causa” en este caso. Los apelantes-no obtuvieron beneficio de ninguna clase que pudiera con-siderarse como una causa legal o consideración. En reali-dad de verdad la prueba mostró y la tendencia de una ser-vidumbre es siempre la de perjudicar al predio sirviente. El apelado, sin embargo, alega que ha sufrido perjuicios y ha tenido que incurrir en gastos con motivo de los actos de los demandantes, y ofrecieron prueba para demostrar que si los demandantes hubieran negado el permiso para entrar en la finca, la demandada no hubiera colocado sus vías por dichos terrenos; pero la prueba presentada por el apelado demuestra por sí que la demandada buscó a los demandan-tes y les pidió permiso para colocar las vías sobre los terre-nos. La corte declaró probado que los demandantes dieron su consentimiento y aunque creemos que la prueba en lo que respecta al consentimiento del principal demandante, el ma-rido, es más bien algo floja y no satisfactoria para fundar en ella un título, supondremos, sin embargo, con la corte inferior que fue prestado dicho consentimiento. ¿ Significaría ese consentimiento que los demandantes habían renunciado para siempre su completo dominio del terreno por el que cruza el ferrocarril? La contestación parece encontrarse en el ar-tículo 446 del Código Civil:

“Los actos meramente tolerados y los ejecutados clandestinamentey sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión."

Pero aparte de este artículo no podemos ver que el daño o perjuicio se originó de algo que no fuera del propio acto de la demandada y de su pretensión y que el perjuicio que jha sufrido se debió a su mismo acto, y no era de la clase de ■•actos en que una parte sufre perjuicios debido al ofrecimiento que le bace otra persona.

La demandada ba citado copiosa jurisprudencia para de-mostrar que los demandantes en equidad no pueden volver sobre sus actos (equitable estoppel), cuestión que luego dis-cutiremos. La necesidad en que se ban encontrado las cor-tes de tener que invocar el principio de existir un impedi-mento en equidad (equitable estoppel) en contra de los due-ños de fincas para ayudar a las corporaciones de servicio público que lian extendido sus vías sobre terrenos sin que exista un claro contrato o entendimiento con el dueño, demues-tra que ningún derecho o título surgió de otro modo. Se acude al estoppel en último recurso. Es la excepción para probar la regla de un derecho o título basado en el concurso de voluntades de los individuos en particular que están inte-resados. Semejante título no surgió en este caso y por tanto, la corte no podía declararlo.

También el demandado sostuvo la teoría de existir un impedimento en equidad (equitable estoppel), y citó un nú-mero de casos para sostener su alegación. No hemos podido encontrar varios de los casos citados pero debido a las citas que aparecen en el alegato, no tenemos dificultad alguna en seguir la tendencia de todos ellos. En la gran mayoría de estos casos de estoppel, o el demandante ba entrado en nego-ciaciones con el demandado, o recibido parte de cierta com-pensación que ba sido convenida, u otra cosa parecida, dedonde la corte o podía ver los elementos de un contrato ter-minado o que empieza, o los principios de negociaciones seme-jantes al derecho de expropiación forzosa. Mitchell v. New Orleans, etc., R. R. Co., 41 La. Ann. 363; Scarrit v. Kansas City Ry. Co., 127 Mo. 298; Evansville, etc., R. R. Co. v. Nye, 123 Ind. 113; Pryzbylowiez v. Missouri River R. Co., 17 Fed.

