author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    María R. Delgado de Ramírez Cuerda, demandante y apelante, v. Enrique Marchese Lajara, demandado y apelado.
    No. 5487.

    Sometido: Junio 9, 1931.

      Resuelto: Diciembre 20, 1932.

      Ildefonso Freyre, abogado de la apelante; José D. Rodríguez, abo-gado del apelado.

         Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

María R. Delgado' de Ramírez Cuerda inició este pleito por demanda archivada el Io de julio de 1927 en la Corte de Distrito de Mayagüez. En ella alegó que era dueña por herencia de una casa situada en Lares que describe y que desde el año de 1914 el demandado Enrique Márchese la ocupa sin derecho, ni título alguno, de mala fe, ilegalmente y contra la voluntad de la demandante.

El demandado excepcionó la demanda y solicitó el tras-lado del pleito a la corte de distrito del distrito en que estaba radicado el inmueble que se trataba de reivindicar: Agua-dilla. El traslado fue decretado y la Corte de Distrito de Aguadilla declaró sin lugar la excepción del demandado. Contestó entonces éste negando generalmente los hechos de la demanda que no está jurada y alegando como materia nueva constitutiva de oposición que el demandado es dueño de la casa y solar que describe situados en Lares; que hubo el solar por compra al municipio y la casa la construyó de su peculio; que una casa en estado ruinoso que existió años antes en el solar, tiene el demandado entendido que fuá ven-dida por la demandante; que vendió el inmueble a Pablo Calcerada y lo readquirió después.

No hay duda de que ambas alegaciones se refieren a la misma propiedad. Se advierten, sin embargo, diferencias en la descripción. Por ejemplo, en la demanda se describe el solar como de 11 metros de frente por 36 de fondo, y en la contestación como de 12.50 metros de frente por 15 de fondo. A la casa se le da en la demanda un frente de 10.50 metros y un fondo de 19 metros, y en la contestación se la describe como de 11.50 metros de frente y 14 metros de fondo. Tanto en la demanda como en la contestación se dice que la casa es de altos y bajos especificándose en la demanda qne los bajos son de manipostería, maderas y zinc y los altos de madera estando techada antes de tejas de barro y abora de zinc. En la contestación no se expresa el material de qne está cons-truida la casa, indicándose sólo que el techo es de zinc.

Trabada así la contienda, fué el pleito a juicio.

La prueba de la parte demandante consistió en su propia declaración, en las declaraciones de José D. Irizarri, Francisco Marcano, Monserrate Delgado, Pedro Aramburu, Ra-món Alicea, J. B. Soto y Arcadio Ramírez Cuerda, y en copia del testamento de doña Agustina González, en el cual actuó como uno de los testigos el demandado.

Demuestra el testamento que doña Agustina legó a su nieta la demandante la nuda propiedad de la casa que se describe en la demanda y tienden a demostrar las declaraciones de los testigos qne muerta la abuela en 1912 pasó la nieta a actuar como dueña en pleno dominio de la cosa.

La nieta declaró a este respecto qne tomó en efecto pose-sión de la casa, que doña Cándida Salcedo vivía en los altos y en los bajos había una imprenta y una barbería y que todos le pagaban los alquileres a ella; que estuvo en pose-sión hasta mayo de 1914; que después de 1914 el • qne ha tenido la posesión es Márchese, el demandado; que no le vendió a Márchese ni ha cedido sus derechos a persona al-guna. Declaró también la demandante que personalmente y por su esposo ha requerido varias veces a Márchese para que le restituya la posesión y él se ha negado. No explica cómo fué que Márchese entró en posesión.

Tiende también a demostrar la prueba testifical de la de-mandante que la casa descrita en la demanda valdría en 1914 como un par de mil dólares y es la misma que se describe en la contestación habiendo sido objeto de algunas varia-ciones y reparaciones pero no de una reconstrucción.

Varias veces en el curso de la prueba testifical surgió la cuestión de la edad de la demandante, pero no se puso énfasis decisivo en ella. Al nombrarse en el testamento a la nieta no se consignó sn edad.

Así las cosas, comenzó a practicar sn prneba el deman-dado, consistente en sn propia declaración y en las de los testigos José ’León Jr., Baltazar Márquez, Bernardo Suau, y la demandante, y en varias copias de escrituras públicas que mencionaremos al referirnos directamente a ellas. ¿ Qué demostró?

La documental lo que sigue:

Que el Io de octubre de 1913 y ante el notario Paz Urdaz se verificaron las operaciones divisorias del caudal relicto por doña Agustina González. Entre los otorgantes figura la demandante que se describe así: “Doña María Bamona Delgado Santiago, de veinte y un años cumplidos de edad, sol-tera, sin profesión, vecina de Lares”, y en ellas se le adju-dicó la nuda propiedad del inmueble urbano (la casa en cuestión) valorado en $1,200. El notario asegura que leyó la escritura a los otorgantes quienes mostraron su confor-midad y la ratificaron y firmaron;

Que el 18 de abril de 1914 comparecieron ante el notario Acevedo don Delfín Delgado y la demandante que se men-ciona como “doña María Bamona Delgado Santiago, de veintiún1 años de edad, dedicada a las faenas domésticas, ve-cina de Lares, casada con don Angel Bivera”. El notario aseguró que conocía a los otorgantes teniendo a su juicio la capacidad legal necesaria para otorgar el documento por virtud del cual Delfín Delgado renunció a favor de su bija la otra compareciente el derecho de usufructo que sobre la casa en cuestión se le otorgara en las operaciones divisorias de la herencia de su madre doña Agustina. La demandante aceptó y dió las gracias a su padre por su liberalidad. El notario asegura que leyó la escritura a los otorgantes y tes-tigos, firmando todos;

Que el 16 de mayo de 1914 comparecieron ante el notario Bodríguez la demandante que se identifica como “de una parte la vendedora doña María Bamona Delgado Santiago de veinte y nn años, sin profesión, casada con don Angel Bivera” y de la otra como comprador Enrique Márchese Lajara, el demandado. También compareció el esposo de la demandante. Por la escritura aparece vendiendo la de-mandante al demandado la casa descrita en la demanda por el precio de $1,600, que la demandante “confiesa haber re-cibido a su satisfacción con anterioridad a este acto por lo que otorga al señor Márchese cumplida y eficaz carta de pago ’ \ En la escritura hizo constar el esposo de la deman-dante lo que sigue: “Aunque don Angel Bivera no necesita dar su consentimiento a su esposa para esta venta, desea hacer constar que ha sido efectuada con su beneplácito. ’ ’ Al final del documento aparece que el notario lo leyó a los otor-gantes y testigos, ratificándolo los primeros y firmándolo todos.

Otras copias de escrituras públicas demuestran que el de-mandado adquirió del municipio de Lares la propiedad del solar en que se levanta la casa que antes tenía en usufructo; que el 14 de febrero de 1918 vendió el inmueble a Pablo Calcerada por $3,100, y que el 27 de febrero de 1924 lo re-adquirió de Calcerada por $2,900.

La prueba testifical versó sobre el hecho de la compra de la casa y sobre su reparación, transformación o recons-trucción.

El testigo Márquez aseguró que allá por el 1914 la de-mandante tenía una casa que estaba deshabitada, clausurada por la Sanidad, que le ofrecieron en venta y no quiso com-prar, adquiriéndola entonces el demandado que entregó a la demandante su precio de $1,600. Y el testigo Suau afirmó que la demandante vendió al demandado la casa, recibiendo ella misma el precio. Ambos testigos' lo fueron también del contrato hecho constar en la escritura de 16 de mayo de 1914.

Declarando el demandado dijo, en parte, textualmente:

“. . . porque resulta que la casa que yo le compré a ella se des-truyó; aquella casa fué destruida; los estantes se removieron; los Costados de la casa eran de barro, piedras y pedazos de ladrillos y estaban todos agujereados; esas paredes estaban en ruinas cuando yo compré 3a casa, que me la ofreció en venta el esposo de doña María Delgado y yo no quise comprarla y después me la ofreció ella y al-guien me dijo que era un buen negocio y yo le compré la casa, que estaba clausurada por la Sanidad por no habitable; entonces yo hice un contrato de reparación y pedí que me hicieran un plano, que me lo Irizo Francisco Levy González, que se lo había hecho a ella. . . . Cuando se destruyó esa casa hub'o que quitar los estantes, hubo que removerlos, porque la casa tenía dos martillos y todo se removió y se hizo una casa cuadrada y entonces yo le pedí al Ayuntamiento que me concediera el solar. ... Yo le pedí al Ayuntamiento que me diera la concesión del usufructo del solar y la declaración de propie-dad donde lrice la casa nueva; ésa no es una casa arreglada.”

La demandante declaró llamada como testigo del deman-dado haberse casado en febrero 1914 con Angel Rivera que falleció habiendo contraído segundas nupcias con Ramírez Cuerda.

El testigo León Jr. fue el maestro de obras que trabajó en la casa. En parte, aseguró lo que sigue:

“Las reformas que se hicieron fueron que se le tumbaron los mu-ros, se agrandó la casa hacia el lado del Municipio y se trajo a la línea; se le puso cerca de zinc; se le puso más luz en el piso de abajo porque era demasiado bajito; aquél no tenía más de ocho y medio pies y Ja Sanidad pide diez pies como mínimo para p'oderse habitar una casa y se le puso el piso de concreto donde antes era de maderas y se le quitó de largo hacia el fondo y se dejó de catorce metros, y en vez de tener el martillo que tenía se hizo toda en un cuerpo rectangular de once y medio metros de frente por catorce de fondo y está techada de zinc, de cuatro aguas. . . . En la reforma se gastaron como tres mil y'pico de pesos; la casa se hizo comple-tamente nueva; la casa no tenía luz y hubo que hacerla con luz sufi-ciente porque la Sanidad la clausuró; en los bajos era muy bajita de luz; la casa aun todavía no tiene diez pies de luz; esa casa con ese frente debe tener más luz; la casa era sumamente bajita y era de tejamaní y tejas de barro.”

Cuando el demandado introdujo como prueba el contrato de compra a la demandante ésta se opuso “toda vez que constituía para dicha parte una sorpresa” dada la forma en que estaba redactada la contestación. La corte resolvió el incidente así:

“De la Contestación a la demanda aparece qne se niegan todos y cada uno de los hechos de la demanda, haciendo una negación general y estableciendo materia nueva de oposición a la demanda, alegán-dose otras cuestiones atinentes a lo mismo. La Corte resuelve que mediante esa negativa general cabe la aceptación de esta prueba, pero como quiera que según ya ha indicado la Corte no puede quedar la parte sorprendida, ésta siempre tiene derecho a presentar prueba en contrario o prueba sobre la nulidad de este título; surgida la cues-tión la parte tiene el campo abierto para traer su prueba sobre la nulidad del título, y después de presentada ésta podría también si lo creyere conveniente s'olicitar una enmienda para que la demanda se conforme a la prueba. La Corte admite este documento, como ad-mitirá prueba contra este documento respecto de la capacidad o nu-lidad del mismo.”

El juicio terminó con la declaración de la demandante ofrecida en “rebuttal” y la presentación de una certificación del Registro Civil de Lares. El demandado se opuso a la admisión del certificado porque el nacimiento se inscribió en 1920; porque la cuestión de la edad de la demandante no se suscitó en su demanda; porque aunque se hubiera suscitado no existiría causa de acción de acuerdo con lo resuelto en el caso de la Sucesión Rivera v. Hernández, 31 D.P.R. 813, y porque la venta la verificó la demandante asistida de su es-poso. La corte decidió el incidente como sigue:

“La Corte va a admitir, para darle el valor probatorio que pueda tener, esta certificación tal como aparece, después de estudiar si real-mente es un self serving• evidence y todas las cuestiones relativas al caso.”

