text:
    Varcárcel, Demandante y Apalante, v. Monge, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Segundo Distrito, en pleito sobre cobro de dólares.
    No. 2790.
    Resuelto en enero 19, 1923.
    Sentencia en Rebeldía — Apertura de Rebeldía. — La materia de apertura de rebeldías mucho descansa en la discreción de la corte, y cuando las circuns-tancias son tales que hacen vacilar a la corte, es preferible resolver la duda en favor de la solicitud asegurando así un juicio y sentencia sobre los mé-ritos.
    'Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. H. Torres Sold.

    Abogado del apelado: Sr. R. II. Blondet.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante establece apelación contra una resolución dejando sin efecto una sentencia en rebeldía y asigna como errores los siguientes:

Primero, que la corte inferior se excedió en sus faculta-des al permitir que Carlota Pastrana, qne se dice no es parte en este pleito ni defensora judicial de sn esposo de-mandado Juan Monge, que solicitara la apertura de la re-beldía, habiendo sido ya nombrada otra persona como tal de-fensor.

Segundo, que la corte inferior erró al aceptar la interven-ción de Carlota Pastrana a virtud de su nombramiento como tal defensora en otro caso contra el mismo demandado que es-taba pendiente en otra corte.

Tercero, que la corte inferior erró, actuó sin jurisdicción y abusó de su discreción por lo siguiente:

(a) Porque no se acompañó a la solicitud de rebeldía el affidavit de méritos exigido por el Código de Enjuiciamiento Civil.

(b) Porque no se acompañó una contestación a la de-manda que adujera una meritoria defensa.

(c) Porque no consta de las alegaciones de Carlota Pas-trana que ella hubiese “explicado los hechos de una manera fiel y completa” a su letrado y que en opinión de dicho abo-gado tuviese una buena y meritoria defensa en los hechos de su acción.

(d) Porque la moción no mostraba mediante certificado de abogado ni en otra forma que el resultado sería distinto de la sentencia que recayó.

Cuarto, que la corte inferior erró al reconocer a Carlota Pastrana el carácter de defensora judicial,

Quinto, que la resolución apelada es errónea y contraria a derecho y en exceso de jurisdicción y de discreción.

Sexto, que la corte inferior erró al dejar sin efecto la re-beldía a virtud de una moción hecha cuatro meses después de radicada la demanda, sin haberse alegado ninguna falta de jurisdicción como fundamento de la misma.

“En cuestiones sobre apertura de rebeldías, mucho queda confiado a la discreción de la corte; y cuando las circunstancias son tales que inducen a la corte a vacilar, es mejor resolver la duda a favor de la solictmd a fin de garantizar nn juicio y sentencia sobre los méritos.” Nota a la sección 473 del Código de California en la página 429 del Código de Enjuiciamiento Civil de Fairall.

El artículo 140 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil prescribe entre otros particulares que “cuando por cual-quier causa la citación en una demanda no se hubiese hecho al demandado en persona, podrá la corte en la forma que es-timare justa, permitir que dicho demandado o su represen-tante leg’al, en cualquier tiempo dentro del año de pronun-ciado el fallo en ella, la conteste tal como se interpuso.”

El alegato del apelante no trata de este aspecto del ar-tículo referido sino que desarrolla con amplitud la clara pro-posición de que la solicitud para dejar sin efecto la rebeldía no está comprendida en ninguna de las demás disposiciones de dicho artículo.

La teoría de la moción es que la apelada, como esposa del demandado incapacitado debió haber sido nombrada defen-sora judicial en este caso y que una orden anterior nom-brando a otra persona indicada por el demandante y a quien se había hecho una citación era absolutamente nula. El ape-lante no está de acuerdo con este criterio sobre el asunto sino vque asume simplemente sin hacer gran esfuerzo por demos-trar que de acuerdo con los artículos 56 y 57 del Código de Enjuiciamiento Civil la corte puede dejar de tomar en con-sideración semejante petición. Como se ha dicho frecuente-mente en casos recientes, no tenemos tiempo para hacer una investigación independiente de cuestiones que son más o me-nos dudosas que de tal modo hayan sido suscitadas o someti-das a la corte.

La resolución dejando sin efecto la sentencia en rebeldía tiene por objeto conceder el remedio solicitado en la moción, a saber:

Primero, que por la corte se ordene abrir la rebeldía en el caso titulado como la presente dando oportunidad al deman-dado para defenderse.

Segundo, que asimismo decrete la nulidad de su resolu-ción de 14 de octubre de 1921, nombrando defensor judicial de dicho incapacitado a don José Trías.

Y tercero, que asimismo ordene dejar sin efecto el diligen-cia miento del emplazamiento hecho en la persona de José Trías, diligenciado en 31 de octubre de 1921.

En el caso de los bienes relictos de José Boss, 140 Cal. 282, fué nombrado un defensor judicial para una nieta menor de edad que verdaderamente no estaba representada en los procedimientos para el arreglo de los bienes, después de ha-berse dictado una orden, y a virtud de una petición jurada del defensor así nombrado, quedó entonces la orden anulada haciéndose una nueva distribución de los bienes. Esta ac-tuación mereció la aprobación del tribunal de apelación, en cual en el curso de su opinión-dijo que “las cortes se incli-nan siempre a ser liberales proporcionando un remedio a las partes que se encuentran incapacitadas del efecto de una re-solución que parece ser injusta y que priva a una parte de sus derechos, y la corte inferior está justificada en proceder a anularla a virtud de una oportuna solicitud mediante prueba razonable. ’ ’

Para los fines de esta opinión puede concederse' que el sólo hecho de que la esposa había sido nombrada por otra corte en otro caso como defensora judicial no le daba de-recho como cosa natural a un nombramiento semejante en este caso. Pero ese no es el único ni el principal fundamento de la moción, y si no está satisfecho el apelante de que el re-conocimiento hecho por la corte de la esposa como defensora judicial equivale substancialmente a un nombramiento formal, entonces cualquier perjuicio que pudiera resultar debido a tal irregularidad puede evitarse solicitando una nueva or-den en la cual expresamente se designe a la esposa como tal defensora judicial en este caso.

“En una moción para que se deje sin efecto una sentencia que ba sido dictada a ■virtud de una estipulación nula, no es necesario ningún affidavit de méritos (Toy v. Haskell, 128 Cal. 558; 79 Am. St. Rep. 70; Pac. 89); ni'tampoco en una moción para que se deje sin efecto una sentencia que ba sido dictada basada en una estipu-lación fraudulenta, cuando los autos muestran que existe defensa meritoria (Crescent Canal Co. v. Montgomery, 124 Cal. 134; 56 Pac. 797); ni en una moción para dejar sin efecto una sentencia basada en falta de jurisdicción de la persona (Maclay Co. v. Meads, 14 Cal. App. 363; 112 Pac. 195; 113 Pac. 364); ni en una moción para dejar sin efecto una resolución en un pleito de divorcio (Cottrell v. Cottrell, 83 Cal. 457; 23 Pac. 531); ni tampoco cuando la sentencia muestra por su faz que fue dictada con descuido (Clarke v. Baird, 98 Cal. 642; 33 Pac. 756); ni cuando la sentencia es nula; en esta es-pecie de casos el demandado tiene derecho a un remedio independien-temente del estatuto. Norton v. Atchison etc. R. R. Co. 97 Cal. 388; 33 Am. St. Rep. 198; 30 Pac. 585; 32 Pac. 452.” Código de En-juiciamiento Civil de Fairall, Parte 1, pág. 434.
“En una moción hecha por una persona con derecho a que se le expida el nombramiento de defensora de la persona de un menor, para que se deje sin efecto una orden que hace el nombramiento a favor de otra persona, y que se hizo sin el conocimiento o consenti-miento de la parte que presenta la moción, no se necesita' ningún otro affidavit de méritos como no sea sino para demostrar que es una persona competente y de condiciones para tener el cuidado, control y custodia de dicho menor. Guardianship of Van Loan, 142 Cal. 423; 76 Pac. 37. Cuando los autos revelan que la corte no tenía facultades para dictar la resolución haciendo el nombramiento de un defensor, tal resolución es nula por su faz y puede ser atacada en cualquier tiempo. Guardianship of Eikerenkotter, 126 Cal. 54; 58 Pac. 370.” Idem, p. 443.

En el presente caso la moción fué jurada por el apelado y estaba acompañada de una excepción previa y contestación, ambas de las cuales dice el apelante que son frívolas. Pero ese hecho no es evidente por sí y no existe razonamiento muy persuasivo sobre este punto.

La resolución de que se queja el apelante se presume que es correcta y a falta de alguna prueba satisfactoria en cuanto a los méritos de la apelación, debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Concejo de Administración Municipal de Yauco, Demandante y Apelante, v. Asamblea Municipal de Yauco, Demandada y Apelada. Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recurso de certiorari. Moción sobre desestimación de apelación.
    No. 2852.
    Resuelto en enero 19, 1923.
    Desestimación de Apelación — Cuestión Académica. — Siendo la cuestión en li. tigio si la Asamblea Municipal de Tauco tiene facultad para conceder licen-cia al Comisionado de Beneficencia para ausentarse de esta isla, ningún re-sultado práctico puede tener la resolución de tal cuestión en apelación cuando dicho comisionado ha hecho uso de tal licencia y ha tomado posesión otra vez de su cargo, por lo que procede la desestimación del recurso.
    Los becbos están expresados eu la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. del Toro Fernández.

    Abogados de la apelada: Sres. G. Brunei y T. Paz Ruiz.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que desestimemos esta apelación porque su re-solución no tendría abora finalidad práctica.

El Concejo de Administración Municipal de Yauco negó una licencia al comisionado de beneficencia para ausentarse de esta isla, pero posteriormente se la concedió la asamblea municipal. Entonces el Concejo de Administración acudió a la Corte de Distrito de Ponce con una petición de certiorari para que anulase ese acuerdo de la asamblea municipal ale-gando que ésta no está autorizada para conceder tal licencia por corresponder esa facultad al concejo de administración. La corte libró el auto interesado pero después de oir a las-partes lo anuló, estableciéndose entonces esta apelación.

La parte apelada nos presenta en apoyo de su moción de desestimación una certificación creditiva de que el comisio-nado de beneficencia se fia posesionado otra vez de su cargo al expirar su licencia, pero la apelante alega que tal beclio no destruye la finalidad práctica que persigue en su apelación porque mientras no se anule por el tribunal la ordenanza de la asamblea municipal concediendo dicha licencia sería ilusorio que el concejo de administración formulara cargos por aban-dono voluntario de destino contra el expresado comisionado pues la asamblea municipal no iría contra sus propios actos, abroquelándose en la pretendida validez de su ordenanza, y porque de consentirse que la asamblea municipal invada fa-cultades privativas del concejo de administración surgiría la discordia entre los dos cuerpos y se fomentaría la indisciplina de sus funcionarios.

Puede ser que surjan todos los inconvenientes que prevee la parte apelante pero estando ya cumplida la ordenanza cuya validez es objeto de esta apelación a nada práctico con-duciría en este caso que decidiéramos que la asamblea municipal no tenía facultad para conceder la expresada licencia, después que el comisionado la ha disfrutado y ha vuelto a tomar posesión de su cargo. Si la anuláramos no podría im-pedirse el hecho realizado de haber sido disfrutada la licen-cia. Según dijimos en el caso de Bianchi v. Pierazzi, 25 D. P. R. 631, las cortes no están constituidas para establecer re-glas que sirvan de norma futura a las personas.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: 3El Juez Presidente Sr. del Tobo,

text:
    Comisión de Indemnizaciones a Obresos, Peticionaria, v. La Corte de Distrito de Aguadilla, Demandada.
    'Solicitud para que se expida un auto de certiorari dirigido a la Corte de Distrito de Aguadilla, Hon. Tomás Bryan, Juez.
    No. 390.
    Resuelto en enero 19, 1923.
    Trabajo — Comisión de Indemnizaciones a Obreros — Decisiones Apelables— Término para Apelar. — Las decisiones de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros dictadas en reconsideración de decisiones del presidente o del eomi- , sionado permanente en casos de incapacidad transitoria, son apelables por el obrero para ante la corte del distrito competente y el término para apelar no empieza a correr basta que el obrero baya sido notificado de la decisión dictada en reconsideración.
    Id. — Apelación Prematura — Sentencia Nula. — En el presente caso el obrero lesionado pidió a la Comisión de Indemnizaciones que reeonsiderara la resolu-ción del presidente, y sin aguardar la decisión de la comisión, dentro del ■ término fijado por la -ley para apelar de las decisiones de la comisión, ar-chivó su apelación contra la decisión del presidente en la corte de distrito, la cual dictó sentencia por los méritos. Se resolvió: que era prematura la apelación, siendo en su consecuencia nula la sentencia dictada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la peticionaria: Sr. L. Samalea.

    -Ahogado del demandante: Sr. B. Esteves.

   3El Juez Presidente Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

José Bodríguez, trabajando como bracero en las obras de construcción de un edificio, recibió ciertas lesiones. Se co-municó el hecho a la Oomisión de Indemnizaciones a Obreros. Se oyó el informe del perito médico de la comisión calificando ■el caso de incapacidad transitoria y el presidente de la co-misión ordenó el pago al lesionado de $54 por 108 días que ■estuvo impedido de trabajar y el de otras sumas por honora-rios médicos y gastos de viaje y hospedaje. La resolución del presidente tiene fecha 27 de marzo de 1922.

No conforme el obrero pidió a la comisión que leconside-rara la resolución del presidente, y sin aguardar la deci-sión de la comisión, dentro del término fijado por la ley para apelar de las decisiones de la comisión, archivó su apelación en la Corte de Distrito de Aguadilla, dentro de cuyo distrito ocurrió el accidente. La comisión fué emplazada. No com-pareció. Se celebró el juicio en su ausencia y la corte, basán-dose en la prueba practicada, estimó que se trataba de un caso de incapacidad parcial permanente y concedió al. obrero la indemnización de dos mil dólares ordenando su pago a la co-misión apelada.

La sentencia de la corte de distrito tiene fecha 12 de julio de 1922. El 26 de julio la comisión pidió a la corte que' dejara sin efecto su sentencia, abriera la rebeldía y le permitiera ar-chivar un escrito de excepciones y contestación. Se opuso el obrero y la corte negó lo solicitado. Apeló la comisión para ante esta Corte Suprema y su apelación fué desestimada por no estar autorizada por la ley. Entonces la comisión esta-bleció el presente recurso de certiorari, expidiéndose el auto y celebrándose la vista el día 10 de diciembre pasado.

¿Tuvo jurisdicción la corte de distrito para pronunciar su sentencia de 12 de julio, último ? Veámoslo.

El artículo 6 de la ley sobre la materia, tal como quedó en-mendado en 1921, Leyes de 1921, pág. 481, en sus párrafos primero y tercero, que son los pertinentes, dice:

“Art. 6. — Por la presente se crea una comisión que se denomi-nará ‘Comisión de Indemnizaciones a Obreros,’ la cual se compon-drá de cinco miembros y se constituirá del modo siguiente: el Go-bernador, con la aprobación del Senado, nombrará un presidente, quien será el jefe administrativo de las oficinas de la comisión. Tres miembros serán designados en las elecciones generales de noviembre, debiendo designarse un candidato por cada uno de los tres partidos políticos que obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones anteriores; Disponiéndose, que este precepto en nada afectará a los comisionados electos en las elecciones celebradas el 2 de noviembre de 1920. El quinto miembro será permanente y percibirá un sueldo de dos mil seiscientos (2,600) dólares anuales, y su nombramiento será hecho por el Gobernador, con el consejó y consentimiento del Senado. La comisión elegirá uno de sus miembros como vice-pre-sidente, quien presidirá las sesiones en los casos de ausencia 'justi-ficada del presidente.
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“El presidente y el comisionado permanente tendrán facultades liara resolver todos los casos de incapacidad transitoria, dando cuenta a la comisión en su primera sesión de las resoluciones dictadas por cada uno de ellos, cuyas resoluciones podrán ser reconsideradas por la" comisión 'a propia iniciativa o a solicitud del obrero lesionado o patrono, interesados en el caso resuelto, cuando la petición de re-consideración se baga dentro de los diez días después de notificado el interesado de la decisión recaída.”

Y el párrafo primero del artículo 9 de la propia ley, Leyes de 1921, pág. 487, lee como sigue:

“Art. 9. — Se concederá al obrero recurso de apelación contra la decisión de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros para ante la corte de distrito del distrito en donde ocurrió el accidente al recla-mante, en todos los casos en que se considere perjudicado por el acuerdo de la comisión.”

A la luz de esos preceptos es que debe resolverse la cues tión planteada.

El presidente no es la comisión. Tampoco lo es el comi-sionado permanente. La ley dispone que el presidente y el comisionado permanente pueden resolver por sí solos los ca-sos de incapacidad transitoria. La resolución de los casos de muerte, de incapacidad total o de incapacidad parcial perma-nente, está reservada por la ley a la comisión en pleno. Cuando el presidente o el comisionado permanente actúan por sí solos, las resoluciones que dictan pueden ser reconsidera-das por la comisión a propia iniciativa o a solicitud del obrero lesionado o del patrono. El recurso de apelación que se concede para ante las cortes de distrito lo es de las decisiones de la comisión, no de las resoluciones del presidente o del comi-sionado permanente.

Sostiene el obrero lesionado — qne intervino en el certiorari por escrito y oralmente — qne si se bnbiera limitado a acudir a la comisión pidiéndole que reconsiderara la resolución del presidente y dicha comisión no hubiera actuado, como no lo hizo, dentro del término fijado para apelar, hubiera perdido su recurso. En manera alguna. El término para apelar no comenzaría a correr hasta que el obrero hubiera recibido el aviso de la decisión de la comisión resolviendo su petición de reconsideración de la resolución del presidente.

Se sostiene también por el obrero lesionado que una de-cisión resolviendo una moción de reconsideración no es ape-lable. La jurisprudencia que invoca no tiene aplicación. No es al mismo organismo o tribunal que dicta la resolución o sentencia final a quien; se pide la llamada reconsideración en este caso, qne más bien que reconsideración debió llamarse apelación o alzada. La comisión en pleno interviene por pri-mera vez y la decisión a que llegue será su única actuación. Es en el caso de qne confirme la resolución del presidente, que dicha resolución se convierte en decisión de la comisión y es entonces que puede apelarse de ella para ante la corte de dis-trito competente.

Siendo todo ello así, es claro que la Corte de Distrito de Aguadilla intervino prematuramente en este caso que estaba aún dentro de la jurisdicción de la Comisión de Indemniza-ciones a Obreros. Su actuación es, por lo tanto, nula y así debe, decretarse.

Con lugar el certiorari y anulada la sentencia de la corte inferior.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Feanoo Soto,

text:
    Bustamante, Demandante y Apelante, v. Camino, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre divorcio.
    No. 2615.
    Resuelto en enero 19, 1923.
    Discbeción Judicial — Anulación de Sentencia. — En el presente caso en que fué apelada una resolución dejando sin efecto la sentencia de divorcio y abriendo nuevamente el caso, se resolvió: que el hecho de no haberse verificado una notificación personal en este caso, unido a las demás circunstancias que apa-recen de la moción de la demandada (insertas en la opinión), indican cierta gravedad, que sin entrar.a discutir los méritos del caso, demuestra que la corte inferior tuvo a su disposición razones poderosas para haber hecho un buen uso de la sana discreción que le concede el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Tarmes.

    Abogados de la apelada: 8res. López de Tord y Zayas Pizarro.

   El Juez Asociado Se. Feanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de divorcio por abandono. Des-pués de dictada sentencia declarando con lugar la demanda, la corte inferior, a moción de la demandada, anuló y dejó sin efecto dicha sentencia, dispuso se uniese al récord la con-testación presentada y que siguiese el caso por los trámites correspondientes.

No hubo una notificación personal del emplazamiento a la demandada. Se la citó por edictos por ignorarse su paradero, se anotó la rebeldía y celebrado el juicio se dictó sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial entre demandante y demandada. ■ Esta sentencia fué dictada el 18 de marzo de 1921, y el 5 de julio la demandada solicitó, fundándose en el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, se declare nula y sin ningún valor dicha sentencia y que se permitiera y fuera unida a los autos la contestación que acompañaba a la moción. La moción, en síntesis, expone: que demandante y demandada son ciudadanos de España, habiendo residido desde hace treinta años en la República de Santo Domingo, teniendo su residencia en la ciudad de Samaná, de dicha re-pública, donde la tenían en y antes de establecerse el presente pleito; que es falsa la alegación del demandante de que ha-bía residido en Puerto Rico por más de un año con anteriori-dad a la presentación de la demanda, ya que el demandante las veces que ha venido a. esta isla ha sido como mero visi-tante, habiendo regresado inmediatamente a la República Do-minicana; que es falso que la demandada abandonara al de-mandante y que es lo cierto que el que ha abandonado en este caso es el demandante a la demandada, con el propósito de contraer matrimonio con otra mujer; que el demandante tiene presentada demanda de divorcio contra la demandada ante el Tribunal de Distrito de Santo Domingo, con asiento en la capital de dicha república, demanda que fué declarada sin lugar y habiendo el demandante entablado recurso de alzada para ante la Corte del Departamento de dicha República Domini-cana, fué declarado sin lug*ar y luego acudió dicho deman-dante a la Corte de Casación de la predicha república, pre-cisamente en la fecha en que estaba tramitándose demanda de divorcio ante la Corte de Distrito de Ponce; que la deman-dada nunca fué personalmente emplazada en este caso y ha-biéndose hecho el emplazamiento por medio de la publicación, de edictos, no se remitió por correo a la demandante a su re-sidencia de Samaná, emplazamiento alguno, no obstante tener conocimiento el demandante en y antes de la fecha en que se tramitó este pleito, de que dicha demandada tenía su resi-dencia en Samaná, todo lo cual .ocultó el demandante con el perverso propósito de que la demandada no tuviera conoci-miento de los procedimientos en este caso y no compareciera a defenderse de una demanda injusta y falsa como la que se. ha presentado en este caso; que no ha sido negligente en la defensa de sus derechos porque tan pronto tuvo conocimiento por un periódico de Puerto Rico, en el que se publicó la noli-fícación de la sentencia, se apresuró a oponerse a esos pro-cedimientos y que según opinión de sns abogados la deman-dada tiene una buena y legítima defensa y que su moción se presenta con un fin legítimo y de buena fé y no con la inten-ción de obstruir ni obstaculizar la marcha de la justicia; que en el emplazamiento expedido se dice falsamente que la de-manda está debidamente jurada, siendo éste un hecho falso, según consta de los propios autos, hecho que le constaba al abogado del demandante bajo cuya dirección se expidió el re-ferido emplazamiento.

Las alegaciones de la anterior moción se exponen bajo el juramento del abogado que representa a la demandada, por encontrarse dicha parte ausente en la República Domini-cana.

La oposición a la moción por el demandante no contra-dice de manera abierta y firme los hechos alegados por la demandada. Como principal defensa alega que la moción expresa hechos que han podido fortificarse con pruebas do-cumentales o affidavits. Es verdad que se acompaña a la oposición del demandante un affidavit suscrito por su abo-gado, pero en el affidavit se concreta a exponer que la deman-dada fué notificada por medio de la publicación de edictos y que se observó todo cuanto la ley dispone, de acuerdo con la orden de la corte inferior, sin que se enviara a la dirección de la demandada pliego alguno conteniendo copia de la de-manda porque la orden de la corte inferior no determina tal requisito y que la demanda se redactó de acuerdo con la re-lación que de los hechos le hizo el demandante, a quien co-noce como una persona honorable y de intachable conducía. Asumiendo, además, el demandante que sería de esencial im-portancia declarar que había contraído nuevo matrimonio a los veintitrés días de publicado el último edicto notificando la sentencia de divorcio a la demandada, presentó la certifica-ción del registro civil creditiva del matrimonio contraído por el demandante con María de Jesús Gómez y Guzmán, cele-brado en la ciudad de Ponce el 11 de mayo de 1921.

El alegato del apelante no es más fuerte en su defensa que la que deja establecida en sn moción de oposición. Es tan pobre sn argumentación combatiendo la facultad discre-cional que tuvo la corte inferior al decidir la moción de la demandada, que ni siquiera podríamos darle el nombre de alegato, ya que se deja a esta corte el trabajo de estudiar el caso. Sólo se alega que se cometió error por la corte inferior, y como único argumento, que la jurisprudencia sobre el particular está en conflicto y que como se ba elevado una exposición del caso esta Corte Suprema está en condiciones de poder resolver el buen o mal uso de las facultades discre-cionales que tiene la corte inferior al resolver el caso. No se cita la jurisprudencia que se alega estar en conflicto ni se expone ningún razonamiento por sí solo suficiente para que pudiéramos intervenir con la discreción que tuvo la corte inferior al dictar su resolución anulando su sentencia.

La notificación del emplazamiento a la demandada no fué personal. El artículo 140 del. Código de Enjuiciamiento Civil, que encierra en sí un espíritu liberal y amplio para que se cumplan los altos fines de la justicia, faculta a la corte inferior para hacer uso de su discreción en la forma que lo hizo al dejar sin efecto la sentencia de divorcio por razones que estimó justas. En la parte pertinente dicho artículo 140, dice:

“ '* * '* Cuando por cualquier causa la citación en una de-manda no se hubiese hecho al demandado en persona, podrá la corte, en la forma que estimare justa, permitir que dicho demandado o su representante legal, en cualquier tiempo dentro del año de pronun-ciado el fallo en ella, la conteste tal como se interpuso * * * ”

No nos queda duda alguna de que la corte inferior apre-ció debidamente que no era ignorado el paradero de la de-mandada, y al ocultarse y suprimirse este hecho por el de-mandante fué natural que la corte inferior no determinara en su orden disponiendo el emplazamiento mediante la pu-blicación de edictos el requisito de enviar a la demandada una copia de la citación y de la demanda al lugar de su resi- ■ dencia conocida por el demandante. Si se liubiera liecto de este modo, la ley se Rabría cumplido estrictamente y la de-mandada no Rubiera sido sorprendida al informarse de la sentencia decretando su divorcio, en el periódico que al azar llegara a sus manos y por el cual se bacía la notificación de dicha sentencia.

El¡ Recto de no haberse verificado una notificación personal en este caso, unido a las demás circunstancias que apa-recen de la moción de la demandada, indican cierta grave-dad, que sin entrar a discutir los méritos del caso, demues-tra que la corte inferior tuvo a su disposición razones po-derosas para haber Recto un buen uso de su sana, discreción anulando su sentencia y abriendo de nuevo el caso para ulte-riores procedimientos.

Por lo expuesto la resolución de julio 30 de 1921 debe ser confirmada.

Confirmada la resolución a/pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. "Wole,

text:
    Acosta, Demandante y Apelante, v. Panzardi, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre. daños y perjuicios.
    No. 2526.
    Resuelto en enero 19, 1923.
    Rescisión de Contrato — Devolución de Cosa Objeto de la Rescisión de Con-tratos — Indemnización de Perjuicios. — Cuando el obligado a devolver una cosa como eonseeueneia de la rescisión de un contrato no trata de devolverla en tan buena condición como estaba cuando la recibió, el contratante con derecho a la restitución tiene derecho a obtener la indemnización a que se refiere el artículo 1262 del Oódigo Civil Revisado.
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante': Sr. E. López Tisol.

    Ahogado del apelado: Sr. H. R. Francis.

   El Juez Asociado Se. "Wole,

emitió la opinión del tribunal.

A cambio de un truck que había de venir de los Estados Unidos, el apelante entregó al apelado un automóvil y algu-nos pagarés. Debido a las condiciones existentes con mo-tivo de la guerra, el truck no podía ser entregado y las pac-tes convinieron en rescindir el contrato. Los pagarés fueron debidamente devueltos o arreglados. No existe disputa al-guna de que por el convenio celebrado entre las partes el auto-móvil había de pasar a la. posesión del apelante. Hay cierta duda de si el apelado incurrió en la obligación de entregar el automóvil, o si era el deber del apelante de ir a buscarlo. La corte inferior, según revela su opinión, creyó que el apelante estaba en el deber de ir a buscar el automóvil y que dejó de hacerlo. La opinión muestra a la vez que la corte se negó a considerar la cuestión de los daños y perjuicios.

El artículo 1262 del Código Civil prescribe lo siguiente:

“Artículo 1262. — La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos y del precio con sus intereses; en consecuencia sólo podrá llevarse a efecto cuando el que lo baya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte está obligado.
“Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas objeto del contrato se bailaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.
“En este caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante de la lesión.”

Este artículo impone a la persona que está en posesión de una cosa que ha de devolverse, que realmente la devuelva.

Existe alguna prueba de que el apelado pretendió devol-ver el automóvil aunque nos inclinamos al parecer, como de-claró probrado la corte inferior, de que el caso fné juzgado por virtud de la teoría de que dicho automóvil se encontraba a la disposición del apelante, y que la prueba no demuestra la debida gestión por devolver el automóvil.

Decimos “una debida gestión para devolver el-automó-vil,” porque si bien tenemos duda de si se hizo un verdadero esfuerzo por devolverlo, sostenemos que de conformidad con el artículo 1262, supra, era el deber del apelado devolver la máquina en tan buena condición corno la recibió.

En detalles de menor importancia, por lo menos, la prueba revela que el automóvil no estaba al tener lugar la rescisión o subsiguientemente en tan buena condición como cuando se recibió. Parece existir cierta posibilidad o hasta la proba-bilidad de que el automóvil pudo haberse puesto en buenas condiciones mediante ligeras reparaciones, pero sostenemos que el apelante no estaba obligado a recibir la máquina hasta que estas alegadas reparaciones menores fueran hechas. Por tanto, toda vez que no se trató de devolver el automóvil en tan buena condición como se recibió, el apelante de acuerdo con el artículo 1262, supra, tenía derecho a una indemniza-ción.

El automóvil estaba valorado en $400, en lo que más o menos hubo conformidad, y el apelante tiene derecho a reco-brar esta suma. Limitamos la cuantía a esta cantidad con sus intereses por la siguiente razón: Una persona con dere-cho a la devolución de una propiedad que desaría usar tiene cierto deber legal o social. Cuando un automóvil no está en perfecta condición ella puede recibirlo y repararlo, quizás. Por lo menos no debe confiar en la mera omisión en devol-verse y quejarse de no poder usarlo, especialmente tratán-dose de un automóvil. El apelante siempre podría haber empleado $400, como abono a la compra de otra máquina y haber dedicado la nueva a aquellos usos que ahora se queja no pudo hacer. Entonces sus verdaderos daños y perjui-cios hubieran sido $400 e intereses. Artículo 1063 del Código Civil.

Asimismo, siendo ésta una revocación no vemos razón para no observar nuestra práctica corriente de no imponer costas en tal caso.

Debe revocarse la sentencia y dictarse otra a favor de] demandante por la suma de $400 con intereses a partir de la fecha de la radicación de la demanda, pero sin costas.

Revocada la sentencia apelada, sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Peesidente Se. del Toeo,

text:
    Portela, Demandante y Apelante, v. Viera, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en procedimiento de injunction. Moción sobre desestima-ción de apelación.
    No. 2932.
    Resuelto en enero 22, 1923.
    DESESTIMACIÓN DE APELACIÓN-TÉRMINO PARA RADICAR LA TRANSCRIPCIÓN-NO-TIFICACIÓN de la Moción para Desestimar. — En el presente caso la moeión pidiendo la desestimación del recurso por no haberse radicado en tiempo la transcripción fué notificada al apelante en diciembre 30, 1922, y radicada el 2 de enero de 1923. Alegando que la transcripción fué radicada en esta última fecha, el apelante impugnó la moeión invocando la sección 58 del reglamento del Tribunal Supremo. Se resolvió: que no es la fecha del ar-chivo da la moeión sino la de la notificación de la misma la que debe con-siderarse, por lo que, en ausencia de causas suficientes para inclinar al Tribunal Supremo a ejercer su discreción en sentido contrario, la desestimación, debe decretarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. González, Jr.

    Abogados del apelado: Sres. F. Gervoni y F. Pinero.

   El Juez Peesidente Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita la desestimación de la apelación por no haberse elevado en tiempo la transcripción de los autos.

La sentencia apelada se dictó el 29 de agosto de 1921. El 8 de septiembre siguiente se estableció el recurso y fue-ron luego concediéndose prórrogas al taquígrafo para pre-parar la transcripción de la evidencia basta que la última venció en diciembre de 1922 sin que la transcripción se pre-sentara ni se solicitara nueva prórroga para ello.

La moción de desestimación tiene fecha 30 de diciembre de 1922 y fué archivada en la secretaría'de esta corte el día 2 de enero de 1923. Al pie de la misma consta que fué no-tificada al apelante el 30 de diciembre de 1922.

En el acto de la vista de la moción, el abogado de la parte apelante alegó que la transcripción se había archivado el propio día 2 de enero de 1923 e invocó en su favor la re-gla 58 del reglamento de esta corte, que dice:

“58. Si la copia de los autos, no fuere presentada dentro del término prescrito, puede desestimarse la apelación al hacerse una moción en tal sentido previa notificación de la misma. Si la copia de los autos, ha sido presentada a la fecha en que se haga tal noti-ficación, este hecho constituirá una contestación eficaz a la referida moción, aun en el caso de que dicha copia no se hubiere presentado dentro del término prescrito.”

Es un hecho cierto que una transcripción contentiva del le-gajo de la sentencia fué archivada por el apelante el 2 de enero de 1923, pero, de acuerdo con la letra ele la regla, no es la fecha del archivo de la moción, sino la de la notifica-ción de la misma la que debe considerarse.

Siendo esto así, no favorece el precepto reglamentario in-vocado a la parte apelante, pues cuando la moción fué noti-ficada aun no se había archivado la transcripción.

No existiendo ninguna otra causa que pudiera servir de base al tribunal para ejercitar su discreción en sentido con-trario, atendidas todas' las circunstancias concurrentes, debe declararse con lugar la moción y desestimarse el recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Schettini et al., Recurrentes, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegando la inscripción de una cancelación parcial de subhipoteca.
    No. 556.
    Resuelto en enero 23, 1923.
    Cancelación Parcial de Títulos al Portador. — Para garantizar un solo título al portador, transferible por endoso, A hipotecó, entre otros inmuebles, una hipoteca constituida a su favor sobre cierta finca que luego compró, por cuya razón A, tenedor aún del título por no haberlo endosado, canceló to-talmente la hipoteca desaparecida por confusión de derechos y canceló par-cialmente, o sea, en cuanto al importe de la sub-hipoteea, la hipoteca cons-tituida para garantizar el título al portador. Denegada la cancelación par-cial, se resolvió: que habiéndose satisfecho la cantidad de que responde la sub-hipoteea, procede y debe ordenarse totalmente la liberación de la sub-hipoteea, cancelando parcialmente la hipoteca que garantiza el título al por-tador, inutilizando dicho título en la forma que lo hizo el notario en la es-critura, o sea, estampando nota a su calce haciendo constar la . cancelación en cuanto a la sub-hipoteca y estampando, además, en dicho título su firma y rúbrica y el sello de su notaría y devolviéndolo en esa forma a la otor-gante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. B. Forés.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La recurrente en este caso canceló con el consentimiento de su esposa cierta subhipoteca que garantizaba un título al portador y el cual a su vez estaba garantizado por otros bienes.

Presentada al registro la escritura de cancelación, el re-gistrador denegó su inscripción mediante la siguiente nota que dice:

“Denegada la inscripción de cancelación parcial de subbipoteca a que se refiere el documento que precede que es la escritura No. 259 otorgada en esta ciudad el 20 de noviembre’ de 1922 ante el Notario Benito Forés Morazo, por la. razón siguiente: porque el procedi-miento- empleado en la misma por los interesados para efectuar dicha cancelación, es incompatible con el preceptuado en el artículo 82 de la Ley Hipotecaria que no autoriza la cancelación de hipotecas en garantía de títulos trasmisibles por endoso de una manera parcial sino totalmente, no siendo posible que por voluntad de los interesa-dos puedan fijarse reglas distintas para llevar a efecto la cancela-ción de dicha clase de títulos. Y se ha extendido anotación pre-ventiva durante el término de 120 días a favor de Matilde Schettini en lugar de la cancelación solicitada, al folio 171 del tomo 21 de Maricao, finca No. 861, anotación letra A. Artículo 82 de la Ley Hipotecaria, Resoluciones de la Dirección de los -Registros de 30 de Septiembre de 1890, 3 de Febrero de 1898 y 9 de noviembre de 1908. San Germán noviembre 29 de 1922.”

No conforme con la nota la recurrente lia interpuesto el presente recurso solicitando su revocación.

De los hechos resulta que Matilde Schettini y Gaztam-bide, recurrente, acogiéndose al derecho que le concede la ley de marzo 7 de 1912 enmendando los artículos 153 de la Ley Hipotecaria y 132 del reglamento para su ejecución, consti-tuyó hipoteca sobre varios bienes y derechos reales para ga-rantizar un solo título al portador, sin determinación espe-cífica del acreedor, otorgándolo a la orden de la persona a cuyo favor pudiera ser transferido o endosado el título. Entre los derechos reales se encontraba el de una hipoteca que había sido constituida a favor de Matilde Schettini por Juan Benvenuti y Olivari sobre cierta finca rústica, respon-diendo ese derecho de $950 de capital y de $50 de costas e inscribiéndose la subhipoteca en el registro. El deudor Ben-venuti vendió la finca hipotecada a la recurrente y si bien quedó cancelada la hipoteca por confusión de acreedor y dueño, no podía cancelarse porque el crédito estaba subhi-potecado en unión de otros bienes para responder al título al portador del cual se ba hecho referencia. La señora Schettini, tenedora de dicho título por no haberlo endosado, cancela totalmente la subhipoteca de la- hipoteca que antes se menciona exhibiendo el título, el cual se inutiliza por el nota-rio, estampando nota a su calce, haciendo constar la cance-lación :

El artículo 82 de la Ley Hipotecaria que cita el registra-dor, en su párrafo 4o. dice:

“Las inscripciones hechas para responder de cantidades repre-sentadas por títulos transmisibles por endoso, se cancelarán presen-tándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los cré-ditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento los títulos endosables, o solicitud firmada por dichos interesados y por el deudor, a la cual se acompañen, taladrados, los referidos títulos. * *

El párrafo anterior dispone las formas en que se auto-riza la concelación de inscripciones hechas en virtud de tí-tulos transmisibles por endoso, pero esta disposición de la ley no determina si tales cancelaciones sólo pueden hacerse de un modo total o parcial. Esta determinación había sido ya objeto de artículos anteriores. El artículo 78' dice:

“Art. 78. — La cancelación de las inscripciones y anotaciones pre-ventivas podrá ser total o parcial.”

Y el artículo 80, como consecuencia del anterior, dispone:

“Art. 80. — Podrá pedirse, y deberá decretarse en su caso, la can-celación parcial:
“Io. Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción o anotación preventiva.
“2o. Cuando el derecho inscrito se reduzca a favor del dueño de la finca gravada.”

En relación directa y como complemento del No. 2 de este último artículo, el 135 del reglamento dice:

“Art. 135. — Se considerará reducido el derecho inscrito a favor del dueño de la finca gravada -para los efectos del número 2o. de dicho art. 80:
“Segundo: Cuando se disminuya la cuantía del derecho inscrito por efecto natural del contrato que diera causa a la inscripción, como sucede cuando el deudor hipotecario paga una parte de su crédito, haciéndolo constar en debida forma, * *

Según se desprende de las disposiciones transcritas, la Ley Hipotecaria autoriza en términos generales las cancela-ciones parciales cuando el derecho inscrito se reduzca a favor del dueño de la finca y no encontramos prohibición al-guna para que aquellas disposiciones de la ley no se puedan aplicar a la hipoteca constituida para garantizar obligacio-nes transferibles por endoso o títulos al portador. El pre-cepto del artículo 80 citado debe interpretarse en armonía con el 82 y, por tanto, las formalidades que deben cumplirse y que prescribe el último artículo para cancelar tales obli-gaciones o títulos al portador no deben confundirse con el precepto substantivo del primero que ordena la cancelación total o parcial de las mismas.

La dificultad ha podido surgir tratándose de varios acree-dores y que unos consientan y otros no en la cancelación par-cial cuando la hipoteca comprenda diversas fincas y se haya fijado la responsabilidad de cada una. La cuestión, dicen los autores G-alindo y Eseosura, sería determinar si podrá cancelarse la hipoteca sobre algunas fincas cuya responsabi-lidad se hubiere satisfecho por el deudor, o si la cancelación se hará reduciendo únicamente el crédito. Ellos resuelven la duda y se expresan de este modo:

“Opinamos por lo último, porque todas y cada una de las fincas se hipotecaron a favor de todos y cada uno de los acreedores; y mientras haya uno solo que no preste su consentimiento, subsiste su derecho sobre todas las fincas, si bien sólo por la cantidad que se le adeude.
“La doctrina de la Res. de 5 Feb. 1878, es, en nuestra creencia, aplicable, no sólo al caso que la motivó, sino también al de extinción parcial del’crédito hipotecario para garantir obligaciones endosables o al portador si se acredita el pago de algunas de ellas en la forma prevenida en el art. 82 de la Ley.” Galindo, Legis. Iíip., tomo 3, pág. 17.

De este comentario se deduce de manera clara que refi-riéndonos a un solo acreedor y comprendiendo la hipoteca varias fincas, podrá cancelarse la hipoteca liberando la finca o fincas cuya responsabilidad se haya satisfecho. La conse-cuencia es que en el presente caso de cancelación parcial no pueden surgir las dudas de cuando existe más de un acreedor. Se trata de un solo acreedor y la hipoteca se haya constituida sobre una subhipoteca y otras fincas que garantizan el título al portador fijándose, como es consiguiente, la cantidad de,que cada uno de esos bienes responde. En tales condiciones y habiéndose satisfecho la cantidad de que responde la subhi-poteca procede y debe ordenarse totalmente la liberación de la subhipoteca cancelando parcialmente la hipoteca que ga-rantiza el título al portador inutilizando dicho título en la forma que lo hizo el notario en la escritura, o sea, estam-pando nota a su calce haciendo constar la cancelación en cuanto a la subhipoteca y estampando,.además, en dicho tí-tulo su firma y rúbrica y el sello de su notaría y devolvién-dolo en esta forma a la otorgante. De este modo, y como un solo título al portador es que garantiza la hipoteca, quedan protegidos los derechos de un tercero quien al adquirir el tí-tulo se informará del mismo, o sea, de la cancelación parcial que cualquier endosante hubiera .otorgado.

Por todo lo que antecede la nota debe ser revocada.

Revocada la nota y ordenada la cancelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    Roig, Demandante y Apelante, v. Landrau, Demandado y Apelado.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2518.
    Resuelta en enero 23, 1923.
    Venta de CaSas — Precio Alzado — Unidad de Medida — Interpretación de Con-tratos. — La cuestión principal a decidir en este caso es si la venta de 150 cuerdas de cañas que hizo el demandante al demandada y que quedaron re-ducidas a 127, según demostró la mensura practicada por un perito nombrado por la corte, se realizó a precio alzado o por unidad de medida. En los autos figura una carta del demandante al demandado en 'la que expresa que de acuerdo con los deseos de éste procedió aquel a medir las plantaciones de cañas objeto del litigio, cuya mensura arroja un aumento de 1 cuerda 76 centavos, que espera el demandante le será liquidada lo antes posible. Se resolvió: que esta| interpretación dada por el propio demandante al contrato por él celebrado disipó cualquier duda que de otro modo podría haber existido en cuanto a la verdadera intención de las partes expresada en forma algo vaga y ambigua en el documento notarial y bastó para sostener la teoría del demandado de que la venta se hizo a un tanto por unidad de medida.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. F. González y J. Buiz de Val.

    Abogados del apelado: Sres. E. Campillo y J. Martínez Dávila.

   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En nn documento notarial hizo constar Manuel Boig que como arrendatario de cierta finca había sembrado 150 cner-das, más o menos, de caña de azúcar y convenido con Pablo Landran en celebrar nn contrato de compraventa de la rese-ñada plantación de cañas.

La parte substancial del convenio como se consignó por escrito en tanto es pertinente a la cuestión sometida ahora a nuestra consideración, está comprendida en las siguientes cláusulas:

Primera: El señor Roig Hernández en el carácter en que concurre, desde este momento vende al señor Landrau Díaz la rese-ñada plantación de caña de azúcar, la cual toma el comprador sobre ,1a base de un promedio de trescientos diez quintales por cuerda, o sea, por dos mil trescientas veinte y cinco toneladas de caña.
“Segunda: Si al ser cortadas dichas cañas resultase que el pro-medio por cuerda es menor del establecido y que en conjunto no alcanza a las dos mil trescientas veinte y cinco toneladas de caña, tal déficit irá en contra del señor Landrau Díaz, quien sufrirá el perjuicio correspondiente sin ningún derecho a reclamar ni rebajar nada del importe que debe pagar al promedio de trescientos diez quintales por cuerda establecido. Pero si el promedio fuese mayor que el establecido entonces tal exceso será a beneficio del comprador y no podrá el vendedor reclamar nada por el mismo.
“Cuarta: El precio fijado a esta venta de la plantación de cañas que a su vez es la consideración del contrato de sub-arrendamiento, es el que tenga en el mercado de mil novecientos veinte, según se vayan liquidando las cañas entregadas a la Central Yannina en la forma establecida por la costumbre.
“Sexta: Queda en virtud de la presente obligado el señor Lan-drau Díaz a pagar preferentemente el crédito que a su favor tiene sobre las cañas el Banco Comercial de Puerto Rico en la forma esti-pulada en la reseñada escritura de crédito refaccionario.
“Séptima: Mientras no pague el señor Landrau Díaz al señor Roig Díaz el importe a que montasen las 2325 toneladas de cañas que por la presente compra, quedarán las mismas afectas a dicho importe, por cuya razón no podrá disponer dicho señor Landrau Díaz de lo que produjesen, sin el previo consentimiento escrito del vendedor. Para los efectos consiguientes, bastará esta escritura para que la Central Yannina se abstenga de hacer entrega alguna dé las liquidaciones de dichas cañas, por una suma mayor que los $6,000 que como crédito preferente debe pagar el señor Landrau Díaz al Banco Comercial de Puerto Rico antes reseñado.
“Octava: Dichas cañas son vendidas sobre una base de 7% por ciento de azúcar que el señor Roig garantiza al señor Landrau, mas si la Central Yannina concediese o acordase hacer un aumento del tanto por ciento de azúcar, tal aumento será para beneficio exclusivo del señor Landrau.
“Novena: Todos los gastos de corte, arrastre, conducción, etc. y demás incidentales a la molienda de dichas cañas serán de la ex-clusiva cuenta del señor Landrau Díaz, sin que por ello pueda descontar nada del importe de las 2325 toneladas de caña, pero el señor Roig conviene en ayudar al señor Landrau con la suma de $500 para tales gastos.
“Décima: Toda depreciación, deterioro, rebaja, pérdida, o des-trucción de las cañas objeto de este contrato será por cuenta del comprador, Sr. Landrau Díaz, quien desde este acto toma posesión de la finca con las cañas objeto de esta venta.”

En una acción en la cual está envuelta la cuestión de un supuesto saldo a favor del demandante como vendedor, el de-mandado Landrau radicó una contrademanda y obtuvo sen-tencia de acuerdo con la misma por la suma de $2926.46 y costas.

De la opinión emitida por el juez sentenciador hacemos las siguientes citas:

“Celebrado el juicio y practicada la prueba, hemos llegado a la conclusión de que el demandado por la escritura de venta de cañas y subarrendamiento de finca rústica, otorgada en 3 de enero de 1920, compró al demandante una plantación de cañas dulces, bajo la base de un promedio de 310 quintales de cañas por cuerda, siendo el precio de la- venta el que tenga en el mercado de mil novecientos veinte. Que de la prueba, y sobre todo de la mensura practicada, resulta que no existían en la finca 150 cuerdas de cañas sembradas, y sí ciento veinte y siete.
“Que según se comprueba por las liquidaciones efectuadas por la Central Vanilina donde se entregaron y molieron las cañas, arrojan un promedio de $1.09 con 176 milésimas por cada quintal de caña de azúcar entregada, siendo el número de quintales que en-tregó el demandado, el de 36,520 por la plantación, y estando obli-gado a entregar 39,472.61 quintales, ha dejado de entregar según los términos del contrato, 2,952.61 quíntales que importan $3223.54.
“Resulta asimismo de la prueba, que el demandado, antes de que comenzara el corte de las cañas hizo al demandante un préstamo de $6000.00, al interés de 9% anual, cuya suma venía obligado el deman-dante a entregar al demandado con el importe del exceso que obtu-viera de las cañas vendidas, una vez deducidos los 310 quintales que correspondieran por cuerda, cuya suma, con los intereses de cinco meses, hace un total de $6450.00, deduciendo de esa suma la cantidad de $3223.54 a que asciende el déficit de las cañas, y deduciendo $300.00, importe de un cheque que el demandante entregó al deman-dado, resulta que el demandante adeuda al demandado la suma de $2926.46.”

El demandante establece apelación e insiste en los siguien-tes errores:

“Primero, que la sentencia en cuanto declara sin lugar la de-manda es contraria a la prueba;
“Segundo, que aún admitiendo que la venta se Mzo a un tanto por unidad' de medidas o número, la Corte cometió error al estimar probado que no existían en la finca 150 cuerdas de cañas sembradas y sí 127;
“Tercero, que la Corte cometió error al estimar que el deman-dado hizo un préstamo de $6,000 al demandante; '
“Cuarto, que la Corte cometió error al declarar con lugar la eon-trademanda, pues la sentencia en cuanto a ese particular no está sostenida por la evidencia.”

Los artículos 1248, 1249, 1250, 1372, 1373 y 1374 del Có-digo Civil prescriben lo siguiente:

“Artículo 1248. — Si los términos de un contrato son claros y no-dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido-literal de sus cláusulas.
“Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente-de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquellas.
“Artículo 1249. — Para juzgar de la intención de los contratan-tes deberá atenderse principalmente a los actos de éstos coetáneos y posteriores al contrato.
“Artículo 1250. — Cualquiera que sea la generalidad de los tér-minos de un contrato no deberán entenderse comprendidas en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.
“Artículo 1372. — La obligación de entregar la .cosa vendida com-prende la de poner en poder del comprador todo lo que exprese el contrato, mediante las reglas siguientes:
“Si la venta de bienes inmuebles se hubiese hecho con expresión d'e su cabida, a razón de un precio por unidad de medida, o número, tendrá obligación el vendedor de entregar al comprador, si éste lo exige, todo cuanto se haya expresado en el contrato, pero si esto no fuere posible, podrá el comprador optar entre una rebaja propor-cional del precio, o la rescisión del contrato, siempre que en este último caso, no baje de la décima parte de la cabida la disminución de la que se le atribuyera al inmueble.
“Lo mismo se liará aunque resulte igual cabida, si alguna parte de ella no es de la calidad expresada en el contrato.
“La rescisión, en este caso, sólo tendrá lugar a voluntad del comprador, cuando el menos valor de la cosa vendida exceda de la décima parte del precio convenido.
“Artículo 1373. — Si en el caso del artículo precedente, resultare mayor cabida o número en el inmueble que los expresados en el contrato, el comprador tendrá la obligación de pagar el exceso de precio si la mayor cabida o número no pasa de la vigésima parte de los señalados en el mismo contrato; pero si excediese de dicha vigé-sima parte, el comprador podrá optar entre satisfacer el mayor valor del inmueble o desistir del contrato.
“Artículo 1374. — En la venta de un inmueble, hecha por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque resulte mayor o menor cabida o número de los expresados en el contrato.
“Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos o más. fincas las ven-didas por un sólo precio; pero si además de expresarse los linderos, indispensables en toda enajenación de inmuebles, se designaren en el contrato su cabida o número, el vendedor estará obligado a entre-gar todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos, aún cuando exceda de la cabida o número expresados en el contrato; y si no pudiere, sufrirá una disminución en el precio proporcional a lo que falte de cabida o número, a no ser que el contrato quede anulado por no conformarse el comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló.”

El apelante, al señalar la identidad que existe entre el ar-tículo 1374, supra, y el 1471 del Código español, hace la si-guiente cita del tomo 10, Comentarios de Manresa:

“De los términos del contrato se deducirá si los interesados com-praron y vendieron respectivamente unidades de medida o número, ■o si, por el contrario, contrataron no sobre esas unidades ni sobre ■cosa determinada por el número de ellas, sino sobre cosa cuya deter-minación dependía de sus límites.. Esto es al cabo un problema de' prueba, pues lo constituye una apreciación de los hechos realizados por las partes, de los cuales se ha de inferir cuál fué su propósito.
“En la entrega de cuerpos ciertos pueden ocurrir dos casos: o que el cuerpo cierto se entregue en la forma y de la manera esti-puladas, esto es, entregándose todo lo comprendido dentro de los linderos, ya que la integridad de lo qne éstos contienen es lo qne •caracteriza el cuerpo cierto; o que en la entrega se lesione esa inte-gridad dejando de poner en posesión del comprador algo de lo que los linderos comprendan. Estos dos casos son los que el Código ba tenido en cuenta, si bien, en nuestra opinión, no se ba expresado para distinguirlos con la suficiente claridad; de aquí que el,artículo sea a primera vista de difícil inteligencia.
Entendido así el precepto, su motivo es claro y su aplicación no puede ofrecer dudas. Se trata de cuerpos ciertos; el cuerpo cierto, y no el número de unidades que lo constituya, es la causa del con-trato y lo que debe ser entregado; el precio se fijó con relación a él, y, por lo tanto, su mayor o menor cabida no puede influir en el aumento o disminución del precio estipulado. Acaba de entenderse la razón del precepto teniendo en cuenta que el Código ha consi-derado con muy buen sentido, que tan cuerpo cierto es para los efectos d'e que tratamos una finca sola, que dos o más, siempre que éstas se vendan por un sólo precio que tenga la cualidad de alzado, y no a razón de un tanto por unidad de medida o número.”

Después de una mensura de la superficie en cuestión prac-ticada debido a haberse alegado un déficit, anunció el de-mandante haber comprobado un exceso sobre las 150 cuerdas referidas en la escritura y exigió el pago de un saldo, in--cluso una suma calculada sobre la base de dicho exceso.

Sin dnda que esta interpretación dada por el propio de-mandante al contrato por él celebrado fué de gran importan-cia para el juez sentenciador, disipó cualquier duda que de otro modo podría haber existido y bastó para inclinar el cri-terio de la corte inferior a favor del demandado sobre la cuestión principal. Dentro de las circunstancias, y exami-nando la prueba a la luz del texto legal que acabarnos de ci-tar, es difícil eludir la conclusión a que claramente ha lle-gado la corte de distrito de que el relato que hizo el deman-dado de la transacción revelaba la verdadera intención de las partes, expresada en forma algo vaga o ambigua en el docu-mento notarial.

La prueba en cuanto a las demás cuestiones envueltas era contradictoria y no vemos que exista un error tan manifiesto en su apreciación que requiera la revocación de la sentencia.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    Toro, Demandante y Apelada, v. Asamblea Municipal de Guánica, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un recurso de certiorari. Moción sobre desestimación de apelación.
    No. 2944.
    Resuelto en enero 23, 1923.
    Desestimación de Apelación — Término para Radicar la Transcripción.— Cuando el apelante deja de radicar en tiempo la transcripción en el Tribunal' Supremo, procede declarar con lugar una moción de la apelada solicitando la desestimación por tal motivo.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: iSres. L. Llorens Torres y B. Arjona Siaca.

    Abogados de la apelada: Sres. B. Martines Nadal y E. Tormes.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Aprobada por el juez de la corte inferior el día 11 de diciembre ele 1922 las notas del taquígrafo para que formaran parte de la transcripción en la apelación establecida contra la sentencia que se babía dictado, el 10 de enero siguiente vencían los 30 días que la parte apelante tenía para presen-tar la transcripción de la apelación en este Tribunal Supremo. No lo hizo durante ese tiempo y al día siguiente, 11 de enero, la parte apelada nos presentó moción para qne desestimáramos dicha apelación, fundándose en la falta de presentación de la transcripción de la apelación dentro del término legal, moción qne el mismo día fuá notificada al abo-gado de la parte apelante.

En el caso de Pórtela v. Viera qne liemos resnelto el día 22 de este mes (p. 413) liemos desestimado nna apelación, en la qne la transcripción no había sido presentada en este Tribunal Supremo cnando la moción de desestimación fné noti ficada al abogado de la parte apelante.

Es cierto qne en el presente caso el abogado del apelante jora qne muchos días antes de vencerse el término para pre-sentar la transcripción en este Tribunal Supremo la entregó al abogado de la parte apelada para qne la examinara y fir-mara su certificación con él y qne le entretuvo hasta el día 10 de enero por la tarde en que' le manifestó qne no podía fir-marla, cuando ya no tenía tiempo el apelante para pedir en ese día al secretario que la certificara; pero, aparte de que el abogado de la parte apelada niega también bajo jura-mento que se le haya entregado la transcripción o copia de ella para que la certificara y afirma que el día 10 de enero, temprano, a requerimiento del abogado del apelante le con-testó que no podía firmar la certificación de la transcripción, la parte apelante debió hacer que la transcripción estuviera radicada en este Tribunal Supremo antes de que venciera el término qne tenía para presentarla y de que se le notificara una moción de desestimación.

La apelación debe ser desestimada.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: El Juez Asociado Se. Audrey,

text:
    Sucesores de José González & Cía., Peticionaria y Apelada, v. Asamblea Municipal de Guayama, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gnayama en nn recurso de certiorari.

    No. 2543.
    Resuelto en enero 23, 1923.
    Ordenanzas Municipales — Arbitrios Municipales — Contribución sobre la Propiedad. — Impone .nn arbitrio y no una contribución sobre la propiedad una ordenanza municipal que dispone que toda persona, sociedad o corpora-ción que transporte fuera de la jurisdicción municipal caña de azúcar o jugo de caña (guarapo) pagará al municipio ocho centavos por cada tonelada que transportare; y aunque el pago del arbitrio pueda afectar indirecta-mente a la propiedad, no por esto es una doble contribución sobre la misma. Las asambleas municipales tienen facultad para crear tales arbitrios, de acuerdo con el artículo 49, apartado de la Ley Municipal, según quedó enmendado por la Ley núm. 9 de 1920.
    Los tedios están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. C. Domínguez Rubio.

    Abogados de la apelada: Sres. M. A. Martínez y A. Arroyo.

   El Juez Asociado Se. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de Guayama aprobó el 14 de marzo de 1921 una .ordenanza creando fondos para el tesoro municipal, que sería conocida como ordenanza de arbitrios adicionales, cuya sección tercera, en su apartado (c), dis-pone que “Toda persona, sociedad o corporación que trans-porte fuera de la jurisdicción de Guayama, caña de azúcar, o jugo de caña de azúcar (guarapo) pagará al Municipio de Guayama ocho centavos por cada tonelada que transportare; Disponiéndose, que para el cobro de este arbitrio la persona, sociedad o corporación que transportare las susodichas ca-ñas o guarapo está obligada a sacar una licencia previa y remitir mensualmente al Municipio un report de la caña o guarapo transportado.” En la sección quinta se establece una pena por la infracción de la ordenanza.

Contra esa ordenanza la sociedad agrícola Sucesores de José González y Compañía estableció un recurso de certiorari ante la Corte de Distrito de Guayama para que la declarase nula en cuanto al apartado citado alegando que es contri-buyente a dicho municipio y propietaria de bienes inmuebles dedicados a la siembra de caña de azúcar que muele en la Central Aguirre, sita en la jurisdicción de Salinas, hacia donde se ve obligada a transportar y transporta sus refe-ridas cañas, y que dicha ordenanza es anticonstitucional por estar en conflicto con nuestra Ley Orgánica y la vigente Ley Municipal, por establecer, sin autoridad de ley, un derecho de exportación, y a la vez una doble contribución sobre la pro-piedad de la peticionaria y por no ser un arbitrio. Dictada sentencia de conformidad con dicha petición, fué establecida esta apelación por la Asamblea Municipal de Guayama.

La cuestión fundamental en este caso es si la Asamblea Municipal de Guayama tiene autoridad para establecer el arbitrio que ha dado lugar a este litigio.

La ordenaza claramente impone un arbitrio y no una contribución sobre la propiedad de la caña o guarapo porque ha de ser pagada por la persona, sociedad o corporación que transporte la caña o guarapo, sin tener en cuenta si es o no de su propiedad. La obligación de pagar se impone al ne-gocio de transporte de caña o guarapo, o sea, a la ejecución del acto de transportarlos y por esto es un arbitrio; y aun-que su pago pueda afectar indirectamente a la propiedad no por esto es una doble contribución sobre ella. 26 R. C. L, págs. 35 y 36. Sentado esto, veamos si el municipio de Gua-yama está autorizado para la imposición de dicho arbitrio.

Nuestra Ley Orgánica de 1917 en su sección tercera fa-culta para fines de los gobiernos insular y municipal, respec-tivamente, según se provea y defina por la Asamblea Legis-lativa de Puerto Eico, para establecer contribuciones e im puestos sobre la propiedad, rentas internas, derechos sobre licencias y franquicias, privilegios y concesiones; y la see-ción 37 de la misma concede a la autoridad legislativa por ella establecida, la facultad de crear, consolidar y reorgani-zar los municipios. De acnerdo con estos preceptos nues-tra legislatura decretó en 1919 la Ley Municipal que dispo-ne en su artículo 49, apartado “f,” según quedó enmendado por la Ley Núm. 9 de 1920, que los ingresos municipales con-sistirán, entre otros que no son del caso ahora, en cualquier impuesto, arbitrio o contribución que se decretare por las dos terceras partes de los miembros de la asamblea municipal siempre que el objeto o materia de la contribución no lo fue-re de algún impuesto federal o insular. Por consiguiente, no puede sostenerse que el municipio de Guayama no tenga facultad para imponer el arbitrio que estableció en su dicha ordenanza y que sea ilegal su cobro; cuestión que ya hemos decidido en el caso de Sucesores de C. y J. Fantauzzi v. La Asamblea Municipal de Arroyo, 30 D. P. R. 423.

Pero se sostiene por la parte apelada, y en esto descansa la sentencia de la corte inferior, que puesto que los muni-cipios sólo tienen jurisdicción dentro de sus límites territo-riales, no puede el de Guayama imponer el arbitrio que discute a la caña o guarapo cuando se está transportando a Salinas, fuera de su demarcación territorial. Es cierta la primera parte del argumento pero no lo es la segunda, porque el ar-bitrio no se ha impuesto a la caña cuando se está transpor-tando fuera de la jurisdicción del municipio de Guayama, sino al negocio que hace en Guayama el que transporte caña o guarapo de la demarcación territorial de Guayama a otro municipio.

Por las razones expuestas, la sentencia apelada debe ser revocada y declararse sin lugar el recurso de certiorari, sin especial condena de costas.

Revocada la sentencia apelada y sin lugar el certiorari.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciado Hutchison.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Franco Soto no inter-vinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Aparicio et al., Demandantes y Apelantes, v. Bouillerce, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un procedimiento de injunction.

    No. 2697.
    Resuelto en enero 25, 1923.

      Injunction — Cuestión- Académica. — En el presente caso los dueños de una em-presa cinematográfica instaron procedimiento de injunction contra el Comi-sionado Municipal de Hacienda y atacaron la validez de una ordenanza municipal que imponía cierto arbitrio por cada espectáculo y pidieron una or-den para que el citado comisionado se abstuviera de continuar denunciando a la empresa por falta de pago del arbitrio. La prueba demostró que a la fecha del juicio los demandantes habían dejado de ser dueños del cinemató-grafo que originó la demanda. Se resolvió: que bajo tales condiciones, la resolución del pleito por sus méritos no tendiía en realidad otro alcance que decidir si la falta de pago por los demandantes de ese arbitrio es penable o no, cuestión que no es propia del procedimiento de injunction.

    Los lieclios están expresados en la' opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. B. Muñoz Ramos.

    Abogado del apelado: Sr. D. Sepulveda.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Martín Aparicio y Carlos Delgado, haciendo negocio bajo el nombre de “Aparicio & Delgado,” presentaron en la Corte ■de Distrito de Ponee un procedimiento de injunction contra Juan P. Bouillerce, en su carácter de Comisionado Municipal de Hacienda de Adjuntas, en el que alegando que tienen es-tablecida y explotan una empresa de cinematógrafo en Ad-juntas; que la Asamblea Municipal de dicho pueblo aprobó una ordenanza disponiendo la imposición y cobranza de cier-tos arbitrios, entre ellos el de pagar un dólar por cada fun-ción de cinematógrafo; que dicho arbitrio es nulo y que el comisionado municipal de hacienda ha estado denunciando a los peticionarios por no pagar ese arbitrio y que seguirá de-nunciándolos, pidieron a la corte declarase que los recurren-tes están en su derecho al no pagar dicho arbitrio por ser nula dicha ordenanza y que ordénase a dicho comisionado se abs-tenga de continuar denunciando a los peticionarios por su in-fracción.

La corte libró un auto provisional de injunction contra el demandado y después de celebrada la vista de la petición con asistencia de las partes, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por el fundamento de que habiendo manifestado el demandante Martín Aparicio que el cinematógrafo de que era dueño cuando las denuncias se hicieron no es ahora de su propiedad ni de su socio Carlos Delgado, no tenía finalidad práctica alguna resolver el litigio, viniendo a ser simplemente una cuestión académica. La apelación interpuesta por los demandantes contra esa sentencia es la que motiva el pre-sente recurso.

La demanda de injunction fué presentada en la corte inferior el 6 de septiembre-de 1921 y la vista del caso tuvo lugar el 13 de diciembre del mismo año, habiéndose dictado la sen-tencia nueve días después. Contestando en el juicio Martín Aparicio, uno de los demandantes y socio de la firma Apa-ricio & Delgado, a una repregunta del demandado referente, a si algunas veces celebran dos funciones al día, contestó lo siguiente: “Las celebrábamos porque hoy el cine no perte-nece a nosotros.” Sobre este particular no se le hizo otra pregunta por las partes.

Esa manifestación de Aparicio es bastante para llegar a. la conclusión de que en la fecha del juicio los demandantes no eran los dueños del cinematógrafo que originó la demanda y, por tanto, para decidir si por tal hecho es innecesario resolver el pleito por sus méritos por carecer de finalidad prác-tica para los demandantes.

El objeto fundamental de la demanda en este caso es que se declare la nulidad de la ordenanza en cuanto al arbitrio im-puesto por ella a las funciones cinematográficas y que, como consecuencia de tal declaración, se prohiba al demandado que denuncie a los demandantes por no pagar ese arbitrio. Por consiguiente, no siendo ahora los demandantes dueños del cinematógrafo que ha dado origen al pleito, ni apareciendo de la prueba que continuaran en el negocio de dar dichas fun-ciones, no puede tener para ellos resultado práctico que se decida si dicha ordenanza es nula, pues no aparece que haya de afectar a negocio suyo de esa índole que tengan actual-mente ; y si bien es cierto que dicha cuestión puede afectarles por las denuncias que habían sido presentadas contra ellos y por las que puedan hacerse por su falta de pago de dicho ar-bitrio hasta que dejaron de ser dueños del cinematógrafo, como tal cuestión puede ser suscitada como consecuencia de las denuncias, no hay necesidad de resolverla ahora en este procedimiento, en el que resulta ser una cuestión colateral de-rivada de que la ordenanza sea nula. La resolución de este pleito por sus méritos, después de dejar los demandantes de ser dueños del cinematógrafo que lo ha originado, no ten-dría en realidad otro alcance que decidir si la falta de pago por los demandantes de ese arbitrio es penable o no, cuestión que no es propia del procedimiento de injunction.

Por las consideraciones que preceden, creemos que la corte inferior no cometió error ál declarar sin lugar la demanda, y que su sentencia en tal sentido debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Wolf, Hutchison y Franco Soto.


author: ' El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

text:
    Canino, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de un expediente de dominio.
    No. 541.
    Resuelto en febrero 1, 1923.
    Expediente de Dominio — Cancelación de un Asiento Contradictorio de Pose-sión. — En la tramitación de un expediente de dominio puede obtenerse la cancelación de un asiento contradictorio de posesión sin que sea necesario acudir al procedimiento que determina el artículo 3931 de la Ley Hipotecaria, siempre que en el expediente de dominio fueren citados los interesados o sus causahabientes a quienes la cancelación pudiera perjudicar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. H. Torres Solá.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   ' El Juez Asociado Sr. Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

En 28 de febrero de 1922 la Corte de Distrito de San Juan, Distrito Segundo, dictó resolución declarando justif-icado a favor de Manuel de Jesús Canino y Jiménez el pleno 'dominio de tres fincas rústicas y ordenó sus inscripciones en <el registro de la propiedad.

La posesión de dichas fincas, que se describen en la re-solución de la corte inferior, marcadas con las letras ££a”, k££b” y ££c”, se encuentra inscrita en el registro de la propie-dad, las de las letras ££a” y ££c” a nombre de Domingo Santo Domingo y la de la letra ££b,” una mitad, a nombre de Francisco Quiñones O’Neill, y la otra mitad, a nombre del recurrente Manuel de Jesús Canino.

Las fincas señaladas con las letras ££a” y £<c” fueron ad-quiridas por el promovente, a título de Compra, según re-sulta de la resolución de la corte inferior, de los herederos o causahabientes de aquellas personas que de acuerdo con el registro aparece inscrita a sn favor la posesión de las mis-mas y la finca ££b” la adquirió asimismo una mitad por com-pra a Francisco Quiñones O’Neill y la otra mitad a los he-rederos del último, a cuyo nombre está inscrita la posesión de dicha finca.

En la tramitación del expediente, el promovente solicitó y la corte inferior acordó citar en representación de los anteriores dueños fallecidos que tenían inscrita la posesión de las fincas a su nomíbre, a los herederos o oansahabientes de dichos anteriores dueños, y a quienes se les citó no solamente en el carácter de sus únicos y universales herederos, según reza la resolución de la corte, sino en su carácter de here-deros y representantes de las personas a cuyo nombre existen las inscripciones posesorias de las fincas habiéndoseles hecho esta última citación requiriéndoles expresamente para que comparecieran ante la corte inferior a consentir la cancela-ción que solicitó el promovente de las inscripciones posesorias de dichas fincas, bajo apercibimiento de que si no compare-cían a oponerse- a la cancelación de las inscripciones en el término de sesenta días se decretaría por la corte la cance-lación de los asientos posesorios y se ordenaría la inscrip-ción del dominio a nombre del promovente Manuel de Jesús Canino.

De la. resolución de la corte resulta que las personas ci-tadas no comparecieron en forma alguna dentro del término que les fué señalado a oponerse a la cancelación solicitada, y la corte inferior decretó la referida cancelación de las ins-cripciones de posesión de las fincas objeto de este recurso.

Presentada al registro de la propidad la indicada resolu-ción de fecha 28 de febrero de 1922, el registrador denegó su inscripción por los motivos que se consignan en la siguiente nota, que dice:

“DENEGADA la inscripción del precedente documento, porque las inscripciones posesorias relacionadas, como asientos contradictorios que son a este dominio, no puede ordenarse en procedimiento ex parte, sino en el contradictorio que corresponde con citación y audiencia de las partes perjudicadas, o por rebeldía de las mismas, acreditado suficientemente; y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal al folio 195 del tomo 55 Río Piedras, finca Ño. 2385, anot. A.”

No conforme con la calificación del registrador, el recu-rrente lia interpuesto el presente recurso que es objeto de nuestro estudio y consideración.

La contención del registrador en su alegato es que como las inscripciones posesorias que existen en el registro son contradictorias al dominio que se solicita inscribir, no lian podido cancelarse aquellas inscripciones en un procedimiento ex parte sin el consentimiento expreso de las personas a cuyo favor están vigentes o de sus causahabientes, o como el re-sultado de un pleito ordinario en el que las referidas perso-nas fueran vencidas en juicio.

El registrador cita, además, en apoyo de su razonamiento el caso de Toro Santalís v. Registrador, 25 D. P. R. 472. En este caso se declara que el artículo 393 de la Ley Hi-potecaria se contrae a las informaciones posesorias y no era aplicable a las de dominio.

El presente caso es realmente interesante y se nos liace necesario hacer un estudio muy cuidadoso del mismo, toda vez que podemos llegar al mlismo fin práctico que prescribe el artículo 393 sin que nuestra conclusión resulte en conflicto con lo que ya ha sido resuelto en decisiones anteriores por esta corte y en relación con las informaciones de dominio.

Las regias que prescribe el artículo 393 de la Ley Hipo-tecaria, refiriéndose a las informaciones posesorias, fueron objeto de un estudio cuidadoso por esta Corte Suprema en un caso más reciente — el de Wiscovich v. Registrador de San Germán, 30 D. P. R. 127. Aquí se explica el fundamento de aquella disposición legal y se deja sentado que el artículo 393 citado es una excepción a los artículos 20 y 82 de nuestra Ley Hipotecaria.

El caso que citamos se refiere a una información pose-soria que al llevarse al registro pará su inscripción encuen-tra en oposición nn asiento de dominio. Sin embargo, de nn modo incidental se cita el caso de Toro v. Registrador, 25 D. P. R. 472, el qne declara qne el artículo 393 no es apli-cable a las informaciones de dominio. La misma doctrina se define en los casos de Ginorio v. Registrador, 2 S. P. R. 579; Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Registrador, 17, D. P. R. 228, y Colón v. Registrador, 24 D. P. R. 770.

Si nos detenemos a estudiar los anteriores casos se po-dría ver qne en su mayoría no aparecen citadas las personas a quienes según el registro puede perjudicar la cancelación del asiento en contradicción en el registro. Aparte de la falta de aquel requisito estamos de acuerdo con el precepto general que se establece de que no es aplicable a las infor-maciones de dominio las reglas que autoriza el articulo 393 de la Ley Hipotecaria para las informaciones posesorias, pero más bien por innecesarias que por inaplicables. No vemos dificultad alguna que sin acudir necesariamente al pro-cedimiento que determina el artículo 393 para las informa-ciones posesorias y dentro de la misma tramitación de un es-pediente de dominio se pueda obtener la cancelación de un asiento contradictorio de posesión, siempre que fueran cita-dos los interesados o sus causababientes, a quienes la can-celación pueda perjudicar.

El expediente de dominio está rodeado de mayores for-malidades que una información posesoria y resultaría algo anormal que en una información posesoria se pueda obtener la cancelación de cualquier asiento contradictorio en el regis-tro y que, por el contrario, no se pueda obtener en la trami-tación de una información de dominio, mediante la citación de los interesados, la cancelación de un asiento posesorio y en contradicción con el dominio justificado y acreditado y así declarado por una corte de competencia en el caso. La información de dominio es un procedimiento especial en donde se presenta un escrito refiriendo el modo en que los bienes ban sido adquiridos; se ofrecen y practican pruebas por un período de 60 días; se cita a aquel de quien procedan los bienes o de sn c'ansababiente y se convoca a las personas ig-noradas a quienes pueda perjudicar la inscripción que se so-licita, por medio de la publicación de edictos. Estas for-malidades, o el debido procedimiento de ley que se establece por las mismas, bacen de la información de domlinio un pro-cedimiento que participa más bien del carácter contencioso que del voluntario. El espediente posesorio puede trami-tarse en un día y, además de los requisitos que debe conte-ner la solicitud, la declaración de dos o más testigos, y acredi-tarse el pago de las contribuciones, solamente se exige la ci-tación de los colindantes. Es un procedimiento más bien ex parte que contencioso, y abora cabría preguntar, si en la información posesoria, mediante lo que dispone el artículo 393, cabe cancelarse todo asiento contradictorio de posesión o dominio que exista en el registro, ¿cómo no sería posible hacer lo mismo en una información de domjinio cuando, sobre todo, el asiento en oposición es un asiento posesorio1? La conclusión tiene que ser afirmativa y nuestra posición es que sin contradicción, con lo que se ha establecido en los casos, supra, de esta Corte Suprema, no había que seguir en las informaciones de dominio las reglas que prescribe el artículo 393 más bien por innecesarias porque la información de do-minio tiene sus propias reglas, su procedimiento indepen-diente para llegar al mismo fin de la cancelación de asientos en contradicción, como excepción a los artículos 20 y 82 de la Ley Hipotecaria y bajo la misma teoría, que se desarrolla por Moreda Martínez para las informaciones posesorias y que se reproduce en el caso de Wiscovich v. Registrador, supra.

Morell, en sus estudios sobre la reciente Ley Hipotecaria que rige en España y en donde, dentro del procedimiento de la información de dominio, se pueden cancelar inscripciones contradictorias de posesión, distingue entre los interesados en asientos del registro, según merezcan el concepto de dueños o el de poseedores, y en el tomo 5o. pag. 540, dice:

“Si se trata de un asiento contradictorio de posesión basta que el titular baya sido citado en forma legal. Constando así en el tes-timonio presentado al Registro, el Registrador inscribirá, ¡cance-lando la inscripción posesoria, se baile extendida a favor de parti-culares o a favor del Estado, porque el derecho acreditado es el de dominio, superior al de posesión, y porque queda al poseedor la fa-cultad de entablar contra el presunto dueño la acción contradictoria en el juicio declarativo correspondiente.
“Si se trata de un asiento contradictorio de dominio, el Regis-trador no debe inscribir, mientras no conste que el titular, según el Registro, ba sido precisamente oído y no simplemente citado, ya hu-biese manifestado su conformidad, ya hubiesen sido desestimadaá sus alegaciones. El asiento de dominio, sin ese requisito, ba de res-petarse, y es entonces el interesado en el expediente, quien tiene que entablar la acción contradictoria del dominio inscrito, en el juicio que proceda.”

La distinción que se deja establecida es realmente de im-portancia en la resolución de este caso. La consecuencia es que los registradores deben denegar la inscripción de un expediente de dominio si a él se opusiera en el registro algún asiento de dominio o de posesión, siempre que los interesados, según el registro, o sus causahabientes, en el primer caso, no' hubiesen sido oídos; y en el segundo, no fueren citados en forma legal. La diferencia Consiste en que tratándose de-un asiento de dominio no basta para solicitar y obtener su cancelación citar a los interesados sino que es indispensable, además, oírlos, ya consientan, ya hubiesen sido desestimadas las alegaciones; y en el asiento posesorio solamente basta ci-tarlos en debida forma sin que necesariamente tengan que comparecer ante la corte a prestar su conformidad, porque lo esencial es que tengan conocimiento de la tramitación del ex-pediente de dominio para poder oponerse a la cancelación, si les conviniere.

En el presente caso se trata de un asiento de posesión en contradicción a nn expediente de dominio; en el expediente se- lian citado en debida formja los interesados a quienes puede perjudicar la cancelación decretada por la corte y, por tanto, procede la cancelación en la forma que fué decretada por la corte inferior y, en su consecuencia, la inscripción de la sentencia declarando justificado el dominio de la finca ob-jeto de este recurso.

La nota debe ser revocada.

Revocada la nota ordenándose la cancelación decretada por la Corte inferior.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutcbison.

Los Jueces Sres. Presidente del Toro y Asociado Aldrey disintieron.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Rivera, Demandante y Apelada, v. Reyes, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 2473.
    Resuelto en febrero 1, 1923.
    DaSos y Perjuicios por Negligencia — Parte Demandante — Madre Natural— Causa de Acción.- — Una madre natural no tiene causa de acción para recla-mar para sí el importe de daños y perjuicios causados en febrero 17, 1920, a su hijo natural a causa de la negligencia de otra persona. A partir de I -de la vigencia de la Ley número 77 de 1921 la legislatura le otorgó expresa-1 mente tal derecho.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Oiler & Rodrigues.

    Abogados de la apelada: Sres. E. Campillo y M. Tons Soto.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Segunda Rivera, por medio de sus abogados, compare-ció ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, y demandó a Ramón Reyes en reclamación de diez mil dó-lares. Alegó, en resumen, que era madre con patria potes-tad del mienor Francisco Rivera y que allá por el 17 de febrero de 1920 sn dicho hijo sufrió la fractura de una pierna a virtud de los actos negligentes de un hijo menor del de - mandado. La súplica de la demanda, -en lo pertinente, es como sigue: “ * * * dictar sentencia condenando al demandado a Satisfacer a la demandante la suma de * * * .”

Fué el pleito a juicio. Cuando se introducía prueba re-ferente a la condición en que quedaría el menor por razón de la fractura, la parte demandada se opuso por entender que era impertinente a la acción ejercitada. Su oposición fué desestimiada.

Sometido finalmente el caso a la corte, lo decidió por sen-tencia condenando “al demandado, Ramón Reyes, a pagar a la demandante, Segunda Rivera, la suma de dos mil qui-nientos dólares, y las costas.” Para fundar su sentencia, la' corte emitió una opinión de la cual se transcribe el siguiente párrafo, que dice:

“La corte declara con lugar la demanda, y teniendo en cuenta la fractura sufrida por el hijo de la demandante, el carácter de la fractura, la posición social de las partes y los perjuicios sufridos por la demandante, declara con lugar la demanda, y condena al deman-dado a pagar a la demandante en concepto de daños y perjuicios la suma de dos mil quinientos dollars, y las costas.”

No conforme el demandado, apeló para ante esta corte, se-ñalando en su alegato la comisión de ocho errores. En dicho alegato hay un párrafo que dice:

“Conviene advertir al argumentar sobre estos errores que en esta acción es la madre quien reclama los daños y perjuicios sufridos por ella, con motivo del accidente oeurrídole a su supuesto hijo. L'a acción sin duda alguna se establece de acuerdo con el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil. Basta dar una lectura a la de-manda para convencerse de ello. No es el hijo quien demanda, es la madre. Y cuáles son los daños y perjuicios que en tales casos se pueden cobrar? Veamos.”

A su vez 1.a apelada en su alegato acepta la discusión en. el terreno en que la plantea el apelante y sostiene que exis-ten en la prueba los elementos necesarios para demostrar los daños y perjuicios que la madre tiene derecho a recobrar.

Después de celebrada la vista del recurso, se acordó oir por escrito a las partes sobre los siguientes extremos: “1,. qué precepto de ley autoriza la acción ejercitada por la de-mandante; 2, en el caso de que sea el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil, si es aplicable o no la jurispruden-cia establecida en Díaz v. Porto Rico Railway, Light and Power Co., 21 D. P. R. 78.”

El apelante sostuvo que el caso de Díaz, supra, era de en-tera aplicación, y la apelada, entre otras manifestaciones, hizo las que siguen:

“La acción no ha sido establecida de acuerdo con el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil en” beneficio de la madre. Por el contrario se ha deducido de acuerdo con el artículo 1803 del Có-digo Civil en beneficio personal del hijo.
“Es verdad que en las alegaciones aparece solamente el nombre de la madre pero tanto las partes litigantes, como el juez senten-ciador entendieron las alegaciones, llevaron el litigio, se compor-taron en todo el procedimiento, presentaron su evidencia, decidieron éstas e hicieron sus alegaciones, dando por sentada la realidad antes dicha: que la acción se ejercitaba en beneficio exclusivo del hijo.
“No de otra manera hubo de sujetarse al lesionado a un interro-gatorio detenido sobre el estado actual del pie lesionado y a un exa-men directo de dicho órgano y por la misma razón la parte deman-dada presentó evidencia para demostrar que la lesión era temporal y leve.
“Asimismo fué presentada evidencia sobre los daños que el le-sionado recibía a virtud de no poder continuar sus estudios.
“Esa ha sido la verdad del caso y la parte compareciente, si fuere necesaria, .consentiría y solicita al efecto aquella enmienda de los términos de la sentencia que ese tribunal tuviere a bien hacer u or-denar se haga por el inferior, al efecto- de quedar aclarado seme-jante extremo y bien determinada la responsabilidad de la parte de-mandada. ’ ’

A nuestro juicio no es posible llegar a la conclusión que sostiene la apelada. La acción la inició ella en su carácter de madre. Reclamó para ella por los daños y perjuicios a ella ocasionados. La actitud de. las partes y el fallo de la corte son claros. Sólo bay un párrafo de la demanda que po-dría interpretarse en sentido contrario, pero no es tan fuerte que pueda por sí solo servir de base para variar en los ac-tuales momentos la acción.

La acción que compete a la madre y la que compete al bijo, son distintas. La ley aplicable es el artículo 60 del Código de Enjuiciamiento Civil. Yéase el caso de Arreche v. P. R. R. L. & P. Co., decidido en esta misma fecba. Po-meroy, resumiendo la jurisprudencia de California, inter-pretativa de preceptos de ley iguales al nuestro, dice:

“La disposición final de este artículo ha sido motivo de perple-jidad considerable y objeto de cuidadosa atención en decisiones re-cientes de nuestra Corte Suprema.
“1. Con respecto a la indemnización que en los casos de lesiones a un menor debe concederse en una acción establecida al amparo del artículo 376: En tales casos surgen dos causas de acción, una en favor del niño por sus daños personales, y la otra en favor del padre o del tutor por las pérdidas sufridas por él con motivo del daño cau-sado al niño o pupilo: Durke v. Central Pac. R. R. 56 Cal. 388; 38 Am. Rep. 59. En este caso se consideran las cuestiones que ahora examinamos, y en el curso de la opinión de la corte, escrita por el Juez Presidente Morrison, se dice: ‘Cuando la acción es establecida por el padre, la pérdida de servicios, la asistencia médica, los gastos de la curación y otros particulares semejantes deben ser considerados por el jurado, y en tales casos es la regla conceder una indemniza-ción. * * * Cuando se establece la acción a nombre del niño entonces los factores determinantes de la indemnización son otros distintos e independientes. El niño es indemnizado no por la pér-dida de tiempo o servicios, ni por la asistencia médica o los gastos de curación, sino por los daños a su persona, tales como el dolor y el sufrimiento, tanto físicos como morales, la desfiguración, etc.’ * * * ”

Siendo ello así y demostrando la prueba que la deman-dante en este caso no es madre legítima del menor Rivera, por dnro qne ello sea, es necesario concluir, de acnerdo con la ley y la jurisprudencia, qne carece de acción.

En el citado caso de Díaz se liizo mi estadio amplio de la cuestión envuelta y se decidió:

“Habiendo en consideración todo lo expuesto, se impone, como consecuencia necesaria y única, la revocación de la sentencia apelada y la desestimación de la demanda. El derecho ejercitado por la de-mandante en este caso es de origen puramente estatutorio. 'El esta-tuto sólo concede tal derecho al ‘padre’ y, en su caso a la ‘madre,’ por la muerte del “hijo menor de edad.” Interpretando dichas pa-labras de acuerdo con la tradición, así inglesa como española, y con la jurisprudencia constante de los tribunales, se ha visto que se refieren al padre, a la madre y al hijo legítimo. La madre en este caso fuo es legítima, sino natural: luego es bien claro que no tiene acción para reclamar cantidad alguna por la muerte de su hijo ocasionada, según la demanda, por virtud de la negligencia de la corporación deman-dada. Extender el significado de las palabras padre, madre e hijo,, usadas en la ley, hasta comprender en ellas a los padres, a- las ma-dres, y a los hijos naturales, sería realizar algo que sólo puede llevar a efecto la Legislatura. Y nosotros no podemos convertirnos en le-gisladores. ’ ’

La Legislatura de Puerto Rico en 1921 enmendó la ley, incluyendo expresamente en ella a la madre natural y ha-ciendo otras reformas que deben ser objeto de un cuidadoso estudio por los abogados al iniciar acciones que deban re-girse por dicha ley enmendada. Véase al artículo 60, tal como quedó enmendado por la Ley número 77 de 1921, Le-yes de 1921, pág. 703.

A virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la senten-cia recurrida y dictarse otra declarando la demanda sin lugar.

Revocada la sentencia apelada y sin lugar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.