author: El Juez Asociado Señor Hutohison,

text:
    Ernesto Fernando Schlüter, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    No. 670.
    Sometido: Febrero 3, 1927.

      Resuelto: Marzo 28, 1927.
    1. “Lis Pendens” — Acciones que Afectan al Título o Derecho de Posesión de Propiedad Inimueble — Acción Ordinaria de Ejecución de Hipoteca.— Una acción para la ejecución de una hipoteca está dentro del espíritu del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    2. “Lis Pendens”- — Aviso de Demanda o “Lis Pendens” — Anotación en el Registro — Demanda en Acción Ordinaria de Ejecución de Hipoteca.— Procede anotar aviso de Us pendens de una acción ordinaria de ejecución de hipoteca.
    Nota de R. B. Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando inscripción de aviso de lis pendens.

      Revocada.

      E. Campos del Toro, abogado del recurrente; el Registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutohison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil autoriza y dispone la inscripción en el registro de la propiedad de un aviso de lis pendens en acciones qne “afecten al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble.”

En el presente caso el registrador se negó a inscribir un aviso de estar pendiente nna acción ordinaria de ejecución de hipoteca, fundándose en la teoría de qne el artículo en cuestión se refiere a acciones reivindicatorías solamente.

En una carta al recurrente explicativa de la resolución de qne ahora se queja dicho recurrente, el registrador dice que el artículo en cuestión “quizás pueda extenderse a ca-sos en que se litiga la pertenencia de algún derecho real, pero nunca a acciones sobre cobro de pesos aunque proce-dan de hipotecas.”

En un alegato presentado algo tardíamente, la misma teo-ría se discute más ampliamente, en la siguiente forma:

.“La acción sobre ejecución de hipoteca es nna acción in r'em y por tanto afecta la propiedad hipotecada. Pero de esto no puede concluirse que la acción afecte también al título de la propiedad. La contingencia de que por efecto de la acción el título puede ser traspasado, no quiere decir que el mismo ba de ser afectado. Sos-tener que porque la acción que se ejercita sea de carácter real y pueda traer como consecuencia un cambio del título, es anotable de acuerdo con el artículo 91 citado, equivale a sostener, por analogía, que una demanda ordinaria sobre cobro de pesos, luego que se prac-tica embargo para aseguramiento de sentencia, es también anotable por el hecho de que después del embargo la acción participa de la índole de real en tanto en cuanto afecta los bienes embargados y puede producir un cambio de título en los- mismos. Y, desde luego, esta última proposición es, sin duda, insostenible, so pena de que hagamos la ley demasiado elástica.
“La cita de la opinión disidente en el caso de Jordán v. Gómez, 18:166, también nos favorece, pues en ella se equipara el aviso de demanda ‘a la anotación preventiva sobre demanda de propiedad de bien- inmueble o derecho real a que se refiere el inciso lo. del Art. 42 de la Ley Hipotecaria.’ Esta analogía es la que nos lleva a exi-gir como condición para anotar marginalmente una demanda, de acuerdo con el artículo 91 que interpretamos, que la acción verse so-bre título de propiedad inmueble o derecho real.”

Diclia conclusion no es inconsistente con el texto español del artículo 91, supra, pero es contraria a la doctrina sen-tada en el caso de Manrique de Lara v. Registrador, 23 D.P.R. 864, en que la corte discutió la discrepancia existente entre el texto original en inglés y la traducción del mismo al castellano y sostuvo que debía regir el primero.

El registrador no discute los casos de California citados por el recurrente, ni sugiere ninguna razón satisfactoria de por, qué deberíamos rechazar la interpretación dada al ar-tículo en cuestión. Las autoridades citadas, en unión de otros casos más recientes, pueden hallarse en una nota al pie de la sección 10 de un artículo sobre lis pendens en el tomo 16 de Cal. Jr., pág. 655.

■ Es evidente que una acción para la ejecución de una hipoteca está dentro del espíritu de la disposición estatuto-ria si esa disposición es interpretada a la luz de su histo-ria y de su fin como una limitación y restricción a la doc-trina de lis pendens del derecho común. 17 R.C.L. pág. 1016, .párrafo 10, y pág. 1019, párrafo 14.

Desde luego que el estatuto no trajo a esta jurisdicción ningún elemento o factor de la doctrina del derecho común no incluido en el lenguaje empleado por la Legislatura de California. Tampoco la adopción de la ley sin enmienda o modificación alguna por nuestra legislatura eliminó alguna parte o porción de la doctrina de lis pendens claramente comprendida dentro del radio de la ley original.

Como la cuestión de embargo y de notificación implícita (constructive notice) está tratada adecuadamente por otras disposiciones estatutorias, no necesitamos especular sobre si en ausencia de tal legislación adicional un aviso de estar pendientes acciones personales podría o no inscribirse en todos aquellos casos en que se ban embargado bienes in-muebles. Pero aún si procediera el resultado indicado por el registrador como una consecuencia lógica y necesaria al incluir acciones sobre ejecución de hipoteca, la situación se-ría substancialmente la misma con las condiciones existen-tes ya creadas por las disposiciones legislativas a que ha-cemos mención más arriba y por tanto no deben mirarse con alarma. Tampoco un grado razonable de elasticidad, al ser inherente a la naturaleza y fraseología de la disposi-ción estatutoria, .sería un mal sin atenuante.

Debe revocarse la nota recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Manuel del Río Tórres, Isidora del Río González asistida de su esposo Pablo Reyes, Máría-Francisca o Juana-Francisca y María Gracia del Río González, asistida ésta de su esposo Julio Suro, demandantes y apelantes, v. Sucesión de Rafael A. Cancel y The National Surety Company, demandadas y apeladas.
    No. 3707.
    Visto: Noviembre 27, 1926.

      Resuelto: Marzo 29, 1927.
    1. Notarios — Responsabilidad por Negligencia en el Cumplimiento de sus Deber.es — Responsabilidad de la Sucesión por las Omisiones Negligen-tes de Aquél. — Fallecido xm notario, su sucesión es responsable de los per-juicios causados por la omisión negligente de cumplir aquél un deber legal, sin que les exima de esa responsabilidad el hecho de no haber probado los demandantes que sus herederos aceptaron la herencia ni que hubieran here-dado bienes de su causante.
    2. Notarios — Responsabilidad Sobre Fianzas Notariales — -Personas con Ac-ción Contra Dichas Fianzas. — El perjudicado por los actos u omisiones de un notario en el cumplimiento de sus deberes como tal tiene acción contra la fianza notarial para resarcirse de los perjuicios sufridos, sin que el que aquella esté constituida a favor de El Pueblo de Puerto Rico y para pagarle a él sea obstáculo para que la acción pueda dirigirse contra dicha fianza.
    Sentencia de Enrique Lloredo,, J. (Arecibo), declarando sin lugar demanda de daños y perjuicios, con costas, excluyendo honora-rios.

      Revocada, dictándose otra por la que se declara con lugar la demanda, sin costas.

      V. Polanco de Jesús, abogado de los apelantes; Besosa & Besosa, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal. .

Los apelantes, que son los demandantes en la corte inferior, como herederos de don Manuel del Río Balbín con-vinieron con don Rafael A Cancel en que como notario pú-blico se ocupara de hacer el trabajo de inventario, liquida-ción, partición y adjudicación de los bienes dejados por el padre de los demandantes, reduciendo a escritura pública dicho trabajo y corriendo por su cuenta los gastos de ins-cripción en los registros de la propiedad correspondientes, estipulándose como precio de dicho trabajo la cantidad de $2,000. El notario hizo la escritura de partición y de ad-judicación de bienes que fue firmada por los herederos él 10 de abril de 1922 teniendo el No. 33 de su protocolo pero el notario nunca puso su firma, signo, rúbrica y sello en esa escritura, no obstante lo cual hizo constar en la copia certificada que el mismo día libró de esa escritura que es-taba firmada y signada por él y con su sello, con cuya copia fueron inscritas en el registro de la propiedad las adjudi-caciones hechas a los herederos. El notario murió el 3 de octubre del mismo año y habiendo tenido noticia poco tiempo después los herederos mencionados de que la escritura original de partición no estaba firmada, signada y sellada por el notario Cancel acudieron ante otro notario quien les otorgó otra escritura de partición y adjudicación de los ex-presados bienes.

Después de esos becbos dichos herederos presentaron de-manda contra la Sucesión del notario Cancel compuesta por su viuda y por cinco hijos menores de edad y contra The National Surety Co., corporación del Estado de Nueva York, fiadora del notario Cancel por el ejercicio de su cargo y cuya fianza estaba en vigor cuando fué otorgada esa escri-tura, cuando el notario murió y cuando fué presentada la demanda, reclamándoles que mancomunada y solidariamente les paguen la cantidad de $650.50 por los perjuicios que han tenido por la omisión del notario Cancel de firmar, signar y rubricar la escritura de abril de 1922. Se opusieron am-bos demandados a esa reclamación y se celebró el juicio en el que sólo presentaron prueba los demandantes, por haber manifestado los demandados que no tenían evidencia que presentar, recayendo sentencia que declaró sin lugar la de-manda con las costas.

Dispone la ley notarial en sus secciones 9 y 20 (Com-pilación 1911, secciones 1987 y 1998) que la escritura original que redacta el notario y que firman los otorgantes y testigos deberá ser autorizada por el notario ante quien se otorgue con su firma, signo y sello y declara nulos los ins-trumentos públicos que no cumplan con ese requisito, por lo que por mandato expreso de la ley es nula la escritura que los demandantes otorgaron el 10 de abril de 1922 con el No. 33 ante el notario Rafael A. Cancel por carecer de la firma, signo y rúbrica de dicho notario; y como un docu-mento nulo no puede producir efectos válidos, nulas son las inscripciones que en virtud de esa escritura fueron he-chas en el registro de la propiedad con copia certificada de una escritura aparentemente válida, y así lo hemos resuelto en el caso de Fragoso v. Marxuach, 31 D.P.R. 195. Por consiguiente, siendo nula la escritura original de la parti-ción y nulas las inscripciones de las adjudicaciones hechas en la misma, los demandantes no tenían un título válido de ellas y para obtenerlo les era necesario otorgar otra escritura que fuera válida, como lo hicieron en primero de noviembre del mismo año, cuyos gastos y el de las nuevas inscripciones que se hagan son perjuicios sufridos por los demandantes por la omisión del notario Cancel de cumplir con el deber que le impone la ley de firmar, signar y rubri-car las escrituras originales que se otorgaban ante él.

¿Son responsables los demandados de los perjuicios que se les reclaman1?

Examinaremos esa cuestión en primer término en cuanto a la sucesión del notario Cancel.

Dispone el artículo 1803 del Código Civil que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, por lo que no puede haber duda de que el notario Cancel sería responsable de acuerdo con ese precepto de los perjuicios que su omisión negligente en firmar dicha escritura hubiera causado a los otorgantes de ella; responsabilidad que se transmite a su sucesión porque el hombre nunca muere en cuanto a sus derechos y obligaciones civiles que no sean personalísimos sino que se transmiten a sus herederos, se-gún declara el artículo 664 o del Código Civil, por lo que la sucesión del notario Cancel es responsable de la obligación civil que su causante tenía de indemnizar a los demandan-tes por los perjuicios causados por su omisión negligente de cumplir un deber legal; sin que estén exentos de esa responsabilidad por no haberse probado que hayan aceptado la herencia ni que hayan heredado bienes de su causante, pues como se dijo en el caso de Amy v. Aponte, 29 D.P.R. 145, al demandante sólo incumbe alegar la condición de he-redero de los demandados porque a partir del fallecimiento del causante la substitución de éste por heredero o causa-habiente es simultánea, sin qne sea necesaria la aceptación porqne ésta se presupone siempre como consecnencia de la sncesión, siendo la no aceptación de la herencia nna excep-ción qne corresponde alegar a los demandados. Así, pnes, la sucesión del notario Cancel es responsable de la recla-mación qne se le hace.

