source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón El Juez Presidente Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    Hilda A. Moreno Ramírez de Arellano, peticionaria, v. Alvin Szumlinski t/c/c Alvin James Sumley, Ferdinand Morales Pereira et al., recurridos.

      Número: AC-2009-002

      Resuelto: 4 de diciembre de 2012

      Kimberley Fay Cupp-Moreno, abogada de la parte peticiona-ria; Jorge R. Díaz Aquino, abogado de Ferdinand Morales Pereira, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón

emitió la opinión del Tribunal.

A través del presente recurso nos expresamos sobre el requisito de escritura pública impuesto como exigencia formal a la compraventa de terrenos en común pro indiviso y cómo este imperativo estatutario incide en el término pro-visto para iniciar la acción de retracto legal de comunero.

I

El 19 de agosto de 1963 la Sra. Hilda A. Moreno Ramí-rez de Arellano (señora Moreno o la peticionaria) y el Sr. Alvin Szumlinski t/c/c Alvin Sumley (señor Sumley) termi-naron su matrimonio mediante divorcio. Posteriormente, otorgaron escritura pública sobre División Parcial de So-ciedad de Gananciales mediante la cual acordaron liquidar todos sus bienes excepto una finca de cinco cuerdas ubi-cada en el Municipio de Luquillo, Puerto Rico

En lo que concierne a la referida propiedad y conforme surge de la mencionada escritura, las partes pactaron ges-tionar ante la Junta de Planificación de Puerto Rico (Junta de Plantificación) la segregación en dos lotes iguales. Asi-mismo dispusieron cuál pedazo de la propiedad en especí-fico se le adjudicaría a la señora Moreno y cuál al señor Sumley de aprobarse la segregación según convenido. No obstante, a pesar de los trámites realizados ante la Junta de Planificación así como la Administración de Regla-mentos y Permisos (ARPe) la segregación de la finca apa-rentemente nunca se concretizó.

Durante el 2004, el señor Sumley vendió su participa-ción en la finca al Sr. Ferdinand Morales Pereira (señor Morales o el recurrido).

Así las cosas, el 13 de diciembre de 2006 la Leda. Kimberley Cupp-Moreno, hija de la peticionaria, recibió una carta suscrita por el abogado del señor Morales mediante la cual solicitó de la peticionaria que se pusiera en contacto con el señor Sumley para otorgar una escritura de rectifi-cación de cabida de la propiedad antes mencionada. Unida a esta correspondencia, el letrado incluyó una carta sus-crita por el señor Morales y dirigida a la señora Moreno el 18 de julio de 2006, la cual presuntamente había sido de-vuelta por el correo. En esa carta el recurrido recabó la ayuda de la peticionaria para poder identificar las colin-dancias de la finca, ya que el año anterior había comprado la participación del señor Sumley y estaba trabajando en el desmonte del terreno.

Luego de que la peticionaria, por conducto de la licen-ciada Cupp-Moreno y mediante carta de 20 de diciembre de 2006, le notificara tanto al señor Morales como al señor Sumley su deseo de ejercitar su derecho al retracto, pre-sentó una demanda sobre retracto legal y daños y perjuicios.

La peticionaria reclamó daños y angustias mentales por la segregación unilateral gestionada por el señor Sumley, al igual que por la alteración de la finca ocasionada por la tala de árboles y vegetación, así como el movimiento de corteza terrestre sin previa autorización. Adujo, además, que a la fecha de la presentación de la Demanda no se le había provisto copia de la escritura de compraventa para conocer el precio y la fecha de ésta, a pesar de las conver-saciones sostenidas entre la licenciada Cupp-Moreno y los señores Sumley y Morales.

Luego de varios trámites procesales, el 6 de diciembre de 2007, transcurrido casi un año desde el inicio de la ac-ción de retracto, el señor Morales sometió finalmente su Contestación a la Demanda. En la misma, el recurrido negó la alegación de la peticionaria de que supo de la venta el 15 de diciembre de 2006, puesto que ésta conocía de los trámites y detalles de la adquisición desde sus inicios, así como con posterioridad a la venta. Conjuntamente con su contestación, el recurrido presentó una Reconvención soli-citando daños o, en la alternativa, el rembolso de las obras realizadas en la propiedad en cuestión. Como parte de ésta, el señor Morales indicó que en unión a su esposa, la Sra. Leonor Escobar Maldonado, así como el Sr. Neftalí Ortiz Betancourt y su esposa, la Sra. Nilda Ortiz Olivero, al igual que sus respectivas sociedades de bienes ganancia-les, el 16 de abril de 2004 habían comprado al señor Sumley 50% de su participación en la finca. Alegó que la compraventa se llevó a cabo mediante documento privado otorgado ante el notario Antonio Ríos Acosta (affidávit 23,127), por el precio de $42,500.

Argumentó, además, que la peticionaria había renun-ciado a su derecho a ejercer el retracto, ya que al momento de instar la acción no había consignado el precio de venta ni había prestado fianza alguna según requiere el Art. 1407 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3912.

Con esa información, el 17 de diciembre de 2007 la se-ñora Moreno solicitó al foro de instancia autorización para consignar la cantidad de $42,500 como parte de su acción de retracto. Indicó que no fue hasta que el recurrido pre-sentó su Contestación a la Demanda que supo del precio de venta.

El 11 de septiembre de 2008, el tribunal de instancia denegó tanto la moción en oposición a la consignación como la moción de desestimación presentadas por el recurrido y, por consiguiente, aceptó la consignación de la peticionaria.

Insatisfecho, el señor Morales acudió, oportunamente, ante el Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo interme-dio revocó el dictamen del tribunal de instancia y deses-timó la acción de retracto legal de comuneros. Como fun-damento para ello concluyó que, aun desconociendo el precio exacto, la peticionaria podía “prestar fianza por la cantidad aproximada de compraventa del inmueble” equi-valente a $40,000. Es decir, el monto de la alegada oferta que el señor Morales le hiciera al señor Sumley en el 2002. Igualmente, determinó que, al no prestar la peticionaria la fianza estatutaria dentro del plazo fatal de nueve días dis-puesto en nuestro ordenamiento como término para iniciar este tipo de acción, había caducado su derecho al retracto.

La señora Moreno solicitó reconsideración de dicha de-terminación, pero la misma fue sostenida por el foro ape-lativo intermedio mediante Resolución emitida el 3 de diciembre de 2008.

Inconforme, la señora Moreno recurrió entonces ante este Foro para plantear la comisión de cuatro errores por parte de dicho tribunal. En síntesis, la peticionaria se-ñala como primer error que existe una controversia de he-cho respecto a cuándo ella tuvo conocimiento suficiente para ejercitar su acción de retracto, por lo que corresponde devolver el caso al foro primario para dilucidar este asunto. Como segundo y tercer error, cuestiona la desesti-mación de su acción de retracto por supuestamente no ha-ber prestado fianza oportunamente, así como la determina-ción del Tribunal de Apelaciones al calcular el monto de la fianza, en su caso, a base de una oferta de compraventa efectuada años antes. Por último, en su cuarto señala-miento de error, aduce que incidió el foro recurrido al des-estimar en su totalidad la acción incoada a nivel de instan-cia, ya que en la Demanda se presentaron dos reclamaciones separadas. Es decir, una para retrotraer la participación vendida al señor Morales, y otra en daños y peijuicios como resultado de las labores de limpieza reali-zadas por el comprador sobre la finca.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y estando en posición para resolver, procedemos a hacerlo.

