author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Rodríguez Sánchez, acusado y apelante.
    No. 5487.
    Sometido: Junio 22, 1934.

      Resuelto: Junio 26, 1934.

      A. Beyes Delgado, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Imís Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

.. Francisco Bodríguez Sánchez' fué acusado de un delito contra la honestidad, comprendido en el artículo 260 del Có-digo Penal. Se alega que el acusado voluntaria y maliciosa-mente realizó ciertos actos.de carácter lascivo para .satisfacer su impudicia y despertar pasiones' y deseos sexuales en la niña menor de 14 años, Carmen Bodríguez. . El artículo. 260 del.Código Penal, en lo pertinente, dice así: -

. • "Toda'pérsona qué-maliciosamente-' cometiere' cualquier acto’ im-púdico o lascivo, fuera de los que constituyeren otros delitos previstos en el Código Penal, con nn niño menor de catorce años de edad, o con el cuerpo de dicho niño o cualquiera parte o miembro del mismo, con la intención de despertar, incitar o satisfacer la impudicia, pasio-nes o deseos sexuales de dicha persona o de dicho niño, será culpable de delito grave (felony) y recluido en la penitenciaría por un pe-ríodo que no excederá de cinco años.”

El acusado fué declarado culpable por un jurado y condenado a un año de presidio por la Corte de Distrito de Arecibo. El primer error atribuido a la corte inferior se basa en haber admitido como prueba, con la oposición del acusado,’una certificación negativa expedida por el Secretario-Auditor j encargado del Registro Civil de Ciales, creditiva de que María del Carmen Rodríguez, hija legítima de Alfredo Rodríguez y María Zambrana, no aparece inscrita en dicho registro. También se admitió, con la oposición del acusado, otra certificación negativa expedida por el Secretario Municipal de Jayuya, creditiva de no aparecer inscrita en el Re-gistro Civil de dicho pueblo María del Carmen Rodríguez, hija legítima de Alfredo Rodríguez y María Zambrana.

Tanto el acusado como el fiscal discuten extensamente en sus alegatos desde sus respectivos puntos de vista el valor probatorio de una certificación negativa; pero nosotros cree-mos que es innecesario resolver esta cuestión, porque la prueba presentada por El Pueblo no es suficiente para declarar con-victo al acusado. La edad de Carmen Rodríguez no ha sido claramente probada. No sabemos si es menor o mayor de 14 años, y en ausencia de esta prueba no es posible llegar a la conclusión de que el acusado ha infringido el artículo 260 del Código Penal.

Arguye la defensa que en ningún momento se preguntó a la supuesta perjudicada el sitio dónde nació. Añade que úni-camente Francisca Rodríguez, en cuyo hogar vivía la joven ■referida, declaró quiénes fueron los padres de la misma, men-cionando a Alfredo Rodríguez y a Crispina Sánchez. Vea-mos lo que nos dice la testigo contestando a preguntas del ¡fiscal:

“P. ¿Quién era el papá de.ella?
“R. Alfredo Rodríguez.
“P. ¿Y la madre?
“R. Crispina Sánchez.
“P. ¿Crispina?
“R. María Crispina Sánchez.”

Este testimonio se produjo antes de haber sido admitidas como prueba las certificaciones negativas del Registro Civil y la partida de bautismo. El testimonio de Francisca Rodrí-guez en cuanto a los padres de Carmen difiere de la informa-ción contenida en la partida de bautismo. Francisca afirma que Carmen es bija de Crispina Sánchez o María Crispina Sánchez; la partida de bautismo dice que María del Carmen Rodríguez es hija de María Zambrana. El fiscal no presentó evidencia alguna para aclarar esta aparente contradicción entre una y otra prueba. Si Carmen era hija de Crispina Sánchez, la partida de bautismo tiende a demostrar lo con-trario, a menos que se pruebe que con ambos nombres, María Zambrana y Crispina Sánchez, fué conocida la madre de la referida joven. En cuanto a la edad, puede acreditarse por otros medios que no sean necesariamente la certificación de nacimiento expedida por el encargado del Registro Civil y la partida de bautismo; pero en este caso la única prueba que se ha presentado es una certificación del bautismo de una niña que no ha sido debidamente identificada. Con esta prueba no es posible llegar a la conclusión de que Carmen Rodríguez era menor de 14 años cuando ocurrieron los actos que se re-latan en la acusación.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse absuelto al acusado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Oókdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Melón Hnos. & Co., S. en C., demandante y apelada, v. R. Muñiz de León, demandado y apelante.
    No. 6332.
    Sometido: Mayo 22, 1934.

      Resuelto: Junio 26, 1934.

      Susoni & Defending abogados del apelante; Angel A. Vázquez, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Oókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Melón Hnos. & Co., S. en C., demandó a R. Muñiz de León en cobro de dinero y solicitó una orden de aseguramiento de sentencia, que fué expedida en 12 de diciembre de 1932.

Al siguiente día el márslial, cumplimentando la referida orden, embargó bienes de R. Muñiz de León & Co., S. en C., como de la propiedad de R. Muñiz de León.

Declara la corte inferior que en 15 de diciembre de 1932, radicó la demandante, con permiso de la corte, una demanda enmendada para corregir un error en el nombre de la parte demandada, de manera que figurase el verdadero, que es “R. Muñiz de León & Go., S. en C.”, y se ordenó la corrección del nombre en los procedimientos y libros de la corte y la expedición de un nuevo emplazamiento.

R. Muñiz de León presentó moción de traslado, acompa-ñada de un affidavit de méritos y escrito de excepción previa, en 30 de diciembre de 1932, pagando los derechos de radica-ción de sus alegaciones; y R. Muñiz de León & Go., S. en C., solicitó también el traslado, acompañando la moción de un affidavit- de méritos de R. Muñiz de León y una excepción previa, en 17 de enero de 1933, sin pagar derecho alguno de radicación.

En febrero 14 de 1932, R. Muñiz de León & Co., S. en 'C,,..representada por su. ahogado Francisco M. Susoni, Jr., presentó moción desistiendo del traslado, sometiéndose a la competencia de la corte y solicitando la nulidad del embargo trabado el 13 de diciembre de 1932, por haberse realizado en propiedad de R. Mnñiz de León & Oo., S. en 0., que es una entidad jurídica distinta a R. Muñiz de León. La demandante se opuso a esta moción, presentando una fianza enmendada para asegurar la efectividad de la sentencia, pidiendo que se admitiese con efecto retroactivo para cubrir el embargo trabado en 12 de diciembre de 1932, en bienes de la referida demandada y alegando que por una inadvertencia del ta-quígrafo que puso en limpio las minutas de la demanda en este caso, se omitió escribir las palabras “y Co., S. en 0.” al lado del nombre de R. Muñiz de León, y que en vista de este error la corte, a solicitud de dicha demandante, admitió que la demanda fuese enmendada para que apareciese como demandada R. Muñiz de León & Co., S. en C., en vez de R. Muñiz de León. Se alegó, además, que la referida deman-dante no ha llevado cuenta alguna de mercaderías con R. Muñiz de León, en su carácter particular, sino con R. Muñiz de León & Co., S. en C., por medio de su gestor, R. Muñiz de León, y que siempre fué y ha sido la intención de- la deman dante dirigir la acción en este caso contra su deudora, R. Muñiz de León & Co., S. en C.

La corte inferior aprobó la fianza presentada para ase-gurar la efectividad de la sentencia con carácter retroactivo, a fin de responder a la demandada de los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse con motivo del embargo trabado en 13 de diciembre, de 1932, y declaró sin lugar la moción de la demandada sobre nulidad de embargo.

Apeló la demandante de esta resolución, atribuyendo a la corte inferior dos errores, consistentes en haber permitido enmendar la demanda sustituyendo a la parte demandada por otra persona completamente distinta de la original y en ha-berse negado a anular el embargo trabado en los bienes de dicha demandada.

Hemos examinado detenidamente las alegaciones de la demanda y oreemos que no procede en este caso la enmienda autorizada por la corte inferior. En el hecho primero de la demanda se alega que el demandado es .comerciante con es-tablecimiento abierto en el pueblo de Ciales. En el beclio segundo se alega que “el demandado debe a la demandante la suma de $660.30, importe de mercaderías compradas por dicho demandado a la demandante”, y que el demandado mostró su conformidad con el saldo de dicha cuenta. En el hecho tercero se dice que la demandante y el demandado con-vinieron que para el caso de reclamación judicial el deman-dado se sometía a la jurisdicción de la corte de distrito del domicilio de la demandante. En los hechos tercero,- cuarto y quinto de la segunda causa de acción se habla también es-pecíficamente del demandado, y en la súplica de la demanda se pide que la corte dicte sentencia contra el demandado con-denándolo al pago de la suma reclamada con intereses legales y las costas.

La orden dé aseguramiento de sentencia solicitada por la demandante ordena el embargo de bienes del demandado su-ficientes a cubrir la suma reclamada.

La acción ejercitada se dirige directamente contra E. Mu-ñiz de León, y no en una sino en varias ocasiones se repite la palabra demandado, sin que se advierta que fue el propó-sito de la demandante dirigir dicha acción contra E. Muñiz de León & Oo., S. en C. Según consta de los autos, se de-mandó y emplazó originalmente a E. Muñiz de León, y el embargo se ordenó contra bienes de la propiedad del deman-dado. La orden dirigida al márshal dispone que “proceda a embargar toda la propiedad de dicho demandado o aquella parte de la misma suficiente a cubrir la suma que se reclama en la demanda y las costas.” En el certificado de diligen-ciamiento el márshal dice que procedió a embargar ‘ ‘ como de la propiedad del demandado y por designación de la parte demandante, las mercancías, muebles y enseres de! estableci-miento que el demandado tiene en el pueblo de Ciales.” Cla-ramente se ve que se embargaron los referidos bienes como si fuesen de la propiedad del demandado, aunque después se lia demostrado que estos bienes pertenecían a E. Muñiz de León & Co., S. en C. La demandante solicitó permiso para enmendar la demanda; pero aunque se alegue que se trata de subsanar un error cometido por inadvertencia, la verdad es que se incorpora en la acción como única parte el nombre de una distinta persona que no Labia sido originalmente em-plazada. La solicitud de un nuevo emplazamiento para con-tinuar la acción a nombre de E. Muñiz de León So Co., S. en C., demuestra que la misma demandante consideró que no podía continuar ejercitando la referida acción contra la nueva parte bajo el emplazamiento originalmente expedido.

■ Hemos estudiado con alguna atención la cuestión plan-teada, favorablemente inclinados a conceder la enmienda au-torizada por la corte inferior, a fin de evitar a la demandante la necesidad de iniciar un nuevo litigio;, pero en nuestro sen-tir la ley de enjuiciamiento civil no nos autoriza para per-mitir que se incluya como demandada a una persona jurídi-camente distinta de la que figuró en la demanda primitiva y fué originalmente emplazada. No se trata en este caso de corregir un error de nombre sino de sustituir una parte por otra sin que de la demanda primitiva surja relación alguna entre el demandado original y la mercantil E. Muñiz de León & Co., S. en C., que .para nada se menciona en dicha demanda. La jurisprudencia consultada por nosotros en el estudio que hemos hecho de la cuestión debatida demuestra que la en-mienda autorizada por la corte inferior no puede ser soste-nida. Vamos a permitirnos citar el caso de Daly v. Blair, 150 N.W. 134, que de todas las decisiones consultadas es quizá la qüe se produce con mayor liberalidad sobre la facultad de las cortes para conceder enmiendas en relación con las partes demandadas. En este caso, resuelto por la Corte Suprema de Michigan, el demandante sufrió un accidente en un cruce de ferrocarril en marzo 12 de 1912. En 5 de abril del mismo año se nombraron síndicos a la empresa ferroviaria. En 26 de febrero de 1913, él lesionado inició contra los síndicos una demanda, en la cual exponía una cansa de acción contra la compañía. El diligenciamiento de la orden de citación de-mostró que se había notificado la demanda a un agente de la referida compañía. Comparecieron los demandados y du-rante la celebración del juicio se descubrió que el accidente había ocurrido antes de que los síndicos hubiesen sido desig-nados. Los demandados pidieron un veredicto a su favor, basados en que no podía obtenerse una sentencia contra ellos por lesiones que fueron ocasionadas con anterioridad a su nombramiento. Pidió el demandante permiso para sustituir el nombre de los síndicos por el de la compañía ferroviaria. La corte inferior denegó esta petición, por entender que ca-recía de autoridad para decretar la sustitución solicitada. La Corte Suprema de Michigan, resolviendo el caso en ape-lación, se expresó así:

“En apoyo de su alegación de que la corte inferior tuvo facultad, bajo nuestro estatuto sobre enmiendas, para enmendar la demanda, el demandante cita varios casos de síndicos sustituidos por la compañía y la compañía por los síndicos, pero en casi todos los casos citados la equivocación ocurrió con respecto al nombre del demandante. En el caso de una equivocación en el nombre del demandante, la parte que propone la sustitución es usualmente el peticionario, y por lo tanto no se levanta la cuestión de notificación. Pero en el caso de una equivocación en el nombre del demadado, la cuestión vital es siempre si la parte que propone la sustitución ha sido o no empla-zada. A menos que pueda decirse que la compañía ferroviaria ha sido emplazada en esta demanda, la. enmienda solicitada por el de-mandante está claramente fuera de la facultad de la corte y no puede ser permitida.
“Una regla que lia sido algunas veces seguida al corregir equivo-caciones de nombres en alegaciones es que ‘cuando la verdadera cor-poración ha sido demandada por un nombre equivocado y el empla-zamiento ha sido servido a la verdadera parte, aunque con un nombre equivocado, una enmienda sustituyendo el verdadero nombre de la corporación puede ser permitida.’ 31 Cyc. 488. La demanda en este caso claramente expone una causa de acción contra la compañía y no contra los síndicos. El diligenciamiento del emplazamiento demues-tra que una copia de la demanda fue servida a la compañía ferro-viaria. Es verdad que los síndicos aparecen como demandados, pero los documentos en su faz dieron conocimiento al agente de la compa-ñía de que la negligencia de la misma era la base de la demanda.En vista de estas circunstancias, nosotros creemos que la corte sen-tenciadora tuvo poder para permitir la enmienda.”

Los hechos expuestos por la Corte Suprema de Michigan difieren notablemente de los que sirvieron de base a la reso-lución de la Corte de Distrito de San Juan. En el caso de Michigan se emplazó a un agente de la compañía ferroviaria en su carácter de tal, y no hubo necesidad de expedir y dili-genciar un nuevo emplazamiento. Allí la demanda exponía claramente una causa de acción contra la compañía; aquí la demanda expone una causa de acción contra R. Muñiz de León y no contra la sociedad mercantil R. Muñiz de León & Go., S. en C. Aquí no podría decirse que el emplazamiento' fue servido a la verdadera parte, aunque con un nombre equi-vocado, porque de las alegaciones de la demanda no surge ni siquiera remotamente la existencia de la sociedad mercantil y su relación con la reclamación interpuesta por la parte de-mandante. El error apuntado debe ser declarado con lugar..

Sentadas estas conclusiones, se impone la disolución: del embargo trabado en bienes de R. Muñiz de León & Co.,, S. en C. Si la corte no tuvo autoridad para permitir la enmienda, si la sociedad referida no es parte demandada, susbienes no pueden estar sujetos a un embargo decretado contra bienes de una distinta persona y en una acción en la cual no figura como demandada.

Bebe revocarse la resolución apelada y devolverse el casa a la corte inferior para ulteriores procedimientos de acuerdo> con esta opinión.


author: El Juez PbesideNxe Sbñob Del Tobo,

text:
    Juan Suárez Pérez, demandante y apelante, v. José Suárez García, demandado y apelado.
    No. 6604.
    Sometido: Abril 30, 1934.

      Resuelto: Junio 28, 1934.

      H. Torres Sola, abogado del apelante; B. Bodríguez Alberty, abogado del apelado.
   El Juez PbesideNxe Sbñob Del Tobo,

emitió la opinión, del tribunal.

La parte apelada solicitó la desestimación de este recurso por frívolo. Se opuso el apelante. Ambas partes radicaron luego sus- alegatos. Para cerciorarnos de si tenía o no ra-zón el apelado tuvimos que penetrar en los méritos del caso y como hemos llegado a la conclusión de que la tiene, así lo decidiremos resolviendo en definitiva el recurso.

. En la demanda se alega que en junio 1, 1922, el deman-dado arrendó al demandante por término de cinco años pro-rrogable por cinco más y canon de ochenta dólares mensua-les, una casa terrera con su solar de dos mil cuatrocientos sesenta y seis varas cuadradas, conteniendo la escritura otor-gada al efecto una cláusula que dice:

“Ootava: — Las diferencias que puedan surgir entre ambas partes contratantes con motivo de la interpretación y cumplimiento de este contrato, serán sometidas a la decisión de árbitros o de amigables ..componedores, uno por cada parte, y en caso de discordia, un ter-cero que los dos insacularán de seis nombres, tres por cada parte, y el que salga a la suerte decidirá, obligándose ambas partes contra-tantes a estar y pasar por la decisión que rindieren dichos árbitros o amigables componedores siendo y teniendo el fallo que rindieren el mismo alcance de una sentencia definitiva e inapelable.”

Se alega además en la demanda que el arrendatario no se obligó a hacer las reparaciones a fin de conservar la finca arrendada en condiciones para servir para el uso a que había sido destinada, permaneciendo dicha obligación en el arren-dador ; que medido el solar resultó que le faltaban doscientos metros cuadrados, y el demandante requirió al demandado para que concurriera a una mensura debiendo convenir en una rebaja del canon en proporción al déficit, negándose el demandado, que se negó también a someter a árbitros la diferencia surgida, y habiendo el demandante sufrido perjui-cios por tal motivo que calcula en $840; que el propósito que tuvo el demandante al arrendar la finca fué dedicarla a la construcción de garages de alquiler y que debido al déficit en la cabida se vió privado de construir diez garages que le hubieran rentado sesenta dólares mensuales, habiendo sufrido perjuicios por tal motivo que ascienden a $7,200; que el de-mandado inició contra el demandante un pleito de desahucio que se resolvió en la corte municipal en contra del aquí de-mandante, pero que apelado a la de distrito se falló en junio de-1926 en contra‘del aquí demandado por estimar dicha corte que la cuestión debió someterse a la resolución de árbitros, y que a consecuencia de dicho pleito el aquí demandante fué perjudicado en su buen crédito sufriendo perjuicios por valor de $10,000; que el demandado dejó de pintar una parte de la casa arrendada, dilatándose con tal motivo la entrega de dicha parte a un subarrendatario y sufriendo el demandante en su consecuencia perjuicios por valor de $20, y, por último, que el demandante ha requerido varias veces al demandado para que todas esas diferencias se sometieran a árbitros, sin que el demandado se aviniera a ello.

Como consecuencia de lo alegado se pide una sentencia que ordene, 1, que el demandado dé cumplimiento a la cláu-" sula octava del contrato sometiendo las diferencias apunta-das a árbitros para que éstos las resuelvan fijando los daños y perjuicios en la forma expresada en la demanda; 2, que el demandado someta las cuestiones en término de diez días apercibido de que si así no lo hiciere la corte designará los árbitros o podrá a su discreción entrar a determinar el im-porte de los daños, condenando al demandado a pagar al de-mandante los $18,060 que se reclaman o la parte de ellos que se probare; 3, que se condene al demandado al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado, y 4, que se con-ceda al demandante cualquier otro remedio compatible con los hechos alegados.

Solicitó el demandado la eliminación de varios particulares; de la demanda y todo lo alegado en relación con los $10,000 de daños que se decían sufridos en su buen crédito por el demandante a consecuencia del pleito de desahucio, ya que la acción jDor persecución maliciosa como consecuencia del ejer-cicio de una acción civil no existe en Puerto Rico de acuerdo-con lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de Lopez-ele Tord & Zayas Pizarro v. Molina, 38 D.P.R. 823.

Accedió la corte, radicándose una demanda enmendada eliminando la indicada reclamación de diez mil dólares.

Otra moción eliminatoria se presentó por el demandado-que solicitó además un pliego de particulares. No consta, cómo se resolvió la primera. La segunda se declaró con lu-gar. Sobre el déficit en la cabida se especificó que se advir-tió por el demandante poco después de junio de 1922, que se creyó que el terreno que faltaba lo tenía el municipio al que se le reclamó con intervención del demandado, y que el de-mandante en 13- de agosto de 1926 requirió al demandado para la mensura a lo que contestó éste que ya él y el demandante lo habían medido. ■

.En julio 3, 1933, formuló el demandado las siguientes ex-cepciones previas:

“1. — Que la demanda es ambigua, ininteligible o dudosa.
“Porque se ban consignado en la demanda dos supuestas causas de acción, una por la que se reclaman daños y perjuicios por no baber el demandado entregado la cabida total de un solar, y otra mandado pintado una parte de la casa, y las referidas causas de ac-de supuestos daños sufridos por el demandante por no baber el de-ción no ban sido alegadas separadamente.
‘ ‘ 2. — Que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, especialmente porque los becbos expuestos en las alegaciones 6 y 7 establecen una supuesta causa de acción que está prescrita, de acuerdo con lo que determinan los artículos 1456 del Código Civil (Bd. 1911) en armonía con el artículo 1375, y 1386 y 1869, inciso (2) del mismo cuerpo legal.”

Y la corte, en diciembre 1, 1933, las resolvió como sigue:

“En efecto, la demanda enmendada contiene dos causas de ac-ción, una en la que reclama daños y perjuicios por cierto defecto de cabida en el inmueble arrendado, y otra en que reclama también daños y perjuicios por baber dejado el demandado, que es el arrendador, de pintar cierta parte del inmueble arrendado en violación, según el demandante, que es el arrendatario, de las obligaciones que se im-puso el arrendador por el contrato de arrendamiento. Estas dos cau-sas de acción no ban sido establecidas separadamente, y siendo ello así, la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa, de aquerdo con el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil, según ba sido enmendado.
“Los daños que se reclaman en la demanda por defecto de cabida en la finca arrendada, no son reeobrables, pues son remotos y es-peculativos. Se alega que el solar del inmueble arrendado ha sido medido y que tiene un defecto de cabida de 200 metros cuadrados. Que en estos 200 metros el demandante pudo haber construido ciertos garages que le hubiesen rentado determinada cantidad, se computa entonces la renta anual que hubieran producido tales garages, y se multiplica por el número de años que el arrendatario viene en po-sesión del inmueble arrendado. No tenemos duda alguna de que tales daños son especulativos, y siendo especulativos no son recobra-bles, y si no son reeobrables, la demanda que se instituya para reco-brarlos no aduce hechos constitutivos de causa de acción. La otra causa de acción que se ejercita es en cobro de la cantidad de $20.00 que se dice sou los daños sufridos por el demandante por haberse ne-gado el demandado a pintar cierta parte del inmueble arrendado. Su-poniendo que el demandado estuviera obligado por el contrato a hacer el trabajo que se alega dejó de hacer, su cuantía es inferior de $500.00 y por consiguiente esta Corte no tendría jurisdicción.
“El objeto principal de la demanda no es que esta Corte condene al demandado a pagar al demandante los daños alegados, sino que se le obligue a someterse a árbitros para que éstos determinen la cues-tión. Si la demanda no aduce hechos constitutivos de causa de ac-ción, como creemos haber demostrado, entonces nada hay que someter a los árbitros, máxime cuando la facultad de los árbitros solamente se limitaría a la interpretación del contrato, y en ningún caso ten-drían ellos facultades para determinar los daños y condenar a la parte culpable a pagarlos.
“ ‘El pacto de someter a juicio de amigables componedores esta-blecido en una escritura de arrendamiento de mina alcanza única-mente a las dudas o diferencias que surjan en la interpretación del mismo acerca del cumplimiento de lo en él convenido y es inaplica-ble a la .reclamación en que se pide el abono de cantidades por la explotación de una parte de terreno no arrendado.’ Sentencia del Tribunal Supremo de España, de 16 de junio de 1922, 156 Jurispru-dencia Civil, pág. 561. 10 Repertorio Jurisprudencia, pág. 210.
“Por las razones expuestas, se declaran con lugar las excepciones previas interpuestas por la parte demandada, y no siendo susceptible de enmienda la' demanda, la Corte procederá a dictar la sentencia correspondiente. ” '

I

Dictada y registrada la sentencia, fué contra ella que in-terpuso el demandante la presente apelación, señalando en su alegato la comisión de cinco errores.

Sostiene por el primero que la corte erró al ordenar la eliminación de los laechos relativos al pleito de desahucio.

Aunque no de modo expreso, parece admitir que dichos hechos no hubieran sido suficientes para reclamar daños y perjuicios por persecución maliciosa, pero alega que eran necesarios para integrar la reclamación general de daños y perjuicios que la demanda contiene y el sometimiento de las diferencias a árbitros. Presenta una demanda tal como a su juicio podría quedar redactada conservando en ella el. hecho escueto de la existencia del pleito y de cómo fué resuelto por la corte de distrito, eliminando la reclamación de daños. Se adelanta así a la disensión del cuarto error por el que sos-tiene que debió por lo menos concedérsele permiso para en-mendar su demanda, reduciéndola simplemente a una petición de condenar al demandado a someter las diferencias surgidas al juicio de árbitros, con la imposición de costas y la adop-ción de cualquiera otra medida por parte de la corte que es-tuviera justificada por los becbos alegados.

Los errores segundo y tercero se refieren a los cometidos a juicio del apelante por la corte al declarar con lugar las excepciones. Como puede verse deben tomarse en consideración conjuntamente con los señalamientos primero y cuarto.

Admitiendo que el tercero se cometiera, esto es, que la de-manda no contuviera dos causas de acción sino una, creemos que examinada ésta desde todos los ángulos babrá siempre que concluir que no aduce becbos suficientes para determinar úna justa causa de acción y por tanto que actuó derechamente la corte de distrito al desestimarla y resolver el pleito en definitiva.

Si de los becbos alegados no surge derecho alguno en favor del demandante, nada existe que justifique su súplica a la corte para que dicte sentencia sometiendo dichos becbos a un juicio arbitral. Esto aparte de que juzgada estricta-mente la petición del demandante de acuerdo con la cláusula contractual que invoca y a la luz de la jurisprudencia citada por el juez sentenciador, podría declararse de plano la de-manda sin lugar.

Pero analizando los becbos alegados separadamente para ver si surge de ellos algo que someter a juicio arbitral, encontramos en primer término que la reclamación en cuanto a la cabida no procede y si procediera la acción habría prescrito.

El artículo 1443 del Código Civil, Ed. 1930, dispone que son aplicables al contrato de arrendamiento las disposiciones sobre saneamiento contenidas en el título de la compraventa. Y el 1360 del propio Código, Ed. 1930, prescribe que en la venta de un inmueble becba por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo aunque resulte mayor o menor la cabida o número de los expresados en el contrato.

Y aquí el arrendamiento se bizo por precio alzado y no a tanto por unidad. Se arrendó una casa con su solar por ochenta dólares mensuales y la casa y el solar fueron entre-gados de acuerdo con los linderos fijados en la escritura.

Si ningún derecho tenía el demandante a reclamar pol-la falta de los doscientos metros cuadrados, caen por su base los daños y perjuicios que se alegan sufridos por el no uso de dichos doscientos metros, aun en el caso de que los daños pudieran reclamarse, que no pueden porque, como sostuvo la corte sentenciadora, daños y perjuicios que se alega que se sufrieron por los posibles beneficios que se hubieran derivado de cierros garages que se pensaba construir en esos doscientos metros, no son reclamables por remotos y especulativos. Muñís v. Cortés, 33 D.P.R. 284; Delgado et al. v. Trujillo & Mercado, 24 D.P.R. 484

En cuanto al pleito de desahucio, los daños y perjuicios que se alegaron sufridos no procedían. En Lopez de Tord & Zayas Pizarro v. Molina, 38 D.P.R. 823, esta corte resolvió, copiando del resumen, que: “En Puerto Rico, la legislación vigente no autoriza la acción civil por persecución maliciosa como consecuencia de un pleito o procedimiento civil. ’ ’

Y en cuanto a la invocación de la existencia del pleito simplemente como hecho determinante de la causa de acción para decretar que las controversias surgidas se sometan a la decisión de árbitros, no hay mérito alguno porque el desahu-cio fué finalmente declarado sin lugar basándose la corte de distrito sin razón quizá precisamente en que la cuestión debió someterse a árbitros y no llevarse a los tribunales. Ganó el aquí demandante. Perdió el aquí demandado. Y el aquí de-mandante continuó disfrutando de la finca como arrendatario. ¿A qué más podía aspirar? Al no llevar luego a la decisión de árbitros el asunto que le había resuelto favorablemente en sus méritos la corte municipal y que no consideró en sus mé-ritos la corte de distrito, el aquí demandado cedió por entero el campo a su adversario el aquí demandante. No tiene éste, pues, de qué quejarse.

Resta sólo la reclamación de los veinte dólares por falta de pintura, que por sí sola no era suficiente a nuestro juicio para que la corte de distrito actuara y que no está sostenida además por los hechos alegados, ya que de ellos no se desprende con la certeza debida la necesidad de la reparación, aunque se concluyera que era al arrendador demandado al que le correspondía hacerla y que estaba comprendida dentro del concepto general de reparaciones.

El quinto y último de los errores señalados se refiere a la imposición de las costas. Basta lo anteriormente expuesto para concluir que la corte de distrito estuvo justificada al imponer su pago al demandante que sin causa justificada obligó al demandado a incurrir en ellas para defenderse en el pleito.

Debe desestimarse, por frívolo, el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    R. Ruiz & Cía., demandante y apelada, v. Domingo García, demandado y apelante.
    No. 6472.
    Sometido: Junio 7, 1934.

      Resuelto: Junio 30, 1934.

      A. L. López, abogado del apelante; J-. Pedro Miranda, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El primer señalamiento se dirige a la suficiencia de nn affidavit de notificación. El artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que la citación podrá diligenciarse por el mársbal o por “cualquier otra persona mayor de dieciocho años que no fuere parte en la acción.” Pedro López de Victoria, quien diligenció el emplazamiento en este caso, declaró bajo juramento que tenía veintiséis años de edad. El jurat lee como sigue:

“Affidavit No_ — Suscrito y jurado ante mí por Pedro López de Victoria, de 26 años de edad, casado, empleado y vecino de San Juan, a quien conozco personalmente, de cuyo conocimiento me be asegurado por el dicbo de dos testigos que también suscriben y a quienes conozco personalmente, boy en San Juan, P. R., a -20 de mayo de 1933. (Fdo.) Héctor González Blanes, por Josefina Na-ranjo.”

' No era necesario que el deponente se identificara bajo ju-ramento. .El dejar el secretario de eliminar del formulario impreso una aseveración en forma alternativa en el jurat respecto a la forma de identificación no fue un defecto fatal. El secretario no necesitaba llenar el espacio en blanco res-pecto al número del affidavit. ’ El apelante se funda en la “Ley estableciendo nn registro de affidavits o declaraciones ante notarios y otros funcionarios, ’ ’ aprobada el 12 de marzo de 1908. El artículo 9 de dicba ley (Estatutos de 1911, sec-ción 23) excluye las declaraciones becbas ante el secretario de una corte de distrito en casos pendientes ante la misma. Véase también el caso de Valcourt v. Torres, 44 D.P.R. 914.

Luego el apelante ataca la validez de la sentencia en rebeldía registrada por el secretario sin baber anotado. primeramente la rebeldía del demandado. El artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil lee así:

“1. En un pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero o para obtener perjuicios solamente, si no se hubiere presentado la contestación al secretario de la corte, dentro del término señalado en la citación, o de su prórroga, si se hubiese concedido; el secretario, a instancia del demandante, deberá hacer constar la rebeldía del de-mandado, y acto seguido anotará en el récord de la corte la sentencia para el pago de la cantidad especificada en la citación, con más las costas contra el demandado, o contra uno o más de los varios deman-dados, en los casos previstos en el artículo 96.”

El praecipe en el presente caso solicitaba primeramente se anotara la rebeldía y luego que se registrara sentencia en rebeldía en el orden prescrito por el inciso primero del ar-tículo 194. La sentencia bace constar que la rebeldía del de-mandado babía sido anotada debidamente. En realidad la rebeldía fué anotada al siguiente día de haberse registrado la sentencia. La anotación previa de la rebeldía, sin embargo, no era un prerrequisito jurisdiccional al registro de la sen-tencia. No se radicó contestación alguna ni antes de regis-trarse la sentencia ni antes de anotarse la rebeldía. La irre-gularidad en el orden de los dos asientos no perjudicó nin-gún derecho sustancial del demandado y no es motivo sufi-ciente para una revocación.

Como tercer motivo de la apelación el recurrente insiste en que el caso no cae dentro del inciso primero del artículo 194, supra. El demandante alegaba como primera causa de acción:

“2. Que el demandado tiene abierta una cuenta corriente en los libros de la demandante, la que liquidada de común acuerdo el día 30 de diciembre de 1932 arrojó un balance a favor de la demandante por la suma de $503.12, con la cual cantidad estuvo conforme el de-mandado, obligándose a pagarla tan pronto fuere requerido para ello por la demandante.”

La tínica diferencia existente entre la primera cansa de acción y las demás es que la primera se basaba en una cuenta con el demandante y.las otras en cuenta con otros acreedores que las habían cedido al demandante después de haberse de-terminado definitivamente sus cuantías y de haber asumido el deudor la obligación de pagar. Creemos que el caso era uno en que propiamente el secretario podía registrar senten-cia en rebeldía.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Oórdova Eávila,

text:
    Alberto Córdova Montes, Carmen Salas Montes y José Salas Noa, éste por sí y como padre con patria potestad sobre sus hijos menores de edad José, Mercedes, Rafael, Luis, Eugenio, Alicia, Manuel, Isabel, Aida, Rafaela, Dolores y Joaquín Salas Montes, demandantes y apelantes, v. Rafael R. Baquero y Guidinza, demandado y apelado.
    No. 6358.
    Sometido: Junio 15, 1934.

      Resuelto: Junio 30, 1934.

      Arturo J. Quiñones, abogado de los apelantes; Lemuel Marqués, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Oórdova Eávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de nulidad de ejécución de hipoteca,, iniciada por José Salas Noa en su propio derecho y por los herederos de Rafaela Montes, entre los cuales figuran algu-nos menores de edad representados por su padre José Salas Noa, esposo de la señora fallecida Rafaela Montes.

En 18 de mayo de 1928, José Salas Noa y su esposa cons-tituyeron hipoteca voluntaria a favor de Rafael R. B aquero sobre dos fincas urbanas ubicadas en Santurce, en garantía de cierto préstamo, del pago de sus intereses, gastos, costas y honorarios de abogado.

En 18 de agosto de 1930, él demandado, Rafael R. Ba-quero, inició una acción sumaria sobre cobro de crédito hipo-tecario contra José Salas Noa y su esposa, Rafaela Montes, alegando en dicho escrito inicial, entre otros, los siguientes hechos:

"Que los deudores demandados no ban satisfecho los interese» correspondientes a los meses: marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 1930, habiendo por tanto violado dichos demandados la cláusula segunda del Contrato del préstamo que estipula que si dejasen de sa-tisfacer los intereses, de dos mensualidades consecutivas se conside-raría vencida toda la deuda y quedaría en aptitud el acreedor de proceder judicialmente a su cobro.
i ( $ ^
"Que las cantidades en total que los demandados deben pagar son: CINCO mil DÓLARES, importe del principal de la hipoteca; DOS-CIENTOS Cinouenta dólares Con dos Centavos, importe de los intere-ses correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, a razón de $41.67 por cada mensualidad; los demás intereses que se devenguen al tipo del diez por ciento anual hasta el pago total de lo adeudado; cuarenta y ooho dólares oon veinte y seis centavos, importe pagado por primas de seguro pagadas por el de-mandante ; más quinientos dólares para costas, gastos y honorarios de abogado del acreedor hipotecario; o sea en total cinco mil sete-cientos noventa y ocho dólares con veinte y ocho centavos más los intereses al tipo del diez por ciento anual que se devenguen desde el día 18 de agosto de 1930 hasta el pago total de lo adeudado.”

A dicho escrito inicial se acompañaron, entre otros docu-mentos, dos recibos, qne se transcriben en la demanda, libra-dos por M. Y. Saldaña, como agente en Puerto Rico de Tñe United Firemen’s Insurance Co. of Philadelphia, oreditivos de haber satisfecho don Rafael R. Baquero, por- cuenta de José Salas Noa, las sumas de $9.02 y $39.24, respectivamente, por los premios de las pólizas números 11396 y 11397, las cuales continuaban en vigor hasta el día 10 de mayo de 1931.

La corte de distrito expidió una orden de requerimiento que fué diligenciada por el márshal y que dice así:

“Vista la demanda en este procedimiento y los documentos que se acompañan, se ordena que por el Secretario de esta Corte se expida mandamiento al Márshal de esta Corte para que requiera a los de-t mandados don José Salas Noa y doña Rafaela Montes, para que en el término de treinta días a partir del requerimiento, satisfagan al demandante don Rafael R. Baquero la cantidad de CINCO mil sete-CIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLLARS COU VEINTE Y OCHO CENTAVOS UIÚS los intereses al tipo del diez por ciento anual que se devenguen desde • el día. 18 de agosto de 1930 hasta el pago total de lo adeudado sobre el importe de $5,000; correspondiendo la suma de $5,798.28 a $5,000 importe del principal de la hipoteca, $250.62 importe de los intereses adeudados correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 1930 a razón de $41.67 cada mensualidad; $48.26 importe pagado por primas de seguro, más $500 para costas, gastos y honorarios de abogado del acreedor hipotecario; garantizadas todas dichas sumas por la hipoteca que se constituyera sobre las fincas des-critas en la demanda, con apercibimiento a dichos demandados que se sacarán a pública subasta las fincas hipotecadas que se describen en el escrito inicial de este procedimiento si no verificaren el pago dentro del término fijado. Y asimismo se le ordena notifique del comienzo de este ejecutivo hipotecario al posterior acreedor Sobrinos de Ezquiaga, S. en C.”

El certificado de diligenciamieiito, autorizado por el marshal, demuestra que se requirió de pago a los deudores José Salas Noa y Rafaela Montes, y que se notificó al acreedor posterior, Sobrinos de Ezquiaga, S. en C. Según los deman-dantes, desde el poblado de Santurce, donde se practicó el requirimiento de pago, a la oficina del márshal, hay úna dis-tancia aproximada de cuatro millas.

Como segunda causa de acción se alega que desde que eJ demandado tomó posesión de las fincas ejecutadas, éstas lian producido o debido producir cada una, una renta de $35 men-suales.

listas son, en síntesis, las alegaciones de la demanda que tienen alguna relación con las cuestiones planteadas en este recurso.

Los demandantes solicitan que se declare nulo e inexis-tente ab initio el procedimiento ejecutivo hipotecario estable-cido contra ellos por Rafael Baquero y nulas todas las actua-ciones derivadas de dicho procedimiento.

El demandado, Rafael Baquero, presentó una excepción previa a la demanda, alegando que ésta no aduce hechos su--ficientes para constituir una buena y justa causa de acción. En 13 de marzo de 1933, la corte inferior dictó una resolución declarando con lugar la excepción previa y concedió a los demandantes un término de diez días para enmendar- la de-manda, si es que estaban en condiciones de hacerlo. Solici-taron los demandantes que se dictase sentencia y la corte así lo hizo, declarando sin lugar la demanda, con costas, gastos y honorarios de abogado a los demandantes.

Se alega en primer término que la corte inferior erró al considerar válido el requerimiento de pago a los deudores, a pesar de no haberse satisfecho los derechos exi-gidos por la Ley número 17 de 11 de marzo de 1915.

Alegan los apelantes que de acuerdo con la ley citada de-ben pagarse al marshal por sus actuaciones además de $1 por cada emplazamiento, 25 centavos por cada milla recorrida para practicar la diligencia. Se arguye que el marshal noti-ficó a los demandados y al acreedor posterior, y que habiendo recorrido cuatro millas'al practicar la diligencia, debió can-celar $4 en sellos para cumplir con la ley. El referido fun-cionario, según la demanda, canceló $3 en sellos y por esta razón entienden los apelantes que-el certificado de diligencia-mi'ento es nulo, ya que no contiene los derechos exigidos p9r la referida ley.

Como muy Meu dice la corte inferior, entre las clasifica-ciones contenidas en el arancel de los derechos que deben pa-garse a los marshals por sus actuaciones, de acuerdo con la susodicha Ley No. 17 de 11 de marzo de 1915, no figura la diligencia de una orden de requerimiento de pago en proce-dimiento ejecutivo hipotecario. Sin embargo, por analogía, parece lógico que se aplique el mismo arancel exigido para un emplazamiento. El marshal requirió de pago al deudor hipotecario y a su esposa y canceló $3 en sellos de rentas internas. El exceso así satisfecho cubre las cuatro millas que según se alega hubo que recorrer para practicar la diligencia. La ley de 1915 fija un derecho de $1.00 por cada diligencia-de un emplazamiento, pero guarda completo silencio con res-pecto a una notificación. Es ésta una actuación que no apa-rece incluida en el arancel. El marshal no tuvo necesidad de requerir al acreedor posterior. Las personas-interesadas; en las responsabilidades que se hubieran inscrito después del derecho del actor deben ser notificadas a tenor de lo dispuesta en. el artículo 171 del reglamento de la Ley Hipotecaria. Requerimiento y notificación son dos cosas distintas que no deben confundirse. Entendemos que los $3 en sellos cance-lados por el márshal cubren todos los derechos exigidos por la ley, tomando como base los hechos alegados en la demanda.

El artículo 6 de la referida ley de 1915 determina que serán nulos y sin ningún valor todos y cada uno de los documentos o escritos que por dicha ley se requiere lleven un selloo sellos de rentas internas a menos que dichos sellos hayan sido fijados a los mismos. Es ésta una especie de penalidad que se impone para evitar fraudes al Pueblo de Puerto Rico, que en todo caso sería la parte realmente perjudicada y la que tendría mayor autoridad para querellarse cuando se dejen de cancelar los sellos requeridos por el arancel. Las palabras de la ley, si se siguen al pie de la letra, no parecen dejar campo a la interpretación judicial. Sin embargo, puede darse el caso de que un funcionario de una corte, inadvertidamente, sin intervención de la parte y sin intención de de-fraudar, deje de cancelar algún sello en determinado docu-mento o cancele una cantidad menor de la requerida por la ley. Supongamos que algún tiempo después de radicada una alegación o de terminada una actuación judicial, el funciona-rio advierte la omisión, y la parte, a su ruego, cubre el déficit y subsana el error, ¿debe considerarse nulo ab initio el docu-mento por el hecho de que se haya incurrido involuntaria-mente en una omisión? Si el propósito de la ley es proteger los derechos del estado y evitar fraudes al erario público, no parece lógico que una vez cubiertos los derechos, una parte que en nada se perjudica pueda aprovecharse del error ale-gando que la actuación judicial es nula desde su origen. A nuestro juicio la actuación judicial que adolece de este de-fecto puede ser anulable, pero no es nula per se. Un error de esta naturaleza debe poder subsanarse por la parte a quien corresponde, el pago del arancel. En el presente caso, en que se pretende anular todo un ejecutivo hipotecario porque el márshal dejó de cancelar 25 centavos en sellos de rentas in-ternas por cada milla recorrida al practicar la diligencia, las mismas alegaciones de la demanda demuestran que se cance-laron $3 en sellos y que esta cantidad es bastante para cubrir los derechos exigidos por la ley. Debe desestimarse el error apuntado.

Se alega además que la corte inferior cometió error al no considerar nulo e inexistente el procedimiento ejecutivo sumario por no haber expresado categóricamente las cantidades ciertas cobradas por concepto de intereses y haberse incluido en la deuda hipotecaria el pago de primas de pólizas de seguro que no estaban hipotecariamente aseguradas. No creemos que se ha cometido el error apuntado por los apelantes. El reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, en su artículo 169, último párrafo, dispone entre otras cosas que en el escrito inicial “se señalarán categóricamente las cantidades ciertas cobradas en concepto de intereses o a cuenta del capital de la deuda, expresando también la cuantía líquida de la reclamación que por el solo acto de iniciar el procedi-miento contraerá el acreedor.”

En el escrito inicial que dió origen al ejecutivo sumario de cuya nulidad se trata, se alega que por escritura otorgada ante el notario Enrique Campillo, los esposos Salas Noa y Rafaela Montes manifestaron haber recibido de Rafael R. Baquero G-uidinza en calidad de préstamo la suma de $5,000 la cual se obligaron a devolver el día 18 de mayo de 1930. También se obligaron dichos esposos a pagar intereses sobre el capital prestado a razón del 10 por ciento anual, pagándo-los por mensualidades vencidas, desde la fecha de la escritura hasta el total pago al acreedor. En el hecho quinto del es-crito inicial se alega que los deudores no habían satisfecho los intereses correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 1930. En el hecho décimo se alega, entre otras cosas, que las cantidades en total que los demandados deben pagar son $5,000, importe del principal de la hipoteca, y $250, importe de los intereses correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, a razón de $41.67 por cada mensualidad. Este escrito inicial se radicó en la corte en 18 de agosto de 1930. Arguyen los apelantes que no aparecen de ningún hecho de dicho escrito las cantidades ciertas cobradas en concepto de intereses o a cuenta del capital y añaden que de acuerdo con las alegacio-nes los deudores dejaron de pagar los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 1930 y deben pagar los inte-reses de esos meses más los que se devenguen; pero que no se expresa con toda precisión si los deudores satisficieron los meses anteriores a los que reclama el ejecutante. No es ne-cesaria esta alegación. Si no bastara una simple operación aritmética para conocer la cantidad exacta reclamada por el acreedor, sumando el importe de las mensualidades vencidas y no satisfechas, el mismo escrito inicial fija en $250.02 el importe de esos intereses a razón de $41.67 por cada men-sualidad. El artículo 169 del reglamento, al exigir que se señalen las cantidades ciertas cobradas a cuenta del capital y por concepto de intereses, persigue el propósito de informar al deudor con exactitud el importe de las obligaciones venci-das y no satisfechas, tanto a cuenta del capital como a cuenta de intereses. Y en este caso el deudor, por la lectura del escrito inicial, puede fijar con exactitud la cantidad que se reclama. Los hechos desarrollados en el caso de Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655, citado por los ape-lantes, no son estrictamente iguales a los que en este caso se ventilan. Allí se alegó que vencido el crédito hipotecario el demandado hizo abonos que lo han reducido a $902.15, capitalizados intereses hasta el 30 de julio de 1925, sin que hubiese satisfecho esta suma ni los intereses al tipo del 10 por ciento anual convenido, devengados desde julio 30, 1925, hasta el presente.

En el presente caso, en el ejecutivo sumario que se trata de anular, se alegó categóricamente que los deudores José Salas Noa y Rafaela Montes adeudaban la suma de $5,000, im- ■ porte del préstamo, y se fijó también con exactitud el importe de los intereses correspondientes a las mensualidades venci-das a razón de $41.67 por cada mensualidad.

En cuanto al pago de las primas de las pólizas de seguro por el acreedor, y a su inclusión como parte del préstamo en el procedimiento ejecutivo, debemos atenernos a lo convenido en la escritura de hipoteca. En la cláusula séptima de dicha escritura se consigna “que los deudores se obligan a asegurar contra incendio las edificaciones que enclavan sobre las fincas anteriormente descritas, cada una por una suma no menor del importe del capital de que responden, endosando la póliza a favor del acreedor como garantía colateral. El acreedor se reserva el derecho de asegurar, renovar y pagar las primas que la compañía de seguros cobrare y cuyo importe acrecerá el capital del préstamo.”

Luego se establece en la escritura de hipoteca la cláusula sobre la garantía hipotecaria. En nuestro sentir, toda vez que las primas pagadas por el acreedor acrecerán el capital del préstamo garantizado por la hipoteca, no se incurrió en error alguno al incluir la referida suma en el procedimiento eje-cutivo hipotecario.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Mateo Ortiz, demandante y apelante, v. La Sucesión de Roque Stella, compuesta de sus hijos Luciano, María Cristina y Margarita Stella y su nieto Luciano Stella, demandada y apelada.
    No. 6244.
    Sometido: Febrero 19, 1934.

      Resuelto: Junio 30, 1934.

      F. Gervoni Gely, abogado del apelante; T. Bernardim de Ico Huerta, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de filiación resuelta por la Corte de Distrito de Guayama contra el demandante Mateo. Ortiz, y apelada ante esta Corte Suprema. Después de ultimado el recurso interpuesto y de radicados los alegatos de ambas par-tes, fallecieron el abogado del apelante, Francisco Cervoni Gely, y el propio apelante, Mateo Ortiz. Señalada la vista de la causa para el día 25 de enero de 1934, compareció el abo-gado de la apelada y sometió el caso, anunciando que el abo-gado de la parte apelante había fallecido. Esta corte dejó sin efecto la vista cuando aun no teníamos conocimiento de la muerte del apelante, y señaló el 19 de febrero de 1934 para una nueva vista, ordenando a la parte apelada que no-tificara a la apelante de la fecha de la misma y de su alegato.

La parte apelada ha comparecido de nuevo acompañando la partida de defunción del apelante Mateo Ortiz y solicitando que esta corte resuelva este caso en sus méritos con los ale-gatos radicados por las partes y de acuerdo con el artículo 43 del Código de Enjuiciamiento Civil. El artículo invocado por la parte apelada dice así:

“Si se diere principio a una acción dentro del término prescrito para la misma, y el demandante, o los demandantes, si hubiere más de uno, falleciere, o fallecieren, según el caso, y subsistiere la causa legal de la acción; o si el demandado, o los demandados, si hubiere más de uno, falleciere, o fallecieren, según el caso, la acción no ca-ducará por razón de dicho fallecimiento, sino que el tribunal, a ins-tancia de cualquiera de las partes, citará al albacea, administrador, o heredero, del finado o finados, y dicha citación se librará, ejecutará y diligenciará en la forma establecida por la ley para las citaciones ordinarias; y al albacea, administrador o heredero, se lo requerirá para que comparezca a proseguir (o defender) dicha acción; y una vez diligenciada dicha citación en debida forma, la acción continuará en nombre de la nueva parte, o partes, según el.caso, después de lo cual la corte a su tiempo pronunciará sentencia, de acuerdo con la ley y los hechos probados.
“Si la causa estuviere pendiente ante la Corte Suprema, la causa legal de la acción no caducará por razón del fallecimiento de cual-quiera de los actores, siempre que dicha acción subsistiere, como tam-poco por razón de la muerte de cualquiera de los demandados, sino que el tribunal procederá a juzgar y fallar dicha causa, como si vi-viesen todas las partes y dicho fallo tendrá la misma fuerza y efecto que si se hubiese dictado en vida de las partes.”

Entendemos que el segundo párrafo del artículo que an-tecede nos concede autoridad para resolver el caso en sus méritos. Ambas partes han expuesto sus argumentos en de-fensa de sus respectivas posiciones por medio de alegatos oportunamente radicados, y los démandados, basándose en esta argumentación, han sometido el caso a la consideración de este tribunal. En virtud de la autoridad que nos concede la ley, pasamos a resolver las cuestiones planteadas.

Se alega en la demanda que Noque Stella falleció en Pa-tillas el día 27 de diciembre de 1929 y que durante todo el año de 1902 y desde muclios años anteriores a esa fecha, vivió en público, notorio y conocido concubinato con doña Alejandrina Ortiz, siendo entonces ambos solteros y estando en condicio-nes de contraer matrimonio entre sí sin dispensa ni inconve-nientes de ningún género; que durante el concubinato del Sr. Stella y de la Sra. Ortiz, ésta concibió y dió a luz al deman-dante Mateo Ortiz, quien nació en el barrio Lizas de Maunabo el día 23 de noviembre de 1902; que el mencionado Noque Stella siempre tuvo y consideró, pública y privadamente, como hijo suyo al demandante Mateo Ortiz, a quien llamaba “hijo” en sus conversaciones y de quien se ocupaba como tal, sugi-riendo el nombre que debía ponerse al hijo y haciéndole bau-tizar en la religión católica, apostólica y romana, que era la religión profesada por el Sr. Stella, quien bendecía al deman-dante paternalmente, y que todos sus actos eran demostra-tivos de una franca y cariñosa paternidad.

Contra la referida demanda dedujeron excepción previa los demandados, alegando la prescripción de la acción ejer-citada. La corte inferior desestimó la excepción, citando en apoyo de su resolución los casos de Ciuró v. Ciuró, 31 D.P.N. 728, y Guadalupe v. González, 34 D.P.R. 673. Posteriormente se decidió por esta corte el caso de González v. Rodríguez, 43 D.P.N. 66, y los demandados, basados en la doctrina sen-tada en dicho caso, reprodujeron su excepción previa y soli-citaron la reconsideración de la cuestión resuelta. La corte así lo hizo, y, estimando prescrita la acción ejercitada, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda.

• Alega el apelante que la corte cometió error al desestimar la demanda, fundada equivocadamente en la teoría del caso de González v. Rodríguez. Hemos visto que la excepción previa fué desestimada primeramente, aplicándose el criterio sostenido en el caso de Guadalupe v. González, y que luego se declaró con lugar, en moción de reconsideración, basándose la corte en el caso de González v. Rodríguez. Siendo ésta la tiltima expresión del criterio de este tribunal sobre la cuestión planteada, es natural que la corte sentenciadora se sintiese obligada a seguir la opinión emitida en dicho caso, que co-piada a la letra dice así:

“Se trata de un pleito de ñliación. La Corte de Distrito de Are-cibo dictó la siguiente opinión al declarar con lugar una excepción previa:
“ ‘Jovito G-onzález radicó en la Corte de Distrito de San Juan el 28 de septiembre de 1929 demanda sobre ñliación contra Jovito Rodríguez, en la que alega que nació en Morovis el día 3 de marzo de 1903 mientras su madre Ventura González y su supuesto padre Jovito Rodríguez vivían en concubinato público, teniéndole dicho Jo-vito Rodríguez pública y privadamente como hijo suyo, realizando con él actos de padre para con un hijo, y sin que tales relaciones hayan sido interrumpidas en momento alguno desde el nacimiento del de-mandante. A esa demanda se estableció por el demandado la excep-ción previa de que la acción está prescrita. Por virtud de una orden de traslado, esta corte está conociendo de este asunto.
“ ‘La excepción previa fué vista y discutida el 17 de marzo de 1930, estando presentes las partes por sus abogados, la corte se reservó su resolución.
“ ‘El .demandante nació, según alega bajo juramento, el 3 de marzo de 1903; por tanto, arribó a su mayor edad el 4 (sic) de marzo de 1924. De acuerdo con el artículo 199 del Código Civil vigente a la fecha del nacimiento del demandante, la acción para reclamar su filiación sólo duró hasta dos años después de haber llegado1 a la mayor edad. Su acción, por tanto, sólo pudo ser establecida en o antes del tres de marzo de 1926. La demanda se archivó, como hemos dicho, en 28 de febrero de 1929, cuando la acción ya estaba prescrita. Jesús v. Sucn. Pérez Villamil, 18 D.P.R. 403; Orta v. Arzuaga, 23 D.P.R. 259.
“ ‘Se declara con lugar la excepción previa radicada por el de-mandado. ’
“El apelado sugiere que el caso de Ciuró v. Ciuró, 31 D.P.R. 730, también es aplicable.
“Poco o nada tenemos que agregar a nuestra previa jurispru-dencia sobre la materia. Nos parece que las tentativas del apelante simplemente cubren el mismo terreno abarcado por las partes per-didosas en los casos anteriores.
“Debe confirmarse la sentencia..”.

En los casos de Jesús v. Sucesión Pérez Villamil y Orta v. Arzuaga que se citan en la opinión que antecede, las per-sonas con derecho a reclamar la filiación nacieron durante la vigencia de la ley NI de Toro, y por lo tanto su derecho a ejercitar la acción quedó extinguido, de acuerdo con la juris-prudencia sentada por este tribunal, con anterioridad a la derogación del artículo 199 del Código Civil Revisado, que decía así:

“La acción para reclamar su filiación dura basta dos años des-pués de ser el hijo mayor de edad, y se trasmitirá a. sus herederos si falleciere en la menor edad o en estado de demencia. En estos casos tendrán los herederos cinco años de término para entablar la acción.”

La misma ley que derogó el artículo que antecede, en 1911, aprobó el artículo 194, según el cual las acciones para el re-conocimiento de hijos naturales sólo podrán ejercitarse en vida de los presuntos padres o un año después de su muerte, salvo los casos que en dicho artículo se mencionan.

En el caso de Guadalupe v. González se inició una acción de filiación en 10 de noviembre de 1931. Se probó que la de-mandante, al radicarse la demanda, tenía de 23 a 25 años de edad, habiendo nacido bajo las disposiciones del artículo 199 del Código Civil anteriormente copiado, y antes de aprobarse, en 1911, el artículo 194 del mismo código. “Siendo ello así,” dijo esta corte, “la ley aplicable de acuerdo con la 4a. de las disposiciones transitorias del Código Civil, sería el artículo 194 de dicho código, .tal como fue enmendado en 1911, y como por dicha enmienda se establece que la acción para el reconocimiento podrá ejercitarse en vida de los presuntos padres, o un año después de su muerte, y como no había trans-currido un año después de la muerte del presunto padre cuando la acción fué ejercitada en este caso, erró la corte al considerar la acción prescrita.”

Es claro que en los casos de Guadalupe v. González y González v. Rodriguez el derecho a ejercitar la acción de filiación no había prescrito en 1911, cuando se aprobaron las enmien-das al Código Civil. Estos casos sostienen criterios opuestos. El primero aplica el artículo 194, aprobado en 1911, y no la ley en vigor cuando nació la demandante, y declara que no lia prescrito la acción; el segundo sostiene que debe aplicarse la ley en vigor cuando nació el demandante y que de acuerdo con esa ley dicha acción sólo duró hasta dos años después de haber llegado a la mayor edad.

No difiere el presente caso de los dos que acabamos de citar. Mateo Ortiz nació en 23 de noviembre de 1902, época en que la ley vigente prescribía que la acción para reclamar la filiación de los entonces nacidos sólo duraba hasta dos años después de haber llegado a su mayor edad. En 1911, cuando se aprobaron las enmiendas al Código Civil, el demandante aún no había cumplido nueve años. Su derecho para recla-mar la filiación duraba todavía. La acción no había quedado extinguida por el transcurso del tiempo. El demandante ini-ció este pleito en 18 de febrero de 1930, antes, de haber trans-rrido un año después de la muerte de su presunto padre, quien falleció en 27 de diciembre de 1929. ¿Extendió la nueva ley su derecho para reclamar su reconocimiento hasta un año después de muerto su presunto padre, o quedó este derecho extinguido al cumplir los veintitrés años de edad? Esta es la cuestión que debemos decidir, para que quede así sentado el criterio de este tribunal.

El artículo 1839 del Código Civil dice que la prescripción comenzada antes de la publicación de este códig'o se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si, desde que fuere puesto en observancia, transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas, leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo.

Expresa Manresa que el derecho anterior al código rige tan sólo en cuanto favorezca o no perjudique a las prescrip-ciones comenzadas y no terminadas a la publicación del mismo. Luego de expresar este criterio, sujetándose estrictamente a las palabras del artículo anteriormente copiado, que corres-ponde al 1939 del Código Civil Español, dice así el citado comentarista:

“El fundamento de dicha disposición está en la consideración, que desde luego ofrece el estudio reflexivo de la misma, de que la prescripción comenzada y no concluida no es un derecho creado o adquirido ya, sino una mera expectativa, una esperanza, cuyo cum-plimiento o realización depende de una multitud de eventualidades; y como no es un derecho adquirido, no puede estimarse sujeta su regulación a la legislación que antes rigiera y bajo cuyo imperio que-dara perfeccionado dicho derecho, o el acto jurídico de que tuviera origen, al que debiera su nacimiento.”

Dados los términos en que está redactado el artículo 1839 del Código Civil y dada la naturaleza de la acción ejercitada, entendemos que procede examinar, en relación con los hechos desarrollados en este caso, la cuarta de las disposiciones tran-sitorias para la aplicación del Código Civil.

Es de notarse que el artículo 199 no usa el verbo prescri-bir, sino el verbo durar, al referirse al tiempo dentro del cual puede ejercitarse la acción de filiación.

Esta corte, en el caso de Gual v. Bonafoux, 15 D.P.R. 559, comenta la regla 4a. de las disposiciones transitorias para la aplicación del Código Civil Español, y aplica el artículo 137 de dicho código a un caso en que las personas que reclamaron su filiación nacieron bajo la Ley XI de Toro. De la opinión emitida en este caso copiamos lo siguiente:

“Pero hayan o no probado los demandantes Luis y Alfonso Gual el reconocimiento de la filiación natural que reclaman, bien con arre-glo a la Ley de Toro, interpretada por el Tribunal Supremo de Es-paña, bien con arreglo a los preceptos del Código Civil antiguo y del revisado, entendemos que la duración de su acción de reconocimiento debe regirse por el artículo 137 del Código Civil antiguo, el que co-menzó a regir en esta Isla a virtud del Real Decreto de 31 de julio de 1889 y que continuó rigiendo hasta que en 1902 fué sustituido por el revisado.
“La regla 49 de las disposiciones transitorias para la aplicación del Código citado en la parte conducente dice así:
“ ‘Las acciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes de regir el Código subsistirán con la extensión y en los términos que les reconociera la legislación precedente; pero sujetándose en cuanto a su ejercicio, duración y procedimientos para hacerlos valer, a lo dis-puesto en el Código.’
“Habiendo nacido el derecho de los demandantes Luis y Alfonso al reconocimiento de hijos naturales antes de regir el Código Civil español y consiguientemente la acción para obtener la declaratoria de ese derecho, derecho y acción deben subsistir con la extensión y en los términos que les reconocía la legislación precedente; pero derecho y acción no pueden durar más tiempo que el prevenido por el Código.
“Extensión y términos entrañan conceptos enteramente distintos del de duración, pues las dos primeras palabras determinan el alcance y virtualidad de un derecho o acción, y la 3* palabra se refiere al tiempo en que tendrán vida y eficacia. No hay antinomia o contra-dicción en los preceptos de la regla 4» que dejamos transcrita. Si alguna duda pudiera surgir sobre su significación y sentido, la encon-tramos desvanecida en la exposición de motivos del Código Civil Es-pañol cuando dice:
“ ‘Pero si es justo respetar los derechos adquiridos bajo la legis-lación anterior, aunque no hayan sido ejercitados, ninguna conside-ración de justicia exige que su ejercicio posterior, su duración y los procedimientos para hacerlos valer se eximan de los preceptos del Código. ’
“El artículo 137 a que nos hemos referido está concebido en los términos siguientes:
“ ‘Las acciones para el reconocimiento de hijos naturales sólo po-drán ejercitarse en vida de los presuntos padres,' salvo en los casos si-guientes :
“ ‘Io. Si el padre o la madre hubiesen fallecido durante la menor edad del hijo, en cuyo caso éste podrá deducir la acción antes de que transcurran los primeros cuatro años de su mayor edad.'
“ ‘2o. Si después de la muerte del padre o de la madre apare-ciese algún documento de que antes no se hubiese tenido noticia, en el que reconozcan expresamente al hijo.
“ ‘En este caso, la acción deberá deducirse dentro de los seis meses siguientes al hallazgo del documento.’
“Según los hechos consignados por el juez inferior en su opinión, el demandante Luis G-ual nació el día 11 de octubre de 1868 y su presunto padre Tomás Gual y Silvén falleció en 8 de enero de 1895, en cuya fecha, por tanto, aquél era mayor de edad con arreglo al ar-tículo 320 del Código citado, por haber cumplido 23 años.
“Siendo ello así, Luis G-ual no pudo ejercitar la acción para el reconocimiento de su filiación natural desde que murió Tomás Gual en 8 de enero de 1895, cuando regía en esta Isla el Código Civil es-pañol.
“En cuanto al otro demandante Alfonso Gual, como nació en 7 de diciembre de 1874 y no había cumplido 23 años cuando murió Tomás Gual en 8 de enero de 1895, pues esa edad la hubiera cum-plido en 7 de diciembre de 1897, es claro que pudo ejercitar la acción para el reconocimiento de su filiación natural hasta cuatro años des-pués o sea hasta el 7 de diciembre de 1901, en cuya fecha quedó ex-tinguida dicha acción a virtud del precepto que contiene el número Io. del artículo 137 del Código Civil antiguo que dejamos transcrito.
“Y si Luis y Alfonso Gual, con arreglo al Código Civil español sólo pudieron ejercitar la acción para el reconocimiento de su filia-ción natural, el Io. en vida de su padre y el 2o. hasta el 7 de diciem-, bre de 1901, dicha acción no ha podido revivir para ser ejercitada en 9 de abril de 1907 en que fué presentada la demanda.”

En la decisión que acabamos de citar, esta Corte Suprema, interpretando la reg-la 4a. de las disposiciones transitorias, aplica la ley posterior para declarar extinguida una acción que comenzó a prescribir, de acuerdo con la jurisprudencia sentada en repetidas decisiones de este tribunal, bajo la Ley XI de Toro. Es verdad que se aplica esta ley posterior, limi-tando el derecho al ejercicio de la acción en cuanto al tiempo, y que no se trata de un caso en que se haya extendido el pe-ríodo de tiempo fijado a la prescripción por la ley precedente. Pero no creemos que la regla 4a. deba interpretarse en el sen-tido de favorecer exclusivamente a la persona a quien pueda beneficiar la prescripción. Las palabras de la regla son cla-ras, y puesto que no se advierte en ellas ninguna limitación, no deben interpretarse restrictivamente, sobre todo para cer-cenar a un hijo el derecho de reclamar su filiación. La regla referida no establece distinciones y no deben establecerse si no surgen de su interpretación.

Esta corte ha dicho que las palabras extensión y términos determinan el alcance y virtualidad de un derecho de acción y que la palabra duración se refiere al tiempo en que tendrán vida y eficacia. El artículo 199, que ha sido derogado, fijaba el tiempo que había de durar la acción, y la regla 4a. dice que las acciones y los derechos que en la misma se determinan, aunque se rigen por la legislación precedente, quedan sujetos, en cuanto a su ejercicio, duración y procedimientos para ha-cerlos valer, a lo dispuesto en el código. Si a tenor del ar-tículo 199 la acción para reclamar la filiación duraba basta-dos años después de haber alcanzado el hijo la mayor edad, y el ejercicio y duración de una acción están sujetos a lo dis-puesto en el código, entendemos que debe tener aplicación lo que el código últimamente haya dispuesto para determinar si esa acción dura o no, si está viva todavía, o si ha quedado extinguida por el transcurso del tiempo.

El carácter retroactivo de la regla 4a., aplicado al presente caso, no perjudica ningún derecho adquirido, porque en 1911, cuando fué enmendado el Código Civil, subsistía la acción de Mateo Ortiz en toda su fuerza y vigor, y si no se había ex-tinguido y su extinción dependía del transcurso del tiempo, la mera expectativa o esperanza de que habla Manresa, cuyo cumplimiento o realización depende de una multitud de even-tualidades, no se había convertido en un derecho creado al entrar en vigor las enmiendas al Código Civil.

Opinamos que debe prevalecer la doctrina sentada por esta corte en el caso de Guadalupe v. González, supra, y que no ha prescrito la acción ejercitada.

Debe revocarse la sentencia apelada, y devolverse el caso a la corte inferior para procedimientos ulteriores de acuerdo con los términos de esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor "Wole,

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelado, v. Moral & Cía., S. en C., en liquidación, y sus socios gestores Francisco del Moral y Nadal y Francisco del Moral Torruellas, demandados y apelantes.
    No. 6563.
    Sometido: Marzo 12, 1934.

      Resuelto: Junio 30, 1934.

      J. Sabater, abogado de los apelantes;' O. Souffront, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El National City Bank of New York solicita la desestima-ción de este recurso por frívolo. De los autos de este caso aparece que Moral & Cía. adeudaba varios pagarés al National City Bank, ascendentes a $12,000 ó $13,000. Para garan-tizar los mismos la deudora entregó al banco en prenda cier-tas colaterales pertenecientes a Carmen Nadal viuda de Del Moral, quien posteriormente fué declarada incapacitada. Los pagarés no fueron pagados a su vencimiento y el banco ven-dió las colaterales para cobrar la deuda. Uno de los pagarés era por cinco mil dólares y la venta tuvo por resultado que dos de los pagarés fueron cancelados y $325.64 fueron apli-cados al pag’aré de cinco mil dólares, en cobro del cual se inició -el presente caso. En otras palabras, el demandante inició pleito contra Moral & Cía. por cinco mil dólares, me-nos el sobrante que fué abonado después de cancelar los otros dos pagarés. El pagaré en este caso contiene varias estipu-laciones al efecto de que a su vencimiento el banco podía vender las colaterales sin tener que dar aviso. Se dictó senten-cia contra los demandados. Esta es la apelación interpuesta contra dicha sentencia.

No se suscita cuestión alguna respecto al hecho de que se debían los cinco mil dólares. Lo que los apelantes sostienen es que las colaterales fueron vendidas sin notificarse a la tutora de Carmen Nadal de la venta de las mismas; que dicha tutora debía haber sido notificada de la ameritada venta.

Examinando los autos, hallamos que en 26 de agosto, 1931, el National City Bank notificó a Carmen del Moral, tutora de Carmen Nadalj que el banco estaba considerando vender las colaterales dadas en garantía de los préstamos de $12,000, que el banco estaba deseoso de dar a la tutora otra oportu-nidad de pagar dicho pagaré, y que si el mismo no era pa-gado dentro de quince días, el banco procedería a vender las colaterales. El pagaré en este caso dió al banco derecho a efectuar la venta sin hacer notificación alguna, pero sea ello como fuere, se dió aviso.

Además, ésta es una acción incoada contra Moral & Cía. El banco tenía una acción personal contra esa firma por el pago de la deuda. El hecho de que las colaterales fueran vendidas, con o sin notificación, no constituía defensa alguna y no se presentó ninguna contrademanda, aun suponiendo que Moral & Cía., a distinción de Carmen Nadal, tuviera tal contrademanda.

Debe desestimarse la apelación.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor "Wolf,

text:
    The National City Bank of New York, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. A. R. de Jesús, Juez, demandada.
    No. 946.
    Sometido: Febrero 12, 1934.

      Resuelto: Junio 30, 1934.

      E. F. Fiddler y Jorge L. Górdova, abogados del peticionario; L. Feliú, por la interventora, demandada en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Andrés Oliver y Lorenzo Oliver otorgaron un pagaré- a favor del National City Bank of New York por- la suma de $17,000, vencedero el 25 de mayo de 1931. La demanda en este caso alega qne para asegurar la deuda uno de los de-mandados entregó en prenda al demandante doscientas ac-ciones de la Porto Pico' Distilling Co. El pagaré no fué satisfecho a su vencimiento. Copia del mismo se acompañó a la demanda en este caso. El título de la acción es ‘ Cobro <de pagaré y ejecución de prenda.” En la demanda se su-plica que la corte dicte sentencia contra los demandados por .la suma de $17,000 e intereses y que se ordene al mársbal de la corte que proceda a vender en pública subasta las dos-cientas acciones de la Porto Pico Distilling Company.

Luego de radicar su demanda, el demandante obtuvo de la Corte de Distrito de San Juan un embargo contra los bienes de los demandados fuera de las acciones que tenía en su poder.

Los demandados radicaron una excepción previa a la de-manda, que creemos no fué resuelta. Posteriormente los de-mandados archivaron una moción para anular la orden que aseguró la efectividad de la sentencia y el embargo obtenido. La teoría de la moción fué que el demandante no tenía de-recho a embargar bienes de los demandados hasta haber dispuesto de las doscientas acciones de la Porto Pico Distilling Company que tenía en prenda. La Corte de Distrito de San Juan convino con los demandados.

El demandante apeló de la orden de la corte anulando el embargo. El efecto de esta apelación fué la cuestión principal suscitada durante la vista de este caso.

La corte posteriormente expidió una orden cancelando el embargo que había sido inscrito en el registro de la propiedad. El demandante acudió ante este tribunal en solicitud de un auto de certiorari y sostiene, al igual que lo hizo en la corte inferior, que la apelación interpuesta contra la orden cance-lando el embargo suspendió los efectos de dicha orden. El peticionario invoca el artículo 297 del Código de Enjuicia-miento Civil. Dicha corto y los querellados se fundan en la sección 14 de la Ley para Asegurar la Efectividad de Sen-tencias (Estatutos Revisados, sección 5246), que lee como sigue:

“Todas las pretensiones que se dedujeren por cualquiera de las partes en el curso del juicio con relación al aseguramiento de sen-tencia, se sustanciarán en pieza separada, dándose traslado a la parte contraria, con citación para una comparecencia ante cualquiera de los jueces, en la cual se propondrán y practicarán las pruebas que cada una de las partes propusiere y fueren pertinentes, resolviéndose acto seguido por el tribunal la cuestión propuesta, sin que en ningún caso tales cuestiones sean obstáculos para-la continuación del pleito principal. Entre la citación, y la comparecencia de estos juicios ver-bales no mediará un término mayor de cinco días, y no' se suspenderá la celebración de los mismos por ningún motivo. Toda resolución del tribunal será ejecutoria desde luego, pudiendo consignarse por la parte perjudicada la oportuna protesta, a los efectos del recurso que la ley de Procedimientos le conceda contra la sentencia definitiva.” (Bastardillas nuestras.)

El demandante sostiene, sin embargo, qne de conformidad con el artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil la apelación suspendió los efectos de la orden anulando el embargo y que entonces la corte no tenía autoridad para cancelar la anotación hecha en el registro mientras se hallaba pen-diente el recurso.

Examinando la ley de 1902 vemos que las únicas palabras que sostendrían la contención de los querellados son: “Toda resolución del tribunal será ejecutoria desde luego, etc.,” mas estas palabras significan que, al igual que cuando se trata de cualquiera otra providencia interlocutoria, la parte interesada puede oponerse y posteriormente suscitar cual-quier supuesto error al apelar de la sentencia. Estas pa-labras no significan que la apelación directa contra la pro-videncia autorizada ahora por el Código de Enjuiciamiento' Civil no suspendería los- efectos de tal orden. Un examen cuidadoso de la ley de 3.902 nos lleva al convencimiento de que nada hay en ella que sea inconsistente con las disposi-ciones del artículo 297 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Empero las partes también ban discutido la cuestión de si la corte debió haber anulado el embargo. Como la orden cancelando el embargo privaría al demandante de un gravamen sobre bienes previamente obtenido, la cuestión envuelta necesariamente es una de procedimiento, de no sextina de cuasi jurisdicción. En otras palabras, si las órdenes de la corte prevalecieran, el demandante estaría fuera de estrados con respecto al embargo que originalmente trató de obtener.

La corte y los querellados se fundan en el artículo 1773 del Código Civil, tal cual fué enmendado por la Ley No. 48 de 1930, Leyes de ese año, págs. 369, 389, que lee así:

“El acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su crédito, podrá proceder por ante notario a la enajenación de la prenda. Esta enajenación habrá de hacerse precisamente en su-basta pública y con citación del deudor y del dueño de la prenda, en su caso. Si en la primera subasta no hubiese sido enajenada la prenda, podrá celebrarse una segunda con iguales formalidades; y si tampoco diera resultado, podrá el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este caso estará obligado a dar carta de pago de la totalidad de su crédito.”

Ahora bien, aunque la demanda es corta, demuestra clara-mente que se trataba de una acción personal, distinta a una meramente m rem. Su objeto fué, en primer lugar, recobrar el importe del pagaré adeudado por los demandados, y, en segundo lugar, podría decirse, que el márshal vendiera las acciones dadas en prenda. La demanda describe específica-mente el pagaré y solicita que se dicte sentencia a favor del demandante por el importe del mismo.

La corte inferior en parte de su razonamiento llamó la atención al hecho de que el demandante debía proceder a vender las acciones pignoradas; que su conclusión era forta-lecida por el hecho de que si en la segunda venta del artículo pignorado el acreedor lo compraba, éste no tenía ninguna otra reclamación contra el deudor.

En el presente caso, sin embargo, el tenedor de la prenda optó por radicar una acción personal contra los demandados, y esto tenía derecho a hacerlo. No hallamos nada en el ar-tículo 1773 ni en ninguna otra parte del Código Civil que obligue al tenedor de una prenda, antes de radicar una acción personal, a vender primeramente el artículo pignorado. A] dejar el deudor de satisfacer el importe del pagaré a su ven-cimiento, surgió el derecho del demandante a proceder contra los demandados y sus bienes. A este respecto el caso es similar a los de Fernández v. Luyando y Luyando v. Diaz, resueltos en 11 de mayo de 1934 (ante págs. 687 y 691) siendo la única diferencia existente que en dichos casos la propiedad en disputa era inmueble y la aquí envuelta es mueble. El artículo 1758 del Código Civil, y quizá algunos de los artículos siguientes, demuestran que la hipoteca y la prenda son ga-rantías accesorias para el cumplimiento de un contrato principal.

La jurisprudencia general en los Estados Unidos sostiene estas conclusiones, es decir, que una persona que tiene una obligación principal garantizada con prenda o colateral, no está obligada a proceder primeramente contra la prenda o colateral, sino que puede iniciar acción personal contra su deudor. Lewis, trustee, v. United States, 92 U. S. 618, 622; Germania Saving Bank v. George Denser, 40 La. Ann. 796, en el que se cita el caso anterior; Merrill v. National Bank of Jacksonville, 173 U. S. 140; nota en el caso de Robinson v. Hurley, 79 Am. Dec. 500; 49 C. J. 987 et seq.; véase también el caso de Baldrich v. Rivera, 32 D.P.R. 850.

Tenemos alguna idea de que la jurisprudencia demuestra que los demandantes en ejecución de su pleito están obligados primeramente a vender los artículos pignorados o a devolverlos antes de poder vender cualquiera otra propiedad del deudor, mas no es necesario que resolvamos en definitiva este punto, especialmente en vista de que en este caso específico el demandante mismo solicita la venta del artículo pignorado.

Por ende, nos sentimos obligados a resolver que la corte cometió error de procedimiento, no sólo al cancelar, despnés de haberse apelado, la anotación en el registro de la propiedad, sino también al anular los embargos obténidos para asegurar la efectividad de la sentencia.

Las resoluciones de octubre 31, 1933, y diciembre 26,1933, deben ser anuladas y devolverse el caso a la Corte de Distrito de 8am, Juan para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Aldrey está conforme con el re-sultado.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Juan R. y Luis Zalduondo Veve, et als., peticionarios y apelados; Ex parte; Puerto Rico Fertilizer Co., interventora y apelante.
    No. 6711.
    Sometido: Junio 25, 1934.

      Resuelto: Junio 30, 1934.

      J. Guzmán Benitez, abogado de la apelante; A. Ortiz Toro, F. Gon-zález, Jr. y E. Campos del Toro, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una moción para desestimar una apelación por haberse dejado de notificar a todas las supuestas partes necesarias. Una moción similar fue presentada en este caso y denegada por resolución fechada junio 5, 1934. Los ape-lados, pretendiendo estar armados de una certificación más adecuada expedídales por el secretario de la corte de distrito, solicitan nuevamente la desestimación. La teoría de la moción es que tan sólo el contador partidor y algunos de los herederos en el procedimiento de testamentaría fueron noti-ficados de la apelación, mientras que otros herederos, el National City Bank, nn acreedor, y el fiscal no fueron notifi-cados. No estamos convencidos de que el National City Bank o el fiscal fueran partes necesarias. El escrito de ape-lación estaba dirigido a E. Campos del Toro, quien se admite era el abogado de algunos de los herederos. La certificación expedida por el secretario de la corte de distrito demuestra que se presentó una- petición por varios herederos, suscrita por tres abogados, a saber, Francisco González, Jr., E. Campos del Toro y Baúl Benedicto, “abogados de los peti-cionarios.” Como en dicho pleito los letrados se unieron para representar a todos los herederos, parecería que la noti-ficación hecha a cualquiera de ellos era suficiente. Además, E. Campos del Toro era el abogado del contador partidor designado en el caso y tenemos la idea de que el contador partidor representaba temporalmente los derechos de todos los demás herederos. También tenemos alguna duda respecto a si el certificado ahora presentado es suficiente. No tenemos un convencimiento muy firme sobre las cuestiones discutidas en esta opinión, pero bajo las circunstancias creemos que ia moción debe ser denegada, sin perjuicio del derecho de los apelados a renovarla cuando el caso sea visto.

Debe declararse sm lugar la moción.


text:
    Cecilio Méndez, demandante y apelante, v. Diego G. González y Marcelino Aldarondo, demandados y apelados.
    No. 5937.
    Sometido: Abril 5, 1934.

      Resuelto: Junio 30, 1934.

      B. Padró Pares, abogado del apelante; Gareía Méndez <& García Mén-dez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Diego G. González inició nn pleito contra Marcelino Al-darondo en la Corte de Distrito de Aguadilla y para asegurar la efectividad de la sentencia embargó ciertos bienes inmue-bles. Entonces Cecilio Méndez presentó una tercería recla-mando la propiedad como suya. Diego G. González contestó la demanda de tercería. El procedimiento de tercería fue a juicio y la Corte de Distrito de Aguadilla resolvió el caso contra el tercerista. La teoría de la opinión fue que las enajenaciones bajo las cuales Cecilio Méndez el tercerista alegaba tener título fueron hechas en fraude de acreedores de conformidad con el artículo 1264 (1249 Ed. 1930) del Có-digo Civil toda vez que no había habido cansa para el tras-paso hecho por Aldarondo en favor de Méndez.

Durante el juicio el demandante presentó las escrituras de enajenación otorgadas por Aldarondo a Méndez y dejó de ofrecer más prueba. El demandado entonces ofreció abundante prueba tendente a demostrar que no pasó causa alguna de Méndez a Aldarondo.

Uno de los señalamientos fué que la corte cometió error al negarse a eliminar las siguientes preguntas hechas a Diego Gr. G-onzález mientras ocupaba la silla testifical: “P. ¿De quién han seguido siendo esas fincas ante el concepto público después de hecho el traspaso? ¿De quién han continuado siendo ante el concepto público esas fincas después de hecho el traspaso?”

No se presentaron objeciones específicas a estas pre-guntas. Ellas fueron generales. La regla de derecho es que a toda persona debe dársele la oportunidad de corregirse. Burton v. Briggs, 20 Wall 125; Falero et al. v. Falero, 15 D.P.R. 118; 3 C. J. 746. Ahora bien, existen excepciones a a la regla cuando el vicio de la pregunta es aparente.

Tenemos la idea de que el apelante está en lo cierto al sostener que el concepto público nada tiene que ver con la cuestión de fraude o título. De ordinario estamos obligados a resolver que la objeción a las preguntas era obvia. No es imposible que pudiera hollarse alguna teoría conforme a la cual las preguntas estarían justificadas debido a la reputación en la comunidad, mas de momento no sabemos de ninguna. Por otra parte el examen del testigo practicado más tarde demostró que éste se refería a hechos que le constaban y no que él se fundaba solamente en el concepto público. Sea ello como fuere, la prueba en el caso relativa a la falta de causa era tan fuerte que el error, de haberse cometido, no fué perjudicial.

Otro señalamiento de error fué que el demandado en tercería no tenía derecho a ofrecer prueba tendente a demostrar admisiones hechas por Aldarondo. El apelante sos-tiene que las admisiones de Aldarondo no eran admisiones de Méndez. Hasta que se nos convenza plenamente de lo contrario sostendremos el firme criterio de que cuando se otorga una escritura de compraventa las admisiones del com-prador o del vendedor relativas a la causa (consideration) de la escritura son admisibles como prueba.

Otro señalamiento se refiere a la actuación de la corte al negarse a permitir ciertas manifestaciones por no ser propiamente materia de refutación. Creemos que la corte no cometió error alguno y, de haberlo, no fué perjudicial, toda vez que el caso no pudo haber variado mucho con la prueba excluida.

Creemos que la siguiente prueba era suficiente para sostener la sentencia: El demandado Diego G. González ofreció testimonio tendente a demostrar que después de la enajenación Cecilio Méndez procedió a otorgar una hipoteca o algo más para pagar una deuda que Aldarondo tenía con otro acreedor. Diego G. González ocupó la silla de los testigos y ofreció prueba tendente a demostrar que Aldarondo continuó en posesión de parte de la finca objeto de la escritura. El demandante ofreció prueba de refutación. Ésta tendió a demostrar que dichos acreedores tenían conocimiento de que González actuaba como una especie de agente de Aldarondo. Esto, en adición a las admisiones de Aldarondo mismo, a que nos hemos referido. Igualmente es muy significativo en el caso el hecho de que aunque Cecilio Méndez se hallaba’ presente durante el juicio no ocupara la silla testifical y Aldarondo nunca fué llamado como testigo. Esta es la supresión de prueba a que el inciso 5 del artículo 102 de la Ley de Evidencia se refiere.

Creemos que la corte no fué movida por pasión o pre-juicio. Esto resuelve los supuestos errores a que se hace referencia como que son contrarios a la sentencia.

Otros errores se refieren a la interpretación que la corte dió a cierta jurisprudencia anterior de este tribunal, mas bajo los hechos de este caso tal como han sido expuestos por nosotros, se presentó suficientemente un caso de enajenación fraudulenta.

El demandante trata de presentar ante esta corte una excepción previa a la contestación de Diego Gr. González. El apelado muy propiamente sostiene que ésta no es una cuestión privilegiada como una excepción a la demanda. El artículo 109 del Código de Enjuiciamiento Civil no es aplicable a un caso de esta índole. Nos inclinamos a convenir con el apelado en que la contestación suficientemente imputaba el fraude. Igualmente, considerando los becbos presentados durante el juicio, de ser necesario, la contestación podría considerarse como enmendada.

No bemos dado mayor consideración a algunos de los errores señalados debido a la forma poco adecuada en que fué presentado el alegato del apelante. El apelado nos llama la atención en forma elaborada a que el apelante dejó de cumplir con el reglamento de esta corte y en gran parte tiene razón. Deseamos particularmente llamar la atención una vez más bacia el hecbo de que una relación del caso es de suma importancia para esta corte y que' un apelante no cumple con el reglamento exponiendo la evidencia ofrecida testigo tras testigo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    Cecilio Méndez, demnadante y apelante, v. Diego G. González y Marcelino Aldarondo, demandados y apelados.
    No. 5936.
    Sometido: Abril 5, 1934.

      Resuelto: Junio 30, 1934.

      B. Padró Pares, abogado del apelante; García Méndez & García Mén-dez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse contra Marcelino Aldarondo, Diego G. González em-bargó bienes muebles e inmuebles. Cecilio Méndez compa-reció en este pleito alegando que los bienes muebles embar-gados eran suyos y el presente recurso es la apelación inter-puesta contra la sentencia dictada por la corte de distrito declarando sin lugar la demanda del tercerista.

La corte halló por la prueba presentada que todos los efectos embargados se hallaban en poder de Marcelino Aldarondo y le pertenecían al tiempo de trabarse el embargo y que la tienda era también propiedad de Marcelino Aldarondo. Durante el juicio, Méndez ofreció bastante prueba para demostrar que tenía la patente de este establecimiento específico, mas hubo otra prueba, que la corte creyó, tendiente a demostrar que Aldarondo tenía la patente de la tienda donde los bienes fueron embargados. Cecilio Méndez tenía una tienda cerca de allí.

No tenemos dudas de que los bienes pertenecían a Alda rondo. Esta conclusión es fortalecida por el hecho de que Aldarondo nunca ocupó la silla testifical. Ni la corte ni los apelados hacen comentario alguno.sobre este hecho, pero su omisión de ocupar la silla de los testigos fué muy significativa. Él, quizá, pudo explicar mucho y las disposiciones del inciso quinto del artículo 102 de la Ley de Evidencia son de apli-cación.

El apelante se queja de que la corte inferior dejó de eliminar de las contestaciones de González algunas materias de defensa especial. Estamos inclinados a convenir con los apelados en que aquella parte de las contestaciones que fué objetada era germana al caso, aunque es posible que contuviera algunas materias innecesarias de prueba. El error no fué perjudicial.

El apelante también se queja del proceder de la corte al hacer una inspección ocular del sitio, sin la presencia del apelante. La corte meramente fué allí para averiguar dónde estaba la tienda y convenimos con los apelados en que el error, de haberse cometido, no fué perjudicial.

El señalamiento bajo la letra “C” se refiere a una supuesta pasión o prejuicio por parte de la corte al referirse a la prueba del otro caso — Méndez v. González, ante, pág. 135. No hallamos que el apelante hiciera ■ esfuerzo alguno en la corte inferior para solicitar de la corte que no se fundara en los hechos del otro caso. Empero, los dos casos debieron haberse visto conjuntamente. No hallamos que la corte se basara en los hechos del otro caso, pero aun si lo hubiere hecho así o si ella hubiese sido afectada por la credibilidad de los testigos con motivo del juicio en el otro caso, ésta es la condición ineludible de la. mente cuando una corte ve ambos casos el mismo día. Sea ello como fuere, la prueba de la enajenación fraudulenta era suficiente y la acción de la corte no fué perjudicial.

El señalamiento “D”, que el apelante trata en unión del señalamiento “C” deja de demostrar pasión o prejuicio de parte de la corte. Ésta hizo ciertas preguntas, cuyas respuestas tenderían a sostener eí caso de González, y no hallamos que hubiera prejuicio o error. ,

Un examen de toda la prueba nos convence de que las conclusiones de la corte y la sentencia apelada deben ser con-firmadas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Natalio Pellot, acusado y apelante.
    No. 5511.
    Sometido: Junio 14, 1934.

      Resuelto: Julio 3, 1934.

      José Ver ay, Jr.; abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Cierto día Esteban Soto y Natalio Pellot sostuvieron una riña. Durante la nocbe del mismo día mientras Soto se bailaba sentado en su casa oyó que le llamaban y salió a la carretera armado de un mocbo. Soto tuvo que pasar por debajo de una cerca de alambre. Al otro lado estaban Natalio Pellot y su hermano. Entonces, según el resumen de la prueba hecho por la corte inferior, mientras Soto pasaba por debajo de la cerca, Pellot le agredió con una tranca y le tumbó el mocho de la mano. El arma, según la corte, fue recogida por su hermano y Pellot continuó agrediendo a Soto después de estar inerme. Las heridas producidas' fueron de carácter grave. La corte inferior resolvió en efecto que al atacar a un hombre desarmado, como lo estaba Soto, el acu-sado no actuó, según sostenía, en defensa propia. La versión del acusado era distinta.

La prueba tiende a sostener las conclusiones de la corte inferior.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Victoriano Soler González, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 926.
    Sometido: Junio 15, 1934.

      Resuelto: Julio 3, 1934.

      L. López de Victoria, abogado del recurrente; ■ el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Ante el Registrador de San Germán se presentó una es-critura de hipoteca. Éste la inscribió con el defecto subsa-nable “de que el notario no da fe del conocimiento personal de los comparecientes de esta escritura sino que sólo hace constar de una manera indefinida que conoce a los otor-gantes. ’ ’ En la primera parte de la escritura el notario dice “doy fe de conocer a los comparecientes y por sus dichos la doy de sus mayoridades, estados, profesiones, y vecindades.” No dice que conoce a las partes personalmente, mas ésa es una inferencia lógica. Al final de la escritura el notario da fe de todo su contenido. Esto cumple suficientemente con la Ley Notarial. Felici & Co. v. El Registrador, 11 D.P.R. 594. En el recurso de Jiménez v. Registrador, 24 D.P.R. 717 citado por el registrador no existía certificado relativo a las circunstancias personales de los comparecientes.

Debe revocarse la nota recurrida y efectuarse la inscrip-ción sin el defecto subsanable.