author: Fl Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Guerra, Demandante y Apelado, v. Iglesias y Fernández, Demandados, y Apelante el Segundo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre cobro de dinero.
    No. 1720.
    Resuelto en mayo 7, 1918.
    Apelación, Desestimación de — Partes Interesadas. — Habiendo la sentencia en este caso condenado a los demandados Iglesias y Fernández, deudor y fiador solidario, respectivamente, a pagar cierta suma de dinero, la confirmación o revocación de la sentencia en nada alteraría la situación del deudor Iglesias, pues su responsabilidad es independiente y pesa siempre sobre él, bien se la exija el demandante, ya se la reclame el demandado Fernández, por lo que no cabe considerar a Iglesias como una parte realmente interesada en el recurso al objeto de desestimar la apelación establecida por el fiador Fer-nández porque baya dejado de notificarse al deudor Iglesias el escrito inter-poniéndola.
    Obligaciones — Prórroga sin Consentimiento del Fiador — Extinción de la Responsabilidad del Fiador. — Es regla general bien establecida, que se aplica lo mismo a casos de fiadores simples que a casos de fiadores solidarios, la de que si el acreedor, sin el consentimiento del fiador, concede más tiempo para el pago o cumplimiento de la obligación al deudor, la responsabilidad del fiador quedará extinguida.
    Id. — Actos del Fiador — Inaplicabilidad del Art. 1752 del Código Civil.— Cuando el fiador con posterioridad al vencimiento de la obligación pide al acreedor que le aguarde y se niega a hacerse cargo de cierto objeto de valor origen del contrato manifestando que prefería pagar la deuda, está impedido de invocar en su favor el artículo 1752 del Código Civil, que consagra la indicada regla.
    Id. — Reclamación de Pago — Retraso en el Ejercicio de la Acción. — La mera ' circunstancia de que el acreedor no reclame el cumplimiento de la obligación inmediatamente que ésta vence y la de que retrase más o menos el ejercicio de su aeción, no significa ni revela la intención de conceder al deudor pró-rroga alguna.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. E. Benitez Castaño y M. Benitez Flores.

    Abogado del apelado: \8r. Adrián Agosto.

   Fl Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Gabriel Guerra demandó en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, a Pedro A. Iglesias y a Clemente Fernández, en cobro de pesos. El origen de la deuda fue la compra de nn' automóvil que Iglesias hizo a Guerra. Fer-nández garantizó el pago de parte del precio. Iglesias abonó a Guerra ciertas sumas pero dejó de satisfacer $2,398, de los cuales $1,300 estaban garantizados por Fernández por medio de nn documento que dice: “Debo y pagaré a don Gabriel Guerra o a su orden la cantidad de mil trescientos dollars que le satisfaré el 30 de abril del corriente año, devengando dicha cantidad intereses del nueve por ciento anual pagadero al vencimiento de esta obligación. — Yo, Clemente Fernández, me constituyo fiador solidariamente responsable de la ex-presada cantidad a cuyo cumplimiento obligo mis bienes ha-bidos y por haber conforme a derecho. — San Juan, P. R-., enero 15 de 1913. — (Fdo.) Pedro A. Iglesias. — Cl. Fernán-dez.” Guerra reclamó además en su demanda los intereses, de las sumas adeudadas.

De la transcripción no aparece si el demandado Iglesias fué emplazado o hizo alegación alguna en el pleito. Consta que el otro demandado Fernández contestó alegando varias, defensas y que celebrada la vista la corte dictó sentencia condenando a los dos demandados a pagar solidariamente al demandante la suma de $1,300 de principal, $409.50.de in-tereses hasta el 23 de julio de 1916 y los que se devenguen hasta el completo pago a razón del nueve por ciento anual. La sentencia condenó además al demandado .Iglesias a pagar la otra suma reclamada con sus intereses. Las costas se im-pusieron “a los demandados.”

El demandado Fernández apeló de la sentencia para ante este tribunal, notificando su escrito al' demandante Guerra, pero no al demandado Iglesias. No consta que éste estable-ciera recurso alguno contra la sentencia dictada.

En el mismo día en que se celebró la vista de la apela-ción, quedó sometida a la consideración de la corte una mo-ción del apelado solicitando la desestimación del recurso.

Dispondremos primero de la moción del apelado. Básase su solicitud en que no habiendo el demandado Fernández no-tificado su apelación a su codemandado Iglesias, debe deses-timarse el recurso. Como hemos visto, la parte de la sen-tencia de que apeló Fernández, condenó a Fernández y a Iglesias a pagar solidariamente cierta suma de dinero. Si la sentencia se confirma, en nada se altera la situación de Iglesias. • T si se revoca en cuanto a Fernández por virtud-de las defensas por él alegadas, que luego examinaremos y que sólo a él hacen referencia, tampoco se alteraría la situa-ción de Iglesias, ya que su responsabilidad es independiente y pesará siempre sobre él, bien se la exija Guerra, ya se la reclame Fernández.

Siendo esto así no cabe considerar a Iglesias como una parte realmente interesada en el recurso y por tanto no debe desestimarse la apelación porque haya dejado de notificár-sele el escrito interponiéndola.

Procederemos ahora a considerar y resolver las cuestio-nes envueltas en la apelación. Sostiene la parte apelante que la corte sentenciadora infringió los artículos 1752 y 1753 vdel Código Civil y que por tanto su sentencia debe ser revocada.

El artículo 1752 dice que la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador, extingue la •fianza.

En su contestación el demandado Fernández alegó que ■el acreedor Guerra concedió al deudor Iglesias prórrogas para el pago de la deuda sin el consentimiento del fiador. Y en el acto de la vista el dicho demandado presentó como prueba una carta de Guerra dirigida a Iglesias en la cual -el primero dice al segundo: ‘ ‘Mucho me extraña que no haya venido Ud. a recoger el pagaré que venció el día Io. del actual, a pesar de la prórroga que le di hasta el día 16. Como tengo compromisos importantes, si a vuelta de correo no ha -.estado usted en mi oficina a recoger dicho pagaré me veré precisado a escribirle al Dr. cobrándole como fiador.” El doctor a que se refiere la carta, que tiene fecha mayo 21, 1913, es el demandado Fernández.

El apelado sostiene en primer lugar que el artículo 1752 no se refiere al caso del fiador solidario, sino al del simple fiador, pero no cita jurisprudencia alguna en apoyó de su contención. El legislador no estableció expresamente esa distinción. Los comentaristas que fiemos consultado ni si-quiera fiacen referencia a ella. (Véanse 12 Manresa, Código Civil Español, 2a. ed. p. 257; 4 Sánchez Román, Derecho Civil, 2a. ed. p. 926; 4 Palcón, Código Civil, p. 403. Y el Tribunal Supremo de España, por sentencia de 6 de octubre de 1908, confirmó la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Barcelona en el pleito seguido por el Banco de España contra Juan Moles,. Fernando Puig y Arturo Grines, por virtud de la cual se declaró extinguida cierta fianza so-lidaria que los dos últimos demandados habían constituido para garantir al primero, por virtud de una prórroga con-cedida a éste por el banco sin el consentimiento de aquéllos, quedando así resuelta la cuestión en sentido contrario al que pretende el demandante.

En la jurisprudencia americana fiemos encontrado que si ■bien en algunos casos se fia resuelto que cuando los fiadores se obligan solidariamente con el principal no quedan exentos de responsabilidad por la prórroga concedida al principal, (Véase 32 Cyc. 194, nota 94), la regla general bien estable-cida es la de que si el acreedor por un acuerdo .válido y obli-gatorio, sin el consentimiento del fiador, concede más tiempo para el pago o cumplimiento de la obligación al deudor principal, la responsabilidad del fiador quedará extinguida. 32 Cyc. 191.

Para el caso de que no se aceptara, como no se fia acep-tado, su criterio, alega el apelado que demostrando la prueba que el apelante estaba enterado de todo lo ocurrido, habiendo él mismo solicitado prórrogas para verificar el pago que el apelado le concedió, no puede invocarse en su favor el citado artículo 1752 del Código Civil. En efecto si bien nada consta de la prueba con respecto al hecho de si el apelante. Fernán-dez consintió o no expresamente la prórroga de quince días concedida por el apelado a Iglesias, deudor principal, a que sé refiere la carta que dejamos transcrita, es lo cierto que la evidencia tiende a demostrar que Fernández con posterio-ridad al vencimiento de la obligación pidió a Guerra que lo aguardara y en cierta ocasión, según veremos lnego, cuando Guerra le propuso que se hiciera cargo del automóvil origen del contrato, se negó a ello manifestando que prefería pagar la deuda.

Siendo ese el resultado de la prueba, opinamos que es-tuvo justificada la corte sentenciadora al dejar de aplicar én favor del apelante Fernández el precepto contenido en el artículo 1752 del Código Civil, ya que el fiador se mostró cla-ramente dispuesto al cumplimiento de la obligación, dando así lugar a. que el acreedor confiara en su proceder para no activar el cobro de la deuda y estando, por tanto, impedido de levantar la cuestión.

Veamos ahora si se cometió o no el otro error señalado por el apelante en su alegato, a saber: la infracción del ar-tículo 1753 del Código Civil revisado, igual al 1852 del an-tiguo, que dice así: “Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo.”

Sostiene el apelante que por virtud de haber dejado trans-currir el acreedor desde abril de 1913 a junio de 1916, sin notificar al fiador del incumplimiento de la obligación por parte de su fiado, permitió que éste quedara insolvente. En primer lugar no hay prueba plena de que Iglesias sea com-pletamente insolvente y en segundo lugar si Iglesias logró finalmente vender el automóvil, es lo cierto que Guerra pro-porcionó a Fernández una oportunidad de apropiarse del mismo habiendo podido de tal modo indemnizarse amplia-mente de lo que había garantizado satisfacer, ya que el auto-móvil valía entonces más de tres mil pesos. Además, de la prueba no aparece que Guerra dejare transcurrir todo el largo período de tiempo que afirma el apelante sin gestionar el cobro del fiador, pero aunque así fuera, según tiene decla-rado la jurisprudencia, la mera circunstancia de que el aeree-dor 'no reclame el cumplimiento de la obligación inmediata-mente que esta venza, y la de que retrase más o menos el ejer-cicio de su acción,- no significa ni revela la intención de con-ceder al deudor prórroga alguna. Yéase la sentencia del Tribunal Supremo de España del 22 de marzo de 1901; 91 J. C. 395; y 12 Manresa, Código Civil Español, 2a. ed. p. 359.

Por virtud de todo lo expuesto, procede la confirmación de la sentencia recurrida en la parte en que lo fia sido.

Confirmada la sentencia apelada en la parte en que lo ha sido

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

license: Public Domain

text:
    López de Victoria, Demandante y Apelante, v. Calzada, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre reivindicación y daños y per-juicios.
    No. 1718.
    Resuelto en mayo 10, 1918.
    Reivindicación — -Anotación de Demanda — Hincas Segregadas de la Afectada por la Anotación. — Anotada en el registro una demanda reclamando la entrega de la mitad de una finca, de cuya mitad segregó más tarde el de-mandado una porción de seis cuerdas que vendió, la porción segregada, no obstante haberse inscrito como finca independiente, continuó dentro del registro sujeta a las resultas de la anotación hecha sobre la referida mitad de la finca, y por tanto, el comprador estaba informado claramente por el registro de aquella reclamación.
    Los.liecbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Eugenio Benitez Castaño y E. H. E. Botin.

    Abogado del apelado: Sr. José G. Torres.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Elias López de Victoria estableció en la corte de distrito de San Juan, Sección Primera, nna demanda sobre reivin-dicación de fincas rústicas y daños y perjuicios. En ella alegó que era dueño de cierta finca de seis cuerdas, sobre la cual existían varias construcciones; que la adquirió por compra, hallándose su título inscrito en el registro de la propiedad; que el 10 de septiembre de 1915 fué desposeído 'de ella por el márshal del distrito que actuó en cumplimiento de un mandamiento para la ejecución de la sentencia dictada en cierto pleito en el cual el demandante no fué parte, y que el demandado ha recolectado los frutos de la finca, causando daños al demandante por valor de seiscientos pesos.

El demandado contestó alegando que en la fecha en que el demandante dice que compró la finca, estaba ya anotada en el registro la demanda del demandado contra José Pagán y, además, que el demandante y su vendedor se hallaban pre-sentes cuando el demandado compró a José Pagán la mitad de la finca cuya entrega se le hizo por el márshal.

En el acto del juicio se practicó una amplia prueba docu-mental y testifical y la corte de distrito finalmente dictó sen-tencia declarando sin lugar las pretensiones del demandante. Y contra esa sentencia interpuso el demandante el presente recurso de apelación.

Tanto el demandante como el demandado tienen títulos de propiedad sobre la finca en cuestión. Se trata, pues, de un conflicto de títulos, y la misión del tribunal consiste en resolver cuál de ellos es el mejor.

A consecuencia de cierto pleito, Prank Antonsanti ,y su esposa adquirieron la propiedad de una finca rústica situada en Loíza, compuesta de unas noventa cuerdas.

Esa finca estaba poseída en diferentes porciones por va-rias personas que alegaban ser dueños de ellas. Ante lá au-toridad de la sentencia tuvieron que rendirse los poseedores y trataron entonces de comprar a Antonsanti. Este no quiso vender sino a uno solo, llegándose finalmente al acuerdo de que el título se otorgara a favor de José Pagán.

No liay conflicto en la prueba con respecto al hecho de qne Pagán compró para él y para Calzada. Este hecho no sólo aparece claro de este pleito sino qne quedó esclarecido y fijado por otro en el cual se ordenó la entrega a Calzada de la parte de la finca qne le correspondía con arreglo a cierto deslinde practicado por un ingeniero. El conflicto de la prueba surge cuando se trata de los derechos de López de Victoria. Hay prueba qne sostiene qne Calzada estuvo con-forme en qne se entregaran a Ernesto López de Victoria las seis cnerdas de referencia, qne se hallan situadas dentro de la porción de la finca que le corresponde, y hay prueba qne sostiene que si bien al principio Ernesto López de Victoria trató de participar en la compra, desistió finalmente de ello, quedando claramente enterado, así como su hijo el deman-dante Elias López de Victoria, dél contrato celebrado entre Pagan y Calzada. El juez sentenciador decidió el conflicto, rectamente, a nuestro juicio, en favor de Calzada. Además cuando Ernesto López de Victoria aparece comprando a Pa-gán las seis cuerdas y cuando luego las vende a su hijo Elias, ya estaba anotada en el registro la demanda de Calzada re-clamando da entrega de la porción que le correspondía, dentro de la cual, como hemos visto, estaban comprendidas las dichas seis cuerdas.

El apelante en su alegato señala la comisión de diez erro-res que pueden considerarse en cuatro grupos.

1. Se alega que no constando anotada la demanda de Cal-zada contra Pagán en la inscripción de la finca de seis cuer-das adquirida por el demandante Elias López de Victoria, erró la corte al concluir que el dicho Elias López de Victoria por el registro tuvo noticia del derecho de Calzada.

La finca que adquirió Pagán para Calzada y para él se inscribió en el registro a nombre de Pagán. Pagán se negó a cumplir lo pactado otorgando a Calzada escritura de venta de la mitad de dicha finca y fué demandado por Calzada. Lá demanda de Calzada se anotó en el registro el 30 de sep-tiembre de 1912. Así las cosas, Pagán el 9 de diciembre de 1912, o sea despnés de la anotación de la demanda de Calzada, segregó de la finca la porción de seis cnerdas de que se trata y - las vendió a Ernesto López. La porción segregada se convirtió en finca principal y como tal se inscribió en el re-gistro. Entonces Ernesto López vendió la finca de seis cnerdas a sn hijo el demandante Elias y éste inscribió sn título también en el registro.

A nuestro juicio es evidente que la porción segregada, no obstante haberse inscrito como finca independiente, con-tinuó dentro del registro sujeta a las resultas de la anotación hecha a favor de Calzada y por tanto que no erró la corte sentenciadora al concluir que no sólo Ernesto López, sino su' comprador Elias, estaban informados claramente por el registro de la reclamación de Calzada. Véase la decisión de esta Corte Suprema en el caso de G. Martínes y Compañía v. Roig, 23 D. P. R. 461, 471.

2. Se alega de igual modo que la corte de distrito erró al apreciar la prueba con respecto al conocimiento que tuvo el demandante fuera del registro del derecho de Calzada. Ya hemos dicho que la evidencia es contradictoria y que el con-flicto fué resuelto rectamente a nuestro juicio por la corte sentenciadora en favor del demandado. Y nada más tene-mos que agregar.

3. Se sostiene que el título de Calzada es nulo porque fué otorgado por el marshal a nombre de Pagán y no de Pa-gán y su esposa, como debió haberlo sido ya que Pagán era casado y la finca correspondía no a Pagán exclusivamente sino a la sociedad de gananciales que tenía constituida con su esposa.

.. En primer lugar no es la esposa de Pagán la que suscita esta cuestión y en segundo lugar si se penetra en el fondo del asunto — como tuvo ocasión de penetrar la corte de dis-trito que dictó la sentencia en cumplimiento de la cual el mársfial otorgó la escritura a que se refiere el apelante — es necesario concluir qne Pag’án debía vender a Calzada para cumplir nna mera formalidad) pero qne Calzada adquirió y pagó sn mitad en el momento mismo en qne Antonsanti-apa-rece vendiendo a Pagan. En realidad de verdad Pagan fné simplemente nn dneño nominal de la porción de la finca— desde nn principio conocida y separada por el mntno acnerdo de Calzada y Pagan — qne correspondía a Calzada y qne le fné finalmente entregada por orden de nna corte de justicia.

4. Los otros errores referentes a la identificación de la finca y la prueba de los daños y perjuicios, carecen de im-portancia en atención al juicio que del caso fiemos formado y qne dejamos expuesto.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-cidos Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sis. del Tobo

text:
    Truyol y Compañía, Demandante y Apelante, v. West India Oil Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1685.
    Resuelto en mayo 10, 1918.
    Daños y Perjuicios — Estudio del Caso de Vílez v. Llavina, 18 D. P. R. 667— Dueños de Empresa, su Responsabilidad — Chauffers.—La jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en el caso Veles v. Llavina, 18 D. P. R. 667, no es la de que sólo existe responsabilidad para el dueño de un auto-móvil por los actos de su chauffeur cuando el automóvil forma parte de o constituye por si solo una empresa de transporte público. Si el automóvil se usa dentro de los negocios de cualquier empresa y el chauffeur es un em pleado de dicha empresa y causa el daño con ocasión del ejercicio de sils - funciones, la empresa es responsable por los actos de su empleado, de acuerdo con dicha jurisprudencia y con los artículos 1803 y 1804 del Código Civil.
    Id.--Debida Diligencia de un Buen Padre de Familia — Alegación—Prueba.— No habiéndose alegado expresamente ni probado que la demandada empleó la diligencia de nn buen padre do familia en relación con este caso, no cabe aplicar la excepción establecida en el último párrafo del artículo 1804 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante, Sr. C. Domínguez Rubio.

    Ahogados de la apelada: \8res. Charles Hartsell y F. Ra-mírez de Arellano.

   El Juez Asociado Sis. del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Este es nn pleito sobre daños y perjuicios. La deman-dante alegó en su demanda, los siguientes hechos: ‘.‘1. Que Miguel Truyol y Compañía es una sociedad de comercio de-bidamente organizada de acuerdo con las leyes del país y domiciliada en Gruayama; y la demandada es una persona jurídica a quien representa C. H. Wantzer, su agente especial en Puerto Rico. 2. Que la demandante Miguel Truyol y Compañía, es dueña de un camión de carga que destina a la conducción de provisiones y mercancías de las que vende dicha demandante en su mercantil, cuyo camión trafica es-pecialmente entre Gruayama y Cayey; lleva por número el 1770 de la matrícula de Puerto Rico, y allá para el día 8 de junio del año corriente era guiado por Adrián Carmona, chauffeur placa número 1216. La demandada es una com-pañía que se dedica a la venta de petróleo y sus productos; trafica por toda la Isla de Puerto Rico conduciendo los ar-tículos que vende, y allá para el día 8 del mes de junio del corriente año era poseedora o le pertenecía o usaba en sn negocio el camión de carga número 598 de la matrícula de Puerto Rico que manejaba Luis Santos, conocido por ‘Pa-chacho,’ chauffeur número 5220. 3. La demandante alega que el día 8 de junio del año en curso iba su camión con carga de su propiedad que conducía a Cayey; que muy cerca del barrio ‘Jájome Alto’ del Municipio de Cayey, en la carretera que de Gruayama conduce a dicho municipio, fué divisado por el' chauffeur de dicha demandante y demás empleados que en él iban, el camión de la demandada a qne antes nos refe-rimos qne venía en dirección contraria, es decir, de Cayey a Guayama, conduciendo artícnlos 4e los qne la demandada vende, o en busca de ellos. Que el chauffeur del camión de la demandante tomó inmediatamente su derecha a una dis-tancia regular del otro carro y tocó su bocina para avisar al camión de la demandada que pudo verle perfectamente. Que antes de llegar el camión dé la demandante a una curva cerca de la casilla del Gobernador en la citada carretera, y a pesar de que el chauffeur del camión de la demandante to-caba bocina, el camión de la demandada que venía a toda ve-locidad en una pendiente que hay en este sitio en vez de to-mar su derecha fué lanzado negligentemente por el chauffeur que lo guiaba sobre el carro de la demandante que recibió todo el golpe en su parte delantera anterior izquierda, pro-duciendo en el mismo las averías que se mencionan poste-riormente. 4. La demandante alega que el chauffeur que conducía su camión lo hacía con diligencia, celo y cuidado; y que el chauffeur que conducía el camión de la demandada venía a gran velocidad y tuvo tiempo y oportunidad de evi-tar el choque ocurrido. 5. La demandante alega: que por consecuencia de dicho choque quedó inútil en aquel momento el carro de la demandante; que no pudo continuar su viaje, teniendo que aligerar la carga que conducía y llevarla en otra forma a su destino. La demandante alega además que por consecuencia de dicho choque ha sufrido daños en su propiedad consistentes en lo que respecta al automóvil en lo siguiente: (Se especifican los daños ascendentes a $650.)”

La demandada exeepcionó la demanda porque a su juicio no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. La excepción fué declarada sin lugar y entonces la demandada contestó la demanda, así:

“1. Que acepta el hecho primero de la demanda. 2. Que niega el hecho segundo de la demanda, por carecer de informes suficientes sobre los particulares allí contenidos, pero alega que la demandada posee un camión de carga privado, para su' uso exclusivo, y que es guiado por un chauffeur llamado Luis Santos (a) Pachacho. 3. Que niega el hecho tercero de la demanda en la forma en que está redac-tado, y a su vez alega que el 8 de junio del año en curso, iba el ca-mión de la demandada por la derecha de la carretera y en dirección a Guayama, y en sentido contrario, o sea caminando hacia Oayey, ve-nía el camión del demandante, por el centro de la carretera; que muy cerca del barrio Jájome Alto, y al doblar una curva el camión del demandante, debido a culpa y negligencia de quien lo guiaba, chocó con su parte delantera contra la parte posterior del camión de la demandada causándole la rotura de un rayo de la rueda izquierda de atrás. 4. Que niega el hecho cuarto de la demanda, y a su vez alega: que el accidente ocurrió por la exclusiva culpa y negligencia del chauffeur que dirigía el camión del demandante, y alega asimismo que el chauffeur de la demandada obró con celo y diligencia, reali-zando todos los actos necesarios para evitar el accidente. Que el camión de la demandada iba tocando su bocina, en cambio el camión del demandante no hizo señales de su aproximación, y venía a velo-cidad excesiva. 5. Que niega el hecho quinto de la demanda, y es-pecialmente que haya causado daños al demandante en la cantidad de $650, ni en ninguna otra suma.”

Celebrada la vista, la corte de distrito declaró probados los hechos siguientes:

“1. Que la demandante es una sociedad mercantil residente en Guayama; y la demandada una corporación debidamente auto-rizada para negociar en la isla, dedicándose a la venta de petróleo; 2. Que la demandante es dueña de un camión automóvil licenciado con el Núm. 1770, y que dedica al transporte de las mercancías ven-didas en su establecimiento. T la demandada se dedica a la venta de petróleo en Puerto Rico, poseyendo' otro camión automóvil, licencia Núm. 5.98, y que utiliza para la transportación de los productos que vende en la explotación de su negocio; 3. Que el día 8 de junio de 1916, y en la carretera que conduce de Cayey a Guayama, chocaron dichos camiones, estando el de la demandante guiado por el chauffeur Adrián Oarmona, placa Núm. 1216, y el de la demandada por el chauffeur Luis Santos (a) Pachacho, placa Núm. 5220, apareciendo de la prueba que dichos chauffeurs son competentes y expertos en el manejo de automóviles. 4. Que dicho choque ocasionó al carro de la demandante los siguientes desperfectos: rotura del crank case; rotura de las dos sopandas delanteras; desnivelación del chassis; rotura del guardalodo izquierdo; rotura de la caja de aceite; des-nivelación del steering gear; rotara del radiador; rotura del muelle del ■dutch. Que con motivo de dicho choque y de los desperfectos antes mencionados, la demandante ha recibido los siguientes daños y perjuicios. Composición del crank case, $115.50. Reposición de las sopandas delanteras, $42. Nivelación del chassis, $10. Reposi-ción del guardalodo izquierdo, $15. Caja de aceite, $5. Composi-ción del steering gear, $5. Reposición- del muelle del clutch $1. Instalación de un nuevo radiador, $183.50. Mano de obra' para montar las piezas y efectuar la reparación necesaria, $90. Costo de flete y cables, $31.69. Total $50,3.69. 5. Que al ocurrir el accidente, el camión de la demandante iba de Guayama para Cayey, subiendo, y el de la demandada venía de Cayey para Guayama, bajando, estando ambos cargados. Aparece de la prueba que el chauffeur de la deman-dante divisó al camión de la demandada a alguna distancia antes de entrar en la curva de la carretera donde ocurrió el choque, apare-ciendo asimismo de otra declaración que el camión de la demandada, antes de llegar al sitio de la ocurrencia, venía a alguna velocidad; que al encontrarse ambos camiones, el de la demandada trató de pasar por el lado del de la demandante, pudiendo pasar la parte delantera del auto-camión por el espacio que había entre el camión de la deman-dante y el borde de la carretera, pero al pasar la parte trasera del camión de la demandada, chocó con la parte delantera izquierda del camión de la demandante, causándole los desperfectos mencionados e hiriendo a Bautista Montañés, que iba parado cerca del tapalodo delantero izquierdo del carro de la demandante; que el choque ocu-rrió con la parte trasera de la caja del camión de la demandada, y la parte delantera del carro de la demandante. La forma como ocurió el choque y las partes averiadas • del carro de la demandante demuestran que existió descuido y negligencia por parte del chauffeur de la demandada al pasar por el lado del camión de la demandante, en la curva, sin la debida prudencia y cuidado, pues no tuvo en cuenta que estando en una curva las ruedas traseras de su carro ha-brían de trazar en la carretera un círculo menor que el descrito por las ruedas delanteras, esto es, las ruedas traseras en la curva habrían de pasar por un sitio más hacia el carro de la demandante que las rue-das delanteras, y de ahí por qué pudo pasar la parte delantera de su camión sin chocar y no la parte trasera, toda vez que siendo la caja de dichos carros de carga de cinco o seis metros de largo, y teniendo en cuenta el ancho de la carretera y el'ancho de los dos camiones, el de la demandada, al tomar la curva, en la forma que lo hizo, a me-nos que se ejercitase gran cuidado, habría necesariamente de chocar eon la esquina izquierda delantera del carro de la demandante. La violencia del golpe y los desperfectos causados nos llevan a la con-clusión de que el camión de la demandada iba a más velocidad de la que era prudente teniendo en cuenta las circunstancias en que se encontraban ambos carros, pues si hubiese ido al mínimum de la ve-locidad, hubiera podido detener instantáneamente la marcha de su carro y de haber ocurrido el choque el daño hubiera sido muy poco. Y de la prueba aparece que el camión de la demandada no detuvo su marcha sino después de haber pasado algunos metros del camión de la demandante. No hay duda alguna que del examen de esta prueba el choque ocurrió por culpa y negligencia del chauffeur de la demandada. 6. La parte demandante trató de probar que exis-tían desperfectos en los frenos del carro de la demandada, pero dicha prueba sólo tendió a demostrar que en otros tiempos los frenos habían estado en malas condiciones, pero no se ha probado que el día del choque estuvieran inservibles o defectuosos para desempeñar su papel; también aparece de la prueba que .tanto el chauffeur de la demandante como el de la demandada tienen algunos años de ex-periencia en su oficio y son competentes para ejercerlo.

No obstante haber declarado probado la corte de distrito, como hemos visto, que el choque se debió a la negligencia del chauffeur de la demandada y que por virtud de tal cho-que se ocasionaron a la demandante perjuicios por valor de $503.69, dictó sentencia desestimando la demanda porque a su juicio la corporación demandada, dueña del automóvil, no era responsable por los actos de culpa o negligencia de su chauffeur, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de Vélez v. Llavina, 18 D. P. R. 656.

La demandante entonces interpuso el presente recurso de apelación, señalando la comisión de dos errores, a saber: 1, que la corte basó su sentencia en una defensa que no fué planteada por la demanda; y 2, que la corte interpretó erró-neamente el artículo 1803, base de'la acción de la demandante.

En verdad que basta analizar la contestación de la de-mandada para concluir que aceptó el debate en el terreno en que lo planteó la demandante, sin eludir responsabilidad .alguna por los actos de su empleado. Negó que su chauffeur, -hubiese sido negligente y alegó "que el acidente ocurrió por la exclusiva culpa y negligencia del chauffeur que dirigía el camión del demandante.”

Pero aceptando que por virtud de la excepción previa de la parte demandada sosteniendo que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, pueda levantarse la cuestión de si es o no responsable la de-mandada por los actos de su empleado, procederemos al es-tudio y resolución de la misma.

El artículo 1803 del Código Civil, dice: El que por ac-ción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o ne-gligencia, está obligado a reparar el daño causado.” T el 1804, expresa que “La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones pro-pios sino por los de aquellas personas de quienes se deba responder * * *. Lo son igualmente los dueños o direc-tores de un establecimiento o empresa respecto de los per-juicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones * # *.”

En el caso invocado por el juez sentenciador, Vélez v. Llavina, supra, esta Corte Suprema consideró ampliamente el alcance de los preceptos legales que dejamos transcritos. El siguiente párrafo de la opinión de la mayoría del tribunal, revela el criterio sustentado y aplicado por la corte:

“Así, pues, como entre los casos especificados en el artículo 1804 del Código Civil Revisado no se hace responsable al dueño de un au-tomóvil o vehículo por actos de culpa o negligencia de su empleado como chauffeur, si no forma parte de una empresa, y esto último no se ha probado, hemos de concluir que el demandante no tiene causa de acción contra José Llavina, dueño del automóvil destinado a su. ser-vicio particular, que guiado por el chauffeur Juan Gonce, causó los daños de que se queja Pastor Vélez Toro.”' — Vélez v. Llavina, 18 D. P. R. 667.

Parece-que la interpretación dada por la corte de distrito a la decisión de esta Corte Suprema en el repetido caso de Vélez v. Llavina, es la de que sólo existe responsabilidad para el dueño de un automóvil por los actos de su chauffeur, cuando el automóvil forma parte de o constituye por sí solo una empresa de transporte público.

Si la interpretación es correcta, la será también la con-clusión a que llegó la corte de distrito en este pleito, ya que es evidente que el camión de la demandada no formaba parte de, ni constituía por sí mismo una empresa de transporte público.

Pero esa interpretación lleva demasiado lejos la juris-prudencia establecida por esta corte.

Es cierto que en su opinión esta Corte Suprema dijo que • para que el automóvil de Llavina pudiera considerarse como una empresa (18 D. P. R. 659), hubiera sido necesario que se dedicara habitualmente al negocio de conducir pasajeros transportando a cualquiera que le pagase el precio corres-pondiente, y que el hecho de alquilar el automóvil de su uso particular a determinados amigos y no a cualquiera persona, no lleva como consecuencia que tuviera un automóvil dedicado a la empresa de conducción de pasajeros; pero también lo es que tales palabras se expresaron al discutir la cuestión legal planteada por el apelante en su alegato de que el de-mandado tenía a la fecha del accidente una empresa de auto-móviles para la conducción de pasajeros, perteneciendo a dicha empresa el automóvil que causó el accidente por el cual reclamaba el demandante.

La palabra empresa surgió en el caso de Vélez v. Llavina, para considerarla en relación con un negocio de transporte de pasajeros y se resolvió que tal negocio no fué establecido por el demandado Llavina, quien poseía simplemente un au-tomóvil para su uso particular.

La palabra empresa se usa en este caso concreto que es-tamos estudiando y resolviendo en relación con el negocio-general de una compañía. “La demandada,” dice la misma, corte de distrito, en sus conclusiones de hecho, “se dedica a la venta de petróleo en Puerto Rico, poseyendo' otro camión automóvil, licencia No. 598 y que utiliza para la transporta-ción de los productos que vende en la explotación de su ne-gocio.”.

A nuestro juicio este caso está comprendido claramente' dentro del radio de acción del párrafo del artículo 1804 re-lativo a la responsabilidad de los dueños de empresas, que-dejamos copiado. El camión de que se trata era una parte-del todo en los negocios en la empresa demandada. El chauffeur era un dependiente o empleado de la empresa en esa rama de su negocio, y fué en ocasión en que ejercía sus. funciones que o.casionó el daño de que se queja el demandante-La responsabilidad de la empresa es exigible, por tanto, de-acuerdo con la ley.

En su opinión la corte de distrito dice también que es aplicable la' excepción que establece el propio artículo 1804 del Código Civil.

Dicha excepción está consignada en el último párrafo del citado artículo y es como sigue: “La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencio-nadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.”

No obstante no haberse alegado esta defensa por la parte demandada, ni haberse presentado prueba alguna tendente especialmente a demostrarlo en el acto de la vista, el juez sentenciador deduce su existencia de la propia declaración del chauffeur, de la demandada quien manifestó que hacía once años que trabajaba como chauffeur, cuatro de ellos en camiones de carga.

Bajo tales circunstancias no cabe aplicar la exención en favor de la demandada. No fué alegada como debió haberlo sido, expresamente; ni la prueba que existe es bastante para concluir que la demandada empleó en relación con este caso toda la diligencia de un buen padre de familia.

Estudiadas y resueltas las anteriores cuestiones, resta sólo examinar la prueba. Fué contradictoria en cuanto al hecho de si el choque se debió a la negligencia del chauffeur de la demandada o a la del de la demandante. El conflicto-se decidió por la corte de distrito en contra de la demandada y habiendo examinado por nosotros mismos toda la eviden-cia, nos parece enteramente correcta la conclusión del tribunal sentenciador. También nos parece correcta su conclu-sión en cuanto a la prueba de los perjuicios realmente cau-sados.

Por virtud de todo lo expuesto opinamos que debe decla-rarse con lugar el recurso, revocarse la sentencia apelada y en su lugar dictarse otra ordenando a la demandada que pa-gue a la demandante la suma de $503.69, sin especial conde-nación de costas.

Revocada la sentencia apelada y condenada la demandada a pagar la suma de $503.69, sin costas.

Juez concurrente: Sr. Asociado Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó “conforme con la sen-tencia. ’ ’

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-blrey no intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Bartoli, Demandante y Apelada, v. Mariani, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cumplimiento de contrato.
    No. 1734.
    Resuelto en mayo 20, 1918.
    Contratos — Interpretación de. — A prometió vender a B por determinada suma los bienes raíces y muebles que había heredado de eierta persona. De la venta quedó excluido el efectivo que pudiera corresponder a A procedente del cosecho de una hacienda, de algunos pagarés, de los alquileres de casas “y demás hasta la fecha en que se efectúe la venta.” Entre los bienes cla-ramente comprendidos en la venta estaba un veinte y cinco por ciento en el valor de las casas pertenecientes a la herencia. Para pagar dicho veinte y ■cinco por ciento se adjudicaron a A dos casas, mas como su valor no era ■suficiente, para completarlo se le adjudicó la suma de $823.47 en efectivo. Al hacerse la escritura de venta las partes no llegaron a un acuerdo acerca de si dicha suma correspondía o no a B, y B inició entonces este pleito en el que se resolvió que la suma de $823147 pertenecía a B ya que se adjudicó a A no como su parte proporcional en el efectivo de la herencia procedente de las fuentes indicadas, sino para completar su parte proporcional en el valor de las casas de la herencia. La duda introducida por el uso en el contrato de las palabras ‘1 y demás, ’ ’ se decidió así en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Art. 1256 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Parra & Peres Marchand.

    Abogado de la apelada: Sr. A. P. Castro.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

Alfonsa Bartoli viuda de Mariani presentó una demanda en la Corte de Distrito de Ponce contra José María Mariani reclamando la suma de $823.47, que le correspondía, según ella, de acuerdo con un contrato celebrado entre demandante y demandado el 6 de abril de 1914, por virtud del cual el se-gundo hizo a la primera promesa de venta “de sus bienes raíces y muebles, en la Sucesión de don José María Mariani Cupril, por la suma de diez y seis mil quinientos pesos (oro americano).”

La cláusula tercera del contrato, dice así: “Quedará a disposición del Sr. Mariani, Jr., el efectivo en poder del Sr. Tomás Olivar! Antoni procedente del cosecho líquido de la Hacienda 'Santa Clara,’ durante el año 1912-13 y cuya suma se le entregará oportunamente, lo mismo que también que-dará a su disposición, la parte que legalmente le corresponda en los pagarés suscritos por don Antonio Anciani, así como aquella que provenga de alquileres de casas y demás hasta, la fecha en que se efectúe la venta.”

Mariani Cupril murió el 26 de julio de 1907. Su herencia al partirla, consistía en dinero efectivo procedente del cosecho de la hacienda “Santa Clara” de 1912-13, alquileres de ca-sas y cobro de un pagaré; en nueve pagarés otorgados por don Antonio Anciani; en bienes muebles y semovientes; en un condominio igual a la mitad en la hacienda “Santa Clara,” y en cuatro casas. Los herederos eran cuatro, siendo el demandado nno de ellos. En la partición se adju-dicó al demandado un veinte y cinco por ciento en el valor de los pagarés, otro veinte y cinco por ciento en el valor de los muebles y semovientes, otro veinte y cinco por ciento en el condominio y $2,566.91 en efectivo que con $368 proce-dentes de una deuda, constituían el veinte y cinco por ciento del efectivo de la herencia. En cuanto a las casas se adju-dicaron dos al demandado valoradas en $1,488.60, pero como dicha suma no constituía el veinte y cinco por ciento del valor de las cuatro casas de la herencia, para completarlo se le adjudicaron además $823.47.

Demandante y demandado al llevar a la práctica el con-trato de promesa de venta, no pudieron llegar a un acuerdo con respecto a los $823.47 adjudicados al demandado en la forma que se ha dicho y en la escritura de venta que otorga-ron dejaron a salvo expresamente los derechos de que se creyera asistida la señora Bartoli sobre dicha suma. T en reclamación de esos derechos fué que la señora Bartoli ini-ció este pleito.

Emplazado el demandado, excepcionó la demanda por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción. La corte desestimó la excepción y luego, a solicitud del propio demandado, dictó sentencia final declarando que la suma de $823.47 corresponde a la demandante. El de-mandado entonces interpuso el presente recurso de apelación.

Hemos estudiado los razonamientos de ambas partes y, a nuestro juicio, la interpretación que da al contrato la parte demandante y que sancionó con su sentencia la corte de dis-trito, es la justa y procedente.

De acuerdo con el convenio celebrado, la demandante no reclama el efectivo que se adjudicó al demandado procedente del cosecho de la hacienda “Santa Clara” y de los alquileres de las casas, ni tampoco la parte que también se le adjudicó en los pagarés de Anciani, pero sí reclama además de lo que voluntariamente le fué entregado por el- demandado, la pro-piedad de los $823.47 que se adjudicaron en efectivo al de-mandado no como su parte proporcional en el efectivo de la herencia procedente del cosecho y alquileres indicados, sino para completar su parte proporcional en el valor de las ca-sas pertenecientes a la herencia.

Introduce alguna confusión el uso de las palabras “y demás” que aparecen al final de la cláusula tercera del con-trato de promesa de venta que dejamos transcrita, pero en tal caso, de acuerdo con la ley, (art. 1256 del Código Civil), siendo confuso el contrato oneroso de que se trata, la duda debe resolverse en favor de la mayor reciprocidad, de inte-reses, y en nuestra opinión la mayor reciprocidad de intereses requiere que ese dinero efectivo que no se adjudicó como parte del efectivo de la herencia procedente de las fuentes expresamente mencionadas por los contratantes, sino en rea-lidad de verdad en sustitución de un bien inmueble y que en sí constituye un bien mueble de valor apreciable en relación con la totalidad de la suma envuelta en la transacción, debe comprenderse dentro de los bienes raíces y muebles prome-tidos vender y finalmente vendidos por el demandado a la demandante.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Lange, Demandante y Apelado, v. Cristy, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1797.
    Resuelto en mayo 20, 1918.
    Servicios Profesionales — Fijación de su Cuantía.. — Examinadas las alegacio-nes y las pruebas en este pleito, se decidió que la apreciación que liizo la corte sentenciadora del valor razonable de los servicios médicos prestados por el demandante a la demandada, era la justa y procedente, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. José Sabater.

    Abogados del apelado: Sres. Horton & Janer.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El doctor Rafael U. Lange demandó en la Corte de Dis-trito de Mayagiiez a doña Anaiz Cristy viuda de Cerdá re-clamándole la suma de dos mil pesos por servicios médicos, sus intereses, y las costas, desembolsos y honorarios de abo-gado. La demandada contestó negando generalmente todos y cada uno de los hechos de la demanda y alegando como de-fensa especial que no estaba obligada al pago de los servicios profesionales que hubiera prestado el demandante a la Srta. Cerdá y Cristy, ni se había obligado a ello en ningún tiempo, forma ni condiciones para con el demandante.

Se celebró el juicio y la corte dictó sentencia en favor del demandante por la suma de $1,882, intereses legales, costas, desembolsos y honorarios de abogado. La corte eliminó $39 que se cobraban por asistencia de la Sra. Araez por no haber demostrado la evidencia que la demandada venía obligada a pagarlos, y también eliminó la suma de $79 a fin de ajustar las visitas correspondientes al año 1913 hechas dentro de la ciudad al tipo de dos pesos una y las hechas en Gfuanajibo al de tres pesos una.

No conforme con la sentencia la parte demandada inter-puso el presente recurso de apelación, señalando en su ale-gato la comisión de cuatro errores.

1 y 2. Los dos primeros errores se refieren a la aprecia-ción de las pruebas. Hemos examinado la evidencia y a nuestro juicio está plenamente justificada la conclusión a que llegara la corte de distrito. Se trata de una asistencia mé-dica que duró cuatro años durante los cuales se hicieron'', cientos de visitas, muchas a altas horas de la noche. La se-ñora Cristy padecía de una enfermedad nerviosa que la te-nía en una agitación constante y a cada momento necesitaba los auxilios de su facultativo, que no se limitaba a recetar/ sino que tenía que permanecer en la casa para lograr que la’ enferma tomara las medicinas y se calmara al fin. El hecho-de que el doctor Lange hubiera estado dispuesto a cobrar sole mente la suma de mil pesos antes de iniciar el pleito, y el de que en el juicio declarara que sus servicios valían $2,500 y hasta $5,000, pero que redujo su reclamación a $2,000 por consejo de sus abogados, no quiere decir que la corte no tu-viera elementos dentro de las pruebas para fijar la suma de $1,882. Por una carta escrita por el doctor a la Sra. Cristy y presentada por ésta como prueba, puede penetrarse en el grado de amistad que unía al doctor con la familia Cristy y el interés que se tomó en su asistencia y nada tiene de ex-traño que estuviera dispuesto a cobrar sólo mil pesos. Quizás hubiera estado dispuesto a recibir aún la mitad. Tal vez menos. Pero su buena disposición no es un impedimento para al verse obligado a recurrir a los tribunales, exigir en-tonces el valor razonable de sus servicios, ya que no hubo pacto en cuanto, a la cuantía. Tampoco tiene nada de ex-traño que el doctor dijera que sus servicios valían $5,000. En casos de esta naturaleza no existe una regla fija." Son muchas las circunstancias que pueden tenerse en cuenta.

La norma de dos pesos por visita dentro de la zona ur-bana y tres en los barrios cercanos a la población, está al parecer generalmente aceptada en Mayagüez para las visi-tas normales. Pero tal norma no rige cuando se trata, por ejemplo, de visitas de noche o cuando el doctor se ve obli-gado a permanecer largo tiempo en la casa del paciente. Además, constituimos un tribunal de apelación y a menos que la apreciación de la corte sentenciadora fuera claramente errónea, debemos considerarla como la justa y procedente, ya que ella estuvo sin duda alguna en mejores condiciones que nosotros para formar un juicio más exacto de lo que constituía el valor razonable de los servicios prestados por el demandante a la demandada en este caso.

3. La prueba demuestra que la mayor parte de los ser-vicios se prestaron a la misma demandada, pero también de-muestra que algunos se prestaron a su nieta la Srta. Cerda y Cristy. Esta no tenía padres y vivía con su abuela que satisfacía todos sus gastos, y cuando el doctor fué a asistirla acudió siempre al llamamiento de la Sra. Cristy.

Aunque los profesionales deben tener gran cuidado en aclarar quién será la persona que responda al pago dé sus servicios, (Véanse los casos de García v. Preston et al., 17 D. P. R. 586, y García v. Costa, 25 D. P. R. 400), son tan fuer-tes las circunstancias que concurren en este caso, aparece tan claro que la demandada asumió.la responsabilidad, que no creemos que se baya cometido error alguno por la corte de distrito.

4. Tampoco creemos que la corté errara al condenar a la demandada al pago de los honorarios. El hecho de que la corte en vez de conceder dos mil pesos, redujera la suma a $1,882, no es de gran importancia y en cambio lo es el de que la prueba demuestra que el demandante trató de cobrar ho-norarios que se ha visto consistían en una cantidad menor del valor razonable de sus servicios y no pudo conseguirlos viéndose obligado entonces a acudir a las cortes de justicia.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Hernández et al., Demandantes y Apelados, v. Mendoza et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre reivindicación.
    No. 1767.
    Resuelto en mayo 21, 1918.
    Reivindicación — Prescripción Extraordinaria. — Apareciendo de la prueba en este caso que desde 1877, esto es, 39 años antes de la interposición de la de-manda y 35 antes de la gestión más antigua heclia por la parte demandante en defensa de su derecho, la vendedora del actual poseedor entró en la pose-sión de la finca en concepto de dueña y en tal concepto continuó pública y quietamente, sin interrupción alguna, hasta- que la trasmitió al demandado, es necesario reconocer en el demandado un título por prescripción extraordi-naria superior al que puedan ostentar los. demandantes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Francisco Gonzcilez.

    Abogados de los apelados: Sres. J. B. F. ¡Savage y Fernando Vcizquez.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal. '

Luis e Ignacio Jorge Hernández iniciaron este pleito en la Oorte de Distrito de Hnmacao en reivindicación de una finca urbana situada en el pueblo de Nagnabo, poseída en la actualidad por el demandado Juan Mendoza.

Quedó plenamente demostrado en el acto de la vista que el 5 de febrero de 1877, Pablo Lemonrenx vendió por escri-tura pública a Cecilia Hernández, madre de los demandantes, •la finca en cuestión, inscribiéndose el título en el registro de la propiedad el 18 de octubre de 1880. Examinada aislada-mente esa prueba, surge claro de ella el derecho de los deman-dantes.

El demandado Mendoza alegó que en julio de 1877 Cecilia Hernández vendió a Francisca Valdés la finca a que se refiere este pleito, y desde entonces hasta el año 1909 la vino pose-yendo pública y pacíficamente, en concepto de dueña, sin in-terrupción alguna, y que, estando en ruinas la casa, Francisca Yaldés la vendió con el solar al demandado quien.la reedificó y desde esa fecha la viene poseyendo pública y pací-ficamente en concepto de dueño, sin interrupción alguna. El demandado Mendoza acreditó su dominio de acuerdo con la ley hipotecaria en el mismo año de la compra, 1909, y lo inscribió en el registro de la propiedad.

Si es cierto que Cecilia Hernández se desprendió del do-minio de la finca, cae por su base el derecho de los deman-dantes. También quedaría su derecho destruido si se de-mostrara que Francisca Yaldés a la muerte de Cecilia Her-nández, ocurrida el 1877, había entrado de buena o de mala fe en la posesión de la finca, en concepto de dueña, y había permanecido en ella pública y pacíficamenté, sin interrup-ción de nadie, hasta que la vendió al demandado Mendoza.

Examinemos la prueba. Cecilia Hernández al morir, en 1877, dejó tres hijos, los dos demandantes y Julia. Los de-mandantes jamás han tenido intervención directa con la finca. En el acto de la vista se presentó como prueba una carta dirigida por el demandante Ignacio Jorge Hernández, conocido por Juan Bussó, a Francisca Yaldés, fechada el 3 de enero de 1912, o sea más de treinta años después de la muerte de Cecilia Hernández, en donde le decía, “tengo entendido que mi madre al morir dejó una casa y terreno en el pueblo de Naguabo, y no habiendo otros herederos de mi difunta ma-dre, por haber fallecido los otros hermanos, me dirijo a usted por medio de la presente, para que me conteste cuándo está usted dispuesta a entregarme, pues habiendo hablado con un tío mío, éste me ha dicho que usted quiere saber el paradero de nosotros para entregarnos dichas fincas, herencia que nos dejó al morir mi referida madre Cecilia Hernández.” Esa es la única prueba aportada que revela alguna gestión por parte de los demandantes, que desde muy niños salieron del pueblo donde nacieron y han residido siempre fuera de él.

Julia Hernández, por el contrario, continuó residiendo en Naguabo a la muerte de Cecilia, habitando, en compañía de Francisca Yaldés, la casa en cuestión, hasta su muerte, ocu-rrida en estado de soltería el 30 de agosto de 1891. Si Julia Hernández continnó poseyendo como dneña la casa, claro es, como sostiene la parte apelada, que su acción aprovecharía a los demandantes.

El hecho de decisiva importancia en este pleito es, pues, el del carácter de la posesión de Francisca Yaldés a la muerte de Cecilia Hernández.

En la prueba de la parte demandante no se encuentra dato alguno específico que revele el verdadero concepto en que quedó Julia en la casa al morir Cecilia. La teoría de dicha parte es la de que siendo la madre dueña, a su muerte como dueños quedaron en la posesión sus herederos repre-sentados por Julia. Y, en verdad, así será necesario recono-cerlo, a no ser que se pruebe que la parte demandada adqui-rió la propiedad en alguna de las dos formas que se han in-dicado.

El demandado Juan Mendoza declaró que “esa casa la ad-quirió por compra a Dña. Francisca Valdés en la suma de cien pesos, pero que lo que compró fueron los escombros de lo cual hace siete años; que conoce esa casa hace cuarenta años y conoció en posesión de ella a Pancha Valdés que la poseía como dueña; que la vivía y pagaba las contribuciones y durante ese tiempo le hizo algunas reparaciones.”

Francisca Yaldés dijo: “que la casa esa se la vendió la dueña Cecilia Hernández antes de morir; y continuó siendo de la propiedad de la declarante; que Cecilia Hernández se enfermó y la llamó para que la asistiera encargándola de su cuidado y del de una chiquita que tenía, y decía: ‘ Que moría conforme porque la declarante le cuidaba la chiquita’; que le vendió la casa en ciento cincuenta pesos para que cuidara la chiquita y la casa quedó de la propiedad de la declarante, quien crió la chiquita y la educó en la escuela española, ha-ciendo muchos gastos, hasta la edad de quince años en que se picó del pecho y se murió; que Cecilia Hernández le hizo un papel el cual con el-recibo de las contribuciones se le per-dió en el temporal de ‘San Ciríaco’ porque la casa se deste-chó; que recuerda que en ese papel intervinieron don Jesús Pereyó y don Bafael Bocea; * *

El testigo Jesús Pereyó manifestó “que hace muchos años, al poco tiempo de llegar a Naguabo allá por el año 1877, un día que estaba en la alcaldía de Naguabo con el Sr. Bocea v el señor Maldonado, fueron a la casa de Cecilia Hernández y ella en presencia del declarante y de los demás manifestó su deseo de donar una casita a Francisca Yaldés y el Sr. Maldonado, que era curial, escribió el documento en presen-cia de todos, en cuyo documento la señora Hernández le hacía donación de una casita pequeña, mala, que decía que era suya, a Francisca Yaldés, por asistencia que ella le practicaba y también para que le atendiera a una niñita que tenía. Todo eso hay que tener en cuenta que fue obra del señor Bocea, que era muy amigo de esa señora y dado su buen corazón y su manera de ser; que se hizo un documento como una es-pecie de donación y que lo firmaron el declarante, Bocea y Maldonado; * # * que Francisca Yaldés estuvo en pose-ción de esa casa por muchos años, * * *; que estuvo ella allí todo el tiempo hasta que la casita quedó desmantelada y ella le vendió esos escombros a Juan Mendoza; * '* * que la causa del contrato que presenció fué la atención que prestara la señora Yaldés a Cecilia Hernández y a la niñita en lo sucesivo, porque la madre de esa niña estaba muy en-ferma; * * * Francisca Yaldés no pagaba nada, no pagó ningún dinero; se le fijaron ciento cincuenta pesos, lo que ella calculaba que le debía por la asistencia de ella y para que le continuara en lo sucesivo cuidando la niñita; fué una donación para que cuidara de la niñita y lo que ya había re-cibido, pero en aquel momento no le dió nada.”

Francisco Fuentes declaró “que esa casa la conoció allá por el año 80 a 82, a doña Pancha Yaldés viviendo allí con su hermano Pedro, y una niñita que criaba y no era hija de ella; que desde esa fecha la conoció en posesión de esa casa hasta hace ocho o nueve años que la vendió a Juan Mendoza * * que ella poseía la casa como dueña * *

La prueba que antecede fué apreciada por el juez senten-ciador así:

La prueba traída por los demandados en apoyo de su alegación referente a la venta que según ellos biciera Cecilia Hernández a la Francisca Yaldés, no ha podido convencer al Tribunal. En efecto, la propia Francisca Yaldés declaró, que había adquirido en virtud de un documento extrajudicial que se le había extraviado, y así las cosas, quiso dicha demandada corroborar su declaración con la del testigo Jesús Pereyó, y lejos de establecer tal corroboración, resultó un verdadero conflicto entre las manifestaciones de la demandada y del expresado testigo. Según ella, el documento extraviado decía que, Cecilia Hernández vendía la casa por el precio de ($150) ciento cincuenta pesos, con la condición de que .la demandada Yaldés, cui-dara siempre de Julia Hernández, hija de la supuesta vendedora. Según Pereyó, flue alegó estar présente en el momento de realizarse la operación, no se trató de dinero alguno, y la única causa del contrato fué que la Yaldés se obligaba a cuidar de la niña Julia Hernández.
“Somos de opinión que, Cecilia Hernández no hizo venta alguna a Francisca Yaldés, y siendo ello así, aceptando que el título de-com-praventa que ostenta Mendoza fuera suficiente para adquirir la pres-cripción de dominio sobre el inmueble reclamado en la démanda, nunca podría alegarse que el demandado Mendoza haya adquirido tal dominio, toda vez que no han transcurrido diez años, desde que él adquirió, sin que pueda unirse el tiempo que él ha poseído a la pose-sión de su causante, ya que ésta, o sea, Francisca Yaldés, no poseía ■en concepto de dueña, y sólo tenía la mera tenencia de la cosa, sin título alguno y sin buena fe.”

Generalmente esta corte acepta la apreciación de la prueba hecha por el juez que tuvo la oportunidad de examinar per-sonalmente los testigos, pero esto no quiere decir que esté obligada a aceptarla en todos los casos. La parte deman-dada trató de establecer dos hechos, el de la trasmisión de la propiedad de la finca a Francisca Yaldés .y el de la pose-sión de ésta y de Mendoza en concepto de dueños por un pe-ríodo mayor de treinta años, y, la corte de distrito no dió crédito alguno a la prueba que se introdujo con tal propósito a saber: los testimonios de Juan Mendoza, de Francisca Yal-dés, de Jesús Pereyó y de Francisco Fuentes. Nadie con-tradijo las manifestaciones de dichos testigos y el conflicto qne nota el juez sentenciador entre las declaraciones de la Yaldés y de Pereyó es más bien aparente qne real, y si algo revela es qne dichos testigos no se pnsieron de acnerdo con anterioridad al jnicio. Francisca Yaldés no. dijo qne ella entregara la suma de ciento cincnenta pesos. Ella manifestó qne Cecilia le vendió la casa en ciento cincnenta pesos para qne le cuidara la chiquita. Y esta manifestación de la Yal-dés puede armonizarse con las ultimas del testigo Pereyó que dejamos transcritas.

A nuestro juicio no hay motivos para desechar los indi-cados testimonios, y dándoles el valor qne merecen es nece-sario reconocer qne no ya sin título, sino con un título más o menos perfecto Francisca Valdés desde 1877, esto es, 39 años antes de la interposición de la demanda y 35 antes de la carta del demandante Ignacio Jorge Hernández, que cons-tituye la gestión más antigua hecha por la parte demandante en defensa de su derecho, la vendedora del actual poseedor entró en la posesión de la finca en concepto de dueña y en tal concepto continuó pública y quietamente, sin interrupción al-guna, hasta que la trasmitió al demandado Mendoza. Siendo esto así, es necesario reconocer en Francisca Yaldés y en su sucesor Mendoza por lo menos un título por prescripción ex-traordinaria superior al de los demandantes. £<Se prescri-ben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin dis-tinción entre presentes y ausentes. * * *” Art. 1860 del Código Civil. Véanse los casos de Sucesores de Ramón Lampón v. Sucesores de Canuto Rivera, 16 D. P. R. 339, y Pesquera v. Fernández et al., 22 D. P. R. 53.

Siendo el expresado nuestro juicio, se hace innecesario estudiar y resolver las demás cuestiones planteadas por el apelante en su alegato..

La sentencia apelada debe revocarse y en su lugar dictarse otra declarando la demanda sin lugar.

Revocada la sentencia recurrida y desesti-mada la demanda sin especial condenación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Muñoz, Peticionario y Apelado, v. Vargas y Soldevilla, Demandados y Apelante el Segundo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre injunction.

    No. 1805.
    Resuelto en mayo 27, 1918.
    Injunction — Demanda Jurada — Contestación—Sentencia Sobre las Alega-ciones. — Cuando la contestación a una demanda de injunction debidamente jurada no es específica, no comete error la corte que a solicitud del deman-dante dicta sentencia sobre las alegaciones.
    Costas — Discreción de la Corte. — Examinadas las circunstancias concurrentes, en este caso, se resolvió: que la corte sentenciadora actuó derechamente al imponer las costas al demandado apelante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Sergio León.

    Abogado del apelado: Sr. Car-Ios Brunet.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Justo Muñoz presentó una solicitud de injunction en la Corte de Distrito de Ponce contra doce personas, contándose entre ellas el apelante Angel Soldevilla, alcalde de Juana Díaz. En la petición se alegó, en resumen, que el peticiona-rio era dueño de una finca rústica que colindaba en una exten-sión de unos seiscientos metros con un camino vecinal, y que los demandados se ocupaban de ensanchar dicho camino to-mando terrenos del demandante sin consentimiento de éste, y contra su voluntad, ocasionándole además daños en los cul-tivos de su finca. La corte puso en entredicho a los deman-dados y señaló el día 20 de noviembre de 1916 para que com-parecieran a mostrar causa por virtud de la cual no debiera expedirse el auto solicitado. Once demandados faltaron en comparecer y su rebeldía fue luego anotada. El demandado y apelante Soldevilla compareció y pidió que su nombre fuera eliminado como demandado, apoyando su petición en una declaración jurada. La corte pospuso la resolución de la moción eliminatoria y expidió la orden de injunction pre-liminar. El 28 de marzo de 1917, Soldevilla reprodujo' su moción de eliminación, alegó que la petición no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción y contestó la petición limitándose a decir que negaba específicamente cada uno de los hechos de la misma. Se señaló el 8 de noviembre de 1917 para la vista del pleito y en dicho día la corte de-claró sin lugar la moción eliminatoria y la excepción previa indicadas, y a petición del demandante fundada en que siendo jurada la petición la contestación no había sido específica, dictó sentencia sobre las alegaciones en contra de los deman-dados, condenándolos al pago de las costas, gastos y desem-bolsos del pleito. El 5 de diciembre de 1917, apeló Soldevilla y hasta el 2 de marzo de 1918 no se radicó en la secretaría del Tribunal Supremo la transcripción que sólo consta de veinte páginas.

Sostiene el apelante que la corte erró al declarar sin lu-gar la moción de eliminación y la excepción. Hemos exami-nado la solicitud y a nuestro juicio alega con la debida clari-dad la intervención principalísima que tuvo el demandado Soldevilla en los hechos que dieron’origen a la acción del de-mandante. Aún dando entero crédito a la declaración jurada del demadado, es necesario concluir que el injunction estuvo-bien dirigido en contra suya.

Sostiene de igual.modo el apelante que la corte erró al dictar sentencia sobre las alegaciones, ya que si bien la con-testación no era bastante, pudo suplirse con la declara-ción jurada que había sido previamente archivada, por el de-mandado. Esta cuestión no se levantó en la corte de distrito. Al dictar su resolución, dicha corte sólo pesó el mérito de la solicitud y de la contestación. Pero aún suponiendo que pu-diera ahora tomarse en consideración la declaración jurada; presentada, meses antes, ya hemos dicho que tal declaración no era bastante para demostrar que el demandado no había tenido intervención en los hechos que dieron origen al pleito, dejando en su consecuencia en pie los hechos de la solicitud admitidos por el demandado, dada la forma en que presentó su contestación.

• El último error que se señala se refiere a la imposición de las costas. A nuestro juicio la corte ejercitó su discreción derechamente al condenar a los demandados al pago de las costas, gastos y desembolsos en que se vió obligado a'incu-rrir el demandante en defensa de su propiedad invadida sin derecho alguno por los demandados, entre los cuales era el apelante Soldevilla el más responsable ya que constituía la cabeza que ordenaba siendo los otros simplemente los bra-zos que ejecutaban su plan.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se. HeRNÁndez,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Villaveitía, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en causa por acometimiento.
    No. 1259.
    Resuelto en junio 3, 1918.
    Sentencias — Cortes Municipales y de Distrito — Prisión Subsidiaria en De-fecto de Pago. — En el cumplimiento de las sentencias que se dicten tanto. por las cortes municipales como por las de distrito, la prisión subsidiaria en defeeto de pago de multa debe regularse a razón de un día por carta dólar que se deje de satisfacer, no pudiendo exceder de noventa días el total de la prisión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Percy 6.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Peesidente Se. HeRNÁndez,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por el acu-sado Juan Villaveitía contra sentencia que en 25 de febrero .de 1918 dictó la Corte de Distrito de Humacao condenando .-a aquél por delito de acometimiento a la pena de $200 de multa o en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada $2, y costas.

No ha comparecido el apelante a sostener el recurso y el Fiscal solicita la confirmación de la sentencia apelada por no haberse cometido error fundamental alguno que justifique su revocación.

La lectura de la sentencia muestra por sí misma la falta de aplicación de la sección 54 del Código de Enjuiciamiento Criminal tal como fue enmendada por la Ley No. 11 aprobada ■en 8 de abril de 1916.

Esa sección enmendada dice así:

“ Sección 54. — Cuando en cualquier tribunal se dicte sentencia condenando a un acusado al pago de una multa y dejare de satisfa-cer inmediatamente dicha multa, será encarcelado por falta de dicho pago y permanecerá en reclusión un día por cada dólar que haya dejado de pagar. Si después de haber empezado la reclusión por falta del citado pago deseare el confinado satisfacer la multa se le abonará un dólar por cada día de reclusión que haya sufrido por tal falta de pago. La reclusión total por falta de pago de multa no ■excederá de noventa días.”

Con. arreglo a los artículos 54 y 322 del Código de Enjuicia-miento Criminal la prisión subsidiaria que por defecto del pago de multa y costas podían decretar las cortes municipales había de imponerse a razón de nn día por cada cincuenta centavos de la multa y costas que dejaran de satisfacerse, sin discreción alguna por parte de dichas cortes para re-ducir ese término de prisión, pero las cortes de distrito te-nían facultades para imponer prisión por defecto del pago, de la multa sin exceder de un día por cada dólar que el acu-sado dejara de satisfacer pudiendo ser un término menor pues aunque el tipo mínimo para fijar la prisión subsidiaria debía ser de un dólar por día el tipo máximo quedaba a la sabia y sana discreción judicial. El Pueblo v. Torres, 13 D. P. R. 206 y El Pueblo v. Díaz, 16 D. P. R. 823.

Aunque la ley No. 11 de 1916 ya citada fué dictada según su título, para enmendar la sección 54 del Código de Enjui-ciamiento Criminal aprobado en marzo 1°., 1902, y para otros fines, los preceptos de la sección 54 enmendada se refieren “a cualquier tribunal que pronuncie sentencia condenando a un acusado al pago de una multa,” sin distinguir entre cor-tes municipales y cortes de distrito, y por tanto no sólo el artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Criminal quedó enmendado por dicha ley sino también el 322 del mismo Có-digo, en cuanto se oponga a la misma, pues esa ley No. 11 dispone en su sección 3a. que toda ley o parte de ley que se oponga a ella queda derogada.

Opinamos, pues, que tanto en el cumplimiento de las sen-tencias que se dicten por las cortes municipales como en las dictadas por las cortes de distrito la prisión subsidiaria en defecto de pago de multa en casos como el presente, debe regularse a razón de un día por cada dólar que se deje de satisfacer y que el total de prisión no puede exceder de no-venta días.

Es de confirmarse la sentencia apelada, pero modificándola en el sentido de que el apelante Yillaveitía en defecto del pago de la multa de $200 debe sufrir un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, sin que la prisión subsidiaria pueda exceder de noventa días.

Confirmada la sentencia apelada pero 'modifi-cada en él sentido de que él acusado en de-fecto del pago de la multa de $200 debe su-frir un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, sin que la prisión subsidiaria pueda exceder de noventa días.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Capó, Recurrente, v. El Registrador de Ponce, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce, denegando la inscripción de una escri-tura de división de terreno.
    No. 362.
    Resuelto en junio 4, 1918.
    Inscripción de Fincas a Nombre de Persona Distinta. — Afirmando el regis-trador que la finca que se trata de inscribir lo fué ya desde hace tiempo, comprendida dentro de otra de mayor extensión, a nombre de persona dis-tinta, sin que diclia afirmación liaya sido destruida por el recurrente, debe confirmarse la nota recurrida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurreute, Sr. Rafael A. Capó, compareció en nombre propio.
    El registrador recurrido, Sr. Miguel Planellas, no com-pareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Hace más de sesenta años Luis A. Becerra vendió a Pedro Juan Capó, José Alemar y Nicolás Márquez una finca de unas mil cuerdas. Los compradores de común acuerdo,, en el año de 1856, dividieron la finca así adquirida, quedando en tal virtud cada uno dueño de una determinada porción.

Así las cosas, el 4 de abril de 1918, se presentó en el Re-gistro de la Propiedad de Ponce la documentación en donde constan los anteriores beebos, a los efectos de que se inscri-biera la porción correspondiente a Pedro Juan Capó, a nom-bre del mismo, y el registrador se neg’ó a ello por medio de la nota contra la cual se lia interpuesto el presente recurso. Dicha nota dice, así:

"Inscrita esta escritura de división de terreno, por virtud de otra copia, a los folios 9 y 100 del tomo 2 de Santa Isabel y al folio 203 del tomo 1 del mismo ayuntamiento, inscripciones 4a., Ia. y 2a. res-pectivamente, de las fincas números 49, 68 y.39, no se puede calificar hoy el referido documento en cuanto a la legalidad del mismo y ca-pacidad de los otorgantes, de acuerdo con la resolución dictada en 24 de enero del corriente año por la Corte Suprema de. Puerto Rico en el recurso de Gerena contra el Registrador de la Propiedad de Humaeao; pero se deniega la inscripción a favor de don Pedro Juan Capó de las trescientas treinta y tres cuerdas, treinta y tres y un tercio céntimos, que le fueron adjudicadas en la referida escritura, por resultar del registro que dicha porción se refundió en la hacienda 'Destino,’ según consta en la inscripción cuarta de la finca número cuarenta y nueve, al folio nueve del tomo segundo de Santa Isabel, propiedad actualmente dicha hacienda ‘Destino’ de Mr. Charles L. Crehore y doña América Ana Capó y Boseana, en común proindiviso, # * > ’

Como la afirmación -que hace el registrador en sn nota no ha sido destruida por el recurrente, queda en pie el hecho de que la finca que se trata de inscribir a favor de Capó lo fué ya desde hace tiempo comprendida dentro de otra de mayor extensión y consta hoy inscrita a nombre de persona distinta. Siendo ello así, es necesario concluir que la nega-tiva del registrador está bien fundada y en su consecuencia que debe declararse sin lug’ar el recurso interpuesto contra ella.

Confirmada, la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Lassús et al., Demandantes y Apelantes, v. Ducret et al. Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre división de comunidad y en-trega de bienes hereditarios con sus frutos.
    No. 1804.
    Resuelto en junio 6, 1918.
    División de Comunidad — División de Herencia — Procedimiento Adecuado. — ■ Cuando las alegaciones de la demanda no determinan la acción communi dvoi-dundo sino la de división de herencia, esta aeción debe ejercitarse con arreglo a la Ley de Procedimientos Legales Especiales de 1905, pues los preceptos con-cernientes a la comunidad de bienes y a la partición de herencia son dis-tintos y se encuentran consignados en el título 3|0. del libro 2o. y emla sec-ción 2“., Capítulo 6'°., título 3°., del libro 3o. del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Enrique Rincón y R. Díaz Cintrón.

    Abogado de los apelados: Sr. José Martínez Dávila.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

• Con fecha 9 de noviembre del año 1917, los demandantes radicaron en la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., una demanda sobre división de comunidad y entrega do bie-nes hereditarios con sus frutos, bajo las siguientes alega-ciones :

Que Juan Bautista Lassús fué casado en primeras nup-cias con Casimira Fernández, en cuyo matrimonio tuvo una hija llamada Carmen la que se casó con Crisanto Ducret y falleció dejando dos hijos nombrados Luisa y Benito Aurelio Ducret Lassús.

Que Lassús contrajo segundo matrimonio con Estéfana Sánchez en el que procreó dos hijas llamadas María G-abina Antonia y Alina Concepción Carmen, de las cuales casó la segunda con José Padró Gfumá y falleció quedando cinco hijos de ese matrimonio llamados Clotilde, Carmen, Rafael, Monse-rrate y Luz María Padró Lassús.

Que Juan Bautista Lassús y Estéfana Sánchez fallecie-ron respectivamente en 15 de febrero de 1892 y en 22 de oc-tubre de 1904 sin baber otorgado disposición testamentaria alguna y dejando como únicos y universales herederos a sus hijos y nietos anteriormente referidos, declarados tales por resolución de la corte de distrito.

Que los únicos bienes relictos por Juan Bautista Lassies-y Estéfana Sánchez consisten en una finca con cabida de-cuatro cuerdas más o menos situada en el barrio de Calateo de la jurisdicción de Toa Alta que tiene un valor de $550 y fué adquirida durante el matrimonio de ambos.

Que al morir Lassús quedó al frente de la finca su viuda Estéfana Sánchez sin que se practicaran operaciones diviso-rias, y muerta la Estéfana quedaron en posesión de la misma Luisa y Benito Aurelio Ducret y Lassús y su padre Crisanto Ducret, quienes no se han prestado a formalizar las operacio- _ nes divisorias a pesar de los requerimientos hechos por los demandantes.

Que los demandados han usufructuado por un período no . menor de doce años la finca expresada, percibiendo los frutos producidos que estiman en $4,800.

Que de la finca corresponde una tercera parte de una mitad a Luisa y Benito Aurelio Ducret y Lassús por partes iguales; una tercera parte de una mitad, más la mitad de la otra mi-tad, a María G-abina Antonia Lassiis Sánchez, e iguales par-ticipaciones a' los cinco hijos de Alina Concepción Carmen Lassús Sánchez, todos por partes iguales.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia ordenando: 1°. Que se divida la finca de que se trata atendiendo al interés que cada heredero tenga en ella. 2o. Que los demandados están obligados a colacionar en la par-tición $4,800 importe de los productos que llevan percibidos de la misma. 3o. Que hagan entrega a los demandantes de sus respectivas participaciones de acuerdo con la partición. 4o. Que los demandados paguen las costas, gastos, desembol-sos y honorarios de abogado.

Los demandados opusieron a la demanda la excepción previa de que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción; y discutida convenientemente, la corte dictó sentencia en 29 de diciembre de 1917, declarándola con lugar y desestimando la demanda con imposición de costas y gastos a los demandantes. Esa sentencia está sometida a nuestra consideración a virtud de recurso de apelación contra ella interpuesto por la representación de los demandantes.

Examinadas las alegaciones de la demanda en relación con la súplica de la misma encontramos que lo que pretenden los demandantes es la. división del haber hereditario de los consortes Juan Lassús y Estéfana Sánchez. Ellos mismos por modo expreso lo consignan en su alegato escrito ante esta Corte Suprema con las siguientes palabras: “Somos dueños en común proindiviso con los demandados de una finca a tí-tulo hereditario, y pedimos, no la reivindicación de parte alícuota de un fundo indiviso ostentando un título de heredero, sino la división de la comunidad, haciéndose ésta previa co-lación de frutos producidos y adjudicándose a los demandan-tes y entregándoseles la porción que les corresponda. Esta no es una reivindicación y sí una división de comunidad he-reditaria. Más claro; es una petición de herencia. ’ ’

Bajo la teoría éstablecida por los mismos demandantes y apelantes las alegaciones de la demanda no determinan la acción communi dividundo sino la de división de herencia, y esta acción en un caso como el presente dehe ejercitarse con arreglo a la Ley de. Procedimientos Legales Especiales de 1905. Véanse nuestras decisiones en los casos de Fernández v. Gutiérrez del Arroyo, 10 D. P. R. 60; López v. López, 14 D. P. R. 655; Trinidad et al. v. Sucesión Trinidad et al., 19 D. P. R. 647; y Vega et al. v. Rodríguez et al., 21 D. P. R. 334.

Los preceptos concernientes a la comunidad de bienes y a la partición de herencia se encuentran consignados en el título tercero del libro 2o. y en la sección 2a., capítulo 6°., tí-tulo 3°., Libro Tercero, del Código Civil. Ambas materias son distintas y no debe confundirse la una con la otra.

Opinando como opinamos improcedente la división de co-munidad y entrega de bienes hereditarios mediante el proce-dimiento intentado por no ser éste el apropiado a dicho fin, se hace innecesario examinar como lo hace el juez en sn opi-nión, si hay o no términos hábiles para la colación en la parti-ción de los $4,800 percibidos por los demandados en concepto de frutos producidos por la finca.

También se ha establecido recurso de apelación contra una orden dictada en 8 de enero de 1918, con posterioridad a la sentencia, levantando un embargo que en bienes de los de-mandados se había decretado y llevado a cabo previa fianza. Desestimada la demanda, huelga el aseguramiento de la sen-tencia.

Por las razones expuestas son de confirmarse tanto la sen-tencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en 29 de diciembre de 1917, como la orden levan-tando el embargo de bienes ele los demandados.

Confirmadas la sentencia apelada y la orden levantando el embargo decretado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison!


author: El Juez Presidente Se. Hernández,

text:
    Cayey Sugar Company, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegaudo la inscripción de un con-trato de refacción agrícola y siembra de cañas.
    No. 360.
    Resuelto en junio 6, 1918.
    Refacción Agrícola — Molienda de CaSas — Contrato—Bienes Gananciales — 1 Consentimiento de la Esposa. — En un contrato de refacción agrícola y molienda de cañas, en el que no se discute la calidad de bien ganancial de la finca objeto del mismo, es necesario de acuerdo eon la ley el consentimiento de la esposa.

      Defectos Subsanables — Equivalencia de Cabidas — Sistema Métrico Decimal. — Aún cuando del documento que se presente en el registro aparezca que la medida superficial de una finca es de 32 cuerdas de terreno, cons-tituye defecto subsanable el dejarse de consignar la equivalencia de dicha cabida según el sistema métrico deeimal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. V. F. Rodríguez Ortiz.

    El registrador interino recurrido, Sr. Pedro Gómez La-serre, compareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El 17 de febrero de 1918, Luis J. Ortiz y Utset, casado con doña Dolores Meléndez y Muñoz, y la corporación Oayey Sugar Company representada por el vice-presidente de su directiva don Mateo Encabado y Argumosa, otorgaron ante el notario Y. P. Eodríguez Ortiz un contrato de refacción agrícola consintiendo ambas partes en que fuera inscrito en el registro de la propiedad a los efectos procedentes y que tuviera el crédito la preferencia de ley.

Presentado el documento en el Eegistro de la Propiedad de Guayama, el registrador denegó su inscripción por nota de 25 de abril de 1918 que dice así:

“Denegada la anotación del documento que precede y extendida en su lugar anotación preventiva durante el término legal a favor de la Cayey Sugar Company al folio 78 vuelto del tomo 2o. O. A. de Cayey, finca No. 78 duplicado, anotación letra C. por las razones siguientes: Ia. Porque tratándose de un bien inmueble de la socie-dad conyugal que es el afectado por el contrato de refacción agrícola y molienda de cañas, para que éste sea válido necesita el consenti-miento expreso de la mujer, a tenor de lo dispuesto en el artículo 159 del Código Civil, y de lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 2a. Porque para la constitución de una servidumbre o de un gravamen de naturaleza real, la Ley Plipo-tecaria exige que el título esté consignado en escritura príblica, y es evidente que un affidavit no puede equipararse a una escritura pública. 22 D. P. R. 126. Se hacen constar además los defectos subsanables de no expresarse la medida superficial de la finca, y de no acreditarse legalmente el carácter que ostenta el Sr. Rucabado y Argumosa para contratar a nombre de la corporación Cayey Sugar Company. ’3

La ñaca de cuya refacción se trata es im predio de 32 cnerdas de terreno sito en el barrio Vegas de la jurisdicción de Cayey y en la escritura se expresan sns colindancias siendo dueño de la misma Luis J. Ortiz y TJtset, casado con Dolores Meléndez y Muñoz, la cual no interviene en el documento.

Entre otras condiciones que se estipulan en el contrato el colono Ortiz TJtset se compromete a sembrar, cultivar y mantener sembradas en buenas condiciones por lo menos 25 cuerdas de cañas dulces en la finca expresada durante las zafras de los años de 1919 al 1922, ambas inclusive, mientras que la factoría concede un préstamo o avance agrícola al co-lono para la siembra, refacción y recolección de las cañas en la proporción de $40 por cada cuerda plantada de gran cul-tura y $20 por cada cuerda de retoño de la segunda cosecha en adelante, con el interés del 12 por ciento anual. Las cañas habían de quedar afectadas preferentemente como garantía del préstamo en la totalidad de su producción o hasta donde sea preciso para el completo pago de la deuda.

La corporación recurrente alega que el contrato de que se trata es de naturaleza personal o de carácter puramente administrativo y por tanto no se necesita el concurso de la esposa para su celebración. Alega además que en el docu-mento se expresa la medida superficial de la finca.

La cuestión legal levantada en la primera alegación ha sido ya resuelta por esta Corte Suprema al decidir el caso de Fajardo Sugar Company v. El Registrador, 25 D. P. R. 189. El consentimiento de la esposa, en un caso como el pre-sente en que no se discute la calidad de bien ganancial de la finca de que se trata, es necesario de acuerdo con la ley.

En cuanto al defecto subsanable de no expresarse la me-dida superficial de la finca, ciertamente que en el documento se dice que dicha finca es un predio de 32 cuerdas de terreno, pero no se consigna la equivalencia de esa cabida según el sistema métrico decimal.

Como ]a parte recurrente en sn alegato no impngna los demás fundamentos de la nota recurrida, nos abstenemos de darles consideración. El registrador manifiesta en • sn ale-gato que de no liaber existido en el contrato el primer defecto apuntado lo hubiera anotado en la parte atinente a la refac-ción agrícola.

Por las razones expuestas es de confirmarse la nota del Registrador de la Propiedad de Guayama.

Confirmada la.nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y, Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldkev,

text:
    Fernández González, Liquidador de Fernández & Cía., S. en C., Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., anotando' con defecto subsanable una subsanación de defecto y denegando una cancelación.
    No. 356.
    Resuelto en junio 6, 1918.
    Defectos Subsanables — Presentación del Título en que se Consignó el De-fecto. — No es necesario que cuando se subsanan defectos obrantes en el registro haya que presentar necesariamente la copia del título en que se consignó la inscripción con el defecto, ya que en nada ha de influir la pre-sentación de esa copia para que el defecto se subsane.
    Escritura de Subsanación — Declaración de Pago. — Estudiados los términos de la escritura de subsanación origen de este recurso, se resolvió que la de-claración de pago no fué hecha solamente por el que aceptó la obligación de pagar el pasivo sino que fué hecha de común acuerdo con la persona que impuso esa condición, siendo procedente la cancelación solicitada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José de Guzmán Benitez.

    El registrador recurrido, Sr. Rafael Tirado Verifier, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Aldkev,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura del año 1910 fue disuelta la sociedad mercan-til “Padial y Villar” y por ella también el socio don Manuel Padial hizo cesión a su único socio Villar & Cía. de su baber social y de cuantos derechos y acciones le correspondieran en la sociedad y en una finca que habían adquirido, todo con objeto de que “Villar & Cía.” extinguieran el pasivo de la sociedad. Parece que esta escritura fué presentada en el re-gistro e inscrita con algún defecto pues en el presente año los dos socios de “Padial y Villar” comparecieron nueva-mente ante notario y después de exponer algunos antecedentes, y de hacer constar que la escritura de disolución mencionada tenía el defecto de no expresar la cantidad a que escendía el pasivo de la sociedad Padial & Villar y de no valorarse ni referirse la participación del socio Padial en la finca de que se ha hecho mérito, agregaron que habiendo sido cumplida por los Sres. Villar & Cía. la obligación de extinguir el mencio-nado pasivo formalizaban la •esciitura y de su expontánea voluntad otorgaron: primero determinando el pasivo de' “Padial y Villar,” la participación del socio Padial en la finca mencionada y la valoración de esta participación; en segundo término hizo constar don Carlos Conde como repre-sentante de “Villar & Cía.” que esta sociedad cumplió las obligaciones que contrajo por la cesión de Padial de extin-guir y pagar el pasivo de Padial y Villar y que quiere y con-siente en que así se haga constar en el registro de la pro-piedad.

Con esta escritura subsanó el registrador el defecto que antes había hecho constar aunque consignando un nuevo de-fecto subsanable por no habérsele presentado la misma copia de la escritura de disolución de “Padial & Villar” en que había puesto la nota de inscripción, y se negó a cancelar el precio aplazado de la venta de la participación de la finca mencionada exponiendo como fundamento que la parte deu-dora es la que hace la declaración de pago que debe hacerse por los acreedores.

No vemos razón alguna que pueda sostener el defecto sub-sanable mencionado pnes no es necesario que cuando se sub-sanan defectos obrantes en el registro baya que presentar necesariamente la copia del título en que se consignó la ins-cripción con el defecto ya que en nada ba de influir la presen-tación de esa copia para que el defecto se subsane. Será conveniente, tal vez, para la parte interesada que la subsa-nación del defecto se baga en la misma copia en que el de-fecto se consignó para que de este modo aparezca la subsa-nación a continuación de la consignación del defecto, pero 'no existe obligación de que así se baga. Además, la no pre-sentación de la misma copia en que conste la nota de inscrip-ción con defectos y sí de otra no afecta a la validez del tí-tulo sin producir su nulidad, que es el concepto de los defec-tos o faltas subsanables según la Ley Hipotecaria.

En cuanto al otro defecto que motivó la negativa de can-celación descansa en la inteligencia que se dé a la escritura de subsanación de defectos mencionada al principio. Sus términos no son todo lo claro que debieran ser, pero son lo bastante para que podamos decir que la declaración de pago del pasivo de “Padial & Villar” no fué becba solamente por el representante de “Villar y Cía.” que aceptó la obligación de pagar el pasivo, sino que fué becba de común acuerdo con la persona que impuso esa condición, pues don Manuel Pa-dial intervino en esa escritura y dijo con el otro compare-ciente no sólo que la escritura de disolución tenía determi-nado defecto sino también que babía sido cumplida por “Vi-llar & Cía.” la obligación de extinguir el pasivo de “Padial & Villar.” Siendo don Manuel Padial quien voluntaria-mente impuso la condición en la cesión pudo darla por cum-plida y la dió por cumplida, por cuyo motivo era procedente la cancelación que se solicitó de ella en el registro de la pro-piedad.

La nota recurrida debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Asociados Wolf, del Toro y HnteMson.