author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario y apelado, v. José de Jesús, demandado y apelante.
    No. 4070.
    Visto: Mayo 16, 1927.

      Resuelto: Mayo 24, 1927.
    Apelación y Error — Alegatos—Omisión de Radicakdos en Tiempo — Desesti-mación del Recurso — Motivos para no Desestimar. — Aún cuando una mo-ción de desestimación por falta de radicar el alegato en tiempo pueda, técni-camente, ser declarada eon lugar, cuando en oposición a ella se alega y prueba una buena causa para que el tribunal, en el ejercicio de su discreción, no desestime el recurso, no ha lugar a desestimar.
    MociÓN sobre desestimación de apelación, entablada ésta contra sen-tencia de Pablo Berga, J. (San Juan), en pleito de injunction.

      No ha lugar a desestimar.

      Arjona é Arjona, abogados de los apelantes; Ron. Attorney General George C. Butte, J. A. López Acosta, Segundo Attorney General Auxiliar, J. B. Beverley, Sub-attorney General, abogados de . los apelados.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso por no haberse presentado en tiempo el alegato de la parte apelante.

Los antos demuestran que la sentencia apelada se dictó el 23 de octubre de 1926; que el legajo de la sentencia y la transcripción de la evidencia que tienen, respectivamente, 56 y 104 páginas, se archivaron en la secretaría de esta Corte Suprema el 20 de abril último; que el 3 de mayo actual la parte apelada presentó su moción de desestimación basándose en que el alegato del apelante no se había radicado dentro del término reglamentario de diez días vencido el 30 de abril último y la corte señaló su vista para el 16 de mayo actual; que el 6 de mayo en curso la parte apelante radicó su alegato que contiene 94 páginas y cumple en un todo con las reglas de esta corte, y el 12 del propio mes una moción jurada en oposición a la desestimación, alegando:

“1. — Que el demandado y apelante no radicó a tiempo su alegato en este caso por habérselo impedido la ausencia forzosa durante los últimos días del mes de abril de su abogado Sr. R. Arjona Siaca, a las montañas de Yauco, con un hijo enfermo.”
“2. — Que el demandado y apelante a principios del corriente mes de mayo remitió el alegato, que consta de 95 páginas mecano-grafiadas, y en el cual se tratan ampliamente serias e importantísi-mas cuestiones de derecho, siendo dicho alegato producto de un ver-dadero esfuerzo profesional continuo y largo, digno del estudio y consideración de esta Hon. Corte.”
“3. — Que la pequeña dilación en su radicación en nada afecta los méritos ni la rapidez del caso, rapidez que el demandado y ape-lante es el primero en desear, hasta el punto de que el demandado y apelante al Hon. Tribunal

suplica :

“Que se sirva desestimar la Moción sobre desestimación de ape-lación y señale el caso, habida cuenta de que se trata de un recurso extraordinario que envuelve la importantísima materia del Monopo-' lio del Tráfico en Puerto Rico, para ser visto en la fecha más cer-cana posible.”

El 16 de mayo tuvo lugar la vista de la moción de de-sestimación.

La narración de hechos qne antecede demuestra qne téc-nicamente tiene razón el apelado y qne sn moción podría ser declarada con lugar, pero demuestra también qne se ha alegado y probado una buena cansa para qne este tribunal en el ejercicio de su discreción no desestime el recurso.

No obstante haberse radicado el alegato seis días des-pués de vencido el término reglamentario, es lo cierto qne pocas veces se radica tan rápidamente como en este caso. Generalmente se piden prórrogas y prórrogas qne dilatan no por días sino por meses dicho trámite. No se trata de un alegato cualquiera, sino de uno qne revela considera-ción amplia y cuidadosa del asunto. Y el hecho de la au-sencia forzosa del abogado con motivo de la enfermedad de su hijo explica de modo lógico y natural , su olvido o im-posibilidad de pedir la prórroga del término.

A virtud de todo lo expuesto debe declararse no haber lugar a desestimar el recurso y señalarse la vista del mismo para la fecha más próxima que sea posible.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Medardo Colón, acusado y apelante.
    No. 3145.
    Visto: Mayo 19, 1927.

      Resuelto: Mayo 24, 1927.
    Derecho Penal — Evidencia—Peso y Suficiencia — Evidencia del Sitio en que el Delito se Cometió. — Cuando la prueba demuestra que uno que sale de su casa armado de un machete eon él penetra en una finca de otro, situada en una ,jurisdicción distinta, ella es suficiente para establecer el sitio de la comisión del delito de portar armas, en el momento del suceso, en la última jurisdicción.
    SENTENCIA ele Luis Samalea Iglesias, J. (Areeibo), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Confirmada.

      E. Martínez Aviles y Luis A. Castro, abogados del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Medardo Colón fué acusado y condenado en la Corte de Distrito de Arecibo como autor de un delito de portar un arma prohibida.

Se señala como único error el que la Corte de Distrito de Arecibo no tenía jurisdicción para conocer de la causa porque el acusado declaró en el acto del juicio que cuando ocurrió el suceso acababa de llegar a su casa que está en Barros y Barros forma parte del distrito judicial de Ponce.

Analizando la declaración del acusado encontramos que no es tan clara como pretende su abogado, pero aceptando que pueda deducirse de ella que afirmó que el acto que se le imputaba se había realizado en Barros, es lo cierto que de las declaraciones de Juan Pérez y María Pérez se deduce claramente que el delito se cometió en el barrio Per-chas del municipio de Morovis que corresponde al distrito judicial de Arecibo.

Siendo ello así no puede sostenerse que exista la falta de jurisdicción alegada.

Además no sólo pudo la corte de distrito resolver la con-tradicción en favor de su jurisdicción, sino que si se ana-liza bien la prueba se verá que la contradicción no existe. Barros y Morovis colindan. El acusado pudo llegar a su casa situada en Barros y no obstante haber cometido el de-lito en Morovis. El origen del suceso se debió a una he-rida que se ocasionó a un niño. El acusado 'salió de su casa armado de un machete al ser llamado por Juan Pérez con motivo de la herida al niño. Pérez se encontraba en la finca de su suegra situada en Perchas de Morovis y el acu-sado penetró en la dicha finca y con su machete le “secundó dos cantazos”. Las fincas del acusado y de la suegra de Pérez parece que estaban en los límites de ambos municipios y así, dando sólo unos pasos quizá, el acusado salió de Ba-rros y penetró en Morovis.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pascual Ramos, acusado y apelante.
    No. 2933.
    Visto: Marzo 23, 1927.

      Resuelto: Mayo 25, 1927.
    1. Derecho Constitucional — Igual Protección de las Leyes — Procesos por Delitos u Ofensas. — La Ley No. 98 de 1925 (p. 789), en cuanto establece un modo de enjuiciar diferente para los delitos cometidos por funcionarios públicos y los perpetrados por ciudadanos privados, no constituye una legis-lación de clases ni está en pugna con nuestra Carta Orgánica, artículo 2, y la Constitución Federal.
    2. Derecho Penal — Evidencia—Hechos en Controversia (Issue) y Pertinen-tes a las Cuestiones Litigiosas, y Res Gestae — Manifestaciones del o los Acusados — Manifestaciones Hechas Cuando ya se ha Tenido Tiempo de Reflexionar Sobre el Suceso.- — Las manifestaciones de un acusado he-chas horas después del suceso, cuando ya ha tenido tiempo de reflexionar sobre el mismo, y en sitio y ocasión distintos,. no son admisibles en evidencia eomo parte de la res gestae.

    3. Derecho Penal — Mociones de Nuevo Juicio y en Arresto de Sentencia-Fundamento de la Moción en Arresto de Sentencia — Inexistencia de la Pena de Muerte. — De acuerdo con la ley y la jurisprudencia, existe la pena de muerte en Puerto Rico, por lo que, una corte, propiamente declara sin lugar moción que, en arresto de la sentencia, se base en que dicha pena no existe.
    4. Jurado — Sorteo o Formación del Jurado .que ha de Conocer del Juicio y Juramento — Objeción a la Formación del Jurado — -Objeción no Meri-toria. — Una objeción a la formación del jurado presentada después de cele-brado el juicio y de aceptados expresamente por las partes los caballeros del jurado que intervinieron en la causa, carece generalmente de mérito alguno.
    5. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari- — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión-Necesidad de que las Cuestiones se Presenten en la Corte Inferior. — Para que una parte pueda atacar en apelación la declaración de un testigo eomo inadmi-sible, es necesario que la haya objetado y excepcionado en la corte inferior.
    6. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Prueba Sobre Hechos Es-tablecidos por Otra Prueba.- — La admisión de la declaración de un médico respecto a la posición relativa de las. partes en los momentos del ataque no es perjudicial cuando otros testigos colocan a las partes en lá misma posición.
    7. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Necesidad de que las Objeciones se Presenten en la Oorte Inferior — Evidencia—En General. — Una apelante no puede quejarse de que se permitiera a un testigo declarar en determinada forma euando la declaración, además de ser permi-sible, contra ella no se ha tomado la debida excepción en la corte inferior.
    8. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Cuestiones Discrecionales — Concesión o Negativa de Nuevo Juicio — Prueba Nueva-mente Descubierta. — Examinada la prueba- como nuevamente descubierta, a los efectos de solicitar un nuevo juicio, se resolvió: que ella no se refería a eómo oeurrió el heeho sino a los motivos y que era, más que favorable, adversa al acusado, y por lo tanto no erró la corte al negar la solicitud.
    9. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Veredictos— PIN ALIDAD DE LOS MISMOS-VEREDICTO SOBRE PRUEBA CONTRADICTORIA.-Cuando el jurado resuelve el conflicto en las pruebas y nada existe que de-muestre que no actuara de acuerdo con la ley y la justicia, y un examen de la prueba demuestra que actuó derechamente, no puede concluirse que el veredicto es contrario a las pruebas.
    10. Derecho Penal — Juicio—renuncia (Wawer) y Corrección de Irregulari-dades y Errores — Instrucciones de la Corte al Jurado. — Cuando' al ter-minar sus instrucciones la corte pregunta al acusado si tiene alguna instruc-ción más que someter al jurado y contesta que no, y no se toma objeción alguna a las instrucciones dadas y cuando las instrucciones finales curan cualquier defecto técnico cometido con anterioridad, no puede sostenerse que se ha cometido error perjudicial que lleve consigo la revocación de la sen-tencia.
    Sentencia de Rafael López Antongiorgi, J. (Griayama), condenando al acusado a sufrir la pena capital por delito de asesinato en primer grado.

      Confirmada.

      C. Domínguez Rubio, Adolfo Porrata Doria, Pedro Anglade, abo-gados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn caso de asesinato. El acusado fué de-clarado culpable y condenado a sufrir la pena de muerte, y solicita abora, dentro de este recurso de apelación, que la sentencia se revoque y se ordene la celebración de un nuevo juicio, por los motivos que iremos examinando por el orden en que ban sido alegados.

La primera cuestión que se levanta se suscitó al comenzar el juicio. Pidió el acusado que la acusación fuera sobreseída por no baber sido presentada por un gran jurado, se opuso el fiscal y la corte declaró sin lugar la petición.

