author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo v. Texidor.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Gruayaina.
    No. 351.
    Resuelto en junio 12, 1911.
    Libelo Infamatorio — Alegación de Hechos Tendentes a Exponer al Denun-ciante al Odio, Desprecio o Ridículo Público. — Examinada la denuncia en este caso que fué impugnada por el apelante, por estimar que no contenía alegación separada de los hechos tendentes a exponer al denunciante al odio, desprecio o ridículo público, el Tribunal Supremo resolvió que la denuncia era suficiente y no adolecía de ese defecto.
    Id. — Pliego de Excepciones — Referencia al Denunciante de la Publicación Libelosa. — No conteniendo pliego de excepciones la transcripción de autos presentada en este caso y habiéndose probado con la prueba de cargo que la publicación libelosa se refería al denunciante, no cometió error el tribunal inferior al no permitir a ocho o nueve testigos del acusado declarar que ellos no sabían a quien se refería el documento y que éste no se refería a persona alguna en particular.
    Id. — Libelo—Intención del Libelista — Consecuencia Natural de sus Actos.— El acusado en este caso quizás pudiera haber probado que la hoja libelosa se refería a una persona distinta del denunciante, pero aun cuando hubiera tenido la intención de referirse a otro, si la hoja libelosa tiende a agraviar al denunciante, es de presumirse que el acusado tuvo la intención de ejecutar el acto de publicar la hoja libelosa aceptando todas las consecuencias probables y naturales que se derivan de dicho acto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Jacinto Texidor.

      Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn recurso de apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama. Se alega que la acusación es defec-tuosa y que se ha cometido error en la exclusión de evidencia. El delito imputado es el de libelo infamatorio, y el defecto de la acusación se dice que consiste en que dejó de establecer separadamente ciertos hechos tendentes a exponer al denun-ciante al odio, desprecio o ridículo público. El Fiscal alega que tal separación es innecesaria en una publicación libelosa per se. Parece que ni el abogado del apelante ni el Fiscal leyeron detenidamente la acusación.

Los dos citan de ella lo siguiente:

‘1 Que en el día 4 de octubre de 1910, y en la ciudad de Guayama, del Distrito Judicial de Guayama, el citado Luis Texidor Ortiz volun-taria y maliciosamente y con la intención de difamar mi honradez, in-tegridad y buena fama y exponerme al odio y ridículo público, hizo pu-blicar y publicó una hoja suelta a cuyo calce iba su firma y que con-tiene entre sus párrafos algunos que considero libelosos y que leen como sigue: 1 Ese honorable ciudadano, escapado de la justicia, que merced a la política está codeándose con las personas decentes, pero que no por eso ha podido borrar el estigma degradante que sobre su frente sellaron los nombres fraudulentos que su malicia hizo figurar en listas de jornales que presentaba, hechos delictivos que denunció en cumpli-miento de su deber un alto funcionario y que al parecer resultaban ciertos, cuando ninguna reclamación civil ni criminal se ha ejercitado contra él, no puede en manera alguna insultar a nadie, sin que él mismo resulte ser insultado. Jamás me puse en venta con ningún partido político; hice la política que cuadró a mi dignidad y .amor propio, realizando siempre sacrificios, escatimándole a mi vida hasta el sus-tento por la cohesión política dentro del partido; que laboré sin cobrar nada por mi adhesión como pretendió hacerlo al partido republicano en tres ocasiones ese sujeto despreciable; la primera por un destino de asentista, la segunda y tercera por mil pesos adelantados con manifes-tación de descrédito.’ Y el citado Luis Texidor Ortiz en la fecha arriba citada una vez impresa la hoja suelta a que se refiere esta denuncia, la hizo circular repartiendo o haciendo repartir varias de ellas que fueron leídas por personas de esta ciudad.”

Pero la acusación continúa y dice:

“Y como considero que la citada hoja suelta se refiere a mi persona y no tiene otro fin que exponerme al ridículo público y a difamar mi honradez, integridad y buena fama que gozo en esta comunidad y contiene materia libelosa per se, y esto constituye un hecho punible, lo denuncio ante Y. H. a fin de que se sirva hacer justicia. Testigos: Jorge Alonso, Aniceto Texidor, Enrique Mestre, Enrique Amy, Ledo. Celestino Domínguez Rubio, Genaro Cautiño. F Navarro Ortiz, de-nunciante. Jurado y suscrita ante mí, hoy 30 de noviembre de 1910.”

Quizás es esta una manera un poco informal de decir que los hechos tendían a exponerle al ridículo público; mas no-sotros creemos que es suficiente, especialmente en la ausen-cia de una moción para eliminar.

El otro error es, que la corte se negó a permitir a ocho o nueve testigos declarar que ellos no sabían a quien se refería el documento y que el mismo no se refería a persona alguna en particular. El récord no contiene relación de hechos,- y •el pliego de excepciones se refiere solamente a la exclusión por la corte de evidencia tendente a demostrar la falta de conocimiento de parte de ciertos testigos, escogidos de entre un extenso público, en cuanto a quién se refería la publica-ción. El Gobierno ciertamente tenía derecho a probar en la vista, que las palabras usadas se referían claramente al de-nunciante y la presunción es de que se presentó tal prueba. El acusado quizás pudiera haber probado que el libelo se re-fería a otro persona, pero aun cuando la intención fuera de referirse a otro, si tendía a agraviar al denunciante podía considerarse que el acusado tuvo el designio de ejecutar el acto con todas las consecuencias probables y naturales del mismo, como en el caso de Scott v. Shepherd, 2 W. Bl., 892. En este caso el acusado lanzó un petardo y fué demandado por daños, por haberle sacado un ojo a una persona a quien él no había lanzado el petardo. Las palabras han tenido que haber sido destinadas contra alguien, y como debe presumirse que existió prueba tendente a demostrar que Francisco Ortiz era la persona difamada, la. evidencia negativa de nueve o una multitud de testigos, no pudo haber alterado los hechos tendentes a indentificar a dicho Navarro Ortiz como la persona difamada. El artículo tenía todas las señales de haber sido dirigido contra determinada persona y los testigos del Gobierno presuntivamente demostraron que el denunciante era la persona en’ cuestión; Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Sr. HbrNÁNDez,

license: Public Domain

text:
    Escalona v. Sucesión Castro.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 577.
    Resúelto en junio 13, 1911.
    'Aceptación de Herencia — Clases de Aceptación de Herencia. — Según el artí-culo 964 del Código Civil, la herencia puede ser aceptada pura y simplemente, o a beneficio de inventario, y según el artípulo 965, la aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita, siendo expresa la que se hace en documento público o privado, y táeita 'la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no'habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero, sin que los actos de mera Conservación o administración provisional impliquen la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero.
    Id. — Aceptación Pura y Simple de una Manera Tácita — Petición de Nombra-miento de Administrador Judicial — Intervención en la Administra-ción.. — El acto de pedir un hijo en el juicio testamentario de su padre, que fuera nombrado un administrador judicial ■ interino para administrar una casa que constituía el caudal hereditario del padre, y que para el nombra-miento de administrador definitivo se convocara junta de los interesados en la herencia, no puede estimarse como aceptación tácita de la herencia de la madre del peticionario, porque dicha casa no era de la propiedad de su madre, sino de la sucesión del padre del peticionario, y la circunstancia de que pu-diera corresponder participación en ella a su madre como legataria de su esposo, no podida privar a los hijos herederos de éste, de intervenir en la administración de la referida casa. La intervención en esa administración era compatible con la no aceptación pura y simple de la herencia de la madre.
    Id. — Aceptación Tácita, de la Herencia — Declaratoria de Herederos. — El acto de solicitar un hijo la declaratoria de herederos abintestato de su difunta madre, para sí y a favor de sus hermanos, no puede estimarse como acepta-eión tácita de la herencia de la madre, para sí y para sus demás hermanos, pues dicho acto no envuelve gestión en concepto de- heredero, y sólo entraña el ejercicio de un derecho - personal para obtener la declaratoria de tal here-dero. Tal acto sólo es el medio adecuado para adquirir la certeza de ser real-mente tal heredero, y sin dicha certeza no puede haeer aceptación pura o con-dicional de herencia.
    Id. — Plazos para Aceptar la Herencia a Beneficio de Inventario.- — Según el artículo 980 del Código Civil, el heredero que tenga en su poder los bienes de la herencia o parte de ellos y quiere utilizar el beneficio de inventario, deberá manifestarlo a la corte competente dentro de los 10 días siguientes al en que supiera ser heredero, siempre que resida en el lugar donde hubiere fallecido el causante de la herencia, y si residiere fuera, el plazo será de 30 días.
    Id. — Según el artículo 981 del Código Civil, cuando el heredero no tenga en su poder la herencia o parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como tal heredero,'los plazos expresados se-contarán desde el día siguiente al en que expira el plazo que la corte de distrito le hubiere fijado para aceptar o repu-diar la herencia, o desde el día en que la hubiere aceptado o hubiera gestio-nado como heredero.
    Id. — Fuera de los casos expresados en los artículos 980 y 981 del Código Civil, pre-viene el artículo 982, que el heredero podrá aceptar a beneficio de inventario, mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia, si no se hubiere presentado ninguna demanda contra aquélla.
    Id. — Aceptación de Herencia a Beneficio de Inventario. — En el caso de autos, no habiéndose probado en el juicio que los demandados hayan tenido en su poder los bienes dejados por su padre, ni que hayan practicado gestiones como herederos del mismo, ni que como tales hayan sido demandados, es de estimar que cuando en 24 de noviembre de 1908, manifestaron los demandados que aceptaban la herencip, a beneficio de inventario, lo cual fué luego hecho, esta-ban en término legal de hacer tal declaración.
    Id. — Aceptación dé Herencia a Benefició de Inventario — Responsabilidad de los Aceptantes. — En virtud del artículo 989 del Código _ Civil, el aceptante de una herencia a beneficio de inventario no está obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia sino hasta donde alcancen los bienes dé la misma, los que no se confunden con los bienes particulares del aceptante.
    Los liecbos están expresados en la opinión. •
    Abogado de la demandante apelante: Sr. Eugenio Benites Castaño.

