author: El Juez Peesidehte Seño®. Del Tomo

text:
    Juan B. Defendini, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 8364.

    Sometido: Marzo 6, 1942.

      Resuelto: Mayo 1, 1942.

      Ortiz Toro y Ortiz Toro, abogados del apelante; Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. González Blanes, abogados de la apelada.
   El Juez Peesidehte Seño®. Del Tomo

emitió la opinión del tribunal.

Juan B. Defendini entabló demanda en la Corte de Dis-trito de San Juan contra la White Star Bus Line, Inc., en reclamación de $3,300 por los daños y perjuicios que alegó que había sufrido al ser arrollado por una de las guaguas de la demandada, con más las costas y $500 por honorarios de abogado.

Contestó la demandada, fué el pleito a juicio y la corte lo decidió por sentencia de julio 18, 1940, declarando la de-manda con lugar pero fijando la indemnización en quinientos dólares y los honorarios en cien.

No conforme el demandante con la cuantía, apeló para ante este tribunal. Imputa a la corte sentenciadora error al no condenar a la demandada a pagarle dos mil dólares por sufrimientos físicos y angustia mental, al no condenarla a reintegrarle mil seiscientos dólares por concepto de benefi-cios dejados de percibir con motivo del accidente, al no con-denarla a pagar los ciento veinte dólares gastados por el de-mandante por hospedaje suyo y de su esposa en San Juan y al fijar los honorarios en cien dólares. Discute esos seña-lamientos de error en un alegato de treinta y una páginas. La demandada los impugna en otro de veinte.

Veamos en qué basó su criterio la corte sentenciadora. En su relación del caso y opinión declaró probados los si-guientes hechos:

“Que el día 3 de enero de 1939, como a las nueve y media de la mañana, el demandante, Juan B. Defending viajaba en una gua-gua de la demandada desde Santurce a San Juan; que al llegar la guagua a la Plaza Baldorioty en esta ciudad se detuvo' frente al es-tablecimiento comercial 'La Hormiga de Oro’ y varios pasajeros se bajaron antes que el demandante; que en el momento en que el de-mandante, después de haber pagado el importe del pasaje, se dis-ponía a bajarse de .la guagua el chauffeur la echó a andar, cayendo el demandante a la acera y continuando la guagua hasta la parada reglamentaria frente al establecimiento comercial 'La Samaritana’; que el demandante como consecuencia de la caída se fracturó el tobillo izquierdo, según se comprobó por la radiografía que le hi-cieron en el Hospital Municipal donde fué llevado y se lo entabli-llaron el primer día y al día siguiente le fué enyesada la pierna iz-quierda y se recluyó en el hogar de su hermano en Santurce, donde estuvo de cama por espacio de un mes; que el demandante sufrió intensos dolores en la pierna, teniendo que usar morfina para miti-garlos, y también grandes molestias con motivo de tener la pierna enyesada y no poder moverse ni hacer sus necesidades sin la ayuda de su esposa o hermano que tenían que sujetarlo; que el demandante residía con su esposa e hijos en Villalba y había venido a San Juan el día antes del accidente a atender a ciertos negocios relacionados con la Sucesión Negrón de Villalba, de la cual era administrador con un sueldo de $50 mensuales y casa; que como consecuencia del accidente no pudo seguir en dicho cargo y lo renunció; que el de-mandante incurrió en gastos de médico y medicinas, pero no le pagó nada a su hermano durante el mes que estuvo en su casa; que des-pués de levantarse el demandante tuvo que usar muletas para andar durante algún tiempo; que ahora el demandante está trabajando en Tesorería y vive en casa de su hermano y le paga $30 al mes por casa y comida; que el chauffeur de la demandada al ser denunciado en la Corte Municipal en relación con el accidente, se declaró culpable y pagó una multa; que a pesar de que la parada de las guaguas de la demandada en la Plaza Baldorioty es frente a ‘La Samaritana,’ muchas veces dichas guaguas hacen paradas en otros sitios en dicha plaza desde la esquina de la farmacia en la calle de la Cruz hasta ‘La Samaritana.’ ”

Hecha esa declaración concluyó la corte qne el accidente “se debió a la negligencia del chauffeur de la demandada al echar a andar la guagua en el momento en que el deman-dante se bajaba,” y con respecto a la cuantía de los daños dijo y resolvió:

“En cuanto a la cuantía de los daños reclamados por el deman-dante, la corte considera que son muy exagerados, y es de opinión que, de acuerdo con todos los hechos probados y las circunstancias del caso, una indemnización, en conjunto, de $500 es justa y ra-zonable. ’ ’

Condenó además a la demandada en costas y honorarios de abogado que fijó en cien dólares.

Hemos estudiado la transcripción de la evidencia que consta de ciento cincuenta' y una páginas y si bien encontra-mos exagerada y sin justificación cumplida la reclamación por concepto de ganancia dejada de obtener, nos parece que la indemnización por sufrimientos físicos no se apreció en su jnsto valor.

Basándonos en los propios hechos declarados probados por la corte sentenciadora, nos encontramos qne el deman-dante a virtud de la clara negligencia del empleado de la demandada, cayó desde el estribo de la guagua hasta la acera de la calle, fracturándose un tobillo, que fue llevado al hospital donde se le entablilló la pierna el primer día y se le en-yesó el segundo, que estuvo recluido por espacio de un mes y sufrió intensos dolores en la pierna enyesada, necesitando la ayuda de su esposa y de su hermano para poder moverse, incurriendo además en gastos de médico y medicinas.

Es cierto que no hay una regla exacta aplicable ni base para un cálculo matemático en casos de esta naturaleza, pero, atendidas las circunstancias que concurren y los precedentes establecidos, no obstante el tipo moderado de indemnización que se ha venido aplicando en esta isla y la práctica de no intervenir con la apreciación que haga la corte sentenciadora, nos parece tan claro que quinientos dólares no es la suma adecuada, _que consideramos nuestro deber doblarla, por lo menos.

También nos parecen insuficientes los honorarios de abogado concedidos. El trabajo que los autos muestran que se realizó, demanda que la suma concedida sea doblada de igual modo.

En su consecuencia debe declararse el recurso con lugar, modificándose la sentencia 'apelada en el sentido de fijar la indemnización de mil dólares y los honorarios en doscientos, y, así modificada, confirmarse.

El Juez Asociado. Sr. Todd, Jr., no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.

license: Public Domain

text:
    Pedro Alfonso Reyes, menor representado por su padre con patria potestad, Feliciano Reyes, demandante, apelado y apelante, v. Alberto Aponte, Manuel y Críspulo Díaz, individualmente y haciendo negocios bajo la firma de Enrique Díaz & Hermanos, demandados, apelantes y apelados.
    Núm. 8475.

    Sometido: Mayo 4, 1942.

      Resuelto: Mayo 5, 1942.

      F. R. Aponte, abogado del demandante, apelado y apelante; Francisco 'Díaz Marxuach, abogado de los demandados, apelantes y apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.

emitió la opinión del tribunal.

El 15 de abril de 1942 esta corte dictó una resolución en este caso declarando sin lugar la moción de desestimación presentada por los demandados apelados por el fundamento de que de una moción radicada por el demandante apelante aparecía que él había pagado al taquígrafo de la corte inferior la mitad de sus honorarios por preparar la transcrip-ción de la evidencia que sirvió de base para que el juez de la corte inferior, que no fue el que intervino en el juicio, pu-diera resolver el caso.

Los demandados apelados han solicitado la reconsidera-ción de dicha resolución alegando bajo juramento qne no es ■cierto que el demandante pagase al taquígrafo la certifica-ción de la evidencia testifical del juicio en cuanto a la ape-lación se refiere, la que fue satisfecha íntegramente por los demandados'para perfeccionar su apelación. Citadas las par-tes para una vista celebrada en el día de ayer para ser oídas sobre la moción de reconsideración y para en caso de que procediera la misma discutir la moción de desestimación, compareció únicamente el abogado de los demandados. Para sostener su moción presentó como prueba y fué admitida una certificación expedida por el taquígrafo de la corte inferior de la que aparece comprobado el hecho alegado por el de-mandante apelante al efecto de que transcribió el récord ta-quigráfico con el fin de someterlo al juez para que resolviera el caso y que recibió “de ambas partes el pago de sus hono-rarios”, pero certifica además dicho taquígrafo:

“Que resuelto el caso por el Hon. Juez Benjamín Ortiz y ha-biendo los demandados establecido recurso de apelación para ante el Hon. Tribunal Supremo, estos solicitaron y obtuvieron de la Hon. Corte de Distrito de Humaeao, P. E. una orden dirigida al suscri-biente para que éste preparara la transcripción de la evidencia, la cual preparó y radicó en la Secretaría de la ya citada corte, habiendo recibido el pagó de sus honorarios por este trabajo única y exclusi-vamente de parte de los demandados apelantes.
“Hago constar además, que los demandantes en el caso de epí-grafe, han solicitado de mí la transcripción de evidencia en ninguna ocasión antes de esta fecha.”

Presentó además dicho abogado un recibo creditivo de que pagó a dicho taquígrafo $40 importe del 50 por ciento del valor de la transcripción de evidencia y un cheque can-celado a favor del mismo taquígrafo como pago del valor de dicha transcripción a los fines de la apelación y además otro recibo por $15 pagados al Sr. Modesto Agosto, por conducto del Sr. Ernesto Méndez Soto, que así lo declaró, por prepa-rar la transcripción de autos en este caso.

Habiéndose establecido debidamente el hecho de que el demandante apelante no ha perfeccionado su apelación por no haber radicado en tiempo la transcripción de eviden-cia para sostenerla, y además que los demandados apelados en ningún momento han consentido en que dicho demandante apelante utilice” la transcripción por ellos pagada y radicada para perfeccionar su apelación, el caso debe resolverse a base de la constante jurisprudencia de esta corte al efecto de que: :

“Cuando ambas partes apelan de una sentencia, si una sola de ellas prepara y eleva la transcripción de los autos, y se opone a ello, la otra parte no puede valerse de dicha transcripción para sostener su recurso.” Forés v. Balzac, 28 D.P.R. 3; Pardo v. Pardo, 19 D.P.R. 1188; Central Pasto Viejo v. Aponte, 34 D.P.R. 196;

regla que no fue variada en el caso de Acevedo v. Domenech, 49 D.P.R. 138, pues en él expresamente se dijo que “ ... la transcripción elevada por uno de los apelantes puede ser aprovechada por el otro siempre que, como aquí sucede, con-sienta en ello el apelante que la eleva.” (Bastardillas nues-tras.)

En el caso de autos el demandante apelante en ningún momento ha demostrado que los demandados hayan consen-tido que la transcripción elevada por ellos pueda ser apro-vechada por el demandante para perfeccionar su apelación. Por el contrario, en todo momento le han negado ese consen-timiento.

Por lo expuesto, se reconsidera nuestra resolución de atril 15, 1942; y se declara \con lugar la moción de los demandar-dos apelados y en su consecuencia se desestima el recurso ■establecido por el demandante apelante. '


text:
    Serafín Flores, demandante y apelante, v. Antonio Silva, demandado y apelado.

      Núm. 8411

    Sometido: Abril 28, 1942.

      Resuelto: Mayo 6, 1942.

      Miranda «£• Miranda Estove, abogados del apelante; Celestino Triarte, F. Fernández Guyar y H. González Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.

emitió la opinión del tribunal.

