author: La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

text:
    Noel Zayas Rodríguez y otros, recurridos, v. Puerto Rico Telephone Co., peticionaria.

      Número: CC-2014-127

      Resuelto: 10 de junio de 2016

      Gregory T. Usera y Marisara Figueroa Silva, de Usera, Figueroa & Giner, P.S.C., abogados de la parte peticionaria; Edwin Rivera Cintrón, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos interpretar la Ley Núm. 180-1998, según enmendada, conocida como la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 250 et seq. (Ley Núm. 180). Específicamente, nos corresponde determinar si la referida ley obliga a un patrono privado a liquidar el balance acumulado de licencia por enfermedad una vez el empleado cesa definitivamente sus labores en la empresa.

Atendidos los planteamientos de ambas partes, resolve-mos que la Ley Núm. 180 no impone dicha obligación. Esto, sin embargo, no impide que el patrono provea mayores be-neficios y se obligue mediante la contratación individual o colectiva a liquidar el balance acumulado de dicha licencia. Veamos.

I

Los señores Noel Zayas Rodríguez, Wilfredo Guzmán Cardona y José J. Gómez Falgas (en conjunto, los recurri-dos), empleados gerenciales de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC), comenzaron a trabajar en dicha em-presa el 21 de junio de 1982, el 5 de mayo de 1994 y el 1 de julio de 1996, respectivamente. Varios años después, el 13 de abril de 2009, fueron destituidos.

Por ese motivo, los recurridos presentaron una demanda en contra de la PRTC sobre despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 LPRA sec. 185 et seq.) (Ley Núm. 80), discrimen por razón de edad según la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 LPRA sec. 146 et seq.) (Ley Núm. 100), difamación, daños y perjuicios, entre otros. En lo pertinente a la controversia de autos, los recurridos solicitaron el pago de ciertas sumas de dinero por concepto de la liquidación de la licencia por enfermedad acumulada. Fundamentaron su reclamo en la práctica interna de la compañía conocida como la Práctica RH-026-A sobre Licencia por Enfermedad para Empleados Gerenciales (Práctica RH-026-A) —específicamente en una disposición de ésta denominada “Banco General”—, así como en la Ley Núm. 180, supra.

La PRTC contestó la demanda y negó las alegaciones. Entre sus defensas, adujo que los recurridos fueron despe-didos por justa causa, toda vez que incumplieron con las normas y políticas de la compañía. Al respecto, indicó que los recurridos trabajaban en la División de Servicios de Seguridad y estaban encargados de los sistemas electróni-cos y controles de seguridad de la empresa. Añadieron que una investigación reveló que en múltiples ocasiones los re-curridos abandonaron sus puestos de trabajo y manipula-ron el sistema electrónico de seguridad para registrar horas de entrada y salida que eran falsas.

Luego de otros trámites procesales, la PRTC presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial y solicitó que se desestimara la reclamación al amparo de la Ley Núm. 180, pues no existía controversia en cuanto a que los recurridos no tenían derecho a la liquidación del balance de la licencia por enfermedad. Alegaron que: (1) mediante la Práctica RH-026-A, la PRTC no se obligó a liquidar el balance de la licencia por enfermedad a los empleados que cesaran en sus labores por razones que no fueran la jubilación; (2) la Ley Núm. 180 o el anterior Decreto Mandatorio Núm. 73 —aplicable a la industria de las comunicaciones— no le imponía la obligación de liquidar el balance acumulado de licencia por enfermedad al momento del empleado cesar en el trabajo, y (3) de los recurridos prevalecer en su demanda, sólo tendrían derecho a los remedios que establecen la Ley Núm. 80 y la Ley Núm. 100.

Los recurridos se opusieron a la solicitud de sentencia sumaria parcial. Plantearon que el balance de días acumu-lados y no utilizados de la licencia por enfermedad formaba parte del patrimonio del empleado y su liquidación no po-día estar condicionada a la jubilación. Añadieron que este balance se nutrió del tiempo trabajado, por lo que es parte del salario según ese término se define en la Ley Núm. 180. Por lo tanto, sostuvieron que la disposición de la Práctica RH-026-A que condiciona la liquidación de la licencia por enfermedad a la jubilación del empleado es nula por tra-tarse de una retención de salarios contraria a la ley.

Tras una vista argumentativa, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución en la cual declaró “sin lu-gar” la Moción de Sentencia Sumaria Parcial. Determinó que la Práctica RH-026-A es nula en cuanto condiciona la liquidación del balance acumulado de la licencia por enfer-medad a la jubilación del empleado. Añadió que el balance de licencia por enfermedad es el resultado del trabajo reali-zado por el empleado, por lo que procede su liquidación in-dependientemente de la causa de la terminación en el empleo.

Luego de presentar sin éxito una moción de reconside-ración, la PRTC acudió al Tribunal de Apelaciones. Adujo que el Tribunal de Primera Instancia erró al equiparar el balance acumulado de la licencia por enfermedad con el salario y al declarar nula la disposición que condiciona la liquidación de dicho balance a la jubilación del empleado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Reso-lución recurrida. Aunque concluyó que la Ley Núm. 180 y el Decreto Mandatorio Núm. 73 no disponen expresamente acerca del derecho del empleado a la liquidación de la li-cencia por enfermedad, interpretó, al igual que el foro de primera instancia, que el balance acumulado de dicha licencia constituye parte del salario, por lo cual no puede quedar sujeto a condición.

Por esta razón, la PRTC recurrió ante este Tribunal y sostuvo que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir que el balance de días acumulados en concepto de licencia por enfermedad es parte del salario y que el empleado tiene derecho a su liquidación cuando cesa definitivamente en el empleo. Señaló también como error que el foro intermedio declarara la nulidad de la Práctica RH-026-A.

Por su parte, los recurridos comparecieron y argumen-taron que, aunque reconocían que la Práctica RH-026-A concede mayores beneficios de licencia por enfermedad que la Ley Núm. 180, la PRTC no podía condicionar la liquida-ción de dicho balance a la jubilación del empleado. Ello, pues la licencia por enfermedad está comprendida dentro del término salario en la Ley Núm. 180.

Con el beneficio de las comparecencias, procedemos a resolver.

II

A. La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce y protege varios de los derechos más importantes de los trabajadores. Uno de los derechos incluidos en el Art. II, Sec. 16 de nuestra Cons-titución es el derecho del trabajador “a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo [...]”. LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 369. De modo que la licencia por enfermedad es una protección consustancial a este derecho del empleado. García v. Aljoma, 162 DPR 572, 583 (2004). Debido a la importancia de la licencia por enfermedad como medio para que el trabajador pueda sostenerse económicamente cuando tenga que enfrentar un problema de salud, hemos expresado que esta es

“[...]algo más que un beneficio marginal común y corriente de un empleado. Es una necesidad fundamental para el traba-jador puertorriqueño que surge de una necesidad involuntaria no imputable al trabajador. Cuando esta licencia se hace acu-mulativa, tanto el patrono como el empleado derivan benefi-cios de la misma, pues con ella se disuade el ausentismo y se le provee al trabajador la oportunidad de acumular la licencia para cuando la necesite por razones de enfermedad”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido). Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 DPR 252, 270 (2000), citando de J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 332-333 (1988). Véase, también, J.R.T. v. Vigilantes, Inc., 125 DPR 581, 594 (1990).

Al presente, la licencia por enfermedad en el contexto de la empresa privada (así como de las corporaciones públicas que operan como empresas privadas) está reglamentada por la Ley Núm. 180. Esta ley es producto de estatutos que tuvieron su origen en la Ley Núm. 8 de 5 de abril de 1941, primera legislación sobre salario mínimo aprobada en Puerto Rico. La Ley Núm. 8 fue derogada por la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956 (Ley Núm. 96), la cual estableció la Junta de Salario Mínimo como entidad encargada de implementar la legislación sobre salario mínimo y los beneficios para los empleados de cada industria a través de la aprobación de decretos mandatorios. Uno de estos decretos fue el Decreto Mandatorio Núm. 73, aplicable a los trabajadores de la industria de las comunicaciones.

Posteriormente, la Ley Núm. 96 fue enmendada por la Ley Núm. 84 de 20 de junio de 1995 (Ley Núm. 84) a los efectos de establecer la nueva política pública con relación a los beneficios establecidos en los distintos decretos mandatorios. Entre sus propósitos estuvo uniformar y establecer los beneficios mínimos de vacaciones y de licencia por enfermedad. Jiménez, Hernández v. General Inst., Inc., 170 DPR 14, 53-54 (2007). En consecuencia, la Ley Núm. 84 derogó toda disposición que estuviera en conflicto con sus preceptos. De esta forma, las normas que estableció sobre el uso, disfrute y pago de las licencias de vacaciones y enfermedad se extendieron de manera uniforme a todos los empleados de la industria privada.

En lo pertinente al caso de autos, el texto original del Art. 18(n) del Proyecto de la Cámara 1967 de 31 de mayo de 1995 (P. de la C. 1967), el cual posteriormente se convirtió en la Ley Núm. 84, disponía lo siguiente sobre los beneficios por vacaciones y enfermedad:

(k) A solicitud escrita del empleado, el patrono podrá permitir que las vacaciones incluyan días no laborables comprendidos dentro del período en que haya de disfrutar las vacaciones.
(l) En caso de que el empleado cese en su empleo, el patrono le hará efectivo el total hasta entonces acumulado, aunque sea menos de un año.
(m) A solicitud escrita del empleado, el patrono podrá per-mitir la liquidación parcial de la licencia por vacaciones acu-mulada y en exceso de diez (10) días.
(n) La licencia por enfermedad no usada por el empleado durante el curso del año quedará acumulada para los años sucesivos hasta un máximo de quince (15) días. La licencia por enfermedad acumulada en exceso de dicho máximo será liqui-dada una vez al año en uncí fecha previamente establecida y anunciada por el patrono. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido).

Durante el debate legislativo para la aprobación del P. de la C. 1967 surgieron objeciones en torno a la propuesta sobre la liquidación de la licencia por enfermedad, según lo dispuesto en el Art. 18(n) del proyecto original. En particular, el entonces Secretario de Desarrollo Económico y Comercio expresó que no debía requerirse por ley la liquidación de la licencia por enfermedad, sino dejarlo a los acuerdos entre la empresa y el empleado. Por su parte, la Asociación de Industriales de Puerto Rico expresó que

[e]l propósito de la licencia por enfermedad no es convertirla en un bono económico, sino garantizar que cada empleado ten-drá una reserva de días, un seguro, para utilizarlo en caso que lo necesite por enfermedad prolongada. Ese es el fundamento filosófico de una reserva de días de licencia por enfermedad, y no el proveer un pago adicional. La propuesta de liquidación desvirtúa el objetivo de una reserva de días de licencia por enfermedad [,] constituye un costo operacional adicional que no existe en las jurisdicciones que compiten en Puerto Rico, y va en contra de los objetivos de desarrollo económico del proyecto.