No invoca aquí el acusado su derecho a que intervenga en su causa un gran jurado como un derecho constitucional. Esta cuestión ha sido repetidamente resuelta y carecería de mérito alguno.

Lo que sostiene el acusado es:

Io. Que la Legislatura de Puerto Rico por su propio acuerdo, en 1919, aprobó una ley estableciendo el gran ju-rado, cuya sección primera dice:

“Todos los delitos graves (felonies) deberán ser perseguidos me-diante acusación de,l Gran Jurado presentada ante la corte que tenga jurisdicción en el caso.
“Todos los demás delitos podrán perseguirse en la forma pres-crita por el Código de Enjuiciamiento Criminal.”

T 29 que esa ley está vigente y le concede el derecho de que intervenga en su causa, que lo es por delito grave, un gran jurado, porque la ley que se aplicó para negarle tal derecho es anticonstitucional y por consiguiente nula por ser contraria al artículo 2 del Acta Orgánica en cuanto le niega la igual protección de las leyes.

La ley a que se refiere el apelante es la 98 de 1925. Con-tiene sólo dos secciones que, copiadas a la letra, dicen:

“Sección 1. — Que la sección 1 de la Ley No. 58 de junio 18 de 1919, titulada ‘Ley estableciendo el Gran Jurado, regulando sus procedimientos, facultades y deberes, determinando la forma de las acusaciones del Gran Jurado, la presentación y lectura de las mis-mas y los procedimientos subsiguientes a la presentación,’ queda por la presente enmendada, de modo que lea así:
“Sección 1.' — Todo delito grave (felony) que se impute a un funcionario público por razón de actos realizados en el ejercicio de sus funciones deberá ser perseguido mediante acusación del Gran Jurado presentada ante la corte que tenga jurisdicción en el caso.
“Todos los demás delitos se perseguirán en la forma prescrita por el Código de Enjuiciamiento Criminal.”

¿Pudo la Legislatura decretarla? ¿Niega dicha ley la igual protección que garantizan la Carta Orgánica de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos?

Para sostener la nulidad de la ley invoca el apelante la siguiente doctrina que aparece en 12 Corpus Juris 1186. Es así:

“Es nulo un estatuto relativo a enjuiciamiento criminal que prescribe un modo de enjuiciar diferente tratándose de personas en igual situación, por equivaler ello a negar la igual protección de las leyes.”

El texto de Corpus Juris se basa en el caso de State v. Holland, 37 Mont. 393 (96 P. 719).

En dicho caso se declaró nnlo por ser contrario al pre-cepto constitucional sobre el derecho a la igual protección de las leyes, el siguiente estatuto:

“Art. 1192. — Toda persona que voluntariamente usare la insignia del Gran Ejército de la República, la insignia, divisa o roseta de la Orden Militar de la Legión Leal de los Estados Unidos, o de la Orden; Militar de las Guerras de los Estados Unidos con el Extranjero, o la insignia o botón de los veteranos Unidos de la Guerra Hispano-Americana, o de la Orden de los Patrocinadores de la Agricultura, o de la Benevolente y Protectora Orden de los Elks de los Estados Unidos de América, o de la Orden de los Caballeros de Pythias o de las Organizaciones del Trabajo, o de cual-quier sociedad, orden u organización existente durante diez años en el estado de Montana, o usare el nombre de las mismas para obte-ner ayuda o protección dentro de este estado, o que voluntaria-mente usare el nombre de tal sociedad, orden u organización, el título de sus directores, o su insignia, rituales o ceremonias, a me-nos que tuviere derecho a usar los mismos de acuerdo con la cons-titución y estatutos, reglas y reglamentos de tal orden, o de tal sociedad, orden u organización, será culpable de delito menos grave y, de ser convicto, castigado con prisión en la cárcel del condado por un término no mayor de 90 días, o multa que no exceda de $200.00, o con tales multa y prisión, disponiéndose que ello no será aplicable a las esposas, hijas, hermanas o madres de los miembros de dichas órdenes que continúen dentro de ellas.”

El razonamiento de la corte fné como sigue:

“También se sostiene que la ley es nula porque hace una cla-sificación arbitraria de ciudadanos que ocupan exactamente el mismo lugar en relación con la materia de que ella trata, y es por tanto ofensiva a la Enmienda Catorce de la Constitución federal. Cree-mos que esta contención también debe sostenerse. El disponiéndose hace excepción de las esposas, hijas, hermanas y madres de los miem-bros de .cualquiera de estas sociedades que continúen dentro de ellas. ¿Por qué hacer esta excepción? La única respuesta es que se hizo por razones puramente sentimentales que influenciaron la mente del legislador, basadas en la idea de que las mujeres que tienen cierta relación jurídica o de consanguinidad con los miem-bros ocupan una situación legal distinta con relación a la materia objeto de legislación. La frase ‘igual protección de las leyes’, sig-nifica iguales garantías bajo ellas para todo el- mundo, en igualdad de condiciones, en cuanto a su vida, su libertad, su propiedad y la consecución de la felicidad, y exención de cargos mayores a los que se imponen por igual a todos los demás en igualdad de cir-cunstancias. Por tanto, un estatuto que con uniformidad afecta por igual a todos los individuos de cada clase o a todos los dis-tritos que se encuentren en iguales condiciones, no niega la igual protección de las leyes; pero tal clasificación no debe ser arbitra-ria ni carecer de fundamentos razonables.’ (8 Cyc 1059) E con-verso, si un estatuto determinado distribuye sus cargas sin igual-dad entre aquellos que ocupan la misma posición en relación con la materia de que trata, si castiga, a un ciudadano por hacer algo que otro puede hacer con impunidad, si restringe la libertad del uno sin imponer igual limitación al otro, entonces no proporciona la ‘igual protección de las leyes’, o sea, la protección por leyes iguales, garantizada por la enmienda. ‘La igual protección de las leyes es una promesa de la protección por leyes iguales.’ (Yick Wo. v. Hopkins, 118 U. S. 356, 6 Sup. Ct. 1064, 30 L. Ed. 220.)

“En el caso de State v. Cudahy Packing Co., 33 Mont. 179, 114 Am. St. Rep. 804, 82 Pac. 833, esta Corte resolvió que un esta-tuto prohibiendo la formación de combinaciones o monopolios con el fin de adquirir el dominio sobre los precios de los productos o de destruir la competencia, que exceptuaba de sus disposiciones a las personas dedicadas a la horticultura o agricultura, era nulo por la razón de que afectaba de una manera desigual a distintas personas de la comunidad dedicadas a iguales o parecidas ocupa-ciones. En principio, aquel caso no puede distinguirse del pre- ' sente.” State v. Holland, 37 Mont. 406-7.

Lo que sigue diciendo Corpus Juris, resumiendo la juris-prudencia de los diferentes estados, es como sigue:

“Sin embargo, sujeta a esta limitación, la legislatura tiene un gran campo de discreción al prescribir las formas de enjuiciamiento criminal, y para proveer determinados modos de-enjuiciar para de-terminadas clases de casos, y no puede resultar negativa alguna de la igual protección de las leyes de un juicio celebrado de acuerdo -con válidas reglas de procedimiento así establecidas. De modo que mo se niega la igual protección de las leyes por los estatutos que permiten que una persona sea procesada a discreción del fiscal por uno u otro de dos delitos cometidos en el mismo acto; por un estatuto que en cuanto a delitos cometidos subsiguientemente alarga el tiempo dentro del cual pueden perseguirse, o que prescribe diferentes métodos de procedimiento en diferentes partes del estado, o que autoriza un arresto sin una orden por ciertos delitos, o que permite que mediante el permiso de la corte se presente una acu-sación sin un examen preliminar, o que prescribe determinada forma de acusación para determinado delito; por los estatutos que pres-criben diferentes métodos para sortear los jurados en distintos ca-sos, o en distintas partes del estado, o que fijan el número de recu-saciones perentorias que es permitido en diferentes casos, o un nú-mero distinto de tales recusaciones en lugares de distintos tamaños, o que prescriben los fundamentos de tales recusaciones o el tiempo dentro del cual pueden hacerse; por una ley que dispone que cier-tos errores no serán fundamento para una revocación, o concede un nuevo juicio a instancia de un acusado que ha sido convicto, o dis-tintos derechos de apelación contra sentencias de diferentes cortes y en diferentes clases de casos, o que altera el personal de una corte de apelaciones después de establecida una apelación; ni tam-poco la omisión de la ley de disponer una forma para obligar a los testigos del acusado que se encuentran fuera del estado a com-parecer o de proveer un método para tomar y utilizar las deposi-ciones de tales testigos, constituye una negativa por parte del estado de la igual protección de las leyes. Así también, la legislatura puede prescribir que la prueba de un hecho sea prueba prima facie de otro hecho en tanto en cuanto exista alguna relación razo-nable entre el hecho probado y el hecho presumido. Un jurado de-signado para un acusado y recusado perentoriamente puede de-nuevo ser designado para el mismo acusado en un juicio subsi-guiente bajo la misma acusación sin privar al acusado de la igual protección de las leyes. Pero cualquier actuación de los funcio-narios encargados de la selección de un jurado que constituya una distinción adversa a personas pertenecientes al mismo partido po-lítico que el acusado constituye una infracción de la garantía de la igual protección.” 12 C. J. 1186-87.

Como puede verse, no se encuentra ningún caso igual al nuestro.

Hemos consultado a Cooley’s Constitutional Limitations y nada hemos encontrado que directamente resuelva el pro-blema concreto suscitado.

También a Black’s Constitutional Law. Dedica varias páginas a examinar la garantía constitucional sobre la igual protección de las leyes y cita gran número de casos. Co-mienza diciendo que “la cláusula no intenta conferir nuevos derechos, sino que simplemente prohíbe cierta clase de ac-ción o legislación por parte de los estados. Significa que a ninguna persona o clase de personas se les negará la misma protección de las leyes que se goza por otras personas o clase de personas similarmente situadas, siendo su objeto el prevenir distinciones arbitrarias e individuales y legislación de clases no fundada en una base legal y razonable dé dis-tinción.” T luego añade: “la enmienda catorce no requiere que todas las personas tengan el derecho de una audiencia o juicio ante el mismo tribunal y estén investidas del mismo derecho de apelar; y una ley que actúe por igual sobre to-das las personas bajo las mismas circunstancias, en esos res-pectos, satisface los requerimientos de la constitución.”

El texto enuncia principios que pueden guiarnos en la solución del problema, pero los hechos de los casos citados para sostenerlos presentan en verdad situaciones distintas.

Hasta donde nos ha sido dable estudiar la jurispruden-cia, no hemos encontrado un caso igual al nuestro. Debe-mos, en tal virtud, penetrar por nosotros mismos en el pro-blema y resolverlo de acuerdo con la letra y el espíritu de la garantía constitucional y con los principios generales es-tablecidos en relación con ella.

Volvamos a la cita del propio apelante, esto es, a 12 Corpus Juris, 1186, y caso de State v. Holland, supra. No hay duda alguna de que la Ley No. 98 de 1925 seríanula si pres-cribiera un modo de enjuiciar diferente, tratándose de per-sonas en igual situación.

Dicha ley establece en efecto un modo de enjuiciar diferente para los delitos cometidos por los funcionarios pú-blicos en el ejercicio de sus funciones y para los perpetra-dos por los ciudadanos privados, pero ¿se encuentran dichas personas en igual situación?

No, a nuestro juicio. Si se Rubiera prescrito por la Le-gislatura un método distinto para enjuiciar a los funciona-rios públicos cuando cometieran cualquier delito común, es-taríamos conformes en que se habría otorgado a los funcio-narios un privilegio ilegal, pero la distinción que se establece es más bien entre delitos que entre personas, y siendo ello así no constituye una legislación de clases, no está en pugna con el Acta Orgánica y la Constitución y es por tanto per-misible.

No debe perderse de vista que para llegar a la anterior conclusión se ha partido de la base de que el derecho a un gran jurado no es fundamental y puede ser concedido o ne-gado, en forma general desde luego, por la Legislatura en el ejercicio de sus poderes regulares.

Además, la Legislatura en la ley de que se trata lo que hizo en verdad fué suprimir la actuación del gran jurado con ciertas excepciones, y si las excepciones son declaradas nulas por anticonstitucionales, el resultado sería que la ins-titución del gran jurado dejaría de actuar para todos y en tal virtud ningún derecho tendría el acusado.

L¡$, segunda cuestión que se levanta se refiere a la práctica de la evidencia. Ocurrió así:

El Fiscal terminó su prueba. Comenzó la suya la de-fensa presentando al testigo Manuel Barrios, quien dijo:

“Que se llama Manuel Barrios; que ejerce el cargo de policía insular; que allá para los días que sucedieron estos lieclios se en-contraba en Guayama; y que para entonces en unión del Jefe Qui-ñones arrestó a Pascual Ramos; que lo arrestó en los terrenos de la Central Lafayette cerca del pueblo de Arroyo; que tenía una herida en el cuello en el lado derecho; que habló con el acusado cuando venían para Guayama; que Pascual Ramos les manifestó en el curso. En ese instante el Fiscal hace la siguiente opo-sición.
“IIon. Fiscal: — Yo me voy a oponer ahora. Esa prueba la puede traer el Fiscal, pero no la defensa; yo no podría traer al acusado para ponerlo a declarar; la defensa puede traerlo como testigo. Esta es una prueba de referencia.
“Ledo. Anglade: — Nosotros al traer al policía a declarar sobre estos extremos, es porque son becbos coetáneos con el suceso: son becbos que caen dentro del res gestae.
“Hon. Juez: — La Corte declara con lugar la “oposición.
“•Ledo. Anglade:' — Nosotros respetuosamente tomamos excepción de la resolución de la Corte.
“Sigue contestando el testigo: — Que Pascual Ramos traía una he-rida al lado derecho del cuello; que esa herida no sangraba en el momento del arresto.; que esa herida era de aquel mismo día como de bacía una o dos horas; que él no lo puede apreciar con certeza; que el acusado traía sangre en la camiseta; que en la camiseta tenía unas gotas de- sangre; que vestía gabán, pantalón y cami-seta; que lo arrestó como a las dos de la tarde más o menos.
“Preguntado por el Jurado: — Que cuando arrestó al acusado éste t<mía un machete y que el machete tenía huellas de sangre.
“Repreguntado por la Defensa continúa declarando: Que no puede decirle si Pascual Ramos llevaba camisa antes de aquel mo-mento en que el Jefe Quiñones y el testigo lo arrestaron; que tenía gabán, pantalón y camiseta; que- en ese momento no tenía camisa.’'

Como puede verse, el acusado se creyó cou derecho a presentar la declaración del guardia Barrios por conside-rarla como parte de la res gestae. Es evidente que no lo era. Las manifestaciones que el acusado hizo al Jefe Qui-ñones y al guardia Barrios lo fueron horas después del su-ceso, cuando había tenido tiempo de reflexionar sobre el mismo, y en sitio y ocasión distintos. La corte no cometió, pues, el error que se le atribuye.

El acusado pudo quizá haber insistido en presentar sus manifestaciones por medio de la declaración de Barrios ale-gando que lo hacía para contradecir la declaración de Qui-ñones, pero no sometió la cuestión de tal modo, ni consta en forma alguna que lá declaración de Barrios hubiera contra-dicho en verdad la de Quiñones.

De todos modos no puede estimarse que la negativa hu-biera sido perjudicial al acusado. Este declaró en la forma que veremos en seguida. La declaración de Quiñones será transcrita después de la del acusado. Conocemos lo que llegó a decir el guardia Barrios. Si lo comparamos todo tendre-mos que concluir que el hecho de la herida que tenía el acu-sado fué corroborado tanto por Quiñones como por Barrios y que las manifestaciones del acusado con respecto a cómo recibió su herida y a que hubo lucha y actuó en legítima de-fensa y a que eso fué lo que dijo al ser arrestado, están en un todo corroboradas por Quiñones, y no vamos a suponer que Barrios pudiera haber dicho más de lo que dijo el pro-pio acusado. Siendo ello así, su declaración hubiera resul-tado simplemente acumulativa.

El acusado declaró:

“Que se llama Pascual Ramos; que es vecino de G-uayama; que conoce a Carlos Rossó; que allá para el 23 de diciembre del año pasado le ocurrió algo al acusado con Carlos Rossó; que por la tarde del día anterior tuvieron una discusión el acusado y el inter-fecto; que esa discusión fué por mor del trabajo; que el acusado había trabajado dos noches antes y la noche esa lo indispuso con el principal y le dijo que él era el que iba a trabajar por la noche y que si no era él que sería Andrés Delgado; que esa misma tarde le dijo Carlos Rossó al acusado que lo tenía que sacar de allí al acusado con los pies para alante y el interfecto le dijo al testigo que se largara de allí; que el testigo estaba desahuciado de allí; que el testigo siguió trabajando y trabajó el domingo en la noche y el lunes en la noche y el martes fué que lo sacaron de la colo-cación; que fué el martes por la noche; que el día 23 de diciem-bre por la mañana el acusado iba a buscar trabajo donde el capa-taz del Riego Enrique Ortiz; que se encontró con Manuel Vázquez; que en la colonia Sabater vió al amanecer a Carlos Rossó; que luego como a las diez de la mañana cuando sucedieron los hechos Carlos Rossó estaba en la colonia Sabater; que lo que sucedió allí en el caso del testigo y de Carlos Rossó fué que el testigo llegó como a las diez de la mañana donde estaban ellos trabajando y que el testigo fué a coger un pedacito de tabla y el interfecto le dijo “¿qué es lo que Ud. (al acusado) busca aquí?” — “Ya te pue-des ir que tú estás desahuciado de aquí.”- — Que el testigo le con-testó que él iba donde el principal a buscar trabajo; que entonces el interfecto le volvió a decir que se podía ir de allí, que estaba desahuciado de allí; que lo empuñó por el brazo; que el interfecto tenía un machete en la mano y cuando él llegó a coger el pedacito de tabla le dijo al testigo “ya te puede haber ido de aquí que estás desahuciado,” y lo agarró así: que entre el interfecto y el .acusado hubo lucha; que el interfecto le tiró al testigo con el machete y alcanzó con la punta aquí (señalando al cuello) y ya ■como el testigo se encontraba herido le tiró con el machete de pla-nazo, pero sin intención de cortarlo y el machete se viró y lo cortó; que el testigo fué allí a buscar los pedacitos de madera para cocinar.
“Repreguntado por el Ledo. Porrata: — Que el acusado tiró con su perrillo después de estar herido; que el interfecto se abalanzó sobre el acusado quien le extrañó el cuerpo y cuando se sintió el acusado herido fué que le tiró a dar así pero que el testigo le tiró de planazo y se viró el machete; que la lucha fué rápida; que Cándido Ortiz estaba dentro del almacén sacando la madera cuando sucedía esto; que cuando la lucha Cándido Ortiz estaba dentro del almacén; que Rosendo Moreno estaba recostado en un carro mi-rando para adentro del almacén a donde estaba Cándido Ortiz y al rato fué que miró saliendo entonces Cándido Ortiz para afuera.
“Repreguntado por el Hon. Fiscal: — Que tuvo unas palabras un día antes con Carlos Rossó; que no fueron tres días antes; que trabajó dos días por la tarde; que el interfecto lo mandó a buscar por motivo de haberlo desahuciado del trabajo; que quien lo desa-hució del trabajo fué el mayordomo Juan Sabater, pero fué porque lo indispuso el interfecto; que él está seguro que fué el interfecto ■quien lo indispuso porque era el único que- le tenía tirria; que al -otro día no tuvieron una discusión; que al día siguiente de la dis--eusión fué que sucedió el caso; que el interfecto le tiró con el machete así; que el acusado entonces le empuñó la mano con la mano izquierda y le tiró con la mano derecha; que cuando le dió a Rossó cayó el machete al suelo al pié de él; que Rossó cayó al lado de la carreta; como a tres cuartas de retirado de la carreta.
“Repreguntado por el Jurado: — Que la herida del acusado fué ■en el lado derecho; que Carlos Rossó le tiró con la mano derecha en esta forma porque el testigo estaba en estas condiciones; el in-terfecto estaba en este lado, seguida me tiró y me cogió con la punta del machete; que el interfecto estaba al lado del testigo.— La defensa cierra su caso.”

Y el Jefe Quiñones:

“Que se llama Fernando Quiñones; que es Jefe de Distrito de la Policía Insular; que el día 23 de diciembre del año pasado pres-taba su servicio en Guayama; que ese día tuvo conocimiento de ha-berse cometido un crimen en esta jurisdicción; que se constituyó en la colonia Sabater de Guayama porque allí babía ocurrido un crimen; que vió el cadáver de un hombre trigueño que tenía una herida en el cuello; que allí había un carro de bueyes y el hombre tenía las piernas enganchadas en la lanza del carro y la cabeza en la tierra y debajo de las piernas y la lanza estaba un machete; que el machete que se le presenta era el que estaba entre la lanza y las piernas del muerto; que después como a las dos de la tarde fué arrestado el acusado en la jurisdicción de Arroyo, en la colonia Cora de Arroyo, llegando cerca de casa de una hermana de él; que el crimen fué cometido entre diez y once de la mañana y como a lRS dos de la tarde se practicó el arresto; que al arrestar al acu-sado le ocuparon un machete que tenía en las manos; que el ma-íhete que se le ocupó es el que se le presenta; que le manifestó que había herido a Carlos Rossó con ese machete. Que le hizo otras-manifestaciones; que esas otras manifestaciones fueron obtenidas vo-luntariamente; que él venía hablando; que estaba contando eso sin que él se lo preguntara; que él no lo amenazó para que hiciera esas manifestaciones; que el acusado le dijo que estaba de guardia en la colonia Sabater, custodiando unos almacenes y que lo habían des-pedido del trabajo por indisposiciones del muerto; que él había tenido un disgusto con el muerto y que el muerto le.había tirado un machetazo y lo había herido en el cuello.
“Repreguntado por la defensa: — Que el acusado le confesó que entre el muerto y el acusado habían tenido un disgusto; que no ex-plicó cómo fué el disgusto, pero que el acusado le dijo que habían tenido un disgusto y 'que el muerto le tiró y le cortó el cuello (se-ñalando la parte derecha del cuello) y que él entonces le había ti-rado; que el acusado tenía una herida en la parte derecha del cuello; que el testigo llevó al acusado al hospital después de ha-berlo llevado al cuartel; que el acusado le confesó efectivamente que entre ellos había habido un disgusto y que el muerto le había tirado. ”

3. Ya que nos hemos referido a la prueba de la defensa y prácticamente la hemos transcrito toda, para formar un acabado concepto del caso y para estudiar con más seguri-dad los otros errores señalados, nos parece conveniente re-ferirnos a la prueba de cargo.