II

El Retracto Legal

El Art. 1411 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3921, define la figura del retracto legal como “el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago”.

Entre los diferentes tipos de retracto legal provistos en nuestro sistema de derecho, existe el retracto de comuneros. Es decir, el derecho de un copropietario de una cosa poseída en común de utilizar dicho mecanismo para recuperar lo vendido “en el caso de enajenarse a un ex-traño la parte de todos los demás condueños o alguno de ellos”. Art. 1412 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3922.

En términos generales, a través del retracto se implanta el enfoque adverso a la pluralidad de condueños que per-mea en nuestro ordenamiento. Ortiz Roberts v. Ortiz Roberts, 103 D.P.R. 628, 630 (1975). El retracto de comuneros “se basa... sobre la existencia de una comunidad de bienes o derechos y responde... al persistente propósito de susti-tuirla por el dominio singular”. Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1970, T. XXIII, Vol. 2, pág. 441.

Este objetivo responde a que el estado de comunidad plantea un foco potencial de pugnas y conflictos. Así se ha reconocido al indicar que “ ‘la comunión... suele ser fuente perenne de discordias’ ”. Noble v. Rodríguez, 69 D.P.R. 482, 485 (1949) (citando 4 Escriche, Diccionario de legislación y jurisprudencia, ed. 1876, pág. 942). Véanse, además: Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 D.P.R. 225, 268 (1964); Zalduondo v. Iturregui, 83 D.P.R. 1, 22 (1961). Las dificultades en el manejo que supone la copropiedad resul-tan obvias, pues se les exige a los miembros actuar de co-mún acuerdo. Como es natural, conforme aumenta el nú-mero de titulares se ve menoscabada la flexibilidad decisional, elemento fundamental para todo desarrollo económico. Por otra parte, la pluralidad de dueños puede dar pie a un fraccionamiento de facto donde se ve men-guada la utilidad y productividad del predio. Es por ello que nuestro sistema de derecho favorece la reducción en el número de condominos, dándole prioridad a éstos frente a un tercero. De este modo, se busca “fomentar el desarrollo de la propiedad, de la industria y de la riqueza, termi-nando con estados de comunidad cuya administración puede significar un obstáculo a ese desarrollo...”. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. I, pág. 508. Véanse, además: J. Santos Briz y otros, Tratado de derecho civil: teoría y práctica, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. II, pág. 486; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. III, Vol. III, pág. 405; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1997, Vol. III, pág. 598.

Ahora bien, conforme hemos resuelto anteriormente, para que pueda dar curso una demanda de retracto de comunero, deben concurrir las condiciones siguientes:

1. La existencia de una comunidad de bienes y que sea un copropietario quien inicie la acción.

2. La presentación de la demanda dentro del periodo de nueve días desde la inscripción de la venta en el registro o desde que el retrayente conoce de la venta.

3. De ser conocido, la consignación del precio estipulado de la venta simultáneamente con la presentación de la de-manda, o en su defecto, dar fianza de consignarlo luego de conocerlo.

4. El compromiso del retrayente de no vender la parti-cipación dominical que retraiga por un periodo de cuatro años. Véanse: Fuertes v. Arzón, 81 D.P.R. 491, 497-498 (1959); Zalduondo v. Iturregui, supra, pág. 11 esc. 5.

Es menester destacar la importancia que guarda el cumplimiento cabal con los requisitos estatutarios impues-tos como condición al ejercicio del retracto. Este enfoque de aplicación restrictiva del derecho se encuentra plenamente justificado si advertimos que la acción de retracto resulta inherentemente contraria al libre intercambio de bienes. Es por ello que nuestro ordenamiento ha fijado ciertas con-diciones ineludibles con el fin de atemperar los efectos re-sultantes de este proceso en los derechos de las partes concernidas. La potestad de ejercer el retracto se considera como un privilegio que afecta los derechos de propiedad de un adquirente, por lo que no admite ningún tipo de flexi-bilidad en sus términos. “Así lo demanda... la misma na-turaleza del derecho de retracto, que por ser una condición resolutoria o limitativa del derecho de propiedad, exige una interpretación restrictiva y no extensiva de las dispo-siciones que lo regulan”. Felici v. Ribas, et al., 11 D.P.R. 539, 545 (1906).

Cónsono con lo anterior, el retrayente cuenta con un periodo de tiempo relativamente corto para presentar su demanda. Nuestro Código Civil expresamente dispone que la acción de retracto debe iniciarse dentro del término “de nueve (9) días contados desde la inscripción en el registro, y en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta”. Art. 1414 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3924. No cabe duda que este término es fatal e improrrogable. “La acción de retracto se ha de ejercitar dentro de un término perentorio. La marcha normal del comercio jurídico lo pide así; porque nada tan perturbador para una buena economía de la propiedad como la incertidumbre en los derechos dominicales”. Scaevola, op. cit., pág. 551.

Sobre este particular, otros tratadistas españoles coinci-den e, igualmente, reconocen su naturaleza perentoria como principio de derecho indiscutible. “Hoy unánime-mente la doctrina lo considera de caducidad, de suerte que el retracto legal es un derecho que debe ejercitarse preci-samente en el plazo legal, el cual tiene por ello naturaleza sustantiva y no admite interrupción ni ampliación de nin-guna clase”. G. García Cantero en M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, Comentarios al Código Civil y compilaciones fera-les, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1991, T. XIX, pág. 679. Véanse, además: P. González Poveda en I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. 7, pág. 490; J. Santos Briz, Derecho civil: teoría y práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, T. II, págs. 724-725; Puig Brutau, op. cit., págs. 414-415; J. Santamaría, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1958, pág. 556.

III

Exigencia de Escritura Pública

Por otra parte, los tratadistas coinciden en que el mero perfeccionamiento del contrato mediante el cual las partes han convenido estrictamente el objeto y el precio de venta no es suficiente para poder ejercitar la acción de retracto. Ello responde a que, según este supuesto, la propiedad aún no ha pasado a formar parte del patrimonio del comprador y, en caso de incumplimiento, éste únicamente tendrá dis-ponible una acción para obligar a la parte que falló en sus obligaciones a ejecutar lo pactado.

Por ende, el inicio del plazo para el ejercicio del derecho de retracto implica que la venta en cuestión se tiene que haber consumado con la correspondiente transferencia de la propiedad a manos de un tercero. Este principio ha sido reiterado por el Tribunal Supremo de España y su razona-miento aparece expresado de la manera siguiente:

[L]a consumación lesiona en forma más viva y eficaz que la perfección del derecho de preferencia del retrayente, y en este sentido debe entenderse que el agravio efectivo y firme no se produce mientras el comprador es sólo titular de un derecho personal, aunque con vocación al dominio de la finca, sino que la lesión definitiva se causa al adquirir el comprador la cuali-dad de dueño por la concurrencia en su favor del título y del modo o tradición de la cosa vendida... Scaevola, op. cit., pág. 558, Sentencia de 20 de mayo de 1943. Véanse, además: García Cantero, op. cit., págs. 681-682; Manresa y Navarro, op. cit., págs. 537-538; Santos Briz y otros, op. cit., pág. 490; Santos Briz, op. cit., pág. 725; Puig Brutau, op. cit., págs. 410-414; Santamaría, op. cit., págs. 556-558.

