author: Ei. Juez Asociado Señor Cordova Dávila,

text:
    Rafael Carrión Pacheco, demandante y apelante, v. Charles E. Lawton, George H. Joy, Arturo L. Carrión y Vicente Rodríguez Rivera, demandados y apelados.
    No. 5930.

    Sometido: Diciembre 22, 1932.

      Resuelto: Enero 26, 1933.

      H. G. Molina, Henri Brown y C. Buiz Nazario, abogados del ape-lante; F. Soto Gras, abogado del apelado Sr. Lawton.
   Ei. Juez Asociado Señor Cordova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Alega el demandante que las dos parcelas de terreno que agrupadas en una sola finca se describen en la de-manda, las adquirió con el propósito de urbanizar dicho te-rreno, construyendo una calle y dividiéndola en solares para la venta, cuyo propósito fué llevado a efecto; que cuando se terminó la escritura de compraventa de dichas parcelas así agrupadas, ya había un entendido verbal sobre compra de solares en la nueva urbanización con varios vecinos y amigos del demandante, entre los cuales se encontraban los demandados Charles E. Lawton y George H. Joy; que in-mediatamente después de la compra el demandante llamó a todos dichos amigos para que escogieran la posición y ta-maño del solar deseado, y les explicó que era su plan hacer un sitio residencial escogido, a cuyo efecto no permitiría ni vendería ningún solar de menos de veinte metros de frente y que no permitiría más de una residencia por cada veinte metros de frente, y les explicó ciertas otras restric-ciones que pensaba imponer, haciéndose un plano provisional en que se dividía la parcela en doce solares con las dimen-siones indicadas por los propuestos compradores; que el demandante vendió al demandado George H. Joy un solar marcado con el número 4, con un frente de 28 metros 59 cen-tímetros, y sujeto a la restricción de que una sola casa podría construirse en dicho solar; que posteriormente el demandado George H. Joy vendió al Dr. Arturo L. Carrión una porción de ocho metros cincuenta y nueve centímetros de frente del solar No. 4 antes mencionado, por todo su fondo, y que el mismo demandado Sr. Joy vendió al demandado Vicente Rodríguez Rivera el resto de dicho solar con un frente de 20 metros a la calle; que con fecha 30 de octubre de 1926 el de-mandante adquirió de Vicente Rodríguez Rivera dicho resto de solar y tiene construida sobre el mismo una casa de hor-migón reforzado, cuyo valor no es menor de $8,500; que el demandante vendió al demandado Charles E. Lawton un solar marcado con el No. 3, segregado de las dos parcelas descri-tas que se agruparon en una sola finca, cuyo solar medía 33 metros 66 centímetros de frente, haciéndose constar en dicha escritura,-entre otras cosas, lo siguiente: “Que en este solar el comprador o su causahabiente no podrá edificar más de una residencia, la cual se construirá a una distancia de 25 pies de la línea frente a la calle abierta en'dichos terre-nos.”

Alega el demandante como primera causa de acción en contra de los demandados que al hacer constar en las escri-turas del demandado Challes E. Lawton y del demandado George II. Joy (pie se podría construir una sola casa resi-dencia y no más de una -casa residencia en cada uno de dichos solares, filé la intención del demandante, y así fue en-tendido por los compradores Lawton y Joy y los demás compradores de solares en la parcela urbanizada por el de-mandante, que no se podría hacer casa residencia en un solar que tuviera menos de veinte metros de frente, tal y como si la dicha condición hubiese leído así: “El comprador y sus herederos se obligan a no construir una casa residen-cia en un solar que tenga menos de 20 metros de frente, ni a hacer segregación que dejare un solar con casa ya cons-truida con menos de 20 metros de frente”; que de acuerdo con esta restricción hubo varias modificaciones de los sola-res en que primitiva y provisionalmente fué dividida dicha parcela, formándose nuevos solares mediante segrega-ciones, hasta que actualmente dicha parcela está dividida en quince solares, de los cuales siete solares tienen un frente de no menos de veinte metros, en los cuales están fabrica-das cinco casas, sin tomar en cuenta la casa construida en el solar del demandante; que las cláusulas copiadas en las escrituras otorgadas por el demandante a favor de los de-mandados Charles E. Lawton y George H. Joy deben ser reformadas para que dichas cláusulas estén de acuerdo con la verdadera intención y propósitos del demandante.

En la segunda causa de acción se hace una relación del pleito promovido por Charles E. Lawton contra Vicente Ro-dríguez Rivera, en el cual se dictó sentencia a favor del de-mandante por la Corte de Distrito de San Juan, habiéndose confirmado esta sentencia más tarde por la Corte Suprema. En dicha sentencia se ordenó al demandado Vicente Rodrí-guez Rivera que desistiera de la construcción comenzada en la parte del solar No. 4 que le fué vendida por el Sr. Joy y que derribase cualquier parte de la construcción ya hecha. Se alega además que después de dictada dicha sentencia por la Corte de Distrito de San Juan, el aquí demandante Rafael Carrión compró a Vicente Rodríguez Rivera el solar que fué objeto del referido pleito, y comenzó a construir una casa residencia la cual fué luego terminada; que mientras dicha casa estaba en proceso de construcción el entonces de-mandante y ahora demandado Charles E. Lawton acudió a la Corte de Distrito de San Juan pidiendo una orden diri-gida al aquí demandante Rafael Carrión para que mostrara causa por la cual no debía ser castigado por desacato, y para que se le concediera un injunction mandatario ordenando la paralización de la construcción de la casa empezada y la destrucción de la parte de dicha casa que estuviese enton-ces levantada; que la corte de distrito dictó una resolución declarando sin lugar la moción del Sr. Lawton, y que la Corte Suprema, estimando que la referida sentencia en el caso seguido por Charles E. Lawton contra Vicente Rodrí-guez Rivera era res judicata y obligaba al aquí demandante como sucesor en interés de Vicente Rodríguez Rivera, re-vocó dicha resolución de la Corte de Distrito de San Juan y en su lugar dictó sentencia en la cual ordenaba al aquí demandante para qne dentro del término de noventa días contados desde la fecha de la recepción del mandato en la Secretaría de la Corte de Distrito de San Juan, derribase la casa construida por él en dicho solar; que la sentencia contra Vicente Rodríguez Rivera fue inducida y obtenida mediante declaraciones falsas hechas por el allí demandante y aquí demandado Charles E. Lawton en el juicio en dicho caso, en el sentido de que había un plano de urbanización cuando él, Lawton, compró al aquí demandante; que este plano de urbanización consistía en la división de la mencio-nada parcela en doce solares y tenía una restricción común a todos los solares, impidiendo la construcción de más de una sola casa residencia en cada solar, según marcado en dicho plano; que dicho plano de urbanización estuvo ins-crito en el registro de la propiedad y que el aquí deman-dado Charles E. Lawton, allí demandante, fué inducido a comprar dicho solar a causa de dicho plano de urbanización y restricciones; que cuando dicho Charles E. Lawton com-pró ese solar ya estaban puestas dos columnas de concreto a la entrada de la calle con el nombre de “Carrion’s Court” y sobre otros extremos; que la sentencia dictada con fecha 4 de febrero de 1925 por la Corte de Distrito de San Juan debe ser anulada y dejada sin efecto, así como también la dictada por esta Corte Suprema en 26 de junio de 1928, or-denando al demandante que derribase la casa fabricada en el referido solar.

Como tercera causa de acción alega el demandante que si la corte estima que no procede que se reformen las es-crituras mencionadas o que se anule la sentencia, de todas maneras las referidas restricciones deben ser anuladas por-que debido al cambio de condiciones y a la construcción de casas en la parcela mencionada y en solares con un frente de únicamente veinte metros carecen dichas restricciones de valor práctico alguno. Basado en estas alegaciones solicita el demandante que las escrituras otorgadas entre el deman-dante Rafael Carrión Pacheco y los demandados- Charles E. Lawton y George Ií. Joy sean reformadas para conformar-las con la verdadera intención de las partes, qne se declare nula la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en el caso civil No. 3033 y que también se declare nula la sentencia dictada por la Corte Suprema de Puerto Rico en 26 de junio de 1928.

El demandado niega las alegaciones esenciales de la de-manda, y alega, entre otras, las siguientes defensas espe-ciales :

“Cosa Juzgada. Habiendo el demandante Carrión adquirido del demandado Rodríguez Rivera la casa objeto del litigio durante la pendencia del mismo, y continuando la acción aunque a nombre del cedente, las partes en aquel pleito y en éste son las mismas y en la primera acción se levantaron o pudieron levantarse las mismas cuestiones de hecho y de derecho que ahora se discuten, siendo lo fundamental si la restricción impuesta por el propio ahora deman-dante al solar No. 4 es válida y eficaz, como así se resolvió en dicha acción anterior. Decimos pues que las sentencias en el pleito No. 3033 y su incidente constituyen cosa juzgada.
“Abandono (waiver). Alegamos que cualquier derecho que pu-diera haber tenido el demandante por virtud del convenio verbal que dice modificó la. cláusula restrictiva, quedó abandonado por él al no ejercitarlo en todas sus oportunidades anteriores que se rela-cionan en esta contestación.
“Tardanza (laches). Alegamos que el demandante incurrió en tardanza injustificada que le impide invocar el convenio verbal re-ferido, toda vez que permitió transcurrieran más de seis años desde que pudo ejercitar su derecho sin tomar acción alguna, máxime cuando permitió en su consecuencia que la corte dictara una sen-tencia en contra de dicho convenio y basada en una declaración falsa conocida del demandante.
“Elección de RmiedAo (election of remedy). Alegamos que como el demandante tenía amplio conocimiento de la causa de acción que ahora alega para reformar el contrato y pedir la nulidad de la sen-tencia y en vez de hacerlo así desde el principio optó jior apoyarse en sus defensas originales en jel pleito 3033 que siguió por todos sus trámites, no puede ahora volver atrás y utilizar este otro re-medio de reformación de contrato y nulidad de sentencia.”

Dictada sentencia por la corte inferior declarando sin lu-gar la demanda, el demandante interpuso el presente recurso de apelación, atribuyendo a la corte diez errores. Los dos primeros, relacionados con la primera causa de acción, dicen así:

“La Corte de Distrito de San Juan, en su sentencia de 20 de oc-tubre de 1931, erró al sostener que no procedía la reformación de los contratos de Charles E. Lawton y George H. Joy, según solici-tado por el demandante en su primera causa de acción, y de que la prueba no justificaba dicha reformación.
“La Corte de Distrito de San Juan erró al dirimir a favor del demandado el conflicto de la evidencia en cuanto a la causa de ac-ción sobre reformación de contrato, actuando con pasión, prejuicio y parcialidad al así hacerlo.”