Como resultado de éstas y otras ponencias, el Art. 18(n) del P. de la C. 1967 fue enmendado a los efectos de eliminar lo relacionado con la liquidación de la licencia por enfermedad. Como se explicó en el Informe Conjunto de la Cámara de Representantes, la Ley Núm. 84 dejó el espacio necesario para la negociación entre patronos y empleados:

Al establecer condiciones mínimas, la Ley permite la negocia-ción colectiva sobre cualquiera de los beneficios dispuestos, incluyendo lo relativo a la acumulación de licencias a un tipo mayor, la liquidación de licencia por enfermedad acumulada en exceso a modo de incentivo o su acumulación sobre lo dispuesto para la eventualidad de una enfermedad prolongada. (Énfasis suplido).

En consecuencia, el Art. 18 del P. de la C. 1967 fue renumerado como el Art. 5 de la Ley Núm. 84, cuyo inciso (n) fue finalmente aprobado como sigue:

(k) A solicitud escrita del empleado, el patrono podrá permitir que las vacaciones incluyan días no laborables comprendi-dos dentro del período en que haya de disfrutar las vacaciones.
(l) En caso de que el empleado cese en su empleo, el patrono le hará efectivo el total hasta entonces acumulado, aunque sea menos de un año.
(m) A solicitud escrita del empleado, el patrono podrá per-mitir la liquidación parcial de la licencia por vacaciones acu-mulada y en exceso de diez (10) días.
(n) La licencia por enfermedad no usada por el empleado durante el curso del año quedará acumulada para los años sucesivos hasta un máximo de quince (15) días. (Énfasis suplido).

Por último, tres años después de las enmiendas realizadas por la Ley Núm. 84, se aprobó la Ley Núm. 180, la cual derogó la Ley Núm. 96. La Ley Núm. 180 man-tuvo los beneficios mínimos con respecto a las licencias por vacaciones y enfermedad, al fijar su acumulación a razón de un día y cuarto (1¼) de vacaciones y un (1) día de licencia por enfermedad por cada mes de trabajo de no menos de 115 horas. Algunos de los cambios que esta ley introdujo se fundamentaron en que “[l]a concesión de beneficios por encima del mandato estatutario, deb[ía] establecerse a tenor con la realidad económica y las condiciones del mercado”. Así, la Ley Núm. 180 estableció los beneficios mínimos, dejando a cada patrono conceder (o a los sindicatos negociar) mayores beneficios según la capacidad económica y los intereses de las partes. En sintonía con lo anterior, la Ley Núm. 180 incorporó las disposiciones de la Ley Núm. 84 relacionadas al uso, disfrute y paga de las licencias por vacaciones y enfermedad. Así, el Art. 6 de la Ley Núm. 180 dispone, en lo pertinente, que:

(i) A solicitud escrita del empleado, el patrono podrá permi-tir que las vacaciones incluyan días no laborables comprendi-dos dentro del período en que haya de disfrutar las vacaciones, y/o los días no laborables inmediatamente antes o después de dicho período de vacaciones.
(j) En caso de que el empleado cese en su empleo, el patrono hará efectivo al empleado el total hasta entonces acumulado, aunque sea menos de un año.
(k) A solicitud escrita del empleado, el patrono podrá permi-tir la liquidación parcial de la licencia por vacaciones acumu-lada y en exceso de diez (10) días.
(Z) La licencia por enfermedad no usada por el empleado durante el curso del año quedará acumulada para los años sucesivos hasta un máximo de quince (15) días. (Énfasis suplido).

Según se puede apreciar, la Ley Núm. 180 dejó inalteradas las disposiciones de la Ley Núm. 84 en torno a la liquidación de las licencias por vacaciones y enfermedad. Al igual que el Art. 5(n) de dicha ley, el Art. 6(1) de la Ley Núm. 180 no estableció una obligación para el patrono de liquidar el balance acumulado de la licencia por enfermedad, lo que sí hizo expresamente con la licencia por vacaciones. Como vimos, la obligación de liquidar la licencia por enfermedad fue rechazada y eliminada por el legislador al aprobar el Art. 18(n) de la Ley Núm. 84, cuyo texto fue adoptado en el Art. 6(1) de la Ley Núm. 180.

Ello, sin embargo, no es óbice para que el patrono, con el propósito de atraer, incentivar o retener a su personal, pro-vea mediante la contratación individual o colectiva mayores beneficios de licencia por enfermedad. J.R.T. v. Vigilantes, Inc., supra, pág. 590; Opinión 91-4 del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico de 1 de noviembre de 1991. En tales casos, el patrono establecerá los criterios para la acumulación, el disfrute y el pago de la licencia por enfermedad, siendo la única limitación que dicho contrato cumpla con las condiciones mínimas requeridas por legislación.

B. El 20 de marzo de 2008, la PRTC estableció la Prác-tica RH-026-A para distribuir el beneficio de licencia por enfermedad aplicable a sus empleados gerenciales. En cuanto a la acumulación, esta práctica dispuso que empleados gerenciales como los recurridos acumularían días de licencia por enfermedad a razón de un día y medio por cada mes de no menos de cien horas de trabajo. Por su parte, los empleados que ingresaran a partir del 24 de septiembre de 2007 acumularían licencia por enfermedad a razón de un día laborable por cada mes en que hayan trabajado por lo menos 115 horas. Asimismo, se estableció el siguiente esquema de distribución de los días acumulados de licencia por enfermedad:

Comenzando el 1ro de enero de 2006 [,] el total de días de li-cencia por enfermedad que tengan acumulados los empleados gerenciales serán segregados como sigue:
1. En Balance Acumulado estarán los días que el empleado ha acumulado, a partir de su último aniversario y los acumulados durante su primer año de empleo para el caso de nuevos ingresos.
2. La Reserva se nutrirá de aquellos balances acumulados y no utilizados del año aniversario anterior hasta un máximo de 18 días en el caso de empleados que ingresaron en o antes del 23 de septiembre [de] 2007 y de 15 días en el caso de empleados que ingresen a partir del 24 de septiembre [de] 2007.
3. En el Banco Congelado estará el balance de licencia por enfermedad congelado al 31 de diciembre de 2005. Sólo se pa-gará cuando el empleado termine su empleo para acogerse a la jubilación. (Enfasis en el original). Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 78-79.

De esta forma, la PRTC concedió mayores beneficios que los dispuestos en la Ley Núm. 180 al establecer el pago de la licencia por enfermedad en el “Banco Congelado” en caso de que el empleado se acogiera a la jubilación.

C. Por último, antes de pasar a resolver, es conve-niente revisar brevemente las normas de hermenéutica jurídica. Sabemos que al llevar a cabo la interpretación de las leyes, el propósito es hacer cumplir la intención del legislador. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126 (2012). Al respecto, el Código Civil contiene varias disposiciones que nos orientan en este ejercicio. Así, el Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA sec. 14, dispone que cuando la letra de la ley es clara y libre de toda ambigüedad, esta no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu. No obstante, hemos dicho que aunque nos en-contremos ante una disposición clara, ello no significa que estemos impedidos de interpretarla, pues todas las leyes requieren algún ejercicio de interpretación. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 126; IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 739 (2012).

Sin embargo, cuando el texto de la ley es ambiguo, es necesario ir más allá de su letra para auscultar la inten-ción del legislador. Al respecto, el Art. 19 del Código Civil, 31 LPRA sec. 19, dispone que “[e]l medio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que indujeron al poder legislativo a dictarla”. Para realizar esta búsqueda es preciso examinar el historial legislativo del esta-tuto, incluso el texto propiamente del proyecto de ley y sus enmiendas a lo largo del trámite legislativo, el Diario de Sesiones, los informes de las comisiones, las ponencias presentadas, entre otros recursos. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 417 (1998). Véase R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1987, págs. 242-243. Además, “se puede acudir a las circunstancias existentes en el momento de la aprobación de la ley, la ocasión en que fue aprobada y el mal que trata de evitar, el remedio que se intenta aplicar, la legislación anterior y las consecuencias de la interpretación propuesta”. Id., pág. 279 (haciendo referencia a varias opiniones de este Tribunal).

Por su parte, en cuanto a los estatutos de carácter reparador, hemos expresado que su interpretación debe hacerse liberalmente a los fines de hacer cumplir su propósito. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 741. No obstante, esta interpretación liberal no puede tener el efecto de descartar la voluntad del legislador cuando se trata de una situación específicamente prevista por este y su intención sobre cómo resolverla es clara.

Enmarcada en este contexto la interpretación de los estatutos pertinentes, procedemos a disponer de esta controversia.

III

Tras ser despedidos, los recurridos demandaron a la PRTC aduciendo diversas causas de acción, entre estas el cobro de salarios al amparo de la Ley Núm. 180. Mediante esta, reclamaron la liquidación del balance de la licencia por enfermedad acumulado en el denominado “Banco Congelado” de la Práctica RH-026-A. Por su parte, la PRTC solicitó que se dictara sentencia sumaria parcial a los efec-tos de determinar que los recurridos no tenían derecho al pago de dicho balance. Fundamentó su solicitud en que la Ley Núm. 180 no impone la obligación de liquidar la licen-cia por enfermedad y que, de otra parte, la Práctica RH-026-A dispone que la liquidación del balance acumulado se pague al terminarse la relación obrero-patronal por motivo de jubilación. Por lo tanto, al haber sido destituidos, la PRTC sostuvo que los recurridos no eran acreedores a dicho pago.

Los recurridos argüyeron que el balance acumulado era producto de su trabajo y que la Práctica RH-026-A, al con-dicionar la liquidación de dicho balance a la jubilación del empleado, es nula por tratarse de una retención de salarios contraria a la Ley Núm. 180. El Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” a la solicitud de sentencia sumaria parcial y el Tribunal de Apelaciones confirmó. No obstante, como pasamos a explicar, erraron los foros inferiores al resolver de este modo.

Primero, debemos precisar que aunque la licencia por enfermedad es un beneficio de gran importancia que tiene el trabajador, ésta no es parte del salario en el sentido en que el Art. 4 de la Ley Núm. 180 define ese término. La retribución en que consiste el salario ya fue recibida por el empleado a manera de pago. Aunque la acumulación de días en la licencia por enfermedad se basa en las horas trabajadas, ello por sí sólo no lo convierte en salario. Es por eso que el patrono puede establecer normas sobre certifica-ciones médicas o informes periódicos sobre la enfermedad del empleado, sin que ello pueda interpretarse como una violación de la Ley Núm. 180. Delgado Zayas, op. cit, págs. 230-231.

Entenderlo así sería contrario a la naturaleza de la li-cencia por enfermedad como un beneficio contingente cuyo propósito es garantizarle un ingreso al empleado que debe ausentarse del trabajo por circunstancias relacionadas a su salud. En nuestro ordenamiento jurídico, la licencia por enfermedad está concebida para que el empleado la utilice cuando sea necesario. La posibilidad de acumularla que dispone la Ley Núm. 180 no es para que se pague el balance no utilizado, sino para incentivar su uso más efectivo para cuando el empleado la necesite:

[S]alvo que el decreto [mandatorio] expresamente disponga otra cosa, la licencia por enfermedad es para hacerle frente a las ausencias por motivos de salud, de manera que éstas no afecten el ingreso del empleado. No son por su propia natura-leza para pagarse en efectivo cuando el empleado no se ha au-sentado de su trabajo. Opinión 91-1 del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico de 1 de mayo de 1991.

Segundo, de la propia Ley Núm. 180 y su historial legis-lativo se desprende que un patrono privado no está obligado a liquidar el balance acumulado de la licencia por enfermedad al terminar la relación obrero-patronal. Como vimos, esa fue la intención del legislador al modificar el texto original del Art. 5(n) de la Ley Núm. 84 y eliminar lo referente a la liquidación de esa licencia. No hay ningún indicio en la Ley Núm. 180 que sugiera algún cambio al respecto con relación a su antecesora. Por el contrario, el Art. 5(n) de la Ley Núm. 84 fue adoptado en su totalidad por el Art. 6(1) de la Ley Núm. 180, reflejando así la intención del legislador de no alterar ese estado de derecho.

Tercero, y por último, el hecho de que la Ley Núm. 180 no provea para la liquidación de la licencia por enfermedad no impide que el patrono se obligue a conceder mayores beneficios a través de la contratación individual o colectiva. Así lo hizo la PRTC al establecer mediante la Práctica RH-026-A una tasa de acumulación de licencia por enfermedad superior a la provista en la Ley Núm. 180 y al disponer para su liquidación cuando el empleado se jubila. Por ser la liquidación de licencia por enfermedad un beneficio no contemplado en la Ley Núm. 180, la PRTC podía, siempre que no contraviniera un acuerdo o una disposición anterior, condicionar razonablemente dicho beneficio al cumplimiento de determinado criterio. Por lo tanto, no es nula la disposición denominada “Banco Congelado” incluida en la Práctica RH-026-A.

En el presente caso no existe controversia en cuanto a que los recurridos fueron destituidos de la PRTC. Así, en vista de que no cumplen con la condición establecida en la Práctica RH-026-A, y que la Ley Núm. 180 no le requiere al patrono pagar el balance de días acumulados al concluir la relación obrero-patronal, no procede el reclamo de los recurridos sobre la liquidación del balance acumulado en la licencia por enfermedad. En consecuencia, se declara “con lugar” la moción de sentencia sumaria parcial promo-vida por la PRTC.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la senten-cia del Tribunal de Apelaciones, se desestima la causa de acción al amparo de la Ley Núm. 180 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

       El señor Zayas Rodríguez reclamó cuarenta y seis días de licencia por enfer-medad equivalentes a $7,050.88; el señor Guzmán Cardona reclamó setenta y cuatro días equivalentes a $7,2Í0.56, y el señor Gómez Falgas reclamó cincuenta y cuatro días equivalentes a $4,795.20. Asimismo, solicitaron una cantidad igual a la adeudada como penalidad conforme a las disposiciones de Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 250 et seq. (Ley Núm. 180).

       Para una mejor compresión, adelantamos la parte de la Práctica RH-026-A pertinente a la controversia:
      “Comenzando el 1ro de enero de 2006 el total de días de licencia por enfermedad que tengan acumulados los empleados gerenciales serán segregados como sigue:

      “3. En el Banco Congelado estará el balance de licencia por enfermedad conge-lado al 31 de diciembre de 2005. Sólo se pagará cuando el empleado termine su empleo para acogerse a la jubilación”. (Enfasis en el original). Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 78-79.

       De esta determinación, la Puerto Rico Telephone Company (PRTC) presentó una Moción de Reconsideración que fue declarada “no ha lugar”.

       R. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, ed. 2005 rev., págs. 45-46; A. Acevedo Colom, Legislación protectora del trabajo comentada, 7ma ed. rev., San Juan, Ramallo Printing Bros., 2001, pág. 37. Véase Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 722 (1953).

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 84.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 84. Véase Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno y de Trabajo y Asuntos del Veterano de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1967 de 13 de julio de 1995, págs. 18-19. En cuanto a la falta de uniformidad, la Asamblea Legislativa recalcó que “[a]grava la situación el que, mientras algunos empleados disfrutan, en virtud de decretos, de los beneficios de vacaciones y licencia por enfermedad, miles de otros empleados carecen de tan importantes beneficios marginales”. Asimismo, el legislador entendió que la confusión generada por la multiplicidad de salarios mínimos y diferentes beneficios operaba en detrimento de las oportunidades de desarrollo económico y la creación de nuevos empleos, provocando altas tasas de desempleo. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 84.

       Los empleados que al entrar en vigencia la Ley Núm. 84 estuvieran cubiertos por decretos mandatories que concedieran mayores beneficios de licencias, seguirían estando cubiertos por dichos decretos. Art. 5 de la Ley Núm. 84. Véanse: Delgado Zayas, op. cit., pág. 205; Jiménez, Hernández v. General Inst., Inc., 170 DPR 14, 56 (2007). Ello, pues la Ley Núm. 84 sólo reconoció una acumulación de licencia por vacaciones a razón de un día y cuarto (1¼) por mes y licencia por enfermedad a razón de un (1) día por mes.

       Luego de ser enmendado durante el trámite legislativo —sobre lo cual abun-damos a continuación—, el Art. 18(n) del proyecto original fue renumerado y apro-bado como el Art. 5(n) de la Ley Núm. 84.

       “También se ha traído a nuestra atención lo indeseable de requerir manda-toriamente [sic] la liquidación monetaria. Por un lado, dichas críticas señalan que es posible que el empleado particular prefiera mantener la acumulación de la licencia en exceso de los quince días y no recibir la liquidación monetaria. Por otro lado, se nos señala que muchas empresas, por razones económicas de peso, no pueden reali-zar dichas liquidaciones monetarias. El impacto económico sustancial de establecer una nueva norma y requerir uniformemente dicha liquidación para todas las indus-trias, podría ser contraproducente y detrimental [sic] a la estabilidad de los empleos”. Memorando del Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 12 de julio de 1995, pág. 18.

       Memorando de la Asociación de Industriales de Puerto Rico de 13 de julio de 1995, págs. 3-4.

       Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno y de Trabajo y Asuntos del Veterano de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1967 de 13 de julio de 1995, págs. 17-18.

       Los incisos (g), (h), (i), (j), (k) y (m) versan exclusivamente sobre la licencia por vacaciones. Por ello, al encontrarse entre medio de estos incisos, la única inter-pretación lógica del inciso (1) —y acorde con la clara intención del legislador de excluir la liquidación de la licencia por enfermedad— es que éste se refiere única-mente a la licencia por vacaciones.

       La Ley Núm. 180 no afectó los beneficios de los empleados que a la fecha de su aprobación disfrutaban, en virtud de decretos mandatories, de niveles de acumu-lación de licencia de vacaciones y enfermedad más favorables.

       Igualmente, reguló que estas se usarán y pagarán a base del día regular de trabajo al momento de usarse o pagarse el beneficio, en una suma no menor al salario regular por hora devengado en el mes en que se acumuló la licencia. 29 LPRA. sec. 250d(c) y (d).

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 180.

        Jiménez, Hernández v. General Inst., Inc., supra, pág. 53. Así lo reconocieron los tribunales inferiores en este caso al expresar que
      “[plosteriormente, la Ley 96, según enmendada por la Ley 84, fue derogada por la [...] Ley Núm. 180-1998, [que] incorporó, en esencia, todas las disposiciones relativas a acumulación, uso, disfrute y paga de licencias de vacaciones y enfermedad”. (Énfasis suplido). Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice, pág. 14.

       29 LPRA sec. 250d.

       En cuanto a la acumulación de la licencia por enfermedad, la Ley Núm. 180 mantuvo dicha acumulación de días para los años sucesivos hasta un máximo de quince días. Por otro lado, se puede apreciar que los incisos (i), (j), (k) y (l) del Art. 6 de la Ley Núm. 180, entre otros, son para todos los efectos una réplica de los incisos (k), (l), (m) y (ti) del Art. 5 de la Ley Núm. 84.

       Por otra parte, como indicamos, las disposiciones sobre los beneficios de licencias por enfermedad y vacaciones provienen de diversos decretos mandatorios. Por lo tanto, las interpretaciones que se han hecho sobre dichos decretos nos sirven de guía en la interpretación de las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 180. A tales efectos, una opinión del Secretario del Trabajo acerca de la licencia por enfer-medad en el contexto de la empresa privada concluyó que “cuando él empleado cesa en la empresa, por despido o renuncia, no tiene derecho a que se le liquiden los días de licencia por enfermedad acumulados y no usados hasta esa fecha”. (Énfasis suplido). Opinión 91-1 del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico de 1 de mayo de 1991, pág. 4.

        Valga reiterar que el inciso (j) del Art. 6 de la Ley Núm. 180, al igual que el anterior inciso (l) del Art. 18 de la Ley Núm. 84, se refiere exclusivamente a la liquidación de la licencia por vacaciones. Es por ello que el inciso (j) del Art. 6 se encuentra ubicado entre medio de los incisos (e), (f), (g), (h), (i) y (k), todos los cuales versan sobre la licencia por vacaciones. Al respecto, comenta Ruy Delgado Zayas que “[ajunque la ley no lo dice expresamente, es claro, a nuestro juicio, que esta disposi-ción se refiere a vacaciones. La norma es que la licencia por enfermedad no se liquida cuando el empleado cesa en su empleo”. Delgado Zayas, op. cit., pág. 229. Según lo expone el licenciado Delgado Zayas, a diferencia de la licencia por enfermedad, la cual es una protección ante la contingencia de que el empleado sufra un quebranto de salud, la licencia por vacaciones se liquida ya que se entiende que corresponde al pago de los días de descanso que no fueron disfrutados por el empleado. íd.

       Por ejemplo, mediante la Práctica RH-026-A, la PRTC no solo proveyó para la liquidación del balance acumulado en el “Banco Congelado” en caso de que el empleado se acoja a la jubilación, sino que en varias instancias estableció niveles de acumulación más favorables que los de la Ley Núm. 180. Apéndice, pág. 78.

       La Práctica RH-026-A enmendó la anterior Práctica RH-026 de la PRTC sobre licencia por enfermedad, pero en lo pertinente a esta controversia ello no im-plicó cambio alguno.

       Esta acumulación es mayor que el mínimo que establece la Ley Núm. 180 en su Art. 6(a), 29 LPRA sec. 250d(a).

       A partir de los 10 años de servicio, estos empleados acumularían licencia por enfermedad a razón de 1¼ día laborable por cada mes en que hayan trabajado no menos de 115 horas. Apéndice, pág. 78.

       Según expresaron los recurridos:, “[e]l objeto de reclamación en el caso de autos, en lo que respecta a la controversia ante [...] este Honorable Tribunal, reite-ramos, es el pago de las cantidades acumuladas en el ‘Banco Congelado’ creado por la PRTC mediante la promulgación de la Práctica RH-26A”. Alegato de la parte recu-rrida, pág. 11. Cabe mencionar que antes de que la PRTC aprobara las Prácticas RH-026 y RH-026-A, la acumulación de la licencia por enfermedad en la compañía se regía por el Decreto Mandatorio Núm. 73, aplicable a la industria de las comunica-ciones, el cual no incluía disposición alguna relacionada con la liquidación del balance de esta licencia. Véase Decreto Mandatorio Núm. 73, pág. 6.

       “por espíritu de la norma [...] ha de entenderse el sentido y contenido inma-nente de la misma, y por finalidad, su intencionalidad, eficacia o resultado de su aplicación”. J. Puig Brutau, Introducción al derecho civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1981, pág. 324.

       “Salario incluye sueldo, jornal y toda clase de compensación, sea en dinero, especie, servicios, facilidades o combinación de cualesquiera de ellos; pero no incluirá sino dinero cuando se trate de salario mínimo prescrito bajo las disposiciones de esta Ley, a menos que el Secretario disponga o autorice otra cosa”. Art. 4(h) de la Ley Núm. 84.
      Por su parte, el Art. 11(a) dispone que
      “[t]odo obrero o empleado que por su trabajo reciba compensación inferior a la prescrita en esta Ley o en un convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo tendrá derecho a cobrar mediante acción civil la diferencia adeudada hasta cubrir el importe total de la compensación que le corresponda, por concepto de sala-rio, vacaciones, licencia por enfermedad o cualquier otro beneficio, más una cantidad igual a la que se le haya dejado de satisfacer, por concepto de compensación adicio-nal, además de los costos, gastos, intereses y honorarios de abogados del procedi-miento, sin que para nada de ello obste pacto en contrario”.
      Nótese cómo el citado inciso distingue entre salario y licencia por enfermedad, refiriéndose por separado a cada uno como conceptos distintos. Asimismo, la acción civil a la que se alude en este inciso para reclamar el pago de la licencia por enfer-medad no es de aplicación a este caso —en el cual lo que se reclama es la liquidación del balance acumulado al terminar la relación obrero-patronal—, pues como ya diji-mos ■—y reiteramos a continuación—, ni la Ley Núm. 180, ni el Convenio Colectivo 73, ni la Práctica RH-026-A proveen para la liquidación de la licencia por enferme-dad en circunstancias como la de autos. Por el contrario, dicha acción de ordinario lo que permite es que si el patrono no paga la licencia por enfermedad utilizada (o paga menos de lo establecido), el empleado puede reclamar y cobrar la diferencia.

       Valga aclarar que aunque la Ley Núm. 180 no provee para la liquidación de la licencia por enfermedad, ello de ninguna forma incide sobre el derecho del emple-ado a acumular, utilizar y beneficiarse de esta licencia en conformidad con las dis-posiciones de la propia ley.

       Esto lo reconocen los recurridos, quienes en su alegato expusieron que
      “[...] la realidad es que, en este caso, la PRTC promulgó una política obrero patronal denominada Práctica RH-26A que reconoce, como parte del contrato individual de trabajo, unos beneficios mayores a los que establece la ley que incluyen el derecho a la acumulación de la licencia de enfermedad no utilizada en tres (3) dis-tintas partidas (‘Reserva’, ‘Balance Acumulado’ y ‘Banco Congelado’) y el derecho a su liquidación condicionada una vez culmina la relación obrero patronal”. Alegato de la parte recurrida, pág. 10.

       Recordemos que el Decreto Mandatorio 73 tampoco proveía para la liquida-ción de la licencia por enfermedad acumulada.

       Condicionar la liquidación de la licencia por enfermedad no es una práctica extraña en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967 (3 LPRAsec. 703 et seq.), aplicable a los empleados públicos, también condiciona la liquidación de la licencia por enfermedad a la jubilación del empleado o a que al momento de la separación haya trabajado por lo menos diez años en el servicio público. A propósito de esto último, los foros inferiores, en apoyo de sus determinaciones, citaron dos casos de este Tribunal en los que interpretamos la Ley Núm. 125. En Caballeros v. Sistema de Retiro, 129 DPR 146 (1991), un empleado público renunció a su empleo para acogerse a una pensión diferida. El Sistema de Retiro le negó el pago de la licencia por enfermedad acumulada hasta tanto cum-pliera la edad requerida por ley para la jubilación. Evaluadas las circunstancias específicas, concluimos que acogerse a una pensión diferida estaba dentro del tér-mino “para acogerse a la jubilación” dispuesto en el Art. 2 de la Ley Núm. 125 y, por consiguiente, el empleado era acreedor del pago global del balance de la licencia por enfermedad. Por su parte, en Suan. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 DPR 252 (2000), se trató de un empleado público que falleció y sus herederos reclamaron la liquida-ción de la licencia por enfermedad. Concluimos que al tratarse del fallecimiento de un empleado que le dedicó más de diez años al servicio público, se cumplían los requisitos para la liquidación de la licencia por enfermedad, acreencia que era trans-misible a sus herederos. Como se ve, los hechos de estos casos son claramente dis-tinguibles de los que tenemos ante nos y la legislación aplicable también era otra.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Next Step Medical Co., Inc., Jorge Iván Dávila Nieves, Madeline Rodríguez Muñoz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por estos últimos, recurridos, v. Biomet, Inc., Biomet International, LTD., Biomet 3i, LLC, Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc. y Fulano de Tal, peticionarios.

      Número: CC-2014-0440

      Resuelto: 14 de junio de 2016

      Jorge I. Peirats y Jason R. Aguiló Suro, de Pietrantoni Mén-dez & Alvarez, LLC, abogados de la parte recurrente; Gerardo de Jesús Annoni, del Bufete De Jesús Annoni, Luis A. Meléndez Albizu, de Luis A. Meléndez Albizu, y Luis Rosario Villanueva, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón

emitió la opinión del Tribunal.

En este recurso se nos presenta la interrogante siguiente: ¿Qué efecto, si alguno, tiene la renuncia de la defensa de justa causa en una acción en daños iniciada al amparo de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (10 LPRA sec. 278 et seq.), conocida como Ley de Contratos de Distribución (Ley Núm. 75 o Ley de Contratos de Distribución), sobre una solicitud de interdicto preliminar instada bajo las disposiciones de ese estatuto?

I

Trasfondo fáctico y procesal

Durante 2002, la empresa Hand Innovations, Inc. (Hand Innovations) designó a Next Step Medical Co., Inc. (Next Step o recurridos) como distribuidor exclusivo en Puerto Rico de su línea de productos ortopédicos para trauma y de reparación de fracturas (Productos Ortopédicos).

En 2006 Hand Innovations vendió su línea de Productos Ortopédicos a DePuy Orthopedics, Inc. (DePuy), subsidiaria de la empresa Johnson & Johnson International (Johnson & Johnson). DePuy asumió entonces el acuerdo verbal de dis-tribución exclusiva existente entre Hand Innovations y Next Step.

En 2012, debido a su fusión con otra compañía, Johnson & Johnson se vio forzada a desligarse de su línea de Pro-ductos Ortopédicos y la vendió a Biomet, Inc. (Biomet o peticionarios). Cónsono con lo anterior, el 6 de agosto de 2012, Johnson & Johnson le informó a Next Step que se veía impedida de continuar supliéndole estos productos, por lo que daba por terminada su relación de distribución.

Mediante un comunicado fechado el 11 de septiembre de 2012, Biomet notificó a los ortopedas en Puerto Rico que, a partir de 16 de agosto de 2012, proveería los productos anteriormente suministrados por DePuy. Indicó, además, que Next Step continuaría como distribuidor exclusivo de ciertos productos. A esos efectos señaló lo siguiente:

También hemos decidido continuar la relación de negocios con “Next Step Medical” para los productos de “Hand Innovations” en el mercado local. Debido a que se le ha otorgado la exclusividad en Puerto Rico a “Next Step” para estos siguientes 5 productos: S3, F3, DVR, DNP y la SEFS ™ por favor llame al 787-751-1631 para obtenerlos.

Durante los próximos meses, Biomet y Next Step inten-taron infructuosamente de llegar a un acuerdo de distribu-ción por escrito.

Entre tanto, el 12 de abril de 2013, Next Step y sus ac-cionistas en su capacidad individual, presentaron una De-manda contra los peticionarios, aduciendo menoscabo o ter-minación de su relación de distribución exclusiva en violación a la Ley Núm. 75 (Primera Causa de Acción); in-cumplimiento de contrato (Segunda Causa de Acción); inter-ferencia torticera (Tercera Causa de Acción), así como cons-piración y daños y perjuicios (Cuarta Causa de Acción) (Acción Civil bajo la Ley Núm. 75, KAC2013-0275). Next Step solicitó, además, un injunction preliminar, según provisto en el Art. 3-A de la Ley Núm. 75 (10 LPRA sec. 278b-1) (Art. 3-A).

El 20 de mayo de 2013, Biomet informó a Next Step que daba por terminada la relación, efectivo el 20 de junio de 2013. Explicó que le había permitido vender sus productos provisionalmente sujeto a negociaciones de buena fe para lograr un acuerdo de distribución mutuamente satisfactorio, pero esto había resultado imposible. Asimismo, aludió al su-puesto pobre desempeño de Next Step como distribuidor. En esa misma fecha instituyó un proceso de sentencia declara-toria contra Next Step mediante el cual solicitó al tribunal determinar que no existía relación de distribución entre ellos. En la alternativa, reclamó que tenía justa causa para terminar la relación de distribución (Sentencia Declaratoria o Acción Civil KAC2013-378).

En el caso instado mediante la Ley Núm. 75, Acción Civil KAC2013-0275, el Tribunal de Primera Instancia inicial-mente señaló vista de injunction preliminar para el 29 de mayo de 2013. No obstante, posteriormente la dejó sin efecto a solicitud de los recurridos para darles una oportunidad a las partes de llegar a un acuerdo disponiendo del pleito. A falta de una transacción, el 21 de mayo de 2013, los recurri-dos nuevamente instaron al foro primario a señalar la vista de interdicto preliminar. La vista se pautó nuevamente para el 3 de julio de 2013. Sin embargo, el 2 de julio de 2013 los procedimientos quedaron paralizados debido a una solicitud de traslado del caso al Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico presentada por Biomet dos días antes.

El 22 de octubre de 2013 el foro federal devolvió Cremand) la Acción Civil KAC2013-0275 al tribunal estatal por falta de jurisdicción, por no existir diversidad de ciudadanía en-tre las partes. A base de ello, el 1 de noviembre de 2013, los recurridos reactivaron su solicitud de vista de injunction preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia.

Una vez devuelta la Acción bajo la Ley Núm. 75 al tribunal local, el 5 de noviembre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia reabrió el proceso y señaló la vista de injunction preliminar para el 15 de noviembre de 2013.

En la vista de 15 de noviembre de 2013 se discutieron una serie de asuntos procesales. Dado que los testigos de la parte peticionaria residían fuera de Puerto Rico y que la CPA Doris Barroso, perito de Next Step, no estaba disponible en esa fecha, se pospuso la vista de injunction preliminar para los días 17, 21, 24 y 29 de enero de 2014.

El 7 de enero de 2014, los peticionarios sometieron una Moción Renunciando a Defensa de Justa Causa y Tornando Descubrimiento de Prueba Notificado Académico, Solicitud de Vista de Daños Expedita Tornando Vista de Injunction Preliminar Provisional Académica También. Plantearon, en esencia, que renunciaban a su defensa de justa causa para evitar los costos asociados al descubrimiento de prueba cursado por Next Step. A base de ello, entendieron que correspondía calendarizar el juicio en su fondo de forma expedita para adjudicar los daños conforme a la Ley Núm. 75. Igualmente argumentaron que no existía razón para emitir un injunction pendente lite dado el corto lapso de tiempo previo a la celebración del juicio en su fondo.

El 17 de enero de 2014, tras escuchar los argumentos pertinentes, el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto la vista de injunction preliminar y fijó fecha límite para que las partes sometieran sus posiciones respecto al efecto en la petición de interdicto de la renuncia de los peticionarios a la defensa de justa causa.

Posteriormente, mediante Resolución de 11 de febrero de 2014, el Tribunal de Primera Instancia declaró “no ha lugar” el remedio provisional solicitado por los recurridos. Indicó que el mecanismo provisto en el Art. 3-A está dispo-nible únicamente mientras se dilucida si existe o no justa causa para terminar una relación de distribución. Razonó que, una vez el principal renuncia a la defensa de justa causa, solo resta determinar la cuantía de los daños oca-sionados al distribuidor, si alguno. “Dicho de otro modo, este Tribunal concluye que el remedio interdictal solicitado por la parte demandante se ha tornado académico, por lo que la celebración de una vista de injunction preliminar resulta innecesaria”. Resolución de 11 de febrero de 2014 del Tribunal de Primera Instancia en la Acción Civil KAC2013-0275, pág. 7 (Ap. 806).

El 3 de abril de 2014, la parte recurrida acudió ante el Tribunal de Apelaciones donde cuestionó la denegatoria de su solicitud de injunction preliminar.

El 30 de mayo de 2014, el Tribunal de Apelaciones re-vocó la determinación del foro primario. Resolvió que, a base de la política pública esbozada en la Ley Núm. 75 y a la interpretación liberal a favor del distribuidor consig-nada en el estatuto, una vez la parte peticionaria renunció a la defensa de justa causa, el Tribunal de Primera Instan-cia venía obligado a conceder el remedio provisto en el Art. 3-A. Procedió entonces a emitir una orden de interdicto pendente lite.

Inconforme, Biomet recurrió ante este Foro y planteó los errores siguientes en apoyo a su recurso:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al conferir un injunction preliminar sin la celebración de vista, sin fijar fianza, y sin el detalle que requiere la Regla 57.5 de Procedimiento Civil.
2. Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que procede el remedio provisional bajo la Ley Núm. 75 cuando no existe controversia sobre si hubo justa causa para la terminación.

El 31 de octubre de 2014, expedimos el auto de certiorari en reconsideración. Veamos.

II

Ley Núm. 75

La Ley Núm. 75 persigue corregir la práctica arbitraria utilizada por ciertas empresas de descontinuar sin causa su relación de distribución con entidades en Puerto Rico una vez éstas han desarrollado un mercado propicio para los productos o servicios que son objeto de distribu-ción, y de esta manera aprovecharse injustamente de la labor realizada por el distribuidor. Para ello se estableció un mecanismo que le garantiza a los distribuidores el pago de los gastos en que se incurrió en desarrollar un mercado para los productos o servicios en cuestión, así como la plus-valía generada como parte de esa gestión. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 DPR 896 (1989); Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, 123 DPR 379 (1989).

Conforme el esquema estatutario, únicamente se le per-mite al principal terminar la relación sin incurrir en res-ponsabilidad económica cuando tiene justa causa para ello, según el término aparece consignado en la ley. El retiro total del mercado de Puerto Rico también puede considerarse justa causa siempre que: el principal no haya intentado aprovecharse de los negocios del distribuidor; la decisión sea resultado de una negociación fallida respecto a términos esenciales del contrato, y se le notifique oportunamente al distribuidor. Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 DPR 172 (1988).

El estatuto igualmente fija una serie de limitaciones contractuales para este tipo de negocio, así como presunciones a favor del distribuidor con el fin de impedirle al principal el uso de subterfugios para valerse de la defensa de justa causa y de este modo obviar su responsabilidad legal.

Esta disposición estatutaria encarna una importante política pública en un renglón significativo de la economía en Puerto Rico, al reducir la desventaja del poder negociador de las empresas locales ante la superioridad económica de los principales en la relación de distribución.

La inclusión del aludido estatuto a nuestro ordenamiento tuvo el propósito de armonizar los intereses y nivelar las condicio-nes de contratación de dos partes económicamente dispares, que se encuentran vinculadas por una relación de índole co-mercial que involucra la distribución. Ello, con el fin de lograr una razonable estabilidad en las relaciones de distribución en Puerto Rico y erradicar ciertas prácticas que, más allá de con-tribuir con la estabilidad económica, inciden sobre las expec-tativas legítimas que las partes vinculadas respectivamente ostentan. Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474, 488 (2014). Véase, además, Medina & Medina v. Country Pride Foods, supra.

Según reflejado en la exposición de motivos que reproducimos a continuación, la Legislatura entendió que, por su trascendencia en el bienestar económico del país, era necesario actuar para detener estas prácticas arbitrarias, contrarias a los convenios existentes entre las partes, que operaban en detrimento de las empresas locales:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede permane-cer indiferente al creciente número de casos en que empresas domésticas y del exterior, sin causa justificada, eliminan sus distribuidores, concesionarios, o agentes, tan pronto como és-tos han creado un mercado favorable y sin tener en cuenta sus intereses legítimos.
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara que la ra-zonable estabilidad en las relaciones de distribución en Puerto Rico es vital a la economía general del país, al interés público y al bienestar general, y en el ejercicio del poder policial, con-sidera necesario reglamentar, en lo pertinente, el campo de dichas relaciones, para evitar los abusos que ciertas prácticas ocasionan. 1966 Leyes de Puerto Rico 348.

A. Remedio interdictal de la Ley Núm. 75 (Art. 3-A)

La Ley Núm. 75 se enmendó en 1971 para insertar el Art. 3-A con el propósito de autorizar expresamente la con-cesión de remedios provisionales en casos iniciados por distribuidores al amparo de la Ley Núm. 75. La enmienda surgió en respuesta al caso Felix A. Rodríguez, Inc. v. Bristol-Myers Co., 281 F.Supp. 643 (D. PR 1968), donde el Tribunal de Distrito Federal se declaró sin autoridad para obligar a las partes a continuar su relación de distribución pendente lite. Véase: Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra; Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, supra.

El Art. 3-A dispone:

En cualquier pleito en que esté envuelta directa o indirecta-mente la terminación de un contrato de distribución o cual-quier acto en menoscabo de la relación establecida entre el principal o concedente y el distribuidor, el tribunal podrá con-ceder durante la pendencia del pleito, cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal para hacer o desis-tir de hacer, ordenando a cualquiera de las partes o a ambas a continuar, en todos sus términos, la relación establecida me-diante el contrato de distribución, y/o a abstenerse de realizar acto u omisión alguna en menoscabo de la misma. En todo caso en que se solicite el remedio provisional aquí provisto el tribunal considerará los intereses de todas las partes envueltas y los propósitos de política pública que informa este capítulo. (Énfasis nuestro). 10 LPRA sec. 278b-1.

Entre otras alternativas, esta disposición permite a los tribunales restablecer provisionalmente la relación de distribución pendente lite en un litigio relacionado al menoscabo o terminación del vínculo contractual. De esta manera, los términos del acuerdo de distribución podrán continuar vigentes mientras el tribunal tiene bajo su consideración los méritos de la reclamación. Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra; Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, supra.

El historial del Art. 3-A arroja luz sobre el propósito de esta enmienda. La Legislatura entendió que, debido a la marcada diferencia económica entre el principal y el distri-buidor, la remuneración provista en la Ley Núm. 75 podría resultar insuficiente para un distribuidor enfrentar la ter-minación o el menoscabo a su relación, durante el tiempo que se prolongara el caso. Por lo tanto, resultaba necesario contar con alternativas judiciales que, dependiendo de las circunstancias, forzaran ya fuese la continuidad de la relación o paralizaran aquellas interferencias indebidas du-rante el curso del litigio. Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra; Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, supra.

A esos efectos, el Informe de la Comisión de Industria y Comercio del Senado sobre el P. de la C. 1275 y el P. del S. 943 (25 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), 830-831 (1971)), destacó lo siguiente:

El P. de la C. 1275 es, sin duda, otra de las medidas que contribuyen a evitar que se frustren los propósitos de la repe-tida Ley núm. 75 de 1964.
La experiencia demuestra que la concesión de remedios pro-visionales mientras se dilucidan los pleitos que se suscitan bajo la susodicha Ley núm. 75 de 1964, es esencial para evitar se torne académica la protección que dicho estatuto ofrece.
Con la aprobación de la medida en cuestión quedaría clara-mente establecida la discreción de los tribunales para otorgar remedios provisionales y así evitar se realicen actos que po-drían producir daños irreparables mientras se dilucida si existe o no, justa causa para la terminación de la relación contractual. 25 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado) 831 (1971).

Por su parte, el Informe Conjunto de las Comisiones de Planificación, Comercio e Industria y de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1275 (25 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara) 1207 (1971)), expuso lo siguiente en lo pertinente:

Considerados los propósitos de la política pública que persi-gue el estatuto, que son precisamente los de proteger al comer-ciante puertorriqueño, es evidente que urge aclarar el texto de la ley a fin de disipar cualquier duda sobre las facultades de nuestros tribunales para conceder remedios provisionales en pleitos sobre contratos de distribución. Consideramos que me-diante una orden de remedio provisional se pueden evitar se-rios disloques en negocios establecidos, y el consiguiente des-empleo de numerosos empleados. Además, con este recurso judicial, se permitirá al distribuidor puertorriqueño un tiempo razonable para gestionar otras representaciones.

A base de lo anterior, podemos colegir que, a través del Art. 3-A se trata de evitar que el distribuidor, abrumado por las pérdidas y el peso económico del litigio, se vea obligado a ceder sus derechos estatutarios ante su oponente, y de este modo el estatuto pierda su efectividad. Se pretende asegurar que la reclamación prosiga hasta su desenlace final y vindicar la política pública que promueve la Ley Núm. 75.

Es menester distinguir entre los principios que gobiernan el injunction tradicional de aquellos que tutelan el interdicto provisto en el Art. 3-A. El injunction clásico se rige por la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y las disposiciones correspondientes del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521 et seq., mientras que el interdicto estatutario proviene de un mandato legislativo expreso. El primero tiene su origen en la equidad y va dirigido esencialmente a atender situaciones donde no existe otro remedio adecuado en ley para atender los perjuicios que enfrenta una persona. Por su parte, el remedio interdictal de la Ley Núm. 75 responde a circunstancias particulares que la Legislatura ha entendido ameritan atención especial. Véase Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra.

En el proceso de solicitar el remedio provisional autorizado por el Art. 3-A, el reclamante inicialmente está obli-gado a presentar prueba que demuestre prima facie su condición de distribuidor. Ello obedece a que no pueden reclamarse los beneficios contemplados en la Ley Núm. 75 de no existir una relación de principal-distribuidor. Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., supra.

El Art. 3-A cualifica su aplicación en función de dos criterios esenciales que deben guiar el análisis del tribunal en el proceso de resolver si debe conceder algún remedio interdictal en un caso instado al amparo de la Ley Núm. 75. Cónsono con tal mandato, el juzgador deberá balancear los intereses de las partes en el litigio, conjuntamente con el cumplimiento con la política pública que reviste la Ley Núm. 75.

Acorde a los designios del Art. 3-A, el reclamante deberá presentar suficiente prueba que demuestre la magnitud de los perjuicios que estará sujeto a padecer de no concederse el injunction preliminar. En consonancia con lo anterior, podrá establecer que su reclamación se tornaría académica de no continuar vigente pendente lite el vínculo comercial. Le corresponde igualmente probar cómo se verían frustrados los intereses protegidos por la Ley Núm. 75, si no se le permite permanecer como distribuidor hasta tanto concluya el trámite judicial.

Por su parte, el principal tendrá oportunidad de defender su posición, si es que se opone al remedio interdictal solicitado. La obligación de tomar en consideración los intereses de las partes según dispuesto en el Art. 3-A, implica necesariamente contrastar los daños reclamados por el distribuidor con aquellos que trae a colación el principal. También podrá allegar prueba de cómo, en su caso particular, conceder el injunction preliminar estaría reñido con la política pública que promueve el estatuto.

Los criterios esbozados deben aplicarse de manera flexible adaptándose a cada situación. El tribunal, en su sana discreción, y guiado por la liberalidad que rige la interpretación de las disposiciones de la Ley Núm. 75, evaluará la evidencia presentada para determinar si, en efecto, se justifica obligar a las partes a continuar su relación de distribución hasta tanto concluya el litigio.

Por otro lado, el término justa causa es una de-fensa expresamente establecida en la Ley Núm. 75. Por ser una defensa afirmativa, es renunciable. El efecto práctico de abandonar ésta es admitir que se terminó o interfirió indebidamente con la relación de distribución sin que me-diara alguna de las justificaciones provistas en la Ley de Contratos de Distribución. Como resultado, el principal viene obligado a responder civilmente de aquellos daños que el distribuidor pueda establecer en su día.

Para propósitos de este recurso, a base de la aceptación de Biomet, no existe controversia que el vínculo comercial entre las partes se rompió sin que mediaran razones legal-mente válidas para ello. Surge entonces la interrogante de si, bajo estas circunstancias, el tribunal podía dictar un interdicto preliminar, obligándoles a continuar su relación comercial hasta que se adjudicasen los daños que le corres-ponden al distribuidor según la Ley Núm. 75, sin antes considerar los criterios postulados en el Art. 3-A.

B. Discusión

La reclamación por infracción a la Ley de Contratos de Distribución constituye una acción reparadora en daños que persigue la reivindicación económica por conducta torticera. La propia ley establece los factores que se han de tomar en consideración para garantizar una indemniza-ción apropiada que compense las gestiones del distribuidor en abrir y desarrollar un mercado para los productos o ser-vicios de los que se trate.

De otra parte, el remedio interdictal responde a unos criterios específicos insertados en la Ley Núm. 75 con el propósito deliberado de resguardar los derechos del distri-buidor por un periodo de tiempo limitado. Son los intereses de las partes y la protección de la política pública que in-forma el estatuto los que rigen su uso.

Según surge de lo anterior, la justa causa y el interdicto provisional representan dos esquemas separados consignados en un mismo estatuto. A pesar de que ambos se complementan en aras de implementar la política pública que persigue la Ley Núm. 75, cada uno sirve a un propósito diferente y cuenta con requisitos particulares.

La justa causa se establece como una defensa a la acción en daños provista en la Ley de Contratos de Distribución. El estatuto define la conducta o los eventos que cualifican como tal. Corresponde al principal en la relación probar la existencia de alguno de ellos para poder eludir la respon-sabilidad impuesta por la Ley Núm. 75.

Ahora bien, el interdicto provisional opera estricta-mente como mecanismo de transición hasta que el litigio culmine. Tiene como propósito evitar que, al retirarle o me-noscabar el derecho a vender los productos o servicios co-rrespondientes, los negocios del distribuidor se desangren y colapsen económicamente.

Sin embargo, este remedio no opera automáticamente. Por el contrario, despuntan unos requisitos estatutarios que exigen que cada parte pruebe cómo sus intereses se verán perjudicados de concederse o negarse el remedio, a la vez que se afectan las consideraciones de política pública que impone la Ley Núm. 75. Así pues, corresponde al distribui-dor agraviado probar el impacto negativo en sus operaciones comerciales a causa del menoscabo o la terminación de la distribución, según sea el caso, para poder obtener un injunction a su favor. Por su parte, el principal que se oponga, debe hacer lo propio, ya sea atacando la validez de los argumentos presentados por el promovente o aportando prueba del detrimento que sobrevendrá a sus negocios, productos, o servicios, de obligarlo a mantener la relación pendente lite. Véase Systema de PR v. Interface Int’l, supra. Una vez las partes expongan sus respectivas posiciones, el juzgador deberá evaluarlas balanceando los intereses de cada una de ellas a la luz de los propósitos que informan esta legislación de índole socioeconómica para poder tomar una decisión informada.

Es preciso señalar que, el remedio interdictal no se torna académico por el simple hecho que el principal admita su responsabilidad al reconocer la inexistencia de justa causa. A pesar que según este supuesto se limita el caso a la deter-minación de daños, no hay certeza de cuándo tendrá lugar esa adjudicación. En este sentido, previo a celebrar la vista de daños, las partes habitualmente necesitarán llevar a cabo descubrimiento de prueba, además de preparar infor-mes periciales, que validen sus respectivas posiciones ati-nentes a las pérdidas económicas resarcibles conforme a la Ley Núm. 75. De igual manera, pueden surgir dilaciones en el trámite del caso por otras razones. Entre tanto, las ope-raciones del distribuidor pueden continuar deteriorándose irremediablemente.

De igual forma, el hecho de que eventualmente se in-demnice al distribuidor por sus gestiones en desarrollar un mercado, no elimina la posibilidad que, entre tanto, sufra daños irreparables. En algunos casos, las compensaciones que puedan serle adjudicadas, no atienden adecuadamente aquellos perjuicios intermedios de naturaleza inmediata resultantes de la terminación o el menoscabo de la relación. Incluso, cabe la posibilidad de que la acción in-demnizatoria se torne académica debido a que la empresa no tenga la capacidad económica para enfrentar un litigio si no recibe pendente lite los productos e ingresos prove-nientes de la distribución o que se ponga en peligro la sol-vencia y estabilidad de la entidad comercial. Véase Systema de PR, Inc. v. Interface Int’l, supra.

Por último, el remedio que contempla el Art. 3-A es provisional. No se trata de una relación forzada a perpetuidad. El mecanismo provisto por este articulado, no implica obligar a un principal a mantenerse en una relación de distribución indeseada ad perpetuara. El propio es-tatuto limita su aplicación a un término de tiempo definido. Así pues, expresamente dispone que el tribunal podrá conceder cualquier medida interlocutoria “durante la pendencia del pleito”. Más importante aún, este remedio no se concede mecánicamente. Es necesario cumplir con los criterios impuestos en el Art. 3-A para poder justificar la continuidad temporera de la relación comercial.

Advertimos, además, que no por ello se deja al principal en estado de indefensión. Según explicamos, el régimen pautado exige que, previo a tomar una decisión respecto al injunction temporero, igualmente se tomen en considera-ción los intereses del principal.

No vemos razón para descartar mecánicamente el uso del remedio interdictal provisional meramente porque el principal haya aceptado que no medió justa causa para ce-sar la relación de distribución. Aunque pueden coincidir en algunos aspectos, por su naturaleza particular, los criterios establecidos en el Art. 3-A funcionan independientes del resultado de una acción por violación a la Ley Núm. 75. Cada una de estas disposiciones estatutarias persigue ob-jetivos propios aunque sirvan una política pública común.

Concluimos pues, que el remedio interdictal pro-visto en la Ley Núm. 75 no está atado a la determinación de justa causa. Sancionar esta interpretación frustraría los designios de la Ley de Distribución y tornaría inoperante el Art. 3-A. Los remedios provisionales decretados estatutariamente no están limitados a la etapa de determinación de responsabilidad del litigio. Según mencionamos, los daños pendente lite pueden extenderse igualmente mientras el tribunal tiene bajo su consideración los méritos de las cuantías reclamadas.

En el caso que nos ocupa, nunca se le brindó a las partes la oportunidad de presentar prueba para sostener sus res-pectivas posiciones en torno al interdicto preliminar solicitado. Consiguientemente, el tribunal no tuvo ocasión de conciliar sus respectivos intereses a la luz de la política pública que tutela el estatuto. El foro primario entendió que, una vez admitida la ausencia de justa causa, no exis-tía fundamento legal para considerar los méritos de la so-licitud de interdicto preliminar. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones llegó a la conclusión opuesta. Determinó que, a base de la admisión del peticionario, procedía el in-terdicto pendente lite sin trámite ulterior alguno y sin que Biomet se allanara a su expedición.

Erró, por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones al conceder el remedio interdictal provisional en este caso, sin que antes se celebrase una vista donde las partes tuviesen la oportunidad de aportar prueba de cómo se verían afectados sus respectivos intereses de no concederse, a la luz de los propósitos que inspiran la Ley Núm. 75 y en cumplimiento con el mandato expreso del Art. 3-A de dicho estatuto.

III

Conclusión

Conforme a lo anterior, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 30 de mayo de 2014, mediante la cual concedió el remedio interdictal provisional en este caso. En la eventualidad de que Next Step continúe interesado en tramitar el “injunction pendente lite”, el Tribunal de Pri-mera Instancia deberá señalar una vista a tales efectos lo más pronto posible para evaluar los méritos de su solicitud a la luz de los criterios provistos en el Art. 3-A, según discutido.

En lo concerniente a la Primera Causa de Acción de la Segunda Demanda Enmendada, únicamente resta el trámite judicial relacionado a los daños reclamados por Next Step según la Ley Núm. 75. Ya que la parte peticionaria renunció a su defensa de justa causa para terminar el contrato de distribución en cuestión, procede que el Tribunal de Primera Instancia señale la celebración de la correspondiente vista de daños a la brevedad posible.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       A pesar que en la Demanda se mencionan cuatro entidades diferentes que llevan el nombre “Biomet”, para efectos de este recurso, denominamos a los peticio-narios colectivamente “Biomet” o “peticionarios”.

       Únicamente la Primera Causa de Acción promovida por Next Step Medical Co., Inc. (Next Step) contra los peticionarios es objeto de este recurso. El resto de las reclamaciones fueron desestimadas a nivel de instancia. El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación y posteriormente denegamos la expedición del recurso instado por los recurridos. Next Step Medical Co., Inc., et al. v. Biomet Inc., et al., Núm. CC-2015-0455.

       Next Step enmendó su Demanda en dos ocasiones posteriores, la última vez el 19 de junio de 2013. Los peticionarios fueron emplazados el 24 de junio de 2013.

       En lo concerniente a la solicitud de sentencia declaratoria, Acción Civil KAC2013-378, el 3 de julio de 2013 Next Step contestó la Demanda, presentó Recon-vención y Demanda contra Tercero, así como una Moción Urgente Solicitando Injunction Preliminar bajo el Art. 3-A de la Ley Núm. 75, y Solicitando Señalamiento Urgente de Vista.
      No obstante, por considerar los dos procesos íntimamente relacionados, el 11 de julio de 2013 el Tribunal de Primera Instancia desestimó sin peijuicio la acción de Sentencia Declaratoria a base del traslado de la Acción Civil KAC2013-0275 al foro federal.

       Por estar entrelazados, discutiremos ambos errores en conjunto. No obstante, dada nuestra determinación de hoy, se torna innecesario atender los cuestionamien-tos relacionados a la fijación de fianza y si eran o no adecuados los términos de la orden de interdicto preliminar, según contenidos en el primer error señalado.

       Dos años más tarde de promulgada, se modificaron ciertos términos de la Ley Núm. 75 mediante la Ley Núm. 105 de 23 de junio de 1966. En esta ocasión se flexibilizaron los conceptos “distribuidor” y “contrato de distribución” comprendidos en el estatuto. Se prohibió, además, la reducción o el menoscabo de la relación de distribución sin causa justificada.

       Véanse: Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 915 esc. 14 (1996) (“[L]a Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 1990 (10 LPRA sec. 279 et seq.) revocó legislativamente los casos Roberco, Inc. y Colón v. Oxford Inds., Inc., [122 DPR 115, 131-132 (1988)] y Cobos Liccia v. De Jean, Packing Co., Inc., 124 DPR 896 (1989)], en el sentido de que los representantes de ventas no son distribuidores protegidos por la Ley Núm. 75 [...] Dicha legislación amplió a los representantes de ventas las protecciones que la Ley Núm. 75, [...] le reconoce a los distribuidores. Sin embargo, la definición de distribuidor discutida en ambos casos continúa vigente”). (Énfasis en el original).

       Art. 2 de la Ley Núm. 75 (10 LPRA sec. 278a).

       El Art. 1(d) de la Ley Núm. 75 (10 LPRA sec. 278(d), define justa causa de la manera siguiente:
      “Incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de distri-bución, por parte del distribuidor, o cualquier acción u omisión por parte de éste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o distribución de la mercancía o servicios”.

       Art. 2-A de la Ley Núm. 75 (10 LPRA sec. 278a-1), adicionado mediante la Ley Núm. 81 de 13 de julio de 1988.

       Jurisprudencialmente hemos identificado los siguientes criterios rectores para disponer de las solicitudes de injunction preliminar tradicional:
      “[...] (1) [l]a naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las partes de concederse o denegarse el recurso; (2) su irreparabilidad o la existencia de un reme-dio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que eventualmente la parte promovente prevalezca al resolverse el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa se tome académica de no concederse el injunction, y (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita”. (Escolio omitido). Next Step Medical u. Bromedicon et al., 190 DPR 474, 487 (2014). Véanse, además: Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304 (2008); Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656 (1997).
      La Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, recoge estas directrices a la vez que adiciona los requisitos de diligencia y buena fe.

       Aunque el uso de los criterios tradicionales del injunction preliminar no está completamente vedado en el proceso de examinar solicitudes de remedios provisionales al amparo de la Ley Núm. 75, éstos podrán utilizarse, en la medida que resulten útiles y pertinentes, siempre condicionados, en primera instancia, por los prin-cipios rectores pautados en el Art. 3-A. Por su naturaleza estatutaria, estos dos postulados rigen eminentemente el análisis relativo al remedio interdictal. Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra.

       De acuerdo con los propósitos que la inspiran, el Art. 4 de la Ley Núm. 75 dispone, específicamente, para que sus preceptos se interpreten liberalmente a favor del distribuidor.
      “Las disposiciones del presente capítulo son de orden público y, por lo tanto, los derechos que tales disposiciones determinan no pueden renunciarse. Este capítulo, por ser de carácter reparador, deberá interpretarse liberalmente para la más eficaz protección de tales derechos; en la adjudicación de las reclamaciones que surjan a su amparo, los tribunales de justicia reconocerán los referidos derechos a favor de quien efectivamente tenga a su cargo las actividades de distribución, no empece las estruc-turas o mecanismos corporativos o contractuales que el principal o concedente pueda haber creado o impuesto para encubrir la verdadera naturaleza de la relación establecida”. (Énfasis nuestro). 10 LPRA sec. 278c.

       La vista tiene como propósito permitir a las partes presentar evidencia sobre aquellos eventos relevantes al trámite en los que están en desacuerdo. Torres Ponce v. Jiménez, 113 DPR 58, 60 (1982). “Por eso, se ha resuelto que es innecesario celebrar una vista evidenciaría como requisito previo para emitir un injunction pre-liminar cuando no existen controversias de hechos materiales”. AMPR et als. v. Sist. Retiro Maestros II, 190 DPR 88, 90 (2014).

       Véase esta Opinión, pág. 743.


author: per curiam:

text:
      In re Liliana Morell Bergantiños, querellada.

      Número: CP-2015-2

      Resuelto: 15 de junio de 2016

      Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar; Li-lliana Morell Bergantiños, pro se; Jeannette Ramos Buo-nomo, comisionada especial.
   per curiam:

La Oficina de la Procuradora General de Puerto Rico presentó una querella sobre conducta profesio-nal contra la Leda. Liliana Morell Bergantiños. La querella imputaba la violación a los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional. Los hechos que originan estas imputa-ciones surgen como consecuencia de una queja sobre pre-suntas actuaciones que culminaron en la desestimación de la causa de acción de la quejosa. Por entender que el proce-der de la letrada se apartó de lo que prescriben los referidos cánones, procede ejercer nuestra facultad disciplinaria. Veamos.

I

La Leda. Liliana Morell Bergantiños (querellada o licen-ciada) fue admitida al ejercicio de la abogacía el 18 de enero de 1996 y al ejercicio del notariado el 29 de enero de 2004. El 3 de mayo de 2010 la Sra. María Silva Arroyo (señora Silva Arroyo o quejosa) presentó una queja contra la licenciada Morell Bergantiños. En síntesis, la señora Silva Arroyo alegó que el 18 de agosto de 2008 contrató los servicios de la licenciada Morell Bergantiños para que re-presentara tanto a ella como a su esposo, el señor Rivera Camacho, en una acción de deslinde, reivindicación y da-ños, contra un vecino colindante. De acuerdo con la que-josa, la licenciada Morell Bergantiños faltó a su deber de diligencia en la tramitación del aludido caso. En lo ati-nente, señaló que el Tribunal de Primera Instancia deses-timó con perjuicio su causa de acción por falta de trámite en los últimos seis meses. La quejosa aduce que luego de que la abogada le notificó la determinación del foro de pri-mera instancia, esta le expresó su interés en apelar. Sin embargo, luego de presentar el correspondiente recurso de apelación, el Tribunal de Apelaciones lo denegó por falta de jurisdicción. Ello debido a que el recurso se presentó trans-curridos 33 días desde la notificación de la sentencia. En atención a lo anterior, el 23 de agosto de 2013 emitimos una resolución mediante la cual referimos el asunto a la Oficina de la Procuradora General.

Así las cosas, el 23 de septiembre de 2013 la Oficina de la Procuradora General presentó su informe, en el cual señaló que la licenciada Morell Bergantiños incurrió en violaciones a los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Visto el informe, mediante la Resolución del 25 de abril de 2014, ordenamos a la Oficina de la Procura-dora General presentar la querella contra la licenciada Morell Bergantiños.

En cumplimiento con el mandato de este Tribunal, el 10 de febrero de 2015, la Oficina de la Procuradora General presentó la correspondiente querella. En esta imputó a la licenciada Morell Bergantiños la infracción a los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. La Oficina de la Procuradora General sostuvo que la licenciada Morell Bergantiños quebrantó los preceptos del Canon 18 al no ejercer el deber de diligencia, capacidad y responsabilidad requerida cuando el caso civil cuyo trámite le fue encomen-dado se archivó por falta de trámite y gestión de su parte. Asimismo, la Oficina de la Procuradora General señaló que lo dispuesto en el Canon 38 fue trasgredido, toda vez que los hechos antes señalados incurrían en falta de responsa-bilidad, cuidado y diligencia de parte de la abogada en el desempeño de su profesión y en la protección de los intere-ses de su cliente, y, por ende, en nada exaltaba el honor y la dignidad de la profesión que ejerce.

Luego de varios trámites procesales, la licenciada Mo-rell Bergantiños contestó la querella. En lo pertinente, ex-presó que luego de haber presentado la demanda le requi-rió a la señora Silva Arroyo la contratación de un perito ya que este era necesario para presentar efectivamente las alegaciones y contestar un interrogatorio cursado por la parte demandada mediante una reconvención. Sin embargo, adujo que luego de tal requerimiento perdió con-tacto con la señora Silva Arroyo ya que esta última dejó de comunicarse con su oficina. Ante esa circunstancia, alegó que el 21 de diciembre de 2008 solicitó una prórroga al Tribunal de Primera Instancia para dar tiempo a la que-josa de contratar el perito y continuar con el trámite de su caso. No obstante, señaló que el 6 de julio de 2009 contestó el interrogatorio luego de que “por fin, según [su] requeri-miento” la señora Silva Arroyo pudo contratar al perito. Contestación de la Querella, 18 de mayo de 2015, pág. 2.

En vista de lo anterior, el 9 de julio de 2015 designamos a la Hon. Jeannette Ramos Buonomo, exjueza del Tribunal de Apelaciones, como Comisionada Especial para que reci-biera la prueba y nos emitiera un informe con las determi-naciones de hechos y recomendaciones que estimara pertinente. Celebrada la vista, la Comisionada Especial concluyó que la licenciada Morell Bergantiños contravino los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, al no desplegar la diligencia debida en el trámite de las causas de acción de la señora Silva Arroyo. Luego de eva-luar los atenuantes y agravantes, nos recomendó censurar enérgicamente a la querellada y que le apercibiéramos so-bre la posibilidad de imponerle una sanción más rigurosa en un futuro. Luego de exponer el trasfondo fáctico y pro-cesal que precede, enmarquemos esta controversia dentro del derecho aplicable.

II

Consistentemente hemos expresado que “todo miembro de la profesión legal tiene el deber de defender los intereses de su cliente con un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez”. (Énfasis suplido). Asimismo hemos señalado que los abogados y las abogadas deben cumplir estrictamente con las exigencias plasmadas en los Cánones de Ética Profesional. En lo pertinente al caso ante nos, el Canon 18 establece que

[s]erá impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuada-mente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligen-temente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. (Enfasis suplido).

Este canon le impide al abogado o abogada actuar de forma indiferente y sin la diligencia requerida en dicho canon. Al definir el término diligencia, se ha mencionado que “implica que el [abogado] realice las gestiones que le fueron encomendadas en momento oportuno, en forma adecuada y sin dilaciones que puedan afectar la pronta solución de la controversia”. Entre las situaciones prácticas discutidas por este Tribunal y que ponen en evidencia una violación a este deber está el ejercer cualquier tipo de actuación negligente que resulte en la desestimación o archivo del caso. Es por ello que el abogado tiene un deber de competencia, cuidado y diligencia que ha de ejercer al tramitar los asuntos encomendados por su cliente. Por ende, “el letrado que acepta representar a un cliente, pero no hace gestión profesional con ese propósito, comete una violación ética”.

Por consiguiente, hemos sido enfáticos al reiterar el in-eludible deber que tiene todo abogado y toda abogada de defender los intereses de su cliente con el compromiso de emplear “la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la más completa honradez”. Más aún, es indispensable que el abogado o abogada le indique al tribunal las gestiones que realizó para comunicarse con su cliente y solicitar oportunamente ser relevado de la representación legal, si ello fuera necesario.

Por otro lado, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone que el abogado o la abogada “deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exal-tación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Además, este canon en lo pertinente dispone que “[p]or razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable”. Por ello, en un sinnúmero de ocasiones “hemos señalado que cada abogado representa la profesión y debe actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejerce”.

Por otra parte, en In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 587 (2015), este Tribunal señaló que al considerar la sanción por una violación a los cánones de ética profesional se podían tomar en consideración los factores siguientes: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si esta constituye su primera falta y si ninguna parte ha resultado peijudicada; (iv) la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) el resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien según los hechos.

Asimismo, hemos expresado que las determinaciones de hechos realizadas por un Comisionado Especial merecen nuestra deferencia, salvo que se demuestre pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la prueba. No obstante, dicha deferencia aplica cuando las determinaciones de hechos están basadas en prueba testifical, pues es cuando el Comisionado Especial se encuentra en una mejor posición para aquilatar la prueba. Empero, “cuando esas determinaciones estén basadas en la prueba documental que obra en el expediente, el tribunal revisor está en igual posición que el Comisionado Especial y por ende puede adoptar, modificar o rechazar tal informe”. Por tal razón, este Tribunal no tiene la obligación de sostener el informe presentado por un Comisionado Especial.

Establecido el marco doctrinal aplicable, procedemos a determinar si la querellada incurrió en las violaciones imputadas.

III

Luego de evaluar con detenimiento el expediente, coincidimos con la Comisionada Especial en cuanto a que la licenciada Morell Bergantiños infringió lo dispuesto en los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Según lo expuesto, la licenciada Morell Bergantiños justificó su falta de diligencia por el hecho de que la señora Silva Arroyo dejó de comunicarse con su oficina. A tales efectos, no podemos avalar su justificación por no haber dado seguimiento al trámite del pleito que tenía ante sí. El hecho de que la quejosa hubiera dejado de comunicarse con su oficina no es motivo para desentenderse de la causa de acción de su cliente. En este sentido, en In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738 (2011), ante el incumplimiento de un abogado con su deber de informar los asuntos importantes del caso, expresamos que este no queda eximido de tal responsabilidad por el hecho de que el cliente se tornó inaccesible. Ante esta circunstancia, es necesario que el abogado o la abogada le indique al tribunal las gestiones que realizó para comunicarse con su cliente.

Además, surge del expediente y de la prueba recibida que, en efecto, existía comunicación entre la quejosa y la querellada. Así, los correos electrónicos que obran en autos contradicen las alegaciones de la licenciada Morell Bergan-tiños en cuanto a que perdió comunicación con la señora Silva Arroyo. La prueba demostró que la letrada no se des-empeñó de forma competente, capaz y diligente al ni si-quiera mantener informado al Tribunal de Primera Instan-cia de las dificultades que enfrentaba para lograr la cooperación oportuna de parte de su cliente. Al no hacerlo, incumplió con el término dispuesto para que se adjudicara el caso, lo que, eventualmente, desembocó en la desestima-ción de la demanda. Ante esta situación, la querellada debió solicitar el relevo de la representación legal. De los hechos se desprende que no solo los trámites fueron inoportunos, sino que las gestiones llevadas a cabo resultaron infructuo-sas, insuficientes e ineficaces. Ciertamente, su desempeño dista mucho de ser responsable, diligente y competente como lo exigen los cánones de ética profesional que rigen a la clase togada. En atención a lo anterior, compartimos el criterio de la Comisionada Especial en el sentido de que la querellada quebrantó los preceptos del citado Canon 38 ya que con este proceder la licenciada Morell Bergantiños en nada exaltó ni preservó el honor y la dignidad de la profe-sión jurídica, conforme lo requiere el mencionado precepto ético.

Cónsono con los hechos del caso ante nos, colegimos que la licenciada Morell Bergantiños faltó a los deberes impuestos por los Cánones 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Así, la falta de diligencia de la licenciada Morell Bergantiños se manifestó al no actuar con la diligencia requerida en la tramitación de la causa de acción civil llevada en favor de su cliente. Esto hizo que el caso se desestimara con perjuicio y que posteriormente fuera des-estimado en el foro apelativo intermedio por falta de jurisdicción. De un examen del expediente ante este Tribunal surge claramente que las determinaciones de hecho de la Comisionada Especial se sostienen con la evidencia que tuvo ante su consideración. Al respecto, no se demostró que hubo pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en las determinaciones realizadas por la Comisionada. En consecuencia, no existe razón para intervenir, ni mucho menos alterar, las determinaciones emitidas por esta. No obstante, ante el cuadro descrito y según nuestra facultad, nos vemos obligados a declinar la recomendación de la Co-misionada en lo concerniente a la sanción de censura enérgica. Conceder tal solicitud, a la luz de las circunstan-cias particulares de este caso, tendría el peligroso efecto de soslayar un dictamen ético cuando la prueba demostró un claro y reiterado incumplimiento con los preceptos éticos que rigen la profesión jurídica.

Por tal razón, procede que ejerzamos nuestra facultad inherente de regular la profesión y suspendamos del ejercicio de la abogacía y de la práctica de la notaría a la licenciada Morell Bergantiños. Entendemos que aunque la letrada aceptó su error y expresó estar arrepentida, ello no es óbice para que este Tribunal le imponga una sanción más rigurosa.

IV

Considerado todo lo anterior, procedemos a suspender a la licenciada Morell Bergantiños del ejercicio de la aboga-cía y de la notaría por el término de tres meses.

La señora Morell Bergantiños deberá notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados, devolverles los expedientes de casos pendien-tes e informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar y certi-ficar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior en un término de 30 días, contados a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. Por su parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incautar inmediata-mente la obra protocolar y el sello notarial de la señora Morell Bergantiños y entregarlos al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investi-gación e informe. Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam” y sentencia a la Sra. Liliana Morell Berganti-ños a través de la oficina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez ordenaría la suspensión de la querellada de la práctica de la abogacía por el término de un mes. Esto debido a que de los hechos particulares de este caso, unido a que esta licenciada nunca ha sido sancionada anteriormente por este Tribunal, no se justifica una sanción más severa. La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo no intervinieron.

       4 LPRA Ap. EX.

        In re Meléndez Figueroa, 166 DPR 199, 206 (2005). Véanse, además: In re Alonso Santiago, 165 DPR 555, 562-563 (2005); In re Martínez Miranda, 160 DPR 263, 266 (2003).

        In re Pizarra Colón, 151 DPR 94, 105 (2000).

       Véase In re Amill Acosta, 181 DPR 934, 940 (2011), citando a S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 179.

       Íd.

        In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 751 (2014).

       Id., pág. 751.

        In re Amill Acosta, supra, pág. 939. Véanse, además: In re Rivera Ramos, 178 DPR 651, 664 (2010); In re Cuevas Velázquez, 174 DPR 433, 442 (2008).

        In re Ramos Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011); In re Muñoz Morell, 182 DPR 738, 752 (2011).

        In re Morales Lozada, 192 DPR 239, 244 (2015); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 620 (2014); In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 822 (2007); In re Quiñones Ayala, 165 DPR 138, 145 (2005); In re Silvagnoli Collazo, 154 DPR 533, 541 (2001); In re Ortiz Brunet, 152 DPR 542, 556 (2000).

        In re Cotto Luna, 187 DPR 584, 593 (2012); In re Plaud González, 181 DPR 874, 887-888 (2011).

        In re Vera Vélez, 192 DPR 216, 228 (2015).

       Íd.; In re González Ortiz, 162 DPR 80, 85 (2004).

        In re García Ortiz, 187 DPR 507, 521 (2012).

        In re Vera Vélez, supra, pág. 228; In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014); In re García Ortiz, supra, pág. 521; In re García Aguirre, 175 DPR 433, 442 (2009).

        In re Muñoz Morell, supra, pág. 758.

       Íd.