Examinemos la cuestión en cnanto a la otra demandada.' The National Surety Co.

Ordena la Ley Notarial en su sección 2* como quedó en-mendada por la Ley No. 15 de 1914, página 151 de las de ese año, que toda persona admitida al ejercicio de la pro-fesión notarial deberá prestar y conservar en toda su fuerza y vigor, mientras estuviere dedicado al ejercicio de esa pro-fesión, una fianza a favor del Pueblo de Puerto Pico pol-la suma de $2,500 dólares para responder del buen desem-peño del cargo: que esa fianza responderá de los daños, y perjuicios que por acción u omisión cause el notario en el ejercicio de su ministerio y que si en una reclamación judicial que se haga contra un notario, se le adjudica al recla-mante el todo o parte de la fianza de aquél, no podrá seguir ejerciendo hasta tanto que la tenga nuevamente constituida por el montante dicho.

Como consecuencia de esa obligación impuesta por la ley el notario don Rafael A. Cancel como principal y la corpo-ración The National Surety Co. como fiadora suscribieron un documento por el cual se obligaron juntos y separada-mente para con el Pueblo de Puerto Rico por la cantidad de $2,500 para ser pagados al Pueblo de Puerto Rico, siendo condición de ella el haber sido designado y nombrado dicho Cancel ■ notario público y que si él desempeñaba y ejercía todos los deberes y obligaciones impuéstosle como tal nota-rio público de acuerdo con la ley y todas las reglas, regla-mentos y órdenes hechas de acuerdo con la ley y si daba cuentá de todas las rentas, honorarios, dinero, garantías y propiedad que viniera a sus manos como tal notario público desde y después del primero dé abril de 1920 y pagado las mismas completamente al Pueblo de Puerto Rico, entonces la obligación sería nula, y de otra manera quedaría en toda su fuerza y vigor.

El propósito y fin de la fianza exigida por la ley a los notarios fué, como ella dice, para responder de los daños y perjuicios que causen en el ejercicio de su ministerio, y por tanto cualquiera persona que resulte perjudicada por sus actos u omisiones en el cumplimiento de sus deberes como notario tienen acción contra la fianza para resarcirse de los perjuicios sufridos, sin que el hecho de que la fianza haya sido constituida a favor del Pueblo de Puerto Rico y para pagarle a él pueda ser obstáculo para que la acción de co-bro de daños y perjuicios pueda dirigirse contra dicha fianza pues el Pueblo de Puerto Rico es solamente una parte nominal en ese contrato de fianza en representación de las personas desconocidas que puedan resultar perjudicadas y para cuyo beneficio fué requerida por la ley. Sostener que la fianza sólo responde a la entidad Pueblo de Puerto Rico y no a cualquiera persona perjudicada llevaría a la conclu-sión de que la fianza no responde a los fines para los cua-les fué exigida, o sea, para responder a cualquiera persona perjudicada. En el caso de Lammon v. Feusier, 111 U. S. 19, aunque la fianza de un márshal no estaba constituida a favor de la persona perjudicada que ejercitaba la acción ni a favor de ninguna persona individualmente sino a favor del gobierno para indemnizar a las personas perjudicadas por su conducta, se declaró que la fianza podía ser puesta en litigio por y para beneficio de cualquiera persona. Y aunque podría decirse que tal decisión descansa en el he-cho de que la ley autorizaba a cualquiera persona para de-mandar por el perjuicio causado por dicho funcionario y que en nuestra Ley Notarial no hay tal autorización, dire-mos que en otra decisión más reciente que la anterior, Howard v. United States, 184 U. S. 687, que sólo se dife-rencia del presente en que en éste se trata de un notario y en aquél de un empleado judicial, la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo:

“Pero se dice que habiendo sido la fianza en este caso otorgada' a favor de los Estados Unidos, debe considerarse como que es un do-cumento para beneficio único del gobierno y que por tanto no se puede sostener ningún pleito en virtud de la misma en beneficio de un litigante particular, aunque tal litigante pueda haber sufrido perjuicios por dejar el secretario de la corte de cumplir su deber. Esto resulta, según es de suponerse, del hecho de que no hay ley alguna que autorice expresamente tal pleito. Si esta suposición fuera correcta, se desprendería que las fianzas exigidas a los secre-tarios de las cortes federales no son prestadas en ningún caso para la protección de litigantes particulares. Somos de opinión que el Congreso nunca intentó que existiera tal estado de cosas, sino que su intención fue que la fianza prestada por un secretario fuera para proteger toda clase de litigantes, ya sean públicos o privados, y con tal fin autorizó que la fianza de éste fuese aumentada a cuarenta mil dólares. Es imposible suponer que al exigir a un secretario que preste fianza a favor de los Estados Unidos ‘con el fin de cumplir fielmente los deberes de su cargo y anotar oportunamente los decre-tos, sentencias, y resoluciones de la corte,’ el Congreso tuvo en mente los intereses de los Estados Unidos solamente, y que intencio-nalmente se abstuvo de proveer disposición alguna para garantía de litigantes particulares en las cortes federales. Tal conclusión sería inconsistente con la práctica seguida durante un siglo y sería una gran sorpresa para la profesión. Como muy bien pudo preverse cuando se establecieron dichas cortes primeramente, la gran mayo-ría de los litigios en las cortes de distrito y en las cortes de circuito de los Estados Unidos, han sido siempre entre individuos particula-res y por consiguiente las palabras que aparecen más arriba entre comillas debe presumirse que se referían tanto a litigantes particula-res como a los Estados Unidos. En nuestra opinión la fianza pres-tada por el secretario es en beneficio de todo litigante perjudicado por la falta de ese funcionario de cumplir fielmente sus deberes o de anotar oportunamente los decretos, sentencias y resoluciones de la corte.”

Por consiguiente hay que llegar a la conclusión de que la fianza prestada por The National Surety Co. responde de la reclamación RecRa por los demandantes.

Para precisar la cantidad qne los demandantes tienen derecRo a cobrar como indemnización tendremos en cuenta que según el arancel notarial los derecRos en él fijados al notario por la escritura que fué otorgada son 'de $233.30, que es el medio por ciento de los $46,660 valor de los bie-nes inventariados, que con $90.50 que según arancel costa-rán las nuevas inscripciones que se Ragan suman $323.80. Por consiguiente la sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra por nosotros declarando con lugar la demanda y condenando a los demandados a pagar mancomunada y solidariamente a los demandantes la cantidad de $323.80, sin especial condena de costas.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Victor A. Carbonell, acusado y apelante.
    No. 2842.
    Visto: Enero 11, 1927.

      Resuelto: Marzo 30, 1927.
    Derecho Penal — 1r‘Bormer Jeopardy” — Oonvioción por un Grado Menor del Delito Imputado en la A'cusaoión — Revocación de la Sentencia y Con-cesión de Nuevo Juicio — Nuevo Proceso Bajo el Mismo Delito Impu-tado en la Acusación Original. — Cuando convicto un acusado por un grado menor del delito iniputádole y revocada la sentencia en apelación interpuesta por él se le concede un nuevo juicio, dicho acusado puede ser procesado por el delito según constaba originalmente en la acusación.
    Sentencia de Charles E. Foole, J. (Mayagüez), condenando al acu-sado por delito de homicidio voluntario.

      Confirmada,.

      B. Rivera Zagas, Manuel A. Martínez y Pedro Ba/igés, abogados del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Ra sido convicto dos veces por el delito de Romicidio voluntario, en virtud de acusación por el delito de asesinato. Al comenzar el primer juicio, el juez senten-ciador declaró sin lugar una recusación al panel del jurado, y la sentencia fué revocada en apelación por RaRerse come-tido error en cuanto a este respecto. El Pueblo v. Carbo- nell, 34 D.P.R. 479. En el segundo juicio, el apelante alegó la condena anterior como una absolución del delito mayor y como un impedimento para que se le procesara por el de-lito de asesinato. Se señala añora como error el haberse declarado sin lugar esta alegación.

“Una cuestión que ña dado lugar a dos reglas bien definidas es si una convicción por un gradq menor de un delito equivale a una completa absolución por el delito mayor, dentro del significado de la regla que habla de haber sido el acusado expuesto por el mismo delito por dos veces, de suerte que si se concede un nuevo juicio, éste debe limitarse al grado menor del delito por el cual fué convicto an-teriormente el acusado. Una línea de autoridades contesta esta cues-tión en forma negativa y sostiene que en el nuevo juicio el acusado puede ser procesado por el delito según constaba originalmente en la acusación y que puede ser convicto de cualquier grado de tal de-lito, igual que si no hubiese habido ningún juicio anterior. . Como fundamento para esta regla se dice que el acusado no puede volun-tariamente rechazar el veredicto y a la vez acogerse a él. Un ve-redicto no puede tener validez y dejar de tenerla al mismo tiempo. El veredicto de culpabilidad es único. El acusado no puede divi-dirlo en lo que le conviene y en lo que no le favorece. El hecho positivo es el veredicto de culpabilidad de un delito; y la deducción negativa de tal resolución no es la culpabilidad por otro delito. No es fácil ver cómo la conclusión positiva de lo que sirve de base para la deducción negativa puede ser destruida por el acto voluntario del acusado, y sin embargo, dejar que tal deducción subsista por sí sola y sin fundamento alguno. Para sostener una alegación de ab-solución anterior debe existir constancia de tal absolución; y si un veredicto absolutorio por un delito menor sirve de constancia para una absolución por el delito mayor, al. ser desechado a instancia del acusado, dicho veredicto deja de ser una constancia de la convic-ción. Las cortes que sostienen este punto de vista no están confor-mes con el hecho de que el acusado tiene derecho a limitar su re-nuncia en cuanto a la exposición anterior cuando apela de una sen-tencia dictada contra él. Tal como subsiste la sentencia antes de apelar el ácusado, ella impide enteramente que se le procese por el delito imputado en la acusación o por cualquier grado menor del delito. No hay poder humano que pueda privarle del derecho de así valerse de esa sentencia; pero si decide apelar de ella y solicita su revocación, renuncia, al tener éxito, a su derecho de aprovecharse de la absolución anterior por el delito mayor contenida en la sen-tencia que él mismo ha solicitado sea revocada. Según la otra re-gla, un veredicto condenatorio por un grado menor del delito implica una absolución completa por el grado mayor del delito para todos los fines, y que un nuevo juicio concedido posteriormente a petición del acusado no debe considerarse como un nuevo juicio por el de-lito mayor por el cual fué absuelto, sino que debe limitarse a un juicio de nuevo por el delito por el cual fué convicto el acusado. La teoría de esta regla es que el resultado del veredicto es como si el acusado hubiese sido juzgado por distintas acusaciones impután-dole varios delitos o por una acusación conteniendo varios cargos e imputando los delitos separadamente. La verdadera diferencia exis-tente entre las dos reglas es el límite de la renuncia hecha por el acusado al solicitar y concedérsele un nuevo juicio. Pero aún' bajo esta regia, si el jurado en un caso de asesinato, en que la acusación imputa el delito de asesinato en primer grado, declara culpable al acusado, de acuerdo con la acusación, pero deja de especificar el grado del delito de asesinato, como lo exige la ley, y se le concede un nuevo juicio, probablemente por contener tal defecto el vere-dicto, el acusado no puede alegar que ha sido expuesto anteriormente, fundándose- en que tal veredicto equivale a una absolución.” 8 11. C.L. 161 — 162, sección 153.