Es un lieelio aeeptado por ambas partes que el Dr. Carrión fabricó una casa, parte de la cual se encuentra enclavada on la porción de ocho metros cincuenta y nueve centímetros segregada del solar No. 4. Todo este litigio tiene su origen en haberse comenzado a fabricar y en haberse fabricado en la actualidad una casa en el resto del solar No. 4 que quedó reducido a veinte metros de frente. El demandante entiende que tiene derecho a que se reformen las cláusulas copiadas en las escrituras otorgadas por él a favor de los demandados Charles E. Lawton y George H. Joy, de acuerdo con los hechos alegados en su primera causa de acción. La corte inferior declara que la prueba del demandante en apoyo de esta causa de acción es en extremo deficiente. No se ha demostrado que la corte actuara movida por pasión, parcialidad y prejuicio, y no hay razón alguna para rechazar sus conclusiones. Además el demandado .ha presentado la defensa de cosa juzgada, que, en caso de prevalecer, hace innecesario que resolvamos ahora si la acción de reforma de contrato, tal y como surge de las alegaciones de la demanda, puede ejercitarse o no dentro de nuestro derecho civil. Hemos examinado detenidamente la demanda indicada en el pleito original interpuesto por Charles E. Lawton contra Vicente Rodríguez Rivera. En ella se alega que la agrupación de las dos parcelas de terreno compra-das por Carrión se efectuó con el propósito de distribuir dichos terrenos, levantándose un plano de la finca así agru-pada mediante el cual quedó dividida en doce solares, ■ seis a cada lado de una calle también en dichos terrenos, de ocho metros de frente y extendida de norte a sur. Se alega ade-más que el entonces demandante Charles E. Lawton, así en-terado del plan e inducido por Carrión, adquirió el solar marcado con el No. 3, según se describe en la escritura de adquisición, donde se hizo constar, entre otras, la restricción de que no podría edificarse más de una casa residencia en cada solar. Estos hechos aparecen negados en la contesta-ción que en aquel pleito interpusiera Vicente Rodríguez Rivera. De la opinión emitida por la Corte de Distrito de San Juan en dicho caso copiamos lo siguiente:

“Fabricada que ha sido una casa del solar No. 4, colindante por el norte con el número 3 propiedad del demandante, no puede el demandado fabricar otra casa en el resto de dicho solar No. 4 sin violar la cláusula restrictiva que se 'hizo constar en la escritura original de venta otorgada por Carrión a favor de Joy (de quien ad-quirió Rodríguez), y que fué inscrita en el Registro de la Propie-dad. Esa cláusula claramente se insertó en dicha escritura para be-neficio de todos los que hubiesen adquirido o adquiriesen solares en aquel sitio, como el demandante en este caso, bajo la impresión derivada de los actos de Carrión de que lo hacían dentro de un plan general de urbanización.”

Esta sentencia fué confirmada en apelación por el Tribunal Supremo. Es, pues, evidente que la corte resolvió en el pleito original que hubo un plan general de urbanización, que este plan contenía ciertas restricciones y que una de ellas era que no podría edificarse más de una casa residencia en cada solar. Estos hechos, resueltos de una manera conclu-siva y definitiva por la sentencia entonces dictada, obligan a Vicente Rodríguez Rivera y a su causahabiente el deman-dante Carrión, quien además resulta ser el dueño original de las parcelas de terreno agrupadas, que inició y llevó a cabo el plan de urbanización y estableció las restricciones. El demandante pretende que se reforme el contrato, incor-porándose una cláusula que, de ser aceptada, echaría por tierra los pronunciamientos ya firmes de la. corte en el pleito original y destruiría los efectos de la cosa juzgada. Si, como alega Carrión, de acuerdo con el convenio celebrado, la cláu-sula debe decir que el comprador y sus herederos se obligan a no construir una casa residencia en un solar que tenga me-nos de veinte metros de frente, ni a hacer segregación que dejare un solar con casa ya construida con menos de 20 metros de frente, entonces el pronunciamiento de la corte de-clarando probado el hecho de que no podría edificarse más de una casa residencia en cada solar no tendría razón de ser y la restricción que se alegó y probó en el pleito original quedaría prácticamente anulada. Es evidente que am-bas cláusulas están en conflicto. La subsistencia de la una implica la anulación de la otra. Sabemos que es éste el propósito que persigue el demandante, pero hemos querido hacer resaltar los efectos que produciría la reforma que so-licita, para demostrar que la cuestión decisiva y realmente litigada, y la que determinó el resultado obtenido en el pleito original, quedaría virtualmente anulada si se adoptase la cláusula que se intenta incorporar en el mencionado con-trato. . Lo que realmente se pretende es la eliminación de la cláusula anterior para dejar en su lugar la que ahora pro-pone el demandante. Si lo alegado y declarado por el Sr. Carrión en el presente caso es cierto, los hechos existen desde que se inició el plan de urbanización, y siendo ello así, el demandado en el pleito original, Sr. Rodríguez Rivera, tuvo oportunidad de someter entonces a la corte la misma cuestión que su causahabiente el Sr. Carrión pretende que nosotros ahora resolvamos. No cabe alegar que el Sr. Ro-dríguez Rivera ignoraba estas cosas que Carrión como dueño original y organizador del plan se tenía bien sabidas. El Sr. Rodríguez Rivera conocía por el registro que se había levantado un plano de urbanización. Así lo dice la escri-tura de adquisición de Joy y así consta en la inscripción. Tenía conocimiento el Sr. Rodríguez Rivera de la restric-ción, por el mismo registro, y por la aclaración que el Sr. Carrión aparece haciendo en el contrato de compraventa, consignado en escritura pública, que se llevó a cabo entre los Sres. Joy y Rodríguez Rivera. Bien pudo este último solicitar del Sr. Carrión toda la información que éste pose-yera acerca del plan de urbanización y el alcance de las res-tricciones, y haber interpuesto como defensa, si los creía ciertos, los mismos hechos que ahora alega el Sr. Carrión para pedir que se reforme el contrato.

El Sr. Carrión, en su carácter de causahabiente del Sr. Rodríguez, ocupa su mismo puesto y no puede formular con éxito favorable alegaciones que este último está impedido de establecer. Tanto para el Sr. Rodríguez Rivera como para el Sr. Carrión la conclusión de la corte de que no se puede edificar más de una casa residencia en el solar No. 4 tiene el carácter de cosa juzgada. Ésta fué la alegación fundamental establecida en el pleito anterior. Siii ella hubiese sido imposible dictar sentencia en favor'del demandante, por-que la demanda no habría aducido hechos suficientes para determinar una causa de acción.

El tercer error atribuido a la corte inferior por la parte demandante dice, así:

“La Corte de Distrito de San Juan, en su ameritada sentencia, erró a] sostener que no procedía anular las sentencias dictadas en el caso Civil No. 3033 por haber sido obtenidas mediante declara-ciones falsas de Lawton, según solicitado por el demandante en su segunda causa de acción, después de asumirse por. la propia Corte que fueron falsas las declaraciones de Lawton en cuanto a la exis-tencia. de las dos columnas de concreto con la inscripción ‘Carrion’s-Court’ en la fecha de la adquisición por Lawton, así como que del plano o plan de urbanización no se había tomado nota en el Re-gistro de la Propiedad. Al así resolver, la Corte actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad.”

Al discutir el error que antecede, resolveremos también los errores cuarto y quinto que, como muy bien dice el de-mandante, descansan sobre la misma argumentación.

Copia el demandante los hechos segundo, tercero, cuarto y quinto de la demanda original interpuesta por Lawton contra Vicente Rodríguez Rivera, parte de la declaración del entonces demandante Lawton, algunas de las conclusio-nes de la Corte de Distrito de San Juan, de esta Corte Su-prema y de la Corte de Circuito de Apelaciones, para de-mostrar que las alegaciones y declaraciones de Lawton, ca-lificadas de fraudulentas, dieron lugar a estas conclusiones de las cortes de justicia basadas en premisas falsas.

Copiamos a continuación los hechos de la demanda original a que se refiere el demandante en su alegato:

“2. — Que la agrupación referida se efectuó con el propósito de urbanizar dichos terrenos, levantándose un plano de la finca así agrupada mediante el cual quedó dividida en doce solares, seis a cada lado de una calle también en dichos terrenos, de ocho metros de frente y extendida de Norte a Sur.
"3. — Que la agrupación, urbanización y plano dividiéndola en solares y destinando una calle para uso de los mismos se hizo cons-tar en el Registro de la Propiedad y además fué publicada en general x>or el primitivo dueño Ca.rrión y especialmente dió conoci-miento de la urbanización y repartos repetidos a los compradores y personas interesadas en adquirir solares, dando al sitio el nom-bre de ‘CARRIÓN’s Court’.
“4. — Que el plan de urbanización referido contenía también cier-tas restricciones en la edificación de los solares, entre ellas la de que no podría edificarse más de una casa residencia en cada solar.
“5. — Que el demandante, así enterado del plan, e inducido por Carrión, adquirió el solar marcado con el número tres, según se describe en la escritura de adquisición ante Salvador Suau Carbonell, de 13 de febrero de. 1923, donde se hizo constar la restricción antes mencionada sobre edificación, que fué inscrita en el Registro de la Propiedad.”

Comparando las alegaciones de Lawton en el pleito original y las de Carrión en el presente litigio, se observa que ambos litigantes están de acuerdo en ciertos extremos de importancia, que en otros existen pequeñas diferencias, y en algunos difieren en cuestiones esenciales. Lawton alega que se efectuó la agrupación con el propósito de urbanizar dichos terrenos, levantándose un plano de la finca mediante el cual quedó dividido en doce solares; Camión alega que dicho terreno fué adquirido con el propósito de urbanizarlo,, haciéndose un plano provisional en que -se dividía la par-cela en doce solares con las dimensiones indicadas por los-propuestos compradores (hechos segundo y cuarto de la de-manda) ; Lawton alega que el plano de urbanización con-tenía ciertas restricciones en la edificación de los solares, entre ellas la de que no podría edificarse más de una casa residencia en cada solar; Camión alega que los solares ven-didos a Joy y Lawton estaban sujetos a la restricción de-que no podría construirse más de una casa en cada uno de dichos solares; Lawton alega que Camión dió conocimiento de la urbanización y reparto repetidos a los compradores y personas interesadas en adquirir solares, dando al sitio el nombre de “Carrion’s Court”; Camión alega que llamó a todos dichos amigos para que escogieran la posición y ta-maño del solar deseado y les explicó que era su plan hacer un sitio residencial escogido. La alegación sobre los veinte-metros de frente, negada por el demandado, constituye el punto fundamental de la controversia entre las partes-.

Basa el demandante su petición de nulidad de sentencia en que' ésta fue obtenida por Lawton mediante alegaciones y declaraciones fraudulentas. Ya conocemos las alegacio-nes juradas por Lawton que el demandante califica de falsasy fraudulentas. Copiamos del testimonio producido por - el demandante en aquella ocasión las manifestaciones que han-dado origen a esta acusación de fraude:

“A. — ¿Ucl ha tenido algún negocio con el Sr. Carrión referente a la compra de terrenos en Santurce?
“T. — Sí, señor.
“A. — ¿En qué consistió esa operación?
“(T. — Yo compré un solar en ‘ CáRRTÓN ’s CoüRt’.
“A. — ¿Ese nombre Caérión’s Court, aparece en alguna parte-escrito ?
“T. — En los planos.
“A. — ¿En alguna otra parte?
“T. — Creo que a la entrada de la calle McLeary.
“A. — ¿En las columnas a la entrada de esos terrenos está el nom-bre escrito?
“T. — Sí, señor.
“A. — ¿Ud. entró en negocio con Carrión para comprarle un te-rreno ?
“T. — Sí, señor.
< (^ ^ ^ 'X- ;X:
“A. — ¿Qué indujo a Ud., Sr. Lawton, a comprar este solar No. 3 de los terrenos del Sr .Carrión?
‘ ‘ * * * i/í * # *
“T. — Creí que estaba comprando un solar en una propiedad que tenía ciertas restricciones y solares de ciertos tamaños en lo que llamaban “Carrion’s Park’, para estar más o menos aislado.
“A. — ¿Cuando Ud. compró este solar los terrenos estaban para dividir o se le enseñó un plano de la división de ellos?
“T. — Compré el solar teniendo el plano a la vista.
“A.- — ¿Ese es el plano que yo presenté aquí?
“T. — No, señor, ese no fué, el mío tiene mi nombre escrito.
“A. — ¿Pero ese es el plano original?
‘ ‘ T. — Una copia.
“A. — ¿Cuando Ud. compró este solar, esos terrenos se conocían con ese nombre de CarriÓN’s Pare?
“T. — Sí, señor.
“A. — ¿Se conocían con ese nombre?
“T. — Sí, señor.
“A. — Ud. conoce la casa que edificó el Dr. Carrión?
“T. — Sí, señor.
“A. — ¿Cuando se edificó esa casa, Ud. estaba en Puerto Rico?
“T. — No, señor, en el Norte en vacaciones.”