    Abogado de los demandados apelados: Sr. Antonio Sar-miento.

   El Juez PresideNte Sr. HbrNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

Con feclia 28 de diciembre de 1909 Francisca Camila Esca-lona produjo demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, contra la sucesión de Ana de Castro, y en diclia demanda alega que Ana de Castro falleció en 3 de julio de 1906, dejando como únicos herederos a Esteban, Ana, Francisco, Mercedes, Alonso y Serafina Escalona y Castro y Rafael Martí de Castro, que son los que componen su suce-sión y aceptaron la herencia pura y simplemente; que la de-mandante era dueña de la décima parte proindivisa de la casa número 50 de la calle de la Luna de esta ciudad, por he-rencia de su padre Esteban Escalona, muerto en 9 de mayo de 1869; que desde esa fecha hasta 3 de julio de 1906, en que ocurrió el fallecimiento de Doña Ana de Castro, percibió ésta la totalidad de la renta de dicha casa con exclusión abso-luta de la demandante, obrando así como representante legal de sus hijos los demandados, mientras fueron éstos menores de edad, y después por acuerdo de la mayoría de los partíci-pes en la finca, siempre sin el consentimiento y contra la vo-luntad de la demandante respecto de la parte que a ésta co-rrespondía ;■ que desde 3 de julio de 1906 hasta 21 de diciembre de 1908 en que fué sacada a pública subasta la casa, la admi-nistró y percibió sus alquileres el demandado Alonso Esca-lona por acuerdo de la mayoría de los partícipes y contra la voluntad de la demandante, sin darle participación en las ren-tas producidas, a pesar de los requerimientos que con tal ob-jeto le fueron hechos por la demandante y su abogado; y que la casa siempre produjo o debió producir medianía una buena administración, la cantidad de ciento cuarenta dollars men-suales, estimando el valor de la décima parte de los alquileres producidos por la finca desde 9 de mayo de 1869 hasta 3 de julio de 1906, en la suma de cuatro mil dollars, y el de los devengados desde la última fecha indicada a 21 de diciembre de 1908, en 320 dollars, ambas cantidades líquidas.

La demanda concluye con la sriplica de que se dicte sen-tencia condenando a los demandados a satisfacer a la deman-dante cuatro mil dollars por el concepto antes indicado, ya en su carácter de herederos de Ana de Castro, ya como respon-sables por sí, y al demandado Alonso Escalona a satisfacerle individualmente o en unión de los otros demandados, la suma de trescientos dollars por el concepto también ya indicado, con las costas a los demandados.

Al contestar la demanda aceptaron los demandados que Ana de Castro falleció en esta ciudad el 3 de'julio de 1906; de-jando como únicos herederos a los demandados; que Esteban Escalona había fallecido en 9 de mayo de 1869; que la finca fné sacada a pública subasta en 21 de diciembre de 1908; y que hasta esa fecha desde 3 de julio de 1906, la administró, y percibió sus alquileres el demandado Alonso Escalona, sin dar participación a la demandante en las rentas producidas y sin que la administración le fuera conferida por la mayo-ría de los condueños.

. Los demandados niegan los demás hechos expuestos en la demanda, y como materia nueva alegan:

1. Que aceptaron a beneficio de inventario la herencia de Ana de Castro, cuya testamentaría no está terminada.

2. Que la demandante solo era legataria de su padre natural Esteban Escalona en la mitad del quinto de la heren-cia de éste, .y por tanto, no tenía propiedad, ni condominio sobre parte alguna concreta de los bienes hereditarios, sino derecho a la décima parte del valor de éstos y de sus produc-tos, deducidos los gravámenes que sobre ellos pesaran y los gastos de administración, siendo ese derecho el que tenía la demandante sobre la casa número 50 de la calle de la Luna.

3. Que Ana de Castro administró el caudal hereditario de Esteban Escalona, y por tanto, la casa de que se trata, como albacea testamentario del mismo, con facultades admi-nistrativas, desde el fallecimiento de Escalona hasta el suyo propio, sin más interrupción que desde 14 de enero de 1876 a 30 de junio de 1880, en que para pago de rentas de un cen-so, fné entregada la administración de la mayor parte de la casa al Municipio de San Juan, el que la llevó a cabo por medio de Heraclio Cordero, padre político de la demandante.

4. Que muerta Ana de Castro, se solicitó por uno de los interesados en la testamentaría de Esteban Escalona, la con-vocatoria de una junta para la designación de administra-dor, y mientras se hacía ese nombramiento, asumió espontá-neamente tal cargo Alonso Escalona, uno de los interesados en la testamentaría de Esteban Escalona.

5. Que para estimar los productos de la casa, además de los gastos de reparaciones, contribuciones y demás consi-guientes a una finca urbana, debe tenerse en cuenta que sobre aquélla pesa un censo de cuatro mil-cuatrocientos noventa y cuatro pesos 28 centavos, moneda .española, con interés del 9 por ciento anual, y un crédito hipotecario de mil quinien-tos pesos oro español al 1% por ciento mensual.

6. Que el demandado Alonso Escalona se ha mostrado siempre dispuesto a entregar la parte que a la demandante corresponda en el producto de la administración de la casa, y al efecto al único requerimiento que con ese fin le fue hecho, contestó presentando las cuentas de. su administración, que todavía no le han sido devueltas.

Los demandados concluyen con la súplica de que se dicte sentencia decretando:

Io. Que no ha lugar a la reclamación que se hace a los demandados como responsables por sí, tanto de los cuatro mil dollars de productos durante la administración de Ana de Castro, como de los trescientos veinte dollars durante la administración de Alonso Escalona.

2o. Que los demandados como herederos a beneficio de inventario, de su madre Ana de Castro, satisfagan a la de-mandante con los bienes que les sean adjudicados, después, de liquidada la herencia, la décima parte del producto de la casa número 50 de la calle de la Luna de esta ciudad, du-rante el tiempo que- por la misma fué administrada, con de-ducción de los gastos de administración, reparación, contri-buciones e intereses de la cargas que sobre ella pesan.

3o. Que la.demandante debe pagar las costas del juicio.

La demandante enmendó y adicionó la primera alegación de su demanda en el sentido de que los demandados acepta-ron pura y simplemente la herencia de Ana de Castro, pues si bien presentaron un escrito a la corte de San Juan en 23. de noviembre de 1908 manifestando qne aceptaban la heren-cia de sn madre a beneficio de inventario, anteriormente, con fecha 4 de marzo del mismo año, habían solicitado de dicha corte la declaración de herederos abintestato, qne el tribunal acordó por orden de Io., de abril siguiente, ampliándola a Rafael Mártí como hijo natural, en 29 del propio mes, por lo qne habían transcurrido desde la fecha en qne conocieron sn carácter de herederos,- hasta qne manifestaron aceptar la herencia a beneficio de inventario, siete meses aproximada-mente.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia qne copiada a la letra dice así:

“Habiendo sido llamado este pleito por ver, digo, para verse por sn orden de señalamiento y comparecido las partes demandantes y demandadas por sus respectivos abogados anunciando estar prepara-das para el juicio, después de leer sus alegaciones enmendadas y prac-tiear sus pruebas, sometieron el caso a la corte por medio de argumen-tación escrita. Y la corte tomando en consideración dichas alegaciones, pruebas y argumentaciones, y por los motivos que aparecen de la opinión que ha redactado, decide que los hechos y la ley están en parte a favor de los demandados, en la forma que explican los pronuncia-mientos siguientes: Io. Se declara que Doña Ana de Castro era res-ponsable a la demandante de la cantidad de 4,000 dollars por su par-ticipación de una décima parte en las rentas de la casa número 50 de la calle de la Luna en esta ciudad, dejada por Don Esteban Escalona. 2o. Se declara asimismo que de dicha deuda'son responsables los deman-dados, herederos de Doña Ana de Castro, por haber la herencia a bene-ficio de inventario, solamente con los bienes inventariados de dicha herencia, y no están obligados a responder con sus bienes particulares. 3o. Que Don Alonso Escalona y Castro, uno de los herederos, es además responsable a la demandante individualmente de la cantidad de 406 dollars, que es en deberle también por la décima parte de los productos de dicha casa durante el período que provisionalmente los administró, comprendido desde el mes de julio de 1906 a 21 de diciembre de 1908. 4o. Que las costas deben ser pagadas por cada parte, excepto.con res-pecto a Don Alonso Escalona y Castro, que deberá pagar a la deman-dante la mitad de las costas en que haya incurrido en este pleito. El secretario anotará esta sentencia y librará orden de ejecución para su cumplimiento. Dado en corte abierta hoy 30 de marzo de 1910. (Fir-mado) Pedro de Aldrey, Juez de la Sección Ia. Certifico: (Firmado) A. Marín, Secretario. Registrada en 1 de abril de 1910.”

Contra esa sentencia lian interpuesto ambas partes, de-mandante y demandada, recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Funda la parte demandante su recurso, en que los deman-dados no han podido aceptar la herencia de Ana de Castro a beneficio de inventario, toda vez que estaban en posesión de ella, y habían dejado transcurrir el término legal que fija el artículo 980 del Código Civil para disfrutar de aquel bene-ficio, y en que aun cuando no hubieran estado en posesión de los bienes de la herencia o parte de ellos, desde el instante mismo en que solicitaron la declaratoria de herederos sin expresar que aceptaban la herencia a beneficio de inventario, practicaron gestiones como tales herederos, y empezó a co-rrerles desde que se hizo la declaratoria a su favor, el plazo legal que señala el artículo citado, por lo que habiendo ejer-citado tardíamente el derecho de aceptar la herencia a bene-ficio de inventario, son responsables no sólo con los bienes de la herencia de Ana de Castro, sino también con los suyos propios, al pago de la suma de cuatro mil dollars a que vie-nen condenados por sentencia.

