author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Elisa Peña Oquendo, acusada y apelante.
    No. 4945.

    Sometido: Marzo 10, 1933.

      Resuelto: Marzo 24, 1933.

      Burset & Pérez Pimentel, abogados de la apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 23 de abril de 1932, Elisa Peña Oquendo fué denun-ciada ante la Corte Mxmicipal de Fajardo por un delito de portar armas, en virtud de una denuncia que dice así:

“Que en 17 de abril de 1932 y en la calle José de Diego, de Na-guabo, P. K,., del distrito judicial municipal de Fajardo, P. R., la acusada Elisa Peña Oquendo, allí y entonces, ilegal, voluntaria y ma-liciosamente, y para fines de ofensa y defensa, portaba sobre su-per-sona uña navaja ‘G-em’, con la cual acometió y agredió a una persona. La navaja 'Gem’ fué ocupada y se pone a disposición de la Corte como evidencia en el caso. Iíecbo contrario a la ley.”

La acusada fué declarada culpable del delito de portar armas prohibidas, por la corte municipal, y habiendo pro-movido apelación para ante la Corte de Distrito de Humacao, presentó al tribimal una excepción perentoria alegando que los hechos denunciados no constituían delito, por entender que una navaja “Gem” no era un arma o instrumento de los pro-hibidos por la ley. Desestimada la excepción perentoria y sometido el caso a la corte, ésta declaró culpable a la acu-sada, imponiéndole treinta días de cárcel.

Se alega por la apelante que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar dicha excepción perentoria y sos-tener que una navaja “Gem” es un arma prohibida.

Una navaja “Gem” no es originalmente un arma. No está incluida en las enumeradas en la ley de 1905. Estrictamente hablando no puede decirse que sea un instrumento similar a las armas, y es claro que no está destinada a los fines de ofensa y defensa. No es igual a una navaja barbera, la cual, según el diccionario de la Eeal Academia Española, es “de filo agudísimo y punta redondeada, hecha de acero muy templado, que puede girar fácilmente sobre sus cachas y sirve para hacer la barba.” La navaja “Gem” es un pequeño pedazo rectangular de acero, sin mango, de pulgada y media de largo por tres cuartos de pulgada de ancho, con un lado afilado y con un lomo en el lado opuesto. Esta navaja se usa ordinariamente colocándola en un aparato especial para hacer la barba. La navaja “Gem” no gira sobre sus cachas, porque no las tiene, carece de mango y no puede manejarse con la facilidad con que se maneja una navaja barbera. Esta última navaja puede colocarse cómodamente en el bolsillo, porque está protegida por sus cachas, donde se guarda el filo. No ocurre así con la navaja “Gem”, que tiene su filo al descubierto y carece de mango, y si se coloca en un bolsillo puede cortar las ropas o herir las manos al cogerla. Su longitud de una pulgada y media no puede com-pararse a la de una navaja barbera que tiene aproximada-mente cuatro pulgadas de largo. La ley de portar armas no se aplica a cortaplumas o cuchillas plegadizas de bolsillo cuyas hojas no excedan de tres pulgadas de largo, a pesar de que con ellas se puede ocasionar daño corporal. No creemos que el propósito de la ley haya sido considerar comprendido dentro de sus disposiciones prohibitivas un instrumento como la na-vaja “Grem”.

Esta corte, en el caso de El Pueblo v. Cruz Rosado, 34 D.P.R. 315, se expresó en los siguientes términos:

“Es cierto que la ley actualmente en1 vigor no sólo probibe el uso ele armas sino de instrumentos con los cuales pueda causarse daño corporal, pero como con las armas destinadas a fines de ofensa y de-fensa puede causarse daño corporal, aplicando la regla ‘noscitur a socii’ llegamos a la conclusión de que los instrumentos que pueden causar daño corporal que se prohíben son aquéllos similares a las armas y no los que no están destinados a fines de ofensa y defensa, aunque con ellos se pueda causar daño corporal. Ésta nos parece que fue la intención del legislador, pues de otro modo habría que llegar a la conclusión de que muchísimos objetos o instrumentos que no están destinados a fines de ofensa o defensa, como alfileres de corbata, alfileres o pasadores de sombreros de señoras, pisapapeles, foetes y muellísimos más, tendrían que ser considerados como armas prohi-bidas porque con ellos se puede producir daño corporal y con algu-nos hasta la muerte.”

El hecho de que un instrumento haya sido ilegalmente usado no lo convierte en arma prohibida. Si un instrumento cualquiera cuyo uso no está prohibido por la ley se utiliza para realizar un acto ilegal, la persona que tal acto ejecuta será responsable del delito que pueda haber cometido, pero no podrá ser castigada por la portación del referido instrumento. A nuestro juicio, como ya dijimos antes, la navaja “Grem” no es un instrumento similar a un arma y no está comprendido dentro de las disposiciones prohibitivas de la ley.

Por las razones expuestas, debe revocarse la sentencia ape-lada y absolverse a la acusada.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Tesorero de Puerto Rico, v. El Banco Comercial de Puerto Rico. Samuel Rosemblum Ieto., interventora y apelada, y Antonio R. Hernández, Administrador Judicial del Banco Comercial de P. R., opositor y apelante. El Mismo v. El Mismo. C. M. Van Sillevoldt Inc., interventora y apelada, y El Mismo, opositor y apelante.
    Nos. 6283 y 6284.

    Sometidos: Marzo 13, 1933.

      Resueltos: Marzo 24, 1933.

      Félix Ochoteco, Jr., abogado del apelante; H. G. Molina, abogado de las apeladas; Ron. Charles E. Winter, Procurador General, abo-gado del Tesorero de Puerto Rico; José B. Ramírez Santibáñez, abogado del Banco Comercial y Garlos J. Torres, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

C. M. Yan Sillevoldt Ine. y Samuel Rosemblum Inc. remi-tieron desde Nueva York al Banco Comercial de Puerto Rico varias facturas comerciales contra comerciantes en Puerto Rico, con los conocimientos de embarque de las mercancías en las facturas mencionadas y certificados de seguro unidos a las mismas, así como giros contra los compradores por el importe de dichas facturas. Estos giros fueron remitidos al Banco Comercial para su cobro y para remitir una vez co-brados el importe de los mismos a las apeladas en Nueva York en la forma bancaria corriente después de deducida la comisión correspondiente por tales servicios. El Banco Co-mercial cobró giros de S. M. Van Sillevoldt Inc. por tm im-porte de $3,599.39, y de Samuel Rosemblum Inc. por tm im-porte de $950.12, y expidió los correspondientes ■ cheques a favor de las referidas corporaciones sobre The Irving Trnst Company los cuales llegaron a Nueva York el mismo día o al día siguiente de haberse declarado en suspensión de pago el Banco Comercial y haberse nombrado el síndico en el pre-sente caso, por cuyo motivo no se hicieron efectivos los ame-ritados cheques. Cuando el Banco Comercial hizo estos co-bros, tenía tm efectivo en caja que excedía de $30,000 y nunca tuvo menos de dicha suma en caja desde la fecha de haber cobrado los giros de las apeladas hasta la fecha en que se nombró al Síndico y tomó éste posesión de la propiedad.

A la luz de estos hechos, los cuales fueron aceptados como ciertos por el Síndico, las apeladas alegaron que el importe de sus giros constituía un “trust fund” en poder del Banco Comercial y que así pasaron a poder del Síndico, viniendo éste obligado a pagar y devolver a las apeladas las sumas an-teriormente mencionadas, con preferencia al pago de cual-quier otra obligación o crédito del Banco Comercial, ya que dichas sumas pertenecían a las peticionarias C. M. Van Sil-levoldt Inc. y Samuel Rosemblum Inc. respectivamente y no eran propiedad del Banco Comercial.

Sometido el caso a la corte, ésta dictó resolución decla-rando con lugar la preferencia de crédito y ordenando al Sín-dico a pagar inmediatamente a las apeladás las sumas por las mismas reclamadas, con intereses al 6 por ciento anual, debiendo dicho Síndico verificar los pagos de los fondos que tenía en su poder en virtud de la administración judicial.

Contra esta orden de la corte promovió recurso de apela-ción el Síndico del Banco Comercial y ahora comparecen las apeladas para solicitar que se desestime la apelación, entre otras razones por no ser apelable la referida orden.

El derecho de apelación es puramente estatutario y esta corte no puede adquirir jurisdicción a menos que la parte apelante esté autorizada por la ley para interponer el recurso.

El artículo 294 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que cualquier parte agraviada por una resolución judicial podrá apelar en los casos previstos en el código. ¿Puede el síndico ser considerado como parte agraviada en este caso en que el banco reconoce haber cobrado el giro y expedido cheques para satisfacer su importe? Es claro que no se trata de una reclamación contra los fondos del Banco en general. No hay duda alguna de que el Banco debe la cantidad que se le reclama. La orden de la corte no aumenta ni disminuye el activo de la institución bancaria; únicamente dispone que se pague a las apeladas una deuda que ha sido reconocida.

En el caso de State v. State Bank & Trust Co., 137 Pac. 402, la Corte Suprema de Nevada, luego de copiar el artículo 5327 de las leyes revisadas de dicho estado, equivalente al 294 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, dice entre otras cosas lo siguiente:

“Un síndico nombrado por una corte para cobrar el activo de una institución insolvente y para que administre sus negocios no puede decirse que está, personalmente interesado en la segregación o distribución de. los fondos que, debido a sus actividades o al cum-plimiento de sus deberes, vienen a su poder, a menos que él ocupe una posición doble de acreedor y síndico, caso en el cual su derecho a apelar como acreedor de una resolución o decreto de la corte inferior podría sostenerse en la teoría de que, estando interesado en la distri-bución o prorrateo de los bienes, él podría solicitar mediante apela-ción o recurso de revision un mandato de la corte superiór para hacer cumplir un derecho del cual pudo ser privado por la corte inferior o para relevarle de un daño infligídole. Como síndico, actuando en su capacidad oficial, y no teniendo interés personal, él queda obligado por las órdenes de la corte de que él es representante, cuando esas órdenes afectan solamente aquellas partes que con motivo de su re-lación como acreedores están interesadas en la distribución equitativa de los bienes, y que en forma alguna le perjudican.
“Si un síndico en un caso de esta naturaleza puede apelar de una resolución cuyo resultado no le afectaría personalmente, ¿no tendría él igualmente derecho a apelar de cualquier resolución y en su con-secuencia a aumentar sus gastos y a multiplicar los honorarios de abogado en perjuicio de los acreedores legítimos, disminuyendo así innecesariamente los bienes de la extinta institución? En el caso de Chicago Title & Trust Co., Síndico de The Jas. J. Walker Co., v. Jos. Caldwell, 58 Ill. App. 219, la Corte de Apelaciones de Illinois al resolver idéntica cuestión se expresó así: ‘No podemos sancionar aun con nuestro silencio la idea de que un síndico puede suscitar en opo-sición a la corte sus teorías respecto a cómo debe distribuirse el ac-tivo. Entonces tendríamos que ios secretarios podrían apelar de decretos de las cortes en que se les ordena registrar resoluciones que a su juicio son incorrectas ’. ”

En el caso de Bosworth v. Terminal Association, 80 F. 969, 26 C. C. A. 279, un síndico apeló de un decreto en que se concedió preferencia a una reclamación por suministro de abastos sobré la deuda garantizada por la hipoteca en curso de ejecución. La corte dijo:

“Creemos que la verdadera línea de demarcación es la siguiente: El síndico tiene derecho a apelar con respecto a cualquier reclamación presentada por la institución o contra ella, toda vez que él es el re-presentante de la institución en general. Tiene derecho a apelar de cualquier decreto que afecte sus derechos personales, ya que en éstos él está interesado. Mas no tiene derecho a apelar de un decreto que declara los derechos respectivos de las partes en el litigio. Eespeeto a éstos debe mostrarse indiferente e imparcial. El tiene deberes para todas las partes en común. No debe ser el defensor de una contra otra . . . ¿Qué deber le ha sido impuesto para que haga valer el supuesto derecho de un acreedor sobre el de otro con respecto a un fondo común? . . . Sancionar tal actuación es alentar litigios veja-minosos a expensas de la institución, que tienen que ser acarreados por las partes interesadas.”

En el caso de Knabe v. Johnson, 69 Atl. 420, la Corte de Apelaciones de Maryland, refiriéndose al caso de Bosworth v. Terminal Association que acabamos de citar dijo:

“En dicho caso, al igual que en el caso ante nos, el síndico solicitó permiso para apelar, que le fué concedido por la corte y allí se sos-tuvo, al igual que aquí, que él solamente puede apelar de confor-midad con la autoridad y de acuerdo con el mandato de la corte, y por tanto debe oírse y resolverse la apelación. Pero la Corte de Circuito de Apelaciones en dicho caso resolvió, según creemos co-rrectamente que ‘no puede sancionarse la doctrina de que el conceder una apelación puede investir al síndico de interés que él no tiene, o imponer a una corte de apelaciones el deber de oír y resolver una cuestión académica.’ ”

En el caso de State v. Miller, 135 N. W. 196, la Corte Su-prema de North Dakota se expresó en los siguientes términos:

“El síndico no alega que él mismo es un acreedor. La orden no envuelve la concesión o negativa de compensación o gastos del síndico como tal y se refiere solamente a los derechos relativos de los acreedo-res de la firma insolvente. El síndico es un funcionario de la corte y persona indiferente en lo que a los acreedores entre sí concierne. Hoffman V. Bank of Minot, 4 N. D. 473, 61 N. W. 1031. El no tiene derecho a irse en favor de un acreedor o en contra de otro. Tiene la orden de la corte como una protección, y si los derechos de cualquier acreedor fueran afectados adversamente por tal orden, o si fuera probable ,que fuesen afectados, ese acreedor podría dar los pasos necesa-rios para incoar una apelación. La orden no tiene el efecto de au-mentar ni disminuir el activo del banco -insolvente sino que se dirige solamente a los derechos relativos de los acreedores en la distribución del activo, y en este asunto el síndico no tiene interés, y en su conse-cuencia no puede incoar una apelación contra la orden de la corte de distrito a ese efecto.”

Véase también el caso de First National Banh v. C. Bunting & Co., 59 Pac. 929.

Bancroft, en el tomo quinto, pág. 5525, de su obra “Code Practice and Remedies, ’ ’ párrafo 4209, dice:

“Por regla general el síndico no puede apelar de una orden o decreto de la corte en que se distribuye el activo que está en su poder o que meramente determina los derechos relativos de los acreedores. Pero en vista de que él representa todas las partes interesadas, no solamente los acreedores sino también la deudora, o cuándo se trata de una corporación los accionistas, él debe ser diligente y proteger la institución contra reclamaciones dudosas. Si bien el síndico no puede tomar parte en las cuestiones suscitadas por los acreedores que alegan tener intereses adversos contra la institución, debiendo ellos apelar a nombre propio al considerarse perjudicados, sin embargo debe per-mitírsele apelar en cualquier caso en que la institución tiene interés, a beneficio de todas las personas por él representadas. Sin embargo, por lo general él debe obtener primeramente permiso de la corte que le nombró, y si apela en un caso, en que no tiene interés personal, sin tal permiso, la apelación puede ser desestimada a costa suya.”

La jurisprudencia citada demuestra claramente que el sín-dico no tiene derecho a apelar en aquellos casos en que los intereses que tiene bajo su custodia no ban sido afectados. No resultando el síndico una parte agraviada por la sentencia apelada, ya en su carácter personal o en representación de los bienes bajo sindicatura, entendemos que debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto por el referido síndico.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Bernardo Fernández González, demandante y apelante, v. José Rodríguez Pérez, demandado y apelado.
    No. 5946.

    Sometido: Marzo 15, 1933.

      Resuelto: Marzo 24, 1933.

      Monserrat & Monserrat y J. M. Calderón, abogados del apelante; G. Cruzado Silva, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión' del tribunal.

Bernardo Fernández González demandó en una corte municipal en cobro de dinero a José Rodríguez Pérez. El demandante estuvo representado por la firma social de abogados Monserrat & Monserrat y el demandado por el abo-gado Gustavo Cruzado Silva. La sentencia declaró sin lugar la demanda y fué presentado el escrito de apelación que co-piamos: “Al Secretario de la corte y al Ledo. Gustavo Cru-zado Silva, abogado del demandante: El demandado José Rodríguez Pérez no estando conforme con la sentencia dic-tada en el presente caso por esa Hon. Corte, con fecha 20 de octubre último y notificada el 31 del mismo mes, apela de ella para ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan. — San Juan, P. R., a 7 de noviembre de 1931.' — (Fdo.) Monserrat & Monserrat, abogados del demandante. — Notifi-cado con copia hoy 7 de noviembre de 1931. — (Fdo.) Gustavo Cruzado Silva, abogado del demandado. — Radicado en mi ofi-cina hoy 7 de nov. de 1931. (Fdo.) Juan R. Alejandro,- Sub-Sec. San Juan, Sec. P”

Dos días después de vencido el término concedido por la ley para apelar presentó el demandante moción a la corte municipal para que el escrito de apelación sea corregido a los efectos de la transcripción de los autos para que en lugar de leer “El demandado José Rodríguez Pérez” diga “El deman-dante Bernardo Fernández González,” pero la corte municipal se negó a resolver esa moción por el fundamento de que interpuesta la apelación había perdido su jurisdicción en el asunto. Recibidos los autos de la' apelación en la corte de distrito el demandado alegó ante ella que siendo beneficiosa para él la sentencia no podía apelarla y solicitó que dicho escrito de apelación fuese eliminado y que se desestimase el recurso. Así lo acordó la corte de distrito y contra esa re-solución interpuso el demandante el presente recurso de ape-lación.

Del escrito de apelación aparece que está firmado' por los abogados del demandante, que fué entregado al secretario del tribunal sentenciador, que contiene la manifestación de que se apela de la sentencia y que igual manifestación fué hecha al Lie. Gustavo Cruzado Silva, quien se dió por notificado como abogado del demandado, cumpliéndose así con el ar-tí culo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil. Es cierto que al principio del escrito se dice que el Lie. Gustavo Cruzado Silva es el abogado del demandante, pero esa descripción de la persona, que es errónea, era innecesaria pues bastaba con liaberle dirigido la apelación al Lie. Cruzado Silva sin más es-pecificación, porque él era en efecto el abogado del deman-dado, como así lo consignó él al firmar la notificación. Tam-bién pueden ser consideradas innecesarias las palabras “El demandado José Rodríguez Pérez” pues presentado el escrito de apelación por los abogados del demandante bay que llegar a la conclusión de que la apelación fué interpuesta por el de-mandante y no por el demandado, aunque así se baya diebo.

Por lo expuesto la resolución objeto de este recurso debe ser revocada por existir ima apelación interpuesta por el de-mandante contra la sentencia de la corte mu/mcipal que de-claró sin lugar su demamda y debe devolverse el caso a la corte de distrito para ulteriores procedimientos.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    En Pueblo de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan (Sección Primera), recurrido.
    No. 879.

    Sometido: Diciembre 28, 1932.

      Resuelto: Marzo 27, 1933.

      Son. Procurador General Charles E. Winter y R. Cordovés Arana, Sub-procnrador, abogados del recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

En el certificado expedido de acuerdo con la ley por el Co-lector de Rentas Internas de San Juan sobre la venta en pú-blica subasta para el cobro de contribuciones de la casa No. 17, de la calle Roosevelt, de Santurce, San Juan, verificada a favor del Pueblo de Puerto Rico el 15 de julio de 1932, entre otras cosas se hizo constar:

“Que el nombre y circumstaneias personales del contribuyente moroso son: Manuel Mendía Morales (hoy Sucn.) compuesta de Carmen Palés Vda. de Mendía, mayor de edad, de oficios domésticos; y Rosa Morales madre del contribuyente, todos residentes en la calle Roosevelt No. 17, Santurce, Puerto Rico.
“Que la tasación de los bienes embargados asciende a $8,680.
“Que el importe de contribuciones, recargos y costas adeudadas a ‘El Pueblo de Puerto Rico’ asciende a $2,254.32.
“Que después de haber sido anotado el embargo de los descritos bienes en el Registro de la Propiedad, se notificó del mismo, con fecha 18 de noviembre de 1931, mediante la entrega de una copia de la notificación de embargo a Josefa'Mendía como familiar.
“Que el edicto para la Venta de dichos bienes fué publicado en el periódico ‘La Correspondencia de Puerto Rico’ durante los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero de 1931 en primera subasta y du-rante los días 23, 24, 29 y 30 de junio, 5 y 6 de julio de 1932 en se-gunda subasta.
“Que la propiedad vendida aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de San Juan, P. R., a favor de Manuel Mendía Morales, al folio 158 del tomo 69 de San Juan, finca No. 2872, inscripción 3ra.
“Que en cumplimiento de lo que dispone el artículo 315 del Có-digo Político, se ha notificado de la adjudicación de la propiedad des-crita en este certificado, a Carmen Palés Vda. de Mendía, y Rosa Morales madre de Mendía como miembros de la Sucesión de Manuel Mendía Morales y al Gerente del ‘Bank of Nova Scotia’ como tenedor de un pagaré por la suma de $20,000, todos los cuales aparecen con interés en este remate.”

Presentado el documento para su inscripción, el registra-dor se negó a verificarla por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción de este documento porque la finca ad-judicada se halla, aún inscrita a favor de Manuel Mendía Morales, y no de su sucesión, habiéndose tomado en su lugar anotación pre-ventiva por ciento veinte días al folio 163 del tomo 69 de San Juan, finca número 2862, anotación letra C., en la que además se ha con-signado el defecto subsanable de no constar él nombre y apellido del gerente del Banco de Nova Scotia, a quien se ha hecho notificación del procedimiento como acreedor. — San Juan, P. R. julio 30 de 1932.”

Recogió el Pueblo el certificado y una vez practicadas las diligencias necesarias volvió a presentarlo con la siguiente certificación adicional del colector:

“Que con el fin de que se pueda inscribir definitivamente a favor de ‘El Pueblo de Puerto Rico’ la propiedad a que se refiere este do-cumento, se han dejado subsanados los defectos señalados en la anota-ción preventiva que precede, que fué tomada con fecha 30 de julio 'de 1932 por un término de ciento veinte días, y al efecto se incluye copia de la declaratoria de herederos del finado Manuel Mendía Mo-rales ; y en cuanto al defecto de np expresarse el nombre del Gerente del Bank of Nova Scotia se dejó subsanado a virtud de haberse ex-presado en la notificación de venta el nombre de dicho Gerente que es el Sr. Alfred E. Griffin.”

La nueva presentación causó la nota contra la cual inter-puso el Pueblo este recurso gubernativo. La nota dice:

“Denegada la conversión que se solicita de la anotación letra C anterior con vista de la resolución sobre declaratoria de herederos de Manuel Mendía, porque la finca de referencia aparece hoy inscrita a favor de The Bank of Nova Scotia, y tomada anotación preventiva por 120 días, al folio 111 tomo 74 de Santurce Sur, finca 7862 anota-ción letra C., en cumplimiento de la Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de José González Clemente contra el Re-gistrador de la Propiedad de San Germán de veinte de noviembre de mil novecientos treintiuno (42 D.P.R. 874). San Juan, P. R. octu-bre 25 de 1932.”

De una certificación acompañada al alegato del registra-dor transcribimos lo pertinente del asiento que motivó su se-gunda negativa:

“En la Corte de Distrito de San Juan, caso número quince mil doscientos ochenta y cuatro, se radicó demanda por Bank of Nova Scotia contra la sucesión de Manuel Mendía Morales, compuesta de su madre Rosa Morales y su viuda Carmen Palés, sobre ejecución sumaria de la hipoteca de la inscripción sexta, que grava esta finca y otra, a favor del ténedor o endosatario de un pagaré por noventa mil dollars, respondiendo este inmueble de veinte mil dollars y demás asignaciones. Admitida la solicitud, se ordenó el requerimiento de pago, el cual se diligenció personalmente por el Márshal en dichas interesadas en veinte y dos de julio último, y transcurrido el plazo sin que se efectuase el pago, se ordenó la venta judicial de esta finca a que se refería el requerimiento, en veinte y tres de julio último. Anunciada por edictos, se verificó en diez y nueve del actual, y se adjudicó esta finca al Bank of Nova Scotia, como único postor por la suma de cinco mil dollars, abonada a la reclamación, según así re-sulta del acta de subasta de la misma fecha, que con los demás docu-mentos se inserta. Se acompaña el documento creditiv'o del carácter de herederos. En escritura pública el márshal Manuel Náter y Gi-rona, adjudica y vende esta finca al demandante Bank of Nova Scotia, con oficina principal en esta ciudad, representado por su agente Alfred C. Griffin, de conformidad con el acta de subasta .... EN su VIRTUD, inscribo la finca de este número a favor del Bank of Nova Scotia a título de adjudicación en pago, quedando cancelada por con-solidación la hipoteca de la inscripción sexta, y sujeta esta inscrip-ción al resultado de la anotación letra C citada .... San Juan, agosto veinte y nueve de mil novecientos treinta y dos.”

A virtud de lo expuesto se concluye que la verdadera cues-tión a estudiar y a resolver en este caso es la de si la inscrip-ción lieclia a favor del banco constituye o no un obstáculo insuperable para la inscripción del título previamente ano-tado a favor del Pueblo

La previa negativa a inscribir a favor del Pueblo limi-tándose el registrador a anotar su derecho por el tiempo que la ley especifica no podremos confirmarla ni revocarla porque-no fue recurrida en tiempo para ante nosotros. Tampoco podremos confirmar o revocar la inscripción que hizo el re-gistrador posteriormente a favor del banco. Tendremos que aceptar esos asientos como algo que ba causado estado en el registro, pero a ellos nos referiremos para fijar su alcance en relación con la nota recurrida y para esclarecer especial-mente la ley y la jurisprudencia que llevaron al registrador a verificar la inscripción a favor del banco.

Cuando el banco presentó en el registro su escritura de adjudicación de la casa de que se trata, ya la venta de la misma casa estaba anotada en el registro a favor del Pueblo, venta que se realizó además dentro de un procedimiento notificado al banco de acuerdo con la ley. La anotación tiene fecha julio 30, 1932. La inscripción a nombre del banco, agosto 29, 1932. En la propia inscripción a favor del banco hizo-constar el registrador lo que sigue: “Esta finca se halla su-jeta. . . al resultado de la anotación letra C. (a favor del Pueblo) por ciento veinte días.” Los ciento veinte días no-habían transcurrido cuando se verificó.la inscripción a favor del banco, ni cuando en 25 de octubre dé 1931 se presentó de nuevo el certificado del colector alegando haberse corre-gido el defecto que impidió su inscripción y se negó la con-versión de la anotación en inscripción por el único funda-mento de aparecer la finca inscrita a favor del banco.

Expresa el registrador en su nota que actuó en cumpli-miento de lo resuelto por esta corte en el caso de González Clemente v. Registrador de la Propiedad, 42 D.P.R. 874.

En ese caso se resolvió que: ‘ ‘ Inscrita una finca a favor de un comprador en subasta vigente anotación preventiva to-mada a favor de otro comprador en subasta anterior, procede denegar la conversión de la anotación preventiva en inscrip-ción definitiva conforme al Artículo 17 de la Ley Hipote-caria. ’ ’

Examinados los hechos consignados en la opinión, aparece que presentado el primer título de adquisición el registrador se negó a inscribirlo el 30 de abril de 1931, tomando anota-ción por ciento veinte días. La parte afectada por la nega-tiva no retiró el documento para corregir el defecto como en este caso. Apeló para ante este Tribunal Supremo. Mien-tras se tramitaba el recurso, otra persona compró la finca en pública subasta celebrada en un procedimiento ejecutivo su-mario y el registrador inscribió su título. Esta Corte Su-prema decidió el recurso establecido por el primer adquirente en julio 22, 1931, revocando la nota del registrador, y cuando la decisión de esta corte llegó al registro, vigente aún el tér-mino de la anotación, el registrador se negó a convertir la anotación en inscripción por bailarse la finca inscrita a favor de otra persona.

El registrador se fundó no sólo en que estaba la finca ins-crita a favor de otra persona si que también en que esa otra persona tenía un derecho preferente al del primer adquirente pues la hipoteca que motivó la segunda adquisición estaba inscrita con anterioridad al embargo que dió origen a la pri-mera, pero esta corte restringió el campo de la negativa a la aplicación del artículo 17 de la Ley Hipotecaria, resolviendo que: “En el recurso contra la negativa a convertir tal ano-tación preventiva en inscripción definitiva no puede decidirse sobre la legalidad o ilegalidad de la inscripción posterior a la anotación o si tal inscripción fué o no propiamente hecha. ’ ’

Aparte de que aquí no se trata de la interposición de un recurso y revocación de la nota, sino de la voluntaria sub-sanación de la falta que motivó la negativa, el caso es el mismo y estuvo justificado el registrador al actuar en la forma en que lo hizo, correspondiendo a esta corte decidir si confirma o revoca la doctrina del caso de González Clemente, supra.

.Tanto el recurrente como el recurrido se refieren en sus alegatos a los artículos 17 y 71 de la Ley Hipotecaria, a las decisiones de esta Corte Suprema en los casos de Antonsanti v. Registrador, 9 D.P.R. 190; Hernández v. Registrador, 17 D.P.R. 21 y Ramis v. Registrador, 18 D.P.R. 76, y al comen-tarista Morell.

El artículo 17 de la Ley Hipotecaria ha sido aplicado e interpretado repetidas veces por este tribunal. Sienta el bá-sico principio de que “inscrito o anotado preventivamente en el registro cualquier título traslativo de dominio o de la posesión de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha por el cual se trasmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real.” Va aún más lejos y prescribe que si sólo se hubiera extendido el asiento de presentación, tampoco podrá inscribirse o ano-tarse ningún otro título de las indicadas circunstancias du-rante el término de treinta días.

El 71 ha sido también objeto de aplicación e interpreta-ción por parte de esta corte en repetidas ocasiones. Es ex-tenso. Su párrafo primero expresa: “Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajenados o grava-dos; pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor sé haya hecho la anotación.”

También debemos tomar en consideración para la debida resolución de este caso la sección 7 de la Ley sobre recursos contra resoluciones de los registradores, que dice: “Cuando el registrador niegue alguna inscripción, anotación o cance-lación, extenderá anotación preventiva que tendrá efecto legal durante ciento veinte días de su fecha.”, Comp. 1911, p. 451, y que equivale al No. 9 del artículo 42 de la Ley Hipotecaria •que prescribe:

“Art. 42. Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro público correspondiente:
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“99 El que presentare en el oficio del Registro algún título cuya inscripción no pueda hacerse definitivamente por falta de algún re-quisito subsanable o por imposibilidad del Registrador.”

A partir de la reforma, no se niega en Puerto Rico la ins-cripción por faltas subsanables. Sólo por faltas que se con-sideran insubsanables, tomándose entonces la anotación pre-ventiva que antes se tomaba cuando se negaba la inscripción por defectos snbsanables. La experiencia demuestra que en gran número de casos las faltas que se consideran insubsana-bles, pueden en verdad subsanarse y de hecho se subsanan.

En 1905 el Registrador de la Propiedad Sr. José Bene-dicto se negó a inscribir cierto título de venta de nna finca por aparecer del registro que se liabía extendido anotación preventiva que estaba vigente a favor de otra persona de otro título de venta de la misma finca. Apeló el interesado y esta corte revocó la nota del registrador basándose en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Hipotecaria. Ése fue el caso de Antonsanti, supra, en el que se dijo:

“Considerando que no concediéndole la Ley de la Asamblea Legis-lativa de que se lia hecho mérito otros efectos a las anotaciones pre-ventivas de que se trata, debe serles aplicable el artículo 71 de la Ley Hipotecaria vigente, que es general para todas las anotaciones de aquella clase, y según el cual, ‘los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajenados o gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona, a cuyo favor se haya hecho la anotación;’ y por consiguiente, que haciendo aplicación de esta doctrina' al caso presente, no puede haber inconv'eniente en que se inscriba la escritura de Don Frank Antonsanti, sin perjuicio de los dei*echos de Don Cle-mente Fernández que obtuvo la anterior anotación.”

Siete años más tarde, en 1912, el tribunal ratificó la doctrina del caso de Antonsanti, supra, en el de Ramis v. El Registrador, 18 D.P.R. 76, así:

“De acuerdo con la doctrina sentada por este tribunal en el re-curso de Antonsanti v. El Registrador de la Propiedad, 9 Dec. de P. R., 190, a las anotaciones preventiv'as hechas por no ser inscribible un documento en el registro, son aplicables los preceptos del artículo-71 de la Ley Hipotecaria, y por tanto, los bienes inmuebles o dere-chos reales afectos a una anotación preventiva, podrán enajenarse o gravarse sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, pudiendo, por tanto, inscribirse el título de venta de una finca afecta a tal anotación.”

Sin embargo, un año antes, en 1911, habíase resuelto en el caso de Hernández v. Registrador, 17 D.P.R. 21, lo quesigue:

“Es cierto que la hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cum-plimiento de la obligación, por cuya seguridad fué constituida; pero en el presente caso al aplicar tal principio para determinar el derecho del recurrente, es necesario considerar que existía una hipoteca pre-ferente a aquélla de 1^ cual deriva su derecho, y era la constituida a fav'or de El Pueblo de Puerto Rico para garantizar el pago de las contribuciones. No satisfechas éstas, la finca fué vendida y adqui-rida por Alejandrina Blanco, quien inscribió y anotó, en la forma indicada por el registrador, su derecho en el registro de la propie-dad. De acuerdo con la ley, ella, persona distinta de aquélla contra la cual se siguió la ejecución y a nombre de quien otorgó el marshal la escritura, es la que aparece como dueña en el registro, y al apre-ciarlo así y al negarse a inscribir por tal motivo la escritura de refe-rencia, el registrador no infringió sino que aplicó rectamente el ar-tículo 20 de la Ley Hipotecaria.”

Aunque los hechos son algo distintos, pues en el caso de Hernández no sólo se había anotado previamente parte de la finca si que la otra parte” se había inscrito a favor de la misma señora Blanco, es lo cierto que se advierte una contra-dicción en la jurisprudencia establecida.

Parece que en el caso de Hernández, supra, se tuvo en cuenta la regla terminante del artículo 17 de la Ley Hipote-caria y en los de Antonsanti y Ramis, supra, se tendió a dar plena eficacia a lo prescrito en el artículo 71 de la misma ley.

La cuestión no es sencilla en verdad. Diversas son las opiniones de los comentaristas, confuso el criterio de la Dirección General de los Registros de España en las varias re-soluciones que ha dictado sobre el particular.

La dificultad principal ha estado a nuestro juicio en que-rer encontrar una sola regla que rija todas las anotaciones que comprende el artículo 42 de la Ley Hipotecaria.

Al estudiar los comentaristas españoles, no debe perderse de vista que la Ley Hipotecaria sufrió varias modificaciones y que la de Hltramar, que es la nuestra, no era del todo igual a la de la Península. Además, la de Ultramar, en este caso concreto que puede considerarse comprendido en su artículo 42 No. 9, en relación con el 71, fué modificada substancial-mente por nuestra ley de 1902 antes citada. Véase Quintana v. Registrador, 36 D.P.R. 215, 216.

Sin embargo, como el problema a resolver en lo fundamental es el mismo, hemos vuelto a estudiar los comentaris-tas y a ellos nos referiremos en seguida. G-alindo al comen-zar su comentario del artículo 71, dice:

“Es consecuencia del carácter provisional de las anotaciones, el que en general no impidan que la persona que ha inscrito a su favor el inmueble o derecho anotado pueda ejercer los actos de dominio que tenga por conveniente; si bien, aunque esos actos se inscriban en el Registro, no perjudicarán el derecho anotado. Así parece que lo ha querido proclamar el artículo 71; pero no lo expresa de un modo terminante, puesto que se limita a consignar que los bienes anotados pueden enajenarse o gravarse y por consiguiente retrocederse, según declara la Res. de 12 En. 1897; y no dice que pueda inscribirse la enajenación o el gravamen; sin perjuicio' del derecho de la persona a cuyo fav'or se hizo la anotación. ,
“No obstante esta falta de expresión, tenemos por cierto que con arreglo al artículo 71 pueden inscribirse los actos de dominio rela-tivos a bienes anotados, si bien el asiento que se practique no perjudi-cará al derecho adquirido por el que obtuvo la anotación. (Y. Res. de 11 Ag. 1900.)” 2 Galindo. Legislación Hipotecaria, 694.

Morell discute largamente la cuestión y en la página 308 del tomo 3 de su obra, afirma:

“Aunque el 71 sólo dice que los bienes pueden ser enajenados, debe entenderse que también puede ser inscrita esa enajenación, como es lo natural en preceptos hipotecarios.”

Sin embargo, en otras partes de su comentario parece que distingue entre las diferentes clases de anotaciones y hay un momento que dice, en la página 306 del tomo 3:

“Apliquemos el precepto al caso más frecuente de anotaciones de derechos reales, al de las anotaciones por defecto. A. vende a B., quien, por -contener su título faltas subsanables, solicita y obtiene anotación preventiva de su derecho. Subsistente la anotación, ¿quién puede enajenar la finca afectada? Solamente B., puesto que la ano-tación por defecto produce, mientras subsiste, los mismos efectos que la inscripción. Si A. enajenase, el artículo 17 y el artículo 20 y los 69 y 70 se. opondrían a la inscripción.”

Martínez Moreda en el torno !, página 91 de sus Comen-tarios y Jurisprudencia a la Legislación Hipotecaria, es más conciso que G-alindo y que Morell y ataca la cuestión con cer-teza. Dice:

“Como las anotaciones preventivas tienen un carácter provisional' no impiden que el dueño que tenga inscrito a su favor el inmueble o derecho real anotado pueda ejercer actos de dominio, enajenándolos o gravándolos, si bien las enajenaciones y gravámenes constituidos no perjudican el derecho del anotante ajeno a la propiedad de dicho in-mueble o derecho real. Esto es lo que ha querido decir el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, y esta doctrina se halla confirmada por las sentencias de 17 de junio de 1875 y de 30 de diciembre de 1876.
“Lo que no dice dicho artículo es si puede inscribirse la enajena-ción o el gravamen constituidos por el dueño de los bienes después de hecha la anotación; pero entendemos que sí, porque al conceder el ejercicio de esos actos de dominio es de suponer que no ha de pro-hibir su inscripción en el registro.
“Con estos antecedentes, nosotros formulamos dicho artículo 71 para su mejor inteligencia en estos términos: E] dueño de los bienes inmuebles o derechos reales, aunque se halle anotado algún derecho sobre ellos a favor de otra persona, podrá enajenarlos o gravarlos sin perjuicio del anotante, y dichos actos de dominio serán inscribibles, sin perjudicar tampoco el derecho de aquél.
“Pero esta regla tiene sus excepciones, en razón a que no todas las anotaciones preventivas tienen el mismo origen, ni producen igua-les efectos, ni se someten a las mismas condiciones los bienes anotados.
“Así, pues, no es aplicable el artículo 71 respecto de las anota-ciones del número 4o. del artículo 42, porque se imponen sobre los bienes por vía de secuestro judicial o con prohibición expresa de ena-jenarlos. En este caso está comprendida la declaración del artículo 764 de la ley de enjuiciamiento civil referente al secuestro de los bienes inmuebles del demandado rebelde; siendo de advertir que, se-gún resolución de la Dirección de Registros de 30 de enero de 1881, la enajenación posterior a las anotaciones de éstos puede inscribirse cuando procede del ejercicio de una acción hipotecaria por crédito inserito con anterioridad a la anotación.
“Tampoco es de aplicar el artículo 71 al número 8o. del artículo 42, que trata de las anotaciones de títulos por defectos subsanables, porque el dueño de los bienes y el del derecho anotado es una misma persona.
“Tenemos, pues, que de la regla general del artículo 71 están exceptuadas dichas dos clases de anotaciones preventivas.' Todas las demás que comprende el artículo 42 no impiden la enajenación o el gravamen de los bienes anotados, pero sin perjudicar el derecho del anotante; pues el tercero que contrate, o bien perderá el dominio o derecho real que adquiera después de la anotación, o bien tendrá que soportar la responsabilidad económica que la misma asegure, según sea la clase de las anotaciones.”

Podría, pues, encontrarse apoyo para sostener la doctrina del caso de Hernández, supra, en los comentaristas Morell y Martínez Moreda. También en el precepto terminante del artículo 17 y en la naturaleza misma de la anotación. Una cosa no debe venderse a dos personas. Aun para el caso de la doble venta, la propia ley ordena que debe considerarse como dueño el que primero la inscriba, y se ña decidido que a los efectos de la aplicación del precepto basta la presenta-ción del título en el registro, no ya su anotación. Flores v. Arroyo, 43 D.P.R. 97.

Sin embargo, creemos que en la práctica la aplicación de la doctrina sería un obstáculo a la libre contratación, espe-cialmente teniendo en cuenta la reforma fundamental de nuestra ley que ordena la inscripción aunque existan faltas subsanables j sólo la niega, produciéndose entonces la anota-ción, cuando el registrador estime que es insubsanable la falta.

Si el documento está bien calificado, la nota será confir-mada en caso de recurrirse, o en caso de retirarse el docu-mento no podrá la falta corregirse y ningún efecto tendrá la anotación, y no deben obstaculizarse durante un término re-lativamente largo, como lo es el de 120 días, las ulteriores transacciones que puedan verificarse sobre la finca anotada.

A virtud de lo expuesto deben prevalecer las decisiones de Antonsanti y Ramis, supra, y quedar derogada la de Hernández, supra, en todo lo que a ellas se oponga.

Continuaremos ahora nuestro estudio en cuanto a nuevos asientos con respecto al derecho anotado previamente que se soliciten después de la ulterior inscripción.

Estudiadas la. ley, la jurisprudencia y los comentaristas se encuentra que no hay conflicto con respecto a que las transac-ciones ulteriores se verifican sin perjuicio de la persona a cuyo favor se hace la anotación. Parece lo lógico entonces que la inscripción de la transacción ulterior no impidiera la plena inscripción del derecho anotado en los casos proceden-tes, sin necesidad de tener que acudir a los tribunales en so-licitud de que ordenen su cancelación. Sin embargo, no es así.

Conocemos lo resuelto por esta corte en el caso de González Clemente, supra. La consecuencia de esa resolución es que no obstante su anotación, la persona que la obtiene se ve obligada para hacer valer su derecho en toda su plenitud a acudir a los tribunales para que éstos decreten la cancela-ción de la inscripción ulterior.

Oigamos lo que dice Morell sobre el particular y por medio de él al Tribunal Supremo de España y a la Dirección General de los Registros. Es así:

“Enajenaciones posteriores a la anotación. — A este caso se refiere el precepto del artículo 71.
“La enajenación o el gravamen se han realizado no sólo después de decretado el embargo, sino después de extendida la anotación. El tercer adquirente conoce al adquirir e inscribir, la responsabilidad que afecta a los bienes, y ha de adquirirlos con ese gravamen. La enajenación se inscribe, pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se hizo la anotación.
“¿Cómo se conciban los intereses o derechos de los terceros adqui-rentes con los del anotante? Hay casos en que es difícil la solución. Pero debemos fijarnos en que el artículo 71 no pretende que se res-pete el derecho de la persona a cuyo favor se inscribe la enajenación o el gravamen. No se coarta la libre facultad del dueño para dispo-ner de lo suyo, pero el adquirente ha de atenerse a las consecuencias posibles de que le avisa la anotación.
“Examinemos la jurisprudencia relativa a esta materia.
“Hay, en primer lugar, ciertas enajenaciones y extinciones del de-recho anotado, que, aunque posteriores a la anotación, son de ca-rácter preferente, sin que el acreedor que anotó pueda evitarlo, y que, por tanto, se realizan en su perjuicio. Así, según la Sentencia de Io. de febrero de 1886, es preferente el derecho adquirido por el comprador, a consecuencia de una hipoteca inscrita con anterioridad al embargo, al que llev'a en sí la anotación. La anotación de embargo del derecho de retraer, dicen las Resoluciones de 18 de mayo y 18 de junio de 1898, no pueden estorbar la consumación de la venta. Lo mismo ha de entenderse respecto al derecho del censualista, para ob-tener el cobro de pensiones atrasadas, o para reincorporarse la finca en caso de comiso, y al derecho del Estado para obtener el cobro de las contribuciones de la última anualidad, y al ejercicio de acciones resolutorias derivadas de actos inscritos con anterioridad, anulando también el derecho del anotante, la extinción en virtud de causas le-, gales, del derecho sobre que se impuso la anotación, muerte del usu-fructuario, si se embargó el derecho de usufructo, cumplimiento del plazo, etc.
“Aparte lo expuesto, puede el deudor, en cualquier estado del juicio, vender la finca o el derecho que se le embargó, pero sin per-juicio del anotante, sin que valga alegar que consentida la sentencia de remate, la venta es forzosa, e impide la voluntaria, pues el pre-cepto del artículo 71 es terminante (Resolución de 6 de septiembre de 1892); aparte de que no es indispensable siempre para obtener el cobro llegar a la enajenación del inmueble, porque puede obtenerse el cobro con las rentas (Resolución de 26 de octubre de 1898); y puede Verificarse el pago por el deudor o por un tercero.
“En general, aplican el artículo 71 las Sentencias de 28 de mayo de 1874 y 30 de diciembre de 1876, y las Resoluciones de 25 de no-viembre de 1875, 26 de julio de 1895 y 11 de agosto de 1900.
“Con arreglo a la última, el derecho que tiene un acreedor con relación a las fincas embargadas, queda garantido por virtud de la anotación del embargo, porque dicha anotación subsiste mientras no sea legalmente cancelada, correspondiendo por ello al acreedor la debida preferencia sobre todos los demás créditos que haya podido contraer el deudor con posterioridad a la misma, y porque las ena-jenaciones de los inmuebles anotados y los gravámenes impuestos so-bre éstos no pueden perjudicar el derecho adquirido por el Estado, con arreglo a los artículos 44 y 71 de la Ley Hipotecaria, sin que, por otra parte, semejante derecho tenga eficacia para impedir la inscripción de los actos de enajenación y gravamen, ni para producir la cancelación de las inscripciones practicadas con posterioridad a la anotación del embargo.
“Pero el gravamen o la enajenación realizados voluntariamente por el deudor, no estorbó nunca la continuación del procedimiento. Llega, pues, el caso de la venta hecha judicialmente a un tercero, o de la adjudicación de los bienes al acreedor, y estos adquirentes pre-tenden inscribir su derecho. Aquí se presenta el Verdadero conflicto, puesto que existen, si bubo una anterior enajenación voluntaria, dos dueños, uno que funda su derecho en la inscripción realizada al am-paro de la-ley, y otro que se funda en su anotación anterior a la venta y en el precepto del artículo 71, que le dice que su derecho no puede sufrir perjuicio, a pesar de aquella enajenación. ¿ Se cance-lará la. inscripción de la primera venta? ¿ Se obligará al acreedor o al rematante a entablar un nuevo juicio para obtener el reconoci-miento de su preferencia?
“Con arreglo a las palabras de la exposición de motivos de la ley primitiva, a las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1869, 28 de marzo de 1874, 17 de junio de 1875, 30 de diciembre de 1876 y otras, a las Resoluciones de 25 de noviembre de 1875, 12 de mayo de 1886 y 22 de marzo de 1889, y a la opinión de la mayoría de los expositores, se entendió siempre, al interpretar el artículo 71, en relación con el 44 de la ley, que garantizaban únicamente las conse-cuencias de un juicio, sin crear ni declarar derecho alguno, ni alte-rar la naturaleza de las obligaciones, ni conv'ertir en real e hipote-caria la acción que careciese de este carácter. En su consecuencia, la venta de la finca aun inscrita después, impedía la venta hecha pos-teriormente por el Juzgado a consecuencia del juicio, porque el Juz-gado representa al dueño, y el dueño no puede enajenar dos veces.
“ ‘No permiten los principios de derecho civil, decía Eseosura, que la enajenación de un inmueble, hecha por persona con capacidad legal para ello, deje de producir sus efectos naturales respecto al que compra y los produzca respecto a otros. Si la venta es válida (y esto no puede negarse) su efecto es que el comprador adquiera el do-minio respecto a todos y contra todos pueda defenderlo.’
“ ‘ No permiten los principios de derecho hipotecario que la ins-cripción de una venta, cuya Validez declara expresamente, pueda can-celarse, no por nulidad del contrato ni del título, sino porque otra escritura posterior otorgada por el mismo enajenante (puesto que el Juez lo representa en rebeldía), transmita a otra persona lo que consta en el Registro que no es suyo.’
“ ‘No permiten las leyes de procedimiento que cuando hay choque de derecho o de intereses privados, pueda resolverse la legitimidad del título de dominio del uno y la nulidad del título que se le opone, sin que sea éste vencido en juicio plenario. ’
“ ‘No permiten las leyes que marcan las atribuciones de los fun-cionarios públicos, que los Registradores por sí y ante sí resuelvan cuestiones de dominio que están reservadas a los Tribunales; ni que cancelen una inscripción de un contrato, por la manifestación de una sola de las partes, en otro contrato que contradice al primero.’
“ 'No permiten los preceptos ele los mismos artículos 20 y 71 que en virtud de los de aquél se deroguen los de éste, cuando giran en órbita independiente, declarando el primero que el dominio no puede transmitirse por quien no resulte dueño, y limitándose el segundo a estatuir: que el grav'amen sobre ese dominio permanece vivo, aun cuando el dominio se transfiera.’
“Pero por muy racional que sea esta interpretación, y por funda-das que sean tales razones, es lo cierto que el que adquiere con buena o mala fe la finca o el derecho con posterioridad a la anotación, co-noce el peligro y puede evitarlo pagando la cantidad con que fué gra-vado ese derecho o esa finca, y no es justo que sabiéndolo y sólo por permanecer en la inacción, se obligue al acreedor a pedir y obtener la rescisión de la enajenación como fraudulenta, o a entablar un nuevo juicio contra el adquirente, con el temor de que al final, vuelva a encontrarse en iguales circunstancias y tenga que volver a empezar.
“Claro es que el1' Registrador tiene bien mareada en la ley su línea de conducta, debiendo limitarse a cumplir los artículos 20 y 71. Inscrita la finca a nombre de tercera persona, o presentado el título de la enajenación hecha Voluntariamente por el deudor, ha de dene-gar la inscripción de la venta o de la adjudicación judicial, pues él ni da ni quita derechos, ni es el llamado a resolver el conflicto. Pero la situación jurídica creada era violenta e insostenible, y necesitaba una solución.”

No obstante lo que dice el comentarista en el párrafo an-tepenúltimo, lo que expresa en el último puede invocarse para sostener el caso de González Clemente, supra.

Volvemos a repetir que la dificultad de llegar a una justa decisión es que las anotaciones no son todas de igual natu-raleza. La Ley Hipotecaria nuestra reconoció esa diferen-cia y adicionó, lo que sigue al artículo 71:

“Si los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventiva-mente, a tenor del artículo 42, números 2o. y 3o., fuesen adjudicados al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en pública subasta, se notificará la adjudicación o el anuncio al que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes o derechos.
“Dicha notificación deberá practicarse a instancia del actor, dic-tada que sea la sentencia firme de adjudicación o antes de verificarse el remate en el procedimiento de apremio, debiendo observarse lo que prescriben los artículos 260 al 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en las Antillas, 244 al 253 de la que rige en Filipinas.
“Hecha la notificación a que se refiere el párrafo anterior, podrá el notificado librar los bienes de que se trate, pagando la cantidad consignada en la anotación para principal y costas, sin que se en-tienda obligado a satisfacer por este liltimo concepto mayor suma que la consignada en la anotación. Si no lo hiciere en el término de diez días, se procederá a cancelar en el Registro la inscripción de su do-minio, así como cualquiera otra que se hubiera extendido después de la anotación, a cuyo efecto, y a instancia del rematante ,o del adju-dicatario, se despachará el oportuno mandamiento al Registrador de la, propiedad.
“Si la enajenación otorgada e inscrita durante el pleito fuere re-lativa a finca cuya propiedad se hubiere reclamado en virtud de de-manda anotada preventivamente, con arreglo al número Io. del ar-tículo 42 de esta ley, será título hábil para que en su virtud se can-cele aquella inscripción, un testimonio de la sentencia firme fav’orable al dominio del demandante.
“Las sentencias ejecutorias en que se imponga la pena de inter-dicción, o se declare la incapacidad para administrar de una persona, o se modifique su aptitud civil en cuanto a la libre disposición de sus bienes, serán documentos bastantes para cancelar las inscripciones de enajenaciones otorgadas durante la tramitación del juicio por el de-clarado incapaz, siempre que la demanda origen de la providencia hubiere sido anotada preventivamente en virtud de lo que ordena el artículo 42 en su número 5°.’’

Esa adición no figuraba en la ley de la Península que co-mentaban Galindo y Morell y es en verdad decisiva para el caso de las anotaciones a que se refiere. En Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 269 se interpretó y aplicó lo dispuesto en sus tres primeros párrafos, así:

“¿Sería preciso que el que adquirió en remate tuviera que seguir un pleito contra el comprador que adquirió durante el procedimiento, y en el tiempo en que el inmueble estaba legalmente sujeto a la su-basta y remate? La respuesta en la afirmativa conduciría a dos males graves: al absurdo, y a la injusticia de parte de la ley.
“Si examinamos el artículo 71 de la Ley Hipotecaria, que en un caso análogo, da a.1 que compró pendiente el litigio el derecho de li-berar, pero previene que si no lo hace en el tiempo fijado, se cancele su inscripción; si tenemos presente que en la sección 2 de la Ley para ejecución de sentencias (sección 5296 Compilación de 1911) se ha dispuesto que la orden para la ejecución de la hipoteca ‘tendrá toda la fuerza y efecto de un auto ordenando la posesión, tanto entre las partes interesadas en dicho juicio como entre éstas y cualesquiera otras personas que reclamasen en dicho juicio en virtud de cualquier derecho adquirido durante el mismo’; y si, en fin, recordamos la fa-cultad que el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Civil da al juez para adoptar un procedimiento por el que pueda cumplirse la ley; si vemos esto, podemos declarar que la solución de un conflicto de esta clase aplicando el mismo procedimiento del artículo 71 de la Ley Hipotecaria, haciendo la notificación al comprador, y si en el tér-mino de diez días no libera la finca, y ordenando la cancelación de su inscripción en el registro es un procedimiento legal, y equitativo. ’ ’

Y en Bou v. Registrador, 40 D.P.R. 527, como sigue:

“Presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad-de San Juan la escritura de venta judicial otorgada por Eduardo Urru-tia, marshal, a favor de Adela Bou viuda de Alvarez, el registrador se negó a ello ‘porque la finca vendida se halla inscrita a favor de Agustín Hernández Mena, persona distinta de los demandados.’
“Sucedió que la compradora Adela Bou reclamó por la vía judicial la suma de $2,500 que le debían Amparo Escapa y Alfonso Ocasio y cuyo pago estaba garantizado por los deudores con hipoteca sobre cierta finca situada en Santuree, San Juan.
“No sólo se expidió por el registrador la certificación necesaria para iniciar el procedimiento sumarísimo seguido, si que además por vía de aseguramiento de la sentencia que pudiera dictarse se em-bargó la finca hipotecada anotándose el embargo en el registro.
“Después de expedida la certificación, de iniciado el procedimiento ejecutivo hipotecario y de anotado el embargo, se inscribió en el re-gistro la venta de la finca hipotecada, hecha por’sus dueños los deudo-res a favor de Agustín Hernández Mena.
“El procedimiento ejecutivo siguió adelante y la finca hipotecada y embargada fué vendida en pública subasta, adjudicándosela el marshal a nombre de los deudores a la acreedora por la suma de $2,000. Y ya hemos dicho que presentada la escritura en el registro el registrador se negó a inscribirla por estar ya registrada la finca vendida a hombre de otra persona distinta de los deudores.
‘ ‘ Basta lo expuesto para concluir que de acuerdo con la jurispru-dencia recientemente sentada por esta Corte en el caso de Arroyo V. Zavala y Cruz, 40 D.P.R. 269, Agustín Hernández Mena no es la ‘persona distinta’ que, según la ley, pueda impedir la inscripción.”

Pero no obstante llegarse a esa conclusión, se confirmó la nota denegatoria. Se transcribió en la opinión íntegro el ar-tículo 71 de la Ley Hipotecaria y se dijo:

“Para los fines del registro, no bay duda alguna de que la inscrip-ción que se baga a favor de ese comprador viene sujeta a no perjudi-car al que anotó con prioridad su derecho, en cuanto al montante de ese derecho. Pero el comprador durante el litigio puede, según ese mismo precepto legal, liberar los bienes anotados mediante el pago del importe del gravamen. Es la obligación del actor o demandante, obligación que se trasmite al adjudicatario extraño que se subroga en 'los derechos de dicho actor o demandante, la de notificar al compra-dor durante el litigio, para que éste pueda liberar la finca en el tér-mino de diez días que se le concede por la ley, mediante el pago del gravamen anotado. Y si tal obligación de notificar no se cumple, no puede reclamarse la cancelación de la inscripción hecha a favor del comprador durante el litigio, cancelación absolutamente indispensable para que pueda inscribirse la adjudicación o la escritura hecha en consecuencia de la subasta, ya que no pueden coexistir dos inscripcio-nes de propiedad de la misma finca, antagónicas y contrarias.
“Presentado el documento de venta hecha por el marshal, y en-contrándose inscrita la finca a fav'or del que la compró, durante el litigio, el registrador hace aplicación estricta del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, y deniega la inscripción. Y, a nuestro entender, él no puede, por el momento, hacer otra cosa. Si el actor o demandante en el caso en que se hizo la adjudicación quiere hacer firme su derecho, debe acudir, al procedimiento del artículo 71 de la Ley Hipotecaria, y pedir la notificación; si el adquirente paga dentro del término legal, nada ha perdido aquel demandante, si no lo hace, su inscripción se cancela, y el obstáculo queda suprimido.”

En el caso de Dávila v. Registrador, 24 D.P.R. 707, tuvo esta corte oportunidad de interpretar y aplicar los dos últi-mos párrafos de la adición, así:

“No vemos razón por la cual los recurrentes no tienen derecho a que su escritura sea registrada en su totalidad. , Los traspasos e ins-cripciones a favor del acreedor y de sus compradores se hicieron con posterioridad a la anotación de la demanda en el registro y se hicieron con completo conocimiento de la pendencia del pleito y sujetos a sus resultas. El objeto de la anotación de la demanda es avisar a las demás personas de que si adquieren después algún derecho en los bie-nes anotados lo perderán si el anotante obtiene éxito en la demanda que la originó, y si bien el artículo 20 de la Ley Hipotecaria en que parece apoyarse el registrador para negar la inscripción de parte de la finca por aparecer inscrita a favor de terceras personas, dispone que para inscribir o anotar los títulos en que se transfiera o grave el do-minio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales deberá cons-tar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otor-gue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen, este pre-cepto se refiere a las inscripciones en general mas no a las que puedan hacerse como consecuencia de un pleito anotado en el registro, porque para estos casos es de aplicación el artículo 71 que permitiendo la enajenación o grav'amen de los bienes inmuebles o derechos reales anotados, sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, dispone como consecuencia en uno de sus iDárrafos que si se hubiere inscrito, será título hábil para que se cancele el testimonio de la sentencia firme favorable al demandante, declaración que tiene su desarrollo en el artículo 142 del reglamento para su eje-cución, igual al 76 de España, al disponer la manera cómo la anota-ción preventiva ha de convertirse en inscripción al adquirir definiti-vamente el derecho anotado la persona a cuyo favor se había hecho Ja anotación. Véanse las Resoluciones de la Dirección General de los Registros de España de 10 de septiembre de 1881 y 19 de enero de 1897.
"Siendo, pues, inscribible la escritura que motiva el recurso, la nota recurrida debe ser revocada y ordenarse al registrador que pro-ceda a su inscripción convirtiendo la anotación preventiva en inscrip-ción definitiva cancelando las inscripciones posteriores a la anota-ción preventiva.”

Véanse además los casos de Sucesión Franceschi v. Registrador, 42 D.P.R. 854; Díaz Mediavilla v. Registrador, 39 D.P.R. 114; Quintana v. Registrador, 36 D.P.R. 215, y Bello et al. v. Registrador, 31 D.P.R. 118.

Pero el caso de autos — anotación por haberse negado la inscripción por defecto calificado de insubsanable — no está comprendido en ninguno de los párrafos de la adición, y cons-tituiría legislación judicial el que esta corte ordenara que pro-cede la conversión de la anotación en inscripción definitiva quedando a virtud del nuevo asiento cancelada la inscripción verificada después de la anotación. Si resolviéramos que pro-cedía inscribir la conversión sin que ésta produjera el efecto de cancelar la inscripción anterior, montaría a tanto como a ordenar deliberadamente la subsistencia de inscripciones con-tradictorias, lo que se opone enteramente a los fines del re-gistro.

A menos, pues, que la Legislatura enmiende la ley pres-cribiendo el procedimiento que debe seguirse para los casos del artículo 42 no cubiertos por la adición al artículo 71 de la Ley Hipotecaria, en situaciones como las que presentan los casos de González Clemente, supra, y éste que estudiamos y resolvemos, no obstante lo claro que pueda parecer el derecho de los anotantes y la prioridad de. sus gestiones en el Regis-tro, están imposibilitados de obtener en éste una inscripción definitiva y completa basta que obtengan en un pleito adver-sario la decisión de la corte de justicia competente declarándo-la cancelación de la inscripción heeba con posteridad a Iíl anotación.

La regla reconocida y aplicada en el caso de González Clemente, supra, queda en pie, y en su consecuencia debe confir-marse y se confirma la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Oókdova Dávida,

text:
    Jesús Rivera Turres, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Pablo Berga, Juez, demandada.
    No. 879.

    Sometido: Febrero 6, 1933.

      Resuelto: Marzo 28, 1933.

      B. Padró Pares, abogado del peticionario; A. Román Font, F. García Quiñones y Luis Mendín Sabat, aboga.dos de la demandada en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Oókdova Dávida,

emitió la opinión del tribunal.

En junio de 1932 Jesús Rivera Torres, dueño de un esta-blecimiento comercial en la ciudad de Caguas, inició una ac-ción en cobro de dinero contra la Sociedad Protectora de Des-amparados, Inc., en la. cual alegó entre otras cosas que en mayo de 1930 el Sr. José N. Aponte, en su carácter de ad-ministrador o presidente de la corporación demandada, soli-citó crédito en el establecimiento comercial del demandante, comprometiéndose dicha corporación a liquidar y pagar el importe de las mercancías así tomadas cada fin de mes. En el hecho cuarto de la demanda alegó el Sr. Rivera Torres lo siguiente:

“Que el demandante aceptó la proposición de la Corporación de-mandada hecha por voz de su Administrador Sr. José N. Aponte en lá forma que se deja expresada, y abrió crédito a dicha demandada en su establecimiento comercial denominado ‘Colmado Amparo’, abriéndole una cuenta por concepto de mercaderías cuya primera, par-tida lo fué en 13 de mayo de 1930, y de esa fecha en adelante con-tinuó la Corporación demandada tomando provisiones a crédito en el establecimiento comercial de este demandante, cuenta que siguió su curso hasta diciembre 31 de 1931, en cuya fecha sumó $614.42.”

Eu 2 de julio de 1932, a petición del demandante, se anotó la rebeldía de la demandada y en 5 de julio el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en favor del demandante. Aparece de los autos que el mismo día 5 la de-^mandada radicó unas excepciones previas a la demanda y que el 20 de dicho mes solicitó la apertura de la rebeldía, acom-pañando a sn solicitud un affidavit de mérito. Esta moción no ha sido aún resuelta por la corte.

Pidió el demandante que se expidiera orden de ejecución para hacer efectiva la sentencia y esta petición fuá denegada por la corte sobre la base de que la demanda.no aducía he-chos bastantes para constituir una causa de acción. Las ra-zones que tuvo la corte inferior para llegar a esta conclusión se expresan en el párrafo que copiamos a continuación:

“Hemos considerado cuidadosamente esta moción y por cuanto en la demanda se trata del cobro de una cuenta abierta (open aócount), por materiales tomados a crédito desde mayo 13, 1930, a diciembre 31 de 1931, en cuya última fecha el demandante paralizó -el despacho de las mercaderías, lo que resulta claramente de las alegaciones IY y YI, y no tratándose de una cuenta liquidada (account stated), cuyo saldo se hubiera pasado a la demandada y ésta lo hubiera aceptado o impugnado; y por cuanto no se incluyen en la demanda las partidas de mercaderías vendidas y entregadas a la demandada y no pagadas por ella, el precio, y todas las demás circunstancias necesarias para formar una conclusión exacta y completa de las transacciones ocurri-das, visto el caso de Rubio e Hijos v. Carrasco, 26 D.P.R. 255, apare-ciendo así que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.
“Se declara sin lugar la moción del demandante para que se or-dene la ejecución de la sentencia, registrada en rebeldía por el Secre-tario teniendo como base dicha demanda.”

Nosotros entendemos que-la demanda no adolece del de-fecto que le atribuye la corte a quo en su opinión.

El artículo 124 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, equivalente al 454 del Código de California, dice así:

“En las alegaciones no es necesario que la parte que alega la exis-tencia de alguna cuenta detalle las partidas de ésta, pero deberá en-tregar a la parte contraria, dentro de los diez días de haberla pedido por escrito, una copia de dicha cuenta, requisito sin el cual quedará imposibilitada de presentar prueba en apoyo de la misma. La corte o juez podrá disponer la presentación de otra cuenta además de la presentada, si ésta fuere demasiado general o resultare defectuosa, en alguno de sus particulares.”

La a disposiciones de este artículo facilitan la concisión en la exposición de los hechos y simplifican el procedimiento. El demandado en nada se perjudica. La ley le proporciona los medios de conocer las partidas en detalle, si es éste su deseo. El demandante no tiene otra alternativa que detallar-las partidas o resignarse a verse privado de poder probar su reclamación.

El caso de Rubio v. Carrasco, 26 D.P.R. 255, aplica prin-cipios que tienen su origen en el derecho común. En la ac-tualidad el procedimiento ha variado en muchos estados, de acuerdo con las disposiciones de sus respectivos estatutos. Esta misma corte, en el caso de Jiménez v. Alfonso, 29 D.P.R. 325, se expresó así:

“Tampoco era necesario que se incluyeran en la demanda las diversas partidas vendidas y entregadas al comprador y no pagadas por él, el precio y las demás circunstancias de las distintas compras hechas, pues el Código de Enjuiciamiento Civil excluye tal. necesidad en. su artículo 124.”

Continúa diciendo la corte en dicho caso que según dicho artículo el demandante no tenía que detallar las partidas de la cuenta en que basaba su acción, sino que al demandado incumbía pedir una copia de dicha cuenta para contradecirla en el juicio si así convenía a su derecho.

En el caso de Sanabria v. Rosa, 32 D.P.R. 585, esta corte sostuvo que no es necesario que en la demanda se expresen las partidas que forman la cuenta corriente, según el artículo 124 del Código de Enjuiciamiento Civil, que impone al de-mandante la obligación de entregar copia de dicha cuenta al demandado si éste se la pide, sin cuyo requisito no podrá pre-sentar prueba en apoyo de la misma.

No estuvo acertada la corte inferior al negarse a expedir orden de ejecución basándose en que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de ac-ción; pero su resolución debe ser sostenida porque la sen-tencia dictada por el secretario adolece del vicio de nulidad. Este funcionario en el ejercicio de sns facultades, que son puramente ministeriales, no pudo dictar la referida senten-cia, por tratarse de una cuenta ilíquida que el demandante estima en la cantidad de $614.42, fijando alzadamente el pre-cio de las mercancías vendidas. La apreciación del deman-dante, aunque sea justa y razonable, no convierte en definida y cierta la cantidad alegada ni puede tener el carácter de una liquidación. También esa apreciación puede ser exagerada y arbitraria. Sostener que el demandado, en virtud de la re-beldía, acepta el precio que el demandante fije a los bienes, equivaldría a autorizar a éste para obtener un fallo a su favor, aunque la suma que reclame sea exagerada y arbitraria.

Cuando se reclama una suma razonable por honorarios de abogado la acción judicial debe determinar el montante, y el secretario no puede dictar sentencia por el becbo de que el demandante haya reclamado una suma determinada en la de-manda. Esto está en armonía con la regla general de que cuando se ejercita una acción para reclamar el valor razo-nable de bienes vendidos o servicios prestados la cuantía queda en la incertidumbre y el hecho de que se alegue una suma determinada como valor razonable no cambia la situa-ción para permitir al secretario que registre sentencia sin que la corte haya fijado la cuantía. 14.Cal. Jur. 895.

De acuerdo con el caso de Benítez v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 450, donde se adopta la doctrina sentada por la Corte Suprema de California en el caso de Landwehr v. Gillette, 174 Cal. 654, y con el caso de Congress Cigar Co. v. Angelina Grau et al., recientemente resuelto por este tribunal (ante pág. 649), opinamos que la sentencia dictada por el Secreta-rio de la Corte de Distrito de San Juan adolece del vicio de nulidad.

Debe declararse sin lugar la solicitud, amolarse el auto ex-pedido y devolverse el récord a la corte de su origen.


author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    Pablo Trucharte, demandante y apelante, v. Bernardo Fernández Porrero, Francisco Marchán Sicardó como albacea testamentario de Rosalía Martínez Llonin y la Sucn. de ésta compuesta de José Martínez Llonín, Bernardo Fernández Porrero, Dolores y José B. Martínez Torres y Pío Martínez Díaz, demandados y apelados.
    No. 5313.

    Sometido: Enero 10, 1933.

      Resuelto: Marzo 28, 1933.

      H. B. Francis y M. Cruz Doria, abogados del apelante; D. Torres Sola, abogados de los apelados.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del , tribunal.

Este pleito se inició por Pablo Trucharte contra Bernardo Fernández, por demanda radicada en abril de 1924. En marzo de 1926 se archivó una demanda enmendada y otra en mayo siguiente. Muerta la esposa del demandado doña Bosalía Martínez, el demandante en octubre 1927 presentó otra de-manda enmendada incluyendo como partes demandadas al demandado original, a Francisco Marchán, albacea de Rosa-lía Martínez, y a José Martínez, Bernardo Fernández, Dolores, José B. y Pío Martínez, componentes de su Sucesión. No fué ésa la última demanda enmendada: otra se presentó en noviembre de 1928, contra la cual formuló excepciones pre-vias en diciembre siguiente el demandado Bernardo Fernán-dez. Las dichas excepciones figuran a las páginas 135 y 136 de la transcripción y a las páginas 136 y 137 de la misma aparece una sentencia que copiada a la letra dice:

“Vista la moción sobre anotación de rebeldía presentada por el demandante en este caso, y apareciendo de los autos que la deman-dada Sucesión de Rosalía Martínez Llonín, compuesta de José Mar-tínez Llonín, Bernardo Fernández Porrero, Dolores Martínez Torres, José B. Martínez Torres, y Pío Martínez Díaz, no ban introducido ale-gación alguna en este caso, ni pedido prórroga para hacerlo.
“El Secretario que suscribe, luego de tomar razón de la rebeldía de dichos demandados, registra sentencia condenándoles a pagar al demandante la suma de Catorce Mil Dólares, intereses legales desde esta fecha, y sin especial condena de costas.
“San Juan, P. R., diciembre 27 de 1928. (fdo.) L. Vergne Ortiz, Secretario, (f) P. del Manzano, Subsecretario.”

Las excepciones formuladas por el demandado Bernardo Fernández fueron declaradas sin lugar en enero de 1929 y el dicho demandado archivó entonces su contestación negando la existencia del convenio alegado en la demanda. Consta que el juicio se señaló para noviembre de 1929, pero no si llegó a celebrarse.

Esto en cuanto al demandado Bernardo Fernández. En cuanto a la sentencia en rebeldía registrada por el Secretario contra la Sucesión de la esposa fallecida del dicho deman-dado, de la cual forma parte el propio demandado Bernardo Fernández, aparece de los autos que fué anulada por la Corte de Distrito en marzo 17, 1930, a virtud de moción que le pre-sentara la indicada Sucesión, después de oídas todas las par-tes interesadas. El presente recurso se interpuso contra la resolución anulatoria de marzo 17, 1930.

Lo pertinente de los hechos en que se funda la acción que se ejercita es como sigue:

“PrimbRA oausa de acCión. — 2. Que el demandado Bernardo Fer-nández Porrero era dueño, allá por los meses de julio y agosto de 1923, de varios bienes raíces situados en . . .
“3. Que allá por la época mencionada en el párrafo anterior, el demandante y el demandado celebraron un eonv'enio, en el cual el demandado convino en nombrar y nombró al demandante su ag’ente para gestionar la venta de todos los bienes raíces del demandado, si-tuados en ; autorizando al demandante a gestionar la venta de todos los repetidos bienes por el precio de $40,000.00, obligándose el demandado a pagar al demandante, siempre y cuando éste agenciare la repetida venta, la suma de $5,000.00, y además, el valor de todo lo que se agenciara con el demandante, o sea el sobrante o ventaja adi-cional a los $40,000.00 que consiguiera el demandante en el negocio que se afeetuase.
“4. Que e] demandado aceptó la agencia expresada . . .
“5. Que después de haber el demandado empleado un largo tiempo . . ., el repetido Pedro Moczó y Baniet, allá por los meses de septiembre y octubre de 1923, aceptó el negocio propuesto por el de-mandante, y se convino en llevar a efecto el negocio propuesto por el demandante, o sea la compraventa de los repetidos bienes, con ex-cepción de tres fincas, por el precio de $40,000.
“6. Que el demandante personalmente llevó al Sr. Pedro Moczó y Baniet donde el demandado para los fines arriba indicados, y ce-rrado el negocio, se llevó a efecto la escritura procedente el día 2 de enero de 1924.
“7. Que las tres fincas del demandado Bernardo Fernández Po-rrero no incluidas en dicha venta tienen un valor de $9,000.00, siendo dichas tres fincas . . .
“8. Que, según información y creencia de la parte demandante, el demandado Bernardo Fernández ha vendido las dos propiedades descritas en el párrafo anterior bajo los números 1 y 2, y tiene al-quilada la casa descrita bajo el número 3, siendo 'el v'alor de las tres propiedades $9,000.00; que el demandado se ha negado a pagar al demandante el importe de las precitadas sumas de $5,000.00 y $9.000.00 ó sea un importe de $14,000.00.
“9. Que al ocurrir los hechos alegados ... el demandado Bernardo Fernández Porrero estaba casado con doña Bosalía Martínez Llonín, quien falleció . . .
“Segunda causa de aooiÓN. — 2. Que allá por la época mencionada en el párrafo anterior, el demandado Bernardo Fernández Porrero utilizó los servicios del demandante para gestionar la venta de los bienes raíces del demandado arriba descritos, entendiéndose entre diebo demandado Bernardo Fernández Porrero y el demandante que aquél pagaría a éste el valor de sus servicios en las repetidas gestio-nes.
“3, 4, 5, y 6. Idénticos.
“7. Que el valor de los mencionados servicios prestados por el demandante al demandado Bernardo Fernández Porrero es de $14,000.00.
“9. Idéntico.”

Basta la mera exposición de esos hechos para concluir que no se trata de un caso en que pueda el Secretario, de acuerdo con el No. 1 del art. 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, registrar por sí mismo, sin intervención de la Corte, una sen-tencia en rebeldía condenando a la Sucesión de Rosalía Mar-tínez a pagar al demandante los catorce mil dólares que en su demanda reclama.

Las decisiones de esta Corte en las cuales se ha interpre-tado el art. 194, No. 1, del Código de Enjuiciamiento Civil son varias. Bastará referirnos a la del caso de Benítez v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 450, en la cual se transcribió, a fin de que sirviera de guía a las Cortes de Distrito, gran parte del razonamiento de la de la Corte Suprema de California en el caso ele Landwehr v. Gillette, 174 Cal. 654, inter-pretando un precepto similar al que rige en Puerto Rico. Véanse también los casos de Congress Cigar Co. v. Angelina Grau, resuelto el 15 de marzo actual, (ante pág. 649) y Rivera v. Corte de Distrito de San Juan, decidido en el did de hoy (ante, pág. 817).

Aquí se trata de un pleito iniciado contra Bernardo Fernández basándose en un contrato que se dice celebrado con él por virtud del cual le encomendó al demandante la gestión de la venta de bienes de su pertenencia ofreciendo pagarle por su trabajo cinco mil dólares y además todo lo que se obtuviera por encima de cierta cantidad fijada a dichos bienes, en cuyo pleito compareció el demandado y negó la cele-bración de tal contrato sin que conste que el pleito haya ido a juicio y se haya resuelto por sus méritos. En la demanda se dijo que al ocurrir los hechos alegados el demandado Fer-nández estaba casado con doña Rosalía Martínez, y como ésta dejara de existir pendiente el pleito se incluyó como deman-dados a su albacea y a sus herederos y como dejaran de con-testar separadamente, se anotó su rebeldía y se pidió al Se-cretario que dictara como dictó sentencia por sí mismo con-denándolos al pago de la totalidad de la reclamación.

Es muy dudoso que dados los hechos que en la demanda se exponen hubiera podido registrarse una sentencia en re-beldía por el Secretario contra Bernardo Fernández. Que no pudo registrarse contra su esposa o contra su Sucesión, es evidente.

No surge relación contractual alguna a virtud de la cual los herederos de la esposa deban responder. El contrato de agencia se celebró con el esposo para la venta de bienes de su propiedad. Para sostener como sostiene en su alegato el apelante que se trataba de bienes que tenían la presunción legal de gananciales, no bastaba alegar que el contrato se ce-lebró estando casado Fernández con la causante de los here-deros demandados, sino que los bienes sobre los cuales versó se adquirieron constante el matrimonio. Otras razones exis-ten que sostienen la corrección de la resolución recurrida.

Bajo las circunstancias que aquí concurren la sentencia registrada por el Secretario puede considerarse como una mera nulidad, pudiendo en su consecuencia hacerse tal declaración por la corte competente después de transcurrido el término que fija el art. 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

De haberse solicitado la desestimación de esta apelación por frívola no hubiera tardado tanto en resolverse el recurso. Su vista se celebró en febrero de 1932 sin informe de los abogados de las partes, concediéndose al de la apelante por estipulación que hiciera con el de la apelada un término para la presentación de un alegato adicional, término que fué ex-tendiéndose a virtud de mociones presentadas. En la última, qne lo fné en enero 7, 1933, se solicitó una prórroga de tres días, sin que dentro de ella ni después se llegara a archivar el alegato.

Debe declararse lugar el recurso y confirmarse la re-solución apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Pedro Polanco Díaz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 888.

    Sometido: Marzo 23, 1933.

      Resuelto: Marzo 28, 1933.

      E. Campillo, abogado del recurrente; el Registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 11 de febrero de 1930 comparecieron ante el notario público Enrique Campillo de una parte José Bazán y su es-posa y de la otra Justino Barreto y otorgaron una escritura por virtud de la cual los primeros cedieron al segundo un crédito hipotecario que tenían constituido a su favor sobre cierto solar ubicado en Santurce, manifestando además los esposos Bazán que la hipoteca se había ampliado por escri-tura pública de abril 12, 1927, otorgada por los dueños del solar, Pedro Polanco y su esposa, para garantizar trescientos dólares más de principal y setenta y cinco para accesorios, habiendo los dichos dueños del solar pagádoles los expresa-dos trescientos dólares con los intereses devengados, motivo por el cual les otorgaban carta de pago, quedando así subsis-tente sólo la primitiva hipoteca que era la que cedían a Ba-rreto.

Presentada la escritura de 11 de febrero de 1930 en el registro, causó la siguiente nota:

“Inscrito este documento en cuanto a la cesión de crédito ... y denegada la inscripción en cuanto a la cancelación porque el crédito hipotecario que se cancela se halla embargado a favor de The National City Bank of New York según la anotación letra A, y tomada anota-ción preventiva por 120 días . . . San Juan, enero 24 de 1933.“

No conforme Pedro Polanco interpuso el presente recurso gubernativo alegando que el registrador de oficio debió can-celar la ampliación de la hipoteca de que se trata porque de los documentos presentados aparecía claramente que la ce-sión y la cancelación parcial se habían efectuado con ante-lación a la fecha del embargo anotado, invocando en su favor la jurisprudencia de esta Corte Suprema establecida en los casos del Banco Territorial v. Vidal, 2 D.P.R. 231 y Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D.P.R. 83, como sigue:

“La anotación preventiva de un embargo sólo es válida respecto a gravámenes constituidos con posterioridad a dicha anotación, no pudiendo lastimar el derecho de dominio en un crédito hipotecario ad-quirido con anterioridad en virtud de cesión en pago de una deuda, aun cuando se hubiere hecho la anotación preventiva de embargo con anterioridad a la inscripción de dicha cesión.” Banco v. Vidal, 2 D.P.R. 231.
“La anotación de un embargo con prohibición de enajenar, no puede convertir en real una acción que carezca de este carácter, ni puede perjudicar los derechos adquiridos por un tercero, sobre los mismos bienes, con anterioridad a la anotación, aunque su título no estuviera inscrito al tiempo de verificarse la anotación, ni puede ésta darle al que la obtuviere el carácter de tercero respecto de aquéllos que hubieran adquirido tales derechos anteriores, pues la ley le concede preferencia sólo en cuanto a enajenaciones o gravámenes reali-zados con posterioridad a su anotación.” Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D.P.R. 83.

Presenta este caso una cuestión de igual naturaleza que la resuelta en el de El Pueblo v. Registrador, 44 D.P.R. 797. No se trata del derecho del recurrente a la cancelación, sino de si puede el registrador verificarla con la sola presentación de la escritura.

Dice el registrador en su alegato:

“El Registrador que suscribe entiende que no incumbe a él resolver esta cuestión en que es preciso clasificar derechos de otros, misión que corresponde a los tribunales, a tenor de las disposiciones del Código Civil, estando impedido el Registrador de penetrar en esa esfera de acción, por tener que ajustarse estrictamente a lo que dis-pone la Ley Hipotecaria, que le obliga a esperar el resultado de toda reclamación de derechos.
“No quiere esto decir que nosotros creamos que el derecho no esté de parte del dueño y deudor, al menos aparentemente, pues para prac-ticar embargos es necesario que la cosa pertenezca al deudor deman-dado. Solamente sostenemos que este punto no es materia de Regis-tro, sino de Tribunales.
“Véase un caso similar sobre preferencia de derechos en 27 D.P.R. 628.”

Sigue exponiendo otras razones, pero creemos que lo dicho es suficiente. Las dos decisiones que invoca el recu-rrente no se dictaron en recursos gubernativos, sino en plei-tos seguidos ante los tribunales de justicia. A éstos debe acudir y si los hechos son en verdad como surgen de la es-critura de cesión y carta de pago, le será fácil obtener la cancelación de la anotación del embargo de que se trata.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Miramar Realty Co., Ltd., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 884.

    Sometido: Febrero 3, 1933.

      Resuelto: Marzo 28, 1933.

      R. Castro Fernández, abogado de la recurrente; el Registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 26 de septiembre de 1925 se constituyó la Miramar Bealty Co., Ltd., que se denominó una sociedad civil. El ob-jeto de la compañía era dedicarse a la compra, venta y ex-plotación de bienes inmuebles. Se hicieron varias substitu-ciones de socios o dueños. Miguel Echevarría Navarro era uno de los miembros de la sociedad. Después de su muerte, los otros miembros celebraron una junta y designaron a Herman L. Cochran como liquidador de la sociedad. Aparece que se notificó a los herederos de Echevarría de esta junta, pero siguiendo el consejo de su ahogado, por razones propias de ellos, o sea, que no estaban preparados para aceptar la herencia de Echevarría se negaron a tomar parte en la junta. Hicieron constar que ni se allanaban ni se oponían al nom-bramiento de- un liquidador. Con anterioridad a su muerte, Echevarría cedió cierto interés o beneficio en la Miramar Realty Co., al American Colonial Bank en favor de ciertos bancos o acreedores. Posteriormente Herman L. Cochran, como liquidador, otorgó escritura de compraventa de bienes pertenecientes a la Miramar Realty Co., a Belén Aldea Yda. de Agüero. Se negó la inscripción de la escritura. La nota del registrador lee así:

“Denegada la inscripción de este documento en cuanto a la venta, única operación solicitada, con vista de otros, porque dados los tér-minos en que está redactada la escritura de cesión por Miguel Eche-varría a los bancos de referencia, no puede precisarse si lo cedido es capital o beneficios sociales o ambos conceptos, y porque a la escritura de disolución y nombramiento de liquidador no comparecen los cesio-narios o causahabientes del socio cedente fallecido, requisito que se estima necesario para la validez de dicha disolución y nombramiento, y por tanto de la venta efectuada, sin que tenga eficacia alguna la manifestación que se hace en la escritura de disolución de haberse convocado a todos los socios y haber dejado de comparecer a la junta los referidos.”

No consta en este recurso gubernativo, según parece sostener la recurrente, que el registrador resolviera que los bancos tuvieran otro interés que no fuera el de acreedores. Lo que resolvió, en efecto, fué que si éstos tenían mayor interés o interés distinto, o si tenían algún título, ellos debieron haber sido notificados y haber tomado parte en la junta celebrada con el objeto de nombrar un liquidador. Al hacer una lectura de la escritura convenimos con la recurrente en que los bancos eran tan sólo acreedores y no tenían derecho a tomar parte en dicha junta. Nada hay en la escritura que demuestre que se traspasara el título a los bancos acreedores.

De conformidad con el artículo 146 del Código de Comercio de 1932 y el artículo 1561 del Código Civil de 1930, la liquidación debe regirse por las disposiciones adoptadas en la escritura de constitución de sociedad. El artículo 1561 del Código Civil, edición de 1930, dispone:

“Las sociedades civiles, por el objeto a que se consagren, pueden, revestir todas las formas reconocidas por el código de comercio. En tal caso, les serán aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan a las del presente código.”

La escritura misma proveía que al disolverse la sociedad, ella sería liquidada por todos los socios gestores si éstos no convenían en que se designara un amigable componedor. También disponía que la muerte de uno o más de los socios no sería motivo para disolver la sociedad, la que continuaría con los supervivientes y los herederos del o de los fallecidos, etc., pero que en ese caso el uso de la firma social sólo lo tendrían los socios supervivientes. De la cláusula décimosexta aparece que la liquidación podría tener efecto a instancia de todos los socios gestores.

Nos inclinamos a convenir con la recurrente en que de con-formidad con dicha escritura los socios gestores al tiempo de designar un liquidador o de la supuesta disolución lo eran Carrión y Oochran, quienes conjuntamente representaban más de la mitad del activo de la sociedad.

El caso de Mendía v. Arzuaga, 37 D.P.R. 368, es autoridad al efecto de que si una escritura contiene una cláusula de imposible cumplimiento, será ineficaz en cuanto a ese particular. Tomando ese caso por norma, resolvemos que la escritura en el presente caso, si es que ha de dársele efecto, tendería a permitir que los socios supérstites actuaran a nombre de todos. Si no ha de prevalecer la escritura, entonces deben seguirse las disposiciones del Código Civil, ubi supra. Además, los socios sobrevivientes hicieron toda gestión posible para que los herederos estuvieran presentes.

Creemos que el registrador está equivocado al sostener que todos los miembros de una sociedad deben intervenir en la escritura de disolución.

Tenemos algunas consideraciones adicionales que hacer. La Miramar Realty Co. era una sociedad civil. Todos sus socios eran condueños de los inmuebles de la sociedad. Así, pues, si es dudosa la aplicación de la escritura social o del derecho mercantil, entonces la mayoría de los dueños en común de determinada propiedad tienen derecho, especialmente después de notificar debidamente a los otros, para adoptar cualquiera medida legal necesaria. Esta conclusión surge de los artículos 399 et seq. del Código Civil, especialmente del artículo 405, y de la cita de Odriozola hecha por el registrador (Odriozola, Diccionario de la Jurisprudencia Hipotecaria de España, página 1052). Si no se venden los bienes antes de la disolución, según se desprende de esa cita, los socios se convierten en condueños o comuneros.

Debe también recordarse que la Miramar Realty Co, fué organizada para la compraventa de bienes inmuebles. Este no es un caso corriente de dominio de bienes inmuebles por particulares o por personas que acaban de heredar sus bienes. La escritura misma demuestra que el objeto de la Miramar Realty Co. era comprar y vender bienes y dividir las ganancias o pérdidas. Esto era lo que el liquidador trataba de hacer en este caso, y la tendencia de las cortes siempre es dar efecto a la intención de las partes. El liquidador sostiene por su abogado que existen otras ventas de fincas que serían afectadas por la decisión del registrador. En caso de duda, Cochran y Carrión estarían impedidos de alegar -que poseían un título contrario al del adquirente, y creemos que prevalecería una situación similar contra los herederos de Echevarría, toda vez que a ellos se les dió la oportunidad de acudir a la junta y no lo hicieron.

Debe revocarse la nota recurrida y hacerse la inscripción.