Rep. 492; Paterson N. & N. Y. R. R. Co. v. Kamlah, 42 N. J. Eq. 93. En todos estos casos el demandado era una corpo-ración de ferrocarril público y el público en general pnede suponerse que lia adquirido algunos derechos. El caso más fuerte que cita la demandada es el de Mitchell v. New Orleans R. R. Co., 41 La. Ann. 363, pero también en ese caso la deman-dada era una corporación pública y la corte consideró que el público había adquirido algunos derechos y en el mismo caso se le concedió una compensación al demandante. La idea de la compensación y los derechos del público se observa en todos estos casos y en otros. Hendrix v. Southern Ry. Co., 130 Ala. 205, 89 Am. St. Rep. 27. Las notas al caso de Goodwin v. Cincinnati, etc., Canal Co., 98 Am. Dec. 102; Davis v. Davis, 26 Cal. 23, 85 Am. Dec. 157 y notas al mismo; 10 R. C. L. 784. En este caso la demandada es una corpora-ción privada y no existe prueba de que jamás entró en nego-ciaciones para la adquisición del terreno o una servidumbre por virtud de las mismas. La doctrina de un impedimento en equidad (equitable estoppel) es muy sana en un caso ade-cuado, pero no ha de dársele ligeramente mayor alcance ante .el claro precepto del Código Civil. Conocemos los casos en los cuales parece que las cortes han permitido a un deman-dado dar una indemnización al establecerse una acción y ad-quirir de ese modo un título, pero el demandado en estos casos siempre ha sido una corporación de servicio público. Tam-bién es un hecho que la demandada ha tenido el uso de los terrenos ocupados por espacio de siete u ocho años sin pagar ninguna compensación y no consta en ninguna parte de sus alegatos que ofreció hacer tal compensación. Las cortes siem-pre han reservado la compensación, o la han concedido, aun cuando hayan intervenido los derechos del público. La con-dición de la ley debió haber sido conocida de la demandada y debió ésta haber hecho algún arreglo válido con el deman-dante Torres, o con alguna, persona debidamente autorizada por él. De otro modo la naturaleza de su posesión era pre-caria.

La sentencia debe ser revocada y ordenarse a la deman-dada que no continúe funcionado sus trenes por los terre-nos de los demandantes y que levante sus vías.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando con lugar la demanda sin especial condenación de costas, 'desembolsos y honorarios de abogado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó conforme con 3a sentencia.

El Juez Asociado Sr. del Toro no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wolf,

text:
    Delgado et al., Demandantes y Apelantes, v. Trujillo y Mercado, Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre Indemnización.
    No. 1477.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Daños y Perjuicios — Distintas Causas de Acción — Daños Punitivos y Ejem-plares— Excepción Previa General — Daños Remotos — Jurisdicción — Cuantía Litigiosa. — Contra una demanda en que, como primera causa de acción, se reclamaban $125 en concepto de daños y perjuicios por la des-trucción de una casa; como segunda, se pedían $5,000 en concepto igualmente de daños por haberse quedado sin albergue los demandantes y haberse enfer-mado algunos; y, como tercera, se hacía referencia únicamente a daños punitivos y ejemplares, se levantó una excepción previa general que fué declarada con lugar. Y se resolvió: que eran insostenibles la segunda y tercera causas de acción porque los daños alegados en la segunda eran dema-siado remotos y pudieron ser redamados en la primera causa, y porque en la última no se exponía nada en cuanto a la forma en que se llevó a cabo la destrucción de la casa que hiciera responsable a la demandada y porque también eran remotos los daños; y que, en cuanto a la primera causa, la corte no había adquirido jurisdicción por razón de la cuantía.
    Demanda — Causas de Acción — Repetición de los Hechos de la Primera Causa- — Eliminación—Excepciones Previas. — Cuando en una demanda, al exponer una segunda causa de acción, meramente se repiten de nuóvo los hechos de la primera, debe presentarse una moción de eliminación y no una excepción previa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Tomás Castillo León.

    Abogados del apelado: Sres. A. F. Castro y C. López de Tord.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación envuelve la suficiencia de una demanda en que se alegan tres causas de acción. En la segunda y ter-cera causas de acción se repetía la relación de hechos de la primera y meramente se alegaron daños y perjuicios adicio-nales como consecuencia de los hechos anteriores. En la primera causa de acción se alegó que la casa del demandante fué destruida totalmente por los actos de violencia del deman-dado y se reclamaron $125 en concepto de daños y perjuicios en dicha causa de acción. Fué interpuesta una excepción previa a toda la demanda que la corte declaró con lugar y subsiguientemente fuá dictada sentencia a favor del deman-dado.

Como consecuencia de la destrucción de la casa de los de-mandantes, alegaron éstos en su segunda causa de acción que estaban sin albergue o medios para obtenerlos, y que algunos de ellos se enfermaron, y reclaman la suma de $5,000. Cree-mos que en este caso en vez de interponer excepción previa hubiera sido mejor práctica solicitar que fuera eliminada la segunda causa de acción, puesto que en ella meramente se referían de nuevo los hechos de la primera causa de acción. Los demandantes, sin embargo, eligieron hacer los daños y perjuicios el argumento principal de su segunda causa de acción y como estos daños eran demasiado remotos y los da-ños verdaderamente sufridos por ellos pudieron haber sido recobrados de acuerdo con su primera causa de acción, cree-mos que puede hacerse una excepción previa general que com-prenda la falta de fundamento de la alegación de daños. ■

La tercera causa de acción hacía referencia únicamente a daños punitivos o ejemplares. No vemos nada en cnanto a la forma en one tuvo lugar la destrucción de la casa que baga a la demandada responsable por daños punitivos, y debe resolverse también que esa alegación es mala dentro de la excepción previa general, puestq que los daños fueron dema-siado remotos.

