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author: El Juez Presidente Señor Hernández Denton Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

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text:
    Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y otros, peticionarios, v. Manuel González López y otros, recurridos.

      Número: CC-2008-829

      Resuelto: 27 de agosto de 2010

      Yariel Flores Milán, Jaime Enrique II Cruz Pérez, Gloria Arlene Hickey Martínez, Héctor J. Quiñones Inserni e Ivan Aponte Gonzalez, abogados de la parte peticionaria; Jaime E. Toro Monserrate y iSfydin M. Watlington, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia en este caso requiere que interpretemos por primera vez la Sec. 2-118 de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como la Ley de Transacciones Comerciales, 19 L.P.R.A. sec. 518. La referida sección establece un término prescriptivo de tres años para las acciones de apropiación indebida de instrumentos negociables. Específicamente, debemos determinar en qué momento comienza a transcurrir dicho término cuando se trate de la apropiación indebida de cheques. Por entender que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al de-cidir que, en el caso de los cheques, el término prescriptivo comienza a transcurrir cuando éstos se negocian, confirmamos la sentencia recurrida.

I

La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) es una entidad pública cuyas funciones y facultades fueron establecidas mediante la Ley Núm. 114 de 17 de agosto de 2001 (7 L.P.R.A. sec. 1334 et seq.). Sus funciones principales son la fiscalización y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito, así como la formulación de la política pública y reglamentación del movimiento cooperativo. 7 L.P.R.A. sec. 1334.() Las cooperativas tienen la obligación de someter anualmente a COSSEC un estado de situación que refleje sus circunstancias financieras, incluso el balance de las cuentas de acciones y depósitos de los socios. 7 L.P.R.A. sec. 1334k. Al ejercer sus facultades fiscalizadoras, COSSEC puede exigir a una cooperativa informes financieros adicio-nales o de cualquier otra índole y podrá realizar auditorías extraordinarias. Íd.; 7 L.P.R.A. sec. 1334p.

En dicha ley también se le otorga a COSSEC el poder de colocar a las cooperativas que regula bajo administración en sindicatura e iniciar las acciones que estime necesarias a nombre de éstas. 17 L.P.R.A. sec. 1334b. En el ejercicio de tales facultades, COSSEC colocó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Autoridad de Puertos y de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (Cooperativa) bajo administración en sindicatura.

El 4 de febrero de 2004, luego de realizar una auditoría de las finanzas de la Cooperativa, COSSEC presentó una demanda contra los hermanos, Sr. Manuel González López y Sr. Lino González López, los miembros de la Junta de Direc-tores de la Cooperativa, los miembros del Comité de Super-visión de la Cooperativa y los auditores externos de la Coo-perativa, entre otros. Alegó, en síntesis, que el Sr. Manuel González López, quien fungió como administrador de la Cooperativa entre 1999 y 2003, en contubernio con su her-mano y fraudulentamente, emitió cheques a nombre de so-cios y personas ficticias que luego endosaban y depositaban en sus cuentas personales. Según COSSEC, la cuantía de los cheques apropiados indebidamente ascendía a $1,897,258.

COSSEC también incluyó como demandado al Banco Popular de Puerto Rico por ser la entidad bancaria en la que el señor González López y su hermano tenían las cuentas per-sonales que supuestamente utilizaron para depositar los cheques apropiados indebidamente. En la demanda se le imputó al Banco Popular no ejercer el cuidado debido al ve-rificar los endosos; obrar de mala fe al no investigar el au-mento de actividad transaccional de las cuentas de los code-mandados en cuestión, e incurrir en negligencia crasa al autorizar el depósito de cheques fraudulentos e ilegales, en-tre otras cosas.

Posteriormente, el Banco Popular presentó urna moción para que se dictara sentencia por las alegaciones y adujo que toda causa de acción en su contra relacionada al cambio o depósito de cheques que haya surgido más de tres años antes de que se presentara la demanda estaba prescrita se-gún la Sec. 2-118 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 L.P.R.A. sec. 518. Señaló que el momento cuando surge la causa de acción por apropiación indebida de un cheque es cuando éste se negocia. Es decir, cuando se paga, se cambia o se deposita. Adujo que así lo han resuelto los estados cuya legislación sobre instrumentos negociables procede del Uniform Commercial Code, como la nuestra.

Por su parte, COSSEC se opuso y alegó que en Puerto Rico rige la teoría cognoscitiva del daño, por lo que las causas de acción en relación con la apropiación indebida de los cheques surgieron cuando descubrió que el señor Gon-zález López y su hermano se habían apropiado del dinero, y no cuando se negociaron los cheques. Por tal razón, alegó que ninguna de sus causas de acción contra el Banco Popular están prescritas.

Tras varios incidentes procesales, el Tribunal de Pri-mera Instancia declaró “con lugar” la referida moción y dictó sentencia parcial a favor del Banco Popular. Asi-mismo, determinó que el momento en el que surgieron las causas de acción fue cuando se cambiaron y se depositaron cada uno de los cheques en las cuentas personales del se-ñor González López y su hermano. Por ende, desestimó todas las reclamaciones relativas a cheques que se hubie-ran negociado más de tres años antes de que se presentara la demanda. Desestimó, además, toda reclamación contra el Banco Popular por gastos de síndicos, auditores, gastos legales, costas y honorarios de abogado.

Inconforme con dicha determinación, COSSEC acudió al Tribunal de Apelaciones. Adujo que el foro de instancia se equivocó al estimar que la causa de acción surge cuando el cheque se negocia y no cuando el perjudicado descubre la apropiación, como sería si se hubiese reconocido la aplica-ción de la teoría cognoscitiva del daño. El Banco Popular se opuso y solicitó al Tribunal de Apelaciones que confirmara la sentencia. Fundamentó su solicitud esencialmente en los mismos argumentos que esgrimió ante el Tribunal de Primera Instancia. Luego de otros trámites, el foro apela-tivo intermedio confirmó la sentencia apelada por entender que se había resuelto correctamente que las causas de ac-ción respecto a cheques negociados por el Banco Popular más de tres años antes de que se interpusiera la demanda estaban prescritas.

Ante esta determinación adversa, COSSEC acude ante nos mediante recurso de certiorari y reitera los argumen-tos que presentó ante los foros inferiores. Aduce que, ante el silencio que guarda la Ley de Transacciones Comerciales en cuanto al surgimiento de la causa de acción en cuestión, no procede acudir a otras jurisdicciones para llenar el va-cío, sino que aplica la teoría cognoscitiva del daño.

Acordamos expedir, y con el beneficio de la comparecen-cia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

Los instrumentos negociables, o títulos cambiarlos, como se les designa en la tradición civilista, son documentos en los que se plasma el derecho a cobrar una suma de dinero y a los que el ordenamiento jurídico les confiere una especial habilidad para circular. M.R. Garay Aubán, Derecho Cambiario, Ponce, Ed. Revista de Derecho Puertorriqueño, 1999, pág. 1. Los instrumentos negociables modernos más utilizados son la letra de cambio o giro, el cheque y el pagaré.

Los tratadistas no han podido fijar con precisión el ori-gen de los instrumentos negociables, pero están de acuerdo en que desde tiempos remotos han sido empleados para agilizar el comercio y facilitar el flujo de la riqueza. Así, por ejemplo, dice Basilio Santiago Romero, citando a Barto-lomé Guillén E. Igual, que en el derecho asirio-babilónico se utilizaba el sipartu; en India el ound kat goud; en la antigua Grecia el singraphum; en Egipto el sandch, y en el Imperio Romano el permutatio y la receptum argentarii. B. Santiago Romero, Instrumentos negociables: Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de Puerto Rico y comentarios al Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos, Palencia de Castilla, Industrias Gráficas Diario-Día, 1966, págs. 9-10. La primera mención de la letra de cambio, instrumento negociable por excelencia, en lo que hoy conocemos como el Reino de España, se encuentra en un edicto publicado en 1394 por magistrados barceloneses. Íd.

En lo que respecta a Puerto Rico, nuestra primera legislación sobre estos medios de intercambio comercial provenía del Código de Comercio español de 1889. Posteriormente, dicho código fue enmendado por la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1930, que se basaba en la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables estadounidense de 1896, desa-rrollada por el National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Para 1924 todos los estados habían adoptado la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables con ligeras variaciones. Garay Aubán, op. cit., pág. 19. Esta legislación modelo estaba basaba, a su vez, en el Bill of Exchange Act inglés de 1882, que en su momento codificó las prácticas mercantiles que venían observándose en Inglaterra desde la Edad Media. Íd.

En 1952, el National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, en conjunción con el American Law Institute, publicaron el Uniform Commercial Code (UCC). A través del resto del siglo XX, los distintos estados integraron dicho código modelo dentro de sus propios ordenamientos internos. En Puerto Rico, el proceso de integración del UCC comenzó con la aprobación de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, antes conocida como la Ley de Instrumentos Negociables y Transacciones Bancarias. Posteriormente, mediante la Ley Núm. 241 de 19 de septiembre de 1996 se enmendó la Ley Núm. 208, supra, para que fuera conocida como la Ley de Transacciones Comerciales (LTC), nombre que lleva actualmente. () A través de los años, este cuerpo normativo se ha enmendado en múltiples ocasiones, más recientemente, mediante la Ley Núm. 96 de 10 de septiembre de 2009, la cual introdujo ciertos cambios relativos al perfeccionamiento de gravámenes mobiliarios. 19 L.P.R.A. secs. 2104 y 2108.

El propósito principal de incorporar el UCC a través de la LTC fue modernizar el derecho cambiario puertorriqueño y ponerlo a la par con las legislaciones vigentes en las demás jurisdicciones estadounidenses, según se indicó en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208, supra. Allí se hace referencia a la necesidad de que la regulación cambiaria sea capaz de atender los asuntos que surgen en el mercado moderno. 1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1013. Uno de los aspectos más importantes que se intenta regular a través del UCC y de la LTC es fijar responsabilidades, de forma tal que los obstáculos que con frecuencia surgen en el flujo comercial se puedan remover rápidamente y, en cambio, la riqueza fluya libremente. Así, por ejemplo, se expresa que, “[e]n el ambiente electrónico de fin del Siglo XX, la expedi-ción, presentación, confirmación, cobro, pago y devolución de los millones de efectos en circulación exigen términos es-pecíficos para la fijación de responsabilidades conexas con cada paso de su manejo y negociación”. Íd.

Con lo anterior como norte, la Sec. 1-102 de la LTC establece, entre otras cosas, que sus propósitos fundamentales son: “(a) [simplificar, clarificar y modernizar el derecho que rige las transacciones comerciales; (b) [p]ermitir la continua expansión de prácticas comerciales por medio de las costumbres, los usos y los acuerdos entre las partes [,] y (c) [u]niformar el derecho entre las diversas jurisdicciones”. 19 L.P.R.A. sec. 401(2)(a)-(c). Por su parte, la Sec. 1-103 dispone que “[a] menos que sean desplazados por disposiciones particulares de las secs. 401 et seq. de este título, los principios generales del derecho en nuestra jurisdicción aplicarán de modo supletorio”. 19 L.P.R.A. sec. 402.()

La correcta resolución de la controversia ante nos re-querirá que determinemos cuál de estas dos disposiciones de la LTC aplica: la Sec. 1-102 o la Sec. 1-103. Es decir, debemos decidir si acudimos a otras jurisdicciones en aras de uniformar el derecho o si aplicamos de modo supletorio los principios generales del derecho en nuestra jurisdicción —en particular, la teoría cognoscitiva del daño— para de-terminar cuándo comienza a transcurrir el término pres-criptivo de tres años aplicable a la causas de acción por apropiación indebida de instrumentos negociables.

Con ello en mente, y antes de entrar de lleno a resolver el asunto ante nos, pasemos a analizar los preceptos espe-cíficos de la LTC pertinentes a la controversia que nos ocupa.

III

La Sec. 2-104 de la LTC establece los elementos mínimos que debe contener un documento para que sea considerado un instrumento negociable. Allí se establece que un instrumento negociable es

... una promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros car-gos descritos en la promesa u orden, si el mismo:
(1) Es pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión o cuando primero adviene a la posesión de un tenedor;
(2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica, y
(3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de la persona que promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero .... 19 L.P.R.A. sec. 504(a)(1)-(3).()

La Sec. 2-104 también dispone que “[u]n instrumento es un ‘pagaré’ si es una promesa y es un ‘giro’ si es una orden”. 19 L.P.R.A. sec 504(e).() Además, dicha sección define el cheque como “un ‘giro’, siempre que no sea un giro documentario, pagadero a la presentación y librado contra un banco, o ... un cheque del gerente o un cheque de pagador-receptor. Un instrumento puede ser un cheque aunque en su faz sea descrito con otro término, tal como ‘giro postal’ ”. 19 L.P.R.A. sec. 504(f). El Prof. Miguel R. Garay Aubán comenta sobre el cheque que:

[E]s el más común de todos los instrumentos negociables .... La LTC frecuentemente da un trato especial a los cheques respecto a los demás instrumentos negociables. La Sección 2-104(f) define al cheque como un giro pagadero a la presentación y librado contra un banco.
El cheque cumple una función económica importantísima como medio de pago de deudas de dinero, aunque está siendo desplazado progresivamente por las tarjetas de crédito y los medios electrónicos de pago. Desde el punto de vista práctico, evita el pago en moneda de curso legal. Una vez cobrado por el acreedor, provee a quien pagó de un instrumento cancelado que le sirve como prueba de pago. Garay Aubán, op. cit., págs. 100-101.

Por su parte, la Sec. 2-420 de la LTC establece una causa de acción por apropiación indebida de instrumentos negociables, incluyendo, por supuesto, el cheque. 19 L.P.R.A. sec. 670. Dicha sección establece en el inciso (a) que “[u]n instrumento será apropiado indebidamente si el mismo se toma mediante cesión, que no constituye negociación, de una persona que no tiene derecho a exigir el cumplimiento del instrumento, o si un banco hace u obtiene el pago del instrumento para una persona que no tenía derecho a exigir el cumplimiento o a recibir su pago”. (Enfasis suplido.) 19 L.P.R.A. sec. 670(a). Es decir, la LTC dispone que comete apropiación indebida no sólo aquel que tome un instrumento sin derecho a él, sino también el banco que haga u obtenga el pago del instrumento. Íd.

Es preciso señalar que dicha sección también establece que en una acción por apropiación indebida de un instrumento negociable, “se presumirá que la medida de responsabilidad es la cuantía pagadera en el instrumento, pero lo recobrado no nunca [sic] podrá exceder el monto del derecho que el reclamante tenga bajo el instrumento”. (Enfasis suplido.) 19 L.P.R.A. sec. 670(b). Mediante esta disposición se fija un límite a la cuantía que una persona podrá recobrar de otra o de un banco como consecuencia de la apropiación indebida de un instrumento negociable. Dicho límite corresponde al monto de la promesa u orden de pago plasmada en el instrumento negociable.

En lo relativo a la prescripción de esta acción, la Sec. 2-118 de la LTC dispone que "[a] menos que esté regida por otra ley referente a reclamaciones por indemnización o contribución, una acción: (i) por la apropiación inde-bida de un instrumento ... deberá comenzarse dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que surja la causa de acción”. (Énfasis suplido.) 19 L.P.R.A. sec. 518(g). Así, pues, la citada sección establece claramente que a una causa de acción al amparo de la Sec. 2-420 de la LTC, supra, le aplica un término de prescripción extintiva de tres años.

No obstante, a pesar de que el legislador instituyó un término de tres años para el ejercicio de una causa de acción por apropiación indebida de un instrumento negociable, ni de la Sec. 2-118, supra, ni de la Sec. 2-420, supra, en la que se crea la causa de acción, se desprende cuándo ésta surge.

IV

El caso de autos requiere que determinemos desde qué momento se puede ejercitar una causa de acción por apro-piación indebida de un instrumento negociable para fijar cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo. La correcta resolución de la controversia ante nos requerirá que determinemos si debemos aplicar la Sec. 1-102, supra, o la Sec. 1-103, supra. Es decir, debemos decidir si acudi-mos a otras jurisdicciones en aras de uniformar el Derecho o si aplicamos de modo supletorio los principios generales del Derecho en nuestra jurisdicción —en particular, la teo-ría cognoscitiva del daño— para determinar cuándo co-mienza a transcurrir el término prescriptivo en cuestión.

A. Como es sabido, la figura de la prescripción extintiva es de índole sustantiva y se rige por los principios que informa el Código Civil. Santos de García v. Banco Popular, 172 D.P.R. 759 (2007). Hemos expresado que ésta “es un instituto propio del derecho civil inextricablemente unido al derecho que se intenta reivindicar” (Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 D.P.R. 137, 143 (2001)) y aplica, como cuestión de derecho, con el paso del tiempo, a menos que se interrumpa su curso mediante los actos que el Código Civil y las leyes reconozcan como aquellos que tienen dicho efecto. Santos de García v. Banco Popular, supra. Debido a que opera de forma objetiva, no se puede dejar sin efecto ni oponerse alguien a ella demostrando voluntad en contrario. íd. El propósito de la prescripción extintiva es castigar la inercia y estimular el ejercicio rápido de las acciones. Campos v. Cía. Fom. Ind., supra. Los términos prescriptivos “fomentan la estabilidad jurídica de la relaciones y la seguridad en el tráfico jurídico”. Íd., pág. 144, citando a Culebra Enterprises Corp. V. E.L.A., 127 D.P.R. 943, 950 (1991).

Como parte de la doctrina sobre la prescripción extintiva hemos reconocido la teoría cognoscitiva del daño. Dicha teoría puede considerarse como una excepción a la norma de que un término prescriptivo comienza a transcurrir cuando objetivamente ocurre el daño, pues desde ese momento se podría ejercer una causa de acción. La referida teoría establece que una causa de acción en particular surge cuando el perjudicado descubrió o pudo descubrir el daño y quién lo causó, y conoció los elementos necesarios para poder ejercitar efectivamente su causa de acción. Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 189 (2002). Por esto, el término para ejercer una acción no comienza a transcurrir cuando se sufre el daño, sino cuando se conocen los elementos necesarios para ejercitar la acción. Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 D.P.R. 403, 411 (2000).

Como expresamos en Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., 135 D.P.R. 746 (1994), por consideraciones de justicia se estima que el término comienza a transcurrir, no desde que se sufre, sino desde que subjetivamente se conoce el daño. En lo que respecta a acciones en daños y perjuicios hemos se-guido la corriente civilista liberal de reconocer un elemento subjetivo a la hora de determinar cuándo surge una causa de acción. No obstante, siempre hemos recalcado que si el desconocimiento se debe a falta de diligencia, entonces no son aplicables estas consideraciones sobre la prescripción. Padín v. Cía. Fom. Ind., supra, citando a Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., supra.

B. Teniendo en cuenta la magnitud del volumen de transacciones comerciales que se llevan a cabo diaria-mente mediante instrumentos negociables, no es sorpren-dente que otras cortes, tanto estatales como federales, se hayan enfrentado previamente a controversias similares. Es decir, a litigios que se traban porque, al igual que en Puerto Rico, los estados han seguido al UCC y han estable-cido un término prescriptivo de tres años para el ejercicio de la acción por apropiación indebida de instrumentos ne-gociables sin fijar cuándo dicho término comienza a transcurrir. En la mayoría de dichos casos, ha estado en controversia si se debe entender que el término prescrip-tivo comienza a transcurrir tan pronto el cheque se negocia o si se debe aplicar la teoría cognoscitiva del daño (conoci-da en inglés como el discovery rule).

La inmensa mayoría de las cortes federales y estatales que se han enfrentado al asunto han descartado la aplicación del discovery rule. Véanse, a modo de ejemplo: Travelers Cas. & Sur. Co. of Am., Inc. v. Northwestern Mut. Life Ins. Co., 480 F.3d 499 (7mo Cir. 2007); Rodrigue v. Olin Employees Credit Union, 406 F.3d 434 (7mo Cir. 2005); John Hancock Fin. Servs. v. Old Kent Bank, 346 F.3d 727 (6to Cir. 2003); Menichini v. Grant, 995 F.2d 1224 (3er Cir. 1993); Kuwait Airways Corp. v. American Sec. Bank, 890 F.2d 456 (Cir. D.C. 1989); Metz v. Unizan Bank, 416 F.Supp.2d 568 (N.D. Ohio 2006); New Jersey Lawyers’ Fund for Client Protection v. Pace, 186 N.J. 123 (N.J. 2006); Copier Word Processing Supply, Inc. v. Wesbanco Bank, 640 S.E.2d 102 (W. Va. 2006); Yarbro, LTD v. Missoula Fed. Credit Union, 50 P.3d 158 (Mont. 2002); Pero’s Steak and Spaghetti House v. Lee, 90 S.W.3d 614 (Tenn. 2002); Husker News Co. v. Mahaska State Bank, 460 N.W. 2d 476 (Iowa 1990); Kidney Cancer Association v. North Shore Community Bank, 373 Ill. App. 3d 396 (Ill. 2007).()

En Rodrigue v. Olin Employees Credit Union, supra, un caso resuelto por la Corte de Apelaciones federal para el Séptimo Circuito, una empleada se apropió indebidamente de los cheques que las aseguradoras le enviaban a la doc-tora para quien trabajaba como pago por servicios prestados. Durante el transcurso de nueve años la em-pleada falsificó los endosos de 269 cheques y los depositó a su cuenta bancaria, apropiándose así de $334,864. La doc-tora reclamó a la empleada y al banco de esta última según la disposición del Código de Comercio de Illinois que regula la apropiación indebida de instrumentos negociables. Dicha disposición proviene del UCC y es prácticamente igual a la Sec. 2-420 de la LTC, supra.

Al resolver que una causa de acción surgió cuando se negoció cada cheque y no cuando se negoció el último de los cheques, dicha corte compiló la gama de argumentos que se han empleado en las distintas decisiones antes citadas para descartar la aplicación del discovery rule. Según in-dica, el argumento más utilizado es que dicha regla resulta incompatible con los propósitos del UCC en cuanto a los fines de confiabilidad, finalidad, predictibilidad, uniformidad y eficiencia de las transacciones comerciales. Rodrigue v. Olin Employees Credit Union, supra, págs. 445-446. Ello, pues la utilidad de los instrumentos negociables ra-dica precisamente en su habilidad de ser aceptados prontamente por los acreedores y se debe buscar reforzar su negociabilidad, cosa que se vería perjudicada si se aplica el discovery rule. Íd.

El Séptimo Circuito también señaló en Rodrigue v. Olin Employees Credit Union, supra, que el comercio moderno exige la rápida y fácil resolución de disputas, por lo que la pronta identificación de los sujetos responsables y la certeza sobre la duración del periodo en el que se podría exigir res-ponsabilidad es vital. Esto requiere que las distintas leyes que incorporan el UCC sean mecánicas en su aplicación, pues el interés respecto al fin y predictibilidad de los instru-mentos supera en importancia otras consideraciones como lo sería la resolución equitativa de un caso en particular.