La inscripción se hizo en 1920. En lo que estimamos per-tinente, copiada a la letra dice:

“Número 418. — María Delgado y Santiago. — El Encargado del Registro Civil que suscribe hace constar: Que esta inscripción se hace en virtud de Resolución de la Corte de Distrito de Aguadilla, F. R. con fecha nueve de abril de 1920 y que tengo a la vista de lo que certifico. — Dr. Agustín Diez.' — En el centro'. — Acta de' Nacimiento.— En Lares, P. R., el trece de abril de mil novecientos veinte, siendo las once de la mañana, en virtud de la declaración a mí presentada por Celestina Santiago, mayor de edad, de estado viuda, de profesióir su sexo, natural de Camuy, P. R., avecindada en el barrio de Buenos Aires, término municipal de Lares, P. R., yo, Agustín Diez Gutiérrez, Encargado del Registro Civil, procedo a extender esta acta de naci-miento haciendo constar: — 1.—Que a las siete de la mañana del día once de abril de mil ochocientos noventa y siete y en su casa habita-ción del barrio Buenos Aires de Lares, P. R., nació una niña de raza blanca, a la que se le puso por nombre María.”

La demandante declaró qne a la fecha de la escritura de venta tenía 17 años de edad y contestando a la pregunta de si sabía por qué aparecía su nacimiento inscrito en 1920, dijo: “Porque antes se acostumbraba 'bautizarnos y solamente apuntarlo en la Iglesia y al morir papá al hacer testamento entonces el abogado al ir a repartir los bienes nos inscribió; fué cuando murió mi papá al hacer testamento, pero ya está-bamos en el registro de la Iglesia.”

La demandante solicitó permiso para enmendar su de-manda a fin de conformarla a la prueba alegando “la nulidad del título de Márchese si él tuvo algún título”. Se opuso el demandado. El juez razonó largamente su resolución y ter-minó diciendo:

“Esta prueba que admitió la Corte como consecuencia de la escri-tura de compraventa fué 'objetada y excepeionada por el demandado, haciendo oposición a que se admitiera la prueba de la minoría de edad de la demandante de un modo expreso' y terminante; y la Corte cree que siendo esta enmienda relativa a una prueba fundamental que determina una causa nueva de acción, cual es la de nuli-dad de compraventa y que esa prueba con esos efectos fundamentales fué objetada por la parte Contraria, repite la Corte que en este caso aceptar la enmienda sería ir más allá del buen ejercicio de la discre-ción judicial y caer en el campo del abuso de dicha discreción y, por tanto, deniega la pretensión del demandante para que se en-miende su demanda en el sentido de conformarla a la prueba-de re-ferencia, declarando sin lugar esta petición de enmienda ...”

Insistió la demandante en sns pretensiones y el juez dijo:

“Entonces la Corte se reserva su resolución en el cas'o, y concede a las partes diez días para la presentación de alegatos simultáneos.”

La sentencia de la corte se dictó el 22 de abril de 1930 absolviendo de la demanda al demandado con costas a la demandante. Ésta apeló y en su alegato señala nueve errores cometidos a sn juicio por la corte: 1, al no dar valor probatorio a la partida de nacimiento; 2, al negar la én-mienda a la demanda; 3, al resolver que la enmienda variaba la causa de acción; 4, al resolver que no podía presentar prueba de la inexistencia del título del demandado; 5, al fallar que las reparaciones constituían una reconstrucción; 6, al resolver que la demandante pudo vender a los diez y siete años de edad; 7, al permitir al demandado presentar prueba sobre la supuesta compraventa y negarse luego a considerar la aportada por la demandante sobre su nulidad; 8, al dictar sentencia en favor de la demandada basándose en la prueba practicada, y 9, al no ordenar la reivindicación..

A nuestro juicio la demandante no planteó el debate-francamente. Tampoco lo aceptó con franqueza el deman-dado. Esto confundió a la corte de distrito en varias oca-siones, pero como la sentencia que dictara resuelve el pleito' en definitiva, y los autos contienen los elementos necesarios', para considerar y decidir todas las cuestiones envueltas en el litigio, iremos al fondo y lo resolveremos de acuerdo con los hechos y la ley tal y como encontremos comprobados los unos y aplicable la otra.

Como antes expusimos la demandante alegó que era dueña de la casa en cuestión y que el demandado la ocupaba desde 1914 sin derecho alguno. La demanda no está jurada y el demandado negó sus hechos generalmente y entre otras ale-gaciones hizo la de que tenía entendido que una casa en ruinas que existía en el solar había sido vendida por la de-mandante.' ¿ Cuánto más claro no hubiera sido referirse desde un principio a la escritura de venta de 16 de mayo de 1914,.sosteniendo la demandante la inexistencia del contrato que en ella se hace constar por ser menor de edad la vende-dora, e invocándola el demandado como la base de que parte sn derecho?

. .Sin embargo, la cuestión a nuestro juicio no tiene im-portancia, porque tales como están redactadas las alegaciones permiten al demandado la presentación como prueba de la indicada escritura y a la demandante la demostración de que era menor de edad al otorgarla sin necesidad de enmendar su demanda para conformarla a la prueba. Si el contrato es inexistente, bien pudo alegar la demandante que no vendió, y si tuvo el contrato realidad de becbo y ba llegado a tenerla de derecho a virtud de las circunstancias concurrentes, bien puede descansar en ella el demandado.

Despejada así la situación, examinaremos los hechos y circunstancias concurrentes tales como surgen de las alega-ciones y las pruebas.

Comenzaremos por la edad de la demandante. Ella de-clara que tenía diez y siete años en 1914. La copia de la inscripción de su nacimiento indica que éste ocurrió el once de abril de 1897. Una simple operación aritmética demuestra que en efecto de acuerdo con el registro civil la demandante probó que tenía 17 años de edad cuando se otorgó la escri-tura de venta de 1914. '

No hay duda alguna que llama la atención el hecho de que la inscripción se hizo no como ordena la ley dentro de un corto período después de ocurrido el nacimiento, sino después de transcurridos veinte y tres años del mismo. Tampoco la hay de que hubiera sido más persuasivo que se hubiera presentado copia de la resolución judicial por virtud de la cual se ordenó la inscripción para conocer su naturaleza y fundamentos, y de la partida de bautismo en que según la demandante se basó su abogado para arreglar la inscrip-ción cuando la testamentaría de su padre, pero dejando todo ello a un lado hay que reconocer que la inscripción quedó en pie y que para toda ulterior consideración en el litigio hay que partir de la base de que la demandante tenía diez y siete años de edad en 1914.

Tenía en 1914 diez y siete años según la verdad legal dentro de este pleito, pero la prueba demuestra también que en 1913 compareció ante el Notario Público Paz Urdaz y dijo que tenía veinte y un años de edad cumplidos y después de leérsele ratificó y firmó el documento en que así lo bizo constar el notario autorizante; que en 1914, ya casada, volvió a comparecer acompañada de su padre ante otro no-tario público, Acevedo, y a afirmar que tenía veinte y un años de edad, aceptando la donación del usufructo de la casa en litigio que su padre le hiciera dándole las gracias por su liberalidad y firmando, después de leérsele el documento en que así se hizo constar, y que días después, en mayo de 1914, acompañada de su esposo compareció ante un tercer notario, Rodríguez, y reiteró su dicho de tener veinte y un años de edad, vendiendo al demandado la casa que ahora reclama por la suma de mil seiscientos dólares que confesó recibidos a su satisfacción, ratificando y firmando el documento después de leérselo el notario.

Por su propia voluntad esta demandante representó tener veinte y un años en tres documentos públicos otorgados den-tro del período de un año — 10 octubre 1913 a 16 mayo 1914— ante tres notarios distintos, en el primero acompañada de todos sus familiares, en el segundo de su padre y en el ter-cero de su esposo, sin que nadie llamara la atención sobre lo falso de su representación. Su apariencia, pues, tuvo que ser la de una persona mayor de edad, a menos que se con-cluyera que todos estaban confabulados para ocultar la verdad.

Y dicen más los autos con respecto a la personalidad de la demandante. Ella misma declaró que desde 1912 se pose-sionó de la casa entendiéndose con los inquilinos que le pagaban a ella las rentas y los testigos Márquez y Suau declararon en el juicio que a ella misma fué que pagó el comprador demandado los mil seiscientos dólares precio de la venta. Pué su marido y ella misma después la que pro-puso el negocio al demandado.

Pocas veces se liabrá podido presentar ante los tribu-nales un caso más fuerte de representación por parte de un menor de su mayoridad para contratar con otra persona que en él confía y con él contrata como si fuera un mayor. No bay la más leve prueba de que el comprador supiera que estaba contratando con un menor de edad. Para enterarse del título del vendedor debió naturalmente el comprador examinar las escrituras de partición y donación de 1913 y 1914 y en ellas lo único que pudo advertir fué que su ven-dedora era mayor de edad. Como cosa natural debió aceptar su dicho en la escritura de venta, tanto más cuanto que com-pareció acompañada de su esposo y éste mostró expresamente su conformidad con la transacción realizada.

La circunstancia de que el demandado fuera testigo en 1912 del testamento de la abuela, nada implica. Ya dijimos que en dicho documento se nombró a la nieta sin expresar su edad.

El precio pagado era razonable. Por cuatrocientos dó-lares menos se valoró el inmueble en la escritura de parti-ción y la propia prueba testifical de la demandante tiende a demostrar que valía un par de mil pesos, o sea cuatrocientos más.

El contrato tuvo efecto en la práctica. El comprador entró inmediatamente en el pleno disfrute de la casa adqui-rida e invirtió en ella más dinero del que pagó por ella originalmente. Puede ser que no la reconstruyera entera-mente, pero que la reparó y transformó en gran manera, es claro. Compró además el solar en que está sita y dispuso como dueño del inmueble vendiéndolo a otra persona, re-adquiriéndolo otra vez por una segunda compra.

Y es cuando todo eso ha sucedido, cuando el padre que donó el usufructo y el esposo que expresamente consintió en la venta han muerto, cuando otro esposo ocupa su lugar y cuando han transcurrido nueve años de haber arribado la demandante a la mayor edad, según su propia prueba, que inicia este pleito pidiendo a la corte que la declare dueña exclusiva de la casa y ordene al demandado que la deje a su libre disposición y que pague las costas, gastos y honorarios de abogado del litigio.

% Cuál es la ley reguladora de una situación semejante? En dos ocasiones la ba expuesto esta corte. La primera en el caso de García et al. v. Garzot, 18 D.P.R. 866, la segunda en el de Sucesión Rivera v. Hernández, 31 D.P.R. 813.

En García v. Garzot se expresó esta corte como sigue:

“A la fecha del otorgamiento de las escrituras, Paxot tenía, se-gún la documentación que él mismo presentara al efecto, cumplidos 23 años, y, según la documentación presentada por sus herederos en este pleito, cumplidos 22 años, o sea un año más de lo que la ley re-quiere actualmente para la mayoría de edad. Paxot era en aquel entonces además un hombre casado, con hijos, con derecho a admi-nistrar sus bienes, y murió cerca de cuatro años después de otorga-das las escrituras, sin que nada reclamara en contra del demandado. Esta reclamación se ha interpuesto diez años después de su muerte, por sus herederos. No hay la más leve prueba que demuestre que el demandado conociera que faltaban a Paxot algunos meses para llegar a la mayoridad, ni que Paxot recibiera perjuicio alguno con la transacción, verificada.
“¿Sería posible, bajo tales circunstancias, que un tribunal de justicia dictara ahora una sentencia condenando al demandado a pa-gar nuevamente su deuda, ya satisfecha, con más los intereses, as-cendente todo a unos diez y seis mil pesos?
“Una respuesta negativa se impone, respuesta que está conforme con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España consignada en su sentencia de 27 de abril de 1860, al establecer que ‘son válidas las ventas de bienes raíces hechas por menores de edad, cuando fin-gen ser mayores de 25 años, y por la circunstancia de estar próximos a esa edad, ser casados, y tener la administración de sus bienes, u otras especiales que en los mismos concurran puedan creer los que intervinieron en el contrato que son mayores de edad.’
“La vínica diferencia que pudiera notarse entre el caso resuelto por el Tribunal Supremo de España y éste que resolvemos, es que aquí no se ha demostrado que Paxot fingiera que era mayor de edad al comparecer a otorgar las escrituras, pero si bien esto es así, re-sulta probado que Paxot personalmente instó el asentamiento de su partida bautismal en la cual se. hizo constar que su nacimiento había ocurrido el 1 de febrero de 1872; que personalmente también con-eurrió en dos ocasiones ante notario público y afirmó que era mayor de edad presentando al efecto una copi.a certificada de su partida de bautismo y su cédula de vecindad, y que, por tanto, consciente o inconscientemente indujo al demandado Garzot a considerarlo como mayor de edad y a pagarle su deuda, sin que pueda decirse que el demandado al proceder así, bajo todas las circunstancias de este caso, dejara de actuar como varón prudente.
“La cuestión en su segundo aspecto, queda pues, resuelta de este modo: atendidas todas las circunstancias que concurren en este caso concreto, deben considerarse válidas y eficaces las escrituras de can-celación de hipoteca a que se refiere este pleito, y en tal virtud que el pago liecho por Garzot de buena fe a Paxot que estaba en pose-sión de su crédito, liberó al primero de la deuda que con el segundo tenía contraída. (Art. 1164 del Código Civil Español y 1132 del Revisado.) ’ ’

Y en Sucesión Rivera v. Hernández, dijo:

“En eiianto a las cesiones hechas por Prudencia y por Regalada en 1905 y 1908 cuando tenían 20 y 19 años de edad respectivamente, según resulta de las certificaciones de sus nacimientos, aunque en-tonces no resolvimos sobre la validez de sus cesiones, será conveniente que digamos ahora que habiendo manifestado ellas dos en las escri-turas de cesión a Hernández que eran mayores de edad, estando pró-ximas a los 21 años fijados por la ley para la mayoridad, y no ha-biendo ejercitado dentro de los cuatro años siguientes a haber alcan-zado su mayoría ele edad la acción de nulidad reconocida por el ar-tículo 1268 del Código Civil, dichas cesiones quedaron convalidadas y, por tanto, Hernández adquirió los derechos que ellas tenían. Los contratos celebrados por menores en que fingen ser mayores de edad cuando estén próximos a alcanzar dicha mayoría, no son inexisten-tes sino anulables.”

Nos damos cuenta de que quizá estamos yendo demasiado lejos al aplicar esa jurisprudencia al caso de un menor de diez y siete años, pero son tan peculiares las circunstancias que aquí concurren que nos lia parecido que la justicia de-manda su aplicación.

De la. misma fijación por el legislador del número de años que necesita cumplir una persona para ser considerada mayor de edad, se deduce que han existido diferentes crite-rios. Con anterioridad al Código Civil de 1889 sólo a los veinte y cinco años se entraba en la mayor edad, según el Código Civil de 1889 bastaban veinte y tres y según el Código Civil Revisado son suficientes veinte y nno: cuatro años de diferencia.

Por más que siempre se fia tenido en cuenta el desarrollo de la personalidad, no puede dejarse de admitir que hay algo de arbitrario en la fijación de la mayor edad. Se fija porque tiene que existir certeza sobre asunto tan importante, pero ello no implica que se desconozca que la personalidad humana se desarrolle de modo distinto. Personas hay de diez y siete años que piensan mejor, que tienen personalidad más com-pleta y más fuerte que otras de veinte y uno.

La regla es que el contrato otorgado por un menor, es nulo, porque la ley no le reconoce capacidad para contratar, pero cuando el menor aparenta ser mayor y la otra parte contratante actúa creyéndolo así, de buena fe, y se trata de una transacción justa y verdadera que tuvo realidad en la práctica y subsiste a las claras a través de los años, no es inexistente el contrato.

Bien puede sostenerse que lo que ha hecho la jurispru-dencia es continuar interpretando los hechos y la ley a la luz que irradia aun a través de los siglos del Código for-mado bajo la dirección del Rey Sabio. Dice la Ley VI, Título NIX, Partida Sexta:

“Ley VI. — Por quáles razones non puede seer otorgada, restitu-ción al menor. — Diciendo o otorgando el que fuere menor que era mayor de veinte et cinco años, si hobiese persona que paresciese de tal tiempo, si lo face eng'añosamiente valdrá el pleyto que así fuere fecho con él, et non debe seer desatado después, como quier que diga que non era de edad quando lo fizo, porque las leyes ayudan a los engañados et non a los engañadores. Eso mesmo serie quando el mozo que fuese mayor de catorce años jurase que la véndida, ó el pleyto o la postura que ficiese con otri non la desatarle por razón de menor edat; ea después que así hobiese jurado debe seer guar-dada su jura. Otrosi decimos que si el menor de veinte et cinco años pidiese al juez quel entregase dalguna cosa que habie perduda ó menoscabada por razón de pleyto que hobiese fecho non seyendo de edat complida, si sentencia fuese dada contra él, porque non era asi como él querellaba, non puede después demandar otra vez que sea entregado daquella cosa delante daquel juez nin ante otro, fue-ras ende si apelase daquella sentencia, o si mostrase razones nuevas atales que gelas debiesen caber. Otrosi decimos que si el menor de veinte et cinco años moviese pleyto en juicio con otorgamiento de su guardador, demandando a alguno que era su siervo, si fuese dada sentencia contra él, en que fuese dado por libre aquel á quien de-mandaba, non podrie después demandar restitución contra tal sen-tencia por razón que era de menor edat quando movió el pleyto; et esto es por la mejoria que otorgan los derechos a la libertad. Et aun decimos que si el pleito o la postura de que demandase restitu-ción el menor fuese fecho en tal manera que todo home de edat com-plida et de buen entendimiento la farie asi, et non se debie tener por engañado por ende, que entonce non debe seer desfecho por ra-zón que lo fizo en tiempo que non era de edat, porque siempre ha de probar dos cosas el que demanda restitución: la una que era de menor edat a la sazón que fizo el pleyto o la postura; 'la segunda que lo fizo a daño et a menoscabo de sí.”

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El, Jdez PkesideNte Señoe del Tono,

license: Public Domain

text:
    Elvira Juana Manuela Joaquina García Fernández, peticionaria y apelada, ex parte. Josefa Aguayo Casals, interventora y apelante.
    No. 5812.

    Sometido: Noviembre 28, 1932.

      Resuelto: Diciembre 21, 1932.

      Tous Soto & Zapa-ter, abogados de la apelante; Ouerra-Mondragón & Sold evil a, abogados de la apelada.
   El, Jdez PkesideNte Señoe del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso quedó sometido por sus méritos el 17 de junio último. La parte apelada además de discutir en sn alegato el recnrso en su fondo, solicitó su desestimación por falta de una exposición del caso debidamente autenticada. Estudiada esa cuestión previa, fue resuelta en favor de la apelada, desestimándose en sn consecuencia el recurso. 44 D.P.R. 1.

La parte apelante pidió la reconsideración de la decisión de esta corte y la reinstalación del recurso, acompañando a su moción una certificación creditiva de la aprobación de la exposición del caso por el juez sentenciador.

Se señaló la audiencia del 28 de noviembre último para oír a las partes sobre la moción y ambas comparecieron y fueron oídas en efecto, quedando aclarado que de accederse a la reconsideración se entraría a decidir el caso en su fondo sin necesidad de nueva vista.

Dos son los fundamentos que tiene la apelante para pedir la reconsideración, primero que la exposición del caso que se hizo formar parte de la transcripción era innecesaria por constar de las propias alegaciones la certeza de los hechos que sirvieron de "base a la sentencia apelada, y segundo que en todo caso la certificación que acompaña cura el defecto advertido que sirvió de base a la desestimación.

Quizá tenga razón la parte apelante en su primer fun-damento. No creemos que sea necesario resolverlo. A virtud de la certificación no bay duda alguna alrora de la autenticidad de la exposición. Y como no se trata de algo nuevo, sino de la confirmación de lo que ya aparecía en los autos tomado de las minutas de la corte, la dilación en co-rregirlo no debe impedir el ejercicio de la discreción de esta corte para admitir como admite la corrección mmc pro tuno. Debe, pues, dejarse sin efecto la resolución de 9 de noviembre último desestimando el recurso. Dejada sin efecto, procede-remos a resolver la apelación en su fondo.

De los autos resulta que Juan García Villarraza, domiciliado y con bienes raíces en Ponce, Puerto Rico, falleció en abril de 1899, en Pará, Brasil, en cuya ciudad se encontraba accidentalmente.

El Sr. Villarraza estuvo casado primeramente con doña Manuela Fernández y de ese matrimonio quedó y vive una hija, Elvira. Muerta doña Manuela, casó con doña Josefa Aguayo y de su matrimonio quedó y vive otra bija, Graciela. Elvira pidió a la Corte de Distrito de Ponce que la declarara heredera de su padre en unión de su otra hermana Graciela. En el expediente intervino la viuda doña Josefa y pidió que se le declarara heredera como tal en la cuota en usu-fructo que la ley determina. Oyó a todos la corte y, con vista de las alegaciones y las pruebas, y de la ley y la juris-prudencia de esta corte sobre el particular, declaró únicas y universales herederas del padre a las hijas, desestimando la solicitud de la viuda, quien, no conforme, interpuso el presente recurso de apelación.

La exacta cuestión en controversia fue resuelta por esta Corte Suprema en el caso de Julbe v. Guzmán, 16 D.P.R. 530. En dicho caso después de exponer los hechos y antece-dentes legales, de transcribir los artículos pertinentes del Código Civil sobre la sucesión testada y la intestada y de examinar las opiniones divididas de los comentaristas y la jurisprudencia, se dijo:

“En nuestra ley, según se encuentra boy, éste es un cassiis omis-sus. La legislatura tenía facultad para determinar quiénes debían ser herederos y quiénes sucederían en casos en que no existiera dis-posición testamentaria. Las palabras usadas son claras y por incompatibles que parezcan ser, no incumbe a la corte substituir su volun-tad por aquella de la legislatura. Sería tan razonable considerar a la sucesión intestada como expresiva de la verdadera intención de la legislatura y determinar los derechos de los herederos forzosos por las disposiciones que se refieran a la sucesión intestada. Las ‘ Siete Partidas ’ limitaron la porción de la viuda a la suma que dicha ley consideró necesaria para su subsistencia. La Legislatura de Puerto Rico puede haber creído que los derechos de los parientes más cercanos de una mujer de quienes la misma adquirió sus bienes, debían preferirse a los parientes del marido quien se presume que vive de sus propios recursos. Declarar otra cosa en el caso que está sometido a nuestra consideración, sería intervenir injustificada-mente con los claros y expresos derechos de un padre (parent).”

Fue en verdad un caso muy debatido en el seno del tribunal. La opinión de los jueces se mantuvo dividida, for-mando la mayoría los Jueces Asociados Sres. McLeary, Wolf y del Toro, y la minoría los Jueces Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Figueras.

