text:
    Isabel Cruz, peticionaria, v. Comisión Hípica Insular de Puerto Rico, Etc., demandados y apelantes.
    Núm. 9183.

    Sometido: Enero 15, 1946.

      Resuelto: Febrero 25, 1946.

      Diego O. Marrero, abogado de los apelantes; Eduardo Ortiz Reyes, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria es dueña de un caballo de carreras, co-nocido con el nombre de Yuyín A, inscrito en el Libro de Registro de la Comisión Hípica. Después de participar en una carrera el 8 de abril de 1945, Tuyín A. fué suspendido por el Jurado durante el término de tres meses y un día por inconsistencia. El 10 de abril se radicó esta petición, soli-citando un injunction dirigido a los demandados — los miem-bros de la Comisión y del Jurado — prohibiéndoles que pusie-ran en vigor la decisión del Jurado.

Alega la peticionaria que la resolución del Jurado se hizo sin causa legítima alguna, sin practicar investigación y sin darle oportunidad de ser oída, en violación de la Regla 96 (Ti.) del Reglamento de la Comisión, privándola con ello de su propiedad sin el debido procedimiento de ley; que el Secre-tario de la Comisión no le notificó por escrito esta decisión al finalizar el día de carreras, según lo exige la Regla 118 del Reglamento; y que la Comisión ha ordenado el retiro de dicho caballo de una carrera a celebrarse el 11 de abril. Alega que de subsistir la decisión perdería una considerable suma que por concepto de premio podría ganar el caballo, y que carece de remedio adecuado en ley.

El 11 de abril la Corte de Distrito dictó una orden de entredicho. Los demandados pidieron la desestimación de la petición por el fundamento de que la peticionaria no ha-bía agotado su remedio administrativo, toda vez que la de-cisión del Jurado era apelable ante la Comisión. En la vista de esta moción, las partes también sometieron la moción so-licitando injunction preliminar sin presentar prueba alguna. La corte inferior declaró sin lugar la moción de desestima-ción y dictó una resolución concediendo el injunction prelb minar, de la cual apelan los demandados.

Es cierto que en Maldonado v. Comisión Hípica, 64 D.P.R. 503, Sifre v. Pellón, Juez, 54 D.P.R. 587, Hernández v. Comisión Hípica Insular, 50 D.P.R. 100, y Romany v. Jurado del Hipódromo Quintana, 55 D.P.R. 325, resolvimos que bajo las circunstancias de dichos casos deben concederse los. injunctions cuando el Jurado impone penalidades sin conce-der una vista de acuerdo con la Eegla 96(h). Pero dielios casos envolvían más que la negativa de una vista: las deci-siones del Jurado no eran apelables. En su consecuencia, a menos que una corte de equidad interviniera, las partes per-judicadas no tenían manera de obtener la revisión de la de-cisión del Jurado.

Es innecesario que reexaminemos dichos casos, toda vez que el presente es distinguible. Aquí el artículo 18 de la Ley Hípica dispone que las decisiones del Jurado imponiendo suspensiones por más de tres meses son apelables ante la Comisión, la que debe decidir tales apelaciones dentro del término improrrogable de diez días. La penalidad impuesta en este.caso fue por más de tres meses de suspensión; por tanto la peticionaria tenía el derecho de apelar ante la Co-misión, cosa que no hizo. Toda vez que no agostó su reme-dio administrativo, de acuerdo con los principios conocidos, no tiene derecho al remedio de injunction

La corte de distrito resolvió que no obstante este derecho de apelación, debía expedirse el injunction porque el artículo 20 de la Ley Hípica dispone que una apelación de la decisión del Jurado no suspende la ejecución de dicha decisión. Pero debe recordarse que hay un gran interés público en la estricta supervisión de las carreras y en la pronta supresión de prácticas impropias por aquéllos que se dedi-

can al deporte Mpico. Con frecuencia, si la decisión del Ju-rado va a ser totalmente efectiva, debe tomarse en el mismo sitio en seguida que se comete la falta. En vista de este in-terés público, una demora de diez días en obtener de la Co-misión una decisión en apelación, tiempo durante el cual per-manece en vigor la decisión adversa del Jurado, no perjudica a la peticionaria a tal extremo que justifique a las cortes ha-cer caso omiso del rápido remedio administrativo dispuesto por ley y expedir inmediatamente el remedio extraordinario del injunction. Cf. Power Electric Co. Inc. v. Buscaglia, Tes., 63 D.P.R. 984; Fernández v. Buscaglia, Tes., 60 D.P.R. 596. En verdad, la serie de sucesos acaecidos en este caso demues-tra que es la Comisión más bien que las cortes el sitio donde puede obtenerse una determinación rápida de tales casos. Creemps que el derecho de apelación ante la Comisión, junto al derecho a una decisión dentro de diez días, protege ade-cuadamente a la peticionaria.

La resolución de la corte de distrito será revocada y se dictará sentencia desestimando la petición.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.

      Ley núm. 11/ Leyes de Puerto Bieo, 1932 (Leyes de 1931-32, pág. 195), según quedó enmendada por la Ley núm. 17, Leyes de Puerto Bieo, 1935, Sesión Extraordinaria (pág. 93).

       Este caso es una aplicación obvia de "la regla de administración judicial establecida hace tiempo de que nadie tiene derecho a remedio judicial por un supuesto daño o amenaza de daño hasta que haya agotado el remedio administra-tivo prescrito. ” Myers v. Bethlehem, Corp., 303 U.S. 41, 50, 51, y casos citados en el escolio 9; Levers v. Anderson, _U.S._, resuelto en 5 de noviembre d.e 1945; Felicie et al. v. P. R. Racing Corp. et al., 38 D.P.R. 475, 480-81; Axtmayer v. Kessinger, 32 D.P.R. 915, 919; Nieves v. Lutz, 45 D.P.R. 637; Pérez Marchand v. Garrido, Comisionado, 48 D.P.R. 457; Peña v. Flores, 58 D.P.R. 772.

      Ley núm. 11, según quedó enmendada por la Ley núm. 9, Leyes de Puerto Bieo, 1936 ((1) pág. 179).

      Cf. los casos que resuelven que en ciertas clases de casos una resolución de suspensión temporal hecha sin notificación o audiencia es válida si va seguida de una vista en los méritos sobre la cuestión de suspensión permanente. Gellhorn, Administrative Law, Cases and Comments, págs. 379-82.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

license: Public Domain

text:
    Luis Meaux, demandante y apelante, v. Sucn. de José Rodríguez Pérez, demandada y apelada.
    Núm. 9197.

    Sometido: Febrero 14, 1946.

      Resuelto: Febrero 25, 1946.

      A. Dias Viera y B. Dias Collaso, abogados del apelante; M. Benitez Flores, abogado del apelado José Manuel Rodríguez; Félix Oc\o-teeo, Jr. y Luis E. Dubfin, abogados de los demás apelados miem-bros de la sucesión demandada; Otero Suro & Otero Suro, abogados del Administrador Judicial.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

José Bodríguez Pérez falleció el 24 de noviembre de 1940.. El 11 de febrero de 1941 Luiz Meaux demandó a la Sucesión de Bodríguez Pérez en cobro de dinero, alegando que el 28 de octubre de 1940 Bodríguez Pérez había suscrito un pa-garé por $7,000 con intereses al 6 por ciento; que el pagaré era pagadero a favor de Meaux y que había vencido el 28 de enero de 1941; y que Meaux había requerido de pago a la Sucesión, a lo que se negó ésta. La demandada contestó la demanda, alegando que el pagaré era espurio y que su causante nunca adeudó al demandante cantidad alguna. Ce-lebrado el juicio en los méritos, la corto de distrito dictó sentencia desestimando la demanda y concediendo a los de-mandados costas y honorarios de abogado en la suma de $750 para el abogado de uno de los demandados y $1,500 para el abogado de los otros demandados. El demandante apeló de dicha sentencia.

, Señala dos errores: (1) la apreciación de la prueba por la corte de distrito; (2) la concesión de costas y honorarios de abogado. En cuanto al primer error, el récord contiene evidencia en demasía que plenamente justifica la conclusión a que llegó la corte inferior de que el pagaré era espurio. Sólo necesitamos examinar algunos de los acontecimientos más sobresalientes del caso para quedar convencidos de este hecho.

Después de radicarse la demanda, la corte, a soli-citud de la demandada, ordenó al demandante que produjera el pagaré original para ser examinado por un perito. Luego el demandante supo que un perito que había examinado el pagaré era de opinión que éste era espurio. En la espe-ranza de evitarse el efecto de la declaración de este perito e ignorando que la demandada había hecho tomar fotocopias del pagaré original, el demandante retiró el pagaré que ha-bía depositado en corte y en el juicio ofreció en evidencia como el supuesto pagaré original otro documento que de su faz es diferente en varios aspectos al comparársele con la fotocopia del pagaré original.

El demandante declaró que Juan Rodríguez había inser- . tado a máquina el texto del pagaré. Rodríguez declaró que le era imposible determinar si el pagaré presentado en evi-dencia había sido llenado a máquina por él. La declaración de Rodríguez por tanto no sería de importancia, a no ser por el hecho de que otra prueba demostró que obtuvo una orden para venderle cierta maquinaria al causante, que dió lugar a una reclamación suya contra Ja sucesión. Se torna evidente la conexión de Rodríguez con este caso cuando la demandada presentó convincente prueba pericial al efecto de que la orden en cuestión, indubitadamente firmada por el causante, se usó para falsificar su firma en el pagaré origi-nalmente depositado en corte, calcándola de la orden.