El día Io. de julio de 1931 el demandante, Serafín Flores, facilitó al demandado, Antonio Silva, en calidad de préstamo, la suma de $3,119.36 con intereses al 9 por ciento anual, ha-biéndose obligado el demandado a devolver dicha suma al demandante tan pronto fuera requerido y, no habiéndolo he-cho, el demandante radicó demanda cobrando la suma principal y los intereses desde el año 1936 al 1940 o sea nn total de $4,242.32. Para asegurar la efectividad de la sentencia que en su día pudiera recaer la Corte de Distrito de San Juan decretó el embargo de bienes del demandado el que fue trabado en los siguientes:

“A. — Una finca rústica radicada en el barrio Pueblo Yiejo, de Guaynabo, compuesta de 817 metros con 56 centímetros cuadrados, sobre la cual hay una casa de vivienda de una planta, un cuarto de servicio y un garage.
B. — Un automóvil Pontiac, licencia núm. 9837.
C. — Una vaca con su cría.
D. — Una nevera eléctrica.”

Solicitó entonces el demandado la exención de dichos bie-nes del embargo trabado, alegando que los mismos pertene-cen a la sociedad de gananciales que tiene constituida con su esposa Ana Santiago desde el día 21 de enero de 1933 pues fueron adquiridos con posterioridad a dicha fecha y, además, que la deuda cuyo cobro se interesa en la demanda es una contraída por el demandado antes de casarse con Ana Santiago, no estando por tanto, a cargó de la sociedad de ganan-ciales el pago de dicha deuda hasta tanto se cumpla con los requisitos de ley.

Oídas las partes y apreciada la prueba presentada, la corte inferior dictó resolución declarando con lugar la mo-ción del demandado, en cuanto a la finca y la becerra, y or-denó el levantamiento del embargo sobre los mismos. Es contra esta resolución que el demandante estableció el pre-sente recurso y alega que la corte inferior erró al resolver que procedía la moción de exención de embargo por la so-cidad de gananciales; al resolver que los intereses devenga-dos por deudas privativas del marido antes del matrimonio y devengados dentro de éste no son de cargo de dicha socie-dad y al declarar sin lugar la moción de reconsideración.

En cuanto al primer señalamiento bastaría con de-cir que la cuestión se levanta por primera vez en este recurso sin haberle dado oportunidad a la corte inferior de resol-verla, para que desecháramos su consideración, pero, esto no obstante, véase el caso de Santini Fertilizer Co. v. Flores, 43 D.P.R. 478 en el que se resolvió que: “La contención del apelante al efecto de que el título de bienes embargados puede determinarse solamente en una acción independiente insti-tuida para ese fin, carece de mérito.”

El segundo y tercer error señalados pueden resol-verse conjuntamente pues uno es consecuencia del otro.

La corte inferior después de exponer los hechos alegados en la demanda y de hacer constar que la prueba presentada demostró que el demandado contrajo matrimonio el 21 de enero de 1933 y que la finca embargada fué adquirida por él el día 5 de julio de 1940 y de que no hubo prueba de la fecha en que fuera adquirido el automóvil, la nevera y la vaca, fundamentó su resolución así:

“Dispone nuestro Código Civil en su artículo 1310, que el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matri-monio no estará a cargo de la sociedad de gananciales, y el artículo 1308 nos dice qué deudas y obligaciones serán de cargo de la refe-rida sociedad, no encontrándose entre las mismas los intereses deven-gados por las obligaciones personales contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio, y sí los intereses de aquellas obligaciones a que estuvieren afectos los bienes propios de los cónyuges.
“¿Qué beneficio puede reportarle a la sociedad de gananciales el pago de los intereses devengados por una obligación personal con-traída por uno de los cónyuges antes de su matrimonio? Ninguno, ya que la sociedad en nada se perjudica o beneficia con tal obligación. No ocurre lo mismo en aquellos casos donde los intereses a pagar son de obligaciones a que estén afectos los bienes propios de los cónyuges, debido a que las rentas que los tales bienes producen son gananciales y la pérdida de los mismos por la falta de pago de los intereses a que estuvieren afectos sería un ingreso menos para dicha sociedad. Si la sociedad de gananciales se beneficia con los ingresos de los tales bienes, nada más lógico y natural que por dicha sociedad se paguen los réditos de las obligaciones a que estén afectos los mismos.”

Y al resolver la moción de reconsideración, amplió sus conclusiones diciendo:

“No hay duda alguna de que los $3,119.36 recibidos por el deman-dado en 1ro. de julio de 1931, año y medio antes de su matrimonio, tienen la condición de bienes muebles; pero ello no implica el que la sociedad de gananciales esté afecta al pago de los intereses de un capital que en nada la beneficia o la ha beneficiado. ¿Qué prueba hay de que tales bienes fueron aportados al matrimomo?
“Comentando el inciso 2 del artículo 1408 del Código Civil Es-pañol, igual al art. 1308 de nuestro Código Civil, los comentaristas Martínez Ruiz y Maura, en la página 155 del tomo 9 de sus comen-tarios, dicen lo siguiente:
“ ''No ocurre lo propio con el precepto del número 2 del mismo ar-tículo, cuya redacción fia suscitado dudas, no faltando algún comen-tarista que sostenga, que la palabra atrasos, con que dicho número comienza ha sido empleado con error, por no admitir que pueda aludirse a réditos atrasados, cuando precisamente se trata de los de-vengados durante el matrimonio, de las obligaciones que estuviesen afectos, tanto los bienes propios de cada cónyuge como los ganan-ciales. Los réditos de estas obligaciones devengadlos, constante el ma-trimonio, son cargas de la sociedad legal, porque con tales gravámenes fueron los bienes aportados al matrimonio, y debe satisfacerlos el que percibe los frutos, como baja deducible de ellos. En cuanto a los atrasos de dichos réditos, no pudiendo referirse el código a los que ya existieran con anterioridad a la aportación, no sólo porque el precepto se refiere a los devengados durante el matrimonio, sino por-que el artículo 1410 exime a la sociedad de gananciales del pago de las deudas contraídas por el marido o por la mujer antes de ce-lebrarlo. . . ” (Itálicas nuestras.)
“Si los bienes gananciales responden del pago de los intereses de las obligaciones a que estuvieren afectos los bienes propios de los cónyuges, es porque la referida sociedad goza de todos los beneficios de los tales bienes.” (Bastardillas nuestras.)

No habiendo el demandante probado que el préstamo que le hizo al demandado un año y medio antes de contraer ma-trimonio fuera en alguna forma aportado al mismo, somos de opinión que la corte inferior interpretó y aplicó bien el artículo 1308 del Código Civil que dispone lo siguiente:

“Artículo 1308. — Serán ele cargo de la sociedad de gananciales:
“1. Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matri-monio por el marido, y también las que contrajere la mujer en los casos en que pueda legalmente obligar a la sociedad.
“2. Los atrasos o réditos devengados durante el matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen afectos así los bienes propios de los cónyuges como los gananciales.
‘ ‘ 3. Las reparaciones menores o de mera conservación hechas du-rante el matrimonio en los bienes peculiares del marido o de la mujer. Las reparaciones mayores no serán de cargo de la sociedad.
‘ ‘ 4. Las reparaciones mayores o menores de los bienes gananciales.
“5. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de los legítimos de uno solo de los cónyuges.” (Bastar-dillas nuestras.)

La contención del apelante en el sentido de qne cual-quier cantidad de dinero obtenida en cualquier forma por una persona soltera debe presumirse que la aportó al matri-monio como bien privativo, no importa que dicha suma la adquiera uno, cinco o más años antes del matrimonio, es in-sostenible. Se presume que los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales, artículo 1307 Código Civil, pero no hay disposición alguna en dicho cuerpo legal que esta-blezca la presunción que alega el demandante y siendo esto así, ¿cómo puede presumirse que una finca con su casa ad-quirida en el año 1940 o sea siete años después de haber contraído matrimonio el demandado fue adquirida con el im-porte del préstamo que el demandante le hizo al demandado año y medio antes de casarse?

De haberse probado que el demandado aportó al matri-monio el dinero que tomó a préstamo al demandante, enton-ces la-sociedad de gananciales respondería de los intereses pues se habría beneficiado con el principal, pero a falta de dicha prueba bien claro establece el artículo 1310 del Código Civil que:

“Artículo 1310. El pago de las deudas contraídas por el ma-rido o la mujer antes del matrimonio no estará a cargo de la socie-dad de gananciales.
“Tampoco lo estará el ele las multas y condenas pecuniarias que se les impusieren.
“Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las multas y con-denas que se le impongan, podrá repetirse contra los gananciales después de cubiertas las atenciones que enumera el artículo 1308, si el cónyuge deudor no tuviese capital propio o fuere insuficiente; pero al tiempo de liquidarse la sociedad se le cargará lo satisfeelio por los conceptos expresados.”

De manera que, de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 1310, sólo pueden responder los bienes gananciales de las deudas contraídas por los cónyuges antes del matri-monio después de cubiertas las atenciones que enumera el artículo 1308, supra, si el cónyuge deudor no tuviese capital propio o fuera insuficiente. Interpretando este precepto, que bajo el Código Civil de 1902 llevaba el número 1325, se resolvió en el caso de Hernández v. El Registrador, 19 D.P.R. 274, 276, que los bienes.gananciales no pueden ser em-bargados por deudas de uno de los cónyuges contraídas antes del matrimonio, y se dijo lo siguiente:

“Convenimos, no obstante, con el registrador, en que los bienes de la sociedad de gananciales no pueden quedar afectos al pago de deudas contraídas por uno de los esposos con anterioridad al matri-monio e independientemente de la sociedad conyugal, hasta tanto no sea disuelto el matrimonio ya por muerte de uno ele los esposos o por otra causa, o mientras no se establezca el debido procedimiento ante la corte por virtud del cual quede verificada la separación de los referidos bienes o pueden los mismos quedar sujetos al pago de deu-das que han sido contraídas individualmente por los esposos, según determina y exige el artículo 1325 del Código Civil. No se ordenará que los mencionados bienes queden de tal modo separados o.sujetos al pago de las referidas deudas, según lo determina y exige el ar-tículo 1325, hasta que no se haya probado que el cónyuge deudor no tiene capital propio de qué responder y se hayan cubierto las demás atenciones de dicha sociedad de gananciales.”

Bebe desestimarse el recurso y confirmarse la resolución apelada.


author: El Juez Asociado Sbñou Teavieso

text:
    Roberto Castellón, demandante y apelante, v. Carmen Padín, Prudencio Collazo, Joaquín Padín y Tobaldo Casanova Prats, demandados y apelados.
    Núm. 8410.

    Sometido: Abril 29, 1942.

      Resuelto: Mayo 18, 1942.

      Ortiz Toro & Ortiz Toro, abogados del apelante; Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Flanes, abogados del señor Casanova Prats, apelado; A. Casanova Prats, abogado de Carmeii y Joaquín Padín, apelados.
   El Juez Asociado Sbñou Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

José Segaría demandó en cobro de dinero a Roberto Cas-tellón. Decretado el embargo de bienes, Joaquín Padín y Carmen Padín otorgaron en junio 11 de 1937 nna fianza por $3,000, comprometiéndose a responder “de los daños y per-juicios que puedan irrogarse al demandado Roberto Caste-llón en el caso de resolverse en definitiva no baber lugar a fallo en dicho pleito en contra del demandado.”

En septiembre 15, 1937 la Corte de Distrito de San Juan desestimó la demanda interpuesta por Segarra contra Cas-tellón, quedando firme la sentencia por no haberse entablado recurso alguno de apelación o revisión.