A lo anterior debemos añadir que, como parte de nuestro esquema normativo, en el 1998 se agregó una disposición específica al Código Civil que exige el otorga-miento de escritura pública en casos de compraventa de terrenos propiedad de una comunidad de bienes. A esos efectos, la Ley Núm. 193-1998 añadió, al mencionado cuerpo legal, el Art. 330-A, 31 L.P.R.A. sec. 1275a, me-diante el cual taxativamente se fija el cumplimiento con esta formalidad como condición previa a la validez de este tipo de negocio jurídico. En el articulado antes mencionado se detallan, además, otros requisitos con los que deben cumplir las partes para hacer efectiva la adquisición. Así pues, el Art. 330-A del Código Civil, dispone que

[p]ara que sea válida la compraventa de terrenos en común pro indiviso, la misma deberá efectuarse mediante escritura pública en la cual se hará constar la porción o participación en común pro indiviso que le corresponde al comprador, las ad-vertencias legales correspondientes y la aceptación del com-prador de adquirir en tal capacidad. (Enfasis suplido).

Esta legislación respondió a la condición precaria en que se encontraban la mayoría de los adquirentes de esta moda-lidad de propiedad, los cuales no contaban con el debido ase-soramiento previo a la compra o eran inducidos al trámite mediante engaño. De esta manera, se impusieron las res-tricciones antes descritas con el fin de proteger a las vícti-mas potenciales de vendedores inescrupulosos y, a la vez, detener su proliferación. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 193-1998 (1998 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 805).

Recapitulando, conforme lo antes reseñado, para que comience a transcurrir el término provisto para presentar la acción de retracto es indispensable que el referido negocio jurídico se haya elevado a escritura pública para hacer efectivo el traspaso. Es este el único modo en que el retrayente podrá legítimamente subrogarse en el lugar del comprador conforme exige la figura del retracto ya que, de omitirse esta exigencia de forma, a lo único que podría aspirar el alegado retrayente sería a estar en posición de requerirle al vendedor cumplir con lo previamente pactado con el comprador. A falta de escritura pública, el retrayente no estaría ocupando el lugar del comprador en calidad de dueño de la participación correspondiente en la propiedad, condición intrínseca para que pueda operar el retracto. Cabe recordar que “[l]os efectos del retracto legal consisten fundamentalmente en obtener la subrogación del retra-yente en el lugar del comprador de la cosa afecta a aquel derecho...”. Santos Briz y otros, op. cit., pág. 491. En virtud del retracto, el que ejerce este tipo de acción se subroga en todos los derechos y obligaciones del comprador. Esto im-plica que la propiedad tiene que haber pasado al patrimo-nio del comprador, cosa que, según nuestro sistema de de-recho vigente, es imposible en el caso de propiedades en común pro indiviso sin que medie una escritura pública.

Resolvemos, por ende, que de no mediar este requisito estatutario la venta de terrenos en común pro indiviso no se considerará válida en derecho. Según este supuesto, no comenzará a discurrir el término de nueve días provisto en el Código Civil para ejercitar el retracto legal, como tampoco se activará el requisito de prestación de fianza.

IV

La peticionaria alega en su Demanda, así como en los documentos sometidos en el presente recurso, que previo a iniciar esta acción y mediante la carta que presuntamente recibió el 13 de diciembre de 2006, fue notificada de una supuesta compraventa celebrada en años anteriores entre el recurrido y el señor Sumley. Indica también que, a pesar de sus gestiones afirmativas sobre este particular antes de instar el proceso judicial, nunca fue informada de la fecha exacta de la alegada venta y traspaso, como tampoco se le informó el nombre de los compradores, ni el precio de venta. Aduce que es en la Contestación a la Demanda pre-sentada por el recurrido que por primera vez conoce la información.

Por su parte, en su Contestación a la Demanda, el señor Morales reveló el precio pagado por éste y se limitó a negar las alegaciones aducidas por la peticionaria correspondien-tes a la falta de conocimiento oportuno de la transacción. Aunque en su Reconvención identificó a los cuatro compra-dores de la participación del señor Sumley, no hizo referen-cia alguna a que se haya otorgado escritura pública. Sim-plemente, informó que se adquirió la aludida participación en la finca “según documento privado de compraventa de 16 de abril de 2004, en Fajardo, Puerto Rico, reconocido ante el Notario Antonio Ríos Acosta [mediante] (affidávit 23,127)”. Apéndice, 2da Pieza, págs. 402-403.

No figura en autos que la compraventa objeto de este recurso conste en escritura pública según requiere el Artí-culo 330-A del Código Civil. La única referencia concer-niente a algún tipo de formalidad relacionada a la compra-venta surge de la Reconvención del señor Morales donde meramente se hace alusión a un affidávit. Por lo tanto, concluimos que se cometió el primer error indicado por la peticionaria según señalamos al comienzo de esta Opinión. En consecuencia, resulta indispensable que el tribunal de instancia indague, primeramente, si se concretizó una compraventa válida de la participación del señor Sumley en la finca en cuestión antes de poder resolver si la acción de retracto y la prestación de fianza estuvieron en tiempo. Es decir, si existe la correspondiente escritura pública.

De la parte recurrida no poder demostrar la existencia de una escritura pública mediante la cual se haya reali-zado la compraventa del interés del señor Sumley en el inmueble objeto del caso de autos, procederá entonces que se desestime la acción de retracto esgrimida por la señora Moreno en la Demanda de epígrafe. Ello es así ya que, en estricto derecho, no habrá ocurrido una transferencia de dominio respecto al inmueble en cuestión, por lo cual la peticionaria continuará como propietaria en común pro in-diviso de dicho inmueble conjuntamente con su exesposo.

En la eventualidad de que la compra por parte del señor Morales haya cumplido con las exigencias formales antes reseñadas previo a la presentación de la acción de retracto de la señora Moreno, corresponderá entonces al Tribunal de Primera Instancia celebrar una vista evidenciaría para determinar en qué momento preciso la peticionaria tuvo conocimiento suficiente de la venta para que comenzaran a discurrir los nueve días fijados para ejercitar su acción de retracto.

V

Atendido el asunto relacionado a la acción de retracto interpuesta por la peticionaria, corresponde considerar el cuarto y último error esbozado en el recurso. A través de éste, la señora Moreno alega que el Tribunal de Apelacio-nes incidió al desestimar por completo las reclamaciones consagradas en su Demanda. No obstante, basta con seña-lar que en su dictamen dicho foro nada dispuso en cuanto a las otras causas de acción aparte del retracto. De hecho, la reclamación en daños y perjuicios no fue objeto de la revi-sión presentada ante el tribunal apelativo intermedio. Surge claramente que la determinación recurrida se cir-cunscribió a resolver única y exclusivamente si procedía el retracto de comuneros instado por la señora Moreno. Tam-poco se hace alusión alguna a las alegaciones atinentes a las alteraciones efectuadas por el señor Morales en la finca y a los daños aducidos por la señora Moreno como parte de su Demanda. Por lo tanto, la causa de acción por daños y perjuicios presentada por la peticionaria se mantuvo in-tacta, a pesar de la desestimación de su reclamación de retracto de comunero.