Se señala, además, que uno de los objetivos del UCC es la promoción de la utilización de métodos rigurosos de contabilidad. Rodrigue v. Olin Employees Credit Union, supra. La Corte de Apelaciones federal para el Séptimo Cir-cuito reconoció que esta postura puede dar lugar ocasional-mente a resultados poco equitativos. A estos efectos, citando a la Corte de Apelaciones federal para el Tercer Circuito, expresó:

“As tempting a choice as that may be in an individual case [i.e. favoring ‘the rights of unsuspecting victims of forgery over the broader interest of the commercial world’], we think the public would be poorly served by a rule that effectively shifts the responsibility for careful bookkeeping away from those in the best position to monitor accounts and employees. Strict application of the limitation period, while predictably harsh in some cases, best serves the twin goals of swift resolution of controversies and ‘certainty of liability’ advanced in the U.C.C. Íd., pág. 447, citando a Menichini v. Grant, supra, pág. 1230.

A pesar de lo mecánica que pueda aparentar ser la apli-cación del término prescriptivo en cuestión, se ha recono-cido una excepción: la ocultación fraudulenta. Véase Pero’s Steak and Spaghetti House v. Lee, supra. Si una parte alega correcta y oportunamente que fue víctima de oculta-ción fraudulenta, se entiende que la figura de la prescrip-ción no surte efecto hasta que cesa dicha ocultación. Íd.

Con el beneficio de los preceptos antes expuestos res-pecto al término prescriptivo ante nuestra consideración, procedemos a resolver la controversia ante nos.

V

COSSEC alega que no es necesario acudir a otras juris-dicciones ya que la LTC establece que los principios gene-rales del Derecho aplicarán de modo supletorio. Según ar-guye, esto nos llevaría a concluir que su causa de acción no surgió hasta que descubrieron, mediante la auditoría que realizaron tras colocar a la Cooperativa en sindicatura, el supuesto esquema de apropiación indebida de cheques.

Por su parte, el Banco Popular arguye que a la hora de pautar en qué momento comienza a transcurrir el término prescriptivo en controversia debemos garantizar la conse-cución del propósito uniformador de la LTC, según quedó establecido en la Sec. 1-102, supra, y aplicar la norma im-perante en las demás jurisdicciones en las que se adaptó el UCC. Es decir, alega que debemos determinar que el tér-mino prescriptivo transcurre desde que el cheque es nego-ciado, no desde que se descubre la apropiación indebida.

En St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., 121 D.P.R. 761 (1988), la Corte de Apelaciones federal para el Primer Circuito nos certificó dos preguntas sobre la rela-ción entre la entonces vigente Ley Uniforme de Instrumen-tos Negociables de Puerto Rico y el derecho general de da-ños y perjuicios. Específicamente, nos solicitó que le orientáramos, en primer lugar, sobre si el banco que paga un cheque por un endoso no autorizado responde al toma-dor —persona a nombre de quien se libra el cheque— aun cuando no fue negligente, y si la negligencia del tomador constituye una defensa para el banco. Íd., pág. 763.

Al resolver, establecimos que la Ley Uniforme de Instru-mentos Negociables de Puerto Rico, por ser una disposición especial, regía lo relativo a las acciones por apropiación indebida de instrumentos negociables, por lo que aplicaba por encima del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Ello, pues creaba una acción directa e independiente del librador —quien libra o emite el cheque— y del toma-dor contra el banco que paga el cheque, aun cuando no haya mediado negligencia del banco al pagar a quien no tenía derecho a los fondos. St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., supra, pág. 766.

En el referido precedente reiteramos que en nuestra jurisdicción rige la norma “general de hermenéutica que presume que el legislador de Puerto Rico, al adoptar un esta-tuto de otra jurisdicción, también adopta la interpretación del mismo hecha por el tribunal de más alta jerarquía de ese lugar a la fecha de su adopción”. St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., supra, págs. 768-769. Allí también expusimos que “[e]n buena teoría de adjudicación y hermenéutica legal es esa disposición y su historial los que deben guiar el análisis del asunto que nos ocupa a los fines de responder las preguntas certificadas ...”. Íd., pág. 767.

Cónsono con lo resuelto en St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., supra, y siguiendo la línea de los foros federales y estatales antes reseñados, estimamos que el propósito uniformador de la LTC, según quedó específicamente plasmado en la Sec. 1-102, junto a los demás principios esbozados en dicha sección deben regir la resolución de la controversia ante nos sobre los principios generales del derecho, aun cuando éstos podrían ser aplicables según la Sec. 1-103, supra. En consecuencia —y por entender que es lo más cónsono con los principios de confiabilidad, finalidad, predictibilidad, uniformidad y eficiencia de las transacciones comerciales que inspiran el UCC y la LTC— resolvemos que el término prescriptivo de tres años fijado por la Sec. 2-118, supra, para las acciones de apropiación indebida de instrumentos negociables provista por la Sec. 2-420, supra, comienza a transcurrir en el momento que el cheque es negociado. Es decir, la causa de acción por apropiación indebida de un cheque surge inmediatamente luego de que se hace u obtiene el pago de cada cheque, y es en ese momento que el término prescriptivo comienza a transcurrir.

A nuestro entender, el esquema normativo de la LTC, así como los principios que encarna, tienen el fin de asegu-rar y fortalecer la negociabilidad de los instrumentos. Es preciso, pues, que los términos prescriptivos sean aplicados de forma tal que se garantice el mayor grado de finalidad a las transacciones comerciales mediante la pronta fijación de responsabilidad. Esto redunda, a su vez, en que las transacciones se puedan llevar a cabo con la rapidez y la fluidez que exige el mercado del siglo XXI. El término prescriptive de tres años, contado a partir de que el cheque se negocia, provee tiempo suficiente para que una parte des-cubra y reclame las cantidades que le hayan sido apropia-das indebidamente por medio de un cheque.

Al así resolver, descartamos la aplicación de la teoría cognoscitiva del daño a la hora de determinar en qué mo-mento surge la causa de acción en cuestión. Luego de so-pesar los intereses involucrados, no podemos sino concluir que, en lo que respecta a esta causa de acción, no están presentes las consideraciones de índole liberal que exigi-rían que tomáramos en cuenta un elemento subjetivo a la hora de fijar cuándo comienza a transcurrir el término prescriptivo. Ello, pues, entendemos que es posible descu-brir la apropiación indebida dentro de los tres años desde que un cheque es negociado si se emplea la diligencia razonable.

En el pasado, hemos exigido que las personas establez-can sistemas de contabilidad y métodos de negocio razona-blemente dirigidos a evitar o hacer difícil la falsificación de endosos, especialmente de sus empleados. Solé Electric, Inc. v. Bank of Nova Scotia, 103 D.P.R. 423, 428—429 (1975). Véase, además, Portilla v. Banco Popular, 75 D.P.R. 100 (1953). Si bien es cierto que nuestras expresiones a tales efectos fueron hechas en casos resueltos según el an-tiguo Código de Comercio y la Ley Uniforme de Instrumen-tos Negociables, ello sólo apunta a que, en lo que respecta a la aplicación de legislación cambiaría, siempre se ha exigido que las personas empleen sistemas de contabilidad que respondan a la realidad y al ritmo comercial de su época.

Al igual que lo han hecho otras cortes, estimamos que, si bien en un caso específico una parte podría quedar des-provista de un remedio luego de trascurridos los tres años, la pronta resolución de las controversias comerciales y la seguridad en el tráfico de los instrumentos resulta más apremiante. Véase Rodrigue v. Olin Employees Credit Union, supra, citando a Menichini v. Grant, supra. Resolver que la teoría cognoscitiva del daño redundaría en que el que paga o cambia un cheque sin conocer que el endoso es fraudulento podría estar expuesto a responder indefini-damente, o por un periodo mucho más extenso que los tres años que dispone la ley, lo cual evidentemente entorpecería y sería perjudicial para el flujo comercial.

Ello no significa, sin embargo, que una persona a quien se le haya hecho imposible detectar la apropiación indebida porque la otra lo impedía mediante maquinaciones insidiosas, quedará desamparada. Ello, pues la jurisprudencia ha reconocido mecanismos particulares para casos de ocultación fraudulenta. Hemos definido tal engaño como la conducta de una parte que oculta a otra hechos materiales que le impiden descubrir un acto ilegal o una causa de acción que ha surgido a su favor. González v. Pérez, 57 D.P.R. 860, 868 (1941). Mediante esta excepción se busca evitar que una parte pueda “ ‘beneficiarse de su propia maldad amparándose en el estatuto, cuyo propósito es impedir la ilegalidad y el fraude’ ”. Íd. A la persona que alegue y pruebe ser víctima de ocultación fraudulenta no se le puede exigir que ejercite su causa de acción dentro del término prescriptivo. El momento específico en que éste comience a transcurrir cuando se establezca que medió ocultación fraudulenta deberá determinarse caso a caso.

VI

En el caso de autos, el término prescriptivo de tres años de las causas de acción de COSSEC contra el Banco Popular comenzó a transcurrir cuando cada uno de los cheques fue negociado por el Banco Popular. Por ende, las causas de acción que COSSEC pudiera poseer contra el Banco Popular por cheques negociados más de tres años antes de la presentación de la demanda, están prescritas. Por ello, to-das las causas de acción contra el Banco Popular relativas a cheques negociados por el Banco antes del 4 de febrero de 2004 deberán desestimarse.

En lo que respecta a dicha institución bancaria, COS-SEC no ha alegado oportunamente que ésta haya incurrido en el tipo de conducta que, de probarse, demuestre que se haya cometido ocultación fraudulenta y que excluya la aplicación del término prescriptivo desde la negociación de los cheques.() Como indicamos anteriormente, en la de-manda se le imputó al Banco Popular no ejercer el cuidado ordinario al verificar los endosos; obrar de mala fe al no investigar el aumento de actividad transaccional de las cuentas de los codemandados en cuestión, e incurrir en ne-gligencia crasa al autorizar el depósito de cheques fraudu-lentos e ilegales. En ningún momento se alegaron actos que indiquen que haya mediado ocultación fraudulenta por parte del Banco Popular que pudieran justificar la exclu-sión de la aplicación del término prescriptivo. No obstante, nuestra decisión no impide que COSSEC continúe litigando la totalidad de sus reclamaciones contra los demás codemandados.

VII

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de acuerdo con lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco disintió con una opinión escrita.

Opinión disidente emitida por la

Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.

Hoy, la mayoría de este Tribunal concluye que el término prescriptivo de tres (3) años para instar una acción por apropiación indebida de instrumentos negociables que establece la Sec. 2-118 de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como Ley de Transacciones Comerciales, 19 L.P.R.A. sec. 518, comienza a transcurrir desde el momento cuando el instrumento se negocia. No obstante, disiento por entender que el término prescriptivo de tres (3) años debe comenzar a transcurrir desde el día en que la persona afectada conozca de la apropiación indebida.

I

El 4 de febrero de 2004, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) y otros (en adelante los peticionarios) presenta-ron una demanda contra el Sr. Manuel González López; su hermano, el Sr. Lino González López; el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante, Banco Popular) y otras personas naturales y jurídicas. Los peticionarios alegaron que el Sr. Manuel González López se apropió ilegalmente de un millón ochocientos noventa y siete mil doscientos cin-cuenta y ocho dólares con noventa y cuatro centavos ($1,897,258.94), pertenecientes a los socios de la Coopera-tiva de Ahorro y Crédito de los Empleados de la Autoridad de Puertos y de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (en adelante, la Cooperativa). Según arguyen los peticiona-rios, mientras el Sr. Manuel González López fungió como administrador de la Cooperativa desde 1999 hasta el 2003, éste, con la ayuda de su hermano Lino González López, alegadamente emitió y endosó varios cheques a nombre de socios y personas ficticias para luego depositar los fondos obtenidos ilegalmente en las cuentas bancarias personales que tenían ambos con el Banco Popular.