La decisión en el caso de Julbe, supra, se dictó en 1910. Cerca de cuatro años más tarde, en 1914, se citó y aplicó en el de Arandes v. Báez, 20 D.P.R. 388, quedando establecida la siguiente doctrina:

“Citando de acuerdo con la opinión que ha prevalecido de que la viuda tiene derecho a una cuota usufructuaria en la sucesión in-testada hasta que se sentó la doctrina contraria en el caso de Julbe v. Guzmán, 16 D.P.R. 530, se hace una partición de herencia en la cual, se le adjudica a la viuda cierta cantidad de dinero en pago de dicha cuota, dicha partición no es nula por tratarse de un error de derecho, ni ese pago es de tal naturaleza que pueda exigirse la res-titución de lo pagado como excepción a la regla general anterior-mente expresada.”

La opinión de la corte fue emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf con la conformidad del Juez Asociado Sr. del Toro. El Juez Presidente Sr. Hernández y el Juez Asociado Sr. Aldrey estuvieron conformes con la sentencia por las razones que expusieron en una opinión concurrente.

Once años después, en el de Cádiz v. Jiménez, 30 D.P.R. 34, 38, en la opinión unánime de la corte, se dijo:

“Se sostiene por la parte apelante que dentro de la palabra ‘hi-jos’ no puede comprenderse al hijo natural reconocido. Este caso no es enteramente igual al de Díaz v. Porto Rico Railway, Light and Power Company, 21 D.P.R. 78, pero aceptando, sin resolverlo, que así fuera, entonces nos encontraríamos frente a un caso en que necesariamente tendría que concluirse que el valor de la póliza co-rrespondía a los herederos del finado y aquí el único heredero del finado lo era, según declaración expresa de la Corte, hecha en el pro-cedimiento adecuado, el hijo natural reconocido. El Sr. Cádiz mu-rió el 2 de julio de 1908 sin otorgar testamento. La viuda en tal virtud no tenía el carácter de heredera. Véase el caso de Julbe v. Guzmán, 16 D.P.R. 530.”

Cou su habilidad reconocida ataca el distinguido abogado de la parte apelante en este caso los fundamentos de la opinión en el de Julbe, supra.

Del estudio sobre Jeremiah Sullivan Black, Juez Presi-dente de la Corte Suprema de Pennsylvania, que aparece en el volumen VI de la obra “Great American Lawyers” edi-tada por William Draper Lewis, páginas 13 y siguiente, transcribimos:

“Era uno de esos jueces que mantuvieron vigorosamente la doc-trina de stare deeisis. Así, hallamos en uno de los primeros casos (McAllister vs. Samuel, 17 Pennsylvania State Reports 114) que ante él llegaron como juez presidente, lo que sigue:
“ ‘Una vez que una cuestión ha sido deliberadamente resuelta luego de argumentos solemnes, no debe ser variada, a menos que sea tan manifiestamente errónea que no pueda sostenerse .sin violentar la razón y la justicia.
“ ‘Así lo afirma, no una corriente, sino un torrente de autorida-des. Ningún juez que sienta el debido respeto hacia el principio de stare deeisis — ese gran principio que es el áncora de salvación de nuestra, jurisprudencia — puede negar que está, inamoviblemente es-tablecido. ’
“Poco después (McDowell vs. Oyer, 21 Pennsylvania State Reports 417, 423) habló aun con mayor énfasis sobre este punto, cuando expresó:
“ ‘Por supuesto, no estoy diciendo que debamos consagrar los meros errores de los que nos precedieron, y tropezar cada vez que lleguemos al sitio donde ellos tropezaron. Un error palpable, que viole la justicia, la razón y el derecho, debe corregirse, no importa quién lo haya cometido. Hay casos en nuestros libros que tienen tales muestras de festinación y descuido, que exigen reconsideración. Hay algunos de que es necesario prescindir, porque no pueden re-conciliarse con otros. Hay viejas decisiones cuya autoridad ha ve-nido a ser anticuada, a causa de un cambio total en las circunstan-cias del país, y del progreso en la opinión. Témpora vmvtantur. Va-riamos con el cambio del tiempo, tan necesariamente como nos mo-vemos con el movimiento de la tierra. Pero en casos ordinarios, so-breponer nuestras meras nociones a los principios por que el país se ha regido como sentados y establecidos, es convertirnos no en minis-tros y agentes de la ley, sino en los amos del Derecho y en los tiranos del pueblo’.”

Como anteriormente indicamos, el caso de Julbe, supra, fue decidido tras un estudio intenso en el seno del tribunal. La cuestión fué debidamente argumentada y examinada desde todos sus ángulos, interviniendo los abogados Juan Vías Ochoteeo y M. Tous Soto por la parte apelante y Eugenio Benitez Castaño "por la parte apelada, y no vemos justi-ficación alguna para alterar su decisión después de liaber estado en vigor por más de veinte años.

Pero la apelante al parecer sostiene que sin revocar el caso de Julbe, supra, puede decidirse en su favor este caso por diferenciarse de aquél en que aquí se trata de la heren-cia de un súbdito español y debe aplicarse la ley española tal como ha sido interpretada por los tribunales de España.

No consta de los autos la ciudadanía ni el día de abril de 1899 en que falleció el Sr. Villarraza, como sugiere la parte apelada, pero admitiendo, sin resolverlo, que tuviera razón la apelante al sostener que debiera regularse este caso por los preceptos del viejo Código Civil Español con la in-terpretación dádale en España, creemos qne dista mucho de haberse demostrado que esa interpretación sea enteramente uniforme en contra del criterio sustentado por esta Corte Suprema en el repetido caso de Julbe v. Guzmán.

En la opinión en el caso de Julbe se hace referencia a la diversidad de opiniones existente entre los grandes comen-taristas españoles sobre el punto en discusión. No alarga-remos innecesariamente este dictamen reproduciendo las de Scaevola y Morell que sostienen la decisión de esta corte.

Cita la apelante en apoyo de su contención la sentencia del Tribunal Supremo de España de 8 de febrero de 1892 y la resolución de la Dirección Greneral de los Registros de España de 14 de junio de 1897.

Es cierto que la primera, que aparece reportada en 71 Jurisprudencia Civil 133, contiene un considerando favorable a la contención de la apelante, que dice:

‘ ‘ Considerando que tampoco es de estimar el motivo tercero, por-que el viudo es coheredero con los demás que con este carácter con-curran a la herencia, desde el momento en que la ley le señala una parte alícuota en los bienes del cónyuge premuerto, y viene a suce-der a éste con o sin su voluntad, aparte de que el art. 807 del mismo Código clara y expresamente llama al viudo o viuda herederos for-zosos; y teniendo, como tiene, el recurrente D. Eusebio da Guarda la condición de coheredero, es evidente que se halla incluso en la prohibición establecida en el art. 1057 del mismo Código para ser partidor de la herencia de su difunta esposa.”

Pero si se examina el caso en su totalidad se verá que no se trata de uno de sucesión intestada sino testada, en el que el Tribunal Supremo de España confirmó el auto de la Audiencia Territorial de Coruña por virtud del cual revo-cando el del juzgado de dicha ciudad la Audiencia declaró que había lugar a la promoción del juicio voluntario de testa-mentaría.

En el tercer motivo del recurso de casación interpuesto se alegó que la Audiencia al considerar al viudo recurrente como coheredero de los hijos habidos por su difunta esposa en su primer matrimonio y por lo tanto incluso en la prohi-bición establecida en el artículo 1057 del Código Civil, había infringido los artículos 807 y 834 de dicho Código por la manera impropia que tuvo de entenderlos y aplicarlos “pues declarando el artículo 807 que son herederos forzosos, en primer término, los hijos y descendientes legítimos respecto de sus padres y ascendientes legítimos, es evidente que el viudo no puede ser considerado como coheredero de éstos, ni aun siquiera con la mayor impropiedad es lícito darle seme-jante nombre, porque al fin y al cabo, estando excluido de ese carácter por quien tiene mejor derecho, no le corresponde otra cosa que lo que se le designa en el artículo 834, incluido en sección distinta de la dedicada a tratar de las legítimas, bajo el epígrafe ‘Derechos del cónyuge viudo’; en cuyo ar-tículo se dispone que el viudo o viuda que al morir su con-sorte no se hallase divorciado o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, tendrá derecho a una cuota en usufructo igual a la que por legítima correspondía a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos no mejorados; viéndose, por tanto, en este artículo colocada la cuota enfrente de la legí-tima como cosa diversa, ya que no contraria, pues la una implica el carácter de heredero en quien la recibe, y la otra sólo corresponde’ a un derecho singular y personalísimo, que dista infinito de la sucesión.”

Y a la infracción alegada respondió el Supremo con el considerando que dejamos transcrito.

Lo que verdaderamente estaba en controversia en el caso era si el viudo D. Eusebio da Guarda estaba incurso en la prohibición del artículo 1057 a saber: “el testador podrá encomendar por acto inter vivos o mortis causa para después de su muerte la simple facultad de hacer la partición a cual-quiera persona que no sea uno de los coherederos”, por virtud de ser un coheredero con los hijos del primer matri-monio del su esposa doña Modesta de Goicuría y Cabrera, en la herencia testada de la misma. Y el Supremo resolvió que lo estaba.

Como puede verse, la cuestión de si el viudo era here-dero en un caso de herencia intestada no estaba ante la corte y siendo ello así la manifestación que contiene el con-siderando de la sentencia del Supremo “y viene a suceder a éste con o sin su voluntad”, no tiene fuerza decisiva como jurisprudencia consciente y firmemente establecida en el sen-tido de que el viudo es también heredero en los casos de herencia intestada.

La resolución de la Dirección G-eneral de los Registros de España que se cita es muy interesante y pone de mani-fiesto el verdadero estado de la cuestión en España en el momento en que se dictó, año de 1897. Habla por sí misma. Por todo comentario nos limitaremos a subrayar aquella parte del razonamiento a que deseamos dar mayor énfasis.

He aquí los considerandos de la resolución que parece oportuno transcribir:

“Considerando que la práctica jurídica, partiendo del supuesto de que la intención del legislador fué la de dar también al viudo una porción alícuota forzosa en la herencia intestada del premuerto, cuando éste deja descendientes, ha tratado- de llenar la supuesta emi-sión de la legislación, aplicando unas veces los preceptos del Código, que atribuyen al viudo una parte alícuota en concepto de legítima, y pretendiendo otras que se amplíe la disposición contenida en el art. 932, en el sentido de equiparar al supérstite con los hijos, de tal suerte que aquél perciba en usufructo una parte igual a la que éstos adquieren en propiedad.
“Considerando que no teniendo hasta ahora dicha práctica y las dos distintas soluciones adoptadas por la misma para suplir, o más bien corregir, las d&ficiencias del Código en materia de sucesión in-testada de los descendientes, otro carácter qioe el de meras opiniones jurídicas, individuales o privadas, ninguna de ellas puede revestir la autoridad de una regla o doctrina legal de observancia general obligatoria, y, por consigiriente, no pueden tampoco aplicarse a los actos ejecutados, con arreglo a las disposiciones que respectivamente pretenden hacer prevalecer, la sanción de nulidad establecida en el art. 49 del mencionado Código.”

Siendo ello así, se concluye qne el caso omiso qne, al ser invocado. a tiempo como aquí sucede, reconoció con todas sns consecnencias esta Corte Suprema de Pnerto Rico en Julbe v. Guzmán, supra, también se advirtió en España, sin qne ni la práctica ni las dos distintas soluciones adoptadas por la misma para corregir las deficiencias del Código, pu-diera reconocerse qne revestían la autoridad de nna regla o doctrina legal obligatoria. Y esto se sostuvo por la Direc-ción General de los Registros cinco años después de haberse dictado la sentencia del Tribunal Supremo qne invoca la apelante.

