author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, representado por el Comisionado del Interior, Sergio Cuevas, demandante y apelante, v. Manuel Raimundo García Chavez del Valle y su esposa Ramona González, demandados y apelados.
    Núm. 9314.

    Sometido: Mayo 15, 1946.

      Resuelto: Julio 24, 1946.

      Hon. Procurador General E. Campos del Toro (Luis Negrón Fer-nández, como Procurador General Interino, en el alegato), Elmer Toro Luchetti, abogado del Departamento de Justicia, y Jorge V. Toledo y Clemente Pérez Martínez, abogados éstos del Departa-mento del Interior, abogados todos del apelante; F. M. Susoni, Jr., abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Comisionado del Interior, en representación de El Pueblo de Puerto Rico, instó en la corte inferior contra Manuel Raimundo (Jarcia Chavez y su esposa Ramona Gonzá-ley, dos procedimientos para expropiar terrenos de los de-mandados con el objeto de ensanchar y mejorar la carretera núm. 2 en el sitio conocido por Guajataca entre Quebradillas e Isabela. El procedimiento radicado con el núm. 5520 se pre-sentó en septiembre de 1943 y el núm. R-981, en agosto de 1944. Este último se refiere a una parcela de terreno con un área de 0.3053 cuerdas, equivalentes a 1,200.04 metros cuadrados, y el otro a una parcela de 1.819 cuerdas.

El peticionario, partiendo de la base de que el terreno en cuestión tiene un valor de $200' por cuerda, depositó en la secretaría de la corte las cantidades de $61.06 y $363.80, respectivamente, dictándose a su instancia las órdenes invis-tiendo de título a El Pueblo de Puerto Rico sobre dichas parcelas: en el caso núm. 5520 con fecha 13 de septiembre de 1943, y en el núm. R-981 con fecha 15 de agosto de *1944. Los demandados, al contestar las peticiones de expropiación, no impugnaron el derecho a expropiar, pero alegaron que el valor razonable de la parcela en el caso R-981 es de $500, y el del terreno- en el caso 5520 es de $1,819. Alegaron, ade-más, qne en la de 1.819 cnerdas existe una casa de concreto que, incluyendo su solar, vale $10,000, la cual quedó inser-vible para ser habitada debido al polvo que desciende del viaducto, a “las miradas indiscretas” de las personas que transitan por la carretera que pueden ver todo lo que pasa dentro de la casa y también al hecho de haber quedado unos siete metros más baja que la carretera por haberse levan-tado ésta en el sitio donde se construyó el viaducto. Recla-maron daños por este concepto en la cantidad de $10,000. También reclamaron una partida de $500 por daños a una parcela de 2,000 metros radicada entre la nueva y la vieja carretera, más las costas.

Los dos pleitos fueron consolidados a los efectos del jui-cio, dictándose sentencia en ambos casos el 22 de agosto de 1945. En el 5520 la sentencia concedió a los demandados, en adición a la cantidad depositada por el peticionario, las siguientes partidas: (a) como precio razonable de la par-cela de 1.819 cuerdas, $r,200; (5) por daños a la parcela de terreno entre la nueva y la vieja carretera, $200; y (c) por depreciación de la casa de concreto $2,000, con intereses al 6 por ciento sobre todas dichas cantidades desde que el fallo fue registrado. Condenó además al peticionario al pago de las costas y $300 para honorarios de abogado. En el caso R-981, en pago de los 1,200.04 metros cuadrados, concedió $150 en adición a los $61.06 depositados por el peticionario, con intereses legales desde que se registró la sentencia, y las costas y $50 de honorarios de abogado. Contra estas sen-, tencias interpuso el peticionario recursos de apelación, los cuales han sido consolidados en este Tribunal.

Señala el apelante, como primer error, el haber de-clarado la corte, al iniciarse el juicio, que el peticionario tenía el peso de la prueba, exigiéndole que presentase su evidencia antes que la de los demandados.

Es regla bien establecida en la mayoría de las jurisdic-ciones que cuando en un caso de expropiación la única cues-tión en controversia es el montante de la cantidad que deba pagarse al dueño, éste, aunque nominalmente aparezca como el demandado, ocupa en realidad la posición de demandante, y como tal debe probar su derecho a recobrar una cantidad mayor que la consignada por el peticionario como valor de la propiedad y de los daños, si algunos hubiere. Consecuen-temente es al dueño a quien incumbe presentar su prueba en primer término. La razón de la regia es que en cuanto a la cantidad que el peticionario ha consignado como valor razonable de la propiedad, no existe controversia, y la única cuestión a resolver es si la compensación debe s.er mayor que la consignada. Por lo tanto, la controversia se reduce a la afirmación que hace el dueño al efecto de que la compensa-ción debe ser mayor que la cantidad depositada y de la ne-gativa de esta afirmación por el peticionario. 2 Lewis Eminent Domain, (3rd ed. 1909) sección 645; U. S. Ex Rel. T. V. A. v. Powelson 319 U. S. 266, 273 (1943); Minneapolis-St. Paul Sanitary Dist. v. Fitzpatrick, 277 N. W. 394, 124 A.L.R. 897 (Minn. 1937). Empero no se ha demostrado por el ape-lante ni lo revelan los autos, que este error de la corte a quo le haya causado perjuicio sustancial y consecuentemente no es motivo de revocación. Bank of Edenton v. United States, 152 F.2d 251 (C.C.A. 4th, 1945).

Se queja también el apelante de habérsele condenado a pagar, como precio de las dos parcelas expropiadas, las cantidades de $150 y $1,200, respectivamente, en adición a las sumas depositadas en los dos casos. Los dos testigos del peticionario, Enrique González y el ingeniero Ginés Flaqué'Garcés, tasaron las dos propiedades en las mismas cantidades que el peticionario depositó a la disposición del dueño al solicitar las órdenes de entrega. Basaron su tasa-ción en dos ventas de terreno similar colindante con el ex-propiado y por el cual pagó El Pueblo de Puerto Rico, poco tiempo antes de iniciarse estos procedimientos, a razón de $80 y $200 por cuerda, respectivamente.

No es necesario resolver en este caso si evidencia de ventas de propiedades similar a la que se trate de expropiar, hechas al Gobierno o a una agencia con facultad de expropiar, es competente a los efectos de dirimir una controversia sobre' el valor de la propiedad. Suponiendo sin resolverlo que tal evidencia sea admisible, .la gran disparidad entre el valor que se dió a los terrenos, a saber: — $80. por cuerda en un caso y $200 por cuerda en el otro — nos impide concluir que la corte errara al dejar de dar gran peso probatorio a esta evidencia, no habiéndose explicado la causa para tal dispa-ridad entre las dos ventas.

Los testigos de los demandados, quienes estaban familia-rizados con el valor de terrenos, tasaron la propiedad a ra-zón de 25 centavos el metro cuadrado. Basaron’ su tasación en que se trataba, según declararon, de una de las radas más bonitas de Puerto Rico que por su topografía está en con-diciones -de ser urbanizada en un futuro próximo. El pro-pio juez sentenciador se expresó en el sentido de' que el si-tio es precioso y debiera prepararse como un atractivo para turistas. Pero el juez no creyó que el valor de la propie-dad fuese todo lo que declararon los peritos de los deman-dados, y como hemos visto, concedió por la parcela de 1200.04’ metros cuadrados la cantidad de $150, y por la propiedad de 1.819 cuerdas concedió $1,200 en adición a las cantidades depositadas por el peticionario.

Refiriéndose a lo que debe entenderse por justa compensación en casos de expropiación forzosa ha dicho la Corté Suprema de los Estados Unidos:

• “Justa compensación incluye todos los elementos de valor que son inherentes a la propiedad, pero, nn excede del valor razonable en el mercado. La cantidad que debe pagarse al propietario no depende de los usos a que él haya dedicado su terreno, sino que debe deter-minarse a base de una justa consideración de todos los usos de que sea susceptible la propiedad. El uso más beneficioso a que la pro-piedad sea adaptable y para el cual pueda ser necesaria o sea capaz de ser necesitada en un futuro próximo razonable, debe tomarse en consideración, no necesariamente como la medida de su valor, pero sí debe considerarse en toda la extensión en que la probabilidad de .demanda para tales usos pueda afectar el valor en el mercado mien-tras la propiedad esté en manos’de personas párticulares. ’ ’ Olson v. United States, 292 U.S. 246, 255 (1934); United States v. Causby et al, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 27 de mayo de 1946; U. S. Ex Rel T.V.A. v. Powelson, supra.

La experiencia demuestra que los testigos más competentes frecuentemente difieren mucho en sus opiniones en cuanto al valor de la misma propiedad- Como se dijo en el caso de Welch v. Tennessee Valley Authority, 108 F.2d 95 (C.C.A. 6th, 1939), no existe una medida que pueda aplicarse rígida y uniformemente para determinar el valor de tierras y cada caso debe resolverse a la luz de sus propios hechos. Por esta razón, .considerando la topografía de los terrenos y la probabilidad de urbanizarlos en un futuro próximo, no estamos convencidos de que el juez sentenciador estuviera desacertado al conceder las referidas compensaciones.

Se queja el apelante de la condena de $2,000 por depreciación de la casa residencia de los demandados. Este señalamiento de error está íntimamente relacionado con otro en que se alega que la corte inferior dictó sentencia sin antes celebrar la inspección ocular que solicitaron las partes al’iniciarse el juicio y que la corte declaró se llevaría a efecto antes de que se dictara sentencia.

La evidencia- de los demandados tiende a probar que la casa daba frente y se hallaba al nivel de la vieja carretera a una distancia de unos 100 metros; que al construirse el viaducto, la casa, que tiene una altura de 4 metros, quedó a 33 metros de distancia y unos 7 metros más baja que el nivel del viaducto; que quedó sin acceso directo a la nueva carretera y que con tal motivo sufrió depreciación que los testigos calculan en el valor de la casa misma. ' Declararon además que la diferencia de nivel entre el viaducto y el em-plazamiento de la casa la había perjudicado porque las per-sonas que transitaban por el viaducto podían ver el interior de la casa y porque el polvo que desprendían los vehículos al pasar, la invadía constantemente y virtualmente la hacía inservible como residencia. También hubo prueba por parte del peticionario al efecto de que la construcción del via-ducto había mejorado los terrenos de los demandados en un 20 por ciento.

El derecho a compensación por los daños que los deman-dados alegan haber sufrido en relación con la casa surge de la cláusula del art. 2 de la Ley Orgánica que prescribe:

“La propiedad particular no será tomada ni perjudicada para uso público, a no ser mediante el pago de una justa compensación fijada en la forma provista por ley.” (Bastardillas nuestras.)

La frase “ni perjudicada” (or damaged) no existe en la constitución federal, bajo la cual no puede reclamarse com-pensación por daños a la propiedad, a menos que éstos sean de tal índole que equivalgan a una toma permanente de la propiedad. United States v. Causby et al., supra; Richards v. Washington Terminal Co., 233 U. S. 546, 554 (1914).

El estado de Illinois, dándose cuenta de los perjuicios que sufrían los habitantes de la ciudad de Chicago con mo-tivo de las frecuentes expropiaciones que el progreso de la ciudad requería, al revisar su constitución en 1870, agregó a la cláusula correspondiente las palabras “or damaged” y de ahí en adelante otros estados enmendaron su constitución siguiendo el ejemplo de Illinois. 2 Nichols, The Law of Eminent Domain, (2d ed. 1917) sección 311; 1 Lewis, Eminent Domain, (3rd ed. 1909) sección 346.

El propósito de esta adición a la Constitución no fue otro que el de conceder al dueño de propiedad expropiada un de-reeho que bajo la anterior Constitución no tenía, o sea, el de obtener compensación por los daños que con motivo de la expropiación sufriera su* propiedad. Rigney v. City of Chicago, 102 Ill. 64; Chicago v. Taylor, 125 U.S. 161; 1 Lewis, Eminent Domain, (3rd ed. 1909) sección 359.

