text:
      In re María M. Charbonier Laureano.

      Número: AB-2006-0373

      Resuelto: 30 de junio de 2015

      Amir Cristina Nieves Villegas, Noemí Rivera de Colónr procuradoras generales auxiliares, Karla Z. Pacheco Alvarez, Zaira Z. Girón Anadón y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradoras generales; Marisel Barroso Rivera, abogada de la Oficina del Contralor; María Milagros Charbonier Laureano, pro se.
   RESOLUCIÓN

Atendidos el informe final de la Procuradora General y la Moción en cumplimiento de orden de réplica que presentó la Leda. María Milagros Charbonier Laureano, el Tribunal censura a la letrada ante la inexactitud de sus facturas y la identificación de horas exactas que no corresponden a las horas reales en que se rindió los servicios legales. Ello apunta a un relajamiento del criterio de honestidad hacia el cliente que exige a todo abogado el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX.

Ahora bien, los hechos de esta queja se remontan a 2002 y 2003. La queja se refirió a la Oficina de la Procuradora General en marzo de 2007 y tras una investigación de la Oficina del Fiscal General el Secretario de Justicia descartó en enero de 2008 el procesamiento por la comisión de delitos. El asunto estuvo desde entonces en la Oficina de la Procuradora General y no fue hasta agosto de 2014 —seis años y medio después— que se presentó el informe final ante nos.

Pedirle a la abogada que luego de tanto tiempo explique los detalles de sus facturas la colocaría en un estado de indefensión provocado por la demora inexplicada en la investigación de esta queja. Tampoco hay prueba clara, robusta y convincente de que los servicios facturados no se prestaron.

Atendidos estos factores, se apercibe a la licenciada Charbonier Laureano de que debe ser sumamente rigurosa para asegurarse de que el contenido de sus facturas revele con corrección los detalles que requiere el cobro de honorarios por servicios legales prestados. Dicho esto, y por todo lo señalado, se ordena el archivo de esta queja.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez ordenarían presentar una querella según el informe de la Procuradora General. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular disidente. El Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no interviene. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez se inhibió.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Voto particular disidente emitido por la

Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

Por entender que la conducta imputada a la Leda. María M. Charbonier Laureano merece que ordenemos la presentación de la querella correspondiente, disiento del curso de acción de una mayoría de este Tribunal en el caso de epígrafe. Innegablemente, las actuaciones de la licenciada que se detallan en el Informe final de la Procuradora General ameritan que el asunto sea atendido con la rigurosidad y ponderación que requiere un procedimiento disciplinario ordinario. Veamos.

HH

El 27 de marzo de 2007, remitimos copia de la queja que nos ocupa a la Oficina de la Procuradora General para que se llevara a cabo la investigación y se emitiera el informe correspondiente. No obstante el 7 de mayo de 2007 se solicitó la paralización de los procedimientos hasta tanto la Oficina del Fiscal General culmine la investigación criminal de los hechos alegados contra la licenciada Charbonier Laureano. Por los mismos hechos, también se hizo un referido a la Oficina de Etica Gubernamental, el cual resultó en la imposición de multas administrativas a los funcionarios implicados.

En agosto de 2014, la Procuradora General presentó su Informe final. En éste detalló los hallazgos producto de una auditoría de las operaciones fiscales del municipio de Canóvanas que dieron lugar a la queja presentada por el excontralor, a saber:

1. La Lie. María M. Charbonier Laureano sometió y cobró facturas y justificantes por servicios profesionales al Municipio de Canóvanas por $54,850.00 (1,097 horas), por concepto de servicios prestados a personas indigentes que no estaban cubiertos por el contrato otorgado. Adujo el contralor que ni el Municipio ni la abogada le pudieron proveer a los auditores los expedientes de las personas a quienes se le prestaron los servicios y que, alegadamente, fueron cualificados y referidos a la abogada por el Municipio. Señaló que esa situación le dificultó a su Oficina verificar la legalidad y corrección de tales servicios y si, en efecto, fueron prestados.

2. En una muestra de 173 casos analizados, no se encontró evidencia en los expedientes que obran en los tribunales sobre la prestación de los servicios facturados por la Lie. Charbonier Laureano en 131 casos, equivalentes a $31,950.00 o 639 horas facturadas.

3. La Lie. Charbonier Laureano facturó 212 horas, equivalentes a $10,600.00 por servicios prestados durante un mismo periodo, lo que ocasionó una duplicidad de pagos por servicios. Informe final de la Procuradora General, pág. 2.

Al contestar la queja, la licenciada Charbonier Laureano negó las alegaciones del excontralor con relación a posibles infracciones a los Cánones 24 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. EX. Indicó que los hallazgos se basaban en especulaciones resultantes de una interpretación errónea del contrato de servicios otorgado entre esta y el municipio. Solicitó el archivo de la queja fundamentada en que esas especulaciones no constituían base suficiente para sostener violaciones éticas. Véase Informe final de la Procuradora General, págs. 2-4.

Por otro lado, el excontralor también refirió los hallazgos del Informe de auditoría al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental. A pesar de que el Departamento de Justicia determinó no presentar cargos criminales, sí requirió que el municipio procediera a recobrar los fondos públicos que le fueron desembolsados a esta de forma ilícita. Asimismo, el excontralor refirió el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental. El 7 de julio de 2011, esa Oficina emitió una resolución en la que se determinó que los funcionarios implicados, incurrieron en una “evidente falta de diligencia y cuidado en el trámite de los pagos que efectuó el Municipio a la licenciada Char-bonier Laureano”. Anejo III, Apéndice, pág. 54. Además, la resolución dispuso que la licenciada Charbonier Laureano “cobró de forma indebida por: prestar representación legal en contravención a lo dispuesto por ley, servicios que ésta no prestó sino su esposo, horas adicionales no autorizadas y horas duplicadas”. íd.

El 13 de julio de 2012, el Tribunal de Apelaciones confirmó esa resolución. Al así proceder, se fundamentó en la “abundante prueba documental detallando todos los incidentes de facturación patentemente irregular”. Anejo IV, Apéndice, pág. 58. Además, determinó que esa prueba, consistente en contratos, recibos, facturas, cartas y certificaciones, no había sido impugnada de modo alguno. Véase íd. El Tribunal de Apelaciones también incluyó segmentos de los testimonios vertidos ante la Oficina de Etica. Mediante estos, se reconoció que la licenciada Charbonier Laureano había facturado, durante el mismo día, siete horas trabajadas de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en el Tribunal de Primera Instancia de Río Grande y cinco horas trabajadas de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. por gestiones realizadas redactando una moción urgente ante el Tribunal de Apelaciones. Véase íd., págs. 58-59.

Con este trasfondo procesal, y resueltas las controversias planteadas ante la Oficina de Ética Gubernamental, la Procuradora procedió a realizar su investigación. En su Informe, luego de evaluar las tareas específicas delimitadas en los contratos suscritos entre la licenciada Charbonier Laureano y el municipio, examinó la prueba relativa a la duplicidad de pagos y las facturas presentadas. A esos efectos, concluyó que, “de la faz de dichas facturas surge que la letrada requirió y cobró honorarios por servicios que supuestamente fueron ofrecidos dentro de un mismo periodo en cuanto a diferentes casos”. Informe final de la Procuradora General, pág. 14. Además, luego de examinar las facturas, a la luz de las constancias en los expedientes judiciales, la Procuradora determinó que varios de los servicios facturados ni tan siquiera habían sido prestados por la licenciada Charbonier Leaureano. Véase íd. Así, el Informe relata otras instancias en las que la licenciada Charbonier Laureano incurrió en doble facturación, o facturación concurrente, al cobrar por los servicios prestados por esta desde enero de 2002 hasta septiembre de 2003.

Estas instancias, las cuales no incluyen aquellas en las que la licenciada facturó y cobró por servicios que no fueron prestados, suman aproximadamente treinta. Es decir, en treinta ocasiones distintas durante un periodo de menos de dos años, la licenciada Charbonier Laureano, en una misma factura, reclamó el pago de servicios aduciendo que estuvo atendiendo cierto asunto en determinada fecha y periodo y, a su vez, reclamó el pago de otros servicios relacionados con uno o varios casos distintos que indicó haber estado atendiendo en la misma fecha y periodo. Véase Informe final de la Procuradora General, pág. 14 esc. 6.

El Informe de la Procuradora incluye, también, instancias específicas, sustentadas por evidencia, en las que la licenciada Charbonier Laureano facturó y cobró por servicios que no fueron prestados. A modo de ejemplo, el 12 de septiembre de 2002, la licenciada facturó y cobró $250 por comparecer a una vista en el Tribunal de Carolina en representación de un cliente que le había sido referido por el Municipio para que le prestara servicios por su presunta condición de indigencia. No obstante, de la minuta de la vista pautada se desprende que la licenciada Laureano Charbonier no compareció. Véase Anejo XI, Apéndice, pág. 171.

En ocho instancias adicionales, la licenciada Charbonier facturó y cobró por servicios que no fueron prestados. En una ocasión, la licenciada Charbonier Laureano facturó y cobró por dieciséis horas de trabajo en un juicio en supuesta defensa de un imputado para fechas en las que ni tan siquiera se había presentado la denuncia correspondiente ante el Tribunal de Primera Instancia de Naguabo. Véase Anejo XVI, Apéndice, págs. 179-180.

II

Luego de evaluar la evidencia obtenida, la Procuradora General concluye en su Informe que existe prueba clara, robusta y convincente sobre la posible comisión de infracciones a los Cánones 24, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Véase Informe final de la Procuradora General, pág. 44. Indica, además, que la licenciada Charbonier Laureano, a lo largo de la investigación, no ha podido ofrecer explicaciones en cuanto a las irregularidades detalladas en los hallazgos.

A pesar de la recomendación y conclusión de la Procuradora General, una mayoría de este Tribunal ha determinado que lo procedente es archivar la queja y limitarse a describir la conducta de la licenciada Charbonier Laureano como “un relajamiento del criterio de honestidad hacia el cliente que exige a todo abogado el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX”. Resolución, pág. 409. De esta manera, la mayoría está conforme con simplemente apercibir a la licenciada Charbonier Laureano y ordenar el archivo de la queja presentada en su contra.