Se trata de un-caso grave, como que se impuso la pena de muerte al acusado, pero no complicado en materia de evidencia.

El primer testigo que declaró por parte del Pueblo fué el Doctor Bonelli, médico-cirujano que practicó la autopsia de Rossó. Dijo que Rossó “era un hombre como de setenta años de edad aproximadamente, mulato, de estatura muscular medianamente desarrollada .... que presentaba como única lesión exterior una herida producida con arma blanca al nivel de la región cervical media y en dirección de atrás hacia adelante, extendiéndose desde la masa muscular posterior cervical izquierda hasta el ángulo del ramo ascendente de la mandíbula derecha; que la cabeza del interfecto que-daba adherida al cuerpo solamente por la masa muscular del cuello; que esta herida .... dividió transversalmente la columna vertebral y la médula al nivel de la tercera vér-tebra cervical; .... que la causa directa de la muerte fué a consecuencia de la división de la médula y los grandes vasos sanguíneos; que esa herida fué producida probable-mente por un machete; que la muerte se produjo instan-táneamente; .... que la posición probable en que se en-contraba la víctima cuando recibió la herida era de espalda porque si le da de frente, le hubiera herido al frente de-recho ; que cree que la herida fué dada de espalda por la dirección de la herida y sobre todo por el alcance que tuvo.”

Declaró también el doctor Bonelli que examinó al acu-sado en el momento en que la policía lo condujo al hospital, que “tenía una herida superficial en la piel del cuello como de dos pulgadas de longitud, .... que esa herida fue producida con un instrumento corto porque un machete, dado el plano que tiene, le hubiera producido una herida más larga, .... que la herida solamente hubiera podido ser con un machete en estas condiciones (cogiendo el machete por sus extremos y con ambas manos) que al hacer así hubiera podido producirse un rasguño con el filo de la punta del machete, que la herida no pudo producirse en una lucha, y que el testigo se inclina a creer que fué con un instrumento corto.”

Las anteriores 'contestaciones lo fueron a preguntas del Fiscal sin objeción alguna por parte de la Defensa. Esta sin embargo repreguntó ampliamente al testigo. El resul-tado obtenido no hizo variar el del interrogatorio directo.

Después del Doctor declararon Cándido Ortiz y Rosendo Moreno, testigos presenciales. Todo lo que dijeron, fué así:

"Cándido Ortiz, declara bajo juramento examinado por el Hon. Fiscal: — Que se llama Cándido Ortiz; que vive en Guayama en la calle de la Palma; que el 23 de diciembre del año pasado trabajaba en Sabater, en una colonia de caña de Guayama; que trabajaba de carpintero componiendo los carros de cargar caña; que había ayu-dándolo un trabajador que se llamaba Carlos Rossó; que el machete que le presentan es el de Carlos Rossó; que Carlos Rossó lo usaba para limpiar las estacas; que después de limpiar las estacas Carlos Rossó ponía el machete en el suelo; que vió por allí ese día a Pascual Ramos paseándose con un machete en la mano derecha; que Ramos no habló con él ni con Carlos Rossó; que allí mataron a Carlos Rossó; que lo mató Pascual Ramos; que el testigo le dijo a Carlos "qué vamos a hacer ahora”, y Carlos Rossó le dijo "va-mos a quitar la lanza del carro para ponerle una nueva”, y le dijo "bueno, pues levanta un poquito la lanza para sacar el tornillo”; que Rossó se bajó para levantar la lanza, y en eso brincó el acusado y le partió el pescuezo; que no hubo palabras ni lucha entre ellos; que el testigo estaba al lado de Carlos Rossó; que Carlos Rossó cayó al suelo al lado de la pieza que estaba cogiendo con el pescuezo en la tierra y las dos manos debajo sin decir nada; que el acusado se fué en seguida y que el testigo no lo vió herido.
"Repreguntado por el Ledo. Porrata: — Que Carlos Rossó hacía guardia de día de seis a seis; que no sabe los días que trabajaba en la semana; que quería el machete para hacer guardia; que hacía como veinte años que conocía a Carlos Rossó; que no conocía a Pascual Ramos; que- había visto a Pascual Ramos; que Pascual Ramos hacía guardia de noche y Carlos Rossó era guardia de día; que eso ocurrió de diez a once de la mañana; que antes de dar la herida Pascual Ramos se paseó como cuarenta minutos más o menos que se paseaba de derecha a izquierda; que ni Carlos Rossó ni él le dirigieron la palabra; que ellos no se inquietaron; que llevaba un machete en la mano derecha; que no hizo ningún ademán du-rante esos cuarenta minutos; que al testigo no le inquietó ver a Pascual Ramos paseándose cuarenta minutos sin decir una palabra; que no es cierto que el testigo estuviera en el almacén cuando ocu-rrió la muerte; que Pascual Ramos, el testigo y Carlos Rossó esta-ban cerquita; que estaban los'tres juntos; que el testigo no sabe si entre Pascual Ramos y Carlos Rossó había habido garatas por causa del trabajo; que él no sabe si el día anterior hubo una pe-lea entre Carlos Rossó y Pascual; que no se entera de lo que ocu-rre en la colonia porque el testigo vive en el pueblo; que estaban los tres solos; que allí no hubo lucha entre Pascual y Rossó.
“Rosendo Moreno: — Declara bajo juramento examinado por el Hon. Fiscal: — Que se llama Rosendo Moreno; que vive en la Reu-nión; que el día 23 de diciembre del año pasado estaba en Saba-ter, en la colonia esa de las Mercedes en Guayama; que vió a Cán-dido Ortiz, que también vió a Carlos Rossó; que Cándido Ortiz es-taba poniéndole un tarugo a la botavara de un carro y Carlos Rossó le ayudaba; que vió por allí al acusado; que tenía un perrillo en las manos; que cuando Carlos Rossó iba a levantar la botavara del carro llegó Pascual Ramos y le dió un tajo; que se lo dió con ese perrillo; que le dió así (bajándose); que después de darle el tajo el acusado siguió andando; que el muerto nada dijo al caer; que antes del machetazo el testigo vió al carpintero, al muerto y a Pas-cual; que cuando él estaba allí presente no hubo provocación al-guna; que tampoco hubo lucha; que eso ocurrió en el barrio Las Mareas en la colonia Mercedes de Guayama.
“Repreguntado por la defensa (Ledo. Porrata): — Que el testigo estaba en la Mercedes; que estaba en la parte de arriba de un ca-rro; que estaba sentado; que como no estaba trabajando ese día y el' testigo tenía una hermana en Sabater fué a verla; que el testigo vive en la Reunión; que su hermana no estaba sentada cerca del carro; que estuvo sentado en el carro como quince minutos; que después de estar él allí fué que llegó Pascual Ramos; que llegó como cinco o seis minutos después; que Pascual estuvo menos tiempo que él allí, que Pascual no había dicho nada, nada más hasta que lo mató; que Pascual venía de las casitas; que Pascual antes de darle el machetazo se paró como seis minutos; que estuvo parado y no se movió hasta dar el machetazo; que Gandido Ortiz era el carpintero allí; que Cándido estaba poniéndole una botavara al carro; que el muerto estaba allí ayudándole al carpintero, aguzando unas estacas; que conoce al acusado como ocho o diez años;- que mientras estuvo ese día allí no hubo garata entre ellos; que el acu-sado y el muerto eran ambos celadores, uno de día y otro de noche; que el acusado estaba despedido de allí; que antes de despedirlo trabajaba de noche.
“Repreguntado por el Jurado: — Que allí estaban el muerto, Can-dido Ortiz, Pascual Ramos y el testigo, ellos cuatro solamente; que el testigo estaba a una distancia más o menos que la que ocupa el espacio de un carro de caña; que los carros estaban uno al lado del otro.” '

Sólo tres testigos más declararon, a saber: Alfaro Sal-daña, Fernando Quiñones y Andrea González.

Conocemos la declaración de Quiñones. Saldaña dijo que oyó gritar el día del suceso que habían matado a Eossó y decir que el matador era Ramos. La Defensa se opuso. El Fiscal explicó y no se tomó excepción. Manifestó también Saldaña que vió pasar al acusado y le dijo: “mira, párate, qué tú ñas hecho”, que “no le contestó nada; que Pascual siguió; que iba andando; que su ropa iba bien; que no lo vió herido.”

Andrea González fue la última testigo del fiscal. Trans-cribiremos íntegra su declaración con los incidentes ocurri-dos con motivo de la misma.

“Que se llama Andrea González; que el día 23 de diciembre del año pasado estaba en su casa; que su casa queda en la colonia Sa-bater del pueblo de Juana Díaz (es Guayama); que vive en la co-lonia Sabater; que conoce a Pascual Ramos; que lo vió esa ma-ñana pasar por su casa; que venía un poco ligero y traía un machete en la mano; que se fijó en la ropa del acusado; que venía limpio.
“Ledo. Porrata: — Vamos a oponernos a todas estas preguntas porque no forman parte del res gestae.
“Hon. Juez: — La testigo ha declarado que vió a Pascual Ramos el día 23 de diciembre del año pasado, por la mañana. Puede con-testar.
“Que Pascual Ramos pasó frente al hogar de su casa entre diez y once de la mañana; que iba muy ligero — que llevaba un machete en la mano; que no le vió herida alguna; que al momento que él pasaba oyó los gritos.
“¿Qué oyó Ud. decir? — Que Pascual Ramos había matado a Apán (Carlos Rossó). — En este momento la defensa interviene:
“Ledo. Porrata: — Nos oponemos a que declare lo que oyó decir a no ser que sea un dying declaration.
“Hon. Juez:- — La testigo no declara que el acusado hubiera ma-tado al otro, sino que oyó decir que mataron a otro.
“Continúa la testigo contestando a preguntas del Fiscal: — Que oyó decir eso.
“Repreguntada por el Ledo. Porrata: — Que ella estaba en el ho-gar de su casa; que no estaba en el batey; que estaba mirando por una ventana; que estaba distrayendo la vista; que acostumbra dis-traer la vista a cualquier hora del día; que conoce a Pascual Ramos ; que han tenido palabras; que de anteriormente no le conocía; que las palabras que ha tenido con Pascual Ramos son igual que tener una entrevista con cualquier clase de persona y hablar dos o tres palabras; que estaba en una ventana en la última casita de arriba; que no conoce a Alfaro Saldaña; que la primera vez que lo ve es hoy y el primer día que fué a trabajar en la hacienda; que en el hogar de su casa le pertenece estar al esposo de la testigo; que no vió por allí a Alfaro Saldaña; que el acusado cogió el calle-jón arriba frente del hogar de la casa de la testigo; que venía ha-cia Guayama; que la casa de la testigo queda a la derecha; que no conversó con Pascual Ramos quien venía tranqueando; que si Pascual hubiera tenido una herida en el otro lado lo hubiera no-tado; que no la llevaba porque ella se fijó en la ropa; que ella se fijó en él porque pasó como nunca pasaba; pero no se fijó si iba herido porque lo único que traía en la mano era un machete; que la testigo no es parienta de la mujer de Carlos Rossó; que son amigas íntimas; que no viven juntas; que viven como a media cuerda de retirado.” ' ,

Tal fué la prueba practicada a la que volveremos a refe-rirnos cuando sea oportuno.

4. Antes de dictarse la sentencia, por medio de una moción “in arrest of judgment”, el acusado suscitó la cuestión de que la pena de muerte no existía en Puerto Rico. La corte declaró la moción sin lugar y su resolución se señala como errónea. Después de las decisiones de esta corte en el caso de El Pueblo v. Arrocho, 34 D.P.R. 847 y de la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito en la apelación establecida en el dicho caso de Arrocho, y de la desestimación por la Corte Suprema de los Estados Uni-dos de la petición de certiorari contra la expresada senten-cia de la Corte de Circuito, sólo cabe decir que es una cues-tión resuelta que existe en Puerto Rico la pena capital.

5. Como otro error se señala la desestimación por parte de la corte de otra moción presentada por el acusado alegando que “en la insaculación del jurado que actuó en el caso bubo una completa irregularidad .... por cuanto sin que se hubiera agotado el panel ordinario y sin que hubiera una orden expresa de la corte ordenando que el primero y segundo panel extraordinario fuere puesto en la urna se depositó en ella por el secretario el panel regular ordinario y el primer y segundo panel extraordinario, y éste procedió a extraer de la urna los jurados que juzgaron al acusado.”

La contención carece de mérito. La moción se presentó varios días después de haberse celebrado el juicio. De la exposición del caso resulta que los caballeros del jurado que intervinieron en la causa fueron aceptados expresamente por las partes. Aunque no existieran esas circunstancias, no se habría cometido el error señalado. Un caso semejante fué resuelto por esta Corte en contra de lo que sostiene el ape-lante. Nos referimos al de El Pueblo v. Juliá, 25 D.P.R. 258, en el que esta corte, por medio del Juez Asociado, Sr. Wolf, dijo:

“El becbo de que el juez ordene que se sortee- un nuevo panel de veinte j cuatro jurados y los combine con otros jurados regula-res sorteados primeramente por resultar que varios de éstos fueron recusados por haber tomado parte en una causa semejante, de ma-nera que había más de treinta jurados constituidos, no es una in-fracción del artículo 199 del Código de Enjuiciamiento Criminal que limita el número de jurados a veinte y cuatro, pues de acuerdo con el artículo 202 del mismo código el juez tiene amplia discreción sobre el particular. La- jurisprudencia demuestra que un mayor número de jurados no perjudica al acusado, que los estatutos seme-jantes son meramente directorios, y que no se revocará la sentencia, a no ser que- haya abuso o perjuicio.” 25 D.P.R. 258.

6. Por este señalamiento se suscitó la misma cuestión relativa a la pena de muerte. Se presentó una “moción para vacar la sentencia” basándose en qne dicta pena no exis-tía y fné declarada propiamente sin lngar.

7. Sostiene el apelante qne la Corte erró al no conce-derle nn nnevo juicio.

Hemos examinado cnidadosámente la solicitud. Contiene varios fundamentos. Algunos tan sido ya estudiados en esta opinión. Limitaremos nuestro examen a aquellos que no tan. sido objeto de estudio.

a. Se alega que aunque no se tomó objeción a la declaración del doctor Bonelli, dicta declaración era inadmisible y no debió ser permitida por la corte, citándose varias autoridades que sostienen que la opinión de médicos con respecto a la posición relativa de las partes en los momentos de verificarse el ataque, o la terida, o los disparos, no es admisible.

La objeción y la excepción eran necesarias. Además, si bien no puede negarse que el doctor Bonelli declaró en el sentido indicado, los únicos dos testigos presenciales del su-ceso colocan a las partes en la misma posición. No tubo perjuicio. Para un estudio más amplio de esta materia, véase el caso de El Pueblo v. Collazo, 33 D.P.R. 49.

b. Se queja también el apelante de que se permitiera declarar a la testigo Andrea González en la forma en que lo tizo.

A nuestro juicio su declaración era permisible, pero aun-que así no fuere no se tomó la debida excepción ni puede considerarse como perjudicial.

c. Se alegó que se tabía descubierto nueva prueba y se presentaron en efecto varios affidavits de personas que estaban dispuestas a declarar. Los temos examinado. Manifiestan todos que Bamos y Bossó eran celadores de la factoría Molinaris, el primero de nocte y el segundo de día; que existían disgustos entre ellos; que vieron cuando una madrugada Bamos entró a un velorio dejando su linterna fuera y Bossó se la llevó; que Bossó encomendó a Andrés Delgado que llamara a Bamos y cuando ambos fueron Bossó dijo a Ramos que entregara la guardia a Delgado, que José Colón sostuvo delante de Rossó que Rossó le había hurtado la linterna a Ramos.

Ninguna de la prueba presentada como nuevamente des-cubierta se refiere a cómo ocurrió el hecho, sino a los mo-tivos. El acusado admite que mató a Rossó. Más que favorable adversa hubiera sido esa nueva prueba pues tiende a demostrar que el resentido era Ramos y no Rossó, ya que Ramos fué el despedido de su trabajo según él a virtud de haberlo Rossó indispuesto con su principal.

d. Se alegó que el veredicto era contrario a la prueba. Si el jurado creyó, como es evidente que creyó, las declaraciones de los dos únicos testigos presenciales que ya conocemos, no puede imaginarse una evidencia más clara y congruente con el cargo imputado.

Ramos se encontraba cerca de Rossó armado de un pe-rrillo, Rossó trabajaba y cuando se inclinó quedando de espaldas a Ramos, éste saltó y le dió tan tremendo mache-tazo que le dividió transversalmente la columna vertebral quedando su cabeza adherida al cuerpo solamente por la masa muscular y muriendo a consecuencia de la herida al instante.

Sólo están contradichas las declaraciones de los dos tes-tigos presenciales por la del acusado y por la herida que éste mostraba en el cuello al ser arrestado.

El jurado resolvió el conflicto y nada existe que pueda llevarnos a concluir que no actuara de acuerdo con la ley y la justicia. Al contrario un análisis concienzudo de la propia declaración del acusado, nos lleva a la conclusión de que actuó derechamente. El mismo acusado pudo infe-rirse la herida superficial que mostraba como base para su defensa. Las declaraciones de Alfaro Saldaña y Andrea González corroboran las de los testigos presenciales en el extremo de que Ramos no fué herido por Rossó.

La moción de nuevo juicio fué propiamente declarada sin lugar.

7. Procederemos ahora a considerar el último de los errores señalados. El relativo a las instrucciones de la corte al jurado.

Se sostiene que dichas instrucciones fueron erróneas y contradictorias en cuanto trataron de definir el asesinato en primer grado y el asesinato en segundo grado y necesa-riamente produjeron confusión, en la mente del jurado.

También se sostiene que es totalmente errónea la ins-trucción que sigue:

“El acusado puede o no declarar, según precepto expreso de la Ley, y el hecho de que no declare, en este caso el acusado ha decla-rado, no implica nada en su contra; ni perjudica ni favorece al acusado. ’ ’

Al terminar sus instrucciones el juez se dirigió a los abogados del acusado y al Fiscal y les preguntó si tenían algunas más que someter y contestaron que no. Ninguna objeción fué tomada. Leídas en general las instrucciones, producen la impresión de que fueron todo lo amplias y justas que la ley requiere. Comienzan refiriéndose a la •acusación. Luego lo hacen a la prueba que se extracta de modo imparcial incluyendo la declaración del acusado. Se establece con toda claridad cuál era la defensa alegada por el acusado y se entra entonces en la definición del asesinato ■en sus dos grados, del homicidio, de la defensa propia, de la duda razonable, etc., etc., y terminan así:

“Si por el resultado de la prueba practicada, vosotros habéis llegado a la conclusión de que el acusado Pascual Ramos dió muerte de una manera ilegal y voluntaria, con malicia premeditada y con deliberación a Carlos Rossó ese día que se’refiere en la acusación, o sea el 23 de diciembre de 1925, entonces es vuestro deber declarar a este acusado culpable de un delito de asesinato en Primer Grado.
“Si asimismo y por el resultado de esa misma prueba vosotros creéis que este acusado Pascual Ramos dió muerte a Carlos Rossó de una manera ilegal y voluntaria, con malicia premeditada o tá-cita, pero que no existe la deliberación, entonces es vuestro deber declarar a este acusado culpable de un delito de Asesinato en Segundo Grado.
“Si vosotros por el resultado de esa misma prueba creéis que este acusado Pascual Ramos no cometió los hechos que el Fiscal le imputa en la acusación, entonces es vuestro deber absolver a este acusado.
“También es vuestro deber absolver a este acusado si vosotros por el resultado de la prueba practicada tenéis duda en cuanto a su culpabilidad, la duda razonable de que ya les he hablado, en-tonces debéis dar el beneficio de esa duda a su favor y declararlo no culpable.
“Asimismo señores del Jurado, si vosotros creéis por el resul-tado de la prueba que este acusado Pascual Ramos, al dar muerte a Carlos Rossó lo hizo en legítima defensa propia, bien porque él creyese que su vida estaba en inmediato e inminente peligro de muerte, o bien porque creyese que estaba expuesto a sufrir grave daño corporal, entonces también es vuestro deber declarar a este acusado no culpable.”

Es cierto que se observan algunas faltas y contradiccio-nes en las manifestaciones del juez relativas al asesinato en primero y segundo grado y a la malicia expresa y a la tácita,-pero creemos firmemente que no produjeron impre-sión en el jurado y que la parte final, que es correcta, curó cualquier defecto técnico que pudiera anteriormente haberse cometido.

Lo que más nos lia becbo dudar es la instrucción rela-tiva a la declaración del acusado. Parece que el juez tenía preparadas de antemano las instrucciones que son comunes generalmente a todos los casos y leyó la relativa al derecho del acusado a declarar o no. Se acordó después de empe-zar que el acusado había declarado y en vez de eliminar por innecesaria la instrucción, siguió leyendo, limitándose a intercalar el hecho de la declaración del acusado.

¿Qué influencia pudo tener esa actitud del juez en el ve-redicto del jurado?

Se quiere sostener que las últimas palabras de la ins-trucción “ni perjudica ni favorece al acusado” se refieren a la declaración por él prestada.

Es imposible admitir tal interpretación, pero la verdad es qne ya qne el juez comenzó a leer y leyó una instrucción innecesaria, debió completarla diciendo que cuando el acu-sado declara, el jurado debe apreciar su declaración lo mismo que la de cualquier otro testigo, pudiendo desde luego el ju-rado al pesarla tomar en cuenta el interés que naturalmente pueda tener el acusado en su propia causa.

A no ser porque del tono general de las instrucciones se deduce que el juez se refirió a la declaración del acu-sado exactamente lo mismo que a las otras pruebas, consi-deraríamos este error como uno de verdadera importancia y trascendencia en la resolución del recurso.

Por virtud de todo lo expuesto, debe confirmarse la sen-tencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Eufemia Pérez Acosta, demandante y apelada, v. Guillermo Pérez Acosta, demandado y apelante.
    No. 4258.
    Visto: Mayo 16, 1927.

      Resuelto: Mayo 25, 1927.
    1. ApelacióN y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Causas de Deses-timación — Apelación no Perseguida con la Debida Diligencia.. — Cuando las partes radican una estipulación escrita conviniéndose en los heebos del caso, y aceptada por la corte, ésta actúa en virtud de la misma, no es nece-sario, en ausencia de demostración sobre la necesidad de incorporar algo más, ninguna otra incorporación de la evidencia, y por eso el apelante no nece-sitaba más tiempo.
    2. Apelación y Error — Desestimación, Retiro y Abandono — Causas de Deses-temación — Apelación no Perseguida con la Debida Diligencia. — Una ape-lación pendiente innecesariamente por más de noventa días, si no procede su desestimación por alguna otra razón que ésa, procedería de acuerdo con el artículo 59 del Reglamento.
    MociÓN sobre desestimación de apelación, entablada ésta contra sen-tencia de Domingo SepíClveda, J. (San Juan), en acción sobre cobro de pagaré.

      Desestimada la apelación.

      José Martínez Davila, abogado del apelante; Juan B. Soto, abo-gado de la apelada. . ■
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal. La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en contra del demandado. Este apeló con fecha 20 de diciem-bre de 1926. Se trata ahora de nna moción de desestima-ción basada esencialmente en el fundamento de que la trans-cripción de autos no fue elevada a esta corte dentro de los treinta días de haberse radicado el escrito de apelación. En realidad, cuando se radicó la moción ya habían trans-currido más de cuatro meses.

Para oponerse a la moción, el apelante presenta una certificación del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan al efecto de que dicha corte, con fecha 19 de abril de 1927, le concedió una prórroga de treinta días para radicar la transcripción de la evidencia.

La teoría de la moción de desestimación es que no era necesaria la transcripción de la evidencia, ya que las partes radicaron en la corte una estipulación escrita en virtud de la cual convenían en todos los hechos del caso. Basada en esta estipulación, y sin celebrar ninguna otra vísta, la corte dictó sentencia.

Si bien cuando las partes llegan a una estipulación con respecto a todos los hechos podrían imaginarse casos en que sería necesaria la transcripción de la evidencia, sin embargo, la regla debe ser que cuando las partes radican una estipulación escrita aceptada por la corte, y ésta actúa en virtud de la misma, no es necesaria ninguna otra incor-poración de la evidencia. Así lo resolveremos, no habiendo el apelante demostrado que era necesario incorporar algo más.

La estipulación en este caso contenía como veintitrés líneas de materia mecanografiada. De todos modos, para reproducirla no era necesario utilizar los servicios de los atareados taquígrafos de la corte de distrito. Pudo obte-nerse copia de la misma, la cual pudo haber sido certificada por el secretario o las partes, bien formara ya la estipula-ción parte del legajo de la sentencia o no. Bajo estas cir-cunstancias, la apelación ha estado pendiente innecesaria-mente por más de noventa días, y si no procediera la des-estimación por alguna otra razón, procedería de acuerdo con la sección 59 del Reglamento de este tribunal.

Aunque sentimos grandes simpatías por los atareados jueces de la Corte de Distrito de San Juan, una inspección revelaría evidentemente que éste es mi caso en que no de-bió haberse concedido prórroga alguna.

Bebe desestimarse la apelación.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    John P. Melhado, demandante y apelante, v. Las Sucesiones de Francisco Bermúdez y Rosa Rodríguez de Bermúdez, Compuesta de Francisco, José, Conrado, Ramón, José conocido por Ramón, Rafael, Pedro, Magdalena, Rosa y Monserrate Bermúdez y Rodríguez, demandados y apelados.
    No. 4065.
    Visto: Febrero 4, 1927.

      Resuelto: Mayo 26, 1927.
    Contratos — Acciones por Incumplimiento — Derecho de Acción — Contrato que no ha Existido. — Aquel que queriendo tomar en arrendamiento un inmueble perteneciente a varios condueños lo hace dirigiéndose no al apoderado de és-tos ni a cada uno de dichos condueños sino a uno solo que no está autori-zado para ello ni por el primero ni por los segundos, no tiene derecho a reclamar daños y perjuicios por la violación de un contrato que no existió.
    SentenCia de Charles E. Foote, J. (Mayagñez), desestimando de-manda de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, con costas.

      Confirmada.

      Paseasio Fajardo Martínez, abogado del apelante; José Sabater, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

John P. Melhado demandó a los componentes de la su-cesiones de Francisco Bermúdez y Rosa Rodríguez, que son ocho hermanos que se designan en la demanda, reclamán-doles una indemnización de $16,000 como daños y perjui-cios por violación de un contrato de arrendamiento de cierta finca urbana. Se alegó substancialmente en la demanda que allá en septiembre de 1924 el demandante convino oral-mente con los demandados que éstos reconstruirían una casa de su propiedad que estaba en ruinas con motivo de los últimos temblores que ocurrieron en Mayagüez'y que la reconstrucción se liaría de acuerdo con los planos que el demandante propondría para instalar un taller para la fa-bricación de ropas de niños, pañuelos, toallas, etc.; que se convino que tan pronto fuese reconstruida la casa, sería entregada al demandante en arrendamiento por el término de cuatro años a partir del día de la entrega, la que debía verificarse en enero 1, 1925, mediante pago de un canon de $90 mensuales, pagaderos el día último de cada mes; que la casa fué terminada y los demandados, en violación al con-venio, arrendaron a un tercero; que debido a tal violación del contrato el demandante se fia visto obligado a permane-cer con su negocio reducido, sin que haya podido agran-darlo y que con el trabajo que tenía contratado para el fu-turo y durante los cuatro años de arrendamiento de la casa, su negocio le produciría la suma de cuatro mil dólares cada año.

Los demandados negaron que ellos hubieran celebrado contrato alguno con el demandante, ni oral ni escrito, res-pecto a la reconstrucción de la casa y su arrendamiento. Alegan que fallecidos los padres de los demandados, todos los hermanos nombraron de apoderado por escritura pú-blica al hermano mayor Francisco Bermúdez y que dicho apoderado nunca realizó contrato alguno con el demandante. Alegan también que si bien uno de los herederos sin estar autorizado por el apoderado ni por sus demás hermanos prometió verbalmente arrendar la casa al demandante sin término fijo, y sin que mediara consideración alguna por dicha promesa, dicho demandante durante la reedificación re-nunció a la promesa y de ese modo quedó desligado de dicha promesa el demandado Pedro Bermúdez.

La corte inferior con vista de la prueba sentó como pro-bados los siguientes hechos:

“1. Pedro Bermúdez, un miembro de las sucesiones demandadas, hizo una promesa al demandante de arrendarle, cuando estuviere reconstruida, una casa sita 'en la calle de Hostos de esta ciudad, propiedad en pro indiviso de las sucesiones demandadas, por el canon de $90.00 pagadero por mensualidades vencidas.
“2. El demandante deseaba que la reconstrucción de la casa de referencia se hiciera en ciertas condiciones con el objeto de utilizar la casa para la manufactura de bordados; pero sobre estos particu-lares Pedro Bermúdez tuvo discusiones con el demandante, porque todo lo que pedía éste no deseaba hacerlo Pedro Bermúdez.
“3. Pedro Bermúdez es y era condueño de dicha casa por partes iguales con sus demás ocho hermanos y éstos nunca contrataron con el demandante ni dieron su conformidad a tal arrendamiento.
“4. La casa después de reconstruida no fué arrendada ni en-tregada al demandante; sino que el mayor de los hermanos deman-dados, Francisco Bermúdez, quien tiene poder de todos ellos por escritura pública y quien según costumbre, era el que realizaba y formulaba todos los negocios en relación con los bienes ,pro indi-viso de los demandados, la arrendó a un tercero.”

La prueba establece claramente que siendo ocho los her-manos Bermúdez, siete de ellos habían otorgado poder al hermano mayor Francisco, quien era el que se entendía en todo lo que se refería a la administración de los bienes de la sucesión Bermúdez y cuyos bienes estaban indivisos. No hay nada que demuestre directa ni indirectamente que el demandante se entendiera con Francisco Bermúdez, apode-rado de todos sus hermanos, para el arrendamiento a que se refiere la demanda. De labios del demandante, quien de-claró en su defensa, no sale una vez siquiera el nombre de Francisco, ni que en ningún momento se entendiera con él en las negociaciones del arrendamiento de la casa. Cierta-mente que él residía en Añasco y que por indicaciones de sus hermanos residentes en Mayagüez se realizaban ciertos negocios en relación con los bienes de la sucesión, pero esas indicaciones por sí solo no establecían convenio alguno, tra-tándose de muchos, igualmente interesados en los bienes, y la idea del otorgamiento del poder de todos a uno era una demostración de darle uniformidad a cualquier negociación y que su aceptación final correspondía al apoderado por re-presentar éste la voluntad de todos.

A pesar de que trató de demostrar el demandante que el arrendamiento era de importancia para los fines de su ne-gocio o industria, él no parece que hizo esfuerzo alguno de-conocer la condición legal del inmueble, el que pertenecía a ocho condueños, cada uno con partes iguales. El no podía arrendar la totalidad del inmueble sin contar con el con-sentimiento de cada condueño, y si no consiguió o se diri-gió a la voluntad directora con poder de ultimar cualquier convenio, el demandante no puede quejarse. El pudo tam-bién dirigirse a cada condueño, pero no lo hizo. El se con-formó con tratar con uno de los herederos, Pedro Bermu-dez, quien no aparece que estuviera autorizado por su her-mano Francisco ni por sus demás hermanos para celebrar convenio alguno. Y en cuanto a las negociaciones, por más que sucedieron entre Pedro Bermúdez y el demandante, la prueba es contradictoria. Durante el curso de la reedifica-ción surgieron diferencias entre uno y otro. De un lado el. demandante sostiene que él mantuvo su convenio, y de otro Pedro Bermúdez declara que una de las veces que fué a la. oficina del demandante, éste en forma violenta dió por ter-minada toda ulterior negociación en relación con el arren-damiento.

Por lo demás no encontramos que se haya cometido error fundamental alguno ni que haya habido por parte de la. corte inferior pasión, prejuicio o parcialidad al apreciar la prueba.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Fbanco Soto,

text:
    The Royal Bank of Canada, demandante y apelado, v. Víctor M. Buenahora y Lajas Underwear, demandados y apelantes.
    No. 4105.
    Visto: Abril 8, 1927.

      Resuelto: Mayo 26, 1927.
    1. Letras y Pagarés (Bills and Notes) — Agcio-nes—Evidencia—Suficiencia de la Misma — En General. — Atendida la prueba del demandante así como las alegaciones de la demanda, se resolvió eran suficientes para sostener ía sen-tencia que declaró con lugar dicba demanda.
    2. Letras y Pagarés (Sills and Notes) — Acciones—Evidencia—Suficiencia de la Misma — Autenticidad de los Documentos. — En el caso de autos se resolvió la prueba era suficiente para dejar probada la autenticidad de ,los giros cuyo importe era objeto de cobro.
    Sentencia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), declarando coji lugar ,1a demanda, con costas.

      Confirmada.

      Leopoldo Tornes, abogado dpi apelante; Alberto S. Poventud, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Fbanco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

The Boyal Bank of Canada dedujo demanda en cobra-de dinero contra los demandados Víctor M. Buenahora y “Lajas Underwear,” en la que, en síntesis, alega: que Victor M. Buenahora en su calidad de comerciante y haciendo ne-gocios en Ponce bajo la razón social de “Víctor M. Buena-hora,” y como gestor de dicha firma, suscribió y entregó al demandante, con cargo al otro demandado y aceptados por éste tres giros por las siguientes cantidades: el primero, por $493; el segundo, por $198.94, y el tercero, por $324.87, que hacen un total de $1,016.81; que el demandante des-contó y pagó el importe de cada uno de dichos giros a Víctor M. Buenahora y que ninguno de ellos le ha sido satis-fecho en todo ni en parte por los demandados.

Los demandados excepcionaron la demanda y luego con-testaron negando que Víctor M. Buenahora hubiera otor-gado, suscrito ni entregado al demandante ninguno de los, giros reseñados, negando específicamente la autenticidad de los mismos.

La corte inferior declaró probada la autenticidad de los giros y finalmente declaró con lugar la demanda.

En el juicio de este caso, solamente se practicó prueba del demandante.

Los giros originales fueron presentados. Dos aparecen expedidos por Miguel A. Acosta como apoderado de Víctor M. Buenabora, y el tercero por Pedro Buenabora con el mismo carácter de mandatario de dicbo demandado. Dos poderes por escrito fueron asimismo introducidos en evidencia, firmados por Víctor' M. Buenabora a favor de Uno y otro mandatario. Estos poderes estaban archivados en el banco, suministrados sin duda por el demandado para facilitar sus operaciones con el banco, y en ellos se confería a los apoderados, entre otras facultades, las de extender, firmar, endosar y descontar giros o cualquier documento comercial u otros valores, etc.

William Biseombe, gerente del banco demandante, de-claró que los giros fueron descontados y abonados a la cuenta corriente de Víctor M. Buenabora después que fue-ron aceptados por Lajas Underwear y disponiendo aquél de los fondos. Dijo que conocía la firma de Víctor M. Bue-nabora, no porque baya firmado a su presencia sino por haber visto su firma en el banco en otros documentos teni-dos por suyos, como giros y pagarés. Igual manifestación hace de la firma de Pedro Buenabora y aunque no dijo lo mismo acerca de la firma de Miguel A. Acosta, la cuestión no es importante, porque existe en autos una carta sus-crita por Pedro Buenabora en contestación a otra del banco, donde admitiéndose que los giros no han sido pagados al demandante, se acepta por ello expresamente la autentici-dad de los mismos.

Otro testigo del demandante fué Alberto S. Poventud, abogado del banco, quien en resumen dice: que con motivo de haberle encomendado el banco el cobro de los giros a los demandados, escribió a éstos varias cartas certificadas en las que transcribía los tres giros; que conoce personalmente la firma de Pedro Buenahora por haberlo visto firmar en documentos ante él, como notario, y que había hablado con Víctor M. Buenahora y Pedro Buenahora con motivo de la reclamación del importe de tales giros y ellos nunca, hicie-ron oposición' -a su autenticidad.

Los demandados no practicaron prueba y basta la rela-ción que hemos hecho de la prueba del demandante para concluir que ella es suficiente, así como las alegaciones de la demanda, para sostener la sentencia de la corte inferior.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez -Asociado Señor Frahoo Soto,

text:
    Perfecta González, recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, recurrido.
    No. 681.
    Sometido: Mayo 20, 1927.

      Resuelto: Mayo 26, 1927.
    1. Vendedor y Comprador — Requisitos y Validez del Contrato — Contrato Con-signado en Escritura Pública — Inscripción—Caliiticación del Título-Investigación Sobre el Origen del Precio de Compra.- — Comprado un in-mueble a favor de un menor y presentada -la escritura a inscripción, el regis-trador carece de facultad para investigar el origen del precio de compra.
    2. Vendedor y Comprador — Requisitos y Validez del Contrato — Partes* Con-tratantes — Capacidad—Aceptación del Contrato por un Padre en Repre-sentación de su Hijo Menior. — La- aceptación por un padre de una escri-tura de compraventa en representación de su bija natural, asumiendo que ésta sea menor, es legal.
    2. Vendedor y Comprador — Requisitos y Validez del Contrato — Partes Con-tratantes — Capacidad—En General. — La falta de comparecer un compra-dor en forma legal no anula el contrato.
    4. Recursos Gubernativos — Revisión—Cuestiones a Considerar y Resolver.— Dentro de los límites de un recurso gubernativo no puede considerarse la conjetura del registrador de que se trata de una donación y no de una venta cuando el contrato es, prima facie, uno de compraventa.
    Nota de Pedro Gómez Lasserre, B., (Mayagüez), denegando. ins- ■«' cripción de nna compraventa.

      Revocada.

      Ángel A. Vázquez, abogado del recurrente; El Registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez -Asociado Señor Frahoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada- en agosto 20, 1892, Félix Antonio González compró a Agustín.; Cast ello y Busquets, para su hija natural, Dolores Torres, cierta finca rústica, pagando el precio de $600 que el vendedor dejó en poder de González en pago y saldo de su crédito contra la socie-dad de Patxot Castelló y Compañía. Presentada al regis-tro la escritura, el registrador denegó la inscripción por los motivos que en síntesis dicen así: porque el precio de $600 invertido en la compra de la finca se realizó con caudal del padre, y de acuerdo' con el artículo 161 del Código Civil Revisado la propiedad y el usufructo de la finca per-tenece a González y no a su hija Dolores Torres.

Porque aceptando González la escritura en representa-ción de su hija natural, no acredita que esté autorizado para ello como mandatario verbal o con poder suficiente, y que presumiéndose, además, la bija menor de edad por no constar su edad, es nulo el contrato.

Y porque asimismo es nulo el contrato por tratarse de una donación y ésta no ba sido aceptada en forma legal.

La nota del registrador en sus distintos puntos es equivocada. En el caso de Fuentes v. El Registrador, 24 D.P.R. 619, se trató por el registrador de que se dejara establecida la procedencia del dinero invertido en la compra de un inmueble a favor de unos menores. Esta corte decidió, en resumen, que la cuestión era más bien para ser determinada por los tribunales y que el registrador carecía de facultad para investigar el origen .del .dinero.

El registrador parece no haberse fijado en este caso y al establecer el origen del precio de compra y satisfacer el contrato él resuelve una cuestión de la competencia exclu-siva de los tribunales. Manresa, comentando los artículos 160 y 161 del Código Civil español, que equivalen textual-mente a los mismos números del Código Civil, Revisado; sostiene lo ya establecido por esta corte, diciendo: “De suerte que, generalizado dicbo principio para que al bijo se le reconozcan derechos, es necesario, en caso de litigio, que pruebe que le corresponden.” Tomo 1, pág. 345.

En cuanto a la representación que ostenta el padre a nombre de la bija, asumiendo que fuera menor de edad, es enteramente legal. Véase, el mismo caso de Fuen-tes, supra. Y si cqmo supone en forma alternativa el regis-trador que Dolores Torres fuera mayor de edad, el con-trato es válido, pues la falta de comparecer un comprador en forma legal no anula el contrato, y sólo sería un defecto subsanable. Colón v. El Registrador, 18 D.P.R. 125.

Del mismo modo carece de fundamento el último motivo que se alega bajo la conjetura de que, se trata de una donación y no de una venta. Prima facie el contrato es uno de compraventa y siendo ello así, no podemos considerar la conjetura del registrador dentro de los límites de este recurso.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la nota del regis-trador en todos sus particulares y ordenarse la inscripción solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Pérez Ferrao, acusado y apelante.
    No. 3158.
    Visto: Mayo 20, 1927.

      Resuelto: Mayo 26, 1927.
    Derecho Penal — Pecha del Juicio y Suspensión — Sobreseimiento de la Causa o del Proceso — Tardanza en Celebrar el Juicio y Presentar la Acusa-ción — Causas para la Dilación' o Tardanza — Prueba de las Mismas.— Para destruir el derecho de un acusado a que se sobresea su causa bajo el inciso 2 del artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal debe existir una justa, causa debida y satisfactoriamente probada a Ja corte por el fiseal, sin que las manifestaciones de éste sobre circunstancias que excusan la dila-ción sean prueba de que ellas existen.
    SenteNCIa de Domingo Sepulveda, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de portar armas.

      Revocada, sobreseyéndose la causa.

      Dubón & Ochoteco, abogados del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación contra el apelante fué presentada por el fiscal en la corte inferior el 6 de mayo de 1926 y el juicio fue señalado para el 22 de septiembre del mismo año, ha-biendo transcurrido entre ambas fechas más de ciento veinte días, por cuyo motivo el apelante solicitó en la corte inferior que su causa fuese sobreseída. El fiscal se opuso a esa petición manifestando que la corte estuvo constante-mente ocupada desde la fecha del ingreso de esta causa hasta el mes de junio en el despacho de asuntos crimina-les;' que en los primeros días de junio se suspendieron los casos porque no había fondos para pagar testigos y demás gastos; que julio y agosto fueron las vacaciones del tribunal e inmediatamente que la corte abrió sus sesiones en sep-tiembre ha estado ocupada constantemente en el despacho de asuntos criminales, habiendo sido el señalado para el juicio en esta causa uno de los días en que ha tenido oportunidad para celebrar este caso. La corte declaró sin lugar la petición del acusado y celebrado el juicio dictó sentencia contra el acusado, quien en su apelación contra ella alega ser errónea esa resolución de la corte.

Dispone el artículo 448 No. 29 del Código de Enjuicia-miento Criminal que, a menos que exista justa causa con-traria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso cuando un acusado, cuyo juicio no haya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación. De modo que para destruir el derecho de un acusado a que se sobresea su causa cuando no es sometido a juicio dentro de los ciento veinte días siguientes a la presentación de la acusación contra él formulada debe existir una justa causa en contrario, justa causa que debe ser probada por el fiscal a satisfacción de la corte. En este caso no existió prueba alguna que justificara la resolución de la corte negando el sobreseimiento porque la simple manifestación del fiscal de haber existido determinadas circunstancias que según él excusaban la dilación en la celebración del juicio, no es prueba de que ellas existieran.

La sentencia apelada debe ser revocada y decretarse el sobreseimiento de esta causa.

Los Jneces Sres. Presidente del Toro y Asociado Hutchison están conformes con la sentencia.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ignacio Hernández, acusado y apelante
    No. 3179.
    Visto: Mayo 25, 1927.

      Resuelto: Mayo 26, 1927.
    1. Días de Fiesta Legal — Cierre de Establecimientos Públicos — Procesos por Violaciones a la Ley del Cierre — De la Denuncia — Su Suficiencia. — • Una denuncia bajo el artículo 553 del Código Penal como quedó enmendado en 1925 (p. 13) que diga que el acusado tenía su establecimiento con “todas sus puertas abiertas al público” en los días y a las horas que especifica dicho artículo, es suficiente sin que sea necesario alegar que se realizaran en él transacciones comerciales.
    2. Días de Fiesta Legal — Cierre de Establecimientos Públicos — Procesos por Violaciones a la Ley del Cierre — De los Delitos en General. — El ar-tículo 553 del Código Penal no da derecho a tener un sábado un estableci-miento abierto al público y realizar en él transacciones comerciales cuando dicho día es de fiesta legal.
    Sentencia de Luis S amalea Iglesias, J. (Arecibo), condenando al acusado por infracción al artículo 553 del Código Penal según fué enmendado por ley 18 del 1925.

      Confirmada.

      V. Polanco de Jesús, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado, de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia origen de este proceso, en lo pertinente, dice:

“. . . . Que en 25 de diciembre de 1926, y en la Calle Palmer, de Cíales, P. R., bora la 1 y 25 P. M. del Distrito Judicial Municipal de Cíales que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, Pj R., allí y entonces, el mencionado acusado Ignacio Hernández, 'ile-gal, maliciosa y voluntariamente, violó el Art.- 553 del 'C. P. (en-mendado), Ley del Cierre, consistente en que siendo dueño de un establecimiento industrial, (zapatería), sita en la Calle Palmer de Cíales, P. R., tenía todas sus puertas abiertas al público, toda vez que el 25 de diciembre, 1926, que es sábado, día de Navidad, (fiesta legal), y de acuerdo con el Art. 553 del C. P. (enmendado); la Po¿ licía procedió a denunciar al acusado, por haber violado dicha Ley, Uo haber cerrado su establecimiento a las 12 A. M. como lo ordena el expresado Art. 553.”

En la corte dé distrito el nuevo juicio se celebró- tomando como base la siguiente estipulación:

“1.- — -El acusado acepta que el día a que se refiere la denuncia o' sea el 25 de diciembre de 1926, después de medio día, tenía abierto su establecimiento comercial verificando transacciones;
“2. — Ambas partes convienen y aceptan que ese día, el 25 de diciembre de 1926, era día de- fiesta legal y que a la vez era un día sábado;
“3. — Ambas partes aceptan que la Ley del Cierre fué originada en la Cámara de Representantes de Puerto Rico y que la misma fué presentada en castellano; que en ella se establece que los días de fiestas legales, después de las 12 M. deberán permanecer cerrados los establecimientos comerciales e industriales; así como que todos los síbados permanecerán abiertos hasta las 9 de la noche.”

La corte dictó sentencia condenando al acusado a pagar diez dólares de multa. No conforme, apeló para ’ante esta Corte Suprema.

Sostiene en su alegato que la denuncia no imputa un delito porque no alega que el acusado realizara en su establecimiento transacciones comerciales. Invoca lo decidido por esta corte en El Pueblo v. González, 35 D.P.R. 558.

La ley aplicable, artículo 553 del Código Penal, tal como quedó enmendado por la Ley No. 18 de 1925, Leyes de 1925 página 137, es como sigue:

“Artículo 553. — -Los' domingos, durante todo el día, excepto cuando fueren domingos los días 24 de diciembre, y primero y 5 de enero; el primer lunes de- septiembre (Labor Day), y el día 4 de julio; los días de fiesta legal desde las 12 a. m.; todos los sábados desde las 9 p.m.; todos los días laborables desde las 6 p. m., y los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de cada año, desde las 10 p. m., permanecerán cerrados-al público. . .”

; ■ Como dicba ley lo que exige es que los establecimientos de que se trata permanezcan cerrados en los días y a las Loras que ¿specifica, es suficiente con que la denuncia diga como dice que el acusado tenía su establecimiento con “todas sus puertas abiertas al público.” La denuncia dice más. Expresa que el denunciado violó la ley por “no baber cerrado su establecimiento a las 12 A. M.”

El caso de González, supra, no es aplicable. Allí se tra-taba de la insuficiencia de la evidencia. El resumen lee así:

“Una prueba que tiende a demostrar que el acusado, en domingo, si bien tenía dos puertas de su establecimiento comercial abiertas estaban interceptadas por rastrillos, y frente a uno de éstos estaba colocado un escritorio, y no se apercibía entraran y salieran personas de la tienda ni actividad alguna en tal sentido, es insuficiente para sostener una convicción bajo el artículo 553 del Código Penal como fué enmendado por la Ley No. 18 de 1925 (pág. 137).”

Y sostiene además el apelante que siendo sábado el día que se le denunció, tenía derecho a abrir su establecimiento al público y a realizar en él transacciones, aunque fuera día de fiesta legal, de acuerdo con las mismas prescripciones de la ley.

Es cierto que la ley dice que permanecerán cerrados los establecimientos “todos los sábados desde las 9 p. m., pero antes dice que lo estarán “los días de fiesta legal desde las 12 a. m.” y siendo ello así hay que armonizar ambas dis-posiciones, sin que exista duda alguna que las palabras “todos los sábados” significan “todos, los sábados que no sean días de fiesta legal.”

Dede confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Pedro Velazquez, demandante y apelante, v. El Municipio de las Piedras, demandado y apelado.
    No. 4130.
    Visto: Abril 28, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    1. Contratos — Requisitos y Validez. — Causa o Consideración — Causas Sufi-cientes y Buenas para un Contrato — Promesas—Pagio de Compensación por DaSos que se Ocasionen — Contrato de Servidumbre. — La promesa de un alcalde, en su capacidad oficial como representante del municipio, de pagar una compensación razonable por los daños que se ocasionen a las tierras de una persona como resultado de la construcción de un acueducto en ella, es una buena y suficiente causa para un contrato de servidumbre.

      2. Contratos — Requisitos y Validez — Causa o Consideración — Causas Sufi-cientes y Buenas para un Contrato — Promesas.—En General — Contrato de Servidumbre. — Constituida servidumbre a favor de un municipio para la construcción de un acueducto en tierras de una persona, la indicación de un alealde de que éste recibiría una cantidad y se baria un convenio al efecto de que se harían las. conexiones para suministrarle agua del acueducto, cons-tituye causa buena y suficiente para el contrato.
    3. Contratos — Rescisión y Abandono — Acción para Anular o Rescindir — Ape-lación — Resolución y Disposición del Caso — Confirmación..—Entablada acción para ariular un contrato bajo la teoría de ser nulo ab initio por falta de causa, cuando las alegaciones y las pruebas demuestran la existencia de causa para el mismo y no se solicita su cumplimiento específico ni daños por su quebrantamiento, procede confirmar la sentencia que declaró Bin lugar la acción mencionada.
    Sentencia de Gabriel Gaste jón, J. (Hmnacao), declarando sin lu-gar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Luis Pereyó y González Fagundo c§ González Jr., abogados del ape-lante; Arturo Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante compareció ante nn notario, y en consideración a la suma de nn dólar ($1.00) que reconoció haber recibido antes de la fecha de tal comparecencia, procedió a constituir una servidumbre a favor del Municipio de Las Piedras para la construcción de un acueducto en las tierras de dicho ape-lante. Después que el trabajo de instalar el acueducto hubo terminado, el apelante entabló una acción para ver de obtener la nulidad de la escritura, por falta de causa. •

La demanda alega que el demandante en realidad nunca ha recibido la cantidad de un dólar que se expresa en la escritura. Pero alega además que el alcalde, en su capacidad oficial como representante del municipio, convino en pagarle al demandante una compensación razonable por los daños que se ocasionaran a las tierras en cuestión como resultado de la construcción del acueducto. Esa promesa era una causa buena y suficiente para el contrato.

La prueba del demandante tendió a establecer el hecho de la existencia de una indicación de parte del alcalde en el sentido de que el demandante recibiría unos cuatro o qui-nientos dólares, y que se liaría nn convenio algo'más definido al efecto de qne se liarían las conexiones necesarias para suministrarle agua del acueducto al demandante. Esto tam-bién constituiría una causa buena y suficiente para el contrato.

No se solicita el cumplimiento específico, ni indemnización alguna por los daños irrogados con motivo del quebramiento de un contrato existente. La demanda, así como el alegato para sostener la apelación, se basan completamente sobre la teoría de un convenio nulo db initio por falta de causa.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Arsenio Martínez, demandante y apelante, v. Independence Indemnity Co., demandada y apelada.
    No. 4033.
    Visto: Marzo 30, 1927.

      Resuelto: Mayo 31, 1927.
    1. Apelación y Error — Resolución y Disposición de la Causa — Confirmación ■ — Efecto—Confirmación de Resolución Dejando sin Efecto Sentencia Apelada. — Confirmada en apelación resolución que dejó sin efecto una sen-tencia que fué apelada, no hay necesidad de considerar los méritos de la apelación eontra la sentencia.
    2. Apelación y Error — Resolución y Disposición del Caso — Bendición, Eorma y Registro de Sentencia — Sentencia Dejada sin Efecto. — Confirmada en apelación resolución que dejó sin efecto una sentencia apelada, procede en el recurso eontra dicha sentencia dictar una dejando la sentencia apelada sin efecto.
    Sentenoia'de Charles E. Fooie, J. (Mayagüez), declarando sin lugar demanda de daños y perjuicios, con costas.

      Sentencia dejada sin efecto.

      José Sabater, abogado del apelante; J. H. Brown y Clemente Buiz Nazario, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación ba sido interpuesta por el demandante contra la sentencia que declaró sin lugar su demanda como consecuencia de una moción de non suit presentada en el juicio por el demandado, fundada en que la prueba del de-mandante no era suficiente para justificar sus alegaciones y una sentencia condenatoria.

En el día de Roy hemos resuelto la apelación No. 4140 del demandado en el mismo pleito y hemos confirmado la resolución de la corte inferior que dejó sin efecto esa sentencia y dispuso la celebración de un nuevo juicio, por lo que no tenemos necesidad de considerar los méritos de esta apelación contra la sentencia pues cae por su base, como se dijq en el caso de Horton v. Robert, 11 D.P.R. 196, por lo que habrá de quedar sin efecto, como resolvió la corte inferior en la resolución a que nos referimos, y en esos términos dictaremos nuestra sentencia.