El pagaré ofrecido en evidencia por el demandante no fué el mismo pagaré que el demandante sometió para que la demandada lo examinara y que luego el demandante retiró' de la corte. Pero también este segundo pagaré era espurio. Aquí, tanto la prueba pericial como un examen del pagaré, demuestran fuera de toda duda, que la firma en este segundo pagaré fué calcada de la firma del causante que aparece en otro pleito instado por él. Es por demás significativo que el expediente original en ese pleito estuvo en manos del de-mandante, quien lo obtuvo para examen mediante moción ra-dicada al efecto.

Aparte de la prueba presentada al efecto de que el pa-garé era espurio, la evidencia justificó eminentemente la con-clusión de la corte de distrito de que la deuda en pago de la cual se alegó fue otorgado nunca existió. El demandante-declaró que le entregó al causante la suma de $7,000 a re-querimiento de éste de conformidad con' un convenio me-diante el cual el demandante en el futuro recibiría una parte proporcional de las ganancias provenientes del negocio de préstamo a los empleados municipales a cambio de la com-pra de sus cheques, negocio a que se dedicaba el causante; y que el pagaré de hecho no devengaría intereses, habiéndose insertado la cláusula de intereses para aquellas circunstan-cias como la presente. Así pues nos encontramos al deman-dante con su propia declaración desacreditando la teoría de su demanda, cual era que le había hecho un préstamo al causante que devengaría intereses al seis por ciento.

Otros aspectos de la declaración del demandante son igualmente increíbles. Se refirió a grandes transacciones co-merciales, pero admitió que no tenía cuenta de banco. Alegó que le entregó al causante los $7,000 en efectivo, a saber, cuatro billetes de $500, cuarenta y nueve billetes de $100 y cinco de $20, dinero que guardaba en su casa en una caja. Declaró bajo juramento que había radicado planillas de con-tribuciones sobre ingresos desde el 1938; pero los archivos del Departamento de Hacienda demuestran que nunca radicó una sola planilla.

Por otro lado, el testimonio incontrovertido de la deman-dada fué que el causante, quien era muy conservador y frugal, hubiera podido, de así desearlo, en octubre de 1940 to-mar a préstamo de su banco, sin garantía de clase alguna, la suma de $20,000. Sin embargo, aun cuando se dedicaba a muchas transacciones comerciales de alguna importancia, no tomó a préstamo de su banco desde 1935 basta la fecha de su muerte cantidad alguna. Más aún, en octubre, 1940, te-nía depositada en su cuenta con el banco, devengando el uno y medio por ciento, la suma de $50,000, que pudo muy bien usar en vez de tomar dinero ^prestado al demandante y pa-garle intereses al seis por ciento. T al ocurrir la muerte de Rodríguez el 24 de noviembre de 1940, tenía depositada en su cuenta con el banco la suma de $43,000, y dejó considera-bles propiedades.

No obstante haber el demandante declarado que le en-tregó al cansante la suma de $7,000 el 28 de octubre de 1940, éste no depositó en el banco cantidad mayor alguna de $2,600 durante el mes de octubre de. 1940. El causante frecuente-mente discutía sus asuntos en detalle con el gerente de su banco, pero nunca mencionó este supuesto convenio. Y siem-pre hizo personalmente sus transacciones en relación con su •importante negocio de comprar cheques municipales, sin la intervención del demandante o de cualquier otra persona.

Lejos de encontrar base alguna que justifique que inter-vengamos con las conclusiones de la corte inferior al efecto de que el pagaré era espurio y que nunca existió obligación del cansante de pagarle dinero alguno al demandante, no po-demos ver de qué manera podía la corte de distrito llegar a otro resultado. El esfuerzo del demandante para utilizar las cortes con la idea de consumar una trama fraudulenta malamente ideada y torpemente ejecutada, queda expuesto con toda claridad.

El segundo error merece escasa consideración. La conducta del demandante debe caracterizarse con una palabra mucho más fuerte que temeridad. Olmedo v. Rivera, 65 D.P.R. 49. La corte de distrito estuvo plenamente justificada en concederle a la demandada costas y honorarios de abogados en las sumas ya indicadas. T el récord no demues-tra justificación alguna para entablar esta apelación. En su consecuencia, declararemos con lugar la súplica de la deman-dada para que se le concedan costas y honorarios de aboga-dos en este tribunal.

La sentencia será confirmada, con costas y honorarios de ahogados ante este tribunal &n la suma de $500.


author: El Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    Gilberto Meléndez, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Juez, demandada.
    Núm. 35.

    Sometido: Febrero 4, 1946.

      Resuelto: Febrero 28, 1946.

      Miranda <& Miranda Esteva, abogados del peticionario; Otero Suro cG Otero Suro, abogados del interventor, demandante en el pleito principal; Miguel Mareos Contreras, abogado de Chester Bowles, Administrador de la Oficina de Administración de Precios, éste como amicus curia.&.

   El Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Serabals inició en la corte municipal el 18 de ju-lio de 1945 una acción de desahucio contra Gilberto Melendez. Alegó que el contrato de arrendamiento de una vivienda que tenía con Melendez era de mes a mes; que el inquilino pagaba $40 mensuales por la planta baja del inmueble; que el 3 de julio el demandante notificó al demandado que a par-tir de esa fecha daba por terminado el contrato de arrenda-miento y le concedía un plazo de diez días para desocupar el local arrendado. Se alegó además en la demanda que el demandante necesitaba de buena fe obtener la posesión del local para realizar em el mismo, ciertas reparaciones y alte-raciones que especificó, las cuales no podían ser hechas mien-tras el demandado no desocupase el local.

Para la fecha en que se interpuso la demanda estaba en vigor la sección 6(a)(5) del Reglamento de la Oficina de Administración de Precios que permitía establecer acciones de desahucio cuando era necesario de buena fe adquirir la casa para verificar alteraciones o reparaciones en la misma.

El- 6 de septiembre de 1945 la corte municipal declaró sin lugar la demanda. Apeló el demandante para ante la corte de distrito, pero estando el caso pendiente en dicha corte, la Oficina de Administración de Precios derogó la sección 6(a) (5) de su Reglamento para tener efecto la derogación el 15 de septiembre de 1945. Ello no obstante, el 26 de noviem-bre de 1945 la corte de distrito dictó sentencia declarando con lugar la demanda. Para revisar esa sentencia e invo-cando la Ley núm. 32 de 1943 (pág. 85), por tratarse de un asunto que envuelve interés publico, se solicitó por el deman-dado y expedimos auto de certiorari.

Arguye el peticionario que derogada por la Oficina de Administración de Precios la sección 6(a)(5) carecía de jurisdicción la corte de distrito para dictar la sentencia. El demandante en el caso de desahucio en el alegato que presentó en esta Corte sostiene que estando en vigor la sección 6(a)(5) cuando él radicó la demanda, su derecho a obtener sentencia no puede ser afectado por la derogación posterior de dicha sección.

En el alegato que en su carácter de amicus curiae radicó en este Tribunal el Administrador de-la Oficina de Adminis-tración de Precios, llama la atención al hecho de que a raíz de la derogación de la sección 6(a)(5) la Oficina de Admi-nistración de Precios emitió una interpretación oficial del al-cance de dicha derogación en cuanto a procedimientos que estaban pendientes en los tribunales en 15 de septiembre de 1945. Según dicha interpretación si en el caso no se hubiere dictado sentencia en la fecha últimámente indicada, la corte carece de jurisdicción para dictarla y- procede desestimar la demanda; pero si antes de esa fecha la sentencia se hubiere dictado, podrá la corte continuar los procedimientos como si la derogación no hubiere existido.

A nuestro juicio la interpretación que ha dado la Oficina de Administración de Precios al efecto legal de la deroga-ción de la sección 6(a)(5), se halla en perfecta armonía con el espíritu que anima la Ley creando la Oficina de Ad-ministración de Precios y especialmente el Reglamento rela-cionado con el inquilinato. La referida Ley y el Reglamento persiguen el laudable propósito de conjurar la actual crisis de escasez de viviendas que ha surgido como consecuencia de la guerra mundial. La derogación de la sección 6(a)(5) trata de evitar que so pretexto de verificar reparaciones, el casero lance al inquilino que viene pagando religiosamente el canon 'de arrendamiento. La Ley y el Reglamento son re-paradores y requieren naturalmente una interpretación que proteja al mayor número de personas afectadas por la crisis que se tata de conjurar. Interpretando así el efecto de la derogación, ésta debe aplicarse tanto a acciones iniciadas antes de su vigencia pero que no obtuvieron sentencia hasta después de la derogación, como a aquellas acciones iniciadas después de la derogación.

A nuestro jiúcio la corte inferior perdió su jurisdicción para dictar sentencia en el presente-caso y procede por con-siguiente anularla y devolver el caso para que se dicte otra declarando sin lugar la demanda de desahucio.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Porfirio Colón Aponte, acusado y apelante.
    Núm. 11014.

    Sometido: Diciembre 11, 1945.

      Resuelto: Febrero 28, 1946.

      Juan B. Boto, abogado del apelante; Eon. Procurador General E. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar, y J. Rivera Barreras, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Esta es la segunda vez que este caso viene a nuestra con-sideración. En la primera revocamos la sentencia por ase-sinato en segundo grado dictada contra el apelante, por ha-berse demostrado que fue privado de un derecho fundamental al no tomarse taquigráficamente las instrucciones de la corte al jurado. Pueblo v. Colón, 63 D.P.R. 385. Devuelto el caso a la corte inferior y celebrado un nuevo juicio, el acusado fue convicto por el jurado de un delito de homicidio voluntario y sentenciado a extinguir ocho años de prisión con trabajos forzados. Es esta la sentencia cuya revisión pende ante nos.

La naturaleza de los errores señalados exige que en la exposición de los hechos hagamos referencia a cierto inci-dente ocurrido al iniciarse el primer juicio en la corte inferior.

La acusación presentada en este caso imputa al acusado un delito de asesinato. Al iniciarse la vista del primer jui-cio el fiscal anunció a la corte que iba a sostener la acusa-ción como si se tratase de un delito de asesinato en segundo grado. El jurado, como hemos indicado, trajo un veredicto de asesinato en segundo grado y aceptado por la corte aquel veredicto, se impuso la sentencia correspondiente. En el nuevo juicio, al llamarse a la vista del caso, el fiscal, bajo la misma acusación, anunció que el caso se seguiría por ase-sinato en primer grado y así se hizo, habiendo el acusado gozado del derecho a las 'recusaciones perentorias correspon-dientes a un caso de asesinato’ en primer grado. Esta vez el jurado, como hemos visto, trajo un veredicto de homicidio voluntario.

Expondremos en primer término los hechos del caso y discutiremos luego los errores señalados.

La evidencia del fiscal tiende a probar que en la noche del 19 de julio de 1942 el acusado, quien entonces era un policía instilar, persiguió a dos individuos con el propósito de arrestarlos. Estos se detuvieron y el acusado dió una bofetada a uno de ellos. Huyeron entonces los dos indivi-duos corriendo por las calles 9 y 10 del Barrio Obrero y mientras el acusado iba tras ellos, les hizo dos o tres dispa-ros con su revólver, uno de los cuales causó la muerte a Pastor Cortray Aviles, quien a la sazón se hallaba hablando con su esposa y otros vecinos frente a la casa de Pedro Al-tiery.

La evidencia del acusado tiende a probar que el día de autos prestaba servicios como policía en el Barrio • Obrero y que sus superiores le habían asignado la persecución de cierta pandilla de ladrones que en aquellos días estaban co-metiendo hurtos y escalamientos en el Barrio Obrero; que esa noche vió dos individuos que caminaban delante de él en la misma dirección pronunciando en alta voz palabras obs-cenas y al acercárseles observó que estos dos individuos co-rrespondían a las señas de los que, según una confidencia que le habían dado, pertenecían a la pandilla antes mencio-nada; que al tratar de arrestarlos fue atacado por ellos, pero él se defendió y entonces se dieron a la fuga corriendo el acusado tras ellos; que para amedrentarlos a fin de que se detuvieran, hizo dos disparos al aire; que los individuos continuaron su fuga no pudiendo alcanzarlos y que no se enteró hasta el día siguiente que había herido al interfecto.

I

El apelante concede una gran importancia al error que señala consistente en que no obstante su oposición, la corte inferior permitió que el Fiscal, en el segundo juicio, considerase la acusación como de asesinato en primer grado cuando en el juicio anterior había reducido la calificación a asesinato en segundo grado.

Ya hemos resuelto que el asesinato constituye un solo delito que se divide en dos grados en atención a la perver-sidad demostrada por el acusado y al solo efecto de la im-posición de la pena. Pueblo v. Ortiz, 62 D.P.R. 258, 261; 1 Warren on Homicide, 354. El hecho de que por razones que no aparecen del récord el fiscal en el caso anterior optase por seguir el proceso por asesinato en. segundo grado, no confirió al acusado ningún derecho adquirido a que en el se-gundo juicio se le hiciese la misma concesión. La acusación por asesinato presentada en este caso comprende ambos gra-dos del delito y el acusado puede legalmente ser convicto del delito en el grado que justifique la evidencia. People v. Ung Ting Bow, 142 Cal. 341, 75 P. 899.

Pero aparte de estas consideraciones, el récord demues-tra que el apelante no sufrió perjuicio alguno por haberse seguido el caso por asesinato en primer grado, pues en el juicio anterior fué convicto de asesinato en segundo grado y en el segundo, en que el proceso fué por asesinato en primer grado, el jurado trajo un veredicto de homicidio voluntario.

II

Se queja el apelante de que mientras su abogado argumentaba el caso al jurado trató de leerles la ley que a su juicio era aplicable al caso y que habiéndose opuesto el fiscal, la corte invocando el art. 233, inciso 5 del Código de Enjuiciamiento Criminal sostuvo la objeción. En verdad, ese precepto legal no prohibé la lectura de libros de Derecho al jurado, pero tampoco concede tal derecho. No es de esperarse que en su informe al jurado el fiscal y la defensa se limiten a exponer escuetamente los hechos y hacer cualquier inferencia que lógicamente surja de los mismos. Por lo general es necesario referirse a la ley aplicable al caso para argumentar ante el jurado si la evidencia presentada es suficiente para probar la culpabilidad del acusado. Siem-. pre que la exposición de la ley sea correcta y no tienda a confundir al jurado, el argumentar sobre la ley aplicable lo permite aquella parte del art. 233 dispositiva de que el fiscal, en su discurso de rectificación, debe limitarse a impug-nar la argumentación de la defensa “ya rectificar cualquiera información errónea dé liecho o de derecho . . . ”. Esto no implica, sin embargo, que el fiscal o la defensa tengan de-recho a leerle al jurado lo que ellos entiendan que es la ley aplicable al caso.' Desde que se resolvió el caso de El Pueblo v. Salinas, 9 D.P.R. 371, 375, se estableció en esta juris-dicción la regla de que los abogados no tienen derecho a leer al jurado libros de leyes.

En el caso de People v. Onessimo, 224 Pac. 101, 102 (Cal. 1924), se dijo por la corte que por regla general la práctica de permitir a los abogados leer la ley al jurado, no es buena y no debe ser tolerada, puesto que el resultado por lo general, es confundir, más bien que ilustrar, al jurado.

Opinamos, pues, que la corte inferior actuó correctamente al no permitir tal lectura.

III

La defensa imputa error a la corte inferior por ha-berse negado a trasmitir al jurado las instrucciones especiales que solicitó marcadas 2 y 5, las cuales dicen así:

“2. El Fiscal necesita probar que el acusado acometió y agredió con un revólver a Pastor Cortray Avilés el 19 de julio de 1942 en Santurce, Puerto Rico.”
“5. El Fiscal necesita probar que el acusado actuó con la inten-ción criminal y propósito firme y deliberado de matar a Pastor Cor-tray Avilés.”

Es verdad que la acusación en este caso imputó al apelante que allá por el día 19 de julio de 1942 y en Santurce, Puerto Pico, “allí y entonces, de una manera ilegal y voluntaria, con malicia premeditada y expresa y firme y deliberado propósito' de matar y demostrando tener un corazón pervertido y ma-ligno, dió muerte ilegal al ser humano Pastor Cortray Avilés, al cual acometió y agredió, con un revólver, que es un arma mortífera, infiriéndole una herida de bala, de carácter grave, y a consecuencia de dicha herida de bala recibida, falleció el' mencionado Pastor Cortray Avilés el día 21 de julio de 1942 y que dicha herida fué inferida por el acusado Porfirio Colón Aponte, al hoy interfecto Pastor Cortray Avilés, con la in-tención-de matarlo”.

Pero es doctrina de Derecho Penal universalmente acep-tada que toda persona intenta y es responsable de la conse-cuencia natural de sus actos. En su consecuencia, cuando A, al tratar de realizar un acto criminal contra B hiere o priva de la vida a G, A es responsable del daño causado a C como si en realidad hubiere tenido la intención criminal de realizar el acto contra C. Pueblo v. Estrella, 42 D.P.R. 342; Pueblo v. Cabán, 45 D.P.R. 217; Pueblo v. Cartagena, 54 D.P.R. 870.

La prueba de la defensa tendió a demostrar que si bien los disparos fueron hechos para amedrentar a los individuos que huían del policía, uno de los disparos alcanzó a Pastor Cor-tray Avilés, causándole la muerte dos días después. Ya hemos resuelto que no existe incongruencia fatal entre la acusación y la prueba en estas circunstancias y que la forma que aquí adoptó el fiscal para la acusación es la correcta, pues ésta debe alegar que el acometimiento se hizo a la persona agredida tal y como si en todos respectos ella hubiera sido la persona contra quien se hubiere intentado la agresión. Pueblo v. Cartagena, supra, pág. 877. Pretender que la corte instruyera al jurado que el fiscal necesitaba probar que el acusado acometió y agredió a Pastor Cortray Avilés con in-tención criminal y propósito firme y deliberado de matarlo, equivale a ignorar la doctrina de.la intención implícita (Constructive Intent) a que acabamos de referirnos.

IY

Señala como error el apelante el haberse negado la corte a trasmitir las instrucciones especiales marcadas 10 y 11 que dicen así:

‘ ‘ 10. Si el Jurado encuentra que de la prueba resulta que el acu-sado, siendo un Policía Insular, trató de arrestar a dos individuos que en ese momento, en su presencia y en la calle hacían uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en presencia o al alcance del oído de mujeres o niños, y que al tratar de efectuar dicho arresto los dichos individuos huyeron y el acusado usando del cuidado ordinario y acos-tumbrada precaución, disparó al aire para intimidarlos, resultando herido Pastor Oortray Avilés, él realizó un acto legal por medios le-gales, y el Jurado debe absolverlo.”
“11. Si el Jurado encuentra que de la prueba resulta que el acu-sado, siendo un Policía Insular, trató de arrestar a dos individuos de quienes se le informó que eran los autores de un escalamiento ocu-rrido la noche anterior o alrededor de esa fecha en el sitio denominado Barrio Obrero, y que al tratar de arrestarlos, dichos individuos ofre-cieron resistencia y huyeron, y el acusado los siguió y para vencer su resistencia, usando del cuidado ordinario y acostumbrada precau-ción, hizo varios disparos al aire, como consecuencia de los cuales fué herido el interfecto Pastor Cortray Avilés, el Jurado debe absol-ver al acusado, por haber éste actuado en el cumplimiento de sus funciones legítimas. ’'

Resultando de la declaración del acusado que el delito que en su presencia cometieron los dos individuos desconocidos era un misdemeanor, y que ellos de acuerdo con toda la prueba no apelaron a la violencia para impedir su arresto, puesto que huían, por lo cual no puede alegarse que el acusado, al hacer los disparos al aire como él declara, actuara en defensa propia, tenemos que concluir que no estuvo justificado el hacer tales disparos, aunque fuera al aire, especialmente si se tiene en cuenta que el sitio de los sucesos es una sección urbana donde se corría el riesgo de herir a cualquiera otra persona, como en efecto sucedió. Pueblo v. López Vélez, 36 D.P.R. 586; Monografía en 3 A.L.R. 1173; People v. Lathrop, 192 P. 722 (Cal. 1920). Actuó correctamente la corte inferior al denegar la instrucción especial núm. 10.