Cónsono con lo anterior, resolvemos que no se cometió el cuarto error según consignado por la peticionaria.

VI

En mérito de lo antes expuesto, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para procedimientos ulteriores de acuerdo con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton

concurrió con la expresión siguiente:

Concurro con el resultado de la Opinión mayoritaria por en-tender que se soslaya la controversia medular del caso, a saber, cuál es la interpretación correcta del Art. 1407 del Código Civil que establece que: “[piara que pueda darse curso a las demandas de retracto se requiere que se consigne el precio si es conocido, o si no lo fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que lo sea”. 31 L.P.R.A. sec. 3912.
Como en las acciones de retracto legal la fianza es una obli-gación dispuesta por el Código Civil como requisito para que se pueda iniciar el proceso judicial, a nuestro entender la con-troversia inicial que este Tribunal debió atender era si la se-ñora Moreno cumplió con esta exigencia. Dependiendo de lo anterior, el foro primario hubiera tenido que desestimar la ac-ción de retracto o continuar dilucidando el resto de los requi-sitos exigidos para este tipo de acción. Solo en la eventualidad de que la acción de retracto procediera es que el Tribunal de Primera Instancia tendría que analizar la validez del negocio jurídico.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco no interviene.

       La parte recurrida argumenta en su Alegato que, conforme a los términos consignados en la escritura pública sobre División Parcial de Sociedad de Ganancia-les, la finca en controversia también fue objeto de la partición allí dispuesta. El tipo específico de comunidad de bienes existente entre la peticionaria y el Sr. Alvin Sumley (señor Sumley) para la fecha de la compraventa dependerá de si la propiedad objeto de este litigio fue o no objeto de liquidación previa como parte de la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. Véanse: BL Investment Inc. v. Registrador, 181 D.P.R. 5 (2011); Vega Montoya v. Registrador, 179 D.P.R. 80 (2010).

       No existe evidencia en autos de que la Junta de Planificación de Puerto Rico (Junta de Planificación) autorizara definitivamente la división física de la finca en controversia. Únicamente constan documentos expedidos por dicha agencia el 27 de mayo de 1965 y el 20 de octubre de 1965, donde se le exige a los dueños construir un camino de acceso y preparar el correspondiente plano de inscripción dentro del tér-mino de un año como condición previa a la aprobación final de su solicitud de lotifi-cación de la propiedad.

       Aunque tanto en su Reconvención como en una carta de 18 de julio de 2006 la parte recurrida alude a una supuesta aprobación de segregación expedida por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), el documento más reciente que obra en autos sobre este particular es precisamente una Notificación de Denegación de la ARPe notificada el 8 de julio de 2004 donde se deniega la Solicitud de Lotifica-ción en dos solares sometida a nombre del señor Sumley.

       La peticionaria alega que fue de este modo que se enteró, por primera vez, que el señor Sumley había vendido su participación en el terreno de la propiedad habida en común entre ellos.

       La demanda fue presentada el 22 de diciembre de 2006 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo.

       Aunque la peticionaria acudió ante nosotros mediante recurso de apelación, por medio de nuestra Resolución de 12 de junio de 2009 acogimos el recurso como certiorari y expedimos el auto solicitado.

       Como veremos, y dado el resultado alcanzado, no será necesario que consi-deremos el segundo y tercer error alegados.

       Conforme establece nuestro Código Civil en su Art. 1415 (31 L.P.R.A. sec. 3925), el comunero retrayente debe comprometerse a no vender la participación re-traída por un término de cuatro años. Esta limitación temporal evita que se utilice el mecanismo de retracto para fines especulativos. Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 D.P.R. 225 (1964); Zalduondo v. Iturregui, 83 D.P.R. 1 (1961); Noble v. Rodríguez, 69 D.P.R. 482 (1949).

       Véase el Art. 1339 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3746, el cual dispone: “La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado”.

       Esta transacción deberá ajustarse, a su vez, a lo dispuesto en BL Investment Inc. v. Registrador, supra, y Vega Montoya v. Registrador, supra. Así pues, aun asu-miendo que la compraventa se efectuó mediante escritura pública, dependiendo del estatus de la comunidad posganancial a esa fecha podía el señor Morales comprar ya fuese “una cuota abstracta sobre la antigua masa ganancial”, es decir, sobre la tota-lidad de la finca, o “una cuota concreta” de la misma. (Enfasis en el original). BL Investment Inc. v. Registrador, supra, pág. 14. En otras palabras, adquirir el por-ciento específico adjudicado al señor Sumley como resultado de tal liquidación.


text:
    José Cordero y Eneida Feliciano, peticionarios, v. Oficina de Gerencia de Permisos y Juan Cordero Pérez, recurridos; Pedro Otero y otros, recurridos, v. Oficina de Gerencia de Permisos, Administración de Reglamentos y Permisos, Ronald M. Telles Alvarado, recurridos, y Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos, peticionaria; Ángel L. Santana, recurrido, v. Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos, peticionaria, y Pedro Díaz López, recurrido.

      Números: CC-2011-0823
    CC-2012-0150
    CC-2012-0158

      Resueltos: 5 de diciembre de 2012

      CC-11-0823:

      Luis R. Román Negrón, procurador general, Guillermo A. Mangual Amador, procurador general auxiliar, y Jeanette M. Collazo Ortiz, subprocuradora general, abogados de la Oficina de Gerencia de Permisos; Jorge C. Cruz, de Gan-darilla & Cruz Jove, abogado José Cordero, Eneida Feli-ciano y Jesús Acevedo, parte peticionaria; Juan Manuel Cordero Morales y Roberto Soto del Cueto, abogados de la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos, parte peticionaria.

      CC-12-0150:

      Luis R. Román Negrón, procurador general, y Guillermo A. Mangual Amador, procurador general auxiliar, abogados de la Oficina de Gerencia de Permisos; Juan Manuel Cor-dero Morales y Roberto Soto del Cueto, abogados de la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos, parte peticionaria.

      CC-12-0158:

      Luis R. Román Negrón, procurador general, y Guillermo A. Mangual Amador, procurador general auxiliar, abogados de la Oficina de Gerencia de Permisos; Juan Manuel Cor-dero Morales y Roberto Soto del Cueto, abogados de la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos, parte pe-ticionaria; Leonor Porrata-Doria y Linnette M. Vázquez-jRivera, abogados del Sr. Ángel Luis Santana, parte recu-rrida; Daniel Martinez Oquendo, abogado de Pedro Díaz López, parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón

emitió la opinión del Tribunal.

Posterior a la aprobación de la Ley Núm. 161-2009, destinada a regir todo lo concerniente a la concesión de permisos sobre el desarrollo y uso de los terrenos en Puerto Rico, se ha suscitado una interrogante: ¿a qué foro le co-rresponde llevar a cabo la revisión judicial de las determi-naciones realizadas por la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (Junta de Apelaciones) o las realizadas por su entidad sucesora, la Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos (Junta Revisora) en aquellos casos que fueron sometidos ante la extinta Admi-nistración de Reglamentos y Permisos (ARPe) o ante las oficinas de permisos de los municipios autónomos con com-petencias delegadas previo a la aprobación y puesta en vigor de ese estatuto?

Esta interrogante se suscitó en los tres recursos conso-lidados de epígrafe que expondremos a continuación, los cuales a pesar de no tener relación fáctica entre sí, presen-tan la misma controversia de carácter procesal.

I

El 2 de noviembre de 2009, ARPe emitió una resolución en la que aprobó un plano de inscripción para la segrega-ción y agrupación de dos (2) fincas, de acuerdo con una solicitud instada por el Sr. Juan Cordero Pérez (señor Cor-dero), dueño de una de éstas. No conformes con la determi-nación de ARPe, el 3 de diciembre del mismo año, los seño-res José Cordero, Eneida Feliciano y Jesús Acevedo (los peticionarios), colindantes inmediatos de los solares segre-gados, presentaron un escrito de apelación ante la Junta de Apelaciones en la que alegaron que la segregación y agrupación de las fincas en cuestión era improcedente en derecho por no ser el señor Cordero dueño de ambas propiedades. Igualmente, argumentaron que el plano de inscripción aprobado por ARPe tenía múltiples errores, provocados, en parte, por información falsa provista por el señor Cordero.

Luego de varios trámites procesales, el 29 de diciembre de 2010, la Junta Revisora emitió una resolución me-diante la cual devolvió el caso a ARPe, ordenándole a esa agencia que tomara en consideración un pleito de deslinde y reivindicación que se estaba tramitando ante el Tribunal de Primera Instancia y cuyo resultado habría de incidir significativamente en la determinación de la lotificación y agrupación emitida por ésta.

Inconformes aún, los peticionarios sometieron un re-curso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Argu-mentaron que siendo ilegal la autorización de ARPe, lo que procedía era que la Junta Revisora revocara la Resolución de 2 de noviembre de 2009 y no que devolviera el caso a esa agencia. Sin considerar los méritos del recurso, el foro ape-lativo intermedio sostuvo que conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, le correspondía a este Foro revi-sar la determinación de la Junta Revisora, razón por la cual desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Luego de sometida una moción de reconsideración en la cual los peticionarios alegaron haber sido inducidos a error por la propia Junta Revisora con respecto al foro autorizado en ley para recurrir de su determinación, el 9 de agosto de 2011, el Tribunal de Apelaciones le requirió a la Junta Re-visora que expusiera su posición.

Así las cosas, el 23 de agosto de 2011 la Junta Revisora presentó una “Moción en cumplimiento de orden” ante el tribunal apelativo intermedio. Sostuvo que, conforme a lo establecido en el Art. 11.13 de la Ley Núm. 161-2009 (23 L.P.R.A. sec. 90211), la apelación presentada por los peti-cionarios ante la Junta de Apelaciones fue transferida a su consideración para que la atendiese al amparo de las leyes y los reglamentos vigentes al momento de someterse la so-licitud de lotificación ante ARPe Alegó que según ese es-tado de derecho, tanto las determinaciones tomadas por la Junta de Apelaciones, así como también aquellas realiza-das por la Junta Revisora en los casos transferidos, tenían que ser revisadas por el Tribunal de Apelaciones. Mediante Resolución emitida el 2 de septiembre de 2011, el Tribunal de Apelaciones declaró “no ha lugar” la moción de reconsi-deración, manteniendo en vigor su resolución anterior.

Los peticionarios acudieron entonces ante nos y cuestio-naron los méritos de la decisión de la Junta Revisora de devolver el caso al foro administrativo. Del mismo modo han comparecido la Junta Revisora y la Oficina de Geren-cia de Permisos (OGPe) (en conjunto, los recurridos) se-halando que, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 161-2009, el foro judicial con jurisdicción para atender el recurso de marras en primera instancia es el Tribunal de Apelaciones.

Mediante resolución emitida el 27 de enero de 2012, ex-pedimos el auto de certiorari solicitado.

CC-2012-0150

El 29 de septiembre de 2009, ARPe emitió una resolu-ción mediante la cual autorizó, vía excepción, una solicitud de permiso de uso para operar un taller de mecánica li-viana y electromecánica. Inconformes con esa determina-ción, cuarenta y ocho (48) propietarios de inmuebles colin-dantes (los recurridos), sometieron un escrito de apelación ante la Junta de Apelaciones. Adujeron que ARPe había errado al autorizar el permiso de uso indicado, puesto que el solar donde se pretendía establecer el taller de mecánica estaba zonificado como Distrito Residencial R-l, la autori-zación no estaba acorde con lo establecido en el Plan Territorial del municipio de Cayey y el uso iba contra los mejo-res intereses de los demás propietarios del sector.

El 4 de agosto de 2011, la Junta Revisora dictó una re-solución en la que confirmó la autorización de permiso de uso concedida por ARPe. Entendió ese foro que el taller propuesto cumplía con los parámetros reglamentarios y se encontraba en los usos permitidos en los distritos residen-ciales R-l por vía de excepción.

No conformes con tal decisión, el 1 de septiembre de 2011, los recurridos solicitaron revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, ese foro desestimó el recurso por falta de jurisdicción mediante Sentencia emitida a tales efectos el 30 de noviembre de 2011. Concluyó que según la Ley Núm. 161-2009, la revisión dé las determinaciones de la Junta Revisora le corresponde a este Tribunal por medio del recurso de certiorari. Por lo tanto, ordenó a la Junta Revisora que volviera a notificar la Resolución de 4 de agosto de 2011, incluyendo las advertencias sobre la re-visión de determinación conforme a lo dispuesto.

Así las cosas, el 21 de diciembre de 2011, la Junta Re-visora solicitó reconsideración ante el foro apelativo intermedio. Argumentó que conforme al Art. 11.13 de la Ley Núm. 161-2009, supra, la apelación presentada en la Junta de Apelaciones y posteriormente transferida ante sí, tenía que ser atendida al amparo de las leyes y los regla-mentos vigentes al 14 de octubre de 2008, fecha cuando fue sometida la solicitud de permiso de uso ante ARPe. Sos-tuvo que, según esos estatutos, la revisión de su determi-nación tenía que presentarse en el Tribunal de Apelaciones y no ante este Tribunal como estableció el foro apelativo intermedio en su sentencia.

Declarada “no ha lugar” la reconsideración, tanto la Junta Revisora como la OGPe han comparecido antes nos. Mediante sus escritos argumentan que es al Tribunal de Apelaciones y no a este Foro a quien le corresponde la re-visión inicial de los recursos de epígrafe.

Mediante Resolución emitida el 30 de marzo de 2012 expedimos el auto de certiorari solicitado y ordenamos la consolidación de los recursos CC-2011-0823 y CC-2012-0150.

CC-2012-0158

Luego de varios trámites a nivel administrativo y judicial, dirigidos a obtener la aprobación de una consulta en conformidad con el Reglamento de Zonificación para la construcción de una gasolinera con tienda de conveniencia en el municipio de Yabucoa, el 31 de agosto de 2009, ARPe emitió una autorización mediante la cual permitió la alu-dida consulta a favor del Sr. Pedro Díaz López (señor Díaz).

