text:
    El Pueblo de Puerto Rico, etc., peticionario, v. El Tribunal de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Hon. Arcilio Alvarado, Juez, demandado.
    Núm. 1653.

    Sometido: Junio 24, 1946.

      Resuelto: Julio 11, 1946.

      Eon. Procurador General E. Campos Del Toro, Edwin Cortés, Procu-rador General Auxiliar, y José C. Aponte, Fiscal del Distrito de San Juan, abogados de El Pueblo, peticionario; Hipólito Marcano, abogado del acusado en el caso principal.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión planteada en este recurso de certiorari es si nn juez de distrito tiene facultad, de acuerdo con la Ley núm. 259 de 3 de abril de 1946 ((1) pág. 535), para suspender la sentencia impuesta a una persona convicta de homicidio in-voluntario, que es un. delito menos grave (misdemeanor).

El artículo 2 de la Ley núm. 259 en lo pertinente dispone:

“El efecto de la sentencia que se imponga a toda persona que cometa cualquier delito grave que no sea asesinato en primer grado, deberá ser suspendido y el sentenciado puesto a prueba, siempre que, al tiempo de imponer dicha sentencia, concurran los siguientes re-quisitos. ...”

El juez recurrido, fundándose en las disposiciones que acabamos de citar, suspendió la sentencia impuesta a una persona convicta de homicidio involuntario, por entender que ése es un “delito grave” dentro del significado de dichas disposiciones. El Pueblo solicita se anule la resolución del juez recurrido, sosteniendo que de acuerdo con la Ley núm. 259 la suspensión de la sentencia no procede en ningún caso de delito misdemeanor. El reo ha comparecido por su abo-gado y sostiene que la suspensión de la sentencia procede en todos los casos, sea o no grave el delito.

Consideremos en primer término el argumento del reo. Nos dice que “el legislador no puede intentar aplicar la ley sobre sentencias suspendidas por el grado del delito como tampoco puede el grado del delito alterar ni cambiar el pro-pósito científico que persigue la ley.” Concluye que cuando la legislatura autorizó la suspensión de sentencias en casos de “delito grave”, quiso referirse a todos los delitos.

No podemos convenir con la contención del reo. La Ley núm. 259 sólo autoriza que se suspendan las sentencias en casos de delitos graves. No hay nada en la ley que nos au-torice a concluir que la intención legislativa fuese otra que la que claramente expresó al utilizar el adjetivo “grave”. Y aparte de lo que nos dice la propia ley, nada sabemos en cuanto al propósito legislativo, ya que aparentemente no existen constancias oficiales de vistas públicas, ni informes de los comités legislativos, ni debates en la legislatura, si es que hubo tales vistas, informes o debates. No tenemos base, por lo tanto, para alimentar dudas respecto a la interpreta-ción de-la ley, cuya letra claramente limita su alcance a ca-sos de delitos graves. Es cierto que se nos hace difícil com-prender por qué quiso- la legislatura conceder la ventaja da-la sentencia suspendida a las personas convictas de delitos-graves, y negársela a las personas convictas de delitos que' no sean graves. Pero nuestra falta de comprensión ea cuanto al móvil del legislador no puede servir de excusa para ignorar la expresión clara de su intención.

Nos resta determinar si entre los delitos graves a que se refiere la ley cabe el homicidio involuntario. De acuerdo coa el sistema de derecho penal angloamericano que rige en Puerto Rico, los delitos se dividen, de acuerdo con la pena que conllevan, en dos clases: el delito felony y el delito misdemeanor Desde que se aprobó el Código Penal el pri-mero de marzo de 1902, se ha venido traduciendo él.término “felony” como “delito grave” y “misdemeanor” como “de-lito menos.grave.” A veces se usan los términos “felony’1,1 y “misdemeanor,” sin traducir, en el texto castellano de la Ley; a veces se dice “delito grave (felony)”’y “delito menos grave (misdemeanor) ”; a veces se dice “felony (delito grave)” y “misdemeanor (delito menos grave) ” y a veces, particularmente en épocas recientes, como cuando-•el 4 de mayo de 1933 se aprobóla Ley núm. 34 (Leyes de-1932-33, pág. 265) para enmendar precisamente las disposi-ciones relativas a la pena con que se castiga el delito de ho-micidio involuntario que nos ocupa, se prescinde del término» inglés y se utiliza solamente el castellano:

. . El homicidio involuntario. . . Será considerado como un delito menos grave a todos los efectos de la ley. . . ”

Resulta meridianamente claro, por lo tanto, que al au-torizar la legislatura la suspensión de sentencias en casos de “delito grave”, se refería a delitos felony. Se arguye en contrario, no obstante, que cada vez que la legislatura lia usado el término “delito grave” como equivalente de “felony” ha utilizado ambos términos, y que, puesto que en la Ley núm. 259 no usó el término “felony”, quiso referirse a una clasificación de delitos, graves y menos graves, distinta .a la que se define en el Código Penal, o sea, la clasificación histórica entre el felony y el misdemeanor. Una dificultad que encontramos con ese argumento es que no se nos ofre-cen, ni se nos ocurren, normas para establecer esa otra cla-sificación, ni las ha establecido la legislatura. Si “delito grave” no significa “felony” en la Ley núm. 259, entonces 'iqué significa? ¿Cuáles son entonces los delitos graves a que se refiere la Ley núm. 259 y cuáles los menos graves? Ni el recurrido ni el abogado del reo han podido dar una contes-tación adecuada a la pregunta, ni se nos ocurre a nosotros. El recurrido ha sugerido que puede utilizarse “el significado ■general” o gramatical de la palabra “grave” para estable-cer la clasificación, y que de acuerdo con ese significado general o gramatical, la gravedad del delito depende de la gra-vedad de la pena. Pero entonces tendríamos que el signifi-cado general o gramatical del concepto “delito grave”, no •es distinto al significado técnico, ya que, de acuerdo con el ■artículo 14 del Código Penal, los delitos se clasifican como graves, o menos graves (felonies y misdemeanors) de acuerdo' ■con la gravedad de la pena. Es cierto que según el artículo 14 del Código Penal la gravedad de la pena depende de la calidad más bien que de la cantidad del castigo, considerán-dose grave la pena de presidio y menos grave la de cárcel o multa, y que muchas personas pueden tener un concepto de gravedad distinto al que se expone en el Código. Podría, por ejemplo, existir en la mente de algunas personas el con-cepto de que es grave una pena de seis meses, aunque sea de cárcel, o una multa de $1,000. Otras personas podrían considerar grave cualquier pena de cárcel. Algunas podrían considerar grave una multa de $25, y otras leve una de $100. Pero no conocemos, ni se nos ha sugerido, ninguna clasifi-cación de delitos entre graves y menos graves, basada en la relativa gravedad de la pena, y que tenga aceptación general, que no sea la clasificación hecha en el artículo 14 del Có-digo Penal. "No tenemos base por lo tanto para decir que la legislatura tuviese en mente alguna clasificación distinta a la que se hace en el Código Penal.

Por otra parte, el argumento de que, porque hasta ahora la legislatura al quererse referir al felony haya utilizado las palabras “delito grave (felony)”, la omisión por primera vez del término inglés felony en la Ley núm. 259 indica que no quiso referirse la legislatura al felony, no nos con-vence. No habiendo en Puerto Rico en el 1902 palabras cla-ramente equivalentes al significado clásico de los términos “felony” y “misdemeanor”, era natural que al principio, al traducir esos términos al castellano, se acompañara su equivalente en inglés. Pero la expresión del equivalente era una necesidad pasajera, hasta tanto el uso de las palabras “delito grave” y “delito menos grave” les diera el signi-ficado- técnico que originalmente no tenían. -Como hemos visto, ya en el 1933, al enmendar la legislatura el artículo 204 del Código Penal, supra, definió el delito de homicidio involuntario como un delito menos grave, y no consideró ne-cesario añadir en paréntesis “misdemeanor.” En algún mo-mento tenía que ocurrir lo mismo con “felony”, si es que en verdad la Ley núm.' 259 es la primera que prescinde de ese término. Por lo tanto, la ausencia de la palabra “felony” en la Ley núm. 259 a nuestro juicio carece de especial impor-tancia en la interpretación de la ley.

Probablemente nos hemos extendido demasiado en la con-sideración del alcance y significado de la expresión “delito grave” según se usa en la Ley núm. 259. La expresión tiene un significado bien definido y cimentado en nuestra legis-lación y jurisprudencia, y un significado único: significa felony. La Ley núm. 259 sólo autoriza la suspensión de senten-cia, por lo tanto, en casos felony. El delito de homicidio in-voluntario no es felony, y por lo tanto la Ley núm. 259 no autoriza la suspensión de la sentencia en el caso de autos.

Bebe anularse la sentencia dictada por la corte inferior y devolverse el caso para que -se pronuncie la sentencia que proceda.

      La Ley núm. 19 de 12 de marzo de 1914 (Leyes de 1914, pág. 157)' autoriza la suspensión de sentencias en causas misdemeanor, pero solamente en casos en que el acusado sea menor de 16 años o mayor de 60.

         Artículos IB y 14, Código Penal de 1902.

      Véanse, por ejemplo, los artículos 13, 18, 63, 78, 87, 90, 91, 95, 126, 128, 147, 150, 203 y 209 del Código Penal.

      Véanse, por ejemplo, los artículos .14, 30, 36, 37, 42, 88, 92, 96, 97, 98 y 103 del Código Penal.

      Véanse, por ejemplo, los artículos 63, 78, 126, 147, 150, 203 y 209 de!. Código Penal.

       Véanse, por ejemplo, los artículos 18, 87, 91, 95 y 128 Código Penal.'.

       Artículo 204, Código Penal.

      No nos hemos detenido a examinar si la‘Ley- núm. 259 es o ño la primera en Puerto Bieo que al usar la expresión “delito grave” omita su equivalente en inglés.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova

license: Public Domain

text:
    José D. Ríos Morales, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.
    Núm. 358.

    Sometido: Abril 29, 1946.

      Resuelto: Julio 11, 1946.

      Juan Nevares Santiago, abogado del recurrente; Ángel de 3esús Ma-tos, A. Sandín Del Manzano e Ismael Marrero, abogados del Ad-nistrador del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió 1a- opinión del tribunal.

Al salir de su casa para abordar un automóvil que ha-bría de conducirlo al Cuartel de la Policía, el Jefe de la Po-licía de Fajardo resbaló y sufrió una lesión cuya compensa-ción reclamó infructuosamente del Administrador del Fondo del Seguro del-Estado. La Comisión Industrial confirmó la decisión del Administrador, por entender que el accidente no fué consecuencia del empleo del lesionado, y éste recurre de la resolución de la Comisión.

El recurrente se dirigía a sú trabajo. Ya hemos resuelto que, en ausencia de circunstancias excepcionales, accidentes sufridos en la vía pública al ir y venir del trabajo no son compensables. Guillot v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 674; Pérez v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 960.

El recurrente sostiene que en su caso concurren circuns-tancias excepcionales, que no se trata del caso corriente de un accidente en la vía pública sufrido por una persona que se dirige a su trabajo, o regresa del mismo, porque el re-currente es Jefe de Policía, y según el Reglamento de la Policía Insular, “Prestará sus servicios donde quiera que se encuentre y cualquiera que sea su situación, y a estos efec-tos se considerará siempre de servicios.” Arguye el recu-rrente, por lo tanto, que el accidente ocurrió mientras él prestaba servicios como Jefe de Policía.