Tampoco erró la corte al negarse a trasmitir la instrucción especial número 11. La ley que regula esta materia es el art. 208 del Código Penal, que en lo pertinente, dice así:

"Será justificable el homicidio cuando fuere cometido por funcio-narios públicos y los que por orden de éstos estuvieren prestándoles su auxilio, en los casos siguientes:
"1. .......
“2. .......
"3. Cuando por necesidad se cometiere al efectuar la captura de criminales socorridos [rescatados] o escapados, o al arrestar a reos de delito grave (felony) que se hallaren prófugos u ofrecieren resis-tencia al intentar su prisión.”

Como fácilmente se verá, los hechos de este caso no están comprendidos dentro del inciso 3 del artículo arriba trans-crito, pues el acusado no estaba tratando de capturar crimi-nales rescatados o escapados ni a ninguna persona reo de delito grave felony que se hallare- prófugo u ofreciera resis-tencia al intentar su prisión, sino simplemente personas de quienes el acusado sospechaba por confidencias que decía te-ner, que eran autores de ciertos hurtos y escalamientos, sin que del récord aparezca siquiera que dichos supuestos delitos fueron felonies.

V

Finalmente la defensa arguye que debe revocarse la sentencia por ciertas manifestaciones del fiscal al jurado, a las que nos referiremos inmediatamente, las cuales se alega, no están sostenidas por la prueba.

(a) Comentando el fiscal el informe- de la defensa en su discurso de rectificación, dijo que el acusado sacó el revólver y "le entró a tiros a aquellos dos individuos”.

Protestó la defensa y la corte sostuvo al fiscal diciendo:

“La Corte: La corte hace constar en el récord que la testigo, Herminia Meléndez, a preguntas de la defensa, dijo que ella vio-cuando el acusado hizo un segundo disparo a una persona que corría delante de él. De suerte que la corte permite que el Fiscal continúe argumentando en la forma que lo estaba haciendo. ’ ’

Del récord resulta que la aseveración de la corte está sostenida por la declaración de la testigo Herminia Melén-dez y consecuentemente no hubo error al permitir que el fiscal hiciese tal manifestación.

(b) También se queja la defensa que mientras el fiscal argumentaba el caso ante el jurado, manifestó que en este juicio el acusado había admitido que disparó mientras que, en el juicio anterior, negó que hubiera disparado.

La Corte sostuvo la objeción de lá defensa manifestando:

“La Corte: La corte quiere aclarar las manifestaciones hechas por el Fiscal en cuanto a eso. El acusado declaró en la silla de tes-tigos y dijo que en el juicio anterior, en septiembre, al preguntársele si había disparado, dijo que n-o, se le preguntó si él había disparado entro nueve y nueve y media de la noche, y a esa hora él estaba en otro sitio distinto al sitio en que ocurrieron los disparos. Entonces admite hoy que entre las diez y 10:20 de la noche del 19 de julio él hizo los disparos al aire en la Galle 10 j Corta del Barrio Obrero de Santurce. ’ ’
“La CoRte: La corte sostuvo la objeción de la defensa porque el Fiscal está argumentando a base de hechos que no fueron probados.”
“La Corte.- Este señor nunca negó, que yo oyera, en la silla de los testigos, él nunca negó que él hubiera disparado porque la pre-gunta que so le hacía y le leyó su abogado del récord, era si él había disparado entre nueve y nueve y media de la noche, porque él decía que no porque él no estaba allí.”
“La Corte: Su Señoría-acaba de decir ahora y vienen las pala-bras objetadas, que este acusado dijo en el otro juicio que nunca había disparado. !É1 dijo que nunca había disparado entre nueve y nueve y media de la noche. La corte sostiene la objeción y le ordena al Fiscal que no siga argumentando en ese sentido.”

Si bien es verdad que no aparece del record que la corte insi rayera al jurado que no tomase en cuenta las manifesta-ciones del fiscal, lo cual es la. mejor práctica, considerando la repudiación que en presencia del jurado hiciera la corte a lo dicho por el fiscal, y aclarado por la corte misma lo que había sucedido de acuerdo con la prueba, no podemos convenir con la defensa que esas manifestaciones del fiscal perjudicaron los derechos sustanciales del acusado.

(c) Por último se queja la defensa de que el fiscal en su informe al jurado, dijera que el acusado sacó su revólver “para entrarle a tiros al primero que cogiera”.

Habiendo objetado la defensa, la corte hizo las siguientes manifestaciones:

“La CoRte: Sí, la corte entiende que no hay manifestaciones ex-presas en ese sentido.”
“La Cokte: Allí se disparó, pero son inferencias.”

Considerando que tanto el fiscal como la defensa pueden hacer inferencias de la evidencia presentada, el fiscal podía inferir, con más o menos razón, que al disparar el acusado en la forma en que él lo hizo, equivalía a “entrarle a tiros al primero que cogiera.” No encontramos motivo para re-vocar la sentencia por este fundamento.

A nuestro juicio no existe ninguno de los errores señala-dos por el apelante. Procede, por lo expuesto, la confirma-ción de la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.

      2) El inciso 5 del art. 233, dice así:
      “Las partes podrán entonces, respectivamente, presentar sólo prueba en refutación (rebutting testimony) de (las) originalmente aducidas, a menos que la corte, por razones que estimare buenas y en pro de la justicia, les permitiere ofrecer evidencia sobre el caso original. “


author: El Juez Asociado Señor Sstyder

text:
    Narciso Rey, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Utuado, recurrido.
    Núm. 1173.

    Sometido: Noviembre 5, 1945.

      Resuelto: Febrero 28, 1946.

      C. Domínguez Rubio, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Sstyder

emitió la opinión del tribunal.

El Colector de Rentas Internas embargó una finca perte-neciente a Heraclio Rivera González en cobro de contribu-ciones adeudadas. Luego de publicarse los anuncios, la finca fué adquirida en pública subasta por Narciso Rey por el montante de las contribuciones adeudadas. Indicando que el Registro decía que Rivera era casado pero que no expresaba el nombre de la esposa, el Registrador se negó a inscribir el certificado de compra por el fundamento de que la esposa de Rivera había sido privada de su derecho a ser notificada del embargo y de la venta. El caso se encuentra ante nos mediante recurso gubernativo instado contra la decisión del Registrador.

Los artículos 339, 340 y 342 del Código Político des-criben el procedimiento a seguir para el embargo y venta de bienes inmuebles por contribuciones adeudadas. El ar-tículo 342 dispone que la notificación se hará por publicación y también según lo provee el artículo 336 que expresa que, la notificación se hará “haciendo la entrega de una copia de la notificación a algún miembro de la familia, o depen-diente mayor de edad; una constancia de dicha entrega se registrará por el colector o agente para ulterior efecto. Cuando el colector ó agente no encuentren a ningún miem-bro de la familia o dependiente del deudor, llamará a dos vecinos como testigos de la entrega de dicha notificación de embargo, y dejará dicha notificación en poder de los testi-gos citados, y si no se encontrasen vecinos dispuestos a ha-cerse cargo de la notificación, se fijará o pegará ésta en los efectos, muebles u otra propiedad de dicho deudor, después de lo cual dicha notificación de embargo se considerará como entregada al deudor.”

El certificado de compra dice que la notificación fué hecha “a Natalio Eivera, como familiar mayor de edad, mediante la entrega de una copia de la notificación de embargo.” El Registrador no arguye que del Registro surgía el paradero de Eivera o de su esposa. Por tanto el caso es distinguible en sus hechos del de Soto v. Registrador, 58 D.P.R. 15. Sin embargo, para evitar cualquier posible duda, hacemos cons-tar que el caso de Soto no debe interpretarse como que exige del Colector que haga más de un esfuerzo para encontrar al contribuyente en su residencia con el fin de notificarle. Si el Colector no encuentra al contribuyente en su residencia, de acuerdo con el artículo 336 la notificación puede dejarse con un miembro de la familia mayor de ■ edad, como se hizo en este caso. La notificación hecha en este caso por tanto constituye notificación tanto a Eivera como a su esposa, de conformidad con el artículo 336.

El Registrador también hizo constar como defecto subsanable que en el certificado no se expresa de quién era familia Natalio Rivera. No estamos conformes con este criterio. Al decir que la notificación se había hecho a un familiar, el certificado obviamente se refería a un familiar del contribuyente moroso.

Se ordenará al Registrador que inscriba el certificado de compra con el defecto subscmáble de no consignarse en el mismo las medidas de la finca de acuerdo con el sistema mé-trico decimal.

       Si bien en la Compilación de los Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Bico (ed. 1941) no se llama la atención a la omisión que hubo en la traducción española del art. 336 del Código Político, en la edición de esa misma obra de 1911 aparece una nota en relación con dicho artículo que dice así: “El texto inglés añade aquí las palabras: 'with the debtor himself or’ (al deudor mismo o) las cuales fueron traducidas al español en la ley original -pero, debido tal vez a una inadvertencia, no se insertaron al imprimirse dicha ley.”


author: El Juez Asociado Señor Suyder

text:
    Raúl Iñesta, recurrente, v. El Registrador, de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1178.

