author: El Juez Asociado Sb. Hutchison, JUEZ ASOCIADO SR. WOLF

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ortiz, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por falsificación.
    No. 789.
    Resuelto en julio 8, 1915.
    Falsificación — Conocimiento e Intención Criminal — Circulación de Mone-das Falsas. — El mero hecho de haber un dependiente pagado una vez una moneda falsa del cajón del establecimiento de un comerciante bien acredi-tado, y que después fué devuelta y aceptada por el dueño, es insuficiente para probar el conocimiento e intención criminal por parte de este último en un proceso seguido por poner en circulación una moneda falsa en el curso de una negociación subsiguiente.
    Id. — Examen de las Pruebas — Insuficiencia de la Prueba. — Examinada la prueba en este caso, resolvióse que, en conjunto, incluyendo las dos transac-ciones a que se refiere, es enteramente insuficiente para sostener el veredicto, de culpabilidad, puesto que el acusado nada tenía que ver con la primera negociación al oeurrir ésta.
    Abogados del apelante: Sres. Rossy & Guillermety y José de Diego.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Meslre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado-apelante es o era dueño de un cafetín en Ca-taño y de un automóvil. En uno de los primeros días del mes de noviembre de 1913, estando sentado en la puerta de entrada a su cafetín llamó a un machadlo que vendía perió-dicos, tomó dos y le dijo al dependiente que le pagara al muchacho. El dependiente sacó medio peso del cajón del establecimiento y se lo dió al muchacho de quien recibió la vuelta. Ortiz so quedó sentado leyendo el periódico. Al día siguiente el padre del muchacho le dijo a éste que la moneda era falsa y por último’el muchacho, aconsejado por su padre y después de haber hecho varias gestiones por hallar a Ortiz qne estaba ausente de su establecimiento, se quejó a la policía. Al se.r informado Ortiz'sobre el particular mani-festó inmediatamente su deseo de que volvieran a reponerse las cosas al estado en que se encontraban al principio, cogió el supuesto medio peso falso y devolvió al muchacho su equi-valente en dinero.

Al regresar Ortiz de Ciales en diciembre 12, 1913, preci-samente antes de amanecer y en los confines de Cataño detuvo a Juan Rodríguez y a Juan Agosto que se dirigían a la plaza con pollos y huevos. Paró su automóvil, compró dos aves en cincuenta centavos cada una entregando a Juan Rodrí-guez dos monedas que éste recibió como pago, sin que en el momento se suscitara ninguna discusión.

Después de haberse retirado el automóvil, Rodríguez y Agosto examinaron con más cuidado el dinero que habían obtenido de la venta para lo cual encendieron un fósforo y al notar que las dos monedas eran falsas las llevaron §1 cuar-tel de la policía de Cataño. Inmediatamente 'la policía, sin dificultad alguna al parecer, encontró el automóvil todavía a cargo de Ortiz que entonces se hallaba dormido, quien al ser despertado contestó a todas aquellas preguntas que se le hicieron. Después de lo cual se solicitó sin demora al-guna una orden de allanamiento y una vez obtenida ésta por ios agentes de' la policía se alistaron a ir a la casa de Ortiz quien refirió los hechos tal como habían ocurrido; enseñó y de-volvió los pollos, elijo que no sabía que los dos medios pesos eran falsos, que los había recibido en Ciales la misma noche, y pidió que se hiciera una busca completa del local. Nada se encontró.

Con posterioridad a esto fué declarado culpable el acu-sado de un delito de falsificación a virtud de la acusación en la cual se alegaban los hechos relativos a la negociación de los pollos habiendo negado la corte sentenciadora la mo-ción de nuevo juicio que fué presentada, fundada en, que el veredicto era contrario a la ley y a las pruebas.

Los autos revelan una situación algo curiosa y anómala con motivo efe las diferentes teorías que con respecto al. caso sustentaban el juez sentenciador y el fiscal de distrito. Ha-biéndose formulado objeción a la primer pregunta que se hizo por el Fiscal relativa a la negociación del periódico fué reti-rada la pregunta. En el examen de repreguntas y en contes-tación a una pregunta hecha por la defensa acerca de si cono-cía al acusado como hombre trabajador, manifestó el testigo, que fué el policía que intervino en la investigación hecha con motivo de la queja del vendedor de periódicos, que conocía al acusado como hombre tranquilo. Entonces el Fiscal insis-tió en hacer relucir el incidente del periódico como prueba de refutación de la supuesta prueba del buen carácter que de tal manera fué presentada por la defensa. La .prueba en cuanto a este particular fué admitida por la corte después de discutida, sin que ninguna otra hipótesis hubiera sido suge-rida por el juez o alguno de los demás interesados. De todo lo que consta de los autos, la primer indicación hecha al acu-sado o al jurado de que el único fin o propósito no era sino la mera refutación, aparecía en las instrucciones dadas por el juez, desde luego después de los informes, en las cuales por primera vez durante el juicio se llama la atención a las cir-cunstancias de la negociación del periódico como prueba del conocimiento y de la intención criminal. Y es por el funda-mento de admisibilidad con el objeto indicado que la reso-lución de la corte inferior admitiendo la llamada prueba de refutación se trata de sostener en la apelación.

Este tribunal nunca debe verse en el caso de tener que considerar cuestiones que surgen de tales métodos casuales de juicio en los cuales está envuelta la bien conocida regia de que las partes no pueden juzgar casos basados en una teo-ría en la corte inferior y someterlos mediante otra hipóte-sis completamente distinta a la consideración del tribunal de apelación; y afortunadamente según el criterio que forma-mos de la cuestión principal no es necesario que considere-mos formalmente dichas cuestiones secundarias.

Oreemos que la prueba en conjunto incluyendo ambas tran-sacciones, es enteramente insuficiente para sostener el vere-dicto. El acusado nada tenía que ver con la primera nego-ciación al ocurrir ésta. De ella sólo aparece el hecho de que en cierta ocasión se pagó con una moneda falsa que fué sacada del cajón de su establecimiento por uno de sus depen-dientes; que puesto el hecho en conocimiento de Ortiz fué recogido prontamente el medio peso falso pasando así nueva-mente a su poder. No- hubo nada oculto o sospechoso con res-pecto a su conducta, en una u otra ocasión. El contestó siem-pre a todas las preguntas que se le hicieron y no existe nada en los autos que demuestre que alguna vez dejara de decir la verdad. Su buen carácter que es de presumirse con ante-rioridad a las dos transacciones en cuestión, no ha sido ta-chado. Resolver que por el mero hecho de haber un depen-diente pagado una vez una moneda falsa del cajón del esta-blecimiento de cualquier comerciante bien acreditado y que después fué devuelta y aceptada por el dueño, es suficiente para probar el conocimiento del delito e intención criminal por parte de éste último en un proceso seguido por poner en circulación una moneda falsificada en el curso de una nego-ciación subsiguiente, sería establecer un precedente muy per-judicial y pernicioso. Y si en este caso prescindimos de ese particular, no hay prueba alguna de dicho conocimiento e intención.

Debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y del Toro firmaron estando conformes, por otros fundamentos, con la revocación de la sentencia, pero no con la absolución del acusado, opi-nando que debe celebrarse un nuevo juicio.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLF

EN LA CUAL CON-CURRE EL JUEZ ASOCIADO SR. DEL TORO.

Aunque el Juez Asociado Sr. del Toro y el que suscribe fuimos de parecer de que debía revocarse la sentencia, las razones que tenemos para dicha revocación son distintas de las expresadas por la mayoría del tribunal y asimismo disen-timos de la resolución de la corte absolviendo al acusado.

En primer lugar tenemos nn concepto distinto de los he-chos que fueron sometidos a la consideración de la corte sen-tenciadora. No solamente existe en los autos una exposición, del caso, sino también un pliego de excepciones. En el pliego de excepciones aparecen hechos que fueron sometidos al ju-rado que “no se incluyeron en la exposición. No vemos por qué el Fiscal o el juez no insistieron en que todos los hechos fueran incluidos en la exposición aun cuando se iiubiera pre-parado un pliego de excepciones por separado. Tanto la exposición del caso como el pliego de excepciones deben ser considerados por este tribunal para llegar a conocer los ver-daderos hechos del juicio.

La relación de hechos muestra que Fidel Ortiz, el acusado, a las cinco de la mañana del día 12 de diciembre de 1913, pasó dos monedas falsas de cincuenta centavos cada una a los denunciantes que eran dos vendedores de gallinas, después de haberles ofrecido pagar primeramente con un billete de cinco dólares. Al ser confrontado el acusado con los hombres, recogió las dos monedas de cincuenta centavos y devol-vió las compras. Enrique Maldonado, de doce años de edad, era testigo de la acusación. Dijo en el interrogatorio directo que estuvo por la tienda del acusado vendiendo periódicos; que el acusado estaba sentado en la puérta y llamó al tes-tig’o para comprarle dos periódicos diciéndole el acusado a su dependiente que le diera un vellón al muchacho, manifes-tando el dependiente que no tenía, y que entonces el acusado trajo medio peso del cajón del establecimiento y se lo dió al muchacho el cual devolvió la vuelta. Al otro día el padre del muchacho descubrió que la moneda era falsa y el testigo se fué a buscar al acusado a quien por fin encontró; que el acusado le devolvió los cincuenta centavos.

Repreguntado el testigo manifestó que fué el dependiente y no el 'acusado el que le dió el medio dólar. A nuevas pre-guntas del Fiscal el testigo dijo que el medio peso se lo en-tregó el dependiente por orden del acusado, y que fué el depen-diente quien le devolvió el dinero. Repreguntado de nuevo repitió el testigo que fué el dependiente quien le devolvió el dinero.

Aparece además del pliego de excepciones, que un oficial de la policía hizo una investigación acerca del suceso rela-tado por el muchacho vendedor de periódicos. El oficial de la policía declaró que algunos días antes de la entrega de los dos medios pesos falsos, fué donde el acusado y le pre-guntó cómo era que él le había dado el medio peso falso al muchacho de los periódicos, contestando el acusado que estaba dispuesto a recoger el medio peso; que el acusado entonces se quedó con el medio peso y devolvió el cambio que se le dió; que estos hechos ocurrieron unos veinte y cinco días con anterioridad a cuando se pasáron los dos. medios pesos falsos.

