text:
    José Ruiz de Val, peticionario y apelado, v. Lucía Morales Vda. de Riefkohl, opositora y apelante.
    No. 4983.

    Sometido: Marzo 7, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      E. H. F. Dottin, abogado de la apelante; C. Coll Cuchí, abogado del apelado.’
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Durante la vista de este caso y en el alegato de la apelante fíe ban afirmado- cuestiones que no aparecen de- la prueba sometida a la corte inferior para resolver las controversias én este caso, suscitadas por una consignación becba en corte y una oposición.

Lo que sí revelan los autos es que las partes tuvieron una controversia sobre cierta suma de dinero; que Ruiz de Val, •el apelado, ofreció pagar a la apelante la suma de $2,020 que ella rehusó aceptar. De abí qué se hiciera la consignación en corte.

Se admitió que a la apelante, al oponerse a la consigna-ción, incumbía probar que no estaba obligada a aceptarla. Se trató de hacer esto. Su -testigo principal, podría decirse, fue Ruiz de Val. Terminada la prueba, el letrado de la apelante se levantó para manifestar que él, significando con ello su cliente, convenía en qne la consignación había sido debida-mente hecha. La apelante pidió, sin embargo, qne no se le condenara a pagar honorarios de abogado. Con la prueba qne tuvo ante sí, la corte, no obstante, concedió honorarios de abogado. La apelación versa sobre esta concesión.

Varias veces hemos resuelto qne cuando se llama como testigo a la parte contraria sn credibilidad general es aceptada. Desde luego, un testigo así llamado puede ser impugnado en la forma prescrita por los artículos 158 y 159 de la Ley de Evidencia. No sólo no se trató de hacer tal impugnación, sino que los autos tampoco revelan impugnación de clase alguna.

En síntesis, el apelado era el abogado de la apelante. Ella le entregó la suma de dos mil dólares para invertirla. Ruiz de Val, en una entrevista, o en varias entrevistas tenidas con su cliente, manifestóle que el supuesto deudor hipotecario no quería otorgar la hipoteca; que dicha persona deseaba vender la. finca; que había negociaciones pendientes, pero que en el ínterin, de acuerdo con el testigo Ruiz de Val, la apelante le sugirió que se quedara con el dinero y le pagara intereses por el mismo. Así lo hizo.

También sucedió que al proponerse originalmente un préstamo la apelante suscribió una escritura de hipoteca en blanco para ser otorgada por dicho supuesto deudor hipote-cario. La apelante creyó que en este documento estaba envuelta una inversión de dinero por dos años. Al presen-tarse dicho documento durante el juicio, demostró que el período convenido fué el de un año solamente.

La teoría principal de la apelante, según revelan las alega-ciones, fué que Ruiz de Val como abogado de ella recibió dinero para hacer una inversión por dos años y que ella tenía derecho a tal inversión y al pago de intereses durante dos años. La prueba no demuestra engaño alguno por parte de Ruiz de Val. La Corte de Distrito de San Juan, tal como demuestran los autos, fué ampliamente requerida para que ejerciera su discreción en favor de la apelante. Es muy. de presumirse que la corte creyera-que Ruiz de Val Rabia hecho cuanto estaba a su alcance para relevarse de la obligación de los dos mil dólares entregádosíe por su cliente. Debidamente aconsójada por su letrado, la apelante dijo que la consigna-ción se hizo propiamente. Sólo por los argumentos aparece que la apelante habría aceptado la consignación si la escritura de hipoteca le hubiese sido presentada. No podemos hallar abuso alguno de discreción. En un procedimiento de esta clase se conceden las costas como cuestión de derecho, de acuerdo con el artículo 1147 del Código Civil.

Ha surgido una duda en nuestras mentes respecto a si la resolución dictada en una solicitud de consignación es apelable. Se sugirió que cuando hay oposición, el procedimiento es similar a una intervención. También existe alguna ligera similaridad a un “interpleader” en equidad donde existen reclamantes opuestos de los mismos fondos que se hallan en poder de un agente y éste los deposita en corte. De todos modos, hubo un procedimiento contencioso en el cual surgió sentencia final. Por tanto, el caso cae dentro de la regla, la excepción a la cual fué indicada en In re Juan Montalvo, resuelto en el día de hoy, pág. 782.

También hemos tenido algunas dudas respecto a si ésta era la clase de procedimiento contencioso que tiene por roira la concesión de honorarios de abogado. El razonamiento a virtud del cual hemos llegado a la conclusión de que el caso es apelable es igualmente aplicable a la concesión de honorarios de abogado.

Debe confirmarse la resolución o sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Jijez Peesidente SeñoR del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Fidel Lind, acusado y apelante.
    No. 4016.

    Sometido: Febrero 5, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      R. A. López Antongiorgi, abogado del apelante; R. A. Gómez, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Jijez Peesidente SeñoR del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El Policía Insular Domingo Vicente . formuló denuncia contra Fidel Lind “por delito infracción al artículo 337 del Código Penal cometido de la manera siguiente:

“Que en 22 de .julio, bora (9 A. M.) de 1929, y en la calle Esperanza de Arroyo, ... el referido acusado Fidel Lind, habiendo sido arrestado legalmente por el suscribiente que era en- aquel en-tonces y es en la actualidad un funcionario del orden público, Poli-cía Insular, sabiendo el acusado que el denunciante obraba en cum-plimiento de sus obligaciones como tal funcionario, voluntaria, ma-liciosa y criminalmente, 'se resistió a entregarme un frasco de cristal conteniendo ron bebida .embriagante que transportaba sobre su- persona, oponiéndose violentamente a que cumpliese con mis deberes impuéstome por la ley, teniendo que hacer uso del roten para efec-tuar su arresto.”

Juzgado el caso en la corte municipal fue el acusado con-denado. No conforme apeló para ante la corte de distrito. Al ser llamado el nuevo juicio excepcionó la denuncia. Desestimada la excepción, se procedió a la práctica de la prueba y otra vez fué condenado el acusado que apeló entonces para ante este Tribunal Supremo.

El alegato del apelante es completo y al formular el suyo el fiscal se mostró conforme en que debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado tanto considerando la denuncia en sí misma cuanto analizando la prueba.

Conocemos la denuncia. Y es para nosotros claro que examinada a la luz de la jurisprudencia sentada en el caso de El Pueblo v. Ramos, 13 D.P.R. 336, alegándose como en ella se alega la actuación violenta por parte del acusado, el delito que imputa es el previsto y castigado en el artículo 84 del Código Penal y no en el 137, y como para conocer de dicho delito no tenía jurisdicción la corte municipal, por ser felony, todo el procedimiento cae por su base y debe revocarse la sentencia recurrida.

En el caso de que no fuera así, entrando en el estudio de la prueba — aunque creemos qne la declaración del policía demuestra algo más de lo que admite el fiscal de esta corte' en su alegato ya que repetidamente insistió en que conoció que era un frasco con ron lo que conducía el acusado antes de ver el frasco y examinar'directamente su contenido tanto por la forma del bulto como por el olor de las gotas de líquido que caían fuera del saco, — es lo cierto que en la conciencia del juzgador produce dicho estudio no ya la mera impresión sino la firme convicción de que el policía acometió, agredió o hirió al acusado sin necesidad alguna. Siendo ello así, no debe continuarse la obra injusta comenzada el 22 de julio de 1929, condenándolo a pagar una multa y en su defecto a sufrir determinados días de arresto. Creemos con el fiscal que son bastante aplicables a este caso las palabras del Juez (Jaynor en el de El Pueblo v. Huchstin, 73 N.Y.S. 626. Dicen así:

“Aunque 'sujeto siempre a rectificación, y con la mayor deferen-cia a la erudición y experiencia del ilustrado juez de la corte inferior, no puedo explicarme esta declaración de culpabilidad de otro modo que no sea como un increíble error de la justicia. El juicio en vez de demostrar a este acusado culpable del delito imputado contra él, parece más bien no demostrarlo culpable' de ningún delito y revela más bien al denunciante como culpable de una ofensa de las de carácter más grave para la comunidad; y sin embargo, el acusado 'se encontró convicto en una corte de justicia de una impu-tada ofensa, mientras que el denunciante no ba recibido todavía una-reprimenda o ba sido acusado.”

Debe revocarse la sentencia recurrida y absolverse al acusado.


author: El Juez Presidente Señor del T-obo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santos Buxó, acusado y apelante.
    No. 4104.

    Sometido: Marzo 17, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      González Fagundo <& González Jr., abogados del apelante; R. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del T-obo,

emitió la opinión del tribunal.

El 9 de abril de 1929 la Corte de Distrito de Humacao dictó-sentencia condenando a Santos Buxó como autor de un delito de portar armas a sufrir un mes de cárcel. Fue la segunda sentencia condenatoria porque la causa se vió en apelación procedente de la Corte Municipal de San Lorenzo.

No conforme Buxó, el propio día 9 de abril apeló para ante el Tribunal Supremo y a los efectos de perfeccionar su recurso fue solicitando prórrogas por espacio de diez meses.

Así las cosas el fiscal de esta Corte Suprema el 3 de marzo último presentó mía moción solicitando la desestimación del recurso basándose en la regia 59 del tribunal que, en lo perti-uente a este caso, prescribe que transcurrido el término de noventa días desde la fecba en que se presentare el escrito de apelación y no obstante las prórrogas concedidas por la corte inferior, el tribunal, a su discreción, podrá desestimar un recurso si se probare satisfactoriamente que el apelante no lo fia. proseguido con la debida diligencia, y en los casos de El Pueblo v. Santos Rodríguez, 37 D.P.R. 453 y Ferrocarriles del Este v. María Ríos viuda de Rubio, 39 D.P.R. 89.

Señalada la vista de la moción para el 17 de marzo, comu-nicándose el señalamiento el 4, comparecieron ambas partes por sus abogados. El apelante se opuso y presentó un jura-mento de su abogado haciendo constar que el taquígrafo no le había comunicado el importe de sus honorarios no obstante habérselo pedido y que por ello no había verificado la consig-nación, una certificación del secretario de la corte de distrito creditiva de haberse archivado la transcripción de la evi-dencia el día 8 de marzo de 1930 y una copia de dicha trans-cripción. El fiscal insistió en su moción.

Examinados los hechos a la luz de la regla y de los casos invocados por el fiscal, creemos que debe desestimarse el recurso. No hay excusa posible. Cuando la moción del fiscal se archivó y cuando el señalamiento de la vista de dicha moción fué notificado no se había presentado la transcripción. Be presentó luego y sólo contiene 27 páginas en maquinilla a doble espacio pudiendo por lo tanto haber sido preparada en un día por el taquígrafo. Además, hemos leído la evidencia de una y otra parte. La de cargo es suficiente. La de des-cargo la contradice y el conflicto fué resuelto por la corte en contra del acusado. Nada demuestra error manifiesto. Ai contrario, la teoría de la defensa no parece verosímil.

Debe desestimarse el recurso.


author: El Juez Presidente Señor del Turo,

text:
    Pascasia López Viuda de Gerena, demandante y apelante, v. Sucesión de Juan Ramos López, Samuel C. Friedman, United Porto Rican Sugar Co., y la Sucesión de José Gerena, demandados y apelados.
    No. 4904.

    Sometido: Febrero 24, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      González Fagundo & González Jr., y Arturo Aponte, abogados de la apelante; Henry G. Molina y A. Arroyo Ríos, abogados res-pectivamente, de la United P. R. Sugar Co., y de la Sucn. Ra-món López, apeladas.
   El Juez Presidente Señor del Turo,

emitió la opinión del tribunal.

Hay cuatro mociones pendientes de resolución en este caso. Por la primera la United Porto Rican Sugar Co. pide que se le tenga por parte en vez de la demandada Central Pasto Viejo Inc., cuyos derechos dice haber adquirido. La moción se presentó por medio del mismo abogado de la Central Pasto Viejo. No hubo oposición y debe ser decla-rada con lugar.

Por la segunda los demandados pidieron la corrección de un error en la opinión de la corte de distrito. La parte demandante se allanó. La moción debe ser también declarada con lugar.

Las mociones tercera y cuarta son de desestimación. Llevan igual fecha. Una la presenta la United Porto Rican Sugar Co. como sucesora de Central Pasto Viejo Inc., por medio de su abogado H. G. Molina, y la otra la Sucesión de Juan Ramos López, por medio de su abogado A. Arroyo Ríos.

La parte demandante y apelante en el acto de la vista d.e las mociones compareció por su abogado F. González Fa-gundo y se opuso a la desestimación. Recordamos que su informe fué relativamente extenso pero no sus detalles. Hubiera sido mejor que hubiera consignado por escrito los puntos fundamentales y la ley y la jurisprudencia en que basó su oposición.

Por la moción de desestimación de la United Porto Pican Sugar Co. se alega que aun cuando la demandante ha solici-tado únicamente la “revocación de la sentencia apelada” se desprende de su argumento que lo que interesa es que esta corte declare además la demanda con lugar en todas sus partes, y ello no es posible porque ni la corte de distrito, ni este tribunal adquirieron jurisdicción sobre Bernarda Torres y Jesús Eamos dueños de porciones de la finca principal en-vuelta en. el litigio, porque individualmente no fueron hechos partes en el mismo, y si se les considera demandados como componentes de la Sucesión de- Juan Eamos López, porque no fueron notificados de la apelación, no habiéndose tampoco citado y emplazado a los esposos Friedman dueños de parte de la dicha finca y que figuran como demandados en la de-manda.

La moción de desestimación de la Sucesión de Juan Eamos López se basa en que habiéndosele notificado la interposición del recurso se le ignoró luego por completo dejándose de notificarle la exposición del caso, la vista sobre aprobación de la misma, la transcripción de los autos y el alegato de la apelante.

La demanda en verdad se dirige no sólo contra la Central Pasto Viejo si que también contra las Sucesiones de Juan Eamos López y de José Cereña y contra los esposos Friedman.

No hay duda alguna que fué la Central Pasto Viejo la que llevó el peso de la defensa, pero se ha comprobado por. medio de certificación acompañada a la moción de desestima-ción de la Sucesión de Juan Eamos López que ésta compa-reció en el pleito por su abogado A. Arroyo Ríos y formuló un- escrito de contestación y excepción previa a la demanda.

Además en la demanda se alega que la demandante y su esposo eran dueños de cierta finca de 25 cuerdas; que su esposo siendo sólo dueño de la mitad vendió toda la finca a Juan Bamos López, que éste falleció y sus hijos cedieron a S. C. Friedman todos sus derechos y Friedman en su carácter de cesionario procedió a la división de la herencia de Bamos adjudicando a la viuda Bernarda Torres una porción de 11 cuerdas de la finca de 25 y a Jesús Bamos Torres, un hijo, otra porción de 1 cuerda 18 centavos, de la finca de 25, dando luego Bernarda y Jesús sus porciones en arrendamiento a la Central Pasto Viejo por plazo de noventa y nueve años. Parece deducirse que el resto de la. finca de 25 cuerdas quedó en Friedman. La súplica, entre otras- peticiones, contiene la de que se declare que la demandante es dueña de la mitad de la finca de 25 cuerdas. La sentencia apelada declaró la demanda sin lug’ar y en la relación del caso y opinión que le sirve de base el juez de distrito termina diciendo que no se encuentra en condiciones de declarar fuera de duda que la demandante es dueña de la mitad de la finca que reclama y por eso opina que debe desestimarse la demanda.

Leyendo la relación del caso y opinión se concluye que la prueba en vez de aclarar hizo aun más confuso el asunto que la demanda misma, pero de todo se desprende que la sentencia finalmente dictada no sólo favorece a la Central Pasto Viejo si que también a los otros demandados y por tanto que dichos demandados son partes, realmente intere-sadas en la apelación y que habiéndose prescindido de ellos, especialmente de Bernarda Torres y Jesús Bamos, 'en la forma indicada en las mociones, procede la desestimación del recurso.


author: El Juez Pbesidente Sbñob del Tobo,

text:
    Juan Montalvo, Ex parte, peticionario y apelante y El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 5215.

    Sometido: Febrero 17, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      Luis Mercader, abogado del apelante; B. A. Gomes-, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Sbñob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Existe una ley en Puerto Rico prohibiendo portar armas, de 1905. Fué enmendada en 1908 y en 1924. En su sección 6 tal como quedó enmendada en 1924, Ley No. 14 de ese año, se determinan las personas que podrán usar armas legal-mente. El número once de esa sección, Leyes de 1924, sesión especial, p. 119, lee como sigue:

“11. — Los conductores de fondos privados mientra's los tuvieren bajo su guarda, previa autorización de la corte de distrito corres-pondiente, ante la cual justificará el conductor de tales fondos o sus patronos, la necesidad de la licencia.”

Alegando ser un conductor de fondos privados, Juan Mon-talvo solicitó de la Corte de Distrito de Arecibo que se le autorizara para portar un revólver mientras los conducía, Se oyó la prueba ofrecida. Intervino el fiscal del distrito en el procedimiento e informó oponiéndose y la corte negó final-mente la solicitud.

Juan Montalvo apeló para ante esta Corte Suprema y el fiscal ha pedido que se desestime el recurso por no estar autorizado por la ley.

Contestó Montalvo sosteniendo que su derecho a apelar se basa en el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil No. 1 que prescribe:

“Artículo 295. Podrá establecerse apelación para ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes:
“1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o pro-cedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictado, dentro de un mes de'spués de haberse registrado ia sentencia.”

Alega que el procedimiento que autoriza la sección 6, No. 11, de la ley prohibiendo portar armas es uno de Ios-procedimientos especiales que tuvo en mente el legislador.

El estatuto especial de que se trata no concede el derecha de apelación. Gomo hemos visto el apelante invoca el pre-cepto general del Código de Enjuiciamiento Civil. Resu-miendo la jurisprudencia sobre la materia dice Corpus Juris,, itálicas nuestras:

“En ausencia de una disposición estatutoria expresa en contra-rio, una apelación o recurso de error procede solamente cuando ha habido una decisión por un tribunal o por un funcionario investido con autoridad judicial y que esté actuando en un carácter judicial al emitir la decisión. Qué es una decisión judicial es eue'stión que depende mucho de las circunstancias del caso en particular para que permita una discusión detallada en este momento. Sin embargo, podría decirse como regla general que cuando se confiere cualquier facultad a una corte, para ser por ella ejercida como tal corte, de la manera.y con las formalidades de una corte, y en sus procedi-mientos ordmarios, la actuación de tal corte debe considerarse judicial irrespectivamente de la naturaleza original de la facultad, y la resolución de la corte sobre tal cuestión puede por tanto ser apela-ble. Y el hecho de que la decisión no sea estrictamente hablando una sentencia, o de que los procedimientos, no puedan constituirse en lo que técnicamente se llama unos autos, no impedirá que éstos sean apelables.” 3 C. J. 372, 373.

Y más adelante, bajo el epígrafe “Procedimientos Espe-ciales”:

“Es regla bien establecida en la mayoría de las-jurisdicciones que cuando un tribunal ejerce jurisdicción éspecial limitada, confe-rídale por un estatuto, según el cual el procedimiento no está de acuerdo con las disposiciones del derecho común, no procede un re-curso de apelación o de error contra la actuación de la corte, a menos que tal apelación esté provista expresamente por el estatuto, pero en algunas jurisdicciones las cortes, sin autoridad estatutoria especial, han concedido apelaciones en tales casos.” 3 C. J. 375.

Entre las cortes que sostienen el criterio más liberal ex-presado últimamente, se encuentra la de California. En la nota se citan-dos casos, de dicho estado, el de Lord v. Dunster, 79 Cal. 477 y el de Morton v. Broderick, 118 Cal. 474.

En el primero se razona la posición asumida por la corte, así:

“La corte suprema tiene jurisdicción de apelación en casos de elecciones impugnadas de acuerdo con la Constitución de 1879. Las deeisione's de esta corte independientemente de las razones en que originalmente se basaban mediante prolongada aquiescencia ban lijado la interpretación que debe darse a la constitución respecto al principio envuelto en la máxima Contemporánea expo sitio est fortissimo in lege; y no habiendo en la constitución de 1879 nada que restrinja o limite el derecho de apelación en casos de elecciones Impugnadas según la interpretación dada a la constitución anterior, ese derécho continúa de conformidad con la constitución de 1879.“ Lord v. Dunster, 79 Cal. 477.

Y en el segundo, del siguiente modo:

“Cuando un procedimiento para la remoción de una junta direc-tiva participa de la naturaleza de una acción civil, es entablado a instancia y a nombre de un ciudadano particular y los demandados son notificados mediante el emplazamiento exigido en una acción civil, y la causa fué tramitada totalmente al igual que un pleito civil, sin jurado, una sentencia dictada contra la junta en tal aceión debe ser considerada como dictada en un procedimiento civil en lo que respecta a los efec-tos de una apelación contra la misma. Y no puede considerarse la sentencia como que ha sido dictada en un procedimiento criminal, independientemente de si el estatuto tuvo por objeto la interposición de una acción civil o criminal toda vez que una acción criminal sólo puede ’ser instituida a nombre o por la autoridad del estado y no por un particular.
“Llabiendo sido judicialmente interpretada la constitución anterior como que faculta a la legislatura a preveer lo necesario en re-lación con las apelaciones para ante la corte suprema en procedi-mientos civiles de naturaleza sumaria, debe llegarse a la conclusión de que su fraseología, nuevamente usada en la constitución actual, ha sido adoptada con la interpretación que las cortes le habían dado -, y cuando la interpretación de la constitución actual ha sido fijada por antigua sanción tanto de la legislatura como de las cortes en favor del derecho de apelación en casos espeeiale’s, ella no puede estar sujeta a decisiones en sentido contrario como si se tratara de una cuestión nueva.” Morton v. Broderick, 118 Cal. 474-475.

Si se compara la naturaleza de los casos de California con la de éste sometido a nuestra consideración, se observará en seguida lo distinta que es. Tampoco existen en este caso los precedentes que en los dos de California.

Aquí la corte actuó es cierto por ministerio de la ley y al negarse a conceder la autorización no bay duda alguna que examinó la solicitud y pesó la prueba ejercitando su criterio judicial, pero no se trata de un procedimiento civil, ex parte o contencioso1, de carácter verdaderamente judicial. La Legislatura encomendó a la corte la conceción de la licencia en casos apropiados como pudiera haberlo hecho a un funcio-nario administrativo, y su actuación aislada, concreta, dis-crecional, es definitiva.

El fiscal de esta corte se limitó a presentar su moción. En . su argumento oral nos parece que sostuvo que los únicos procedimientos especiales a que se refiere el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, son los comprendidos en la ley de 1905 que lleva ese título. Creemos conveniente con-signar que no es ése nuestro juicio. Nuestro criterio es más amplio, pero por amplio que sea no llega a comprender un caso como éste cuya naturaleza hemos tratado de fijar ante-riormente. Véase Luce & Co. v. Registrador, 34 D.P.R. 952 y opinión disidente del Juez Asociado Sr. Wolf a la página 913. También 20 Fed. (2d) 115.

Debe desestimarse el recurso.


author: El Juez Presidente Señor del Tubo,

text:
    Eleuteria Nieves, peticionaria, v. La Hon. Corte de Distrito de Aguadilla, y Ernestina Martínez, demandadas.
    No. 689.

    Sometido: Enero 27, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      José Veray, Jr., abogado de la peticionaria.
   El Juez Presidente Señor del Tubo,

emitió la opinión del tribunal.

Ernestina Martínez demandó a Eleuteria Nieves en la Corte Municipal de Aguadilla en cobro de ochenta y cuatro dólares.

Seguido el procedimiento que marca la Ley No. 10 esta-bleciendo juicios especiales en las cortes municipales de Puerto Pico — Leyes de 1921, p. 113 — se dictó finalmente sentencia declarando la demanda sin lugar.

Apeló la demandante para ante la corte del distrito sin adherir a su escrito de apelación sello alguno de rentas in-ternas. Por tal motivo solicitó la demandada en' la corte de apelación la desestimación del recurso, basándose en lo dis-puesto en la sección 3 de la citada Ley. No. 10 de 1921, y la corte, interpretando el precepto de ley invocado, el 10 de enero de 1930 resolvió que era bastante con que la apelante hubiera adherido el sello de rentas a su demanda para que pudiera luego establecer la apelación sin satisfacer ningún otro de-recho. La demandada acudió entonces por certiorari ante esta corte. El auto fuá expedido y ambas partes presentaron su caso en debida forma al tribunal.

La ley aplicable es la sección 3 de la No. 10 de 1921. Dice así:

“Sección 3.- — -En cada escrito de demanda, de contestación o ape-lación en su caso, las partes fijarán un sello de rentas de un dólar, que será inutilizado por el secretario de la corté, siendo esas las úni-eas costas que se impondrán en cada caso hasta su resolución defini-tiva; Disponiéndose, que cuando cualquiera de las partes acredite,, por declaración jurada, la imposibilidad que tiene para pagar tal impue'sto, la corte le eximirá del mismo, teniendo entonces derecho a todos los servicios de los funcionarios judiciales, como si tal impuesto-hubiera sido pagado.”

Argumentando su posición expresa la parte apelante opo-sitora en su alegato:

“A juicio-de la demandante-opositora, la parte actora en un pro-cedimiento iniciado al amparo de la Ley No. 10 de 1921 solamente' tiene que pagar por todo derecho un dólar en sellos de rentas inter-nas. La ley dice que el sello de un dólar deberá fijarse ‘en cada-escrito de demanda, de contestación o apelación en su caso,’ lo que-significa que deberá fijarse en el escrito de demanda, y en el de con-testación; y para el caso de que no haya habido una contestación y se apelare por el demandado, estonces, y sólo entonces, e‘s que hay que fijar un sello en el escrito de apelación.
“El espíritu de la Ley No. 10 es el facilitar los procedimientos-judiciales en las acciones sobre cobro de dinero que envuelven una sama no mayor de cien dollars, a la par que hacer que el procedi-miento resulte barato, y ese espíritu se ve perfectamente claro en el texto de la propia ley.
“Otra cosa hubiera sido si se hubiera dicho que en cada escrito-de demanda, de contestación y de apelación la's partes fijarían un sello de rentas internas de un dólar. La frase en su caso quiere decir en su defecto o a falta de.”

Estamos conformes en qne el espíritu de la Ley No. 1G de 1921 es el de facilitar los juicios civiles en cobro de-cantidades no mayores de cien dólares y el de hacer lo menos costosas que se pueda dichas reclamaciones, pero no en que la disposición relativa a la fijación del sello de rentas de un dólar en el escrito de apelación lo sea únicamente para el caso de que el demandado no conteste en la corte -municipal e interponga apelación. Las palabras “en su caso” usadas por el legislador no pueden tener otro significado que “cuando-exista apelación,” bien la interponga el demandante, ya la establezca el demandado cuando conteste o deje de contestar-la demanda. Se trata de una nueva instancia. Se acude por la apelación a otra corte y se le pide que celebre nn nuevo juicio y pronuncie una nueva sentencia. Y parece lo natural •que se exija un nuevo pago. Y la verdad es que la mínima •cantidad fijada no puede estar más en armonía con el espíritu de la ley.

A virtud de todo lo expuesto resulta claro a nuestro juicio que la peticionaria Eleuteria Nieves tiene razón y por tanto que no habiendo adherido la demandante-apelante a su escrito interponiendo el recurso el sello de rentas de un dólar que requiere la ley, no llegó a perfeccionar su apelación y en su consecuencia que la corte de distrito no adquirió jurisdicción para conocer del pleito, debiendo anularse su resolución de enero 10, 1930 y en su lugar dictarse otra desestimando el recurso.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Texidor, no inter-vinieron.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Josefa Alvarez, demandante y apelada, v. Tomás Anzalota Monet, demandado y apelante.
    No. 5250.

    Sometido: Marzo 17, 1930.

      Resuelto: Marzo 31, 1930.

      Angel Arroyo j E. Hincón, abogados del apelante; E. Martines Rivera, abogado de la apelada.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación, del recurso por dos motivos, a saber: por negligencia de la parte ape-lante en su tramitación y por ser la apelación frívola.

La sentencia apelada se dictó el 19 de diciembre de 1929. El 18 de enero siguiente se interpuso el recurso y el 23 la corte ordenó al taquígrafo que preparara la transcripción de la evidencia a los efectos de la apelación. El 10 de febrero siguiente el taquígrafo pidió a la corte que le concediera una prórroga de treinta días y que ordenara al apelante que dentro de quince consignara en secretaría $60 probable importe de sus honorarios. La corte accedió, notificándose la orden de consignación al apelante el 13 de febrero. El 3 de marzo la apelada presentó esta moción archivando un memorándum en apoyo de la misma y varias constancias del récord.

La parte apelante se opuso y en el acto de la vista de la moción — 17 de marzo actual — presentó una certificación de la que aparece que solicitó y obtuvo de la corte de distrito una nueva prórroga de treinta días para que el taquígrafo pre-parara la transcripción ofreciendo consignar durante ella los honorarios, prórroga que está aún en todo su vigor.

Basta la mera exposición de los anteriores hechos y el examen de las reglas 58 y 59 del reglamento de este tribunal para concluir que no cabe la desestimación por el primer motivo. Está vigente una prórroga y no habían transcurrido a la fecha de la moción, ni han transcurrido aún, los noventa días que fija la regla 59. La corte de distrito, vigente como estaba la primera prórroga que concedió al taquígrafo, tenía jurisdicción y discreción para fijar un nuevo plazo para la consignación de los honorarios. El caso de Ferrocarriles del Este v. Ríos, 39 D.P.R. 89, no tiene aplicación. Se trata de situaciones distintas.

¿Es frívola la apelación? Quizá tenga razón la parte apelada, pero no es posible con las solas alegaciones, la relación del caso y opinión y la sentencia, formar nn inicio acabado cuando consta que se practicó prueba aunque sólo fuera la ofrecida por la propia parte demandante a cuyo favor se decidió el litigio. No se trata de una sentencia dictada sobre las alegaciones. Quizá la prueba no sostiene lo alegado en la demanda y negado en la contestación.

Además, la cuestión de derecho envuelta es interesante y nueva, según se desprende de la lectura de los documentos elevados, y la justicia y la jurisprudencia parecen exigir de consuno que se dilucide plenamente en el Supremo con todos los elementos que tuvo ante sí la corte de distrito, antes de resolverse en definitiva.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse sin lugar la moción de la apelada.


author: El Juez Presidente Seítor del Toro, El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    José Nazario, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Etc., demandado y apelado; José Nazario, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Etc., demandado y apelado.
    Nos. 4999 y 5001.

    Sometidos: Noviembre 5, 1929.

      Resueltos: Abril 3, 1930.

      Leopoldo Tarmes, abogado del apelante; Attorney General James R.Beverley y B. Cordovés Arana y Tomás Torres Pérez, SvLproeu-radores, abogados del apelado.

       Nota : Véase el prefacio.

       Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Presidente Seítor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Estos casos fueron sometidos conjuntamente por las partes y así serán resueltos. Están envueltas en ellos las mismas cuestiones legales.

El demandante Nazario' se dedica en la ciudad de Ponce al negocio de importar de los Estados Unidos café tostado y semitostado para venderlo en Puerto Eico al por mayor y al detall.

Alega en sus demandas que en determinadas fechas pagó bajo protesta los derechos prescritos por la Ley No. 19 para reglamentar la venta de café extranjero puro o mezclado con café de Pnerto Pico, para proveer fondos con qne pagar los gastos qne ocasione tal reglamentación y para otros fines, aprobada en 19 de abril de 1928, empleando las estampillas adquiridas en sn negocio de venta de café importado, y alega además qne la Ley No. 19 es anticonstitucional por los varios motivos qne expresa, y solicita qne siendo en tal virtud ilegal el cobro se ordene la devolución de las cantidades indebida-mente pagadas.

El demandado formuló excepciones previas alegando qne la corte no tenía jurisdicción para conocer de los litigios y que las demandas no alegaban hechos suficientes para deter-minar una causa de acción. La corte declaró con lugar la; primera de las excepciones e indicó que en el caso de que tuviera jurisdicción también declararía con lugar la segunda.

Como se ha indicado, el demandante Nazario pagó bajo protesta e inició estos casos acogiéndose a los beneficios de la Ley No. 8 de 19 de abril de 1927 que se refiere al pago de contribuciones bajo protesta y determina el procedimiento que debe seguirse para pedir ante los tribunales de justicia su devolución. La sección 1 de dicha, ley en lo pertinente dice:

“Cuando algún contribuyente creyere que no debe pagar cual-quier contribución o parte de ella. .

Y se sostiene que no siendo la suma pagada por el deman-dante una contribución, no pudo acogerse a la indicada ley para reclamar su devolución.

A nuestro juicio es claro que la Ley No. 19 de 1928 no’ impone una contribución. Reglamenta la venta del café ex-tranjero en Puerto Rico e impone ciertos derechos de inspec-ción para obtener los fondos necesarios para pagar los gastos que la reglamentación ocasione. Su sección 23 lee como sigue:

“El producto íntegro de la venta de los sellos o estampillas, licen-cias y multas provistas en e’sta Ley ingresará en el Tesoro Insular y constituirá un fondo especial, que se denominará ‘Fondo de Pro-tección Cafetera,’ y el cual se destinará a sufragar los gastos que origine la aplicación de las leyes para proteger el café de Puerto Rico-y la de inspeccionar y legalizar la procedencia del mismo café de Puerto Rico:”

En el caso de Lever Bros. Co. v. Commonwealth (Mass.), 121 N. E. 516, 517, se resolvió:

“Hay otro obstáculo verdadero contra esta parte de la reclama-ción de la peticionaria, sobre el cual también descansa esta decisión. El pago requerido por dichas secciones 54 y 91 no es una contribu-ción o arbitrio. Es un mero derecho de inscripción. Así se men-ciona en el estatuto, donde se usa la palabra ‘derecho’ para distin-guirla de las palabras ‘contribución’ y ‘arbitrio.’ Véase St. 1909, c. 490, 3a. parte, secciones 54, 69, 70 y St. 1903, e. 437, sec. 90. La única jurisdicción otorgada a la corte por la sección 70 (a virtud' de la cual se ha presentado esta petición) es la de considerar perjui-cios que surjan por la exacción de ‘ésa contribución o arbitrio, o de cualquier parte de los mismos.’ Es claro que el derecho {fee) no-equivale a ‘costas’ de acuerdo con la sección 70. Y es evidente que-la corte no tiene jurisdicción para considerar la cuestión del derecho. El estado no ha consentido en ’ser demandado como un poder sobe-rano respecto a esa cuestión.”

Y resumiendo la jurisprudencia sobre la materia dice 26' R.C.L. 20 así:

“Hay otra forma de carga pecuniaria que no es una contribución sino un incidente del poder de regular, pero que, sin parecerse a los impuestos discutidos en los párrafo’s que anteceden, pueden impo-nerse sobre la realización de un hecho sobre el cual la legislatura no-puede imponer contribución o gravamen alguno mediante otra carga-pecuniaria para producir ingresos. Cuando una ocupación o acto c-s de tal naturaleza que se hace necesaria cierta dosis razonable de-inspección o examen por parte de los funcionarios públicos en benefi-cio de la salud, la moralidad o la seguridad públicas, la Legislatura puede disponer que tal inspección o examen se efectúen a expensas-de las personas que se dediquen a esa ocupación o que realicen el acto, y que nadie se dedicará a esa ocupación o realizará tal aeto-hasta que pague cierta cuota o contribución para sufragar el costo-del examen o inspección. De igual modo, cuando una ocupación e’s de tal naturaleza que la falta de habilidad o idoneidad por parte de-aquéllos que se dedican a ella constituye una amenaza para la salud o seguridad públicas, puede exigirse un examen a aquéllos que traten. de dedicarse a ella, y -el costo de tal examen puede ser sufragado me-diante el pago de cierta cuota por parte de las persona's que lo to-men. Aunque ingresa en tesorería, el dinero así recaudado se asigna anticipadamente a los fines provistos en el estatuto, y no se dedica al sostenimiento general del gobierno. La fijación de tal carga no equivale a la imposición de una contribución, sino a una regla, y la exacción de la cuota es un mero incidente de la regla, y al imponerla, la Legislatura no está sujeta a lás limitaciones que circundan el poder de imponer contribuciones.”

La única duda que lia surgido en, nuestra mente es el alcance que debe darse a la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito que invoca el apelante. Se dictó en el caso de Gallardo v. Porto Rican American Tobacco Co., 26 Fed. (2d) 668 y resolvió que:

“De acuerdo con un estatuto aprobado por la Legislatura de Puerto Rico en 23 de abril de 1927, titulado ‘Ley para proteger el tabaco y cigarros de Puerto Rico contra fraudes y adulteraciones me-diante el establecimiento de una agencia de garantía y anuncio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos; la emisión de estampas de garantía determinando la procedencia del tabaco y una inspec-ción pericial adecuada; fijando un derecho de inspección para su-fragar los gastos que la aplicación de esta ley origine;’ etc., 'se im-puso un derecho {fee) de inspección, cuyo pago la apelada se negó a efectuar. En su demanda la compañía tabacalera alega que este-derecho de inspección equivale a un arbitrio. Si bien se le denomina derecho de inspección, el mismo e's en realidad una contribución im-puesta a la apelada y cae claramente dentro de la prohibición conte-nida en la ley de marzo 4, 1927.”

Argumentando por qué la anterior decisión no es aplicable-a estos casos la parte apelada se expresa, a nuestro juicio-con acierto, así:

“En ese ca’so se trataba de las estampillas que se fijan al tabaco de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 24 de 23 de abril de 1927, que enmienda las secciones 6 y 9 de la Ley No. 100 de 29' de agosto de 1925, que a su vez enmienda la Ley No. 19 de 17 de-septiembre de 1923.
“Es cierto que la Corte de Circuito así lo so'stuvo, pero no es menos cierto que en dicho caso el demandante-apelado alegó que los. derechos de inspección en aquel caso eran excise taxes, y el deman ■dado-apelado, a los fines de interponer una excepción de falta de ju-risdicción, a'sí lo admitió, de suerte que la Corte, en armonía con el -criterio de ambas partes litigantes, pero sin entrar en los méritos del caso, declaró que tales derechos eran ‘in reality a tax assessed again'st the appellee,’ y en consecuencia, declaró con lugar la excep-ción de falta de jurisdicción del tribunal ya que de acuerdo con la ley del Congreso de marzo 4 de 1927 ‘no podrá sostenerse en la ■Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico pleito alguno con el fin de restringir la tasación o cobro de contribución •alguna impuesta por las leye's de Puerto Rico.’
“La ley que se interpretaba no es esencialmente igual a la ley ■de 1928. El propósito de aquélla era proteger el tabaco y cigarros ■de Puerto Rico contra el fraude y adulteraciones, por lo que las -estampillas se aplicaban al tabaco de. cosecha o manufactura isleña y be suministraban gratis, cobrándose un derecho de inspección sobre todo tabaco que se usare, vendiere o despachare, sin importar cuál fuera su procedencia. Este derecho de inspección, aún sin entrar ■en los méritos del caso, era en realidad una contribución y su propó-sito al aplicarse a todo el tabaco era el de proveer rentas. La Ley No. 19 de 1928, por el contrario, tiene por objeto regular la venta -en Puerto Rico de café extranjero, 'significándose como tal aquél que no es cosechado en la Isla; las estampillas se valoran sobre la base de dos centavos por libra, y se adhieren a los paquetes o envásete que ■contengan café extranjero puro o mezclado con café de Puerto Rico que se venda en el interior o se exporte para el exterior.”

No habiendo, pues, el demandante satisfecho una verda-dera contribución, la falta de jurisdicción es evidente.

A este respecto dijo la corte sentenciadora:

“Resolvemos que la Ley incluye únicamente en sus términos la ■devolución de contribuciones. Como consecuencia, 'si los derechos que se pagan a virtud de la Ley No. 19 de 1928, jurídicamente ha-blando, no son contribuciones, el demandado no puede acogerse a ella para interponer esta acción.”

Y parece conveniente citar lo que sigue de Cye tal ■como aparece en Saurí y Subirá v. Sepúlveda, 25 D.P.R. 242, 245.

“El consentimiento del Estado para ser demandado es un acto ■completamente voluntario por su parte, pudiendo éste, por tanto, de--terminar los casos en que puede ser demandado, sus términos y con-dichones, así como la forma en que ba de llevarse la acción; y sola-mente podrá ser demandado el Estado en los casos, forma, lugar y cortes que él determine, y quien quiera hacer uso de tal consenti-miento debe solicitar el remedio tal como lo prescribe la ley y cum-plir enteramente con los términos y condiciones como han sido esta-blecidos, estando las cortes en el deber de ver que se han observado los métodos de procedimiento prescrito's. ’ ’

Estudiando los casos en sus méritos, también creemos, que la segunda excepción debe declararse con lugar. Opinamos qne la Ley No. 19 de 1928 es constitucional.

Sostiene el apelante su anticonstitucionalidad porque tiende según él a impedir la venta en Puerto Eico de café importado de los Estados Unidos, estableciendo una injusta competencia entre dicbo café y el que aquí se produce, agre-gando luego como1 un argumento más que la venta del café cosechado en la Isla llega al noventa por ciento de su con-sumo total; porque tiende a regular el comercio con el extranjero y entre los estados de la Unión; porque priva al ciudadano de su propiedad sin el debido proceso de ley y no es uniforme; porque viola las leyes que impiden que se imponga una contribución a los productos de Estados Unidos que se importan en la Isla; porque es contraria a la Ley Federal sobre Drogas y Alimentos, y porque contiene más de un asunto en su título.

Examinada la Ley Federal de Drogas y Alimentos (Pure Food & Drug Act, Code of Laws of the U. S. of A. vol. 44, part 1, p. 622) se concluye que sus disposiciones con respecto a rotulación no están en conflicto con las de la ley puertorriqueña que exige que los envases para la venta o exportación de café extranjero, puro o mezclado con café de Puerto Eico, “deberán estar rotulados en letras de un cuarto de pulgada con el nombre, razón social o nombre corporativo de la persona natural o jurídica a quien ba sido’expedida la licencia, el número de la licencia y las palabras ‘traficante en café extranjero.’ Si dichos envases contienen café extranjero puro, se hará constar así en el mismo. Si contienen café extranjero, mezclado con café de Puerto Rico, deberá hacerse constar que el contenido del mismo es una mezcla, la proce-dencia de los cafés mezclados y la proporción de la misma.” Ambas beyes se armonizan y complementan fácilmente.

Es verdad que la ley interfiere en cierto modo con el comercio extranjero y entre estados de la Unión, pero lo hace en una forma que fia sido considerada permisible por la jurisprudencia. Se trata de una ley de inspección y se fia resuelto que esas leyes constituyen excepciones a la regla.

“El derecho de los estados a adoptar leyes de inspección está ex-presamente reconocido, en lo qne al comercio extranjero se refiere, en la constitución, en su artículo I, párrafo 10. . . El mismo prin-cipio es aplicable al comercio intere'stadual. . Patapsco Guano Co. v. North Carolina Vd. of Agriculture, 171 U. S. 345, 18 S. Ct. 862, 43 L. Ed. 191, y casos citados en la anotación 9 bajo el epígrafe commerce, párrafo 63 (a) del tomo 12 C. J. 52.”

No creemos que la ley interfiere con el ejercicio de las profesiones de una manera tal que constituya una invasión de ese derecho que tienen todos los que viven amparados por las leyes de la república. Regula, no prohibe. Fiscaliza a los efectos de garantizar el derecho de la comunidad a conocer la verdad en relación con los artículos que consume; no destruye la propiedad sin el debido» procedimiento de ley. Se trata de una situación distinta a la creada por la ordenanza municipal que esta corte declaró nula en el caso de El Pueblo v. Correa, 31 D.P.R. 531.

En cuanto a si el título de la ley cumple con las exigencias de nuestra Ley Orgánica, es cuestión que ha sido ya resuelta en la afirmativa así:

“El título de la ley de Puerto Rico de abril 19, 1928, ‘Ley para reglamentar la venta de café extranjero puro o mezclado con café de Puerto Rico y para proveer fondos con que pagar los gastos que ocasione tal reglamentación, y para otros fines,’ es adecuado, de acuerdo con la carta Orgánica, Sección 34 (48 USCA sec. 832).” 31 Fed. (2d) 946.

Julio 21 de 1930

Por virtud de todo lo expuesto, deben confirmarse las ■sentencias recurridas.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió. El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.

EN RECONSIDERACION

El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Siendo las mismas las cuestiones envueltas en estos casos, ■se estudiaron en una sola opinión. En los dos presentó el demandante mociones de reconsideración; exactamente iguales, que estudiaremos también conjuntamente.

En las mociones se copia una ley aprobada por la Legislatura en su última sesión disponiendo del balance resultante en 30 de junio de 1930 del fondo titulado “Fondo de Protección Cafetera,” creado por la Ley No. 19, aprobada en abril 19 de 1928, después de cubiertos los gastos de inspección y fiscalización requeridos por dicha ley, para el fomento de la agricultura y de la instrucción rural en las zonas cafeteras de la Isla, por medio del establecimiento de granjas de experimentación y demostración, y el apelante sostiene que con tal acto de la Legislatura quedó demostrado lo que siempre sostuvo, esto es, que la ley No. 19 de 1928, lo que impuso fué una contribución y no un derecho de inspección.

El que se disponga de un excedente que resulte después de cumplidos los fines de una ley como la 19 de 1928, especial-mente en la forma en que se hace en la ley de 1930, no tiene, por sí mismo, el alcance que pretende el apelante. ' Este no robustece su proposición con cita alguna de jurisprudencia.

Se alega además que esta corte no dió importancia a lo resuelto por ella misma en el caso de Benítez Sugar Co. v. Aboy, 34 D.P.P. 36. No es que no le diera importancia al caso; es que no era aplicable. En él se resolvió, citando la sección 1 de la Ley No. 17 de 1920, “con arreglo a este artículo es claro que cualquier contribución en Puerto Rico está comprendida en sus términos” y aquí se decidió que lo que imponía la Ley No. 19 de 1928, era un derecho de inspec-ción y no una contribución. No se trataba ni de un impuesto sobre la propiedad, ni de un arbitrio.

No debe olvidarse que si bien el fundamento principal de nuestras sentencias confirmando las de la Corte de Distrito de Ponce fué el de que el demandante no pudo acogerse a los beneficios de la Ley No. 8, de 1927, sobre contribuciones pagadas bajo protesta; tanto por la corte de distrito como por esta Corte Suprema se examinaron los méritos y se con-cluyó que la ley que se impugnaba era válida.

En este aspecto del caso se reiteran en las mociones de reconsideración argumentos que ya se expusieron y se tuvieron en cuenta. Nuestro criterio es el mismo.

Otros argumentos relativos a la no enmienda de la Ley No. 19 de 1928, reduciendo el impuesto, y a la situación difícil que surgirá en la Isla a virtud de las sentencias de esta corte dejando subsistente la ley, pues se corre el riesgo de que bajo la apariencia de un derecho de inspección pueda imponerse una verdadera contribución, no los consideramos de peso suficiente para alterar el juicio que formáramos. Quizá sea oportuno llamar la atención hacia el hecho de que el Congreso no sólo no intervino, pudiendo hacerlo, con la política de la Legislatura en esta materia, sí que fué más lejos y recientemente autorizó a la Legislatura “a imponer un derecho aduanero sobre café importado en Puerto Rico, incluyendo café cultivado en un país extranjero que venga a Puerto Rico procedente de los Estados Unidos.”

Las mociones de reconsideración deben ser declaradas sin lugar.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Francisco Galeno Cabán, demandante y apelado, v. Toribio Abruña y Joaquín R. Rodríguez, demandados y apelante el último.
    No. 4861.

    Sometido: Febrero 11, 1930.

      Resuelto: Abril 3, 1930.

      A. Reyes Delgado, abogado del apelante; A. Lens Güeña, y F. M. Susowi Jr., abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de la apelación interpuesta por Joaquín R. Rodríguez contra nna sentencia dictada por la Corte de Distrito de Arecibo. Según resolvió dicha corte en cuidadosa opinión emitida, cuando una persona en unión a otra suscribe un pagaré solidario, se constituye en deudor principal, de acuerdo con el caso de Cintrón & Aboy v. Solá, 22 D.P.R., 262, 268. Según decidió la corte inferior, no importa que el dinero prestado, la cansa (consideration) del pagaré, pasara exclusivamente a la otra persona. No existe contrato de fianza a menos que las partes así lo convengan, y no bailamos en la prueba que mediara tal convenio. En el presente caso p] demandante prestó el dinero a Abruña, cuñado de Rodríguez, con el entendido de que éste también sería responsable. El artículo 1752 del Código Civil, por tanto, no es aplicable y es innecesario considerar la forma en que nn fiador puede ser relevado de responsabilidad.

El pagaré vencía el 30 de mayo de 1927 y no devengaba interés basta después de su vencimiento. La prueba demostró que en julio de 1927 el demandante presentó una cuenta al deudor Abruña en la cual aparecía la deuda original de $1,000, más intereses al 9 por ciento ascendentes'a. $9.50, y también algunos créditos. Una carta demostraba algo similar. El apelante alega que surgió una novación. Sin embargo, nn descubrimos intención alguna de parte del demandante de fundir el pagaré de dos personas en una cuenta corriente de una sola persona. Conforme resolvió la corte de distrito, no había incompatibilidad.

Aunque puede que el demandante presentara una cuenta en la que reclamaba solamente el 9 por ciento de interés, esto no constituía impedimento (estoppel) para reclamar los intereses del 12 por ciento convenidos en el pagaré.

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Vicente Ramos, acusado y apelante.
    No. 4040.

    Sometido: Febrero 18, 1930.

      Resuelto: Abril 7, 1930.

      F. Cervoni Gely, abogado del apelante; B. A. Gomes, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió • la opinión del tribunal.

Vicente Ramos fué convicto del delito- de bnrto, primero en una corte municipal, y después, luego de celebrarse un 3 ai ció de novo, en la corte de distrito. Su única contención abora es que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción para sobreseer la denuncia por baber transcurrido más de ciento veinte días desde su arresto a la celebración del juicio en la corte municipal.

En una moción radicada en la corte municipal con fecba 30 de julio de 1929 se dice que el acusado babía estado en la cárcel desde el 18 de marzo, que su caso no babía sido juzgado y que no existía justa causa para la demora. Esta moción fué declarada sin lugar por el juez municipal el 13 de agosto. La resolución no especifica los fundamentos en que se basó.

El artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que:

“A menos que exista justa eausa contraria, el tribunal decretará el sobreseimiento del proceso en los ca'sos siguientes:
“1. — Cuando una persona baya sido detenida para responder por la comisión de un delito público, siempre que no se baya presentado acusación contra ella en el término de sesenta días desde su deten-ción.
“2. — Cuando un acusado, cuyo juicio no baya sido transferido a petición suya, no sea sometido a juicio en el término de ciento veinte días, a contar desde la presentación de la acusación. ’ ’

La denuncia fué radicada el 22 de abril. En esa fecba el término de sesenta días no babía expirado. Los ciento veinte días del segundo inciso no habían transcurrido cuando se presentó la moción en la corte municipal. Los autos no revelan la fecba en que se celebró el juicio en aquella corte. La ley no contiene disposición alguna sobre el sobreseimiento de una cansa criminal por el lieebo de que un acusado no sea sometido a juicio dentro de ciento veinte días a partir desde la fecba del arresto; claramente especifica sesenta días desde el arresto basta la radicación de la denuncia, y ciento veinte días a partir desde entonces hasta la celebración del juicio, lo- que hace un total de ciento ochenta días entre la fecha del arresto y la del juicio.

• Cuando se presentó la moción ante la corte de distrito, el fiscal “admitió” que la Corte Municipal de Fajardo había señalada el caso para juicio en tres ocasiones “desde el mes, de febrero”; que en dichas tres ocasiones el acusado había sido conducido de Humacao a Fajardo por el alcaide de la cárcel de distrito; y que en cada ocasión el juicio había sido suspendido por la corte municipal. Fuera de esto; la expo-sición del caso guarda silencio. Ni siquiera demuestra que se llamara la atención del juez de distrito hacia el hecho de que se había presentado una moción ante la corte municipal. Cuando se traslució que el juez municipal señaló el caso tres veces para juicio y que al llamarlo ordenó su sus-pensión, era de presumirse que el acusado consintió la sus-pensión.

La corte de distrito no cometió error al declarar sin lug-ar la moción del acusado, tal como fue sometida por la admisión del fiscal de distrito, y debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey,

text:
    Sucesión de Francisco María Franceschi, Etc., demandante y apelada, v. Corporación Hipódromo de Ponce, Inc., demandada, y Xavier Mariani Palmieri, apelante.
    No. 4927.

    Sometido: Febrero 11, 1930.

      Resuelto: Abril 7, 1930.

      Tons Soío & Zapaiter, abogados del apelante; F. Farra Capó y Ló-pez de Tord & Zayas Pizarro, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

En un procedimiento ejecutivo seguido de acuerdo con la Ley Hipotecaria por los componentes de la sucesión de Francisco María Franceschi v. La Corporación Hipódromo de Ponce en cobro de cierta cantidad de dinero garantizada con primera hipoteca en una finca de la demandada se pre-sentó en los autos una tercera persona, Xavier Mariani Palmieri, tres días antes del señalado para ser vendida en subasta judicial la finca, gravada, alegando que según consta en los autos es segundo acreedor hipotecario de dicha finca y que en tal carácter había pagado a El Pueblo de Puerto Rico $999.42 que esa finca debía por contribuciones, para que no fuese vendida por esa deuda, y que en virtud de tal pago quedó subrogado en el derecho preferente que tiene El Pueblo de Puerto Rico para el cobro de sus contribuciones, por lo' que pidió a la corte ordenase, al márshal que hiciese efectivo el referido crédito por contribuciones y sus intereses al peti-cionario con el producto de la subasta en este caso y con preferencia al crédito hipotecario que se ejecuta.

Aparece que fué señalado día para oír a las partes sobre esa moción, pues comparecieron los ejecutantes y dicha ter-cera persona ante la corte presentando entonces los ejecu-tantes moción escrita solicitando de la corte que ordenase la eliminación de la solicitud del Sr. Mariani, siendo su primer motivo porque se trataba de interrumpir y afectar el proce-dimiento ejecutivo, pero la corte desestimó ese motivo porque no se trataba de interrumpir el procedimiento ejecutivo sino de que el márshal retenga algo de lo que produzca la subasta; pero después la corte dijo que suspendería la subasta anun-ciada mientras resolviera la moción, para evitar lo cual los ejecutantes ofrecieron dar fianza para responder al Sr. Ma-riani de cualquier derecho que pueda tener. Algunos días después la corte neg'ó la petición del Sr. Mariani fundada en que de acuerdo con el artículo 333 del Código- Político no tiene un crédito preferente al de los ejecutantes, y habiendo solicitado el Sr. Mariani que esa resolución fuese reconsi-derada la corte señaló otro día para que se practicaran pruebas y después de- oírlas dictó resolución ratificando la anterior. Entonces el Sr. Mariani interpuso el presente recurso de apelación.

Al contestar la sucesión apelada por escrito el alegato, también escrito, del apelante, dice que esta apelación debe ser desestimada porque la resolución recurrida no es apela-ble; pero como la apelada no ba hecho un estudio detenido de esa cuestión; como sobre la misma nada ha dicho la parte contraria, pues las partes no asistieron a la vista de la apelación; y como según el estudio que hemos hecho de los autos y de los alegatos escritos no revocaremos la resolución de la corte inferior, prescindiremos de resolver la cuestión propuesta por la sucesión apelada ya que el no decidirla no ha de causarle perjuicio.

El presente caso es un procedimiento especial y sumario entre partes privadas en el que no tiene derecho a intervenir el apelante Sr. Mariani porque el artículo 175- del Regla-mento de la Ley Hipotecaria dispone claramente que los procedimientos ejecutivos sumarios no podrán suspenderse por medio de incidentes ni por otro alguno a instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de ninguno otro que se pre-sente como interesado, salvo en los. tres casos que- especifica y en ninguno de los cuales se encuentra la petición del Sr. Mariani; y porque dispone también que todas, las demás reclamaciones que puedan, formular así el deudor como los terceros poseedores y los demás interesados se ventilarán en el juicio p-lenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo, concediendo el poder solicitar como aseguramiento de la sen-íeneia la retención del todo o de nna parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba entregarse al ejecutante.

La moción del apelante interesando se ordenase al marshal que con el producto de la subasta le pagase con preferencia a los ejecutantes planteó dentro del procedimiento ejecutivo hipotecario, cuyos trámites consisten en requerir de pago al demandado y si no lo hiciese efectivo dentro de treinta días ordenar la venta de la finca hipotecada, una cuestión de hecho y de derecho contencioso, que era materia de prueba y de discusión con los ejecutantes .ya que la expedición de tal orden les privaría de su derecho como- primeros acreedores hipotecarios a cobrar con preferencia a los demás acreedores de su deudor, y por esto su resultado fuá el de tramitar un juicio declarativo plenario sobre prelación de créditos dentro de un procedimiento especial y sumario como el seguido por los apelados en este caso, lo que está expresamente prohibido por el Reglamento de la Ley Hipotecaria.

Además, esa moción produjo el efecto consiguiente a ella de paralizar el procedimiento ejecutivo hipotecario, pues no pudiendo ser resuelta antes de la, subasta por el momento, en que fue presentada, era necesario, y así lo dijo la corte, suspender el procedimiento de la subasta, y para que eso m> ocurriese se vieron precisados los ejecutantes a ofrecer afianzar la reclamación del apelante, requisito a que no, están obligados por el procedimiento ejecutivo hipotecario para obtener la venta de la propiedad hipotecada. Y ha produ-cido también el resultado de que se haya establecido esta apelación con el fin de que se resuelva que el apelante tiene el derecho preferente que alega.

Todo lo expuesto se hizo en contravención de lo dispuesto para el procedimiento segioido por los ejecutantes y por este motivo es que debe ser confirmada la resolución de la corte mferior.

El Juez Asociado Señor Hutchison está conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Pablo Ripoll Colom, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 805.

    Sometido: Abril 1, 1930.

      Resuelto: Abril 9, 1930.

      Fernando Zapater, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Castañer y Joy, una sociedad cuyo carácter no aparece claramente, era dueña de varias fincas rústicas en el término municipal de Yauco., siendo una de ellas de ciento seis cuerdas, otra de treinta y seis cuerdas, otra de diez y siete cuerdas, otra de treinta cuerdas y otra de cuarenta cuerdas, y for-mando un solo cuerpo, y una sola finca. Se practicó una mensura de la finca total, y resultó de tal operación que la cabida o medida superficial es de doscientos cincuenta y ocho cuerdas y setenta centésimas de otra. Y en la escritura otorgada en Aguadilla a 10 de enero de 1930 ante el notario don Arturo Reichard del Valle, por la sociedad Castañer y Joy, representada por don Pedro Pons y Arbona, de una parte, y don Pablo Ripoll Colom, de otra parte, se descri-bieron las. fincas citadas, se hizo mención de la circunstancia de que ellas constituían un solo cuerpo, y de la mensura practicada, y se expresó que entre la suma de la medida superficial de las dichas fincas, y la que resultaba de la mensura había una diferencia de menos del veinte por ciento, lo que es evidente, ya que la primera suma arroja un total de 229 cuerdas y la segunda de 258 cuerdas 70 centésimas; y se hizo la agrupación para constituir una sola finca de 258 cuerdas 70 centésimas, que se describe en forma; y esta finca se vendió por la misma escritura a don Pablo Bipoll y Oolom.

Presentada la primera copia de dicha escritura en el registro de la propiedad, • el registrador puso la siguiente nota:

“Inscrito el precedente documento que es una copia de la escri-tura No. 3 otorgada en Aguadilla a 10 de enero de 1930 ante el notario Arturo Reiehard del Valle con vista de otros documentos más como complementarios, en cuanto a'la agrupación y venta que dicho documento comprende a favor de Pablo Ripoll Colom, al folio 25 del tomo 72 de Yauco, tinca No. 3214 e inscripción primera; limitándose la inscripción a las 229 cuerdas que es la cabida, que arrojan las distintas porciones que por agrupación formaron dicha finca agru-pada y se deniega la inscripción del propio documento en cuanto al exceso o diferencia que hay entre esa cabida y la's 258:70 cuerdas con que se describe la finca agrupada, cuya cabida resultó tener la misma después de la mensura por no estar inscrito tal exceso a nom-bre de la sociedad vendedora y de ninguna otra persona, y porque no se pueden in'scribir excesos de terreno de gran cantidad, pues la práctica ni la jurisprudencia han permitido la inscripción sólo de pequeños excesos hasta llegar al 20 por ciento; de otra suerte podrían agruparse fincas no inscritas a fincas ya inscrita's, lo que constituirá una clara violación de la letra y el espíritu de la Ley Hipotecaria. Si la diferencia de lo que resulta de la mensura es de alguna consi-deración debe recurrirse a los medios supletorios que la misma Ley Hipotecaria autoriza; tomándose en su lugar anotación preventiva por el término de ciento veinte días a favor del comprador en la citada inscripción.”

Y contra ella se ha interpuesto este recurso.

La parte recurrente tiene razón. La diferencia tolerada es hasta un 20 por ciento, y en este caso no llega a ese tipo. La razón que alega el registrador no es convincente; él sos-tiene que en fincas pequeñas, puede tolerarse esa diferencia, pero en fincas de gran cabida, no. Esto no es así, ni la regla establece distinción alguna. Las resoluciones de la Direc-ción de Begistros citadas por el recurrente son claras,- y se refieren a diferencias entre la cabida de registro y la que aparece de las escrituras (8 de julio de 1878, 9 de noviembre de 1877, y 8 de marzo de 1898). En esta última (Apéndice de 1898, Alcubilla) se declara no inscribible el exceso de más de la quinta parte de la extensión o cabida que aparecía del registro, en cuanto a una finca, y se consiente la de una diferencia menor de esa quinta parte, en otra finca. Y eu la. resolución de la misma Dirección, en fecha 20 de marzo de 1901, se hace referencia confirmatoria de la misma doc-trina.

No se trata en el caso presente de que exista una declara-ción de-carencia de título en cuanto al exceso. La diferencia existente tiene una explicación normal y correcta; y en ese caso debe tenderse, no a una tolerancia arbitraria, sino a una justa liberalidad.

Por las raeones expresadas, debe revocarse la nota objeto de este recurso.


author: El Juez Asociado Seño» Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Factoría Central Los Caños, Inc., acusada y apelada.
    No. 4044.

    Sometido: Marzo 7, 1930.

      Resuelto: Abril 10, 1930.

      !í. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelante; Gustavo Zeno Sama,,. abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Seño» Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Se imputó a la Central Los Caños xma infracción de la sección 14 de la Ley de Pesas y Medidas tal como fné enmen-dada en 1921, Leyes de ese año, página 179, que lee como signe:

"Ninguna persona usará, ordenará ni permitirá que se use, nin-guna pesa o medida, báscula, balanza,' romana u otro instrumento, aparato o utensilio, en la computación de peso o medida en cual-quiera transacción industrial o comercial, que no se ajuste a lals pesas y medidas modelos que en esta Ley se prescriben, ni tendrá ni permitirá que se tenga en su establecimiento comercial o industrial tal pesa o medida, báscula, balanza, romana, instrumento, aparato o utensilio; y ninguna persona usará, ordenará ni permitirá que se use en cualquiera transacción industrial o comercial ninguna báscula, balanza, romana u otro instrumento, aparato o utensilio para la com-putación de peso o medida que registre, demuestre o indique un peso o medida falso, ni tendrá ni permitirá que 'se tenga en su estable-cimiento comercial o industrial tal báscula, balanza, romana, instru-mento, aparato o utensilio.”

En la acusación se especificaba el uso de una básenla de plataforma que registraba peso falso.

Al terminarse la presentación de la prueba del fiscal, el acusado presentó una moción de nonsuit fundándose en que la prueba no demostraba que se hubiese hecho una contrasta-ción legal.

Un inspector del gobierno declaró que al hacer la com-probación utilizó 219 pesas de 50 libras cada una en un vagón de hierro que pesaba 17,870 libras. Al declarar con lugar la moción de nonsuit el juez de distrito dijo que nada había que demostrara que el peso del vagón hubiese sido determi-nado previamente mediante una contrastación en que se-usaran pesas standard. El inspector no fue repreguntado sobre este extremo, bien por el letrado de la defensa o por la corte. Su aseveración no controvertida de que el vagón pesaba 17,870 libras, era suficiente para establecer ese hecho.

Es cierto, según indicó también el juez de distrito, que la sección 9 de la ley dispone que:

“Se conservará en la oficina del Secretario de Puerto Rico un juego completo de dichas pesas y medidas como los patrones oficiales, y dicho funcionario suministrará a lo's alcaldes, y a cada jefe de distrito u otro oficial de policía encargado de cada distrito municipal de la Isla, para_que los conserven bajo su custodia, los juegos de dichas pesas y medidas nece'sarios para la comprobación y que se re-quieren para poner en ejecución esta Ley.”

La ley no prescribe el peso, tamaño o forma de las dis-tintas piezas de los juegos de comprobación. No dice que tales piezas serán de tamaño, peso o forma uniformes. No prohibe el uso de una vasija o de un vehículo, con o sin ruedas, como parte integrante de determinado juego de pesas.

El juez de distrito no puso en tela de juicio la declaración del inspector respecto al peso de las 219 piezas de hierro. No había razón alguna para dudar de la veracidad de esa aseveración. Tampoco había razón satisfactoria alguna paral que el juez sentenciador dudara de la declaración del aludido testigo en torno al peso del vagón. Ambas aseveraciones descansan sobre la misma base. Deben subsistir o caer con-juntamente.

En el párrafo que antecede no hemos pasado por alto el hecho — dilucidado en la repregunta — de que las pesas usadas al efectuar la comprobación eran standard. El vagón fué una de las pesas utilizadas al hacer la contrastación. Aun de una declaración más específica al efecto de que las pesas de hierro de 50 libras eran standard, no se desprendería que el carro también no era de peso standard.

Si además el inspector hubiese sido repreguntado respecto a la naturaleza oficial del juego de contrastación usado por él, y especialmente sobre el carácter oficial del vagón de hierro utilizado como parte integrante de tal juego, o si se le hubiera requerido que expusiese la naturaleza y fuente de su conoci-miento en relación con el peso de las varias unidades, inclu-yendo el vagón, tal vez se habría podido presentar un caso distinto. A falta de haberse demostrado tal cosa o de una razón distinta a la indicada por el juez sentenciador para dudar de la declaración, del inspector, su aseveración debió haberse aceptado como cierta. De ser creída, semejante manifestación, unida al resto de la prueba, bastaba para establecer un caso prima facie.

Es justo agregar que el juez sentenciador, al exponer la contención del acusado, parece haber asumido — al igual que el letrado de la defensa — que el vagón de que se trata era uno de los vagones corrientes usados por la American Railroad Co. Parte de la argumentación en el alegato procede sobre la misma hipótesis. La transcripción taquigráfica no revela base satisfactoria alguna para esta teoría. La aproxi-mación más cercana a tal teoría puede hallarse en la si-guiente pregunta y respuesta:

“P. — Qué largo tiene el vagón? R. — Corriente, ele la American Railroad Co., de acero.”

Interpretamos esto en el sentido de que significa que el largo del vagón de acero que nos concierne era el largo corriente de los vagones de la American Railroad Co., y no que era uno de los vagones corrientes de la compañía.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Presideute Señor del Turo,

text:
    Dioscórides Rivera, demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 4618.

    Sometido: Abril 30, 1929.

      Resuelto: Abril 10, 1930.

      P. G. Quiñones, abogado del apelante; Attorney General James B. Beverley y B. Cordovés Arana, Subprocurador, abogados del ape-lado.

      Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Presideute Señor del Turo,

emitió la opinión del tribunal;

Dioscórides Bivera debía a El Pueblo de Puerto Bico por concepto de contribuciones sobre ingresos la suma de $469.56. Se declaró en quiebra. El Tesorero de la Isla fué notificado y por medio del Attorney. General reclamó el pago de la indicada suma con sus recargos. En la reunión de acreedo-res, a la que no- concurrió El Pueblo, el juez de quiebras resolvió que las contribuciones que reclamaba no- debían ser satisfechas como un crédito- preferente. El caso quedó cerrado sin que nada se notificara directamente a El Pueblo y el trustee no pagó las contribuciones en todo- ni en parte, repartiendo el dinero existente entre los demás acreedores.

Así las cosas, la Corte Federal rehabilitó al quebrado y El Pueblo gestionó cerca de él el cobro de las contribuciones, embargándole al efecto cierta propiedad. Por medio de sus abogados el quebrado obtuvo del Tesorero de Puerto Bico que levantara el embargo habiéndose presentado «prueba que demuestra que el Tesorero se mostraba inclinado a cobrar sólo el diez por ciento de la suma adeudada de acuerdo con el quebrado. Parece que la transacción se interrumpió a virtud de la salida1 de uno de los empleados de la Tesorería, y, sin que nada llegara a resolver en definitiva por escrito el Tesorero, Bivera pagó bajo protesta las contribuciones e inició este pleito- reclamando su devolución. Se opuso El Pueblo. Fué el pleito a juicio y la corte finalmente lo resol-vió en contra del demandante, quien, no conforme, interpuso esta apelación señalando en su alegato la comisión de tres errores.

El primer error se formula así:

“La Corte de Distrito cometió error al no sostener que las con-tribuciones de ingresos en este caso constituían un crédito común.”

Argumentando el error sostiene el apelante que la reso-lución del juez de quiebras en el sentido de que las contribu-ciones reclamadas por El Pueblo no constituían un crédito preferente sino un crédito común, debe considerarse como cosa juzgada que no puede alterar el tribunal insular que decidió este pleito, citando al efecto la sección 64 a, de la Ley de Quiebras, de 1898, que dice:

“Sección 64 (a). La Corte ordenará al Síndico que pague todas las contribuciones legalmente líquidas y exigibles que se deban por el quebrado a los Estados Unidos, al Estado, Condado, Distrito o Municipio con antelación al pago de dividendos a los acreedores, y al archivar los recibos espedidos por los propios funcionarios públi-cos acreditando tal pago, se le abonará la cantidad de los mismos, y en caso de que surja cualquier controversia respecto a la cantidad o legalidad de la contribución, la corte la oirá y la dirimirá.”

Y a Collier que, refiriéndose a ese precepto legal, expresa:

“Autoriza a la corte a investigar 'si la contribución constituye una reclamación válida. La cuestión de si una carga equivale o no a una contribución y por consiguiente que tiene derecho a prefe-rencia de acuerdo con este concepto, es una que debe ser resuelta por la Corte Federal en su interpretación a la Ley de quiebras. ’ ’ Collier on Bankruptcy (11th Ed.), p. 993.

A nuestro juicio asiste la razón al apelante en cuanto a la plena facultad que las cortes federales tienen para decidir «n procedimientos de quiebra con respecto al montante o a la validez de la contribución reclamada por el gobierno, pero no en cuanto al efecto que la resolución del juez de quiebras dictada en la quiebra del demandado pueda tener en la deci-sión de este pleito.

Dejando a nn lado el estudio de- si lo que Rizo el juez de-quiebras en el oaso de la quiebra del demandante está o no-comprendido en la ley, ya que nada resolvió sobre la legalidad de la redamación o sobre el montante de la misma, diremos que cualquiera que sea el valor de su resolución no impide el que rehabilitado como fué el quebrado, El Pueblo se dirija contra él y le cobre directamente la contribución.

Repetimos que el juez de quiebras no decidió que se tra-tara de una contribución ilegal, o de algo que no tuviera el concepto de una contribución. Tampoco decidió que la cantidad reclamada no estuviera autorizada por la ley. Re-solvió que la contribución reclamada no era un crédito pre-ferente. Eso es todo.

Y dejando también a un lado la cuestión de si se dió o no al Pueblo una debida oportunidad para impugnar la reso-lución del juez de quiebras, es lo cierto que El Pueblo bien por negligencia o ya de propósito nada continuó reclamando en la quiebra y que las contribuciones que se le debían no fueron pagadas en todo ni en parte.

¿Cuáles son las consecuencias naturales y legales de la conducta de El Pueblo ? Sin duda alguna las de perder todo derecho a cobrar en la quiebra y las de correr el riesgo de jamás cobrar.

Decimos correr el riesgo únicamente en el segundo caso porque la propia ley de quiebras preserva al Pueblo el derecho a cobrar la contribución del quebrado si éste obtiene su reha-bilitación, y sólo cuando el quebrado rehabilitado carezca de recurso será que desaparece toda posibilidad de cobro.

La Sección 17, letra a, de la Ley de Quiebras de 1898, de modo terminante dice:

"Sección 17 a. La rehabilitación relevará al quebrado de todas sus deudas probables salvo (1) las contribuciones vencidas que hayan sido impuestas por los Estados Unidos, el Estado, Condado, Distrito o municipalidad en que re'sida el quebrado.”

Y el propio autor citado por el apelante se expresa así:

“ ‘Contribuciones. La primera excepción de la condonación de las deudas incluye las obligaciones del quebrado por concepto de con-tribuciones impuestas por los Estados Unidos, por el Estado, el Con-dado, el Distrito o Municipio en que reside.’ E'sto se desprende de la doctrina de que las obligaciones para con el soberano no serán afectadas a menos que él extienda a sí misino, mediante palabras ex-presas, las disposiciones de un estatuto. En verdad se cree, que se haría una excepción de las contribuciones respecto a la condonación general de deudas probables, aun si el estatuto guardara silencio res-pecto a ese extremo. Difícilmente bay lo suficiente en el artículo 64a dándole's prelación en el pago, para justificar la alegación de que el soberano tuvo la intención de renunciar su exención en este caso. Además las palabras usadas en el artículo 63a parecen sacar las contribuciones de la clase conocida con el nombre de ‘deudas probables,’ por lo que no podrían condonarse en modo alguno.” 1 Collier on Bankruptcy, 611.

Parece conveniente agregar aquí la cita del caso In re Baker, 96 Fed. 956.

Que la contribución sobre rentas es una contribución dentro del significado de la sección 17 de la Ley de Quiebras, es algo tan claro que no cabe discutirse.

Por el segundo señalamiento se sostiene que la corte erró al no declarar que el responsable del pago de la contribución lo era en todo caso el trustee de la quiebra y por el tercero que la corte erró al declarar sin lugar la demanda.

Lo dicho anteriormente resuelve en sentido negativo la existencia de estos errores. Es la misma ley de quiebras la que declara la subsistencia de algunas obligaciones del que-brado después de finalizados los procedimientos y no obstante su rehabilitación. Lo natural es que las'contribuciones, las verdaderas contribuciones en su montante justo, se cobren preferentemente dentro de la quiebra misma. Pero cuando' por alguna circunstancia no se cobran, la obligación no se extingue. Permanece, y puede exigirse, a no ser que se haya extinguido por algún otro motivo, del primitivo deudor.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor "Wolf disintió.


author: El Juey Asociado Señor Texidor,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Bayron, conocido por Rafael Bayron, acusado y apelante.
    No. 3981.

    Sometido: Marzo 31, 1930.

      Resuelto: Abril 10, 1930.

      Angel A. Vázquez, abogado del peticionario-apelante.
   El Juey Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En el alegato original en este caso, se expresó el apelante así:

“Por virtud de los hechos que se han relatado, de la acusación formulada, de la prueba practicada y de la sentencia dictada, el acu-sado estima que en este caso se ha incurrido en error al declarársele culpable por el jurado y al dictarse sentencia en su contra por la Hon. Corte de Distrito, ya que el veredicto es contrario a la prueba por ser ésta completamente insuficiente. En una palabra, ha habido error en la apreciación de la prueba.”

Como el alegato no se ajustaba a las reglas de este tribunal, desestimamos el recurso, por resolución de 24 de marzo del corriente año.

Abora el apelante, reconociendo que el alegato que pre-sentó no estaba de acuerdo con las reglas 42 y 43 de este tribunal, acude en reconsideración; y para fundar su petición alega: que por El Pueblo no se pidió la desestimación, y por ello no tuvo el apelante una oportunidad para solicitar que se le permitiera enmendar su alegato; que se trata de un caso de importancia, tanto por razón de la pena impuesta, cuanto por la falta de evidencia para condenar; que este tribunal ba sido muy liberal en casos análogos, de los que cita varios. T acompaña un alegato enmendado, que pide se le admita. En este nuevo alegato' se señalan tres errores: insuficiencia de la prueba, error en la apreciación por razón de instrucción errónea de la corte en cuanto a la convicción anterior, y error en la corte al no instruir al jurado que la falta de declaración del acusado nada probaba contra él.

Desde luego, se ecba de ver que el apelante ha deseado aprovechar esta petición de reconsideración para reforzar, con nuevos señalamientos de error, su alegato. Esto no es admisible.

No encontramos gran fuerza en la consideración que el apelante presenta para su moción.

No era necesario que el representante de El Pueblo de Puerto Eico pidiera la desestimación. Podemos, de acuerdo con nuestro Reglamento, acordarla sin sugestión de ninguna de las partes.

En cuanto a la pena impuesta, no es ésa una consideración de gran alcance: es la ley la que fija sus límites, y no pueclen los tribunales detener la mano de la ley, por sensible que sea privar a< una persona de su libertad.

En lo que toca a la liberalidad con que se baya pro-cedido en los casos que se citan por el apelante, ella no es regla a invocar por las partes, ni éstas, pueden esperar que el tribunal las dispense de cumplir con sus reglas. Si este tribunal ha ejercitado su discreción con benévola tendencia, eso no significa que se haya derogado el Reglamento.

Antes de resolver acerca de la desestimación, estudiemos la prueba del caso. Es claro que no se sorprendió a persona determinada en el momento de saltar por la ventana de la habitación del Sr. Aulet, o en el momento de sustraerle los lentes y alguna otra cosa. Pero ante el jurado se presentó la prueba de que el acusado, a altas horas de la noche, andaba por las cercanías de la casa en que dormía Aulet, que más tarde fué visto por el Policía Insular José Ramos Torres entrando por el callejón de la misma casa, con una linterna en la mano, y acompañado de otro sujeto, y que cuando el guardia fué al otro lado para detenerlos, echaron a correr; que en poder del acusado se encontraron, con otras cosas, los lentes que le habían robado a Aulet; y que el acusado había cumplido condena por escalamiento. El acusado no ofreció prueba alguna; y en esas condiciones fué el caso al jurado, bajo unas instrucciones concretas, correctas, imparciales y en perfecta consonancia con la ley.

El jurado apreció la prueba circunstancial, unió en su juicio, los eslabones de una cadena de hechos y razones, y rindió un veredicto imparcial y justo. No podemos aquí dar por sentado que en el pronunciamiento de los jueces de hecho tuviera influencia alguna en contra del acusado la circuns-tancia de su anterior condena, o la de no haber él mismo declarado en su defensa, como ahora se pretende en el nuevo alegato.

En el alegato del fiscal de este tribunal se cita acertada-mente la obra de Underhill sobre evidencia en materia penal,, y de ella un párrafo que dice así:

“Es buena evidencia y admisible el que se baya visto al acusado merodeando alrededor del sitio donde se ha cometido el escalamiento. ’ ’

•Y cita asimismo el siguiente pasaje de dicha obra (pág. 653, párr. 378) :

“Se lia resuelto que una persona en cuya po'sesión se han encon: trado objetos que recientemente fueron sustraídos de una casa esca-lada, debe, presumirse del solo hecho de dicha posesión, como cues-tión de ley, por lo menos en au'sencia de una explicación satisfacto-ria, culpable no solamente de hurto, sino también de escalamiento. La mayoría de los casos, sin embargo, aunque aceptan que la sola posesión reciente puede bajo algunas circunstancias crear una pre-sunción para el hurto, repudian ésta doctrina en lo que se refiere al escalamiento. La verdadera doctrina es sin duda que la mera po-sesión de propiedad hurtada no crea presunción de ley de que la persona en cuya posesión fué encontrada, cometió escalamiento del si-tio en donde fué sustraída. La posesión es una circunstancia que debe ir al jurado y el peso de dicha prueba es para el jurado. El corpus delicti del escalamiento, esto es, el forzar la entrada y la en-trada misma, deben ser probadas por evidencia independiente y no debe presumirse de la evidencia de una mera pose'sión. Si aparece que un escalamiento en realidad se ha cometido, la posesión en el acusado de objetos sustraídos del sitio, es una circunstancia de la cual, en conexión con todo el re'sto de la prueba, el jurado puede presumir como cuestión legal que el acusado cometió el escalamiento. La importancia de la posesión de artículos sustraídos del sitio donde se ha cometido el escalamiento se debe, hasta cierto punto, al hecho de que tal posesión demuestra que el acusado ha estado en dicho sitio. La posesión puede demostrar, y en la mayor parte de los ca-sos demuestra, un intento criminal, la intención de hurtar donde prueba de tal intento es necesaria. Pero aun donde la prueba de tal intento de hurtar no se alega, evidencia de una reciente posesión después del escalamiento es competente para identificar la persona que llevó a cabo el escalamiento. . . En el delito de escalamiento así como en el análogo de hurto, la posesión en el acusado debe ser personal, exclusiva e inexplicada, y debe demostrar que el acusado tenía la propiedad para sí. Debe permitírsele, ’sin embargo, al acu-sado explicar cómo obtuvo la propiedad y si su explicación es razo-nable, entonces debe ser absuelto.”

En el caso El Pueblo v. Ramírez, No. 3793, criminal, resuelto por este tribunal en 24 de diciembre de 1929, hemos dicho:

“La'prueba fué en verdad contradictoria, pero se llevó suficiente evidencia al jurado, y se necesitaría un caso muy fuerte para que esta corte dejara 'sin efecto el veredicto de un jurado rendido bajo semejantes circunstancias. Cuando un juez constituye por sí solo la corte, es raro que revisemos un mero conflicto de prueba, pero cuando un jurado oye el caso, una corte de apelaciones raras veces deja 'sin efecto un veredicto, y especialmente no lo bace así si no se presenta una demostración más fuerte de la que aparece en esta apelación.”

La moción de reconsideración, y la admisión de nuevo alegato, deben ser denegadas.