Después de declararse que eran malas la segunda y ter-cera causas de acción la corte no tenía jurisdicción.para cono-cer de una reclamación de $125 y ^debidamente declaró con lugar la excepción previa interpuesta a la primera causa de acción, fundada en la falta de jurisdicción.

Habiendo elegido los demandantes estar y pasar por el resultado de 1a. excepción previa puesto que todos fueron becbo partes indebidamente en una acción de daños y perjui-cios-, la elección en someterse a las consecuencias de la refe-rida excepción previa debe considerarse como permanente, no debiendo dárseles a los demandantes más permiso para bacer enmiendas.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Veve, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la. Corte de Distrito de Humacao en causa sobre acometimiento y agresión.
    No. 1023.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Alteración de la Paz Pública — Acometimiento y Agresión — Pormer Jeopardy* — Condena Doble — Imputación de dos Delito's por un Mismo Hecho.— Bajo las circunstancias de este caso, la corte resolvió que habiendo cumplido el acusado la pena impuéstale como autor de un delito de alteración de la paz pública al reñir con otra persona, tal cumplimiento de condena constó-tuye un impedimento para .una segunda convicción por el mismo hecho cali-ficado de acometimiento y agresión por el otro acusado en la denuncia sobre alteración de la paz.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Arturo Aponte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del -tribunal.

En el presente caso está envuelta la cuestión de si el acu-sado debió haber sido absuelto o no por haber sido conde-nado por el mismo delito. Los hechos ocurrieron así:

El 12 de octubre de 1914, se presentó en el- Juzgado de Paz de Luquillo la denuncia que es base de esta causa y que copiada a la letra dice así:

“El Pueblo de Puerto Rico v. Augusto Veve. Yo, Juan Mattos,’ vecino de Luquillo, calle del Cachimbo, de 23 años de' edad, formulo denuncia contra Augusto Yeve por delito acometimiento y agresión cometido de la manera siguiente: que en octubre 12, 1914, hora 10: 30 a. m. y en la -oficina de correo, calle principal de Luquillo del Distrito Judicial del Juzgado Municipal de Fajardo, que forma parte del Dis-trito Judicial de Humacao, P. R., dicho acusado allí y entonces vo-luntaria y criminalmente y en momentos en que yo ilustraba al postmaster de esta localidad sobre la expedición de un money order, tras breves palabras me acometió y agredió con la mano produciéndome una herida sobre la nariz. (Firmado) Juan Matos. Denunciante. Jurada ante mí hoy 12 de octubre de 1914. (Firmado) J. Cuevas Zequeira. Juez de Paz de Luquillo.”

El propio día 12 de octubre de 1914 y ante el mismo juz-gado se presentó otra denuncia que, también copiada a la letra, dice así:

“Juzgado de Paz de Luquillo. Estados Unidos de América. The President of the U. S. El Pueblo de Puerto Rico v. Augusto Veve y Juan Mattos. Yo, Atanasio Ricard, Cabo P. I., vecino de Luquillo, P. R., calle del Cachimbo, de 34 años, formulo denuncia contra los acusados arriba expresados por el delito de turbar la paz, cometido de la manera siguiente: que en octubre 12 de 1914, a las 10:30 a. m. y en la oficina del postmaster, sita en la calle principal de Luquillo, del Distrito Judicial de Humaeao, dichos acusados allí y entonces vo-luntaria y maliciosamente perturbaron la paz y tranquilidad del inme-diato vecindario, debido a una riña que sostuvieron dentro de la refe-rida oficina, y de cuya riña presentaba Juan Matos una contusión en la nariz, hecho que dió lugar a la aglomeración de personas en el sitio del suceso. Este hecho es contrario a la forma, eficacia y propósito de la ley para tal caso hecha y prevista y contra la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. Son'testigos Reinaldo Rivera, Manuel Rivera, Juan Velez, Eulogio Bonano, Federico Moreira y Benigno Figueroa. (Firmado) Atanasio Ricard, Cabo P. I., denunciante. Jurada ante mí hoy 12 de octubre de 1914. J. Cuevas Zequeira, Juez de Paz de Cuquillo. ’ ’

Por virtud de la primera denuncia fue condenado el acu-sado Veve y también lo fue por virtud de la segunda. Apeló de la sentencia que lo declaró culpable de acometimiento y agresión y cumplió la pena que se le impuso como autor de un delito de turbar la paz al reñir con otra persona. Y cuando se tramitaba la apelación en la corte de distrito, a su debido tiempo y en forma propia, alegó que debía ser ab-suelto por haber sido ya condenado por el mismo hecho delic-tivo.