.Se formuló objeción a toda la declaración del policía. Era una declaración importante y esencial respecto al hecho de si el acusado pasó a sabiendas la moneda. Quizás si en él examen de repreguntas podría haberse demostrado que parte de dicha declaración era impertinente, pero no se hicie-ron repreguntas probablemente porque el acusado confiaba en la objeción y excepción que había formulado. Gomo era una declaración importante y esencial cuya admisión se basó en una teoría errónea y únicamente con motivo del ofreci-miento que se hizo de probar el mal carácter del acusado, el Juez Sr. del Toro y el que suscribe creemos que la objeción y excepción fueron formuladas debidamente y que la sen-tencia debe ser revocada. Entendemos que es una cues-tión clara que la declaración del policía fué admitida no para probar el conocimiento o intención del acusado al pasar los dos medios pesos falsos por lo cual se le juzgaba, ni siquiera con el fin de acreditar que el acusado a sabiendas tenía en su poder una moneda de igual clase a las que pasó a los denun-ciantes. Convenimos con el apelante en que éste es el me-dio de probar el carácter de un acusado y por tanto que la prueba fué erróneamente admitida.

Por otra parte estamos asimismo convencidos de que el caso debió haberse devuelto a la corte inferior para la cele-bración de nn nuevo juicio. La revocación en este caso se fundó al parecer en la falta de prueba si bien se comenta el error al cual hemos hecho referencia. Dejando a un lado las excepciones, la cuestión que ha sido sometida a este tribunal es si hubo prueba suficiente ante el jurado para decla-rar culpable al acusado, y por tanto como el hecho de pasar las monedas falsas ha sido admitido por el apelante, queda únicamente la cuestión de si hubo prueba suficiente en los autos que permitiera al jurado decir que el acusado pasó las dos monedas sabiendo que eran falsificadas.

Bin causas por pasar o poner en circulación monedas fal-sas es pertinente el probar por la relación que tienen con las cuestiones de scienter o conocimiento del delito y de la inten-ción criminal, que el acusado en la fecha en qué realizó el acto que se le imputa o antes o después de la misma, tenía en su poder otras monedas falsas de la clase o semejantes a las pasadas o puestas en circulación. 11 Cyc., 318. Nota monográfica al caso de People v. Molyneux, 62 L. R. A., 257; Commonwealth v. Price, 10 Gray, 472, 71 A. D., 668; State v. Williams, 45 A. D., 741; Reed v. State, 15 Ohio, 222-23; 7 Ruling Case Law, 919. Wharton’s Criminal Evidence, tomo 1, párrafo 35.

Ifin la opinión de la mayoría se acepta que la moneda falsa de cincuenta centavos quedó en posesión del acusado después que se le habían devuelto al muchacho de los perió-dicos los cincuenta centavos.

Después que se admite el hecho de haber recibido un hombre una moneda falsa de cincuenta centavos y se le en-cuentra luego pasando otras dos monedas falsas de cincuenta centavos, el jurado tiene derecho a deducir que él tenía cono-cimiento de que eran falsas. Dice la opinión de la mayoría: “Eesolver que por el mero hecho de haber un dependiente pagado una vez una moneda falsa del cajón del estableci-miento de cualquier comerciante bien acreditado y que des-pués fue devuelta y aceptada por el dueño es suficiente para probar el conocimiento del delito e intención criminal por parte de este último en un proceso seguido por poner en circulación una moneda falsificada en el. curso de una negocia-ción subsiguiente, sería establecer un precedente muy perju-dicial y pernicioso.” Pero aun admitiendo los hechos como los concibe la corte, algo más aparecía do los autos, a saber, fue el acusado quedó en posesión del medio peso falso y que más tarde pasó él dos medios pesos falsificados. Estas mone-das que fueron pasadas últimamente eran precisamente de la misma clase que la primer moneda que se pasó. Si una de ellas no era la misma moneda que la pasada originalmente para dar al acusado el beneficio de la duda, era una circuns-tancia muy digna de ser tenida en cuenta el becbo de que den-tro de veinte y cinco días estuviera el acusado en posesión de tres medios pesos falsos, sin saber que ninguno de ellos era falso. Considerando solamente esa prueba y salvo el error, la corte tendría el derecho de someter la cuestión del cono-cimiento del delito al jurado. Sin embargo, algo más apa-recía de los autos o sea la declaración del policía que bemos transcrito, la cual tendía a acreditar que el dependiente dió el medio peso falso al muchacho por orden del acusado y que al preguntarse al acusado por qué había hecho eso, dijo que estaba dispuesto a volver a recibir la moneda.

Desde cualquier aspecto que se considere el caso, la cues-'tión de scienter, o conocimiento del delito, era una cuestión para el jurado. La acción de este tribunal, según el .criterio de los jueces disidentes, penetró en las atribuciones del ju-rado. Este tribunal quizás tiene facultad para investigar los hechos y convencerse de que el veredicto o sentencia no es el resultado de pasión, prejuicio o parcialidad, de confor-midad con la jurisprudencia uniforme de esta corte. Sin embargo, raras veces se ejercita -dicha facultad. En verdad que en este caso en la opinión no se trata de decir que el vere-dicto y sentencia fueron consecuencia de algún elemento inde-bido- pero se dice que la.prueba es insuficiente. No creo que la legislatura al dar facultad a esta corte para examinar los hechos con el fin de conocer los errores fundamentales tuvo la intención de que la corte debía ordinariamente substituirse al jurado.

En el caso de El Pueblo v. Cofresí, resuelto por este tribunal en julio 9, 1915, indicó el tribunal que por lo general puede confiarse en que el jurado en Puerto Rico condena a un hombre que es culpable de un delito, y de igual modo puede tenerse confianza de que absuelve al acusado si es ino-cente. La actitud de las cortés de apelación en tratar de dejar sin efecto el veredicto del jurado en casos más o menos parecidos puede observarse en la jurisprudencia general y particularmente en los casos de The People v. Verenesenecockockhoff, 129 Cal. 497; State v. Marren, 107 Pac., 1,000-01; The People v. Sutton, 17 D. P. R., 343; State v. Brown, 113 Pac.. 783; People v. Muhly, 114 Pac., 1017. Ad quaes-tionem facti non respondent judices, ad quaestionem legis non respondent juratores.

• La resolución de la corte también supone necesariamente que no podía haber obtenido el G-obierno ninguna otra prueba, o que los errores alegados no pudieron haberse aclarado en un nuevo juicio.

Estoy autorizado para expresar que el Juez Asociado Sr. del Toro está de acuerdo con esta opinión disidente.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PbesideNte Se. IíeeNÁNdez,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado v. Ramos, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de’ San Juan, Sección 2a., en causa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 859.
    Resuelto en julio 8, 1915.
    Acometimiento y Ageesión con Circunstancias Agravantes — Acusación Insu-ficiente. — Es insuficiente una acusación por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes cuando en ella no se especifica alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 6o. de la Ley de 10 de marzo de 1904. Véase Eí Pueblo v. Marmi, 22 D. P. R., 11.
    Elementos Esenciales del Delito. — Cuando en una acusación por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes falta la expresión «de elementos suficientes para integrar cualquiera de las circunstancias del mismo, ésta es esencialmente defectuosa.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Tisol & Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez PbesideNte Se. IíeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., el Fiscal de dicha corte presentó acusación en 3 de diciembre de 1914 contra Manuel Ramos por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, cometido como sigue:

“El citado Manuel Ramos, allá el día 5 d'e noviembre de 1914, en la jurisdicción de Toa Baja que forma parte del distrito judicial de San Juan, ilegal, voluntaria y. maliciosamente y con intención de causarle grave daño corporal, acometió y agredió a Juan Rivera, infiriéndole varias heridas.”

Celebrado el juicio, la expresada corte, sección 2a., dictó sentencia en 3 de febrero del corriente año, declarando al acusado culpable de acometimiento y agresión grave, e impo-niéndole la pena de diez meses de cárcel, contra cuya .sen-tencia interpuso recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

El apelante solicita la revocación de la sentencia apelada y su absolución, alegando como motivos del recurso: Primero. Que los hechos relatados en la acusación no son constitu-tivos de un delito de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes; y segundo, que la sentencia es contraria a la prueba, por cuanto si bien se probó que el acusado infi-rió algunas heridas al Rivera, fueron éstas causadas en legí-tima defensa.

El Fiscal admite que la denuncia, tal como está redactada, no imputa un delito de agresión con circunstancias agra-vantes, toda vez que en ella no se especifica ninguna de las circunstancias que taxativamente enumera el artículo 6°. de la ley de 10 de marzo de 1904, pero niega que la sentencia sea contraria a la prueba, y solicita que la causa sea devuelta a la corte inferior para que el acusado sea juzgado por un delito de acometimiento y agresión.

Invoca el apelante en su defensa la doctrina establecida M por esta corte en el caso de El Pueblo v. Marini, resuelto en 19 de enero de 1915.

Entonces dijimos:

“Hemos resuelto generalmente que no será preciso que en la pre-sentación de una denuncia se exijan todos los requisitos que son nece-sarios a una acusación, si bien existen excepciones. Guando en un estatuto se enumeran en lenguaje claro e inequívoco los hechos por virtud de los cuales un acometimiento simple puede convertirse en grave, deberán éstos ser claramente expresados en la denuncia. No deben los mismos quedar sujetos a inferencias o deducciones. La Ley de marzo 10, 1904 (Leyes de la sesión de 190.4, pág. 42) señala diez easos separados y distintos en los cuales un acometimiento simple se convierte en grave, y para que un acusado pueda ser declarado culpable de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes, deberá acusársele específicamente de haber incurrido.en alguno de dichos casos, especialmente cuando la pena se aumenta del máximum de $50 en los casos de acometimiento y agresión simple a una multa máxima de $1,000, o dos años de cárcel, por acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.”

De los diez casos que la sección 6a. de la Ley de marzo 10, 1904, especifica como determinantes de circunstancias agra-vantes, sólo dos o sean el 7°. y el 9°. pueden ser atinentes a la acusación presentada contra Ramos, pues ésta claramente no está comprendida en los demás.

Las circunstancias comprendidas en los casos 7°. y 9° de la sección 6a. de la ley ya citada, como agravantes del delito de acometimiento y agresión, son, según el texto español de la ley, las siguientes:

“7. Cuando se infiere una herida grave a la persona agredida.”
“9. Cuando se cometiere (el delito) con intención premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales.”

El texto Inglés dice así:

“7. When a serious bodily injury is inflicted upon the person assaulted.”
“9. When committed with preme'ditated design, and by the use of means calculated to inflict great bodily injury.”

A dicho texto inglés corresponde la siguiente traducción literal:

”7. Cuando se infiere un grave daño corporal a la persona agre-dida.”
' “9. Cuando se comete (el delito) con intención premeditada, y con el empleo de medios calculados para inferir grave daño corporal.”

Ninguna de esas dos circunstancias se especifica en la acusación. En éstg,. no se alega que se ha inferido una herida grave a Juan Rivera, ni que se le haya causado grave daño corporal, ni que haya sido agredido con designio premedi-tado, ni que se haya empleado medio alguno tendente a cau-sarle grave daño corporal.

No basta la intención de herir gravemente o de causar grave daño corporal. Pudo haber intención por parte del acusado de herir gravemente a Rivera o de causarle grave daño corporal, pero no es lo mismo la intención que el hecho o acto de inferir una herida grave o de causar grave daño corporal.

Falta la expresión de elementos suficientes para integrar cualquiera de las dos circunstancias apuntadas.

El acusado no tuvo conocimiento de la clase de delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, de que era acusado, y por tanto la acusación era sustancialmente defectuosa.

Siendo ello así, huelga discutir el segundo fundamento del recurso.

La sentencia debe revocarse por ser la acusación esencial-mente defectuosa, y devolverse el caso al juez para la celebra-ción de un nuevo juicio y demás procedimientos que no sean incompatibles con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada ordenándose la celebración de un nuevo juicio.

Jneees concnrrentes: Sres. Asociados "Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toeo,

text:
    Hardouin, Demandante y Apelado, v. Krajewski-Pesant Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en causa sobre cobro de dinero.
    No. 1238.
    Resuelto en julio 8, 1915.
    Comparecencia General y Voluntaria — Objeción al Emplazamiento y su ' Diligenciamiento — Jurisdicción—Renuncia.—En virtud de la comparecen-cia general y voluntaria del demandado, todas las objeciones al emplazamiento y su diligenciamiento, y a la jurisdicción de la corte sobre la persona del demandado, se entienden renunciadas.
    Arrendamiento de Servicios — Obligaciones Recíprocas — Justa Causa — Daños y Perjuicios. — En los contratos de arrendamiento de servicios, una vez que las partes se obligan recíprocamente, si cualquiera de ellas deja de cum-plir, sin justa causa, las estipulaciones convenidas, está obligada a indem-nizar a la otra los daños y perjuicios que con tal motivo le causare.
    Id. — Estipendio—Daños y Perjuicios. — En los contratos de arrendamiento de servicios, la prestación de los mismos es requisito indispensable para tener derecho al estipendio, y el que no los presta, puede despedirse o ser despe-dido antes del cumplimiento, siendo sólo la indemnización el derecho que tiene el que presta los servicios, si fuere despedido sin justa causa.
    Id. — Servicios Personales — Daños y Perjuicios por Quebrantamiento del Con-trato — Remedio Adecuado. — -El derecho de un empleado que se compro-mete a prestar sus servicios personales, de salir del servicio de su principal, descansa sobre la misma base que el derecho del principal de dejarlo cesante. Si el salir del servicio en el primer caso, y el dejar cesante en el segundo, es una infracción del contrato existente entre las partes, la persona que sufra perjuicios por motivo del quebrantamiento del contrato, tiene su acción para recobrar daños y perjuicios, y éste es su remedio adecuado.
    Id. — Indemnización : qué Comprende. — La indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor.
    . Id. — Cuantía de los Daños y Perjuicios — Contrato por Término Definido— Bases para Calcularla. — La cuantía de los daños y perjuicios sufridos por incumplimiento, por parte del principal, de un contrato de arrendamiento de servicios, es, pri/ma facie, la remuneración estipulada en el contrato, pu-liendo el demandado obtener que se rebaje dieba cuantía mediante prueba ' de la cantidad que el empleado hubiere ganado realmente- o hubiera podido ganar durante el tiempo en que debió estar vigente el contrato.
    Id. — Daños y Perjuicios por Incumplimiento del Contrato — Prueba del De-mandado — Reducción de la Suma Reclamaba — Obligación del Deman-dante — Prueba.—Ineumbe al demandado en una acción sobre daños y per-juicios por incumplimiento de contrato de arrendamiento de servicios, la obligación de probar que el demandante ha conseguido o pudo haber con-seguido otro empleo; y aunque el empleado que ha sido despedido tiene asimismo el deber de buscar otro empleo corriendo así el riesgo de que la cantidad que trata de recobrar sea reducida en la suma que por ello hubiera podido ganar, no está obligado a buscar empleo de distinta naturaleza o en otra localidad o con una persona que no le convenga.
    Comisiones — Deber del Comitente — Comisionista—Premio de Comisión. — El comitente está obligado a abonar al comisionista el premio de comisión, salvo pacto en contrario.
    Los liechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Martínez & Iriarte.

    Abogado de la apelada: Sr. José E. Benedicto.

   El Juez Asociado Se. del Toeo,

emitió la opinión del ■ tribunal.

El presente es un recurso de apelación intei-puesto contra sentencia de la Corte de Distrito ele San Juan, Sección Ia., por virtud de la cual se condenó a la sociedad demandada a pagar al demandante la suma de $4,535.82 e intereses lega-les contados a partir de la fecha de la interposición de la de-manda con más las costas, gastos y honorarios de abogados que se justifiquen.

En la demanda se alegaron los siguientes hechos:

. “1. Que el demandante es mayor de edad, Ingeniero Civil y de esta vecindad, y la compañía demandada es una sociedad constituida en el Estado de New York, haciendo negocios en esta'isla, en donde es representada por sus agentes Sucesores de L. Villamil y Compañía, S. en C., con oficina dn esta Capital.
“2. Que en virtud de un contrato celebrado en primero de junio de 1910 entre los Señores Krajewski-Pesant Co. y el demandante, fué nombrado éste agente vendedor de dicha compañía en la Tala. de Puerto Rico por el término de un año, contado desde el primero de julio de 1910, prorrogable ese plazo por mutuo acuerdo de las partes.
‘‘ 3. Que en el indicado contrato se asignó al demandante un sueldo de trescientos dollars mensuales, a partir del primero de enero de 1911, y una comisión además de un seis por ciento sobre el valor de las ventas de las maquinarias de la Central Yannina de Río Piedras y un tres por ciento sobre las ventas de maquinarias que realizase la indicada compañía en esta isla, por conducto de su agente ven-dedor de maquinarias, el demandante Señor’Hardouin.
“4. Que desde la celebración del indicado contrato, el deman-dante lia estado siempre - dispuesto a cumplir y llevar a .cabo todas y cada una de las obligaciones que en el 'mismo le fueron impuestas, bien y fielmente.
“5. Que la compañía demandada se ha negado, sin causa alguna, a cumplir y llevar a efecto el indicado contrato, sobre agencia y venta de maquinarias en esta isla, habiendo comunicado al demandante en 28 de diciembre de 1910 su resolución de romper y dejar sin efecto el aludido contrato.
“6. Que según creencia e información del demandante, la com-pañía demandada ha vendido a la Central Yannina de Río Piedras, durante el año mil novecientos diez, en que estaba vigente el aludido contrato, maquinarias por un valor de cuarenta y cinco mil quinien-tos noventa y cinco dollars, negándose a pagar al demandante su comisión de un seis por ciento sobre el valor de dichas ventás.
“7. Que el incumplimiento del contrato por parte de la compañía demandada, ha ocasionado al demandante la pérdida de su sueldo de mil ochocientos dollars durante seis meses y además la comisión del seis por ciento sobre los cuarenta y cinco mil quinientos noventa y cinco dollars, importe de las ventas realizadas por dicha compañía a la Central Yannina, ascendente dicha comisión a dos mil setecientos treinta y cinco dollars; cuyas cantidades con sus intereses hacen un total de cuatro mil novecientos cincuenta dollars, en que estima el demandante los daños y perjuicios que le ha causado la compañía demandada por incumplimiento del referido contrato.”

La demandada presentó una “moción para dejar sin efecto el emplazamiento,” basándose en que se había hecho mediante entrega de una copia del mismo a uno de los socios de la casa de L. Villamil y Co., de San Juan, que no estaba autorizado para representar a la corporación demandada, contestando luego la demanda en los siguientes términos:

“Primero. La parte demandada niega que sea una sociedad cons-tituida en el Estado de New York y que como tal corporación esté o ha3ra estado haciendo negocios en esta isla. Y niega asimismo que esté representada en esta isla por los Señores Sucesores de L. Villa-mil y Compañía, S. en C., y que éstos sean sus agentes.
11 Segundo. La parte demandada niega específicamente que haya celebrado contrato alguno con el demandante Camilo Hardouin, y niega en general todas las demás alegaciones esenciales que se hacen en la referida demanda enmendada.
“Tercero. Como defensa adicional en contra de la demanda inter-puesta en esta acción el demandado dice que esta honorable corte no tiene ni ha adquirido jurisdicción sobre la parte demandada, la cual no tiene ni ha tenido residencia legal en Puerto Rico, ni un agente residente en esta isla, autorizado para aceptar el emplazamiento hecho a la parte demandada; y que el emplazamiento hecho a los Sres. Sucesores de L. Villamil & Co., S. en C., es insuficiente para confe-rir a esta corte jurisdicción sobre la parte demandada.”

Señalado día para la vista, ambas partes comparecieron, presentando el demandante la siguiente prueba:

1. Certificación creditiva de que la sociedad demandada no aparece registrada en la Secretaría de Puerto Eico;

2.. Copia de cierta demanda presentada por la sociedad demandada, por medio de “sus agentes Sucesores de L. Villa-mil & Co.” contra el demandante;

3. Copia de una parte de cierta petición de injunction pre-sentada por la demandada “por medio de su agente Suce-sores de L. Villamil & Co.,” y del juramento de la misma que comienza así: “To, José León Núñez, socio gestor de Sucesores de L. Villamil & Cía., como agentes de Krajewski-Pesant Co., de New York, * * *.”

4. Eecibo suscrito por “Sucrs. de L. Villamil & Co., as agents of Krajewski-Pesant Co.”

5. La traducción al castellano de una carta escrita ori-ginalmente en francés, que dice así:

Kra jewsld-Pesant Co., San Juan, P. R., 1 de junio, 1910. Sr. Don C. Hardouin, San Juan P. R. Querido Señor: De conformidad con los términos de nuestra conversación de hoy, yo le ofrezco a Vd. en nombre de la Krajewsld-Pesant Co., y Vd. acepta de ser mi suce-sor como agente de esta sociedad a contar del 1 de julio, 1910, con las siguientes condiciones:
“Sueldo fijo a contar del 1 de enero de 1911: Trescientos dollars mensuales.
“Comisión sotire todos los negocios de la casa Krajewski-Pesant Co., verificados en Puerto Rico: Tres por ciento, siendo convenido que el sueldo se confundirá con la comisión cuando esta última pasare de cuatro mil dollars por zafra.
“A consecuencia de este acuerdo Yd. se compromete bacer las gestiones necesarias para que la casa Krajewski-Pesant Co. reciba la orden completa para el material de la Central de Río Piedras, y eso bajo las condiciones estipuladas en mi carta del 28 de abril esti-pulando una comisión del seis por ciento especial sobre el importe de $169,400 de ese negocio la cual comisión se sustituye a la comisión del 3 por ciento estipulada más arriba.
“Por mi parte, yo me comprometo a bacer ratificar esta conven-ción por la casa de Krajewski-Pesant Co. a mi llegada a New York.
“El presente contrato será renovable do dos los años a la voluntad de las dos partes.
“De Yd. muy atto. y S. S., (Sgd.) Alfred Musy. Aceptado, (Sgd.) C. Hardouin.
“Conforme con el original en idioma francés: (Sgd.) L. Ledia.”

6. Otra carta que dice:

“Krajewski-Pesant Co. New York, June 15, 1910. Mr. Camilo Hardouin, P. O. Box 991, San Juan, P. B.
“Dear Sir: We have discussed with Mr. Alfred Musy the proposal, offered by him that you represent %is jointly in Porto Bico during the year 1911. We wish to state that said proposal meets with our approval. We confirm below our understanding.
“We will pay you the sum ’of $300 {three htmdred dollars) per month, from the 1st of January, 1911, and thereafter for six months; all traveling expenses to be paid by you. We will also allow you a commission of 3 % {three per cent) on all the sales made by you and Mr. Musy in Porto Bico. Should this commission exceed the sum of $4,000 {four thousand dollars) per year, it is understood that your salary will be deducted from this amount.
“Yours truly, Krajewski-Pesant Co. {Sgd.) J. A. Pesant.”

7. Otra carta que lee:

“Die. 28, 1910. Mr. Camilo Hardouin, Bio Piedras, P. B.
“Dear sir: We beg to'hereby notify you, that due to your recent hostile attitude and your behavior towards this company, it makes it an utter impossibility for us, to have you act as our selling agent, as were our intentions from and after January 1, 1911.
“We greatly regret that your recent procedure Howards us makes this action on our part necessary.
“Yours very truly, (Sgd.) Krajewski-Pesant Co., J. A. Pesant, Gen. Manager.”

8. Declaración del demandante, a la que nos referiremos al analizar la prueba, y

9. Declaración del abogado del demandante relativa a la imposibilidad en que se encontraba de presentar nna certifi-cación creditiva del registro de la demandada en la Secre-taría de Estado del Estado de Nueva York, debido a no haber enviado la suma completa de dinero que era necesaria para obtener dicha certificación. Basándose en esta declaración, se suspendió la vista, con la objeción del demandado.

En el día señalado al efecto, continuó la vista y el deman-dante siguió presentando su prueba, así:

10. Certificación expedida por el Secretario de Estado de Nueva York, creditiva de las cláusulas de incorporación de Krajewski-Pesant Co.

11. Una carta que dice:

“Krajewski-Pesant Co. New York, July 30, 1910. Mr. Camilo Hardouin, San Juan, P. R.
“Dear Sir: We have received your letter of July 17 with order for some erection material for your account, which we will ship to you as promptly as possible.
“Referring to what you tell us about representation in P. B. we have referred this to Mr. A. Musy, as your understanding of the payment of commission is not exactly what we understand ourselves. However, we have no doubt that this can easily be settled, and for this reason we have asked Mr. Musy as he is the one who made the arrangement with you.
“The balance of your 6 per cent commission on $179,000 namely $740 (sic), will be paid to you in ckce time on completion of the work.
“We are sending you by this mail foundation plan of the building, to enable you to begin work on this at once next week, we will send you foundation plan of the boilers.
“Wishing you good success, we remain, yours truly, Krajewslci-Pesant Go. (Sgd.) J. A. Pesant.”

Y 12. Declaración del demandante.

El demandado Hizo suyas las cartas de junio 1 y junio 15 de 1910, presentadas por el demandante, e introdujo además la siguiente prueba:

1. Una carta qne dice:

“November 2, 1910. Mr. C. Eardouin, Río Piedras, P. R.
“Bear Sir: I have received your letter of October 22nd. The $740 commission which remain due will be paid to you by Messrs. Villamil & Go. I have written to them by this mail in regard to this matter. Referring to the commission on traveling cane, which has been sold to Vannina, this machinery is outside of the contract and therefore will be paid at the end of the year, as is custorrisg/ry with our 'agent. In regard to the terms of agreement, we must say that' the wording is not quite clear. What is meant is this: We toill pay you a monthly salary of $300 (three hundred dollars); from the 1st of January, 1911, to the 30th of June, 1911; all traveling expenses to be paid by you. We will also alloiu you, a commission of 3% (three p'er cent) on all the sales by you and Mr. Musy in Porto Rico. When your commission on the total of the yearly sales, on basis of 3 per cent, exceed your salary of $1,800 we will pay you a 3%. (three per cent) commission on any sum in excess of said salary. I have not written to you about this before, as I imderstood from Mr. Musy that he had explained to you this matter fully. I hope that the erection of the machinery is going up without difficulty, and that everything will be ready in time. Yours very truly, Krajeioshi-Pesant Co. (Sgd.) J. Pesant.”

2. Otra carta fechada’el 15 de noviembre, 1910, qne dice:

“Tengo el Honor de acusaros recibo de vuestra atenta del 2 del corriente y os doy las gracias por Haber arreglado la cuestión de los $740; la casa de Yillamil ajustándose a las instrucciones me ha avisado que acreditaban esa cantidad a mi cuenta; en lo que con-cierne a los términos de nuestro contrato con respecto a la agencia de vuestra casa en Puerto Rico, si comprendo bien la oferta formu-lada por Yds.- en inglés, se me concederá una comisión de 3 por ciento sobre todos los negocios realizados en Puerto Rico y me garantizan

' Yds. un mínimum de $300 mensuales durante el tiempo estipulado por nosotros cada año; ejemplo:

Io. Cifra anual de comisión al 3 por ciento__$3, 700. 00
Suma a pagar al Sr. Hardouin_ 3,700. 00
2o. Cifra anual de comisión, 3 por ciento_ 2, 800. 00
Suma a pagar a Mr. Hardouin_ 3, 600. 00
(Suponiendo que el término estipulado sea de 12 meses.)
“El mínimum de $300 mensuales me será pagado bajo la forma de mensuales durante el número de meses fijado en cada año; tiempo estipulado para el primer año; seis meses, de modo que los dos casos arriba expresados por suma a pagar serían respectivamente por el primer año; tres mil setecientos dollars o dos mil ochocientos dollars; el primer año según -lo convenido, empieza el primero de julio de mil novecientos diez al 30 de junio de 1911, siendo renovable el con-venio todos los años; le agradeceré mucho me informe si estamos bien de acuerdo a fin de terminar este asunto.”

3. Dos certificados otorgados ante notario por los cuales J. McCall, secretario que fué de la demandada, afirma que ésta cesó de hacer negocios y de tener propiedades desde mayo, 1912, habiendo cedido todas sus propiedades, derechos y acciones a otra corporación distinta incorporada en el Es-tado de Delaware desde el mes de mayo de 1912.

4. Declaración de José León Núñez, socio de Sucesores de L. Vil]amil & Cía., que en esencia dice que la casa de que es socio, es un mero agente fiscal de la demandada. Una parte de su declaración copiada textualmente, es como sigue:

“Dice que de la nueva corporación no ha actuado como agente. Que esa nueva corporación o las dos corporaciones consolidadas han seguido haciendo negocios en esta Isla de Puerto Eieo, representada dicha corporación consolidada por él.”

El demandante presentó como prueba de rebuttal su pro-pia declaración, y el juicio quedó entonces concluso para sen-tencia, que fué dictada, como indicamos al principio, en favor del demandante, el 29 de mayo de 1914.

La sociedad demandada y apelante señala en el alegato presentado ante esta Corte Suprema, la comisión de dos errores por parte de la corte sentenciadora, a saber:

1, al desestimar la moción para dejar sin .efecto el empla-zamiento, y

2, al declarar probado qne la demandada celebró nn con-trato con el demandante por el cnal se obligó a pagarle $300 mensuales desde enero de 1911 basta junio del mismo año y a abonarle 3 por ciento de comisión sobre todas las ven-tas qne hiciera en la isla, así como a pagarle el 6 por ciento de comisión sobre el valor total de la maquinaria de la Central Vannina.

Examinemos el primer error, o sea el relativo a si la corte de distrito adquirió o no jurisdicción sobre la persona del demandado.

A nuestro juicio no es necesario considerar si el empla-zamiento' se hizo o nó debidamente. Bastó, tener en cuenta los actos de la propia demandada ejecutados dentro del pleito, para concluir que quedó sometida a la jurisdicción de la corte. La demandada contestó la demanda en su fondo e intervino directamente en el juicio, y toda la jurisprudencia está con-forme en qne cuando concurren esas circunstancias, la parte que así actúa no puede alegar la carencia de jurisdicción de la corte por defectos en el emplazamiento.

“Es suficiente decir en el presente.caso, que el demandado por el hecho de contestar la demanda en sus méritos, renuncia a cualquier objeción que pudiera habér tenido por motivos de defectos en el em-plazamiento o en su diligeneiamiento.” Desmond v. Superior Court of S. F., 59 Cal., 274, 275.
“Admitiendo que el emplazamiento fuese defectuoso, el deman-dado contestando en los méritos, renuncia a sus objeciones en cuanto a todos los defectos del mismo.” Sears v. Starbird, 78 Cal., 225, 231.
“Si una parte comparece especialmente, y pide que se declare la nulidad del emplazamiento por insuficiencia o irregularidades en el mismo, y después comparece de una manera general y opone excep-ción previa o contestación a la demanda, renuncia sus derechos de atacar la irregularidad o insuficiencia en el emplazamiento.” Morris v. Miller, decidido por la Corte Suprema de Idaho en abril 6, 1895, y reportado en 40 Pac. Rep., 60.
“La radicación de una contestación en los méritos, impide cual-quier objeción al emplazamiento o a la jurisdicción de la corte sobre la persona del demandado. Bn virtud d'e la comparecencia general y voluntaria del demandado, todas las objeciones al emplazamiento y su diligenciamiento, y a la jurisdicción de la corte sobre la persona del demandado, se entienden renunciadas, y la radicación de una excepción o de una contestación a la demanda, constituye la compa-recencia general.” Union Pacific R. R. Co. v. De Busk, decisión de la Corte Suprema de Colorado, reportada en 3 L. R. A., 350.

Véase también el caso de Hernaíz, Tárga & Cía. v. Vivas, 20 D. R R., 106.

Estudiemos el segundo error. Hemos examinado cuida-dosamente toda la prueba practicada y opinamos con el juez sentenciador que no puede negarse la existencia de los con-tratos aleg’ados en la demanda.

El demandante explica en su declaración prestada bajo juramento en el acto de la vista, el origen de las' transaccio-nes. Dijo que él fué uno de los promovedores de la Central Vannina; el que bizo los estudios y dió los pasos preliminares para su fundación. Que al enterarse de ello, los ingenieros de casas constructoras de los Estados Unidos “andaban de-trás de él baciéndole ofertas.” Que uno de esos ingenieros fué Musy, el representante de Krajewski-Pesant Co., quien le dijo que quería retirarse a los Estados porque a su fami-lia no le gustaba vivir en Puerto Rico, y que si le daba el pedido de la Central Vannina, le pagaría el 6 por ciento del mismo y le nombraría en su lugar agente de Krajewski-Pe-sant Co. El demandante aceptó y entonces fué que Musy escribió al demandante la carta de junio 1, 1910, que se ha transcrito.'

Dicha carta hace referencia a dos transacciones distintas, a saber: la agencia general de Krajewski-Pesant Co., en Puerto Rico, bajo la base de un sueldo mensual de $300 y una comisión de 3 por ciento sobre las ventas que se lleva-ran a efecto, y el negocio sobre.la venta de los materiales para la construcción de la Central Vannina, situada en Río Piedras, P. R.

Procederemos al estudio de la prueba con respecto a la primera de dichas transacciones. A nuestro juicio, el con-trato quedó consignado por escrito con suficiente claridad en la carta de Io. de junio de 1910, siendo ratificado por la socie-dad demandada, por la carta de 15 de junio de 1910, y acep-tado por el demandante. '

También demuestra la prueba — declaración del deman-dante — que éste estuvo siempre dispuesto a cumplir con el contrato y que si no vendió artículos de los demandados en Puerto Pico, en el período que media desde el Io. de enero de 1911 al 30 de junio del mismo año, se debió a la.actitud asumida por los demandados retirándole su representación, según aparece de la carta de 28 de diciembre de 1910 dirigida por la sociedad demandada al denlandante.

¿Pudo la sociedad demandada proceder en la forma en que lo hizo, sin incurrir en responsabilidad para con el de-mandante?

El contrato que estamos examinando puede calificarse como constitutivo de un arrendamiento de servicios, siéndole por tanto aplicables los artículos 14-86 y siguientes del Código Civil. Ambas partes contrajeron obligaciones recíprocas y si una de ellas dejó de cumplir sin justa causa las que había asumido, está obligada a indemnizar a la otra los daños y perjuicios qtie con tal motivo le causara.

Quedan sujetos, dice el artículo 1068 del Código Civil, a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.

En el caso de Portela v. Porto Rican American Tobacco Company, 4 D. P. R., 30, 2ª. edición, esta Corte Suprema resolvió que

“en los contratos de arrendamiento de servicios, la prestación de los mismos es requisito indispensabe para tener derecho al estipendio, y el que no los presta, puede despedirse o ser despedido antes del cumplimiento, siendo solo la indemnización el derecho que tiene el que presta los servicios, si fuere despedido sin justa causa.”

En el curso de la opinión emitida en el caso de Núñez v. Soto Nussa, 14 D. P. R., 199, 202, se dijo:

“Y el derecho de un empleado, que se compromete a prestar sus servicios personales, de salir del servicio de su principal, descansa sobre la misma base que el derecho del principal de dejarlo cesante cuando se trata de servicios personales. Si el salir del servicio en el primer caso, y el dejar a uno cesante en el segundo, es una infrac-ción del contrato existente entre las partes, la persona que sufra per-juicios por motivo del quebrantamiento de contrato, tiene su acción para recobrar daños y perjuicios, y este es su remedio adecuado.”

Y en el caso de Padró v. Valdés, 16 D. P. R., 326, 331, la corte se expresó así:

“El demandante alegó ante este tribunal que su acción era una de negligencia, pero la alegación que se hace en la demanda es de no haberse cumplido un contrato; en otras palabras, un incumpli-miento de contrato. El demandante, a lo sumo, tendría derecho por el incumplimiento de este contrato a recobrar el salario de un mes, si todo lo que él alega en su demanda fuera cierto, pero en ningún caso podría él ser indemnizado por las otras cosas en las cuales funda su demanda porque siempre estaría en las atribuciones legales del demandado el no utilizar más los servicios del demandante al termi-nar un mes de servicios. El demandante no alegó ni trató de probar que existiera un contrato de servicios por un período mayor.”

El derecho a pedir la indemnización, es pues, evidente, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Mas ¿ se han pro-bado los danos y perjuicios?

El artículo 1073 del Código Civil prescribe:

“La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones con-tenidas en los artículos siguientes.”

¿Cuál fué la ganancia dejada de obtener en este caso? Hemos consultado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España y no liemos encontrado ninguna decisión que re-suelva el punto concreto a que nos referimos. En Padró v. Valdes, esta Corte Suprema de Puerto Eico dejó entrever su criterio, conforme con la jurisprudencia americana que consideramos aplicable por estar substancialmente en armo-nía con lo preceptuado en la ley.

Dicha jurisprudencia, según la resume Tiffany, es como sigue:

‘ ‘ Cuando el contrato de arrendamiento de servicios es por término definido y el principal sin haber justa causa revoca la facultad que ha sido conferida al empleado o de otro modo da por terminado el contrato, el empleado tiene derecho a utilizar los remedios que ordi-nariamente existen para los casos de violación de contratos. De igual manera que un sirviente que ha sido despedido sin motivo alguno de su empleo, puede el empleado adoptar cualquiera 'de estos dos reme-dios: (1) Puede considerar que el contrato ha sido rescindido y de-mandar a su principal por el valor razonable (quantum, meruit) de cualesquiera servicios que realmente haya prestado, basándose en la existencia de un contrato tácito o quasi-contrato; (2) puede establecer una acción fundada en el contrato original con el objeto de ser indemnizado en daños y perjuicios por la pérdida a que pueda dar lugar -su violación.
“Si opta por el segundo remedio, puede demandar inmediata-mente y recobrar los daños que puedan ocasionársele por su incum-plimiento, o esperar hasta el vencimiento del término y establecer una acción por los daños reales que haya sufrido. ‘Ya establezca la acción inmediatamente o bien la interponga después de vencido el término, la cuantía de los daños es, prima facie, la suma de la remu-neración estipulada en el contrato, pudiendo el demandado obtener que se rebaje dicha cuantía mediante prueba de la cantidad que el empleado en el primer caso hubiera podido ganar ejercitando la debida diligencia al solicitar empleo en un negocio semejante, y en el otro caso en la suma que en el ínterin realmente ha ganado o que podría haber ganado mediante diligencia razonable. Incumbe al demandado la obligación de probar que el demandante ha conseguido o pudo haber conseguido otro empleo. Pero aunque el empleado que ha sido despedido tiene el deber de buscar otro empleo corriendo así el riesgo de que la cantidad que trata, de recobrar sea reducida en lá suma que por ello hubiera podido ganar, no está obligado a bus-car empleo de distinta naturaleza o en otra localidad, o con una persona que no le convenga.
“Se resolvió anteriormente en Inglaterra que un sirviente o em-pleado que había sido despedido sin motivo alguno de su empleo podría considerar que el contrato continuaba en vigor, y por el hecho de estar dispuesto a cumplir con el mismo hásta el vencimiento del tér-mino del contrato, tener entonces el derecho a recobrar sus salarios por dicho término, fundándose en que había suministrado los ser-vicios. Esta doctrina ha sido desechada en Inglaterra y generalmente en los Estados Unidos, si bien prevalece en algunos estados. Sin embargo, según la doctrina que generalmente ha sido establecida, a menos • que el empleado opte por considerar el contrato como rescindido, su . derecho queda limitado a una acción por incumplimiento del contrato, y aunque en dicha acción la remuneración estipulada es, prima facie, la cuantía de la indemnización, ésta puede quedar reducida, como ya se ha dicho, en la suma de lo que ha ganado o ha debido ganar el empleado.” Tiffany on Agency, pp. 448, 449, 450 y 451.

Por virtud de todo lo expuesto, debemos concluir que el demandante tiene en verdad el derecho que le reconoció la corte sentenciadora, o sea el de obtener, como compensación de los daños y perjuicios sufridos, el sueldo dejado de ganar durante los seis meses en que hubiera estado vigente el con-trato, a no haber sido por el acto de la demandada; ya que ésta no' presentó prueba alguna demostrativa de que la com ducta del demandante fuera tal que la obligara a actuar en la forma en que lo hizo, ni de que el demandante pudo obte-ner u obtuvo determinada ganancia que debiera deducirse del sueldo dejado de percibir por el mismo.

Examinemos ahora la prueba con respecto a la segunda transacción. Cuando se practicaba la evidencia del deman-dante ocurrió lo que sigue:

“Demmdante. — Dice que tiene los dos presupuestos; si el señor juez admite la prueba en este sentido. Que había presentado a la corte el primer presupuesto donde se conviene la montura de la Central Vannina en $169,400, y que después de ese se hizo otro nuevo que ascendió a $212,000.
“Demandado. — Admitió que hubiera un presupuesto de $169,400 como primer presupuesto, que después se aumentó a la suma ante-riormente manifestada, pero que el punto que sostiene es que en esa carta que se dice contener el contrato entre ambas partes en esta ac-ción, se dice: ‘Vd. se compromete a dar a la casa de Krajewski-Pesant Co. el material para la central de Río Piedras, estipulando una comi-sión especial del 6 por ciento sobre el montante de' $169,400.’ ”

Como se ve, no hay cuestión alguna ,con respecto a que el presupuesto de la Central Vannina que al principio fué ele unos $169,000 se aumentó lueg’o a $212?000, hecho que se explica por el demandante diciendo que el primer presupuesto se hizo para una central que moliera 500 toneladas de caña ¿1 día, resolviéndose luego aumentar la capacidad produc-tiva de la misma, lo que produjo como natural consecuencia el aumento del costo de las maquinarias.

El haberse consignado en la carta de Io. de junio de 1910 la cantidad de $169,400 como base para calcular la comisión, introduce ciertamente alguna duda en la interpretación del contrato. Pero esa duda desaparece cuando se considera que también se consignó en dicha carta que el demandante se comprometía a hacer las gestiones necesarias para que la casa de Krajewski-Pesant Co., recibiera la orden completa para el material de la central de Río Piedras. Así lo enten-dió la corte sentenciadora, expresando su pensamiento en los siguientes términos:

1 ‘ Interpretando ese contrato, llegamos a la conclusión de que ambas partes, en el momento de formalizarlo no tenían en la mente el esti-pular una comisión sobre una cantidad determinada, sino sobre el valor total de las maquinarias que se vendiesen y si se fijó aquella cantidad en el contrato fué porque en el momento de celebrarlo a ella ascendía el importe total del presupuesto de la Central Vannina.”

Examinada la, carta de 15 de junio de 1910, no puede sos-tenerse que contenga una ratificación clara de la segunda transacción que estamos investigando. Si la prueba del de-mandante se hubiera limitado a la presentación de esas dos cartas, a nuestro juicio no hubiera podido dictarse sentencia favorable para él en cuanto a la segunda transacción. Pero se presentaron otros documentos, a saber: la carta de 31 de julio de 1910 dirigida por la sociedad demandada al de-mandante y la carta de noviembre 2, 1910, dirigida también por la sociedad demandada al demandante y presentada por la misma parte demandada como prueba en el acto de la vista.

Analizando esas dos cartas en relación con la de Io. de junio tantas veces citada y con la declaración del demandante, se observa que el demandante percibió alrededor de $10,000 por el 6 por ciento de comisión de la venta del material de la Central Vanilina, calculado sobre la base de ios $169,000 primeramente fijada, y que después el demandante reclamó de la sociedad demandada una suma mayor, basándose en que la venta había ascendido no a 169,000 sino a $179,000 y la sociedad demandada estuvo conforme en pagar el 6 por ciento de ese exceso. Este acto por parte de la demandada revela que ella misma interpretó el contrato en la forma ale-gada por el demandante, y si por otra parte aceptó que el presupuesto final ascendió no a $10,000, sino a unos $40,000 más que el primitivo, no vemos cómo, lógicamente, puede negarse a pagar la comisión sobre la diferencia real y posi-tiva entre el primero y el último presupuesto. '‘El comi-tente estará obligado a abonar al comisionista el premio de comisión, salvo pacto en contrario,” dice el artículo 277 del Código de Comercio.

Por virtud de todo lo expuesto, opinamos que la senten-cia apelada es justa y debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Vázquez Prada et al., Peticionario, v. Córdova Dávila, Juez de Distrito, Demandado, y Ubarri, Interventor.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre nulidad de actos, inscripciones y otros procedimientos.
    No. 145.
    Resuelto en julio 8, 1915.
    Certiorari — Nombramiento de Síndico — Discreción Judicial. — No procede un reeurso de certiorari para revisar una resolución sobre nombramiento de síndico, cuando no eonsta en modo alguno que el juez abusara de su poder discrecional.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Rafael López Landrón.

    El juez demandado, Sr. Félix Córdova Dávila, no com-pareció.
    Abogados del interventor: Sres.'J. R. F. Savage y Luis Méndez Vaz.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de certiorari interpuesto contra el Hon. Félix Córdova Dávila, Juez de la Sección Pri-mera de la Corte de Distrito de San Juan. La cuestión a resolver es la de si cierto nombramiento de síndico hecho por el expresado juez en el pleito No. 7232, seguido por Buenaventura Ubarri v. Luisa López Laborde y otros, sobre nulidad de actas de inscripción y otros pronunciamientos, se hizo o no de acuerdo con los hechos y la ley.

Expedido el auto, se elevó el pleito original a esta Corte Suprema, celebrándose la vista del reeurso el 14 de junio de 1915.

Examinado el pleito original, resulta que Buenaventura Ubarri entabló demanda en la Corte de Distrito de San Juan, Sección l5., contra Luisa López Laborde, y sus hijos, ale-gando ser dueño de la mitad y de una tercera parte indivisa de la otra mitad de la casa de altos y bajos, No. 24 de la calle de San José, de esta Capital, y pidiendo la rescisión de varias escrituras e inscripciones que obstaculizaban el libre ejercicio de su derecho. También pidió el demandante que los demandados fueran condenados a devolverle dos mil pesos que indebidamente habían percibido en concepto de cánones de arrendamiento.

En la demanda se alega que la casa de que se trata fué adquirida por la demandada Luisa López Laborde estando casada con Arturo Vázquez Prada, y que muerto el esposo •dejando una póliza de seguro, el importe íntegro de ésta se dedicó a levantar un piso en la indicada casa, correspon-diendo en tal virtud, de acuerdo con la ley, a la viuda, en la repetida casa, una mitad por sus gananciales y una tercera parte por herencia, ya que el marido murió intestado el 9 de junio de 1904. Que esto no obstante, por virtud de cier-tos actos contrarios a la ley realizados por la viuda, ésta apa-recía con menos derechos de los que realmente tenía, en el registro de la propiedad. También se alegó en la demanda con todos los detalles1 necesarios que el demandante había adquirido todos los derechos de la demandada Luisa López Laborde en la casa en cuestión a consecuencia de ciertos pro-cedimientos seguidos en la Corte Federal, y que los deman-dados han venido percibiendo íntegramente las rentas de la finca, adeudando por el expresado concepto al actor la suma de dos mil pesos.

La demanda tiene fecha de enero 27, 1914. Emplazados los demandados, comparecieron primero por medio del letrado Eafael López Landrón e hicieron varias gestiones en el pleito. Luego el dicho abogado renupció, y los demandados com-parecieron y contestaron la demanda el 29 de mayo de 1914, por medio del letrado José de Diego. El 17 de agosto renun-ció también este letrado. Así las cosas, el 29 de enero de 1915, el demandante pidió a la corte que nombrara un síndico que administrara la casa tantas veces mencionada. El 16 de febrero se discutió la moción ante la corte por los aboga-dos de ambas partes y el 4 de marzo de 1915 la corte nom-bró a Luis P. Sanjurjo para administrar, previa fianza, un condominio de las dos terceras partes de la casa en cuestión, hasta que se decidieran por la corte los derechos de los liti-gantes sobre el referido inmueble.

Como fundamentos de la solicitud de nombramiento de Síndico, se alegaron la claridad del derecho del demandante a la participación que reclamaba y el hecho de que los deman-dados venían percibiendo las rentas del inmueble e invir-tiéndolas en su beneficio exclusivo con perjuicio del deman-dante que no podría recobrarlos por carecer los demandados de suficientes bienes para ello, y se invocó el artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil, que expresamente dis-pone, en su número 1, que un síndico podrá ser nombrado por la corte en que un pleito esté pendiente, entre otros casos, en el de una acción entablada entre personas que en común posean o estén interesadas en bienes o fondos, mediante soli-citud del demandante o de cualquiera parte, cuyo derecho o interés en dichos bienes o fondos sea presumible, siempre que se probare que los bienes o fondos corren peligro ele per-derse, trasladarse o sufrir daños de consideración. Nada demuestran los autos con respecto a la actitud asumida pol-los demandados frente a la afirmación del demandante de que las rentas por él reclamadas corrían el peligro de per-derse para él si continuaban percibiéndolas únicamente los demandados.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, se impone como consecuencia única la conclusión de que no consta en modo alguno que el juez de distrito abusara de su poder dis-crecional al nombrar el síndico que administrara el,condo-minio de que se trata, y, 'en tal virtud, que debemos resolver-en definitiva no haber lugar a revisar los procedimientos de la corte inferior, a la que se devolverán los autos origi-nales remitidos, para que continúe tramitándolos de acuerdo con la ley.

Declarada sin lugar la solicitud y anulado el auto de certiorari expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernandez y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Oliver, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo, sobre inscripción de venta de condo-minios.
    No. 237.
    Resuelto en julio 8, 1915.
    Anotación de Embargo — Enajenación de Bienes Embargados — Prevención Establecida en la Lev para Asegurar la Efectividad de la Sentencia— Deber del Registrador — Presunción.—Cuando de la anotaeión de embargo tal como consta en el registro no apareee que se hiciera al demandado la prevención que ordena la ley para asegurar la efectividad de sentencias, de Io. de marzo de 1902, en su sección 9, el registrador no está justificado para presumir que dicha prevención se hizo y por tanto que el dueño de la finca embargada hubiera quedado obligado a no venderla sino en pública subasta.
    Id. — Venta de la Finca Embargada — Derechos del Embargante.- — De acuerdo con los principios generales que informan el derecho civil e hipotecario vigente, una finca embargada puede venderse en cualquier forma por su dueño, sin perjuicio, desde luego, de los derechos de la persona que tenga anotado a su favor el embargo.
    Id. — Prohibición de Enajenar — Efectividad de la Sentencia — Venta de Bie-nes Embargados — Subasta Pública. — La prohibición especial que contiene la sección 9 de la Ley sobre efectividad de sentencias de marzo 1°., 1902, requiere que se haga una notificación especial al dueño de la finca embar-gada y si dicha notificación no se hace, limitándose el demandante a obte-ner la anotación del embargo en el registro por creer que con ello garan-tiza suficientemente su derecho, el dueño de los bienes inmuebles embar-gados podrá actuar de acuerdo con las leyes generales sobre la materia y por consiguiente vender dichos bienes sin necesidad de verse obligado a recu-rrir a la subasta pública para ello.
    Compraventa — Anotación de Embargo — Prohibición de Enajenar — Faculta-des del Registrador — Subasta Pública. — A no ser que del registro conste la prohibición de enajenar a que se refiere la ley sobre efectividad de sen-tencias, el registrador no está facultado para negarse a inscribir una escri-tura en la que se consigna con todas las solemnidades que la ley requiere, la compraventa de bienes inmuebles embargados para garantir la efecti-vidad de la sentencia que pueda dictarse en un determinado pleito civil, por el solo fundamento de que dicha compraventa no se verificó en pública subasta.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del recurrente: Sr. Félix Scmtoni.

      El Begistrador recurrido Sr. Felipe Cuchí Arnau compa-reció en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del i ribnnal.

Presentada para su inscripción en el Bcgistro de la Pro-piedad de Arecibo la escritura No. 16, de venta con pacto de retro de varios condominios sobre cuatro fincas rústicas otorgada por Doña Francisca López y otros a favor de Don Andrés Oliver, el registrador se negó a inscribirla en cuanto a los condominios de una de las fincas, por medio de la si-guiente nota, contra la cual se interpuso el presente recurso gubernativo. La nota dice así:

“Inscrito este documento en cuanto a la compraventa de los con-dominios en las fincas señaladas con las letras A, C y D, allí donde indican las notas puestas al margen de la descripción de las fincas; y denegada la inscripción en cuanto a los condominios en la finca señalada con la letra B, por aparecer embargada por L. Arzuaga y Compañía en juicio seguido ante la Corte Municipal de Manatí contra la Sucesión de Ambrosio Arrigoitía en cobro de dinero; cuyo embargo se llevó a efecto de acuerdo con la ley para asegurar la efec-tividad de sentencia aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el Io. de marzo de 1902, para el caso de venta por el dueño, que dispone se baga ésta en pública subasta con citación del demandante, y siendo’ tal defecto insubsanable, en cumplimiento de lo prescrito en la ley de Io. de marzo de 1902 se tomó anotación preventiva que tendrá efecto legal durante ciento veinte días de su fecba, al folio 239 del tomo 77 de Arecibo, finca número 2632, anotación letra C. Arecibo, 21 mayo, 1915. Felipe Cucbí, registrador.”

El embargo a que se refiere el registrador, se practicó en el registro de la siguiente manera:

“B. Rústica. Finca descrita en su inscripción primera, igual al documento abora presentado, en el que se consigna que las doce cuerdas que la forman equivalen a cuatro hectáreas, setenta y una áreas, sesenta y cinco centiáreas. Se baila libre de cargas e inscrito su dominio por la inscripción primera a favor de la Sucesión de Don Ambrosio Arrigoitía, compuesta de su viuda Doña Francisca López y sus bijos legítimos Benito Ambrosio, María Providencia, Gregorio Manuel Alberto, Blanca Rosario, José Ceferino, Catalina y Francisco José Arrigoitía y López. En juicio seguido ante la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de Manatí por L. Arzuaga y Cía. contra la referida Sucesión de Arrigoitía en cobro de dinero se embargó esta finca para asegurar la efectividad de la sentencia, debiendo responder de sesenta y cinco dollars de principal y de veinte y cinco dollars calculados para costas, de cuyo embargo se ordena tomar anotación preventiva. En su virtud queda tomada la anota-ción preventiva del embargo de esta finca en favor de L. Arzuaga y Cía. Así resulta de un mandamiento expedido por duplicado el 14 de abril corriente por A. Rodríguez Santana, marshal de la refe-rida corte municipal, que ha sido presentado en este registro a las ocho y quince minutos de la mañana del quince de abril corriente, según el asiento número 342 al folio 127 vuelto, tomo 32 del Diario, quedando uno de los ejemplares archivados con el número 24 en el legajo 86 de mandamientos judiciales. Y siendo conforme con el registro y documento a que me refiero, firmo la presente en Arecibo a 19 de abril de 1913. José Marcial. López.”

Y la ley sobre efectividad de sentencias a que se refiere el registrador, copiada textualmente, es como sigue:

“Sección 9. — (377)—El embargo y prohibición de enajenar in-muebles se efectuarán anotándolos en el registro de la propiedad y notificándolos al demandado, con la prevención de que no podrá ena-jenar los bienes embargados sino en pública subasta, con citación del demandante, quedando el precio consignado a disposición del tribunal, ni enajenar en ningún caso los bienes en que haya recaído la prohibición. La enajenación de dichos bienes realizada en contra-vención a lo dispuesto en este artículo se reputará fraudulenta para todos los efectos civiles y penales, y las personas responsables del fraude serán castigadas además como culpables de desacato (deso-bediencia).”

La versión inglesa de dicha ley, dice así:

“Section 9.— {377) — The attachment and order prohibiting the alienation of real property shall be recorded in the registry of property, the court notifying the defendant thereof, and warning him that he cannot alienate the property attached except at public auction and after notice shall have been given to the plaintiff to be present at the sale, the proceeds of such sale to be deposited subject to the order of the court; nor can the defendant alienate, in any case, the property on which a prohibition has been decreed. The aliena tion of any property in contravention of the provisions of this section) shall he deemed fraudulent for all civil and penal purposes, and the persons guilty of such offence shall also he punished for contempt of court.”

Según hemos podido observar, de la anotación del embargo tal como consta en el registro, no aparece que se hiciera al demandado la prevención que ordena la ley sobre efectividad de sentencias. Siendo esto así ¿ estuvo justificado el registrador para presumir que dicha prevención se había hecho y que por tanto el dueño de la finca embargada había quedado obligado a no venderla sino en pública subasta? A nuestro juicio no lo estuvo.

De acuerdo con los principios generales que informan nuestro derecho civil e hipotecario, una finca embargada puede venderse en cualquier forma por su dueño, sin per-juicio, desde luego, de los derechos de la persona que tenga anotado a su favor el embargo. Yéase di artículo 71 de la Ley Hipotecaria.

La prohibición especial que contiene la sección 9 de la ley sobre efectividad de sentencias que hemos transcrito, re-quiere también una notificación especial al dueño de la finca embargada. Si dicha notificación no se hace, limitándose el demandante a obtener la anotación del embargo en el regis-tro, por creer que con ello garantiza suficientemente su dere-cho, el dueño de los bienes inmuebles embargados podrá ac-tuar de acuerdo con las leyes generales sobre la materia y por consiguiente vender dichos bienes sin necesidad de verse obligado a recurrir a la pública subasta para ello.

A no ser que del registro conste la prohibición de enaje-nar a que se refiere la repetida sección 9 de la ley sobre efec-tividad de sentencias, opinamos que el registrador no está facultado para negarse a inscribir una escritura en la que se consigne con todas las solemnidades que la ley requiere, la compraventa de bienes inmuebles embargados para garan-tir la efectividad de la sentencia que pueda dictarse en un determinado pleito civil, por el solo fundamento de que la dicha compraventa no se verificó en pública subasta.

Debe declararse con lugar el recurso, revocarse la nota on la parte en que ha sido recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.

Revocada la nota en la parte recurrida-, orde-nándose la inscripción solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    García, Demandante y Apelado, v. García, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre cobro de dinero (apertura de rebeldía).
    No. 1331.
    Resuelto en julio 8, 1915.
    Emplazamiento — Emplazamiento Defectuoso — Advertencia al Demandado Caso de no Comparecer — Acción Tardía. — Aun cuando el emplazamiento librado sea defectuoso por no expresar el requerimiento la cuantía por la cual el demandante habría de obtener sentencia en caso de rebeldía del deman-dado, si éste es notificado personalmente del emplazamiento defectuoso, con copia de la demanda, se dicta sentencia en su rebeldía que también se le notifica, y posteriormente se le requiere de pago por el márshal, y no habién-dolo efectuado, se venden en pública subasta algunas fincas de su propie-dad, otorgándose la correspondiente escritura, y deja transcurrir más de dos años para solicitar se anulara la anotación de rebeldía y la sentencia, su acción es tardía y no puede prevalecer. Véase Freiría Oo., S. en G., v. B. Félix Hermanos 4" Co., 20 D. P. R., 159.
    Id. — Diligenciamiento del Emplazamiento — Mayores de Edad. — Cuando el de-clarante en el diligenciamiento de un emplazamiento jura que es mayor de edad, como la mayoría de edad comienza a los 21 años en esta isla, la pre-sunción es de que tenía más de 18 años cuando lo cumplimentó.
    Id. — Diligenciamiento del Emplazamiento — Copia del Diligenciamiento. — Si bien el estatuto dispone que al dorso de la copia del emplazamiento se haga constar copia literal del diligenciamiento, no ordena que el cumplimiento de este requisito se haga constar en el diligenciamiento del emplazamiento.
    Apertura de Rebeldía — Negligencia Excusable o Sorpresa — Discreción Judicial — Abuso de Discreción. — Una moción para que se anule una sentencia en rebeldía y se abra de nuevo el- juicio a causa de negligencia excusable y de sorpresa, se dirige a la discretion de la corte, y a menos que se demues tre que hubo abuso de ella por parte del tribunal inferior, su resolución debe subsistir.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Leopoldo Feliú.

    Abogado del apelado: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio G-arcía Sanjurjo presentó demanda el 11 de mayo de 1912 en el Tribunal de Distrito de Mayagüez contra Isidro Fernández Sanjurjo reclamándole el pago de dos mil pesos.

No habiendo comparecido el demandado, a pesar de haber sido citado personalmente, el demandante solicitó y obtuvo que se anotara su rebeldía y que el secretario registrara sen-tencia condenatoria por la cantidad reclamada, la que le fué notificada también personalmente el día Io. de junio de 1912.

Librado mandamiento al márshal para que cumpliese la sentencia, dicho funcionario requirió de pago al demandado en 18 de enero de 1913 y, no habiéndolo efectuado, vendió en pública subasta el 17 de febrero de 1913 algunas fincas del deudor, otorgando la escritura de venta el 24 de febrero de 1913.

Así quedaron las cosas hasta que en 31 de marzo de 1915 el demandado presentó moción al tribunal solicitando que dejara sin efecto la anotación de su rebeldía y anulara la sentencia, petición que después de discutida por las partes, fué negada por el tribunal en resolución do 12 de abril de 1915 contra la cual interpuso Isidro Fernández Sanjurjo el presente recurso de apelación que ha sido discutido por ale-gatos escritos.

El pelante fundó su moción en lo siguiente:

Io. En que el emplazamiento que se libró es nulo porque en el requerimiento no se expresa la cuantía por la cual el demandante habría de obtener sentencia en caso de rebeldía del demandado.

2o. y 3o. En que la diligencia de notificación del emplaza-miento es nula y no confirió jurisdicción a la Corte sobre la persona del demandado: (a) porque no aparece de ella la edad de la persona que hizo la notificación; (b) que copia de ella se extendiera al dorso de la del emplazamiento que se dice entregado al demandado; (c) ni que el emplazamiento se hiciera personalmente al demandado.

4o En que existió negligencia excusable en no compare-cer el demandado.

5o. En que la rebeldía y la sentencia se registraron por sorpresa del demandado.

Con esa moción se acompañó una contestación a la de-manda .y una declaración jurada (affidavit) en la que el de-mandado reconoce que fué notificado y emplazado de la de-manda, allá por el día 13 de mayo de 1912 y expone que se vió privado de comparecer .porque tenía sus facultades físi-cas y mentales bastante debilitadas a causa de tener mucho más de ochenta años de edad y por tener entonces confianza ilimitada en el demandante, que es sobrino suyo, quien le manifestó que no tenía porque oponerse a su reclamación; que le buscaría abogado que lo defendiera y que nunca le per-judicaría en sus bienes, pero que cuando en el mes de abril de 1913 le fueron rematados sus bienes, se convenció de que había sido engañado y desde entonces buscó abogado, por-que desconoce cuanto se relaciona con procedimientos judi-ciales, rehusando muchos su defensa porque carece de bienes, aun de los más precisos para librar su subsistencia. Tam-bién expuso que habiendo hecho una relación total de su caso al abogado que firma la petición, le manifestó que tenía una buena defensa.

La parte contraria también presentó declaración jurada (affidavit) comprendiendo los siguientes particulares: que en la época en que el demandado fué emplazado, gozaba de com-pleta salud y potencia mental, paseaba a caballo por la ciudad, sostenía varios pleitos y consultó y entregó la copia de la demanda a Don José Sabater quien entonces era su abogado; que ramea le hizo ofrecimiento ele buscarle abogado, porque lo tenía el demandado, quien siempre ba tenido recursos pecu-niarios, bienes muebles, ganado vacuno y caballar y ba estado en condiciones para utilizar los servicios de abogado, teniendo además, ahora, una renta vitalicia de ocho pesos.

El emplazamiento y su diligenciado que dan ocasión a esta apelación, dicen así:

“Emplazamiento. — El Pueblo de Puerto Rico a Isidro Fernán-dez Sanjurjo y Skerret o sea al demandado antes mencionado.
“Por la presente se notifica a usted que se ha presentado en la oficina del Secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, Puerto Rico, la demanda del actor antes citado en la cual ejercitando la acción personal en cobro de dinero, pide a la corte dicte sentencia condenando a Vd. a pagar al demandante la suma de dos mil dollars y el importe de las costas de este pleito, por los fun-damentos que verá Vd. más detalladamente en la copia de la demanda que se acompaña.
“Es abogado del demandante el Ledo. Angel A. Vázquez.
“Y se notifica a Vd. que de no comparecer a contestar la de-manda dentro de los diez días después de notificado, si la notificación se hiciere en el distrito; dentro de los 20 días, si la notificación se hiciere fuera del distrito, pero dentro de la Isla de Puerto Rico; y dentro de los 40 días, si la notificación se hiciere fuera de la isla, el demandante podrá obtener de la corte .el fallo que solicita.
“Dado bajo mi firma y con el sello oficial de la corte, en Maya-güez, a 13 de mayo de 1912. Firmado. José Basora Mestre, secre-tario. (Sello de la corte.)”
“Declaración jurada. — Por la presente yo, Juan Arroyo y Mes-tre, juro solemnemente que soy mayor de edad y ciudadano tona fide de Puerto Rico; que no tengo interés en este asunto; que recibí el presente emplazamiento el día 13 de mayo de 1912, y el mismo día 12- a las cinco y veinte p. m., lo notifiqué personalmente al deman-dado Don Isidro Fernández Sanjurjo, en el bufete del Licenciado Don José de Diego y Martínez, sita en la calle de Méndez Vigo de Mayagüez, dejando en su poder una copia fiel y exacta de dicho em-plazamiento, de la demanda, del aseguramiento de sentencia, al que el mismo se refiere y de la presente diligencia. Firmado: Juan Arroyo Mestre.
“Número 721. — Suscrito y jurado ante mí, por Don Juan Arroyo y Mestre, escribiente, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad, a quien conozco personalmente, boy 14 de mayo de 1912. Firmado: Juan Quintero, notario público. (Sello de rentas.) (Sello del notario.)”

El primer motivo en que se basó la petición de nulidad, fué resuelto por nosotros en un caso exactamente igual al presente, el de Freiría & Co. v. R, Félix Hermanos & Co., 20 D. P. R. 159, en el cual después de un extenso estudio de la cuestión y de la jurisprudencia sobre el particular, llega-mos a la conclusión de que el defecto que se alega no es dé tal naturaleza que deba concluirse que la corte no ’ adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado y. que había transcurrido un tiempo demasiado largo para poder hacer aplicación del artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil. Las consideraciones extensas que entonces se hicieron, las damos por reproducidas ahora sin necesidad de argumen-tar nada nuevo porque el único caso que el apelante cita en su apoyo, el de Keybers v. McComber, 67 Cal., 395, concuerda con lo que dijimos en el caso de Freiría, supra.

En cuanto a los motivos de nulidad que se alegan en los fundamentos 2o. y 3o. de la moción, basta leer el diligencia-miento del emplazamiento para sostener que la persona que lo practicó cumplió con la ley. °

Se sostiene que en ella no se consigna la edad de la persona que lo llevó a efecto, que se extendiera copia del dili-genciamiento al dorso de la que se entregó, ni que el deman-dado fué citado personalmente. Sin embargo, Juan Arroyo Mestre juró en 14 de mayo de .1912 que era mayor de edad y que practicó la citación del emplazamiento el día anterior, y como la mayoría de edad comienza a los veinte y un años en esta isla, es claro que tenía más de 18 años cuando cum-plimentó el emplazamiento; también declaró que hizo la noti-ficación personalmente a Don Isidro Fernández Sanjurjo y que le entregó copia de la demanda, del emplazamiento, del aseguramiento de la sentencia y de la diligencia de notifi-cación, cumpliendo así todos los requisitos exigidos por el estatuto, pues si bien éste dispone que al dorso de la copia del emplazamiento se baga constar copia literal del diligen-ciamiento, no ordena que el cumplimiento de este requisito se baga constar en la diligencia del emplazamiento.

Los apartados 4o. y 5o. se dirigen a la discreción de la corte, sin que se nos baya demostrado que bubo abuso de ella por parte del tribunal inferior al negar la petición de que se anu-lara la sentencia y se abriera de nuevo el juicio a causa de negligencia excusable y de sorpresa, pues no ■ es tal el que se admitiera el affidavit del demandante para contradecir, no los méritos de la defensa del demandado, sino los becbos que se alegaron para justificar la negligencia y la sorpresa.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asocíalo Se. Aldkey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Aguilar, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por delito de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes.
    No. 816.
    Resuelto en julio 8, 1915.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Acometimiento y Agresión Simple — Resultado de la Prueba — Denuncia. — Cuando la prueba sólo justifica la ejecución de un delito de acometimiento y agresión simple sin que concurra ninguna de las circunstancias agravantes que espe-cifica la sección 6a. de la Ley de 3904, pág. 42, es innecesario considerar si la denuncia imputó o nó un delito de acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Tizol & Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asocíalo Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Bayamón se presentó una de-nuncia imputando a Luis Aguilar un delito de acometimiento y agresión grave, porque ilegal, voluntaria y maliciosamente y con intención de causar grave daño corporal a Eafael Molina, lo acometió y agredió con un palo causándole tres heri-das en la cabeza y contusiones en el cuerpo.

Al conocer de esa denuncia en grado de apelación, la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., dictó sentencia decla-mando a Luis Aguilar culpable de un delito de acometimiento y agresión grave y le impuso la pena de un año de cárcel y el pago de las costas.

En la apelación que contra la sentencia interpuso Aguilar, sostiene que la denuncia sólo imputa un delito de acome-timiento y agresión simple, que la sentencia es contraria a la prueba y que en todo caso los hechos sometidos por ella son constitutivos de acometimiento y agresión simple.

•La prueba claramente demuestra que al pasar Molina cerca de un grupo de tres o. cuatro personas entre las que se encontraba el apelante, fué acometido y agredido por éste, quien le causó algunos golpes con un palo.

Si bien esta prueba justifica la ejecución de un delito de acometimiento y agresión por parte de Aguilar, no prueba que concurriera ninguna de ]as circunstancias agravantes que es-pecifica la sección 6a. de la Ley de 1904, pág, 42, porque de la exposición de hechos que se nos ha presentado no aparece que el agredido sufriera lesiones, su sitio, su clase y exten-sión, ni existe dato alguno por donde sepamos que el juez pudo apreciarlas, por lo que tenemos que llegar a la conclu-sión de que solo se probó un delito de acometimiento y agre-sión simple y por tanto se hace innecesario que considere-mos si la denuncia imputaba o nó un delito de acometimiento y agresión con agravantes.

Por lo expuesto debemos revocar la sentencia en cnanto condena por delito de acometimiento y agresión grave y dic-tar otra sin circunstancias agravantes.

Revocada la sentencia apelada en cuanto a las circunstancias agravantes.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Robert, Demandante y Apelado, v. Amill, Demandado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la (vorte de Distrito de Mayagüez en cansa sobre cobro de dinero.
    No. 1283.
    Resuelto en julio 8, 1915.
    Contestación a la Reconvención — Discreción Judicial — Rebeldía.—Tiene fa-cultades discrecionales un juez para permitir al demandante en el acto del juicio que presente una contestación a la reconvención del demandado, tanto más cuanto, como ocurre en el presente caso, aunque solicitada la rebeldía ésta no había_ sido anotada. Véase The Júneos Central Company v. Rodri-gues, 16 D. P. R., 302.
    Prueba Contradictoria — Oonelicto de la Prueba — Cantidades Pagadas a Cuenta de la Obligación — Discreción Judicial. — En este caso la cuestión quedó reducida a decidir si cierta cantidad de dinero fué entregada a cuenta de la obligación reconocida en el pagaré objeto de la demanda o por otro concepto, y habiendo el juez inferior resuelto ese conflicto en el sentido de que no fué pagada a cuenta de la deuda que se reclama sino por distinto motivo, resolvióse que el demandado no tenía derecho a recobrar la diferencia que reclamaba como exceso en el pago de la deuda.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Esteban Ramírez.

    Abogado del apelado: Sr. José 8abater.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Adolfo Robert Strike presentó demanda en la Corte Municipal de Mayagüez contra Antonio Amill Negroni recla-mándole el pago de $285.16 que reconoció deberle mediante un pagaré, y habiendo declarado dicho tribunal que la acción estaba prescrita, fue el caso remitido en apelación a la Corte de Distrito de Mayagüez, quien revocó esa resolución y con-cedió término al demandado para que contestase la demanda.

En la contestación que presentó el demandado aceptó los hechos de la demanda excepto que la deuda- reclamada no hubiera sido pagada y por el contrario afirmó que había -sido satisfecha en su totalidad. También formuló reconvención en la que expuso que en diversas ocasiones entregó al deman-dante hasta la cantidad de $600 para liquidar la obligación que reclama y que debía devolverle la diferencia de $314.84.

La sentencia dictada por la Corte de Distrito y contra la cual interpuso el demandado el presente recurso de apela-ción, declaró con lugar la demanda y sin lugar la reconvención.

El apelante limita su recurso a sostener que el tribunal inferior cometió error al declarar sin lugar su reconvención por los siguientes ínotivos: 1. porque permitió al demandante que presentara una contestación a la reconvención en el mo-mento del juicio, cuando ya había radicado la parte deman-dada su moción de que se anotara la rebeldía del demandante por no haber contestado su reconvención; 2. porque aceptó como ciertos, hechos que el demandante no alegó en su con-testación a la reconvención y en los que se fundó para decla-rar sin lugar la reclamación del recurrente-.

Con respecto al primer motivo del recurso, nos bastará decir que el juez tenía facultad discrecional para admitir-la contestación que presentó el demandante a la reconven-ción del demandado por lo que no cometió el error que se le atribuye tanto más cuanto que la rebeldía no estaba ano-tada y que en el momento- del juicio presentó el demandado una contestación y reconvención enmendadas al objeto de jurar aquélla como lo estaba la demanda. The Juncos Central Company v. Rodríguez, 16 D. P. R., 302.

El segundo motivo del recurso necesita alguna mayor ex-tensión.

El demandado había reconocido la deuda que se le recla-maba, pero alegó que la había pagado. El demandante negó en su declaración que hubiera recibido cantidad alguna a cuenta de la obligación que reclamaba y cuando, el deman-dado declaró que babía entregado en diversas partidas $600 al demandante a cuenta de su pagaré, el demandante testi-ficó que si bien babía recibido esas cantidades no era a cuenta de tal deuda sino por. otro concepto,'cual era el de sostener al demandado en un destino de una corporación de la cual él era el presidente.

Por consiguiente la cuestión' quedó reducida a decidir si esos $600 fueron entregados a cuenta de la obligación reco-nocida en el pagaré o por otro concepto y el juez resolvió ese conflicto en el sentido de que no fueron pagados a cuenta de la deuda que se reclama sino por distinto motivo, y por tanto que no tenía derecho a recobrar la diferencia que re-clamaba como exceso en el pago de la deuda.

No vemos motivo para la revocación de la sentencia, la que debe ser confirmada.

' Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.