La parte demandada funda su recurso en que faltando base para valorar la participación de la demandante en la renta de la casa, es imposible determinar esa participación, habiéndose cometido, por tanto, error al fijarla en la suma de cuatro mil dollars por el tiempo en que administró la casa Ana de Castro, como también se cometió error por la misma ■razón al fijar en 406 pesos la responsabilidad de Alonso Es-calona durante el tiempo que duró su administración, res-ponsabilidad que tampoco es exigible en cuanto al Alonso, mientras no se apruebe la cuenta que tiene presentada, en armonía con los artículos 1622 y 1789 y siguientes del Código Civil.

Con relación al recurso interpuesto por la parte deman-dante, son de consignarse para la mejor apreciación de los motivos en-que se funda, los siguientes huellos probados en el juicio:

Io. Que muerta Ana de Castro en 3 de julio de 1906, Esteban Escalona de Castro, su hijo, presentó escrito en 30 del .mismo julio a la Corte de Distrito de San Juan, en el juicio voluntario de testamentaría de Esteban Escalona, solicitando se nombrara desde luego un administrador judicial interino que se encargara de la casa número 50, de la calle de la Luna de esta ciudad, hasta que se hiciera el nombramiento de ad-ministrador definitivo, a cuyo fin fueran citados a una junta los interesados en la herencia de Esteban Escalona, sin que conste que sobre tal pretensión se dictara orden o resolu-ción alguna.
2o. Que Esteban Escalona de Castro, promovió expediente ante la Corte de Distrito de San Juan, en 4 de marzo de 1903, sobre declaratoria de herederos de Ana de Castro, y en dicho expediente fueron declarados herederos abintestato de la finada su hijos los demandados.
3o. Que todos los herederos declarados de Ana de 'Castro presentaron escrito a la misma corte en 24 de noviembre del año citado 1908, manifestando que aceptaban la herencia de Ana de Castro a beneficio de inventario, y al efecto estaban dispuestos a cumplir con el precepto del artículo 979 del Código Civil, a cuyo escrito recayó orden, por la que la corte declaró aceptada por los promoventes la herencia intestada de Ana de Castro a beneficio de inventario, que había de for-marse con los requisitos que en dicha orden se expresan, como así lo hicieron los interesados, presentando en 14 de abril de 1909, un inventario comprensivo de los bienes de la herencia de Ana de Castro, que representan el montante lí-quido de $835.65, cuyo inventario fué agregado al expediente de su razón.

Ante esos hechos cabe preguntar.

¿Habían aceptado pura y simplemente los demandados la herencia de su difunta madre Ana de Castro, cuando en 24 de noviembre del año 1908 acudieron a la Corte de Distrito de San Juan, declarando que aceptaban dicha herencia a bene-ficio de inventario?

Según el artículo 964 del Código Civil, la herencia puede ser aceptada pura y simplemente, o a beneficio de inven-tario, y según el artículo 965 la aceptación pura y simple-puede ser expresa o tácita, siendo expresa la que se hace en documento público o privado, y tácita la que se hace por ac-tos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero, sin que los actos de mera conservación o administración provisional impliquen la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero.

No ha venido al juicio documento público o privado, ex-presivo de la aceptación de la herencia de Doña Ana de Castro por los demandados, y por tanto, no puede sostenerse que la aceptaran expresamente.

Tampoco han ejecutado los demandados actos inductivos de que dicha herencia, ya que no de una manera expresa, fué aceptada pura y simplemente de una manera tácita.

El acto de pedir Esteban Escalona en el juicio testamen-tario de. su padre del mismo nombre y apellido, que fuera nombrado un administrador judicial interino que se encargara de la casa número 50 de la calle de la Luna, de esta ciudad, que constituía el caudal hereditario del finado, y que para el nombramiento de administrador definitivo se convocara junta de los interesados en la herencia, no puede estimarse como aceptación tácita de la herencia de Ana de Castro, porque dicha casa no era de la propiedad de ésta, sino de la sucesión de Esteban Escalona, y la circunstancia de que pudiera co-rresponder participación en ella a Ana de Castro como lega-taria de Esteban Escalona, no podía privar a los hijos here-deros de éste de intervenir en la administración de la referida casa.

La intervención en esa administración era compatible con la no aceptación pura y simple de la herencia de Ana de Castro.

Al solicitar Esteban Escalona la declaratoria de herede-ros abintestato de su difunta madre, hecha, a favor del mismo y de sus hermanos, no puede decirse que aceptara para sí y para sus demás hermanos pura y simplemente la herencia de su madre Doña Ana de Castro, pues aquel acto no envuelve gestión en concepto de heredero, y sólo entraña el ejercicio de un derecho personal para obtener la declaratoria de tal heredero. Sin la certeza de la calidad de heredero, no puede haber aceptación pura o condicional de herencia.

Consecuente con esta doctrina, declaró el tribunal con-tencioso administrativo de España en sentencia de 8 de junio de 1901, que el hecho de solicitar una persona la declaración de ser heredero, no implica aceptación de herencia, sino solo medio adecuado para adquirir la certeza de ser realmente tal heredero.

Ahora bien, una vez conocida por los herederos su cuali-dad de tales, tienen éstos distintos plazos para ejercitar su derecho de aceptar la herencia a beneficio de inventario, y esos términos varían según las circunstancias del caso con arreglo a los artículos 980, 981 y 982 del Código Civil.

Según el primero de dichos artículos, el heredero que tenga en su poder los bienes de la herencia o parte de ellos y quiere utilizar el beneficio de inventario, deberá manifes-tarlo a la córte competente dentro de los diez días siguien-tes al en que supiere ser heredero, siempre que resida en el lugar donde hubiere fallecido el causante de la herencia, y si residiere fuera, el plazo será de treinta días. Mas, según el artículo 981, cuando el heredero no tenga en su poder la he-rencia o parte de ella, ni haya practicado gestión alguna como tal heredero, los plazos expresados se contarán desde el día siguiente al en que expire el plazo que la corte de distrito le hubiere fijado para aceptar o repudiar la herencia, o desde el día en que la hubiere aceptado o hubiera gestionado como heredero.

Fuera de los casos expresados, previene el artículo 982, que el heredero podrá aceptar a beneficio de inventario, mien-tras no prescriba la acción para reclamar la herencia, si no se hubiere presentado ninguna demanda contra aquél.

No se ha probado en el juicio que los demandados hayan tenido en su poder los bienes dejados por Ana de Castro, ni que hayan practicado gestiones como herederos de la mis-ma, ni que como herederos de Ana de Castro se haya pre-sentado demanda contra ellos; y por tanto tenemos que lle-gar a la conclusión, de que cuando en 24 de noviembre de 1908 manifestaron los demandados que aceptaban la heren-cia a beneficio de inventario, el cual fué luego hecho, esta-ban en término legal de hacer tal declaración, y ésta tiene que surtir, por tanto, sus efectos legales, que son los determina-dos en el artículo 989 del Código .Civil.

En virtud de ese artículo los demandados no están obliga-dos a pagar las deudas y demás cargas de la herencia de Doña Ana de Castro, sino hasta donde alcancen los bienes de la misma, los que no se confunden con los particulares de aquéllos, respondiendo por tanto, los herederos de Ana de Castro de las obligaciones de ésta con los bienes que la misma dejó y figuran en el inventario.

En cuanto al recurso interpuesto por los demandados, la prueba testifical demostró, y así lo apreció la corte inferior en la opinión que sirve de fundamento a la sentencia recu-rrida, que la casa número 50 de la calle de la Luna de esta ciudad, ha debido producir $140 mensuales; y como la parte demandada no ha justificado que fuera excesiva aquella suma, presentando cuenta al menos aproximada de la administra-ción de dicha casa, nos vemos precisados a tomar por báse aquella partida, al efecto de determinar las responsabilidades administrativas de Ana de Castro y Alonso Escalona.

Respecto del último, ocurre la circunstancia especial de que, habiendo sido requerido por el abogado Eugenio Benitez Castaño, a nombre de la demandante, para que le pagara la participación que le correspondía en las rentas producidas por la casa durante el tiempo que la liabía administrado, re-mitió dicho Alonso Escalona al mencionado abogado cuen-tas de la administración de la casa, desde 1 de agosto de 1906 a 31 de diciembre de 1908, con nn saldo a'favor de la Su-cesión Escalona por $183.88, cuentas que no fueron acepta-das por Ana de Castro y que Alonso Escalona no se cuidó de aportar al juicio, para que fueran examinadas y discu-tidas.

Por las razones expuestas, procede que se confirme en to-das sus partes la sentencia apelada que dictó la Corte de Dis-trito de San Juan, en 30 de marzo del año próximo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Asociados, Sres. MacLeary y Aldrey, no to-maron parte en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Su. del Toko,

text:
    Cuevas v. Freyre.
    ApelacxÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 613.
    Resuelto en junio 14, 1911.
    Nulidad de Compra en Púbuoa Subasta-Coneabulación-Hipoteca-Remate pasa Pago de Contribuciones. — Las pruebas demostraron que la demandante adquirió la finca a que se refiere el pleito por $17.36; que dicha finca estaba tasada por la Tesorería en $1,037 y una parte de la misma hipotecada para responder de la suma de $938.80 y de la de $400 más para, costas en caso de ejecución; que la demandante y compradora es hija de la dueña de la finca-que la compra se verificó por haber dejado de pagar la dueña las contribu-ciones correspondientes al ejercicio de 1907-08, y que de ser válida la compra y de haberse cumplido con los' demás requisitos de ley, su efecto sería el de destruir la garantía hipotecaria prestada por la dueña de la finca y madre de la demandante. Se resolvió que había elementos bastantes para llegar a la conclusión de que la dicha compra estaba viciada de nulidad en cuanto a la . porción hipotecada a favor del demandado, por vhaber sido el resultado de una confabulación para perjudicar los derechos de este último.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Benet.

      La parte apelada compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Su. del Toko,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre nulidad de hipoteca y otros extremos. La demandante Julia Cuevas de Yélez, presentó una demanda jurada en la Corte de Distrito de Mayagüez, contra José Ramón Freyre, alegando en resumen 1°., que Jovita Rivera de Cuevas, era dueña de una finca que se formó por agrupación de pequeñas porciones de terreno que colin-daban entre sí, y que se describe de la siguiente manera:

‘ ‘ Rústica, compuesta de 48 cuerdas de terreno a café, pasto y male-zas, con casas, radicada en el barrio de Anones del término municipal de Las Marías y lindando al norte con José Díaz; al sur con Isaac F. Martínez; al este con Tomás Bootliby, y al oeste con el río Casey. ’ ’

2. Que una de esas porciones, que contenía doce cuerdas y que se describe así:

“Empezando al saliente con un- roble que colinda con Jovita Rivera y la viuda de Julián Montalvo; de allí línea recta rumbo al sud a un guama que se encuentra en la orilla del río Casey limítrofe con Doña Jovita Rivera; de ésta río abajo, a un jobo que se halla en dicho río y hace punto con Don Luis Martel; de allí línea recta a una piedra que se encuentra al lado de un matron de emaj aguas y colinda con Don Manuel Montalvo y Don José Yélez Segundo y de allí al punto donde se principió.”

constaba inscrita en el registro de la propiedad, a favor de la dicha Jovita Rivera y sobre ella su dueña constituyó una hipoteca voluntaria a favor de Ciprián Rivera y Mar-tínez para garantizar la suma de $938.80 y la de $400 más para costas en caso de ejecución.

3. Que al constituirse la dicha hipoteca y hasta la fecha de la interposición de la demanda, dicha porción de 12 cuer-das formaba y forma parte de la finca de 48 cuerdas y de ella tenía conocimiento el acreedor hipotecario.

4. Que habiendo Jovita Rivera dejado de pagar las con-tribuciones que pesaban sobre la finca de 48 cuerdas, fue dicha finca rematada y adquirida el 14 de julio de 1908, por la demandante Julia Cuevas, a favor de quien se expidió el correspondiente certificado de venta por el colector de ren-tas internas.

5. Que la venta se notificó al acreedor hipotecario quien dejó transcurrir el término de 180 días sin redimir la finca, que tampoco lo fue por ninguna otra persona.

6. Que la demandante acudió al registro para inscribir su certificado, pero la inscripción no pudo verificarse, por que 36 cuerdas de la finca no constaban inscritas previa-mente y por que las doce inscritas lo estaban con colindan-cias muy antiguas y diferentes en la actualidad de las colín - dancias generales de la finca de 48 cuerdas. Se tomó anota-ción preventiva de la finca en general.

7. Que el demandado Freyre obtuvo una sentencia en la Corte ■ Municipal de Mayagüez en contra de la sucesión de Ciprián Rivera Martínez y en la ejecución de dicha senten-cia se le adjudicó el crédito hipotecario constituido por Jovi-ta Rivera a favor del dicho Rivera Martínez, de que se ha hecho mérito. La escritura de' venta se otorgó por el már-shal a nombre de la Sucesión Rivera y a favor de Freyre el 8 de octubre de 1909 y se inscribió en el registro de la pro-piedad.

8. Que Freyre inició en la Corte de Distrito de Mayagüez un procedimiento para la ejecución del dicho crédito hipote-cario, en el cual no se hizo parte a la demandante. ■

La demandante termina suplicando que la corte decrete ■que Ciprián Rivera perdió todo derecho, título e interés sobre el crédito hipotecario en'cuestión; que el demandado Freyre . adquirió una hipoteca sin valor y nula; que se ordene la can-celación de la inscripción de la hipoteca y la inscripción del dominio de, las doce cuerdas a favor de la demandante, y •que se condene en costas al demandado en caso de oposición.

El demandado' también contestó bajo juramento negando específicamente las alegaciones de la demanda y a su vez ale-gando, en resumen, que siguió un procedimiento en cobro de pesos contra la sucesión de Ciprián Rivera y obtuvo senten-cia a su favor. Que embargó el crédito hipotecario que Ci-prián Rivera tenía sobre la descrita finca de Jovita Rivera. Que dicho crédito le fué adjudicado en la ejecución de la ex-presada sentencia, por escritura de 8 de octubre de 1909 ins-crita en el registro de la propiedad. Que ejecutó dicho cré-dito por el procedimiento sumarísimo de la ley hipotecaria por escritura de 11 de febrero de 1910, inscrita en el registro' de la propiedad. Que cuando embargó el crédito hipoteca-rio, cuando se le adjudicó y.cuando le fue vendida la finca, hipotecada, ésta estaba inscrita en el Registro a favor de la deudora Jovita Rivera.

Que la demandante Julia Cuevas y su madre Jovita Rivera se confabularan para burlar el derecho del acreedor hipotecario, siendo la compra de Julia Cuevas el resultado' de dicha confabulación.

Que aún en el caso de que' tal compra fuera legal, el de-mandado es un tercero que adquirió de buena fe de quien figuraba con derecho en el registro.

Y que el demandado ha sufrido daños y perjuicios, por-que, a consecuencia de la interposición de la demanda, no ha podido vender la dicha finca de doce cuerdas que legítima-mente le pertenece.

Practicadas las pruebas, la Corte de Distrito de Maya-güez dictó sentencia declarando que la ley y los hechos están, a favor del demandado, excepto en cuanto a la reclamación por daños y perjuicios, y en su consecuencia, desestimó la demanda. Contra esa ■ sentencia interpuso la demandante el presente recurso de apelación.

Un examen ciiidadoso de las alegaciones y de las prue- . bas, demuestra que la demandante Julia Cuevas adquirió la finca de que se trata, valorada a los efectos del pago de las contribuciones en $1,037, por la suma de $17.36; que una. porción de dicha finca estaba hipotecada a favor de Ciprián Rivera, para garantizar la suma de $938.80 y la de $400 más. para costas en caso de ejecución; que la demandante y com-pradora de la finca es hija de la dueña de la misma; qne la compra se verificó a consecuencia de haber dejado de pagar la dueña de la finca las contribuciones correspondientes al ejercicio de 1907-08; y que de ser válida la venta y de haberse •cumplido con todos los demás requisitos exigidos por la ley, su efecto sería' el de destruir la garantía hipotecaria de la deuda de Jovita Rivera.

Probados tales hechos, es evidente que existe base bas-, tante para llegar a la conclusión de que la compra que la de-mandante hizo de la finca en cuestión, está viciada de nuli-dad en cuanto a las doce cuerdas hipotecadas a favor del demandado, por haber sido el resultado de una confabula-ción para perjudicar los derechos del acreedor hipotecario.

Siendo esto así y sosteniéndose por tal motivo la senten-cia apelada, no es necesario estudiar los otros fundamentos alegados por el demandado y apelado en defensa de su dere-cho.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf , y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaey,

text:
    El Pueblo v. Roig.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 358.
    Resuelto en junio 16, 1911.
    Derecho Penal— Exposición del Caso — Errores Manifiestos. — En este caso la transcripción de autos no contenía relación de hechos ni exposición del caso, ni pliego de excepciones y no constando de los autos que se haya cometido error fundamental alguno se confirmó la sentencia apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Jiménez.

      Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este caso fné declarado culpable el. 2ít de marzo pasado, de escalamiento en primer grado. Fné condenado a la pena de reclusión en el presidio por el tér-mino de siete años.,. Contra esta sentencia apeló él para ante este tribunal.

El récord no contiene pliego alguno de excepciones, rela-ción de hechos o exposición del caso. No aparece señala-miento alguno de errores, ni existe error fundamental alguno que sea aparente, de un examen detenido de las tres páginas que constituyen la transcripción de autos que se nos ha en-viado de la corte de distrito.

, Antes de recibirse la transcripción de autos, el apelante envió al presidente del tribunal un escrito, con el visto bueno del alcaide, y que se unió después a los autos por lo que pudiera valer. Es una relación lamentable de los inciden-, tes del juicio o de algunos de ellos, según le parecieron al apelante. Pero este escrito no puede, en modo alguno, con-siderarse como parte del récord, y aun cuando ha sido de-tenidamente leído varias veces en presencia del tribunal, no pueden recibir consideración alguna las alegaciones en el mismo hechas, aún en el supuesto de que fueran ciertas. El estatuto prescribe lo que constituye el récord ante este tribunal en causas criminales; y en muchas de nuestras opi-niones emitidas antes' de ahora hemos dado instrucciones sobre la manera de preparar el récord.

El delito de escalamiento en primer grado, del que ha sido convicto' el apelante, lo castiga nuestro Código Penal (art. 410), con pena de presidio no menor de un año ni mayor de quince. Parece que el tribunal sentenciador consideró el presente caso como un caso corriente y dividió el máximum de la pena casi por la mitad. Aunque pudiéramos considerar que la pena fué más bien severa, no se nos ha sometido nada por razón de lo cual podamos reducirla o modificarla en modo alguno. Debe confirmarse la sentencia del tribunal senten-ciador tal como consta en los autos.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Godreau v. The American Railroad Co.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 685.
    Resuelto en junio 16, 1911.
    Daños y Perjuicios — Negligencia del Demandado. — En las redamaciones sobre daños y perjuicios basadas en la negligencia del demandado, no basta de-mostrar que el demandado ha sido de algún modo negligente, sino que es ne-cesario demostrar, además, que esa negligencia fué la causa verdadera del acci-dente.
    Id. — Negligencia Contributors. — Alegado por el demandado que el accidente se debió a la propia negligencia del demandante y. demostrando la prueba que tal negligencia existió en tal grado que sin ella no pudo ocurrir el accidente; el demandante no tiene derecho a percibir indemnización * alguna por los daños y perjuicios que pudiera haber sufrido.
    Id. — Prueba—Manifestaciones Yoluntarias. — Las manifestaciones del conductor del carro del demandante que chocó -con el ferrocarril de la demandada, hechas a un policía horas después del suceso y en el sitio del mismo, si se de-muestra que fueron voluntarias, constituyen evidencia admisible en un easo de esta naturaleza.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Francisco Giménez.

    Abogados del apelado: Sres. N. B. K. Pettingill y Fernando Vázquez.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Arturo Godreau y Duffau estableció demanda ante la Corte de Distrito de Ponce contra “The American Railroad Company of Porto Rico,” reclamando la suma de $1,200 como compensación por daños y perjuicios, basando su recla-mación en los siguientes hechos:

‘ ‘ 1. Que la demandada, ‘ The American Railroad Co. of Porto Rico ’ es una corporación registrada en la Oficina del Secretario de Puerto R;co y se dedica entre otras cosas, al trasporte de caña entre Ponce y G-uayama, y se dedicaba a dicbo trasporte de caña el día 12 de marzo del corriente año 1910’y antes de esa fecha, entre los puntos antes indicados; teniendo su oficina principal en San Juan de Puerto Rico y también oficina en Ponce, P. R.
' “2. Que el demandante, Arturo Godreau y Duffau, en, y antes del doce de marzo de 1910, era dueño de un carro de cuatro ruedas y de cuatro muías americanas, que dedicaba al trasporte de carga entre Ponce y Salinas.
“3. Que el día doce de marzo del corriente año de 1910, y en el paso a nivel que atraviesa la carretera del litoral frente a la hacienda ‘ For-tuna, ’ dentro del Distrito Judicial de Ponce, P. R., un tren de carga formado de diez, vagones empujados por la máquina número 33, perte-neciente a la demandada The American Railroad Company of Porto Rico, chocó con el carro tirado por las cuatro ínulas del demandante, y a consecuencia de dicho choque, murieron tres de las referidas muías, y el carro, también del demandante, sufrió desperfectos de consideración. Y el demandante alega, además: Que dicho choque ocurrió debido solamente a la gran, negligencia del conductor y maquinista de dicho tren número 33, habiendo consistido dicha negligencia en llevar los diez vagones por delante y la máquina empujándolos, sin ir persona alguna al frente de dichos vagones y en no haber tocado los encargados de dicho tren, pito ni campaña, ni haberse dado ninguna señal de alarma antes de llegar el tren a dicho paso a nivel, y de marchar el tren a toda velocidad.
‘ ‘ 4. Que a consecuencia del choque, ocurrido por causa de la negli-gencia de los empleados de la demandada, alegada en el hecho anterior, el demandante perdió las tres muías que murieron, las que tenían un valor en junto de setecientos cincuenta dollars, y además tuvo que gastar dinero en la reparación del carro, y además el demandante ha dejado de ganar dinero que le debía producir su servicio de trasporte de carga entre Ponce y Salinas, cuyo servicio de trasporte era mediante pago, y ha experimentado con ellos daños y perjuicios que el deman-dante estima en la suma de mil doscientos dollars ($1,200).”

La demandada contestó la demanda negando todas y cada nna de las alegaciones contenidas en. la misma y alegando como materia- nueva de oposición:

‘ ‘ Que si el accidente a que se refiere la demanda ocurrió, fué por la negligencia del demandante o sus.empleados, quienes no pusieron todo el'cuidado y diligencia necesarios para evitar el daño/”

Celebrada la vista, la corte de distrito dictó sentencia de-clarando sin lugar la demanda y condenando al demandante al pago de las costas del litigio. Contra esa sentencia se inter-puso el presente recurso de apelación.

El hecho de que' en la fecha y en el sitio indicados en la demanda, ocurrió el choque entre las muías que tiraban del carro del demandante y los vagones del ferrocarril de la de-mandada, pereciendo como consecuencia del mismo tres mu-las de la propiedad del demandante, aparece claramente es-tablecido por la prueba, así por la del demandante como por la de la demandada. La controversia existe sólo sobre las causas que motivaron el choque, sobre si la demandada fué o nó negligente al atravesar el paso a nivel y sobre si el deman-dante realizó o nó actos constitutivos de negligencia contri-butoria.

Examinaremos primero los actos negligentes imputados por el demandante a la demandada y luego analizaremos los actos que la demandada intentó probar para demostrar su diligencia y la negligencia del demandante y en uno y otro caso la prueba presentada por ambas partes.

Se sostiene como probado por el demandante, que los en-cargados del tren no tocaron ni el pito ni la campana de la máquina al llegar al cruce con la carretera.

Tres testigos del demandante que presenciaron el acci-dente, declaran que el ferrocarril no tocó ni. pito ni campana. Por el contratario el maquinista del ferrocarril declara que tocó el pito, el fogonero que tocó la campana y el conductor-que se tocaron el pito y la campana. La prueba, pues, resulta contradictoria.

Sostiene también como probado el demandante, que el tren de la demandada llevaba una velocidad peligrosa al atrave-sar la carretera y que los wagones, que eran ocho de los gran-des que se usan para caña, iban delante- de la máquina.

Con respecto a la velocidad, la prueba no permite llegar a una conclusión exacta, y con respecto a que los wagones iban delante, aparece de la prueba que ciertamente era así. Tal hecho no constituye negligencia per se, pero atendidas las circunstancias de este caso, especialmente la que se con-, sidera en el párrafo que sigue, podría tal vez estimarse como constitutivo de negligencia por parte de la demandada.

Sostiene, también el demandante como probado, que no había luz en el primer wagon del tren. Sus testigos así lo declaran. Por el contrario los testigos de la demandada tien-den a probar que un empleado de la demandada iba en el primer wagon con uña linterna cuya luz “podía verse a unos, quinientos metros.” La prueba es, pues, contradictoria.

También se sostiene por el demandante como probado, que en el paso a nivel no existía luz alguna. Este hecho es cierto pero no constituye negligencia per se. No se nos ha demos-trado que exista ninguna ley u ordenanza que imponga tal deber a la demandada. ,

La demandada probó que en el paso a nivel de que se trata, tenía colocado el poste de señal que ordena el Regla-mento del Consejo Ejecutivo vigente desde 1 de marzo de 1909, Gaceta Oficial de 28 de febrero de 1909, página 104, o sea un poste con una cruz y una tabla, que tenga escritas en los brazos de la cruz las siguientes palabras “Grade Crossing,” “Ojo al Tren,” y sobre la tabla inferior estas otras: “Stop, Look, Listen,” “Párese, Mire, Oiga.”

También probo la demandada que en el dicho paso a ni-vel hay un timbre o campana eléctrica de alarma al lado derecho de la vía, que tan pronto como llega la máquina al circuito eléctrico, empieza a tocar hasta que pasa el tren de la carretera.

Con respecto a si la campana eléctrica tocó la noche del accidente, existe contradicción en la prueba. Los testigos presenciales del demandante a quienes nos hemos referido ya, dicen que no oyeron el timbre, pero los testigos de la deman-dada, no sólo sus empleados, sino otros testigos que venían en una teresina, afirman que lo oyeron, presentándose ade-más prueba consistente en que el mismo conductor del carro del demandante admitió horas después del suceso, que había oído el timbre. El conductor negó en el acto del juicio que ■hubiera hecho tal admisión.

En relación con la campana de alarma, el demandante in-tentó probar que momentos antes del accidente pasó un coche tocando su timbre, con la intención seguramente de demos-trar a la corte que el conductor del carro de muías pudo con-fundir el sonido del timbre o campana de alarma del ferro-carril con el del timbre del coche, sonidos ambos que, según la declaración de un testigo, eran parecidos.

Aparece, por último, de la prueba, que el demandante em-pleaba su carro de muías en el trasporte regular de mer-cancías y que el conductor y su ayudante conocían perfecta-mente el camino, y por tanto, la existencia del paso a nivel, teniendo por costumbre la de pararse antes de atravesarlo, precaución que no tomaron la noche del suceso. Relacio-, nando estas circunstancias con las demás de este caso, podría concluirse que hubo negligencia contributoria por parte de los empleados del propio demandante, y por tanto, que si dichos empleados hubiesen sido diligentes, no hubiera ocu-rrido el suceso que ha dado origen a este pleito.

Siendo esto así, aun cuando se llegara a la conclusión de que la demandada había sido negligente en algún sentido en la conducción de sus wagones a través del camino, no constitu-yendo su negligencia la verdadera causa del accidente, no se la puede imponer el deber de indemnizar al demandante los daños y perjuicios que sufriera a consecuencia de la negli-gencia de sus propios empleados.

No existen hechos declarados probados por la corte sen-tenciadora, ni consta que ésta emitiera opinión para fundar su sentencia. Sólo existe la sentencia misma declarando que los hechos y la ley están a favor de la compañía demandada y en contra del demandante. En tal virtud debemos consi-derar que en aquellos puntos en que la evidencia es contra-clictoria, la corte resolvió el conflicto en favor de la deman-dada, y como no se ha demostrado que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera error mani-fiesto, no debemos alterar su apreciación.

Sólo se tomó durante la sustanciación de este caso, una excepción por la parte demandante con respecto a la admi-sión de cierto documento que contenía manifestaciones del conductor del carro de muías, flechas floras después del su-ceso y en el sitio del mismo. Tales manifestaciones fueron flechas a un policía, quien declaró bajo juramento en el acto de la vista que fueron voluntarias por parte del conductor, declarando también en igual sentido el testigo M. E. Eonney de la demandada. Si no obstante la declaración del conductor del carro de muías afirmando que no hizo, tales manifes-taciones, el juez creyó, a virtud de las declaraciones de los otros testigos, que las hizo y que fueron voluntarias, las dichas manifestaciones eran evidencia admisible, sujeta luego a la apreciación del juez al examinar en su totalidad el caso. T al resolverlo así, la corte sentenciadora no cometió ningún error de derecho.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la sen-tencia apelada, • excepto en su pronunciamiento con respecto a costas, porque habiendo en consideración todo lo expuesto, se puede deducir que no hubo malicia ni temeridad por parte del demandante y que él pudo creer equivocadamente pero de buena fe, que tenía una justa causa de acción.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

Juez disidente: Sr. MacLeary.


author: El Juez PresideNte Sb. HebwÁNdez,

text:
    Morfi v. The Fajardo Development Co.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de • Hnmacao.
    No. 596.
    Resuelto en junio 19, 1911.
    Injunction — Súplica de la Demanda — Injunction Perpetuo e Injunction Preliminar. — Apareciendo de la súplica y de las alegaciones hechas en una demanda que a la vez que se pide un injunction perpetuo se formula una peti-ción concreta de un auto de injunction preliminar, no comete error el tribunal al ordenar la comparecencia de la parte demandada para mostrar causa que impidiera la concesión del injunction solicitado y puede dicho tribunal resolver, como resolvió en el caso de autos, denegando el injunction preliminar, sin decidir la demanda de injunction perpetuo, aunque es posible que ésta haya sido prejuzgada por la denegatoria del injunction preliminar.
    Id. — Comparecencia para Exponer Razones — Defecto de Partes Demandan-íes. No comete error el tribunal que en el acto de la comparecencia de la parte demandada para demostrar rajones por las cuales no debía concederse el injunction preliminar, permite que se discutan las excepciones previas pro-puestas por la parte demandada, de que la demanda adolece del defecto de partes demandantes, máxime, teniendo en cuenta que el demandante solicitó y obtuvo permiso para enmendar su demanda, lo cual verificó, enmendándola, y por tanto no es revisable la resolución declarando con lugar dicha excepción previa.
    Id. — Comparecencia para Mostrar Razones — Discreción del Tribunal — Fija-ción de la Fecha. — La corte puede disereeionalmente fijar la fecha que crea conveniente, y aún anteponer o posponer la ya señalada para la comparecencia de la parte demandada para mostrar razones por las cuales no debe decretarse el injunction preliminar, y no comete error el tribunal que al presentar la parte demandada una moción para que se deje sin efecto la orden de entredicho expedida, antepone la comparecencia ya señalada para mostrar razones y fija el mismo día para la vista de la moción y la comparecencia para mostrar ra-zones, del demandado.
    Id. — Moción para Dejar Sin Efecto el Entredicho — Notificación con Cinco Días. — No es necesario que la notificación de una moción para dejar sin efecto el entredicho se haga con cinco días de anticipación, pues el procedimiento de injunction es especial y sumarísimo, y no puede sujetarse estrictamente a todos los trámites del procedimiento ordinario.
    Id. — Suspensión de la Vista a Instancia del Demandante — Discreción del Tribunal — Indefensión del Demandante. — No comete abuso de discreción el tribunal que deniega la suspensión de la comparecencia para mostrar razones del demandado, por el fundamento de que la orden de señalamiento fué notifi-cada personalmente al demandante en la noche anterior y nó a sus abogados, quienes por tanto no estaban preparados para su defensa, pues es de presu-mirse que la parte demandante estaba, preparada para el debate desde que formtil6 su petición de injunction, y así lo demuestra en este caso’el hecho de haber propuesto pruebas sin demostrar que hubiera dejado de proponer otras' por falta de tiempo.
    Id. — Resolución del Injunction Preliminar — Alcance de la Resolu-ción. — Para apreciar el alcance de una decisión judicial, debe tenerse en cuenta la parte dispositiva de la misma y en este caso la sentencia recurrida se limita a declarar sin lugar la orden de entredicho, sin que haya sido resuelta la demanda de mjwiction perpetuo.
    Id.. — Concesión del Auto de Injunctión — Discreción del Tribunal — Gran Cau-tela para Decretarlo. — La concesión de un injunction temporal descansa en la discreción de la corte, que debe ejercitarse en favor de la parte que puede resultar mas perjudicada, y los mandamientos de injwiction no deben conce-derse sino con gran cautela, y solamente en casos donde la razón y la necesidad sean claras.
    Id. — Construcción de Ferrocarriles — Posesión del Terreno por Cuatro „ Afios — Título de Compraventa por Documento Privado. — De acuerdo con la anterior doctrina no comete abuso de su facultad discrecional el tribunal que deniega el injunction preliminar contra una compañía que según las pruebas practicadas, hace más de cuatro años está en posesión del terreno de que se trata, y que sobre ese terreno ha construido parte de la línea de su ferrocarril, cuyo terreno forma parte de una finca de mayor cabida perteneciente a la su-cesión del causánte de los demandantes, basándose aquella posesión en docu-mento privado alegado como título de compraventa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Rossy.

    Abogado del apelado: Sr. Luis Muñoz Morales.

   El Juez PresideNte Sb. HebwÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 1 de junio de año próximo pasado, Joaquín G-ermán Morfi presentó demanda jurada a la Corte de Dis-trito del Distrito Judicial de Humacao contra “The Fajardo Development Co.,” para que se dictara sentenóia ordenando a la • corporación demandada que desocupe la finca descrita en dicha demanda, y se abstenga de hacer o ejecutar en ella obra alguna, debiendo mientras tanto el tribunal dictar una orden de injunction preliminar para que dicha demandada, ya por sí, ya por mediación de sus agentes, empleados, sir-vientes, encargados, oficiales, o cualquiera persona o perso-nas a sus órdenes o bajo su gobierno o administración, se abs-tengan de penetrar, trabajar, realizar cualquier acto en su beneficio, mover o hacer mover sus ferrocarriles o máquinas de transporte o carga dentro de la porción de terreno descrita, 'hasta qne recaiga sentencia definitiva n otra cosa se decrete, con las costas qne .se originen en la acción a cargo de la de-mandada.

Alega el demandante qne la compañía demandada es una corporación extranjera qne hace operaciones y tiene oficina abierta en esta Isla, donde se dedica a la industria ferrovia-ria; qne la demandada es dneña de nn ferrocarril qne hace operaciones entre la Central “Fajardo Sugar Co.” y la playa o pnerto de Fajardo, teniendo establecido nn ramal para sns fines y nsos particulares; qne el demandante es dueño en unión de su madre y hermanos, de una finca rústica compuesta de 18 cuerdas de terreno más o menos, bajo las colindancias qne se expresan en la demanda; qne esa finca pertenece al demandante en común y proindiviso con su madre y herma-nos ; que el demandante era menor de edad hasta hacía pocos meses, y acababa de llegar a la mayoría de edad, no habiendo transmitido ni enajenado el derecho sobre sns bienes, ni con-cedido tribunal alguno autorización para ello; qne la de-mandada, sin el consentimiento del demandante ni título para ello, se introdujo en el terreno mencionado y había construido y estaba construyendo obras sobre él, moviendo además nn ferrocarril de carga para sns nsos particulares o públicos, no habiendo obtenido orden de expropiación for-zosa sobre el demandante; que la porción de terreno qne es-taba ocupando la demandada se extiende a lo largo de la finca, atravesándola de un extremo a otro, lo cual ocasiona al de-mandante perjuicios que no pueden justipreciarse en canti-dad determinada de dinero, y sin qne el demandante pueda utilizar la finca en toda la plenitud de su derecho; que la de-mandada se ha negado obstinadamente a dejar libre el terreno en cuestión; y que el demandante no podría ser compensado con dinero por los actos que en su finca realiza la compañía demandada, y-carece además de un remedio en ley, adecuado, .rápido y eficaz, de que pueda valerse para defender sus dere-dios contra la demandada y evitar la continuación de los ac-tos que estaba realizando.

La corte por orden de la misma feclia l.°. de junio, dispuso,, que la demandada compareciera en la sesión del día 9 del pro-pio mes a mostrar causa por las que no debiera concederse el injunction solicitado, y a la vez dispuso que provisionalmente la compañía demandada y sus representantes, mandatarios o empleados, quedaran en 'entredicho, absteniéndose por sí o, por medio de otras personas, de penetrar, trabajar o realizar cualquier acto en su beneficio y de mover o hacer mover sus ferrocarriles o máquinas de transporte o carga dentro de la porción de terreno de que se trata, cuyo estado de entredicho subsistiría hasta nueva orden mediante fianza de mil dollars. Esa fianza fué prestada en forma debida.

Presentó moción la parte demandada para que se dejara sin efecto la orden de entredicho, y entonces la corte en tres de junio ordenó que comparecieran las partes el día seis para ser oídas, tanto respecto de la moción como de la petición de injunction preliminar, para cuya vista se había señalado antes el día nueve. Esa orden fué notificada personalmente a Joa-quín G-ermán Morfi el mismo día en que fué pronunciada.

En el día señalado, 6 de junio, tuvo lugar la vista dispues-ta, y en virtud de las alegaciones, pruebas e informes de am-bas partes, recayó al día siguiente la orden que transcribimos a continuación:

‘ ‘ La corte estima que de la prueba presentada se ve claramente que los demandados, o sea Fajardo Development Company han estado en posesión quieta y pacíficamente por espacio de cuatro años más o menos, en cuyo tiempo han construido su ferrocarril, y como quiera que de la prueba presentada surge la disputa de si el título y la pose-sión de los demandados es válido y efectivo, la corte estima que las partes deben ir a su remedio ordinario por medio de una acción reivin-dicatoría o de nulidad o de desahucio, o por el medio que ellas estimen oportuno, y en ese sentido no procede el injunction preliminar, fun-dada en las autoridades citadas por la parte demandada y fundada también en Spelling, pág. 233, Tomo Io.
“Se declara por tanto sin lugar la orden de entredicho solicitada, y se rehúsa conceder el injunction preliminar, sin especial condenación de costas. ’ ’

Contra esa orden interpuso la representación de la parte demandante recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema, sometido a nuestra consideración después de oídas las alegaciones así escritas como orales de ambas partes.

La parte apelante consigna en su alegato como motivos del recurso, los siguientes: '

Io. Que la corte cometió error al .considerar la demanda . como una simple petición de injunction, cuando en realidad se solicitaba un injunction perpetuo, y como remedio momentá-neo un auto de injunction preliminar.

2o. Qué la corte cometió error al permitir que en la com-parecencia para exponer razones por las cuales no debía otor-garse el injunction preliminar, se discutieran' las excepciones previas propuestas por la parte demandada.

3o. Que la corte cometió error al declarar con lugar la ex-cepción previa de defecto de partes demandantes. ' "

4o. Que la corte cometió error al señalar' el día 6 de junio para discutir el injunction preliminar solicitado y la suspen-sión de la orden de entredicho, cuando para el primer acto ha-bía señalado el día 9 del propio mes.

5o. Que la corte cometió error al no acceder a la suspension de la vista señalada para el día 6 de junio, pues seme-jante abuso de discreción constituyó un estado de indefensión a la parte demandante.

6o. Que la resolución definitiva es errónea porque resolvió el pleito sobre sus méritos en la primera comparecencia de las partes, y porque en el presente caso el demandante probó su título sobre el inmueble, mientras que la corporación deman-dada sólo intentó probar que de buena fe se había introducido en el terreno, sin que así fuera en realidad, pues no presentó documento alguno que lo justificara.

Io. Que el hecho de estar la corporación demandada desde hace algún tiempo disfrutando del terreno en cuestión, no es óbice para que se declare sin lugar el injunction solicitado.

Examinemos los 'motivos legales del recurso:

La corte no cometió, al dictar la orden recurrida, el primer error que se le atribuye, pues la súplica de la demanda y las alegaciones hechas demuestran que a la vez que se pre-sentó una demanda de injunction perpetuo, se formuló en la misma una petición concreta de un áuto de injimction preli-minar. A esa petición se dió la tramitación que marca la ley especial sobre la materia, aprobada en 8 de marzo de 1906; y ■sujetándose a ella, ordenó la corte la comparecencia de la parte demandada para mostrar causa que impidiera la con-cesión del injimction solicitado, después de cuya comparecen-cia y de oídas las alegaciones y pruebas propuestas fué dene-gada la petición de injunction preliminar. Esa petición fué la que resolvió la corte en la orden recurrida^ La demanda de injunction perpetuo aun no ha sido decidida, por más que es posible baya sido prejuzgada por la corte inferior al dene-gar el auto de injunction preliminar.

En cuanto al segundo error en que se basa el recurso, en-tendemos que huelga considerarlo, pues la mera discusión de una excepción previa no lastima derecho alguno; lo que puede lastimar el derecho de la partes es la orden resolutoria de la excepción.

La corte inferior declaró con lugar la excepción previa de defecto de partes demandantes, y en virtud de esa” resolución la parte demandante solicitó permiso para enmendar su de-manda en el sentido de intercalar los nombres de los demás condueños en la finca, como partes en la acción, quedando en virtud de la enmienda cambiado, el título de la acción en la siguiente forma: “Joaquín G-ermán Morfi y Justa del Carmen Morfi-y Cordero, como demandantes, contra The Fajardo Development Company, Isidra Cordero y Miranda, y Petro-nila, Felipe, Julio y Timoteo Morfi, como demandados”: susti-tuidas las palabras demandante y demandado por las mismas en número plural y adicionada la alegación primera de la de-manda con las siguientes palabras: “Y las otras personas que que aparecen arriba como demandadas, lo lian sido, por no poderse en este instante obtener su consentimiento para aso-ciarse a los demandantes.” ■

.La orden de la .corte declarando con lugar la excepción previa de-que se deja liecho mérito, hubiera podido ser revi-sada en grado de apelación interpuesta contra la orden dene-gatoria del injunction preliminar,• si aquella orden hubiera - servido de base o fundamento -a ésta; pero lejos desello, la parte demandante aceptó la orden de la corte inferior que declaró con lugar la excepción previa d'e defecto de-partes de-mandantes, y con arreglo a dicha orden .enmendó su demanda,. sin que aquella orden háya influido en la resolución denegar toria del injunction, por lo cual entendemos que no es revisable en el presente recurso, con arreglo al artículo 305 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.

Tampoco cometió la corte el 4°. error alegado.

La sección! 8a. de la ley especial de inju/nction aprobada en 8 de marzo de 1906, no fija plazo determinado para la vista to shoiv cause, y por’tanto la corte puede discrecionalmente fijar la fecha que crea conveniente y aun anteponer o posponer la ya señalada, según las circunstancias especiales del caso. En el -presente ocurrió la particularidad de que ■ después de he-cho el señalamiento to show cause, se presentó moción para que el entredicho se dejara sin efecto, y había por tanto un motivo especial para que la vista to show cause y la de la mo-ción tuvieran lugar en un mismo día, anteponiéndose la fecha primeramente señalada, cuyo cambio más bién había de cau-sar perjuicio a la parte demandada que a la demandante, pues ésta, al presentar la demanda de injunction, indudablemente tendría estudiado y preparado el .caso para ser tratado en la corte, lo que no sucedía con la parte demandada.

No era necesario que la notificación de la moción tendente a dejar sin efecto el entredicho se hiciera con cinco días de anticipación, según el artículo 317 del Código de Enjuicia-miento Civil, pues el procedimiento de injunction es' especial y sumarísimo, y no puede sujetarse estrictamente a todos los trámites del procedimiento ordinario.

Ni cometió error la corte o abuso de discreción al denegar la suspensión de la vista señalada para el día 6 de junio, poi el fundamento de que la orden de señalamiento fné notificada personalmente a Joaquín German Morfi en la noclie anterior y nó a sus abogados, quienes por tanto no estaban preparados para la defensa de los derechos de Morfi.

La suspensión de la vista fue denegada con razón, y la parte demandante no- podía alegar indefensión, pues es de presumirse que estaba preparada para el debate desde que formuló su petición de injunction, y el hecho de haber .pro-puesto prueba sin demostrar que hubiera dejado de proponer otras por falta de tiempo, revela que no hubo indefensión por parte de Morfi y que no sufrió perjuicio alguno con la nega-tiva de 'suspensión.

Ni ha sido resuelto el pleito sobre sus méritos en la orden recurrida, según' afirma la parte apelante al alegar el sexto motivo del recurso, pues cómo hemos dicho 'antes, por la or-den recurrida sólo se declara sin lugar la orden de entredicho, y se deniega él injunction preliminar sin especial condena-ción de costas. La petición formulada en la demanda de que se pronuncie sentencia a favor del demandante y en contra de la corporación demandada, según hemos dicho antes, está aún pendiente de resolución, por más que es posible haya sido' prejuzgada por la resolución recurrida. Para apreciar el alcance de una decisión judicial, debe tenerse en cuenta la, parte dispositiva de la misma,'y la sentencia recurrida, se limita a declarar sin lugar la orden de entredicho y a denegar el injunction preliminar.

Esa resolución se ajusta .a derecho, y al expresarnos así, impugnamos el último, motivo del recurso expresivo de que nada significa en contra del injunction solicitado, que la cor-poración demandada esté disfrutando desde hace algún tiem-po el terreno en cuestión.

De las pruebas practicadas resulta que'“Thé Fajardo Development Company” liace más de cuatro años está en pose-sión del terreno de que se trata, y qué sobre ese terreno lia construido parte de la línea de su ferrocarril, que hace el trá-fico hasta la playa de Fajardo y vice versa, cuyo terreno for-ma parte de mayor cabida perteneciente a la sucesión de D. Bautista Morfi y Martínez, causante de los demandantes, ba-sándose aquella posesión en documento privado alegado como título de compraventa.

Ante esos hechos, entendiendo como entendemos que la con-cesión de un injunction temporal descansa en la discreción de la corte, que esa discreción debe ejercitarse en favor de la parte que puede resultar más perjudicada, y que los manda-mientos de injunctions no deben concederse sino con gran cau-tela y solamente en casos donde la' razón y la necesidad sean claros, según ya dijimos al resolver en 12 y 31 de enero de 1906 los casos de Amalio Pereira v. Paula Villafaña y Víctor Martínez v. María Moreno, procede la confirmación de la or-den apelada que dictó la Corte de Distrito de Huniacáo, en . 7 de junio del año próximo pasado.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. .MacLeary firmó la sentencia ha-ciendo constar estar conforme con ella, pero. nó.con todas las proposiciones enunciadas en la opinión.

El Juez Asociado, Sr. Aldrey, no tomó parte en.la.reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Wolp,

text:
    Guzmán v. Julbe.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 548.
    Resuelto en junio 20, 1911.
    Partición de Herencia — Informe del Contador Partidor — Basis para su Im-pugnación. — Para que este tribunal pueda examinar los hechos que sirven de fundamento a una impugnación contra el informe de un contador partidor de una herencia, aprobada por el tribunal inferior, es necesario que vengan en los autos los antecedentes o datos que sirvieron de base al contador partidor para redactar su informe.
    Id. — Inventario Iíeoho por un Contador Partidor — Incremento del Capital.— Un Capital de $45,381.15 que^según el inventario' practicado por el contador partidor ha tenido un incremento de $39,945.69 en tres años, no es tal incre-mento inverrosímil ni exagerado, teniendo en cuenta que ha sido el resultado de operaciones agrícolas de ganado y azúcar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Eduardo Acima y José E. Figueras. ■ ■

    Abogado del apelado: Sr. Juan Vías Ochoteco.

   El Juez Asociado Se. Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Doña yictoria López Julbe falleció en el año 1906, sin otor-gar testamento. Estaba casada al tiempo de su falle.cimie.nto, con Don Julio D. Gruzmán, de cuyo matrimonio tuvieron un hijo que murió antes que la madre. Dolores Julbe, madre de Yictoria López y Julio D. Gruzmán, esposo de la difunta, fue-ron declarados sus herederos por la Corte de Distrito de Hu-macao. Julio D. Gruzmán fue nombrado administrador judicial. No' habiendo las partes podido llegar a un acuerdo con respecto al inventario y división del caudal hereditario, la corte nombró un. contador, que equivale a un master en la práctica americana, pero que en nuestra práctica se conoce . con el nombre de contador partidor. Este- contador presentó su informe a su debido tiempo. Las partes celebraron una estipulación en la que convinieron que se quitaran ciertas deudas, así como otras cosas, dictando luego la corte la si-guiente resolución:

“Distrito Judicial de Humacao. Corte de Distrito. Dolores Julbe, viuda de López. Ex parte. Abintestato de Yictorio López. Nomb. Administrador Judicial. Orden. Aprobado con las modificaciones que abajo se expresan el informe que antecede, de acuerdo con la estipulación escrita y leída en corte abierta que se acompaña en la cual se conviene que la cuenta a favor de Dpn Antqnio, Roig. sólo asciende a la suma de $13,313.67
“Deducida esta cantidad del total, de-las-deu-' ■
das quedan estas reducidas a la suma de_$41,893.38
“Y siendo el valor’del cuerpo general de.
bienes_ 85,326.84
“Quedan a repartir deducidas las deudas_ 41,893.38
“Balance —-_43,433.46
“Las bajas comunes montan.a_• 32,411.90
‘ ‘ Siendo por tanto, el caudal a repartir como
gananciales _ 11,021.56
“Y corresponde a cada cónyuge_ 5,510.77
“En la parte correspondiente a la difunta tiene el cónyuge superviviente una tercera
parte de usufructo igual en este caso a_ 1,836.92
“Y queda como remanente a favor de la here;
dera de aquélla_ 3,673.85
“A esta suma bay que cargarle intereses le-gales desde el 1 de enero de 1907 en que comenzó la pensión asignada a dicba here-dera, o sea por un período de 36 meses más o menos_i_ 661.14
‘ ‘ Que hace un total a su favor de_ 4,334.99.
“Y deduciendo al anticipo de ochocientos dollars y pensión mensual de cien dollars por igual período que asciende,a_ 3,500.00
'“Queda como remanente líquido a favor de la heredera Doña Dolores Julbe, viuda de López_ ' 834.99”

Y sigue la corte haciendo otros pronunciamientos que no afectan a los méritos de esta apelación.