    Sometido: Enero 3, 1946.

      Resuelto: Febrero 28, 1946.

      Pascasio Fajardo Martínez, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Suyder

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente presentó en la corte de distrito una peti-ción para acreditar a sn favor el dominio de una finca y' so-licitó se cancelase una inscripción contradictoria de dominio que aparecía inscrita en relación con la misma finca. La corte de distrito dictó una resolución a este efecto, que el Registrador se negó a inscribir por el fundamento de que “no aparece del documento que todos los anteriores dueños hayan sido citados en la forma que determina le ley”. El recurrente instó este recurso gubernativo contra la nota del Registrador.

La resolución de la corte de distrito dice que ‘ ‘ se expidieron y publicaron de conformidad a ley Jos correspon-dientes edictos ... así como fueron notificados con cédula todos los anteriores dueños del inmueble, a excepción de los menores Santos Morales Raldiris, Rubén y Luis Enrique Raldiris, ni el padre de ellos por encontrarse residiendo en los Estados Unidos desde hace varios meses; no habiendo sido notificados igualmente los mayores María, Miguel Ral-diris y Petra e Isabel Rernier por desconocerse su para-dero.”

La referencia en la resolución en cuanto se refiere a la publicación, no está suficientemente clara. La publicación pudo haber contenido simplemente una manifestación general de conformidad con el artículo 395 de la Ley Hi-potecaria, notificando a todas las personas que pudieran ser afectadas por el procedimiento. Pero en Cerdá v. Ossorio, 65 D.P.R. 336, resolvimos que en un procedimiento de in-formación de dominio contradictorio la citación por edictos a las personas interesadas en la inscripción contradicto-ria debe hacerse de conformidad con el artículo 94 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, ahora la Regla 4(e) de' las Reglas de Enjuiciamiento Civil, que exige entre otras cosas que el edicto de su faz contenga los nombres de todas las personas que con él se están citando. En el presente caso el edicto debió por tanto nombrar específicamente todas las personas cuyos nombres se hicieron constar en la resolución de la corte resolviendo el caso.

El Registrador tenía derecho a denegar la inscripción por razón de esta ambigüedad en la resolución. Herrero v. Registrador, 63 D.P.R. 709; Lebrón v. Registrador, 63 D.P.R. 359.

Parece conveniente indicar además que no es sufi-ciente en esta clase de casos la mera citación. Es necesario citar y oír a las partes. Rodríguez Arvelo v. Registrador, ante, pág. 653.

La nota del Registrador será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Córdüva

text:
    Graciano Archilla, Jr., peticionario y apelante, Ex Parte; Mariana Matos Vda. de Archilla, Etc., opositores y apelados.
    Núm. 9106.

    Sometido: Enero 16, 1946.

      Resuelto: Febrero 28, 1946.

      Francisco Viscarrondo, abogado del apelante; Angel Rivera- Colón, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdüva

emitió la opinión del tribunal.

El apelante solicitó de la corte inferior decretara la ad-ministración judicial de los bienes de nn finado, alegando ser acreedor con título escrito no asegurado. La corte declaró sin lugar la solicitud, por entender que el crédito del ape-lante no surgía de título escrito.

El artículo 556 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que la administración judicial de bienes de un finado procede, entre otros casos, a solicitud, de un “acreedor con título escrito no asegurado que tuviere algún crédito contra la persona finada”. La única cuestión envuelta en esta ape-lación es si el apelante demostró ser acreedor con título escrito.

El título en que amparó el apelante su solicitud es una escritura en la cual el finado le confirió poder especial para administrar una finca. Alega el apelante que se dedica a la agricultura, y que de hecho, administró la finca a que se re-fiere el poder, y otra más, por varios años, y que el finado convino en pagarle $1,200 al año por la administración de ambas fincas.

Asumiendo la certeza de los hechos alegados, el apelante resulta acreedor de los herederos del finado. Pero su cré-dito no aparece de título escrito. De la escritura de poder especial para administrar una de las dos fincas, único es-crito que ofrece el apelante, no consta que se conviniera re-muneración alguna por la administración. Arguye el ape-lante que la remuneración se presume, de acuerdo con el ar-tículo 1602 del Código Civil (Ed. 1930), por ser él agri-cultor. Pero es que de la escritura no aparece que el ape-lante sea agricultor. Por último, no aparece de la escritura que el apelante administrara la finca. El que una persona haya facultado a otra para hacer algo no demuestra nece-sariamente que el apoderado actuara. Es muy frecuente el que se otorgue una escritura de poder sin que el apoderado tenga ocasión,'por alguna razón, o por otra, de hacer uso de los poderes otorgados.

En resumen, de una lectura de la escritura de poder en que basa el apelante su solicitud no se desprende que a él se le adeude nada. Para establecer la deuda depende el ape-lante de prueba testifical. Siendo ello así, no procede la ad-ministración judicial de bienes al amparo del artículo 556 del Código de Enjuiciamiento Civil, ya que no es el apelante acreedor con título escrito. Véase Sabater v. Escudero, 23 D.P.R. 854 y Roig v. Landráu, 29 D.P.R. 315.

Debe confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdiova

text:
    José Colón Díaz, demandante, v. Paulino Rivera Rodríguez, demandado; José de la Rosa Rivera, interventor y apelante.
    Núm. 9180.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Marzo 1, 1946.

      L. Santiago Carmona, abogado del apelante; Manuel Torres Beyes j José E. Segarra, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdiova

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia de desahucio por no haber comparecido el demandado, solicitó éste, nn año después, y antes de eje-cutarse la sentencia, se dejara sin efecto la orden de lanza-miento, alegando entonces tener derecho de hogar seguro. Se declaró sin lugar sn moción. Transcurrió otro año y al pretender el demandante lanzar al demandado, nuevamente compareció éste a oponerse, alegando esta vez que era sol-dado en el ejército de Estados Unidos y estaba ausente de Puerto Rico, y que, aunque había instruido a sus familiares para que-le defendieran en la acción de desahucio, la corte no debía lanzarlo' mientras estuviese en el servicio militar. Se declaró sin lugar la moción, llamando la corte la atención hacia el hecho de que el demandado había ingresado en el ejército mucho después de haberse dictado la sentencia. En-tonces solicitó intervenir el padre del demandado, alegando estar en posesión de la finca objeto del litigio, en concepto de dueño, desde hace muchos años, y solicitando se suspen-diera la ejecución de la sentencia, y en definitiva, se dejara sin efecto la sentencia y se dictara otra declarando sin lugar la demanda.

La corte inferior declaró sin lugar lá solicitad de inter-vención, por ser ésta tardía. Se procedió entonces a ejecu-tar la sentencia de desahucio, lanzándose de la finca a los familiares del demandado y entrando en posesión el deman-dante.

Apela el pretenso interventor de la resolución que le negó permiso para intervenir. De los varios errores que señala, el único pertinente es el que dice cometió la corte al decla-rar sin lugar la solicitud de intervención de plano. No se cometió el error, por ser tardía la intervención solicitada después de los dos años de ser firme la sentencia. Valentín v. Corte Municipal, 62 D.P.R. 222.

Además, de la moción radicada por el abogado' del deman-dado, que es el mismo que representa al interventor, pidiendo la suspensión de los procedimientos por estar el demandado en el ejército, aparecen fuertes implicaciones de que el in-terventor, padre del demandado, de hecho había estado in-terviniendo en la defensa del caso desde mucho antes de so-licitar intervención formal, sin hacer indicación alguna a la corte de que él era la parte realmente interesada, y de que el demandado carecía de interés alguno en el caso.

Podríamos desestimar la apelación por académica, ya que de los autos resulta que fué ejecutada la sentencia. Pero co-moquiera que las partes no han planteado esa cuestión, y el resultado a que hemos llegado luego de considerar los mé-ritos es el mismo, procederemos a confirmar la resolución apelada.


author: El Juez Presidente Señor- Travieso

text:
    Antonio Védez Alvarado, demandante y apelante, v. Juan Ramón Ramos Rodríguez, demandado y apelado.
    Núm. 9021.

    Sometido: Abril 10, 1945.

      Resuelto: Marzo 11, 1946.

      Arturo Ortiz Toro, abogado del apelante; L. Mercader y A. Muñoz Igurí tía,, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor- Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda radicada en este caso se exponen dos causas de acción. En la primera- se alega que el demandante es dueño en pleno dominio de una finca de 192.40 cuerdas radicada en el término municipal de.Manatí, la que fué ad-quirida en el año 1892, por donación que le hiciera su tía doña Dolores Vélez Escobar; que el demandante ha poseído dicha finca en carácter de dueño hasta el 2 de febrero de 1943, y que desde esta fecha en adelante el demandado de-tenta la x>osesión del inmueble en contra de la voluntad del demandante, de mala fe y sin justo título. En la segunda causa de acción, después de repetir los hechos ya expuestos, se alega que el Colector de Eentas Internas de Manatí ven-dió en pública subasta la mencionada finca, adjudicándole la buena pro al demandado por una suma de alrededor de $60; que al efectuar dicho remate el Colector de Rentas Internas actuó sin jurisdicción, por no haber requerido de pago de las contribuciones adeudadas al demandante, ni a ninguna otra persona, ni haber cumplido con el requisito de notificar el embargo a los vecinos y no haber llenado la forma de diligenciamiento de notificación de embargo. Se alega, además, como causa de nulidad, que durante los años 1940-1941, cuando se llevó a efecto el remate, el demandante era dueño de bienes muebles con un valor de más de $1,000, que pudie-ron. ser y no fueron embargados por el Colector de Rentas Internas para efectuar el cobro de las contribuciones adeu-dadas; y, por último, que con posterioridad a la fecha del remate, al enterarse el demandante de que la finca había sido vendida, el demandante obtuvo la promesa del deman-dado de devolverle la finca al demandante mediante el pago de la suma pagada por el demandado, habiéndose negado el demandado a cumplir lo convenido.