Fijando la Corte Suprema de Illinois el verdadero al-cance de las palabras “or damaged” agregadas a su cons-titución en 1870, ha dicho lo siguiente:

“En este respecto nuestra constitución concede reparación en to-dos los casos en que se cause por una mejora pública algún perjuicio directo de un derecho de que goza el dueño en relación con su pro-piedad, y cuyo derecho da a ésta un valor adicional, y por razón de tal perturbación el dueño sufra un daño especial con referencia a su propiedad en exceso del sufrido por el público generalmente. (Citas.) La perturbación no necesita ser una perturbación física de objeto tangible de derechos de propiedad, pero debe ser una pertur-bación de un derecho de que el propietario disfruta en relación con el dominio del objeto tangible. '(Citas.)” Kane v. City of Chicago, 64 N.E.2d 506 (Ill. 1945).

Respecto a la interpretación que a la Constitución del Estado ha dado la Corte Suprema de' Illinois, se ha dicho que esa definición de daños en el sentido constitucional, ha resistido' la prueba del tiempo y más tarde o .más temprano ha sido adoptada en casi todos los Estados que conceden compensación por perjuicios a la propiedad. 2 Nichols, The Law of Eminent Domain, (2d ed. 1917) sección 312, pág. 851.

La naturaleza de los daños reclamados por los deman-dados en relación con la casa hacía conveniente la inspec-ción. A través de ella fácil le hubiera sido al juez determi-’ nar si en efecto él polvo de la carretera caía' dentro de la casa eii cantidad tan extraordinaria, fuera de lo corriente en casas contiguas a calles y caminos, que en verdad depre-ciara el valor del inmueble. Fácil le hubiera sido también determinar si, como alegaron los demandados, la casa quedó privada de acceso directo' a la carretera y si la diferencia de nivel entre la casa y la carretera en verdad la había hecho desmerecer y basta qué punto; y considerando estos perjui-cios en conjunto y en relación con el resto de la prueba, de-terminar el daño sufrido, que debe ser la diferencia entre el valor que la casa tenía en el mercado antes de construirse el viaducto y el que tenía después. Conviene agregar que el hecbo de que las otras propiedades de los demandados ha-yan ganado un 20 por ciento en valor con motivo de la obra pública realizada por el peticionario, esa no es una circuns-tancia que deba tenerse en cuenta a los efectos de determi-nar el perjuicio sufrido, a menos que se demuestre que la propiedad ha obtenido un beneficio especial, distinto del be-neficio general obtenido por la comunidad. Monografía en 145 A.L.R. 1, donde aparece el estado de la jurisprudencia sobre este punto.

Parece conveniente transcribir de 2 Nichols, The Law of Eminent Domain, (2d ed. 1917) sección 321:

“Medidas de daños por cambio de nivel. — La medida de daños en casos de cambio de nivel de un camino público es la misma que en los demás casos de toma o perjuicio a la propiedad, para uso público,, a saber, la disminución del valor en el mercado, en cuanto fué causada, por la modificación de la relación de la propiedad en cuestión con. el camino público. Todo lo que resulte de tal modificación que afecte-el valor de la propiedad en el mercado, debe por lo tanto tomarse en consideración. La creación de ruido y polvo, la privación de luz y medios de acceso ... y materias semejantes deben incluirse, no su-mándolas partida por partida, pero en la extensión que, tomadas en conjunto, deprecien el valor de la propiedad en el mercado.”

Convenimos con la corte a quo que la celebración de una inspección ocular descansa en la sana discreción de la corte sentenciadora; pero cuando el tribunal, como en este caso, conviene, al empezar el juicio, celebrar la inspección y las partes han confiado en ella como medida ,de ilustrar . su prueba y destruir la evidencia contraria, el prescindir de la. inspección en tales circunstancias constituye error perjudicial,

Por último, se queja el apelante de la imposición de costas y honorarios de abogado. El derecho a justa com-pensación garantizado por el art. 2 de nuestra Ley Orgánica, no incluye compensación por costas, desembolsos y honora-rios de abogado. Así se ha resuelto en la jurisdicción federal interpretando la Enmienda Quinta. Dohany v. Rogers, 281 U. S. 362 (1930); U. S. v. 251.81 Acres of Land in Meade County, Kg., 50 F. Supp. 81 (W. D. Ky. 1943); In re Newark Shoe Stores, Inc. et al, 2 F. Supp. 384 (D. Md. 1933). Y no existiendo ningún estatuto insular que autorice a los tribunales para imponer costas y honorarios de abogado a El Pueblo. de Puerto Rico, erró la corte inferior al hacer ese pronunciamiento.

.... For las razones expuestas, procede modificar la sentencia apelada revocando. el pronunciamiento de costas y honora-rios de abogado, dejando sin efecto el que concedió compen-sación por perjuicios a la casa y se devuelve el caso a la corte inferior para que celebre la inspección ocular, dando a las partes oportunidad de asistir a la misma, levantando el •acta correspondiente y dictando entonces el pronunciamiento que proceda con respecto a la depreciación, si alguma ha habido, de la casa residencia - de los demandados. Así modificada se confirma la sentencia recurrida.

       Posteriormente el juez, por estipulación de las partes, eliminó esta partida de daños por tratarse del terreno expropiado en el caso B-.981.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Snyder

license: Public Domain

text:
    Ponce Yacht Club, Inc., peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, etc., demandado.
    Núm. 74.

    Sometido: Marzo 18, 1946.

      Resuelto: Julio 24, 1946.

      Vicente Zayas Bizarro, abogado del recurrente; Hon. Procurador General E. Campos del Toro .y J. B. Fernández Badillo, abogado éste del Departamento de Justicia, abogados del Interventor, Teso-rero de Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinion del tribunal.

El 25 de noviembre de 1942 el Tesorero notificó al peti-cionario de la imposición de una contribución sobre su pro-piedad mueble e inmueble para el año fiscal 1942-43. Pos-teriormente, se impuso una contribución similar para los años 1943-44. La notificación expresaba que si el peticio-nario creía que no debía pagar la contribución, podía impug-narla ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones pa-gando la parte de ella con la cual estuviera conforme dentro de 60 días y radicando su querella dentro de los 30 días si-guientes, de conformidad con el artículo 309 del Código Po-lítico.

En 23 de diciembre de 1942 el peticionario escribió al Tesorero solicitando que la imposición de esta contribución fuera “dejada sin efecto” por el fundamento de que el pe-ticionario estaba exento de la contribución de acuerdo con el artículo 291(e) del Código Político. El 8 de febrero de 1943 un subalterno del Tesorero le escribió al peticionario requiriéndole de pago. El 23 de febrero de 1943 el abogado del peticionario fué al Departamento de Hacienda y confe-renció con funcionarios subalternos quienes, de acuerdo con su testimonio, convinieron verbalmente con él en que la ta-sación debía quedar sin efecto mientras el Departamento es-tuviera considerando su contención de que la propiedad del peticionario estaba exenta de esta contribución. Luego de cruzarse alguna correspondencia adicional entre el abogado del peticionario y el Tesorero, el 12 de mayo de 1944 el Sub-tesorero le escribió al peticionario demandándole el pago de la contribución. El 24 de mayo de 1944 el peticionario radicó su querella en el Tribunal de Contribuciones, la cual fué des-estimada por el fundamento de no haberse radicado dentro del término prescrito por la Ley.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley núm. 172, Leyes de Puerto Rico, 1941 ((1) pág. 1039), como fué enmendada por Ley núm. 32, Leyes de Puerto Rico, 1941, Sesión Extraordinaria (pág. 115), que era la ley en vigor cuando este caso surgió, el Tribunal de Apelación de Contribuciones tenía jurisdicción en un caso de esta naturaleza para revisar una decisión ■ administrativa del Tesorero. Y la notificación del 25 de noviembre de 1942 era claramente tal decisión. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 309 del Código Político, como fué enmendado por la Ley núm. 222, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 1247), el peticionario venía obligado a pagar dentro de sesenta días aquella parte de la contribución con la cual estaba conforme, y a radicar una querella dentro de los treinta días del pago. Toda vez que el peticionario asumió la posición de que estaba exento del pago de cualquier contribución, tenía derecho a lo sumo a esperar hasta noventa días después del 25 de noviembre de 1942, antes de radicar su querella.

Sin embargo, el peticionario sostiene que la conferencia sostenida por su abogado con los funcionarios subalternos del Departamento el 23 de febrero de 1943, cuando ya la fecha que tenía para demandar en el Tribunal de Contribuciones estaba próxima a expirar, tuvo el efecto legal de abrogar la decisión del Tesorero del 25 de noviembre de 1942, y que por tanto tenía derecho a radicar ima querella en el Tribunal de Contribuciones fundada en la alegada nueva decisión administrativa del 12 de mayo de 1944. Aun cuando se celebró la conferencia en cuestión no podemos convenir en que pueda tener el efecto legal que le atribuye el peticionario. Quizá, como sostuvo el Tribunal de Contri-buciones, resultó en diferir las actuaciones administrativas del’Tesorero encaminadas hacia el cobro de la contribución. Pero algo más que una conferencia informal como ésa con funcionarios subalternos debe exigirse antes de que estuvié-ramos justificados en sostener que una decisión administra-tiva, de la cual el contribuyente tiene derecho a apelar para ante el Tribunal de Contribuciones, ha sido retirada.

La resolución del Tribunal de Contribuciones será confir-mada.


text:
    Ramón Salvador Torres Vélez, et al., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1188.

    Sometido: Julio 8, 1946.

      Resuelto: Julio 24, 1946.

      E. López Acosta, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Los dueños en común proindiviso de dos predios de te-rreno contiguos otorgaron una escritura para agruparlos. El Registrador se negó a inscribirla por el fundamento de que “no presta su consentimiento María Irizarry Acosta quien tiene una cuota usufructuaria en las fincas que se pre-tenden agrupar.”

El Eegistrador arguye que de acuerdo con el artículo 61 del Eeglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria es necesaria en un documento de esta naturaleza la coneu-rreneia de todas las personas interesadas, incluyendo aquel usufructuario con un derecho real en las propiedades que se pretenden agrupar. ' '

De la lectura del artículo 61 surge el hecho de que son los propietarios de los predios las personas que deben soli-citar la agrupación de dos o más fincas. El artículo 61 hace referencia a la situación que surge cuando sobre las fincas que se intenta agrupar existen gravámenes o derechos reales. Así vemos que el primer inciso establece que se pueden agru-par las fincas rústicas “con tal que pertenezcan al mismo cuerpo de bienes y a una sola persona o a y'arias pro indi-viso, y aun cuando afecten al mismo gravámenes o derechos reales correspondientes a una sola persona o a varias, y sé componga de distintas suertes o porciones dadas en enfiteu-sis.” Y el artículo 61 más adelante dispone que “cuando el derecho real o gravamen que afecte al conjunto de fincas a que se refiere el número 1 estuviere dividido en fracciones y se determinaren las fincas gravadas con cada fracción, éstas podrán inscribirse con separación de las demás y con nú-mero distinto, aunque formando grupo entre sí todas las que queden afectas a una misma fracción del gravamen.”

Morell, en su obra Legislación Hipotecaria, comentando artículos similares del reglamento de. la Ley Hipotecaria Española, dice a la página 53 del volumen II: “El artículo 57, como el 322 del Eeglamento anterior, se limita a decir que la inscripción de la finca se hará si los interesados lo solicitaren, y en varias resoluciones sólo se dice que se ve-rificará a solicitud de los propietarios.” Y, a la página 85: “La reunión o agrupación de fincas o derechos, requiere siempre solicitud expresa del propietario del inmueble o' de-recho, a diferencia de las segregaciones, que no exigen ese requisito.”

Es una conclusión lógica la de que es innecesario el con-sentimiento de otros individuos que no son dueños de loa predios que se pretenden agrupar. “Agrupar en una va-rías fincas previamente inscritas no constituye tina enajena-nación o gravamen de las mismas. Tampoco tiene el carác-ter de un contrato y si bien es un acto que da lugar a una nueva inscripción en el registro, es a una inscripción de or-den interior dentro del registro mismo que no crea, ni mo-difica, ni extingue derecho alguno.” Palou v. Registrador, 19 D.P.R. 372, 376, citado con aprobación en Baetjer v. Registrador, 48 D.P.R. 647, 667-8.