En julio 10, 1939 Roberto Castellón inició el presente liti-gio mediante demanda en la que alegaba que los fiadores Carmen y Joaquín Padín simuladamente, sin que mediara causa alguna y con el propósito de defraudar al demandante, como su acreedor, habían traspasado las-casas de que respec-tivamente eran dueños al demandado Teobaldo Casanova Prats, mediante escritura pública de julio 2 de 1937, que-dando por virtud de tal traspaso en estado de insolvencia y sin otros bienes sobre los cuales pudiera hacerse efectiva la fianza. Pedía el demandante que se declarase nula la escri-tura y rescindido el traspaso.

Contestaron los demandados y entre otras" defensas ale-garon que los hechos expuestos en la demanda eran insufi-cientes para constituir causa de .acción. Llamado el caso •para juicio y discutida la excepción previa, la corte inferior la declaró con lugar “por no alegarse en la demanda que al tiempo de la alegada enajenación el demandante era acree-dor de los demandados o que no (sic) existiera alguna deuda a'favor del mismo”, concediendo al demandante un término de diez días para enmendar su demanda. En la demanda enmendada, radicada el 20 de marzo de 1941, el demandante alegó: '

“6. Que los aquí demandados, Joaquín Padín y Carmen Padín, en virtud del otorgamiento de dicha fianza y de dichos daños y perjuicios sufridos por el aquí demandante, Roberto Castellón, están adeudando al aquí demandante la suma de tres mil dólares ($3,000), y en cobro de cuya suma el aquí demandante ha establecido una demanda en esta misma corte, bajo el número 32,159 contra los aquí demandados Joaquín Padín, Carmen Padín y Prudencio Collazo.
“10. Que al tiempo de verificarse dicha enajenación.el demandante Roberto Castellón era acreedor de los demandados Joa-quín Padín, Carmen Padín y Prudencio Collazo, en la cantidad a que ascendieran los daños y perjuicios que se le causaran al deman-dante en este caso, por virtud del embargo trabado .... por haber firmado los demandados Joaquín Padín, Carmen Padín y Prudencio Collazo, una fianza a favor de Roberto Castellón,., para que se trabase embargo. . .”.

La corte inferior sostuvo una excepción previa formulada contra la demanda enmendada, basada en la alegada insufi-ciencia de hechos, por los motivos de que “No hay alegación de que dicha fianza haya sido liquidada o de cuáles fueron los daños sufridos por el demandante con motivo de tal embargo” y de que “Los hechos alegados en la demanda en-mendada no demuestran que el demandante fuera acreedor de los demandados al iniciarse esta acción o en momento al-guno, requisito éste indispensable en acciones de la natura-leza de la que aquí se ejercita.” ,Y estimando que la de-manda no era susceptible de nuevas enmiendas, dictó senten-cia en junio 24, 1941 declarando sin lugar la demanda. Kn julio 1, 1941 el demandante solicitó la reconsideración de la sentencia y pidió permiso para radicar una segunda demanda enmendada. Declaradas sin lugar ambas peticiones, el de-mandante estableció el presente recurso. "Para sostenerlo, imputa a la corte inferior la comisión de doce errores, los que consideraremos como si se tratara de uno solo, pues to-dos ellos giran alrededor de la única cuestión fundamental envuelta en el caso, la que formularemos así: ⅞Tenía el de-mandante Castellón, desde el momento en que fué constituida la fianza a su favor, la condición de acreedor de sus fiadores, con derecho, como tal acreedor a solicitar la rescisión y nu-lidad del alegado traspaso fraudulento de sns bienes, hecho por los fiadores, con el propósito de evadir la obligación de indemnizarle por los daños y perjuicios qne pudiera causarle el embargo?

Antes de comenzar a considerar la cuestión planteada, fijemos como fechas importantes: (1) junio 11, 1937, en que se constituyó la fianza y se practicó el embargo;. (2) julio 2, 1937, cu que se otorgó el alegado traspaso fraudulento; y (3) septiembre 15, 1937, en que se dictó la sentencia deses-timando la demanda interpuesta por Segarra contra Caste-llón y quedó nulo y sin efecto el embargo garantizado por la fianza otorgada por los demandados Padín.

La jurisprudencia de esta Corte• Suprema, citada por la corte inferior como base de la sentencia y resolución recu-rridas, no ha sido, a nuestro juicio, correctamente aplicada a los hechos y circunstancias del caso de autos.

En Sucn. Almazán v. López, et al., 20 D.P.R. 537 se pidió, de acuerdo con el artículo 1258 del Código Civil de 1911 (Art. 1243 C.C. 1930), la rescisión de un contrato de venta de un condominio en una finca, por haber sido cele-brado en fraude del acreedor demandante. Esta Corte Su-prema al resolver que la demanda era suficiente, sentó la regla de que:

“ . . . es indudable que en una acción de la naturaleza de la ejer-citada en este caso debe aparecer de la demanda: (a) que el de-mandado es realmente deudor del demandante; (5) que el demandado enajenó sus bienes, en fraude de su acreedor; (c) que el demandante lia sido perjudicado por tal enajenación, y (d) que el demandante no tiene otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio su-frido, que pedir la rescisión del contrato de enajenación.”

En tocios los demás casos citados (Fernández v. Alonso Riera & Co., 41 D.P.R. 333; Rodríguez v. Soto, 42 D.P.R. 831; Congress Cigar Co. v. Grau, 44 D.P.R. 649; Congress Cigar Co. v. Cabrera, 45 D.P.R. 183; Sucn. Drew v. Pinto, 49 D.P.R. 579; Figueroa v. Bonilla, 50 D.P.R. 32; Nine v. Aviles, 53 D.P.R. 494; y Martí v. Hernández, 57 D.P.R. 819) lo que se sostiene es que para tener derecho a ejercitar la acción rescisoria que establecen los artículos 1243 y 1249 del Código Civil (Ed. 1930) es necesario que la obligación o cré-dito a favor del demandante existiera ya en la fecha en que se efectuó el alegado traspaso fraudulento o sea que el de-mandante tuviera en esa fecha la condición de acreedor del demandado.

En ninguno de los casos citados se sostiene que para que un demandante tenga causa de acción para anular un tras-paso fraudulento sea requisito indispensable que la deuda u obligación estuviera vencida o fuera exigible en la fecha en que se efectuó la alegada enajenación.

En sus comentarios sobre el artículo 12Q1 del Código Civil Español, que es el equivalente al 1243 del nuestro (Ed. 1930), en el que se dispone que son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores, dice Manresa:

“Llegamos, después de lo que acaba de decidirse, a la afirmación de que el primero de los requisitos es la existencia de un crédito: existencia que ha de ser anterior al contrato, aunque la exigibilidad de aquél sea posterior a la fecha de éste, ya que previéndola puede prepararse la insolvencia. La fecha de su crédito y la prioridad respecto a la del contrato, corresponde probarlas, con arreglo a los principios ordinarios, al que "intente la acción rescisoria. ’ ’ Manresa, 4a ed., Yol. VIII, pág. 668.

Véase: Stein v. Gibbons, 16 La. 103.

¿Eran Carmen y Joaquín Padín deudores del de-mandante cuando en julio 2 de 1937 traspasaron sus bienes, fraudulentamente, según se alega, al otro demandado, Casanova Prats? A nuestro juicio lo eran.

Por la fianza otorgada en junio 11, 1937 los demandados Padín se obligaron a pagar a Castellón los daños y perjui-cios que pudiera causarle el embargo, siendo el límite de esa obligación la suma de $3,000. Es cierto que la deuda u obli-gación contraída por los demandados no estaba vencida ni era exigible en la fecha del traspaso, cuya simulación y frau-dulencia deben considerarse como admitidas por la excepción previa; que la fecha del vencimiento o exigibilidad de la deuda u obligación tenía que ser fijada, como lo fué, por la sentencia declarando nulo el embargo; y que los fiadores nada hubieran tenido que pagar si por la sentencia se hu-biese declarado que el embargo era válido. Pero no es me-nos cierto que en. la fecha del traspaso fraudulento existía una obligación contractual válida de pagar una suma inde-terminada de dinero, que no podría exceder de $3,000, si y cuando la corte de distrito fallase que el embargo había sido ilegalmente trabado, sujeta dicha obligación a la condición de que los fiadores nada tendrían que pagar a Castellón si la sentencia le fuera adversa.

Las autoridades estatales que hemos examinado sostie-nen, casi unánimemente, que no es requisito indispensable para el ejercicio de la acción rescisoria que la obligación a favor del demandante estuviera vencida o fuere exigible en la fecha del traspaso fraudulento.

En Washington v. Norwood, 128 Ala. 383, 30 So. 405 se sostuvo que un fiador es un acreedor del cofiador desde la fecha del otorgamiento de la obligación común, y que como tal acreedor tiene derecho a ser protegido contra un tras-paso fraudulento hecho por su cofiador con posterioridad al otorgamiento de la fianza; pero no puede mantener la ac-ción para hacer valer su derecho, hasta que la reclamación esté vencida y sea exigible. Véase: First National Bank v. McDonough, 168 P. 635.

En la obra Corpus Juris encontramos los párrafos que copiamos a continuación por considerarlos pertinentes al caso de autos:

“La regla general es que cualquier acreedor preexistente tiene derecho a atacar un traspaso de bienes por su deudor por haber sido hecho en fraude de los derechos de sus acreedores.
“Acreedores existentes, como se infiere-de las mismas palabras, son las personas que tenían obligaciones contra el deudor, subsistentes en la fecha en que se efectuó el traspaso fraudulento o se constituyó el fideicomiso secreto, aun cuando sus reclamaciones no hubieren vencido o no se hubieran reconocido por sentencia hasta después de efectuado el traspaso. La obligación se retrotraerá a la fecha de su origen, en cuanto a la cuestión de constituir al reclamante en un acreedor ya, existente. 27 C. J. párr. Ill y 112, pág. 472.
“Obligaciones Contingentes. — Aún cuando existeia algunas auto-ridades en contrario, ... de acuerdo con el peso de las autoridades una obligación contingente está tan plenamente protegida contra traspasos fraudulentos y voluntarios como una obligación cierta y absoluta, y cualquiera que tenga una reclamación o demanda proce-dente de una obligación preexistente, aun cuando sea contingente, es un acreedor cuyos derechos son afectados por tales traspasos y puede anular éstos cuando ocurra la contingencia de la cual dependa su reclamación.” 27 O. J. párr. ll”3 pág. 473 y casos citados.

El Tribunal Supremo de España, por sentencia de marzo 11, 1878 (39 J. C. 285), declaró fraudulenta la venta de cier-tos condominios en una casa, únicos bienes que el vendedor poseía, a favor de un hijo del mismo, para eludir el pago de una fianza de que había salido aquél responsable. Y por otra sentencia de octubre 4, 1884 (56 J. C. 238) decidió que las enajenaciones gratuitas se presumen fraudulentas y pue-den revocarse, con sólo acreditar que han perjudicado a los acreedores, no siendo preciso, por consiguiente, que el deu-dor haya sido condenado en juicio antes de realizar la ena-jenación que se impugne como dañosa a los acreedores. Véase Ene. Jur. Española, Tomo 13 págs. 578 y 579.

De las alegaciones del demandante — admitidas por los demandados — aparece que siendo ya firme la sentencia que anuló el embargo, Eoberto Castellón radicó ante la Corte de Distrito de San Juan dos demandas distintas y separadas. En la primera, que fué registrada con el número 32,159, re-clamaba la suma de $3,000 como importe de los daños y per-juicios causados por el embargo. La segunda, registrada bajo el número 32,160, es la que dió origen al presente liti-gio. De acuerdo con la jurisprudencia de esta jurisdicción, el demandante pudo haber ejercitado ambas acciones eonjun-tamente, en una sola demanda, y la corte pudo en uso de su discreción consolidar ambos casos para ser vistos en un solo acto. El demandante no estaba obligado a esperar que re-cayese sentencia en el caso de daños y perjuicios, para po-der ejercitar la acción rescisoria o la de nulidad del alegado traspaso fraudulento. Así lo resolvió esta Corte en Sucn. de Almazán v. López, supra:

. . No se necesita que el demandante sea acreedor eon su cré-dito reconocido por sentencia antes de comenzar el pleito de rescisión Lo que se necesita es que en realidad de verdad sea un acreedor legí-timo del demandado. Si su crédito estaba reconocido por sentencia al comenzarse el pleito de rescisión, o lo fué durante el curso del mismo, será una circunstancia más demostrativa del derecho del de-mandante, pero de la cual hubiera podido prescindirse/ limitándose el demandante a alegar y probar en el mismo pleito de rescisión su. condición de acreedor del demandado.”

En el caso de autos, al comenzarse el pleito de rescisión,, el derecho del demandante a recobrar daños y perjuicios no. estaba aún reconocido por sentencia, pero lo fué durante el curso del mismo. El demandante está autorizado para pro-bar dentro del pleito de rescisión la cuantía de su reclama-ción como acreedor de los demandados, ofreciendo en evi-dencia la sentencia dictada a su favor en el pleito de daños' y perjuicios, núm. 32,159. Su condición de acreedor quedó fijada desde que se otorgó la fianza a su favor en fecha anterior a la del traspaso de cuya nulidad se trata. Disuelto, el embargo, que fué la contingencia que hizo exigible la fianza, la cuantía de la indemnización podía ser fijada dentro de la acción rescisoria o en una acción separada como, según se alega, se hizo en este caso.

La misión principal de las cortes de justicia es propor-cionar un remedio legal adecuado para la reparación de cual-quier daño que haya sido ilegalmente causado al que ante ellas acude en demanda de auxilio. Ubi jus, ibi remedmm. Mayor aun debe ser el celo y el cuidado de los tribunales, en el cumplimiento de tan alta misión, cuando se trata de per-seguir o de evitar el fraude y la simulación. Como dijimos ‘en Roig Commercial Bank v. Portela, 52 D.P.R. 647, es en estos casos de fraude “Cuando las simpatías del juzgador deben estar con la persona defraudada, de suerte que no debe privársele de su derecho por algún motivo realmente téc-nico . . . ”.

Si los hechos alegados en la demanda y admitidos por la excepción previa, o sea el traspaso gratuito y simulado de sus bienes por los fiadores poco tiempo después de haber otorgado una fianza de embargo, pudieran realizarse con im-punidad, ¿qué valor tendrían las fianzas y qué garantías ten-drían aquellos cuyos bienes hubieran sido embargados inde-bidamente?

Si por el mero tecnicismo de que la fianza no era exigible en la fecha del traspaso fraudulento, sostuviéramos que el demandante no tenía en esa fecha la condición de acreedor de los fiadores, estaríamos cometiendo un error de derecho y perpetuando y alentando el fraude al permitir que los fia-dores eludan el pago de lo que justamente deben al deman-dante y continúen siendo dueños de los bienes simulada y gratuitamente traspasados a su codemandado.

Deben revocarse la resolución y sentencia de junio 24 de 1941 por las cuales se declaró con lugar la excepción previa a la demanda enmendada de marzo 20 de 1941 y sin lugar dicha demanda enmendada y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes cón esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Manuel Guzmán Rodríguez, demandante y apelado, v. Central San José, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 8445.

    Sometido: Abril 15, 1942.

      Resuelto: Mayo 18, 1942.

      Monserrat, Jr., De la liaba <So Monserrat y R. Baragaño, Jr., abo-gados de la apelante; Mariano y Federico Acosía Velarde, abo-gados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Esta acción se estableció en la corte inferior en solicitud de una sentencia por la que se declare extinguido y se ordene la cancelación de un derecho de servidumbre.de paso de vía sobre una finca propiedad del demandante. La causa de ac-ción está predicada en que según el demandante la servidum-bre en cuestión, constituida el 4 de noviembre de 1910 a favor de la corporación doméstica Central Yannina, de quien deriva su título la demandada, por ser una servidumbre personal, quedó extinguida al disolverse la corporación Central Van-nina el 24 de marzo de 1939, y en todo caso que dicha servi-dumbre quedó extinguida por haber transcurrido más de treinta años desde la concesión del expresado derecho de paso de vía.

Así planteado el problema, la cuestión a resolver en este recurso es si dicha servidumbre constituida sobre una finca de cuatrocientas cuerdas de la cual es remanente la del deman-dante apelado, es una servidumbre predial o real, o si por el contrario es personal. Si lo primero, el gravamen subsiste mientras no se demuestre su extinción por alguna' de las cau-•i.s prescritas en el artículo 482 del Código Civil, ed. 1930. Si lo segundo, es decir, si se trata de una servidumbre personal, como sostuvo con el apelado la corte inferior, tendría-mos que concluir que la servidumbre quedó extinguida al disolverse la corporación a cuyo favor se constituyó.

Recurramos, pues, al título donde se constituyó la servi-dumbre, la escritura de 4 de noviembre de 1910 ante el no-tario Damián Monserrat y Simó. Por dicha escritura los dueños de la citada finca de cuatrocientas cuerdas la arren-daron a Central Yannina por un término que expiró el 30 de junio de 1922, y en el mismo documento constituyeron la servidumbre. Mas como no está en controversia el contrato de arrendamiento, prescindiremos de sus pactos y dirigiremos toda nuestra atención a las cláusulas concernientes a la ser-vidumbre. Son las enumeradas séptima y novena en la refe-rida escritura y literalmente dicen así:

“Séptima: Los dueños de la, finca antes descrita le conceden a la corporación Central Vannina a perpetuidad el derecho de entrar, pasar y salir por los terrenos de la misma finca, construyendo la corporación Central Vannina, para utilizar esta servidumbre, una vía férrea permanente que ocupará el terreno que sea necesario para la vía y paso de trenes, en la que como condición de la servidumbre fia de dejar dos pasos a nivel, y hacer en la finca uno o dos desvíos de largo suficiente para dos o tres vagones para uso de 'sus propie-tarios o posteriores arrendatarios, así como también es su condición que una vez vencido el arrendamiento de la finca, si no se prorrogase, la Central Vannina aceptará y molerá previo contrato las cañas que se cultiven en la finca con las mismas condiciones con que acepte y muela las del colono más favorecido.
“Novena: El presente contrato de arrendamiento con la conce-sión de entrada y salida y paso por la finca, y sus demás pactos una vez inscrito en el Registro de la Propiedad surtirá efectos de derecho real como carga impuesta a la finca antes descrita y obligatoria para : sus posteriores adquirentes. Conforme a esta cláusula los dueños de la finca, en caso de venderla, deberán imponer a sus compradores el cumplimiento del presente contrato.”

Antes de seguir adelante, conviene aclarar que la Central San José, Inc., es la sucesor a en interés de la corporación Central Vannina, razón por la cual aquélla y no esta última es la demandada en este pleito. También conviene consignar aquí que al llamarse a la vista de este caso en la corte inferior las partes, en presencia de la corte, celebraron ciertas estipu-laciones que en lo pertinente pueden resumirse así:

(a) Que la finca de treinta y cinco cuerdas del demandante Dr. Gfuzmán Rodríguez se baila arrendada actualmente a la Sociedad Agrícola de Río Piedras por cesión que le hiciera Central Vannina del arrendamiento que tenía sobre la indi-cada finca.

(b) Que en un predio de diez y ocho cuerdas y fracción, radicado en el barrio Monacillos de Río Piedras, antes de la Central Vannina y propiedad hoy de la Central San José, Inc., radica la factoría que antes pertenecía a la Central Vannina y que adquirió la demandada por compra a aquélla; que en dicho predio se halla la estación principal del ferro-carril de la factoría, con una extensión de 41,058.67 metros, con desvíos, ramales, etc.

(c) Que la Central San José entra y sale de la finca pro-piedad del demandante; que repara y utiliza la vía durante el período de zafra y que por dicha vía discurren los trenes de la ameritada Central para la carga de azúcar, cañas, abo-nos, etc., en relación con las operaciones de siembra y mo-lienda de cañas de azúcar de la Central.

Además de la, escritura de arrendamiento de que antes hemos hecho referencia, se ofreció y fué admitida en eviden-cia una certificación del Registro de la Propiedad de la que aparece que la finca de treinta y cinco cuerdas propiedad hoy del demandante es el remanente de la finca de cuatrocientas cuerdas antes referida, apareciendo además de dicha certifi-cación quo el contrato de arrendamiento, incluyendo la cons-titución de la servidumbre, aparece inscrito en el Registro de la Propiedad desde el 23 de enero de 1912, con anterioridad, desde luego, a la adquisición de lá finca de treinta y cinco cuerdas por parte del demandante.

A base de esta prueba y luego de una discusión sobre lo que entiende el juez inferior por servidumbres reales y ser-vidumbres personales, y de cuál es, a su juicio, el criterio aplicable para distinguirlas, llega a la siguiente conclusión:

“Tenemos nuestras dudas de que la servidumbre a que nos hemos estado refiriendo pueda considerarse como una servidumbre personal, ya que en la escritura donde se constituyó la misma no se describe el predio sirviente. Sí estamos seguros de que no es una servidum-bre real. Aceptando que la misma es una servidumbre personal, quedó extinguida con la disolución de la Central Vanina, Inc. y no podía ser traspasada a la demandada o a persona alguna, por ser un derecho personalismo. La Iglesia Católica v. El Pueblo, 11 D.P.R. 470; López v. Registrador, 44 D.P.R. 897, 900.”

Para la mejor inteligencia de la cuestión legal en-vuelta en este caso, nos parece conveniente ir al origen de esta institución jurídica y seguir, aunque brevemente, su evolución, hasta que ha llegado .a ser lo que es en nuestro Derecho. Dice Scaevola que la palabra “servidumbre” no existió en los primeros tiempos del Derecho Romano; que originalmente las servidumbres reales se denominaron jura praecliorum (derechos de los predios) y que posteriormente se denominaron servitutes, denominación ésta que abarcaba otros derechos distintos de los jura praecliorum, como el usu-fructo, uso y habitación, llamándose servidumbre real si el beneficio recaía en favor de un fundo, y personal si a favor de una persona. 10 Scaevola, Código Civil, 134.

En el Derecho Romano las únicas servidumbres persona-les eran de usufructo, uso y habitación, y bajo Justiniano, se adicionó el derecho a los servicios del esclavo de otro, operae servorum.

Refiriéndose a las servidumbres en el Derecho Romano, dice el Profesor Eugene Petit en su “Tratato Elemental de Derecho Romano”, pág. 250:

“Unidas también a la suerte de la persona que las disfruta, mue-ren con ella. Su número, además, es muy limitado. Durante mucho tiempo, el derecho civil sólo ha conocido el usufructo y el liso. Bajo Justiniano, se consideraban también como servidumbres personales la habitación y el derecho a los servicios del esclavo de otro, operae servorum.”

Al efecto-, en el Digesto se prescribía:

“Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usufructus, aut re-rum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum.” Lib. 8®, tit. I, ley Ia.

La Ley de Partidas siguió fielmente al Derecho Romano, como puede verse por la Ley 1, título XXXI, Part. .3a., donde clasifica las servidumbres en reales y personales, diciéndose con respecto a las últimas:

“E a.nn es otra servidumbre, que gana-orne en las cosas agenas para pro de su persona (6), e non lia pro señaladamente de su here-dad; assi como aver el usofructo, para esquilmar algunas heredades agenas; o aver el uso tan solamente, en la casa de rnorava, o en casas de otri; o en obras de algunos siervos menestrales, o labradores.” Los Códigos Españoles, tomo 3, pág. 376.

Al redactarse el Código Civil español, sus autores, ajus-tándose a lo preceptuado en la base 12 al efecto de que el usufructo, el uso ,y la habitación se definirían y regularían “como limitaciones del dominio y formas de su división”, les negó' el carácter de servidumbre, pero encontrándose con otros derechos reales especiales aceptados y reconocidos en la legislación española, como los de pastos, leñas y otros se-mejantes, que aunque no eran estrictamente servidumbres sin duda ofrecían más analogías con éstas que con el usufructo, como servidumbre los consideró, sin darles un nombre especial y diferente. 4 Manresa, Código Civil, 571.

Comentando esa novedad introducida en el Derecho. Civil español, dice el comentarista últimamente citado:

“No hemos de extrañar, por lo tanto, que nuestro código, rom-piendo con los precedentes de nuestra patria, haya abandonado por completo el profundo error de considerar el usufructo como una ser-vidumbre personal. El usufructo es- servidumbre sólo en un sentido: como gravamen en cosa ajena, ni más ni menos que el censo y la hipoteca.” Tomo citado, pág. 351.

En la misma opinión abunda el comentarista Seaevola, tomo 9, pág. 83, y tomo 10, págs. 136-137.

En armonía con la citada base 12, el Código Civil espa-ñol, bajo el epígrafe “De las diferentes clases de servidum-bre que pueden establecerse sobre las fincas,” prescribió en sus artículos 530 y 531:

“Art. 530: La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño.
“El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente.
“ Art. 533 : También pueden establecerse servidumbres en prove-cho de una o más personas, o de una comunidad, a quienes no per-tenezca la finca gravada.”

Tal era la ley en esta Isla desde que por Real Decreto de 31 de julio de 1889, con ligeras variantes, se Rizo extensivo a Puerto Rico el Código Civil vigente en la Península, con-tinuando éste en vigor hasta que en 1902 lo derogó nuestra legislatura al aprobar el Código Civil Revisado, restable-ciendo en dicho nuevo código la legislación anterior al Có-digo Civil español referente a servidumbres personales, con arreglo a la cual el usufructo, el uso y la habitación se consi-deraban como tales. A ese fin se adicionó el artículo 538 (467, ed. 1930), inmediatamente después de los artículos' 536 y 537 del Código Civil Revisado (465 y 466, ed. 1930), idén-ticos a los 530 y 531 del español, prescribiendo el citado ar-tículo 538.1o siguiente:

“Art. 538. (467, ed. 1930) Todas las servidumbres que afectan a las tierras pueden ser divididas en dos clases: personales y reales.
“Las servidumbres personales son aquéllas inseparablemente uni-das a la persona para cuyo beneficio han sido establecidas y que ter-minan con su vida. Estas servidumbres son de tres clases: usu-fructo, uso y habitación.
“Servidumbres reales, que son' también llamadas servidumbres prediales, son aquéllas que disfruta el propietario de una finca, cons-tituidas sobre otra propiedad vecina para beneficio de aquélla.
“Se llaman servidumbres prediales, porque estableciéndose para beneficio de una propiedad; las obligaciones que la constituyen se prestan respecto de dicha propiedad y no respecto de la persona que sea su dueño.” (Bastardillas nuestras.)

Taxativamente expresa el artículo 467 antes transcrito qne las servidumbres personales son de tres clases: usu-fructo, uso y habitación. Ante tan terminante precepto legal, no cabe otra interpretación que no sea la dé que en esta Isla, desde el primero de julio de 1902 en que empezó a regir el Código Civil Revisado, no puede considerarse como servidum-bre personal la que no sea una de las tres antes menciona-das. Expressio unius est exclusio alterius.

Así lo insinuó este tribunal por primera vez en el caso de López v. Registrador, 44 D.P.R. 897. En dicho caso, Julio P. Castro, dueño de una finca de cuarenta cuerdas de te-rreno, segregó de ella y vendió en el año 1893 a Zenón Mon-talvo Aviles, una parcela de trece cuerdas. Al inscribirse la finca a favor de Montalvo, se consignó lo siguiente:

“Habiéndose convenido que el Sr. Castro podrá seguir utilizando y sirviéndose del camino que da paso por dentro del mismo terreno que se vende al Sr. Montalvo, quien-consiente y reconoce ese derecho o servidumbre al vendedor. En su virtud don Zenón Montalvo y Avilés inscribe su título de compra con la servidumbre de paso mencionada. ’ ’

En 1924 Montalvo vendió dichas trece cuerdas a Enrique López Delgado, a cuyo nombre se inscribieron en el Registro. En noviembre de 1932, López Delgado solicitó por escrito del registrador que cancelase la mencionada servidumbre de paso, fundándose en que según los documentos que le pre-sentaba, Julio P. Castro había renunciado a ella y en que dicho señor había fallecido. Los documentos presentados al registrador fueron uno privado firmado por Castro ante un notario en el que renunció expresamente a la servidumbre y un certificado del Registro Civil de Mayagüez acreditativo del fallecimiento de Castro. El registrador denegó la cance-lación por estimar, entre otros motivos, que se trataba de una servidumbre real. Habiéndose recurrido de la nota del registrador, al revocarla se dijo por este tribunal:

“El Código vigente cuando la sarvidumibre oijeto da asía recurso fué constituida, disponía lo siguiente:
(Siguen los artículos 530 y 531 del Código Civil español ya trans-critos.)
“Aunque se ha escrito mucho por los comentaristas del Código Civil español, del que procedía el código que aquí regía en 1893, con muy escasas modificaciones, y también por los de, Códigos similares al español de otras naciones sobre si existen servidumbres personales y si las así llamadas son meros derechos o gravámenes sobre la finca de otra persona como ocurre con la hipoteca y si los derechos de usufructo, uso y habitación son o no servidumbres personales, enten-demos que habiendo declarado el artículo 531 citado qne pueden establecerse servidumbres en provecho de una o más personas o de una comunidad a quienes no pertenezca la finca gravada, hay que llegar forzosamente a la conclusión de que mando fue constituida la servidumbre en el presente caso podía el comprador Montalvo cons-tituir servidumbre personal de paso a favor del vendedor Castro. Sentado lo que precede, se hace necesario examinar lo que consta en el registro para concluir si se trata de una servidumbre real predial o si es personal.
“La constancia que de ella aparece del registro no demuestra una servidumbre de paso por el predio vendido de trece cuerdas a favor del resto de la finca de donde fueron segregadas ni a favor de ninguna otra. No se sabe por él que haya un predio dominante a favor del cual la servidumbre se haya constituido. Por el contrario, lo que de ella resulta es que el comprador consintió en que el Sr. Castro siguiera utilizando y sirviéndose del camino que atraviesa la finca de trece cuerdas y que el comprador consintió y reconoció ese derecho o servidumbre al vendedor. Si a lo dicho agregamos que cuando se trata de determinar si una servidumbre es predial o personal debe tenerse presente en la interpretación de la cláusula que la contiene que la ley favorece la libertad de las tierras y también que cuando se vende alguna finca reservándose el vendedor derecho en ella cualquier duda en cuanto a tal reserva debe resolverse en contra de tal limitación de dominio, tenemos que llegar a la con-clusión de que la servidumbre que aparece en el registro es personal y no real.” (Bastardillas nuestras.)

No debe entenderse que no tiene reconocimiento legal en esta jurisdicción cualquier otro pacto como el que se inter-pretó en López v. Registrador, supra, que con arreglo al Có-digo Civil español debe considerarse como servidumbre personal. Tales pactos no podrán calificarse de servidumbres por impedirlo el artículo 467 de nuestro Código Civil; pero si bien no son constitutivos de servidumbres personales, son los que denominan los tratadistas “derechos de crédito u obligaciones personales.” 10 Scaevola, Código Civil, 135.

Arguye el apelado que el gravamen constituido so-bre la finca de cuatrocientas cuerdas constituye un derecho de uso y por consiguiente es una servidumbre. La misma aseveración hizo la corte inferior al expresar en su opinión: “Todos (los comentaristas) admiten que el derecho de paso puede establecerse en un predio a favor de una persona a título de uso, siendo entonces servidumbre personal.” Con la mayor deferencia a la corte sentenciadora, permítasenos decir que los comentaristas no admiten tal cosa. Como dice Scaevola: “La servidumbre es un uso o la prohibición de un uso de la cosa.” Ob. y T. cit., 110. Pero la palabra “uso” en esa oración tiene la acepción de “goce” o “disfrute’, y no se refiere en manera alguna al derecho de uso, que tiene una acepción bien definida en el Derecho. El artículo 451 del Código Civil lo define así:

“Art. 451.' Uso es el derecho concedido a una persona para dis-frutar graciosamente de una cosa perteneciente a otra, o para per-cibir una porción de los frutos que ella produzca, en cuanto fuere bastante para las necesidades del usuario y de su familia.” (Bas-tardillas nuestras.)

Refiriéndose al derecho de uso, dice Scaevola:

“Sabido es que el derecho de uso es sólo un usufructo parcial, un usufructo de menor cuantía, limitado a la percepción de los frutos de una cosa, lo que baste a satisfacer las necesidades del usuario y de su familia.” Ob. y T. cit., 138.

Si siguiésemos el criterio del apelado y de la corte inferior, como toda servidumbre es un uso o la prohibición de un uso de la cosa, como dice Scaevola, llegaríamos al absurdo de que cualquier servidumbre, sea cual fuere su naturaleza, siempre que se hubiese concedido graciosamente, podría con-siderarse como un derecho de uso, y por consiguiente sería una servidumbre personal. En otras palabras, desaparece-rían del Derecho Civil en tales casos las servidumbres reales o prediales.

Sentados los anteriores principios y descartada la posibi-lidad de que la de este caso sea una servidumbre personal, ya que no se trata de un derecho de usufructo, uso o habita-ción, cabe ahora preguntar: ¿Se trata en este caso de una servidumbre real o por el contrario de una mera obligación personal? A nuestro juicio bastará leer las cláusulas ■ sép-tima y novena antes transcritas para concluir que el derecho de paso de ferrovía, si bien se concedió a la corporación Central Yannina, no lo fué como decía el Código de las Siete Partidas “para pro de su persona” y sí “ha pro señalada-mente de su heredad.” A este efecto dice Manresa:

“Las palabras ‘en beneficio de otro inmueble’ equivalen a ‘en favor o en consideración a un inmueble,’ lo que no excluye que en realidad el beneficio, la utilidad, recaiga en el propietario o poseedor de ese inmueble; pero recae en él por su cualidad de propietario, o lo que es lo mismo, disfruta de este derecho por consideración a la finca, por pertenecerle ⅛ misma.” Ob. y T. cit., pág. 567.

Más adelante, a la página 572, repite el mismo autor:

“Si el provecho o beneficio de la servidumbre recae en una persona por su cualidad de propietario de determinada finca, la servi-dumbre es real; si recae en una persona independientemente de su cualidad de propietario y aun sin ser propietario de nada, la servi-dumbre es personal.”

Si examinamos las cláusulas séptima y novena antes transcritas, se notará que el objeto de la servidumbre es permitir a la Central Vanhina la construcción de una vía férrea permanente sobre la finca de 400 cuerdas para poder ella pasar sus trenes, que, como es de conocimiento general y además se estipuló por las partes, se usan para la carga de azúcar, cañas, abonos, etc., en relación con las operacio-nes de siembra y molienda de cañas de azúcar de la Central. Además, en la cláusula séptima se impuso como condición de la servidumbre construir en el predio sirviente “uno o dos desvíos de largo suficiente para dos o tres vagones para uso de sus propietarios o arrendatarios.” Y de la estipulación de las partes que hemos resumido bajo la letra h, supra re-sulta la existencia de un predio de diez y ocho cuerdas y fracción, radicado en el barrio Monacillos, en Río Piedras, que, como dijéramos antes, al constituirse la servidumbre per-tenecía a la Central Yannina y que juntamente con la facto-ría que entonces como ahora existía sobre dicho fundo, fue vendida por la citada corporación a la demandada apelante Central San José, Inc., y que en dicho predio se hallaba la estación principal del ferrocarril de la factoría, ferrocarril que conduce las cañas desde las fincas de los colonos y de la propia central para ser convertidas en azúcar en la factoría. Claramente resulta del contexto de dichas cláusulas, así como de la estipulación de las partes, que la servidumbre se cons-tituyó en beneficio o a favor de la Central como predio y no a favor de la Central Yannina como una corporación, inde-pendientemente de sus tierras.

El caso de Monroig v. Registrador, 19 D.P.R. 823, ilustra perfectamente los principios legales antes enunciados. En dicho caso se suscitó una cuestión análoga a la que nos ocupa. El 19 de agosto de 1911, los esposos Parker, dueños de una finca rústica radicada en Bayamón, constituyeron sobre ella a favor de Antonio Monroig Obrador, casado con doña Consuelo Falbe, sus herederos, sucesores o representantes y ce-sionarios, el derecho de servidumbre perpetua de paso de ferrovía, para utilizar la cual Monroig tendría el derecho de construir una vía férrea sobre determinada faja de terreno. Se convino además en la escritura de constitución- de la ser-vidumbre que Monroig utilizaría la vía con el fin de condu-cir caña de azúcar de su propiedad y la de sus colonos, a la Central Juanita, de Bayamón. Refiriéndose a la naturaleza de la servidumbre así constituida, se dijo entonces por este Tribunal:

“Pero aparte de todo-esto, indudablemente se trata de una ser-vidumbre predial, ya que en el título de constitución se consigna que será utilizada la servidumbre para llevar cañas a la Central Juanita; y del contexto del documento se llega a la conclusión de que la servidumbre se constituye en provecho de dicha Central, por cuya razón la servidumbre es real y no personal.”

En el presente caso no existe problema de registro. La servidumbre se inscribió sobre el predio sirviente desde el 23 de enero de 1912 y cuando posteriormente adquirió el demandante apelado el remanente de la misma, tnvo conoci-miento por el registro, por lo menos, de la existencia de la servidumbre'y compró, por consiguiente, sujeto a dicho gravamen. No pudiendo alegar el apelado la condición de ter-cero (Colón v. Plazuela Sugar Co., 47 D.P.R. 871; Méndez v. Eastern Sugar Associates, 89 F. (2d) 399, 405), y siendo la servidumbre válida entre las partes- que originalmente la pactaron, también lo es en cuanto al apelado, que no pudo adquirir sobre la finca más derechos que los que tenía su antecesor en título.

Arguye la corte sentenciadora que en el presente caso no existe predio dominante, y se pregunta: “.¿Dónde está el predio dominante en el caso que nos ocupa? No existe. Así lo admite la- propia parte demandada.” La corte inferior incurre en manifiesto error al asegurar que la parte deman-dada admite que no existe predio dominante. En ninguna parte del récord aparece tal admisión. Por el contrario, am-bas partes estipularon la existencia de un predio de diez y ocho cuerdas y fracción, donde se levanta la factoría, y es la teoría de la demandada y así resulta del contexto de las cláusulas constitutivas de la servidumbre, que fué a favor de ese predio que se constituyó el gravamen. Es cierto que en la escritura no se describe el predio dominante, circuns-tancia, ésta indispensable para la inscripción de la servidum-bre de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Hipotecaria; pero' como no se trata en este caso de inscribir la servidumbre, puesto que ya lo está aunque sólo en relación con el predio sirviente, y no pudiendo ni pretendiendo alegar el deman-dante, repetimos, su condición de tercero, ese defecto no in-valida la servidumbre en lo que a él respecta. Colón v. Plazuela Sugar Co., Méndez v. Eastern Sugar Associates, supra.

■ Sostiene también el apelado que tampoco existe pre-dio sirviente, porque si bien se describe la finca de cuatro-cientas cuerdas, no se describe la faja de terreno de dicho inmueble que ha de ser ocupada por las vías de la deman-dada apelante. Si bien es conveniente describir dicha faja de terreno para así limitar a ella la servidumbre, sin embargo la ley no lo exige., A este efecto dice Manresa:

“La especialidad de la servidumbre de paso presenta alguna dificultad en la aplicación del. principio sentado. • Poro esta misma servidumbre se ofrece bajo diferentes formas. Puede consistir en el derecho de atravesar indistintamente por una u otra parte de la heredad ajena, o en el derecho de pasar precisamente por un camino o vereda para el uso de la servidumbre.” ' Ob. y T. cit., 596.

Por último, alega el demandante apelado que dicha servidumbre se constituyó gratuitamente y sin consideración alguna. Bastará leer las cláusulas séptima y novena ante-riormente mencionadas, para inmediatamente advertir que en consideración a la constitución de la servidumbre la Central Yannina, causante de la demandada apelante, se obligó y dió cumplimiento a ciertas condiciones, tales como cons-truir desvíos para uso de los propietarios o posteriores arren-datarios del predio sirviente y la obligación en que incurrió de aceptar y moler, previo contrato, las cañas que se culti-vasen en el predio sirviente, bajo las mismas condiciones en que aceptase y moliese las del colono más favorecido.

Tratándose como se trata en este casó de una servidum-bre predial, la disolución de la corporación a cuyo favor se constituyó originalmente no afecta la existencia del gravamen, y no habiéndose demostrado que dicha servidumbre haya quedado extinguida por alguna de las causas prescri-tas en el artículo 482 del Código Civil, edición 1930, procede declarar con lugar el recurso, y en su'consecuencia revocar la sentencia apelada y desestimar la demanda con costas al demandante, sin incluir honorarios de abogado por estimar que no ha habido temeridad por parte del demandante en la institución de este pleito.


text:
    Arecibo Motor Company, demandante y apelante, v. Caribe Motors Corporation, demandada y apelada.
    Núm. 8423.

    Sometido: Abril 7, 1942.

      Resuelto: Mayo 18, 1942.

      L. Mercader, abogado de la apelante; Brown, González <& Newsom, y E. Córdova Díaz, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.

emitió la opinión del tribunal.

En este recurso la Arecibo Motor Company apela de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan que declaró sin lugar su demanda reclamando se condenara a la Caribe Motors Corporation a pagarle $116,900 en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato cele-brado entre las partes. Aunque la apelante en su alegato hace ocho señalamientos de error la única y fundamental cuestión envuelta en este recurso es si la corte inferior erró o no al resolver que el contrato verbal celebrado por la de-mandante, primero con la firma Figueroa <& G-autier y luego con la demandada Caribe Motors Corporation, fué uno sin término o plazo fijo de duración que podía ser cancelado en cualquier momento por cualquiera de las partes.

La corte inferior en la opinión que dictó para sostener su sentencia se expresó, en parte, así:

“Hemos analizado cuidadosamente toda la prueba practicada pol-las partes, y especialmente la de la demandante, de la que aparece que nunca existió un contrato escrito entre la demandante y Figueroa & Gautier para la venta de dichos vehículos, y mucho menos entre la demandante y la demandada. La prueba testifical demuestra, de una manera clara y terminante, que a virtud del convenio verbal celebrado entre la demandante y Figueroa & Gautier se le concedió a la misma el derecho exclusivo de vender los referidos vehículos en él distrito de Arecibo y que al concedérsele ese derecho no se le fijó término o plazo. Y siendo ello así, aun en el supuesto de que la demandada hubiera ratificado y hecho suyo el convenio o contrato verbal cele-brado entre Figueroa & Gautier y la demandante, el mismo no tenía término de duración y podía terminarse en cualquier momento.
“Estamos convencidos de que nunca existió entre la demandante y la demandada convenio o contrato de clase alguna a virtud del cual Ja demandada viniese - obligada a venderle a la demandante vehícu-los durante un número determinado de años, y de que lo que existió fué un contrato verbal, sin término fijo de duración, a virtud del cual la demandada venía obligada a venderle a la demandante los vehículos que la segunda le comprase para venderlos dentro del te-rritorio de Arecibo. La demandada no podía dar más de lo que tenía, pues su contrato con la General Motors Corporation, Foreign Distributors Division, puede ser cancelado en cualquier momento por cualquiera de las partes previa notificación por escrito o cable al efecto.”

¿Está sostenida por la prueba presentada por las partes la conclusión a que llegó la corte inferior de que los contratos verbales celebrados por la demandante con Figueroa & Gautier y con la demandada eran por tiempo indefinido y podían ser cancelados en cualquier momento por cualquiera de las partes? Después de considerar cuidadosamente la transcripción de evidencia, somos de opinión que la pregunta debe contestarse en la afirmativa. Veamos, en síntesis, lo que declararon los testigos de una y otra parte en cuanto al término de los contratos.

José J. Figueroa, socio de la firma Figueroa & G-autier, que era la distribuidora en Puerto Rico de la G-eneral Motors Corporation, declaró como testigo de la demandante que diclia firma hizo un contrato verbal con la Arecibo Motors Company en la misma forma en que lo tenía con el Sr. Her-nández de Mayagüez, el Sr. Héreter de Caguas y otros dealers de la isla; que Figueroa & G-autier hizo un arreglo con la demandante para darle la representación en Arecibo de todas las líneas a base de un tiempo ilimitado completa-mente, que podía ser por cinco, diez o quince años . . . “mientras yo tuviese la representación de General Motors y mientras ellos cumplieran”; que el contrato de Figueroa <& Gautier con la General Motors podría terminar en cualquier momento a voluntad de cualquiera de las partes y, que al efecto, en el mes de julio de 1939 la General Motors les can-celó la agencia; que para hacer negocios con la demandante Figueroa & Gautier allá para el mes de marzo de 1939 le exigió a los doctores Carmelo y Rafael Colón que constitu-yeran una sociedad por cinco años, lo que hicieron con el nombre de Arecibo Motor Company, para que pudieran hacer sus arreglos con la General Motors Acceptance Corporation,. que era quien financiaba el negocio, y además que pusieran un establecimiento y almacén en Arecibo; que Figueroa & G-autier les vendía los automóviles a la demandante y ésta los revendía en su distrito. A preguntas del juez ratificó que su contrato con la demandante fué por el tiempo que 61 tuviera la representación de la General Motors y mientras ellos cumplieran; que el plazo con él era eterno siempre y cuando él tuviera la representación. En el contrainterroga-torio dijo de nuevo que el contrato fué por tiempo indefinido, pero la intencióh suya fué que durara todo el tiempo que él tuviera la agencia de la General Motors; que la General Motors y Figueroa & Gautier tenían facultad para terminar el contrato en cualquier momento; que los subagentes que tenía Figueroa & Gautier en la isla podían si querían dar por terminado el contrato que tenían con dicha firma en cual-quier momento; que Figueroa & Gautier tenía derecho a ha-cerlo también pero que sólo lo hubiera hecho por causa jus-tificada.

El Dr. Carmelo Colón, uno de los socios de la deman-dante, declaró que Figueroa & Gautier les concedió la repre-sentación en Arecibo por un término de cinco años y que para eso tenía que formar una sociedad con su hermano Ba-fael y que así lo hizo; que la demandante le compraba los automóviles a Figueroa & Gautier de contado; que represen-taron a Figueroa & Gautier desde abril hasta julio de 1939; que en este último mes Figueroa & Gautier cesó en sus ne-gocios y la demandante siguió con la demandada Caribe Motors Corporation; que el contrato con la demandada fué que la demandante continuaría igual que con Figueroa & Gautier ; que él con quien contrató fué con el Sr. Conway, General Manager de la demandada. Es conveniente transcribir la forma en que declaró el testigo en cuanto a esto, según apa-rece a la página 81 de la transcripción de evidencia:

“A. — ¿Entonces este convenio fué celebrado entre usted y Mr. Conway, usted en representación de Arecibo Motor y Mr. Conway en representación de Caribe Motors?
“T. — De Caribe Motors. El convenio fné que él me dijo que aquél era una continuación del convenio de Figueroa.
“A. — ¿ Usted le dijo a Mr. -Conway que usted tenía un contrato por el término de cinco años con Figueroa & Gautier?
“T. — Sí, se lo dije. Y me preguntó que si era verbal o que si era escrito, y le dije que verbal.
“A.- — Pero lo que le pregunto es si usted le dijo que usted tenía un contrato por cinco años con Figueroa & Gautier.
“T. — Creo que sí, que se lo dije, porque hablamos del convenio que teníamos con Figueroa.
“A. — ¿Está seguro de que se lo dijo o no está seguro?
“T. — Bueno, yo no recuerdo ahora exactamente si se lo dije o no, pero lo que yo recuerdo exactamente es que él me dijo a mí que con-tinuaríamos exactamente en las mismas condiciones que veníamos tra-bajando con Figueroa. De eso me acuerdo exacto.” (Itálicas nuestras.)

Continuó expresando el testigo que la demandada le can-celó el contrato a la demandante el 16 de noviembre de 1939 sin motivo ni justificación alguna pues el motivo que se les dió en la carta que les escribió el Sr. Conway el día 14 al efecto de que algunos de los socios de la demandante estaban asociados con una firma que había asumido la representación 'en Arecibo de una línea de carros y trucks que competían con los de la demandada, no era cierto; que él protestó de la cancelación del contrato y vino a San Juan y celebró una en-trevista con los socios de la demandada, pero a pesar de su insistencia en que su contrato con Figueroa & Gautier era por cinco años, la demandada no varió su actitud.

En cuanto al término del contrato ésta fue en síntesis toda la prueba de la demandante.

Por la demandada declaró Augusto Gautier, socio de la firma Figueroa & Gautier, quien afirmó que ninguno de los contratos de dicha firma con los distribuidores en la isla te-nía término fijo o plazo; que el convenio con la demandante era igual que los demás y podía terminarse en cualquier mo-mento por causa justa que determinaría Figueroa & Gautier; que cuando ellos cesaron como representantes de la General Motors le recomendaron a la demandada continuara con los agentes de la isla. En la repregunta declaró que Figueroa & Gautier no le exigió ninguna escritura social por término de cinco años a la demandante porque su firma en ningún momento podía comprometerse a dar una franquicia por un tiempo que Figueroa & Gautier no lo tenía.

Asimismo declararon los señores Manuel Hernández Bosa, Pablo Héreter, Jr. y José M. K'ocafort, subagentes de Figueroa So Gautier primero y luego de la demandada en Ma-yagüez, Caguas y Humacao, respectivamente, al efecto de que los contratos que tenían con dichas firmas eran sin plazo fijo alguno pues dependía de que tanto Figueroa & Gautier como la demandada tuvieran a su vez la representación de la General Motors en Puerto Eico y que cualquiera de las partes podía dar por terminado el contrato en cualquier mo-mento; que al cesar Figueroa & Gautier la demandada les dijo por conducto dél Sr. Conway que seguirían a prueba.

Declaró también por la demandada Antonio Prieto Subi-rat, socio industrial que fue de la demandante y luego em-pleado de la demandada, y ratificó que el convenio con Figueroa <& Gautier fué por el tiempo que tuviera la represen-tación de la General Motors y que no se convino ningún plazo de cinco años; que al cesar Figueroa & Gautier y empezar la demandada Caribe Motors el Sr. Conway reunió a todos los subagentes de la isla y les dijo que continuarían como antes y que cuando fuera necesario un cambio lo haría pre-via notificación.

Los testigos de la demandada Guillermo E. González y Charles D. Conway corroboran los testimonios de los demás testigos al efecto de que la demandada en ningún momento celebró contrato alguno por término fijo con la demandante ni con ninguno de los demás subagentes de Figueroa & Gautier en la isla, pues se limitaron a informarles en una reu-nión que se celebró en el Berwind Country Club que dichos. subagentes continuarían a prueba y si se deseaba hacer al-gún cambio quedaban en libertad de hacerlo en cualquier momento.

De acuerdo con esta prueba no podemos convenir con la apelante de que la corte inferior cometiera error al resolver que tanto el contrato celebrado por la demandante con Figueroa & Gautier como el celebrado con la demandada ca-recía de término o plazo. La única conclusión a que pode-mos llegar, después de un análisis y estudio detenido de la prueba, es la misma a que llegó la corte inferior. Además, no parece lógico que Figueroa & Gautier primero o la Ca-ribe Motors después, se comprometieran, como pretende la demandante que lo hicieron, a concederles por cinco años su representación para la venta en el distrito de Arecibo de los automóviles de la General Motors, si el contrato que tenía y tiene esta corporación con dichas firmas podía y puede ser cancelado en cualquier momento por carta o por cable.

El hecho de que Figueroa le dijera a los señores Colón que tenían que constituir una sociedad por un término de cinco años para que la General Motors Acceptance Corporation pudiera financiar sus negocios y que además les exigiera que prepararan un salón de exhibiciones y un taller de repara-ciones, eran condiciones previas impuestas a la demandante para que el contrato pudiera celebrarse, pero esto no puede interpretarse en el sentido de que se convino en un plazo fijo.

El artículo 1208 del Código Civil que dispone que “la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”, citado por el ape-lante para sostener su recurso, no es aplicable a los hechos de este caso pues, como hemos dicho, la prueba demostró que el'contrato podía ser terminado no por la demandada sino por cualquiera de las partes. Manresa, comentando el ar-tículo 1256 del Código Civil Español, equivalente al 1208 nuestro, sostiene la validez de estos contratos al decir:

“También el texto del artículo, refiriendo la prohibición al arbi-trio de uno de los contratantes, demuestra que es perfectamente lí-cito dejar el cumplimiento bajo la forma negativa de la rescisión, a la voluntad de cualquiera de las partes, caso frecuente en ciertos contratos (arrendamiento de servicios, suministro de energía eléc-trica, etc.), porque en ese supuesto, ni se contraría el artículo, ni se falta a la igualdad entre los contratantes, que quedan con las mis-mas facultades respecto al cumplimiento. (Bastardillas nuestras.)

El error en que incurre ia apelante es al sostener que, de acuerdo con la prueba, la demandada Caribe Motors Corporation se comprometió con la demandante a que el término de su contrato duraría mientras la demandada tuviera la representación de la General Motors Corporation en Puerto Rico. La preponderancia de la prueba, a la que dió crédito la corte inferior, demuestra que la demandada en ningún momento hizo tal convenio. Es más, esta teoría está en abierta contradicción con la alegación de la demandante de que el contrato, tanto con Figueroa & Gautier como con la demandada tenía un término mínimo de cinco años. La ape-lante admite en su alegato que el plazo del contrato de la demandante eon Figueroa & Gautier “expiró precisamente cuando ésta perdió la representación de la General Motors”, y que “a no ser por la ratificación convenida por la deman-dada, no habría oportunidad para la exigencia de Arecibo Motor a la Caribe Motors ...” Pero es que, de acuerdo con la prueba, no hubo tal ratificación y al no haberla, cae por su base toda la argumentación posterior de la apelante.

Lo que existió entre las partes en realidad fue un contrato de compraventa a virtud del cual la demandante compraba a la demandada los automóviles de la General Motors con el derecho de reventa exclusivo para el territorio del distrito de Arecibo, sin limitación alguna de tiempo. A pesar de usarse por las partes y por los testigos las pala-bras “subagentes” y “subdealers”, los hechos probados de-muestran que la demandante compraba a la demandada dichos automóviles a los precios convenidos y podía revender-los a los precios y bajo las condiciones que mejor le convi-nieran.

La distinción entre esta clase de contratos con los de agencia o subagencia está claramente expuesta en 1-Mechem on Sales 41, citado en el caso de Reiter v. Anderson, 262 P. 415, 417, en esta forma:

"Una forma limitada de ‘mandato’ (agency) que se ha desarro-llado en la era moderna es aquel que existe cuando el dueño o fa-bricante de artículos patentados o de propiedad exclusiva concede el privilegio de venderlos o la exclusiva dentro de determinado terri-torio a una persona que de otra manera no tendría derecho a vender los artículos en cuestión. Está completamente en armonía con este acuerdo que el llamado agente tenga que comprarle al dueño o fa-bricante los productos que ha sido autorizado a vender, y cuando este es el caso, lo único que hay de ‘mandato’ en tales circunstancias es el nombre en sí. Está también completamente en armonía con tal acuerdo que el ‘agente’ tenga que vender los artículos al precio y bajo condiciones fijadas por el dueño o fabricante. Una persona en tales condiciones se dice por el vulgo que ha obtenido la ‘agencia’ de dichos artículos cuando lo que se quiere decir realmente es que ha obtenido un derecho más o menos exclusivo a comprarlos y reven-derlos dentro de determinado territorio. La transacción es comple-tamente sencilla pero las decisiones están llenas de casos en que las partes quizás se'hayan engañado a sí mismas y por lo menos han tratado efectivamente de engañar a otros, llamando ‘agencia’ a una relación que no se parecía en nada a un mandato en verdad, y que era simplemente una venta de un artículo de propiedad exclusiva, adquiriendo el comprador el derecho de revenderlos bajo los térmi-nos y condiciones fijados por el propietario.”

En relación con esta cíase de contratos se ha resuelto por el peso de las autoridades que cuando no se ha señalado un plazo fijo para su terminación y se provee que pueden ser cancelados por cualquiera de las partes, no puede prosperar una acción de daños por una de las partes cuando la otra da por terminado el contrato.

En el caso de Ford Motor Co. v. Alexander Motor Co., 223 Ky. 16, 2 S. W. (2d) 1031 la corte se expresó en esta forma:

“Si las partes acuerdan que los derechos, deberes y obligaciones que surgen de una relación contractual durarán sólo a voluntad o placer de cualquiera de ellas, las cortes no tienen derecho a substi-tuir una duración distinta a dichos derechos. Contratos ejecutorios, terminables a voluntad, en tanto están sin cumplir al momento de su terminación, no conceden base alguna para una causa de acción a una u otra parte. (Citas.) Tales contratos obligan a ambas partes hasta que el derecho de cancelarlo es ejercitado por una u otra parte. ’ ’

Y en el caso de Maddox Motor Co. v. Ford Motor Co., 23 S. W. (2d) 333 se resolvió que “estos contratos obligan a ambas partes hasta que el derecho de cancelarlos es ejerci-tado por cualquiera de ellas”.

Para una discusión más amplia sobre la naturaleza y alcance de estos contratos, véase 4 Williston on Contracts (1936) 2854, sección 1027 A, especialmente la subdivisión (5) y los casos y autoridades citados en las notas.

Los errores señalados por la apelante en cuanto a la admisión de las declaraciones de los testigos de la deman-dada, Héreter, Hernández y otros “subdealers”, así como las de los señores González y Conway en cuanto a las con-diciones de los contratos que dichos “subdealers” tenían con Figueroa <& Gautier primero y luego con la demandada, ca-recen de mérito. Habiendo declarado el señor Figueroa, como testigo de la demandante, que el contrato verbal que Figueroa & Gautier celebró con la demandante era igual al que dicha firma tenía con todos los demás distribuidores en la isla y además en cuanto al convenio suyo con la demandada para visitar a dichos distribuidores para tratar que conti-nuaran con la demandada, las declaraciones de los testigos mencionados antes eran admisibles de acuerdo con el artículo 385 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. 1933) o sea el artículo 23 de la Ley de Evidencia, al efecto de que: “Cuando parte de un acto, declaración, conversación o escrito, se ofre-ciera en evidencia por una de las partes, la totalidad del mismo asunto podría ser investigada por la otra ... y que cuando un acto, declaración, conversación aislada, se presen-tare como evidencia, podrá también presentarse como tal cualquier otro acto, declaración, conversación o escrito, que fuere necesario para su conocimiento total.”

Se alega además como error el baber la corte inferior condenado a la demandante a pagar $350 en concepto de honorarios de abogado de la demandada al resolver que la demandante actuó con temeridad al iniciar esta acción. Tomando en consideración todas las circunstancias concurren-tes en este caso, somos de opinión que no puede decirse que la demandante haya actuado con temeridad al tratar de obtener una interpretación de acuerdo con su teoría en cuanto al plazo de los contratos celebrados con Figueroa & G-autier y con la demandada. No se trataba de contratos escritos de los cuales pudiera surgir claramente la intención de las par-tes sino que el pleito ha girado alrededor de la interpreta-ción de unos contratos verbales y si se examinan las refe-rencias que hemos hecho a las notas al calce de la obra de Williston on Contracts se verá que la determinación del al-cance y facultad para dar por terminados esta clase de con-tratos, aun cuando son por escrito, há sido objeto de múlti-ples procedimientos judiciales y de extensas monografías en distintas revistas legales.

Con la modificación de eliminar los $350 en concepto de honorarios de abogado, la sentencia recurrida debe ser con-firmada.


author: El Juez Asociado SeñoR SnydeR

text:
    Regino Rosario, demandante y apelado, v. Otilio Sandoval, demandado y apelante.
    Núm. 8441.

    Sometido: Abril 28, 1942.

      Resuelto: Mayo 18, 1942.

      José E. Díaz, abogado del apelante; L. Mercader, abogado del ape-lado.
   El Juez Asociado SeñoR SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

La corte de distrito dictó sentencia a favor de Regino Rosario y contra Otilio Sandoval en nn pleito sobre nn pa-garé de $1,000. El pagaré expresaba que “pagaremos a Carmen Cardona o a sn orden” $1,000, y estaba firmado “V. Ramos Muñiz, Dendor. — Y. Ramos Casellas, Garantizado! y principal pagador,. — Otilio Sandoval, Garantizador y principal pagador.”

Otilio Sandoval en sn contestación jnrada niega el otorgamiento del pagaré. Sin embargo, declaró durante el juicio qne él había otorgado el pagaré, pero insistió en que las palabras “garantizador y principal pagador” habían sido posteriormente insertadas bajo su firma sin él saberlo. El demandante y Carmen Cardona, sn esposa, declararon qne estas palabras aparecían escritas a máquina bajo la firma del demandado cuando el deudor entregó el pagaré. La corte de distrito dió crédito al testimonio del demandante y sn esposa, fundando su creencia en parte en la apariencia física del pagaré. El apelante no ha incluido el pagaré original en el récord. Por tanto no podemos concluir que la corte de distrito erró a este respecto.

No puede sostenerse la contención de que el pleito debió haberse radicado por Carmen Cardona. Las declara-ciones fueron al efecto de que el demandante había sido su-esposo desde 1921. Él estaba autorizado claramente a radi-car este pleito como administrador de la sociedad de ganan-ciales.

Sin embargo, la corte de distrito cometió error al dictar sentencia contra Otilio* Sandoval por la suma total del pagaré. Según los artículos 1090 y 1091 del Código Civil (ed. 1930) una obligación no puede ser considerada como que es in solidum a menos que aparezca claramente tal intención en el documento. Bennett et al. v. Boschetti et al., 31 D.P.R. 855, 862. En ausencia de disposición alguna en el pagaré en contrario, cada uno de los garantizadores en este caso era responsable solamente por la mitad del principal del pagaré. Stubbe Bros., Inc. v. Díaz, 43 D.P.R. 79.

Este pagaré fué otorgado y entregado en 1926. La Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, aprobada en 1930, dispone que sus disposiciones “no son aplicables a los documentos negociables extendidos y entregados con anterio-ridad a su vigencia.” (Artículo 547, Código de Comercio, edición 1932). Por tanto, no estamos llamados a considerar en este casó el efecto de esa ley sobre la presunción que en-contramos en el artículo 1091 del Código Civil. Véase ar-tículo 370, párrafo 7, y el artículo 421, Código de Comercio, Ed. 1932. Cuando se levante esta cuestión, posiblemente se-ría apropiado el determinar, entre otras cosas, el exacto sig-nificado legal de “joint”, “several” y “joint and several”, bajo la ley común frente a “mancomunada” y “solidaria” en el derecho civil. Véanse Groves v. Sentell, 153 U. S. 465, 476; Drew v. Bank of Monroe et al., 51 So. 683 (La.); Dodd v. Lakeview Motors, Inc., 149 So. 278 (La.); Mantesa, Comentarios al Código Civil Español, Vol. 8, pág. 175, et seq.; Restatement, Contracts, Secciones 111 et seq.; "Williston on Contracts, Edición Eevisada, Vol. 2, Secciones 316-324, 327-330, 332-334, 337, 345. Cf. Crédito, etc. v. Beiró et al., 31 D.P.R. 605.

■ La sentencia de la corte de distrito proveía que el ape-lante pagara la cantidad de $1,000 con intereses al 6 por ciento desde la fecha de la radicación de la demanda, $100 para honorarios de abogado y las costas. La sentencia será modificada proveyendo para el pago de solamente $500, con intereses al 6 por ciento sobre dicha cantidad desde la fecha de la radicación de la demanda, más las costas y $50 para honorarios de abogado. -De esta manera modificada, la sen-tencia será confirmada.


author: El Juez Asociado Seítoe SetdeR

text:
    Dolores Vázquez, representada por su padre con patria potestad, Juan Vázquez, demandante y apelada, v. Dr. J. R. Laugier, demandado y apelante.
    Núm. 8461.

    Sometido: Mayo 4, 1942.

      Resuelto: Mayo 18, 1942.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, abo-gados del apelante; "Virgilio Brunei, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Seítoe SetdeR

emitió la opinión del tribunal.

Oímos este caso en nna moción para desestimar la apelación por frívola. “En nna moción de frivolidad pnedo entrarse en el estudio y consideración de los errores señalados y en el fondo del asunto ... a fin de no dilatar innecesaria-mente la obra reparadora de la justicia.” Matos v. Sucn. Gómez de Agüero, 43 D.P.R. 930, 934.

La demandante es una niña de diez años- de edad. Fué mordida en el muslo derecho cerca de la ingle por un perro propiedad del demandado. La herida se infectó, y ella fué hospitalizada por diez o doce días, durante los cuales los teji-dos infectados fueron cortados en una operación. Esto dejó una cicatriz que limita hasta cierto punto el movimiento de su pierna. El perito de la demandante admitió que una simple operación restablecería una completa libertad de movi-miento. El perito del demandado declaró que la operación no era necesaria excepto por razones de estética. La corte de distrito resolvió que la demandante “no ha quedado sus-tancialmente afectada por la herida.”

La corte de distrito dictó sentencia a favor de la deman-dante por seiscientos dólares. El único error señalado en apelación es que la cantidad concedida fué excesiva. El de-landado llama nuestra atención hacia cuatro casos. En Ferrer v. Rivera, 56 D.P.R. 504, un niño fué mordido dos veces por un perro. No resultó incapacidad alguna, y esta corte le concedió cien dólares. El caso de Torres v. Dávila, 47 D.P.R. 315, envolvía hechos similares. El niño recibió dos-cientos cincuenta dólares. En Osorio v. Taboada, 52 D.P.R. 806, un perro mordió a una mujer y a su hija. La primera fué mordida en la espinilla de su pierna derecha. La niña fué mordida cinco veces, en el brazo, en la mano, en el abdomen y en el pecho. La corte fijó como daños cien dólares para la madre y trescientos dólares para la niña. En Gigante v. Alvarez, 48 D.P.R. 498, una niña recibió una herida proveniente de una mordida de perro en la región glútea iz-quierda y obtuvo como daños trescientos cincuenta dólares. Aparentemente en ninguno de estos casos los demandantes fueron operados. El demandado no cita el caso de De Jesús v. Arzuaga, 53 D.P.R. 522, el cual, como el presente, fué oído en una moción para desestimar la apelación por frívola. En aquel caso la demandante fué asustada por el ladrido de un perro detrás de una verja de hierro y aparentemente temía ser atacada. Esto causó que ella se cayera y se rompiera un brazo. Esta corte, encontrando que los setecientos dólares concedidos en la córte de distrito como daños no eran excesi-vos, desestimó la apelación por frívola.

No sería provechoso que nos aventuráramos en una comparación detallada de los hechos en el presente caso con los de los anteriores. Como lo expresó esta corte por medio del Juez Asociado Sr. Travieso en Sánchez v. Sucn. J. Serrallés, 53 D.P.R. 80, 84, ... la cantidad que como daños se concede a un reclamante depende de tantas y tan variadas circunstancias, que no puede considerarse un caso específico como precedente que estemos obligados a seguir para resolver otros casos . . . Nos limitamos a declarar que hemos examinado la transcripción de evidencia y nada hemos en-contrado que nos justifique a resolver que los daños conce^ didos fueron excesivos.

La contención del apelante de que la corte inferior no tomó en consideración su modesta situación económica no tiene mérito. “La determinación de la suma [de la compen-sación], como cuestión legal, nunca depende de la capacidad de la demandada para pagar dicha suma . . .”. Flores v. Surcs. de Pérez Hermanos, 29 D.P.R. 1046, 1048.

La moción para que se desestime la apelación por frívola será concedida.