A nuestro juicio lo que significa el Reglamento de la Po-licía es que el Jefe estará sujeto a servir en cualquier mo-mento, y no que de hecho esté prestando servicios constan-temente. Ciertamente no podría sostenerse que un Jefe de Policía está prestando servicios como tal durante el tiempo que en su casa dedica a alimentarse y a dormir. Y es evi-dente que, si se lesionara como resultado de una caída en su casa, durante sus horas de reposo, ese accidente no sería compensable, por carecer de relación alguna con su empleo.

El caso no puede resolverse, pues, a base de la teoría de que un Jefe de Policía está siempre prestando servicios. Como cualquier otro caso, hay que determinar si en el mo-mento del accidente estaba en el desempeño de sus funcio-nes. El recurrente sostiene que sí lo estaba, ya que en su viaje de su casa al cuartel, él solía inspeccionar los policías que se encontraban prestando servicio en las calles. Supo-niendo que así fuera, tenemos que ese viaje no llegó a ini-ciarse. El accidente ocurrió al salir el recurrente de su casa, y disponerse a cruzar una pequeña zanja entre la verja de su casa y la calle, o sea, al dirigirse él hacia el automóvil en que había de realizar el trabajo de inspección. El riesgo que corría en esos momentos no era un riesgo inherente a su ocupación, ni surgía de la naturaleza de la misma. Era el riesgo que corren todas las personas en sus hogares y en sus inmediaciones. En nada se aumentó ese riesgo por el hecho de que el recurrente fuese Jefe de Policía, ni porque fuera su intención dirigirse al Cuartel de la Policía o hacer un viaje de inspección. No es por lo tanto uno de los ries-gos contra los cuales asegura la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo a los empleados y obreros, ya que no es de los incurridos, en el curso del trabajo ni como conse-cuencia del mismo.

Debe confirmarse la resolución recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.

       Véanse Atiles v. Comisión Industrial y de Jesús, 64 D.P.R. 618, y Atiles' v. Comisión Industrial y Arroyo, 63 D.P.R. 806, donde se eoneedió compensación a base de que la persona lesionada estaba precisamente en funciones de su empleo en el momento de su accidente, en el caso de de Jesús por tratarse de una maestra que estaba transportando efectos escolares de su casa a la escuela, y en el de Arroyo por tratarse de un maestro que enseñaba en dos escuelas públicas y se dirigía de una a otra al ser lesionado; y Cordero v. Comisión Industrial y Rosario, 60 D.P.R. 873, donde se concedió compensación por haber el patrono asumido la responsabilidad de transportar al obrero desde el sitio de trabajo hasta otro sitio en una via pública.


text:
    Miguel Carlo Aymat, demandante y apelado, v. Juana Vargas, conocida por Margarita Vicéns, demandada y apelante.
    Núm. 9323.

    Sometido: Junio 12, 1946.

      Resuelto: Julio 12, 1946.

      Enrique Báez García, abogado de la apelante; J. Alemañy Sosa, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

La apelante, habiendo arrendado una finca a Julio N. Matos’, otorgó con éste nn contrato prorrogando el arren-damiento por un término de diecisiete años, en el cual se «obligaron mutuamente las partes a la compraventa de la finca por $4,500 en los términos siguientes:

“PROMESA DE VENTA
“DÉCimio: Convienen los comparecientes en que en cualquier tiempo durante el término de este contrato de arrendamiento, don Julio N. Matos Agraít quedará obligado a comprarle a doña Margarita Vicéns o a sus sucesores, y doña Margarita Vicéns o sus suce-sores a venderle a don Julio N. Matos Agraít, la finca anteriormente descrita por la suma de Cuatro mil quinientos dólares, y se esta-blece como penalidad para cualquiera de las partes que viole esta -cláusula la suma de quinientos dólares que deberá pagar a la parte perjudicada por vía de indemnización.” (Bastardillas nuestras.)

Cinco años después Matos cedió todos sus derechos en el contrato al apelado, quien requirió infructuosamente a la apelante para que cumpliera la promesa de venta, y enton-ces la demandó para obtener el cumplimiento específico del contrato de venta. La corte inferior declaró con lugar la •demanda, y la demandada apela, imputando dos errores: el •estimar que el cesionario de Matos adquirió derecho a exigir el cumplimiento especificó de la promesa de venta, y el no determinar que la responsabilidad de la apelante para con Matos o su cesionario estaba limitada al pago de $500 como indemnización por el incumplimiento de la promesa de venta.

El primer error señalado realmente plantea una sola cuestión, aunque en el hábil alegato de la apelante se con-sidera esa cuestión desde varios aspectos. La cuestión es si el derecho de Matos a comprar la finca era personalísimo, « si por el contrario era susceptible de cesión al apelado.

Todo derecho es susceptible de cesión, en ausencia de pacto en contrario, excepto aquellos que por su naturaleza o por disposición de ley son intransmisibles El derecho que adquirió Matos en virtud de la promesa recí-proca de compraventa, no es intransmisible ni por su natu-raleza ni por disposición de ley. Su cesión al apelado fué por lo tanto válida y efectiva, en ausencia de un pacto con-tarlo a esa cesión.

La teoría de la apelante es que existe un pacto en con-trario, es decir, que de los términos de la promesa recíproca de compraventa se desprende que fué la intención de las partes que el derecho de Matos fuese intransmisible. Funda su contención la apelante en el hecho de que la promesa la obliga a ella y a sits sucesores, mientras que no hay mención expresa de los sucesores de Matos. En verdad que no es fácil comprender el porqué, mientras se expresaron los derechos y las obligaciones de los sucesores de la apelante, se omitió expresar los derechos y las obligaciones de los su-cesores de Matos. Sobre este punto, ambas partes presen-taron prueba, declarando Matos, la apelante y .el notario, y la corte dió crédito a las declaraciones de Matos y del no-tario, al efecto de que el notario actuó de acuerdo con las instrucciones de Matos, y de que esas instrucciones no com-prendieron distinción alguna respecto al alcance de la obli-gación de comprar y vender que asumían ambas partes, obe-deciendo la diferencia en la fraseología usada en cuanto a una y otra' parte a inadvertencia del notario. La apelante, por otra parte, no declaró que ella insistiera en condicionar o limitar los derechos de Matos, o en prohibir su cesión, sino que negó primero que ella se hubiera comprometido a ven-derle- a Matos, y luego aclaró que al leérsele la escritura protestó que ella no había convenido la venta, y que firmó la escritura cuando Matos le dijo “No le hace, como usted no me va a vender nada más qne a mí,” pensando “qne hoy o mañana qne yo me resolviera a vender no le vendería nada más qne a él.” Como se ve, la apelante, en vez de sostener qne fné su intención venderle a Matos y prohibir la trans-misión de los derechos de Matos, adoptó la actitud-de im-pugnar totalmente la promesa de venta, sosteniendo qne “jó siempre le dije qne si vendía lo prefiniría a él primero que a nadie, pero qne yo no quería vender porque encerraría los terrenos de mi hijo,” teoría ésta qne, como objetó el abo-gado del apelado oportunamente, es distinta a,la qne plan-teó la apelante en 'su contestación y a la qne ahora plan-tea en esta apelación. En vista de esa prueba, no podemos decir qne errara la corte inferior al dar crédito a las 'decla-raciones de Matos y del notario, ni tampoco al concluir, a base del contrato y de la prueba, qne no fné la intención de las partes el prohibir la cesión de los derechos de Matos.

El apelado adquirió, pues, los derechos de Matos en el contrato, inclusive el derecho de comprar la finca por el precio convenido. La adquisición de esos derechos por el apelado no quiere decir, como sugiere la apelante, que no perduraran las. obligaciones que asumió Matos para con la apelante. El que una parte ceda sus derechos en un contrato no le releva de las obligaciones que asumiera para con la otra parte, a menos que ésta consienta en relevarle. La cesión al apelado de los derechos de Matos en nada perjudicó, por lo tanto, a la apelante, quien siempre podía exigir de Matos cumpliera su promesa de pagar $4,500 por la finca. Y al ofrecer el apelado, como cesionario de Matos, pagar el precio convenido, y consignarlo en corte, quedó cumplida plenamente la obligación de Matos.

La apelante arguye que el apela/lo, como cesionario de los derechos de Matos, no tiene derecho al cumplimiento es-pecífico de la promesa de venta, ya que el artículo 1340 del Código Civil (Ed. 1930), dispone que la promesa de com-prar o vender “ . . . dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato,” y por lo tanto excluye tácitamente a cualquiera otra persona que no sea una de las partes en el contrato de compraventa. Invoca además la apelante el artículo 1044 del Código Civil que dispone que “las obligaciones que nacen de los contra-tos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes . . . y el 1209, que dice que “los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos;. . .”. Pero los artículos citados, como muchos otros que hablan de los derechos y recursos de las partes contratantes, y de los acreedores, no pueden leerse sin tener presente el principio general, reconocido en el artículo 1065, supra, de que los de-rechos que surgen de los contratos son transmisibles. Si Matos, como contratante, tenía derecho, según el artículo 1340, al cumplimiento específico de la promesa de venta, ese derecho era transmisible, de acuerdo con el artículo 1065, por no haber mediado pacto en contrario. Fue transmitido al apelado al cederle Matos todos sus derechos en el contrato otorgado con la apelante. Tiene el apelado por lo tanto de-recho a exigir se cumpla la promesa de venta. , ■

Pero la apelante, en su segundo señalamiento de error, sostiene que Matos no tenía derecho a exigir el cumplimiento de la promesa de venta, limitándose su derecho, en caso de incumplimiento de la promesa, a recibir $500 por vía de indemnización por tal incumplimiento, por haberlo así convenido las partes.

La cuestión .que plantea la apelante se considera expre-samente en los artículos 1106 y 1107 del Código Civil (Ed. de 1930), que rezan así:

“Artículo 1106. — En las obligaciones con cláusula penal, la pena substituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado.
Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible conforme a las disposiciones del presente código.”
“Artículo 1107. — El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido reservado este derecho. Tampoco el acreedor podrá exi-gir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena, sin que esta facultad le haya sido claramente otorgada.”

Según resolvimos en Pueyo v. Real Hermanos, 18 D.P.R. 862, nna parte contratante puede insistir en el cumplimiento del contrato aun cuando exista una cláusula penal, según el-artículo 1107, a menos que el contrato expresamente reserve a la otra parte la elección entre cumplir o pagar la pena. En el caso de autos no hubo tal reserva, ni expresa ni tá-cita, luego Matos y su cesionario tenían derecho a optar en-tre exigir el cumplimiento del contrato o el pago de la pena. Eligió el cesionario de Matos exigir el cumplimiento del contrato, y no erró la corte al reconocerle su derecho a así elegir.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      E1 artículo 1065 del Código Civil (Ed. de 1930) dispone: "Todos los •derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario.”

      La apelante no sostiene qne la palabra “sucesores” comprende a los cesio-narios. Admite que se refiere a lqs herederos, y arguye que, por haberse omitido toda referencia a los herederos de Matos, éstos no resultarían beneficiados ni obligados por el contrato de compraventa, y que si ésa fué la intención de las partes en cuanto a los herederos de Matos, lo fué, a fortiori, en cuanto a sus posibles cesionarios.

      La contestación de la apelante admite que se obligó a vender a Matos, y alega que expresamente se convino que el derecho de Matos sería personal, y no pasaría a sus sucesores.

       Véase el artículo 1065 del Código Civil, supra, que habla do la cesión de derechos, y el 1159, que dispone que "La novación, que consisto en substi-tuirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor."

      Véanse 8 Manresa 226, 227; 19 Scaevola 836, 837; 2 Restatement of the Law of Contracts, American Law Institute, págs. 700, 701.


author: El Juez 'Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Vázquez Suárez, acusado y apelante.
    Núm. 11254.