Ambas partes comparecieron y pusieron de manifiesto ante este tribunal, el hecho de haberse negado la corte inferior a aprobar un pliego de excepciones o exposición del caso, sosteniendo esta corte dicha negativa fundándose en que la prueba sobre la cual actuó la corte inferior debe encontrarse toda ante la misma, y que cualquiera que fuera la que tuviera para dictar su resolución podía ser certificada y remitida a este tribunal como ordinariamente se hace, no siendo necesa-rio el darle forara a las declaraciones de los testigos. Sin embargo, según están certificados los autos, ellos solamente contienen el informe del contador partidor y ninguno de los datos de que dispuso en la preparación del referido informe. Por’ consiguiente, este tribunal no fia podido tomar en consi-deración las alegaciones'orales de los abogados referentes a los becbos, por- no baber tenido medios suficientes ante ella. El verdadero motivo de esta apelación ba consistido en el supuesto error del contador partidor, o sea que al bacer su cuenta del montante general de bienes, calculó el inventario de los pertenecientes al caudal, en $45,381.15, y el aumento obtenido por los productos de las ventas de los frutos y del ganado, en $39,945.69. Alegan los .apelantes que en los $39,945.69, están incluidas un gran número de partidas que ya habían sido necesariamente ’ incluidas en los $45,381.15, que el contador partidor- tuvo en cuenta las cosechas en el primer inventario, y luego contó todas o partes de dichas cosechas, como parte del supuesto aumento. No podemos expresar de modo alguno que al proceder así el contador co-metiera algún error, porque no tenemos los datos a que nos hemos referido. El contador partidor especifica en su in-forme, que esta suma de $39,945.69, es un aumento, y a falta de alguna otra prueba, surge de dicho informe y de la con-siguiente resolución de la corte, la presunción de que está suma era tal aumento. No parece increíble que un capital de $45,381.69 produjera un aumento de $39,945.69 en operaciones que se extienden a más de tres años, especialmente cuando estas operaciones se^ relacionan con negocios de agricultura como lo son el azúcar y el ganado. Debe confirmarse la sen-tencia.

Confirmada

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, y del Toro.

El Juez .Asociado Sr. Aldrey, no tomó piarte en la resolu-ción de este caso. ■


text:
    Jordán v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de. la Pro-piedad de Caguas. • , .
    No. 97.
    Resuelto en junio 20, 1911.
    Partición de Herencia — Nombramiento de Peeensor, — El nombramiento de un defensor procede cuando el menor no emancipado tenga en algún asunto un interés realmente opuesto al del padre o' la madre.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Rafael Arce.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió’ la opinión del tribunal.

El presente es un' recurso gubernativo interpuesto contra resolución'del Registrador de la Propiedad de Caguas. Pre-sentada para su inscripción en'el registro la escritura nú-mero 50 de partición de herencia otorgada por Josefa Jordán González y Anselma Ayuso, ésta cQmo representante legí-tima de sus menores hijos Julio y Sara Jordán Ayuso, el 27 ele marzo de 1911 ante el Notario Arce Rollet, el registrador se negó a inscribirla por los fundamentos qué se consignan en la siguiente nota:

“No admitida la inscripción del precedente documento por los de-fectos de carácter insubsanables siguientes: Io. En dicha escritura de partición se le adjudican a.Don Ponciano Jordán Torres un con-dominio de la cuarta parte de una casa que ha heredado de su madre Doña Elvira González Serrano, su hijo Don Ramón Jordán Gon-zález fundándose para ello en que -este último ha fallecido el 23 de diciembre de 1898, sin dejar otra sucesión o herederos que su padre Don Ponciano Jordán Torres; pero como se ve, habiendo fallecido el expresado Don Ramón Jordán González después de su madre Doña Elvira González Serrano, dicho condominio deb'e inscribirse a nom-fore del citado fallecido Don Ramón Jordán González, antes que al de su heredero y padre Don Ponciano Jordán Torres, según lo dis-puesto en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria vigente, el artículo 85 del Reglamento para lá ejecución del dicha ley y según resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado de 26- de noviembre de 1875, pues, no es posible que sé involucre la herencia de Doña Elvira González Serrano con la de Don Ramón Jordán González; y 2?. que conviniendo en dichas particiones de bienes Doña Anselma Ayuso en el concepto de heredera testamentaria 4e su esposo' en la herencia que a éste le correspondía en la sucesión de su hijo Don Ramón Jor-dán González, y además en la liquidación de los gananciales de la esposa-de Don Ponciano Jordán Torres, nombradas Doña Elvira Gon-zález Serrano, no podía la. misma Doña Anselma Ayuso, como lo verifica, representar en dichas herencias-los derechos de sus hijos Don Julio Marcial y Doña Sara Jordán Ayuso, constituidos bajo su patria potestad, por cuanto en las mismas herencias, existiendo derechos a favor de sus hijos como a favor de la propia Doña Anselma Ayuso, tales derechos constituyen intereses opuestos, por lo que los expresados menores, deben estar representados por un defensor, con arreglo a,lo que estatuye el artículo 230 del.Código Civil; habiéndose extendido, con presencia de otros documentos, anotación preventiva por ciento veinte días al folio 96, vuelto del tomo 13 de este ayuntamiento, finca No. 669, anotación letra A, con el defecto .además súbsanable de no constar del testimonio respectivo, que la orden de. declaratoria de here-deros de Doña Elvira González Serrano y dé Don Ramón. Jordán González, hubiera quedado firme sin haberse interpuesto contra la misma recurso alguno. Caguas, 12 de abril de 1911. El Registrador. S. Abella Bastón.”'

Del expediente resulta:'

Io. Que Elvira González Serrano, hallándose casada con Ponciano Jordán Torres, falleció en Caguas el 2 de septiem-bre de 1894, sin otorgar testamento:

2o. Que en 7 de marzo de 1911, la Corte de Distrito de Humacao, declaró herederos abintestato de Doña Elvira, a sus legítimos hijos Ramón y Josefa Jordan González.

3o. Que Ramón Jordán González, falleció, sin otorgar tes-tamento, en Caguas, el 23 de diciembre de 1898.

4o. Que en la' misma sentencia de 7 de marzo, de 1911, referida en el número 2°., Ja Corte de Distrito de Humacao. declaró heredero de Ramón Jordán González a su legítimo padre Ponciano Jordán Torres.

5o. Que Ponciano Jordán Torres casó en segundas nupcias con Anselma Ayuso, y murió bajo testamento en Caguas el 31 de enero de 1904j instituyendo por sus únicos y universales herederos a su viuda Anselma Ayuso, a su hija del primer matrimonio Josefa Jordán González y a sus hijos del segundo matrimonio Julio Marcial y Sara Jordán Ayuso.

6o. Con tales antecedentes, se otorgó la escritura de par-tición de referencia por Josefa Jordán González, mayor de edad, hija del primer matrimonio, y Anselma Ayuso, en re-presentación de sus menores .hijos Julio Marcial y Sara.

Dicha partición comprende sólo una finca urbana situada en la ciudad de Caguas que procede de .la sociedad Je ganan-ciales constituida .por Ponciano Jordán Torres y. Elvira Gon-zález Serrano y que se adjudica así:

(a) Mitad de gananciales al viudo Jordán Torres;
(fe) Cuarta parte al hijo Ramón Jordán González, y
(c) Cuarta parte a la hija Josefa Jordán González.

Los otorgantes del documento manifestaron además, que los bienes adjudicados al heredero Ramón Jordán González que, como ya se ha dicho, murió, se trasmitían por herencia a su padre Jordán Torres.

Consignados los anteriores hechos, examinaremos los fun-damentos de la negativa, que son dos, a saber:

Io. Que no puede inscribirse a favor del padre Jordán Torres el condominio adjudicado al hijo Ramón, sin haberlo inscrito antes a favor del hijo.

Tal conclusión es correcta y la misma recurrente así lo admite, habidas en consideración las prescripciones del artí-culo 20 de la Ley Hipotecaria, pero la recurrente alega que ella solicitó ambas inscripciones y si esto es así, el registrador debió verificarlas y no negar la inscripción a favor del padre,

2o. Que debió haberse nombrado un defensor a los meno-res.

La recurrente alega que no existen intereses encontrados en este caso entre la madre y sus hijos.

Estudiemos los hechos.

Se trata de partir y se parten los bienes de Elvira. Gon-zález Serrano. No se trata de partir los bienes de Jordán Torres. En el primer caso el interés de la viuda no es encon-trado con el de sus hijos, sino por el contrario de igual natu-raleza. Todo lo más que ella pueda obtener que se adjudi-que a su esposo, será en beneficio tanto de ella como de sus hijos. Cuando llegue el moménto de partir la herencia del esposo entre sus herederos testamentarios, qué lo son, como ya se ha dicho, su .viuda y sus hijos, entonces sí que' existi-rán intereses encontrados entre ‘ ellos y será necesario el nombramiento de un defensor a los hijos menores de edad, de acuerdo con la ley. ' '

En tal virtud el recurso debe declararse con lugar y orde-narse al registrador que inscriba la escritura de partición de que se trata, en la forma’ solicitada por la recurrente.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.