Además, parece oportuno citar lo qne signe de la deci-sión de la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, en el caso de Villar & Co. Inc. v. Conde, 30 F. (2d) 588. Es así:

“La demandante, Villar & Co., Inc., sostiene que la disposición, del Código Civil de Puerto Rico- que trata de esta cuestión, y que corresponde al artículo 1101 del Código Civil Español es el artículo 1068 (Estatutos Revisados de 1911, see. 4164) ; que este artículo lee así: ‘Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjui-cios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incu-rrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas ’; que el Tribunal Supremo de España al interpretar este artículo del código español ha re-suelto que en una acción basada en ‘los daños y perjuicios de que responden los que violen sus obligaciones, no basta probar el que-brantamiento del contrato sino que es necesario también probar la existencia real y positiva de los daños, toda vez que éstos no siem-pre surgen ni siempre pueden ser apreciados’; y que debido a esto la mera prueba de la existencia del supuesto contrato y su quebran-tamiento en el presente caso, no era suficiente, y que para que Conde tuviera derecho a daños substanciales era necesario que él demos-trara cómo íué perjudicado y el importe 'de los daños y perjuicios sufridos. Pero es suficiente respuesta a esta contención el hecho de que la Corte Suprema en julio de 1915, casi catorce años ha, en en el caso de Hardouin v. Krajawsky-Pesant Co., 22 D.P.R. 689, al interpretar este artículo del código resolvió que ‘La cuantía de los daños y perjuicios sufridos por incumplimiento, por parte del principal, de un contrato de arrendamiento de servicios, es, prima facie, la renumeración estipulada en el contrato, pudiendo el demandado obtener que se rebaje dicha cuantía mediante prueba de la cantidad 'que el empleado hubiere ganado realmente o hubiera podido ganar durante el tiempo en que debió estar vigente el contrato ’; que la interpretación de este artículo del código es materia de legislación local; y que esta corte no intervendrá con esa interpretación des-pués de haber sido reconocida por espacio de catorce años y luego de haber sido reafirmada por dicho Tribunal Supremo. Ciertamente no está del todo equivocada.”

Por virtud de lo expuesto, debe declararse sím, lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Hutchison disin-tieron en cnanto a la ratificación de la doctrina del caso Julbe v. Guzmán, 16 D.P.R. 530.

      Nota: Véase el prefacio.


author: El Juez Asociado Señob. Hutchison,

text:
    Enrique Ubarri Casals, demandante y apelado, v. Federico Calaf, demandado y apelante.
    No. 5510.

    Sometido: Febrero 18, 1932.

      Resuelto: Diciembre 21, 1932.

      Leopoldo Feliú {Feliú & La Costa, en el alegato), abogado del ape-lante; R. II. Blondet, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En abril de 1911 Enrique Ubarri vendió a José Acosta y López dos fincas por precio alzado. Una de dichas fincas se componía de 110 cuerdas y lindaba por el norte con Susana García y Quintín García, por el sur con Octavio García Salgado, por el este con “el río,” y por el oeste con el camino viejo de Caguas. Las otras cuerdas de terreno, conocidas por Vega Larga, ascendían a 20 y lindaban por el norte con Susana García, por el este con Ramón Rodríguez y la sucesión de Ramón Trigo, por el sur con Leonardo Calvo, y por el oeste con el camino de Caguas. Ambas estaban si-tuadas en el barrio de Monacillo, municipio de Río Piedras. En marzo de 1913 Acosta vendió ambas propiedades a Tiburcio Antuñano, también por precio alzado. En mayo de 1926 Acosta y Ubarri hicieron constar en una escritura notarial que una mensura de las dos fincas efectuada con el objeto de venderlas a Antuñano había revelado que el total de las mismas era 115 cuerdas solamente,' en vez de 130, y que la venta se efectuaba sujeta a la estipulación de que Acosta se reservaba el derecho de reclamar y recobrar las cuerdas restantes tan pronto éstas apareciesen al medirse las dos parcelas y las colindantes. Acosta entonces vendió su derecho de acción a Ubarri. En julio del mismo año, mediante escritura pública, Antuñano reconoció que Acosta se había reservado el derecho de recobrar de los propietarios adyacentes la menor cabida revelada por una mensura ■ de las dos fincas y que el precio de la compraventa se había reducido de conformidad. Antuñano entonces transfirió el derecho que pudiera tener respecto a la aludida diferencia en cabida a Ubarri, como cesionario de Acosta. En octubre del mismo año Federico Calaf compró a José Ramírez 20 cuerdas de terreno en el barrio Monacillo, Río Piedras, lin-dantes por el norte con la carretera vieja que conduce de Río Piedras a Caguas y con Susana (Jarcia, por el sur con Leonardo Calvo y una quebrada sin nombre, por el este con Susana García, y por el oeste con Leonardo Calvo. En la escritura se bace constar que Ramírez había adquirido esta finca en abril de 1926 de; los esposos Fernández-Escudero. En octubre de 1928 Ubarri instituyó el presente recurso para recobrar de Calaf 7 cuerdas y 99 céntimos, lindantes al norte con el camino municipal de Río Piedras, al este con finca perteneciente a Federico Calaf, antes a Blanca Fernández, al sur con una quebrada al otro lado de la cual se hallan terrenos pertenecientes a Tiburcio Antuñano, antes a Enrique Ubarri, y al oeste con terrenos de Tiburcio Antuñano, antes de Enrique Ubarri. En un procedimiento preliminar la corte de distrito en abril de 1928 ordenó a Calaf que per-mitiera a Ubarri que entrara y midiera la finca de aquél.

Ramón Díaz Morales, agrimensor, declaró en el juicio del presente caso' que un diseño en papel azul mos-trádole por el letrado del demandante era un dibujo de una finca cerca de Río Piedras; que el testigo fué a la finca y la midió; que Pepe Escudero, esposo de Blanca Fernández, indicó los linderos al testigo; que el Sr. Canino, de la Central Vannina, y otro señor cuyo nombre el testigo no recordaba, estaban presentes; que la central era un dueño contiguo por el este; que el plano fué hecho en 1926. Entonces el plano fué admitido como prueba con la objeción del demandado, quien se anotó una excepción. La transcripción taquigráfica no demuestra que en aquel entonces éste fuera marcado para su identificación. Un diseño en papel azul marcado exhibit “J” del demandante aparenta ser el plano de una finca per-teneciente a Blanca Fernández de Escudero. Los nombres de los dueños de las propiedades contiguas, según aparecen en este plano, son: por el norte y este Susana (Jarcia, hoy Central Vannina, por el sur y este Leonardo Calvo, hoy Tiburcio Antemano. Por el oeste o noroeste, en dirección nordeste, existe un camino que se describe “Camino Viejo de Río Piedras a Caguas.” Al sudeste figura una quebrada. El área de la finca aparece ser de 27 cuerdas y 99 céntimos. El plano está fechado enero 31, 1926, y está suscrito por Aniceto Díaz Hernández, agrimensor titulado.

El testigo Díaz Morales también identificó otro plano que. representaba ser una mensura “de la misma finca,” hecha por el testigo a instancia de Ubarri en abril 27 de 1928. Este plano también fué admitido como prueba con la objeción del demandado y marcado exhibit “K” del demandante. Está titulado “Plano de’terrenos radicados en el barrio de Monacillo de la jurisdicción de Río Piedras.” Hay una línea recta en dirección sudeste que parte de un punto en el camino al noroeste (aquí se describe como el camino municipal de Río Piedras) hacia otro punto en la quebrada al sur, que forma la parte este del lindero sur. La parte nordeste de esta línea divisoria está marcada 20 cuerdas. La porción al sudeste de esta línea está marcada 7 cuerdas y 99 céntimos. En la parte inferior hay un certificado que lee en parte como sigile: “A solicitud de don Enrique Ubarri medí en el barrio de Monacillo de la jurisdicción de Río Piedras un predio de terreno compuesto de .... veinte y siete cuerdas con noventa y nueve céntimos de otra,'la cual dividí en dos par-celas, una de veinte cuerdas y la otra de siete cuerdas con noventa y nueve céntimos de otra . . . Según se muestra en el plano que se acompaña. Trujillo Alto, P. R., abril 27, 1928. Ramón Díaz Morales, agrimensor.”

Ubarri declaró que él instó procedimiento de deslinde; que la corte ordenó se hiciera una mensura de las 20 cuerdas pertenecientes a Federico Calaf, que el testigo comisionó a Ramón Díaz para que hiciera la mensura; que el testigo se hallaba presente; que el Sr. La Costa también estaba pre-sente como representante de Federico Calaf; que la mensura se hizo después que la corte dictó la orden en 1928; que el testigo había ordenado previamente que se hiciera una men-sura de las 117 cnerdas y había comisionado para ello a Luis Yilá; que el testigo estaba presente y qne Antnñano fue notificado.

Luis Yilá Andino identificó otro diseño en papel azul como el plano de una finca que anteriormente pertenecía a Ubarri y que él había medido a instancia de éste; que no hubo oposición; que un mayordomo de la finca contigua a la de Ubarri por el norte se hallaba presente como repre-sentante de Calaf y no se opuso; y que el testigo no re-cuerda quién más estaba presente. Entonces se admitió como prueba el diseño en papel azul con la objeción del demandado y se marcó exhibit “L.” El certificado del agri-mensor hace referencia a la propiedad como perteneciente a Enrique Ubarri, en el barrio de Monacillo, municipio de Río Piedras. Se da el área como de 117 cuerdas y 68 céntimos y se hace referencia a 15 cuerdas como vendidas a José Manuel Acosta. Una porción de la finca cerca del lindero este está marcada Vega Larga. No existe línea divisoria entre la porción así marcada y el resto de la finca. La tota-lidad de la finca parece lindar por el norte y sur con F. Calaf, por el este con el río Piedras, y por el oeste con “el camino viejo de Pío Piedras.” Al lado de este camino hay una flecha apuntando al sur, o sea, hacia Caguas. La mitad o más del lindero sur, partiendo desde el río Piedras, está marcada por lo que se designa como un caño. Como % partes del lindero norte también están designadas por una quebrada que se dice no tener nombre y que corre en direc-ción este hacia el río Piedras. La % parte restante del lin-dero norte está designada por una línea recta que corre en dirección sudeste desde un punto en el camino viejo de Pío Piedras a otro punto en la quebrada.

Podría admitirse paia los fines de la argumentación que la parcela de terreno vendida a .Federico Calaf en octubre de 1926 pdr Ramírez, que se dice fue adquirida por éste en abril del año anterior de los “esposos Fernández-Escudero,” es la misma parcela medida por Aniceto Díaz Hernández en 31 de enero de 1926 como perteneciente a doña Blanca Fernández de Escudero. Podría admitirse también que los tres planos eran admisibles sin investigación, explicación e identificación adicionales. Podría admitirse igualmente que, cuanto aparece de ellos, tiene la presunción de ser correcto. No se desprende que el demandante tenga derecho a recobrar del demandado las 7 cuerdas y 99 céntimos descritas en la demanda.

Incumbía al demandante establecer su título a las 7 cuer-das y 99 céntimos en controversia. De obtener sentencia a su favor, debe ser a base de su propio título. Él no puede descansar en el becho de que el demandado estuviese en posesión de unas cuantas cuerdas en exceso del área espe-cificada en sus escrituras.