    Sometido: Junio 14, 1946.

      Resuelto: Julio 15, 1946.

      Alfonso Lastra Charriez, José R, Fournier, Samuel R. Quiñones, y Francisco Torres Aguiar, abogados del apelante; Ron. Procurador General E. Campos Del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez 'Asociado Señor Todd, Je.,

ejnitió la opinión del tribunal.

Juan Vázquez Suárez fue acusado ante la Corte de Dis-trito de Bayamón de un delito de asesinato en primer grado, convicto por un jurado del de homicidio voluntario y sen-tenciado por la corte a cumplir ocho años de presidio. En este recurso imputa a la corte inferior la comisión de vein-tiún errores. Bastará considerar el señalamiento segundo, el cual, a nuestro juicio, conlleva la revocación de la senten-cia y la concesión de un nuevo juicio.

En el segundo señalamiento se alega que la corte inferior erró al excluir a los señores jurados Martín Ibáñez, Juan Ríos, Rafael Martínez y Ramón Bou Calí, sin razón alguna para ello aparte del injustificado motivo de -ser de Corozal y sin que para ello hubiera mediado instancia de parte o solicitud de dichos jurados.

Los hechos imputados al acusado ocurrieron, según la acusación, en el pueblo de Corozal. El incidente que dió lu-gar a la resolución de la corte ocurrió al comenzar el juicio y procederse a constituir el jurado que había de intervenir en el mismo. El secretario extrajo doce papeletas de la caja que contenía el panel regular y se les tomó el juramento pre-liminar a los doce jurados sorteados. Entre ellos estaban los señores Martín Ibáñez y Juan Eíos del pueblo de Coro-zal. Fueron interrogados, tanto por el fiscal como por la defensa, en cuanto a sus cualificaciones y con el fin de do-terminar la procedencia de recusaciones motivadas, y decla-raron que a pesar de vivir en Corozal, conocer a las partes y haber oído los comentarios públicos sobre el caso, no ha-bían formado opinión sobre el mismo y estaban en condi-ciones de rendir un veredicto justo e imparcial. Ocurrió en-tonces lo siguiente:

“La Ooete: ¿Cuántos de los señores del jurado son de Corozal? —R. Dos. — La Corte : La Corte los excusa de servir como jurados en este caso, usando del poder discrecional que tiene la .Corte. Se excusa al .señor Ríos y al señor Martín Ibáñez. — Defensa : ¿ Me per-dona Su Señoría? ¿Estos dos señores jurados no pueden servir, en este caso por que son de Corozal, y por eso han sido excusados? — La CoRTE: Ellos han contestado que no conocen los hechos del caso, un pueblo chiquito como lo es Corozal, y la Corte juzga convenienle que debe excusarlos de servir como jurados para los mejores fines de la justicia.. — -Defensa: Nosotros respetuosamente tomamos ex-cepción de la resolución de la Corte, fundándonos en que la resolu-ción de Su Señoría violenta la formación y constitución del jurado, lo que informa la institución del jurado. Quisiéramos saber en qué sitio deben convivir las personas que deben juzgar la culpabilidad e inocencia de cada individuo, sino es en el distrito. — La Coete: La Corte tiene motivos para creer, a través de ias preguntas de las par-tes, que no deben servir como jurados. El acusado a lo más que tiene derecho es a un jurado imparcial y justo. — Defensa: Nosotros tomamos excepción de la resolución de la Corte.” (Págs. 35-6, T. de E.) i

Otros jurados fueron recusados perentoriamente y se completó el panel y entre los nuevos jurados sorteados es-taban los señores Rafael Martínez y Ramón Bou- Galí de Corozal. El primero sólo llegó a contestar que no conocía nada del caso cuando la Corte lo excusó “por las mismas razones aducidas anteriormente” y al anotar excepción la defensa, dijo: “Que se anote la excepción. La Corte tiene poder discrecional para excusar a cualquier jurado por cual-quier motivo en un caso en que la corte cree que no debe ser-vir de jurado.” (Pág. 57, T. de E.)

En cuanto al Sr. Bou Galí, declaró que no sabía nada del caso excepto lo que leyó en la prensa pero que no babía for-mado opinión y estaba en condiciones de rendir un veredicto justo e imparcial. Esto no obstante la Corte lo excusó por ser de Corozal repitiendo que tenía poder discrecional para excusar á cualquier miembro del jurado. La defensa anotó excepción.

El artículo 188 del Código de Enjuiciamiento Criminal especifica once clases de personas que están exentas de que se les elijan como jurados y dispone que. “El tribunal debe relevar del servicio de jurado a todo individuo que se en-cuentra en uno de los casos siguientes: Cuando resulte ma-nifiesta su incompetencia” y “Cuando resulte hallarse exento y reclame el beneficio de dicha exención.” Dispone después el artículo 189 que “No debe el tribunal dispensar-a nadie de servir como jurado por motivo leve o trivial, ni por in-convenientes o molestias en sus negocios, sino sólo en el caso de que corra peligro de grave daño o ruina su propiedad o la que tenga a su cargo, o exija su ausencia el estado de su salud, o la enfermedad, o muerte de algún miembro de su familia. ’ ’

De acuerdo con el artículo 184 del mismo Código el ju-rado es un cuerpo de hombres elegidos de entre los habitan-tes de determinado distrito. Este cuerpo de hombres es se-leccionado por una comisión que se compone de un individuo por cada uno de los municipios comprendidos, en el distrito, nombrado por la Corte de Distrito debiendo dichos comi-sionados preparar una lista general definitiva de trescientos jurados para el distrito y cada comisionado debe hacer una lista provisional de cien nombres de personas de su respec-tivo municipio que estén capacitadas para actuar como jura-dos en el distrito judicial, debiendo dichos comisionados de-terminar basta donde sea posible el número proporcional que de los trescientos jurados corresponda a cada municipio, tomando como base para ello su población, según el último censo, y el número así determinado se extraerá a la suerte de entre los cien nombres en la lista provisional del respec-tivo municipio’. (Art. 194, Código de Enjuiciamiento Criminal.) Después de certificada la lista de .trescientos jurados, los miembros cuyos nombres estén comprendidos en dicha lista definitiva “serán reconocidos como jurados regulares para conocer de los juicios de la corte de distrito para el cual han sido elegidos, ...” (Artículo 197 del Código de Enjuiciamiento Criminal.)

Tenemos, por lo tanto, que si bien el jurado es un cuerpo de hombres elegidos de entre los habitantes de determinado distrito, en él deben figurar, proporcionalmente a su pobla-ción respectiva, individuos de todos y cada uno de los mu-nicipios que componen el distrito judicial. Esto no signi-fica, sin embargo, que al constituirse ún jurado en un juicio determinado los individuos sacados de la urna por sorteo, se .consideren como jurados del municipio a que pertenecen sino que, por pertenecer a dicho municipio, son jurados del distrito judicial con residencia en determinado municipio. Los jurados que residían en Corozal formaban parte del panel de jurados del distrito judicial de Bayamón. El haber ocurrido los hechos en este caso en el pueblo de Corozal no implicaba, per se, ninguna descualificación legal para que ellos pudieran juzgar dichos hechos. ¿Tenía discreción la corte inferior para, motu proprio, excusarlos por ser ellos de Corozal? La pregunta debe contestarse en la negativa.

Hemos resuelto que el excusar a varios jurados para co-nocer de un caso es cuestión que descansa en la sana discre-ción de la corte. Pueblo v. Morales (a) Yare Yare, 14 D.P.R. 234; Pueblo v. Gracia, 31 D.P.R. 910; Pueblo v. Cruz, 60 D.P.R. 116. El caso de autos es distinto. Los jurados de. Corozal lio solicitaron ser excusados. Tampoco el fiscal los; Rabia recusado. Por el contrario por las contestaciones que-dieron al interrogatorio a que fueron sometidos no hubieram prosperado recusaciones motivadas contra ellos. De hecho-' la corte inferior lo que Rizo no fné excusarlos, sino recusar-los perentoriamente por su cuenta.

En el caso de State v. Royster, 186 S. E. 921 (S. C. 1936), so resolvió que la corte no tiene poder para excluir del panel de jurados, a moción del acusado presentada antes del juicio, a todos los miembros del jurado que trabajaban en una industria de tejidos por el hecho de que el asesinato im-putado había ocurrido como consecuencia de un-motín entre trabajadores y huelguistas de dicha industria. La Corte Suprema se expresó así:

“No creemos que pueda sostenerse con fundamento, bien como cuestión de ley o de. hecho, que todos los miembros de una clase, espe-cialmente cuando dicha clase es grande, estén predispuestos o prejui-ciados en un asunto en particular, debido al resentimiento que exista entre sus miembros. Pero aun cuando tal hecho pueda demostrarse finalmente, la única manera que puede determinarse en debida forma-sería aplicando la fórmula legal establecida en la sección 637 del Có-digo.” (Esta sección se refiere a las recusaciones motivadas.)

Al mismo efecto en el caso de State v. Williams, 9 S. E. 853, se revocó la sentencia por haber el juez excluido a un jurado, que no había sido recusado por las partes, por el hecho de haber sido testigo en otro caso, diciendo la corte a la página 861: “No sabemos bajo qué principio legal se hizo esto.. Es cierto, como hemos dicho, que debe obtenerse un jurado imparcial. Esto es esencial tanto para el estado como para el acusado, y la legislatura ha aprobado una ley para dicho fin. (Cita.) La ley provee la forma y manera para determinar la cuestión de prejuicio, con derecho a cada parte, por moción, a que sea aplicada. Creemos que-el juez. erró al actuar sin aplicar esta fórmula legal. Si un jurado podía ser excluido-en esta forma, ¿por qué no todo el panel? ...”

Por último, en el caso de Thiel v. Southern Pacific Co., resuelto él 20 de mayo de 1946, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la sentencia por el hecho de que se probó que en la selección del panel general de jurados se ha-bían eliminado todas aquellas personas que trabajaban por un salario diario. El caso procedía del estado de California. El tribunal se expresó así: ■

“La tradición americana del juicio por jurado, considerada en relación con un procedimiento criminal o con uno. civil, necesaria-mente. contempla un jurado imparcial sorteado de entre los represen-tativos (cross section) de la comunidad. (Citas.) Esto no significa, desde luego, que todo jurado deba contener representativos de todos los grupos económicos, sociales, religiosos, raciales, políticos o geográ-ficos de la comunidad; frecuentemente tal representación completa sería imposible. Pero sí significa que jurados, prospectivos serán .seleccionados por funcionarios de la corte sin una intencional y sis-temática exclusión de cualquiera de estos grupos. Debe reconocerse «el becho de que aquellos elegibles como jurados pueden encontrarse -en todo estrato de la sociedad. La competencia para ser juradr <es individual máso bien que cuestión de grupo o clase. Ese hecho ■constituye, el nervio del sistema de jurados. No hacer caso del mismo es abrir la puerta a distinciones de clases y discriminaciones que repugnan con los ideales democráticos del juicio por jurado.” (Bas-tardillas nuestras.)

Befiriéndose, en el mismo caso, a la discreción judicial se sostuvo que “Esta discreción, desde luego, tenía que ser guiada por las disposiciones legales pertinentes” y se resol-vió que ni las leyes federales aplicables ni las del estado de California justificaban la exclusión. Entre las secciones del Código de Procedimiento Civil de California citadas están las 200 y 201, equivalentes (en casos civiles) a los artículos 188 y 189 de. nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, supra.

Las cortes de distrito tienen amplia discreción para ex-cusar a personas de servir como'jurado de acuerdo con los artículos 188 y 189-del Código de Enjuiciamiento Criminal Empero, como hemos dicho, de hecho, lo que hizo la corte inferior en este caso no fue excusar a los jurados de Coro-zal sino recusarlos perentoriamente. Su actuación no cae dentro del campo del ejercicio de la discreción judicial reco-nocida a las cortes. Véase Welch v. Tribune Pub. Co., 47 N. W. 562, y Sullivan v. State, 15 So. 264.

Aceptar la actuación de la corte inferior significaría que el jurado no es un cuerpo de hombres elegidos de entre los habitantes del distrito judicial correspondiente, según pro-vee la ley, sino de entre los habitantes del distrito excluyendo los que residen en el municipio donde se alega se cometió el delito. Aun cuando un acusado no tiene derecho a exigir que determinadas personas formen el jurado que ha de juz-garle, sí tiene derecho a que las personas que han de ser ex-cluidas de formar parte de dicho jurado lo sean de acuerdo con lo que dispo.ne la ley.

Bebe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio.

      Sec. 1, Ley de 10 de marzo de 1904 (Leyes de 1904, pfig. 118), enmendada por la Ley núm. 21 de 11 de marzo de 1918 (Leyes de 1918, pág. 115).


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Ojeda López, acusado y apelante.
    Núm. 11382.

    Sometido: Junio 4, 1946.

      Resuelto: Julio 15, 1946.

      Santos P. Amadeo y Gilberto Concepción de Gracia, abogados del apelante; Ilon. Procurador General E. Campos Del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Miguel Ojeda López fue acusado ante la Corte de Distrito de Bayamón de un delito de asesinato en primer grado, con-victo por un jurado del delito imputado y sentenciado por' la corte a reclusión perpetua. En este recurso alega que la corte inferior erró al no prestar atención a la objeción que el abogado del acusado hizo a ciertas manifestaciones hechas por el fiscal, en presencia del jurado, tratando de impugnar, sin fundamento alguno, al testigo del acusado, Lucas Ocasio, llamándole testigo de oficio y sostiene, además, que el vere-dicto del jurado es contrario a derecho y a la prueba.

El incidente que sirve de fundamento al primer señalamiento ocurrió mientras declaraba el testigo de la defensa, Lucas Ocasio, y en el curso de su contrainterrogatorio por el fiscal, en esta forma:

“P. ¿Y quién lo hirió a Cristino Nieves?
“R. Bueno, la lucha era entró los dos.
“P. Dígame ¿usted viene aquí cada rato de testigo?
“DefeNSA: Objeción, señor Juez, no es un delito venir de testigo a una corte.
“Hon. FiSCAE: El fiscal está tratando de probar que éste es un individuo que no sabe nada de los becbos, que es un testigo' de oficio.
“P. Yo lo be visto aquí unas cuantas veces.
“B. Yo aquí no be declarado. Yo tengo 68 años y no be decla-rado aquí.
“P. ¿Usted dice que ellos tuvieron una lucha?
“B. Como de cinco o seis minutos.”

No hay duda alguna de que las palabras del fiscal, en ausencia de prueba presentada por él para sostener su ase-veración, fueron altamente impropias. Debió la corte, así mismo, resolver la objeción que formuló la defensa y no lo hizo. Sin embargo, la defensa no insistió ni solicitó instruc-ción específica alguna al jurado sobre la cuestión.

Arguye el apelante que las manifestaciones del fiscal le fueron perjudiciales por referirse al único testigo de defensa. Cita en apoyo de su contención el caso de Pueblo v. Marchand Paz, 53 D.P.R. 671. Este caso puede diferenciarse fácilmente del de autos. En aquél el fiscal en su argumen-tación ante el jurado se refirió a hechos, que no habían sido objeto de prueba, que tendían a perjudicar al acusado. En el de autos somos de opinión que, ante la prueba de cargo, clara y robusta, consistente en declaraciones de testigos pre-senciales de los hechos, y además, la propia confesión del acusado unida a su declaración en el juicio, si bien las pa-labras del fiscal fueron impropias, el error cometido por la corte al no resolver la objeción planteada, no conlleva la re-vocación de la sentencia.

En People v. Scott, 141 P. 945, 948, el fiscal hizo cierta pregunta a un testigo que afectaba la reputación del acu-sado. El acusado objetó y la corte sostuvo al fiscal. Al verse el caso en apelación, la Corte Suprema de California dijo: “Puede ser que el fiscal debió abstenerse de hacer dicha pregunta al testigo Moran, pero, si sostuviéramos eso, en nuestra opinión, sería una injusticia echar a un lado el veredicto por la sola formulación de esa pregunta. La prueba de la culpabilidad del acusado es tan fuerte y per-suasiva que es increíble que el veredicto hubiera sido dis-tinto aun cuando no hubiera ocurrido la conducta impropia del fiscal. ...”

La doctrina generalmente aceptada es al efecto de que manifestaciones impropias aisladas del fiscal no serán causa de revocación cuando el caso de El Pueblo descansa en pruéba tan robusta y convincente que aun sin dichas mani-festaciones el veredicto hubiera sido el mismo. Johnson v. United States, 215 F. 679; Fitter v. United States, 258 F. 567, y Berger v. United States, 295 U.S. 78, 89. En este último caso, en el cual se revocó la sentencia debido a insis-tentes manifestaciones impropias por parte del fiscal ante el jurado, la corte dijo (pág. 89): “Si el caso contra Berger hubiera sido fuerte, o, como han dicho algunas cortes, la prueba de su culpabilidad 'abrumadora’ (‘overwhelming’) podría llegarse a una conclusión distinta. (Citas.) Además, no tenemos aquí un caso donde la conducta impropia del fiscal fuera leve o limitada a una sola ocasión, y sí uno en que tal conducta fue marcada y persistente, con un efecto acu-mulativo en el jurado que no puede pasarse por alto como de poca importancia. : . . ”

Como hemos dicho, la prueba de cargo en el caso de autos fue robusta y de carácter directo. Testigos presenciales declararon que estando Cristino Nieves en un cafetín, pro-piedad de Emilio Brañuelas, comprando unos cigarrillos, el acusado entró y le asestó una puñalada por la espalda a Nieves; que éste empezó a correr pon el local buscando la salida y al pararse de frente al acusado éste le dió otra pu-ñalada por el pecho; que el puñal que portaba el acusado era de siete a ocho pulgadas de largo; que entre el acusado y Nieves no mediaron palabras ni altercado' de clase alguna. El fiscal presentó además la -declaración jurada prestada ante él por el acusado el mismo día del suceso y en la cual, si bien el acusado dijo que estando él parado en la puerta del cafetín Nieves le había hecho un “aguaje con las manos” y entonces él le tiró con el puñal, admitió que Nieves en nin-gún momento sacó arma alguna y que él portaba el puñal desde tres días antes “para vengar la muerte de su her-mana.’

El testigo de la defensa Lucas Ocasio declaró que vió que el acusado y Nieves tuvieron una lucha y peleaban- dentro del cafetín y al momento salieron ambos para sus respecti-vas casas, manifestando Nieves que estaba herido; que no sabe quién hirió a Nieves pero que éste no tenía nada en las manos.

La prueba de cargo, a nuestro juicio, tendió a demostrar que el apelante hirió a Nieves por la espalda y luego le in-firió una segunda herida de frente cuando Nieves trataba de huir, sin que hubiera ocurrido lucha o pelea alguna entre ellos. Dicha prueba y además la de la defensa, tendió a de-mostrar que el apelante mató a Nieves inducido por un im-pulso de vengar la muerte de su hermana. Toda esta prueba, creída por el jurado es suficiente para sostener el veredicto del jurado el cual, a nuestro juicio, hubiera sido el mismo de no haberse hecho la pregunta impropia del fiscal. No se co-metió el primer error imputado.

En cuanto al segundo arguye el apelante que el veredicto es contrario a derecho debido a que el artículo 9, inciso 5, del Código Penal de España de 1870 está vigente en Puerto Rico a virtud del artículo 560 del Código Penal de Puerto Rico de acuerdo con nuestra decisión en el caso de Torres v. Sucesión Córdova, 31 D.P.R. 897, y que, como consecuencia, el jurado debió rendir un veredicto de asesi-nato en segundo grado o de homicidio voluntario. No tiene razón.

En primer término lo que resolvimos en el caso de Torres v. Sucesión Córdova, supra, fue que, de acuerdo con el artículo 560, supra, “Específicamente sólo aquella parte del antiguo Código Penal fue derogada que se refería a los de-litos y no a la responsabilidad civil' proveniente de los mis-mos.” (Bastardillas nuestras.) Se resolvió, además, que el artículo 123 del Código Penal para Cuba y Puerto Bico no ha sido expresamente derogado por el artículo 560,. supra, y, como consecuencia, que la acción para reclamar da-ños y perjuicios por seducción sobrevive al causante de los mismos y puede dirigirse contra sus herederos, por lo me-nos contra aquellos que aceptan la herencia. Es conveniente hacer constar que, en el caso de Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890, rechazamos el obiter dictum que contiene el caso de Torres v. Sucesión Córdova. supra, al efecto de que “para de-terminar la naturaleza de una responsabilidad civil nacida de un acto punible, debe considerarse el actual Código' Penal, así como el origen de la responsabilidad civil en el Có-digo Penal Español” y resolvimos que desde el año 1904 las obligaciones civiles nacidas de los delitos se rigen no por las disposiciones del Código Penal Español sino por las de los artículos 1059 y 2 de los Códigos Civil y de Enjuicia-miento Civil, respectivamente.

En segundo término, no puede sostenerse que el jurado en el caso de autos, aun cuando se le hubiera instruido ex-presamente sobré la cuestión aquí planteada por el apelante (cosa que no se hizo) hubiera podido aplicar el artículo 9 en sil inciso 5o., supra, sobre atenuantes, y hubiera rendido un. veredicto de asesinato en segundo grado, por no existir dicha calificación del delito bajo el sistema español. Así, en el caso de Pueblo v. Reyes, 12 D.P.R. 61, en el cual el ape-lante fue acusado en el año '1899 de un delito de asesinato cometido el 5 de noviembre de 1898 y cuyo juicio se vió ante jurado el 20 de julio de 1906 rindiéndose un veredicto de culpabilidad, se resolvió que-.

“El Código Penal antiguo al definir el delito de asesinato en su artículo 414 no admite la calificación de asesinato en Io y 2o grado que establece el Código Penal vigente en su artículo 201; y por tanto, si Reyes había de ser penado con arreglo al Código antiguo, no puede ser exigible que el jurado que lo declaró culpable, diera cumplimiento al precepto del artículo 284 del Código de Enjuiciamiento Crimina] que actualmente rige, pues no había que hacer distinción entre varios grados de culpabilidad al apreciar el delito, y por tanto holgaba de-terminar el grado del delito cometido.”

No habiéndose cometido los errores alegados procede la confirmación de la sentencia apelada.

      A1 declarar el acusado en el juicio dijo que Cfistino Nieves y sus cte hermanos hablan dado .muerte tres días antes a una hermana del acusado y repitió que él portaba el puñál porque lo perseguían y que mató a Nieves por vengar la muerte de su hermana.

      E1 artículo 9, inciso 5to., del Código Penal de España de 1870 lee asir
      “Son circunstancias atenuantes:

        ‘ ‘ 5o. — La de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa: grave causada al autor, sus ascendientes, descendientes, cónyuge, hermanos, & afines en los mismos grados.”

      E1 artículo 560 dispone:
      “El Código Penal, Beales Decretos, Ordenes y Ordenes Militares vigentes en Puerto Bico, en todo lo que se relacione o refiera a delitos, y que fuesen incompatibles o se opusieren a la presente y todas las demás leyes, órdenes, decretos, y disposiciones incompatibles o conti arias a la misma, quedan por la presente ¿erogados. ’ ’

      Este artículo disponía:
      “La obligación de restituir, reparar el daño e indemnizar los perjuicios se transmite a los herederos del responsable.
      “La acción para repetir la restitución, reparación e indemnización se trans-mite igualmente a los herederos del perjudicado.”


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Carlos R. Rossi, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núms. 71 y 85.

    Sometidos: Marzo 18, 1946.

      Resueltos: Julio 16, 1946.

      James R. Beverley, R. Castro Fernández, Carmen B. Fernández y José López Baralt, abogados del peticionario; IIon. Procurador General E.^ Campos Del Toro y J. B. Fernández Badillo, abogado éste del Departamento de Justicia, abogados del interventor, Te-sorero de Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario, a los efectos de la imposición de la con-tribución sobre los bienes muebles que tenía en su negocio el 16 de enero de 1944, presentó un inventario al Tesorero de Puerto Rico el 29 de mayo siguiente, del que resulta que dichos bienes y su valor, según el peticionario, son los si-guientes :

“Existencias-:_$44, 087.16
‘ ‘ Mobiliario_ 2, 237. 20
“Maquinaria_ , 478.20
“Efectivo en Caja_ 20.85
“Total-$46, 823. 41.”

Pero el 11 de julio de ese mismo año, el Tesorero noti-ficó al peticionario haberle tasado los referidos .bienes en la siguiente forma:

“Existencias en enero 15, 1944_$64,000.00
“Mobiliario en enero 15, 1944_ 4,200.00
“Maquinaria en enero 15, 1944_ 1, 400. 00
“Efvo. en caja enero 15, 1944_ 20.00
“Efectivo en Bancos enero 15, 1944_ 15,000.00
“Total-$84,620.00.”

El peticionario recurrió para ante el Tribunal de Contri-buciones en demanda que radicó el 21 de noviembre de 1944, e impugnando la tasación del Tesorero, alegó que ésta era arbitraria e injusta porque el valor de sus bienes el 15 de enero de 1944 era el consignado en su referida planilla y no el que declaró el Tesorero y en lo que respecta al balance que tenía en el Banco, alegó que montaba a $603.55 y que el Tesorero ilegal y arbitrariamente lo había tasado en $15,000, y que dicha cuenta no estaba sujeta a contribución de acuerdo con el art. 290 del Código Político. Alegó, ade-más, el peticionario, que e] 10 de noviembre de 1944 el Te-sorero le notificó haberle impuesto la contribución sobre la referida propiedad, ascendiendo aquélla a $2,420.14, de acuerdo con la tasación que le notificó el 11 de julio de 1944. Que el 14 de noviembre de 1944 pagó la cantidad de $1,339.15 que es la contribución correspondiente al valor consignado en su referido, in ventarlo y acompañó a la demanda el recibo provisional expedido por el Colector de Rentas Internas, ofreciendo" radicar en autos el recibo definitivo tan pronto le fuera entregado.

En la vista celebrada ante el Tribunal de Contribuciones declaró como único testigo el propio peticionario, siendo des-estimada la demanda, excepto en cuanto a la cantidad de $603.55 que el peticionario tenía depositada en los bancos el 15 de enero de 1944, la cual fué declarada exenta de contri-bución, pero se ordenó que se tasase la suma de $20.85 que tenía en caja en dicha fecha.

El presente recurso fué radicado en este Tribunal el 21 de noviembre de 1945. La primera cuestión que levanta el Tesorero es que el recurso es prematuro porque cuando se radicó, el Tesorero no había presentado el cómputo y consecuentemente no se había notificado por el Secretario del Tribunal de' Contribuciones la finalidad de la decisión, y además, porque no se había hecho el pago bajo protesta.

Esta cuestión es innecesario resolverla en el presente re-curso, toda vez que el Tesorero, con fecha 7 de marzo de 1946 radicó el cómputo de la contribución adeudada, habiendo sido éste aprobado el 11 del mismo mes y año y el 14 de marzo de dicho año el peticionario pagó bajo protesta el balance de la contribución ascendente a $658.51, radicando el 10 de abril siguiente una segunda petición de certiorari a la que acompañó el recibo del pago bajo protesta, para el caso de que se resolviera que la primera petición había sido presentada prematuramente. En tales circunstancias, supo-niendo que la primera fue prematuramente radicada, la se-gunda petición de certiorari curó el defecto, puesto que fue presentada en tiempo. Habiéndose celebrado la vista del casó el 18 de marzo último y habiendo anunciado el peti-cionario en dicha fecha que oportunamente presentaría la segunda petición de certiorari que como hemos dicho radicó el 10 de abril último y estipulándose en aquella ocasión por las partes que se resolviese el caso por la petición que pro-cediera, estando ya aquí los autos y sometido el caso, no vemos la necesidad de resolver la cuestión planteada, ni la de devolver los autos al Tribunal de Contribuciones en el caso de que la primera petición hubiese sido prematuramente radicada.

Como podrá verse existe una gran discrepancia entre la .valoración del peticionario y la que pretende haber hecho el tasador oficial. De la declaración del peticionario resulta que el tasador fué dos o tres veces a su establecimiento para llevar a cabo la tasación, pero debido unas veces a lo inopor-tuno de la hora y otras a las ocupaciones del peticionario y su empleada, se convino de mutuo acuerdo entre el peticio-nario y el tasador, posponer la tasación para otra fecha. Finalmente, el tasador no vino el día convenido y se pre-sentó en otra ocasión a las 11:45 de la mañana, hora en que se disponía el peticionario a cerrar su establecimiento. Se le suplicó que volviera ese mismo día, a las dos ,de la tarde, pero el tasador manifestó que no volvería más y algún tiempo después, sin volver al establecimiento ni pedir datos de clase alguna, preparó la tasación que ya conocemos La decla-ración del peticionario no fue controvertida en forma alguna por el tasador, quien estuvo presente en la vista ante el Tribunal de Contribuciones. El Tesorero invoca la presunción de correcta que conlleva su tasación y cita el caso de Mayagüez Sugar Co. v. Tesorero, 64 D.P.R. 734, arguyendo que la presunción no ha sido destruida por la prueba del peti-cionario en el presente caso. Así lo entendió el Tribunal de Contribuciones y basándose en esa contención dictó la reso-lución recurrida. A nuestro juicio, la tasación del Tesorero es insostenible. En el caso de Mayagüez Sugar Co., supra, hubo una tasación verdad. El tasador se trasladó a la fac-toría azucarera e hizo la correspondiente valoración. Aquella tasación sí tenía la presunción de correcta y como dijimos entonces: “ . . .la valoración que hagan ... los funciona-rios encargados de la tasación de la propiedad se presume correcta, y al contribuyente que la impugna incumbe demos-trar con evidencia persuasiva que la tasación es tan excesiva que resulta injusta y confiscatoria, y probar a la corte cuál es el valor razonable de la propiedad en el mercado.” (Págs. 736-7) (Bastardillas nuestras).

Pero en el presente caso se probó concluyentemente que el tasador, contrariado por habérsele suplicado que hiciese el trabajo a una hora razonable, no volvió al sitio del nego-cio del peticionario, y sin base alguna para ella, preparó una tasación. No se trata, pues, en este caso, de una valora-ción excesiva, injusta o confiscatoria. Simplemente se trata de una valoración inexistente. No existiendo tasación válida alguna por parte del Tesorero, la contribución fijada a base de esa supuesta tasación es ilegal.

Procede anular la resolución recurrida y devolver él caso al Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico para ulterio-res procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

       Conviene aclarar que a los efectos de la tasación en este caso, no era indispensable que el tasador fuera personalmente al establecimiento. Podía ha-cerla basándose en el inventario que radicó el contribuyente si es que le merecía crédito. Pero no aparece que él basase su tasación en inventario alguno.

      E1 hecho de que el 15 de enero de 1944 sólo hubiese en el banco un balance de $603.55 y el tasador declárase en su informe que habían $15,000, demuestra claramente la- falta de base de dicha tasación, pues ese 'balance fácilmente' y sin lugar a equivocaciones lo hubiera podido determinar el tasador con pedir esa información al banco.


author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

text:
    Federico Alcalá Fernández, peticionario, v. Corte de Distrito de Ponce, Hon. Luis R. Polo, Juez, demandado.
    Núm. 1662.

    Sometido: Junio 24, 1946.

      Resuelto: Julio 16, 1946.

      Benjamin Ortiz y Alvaro Ortiz, abogados del peticionario; Son. Pro-curador General E. Campos Del Toro, L. Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Au-xiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 14 de julio de 1944 se radicó contra el peticionario una acusación por un delito de hurto mayor y el mismo día prestó fianza para permanecer en libertad provisional. Celebrado el jnicio'por tribunal de derecho, el peticionario fné convicto del delito impntádole y sentenciado el 14 de febrero de 1945. Ese día presentó escrito de apelación para ante este Tribunal y radicó fianza para establecer apelación, la cual fué aprobada por la corte en la misma fecha. La apelación fué desestimada por este Tribunal el 7 de mayo de 1945 y el mismo día el peticionario radicó un segundo escrito de ape-lación, siendo desestimado este segundo recurso el 20. de mayo último. Una vez desestimada la segunda apelación y antes de que el peticionario empezara a extinguir la senten-cia, radicó en la corte inferior el 7 de junio último, una mo-ción solicitando el beneficio de la Ley núm. 259, aprobada con efecto inmediato el 3 de abril de 1946. Oída la mo-ción del peticionario, el 10 de junio último la corte inferior la desestimó y ordenó la ejecución de la sentencia. Los fun-damentos que tuvo el juez para denegar la moción del peti-cionario los expresó así:

“La Corte entiende que no procede la suspensión de la sentencia porque cuando ésta fué dictada en 14 de febrero de 1945, aún no estaba en vigor, ni siquiera había sido presentada en la Legislatura, la Ley núm. 259.
“Que la sentencia que lia de cumplir el' acusado, es decir, la sen-tencia condenatoria es la de esta coi-te y no la sentencia del Tribunal Supremo, confirmando la de este Tribunal, de acuerdo con lo resuelto en el caso Rivera v. Saldaña, 62 D.P.R. página 441.”

De esa resolución el peticionario recurrió para ante este Tribunal por certiorari. La cuestión a resolver es si la re-ferida Ley núm. 259 es aplicable a sentencias dictadas con anterioridad a su vigencia, pero que en virtud de apelación quedaron firmes con posterioridad a dicha fecha.

La ley en cuestión, ni en su letra ni en su espíritu, exige que la suspensión del efecto de la sentencia haya de decretarse indefectiblemente en el momento de su imposición por la corte de jurisdicción original. Lo que requiere la ley es que en ese momento existan las circunstancias expresadas en su art. 2. Naturalmente, que para darle cumplido efecto a la ley, la suspensión debe decretarse antes de queda sentencia empiece a cumplirse. Esto es así, porque desde ese momento lo que procede es la libertad bajo palabra o el indulto que puede tener efecto desde el momento en que se haya cometido el delito. Ex parte Garland, 4 Wall. 333 (U. S. 1866).

The Probation Act, 18 U.S.C.A. secciones 724-727, concede’ poder discrecional a las cortes federales para suspender y poner a prueba al acusado después de su convicción o de una alegación de culpabilidad o de nolo contendere. Bajo esa ley se ha resuelto Consistentemente que las cortes de dis-trito federales pueden hacer uso del poder de suspender sen-tencias al devolvérsele el mandato confirmando la sentencia, siempre que el acusado no haya empezado a extinguirla. Shaw v. United States, 151 F.2d 967 (C.C.A. 6th, 1945); White v. Steigleder, 37 F.2d 858 (C.C.A. 10th, 1930); United States v. Gargano, 25 F.2d 723 (E.D. La. 1928); Ackerson v. United States, 15 F.2d 268 (C.C.A. 2d, 1926); Kriebel v. United States, 10 F.2d 762 (C.C.A. 7th, 1926); Nix v. James, 7 F.2d 590 (C.C.A. 9th, 1925).

El hecho de que la Ley núm. 259 no hubiera estado en vigor cuando se dictó la sentencia por la corte de distrito, no afecta el resultado a que llegamos en este caso. Se tratai de un estatuto de carácter reparador que beneficia al acu-sado y no existe base ni en la letra ni en el espíritu de 1®. ley jiara darle' la interpretación restrictiva que le dió la corte*-recurrida. Nix v. James, supra.

Se arguye en el “Informe del Fiscal” que el recurso que procede en este caso es el de mandamus y no el de certio-rari, por tratarse, según él, de un caso en que la corte re-currida se declaró sin jurisdicción. La proposición del fiscal descansa en una premisa falsa. La corte recurrida ncr-se' declaró sin jurisdicción. Por el contrario, la asumió/ y resolvió que la Ley núm. 259 no era aplicable al caso de!/ • peticionario porque al imponerse la sentencia por la, corte de jurisdicción original, no existía la Ley núm. 259.

Procede anular la resolución recurrida y devolver el caso para que por el tribunal inferior se dé aplicación al art. 2 d& la Ley núm. 259 de 3 de abril de 1946.

      E1 art. 2 de la Ley núm. 259 ((1) pág. 535) dice asi:
      "El efecto de la sentencia que se imponga a toda persona que cometa cual-quier delito grave que no sea asesinato en primer grado, deberá ser suspendida y el sentenciado puesto a prueba, siempre que, al tiempo de imponer dicha sentencia, concurran los• siguientes requisitos: (a) que el acusado no haya sido convicto, sentenciado y recluido en prisión por delito alguno con anterioridad a la comisión del delito por el cual está siendo procesado, (6) que el delito come-tido no evidencie aquel grado de deformación moral que hace indispensable que, para poder intentar su reforma, se recluya al delincuente en un establecimiento penal, (c) que la corte sentenciadora tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por un Oficial Probatorio de la Corte o de la Junta de Libertad Bajo Palabra, después de dicho Oficial Probatorio haber practicado una investi-gación minuciosa de las circunstancias del delito cometido, los antecedentes de familia e historia social del acusado; y que tal investigación revele que dicho acusado siempre fué un ciudadano respetuoso y cumplidor de la ley; Disponién-dose, que, la corte sentenciadora fijará las condiciones bajo las cuales el acusado será puesto a prueba. Disponiéndose, además, que la corte podrá, a su discreción, además de poner u prueba al sentenciado, imponerle una multa en proporción a la naturaleza del delito cometido.8’


author: Ekj Juez Asociado Señor Todd, Je..,

text:
    Estados Unidos de América, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1187.

    Sometido: Junio 17, 1946.

      Resuelto: Julio 16, 1946.

      Philip F. Herrick y A. Oastro Fernández, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   Ekj Juez Asociado Señor Todd, Je..,

emitió la opinión del tribunal.

El Gobierno de Estados Unidos compró a la Sucesión Latorre, todos mayores de edad, por el precio aplazado de $324, una parcela de terreno radicada en el Barrio Cule-brinas, de San Sebastián, habiéndose inscrito la venta en el Registro de la Propiedad-de Aguadilla. Posteriormente Es-tados Unidos anunció a los vendedores que estaba en condi-ciones de hacer el pago y que de no aceptarlo procedería a consignar en corte el dinero. Se negaron algunos de los ven-dedores a aceptar dicho pago y el demandante consignó en la corte municipal de San Sebastián el precio de la venta. La corte, después de emplazados los demandados y no ha-biendo comparecido a juicio, por la prueba del demandante deelaró bien hecha la consignación y dictó sentencia orde-nando al Registrador cancelara en los libros del Registro -cualquier mención que apareciera en ellos del precio apla-zado de la venta de los bienes a Estados Unidos. El Re-:gistrador se negó a cumplir la orden a virtud de la siguiente nota:

“Denegada la cancelación ordenada en este caso, por "entender que la resolución de la Corte Municipal de San Sebastián, es nula por carecer de jurisdicción por razón de la materia, tomando en su lugar anotación preventiva por ciento veinte días, al folio 192 vuelto del tomo 84 de Sap. Sebastián, finca número 4630 anotación letra A. Véase Marrero v. Registrador de Mayagüez, 32 D.P.R. 891 y Muriente v. Yumet, 58 D.P.R. 617. Aguadilla, a 2 de mayo de 1946. (f) José A. Vargas, Registrador.”

Contra esta nota se interpuso el presente recurso.

De acuerdo con la sección 4 de la ley de 1904 reorgani-zando el sistema judicial de Puerto Rico, las cortes muni-cipales tienen jurisdicción “en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de 500 dólares, intereses inclusive.” Interpretando el alcance de la frase “todos los asuntos civiles” resolvimos en García v. Registrador, 23 D.P.R. 426, que no incluía una demanda solici-tando se ord.ene a un menor el otorgamiento de la escritura de venta de un bien inmueble, vendido por su padre, aun cuando el precio de la venta sólo ascendía a $100 y poste-riormente en Pujáls Carlo v. Corte, 40 D.P.R. 92, 96, des-pués de ratificar el de García, supra, dijimos: “Revisando nuestra jurisprudencia sólo otro asunto civil encontramos excluido de las palabras ‘todos los asuntos civiles,’ usadas en la ley; el de la ejecución de una hipoteca.”

En los casos de García v. Fernández, 8 D.P.R. 106; The Juncos Central Co. v. Del Toro, 30 D.P.R. 330, y Pérez v. Corte, 47 D.P.R. 580, hemos resuelto que las cortes munici-pales tienen jurisdicción para conocer de procedimientos de consignación cuando la suma es menor de $500.

Los casos citados por el registrador, Marrero v. Registrador, 32 D.P.R. 891, y Muriente v. Yumet, 58 D.P.R. 617, no son aplicables a los hechos del de autos por tratarse en ellos de cancelaciones. de hipotecas sobre las cuales ya he-mos resuelto que las cortes municipales no tienen jurisdic-ción. Aquí no se trata de una cancelación de hipoteca ni de ninguna otra forma de enajenación de bienes de menores. La enajenación del inmueble fue hecha voluntariamente cuando el Gobierno de los Estados Unidos compró la finca a la Sucesión Latorre. De lo que ahora se trata es de acre-ditar el pago del precio aplazado que los demandados se ne-garon a recibir. La corte municipal tenía jurisdicción en dicho caso.

Dehe revocarse la nota recurrida y ordenarse al registra-dor el cumplimiento de la orden dictada por la Corte Mur-nicipál de San Sebastián.

El Juez Asociado Sr. Snyder se inhibió.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Guillermo Atiles Moréu, en su, carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; Rufino Santiago, obrero lesionado.
    Núm. 359.

    Sometido: Junio 14, 1946.

      Resuelto: Julio 18, 1946.

      Ángel de Jesús Maios, A. Bandín del Manzano e Ismael Marrero, abogados del recurrente; el. obrero lesionado no compareció.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El reclamante, Bufino Santiago, residente en el pueblo de Peñuelas, trabajaba como maestro en una escuela pública situada a cuatro kilómetros de diclia población. El profe-sor se trasladaba todos los días en un automóvil privado perteneciente a otro profesor desde su casa a la escuela y viceversa y, además, hacía diariamente otro viaje de ida y vuelta para ir a tomar el almuerzo en su casa y regresar a su trabajo. El día 4 de octubre de 1945, mientras regresaba a la escuela después de tomar su almuerzo, el automóvil chocó con un barranco y el profesor recibió heridas y contusiones por las cuales reclamó compensación del Fondo del Seguro del Estado. El Administrador del Fondo declaró sin lugar la reclamación por entender que el accidente sufrido por el reclamante “no le ocurrió ni en el curso de su trabajo, ni como consecuencia del mismo”. Apeló el reclamante para ante la Comisión Industrial y ésta revocó la decisión del Ad-ministrador, resolviendo que el accidente provino de un acto o función inherente al empleo, en el curso y como consecuen-cia del miwno. Declarada sin lugar la moción de reconside-ración, el Administrador instó el presente recurso.

Alega el recurrente que la Comisión erró al resolver qu'e el accidente acaeció en el curso y como consecuencia del tra-bajo; al resolver que el cargo de profesor de instrucción pública crea la necesidad de un viaje, de suerte que el maestro, mientras se dirige a su casa a almorzar y mientras re-gresa a la escuela, fuera de su horario de trabajo, se en-cuentra en el curso de su empleo; y al interpretar el al-cance de lo resuelto por este Tribunal en los .casos de Atiles v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 806 y Atiles v. Comisión Industrial, 64 D.P.R. 618.

En Bacó v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 866, se trataba de dos empleados de una central que sufrieron un accidente mientras se dirigían en el automóvil de uno de ellos al pueblo de Yauco, para tomar allí su almuerzo, con encargo de recoger la correspondencia que allí tuviera el patrono. Se resolvió que el trabajo que tenían que realizar dichos empleados no creó la necesidad del viaje; que el viaje para ir a almorzar era personal y que el accidente no pro-vino de acto o función alguna inherente al trabajo, ni ocurrió durante el curso del trabajo ni como consecuencia del mismo.

En el caso de María Pérez v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 960, la profesora reclamante sufrió un accidente al abordar 'una guagua que habría de conducirla a la escuela sita en la zona urbana de Bayamón. Se resolvió que el ac-cidente no surgió de ninguna función o acto inherente a su trabajo como profesora; y que• la doctrina aplicable es aquella que caracteriza estos accidentes como riesgos pro-pios de la calle, a los que está expuesta toda la comunidad.

El caso de Atiles Moréu v. Comisión Industrial, 64 D.P.R. 618, en el que basó sn decisión la Comisión recurrida, pnede distinguirse fácilmente del de autos. Bastará recordar los hechos del caso y lo que dijimos en la opinión a las páginas 622 y 623:

' “La profesora María de Jesús vivía en el pueblo de Río Grande y trabajaba en una escuela situada en la montaña, a una distancia de siete kilómetros del pueblo. Por no haber en aquel sitio una casa en donde poder hospedarse, la profesora se veía obligada a viajar diariamente siete kilómetros para ir a la escuela y siete para regresar por las tardes a su casa en el pueblo. No pudiendo preparar en la escuela el trabajo del día siguiente, se veía obligada a llevar consigo los libros y el material escolar necesarios para preparar el trabajo en su casa y llevarlo al día siguiente a la escuela. El trabajo que tenía que hacer en un sitio tan lejano no solamente creó la necesidad de un viaje largo y accidentado — parte en automóvil y parte a ca-ballo o a pie — si qae también la obligó a llevar ocupadas sus manos con el material escolar, colocándola así en un estado de indefensión contra cualquier accidente que pudiera ocurrir le durante el viaje. Es probable, que si ella hubiese tenido sus manos libres en el momento en que resbaló, hubiese podido evitar el accidente que le partió el tendón de Aquiles. Opinamos que los hechos y circunstancias ex-traordinarias de este caso justifican la conclusión a que llegó la Co-misión Industrial o sea que el trabajo de la profesora lesionada co-menzaba cada día desde que salía de su casa, cargada de libros y material escolar hasta que regresaba a su casa por la tarde. De acuerdo con la prueba practicada, el accidente ocurrió durante el curso del empleo y como consecuencia del mismo. ’ ’

La Comisión Industrial erró al no aplicar a los hechos de este caso la doctrina sentada en María Pérez v. Comisión Industrial, supra, y al resolver que el empleo del reclamante creó la necesidad del viaje para ir a almorzar al pueblo y regresar de nuevo a la escuela. El caso cae de lleno dentro de la regla del “going and coming”, establecida y mante-nida por la mayoría de las jurisdicciones. Véase: Ríos Morales v. Comisión Industrial, ante, pág. 404.

La resolución recurrida debe ser revocada.


text:
    María Matos Santiago, apelante, v. La Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, querellada.
    Núm. 2.
    Sometido: Junio 24, 1946.

      Resuelto: Julio 19, 1946.

      José Sabater, abogado de la apelante; Giro Malatrasi, Jr., Rafael R„ Fuertes y Garlos J. Ortiz, abogados de la querellada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En agosto 31 de 1945, María Matos Santiago presentó a ia Junta de Planificación, Urbanización y Zonificaeión de Puerto Rico una declaración de intención de lotificar un solar con la descripción siguiente:

“Solar de seis metros de frente por dieciséis metros de fondo, o sea nna extensión superficial de noventiséis metros cuadrados, que radica en la Barriada Mineral, Barrio Salud, de Mayagüez, que linda al Norte con propiedad de doña Georgina Saavedra, al Sur y Este con solares de don Luis Vilella Vélez y al Oeste con una calle sin nombre. En este solar enclava tina casa de vivienda propiedad de la peticionaria y construida desde bace más de quince años.
“Se pretende segregar este solar de una finca destinada a urba-nización de solares, compuesta de siete cuerdas originalmente e inscrita a favor de don Luis Vilella Vélez al folio 150, Tomo 136, de Ms-yagüez, finca 4593, inscripción 6a. ’ ’

En la solicitud se hizo constar que el solar tiene agua, alumbrado y alcantarillado.

En octubre 15 de 1945, la Junta querellada, sin oír a la peticionaria y sin dar a ésta una oportunidad de presen-tar evidencia en apoyo de su solicitud, dictó su resolución desaprobando la lotificación solicitada por el fundamento de que “el solar que se formaría mediante la proyectada loti-ficación sería de un frente de solamente seis (6) metros y de un área de noventa y seis (96) metros cuadrados, por lo cual no reúne los requisitos establecidos por los artículos 34 y 36 del Reglamento que exigen un frente mínimo de 12 metros y persiguen un área mínima de 300 m/e”; y, además, porque “carecería también el solar que se formaría de ace-ras, encintado y de calle asfaltada, requisitos mínimos, entre otros, que esta Junta considera imprescindibles en un área en la cual ha de aprobar lotificaciones”.

Solicitó la peticionaria la reconsideración de la resolución de la Junta, haciendo constar que el solar fué de hecho se-gregado y vendido a la peticionaria en septiembre de 1936, antes de la promulgación de los Reglamentos, 'de la Junta;, que la casa fué construida hace más de 15 años; que el solar no puede ser ampliado, pues por sus lados Norte, Sur y Este existen construcciones de otras personas y por el Oeste «olinda con una calle pública; que no se trata de un nuevo . solar ni de una nueva casa y que lo único que se solicita es permiso para que el solar pueda ser inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de su dueña, la peticionaria. La moción fué declarada sin lugar y la peticionaria radicó la presente solicitud de revisión, en la que pide la revocación de 3a resolución recurrida y que en su lugar se dicte otra auto-rizando la inscripción de su título en el Registro de la Pro-piedad.

De la escritura de segregación y venta otorgada en agosto 29 de 1945 por Luis Yilella a María Matos Santiago, la cual forma parte de los autos, aparece que el solar antes descrito fue vendido con anterioridad al mes de septiembre de 1936 por el' Sr. Vilella a la Sra. Matos, por la suma de $150, que la compradora pagó en distintos plazos; y que la casa en-clavada en el solar pertenece a la Sra. Matos por haberla comprado a Eamón Matos Santiago mediante escritura pú-blica otorgada el 12.de marzo de 1930, bailándose desde en-tonces la compradora en posesión de la casa y solar.

La única cuestión envuelta en este caso es la de si la peticionaria tiene derecho a inscribir en el Registro el solar que de hecho fué segregado y vendídole en el año 1923, sin estar obligada, como condición precedente al ejercicio de ese derecho, a cumplir las órdenes de la Junta de Planifica-ción en cuanto a la construcción de aceras, asfaltado de la calle y otros requisitos más que la obligarían a desembolsar la suma de noventa y pico de dólares.

La cuestión no es nueva en esta jurisdicción. En Sepúlveda v. Registrador, 64 D.P.R. 449, la resolvimos en sentido adverso a la contención de la Junta recurrida. El Regis-trador se negó a inscribir la segregación de un solar hecha por escritura otorgada el 12 de junio de 1944, alegando que no se había cumplido con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Planificación y con el Reglamento promulgado el 5 de septiembre de 1944 por el Procurador General de Puerto Rico. Al revocar la nota del Registrador, ordenando la ins-cripción del solar, dijimos:

“Prescribe el artículo 24 de la citada ley que ‘a partir de la fecha de vigencia de los reglamentos aplicables para lotificaciones según se dispone en el artículo 10 en la presente, no se hará en Puerto Rico ninguna lotificación de terrenos y n.o se aceptará para registrarlo ningún plano de lotificación de terrenos, ni se levantará ningún edi-ficio, ni se venderá o arrendará ningún terreno en áreas urbanas o .para urbanizaciones, ni se expedirá ningún permiso, excepto cuando y hasta donde, se cumplan dichos reglamentos y hayan sido finalmente aprobados de acuerdo con los mismos por la Juntad (Bastardillas nuestras.)
“Y el artículo 20 de la misma ley prescribe que ‘todos los regla-mentos y las enmiendas a los mismos adoptados por la Junta regirán a los treinta (30) dias después de su promulgación en uno o más periódicos de general circulación por el Gobernador de Puerto Rico.’ (Bastardillas nuestras.)
“Aparece del Reglamento de Lotifieación que el mismo fué pro-mulgado por el Gobernador de Puerto Rico él 29 de junio-de 1944, y publicado en La Democracia el 4 de agosto del mismo año. Por consiguiente dicho reglamento no empezó a regir hasta el 4 de sep-tiembre de 1944. Apareciendo de la escritura que la lotifieación se hizo el 12 de junio de 1944, y que para esa fecha ya existían las trece casas en los ocho solares, es evidente que el Reglamento de Lotifieación no es aplicable al presente caso. Tampoco lo es el reglamento del Procurador General invocado por el registrador, pues de conformidad con el artículo 9 de esc reglamento su vigencia no empezó hasta que fué ‘emitido’ por el Procurador General el 5 de septiembre de 1944, para cuya fecha se había efectuado la lotifieación y edificación a que se refiere la escritura. ’ ’

En el caso de autos la lotifieación fué hecha en septiem-bre de 1923 por virtud de un contrato mediante el cual don Luis Vilella, dueño de la finca mayor, segregó el solar en controversia y lo vendió a María Matos Santiago por pre-cio de $150, pagadero a plazos.' Sobre el solar existo una casa que fué construida por Ramón Matos Santiago y que fué adquirida por la peticionaria por escritura de 12 de marzo de 1930. Es, pues, evidente — la Junta recurrida así lo admite — que la segregación del solar y entrega de pose-sión a la peticionaria fueron realizadas muchos años antes de que empezaran a regir la ley y los Reglamentos aplica-bles a las lotificaciones. No siendo aplicables ni la Ley ni los Reglamentos' a lotificaciones hechas y a- edificaciones le-vantadas con anterioridad a la fecha en que los mismos co-menzaron a regir, 'procede declarar con lugar el recurso, anu-lar la resolución recurrida y devolver el caso a la Junta recurrida para que ésta oiga la prueba de la recurrrente y decida el caso en sus méritos, ajustándose a los ■principios legales enunciados en esta opinión.


author: El Juez Presidente Señoe Travieso

text:
    Antonio R. Santos, demandante y apelante, v. Pascual Torres, demandado y apelado.
    Núm. 9311.

    Sometido: Junio 12, 1946.

      Resuelto: Julio 22, 1946.

      Antonio L. López, abogado del apelante; el apelado no compareció.
   El Juez Presidente Señoe Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Antonio R. Santos radicó demanda de desahucio en pre-cario alegando qne es dneño en pleno dominio de nna finca rustica, con sn título inscrito en el Registro de la Propiedad de Bayamón; y qne el demandado, sin pagar canon o mer-ced alguna, ha estado detentando la posesión material del inmueble desde el Io. de noviembre de 1944. Contestó el de-mandado negando los hechos expuestos en la demanda y alegó la insuficiencia de los mismos para constituir nna cansa de acción. Como materia nueva alegó qne en abril 1 de 1942 la finca descrita en la demanda le fue dada en arren-damiento por sn dueña Celestina Silva, por un término de cinco años y por nn canon annal de $70 pagadero al venci-miento de cada año; que el término del arrendamiento no ña vencido y que la arrendadora se comprometió a conce-derle una prórroga de seis meses para cosechar los frutos en el caso de que no se hiciere un nuevo contrato; que el de-mandado construyó dos casas y cultivó la finca, teniendo dichas dos casas y plantaciones un valor de $2,000; que aun cuando el demandado es un poseedor de buena fe, por vir-tud del contrato de arrendamiento, el .demandante no ha pro-cedido a hacer arreglos con el demandado para la previa valoración y pago de las casas y plantaciones.

En octubre 26 de 1945 la Corte de Distrito de Bayamón dictó sentencia declarando con lugar la demanda. Solicitó el demandado la reconsideración y declarada ésta con lugar se celebró la vista del caso el 30 de noviembre de 1945. En diciembre 11 de 1945 la corte a quo dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda y el demandante apeló.

Alega el demandante que la corte inferior erró (1) al declarar que el demandado tenía dos casas en la finca objeto del desahucio y (2) al aplicar al presente caso la doctrina establecida por esta Corte en Reyes v. Vázquez, 58 D.P.R. 786; Aybar v. Jiménez, 60 D.P.R. 745; Pueblo v. Carrasquilla, 58 D.P.R. 176; Palermo v. Corte, 58 D.P.R. 189; Carrasquilla v. Ripoll, 56 D.P.R. 395 y Colón v. Club Rotario, 60 D.P.R. 750.

De la prueba ofrecida por eh demandado, a la que dió entero crédito la corte sentenciadora, aparece que el demandado tomó posesión de la finca en abril de 1942 por virtud de un contrato de arrendamiento celebrado con la anterior dueña del inmueble; que en 1943 el demandado construyó dos casas de madera y zinc, una para vivienda de su familia y la otra para la de un agregado; que la anterior dueña de la finca no se opuso a que se construyeran las casas; y que en la finca existían plantaciones de batatas, plá-taños, yantías y otros frutos pertenecientes al demandado. No se cometió el primer error.

No hay duda alguna en cuanto a que el demandante al adquirir la finca adquirió el derecho a poner término al arrendamiento vigente al verificarse la venta, por no es-tar el mismo inscrito en el Registro de la Propiedad; y que el demandado tiene .derecho a exigir que se le deje recoger los frutos do la cosecha del año corriente y a que el vendedor le indemnice los daños y perjuicios que se le causen. Artículos 1439 y 1946 del Código Civil (1930). El arrenda-, tario demandado tiene derecho a retirar las mejoras útiles o de recreo que hubiere hecho en la finca durante el término del arrendamiento, pero no tiene derecho a reclamar que sé le indemnice el valor de dichas mejoras. Artículo 416 del Código Civil. De acuerdo con las disposiciones legales citadas, si el contrato de arrendamiento celebrado entre la anterior dueña, Celestina Silva, y el demandado hubiese continuado en vigor hasta la expiración del término de cinco años, el demandado no hubiera tenido derecho alguno a exigir que la dueña de la finca le pagara el valor de las casas por él construidas. ¿Por qué ha de tener derecho a reclamar indemnización del nuevo dueño de la finca, quien ni siquiera tenía conocimiento de que las casas pertenecieran al arrendatario ?