Lo que es peor, una mayoría de este Tribunal justifica su proceder en el hecho de que estima que “pedirle a la abogada que luego de tanto tiempo explique los detalles de sus facturas la colocaría en un estado de indefensión provocado por la demora inexplicada en la investigación de esta queja”. Resolución, pág. 2. La mayoría ignora el hecho de que, al momento de la auditoría que dio lugar a la queja, la licenciada Charbonier Laureano no pudo proveer documentación a los auditores con relación a los servicios prestados. Asimismo, en los expedientes auditados que obraban en los tribunales no se encontró evidencia alguna sobre la supuesta prestación de los servicios profesionales que le fueron facturados al municipio, conforme a los hallazgos del excontralor.

Es decir, la supuesta indefensión de la licenciada no es producto del tiempo transcurrido entre el inicio del procedimiento y el Informe de la Procuradora, sino más bien de la falta absoluta de evidencia tendente a justificar el cobro de las horas por servicios profesionales. El propio Informe de la Procuradora General apunta también a la exigua información que durante el transcurso de la investigación pudieron proveer las partes implicadas con relación a las facturas y la documentación relacionada con los servicios prestados. Por último, es preciso señalar que no fue hasta el 2012 que la determinación de la Oficina de Etica Gubernamental advino final y firme, por lo que es desacertado afirmar que el Informe fue presentado transcurrido un tiempo considerable tomando únicamente como punto de partida el archivo de los cargos criminales.

Lamentablemente, comedimientos exógenos a la búsqueda de la verdad, mediante un análisis ponderado y ecuánime de los hechos reseñados por la Procuradora General, inciden en el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y resultan en el archivo de una queja con serias imputaciones éticas que no deben ser pasadas por alto. Por entender que ningún miembro de la profesión legal se encuentra por encima de la ley y que del Informe de la Procuradora General se desprenden posibles violaciones éticas de ingente gravedad, hubiese ordenado la presentación de la querella y la celebración de la vista correspondiente. Esto, en aras de salvaguardar la legitimidad de nuestra jurisdicción disciplinaria y demostrar que, en el ejercicio de ésta, rige la imparcialidad y el compromiso con el mejoramiento de la profesión legal en nuestro País.

Ante la crisis fiscal que encaran nuestras instituciones gubernamentales y las múltiples expresiones emitidas por miembros de este Foro con relación a recortes presupuestarios y el acceso a la justicia, es inconcebible que una mayoría de este Tribunal opte por desatender imputaciones éticas que involucran, justamente, el cobro de fondos públicos y la facturación indebida de servicios prestados a personas indigentes. Por considerar que la evidencia esbozada por la Procuradora General amerita que este asunto continúe el trámite procesal disciplinario al que regularmente están sujetas quejas de esta índole, disiento.

       Aun hoy, la devolución por parte de la licenciada Charbonier Laureano de esos fondos públicos no se ha concretado. Véase Informe, pág. 5.

       Específicamente, José E. Soto Rivera (entonces alcalde del municipio), Miguel A. Jiménez Carrión (exvicealcalde) y Lilliam Rodríguez García (ex directora de finanzas).

       Cabe señalar que la Sentencia del Tribunal de Apelaciones advino final y firme el 11 de diciembre de 2012, luego de que este Tribunal dictara una sentencia confirmatoria al estar igualmente dividido.

       Específicamente, la distribución de las facturas con horas concurrentes durante ese periodo es la siguiente: (1) enero 2002 - cuatro facturas; (2) febrero 2002 - tres facturas; (3) agosto 2002 - una factura; (4) enero 2003 - tres facturas; (5) febrero 2003 - cuatro facturas; (6) marzo 2003 - dos facturas; (7) julio 2003 - cinco facturas; (8) agosto 2003 - cuatro facturas, y (9) septiembre 2003 - cinco facturas.

       En su contestación al Informe final de la Procuradora General, la licenciada Charbonier Laureano explica que la falta de evidencia se debe a que los expedientes fueron remitidos por el municipio a la Oficina del Contralor al inicio de la investigación. Véase la Moción en cumplimiento de orden de réplica al Informe final de la Procuradora, en las págs. 16-17. Además refuta, sin proveer la debida documentación, la mayoría de las instancias en las que se le imputa facturación concurrente. Al tratarse de un asunto de credibilidad, considero que la vista probatoria que conlleva la presentación de una querella pondría a este Tribunal en mejor posición de dilucidar la veracidad de los argumentos expuestos por la licenciada en su contestación.

       Cabe señalar que la indefensión y lo indefendible son cosas distintas. Mientras que encontrarse en un estado de indefensión parte de la premisa de la dificultad que supone la obtención de evidencia transcurrido un término considerable de tiempo, lo indefendible no obedece al paso del tiempo, sino a la ausencia total de esa evidencia.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Juan Ramón Miranda Díaz.

      Número: TS-7548

      Resuelto: 30 de junio de 2015

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Juan Ramón Miranda Díaz, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos precisados a suspender a un miembro de la profesión por desatender los requerimientos de este Tribunal, apartándose de las normas éticas que rigen el ejercicio de la profesión. Por tal razón, y conforme con lo detallado a continuación, ordenamos la suspensión inmediata e indefinida del Ledo. Juan Ramón Miranda Díaz del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

I

El Ledo. Juan Ramón Miranda Díaz (licenciado Miranda Díaz) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 1982 y al ejercicio de la notaría en 1983. Los hechos que dan lugar a esta acción disciplinaria son los siguientes.

El 24 de noviembre de 2014, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (Director de la ODIN) presentó ante esta Curia un escrito titulado “Informe especial sobre incumplimiento de la Ley Notarial y su Reglamento; solicitando incautación preventiva; y otros remedios”. En este nos informó que el licenciado Miranda Díaz adeudaba 129 índices de actividad notarial mensual correspondientes a enero de 2004 hasta septiembre de 2014. El letrado fue notificado sobre dichas deficiencias en octubre de 2014.

Evaluado el referido informe especial, el 8 de diciembre de 2014 emitimos una Resolución en la que ordenamos la incautación inmediata de la obra notarial del letrado. Además, le concedimos un término de treinta días para que presentara ante la ODIN los informes de actividad notarial mensual adeudados. Por otra parte, le ordenamos que en el término de cinco días mostrara causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría, y las razones por las cuales no debíamos imponerle una sanción económica de $500 a tenor con el Art. 62 de la Ley Notarial de Puerto Rico, según enmendada, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 LPRA see. 2102). Dicha Resolución le fue notificada personalmente al licenciado Miranda Díaz el 11 de diciembre de 2014.

Algunos días después de que dictáramos la mencionada orden, el 15 de diciembre de 2014, compareció el licenciado Miranda Díaz mediante escrito titulado “Cumplimiento de orden sobre resolución de este Honorable Tribunal”. En este sostuvo que durante los pasados años enfrentó periodos de inestabilidad económica, emocional y financiera. Además, aceptó responsabilidad por las faltas cometidas, informó su interés en corregirlas y solicitó no ser relevado de la práctica de la abogacía aunque se le restringiera la práctica de la notaría. Posteriormente, el 28 de enero de 2015, compareció nuevamente el Director de la ODIN y nos informó que el letrado no había cumplido con la orden que dictamos el 8 de diciembre. Además, informó que el Alguacil de este Tribunal no logró incautar el libro de testimonios del referido notario y que la obra protocolar incautada reflejó una deficiencia arancelaria de $866.

Luego de evaluar la comparecencia del licenciado Miranda Díaz y del Director de la ODIN, emitimos una Resolución el 6 de febrero de 2015 para conceder un término final e improrrogable de treinta días al letrado para que atendiera los señalamientos de la ODIN y subsanara las deficiencias de la obra notarial. También, le apercibimos que el incumplimiento con ésa orden sería causa para suspenderlo indefinidamente del ejercicio de la profesión. Mientras tanto, el 19 de febrero de 2015, antes de que le fuera notificada dicha Resolución, el licenciado presentó una moción titulada “Solicitud de último término para completar solución a faltas”. Mediante esta solicitó que le extendiéramos una prórroga hasta el 20 de marzo de 2015 para cumplir con las órdenes dictadas. Añadió que en enero de 2015 presentó dificultades médicas y anejó a su moción la copia de un certificado médico al respecto. Al día siguiente, el 20 de febrero de 2015, le fue notificada personalmente la Resolución que emitimos el 6 de febrero de 2015. Así las cosas, el 13 de marzo de 2015, el licenciado Miranda Díaz presentó otra moción titulada “Solicitud de breve término final para completar solución a faltas” en la que nos solicitó un término final hasta el 31 de marzo de 2015 para “aseverar y verificar la solución a las faltas [...]”.

El 25 de mayo emitimos una Resolución en la que concedimos un último término para cumplir con nuestras órdenes. La misma se le notificó el 1 de abril por correo regular y a su correo electrónico. Finalmente, el 27 de mayo compareció el Director de la ODIN a informarnos que a esa fecha el licenciado Miranda Díaz no había cumplido con lo que le ordenamos mediante la Resolución que emitimos el 8 de diciembre de 2014.

II

En reiteradas ocasiones hemos expresado que todo abogado tiene la ineludible obligación de observar rigurosamente los requerimientos de este Tribunal. In re Aponte Del Valle, 189 DPR 245, 249 (2013); In re Rivera Rosado, 180 DPR 698, 701 (2011); In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766, 768 (2011). Asimismo, hemos enfatizado que la naturaleza pública de la profesión de la abogacía impone al abogado el deber de responder oportunamente a todo requerimiento relacionado con investigaciones disciplinarias. In re Prieto Rivera, 180 DPR 692, 697 (2011); In re Morales Rodríguez, 179 DPR 766, 769 (2011); In re García Incera, 177 DPR 329, 331 (2009). De igual manera, hemos señalado que desatender las órdenes judiciales constituye una afrenta a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Etica Profesional, 4 LPRA Ap. IX. In re García Incera, supra, pág. 331. Por consiguiente, cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente ante los apercibimientos de sanciones disciplinarias, procede la suspensión inmediata del ejercicio de la profesión. In re Feliciano Jiménez, 176 DPR 234, 235 (2009); In re Arzón Rivera, 175 DPR 763, 765 (2009).

Por otra parte, todo notario está obligado al estricto cumplimiento de la Ley Notarial de Puerto Rico y de los cánones del Código de Etica Profesional. In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 499 (2013), citando a In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572, 580 (2012), y a In re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805, 815 (2011). Este debe ser en ex-tremo cuidadoso y tiene el deber de desempeñarse con esmero, diligencia y estricto celo profesional. In re Martínez Sotomayor, 189 DPR 492, 499 (2013). Por lo tanto, el incumplimiento con estas fuentes de obligaciones y deberes los expone a la acción disciplinaria correspondiente. Id.

Sabemos que el Art. 48 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2072, dispone la forma en que los notarios conservarán los Protocolos. A tales fines, estos son responsables de su integridad y están sujetos a sanciones si se deterioran o pierden por su falta de diligencia. In re Rosebaum, 189 DPR 115, 119 (2013). El compromiso del notario es de tal grado con relación al cuidado de los Protocolos que el Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, impone sobre este la responsabilidad por su deterioro o pérdida. El notario está obligado a reponerlos o restaurarlos a sus expensas. Id. Claro está, el que el notario cumpla con su deber no impide que este Tribunal le imponga unas sanciones o medidas disciplinarias adecuadas. Id.

III

En el caso de autos, el licenciado Miranda Díaz incumplió con su deber de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. Este cuadro fáctico se agrava ante las serias deficiencias que hasta hoy no han sido corregidas o subsanadas. Han pasado poco más de seis meses desde que el abogado fue notificado de las deficiencias y todavía no las ha subsanado, a pesar de que hemos concedido prórrogas para ello. En vista de lo anterior, decretamos su suspensión indefinida e inmediata del ejercicio de la abogacía y de la notaría, según se le había apercibido. Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles tanto los expedientes de casos pendientes como cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, e informar de su suspensión indefinida a los foros judiciales y administrativos de Puerto Rico.

Por otro lado, tiene la obligación de subsanar las deficiencias señaladas en el Informe rendido por ODIN. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra protocolar del señor Miranda Díaz que no pudo ser recuperada, incluso el libro de Registro de Testimonios y su sello notarial, y entregarla al Director de la ODIN para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Señora Fiol Matta y la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.


text:
    Accurate Solutions & Design, Inc., peticionaria, v. Heritage Environmental Services Puerto Rico, L.L.C. et al., recurridos.

      Número: CC-2014-0449

      Resuelto: 30 de junio de 2015

      Tomothy J. Landers Santiago, de Barnés Rosich CSP, abogado de Accurate Solutions & Design, Inc., parte peticionaria; Jorge Rullán, Jerry Lucas Marrero y Carolina Velaz Rivero, de O’Neill & Borges LLC, abogados de Heritage Enviromental Services Puerto Rico, LLC y de Heritage Environmental Services LLC, partes recurridas.
   El Juez Asociado Señor Estrella Martínez

emitió la opinión del Tribunal.

Nos concierne expresarnos en torno al modo y las formalidades requeridas para promover los proyectos de energía renovable que han sido declarados parte de la política pública de Puerto Rico. Particularmente, debemos determinar si solamente los ingenieros licenciados pueden ofrecer la promoción de estos proyectos. En caso afirmativo, la peticionaria no tendría derecho a la concesión del remedio solicitado. Veamos.

I

Los hechos que originan la controversia ante nuestra consideración se remontan al 30 de enero de 2012. En esta fecha, Accurate Solutions & Design, Inc. (ASD o la peticionaria) presentó a Heritage Environmental Services, PR, LLC (HESPR) la Propuesta Núm. Q17-052 intitulada Proposal for Commercial Grid-Tie 99.36KW Renewable Solar Array System (propuesta), la cual preparó el Ing. Edgardo Quiñones. En ella, ASD ofreció implementar un sistema fotovoltaico para generar y suplir electricidad a la instalación de HESPR en Mayagüez, Puerto Rico. Para cumplir con este objetivo, en la propuesta se incluyó un análisis del impacto ambiental, económico y legal que tendría el sistema solar. El Ing. Roberto Acosta Marín (ingeniero Acosta Marín) y el Sr. Ronald J. Marinelli aceptaron y firmaron la propuesta en la primera y última página.

Así las cosas, el 4 de abril de 2012 ASD y HESPR suscribieron un acuerdo intitulado Green Energy Fund-Tier 1 con la Administración de Asuntos Energéticos de Puerto Rico (AAE). Según surge del acuerdo y lo determinado por el Tribunal de Primera Instancia, ASD compareció en calidad de agente de HESPR. En el acuerdo se concertó que la AAE otorgaría varios reembolsos de inversión para la instalación del proyecto de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley Núm. 83-2010, conocida como la Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, 13 LPRA see. 10421 et seq. Ello siempre que se hiciera conforme a los términos y condiciones del proyecto presentado ante la agencia.

A pesar de esto, el 4 de septiembre de 2012 HESPR remitió una misiva a ASD en la que le informó que las operaciones de sus instalaciones cambiaron y ya no estaba interesado en continuar con el Proyecto. Indicó, además, que no estaba obligado a pagar ninguna penalidad de cancelación por entender que el acuerdo suscrito era nulo ab initio. Ello, debido a que en la jurisdicción de Puerto Rico la práctica de la ingeniería solo puede ser llevada a cabo por ingenieros licenciados, no por corporaciones como ASD. Por último, le informó que la decisión de no continuar con el proyecto iba a ser notificada a la AAE, ya que el incentivo solicitado no iba a ser necesario.

A tenor con lo anterior, el 3 de enero de 2013 ASD acudió ante el Tribunal de Primera Instancia y presentó una demanda contra HESPR y su compañía matriz, Heritage Environmental Services, LLC (HES), por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. En ésta, alegó que antes de contratar, realizó un exhaustivo proceso de búsqueda, firma e intercambio de documentos para obtener los reembolsos de la AAE, además de que invirtió un sinnúmero de horas de trabajo. Por lo tanto, al momento en que HESPR decidió cancelar el acuerdo, ya el equipo y los materiales que ASD iba a instalar estaban en las instalaciones de HESPR. Por ello, alegó que no pudo utilizarlos en otros proyectos, lo cual le generó grandes pérdidas económicas, además de que éstos se estaban deteriorando. De igual forma, reclamó daños monetarios por no recibir las ganancias por el consumo mensual de energía que HESPR iba a obtener debido a la inversión de ASD. Asimismo, solicitó que se le restituyera la fianza que presentó ante la AAE para asegurar el cumplimiento del acuerdo. En total, reclamó la cantidad de $887,101.94 por todos los daños sufridos, más las costas, intereses y honorarios de abogado.

Por su parte, HESPR y HES (en conjunto, los recurridos) presentaron una Moción de Desestimación. Argumentaron que la demanda era improcedente en derecho, ya que lo reclamado no justificaba la concesión de un remedio a favor de ASD. En esencia, argüyeron que el objeto del acuerdo es ineficaz en la medida que el diseño y la instalación del proyecto por parte de ASD constituye un ejercicio ilegal de la profesión de la ingeniería. Como consecuencia, alegaron que ni la propuesta ni el acuerdo presentado ante la AAE surtieron efecto jurídico, por lo que las partidas reclamadas en la demanda eran improcedentes.

Ante estas alegaciones, ASD presentó una Moción en Oposición a Desestimación, en la cual sostuvo que el negocio pactado era para la venta de energía, lo cual no constituye un ejercicio de la ingeniería. En la alternativa, adujo que es acreedora de una reclamación en culpa in contrahendo, ya que los recurridos no profesaron la buena fe exigida en nuestro ordenamiento durante las negociaciones precontractuales.

Por otra parte, ASD también presentó una Moción Solicitando Autorización para Enmendar Demanda y Acumular Parte Indispensable como Co-demandante. En ésta, ASD adujo que el contrato objeto de la controversia realmente fue suscrito por HESPR, la AAE y el ingeniero Acosta Marín en su carácter personal, ya que éste es el único accionista y beneficiario de ASD. Por ello, le solicitó al tribunal que le permitiera enmendar ese hecho de la demanda original y que el ingeniero, su cónyuge y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, fuesen incluidos como demandantes. HESPR presentó una Réplica a Oposición a Moción de Desestimación.

Así las cosas, luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia, notificada el 4 de junio de 2013, en la cual declaró “ha lugar” la Moción de Desestimación presentada por los demandados y desestimó con perjuicio la demanda presentada. El Tribunal concluyó que el contrato suscrito entre ASD y HESPR constituyó una práctica ilegal de la ingeniería. Ello, debido a que en éste “se detallan todos los componentes y equipos necesarios para el diseño y la instalación del sistema de energía renovable”. (Enfasis suprimido). Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 71. Por tal razón, determinó que el contrato era nulo ab initio y, en consecuencia, ASD no tenía derecho a recibir ninguna de las partidas reclamadas en sus alegaciones.

Ante tal determinación, el 19 de junio de 2013 ASD presentó una Moción de Reconsideración, en la cual argüyó que el tribunal primario erró al concluir que el objeto del contrato era el ofrecimiento de servicios de ingeniería, en vez de la instalación de paneles fotovoltaicos. Asimismo, que erró al desestimar la demanda sin autorizar la enmienda solicitada por ASD y sin considerar remedios adicionales aun cuando el contrato entre las partes fuese declarado nulo. El 10 de julio de 2013 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en la cual denegó la reconsideración presentada.

A tenor con lo anterior, la peticionaria recurrió al Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia. En esencia, razonó que la implantación de un sistema fotovoltaico requiere el conocimiento especializado que solamente posee un ingeniero de manera consustancial, no incidental. En consecuencia, concluyó que el contrato suscrito entre las partes era nulo ab initio. Asimismo, determinó que del acuerdo suscrito con la AAE se desprende que el ingeniero Acosta Marín compareció en representación de HESPR, no en su carácter personal. Siendo así, el foro apelativo resolvió que el defecto de la demanda no podía ser subsanado, ya que la actuación de ASD era improcedente en derecho. En cuanto a la doctrina de culpa in contrahendo, pronunció que ésta no está disponible cuando las partes suscriben un acuerdo ilegal. Posteriormente, el foro apelativo sostuvo su razonamiento y denegó la Moción de Reconsideración presentada por la peticionaria.

Inconforme con este dictamen, ASD recurrió ante nos y solicitó que dejáramos sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Para ello, argumentó que éste erró al interpretar el negocio entre las partes, al determinar que los proyectos de energía renovable solamente pueden ser ofrecidos por ingenieros licenciados y al confirmar la desestimación de la demanda sin la celebración de una vista. Argüyó que no hay una restricción para que solamente los ingenieros licenciados ofrezcan los servicios de sistemas de energía renovable. Razonó que si las corporaciones generales están autorizadas para recibir incentivos para este tipo de proyecto, sería contrario a la política pública avalar la determinación del foro apelativo en torno a que éstas no pueden ofrecer dichos servicios. Asimismo, adujo que, al menos, el tribunal debió haber celebrado una vista en sus méritos para poder analizar el negocio que se suscitó entre las partes.

Además, ASD reiteró que es una promotora de proyectos de energía renovable. En primer lugar, debido a que distribuye las piezas y los materiales de las placas fotovoltaicas fabricadas en Estados Unidos para posteriormente mercadearlas como una alternativa autosustentable. En razón de estas funciones, la peticionara alegó que debe ser reconocida como una promotora, pues “contrató a los profesionales especializados en este campo, adquirió los materiales necesarios y gestionó todos los permisos y endosos de las agencias estatales y federales para ejecutar la obra”. Cer tiorari, pág. 13. Por su parte, los recurridos presentaron una Oposición a Expedición de Petición de Certiorari, en la que nuevamente alegaron que el objeto del negocio entre las partes era la práctica de la ingeniería, lo cual hacía que el contrato suscrito entre las partes fuera nulo. Del mismo modo, argüyeron que el recurso presentado no cumple con los fundamentos jurídicos necesarios para que este Tribunal ejerza su función revisora.

Así las cosas, el 12 de diciembre de 2014 emitimos una orden para que los recurridos mostraran causa por la cual no debíamos expedir el recurso. El 16 de enero de 2015 esta parte presentó un escrito intitulado Moción Mostrando Causa en Cumplimiento de Resolución, en el cual reproduce los argumentos presentados ante los foros recurridos y nos solicita que deneguemos el Certiorari presentado por ASD.

Examinados los escritos de los comparecientes, procedemos a discutir el derecho aplicable a los planteamientos señalados.

II

Como es sabido, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009 (32 LPRAAp. V) permite que un demandado presente una moción de desestimación antes de que conteste su demanda. Particularmente, el inciso (5) de esta regla establece que en la alegación responsiva se puede incluir como defensa el que la otra parte dejó de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. En torno a esto, reiteradamente este Tribunal ha expresado que “una demanda no debe ser desestimada por insuficiencia, a menos que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo de su reclamación”. Boulon v. Pérez, 70 DPR 988, 993 (1950). Véanse, además: Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305, 309 (1970).

Por consiguiente, cuando el tribunal tiene ante su consideración una moción de desestimación de este tipo, debe tomar “como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). Véase, además, Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428. Ello, debido a que lo que se ataca es un vicio intrínseco de la demanda, no los hechos aseverados. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 269. De esta manera, cuando los hechos están bien alegados, el demandado tiene que demostrar “con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que pueda ser probado en apoyo de su reclamación, aun interpretando la demanda de la forma más liberal posible a su favor”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. II, págs. 528-529.

Asimismo, este Tribunal ha sido consecuente en expresar que la desestimación no procede si la demanda es susceptible de ser enmendada. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429. A tales fines, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, per-mite que cualquier parte enmiende sus alegaciones en cualquier momento antes de haber recibido una alegación responsiva o en cualquier momento dentro de los veinte días de haber notificado su alegación si ésta no admite alegación responsiva. 32 LPRAAp. V. Para esto, el tribunal en su discreción deberá evaluar liberalmente el momento en que se presentó la solicitud de enmienda, las razones para la tardanza, el impacto para la adjudicación y el perjuicio que le causaría a la otra parte, además de los méritos de la enmienda presentada. Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jet ter, 169 DPR 643 (2006). Véanse, además: Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184 (2012); S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322 (2010). En fin, como es harto conocido, en nuestro ordenamiento se considera que, solo en casos extremos, se debe privar a un demandante de su día en corte. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 532.

III

Debemos recordar que en el caso que nos ocupa los tribunales recurridos concluyeron que el contrato suscrito entre las partes constituía una práctica ilegal de la ingeniería. En atención a ello, reiteramos que a pesar de que todo individuo tiene derecho a ejercer cualquier profesión o negocio, no existe un derecho absoluto a las profesiones u oficios. Por esto, en razón del poder de estado y con el propósito de proteger el bienestar público, éstas pueden ser reglamentadas por el aparato gubernamental. San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 DPR 405, 413 (1993). Véase, además, Matos v. Junta Examinadora, 165 DPR 741, 755 (2005).

De esta manera, en aras de proteger la vida, la salud, la propiedad y el bienestar público en general, la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988 (Ley Núm. 173-1988), conocida como la Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, 20 LPRA see. 711 et seq., establece las disposiciones aplicables a la práctica de la ingeniería en Puerto Rico. Además de describir el ejercicio de la ingeniería, 20 LPRA sec. 711b, la ley también establece que el ejercicio corporativo de la práctica de la ingeniería estará permitido siempre que todos sus accionistas estén debidamente certificados y la misma esté debidamente organizada como una corporación profesional. 20 LPRA see. 711q-2. Así, pues, aquella persona natural o jurídica que practique la ingeniería sin cumplir con las disposiciones contenidas en la referida Ley Núm. 173-1988, podrá estar sujeto a sanciones monetarias, pena de reclusión, o ambas. 20 LPRAsec. 711y. Para una interpretación de estas disposiciones, véanse: Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 DPR 735 (1992); Rasa Eng. Corp. v. Daubón, 86 DPR 193 (1962).

IV

A. Ahora bien, en el caso de autos, la peticionaria alegó que el contrato suscrito entre las partes no implicaba el ofrecimiento de los servicios de ingeniería, sino la promoción de un sistema de energía renovable.

Al igual que en España, la figura del promotor no está definida en nuestro Código Civil, sino que fue incorporada en nuestra jurisdicción mediante jurisprudencia. Este Tribunal aludió por primera vez a esta figura en Acevedo Hernández v. C.R.U.V., 110 DPR 655 (1981). Aunque en aquella ocasión concluimos que no era necesario discutirla, expresamos que tanto en la jurisdicción de España como en la de Francia, “el promotor asume junto a muchas otras funciones la iniciativa de construir la totalidad de la obra”. Id., pág. 663. Sin embargo, no fue hasta que nos expresamos en Acevedo Hernández v. Viñas Sorbá, 111 DPR 629 (1981), cuando finalmente se incorporó la figura del promotor en nuestro ordenamiento jurídico. Sobre el particular, hicimos las expresiones siguientes:

Cabanillas Sánchez ha intentado recoger en unas notas recientes los requisitos que deben satisfacerse para incluir la promoción inmobiliaria en la responsabilidad decenal. Cabanillas Sánchez considera que son tres los rasgos distintivos del promotor: 1°) El promotor es un profesional de la construcción; 2o) el promotor concibe y organiza la construcción de la obra, esto es, usualmente determina lo que desea hacer, adquiere el terreno, contrata los profesionales que han de encargarse del diseño y ejecución de la obra, se ocupa de las gestiones para financiar la obra y desempeña otras funciones administrativas; y 3o) el promotor organiza la construcción para que otros la adquieran, arrienden o gocen de otro derecho real sobre la misma. (Citas omitidas). íd., págs. 636-637.

Como se puede colegir, según el escenario particular de hechos ante la consideración de este Tribunal, se entendió relevante el hecho de que el promotor sea un profesional de la construcción, conciba y organice la construcción de la obra, adquiera el terreno y contrate los profesionales que se encargan del diseño y la ejecución de la obra. Asimismo, que financie y realice otras funciones administrativas con el fin de que otros la adquieran, arrienden o gocen de un derecho real sobre la obra. Véase P.J. Cabán Vales, La responsabilidad civil por vicios de la construcción en España y Puerto Rico, Madrid, Ed. Dykinson, 2013, pág. 97. Posterior a esta ocasión, este Tribunal no ha tenido la oportunidad de volver a expresarse sobre la figura del promotor.

B. En armonía con las funciones que generalmente le han sido atribuidas a un promotor de proyectos según reconocidas por este Tribunal, la legislación aplicable al desarrollo de los sistemas de energía renovable permite que una persona jurídica solicite las certificaciones necesarias para poder llevar a cabo la operación de estos sistemas. Veamos.

Posterior a la promulgación de la reseñada Ley Núm. 173-1988 y su interpretación judicial, en Puerto Rico se incorporaron una serie de leyes especiales para atender el desarrollo de los proyectos de energía renovable. Particularmente, el 19 de julio de 2010 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico adoptó la Ley Núm. 82-2010, conocida como la Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna de Puerto Rico, 12 LPRA sec. 8121 et seq. En atención al mandato constitucional de conservación eficaz de los recursos naturales, esta ley creó una Carta de Energía Renovable con el propósito de lograr cierta independencia del uso de combustibles fósiles para el consumo de energía. Con miras a alcanzar este objetivo, a la AAE se le atribuyó el deber y la responsabilidad de crear y ofrecer alternativas de financiamiento e incentivos especiales para aumentar la cartera de energía renovable, así como desarrollar fuentes de sustento alternas. Véase 12 LPRA sec. 8126.

En conformidad con la legislación descrita, la Asamblea Legislativa también aprobó la Ley Núm. 83-2010, conocida como la Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, supra. El propósito de esta última consistió en la creación del Fondo de Energía Verde de Puerto Rico, el cual operaría separado de los fondos gubernamentales en aras de fomentar la generación de mercados de energía verde en la Isla. 13 LPRA secs. 10422-10423. Según esta legislación, las personas jurídicas que lleven a cabo actividades elegibles podrán beneficiarse de los incentivos que provee la referida ley. Véase, por ejemplo, 13 LPRA see. 10430.

Además de que de la legislación descrita no surge ninguna restricción para que las personas jurídicas puedan solicitar los incentivos divulgados por la ley, en el 2008 la AAE promulgó un Reglamento para la certificación de sistemas fotovoltaicos e instaladores. Reglamento para la Certificación de Sistemas Fotovoltaicos e Instaladores, Reglamento Núm. 7599, Departamento de Estado, 29 de octubre de 2008. Éste establece las normas pertinentes a la certificación de equipos fotovoltaicos, el proceso para que los instaladores puedan registrarse y certificarse ante la AAE, entre otros asuntos. Según surge de la sección de aplicabilidad, éste abarca tanto a las personas naturales que instalen o diseñen los sistemas fotovoltaicos como a las personas jurídicas que los vendan, manufacturen o instalen. íd., pág. 6. En razón de ello, el solicitante está definido de la manera siguiente:

Persona natural que solicita la certificación de instalador de sistemas fotovoltaicos. En el caso de certificación de equipos fotovoltaicos significa la persona natural o jurídica que solicita la certificación del mencionado equipo. En el caso de certificación de diseño de sistema fotovoltaico significa la persona natural o jurídica que solicita la certificación de diseño. (Énfasis suplido). íd., pág. 9.

Como consecuencia, por virtud de este reglamento se estableció que no se podrá instalar ningún equipo fotovoltaico sin obtener la correspondiente certificación de la AAE. Además, “[l]os instaladores tendrán que instalar de acuerdo al diseño hecho por el Ingeniero licenciado que aparece en la certificación del Sistema y la certificación emitida deberá ser firmada por el instalador a tales efectos”. íd., pág. 12.

Cónsono con estas disposiciones, también se promulgó el Reglamento para la Certificación de Sistemas de Energía Renovable, cuyo objetivo, entre otros, es certificar las personas naturales o jurídicas que llevan a cabo la instalación de sistemas fotovoltaicos y facilitar la obtención de créditos contributivos. Reglamento para la Certificación de Sistemas de Energía Renovable, Reglamento Núm. 7796, Departamento de Estado, 19 de enero de 2010. A tales efectos, el reglamento es de aplicación a las “[p]ersonas naturales que diseñen y/o instalen sistemas de energía renovable y personas jurídicas mediante las cuales se contra-ten estos servicios”. Id., pág. 2. Según dispuesto en el referido reglamento, el solicitante deberá presentar una certificación ante la AAE, en la cual incluya la descripción del sistema fotovoltaico, la firma del instalador y del diseñador, además de la factura del costo del sistema.

De esta manera, el reglamento permite que una persona jurídica solicite la certificación de los instaladores del sistema de energía renovable. En el caso de los instaladores, el solicitante deberá demostrar que el instalador cumple con los requisitos contenidos en el Art. 14 del referido reglamento. Reglamento para la Certificación de Sistemas de Energía Renovable, Reglamento Núm. 7796, Departamento de Estado, 19 de enero de 2010, págs. 8-11. Es decir, deberá ser un perito o ingeniero electricista que cumpla con unas credenciales profesionales y educativas particulares. De no cumplirse con las disposiciones descritas, los Arts. 32 y 34 del referido reglamento permiten la imposición de multas administrativas por instalar un sistema fotovoltaico sin el certificado de un instalador, porque éste no concuerde con el diseño o sea inadecuado o porque no se le entregó copia del plano al cliente previo a la instalación del sistema de energía renovable. Id., págs. 21— 22.

Según lo anterior, la legislación y reglamentación aplicables al negocio que se suscitó entre las partes permite que una persona jurídica lleve a cabo todas las gestiones necesarias para que se obtengan las certificaciones requeridas para el desarrollo de un sistema de energía renovable. Claro está, el solicitante de esas certificaciones y procesos deberá observar que en las fases en las que se requiere un perito o ingeniero electricista se utilicen los recursos profesionales que cumplan con las credenciales exigidas por las normas aquí discutidas.

V

A tenor con el marco jurídico que hemos enunciado, procedemos a resolver la controversia de autos.

Según surge de los hechos, ASD le presentó a HESPR una propuesta para la implantación de un sistema de energía renovable, el cual “will save approximately 212,850 pounds (106 tons) of annual C02 emissions per year”. (Énfasis suprimido). Proposal for Commercial Grid-Tie 99.36KW Renewable Solar Array System, Apéndice, pág. 157. Para esto, luego de exponer cómo el proyecto iba a contrarrestar problemas ambientales de preeminencia, tales como la polución del aire y el calentamiento global, se incluyó un análisis económico del consumo de energía que HESPR se ahorraría al instalar el sistema. De igual forma, ASD incluyó un análisis de los incentivos que podían ser solicitados según la mencionada Ley Núm. 83-2010 para que el desarrollo de proyectos como el propuesto fueran rentables. Además, se incorporó un análisis de cuánto sería la inversión final en comparación con la cantidad anual que HESPR se ahorraría de instalar el proyecto. En el desglose de inversión se incluyeron las partidas de gastos por los módulos solares, los paneles de soporte, el monitoreo del equipo y los materiales, la instalación y los diseños y permisos. Por último, se incluyó una lista de las certificaciones y formularios que se iban a gestionar ante la AAE y la Autoridad de Energía Eléctrica para poder llevar a cabo el proyecto.

Por otra parte, en el acuerdo presentado ante la AAE para el financiamiento del proyecto, las partes expusieron que eran las responsables de la selección del diseñador, manufacturero, contratista e instalador del Proyecto. Es decir, en este acuerdo se representó que ASD sería la encargada de la construcción y operación del Proyecto como agente de HESPR. Green Energy Fund Reservation Agreement, Apéndice, págs. 161-179.

A pesar de estas especificidades contractuales, los tribunales recurridos desestimaron con perjuicio la demanda presentada por ASD porque concluyeron que la peticionaria estaba ofreciendo servicios de ingeniería en contravención con la Ley Núm. 173-1988, lo que hacía el contrato nulo “ab initio”. No actuaron conforme a derecho. Veamos.

La disposición estatutaria en la que los tribunales recurridos basan su determinación no considera la posterior legislación y reglamentación en torno a la difusión de los contratos de energía renovable como una política pública de gran transcendencia en nuestro ordenamiento. Según reseñado, las leyes y los reglamentos aplicables a estos negocios permiten que una persona jurídica solicite las certificaciones administrativas requeridas para instalar un sistema foto voltaico.

En particular, la Ley Núm. 83-2010 permite que una persona jurídica actúe como solicitante de cualquier programa del Fondo de Energía Verde durante el proceso de solicitud y construcción de un sistema de energía renovable. Según definido en la ley, el solicitante deberá ser aquel que lleve a cabo actividades elegibles, entre las que se encuentra el ensamblaje del equipo para la generación de energía. Cónsono con esto, el Reglamento para la Certificación de Sistemas Fotovoltaicos e Instaladores, supra, diáfanamente establece que las personas jurídicas pueden solicitar las certificaciones de diseño para la instalación de los sistemas fotovoltaicos. De igual forma, el Reglamento para la Certificación de Sistemas de Energía Renovable, supra, autoriza que una persona jurídica contrate los servicios para el diseño y la instalación de estos sistemas. Tanto es así que ambos reglamentos comprenden la imposición de multas a las personas jurídicas que incumplen con las disposiciones reglamentarias aplicables. Es decir, autorizan la imposición de responsabilidad a aquella persona jurídica que le ordene a un instalador que no ha sido certificado por la AAE la instalación de un sistema fotovoltaico, diseñe un sistema fotovoltaico que no concuerde con las condiciones del lugar a ser instalado o incumpla cualquier otra disposición reglamentaria.

Nótese que esta reglamentación comprende el que una persona jurídica se encargue de la coordinación de todo el proceso de diseño e instalación de un sistema fotovoltaico. Ciertamente, para obtener las certificaciones requeridas, el solicitante deberá acreditar que la persona contratada para instalar cumple con las especificaciones reglamentarias aplicables, tal como ser perito electricista o ingeniero electricista. En el caso de los diseñadores se requiere que sean ingenieros profesionales. Véanse los Arts. 14 y 26 del Reglamento para la Certificación de Sistemas de Energía Renovable, supra, págs. 8 y 19.

Como vemos, el estatuto y los reglamentos aplicables no restringen la solicitud de estos servicios a profesionales licenciados, sino que permiten que éstos sean solicitados por una persona jurídica siempre y cuando la persona natural designada como instalador o diseñador cumpla con unos requisitos profesionales específicos. De ninguna manera el legislador pretendió imponer un oligopolio en el que los electricistas e ingenieros sean los únicos promotores de este tipo de proyectos, sino que exigió que toda persona natural o jurídica contrate los servicios de estos profesionales para la instalación del sistema fotovoltaico, a fin de que no se ejerza ilegalmente el ejercicio de esas profesiones. Por lo tanto, a la luz de estas disposiciones, en esta etapa no podemos concluir que el contrato suscrito entre ASD y HESPR era nulo ab initio.

Ello, porque según hemos expuesto, en armonía con las legislaciones aplicables, una persona jurídica en calidad de promotora puede realizar las funciones propias de los servicios contenidos en la propuesta de ASD. En el caso de autos, de la propuesta presentada por ASD y aquilatada por los foros recurridos, surge que éstos iban a coordinar el diseño y la instalación del sistema fotovoltaico. La presentación de los servicios pactados incluía la coordinación de diversas funciones, entras las cuales se destaca el ensamblaje, la búsqueda y obtención de certificaciones gubernamentales e incentivos y la instalación del sistema. Algunas de estas fases conllevan contratar los profesionales para que realicen las actividades propias de la industria energética. No nos persuade el argumento de los tribunales recurridos en cuanto a que, como en el presupuesto se incluyó un renglón de “designs and permits”, esto implica que ASD ofreció ejercer un servicio de ingeniería. El solo hecho de presupuestarlo no puede llevarnos a esa conclusión. Por el contrario, esto estaba englobado con el cálculo de actividades requeridas para la consecución última de la propuesta: un sistema de energía fotovoltaica.

Por otra parte, y en consonancia con las funciones pactadas, en la propuesta se identificaron como “deliverables” las certificaciones requeridas por ley para poder llevar a cabo estos trabajos. Asimismo, ASD se comprometió a ser el contacto con las agendas gubernamentales que financiarían el proyecto. De hecho, ya se habían realizado gestiones ante la AAE para la obtención del incentivo. Véase Green Energy Fund Reservation Agreement Tier 1, Apéndice, págs. 161-179. Ello, porque como bien señala la propuesta y la legislación descrita, la rentabilidad de estos proyectos depende del financiamiento otorgado por las agencias pertinentes. Ante este cuadro, no procedía concluir que el contrato suscrito era nulo ab initio.

No obstante, huérfanos del análisis que ante-cede, los tribunales recurridos apoyaron su conclusión en que como ASD no era una corporación profesional y presuntamente ofreció realizar directamente servicios de ingeniería, el contrato era nulo ab initio en virtud de la Ley Núm. 173-1988. No nos persuade ante las normas de derecho aplicables. Aun según el razonamiento de los foros recurridos, se obviaría el texto expreso del Art. 3.2 de la Ley Núm. 83-2010 (13 LPRA sec. 10444), el cual establece que en caso de conflictos entre esta legislación y una posterior o anterior, prevalecerán las disposiciones de la primera. De esta manera, en la medida que los requerimientos de la Ley Núm. 173-1988 entren en contravención con la Ley Núm. 83-2010, esta última prevalece. No obstante, reiteramos que la discutida Ley Núm. 83-2010 y los reglamentos aplicables, permiten que una persona jurídica, sin incluir alguna especificidad en cuanto a su incorporación, solicite las certificaciones de diseño e instalación requeridas para los sistemas de energía renovable, lo cual no está prohibido por la Ley Núm. 173-1988. Ello es así debido a que, ciertamente, esto no atenta contra la salud o seguridad humana en la medida que para poder llevarse a cabo estos proyectos, los mismos deben ser certificados por los profesionales pertinentes. Por lo tanto, reconocemos que en calidad de promotora una persona jurídica puede contratar estos servicios y encargarse de hacer las gestiones pertinentes ante las agencias administrativas como parte de las múltiples funciones necesarias para llevar a cabo la operación de un sistema de energía fotovoltaico.

A tenor con estas determinaciones, procede concluir que no hay una restricción para que solamente los ingenieros licenciados o los peritos electricistas puedan actuar en calidad de promotores de los proyectos de energía renovable. En razón de ello, no procedía el análisis de los tribunales recurridos en cuanto a que el contrato era nulo ab initio porque en la propuesta se “detallan todos los componentes y equipos necesarios para el diseño y la instalación del sistema de energía renovable”, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 71. Procedía, sin embargo, analizar los estatutos y reglamentos pertinentes, además de la capacidad en la que ASD estaba ofreciendo estos servicios; es decir, atender su reclamo de ser promotora del proyecto en cuestión.

Ante este análisis, nos es forzoso concluir que al interpretar liberalmente los hechos bien alegados por la peticionaria, no procedía desestimar la demanda con perjuicio según el fundamento que de las alegaciones no se justificaba la concesión de un remedio. Esto cobra mayor relevancia cuando consideramos que la peticionaria alegó que el ingeniero Acosta Marín compareció al acuerdo ante la AAE como representante de los recurridos, y solicitó enmendar la demanda a tales fines. Sin lugar a dudas, en este caso, el recurrido no demostró que el demandante no tenía derecho a remedio alguno según cualquier estado de derecho. Procedía, por lo tanto, denegar la moción de desestimación presentada y continuar con los procedimientos.

VI

Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso de certiorari y revocamos la determinación del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de acuerdo con lo aquí dispuesto.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       Nótese que en la propuesta solo aparece la fecha y las firmas del ingeniero Acosta Marín y del Sr. Ronald J. Marinelli; es decir, no se especificó en qué calidad cada individuo suscribió la propuesta.

       Según surge de la Sentencia del 11 de octubre de 1974 del Tribunal Supremo de España, “el término de promotor, no fue utilizado por el C. Civ. por ser desconocido en aquella fecha el carácter de constructor, con la amplitud y características del denominado actualmente promotor”. S. de 11 de octubre de 1974, Núm. 3798/1974, XLI (Vol. II) Repertorio de Jurisprudencia 2903. En razón de ello, en España esta figura fue adoptada y ha sido desarrollada jurisprudencialmente.

       Véase Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 440.

       Nótese que la Ley Núm. 83-2010 define el término persona como “cualquier individuo, sociedad, empresa, asociación, corporación, corporación pública o entidad”. Í3 LPRA see. 10421(35).

       Según definido en la Ley Núm. 83-2010, una actividad elegible significa:
      “(a) Cualquier negocio que se dedique a la producción y venta de energía verde
      a escala comercial para consumo en Puerto Rico, sea como dueño y operador directo de la unidad de producción o como dueño de una unidad de producción que esté siendo operada por otra persona, en cuyo caso, tanto dueño como operador se considerarán negocios dedicados a una actividad elegible para los fines de este capítulo;
      “(b) productor de energía verde, según definido en esta sección, para consumo en Puerto Rico, siempre que éste sea su negocio principal;
      “(c) ensamblaje de equipo para generación de energía verde, incluyendo la instalación de dicho equipo en las facilidades del usuario de energía verde a ser generada por dicho equipo”, y
      “(d) propiedad dedicada a la producción de energía verde”. 13 LPRA see. 10421(1).

       La See. 5.32 del reglamento creado en virtud de la Ley Núm. 83-2010, conocida como la Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico, 13 LPRA see. 10421
        et seq., diáfanamente establece que el solicitante “será la persona o entidad responsable de completar y someter una solicitud a cualquier programa del FEV y que servirá como el contacto principal con la AAE a través del proceso de solicitud y construcción. Toda comunicación relacionada a un PEV será dirigida al Solicitante. Un Solicitante puede ser también el Cliente”. Reglamento del Fondo de Energía Verde Enmendado y Replanteado, Reglamento Núm. 8410, Departamento de Estado, 3 de diciembre de 2013, pág. 15.

       Véase, además, el Art. 29 sobre Multa Administrativa por Instalación sin Certificado de Instalación, en el cual diáfanamente se reconoce que una persona jurídica puede ordenar la instalación de un sistema fotovoltaico. Particularmente, dispone que “[t]oda persona jurídica que ordene la instalación de un equipo fotovoltaico a un instalador sin la certificación de instalador otorgada por la AAE según requerida por este reglamento podrá ser multada por la cantidad mínima de cien ($100) dólares y hasta de mil ($1,000) dólares por instalación. Reglamento para la Certificación de Sistemas Fotovoltaicos e Instaladores, Reglamento Núm. 7599, Departamento de Estado, 29 de octubre de 2008, pág. 18. Asimismo, permite la imposición de multas administrativas a una persona jurídica que instale un sistema que no concuerde con lo instalado o que el diseño no concuerde con las condiciones del lugar, entre otras penalidades aplicables. Id., pág. 19.

       Este reglamento fue enmendado mediante la enmienda al reglamento para la certificación de sistemas de energía renovable, Reglamento Núm. 7796 de 19 de enero de 2010, Reglamento Núm. 8080, Departamento de Estado, 30 de septiembre de 2011.

       De manera similar al Reglamento Núm. 7599, este reglamento describe al solicitante como toda “[p]ersona natural que solicita la certificación de Instalador. En el caso de la solicitud de una certificación de equipo o instalación, significa la persona natural o jurídica que solicita la certificación”. Reglamento para la Certificación de Sistemas de Energía Renovable, Reglamento Núm. 7796, Departamento de Estado, 19 de enero de 2010, pág. 8.

       El Art. 15 sobre el Procedimiento ante la Administración para la obtención de Certificación de Instalador, establece que “[e]l Solicitante llenará la Solicitud de Certificación y le anejará toda la evidencia requerida por el Artículo 14”. Reglamento para la Certificación de Sistemas de Energía Renovable, supra, pág. 11.

       El Art. 32(2) establece que “[t]oda persona jurídica o natural que ordene la instalación de un equipo fotovoltaico o de un equipo eólico a un instalador sin la Certificación de Instalador otorgada por la Administración, según requerida por este Reglamento, podrá ser multada por la cantidad mínima de mil dólares ($1,000) y hasta un máximo de cinco mil dólares ($5,000) por instalación”. Reglamento para la Certificación de Sistemas de Energía Renovable, supra, pág. 21.

       Es pertinente destacar que la Ley Núm. 19-2012, conocida como la Ley de Contratos de Rendimiento Energético, 3 LPRA see. 8961 et seq., fue promulgada con el objetivo de emular a varias jurisdicciones de Estados Unidos y autorizar los contratos de rendimiento energético en el sector público. En aras de promover la conservación energética, esta ley promueve contratos entre las agencias gubernamentales y un Proveedor de Servicios Energéticos Cualificado. Según establece la legislación, estos últimos pueden ser “[u]na persona o entidad jurídica con conocimiento especializado y experiencia en el diseño, la implantación e instalación de medidas de conservación energética [...] que cumpla con los requisitos de cualificación establecidos por la Administración”. 3 LPRA see. 8961(12). De esta manera, se autoriza este tipo de contratación por parte de personas jurídicas. En el caso particular de los servicios de ingeniería, la legislación establece que éstos serán utilizados para la ejecución efectiva de los contratos, sin limitación adicional. 3 LPRA see. 8968.

       En esta sección, la cual estaba intitulada como “Deliverables”, específicamente se dispuso que ante la AEE se gestionarían las certificaciones siguientes: Installer Certification, Inverter Certification, PV Module Certification, Installation Certification. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, la propuesta incluyó lo siguiente: “Interconnection Request Evaluation Form, System Drawings & Protection/Coordination Schematics, Any diligence for Interconnection Permit Approval, System test and any applicable test required by PREPA”. Por último, en ésta se desglosó que se gestionarían los “PV Modules and Racks, Certified Electrical & Structural Designs, System Installation, System Commissioning & Training’. Proposal for Commercial Grid-Tie 99.36KW Renewable Solar Array System, Apéndice, pág. 160.

       El referido Art. 3.2 de la Ley Núm. 83-2010, establece como sigue:
      “Ninguna persona, incluyendo, pero sin limitarse a, toda agencia o corporación gubernamental local o municipal, podrá emitir o imponer, sea mediante reglamento, acuerdo, contrato, resolución u orden, requisito de endoso, permiso o gestión similar, zonificación, calificación, ordenanza o cualquier otro mecanismo legal o discrecional, cualquier requerimiento, impedimento o condición alguna que tenga o pueda tener el efecto de frustrar los requisitos, objetivos y espíritu de este capítulo. Tales requerimientos, impedimentos o condiciones se entenderán nulos de su faz a menos que estén expresa y justificadamente dirigidos a proteger la salud y seguridad humana y posean el aval del Comité Evaluador, o estén expresamente autorizados por este capítulo o una legislación posterior a ésta. [...]
      “En la eventualidad que suija algún conflicto entre las disposiciones de este capítulo y las de cualquiera otra ley o reglamento, sean éstas aprobadas con anterioridad o posterioridad a este capítulo, las disposiciones de este capítulo prevalecerán con relación a todos los asuntos tratados en las mismas”. 13 LPRA see. 10444.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Jaime Rodríguez Cora, querellado.

      Número: CP-2010-0003

      Resuelto: 3 de julio de 2015

      José Enrico Valenzuela Alvarado, Yaizamarie Lugo Fontánez, procuradores generales auxiliares, Zaira Z. Girón Anadón, Tatiana M. Grajales Torruella y Leticia Casalduc Rabell, subprocuradoras generales; Eileen Domenech-Rodríguez, abogada de la parte querellante; Alonso Ramos Torres, abogado de la parte querellada; Jaime Rodríguez Cora, pro se; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial.
   PER CURIAM:

I

El 16 de diciembre de 2008, la Sra. Eileen Domenech Rodríguez presentó una queja contra el Ledo. Jaime Rodríguez Cora ante este Foro. En ésta, alegó que había contratado los servicios del licenciado para que diligenciara los trámites relacionados con la liquidación y adjudicación de un caudal relicto que pertenecía a sus dos hijas menores de edad. Según surge de la queja presentada, el padre de las menores, Sr. Luis Alfredo Vélez Acevedo, también mantenía una póliza de seguro de vida en la cual las dos menores de edad y la señora Domenech Rodríguez figuraban como beneficiarías. En su queja, la señora Domenech relató que, a pesar de que no medió un contrato escrito entre las partes, se acordó una comisión por los servicios legales del licenciado Rodríguez Cora, la cual fluctuaría entre un 7% y un 10%. La señora Domenech Rodríguez sostuvo que, aun existiendo ese acuerdo verbal, el licenciado Rodríguez Cora había facturado una cuantía mucho mayor e, incluso, había cobrado honorarios por garantizar el pago de la póliza de seguro de vida, para la cual tanto ella como las menores eran beneficiarías. En su querella, la señora Domenech Rodríguez argüyó que la referida póliza no formaba parte del caudal relicto sujeto a liquidación, por lo que era improcedente que el licenciado Rodríguez Cora cobrara por tramitar su pago. Además, la señora Domenech Rodríguez alegó que, ante su insatisfacción con los servicios prestados por el licenciado, se vio obligada a advertirle a éste que cualquier factura adicional relacionada con los bienes de las menores tendría que ser canalizada mediante un tribunal, puesto que ella no tenía dinero para pagarle.

Así las cosas, el licenciado Rodríguez Cora presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia, sala de Aguadilla, para el pago de honorarios de abogado por los servicios prestados. En su queja, la señora Domenech Rodríguez indicó que, una vez el Tribunal de Primera Instancia se percató de la ausencia de un contrato de servicios legales escrito entre las partes, comenzó a investigar más a fondo los pormenores del caso. Relató la señora Domenech Rodríguez que, ante la inminente investigación por parte del foro primario, el licenciado Rodríguez Cora renunció a la representación legal.

La señora Domenech Rodríguez procedió entonces a contratar los servicios del Ledo. Sergio Radinson Carabalio, quien se encargó de realizar todos los trámites conducentes a liquidar y adjudicar el caudal relicto de las menores. No empece la renuncia del licenciado Rodríguez Cora, el Tribunal de Primera Instancia procedió a citarlo para dilucidar si este había cobrado indebidamente por las gestiones que realizó para asegurar el pago de las pólizas a favor de las menores. Ante esta situación, el licenciado Rodríguez Cora, representado por la Leda. Norma Brignoni Serrano, se reunió con el licenciado Radinson Caraballo en aras de llegar a un acuerdo en torno al pago de honorarios. En la reunión se acordó que el licenciado Rodríguez Cora devolvería a la señora Domenech Rodríguez la suma de $10,547.89 en un término de cuatro meses. Este acuerdo fue concertado en octubre de 2005.

Según se desprende de la queja, no fue hasta el 13 de marzo de 2008 que la licenciada Brignoni Serrano remitió a la señora Domenech Rodríguez un cheque por la cantidad de $3,000. Tras recibir ese cheque, la señora Domenech Rodríguez, por vía de su representante legal, continuó intentando cobrar el remanente de la deuda conforme al acuerdo pactado. Sin embargo, luego de varios intentos infructuosos, la señora Domenech Rodríguez anuló el acuerdo y devolvió los $3,000 al licenciado Rodríguez Cora. Consiguientemente, la señora Domenech Rodríguez presentó la queja que nos ocupa y solicitó que el licenciado Rodríguez Cora fuera desaforado y que se le ordenara pagar una suma ascendente a $21,095.89 por el cobro de lo indebido.

El 28 de enero de 2009 se le concedió un término de diez días al licenciado Rodríguez Cora para que compareciera y reaccionara por escrito a la queja presentada en su contra. Ante su incomparecencia, el 20 de marzo de 2009 se le concedió un término adicional improrrogable de cinco días para comparecer. El licenciado Rodríguez Cora no compareció nuevamente, por lo que el 18 de junio de 2009 se le concedió, mediante resolución, un término final de diez días y se le apercibió de que el incumplimiento con la resolución podría conllevar sanciones disciplinarias, incluyendo la suspensión de la práctica de la abogacía.

El 24 de junio de 2009, el licenciado Rodríguez Cora compareció mediante una Moción en Solicitud de Prórroga. En ésta adujo que los reclamos contenidos en la queja estaban siendo atendidos por el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, por lo que procedía esperar a que ese foro aquilatara la prueba y emitiera una resolución. En la alternativa, solicitó que se le concediera un periodo de treinta días para tramitar la contratación de representación legal y estar en mejor posición de defenderse de la queja instada en su contra.

El 30 de junio de 2009 se le concedió al licenciado Rodríguez Cora un término de veinte días para contestar la queja. Posteriormente, el 21 de julio de 2009, el licenciado Rodríguez Cora presentó una Moción informativa y en oposición a queja, mediante la cual alegó que: (1) el acuerdo verbal establecía honorarios de un 10% de lo que recibieran las menores de edad; (2) no medió incertidumbre con relación a los trabajos que habrían de realizarse en la liquidación y adjudicación del caudal, y (3) los honorarios cobrados no fueron por gestionar el pago de las pólizas a favor de las menores, sino por asegurar que la casa aseguradora remitiera este pago directamente a la señora Domenech Rodríguez. Además, alegó que no se configuró el cobro de lo indebido y que técnicamente pudo haber cobrado más. No obstante, indicó que ante el Tribunal de Primera Instancia había afirmado que estaría dispuesto a devolver lo cobrado con relación a la póliza. Por último, explicó que se vio imposibilitado de continuar pagando la cuantía acordada extrajudicialmente, puesto que el foro primario no había aprobado tal transacción ya que no se había consultado a la Procuradora de Menores ni al Defensor Judicial de las menores involucradas. Aun así, el licenciado Rodríguez Cora reiteró que estaba dispuesto a devolver todo el dinero cobrado en aras de prevenir los posibles perjuicios a su reputación que resultarían de la queja presentada.

El 23 de julio de 2009 referimos el expediente de la queja a la Oficina de la Procuradora General para la presentación del informe correspondiente, el cual fue presentado el 2 de noviembre de 2009. En éste se concluyó que el licenciado Rodríguez Cora había incurrido en posibles violaciones a los Cánones 18, 24 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX. Según este informe, el 15 de enero de 2010, emitimos una resolución mediante la cual se le ordenó a la Oficina de la Procuradora General presentar una querella contra el licenciado Rodríguez Cora. La querella fue presentada el 26 de abril de 2010, por lo que el 28 de abril de 2010 se le ordenó al licenciado presentar su contestación en un término de quince días. Así las cosas, el 3 de noviembre de 2010, mediante resolución, referimos la querella a la Comisionada Especial, Hon. Eliadís Orsini Zayas, quien procedió a presentar su informe el 3 de julio de 2012. En éste se concluyó que, en lo relativo a los dineros cobrados por el licenciado Rodríguez Cora en concepto de honorarios de abogado “no medió nunca autorización judicial previo a recibir las cantidades y que dichos honorarios provenían de una masa común de dinero que contenía los dineros de doña Eileen Domenech y los de sus hijas menores de edad”. Informe de la Comisionada Especial, pág. 56. Además, la Comisionada determinó que la versión de la señora Domenech Rodríguez, a los efectos de que dispuso indebidamente del patrimonio de las menores de edad con el asesoramiento legal del licenciado Rodríguez Cora, no merecía credibilidad. Esto, puesto que la señora Domemenech Rodríguez continuó disponiendo indebidamente del dinero perteneciente a las menores aun luego de la renuncia del licenciado Rodríguez Cora “pues ese era su deseo y convencimiento desde el inicio”. íd., pág. 65.

II

En nuestra jurisdicción, las actuaciones de los abogados y abogadas deben ceñirse al Código de Etica Profesional, cuyos cánones constituyen las normas de conducta que regulan su desempeño, tanto en el ámbito profesional como en otras actividades en las que se desenvuelven. Véase In re Izquierdo Stella, 154 DPR 732 (2001). En el caso que nos ocupa, se le imputan al licenciado Rodríguez Cora, en el descargo de sus responsabilidades profesionales, violaciones a los Cánones 18, 24 y 38 de ese Código, supra. Pro-cede, pues, evaluar la procedencia de tales cargos. Por en-tender que las actuaciones del licenciado Rodríguez Cora constituyen violaciones a los Cánones 18 y 24 y son sancionables según éstos, consideramos superfino, en este caso, acudir al Canon 38 al imponer la medida disciplinaria correspondiente.

A

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, regula lo relativo al deber de competencia del abogado al cliente. El referido canon establece, en lo pertinente, que “[e]s deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Además, el Canon 18 establece que el abogado debe desempeñarse de forma capaz y diligente, siempre actuando en los límites de la ley. Véase id.

En la querella presentada contra el licenciado Rodríguez Cora, se le imputa no haber desplegado la diligencia debida en su representación de las menores, cuyos bienes la señora Domenech Rodríguez administraba. Esto es, el licenciado Rodríguez Cora, al realizar los trámites relacionados con la liquidación del caudal relicto en cuestión, y cobrar honorarios por esas diligencias, debió haber procurado que la señora Domenech Rodríguez solicitara la debida autorización judicial previo al pago de los honorarios, conforme al Art. 159 del Código Civil, 31 LPRA see. 616.

En ocasiones anteriores, hemos sido inequívocos al afirmar que el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los miembros de la profesión legal el deber ineludible e indelegable de defender los intereses de sus clientes, desplegando su máximo conocimiento de manera adecuada y responsable. Véanse: In re Pizarro Colón, 151 DPR 94, 105 (2000); In re Mundo Rodríguez, 146 DPR 639 (1998); In re Cardona Ubiñas, 146 DPR 598 (1998); In re Osorio Díaz, 146 DPR 39 (1998); In re Vélez Valentín, 124 DPR 403 (1989); In re Arana Arana, 112 DPR 838 (1982). Como adelantamos, es una norma claramente establecida en nuestro ordenamiento que cualquier transacción que involucre bienes de menores que exceda los $2,000 requiere autorización judicial. Véase Art. 159 del Código Civil, supra. El referido articulado exige una autorización previa del tribunal cuando un padre o una madre que ostente patria potestad se proponga enajenar o gravar bienes pertenecientes a un menor cuyo valor exceda los $2,000 y estén bajo su administración.

De los hechos se desprende que, en ningún momento durante la relación contractual, el licenciado Rodríguez Cora procuró que la señora Domenech Rodríguez solicitara la autorización del Tribunal para desembolsar fondos pertenecientes a las menores. Evidentemente, las cuantías desembolsadas por la señora Domenech Rodríguez en concepto de honorarios de abogado por las gestiones realizadas a favor de las menores no cumplen con el requerimiento del Art. 159 del Código Civil, supra. Por lo tanto, es altamente reprensible que el licenciado Rodríguez Cora haya cobrado por los honorarios de abogado cuantías que le fueron desembolsadas de manera ilegal y sin tomar en consideración los intereses de las menores de edad a quienes representaba. El licenciado Rodríguez Cora, conforme a los preceptos legales aplicables, sabía o debía saber que tales transacciones eran ilegales, dado el hecho de que la señora Domenech Rodríguez no contaba con la autorización judicial correspondiente.

Por último, en lo que respecta al Canon 18, es importante recabar que la cuantía que recibe un beneficiario de una póliza de seguro de vida no forma parte del caudal relicto. Véanse: In re Barlucea Cordobés, 155 DPR 284, 291 (2001); Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 39 (1996). En atención a esto, hemos resuelto que un miembro de la profesión legal infringe el citado Canon 18 cuando pretende cobrar honorarios contingentes por cuantías recibidas por su cliente en concepto de beneficios de una póliza de seguros que no es parte del caudal sujeto a adjudicación y liquidación. Véase In re Barlucea Cordobés, supra, pág. 291. Según se desprende del expediente, el licenciado Rodríguez Cora hizo entrega a la señora Domenech Rodríguez de una factura “[p]or servicios profesionales y tiempo invertido en gestionar el pago del producto de una póliza de vida para beneficio de [las menores]” ascendente a $12,755.80. Apéndice, pág. 30. Dos facturas posteriores en concepto de tramitación del desembolso de la prima ascienden a los $4,169.99 por menor. En éstas, se detalla que la cuantía cobrada es en concepto del 10% de la cuantía desembolsada a favor de cada una de las menores por la compañía aseguradora. Véase Apéndice, pág. 31. Estas actuaciones por parte del licenciado Rodríguez Cora no solo demuestran falta de competencia en su desempeño profesional sino que, además, constituyen una violación al Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. IX, el cual regula lo relativo a los contratos de servicios profesionales y el cobro de honorarios de abogado. Veamos.

B

En repetidas ocasiones hemos afirmado que un contrato de servicios profesionales suscrito entre un abogado y un cliente es distinguible de otros contratos típicos de arrendamiento de servicios, pues “[l]a relación entre abogado y cliente responde en gran medida a las inexorables exigencias éticas, muy particulares de esta profesión”. Nassar Rizek v. Hernández, 123 DPR 360, 369 (1989). Esta naturaleza sui géneris exterioriza, a su vez, la responsabilidad social que ostentan los miembros de la profesión legal en nuestro sistema de justicia. A tales efectos, el Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra, regula lo relativo a los contratos de servicios profesionales y los honorarios de abogados al disponer, en lo pertinente, que la fijación de éstos “debe regirse siempre por el principio de que nuestra profesión es una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucro”. íd.

Asimismo, el Canon 24 preceptúa los factores que deben tomarse en consideración al momento de fijar los honorarios de abogado y establece que “[e]s deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios a ser cobrados por el abogado al inicio de la relación profesional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito”. Id. Por último, el Canon 24 prescribe que, cuando un abogado acepta representar a un cliente, “debe considerar que le debe a éste un máximo de esfuerzo profesional en la medida de su talento y preparación”. íd. Sin duda, esta disposición está estrechamente relacionada al deber de diligencia y competencia que encarna el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra.

Constantemente, hemos expresado que es la mejor práctica que el abogado reduzca a escrito un contrato de servicios profesionales en aquellos casos en que la extensión y el valor de sus servicios no sean fácilmente calculables al inicio de la relación contractual. Este contrato, una vez reducido a escrito, deberá contener los términos de la relación obligacional, libre de ambigüedades y haciendo constar las contingencias previsibles que pudieran surgir durante el transcurso del pleito. Véanse: In re Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 642 (2005); Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 DPR 545 (1992); Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 DPR 161 (1989); Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 DPR 772 (1981). Una vez un contrato se reduce a escrito, además, se evitan potenciales controversias con los clientes relacionadas con la compensación por los servicios profesionales prestados. Véanse: In re Rodríguez Mercado, supra, pág. 643; Méndez v. Morales, supra.

Según los hechos, en el presente caso no medió un contrato escrito entre el licenciado Rodríguez Cora y la señora Domenech Rodríguez. Por lo tanto, resulta difícil determinar los términos que regirían la relación obligacional entre ambos. Cabe destacar, sin embargo, que el licenciado Rodríguez Cora, en el despliegue de sus responsabilidades como representante legal de la señora Domenech Rodríguez y sus dos hijas menores de edad, no presentó un desglose de las horas trabajadas para justificar la cantidad de dinero que cobró por los servicios prestados a las menores. Tratándose de honorarios por la liquidación de un caudal perteneciente a dos menores de edad y específicamente cuando se pretendía cobrar honorarios por la tramitación del pago de una póliza de seguros, este desglose debía ser presentado ante un defensor judicial o la Procuradora de Relaciones de Familia, puesto que la cuantía cobrada excedía el límite que dispone el Art. 159 del Código Civil, supra.

El licenciado Rodríguez Cora, en su Moción en oposición al informe del Procurador General, admitió no tener una relación del tiempo invertido ni de los gastos en los que incurrió, toda vez que los honorarios fueron pactados en base a un por ciento y no se llevó una bitácora del tiempo invertido en el trámite del caso. En ausencia de un contrato escrito y en atención al hecho de que las cuantías cobradas serían pagadas con el patrimonio de las menores, resultaba recomendable que el licenciado Rodríguez Cora presentara un informe de las gestiones realizadas y las horas trabajadas en beneficio de éstas. Solo de esa manera el Tribunal de Primera Instancia hubiese estado en posición de autorizar el desembolso de los fondos en exceso de $2,000 pertenecientes a las menores.

III

Hemos establecido que, al determinar la sanción disciplinaria aplicable a un abogado querellado, podemos tomar en consideración factores tal y como su historial profesional, si se trata de una primera falta o conducta aislada, el ánimo de resarcir al cliente y cualquier otra consideración que sirva de atenuante o agravante conforme a los hechos. Véase In re Vélez Barlucea, 152 DPR 298, 311 (2000). Evaluado el expediente personal del licenciado Rodríguez Cora, notamos que éste no ha sido objeto de procedimiento disciplinario previo. Además, el licenciado Rodríguez Cora ha reiterado su disposición de devolver los honorarios que la señora Domenech Cruz alega fueron cobrados indebidamente. Sin embargo, entendemos que la falta de índole ético-profesional en la que incurrió el licenciado Rodríguez Cora es muy seria, máxime al tratarse de dos menores de edad cuyos intereses debía representar.

Conforme a los hechos reseñados y los fundamentos esbozados, procede decretar la suspensión inmediata del Ledo. Jaime Rodríguez Cora del ejercicio de la abogacía y la notaría en nuestra jurisdicción por un término de tres meses. Se le apercibe de que, de incurrir en violaciones similares en el futuro, la sanción disciplinaria será más severa. El licenciado Rodríguez Cora tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolver honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar prontamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del País. Deberá presentar una certificación a esos efectos en los treinta días siguientes a la notificación de esta opinión per curiam, notificando asimismo al Procurador General. El Alguacil de este Tribunal incautará inmediatamente la obra y el sello notarial del abogado de epígrafe para el trámite correspondiente por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Martínez Torres y Feliberti Cintrón hacen constar que “sancionarían al abogado Jaime Rodríguez Cora por violación al Canon 38 de Etica Profesional, 4 LPRAAp. IX, y que además impondrían una suspensión de seis meses y no meramente de tres”. El Juez Asociado Señor Rivera García desea hacer constar la expresión siguiente: “Estoy conforme con la determinación de suspender al Sr. Jaime Rodríguez Cora del ejercicio de la abogacía y la notaría, pero entiendo que esta suspensión debió ser por un término no menor de seis meses”. El Juez Asociado Señor Estrella Martínez concurrió sin opinión escrita.

       El licenciado Rodríguez Cora alega que se vio imposibilitado de continuar realizando los pagos, según acordados en la transacción, toda vez que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, no aceptó la estipulación transaecional suscrita por las partes. El foro primario razonó, al no aceptar el acuerdo, que no se había consultado previamente con la Procuradora de Menores ni con el Defensor Judicial de éstas.

       Inicialmente, las partidas relacionadas con la póliza fueron cuestionadas por la Procuradora de Relaciones de Familia ante el Tribunal de Primera Instancia. Una vez el foro primario supo de esas partidas, salió a relucir que habían sido utilizadas por la señora Domenech Rodríguez para pagar los honorarios de abogado. Conforme a esto, el Tribunal de Primera Instancia investigó más a fondo, percatándose de que la señora Domenech Rodríguez también había utilizado el dinero de la póliza perteneciente a las menores para adquirir un inmueble, el cual luego fue gravado con una hipoteca, e invertir en el mercado de valores. Estas transacciones se realizaron sin solicitar autorización judicial.

       La Comisionada, al determinar inconsistencias en la versión de los hechos presentada por la señora Domenech Rodríguez, aludió a una declaración jurada del Ledo. Yamil M. Caro Pérez, quien refirió a la señora Domenech Rodríguez al licenciado Rodríguez Cora y participó de la primera reunión entre ambos. Por lo tanto, este presenció el acuerdo verbal suscrito entre ellos. En su declaración jurada, el licenciado Caro explica cómo el licenciado Rodríguez Cora informó a la señora Domenech Rodríguez que la póliza no formaba parte del caudal y que, para utilizar los fondos de las menores en exceso de $2,000, era necesario solicitar una autorización judicial. Además, indica que las partes convinieron, a solicitud de la señora Domenech Rodríguez, que el licenciado haría las gestiones conducentes a que el pago de la póliza a favor de las menores se le hiciera directamente a ella y que, de tener éxito, cobraría honorarios por éstas. No obstante, al momento del acuerdo, el licenciado Rodríguez Cora desconocía si la compañía de seguros podría expedir el cheque a nombre de la señora Domenech Rodríguez, por lo que no había certeza en que esas gestiones rindieran fruto. Véase la Declaración jurada del Ledo. Yamil M. Caro Pérez, en Moción en oposición a Informe del Procurador General, Anejo 4.