Inconforme con esa autorización, el Sr. Angel Luis Santana (señor Santana o el recurrido) solicitó reconsideración ante ARPe y por ésta no ser atendida, posteriormente so-metió un escrito de apelación ante la Junta de Apelaciones. Adujo, entre otros extremos, que el proyecto propuesto no cumplía con los parámetros de distancia entre gasolineras provisto en el Reglamento de Planificación Núm. 27.

Mediante Resolución emitida el 29 de junio de 2011 y notificada a las partes el 1 de julio del mismo año, la Junta Revisora devolvió el caso a la OGPe. Concluyó que las determinaciones de hechos que se desprenden de la resolu-ción emitida por ARPe no sustentan la autorización concedida. En desacuerdo con esa decisión, el señor Santana acudió mediante solicitud de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones.

Luego de varios trámites procesales que incluyeron una moción de la Junta Revisora para que se requiriera la com-parecencia de la OGPe como parte indispensable y una so-licitud de desestimación presentada por el señor Díaz, el 30 de noviembre de 2011, el foro apelativo intermedio emi-tió sentencia, en la que desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Alegó que conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, la revisión de las determinaciones finales de la Junta Revisora le corresponde a este Foro. La Junta Revisora solicitó reconsideración de ese dictamen, y alegó, tal y como lo había hecho en los recursos anteriores, que según lo dispuesto en el Art. 11.13 de la Ley Núm. 161-2009, supra, la revisión de la determinación de la Junta Revisora le correspondía al Tribunal de Apelaciones. No obstante, fue declarada “no ha lugar” el 18 de enero de 2012. De esa denegatoria, la Junta Revisora ha acudido ante nos cuestionando la determinación del tribunal ape-lativo intermedio de declararse sin jurisdicción.

El 27 de abril de 2012 expedimos el auto de solicitado y ordenamos la consolidación de los tres recursos de epígrafe (CC-2011-0823, CC-2012-0150 y CC-2012-0158). Contando con la comparecencia de las partes en todos los recursos, nos encontramos en posición de resolver.

II

A. Letra clara de la ley

Con el fin de descargar nuestra función de resolver las controversias sometidas ante nos, frecuentemente tenemos que recurrir, como en el caso de epígrafe, al uso de la her-menéutica legal. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Apro-bación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 241. Y es que, tal y como hemos mencionado en ocasiones anteriores, toda ley necesita ser interpretada para aplicarse. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923 (2010). “Eso es así ya sean oscuras o claras las palabras de la ley, por lo que se puede decir que es falso afirmar que sólo las leyes oscuras deben ser interpretadas”. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 259; Consejo Titulares v. DACo, 181 D.P.R. 945, 958 (2011).

Uno de los principios medulares en la interpreta-ción de la ley se encuentra recogido en el Art. 14 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. Este dispone que “[cjuando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. íd. “[E]n un sinnúmero de ocasiones hemos indicado que ante el lenguaje claro, explícito y libre de toda ambigüedad o duda de un estatuto, no cabe menos-preciar la letra de la ley bajo el pretexto de cumplir su espíritu, máxime cuando el espíritu o intención del esta-tuto y su letra son la misma cosa”. (Citas y comillas omitidas). Bomberos Unidos v. Cuerpo de Bomberos et al., 180 D.P.R. 723, 750 (2011), citando a Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625, 650 (1987).

En aras de cumplir con la norma cardinal que preceptúa el aludido Art. 14 del Código Civil, supra, el primer paso al interpretar un estatuto es remitirnos al propio texto de la ley, puesto que cuando el legislador se ha expresado en un lenguaje claro e inequívoco, el propio texto de la ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa. Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 D.P.R. 849, 862 (2010); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 D.P.R. 391, 417 (2010); Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 D.P.R. 745, 767 (2010). Es decir, cuando el lenguaje de la ley no cree dudas, no es necesario ir más allá de la letra de ésta para hallar la voluntad del legislador, sino que se debe descubrir y dar efecto a la intención según expresada en la propia letra del estatuto. Id.

B. Jurisdicción

El término “jurisdicción” ha sido definido como el poder o la autoridad que posee un tribunal para dilucidar los casos o controversias presentados ante su consideración. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 D.P.R. 239 (2012); Pueblo v. Rodríguez Traverzo, 185 D.P.R. 789 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675 (2011); Gonzalez v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848 (2009).

De acuerdo con ese principio, el primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica presentada ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza jurisdiccional. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 D.P.R. 393 (2012). Es decir, los tribunales tienen la responsabili-dad indelegable de auscultar, en primera instancia, su pro-pia jurisdicción.

Los tribunales tenemos un deber ministerial de examinar y evaluar con rigurosidad cualquier señalamiento de falta de jurisdicción, pues, como mencionáramos, ésta incide directamente sobre nuestro poder para adjudicar cualquier controversia. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005). Véase, además, Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra. Teniendo eso en mente, consistentemente hemos afirmado que los entes adjudicativos debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, examinando esta, no empece el asunto no ha sido planteado anteriormente. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, supra; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. I, pág. 177.

Por consiguiente si un tribunal, luego de realizado el análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un re-curso, solo tiene autoridad para así declararlo. S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra. De hacer esa determina-ción de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación ante sí sin entrar en sus méritos. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra. Lo anterior, basado en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será jurí-dicamente inexistente o ultra vires. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46 (2007).

C. Ley Núm. 161-2009

La Ley Núm. 161-2009, supra, fue promulgada con el fin de establecer el nuevo marco legal y administrativo que habría de guiar la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos de uso y de construcción y desarrollo de terrenos por parte del Gobierno de Puerto Rico. Esta tiene como objetivo transformar el sistema de permisos de Puerto Rico de modo que sea más transparente, ágil, confiable y eficiente. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 161-2009.

Mediante esa ley se creó la OGPe, entidad encargada de la evaluación, concesión o denegación de determinaciones finales y permisos relativos al desarrollo y el uso de terre-nos, así como de las consultas de ubicación. 23 L.P.R.A. sec. 9012d. Además, se instituyó la Oficina del Inspector General, organismo encargado, entre otras cosas, de fiscalizar el cumplimiento de las determinaciones finales y permisos otorgados por la OGPe. Id.

Asimismo, se estableció una Junta Revisora para que fungiera como un foro especializado e independiente en la revisión de las determinaciones finales provenientes de la OGPe, de la Junta Adjudicativa de la OGPe, de los mu-nicipios autónomos con jerarquía de la I a la V, y de un profesional autorizado.

Sobre el particular, el Art. 12.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, dispone para que cualquier parte ad-versamente afectada por una actuación, determinación final o resolución de la OGPe, de la Junta Adjudicativa, de los municipios autónomos con jerarquía de la I a la V, o de un profesional autorizado, presente un recurso de revisión administrativa ante la Junta Revisora. Según la anterior Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de ARPe (Ley Núm. 76), estas revisiones eran llevadas a cabo por la Junta de Apelaciones.

Según el nuevo esquema normativo, una vez la Junta Revisora emite una determinación, cualquier parte afec-tada por ésta puede acudir mediante recurso de certiorari directamente ante este Tribunal en un término de treinta días, sin tener que recurrir primero ante el Tribunal de Apelaciones como sucedía antes. Sin embargo, como parte de los mecanismos establecidos para lograr una tran-sición ordenada de la antigua Ley de ARPe al nuevo orde-namiento instaurado por la Ley Núm. 161-2009, se inclu-yeron varias disposiciones transitorias para atender, específicamente, los procesos que quedaban aún pendien-tes bajo el anterior esquema procesal.