Se atribuye una gran importancia a la declaración de Lawton sobre el nombre de “Carrion’s Court” escrito en las columnas a la entrada de la calle McLeary. Lawton declara que cuando compró el solar se conocían esos terre-nos con el nombre de “Carrion’s Park”. No bay ningún testimonio que diga que para esa fecha la finca agrupada no fuese conocida con este nombre. Carrión declara que los mu-ros se hicieron a mediados de 1922. Para justificar la fe-cha. presenta como prueba, entre otros documentos, una cuenta del Sr. Nechodoma quien hizo un trabajo de mosaico de cristal con el nombre de “Carrion’s Court” para ponerlo •en la calle. Esta cuenta tiene fecha de 20 de mayo de 1922. La escritura de venta del solar otorgada por Carrión a favor de Lawton tiene fecha 13 de febrero de 1922. En 3 de abril de 1922, cuando aun no habían transcurrido dos me-ses de la venta del solar a Lawton, aparecen vendidos y en-tregados al Sr. Carrión ciertos materiales para la referida obra. De modo que si bien es cierto que las columnas no estaban construidas cuando Lawton compró el solar, la ver-dad es que muy cerca de esa fecha ya se pensaba, o se es-taba en proceso de construirlas. En cuanto a que Lawton declarara que las columnas estuviesen construidas cuando compró el solar, es cosa que no resulta clara. No debemos olvidarnos de que el testigo está declarando en 1924, o sea dos años después de construidas las referidas columnas. A raíz de haber declarado que compró el solar, se le pregunta si el, nombre de “Carrion’s Court” aparece escrito en las ■columnas a la entrada de los terrenos y contesta que sí. Luego dice que cuando compró el solar los terrenos se co-nocían con el nombre de “Carrion’s Park”, y no se ha de-mostrado que esta afirmación sea incierta.

Este es el testimonio de Lawton que se tacha de fraudu-lento, sin que a nuestro juicio se haya justificado esta impu-tación. Veamos ahora cómo interpretó estas manifestacio-nes la Corte de Distrito de San Juan. En la opinión emi-tida por dicho tribunal se dice que a la urbanización se le dió el nombre de “Carrion’s Court”, y en su frente y en-trada se colocaron dos pilares de cemento en los cuales dicho nombre aparecía fijado. La Corte Suprema dice en la opinión que se emitió al confirmar la sentencia, que a la en-trada de la calle aparecen colocadas dos mesetas, inscribién-dose en las mismas, ostensiblemente, el nombre de “Carrión’s •Court”. No es aventurado decir que si no se hubiesen men-cionado estas mesetas con sn inscripción se habrían esta-blecido las mismas conclusiones y dictado idéntico fallo.

Ambas cortes hablan de los actos preliminares de Rafael Carrión Pacheco, quien 'levanta nn plano general del terreno donde se divide la finca en solares del 1 al 12 frente a nna calle que los divide seis a cada lado y quien a su en-trada coloca dos mesetas en las que inscribe el nombre de-“Carrion’s Court”. Todos estos actos, de acuerdo con la opinión de esta corte, confirmando a la corte inferior, de-muestran de una manera evidente y explícita la existencia de un plan general de mejoras, exclusivo y privado, para uso y disfrute de futuros compradores. De modo que no fueron las dos columnas colocadas a la entrada de la calle con el nombre de “Carrion’s Court” las que dieron lugar al fallo de la corte, sino todos los actos realizados por Carrión. No hay razones para suponer, como ya apuntamos antes, que 510 se hubiera dictado el mismo fallo si no se hubiesen men-cionado para nada en el pleito original las referidas mese-tas y la inscripción que en ellas se hizo. Ahora bien, el he-cho de que no aiiareciese la inscripción desde el primer mo-mento, no prueba la inexistencia de un plan con el consa-bido nombre aplicado a la urbanización. Es natural que el nombre surgiera, después de adquirir Carrión la finca y es posible que surgiera coetáneamente con el proyecto de ur-banización. La construcción de estas columnas poco des-pués de adquirida la finca por el demandante, y la coloca-ción de su nombre en los pilares, es una demostración evi-dente y explícita de que existió el propósito de aplicar dicho nombre a la urbanización.

Para que pueda dejarse sin efecto una sentencia por fraude debe aparecer que la misma no tuvo otro fundamento-que el fraude imputado y que si no hubiese habido fraude no se habría dictado dicha sentencia. Dringer v. Erie R. Co., 42 N. J. Eq. 573.

La gran mayoría de las decisiones sostiene que el simple hecho de que se haya cometido perjurio por la parte que obtiene una sentencia no es motivo para decretar sn nulidad. Robertson v. Freebury et al., 87 Washington 558, 152 Pac. 5. Las alegaciones de nna demanda pueden ser erróneas o in-ciertas y sin embargo haber sido hechas de buena fe, en la creencia de que son ciertas. Cuando, la alegación se hace de mala fe, conociendo su falsedad, si en virtud de .ella se obtiene una sentencia que de otro modo no se hubiera dic-tado, entonces la parte perjudicada tiene derecho a ser pro-tegida por los principios de la justicia y la equidad. El fraude extrínseco que vicia la sentencia de nulidad, según se define por Lord Cairns en Patch v. Ward, Law Rep. 3 Ch. App. 203, es el fraude efectivo que denuncia mallos animus en la persona a quien se imputa, mala mens puesta en mo-ción y actuando para derivar ventaja indebida de otra persona con el propósito real de defraudarla a sabiendas.

En cuanto al plano general del terreno, donde la finca se divide en doce solares, con una calle que los separa, seis a cada lado, no hay contradicción en la prueba. También alega el demandante que se hizo “un plano provisional en que se divide la parcela en doce solares con las dimensiones indi-cadas por los propuestos compradores”, todo lo cual com-prueba la existencia de dos planos, uno provisional y otro general, que es el mencionado en el registro de la propie-dad. Con respecto al plano general se alegó por Lawton en el pleito original que la agrupación, urbanización y plano dividiendo la finca en solares y destinando una calle para uso de los mismos, se hizo constar en el registro de la pro-piedad. Se tacha también de falsa esta alegación, hecha bajo juramento, pero que fue negada por el entonces de-mandado, y sobre la cual no dijo Lawton una palabra cuando declaró como testigo. Las conclusiones de la corte de dis-trito y de la Corte Suprema en el pleito original se basan exclusivamente en la prueba documental. De la certifica-ción que obra en autos aparece que la inscripción a favor de Lawton se llevó a cabo en febrero y la de Joy en abril de 1922. Lawton fné el primer comprador de solares que ins-■cribió su título. En' la, inscripción del solar comprado por Lawton se dice que dicho solar está señalado con el número 3 del plano de urbanización de la finca principal y que es ■condición de la venta que el comprador o causahabiente no podrá edificar más de una casa residencia en dicho solar. En la inscripción a favor de Joy se dice que su solar está -señalado con el No. 4 en el plano de urbanización de la finca principal y que el comprador, sus herederos y sucesores se •obligan a construir una sola casa en dicho solar. Esta fue la prueba que tuvo la corte de distrito para decir, ajustán-dose a la verdad, que estas restricciones se hicieron constar en el registro de la propiedad. Y en esta misma prueba se basó este tribunal para decir que los solares 3 y 4 se ins-cribieron en el registro haciéndose expresa mención del plano de urbanización de la finca principal. En el presente litigio se han presentado como prueba otros documentos de venta de solares donde consta del registro la misma refe-rencia al plano de urbanización, así como a las restricciones. Basta lo expuesto para justificar la desestimación de los errores tercero, cuarto y quinto atribuidos a la corte inferior.

íáe alega en el error sexto que “la Corte de Distrito de San Juan, en su ameritada sentencia, erró al sostener que no procedía declarar que debido al cambio de condiciones la cláusula restrictiva carecía de valor práctico alguno, y que el demandado Lawton está impedido en equidad de insistir en tales restricciones, según solicitado por el demandante en su tercera causa de acción, y al sostener que la prueba no justifica una resolución en dicho sentido. Al así resolverlo dicha corte actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad. ’ ’

Las condiciones existentes en la urbanización cuando se promovió el pleito original son prácticamente las mismas qne existían cuando se inició el presente litigio. El mismo Carrion admite que no ha habido variación en “Carrión’s Court” desde hace más de cinco años. Esto lo declara en marzo de 1931. Es claro que el demandado Rodríguez Rivera tuvo oportunidad de alegar cualquier alteración o cam-bio que constituyese una buena defensa. No se ba probado que de entonces a acá hayan ocurrido cambios que justifi-quen el remedio solicitado por el demandante. Opinamos que el Sr. Carrión está impedido de establecer esta defensa que no presentó su causante, cuando fue demandado seis años antes de haberse promovido esta acción. No se ha jus-tificado que la corte inferior actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad. Conviene hacer constar que de acuerdo con la prueba presentada, en los solares señalados con los números 1, 2 y 6 no se ha construido casa alguna. En el resto de la parcela se han construido nueve casas, ex-cluyendo la del Sr. Carrión en el solar No. 4 que ha sido mandada a destruir por orden judicial. En el solar No. 5 aparece construida una casa y parte de otra, y lo mismo ocurre en el solar No. 12. En los demás solares únicamente se ha construido una casa en cada solar, excluyendo la del Sr. Carrión, cuya destrucción ha sido ordenada. El Sr. Ca-rrión declaró que todas estas casas fueron construidas con anterioridad a la venta de Joy a Rodríguez, con excepción de una que construyera ,1a Srta. Ana A. Márquez en el solar No. 5. Sentadas estas conclusiones procede desestimar los errores sexto y séptimo que se relacionan con el alegado cambio de condiciones. Se desestiman también los errores octavo y noveno, en los cuales se alega que la sentencia dic-tada es contraria a derecho y al peso y preponderancia de la prueba. Se alega por último que la corte inferior come-tió error al condenar en costas al demandante. Opinamos que debe desestimarse este último error.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte SeñoR del Toro,

license: Public Domain

text:
    Miguel J. Arsuaga, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Rafael Arjona Siaca, Juez, demandada.

      No. 827.

    Sometido: Noviembre 28, 1932.

      Resuelto: Enero 27, 1933.

      Molina, Duión & Ochoteco, abogados del peticionario.
   El Juez PresideNte SeñoR del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 30 de julio último esta corte decidió este certiorari por una sentencia que dice: ■ '

“Examinados los autos, por los motivos consignados en la opi-nión que antecede, se anula la orden de requerimiento dictada en el ejecutivo hipotecario, civil No. 16439 de la Corte de Distrito de Humacao, Miguel J. Arsuaga v. Cándido Ramírez Muñoz y su es-posa María Morell Santana, devolviéndose el caso a la dicha Corte de Distrito de Humacao para ulteriores procedimientos de confor-midad con la ley.”

El 6 de agosto siguiente el peticionario pidió a la corte que modificara los términos de su sentencia de modo que quedara redactada así:

“Examinados los autos, por los motivos consignados en la opi-nión que antecede, se anula la orden de abril 4, 1932, y apareciendo de los autos que la finca hipotecada ha sido vendida por una suma menor de la del crédito hipotecario por la presente se fijan las cos-tas en la suma de $500.00 estipulados en la escritura de hipoteca, para cualesquiera fines ulteriores.”