El demandante estaba, desde luego, implícitamente en po-sesión de todos los terrenos que estaban incluidos dentro de los linderos especificados en sus títulos. Las dos fincas que anteriormente le pertenecían y que luego fueron vendidas por él, se describen en las escrituras como que lindan por el norte y sur con propietarios contiguos. Las 7 cuerdas 99 céntimos (pie se hallan al norte de un punto de que no se hace mención en los planos o en alguna otra parte de ningún lindero natural, no se demuestra que están o que jamás hayan estado dentro de los límites indicados por los títulos del de-mandante. No hubo prueba satisfactoria de la posesión anterior del demandante, ora sea implícita o en alguna otra forma, de estas 7 cuerdas y 99 céntimos.

Los tres planos no establecen el título del demandante a las 7 cuerdas y 99 céntimos. El agrimensor que midió la finca del demandado y (trazando una línea desde un punto que está en el camino al oeste a otro punto en la quebrada al sur) dividió la finca en dos párcelas, una de 20 y otra de 7 cuerdas y 99 céntimos, no fue nombrado por la corte. Mucho menos era él un árbitro investido de autoridad para establecer los verdaderos linderos entre las propiedades del demandante y demandado. El no rindió informe de su tra-bajo a la corte. Durante el juicio no explicó cómo realizó su trabajo ni por qué la línea divisoria fue trazada según apa-recía en el plano. La única razón que revelan los autos para tratar de segregar la porción de la finca en poder del demandado es que éste estaba en posesión de 27 cuerdas y 99 céntimos mientras que sus títulos mencionaban sola-mente 20 cuerdas, y el demandante era dueño de 117 cuerdas y 68 céntimos solamente de conformidad con dos escrituras correspondientes a dos fincas distintas cuya cabida total era de 130 cuerdas. ' Nada bay que revele que las dos parcelas pertenecientes al demandante fueran medidas separadamente. Juzgando por lo que de los autos aparece, la menor cabida de la finca del demandante pudo haber ocurrido en la finca de 110 cuerdas. No se demuestra satisfactoriamente que la cabida de la finca de 20 cuerdas del demandante fuese in-completa. Sin embargo, las 7 cuerdas y 99 céntimos que el demandante trata de recobrar del demandado se hallan al norte de las 20 cuerdas del demandante. De permitirse que subsista la sentencia en favor del demandante, ella privaría al demandado de varias cuerdas de terreno y anexaría- las mismas a una parcela contigua perteneciente al demandante, cuya área puede o no estar ya completa, en la teoría de que el dueño de un .número de parcelas contiguas demostrando simplemente menor cabida en el área total, puede recobrar de cualquier propietario contiguo hasta el total de la menor cabida de cualquier exceso de que esté en posesión tal pro-pietario contiguo sobre el número de cuerdas especificado en sus escrituras. No hemos pasado por alto el hecho ya mencionado de que el agrimensor que hizo el plano de la finca del demandante situó las 20 cuerdas conocidas con el nombre de Vega Larga al este, contiguas al río Piedras. El mismo agrimensor, repetimos de paso, hace referencia en su certificado al calce del plano, a una venta efectuada por Ubarri a A costa de 15 de las 117 cuerdas medidas que se decía estaban contenidas dentro de los límites del plano. No hay ninguna otra prueba de tal venta ni hubo explicación alguna durante el juicio respecto a por qué Vega Larga fue marcada en el plano como parte de la porción oriental de las 117 cuerdas. Las escrituras del demandante, por otra parte, según ya hemos demostrado, describen la parcela de 20 cuerdas como que linda por el este con Ramón Rodríguez y con la sucesión de Ramón Trigo, y por el oeste con el camino de Caguas. También describe las 110 cuerdas como que lindan por el este con el río y por el oeste con el camino viejo de Caguas. De suerte que ambas fincas aparecen como que lindan por el oeste con el camino de Caguas y por el norte (las 20 cuerdas en su totalidad y las 110 cuerdas en parte) con Susana G-areía. Una de ellas solamente, o sea, la de 110 cuerdas, linda por el este con el río. De abí la conclusión a que llegamos más arriba de que las 7 cuerdas y 99 céntimos en controversia lindan con la parcela de 20 cuerdas del demandante por el norte.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    La Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico, demandante y apelada, v. Margarita Collazo, demandada y apelante.
    No. 6218.

    Sometido: Diciembre 19, 1932.

      Resuelto: Diciembre 21, 1932.

      A. Amálelo Sevilla, abogado de la apelante; J. Sdbaler, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante en este caso alega qne es dneña de nna finca rústica qne se describe en la demanda y qne la deman-dada, Margarita Collazo, oenpa nna parte de esa finca, o sea nn solar de 207 metros 40 centímetros, en el cnal fabricó nna casa la referida señora Collazo. Alega además la deman-dante qne tiene derecho a hacer snya la casa edificada, previa la correspondiente indemnización, y ofrece por la misma la snma de $200. La demandada niega que la demandante sea dneña del suelo donde' se edificó la casa y por el contrario alega que no lo desocupa porque es de su propiedad, haciendo más de treinta años que lo viene poseyendo sin interrupción. Se alega por dicha demandada que el solar tiene un valor de $400, habiendo sido aceptada esta valoración por la parte demandante.

Fallado este pleito en apelación por la Corte de Distrito de Mayagüez declarando con lugar la demanda, la demandada interpuso el presente recurso, y ahora comparece la deman-dante solicitando la desestimación del mismo, basándose en que la presente acción fue iniciada en la Corte Municipal de Mayagüez y en que esta corte carece de jurisdicción para conocer de la apelación porque el valor de. la casa que la demandante intenta hacer suya ha sido estimado en $200. Para que la demandante pueda hacer suya la casa, tiene necesariamente que acreditar que es dueña del suelo donde está enclavada. La demandada negó que la demandante sea dueña del solar. La demandante ofreció prueba para justi-ficar el dominio del referido' inmueble; la demandada pre-sentó prueba testifical. De la declaración del testigo de la demandada Pascasio Cnebas copiamos lo siguiente:

“P.- — ¿Usted conoce a doña Margarita Collazo?
“R. — Sí, señor.
“P.- — ¿Ella tiene una casa en el Poblado del Rosario?
“R. — Le be conocido y bace muchos años.
“P. — ¿Como cuántos años bace que la conoce?
“R. — Hace más de 40 años.
“P. — ¿Ella ba estado en posesión de esa casa durante esos 40 años?
“R. — Siempre ba estado.
“P. — ¿Usted sabe si alguien, ba intervenido en su posesión de algún modo, diciéndose dueño del solar?
“R. — Que yo sepa nadie.
“P. — ¿De modo que ella ha poseído como dueña la casa y el solar?
“R. — Sí, señor.”

De la declaración del testigo Carlos Graciani extractamos también lo que sigue:

“P. — ¿Usted sabe si alguien ha intervenido como dueño del solar de doña Margarita Collazo?
“R. — No, señor.
“P. — ¿De modo que ella ha poseído como dueña esa casa con su solar durante unos 40 años?
“R. — Cuarenta y cinco años.”

Al resolver la moción presentada por la demandante, esta corte no puede adelantar juicio alguno con respecto a los méritos del caso. Nos limitamos a mencionar algunas de las alegaciones y parte de la prueba para demostrar que el do-minio del solar fué una cuestión controvertida, que hubo cierta prueba en relación con las alegaciones de las partes sobre este extremo y que, valorado dicho solar en $400, esta corte no puede desestimar la apelación por falta de jurisdicción.

Debe declararse sin lugar la moción de la parle apelada solicitando que se desestime el recurso interpuesto.


author: El Juez Asociado Señoh Cókdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Irlanda, acusado y apelante.
    No. 4824.

    Sometido: Diciembre 16, 1932.

      Resuelto: Diciembre 21, 1932.

      Ramón Cf. Goyco, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abo- ' gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoh Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se presentó denuncia eontla José Torres y Francisco Irlanda, por un delito de turbar la paz pública, consistente en haber sostenido una riña en la cual se pro-pinaron mutuos golpes, infiriéndose ambos contusiones y heridas. Visto el caso en apelación ante la Corte de Distrito de Pónce, ambos acusados fueron condenados a $10 de multa o en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejasen de satisfacer. Apeló de esta sentencia el acusado Francisco Irlanda, alegando que la Corte de Distrito de Ponce cometió error al declararlo culpable del delito de al-terar la paz pública. La corte inferior pronunció su sen-tencia condenatoria teniendo en cuenta la prueba aportada por la acusación y la ofrecida por los acusados José Torres y Francisco Irlanda. Los testigos de El Pueblo declaran que ninguno sabe cómo se inició la cuestión, limitándose a decir que como entre ocho y nueve de la noche vieron a los acusados Irlanda y Torres que caminaban hacia el río, uno detrás dél otro, sosteniendo una conversación que no pudieron oír y que luego riñeron y se dieron golpes mutuamente cerca del río. Alfonso Alvarado, testigo del acusado Francisco Irlanda, dice que estando en la calle “4 de Julio”, en la acera de un cafetín que llaman “Pali”, vió que Torres le dijo a Ir-landa: “Ven acá,, que tengo que hablar contigo”, y que ambos siguieron hacia un callejón que conduce al río, y que eso fué todo lo que vió. Juan Torres y Eladio Otero, tam-bién testigos del acusado Irlanda, declaran que estando er. casa de María Morales, donde fueron a comprar unas frú turas de bacalao, vieron pasar a Francisco Irlanda y José Torres, y que éste le dió una bofetada a Irlanda, siendo Torres el que agredió primero. Eladio Otero declara que acudió la gente, que los dos contendientes “se.apulparon” y cayeron, Francisco Irlanda debajo y José Torres encima. María Morales, testigo del acusado José Torres, refiriéndose a los dos testigos del acusado Irlanda, Juan Torres y Eladio Otero, dice que ninguno de ellos estaba en sn casa, que ella no hace frituras de noche sino por la mañana, que los acu-sados pasaron y riñeron, que uno le tiró al otro y resbalaron y que Panchito, refiriéndose al acusado Irlanda,, levantó el puño y empuñó al otro y vió que resbalaron y se fueron. El acusado Irlanda declara que es profesor de instrucción pú-blica, Presidente de la Asociación de Maestros, Presidente del Club de Inglés, Vicepresidente del Club de Español y Vicepresidente de la Comisión Atlética de Orocovis, y que estando frente al cafetín de Pablo Ortiz, fué llamado por José Torres, quien lo llevó como a una distancia de cuarenta o cincuenta yardas y al llegar allí le dió un golpe, lo cogió y lo tumbó, y entonces vino la policía; que el único golpe que Torres le dió fué una mordedura y que los demás golpes se los dió la policía; que ignora a qué se debió la actitud de Torres y que nunca ha debido dinero ni a él ni a nadie. José.Torres declara que Francisco Irlanda le debía unos chavos, que se los mandó a pedir y no se los envió, que luego vió a Irlanda y éste le dijo: “No puedo dártelos ahora”, que el declarante le manifestó que los necesitaba, que no podía esperar más y que entonces Irlanda lo llamó exigente, le tiró un pescozón y riñeron. Cuando declaraba Irlanda, Torres le hizo algunas preguntas, desarrollándose entre ambos el siguiente diálogo:

“¿Usted dice que no me ha cogido dinero a mí?
No, señor.
¿Usted no recuerda cuando estábamos en la Unión un día que estaba usted metido en fiesta allí, en casa de Teelo Pagan, que me dijo, ‘préstame cinco pesos’, recuerda, que usted era el iniciador del rótulo aquél que se fijó en la Unión, que yo le dije, ‘uno cincuenta se los regalo para el rótulo, y los otros tres cincuenta usted me los devuelve’, frente a Teelo y a Natividad Torres?
No, señor.
Recuerde bien — mire que quiero serle tan fraileo que basta comió allí con nosotros ¿ . . . . ?
No recuerdo.
Es más, recuerde que estaba Venero Torres, mi hermano, que no quiso utilizarlo tampoco, y aquél que le dicen Nito Carme, que está-bamos allí . . .
No recuerdo.
Usted no se acuerda?
No, señor, no recuerdo eso.”