Sobre el particular, el Art. 11.13 de la Ley Núm. 161-2009, supra, establece lo siguiente:

A la fecha de vigencia de esta ley, los casos pendientes de resolución ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, incluyendo aquellas determinaciones de los municipios autónomos que hasta la fecha de la vigencia de esta ley eran apeladas ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, se transferirán a la Junta Re-visora para su resolución, al amparo de las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes al momento de la presentación de la solicitud de autorización objeto de la revisión. (Enfasis nuestro). 23 L.P.R.A. sec. 9021Z.

Es decir, para evitar crear un vacío en el trámite admi-nistrativo mientras se realizaba una transición ordenada hacia la nueva reforma del proceso de permisos, la propia Ley Núm. 161-2009 preceptuó para que los asuntos que quedaban pendientes ante la consideración de la Junta de Apelaciones fueran atendidos por la Junta Revisora, pero utilizando el esquema de ley existente al momento de pre-sentarse la solicitud de permiso objeto de revisión. Atado a ello, el Art. 19.10 de la Ley Núm. 161-2009, dispuso para que la anterior Ley Orgánica de ARPe perma-neciera vigente y no fuera derogada, sino hasta luego de transcurrido un año de entrar en vigor la nueva ley

Del mismo modo, el Art. 18.1 de la aludida ley fijó que:

Cualquier procedimiento administrativo, caso, querella o acusación pendiente por violaciones a las leyes o parte de és-tas, o reglamentos derogados o afectados por este capítulo, que ocurran con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, se transferirán a la Oficina del Inspector General o la Junta Re-visora, según aplique, para que se sigan tramitando bajo la ley vigente al momento de haberse cometido la violación Cualquier acción civil radicada en relación con la estructuración de cual-quiera de las leyes, o parte de éstas, derogadas o afectadas por este capítulo, y en trámite antes de la fecha de vigencia de esta ley, no quedará afectada por ninguna de las derogaciones o modificaciones formuladas por este capítulo. (Énfasis nuestro). 23 L.P.R.A. sec. 9028.

Conforme a lo anterior, mientras estuvieron en pleno vigor los estatutos y reglamentos que precedieron a la aprobación de la Ley Núm. 161-2009, la revisión de las determinaciones de la Junta de Apelaciones, organismo que antecedió a la Junta Revisora, se hacía según lo dispuesto por la See. 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). 3 L.P.R.A. sec. 2172. Esa disposición, específicamente, establece que una parte adversamente afectada por una determinación final de la agencia podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones en el término de treinta (30) días del archivo en autos de la copia de la notificación de la decisión.

De ese modo, conforme al estado de derecho vigente, previo a la aprobación del Art. 13.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, las revisiones del foro administrativo revisor de ARPe se realizaban ante el Tribunal de Apelaciones y no ante este Tribunal. Véase, por ejemplo, Maymí v. Gob. Mun. Aut. Ponce, 151 D.P.R. 689, 700 (2000), donde sostu-vimos que las resoluciones emitidas por la Junta de Apela-ciones pueden ser revisadas, vía recurso de revisión admi-nistrativa, por el Tribunal de Apelaciones

I HH 1 — I

Una vez expuesta la normativa aplicable a los recursos de autos, pasamos a resolver la controversia planteada ante nuestra consideración.

Del trasfondo procesal de los recursos de epígrafe, pode-mos colegir que todos fueron iniciados ante ARPe previo a la aprobación de la nueva Ley Núm. 161-2009, supra. Se-gún lo expuesto claramente en el Art. 11.13 de ese estatuto, supra, aquellos casos de consultas y permisos iniciados de acuerdo con la ahora derogada Ley Orgánica de ARPe, de-berán continuar siendo atendidos mediante las disposicio-nes de las leyes y los reglamentos vigentes al momento de ser sometidas las solicitudes que ahora son objeto de nues-tra revisión. Así pues, conforme al esquema procesal en vigor a la fecha de ser presentadas las solicitudes iniciales en los recursos de epígrafe, la revisión de las determinacio-nes de la Junta de Apelaciones correspondía al Tribunal de Apelaciones según lo dispuesto en la See. 4.2 de la LPAU, supra.

De este modo, ejerciendo nuestro rol como intérpretes máximos de la Constitución y las leyes de Puerto Rico y guiados por lo que dispone la letra clara del Art. 11.13 de la Ley Núm. 161-2009, supra, concluimos que es el Tribunal de Apelaciones y no esta Curia, el foro con jurisdicción para atender la revisión judicial de los recursos aquí consolida-dos, así como la de todos aquellos casos que se encuentren en igual situación. Realizamos esta interpretación guiados por las propias disposiciones del estatuto que exigen una transición ordenada. Esta interpretación es cónsona, tam-bién, con la brindada tanto por la Junta Revisora como por la OGPe al estatuto que vienen obligadas a poner en vigor, por lo que merece nuestra deferencia. Véase, por ejemplo, Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969 (2011).

De otra parte, entendemos meritoria y necesaria la norma que hoy pautamos, puesto que al presente existen inconsistencias entre las determinaciones de diversos pa-neles del Tribunal de Apelaciones sobre la cuestión aquí planteada.

En concordancia con lo esbozado, podemos colegir que lo dispuesto en el Art. 13.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, en lo atinente a las revisiones de las determinaciones de la Junta Revisora ante este Tribunal, aplica únicamente a casos adjudicados por la Junta Revisora sobre solicitudes que fueron presentadas o adjudicadas por la OGPe a partir de 1 de diciembre de 2010, fecha cuando ambas entidades iniciaron su operación. Lo anterior queda evidenciado en lo dispuesto en el propio Art. 11.13 de la Ley Núm. 161-2009, supra, que expresamente requiere la utilización de la ley anterior para los casos iniciados al amparo de ese esquema normativo.

Por todo lo expuesto resolvemos, además, que distinto a lo expresado por el Tribunal de Apelaciones, la Junta Re-visora no erró al apercibir a todas las partes de su derecho a solicitar una revisión de la determinación administrativa ante el foro apelativo intermedio. Por consiguiente, no pro-cede una nueva notificación de las Resoluciones de la Junta Revisora, según intimado por ese foro.

En conclusión, una vez evaluados los hechos presenta-dos ante nos, al igual que las disposiciones de las leyes aplicables, resolvemos que incurrió en error el Tribunal de Apelaciones al rehusar asumir jurisdicción en los recursos de epígrafe y al determinar, en su lugar, que las partes adversamente afectadas por las determinaciones de la Junta Revisora tenían que acudir directamente ante este Foro mediante recurso de certiorari. Según la letra clara del Art. 11.13 de la Ley Núm. 161-2009, supra, corresponde al Tribunal de Apelaciones la revisión de las determinacio-nes de la Junta Revisora en controversia.