Contestó el demandado, impugnando la suficiencia de los hechos alegados para constituir causa de acción, negando que el demandante tenga derecho alguno a reclamar el in-mueble por no haber sido nunca dueño del mismo, habiendo pertenecido la finca objeto, del pleito durante más de cua-renta años con anterioridad al remate a don Ramón Yélez Alvarado, hermano del demandante. Terminó el demandado negando específicamente todos los hechos esenciales de la demanda.

Celebrado el juicio ante la Corte de Distrito de Arecibo, ésta dictó sentencia desestimando la demanda e imponiendo las costas al demandante. Este interpuso el presente re-curso y para sostenerlo señala quince errores que imputa a la corte sentenciadora. Los únicos que merecen considera-ción son los relacionados con la suficiencia de la prueba y con la apreciación de la misma por la corte inferior. Haga-mos un resumen de la prueba.

Declaró el demandante: qne tiene 73 años de edad; qne la finca en litigio se la dió como regalo sn tía Doña Dolores Vélez, cnanclo lo bautizaron; qne desde entonces ha poseído la finca como dneño absolnto y minea la poseyó como apode-rado de sn hermano Ramón Vélez Alvarado; qne el deman-dado sabía qne la finca era del demandante; qne en el año 1940-41 el demandante era dneño de bienes, g’anado, pren-das y automóviles con nn valor de más de $10,000; qne nunca fné requerido para el pago de contribuciones sobre la finca, ni se enteró de qne se estuviese subastando la finca “La Lima”; qne después del remate él habló con el demandado y convino con él en pagarle lo qne él había pagado en el re-mate, comprometiéndose el demandado a devolverle la finca. Repreguntado por la otra parte, contestó: que la finca se la regaló sn tía cuando él estaba recién nacido; qne él no vivía en esa finca, sino en otra qne queda cerca; qne no se enteró que las contribuciones no habían sido pagadas, porque ha-bía otra persona encargada de pagarlas, sn hermano Ramón Vélez Alvarado; que sabía qne la finca estaba a nombre de su hermano Don Ramón y que él la poseía como dueño, se-gún los recibos de contribuciones. Contestando a sn abo-gado, dijo: qne no le constaba que “La Lima” apareciera’ pagando contribuciones a nombre de Ramón Vélez Alvarado; qne eso no le preocupaba porque las relaciones entre él y sn hermano eran buenas- y le era indiferente qne se pagasen a nombre de uno o de otro; que como cuestión de hecho las contribuciones se pagaban con dinero del demandante.

Declaró la Señora Coral Ramos de Vélez, esposa del de-mandante, corroborando en todos sus extremos y detalles lo declarado por el demandante. En relación con el remate y la alegada promesa del demandado de devolverles la finca, declaró: que cuando ella fné a la Colecturía a pagar las con-tribuciones, allí le informaron que Juan Ramón Ramos, el demandado, la había rematado; que ella fué a ver al deman-dado, y le preguntó si era cierto que él hubiese rematado “La Lima” y él le respondió: “Bueno, pero es igual que si fuese de ustedes en cualquier momento”; que ella le dijo: “Yo no creo que usted vaya a quedarse con esta finca” y él contestó: “No se ponga nerviosa, ustedes no van a per-der la finca de ninguna manera, yo no voy a quedarme con la finca, únicamente lo lie hecho porque para que la remate otro la rematé yo mismo. . . . Váyase tranquila . . . ., no se ponga nerviosa, yo no soy persona mala. Dígale a Antonio que puede estar tranquilo, que en cualquier momento puede tener su finca, que no vea las contribuciones, no se preocupen por el dinero, en cualquier momento se la de-vuelvo”; que su esposo habló con el demandado y éste en presencia de ella le dijo a su esposo lo mismo que ya le había dicho a ella en cuanto a que estaba dispuesto a devol-verles la finca; que algún tiempo después fué a ver nueva-mente al demandado, diciéndole que deseaba, arreglar el asunto de la finca y él volvió a decirle que no pensaba que-darse con ella; que ella fué más tarde a ofrecerle lo que él había gastado y.él le dijo: “Ya veremos eso”, y poco des-pués vino la demanda de desahucio para que le entregaran la finca; que Juan Ramón Ramos sabía que la finca era de Antonio Vélez Alvarado, pues él había ido allí muchas ve-ces a caballo y volteaba la finca con ellos y les decía que ellos podrían sacarle mayores beneficios si la cultivasen.

Virgilio Ramos Muñiz, llamado como testigo del deman-dante, declaró: que es-hermano del demandado; que conoce la finca “La Lima” desde que era muchachito y siempre co-noció como su dueño a Antonio Vélez Alvarado, que era quien la cultivaba y se aprovechaba de sus productos; que el demandado sabía “igual que yo lo sabía”, que la finca era del demandante; que en el año 1940 el declarante fué arrendatario de la finca y quien se la dió en arrendamiento fué Antonio Vélez Alvarado,'como dueño; que la finca vale hoy como quince mil dólares; que la poseyó como arrenda-tario hasta el 1942.

Fué llamado a declarar Juan Eosario Maldonado, vecino del Barrio de Coto Norte, Manatí, que es el barrio en donde radica la finca, en litigio. Su nombre aparece al pie de un impreso titulado “Notificación de embargo”, fechado agosto 1, 1940 y firmado “Juan Eosario”. Al serle mostrado el documento, declaró que ésa no es su firma; que nunca fué requerido por persona alguna para que firmase como testigo de la entrega a don Antonio Vélez Alvarado _ de un docu-mento de embargo de bienes inmuebles; que sabe firmar, pero que esa firma no es suya; que hay otro Juan Eosario en el mismo barrio, pero se llama Juan Eosario Eosario.

El demandado ofreció como única prueba la estipulación por la cual los abogados convinieron que si' el demandado fuese llamado a declarar sostendría bajo juramento las ale-gaciones de la contestación y negaría la alegada promesa de devolver la finca al demandante.

• El fundamento principal de la sentencia recurrida es que la evidencia presentada no ha establecido la existencia de hechos o motivos legales suficientes para justificar un de-creto de nulidad de la subasta. No discutiremos esa cues-tión, porque aún aceptando que en la subasta se cumpliera con todos los requisitos legales, siempre tendríamos que lle-gar a la ineludible conclusión de que la corte inferior erró al desestimar la demanda y al no dictar sentencia ordenando la devolución de la finca al demandante.

La prueba practicada demostró que la finca objeto de este litigio tiene un valor de quince mil dólares; y qüe fué adjudicada al demandado por la suma de sesenta y pico de dólares, importe de contribuciones' que estaban pendien-tes de pago. El demandado es hijo de un primo hermano del demandante, conocía la finca y sabía que la misma per-tenecía al demandante.

La corte inferior, después de expresar su pesar porque “la finca fuera vendida por una cantidad menor que su valor”, llegó a la conclusión de que el demandante había sido culpable de abandono “al no satisfacer el importe de las contribuciones y al no redimir la finca oportunamente ’ añadiendo: “No podemos explicarnos cómo el demandante dejó pasar el término de redención cuando era tan fácil con-signar la cantidad y obtener en el Registro la redención de la finca.”

La explicación de las cansas o motivos que indujeron al demandante a dejar pasar el término de redención, surge claramente de la evidencia. Al enterarse el demandante y su esposa de que la finca había sido vendida y que el com-prador en la subasta era su primo, el demandado, fueron a ver al demandado para cerciorarse de si éste tenía el pro-pósito de quedarse con la finca por la insignificante suma de sesenta y pico de dólares en el caso de que dicha suma no le fuera devuelta dentro del término fijado por la ley para la redención de fincas vendidas por falta de pago de contri-buciones. Les aseguró el demandado que él no pensaba que-darse con la finca y que estaba dispuesto a devolvérsela al demandante “en cualquier momento.” Confiando-en las pro-testas de amistad del demandado y en la promesa que éste le hiciera de devolverle la finca “en cualquier momento”, el demandante, quien tenía fondos suficientes para redimir la finca, fué inducido a creer que el demandado le traspasa-ría el título de la finca, aun después de la expiración dél término de redención. La conclusión a que llegó la corte inferior, de que el demandante había incurrido en negligencia al no redimir la finca a tiempo, es a nuestro juicio errónea, pues la evidencia demuestra que si el demandante no ejer-citó a tiempo el derecho de redención fué por haber sido in-ducido a ello por las promesas del demandado de que le de-volvería la finca en cualquier momento, mediante la devolu-ción de la suma pagada por él en la subasta.

Sería a nuestro juicio altamente injusto y contrario a los más elementales principios de equidad permitir que el demandado, como resultado de sus actuaciones, se enriquezca. injustamente a expensas del demandante, obteniendo por una suma insignificante nna finca de cerca de doscientas cuerdas valorada en no menos de quince mil dólares. Habiendo in-ducido al demandante a creer que él, el demandado, acepta-ría el precio de la redención y le traspasaría el título de la finca aun después de haber expirado el término legal, el de-mandado está impedido (estopped) de alegar como defensa que el término de redención había expirado cuando el deman-dante le ofreció devolverle la cantidad pagada por él en la subasta.