En presencia de esta prueba la corte declaró culpable a ambos acusados, expresando que no tenía duda de que los dos fueron culpables! de la riña. No se alega pasión, pre-juicio, parcialidad ni error manifiesto en la apreciación de la prueba por parte de la corte inferior. El acusado invoca la doctrina sentada en los casos de El Pueblo v. Franquis, 24 D.P.R. 615 y el Pueblo v. Sánchez, 42 D.P.R. 403, que no puede aplicarse al presente caso en que bay realmente con-flicto de prueba con respecto a quién agredió primero y quién inició la cuestión, y en que la corte, apreciando los hechos, creyó culpable a ambos acusados.

Opinamos que la corte inferior estuvo justificada en la apreciación de la prueba y que debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Marina Silva y sus hijos Santos, Juana, Rafaela, Ramón, Lidia, Ramona y Bienvenido, de apellidos Román y Silva, demandantes y apelantes, v. Luce & Cía., S. en C., demandada y apelada.
    No. 5563.

      Sometido: Diciembre 16, 1932.

      Resuelto: Diciembre 22, 1932.

      L. Tormos García, abogado de los apelantes; Tons Soto & Zapater, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Alegan los demandantes en este caso que componen la sucesión intestada de Bienvenido Román, quien en 17 de septiembre de 1928 era un trabajador empleado por la de-mandada, Luce & Cía., S. en C., destinado a la colonia cono-cida por Hacienda Pótala, propiedad de dicha demandada, bajo la inmediata dirección del mayordomo de dicha colonia Manuel Arroyo, y que entre otros actos el dicho finado tenía que cortar yerba, picarla en un motor para alimentar el ganado de la demandada y también hacer los mandados y diligencias que dicho mayordomo le ordenara, teniendo que trabajar todos los días de la semana desde las siete de la mañana hasta las doce del día y desde la una hasta las seis de la tarde; que en 17 de septiembre de 1928, mientras dicho Bienvenido Román actuaba en su trabajo y mientras cami-naba en un coche con dirección al pueblo de Juana Díaz desde la Hacienda Pótala, se volcó el coche, recibiendo allí y en-tonces dicho Bienvenido Román lesiones y golpes que le ocasionaron la muerte inmediatamente; que la demandada tuvo inmediatamente conocimiento de estos hechos y desde entonces los demandantes comenzaron a hacer gestiones cerca de dicha demandada para que reportara el caso a la Comi-sión Industrial, creada por la Ley número 85 de 1928 (p. 631), ya que dicha demandada Luce & Cía., S. en C., era entonces y ha sido desde que dicha ley fue aprobada, su propio asegu-rador para sus trabajadores, y dicha Luce & Cía., S. en C., definitivamente en 3 de enero de 1929, negó toda su responsa-bilidad en relación al accidente que causó la muerte a dicho obrero Bienvenido Bomán, viéndose en esta forma y por esa negativa de la demandada privados los demandantes de recibir la compensación que les corresponde y que la Comi-sión Industrial venía obligada a asignarles a dichos deman-dantes de acuerdo con lo prescrito por la Ley No. 85 de 1928, ya que los mismos dependían para su subsistencia exclusiva-mente del jornal que dicho Bienvenido Bomán ganaba en su trabajo de la demandada, o sea siete dólares semanales; que dicho Bienvenido Bomán era un hombre joven, de 40 años de edad más o menos, sano, fuerte, saludable y trabajaba cons-tantemente, y que los demandantes tienen derecho a una compensación no menor de. tres mil dólares, de los cuales han sido privados por los actos de la demandada, no habiendo ésta compensado a dichos demandantes en ninguna forma; que con motivo de la negativa de la demandada a reportar la muerte y el accidente que se la causó a Bienvenido Bomán a la Comisión Industrial, expresando la verdad de los hechos tal y cómo el accidente ocurrió, los demandantes desde la muerte de Bienvenido Bomán han carecido de lo más indispensable para la subsistencia y sobre todo de alimentos y han sufrido necesidades y perjuicios de todas clases, sobre todo hambre y sufrimientos intensísimos y quebrantamientos en la salud de los mismos, los cuales sufrimientos y priva-ciones estiman los demandantes en la suma de cinco mil dólares.

La parte demandada excepcionó la demanda sobre la base de que la misma no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción. La corte inferior declaró con lugar la excepción previa, concedió a los demandantes diez días para enmendar su demanda en caso de que fuere posible, y a solicitud de dichos demandantes dictó sentencia declarando sin lugar la demanda en todas sus partes por no aducir hechos suficientes que constituyan una causa de acción. Los demandantes interpusieron recurso de apelación, alegando que la corte inferior cometió error al declarar con lugar la excepción previa y añadiendo que la sentencia es contraria a derecho.

Las alegaciones de la demanda demuestran claramente que los demandantes no pretenden obtener indemnización porque el accidente que ocasionó la muerte de su causante Bienvenido Román se debiera a la negligencia de la demandada. No se alega en la demanda, ni directa ni indirectamente, que el coche en que viajaba el referido Bienvenido Román se volcara como consecuencia de un acto negligente de la demandada. Los demandantes basan su acción en que la parte demandada dejó de cumplir con el deber que le impone el artículo 22 de la Ley No. 85 de 1928 (p. 631), según el cual, dentro de cinco días después de ocurrido el accidente, deberá el patrono presentar un informe escrito a la Comisión Industrial, en blancos suministrados por aquélla. Los demandantes entienden que tienen derecho a una compensación no menor de $3,000 y que han sido privados de esta compensación por los actos de la demandada. También estiman en $5,000 los sufrimientos y privaciones a que se han visto sometidos con motivo de la negativa de la demandada a informar a la Comisión Industrial del accidente que ocasionó la muerte a Bienvenido Román. En su alegato arguyen los demandantes que la demandada faltó a su deber, y que es responsable civilmente de sus actos negligentes y descuidados, maliciosos y temerarios. La ley en vigor cuando ocurrió el accidente que culminó en la muerte de Bienvenido Román, no prohíbe al empleado, o en caso de su muerte a sus herederos, informar a la Comisión Industrial del accidente, cuando lo crean conveniente y oportuno. No surge de la demanda que los demandantes practicaran gestión alguna en ese sentido, de todo lo cual se deduce que si la demandada faltó al cumplimiento de un deber, también fueron negligentes los demandantes al no tomar la iniciativa para informar de los hechos a la Comisión Industrial. La Comisión no necesita para actuar del informe del patrono, •una vez penetrada de los hechos por cualquier otro conducto. La omisión de este deber por parte del patrono no puede privar a la Comisión de las facultades que le han sido con-cedidas por la ley. Lo que la ley requiere es que la Comi-sión se entere cuanto antes del accidente. Por eso impone al patrono el deber de rendir su informe a los cinco días y al médico a las cuarenta y ocho horas de ocurrido el accidente. Los derechos del obrero o sus herederos no pueden estar a merced de la voluntad del patrono, y no otra cosa resultaría si se sostuviese el criterio de que la Comisión no puede actuar porque el patrono dejó de cumplir con el deber de la noti-ficación. Los demandantes en este caso no han estado im-pedidos de solicitar compensación ni de acercarse a la Comi-sión para comunicarle el accidente. Si esta Comisión no ha sido informada hasta hoy del referido accidente, culpa es también de los demandantes que no han practicado las dili-gencias debidas para llevar el caso al seno de dicha Comisión. No cometió error la corte inferior al resolver que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción.

Además la demandada alega que la acción de daños y perjuicios está prescrita de acuerdo con el artículo 1869, inciso segundo, del Código Civil, toda vez que se alega que el accidente ocurrió en 17 de septiembre de 1928, y la demanda fué radicada en 10 de febrero de 1930, después de transcurrido el período de un año. Así es, en efecto, pues aun cuando los demandantes basan su acción no precisamente en el accidente mismo, sino en la omisión de un acto que la demandada debió ejecutar, la verdad es que la causa de acción, si existiera, estaría prescrita a contar de esta fecha y aun desde el 3 de enero de 1929, en que la demandada, según se alega en la demanda, negó definitivamente toda responsabilidad en relación con dicho accidente.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Cándido Noriega González, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 874.

    Sometido: Noviembre 7, 1932.

      Resuelto: Diciembre 23, 1932.

      R. Atiles Moren, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Cándido Noriega González era dueño, por cesión, de un crédito hipotecario ascendente a $1,500 o más. Inició un pleito en cobro de dinero en la Corte de Distrito de Ponce y embargó la finca hipotecada. Posteriormente la finca fné vendida por el marshal de la Corte de Distrito de Guayama de conformidad con la autorización recibida de la Corte de Distrito de Ponce en ejecución de sentencia, y el adjudica-tario fné dicho Cándido Noriega González. Cuando la escri-tura otorgada por el marshal de la Corte de Distrito de Guayama fné presentada al registrador de dicho distrito, éste se negó a inscribir, según aparece de una nota que sus-tancialmente lee como sigue:

“Denegada la inscripción por observarse que según la inscripción cuarta de esa finca los dueños de la misma, Georgino Gutiérrez Santiago y su esposa Epifania Rodríguez, la declararon como su homestead (hogar seguro) para ellos y su familia ... y si bien el embargo para asegurar la efectividad de la sentencia ejecutada en este caso se practicó con anterioridad a la declaración de homestead, el registra-dor carece de autoridad para resolver la aparente colisión de derechos existente entre el demandado y el adjudicatario, etc.”

En este recurso se plantean dos cuestiones. Una de ellas es que el registrador está obligado a- inscribir la venta de todos modos, y la otra es en efecto que el asiento relativo al hogar seguro era nulo y carecía de todo valor.

El registrador sostiene que el título del hogar seguro y el título en que se funda el recurrente en este caso, Cándido Noriega González, son irreconciliables y no pueden subsistir juntos; que el título de hogar seguro y una recla-mación del dominio absoluto en otra persona no pueden coexistir..

El registrador cita la ley de hogar seguro, como sigue:

“Que no se hará venta alguna, por virtud de sentencia o ejecución,, de ninguna estancia, plantación o predio de terreno, y de los edificios contenidos en el mismo, cuando se reclamare u ocupare dicha finca eomo homestead, a menos que se obtenga por ella una suma mayor de quinientos dollars ...” (Estatutos Revisados, see. 1003).

De .acuerdo con esta sección es evidente que ningún acree-dor puede adquirir un derecho de propiedad en una finca con exclusión del derecho de hogar seguro, sino solamente en cnanto exceda de quinientos dólares. Si la propiedad resulta tener un valor de más de quinientos dólares, es natural que un acreedor se puede beneficiar del exceso y obtener en la subasta el remanente que hubiere. Convenimos con el registrador en tanto sostiene que en un caso ordinario el adjudicatario en una subasta no puede adquirir derechos que destruyan el de hogar seguro. Aquí podría decirse que lo que el adquirente trata de. inscribir son los derechos que pueda tener en la finca con motivo de la subasta. La Ley Hipotecaria provee en su artículo 2 que cualquier interés en bienes inmuebles puede ser inscrito. El registrador tendría que efectuar la inscripción correspondiente en- este caso, llamando la atención hacia la inscripción anterior del de-recho de hogar seguro, mas según hemos indicado en otro caso el registrador puede hacer la inscripción correspon-diente. Aun si la finca no vale más de $500 y el adquirente, es de opinión que valía más de dicha suma, tendría el de-recho de inscribir, aunque éste resultare ilusorio. Véase Bianchi v. Pierazsi, 25 D.P.R. 631. Si los dueños anteriores gozan del derecho de hogar seguro, para que el comprador pueda poseer un título perfecto debe saldar la reclamación. Ellos tienen de todos modos un gravamen sobre la propiedad.

El registrador cita el caso de González Clemente v. Registrador, 42 D.P.R. 875. Dicho caso meramente resolvió que cuando una finca se halla inscrita a favor de una persona, ningún otro que sostenga la nulidad de la inscripción así efectuada puede lograr que se inscriba a su favor.

El registrador está enteramente en lo cierto al decir que la cuestión relativa a la validez del hogar seguro no puede ser resuelta en este recurso. Correcta o incorrectamente, el registrador inscribió a virtud de escritura notarial el derecho de hogar seguro de los anteriores dueños. El registrador no está obligado a cancelar o eliminar esta inscripción sin la orden correspondiente de la corte de distrito en pleito incoado para tal fin, y esta corte tampoco tiene tal facultad dentro de este recurso gubernativo. En el registro de la propiedad no existe tal cosa como una inscripción total-mente nnla (inexistente). Subsiste basta qne sea debida-mente anulada o cancelada, aunque de acuerdo con la ley una persona que sostiene el beneficio de la inscripción no tenga derechos de clase alguna.

Debe revocarse la nota del registrador y hacerse la inscrip-ción de conformidad con las consideraciones de esta opinión.


author: Ed Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Luis Sanquírico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 872.

    Sometido: Noviembre 7, 1932.

      Resuelto: Diciembre 23, 1932.

      Luis Castro, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   Ed Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Luis Sanquírico demandó a Carmen Paradis en la Corte de Distrito de San Juan en juicio ordinario, para cobrarle una hipoteca por ella constituida en la finca No. 3937 cuadru-plicado del tomo 159 de Caguas y su demanda fué anotada en el Registro de la Propiedad de Caguas el 3 de octubre de 1930. Seis meses después y cuando la finca hipotecada estaba inscrita a nombre de José Fernández Lema presentó Sanquírico demanda contra Carmen Paradis en la Corte Municipal de Río Piedras por el procedimiento ordinario para cobrar esa hipoteca, en cuyo procedimiento le fué adju-dicada la finca gravada y se ordenó la cancelación de la inscripción hecha a favor de José Fernández Lema, cance-lación que negó el registrador y que fué confirmada por nosotros por los motivos que aparecen en el caso de Sanquírico v. Registrador, 43 D.P.R. 614. Después obtuvo Sanquí-rieo nueva orden de la Corte Municipal de Río Piedras para la cancelación de la inscripción de Fernández Lema y el mismo día libró el secretario el mandamiento correspondiente en el pleito en cobro de crédito hipotecario, pero cuando fué presentado en el registro de la propiedad de Caguas la finca estaba inscrita a nombre de Félix Sotelo Taboa. El regis-trador se negó a verificar la cancelación ordenada y fué in-terpuesto este recurso.

Los motivos que tuvo el registrador para su negativa son los siguientes: “Primero, porque la acción debió seguirse contra José Fernández Lema, quien tenía inscrita la finca en el registro de la propiedad desde antes de iniciarse la acción por ser ésta una acción real. Segundo, porque siendo una acción real debió entablarse dicha acción en la corte correspondiente a la jurisdicción donde radica la finca. Ter-cero, porque la orden y el mandamiento de cancelación tienen la misma fecha sin que conste de dicha orden que sea firme, y cuarto, por hallarse la finca inscrita actualmente a nombre de Félix Sotelo Taboa, que es un tercero que no ha inter-venido en el litigio, puesto que de cancelarse la inscripción a favor de José Fernández Lema quedaría cancelada de hecho la inscripción a favor de Sotelo Tab o a, quien adquirió de José Fernández Lema”.

Los créditos hipotecarios pueden ser cobrados por el procedimiento sumario de la Ley Hipotecaria y su reglamento y también, como se hizo en este caso, de acuerdo con decisiones de este tribunal, persiguiendo en un procedimiento ordinario el cobro y venta de la finca hipotecada, pero en uno u otro caso la acción debe seguirse contra la persona que sea dueña de la finca según el registro al tiempo de comenzarse el procedimiento por disponerlo así expresamente el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, cuyo precepto es aplicable al cobro por la vía ordinaria, ya que en ambos procedimientos existe la misma razón, cual es que sea demandado el actual dueño por el interés que tiene en la finca y no quien carece de él por haber dejado de ser dueño; y como la demanda que originó la orden de cancelación en este caso fue dirigida contra Carmen Paradis y no contra José Fernández Lema, que era el dueño cuando fué interpuesta, procedió correctamente el registrador al negar la cancelación de dicha inscripción.

El artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que deberán sustanciarse en el distrito en que radique el objeto de la acción los pleitos para ejecución de hipotecas sobre propiedad inmueble; y aunque el artículo 77 autoriza la sumisión del demandado por convenio o por gestión de él, que no sea la de pedir que el juicio se celebre en la corte correspondiente, tal sumisión de la demandada no existe en este caso y por eso la corte municipal de Río Piedras no tuvo competencia para conocer del pleito para cobro de la hipoteca de una finca radicada en Caguas, que corresponde a otro distrito judicial.

El hecho de que la finca se halla inscrita a favor de Félix Sotelo Taboa desde antes de presentarse la orden de cancelación que motiva este recurso, no es motivo para haber negado la cancelación de la inscripción de Fernández Lema, pnes no se trata de inscribir nn título estando inscrita la finca a favor de tercera persona.

En vista de las conclusiones a que llegamos se fiace in-necesario decidir si no siendo firme la orden de cancelación debe negarse su cumplimiento en el registro.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    In re Dr. Moisés Ramírez, Alcalde de Cabo Rojo, peticionario, v. Hon. James R. Beverley, Gobernador de Puerto Rico, demandado.
    No. 845.

    Sometido: Junio 20, 1932.

    Resuelto: Diciembre 23, 1932.

      L. Tormos García, abogado del peticionario; Son. Attorney General ('liarles TS. Winter y T. Torres Pérez, Subprocurador, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal..

La ley No. 53 de 1928 (p. 335) dispone en su sección 11 lo siguiente:

' ‘ Cuando en algún municipio ocurrieren fricciones continuas entre la asamblea y el alcalde, a tal extremo que el crédito municipal y los asuntos públicos sufrieren graves demoras o perjuicios, el alcalde o la> asamblea podrá acudir al Gobernador en demanda de que ordene una investigación que, en este caso, será practicada por la oficina del Auditor de Puerto Rico.
“Este funcionario rendirá un informe que será-sometido a una co-misión compuesta de tres miembros del Senado que designe el Presi-dente, uno de los cuales representará las minorías. Esta comisión ten-drá autoridad bastante para recomendar al Gobernador que declare vacante el cargo de alcalde o el de cualquier número de miembros de la asamblea y que proceda al nombramiento de los funcionarios sustitutos por el término y en la misma forma que se dispone en esta Ley para cuando ocurran vacantes en los referidos cargos. La Comi-sión no adoptará resolución alguna liasta después de celebrarse una vista donde todas las partes interesadas puedan ser oídas y tengan derecho para presentar prueba sobre las cuestiones envueltas. La re-solución del Gobernador podrá ser revisable por certiorari.”

Amparándose en- ese precepto legal cuatro de los siete miembros qne constituyen la Asamblea Municipal de Cabo Rojo dirigieron una comunicación escrita al Gobernador de esta Isla exponiendo que la situación prevaleciente en aquel municipio por las constantes fricciones entre el alcalde Sr. Moisés Ramírez y la asamblea municipal hacían necesaria su intervención para que al fin reinase la marcha tranquila en aquel municipio y señalaron ciertos actos del alcalde como productores de tal situación. Practicada por el Auditor de Puerto Rico la investigación de los hechos que ordena la ley, fue remitida al presidente del Senado, quien nombró una comisión compuesta de tres senadores, la que después de practicar una investigación en audiencia pública informó al Gobernador que entre la Asamblea Municipal de Cabo Rojo y el alcalde de ese municipio existían serias fricciones per-judiciales al crédito municipal y a los intereses públicos de dicho pueblo de las que el único responsable es el alcalde y recomendó al Gobernador que declarase vacante el cargo de alcalde municipal de Cabo Rojo. Fundándose en ese informe y recomendación que contiene, el Gobernador declaró vacante el expresado cargo. Contra esa resolución se interpuso el presente recurso de certiorari por el alcalde Ramírez. • Uno de los motivos en que se funda este recurso es que no existiendo acuerdo alguno de la asamblea municipal haciendo constar la existencia de tales fricciones, caos admi-nistrativo y pérdida del crédito del municipio de Cabo Rojo, ni el Senado de Puerto Rico ni el Gobernador de esta Isla han tenido jurisdicción en este asunto y por tanto no podía dictarse la resolución que ha sido impugnada.

Según la ley el alcalde o la asamblea municipal puede acudir al Gobernador en demanda de que se ordene una investigación en casos como el presente. No existe acuerdo alguno de la asamblea municipal de Cabo Rojo para acudir al Gobernador por las fricciones existentes entre el alcalde y ella. Sólo existe la petición individual de cuatro de sus asambleístas pero los actos que realicen individualmente personas que pertenezcan a la asamblea municipal no son los actos de la asamblea municipal. En 2 McQuillin, Municipal Corporations, primera edición, págs. 1266-1267, se dice que la existencia de un concejo o cuerpo gubernamental es una junta o entidad cuyos miembros no pueden realizar acto válido alguno a no ser actuando como junta, citando muchas decisiones en apoyo de ese principio. El término “asamblea” citado en la ley con relación a “municipio” quiere decir “asamblea municipal”, la que actúa mediante acuerdos. Si el legislador hubiera querido que la denuncia pudiera ser hecha individualmente por miembros de la asamblea, lo hubiera así expresado. En este caso la Asamblea Municipal de Cabo Rojo como tal cuerpo nada ha solicitado del Gobernador, y como los actos individuales de los asambleístas no son los actos de la asamblea, hay que llegar a la conclusión de que faltando la queja o demanda de la asamblea municipal al Gobernador, todo lo actuado se hizo sin jurisdicción y por este motivo debe anularse la resokición recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mercedes Molina, acusado y apelante.
    No. 4895.

    Sometido: Diciembre 2, 1932.

      Resuelto: Diciembre 23, 1932.

      A. García Veve, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes Molina fué convicto de infringir la sección pri-mera de la ley para impedir la crueldad con los animales, aprobada el 10 de marzo de 1904 (Estatutos de 1911, sección 98). El único señalamiento es que la corte de distrito co-metió error al apreciar la prueba y al declarar culpable al acusado.

Hubo prueba tendente a demostrar que el motivo que indujo al acusado fué proteger la propiedad de sus patronos, más bien que el vengarse del animal en cuestión, una puerca. El motivo fué una cuestión de hecho y el juez sentenciador no parece haber estado actuando bajo impresión errónea respecto a la ley aplicable a tal cuestión. Aun si se admitiera para los fines de la argumentación que pudo haber sido necesario matar la puerca a fin de proteger la propiedad del patrono del acusado, no era necesario mutilar el animal y dejarlo sufrir y finalmente morir, como murió. El acusado mismo declaró que no fué su intención matar o herir la puerca, mas fue ésa también una cuestión de hecho para el juez sen-tenciador.

No hallamos error manifiesto en la apreciación de la prueba y la sentencia apelada dehe ser confirmada.