La corte de distrito entendió que se trataba de distintos delitos y declaró sin lugar la solicitud del apelante. El Fiscal de esta corte sostiene la acción de la corte sentenciadora. El apelante la impugna.

Después de un cuidadoso estudio de la cuestión planteada, ■opinamos que tiene razón el apelante.

El artículo 6 del Código de Enjuiciamiento Criminal es aplicable, porque se trata del mismo hecho. No de hechos distintos. No es el caso de un hombre que dentro de una casa acomete a otro y sale luego a la calle excitado y con fuertes e inusitados gritos altera la paz del vecindario. No. La denuncia por alterar la paz se basó en la riña que tuvo el acusado con la otra persona. La riña fué, según la denun-cia del policía, el acto provocador de la alteración de la paz. Y la actuación del acusado en esa llamada riña por el poli-.cía, fue calificada por el otro denunciante de acometimiento y agresión a su persona.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Soto, Acusado, In re Leguillou et al., Fiadores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en procedimiento sobre confiscación de fianza.
    No. 1071.
    Resuelto en julio 28, 1916.
    Confiscación de Eianza — Palta de Comparecencia del Acusado — Abuso db Discreción. — Cuando un acusado falta en comparecer y la corte ordena la confiscación de la fianza después de haber oído a los fiadores, a menos que se ■demuestre que abusara de su poder discrecional, la resolución debe con-firmarse.
    Dos hechos están expresados en la opinión.
    Los apelantes no comparecieron.
    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió- la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Humacao se siguió un proceso contra Bonifacio Soto por el delito de seducción. Se fijó día para la lectura de 1a. acusación y Soto, que se hallaba en liber-tad bajo fianza, faltó en comparecer. Citados entonces los fiadores, no mostraron causa suficiente a juicio de la corte para justificar la conducta del acusado y la corte ordenó la confiscación de la fianza. Pidieron reconsideración los fia-dores y la corte no accedió y apelaron entonces para ante este Tribunal Supremo.

Forma parte de los autos una exposición del caso y de ella aparece que la excusa alegada por los fiadores para la falta de comparecencia del acusado fué la de que éste se fra-ilaba enfermo. Los fiadores declararon ellos mismos en la comparecencia para la cual fueron citados y parece que la corte no dio crédito a sus manifestaciones. El frecfro de la falta de comparecencia del acusado es evidente, y como los apelantes no lian demostrado que la corte al no dar crédito a sus manifestaciones, abusara de su poder discrecional, la sentencia recurrida debe confirmarse.

Al pedir reconsideración los fiadores acompañaron una certificación médica creditiva de la enfermedad del acusado en la fecfra en que se le citó para que compareciera ante la corte, certificación que según ellos se encontraba desde el momento oportuno en poder del juez municipal de Vieques' quien debido al estado de cosas reinante en dicfro pueblo no la entregó a los fiadores ni la remitió en tiempo a la corte de distrito.” Tampoco aceptó la corte la explicación como excusa suficiente y negó la reconsideración solicitada.

Las mismas consideraciones que dejamos frecfras, son apli-cables afrora. No podemos sustituir nuestro juicio por el de la corte sentenciadora. Ella que oyó declarar a los apelan-tes, estaba en mejores condiciones que nosotros para juzgar con respecto al crédito que debía darse a sus manifestacio-nes. La certificación médica que se acompañó al escrito de reconsideración debió fraberse presentado en la primera opor-tunidad que se concedió a los fiadores. Además el juez de distrito no estaba obligado a aceptar bajo tales circunstan-cias la certeza del frecfro en la misma consignado.

Por virtud de lo expuesto y vista la jurisprudencia de esta Corte Suprema establecida en los casos de Rivera et al. v. Tous Soto, Juez de Distrito, 11 D. P. R. 96; El Pueblo v. Cruz et al., 12 D. P. R. 71, y El Pueblo v. Díaz et al., 12 D. P. R. 124, debe declararse sin lugar el recurso interpuesta y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y IíutcMson.