Consideramos como aplicable a los hechos del presente caso la doctrina del fideicomiso constructivo (constructive trust) que sirvió de base a nuestra decisión, en el de Porrata v. Fajardo Sugar Co. of Puerto Rico, 57 D.P.R. 628, 643. Cuando el demandado, como en el presente caso, ostenta el título sobre la finca, pero está obligado equitativamente a transmitirla al demandante por la razón de que se enriquecería injustamente si le permitiese retenerla como suya, de esos hechos surge un fideicomiso constructivo, impuesto como un remedio legal para impedir un enriquecimiento injusto. Restatement of the Law — Restitution, párr. 160, págs. 640 a 644. El remedio consiste en colocar a laspartes en la misma posición en que se encontraban antes deque el demandado adquiriese la propiedad, obligando al demandado, como fiduciario, al cumplimiento específico del fideicomiso mediante la transferencia del título sobre la propiedad a favor deb beneficiario, quien estará obligado a reintegrar a dicho fiduciario las sumas pagadas por éste por la adquisición del inmueble y por su conservación, con intereses al tipo legal hasta la fecha en que se efectúe el pago. Véase Laing v. McKee, 87 Am. Dec. 738.

Por las razones expuestas, se revocará la sentencia re-currida y se dictará otra declarando con lugar la demanda y ordena/ndo al demandado que entregue al demandante la posesión de la finca y le transfiera el título adqmrido por el demandado por virtud de la adjudicación que le hiciera el Colector de Rentas Internas de Manatí en la subasta ce-lebrada el día 9 de enero de 1941, debiendo el demandante pagar al demandado las sumas pagadas por éste como pre-cio de la subasta y por la conservación de la pnca, más los intereses correspondientes hasta la fecha del pago. El de-mandado deberá rendir cuentas de y hacer efectivo al deman-dante el importe de los frutos, rentas y beneficios obtenidos por él durante el tiempo en que ha estado en posesión de la finca, más las costas de esta acción, incluyendo la suma de $300 como honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.


author: El Juez Asociado Señok Cókdova

text:
    Isidora Somolinos Vda. de López, Etc., demandantes y apelados, v. Máximo Ruidíaz y Marina, demandado y apelante.
    Núm. 9162.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Marzo 11, 1946.

      Dubón & Ochoteco, abogados del apelante; Carlos D. Vázquez, abo-gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señok Cókdova

emitió la opinión del tribunal.

Apela el demandado de lina sentencia decretando su de-sahucio de una finca por haber vencido el contrato de- arren-damiento. Dos defensas planteó el demandado en la corte inferior: qne la corte de distrito carecía de jurisdicción por no exceder el canon de arrendamiento de $1,000 anuales, y que el contrato no había vencido al radicarse la demanda, por haberse convenido su prórroga, o por la tácita reconduc-ción. El apelante imputa a la corte inferior el haber errado al desestimar ambas defensas.

De las alegaciones y la prueba resulta qne los apelados venían arrendando la finca al apelante por espacio de unos diez años, y que el último contrato de arrendamiento se hizo por término de un año, a vencer el 2 de junio de 1944. Se estipuló un canon de $35 mensuales, más la mitad del producto líquido de las- cañas sembradas en la finca, conviniéndose expresamente que esa mitad del producto de las cañas habría de reputarse como parte del canon. Las partes discutieron el asunto de la terminación del contrato en marzo y en junio de 1944. Según la .prueba de los apelados, el apelante fué informado en marzo de 1944 que el contrato no se prorrogaría más, y el 12 de junio de 1944 se le exigió entregara al finca. Según el apelante, en marzo se convino prorrogar el contrato por un año más, y no fué el 12 sino el 23 de junio que los apelados le exigieron entregara la finca.

La prueba demostró que de la caña cosechada en la finca en la zafra de 1944 le correspondía a los apelados $483.47 más la mitad de la compensación a pagarse por la Adminis-tración de Ajuste Agrícola por dichas cañas, mitad que es-timaron las partes en no menos de $250. Sumando estas cantidades al canon fijo de $35 mensuales, resulta un canon anual en exceso de $1,000.

Arguye el apelante que la prueba no demuestra lo que habría de percibirse por concepto de la compensación de la Administración de Ajuste Agrícola, si es que habría de per-cibirse algo, y que los testigos al declarar sobre este extremo sólo hicieron especulaciones y conjeturas. A la fecha del jui-cio no se había hecho el pago. Declaró la apelada Isidora Somolinos que el apelante le había informado que la mitad de la compensación sería por lo menos $300. El propio ape-lante declaró que estimaba que dicha mitad montaría a no menos de $250. Creemos con la corte inferior que esa prueba es suficiente para justificar la conclusión de que los apelados percibirían por ese concepto no menos de $250.

El apelante sugiere sin discutir, que a los fines de deter-minar la jurisdicción de la corte no puede reputarse como parte del canon el producto de las plantaciones de caña. No tiene razón. Las partes expresamente convinieron que el producto de las cañas formara parte del canon. Y ese con-venio es perfectamente válido.

En cuanto a si hubo prórroga del contrato, o tácita reconducción, la prueba, como hemos visto, estuvo en abierto conflicto. La corte de distrito dió crédito a la de los apelados. Arguye el apelante que cometió la corte manifiesto error, ya que si bien los apelados declararon que la reunión de junio de 1944 en que se exigió la entrega de la finca se celebró el día 12 del mes, aceptan los apelados que en esa reunión les entregó el apelante un cheque, y resulta que e^e cheque tiene fecha del día 23 de junio, que es el día en que dice el apelante se celebró la reunión. Pero es que la ape-lada Isidora Somolinos, testigo qne mereció entero crédito a la corte inferior, insistió, después de llamársele la atención sobre el cheque, en qne la reunión se celebró el 12 de junio, y explicó qne en varias ocasiones el apelante le había pa-gado con cheques qne llevaban fecha posterior a la de su entrega. No tenemos base alguna para concluir que se equi-vocara el juez al resolver el conflicto de evidencia en cuanto a la fecha exacta de la reunión celebrada en junio de 1944, y por el contrario, de la lectura de la totalidad de la prueba, se adquiere la impresión de que estuvo acertado el juez al dar crédito a los testigos de los demandantes.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      Ya para el 23 de junio había expirado el período de 15 días que fija el artículo 1456 del Código Civil como determinante de la tácita reconducción.

      No se opono a tal convenio el precepto del artículo 1433 del Código Civil (Ed. de 1930) que exige que el arrendamiento sea por precio cierto, ya que se entiende cierto aquel canon que es determinable, aunque no sea determinado. Morales v. Alvarez, 63 D.P.R. 208.


author: El Juez Asociado Señor Córdova

text:
    South Porto Rico Sugar Company, apelante, v. Comisión de Sirvicio Público de Puerto Rico, apelada.
    Núm. 9205.

    Sometido: Diciembre 26, 1925.

      Resuello: Marzo 13, 1946.

      James B. Beverley, B. Castro Fernández y José López Baralt, aboga-dos de la apelante; Luis Venegas Cortés, abogado de la apeladá.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Revocadas por la Corte de Distrito de San Juan ciertas órdenes dictadas por la Comisión de Servicio Público, se im-pusieron las costas a la parte apelada, que resultaba ser la Comisión, por no haber sido contencioso el procedimiento en que se originaron las órdenes revocadas. Se radicó nn me-morándum de costas, pero éste fné declarado sin lugar por entender la corte inferior que no existe ley que expresamente autorice se condene a la Comisión de Servicio Publico al pago de las costas en casos de apelaciones de las decisiones de dicba Comisión.

La apelante conviene en que, siendo la Comisión de Servicio Público una instrumentalidad del G-obierno creada para un fin público, no puede condenarse al pago de costas sin una ley que lo autorice. Insiste, sin embargo, que los artículos 79 y 85 de la Ley de Servicio Público autorizan la imposición de costas en este caso. Dichos artículos leen así:

“'Artículo 79. — Certificación de Autos. — El apelante o apelantes inmediatamente notificarán a la Comisión el hecho de haber apelado, y dentro de treinta días de dicha notificación, dicha comisión certi-ficará los autos del antedicho procedimiento a la corte correspondiente bajo su sello oficial. Los autos incluirán las deciar aniones tomadas, las conclusiones de hechos de la comisión basadas sobre dichas decla-raciones, si hubiere tales conclusiones, copia de todas las órdenes dic-tadas por la Comisión en dicho procedimiento, y una copia de la opinión, si la hubiere, archivada por la Comisión. El costo de pre-parar y certificar dichos autos se pagará a la Comisión por el apelante o apelantes y será incluido en las costas del caso para pagarse según se ordenare por la corte en la determinación final de la apelación; Disponiéndose, que la Comisión no estará en la obligación de certi-ficar y remitir ningún récord de apelación hasta tanto que el apelante o apelantes hayan primeramente depositado en la secretaría de la Comisión, el costo total de la preparación y certificación de dicho récord de la Comisión, excepto en los casos de insolvencia debidamente justificados ante la misma Comisión.”
“Artículo 85. — Decreto cíela Corte. — Forma de dictarlo. — Si la Corte, en virtud de los autos, declarare que la orden apelada es razo-nable y está de acuerdo con la ley, dictará un decreto desestimando la apelación y confirmando la orden de la Comisión. Si la corte, en ■virtud de los autos, declarare que la orden apelada es irrazonable o que está fundada en evidencia incompetente que materialmente afecta la determinación u orden de la Comisión o que de otro modo no está de acuerdo con. la ley, podrá dictar un decreto final revocando la' orden de la Comisión, o, a su juicio, puede devolver los autos a la Comisión, con instrucciones de que reconsidere el asunto y dicte la orden que fuere razonable y de acuerdo eon la ley. Al dictar cual-quier decreto final en cualquier apelación, la corte tendrá pleno poder para la adjudicación de las costas:”

Ninguno de los dos artículos citados dispone expresa-mente que la Comisión de Servicio Público pague las costas al revocarse su decisión en apelación. El artículo 79 dis-pone que los gastos de preparación y certificación de los autos se considerarán parte de las costas, y se pagarán según disponga la corte al resolver la apelación. El artículo 85 confiere pleno poder a la corte, en casos apelados de la Co-misión de Servicio Público, para adjudicar las costas.

No puede caber duda de que los artículos 79 y 85 de la Ley de Servicio Público facultan a la corte para imponer costas a cualquiera de las verdaderas partes en una apela-ción para revisar una decisión de la Comisión de Servicio Público. En muchos de los casos ventilados ante la Comi-sión existen dos o más partes. En tales casos no hay difi-cultad alguna en interpretar los artículos 79 y 85 de la ley: las costas en apelación sólo podrían imponerse a una de las verdaderas partes, y nunca a la Comisión, que no es parte sino árbitro de la controversia. Esa es la regla general en todo caso de apelación en recursos contenciosos, y no tene-mos base para suponer que nuestro legislador quiso apar-tarse de ella. Sentada la premisa de que los artículos 79 y 85 no autorizan la imposición de costas a la Comisión de Servicio Público en casos donde hay dos partes, y no distin-guiendo los artículos 79 y 85 entre esos casos y aquéllos donde hay una sola parte, forzoso es concluir que tampoco en estos últimos casos está autorizada la imposición de cos-tas a la Comisión. En otras palabras, en ausencia de una expresión clara e inequívoca de la legislatura, no debemos suponer que fuese la intención legislativa tratar a la Comi-sión de Servicio Público, en lo tocante a las costas incurridas al apelarse de sus decisiones, como a cualquier litigante, y no como a un tribunal.

No erró la corte inferior al desestimar el memorándum de costas de la apelante. Debe confirmarse la resolución apelada.

      Ley núm. 70 de diciembre 6 de 1917 ((2) pág. á-33), según enmendada por la Ley núm. 2 de mayo 7 de 1927 (pág. 399).


text:
    Consolidated Broadcasting Corporation, demandante y apelante, v. Julio M. Conesa, demandado y apelado.
    Núm. 9150.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Marzo 13, 1946.

      Gilberto López de Victoria, abogado de la apelante; Pablo Defendini, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción para obligar al demandado a cum-plir con un contrato en que se comprometió a-vender una estación de radio, con su equipo, terrenos y edificios, al cau-sante de la demandante.

De la demanda y de la prueba de la demandante resulta que a la fecha de otorgarse el contrato era casado el deman-dado, y que su esposa no prestó su consentimiento. Termi-nada la prueba de la demandante, produjo el demandado una moción de nonsuit. La corte inferior declaró con lugar la moción y dictó sentencia contra la demandante, por enten-der que, debiendo presumirse gananciales los bienes objeto del contrato, y tratándose de bienes inmuebles, era ineficaz el contrato por no haberlo consentido la esposa del deman-dado. La demandante apela, sosteniendo que erró la corte inferior al presumir gananciales los bienes objeto del con-trato.

El artículo 1307 del Código Civil (Ed. de 1930) dispone que “Se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente-al marido o a la mujer.” La apelante arguye que la presunción que establece el artículo citado no surge hasta tanto se demuestre que los bienes fueron adquiridos durante el matrimonio. Cita en apoyo de su contención el caso de Villarín v. Suárez, 48 D.P.R. 960.

El caso citado no es aplicable. Resuelve que la demanda en que una mujer divorciada pretendía anular el traspaso de bienes inmuebles de su ex-esposo no aducía hechos sufi-cientes porque no alegaba que los bienes eran gananciales. Dijimos entonces:

“El artículo 1322 sienta una presunción que quizá podría fa-vorecer a la demandante en un juicio pero no obvia la necesidad de alegar que los bienes son gananciales. ”...

Como puede verse, el caso sólo resuelve que, cuando el hecho de ser ganancial cierta propiedad es esencial a una causa de acción, hay que alegarlo, aunque para probarlo se valga la parte de una presunción. No limita ni discute siquiera el alcance de la presunción como regia de evidencia.

Ya hemos resuelto en dos ocasiones que la presunción de gananciales que establece el artículo 1307 es aplicable a bie-nes que pertenecen a cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, aunque se desconozca si la adquisición fué posterior al matrimonio. Cortés et al. v. Díaz et al., 31 D.P.R. 454; Figueroa v. Registrador, 24 D.P.R. 851. En el caso de Muñoz et al. v. Sucesión de López de Azúa, ante, pág. 741, se resolvió que no se había sentado la base para la presunción, y se dijo que no hubo prueba de que los bienes fueran adquiridos durante el matrimonio. Dicho caso no es inconsistente con los que acabamos de citar, sin embargo, ya que se trataba de bienes que poseía una viuda dos años después de haber muerto su esposo, sin que se demostrara que esos bienes pertenecieran a ella o a su esposo, durante el matrimonio. Es evidente que la presunción que establece el artículo 1307 del Código Civil sólo es aplicable a aquellos bienes que se les conozcan a los esposos durante el matri-monio, y eso fué todo lo que resolvimos en el caso de Muñoz v. Sucesión de López de Azúa, supra.

Un examen de los precedentes del artículo 1307 tiende a confirmar la conclusión de que fué la intención del legisla-dor aplicar la presunción a todos los bienes que pertenecie-ren a los cónyuges durante el matrimonio, a menos que se probare que, ya por haber sido adquiridos antes del matri-monio, ya por cualquier otra razón, los bienes son privati-vos de los cónyuges o de uno de ellos. En primer término, vemos que las Leyes de Partida establecían la presunción de que, al morir el esposo, todo el dinero, ropa y otras cosas que se encontraren en poder de su viuda se reputarían pro-piedad del finado. n

Nótese que nada se dice en Las Partidas en cuanto a la fecha de adquisición, reputándose bienes del esposo todos los bienes que estén en poder de la esposa al morir aquél, e in-cumbiendo a la esposa probar lo contrario.

La presunción establecida en Las Partidas aparece radical, y expresamente alterada en la Novísima Recopilación, Libro X, Título IV, ley cuarta:

"Como quier que el Derecho diga, que todas las cosas que han marido y muger, que todas se presumen ser del marido, hasta que la muger muestre que son suyas; pero la costumbre guardada es en contrario, que los bienes que han marido y muger, que son de' ambos por medio, salvo los que probare cada uno que son suyos apartada-mente ; y ansi mandamos, que se guarde por ley. ’ ’

Aunque de acuerdo con la Novísima Recopilación la pre-sunción es de que los bienes de los cónyuges son ganancia-les, cuando antes la presunción era otra, la base para apli-car la presunción es la misma, o sea, se aplica la presunción a “Los bienes que han marido y muger” y se dice que bago Las Partidas se presumían del marido “todas las cosas que han marido y muger.” Es decir, la presunción, tanto en la Novísima Recopilación como en Las Partidas, .es aplicable a todos los bienes que los cónyuges tienen o poseen durante el matrimonio.

Nada bay en la fraseología del artículo 1307 de nuestro Código (1407 del Código Español) que indique la intención de limitar el alcance de la presunción según ésta aparece de la Novísima Recopilación. Tampoco encontramos base para interpretar esa fraseología restrictivamente, en los propósi-tos de la presunción, a saflfer, “entronizar el carácter común de las adquisiciones de los cónyuges ” y proteger a los acreedores contra el fraude.

No erró, por lo tanto, la corte inferior al estimar innece-saria, a los fines de dejar establecida la presunción de que los bienes eran gananciales, prueba en cuanto a la fecha de su adquisición. Arguye la apelante, no obstante, que no os . de aplicación la presunción en ausencia de prueba de que el matrimonio constituido por el demandado y su esposa, se rige por el régimen de la sociedad de gananciales. No es necesaria tal prueba, pues el artículo 1267 del Código Civil (Ed. de 1930) dispone que todo matrimonio se entiende con-traído bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales, a falta de estipulación contraria de los cónyuges antes de contraerlo, y por lo tanto se presume que el demandado y su esposa tienen constituida una sociedad de gananciales. Wilson & Gandy Inc. v. Cummings, 150 So. 436 (La.), Beigel v. Lange, 19 La. Ann. 112.

Debiendo presumirse gananciales los bienes objeto de este litigio, y tratándose de bienes inmuebles para disponer de los cuales precisa el consentimiento de la esposa, procedió correctamente la corte inferior al negarse-a ordenar el cumplimiento específico del contrato hecho por el marido sin el consentimiento de la esposa. Debe confirmarse la sentencia apelada.

       Hoy 1307, Código Civil, Ed. de 1930.

      Véase Mahon v. Harney County Nat. Bank, 104 Ore. 323, 206 P. 224; Hunt v. First Nat. Bank of Halfway, 102 Ore. 398, 202 P. 564; Herzog v. Atchison, Topeka and Santa Fe R. R., 153 Cal. 496, 95 P. 898. Pero véase ensentido contrario, Kershaw v. Merchants’ Bank, 7 How. (Miss.) 386, 40 Am. Dec. 70; Hitt v. Carr, 77 Ind. App. 488, 130 N.E. 1.

      Igual interpretación prevalece en Pilipinas. Viloria v. Aquino, 28 Jur. Pil. 268. California y Luisiana llegan a la misma conclusión, interpretando dis-posiciones análogas. Tarien v. Katz, 216 Cal. 554, 15 P.2d 493; Succession of Manning, 107 La. 456, 31 So. 862; Nores v. Carraby, 5 Bob; (La.) 292; Montegut v. Trouart, 7 Martin O.S. (La.) 361.

      1) Partida 3"., título XIV, ley segunda: “ . . . E otrosí dezimos que cuando el marido muere e fallan dineros, e ropa, e otras cosas poder de su muger, que solía beuir con el, e pedían los herederos aquellas cosas, en nome del finado, si la muger negare en juyzio, que aquellas cosas non eran de su marido, e las razonare por suyas, o que ha alguno derecho en ellas, tenuda es de lo prouar: e si desto non pudiere dar prueua verdadera, deuen ser entregados todos aquellos bienes a los herederos del finado.”

       22 Scaevola, Código Civil, 234.

      9 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 608.