text:
    Justiniana Calderón Santurjo, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Valerio López Calderón, obrero fallecido.
    Núm. 342.

    Sometido: Febrero 19, 1945.

      Resuetto: Marzo 23, 1945.

      Herminio A. Concepción, abogado de la recurrente; A, de Jesús Ma-tos, J. Correa Suárez y A. Sandin del Manzano, abogados del Pondo del Estado, como amici curiae; L. Apellaniz Storer, abo-gado de los beneficiarios del obrero fallecido.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Al fallecimiento dél obrero Valerio López el Administra-dor del Fondo del Seguro del Estado practicó la correspon-diente investigación, llegando a la conclusión de que la muerte había sobrevenido como resultado de un accidente del tra-bajo; que Dolores.Pacheco, esposa del obrero, no dependía de él para su sostenimiento, y que al tiempo de la muerte y durante los últimos tres años con anterioridad al falleci-miento, Justiniana Calderón había “vivido con el. obrero honestamente como marido y mujer, .en estado de público concubinato, habiendo procreado un hijo que dependía del obrero para su sostenimiento.” Basado en estos hechos, declaró el Administrador que la concubina, su hijo y dos hijos que el obrero había tenido en su matrimonio con Dolores Pacheco, eran las personas con derecho a la compensación, la que distribuyó en la siguiente forma: cuarenta por ciento para la concubina y veinte por ciento para cada uno de los hijos.

Enterada la esposa de la compensación concedida, apeló para ante la Comisión Industrial. No notificó su apelación a la concubina, pero el día que se señaló para la vista de la apelación, la Comisión la notificó, y compareció sin abogado y sin testigos. Al enterarse de que se trataba de una vista para determinar si la esposa tenía derecho a compensación por la muerte del obrero, la concubina informó al comisio-nado que no estaba preparada para la vista porque, ignorando su objeto, no había traído testigos ni había venido asistida de abogado; que estaba dispuesta, si la Comisión lo creía necesario, a traer sus testigos y un abogado que la repre-sentase. El comisionado la persuadió de que los testigos y el abogado eran innecesarios, indicándole que lo que se resolviese en aquella vista no habría de perjudicarla puesto que ya se le había reconocido su derecho a compensación,- y que lo único que iba a tratarse allí era si la viuda del obrero tenía o no derecho a participar también en la compensación. Persuadida por las manifestaciones del comisionado, la con-cubina accedió a participar en la vista, y durante la misma admitió que la esposa también dependía para su subsisten-cia de lo que ganaba el obrero. La Comisión resolvió que si bien Jnstiniana Calderón había vivido con el obrero “ho-nestamente” en concubinato por más de cinco años, depeü-diendo de él para su subsistencia, también la esposa dependió del obrero, y que esta última excluía a la concubina ' del derecho a participar en la compensación. Así, pues, declaró que las personas con derecho a la compensación eran la viuda, sus dos hijos y el hijo de la concubina. Solicitó ésta la reconsideración, y habiéndosele denegado, interpuso el presente recurso.

Convenimos con la peticionaria en que la Comisión debió haber suspendido la vista para darle una oportunidad para que compareciese con su prueba y su abogado, ya que ella así lo pedía; pero dada la conclusión a que hemos de llegar en ese caso, somos de opinión que no lograríamos ningún fin práctico y por el contrario dilataríamos inútilmente el pro-cedimiento, con perjuicio para todas las partes, si devolvié-semos el caso a la Comisión para la celebración de una nueva vista, puesto que la admisión de la concubina al efecto de que la esposa dependía del obrero, no haría variar la con-clusión de hecho a que llegó la Comisión en el sentido de que ambas eran dependientes del obrero y por consiguiente no se perjudicarían los derechos sustanciales de la concubina. Armoniza más con el espíritu de liberalidad y sencillez que debe prevalecer en los procedimientos ante la Comisión, resolver de una vez la cuestión de derecho en controversia, que ha sido ampliamente discutida.

La historia evolutiva del derecho de la concubina a par-ticipar en la compensación concedida con motivo de la muerte del obrero con quien vivió en concubinato, suministra la luz necesaria para resolver el problema planteado.

Originalmente la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley núm. 45 aprobada el 18 de abril de 1935, págs. 251, 265) no reconocía a la concubina derecho a parti-cipar en la compensación. En lo pertinente el inciso 5 del art. 3 prescribía:

"Si el obrero o empleado dejare una viuda, padres, hijos, legíti-mos o ilegítimos, o hijos postumos, fueran éstos o no naturales o adoptivos,, o nietos, cualquiera de los cuales dependiera total o par-cialmente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su muerte, recibirán una compensación. . . . Dicha compensación se distribuirá entre los parientes mencionados' atendiéndose a la condición, necesidades, grado de parentesco y de-' pendencia de cada uno, según se decida por el Administrador de acuerdo con los hechos.
"En defecto de las personas antes mencionadas, el padre o la' madre de crianza, los hijos de crianza, o hermanos menores de quince años, o cualquiera que sea su edad, si fueren judicialmente decla-rados incapacitados por la corte correspondiente, que dependieran total o parcialmente de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido recibirán una compensación ... y si fueren varias las personas con derecho a esta compensación, la misma se distribuirá entre ellas según' lo disponga el Administrador.”

La Ley núm. 52 de 25 de abril de 1942 ((1) págs. 503, 515) adicionó al inciso 5 del art. 3 un disponiéndose que decía así:

“Disponiéndose, que a los efectos de compensación se considerará1 como viuda a la mujer que al tiempo de la muerte del obrero, y durante los últimos tres años con anterioridad al fallecimiento, haya vivido con el obrero honestamente como marido y mujer, en estado ’ de público concubinato, siendo arribos solieros durante la totalidad del referido período y en aptitud de, casarse con dispensa o sin ella.” (Bastardillas nuestras.)

Este disponiéndose concedía derecho a la concubina a' participar en la compensación solamente en aquellos casos en que tanto ella como el obrero eran solteros durante la tota-lidad de los tres años anteriores a la muerte del obrero y estaban en aptitud de casarse con dispensa o sin ella. Es'' evidente que esta ley excluía el derecho de la concubina a participar en la compensación cuando el obrero o la concu-' bina eran casados, pues en tal caso no estaban en aptitud de contraer matrimonio. Si la ley hubiera permanecido como ' era a virtud de esa enmienda, necesariamente tendríamos que negar en este caso toda compensación a la peticionaria; pero el legislador fue un poco más lejos en la concesión de derechos a la concubina, y por la Ley núm. 162 de 14 de mayo de 1943 (págs. 525, 543) volvió a enmendar el inciso 5 del art. 3, de forma que- el disponiéndose a que antes hicié-ramos referencia quedó así:

"Disponiéndose, que a los efectos de compensación se considerará con derecho a la participación correspondiente en la compensación a la mujer que al tiempo de la muerte del obrero, y durante los últimos tres años con anterioridad al fallecimiento, haya vivido con el obrero honestamente como marido y mujer, en estado de público concubi-nato.”

Esta enmienda eliminó el requisito de la ley anterior a virtud del cual la concubina participaba en la compensación solamente cuando ella y el obrero hubieren estado en apti-tud de contraer matrimonio, con dispensa o sin ella. Por consiguiente, de acuerdo con la legislación actual, ya fueren o no casados una u otro, la concubina tiene derecho a parti-cipar en la compensación. Nos lleva a esta conclusión el hecho de que si la intención del legislador hubiera sido no dar participación a la concubina cuando existiese una viuda, al enmendar el inciso 5 del art. 3 a virtud de la Ley de 1943, se hubiera realizado un acto inútil, puesto que la concubina de acuerdo con la Ley de 1943, interpretada como la inter-preta la Comisión, no hubiera tenido más derechos que los que ya tenía de acuerdo con la enmienda de 1942.

Procede por lo expuesto anular las resoluciones recurri-rridas que dictó la Comisión el 16 de noviembre y el 14 de diciembre de 1944 y devolver el caso a dicha Comisión para que dicte otra en armonía con los términos de esta opinión.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor SNYder

license: Public Domain

text:
    Hortensia Méndez Vda. de Escalona, demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8865.

    Sometido: Noviembre 14, 1944.

      Resuelto: Marzo 23, 1945.

      Manuel Benitez Mores, abogado de la apelante; Son. Procurador General Intervno Jesús A. González y José N. Rivera Barreras, Pro-curador Aumliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor SNYder

emitió la opinión del tribunal.

La apelante demandó al Tesorero de Puerto Eico en el ■presente caso, alegando que en 1938 el Colector de Rentas Internas de San Juan embargó cierta propiedad inmueble inscrita a nombre de Apelio Felices Portilla, para el cobro de contribuciones ascendentes a $1,606.97 que adeudaba una sociedad de la cual Felices era el socio gestor,- que la de-mandante estuvo presente en la subasta pública de dichos bienes celebrada el 27 de octubre de 1938 y adquirió la propiedad por la suma de $1,632.98, la que entregó al Colector; que eso no obstante la demandante no ha podido tomar posesión de los bienes ni ha adquirido título sobre los mis-mos, debido a que el Registrador de la Propiedad se ha* negado a registrar dicho título a su nombre libre de cargas, por el fundamento de que con anterioridad a la subasta se había inscrito una hipoteca sobre la propiedad, hipoteca que seguía subsistente aún después de verificarse la subasta, no siendo las contribuciones un gravamen preferente a la hipo-teca; que en el certificado expedido por el Colector se hacía constar que “si el derecho de redención que determina la ley no se ejercía en el término de un año, el certificado de venta constituiría título absoluto de los bienes vendidos, una vez fueran inscritos en el Registro de la Propiedad, que-dando los mismos libres de toda hipoteca, carga o cualquier otro gravamen que-sobre ellos pesaren”; que esto no era cierto, debido a que el gravamen hipotecario que existía antes de verificarse la venta siguió subsistente después de verificada la venta en pública subasta, porque las contri-buciones envueltas no eran contribuciones sobre la propiedad vendida y por tanto no tenían prioridad sobre la hipoteca ya constituida sobre la misma; que ni en los edictos, ni en la subasta, ni en ningún otro momento el Colector le advirtió a la demandante que dicha hipoteca era preferente, sino que por el contrario el certificado del Colector la indujo a creer, y ella creyó de buena fe, qne al momento de la compra, la propiedad estaba libre de gravámenes; qne el Tesorero se ha negado a devolverle la suma pagada por los bienes; y qne la venta y el contrato de venta son nulos y sin valor al-guno ; que el Tesorero está reteniendo indebidamente el precio de venta , y debe ordenársele que lo reembolse a la demandante. La súplica consistió en (a) que se anule la venta; (b) que se rescinda el contrato de venta; y (c) que se ordene al Tesorero reembolsar a la demandante la suma de $1,632.98.

El Tesorero solicitó la desestimación de la demanda por no aducir hechos suficientes para constituir una causa de acción y porque la corte carecía de jurisdicción sobre la materia y sobre el demandado. Esta moción no se argu-mentó. Por el contrario, la corte de distrito celebró el juicio en los méritos después de radicarse la contestación. Sin embargo, la corte no consideró, la prueba aducida, sino que dictó sentencia a favor del demandado por el fundamento de que la demanda no aducía una causa de acción. La deman-dante ha apelado de dicha sentencia.

Si bien la demandante no admite que la corte inferior estaba correcta técnicamente al resolver que la demanda no exponía una causa de acción, admite — en verdad lo alega— que habiéndose inscrito la hipoteca antes de la venta, bajo las circunstancias de este caso — una subasta de bienes de un individuo por contribuciones atrasadas sobre bienes muebles de una sociedad de la cual el individuo era el socio gestor — ■ la hipoteca era preferente al título adquirido en la subasta (Fajardo Sugar Co. of Puerto Rico v. Domenech, 45 D.P.R. 553, 555-62; artículo 315, Código Político; sección 1 de la Ley núm. 14, Leyes de Puerto Rico, 1933 (pág. 77); artículos 292, 339, Código Político; Gregory v. Tesorero, 24 D.P.R. 94). Su demanda se basa únicamente en el lenguaje empleado £ii el certificado de venta, y en haber dejado el Colector de advertirle de la hipoteca existente. Pero es elemental que caveat emptor se aplica a las ventas en cobro de contribuciones; el comprador adquiere la propiedad tal como la encuentra. La ley no impone la obligación, hasta donde sepamos, de que el Gobierno esté obligado a certificar el estado del título a un probable comprador. Y el certifi-cado del Colector estaba redactado en la. forma ordinaria con referencia al período de redención; ninguna garantía de título puede razonablemente inferirse del mismo. En verdad, expresamente llamaba la atención hacia el hecho de que se necesitaba la inscripción para conferir a la deman-dante un título válido completamente limpio. Dijimos en el caso de Fajardo Sugar Go. que bajo las circunstancias aquí concurrentes la propiedad (pág. 559) “Puede embargarse y venderse sin perjuicio de los gravámenes preferentes que se hubieran constituido legalmente sobre ella; y que (pág. 562) “aunque el colector expidiera su certificado haciendo cons-tar que la finca vendida lo era libre de gravámenes, si en verdad existían. gravámenes anteriores debidamente consti-tuidos que de acuerdo con la ley eran preferentes y no podían ser destruidos, el registrador al inscribir el eertifi-ficado podría negarse a cancelarlos, o la persona a cuyo favor estuvieran constituidos podría hacerlos valer no obstante el certificado”. Véanse Marrero v. Registrador, 48 D.P.R. 16; Salgado v. Registrador, 26 D.P.R. 172; 3 Cooley on Taxation, 4ta. ed. Sec. 1497, pág. 2945; 4 Cooley, supra, Sec. 1553, pág. 3045; 31 L.R.A. (N. S.) 1141; Bell v. Los Angeles County, 266 Pac. 291, (Calif., 1928).

Sin embargo, la dificultad aquí estriba en que se celebró un juicio en los méritos. Y en el juicio se presentó considerable testimonio por parte de la demandante, la mayor parte del cual no fué impugnado por el demandado, en cuanto a -que la demandante Rabia comprado originalmente una propiedad diferente en la subasta pública celebrada el 27 de octubre de 1938; que el Tesorero anterior entonces la mandó a buscar y le pidió que le hiciera un favor y que le permitiera cancelar la venta toda vez que la propiedad per-tenecía a su médico particular y que había sido vendida mientras el Tesorero se encontraba en los Estados Unidos Continentales ; que ella accedió a hacer esto al prometerle el Tesorero que se le devolvería el precio de venta más los intereses; que unos días más tarde el dinero fue enviado al Colector para que se lo entregara y que cuando éste se disponía a entregárselo le sugirió que invirtiera su dinero en la propiedad aquí envuelta, que también estaba señalada para venderse el 27 de octubre por contribuciones adeuda-das; que.la transacción de venta se consumó allí y entonces antedatando los documentos pertinentes con el fin de hacer aparecer que la venta de los bienes aquí envueltos se había efectuado en verdad el 27 de octubre; que cuando se des-cubrió posteriormente que existía una hipoteca preferente sobre la propiedad, el Tesorero convino en que se había cometido una injusticia con ella y solicitó del Procurador G-eneral una opinión en cuanto a si tenía poder para anular la venta y devolver el dinero a la viuda ; que el Procura-dor General le contestó en la negativa, radicando entonces la demandante el presente pleito; que se aprobó por unani-midad un proyécto en la Legislatura disponiendo la devo-Ilición a la demandante del precio de venta, pero que - el Gobernador lo vedó al aconsejárselo el Procurador General, ya que el presente pleito estaba pendiente y que el Gobierno lo ganaría.

La prueba aducida durante el juicio no fue, desde luego, conforme á la demanda. Sin embargo, habiéndola admitido, la corte inferior muy bien pudo llegar a considerar las ale-gaciones enmendadas para conformarse a la prueba (Véanse Viñas v. Hernández, 60 D.P.R. 276 ; García et al v. Martínez, Per Curiam, resuelto en febrero 23, 1945; Regla 15(b), Reglas de Enjuiciamiento Civil). * Y podría argüirse, si bien la corte de distrito no lo hizo, que debemos pesar la evidencia y decidir el caso por la prueba más bien que por las alega-ciones técnicas. Sin embargo, nunca llegaremos a ese punto, toda vez que una invencible dificultad nos impide considerar este caso en sus méritos.

El demandado alegó falta de jurisdicción. La corte de distrito resolvió que era innecesario considerar esta defensa. La misma ha sido renovada ante esta corte. El Pueblo de Puerto Rico no puede ser demandado sin su consentimiento. (Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U. S. 505; Porto Rico v. Rosaly, 227 U. S. 270). El demandado afirma que en substancia este es un pleito contra El Pueblo de Puerto Rico. La demandante no argumenta esta cuestión en su alegato.

El demandado alega que no puede encontrarse el consen-timiento al presente caso en la Ley núm. 76, Leyes de Puerto Rico, 1916 (pág. 155), según quedó enmendada por la Ley núm. 11 de 1928 (pág. 131), toda vez que éste no es un pleito de daños o de reivindicación de propiedad. En apoyo de su posición el demandado cita Miguel v. Tesorero de Puerto Rico, 28 D.P.R. 753; Martínez v. El Pueblo de Puerto Rico, 19 D.P.R. 1005; y Rubert Hnos. v. El Pueblo et. al., 19 D.P.R. 919.

- En el caso de Miguel dijimos que la determinación de si el pleito es contra el estado depende de (pág. 755) “la natu-raleza del pleito o del remedio solicitado”. Allí el deman-dante solicitó un injunction para prohibir al Tesorero que pagara el precio de venta de un solar sobre el que se cons-truiría un hospital. Se alegaba que el precio de venta era excesivo y que ya se había construido el hospital en terrenos donados al Grobierno. Este Tribunal resolvió que el Teso-rero no tenía interés individual en el pleito, y que el Grobierno de Puerto Eico era la única parte realmente interesada. Por tanto resolvimos que procedía la desestimación del caso por falta de jurisdicción. Citamos y aplicamos el lenguaje em-pleado por nuestra Corte de Circuito al considerar otro aspecto del mismo caso como sigue: “No se alega en la demanda que al elegir el sitio el demandado actuara de mala fe y fuera de sus atribuciones, y a falta de tal alegación deberá presumirse que actuó de buena fe y dentro de sus facultades. En vista de tal situación y considerado el hecho de que la demanda ha sido entablada contra Soler en su capacidad oficial de Comisionado de Sanidad, surge la cues-tión de si en realidad la acción no es contra el soberano, El Pueblo de Puerto Rico. En cuanto -a esto no tenemos duda alguna. La acción se ha establecido para que no se per-feccione el contrato en el cual el demandado personalmente no tiene interés y en el que solamente está interesado El Pueblo de Puerto Rico. La acción real y efectivamente es contra el soberano. (Casos). Y si dicho soberano no ha prestado su consentimiento para ser demandado, la acción no puede ser sostenida”. (Soler v. Scoville, et al., 253 Fed. 932, 934 (C.C.A. 1st, 1918). Véase Fajardo Sugar Co. of Puerto Rico v. Domenech, supra, págs. 554-55; Ford Motor Co. v. Department of Treasury, 323 U. S. 459, resuelto el 8 de enero de 1945.

El verdadero propósito de este caso es obtener de El Pueblo de Puerto Rico el pago de $1,606.97 de la Tesorería Insular. De la demanda original se desprende esto con cla-ridad meridiana. T aún si considerásemos la demanda en-mendada para conformarla a la prueba, las imputaciones de alegada conducta impropia de varios funcionarios ante-riores del Gobierno no pueden por sí solas crear un derecho para demandar al Gobierno por una suma de dinero aún si el Gobierno se ha beneficiado económicamente debido a tal conducta. De ser ciertos dichos hechos, esto sería impropio; pero el remedio jjara ello no está en nuestras manos. Tam-poco tenemos que decir en este caso si la demandante tiene o no algún remedio contra los antiguos funcionarios a quie-nes le imputa dicha conducta impropia. Sólo resolvemos que la demandante no puede demandar al Gobierno en cobro del dinero en cuestión por no haberse concedido el consentimiento para ello. Y la más elocuente prueba de que éste es en subs-tancia un pleito contra el Gobierno la proporciona el hecho de que el actual Tesorero, quien juró su cargo después de ocurridos todos los hechos aquí envueltos, es el demandad o; y a él se le pide que devuelva a la demandante el dinero de los fondos de Tesorería, no de su propio peculio.

En virtud de estas consideraciones, carecemos de poder para actuar en este caso. El remedio para la demandante, si alguno tiene, debe venir de otra rama del Gobierno. Una vez convenció a la Legislatura de qne una grave injusticia se había cometido con ella. Quizás pueda convencerla otra vea.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

      Se<>úrt veremos más adelante, en este caso existen ciertas peculiaridades, una de las cuales es que la hipoteca, que sobrepasaba el valor de la casa, se inscribió el mismo día en que se anotó en el Registro el embargo por las con-ü'ibueiones adeudadas. Sin embargo la demandante no levantó cuestión alguna en cuanto a la validez de la hipoteca y no pende ante nos ninguna cuestión en relación con la misma.

      JDe ser ciertos estos hechos, es difícil ver por qué ol Tesorero hizo esto, a no ser que deseara eliminar el récord de la subasta, toda vez que el dueño pudo haberla redimido dentro do un año.

      Descansando principalmente en la presunción de que las fechas de los documentos hablan por sí mismas, el demandado niega este hecho específico.

      Es interesante hacer constar que cuando se trataba de limpiar la pro-piedad y el nombre de su médico particular, el Tesorero anterior no solicitó la opinión del Procurador General. Sencillamente procedió, sin más, a cancelar la venta en pública subasta perfectamente válida dé la primera propiedad a favor de la demandante y desembolsarle el dinero con intereses — probablemente pagado por el médico y no por el Tesorero, aún cuando el récord no está claro sobre este último punto.

      El oaso de Board of National Missions v. Robles, 58 D.P.R. 222, se distingue por sus hechos. La propiedad de la demandante en dieho caso, dedi-cada a actividades religiosas, estaba exenta de contribuciones. No obstante fué vendida a un ta] Bobles por contribuciones adeudadas. Este Tribunal revocó una sentencia declarando con lugar una excepción previa en un pleito sobre nuli-dad de la subasta. Allí el propio contribuyente protestaba contra una subasta por ser ésta, nula. Además, el Tesorero pudo no ser una parte necesaria en un pleito radicado por el demandante contra el supuesto comprador en una subasta para limpiar el título de su propiedad que estaba exenta de contri-buciones. En dieho caso no se discutió el punto aquí envuelto. En este caso el contribuyente se admite estaba atrasado en el pago y la propiedad podía venderse válidamente en la subasta pública, si bien el comprador adquirió el título sujeto a una hipjoteca preferente. La compradora, reclamando a base de la conducta impropia do ciertos funcionarios gubernamentales anteriores, radica pleito ahora para que se le reembolse su dinero de los fondos de la Tesorería. Eso obviamente es un pleito contra el Gobierno y no puede prosperar en ausen-cia del consentimiento del Gobierno para que se entable el mismo.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Luis Robles, a nombre y en representación de su esposa Carmen Ana Ramos de Robles, demandante y apelado, v. Ferretería Merino, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 9017.

    Sometido: Marzo 7, 1945.

      Resuelto: Marzo 28, 1945.

      Miranda <& Miranda Estere, abogados de la apelante; Francis <& Pérez Almiroty, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 17 de febrero de 1941 la demandante Carmen Ana Ramos de Robles, en momentos en qne se encontraba parada en la acera, con nna niña en sns brazos, fue derribada y arrollada por una guagua. Se alega en la demanda que la guagua era, conducida en el momento del accidente por Rufino Burgos Ortiz, empleado de la demandada, en el curso y desempeño de sus funciones como tal empleado; que dicho empleado, no estaba autorizado para conducir vehículos de motor; y que el vehículo era conducido a una velocidad exce-siva, sin tocar aparato de alarma o aviso de clase alguna y sin tomar las debidas precauciones para garantizar la vida y propiedad ajenas. La demandante reclamó una indemni-zación de $25,000.

En su contestación la corporación demandada negó espe-cíficamente los hechos esenciales de la demanda y como defensa especial alegó que pocos días antes del accidente la demandada empleó como chófer de la guagua a Julio Santiago “bajo la advertencia y condición de guiarla él exclusivamente para los fines del reparto de la mercancía, prohibiéndole específicamente el permitir a otra persona guiar dicho vehículo o utilizarlo para otros fines que no fueran los del reparto de la mercancía a los clientes de la demandada”; que el día del accidente, el chófer Julio Santiago salió- acompañado del peón Rufino Burgos Ortiz, empleado exclusivamente para recoger y entregar los bultos; y que de ser cierto que dicho peón estuviera guiando la guagua en el momento del accidente, lo hacía fuera del curso de su empleo y en contra de las órdenes expresas de la demandada. Alegó además la demandada, que la causa próxima del accidente fué la negligencia contributoria de la demandante, quien no obstante habérsele dado aviso tocando el claxon, trató de cruzar la calle bajándose de la acera tan súbitamente que la guagua no pudo ser detenida a tiempo para evitar el daño.

La Corte de Distrito de San Juan, ante la cuál se vió el caso, dictó sentencia condenando a la demandada a pagar a la demandante la suma de $3,500, las costas y $200 para honorarios de abogado. La demandada apeló.

Para sostener su recurso señala seis errores que alega fueron cometidos por la corte sentenciadora. Los tres pri-meros se refieren a la apreciación de la evidencia y los tres restantes a la sentencia y a la cuantía de la indemnización concedida a la demandante.

Sostiene la apelante que la corte inferior erró al resolver que la contestación de la desmandada contenía “negative pregnants”, que equivalían a la admisión de los hechos de la demanda; al resolver que la guagua que ocasionó el accidente era propiedad de la demandada; y al considerar probado que Rufino Burgos Ortiz era la persona que guiaba la guagua que ocasionó el accidente.

Examinemos primeramente la evidencia.

Por la demandante declaró en primer término el Dr. Arsemo Gomas, quien asistió a la demandante después del accidente. Describió detalladamente las fracturas sufridas por la demandante en el fémur derecho en su tercio inferior y en el tercio inferior de la tibia y de la fíbula de la pierna izquierda. Declaró que las heridas recibidas por la deman-dante eran muy dolorosas; que estuvo en el hospital durante dos meses y que seis o siete meses después del accidente todavía tenía que andar con muletas; que la paciente estuvo sufriendo dolores en la pierna izquierda por lo menos durante cuatro meses; y que más tarde fue necesario llevarla de nuevo al hospital para curarle una fístula que se le había formado en la pierna y por la cual le salía un pedazo de hueso.

Declaró la señora Candelaria González. Conoce de vista a la demandante. En la acera que hay al frente de su casa vió parada a la demandante hablando con Luisa Pantoja. Ésta estaba en la parte de adentro de la verja y la deman-dante en la parte de afuera con una niñita en sus brazos. De repente vino la guagua y le dió y la tumbó, arrollándola hasta muy cerca del portón de la casa de la declarante. Después de haberla arrollado, la guagua quedó montada sobre la acera. La testigo hace constar que lo que ella llama “la acera” es el espacio comprendido entre las verjas de las casas y la cuneta al lado de la calle, espacio que está más alto que la calle pero no ha sido afirmado con concreto.

Doña Luisa Acosta viuda de Pantoja, declaró: En el momento del accidente se encontraba detrás de la verja que hay frente a la casa de Candelaria González, hablando desde hacía rato con Ana Ramos, la demandante, quien tenía una niñita en sus brazos. No sintió claxon ni nada absoluta-mente. De repente vino la guagua y se llevó a Ana Ramos, que en ese momento estaba parada en la acera. “La gua-gua se montó en la acera y ahí mismo se la llevó”. Ana estaba de espalda a la calle, pegada a la verja, hablando con la declarante. Que no sabe nada más porque al ver lo ocurrido y oír la gritería de la gente perdió el conocimiento y estuvo dos días en cama.

Félix Martell, declaró que se encontraba trabajando cerca del sitio del accidente. Al oír unos gritos corrió hacia el sitio y encontró a la demandante debajo de una guagua, con la mitad del cuerpo encima del encintado que divide la calle de la acera y la otra mitad del cuerpo abajo del encintado. La guagua estaba con las dos ruedas de la derecha arriba del encintado, o sea en la acera, y las otras dos en el encin-tado, afuera, casi en la carretera. Que sabe que la guagua era de la Ferretería Merino porque’tenía un rótulo que decía:1 “Ferretería Merino”. Cuando vio la guagua no había nadie sentado en el asiento del chófer. Fue él quien levantó a la demandante y la llevó al hospital.

José Ramón Ubarri, declaró: El día del accidente vio a la demandante parada frente a la casa del declarante, en la acera, junto a la verja. Estaba parada entre el encintado y la verja. Yió una guagua que venía bajando por la calle 15 y de pronto subió la guagua y la arrolló, estando ella en la acera. La guagua quedó parada en la acera. La guagua tenía un letrero que decía “Ferretería Merino”. No se fijó en quién iba guiando la guagua, pero vió que del lado izquierdo de la guagua bajó una persona El decla-rante agarró a ese individuo dos veces, pero se le escapó y se fue huyendo. Entonces salió otro muchacho que iba en el vehículo y le dijo que le cuidase la guagua que él iba a buscar un guardia. Que no conocía al que huyó, pero lo vió después del accidente y sabe que es Rufino Burgos Ortiz. ■

Las partes estipularon que la demandante declararía en igual sentido que los demás testigos. Se admitió una certi-ficación del Comisionado del Interior haciendo constar que Burgos no estaba autorizado para guiar vehículos de motor, terminando así la prueba de la demandante.

La demandada hizo constar que no presentaría prueba y que descansaría exclusivamente en el hecho de que “no se ha probado que ningún empleado de la Ferretería Merino guiara esa guagua, ni la cuantía de los daños”.

¿Erró la corte inferior al resolver que la guagua que causó el accidente era propiedad de la demandada'y que en ese momento era manejada por uno de sus empleados? Opi-namos que no. La demandada admitió en su contestación que era dueña de una guagua que utilizaba para entregar mercancías a sus clientes; y que el día de autos, el chófer Julio Santiago y el peón Rufino Burgos Ortiz, ambos em-pleados de la demandada, salieron con la guagua del esta-blecimiento de la demandada en San Juan para entregar mercancías en Santurce. La evidencia demostró que la gua-gua que arrolló a la demandante llevaba en el costado el nombre de la demandada; que inmediatamente después de haber ocurrido el accidente se vió salit del costado izquierdo de la guagua al mismo empleado de la demandada, Rufino Burgos Ortiz, que había salido con la guagua de la deman-dada y con su consentimiento para repartir mercancías. La demandada alegó que Burgos no estaba en el momento del accidente actuando como empleado de la demandada, pero no hizo el menor esfuerzo para probar esa alegación. La demandante no estaba obligada a probar que la guagua, per-teneciente a una empresa comercial, era manejada en el momento del accidente por un empleado de la empresa, en el cumplimiento de sus deberes como tal empleado. La presunción es que los empleados que sacaron la guagua y se encontraban en ella al ocurrir el accidente actuaban como tales empleados. Véanse: Ramos de Anaya v. López, 36 D.P.R. 499; Sánchez v. Asiatic Petroleum Co., 40 D.P.R. 104; Acha v. Nevares, 59 D.P.R. 235; Lotti v. The Charles McCormick Lumber Co., 51 D.P.R. 334 y Morales v. Delia Mejias, Inc., 63 D.P.R. 700.

La prueba es a nuestro juicio suficiente para establecer los hechos esenciales de la demanda.

Se queja la apelante de la cuantía de la indemnización concedida por la corte inferior. Dada la importancia de las lesiones sufridas por la demandante y considerando el tiempo que duró su curación y los intensos dolores y sufrimientos experimentados por la paciente, opinamos que una indemnización de $3,500 es razonable.

La sentencia será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Haydée Benítez Rexach, demandante y apelada, v. Félix Benítez Rexach, demandado y apelante.
    Núm. 8900.

    Sometido: Noviembre 9, 1944.

      Resuelto: Marzo 28, 1945.

      Adrián Agosto, abogado del apelante; Orlando J. Antonsanti y Fernando Ruiz Suria, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acción de cobro de dinero. Los hechos envueltos son los siguientes: La demandante y el deman-dado, después de divorciados, otorgaron en el año 1928 una escritura sobre transacción de pleitos y renuncia de acciones y derechos, a virtud de la cual la demandante se comprome-tió a desistir de dos pleitos que había interpuesto contra el demandado, uno en la Corte Federal en cobro de una deuda reconocida de $72,925.68 y el otro en la Corte de Distrito de San Juan en cobro de dinero por pensión alimenticia que el demandado se había comprometido pasarle a la demandante para sus cuatro hijos menores de edad. El demandado a su vez se comprometió a entregar a la demandante la suma de $72,925.68 así como 40 acciones de la San Juan Dock Com-’ pany y además una pensión de $100 mensuales para los referidos hijos durante su minoridad. La demandante se comprometió además a satisfacer todas las contribuciones impuestas y pendientes de pago sobre las propiedades de la San Juan Dock Company.

El 15 de octubre de 1941 la demandante inició esta acción alegando que tres de sus hijos habían alcanzado la mayo-ridad el 31 de diciembre de 1938 y que desde esa fecha el demandado no le había pagado a la demandante los $25 mensuales a que Rabia quedado reducida la pensión alimen-ticia correspondiente a su bija Haydée, niña menor de edad. Solicitó sentencia por $825, suma a que ascendían las men-sualidades no satisfechas y. además que se condenara al demandado a pagar $25 mensuales según se devengaran, intereses, costas y honorarios.

En 31 de octubre de 1941, y a virtud de ciertas gestiones extrajudiciales realizadas por la demandante, el demandado le pagó la suma de $558.33 correspondiente a las mensuali-dades vencidas desde enero, 1938, hasta el 10 de noviembre de 1940.

En su contestación el demandado aceptó prácticamente todos los hechos alegados en la demanda, pero alegó, como defensa especial, que su obligación alimenticia en cuanto a su hija Haydée había cesado como consecuencia del matri-monio de ésta celebrado el 10 de noviembre de 1940; y atacó además la jurisdicción de la corte inferior y la capa-cidad de la demandante para establecer la acción.

La corte declaró con lugar la demanda en todas sus partes, a excepción del pago de las mensualidades vencidas con posterioridad al comienzo del litigio. El demandado en este recurso señala como errores sustancialmente las mis-mas defensas y alegaciones planteadas en la contestación.

En cuanto a la alegada falta de jurisdicción de la corte inferior, la cuestión carece de méritos. Repetidamente hemos resuelto que la jurisdicción de las cortes de distrito en acciones en cobro de dinero se determina por la cantidad reclamada en la demanda y que el hecho de- que dicha cantidad sea reducida posteriormente a virtud de la prueba a menos de $500 no las priva de jurisdicción. Méndez v. Casino “Hijos de Borinquen’’, 35 D.P.R. 270; Hamilton v. Boerman, 35 D.P.R. 542; Millón & Co., Sucrs. v. Caamaño, 38 D.P.R. 193; Horace Waters & Co. v. Portilla, 42 D.P.R. 950; Longchamps v. Franceschi, 56 D.P.R. 194; Donato v. Cruz, 59 D.P.R. 534.

La única cuestión de relativa importancia envuelta en este caso es la determinación de si la obligación de pasarle $25 mensuales a la demandante para alimentos de su hija durante su minoridad, que contrajo el demandado con la demandante a virtud del contrato transaccional otorgado, cesó el 10 de noviembre de 1940 por el hecho de que su hija se casó en dicha fecha pero cuando aún era menor de edad.

El error en que incurre el demandado en toda su argu-mentación en este caso es el partir de la premisa falsa de considerar que esta acción es una en la cual la demandante está reclamando alimentos para y a nombre de su hija. Por el contrario, la acción es una en cobro de dinero basada en el contrato transaccional, de carácter oneroso, celebrado entre las partes, y nada hay en él que pueda hacerlo caer bajo las prohibiciones contenidas en el artículo 1207 del Código Civil . Como parte de la causa del contrato la demandante se comprometió a desistir de los pleitos y a satisfacer ciertas contribuciones y el demandado por su parte se comprometió a pagar a la demandante cierta suma de dinero y la pensión mensual hasta que sus cuatro hijos fue-ran mayores de edad. Todos estos hechos fueron convenidos entre la demandante y el demandado. Los hijos no fueron partes en el contrato, ni podían serlo de acuerdo con el artículo 1713 del Código Civil, ya que ellos no hubieran podido transigir sobre su derecho a percibir alimentos futu-ros de su padre, pero la demandante no estaba transigiendo sobre dichos alimentos sino meramente fijando su cuantía, quedando ella, por tanto, obligada para con sus hijos de suministrarles todo aquello que, en exceso de los $25 men-suales, ellos pudieran necesitar para su sustento, habitación, vestido, educación y asistencia médica, sin poder reclamar el importe de dicho exceso al demandado. (Artículos 142 y 145 en relación con el artículo 153 del Código Civil.)

El hecho de que la hija del demandado quedara emancipada a virtud de su matrimonio sería un impedimento para que ella pudiera reclamar alimentos en primer término a su padre aquí demandado (Artículo 144 del Código Civil) pero como hemos dicho, ese no es el caso que confrontamos sino uno de cobro de dinero consecuencia de una obligación válida contraída por el demandado con la demandante y en el cual la hija ni es parte ni podía serlo.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

MI Juez Asociado Sr. De Jesús disintió.

      Artículo 1207 del Código Civil:
      “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni a] orden público.”


author: El Juez Presidente Señoe. Teavieso

text:
    Alejandro Montalvo, Luciano Ferreiro, Jr., Marcos González Pagán y José A. Santiago, demandantes y apelantes, v. Paul Smith Construction Company of P. R., demandada y apelada.
    Núm. 9063.

    Sometido: Marzo 9, 1945.

      Resuelto: Abril 9, 1945.

      Prank Torren, abogado de los apelantes; F. T. Fuller, José G. Gon-zález, Jorge M. Morales, Tomás 1. Nido y Ramón L. Nevares, abogados de. la apelada.
   El Juez Presidente Señoe. Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de una reclamación de salarios por horas extras que los demandantes alegan haber trabajado para la corporación demandada, en exceso de las ocho horas de la jornada legal de trabajo.

En la demanda se alega que la demandada es una corpo-ración doméstica organizada bajo las leyes de Puerto Rico, dedicada al negocio de construcción de edificios y obras de ingeniería; que los demandantes fueron empleados por la demandada para trabajar en el proyecto de construcción del Campamento Militar conocido como “Losey Field”, en Juana Díaz, Puerto Rico-; y que las horas extraordinarias recla-madas por cada uno de los demandados son como sigue:

Alejandro Montalvo:
De noviembre 22, 1940 a marzo 13, 1941 a 39 centavos la hora normal, reclama 287 horas extras a 78 centavos p.h. $223. 30
De abril 9 ele 1942 a julio 2, 1942, a 45 y 50 centavos la hora normal, uviama 245 horas extras a 90 centavos y $1.00
por hora_ 237.30
De julio 2, 1942 a agosto 6, 1942, a 50 centavos la hora normal, reclama 56 horas extras que se le pagaron a tiempo y medio en vez de doble_ 14.12
■ Total_-$474~72
Jose A. Santiago:
De noviembre 122, 1940 a abril 3, 1941, a .razón de 26% centavos por hora normal, reclama 933 horas extras a 53 centavos por hora_a-$494. 49
Luciano Ferreiro, Jr.:
Re noviembre 22, 1940 a abril 3, 1941, a razón de 26% centavos por hora normal, reclama 929 horas extras a 53 centavos por hora-$492. 37
Marcos González Pagan:
De noviembre 22, 1940 a enero 23, 1941 a razón de 25 centavos por cada hora normal, reclama 428 horas extras a 50 centavos la hora_$214. 00

Contestó la demandada negando específicamente los he-chos esenciales de la demanda; y negó especialmente haber empleado a los demandantes o a cualesquiera de ellos du-rante cualquier tiempo antes de octubre 21 de 1941. Como defensas especiales, alegó:

1. Que la demandada fue incorporada de acuerdo con las leyes de Puerto Ilico el día 21 de octubre de 1941, no habiendo hecho negocios antes de esa fecha.

2. Que la Corte de Distrito de Ponce carecía de jurisdic-ción para conocer del caso porque los hechos alegados en la demanda, de haber ocurrido, ocurrieron en Losey Field, que es un terreno perteneciente al Gobierno de los Estados Unidos y constituye una reserva federa], de cuyo hecho la corte tiene conocimiento judicial.

3. Que si los demandantes en alguna ocasión trabajaron más de ocho horas, “no tendrían derecho a recobrar por más de una hora extra después de las ocho horas”; y que si trabajaron más de nueve horas lo hicieron en violación de la ley y están por tanto impedidos de reclamar compensación por las horas en exceso de las nueve horas autorizadas por la Ley número 49 de agosto 7 de 1935.

4. Que las reclamaciones de los demandantes están pres-critas, por cuanto han transcurrido sesenta días después de haber terminado el trabajo cuyo pago se reclama, de acuerdo con la Ley número 73 de mayo 4 de 1931 (pág. 459.)

Visto el caso ante la Corte de Distrito de Ponce, ésta dictó sentencia desestimando la demanda. Se fundó dicha sentencia en que habiendo los propios demandantes probado que la demandada es nna corporación doméstica incorporada en octubre 21 de 1941, fecha en qne le fué expedido el cer-tificado de incorporación por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, dicha corporación no tenía personalidad jurí-dica ni existencia legal antes de dicha fecha y por lo tanto no podía contratar los servicios de los demandantes en las fechas alegadas en la demanda. Los demandantes apelaron.

Como primer señalamiento se alega que la corte sentenciadora erró al no declarar probados los hechos de la demanda, no habiendo la demandada aducido prueba en contrario. Hagamos un resumen de la prueba.

Antes de ofrecer su prueba testifical, los demandantes presentaron y fué admitido el certificado de la incorporación de la compañía demandada en octubre 21 de 1941.

Declaró el demandante Aejcmdro Montalvo que trabajó para la demandada durante los tres períodos alegados en la demanda; que siempre trabajó los siete días de la semana; que durante el período de noviembre 22, 1940 a marzo 13, 1941 trabajó desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde; que desde abril 9, 1940 a agosto 6, 1940 trabajó desde las siete de la mañana a las seis de la tarde; que la persona que le dió el empleo en noviembre 22 de 1940 fué el Sr. Lloyd Smith, Secretario oficial de la compañía; que en el primer proyecto trabajaba en la oficina, en el barrio Pótala, de Juana Díaz, como jefe de listeros, encargado de dar las placas a unos dos mil trabajadores; que los viernes, días de nóminas, trabajaba hasta las doce o una'de la noche; que en el segundo proyecto trabajó como encargado de materia-les; que cuando empezó a trabajar en noviembre 22, 1940, el Sr. Lloyd Smith le entregó una placa de identificación que tiene impresó en su parte superior lo siguiente: “Paul Smith Construction Company, Inc. 40”; que nunca le pagaron por las horas extras que trabajó; que para el trabajo en el segundo proyecto también fué empleado por el Sr. Lloyd Smith, quien le escribió una carta en papel timbrado de “Paul Smith Construction Co., Incorporated, G-eneral Contractors, P. 0. Box 4671, San Juan, Puerto Bico”; que du-rante el primer período ganaba 39 centavos por hora o sea $22 semanales y durante el segundo 50 centavos por hora; que el trabajo lo hizo en Losey Field, primero en la cons-trucción de cuarteles y casas, y luego en la construcción de la pista aérea de Losey Field.

Luciano Ferreiro, demandante, declaró que trabajaba como conductor de una guagüita, la cual sacaba a las seis de la mañana; que terminaba su trabajo un día a las ocho y al otro día a las doce de la noche y trabajaba los siete días de la semana, inclusive los domingos; que ganaba $15 sema-nales; que trabajó desde el 22' de noviembre de 1940 hasta el 3 de abril de 1941; que no le pagaron por las horas extras que trabajó; que trabajó con Paul Smith Construction Company y lo emplearon en el pueblo, en el Hotel Meliá de Ponce el Sr. Lloyd Smith y el Sr. Carl Smith y le dieron una placa que dice: “Paul Smith Construction Company, Inc. 35”.

Marcos Gonzales, demandante, declaró que trabajó para Paul Smith Construction Company, como “watchman”, desde noviembre 22, 1940 a enero 23, 1941, entrando al trabajo a las cuatro de la tarde y saliendo a las siete de la mañana; que quien le colocó fué Harry C. Smith, uno de los jefes de la compañía; que ganaba $14 semanales por siete días; que reclama porque trabajó quince horas y el convenio era tra-bajar ocho horas nada más.

José Antonio Santiago, demandante, declaró que trabajó para la Paul Smith Construction Company of P. B., como chófer; empezó el 22 de noviembre de 1940 y terminó el 3 de abril de 1941; el que le empleó fué el jefe Mr. Lloyd Smith; trabajaba los siete días de la semana desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche y algunos días hasta las doce de la noche, alternando con el otro chófer; que su sueldo era $15 semanales; que le dieron una placa igual a la de los otros demandantes; y que el trabajo lo hacían en Losey Field, que es una base del Ejército de los Estados Unidos.

Llamado por los demandantes, el señor Ernest Lloyd Smith, declaró: que reside en Puerto Bico desde diciembre 1, 1940 y antes de esa fecha residía en Saint Thomas, dedi-cándose al negocio de construcción de bases navales como representante de Paul Smith Construction Co., que es una corporación organizada bajo las leyes del estado de Florida; (pie vino a Puerto Bico para negocios de construcciones; que su primer negocio fue la construcción de una base aérea para el ejército en Losey Field; que la Paul Smith Construction Company of Puerto Bico no tiene relación alguna con la Paul Smith Construction Company of Florida.

Opinamos que el tribunal inferior no erró al apreciar la evidencia presentada por los demandantes. La demanda ha sido dirigida contra Paul Smith Construction Company of P. B., corporación que no adquirió existencia legal hasta octubre 21 de 1941, fecha en que le fué expedido el certificado de incorporación por el Secretario Ejecutivo de Puerto Bico. La prueba demuestra que los cuatro demandantes fueron em-pleados por representantes de Paul Smith Construction Co., Inc., corporación organizada en el estado de Florida. Con excepción de las horas extras que el demandante Montalvo alega haber trabajado para Paul Smith Construction Co. of P. B., durante el período de abril 9 a agosto 6 de 1942, todas las demás reclamaciones se refieren a fechas anteriores a la de la incorporación de dicha compañía en Puerto Bico. La prueba no solamente ha dejado de establecer la existencia de relaciones o de intereses comunes entre la corporación de Florida y la de Puerto Bico, si que por el contrario demostró con la declaración de Ernest Lloyd Smith, testigo de los demandantes, la inexistencia de tales relaciones o intereses. La representación legal de los demandantes, habiendo sentado en la silla testifical al Sr. Ernest Lloyd Smith, qnien declaró ser el “Office Manager” de la corporación de Florida y el Secretario de la corporación doméstica, no hizo el menor es-fuerzo para obtener de dicho testigo los datos e informes que hubieran tal vez establecido la existencia de una comu-nidad de intereses entre ambas entidades que pudiera servir de base para imponer a la corporación doméstica la res-ponsabilidad de cumplir las obligaciones contraídas por la corporación extranjera. No erró, pues, la corte inferior al desestimar la demanda en cuanto a las reclamaciones por trabajos realizados con anterioridad al 21 de octubre de 1941.

La reclamación del demandante Alejandro Montalvo por horas extras trabajadas para Paul Smith Construction Company of Puerto Kico, durante el período de abril 9 a agosto 6 de 1942, quedó a nuestro juicio suficientemente establecida por la prueba. El demandante trabajó como encargado de los materiales de construcción de dicha compañía, desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde durante los siete días de la semana, incluyendo los domingos. Durante los 119 días incluidos en ese período, el demandante alega haber trabajado 245 horas extras, por las que reclama com-pensación doble, a 90 centavos y $1.00 por la novena, décima y undécima horas; y 56 horas extras, por las cuales reclama solamente 25 centavos por las horas novena, décima y undé-cima, por haber recibido ya tiempo y medio en vez de doble tiempo. Su declaración en el acto de la vista no fue contra-dicha por prueba alguna de la demandada.

La t;orte inferior desestimó la demanda en su totalidad, sin entrar a considerar y resolver la cuestión jurisdiccional levantada por la corporación demandada. Porque creemos que la reclamación del demandante, en cuanto a .trabajo rea-lizado en el segundo proyecto de Losey Field está bien fun-dada, nos vemos obligados a considerar y discutir dicha cuestión.

Alega la demandada, que habiendo ocurrido los hechos en que se basa la demanda en Losey Field, situado en terreno perteneciente al Gobierno de los Estados Unidos, el cual constituye una reserva federal, esta Corte carece de jurisdicción sobre la materia objeto de la demanda.

Esta Corte Suprema ha considerado y resuelto en varias ocasiones alegados conflictos de jurisdicción entre la Corte de Distrito de los Estados Unidos y los tribunales insulares.

En el caso de Pueblo v. Suárez, 51 D.P.R. 903, la cuestión envuelta era si la Corte de Distrito de San Juan tenía juris-dicción para conocer de la causa criminal incoada contra Suárez por haber usado explosivos para destruir el edificio ocupado por el correo de Puerta de Tierra. Resolvimos que sí la tenía, porque de la mera ocupación por el Gobierno Federal de un edificio con una oficina de correos, no surge presunción alguna de jurisdicción exclusiva de los tribuna-les federales, en ausencia de demostración de que el Gobierno Federal compró o expropió el edificio, con el consentimiento de la legislatura insular. Resolvimos, además, que la juris-dicción excepcional nunca se presume y que aquel que la alega debe probarla.

En Pueblo v. Fuentes, 56 D.P.R. 669, el apelante fue con-victo de acometimiento y agresión y portar armas, habiendo sido ambos delitos cometidos en la carretera del Yunque. En su alegato ante esta Corte el apelante levantó la cuestión jurisdiccional, alegando que la corte de distrito actuó sin jurisdicción por pertenecer la carretera del Yunque a los Estados Unidos, bajo el control exclusivo del Gobierno Federal. Reafirmando nuestra decisión en El Pueblo v. Suárez, supra, resolvimos que no habiéndose probado que el Go-bierno Insular hubiese traspasado al Federal la parte de la carretera en donde ocurrieron los hechos, el señalamiento de error no estaba bien fundado.

Bn el caso de autos, la parte apelada levantó la cuestión jurisdiccional, pero no presentó ni en la corte inferior ni ante esta corte prueba alguna para sostener su alegación y esta-blecer las bases necesarias para poder invocar la jurisdicción excepcional de la Corte Federal. Por tales razones y de conformidad con las decisiones antes citadas la excepción de falta de jurisdicción debe ser desestimada.

Sólo nos resta fijar la cantidad que la demandada deberá satisfacer al demandante Alejandro Montalvo.

De conformidad con su declaración, durante los 84 días comprendidos entre abril 9 y julio 2 de 1942 Montalvo tra-bajó 245 horas extraordinarias; y desde julio 2 a agosto 6 de 1942, 56 horas más que le fueron pagadas a tiempo y medio o sea a 75 centavos la hora. Declaró Montalvo, que a él le pagaban $22 semanales y que durante todo ese tiempo trabajó de siete de la mañana a seis de la tarde o sea 11 horas diarias. De conformidad con la regla sentada en Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61, si Montalvo convino en que trabajaría once horas diarias durante los siete días de la semana o sea 77 horas a la semana, el tipo por hora resulta ser 2814 centavos; y habiendo recibido el salario convenido de $22 semanales, resulta que “el obrero ya ha sido total-mente compensado al tipo ordinario por todas las doce horas, aunque él tendrá, desde luego, derecho a la compensación extra por la novena hora que el estatuto específicamente dis-pone que deberá recibir”. El demandante Montalvo tiene por tanto derecho a doble compensación por la novena hora trabajada durante los 84 días de abril 9 a julio 2 de 1942, al tipo de 2814 centavos por hora ordinaria; pero habiendo recibido ya compensación sencilla, ahora le corresponde recibir la compensación por las 84 horas extras, al tipo de 28% centavos, o sea la cantidad de $23.94. Por las 36 novenas horas trabajadas durante los 36 días de julio 2 a agosto 6 de 1942, computadas al tipo de 28% centavos por hora, el demandante debe recibir la suma de $10.26.

La sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugar se dictará otra condenando a la demandada a pagar al de-mandante Alejandro Montalvo la cantidad de $34.20, sin costas.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.