La doctrina basta abora prevaleciente en la mayoría de las cortes americanas y que abora invoca el apelante, lia dado lugar a complicaciones más o menos embarazosas en ciertos casos, y par.ece estar perdiendo terreno durante los últimos años, En igual proporción, el punto de vista lógico y consistente de la minoría está recibiendo una considera-ción algo más amplia, y después de una madura delibera-ción, nos vemos obligados a adoptarlo como la base para una más práctica, imparcial y efectiva protección de los de-rechos de la sociedad por una parte, así como de los dere-chos del individuo por la otra.

Entre los casos considerados con relación a este extremo, (varios de los cuales se citan no como que indican la tendencia general de opiniones recientes bien estudiadas, sino más bien, como que sugieren el carácter perplejo y la variedad de las cuestiones y la consiguiente confusión de ideas, en-vueltas incidentalmente por la doctrina de la mayoría), se encuentran los siguientes: Trono v. United States, 199 U. S. 521; State v. Ash, 122 Pac. 995; Calicoat v. State, 95 So. 318; Jones v. State, 109 So. 265; People of the State of California v. Ham Tong, 24 L.R.A. (N. S.) 481; People v. Keefer, 65 Cal. 132, 3 Pac. 818; People v. Carty, 19 Pac. 490; I. A. Huey v. State of Texas, 12 A.L.R. 1003.

Las otras cuestiones que se tratan de levantar, según han sido presentadas en el alegato del apelante, y que no Ran sido resueltas en esta opinión, no requieren seria con-sideración.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme con la sen-tencia.

         Véase la resolución sobre reconsideración de fecha mayo 17, 1927.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Municipio de Isabela, promovente, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Sepúlveda, Juez, y Manuel Tous Soto, Rafael Cuevas Zequeira y Rafael Rivera Zayas, demandados.
    No. 41.
    Visto: Marzo 28, 1927.

      Resuelto: Marzo 31, 1927.
    1. Comparecen oía (Appearance) — Renuncias bor Efecto de la Misma — Obje-ciones a Defectos en el Emplazamiento — En General. — Si un clem an-dado se somete voluntariamente a.la jurisdicción de una corte, huelga la consideración de los defectos que pudiera tener el emplazamiento.
    2. Autos Inhibitorios (Prohibition) — Fundamentos para Solicitar el Auto— En General — Doble Representación del Peticionario en la Corte Inferior. — El hecho de una doble representación del peticionario en la corte inferior no es fundamento para un auto inhibitorio.
    3. Apelación y Error — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Issues y Cuestiones en la Corte Inferior — Necesidad de Que Estos se Levanten en la Corte Inferior. — Para que un litigante pueda quejarse en un recurso extraordinario de que una corte de distrito dejó de resolver cuál de los dos abogados que ostentaban su representación era el que legalmente la tenía, debe levantar primero dicha cuestión en debida forma en la corte de distrito.
    .Solicitud de auto inhibitorio.

      Denegado.

      O’Neill <& O’Neill, abogados del promovente; M. Toxis Soto y B. Cuevas Zeqneira, por su propio derecho y éste último además a nombre de B. Bivera Zayas.

   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El municipio de Isabela por medio de sus abogados pre-sentó en esta corte una petición de auto inhibitorio ale-gando que la Corte de Distrito de San Juan continuaba en el conocimiento de cierto pleito sin autoridad de ley. El tribunal resolvió antes de tomar acción alguna en el caso, oir a las partes. La audiencia se celebró el 28 de marzo actual y a virtud de ella y de un estudio detenido del asunto entendemos que no debe librarse el auto solicitado.

Dos son los derechos que alega infringidos el peticiona-a saber: que la corte de distrito siguió conociendo del li-tigio iniciado por Manuel Tous Soto contra el peticionario dejando a un lado sin discutir ni resolver cierta moción de impugnación al emplazamiento presentada por el peti-cionario, y que la corte de distrito dejó de resolver la si-tuación anómala de la doble representación del peticiona-rio. En el pleito de referencia el municipio demandado compareció por ciertos abogados nombrados por la Asam-blea y por otros nombrados por el alcalde. Es el munici-pio por su representación designada por el alcalde el que interpone este auto inhibitorio.

En cuanto al primer extremo bastará decir que durante la audiencia la misma parte peticionaria expresó que al discutirse las cuestiones planteadas el demandante en el pleito alegó que el demandado se había sometido y que la corte así lo resolvió. Si esto es así holgaba la consideración y resolución de la moción del demandado. Dicha moción quedó implícitamente resuelta. Si el demandado se había sometido a la jurisdicción de la corte ¿qué necesidad existía de investigar y resolver si el emplazamiento era o no defectuoso? Si la resolución de la corte fué errónea en sus fundamentos, puede el peticionario pedir a la misma corte que la reconsidere o puede obtener su revisión por los medios ordinarios fijados por la ley.

Convenimos con el peticionario en qne sn doble representación no pnede ni debe subsistir y en qne qnizá la corte de distrito con la disensión habida ante ella pndo y debió resolverla. Pero ello no es motivo para nn anto inhibitorio.

Además hay qne reconocer, como alegó en la audiencia la parte demandante en el pleito, qne la cuestión no fué suscitada por escrito qne es la forma normal de levantar cuestiones en las cortes de récord, a no ser durante la celebración del juicio. El peticionario tiene las puertas abiertas para presentar la cuestión de nuevo cumpliendo con todos los requisitos y solemnidades que la mejor práctica recomiende.

No ha lugar a la expedición del auto.


author: El Juez Asociado Señob Wolf,

text:
    Gavino Vázquez Colón, recurrente, v. El Registrador de Guayama, recurrido.
    No. 667.
    Sometido: Enero 29, 1927.

      Resuelto: Marzo 31, 1927.
    1. Marido y Mujer — Bienes (De la Sociedad de) Gananciales — Agrupación— Gon Bienes de Carácter Mixto. — -Una parcela perteneciente a la sociedad legal de gananciales no puede agruparse a otra de carácter mixto — parte ga-. naneial y parte privativa — aún cuando ésta sea en su mayor parte ganancial.
    2. Expediente Posesorio — Conversión de la Inscripción Posesoria en Inscrip-ción de Dominio — Parcela Poseída con Carácter Heterogéneo en Cuanto a su Dominio y Condición del Título. — No procede inscribir el título a una parcela como título convertido en dominio cuando la parcela es poseida con carácter heterogéneo en cuanto a su dominio y la condición del título, y siendo segregación de otra poseída en iguales condiciones no se demuestra que parte de dicha parcela así segregada es poseída actualmente por virtud de título posesorio y qué parte por título de dominio.
    Nota de R. B. Pérez Mercado, R. (Guayama), denegando inscripción de una ag'rupación de fincas y una conversión de posesión en dominio solicitada.

      Confirmada.

      C. Domínguez Rubio, abogado del recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señob Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso está envuelta una escritura en la que el recurrente compareció como comprador de una parcela de terreno de once cuerdas que él trató de agrupar con otra parcela de 17.28 cuerdas, tratando también de obtener la conversión de la posesión que ya tenía de las 17.28 cuer-das en dominio. La negativa' del registrador a permitir la agrupación estaba basada en el artículo 61 del reglamento de la Ley Hipotecaria y en la opinión de esta corte en el caso de Durán v. Registrador, 20 D.P.R. 149. En dicbo caso se decidió que cuando se propone una agrupación la propiedad debe pertenecer a un solo dueño o a varios pro-indiviso; esto es, que cada una de las diferentes personas que deseen agrupar las distintas fincas deben tener un condo-minio en cada una de las fincas que se ban de agrupar.

En este caso la parcela de once cuerdas adquirida por la escritura que tenemos ante nos, se admite que pertenece a la sociedad de gananciales, y la otra de 17 cuerdas 28 centavos es de carácter mixto, en parte ganancial y en parte privativa. El recurrente trata de distinguir el caso de Durán y otros por el fundamento de que en uno o más de ellos las parcelas pertenecían a personas completamente distintas, por ejemplo, que una parcela era completamente ganancial y la otra enteramente privativa de uno de los cónyuges. También llama nuestra atención hacia el becho de que las 17.28 cuerdas son en su mayor parte gananciales.

No es necesario gran esfuerzo para imaginar que cuando una parcela de terreno es poseído en parte como bien pri-vativo y en parte como bien ganancial, los herederos de uira u otra de las partes, si no de cada una aisladamente, po-drían hacer reclamaciones inconsistentes con un solo domi-nio unido. Aun el hecho de que el marido, como dueño de la parte privativa, estuviera conforme en que toda la pro-piedad se considerara ganancial, no podría producir dife-rencia alguna. En el registro debe constar una certeza, y hemos resuelto una cuestión semejante en el caso de Oliven-oia v. El Registrador, 36 D.P.R. 150. La idea del artículo 61 del reglamento hipotecario es que para poder hacer la agrupación las tenencias deben ser completamente homo-géneas.

El recurrente también se queja de la negativa del registrador a inscribir el título de las 17.28 cuerdas como si se hubiera convertido en título de dominio. Resulta que las 17.28 cuerdas eran poseídas con carácter heterogéneo no sólo en cuanto a su dominio sino también en cuanto a la condición del título. Dicho título era en parte de dominio y en parte posesorio. Las 17.28 cuerdas fueron en realidad segregadas de una parcela mayor poseída en iguales condiciones, pero el recurrente no ha demostrado al registrador qué parte de las 17.28 cuerdas así segregadas es poseída actualmente en virtud de título posesorio y qué parte en virtud de título de dominio. El origen y propiedad de la parte ya poseída con título de dominio pudieran ser enteramente distintos del origen y propiedad de las parcelas de terreno poseídas con título posesorio, que el recurrente ahora desea convertir en título de dominio. Las personas que por ejemplo, desearan reclamar contra el título posesorio que ahora se trata de convertir en título de dominio, nunca podrían identificar su terreno con particularidad.

La nota del registrador debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Dionisio Tórres, acusado y apelante.
    No. 2939.
    Visto: Diciembre 10, 1926.

      Resuelto: Marzo 31, 1927.
    1. Falsa Representación — Naturaleza de la Representación o Simulación —Falsa Representación Respecto a un Hecho o Suceso Futuro. — La manifestación de un deudor a su acreedor hipotecario al efecto de que tiene una operación de préstamo y que, a fin de obtenerlo, es necesario cancelar primeramente la hipoteca pendiente es una manifestación de que va a suce-der algo y no una representación de un hecho existente o que ha pasado.
    2. Falsa Representación — Naturaleza de la Representación o Simulación —Falsa Representación Respecto a un Hecho o Suceso Futuro — Pro-mesa Gomo Esencia de la Falsa Representación y Efecto. — Cuando el representar un eontrato por el cual se lia convenido no es el motivo que induce a un acreedor hipotecario a convenir en la cancelación de su hipoteca sino más bien su fe en la promesa del deudor de que le pagaría tan pronto obtuviera el dinero del préstamo objeto del eontrato mencionado, la esencia de la falsa representación es la promesa, y ésta no cae dentro de la sanción de la ley.
    3. Falsa Representación — Acusación o Denuncia — Su Suficiencia — Omisión de Especificar los Hechos Falsos. — IJna acusación por obtener dinero va-liéndose de falsas representaciones que no especifique .los heehos que son fal-sos, no es suficiente.
    SENTENCIA de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de falsa representación.

      Revocada, absolvién-dose al acusado.

      E. Díaz Viera, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En una acusación por obtener dinero valiéndose de fal-sas representaciones se alegaba en substancia que Dionisio Torres, deudor bipotecario de Antonio Passalacqua, indujo a este último a cancelar una hipoteca, manifestándole que él, Tórres, tenía una operación de préstamo con el American Land Bank (Banco Federal) y que era requisito pre-vio que la hipoteca que aparecía a favor del señor Passa-lacqua fuera cancelada a fin de poder concertar entonces la que él tenía en trámites con dicho banco; que el men-cionado Tórres convino en que tan pronto recibiera el dinero del Land Bank entregaría a Passalacqua el importe de la hipoteca, y a sabiendas de que tales hechos eran fal-sos, consiguió que el Sr. Passalacqua los creyera como ciertos. Luego seguía una relación demostrativa de que Tórres entonces vendió la finca liberada a otra persona, es-tableciendo en esa forma una apropiación ilícita en su pro-pio beneficio.

El acusado presentó una excepción perentoria que apa-rentemente fué declarada sin lugar. Se celebró el juicio por jurado y el acusado fué convicto. En apelación el fiscal de esta corte admite que se cometió error.

Según la jurisprudencia de esta corte es claro que para obtener una convicción en un caso como el presente, las supuestas falsas representaciones deben ser de un acontecimiento presente o pasado; que generalmente falsas representaciones de acontecimientos futuros o de promesas no cumplidas no caen dentro de la sanción de la ley; que debe aparecer igualmente que de haber una representación de un acontecimiento pasado o presente en el cual confió el perjudicado, la representación debe ser de tal naturaleza que baya inducido a la persona que se alega fué defraudada a deshacerse de algo de valor. El Pueblo v. Ramírez, 22 D.P.R. 471; El Pueblo v. Vázquez, 11 D.P.R. 358; El Pueblo v. Sierra, 26 D.P.R. 336.

El acusado, en efecto, dijo al perjudicado que tenía una operación de préstamo con el Banco Federal y que a fin de obtenerlo era necesario que se cancelara primeramente la hipoteca pendiente. Creemos que en esencia ésta es una manifestación de algo que iba a suceder y no una represen-tación de un hecho ya existente o que había pasado. Algu-nos de los casos demuestran que si las representaciones son una mezcla de promesas y de acontecimientos presen-tes o pasados, y las representaciones de los acontecimien-tos presentes o pasados son materiales y el perjudicado confía • en ellos, puede presentarse con éxito una acusación.

Si bien las representaciones hechas en este caso no demuestran claramente que el acusado había hecho arreglos definitivos para obtener un préstamo del Banco Federal, sin embargo, aún suponiendo que tal arreglo definitivo se hubiese concertado, no creemos que el representar un contrato sobre el cual se ha convenido, fué el motivo que indujo a Passalacqua a convenir en la cancelación de la hipoteca, sino más bien su fe en la promesa de Tórres de que le pagaría el importe tan pronto como obtuviera el dinero del préstamo. La esencia de dicha representación fué la promesa de Tórres de que le pagaría a Passalacqua tan pronto como hubiese obtenido el préstamo del Banco Federal.

Además, la acusación no especifica los hechos que eran falsos. Hallamos que la acusación no es suficiente.

Por otra parte, durante el juicio, por lo menos de acuerdo con el apelante y no vemos que él esté equivocado, no se trató de demostrar que era falsa la manifestación de Torres de que tenía un préstamo pendiente con el Banco Federal.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    Antonio Lebrón, demandante y apelante, v. F. Fresno y Co., S. en C., y José Fuentes Valle, demandados y apelados.

      No. 3946.
    Visto: Febrero 11, 1927.

      Resuelto: Abril 5, 1927.
    Embargos — Reclamaciones de Terceras Personas — Tercerías — Apelación— Jurisdicción Apelativa — Cortes de Distrito — Apelaciones de las Cortes Municipales. — En aceión de tercería en que no se alegue el valor de la finca reclamada, cuando la prueba demuestra que dicho valor es de $400 la corte de distrito tiene jurisdicción apelativa para conocer del mismo.
    Sentencia de Gabriel Castejón, J. (Humaeao), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada y devuelto el caso.

      Fernando Gallardo, abogado del apelante; González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción de tercería sobre propiedad inmueble que se originó en la Corte Municipal de Yabucoa. Ha-biendo apelado la demandada F. Fresno & Co., S. en C., de la sentencia de la corte municipal que declaró con lugar la demanda, la corte inferior celebró el juicio de novo y después de oída toda la prueba, declaró sin lugar la de-manda por el solo fundamento de no haberse alegado en la demanda el valor del inmueble en litigio.

No conforme el tercerista apeló de la sentencia y una vez elevados los autos ante nos, la apelada presentó una moción solicitando la desestimación del recurso porque no alegándose en la demanda el valor de la cosa reclamada, la sentencia no tenía cuantía y la misma no era apelable por no exceder de $300. .Esta Corte Suprema declaró sin lugar la moción (Lebrón v. Fresno & Co., S. en C., et al., 35 D.P.R. 700), y en el curso de la opinión, discutiéndose la cues-tión planteada por la apelada en relación con la falta de jurisdicción, se declaró lo siguiente:

“No bay duda alguna que tratándose de una Corte Municipal que es un tribunal de jurisdicción limitada, su facultad para cono-cer del litigio no se presume. Debe, por el contrario, aparecer de los autos. Dados además los términos en que está redactada la sec-ción 17 de la ley de tercería de 1907, Com. 1911, p. 891, si el de-mandado hubiera pedido la desestimación de la demanda por no ale-gar el valor de la casa en cuestión, necesariamente hubiera tenido que declararse la moción del demandado con lugar con permiso se-guramente al demandante para enmendar su demanda.
“Pero habiendo contestado el demandado sin levantar cuestión alguna de jurisdicción por razón de la cuantía y habiéndose practi-cado la prueba y surgiendo de ésta que el valor de la casa es de cuatrocientos dólares, la situación varía.
“Nuestra decisión en el caso de Gorujo, supra, se basó en que la cuantía no constaba de los autos y aquí de los autos consta que la casa de que se trata fué comprada en cuatrocientos dólares que debe presumirse que es su justó valor en ausencia de impugnación alguna por la parte contraria.
“Véase 15 C. J. 750 y siguientes.”

La apelada admite que la cuestión quedó prejuzgada al resolverse la moción sobre desestimación, pero dicha parte insiste ampliando su argumentación, toda vez que al resolver dicha moción se reservaba, no obstante, a las partes su derecho a tratar la cuestión de jurisdicción al celebrarse la vista del caso en su fondo. Y ahora arguye la apelada en su alegato que en las reclamaciones ante las cortes munici-pales la jurisdicción debe aparecer así de las alegaciones y no de la prueba. A este fin cita el caso de Poupart et al. v. Recurt et al., 25 D.P.R. 716, y sostiene que entre este caso y el presente existe mía gran semejanza. La analogía se trata de establecer porqne en el caso de Poupart, supra, el valor de la propiedad reclamada se bacía depender de la escritura de adquisición, única prueba de la cual resul-taba que dicha propiedad había sido comprada en $490 y no se consideró, por esta corte esta suma como prueba del valor, lo mismo al tiempo de la adquisición que en la fe-cha del pleito. En el presente caso, sin embargo, al pre-sentarse la escritura en virtud de la cual José Puentes Va-lle vendió al tercerista Lebrón la finca objeto del pleito, se alude a que se le daba un valor de $400. Hubiera sido el momento oportuno para la apelada de aclarar si la escri-tura se presentaba únicamente para demostrar el tercerista su título de adquisición, o si tendía a establecer también el valor del inmueble; No hubo objeción alguna en tal sen-tido. Pero aún si se entendiera que dicha escritura no tuvo más objeto que establecer el título del tercerista, éste declaró diciendo que la propiedad tenía un valor de $400. También la apelada alega que el tercerista quiso referirse al precio de adquisición y no al valor actual de la misma. Sin embargo, el tercerista después de hablar que compró la finca a José Fuentes Valle por precio de $400, acabó por decir que la misma tenía un valor de $400. Es cierto que en esto se refirió al precio de venta, pero tampoco podía sostenerse que no tomase como base tal precio para dejar establecido el valor actual del inmueble. La apelada tuvo otra oportunidad para esclarecer si no fué lo último la in-tención del tercerista, y por lo demás no hubo objeción a sus manifestaciones.

La apelada, por otra parte, presentó una certificación del Tesorero de Puerto Rico de donde se desprende que la propiedad fué declarada en $400 a los fines contributivos. Aun cuando este documento tuvo por único objeto tratar de establecer que la propiedad no había sido declarada por el tercerista y que el vendedor José Fuentes Valle era el que pagaba las contribuciones, de todos modos el valor que se le daba en planilla, aunque no fuera terminante de su valor actual, de un modo incidental no contradecía prima facie la prueba del apelante y más bien sostiene la jurisdic-ción original de la Corte Municipal.

Abora bien, como la corte inferior se declaró sin juris-dicción por la falta de alegaciones en la demanda que mos-traran afirmativamente la de la Corte Municipal de Yabu-coa, sin resolver sobre los méritos del asunto, debemos re-vocar la sentencia y devolver el caso para ulteriores proce-dimientos no inconsistentes con esta opinión.


text:
    Petrona Pagán, demandante y apelante, v. F. Fresno & Co., S. en C., y José Fuentes Valle, demandados y apelados.
    No. 3947.
    Visto: Febrero 11, 1927.

      Resuelto: Abril 5, 1927.
    Embargos — Reclamaciones bor Terceras Personas — Tercerías—De la Sen-tencia-Sentencia Sobre las Alegaciones. — Cuando una demanda jurada contiene entre otras, alegación que solo comprende el hecho esencial de que el tercerista es dueño de la propiedad reclamada, una negación, en contes-tación jurada, de dicho hecho, eumple con el estatuto y no procede dictar sentencia sobre las alegaciones.
    Sentencia de Gabriel Gastejón, J. (Humacao), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada y devuelto él caso.

      Fernando Gallardo, abogado de la apelante; González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Las circunstancias que concurren en el presente caso son más o menos análogas a las del No. 3946 que boy lie-mos resuelto. Es una tercería que surge como consecuen-cia del pleito que en cobro de dinero babía entablado F. Fresno & Co., S. en C., v. José Fuentes Valle. Entre otros bienes, se embargó una propiedad que la tercerista Petrona Pagan reclama como suya. La acción de tercería se inició en la Corte Municipal de Yabucoa. Obtuvo sentencia a su favor la tercerista y la mercantil demandada apeló a la Corte de Distrito de Humacao, la cual se declaró sin juris-dicción por no alegarse en la demanda el valor de la cosa reclamada. De esta sentencia la tercerista estableció el presente recurso. Una vez elevados los autos, la apelada presentó una moción solicitando la desestimación por no apa-recer de la demanda y como consecuencia de la sentencia, que el valor de la propiedad en litigio excediese de $300.

La moción fué resuelta en julio 9, 1926, en sentido ad-verso a la apelada, por considerarse la cuestión resuelta igual a la que fué objeto en Lebrón v. F. Fresno & Co., S. en C., et al., 35 D.P.R. 700.

Existe, sin embargo, una circunstancia que hay que con-siderar y es que el apelante hace otro señalamiento de error refiriéndose a que la corte inferior erró al no dictar sentencia por las alegaciones.

Se funda el apelante en que la demanda fué jurada y en la contestación no se niega específicamente la segunda alegación, que comprende varios hechos,' entre ellos que la demandante es dueña del inmueble que reclama. Sin embargo, la alegación segunda sólo comprende el hecho esencial de que la tercerista es dueña de la propiedad. Lo demás que se dice son derivaciones del mismo hecho, como lo es la fecha en que se otorgó la escritura de venta de la finca y la descripción de la misma. La contestación fué jurada y la negación rotunda que hace la demandada bajo juramento del hecho esencial alegado, cumple con el estatuto. Este error no existe, pero por las otras razones que se refieren a la cuestión de jurisdicción, debe revocarse la sentencia y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    Carmen Vicenta Rivera, demandante y apelada, v. Sucesión de Inocencio Díaz, compuesta por su viuda Juana Asia Lebrón y sus hijos legítimos Francisco y Vicente Díaz, demandada y apelante.
    No. 3938.
    Visto: Diciembre 15, 1926.

      Resuelto: Abril 5, 1927.
    1. Hijos Naturales — Del Reconocimiento — En General — Condiciones Prece-dentes — Libertad de los Padres para Casarse.' — Para que pueda recono-cerse la condición de natural a un hijo ilegítimo es necesario que sus padres sean libres en el momento de la concepción o en el del nacimiento.
    2. Huios Naturales — Del Reconocimiento — Reconocimiento Obligatorio — Ac-ción ce Reconocimiento o Filiación — Evidencia—Presunciones—Libertad de los Padres para Casarse. — Probada la paternidad y el reconocimiento, se presume, salvo prueba de contrario, que los padres en el momento de la concepción y del nacimiento podían casarse justamente y sin dispensa.
    Sentencia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando con lu-gar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Blondet & Campillo, abogados de la apelante; Eugenio Font Suárez, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre reconocimiento de una bija natural y reclamación de herencia. En la demanda se hacen las alegaciones usuales en tales casos. La contestación con-tiene una negación general y específica de los hechos en que se funda la acción.

Fué el pleito a juicio y la corte lo decidió en contra de la demandante expresando que a tal resolución llegaba por-que si bien la prueba demostró que la dicha demandante era hija del causante de la Sucesión demandada que la tuvo de sn concubina Monserrate Rivera y la reconoció como tal, no demostró de igual modo el extremo de que Díaz fuera un hombre libre para contraer matrimonio al tiempo de la concepción de la demandante, necesario para que a la hija pueda reconocérsele la condición de natural.

La demandante pidió al juez de distrito que reconside-rara sn sentencia y así lo hizo el juez, decidiendo que a la luz de la jurisprudencia que se le había citado también de-bía estimarse comprobado el extremo de la libertad de los padres para contraer matrimonio, declarando, en sn conse-cuencia, con lugar la demanda en lo que se refiere al reco-nocimiento. En cuanto a la reclamación de herencia decidió 'que si bien el derecho de la hija era claro, no estaba la corte en condiciones de dictar el pronunciamiento especí-fico que se le pedía. Se solicitó que la corte declarara que la hija tenía derecho a la mitad de la pensión que de acuerdo con la Ley No. 68 de 1921 sobre “Pensiones a los Miem-bros del Cuerpo de la Policía Insular,” venía percibiendo la viuda de Inocencio Díaz.

No conforine la Sucesión demandada, apeló, alegando como único error el cometido a su juicio por la corte “al establecer que el demandante no tiene que probar que sus padres en el momento de la concepción o del nacimiento de la demandante eran solteros y no tenían impedimento al-guno para contraer matrimonio.”

Lo resuelto por la corte de distrito, fué, después de ci-tar los casos de Silva v. Salamanca et al., 14 D.P.R. 543; Péres Villamil v. Romano et al., 19 D.P.R. 875; Delannoy v. Blondet, 22 D.P.R. 235 y Lange v. Avilés, 2 D.P.R. 602, lo que sigue:

“. ... y se declara con lugar la demanda en el sentido de que habiéndose probado que Monserrate Rivera vivió con Inocencio Díaz por algún tiempo en Ponce, que durante ese tiempo fué concebida la niña Carmen Vicenta Rivera, la cual nació en Mayagüez, y que después de su nacimiento continuó llevando relaciones de familia con Inocencio Díaz, quien la reconocía como su hija, habiéndose probado que refiriéndose a una época dos meses después del nacimiento de la niña la madre de ésta declaró que Inocencio Díaz era un hombre soltero; entiendo que esa prueba establece también presunción de la soltería de Inocencio Díaz, aun cuando el demandante no tiene que probar este extremo; y, por estos motivos declara la corte a Carmen Vicenta Rivera hija natural de Inocencio Díaz, con todos los derechos que le confiere el Código Civil como tal.”

[1 2] Que para que pueda reconocerse la condición de natural a un hijo ilegítimo es necesario que sus padres sean libres en el momento de la concepción o en el del na-cimiento, es evidente. Bajo esa base se inició la acción en este caso y a tal efecto en la demanda se alega que Ino-cencio Díaz y Monserrate Rivera siendo solteros vivieron en concubinato y como resultado de ello fué concebida y na-ció la demandante. La cuestión que suscita la verdadera divergencia de criterio entre las partes es la de si debe o no aportarse prueba sobre el estado de libertad de los padres para contraer matrimonio.

El primer caso de Puerto Rico que se cita es el de Lange v. Avilés, 2 S.P.R. 602. La opinión fué emitida por el Juez Presidente Quiñones y en lo pertinente dice:

“. . . En cuanto a la infracción, que también se alega, de los artículos 325 y 327 del Código Civil, que si bien la demandante no se cuidó de acreditar su estado civil y el de Don Ulises Lange en la forma que requieren dichos artículos para justificar la aptitud legal en que se hallaban para contraer matrimonio en la fecha de la con-cepción de sus hijos Antonia y Luis Paulino, esta circunstancia no influye para desvirtuar la justicia de la sentencia recurrida al de-clarar a los citados menores hijos naturales de Don Ulises Lange, toda vez que habiendo sido planteada en la demanda la cuestión re-lativa a la aptitud legal de la demandante y del Don Ulises para contraer matrimonio en la fecha citada, y no habiendo sido impug-nada expresamente aquella apreciación en el escrito de contestación a la demanda por la sucesión demandada, ni menos aducido sobre ■el particular prueba alguna en contrario, existe a favor de dichos menores la presunción legal jttris tcmtim de pertenecer a la clase •de hijos naturales, aun sin justificar el estado civil de sus padres en la forma que requieren los precitados artículos del Código Civil, con arreglo a la doctrina jurídica proclamada por el Tribunal Supremo de España en sentencias de doce de noviembre de mil ochocientos ■cincuenta y ocho y once de octubre de mil ochocientos ochenta y dos, según la que, probada la paternidad por el que aspira a la declara-ción del hijo natural, como sucede en el presente caso, no necesita acreditar que sus padres en el momento de la concepción o del parto podían casarse justamente y sin dispensación, porque este extremo .•se presume mientras no se justifique lo contrario, por cuya razón tampoco puede estimarse como infringido el artículo 1253 del Có-digo Civil que se cita en el segundo motivo del recurso.”

La primera de las sentencias del Tribunal Supremo de España citadas o sea la del 12 de noviembre de 1858 no aporta mucha luz. Su resumen dice:

“Los hijos declarados naturales con relación a la madre gozan de los derechos que a los de esta clase corresponden, salvo si se justi-fica que están comprendidos en alguna excepción.”

La otra, la de 11 de octubre de 1882, está reportada en 50 Jurisprudencia Civil 110. Se refiere a un caso muy in-teresante. La Audiencia Territorial de la Habana conside-rando que si bien los hijos demandantes habían probado que lo eran, no habían demostrado que sus padres pudieran casarse justamente sin dispensación al tiempo de la concep-ción o de su nacimiento, revocó la sentencia apelada favorable a los hijos. Estos establecieron recurso de casación para ante el Tribunal Supremo de España. Alegaron diez y seis infracciones de ley. La 6^ dice:

“La ley 2a. del mismo título y partida, en cuanto explica cuáles son los casos en que corresponde probar al demandado, estando el actor exento de obligación en este punto; y tiene esto lugar cuando el reo niega al demandante la calidad que éste se atribuye o da por sentada en su demanda, aduciendo un hecho contrario a la posibili-dad de admitir en derecho esa calidad: que los actores al notar los hechos y fundamentos de derecho dieron por sentada la aptitud legal en que estuvieron sus padres para contraer matrimonio, no men-cionaron ese punto, y limitáronse a fijar las circunstancias que con-currieron en su nacimiento, las atenciones que les prodigó siempre el padre, la educación que les dió y el reconocimiento que a virtud de todos esos actos hizo en público y en privado de la filiación natural de los actores; que los demandados eran los que en el curso del pleito, fuera del trámite de contestación a la demanda, donde en todo caso únicamente cabría aducir la excepción, habían venido a poner en duda la calidad que se atribuían; y por consecuencia, a los demandados y no a sus contendores tocaba la obligación de pro-bar ese punto traído espontáneamente a la controversia con arreglo a la precitada ley, que dice: ‘e otrosí aquel que faze este niego razona por sí ley é derecho; é por ende ha menester que lo mues-tre é que 1o. prueve: ’

T el Tribunal Supremo casó y anuló la sentencia de la Audiencia Territorial de la' Habana, por el fundamento que sigue:

“Considerando que apoyada la absolución, como única e indiso-luble premisa, en que si bien los actores habían probado que son hi-jos de D. Esteban Santa Cruz de Oviedo, les faltaba la justificación de que al tiempo de la concepción o al del nacimiento hubieran po-dido sus padres casarse justamente y sin dispensación, se infringen por la sentencia la disposición y doctrinas invocadas en los motivos 6o, 7o, 13 y 14, porque declarado el primer' concepto expresado, re-ferente a la filiación, se presume por derecho que ellos pertenecen a la clase más general de ilegítimos, o que sus progenitores no eran inhábiles para el matrimonio, mientras no se comprobara lo con-trario. ’ ’

En el caso de Silva v. Salamanca et al., 14 D.P.R. 543 se citó con aprobación el de Lange, supra, y en el curso de la opinión se dijo:

“. Jaime Salamanca declaró que vivía en G-uayama, que co-nocía a Don Miguel Alemany Ripoll, soltero, su hermano de madre,, fallecida en 6 de octubre de 1907, que no existía grado alguno de parentesco entre su hermano e Isabel Silva. De modo que surge la presunción de que- el finado era y siguió siendo soltero hasta la fe-cha de su muerte, y que no había otros impedimentos para, contraer matrimonio. ’1

La jurisprudencia establecida en el mismo aparece re-sumida así:

“Habiéndose alegado en la demanda que ni en la fecha de la concepción de los hijos naturales ni en la del fallecimiento del su-puesto padre natural, existió impedimento alguno entre el padre y la madre para contraer matrimonio por ser ambos- solteros y no es-tar ligados por ningún grado de parentesco, y no habiendo sido im-pugnada expresamente en la contestación esa alegación, ni presentado prueba en contrario, no es necesario probar la aptitud legal de la demandante para contraer matrimonio, porque existe a favor de los hijos la presunción legal juris ta-ntum de- pertenecer a la clase dé hijos naturales, y probada la paternidad, se presume salvo prueba en contrario, que los padres en el momento de la concepción o del parto podían casarse justamente y sin dispensa.”

Más tarde en el caso de Pérez Villamil et al. v. Romano et al., 19 D.P.R. 875, 884, esta corte se expresó del modo que signe:

"Los apelantes también alegan que los demandantes dejaron de probar durante el juicio, que en la época de su nacimiento sus padres eran ambos solteros y podían contraer matrimonio. Hemos re-suelto en varios casos que debe presumirse que una persona es sol-tera hasta tanto se demuestre lo contrario, pero debe recordarse que ésta no es una acción sobre filiación en la cual es necesario el requi-sito referente al estado de soltería, sino un pleito sobre nulidad de un testamento y para que se declaren herederos a los demandantes. Ellos se fundan en su estado legal reconocido anteriormente y la obligación de probar que sus padres no tenían derecho a casarse in-cumbe a la otra parte.”

En el caso resuelto últimamente de los citados por la Corte de Distrito, o sea en el de Delannoy v. Blondet, 22 D.P.R. 235, 249, esta corte dijo:

"La alegación jurada en la demanda de que María Teresa De-lannoy y Carlos H. Blondet, eran solteros y sin impedimento alguno entre ellos para contraer matrimonio en la fecha de la concepción y del nacimiento del demandante, no fué negada específicamente ni impugnada en la contestación y por tanto debe tenerse por cierta para los efectos de la acción.
"Pero es que sobre esa alegación de la demanda se suministró prueba por la misma parte demandante, consistente en la declaración de María Teresa Delannoy, la cual afirmó que entre ella y Blondet existieron relaciones amorosas por espacio de 8 a 10 meses, siendo ambos solteros, y siendo ella soltera también cuando nació el fruto de esas relaciones.
“Aunque no hubiera habido prueba alguna acerca de la capa-cidad de María Teresa Delannoy y . Carlos Blondet para contraer matrimonio en la fecha de 1a. concepción y del nacimiento del de-mandante, sería de sostenerse esa capacidad por falta de prueba en contrario con arreglo a, la .jurisprudencia ya establecida por esta córte en los casos de Lange v. Avilés, 2 S.P.R. 611, y de Silva v. Salamanca y otros, 14 D.P.R. 545. ”

En su alegato la parte apelante examina los anteriores casos y sostiene que son distintos del presente y por tanto inaplicables. Y sostiene además qne ann cnando así no friera, la jurisprudencia en ellos establecida fné abandonada por este mismo tribunal, citando los casos de Montalvo v. Montalvo, 25 D.P.R. 858 y El Pueblo v. Ramos, 29 D.P.R. 21.

Del caso de Montalvo, supra, se deduce que esta corte estimó que una demanda sobre reconocimiento que no adu-cía la libertad de los padres para contraer matrimonio no alegaba hechos suficientes, pero de ello no puede concluirse que esta corte abandonara la doctrina sobre presunción sos-tenida en los casos anteriores. Al contrario. En el curso de la opinión se dice:

“El impedimento entre tutor y pupila no es legalmente dispensable. Solamente el padre del pupilo podía relevar a las partes de esta incapacidad, autorizando el matrimonio !en testamento o escri-tura príblica.1 Sin embargo, Manresa sostiene que no solamente en el caso de esta formal autorización se encuentra un hijo* que baya sido concebido fuera del matrimonio, dentro de la definición que da el código de un hijo natural pero aun de otro modo, dada la posi-bilidad de tal ‘dispensa,’ debe ésta presumirse y los términos en que se baila redactado el código deben interpretarse de modo que se incluyan todos aquellos casos en los que pudiera baber desapare-cido el impedimento legal. Comentarios al Código Civil, por Man-resa, tomo I, página 535. De ser sana esta proposición las cues-tiones levantadas bajo el sexto y séptimo errores quedan concluyen-temente resueltas.” Montalvo v. Montalvo et al., 25 D.P.R. 858, 865.

El otro caso citado, El Pueblo v. Ramos, desautoriza en efecto la doctrina anteriormente establecida en el de El Pueblo v. Gutiérrez, 21 D.P.R. 70, pero no afecta a los ci-tados por el juez sentenciador. El hecho de que se haya decidido que sea necesario en un caso criminal de seducción probar la condición de soltera de la ofendida por tratarse de uno de los elementos del delito, no destruye necesaria-mente la jurisprudencia establecida en los repetidos casos de Lange, Silva, Pérez Villamil y Delannoy.

Siendo esto así, habiéndose alegado en la demanda la libertad de los padres y habiéndose probado las relaciones, de concubinato entre los mismos y el nacimiento de la de-mandante como consecuencia de dichas relaciones y el claro reconocimiento de la paternidad por parte del padre y de su familia, la libertad en que se encontraban los padres para contraer matrimonio al tiempo de la concepción o del nacimiento de la demandante debe presumirse que existía, a menos que se demuestre por el demandado o surja de la prueba misma del demandante lo contrario.

A este último respecto sostiene en su alegato la parte apelante lo que sigue:

“Si examinamos la prueba documental presentada por la deman-dante encontraremos la partida de matrimonio de Juana Asia Le-brón con Inocencio Díaz y de su examen resulta que la demandada casó el día 6 de enero de 1913 con Inocencio Díaz que era de estado viudo.
“¿Cuándo enviudó? La demandante nada nos ba dicho sobre ese particular.
“De la declaración de los testigos hijos legítimos de Inocencio Díaz, llegamos al conocimiento de que éste había contraído matri-monio con la madre de dichos testigos y que divorció de ella.
“¿Cuándo divorció? La demandante nada nos dice.
“¿Estaría divorciado en la época de la concepción de la deman-dante y sería soltero Inocencio Díaz o estaría casado en segundas nupcias y por tanto, impedido de contraer matrimonio? Estas pre-guntas surgen de la prueba presentada por la demandante, y a ella incumbía esclarecer este hecho y nada hizo ni nada intentó so-bre este extremo.”

Pero la parte apelada contesta, con razón, a nuestro jui-cio, en el suyo, así:

“La apelante quiere aprovecharse de la certificación presentada por la demandante-apelada del matrimonio de Inocencio Díaz con la demandada Juana Asia Lebrón, de fecha seis de enero de 193L3, en cuanto a que en dicha certificación se dice que Inocencio Díaz era de estado viudo. Y se pregunta: ¿cuándo enviudó?
“En primer lugar hemos de sostener que la certificación de ma-trimonio referida solamente baee fe, según jurisprudencia constante de este Hon. Tribunal, del hecho que motivó su otorgamiento y de la fecha de éste, pero no de la veracidad de las manifestaciones que en ella se insertan respecto a la filiación o estado del casado.
■Tt" iff *!§
“Y en segundo lugar, diremos que, de acuerdo con la doctrina establecida por este Hon. Tribunal, de que los hijos ilegítimos se presumen de la clase de naturales mientras no se pruebe lo contra-rio, hay que presumir que Inocencio Díaz enviudó, en caso de que esa circunstancia fuera cierta, que nada se probó en el juicio sobre ese extremo, antes de nacer la menor Carmen Vicenta Rivera, o que se casó o enviudó después de haber nacido la citada menor.
“La apelante trata de usar en su provecho la declaración de los hijos legítimos de Inocencio Díaz sobre el casamiento y divorcio de éste con la madre de dichos testigos, y pregunta: ¿cuándo divorció ?
“Y aunque el apelante sostiene que la demandante nada dice so-bre el particular, nosotros sostenemos que esos mismos testigos con-testan dicha pregunta categóricamente.
“El testigo Francisco Díaz, el mayor de los hijos legítimos de Inocencio Díaz, dice tener 32 años de edad y declara que su papá se divorció de su madre ‘cuando él estaba chiquito.’
“Si tenemos en cuenta que la menor Carmen Vicenta Rivera nació el día 5 de mayo de 1912, y que a juzgar por su declaración, Francisco Díaz nació en el año 1893, hay que admitir que cuando Carmen Vicenta Rivera nació, ya Francisco Díaz tenía 19 años; y hay que razonablemente pensar que, cuando Francisco Díaz declara que él ‘estaba chiquito’ cuando sus padres se divorciaron, tiene que referirse a una época muy anterior a cuando tenía 19 años de edad, o sea, la fecha en que nació la menor Carmen Vicenta Rivera. Por lo que hay que convenir que ese divorcio tuvo lugar mucho antes de' haber nacido la demandante, y que si Inocencio Díaz se divor-ció antes de ésta nacer, volvió a surgir la presunción de soltería mientras no se demostrara lo contrario, según la jurisprudencia de este Hon. Tribunal en el caso de Silva v. Salamanca, 14 D.P.R. 546.
“La apelante también pregunta si Inocencio Díaz estaría casado en segundas nupcias cuando nació la demandante. Eso precisa-mente era lo que la apelante tenía que probar y no probó.
“Pero hay algo más. Cuando la corte inferior resolvió este caso declarando sin lugar la demanda por no haberse probado que Ino-cencio Díaz fuera soltero en el tiempo de la concepción de la me-nor Carmen Vicenta Rivera, esta parte, conociendo la jurispruden-cia de este Hon. Tribunal en el sentido de que eso no era necesario probarlo, presentó moción de reconsideración sobre el aspecto jurí-dico, y para nada pensó en examinar el récord taquigráfico para ver si había o no probado los extremos de referencia. Pero una vez listo el caso para apelación, examinando con calma dicho récord, encontramos en la declaración de Monserrate Rivera, madre de la niña demandante, plenamente probado que Inocencio Díaz era sol-tero en el momento de la concepción de dicha niña. Veámoslo. ‘Y como era un hombre libre, que no era casado, por eso lo quise. No sé que él tuviera otra mujer.’
“¿Cuándo era Inocencio Díaz un hombre libre, que no era ca-sado? Cuando Monserrate Rivera lo quiso. ¿Y qué quiere expre-sar Monserrate Rivera al decir lo quise? Pues cuando se fué con él.”

Bajo cualquier aspecto que el caso se considere procede, pues, la confirmación de la sentencia recurrida. No sólo debe presumirse la libertad de los padres de la demandante para contraer matrimonio al tiempo de su concepción o na-cimiento, probados como fueron la paternidad y el recono-cimiento, sirque hay prueba en los autos de dicha libertad.

Confirmada la sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Fraxco Soto,

text:
    Vivaldi & Arbona, recurrente v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    No. 672.
    Sometido: Febrero 21, 1927.

      Resuelto: Abril 6, 1927.
    Principal y Agente — Derechos y Responsabilidades en Cuanto a Terceras Personas — Facultades de los Agentes — Facultades Conferidas de Modo Implícito — Compra-venta. — Autorización para Vender a Perpetuidad— . Derecho, Título o Interés en la Propiedad. — Una cláusula de poder que autoriza al apoderado a. vender perpetuamente una finca es suficiente para comprender cualquier derecho, título o interés que pudiera tener en la misma él o la poderdante.
    Nota de Pedro Gómez Lasserre, R. (Mayagüez), denegando inscrip-ción de venta de unos condominios.

      Revocada, ordenándose la inscripción.

      Benet & Souffront, abogados del recurrente; El Registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Fraxco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Soler y Aymat, como apoderado de Francisca Matas y de sus hijos nombrados Santiago, Dolores y Emilia Ferrer y Matas, vendió a la sociedad mercantil Vivaldi & Arbona los condominios que en una quinta parte eran due-ños los mandantes, respectivamente, en cierta finca urbana radicada en la ciudad de Mayagüez.

El registrador negó la inscripción y en su nota expresa los fundamentos, diciendo:

<< * * # # * m *
“Primera: porque apareciendo del Eegistro que el usufructo ín-tegro y pleno de la finca se baila mencionado a favor de la referida vendedora Francisca Matas y Bernaset, que lo adquirió de su es-poso y causante a título de legado durante su vida natural mientras permanezca viuda, no puede dicbo apoderado de la misma y de los otros vendedores enajenar la plena propiedad de porciones indivisas de esta finca, por carecer de facultades expresas de sus mandantes en la escritura de poder citada en cuanto a dicbo derecho de usu-fructo de la primera y al de nuda propiedad de ésta y de los segun-dos. Y si bien se expresa en la escritura que es entendido que cualquier derecho de usufructo que pudiera corresponder a la señora Matas y Bernaset o cualquier derecho que por cualquier concepto pudiera corresponder a los vendedores, queda trasmitido, vendido y cedido a la mercantil compradora, tal manifestación de dicho apo-derado, de sua sponte, no cura el defecto de carecer de facultades expresas a que antes se ha hecho referencia y no obliga a sus po-derdantes.
“Segunda: porque tales derechos, para poder ser enajenados, ne-cesitan ser inscritos especialmente a favor de los referidos vendedo-res, lo que no aparece ser así del Eegistro y sí únicamente que tie-nen inscrito a su favor un derecho de condominio de una quinta parte de esta finca para cada uno, por título de herencia testada, lo cual está en contradicción con el derecho de usufructo mencionado, y es ésta un obstáculo proviniente del Eegistro que impide la ins-cripción solicitada.”

Estamos conformes en que la inscripción no corresponde a la institución testamentaria tal como se desprende del testamento del cansante. Pero el registrador, si bien de un lado acepta que la inscripción ha cansado nn estado en el registro, que no puede alterarse sin una declaración judicial, de otra parte alega que estando la inscripción equi-vocada por haberse inscrito el pleno dominio a nombre de los mandantes cuando lo que se debió inscribir es la nuda propiedad a favor de los hijos del causante y el usufructo a nombre de la viuda, su conclusión es que dicho usufructo aparece mencionado y qué no haciéndose en el poder refe-rencia alguna al mismo, aquél resulta insuficiente.

Sin que sea necesario examinar la forma en que fué he-cha la inscripción anterior a favor de los mandantes, la cláusula del poder que autoriza al apoderado vender perpe-tuamente la finca, es suficiente para comprender cualquier derecho, título o interés que pudiera tener en la misma la viuda Francisca Matas. Ella confirió poder para vender per-petuamente sin limitación alguna, y claro es que su autoriza-ción refiriéndose a la totalidad de su derecho, tenía que in-cluir tanto el usufructo como la nuda propiedad, que son atributos que integran el pleno dominio. Si éstos aún apa-recieren distribuidos, como sostiene el registrador, el pri-mero a favor de la viuda y el segundo a nombre de los hi-jos, ellos todos son los que comparecen en el poder y lo con-fieren para vender la totalidad de la finca.

Por tanto, debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada.


text:
    Vivaldi & Arbona, recurrente, v. El Registrador de Mayagüez, recurrido.
    No. 673.
    Sometido: Febrero 21, 1927.

      Resuelto: Abril 6, 1927.
    1. Registradores — Facultades—Calificación de Títulos — Títulos Expedidos pior la Autoridad Judicial — En General. — Al calificar una resolución judicial, el registrador puede señalar defectos que afecten a la jurisdicción, sin que ello implique el él apreciar los fundamentos de aquélla.
    2. Tutor y Pupilo — Ventas y Traspasos Bajo Ordenes de las Cortes — De las Ventas en General — Su Inscripción — Defectos Insubsanables — Decla-ración de Incapacidad Previa al Nombramiento del Tutor que no Apa-rece de los Documentos Presentados. — Cuando el apoderado de tul tutor español solicita autorización judicial paTa vender bienes de un incapaz aquí radicados, y vendidos dichos bienes no aparece que, al nombramiento de tutor, haya precedido la declaración de incapacidad de la vendedora para administrar sus bienes, la venta judicial otorgada por el máxshal no es ins-cribible.
    3. Principal t Agente — La Belación — Creación t Existencia — De los Pode-res — Otorgamiento e Inscripción — Poderes Otorgados en el Extranjero. • — Cuando denegada inscripción de un documento otorgado en el extranjero por no acreditarse se llenaron los requisitos formales del sitio en que se otorgó, el Registrador no señala las formalidades que se dejaron de cumplir y nada hay que impida la inscripción, procede ordenar que ésta se verifique.
    Nota de Pedro Gómez Lasserre, R. (Mayagüez), denegando inscrip-ción de nna escritura de venta judicial.

      Confirmada.

      Benet & Sowffront, abogados del recurrente; El Registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso se relaciona con el que hemos resuelto en el día de boy, bajo el No. 672. El poder a que allí nos re-ferimos y se calificó por el registrador insuficiente, fué otor-gado en Barcelona, España, en diciembre 22, 1925, y en él Santiago Ferrer y -Matas no sólo compareció por su propio derecho sino además en su carácter de tutor de su hermana incapacitada Angela Ferrer y Matas, según acuerdo que se tomó a ese efecto por el consejo de familia y en el que se le autorizaba la venta en pública subasta, por ser de necesidad y utilidad, de toda participación y derechos que la incapaci-tada tenía en cierta finca urbana, “sita en Puerto Rico, en la villa de Mayagüez.”

El apoderado Antonio Soler y Aymat acudió entonces a la Corte de Distrito de Mayagüez y solicitó a nombre de su mandante la venta en pública subasta, por ser de utilidad y necesidad, de la participación y derechos de que era dueña la incapacitada en la finca referida. La corte accedió a lo solicitado, después de oir prueba oral y documental; se ve-rificó la subasta y obtuvo la buena pro el recurrente y otorgada la venta judicial por el márslial, el registrador denegó sn inscripción por el fundamento qne desestimamos en el recurso No. 672 y además, l9, por no constar que haya precedido al nombramiento del tutor español, la declara-ción judicial de que la vendedora era incapaz para admi-nistrar sus bienes; y 29, no acreditarse que se hayan lle-nado en los documentos presentados, los requisitos de ley necesarios en cuanto a la forma y solemnidad exigidos por las leyes de España.

En cuanto al primer motivo, el mandamiento al márshal para la venta del condominio de la incapacitada contiene la orden de la corte inferior, que en lo necesario dice:

“Por cuanto, vista la solicitud jurada en el presente caso presen-tada por el peticionario Don Santiago Ferrer y Matas, mayor de edad y vecino de la ciudad de Barcelona, España, en la cual alega que doña María Angela Ferrer y Matas es mayor de edad, soltera, incapacitada y vecina de la ciudad de Barcelona, España, siendo los parientes más cercanos de dicha incapacitada dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo por afinidad, los siguien-tes: Su madre Doña Francisca Matas y Barneset, sus hermanos Don Santiago, Doña Dolores y Doña Emilia Ferrer y Matas y su cuñado Don Primo Pelegrín y Zugasti, todos vecinos de la ciudad de Barcelona, España.
«= « # # * # *
“Por cuanto: alegó asimismo el peticionario que dicha Doña María Angela Ferrer y Matas es incapacitada, habiendo sido el pe-ticionario Don Santiago Ferrer y Matas nombrado su tutor, Don Primo Pelegrín y Sugasti pro-tutor, y los señores Joaquín Puchades Domingo, Don José Ferrán y Tuset, Don Rafael Yilanova y Balash, Don José Mañas Bomvi y Don Joaquín Puchades Aviñó vocales del Consejo de Familia, cuyos cargos aceptaron y se cualificaron debi-damente, habiendo sido nombrado Presidente del Consejo de Fami-lia a Don Joaquín Puchades Domingo, y dicho Consejo de Familia en 7 de diciembre de- 1925 adoptó el acuerdo que se transcribe a continuación:
* * # ■* -» # *
“Por lo tanto, señalada la vista del caso y practicada la prueba documental y testifical, y no habiendo el Fiscal, quien aparece noti-ficado de este expediente, becho oposición alguna al mismo, la Corte por la presente declara con lugar dicba solicitud decretando que ia venta del condominio por una quinta parte perteneciente a dicha incapacitada Doña María Angela Ferrer y Matas en la finca des-crita en esta orden,.”

El registrador, calificando la orden de la corte inferior, sostiene que la declaración judicial de la incapacidad de María Angela Ferrer y Matas es un trámite y no una prueba y que se ha debido establecer independientemente dicha incapacidad. No tenemos dudas que el defecto seña-lado afecta a la jurisdicción y ésta es la excepción para que el registrador pueda calificar una resolución judicial sin que sea apreciar sus fundamentos. De la orden aparece que se hizo la alegación de incapacidad de María Angela Ferrer y Matas, pero la corte no- hace declaración alguna en relación con tal incapacidad.

En relación con el último motivo, el registrador no señala las formalidades que han dejado de cumplirse en los documentos otorgados en España y que han sido presentados al Registro, y por nuestra parte no hemos encontrado nada en ese particular que impida la inscripción.

Por todo lo cual debe confirmarse la nota del registrador por el solo motivo de no aparecer acreditada la incapaci-dad de María Angela Ferrer y Matas.


text:
    The White Star Bus Line, Inc., peticionaria y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros de Puerto Rico, compuesta de Ramón Montaner, R. Palacios Rodríguez, Joaquín A. Becerril, Alfredo Vargas, P. Rivera Martínez y Pedro Santana, Jr., demandada y apelada.
    No. 4126.
    Visto: Marzo 29, 1927.
    Resuelto: Abril 7, 1927.
    1. Sociedad — La Relación. — Creación t Requisitos — Participación en las Ga-nancias GoMo Compensación bob Servicios. — El mero heebo de que se paguen salarios en forma de comisión o de tanto por ciento no es concluyente de la existencia de una sociedad.

      2. Sociedad — La Relación — Creación y Requisitos — Segón la Intención de las Partes. — Atendido el contrato de que se trata en el caso de autos, se resolvió: que el mismo no tiene ninguno de los elementos esenciales del con-trato de sociedad y que, en sus aspectos más substanciales, tiene indicios fehacientes de una intención de crear la relación de patrono y empleado.
    Sentencia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lu-gar la petición de certiorari.

      Confirmada.

      Salvador' Mestre, abogado de la apelante; Hon. Attorney General George C. Butte, y C. Llauger Díaz y Emilio Aldrey, Primer Attorney General auxiliar y Sub-Attorney General, respectivamente, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante es una corporación que se dedica a explotar una línea de vehículos de motor para el transporte de pa-sajeros. Al informar a la Comisión de Indemnizaciones a Obreros los salarios pagados por la apelante a sus emplea-dos durante determinado período de tiempo anterior a la fecha de dicho informe, se excluyeron las cantidades paga-das a los chauffeurs que manejaban los vehículos dedicados a tal negocio, fundándose en que los chauffeurs en cuestión, de acuerdo con los términos del contrato escrito en que ellos habían entrado con la apelante, no eran empleados de ella sino socios en el negocio.

La decisión de la Comisión y la resolución de la corte de distrito al ser llevada tal decisión por certiorari para ser revisada, fueron adversas a la teoría de la apelante.

El alegato de la apelante se basa principalmente en el caso de Colón v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros, 34 D.P.R. 99.

Según se desprende claramente de la opinión de-la corte, el caso de Colón fue un caso dudoso. La corte inferior había aceptado como cierta la declaración de uno de los socios, tendente a demostrar la existencia de la sociedad. La única cuestión envuelta era si esta declaración era o no suficiente para sostener la sentencia. Después de un cuida-doso análisis de los hechos, según fueron relatados por el citado testigo, la corte no halló razones adecuadas para variar la conclusión a que llegaron, primero la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, y luego la corte de distrito.

Colón y Teissonier, el testigo antes mencionado, consti-tuyeron una sociedad para la fabricación y venta de petar-dos. Instalaron la fábrica bajo un techo de zinc sostenido por cuatro postes. La proposición hecha por Teissonier a Colón, aceptada por este último, fué la siguiente:

í£. . . . yo voy a poner la fábrica allá ahora, si quieres venir conmigo yo te asocio conmigo, te doy un tanto por ciento y te doy dos pesos diarios.”

Que Colón participó en la dirección del negocio y que las ganancias ya mencionadas fueron ganancias líquidas, queda demostrado por el siguiente extracto:

“Allá por el 3 de diciembre de 1923, Arturo Colón trabajaba en unión suya como socio de un negocio de fabricación de petardos. Colón nada aportó a la sociedad. El testigo aportó los materiales y sostiene que Colón era un socio porque él lo asoció dándole un quince por ciento de los beneficios. Tenía la fábrica en los terrenos de Menescau y él vendía los petardos. Cuando estaba en la fábrica, mandaba 'a todo el mundo: si dejaba a Arturo Colón, entonces mandaba Arturo Colón.’ En la fábrica había dos operarios. Des-pués de vendidos los petardos, sacaba los gastos y del beneficio daba el quince por ciento a Colón.”

Tanto Colón como Teissonier trabajaron para levantar el techo bajo el cual iba a efectuarse el negocio, y trabaja-ron conjuntamente en la pequeña fábrica. La explosión que causó la muerte de Colón voló la mesa en que Teissonier acostumbraba trabajar.

La opinión concluye en parte como sigue:

“El caso concreto que estudiamos es de clasificación difícil. Nada consta por escrito. Sólo podemos penetrar en la intención de las partes por las manifestaciones de una de ellas. La circunstancia de haberse fijado un salario a Colón, la condición predominante de Teissonier en la dirección del negocio, en la venta de los petardos y en la liquidación final, parecen presentar un caso de locación de servicios. Por otro lado la pequeñez del negocio gráficamente mos-trada por el local donde se fabricaban los petardos, la invitación de Teissonier a Colón y la aceptación de éste, tales como Teissonier las describe, y el trabajo de Teissonier y Colón juntos en el mismo local, si bien presentan a Teissonier como hombre de mayores recur-sos e iniciativas que Colón y como el verdadero director de la em-presa, no excluyen la idea de la sociedad en la cual Teissonier puso bienes y trabajo y Colón trabajo solamente recibiendo una cantidad diaria en atención a su pobreza. Generalmente al constituirse las sociedades, fíjase a los socios que activamente trabajan un sueldo y y no por ello pierden los que lo reciben su condición de socios.
“Bajo tales circunstancias, habiendo llegado la comisión primero y la corte de distrito después a la conclusión de la existencia de una sociedad, no nos sentimos inclinados a variar sus juicios en ausen-cia de una demostración cumplida de que son erróneos.”

En el presente caso no estamos ante la declaración verbal de un socio superviviente, aceptada como cierta primero por la Comisión y después por la corte de distrito y soste-nida por ambas como que establece la existencia de una sociedad. En este caso tenemos un contrato escrito, otor-gado expresamente por la White Star Bus Line, Inc., y en el cual ésta descansaba para definir las condiciones y la na-turaleza del convenio existente entre ella y los chauffeurs de sus vehículos de motor. Este documento ha sido inter-pretado primero por la Comisión de Indemnizaciones a Obreros y luego por la corte de distrito como que es un arrendamiento de servicios y no un contrato de sociedad.

El documento en cuestión no está titulado contrato de sociedad, ni así consignado en ningún sitio en el documento mismo. No se hace mención alguna ni de socios ni de so-ciedad. La copia que contienen los autos que tenemos a la vista dice así:

“Be una paRte: La White Star Bus Line, Ine., que es una cor-poración constituida bajo las leyes de Puerto Rico, representada por su Presidente, Adolfo Valdés.
“Y de la otea: Ventura Martínez Diaz, mayor de edad, chauffeur y vecino de San Juan.
“Hacen constar por el presente contrato lo siguiente:
“Prihero: La White Star Bus Line, Inc., compareciente de la primera parte, explota un servicio de auto-busses entre San Juan, Río Piedras, Martín Peña y el Parque, al que tiene dedicado un número de auto-guaguas.
“SegüNdo: El compareciente de la segunda parte está autorizado para ejercer como chauffeur en la Isla de Puerto Rico de' acuerdo con la licencia y placa número 895.
“Teroero: Que el compareciente de la segunda parte conviene en hacerse cargo del manejo de uno de los vehículos de motor de la White Star Bus Line (que será determinado por la citada compa-ñía) operándolo durante las horas del día o de la noche que determine la Compañía y se compromete a ejercitar el mayor cuidado y celo en el manejo de dicho vehículo y a cumplir con las disposicio-nes y órdenes que reciba de la otra compareciente la White Star Bus Line Co.
“Cuarto: La compañía compareciente se compromete por su parte a deducir y entregar de los beneficios obtenidos por la guagua que opere el otro compareciente durante las horas que ha sido ma-nejada por él, el veinte por ciento (20%) de las entradas brutas que corresponderán al compareciente de la segunda parte por sus gestiones y trabajo en el manejo de dicho vehículo y cuyo pago se hará al terminar el turno cada día.
“Quinto: Este contrato no tiene tiempo determinado y será resuelto, extinguido y terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento en que lo crea oportuno sin derecho a indemni-zación para ninguna de las partes por motivo de dicha resolución.
“Sexto: El compareciente de la segunda parte no hará otra aportación que su trabajo personal y no tendrá otras facultades que la operación del vehículo quedando la administración y direc-ción del mismo a cargo exclusivo de la propietaria, White Star Bus Line Co. Inc.
“Firmado por duplicado en San Juan, P. R., a 2 de septiembre de 1925. White Star Bus Line, Inc. (fdo.) A. Valdés, Presi-dente, Ventura Martínez Díaz.”

Es obvio que los chauffeurs eran empleados y no socios. Dichos chauffeurs no tenían absolutamente que ver con la dirección y manejo del negocio a que se dedicaba la corpo-ración. No tienen participación alguna en las ganancias netas derivadas del negocio. Estaban sujetos a ser despe-didos en cualquier momento y bajo la absoluta dirección y dominio de la corporación en todo tiempo. Se les pagaba una remuneración por su trabajo y por sus servicios al final de cada día o período de trabajo fijado por la compa-ñía, ya fuere de día o de noche, un tanto por ciento de las entradas brutas derivadas de la conducción del vehículo guiado por cada uno de ellos.

Fuera de este factor de remuneración sobre la base de un tanto por ciento, el contrato que ahora tenemos bajo nuestra consideración no tiene prácticamente ninguno de los elementos esenciales de un contrato de sociedad y en sus aspectos más substanciales tiene indicios fehacientes de una intención de crear la relación de patrono y empleado. Se-gún se dijo en el caso de Colón, el mero hecho de que se paguen salarios en forma de comisión o de tanto por ciento no es concluyente de la existencia de una sociedad, que es cuestión de intención; y cuando en la forma corriente se llega a tal intención, ésta debe regir.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Aldrey no intervino.


text:
    Florentino Rodríguez, peticionario y apelado, v. Andrés Lugo, alcaide de la cárcel de distrito de San Juan, demandado y apelante.
    No. 3143.
    Visto: Marzo 23, 1927.

      Resuelto: Abril 7, 1927.
    1. Habeas Corpus — Naturaleza y Fundamentos del Remedio — Motivos para Excarcelar en que se Basa el Remedio — Derecho a Excarcelación Bajo Fianza — En General. — Cuando la prueba producida es suficiente para cali-ficar el cargo formulado al peticionario de asesinato en primer grado y de ella nada se infiere que indique la existencia de provocación y sí la volun-taria, premeditada y deliberada intención de matar a1 su víctima, no cabe excarcelar al peticionario mediante fianza.
    2. Homicidio (Homicide) — Asesinato—Homicidio (Homicide) por Acto Ilegal Dirigido Contra Persona Distinta a Aquélla a, Quien se Mató. — Aún cuando la intención de uno al realizar un acto no sea la de querer las con-, secuencias del mismo, ello en nada influye en la calificación del delitó.

      ResoluciÓN de Angel Acosta, J. (San Juan), declarando con lugar el recurso de hateas cor-pus.

      Revocada.

      José R. Figueras, abogado del apelante; R. Rivera Zayas y R. Mar-tínez Nadal, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un habeas corpus para que se permita al peticionario permanecer en libertad mediante la prestación de fianza.

El peticionario fue encarcelado, bajo el cargo de asesi-nato, por el Fiscal de Distrito de San Juan, y alega que su prisión es ilegal porque viola el derecho constitucional del peticionario de poder estar en libertad provisional prestando una fianza, no existiendo en su contra una prueba que sea evidente o que levante una presunción grande de su culpa.

El acto fue expedido y después de oída la prueba, la corte inferior declaró con lugar la petición y ordenó la li-bertad del acusado, previa prestación de una fianza de cinco mil dólares.

No conforme el Fiscal, apeló de la resolución de la corte inferior.

Entre otras declaraciones se produjo la del testigo José Soto Méndez, que dice:

"Que allá como entre las ocho y las nueve de la noche del 20 de enero de 1927, se encontraba en la calle Cortijo esquina a la tienda el Encanto, de Santurce, del Municipio de San Juan, el indi-viduo Florentino Rodríguez, que estaba recostado en' la esquina con las manos hacia atrás; que el declarante estaba en un restaurant que se llama la Linterna Roja tomándome un pocilio de café y al levantarme a pagar el pocilio vi que el acusado Florentino Rodrí-guez estaba en las condiciones que antes he dicho; que después de pagar vi que el señor Ramón Arméstica, que tiene un ventorrillo allí al lado, iba en dirección hacia su ventorrillo y pasó tranquila-mente por frente al acusado Florentino Rodríguez; que entonces vi cuando el acusado Florentino Rodríguez lo empujó con la mano sin que mediara palabras entre ninguno de los dos, y al mismo tiempo levantó un palo o un hierro y le dió dos tubazos por la ca-beza, lanzándolo al suelo boca arriba; y estando en el suelo volvió a pegarle otro tubazo por la caja del pecho; que Ramón Arméstiea el agredido después de estos tres tubazos y estando casi muerto en el suelo, el acusado Florentino Rodríguez levantó otra vez el tubo para volverle a agredir y entonces corrimos don Arturo, el decla-rante y otras personas y el señor don Arturo le quitó el tubo; que en ningún momento hubo palabras entre el acusado y el difunto Ramón Arméstiea; que el tubo que se le presenta es éste. .

Se produjeron, además, las declaraciones de los testigos José Baurín y Gumersindo Ramos. Baurín no fue testigo presencial de los hechos, pero Ramos confirma en lo subs-tancial la de José Soto Méndez.

Parece casi inútil decir que basta la lectura de la de-claración de José Soto Méndez para calificar el cargo que se ha formulado al acusado de un asesinato en primer grado. No se infiere nada que indique que existiera provocación al-guna por parte del interfecto Arméstiea y sí la voluntaria, premeditada y deliberada intención del acusado de matar a su víctima. En el caso de El Pueblo v. Ortiz, 18 D.P.R. 833, se dijo por esta corte:

"Para que exista el mencionado delito, basta, de acuerdo con nuestros estatutos, entre otros casos, con que voluntaria, deliberada y premeditadamente se haya causado una muerte ilegal, y todos estos requisitos aparecen de la prueba que hemos examinado. La deliberación y premeditación dependen de las circunstancias del caso, y el hecho de apuntar y disparar un arma de fuego contra una persona y matarla, es bastante para que exista la premedita-ción y deliberación sin que obste a ello la rapidez con que el acto se haya realizado."

El peticionario sostiene, sin embargo, que en el presente caso no se trata de un revólver, de un arma mortífera per se y sí de un instrumento con el cual el acusado no tuvo más intención que producir un fuerte golpe y no causar la muerte del interfecto. Pero la intención, si bien es una condición mental, se manifiesta por las circunstancias relacionadas con el delito, y en este caso, además de lo expresado por los testigos, la autopsia demostró que uno de los golpes que descargó el acusado a Arméstica fué tan. tremendo que le causó la fractura del cráneo en una ex-tensión que partió de la región parietal y transversalmente siguió una línea hacia abajo que atravesó la fosa anterior llegando a la base. Ramón Arméstica falleció por hemo-rragia de la arteria meníngea a consecuencia de la fractura. La intención del acusado de matar con premeditación y de-liberación está demostrada por las circunstancias en que realizó los hechos, y aun si su intención no fué querer las consecuencias que tuvieron tales hechos, en nada influye en la calificación del delito. Ex parte Caballero, 36 D.P.R. 67.

Por las razones expuestas, debe revocarse la resolución apelada y ordenarse la prisión del acusado sin fianza, no debiendo entenderse, sin embargo, que la apreciación que hemos hecho de la prueba prejuzgue el caso en sus méritos.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino.