author: El Juez Asociado Señoe Cóbdova Dávila,

text:
    Santos Buxó, Jr., demandante y apelado, v. Emigdio Osvaldo Sellés Roldán, Pedro Villafañe y su Esposa María Collazo, demandados y apelantes.
    No. 6683.

    Sometido: Mayo 28, 1934.

      Resuelto: Mayo 29, 1934.

      Biorset & Pérez Pimentel, abogados de los apelantes; Gonzalez Pa-gundo & González Jr:, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se dictó sentencia con fecha 13 de marzo de 1934, condenando a los demandados a satisfacer al deman-dante la suma de $800 con las costas. En 15 de marzo de 1934 esta sentencia fué notificada a.los demandados, quienes, en 17 de abril del mismo año, interpusieron contra la misma recurso de apelación. Alega el demandante que el término de treinta días para poder apelar de dicha sentencia venció el 14 de abril del corriente año, y que no pudiendo extenderse, por tratarse de un término jurisdiccional, debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto por los demandados.

En 20 de abril de 1934 el secretario de la Corte de Dis-trito de Humacao certifica que la sentencia dictada contra los demandados fué notificada a los mismos “uniendo a los autos una copia de dicha notificación.” Arguyen los demandados que de esta certificación no aparece en forma alguna la fecha en que se archivara la notificación de la sentencia y que, como el término para apelar se cuenta a partir de la fecha en que dicha notificación se archiva por el secretario de la corte sen-tenciadora con los autos del caso, no procede la desestimación por haberse interpuesto el recurso antes de haber vencido el término que la ley señala para apelar.

Tienen razón los apelantes. El secretario certifica que unió a los autos una copia de la notificación, pero no dice ni puede deducirse de sus palabras cuándo quedó unida a los autos la referida notificación. Los términos para apelar son fatales. Comprendiéndolo así el legislador ha querido fijar con certeza la fecha en que comienza a correr el término para apelar. T es necesario seguir al pie de la letra las palabras de la ley para que pueda saberse a ciencia cierta cuándo co-mienza y expira el plazo dentro del cual puede establecerse i recurso de apelación. La sección 2 de la ley de marzo 9 de 191.1, que enmendó el inciso primero del artículo 295 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil, prescribe que “la notificación será archivada con los autos, y el término para establecer el recurso de apelación empezará a correr desde la fecha del archivo de dicha notificación con los autos.” Es ésta una fecha que debe constar claramente, para que puedan cumplirse las disposiciones de la ley y no dejarse en la incertidumbre como ocurre en el presente caso.

No ha lugar a la desestimación del recurso interpuesto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Bartolomé Fiol Gomila, demandante y apelante, v. Leandro López de la Rosa y Simón Axtmayer, demandados y apelados; y J. A. López Antongiorgi, interventor y apelado.
    No. 6140.

    Sometido: Diciembre 14, 1933.

      Resuelto: Mayo 29, 1934.

      E. Torres Sola, abogado del apelante; G. Iriarte y F. Fernández Gu-yar, abogados de los demandados y apelados; E. B. Francis, abo-gado del interventor y apelado.
   El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En primero de julio de 1930 Bartolomé Fiol y G-omila so-licitó de la Corte de Distrito de San Juan la expedición de nn auto de injunction contra Leandro López de la Rosa y Simón Axtmayer para que por sí y por conducto de sus em-pleados y subalternos se abstuviesen “para siempre de usar para clínica o para otros fines no residenciales las casas se-ñaladas con los Nos. 1 de la Avenida Olimpo y 4 de la calle Palma, las que actualmente ocupa la Clínica Miramar del Sr. Leandro López de la Rosa.”

Se alegó en la demanda que el demandante es dueño del solar y casa No. 2 de la calle Palma, de Miramar, Santurce-; que el demandado Axtmayer es dueño del solar y casa No. 1 de la -calle Olimpo, de Miramar, Santurce, que linda por su fondo con el del demandante, y que el demandado López de la Rosa tiene instalada una clínica u hospital dedicado al negocio lucrativo de atención de enfermos en la casa del de-mandado Axtmayer y en otra casa que se levanta en otro solar contiguo al del demandante, marcado con el No. 4 de la calle Palma, que pertenece a José A. López Antongiorgi. Los referidos solares fueron vendidos originalmente por la Asociación Popular Cooperativa de Construcciones, Ahorros y Préstamos, con la siguiente restricción que se hizo constar en el Registro de la Propiedad:

“Estos solares no se destinarán a establecimientos mercantiles o industriales, sino precisamente a construcciones de casas para habi-tación. ’ ’

Se alegó además que a pesar de conocer los demandados la restricción apuntada, el demandado Leandro López de la Rosa, contra la voluntad del demandante, viene usando y usa en la actualidad los reseñados edificios como arrendatario de Simón Axtmayer y de José A. López Antongiorgi, dedicán-dolos a alojar enfermos como hospital, mediante lucro, y para otros fines no residenciales. Se alegó por último que el de-mandante, debido a la instalación de dicha clínica u hospital en el expresado sitio, sufre daños graves e irreparables, por-que no puede arrendar su casa a causa de los ruidos, malos olores y otras inconveniencias inherentes al funcionamiento de un hospital, que constituyen un estorbo y un peligro para el demandante.

En el pleito intervino el dueño del solar y casa No. 4 de la calle Palma, López Antongiorgi, contestando finalmente la demanda los demandados y el interventor, negando ciertos hechos y alegando defensas especiales que pueden resumirse así: que la casa del demandante, siendo suya, fué arrendada a la Sra. Amelia Dávila de Mock, para que dicha señora ins-talara en ella la Clínica Miramar y que continuó instalada en dicha casa por un período mayor de dos años; que el demandado López de la Rosa adquirió dicha clínica del Dr. Biascochea en 1927 por precio de veinte mil dólares, gastando luego crecidas sumas en ella, bajo la creencia de que no exis-tía oposición por parte de persona alguna ni menos del de-mandante, ya que dicha clínica venía funcionando pública-mente desde que fué establecida en 1914 por la Sra. Mock, y estuvo instalada en parte, como se ha dicho, en la propia casa del demandante. Durante la vista de la causa el deman-dante con permiso de la corte presentó una demanda enmen-dada para ajustar las alegaciones a la prueba. Se introdu-jeron dos enmiendas: una haciendo constar que el interventor José A. López Antongiorgi es dueño de la casa marcada con el No. 4 de la calle Palma, la que tiene arrendada al deman-dado Leandro López de la Rosa, y la otra eliminando del título la palabra “injunction” y sustituyéndola por las de “cumplimiento de condición restrictiva.” En la súplica se eliminaron también las palabras “auto de injunction.”

La demanda fué declarada sin lugar. Apeló el deman-dante de la sentencia, atribuyendo a la corte inferior varios errores que consideraremos en tanto en cuanto afectan a las cuestiones fundamentales ventiladas en este litigio.

No hay duda alguna acerca de la existencia de la restricción invocada. Tampoco hay duda de que esta restricción debe hacerse cumplir cuando el derecho del demandante surge de las alegaciones y la prueba. Dos casos han sido ya resueltos por esta Corte Suprema en relación con los solares de la misma urbanización donde están enclavados la' clínica y el solar.del demandante, a saber: Glines v. Matta, 19 D.P.R. 409, y Macatee v. Biascochea, 37 D.P.R. 1.

En el primero de dichos casos se decidió que puede aeu-dirse al procedimiento de injunction para impedir la viola-ción de las restricciones impuestas a los dueños de solares procedentes de una finca que ha sido urbanizada y que está sujeta a las referidas restricciones. En el resumen de este caso se dice que:

“Cuando una asociación cooperativa de construcción acuerda cier-tas restricciones con respecto a la construcción de edificios, en una finca que ha de ser dividida en solares y se hace constar dichas restric-ciones en la inscripción de la totalidad de la finca en el registro de la propiedad y se mencionan esas restricciones en las subsiguientes escrituras, todos los que posteriormente compran solares están obli-gados a respetarlas, aun cuando en el traspaso a ellos no contraten es-pecíficamente acerca de dichas restricciones.
“Los dueños de solares procedentes de una finca que ha sido ur-banizada afecta toda ella a ciertas restricciones en la construcción de casas que constan en la inscripción de dicha finca en el registro de la propiedad, pueden ejercitar la acción de injunction para impedir que algunos dueños infrinjan dichas restricciones.”

En Macatee v. Biascochea, supra, xesta corte sostuvo que .“la restricción de no levantar edificación alguna que no sea para fines residenciales impuesta sobre determinados terre-nos queda violada al usarse un edificio levantado en dichos terrenos, como hospital.”

Sostiene en su alegato el apelante que la restricción de que se trata constituye una servidumbre negativa tal como se define en el artículo 540 del Código Civil, e invoca lo dicho por esta Corte Suprema en el citado caso de Glines, supra, y en el de Lawton v. Rodríguez, 35 D.P.R. 487. En el primero de dichos casos la corte se expresó así:

“Lo que en realidad alegan los apelantes' es una infracción de sus derechos y la fundan en la posesión que tienen de una parcela de te-rreno. Alegan derechos que si no expresan claramente los de un gravamen o servidumbre, es algo equivalente a esto. Sostienen que-tienen derecho a dejar libre tres metros de espacio de las edificaciones, en la parte de Miramar, donde tienen su residencia. Opinamos que-discuten un derecho real con arreglo a la letra y espíritu del artículo^ 75; y si una de sus principales alegaciones es correcta, el derecho que-alegan tener se refiere a la propiedad más bien que a la persona. Tal fué la cuestión suscitada entre las partes, y los apelados tenían dere-cho a que la misma fuera resuelta en San Juan. ’ ’

En el de Lawton v. Rodríguez esta corte dijo:

“La contención más importante del apelante en contra de la sentencia apelada que declaró con lugar la demanda, es la que sostiene, en resumen, que se trata de una restricción de carácter personal entre vendedor y comprador, que no obliga a futuros compradores para hacerse efectiva por ellos entre sí y que tales restricciones no son las. servidumbres que reconoce el Código Civil para lo cual siempre debe: existir un predio dominante y un predio sirviente.
A nuestro juicio la legislatura al adoptar el Código Civil antiguo en materia de servidumbres, sin introducir ninguna modificación o in-novación en las mismas, no fué porque no se pudiera prever la nueva modalidad que representa las restricciones cuyo carácter se discute y que exigencias de urbanizaciones más modernas parecen imponer por razones de orden sanitario y de ornato o embellecimiento, sino porque el concepto de las servidumbres positiv'as y negativas que define el Código es tan amplio que a poco que se analicen tales restric-ciones no parece que sean extrañas por su naturaleza a las negativas de las que el Código en su artículo 540 prescribe como sigue:
“ ‘Art. 540. — Las servidumbres son además positivas o negativas.
“ ‘ Se llama positiva la servidumbre que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar b'acer alguna cosa o de Laceria por sí mismo, y negativa la que proliibe al dueño del predio sirviente bacer algo que le sería lícito sin la servidumbre.’
“Dentro del tecnicismo legal, si la servidumbre consiste en dejar Racer algo el dueño del predio sirviente (servidumbre positiv'a), o en prohibir a éste hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre (ser-vidumbre negativa), parecería lógico afirmar que las restricciones que obligan recíprocamente a cada dueño de solar, por razón de ser propie-tarios, de sólo fabricar una casa en cada solar, participan en su esen-cia por la prohibición de un uso específico de la cosa ajena, de aque-llas servidumbres que consisten en no lovantar más alto un edificio, servitas non alíius iollendi, y que procedentes del derecho romano habían sido harto conocidas hasta ahora.”

Creemos que en verdad se trata de algo parecido a una servidumbre, pero es lo cierto que ese algo, si bien tiene raí-ces muy hondas en el derecho histórico, por vez primera sur-gió en toda su integridad y tal como se presenta en este caso al iniciarse en esta Isla las llamadas urbanizaciones a virtud de las cuales lotes de terreno de mayor o menor extensión se dedican a la construcción de edificios incluyendo calles, ace-ras, alcantarillado, acueducto y alumbrado, total o parcial-mente, según reglas previamente establecidas, debiendo en tal virtud interpretarse esas reglas de acuerdo con los principios de derecho a la luz de los cuales se han venido interpretando en los estados de su origen, siempre desde luego que no estén esos principios en conflicto con las leyes en vigor en Puerto Rico.

En los propios casos que invoca el apelante, la corte en el primero dijo, por voz de su Juez Asociado Sr. Wolf, que se trataba de algo equivalente a un gravamen o servidumbre y en el segundo por voz de su Juez Asociado Sr. Franco de algo que participaba en su esencia de la natwralem de deter-minadas servidimbres, pero para la resolución de ambos ca-sos se aplicaron principios de equidad, de acuerdo con la ju-risprudencia establecida por las cortes americanas sobre el particular.

De la Enciclopedia Angloamericana, tomo quinto, páginas 4 y 5, copiamos lo siguiente:

“Los derechos creados por cláusulas y pactos restrictivos son ca-lificados frecuentemente de servidumbres; y si bien la forma de cons-tituir estos derechos y los límites dentro de los cuales las cortes de equidad los hacen cumplir difieren de las servidumbres corrientes, sin embargo el hecho de que las cortes los pongan en vigor en forma ne-gativa, y exijan, a fin de adherirlas al suelo, que ellas sean impuestas en beneficio de otros terrenos vecinos, exigiendo en síntesis un predio sirviente y un predio dominante, les hace tener íntima analogía con las verdaderas servidumbres. Tampoco el hecho de que se creen por pacto equivale a una negación de tal naturaleza, pues una servidum-bre puede ser constituida mediante convenio expreso o por concesión, y no es necesario que los derechos se constituyan en el momento en que se enajena el predio dominante o el predio sirviente. Se ha ne-gado, sin embargo, que estos derechos puedan considerarse satisfac-toriamente como servidumbres y las cortes de equidad por lo general hablan de eRos como servidumbres negativas o de equidad, o simple-mente de equidades o aquiescencias.”

El demandante eliminó la palabra injunction del título y de la súplica de la demanda. A pesar de que un cambio de título no altera la naturaleza de la causa de acción, la ver-dad es que tanto en la demanda original como en la demanda enmendada se solicita el cumplimiento de una condición res-trictiva, y precisamente son estas restricciones las que de acuerdo con la jurisprudencia americana se regulan por los principios de equidad.

La prueba demuestra que la Clínica Miramar desde que fué establecida ha funcionado de una manera pública y no-toria y que el demandado López de la Rosa, después de ins-talada esta clínica y de funcionar sin interrupción por unos diez años, adquirió la misma, invirtiendo una suma conside-rabie de dinero. El conocimiento qne tuvo el demandante de la existencia de esta clínica es cosa qne no admite dnda.

Examinemos ahora la prueba aportada en tanto en cnanto se relaciona con la conducta del propio demandante para ver si éste tiene derecho o no a obtener en la actnalidacl el reme-dio que solicita.

Inicia su testimonio el demandante diciendo que en cuanto empezó la obra hace un año y comprendió que no podría fa-bricar allí una casa de cuatro pisos estando la clínica al lado y estando fuera de la ley, se decidió a solicitar un injunction. Con la clínica al lado le sería algo difícil alquilar la casa. Antes, la clínica no le perjudicaba porque era una casa que vivían los “Elks”, pero cuando empezó a construir su edi-ficio notó que era un perjuicio muy grande la clínica. Habla entonces el demandante de los malos olores de las medicinas y las comidas, de los algodones que se arrojan en el patio, de los trajes de los enfermos y de sus quejidos, y de la salida de los cadáveres. Por estas razones la clínica dificultaba el alquiler de la casa.

Así comienza su testimonio el demandante. De sus pala-bras se deduce que a pesar de que la violación de la condi-ción restrictiva databa de muchos años, no había realizado gestión alguna para evitar que continuase violándose, porque hasta la fecha en que comenzó a construir su edificio no le había perjudicado. Conviene hacer constar que la acción ejercitada uo se basa en un estorbo público o privado que el demandante quiere eliminar, sino en una obligación surgida de un contrato que se impuso originalmente al venderse los solares por la Asociación Popular Cooperativa de Construc-ciones, Ahorros y Préstamos. Hacemos esta aclaración úni-camente con el propósito de mantener la pureza del procedi-miento, porque la verdad es que la prueba aportada no de-muestra que el funcionamiento del hospital constituya en la actualidad un estorbo o nuisance.

El testigo declara que en el año 1913 se trasladó a Santo Domingo. Cuando se le pregunta por primera vez cuántas veces vino a Puerto Rico desde esa fecha, responde qne vino nna durante siete años qne estuvo allí. Esta manifestación la repite diciendo qne desde el año 1913 en qne se fue, hasta el 1920 ó 1921 que estuvo en Santo Domingo, sólo vino una vez. Afirma el testigo que la primera vez que vino a Puerto Rico le dijo Cipriano Santos, que corría con la casa, que la había alquilado al Dr. López Antongiorgi y más tarde dice que Cipriano no le habló del Dr. López Antongiorgi, que le dijo que había alquilado la casa a un doctor para una clínica y que le hizo saber que no podía alquilarla para clínica, con-testándole Cipriano. “Yo la alquilé.” Esto ocurre, según el propio testigo, en el año 1915 ó 1916, diciendo nuevamente que vino de Santo Domingo una sola vez. Luego declara que Cipriano le dijo que había alquilado la casa a un doctor, sin manifestarle que fuera para clínica, y que él vió la clínica después. Se le recuerda por el demandado lo que había de-clarado hace un momento y entonces dice que Cipriano le dijo que había alquilado la casa para clínica, contestándole que no podía alquilarla para clínica. Estas manifestaciones las hace el demandante en su primer testimonio cuando se prac-ticaba su prueba. Más adelante hablaremos de su declara-ción cuando compareció nuevamente ante la corte para re-batir la prueba del demandado.

La Sra. Amelia Dávila de Mock, que en 1914 estableció Ja Clínica Miramar, tomando en arrendamiento la casa del Sr. Eiol, declara que habló por primera vez de la casa con don Bartolomé y le dijo que la interesaba: que después se entendió con ella un apoderado que tenía que se llamaba don Cipriano, a quien le dijo que necesitaba la casa para poner una clínica. Manifiesta la testigo que únicamente le dijo a Fiol que si le alquilaba la casa, y que para el arrendamiento se entendió con Cipriano Santos; que después de establecida la clínica vió al Sr. Fiol muchas veces y recuerda haber ha-blado con él allí para el arreglo de unos pozos muros que había debajo de la casa y varias veces más; que el Sr. Fiol era casado y vió a su esposa un día que la llevó a la clínica para curarse una erupción en la piel; que el Sr. Fiol acom-pañaba a su esposa cuando fué a la clínica; que habló con el Sr. Fiol en el año que le tomó la casa, que fué en 1914, y que cuando habló con él estaba en Puerto Rico; que el Sr. Fiol salía con frecuencia; que muchas veces le preguntaba a don Cipriano y éste le decía que estaba en Santo Domingo; que le pagada las rentas de la casa a don Cipriano.

El Dr. López Antongiorgi declara que la clínica Miramar se instaló en la casa propiedad de los esposos Fiol, allá para el año de 1914; que esta clínica perteneció durante los dos primeros años a la Sra. Mock y después al testigo, que la compró cuando construyó una casa al lado; que la casa del Sr. Fiol y la de él constituían la Clínica Miramar, unidas por un puente arriba y abajo: que cuando la Sra. Mock le en-tregó la clínica habló con el Sr. Fiol y convinieron un precio algo superior al que le pagaba dicha señora para seguir con la casa y que el Sr. Fiol aceptó también que se le pusiera el puente y por dos o tres años tuvo la casa en comunicación con su edificio para la Clínica Miramar; que ese puente es una continuación de la casa del Sr. Fiol hasta el balcón de la casa del testigo para que se comunicaran ambas; y que ambas formaban la Clínica Miramar; que en esas condicio-nes continuó hasta 1916 ó 1917 y que en ese período de tiempo trató con el Sr. Fiol el canon de arrendamiento; que en otra ocasión, cuando se hundieron los pisos de una de las habita-ciones grandes de la casa, siendo el testigo miembro de la Junta Superior de Sanidad, hizo venir un inspector, quien le comunicó que la casa ofrecía peligro y que debía ser repa-rada; que con ese motivo se comunicó con el Sr. Fiol, quien vino la misma mañana a la casa y arregló los pisos.

El testigo Vicente del Valle declara que vió varias veces en la clínica al Sr. Fiol allá por los años 1915 y 1916, que Fiol residía en Santo Domingo y venía a Puerto Rico; que no sabe cuántas veces vino, pero que lo vió varias veces allí.

También declara el Dr. Manuel Díaz García, que recuerda haber visto al Sr. Fiol en la Clínica Miramar allá por el año 1916.

La prueba de la parte demandada tiende a demostrar que el Sr. Fiol tenía conocimiento del establecimiento de la clí-nica en su propia casa, la cual fué alquilada por su apode-rado Cipriano Santos. Para rebatir esta prueba declaró de nuevo el demandante.

Declara el testigo que se trasladó a Santo Domingo para establecer una fábrica de mosaicos que funcionó hasta el año 1922, en que regresó a Puerto Rico; que desde Santo Domingo fué directamente a España, donde se enamoró y se casó con la Sra. Corona Cortés; que allí se otorgaron las capitulaciones matrimoniales en 13 de junio de 1914, tres días antes de casarse en Barcelona; que después de casado vivió cuatro meses en España y de allí embarcó para Santo Domingo, donde llegó treinta días después; que el barco tocó en Cádiz, Valencia y Puerto Rico; que en el año 1916 vino a Puerto Rico en una goleta y luego volvió en 1920; que su esposa vivió dos años en España, dos años en Puerto Rico y el resto en Santo Domingo; que el testigo regresó de Santo Domingo en el año 1922, y que su esposa murió aquí en San Juan en el 1923; que antes del 15 de julio de 1914 en que fué arrendada a la Sra. Mock la casa que existía en el solar del demandante, estaba en Santo Domingo; que oyó cuando la Sra. Mock declaró que el testigo había estado presente en cierta reunión que se celebró en dicha casa entonces alqui-lada y que para esa fecha se encontraba en Santo Domingo; que no conoce a la Sra. Mock ni a los Dres. López Anton-giorgi y Díaz G-arcia; que no conoce al Dr. Díaz G-arcia; que no ha tenido negocios con él; que lo conoce actualmente por-que ha comprado mosaicos en su casa. A preguntas del abo-gado del demandado contesta que salió de Santo Domingo para España en el año 1914, como el 25 de febrero; que regresó solo a Santo Domingo y que- su esposa quedó en Es-paña hasta dos años después; que continuó en Santo Domingo hasta el año 1916 en que vino a Puerto Rico en una goleta; que estuvo en Puerto Eico antes de que regresara su señora en el mismo año y que no vino a verla cuando regresó; que su esposa se trasladó a Santo Domingo donde permane-ció dos años y luego regresó a San Juan y vivió en una de sus casas en la calle Amérieo Salas; que estuvo cuatro años sin ver a su esposa; que vino a Puerto Eico. en el año 1920 y que permaneció aquí dos días; que desde el año 1922 se ña quedado aquí y no ña ido a España ni a Santo Domingo.

Antes de finalizar el testimonio del testigo la corte se de-claró en receso fiasta el siguiente día. Al reanudar el tribunal sus sesiones, el abogado del demandante manifestó que en vista de la moción de la parte demandada solicitando la comparecencia de un empleado de la oficina de Inmigración con ciertos documentos, el demandante, ñaciendo memoria, ñabía recordado otros viajes y deseaba amplificar su examen directo antes de ser repreguntado en conjunto sobre todo el tiempo que estuvo ausente de Puerto Eico. Se le preguntó al testigo si además de su maje a España cuando se casó hizo algún otro viaje con su esposa y contestó que ayer no se re-cordaba, porque no sabe leer y escribir, que apenas si sabe firmar, que se acordó anoche que salió de San Juan para Es-paña con su esposa y que otorgaron ambos una escritura ante notario en Mañón de Menorca en 22 de febrero de 1916 y que a su regreso embarcaron en Barcelona y desembarcaron en Puerto Eico; que recuerda haber hecho un viaje con su es-posa a Santiago de Cuba, saliendo de Puerto Eico, adonde regresaron con una compañía de zarzuelas que se llamaba Compañía Corona; que su esposa vino de Santo Domingo al Auxilio Mutuo allá por los años 1919 ó 1920; y que vino una vez a verla mientras estaba en el referido asilo; que no lleva nota de sus viajes y que no tiene conocimientos ni instrucción.

A preguntas del abogado de la parte demandada contesta que le parece que hizo un viaje a Puerto Eico en 1914 en el vapor Legazpi; que le parece que desembarcó en Puerto Eico cuando vino de Barcelona a Santo Domingo; que en el año 1916 vino a Puerto Eico; que hizo dos viajes a Puerto Eico en el año 1916, uno en el vapor Jacaguas y otro en una go-leta; que vino a Puerto Pico procedente de Barcelona en el año 1916 en el vapor Buenos Aires y que Rizo tres viajes en ese año; que también vino a este país en el año 1919 y en el año 1920.

Es muy difícil seguir al testigo en su testimonio, que, aparte de ser extenso, resulta confuso y redundante, porque se repiten las preguntas y las contestaciones, y el demandante niega lo que antes aceptara o acepta lo que negara, incu-rriendo en frecuentes contradicciones. Bajo la presión del contrainterrogatorio el Sr. Fiol admite que hizo varios viajes a Puerto Rico, aun cuando, al comparecer por primera vez como testigo, afirmó en repetidas ocasiones que desde el año 1913 al 1920 vino una sola vez a este país.

El Sr. A. R. Bennett, Comisionado Auxiliar de Inmigra-ción de Puerto Rico, Race una relación de los viajes de Fiol a Puerto Rico y desde Puerto Rico. Declara este testigo que en juRo 29, 1914, el Sr. Fiol llegó a San Juan en el vapor Legazpi procedente de Barcelona; que en septiembre 19,1915, desembarcó en este puerto en el vapor Cuba, procedente de la Habana; que en 17 de enero de 1916 arribó a San Juan en el vapor Jacaguas procedente de la República Dominicana; que en 29 de abril del mismo año llegó a este puerto en el vapor Buenos Aires procedente de Barcelona, España; que en 29 de enero de 1919 llegó a San Juan procedente ‘de Santo Domingo en el vapor Santo Domingo; que en abril, 1920, arribó a San Juan en el vapor Marina procedente de Santo Domingo; que en 9 de noviembre del mismo año y en el mis-mo vapor, desembarcó también en este puerto procedente de Santo Domingo, y que en 10 de febrero de 1922 llegó a San Juan en el vapor Marina procedente de la misma república.

En 23 de noviembre de 1914 el Sr. Fiol aparece otorgando una escritura en San Juan, ante el notario Francisco Ramí-rez de Arellano, en su representación y como apoderado de su esposa doña Raimunda Andrés Miguel, residente entonces en España. El Sr. Fiol comparece nuevamente y declara que vino con esta señora una vez a Puerto Rico y como no podía desembarcar dijo que era su esposa, que no tuvo que prestar juramento alguno ni firmó ningún documento; que manifestó ante el Sr. Monserrat que era su esposa por no hacerle un desprecio a aquella señora después de haber dicho a todo el mundo que era su marido. Según surge de la misma escri-tura, cuando don Bartolomé Piol declaró ante notario que esta señora era su esposa, por no despreciarla, la misma es-taba residiendo en España.

La prueba demuestra que el Sr. Piol salía de Puerto Rico y volvía con bastante frecuencia. Desde 1913 a 1920 el de-mandante estuvo en Puerto Rico siete veces, amén de su úl-timo viajé en 1922 para residir permanentemente en la isla. Bien pudieron verlo en la clínica los testigos que declararon que había estado en distintas ocasiones allí; pero, aún des-cartando el testimonio de estos testigos, se hace duro creer que este señor, que tenía alquilada su casa, no se ocupara de averiguar a quién había sido alquilada y a qué se destinaba. El propio demandante expresa que Cipriano Santos le dijo que había alquilado la casa a un doctor para una clínica cuando vino por primera vez a Puerto Rico, y se ha probado que desde 1914 los viajes de ida y vuelta de dicho demandante se sucedieron con frecuencia. ¿Hizo algo el Sr. Piol para adquirir una información más amplia, asumiendo que fuera necesaria, e impedir que se siguiese utilizando la casa para clínica? No aparece que el demandante practicase ninguna gestión en ese sentido. La casa fué luego arrendada a otras personas. La clínica continuó funcionando, y el Sr. Piol, que tenía conocimiento de su existencia, dejó transcurrir el tiempo pasivamente hasta 1930 en que promovió esta acción, diez y seis años después de instalada la referida clínica.

De acuerdo con los principios de equidad no debe pres-tarse atención a quien pide ser relevado de las consecuencias de su propia negligencia o de la negligencia de su mandata-rio. Miller v. Barto, 247 Ill. 104, 93 N. E. 140; 21 Corpus Juris 251. Es un principio firmemente establecido por los tribunales qne cnando nna cnestión de laches está en contro-versia, se impnta al demandante aqnel conocimiento qne baya podido obtener mediante investigación, con tal de qne los he-cbos ya conocidos por él sean de tal naturaleza qne bagan recaer sobre nna persona de inteligencia ordinaria el deber de inquirir. Johnston v. Standard Mining Co., 148 U. S. 370.

La defensa de que la persona acusada de inactividad {laches) carece de conocimiento, es fácil de probar y muy difícil de rebatir, y de allí la tendencia de los tribunales a exigir razonable diligencia para adquirir la debida informa-ción. Foster v. Mansfield etc. Railway, 146 U. S. 88.

Hay que tener en cuenta que el demandante confiesa que desde 1922 ba vivido constantemente entre nosotros. Desde esta fecba basta 1930 han transcurrido ocho años, sin que se baya probado que el Sr. Fiol-haya dado ningún paso ni rea-lizado ninguna gestión, ni llamado la atención a los deman-dados para evitar que se siguiese violando la restricción.

En el caso de Loud v. Pendergast, 92 N. E. 41, se inició una acción para evitar la violación de una condición restric-tiva incluida en un plan general para el beneficio común, re-quiriendo que todos los edificios estarían por lo menos a una distancia de diez pies de la calle. Una pequeña parte de la casa del demandado quedó situada dentro del área sujeta a la restricción. El demandante violó también la restricción, adelantándose algunas pulgadas en el terreno prohibido, con ventanas que se proyectaban sobre el mismo, como a una distancia de tres pies. La Corte Suprema de Massachusetts, al resolver este caso en apelación, se expresó así:

“Se sostiene que la demandante no tiene derecho al remedio soli-citado, toda vez que ella ha incurrido en una falta, ya que ha violado las mismas restricciones en tal forma que no acude a la corte con manos limpias y en vista de que el plan original ha sido violado en tal forma en el Vecindario que hace imposible poner en vigor la restric-ción contra este demandado.
“En casos de esta naturaleza las cortes de equidad conceden re-medio tan sólo cuando éste se solicita con prontitud y cuando en todo momento se ha desplegado activa diligencia en relación con el asunto en controversia. La conciencia exige qne uno no permanezca en si-lencio mientras otra persona de buena fe y bajo un supuesto derecho incurre en gastos considerables, para entonces acudir a una corte a hacer cumplir ciertas restricciones con grave perjuicio, y cuando un aviso oportuno u otro proceder adecuado hubiese evitado el daño de que se queja el demandante. Stewart v. Finkelstone, 92 N.E. 37, y casos citados.
"Cuando un demandante ha infringido la misma restricción que trata de hacer cumplir, sustancialmente hasta el mismo límite y en la misma forma general que lo ha hecho la parte demandada, y no existe diferencia material entre una y otra restricción, una corte de equidad ordinariamente no tomará cartas en el asunto. Bacon v. Sandberg, 179 Mass. 396, 60 N.E. 936; Scollard v. Normile, 181 Mass. 412, 63 N.E. 941. Ese demandante no se halla en tal posición que pueda quejarse justificadamente pues no acude a las cortes con manos limpias en relación con el asunto específico en que solicita el remedio, ni ha cumplido con la máxima de que todo aquél que solicita equidad debe haber hecho equidad.”

De la obra “High oil Injunctions”, párrafo 1159, toma-mos lo siguiente:

"Al considerar solicitudes de injunction contra la violación de condiciones restrictivas contenidas en la trasmisión de propiedad in-mueble, las cortes requieren debida diligencia de izarte del deman-dante que solicita el remedio, y pasividad (laches) o aquiescencia de su parte en la violación de la condición restrictiva ordinariamente hará fracasar su petición. Ciertamente, la equidad requiere la mayor diligencia en esta clase de casos de parte de aquél que invoca su ayuda preventiva y un pequeño grado de aquiescencia es suficiente para que no prevalezca la solicitud, puesto que cada acto que el demandante consienta al permitir construcciones en violación de lo convenido equi-vale por tanto a una desautorización de la obligación. Por ende, cuando el demandante deja, por un período de cuatro o cinco meses, que el demandado siga adelante con su edificación en violación de la condición, no podrá obtener remedio mediante injunction.”

Esta corte, en el caso de Macatee v. Biascochea, supra, copia el syllabus del caso de Hartwig v. Grace Hospital, 198 Mich. 725, 165 N.W. 827, que dice así:

"Y a los propietarios en un distrito limitado exclusivamente a re-sidencias, que se cruzan de brazos y permiten que se altere un edificio en distintas épocas, se gasten grandes sumas de dinero, se le quite todo el aspecto de una residencia y se use como un hospital, no se les concederá un injunction para impedir su continuación como tal, aunque sí se concederá un injunction para impedir la fabricación de nuevos edificios.”

Con respecto a los “ruidos, malos olores y otros inconve-nientes inherentes al funcionamiento de un hospital, que cons-tituyen un estorbo y un peligro para el demandante”, según alega en su demanda, declararon el propio demandante soste-niendo sus alegaciones, y el Dr. López de la Rosa negán-dolas, y el Sr. A. Gf. Bishop, secretario tesorero del “Union Club ’ ’, quien vivía al lado de la Clínica Miramar, desde hacía un año en el momento en que produjo su testimonio. Declara este testigo que mientras ha estado en su hogar no ha sido perturbado en su tranquilidad durante la noche o el día por la Clínica Miramar, que no ha sido molestado por olores, que permanece en el club seis, ocho o diez horas durante el día y que durante los doce años que ha estado allí no ha sido molestado por dicha clínica; que entre el “Union Club” y la Clínica Miramar hay un terreno triangular, que la parte de-lantera está como entre tres o cuatro metros de distancia, y la parte de atrás va de mayor a menor; que en el sitio de mayor extensión la clínica y el club están separados por el ancho de un solar ocupado actualmente por una casa que el Sr. Fiol está edificando.

Aún cuando la acción que se ejercita persigue el cumpli-miento de una condición restrictiva, la verdad es que no ha quedado probado el estorbo alegado por el demandante, a menos que llegaráramos a la conclusión de que un hospital es un estorbo per se.

En cuanto a la imposición de costas, entendemos que dada la prueba practicada y la conducta observada por el demandante, la discreción judicial de la corte inferior ha sido bien ejercitada y que debe confirmarse en su totalidad la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor Del Toro no intervino en la decisión de este caso.


author: El Juez Asociado Señob Aldkey,

text:
    Rafaela Edita Alfonzo, demandante y apelada, v. José Martínez Rodríguez, demandado y apelante.
    No. 6622.

    Sometido: Mayo 28, 1934.

      Resuelto: Mayo 29, 1934.

      L. Mercader, abogado del apelante; A. Casanova, abogado de la ape-lada.
   El Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

La transcripción de los antos para esta apelación lia sido radicada en este tribunal. No contiene la prueba practicada en el juicio sino las alegaciones de las partes, la sentencia, la opinión en que se funda y el escrito de apelación. El alegato del apelante también ba sido presentado. La parte apelada nos pide que desestimemos la apelación por frívola.

Este pleito se inició en una corte municipal por demanda ordinaria contra José Martínez Rodríguez en la que se alega que la demandante dió en préstamo a Remigio Martínez $300 para ser pagados en feclia que estaba vencida, cuya cantidad más $100 para intereses, costas y honorarios de abogado fue garantizada con hipoteca de la finca descrita y que la finca hipotecada fné vendida al demandado quien reservó $300 del precio de sn compra para pagar esa deuda. Por esas ale-gaciones se solicitó sentencia que condenase al demandado al pago de los $300 más $100 adicionales para intereses y cos-tas, incluyendo honorarios de abogado. El demandado se limitó en su contestación a hacer una negación general de los hechos de la demanda. El día del juicio no compareció a él y dictada sentencia condenatoria apeló de ella para la Corte de Distrito de Arecibo.

El día señalado para el juicio de nuevo en la corte de. distrito solicitó el demandado que fuera suspendido alegando no tener sus testigos disponibles. El demandante se opuso a esa suspensión y manifestó que' si la corte accedía a ella im-pusiera costas al demandado por la suspensión. La corte de distrito acordó la transferencia del juicio y en presencia de los abogados de las partes señaló otra fecha para él. En ese día no compareció el demandado ni su abogado y celebrado el juicio y presentada la prueba de la demandante recayó sentencia condenando al demandado a pagar $300 de capital más $100 de crédito adicional, disponiendo también que la finca hipotecada se vendiese en subasta para con su producto satisfacer las cantidades reclamadas. El mismo día de esa sentencia dictó la corte resolución en la que haciendo constar que cuando suspendió el juicio fué con la condición de que el demandado pagara las costas de la suspensión y que habiendo presentado la demandante su memorándum de costas recla-mando solamente $60 por honorarios de abogado, al que se opuso el demandado alegando que el tribunal carece de fa-cultad para imponer las costas, redujo los $60 a $25 y con-denó al demandado a que los satisficiera. Contra esa reso-lución y contra la sentencia se interpuso apelación por el demandado.

Los motivos alegados para esas apelaciones son dos: pri-mero, no haberse declarado la corte de distrito sin jurisdic-ción en este caso por tratarse del cobro en la corte municipal de un crédito hipotecario; y segundo, porque tratándose de un pleito originado en la corte municipal carecía la corte de distrito de jurisdicción para resolver el memorándum de cos-tas con motivo de la suspensión del juicio y sin que oyera al demandado.

El primer motivo de error lo funda citando únicamente nuestras decisiones en el caso de Rosales v. Corte de Distrito, 33 D.P.R. 318, y el de García v. Registrador, 41 D.P.R. 470. En ninguno de ellos hemos resuelto que la corte municipal no tenga jurisdicción para conocer de demandas en cobro de dinero cuando está garantizado con hipoteca. La sección 4 de la ley determinando la jurisdicción de las cortes municipales, Estatutos Revisados, pág. 265, confiere jurisdic-ción a las cortes municipales para conocer de todos los asun-tos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de $500, intereses inclusive.

En cuanto al segundo motivo de apelación no se trata en este caso de si la corte de distrito podía o no imponer costas tratándose de un caso originado en la corte municipal, porque los $25 que la corte de distrito mandó al demandado que pagase lo fué como condición para suspender el juicio. El artículo 335 del Código de Enjuiciamiento Civil autoriza a la corte para imponer el pago de las costas que puedan ocasionarse por la suspensión de un juicio como condición para acceder a la solicitud. Las costas así impuestas son por la suspensión del juicio y no por la temeridad que pueda haber en el pleito. En este caso la apelante fué oída respecto a esas costas pues, según los autos, se opuso alegando falta de jurisdicción para imponerlas.

Encontramos que los dos motivos de la apelación son fri-volos, por lo que las apelaciones interpuestas por el demom-dado deben ser desestimadas.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés Pérez, acusado y apelante.
    No. 4792.

    Sometido: Enero 13, 1933.

      Resuelto: Mayo 29, 1934.

      P. Pérez Pimentel, Miguel A. Burset, B. García Gintró'n y B. Arroyo, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Andrés Pérez interpuso esta apelación contra sentencia que lo condena por delito de escalamiento en primer grado después que nn jurado rindió contra él veredicto de culpa-bilidad.

El apelante penetró de noche en la tienda de Tomás Ra-mírez y de Anreo Díaz, en Vieques, y fué sorprendido y de-tenido cuando estaba abriendo la caja de hierro en- qne el dinero era guardado. La prueba de su delito es clara y no alega error alguno en cuanto a su suficiencia para la con-dena. Los motivos de su recurso son por la forma en que el juicio fue celebrado y por habérsele negado un nuevo juicio.

El primero de los que alega es por haberse per-mitido que declarase en el juicio Aureo Díaz, que no figuraba como testigo del fiscal en su acusación, pero ha sido resuelto en varias ocasiones que el fiscal puede llamar como testigo a. persona cuyo nombre no figura al dorso de su acusación, ya que la admisión de prueba va dirigida a la sana discreción de los tribunales. El Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 346; el Pueblo v. Román (a) Chelo, 10 D.P.R. 560. Esto lo reconoce el ape-lante pero dice que sus manifestaciones a la corte de que fué sorprendido con la presentación de este testiguo, que eso le causaba perjuicio y que no estaba preparado para confron-tarse con él, son suficientes motivos para que la suspensión del juicio fuese decretada. Si esto fuera así habría que suspender necesariamente los juicios en tales circunstancias y la corte no tendría discreción alguna que ejercitar. No tenemos estatuto como en otras jurisdicciones que requiera la presen-tación de declaraciones juradas (affidavits of merits) para obtener la suspensión por tal motivo pero siempre hay que1 demostrar a la corte algo más que las simples manifestaciones que hizo el apelante. Además, el testigo Aureo Díaz que el fiscal presentó sin figurar en la lista de sus testigos era uno de los dueños de la tienda escalada, por lo que no podía sor-prender al acusado que fuese presentado como testigo por ser uno de los perjudicados; y era persona bren conocida por el acusado, según éste declaró, por lo que no encontramos que la corte cometiera el error que se le imputa.

Los errores alegados en segundo y tercer lugar son idénticos, y así lo reconoce el apelante, por lo que podemos resolverlos conjuntamente. Ellos son por haber permitido la corte inferior que declarasen los testigos Angel Rodríguez Escobar y Concepción Carmona. El primero de ellos era el Juez Municipal ele Yieqnes en la fecha a qne se refiere la acusación y el otro un policía insular. Las objeciones hechas a ellos eran porque son testigos de referencia y porque el acusado no estaba presente en el momento a que ellos se re-fieren.

Ambos testigos acudieron a la tienda inmediatamente des-pués del suceso a que se refiere esta causa, que tuvo lugar un sábado por la noche, y ambos declararon que vieron abierta una puerta de la tienda que comunicaba con el zaguán de la casa donde está el establecimiento mercantil y que en los altos de ella vivía entonces Andrés Pérez; que esa puerta tenía una llave puesta que abría por el zaguán y tenía por la parte del zaguán una tabla que la condenaba pero que ha-bía sido aserrada; que el lunes siguiente el policía encontró cerca de la caja de caudales una llavecita que entregó al juez, quien la probó en la caja viendo que abría la parte interior de ella.

No hubo error de la corte el permitir las declaraciones de esos testigos porque en ellas nada hay de referencia. Son hechos que conocían por sus sentidos y que no requerían que fuesen vistos por ellos en presencia del acusado. Eran admisibles porque estaban relacionados con el acusado, quien fué visto entrar por esa puerta por otros testigos, se dirigió a la caja de caudales, empezó a manipular su combinación teniendo una linterna'eléctrica encendida y en esa situación fué detenido, tirando entonces algo que produjo un sonido metálico, resultando luego ser la llavecita que abría la puerta interior de la caja, sin ser la de los dueños de la tienda.

El cuarto error se alega por haber permitido la corte que el fiscal hiciera ciertas manifestaciones en presencia del jurado con perjuicio del acusado. Hemos leído las manifestaciones que hizo el fiscal en el juicio y a que se refiere el error que resolvemos pero no encontramos que hayan podido perjudicar en forma alguna al acusado ante el jurado, tanto más dada la prueba clara y robusta de testigos presenciales y de haber sido sorprendido el acusado cuando después de allanar la tienda trataba de abrir la caja en que se encon-traba el dinero del establecimiento comercial.

El último error se alega por haber sido negado al acusado nn nuevo juicio.

La moción en que lo solicitó con los motivos en que la fundó no forma parte de estos autos por lo que es suficiente razón para no resolverlo. Sin embargo, aún teniendo en cuenta los motivos en que según su alegato fundó su moción, resulta que ellos son los que en su apelación contra la sen-tencia alega ante nosotros y como lian sido resueltos en contra suya no puede decretarse el nuevo juicio que interesa.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Manuel Marina Villalobos, demandante y apelante, v. Marcial Suárez y Suárez, demandado y apelado.
    No. 5555.

    Sometido: Diciembre 7, 1932.

      Resuelto: Mayo 29, 1934.

      P. Amado y L. Llorens Torres, abogados del apelante; C. Coll y Cuchí, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación la interpuso el demandante contra senten-cia que declaró sin lugar su demanda.

José María Marina Sánchez murió en 1896 con testamento en el que legó a su hijo Manuel el tercio de libre disposición de sus bienes, a una bija el de mejora y en el tercio restante instituyó como herederos suyos a los cinco hijos que tuvo en su matrimonio con Antonia Villalobos. A su fallecimiento quedaron bienes gananciales y entre ellos tres fincas rústicas, una de veinte cuerdas de terreno, otra de setenta y una y la última de ocho, que fueron inscritas en el registro de la propiedad el mismo año a nombre de sus herederos en común pro indiviso, haciéndose constar en las inscripciones corres-pondientes a esas fincas que al hijo Manuel pertenecía por legado el tercio de libre disposición de la mitad de las fincas más sus derechos como heredero.

José María Marina Villalobos, uno de los hijos que sólo tenía participación en un tercio como heredero, vendió en el año 1898 a su madre Antonia Villalobos la participación que le correspondía como heredero en esas tres fincas y en otras y también el tercio de la mitad de libre disposición, que fué legado a su hermano Manuel, cuyas ventas fueron así inscri-tas en el registro de la propiedad en dicho año 1898. La madre heredó después la participación que por el tercio de mejora y por herencia correspondía a su hija María Luisa en los bienes de su padre. Al inscribirse posteriormente en 1906 una hipoteca constituida por Antonia Villalobos y por sus hijos Modesto y Angel María, el registrador hizo constar en la inscripción que si bien de inscripción anterior aparece que José María Marina Villalobos vendió a su madre un tercio de la mitad, ese concepto está equivocado pues lo que inscribió dicha señora fué la participación que interesaba José María Marina Villalobos, que es una quinta parte de la mitad, que es de lo que únicamente podía disponer. En 1912 Antonia Villalobos y sus hijos Manuel, Angel y Modesto ven-dieron las fincas manifestando ser dueños de ellas en común y pro indiviso, sin especificar la parte correspondiente a cada uno de ellos. Las tres fincas mencionadas son propiedad actualmente de Marcial Suárez y Suárez.

Todos los hechos expuestos constan en el registro de la propiedad.

Recientemente Manuel Marina Villalobos demandó, con el resultado que Remos dicho al principio, a Marcial Suárez y Suárez para que se declare nula la escritura por la cual José María Marina vendió en 1898 a su madre, en cuanto se re-fiere al tercio de la mitad de las fincas y todas las ventas sucesivas, incluso la hecha al demandado: para que se ordene la cancelación de las inscripciones de esos títulos en el re-gistro de la propiedad: para que se declare que ese tercio es del demandante: para que se le entregue por el deman-dado, y en su defecto cierta cantidad de dinero, y para que le pague por el usufructo de él otra cantidad en metálico. El fundamento de todas esas peticiones es que el mencionado tercio es del demandante por lo que su hermano José María no podía enajenarlo.

Es cierto que José María Marina Villalobos no era dueño del tercio indiviso de una mitad de las expresadas fincas que vendió a su madre y que tal venta fué inscrita, pero como en el registro se hizo constar al inscribirse los bienes hereditarios de José María Marina Sánchez a favor de sus herederos que había legado a su hijo Manuel el tercio de libre disposición y como el registrador rectificó después el error que había sido cometido al inscribir la venta de dicho tercio hecha por José María Marina, no comprendemos cómo puede el apelante haber sido privado de tal derecho, con mayor motivo cuando posteriormente él vendió su participación en las fincas sin determinar sus derechos en ella, ]o que equivale a una enajenación de todos los que en las fincas tenía, inclusive su tercio de una mitad que él no había enajenado antes, que constaba en el registro y del cual no podía ser privado ni fue privado, pues la inscripción errónea de esa venta por José María Marina fué prontamente corregida en el registro. Todos esos hechos constan en dicha oficina y eran conocidos por Manuel Marina toda vez que los registros de la propiedad son públicos y las constancias de sus libros dan conocimiento a todas las personas.

El apelante dice que el registrador no estaba facultado í para la rectificación que hizo pero, aunque así sea, no vemos en qué puede perjudicarle una rectificación que le favorece.

Alega también el apelante que la corte inferior no tuvo en cuenta la declaración del demandante según la cual él no tuvo conocimiento basta 1913 de ser el dueño del tercio ob-jeto de este pleito. Del registro de la propiedad, cuyas cons-tancias son públicas, aparece que su derecho a ese tercio fué inscrito a su nombre el mismo año que su padre falleció, por lo que tal conocimiento es de más importancia que el que expuso en su declaración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Aldrey,

text:
    Emil Trautmann Shaffner, demandante y apelado, v. Porto Rico Ore Company, demandada y apelante.
    No. 5366.

    Sometido: Noviembre 16, 1932.

      Resuelto: Mayo 29, 1934.

      Gabriel de, la Raba, abogado de la apelante; Alberto S. Poventud, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Tomaremos de los autos de esta apelación únicamente los hechos qne son necesarios para resolverla.

Una sociedad civil dueña de ocho fincas rústicas las hipo-tecó a favor de Emil Trautmann para garantizarle el pago de cierta cantidad de dinero que estaba debiéndole. Después de varias enajenaciones de esas fincas han llegado a ser pro-piedad de la corporación The Porto Rico Ore Company, la que al comprarlas pagó al que se las vendió todo el precio convenido por la enajenación, sin reservarse parte del precio para satisfacer la hipoteca, sin hacer suya la deuda hipote-caria y sin comprometerse a pagarla.

Emil Trautmann demandó en juicio ordinario en cobro de dinero a The Porto Rico Ore Company para que le pagase cierta cantidad que le era debida por esa hipoteca y solicitó fuese condenada a pagarle la cantidad que reclama. La cor-poración demandada se opuso a esa reclamación pero cele-brado el juicio la corte la condenó a pagar la cantidad recla-mada en la demanda. No dispuso que las fincas hipotecadas fueran vendidas para satisfacer esa sentencia.

De lo expuesto aparece que el acreedor hipotecario Emil Trautmann no ha establecido su acción contra el actual dueño de las fincas que compró estando hipotecadas para que le pague la cantidad reclamada con el producto de la venta de las fincas hipotecadas sino que ha ejercitado una acción personal para que le satisfaga la cantidad que se le adeuda de la hipoteca, como solicita en su demanda, y que la sentencia no decreta la venta de dichos bienes hipotecados sino que condena al apelante a satisfacer la cantidad reclamada como si fuera realmente debida por él personalmente a Emil Traut-mann; sentencia que por sus términos puede ser cumplida en cualquiera de los bienes que tenga el apelante indepen-dientemente de las fincas que compró estando hipotecadas.

Así, pues, la cuestión fundamental en este pleito es si Emil Trautmann tiene acción personal contra The Porto Rico Ore Company para que le pague la deuda reclamada con los bienes que tenga aunque no sean los hipotecados.

No hay duda de que los bienes hipotecados responden del crédito que garantizan aunque hayan pasado a tercera persona con la hipoteca y de que el acreedor puede dirigir su acción contra esa tercera persona, actual dueña de las fincas, para cobrar con la venta de ellas el crédito que se le adeuda, porque al ser así compradas estaban sujetas a ese gravamen y el comprador se convirtió en dueño de algo gravado, pero esa tercera persona no está obligada a pagar con sus bienes particulares en el caso de que el producto de la venta de las fincas hipotecadas no fuera suficiente. Fernández v. Hernández, 16 D.P.R. 75.

En el caso de Trueba v. Rosales & Cía., 33 D.P.R. 1027, hemos dicho, tomando del sumario, lo siguiente:

“Cuando el comprador o tercero poseedor de una finca hipotecada no toma de su cuenta y cargo el pago del gravamen hipotecario, del que sólo es responsable mediante la simple adquisición de la finca hi-potecada, su responsabilidad se extiende hasta donde alcance el pro-ducto de la Venta en pública subasta para cumplir la sentencia, sin que pueda hacerse efectiva en sus bienes propios cualquier diferencia que no cubriese el montante de la hipoteca; por lo que, cuando la demanda no alega que los demandados compradores de la finca hi-potecada tomaron de su cuenta y cargo el pago de la hipoteca o que reservaron su importe del precio para satisfacerla, o que su respon-sabilidad quedaba limitada al producto de la venta, no expone hechos suficientes p'ara la acción que en cobro de la cantidad garantizada con hipoteca se ejercita contra ellos, y menos cuando ni siquiera se pide la venta del inmueble para el pago del crédito, elemento que se hace necesario aun cuando se haga la elección del procedimiento ordinario para el cobro.”

El comprador de bienes hipotecados sabe que ellos están sujetos al pago de ese gravamen y que por esa obligación puede perderlos, pero al comprar así no ha contraído obligación personal para con el acreedor comprometiendo otros bienes al pago de la deuda. En este caso se ejercitó en la demanda una acción personal y no real. Rosales v. Corte de Distrito, 33 D.P.R. 316; Martínez v. Registrador, 44 D.P.B. 638; Font v. Rosales Cueli, 42 D.P.R 627, y Valledor v. Diez, 35 D.P.R. 21.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda sin especial condena de costas.


text:
    Rafael Calderón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 921.

    Sometido: Mayo 9, 1934.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      G. Concepción de la Graicia y L. Venegas Cortés, abogados del recu-rrente; el Registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Calderón tiene interpuesta en la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, una demanda contra Gabriel Concepción Ortiz y su esposa Ezequiela Dávila para que se les ordene que formalicen escritura de venta a favor del demandante de una finca cuya descripción hace, radicada en Yega Alta, previo pago por el demandante de $400.

Calderón solicitó del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, que anotase esa demanda en la men-cionada finca pero dicho funcionario no hizo esa anotación por lo siguiente:

“. . . por no hallarse inscrita la finca a favor ele los demandados, ni de ninguna otra, persona, y porque no se determina que fuera San Juan el lug’ar en que debía cumplirse la obligación de otorgar escri-tura de venta de la finca, lo que daría jurisdicción a la corte municipal de esta ciudad para conocer de la acción ejercitada, ya que la finca en cuestión radica en Yega Alta, que pertenece al término judicial municipal de Yega Baja, ante cuya corte debió entablarse la reclamación (19 D.P.R. 1016 y 22 D.P.R. 640).”

Hizo constar también como defectos subsanables el no expresarse las circunstancias personales del demandante ni tampoco la edad, profesión y vecindad de los demandados, ni el nombre de quien procede la finca.

Contra esa resolución interpuso Calderón este recurso para que la revoquemos y ordenemos la anotación interesada. El registrador no ha presentado alegato en apoyo de su ne-gativa.

Es cuestión ya resuelta por este tribunal que no es óbice para que pueda anotarse una demanda de acuerdo con el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil el hecho de que la finca que ha de ser objeto de la anotación no esté inscrita a favor del demandado. Zapata v. Registrador, 40 D.P.R. 564; Carreras v. Registrador, 42 D.P.R. 910. Relacio-nadas con esta cuestión son nuestras resoluciones en Sobrinos de Villamil v. Registrador, 32 D.P.R. 545, y Armstrong v. Registrador, 34 D.P.R. 267.

El segundo motivo de la negativa del registrador también lia sido resuelto por nosotros en sentido favorable al recurrente pues en el caso de González v. Lebrón, 24 D. P.R. 399, en el que se estableció el pleito para que se conde-nara a los demandados a otorgar escritura de compraventa por el precio y las condiciones especificadas en la demanda, esta corte dijo: “Un pleito cuyo objeto es el cumplimiento específico de un contrato de compraventa de finca rústica es principalmente una acción personal (in personam), y el caso de autos no es una acción ‘para recobrar la posesión de bie-nes raíces o de una propiedad o interés en la misma, o para determinar en cualquier forma dicho derecho o interés, y por daños cansados a propiedad inmueble.’ ” Se hacen en él varias citas.

Aunque por tratarse de una finca radicada en Vega Alta el pleito debiera establecerse en la Corte Municipal de Vega Baja, según dice el registrador, aún así la Corte Municipal de San Juan no dejaría de tener jurisdicción en el asunto si no se solicitase el traslado de él, según fué resuelto en el caso de Carbonell v. Registrador, 17 D.P.R. 148. Los casos cita-dos por el registrador, que son los de Medina v. Registrador, 19 D.P.R. 1016, y de Crehore v. Registrador, 22 D.P.R. 640, no tienen aplicación a la cuestión que resolvemos, pues en ellos se trata de la facultad que tiene el registrador para ca-lificar los documentos expedidos por autoridad judicial que se le presenten y hasta dónde esa facultad llega, mientras que en el présente caso no fué expedido por autoridad judicial el documento que se le presentó para anotación de la demanda sino que la parte interesada le hizo saber la interposición de su demanda con copia de ella.

Los defectos subsanables consignados por el registra: dor en su negativa por no expresarse en el documento que se le presentó las circunstancias personales del demandante ni de los demandados ni decirse de quién procede la finca no son sostenibles en este caso, porque no tratándose de inscripción de título sino de la anotación de la interposición de una de-manda que autoriza y regala el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil en acciones que afecten al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble, es suficiente con que el aviso que se presente al registrador para la ano-tación de la demanda o de la contestación, si ésta solicita un remedio afirmativo, exprese los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o contestación y la descrip-ción de la propiedad en litigio, que son los requisitos exigi-dos por dicho artículo y todos los cuales fueron cumplidos en este caso.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la ano-tación de la demanda del recurrente sin los defectos subsa-nables consignados por el registrador.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    The United Porto Rican Bank, demandante y apelante, v. Deogracias González Vda. de Jiménez, demandada y apelada.
    No. 6082

    Sometido: Diciembre 8, 1933.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      Fiddler & Newsom Jr., abogados del apelante; L. Llorens Torres, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre daños y perjuicios cansados por virtud de la alegada “coversión para su propio beneficio” por parte de la demandada de cierta propiedad mueble hipo-tecada a favor del demandante. Se reclaman $3,000 valor que se da a la propiedad convertida, intereses desde agosto 1,1929, fecba en que vencía la hipoteca, y las costas del pleito.

De los autos aparece que el 27 de junio de 1928, José J. González Nieves constituyó a favor de The United Porto Rican Bank, el demandante, una hipoteca para asegurar un préstamo de $4,000 que el demandante le hiciera a vencer el 30 de junio de 1929, sobre cuarenta y un bueyes de su per-tenencia y de los cuales se encontraba en posesión en el Municipio de Gurabo. El contrato otorgado al efecto se ins-cribió en el Registro de la Propiedad de Caguas el 3 de julio de 1928.

Así las cosas, la demandada Deogracias González Viuda de Jiménez en pleito que siguiera contra el dicho José J. González Nieves en cobro de dinero en la Corte de Distrito de San Juan, solicitó y obtuvo que se expidiera una orden de aseguramiento de sentencia dirigida al Márshal de la Corte de Distrito de Humacao que fué cumplimentada por este funcionario embargando como de la propiedad del allí demandado José J. González Nieves treinta de los cuarenta y un bueyes hipotecados, entregándolos en depósito a Fausto Carrasquillo, de Gurabo. El embargo se verificó en agosto 27, 1928.

En octubre 4, 1928, se falló en rebeldía el pleito iniciado por la demandada en San Juan condenándose al repetido José J. González Nieves a pagarle mil dólares, intereses y costas y la aquí demandada y allí demandante pidió a la corte que dictara una orden nombrando depositario de los bueyes embargados a Santiago Calderón y ordenando el traslado de los mismos del distrito de Caguas al de San Juan, y no obstante la oposición del United Porto Eican Bank, la corte así lo decretó.

Al verificarse el traslado sólo se encontraron veinte bueyes de los treinta embargados, manifestando el depositario que los diez restantes perecieron con motivo del ciclón de San Felipe. Los veinte bueyes trasladados se vendieron en pú-blica subasta, en el distrito judicial de San Juan y en la ejecución de la sentencia en rebeldía el 18 de febrero de 1929 por la suma de $700 que el márshal entregó a la aquí deman-dada por medio de su abogado. The United Porto Rican Bank no fué notificado de la subasta ni de la venta. Ni en los anuncios de la subasta ni en el momento de la venta se hizo constar que los bueyes estaban hipotecados. Vencido el préstamo garantizado con la hipoteca, no fué pagado por el deudor José J. González Nieves al United Porto Rican Bank en todo ni en parte, ni lo había sido a la fecha del juicio de este pleito, febrero 17, 1931.

La Corte de Distrito de Humacao falló en contra del de-mandante, con costas. En la opinión que emitiera para fundar su sentencia sostuvo que no se había demostrado en el juicio la inscripción de la hipoteca, motivo por el cual no podía imputarse conocimiento de su existencia a la deman-dada con anterioridad al embargo y que el conocimiento que la demandada tuvo después no le impidió seguir adelante i a ejecución porque los bienes hipotecados son susceptibles de embargo y venta, no adquiriendo desde luego el comprador otro derecho que el que tuviera el deudor ejecutado.

Llama la corte sentenciadora en su opinión la atención hacia el hecho de que al trasladarse los bueyes hipotecados a San Juan no inscribió el demandante su hipoteca en ese distrito, y termina diciendo:

“Si no lo hizo así y perdió por el]o su hipoteca la validez que dicha inscripción le hubiera concedido contra todos, no puede re-clamar de otras personas por las consecuencias que hubiera podido tener, en su perjuicio, su propia negligencia. La inscripción en el Distrito Judicial de San Juan era, a juicio de la Corte, el medio que tenía el United Porto Rican Bank para evitar los perjuicios que ahora se reclaman. Si no encontraba suficiente este remedio, pudo haber recurrido a cualquier procedimiento judicial, en ley o equidad, a que le asistiera derecho, y si omitió recurrir a ellos no tuvo culpa en dicha omisión la demandada en este caso.”

Una vez que el demandante se enteró de la opinión de la corte, le pidió que abriera el caso de nuevo para la pre-sentación del contrato original de hipoteca con su nota de inscripción en el Registro de la Propiedad de Caguas, expli-cando las circunstancias por virtud de las cuales había que-dado en el récord una copia del contrato en vez del original. A ese efecto se presentó una estipulación firmada por los abogados de ambas partes sobre sustitución de exhibit.

La corte resolvió la cuestión suscitada como sigue:

“De acuerdo con la estipulación de las partes, que precede, la Corte tiene por sustituida la copia por duplicado del contrato de hi-poteca, fechado en junio 27 de 1928, como exhibit No. 1 de la de-mandante, en lugar de la copia triplicada que aparece unida a los autos, y tiene por enmendada su opinión de ,29 de mayo de 1931, en todo lo que se refiera a la no inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad de Caguas.”

De suerte que todas las conclusiones de la corte senten-ciadora basadas en la falta de inscripción de la hipoteca en el distrito original, caen por su base. Inscrita la hipoteca con anterioridad al embargo, hay que concluir que la deman-dada tenía pleno conocimiento de su existencia. Ya esta corte interpretando la ley especial sobre la materia — Ley No. 19 de 1927 — en el caso de United Porto Pican Bank v. Ruiz, 43 D.P.R. 528, resolvió, copiando del resumen, lo que sigue:

“La inscripción de una hipoteca de bienes muebles en el distrito en que reside el deudor y radican los bienes, es una notificación a toda, persona — resida o no dentro de dicho distrito — del gravamen constituido sobre la propiedad.”

Y a esa conclusión debe llegarse sin que tuviera que ins-cribirse de nuevo la hipoteca en el Registro del Distrito de-San Juan, porque como también se resolvió en el caso de United Porto Pican Bank v. Ruiz, supra, “sólo es necesario-inscribir nuevamente la hipoteca en le registro del distrito-ai que se trasladen los bienes, cuando dicho traslado se veri-fica con el consentimiento del acreedor” y aquí el trasladó-se verificó no ya sin el consentimiento si que contra la ex-presa oposición del acreedor.

Partiendo de esa base, esto es, del conocimiento de la existencia de la hipoteca a favor del demandante, veamos si la demandada pudo embargar la propiedad hipotecada en la forma en que lo hizo y, prescindiendo por completo de los derechos del dueño de la hipoteca, pudo obtener que los bienes hipotecados se vendieran en pública subasta y apropiarse del total producto de la venta.

A nuestro juicio la propiedad hipotecada pudo embar-garse, pero no en la forma en que lo fue. Aquí, según revelan los autos, el embargo se practicó como sigue:

“• • • certifico que en cumplimiento. . . embargué los bienes pro-piedad de los demandados que se relacionan a continuación: . . .
“Y el ganado vacuno descrito a continuación, propiedad de José J. González: ...”

Es decir, que se embargaron los bueyes como si pertene-derail totalmente a José J. González cuando lo cierto era que a virtud de la previa transacción que con él había cele-brado el demandante éste había adquirido un interés en ellos del que la demandada no podía prescindir. Sólo hubiera sido válido el embargo si se hubiera trabado sujeto a ese interés.

A tal conclusión llegamos inspirándonos en el principio de que debe darse vida en todo lo posible a la libertad de la contratación y a la circunstancia de referirse la sección 13 de la ley a “un acreedor que haya embargado subsiguiente-mente.” De otra suerte, teniendo en cuenta la historia de las hipotecas sobre bienes muebles, nos hubiéramos visto obligados a decidir que el embargo no hubiera podido ni siquiera trabarse. Véase Jones, Chattel Mortgages (5a. ed.) págs. 1 a 2, y 752 a 753, y lo que dice la Corte Suprema de Filipinas en el caso de Bachrach v. Mantel, 25 J. F. 422, como sigue:

“Según la Ley Hipotecaria de Bienes Muebles, el acreedor hipo-tecario viene a ser el dueño de los bienes en el sentido de que tiene eí título legal, quedando al deudor hipotecario el derecho a retener la posesión, a disfrutar de las ventajas que se derivan de su uso y a cancelar el título del acreedor hipotecario por medio del cumplimiento de los términos de la escritura de hipoteca. En cierto sentido, el acreedor hipotecario es en derecho el dueño (legal owner), y el deu-dor hipotecario es el dueño en equidad {equitable owner).”

Nos estamos refiriendo a la ley especial sobre la materia— la 19 de 1927 — tal como regía cuando ocurrieron los hechos de este caso. Posteriormente la sección 10 de dicha ley fué enmendada como sigue:

“Sección 10. — Ningún deudor hipotecario de propiedad mueble venderá, pignorará y de otro modo dispondrá o gravará propiedad hipotecada por él, o parte alguna de la misma sin el consentimiento por escrito del acreedor hipotecario. Pero tal propiedad podrá ser embargada previa consignación en la secretaría de la corte que en-tienda en el asunto, del importe de la obligación hipotecariamente garantizada; Disponiéndose, que los bienes embargados no podrán ser removidos del municipio en que se encontraren antes de que tal consignación se hubiese efectuado, salvo lo dispuesto en la sección 9 de esta Ley.” Ley No. 71 de 1930, Leyes de 1930, p. 449.

Fue el embargo en la forma en que se trabó el primer paso contrario a la ley y al derecho del demandante que dio la demandada. No hubiera tenido consecuencias si el de-recho del demandante hubiera sido posteriormente recono-cido. Mas no fue así. .En violación completa de lo dispuesto en la ley, la demandada pidió y obtuvo el traslado de los bienes a otro distrito. Decimos en violación completa de lo dispuesto en la ley porque de modo terminante su sección 9 prescribe:

“Sección 9. — Ninguna propiedad mueble sobre la cual estuviere vigente una hipoteca de bienes muebles será removida del municipio en que se encontrare en la fecha del otorgamiento de la hipoteca sin el consentimiento por escrito del acreedor hipotecario, y si se otor-gare dicho consentimiento, se inscribirá una copia certificada de la hipoteca en el registro de la propiedad del distrito al cual fuere re-movida dicha propiedad.” Ley No, 19 de 1927, p. 491, 499.

Y una vez trasladados los bienes, continuando en la comen-zada y seguida violación de la ley y de los derechos del de-mandante, la demandada logró que dichos bienes se vendieran y se apropió del total importe de la venta.

¿Pudo actuar impunemente de tal modo? ¿La escuda e] haberlo hecho a virtud de órdenes de la corte y por medio de los funcionarios de la misma?

Sólo hemos tenido el beneficio del alegato de la parte apelante. La parte apelada no compareció al acto de la vista ni presentó su alegato dentro del nuevo término que a ese efecto se le reservara. En tales condiciones, de acuerdo con el estudio del caso hecho por nosotros mismos, creemos que ambas preguntas deben contestarse en la negativa. Los actos de la demandada fueron voluntarios, más que volun-tarios, deliberados, ya que continuaron hasta el fin después de la expresa oposición del demandante, y en su consecuencia debe ser responsable del daño que con los mismos causara, pudiendo reclamarse ese daño por la vía judicial irrespec-tivamente de cualquiera otra acción que el demandante hubiera podido ejercitar contra los marshals de Humacao y San Juan, o en persecución de los bienes hipotecados.

i Cuáles fueron los daños que se causaron al demandante como consecuencia de los actos de la demandada? La demandante sostiene que esos daños consisten en el valor de los bienes hipotecados a favor del propio demandante que la demandada convirtió en suyos a virtud del embargo y venta, calculado dicho valor en el momento del embargo, y tiene razón a nuestro juicio.

Hubo prueba sobre el particular. El testigo Julio Ro-dríguez declaró “que era mayordomo de la finca ‘Nave’ en Gurabo, y que lo era en agosto de 1928; que tenía a su cargo los bueyes que había en la colonia; que en dicha finca había 30 bueyes en agosto de ,1928; que él había cotejado con el Licdo. Molina la lista de los bueyes que están rela-cionados y descritos en el exhibit No. 1 de la demandante; que los 30 bueyes referidos eran los mismos hipotecados a The United Porto Rican Bank; que dichos bueyes fueron embargados por Deograeias Gronzález y que él mismo le entregó los bueyes al marshal; que para aquella época los bueyes estaban en buenas condiciones; que eran bueyes jóvenes; que hace como 16 años que se dedica a la agricul-tura; que en aquella fecha bueyes com© ésos se vendían a seis pesos arroba; que los bueyes tenían un promedio de 16 arrobas cada uno; que venían a ser unos noventa y seis pesos cada buey.”

Otro testigo, Santos Torres, manifestó que había visto los bueyes que pastaban en la finca “Nave,” que eran bueyes jóvenes y que en su opinión valían a seis pesos la arroba.

Y, José J. Gronzález Nieves, el deudor, declarando como testigo manifestó “que los bueyes de que se trata en este caso fueron comprados en 1927; que en agosto 27 de 1928 dichos bueyes tenían un valor de seis pesos la arroba, y en la fecha en que fueron trasladados a la finca del Sr. Carras-quillo valían tres mil dólares, o sea a cien dólares cada uno.!

Esa prueba no fue contradicha. Calculados a noventa y seis dólares cada buey, el precio de todos sube a $2,880 que es la suma que la demandada debe satisfacer al demandante, con intereses legales a partir del 18 de octubre de 1929 fecha en que se radicó la demanda.

Se alegó en la contestación y puede admitirse que se probó en el juicio que diez de los bueyes embargados pere-cieron con motivo del ciclón de San Felipe. Eso no obstante, creemos que la demandada está obligada a reintegrar su valor. Eué a virtud de sus gestiones y para su propio bene-ficio que los bueyes fueron sacados del poder y posesión do] deudor y depositados en otra persona que los puso a pastar en la finca que invadió el río cuando el ciclón. No se. de-mostró que dichos bueyes hubieran perecido ni hubieran quedado en poder del deudor.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra de-clarando la demcmda con Vagar y condencmdo a la demandada a pagar al demandcmte $2,880 con mtereses legales a partir del 18 de octubre de 1929, y las costas del pleito.


text:
    María Pontón Ramos y Luis Santiago Rivera, demandantes y apelados, v. Sucesores de Huertas González, demandada y apelante.
    No. 5092.

    Sometido: Noviembre 22, 1933.

      Resuelto: Mayo 31, 1934.

      José C. Jusino, abogado de la apelante; L. Santiago Carmona, abo-gado de los apelados.
   EN RECONSIDERACIÓN

El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Es éste el mismo caso qne motivó la decisión reportada en 42 D.P.R. 529. Presentóse nna moción de reconsideración por la parte demandada y apelante manifestando qne aunquc-estaba conforme en qne no se habían cometido los primeros diez errores señalados en sn alegato, insistía en la comisión de los tres últimos que se formularon así:

“Décimo PRIMER ERROR: — La Corte erró al no declarar con lugar nuestras reconvenciones.
“Décimo segundo-ERROR:- — La Corte erró al condenar a la de-mandada al pago de costas y honorarios de abogado.
“Décimo TERCER ERROR: — La sentencia de la Corte es contraria a derecho.”

Sé oyó a ambas partes sobre la moción de reconsideración, declarándose ésta finalmente con lugar. En la opinión emi-tida al efecto se dijo, en parte lo que signe:

“Hemos estudiado por nosotros mismos las cuestiones envueltas y nos inclinamos a creer que en vea de limitarse la sentencia a dejar subsistente el crédito hipotecario, debió ordenar su pago como se hizo en el caso de Arvelo et al, v. Banco, 29 D.P.R. 1065, debiendo tam-bién haber ordenado el reintegro de los $200 de contribuciones. Te-nemos fuertes dudas de si procede o no la compensación del otro crédito de $3,000, y no han dejado de impresionarnos los argumen-tos de la parte apelante sobre la cuestión de los frutos y la indeter-minación que se advierte en la condena de la cantidad hasta $7,500 que se ordena a los demandados que devuelvan a los demandantes:
‘ ‘ Siendo ello así, nos parece que la resolución que en justicia pro-cede es declarar con lugar la moción de reconsideración, dejando sin efecto la sentencia dictada y señalando una nueva vista en la que las partes tendrán la oportunidad de discutir el caso, especialmente en cuanto a las cuestiones que se suscitan por los señalamientos de error 11, 12 y 13, ya que expresamente la propia parte apelante ha manifestado su conformidad con la no existencia de los señalamien-tos de error 1 al 10 que hiciera en su alegato. Ambas partes no deberán limitarse a informar oralmente si que presentarán sus ar-gumentos por escrito haciendo referencia a las páginas de la trans-cripción en que figuren los hechos de que traten.”

La nueva vista se celebró el 22 de noviembre último y el caso quedó otra vez sometido a la consideración y resolución del tribunal.

En sus demandas los demandantes pidieron que se anu-lara el procedimiento ejecutivo hipotecario seguido contra ellos por los demandados en cobro de $4,500, intereses y costas y que se condenara a los dichos demandados a pa-garles $28,000 por concepto de daños y perjuicios, con más las costas, desembolsos y honorarios de abogado, estando la suma de $28,000 formada así, copiamos textualmente del hecho XVII de la demanda: “los demandantes al verse des-poseídos de sus únicos bienes han sufrido daños y perjuicios que los estiman en la suma de $10,000 consistente en el valor real y efectivo de la finca subastada y en los sufrimientos morales que han tenido los demandantes desde que fueron despojados de sus únicos bienes qne estiman en la suma de $10,000” y, seguimos copiando textualmente de la demanda complementaria, “con motivo de la insistencia maliciosa de la demandada Suers, de Huertas González en proseguir la vía del ejecutivo hipotecario, ésta requirió del marshal de la corte de distrito que la pusiera en posesión de la finca subastada inmediatamente y con tal motivo se posesionaron e hicieron de una plantación de tabaco compuesta de cuarenta cuerdas, propiedad en parte de los demandantes y en parte bajo un contrato de refacción con Tabacaleros de Bayamón, Inc., y valorada la plantación en conjunto en ocho mil dó-lares. ’ ’ Esto es, se reclamaron diez mil dólares por el valor de la finca, diez mil por sufrimientos morales y ocho mil por la plantación de tabaco.

En su contestación los demandados negaron que el ejecu-tivo hipotecario fuera nulo y que se hubieran sufrido y pu-dieran concederse los daños y perjuicios reclamados, y además, establecieron cuatro reconvenciones. Por la pri-mera alegaron que habiendo sólo producido en el remate la finca hipotecada tres mil dólares, los demandantes eran en deberles aun de la deuda garantizada con la hipoteca $2,860. Por la segunda que en el caso de prosperar la acción de nulidad, estando vencida con exceso la hipoteca de que se trata sin haberse satisfecho, procedía condenar a los deman-dantes a pagar a los demandados el importe del principal de la misma $4,500, intereses, costas y honorarios de abogado. Por la tercera que a virtud de cierto crédito refaccionario extendido por los demandados a los demandantes y no pagá-doles por éstos, los demandados demandaron a los deman-dantes y obtuvieron una sentencia a su favor el 26 de abril de 1928 condenándolos a pagarles $3,300 con intereses al doce por ciento anual a partir de octubre 26, 1927, de cuya sentencia sólo han podido cobrar $300. Se alega la insol-vencia de los demandantes y se pide que se deduzca el crédito por sentencia de cualquier suma que se condene a los deman-dados a pagar a los demandantes. Y por la cuarta reeon-vención se alega que los demandados pagaron doscientos dólares por contribuciones adeudadas por la finca de los de-mandantes que se les adjudicara, suma que también debe descontarse.

Los demandantes contestaron la primera reconvención negando que adujera Lechos determinantes de causa de acción y alegando que los demandados vendieron la finca subastada a Vidal Rivera en $8,500; la segunda aceptando que la hipo-teca por ellos constituida a favor de los demandados y que fue objeto del ejecutivo hipotecario nulo vencía en junio 20, 1928, sin que se hubiera satisfecho el capital, negando que deban intereses desde junio 20, 1926, y costas y honorarios de abogado; la tercera aceptando la existencia de crédito refaccionario y de la sentencia alegados y negando que el ta-baco rematado sólo produjera $300 quedando ellos a deber $3,000 e intereses, y la cuarta negando el pago de las con-tribuciones a que se refiere. Como defensa especial común a todas las reconvenciones adujeron la que sigue:

“Estoppel by conduct: Que la demandada con su conducta y ac-tuaciones posteriores a la adquisición de la finca hipotecada y su-bastada vendiendo dicha finca a tercera persona por doble precio de lo adeudado está impedida de reconvenir a los demandantes por con-cepto de deuda alguna ya que ha cobrado en exceso dicha suma o sumas y que por su conducta y actuación posterior la demandada está impedida de solicitar nuevo remate ni de nuevo procedimiento porque la compradora de dicha finca es tercera persona que adquirió de buena fe y desconociendo los vicios de nulidad del procedimiento de ejecutivo hipotecario.”

Planteado así el debate, fué el pleito a juicio, quedando resuelto por la sentencia apelada, como sigue:

“Por los fundamentos consignados en la Relación de Hechos y Opinión, que consta unida a los autos de este caso se hace formar parte de los mismos, por la presente se declara con lugar la demanda y en su consecuencia nulo el procedimiento ejecutivo hipotecario seguido ante esta Corte de Distrito bajo el número 5759 por Sucrs. de Huertas González v. María Pontón Ramos y Luis Santiago Rivera, y se ordena que la propiedad ejecutada en dicho procedimiento sea devuelta a los demandantes en este caso, con sus frutos y rentas desde la fecha en que .fueran ilegalmente desposeídos de la misma; y si no fuere posible la restitución, que se les compense el valor de la finca y sus frutos desde la desposesión, y los daños y perjuicios materiales sufridos, hasta una suma de $7,500, condenándose ade-más a la. demandada al pago a los demandantes de una suma de $4,500 como indemnización, por los dolores morales producidos por la angustia y sufrimientos mentales tenidos por los demandantes con motivo de la ejecución de su finca por la demandada; y conse-cuentemente, la corte declara también con lugar la reconvención, en cuanto a dejar subsistente el préstamo con garantía hipotecaria por la cantidad de $4,500, más sus intereses al tipo establecido de uno por ciento mensual desde el día 20 de junio de 1927, y $500 consig-nados por los gastos, y costas tal como aparece en la escritura número 55 de 1924, otorgada ante el Notario José O. Jusino; e imponiendo las costas, gastos y desembolsos de este pleito a la parte demandada.”

En cnanto a la nulidad, del procedimiento ejecutivo hipo-tecario, en nada tenemos que alterar los razonamientos ex-puestos en la decisión de esta corte reportada en 42 D.P.B. 529. Nulo fue el procedimiento porque la hipoteca se ejecutó sin estar vencida y porque el requerimiento no se practicó de acuerdo con la ley.

Tampoco hemos variado de criterio en cuanto a la no procedencia de la reclamación de daños y perjuicios por sufrimientos morales en un pleito de esta naturaleza. Los nuevos argumentos' del distinguido ahogado que representó a la parte demandante en la nueva vista del recurso, no nos han convencido de que nuestra opinión sea equivocada.

Despejada así la situación, resta por resolver:

1, si la parte de la sentencia que ordena que la propiedad ejecutada sea devuelta con sus frutos y rentas y si ello no fuere posible que se compense a los demandantes “el valor de la finca y sus frutos desde la desposesión, y los daños y perjuicios materiales sufridos, hasta una suma de $7,500,” puede o no subsistir;

2, si puede o no subsistir en la forma en que aparece dic-tado el pronunciamiento de la sentencia declarando con lugar la segunda reconvención;

3, si deben, declararse con lugar o no las reconvenciones primera, tercera y cuarta; y

4, si debe o no subsistir el pronunciamiento sobre costas de la sentencia apelada.

Las cortes tienen que resolver los casos de acuerdo con las alegaciones y las pruebas.

Aquí los demandantes jamás pidieron la devolución de la finca con sus frutos y en tal virtud su devolución no debió ni pudo ser decretada.

Pidieron los demandantes que se les restituyera el valor de la finca que fijaron en $10,000. Nada más solicitaron en relación con la finca y a su petición estamos obligados a circunscribirnos.

De la evidencia practicada en el juicio resulta que la finca en cuestión fue bipotecada para responder de $4,500. Está situada en el barrio de “Doña Elena,” de Comerío, consta de 73 cuerdas de terreno, cuarenta por lo menos de las cuales son propias para el cultivo de tabaco, habiendo producido su cosecha de 1926, $6,796.02. Tenía casa habitación y otros anexos. La mercantil demandante se la adjudicó en $3,000 en el remate que se alega que es y que hemos declarado que fue nulo y poco después la vendió en $8,500. Declarando en el juicio dijo el demandante Luis Santiago que la finca valía diez o doce mil dólares y declarando también en el juicio Florentino Longo, gestor de la mercantil demandada, mani-festó que $6,000 era su valor.

Esos son los datos que encontramos en la evidencia que pueden llevarnos a la fijación del justo valor de la finca de que los demandados desposeyeron ilegalmente a los deman-dantes. En ellos basándose la mayoría del tribunal entiende que el justo valor de la finca debe fijarse en $8,500 que fué la cantidad que por ella obtuvieron los propios demandados. La minoría, formada por el Juez Asociado Sr. Hutchison y el juez que emite esta opinión, entiende que atendidas todas las circunstancias concurrentes debe darse crédito a la decía-ración del demandante Luis Santiago y fijarse el valor de la finca en $10,000.

La corte condenó además a devolver el valor de los frutos y el de los daños materiales hasta, los últimos, la suma de $7,500.

En cuanto a los frutos producidos o debidos producir ni se reclamaron por los demandantes, ni aunque se hubieran reclamado encontramos en los autos evidencia alguna que permita fijarlos.

Igual consideración cabe hacer en cuanto a los daños materiales. Al estudiar el caso pensamos que quizá el juez tuvo en mente los ocho mil dólares reclamados en la demanda complementaria como valor del tabaco que existía en la finca. Sin embargo, esa reclamación fué expresamente descartada por el juez sentenciador en la relación del caso y opinión que emitiera para fundar su sentencia. En ese documento dijo:

“Cierto es que el propio demandante declaró que poseía un co-mercio en el pueblo de Comerío, que fué objeto de varios embargos por otros acreedores. Asimismo se probó que al tiempo de dársele posesión al ejecutante hipotecario, había 40' cuerdas de tabaco sem-bradas en la finca, de las que se habían recogido 6 cuerdas más o menos, y que no pudiendo cosecharlas, se perdieron 30 y pico de cuerdas. Realmente pudiera suceder, en cuanto al segundo extremo de los daños, que es lo que se alega en la demanda complementaria, que tenga razón la parte demandante. Este tabaco fué'objeto de una ejecución en otros asuntos, y el mismo se adjudicó a la demandada por la suma de $300. El resto del tabaco, que pudo ser cosechado por el demandante, no ha sido liquidado. No se han probado ele-mentos bastantes de daños para que se pueda establecer sobre ellos un fallo justo e imparcial. ”

Hemos examinado la evidencia de ambas partes sobre el particular y ella demuestra que del tabaco que estaba reco-gido se apoderaron indebidamente los demandados. Parece que una parte les fué adjudicada luego por trescientos dó-lares y otra fué devuelta por ellos al demandante Santiago quien les otorgó un recibo. En cuanto al tabaco que estaba aún en las talas, demuestra dicha evidencia a nuestro juicio que fue recogido por el propio demandante Santiago y sus medianeros. Santiago lo guardó en los bajos de su casa en Comerío y el río se lo llevó cuando el ciclón de San Felipe.

La impresión que el estudio de esa evidencia produce es que se causaron algunos perjuicios por los demandados a los demandantes, sin que sea posible fijar su cuantía. Es éste uno de los muclios casos en que la evidencia que las partes aportan es tan deficiente que no permite al tribunal impartir la justicia que debiera.

Como resultado del estudio de la primera cuestión, en-tendemos, pues, que los pronunciamientos de la sentencia relativos a la devolución de la finca con sus frutos o al re-integro de su valor y sus frutos, con más $7,500 por daños y perjuicios, no puede subsistir. Debe ser sustituido por el reintegro de $8,500 valor de la finca que prevalece.

Tampoco debe subsistir el pronunciamiento declarando con lugar la segunda reconvención tal como se hizo en la sentencia.

De acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en los casos de Arvelo v. Banco, 29 D.P.R. 1066 y López v. Quiñones, 30 D.P.R. 342 y en otras más re-cientes la reclamación puede y debe quedar resuelta defini-tivamente dentro de este mismo pleito.

No hay duda alguna de que anulado el ejecutivo hipotecario queda subsistente el crédito asegurado con la hipoteca. Que los demandados tienen derecho a recobrar los $4,500 que prestaron a les demandantes una vez que les reintegren el valor de la finca ya que ésta no puede devolverse, es evidente. Lo que sí creemos que no tienen derecho a percibir son las costas y honorarios de abogado, ni los intereses, ya que no es posible dejar de tomar en consideración que los honorarios se devengaron en un procedimiento nulo y que la finca pasó a sus manos indebidamente y la vendieron por $8,500, de cuya cantidad han venido beneficiándose desde que la percibieron. De acordarles tal derecho se les estaría reconociendo un doble beneficio ya que sólo se les condena al reintegro del valor de la finca sin frutos o intereses. El pronunciamiento debe quedar redactado reconociendo a los demandados el derecho.a cobrar de los demandantes $4,500 que los demandados descontarán de los $8,500 que deben satisfacer a los demandantes.

Veamos ahora cómo deben resolverse las restantes recon-venciones.

La primera es manifiestamente improcedente. Lo que se pide a virtud de ella está en contradicción con la nulidad del ejecutivo decretada. El remate queda sin efecto y no puede tomarse como base para hacer descansar en él medida ulterior alguna.

La tercera reconvención procede, en parte. Examinada la evidencia practicada en el juicio y habiendo en conside-ración la propia admisión de los demandantes, encontramos probado que una sentencia válida que es firme se dictó contra los demandantes y en favor de los demandados por la suma de tres mil trescientos dólares e intereses, habiendo sólo podido cobrar los demandados a cuenta, de ella trescientos dólares, quedando un saldo de tres mil que los demandados no podrán percibir a menos que los descuenten de lo que tienen que satisfacer a su vez a los demandantes por carecer éstos de otros bienes.

Dijimos que procedía que se declarara con lugar en parte porque creemos que no debe autorizarse el cobro de intereses. Sumados los $4,500 del principal de la hipoteca con los $3,000 de la sentencia aun se obtiene una suma menor de la que obtuvieron los demandados al vender la finca de los deman-dantes que indebidamente les fue adjudicada.

La cuarta y última reconvención se refiere al reintegro de la suma de $200 pagada por los demandados por contribuciones adeudadas por la finca, con intereses sobre la misma a partir del pago.

En el acto del juicio se demostró el pago de dichas con-tribuciones y es justo su reintegro, pero sin intereses, des-contándose la snma como en los casos de las reconvenciones segunda y tercera.

Resta sólo considerar la cuestión de las costas. Habidas en consideración todas las circunstancias concurrentes, opi-namos que el pronunciamiento debe subsistir. Es cierto que no se ba concedido todo lo solicitado por los demandantes y que algunas de las reconvenciones de los demandados han prosperado, pero predomina el hecho de que a no ser por la conducta injustificada de los demandados jamás hubiera habido necesidad de iniciar este pleito.

Creemos, pues, que abarcando la totalidad de los pro-blemas envueltos con ánimo de poner fin al litigio de la manera más rápida, más clara y más justa que sea posible, la sentencia que debe dictarse en definitiva es una por virtud de la cual se declare nulo el ejecutivo hipotecario y se con-dene a los demandados a pagar a los demandantes ocho mil quinientos dólares y a los demandantes a pagar a los deman-dados cuatro mil quinientos dólares, tres mil dólares y dos-cientos dólares, o sea en junto siete mil setecientos dólares que deducidos de los ocho mil quinientos dejan un balance de ochocientos dólares que es lo que finalmente vienen los demandados obligados a satisfacer a los demandantes, con las costas del pleito.