La corte se hallaba en vacaciones y el peticionario no pudo ser oído hasta noviembre 28, 1932.

La moción de modificación se basa en que mientras se tramitaba el certiorari continuó su curso el ejecutivo ven-diéndose la finca hipotecada en pública subasta, según decla-ración jurada del abogado del peticionario, el 2 de mayo, 1932, compareciendo como único postor el ejecutante a quien se le adjudicó por $4,000 suma inferior al principal de la reclamación.

Muestran los autos que el 7 de abril de 1932 Miguel J. Arsuaga por medio de sus actuales abogados presentó en esta Corte Suprema una solicitud para que se expidiera un auto de certiorari. En la solicitud se alegó que se babía ini-ciado en la Corte de Distrito de Humacao el 18 de diciem-bre de 1931 un ejecutivo para el cobro de un crédito' asegu-rado con hipoteca- — $5,000, intereses y $500 fijados para -cos-tas — ; que el juez expidió orden de requerimiento el 29 de diciembre, 1931, para que se pagara el principal, los intere-ses, “y la suma que oportunamente fijará este tribunal me-diante el correspondiente memorándum de costas y que en ningún momento será mayor de $500”; que no satisfechas las sumas reclamadas el peticionario pidió la venta de la finca hipotecada y por insistir el juez en ello radicó un me-morándum de costas por ífoOO que fue notificado a los deu-dores y reducido por la corte el 4 de abril, 1932, sin ciar au-diencia a los interesados, a |269, dictando orden de venta de la finca hipotecada para el cobro del principal, los in-tereses y las indicadas costas.

Expuestos esos hechos sostiene el peticionario que la corte inferior “cometió error de procedimiento al dictar las referidas órdenes” porque “no concedió a los demandados el término de diez días para impugnar el memorándum”, porque “no dió audiencia ni a los demandados ni al peti-cionario”; porque actuó arbitrariamente al reducir los ho-norarios y porque el caso de Vidal Sánchez v. Corte, 40 D.P.R. 107, fijó un procedimiento que no puede seguirse sin audiencia de las partes.

Alegó seguidamente el peticionario la práctica que se se-guía en la Corte de Distrito de San Juan que considera ile-gal y en el hecho octavo consignó:

“Que se trata ele una cuestión de orden general que debe ser resuelta por este Hon. Tribunal cuanto antes, porque si la práctica adoptada por la corte inferior es errónea, entonces todo ejecutante se expone a una acción de nulidad del procedimiento ejecutivo bajo el fundamento de que la corte no tuvo jurisdicción para fijar las costas ex-parte y no se debió haber vendido la finca por una suma determinada para costas sin haber dado audiencia al deudor.”

La súplica de la petición es como signe:

. . se sirva dictar un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Humacao al Honorable Juez de la misma, Hon. Rafael Arjona Siaca, para que inmediatamente remita a este Honorable Tribunal el récord en el caso civil No. 16439 titulado: 'Miguel J. Arsuaga, demandante-ejecutante, contra Cándido Ramírez Muñoz y su esposa María Morell Santana, demandados-ejecutados’, para ser revisado por este Tribunal en cuanto a la orden de abril 4 de 1932, fijando las costas en $269.00 y también en cuanto a la orden sobre venta de la finca hipotecada en cuanto ordena que sea vendida para cubrir también la suma de $269.00 para costas, y anu-lar dichas, órdenes, ordenando a la corte seguir el .procedimiento fijado en el Art. 339 del Cód. de Enj. Civil tal como fué enmen-dado por la Ley No. 15 de Nov. 19. 1917, y ordene que la finca se venda por el montante del crédito hipotecario $5,000.00 con intere-ses al 9 por ciento anual desde julio 1, 1930, hasta la fecha del re-mate y por $500.00 para responder del pago de las costas que sean fijadas oportunamente por la Corte de Distrito de Humacao o por este Honorable Tribunal, en caso de apelación.”

El ¿mto fué expedido. Además del peticionario, por sus abogados, se oyó a los abogados González Fagundo & Gon-zález Jr. como amicus curiae. Ambos presentaron memo-rándums por escrito.

Bajo el título de “Cuestión ante la Corte” comienza diciendo el del peticionario:

“Ante la consideración del Tribunal pende ahora para una re-solución definitiva que se establezca el procedimiento a seguirse para la fijación de las costas y honorarios de abogados en los procedimien-tos para el cobro de hipotecas por la vía sumaria.”

Estudia luego los antecedentes y termina:

“Al presentar este recurso, nos animó, en primer término, la re-visión de la resolución dictada por la corte inferior, pero también el deseo de obtener una decisión de esta Corte en esta cuestión que sirva de pauta para el futuro.” 1

Sigue el argumento que comienza así:

“Con todo el respeto que nos merecen las decisiones de ése, nuestro más alto Tribunal de justicia insular, reiteramos la mani-festación que hiciéramos oralmente en la vista de este recurso de que, a nuestro juicio, la doctrina establecida en los casos de Vidal Sánchez v. Corte de Distrito y Anaud v. Martínez, pugna con el propósito en que está inspirado el procedimiento sumario para la ejecución de hipotecas.”

Acto seguido se expresan las razones que se tienen para llegar a esa conclusión, y entonces se dice:

“Sometemos a la consideración del Tribunal que si se llegara a la conclusión de que debe subsistir la doctrina enunciada en los casos de Teodoro Vidal Sánchez v. Corte de Distrito y Anaud v. Martínez, que entonces esta Corte Suprema de la misma manera que lo hizo al resolver el caso de Aguadilla Lighter & Storage Co. v. El Superintendente de Seguros de P. R., 43 D.P.R. 219, establezca el procedimiento que debe seguirse para la fijación de esas costas y de esos honorarios de abogados sin perjuicio del propósito que. ins-pira la Ley Hipotecaria en lo que se refiere a la materia de ejecu-ción de hipotecas por el procedimiento sumario.”

Y siguen las sugestiones que se estimaron pertinentes.

De tal modo quedó el caso sometido a la decisión del tribunal, que lo resolvió en la forma que aparece en su opi-nión de julio 30, 1932, reportada en 43 D.P.R. 1001.

Se pidió a la corte que decidiera definitivamente una cuestión que estaba originando serias dificultades en todas las cortes de distrito de la Isla y así, haciendo un verda-dero esfuerzo para llegar a una resolución clara y firme, la corte revocó su propia decisión en el caso de Vidal Sán-chez, supra, y restableció la práctica anterior que se consi-deró conforme con la letra y el espíritu de la Ley Hipote-caria. Para ello había que ir a la raíz, al requerimiento, y al requerimiento se fué. Las resoluciones de abril 4, 1932, eran la consecuencia de la de diciembre 29, 1931. No cabía adoptar términos medios, si debía quedar fijada la regla clara y'precisa que se esperaba y solicitaba de la corte.

Si el peticionario no esperó la resolución de la corte y continuó instando en el ejecutivo, debe sufrir las conse-cuencias de sus propios actos. La circunstancia de que esta corte accediera a la devolución de los autos a la corte de distrito, no altera esa conclusión. La orden se- dictó tam-bién a instancias del peticionario y cuando ya, no obstante la pendencia del certiorari, se Labia vendido a gestión suya la finca hipotecada.

Debe declararse sin lugar la moción del peticionario.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Francisca Mundo Viuda de Conde, demandante y apelante, v. Domingo del Carmen, demandado y apelado.
    No. 5731.

    Sometido: Noviembre 29, 1932.

      Resuelto: Enero 27, 1933.

      Angel A. Vázquez, abogado de la apelante; L. Méndez Vaz, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante apela de una sentencia adversa en acción de daños y perjuicios causádosle por su evicción como de-mandada en un procedimiento de desahucio despnés de dic-tada sentencia, que ahora se alega fné obtenida mediante frande y falsas simulaciones. El único señalamiento de error es que la sentencia es contraria a la ley y a las prnebas. Tal señalamiento no es un incentivo para la investigación y disensión independientes de tópicos mencionados, pero que no se desarrollan adecuadamente en el alegato de la apelante.

En 1929 Magdaleno Conde vivía en sn propia casa, cons-truida en terrenos pertenecientes a Domingo del Carmen, a quien pagaba por el arrendamiento del solar. En agosto 13, 1929, del Carmen le notificó que debía abandonar el solar en agosto 31. Conde murió en septiembre. En diciembre, del Carmen instituyó un procedimiento de desahucio contra Francisca Mundo, viuda de Conde y sus dos hijos, que com-ponían sn sucesión. El procedimiento se basaba en falta de pago del canon adeudado durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. El nervio del argumento de la apelante es que después del 31 de agosto de 1929, luego de recibir la notificación de abandonar el solar, fechada agosto 13, la aquí demandante (demandada en el procedi-miento de desahucio) poseía en precario, y que el presente caso debe regirse por la doctrina sentada en el de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. Margarita Collazo, 41 D.P.R. 596. En el procedimiento de desahucio no parece ha-berse suscitado cuestión alguna sobre conflicto de títulos. De haberse planteado tal cuestión hubiese sido difícil dis-tinguir el caso del de Peña y Balbás v. Toro, 34 D.P.R. 137. De todos modos, la apelante no trata de explicar cómo puede hacerse al aquí demandado responsable de daños y perjuicios por haber dejado el juez de distrito en el procedimiento de desahucio, a iniciativa propia, de aplicar la doctrina del caso de Collazo, unos doce meses antes de haberse resuelto ese caso por esta corte.

La cuestión relativa al supuesto fraude o falsas simula-ciones al obtener la sentencia en el procedimiento de desahu-cio, no requiere seria consideración.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Saturnino Vélez y su esposa Josefa Morales Ortiz, demandantes y apelantes, v. Santiago y José Iturregui, haciendo negocios bajo el nombre de Iturregui Hnos., demandados y apelados. Juan Cancio Ortiz, demandante y apelante, v. Los Mismos, demandados y apelados.
    Nos. 5058 y 5059.

    Sometidos: Diciembre 10, 1931.

      Resueltos: Febrero 1, 1933.

      E. Ortiz Romeu, L. A. García del Rosario y M. García González, abogados de los apelantes; Celestino Iriarte, abogado de los ape-lados.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Estas dos apelaciones pueden ser tratadas en una opinión porque se refieren al mismo hecho, siendo la prueba común para ambas. En el pleito que origina la primera se reclama el pago de una indemnización por la muerte de Francisco Vélez Morales, conocido por Franco Yélez, producida por un auto de carga de los demandados: y en el segundo por la muerte de la yegua en que iba montado Yélez cuando perdió la vida en ese accidente. En ambos casos las apela-ciones ban sido interpuestas por los respectivos demandantes.

En las dos demandas se alegó que la muerte de Franco y la de la yegua se debió única y exclusivamente a la culpa y negligencia del chauffeur de los demandados por conducir el auto de carga'(truck) por el extremo izquierdo de la carre-tera de Carolina a Río Piedras a una velocidad exagerada, sin dar toque de bocina y sin tener el debido cuidado y cir-cunspección. Los demandados admitieron las muertes ocu-rridas pero negaron negligencia por parte de su chauffeur.

Cinco fueron las personas que se encontraban en el sitio del accidente cuando tuvo lugar: dos peones de una carreta de bueyes que pertenecía al dueño de la yegua muerta y el chauffeur y dos peones que iban en el.auto de carga. Los dos primeros fueron presentados como testigos por los de-mandantes y los otros tres lo fueron por los demandados. Los de la carreta declararon que cuando ese accidente, em-pezaba a obscurecer, y los otros tres, que estaba obscuro y nublado. Los cinco estuvieron contestes en que el auto de carga tenía luces y también en que la carreta no las tenía, porque según sus dos peones se les había apagado el farol de ella por lo que habían detenido la carreta para encenderlo. Puede, pues, concluirse que cuando ocurrió el accidente que motiva los dos pleitos estaba obscuro.

Por el resultado de la prueba practicada ante la corte inferior ésta estimó demostrado que estaba detenida al lado derecho de la carretera una carreta cargada con yerba; que el carretero Nerio Ramírez se hallaba debajo de la carreta encendiendo un farol y su acompañante Epifanio Ramírez se encontraba con la garrocha frente a los bueyes, en direc-ción para Río Piedras; que el auto de carga de los fieman-•dados, guiado por el chauffeur Francisco Sánchez, en el cual iban como peones Nicolás Hernández y Agapito Márquez, se dirigía en dirección de Carolina a Río Piedras conduciendo cuatro metros cúbicos de arena, llevando sus luces encen-didas; que el auto de carga caminaba con moderada velo-cidad porque iba cargado y subiendo una pequeña pendiente; que al divisar el chauffeur la carreta de bueyes redujo la velocidad, tocó el pito y tomó la izquierda para pasar a dicha carreta que estaba detenida, y entonces apareció ante el auto de carga, atravesándose en el camino Francisco Vélez, que iba montado en una yegua, que parece se dirigía a entrar en la finca de Cancio Ortiz; que la yegua se espantó dándole el truch un fuerte golpe con el tapalodo izquierdo delantero y cayeron al suelo pasándole el truch por encima a la yegua y al muchacho, a pesar de que el chauffeur trató de defen-derla desviando el vehículo un poco hacia la derecha pero ocasionándoles la muerte; que el auto de carga se detuvo inmediatamente delante de la carreta, recogió a Franco y lo llevó en seguida en el mismo truch al pueblo de Río Piedras, donde dió cuenta a la policía.

Con respecto a los dos peones de la carreta, testigos de los demandantes, la corte inferior manifestó en la opinión que sirve de fundamento a su sentencia que dijeron ser testigos presenciales y que en declaraciones que prestaron y firmaron ante el notario público don Celestino Iriarte al día siguiente del accidente manifestaron que cuando dicho suceso ocurrió uno se hallaba frente a los bueyes y el otro encen-, diendo el farol, y que se dieron cuenta de lo ocurrido después del choque, no presenciando los hechos en el momento en que ocurrieron; que también existe otra declaración prestada por Nerio Ramírez ante el Juez Municipal de Río Piedras al siguiente día del accidente, que sólo signó con una cruz a pesar de que la que prestó ante el notario fué firmada, en la que manifestó que en los momentos del accidente se hallaba encendiendo el farol, cuando sintió el golpe y salió, viendo entonces la yegua en el suelo y a Franco Vélez muerto. Y continúa diciendo la corte que si se exami-naran además las declaraciones de esos dos testigos pres-tadas en el juicio de la causa criminal contra Francisco Sánchez se verá el esfuerzo que hacían pqra demostrar que habían presenciado el accidente, o sea, el momento del choque, pero que de tal cosa no ha quedado convencida la corte.

En los dos primeros motivos de esta apelación se alega-que la corte inferior cometió error al admitir en evidencia la declaración escrita y jurada del testigo de los demandados,. Epifanio Ramírez, que se dijo prestada ante el notario don Celestino Iriarte; y también al admitir la del testigo Nerio Ramírez que se dijo prestada ante el mismo notario.

Esas declaraciones fueron presentadas para contradecir las prestadas en el juicio por esos testigos, y dicen los ape-lantes que no debieron ser admitidas como evidencia porque habiendo negado los dos testigos en el juicio de estos pleitos que ellos declararan ante el dicho notario, éste debió haber prestado declaración, y no lo hizo, para demostrar que tales declaraciones eran ciertas.

Esos testigos admitieron que estuvieron en la oficina del notario, que declararon lo que en ellas se dice y que las fir-maron, pero no delante del notario. En vista de esto el documento era admisible como evidencia de las manifesta-ciones hechas en esa ocasión; pero si algún error hubiera habido en su admisión no sería perjudicial porque declara-ciones iguales prestadas ante un funcionario judicial por los mismos testigos no han sido impugnadas por los ape-lantes.

En el tercer motivo del recurso se alega que fue error el no permitir a los abogados de los demandantes continuar en las repreguntas del testigo de los demandados Nicolás Hernández.

Ese testigo estuvo sometido a un largo contrainterroga-torio y la corte fundándose en que se le preguntaba dos y tres veces la misma cuestión concedió cinco minutos más para repreguntas, contestando entonces los abogados de los de-mandantes que posponían su derecho para la sesión de la tarde, por lo que la corte dió por terminado el examen del testigo.

Los abogados de los demandantes no podían por sí solos posponer el interrogatorio para otra sesión de la corte. Además, la corte tiene la facultad discrecional de dirigir el juicio y también de intervenir motu proprio si el examen de repreguntas es prolongado innecesariamente, por lo que no existe el error alegado.

Las conclusiones a que llegó la corte inferior relatadas al principio de esta opinión están justificadas por la transcrip-ción de la evidencia obrante en estos autos por lo que no podemos declarar que cometiera manifiesto error al apre-ciarla y al resolver que no medió negligencia imputable a los demandados, como se alega en el cuarto motivo de esta apela-ción. No hay que olvidar que la corte inferior no dió crédito a los dos testigos de los demandantes en cuanto a haber visto el accidente en el momento en que ocurrió y que de las decla-raciones de los tres testigos presenciales de los demandados aparece que la yegua que montaba Franco Vélez se atravesó súbitamente delante del auto de carga por lo que éste no pudo ser desviado lo suficiente para evitar el accidente, no habiéndose demostrado negligencia alguna del chauffeur de los demandados.

Los apelantes hacen referencia en su alegato a la ley de automóviles para decir que se demostró la negligencia del chatiffeur de los demandados. Dicha ley en su artículo 12, apartado c, dice que todo el que manejare un vehículo de motor al acercarse a un vehículo tirado por animales o a cualquier animal que fuere montado o conducido por una persona, deberá tomar todas las precauciones razonables para evitar que los animales se asusten y si apareciere que los animales se han asustado, reducirá la velocidad y al indicárselo la persona a cargo de aquéllos, detendrá el vehículo, y, si fuere necesario, el motor. El chauffeur cumplió con esa disposición de la ley pues aparece de la prueba que al ver que la yegua se asustó y se atravesó en el camino, redujo la velocidad del auto de carga (truck) y trató de pararlo, aunque lo súbito del hecho no le dió tiempo para ello. En cuanto al artículo 8 de la misma ley, dispone que todo automóvil que transitare por la noche llevará por lo menos dos luces blancas visibles a una distancia de por; lo menos 250 pies ■desde el frente del vehículo. Lo que requiere ese precepto es que las luces de todo automóvil sean visibles, o sea, que puedan ser vistas a la distancia expresada. No se presentó prueba alguna de que las luces del auto de carga no fueran visibles a la distancia dicha y, por tanto, no podemos declarar que esa ley fuese infringida y constituyese negligencia de los apelados. ,

En vista de las conclusiones a que llegó la corte inferior por el resultado de la prueba no tuvo necesidad de resolver, y no resolvió, si existió negligencia contribuyente de Franco Vélez, por lo que es innecesario decidir el último motivo del recurso en el que se expone como error que la corte declarase con lugar la defensa de los demandados sobre negligencia contribuyente.

Las sentencias apeladas deben ser confirmadas.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Socorro Santiago, acusado y apelante.
    No. 4809.

    Sometido: Junio 15, 1932.

      Resuelto: Febrero 2, 1933.

      R. Hernández Matos, abogado del apelante; B. A. Gómez, FiscalT abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del • tribunal.

La Ley No. 85 de 20 de agosto de 1925, página -585, pro-mulgada para proveer de rentas al Pueblo de Puerto Rico, dispone en su sección 29 que toda persona que tuviere en su poder o custodia o a su disposición cualquier alambique que sea capaz de destilar alcohol para fines medicinales, indus-triales, científicos o sacramentales lo inscribirá en la oficina del Tesorero de Puerto Rico y que la persona que dejare de inscribirlo será culpable de un delito menos grave. Por in-fracción a esa sección de la ley fue denunciado y castigado Socorro Santiago, quien ha interpuesto esta apelación.

El apelante acepta que tenía un alambique que destilaba alcohol y que no lo tenía inscrito en la Tesorería de Puerto Rico, pero alega que no se probó que tal alambique sea capaz de destilar alcohol para los fines antes expresados.

El único testigo que declaró en este caso, un guardia de la Policía Insular, dijo que el alcohol que destilaba el acusado en su alambique puede beberse y también ser usado para fines científicos, comerciales o sacramentales; declaración que fue objetada por el denunciado fundándose en que ese tes-tigo no está capacitado para declarar sobre ese particular; habiendo manifestado la corte inferior que eso es de cono-cimiento judicial y de conocimiento público y general.

No se nos ha demostrado ni sabemos que existan alambi-ques que sólo sean capaces de destilar alcohol para fines ^in-dustriales, científicos, comerciales o sacramentales. Creemos que cualquier alambique puede destilar alcohol que se use de esa manera. Por consiguiente, todo alambique debe ser inscrito en la Tesorería de Puerto Rico porque todos son capaces de destilar alcohol que puede ser usado de ese modo, y no será necesario que el fiscal pruebe que determinado-alambique es capaz de destilar alcohol para dichos fines. Por esto no perjudicó al apelante lo que dijo el testigo ni la manifestación que hizo la corte inferior en el juicio.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    José María y Juan Franceschi; Domingo, Salvador y Estrella Leandri; y Angel y Blanca Massari, peticionarios, v. Hon. Domingo Sepúlveda, Juez de la Corte de Distrito de Ponce, demandado.
    No. 281.

    Sometido: Enero 30, 1933.

      Resuelto: Febrero 2, 1933.

      Henry G. Molina, abogado de los peticionarios; López de Tord & Z a/y as Pizarra, opositores.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de mandamus. La petición original se ha archivado en esta Corte Suprema. Se alega en ella, en resumen, que los peticionarios son los herederos de don1 Francisco María Franceschi, fallecido en Ponce en 1926, que todos son franceses y residen fuera de esta Isla encon-trándose actualmente uno de ellos en ella con el único pro-pósito de atender a la liquidación de la herencia; que en 1928 los albaceas testamentarios por consejo de sus abogados López de Tord y Zayas Pizarro, no obstante prohibir el •tes-tamento del Sr. Franceschi la intervención de los tribunales, pidieron de la Corte de Distrito de Ponce la administración judicial, quedando los propios albaceas nombrados adminis-tradores interinos. Tras algunos cambios es boy.el adminis-trador el peticionario José María Franeesehi.

Sigue alegándose en la petición, en resumen, que la corte .de distrito motu proprio, en mayo 17, 1932, ordenó a los in-teresados que mostraran causa del porqué no debería termi-narse la administración judicial, manifestando en la vista celebrada dos días después los entonces abogados de los peticionarios que lo único que quedaba pendiente era la par-tición de los bienes entre los herederos; que en agosto 17, 1932, los peticionarios radicaron una moción ante la corte .solicitando la terminación de la administración, cuya súplica «s como sigue:

“Poe todo lo Cual y sin perjuicio de los procedimientos quo habrán de seguirse sobre fijación de los honorarios de los Sres. López •de Tord & Zayas Pizarro, como abogados del Administrador Judicial, ,y sin perjuicio de los procedimientos sobre determinación de la com-pensación que el Administrador Judicial tiene derecho a recibir, los peticionarios respetuosamente Suplican a la Hon. Corte se sirva dic-tar una orden terminando esta Administración Judicial y ordenando ■al Administrador Judicial, don Marcos Vecchini, a entregar a los peticionarios, por medio del peticionario José María Franeesehi, todos los bienes que se encuentran en su poder como tal Adminis-trador Judicial; ordenando que dicho Administrador Judicial pre-sente su cuenta final, y una vez aprobada, que sea cancelada su fianza bajo la condición de que los peticionarios como dueños en posesión d.e los bienes hereditarios habrán de satisfacer las cantidades que esta ■Corte pudiera condenarles a pagar por honorarios de los Sres. López de Tord & Zayas Pizarro, y por honorarios del Administrador Judicial. ’1

Consignan además los peticionarios en sn solicitud que manifestaron a la corte que si creía que la terminación no procedía sino mediante fianza, estaban dispuestos a prestar ,1a que fijara la corte para garantir el pago de todas las recla-maciones pendientes; que en agosto 23, los abogados López de Tord y Zayas Pizarro radicaron una oposición, celebrán-dose la vista de la moción el 24, quedando la misma sometida por alegatos radicados en agosto 30 y 31 y en septiembre 6 y 7, 1932; que en noviembre 7, 1932, los peticionarios pre-sentaron una moción suplicando la resolución de ciertas mo-ciones que se habían presentado “sobre entrega de bienes y documentos”, y no habiendo sido resuelta, en noviembre 25, 1932 radicaron otra pidiendo entrega parcial de los bienes en tanto se resolvía la moción de agosto 17, dejándose en poder del administrador Judicial bienes cuyo valor excedía de $130,000 para responder a la reclamación de los abogados López de Tord y Zayas Pizarro y a las otras pendientes; que en diciembre 5, 1932, fecha señalada para la vista de dicha petición, los peticionarios radicaron un juramento de su abo-gado en apoyo de la misma y los abogados López de Tord y Zayas Pizarro radicaron una oposición; que los peticionarios están necesitados de fondos y la corte no tiene jurisdicción para retener sus bienes, por lo menos los que no sean nece-sarios para hacer frente a las reclamaciones contra la herencia; que el peticionario José María Pranceschi por sí y como apoderado de otros herederos representa siete oc-tavas partes de la herencia y está aquí desde julio 3, 1928, para atender a su liquidación; que los peticionarios están deseosos de obtener sentencias firmes en todas las reclama-ciones pendientes para retirar de Puerto Rico para sus domi-cilios el remanente que les corresponda, y que mientras el juez de distrito deje de fallar la referida moción están sufriendo grandes perjuicios.

La súplica de la petición copiada textualmente es coma sigue:

“Por todo lo cual, se suplica al Honorable Tribunal en la alter-nativa: Primero, que previa vista de esta petición con audiencia de los únicos opositores ante la Corte de Distrito,. Sres. López de Tord & Zayas Pizarro, dictar un auto perentorio de mandamus ordenando al Administrador Judicial a entregar todos los bienes hereditarios a los peticionarios reservándose jurisdicción en el procedimiento nú-mero 2933 para resolver sobre cualquiera reclamación que esté pen-diente, la cual habrá de ser satisfecha por los aquí peticionarios una. vez haya sido determinada por sentencia firme (mediante prestación dé fianza por los peticionarios, si el Hon. Tribunal entiende que debiera ser prestada, a pesar de existir el remedio de aseguramiento de sentencia, para responder del pago de todas dichas reclamaciones); Segundo, en todo caso dictar un auto perentorio de mandamus, orde-nando que se entregue a los peticionarios todo su caudal hereditario con excepción de- los bienes especificados en la petición de noviembre 25, 1932, (Exhibit D), o de cualesquiera otros, cuyo valor total a juicio de la Corte sea suficiente para cubrir todas las reclamaciones pendientes; Tercero, en todo caso dictar un auto perentorio de mandamus, ordenando al Honorable Juez, don Domingo Sepulveda, a dictar la resolución de la Corto de Distrito de Ponce, sobre la refe-rida moción de agosto 17, 1932, (Exhibit A) y petición de noviembre 25, 1932, (Exhibit D), dentro del término más breve que este Hon. Tribunal creyere oportuno.” ■'

No hay duda alguna que los hechos alegados ponen de manifiesto una situación que dehe despejarse, dictándose por la corte de distrito con la premura que el caso requiere la resolución que fuere procedente, pero tampoco la hay que no son bastantes para que esta corte asuma la jurisdicción sobre el caso, si es que la tiene, ultimándolo por sí misma, o para ordenar a la corte de distrito que lo ultime en un determinado plazo.


text:
    José María y Juan Franceschi; Domingo, Salvador y Estrella Leandri y Angel y Blanca Massari, peticionarios, v. Hon. Domingo Sepúlveda, Juez de la Corte de Distrito de Ponce, demandado.
    No. 282.

      Sometido: Enero 30, 1933.

      Resuelto: Febrero 2, 1933.

      Henry G. Molina, abogado de los peticionarios; López de Tord & Zanjas Lizarro, opositores.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del

tribunal.

Esta es una solicitud de mandamus radicada originalmente en esta Corte Suprema el 24 de enero último. Su súplica ■dice.

’“Suplican se sirva dictar un auto de mandamus perentorio diri-gido a la Hon. Corte de Distrito de Ponce, o al Juez de la misma, don Domingo Sepúlveda, ordenándole que declare sin lugar la moción de arbitraje judicial (Exhibit C); disponiendo el procedimiento que debería seguirse ante dicha Corte sobre la referida petición de junio 20, 1932 (Exhibit A) y ordenando que se señale la vista de dichos procedimientos para el primer día hábil que tenga el Hon. Juez re-currido, ya que el Hon. Juez Roberto H. Todd, Jr. se ha eximido del caso para los efectos de la petición (Exhibit A) como conse-cuencia de haber intervenido particularmente en unas tentativas de arbitraje o solución amistosa entre las partes.”

Se señaló el 30 de enero, 1933, para oír a las partes sobre la procedencia de la solicitud y en la audiencia se admitió que la corte de distrito había resuelto la moción sobre arbi-traje. Siendo ello así, carece de objeto la petición y debe en su consecuencia declararse sin lugar.


author: El Jtjez Presidente Señor del Toro,

text:
    Francisco Gastón, demandante y apelante, v. Herederos de Francisco María Franceschi, demandados y apelados.
    No. 4944.

    Sometido: Enero 30, 1933.

      Resuelto: Febrero 2, 1933.

      Henry G. Molina, abogado de los apelados; López de Tord & Zmjas Pizarro, opositores.
   El Jtjez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn recurso interpuesto por el demandante en un caso sobre filiación contra ciertas resoluciones dictadas en el mismo por la corte de distrito negándose a dejar sin efecto el embargo practicado en bienes del demandante para ase-gurar la sentencia que pudiera dictarse a virtud de la contra-demanda formulada por los demandados. Quedó resuelto por sentencia de marzo 31, 1932, 43 D.P.R. 300, revocándose las órdenes apeladas. Pedida reconsideración de la sentencia, fue negada en julio 20, 1932.

Sólo queda pendiente de resolver una petición de entrega de documentos hecha por los demandados en 2 de diciembre último, sobre la cual fueron oídos en corte abierta el 30 de enero, 1933.

En la petición se transcribe una moción presentada por los abogados López de Tord y Zayas Pizarro en la Corte de Distrito de Ponce en solicitud de que se les tuviera por re-tirados como abogados de los Herederos de Francisco María Francesehi sin perjuicio de sus derechos por haber sido se-parados injustamente por ellos de su representación, y se alega que los demandados en este recurso que son los dichos herederos pidieron a los abogados López de Tord y Zayas Pizarro les entregaran (itálicas nuestras) “todos los docu-mentos con relación a este caso y muy especialmente las copias de las transcripciones de récord y de los alegatos para que su abogado, Sr. Molina, los pioeda estudiar con el fin de determinar si la sentencia dictada por este Honorable Tribunal en marzo 31,1932, es apelable”, habiendo negado dichos abogados la entrega.

Enterados de la petición, los abogados López de Tord y Zayas Pizarro se opusieron a la misma, y fueron también oídos en corte abierta el 30 de enero, 1933.

Basta la mera exposición que antecede para concluir que es improcedente por innecesaria la petición. Las copias de los documentos cuyos originales, dicho sea de paso, se en-centraban en la secretaría de esta corte al alcance del nuevo abogado, se pidieron con el propósito de estudiar si la sen-tencia de marzo 31, 1932, era apelable, y bien se cuente a partir de marzo 31, 1932, ya a partir de julio 20, 1932, en que se negó la reconsideración, el término para establecer la apelación había vencido con exceso el 2 de diciembre, 1932, cuando la petición fue formulada. Secciones 128 y 240 del Código Judicial de los Estados Unidos tales como quedaron enmendadas por Ley de febrero 13, 1925, 43 Part 1, U.S.S. at L. 936 y 940.

Debe declararse sin lugar la petición.


author: El Juez Asociado Señor Hutchisoít,

text:
    Matías Suau Ballester, demandante y apelante, v. Andrés Pol Serrano y Zulema Rodríguez, demandados y apelados.

      No. 5914.

    Sometido: Enero 13, 1933.

      Resuelto: Febrero 3, 1933.

      José D. Rodríguez j Angel Arroyo, abogados del apelante; L. Mer-cader, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchisoít,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en nn procedimiento de desahucio apela de nna sentencia adversa y alega qne la corte de distrito cometió error al no admitir la declaración de cierto testigo, al sostener una moción de nonsuit, al no apreciar debidamente las alega-ciones de ambas partes y la prueba aducida por el deman-dante, y al no dictar sentencia en su favor.

El demandante alegó que en mayo primero de 1931 los demandados le vendieron 229 cnerdas de terreno; que desde la fecha en que se efectuó la venta el demandante había estado en posesión del terreno, mas no de una casa qne en éste se hallaba enclavada, que los demandados habían convenido en desalojar dentro de ocho días. De la descripción de la finca hecha en la demanda y en la escritura en que se basa el demandante, se desprende que había un número de casas de vivienda en la finca. Había por lo menos tres. Puede que hubiera más. En la demanda se solicitaba el desahucio de los demandados de la casa por ellos ocupada, no de los terrenos. Esa casa no fue identificada suficientemente ni en la demanda ni en la prueba aducida durante el juicio. En su contestación jurada, después de hacer ciertas admisiones y negativas, los demandados alegaron que ellos eran dueños de la finca descrita en la demanda así como de la casa en que vivían y habían vivido con sus hijos por muchos años y que aun ocupaban como su hogar seguro; que los demandados tenían con Suau Eiol & Co., sociedad de la cual el demandante formaba parte, un crédito refaccionario garantizado con hipoteca, del cual se había hecho un traspaso o cesión simulado a Carreras & Hnos. en fraude de acreedores y con el propósito de obstaculizar la liquidación; que dicha cuenta estaba garantizada con una hipoteca sobre parte de las 229 cuerdas, 68 de las cuales estaban incluidas en la aludida hipoteca; que en abril 25, 1931, Suau Fiol & Co. escribió al demandado Andrés Pol suplicándole que fuera a la oficina de cierto abogado en Lares para garantizar tina cuenta por servicios profesionales; que en mayo primero el demandado fné a Lares con tal objeto y otorgó cierta escritura notarial con ese único fin, y no una escritura de cesión al demandante a quien nada habían vendido, con quien no habían celebrado contrato o pacto alguno, a quien no habían entregado bienes de ninguna clase, y de quien no habían recibido ningún precio o causa de clase alguna; y que los demandados han conti-nuado en posesión de dicha finca como dueños absolutos de la misma en espera de la liquidación de dicha cuenta por Suau Fiol y Co. a fin de pagar el saldo, en caso de que lo hubiera.

Nada hubo en la contestación o en la prueba que coope-rara con la demanda en la identificación de la casa de la cual el demandante trataba de desahuciar a los demandados y el juez de distrito no cometió error alguno al dejar de hallar en la contestación o en la prueba la identificación que faltaba en la demanda.

De conformidad con la escritura a que se hace referencia en la demanda y en la contestación, presentada como prueba por el demandante, Andrés Pol y su esposa comparecieron como vendedores y Matías Suau como comprador de las 229 cuerdas 22 céntimos descritas en la demanda. De acuerdo con la escritura se hgLia formado una parcela de 229 cuerdas con 22 céntimos por agrupación de un número de predios, que estaba sujeta a una hipoteca por $17,613.88 a favor de F. Carreras & Hno., que había vencido. Se hizo mención de otros gravámenes que se decía constaban en el registro, aunque en realidad ya habían sido cancelados. En otro de los párrafos de la escritura se hacía constar que los gravámenes pendientes con sus intereses ascendían a $20,000. El adquirente convenía en pagar estas cargas. Ningún dinero pasó de manos y no se mencionó ninguna otra causa.

El notario declaró como testigo del demandante qne todas las fincas de qne se compañía la parcela mayor no estaban hipotecadas a F. Carreras & Hno., y qne había nna parcela de 18 cnerdas qne no había sido inclnída en la escritura de enajenación, porque había que transferírsela o dejársela a Andrés Pol. El demandado se opuso y el juez de distrito preguntó al testigo por qué no había hecho constar todo esto en la escritura. El testigo manifestó que ello era innecesario toda vez que la parcela en cuestión no era una de las que se habían agrupado. El juez de distrito entonces preguntó por qué la escritura no había especificado, como causa, la en-trega de cierto número de cuerdas a Andrés Pol. El testigo contestó que no se hizo constar eso en el documento porque esa finca pequeña aparecía entonces a nombre de Enrique Pol, y agregó: “Ahí es donde yo voy.” El juez de distrito dijo que la corte no admitiría nada de eso, agregando que el testigo tenía que referirse a esa escritura y nada más que a esa escritura. El letrado del demandante manifestó que la escritura de enajenación tenía que ver con la venta de las 18 cuerdas “ya que don Andrés Pol hasta que no le hacía ventas a don Matías Suau no adquiría esas 18 cuerdas.” Este abogado no se anotó excepción a las observaciones hechas por el juez de distrito en respuesta a esa manifesta-ción, sino que prosiguió con el examen del testigo. Pregun-tado si Andrés Pol había dado posesión a Suau, el notario contestó que la escritura demostraba no solamente que había habido entrega de la finca sino también una renuncia de todo derecho, título e interés que Andrés Pol pudiera haber tenido en la finca; y que éste había permanecido en la finca debido a que había solicitado doce o quince días en lo que arreglaba una casa en las 18 cuerdas que iba a adquirir de Enrique Pol como parte de la causa del contrato. El abogado de la parte demandada entonces solicitó que se eliminara esta explicación del testigo en relación con cuestiones que no figuraban en la escritura de enajenación y que equivalían a una alteración de los términos del contrato. El jiiez de dis-trito elijo: “La corte no admite esa evidencia.” El letrado del demandante excepcionó esta resolución de la corte.

Una de las primeras objeciones de la parte demandada a la declaración del notario fné que en la demanda no se bacía alegación alguna respecto a las cuestiones sobre las cuales se le pedía que declarara. Hemos diebo que la parte demandada no se anotó excepción alguna a ciertas observa-ciones becbas por el juez de distrito. Lo que el juez dijo fue sustancialmente que el testimonio era una sorpresa para los demandados, quienes no estaban preparados para afrontar nuevas controversias; que dando por sentada la admisibi-lidad de prueba para explicar la escritura de enajenación, la admisión de tal prueba en un procedimiento de desahucio no era deseable toda vez que los demandados entonces se verían precisados a atacar esta prueba ofreciendo otra evi-dencia y entonces la controversia dejaría de ser una cuestión de posesión y se convertiría en un conflicto de títulos.

.El caso prima facie del demandante hubiera sido más fuerte si no se hubiese puesto a declarar al notario. La moción de nonsuit se basó en la declaración del notario. Igualmente ocurrió con la sentencia que más tarde se dictó. El juez de distrito, durante el curso del examen del notario, trató de evitar ese resultado. Se permitió que el notario declarara respecto a la mayor parte de lo que el demandante aparentemente deseaba llevar a conocimiento de la corte. Nada hay que indique que un examen más extenso de este testigo hubiese fortalecido el caso del demandante. El exa-men del testigo, tal cual se hizo, tiende a una conclusión con-traria. El error, de haberse cometido, al tratar de poner límite al interrogatorio del demandante respecto a cuestiones que nú se mencionaban ni en la demanda ni en la escritura de enajenación no fue perjudicial.

La declaración del notario vista a la luz de la contestación jurada de los demandados era suficiente para dar algún color a la reclamación de la parte demandada de que la escritura de enajenación, de no haberse obtenido mediante fraude y falsas simulaciones, era nula por falta de causa, y éstas son cuestiones que no pueden ser consideradas y re-sueltas en este procedimiento de desahucio.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    Filomena Sepúlveda, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 883.

    Sometido: Enero 19, 1933.

      Resuelto: Febrero 7, 1933.

      A. Arroyo Rivera, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de octubre de 1931 comparecieron ante notario público Primitivo Martínez y su esposa doña Jovita Valle de una parte y de la otra doña Filomena Sepúlveda viucla de Torres y otorgaron un contrato en el cual se hizo constar que Eloy. Roldón siguió una acción en cobro de dinero contra la Sucesión Torres vendiéndose para satisfacer la sentencia favorable que obtuvo una finca de veinte cuerdas con casa de vivienda perteneciente a dicha Sucesión; que la finca ven-dida fue adquirida por Juan Mari a quien se la compraron los esppsos comparecientes Martínez-Valle; -que al intentar lomar posesión de la finca, la otra compareciente Sra.-Viuda de Torres se opuso, alegando su derecho de hogar seguro; que los comparecientes zanjaron sus diferencias separando-una porción de tres cnerdas con la casa qne valoraron en quinientos dólares que quedaría en poder de la viuda como hogar seguro. La cláusula sexta del contrato dice textual-mente :

“Sexto: La viuda Doña Filomena Sepúlveda inscribirá en el Begistro de la Propiedad la presente escritura de segregación y adju-dicación de Homestead, y se hace constar que dicha viuda por su derecho propio y en representación de sus menores hijos se.da por pagada de todo derecho en la finca antes descrita quedando el rema-nente de la finca íntegramente de la propiedad del Señor Martínez, y obligado el Señor Martínez a seguir pagando la hipoteca del Federal Land Bank, y sin obligación ninguna la viuda de satisfacer nada al acreedor hipotecario sino que dicha deuda corresponde íntegra-mente al Señor Martínez.”

Presentada la escritura en el registro el 9 de diciembre-de 1932 el registrador denegó su inscripción por medio de-una nota que en lo pertinente dice:

“Denegada . . . por cuanto se expresa en el documento, en su cláusula sexta, que el señor Martínez queda obligado a pagar la hipo-teca del Federal Land Bank y sin obligación ninguna la viuda de satisfacer nada al acreedor The Federal Land Bank, sino que dicha deuda corresponde íntegramente al señor Martínez, sin que haya comparecido el dicho acreedor Federal Land Bank of Baltimore a prestar su consentimiento a ese contrato, ...”

No conforme la Señora Sepúlveda recurrió para ante este Tribunal. Sostiene que el registrador erró al denegar la ins-cripción :

“1. — Porque el pacto contenido en la Cláusula sexta constituye-una obligación puramente personal entre las partes contratantes, que en nada afecta ni puede afectar a los derechos de terceros; y no existe prohibición alguna ni en la Ley Hipotecaria, ni en ninguna otra ley, de incluir tales pactos u obligaciones de carácter puramente personal.
“2. — Porque por el referido pacto no se intenta, ni se pretende-siquiera, una novación de la primitiva obligación hipotecaria cons-tituida por la recurrente a favor de su acreedor The Federal Land Bank.
' “3. — Porque en todo caso la recurrente no ba renunciado en favor de su acreedor The Federal Land Bank of Baltimore el derecho a reclamar contra dicho acreedor su derecho o exención de Homestead. La renuncia sólo tiene efecto en cuanto al transmitente Sr. Primitivo Martínez.1 ’

El registrador impugna esos errores en un alegato que extractado por nosotros lee como sigue:

“Como de acuerdo con el artículo 1228 del Código Civil, no hay contrato sino cuando concurren los requisitos de consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establece, cuando examinamos el que es objeto de dicha escritura No. 198, nos encontramos con que el fin principal que los contratantes se propusieron . . . fué trasmitir el vendedor señor Martínez a la recurrente viuda señora Filomena Sepulveda dicha finca . . . segregada ... en pago de una reclamación de Homestead . . . estipulando . . . que (la Sra. Sepulveda) se da por pagada de dicha reclamación de Hogar Seguro, quedando el rema-nente de dicha finca principal íntegramente del vendedor señor Martínez y obligado éste a seguir pagando la hipoteca de que antes se hace mérito a dicho Federal Land Bank of Baltimore y sin obliga-ción ninguna la viuda recurrente de satisfacer nada al acreedor hipo-tecario, sino que dicha deuda corresponde íntegramente al señor Martínez.
“Este fin expuesto, constituye la causa del contrato y es su razón esencial; pero como dicha expresada causa en este caso es aparente e ilusoria, toda vez que la recurrente no puede adquirir la finca que se le trasmite, libre de dicha hipoteca a favor del Federal Land Bank of Baltimore, sin el consentimiento de éste, no existe causa y la falta de ella produce la nulidad de la obligación contractual por viciar el consentimiento; además, para la efectividad y perfectibilidad del contrato se le ha incorporado como causa dicha cláusula sexta, que es una obligación condicional del vendedor señor Martínez de pagar la hipoteca al referido Banco basada en un hecho futuro e incierto y es manifiesto que mientras esa condición no se cumpla la voluntad tampoco se realiza, porque si la causa está por venir y de su realiza-ción pende la eficacia del contrato, es inconcuso que tal promesa por sí misma carece de causa. Por tanto, se debe estar a lo que dispone el artículo 1242 del Código Civil: ‘Los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno ’; de ahí la razón de haberse denegado la inscripción de dicha escritura de compraventa No. 198, por falta del consentimiento del referido acreedor hipotecario.
“Insistiendo sobre la falta do causa ... se expone que esa obli-gación no puede estimarse como una personal que pudo ser omitida en la inscripción del contrató, por el contrario, es evidente que la naturaleza de esa obligación es real por afectar a derecho de ese linaje y es el alma de la convención porque la intención ... de la recurrente contemplaba la adquisición del bien, libre de gravámenes a título de Hogar Seguro . . . para lo cual prestó su consentimiento que resulta viciado por lo aparente e ilusorio de la causa, (porque) . . . mientras no se verifique tal pago, (la hipoteca) sigue a la finca en su totalidad como la sombra al cuerpo no importa lo que en contrario convinieren los otorgantes . . . (y) a tenor de lo dis-puesto en el artículo 105 de la Ley Hipotecaria, en concordancia con el No. 9 de la misma y 83 de su Reglamento, el Registrador de la Propiedad debe arrastrar las cargas que en su totalidad pesan sobre la finca principal para consignarlas como gravámenes que deben pesar sobre las fincas segregadas de aquélla, sean cuales fueren; . . . Si apuramos la materia para pensar que en dicha cláusula sexta . . . existe una novación de contrato impuesto por las partes sin el con-sentimiento del referido acreedor, según el No. 2 del artículo 1171 de dicho Código, entonces debe estarse a lo dispuesto en el artículo 1173 de dicho cuerpo legal, que la prohibe sin el consentimiento del acreedor y es nula por serlo también la obligación primitiva de la que procede y como esa novación forma también parte de la causa del contrato, ésta no existe, y por tanto dicha convención no tiene vida o eficacia legal para producir su inscripción en el Registro . . . Por vía de ilustración y por tratarse de un caso parecido al que nos ocupa, deseo citar la resolución que tiene Odriozola en su tratado de jurisprudencia, página 640, que dice: 'Cuando en una escritura se redime, en cuanto a una parte de una finca, el censo que se impuso sobre la totalidad de dicha finca, es, por tanto, indudable que se está en el caso primero del artículo 1203 del Código Civil (1171 nuestro), puesto que se modifica una condición principal de la obligación, cual es la de que el censo había de gravar toda la finca, produciéndose una verdadera novación, que como tal, ha de verificarse con el con-sentimiento de todos los interesados (Res. de 10 de noviembre de 1906.)’ ...”