IV

En vista de lo anterior, revocamos la Resolución de 30 de junio de 2011 en el Recurso CC-2011-0823, la Sentencia de 30 de noviembre de 2011 en el Recurso CC-2012-0150 y la Sentencia de 30 de noviembre de 2011 en el Recurso CC-2012-0158 emitidas por el Tribunal de Apelaciones y devol- vemos los casos a ese foro para que sea éste quien los atienda en los méritos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Martínez Torres se inhibieron. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       23 L.P.R.A. sec. 9011 et seq., según enmendada, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley Núm. 161-2009). En esta se restructure) el sistema de evaluación de permisos en Puerto Rico en aras de crear uno más integrado y eficiente.

       La Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (Junta de Apelaciones) era el foro administrativo encargado de revisar las determinaciones de la antigua Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe).

       La Junta Revisora de Permisos y Uso de Terrenos (Junta Revisora) es el cuerpo revisor al cual le fueron transferidos los casos que estaban pendientes de resolución ante la Junta de Apelaciones cuando se aprobó la Ley Núm. 161-2009.

       Se refiere a las determinaciones emitidas por los municipios autónomos que hasta la fecha de vigencia de la Ley Núm. 161-2009 eran apeladas ante la Junta de Apelaciones.

       Resolución notificada a las partes el 3 de noviembre de 2009.

       Como mencionáramos, el 1 de diciembre de 2009, mientras el asunto de marras se encontraba aún ante la consideración de la Junta de Apelaciones, la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 161-2009, mediante la cual ordenó la transferencia de los casos que estaban pendientes de resolución ante la Junta de Apelaciones al nuevo ente examinador conocido como Junta Revisora.

       Resolución del Tribunal de Apelaciones de 30 de junio de 2011.

       La solicitud de permiso fue presentada ante ARPe el 21 de septiembre de 2009.

       La solicitud de permiso fue presentada por el Sr. Ronald M. Telles Alvarado el 14 de octubre de 2008.

       Tal y como mencionáramos en el recurso que antecede, por virtud de la Ley Núm. 161-2009 los casos que se encontraban ante la consideración de la Junta de Apelaciones fueron trasferidos a la Junta Revisora.

       Como parte de su determinación, la Junta Revisora apercibió a las partes de su derecho a solicitar reconsideración y solicitar la revisión de ese dictamen ante el Tribunal de Apelaciones, conforme a las Secs. 3.15 y 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de octubre de 1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Adminis-trativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sees. 2165 y 2172, respectivamente.

       La Resolución para denegar la reconsideración fue emitida el 26 de enero de 2012.

       Reglamento para Delegar a la Administración de Reglamentos y Permisos la Adjudicación de Permisos de Usos y Construcción y Desarrollo de Terrenos en Áreas No Zonificadas y para Establecer Criterios para su Evaluación, Reglamento Núm. 6517, Departamento de Estado, 5 de septiembre de 2002.

       Organismo sucesor de ARPe, en virtud de la Ley Núm. 161-2009, supra.

       Véanse, además: Regla 83(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelacio-nes, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B; Regla 32(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B.

       La Junta Adjudicativa de la OGPe es un organismo adscrito a esa oficina encargada de evaluar y adjudicar determinaciones finales y permisos de carácter discrecional. 23 L.P.R.A. sec. 9016.

       Se refiere a aquellos municipios que obtuvieron la transferencia de faculta-des de la Junta de Planificación y de ARPe sobre la ordenación territorial, incluyendo querellas, autorizaciones y permisos, según el Art. 13.012 de la Ley Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos (21 L.P.R.A. sec. 4610).

       Los profesionales autorizados son agrimensores, agrónomos, arquitectos, geólogos, ingenieros y planificadores, encargados de evaluar o expedir permisos mi-nisteriales, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, supra, y con cualquier otra disposición legal aplicable. 23 L.P.R.A. sec. 9017.

       23 L.P.R.A. sec. 9022.

       Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. ant. sec. 71 et seq.). Esa ley fue derogada por la Ley Núm. 161-2009, supra.

       Art. 13.1 de la Ley Núm. 161-2009 (23 L.P.R.A. sec. 9023).

       Es menester mencionar que mediante la Ley Núm. 76, se derogaron varios artículos de la Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico”. Para aquel entonces también se dispuso que los casos que estuviesen pendientes ante la extinta Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones fuesen transferidos a la nueva Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, pero que conti-nuasen siendo tramitados por la nueva Junta de Apelaciones al amparo de la ley vigente al momento de los hechos que dieron base a esos procedimientos. Específica-mente, disponía el Art. 41 de la Ley Núm. 76 en su inciso (b) lo siguiente: “[tjodos los procedimientos administrativos que estén pendientes en la Junta de Apelaciones Sobre... Construcciones y Lotificaciones, creada por la Ley [N]úm. 213, de 12 de mayo de 1942, según enmendada, serán transferidos a la Junta de Apelaciones que se crea mediante esta ley. ..y se seguirán tramitando bajo la ley vigente al momento de los hechos que dieron base a dichos procedimientos”. (Enfasis nuestro). 23 L.P.R.A. ant. sec. 72b n. (ed. 2008).

       23 L.P.R.A. sec. 9011 n.

         El Art. 19.10 de la Ley Núm. 161-2009 dispone, específicamente: “Se deroga la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada..., conocida como ‘Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos’, al año de entrar en vigor esta Ley”. (Énfasis nuestro). 23 L.P.R.A. sec. 9011 n.


text:
      In re Enmienda a la Regla 2.5.4.2 del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría.

      Número: ER-2012-05

      Resuelto: 10 de diciembre de 2012
   RESOLUCIÓN

Al amparo del poder inherente del Tribunal Supremo para regular la admisión al ejercicio de la práctica de la abogacía y la notaría, y conforme a lo dispuesto en la Regla 15(15.4) del Reglamento para la Admisión de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría de 1998 (4 L.P.R.A. Ap. XVII-B), se enmienda la Regla 2(2.5.4)(b), la cual dis-pondrá como sigue:

Regla 2 — ...
(2.5.4)...
(b)... Se asignará a cada aspirante un número de identifi-cación y se le informará éste con anticipación a la fecha del examen. Antes de comenzar cada período de examen, el aspi-rante deberá ocupar el asiento asignado en el recinto del exa-men, marcado con su número de identificación. Se entregará a cada aspirante una libreta por pregunta, para su uso en cada período de discusión. Deberá devolverla al concluir cada pe-riodo de discusión. Cada libreta tendrá en la cubierta un nú-mero arábigo, que corresponderá al número de identificación del aspirante. Las libretas tendrán, además, en la cubierta un número romano que corresponderá al período de examen.
La Junta podrá permitir que el aspirante conteste las pre-guntas de discusión en una computadora, sujeto al programa y el procedimiento aprobados para ello. En tal caso, antes de comenzar a contestar, el aspirante registrará su número de identificación e indicará el periodo de examen corres-pondiente.
Al concluir los exámenes, el Presidente, con la asistencia del Director Ejecutivo y del personal que éstos designen, des-prenderá de la cubierta de cada libreta de contestaciones la parte que contiene el número de identificación y marcará cada una con otro número, que se conocerá como número clave. En la eventualidad de que las contestaciones hayan sido redacta-das en computadora, dichas contestaciones se imprimirán con el número de identificación en su cubierta, de forma tal que se pueda realizar el proceso antes mencionado. Esta impresión constituirá la libreta de contestación del aspirante...

Esta enmienda entrará en vigor inmediatamente.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo