author: El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila, El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Dolores Blondet Martínez, acompañada de su esposo Hilario Santiago, demandantes y apelados, v. Guillermo Garáu, demandado y apelante.
    No. 6902.
    Sometido: Enero 14, 1935.

      Resuelto: Enero 16, 1935.

      T. Bernardini Palés, abogado del apelante; Pedro E. Anglade, aboga-do de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Cóbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Solicitan los demandantes en este caso que se desestime-por frívolo el recurso de apelación interpuesto por el de-mandado.

La acción que se ejercita se basa en un pag'aré que copiado literalmente dice así:

“Por $1500.00. — -Para el 8 de julio de 1922. — (un mil quinientos dollars moneda ameriCAna.) Pagaremos mancomunada y solida-riamente, a la orden de Dolores Blondet el día 8 de julio de mil novecientos veintidós, la cantidad de mil quinientos diollaRS mo-neda de los Estados Unidos,-por valor recibido. Nos sometemos ex-presamente a los tribunales de Guayama, P. E. y nos obligamos a satisfacer las costas y los gastos que el cobro- de este documento oca-sione, incluyendo los honorarios de los abogados de quienes se valga su tenedor hasta quedar satisfecho del capital e intereses al tipo del nueve por ciento anual. Los intereses de esta obligación el Sr. Samuel Martín se, compromete a pagarlos mensualmente y por adelan-tado al referido tipo de interés o sea al nueve por ciento anual y dejados de satisfacer dos meses corridos se dará por vencida esta obligación. Guayama, Puerto Rico, julio 8 de 1921. — (Fdo.) Samuel Martín.- — (Fdo.) Berreteaga & Martín.— (Fdo.) Guillermo Garáu.”

El demandado aceptó en su. contestación el otorgamiento del documento anteriormente copiado y entre otras cosas alegó-que conforme el artículo 942 del Código de Comercio en re-lación con los 944 y 950 de dicho cuerpo legal, edición 1911,. la acción ejercitada ha prescrito, porque los suscribientes de-la obligación son comerciantes y se trata de una operación puramente mercantil. La corte inferior resolvió que la ac-ción no había prescrito y declaró con lugar la demanda, con-denando al demandado a satisfacer la suma de $1,500 con sus intereses y $250 para costas, gastos, desembolsos y honora-rios de abogado.

De acuerdo con las conclusiones de hecho de la corte inferior, plenamente justificadas por la prueba, Dolores 'Blondet economizó para comprar una casa cierta cantidad de dinero. Samuel Martín, cuñado de dicha joven, teniendo conocimiento de la existencia de ese dinero, lo pidió en cali-dad de préstamo, a un interés del 12 por ciento anual. La demandante accedió a lo solicitado, reduciendo el interés al 9 por ciento por entender que el interés ofrecido era excesivo. El pagaré fué suscrito mancomunada y solidariamente por el referido Martín, Berreteaga & Martín y por el demandado Guillermo Garáu. Este préstamo lo obtuvo Martín para aten-der una obligación que tenía vencida. La parte apelante alega que el importe de dicho préstamo fué destinado a ope-raciones de comercio y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España sostiene que tratándose de un pagaré a la orden, si las partes lo que tuvieron en mente fué un prés-tamo con destino a una operación mercantil, siendo comer-ciantes algunos de los contratantes, dicho préstamo debe re-girse exclusivamente por el artículo 311 del Código de Co-mercio, edición de 1911, según el cual se reputará mercantil el préstamo, si alguno de los contratantes fuere comerciante o si las cosas prestadas se destinaren a actos de comercio. No cita el apelante ninguna sentencia del Tribunal Supremo de España sosteniendo el criterio apuntado.

El artículo 532 del referido cuerpo legal, que fué uno de los derogados y sustituidos por la ley de instrumentos nego-ciables de 1930 dispone que los pagarés a la orden que pro-cedan de operaciones de comercio producirán las mismas •obligaciones y efectos que las letras de cambio, excepto en la aceptación, que es privativa de éstas. Esta corte ha inter-pretado este artículo en repetidas decisiones. Los pagarés librados a la orden tienen la presunción juris tantum de ser mercantiles a menos que se pruebe que no proceden de ope-raciones comerciales. El carácter mercantil de los pagarés a la orden, sin embargo, no se determina por la mera cuali-dad de ser comerciantes las personas que en ellos se interesan como librador, endosante o tenedor, sino por la circunstan-cia esencial de proceder de operaciones mercantiles.

Ésta es la doctrina sentada en el caso de Pierluisi v. Monllor, 42 D.P.R. 7, donde se examina y analiza detenida-mente la jurisprudencia establecida por este tribunal y por la Corte Suprema de España. En dicho caso se alegó que el pagaré se originó a virtud de haber recibido la mercantil de-mandada, en calidad de préstamo, cierto crédito hipotecario de la demandante. Se probó en el juicio que uno de los so-cios de la mercantil demandada solicitó y obtuvo de la de-mandante que le cediera dicho crédito hipotecario para tras-pasarlo a otra persona en pago parcial del precio de una casa y que por dicha cantidad firmó el pagaré como valor re-cibido. Esta corte resolvió que dicho pagaré no procedía de operaciones mercantiles.

En el caso de Salgado v. Villamil, 14 D.P.R. 457, se sos-tiene que los pagarés a la orden tienen la presunción de ser mercantiles, salvo prueba en contrario, y se llega a la conclu-sión de qué los pagarés librados en dicho caso no eran comer-ciales por proceder de la venta de acciones y derechos here-ditarios, que en manera alguna puede reputarse como análoga a los actos mercantiles mencionados en el Código de Comer-ció, porque sólo pueden tener ese carácter, ya la compra, ya la venta, cuando las partes tuvieron el propósito de obtener lucro.

En el presente caso Samuel Martín obtuvo de la deman-dante que le facilitara en calidad de préstamo los ahorros por ella realizados para comprar una casa. La operación se llevó a cabo en 1921, cuando estaba en todo su vigor el artículo 532 del Código de Comercio, edición 1911. La presunción juris tantum de ser mercantiles los pagarés librados a la or-den ha quedado satisfactoriamente destruida. El pagaré ex-tendido a favor de la demandante no procede de operaciones comerciales y por lo tanto no prescribe dentro del término de tres años como alega el demandado, sino a los quince años, de acuerdo con el artículo 1865 del Código Civil Revisado en re-lación con el 943 del Código de Comercio, edición de 1911, equivalente al 1940 del mismo código, edición de 1932.

Esta es la única cuestión fundamental que se debate en este caso a juzgar por los argumentos del demandado opo-niéndose a la moción de desestimación y por el estudio de-tenido que hemos hecho de la prueba practicada y de todas las cuestiones levantadas por el demandado en la contesta-ción y durante la vista de la causa.

A nuestro juicio el recurso establecido es frívolo y debe ser desestimado.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Enero 23, 1935

1. Letbas y Pagarés — Forma y Contenido de los Mismos — Naturaleza del Pagaré — Carácter Mercantil. — Los pagarés u la orden a que se refiere el artículo 532 del Código de Comercio no son aquéllos cuyo importe se va a dedicar a operaciones mercantiles, sino los que proceden de operaciones de esa clase.

2. Letras y Pagarés — Interpretación—Partes en la Obligación — Solidari-dad. — Cuando una persona suscribe, con el prestatario, un pagaré, comprome-tiéndose a satisfacer mancomunada y solidariamente el principal, etc., basta el tenedor quedar satisfecho del capital e intereses, el que el dicho prestatario se comprometiera a pagar dichos intereses mensualmente y por adelantado no priva a la obligación del elemento de solidaridad con res-pecto a tales intereses.

3. Costas — Fundamentos del Derecho en General — Existencia de Convenio Entre Partes. — Cuando los suscribientes de un pagaré convienen el pago de costas y honorarios y, reclamada la obligación principal, el demandado no niega en su contestación la razonabilidad de la valoración de los servicios en la demanda de la suma determinada en ella, sino que se limita a esta-blecer como defensa la prescripción de la acción, al estimar razonable la corte la referida suma y condenar al pago de ella se ajusta a la ley y a la jurisprudencia aplicable.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión

del tribunal.

El apelante solicita la reconsideración de nuestra resolu-ción desestimando el recurso interpuesto por frívolo. Insiste en que el importe del préstamo en el presente caso fué des-tinado a operaciones de comercio y en que debe reputarse como mercantil. Dijimos en nuestra opinión que el apelante no adujo jurisprudencia alguna en apoyo de su criterio.

En su moción de reconsideración el apelante deduce de algunas sentencias del Tribunal Supremo de España que la obligación tiene el carácter de mercantil cuando se destina a operaciones de comercio. Aparte de que en este caso no se ba demostrado que la demandante facilitara sus economías a su cuñado Samuel Martín con la finalidad de que fuera dedicado a operaciones mercantiles, entendemos que del pagaré suscrito a favor de la demandante y de la prueba practicada se deduce claramente que el préstamo no procede de operaciones de comercio.

Esta corte y el mismo Tribunal Supremo de España han declarado que los pagarés a la orden a que se refiere el ar-tículo 532 del Código de Comercio no son aquéllos cuyo in-porte se va a dedicar a operaciones mercantiles, sino los que proceden de operaciones de esta clase, palabras éstas que subraya el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 24 de noviembre de 1894 y en un considerando que dice así:

“Considerando que los valores y pagarés a la orden a que el art. 532 del Código de Comercio otorga la misma eficacia y efectos que a las letras de cambio, no son aquéllos cuyo importe se va a dedicar a operaciones mercantiles, sino los que proceden de operacio-nes de esta clase, en cuyo concepto la sentencia recurrida se ajusta a su precepto, que como infringido se señala en el motivo primero al estimar como un mero préstamo de derecho común el consignado en las obligaciones que sirven de base a este pleito, a cuyos contrayentes, por tanto, no cabe aplicar el artículo 2o. del mismo Código, que tam-bién se señala en el referido motivo: ’ ’

En el caso de Pierluisi v. Monllor, 42 D.P.R. 16, esta corte, después de citar una sentencia del Tribunal Supremo de España de 11 de octubre de 1918, se expresa así:

“El artículo 531 a que se refiere esa sentencia es igual al del mismo número de nuestro código y se refiere a los requisitos que debe tener un pagaré a la orden, siendo el séptimo el de contener el origen y especie del valor que represente. El 532 que hemos citado es reproducción exacta del 532 del Código de Comercio Español. Antes de esas dos sentencias ya había dicho el mismo tribunal en 24 de noviembre de 1894 que los pagarés a la orden no son aquéllos cuyo importe se va a dedicar al comercio sino los que proceden de operaciones comerciales, pués sólo éstos tienen valor jurídico de do-cumentos mercantiles. Y en la de 25 de enero de 1898 declaró el referido tribunal lo siguiente: ‘La expedición de pagarés a la orden y sus endosos deben reputarse actos mercantiles, con arreglo al ar-tículo 2o. del Código de Comercio, por ser de los expresamente defi-nidos en este cuerpo legal, y por lo tanto, hay la presunción de que proceden de operaciones de comercio, salvo prueba en contrario.’
“Por consiguiente, según nuestro Cdigo de Comercio, que en este particular es igual al de España, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de dicha nación y la repetida de nuestra Corte Suprema, los pagarés librados a la orden tienen la presunción juris tcmtum de ser mercantiles a menos que se pruebe que no proceden de operaciones comerciales. En consecuencia, el hecho de firmarse un pagaré a la orden no convierte un simple préstamo en mercantil ni constituye por sí una operación de comercio, porque nuestro estatuto dice que son mercantiles los que proceden de operaciones de comercio. Tam-bién sostienen los comentaristas la misma doctrina. El Sr. Estasen, en su obra ‘Jurisprudencia Mercantil’, tomo 2, página 235, dice/' según se cita en el alegato de la apelada, que ‘los vales y pagarés a que el artículo 532 del Código de Comercio otorga la misma eficacia y efecto que las letras de cambio, no son aquéllos cuyo importe se va a dedicar a operaciones mercantiles, sino los que procedan de opera-ciones de esta clase’; y en la página 236 agrega: ‘El carácter mer-cantil de los pagarés a la orden no se determina por la mera euali-dad de ser comerciantes las personas que en ellos se interesen como librador, endosante, o tenedor, sino por la circunstancia esencial de proceder de operaciones mercantiles.’ ”

La corte inferior, analizando la prueba practicada, se ex-presó así:

“La demandante no se dedicaba al comercio, ella vivía en su casa en unión de su familia. El dinero prestado no lo tenía para especu-lar, sino en calidad de aborro para dedicarlo a la compra de una casa. Las relaciones familires de ella con su cuñado Samuel Martín, fueron quizás las que determinaron el llevar a cabo el préstamo con el fin de ayudar a su cuñado que se encontraba en situación muy apurada, según lo manifestara por sus cartas que obran en autos.”

El apelante alega que el tribunal a quo erró marcadamente en la apreciación de la prueba, demostrando en ello basta pa-sión, prejuicio y parcialidad, y errando asimismo en la in-terpretación del contrato de préstamo. Hemos examinado detenidamente toda la prueba practicada y no podemos com-partir la opinión del demandado. El tribunal a quo hace un análisis detenido y ecuánime de dicha prueba, establece los becbos con acierto y claridad, y aplica a los mismos el dere-cho en la forma en que ba sido interpretado por este tribunal.

Con respecto a los intereses, no está en lo cierto el demandado cuando dice que la responsabilidad de satisfacerlos recae exclusivamente sobre Samuel Martín. La obligación es clara y totalmente solidaria. Los suscribientes del pagaré se comprometen a satisfacer mancomunada y solidariamente a la orden de Dolores Blondet la suma principal, las costas y los gastos que ocasione el cobro de la obligación, incluyendo los honorarios de los abogados de quienes se valga su tenedor, basta quedar satisfecho del capital e intereses al tipo del 9 por ciento anual. El hecho de que Samuel Martín, que fué quien obtuvo el préstamo, se comprometa a pagar dichos intereses mensualmente y por adelantado, no priva a la obligación del elemento de solidaridad con respecto a los referidos intereses. En cuanto a las costas y honorarios, cuyo pago se convino por las partes, el demandado no negó en su contestación' la razonabilidad de la valoración de estos ser-vicios en la demanda en la suma de $250, limitándose a esta-blecer como defensa la prescripción de la acción ejercitada. La corte inferior estimó razonable la referida snma y condenó al demandado a satisfacerla interpretando correctamente la ley y la jnrisprndencia sentada por este tribnnal. American Colonial Bank v. Rossy, 39 D.P.R. 564; Brockway Motor Truck Corp. of P. R. v. Llorens, 45 D.P.R. 123.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila, JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY

license: Public Domain

text:
    Castor Colón, demandante y apelante, v. Plazuela Sugar Company, demandada y apelada.
    No. 6154.
    Sometido: Mayo 19, 1933.

      Resuelto: Enero 16, 1935.

      L. Mercader, abogado del apelante; Q. Zeno Sama, abogado de la apelada.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Allá por el año de 1931, Castor Colón demandó a Plazuela Sugar Company, alegando que cierta finca del demandante está atravesada por un ferrocarril de la demandada y soli-citando que se declare su propiedad libre de servidumbre de paso y que se ordene a la demandada que levante los rieles que tiene en la referida finca. De acuerdo con las alegaciones y la prueba, Pascasia Serrano, dueña en 1907 de una finca de nueve cuerdas de terreno radicada en el barrio Islote, del término municipal de Arecibo, concedió permiso verbal a Plazuela Sugar Company para construir y explotar una vía férrea a través de la referida finca. Al año siguiente ese permiso se bizo constar por ambas partes en un docu-mento privado otorgado ante, testigos. En ese documento la dueña aparece ratificando mediante el precio de $25 el per-miso verbal concedido. Años después, en 1913, ambas partes otorgaron un documento público ante notario donde se hace constar que Plazuela Sugar Company es dueña de un ferro-carril privado que atraviesa con sus vías férreas una parcela de la finca de Pascasia Serrano qne se describe, dando a dicha finca nn aumento de valor considerable, por cuyo mo-tivo y por el precio de $1 qne confiesa baber recibido, la dneña del inmueble concede a Plazuela Sugar Company una servidumbre de paso y establecimiento de una vía férrea fija a perpetuidad sobre dicha porción de la finca que también se describe. Se hace constar además que Pascasia Serrano da, cede y traspasa a favor de Plazuela Sugar Company lá referida parcela de terreno con derecho por dicha corpora-ción al uso de la misma a perpetuidad para establecer, fijar y empotrar una línea férrea y mantenerla y explotarla con el material rodante necesario y con fuerza animal o mecánica de cualquier clase. Cinco años después, en 1918, vendió Pascasia Serrano a Arturo González Prado una cuerda de terreno de la mencionada finca por el precio de $250 que confesó haber recibido, haciéndose constar en la escritura que esa parcela está atravesada de este a oeste por una vía férrea de la Plazuela Sugar Company, hecho que también hizo constar el registrador en sus libros al hacer la inscripción de esa finca de una cuerda a favor de González • Prado. Posteriormente Plazuela Sugar Company presentó en el re-gistro para su inscripción la escritura que en 1913 otorgara a su favor Pascasia Serrano, pero el registrador negó la inscripción del documento, limitándose a tomar anotación preventiva, por no describirse el predio dominante a cuyo favor se constituye la servidumbre y porque, habiéndose segregado de la finca principal con posterioridad al otorga-miento del documento una parcela inscrita a favor de dife-rente persona, no podía determinarse si la faja constitutiva de la servidumbre está en el resto de la finca o de la parcela. Contra esta negativa no interpuso Plazuela Sugar Company recurso alguno ni consta que el documento aludido haya sido inscrito posteriormente en el registro de la propiedad. En 1927 la finca de González Prado fue vendida por el Colector de Rentas para cubrir las contribuciones que adeudaba, siendo comprada por Esteban Mena Díaz, quien también permitió que la finca fuese vendida en cobro de contribuciones por el Colector de Rentas Internas a Castor Colón, quien inscribió su título en mayo de 1981 en el registro de la propiedad.

La corte inferior declaró sin lugar la demanda. De esta sentencia apeló el demandante, atribuyendo a la corte inferior varios errores, que examinaremos por el mismo orden en que fian sido presentados.

Se alega en primer término que el tribunal a quo incurrió en error al no dictar sentencia contra la demandada de acuerdo con las alegaciones presentadas bajo juramento. Al iniciarse el juicio solicitó el demandante que la corte dic-tase sentencia a su favor por los méritos de la demanda y de la contestación, que están juradas. . La solicitud fue dene-gada, procediéndose entonces a la práctica de la prueba. Debe desestimarse el error apuntado de acuerdo con la doc-trina establecida en Ana María Sugar Co. v. Castro, 28 D.P.R. 261, y Rivera v. Central Pasto Viejo, 43 D.P.R. 715.

Alega el apelante que la corte inferior cometió error al admitir como prueba cuatro documentos que se describen en los motivos de error segundo, tercero, cuarto y quinto. Esta prueba se relaciona directamente con la servidumbre alegada por la parte demandada y es claramente admisible como quedará demostrado en el curso de esta opinión.

Los motivos de error sexto y séptimo se basan en haber resuelto el tribunal a quo que el registrador de la propiedad no debió negarse a inscribir la escritura otorgada en 1913 a favor de Plazuela Sugar Company. A juicio de la corte inferior el documento mencionado debió haber sido inscrito por tratarse de una cesión, de una transferencia de la parcela de terreno, y no de una constitución de servidumbre real. El error o el acierto del registrador al denegar la inscripción solicitada no es cuestión a debatir en el presente caso, porque en nada puede afectar la resolución que se dicte en definitiva. Las conclusiones de la corte inferior sobre este extremo carecen, por lo tanto, de importancia, ya que están fuera de lugar y que, como hemos dicho, no pueden influir en la confirmación o revocación de la sentencia ape-lada.

Se alega qne la corte inferior erró al decidir qne la anotación preventiva extendida por el registrador con motivo de la presentación de la mencionada escritura afectaba, a pesar de su caducidad, los derechos del actor, y que era y es un tercero de buena fe. Este tribunal ha declarado que las anotaciones preventivas tienen carácter transitorio y caducan por el transcurso del término de ciento veinte días que fija la ley para subsanar los defectos que impiden la inscripción del título y que una vez caducadas sin que se hayan subsanado tales defectos no producen efecto alguno contra terceros y carecen de fuerza para destruir derechos civiles de otra persona, siendo el deber del registrador cancelar de oficio dichas anotaciones. Ramis et al. v. Registrador, 18 D.P.R. 76; Antonsanti v. Registrador, 9 D.P.R. 190.

En este caso el demandante tuvo conocimiento, no ya por la anotación preventiva, sino por el título de González Prado inscrito en el registro, de que el inmueble que compró estaba atravesado de este a oeste por una vía férrea de Plazuela Sugar Company. En cuanto a la anotación, dado su carácter transitorio, no constituye constructive notice de la información en ella contenida después de transcurrido el plazo señalado por la ley. El derecho americano distingue claramente el efecto de una notificación de derecho (constructive notice) y una notificación de hecho (actual notice). Cuando se adquiere actual notice no es posible alegar la condición de tercero. Supongamos que una persona adquiere conocimiento personal de la existencia de ciertos hechos en una fuente de información cualquiera, '¿podría borrarse de su imaginación la realidad viviente de esos hechos para permitirle alegar con éxito favorable la condición de tercero? ¿Son tan inflexibles las pautas que ofrece la Ley Hipotecaria para apreciar si un contratante reúne o no el carácter de tercero que pueda llegarse al extremo de prescindir de la realidad para crear la ficción de la ignorancia allí donde los hechos, penetrando por los sentidos, se manifiestan palpable-mente con la necesaria claridad? Indudablemente que no. Como dijimos en Arroyo v. Zavala, 40 D.P.R. 272, la ley no vive en un medio ambiente ficticio sino en un conjunto de realidades. No basta por sí solo el elemento filosófico, el principio ético jurídico, para dar vida a la ley; ésta necesita, como necesita el cuerpo humano del aire para respirar, de los elementos históricos y circunstanciales.

El demandante puede alegar que no ha recibido, por medio de la anotación preventiva, constructive notice de la existencia o de la probable existencia de un título válido de servidumbre; pero está incapacitado para negar que ese mismo registro con el cual pretende escudarse le hizo saber, por medio del título inscrito a favor del Sr. González Prado, que la parcela por él comprada estaba atravesada por una vía férrea de Plazuela Sugar Company.

Arguye la demandada que tanto por el registro como por la materialidad de .las vías tendidas sobre la parcela de re-ferencia, cuya visualidad hiere forzosamente los sentidos, tenía que conocerse el gravamen de servidumbre a favor de Plazuela Sugar Company. El tratadista Morell, comentando el artículo 27 de la Ley Hipotecaria, cita veinte sentencias del Tribunal Supremo de España, cuya doctrina a su juicio puede condensarse así:

“No puede alegar su cualidad de tercero hipotecario, aquél que tiene perfecto conocimiento de las condiciones con que hubo de veri-ficarse la adquisición, aun cuando éstas no consten en el Registro, ya ese conocimiento se derive de actos realizados por el supuesto tercero, ya de hechos que tienen que herir forzosamente los sentidos, cual acontece, por ejemplo, respecto a determinadas servidumbres aparentes, si bien no deben admitirse presunciones más o menos ló-gicas o racionales, contradictorias en realidad del esencial funda-mento y alcance de los preceptos de la Ley Hipotecaria, ni cabe obli-gar tampoco a los interesados a que hagan un estudio jurídico de las condiciones de los bienes o derechos inscritos.” 2 Morell, 533-534:.

Criticando el criterio sostenido por el alto tribunal español, dice el eminente comentarista:

“El Tribunal Supremo establece, por lo tanto, una nueva distin-ción entre los terceros, derivada del conocimiento probado o del co-nocimiento presunto de los actos o de los derechos inscribibles, para establecer en definitiva que títulos no inscritos pueden perjudicar a otros aunque estén registrados, si aquél que los inscribió tenía o debía tener conocimiento de ellos. El que adquiere un derecho puede, pues, hacérselo* saber por acta notarial u otro medio, a los que por él deban o puedan ser perjudicados y así no necesita inscribir y quita la consideración de tercero al que lo es legalmente.
“Alabamos la tendencia moral que esa doctrina revela, el respeto que en ella se concede a la buena fe; pero estamos convencidos de que no es eso lo que el art. 27 de la ley dice, ni lo que los legisladores quisieron establecer. No se le ha ocurrido al TribunaL Supremo, que aun en nuestra ley no siempre se tiende al principio de publicidad por sí solo, y que muy otra es la doctrina y tendencia que revelan los arts. 17, 23, 34, 36, 24 y 41 de la ley, y los 606 y 1473 del Código Civil.” 2 Morell, 534.

En la página 667, dice el mismo comentarista:

“La doctrina del Tribunal Supremo tiene alguna base, y es lógica en el concepto que le merece la palabra tercero, no con arreglo a la letra del art. 27, sino a la razón legal que se le atribuye. Cierto es que un signo aparente de servidumbre, es claro y visible, y que el uso de ella aparenta que existe. Pero, esto no quiere decir que la servi-dumbre aparente haya de entenderse siempre tal servidumbre como legalmente constituida, porque no basta su apariencia, puede fundarse en una mera tolerancia, y puede, por tanto, desconocerse y evitarse si no se apoya en base legal alguna. ’ ’

El criterio sostenido por el Tribunal Supremo de España nos parece, justo y razonable, porque se ajusta a las reali-dades de la vida e interpreta con cierta flexibilidad los pre-ceptos de la Ley Hipotecaria sin quebrantar los principios en que la misma se inspira. Estamos de acuerdo con el Sr. Morell en que un signo aparente de servidumbre no siempre significa que la servidumbre ha quedado legalmente consti-tuida, puesto que puede fundarse en una mera tolerancia; pero entendemos que ese signo aparente es bastante para poner sobre aviso a todo el que trate de llevar a cabo alguna negociación con el supuesto predio sirviente para que actúe con cautela y procure cerciorarse de la verdad. La investi-gación es muy sencilla y fácil, porque aun en caso de que el dueño del predio sirviente ocultase la información, no la ocul-taría el dueño del predio dominante, quien, por otra parte, estaría impedido de volver sobre sus propios actos si se negase a descubrir la verdad.

Esta Corte Suprema, en el caso de Arroyo v. Zavala, supra, se expresó así:

“En primer término conviene examinar el concepto de tercero. Y desde luego, establecer la diferencia que bay entre el tercero civil, con arreglo al Derecho .general, y el tercero puramente hipotecario cuya esfera de actividad se encierra en el registro de la Propiedad.
“El Tribunal Supremo de España en buen número de decisiones ha declarado que aquél que conoce la existencia de un gravamen, o la situación jurídica de un inmueble, no es en realidad un tercero, en cuanto a ese gravamen o a esa situación. La ley no vive en un medio ambiente ñcticio, sino en un conjunto de realidades. No basta, por sí solo, el elemento filosófico, el principio ético jurídico, para dar vida a la ley; ésta necesita, como necesita el cuerpo humano del aire para respirar, de los elementos históricos y circunstanciales. Por esa ra-zón, el Tribunal Supremo de España en esas sentencias de que habla-mos, ha puesto la mirada en las realidades de la vida; y si una persona ha venido percibiendo con sus sentidos los signos evidentes de una servidumbre, no puede, por una ficción legal, ser un tercero con respecto a ese gravamen. Aparte de ese punto de vista, muestran esas decisiones la íntima relación entre el Derecho Civil, y su rama la Ley Hipotecaria, pese a los que pretenden independizar ésta de aquél. Con relación al Derecho Civil, la Ley Hipotecaria es un menor que nunca alcanzará la mayoría de edad.”

Véanse también Pagáu v. Sucn. Rivera Velez, 38 D.P.R. 649; Iglesia Católica etc. v. Combate Tobacco Corp., 42 D.P.R. 376; y Alvarez v. Municipio, 43 D.P.R. 521.

No bay duda de que los rieles tendidos sobre la propiedad en forma de vía están indicando ostensiblemente el paso por la misma de locomotoras, i Constituyen estos rieles un signo aparente de la probable existencia de ana servidumbre? Opinamos qne sí. Descartando la prescripción y los elemen-tos qne intervienen para darle vida, sobre lo cnal no queremos adelantar juicio alguno, esos rieles únicamente podrían estar allí por el consentimiento o la mera tolerancia del dueño del predio sirviente o en virtud de título. Ahora bien, si éstos son los hechos, si ésta es la realidad palpable para todo el que tenga el propósito de adquirir el inmueble, ¿no parece natural y razonable que procure cerciorarse de la verdad antes de cerrar la negociación?

La jurisprudencia americana sostiene que el comprador de un inmueble que está sujeto a servidumbre tiene conoci-miento de la misma siempre que sea aparente mediante una inspección ordinaria de la propiedad. Y considera que es sana la regla que sostiene que los signos visibles indicando la servidumbre o el conocimiento real de algún hecho que indique su existencia generalmente pone al comprador sobre aviso para que trate de inquirir, debiendo considerarse que si no inquiere, la investigación, en caso de haberse llevado a cabo, hubiese descubierto la verdad. Notas, 41 A.L.R. 1442, 74 A.L.E. 1250.

En McCann v. Day, 57 Ill. 101, se sostiene que cuando una persona adquiere mediante título una servidumbre de paso, estando el camino cercado y en constante uso para los propósitos del paso, estos hechos constituyen noticia a los compradores posteriores, aun cuando, el documento no haya sido registrado.

En Kamer v. Bryant, 46 S. W. 14, resuelto por la Corte de Apelaciones de Kentucky, se sostuvo que el comprador de una parcela de terreno sobre la cual existe un desvío operado por un tercero para conducir piedra de una cantera a un ferrocarril, adquiere notificación de la servidumbre y no puede discutir su existencia. En este caso se probó que cuando fué comprada la parcela de terreno existía allí el desvío indicando su uso para el beneficio de los dueños de la cantera y que el comprador objetó a la servidumbre tres años después, cuando fracasaron sus negociaciones para com-prar dicha cantera. Como ya se ña dicho, la corte resolvió que dicho comprador tuvo conocimiento de la servidumbre al tiempo de adquirir el terreno, quedando impedido de negarla después.

En el caso de Compañía Azucarera del Toa v. Galán et al., 28.D.P.R. 844, esta corte se expresó así:

“Nos inclinamos a convenir con la apelante en que el ‘signo apa-rente’ priva de la condición de terceros a las personas que adquieren el predio sirviente y que la existencia del camino, de estar claramente definido por razón de los hechos físicos y que puede verse por cual-quier persona que inspeccione los terrenos, constituye suficiente aviso para tal comprador.”

Véanse también Ward v. Metropolitan Elev. R. Co., 152 N. Y. 39, 46 N. E. 319; y Harman v. Southern R. Co., 72 S. C. 228, 51 S. E. 689.

El noveno motivo de error se basa en haber resuelto la corte inferior que la escritura de venta de la parcela de terreno a favor de González Prado fue simulada, sin que tal cuestión procediera ni hubiera evidencia para sostenerla ni para oír a las partes interesadas, y sin que el título del demandante se relacione con el referido contrato, ya que adquirió la finca en virtud de remate directamente del Pueblode Puerto Rico por falta de pago de las contribuciones. Nobasa la corte su decisión en que el título otorgado a favorde González Prado fuese o no simulado. Penetrando en los móviles del Sr. González Prado, el tribunal inferior, despuésde declarar que no puede alegar la condición de tercero, diceque luego de simular la adquisición de una cuerda de terreno, en la exorbitante suma de $250, se la dejó rematar por la cantidad de $3.82, sin ejercitar acto alguno tendente a rechazar la servidumbre, fin primordial que le incitó a lacompra con el señuelo de una posible y cuantiosa indemnización. Las palabras de la corte, que por otra parte no contienen una declaración solemne de nulidad, no pueden afectar el resultado definitivo de este pleito, porque, sea válido o simulado el título del Sr. González Prado, el actual dueño de la parcela de terreno no puede ser considerado como un tercero.

En los motivos de error décimo y undécimo se dice que la corte inferior erró al resolver que Plazuela Sugar Co. debió ser notificada de la venta becba por El Pueblo de Puerto Eico y al declarar que las palabras “libre de toda hipoteca, carga o cualquier otro gravamen” del artículo 347 del Código Político no comprenden las servidumbres. Con respecto a este último particular, la corte inferior se expresa así:

. . entendemos que las palabras carga o gravamen tal como son usadas en esta ley, se refieren más bien a las deudas de cualquier índole que pudieran pesar sobre la finca, v. g.; hipotecas, embargos y otras de ese género, que no a cargas reales tangibles, como son'las servidumbres. Las primeras son fáciles de liberar, ya que no afec-tando directamente al fundo, con el simple pago de las mismas que-dan canceladas. Con las segundas no sucede igual, porque las ser-vidumbres son inseparables de la finca a que activa o pasivamente pertenezcan. Art. 470 Código Civil, edición de 1930. Disponién-dose también por el artículo 471 que las servidumbres son indivisi-bles y si el predio sirviente se divide entre dos o más, la servidumbre no se modifica y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda.”

Las decisiones de los tribunales americanos no están con-formes con respecto a la suerte que ba de correr una servi-dumbre cuando se vende una propiedad inmueble para el pago de contribuciones. Algunas cortes mantienen el criterio de que la servidumbre queda extinguida, mientras otras, que constituyen la mayoría, sostienen una opinión contraria. La Corte de Apelaciones de Nueva York, en el caso de Tax Lien Co. v. Schultze, 213 N. Y. 9, se expresa así:

‘‘•Cuando se impone una servidumbre sobre un predio en beneficio de otro, se reduce el valor en el mercado del predio sirviente y se aumenta el del predio dominante, prácticamente de acuerdo con el valor de la servidumbre; los respectivos predios deben, por consi-guiente, ser tasados de conformidad. (Citas.)
“La tasación del solar descrito en la sentencia no incluía las ser-vidumbres de que disfrutaba la propiedad contigua. La tasación del predio sirviente estaba sujeta a las servidumbres incluidas en las ta-saciones del predio dominante. Como consecuencia lógica se ba re-suelto que al ejecutarse un gravamen contributivo y al venderse la finca de conformidad con los artículos 1035 al 1039 de la franquicia de la gran urbe neoyorquina, las servidumbres particulares de luces y vistas existentes sobre los terrenos vendidos no quedan extinguidas. Si los derechos de propiedad no incluidos en una tasación son ven-didos o extinguidos mediante una venta celebrada en cobro de contri-buciones, ello equivaldría a privar de la propiedad sin el debido pro-ceso de ley. Jackson v. Smith, 153 App. Div. 724, 138 N. Y. Supp. 654, confirmado en 213 N. Y. 630, 107 N. E. 1079.”

Éste parece ser el criterio más acertado y el que prevalece entre los tribunales qne sostienen la no extinción de la servi-dumbre cuando se ejecuta la finca para el pago de contribu-ciones. Si el inmueble es objeto de una servidumbre, es natural que la carga que pesa sobre el mismo disminuya su valor, así como también debe aumentar el valor del predio dominante que recibe el beneficio de la servidumbre.

En el caso de Blenis v. Utica Knitting Co., 149 App. Div. 936, confirmado por la Corte de Apelaciones de Nueva York, la corte se expresó así:

“Los estatutos refiriéndose a ventas para el pago: de contribucio-nes en el Condado de Oneida que disponen que el comprador en tales ventas obtendrá un título absoluto fibre de toda carga, no pueden, en mi opinión, ir más allá que investir al comprador con el título que el dueño de la propiedad tenía, libre de liens by the way of encumbrances placed thereon. En otras palabras, no puede despojarse a una parte, situada como el demandante en este caso-, de derechos de propiedad tales como una servidumbre legalmente adquirida con an-terioridad a la imposición de la contribución, bajo la cual la venta fué hecha; y esto especialmente cuando la persona dueña de la servi-dumbre no fué parte en el procedimiento.”

Opinamos, como la corte inferior, que el título adquirido por el demandante en virtud de la venta de la propiedad realizada por El Pueblo de Puerto Rico no libera la referida propiedad de la servidumbre que sobre la misma pesa.

El último error atribuido a la corte inferior se basa en que dicbo tribunal no declaró con lugar la demanda, impo-niendo las costas a la demandada, y en que apreció la evi-dencia con error manifiesto. La demanda fue desestimada sin especial condenación de costas. En cuanto a la evidencia aportada, en su mayor parte documental, entendemos que justifica la confirmación de la sentencia apelada.

En resumen, creemos que entre Plazuela Sugar Company y Pascasia Serrano se llevó a cabo un contrato en virtud del cual se constituyó una servidumbre a favor de la parte deman-dada en la parcela de terreno de que boy es dueño el deman-dante. Este contrato obliga a la entonces dueña del predio sirviente y a todos los adquirientes posteriores del terreno afectado por la servidumbre con el conocimiento que se revela en la prueba practicada. El hecho de que no se hubiese des-crito el predio dominante cuando se elevó a escritura pública el contrato celebrado entre Pascasia Serrano y la demandada no afecta la validez del título. La prueba ha demostrado claramente que la servidumbre quedó constituida en la par-cela de terreno vendida por Pascasia Serrano al Sr. González Prado, de la cual es dueño hoy el demandante.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.

VOTO DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY

Castor Colón presentó demanda en la Corte de Distrito de Arecibo en 1931 contra la corporación privada Plazuela Sugar Company para que el tribunal declarase que cierta finca del demandante, que está atravesada por un ferrocarril de la demandada, está libre de servidumbre de paso de esa vía y que, en consecuencia, ordene a la demandada que levante los rieles que tiene en la expresada finca. Después de un juicio la corte declaró sin lugar esa demanda y se interpuso esta apelación.

Al comenzar el juicio solicitó el demandante qne la corte dictase sentencia a sn favor por los méritos de la demanda y de la contestación, qne están juradas, y habiendo sido negada esa solicitud alega ahora el apelante como primer motivo de su recurso que es errónea esa resolución. No existe tal error porque esa petición del demandante fue tardía, pues en el caso de Ana María Sugar Co. v. Castro,, 28 D.P.R. 261, hemos declarado que tal moción'debe ser hecha antes del día señalado para el juicio. Además la contestación controvierte hechos de la demanda pues niega que el deman-dante sea dueño de la cuerda de terreno que alega pertene-cerle y también que no existe servidumbre sobre ella. Miranda v. National Fire Ins. Co., 41 D.P.R. 291.

Podemos pasar ahora a exponer los hechos de este pleito según resultan de los documentos presentados por las partes, pues la prueba testifical no es de importancia fundamental en este caso.

Pascasia Serrano era dueña en 1907 de una finca de nueve cuerdas de terreno radicada en el barrio Islote del término municipal de Arecibo y como tal concedió permiso verbal a Plazuela Sugar Company para que pasara por su finca con un ferrocarril que estaba construyendo para transportar cañas de azúcar a su central. Al año siguiente, ese permiso se hizo constar por la dueña y por la central en un documento privado en el que intervinieron testigos. En ese documento la dueña ratificó mediante el precio de $25 el permiso que había concedido antes verbalmente. Años después, en 1913, la misma Pascasia Serrano y la corporación Plazuela Sugar Company otorgaron documento público ante notario en el que manifestando la señora Serrano ser dueña de la finca de nueve cuerdas de terreno cuya descripción hizo y la corporación que su vía férrea hecha de un modo permanente atraviesa la finca de la Serrano, y ambos que se ha practicado el des-linde de la faja de terreno que ocupa la vía férrea en una. porción de 78 metros de largo por 8 de ancho, convino Pas-casia Serrano en ceder y traspasar esa faja de terreno a la central para uso de sn vía férrea por la consideración del incremento de valor que la vía férrea da a la finca y por un dólar que confesó recibido, y en que mientras exista la vía férrea no fiará acto alguno para impedir la circulación de los trenes de la Plazuela Sugar Company. Cinco años des-pués, en 1918, vendió Pascasia Serrano a Arturo G-onzález Prado una cnerda de terreno de la mencionada finca por el precio de $250 que confesó ella fiaber recibido, fiaciéndose constar en la escritura que esa parcela está atravesada de este a oeste por una vía férrea de Plazuela Sugar Company, lo que también fiizo constar el registrador en sus libros al hacer la inscripción de esa finca de una cnerda a favor de G-onzález Prado. Después de hecha esa inscripción presentó Plazuela Sugar Company en el registro para ser inscrita la escritura que en 1913 otorgó con Pascasia Serrano, pero dicho funcionario negó la inscripción y tomó anotación preventiva del documento por 120 días. Contra esa negativa no inter-puso Plazuela Sugar Company el recurso judicial que auto-riza la ley y tal documento no había sido inscrito al ser pro-movido este pleito. Posteriormente, en 1927, la finca de ■González Prado fué vendida por el Colector de Rentas para cubrir las contribuciones que debía, siendo comprada por Esteban Mena Díaz. Éste tampoco satisfizo la contribución de esa finca y el Colector de Rentas la vendió a Castor Colón, quien inscribió ese título en mayo de 1931 en el registro de la propiedad.

De lo expuesto se deduce que si bien Pascasia Serrano concedió una servidumbre de paso para una vía férrea sobre su finca de nueve cuerdas a favor de Plazuela Sugar Company, tal título de servidumbre no había sido presentado al regis-tro para su inscripción cuando fué inscrita la venta de una cuerda a favor de González Prado, comprando éste así libre de tal gravamen, según el registro, por -lo que no puede per-judicarle el título de servidumbre otorgado entre Pascasia Serrano y la Plazuela Sugar Company. Y aunque’ en la es-critura de compra se hizo constar que la parcela de una cuerda que le vendió Paseasia a González Prado está atravesada de este a oeste por nna vía férrea de Plazuela Sugar Company, tal manifestación no es creadora de un título de servidumbre, pues como dice el Sr. Manresa en sus Comentarios al Código Civil Español, concordante en esa materia con el nuestro, tercera edición, tomo cuarto, página 613, “la escritura de compra de una finca en que se expresa que en esa finca existe un corredor, no es título de constitución ni de reconocimiento de servidumbre de vista ni aun de luces en favor del predio vendido, ni puede estimarse adquirida por prescripción tal servidumbre si no han transcurrido veinte años después del hecho obstativo, a partir del cual habían de contarse. Sen-tencia de 12 de diciembre de 1908.”

Es cierto que después de hecha la inscripción a favor de González Prado y antes de que el apelante y su antecesor en inscripción compraran la finca de una cuerda en la subasta celebrada por el colector de rentas ya había presentado Pla-zuela Sugar Company la escritura pública que otorgó con Paseasia Serrano para que fuese inscrita, pero el registrador de la propiedad se negó a inscribirla y en su lugar tomó anotación preventiva de ella por 120 días como dispone la ley para tal caso, sin que durante ese tiempo fueran subsa-nados los defectos que según el registrador impedían la ins-cripción de tal documento. En conclusión, esa escritura no ha sido inscrita en el registro, al menos hasta que este pleito comenzó.

Si el registrador se equivocó al negar la inscripción de esa escritura, como entiende la corte sentenciadora, no es cuestión planteada por las alegaciones ni que pueda afectar los derechos de posteriores compradores de la finca o de parte de ella, porque el hecho es que, equivocada o acertadamente, no se hizo inscripción de ella, sin que la anotación por 120 días hecha por el registrador como consecuencia de su resolu-ción produzca contra terceras personas los efectos de una inscripción, pues como dijo este tribunal en el caso de Ramos et al. v. El Registrador, 18 D.P.R. 76, esas anotaciones son de carácter interino y caducan por el transcurso del término de 120 días que concede la ley para subsanar los defectos que impidan la inscripción del título y una vez caducadas sin que se hayan subsanado tales defectos, no producen efecto alguno contra tercero y carecen de fuerza para destruir de-rechos civiles de otra persona siendo el deber del registrador cancelar de oficio dichas anotacionós. Y en el caso de Antonsanti v. Registrador, 9 D.P.R. 190, se declaró que el objeto de esas anotaciones es garantizar el derecho de los intere-sados por el término de 120 días durante los cuales, si se presentare un nuevo título y subsanaren los defectos que impidan la inscripción, pueden inscribir su derecho retro-trayendo los efectos de la inscripción a la fecha de la anota-ción preventiva. Por consiguiente, esa anotación preventiva, caducada cuatro meses después de tomada, no perjudicaba a terceros compradores por sí sola, ni unida al hecho de que en la finca existe una vía férrea, porque esto es demostración de un hecho, pero no de que existe un derecho para que tal vía esté puesta allí. Sobre este particular dice el Sr. Morell en sus comentarios a la legislación hipotecaria, tomo segundo, página 667, lo siguiente:

“.Cierto es que un signo aparente de servidumbre, es claro y visible, y que el uso de ella aparenta que existe. Pero esto no quiere decir que la servidumbre aparente baya de entenderse siempre tal servidumbre como legalmente constituida, porque no basta su apa-riencia, puede fundarse en una mera tolerancia, y puede, por tanto, desconocerse y evitarse si no se apoya en base legal alguna.”

Esto en cuanto a terceras personas, pues en cuanto a Plazuela Sugar Company y Pascasia Serrano el contrato de servidumbre existe.

Como el título de servidumbre no ha sido inscrito en el registro veamos si por estar puesta la vía de la apelada desde 1907 en la finca de Pascasia Serrano y en la porción de una cuerda que vendió a G-onzález Prado y que ahora es del ape-lante, la central ha adquirido el derecho de servidumbre por prescripción por el transcurso de veinte años.

La cuestión antes enunciada no es nueva en este tribunal. En el caso de Torres v. Plazuela Sugar Co., 24 D.P.R. 479, se dijo que si la colocación de una vía férrea sobre el terreno convierte la servidumbre en aparente podía entonces baber duda sobre si es necesario el documento escrito para adqui-rirla; pero en otro caso posterior, el de González v. Plazuela Sugar Go., 42 D.P.R. 710, declaramos que como la servidum-bre de paso de vía tiene, por su uso, el carácter de discon-tinua siempre, no puede baber duda de que para su adquisi-ción se requiere título escrito, ya que al definir el artículo 539 de nuestro Código Civil (468 de la Edición de 1930) las clases de servidumbres, dice que son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún becho del hombre; y que son discontinuas las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre. Y se dijo: “En cuanto una servidumbre se use a intervalos más o menos largos, y dependa de actos del hombre, ya no cabe clasificarla más que como discontinua y así con la de vía para paso de un tren que sirve las cosechas de determinado fundo.” Y también se dijo: “La servidumbre discontinua, sea o no aparente, no puede adquirirse más que en virtud de título (artículo 546 Código Civil) y de que el título ha de ser constitutivo de la servidumbre, no deja- duda alguna la lectura del artículo 547 del Código Civil, así como de que no puede una servidumbre de esa clase adquirirse por prescripción; algo perfectamente lógico, ya que los actos de uso, por no ser constantes, y tener un principio y un fin que se reproducen sin perfecta continuidad, no pueden crear prescripción.” El Sr. Manresa en sus Comentarios al Código Civil, tom'o 4, página 577; Scaevola en el tomo 10, página 157 y Morell sobre Legislación Hipotecaria, tomo 1, página 341, reconocen que la servidumbre de paso es discontinua. En cuanto a que no puede adquirirse por prescripción sino por título lo había resuelto este tribunal en el caso de Nadal v. Muratti, 34 D.P.R. 251, en el que tratándose de haber sido adquirida una servidumbre por prescripción dijimos lo si-guíente: “El año de 1890 es de importancia decisiva porque con él comenzó a regir el Código Civil y desde su vigencia la servidumbre de que se trata sólo pudo adquirirse a virtud de título y aquí ni siquiera se ha invocado ese medio de adquisición. ’ ’

El caso de la Iglesia Católica v. Combate Tobacco Corp., 42 D.P.R. 376, no tiene aplicación al caso presente porque en aquél se trataba de una servidumbre de luces continua y aparente, ya que podía adquirirse por prescripción, por lo que de acuerdo con el artículo 544 del Código Civil y lo resuelto en García v. García, 25 D.P.R. 128, puede adquirirse de dos modos, por título o por prescripción de veinte años, mientras que la que estamos tratando ahora es discontinua porque necesita actos del hombre para su ejercicio y por esto sea o no aparente sólo puede adquirirse en virtud de título de acuerdo con el artículo 546 del Código Civil. El caso de Alvares v. Municipio, 43 D.P.R. 521, tampoco tiene relación con el que resolvemos porque en .él se trataba de una servidumbre de acueducto que este tribunal declaró era apa-rente y continua, que podía adquirirse por prescripción, y porque se declaró también por el resultado de la prueba que el demandante tenía conocimiento de dicha servidumbre antes de comprar la finca, mientras que en el caso actual se trata de una servidumbre que por ser discontinua sólo puede adquirirse por título, sea aparente o no; y porque si bien la finca que compró el demandante está atravesada por una vía férrea, ese hecho puede existir sin título de servidumbre, por mera tolerancia.

El mero hecho de estar puesta una vía férrea en una finca que se compra no impone deber alguno al adquirente de averiguar si el dueño de tal vía tiene título., de servidumbre para ella y si es suficiente para crear tal derecho. Sostener lo contrario es hacer innecesaria la inscripción de ese título en el registro de la propiedad para que perjudique a tercera persona, porque bastará la colocación de la vía y que exista tm título de servidumbre aunque no esté inscrito en el re-gistro.

Como no existe servidumbre de paso inscrita que pueda afectar la compra hecha por el apelante y como la clase de servidumbre a que venimos refiriéndonos no puede ser adqui-rida por prescripción, se hace innecesario resolver si tampoco será obligatoria tal servidumbre por haber obtenido el ape-lante la finca de una cuerda por compra en la venta hecha por El Pueblo de Puerto Rico para el cobro de contribución por ella debida.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando con lugar la demanda sin especial condena de costas.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dátela,

text:
    Sotero León León y Monserrate Rivas, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 940.
    Sometido: Diciembre 21, 1934.

      Resuelto: Enero 16, 1935.

      C. Domínguez Rubio, abogado de los recurrentes; el registrador re-currido, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dátela,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso gubernativo establecido por los esposos Sotero León León y Monserrate Rivas contra el Registrador de la Propiedad de Guayama por haberse negado este funcionario a admitir para su inscripción un documento de hipoteca sin que se consignase otro derecho que el de presentación. El registrador devolvió el referido documento, sin tomar razón del mismo, por no consignarse los derechos arancelarios que devenga su inscripción de acuerdo con el artículo 22 de la Ley asignando sueldo a los registradores de la propiedad, de 10 de marzo de 1904.

Sostienen los recurrentes que no están obligados a satis-facer arancel alguno, excepto el de presentación que pagaron, por tratarse de una operación con el Federal Land Bank sobre un préstamo hipotecario que a su juicio está exenta de contribución estadual o local por disposición expresa del ar-tículo 26 de The Federal Farm Loan Act, aprobado por el Congreso en 4 de marzo de 1925, que, en su inciso segundo, dice así:

“Las primeras hipotecas otorgadas a bancos federales de présta-mos agrícolas o a sociedades anónimas banearias de préstamos agrí-colas, así como los bonos de préstamos agrícolas expedidos de confor-midad con las disposiciones de esta ley, serán considerados y tenidos como instrumentos del Gobierno de los Estados Unidos, y como tales, ellos y los ingresos obtenidos de los mismos, estarán exentos de con-tribuciones federal, estadual, municipal y local. ’ ’

La única cuestión envuelta en este recurso es si los de-rechos exigidos para la inscripción de documentos en los registros de la propiedad de Puerto Rico tienen el carácter de una contribución o constituyen más bien una compensa-ción que satisface la parte interesada por los servicios que se le prestan y los beneficios que recibe. Arguyen los recu-rrentes que los aranceles exigidos por el registrador consti-tuyen una contribución sobre el crédito hipotecario del Federal Land Bank. La parte recurrida entiende que dichos de-rechos arancelarios son impuestos exigidos, no por vía de contribución, sino a título de resarcimiento de los egresos que ocasiona al estado el sostenimiento de la institución. Ambas partes están conformes en que la ley federal releva de pago de contribuciones locales al Federal Land Bank. En realidad, ésta es una cuestión que no admite dudas por estar consig-nada claramente en la referida ley.

Entendemos que un estado o territorio no está obligado a establecer y ofrecer los servicios de una organi-zación como el registro de la propiedad sin recibir retribu-ción alguna. Federal Land Bank v. Crosland, 261 U. S. 374. El estado o territorio puede cobrar por sus servicios un derecho (fee) compensatorio. Este derecho, si es razonable, ■no puede considerarse como una contribución que releve de pago al Federal Land Bank, porque tanto las agencias fe-derales como las locales deben contribuir a compensar el servicio que se les presta. Como muy bien dice el regis-trador, la inscripción es una labor complementaria del fun-cionamiento del registro. Su función más importante y meri-toria es el estudio y calificación que el registrador hace de los-títulos, dependiendo la inscripción de esta labor fundamental. El que quiere inscribir un derecho real, recibe si-multáneamente lo.s beneficios de este estudio, como resultado del cual, si el documento es defectuoso, se pone al interesado sobre aviso y se le da una oportunidad para corregir los errores y perfeccionar su título a fin de que pueda recibir los beneficios y garantías que ofrece la inscripción. El des-pacho o inscripción de un título en el registro de la propiedad requiere y exige, dada la naturaleza de nuestro sistema regis-tral, un estudio profesional detenido del título mismo, de los documentos complementarios y de los antecedentes o historia de los bienes en el registro. Los derechos, continúa el re-gistrador, se pagan por esta labor englobada, si bien se gradúan por distintas escalas que están en relación directa con la importancia del servicio.

El caso de Federal Land Bank v. Crosland, supra, inter-preta una ley del estado de Alabama donde se impone nna contribución sobre hipotecas de 15 centavos por cada $100 del capital asegurado. En el caso citado la parte interesada satisfizo al registrador un derecho {fee) por registrar la hipoteca, resistiéndose a pagar la suma adicional de 15 centavos por cada $100 de la cantidad asegurada por la hipoteca. En la opinión emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos aparece la ley de Alabama descrita como sigue:

“La Ley General de Rentas Internas del estado, aprobada el 15 de septiembre de 1919, en su sección 361, schedule 71, (Leyes de 1919, p. 420) dispone que no se recibirá para su inscripción ninguna hipoteca ‘a menos que el siguiente privilegio o impuesto de licencia (,license tax) baya sido pagado sobre tal documento antes de ofre-cerse el mismo para su inscripción, a saber: ... en todos aquellos documentos otorgados par,a garantizar una deuda de más de $100, se pagará la suma de 15/ por cada $100 de la deuda o fracción de los mismos, garantizados con hipoteca . . . suma que será pagada por el prestamista, y no se recibirá para su inscripción tal documento a menos que se archive con el mismo un certificado expresivo de que tal contribución (privilege tax) fué pagada por el prestamista.’ Todo registrador que reciba una hipoteca sin cobrar el “impuesto de ins-cripción o anotación’, etc.,, incurrirá en delito menos grave y será castigado de conformidad.’’

Interpretando la Corte Suprema el estatuto que antecede, se expresó en los siguientes términos:

“Desde luego, el Estado no está obligado a suministrar su regis-tro gratuitamente. Tiene derecho a cargar una suma razonable para hacer frente a los gastos que dicha institución le acarrea. Pero en este caso la' legislatura ha hecho una distinción honrada entre los derechos de arancel y el cargo adicional que reconoce francamente con el nombre de contribución. Si tratara de disfrazar la contribu-ción confundiendo ambos impuestos, las cortes serían las llamadas a considerar hasta qué punto el cargo excedía lo requerido para su sos-tenimiento, como por ejemplo cuando se fija un impuesto excesivo por inspeccionar artículos de comercio interestadual. Foote v. Maryland, 232 U. S. 494. Pero no ha realizado tal tentativa. Ha im-puesto a general tax on mortgages, usando la condición conectada con el Registro como un medio práctico de cobrarla.”

En el presente caso nnestra ley no establece distinción alguna entre los derechos impuestos. Fija el arancel de registros de la propiedad y habla de los derechos que se han de satisfacer por las operaciones que se llevan a cabo en dichos registros. La Legislatura de Alabama establece cierta distinción entre el derecho (fee) y el pago de la suma adicional que francamente reconoce como una contribución. Si hubiese confundido ambas cosas habría sido necesario indagar hasta qué punto el pago exigido para la inscripción del documento rebasaba o dejaba de rebasar los límites de lo razonable en la forma aconsejada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

El caso de Foote v. Maryland, citado por. dicho tribunal, ofrece la pauta a seguir para averiguar cuándo un derecho debe considerarse como fee, o como contribución. En este caso la corte se expresó así:

“El inspeccionar necesariamente envuelve gastos y el poder para fijar los derechos para cobrar dichos gastos se deja principalmente a la legislatura, la que debe ejercer discreción al determinar la suma que debe cargarse, toda vez que es imposible determinar exactamente cuánto se obtendrá en el futuro al ponerse la ley en vigor. Además los ingresos y egresos pueden variar en tal forma de tiempo en tiempo que el superávit de un año puede necesitarse para cubrir el déficit de otro. Por tanto, si los impuestos superan los gastos por una suma que no sea irrazonable no puede surgir cuestión alguna respecto a la vali-dez del impuesto en lo que a la cuantía de la contribución se refiere. Y aun si aparece que la suma recaudada excede de la necesitada para los gastos de inspección, las cortes no intervendrán inmediatamente que se las solicita, porque la presunción es que la legislatura redu-cirá dichos impuestos adecuadamente. Red "C" Oil Co. v. North Carolina, 222 U. S. 380, 393. Mas cuando los hechos demuestran que se ha impuesto una suma innecesaria o que lo que se ha demos-trado ser un impuesto irrazonable continúa, entonces ellas están obli-gadas a actuar a la luz de esos hechos y a dar efecto a la disposición constitucional que pr.ohibe que el Estada cobre más de lo necesario para poner en vigor sus leyes de inspección. Al apreciar tales casos ellas consideran los impuestos fijados por la legislatura para fines de inspección como razonables prima facie y no hacen un cálculo minu-cioso respecto a la diferencia existente entre los ingresos y egresos; ni declararán que el impuesto es excesivo a menos que aparezca cla-ramente que exceda obvia y considerablemente la suma requerida para pagar los servicios de inspección prestados. ’ ’

Ya hemos dicho que de acuerdo con el estatuto federal no puede compelerse al Federal Land Bank al pago de una contribución; pero si se trata de un derecho o fee, entonces la referida institución está obligada a satisfacer una com-pensación por los servicios que se le presten. Es claro que no pueden equilibrarse con exactitud los egresos y los in-gresos, y que lo más que puede esperarse es una razonable aproximación. Sería absurdo pretender que los legisladores pudiesen predecir la cuantía de los mismos con exactitud matemática. De suerte que si estos aranceles o derechos no exceden del costo del sostenimiento del registro de una manera irrazonable, deben considerarse como fees y no como contri-buciones. Y a nosotros no se nos ha demostrado que la pre-sunción prima facie de la razonabilidad del derecho haya sido destruida. Un estudio detenido de los autos demuestra que en los mismos no hay base para rebatir la presunción.

Debe confirmarse la mota recurrida.


author: El Juez Asociado Señoe Aldkgy,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. The Shell Co. (P. R.) Ltd., acusada y apelada.
    No. 5692.
    Sometido: Enero 14, 1935.

      Resuelto: Enero 16, 1935.

      B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelante; Samuel B. Qui-ñones, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Aldkgy,

emitió la opinión del tribunal.

Se nos pide que desestimemos esta apelación porque no tenemos jurisdicción para resolverla toda vez que la apelación no ba sido notificada a la parte contraria.

El Código de Enjuiciamiento Criminal dispone lo si-guiente :

“Artículo 350. Se establece una apelación, presentando al se-cretario del tribunal en que estuviere archivada la sentencia o provi-dencia apelada, el escrito de apelación, con entrega de las copias co-rrespondientes al abogado de la parte contraria. ’ ’
“Artículo 351. Si no se pudiere hacer notificación personal de la apelación, el juez del tribunal en que se haya sustanciado la causa, una vez convencido’ de esa imposibilidad, podrá dictar órdenes para que se publique dicha notificación en los periódicos por un plazo que no exceda de treinta días, equivaliendo dicha publicación a una noti-ficación personal."

Según esos preceptos la apelación en casos criminales debe ser notificada personalmente al abogado de la parte contraria, y si no fuere posible hacerse en esa forma entonces, por orden de la corte, se fiará por publicación de dicha noti-ficación en los periódicos.

El apelante en este caso no notificó su apelación personal-mente al abogado de la corporación acusada; y aunque in-tentó hacerla por correo, lo que no está autorizado por el estatuto criminal, aun así no dice que pusiera en el correo el pliego que contenía tal notificación. El Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889.

Por lo expuesto la apelación interpuesta debe ser deses-timada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Félix Agosto, demandante y apelado, v. Porto Rican Express Co., demandada y apelante.
    No. 5925.
    Sometido: Noviembre 7, 1934.

      Resuelto: Enero 17, 1935.

      Juan B. Soto, abogado de la apelante; Arturo Aponte, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación privada Porto Rican Express Company interpuso esta apelación contra la sentencia que la condena a pagar determinada cantidad de dinero al demandante Félix Agosto como indemnización por la muerte de su hijo Esteban Agosto ocnrrida el 25 de octubre de 1927 cuando tenía 17 años de edad, como consecnencia de un golpe que recibió en un choque ocurrido entre él y un autocamión de carga que la apelante tenía empleado en su negocio.

Uno de los motivos alegados por la corporación apelante para este recurso es que la corte inferior cometió error en la apreciación de la prueba al concluir que no existía un contrato válido de transacción entre las partes de este pleito con respecto a la acción ejercitada por el demandante; cuestión que pasaremos a estudiar y resolver desde luego porque si tal transacción se probó, entonces, será innecesario resolver si ese accidente ocurrió por culpa o negligencia de los empleados de la apelante, ya que la transacción es un contrato que según el artículo 1717 del Código Civil tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada.

El juicio en esté pleito tuvo lugar en la Corte de Distrito de Humacao en enero de 1931.

Esteban Agosto era hijo de Félix Agosto y de su esposa Sabina Valentín con quienes vivía en el pueblo de Ceiba, donde ocurrió el accidente que motivó este pleito y su muerte.

Ramón Arias, que vive en San Juan y es empleado de la sociedad Maryland Casualty Company, aseguradora contra accidentes del autocamión de la demandada, declaró en el juicio que él estuvo en el pueblo de Ceiba el 26 de octubre de 1927 e hizo una investigación del accidente ocurrido a Esteban Agosto y que por la tarde fue al cementerio donde lo enterraban y allí habló con Félix Agosto a quien expresó su pena por la muerte de su hijo y le manifestó que cuando lo creyera conveniente fuera a su oficina en San Juan para tratar de una transacción amistosa, lo que hizo porque es la política de su compañía transar si es posible aunque no tenga responsabilidad; que esa conversación fué en presen-cia de un hermano de Félix Agosto, al cual dijo que hicieran un arreglo amistoso con la compañía; que el 2 de noviembre siguiente, siete días después, se presentó en su oficina de San Juan Félix Agosto con Cristino Meléndez y con Luis Ramos; que a los dos últimos no los conocía antes de ese momento; que le manifestaron que iban para tratar el asunto del hijo de Félix Agosto; que éste y Luis Ramos que hacía las veces de su abogado pidieron $1,000 en transacción pero después de varias proposiciones mutuas llegaron a un acuerdo por $650 y fue redactado un documento con su copia en el cual Félix Agosto en consideración a esa cantidad exoneraba y liberaba a la demandada de toda responsabilidad por la muerte de su hijo Esteban, documento y copia en el que Félix Agosto puso una cruz por no saber firmar y que Cristino Meléndez firmó como testigo; que cuando iba a firmar tam-bien Luis Bañaos como testigo pensó el declarante qne esa exoneración debía firmarla también la esposa de Félix Agosto y se lo dijo a ellos, así como qne estaba dispuesto a acom-pañarlos a Ceiba para recoger esa firma; qne fné becbo otro documento de igual clase con su copia para ser firmado por los dos esposos; qne con tal objeto salieron los cuatro a las cinco de la tarde para Ceiba a donde llegaron a las siete de la nocbe; que en el camino dijo el testigo a Félix Agosto que explicara a su esposa la transacción que babía hecbo; que al llegar a Ceiba entraron los cuatro en la casa donde estaba la esposa de Félix con otras personas; que Félix Agosto dijo a su consorte Sabina Valentín la transacción que babía celebrado con la compañía por $650, a lo que ella contestó que lo que él hiciera estaba bien hecbo, y puso una cruz en el documento y en su copia, retirándose después los cuatro a la casa de Cristino Meléndez donde Félix Agosto hizo una cruz en el documento y en la copia que había sus-crito su cónyuge y firmaron Cristino Meléndez y Luis Bamos como testigos; que les leyó ese documento de exoneración de responsabilidad y entregó a Félix Agosto un cheque por $650 de la compañía aseguradora extendido a nombre de los dos consortes, y dijo al demandante la manera cómo debían endosarlo, poniéndole al dorso del cheque lo que debía decir el endoso; y que después del día en que enterraron a Esteban Agosto no volvió a Ceiba basta el 2 de noviembre por la noche con los tres que habían ido a San Juan.

En los autos se halla un documento con su copia en el que solamente Félix Agosto, en consideración a la cantidad de $650, exonera de responsabilidad a la demandada por la muerte de su hijo Esteban, estando el original y la copia con una cruz entre las palabras “Félix Agosto”, y teniendo una firma que dice “Cristino Meléndez.” También hay otro documento con su copia por el cual Félix Agosto y Sabina Valentín exoneran de responsabilidad a la demandada por el expresado accidente, cuyo documento aparece con una cruz entre las palabras “Félix Agosto” y con otra entre las palabras “Sabina Valentín”, y tiene las firmas que dicen “Cristino Meléndez” — “Luis Ramos”. Esos documentos y sns copias están impresos, con espacios llenos con maquinilla, siendo el texto en español y en inglés, apareciendo el idioma español preferentemente en el impreso con letras mayores que las del inglés, y los huecos llenados con maquinilla en español solamente. También se presentó un cheque por la cantidad de $650, en papel amarillo, extendido a la orden de Félix Agosto y de Sabina Valentín.

La prueba del demandante en lo relativo a la transacción consistió en su declaración, en la de su hermano Gil y en la de Cristino Meléndez.

Gil Agosto declaró respecto a la conversación que él y el hermano Félix tuvieron en el cementerio con Arias, quienes les dijo que el Express estaba asegurado y que había una indemnización; que Arias les dió su nombre para que fueran a San Juan y les dijo que no le dieran el caso a abogado porque el dinero pertenecía a la familia cuando fueran a hacer transacción; que cuando les habló en ese sentido fue de transacción en dinero; y que después de ese día vió pasar a Arias a cada rato en automóvil por allí.

Cristino Meléndez y el demandante viven en Ceiba, estu-vieron con Luis Ramos -en la oficina de Arias en San Juan el día 2 de noviembre y los tres regresaron con Arias a Ceiba en automóvil, llegando a la casa del demandante a las siete de la noche y los cuatro entraron en la sala de la casa donde estaba Sabina Valentín, esposa de Félix Agosto, con otras personas.

Con respecto a la transacción declaró Cristino Meléndez que fue a San Juan con Luis Ramos y Félix Agosto porque él le dijo que deseaba que fueran allá porque lo habían ido a buscar dos o tres veces para tomarle declaración. Después de esa manifestación ocurrieron las siguientes preguntas y respuestas de Cristino: “P. — ¿Y si usted no tenía interés alguno en este asunto, por qué hizo usted un viaje a San Juan en unión de Félix Agosto, y después vino usted a la Ceiba y firmó esos documentos? R. — -Él me dijo cuando yo salí para San Juan ese día que fuera yo allá con él para que le enseñara el número de la casa, y yo le dije que no sabía bien, pero que Luis Ramos sabía leer y andábamos juntos y me dijo: ‘Vamos que yo les voy a enseñar.’ P.— ¿Usted no sabe leer? R. — No, señor. P. — ¿Y usted fué con Félix Agosto como experto y usted no sabe leer? R. — -Fué Luis Ramos. Yo estaba en San Juan, pero él me dijo que fuera allá y yo le dije que no sabía bien y entonces Luis Ramos fué con nosotros.” Más tarde, a preguntas del abo-gado del demandante, dijo que tenía una tienda y al pregun-tarle qué pasó en la tienda contestó: “R. — Pues estaba Luis Ramos, que había llegado de paseo en casa, y por allí era que andaba este señor investigando. P. — ¿El Sr. Arias? R. — Sí, señor, que le conozco de vista; así que hablaron entonces él habló con Luis Ramos y Luis Ramos habló con-migo. — Hon Juez: Hable más fuerte, no lo oigo. — Testigo: Me habló entonces él para que fuera allá a San Juan. — Hon. Juez: ¿Quién habló? R. — El Sr. Arias. — Lie. Aponte: ¿Este señor habló con Luis Ramos y con usted? R. — Sí, señor. P. — ¿Félix Agosto había hablado con usted sobre eso? R.— No, señor. P. — ¿Todavía no había hablado Félix Agosto con usted y ya el Sr. Arias estaba hablando con usted y con Luis Ramos en la tienda de usted? R. — Sí, señor. P. — ¿Cuál era el propósito de Arias al hablar con usted y con Luis Ramos? R. — Que le lleváramos a Félix Agosto allá. P. — ¿Que le llevaran a Félix Agosto dónde? R. — A San Juan. P. — ¿A dónde tenían que llevarlo a San Juan? R. — Dejó la dirección aquella tarde, a la calle de la Tanca, me parece, número cuatro. P. — Es decir, que la primera conversación que tuvo usted de ese asunto fué precisamente por la visita del Sr. Arias a la tienda suya? R. — Sí, señor. P. — ¿Y Luis Ramos, a qué se dedica? R. — Pues él estaba allí entonces colocado en la Colecturía de llevar unos paquetes y siempre estaba andando para allá y para acá. P. — ¿Con motivo de lo que le dijo el Sr. Arias a usted y a Ramos, qué hicieron ustedes con Félix Agosto ? ¿ Quién habló con Félix Agosto entonces de ustedes ? R. — Luis Ramos. P. — ¿Y qué hicieron ustedes con Félix Agosto? R. — Pues que al otro día le dijo Luis Ramos. . . . P. — ¿Después de la conversación con Arias que usted habló con Luis Ramos, qué hicieron usted y Luis Ramos con Agosto? R. — Estuvimos en la casa de él. P. — Estuvimos. . . ¿quiénes son nosotros? R. — Luis Ramos y Cristino Meléndez. P.— ¿Qué le dijeron ustedes a Félix Agosto cuando fueron usted y Luis Ramos donde él? R. — Que fuéramos allá a San Juan que Luis Ramos sabía mejor la casa donde era. P. — ¿Por qué Luis Ramos sabía mejor la casa donde era? R. — Porque había ido más antes. P. — ¿Cómo sabe usted que había ido más antes Luis Ramos? Lie. Iriarte: Eso es información. El testigo no debe declarar por referencia, que venga Luis Ramos y lo diga. Lie. Aponte: Sí, Luis Ramos está aquí.” Con respecto a lo ocurrido en San Juan y por la noche en Ceiba, ese testigo dijo que no recordaba haber firmado algo en San Juan, pero cuando se le mostró una firma que dice Cristino Meléndez manifestó que era suya, que allí firmó dos papeles. Cuando se le preguntó si después volvió a firmar otra vez contestó que no recordaba bien si esa firma la dió allá o cuando vinieron por la noche: que firmó dos veces y que no recordaba si son las únicas que dió ni si ha dado otras firmas. Sobre este extremo copiamos lo siguiente: “P.— ¿Usted recuerda si firmó allá o acá solamente? R. — Yo no recuerdo si firmé allá o firmé acá; a mí me parece que fué acá. Abogado: Mire a ver si conoce este documento. . . . P. — Mire esa firma, esta que dice aquí Cristino Meléndez, ¿es de usted? R. — Sí, señor. P. — ¿Es de usted esa firma? R. — Sí, señor. P. — ¿Usted no se acuerda si fué puesta esa firma por usted en la Ceiba o en San Juan? R. — Yo no me recuerdo, como son tantos papeles. P. — Son cuatro papeles, son cuatro firmas las que usted ha reconocido. R. — Bueno, aquí hay dos. P. — Pero ha reconocido éstas también, la suya, la que dice Cristino Meléndez es la que yo le digo que usted identifique. R. — Sí, es mía. P. — '¿Suya? R. — Sí, señor. P. — ¿Usted no recuerda dónde la puso, si fué en la Ceiba o en San-Juan? E. — No, señor.” De lo que ocurrió en San Juan manifestó este testigo que Arias dijo a Félix Agosto que babía mandado a bacer una investigación para que tuviera derecho en todo tiempo; que allí no se hizo investi-gación, que la tomaron cuando llegaron a Ceiba por la noche; que al llegar a Ceiba a la casa de Félix preguntó Arias a la esposa de aquél su nombre, su edad, por la de su hijo y si estaba en la escuela, y entonces le tomó declaración a Félix sobre todo lo que había pasado y Arias sacó una libreta y dijo a Sabina que firmara allí y como dijo no saber firmar ella hizo dos cruces; que después de eso se fueron los cuatro a la casa del testigo y allí firmó él y Luis Eamos, después de lo cual Arias entregó un papel amarillo a Félix Agosto; que en su presencia no se habló de transacción sino de inves-tigación. Después de decir que sólo había firmado dos veces contestó a una pregunta que las cuatro firmas son suyas y que vió cuando Sabina y Félix hicieron las cruces en un docu-mento ; que en un documento hay dos firmas suyas y en otro hay otras dos de él. Con respecto a lo que ocurrió en la casa de Félix Agosto cuando llegaron allí los cuatro existen las siguientes preguntas y respuestas: “P.- — ¿Y dice usted que estaban en el velorio en casa de Félix Agosto, rezando? E. — En la novena rezando. P. — ¿Y ustedes llegaron en el momento de la novena? E. — Sí, señor. P. — Terminó la novena o no se terminó? E. — Cuando nosotros salimos no se había terminado. P. — ¿Entonces se terminó la novena cuando ustedes llegaron o no habían terminado? E. — Ellos estaban reunidos y no sé si estaban rezando o no estaban rezando. P. — ¿Me parece haberle oído decir a usted que estaban rezando? E. — Ellos estaban rezando todos. P. — Al llegar que estaban reunidos y no estaban rezando, entonces esas manifestaciones que hubo allí fué a la vista de todos? E. — Sí, señor.”

Félix Agosto, el demandante, declaró que conoce a Eamón Arias por haberlo visto cinco o seis veces, habiendo sido la primera en el cementerio donde Arias le habló y también a otra persona; qne la segunda vez fné cuando el testigo estaba trabajando y al pasar Arias se detuvo y le dijo que iba a buscarlo porque quería que fuera a San Juan para hacer una investigación del caso y coger unas declaraciones porque el caso era muy importante, que era de seguro y a él le tocaba arreglarlo. Después de eso ocurrió el siguiente interroga-torio hecho por su abogado: “¿Y después, cuándo lo volvió usted a ver? E. — -Después no lo vi más a él; después en-contró a otro individuo. . . P. — ¿Cómo se llama ese individuo? E. — Pues llegó. . . P. — ¿Uno que es medio picapleitos? E.— Señor, un hombre que demostró ser un caballero. P. — -¿Cómo se llama? E. — Se llama don Luis, don Luis Mora, me parece que se llama. P. — ¿Y a qué vino don Luis Mora donde usted? E. — Pues él vino a casa y parece ser que vino investigando el caso, lo que me pasaba a mí, lo que había sucedido. Y yo como no pensaba nada todavía no hacía caso de eso, porque todavía no estaba ni en mi conocimiento. Bueno, y me dijo: ‘Precisamente casi yo vengo como que estoy comisionado para llevarte a San Juan para que la casa te vea y bueno es que vayas allá porque me dicen que quieren hacer una investigación contigo, tomar una declaración contigo.’ P.— ¿Qué hizo usted después? E. — Nos fuimos a San Juan. P.- — -¿Con quién más fué? E. — Con el Sr. Cristino Meléndez, en automóvil.” Continuó diciendo que en San Juan le pre-guntó Arias si era casado, su edad, si su hijo era legítimo, la edad de éste y si iba a la escuela, a lo que le contestó. Se le preguntó entonces: “¿Y qué hicieron ustedes? E.— Nosotros cogimos al poco rato y nos vinimos. P. — ¿Alguna persona los acompañó a ustedes? E. — Los únicos que es-tábamos allí, los mismos tres.” A otra pregunta posterior contestó que Arias fué con ellos en el automóvil para Ceiba. Dijo que cuando llegó a su casa subió y se acostó porque tenía el cuerpo adolorido; y continuó diciendo que llegó (Arias) y preguntó por la señora Valentín, a la que hizo las mismas preguntas que le hizo a él sobre edad, etc., y después ella Mzo una cruz en unos papeles en blanco, qne nada tenían escrito; qne allí Mzo él dos cruces en dos papeles en blanco y Sabina Mzo dos; qne luego en la tienda de Meléndez éste firmó y también Luis Ramos, después de lo cual Arias en-tregó al testigo un papel amarillo. A repreguntas manifestó qne oyó la conversación de su hermano Gil con Arias en el cementerio pero no oyó lo que él declaró respecto a haberle dicho Arias sobre transacción sino de una investigación; que en San Juan no se habló de dinero y que nada le dió Arias allá para firmar. Dice luego que no firmó un papel escrito sino en blanco; que salió para San Juan a las ocho de la mañana y estuvo allí hasta las doce del día. Preguntado cuánto tiempo estuvo en la oficina dijo que en lo que dió su declaración al Sr. Arias y después se fué a la calle y estuvo en San Juan hasta las doce. Luego dijo que salió de la oficina de Arias con él, con Meléndez y con Ramos; que Arias le dijo que iba a Ceiba a tomar declaración a Sabina Valentín; y que llegaron a su casa a las siete de la noche. Preguntado si al llegar fué donde su esposa y le explicó el convenio que había hecho con la compañía contestó así: “Ay, yo no sé”; que no le dijo que firmara. Preguntado cuáles' son los documentos que dijo haber firmado en blanco contestó: “Pues como él dijo que diéramos la firma y como no sabíamos leer ni escribir la señora mía firmó primero y vino donde mí y me dice: ‘Viejo, firme aquí’, pensando que era según me había declarado”; que el papel estaba en blanco sin letras; que firmó un documento que le dió Arias creyendo que era la declaración sobre su edad, la de.su señora y la de su hijo; que él no buscó a Meléndez y a Ramos para que lo acompañaran a San Juan sino que ellos se le brindaron; que Meléndez le dijo que iba para San Juan y que si quería podía enseñarle la casa; que Meléndez y Ramos no eran amigos suyos pero como eran más prácticos que-él fué en su compañía; que él no los buscó sino que ellos lo buscaron y lo llevaron.

No hemos transcrito íntegramente las declaraciones de Cristino Meléndez y de Félix Agosto por sn mucha extensión pero nos parece que el resumen que de ellas hemos hecho y los pasajes que hemos copiado son suficientes para conocer el carácter de esos testimonios para formar juicio de ellos.

La evidencia de ambas partes en lo referente a la trans-acción nos convence de que la corte inferior cometió mani-fiesto error al llegar a la conclusión de que no podía creer y no creía en la existencia de tal contrato de transacción, lo que equivale a decir que no se creyó la declaración del Sr. Arias según la cual se hizo una transacción. Creemos que la preponderancia de la evidencia está claramente a favor de la demandada apelante, según pasaremos a demostrar.

La declaración del testigo Arias nada tiene por sí misma que la haga inverosímil ni indigna de crédito. Parece lo natural que un empleado de una compañía de seguros trate de evitar reclamaciones contra su compañía mediante transac-ción, aunque crea que ella no tiene responsabilidad, evitán-dole así las eventualidades de un pleito y los gastos del mismo. Nada censurable vemos en esto que pueda hacer inverosímil o increíble esa conducta. No hubo ni la más remota coacción de su parte para llegar a una transacción con el demandante, en representación de su compañía, pues se limitó a decir al hermano del demandante que cuando lo creyeran conveniente fueran a su oficina de San Juan para tratar de una transac-ción. Tampoco el hecho de que habiendo ido a Ceiba al día siguiente del accidente para hacer una investigación de él, fuera por la tarde al cementerio cuando enterraban a Esteban Agosto y que en aquel sitio diera su pósame al demandante e hiciera a Gril Agosto la indicación expresada de transacción quita valor a su declaración en el juicio; ni el hecho de que al llegar a la casa de Félix Agosto por la noche para recoger la firma de su esposa estuviera ella reunida con otras per-sonas para rezar un rosario o rezándolo. Por otra parte su declaración respecto al hecho de la transacción quedó com-probada con el documento que en tal sentido firmó en San Juan Cristino Meléndez después de haber hecho una cruz en él Félix Agosto, y por el otro documento de igual clase sus-crito en Ceiba por las cruces de Sabina Valentín y de Félix Agosto en el que Cristino Meléndez y Luis Bamos firmaron como testigos, así como por el cheque por $650 que entonces recibió el demandante, que no es por cantidad insignificante.

En el juicio no fué presentado como testigo Luis Bamos, nombrado alguna vez como Luis Mora, quien parece ser el más inteligente de los tres que estuvieron en San Juan donde Arias y quien según el demandante se portó como un hombre honrado.

En verdad, el testimonio de Arias no fué contradicho substancialmente por el demandante y su testigo Meléndez pues ellos aceptaron que fueron a la oficina de Arias en San Juan, que allí suscribieron ellos un documento que es el de transacción de Félix Agosto sin su esposa en el que no está la firma de Luis Bamos, que llegaron a Ceiba a las siete de la noche acompañados de Arias, que allí firmaron un docu-mento los dos esposos y Meléndez y Bamos como testigos y que Arias entregó al demandante un papel amarillo que es un cheque extendido a favor de los expresados consortes por la compañía aseguradora.

La declaración de Arias no queda destituida de veracidad porque el demandante y Meléndez dijeron que habían ido a San Juan para una investigación que dijo Arias quería hacer, pues G-il Agosto declaró que Arias le dijo que fueran a San Juan para hacer una transacción por dinero; porque Me-léndez declaró que en San Juan no hizo Arias investigación alguna; porque Félix Agosto depuso que fué preguntado si era casado, -el nombre de su esposa y la edad de ellos y de su hijo, lo mismo que preguntó a Sabina Valentín; y porque si fueron a San Juan para una investigación o no, el hecho es que se llegó a una transacción según los documentos que obran en autos y las firmas reconocidas de. ellos. Además, las declaraciones de Félix Agosto y de Meléndez no pueden destruir la de Arias porque son contradictorias entre sí mismas y una con otra e inverosímiles. Por ejemplo Cris-tino Meléndez declaró que fue a San Juan porque lo invitó Félix Agosto; luego dijo que él fue a decirle a Félix Agosto que fuera a San Juan, y en otra parte de su declaración manifestó que él estaba en San Juan. Después de haber negado ese testigo que hubiera firmado los documentos de transacción, al serle mostrados reconoció que había puesto en ellos dos firmas, y más tarde admitió que puso cuatro que son las que tienen. También declaró que cuando llegaron a Ceiba estaban rezando pero después dijo que no sabe si estaban rezando o no.

Félix Agosto dijo que vió a Arias cinco o seis veces pero después manifestó que fueron dos. Expresó asimismo que cuando llegó a su casa subió y se acostó porque tenía el cuerpo adolorido, y sin embargo relató lo ocurrido en la sala de la casa con Arias con quien fué después a otra parte donde firmaron los testigos y él recibió de Arias un papel amarillo. Él también dijo que los papeles en los cuales hizo una cruz estaban en blanco pero resulta de ellos mismos que estaban impresos. En otra parte declaró que de San Juan salieron los tres que habían ido, pero después dijo que Arias iba con ellos.

Las declaraciones de esos dos testigos son de tal natu-raleza que no pueden destruir la prueba presentada para demostrar que mediante un contrato de transacción el deman-dante exoneró y relevó a la demandada de toda responsa-bilidad por la muerte de Esteban Agosto.

Nada encontramos en este caso que demuestre que hubo dolo de parte de Arias para la transacción realizada. Los casos de Colón v. Méndez, 41 D.P.R. 874 y de De Jesús v. Singer Sewing Machine Co., 46 D.P.R. 719, que cita el apelado, no tienen aplicación al presente porque las circunstan-cias en que en ellos se celebraron las transacciones son dis-tintas a las del presente.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando sin lugar la demanda sin especial condena de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Tomás Fuentes, conocido por Tomás Pérez, demandante y apelado, v. La Sucesión Testamentaria del Finado Pedro Pérez Sales, Etc., demandada; Pedro Pérez Sales, apelante, y Enrique Olivencia interventor.
    No. 6630.
    Sometido: Diciembre 3, 1934.

      Resuelto: Enero 17, 1935.

      José Sabater, abogado del apelante; M. A. García Méndez y A. Ra-mírez Silva, abogados del apelado; Bolívar Pagan, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Tomás Fuentes, conocido por Tomás Pérez, inició en 3 de julio de 1931 un pleito de filiación contra los herederos o representantes de Pedro Pérez Sales y contra otras personas. En 6 de octubre de 1932 Tomás Pérez Sales, uno de los de-mandados, compareció ante la Corte de Distrito de Mayagüez y solicitó el archivo del caso en lo que a él se refería, toda vez que aunque vivía en Mayagüez, nunca había sido citado o emplazado en forma alguna. En 19 de enero de 1934 la Corte de Distrito de Mayagüez, después de oír a ambas partes, declaró sin lugar dicha moción. La teoría de la corte al declarar sin lugar la moción fué que el dejar de emplazar o notificar a una parte no era fatal toda vez que el precepto legal era de carácter directivo más bien que imperativo. Tomás Pérez Sales apeló de esta resolución y tenemos ante nos una moción para desestimar dicho recurso por dos fun-damentos.

El primer fundamento es que la resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez no era apelable puesto que no caía dentro de ninguna de las disposiciones del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, que lee así:

“Podrá establecerse apelación pará ante el Tribunal Supremo contra las resoluciones de las cortes de distrito en los casos siguientes :
“1. — De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o pro-cedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiera dictado, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.
“2. — De una sentencia de una corte de distrito dictada en ape-lación interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dólares.
“3. — De una providencia concediendo o denegando un nuevo jui-cio ; concediendo o anulando un injunction; negándose a conceder o anular un injunction; anulando o negándose a anular un embargo; concediendo o negándose a conceder un cambio de lugar para la ce-lebración del juicio; de una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva; y de una sentencia interlocutoria en pleitos sobre partición de propiedad real, dentro de los diez días de dictada la providencia o sentencia interlocntoria y de anotada la misma en el libro de actas de la corte o de archivada en la secretaría.”

Revisando la jurisprudencia de esta corte hallamos que hay varios casos en que ciertas órdenes han sido declaradas inapelables que podrían considerarse como análogos, como por ejemplo: Santiago v. Benvemitti, 43 D.P.R. 358; Vargas v. Cruz, 41 D.P.R. 137; Balat v. Nazario, 40 D.P.R. 359; Banco Territorial v. Astor, 40 D.P.R. 882; Veve v. Rodríguez, 33 D.P.R. 336; Monagas v. Rivera, 32 D.P.R. 716.

Podría agregarse que los casos citados por el apelante en oposición a la moción para desestimar no nos convencen de' que la resolución fuera apelable. Pacific Paving Co. v. Vizelich, 141 Cal. 4; Vrooman v. Li Po Tai, 113 Cal. 302; véase también Marks v. Keenan, 140 Cal. 33; 3 C. J. 441.

El hecho cierto es que el apelante era una de varias per-sonas que aparentemente tenían derecho a oponerse a la de-manda de filiación radicada en este caso. No hay indica-ción alguna de que no pudiera haberse entablado un nuevo litigio. Aunque es cierto que la ley exige que se expida la citación dentro de determinado período de tiempo, sin embargo, las cortes son siempre liberales y permiten que un pleito en tramitación continúe si el único efecto que pro-duciría el sobreseimiento del mismo es hacer que el deman-dante instruya un nuevo recurso con el mismo propósito. Se da énfasis a esta cuestión cuando, conforme admitió el ape-lante en su moción, el pleito ya ha sido radicado contra varias personas que tienen interés en oponerse al mismo. Igualmente, la corte tenía discreción después de haber trans-currido el período estatutario de un año. Costa & Santini, Sucr., Inc. v. Suliveres, 44 D.P.R. 739.

Por ende, convenimos con la Corte de Distrito de Maya-güez en que la disposición del Código de Enjuiciamiento Civil es de carácter directivo más bien que imperativo y que no excluye el poder discrecional que tiene una corte para negarse a sobreseer nn pleito contra ano de varios deman-dados o aún contra nn solo demandado. Como la corte per-mitió que el caso prosiguiera no hubo en definitiva sentencia final contra el demandado. Él • estaba obligado a tener sn día en corte. En el artículo 295 no hay ninguna otra dis-posición legal qne pudiera justificar la apelación. Es cierto qne si la corte hubiese ordenado el archivo y sobreseimiento del pleito, ello sería una sentencia definitiva contra el deman-dante en un pleito como el presente. De ahí no se desprende en absoluto que una decisión en sentido contrario sería apelable.

Otro fundamento de la moción para desestimar fué que el apelante, después de radicar su ameritada moción, realizó gestiones activas para que el caso fuese pospuesto. Es cierto que el apelante presentó tal moción con la reserva de que no debía afectar el recurso de apelación pendiente. Tal reserva sería quizá inefectiva si en su comparecencia para solicitar la aludida posposición del caso no estaba envuelta cuestión alguna de jurisdicción y surgía una sumisión a la corte. Aparicio Hnos. v. Christianson, 23 D.P.R. 493.

Tiene peso la teoría del apelado de que debe considerarse que el demandado y apelante ha renunciado a la moción de archivo y sobreseimiento y en su consecuencia a su recurso de apelación, mas no es necesario que basemos nuestra deci-sión en este fundamento.

El apelado también dijo que la apelación era frívola, por el motivo que acabamos de aducir y tal vez por otros, pero la razón fundamental para desestimar el recurso es que la resolución no era apelable.

Debe declararse con lugar la moción para desestimar.