La nota del Registrador será revocada, y se le ordenará qtce inscriba la escritura■ de agrupación.

      Dicho artículo lee como sigue:
      "Se inscribirán bajo un solo número si los interesados lo solicitaren, consi-derándose como una sola finca, con arreglo al artículo 8 de la ley y para los efectos que el mismo expresa:

        “Primero. Las propiedades rústicas conocidas con los nombres de haciendas, cafetales, ingenios, vegas, estancias, sitios, potreros, etc., que formen un cuerpo de bienes dependientes o unidos, con uno o más edificios y una o varias piezas de terreno con arbolado o sin él, aunque éstas no linden entre sí ni con el edificio, con tal que pertenezcan al mismo cuerpo de bienes y a una sola persona, o a varias pro indiviso, y aun cuando afecten al mismo gravámenes o derechos reales, correspondientes a una sola persona o a varias, y se componga de distintas-suertes o porciones dadas en enfiteusis. Para los efectos de la inscripción se considerará único el señorío directo, aunque sean varios los que a título de dueños directos cobren rentas o pensiones de una finca, siempre que ésta no se halle dividida entre ellos por el mismo concepto.

        “Segundo. Toda finca urbana y todo edificio, aunque pertenezca en por-ciones señaladas, habitaciones o pisos, a diferentes dueños, en dominio pleno o menos pleno.

        “Tercero. Todo edificio o albergue situado fuera de poblado, con todas sus dependencias y anejos, como corrales, cobertizos, palomares, etc., aunque pertenezca a varios dueños pro indiviso, esté afecto a. gravámenes o derechos reales, correspondientes a una o varias personas, y se halle dividido en suertes o porciones dadas en enfiteusis.

        “Cuarto. Las piezas de tierra colindantes que pertenezcan a un mismo dueño, o a varios pro indiviso, aunque no tengan albergue alguno ni sean de idéntica procedencia u origen, y hayan llegado al último adquirente por diversos títulos.
      "Cuando el derecho real o gravamen que afecte al conjunto de fincas a que se refiere el número 1 estuviere dividido en fracciones y se determinaren las fincas gravadas con cada fracción, éstas podrán inscribirse con separación do las demás y con número distinto, aunque formando grupo entre sí todas las que queden afectas a una misma fracción del gravamen.
      "Si cualquiera de las agrupaciones de fincas que puedan inscribirse bajo un solo número, conforme a lo dispuesto en esto articuló, estuviere enclavada en los términos de dos o más ayuntamientos, se inscribirá en el registro especial de cada uno de ellos la parte correspondiente al mismo, expresándose al final de la inscripción que las fincas objeto de ella, en unión con las demás, cuyos números, folios y libros se citaran, constituyen — —-(la hacienda, cafetal, estan-cia, etc.), e indicando el nombre, si lo tuviere, o en otro caso, la denomina-ción con que fuere conocida dicha agrupación. ’ ’


author: El Juez Asociado Señor Cóedova

text:
    Francisco Pons, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, etc., demandado; Rafael A. Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 80.

    Sometido: Abril 29, 1946.

      Resuelto: Julio 24, 1946.

      Manuel García Cabrera y Edgar S. Belaval, abogados del peticionario; líon. Procurador General E. Campos del Toro (Luis Negrón Fer-nández, Procurador General Interino, en el alegato) y Carlos Santana Becerra, Procurador General Auxiliar, abogados del Inter-ventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Cóedova

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario contrató con el Municipio de Ponce la ejecución de una obra, y pagó el arbitrio correspondiente sobre el precio convenido en el contrato. Importó distintas partidas de cemento desde el 1937 basta el 1941, que utilizó en la obra, y no pagó el arbitrio que impone la ley sobre la venta, o introducción para uso o consumo, del cemento. Pos-teriormente, a requerimiento del Tesorero, pagó bajo pro-testa el arbitrio sobre el cemento, con recargos e intereses, y oportunamente radicó ante el Tribunal de Contribuciones demanda reclamando la devolución de la suma así pagada. El Tribunal resolvió que procedía el cobro de arbitrio sobre el cemento, fundándose en Porto Rico Iron Works Inc. v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 868, pero que habiendo existido una práctica administrativa de no cobrar el arbitrio sobre materiales utilizados en la ejecución de obras contratadas , con entidades gubernamentales, era improcedente la imposi-ción de recargos e intereses excepto a partir de la fecha en que el Tesorero exigió el pago del arbitrio, según se resol-vió en Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914 y West India Oil Co. v. Buscaglia, Tes., 61 D.P.R. 782.

El peticionario, a cuya solicitud expedimos auto de cer-tiorari para revisar la resolución del Tribunal de Contribu-ciones, sostiene que el arbitrio sobre el cemento no es exi-gible porque (1) constituye una doble tributación ilegal (2) siendo dudosa la interpretación de la ley, la práctica admi-nistrativa de no cobrar el arbitrio debe ser definitiva al in-terpretar la ley.

No hay nada ilegal en que un gobierno imponga dos arbitrios sobre un mismo acto tributable. Pero normalmente no es de presumirse que haya sido esa la intención legislativa. Interpretando nuestra Ley de Rentas Internas, hemos resuelto que no ha sido la intención legislativa imponer dos arbitrios sobre la venta de materiales a entidades gubernamentales, y que por lo tanto, una vez satisfecho él arbitrio sobre contratos de venta al gobierno, no es exigible el arbitrio que grava las ventas en general, o la introducción para venta. Rossi v. Sancho Bonet, Tes., 53 D.P.R. 491; Casal v. Sancho Bonet, Tesorero, 53 D.P.R. 407; West India Oil Co. v. Domenech, Tes., 49 D.P.R. 801. Pero también hemos resuelto que cuando el contrato con el gobierno no se limita a la venta de materiales, sino que abarca la ejecución de una obra y por lo tanto incluye en su importe tanto la mano de obra, y la remuneración al contratista por el valor de sus servicios al dirigirla y asumir sus riesgos, como el valor de los materiales, procede el cobro del arbitrio sobre el montante del contrato, y además el del arbitrio sobre la introducción de los materiales para venta, uso o- con-sumo, por no recaer ambos arbitrios sobre el mismo acto tributable. Porto Rico Iron Works Inc. v. Buscaglia, supra.

Resulta, por lo tanto, que de acuerdo con la interpretación que ya hemos dado a la ley, y que a nuestro juicio es la interpretación correcta, el peticionario venía obligado a pagar el arbitrio sobre el cemento cuya devolución ahora reclama. Pero el peticionario insiste, cómo insistió ante el Tribunal de Apelaciones, que habiendo' el Tesorero interpretado formalmente el estatuto en el sentido de que no es exigible el arbitrio sobre la venta, o introducción para venta, uso o consumo, de materiales utilizados en la-ejecu-ción de obras para entidades gubernamentales, debe regir la interpretación así dada por el Tesorero.

La prueba del peticionario ante el Tribunal de Contri-buciones estableció claramente la existencia de la práctica administrativa que invoca, y el Tribunal así lo' reconoció. Consistió esa prueba en la declaración del peticionario, y en copia de la resolución Núm. 15 del Tesorero, que vino a ex-poner formalmente la práctica administrativa ya establecida. El abogado del Tesorero arguye que la resolución Núm. 15 sólo comprende casos de venta de materiales al gobierno. No es así. Expresamente comprende el caso- de materiales utilizados en obras' ejecutadas mediante contratos, al dis-poner :

“Las ventas a los Gobiernos Insular o Municipal y a contratistas que realicen obras mediante contratos con dichos gobiernos, sobre cuyo monto se hubiere pagado la contribución del 2% que dispone el inciso 5 ‘Otros Arbitrios’, de la Ley de Rentas Internas, no están sujetas a ninguna otra contribución.”
« <*
Cuando se trate de artículos adquiridos para una obra, el inspector a cargo de la misma deberá expedir el certificado corres-pondiente, haciendo constar que los materiales adquiridos fueron usa-dos en la obra bajo contrato sobre cuyo monto se pagó la contribución de arbitrio correspondiente.”

Pero la interpretación administrativa de un estatuto sólo tiene peso cuando el estatuto es ambiguo o dudoso. United States v. Missouri Pacific Railroad Co., 278 U. S. 269, 73 L. Ed. 322. En el caso de autos no se sugiere que el estatuto sea ambiguo o dudoso. La interpretación administrativa surgió como resultado de nuestras decisiones en las* casos de West India Oil Co. v. Domenech, Casal v. Sancho Bonet, y Rossi v. Sancho Bonet, supra. Como se puede ver al exa-minar esos casos, la práctica administrativa era cobrar el arbitrio de venta y además el arbitrio sobre el montante de contratos con el gobierno, ya se tratara de contratos de venta, ya de contratos para ejecutar obras. . Cambió la prác-tica como resultado de nuestras decisiones al efecto de que, satisfecho el arbitrio sobre .un contrato de venta al gobierno, no era exigible el arbitrio general sobre ventas. Pero en vez de limitar el cambio a lo que habíamos resuelto, el [Te-sorero fue más lejos, y cambió su práctica en cuanto a ma-teriales utilizados en la ejecución de obras para el gobierno. Ni el estatuto ni nuestras decisiones daban base para duda en cuanto a ese punto, y por lo tanto no puede dársele a la práctica administrativa el peso que sugiere el peticionario, pues ello equivaldría a enmendar la ley.

El peticionario se queja, finalmente, de que, en vez de ordenar la devolución de la totalidad de los recargos e intereses, el Tribunal de Contribuciones sólo ordenó la devolución de parte de los recargos e intereses, es decir, aquella parte que corresponde al período durante el cual rigió la práctica administrativa de no cobrar los arbitrios. Al así actuar el Tribunal, se ajustó a nuestras decisiones en West India Oil Co. v. Buscaglia y Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, supra. Pero el peticionario arguye que, habiendo él reclamado en su querella la devolución de todos los recargos e intereses, y no habiendo el Tesorero alegado en su contestación que era improcedente la devolución de una parte, no tenía base el Tribunal de Contribuciones para decretar la devolución de sólo parte de los recargos e intereses. Pero el Tesorero al impugnar la devolución de todos los recargos e intereses, impugnaba también la devolución de cualquier parte. No erró por lo tanto el Tribunal de Contribuciones, cuando advirtió que sólo procedía la devolución de parte de los recargos e intereses, al disponer que el Tesorero compu-tara de nuevo los recargos e intereses a partir de la fecha en qne al peticionario se le requirió pagar los arbitrios.

El Tesorero ha radicado nna moción exponiendo, qne al expedirse el auto de certiorari en este caso, estaba pendiente ante’ el Tribunal de Contribuciones una solicitud radicada por el Tesorero solicitando la reconsideración de aquella parte de su sentencia que daba por probada la existencia de una práctica administrativa contraria al cobro del arbitrio sobre el cemento. Nos pide el Tesorero devolvamos el caso al Tribunal de Contribuciones para que resuelva la solicitud de reconsideración. Pero como ya hemos visto, la prueba del peticionario demostró plenamente la existencia de la práctica administrativa, y el Tesorero no presentó prueba en contrario. Carece por lo tanto de méritos la moción de reconsideración, por lo que se declara sin lugar la moción del Tesorero para devolver el caso nuevamente al Tribunal de Contribuciones.

Por los fundamentos expuestos, debe confirmarse la de-cisión recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    F. Rodríguez Hermanos & Compañía, demandante, apelante y apelada, v. Encarnación Aboy Vda. de Cintrón, demandada, apelada y apelante.
    Núm. 9176.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Julio 26, 1946.

      Miranda & Miranda Esteve, abogados de la apelante apelada; Brown, Newsom <& Córdova, abogados de la apelada apelante.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Fermín Rodríguez y su esposa Matilde Lanza Martínez, por escritura pública de 18 de diciembre de 1925, inscrita en el Registro de la Propiedad, declararon haber recibido en calidad de préstamo, de Encarnación Aboy Yda. de Cin-tron, la snma de $25,000, que ¡se obligaron a devolverle en los plazos siguientes: $5,000 el día 18 de diciembre de 1927, y los restantes $20,000 en igual día y mes de 1928, devengando dicbo préstamo intereses del 10 por ciento anual hasta su pago definitivo, pagaderos por mensualidades vencidas; y .en .garantía del pago del capital prestado, de sus intereses convenidos y de un crédito adicional de $2,000, constituyeron hipoteca sobre una finca urbana.

Por escritura de 11 de diciembre de 1928, también ins-crita en el Registro de la Propiedad, el contrato de hipoteca antes relacionado quedó modificado y prorrogado en la forma siguiente: El pago del préstamo de $25,000 quedó prorro-gado por el término de cinco años a contar desde el 18 de diciembre de 1928, para ser satisfecho en los siguientes pla-zos anuales: $2,000 el día 18 de diciembre de 1929; $3,000 en cada uno de los días 18 de diciembre de los años 1930, 1931 y 1932; y los restantes $14,000 el día 18 de diciembre de 1933, reduciéndose el tipo de interés original del 10 por ciento al 9 por ciento anual pagadero por mensualidades ven-cidas; y siendo condición la de que la acreedora se reser-vaba el derecho de declarar vencido el término del préstamo hipotecario en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la escritura de hipoteca.

La mercantil F. Rodríguez Hermanos & Compañía adqui-rió el inmueble objeto de la hipoteca, por escritura de com-pra de 17 de enero dé 1929, asumiendo dicha mercantil la obligación del pago de la hipoteca por la suma de $25,000 bajo las condiciones antes narradas.

Mediante contrato privado otorgado el 22 de mayo de 1930, por Fermín Rodríguez y su esposa Matilde Lanza Mar-tínez, la mercantil F. Rodríguez Hermanos & Compañía, re-presentada por su gestor Fermín Rodríguez, y Encarnación Aboy Yda. de Cintrón, representada por su apoderado José Hernández User a, acordaron prorrogar y prorrogaron hasta el día 18 de diciembre de 1930, el plazo hipotecario de $2,000 vencido el 18 de diciembre de 1929, bajo las mismas condi-ciones establecidas en la escritura de constitución de hipo-teca, pero rigiendo el interés del 10 por ciento anual lias-lar el pago definitivo de este plazo hipotecario. Este contrato-privado nunca se elevó a escritura pública y, por tanto, no ■' se inscribió en el Registro de la Propiedad.

La acreedora señora Aboy Vda. de Cintrón instó eni La¿ Corte de Distrito de San Juan en 19 de febrero de 1932 urf procedimiento sumario ejecutivo contra P. Rodríguez Her-manos & Compañía alegando: Que la referida mercantil adeudaba a la acreedora hipotecaria la suma de $25,000 de principal y la suma de $1,534.94 por concepto de intereses desde el día 18 de junio de 1931 hasta el 18 de febrero de 1932, incluyendo en esta liquidación los intereses del 1 por ciento adicional sobre el plazo anual de $2,000 que venció el 18 de diciembre de 1929, según se estipuló en el contrato privado de prórroga reseñado anteriormente. Se trabó embargo sobre las rentas de los bienes hipotecados en 19 de febrero de 1932 para asegurar la efectividad de la sentencia y se le dió al ejecutivo hipotecario el curso que determina la ley, y en virtud de este procedimiento el día 21 de abril de 1932 le fué adjudicado a Encarnación Aboy Yda. de Cintrón el referido inmueble por la suma de $22,000, la cual fué aplicada a reducir la deuda hipotecaria reclamada, poseyén-dolo desde dicha fecha hasta que lo vendiera a la “Municipal Housing Authority of the Capital of Puerto Rico” en 27 de junio de 1940.

E. Rodríguez Hermanos & Compañía instituyó este pleito contra Encarnación Aboy Yda. de Cintrón el día 14 de sep-tiembre de 1943 solicitando la nulidad del referido procedi-miento ejecutivo por los fundamentos siguientes:

(1) Porque aparecen incluidos y reclamados en el escrito inicial del ejecutivo hipotecario, intereses adicionales del 1 por ciento sobre el plazo de $2,000 vencido el 18 de diciem-bre de 1929, los que no estaban hipotecariamente garantiza-dos, ya que fueron convenidos- mediante contrato privado, otorgado por las partes.

(2) Porque en la protesta de responsabilidad la ejecu-tante no se obligó a indemnizar a terceros interesados por ios daños y perjuicios que pudieran causárseles como con-secuencia del procedimiento del ejecutivo hipotecario.

{3) Porque no se tasó previamente el inmueble objeto del ejecutivo para determinar el precio mínimo en que debería venderse en pública subasta de acuerdo con las disposiciones del artículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, ale-gando y aplicando erróneamente como fundamento jurídico 'del escrito inicial la Ley de 9 de marzo de 1905, relativa a la manera de satisfacer las sentencias.

(4) Porque el requerimiento de pago servido a la mer-cantil aquí demandante én el procedimiento de ejecutivo hi-potecario es nulo por cuanto en él se consigna que la can-tidad de interés a cobrar a razón del 9 por ciento anual sobre el principal de $25,000, a contar desde el 18 de junio de 1931 hasta el 18 de febrero de 1932, monta a $1,534.94, cuando lo cierto es que estos intereses solamente ascienden .a la suma de $1,500, cobrándose, por tanto, $34.94 en exceso de lo de-bido.

Como consecuencia de la nulidad alegada, reclamó el valor del inmueble hipotecado a la fecha de la toma de pose-sión del mismo por la demandada, que valora en la suma de $42,278, ya que dicho inmueble no puede ser objeto de devo-lución por haber sido enajenado a favor de la “Municipal Housing Authority of the Capital of Puerto Rico”, más los frutos civiles y rentas producidos por dicho inmueble desde el 19 de febrero de 1932 hasta el 27 de junio de 1940, mon-tantes a $45,100, y en adición a esta suma la cantidad de $550 mensuales por concepto de daños a contar desde el 27 de junio de 1940 hasta la fecha en que la sentencia que pu-diera recaer en este caso a su favor fuera firme, descontán-dose las cantidades pagadas por la demandada por concepto de contribuciones territoriales, condenando' a la demandada al pago de costas, gastos y honorarios de abogado de esta acción; consintiendo y solicitando además que se dictp sen-tencia por confesión condenando a la demandante F. Rodrí-guez Hermanos & Compañía, a pagar a la demandada en este caso Encarnación Aboy Vda. de Cintrón la suma de $25,000 de principal adeudada en virtud de la hipoteca refe-rida, más sus intereses del 9 por ciento anual desde el 18 de junio de 1931 hasta la fecha en que quede firme y ejecu-table la sentencia que pudiera recaer en este caso a favor de la demandante mercantil, más el 1 por ciento adicional so-bre el plazo anual de $2,000, prorrogado por documento pri-vado, desde la misma fecha y hasta quedar firme la sentencia.

Contra la demanda interpuesta, la demandada radicó su contestación aceptando algunos hechos y negando otros. Alega que el procedimiento ejecutivo hipotecario aludido es válido, que no se ha cometido ningún error fundamental en su tramitación; que las rentas percibidas del inmueble ob-jeto del ejecutivo desde el 1932 al 1940 ascienden a $34,812.39, habiendo pagado durante este tiempo las contribuciones te-rritoriales sobre dicho inmueble; que cuando la demandada tomó posesión del inmueble hipotecado tenía un valor razo-nable de $25,992.05; y que la demandante no tendría derecho en el caso de anularse el procedimiento ejecutivo a las ren-tas dejadas de percibir después del 27 de junio de 1940, ya que en dicha fecha la demandada vendió la propiedad hipo-tecada a la “Municipal Housing Authority of the Capital of Puerto Rico”. Como materia nueva constitutiva de de-fensa también alega la demandada: (1) que en la hipótesis de existir las causas de nulidad alegadas por la parte actora, éstas no serían inconsistentes con la justicia sustancial, y no perjudicarían, ni afectarían en forma alguna, los derechos de las partes en contienda a tenor de lo dispuesto en la Re-gla 61 de Enjuiciamiento Civil para las cortes de Puerto Rico; (2) que la acción ejercitada por la demandante está prescrita de acuerdo con el art. 1868 del Código Civil (edi-ción de 1980), por haber transcurrido más de un año a contar desde la fecha en que fuera subastada la finca hipotecada y la radicación de la demanda; (3) que la demandante incu-rrió en “laches”, o sea demora indebida e injustificada al tardar alrededor de once años para ejercitar su acción, ca-reciendo, en su consecuencia, de derecho para impugnar la sentencia dictada en el procedimiento ejecutivo sumario; y (4) que habiendo aceptado la demandante en virtud del con-trato privado la prórroga que se le hiciera para el pago del plazo hipotecario de los $2,000 vencido el 18 de diciembre de 1929, con la condición de que pagara sobre este plazo interés del 10 por ciento anual hasta su pago definitivo, que-dando el inmueble hipotecado respondiendo de este interés adicional de conformidad con el referido contrato, ésta es-taba impedida (estopped) de ir en contra de sus propios actos alegando como motivo de nulidad del ejecutivo que se incluyera y cobrara como parte de los intereses garantiza-dos con la hipoteca los que adicionalmente se convinieron por tal contrato.

La demandada formuló, además, una reconvención como parte de su contestación en la que alegó: que en el supuesto caso de que el procedimiento ejecutivo sumario fuese nulo, la demandante se encontraría adeudando a la demandada la suma de $25,000 de principal más los intereses convenidos en la escritura original de hipoteca según fuera modificada por la escritura de prórroga y el documento privado a que se ha venido haciendo mención anteriormente, ascendiendo dichos intereses y capital adeudados hasta el 14 de septiem-bre de 1943 a $52,781.29; que la demandante adeuda además a la demandada la suma de $25,321.02 por concepto de gas-tos, reparaciones, contribuciones, agua, luz, administración, etc., por el período comprendido ’entre la fecha en que la demandada tomó posesión del inmueble basta el 27 de junio de 1940; y que la demandada recibió frutos y rentas del re-ferido inmueble basta el 27 de junio de 1940, en la suma total de $34,812.39 y lo vendió por la suma de $30,000, ha-biendo pagado $1,000 de comisión de venta a Eloy García Cruz y $117.15 por gastos de escritura, y por consiguiente, acreditado a la deuda de la demandante a favor de la de-mandada por los conceptos antes indicados el importe de dichos frutos y rentas, más la suma de $25,992.05 que repre-sentaba el valor en el mercado de la propiedad hipotecada en el año 1932, más los intereses al tipo legal sobre esta última cantidad hasta el 14 de septiembre de 1943, resulta en su consecuencia, que la demandante quedaba adeudando a la demandada la suma de $12,294.31.

Contra la reconvención interpuesta, la demandante alegó: que aceptaba adeudar el importe total de la obligación hi-potecaria y sus'intereses convenidos; pero negó, por falta de información y suficiente conocimiento, adeudar la de $25,321.02 que reclama la demandada por concepto de repa-raciones necesarias, contribuciones, seguros, agua, luz, etc., por el período comprendido desde que la demandada tomó posesión del inmueble hipotecado y subastado hasta el 27 de junio de 1940; y, que la demandada ha percibido o debido percibir por rentas y frutos hasta septiembre de 1943 la suma de $550 mensuales, o sea un total de $76,650, más una suma igual a la antes indicada por cada mes subsiguiente, y que no viene obligada al pago de comisión alguna o gastos de escritura por concepto de la venta de la propiedad a la nombrada agencia municipal por no haber tenido interven-ción en la misma. Además niega, por falta de información, que la venta de la propiedad se efectuara por el 'precio de $30,000 y que la demandada tuviera derecho alguno a cobrar interés al tipo legal sobre el supuesto importe del precio de la venta; y, por consiguiente, que la demandante adeudara a la demandada hasta el 14 dé septiembre de 1943 la suma de $12,994.31 u otra suma.

Visto el caso, la corte inferior dictó sentencia el día 17 de agosto de 1944 bajo los siguientes pronunciamientos: (1) declarando nulo el procedimiento ejecutivo sumario se-guido por doña Encarnación Aboy Vda. de Cintrón contra F. Rodríguez Hermanos & Cía., bajo el número 16,238 de dicba Corte; (2) condenando a la demandada a satisfacer a la demandante las sumas de $32,000, por el valor en el mercado de la propiedad en el año 1932; $38,758.21, por las rentas producidas por la propiedad durante el período com-prendido entre abril 22, 1932, y junio 27, 1940; (3) conde-nando a la demandada a satisfacer a la demandante la suma de $297.35 por las rentas producidas por la propiedad y per-cibidas por la demandada durante el período comprendido entre febrero 20 y abril 21 de 1932; (4) condenando a la demandada a satisfacer a la derpandante la suma de $5,775 por concepto de intereses al tipo legal sobre la cantidad de $30,000 desde el 27 de junio de 1940 al 14 de septiembre de 1943, y (5) condenando a la demandada a pagar a la deman-dante las costas de este litigio y $400 que se fijan para hono-rarios de abogado, más los intereses legales sobre la suma de $76,830.56, importe total de la reclamación excluyendo las costas y honorarios de abogado, desde la fecha de esta sen-tencia y hasta su pago; y (6) condenando a la demandante a satisfacer a la demandada las sumas de $25,000 por el principal del préstamo hipotecario que ésta le hiciera el 18 de diciembre de 1925; $27,781.29 por los intereses sobre dicho préstamo por el período comprendido entre el 18 de junio de 1931 a 14 de septiembre de 1943 a razón del 10 por ciento sobre el plazo hipotecario que venció el 18 de septiembre de 1929 y del 9 por ciento sobre el remanente y $25,331.02 por concepto de gastos de conservación y ■ administración de la propiedad hipotecada durante el período en que estuvo en la posesión de la. demandáda, en total, $78,112.31, más los inte-reses legales sobre esta suma desde la fecha de la sentencia hasta su pago.

Alega la ¿«mandada que la corte inferior incurrió e® error:

1. Al no declarar con lugar la defensa de prescripción..

2. Al no declarar con lugar la defensa de laches.

3. Al no declarar con lugar la defensa de estoppel.

4. Al no declarar con lugar la defensa de falta de error perjudicial.

5. Al determinar que el valor de la propiedad era $32,000 en el año 1932.

6. Al determinar que las rentas brutas que producía la finca desde el día en que entró en posesión de la propiedad la demandada apelante en 1932 hasta la venta en 1940 as-cenderían a $38,758.21, y las rentas netas a $13,427.19.

7. Al conceder a la demandante apelante intereses sobre $30,000 como precio de la venta de la propiedad a la 4‘Mu-nicipal Housing Authority”.

8. Al conceder a la demandante apelante honorarios de abogado ascendentes a $400.

Sostiene la demandante como fundamentos de su apela-ción, que la corte incurrió en los siguientes errores:

1. Al condenar a la demandante apelante, a pagar a la demandada apelada la suma de $5,802.27 como gastos nece-sarios en la conservación de la finca objeto de esta acción.

2. Al determinar que la cantidad que debe pagar la de-mandada apelada por concepto de rentas y frutos dejados de percibir o que pudiera haber percibido la demandante ape-lante, es la suma de $38,758.21.

3. Al estimar en la suma de $32,000 el valor del inmueble en la fecha en que la demandante apelante fue privada del mismo.

4. Al condenar a la demandada apelada a pagar a la de-mandante apelante un interés legal de 6 por ciento sobre la cantidad de $30,000 desde el 27 de junio de 1940 al 14 de-septiembre de 1943.

5. Al condenar a la sociedad demandante apelante a pa-gar a la demandada apelada intereses a razón del 10 por ■ciento sobre el plazo hipotecario que venció en 18 de diciem-bre de 1929 y del 9 p,or ciento sobre el remanente de $23,000 ■desde el 27 de junio de 1940 hasta el 14 de septiembre de 1943.

6. Al condenar a la demandada apelada a pagar a la de-mandante apelante la suma de $297.35 por concepto de daños y perjuicios a consecuencia del embargo ilegal de las rentas que ésta practicara para asegurar la efectividad de la sen-tencia.

7. Cometió error y abusó de su discreción al conceder solamente la suma de $400 para honorarios de abogado.

Procederemos en primer lugar a considerar las cuestio-nes planteadas por la demandada y luego las de la deman-dante.

Empezaremos por considerar las defensas propuestas por 2a demandada que sean de carácter privilegiado, luego las ■cuestiones de derecho levantadas por la demandante en re-lación con la nulidad del procedimiento de ejecutivo hipote-cario y, por último, las cuestiones de hecho envueltas en este litigio.

Alega la demandada que la acción de nulidad ejercitada por la demandante está prescrita a tenor de las disposiciones del artículo 1868 del Código Civil- (edición de 1930), por haber transcurrido más de un año desde el día '27 de abril de 1932, fecha en que se vendiera en pública subasta el inmueble hipotecado, hasta el 14 de septiembre de 1943, fecha en que se radicara la demanda de este caso.

En los casos de Román Benítez v. Rivera, 43 D.P.R. 535, Gutiérrez vda. de Crosas v. Longpré, 44 D.P.R. 667, Sucesión Trías v. Porto Rico Leaf Tobacco Co., 50 D.P.R. 91 y Crespo v. Schlüter, 58 D.P.R. 1334, este Tribunal fijó, con vista dé la ley, en 15 años el término de prescripción jpara esta clase de acciones. La prescripción que determina el art. 1868(2) del Código Civil, edición de 1930, es de exclusiva aplicación a las acciones de daños y perjuicios que emanan por razón de la culpa o negligencia a que se refiere el art. 1802 del inismo Código.

Distinguiendo Manresa la culpa y negligencia de que trata el Capítulo II del Título XYI del Libro IV del Código Civil de otras clases de culpa y omisión, dice lo siguiente (Comen-tarios al Código Civil, Tomo 12, pág. 600-01, edición de 1907):

. la única especie ele culpa y omisión o negligencia que puede ser y es materia del presente capítulo, es la segunda, o sea la que sin la existencia de una obligación anterior, y sin ningún antecedente contractual, produce un daño o perjuicio que tiene su origen en una acción u omisión culpable sólo civilmente; es decir,‘que siendo ilícita no revista, sin embargo, los caracteres de un delito o falta por no estar penada por la ley.”-

Surge en este caso la acción de daños y perjuicios ejer-citada por la demandante como consecuencia de los preceptos del párrafo del art. 169 del Reglamento de' la Ley Hipoteca-ria que transcribimos literalmente a continuación (Pontón v. Sucesores de Huertas González, 42 D.P.R. 529):

"El escrito a que se refiere este artículo, autorizado siempre con firma de letrado, enumerará los hechos y las razones jurídicas deter-minantes de la certeza, la subsistencia y la exigibilidad del crédito y de la competencia del juzgado; señalará categóricamente las canti-dades ciertas cobradas en concepto de intereses o a cuenta del capital de la deuda, expresando también la cuantía líquida ele la reclamación que por el solo acto de iniciar el procedimiento contraerá el acreedor, sujetándose a indemnizar cuantos daños y perjuicios irrogare al deu-dor o a terceros interesados por malicia o negligencia en la fiel expo-sición de los hechos y las circunstancias que ha de apreciar el juez para autorizar el procedimiento y para continuarlo.” (Bastardillas nuestras.) (Páginas 873 y 874, Estatutos Revisados de 1941.)

En él caso de Giménez et al. v. Brenes, 10 D.P.R. 128, 132, este Tribunal resolvió “qué el procedimiento sumario para el cobro de hipotecas es el resultado de un contrato entre par-tes en el que se han convenido las prestaciones y se ha pac-tado también el medio de hacer efectivo .el crédito en caso de incumplimiento, o sea en el de falta de pago por parte del deudor.” Es obvio que la malicia o negligencia a que se contrae el art. 169, supra, tiene su origen en una obliga-ción contractual o por lo menos en su antecedente contractual, pues a no mediar relaciones contractuales entre los liti-gantes de este caso, jamás Rubiera surgido la obligación de la demandada a indemnizar a la demandante como consecuen-cia de no haberse interpuesto la acción del procedimiento su-mario para el cobro de la hipoteca de conformidad con las disposiciones de la Ley Hipotecaria. Véase: Carmona et al. v. Cuesta, 20 D.P.R. 229, Gutiérrez vda. de Crosas v. Longpré, supra.

La prescripción en el presente caso no puede regularse por las disposiciones del inciso 2 del art. 1868 del Código Civil vigente, que dispone:

“Artículo 1868, — Acciones que prescriben al año.
Prescriben por el transcurso de un año:
1. .
2. La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o ca-lumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1802 desde que lo supo el agraviado.”

El artículo 1802 del Código Civil vigente lee como sigue:

“Artículo 1802. — Obligación cuando se causa por culpa o negli-gencia. — El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. ’ ’

Dicho artículo 1802 guarda congruencia con el 1042 del mismo Código, que dice así:

“Artículo 1042. — Cómo nacen las obligaciones. — Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. ’ ’

Y el artículo 1046, comprendido en el libro 4 del Código Civil vigente dice textualmente:

“Artículo 1046.- — Derivadas de actos u omisiones no penados por la ley. — Las (obligaciones) que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, quedaráii so-metidas a las disposiciones del capítulo II del título XYI de este libro. ’ ’

Estudiando detenidamente el capítulo 2 del Título XVI del libro 4 del Código Civil, que comprende los artículos 1802 a 1810, ambos inclusive, encontramos que las responsabilida-des que los referidos artículos establecen nacen de culpa o negligencia, que sin la existencia de una obligación anterior y sin ningún antecedente contractual producen un daño o per-juicio que tiene su origen én una acción u omisión derivadas de aquella culpa o negligencia. Deducimos de estos mismos artículos que entre los daños y perjuicios y la culpa o negli-gencia de que se derivan ba de haber una relación inmediata de causa y efecto, y que la indemnización de aquéllos no ha de ser accesoria de otra responsabilidad o efecto de no po-der ser exigible cualquier responsabilidad legal o contractual.

No pudiendo en el presente caso la demandante ejercitar la acción que le concede el artículo 280 del Código Civil vi-gente contra el tenedor y el poseedor del inmueble motivo de la acción de la nulidad del ejecutivo hipotecario por hallarse el mismo en poder de tercera persona, optó, según se des-prende de las alegaciones de su demanda, por acogerse a las disposiciones del artículo 38 de la Ley Hipotecaria, que para tal evento previene que “en todo caso en que la acción reso-lutoria o rescisoria no pueda dirigirse contra tercero, con-forme a lo dispuesto en dicho artículo, se' podrá ejercitar la personal correspondiente para la indemnización de daños y ■perjuicios por el que los hubiere causado.” (Subrayado nuestro.) Concuerda con el anterior precepto el contenido del inciso segundo del artículo 1247 del Código Civil vigente.

La acción de daños y perjuicios en el presente caso no tiene el carácter de principal sino de subsidiaria, pues la de-mandante no está ejercitando su acción real'y directa contra la propiedad motivo del litigio y sí la personal en reparación de su derecho lesionado; y como se ve, la acción que ejercita no es la acción para exigir responsabilidad por culpa y ne-gligencia, a que se refiere el inciso 2 del artículo 1868 del Código Civil, y no es por tanto aplicable al presente caso el precepto sobre prescripción por un año, que dicho artículo establece. Se trata de una acción personal que no tiene se-ñalado término especial de prescripción y que por tanto prescribe a los 15 años con arreglo al artículo 1864 del Có-digo Civil.

No erró la corte inferior al resolver que el.término de prescripción para esta clase de acciones es de quince años.

Sostiene la demandada que la acción ¡ejercitada por la demandante debe declararse sin lugar por haber ésta incurrido en demora injustificada, laches, en el ejercicio de su acción de nulidad por haber transcurrido alrededor de once años entre su iniciación y la adjudicación de la propiedad hipotscada a la demandada. La defensa de laches es una en equidad, peculiar a las cortes de equidad y no tiene aplicación a las acciones en ley. Véase: 30 C.J.S. párrafo 113, pág. 523.

Si aceptáramos la procedencia de la defensa de demora, laches, en caso de la naturaleza del presente, estaríamos de-jando sin efecto las disposiciones prescriptivas determina-das en el Código Civil. El Tribunal Supremo de España en sentencia que dictara en 18 de abril de 1902 (Jurisprudencia Civil, tomo 93, pág. 636) resolvió lo siguiente: “La demora en las reclamaciones no lleva consigo la disminución de de-rechos, si no transcurre el tiempo preciso para que se extin-gan por prescripción.” Igual doctrina ha sido sentada por este Tribunal en los casos de Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278, 292 y Román v. Sucesión Domich, 38 D.P.R. 406, 412, en los cuales se declaró que la defensa de demora injustificada o “incuria laches” es improcedente cuando la acción que se ejercita no ha prescrito al tiempo de ser iniciada. Este Tribunal discute ampliamente la cuestión de laches en relación con la prescripción en el caso de Serrano v. Talavera et als., 65 D.P.R. 438, en el que por voz del Juez Asociado Sr. De Jesús se expresó así:

“La acción de accounting en el Derecho Angloamericano es de equidad, y siendo la defensa de laches una doctrina de equidad, es de aplicación en las acciones de accounting bajo el Derecho Anglo-americano. Pero aún bajo ese mismo Derecho la doctrina de laches no es de aplicación en acciones en ley donde exista un 'término de prescripción. United States v. Mack, 295 U.S. 480, 489 (1935); Transbel Inv. Co. v. Scott, 26 A.2d 205 (Pa. 1942).
“Independientemente de que la evidencia en este caso fuese o no suficiente para dar lugar a la aplicación de la doctrina de laches en una -acción de accounting en una corte de equidad, la doctrina de laches no es aplicable en el presente caso. En esta jurisdicción la acción de rendición de cuentas no tiene su origen en la Jurisprudencia de Equidad. Por el contrario, está regulada por nuestro Código Civil que a su vez la tomó del Código Civil Español. De conformidad con el art. 1861 del Código Civil, las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley, y como ha resuelto el Tribunal Supremo de Cuba en su Sentencia Núm. 163 de 5 de noviembre de 1931, el que alega la prescripción extintiva no debe probar otra cosa que el decurso del tiempo. Por consiguiente ninguna circunstancia acorta el término de prescripción fijado por la ley.
“Aceptamos que en esta jurisdicción se ha aplicado distintas ve-ces la doctrina de laches, pero ha sido siempre en relación con reme-dios extraordinarios adoptados del Derecho Angloamericano.”

Los casos de Montes v. Domenech, 48 D.P.R. 269, y Urdaz v. Padín, 48 D.P.R. 306, no son de aplicación en el presente por ser de naturaleza equitativa. No se lia cometido el error alegado.

Sostiene la demandada que la corte erró al no declarar con lugar la defensa de estoppel porque bajo las circunstancias del presente caso permitió a la demandante • ale-gar y sostener que el documento privado de prórroga, supra, no tenía la efectividad exigida por los requisitos del procedimiento sumario. Este contrato de prórroga no constando en escritura pública, nunca fue inscrito; por lo tanto, el interés adicional del 1 por ciento anual convenido por las partes contratantes no quedó cubierto por la garantía hipotecaria. Véase: Art. 146 Ley Hipotecaria y 1758 y 1776 del Código Civil, edición de 1911; Fernández v. Roig, 2 S.P.R. 46, 50; Tesorero v. Registrador, 2 S.P.R. 598, 601. No obstante esto, la demandada, para sostener su defensa de estoppel alega: (1) que fue la intención de la demandante apelante, y así lo representó, que el convenio privado modi-ficara la hipoteca, habiendo recibido y aceptado todos los beneficios correspondientes bajo dicho convenio; (2) que fué la intención y esperanza de la demandante y apelante que la demandada y apelante confiaría en la efectividad del con-venio privado como modificación de la hipoteca, y efectiva-mente ésta así lo confió; y (3) que el permitir ahora a la demandante y apelante demostrar que el convenio privado no tiene efectividad habría de traer a la demandada y ape-lante graves perjuicios.

Para la determinación de la cuestión legal levantada por la demandada, nos remitimos a los autos del caso. Luego de un detenido y minucioso estudio de los referidos autos, podemos afirmar que la demandante jamás ha impugnado la validez y exigibilidad del citado contrato privado de pró-rroga de hipoteca. Solamente se. ha limitado a impugnar el procedimiento sumario a que fuera sometida para el cobro de tales intereses de conformidad con el derecho que le concede el artículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, derecho que no ha renunciado y que puede reclamar dentro del término de quince años según se ha dejado resuelto en este caso. Los intereses adicionales sobre el indicado plazo de $2,000, constituyen un crédito personal y escriturario a favor de la demandada contra los deudores hipotecarios (Fernández v. Roig, supra), y, por lo tanto, la demandada no podía recurrir al procedimiento sumario de ejecutivo hipo-tecario sino a la acción ordinaria. Véanse artículos 128 al 133 de la Ley Hipotecaria y 168 al 176 del Reglamento; Figueroa v. Boneta, 58 D.P.R. 811.

Además, debemos notar que la acreedora no estaba obligada a recurrir al procedimiento sumario de la Ley Hi-potecaria para el cobro de su crédito. Bien pudo instar la acción ordinaria y por consiguiente no puede decirse .que al suscribir el contrato privado de prórroga, el deudor estuviera en estoppel, pues ni directa ni indirectamente indujo a la acreedora a recurrir a ese procedimiento especial y si ella lo hizo, actuó a su riesgo.

Por los fundamentos expresados, opinamos que no existe el error alegado.

Sostiene la demandada que “la corte inferior incurrió en error al no declarar con lugar la defensa de falta de error perjudicial”, fundándose en que el error cometido en Ja tramitación del procedimiento ejecutivo sumario no justifica la anulación de dicho procedimiento. Descansa su defensa en los preceptos de la Regla 61 de Enjuiciamiento Civil que en su parte pertinente lee como sigue:

“Ningún error en la admisión o exclusión de evidencia y ningún error o defecto en cualquier decisión u orden, o en cualquier acto realizado u omitido por la corte o por cualquiera de las partes, dará lugar a la concesión de un nuevo juicio, o a dejar sin efecto, modifi-car, o de otro modo alterar una sentencia u orden, a menos que la corte considere que la negativa a tomar tal acción sea inconsistente con la justicia substancial. En el curso de todo el procedimiento la corte deberá hacer caso omiso de cualquier error o defecto en el mismo que no afecte los derechos substanciales'de las partes.”

Es incuestionable que la Regla antes transcrita no es de aplicación al procedimiento de ejecutivo hipotecario sumario, ya que la Regla 81 de Enjuiciamiento Civil en su inciso (a) dispone: “Estas reglas serán aplicables a todas las acciones civiles ordinarias y a todos los casos de mandamus, injunction, interdictos para retener o recobrar la posesión, terce-rías, reclamaciones del derecho de hogar seguro.” Todo lo que no está expresamente incluido en esta regla ha quedado tácitamente excluido de los efectos de las Reglas de Enjui-ciamiento Civil.

Ha sido doctrina constante de este tribunal la de que en el procedimiento ejecutivo sumario cualquier cantidad que se cobre sin haber sido hipotecariamente garantizada, vicia de nulidad el procedimiento. Santos v. Crédito y Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 946; Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655; Vázquez vda. de McCormick v. Gutié- rrez, 52 D.P.R. 170; Figueroa v. Boneta, 58 D.P.R. 811; Marcia Torres v. Fernández Méndez y Luis G. Hernández, 65 D.P.R. 622.

No podemos perder de vista que el procedimiento ejecu-tivo sumario es prácticamente uno ex-parte por cuya razón al hacerse uso de él todos los requisitos y condiciones pre-cedentes y concomitantes a su ejercicio deben ser observa-dos estricta y rigurosamente. Ojeda v. Registrador, 39 D.P.R. 239; Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, supra; Figueroa v. Boneta, supra. . Especialmente si consideramos que la orden de requerimiento de pago equivale a una sen-tencia exigiendo el pago de la misma dentro del término de .treinta días sin la celebración de juicio. Porto Rico Leaf Tobacco Co. v. Aldrey, 13 D.P.R. 234, 241; Perales v. Corte, 43 D.P.R. 902 y Vázquez vda. de McCormick v. Gutiérrez, supra.

Por los motivos que dejamos expresados, entendemos que la violación de los preceptos legales que regulan el referido procedimiento constituyen un error substancial que afecta los derechos de la deudora, ya que en virtud del procedimiento sumario se cobraron intereses que no están hipotecariamente garantizados.

Alega la demandada que la corte inferior erró al valorar la propiedad hipotecada en $32,000 en el año 1932, por entender que el valor justo y real para esa época era de $25,992.05, cantidad que habida consideración de la sentencia anulando el ejecutivo hipotecario sumario debería devolver a la demandante como precio de la propiedad hipotecada, ya que se encuentra imposibilitada de devolver la misma por haberla enajenado en favor de la “Municipal Housing Authority of the Capital of Puerto Rico ” en el año 1940. También, la demandante en su tercer señalamiento de error contra la sentencia dictada por la corte inferior sostiene que la corte erró al estimar en $32,000 el valor del inmueble en el año 1932, o sea la fecha en que fuera privada del mismo, pero no determina cuál era su valor para esa época y se concreta en sn argumentación a discutir que tenía derecho a que la corte le concediera el montante del valor en mercado que tenía la referida propiedad en 1940 cuando fuera enajenada, estimando su justo valor en $39,000 para esa fecha, fundándose en que siendo el procedimiento de eje-cutivo sumario nulo, la demandante nunca dejó de ser dueña de la propiedad hipotecada hasta que fuera vendida en 1940. Como .ambos errores están íntimamente relacionados, vamos a discutirlos conjuntamente.

La cuestión fundamental en este caso, según las alega-ciones y la prueba aducida, ha girado sobre el precio en el mercado del inmueble hipotecado a la fecha en que fuera ad-judicado a la demandada, o sea el 21 de abril de 1932, y no hubo contención ni la demandante presentó prueba en cuanto al valor del inmueble en el 1940. Existe una marcada in-' consistencia por parte de la demandante entre sus alegacio-nes, prueba para sostener éstas, y su alegato, donde por vez primera levanta la cuestión de que el precio que debe recu-perar con motivo de habérsele privado ilegalmente de sir propiedad es el que tenía en el mercado en el 1940. Este'.-. Tribunal no puede entrar a considerar en grado de apela- ■ ción la cuestión ahora levantada, ya que ésta no fue sometida., a la consideración de la corte inferior.

La contienda levantada en la corte inferior giró alredé-*-dor del valor de la propiedad en el año 1932. La prueba en.: cuanto a ese extremo fué completamente contradictoria, pero, la corte inferior dirimió el conflicto resolviendo que el valor-en mercado de la referida propiedad en 1932 era de $32,000j. y no habiéndose demostrado que cometiera manifiesto error en la apreciación de la prueba ni que actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad, debe sostenerse su dictamen.

Alega la demandada que la corte inferior erró al de-terminar que las rentas brutas producidas por la finca desde el día en que entrara en posesión de la propiedad en el año. 1932 hasta que las vendiera en 1940 ascendían a $38,758.21 y las rentas netas a $13,427.19. Asimismo la demandante alega en el segundo señalamiento de errores que la corte erró al determinar que la cantidad que debe pagar la demandada apelada por concepto de rentas y frutos dejados de percibir ■ o que pudiera haber percibido la demandante apelante mon-tara a la suma de $38,758.21. Ambas partes imputan la co: misión del mismo error, aunque por distintos motivos y por •ello vamos a discutirlos conjuntamente.

La demandada sostiene que la renta bruta que produjera la propiedad hipotecada durante el término de ocho años que -estuvo bajo su posesión ascendió a la suma de $38,293.63, y :no. a la suma de $38,758.21 que la corte determinara, porque ;se probó que la cantidad de $34,812.39 era equivalente a lo ¡cobrado por concepto de rentas desde abril de 1932 hasta ju-nio 27 de 1940 después de deducido el 10 por ciento de co-misión correspondiente al cobrador García Cruz. Si el im-porte total de la renta bruta menos el 10 por ciento pagado al cobrador montaba a $34,812.39 según dictaminara la corte inferior, resalta a la vista que el 100 por ciento de la renta bruta debería ascender a la suma de $38,680.43. Debe corre-girse este error de números en la sentencia dictada. Alega además que entre los gastos de administración y conserva-ción de la propiedad aceptados como probados p<?r la corte, montantes a $25,331.02 no aparece incluido el 10 por ciento de la renta bruta pagado al cobrador por concepto de comi-sión. La demandante alega en contrario que en la partida de $5,802.27 señalada como gastos de administración está in-cluida la comisión del 10 por ciento pagada al cobrador. También alega que la renta bruta producida y debida pro-ducir por el inmueble debía ascender a la suma de $48,000. En realidad no podemos asegurar con certeza si la comisión del 10 por ciento antes aludida se incluyó o no en los gastos de conservación y administración de la propiedad, pero la ' corte determinó cuáles eran los gastos deducibles de la renta bruta según se expresa a continuación: •

Contribuciones._ $8, 027. 49
Primas de seguros_ 1, 602. 21
Reparaciones_,_ 5, 208..62
Agua_ 3, 455. 61
Luz_!_•_i_:_ 138. 83
Peón para la limpieza_ 432. 00
Dereclios de instalación eléctrica_ 2. 00
Plomería._ 588. 00
Derechos de pago de tubería de desagüe por terrenos de la American Railroad Co_ 24. 00
Costas para fondo seguro del estado-_ 51. 99
Gastos de administración_ 5, 802. 27
Total_.._#25,331.02 (sic)

No cabe duda alguna que los gastos que aprobó la corte por concepto de conservación y administración de la pro-piedad son los anteriormente relacionados, siendo inmaterial para los efectos del caso si la partida de gastos por comisión de cobranza de las rentas está o no incluida en los gastos de administración.

Determinado que los gastos de administración montan a la suma de $25,331.02, de la renta bruta ascendiente a $38,680.43, queda entonces una renta neta de $13,349.41.

Como en el error señalado por ambas partes existe divergencia de criterio en cuanto al importe total de la renta bruta que ba debido producir el inmueble, así como en cuanto a la' renta neta, siendo la prueba aducida por las partes con-tradictoria, y resuelto el conflicto de la prueba por la corte inferior en favor de la demandada sin que se baya probado que al así ejercitar su discreción cometiera manifiesto error o actuase movida por pasión, prejuicio o parcialidad, enten-demos que no se ba cometido el error alegado.

Sostiene la demandada que la corte inferior erró al conceder a la demandante apelante interés legal sobre la suma de $30,000 en que vendiera la propiedad, a contar desde el 27 de junio de 1940 al 14 de septiembre de 1943, porque cuando ella vendió la propiedad en $30,000 pagó $1,000 de comisión de venta y $117.15 por concepto de documentación y otros gastos, por lo cual pide se deduzcan los gastos men-cionados del precio de venta antes de computarle el mon-tante de los intereses al 6 por ciento anual a que tiene dere-cho la demandante.

Opinamos que la demandada no tiene derecho a resar-cirse por no ser los mismos' gastos de administración y con-servación del inmueble vendido.

.También alega la demandante en su cuarto señalamiento que la corte erró al condenar a la demandada a pagarle el interés legal del 6 por ciento anual sobre la suma de $30,000, precio de la finca vendida, a contar desde el 27 de junio de 1940 hasta el 14 de septiembre de 1943, fundándose para ello en que tiene derecho no a los intereses legales antes indicados y sí a una indemnización igual a las rentas que hubiera podido percibir la demandada si no la hubiera vendido. Como este error está relacionado con el séptimo de la demandada, lo discutimos aquí.

Se prpbó que la demandada estuvo en posesión de la pro-piedad desde el 21 de abril de 1932 hasta junio 27 de 1940, fecha en que se traspasó en venta a la Autoridad de Hoga-res de la Capital por el precio de $30,000.

La indemnización de daños y perjuicios en este caso com-prende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, y como la demandada debe ser reputada como una poseedora de mala fe (art. 363 C.C., edición de 1930), ella viene obligada a abonar los frutos percibidos y los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir (art. 384 C.C., edi-ción de 1930) después de deducidos los gastos necesarios para la conservación de la cosa. Véase Capó v. Hartman & Cía., 57 D.P.R. 196, 205. No se probó que la demandada per-cibiera rentas con posterioridad al 27 de junio de 1940, fe-cha en que la propiedad fuera vendida a la Autoridad antes nombrada, la que destruyó las edificaciones que existían para levantar sobre el solar nuevas construcciones, por lo que la demandada no puede ser condenada a pagar rentas o frutos que no percibió ni se produjeron. Lokpez v. Fernández, 61 D.P.R. 522, 552. No existen los errores alegados por las partes contendientes.

Alega la demandada que la corte erró al conceder a la demandante apelante honorarios de abogado ascendientes a $400 fundándose en que no fue temeraria al defenderse de la acción ejercitada por la demandante en su contra. También la demandante sostiene en su séptimo señalamiento de error que la corte erró y abusó de su discreción al concederle solamente la suma de $400 para honorarios de abogado, ya que entiende que tales honorarios importan la suma de $5,000. Tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes en este caso, somos de opinión que la corte no abusó-de su discreción judicial al conceder a la demandante solamente la suma de $400 por concepto de honorarios de abogado.

Alega la demandante en su quinto señalamiento que la corte erró al condenarle a pagar a la demandada intereses a razón del 10 por ciento anual sobre el plazo hipotecario que venció el 18 de diciembre de 1929 y del 9 por ciento anual sobre el remanente' de $23,000 desde el 27 de junio de 1940 hasta el 14 de septiembre de 1943. Declarada la nulidad del procedimiento de ejecutivo sumario, queda subsistente el créT dito hipotecario y, por consiguiente, la demandante viene obligada a satisfacer los intereses sobre el mismo desde el 18 de junio de 1931 a razón del 10 por ciento anual sobre .el plazo de $2,000 que venció en 18 de diciembre de 1929 y del 9 por ciento anual del remanente hasta el 14 de septiembre de 1943. No erró la corte.

Y, por último, la demandante imputa a la corte infer rior haber errado al condenar a la demandada a pagar a la demandante la suma de $297.35 por concepto de daños y perjuicios a consecuencia del embargo ilegal de las rentas que ésta practicara para asegurar la efectividad de la sentencia, alegandp que tiene derecho a que le concedan la cantidad que debió percibir por rentas de las casas montantes a $1,000 y no lo que el Colector cobrara. La única evidencia presentada demuestra que el producto líquido de los frutos percibidos durante el período a que se refiere el embargo era de $297.35. No existe el error alegado. Véase Lokpez v. Fernández, supra.

Por las razones expuestas se modifica la sentencia en cuanto a la cuantía de la renta bruta de conformidad con los términos de esta opinión y, así modificada, se confirma.

El Juez Asociado Sr. Córdova se inhibió.


author: El Juez Presideote Señor Travieso JUEZ ASOCIADO SE. COBDOVA

text:
    Atanasia Miranda, como madre con patria potestad de su menor hija Carmen Lydia Miranda, demandante, apelada y apelante, v. Ramón Cacho Vega, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 9305.

    Sometido: Junio 5, 1946.

      Resuelto: Julio 26, 1946.

      Félix Ochoteco Jr., y Luis 22. Dubón, abogados del apelante, apelado; 22. Pérez Casalduo, abogado de la apelada apelante.
   El Juez Presideote Señor Travieso

emitió la opinión' dél tribunal.

Iün la demanda radicada por Atanasia Miranda, “como madre con patria potestad de su menor bija Carmen Lydia Miranda”, se alega que Atanasia y Eamón Cacho Vega, el demandado, vivieron en público concubinato y que como fruto de esas relaciones amorosas nació la niña Carmen Lydia en febrero' 17 de 1929, siendo en esa fecha la demandante y el demandado solteros y en condiciones para haber po-dido contraer matrimonio. En la súplica se solicita “se dicte sentencia declarando a la demandante hija natural re-conocida del demandado, con los demás pronunciamientos consiguientes ’ ’.

Contestó el demandado negando todos los hechos de la demanda. Fue el pleito a juicio y la corte inferior dictó sen-tencia declarando: (a) que ha sido probada la paternidad del demandado con respecto a la demandante Carmen Lydia Miranda; y (b) qne si Men el demandado es padre de la me-nor demandante, ésta “no tiene el concepto legal de bija natural y sí el de bija ilegítima”, con derecho solamente a exi-gir de sn padre alimentos, conforme a los artículos 128 y 143 del Código Civil, ed. 1930. Ambas partes apelaron.

Consideraremos primero el recurso de la demandante.

Alega la apelante que la corte inferior erró al resolver que no procedía declarar a la menor bija natural reconocida, porque en el momento de su concepción la madre no hubiera podido contraer matrimonio con el demandado, por haber sido concebida la menor antes de finalizar el término de 301 días que fija el artículo 70 del Código Civil, ed. 1930, para que la mujer divorciada pueda contraer nuevas nupcias.

Los hechos establecidos por la prueba son como sigue: Atanasia Miranda contrajo matrimonio con Francisco Galán en junio 18 de 1923. En noviembre 2 de 1926 Atanasia ra-dicó demanda de divorcio alegando que en julio 26 de 1923, Calan la abandonó y trasladó su residencia a la ciudad de New York, en donde se encontraba en la fecha de la radi-cación de la demanda. El demandado fué citado por edic-tos. y no habiendo contestado la demanda, en diciembre 16 de 1927, la Corte de Distrito de Arecibo decretó el divorcio.

En la vista del presente caso Atanasia Miranda declaró que ella decidió divorciarse cuando el demandado empezó a requerirla de amores; que su marido estaba en New York desde 1923; que se divorció y en seguida se fué a vivir con el demandado a principios de 1928; que en el mismo mes en que empezó a vivir con el demandado sintió los síntomas del embarazo; que la niña nació en el 1929; que desde que su marido se ausentó no tuvo relaciones con él ni con ningún otro hombre hasta que se fué a vivir con el demandado, des-pués de haberse divorciado. Del acta de nacimiento ofrecida en evidencia.por la demandante aparece que la niña nació el día 16 de febrero de 1929.

La evidencia ofrecida en pro y en contra de la alegada paternidad del demandado es contradictoria. La corte inferior resolvió el conflicto en contra del demandado; y siendo la prueba de lá demandante, creída por la corte sentencia-dora suficiente para sostener la conclusión de que la niña es bija del demandado, no estamos autorizados para alterar dicha conclusión.

La cuestión primordial a resolver en este caso es si de acuerdo con los hechos probados, erró la corte inferior al declarar que la niña no tiene el concepto de hija natural.

“Son hijos naturales” dice el art. 125 del Código Civil, “los nacidos fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos hubieran podido casarse sin dis-pensa o con ella.”- (Bastardillas nuestras.) ¿Podían, ca-sarse Atanasia Miranda y Bamón Cacho con dispensa o sin ella cuando fue concebida Carmen Lydia a principios de 1928, es decir, dentro de los 301 días siguientes a la disolu-ción del matrimonio de Atanasia Miranda con Francisco Ga-lán? La pregunta la contesta terminantemente el art. 70 del Código Civil al prescribir:

‘ ‘ Son incapaces para contraer matrimonio:
“6. La viuda durante los trescientos un días siguientes a la muerte de su marido, o antes de su alumbramiento si hubiere quedado en-cinta, y la mujer cuyo , matrimonio hubiere'sido declarado nulo o disuelto en los mismos casos y términos, a contar desde la fecha de la nulidad y disolución”.

Estando Atanasia Miranda incapacitada para contraer ■ matrimonio en la fecha en que su -hija fué concebida, dicha señora y Bamón Cacho Vega no podían entonces contraer matrimonio sin dispensa o con ella, y por consiguiente la hija de ellos no podía ser hija natural. Se arguye que habiendo nacido la niña el 17 de febrero de 1929, o sea, a los catorce meses de haberse decretado él divorcio, el nacimiento tnvo lugar después de transcurridos los 301 días siguientes a la disolución del matrimonio y que si el demandado y Ata-nasia Miranda hubiesen contraído matrimonio antes del na-cimiento de Carmen Lydia, el matrimonio sería convalidado de acuerdo con la doctrina establecida en Cintrón v. Román, 36 D.P.R. 484.

La circunstancia de que en la hipótesis de un matrimonio contraído por Ramón Cacho con Atanasia Miranda en el cual la niña hubiera nacido después de los 301 días del divorcio, ese matrimonio hubiera sido anulable, no implica que los contrayentes tuvieran capacidad para contraer matrimonio. Los contratos de los menores de edad mayores de dieciocho años son anulables y nadie podría alegar que por ese hecho dichos menores tienen capacidad legal para contratar.

Ya hemos visto que el criterio para determinar el status de hijo natural es la circunstancia de que al tiempo de la concepción del hijo nacido fuera de matrimonio, sus padres hubieran podido casarse sin dispensa o con ella. El hecho de que de haberse casado los padres antes del nacimiento del hijo, éste tenga status de legítimo, no tiene relación alguna con la cuestión en controversia. Yamos a demostrarlo: X, un hombre casado, tiene acceso a Z, una mujer soltera y de esa unión nace un hijo. Después de concebido, pero antes de nacer el hijo, X enviuda y contráe matrimonio con Z. No hay duda que el hijo es legítimo, bien de acuerdo con el art. 113 del Código Civil que declara hijos legítimos a los nacidos después de los 180 días siguientes a la celebración del ma-trimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución, ya de conformidad con el art. 114 dispositivo de que “igual-mente es legítimo el hijo nacido dentro de los' ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio,. si el marido no impugnare su legitimidad.” Empero, si el matrimonio entre X y Z no llega a celebrarse, como sucedió en el pre-sente caso, a nadie se le ocurriría sostener que el hijo de X y Z — a pesar de haber sido concebido cuando su padre era casado — es un hijo natural porque si X y Z se hubieran ca-sado antes de su nacimiento, el hijo hubiera sido legítimo.

Los criterios para determinar la legitimidad, la legiti-mación o el estado de hijo natural son distintos. Para la legitimidad basta que el hijo haya nacido después de con-traído el matrimonio, aunque al tiempo de la concepción los padres estuviesen incapacitados para contraerlo. Artículos 113 y 114 del Código Civil Para la legitimación por un sub-siguiente matrimonio — el cual contempla que el hijo nació antes de su celebración — es requisito indispensable que el hijo tenga el status de hijo natural. Artículos 119 y 120 del Código Civil. Y, por último, para que el hijo tenga el concepto de natural, es preciso que al tiempo de la concep-ción sus padres hubieran podido casar’s'e sin dispensa o con ella.

Pudiera también argüirse que como de la prueba practi-cada resulta que cuando se decretó el divorcio, Francisco Ga-lán, el marido de Atanasia Miranda, se hallaba ausente en Nueva York desde julio de 1923, la niña no podía ser hija de Galán, y no existiendo posibilidad de confusión respecto a su paternidad, Atanasia Miranda no estaba incapacitada para contraer matrimonio con Ramón Cacho cuando la niña fué concebida. Esa circunstancia quizás podría alegarse si el marido Francisco Galán hubiera tratado de impugnar la legitimidad de la niña, de conformidad con el art. 113 del Código Civil. Pero el Código Civil no establece esa circuns-tancia como una excepción al inciso 6 del art. 70, ni hemos encontrado comentarista1 alguno que sostenga esa proposi-ción.

Habiendo declarado la corto a quo que la niña era hija del demandado, no siendo ella hija natural y habiendo nacido ella fuera de matrimonio, necesariamente era una hija ilegítima y como tal, con derecho a alimentos. Es verdad que la demandante no solicitó ser declarada hija ilegítima, pero como de las alegaciones y de la prueba resulta que lo era, no erró la corte inferior al conceder a la demandante el remedio a que tenía derecho. Regla 54(c) de Enjuiciamiento Civil.

Consideraremos ahora el recurso interpuesto por el de- , mandado.

En el primer señalamiento se alega que la corte inferior erró al no' desestimar la demanda, por no alegarse en ella hechos suficientes para que la corte pudiera conceder a la demandante el remedio que solicita. Sostiene el demandado apelante-que no habiendo Atanasia Miranda interpuesto la demanda en su capacidad representativa, como, madre natural de la menor, que es la parte realmente interesada, la acción no debe prosperar. Cita en apoyo de su contención la decisión de este (Tribunal en Olivo v. Arriví, 38 D.P.R. 717, 718 y 719.

Es fácil distinguir el citado caso del de autos. La acción en aquel caso fue interpuesta a nombre de Angela A. Olivo, como demandante. La demanda en el caso ante nos ha sido interpuesta por “Atanasia Miranda, como madre con patria potestad de su menor hija Carmen Lydia Miranda, deman-dante”. La súplica de que se dicte sentencia “declarando a la demandante hija natural reconocida del demandado” es una clara indicación de que la demandante es la hija, repre-sentada por su madre natural Atanasia Miranda. Sería ab-surdo interpretar la súplica de la demanda en el sentido de que Atanasia, la madre, pide que se le declare a ella hija natural de su concubino. No erró la corte al resolver que la demanda es suficiente.

Se alega en el segundo señalamiento que la corte inferior erró al no desestimar la demanda una vez demostrado que la menor demandante no podía alegar con éxito su condición de hija natural.

Ya hemos resuelto que la corte -a quo no erró al declarar que la demandante no tiene la condición de hija natural re-conocida del demandado. El demandado apelante ha tratado en vano de convencernos de qne la sentencia recurrida es errónea en cuanto por ella se reconoce a la demandante la condición de hija ilegítima del demandado. Toda su argu-mentación se basa en un ataque colateral a la sentencia de divorcio dictada en diciembre 16 de 1927, con el propósito de demostrar que cuando la menor demandante fué concebida y cuando nació, su madre Atanasia Miranda estaba aún casada con Francisco Galán, teniendo, por tanto, la niña, la presun-ción de hija legítima de Francisco Galán y de Atanasia Miranda, y que esa presunción no ha sido destruida por la prueba que requiere la ley. ' El ataque colateral a la senten-cia de divorcio no fué hecho ante la corte inferior, habién-dose levantado la cuestión por primera vez en el alegato del demandado apelante.

La única prueba que la demandante estaba obligada a presentar para establecer el hecho de que en la fecha de su nacimiento su madre no estaba casada, era la senténcia de divorcio. Esa sentencia tiene a su favor la presunción de ser válida y de haber sido dictada por una corte con jurisdic-ción sobre la materia y sobre las partes. La hemos exami-nado y no encontramos en ella nada que pueda afectar su validez.

La regla establecida por la jurisprudencia de California es que una sentencia es nula, por su faz (upon its face), so-lamente cuando ese hecho resulta aparente de un examen del legajo de la sentencia — People v. Thomas, 101 Cal. 571. Cuando el emplazamiento se ha hecho mediante la publica-ción de edictos el affidavit y la orden para la publicación de los edictos no son partes del legajo de la sentencia y no pue-den ser tomados en consideración. People ex rel. Schwartz v. Temple, 103 Cal. 447; Canadian and American Mortgage and Trust Co. v. Clarita Land and Investment Co., 140 Cal. 672; People v. Davis, 143 Cal. 673; 15 Cal. Jur. 45.

No apareciendo de la faz de la sentencia de divorcio ni del legajo de la misma motivo o razón alguna que pueda jus-tificar una declaración de nulidad; y no habiendo el deman-dado apelante presentado prueba alguna para sostener su alegación de que ciertos requisitos para la citación por edic-tos no fueron cumplidos, nos vemos precisados a resolver que la presunción de validez que a su favor tiene toda sen-tencia no ba sido controvertida. Véanse: Estate of James McNeil, 155 Cal. 333; Crouch v. Miller & Co., 169 Cal. 341; Hamblin v. Supreme Court, 195 Cal. 364.

Por las razones expuestas procede declarar sin lugar los recursos interpuestos. La sentencia recurrida será confir-mada,

OPINION DISIPENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SE. COBDOVA

CON LA CUAL CONCUBEE EL JUEZ ASOCIADO SB. SNYDEB.

Agosto 1, 1946.

Disiento de aquella parte de la sentencia y opinión de la Corte que resuelve que la demandante no es bija natural del demandado.

•Fué concebida la demandante dentro de los 301 días del divorcio de su madre. ¿Podían sus padres contraer matri-monio en esa época? El artículo 70 del Código Civil, inter-pretado literalmente, contesta esa pregunta en la negativa. Dispone que la viuda o divorciada carece de capacidad para contraer matrimonio durante los '301 días a contar de la muerte de su esposo o de la sentencia de divorcio. Si nos atenemos a la letra del artículo 70, la madre de la demandante no podía casarse en la época de la concepción de ésta. No te-nía capacidad entonces para contraer matrimonio.

Pero es que el artículo 70 no debe leerse literalmente. To-dos los jueces de esta Corte están conformes en que su alcance fué debidamente interpretado en Cintrón v. Román, 36 D.P.R. 484, donde se resolvió que no era nulo el matrimonio con-traído por una divorciada a los dos meses de la sentencia de divorcio, sino anulable, y que no podía ser anulado una vez transcurridos los 301 días a contrar de la fecba de la sentencia de divorcio. Dijimos entonces:

. . Sería violentar el tenor del artículo 178 si se dijera que la prohibición que se impone a la viuda o a la mujer divorciada . . . es un requisito esencial para contraer matrimonio. ...”

El caso de Cintrón v. Román, supra, resuelve pues que la viuda o divorciada puede casarse dentro de los 301 días de haber enviudado o haberse divorciado, que tiene capacidad para contraer matrimonio. Siendo ello así, la demandante es hija natural del demandado, puesto que sus padres pudie-ron haberse casado en la época de su concepción.

El caso de autos no difiere esencialmente del caso de un hijo de padres solteros, siendo la madre menor de die-ciséis años. Dice el artículo 70 del Código que las mujeres menores de dieciséis años carecen de capacidad para contraer matrimonio. Pero añade (como añade el caso de Cintrón v. Román, supra, algo similar respecto a la “incapacidad” de la viuda o divorciada) que el matrimonio quedará convalidado si la mujer concibe antes de la pubertad legal o antes de enta-blarse acción de nulidad. ¿Es natural el hijo concebido por una mujer soltera antes de sus dieciséis años, siendo soltero el padre? Creo que indudablemente lo es. La “incapacidad” efe la madre no excluye la posibilidad de que contraiga matri-monio para la fecha de la concepción. Puede contraer matri-monio, y de eontraerlo, queda convalidado al concebir. Igual ocurre con la viuda o divorciada. La “incapacidad” durante el término de 301 no le impide la posibilidad de contraer ma-trimonio. Si lo contrae y no da a luz hasta después de expi-rado el término de 301 días, ni hay posibilidad de confusión en cuanto a la paternidad, ni adolece el matrimonio de vicio alguno. No debe la viuda o divorciada casarse antes de los 301 días, como no debe hacerlo la mujer menor de dieciséis años. Pero puede hacerlo, y si lo hace puede resultar perfec-tamente válido, ab initio, el matrimonio.

Concluyo que, al concebirse la demandante, sns padres po-dían contraer matrimonio, y que la demandante tiene derecho por lo tanto a que se le declare hija natural, y no hija ilegí-tima, del demandado.

       Este preeepto legal ha sido variado por la Ley núm. 229 de 12 de mayo .de 1942 ((1) pág. 1297), enmendada por la núm. 243 de 12 de mayo de 1945 (pág. 815).

       Código Civil de 1902, equivalente al artículo 110 de la edición del Código de' 1930.