author: El Juez Asociado SbñOR Wolf,

text:
    The Booth Packing Company, demandante y apelante, v. R. P. Sobrino y Hermano, demandada y apelada.
    No. 3269.

    Visto: Junio 5, 1924.

      Resuelto: Marzo 6, 1925.
    3. Contratos — Requisitos y Validez — Legalidad del Objeto y de la Causa.— Cuando existe un contrato de compraventa de frutas en conserva y el ven-dedor embarca mercadería que está inservible para el consumo de seres Ru-manos, el contrato carece de objeto o causa y no puede obligarse al cumpli-miento del mismo.
    2. Ventas — Cumplimiento de Contrato — Entrega y Aceptación de la Mercan-cía. — Cuando existe un contrato de compra-venta de conservas alimenticias y la mercancía entregada es inservible para el consumo de seres Rumanos, la aceptación de aquélla por el comprador sin hacer objeción alguna a la misma dentro del término prescrito por el Código de Comercio no produce efecto alguno y el vendedor no puede recobrar el precio.
    3. Ventas — Garantías (Warranties) — Renuncia de Derecho. — Cuando existe un contrato ele compraventa de conservas alimenticias y el vendedor entrega la mercancía inservible para el consumo de seres humanos, el comprador no renuneia su derecho a objetar a la calidad de la misma por el hecho de aceptar la entrega sin queja.alguna.
    SENTENCIA de Charles F. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), en una acción sobre cobro de giros, desestimando la demanda con imposición de costas.

      Confirmada.

      O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogados de la apelante; M. Tons Soto,- abogado de la apelada.
   El Juez Asociado SbñOR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La opinión de la corte inferior fné la siguiente:

“Se alegó substancialmente por la demandante, que allá por el mes de octubre de 1920, celebró con la demandada un contrato de compraventa mercantil, por el que se obligó a entregarle un deter-minado número de latas de conservas, peras y melocotones, siendo precio convenido de dicha venta la suma de $1,296.78; que la de-mandante cumplió su obligación y embarcó en el puerto de Baltimore, Md., las mercancías vendidas" consignadas a la demandada, y que ellas fueron recibidas y aceptadas en Puerto Bieo por la socie-dad demandada, quien aceptó -dos giros a treinta días plazo y por el importe del precio de dicha mercancía; que al vencimiento de estas obligaciones y al ser presentadas las mismas para su cobro, la demandada se ha negado y niega a 'hacerlas efectivas.
“En su contestación la demandada acepta casi todas las alega-ciones de la demanda, pero alegando en contrario y como materia de defensa, que pocos días después de recibida la mercancía comprada, se notó que el contenido de las latas se encontraba fermentado y era inservible para el consumo por seres humanos, y que dichas latas fueron casi en su totalidad destruidas por oficiales • de la Sanidad Local, por el mal estado en que se encontraba.
“Comparecieron las partes a juicio asistidas de sus respectivos abogados, y practicaron su prueba sometiendo finalmente el casó por medio de alegatos. ■
“Después de estudiar detenidamente las alegaciones y prueba pre-sentadas, la corte ha podido llegar a las conclusiones siguientes:
“Que de acuerdo con la declaración del testigo' de la demandante Eugene F. Thomas, (contestación a la pregunta No. 21 de la depo-sición), la fermentación o descomposición del producto, caso de que esto hubiese sucedido, tenía que haberse iniciado cinco días después 1 de su envase, y esto se hizo en julio de 1922.
“Que no bay duda de que el producto vendido estaba descom-puesto y tanto es así que fué decomizado por la sanidad local, y que si es cierto lo manifestado por el testigo Tilomas, y creemos qué lo es, las peras y melocotones erau inservibles para el consumo por seres humanos en la fecha en que fueron embarcados (casi tres meses des-pués del envase), y por tanto ellas no podían ser objeto de comercio de acuerdo con nuestras leyes y reglamentos de sanidad.
“Que las latas de peras y melocotones presentadas como evidencia' tienen señales inequívocas de haber sido envasadas mucho tiempo antes de su venta, ya que en muchas de ellas aparecen pedazos dé etiqueta vieja debajo de otra más reciente y en otras el óxido de las latas aparece raspado en sitios donde se quitó la etiqueta anterior; que de estos hechos se desprende una maliciosa intención por parte de la compañía vendedora de hacer aparecer mercancía vieja y no aceptable por producto fresco y bueno.
“Estas conclusiones obligan a resolver que el contrato entre las partes es nulo (inexistente), por carecer de objeto, no siendo aplicables los artículos 336 y 342 del Código de Comercio y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en los casos de Schluter vs. Fernández, (30 D. P. R. 123) Marín vs. The Alps Drug Co., (32 D. P. R. 54), y sí lo es el 50 del Código de Comercio, en relación con los 1228 y 1238 del Código Civil, y que por ello procede declarar como, declara sin lugar la demanda con costas a la demandante.”

El primer señalamiento de error dice asi:

“La corte inferior cometió error al declarar sin lugar la demanda, por haber llegado a las conclusiones de hecho que expresa en su opinión.’ ’

De acuerdo con este señalamiento la apelante trata de acreditar que la corte inferior sólo consideró una parte de la declaración del perito Thomas; que este último no sola-mente dijo que la descomposición se iniciaría dentro de cinco días después de ser envasado el producto, sino también que la mercancía fué detenida en Baltimore por varios meses; que el testigo examinó cada una de las latas antes de ser embarcadas y las encontró en perfectas condiciones; y que la descomposición se produciría porque la lata se infla o abre. La teoría es que si la mercancía estaba en buenas condicio-nes al ser embarcada, cualquier consiguiente deterioro debe imputarse al comprador. Alega la apelante que la corte es-tuvo ' equivocada al declarar probado que dicha mercancía fué embarcada en condición inservible.

La demandada presentó prueba tendente a demostrar que al ser abieldas las latas no servían para el consumo; que ellas, o algunas, eran artículos viejos con rótulos nuevos y que fueron decomisadas por las autoridades municipales de sanidad. Si la demandada recibió un artículo que se de-mostró era inservible, entonces bubo un conflicto de prueba y la apelante no nos lia convencido de que la condición in-servible de la mercancía no era inherente desde el momento de su envase. Dada la condición de esta mercancía enva-sada, la corte tenía el derecho a inferir que el defecto se originó por la forma de verificarse el envase, o que de otro modo era inherente. Nos sentimos obligados a declarar que cuando se embarcan latas que contienen frutas es elemento' esencial del contrato que el contenido esté en condiciones de utilidad para el consumo público al ser luego abiertos los envases dentro de un tiempo razonable. Por la mala con-dición del artículo al momento de abrirse el envase la corte podría llegar a la conclusión de que la mercancía era inser-vible al momento de la venta. Podemos imaginarnos, remo-tamente, por supuesto, que si no hubieran sido embarcadas las latas a través del océano, podrían haber conservado su cualidad de comestible. Entonces habiéndolas comprado la demandada en Baltimore, sería responsable por este riesgo tropical. Sin embargo, incumbía a la demandante la obli-gación de demostrar que la condición surgió por alguna causa semejante, lo que no hizo. No creemos, sin embargo, que hubo alguna probabilidad de que los trópicos o el océano originaron la condición inservible de la mercancía. Asu-miendo la honradez de la demandante, no puede obligarse a la demandada al pago de artículos inservibles sin valor.

Transcribimos el segundo y tercer señalamiento de error:

“2. La corte inferior cometió error al no declarar que el contrato estaba perfeccionado y por tanto los daños a la mercancía son de cuenta del comprador.
“3. La corte inferior cometió error al no declarar prescrita la defensa especial de la clemandada-apelada de acuerdo con el art. 336 del Código de Comercio de Puerto Rico.C

Los artículos 50, 333 y 336 del Código de Comercio, y 1182 y 1238 del Código Civil, prescriben lo siguiente:

“Art. 50. — Los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se regirán, en todo lo que no se baile expresamente establecido en este Código o en leyes especiales, por las reglas generales del dereclio común.”
“Art. 333. — Los daños y menoscabos que sobrevinieren a las mer-caderías, perfecto el contrato y teniendo el vendedor los efectos a disposición del comprador en el lugar y tiempo convenidos, serán de cuenta del comprador, excepto en los casos de dolo o negligencia del vendedor. ”
“Art. 336. — El comprador que, al tiempo de recibir las mercade-rías, las examinare a su contento, no tendrá acción para repetir contra el vendedor, alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercaderías.
“El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de las mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude.
“En estos casos, podrá el comprador optar por la rescisión del contrato o por su cumplimiento, con arreglo a lo’ convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que si le hubieran causado por los defectos o faltas.
“El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, que se haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador.”
“Art. 1182; — Incumbe la prueba de las obligaciones al que re-clama su cumplimiento, y la de su extinción al que la-opone.”
“Art. 1238. — Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.

Llegamos a la conclusión de que el defecto de esta mer-cadería no era una mera cuestión de calidad, sino que era totalmente inservible y por tanto la corte tuvo razón al decir que el contrato carecía de objeto. Desde el punto de vista de la demandada hubo una falta total de causa por su pro-mesa de pago. Dentro de estas circunstancias convenimos con la corte inferior en que los casos de Schluter v. Fernández, 30 D. P. R. 123, y Marín v. Alps Drug Co., 32 D. P. R. 54, no son de aplicación.

El cuarto señalamiento de error es como signe:

“La corte inferior cometió error al no declarar prescrita la de-fensa especial de la demandada-apelada de acuerdo con el artículo 342 del Código de Comercio de Puerto Rico.”

Este artículo presupone la celebración de un contrato vá-lido, que sostenemos no existía.

En cuanto a la admisión de las certificaciones de las au-toridades municipales sobre la confiscación, estamos confor-mes en que la corte de distrito tenía facultad para tomar conocimiento judicial de la firma del comisionado municipal de sanidad y beneficencia. Por la misma razón las certifi-caciones de nacimiento y defunción no podrían ser presen-tadas sin prueba de la firma. Los funcionarios municipales son funcionarios secundarios del gobierno general dentro del significado de la Ley de Evidencia. Este fué el quinto seña-lamiento.

El sexto señalamiento se refiere a la admisión de prueba creditiva dfe que la demandante estaba dispuesta a admitir la condición de la mercancía y a aceptar un- precio inferior. La corte admitió la prueba, tal vez erróneamente. Una de las dudas que hemos tenido fué si en realidad sólo algunas de las mercancías no se habían deteriorado toda vez que la demandada en cierta ocasión estuvo dispuesta a transar el asunto. De todos modos la prueba de ser inservible la mer-cancía fué tan robusta que las alegadas admisiones de la demandante no podían desempeñar gran papel. Toda la prueba sostiene la conclusión de la corte y no vemos cómo hubiera podido llegarse a otra conclusión, aún cuando esta prueba de ofrecimientos de transacción no hubiera sido ad-mitida. Por tanto, las disposiciones del artículo 142 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil deben ser aplicadas, a saber:

“Art. 142. — En cualquier estado de un pleito la corte no tomará en cuenta algún error o defecto en las alegaciones o procedimientos que no afecten a lo esencial de los derechos de las partes, y no se revocará o invalidará ningún fallo por razón de dicho error o de-fecto. ’ ’

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wolf,

license: Public Domain

text:
    José Mariano Boyer, demandante y apelado, v. El Concejo de Administración de Guayama, demandado y apelante.
    No. 3249.

    Visto: Mayo 21, 1924.

      Resuelto: Marzo 6, 1925.
    1. Alegaciones — Alegación o Contestación — Oposiciones o Negaciones y Ad-misiones. — Cuando un párrafo de una petición (demanda) contiene más do una alegación de hecho, cada alegación deberá ser negada separadamente, y la negación del párrafo en conjunto no es suficiente.
    2. Derecho Constitucional. — Cualquier ciudadano tiene el derecho e interés sufi-ciente para atacar la constitucionalidad de una ordenanza que obstaculiza la competencia y venta do carnes frescas.
    .3. Corporaciones Municipales— Ordenanzas y Reglamentos— Validez. — Una ordenanza municipal que obstaculiza la competencia y venta de carne fresca es anticonstitucional.
    4. Corporaciones Municipales — Poder General de Policía y Reglamentos.— En tiempos normales la Legislatura no tiene el derecho de regular el preeío de un artículo de comercio y el municipio no puede reclamar tal derecho por delegación. ' *
    SbntbnCia de Gabriel Castejón, J. (Guayama), declarando uulas y sin valor legal las ordenanzas aprobadas por el Concejo de Admi-nistración de Guayama, P. R., en 25 de enero y 12 de julio de 1921, estableciendo un sistema de subasta y regulando el precio de las carnes frescas, con imposición de costas.

      Confirmada.

      Bolívar Pagán, abogado del apelante; Manuel A. Martínez Dávila, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En observancia de la sentencia y opinión de esta corte en el caso de El Pueblo v. Correa, 31 D. P. R. 531, la Corte de Distrito de Guayama declaró nula y anticonstitucional una ordenanza de la ciudad de Guayama que pretendía im-pedir el ejercicio libre del oficio de carnicero, tratando inde-bidamente, como se alegó, de regular la matanza y venta de carnes frescas.

En el caso de Correa la cuestión fué levantada por ape-lación contra la sentencia condenatoria. Aquí el apelado ra-dicó una petición jurada de certiorari por virtud del artículo G5 de la Ley Municipal. Sostiene la apelante que la Corte de Distrito de Guayama incurrió en error al declarar que el apelado era parte perjudicada por la ordenanza o que él tenía la capacidad necesaria para solicitar el auto. Se alegó que el peticionario era un adulto y que desde bacía más de tres años había estado matando ganado para la venta de carne fresca en Guayama. Este párrafo fué negado en tér-minos generales en la contestación presentada por la ape-lante.

Como la petición era jurada en este caso y el demandado formuló una contestación, esta última, si procede, debió ha-ber contenido una negativa de cada alegación. En vez de esto la contestación expresaba lo siguiente: “1. Que niega el hecho primero de la petición. 2. Que acepta el hecho se-gundo de la petición. 3. Que niega el hecho cuarto de la petición”, etc.

El primer párrafo de la petición exponía tres hechos o alegaciones (facts), a saber: que el peticionario era mayor de edad, vecino de Guayama y que desde hace más de tres años venía dedicándose constantemente a la matanza de ganado para la venta de carne fresca. Ninguno de estos tres hechos o alegaciones fué negado específicamente como prescribe el procedimiento en tales casos. De conformidad con el artículo 110 del Código de Enjuiciamiento Civil es cada “alegación” la que debe ser específicamente negada y no todo el párrafo negado en conjunto. Por eso la contes-tación deja en pie.la petición.

La alegación principal del apelado es que cualquier ciudadano puede atacar una ordenanza que es anticonstitucional. Sin estar conforme con esta proposición en su generalidad, creemos que un ciudadano tiene el derecho e interés suficiente para atacar una ordenanza que obstaculiza la competencia .y venta de carne fresca. La apelante no cita ninguna autoridad y las autoridades del apelado son algo generales, por ejemplo. Dillon sobre Corporaciones Muni-cápales, passim. Los abogados deben ser más específicos.

Sostenemos que las alegaciones del párrafo primero fue-ron suficientes, si era necesario para el apelado demostrar que su derecho a ejercer el oficio había sido infringido. La apelante basaba su derecho en que la petición no mos-traba un ejercicio actual. El peticionario alegó que había estado ejerciendo el oficio de matar ganado por más de tres años y existe la presunción de hecho si es necesario de que él no estaba ejerciendo actualmente el oficio al formularse la petición, toda vez que estaba impedido por la ordenanza. Estas consideraciones resuelven los cuatro primeros señala-mientos de error.

Los dos señalamientos restantes están resueltos en su mayor parte en nuestra decisión en el caso de Correa, supra. Esa decisión declaraba plenamente que la Ley No. 52 ele 1917 (1917(2) p. 365) era anticonstitucional y nula y no me ramente un párrafo de ella. La apelante también pretende distinguir ese caso diciendo que la ordenanza de la ciudad de Guayama no trataba de imponer ningún monopolio. La ordenanza requería una especie de competencia por la cual sólo podían vender aquellos que hacían una proposición bastante baja. Esto era una clara intervención con el derecho del libre ejercicio del oficio y su tendencia fué destruir la competencia.

La apelante trata de justificar en general el derecho de un municipio a regular la venta de carne de acuerdo con su poder general de policía. Indiscutiblemente que la Legis-latura puede delegar al municipio todas las facultades de policía que posee, pero en tiempos normales'la Legislatura de Puerto Rico no tiene el derecho a regular el precio de un artículo. Unicamente en caso de emergencia extraordi-naria puede un congreso o legislatura intervenir con la com-petencia corriente en el negocio y las excepciones se indican con bastante claridad en el caso de Block v. Hirsh, 256 U. S. 135, 65 L. ed. 865. Los poderes de policía no deben, llegar hasta fijar el precio de un artículo.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Franco • Soto estuvo conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Aldbey,

text:
    Pedro Angel Rodríguez, asistido de su madre con patria potestad sobre el mismo Isabel Rodríguez Miranda, demandante y apelante, v. Emilio Isaac García, como albacea testamentario y presunto heredero del finado Constantino Damiani y Dominicci, demandado y apelado.
    No. 3250.

    Visto: Mayo 9, 1924.

      Resuelto: Marzo 9, 1925.
    1. Padres e I-Iijo — I-Iijo Natural. — Habiendo nacido nn hijo en 1906 cuando sus padres vivían en concubinato, siendo solteros y sin impedimento para con-traer matrimonio, tales hechos son suficientes para establecer la acción de filiación contra el padre.
    2. Padres e Hijo — I-Iuos Naturales — Ley que Rige. — Cuando el supuesto padre e hijo han vivido en Puerto Rico y los actos que se alegan como reconoci-miento han tenido lugar en Puerto Rico, las leyes de Puerto Rico son aplica-bles en la acción de filiación y no las leyes de Francia de donde el supuesto padre era ciudadano.
    3. Derecho Internacional Privado — Estatuto Personal — Filiación.—Cuando el supuesto padre e hijo han vivido en Puerto Rico y los aetos que se alegan como reconocimiento han tenido lugar en Puerto Rico, las leyes de Puerto Rico son aplicables a la acción de filiación y no las leyes de Francia, de donde el supuesto padre era ciudadano.
    4. Do.micilio — I-Iijo Natural. — El domicilio del hijo natural no reconocido legal-mente por su padre es el de la madre natural.
    SentenCia fie B. Díaz fíintrón, J. (Ppnce), en acción sobre filiación, nulidad de institución de heredero y petición de herencia, deses-timando la demanda en todas sns partes, sin especial condenación de costas.

      Revocada, y Devuelto el caso para ulteriores procedi-mientos.

      Martínez Nadal, Tormes & Colón, abogados del apelante; D. Sepul-veda, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Este pleito ha sido establecido por un menor de edad representado por sn madre, está dirigido contra el único heredero testamentario y albacea de Constantino Damiani Dominicci y tiene por objeto que el demandante sea declarado judicialmente hijo natural reconocido de Constantino Damiani Dominicci, aleg’ándose para ello que siendo la madre del demandante y Damiani solteros y sin impedimento legal para contraer matrimonio sostuvieron relaciones amorosas durante los años 1904 a 1907 de manera pública, viviendo en concubinato bajo un mismo techo como marido y mujer; que durante esas relaciones fue procreado y nació el demandante el 7 de mayo, 1906 en San Germán, de donde era vecina su madre, habiendo atendido Damiani hasta su muerte al cuidado de la madre y del hijo, a quien trató en todo tiempo como hijo suyo y quien gozó de la posesión del estado de hijo natural. Estos hechos son suficientes para la acción de filiación que se ejercita, pues están comprendidos en el artículo 189 del Código Civil tal como regía en el año 1906, fecha del nacimiento del demandante. Sobre este ex-tremo no hay discusión entre las partes.

La controversia surge por otras alegaciones de la demanda que sirvieron de fundamento al demandado para alegar como excepción previa que la corte inferior no tiene iúrisdieción sobre este asunto y que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción, excepción que por el último motivo fue sostenida por la corte inferior y que sirvió de fundamento para dictar sentencia declarando sin lugar la demanda, cuya apelación motiva este recurso. Esas alegaciones son: que Constantino Damiani y Dominicci fue un súbdito francés' con más de treinta años de domicilio en esta Isla, donde otorgó su testamento y donde murió el año 1923.

Al formular la parte apelada en la corte inferior su ex-cepción se funda en varios artículos! del Código Civil francés y en una sentencia también francesa que insertó en su ale-gación, pero prescindiremos de esas citas, porque los tribu-nales de justicia en Puerto Rico no pueden tomar conoci-miento de leyes y sentencias extranjeras, las que en cada caso deberán ser probadas, ni tampoco podemos tomar cono-cimiento de ellos aunque esos artículos y sentencia hubieran sido considerados por nosotros en otro pleito, como pretende el apelado, pues en cada caso hay que probar no sólo la ley extranjera sino también su vigencia cuando ocurrieron los hechos a que se pretende sea aplicada. Pero también citó la apelada en su excepción nuestra opinión en el caso de Casiano v. Luchetti, 24 D. P. R. 114, alegando ahora el apelante como un error de la corte sentenciadora haber hecho apli-cación de la doctrina que contiene ese caso al presente; y nos parece que tratando esta cuestión en primer término ha-bremos adelantado mucho en la resolución de este asunto.

En el caso de Casiano citado la acción de filiación se fundó en un reconocimiento del hijo hecho por el padre, súbdito francés, en un testamento ológrafo que otorgó en Francia» donde murió, y cuyo testamento fué protocolizado en una no-taría de esta Isla; y aplicando la ley francesa sobre reco-nocimiento de hijos naturales declaramos que el Código Civil francés no considera el testamento ológrafo como un acto solemne y auténtico por el cual el padre expresa su inten-ción de dar al hijo ún estado (status), sino que exige la com-parecencia del padre ante algún funcionario público y la eje-cución del acto cuando el hijo no es reconocido al tiempo de su nacimiento; y también que la protocolización de ese tes-tamento en esta Isla no produce efecto alguno de autentici-dad, por todo lo cual fué declarada sin lugar la demanda.

Por lo expuesto se ve que ese caso no es de aplicación al presente, pues en aquel el reconocimiento se fundaba en un documento lieclio en Francia por un francés, y por tanto ha-bía que decidir si de acuerdo con las leyes de aquel país el reconocimiento de un lujo natural liecbo en tal clase de do-cumento era un reconocimiento auténtico de la paternidad, mientras que en el caso presente todos los actos que se ale-gan como reconocimiento han tenido lugar en esta Isla donde nació el hijo y Damiani era domiciliado.

La teoría aplicable es la del caso de Orama v. Oyanguren, 19 D. P. R. 828, donde declaramos que “La acción que' al hijo corresponde para hacer declarar en virtud de prue-bas quién sea su padre natural es sin duda alguna un de-recho personal suyo y por consiguiente, cuando el hijo está en posesión de tal derecho debe ser regulado conforme a la ley bajo la cual fué adquirido, por lo que las cuestiones que conciernen al estado de la persona deben regirse por la ley del Estado de quien lo reclama. El estado civil de los ciu-dadanos debe regirse en todo por la ley de su país y sólo puede determinarse con arreglo a ella.”

El domicilio del hijo natural no reconocido legalmente por su padre es el de la madre natural. 12 C. J. 460, párrafo 48.

Por lo expuesto, la sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.


author: El Juez Asooiado Señor FRAnco Soto,

text:
    Miguel Vargas, demandante y apelante, v. Esperanza Cruz Vélez, demandada y apelada.
    No. 3373.

    Visto: Febrero 10, 1925.

      Resuelto: Marzo 10, 1925.
    1. Contratos — Requisitos y Validez — Legalidad del Objeto y la Causa. — Un contrato por el cual un heredero conviene en dar a un supuesto hijo natural la mitad de la herencia que pudiera corresponder a aquél a la muerte de su padre, siempre que el hijo natural no promueva demanda de filiación, viola el artículo 1238 del Código Civil y es nulo.

      2. Contratos — Requisitos y Validez — Causa (Consideration). — Un contrato para dar a im supuesto hijo natural la mitad de los bienes del caudal hereditario del padre al ocurrir la muerte de éste, a cambio de que aquél no promueva demanda de filiación es nulo por carecer de causa o consideración.
    3. Contratos — Requisitos y Validez — Requisitos Formales. — Un contrato que es nulo cuando se hace no puede ser más tarde ratificado.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagiiez), en una acción sobre cumplimiento de contrato, desestimando la demanda en todas sus partes, con costas.

      Confirmada.

      Pascasio Fajardo Martinez, abogado del apelante; José Sabaier, abogado del apelado.
   El Juez Asooiado Señor FRAnco Soto,

emitió la- opinión del tribunal.

Este es mi pleito para hacer efectivo mi convenio qne alega el demandante haber celebrado con la demandada y por el enal ésta quedó obligada a dar al demandante la mi-tad de toda la herencia qne pudiera corresponderle a la muerte de su padre natural Avelino Cruz y Toro. Se aduce además por el demandante que tal convenio tuvo por con-sideración ciertos servicios personales que le prestara a la demandada y no promover además demanda de filiación contra el padre de la demandada a fin de obtener su reconoci-miento de hijo natural.

El convenio se efectuó por documento privado en 31 de diciembre de 1915 y Avelino Cruz y Toro falleció el 15 de noviembre de 1921, por lo que el demandante exigió de la demandada el cumplimiento del contrato, alegando que si bien ella lo ratificó oralmente, se negó finalmente a cumplirlo, siguiéndose entonces la iniciación de este litigio.

La demandada excepcionó la demanda por falta de causa ' de acción y la corte inferior sostuvo la excepción por- dos motivos: 1, por carecer de consideración el contrato, y 2, por tratarse de un convenio expresamente prohibido por dis-posición del artículo 1238 del Código Civil Revisado.

Este artículo textualmente dice:

“Art. 1238. — Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aún las futuras.
“Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal conforme al artículo 1023.
• “Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.”

El apelante no liace en su alegato un señalamiento específico ele errores, ni en su argumentación general cita jurisprudencia o autoridades que pudieran sostener su simple alegación, sin más razonamientos, que el convenio de este caso no está comprendido en la prohibición del artículo 1238, supra, por ser el demandante extraño a la herencia. Todo ello sería bastante para sostener, sin ulterior consideración, la correcta conclusión a que llegó la corte inferior. Sin embargo, en uso de nuestra discreción, es conveniente que digamos que la ley no distingue y ella comprende todas las modalidades que pueden revestir dichos pactos, salvo la ex-cepción que establece la misma ley. En este caso el pacto implicaba la renuncia a la mitad de una herencia futura (non succedendo), pues su condición para tener efecto descansaba en el fallecimiento del padre natural de la demandada. Esta condición que para los romanos llevaba implícita, el votum captandae mortis, el deseo de la muerte, fué la razón que desde entonces se tuvo para la prescripción de tales pactos.' No es nuestro objeto discutir el motivo de la ley, ya que el seguro de vida es de creación moderna y la. tradición no se ha tenido en cuenta para darle vida a esos pactos que autorizan otras leyes, pero se trata de un pre cepto positivo que se conserva en nuestra legislación y de hemos darle entera aplicación.

El apelante también ha intentado sortear hasta cierto punto la prohibición de la ley e insiste que el convenio no tiene otra significación que determinar el importe de lo que en consideración al contrato se obligaba a dar la demandada, fijándose dicho importe en la mitad de la herencia y que ei evento dependiente de la muerte del causante más bien era el plazo cierto que habría de llegar para tener efecto el con-venio. No hay contrato sin que concurran los tres requisitos de consentimiento, objeto y causa (artículo 1228 del Código Civil Revisado). Estos elementos, no obstante su íntima re-lación, no pueden confundirse. Del objeto no puede decirse que sea el más fundamental en un contrato, pero parece ser el más fácilmente apreciable, pues sin consentimiento o sin causa puede existir una apariencia de contrato, pero sin aquel no existe nada, pues la realidad es la que le da vida al contrato.

En este caso el objeto sobre que recae la consideración o causa es la herencia futura, pues depende para diferirse de la muerte del padre de la demandada y en esto consiste la prohibición de la ley.

Se alega por otra parte que fallecido el causante de la demandada el convenio fué ratificado oralmente por dicha demandada y que a los efectos de la excepción previa esta alegación se debió tener como cierta. Nada aduce el apelante en apoyo de la teoría de la ratificación de un contrato de tal naturaleza, ni tampoco ninguna indicación se hace en la opinión de la corte inferior, ni por el apelado.

La cuestión, por consiguiente, que parece plantearse es si produciendo absoluta ineficacia las prohibiciones del ar-tículo 1238 y siguientes del Código Civil Revisado que se re-fieren a lo que no puede ser objeto de los contratos, por im-posibilidad física, ilicitud o interés público muchas veces, tales contratos pueden ser ratificados. Nos sentimos incli-nados a la negativa.

En el caso de Ledesma et al. v. Agraít et al., 19 D. P. R. 572, 573 y 574, en relación con las prohibiciones que especi-fica el artículo 1362 del Código Civil Revisado, se discute el efecto que puede producir la ratificación de contratos cele-brados en contravención a la ley. Allí se interpretó el ar-tículo 4 del Código Civil Revisado diciendo que la palabra ‘-'nulo” que emplea significa “nulo” o “anulable” y de ahí la consecuencia de no ser o ser ratificable un contrato, de-pendiendo, según se deja establecido como principio general, de la naturaleza esencial del contrato.

En el presente caso la oposición de la ley Versa sobre el objeto. No se puede comprender en él la herencia futura salvo lo dispuesto en el artículo 1023. No fia existido ob-jeto por imposibilidad legal y el contrato no era ratificable por faltar uno de sus requisitos. Artículo 1277 del Código Civil Revisado. La ratificación no cambiaría la razón que tuvo el legislador para prohibir los pactos sucesorios y por el contrario su propósito era para que no pudieran subsistir tales pactos.

Por las razones expuestas, la sentencia inferior debe con-firmarse.


author: El Juez Asociado SeñoR Aldeey,

text:
    Dimas López Nazario, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 609.

    Resuelto: Marzo 11, 1925.
    3. Expediente de Dominio — Inscripción—Posesión Inscrita a Payor de un Ti rcero. — No es inscribible un expediente de dominio cuando la posesión del inmueble se encuentra inscrita a favor de un tercero, aunque éste baya sido citado como anterior dueño para la información de dominio, en la que no se hizo constar la inscripción existente a favor de ese tercero. (Santiago v. Reg., 6: 138, confirmado; Wiscovich v. Reg., 30: 127 y Porto Rico Leaf v. Reg., 17: 228, discutidos.)
    Nota de Plunellas, R, (Ponee), denegando la inscripción de un ex-pediente de dominio.

      Confirmada.

      José Tons Soto, abogado del recurrente; el recurrido no compareció.
   El Juez Asociado SeñoR Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

El Registrador de la Propiedad de Ponce se negó a inscribir un expediente de dominio de un solar con casas porque la posesión del solar está inscrita en sus libros a favor de otra persona.

El caso de Santiago v. El Registrador, 26 D. P. R. 138, citado por el recurrido en apoyo de su negativa de inscrip-ción es aplicable al presente caso, pues en él fué negada la inscripción de dominio de nna de las tres parcelas de qne se componía la finca objeto del expediente porque su posesión estaba inscrita a favor de distinta persona, y sostuvimos esa negativa de inscripción por la autoridad de los artículos 20 y 82 de la Ley Hipotecaria y por la de varias decisiones nuestras que entonces citamos.

Sostiene sin embargo el recurrente que de acuerdo con nuestra decisión en los casos de Wiscovich v. El Registrador de San Germán, 30 D. P. R. 127, y de Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador, 17 D. P. R. 228, y con la reso-lución de la Dirección General del Eegistro de España de 18 de octubre de 1886, 3 D. R. 544, es procedente la inscripción solicitada, porque la persona a cuyo favor está inscrita la posesión, que es Matilde Figueroa, fué citada por medio de su sucesión como anterior dueño de la finca en la informa-ción de dominio.

En el caso citado de Wiscovich se promovió el expediente posesorio por el motivo de que la finca estaba inscrita a favor de otra persona y se quiso acreditar la posesión y se-guir al mismo tiempo el procedimiento establecido por el artículo 393 de la Ley Hipotecaria para casos de existir un asiento contradictorio a la inscripción que se solicita, o sea, citando y oyendo a la persona a cuyo favor se baile inscrita la finca, y nosotros aprobamos la conducta seguida por Wis-covicb aunque sostuvimos la negativa de inscripción porque estimamos que para que pudiera inscribirse otra posesión no obstante la inscripción anterior contradictoria era nece-sario que constase con absoluta claridad el consentimiento de la persona a cuyo favor aparecía el referido asiento o que se le citó en forma debida, cuyas constancias no existían en dicho caso. El caso a que acabamos de referirnos no es aplicable al presente pues en éste no se hizo constar como en aquel que había un asiento contradictorio a favor de Ma-tilde Figueroa de modo que su sucesión pudiera oponerse por este motivo a la declaración de posesión ni se acordó la cancelación de la inscripción contradictoria y se promovió solamente nn expediente corriente de dominio en el que se solicitó la citación únicamente como anteriores dueños, sin qne se acomodara también al procedimiento del artículo 393 de la Ley Hipotecaria.

El caso de Porto Rican Leaf Tobacco Co., supra, tampoco es aplicable porqne según se resume en sn syllabus, la circunstancia de haberse citado en una información de do-minio a las personas de quienes bubo la finca el promovente, y por edictos a todas las demás a quienes pudiera perjudi-car la inscripción de dominio solicitada, sin que nadie se hu-biera presentado a hacer oposición alguna, no es motivo su-ficiente para que pueda ser privado de su derecho aquel que tenga inscrita a su favor la posesión de la misma finca, y no resulte haber sido citado expresamente en el expediente de información de dominio, a menos que hubiere prestado para ello su asentimiento expreso, o que hubiere sido oído y vencido en juicio, por lo que en el caso presente no basta con que la Sucesión de Matilde Figueroa haya sido citada como representante de la anterior dueña de la finca. Ade-más, ni siquiera se consignan los nombres de las personas que componen la sucesión de Matilde Figueroa por lo que no puede saberse por la sentencia declarando justificado ‘el dominio quiénes constituyen la expresada sucesión.

La resolución de España que se cita tampoco es aplicable al caso presente, pues sólo se refiere a que la citación por edictos es eficaz cuando los que hayan de ser notificados se hallen ausentes o sean desconocidos.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: En Juez Asociado SeñoR Audrey,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., demandante y apelada, v. Arturo Aponte, Jr., demandado y apelante.
    No. 3588.

    Visto: Marzo 9, 1925.

      Resuelto: Marzo 11, 1925.
    1. Apelación — Desestimación, Retiro t Abandono — Fundamentos de la Deses-timación. — Habiéndose consentido por uno de los abogados del apelado en prórrogas solicitadas, por el apelante para radicar el pliego de eiqiosieión del caso desde abril 11, 1924, fecha en que se recibió la transcripción de la evidencia, hasta enero 27, 1925, no procede la desestimación del recurso, aunque en enero 27 y febrero 11, la corte concedió otras prórrogas de cinco y quince días respectivamente, sin mediar consentimiento del apelado, habién-dose radicado el pliego en febrero 17.
    MoraÓN sobre desestimación de apelación presentada por el deman-dante y apelado.

      No ha lugar.

      Arturo Aponte, Jr., abogado del apelante; Henry G. Molina, abo-gado del apelado.
   En Juez Asociado SeñoR Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En este pleito, se establecieron dos apelaciones, una por la corporación demandante y la otra por el demandado. La de éste lo fue el 21 de enero de 1923. El demandante siguió para tramitar su apelación el procedimiento de que el taquí-grafo hiciera la transcripción de la evidencia y el deman-dado el de preparar por sí el pliego de exposición del caso y de excepciones y pidió varias prórrogas que le fueron con-cedidas. El 11 de abril de 1924 el taquígrafo entregó la transcripción de la evidencia y desde entonces fueron con-cedidas otras prórrogas al demandado para la presentación del pliego de exposición del caso, prórrogas que fueron con-cedidas con la conformidad de uno de los abogados de la parte demandante, y solamente dos prórrogas, una de cinco días concedida el 27 de enero de 1925 y otra de quince días dada el 11 de febrero del mismo año, fueron concedidas sin el consentimiento del abogado del demandante. Durante la vigencia de la última prórroga fue presentada la exposición del caso por el demandado el día 17 de febrero de este año y señalado el 26 del mismo mes para su aprobación, cuyo acto fué suspendido a instancias del demandante y señalado nuevamente para el 13 del corriente mes. Con tales antece-dentes el demandante nos pide que desestimemos la apela-ción del demandado alegando que no ña sido proseguida con la debida diligencia y de buena fe y que es frívola. La fri-volidad se dice consistir en que la apelación del demandado se funda en un conflicto en la evidencia que fué resuelto por la corte inferior a favor del demandante, entre otros moti-vos porque no existía un principio de prueba por escrito dada la cuantía del contrato alegado; y también que es frí-vola la apelación en cuanto a la reconvención del demandado, que es otro de los motivos de su apelación, porque resulta de la faz de la contestación a la contrademanda que debió ser declarada con lugar la excepción previa a ella opuesta, refiriéndose para esta alegación a lo que aparece del legajo de la otra apelación del demandante.

Todas las prórrogas concedidas al demandado para presentar su exposición del caso desde que el taquígrafo entregó la transcripción de la evidencia hasta que la exposición del caso fué presentada, con excepción de la del 27 de enero de 1925 por cinco días y la del 11 de febrero por quince días, fueron concedidas con el consentimiento de uno de los abogados del demandante y por tanto no puede alegar ahora que fueron dilatorias, pues las dos últimas fueron tan pequeñas que no podemos decir que la corte inferior abusara de su discreción al concederlas. Por consiguiente, si bien es cierto que esta apelación ha tardado mucho tiempo en tramitarse, no podemos declarar, dada la conformidad del apelado para que se concedieran las prórrogas, que se ha probado satisfactoriamente que no ha sido proseguida con la diligencia debida ni de buena fe, y por tanto no es de aplicación la regla 59 de las de esta corte. Si el apelado deseaba que la apelación no se dilatara no debió consentir en que se concedieran tantas prórrogas al apelante.

En cuanto a la cuestión de frivolidad no encontramos suficientes los motivos alegados para declarar que por este motivo la apelación debe ser desestimada.

La moción del apelado debe negarse.


author: Ed Juez Asooiado SeñoR "Wole,

text:
    Benítez Sugar Company, demandante y apelante, v. Ramon Aboy, Jr., Tesorero de Puerto Rico, Etc., demandado y apelado.
    No. 3323.

    Visto: Diciembre 2, 1924.

      Resuelto: Marzo 11, 1925.
    1. Estatutos — Interpretación.—El articulo 3 de la Ley Foraker, en cuanto prohibe contribuciones sobre importaciones, no íué derogado por la Ley Jones.
    2. Contribuciones — Arbitrios.—Las contribuciones impuestas por el artículo 18 de la Ley de julio 1, 1921 (No. 42, pág. 299) son arbitrios. (Rantauesi v. Arroyo, 30: 423.)
    •3. Contribuciones- — -Pago Bajo Protesta — Acción para Recuperarlas. — El remedio establecido por la Ley 17 de mayo 13, 1920, p. 125, para recuperar contribuciones pagadas bajo protesta es exclusivo aun tratándose de contribu-ciones anticonstitucionales. Riera v. Benedicto, 32:107.
    4. Contribuciones — Pago Bajo Protesta — .Acción para Recupererlas. — Es condición precedente al derecho de acción concedido por la Ley No. 17 de mayo 13, 1920 (p. 125), que la demanda sea radicada dentro de quince días “a contar de la fecha que tenga la nota de la protesta del pago firmada por el colector”, y dicha firma es parte de la condición.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Iíumacao), en nna acción sobre de- ■ volución de contribuciones, declarando sin lugar la demanda, con imposición de costas.

      Confirmada.

      González Fagundo <& González, Jr., abogados del apelante; Attorney General, Fiscal Corte Suprema y Fiscal Corte de Distrito, abo-gados del apelado.
   Ed Juez Asooiado SeñoR "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué mi pleito sobre devolución de contribuciones lla-gadas bajo protesta sobre varios artículos introducidos en Puerto Rico de los Estados Unidos.

Como ha sido presentada por los abogados en este caso la cuestión principal que ha de ser discutida es si la Ley Foraker, en tanto en cuanto prohibe la imposición de una contribución a las importaciones, es todavía la ley de esta jurisdicción después de la aprobación de nuestra actual Ley Orgánica conocida por Acta Jones.

La Ley Foraker (Apr. 12,1900, 7 Fed. Stat. Ann., 2nd 1259, Art. 3) prescribía lo siguiente:

“.y en ningún caso podrá cobrarse derecho alguno de aduana, después del primer día de marzo de mil novecientos dos, sobre mercancías y artículos que entren en Puerto Rico procedentes de los Estados Unidos y vice-versa.”

El artículo 58 de la Ley Jones (Mar. 2, 1917, Fed. Stat. Ann. 1918, p. 608) es como sigue:

• “Art.-58. — Todas las leyes o partes de leyes aplicables a Puerto Rico que no estén en contradicción con cualquiera de las disposiciones de esta Ley, incluyendo las leyes relativas a tarifas, aduanas y dere-chos de importación en Puerto Rico prescritas por la Ley del Con-greso titulada ‘Ley para proveer temporalmente de rentas y un go-bierno civil a Puerto Rico, y para otros fines,’ aprobada en 12 de abril de 1900, continúan por la presente en vigor, y todas las leyes y partes de leyes incompatibles con las disposiciones. de esta Ley, quedan por la presente derogadas.”

Este artículo en sí parece dejar en vigor el referido ar-tículo que lia sido citado de la Ley Foraker. Nos sentimos obligados a sostener que no bay nada en la Ley Jones que por necesaria deducción originara una derogación del indi-cado artículo. Tenemos, además, la idea de que fue la in-tención del Congreso de bacer a Puerto Rico lo mismo que los varios Estados donde las contribuciones a las importa-ciones de un Estado a otro están excluidas de modo expreso por la Constitución de los Estados Unidos, a saber:

“Art. 1, sec. IX, subdivisión 5. — No se impondrán contribuciones o derechos sobre los artículos que se exportan de los Estados.
“Id., sec. X, subdivisión 2. — Los Estados no podrán sin el con-sentimiento del Congreso establecer impuestos o derechos sobre las importaciones y exportaciones, salvo cuando es absolutamente nece-sario para hacer cumplir sus leyes de inspección; y el producto neto de todos los derechos e impuestos cobrados por un Estado bajo este concepto, pertenecerá al Tesoro de los Estados Unidos, quedando su-jetas todas esas leyes a la revisión y aprobación del Congreso.

Sentado ésto, podemos examinar el artículo 18 de la Ley de 1921 (No. 42, julio 1°., p. 299). Dicbo artículo prescribe lo siguiente:

“18. Vehículos de motor y accesorios. — Sobre todo vehículo de motor, automóviles, motocicletas, coches laterales para motocicletas, mo-tores para bicicletas y lanchas, auto-camiones, autovagones, carros eléctricos, autos de arrastre y tractores (sin incluir los tractores agrí-colas), y sobre toda goma sólida o neumática, tubos interiores, y sobre piezas y accesorios para cualesquiera de los artículos enume-rados en este párrafo, que se produzcan, fabriquen, introduzcan o traigan a Puerto Rico, un impuesto de diez (10) por ciento ad valorem.”

Como indica la apelante, refiriéndose al cas'o de Fantau-ssi anotado bajo el nombre de Sucesores de C. y J. Fantauzzi v. La Asamblea Municipal de Arroyo, 30 D. P. R. 423, estas contribuciones que se trataron de imponer son claramente impuestos o arbitrios. Ellas no tienen por objeto una con-tribución sobre la propiedad, o una impuesta a la propiedad existente, sino que toda la idea de dicho artículo 18 es llegar a las especialidades como la fabricación o importación y otras semejantes. Convenimos con los abogados de ambas partes en que el mero hecho de que el artículo 18 no emplee la palabra “importar”, no hace diferencia. Introducir o traer a Puerto Eico es sinónimo de importar.

Hemos estado considerando las cuestiones promovidas en cierto modo como si el asunto estuviera debidamente ante nuestra consideración, toda vez que el gobierno especialmente así lo ha solicitado de nosotros. En realidad la sentencia debe ser confirmada solamente por la alegación de prescrip-ción que ha sido presentada.

El Gobierno sostuvo en la corte inferior y logró demostrar, que este pleito fue establecido más de quince días después de haberse verificado el pago bajo protesta. Por tanto si la Ley No. 17 de 1920 (13 de mayo, p. 125) es aplicable como mantuvo el Gobierno y la corte inferior resolvió, la acción había prescrito. La constitucionalidad de la referida ley en ciertos particulares fué sostenida por esta corte en el caso de Freiría v. El Tesorero de Puerto Rico, 32 D. P. R. 663. La constitucionalidad de esa ley no se disputa aquí.

El Gobierno ha dejado enteramente de discutir la alega-eión de prescripción y la apelante pretende inferir de este mero hecho que dicha ley no es aplicable. Como la corte inferior resolvió que la acción había prescrito, no podemos re-vocar este caso sin hacer nn examen de la cuestión. La corte leyó la referida ley y sostuvo que el término de quince días fijado en ella era aplicable.

La apelante sostiene que la Ley No. 17 de 1920, Leyes de 1920, p. 125, sólo es aplicable a las contribuciones generales sobre la propiedad y no a los arbitrios e impuestos deter-minados especialmente por la contribución que aquí se trató de cobrar. La ley, sinembargo, es muy general. Su texto es como sigue:

‘£ Sección 1. — Cuando algún contribuyente creyere que no debe pagar una contribución por ser ilegal, excesiva o errónea, la pagará a requerimiento del recaudador de contribuciones de su distrito, y pedirá a dicho recaudador, si desea hacer alguna reclamación, que consigne al dorso del recibo de la contribución que la paga bajo protesta por considerarla ilegal, excesiva o errónea cuya nota firmará el colector.”

Con arreglo a este artículo es claro que cualquier con-tribución en Puerto Rico está comprendida en sus términos.

Tal estatuto es el remedio exclusivo de un contribuyente local. Snyder v. Marks, 109 U. S. 189, 27 L. ed. 901; Shelton v. Platt, 139 U. S. 591, 597, 35 L. ed. 273; Burrill v. Locomobile Co., 258 U. S. 34, 66 L. ed. 450, citado con aproba-ción por esta corte en el caso de Riera v. Benedicto, 32 D. P. R. 107, que interpreta la ley de 1911. Como allí se re-solvió, este principio es aplicable aún en el caso de un esta-tuto anticonstitucional que trata de poner en vigor una con-tribución.

Ni tampoco podemos convenir con la apelante al sostener que la fecha del pago bajo protesta no fué determinada. La teoría es que de acuerdo con los dos primeros artículos de la ley de 1920 el término debe correr a partir de la fecha en que el recaudador ha endosado el recibo, y no desde el verdadero momento del pago, y que el gobierno tiene la obligación de demostrar la fecba del recibo.

Creemos que fue la intención de la Legislatura como re-vela el artículo 1, que el pago y el recibo deben ser actos contemporáneos. En otras palabras que el contribuyente no tiene que hacer ningún pago excepto a cambio de un recibo. Por tanto cuando él verifica el pago la presunción sería que él obtuvo un recibo al mismo tiempo.

Es condición precedente al derecho de acción como revela el artículo 2 de la ley de 1920, que el contribuyente después de hacer el pago presente una demanda dentro del término de quince días “a contar de la fecha que tenga la nota de la protesta del pago firmada por el colector.” De modo que el acto de firmar el colector es parte de dicha condición, el pleito quizás depende de esto y el contribuyente o debe ex-presarlo en la demanda o el acto de dar el recibo el colector se presume en favor del derecho del contribuyente a presen-tar la demanda.

De todos modos, interpretadas razonablemente las alega-ciones de la demanda donde se alega el pago bajo protesta como verificado en cierta fecha, significan y dan a entender un cumplimiento con la condición precedente tanto por el con-tribuyente como por el colector.

Bebe confirmarse la •sentencia apelada.


author: El Juez Asooiado SeñOR Wolf,

text:
    Ventura Caraballo, demandante y apelante, v. Agustín Centeno García, demandado y apelado.
    No. 3356.

    Visto: Diciembre 12, 1924.

      Resuelto: Marzo 13, 1925.
    1. Hipotecas — Ejecución de Hipotecas — Nulidad de Procedimiento Hipoteca-rio. — En mayo, 1921, nn acreedor sometió una cuenta corriente a su deudor incluyendo intereses sobre un préstamo hipotecario; éste se presentó en quiebra en julio 27, e incluyó la referida cuenta en sus planillas {schedules); en agosto 9, el primero inició procedimiento sumario ejecutivo y la subasta, tuvo lugar en noviembre 3. Se resolvió: que la aceptación por el acreedor después de la subasta del quince por ciento del montante de dicha cuenta corriente, pagada por el deudor en virtud de una composición confirmada en diciembre 3, 1921, no era motivo p^ra anular el procedimiento hipotecario.
    SbntbnCia de Pablo Berga, J. (Humacao), en una acción sobre nu-lidad de procedimiento hipotecario, declarando sin lugar la de-manda sin especial condenación de costas.

      Confirmada.

      Francisco González Fagundo y Francisco González, Jr., abogados del apelante; Joaquin Yendrell, abogado del apelado.
   El Juez Asooiado SeñOR Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este fué un caso en el cual el apelado inició un procedimiento sumario ejecutivo en agosto 9, 1921, en cobro de un crédito hipotecario. Se celebró la subasta y • el deudor trata de anular los procedimientos. La obligación hipotecaria se alegó que había vencido debido a la falta de pago de los intereses, pero el deudor alegó que no debíá intereses algunos. La corte resolvió en contra de él.

La subasta de la casa hipotecada tuvo lugar en noviem-bre 3 de 1921. En mayo de ese año el acreedor había some-tido al deudor una cuenta corriente por una suma mucho mayor que los intereses, pero los plazos de intereses esta-ban incluidos en la cuenta corriente. Fué establecida una acción en cobro de esta cantidad, pero quedó suspendida por una declaración de quiebra y una orden.

En julio 27 de 1921, el apelante radicó en la Corte de Distrito de los Estados Unidos una petición de quiebra. In-cluida en las deudas presentadas por el quebrado estaba la cuenta presentada por el acreedor en mayo y que compren-día los intereses vencidos. Subsiguientemente hubo un con-venio (composition) aceptado por los acréedores del .que-brado, pero el apelado no intervino en los procedimientos de composición.

La composición acordada fué del quince por ciento de las deudas y es un hecho que el acreedor hipotecario aceptó úl-timamente el quince por ciento de toda la cuenta de mayo que fué sometida. El demandante sostiene que este pago y aceptación canceló toda la deuda pendiente. La oferta en composición fue confirmada, sin embargo, en diciembre 3, 1921. En esa fecha la venta en pública subasta era una transacción enteramente consumada, habiendo tenido lugar en 3 de noviembre de 1921. La relación de deudas en el caso de quiebra, siendo voluntaria, fué preparada por el quebrado y de los autos resulta muy probable que cuando el acreedor Centeno aceptó el cheque en la composición él no creyó que era por toda la reclamación presentada en mayo incluyendo los intereses de la hipoteca. Se admitió en la vista que el pago en composición a Centeno se hizo después de haberse consumado la venta.

De todos modos, en ningún momento antes de terminar el procedimiento hipotecario el acreedor había hecho gestión alguna para aceptar el pago y en realidad ninguna hizo. De modo que la Corte de Distrito de Humacao tenía completa jurisdicción y facultad para proceder a la subasta y venta, de la propiedad hipotecada. Por haber recibido de hecho el acreedor en el procedimiento de quiebra el quince por ciento de los intereses vencidos sobre la hipoteca tendría derecho el apelante al cobro de los mismos en una acción sobre cobro de lo indebido, pero nada de lo hecho después de la venta podía tener efecto retroactivo.

Además, el contrato de hipoteca disponía que toda la' obli-gación quedaría vencida si el deudor dejaba de verificar el pago de tres mensualidades de intereses. Tal falta ocurrió y la hipoteca quedó vencida. Podríamos dudar, sin resolver, si el pago de los intereses hecho subsiguientemente podía anular todo el procedimiento hipotecario.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asooiado Señoe Aldbet,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alejandro Olivera Medina, acusado y apelante.
    No. 2249.

    Visto: Noviembre 20, 1924.

      Resuelto: Marzo 24, 1925.
    1. Derecho Penal — Jurisdicción—Jurisdicción Concurrente de las Cortes In-sulares. — Las cortes insulares carecen de jurisdicción para conocer de una denuncia a nombre de El Pueblo de los Estados Unidos, iiresentada bajo la Ley de la Prohibición Nacional y de septiembre 21, 1922.
    SentbNCIá de R. Días Ontrón, J. (Ponce), declarando al acusado culpable de un delito contra la Ley de la Prohibición Nacional.

      Revocada y Absuelto el acusado.

      José E. Eigneras, abogado del apelado; Foresiier & Bahamonde, abogados del apelante.
   El Juez Asooiado Señoe Aldbet,

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Pico -presentó en dicha corte en nombre de El Pueblo de los Estados Unidos una acusación contra el ape-lante por infracción de la Ley de Prohibición Nacional, acu-sación que original fué remitida a la Corte Municipal de Ponce, sin estar jurada, y más tarde en apelación a la Corte de Distrito de Ponce, sirviendo para la condena del apelante quien alegó entonces y ahora que la corte inferior no tenía jurisdicción para conocer de ella por aparecer como parte autora El Pueblo de los Estados Unidos, con cuya alegación está conforme el fiscal de este tribunal.

En el caso de Pueblo v. Rodrígues, junio 17, 1924 (33 D. P.R.), ratificado después en el de Pueblo v. Baragaño Feb. 18, 1925 (33 D.P.R.), se alegó falta de jurisdicción en la Corte de Distrito de Humacao por haberse iniciado la ac-ción en nombre y por la autoridad de El Pueblo de Puerto Rico en vez de instruirse a nombre y por la autoridad de los Estados Unidos por tratarse de la violación de una ley nacional, y declaramos que la jurisdicción conferida por el Congreso de los Estados Unidos a las cortes insulares para conocer de las violaciones a la Ley Nacional de Prohibición se hizo sin llevar consigo tal jurisdicción los procedimientos existentes en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, y sí más bien para que se actuara por las cortes insulares en la misma forma de enjuiciar para los demás delitos locales de su exclusiva competencia; y tam-bién que el mero hecho de que el Congreso extendiera la ju-risdicción a las cortes insulares consignándose expresamente, “siendo la jurisdicción de los referidos jueces y cortes te-rritoriales en los casos de dichas infracciones la' misma que en la actualidad tienen sobre otros delitos de su jurisdic-ción”, (Leyes de P. R., 1923, p. 97, Fed. Stat. Ann. 1922, p. 273), indica claramente la intención del Congreso en el sen-tido de que si por nuestra Ley Orgánica (Acta Jones) ya quedaba regulada la organización y procedimiento de las cortes insulares, dando este poder a la Legislatura de Puerto Bico, la persecución y castigo de los delitos de prohibición debía realizarse mediante el sistema local de procedimiento establecido por nuestras leyes locales. En vista de esas de-claraciones y estableciendo el artículo 30 de nuestra Ley Orgánica que todas las acciones criminales o penales en los tribunales locales se instruirán a nombre y por la autoridad de El Pueblo de Puerto Bico, y disponiendo además el Có-digo de Enjuiciamiento Criminal que las denuncias y acu-saciones deberán ser juradas, tenemos que llegar a la con-clusión de que tanto la corte municipal como la de distrito carecían en este caso de jurisdicción para castigar al de-nunciado.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra absolviendo al apelante.

Solo el Juez Asociado Sr. Franco Soto, estuvo conforme con la opinión.


author: El Juez Presidente Señor del ToRo,

text:
    Louisiana State Rice Milling Co., Inc., demandante y apelante, v. Sucesores de Armstrong Hermanos, demandados y apelados.
    No. 3223.

    Visto: Diciembre 5, 1924.

      Resuelto: Marzo 26, 1925.
    1. Ventas — Cumplimiento de Contrato — Entrega t Recibo de Mercaderías.— Un contrato de compraventa de arroz “Low Grade with, not more than 30 per cent mixture of screening” no sé cumple por el vendedor mediante en-trega de “Medim/m, Grade”, habiéndose demostrado que son grados diferentes.
    SentenCIA de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), desestimando la demanda en todas sus partes, sin especial condenación de costas.

      Confir-mada.

      O. B. Frazer, Nelson Gammons y B. Castro Fernández, abogados del apelante; Arturo Ortiz Toro, B. Dapena j M. Tons Soto, abo-gados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del ToRo,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, una corporación organizada bajo las le-yes del estado de Louisiana, celebró un contrato de venta de arroces con la demandada, una sociedad mercantil colec-tiva domiciliada en Ponce, P. R. Surgieron dificultades con motivo del mismo. Se sometieron a la Cámara Insular dr Comercio. Rindió ésta su fallo que no satisfizo a las partes Intervino el Board of Trade de New Orleans, La. Y la in-terpretación de la decisión rendida por dicho board, es la cuestión esencial envuelta en este pleito. Cada parte sos-tiene que dicha decisión le es favorable.

El contrato de venta copiado a la letra dice:

CONTRATO DE VENTA PARA PUERTO RlCO.
No. 00007 PR.
“Aprobado por la
“Asociación de Molineros de Arroz
“Efectivo Agosto 1, 1917.
“LOUISIANA STATE RICE MILLING CO. INC.
“Por el presente contrato vende y conviene en hacer entrega, y Sues, de Armstrong Hermanos el comprador abajo firmado, compra y se compromete a pagar el importe de la siguiente mercancía:
Espacio para memorándum del vendedor Cantidad de sacos No. de las de 100 lbs. muestras Precio CIE incluso los Grados, variedad, sacos marcas, etc.
1, 000 Rosy Low Grade Rice with • not more than 30% mixture of screening. At best Not latex price pos- than sible on date ordered out Nov. 30, 1920. from mill.
300 Choice Blue Bose.
“Este convenio se hace conforme los términos y condiciones que preceden y las impresas al dorso los cuales ya conocen las partes interesadas.
“Este convenio escrito es el contrato completo de las partes inte-resadas y no impone compromiso alguno sobre el vendedor basta ser aceptado y confirmado por el vendedor por escrito o por cable.
“Louisiana State Rioe Milling Co., Into.
“Stebbins & Co., Ino., Agents,
“Por J. GoNzídez TORRES, Vendedor.
“Suos. de Armstrong Hermanos,
“Por
“Comprador.
“Confirmada por cable
“Fecha: Octubre 7 de 1920/’

La demandante envió a la demandada diferentes parti-das de arroz y la demandada se negó a recibirlas alegando que no eran de la clase especificada en el contrato.

Ambas partes convinieron entonces en que el arroz se vendiera en pública subasta y en someter la controversia surgida al arbitraje de la Cámara Insular de Comercio, San Juan Branch, con apelación para ante el New Orleans Board of Trade, comprometiéndose a aceptar el fallo del board como final y la demandada a pagar la diferencia de precio, si existiere, entre el de factura y el obtenido en la subasta.

Al ejercerse él derecho de apelación pactado, se sometió el caso al Board por medio de un documento que copiado textualmente dice:

“Playa de Ponoe, P. R., July 29, 1921.
“The New Orleans Board of Trade,
“New Orleans, La.
£ ‘ Gentlemen :
“Referring to the case in arbitration, Louisiana State Rice Milling Co. vs. Sucers. Armstrong Hermanos, I beg to state that the' matters to decide are:
“1. Is the rice, in regard to quality specified in the contract, the same as the type shipped by the Louisiana State Rice Millg. Co.?
“2. Was the price at which the shipment was invoiced, the market price the day the shipment was made?
“In tbe assurance of your kind attention to tbis matter, we are, Yours very truly,
“Sues. DE ARMSTRONG HERMANOS.
“Stebbins & Co., Inc.,
“J. González Torres, Secretary.”

Y el fallo final del Board, copiado en lo pertinente, fue como signe:

“.tbe Clean Rice Arbitration Committee in session tbis day have carefully examined tbe following described samples, predicating tbeir conclusions upon tbe information contained in tbe letter of the Louisiana State Rice Milling Company of date August tbe 9th, 1921, and unanimously rendered decismn as follows:
"Sample marked 'AJ’- 402 poekets.
Classifies ‘Medium Blue Bose- — Coated’—Contains 25% of broken riee, and valued October first 1920 at five and one-balf cents (5% c.) per pound B. O. B. mill in single poekets.
‘‘Sample marked ‘AT’-321 poekets.
Classifies ‘Choice Blue Bose — Uneoated’—Contains 12% of broken riee, and valued October first 1920 at seven and one-half eents (7% a.) per pound B. O. B. mill in single poekets.
‘‘Sample marked ‘AK’- 450 poekets.
Classifies ‘Medium Blue Bose — Uneoated’—Contains 24% of broken riee, and valued October second 1920, at five and one-half eents (5% e.) per pound B. O. B. mill in single poekets.
‘‘Sample marked ‘AL’-170 poekets.
Classifies ‘Medium Early Prolific (Blue Bose Variety) — Coated,’ contains 30% of broken riee, and valued October second 1920 at five and one-half eents (5% e.) per pound B. O. B. mill in single poekets.”

Y surgió el pleito porque en verdad el fallo final del Board que pudo ser tan sencillo y preciso, fué rendido en forma tal que se prestó a que ambas partes sostuvieran como en efecto sostuvieron que les era favorable. Después de oídas las pruebas, la corte de distrito dictó sentencia en pro de la demandada y la demandante interpuso el presente recurso señalando en su alegato tres errores, así:

“1. La Corte de Distrito cometió error en no juzgar que el fallo de la New Orleans Board of Trade era a favor de la demandante.
“2. La Corte de Distrito cometió error en admitir prueba en cuanto al tipo de arroz compilado y al tipo de arroz entregado.
“3. La Corte de Distrito cometió error en no declarar con lugar la demanda. ’ ’

. A nuestro juicio no se lia cometido el segundo de los errores señalados y el tercero.está envuelto en el primero. Todo el debate gira alrededor del primero. ¿Demuestra el fallo final del Board que el arroz enviado por la demandante a la demandada es el mismo especificado en el contrato de venta? Yeámoslo.

La autenticidad de la prueba documental a que liemos hedió referencia se admite por ambas partes.

En el acto de la vista, con la oposición de la parte de-mandada, la demandante introdujo las deposiciones de H. S. Herring, secretario-tesorero de la Junta de Comercio de New Orleans, La., y Joe Bloom, negociante en arroz. La depo-sición del primero de dichos testigos es puramente sobre cuestiones de procedimiento. La del segundo va a los mé-ritos de la cuestión. Dice el testigo que en agosto y sep-tiembre de 1921 era miembro del Comité de Arbitraje de arroz limpio, que se ha dedicado al negocio de arroz durante treinta años y que su Comité rindió una decisión en el caso de autos. A la pregunta: “¿Está abarcada la descripción de la muestra marcada ‘AJ’ a saber: ‘Medium Blue Bose coated contains 25% of broken rice,’ como usada en la reso-lución de dicha New Orleans Board of Trade, Ltd. dentro de la descripción ‘rosy low-grade rice with not more than 30% mixture of screenings?,” contestó: “Sí, señor.” Y una contestación igual dió a preguntas similares con respecto a los otros lotes a que se refiere el fallo arbitral.

Luego introdujo la parte demandante al testigo L. G-. La-land. Declaró que la diferencia allá por septiembre y octu-bre de 1920 entre un precio de arroz F. O. B., molino de Louisiana, y Ponce, era un peso las cien libras. Y al in-troducir al almonedero Isidoro Delgado, la demandada ad-mitió que el arroz se había vendido en subasta pública obte-niéndose el precio especificado en la demanda. Con ello ter-minó su caso la demandante.

La prueba de la demandada consistió en las declaraciones de Arturo Bravo, Pedro L. Armstrong, Rafael Collazo, Oscar Martínez, Francisco Amundarai, varios documentos y un folleto.

La declaración de Bravo, secretario de la Cámara de Co-mercio, se refiere como la deposición de Herring, al proce-dimiento seguido sobre el cual no hay disputa. Armstrong, miembro de la sociedad demandada, declaró con la oposición de la demandante, que la demandante “envió tres lotes, uno resultó Medium Blue Rose con brillo, otro resultó Medium Blue Rose sin brillo y otro early prolific, no-recuerdo si con brillo o sin brillo,” y que a virtud de esa clasificación que hizo al llegar los arroces, se negó a recibirlos. Luego refi-riéndose al fallo dice que “el arroz Medium Blue Rose es un grado dentro de los distintos tipos de arroz” y el “Blue Rose una clase de arroz;” que por “Medium Early Prolific” se entiende “un tipo de arroz de clase mediana,” y concluye que hay una diferencia en calidad entre el “Medium Blue Rose y el Rose Low Grade” que consiste “en que el Medium Blue Rose es un arroz bueno que sigue en categoría al choice, y el Low Grade es el más inferior que hay como arroz.” El precio de ambos arroces, asegura el testigo es diferente. Si-gue el testigo declarando ampliamente sobre las reglas de clasificación de los arroces en New Orleans. Sometido en-tonces a un largo contrainterrogatorio por la parte deman-dante,- difícil de resumir, sostiene que “puede haber arroz rosado en la clase mediana y arroz rosado en la clase inferior.” Más o menos en igual sentido se expresaron los tes-tigos Collazo, comerciante de Ponce, Martínez, también co-merciante de Ponce, y Amundarai, comisionista en arroz.

De las reglas para la inspección de arroz del New Orleans Board of Trade, Ltd., a que se refirieron los testigos y que fueron introducidas como prueba se transcribe lo si-guiente :

“Classifications, grades and specifications of Bice for inspection by the Clean Bice Arbitration and Inspection. Committee of the New Orleans Board of Trade, Limited.
“Classifications: — Honduras. Carolina. Blue Bose. Louisiana Pearl. Early Prolific. Japan.
‘ ‘ GRADES :• — I. Extreme Fancy. II. Fancy. III. Choice. IV. Medium. V. Low.
“SPECIFICATIONS:— * * *
“IV. — Medium.
“Separation. — Fairly well screened with all very fine screenings removed.
“Color. — Any color except deep red, badly stackburned or badly mud-stained.
“Style. — Ordinarily milled and finished; liberal amount of either stack burn or of stained, specked or red grains; liberal, but not excessive, amount of chalk.
“Cleanliness. — Liberal amount of paddy, foreign matter, seeds or straw, but not excessive unless sufficiently offset by superior style, color, or grain.
“Y. — Low.
“Any rice grading below the specifications above, in separation, style, color, and cleanliness of Medium, screenings and second heads are excepted from any of the five grades enumerated above.”

La demandante como contraprueba introdujo los testigos Stebbins y Laland. El primero dijo que tiene veinte y cinco años de experiencia y que un arroz rosado con menos de 30 por ciento de granos partidos (screenings) sería califi-cado de “arroz ordinario,” “tipo corriente”. Clasificaría como tipo bajo un arroz Blue Rose rosado medium con 24 por ciento de granos partidos. Dijo que habría como cin-cuenta clases de arroz bajo. A repreguntas de la parte de-mandada contestó que era socio de Stebbins & Co. casa que representaba a la Louisiana State Rice Milling Co. cuando se vendió el arroz de que se trata en este caso. Y el segundo declaró:

“P. Dígame si usted sabe qué por ciento como máximum de gra-nos partidos puede tener un arroz medium? — R. No puede tener más de treinta por ciento. — P. Si tiene más de 30 por ciento ¿qué clase de arroz es? — R. Low grade. — P. Si es un arroz Blue Rose rosado con menos del 30 por ciento de granos partidos, ¿qué clase de arroz sería según el New Orleans Board of Trade? — R. Depende de cuán-tos granos, es decir, que un arroz rosado, siendo no muy rosado, si tiene no más de veinte por ciento de partido, es choice; si es rosado y tiene basta 30 por ciento, es medium. — P. ¿Y lowf — R. Si es rosado y tiene más de 30 por ciento es low grade. — P. Pero si es rosado y no tiene más de 30 por ciento, ¿puede ser low gradef — rR. No, señor. P. ¿ Qué color puede tener un arroz low grade según el New Orleans Board of Trade? — R. No puede tener otro color que bien colorado, muy colorado o muy mancbado. — P. ¿Cuáles son los tipos altos de arroz? — R. Los tipos altos se entienden entre fancy, extra fancy y choice. — P. ¿Y los tipos bajos? — R. Mediano y low grade. — P. ¿Sabe usted qué quiere decir en Puerto Rico, en el comercio de la Isla por la palabra ‘corriente,’ cuando se usa en cuanto a arroz? — R. Yo en-tiendo que es un arroz malo, un arroz barato, inferior. — P. ¿Qué un arroz corriente es un arroz malo ? — R. Sí. — P. Si usted tiene un arroz rosado medium con 24 o 25 por ciento de granos partidos, ¿usted cree que es un tipo alto o un tipo bajo de arroz? — R. Es un tipo bajo.— P. ¿Por qué es un tipo bajo? — R. Un tipo bajo porque nadie puede decir que es un tipo bueno" un arroz rosado con 25 por ciento de grano partido.”

Reconoció el testigo un folleto del Departamento de Agri-cultura de los Estados Unidos, que fué introducido como prueba.

La parte apelante en su alegato, entre otras cosas, dice:

‘‘La demandada basa todo su caso en el becbo de que el arroz entregado era clasificado como ‘Medium’ y alega que según el con-trato tuvimos que entregar arroz del grado más bajo, de la clasifica-ción técnica ‘Low’ como lo llama el panfleto de New Orleans o ‘Sample Grade’ como lo llama el Departamento de Agricultura. Quiere dar a las palabras ‘Low-grade rice’ una definición técnica y estricta. Nosotros alegamos que esas palabras se usaban en el contrato para describir el arroz como un ‘low-grade rice’ (un arroz de calidad inferior) y sin la intención de exigir la entrega de arroz de un grado peor que ‘medium.’ Según el fallo el arroz entregado era del grado técnico ‘Medium’ y rosado y tenía entre 24 y 30 por ciento de granos partidos {screenings). El testigo Bloom y los otros testigos de la demandante declararon que un arroz de este tipo es un arroz de un grado inferior, un ‘low-grade rice’ y por 'tanto el grado de arroz comprado.
“La Corte debe interpretar las palabras ‘low-grade rice’ en ese sentido por dos razones. En primer lugar cuando un contrato con-tiene dos disposiciones incompatibles, una general y la otra particular, -la disposición particular prevalecerá, y en segundo lugar un contrato no debe interpretarse de tal modo que es imposible de cum-plir cuando hay otra interpretación posible de cumplirse.”

Aunque es necesario reconocer que la introducción en el contrato de la condición “with, not more than 30 per cent mixture of screenings ’ ’ produce alguna confusión, no se puede negar que la otra condición “Low Grade” es predominante y que el fallo del Board of Trade de New Orleans calificó el arroz entregado de Medium, habiéndose demostrado cum-plidamente que Medium y Low son grados diferentes. Sien-do ello así, no es posible concluir que la corte de distrito errara al apreciar la prueba en el sentido de no haber la parte demandante demostrado que entregó a la demandada la misma clase de arroz que le vendiera.

Y si no se entregó la clase especificada en el contrato estuvo el comprador justificado en su negativa a recibirla. “Si la venta se hiciere sobre muestras o determinando cali-dad conocida en el comercio,” prescribe el artículo 327 del Código de Comercio, “el comprador no podrá rehusar el re-cibo de los géneros contratados, si fueren conformes a las muestras o a la calidad prefijada en el contrato.” Y si está obligado a recibirlos en tal caso, por ministerio de la ley, claro es que no lo está cuando la condición no se cumple.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia recurrida.


author: El Juez Asociado SeñOR AldREt,

text:
    Bartolomé y Antonio Pastor y Gomila, demandantes y apelados, v. José Miró y Pastor, demandado y apelante.
    No. 3113.

    Visto: Febrero 26, 1924.

      Resuelto: Marzo 30, 1925.

      1. Domicilio — Evidencia — Apreciación r Suficiencia. — A. P., natural de España, residió 25 años en Puerto Rico donde acumuló una considerable fortuna; en agosto, 1917, embarcó para su pueblo natal con la Intención de regresar a fin de arreglar sus asuntos aquí y marcharse después definitiva-mente; al embarcar dejó aquí todos sus bienes entre ellos una respetable cantidad de dinero en los bancos; A. P. falleció en su pueblo natal tres meses después de su llegada. Se resolvió: que en vista de las circunstancias anteriores, el difunto no había perdido su domicilio en Puerto Rico para adquirirlo en España, aun cuando decía en una carta de mayo, 1917, “quiero llevar lo poco que tengo para poder disfrutar los pocos años que me quedan de vivir con usted”. (Railway Co. v. Cognet, 3 Eed. (2) 21, discutido.)
    2. Testamentos — “Probate”, Acción para Establecerlos t Anulación. — El auto de un tribunal Español declarando testamento ológrafo ciertas cartas de una persona allí fallecida no puede producir efecto alguno en Puerto Rico en cuanto a bienes inmuebles aquí radicados.
    3. Testamentos — Requisitos y Validez — Testamento Ológraeo. — Palabras per-didas en una extensa carta de negocios y familiar, que no demuestran la intención deliberada del autor de la misma de disponer de sus bienes para después de su muerte, no revisten el carácter de testamento ológrafo.
    SENTENCIA de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), en nna acción de acnerdo con el artículo 702 del Código Civil, declarando sin lugar la con-trademanda con costas.

      Confirmada.

      López de Tord <& Zayas Bizarro, abogados de los apelados; Yordán & Yordán, abogados del apelante.
   El Juez Asociado SeñOR AldREt,

emitió la opinión del tribunal.

Don Amador Pastor y Pastor, natural de Sóller, Islas Baleares, España, fúé un súbdito español que vivió muchos años en el barrio de Tanamá del municipio de Adjuntas da esta Isla y en 23 de marzo de 1909 otorgó testamento abierto ante el notario de Ponce, Don Francisco Descartes en el que manifestó ser vecino de Adjuntas, soltero, sin descendientes ni ascendientes e instituyó y nombró como único heredero suyo a.su primo hermano y ahijado don Bartolomé Pastor y G-omila.

En el mes de agosto del año 1917 don Amador Pastor y Pastor fue de Puerto Rico a España, muriendo tres meses después en la ciudad de Palma de Mallorca, Islas Baleares, España, y en junio del año siguiente el heredero instituido en el expresado testamento abierto aceptó la herencia y tomó posesión de los bienes dejados por su causante, consis-tentes en un gran número de fincas radicadas en esta Isla, casi todas en Adjuntas, y en algún metálico en los bancos.

En enero del año 1919 don José Miró y Pastor acudió ante nn tribunal de España y alegando la muerte allí de don Amador Pastor y Pastor, natural de Sóller, que siem-pre fue súbdito español, que regresó definitivamente a su patria estableciéndose en su pueblo natal y que su última vo-luntad está contenida en una carta suya del 17 de julio de 1909 dirigida a don José Miró Arbona, en la que nombró único heredero suyo al compareciente, ratificada en otras de 27 de mayo de 1910 y 14 de mayo de 1914, solicitó que tales cartas fueran declaradas su testamento. Así lo resolvió el juzgado de primera instancia del distrito de la Lonja de Palma, Islas Baleares, España, declarando dichas cartas como suficiente testamento a los efectos de su protocoliza-ción, sin perjuicio de tercero, y dichas diligencias fueron pro-tocolizadas en una notaría de aquella ciudad.

Después de esos hechos don Bartolomé Pastor y Gromila, heredero según el testamento otorgado en marzo de 1909 ante el notario don Francisco Descartes, amparándose en el ar-tículo 702 del Código Civil demandó a don José Miró y Pastor ante la Corte de Distrito de Ponce, a cuya jurisdicción corresponde el pueblo de Adjuntas, y solicitó que dictase sen-tencia declarando que las cartas suscritas por Amador Pastor y Pastor dirigidas a don José Miró Arbona, padre dcd demandado José Miró Pastor, no constituyen un testamento ológrafo de dicho señor y que su protocolización en una no-taría en Palma, España, no puede producir efecto alguno en Puerto Rico ni puede perjudicar los derechos del demandante como único heredero instituido en testamento ante notario. Para esas peticiones alegó además de los hechos antes men-cionados que Amador Pastor y Pastor se encontraba acci-dentalmente en España cuando murió; que jamás tuvo la intención de nombrar heredero a José Miró, ni otorgó tes-tamento en ese sentido; que José Miró Pastor ha nombrado un apoderado en esta Isla por el que ha tratado de tomar posesión de los bienes de la herencia y trata de ejercer actos de dominio como único heredero en virtud del pretendida testamento ológrafo; y que a pesar de estar suscritas esas cartas en un "barrio de Adjuntas, de radicar los "bienes en dicho pueblo y de haber sido don Amador Pastor y Pastor vecino de Adjuntas, el demandado no ha presentado dichas cartas en la Corte de Distrito de Ponce, que es la única que tiene jurisdicción para decretar su protocolización.

El demandado alegó en su contestación que don Amador Pastor y Pastor se trasladó a España para residir perma-nentemente en su país natal, donde murió; que no falleció con testamento abierto sino con cartas testamentarias; y que el tribunal español donde fueron presentadas, único y com-petente para conocer de ellas, estimó que eran la última vo-luntad de don Amador Pastor y Pastor. Como defensa especial alegó que el testamento que don Amador Pastor y Pastor otorgó en 23 de marzo de 1909 ante el notario Sr. Descartes es nulo porque uno de los testigos que en él inter-vinieron, don Antonio Catinchi y Consalví, tenía en esa fecha una sociedad con dicho notario para asuntos judiciales y no-tariales con interés en los honorarios que se devengaran en el otorgamiento de ese testamento; y porque otro testigo, don Eladio Ayala, en momentos dados servía de amanuense a dicho notario y tenía en dicha fecha su agencia de nego--■eios en el mismo local que el notario autorizante del testa-mento. Por contrademanda solicitó que la corte dispusiese que don José Miró y Pastor sea puesto en posesión de todos los bienes relictos por don Amador Pastor y Pastor; que el contrademandado le pague $102,672.73 en concepto de frutos de los bienes de la herencia y que declare que es nula, en cuanto pueda perjudicar al demandante, la escritura de 11 de abril de 1919 en la que el contrademandado hipotecó a favor de un hermano suyo cincuenta y ocho fincas de la he-rencia para garantía de $35,000 que el contrademandádo dice haber tomado a préstamo.

Los hermanos Bartolomé y Antonio Pastor Gromila se opusieron a la contrademanda y celebrado el juicio corres-pondiente recayó sentencia declarando sin lugar en todas sus partes la contrademanda; declarando que las cartas suscri-tas por don Amador Pastor y Pastor y dirigidas a don José Miró Arbona no constituyen un testamento ológrafo, sin que lá protocolización que de las mismas se bizo en Palma, Es-paña, el 12 de marzo de 1919 ante el notario don José Socias y G-radolí pueda producir efecto alguno legal en Puerto Rico ni pueda perjudicar tal protocolización los derechos del de-mandante y contrademandado Bartolomé Pastor Gomila a quien la corte declara único heredero de don Amador Pastor y Pastor en virtud del testamento abierto que otorgó, cuyo alcance y validez legal se declara y confirma. Las costas fueron impuestas al demandado y contra-demandante.

Contra esa sentencia interpuso la parte demandada esta apelación alegando ante nosotros los errores que a su juicio cometió la corte inferior y pidiéndonos que revoquemos la sentencia y dictemos otra declarando la demanda sin lugar y procedente su contrademanda.

La carta que fué protocolizada en España como testa-mento ológrafo de don Amador Pastor y Pastor fué escrita por él en Puerto Rico el 17 de julio de 1909, tres meses y algunos días después de haber otorgado su testamento ante notario, es una extensa carta sobre asuntos de negocios y familiares y el párrafo de ella que se considera como testa-mento ológrafo, tal como aparece ante nosotros en la trans-cripción de los autos es el siguiente:

“.Yo tengo el testamento echo muriendo yo que vaya a Pepito porque no quiero que todas estas ennanas mias agan con us-tedes lo que icieron conmigo cuando murieron mis padres;”.

Y las otras dos cartas también protocolizadas que se es-timan ratificaciones de la anterior y que son de la misma naturaleza que la primera dicen así, respectivamente:

“.cuando muera José tendrá que venir atomar posesión de todo esto tendrá que valer nosotros ya noveremos pero Pepito l'overa los terrenos llanos valen un capital. ...”
“.cuñado siempre te edicho que cuando tiara falta algo yo lo tengo puedes disponer de todo cuando tengo porque para quien trabaja cuando muera para ustedes nada me llevare asi que si tengo que vivir un pal de años mas los quiero vivir con ustedes que bas-tante etrabajado en este mundo. ...”

Nuestro Código Civil dedica la sección 4 del libro III, título III, capítulo 1, a los testamentos ológrafos y en el artículo 698 dispone que el testamento ológrafo deberá pro-tocolizarse, presentándose con este objeto a la corte de dis-trito del último domicilio del testador, o a la del lugar en que éste hubiese fallecido, si el fallecimiento hubiere tenido lugar en Puerto Rico; el 700 determina lo que hará la corte de distrito presentado que sea el testamento ológrafo y acre-ditado el fallecimiento del testador; el 701 que para la prác-tica de esas diligencias serán citados el cónyuge sobrevi-viente si lo hubiere, los descendientes y ascendientes legíti-mos del testador, y en defecto de unos y de otros, los her-manos, quienes podrán presenciar la práctica de las diligen-cias y hacer de palabra las observaciones oportunas sobre la autenticidad del testamento; y dispone el 702 lo que hará la corte si estima justificada la identidad del testamento, de-clarando en su último párrafo que cualquiera que sea la reso-lución de la corte de distrito se llevará a efecto, no obstante oposición, quedando a salvo los derechos de los interesados para ejercitarlos en el juicio que corresponda.

La última disposición del artículo 702 es el fundamento del demandante para establecer el presente pleito.

De acuerdo con el artículo 698 que hemos citado las cartas que se dice contienen el testamento ológrafo de don Amador Pastor y Pastor debieron ser protocolizadas en esta Isla presentándolas con ese objeto en la Corte de Distrito de Ponce a cuya jurisdicción corresponde el pueblo de Ad-juntas, porque uno de sus barrios, Tanamá, fué el último do-micilio del testador, pues aunque el apelante alega que el último domicilio del testador fué en las Islas Baleares, Es-paña, porque don Amador Pastor y-Pastor se trasladó allá con la intención de retirarse de Puerto Pico y permanecer én Sóller, su pueblo natal, por lo que en él adquirió su domi-cilio, sin embargo, la prueba del apelado demuestra que hizo su último viaje a España por motivos de enfermedad y con la idea y propósito de regresar a, esta Isla, sin que la prueba presentada por el apelante sea suficiente para sostener lo contrario, pues no son prueba suficiente de tal propósito de trasladarse a España para residir permanentemente allí las siguientes palabras contenidas en una carta suya de 17 de mayo de 1917 escrita en esta Isla y dirigida a los padres del apelante, a saber:

“.les abía ofrecido qué el correo venidero' me embarcaría sino lo e echo es porque los giros están demasiado mal porque cuando me embarque me quiero llevar lo poco que tengo para poder disfrutar los pocos años que me quedan de vivir con ustedes tengo arreglado el pasaporte para poderme embarcar mientras los giros no se pongan a la par no salgo -estoy bastante de malas.”

Y aunque es cierto que en agosto de ese año fué a España donde murió a los pocos meses, los hechos no demuestran que ese viaje lo hizo para establecer su residencia perma-nentemente allá pues no se llevó “lo poco que aquí tenía” como dice en su carta sino que dejó en esta Isla todos sus bienes y hasta una respetable cantidad de dinero que tenía en los bancos. Hemos visto la opinión de la Corte de Cir-cuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, de diciembre 22, 1924, en el recurso establecido por Porto Rico Railway, Light & Power Co. contra Eugenie Cognet, 3 P. (2d) 21, sosteniendo la conclusión del jurado de que los demandantes no adquirieron domicilio en esta Isla, porque aunque existe mucha evidencia que parece in-consistente con tal conclusión no podía decir la corte que no hubiera evidencia que la sostenga. En el caso presente no sólo la Corte inferior, en la qne no hay jurado para los asun-tos civiles, resolvió que cuando murió don Amador Pastor y Pastor tenía su domicilio en el pueblo de Adjuntas, sino que también la preponderancia de la evidencia sostiene esa conclusión, pues no sólo aparece así de su testamento notarial sino también especialmente de la única testigo presen-tada por el demandado la que declaró que cuando don Ama-dor Pastor y Pastor embarcó para España en el año 1918 tenía la intención de regresar a esta Isla para arreglar sus asuntos y marcharse después definitivamente, por lo que cuando murió pocos meses después tenía su domicilio aquí, donde vivió 25 años, cualquiera que fuera su pensamiento para el futuro.

Pero en el supuesto de que se trasladó a España para residir permanentemente allí el resto de su vida y que por ésto fué ese su último domicilio, aun así, la resolución del Juzgado de Primera Instancia de Palma declarando testamento ológrafo de don Amador Pastor y Pastor las expresadas cartas y su protocolización en una notaría de aquella ciudad no puede producir efecto alguno en esta Isla donde radican los bienes inmuebles, porque según dijimos en el caso de Colón v. El Registrador, 22 D. P. R. 370, la adopción y aplicación de la regla lex rei sitae en la forma en que lo han hecho las cortes americanas, incluyendo y regulando la capacidad de las partes, no quebranta ni la letra ni el espíritu de nuestro Código Civil, ni ninguno de sus principios fundamentales y establece, de una vez para siempre, una regla, fija, simple y racional, conducente a evitar la inconsistencia y confusión de nuestras decisiones referentes a los estatutos real y personal y al efecto de leyes extranjeras; y haciendo aplicación de esa doctrina en ese caso declaramos que un tutor español de menores residentes en España autorizado por el Consejo de Familia, conforme lo exige el Código Civil Español, necesita autorización judicial de la corte de distrito donde radiquen los bienes para proceder a la cancela-eión de una hipoteca sobre bienes inmuebles radicados en Puerto Rico.

Por otra parte, las palabras contenidas en la carta que el apelante considera ser testamento ológrafo y las que estima ser su ratificación, no revisten tal carácter de testamento, pues perdidas en una extensa carta de negocios y familiar no demuestran la intención deliberada de disponer de sus bienes para después de su muerte, requisito que es esencial en los testamentos; distinguiéndose este caso del que fué resuelto por el Tribunal Supremo de España en 8 de junio, 1918, en que en dicbo caso aparecía claramente la intención de testar al decir “Peñafiel, a 24 de octubre, 1915. Pasicos de mi vida: En esta primera carta de novios va mi testamento, todo para tí pala que me quieras siempre y no dudes del cariño de tu Matilde. Rubricado,” no solamente porque se usó la palabra testamento, aunque no era de absoluta necesidad, sino porque todas sus palabras demuestran la intención clara y manifiesta de disponer de sus bienes para después de su muerte, requisito que no podemos encontrar en la carta de 17 de julio, 1919. Como dice el apelado en su alegato “es realmente sorprendente que se intente sostener que el hombre que dice que ya tiene hecho su testamento, que todo lo tiene arreglado, con estas mismas frases ha querido decir que estaba en aquel mismo momento haciendo su testamento.”

Habiendo llegado a las conclusiones antes expuestas, o sea que el riltimo domicilio de don Amador Pastor y Pastor fué el barrio Tanamá de Adjuntas, P. R.: que por este mo-tivo la carta que se dice contener su testamento debió pre-sentarse para su protocolización en la Corte de Distrito de Ponee: que las diligencias de su protocolización en un tribunal de España no tiene validez en esta Isla en la que ra-dican sus bienes inmuebles, y que de todos modos la expre-sada carta no contiene una disposición testamentaria, se hace innecesario resolver las otras cuestiones suscitadas por el apelante en sn contrademanda porque no siendo heredero de don Amador Pastor y Pastor no está facultado para ata-car el testamento notarial que dicho señor otorgó, ni la hipo-teca que el contrademandado constituyó sobre los bienes que heredó de Amador Pastor, hipoteca que ya está cancelada.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asoclvdo Señor Wolf,

text:
    Manuela Vargas, demandante y apelante, v. Sucesión de Juan Cruz Ortiz Pagán, demandados y apelados.
    No. 3504.

    Visto: Marzo 26, 1925.

      Resuelto: Marzo 31, 1925.
    1. Descendencia y Distribución' — Personas con Derecho y Participación— Hijo, sin Descendencia, que Premuere al Padre. — El hijo fallecido antes que el padre no hereda nada y no teniendo descendientes el derecho de repre-sentación no se transmite.
    Sentencia de Pablo Barga, J. (Iíumacao), en una acción sobre re-clamación de bienes hereditarios, declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      F. Cervoni Gely, Abogado de la apelante; F. González Fagmido, Abogado de la apelada.
   El Juez Asoclvdo Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante y Juan Cruz Ortiz Pagán eran los padres de un hijo natural reconocido llamado José Guillermo Ortiz. El hijo falleció en el año 1911, antes que el padre. Este último murió en 1923. La apelante reclamaba por derecho de representación una parte de la herencia de Juan Cruz Ortiz Pagán. La corte de distrito desestimó la demanda.

El caso no se diferencia de uno en que cualquier hijo premuere a su padre. El hijo fallecido no hereda nada y no teniendo descendientes nada puede transmitir. El derecho de representación va en lñiea descendente pero no en línea ascendente. 7 Manresa, (2da. Ed.), Comentarios al Código Civil, páginas 49, 53 y 58. Código Civil de Puerto Rico, artículo 899.

Debe confirmarse la sentencia apelada.