A nuestro juicio no está desprovista de fundamento la nota del registrador. La defensa que de la misma hace dicho funcionario revela un cuidadoso estudio. El caso no es sencillo en verdad, pero basándonos en el principio de la libertad de contratación, y pndiendo verificarse la inscripción haciendo constar con toda claridad el hecho de no haber in-tervenido en el contrato el acreedor hipotecario, arrastrando el gravamen a la finca segregada, nos inclinamos- a concluir que la inscripción es procedente.

El propio registrador admite que si el acreedor hipote-cario hubiera intervenido en la convención y hubiera pres-tado su consentimiento, el contrato sería perfecto. No in-tervino y no puede ser perjudicado en modo alguno, debiendo dejarse a salvo sus derechos, pero ello no quiere decir que el dueño de la finca hipotecada a virtud de compra al que la adquirió en pública subasta no pueda zanjar sus diferencias con la primitiva dueña reconociéndole su derecho de hogar seguro libre del gravamen hipotecario hasta donde pueda hacerlo. Si los esposos Martínez-Valle cumplen la obligación que se impusieron y pagan la hipoteca, el contrato produciría todos sus efectos.

No puede sostenerse que la Sra. Sepulveda fuera enga-ñada. Ella conoce la ley y sabe que el gravamen que pesa sobre la totalidad de la finca no puede cancelarse sobre la porción que se dejó en su poder antes de verificarse su pago, sin el consentimiento del acreedor.

El reconocimiento del derecho de hogar seguro por parte de los esposos Martínez-Valle no obliga necesariamente al banco, pero el que esto sea así, no debe obstaculizar el acuerdo a que llegaran el actual dueño de la finca hipotecada y el antiguo sobre el derecho de éste a permanecer en una parte de la finca. Por lo menos para esas dos personas la convención es válida y como versa sobre un bien inmueble es susceptible de inscribirse en el registro.

En tal virtud debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada con el defecto subsanable indicado.

Los Jueces Asociados Señores Aldrey y Córdova Dávila, disintieron.

      Nota: Véase el prefacio.


author: El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

text:
    Micaela R. de Báez, demandante y apelante, v. La Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, Hon. Ignacio Carballeira, Juez, demandada y apelada.
    No. 5990.

    Sometido: Enero 30, 1933.

      Resuelto: Febrero 7, 1933.

      A. Quirós Méndez, abogado de la apelante; L. Feliú, abogado de la demandante en el caso principal.
   El Juez Asociado Señor Cókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento de desahucio iniciado por la Drug Company of Porto Rico contra Micaela R. de Báez, ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, se dictó sen-tencia declarando con lugar la demanda y ordenándose el lanzamiento de la demandada de la finca que ocupaba. Soli-citó la demandada la nulidad del emplazamiento. La corte municipal resolvió que dicho emplazamiento era válido, y llevado el caso a la corte de distrito por medio de un pro-cedimiento de certiorari, dicha corte anuló el auto que expi-diera, sosteniendo la validez del emplazamiento. La peticio-naria y demandada en el pleito de desahucio, Micaela R. de Báez, apeló de la resolución de la corte de distrito, y se limitó a notificar la apelación al juez de la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, contra la cual se expidió el auto de certiorari que fué anulado más tarde por dicha corte de distrito. La demandante en el pleito de desahucio, Drug Company of Porto Rico, alega bajo juramento que no ha sido notificada de esta apelación y que además en juño 10, 1982, expiró la última prórroga concedida a la apelante para radicar su alegato, sin que se haya solicitado nueva prórroga ni aparezca que se ha radicado alegato alguno. Basándose •en estas razones solicita la demandante la desestimación del recurso interpuesto.

De acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil, la parte apelante debe notificar la apelación a la parte contraria o a su abogado. El hecho de que en un procedimiento de certiorari se dirija el auto a la corte inferior y se notifique .al juez de los procedimientos, no implica que al establecerse una apelación se prescinda de la parte que pueda resultar afectada por la resolución que recaiga al resolverse las cuestiones planteadas en el recurso. Para que esta corte pueda .adquirir jurisdicción en apelación, es necesario que se notifique el recurso a la parte contraria, y no se cumplen los preceptos del estatuto si no se notifica a la parte realmente interesada en el asunto que motiva el recurso. El Juez municipal no es la parte que tiene interés en conflicto con la demandada en el pleito de desahucio, Micaela R. de Báez. La verdadera parte contraria, la que está interesada en que no se anule el emplazamiento, para que quede en pie la sentencia dictada a su favor, es la Drug Company of Porto Rico y a ella ha debido notificarse también el escrito de apelación.

El recurso interpuesto debe ser desestimado por carecer <esta corte de jurisdicción para conocer del mismo.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Mariana Cuevas, demandante y apelada, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros, demandada, y Alfonso Hernandez, apelante.
    No. 5908.

    Sometido: Enero 26, 1933.

    Resuelto: Febrero 7, 1933.

      Large & Acevedo, abogados del apelante; Buenaventura Estevas, abogado de la apelada; Hon. Attorney General Charles E. Winter y E. de Aldrey, Subprocurador, abogados de la Comisión deman-dada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Mariana Cuevas es la apelada en este caso. Ella fné la demandante en la corte inferior. Instituyó un pleito en la Corte de Distrito de Aguadilla para anular la indemnización concedida por la Comisión de Indemnizaciones a Obreros o la Junta Liquidadora que la substituyó.

La indemnización fné concedida a un pintor llamado Alfonso Hernández. Este trabajaba en una casa pertene-ciente a Mariana Cuevas. Un carpintero babía colocado un andamio en la casa. No bay duda alguna de que el andamio estaba incompleto, toda vez que le faltaban el respaldo o-barandillas. Sobre este andamio el obrero colocó nn cajón y se snbió sobre el! mismo, fill resbaló o se cayó y snfrió lesiones por las cnales la Comisión de Indemnizaciones con-cedió daños y perjuicios.

Esta demanda de nulidad fné debidamente contestada por la comisión. Literalmente el obrero compareció como amicus curiae. Empero en la corte inferior y en esta corte en gran parte la contienda fné librada por Mariana Cuevas y Alfonso Hernández. Este último es el apelante. La ley concedía al obrero el derecho a apelar. Rodríguez v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 31 D.P.R. 183.

Cuando la demandante terminó de practicar su prueba, la demandada presentó una moción de nonsuit por varios fundamentos. Uno de ellos era que la demandante no había probado que ella no fuera el patrono responsable. Naturalmente, aun siéndolo, de acuerdo con la sección 4 de la Ley No. 61 de 1921 ella tenía derecho a defenderse de la reclamación hecha por Alfonso Hernández, fundada en imprudencia temeraria o negligencia crasa, suponiendo, tal cual nosotros lo hacemos, que se estableciera esta defensa. Otro fundamento de la moción de nonsuit fue que de acuerdo con la sección 20 de la ley de indemnizaciones a obreros, según fue enmendada por la Ley No. 102 de 1925, Leyes de ese año, pág. 944, un patrono no asegurado no podía plantear la defensa de negligencia contribuyente de parte del obrero, aun si este último hubiera sido culpable de imprudencia temeraria. La corte oyó alguna prueba adicional sobre la cuestión de si Mariana Cuevas era o no el patrono responsable y entonces declaró sin lugar la moción.

La apelada sostiene que la preponderancia de la prueba estaba a su favor y que fué su padre como arrendatario de la casa, y no ella, la persona que empleó a este pintor y a otros obreros para que hicieran el trabajo. La corte evi-dentemente no se convenció de que Mariana Cuevas no fuera el patrono responsable, y la apelada no nos convence de que la corte inferior estuviera equivocada a este respecto. Podría agregarse que la corte en su decisión final no entró en la cuestión de si Mariana Cuevas era o- no el patrono responsable.

La demandada entonces presentó prueba y la corte, según fiemos indicado, dictó sentencia a favor de la deman-dante fundándose en que Alfonso Hernández fiabía sido culpable de imprudencia temeraria.

La corte llegó a la conclusión de que el apelante, en unión a otros obreros, trabajaba en una casa en el pueblo de Lares, perteneciente a Mariana Cuevas, que se decía estar arrendada a José Cuevas; que habiendo dejado de pintar en la sala, sin que nadie se lo ordenara, se subió en un andamio que había sido construido sobre el balcón con el objeto de pintar el frente de la casa, andamio que aun no estaba terminado toda vez que le faltaban las barandillas y que por consi-guiente era peligroso; que no obstante esto Alfonso Hernán-dez, sin que nadie se lo ordenara, puso un cajón en el andamio y se subió sobre él a .pintar la parte superior de la fachada, y que estando allí perdió el equilibrio y se cayó del andamio; que el carpintero Felipe Pérez, que construyó el andamio y estaba haciendo reparaciones en la casa, y José Cuevas, quien lo había empleado, llamaron su atención hacia el hecho de que no debía subir al andamio, a pesar de lo cual, sin que Cuevas lo viera, y no obstante su admonición, la del carpintero y la de otras personas, entre ellas el márshal de la Corte Municipal de Lares que a la sazón pasaba por allí, se subió en el andamio y que fueron su imprudencia y teme-ridad las causantes del accidente.

El apelante llama nuestra atención hacia un número de casos que tienen posible analogía, al efecto de que la conducta del obrero no debió haberse considerado como temeraria o como negligencia crasa. Mas creemos que cada caso debe ser juzgado por sus propios hechos. La prueba en detalle demostró que varias personas aconsejaron al apelante que no se subiera en el andamio y que a pesar de ello él lo hizo. En la silla testifical el obrero negó haber recibido advertencia alguna, mas la corte evidentemente no le creyó.

No importa que el apelante no tuviera intención criminal o que no fuera movido por malicia al subirse en el andamio. Lo que ocurrió al apelante no fue, como en algunos de los casos citados, un súbito impulso de actuar, sino que, de acuerdo con la prueba, lo cierto fue que él, deliberada y voluntariamente y en contra de repetidas admoniciones, subió a un andamio sin terminar que era peligroso de por sí y había sido hecho más peligroso aún mediante la colocación de un cajón.

Estas consideraciones quedan robustecidas por la ley (No. 30) de marzo 13, 1913 (p. 73), enmendada en diciembre 1, 1917 (Ley No. 46, p. 351), y julio 7,1923 (Ley No. 25, p. 225), que dispone que no se usará andamio alguno sin setos o barandillas o su equivalente, y el patrono está sujeto a multa si infringe esa disposición. La ley misma ha reconocido el carácter peligroso de un andamio, y ha tratado de proveer protección contra tal peligro.

Debe confirmarse la sentencia apelada.