Respecto a la reclamación contra el Banco Popular, los peticionarios alegaron que éste no ejerció el cuidado ordi-nario al verificar los endosos de los cheques, obró de mala fe al no investigar el aumento de actividad transaccional de la cuenta operacional de la Cooperativa, incurrió en ne-gligencia crasa al autorizar el depósito de cheques fraudu-lentos, autorizó intencionalmente transacciones financie-ras fraudulentas, inter alia.

Así las cosas, el 5 de mayo de 2005, el Banco Popular presentó una moción para solicitar que se dictara Sentencia por las alegaciones al amparo de la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En lo que compete a la controversia de autos, alegó que el término prescriptivo de tres (3) años dispuesto en la Sec. 2-118 de la Ley Núm. 208, supra, para instar una causa de acción por apropiación in-debida de instrumentos negociables comenzaba a transcu-rrir a partir de que el instrumento se negociaba. Así, sos-tuvo que cada vez que el Banco Popular alegadamente pagaba uno de los supuestos cheques fraudulentos empe-zaba a contar el período prescriptivo de tres (3) años. Por lo tanto, como la demanda fue presentada el 4 de febrero de 2004, sostuvo que todas las reclamaciones contra el Banco Popular por cheques pagados antes del 4 de febrero de 2001 estaban prescritas y debían desestimarse.

Posteriormente, el 11 de julio de 2005, los peticionarios presentaron su oposición a la moción presentada por el Banco Popular. Alegaron que las reclamaciones relaciona-das con los cheques pagados o depositados antes del 4 de febrero de 2001 no estaban prescritas, toda vez que el término prescriptivo dispuesto en la Sec. 2-118 de la Ley Núm. 208, supra, empezaba a contar desde que el agra-viado tenía conocimiento del daño, o sea, desde que se des-cubría de la apropiación indebida y no desde que se nego-ciaba el instrumento.

Luego de varios trámites procesales, el 27 de febrero de 2008, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial Final en la que declaró “con lugar” la moción presentada por el Banco Popular. El foro primario concluyó que la causa de acción por apropiación indebida de instru-mentos negociables surgía cuando éste se negociaba o se pagaba, independientemente de que la persona agraviada supiera o no que el instrumento se había negociado o pa-gado indebidamente. En consecuencia, el foro de instancia, inter alia,( ) desestimó todas las reclamaciones contra el Banco Popular por cheques depositados en o antes del 4 de febrero de 2001 y limitó las reclamaciones a los cheques posteriores a dicha fecha.

Inconformes, los peticionarios acudieron ante el Tribunal de Apelaciones. El tribunal a quo confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia por entender que dicho foro actuó correctamente ya que en varios casos resueltos en diversos tribunales de Estados Unidos se había inter-pretado que el período prescriptivo para presentar una ac-ción por apropiación indebida de instrumentos negociables comenzaba a transcurrir cuando dichos cheques son nego-ciados o pagados, aunque el reclamante desconociera que estos instrumentos habían sido negociados o pagados indebidamente.

Insatisfechos, los peticionarios acudieron antes nos.

II

A. La Ley Núm. 208, supra, contiene una serie de nor-mas que regulan diversas actividades comerciales que se realizan en Puerto Rico. Varias de sus disposiciones están basadas en el Uniform Commercial Code, el cual ha servido de modelo para la legislación comercial adoptada en algunos de los estados de la nación estadounidense. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208, supra.

La Ley Núm. 208, supra, se aprobó con el propósito de: “(a) [simplificar, clarificar y modernizar el derecho que rige las transacciones comerciales; (b) [p]ermitir la continua ex-pansión de prácticas comerciales por medio de las costum-bres, los usos y los acuerdos entre las partes [, y] (c) [u]niformar el derecho entre las diversas jurisdicciones”. Sec. 1-102 de la Ley Núm. 208, supra, Sec. 401(2)(a)-(c).

La Ley Núm. 208, supra, contiene una serie de disposiciones que regulan los instrumentos negociables.() Véase Capítulo 43 — Instrumentos Negociables, Ley Núm. 208, supra, 19 L.P.R.A. sec. 501 et seq. A tales efectos, se esta-blecen normas relacionadas con la negociación, cesión, en-doso, ejecución y otros aspectos referentes a este tipo de actividad comercial. Íd.

Como parte de las disposiciones que contiene la Ley Núm. 208, supra, sobre este tipo de transacción, el estatuto permite que se pueda instar una acción por apropiación indebida de instrumentos negociables. Conforme a la Sec. 2-420 de la Ley Núm. 208 (19 L.P.R.A. sec. 670(a)),

[u]n instrumento será apropiado indebidamente si el mismo se toma mediante cesión, que no constituye negociación, de una persona que no tiene derecho a exigir el cumplimiento del ins-trumento, o si un banco hace u obtiene el pago del instrumento para una persona que no tenía derecho a exigir el cumpli-miento del instrumento o a recibir su pago.

En aquellos casos en que se inste una acción contra una persona o banco por apropiación indebida de instrumentos negociables, la Ley Núm. 208, supra, establece una pre-sunción de que la medida de responsabilidad será la canti-dad que debía pagarse en el instrumento que se apropió indebidamente. Sec. 2-420(b) de la Ley Núm. 208, supra, 19 L.P.R.A. sec. 670(b). No obstante, en ningún caso la persona damnificada podrá recobrar más del monto estable-cido en dicho instrumento. Íd.

La persona agraviada que así desee presentar una ac-ción por apropiación indebida de instrumentos negociables deberá hacerlo “dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que surja la causa de acción”. Sec. 2-118(g) de la Ley Núm. 208, supra, 19 L.P.R.A. sec. 518(g). Según se establece en la Ley Núm. 208, supra, este término se con-sidera como de prescripción y podrá ser interrumpido por medio de urna reclamación judicial, por el reconocimiento de las obligaciones o por la renovación del instrumento en que se base el derecho del titular.() 19 L.P.R.A. sec. 518(i).

Aunque la Ley Núm. 208, supra, señala el término que tiene una persona para instar una acción por apropiación indebida de instrumentos negociables, el estatuto no indica específicamente cuándo es que surge la causa de acción a partir de la cual comienza a transcurrir el término de tres (3) años.

No obstante, a pesar de que la Ley Núm. 208, supra, no contiene alguna disposición específica que indique el mo-mento a partir del cual nace la causa de acción por apro-piación indebida de instrumentos negociables, este esta-tuto hace referencia al uso de los principios generales del derecho para suplir las lagunas que contenga dicha medida. Al respecto, la Sec. 1-103 de la Ley Núm. 208, supra, 19 L.P.R.A. sec. 402, señala que “[a] menos que sean desplazados por disposiciones particulares de las secs. 401 et seq. de este título, los principios generales del derecho en nuestra jurisdicción aplicarán de modo supletorio”.()

Por otra parte, cuando existen lagunas en leyes especiales aplica lo dispuesto en el Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 12, que dispone al respecto que “[e]n las materias que se rijan por leyes especiales, la defi-ciencia de éstas se suplirá por las disposiciones de este título”. Por lo tanto, si una ley especial no contiene normas aplicables a una situación en particular, se deberá acudir al Código Civil para suplir las lagunas que tenga dicho estatuto. Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 236 (2007).

B. La prescripción extintiva es una figura de natura-leza sustantiva y no procesal, y se rige por los principios que informa el Derecho Civil. Vega v. J. Pérez & Cía., Inc., 135 D.P.R. 746, 753 (1994). El propósito de la prescripción extintiva es evitar que haya incertidumbre en las relaciones jurídicas y sancionar la dejadez en el ejercicio de los derechos. Santos de García v. Banco Popular, 172 D.P.R. 759, 766 (2007).

El legislador ha establecido distintos términos de pres-cripción para la extinción de los diversos derechos y acciones. Santos de García v. Banco Popular, supra. También ha indicado en varias ocasiones el momento en que comenzarán a transcurrir dichos plazos.() Empero, si el legislador no ha expresado el momento en que comenzará a transcurrir el término prescriptivo para reclamar determi-nado derecho, tal plazo se contará a partir del día en que puede ejercitarse la acción. Art. 1869 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5299.

En nuestra jurisdicción hemos adoptado la teoría cognos-citiva del daño para determinar el momento en que una persona puede ejercitar una acción por los daños y perjuicios que otra persona le haya causado. Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 D.P.R. 777, 782 (2003). Dicha teoría postula que el término prescriptivo empezará a transcurrir tan pronto el reclamante tuvo conocimiento del agravio, ya que es en ese instante en que puede alegarse y reclamarse la indemnización correspondiente. Nazario v. E.L.A., 159 D.P.R. 799, 823 (2003).

Al así resolver, este Tribunal ha aceptado que el conoci-miento que el titular de la acción tenga acerca de si ésta ha nacido o no es un factor determinante al verificar si dicha causa está prescrita o no. Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., supra, pág. 754. Ese conocimiento es esencial ya que una ley no puede suprimir los derechos de una persona sin que se le haya dado a ésta la oportunidad de presentar sus reclamos ante el tribunal. Véanse: Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676, 695 (1986); Wilson v. Iseminger, 185 U.S. 55, 62 (1902). Por tal razón, hemos resuelto que “ ‘un estatuto de prescripción que tenga el efecto de exigirle a los demandantes instar su acción antes de que tengan conocimiento de que tal causa de acción existe, viola el debido proceso de ley' ”. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 327 (2004), citando a Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., supra, pág. 754. Véanse, además: Santiago v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 181, 190 (2002); Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 D.P.R. 383, 405 (1999); Alicea v. Córdova, supra.

C. En varias jurisdicciones de Estados Unidos que han adoptado legislación similar al Uniform Commercial Code, los tribunales han rechazado adoptar la teoría cognoscitiva del daño para establecer el momento en que comenzará a transcurrir el término prescriptivo dispuesto para instar una acción por apropiación indebida de instrumentos negociables.()

Según han expresado algunos de estos tribunales, el ob-jetivo del Uniform Commercial Code es la finalidad y pre-dictibilidad de las transacciones comerciales. Menichini v. Grant, 995 F.2d 1224 (3er Cir. 1993). Tomando en conside-ración dicho propósito, han señalado que si se aplica la teoría cognoscitiva del daño a las acciones que involucran instrumentos negociables —concediéndole así al deman-dante un plazo mayor para presentar su demanda— ello debilitaría la finalidad de las transacciones que involucren instrumentos negociables, lo cual convertiría a estos ins-trumentos en vehículos de comercio poco eficientes. Rodrigue v. Olin Employees Credit Union, 406 F.3d 434 (7mo Cir. 2005). Por tal razón, han optado por concluir que la causa de acción por apropiación indebida de instrumentos nego-ciables surge a partir de que el instrumento se ha negociado,() Señalan que aunque esta norma puede ser severa en algunos casos, es la mejor forma de adelantar los objetivos que establece el Uniform Commercial Code. Husker News Co. v. Mahaska State Bank, 460 N.W.2d 476 (Iowa 1990).

A pesar de que hay varios tribunales estatales y federa-les que han descartado la teoría cognoscitiva del daño, existen otros tribunales en Estados Unidos que sí han aco-gido dicha postura. Véanse: UNR-Rohn, Inc. v. Summit Bank of Clinton County, 687 N.E.2d 235 (Ind. Ct. App. 1997); DeHart v. First Fidelity Bank, N.A./South Jersey, 67 B.R. 740 (D. N.J. 1986); Brandford State Bank v. Hackney Tractor Co., 455 So.2d 541 (Fla. Dist. Ct. App. 1984).

Por un lado, hay tribunales que han aplicado consecuen-temente la teoría cognoscitiva del daño para determinar el momento en que comienza a transcurrir una acción por los daños que haya sufrido una persona, y entienden que el establecer una excepción en cuanto a los daños que involu-cre la apropiación indebida de un instrumento negociable sería sumamente incongruente e inconsistente con su res-pectiva jurisprudencia. UNR-Rohn, Inc. v. Summit Bank of Clinton County, supra. Por otro lado, otros tribunales han señalado que no sería equitativo que a una persona agra-viada, y que ignora que tiene disponible una acción por el daño que ha sufrido, se le deniegue su día en corte simple-mente por desconocer que existía la causa de acción. DeHart v. First Fidelity Bank, N.A./South Jersey, supra.

hH hH III

En el caso de autos, la mayoría de este Tribunal sostiene que el término prescriptivo para instar una acción por apropiación indebida de instrumentos negociables debe co-menzar a transcurrir a partir de que se negocia el instrumento. No puedo estar conteste con esa conclusión.

Comencemos por recordar que, aunque el legislador es-tableció en la Ley Núm. 208, supra, que el plazo prescrip-tivo para instar una acción por apropiación indebida de instrumentos negociables será de tres (3) años a partir de que surge la causa de acción, guarda silencio en cuanto a cuándo se entenderá que ha nacido la causa de acción. Se-gún la normativa expuesta, si el legislador no expresa el momento a partir del cual comienza a transcurrir un tér-mino prescriptivo, tal plazo empezará a correr desde el día en que pueda ejercitarse la causa de acción. Por lo tanto, al legislador no expresar el momento a partir del cual se puede instar una acción por apropiación indebida de ins-trumentos negociables, el término prescriptivo de tres (3) años debe contarse a partir de que pueda ejercitarse la causa de este tipo de acción.

Conforme al derecho expuesto, el momento en que una persona puede ejercitar una acción por apropiación inde-bida de instrumentos negociables es desde que ésta conoce del daño, o sea, desde que tiene conocimiento de que se apropiaron indebidamente del instrumento. Ello se debe a que el agraviado por la apropiación indebida no puede pre-sentar su reclamación hasta que sepa que tiene disponible dicha causa de acción. Una vez la persona afectada conoce del daño sufrido por tal apropiación, será entonces cuando podrá alegar y reclamar la indemnización correspondiente.

En segundo lugar, el término dispuesto en la Sec. 2-118 de la Ley Núm. 208, supra, para instar la acción por apro-piación indebida es de prescripción. Por lo tanto, por ser un plazo prescriptivo, si se le exige al agraviado instar la ac-ción por apropiación indebida de instrumentos negociables antes de que tenga conocimiento de que dicha causa existe, se quebrantaría el debido proceso de ley. El permitir que el término prescriptivo se active antes de que la persona afec-tada conozca que tiene disponible este tipo de acción, po-dría evitar que dicha persona pueda instar su reclamación si se percata de su derecho luego de transcurrido el plazo establecido. Por lo tanto, la conclusión a la que llega la mayoría de este Tribunal tendría el efecto de impedir que la parte agraviada tenga la oportunidad de poder hacer valer sus derechos en los tribunales, lo cual no puede pre-valecer en nuestra jurisdicción.

Entiendo que si una persona se demora más de tres (3) años en instar una acción por apropiación indebida de ins-trunientos negociables luego de conocer que tiene derecho a presentar dicha reclamación, sin que haya interrumpido el término prescriptivo durante todos esos años, cierta-mente debe perder su derecho a recobrar la indemnización que le pudiese haber correspondido. Su inercia en hacer valer sus derechos debe ser castigada según lo establecen los propósitos de la prescripción extintiva.

Sin embargo, en el caso de autos no se tuvo conoci-miento de las alegadas apropiaciones indebidas de varios cheques sobre fondos pertenecientes a la Cooperativa hasta luego de transcurridos más de tres (3) años desde que algunos de estos cheques se negociaran. Por lo tanto, exigir que se inste la acción por apropiación indebida de instrumentos negociables dentro de los tres (3) años si-guientes a que se negociaran los cheques en controversia significaría que los peticionarios hubiesen tenido que pre-sentar su reclamación antes de que supieran lo ocurrido. Esto sería imposible.

Por último, la opinión mayoritaria hace un recorrido a través de las decisiones emitidas en diversos foros federa-les y estatales de Estados Unidos sobre la controversia ante nos. Ello debido a que la Sec. 1-102 de la Ley Núm. 208, supra, establece como uno de los propósitos de dicha medida lograr uniformar el derecho entre las diversas jurisdicciones.

No obstante, vemos que aun cuando se obviaron los principios reconocidos en nuestro ordenamiento y se optó por acudir a otras jurisdicciones de Estados Unidos, las decisiones emitidas no son uniformes. Aunque varios tribu-nales de Estados Unidos han decidido que el momento en el cual surge la causa de acción en una reclamación por apropiación indebida de instrumentos negociables es cuando se negocia el instrumento, existen jurisdicciones que han determinado que la causa de acción surge cuando la persona agraviada conoce del daño causado por la apro-piación indebida.

En aquellos lugares donde se ha optado por acoger la teoría cognoscitiva del daño se ha concluido que resolver lo contrario sería incongruente con su respectiva jurispru-dencia e impediría que las personas que aun desconocen de la acción tengan su día en corte. Ello es cónsono con la normativa que impera en nuestra jurisdicción sobre el particular.

Además, la ausencia de uniformidad en Estados Unidos en cuanto a la norma a aplicarse a la controversia de autos, fortalece la utilización de los principios generales del dere-cho establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Conforme a estos, concluimos que el término prescriptivo de tres (3) años que concede la Ley Núm. 208, supra, para instar una acción por apropiación indebida de instrumen-tos negociables comienza a transcurrir a partir de que la persona agraviada conoce que el instrumento se negocia.

IV

Por los fundamentos expuestos, disiento respetuosa-mente de la opinión mayoritaria. En consecuencia, revoca-ría el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones y devolvería el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos en conformidad con lo resuelto en esta opinión disidente.

      (1) A la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) la dirige una Junta de Directores compuesta por: el Administrador de la Administración de Fomento Cooperativo, el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda, el Inspector de Cooperativas, cuatro representantes de las cooperativas aseguradas y un ciudadano particular en representación del interés público. 7 L.P.R.A. sec. 1334c.

      (2) La Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995 está dividida en cinco capítulos e incorporó a nuestra legislación normas basadas en los Arts. 1, 3, 4, y 4A del Uniform Commercial Code (UCC). El primero de sus capítulos provee las reglas de interpretación y aplicación y está basado en el Art. 1 del UCC. Secs. 1-102 a 1-208 de la Ley de Transacciones Comerciales (LTC), 19 L.P.R.A. secs. 401-458. El segundo capítulo trata sobre el tráfico de los instrumentos negociables y corresponde al Art. 3 del UCC. En específico, regula la negociación, cesión, pago y ejecución de los instrumentos negociables, así como la responsabilidad de las partes, la desatención y el relevo. Secs. 2-102 a 2-605 de la LTC, 19 L.P.R.A. secs. 502-755. El tercer capítulo, el cual está basado en el Art. 4 del UCC, establece las normas que rigen los depósitos y cobros bancarios. Secs. 3-101 a 3-504 (19 L.P.R.A. secs. 801-1004). El cuarto capítulo, basado en el Art. 4A del UCC, versa sobre las transferencias de fondos. Secs. 4-101 a 4-507 (19 L.P.R.A. secs. 1021-1167). Por último, se dispuso la derogación de los Arts. 353 a 548 del Código de Comercio y la fecha de vigencia de la LTC.
      Por medio de la Ley Núm. 241 de 19 de septiembre de 1996 se incorporaron a nuestro ordenamiento los Arts. 5, 7, 8 y 9 del UCC mediante la creación de capítulos de la LTC con idéntica numeración. Así, el Capítulo 5 ahora regula las cartas de crédito. Secs. 5-102 a 5-117 (19 L.P.R.A. secs. 1221-1236). El Capítulo 7 establece las normas relativas a los resguardos de almacén. Secs. 7-101 a 7-603 (19 L.P.R.A. secs. 1401-1653). En el Capítulo 8 se regulan los valores de inversión. Secs. 8-101 a 8-511 (19 L.P.R.A. secs. 1701-1911). Por último, el Capítulo 9 establece las normas relativas a las transacciones garantizadas por propiedad mueble. Secs. 9-101 a 9-507 (19 L.P.R.A. secs. 2001-2207).

      (3) Este es el texto vigente actualmente, según se dispuso en la Ley Núm. 176 de 31 de agosto de 1996. El texto original de la Ley Núm. 208 disponía que, “[a] menos que sean desplazados por disposiciones particulares de esta Ley, todo lo relativo a los requisitos, las modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes se regirá por los principios generales del Derecho en nuestra jurisdicción”. 1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1016.

      (4) La propia Sec. 2-104 establece tres excepciones a la norma de que un instru-mento negociable no debe contener promesas adicionales a la del pago de una suma de dinero. Éstas son: un compromiso de mantener un colateral para garantizar el pago del dinero; un poder para admitir sentencia o disponer del colateral o una renuncia al beneficio de cualquier ley que exista concediéndole una ventaja o protec-ción al deudor. 19 L.P.R.A. sec. 504(a)(3).

      (5) El texto original de la Sec. 2-104 disponía que un cheque era “una letra de cambio”. 1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 1033. Mediante la Ley Núm. 241 de 19 de septiembre de 1996 se enmendó la LTC para, entre otras cosas, sustituir las referencias a la “letra de cambio” a través de la LTC por el término “giro”.

      (6) Un limitado número de cortes, en su mayoría foros apelativos estatales, han validado la aplicación del discovery rule. Véanse: DeHart v. First Fidelity Bank, N.A./South Jersey, 67 B.R. 740 (D. N.J. 1986); Gallagher v. Santa Fe Federal Employees Federal Credit Union, 52 P.3d 412 (N.M. Ct. App. 2002); UNR-Rohn, Inc. v. Summit Bank of Clinton County, 687 N.E.2d 235 (Ind. Ct. App. 1997); Stjernholm v. Life Ins. Co. of N.A., 782 P.2d 810 (Colo. Ct. App. 1989); Branford State Bank v. Hackney Tractor Co., 455 So.2d 541 (Fla. Dist. Ct. App. 1984).

      (7) Según surge del expediente, no fue hasta que COSSEC presentó su alegato ante este Tribunal que alegó por primera vez que el Banco Popular autorizó las transacciones fraudulentas a sabiendas e intencionalmente y que se benefició de los fondos ilegalmente obtenidos. Aduce que, “[d]e probar las alegaciones de la demanda, culminado el descubrimiento de prueba y el juicio en su fondo, es posible que la demandante COSSEC demuestre la conducta fraudulenta del [Banco Popular]”. Alegato de la parte peticionaria, pág. 21. Sabido es que este Tribunal no considerará alegaciones que no hayan sido esgrimidas ante los foros inferiores. Además, según indica correctamente el Banco Popular en su Réplica al Alegato de COSSEC, en la demanda no se imputó conducta fraudulenta alguna al Banco Popular.

      (1) El Tribunal de Primera Instancia desestimó, además, otras reclamaciones contra el Banco Popular con relación a gastos de honorarios, costas, entre otros. Véase Opinión mayoritaria, pág. 798.

      (2) Según establece el inciso (a) de la Sec. 2-104 de la Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como Ley de Transacciones Comerciales, 19 L.P.R.A. sec. 504(a)(1) — (3), un instrumento negociable es:
      una promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden, si el mismo:
      “(1) Es pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión o cuando primero adviene a la posesión de un tenedor;
      “(2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica, y
      “(3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de la persona que promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero, pero la promesa u orden puede contener: (A) un compromiso o poder para dar, mantener o proteger colateral para garantizar el pago, (B) una autorización o poder al tenedor para admitir sen-tencia o liquidar la colateral o disponer de ella de otra forma, o (C) una renuncia al beneficio de cualquier ley que exista concediéndole una ventaja o protección a un deudor.”

      (3) Los términos prescriptivos admiten su interrupción o suspensión. Muñoz v. Ten General, 167 D.P.R. 297, 302 (2006). Ello significa que estos plazos, en la medida en que se interrumpan oportunamente, pueden ser indefinidos, ya que su interrup-ción puede ocurrir en un número ilimitado de ocasiones. Íd.

      (4) El origen de estos principios ha sido objeto de mucha discusión por la doctrina. Por un lado, se dice que los principios generales del Derecho son normas básicas, superiores al Derecho positivo, sacadas del Derecho natural, de la conciencia social y de la naturaleza de las cosas. Véase J. Santos Briz y otros, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2003, T. I, págs. 262-263. Por otro lado, existe otra corriente que señala que estos principios son las ideas fundamentales que in-forman el Derecho positivo, y que están subordinadas a éste, las cuales se encuentran contenidas en las leyes y costumbres. Véase M. Albaladejo, Derecho Civil, 9na ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. I, pág. 111.
      A pesar de existir estas diferencias respecto al origen de los llamados “principios generales del Derecho”, varios autores concurren en que al momento del juez resolver alguna controversia que requiera la aplicación de estos principios, el juez debe acudir en primera instancia a aquellos preceptos que estén recogidos en las normas que nacen de otras fuentes jurídicas. Véanse: Albaladejo, op. cit., págs. 113-114; Santos Briz y otros, op. cit., pág. 263; J.L. Lacruz Berdejo, Parte General del Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, Vol. I, págs. 182-183. Si ello resulta infructuoso, entonces utilizará aquellos principios que se deriven de la justicia, según concebida en nuestro ordenamiento jurídico, y que no sean contradictorios con los principios fundamentales acogidos por éste. Íd.

      (5) Véase, a modo de ejemplo, el Art. 1870 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5300 (“El tiempo para la prescripción de acciones que tienen por objeto reclamar el cumplimiento de obligaciones de capital con interés o renta, corre desde el último pago de la renta o del interés”) y el Art. 1871 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5301 (“El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme”).

      (6) Véase Opinión mayoritaria, págs. 807-808, donde se mencionan algunos ca-sos en los que se ha rechazado la teoría cognoscitiva del daño y se ha resuelto que la acción por apropiación indebida de instrumentos negociables surge a partir de que el instrumento se negocia.

      (7) Íd.


text:
      In re Medidas Judiciales para Atender Emergencias Causadas por el Huracán Earl.

      Número: EM-2010-05

      Resuelto: 30 de agosto de 2010
   RESOLUCIÓN

Hoy 30 de agosto de 2010, el Servicio Nacional de Me-teorología emitió un aviso de huracán para las islas de Vie-ques y Culebra, y una vigilancia de huracán para Puerto Rico. En vista de la situación climatológica y el riesgo a la vida que pudiera representar este huracán, el Juez Presi-dente del Tribunal Supremo, Hon. Federico Hernández Denton, decretó la suspensión de los trabajos en los Tribu-nales y el cierre de las Secretarías, y concedió libre la tarde de hoy —30 de agosto de 2010— a los empleados de la Rama Judicial con cargo a la licencia por desastre natural.

Como resultado de lo anterior, y al amparo de nuestra facultad de reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos en las distintas leyes, reglas o re-glamentos aplicables a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto en los Arts. 399 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. secs. 72 y 73), por lo que se considerará la tarde de hoy 30 de agosto de 2010 como si fuera día feriado. Cualquier término a vencer ese día se extenderá hasta el próximo día laborable.

Se ordena la inmediata difusión pública de esta Resolución. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Lydia Otero Encarnación.

      Número: TS-9420

      Resuelto: 30 de agosto de 2010

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías, en informe; Wilfredo Robles Carras-quilla, director auxiliar de la Oficina de Inspección de No-tarías; Lydia I. Otero Encarnación, pro se.

   per curiam:

Una vez más tenemos que suspender a un miembro de la profesión por incumplir con los requeri-mientos de este Tribunal de que subsane las deficiencias encontradas en su obra notarial y por no cumplir en forma reiterada con las órdenes que hemos emitido en varias que-jas presentadas en su contra, tanto ante esta Curia como ante el Colegio de Abogados cuando tenía jurisdicción so-bre asuntos deontológicos.

I

El 20 de marzo de 2009, mediante opinión per curiam, suspendimos inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría a la licenciada Otero Encarna-ción por haber incumplido con nuestros requerimientos respecto a una queja presentada contra ella ante la Comi-sión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico. No obstante, mediante reconsideración se le reinstaló al ejer-cicio de la abogacía, mas no así al de la notaría, pendiente un informe que estaba preparando la Oficina de Inspección de Notarías (O.D.I.N.) sobre su obra notarial.

Varios meses después de ser reinstalada, en septiembre de 2009 la Sra. Blanca M. Hernández Tirado presentó ante este Tribunal una queja contra la abogada. En esencia, alegó que le había entregado $8,000 a Otero Encarnación para que los depositara en una cuenta I.R.A. Según expone la quejosa, la abogada no depositó el dinero y, además, negó haber recibido dicha cuantía. Por esta razón, requeri-mos a Otero Encarnación que contestara la queja presen-tada en su contra dentro del término de diez días a partir de la notificación, mas no recibimos respuesta.

Ante dicha incomparecencia, el 20 de noviembre del mismo año le concedimos un término de diez días adiciona-les para que se expresara sobre la queja. No obstante, la licenciada Otero Encamación compareció tardíamente me-diante escrito el 17 de diciembre de 2009 y señaló algunos detalles del caso en el cual fungió como representante legal de la señora Hernández Tirado. En cuanto a los $8,000 ob-jeto de la queja, expresó que se había presentado ante el Tribunal de Primera Instancia una denuncia en su contra por alegada apropiación ilegal de éstos, por lo que no encon-traba prudente emitir comentarios al respecto. En diciem-bre de ese año referimos esta queja a la Oficina de la Pro-curadora General para la investigación correspondiente.

Mientras tanto, el 13 de noviembre de 2009 el Sr. Ángel L. Manzano Pérez presentó una queja contra Otero Encar-nación en la cual alegó que le había pagado $700 a la abo-gada para que lo representara en una vista. La abogada, sin embargo, nunca compareció, por lo que el quejoso le pidió la renuncia y que le devolviera los $700. Según sos-tiene el quejoso, Otero Encarnación renunció como su re-presentante legal, pero nunca le devolvió el dinero. Por esta razón, el señor Manzano Pérez presentó una demanda sobre cobro de dinero contra la abogada. El Tribunal de Primera Instancia la declaró “con lugar” y ordenó que la licenciada Otero Encarnación le pagara $763 al señor Manzano Pérez. Al no habérselos entregado ni haberse co-municado con él a estos efectos, éste nos solicitó que orde-náramos el cumplimiento de la determinación del foro de instancia y que tomáramos las acciones disciplinarias pertinentes.

Así las cosas, el 8 de diciembre de 2009 requerimos a la licenciada Otero Encarnación que se expresara sobre esta queja dentro del término de diez días a partir del recibo de la comunicación, pero no lo hizo. El 1 de febrero de 2010 le volvimos a requerir que, dentro del plazo de diez días a partir de la debida notificación, se expresara sobre la queja, apercibiéndole de las consecuencias disciplinarias que podría acarrear su incomparecencia ante este Foro. Sin embargo, la abogada no compareció. Por todo lo cual, el 27 de mayo de este año le concedimos un término final de cinco días, a partir de la notificación de la correspondiente Resolución, para que compareciera ante el Tribunal y con-testara la queja presentada en su contra.

Otero Encamación compareció tardíamente ante este Foro el 14 de junio de 2010. En su comparecencia, aunque no menciona la cantidad, alega que le devolvió los honora-rios de abogado al señor Manzano Pérez. Ese mismo día referimos la queja a la Oficina de la Procuradora General para la investigación correspondiente.

Por otro lado, el 29 de septiembre de 2009 el Sr. Gerardo Ferrao Rodríguez presentó una queja contra Otero Encar-nación ante la Comisión de Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Alegó que ésta incumplió con lo acordado respecto a un expediente de dominio peticionado por el quejoso, pues luego de más de tres años de solicitado un expediente de dominio, la abogada nunca lo realizó, por lo que se vio forzado a contratar los servicios de otra repre-sentación legal. Además, alegó falta de comunicación entre Otero Encarnación y él, pues presuntamente ésta no iba a su oficina desde hacía cuatro meses. Por estas razones, so-licitó que la abogada le entregara todos los documentos sobre su caso.

La Comisión de Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico le cursó tres notificaciones a Otero Encamación para que se expresara sobre la queja presentada en su contra. Las fechas de dichas misivas fueron el 9 de octubre y el 17 de noviembre de 2009, y el 8 de febrero de 2010. No obs-tante, la abogada nunca compareció ante la Comisión de Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico, por lo que ésta le refirió la queja a este Tribunal para que tomara conocimiento de la misma, así como del incumplimiento de la abogada.

Mientras se llevaba a cabo el proceso disciplinario ante-riormente descrito, O.D.I.N. emitió el informe sobre la obra notarial de la abogada que requirió este Tribunal en sep-tiembre de 2009. En dicho informe encontró varias defi-ciencias en la obra notarial de la licenciada Otero Encarnación. Por esta razón, en octubre de 2009 le conce-dimos a la abogada un término de veinte días para subsa-nar dichas deficiencias. Posteriormente, a petición de la abogada, le concedimos un término de sesenta días para atender nuestros requerimientos. Ante la falta de correc-ción de las deficiencias señaladas, en marzo de 2010 le con-cedimos un término final de veinte días para que Otero Encarnación cumpliera con nuestra orden. La notificación de dicha Resolución se le hizo llegar personalmente y en ésta se le apercibió de que el incumplimiento con dicho requerimiento podría acarrear la suspensión indefinida de la abogacía. La licenciada Otero Encarnación, sin embargo, ni ha subsanado las deficiencias ni ha comparecido ante este Foro.

II

En reiteradas ocasiones hemos expresado que los abogados tienen el deber y la obligación de responder diligentemente a los requerimientos y a las órdenes de este Tribunal, particularmente aquellos relacionados con procedimientos disciplinarios sobre su conducta profesional. He-mos señalado, además, que procede la suspensión inmediata de aquellos miembros de la profesión que incumplancon nuestras órdenes e ignore los apercibimientos de sanciones disciplinarias. In re López de Victoria Brás, 177 D.P.R. 888 (2010); In re Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001). Asimismo, hemos expresado que los abogados tienen la obligación de responder diligentemente a nuestras órdenes, independientemente de los méritos de la queja presentada en su contra. In re García Vallés, 172 D.P.R. Ap. (2007).

Sin embargo, constantemente nos enfrentamos a un sin-número de abogados y abogadas que incumplen las resolu-ciones de este Tribunal. Es por ello que hemos resuelto que esa “actitud de indiferencia y menosprecio a la autoridad del Tribunal Supremo merecen su suspensión indefinida ...”. In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 683 (1992).

III

En este caso nos enfrentamos nuevamente a otra abo-gada que ignora nuestros requerimientos. De los hechos expuestos anteriormente se deduce que, en particular, la licenciada Otero Encarnación no contestó nuestras órdenes ni ha tomado las medidas requeridas por esta Curia para subsanar las deficiencias encontradas en su obra notarial. Por ende, procede que se le suspenda inmediatamente del ejercicio de la abogacía. La licenciada Otero Encarnación deberá notificar a sus clientes que por motivo de la suspen-sión no puede continuar con su representación legal, y de-volverá a éstos los expedientes de cualquier caso pendiente y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual manera, deberá informar de su suspensión a cual-quier sala del Tribunal General de Justicia o foro adminis-trativo en el que tenga algún caso pendiente. Por último, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal, en el término de treinta días, el cumplimiento con lo antes ordenado.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Arturo L. Dávila Toro, querellado.

      Número: CP-2008-16

      Resuelto: 30 de agosto de 2010

      Minnie H. Rodríguez López y Noemí Rivera De León, procu-radoras generales auxiliares, Leticia Casalduc Rabell, subprocuradora general, e Ileana M. Oliver Falero, subpro-curadora general interina; Miguel A. Pérez Vargas, de Pé-rez Vargas & Lugo Auffant Law Offices, P.S.C., y Ariel O. Caro Pérez, del Bufete Ariel O. Caro Pérez CSP, abogados del querellado; Eliadís Orsini Zayas, comisionada especial, en informe.
   per curiam:

El licenciado Arturo Dávila Toro fue admi-tido al ejercicio de la profesión legal el 13 de agosto de 1986. La presente controversia se relaciona con su desem-peño profesional durante el trámite apelativo en Pueblo v. David Santiago Ortiz, KLAN200501159. Pasemos a repa-sar los hechos de este caso.

I

El señor David Santiago Ortiz presentó ante este Tribunal una queja contra el licenciado Dávila Toro en la que alegó que éste le había representado en un caso penal en el cual fue hallado culpable y le encomendó que apelara la sentencia dictada, lo que el querellado hizo pero transcu-rrido ya el término para apelar, por lo que el tribunal des-estimó el recurso por carecer de jurisdicción. Recibida la queja, la referimos al Procurador General para su evalua-ción e informe.

El 26 de abril de 2007 el Procurador General nos rindió su informe. En éste nos indicó que esa Oficina había reci-bido previamente del Tribunal de Apelaciones un referido, precisamente, sobre el trámite apelativo en el caso del se-ñor Santiago Ortiz y había procedido a consolidar ambos asuntos. El informe indicaba que el licenciado Dávila Toro había representado de oficio al señor Santiago Ortiz en un proceso penal en el que éste fue hallado culpable y en el que se pronunció sentencia el 18 de agosto de 2005. El licenciado Dávila asumió la representación profesional del querellante en la etapa de vista preliminar. El 26 de sep-tiembre de 2005 el licenciado Dávila presentó el escrito de apelación en ese caso ante el Tribunal de Apelaciones.

Presentado el recurso apelativo, se suscitaron varios in-cidentes relacionados con la reproducción de la prueba oral. El 10 de octubre de 2005 el foro apelativo intermedio emitió una Resolución en la que le solicitó al apelante que acreditara el método de reproducción de la prueba oral. El licenciado Dávila no presentó moción alguna en respuesta a la orden del tribunal. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2005, el tribunal apelativo emitió una nueva Resolución en la que ordenó que se cumpliese con la orden dictada el 10 de octubre y le advirtió a la parte apelante que el in-cumplimiento con lo ordenado podría conllevar severas sanciones disciplinarias. Nuevamente el licenciado Dávila hizo caso omiso a lo ordenado. Ante su reiterado incumpli-miento, el 21 de diciembre de 2005 el Tribunal de Apelacio-nes le impuso una sanción económica de $500 y le concedió un nuevo término para informar sobre la prueba oral y el método para su reproducción. El licenciado Dávila ignoró al tribunal y nada dijo sobre la reproducción de la prueba oral como tampoco pagó la sanción impuesta.

Así las cosas, el 21 de febrero de 2006 el foro apelativo desestimó la apelación presentada porque ésta se presentó transcurrido el término jurisdiccional para ello. La Resolu-ción en que se desestimó la apelación le fue notificada al confinado a través del Secretario del Departamento de Co-rrección y Rehabilitación.

El Procurador General nos indicó en su informe, ade-más, que el querellado respondió a la queja presentada me-diante una extensa carta en la que relataba su trayectoria profesional resaltando su extenso trabajo en casos penales como abogado de oficio. El querellado indicó que el efecto acumulativo de esta representación de oficio fue en ex-tremo perjudicial para él no tan sólo económicamente, pues no recibía remuneración regularmente, sino también físi-camente, pues le provocó un agotamiento extremo.

En cuanto al asunto relacionado con el señor Santiago Ortiz, admitió que la apelación se presentó tardíamente. No obstante, aclaró que siempre le dijo a su cliente que era fútil apelar su sentencia, específicamente porque éste, el acusado, había admitido voluntariamente los hechos del caso. Esta admisión, informa el querellado, se hizo mien-tras el acusado estaba acompañado por un abogado. Señaló también que debido a que no se logró un acuerdo con fisca-lía, el quejoso procedió a someterse a un juicio. Indicó que él luchó por su cliente pero que fue encontrado culpable y condenado a noventa y nueve años de prisión.

El licenciado Dávila Toro indicó que, una vez recayó sen-tencia, el quejoso insistió en que se apelara su caso y le insinuó que si no lo hacía le presentaría una queja ética. En su escrito ante el Procurador General, el querellado criticó el sistema de asignación de casos de oficio. Indicó que éste no disponía de parámetros claros respecto hasta dónde debían llegar los servicios que se prestan a los clien-tes de oficio, por lo que, aduce, ante esa falta de claridad y la intimidación del quejoso, “a última hora” decidió presen-tar la apelación. Señaló que no ha sido su intención des-obedecer las órdenes del Tribunal.

Evaluados los hechos antes relatados, el Procurador General concluyó que las actuaciones del licenciado Dávila Toro configuraron violaciones a los Cánones 9 y 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Recibido el informe, le ordenamos que presentara la correspondiente querella, lo que hizo el 25 de agosto de 2008. El 1 de diciembre de 2008 se diligenció la querella presentada y se le concedió un término al querellado para que la contestara. El 28 de enero de 2009 le concedimos un nuevo término para que replicara a la querella. El licenciado Dávila Toro no contestó la querella.

Posteriormente, designamos a la licenciada Eliadís Or-sini Zayas como Comisionada Especial para que recibiera la prueba y nos rindiera un informe con sus determinacio-nes de hecho y las recomendaciones que estimase pertinentes. Eventualmente la Comisionada dio por con-testada la querella a base de la contestación que el licen-ciado Dávila Toro ofreció a la Oficina del Procurador General. Luego de varios incidentes procesales, incluyendo vistas ante la Comisionada Especial, el asunto quedó so-metido por el expediente del caso.

El 25 de septiembre de 2009 el querellado presentó un memorando de atenuantes ante la Comisionada Especial, ya que él había aceptado los hechos imputados en la querella. El escrito presentado sigue los mismos paráme-tros que su contestación ante la Oficina del Procurador General. Nos relata su práctica extensa en casos de oficio y los problemas económicos, así como personales, que ello le ha supuesto. Resaltó nuevamente que le había recomen-dado a su cliente no presentar una apelación y que final-mente lo hizo al sentirse intimidado por las amenazas de éste. Admitió haber incurrido en las faltas que se le impu-taban en la querella, reconociendo que “ha violado un de-recho al acusado a estar adecuadamente representado en la etapa apelativa”. Memorando del querellado, pág. 4. In-formó, además, que durante el proceso apelativo se encon-traba padeciendo serios problemas personales y económi-cos que le “provocaron un serio desgaste físico y mental con las consecuencias que tenemos ante nos”. Íd.

La Comisionada Especial rindió su informe el 9 de noviembre de 2009. En éste concluyó, al igual que el Procu-rador General, que las acciones del querellado configura-ron violaciones éticas a los Cánones 9 y 18 del Código de Ética Profesional. Nos recomendó, como sanción, la sus-pensión del ejercicio de la abogacía del querellado por el término de veinticuatro meses.

Específicamente indicó que, si bien es cierto que el que-rellado había aceptado los hechos, éste “no [había] sido del todo sincero ni veraz en dicha aceptación [, pues] ha [tergiversado] los trámites de apelación, ha omitido expo-ner con veracidad información relevante a los asuntos ma-teriales considerados en estos procedimientos de conducta profesional; todo con el objetivo evidente de fundamentar unos alegados atenuantes relacionados con la falta de mé-ritos de la apelación que le fue encargada por su cliente; y en el hecho de su gran cúmulo de caos de oficio”. Informe de la Comisionada Especial, pág. 10. Señala la Comisio-nada Especial que “[l]a conducta posterior del querellado no refleja actos para subsanar en algo su comportamiento, ya que ni siquiera a la fecha de estos procedimientos ante este Tribunal ha pagado las sanciones económicas, a pesar de que varias veces esta Comisionada le preguntó si las había satisfecho y si alguna razón válida tenía para no satisfacerlas, a lo cual solo informaba que no las había pagado”. Íd. Nos informa que el querellado no ha excusado su proceder con su cliente. “Por el contrario, el abogado desprecia la solicitud de su cliente de apelar la sentencia con el fundamento de que como había resultado convicto con una prueba FUERTE, la apelación requerida por su cliente era un ejercicio fútil ... .” (Enfasis en original.) Íd.

El querellado presentó su oposición al informe de la Co-misionada Especial. En su escrito cuestionó la objetividad de ésta, imputándole prejuicio y parcialidad, pues considera que “insiste en desacreditar el carácter del querellado con imputaciones de deshonestidad y mendacidad que no forman parte de la prueba ni son parte de los cargos radicados en la querella”. Objeciones a Informe de la Comisionada Especial, pág. 2. A modo de ejemplo, impugnó la conclusión de la Comisionada de que el querellado presentó tardíamente su recurso de apelación “ ‘con pleno conoci-miento de que se presentaba tardíamente’ ”. (Énfasis suprimido.) Íd.

Cuestionó, además, la procedencia de la sanción que le impuso el Tribunal de Apelaciones. Argumentó que como este foro se declaró sin jurisdicción no podía tomar deter-minación alguna en el caso por carecer de jurisdicción. Por lo que considera que la sanción impuesta era nula y no se le podía exigir al licenciado Dávila que la pagase. Especí-ficamente se señala:

[H]abiéndose impuesto esta sanción por el Tribunal Apela-tivo en un caso donde no tenía jurisdicción y donde cualquier acción o dictamen es nulo, no entendemos como [sic] se le puede exigir vehementemente a un abogado, como la [sic] hace la honorable Comisionada en su informe, el pago de dichas sanciones como un medio de subsanar sus incumplimientos. Objeciones a informe de la Comisionada Especial, pág. 7.

El querellado objetó, además, la sanción recomendada por la Comisionada Especial por estimarla “en un castigo excesivo y desproporcionado”. Objeciones a Informe de la Comisionada Especial, pág. 2. Asevera que “[l]os hechos imputados y aceptados por el Ledo. Dávila no se acercan al ‘clásico ejemplo de desidia, despreocupación, crasa negli-gencia e irresponsabilidad profesional’ que han dado pie a sanciones severas en otros casos disciplinarios”. Íd., pág. 8. Invoca como ejemplo nuestro dictamen en In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003).

Finalmente, enumeró lo que considera son atenuantes que debemos considerar al ponderar la sanción a imponer. Entre éstos destacan: que lleva veintitrés años en la profe-sión y no ha sido objeto de sanciones previamente, que mantiene una práctica privada atendiendo mayormente casos criminales y que representa de oficio a una cantidad considerable de acusados, que goza de buena reputación entre la comunidad y que la querella presentada no cues-tiona los servicios legales que se le brindaron al quere-llante ante el foro primario.

El asunto quedó sometido así ante nuestra consideración.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional impone a los miembros de la profesión legal el deber de observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70, 75 (2001). La naturaleza de la función del abogado requiere de éste una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes que emiten los tribunales. Desatender las órdenes dictadas constituye una grave ofensa a la autoridad del tribunal en clara violación al mandato expreso del Canon 9. In re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 813 (2005); In re Grau Díaz, supra; In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999); In re Otero Fernández, 145 D.P.R. 582 (1998).

“No podemos perder de vista que la abogacía cumple una función social de notable importancia por su aportación imprescindible a la realización de la Justicia. El abogado, además de defensor de su cliente, es colaborador de la Justicia.” In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968, 980 (2007). La responsabilidad sobre la buena marcha del proceso judicial es compartida entre todos los estamentos que intervienen en estos procesos, por lo que es compromiso ineludible de todo abogado. Íd.

Por otro lado, el Canon 18 recoge el deber de diligencia de todo abogado en la atención de los asuntos de sus clientes. Este deber le impone al abogado la obligación de desempeñarse de forma capaz y diligente al defender los intereses de su cliente, desplegando en cada caso su mejor conocimiento, actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estime adecuada y responsable. In re Castro Colón, 177 D.P.R. 333 (2010). El abogado incumple con este deber cuando asume una representación legal consciente de que no puede rendir una labor idónea y competente, o que no puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la Justicia. In re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005); In re Collazo I, ante.

Es responsabilidad de los profesionales del Derecho actuar con diligencia en la representación de su cliente, por lo que aceptar un encargo de éste presupone el compromiso de prestarle entera atención a sus asuntos. Esta “dedicación no puede estar subordinada al cobro de los honorarios o a cualquier otra circunstancia personal como, por ejemplo, una excesiva acumulación de trabajo”. A. Aparisis Millares, Ética y Deontología para Juristas, Pamplona, Eds. Universidad de Navarra, 2006, pág. 302.

Reiteradamente hemos establecido que todo miembro de la profesión legal tiene el ineludible deber de defender los intereses de su cliente con el compromiso de emplear la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez. In re Hoffman Mouriño, ante; In re Meléndez Figueroa, ante; In re Martínez Miranda, 160 D.P.R. 263 (2003). En In re Hoffman Mouriño, ante, págs. 980-981, aseveramos categórica-mente que todo abogado debe llevar a cabo “[s]u gestión profesional ... aplicando ... sus conocimientos y habilidades, y su desempeño profesional [de forma] adecuadla], responsable, capaz y [eficaz]”. In re Collazo I, ante; In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555 (2005); In re Grau Díaz, ante. En el pasado hemos dispuesto que aquella actuación negligente que pueda conllevar o, en efecto, conlleve la des-estimación o el archivo de un caso se configura, de suyo, en violación del Canon 18. E.g. In re Guadalupe Colón, 155 D.P.R. 135, 154 (2001).

En In re Hoffman Mouriño, ante, pág. 981, aseveramos lo siguiente: “Los abogados, como oficiales del tribunal, tienen una función revestida de gran interés público que genera obligaciones y responsabilidades duales para con sus clientes y con el tribunal en la administración de la justicia. ... Ello les impone el deber de asegurarse que sus actuaciones dentro de cualquier caso en que intervengan estén encaminadas a lograr que las controversias sean resueltas de una manera justa, rápida y económica.” Es por ello que el deber de diligencia profesional del abogado es del todo incompatible con la desidia, despreocupación y displicencia. In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776 (1994).

Enfatizamos que el deber de diligencia constituye una obligación básica y elemental del abogado respecto de su cliente. Es éste un deber ético destinado a preservar no sólo la lealtad al interés defendido, sino también al “crédito social que demanda la alta función que desempeña y que, como bien jurídico supremo, sustenta en última instancia la suma deontológica de la profesión”. R. Del Rosal, Nor mas deontológicas de la abogacía española: una doctrina construida a partir del ejercicio de la competencia disciplinaria, Madrid, Civitas, 2002, pág. 183. Esta obligación ética no sufre modificación “cuando la defensa se ejerce de oficio, ... [pues] resulta exigible exactamente la misma diligencia que si la defensa le hubiera sido encomendada por su cliente de forma particular”. (Énfasis nuestro.) Íd.

Apliquemos, entonces, la normativa antes reseñada a los hechos que dieron base a la querella presentada.

III

En el caso de autos, el licenciado Dávila Toro incumplió reiteradamente con las órdenes del tribunal apelativo intermedio en el proceso de apelación en Pueblo v. David Santiago Ortiz, KLAN200501159, y además incumplió con el pago de la sanción impuesta por ese incumplimiento. Al día de hoy, el querellado no ha pagado dicha sanción y ar-guye ahora que no procede su pago porque el tribunal ape-lativo se declaró sin jurisdicción para atender el recurso presentado, por lo que su determinación en cuanto a la sanción es nula. Por otro lado, aunque aceptó su incumpli-miento con las órdenes del tribunal, no ha aducido razón válida para explicar su incumplimiento.

El foro apelativo emitió varias órdenes (Resoluciones de 10 de octubre de 2005 y 10 de noviembre de 2005) durante el proceso apelativo del recurso instado encaminadas a procurar el perfeccionamiento de la apelación presentada, acreditando el método de reproducción de la prueba oral conforme lo exigido por la Regla 29(b) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. El licenciado Dávila Toro hizo caso omiso de lo ordenado. El 21 de diciembre de 2005, ante el reiterado incumplimiento con las resoluciones anteriores, el foro apelativo le impuso una multa de $500 y le ordenó pagarla en un término de tres días. Además, le concedió un término adicional para acre-ditar el método de reproducción de la prueba oral. El licen-ciado Dávila, nuevamente, ignoró las órdenes del Tribunal de Apelaciones.

El 21 de febrero de 2006 el foro apelativo emitió dos Resoluciones en el recurso de apelación que pendía ante sí. En una de ellas refirió la conducta del licenciado Dávila a la Oficina del Procurador General para su consideración. En la otra indicó que luego de una evaluación del recurso presentado, surgía con claridad que éste había sido presen-tado fuera del término jurisdiccional provisto para ello por lo cual lo desestimó.

El licenciado Dávila Toro optó por ignorar las órdenes del tribunal y no adujo razón o justificación alguna que pudiera explicar su desatención a éstas. Tener mucho tra-bajo o litigar muchos casos de oficio no son razones válidas que justifiquen su reiterado incumplimiento.

Por otro lado, en lo que respecta al impago de la sanción impuesta, éste no puede escudarse con el argumento de que el foro apelativo se declaró sin jurisdicción en el caso instado, por lo que era improcedente la sanción impuesta. Ya indicamos que todo abogado tiene una responsabilidad ética de atender los dictámenes de los tribunales ante los que postula, y su conducta se tiene que caracterizar por el mayor respeto y la diligencia en el cumplimiento de lo ordenado. Si se considera que el foro ante el cual se está no tiene jurisdicción sobre un asunto o emite una orden erró-neamente, lo que procede es, o solicitar reconsideración del dictamen que se cuestiona o acudir en alzada. Lo que no se puede hacer es lo que hizo el querellante, ignorar al tribunal.

Si el licenciado Dávila Toro entendía errónea la sanción económica impuesta, debió haber presentado una moción de reconsideración fundamentada o haber acudido en al-zada ante este Tribunal a impugnarla. Lo que no procedía era hacer caso omiso de las órdenes dictadas por el tribunal pues ello constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales. Los abogados no pueden decidir qué órdenes acatar y cuáles no. El ordenamiento les provee distintos mecanismos para cuestionar aquellos dictámenes que con-sideren erróneos. Si no se utilizan y se opta por ignorarlos, entonces deberán aceptar las consecuencias de sus accio-nes u omisiones.

Por todo lo anterior concluimos que, sin duda, el licen-ciado Dávila Toro incurrió en una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional.

Por otra parte, en Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 889 (1993), expresamos que “la representación legal, en la etapa apelativa, es de particular importancia ya que esta etapa del procedimiento penal es la única —y posiblemente última— oportunidad que tiene el acusado para demostrar que su convicción es una contraria a derecho”. (Énfasis suprimido.) Indicamos, también, que el derecho de todo acusado a tener una asistencia de abogado se entiende infringido “cuando el abogado de un acusado, no obstante haber sido expresamente instruido por éste para que apele la sentencia que le ha sido impuesta, presenta el escrito correspondiente fuera del término jurisdiccional que para ellos provee nuestro ordenamiento jurídico ... ello independientemente del hecho que el abogado sea uno de oficio o haya sido escogido libremente por el acusado ...”. (Énfasis en el original.) Íd., pág. 892.

No existiendo controversia alguna respecto al hecho de que la apelación presentada en este caso se presentó trans-currido ya el término jurisdiccional, es evidentemente que el licenciado Dávila Toro incurrió en violación al Canon 18 de del Código de Ética Profesional. Recalcamos que el es-tándar de conducta exigible a los abogados que atienden casos de oficio es idéntico a si se tratara de un abogado que ha sido escogido libremente por el acusado. Una vez el li-cenciado Dávila asumió la representación del querellante, éste tenía una obligación ética de preservar el derecho de apelación del acusado, independientemente de que éste en-tendiese que no iban a prevalecer en la apelación.

Como indicamos ya, no albergamos duda de que la con-ducta del licenciado Dávila Toro no estuvo a la altura de aquella que esperamos de los miembros de la profesión legal puertorriqueña. Reconocemos que el licenciado Dávila Toro ha asumido la representación de oficio de muchos acu-sados; ese hecho, no obstante, no detracta de su desviación ética. Debemos tener muy presente que el caso que originó esta controversia es de carácter penal, donde lo que está en juego es la libertad de una persona. Ello, a nuestro juicio, requiere un grado mayor de responsabilidad, diligencia y rigurosidad en el manejo de los asuntos procesales.

Adviértase, además, que hasta hoy, el licenciado Dávila no ha pagado la sanción que le fue impuesta por el Tribunal de Apelaciones.

En atención a lo cual, somos del criterio que la conducta del licenciado Dávila Toro amerita que éste sea suspendido inmediatamente del ejercicio de la profesión por un periodo de tres (3) meses; término que comenzará a contarse a par-tir de la notificación de la presente Opinión y Sentencia. Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, devolver cuales-quiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e in-formar oportunamente de su suspensión a los foros judicia-les y administrativos del país. Además, deberá certifi-carnos dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta opinión "per curiam”, el cumplimiento con estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.