Los casos en que se basó la corte inferior para declarar sin lugar la demanda no son aplicables a los hechos del caso que estamos considerando. Si se examinan los hechos en los casos citados por la corte sentenciadora se verá que en to-dos ellos se trata de edificaciones hechas en suelo ajeno, con el. consentimiento del dueño del terreno y sin que se fijara término alguno al derecho a usar el terreno en que se'ha hecho la edificación. En el caso de autos el demandado tomó la finca. en arrendamiento por un término de cinco años y sabía que al expirar dicho término tendría el derecho de re-tirar las mejoras útiles o de recreo hechas por él en la 'finca durante el término del arrendamiento, pero no derecho al-guno a reclamar indemnización por el valor de las mejoras.

La se^üencia recurrida debe ser revocada y en su lugar se dictará, otra declarando <con lugar la demanda, con las costas al demandado.


text:
    Antonio Roig Sucesores, S. en C., peticionaria, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Pedro Pérez Pimentel, Juez, demandado; Enrique Ríos, interventor.
    Núm. 1644.

    Sometido: Junio 17, 1946.

      Resuelto: Julio 22, 1946.

      Francisco González, Jr., abogadp de la peticionaria; A. Figueroa Rivera, abogado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 20 de noviembre de 1945 Enrique Eíos radicó una querella en la Corte Municipal de Yabucoa contra Antonio Eoig Suers., S. en C., en reclamación de salarios. Alegó como causa de acción que trabajó para la querellada como mudador y volteador desde el 1ro'. de enero de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1942, a razón de $9 semanales desde 1936 al 1941, inclusives, y de $10 semanales durante el 1942; que durante todo el tiempo de su empleo- trabajó más de nueve horas diarias y la querellada no le pagó el salario co-rrespondiente a la novena hora, el cual ascendía a $314.14. La -querellada aceptó que el querellante trabajó para ella en las fechas y por el salario indicados, pero' que el contrato de trabajo era por ocho horas diarias y que la querellada le había pagado el precio de su trabajQ, y nada le adeudaba. Como defensa especial, alegó que ante la misma corte municipal el querellante había radicado, el 15 de mayo de 1944, la acción civil núm. E-9 contra la querellada reclamando el pago de las novenas horas que alegó haber trabajado desde el 1ro. de enero de 1941 hasta el 31 de enero de 1943, y que estando esa acción pendiente entre las mismas partes, la ac-ción civil que ahora ejercita el querellante está impedida por la acción anterior: (a) porque el trabajo reclamado eñ la acción anterior está comprendido en la que ahora ejercita y (b) porque suponiendo que no lo estuviera, cuando el que-rellante estableció la causa de acción anterior, tenía la que ahora ejercita y no la ejercitó, fraccionando así indebida-mente su causa de acción y eso le impide la reclamación que ahora establece.

Alegó además la querellada que la querella, no aduce he-chos constitutivos de causa de acción.

La Corte Municipal de Yabucoa dictó sentencia a favor del querellante por la suma reclamada de $314.14 y en el juicio de novo ante la Corte.de Distrito de Humacao se dictó sentencia por igual cantidad.

No siendo apelable la sentencia, la querellada instó el 22 de abril último el presente recurso de certiorari, de con-formidad con la sección 12 de la Ley núm. 10 de 1917 ((2) pág. 217), según, quedó enmendada ,por la Ley núm. 17 de 11 de abril de 1945 (pág. 45) que dice así:

“En ningún caso se dará más de una apelación en los juicios sobre reclamación de salarios agrícolas.
“Las sentencias dictadas por la corte de distrito en grado de ape-lación podrán revisarse por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a su discreción, mediante certiorari, en todos los casos.en que tales sentencias no fueren apelables para ante dicbo Tribunal Supremo, incluyendo las que versen sobre reclamación de salarios agrícolas. ’ ’

Como fundamento de su recurso la peticionaria alega: (a) que la sentencia no está sostenida por la prueba; (b) que la corte recurrida, de acuerdo con lo resuelto en el caso de Avellanet v. Porto Rican Express Co., 64 D.P.R. 693, erró al desestimar la defensa de indebido fraccionamiento de las causas de acción; y (c,) que en el caso de no prosperar la ci-tada defensa, se declare que erró la corte al conceder, por el período'comprendido entre enero 1ro. de 1941 y enero 31 de 1943, una suma mayor de $67 que fué la reclamada en la apción anterior de qué se ba hecho mérito.

Bajo el certiorari concedido por la sección 12 antes transcrita, no se confiere facultad a este Tribunal para pasar sobre las conclusiones de hecho a que llegara la corte inferior, y por consiguiente en su misión debe concretarse a determinar si existe prueba en apoyo de la sentencia. En este caso, si bien los testimonios de Enrique Ríos y su testigo Narciso Vázquez no son todo lo satisfactorios que pudieran ser, lo cual puede atribuirse, hasta cierto punto, a su ignorancia, sin embargo, sus declaraciones sostienen la sentencia que declaró con lugar la reclamación.

El caso anterior radicado en la Corte Municipal, de Yabncoa en reclamación de $67, como declaró el propio querellante, era un caso muerto, es decir, abandonado. Que ello es así lo demuestra el hecho de que no obstante haberse radicado aquella querella el 15 de mayo de 1944, al instarse-este pleito en 20 de noviembre de 1945, nada se había hechoen el caso anterior, a pesar de tratarse de un procedimiento tan rápido como el prescrito en la Ley núm. 10 de 1917 ( (TI)-pág. 217.)

Como en el caso anterior no se dictó sentencia, no puede alegarse con éxito la defensa de res judicata y por lo tanto no es de aplicación la doctrina de fraccionamiento de causa de acción enunciada - en el caso de Avellamet, supra.

) La contención de la apelante expuesta bajo la letra (c) no merece detenida consideración. Bastará decir que no-habiendo sido la querellada inducida a cambiar su posición por el hecho de que en la querella anterior se reclamaran $67 por las novenas horas comprendidas en el período a que dicha querella se refiere, no está ahora el querellante impe-dido de alegar una suma mayor por ese concepto que la ale-gada en la querella anterior.

Procede, por lo expuesto, amular el auto expedido.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.


text:
    Silvia R. Muñiz y su esposo Otto Irizarry Sambolín, peticionarios, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. R. Ramírez Pabón, Juez, demandada.
    Núm. 1660.
    Sometido: Julio 8, 1946.

      Resuelto: Julio 22, 1946.

      Mario Báez García y José M. Ramírez de Arellano, abogados de los peticionarios; Ildefonso Freyre, abogado de los interventores, de-mandados en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal. .

Los peticionarios demandaron en desahucio a Lydia Qui-ñones y a su esposo Federico Gregory ante la Corte Municipal de San Germán. En la primera comparecencia los de-mandados, además de contestar la demanda, radicaron una moción sobre nulidad del- emplazamiento y su diligencia-miento. Ofrecieron prueba documental y estipularon con los demandantes que por ese hecho no renunciaban a su impug-nación al emplazamiento. Se celebró el juicio en la segunda comparecencia y la corte declaró sin lugar la cuestión legal planteada y al mismo tiempo desestimó la demanda. Los de-mandantes apelaron para ante la Corte de Distrito de Ma-yagüez. De nuevo los demandados reprodujeron su impug-nación al emplazamiento y ofrecieron su prueba en la pri-mera comparecencia. En la segunda se discutió la moción de los demandados y la corte dictó resolución declarándola con lugar y sosteniendo que carecía de jurisdicción apelativa para conocer del caso por no haberla tenido originalmente la corte municipal. Para revisar dicha resolución expedimos el auto de certiorari en este caso.

La moción sobre nulidad de los demandados se basa en lo siguiente:

“Que el emplazamiento y el diligenciamiento del mismo son nulos y sin ningún valor por el fundamento de que el diligenciamiento de dicho emplazamiento no contiene el apercibimiento que dispone la sección quinta de la Ley de Desahucio al efecto de. que si los deman-dados dejaran de comparecer a contestar por escrito la demanda, bien personalmente o por medio de abogado o apoderado, se decretaría el desahucio solicitado sin más citar ni oír a los demandados.”

El emplazamiento que impugnan los demandados en el caso de desahucio claramente les apercibía de las consecuen-cias de no comparecer a la primera comparecencia. Copiado literalmente dice así:

“A los demandados arriba mencionados, Lydia Quiñones y su esposo Federico Gregory:
“Por la presente se les emplaza, requiere y notifica que la Corte ha señalado el día 3 de abril de 1946, a las 9:30 de la mañana para la primera comparecencia que determina la ley de desahucio y se les apercibe que si en dicho día y hora no comparecen ustedes por sí o por medio de legítimo apoderado o abogado, se decretará el desahucio sin más citarles ni oirles, de acuerdo con la súplica de la demanda, copia de la cual les es servida en este acto y se les notifica que es abogado de los demandantes el Ledo. Mario Báez García, con oficina abierta en la segunda planta del edificio Radio Center de Mayagüez, Puerto Rico, a quien deben ustedes notificar de su contestación a la demanda.” (Bastardillas nuestras.)

La orden de citación expedida por la corte también con-tenía el pnismo apercibimiento.

Y el certificado del márshal transcrito literalmente lee así:

“Yo, Ricardo Marty, Jr., Márshal de la Corte Municipal.de San Germán, Puerto Rico:
‘ ‘ Certifico : — Que recibí el presente emplazamiento a las 3:00 de la tarde del día 25 de marzo de 1946 y que notifiqué el mismo perso-nalmente a las 5 :15 y 5:30 de la tarde del día 25 de marzo de 1946 a Federico Gregory y 'Lydia Quiñones, respectivamente, demandados mencionados en dicho emplazamiento, entregando a dichos demanda-dos y dejando en su poder, personalmente, en su casa calle Dr. Veve; San Germán, P. R., una copia fiel y exacta de dicho emplazamiento, de la demanda y de la orden de citación expedida por- el Juez, ha-biendo hecho constar, con mi firma al dorso de la copia del emplaza-miento entregado el sitio y fecha de su entrega y notificación.” (Bas-tardillas nuestras.)

El segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Desahu-cio (Art. 624 del Código de Enjuiciamiento Civil) dispone que “Al citarse al demandado se le apercibirá de que no compareciendo por sí o por legítimo apoderado se decretará el desahucio sin más citarlo ni oírlo.”

Arguyen los demandados que iio conteniendo el certifi-cado del diligenciamiento del márshal el apercibimiento, es nulo el emplazamiento. Se basan en el caso- de Andino v. Canales, 26 D.P.R. 134. Somos de opinión que dicho caso es claramente distinguible del de autos. Hemos examinado el expediente original de aquél y encontramos que si bien el certificado del márshal guardaba silencio en cuanto- al aper-cibimiento el emplazamiento en sí tampoco contenía aperci-bimiento alguno y se resolvió que:

“Entendemos que cualquier irregularidad no vicia de nulidad el emplazamiento, y nos referimos para ello a la doctrina establecida en los casos de Serrano v. Berdiel et al, 22 D.P.R. 445, y Llorens v. Castillo, Juez Municipal, 22 D.P.R. 670, pero la omisión del aperci-bimiento ordenado por el apartado 2o. de la sección 5a. de la Ley de Desahucio constituye un defecto sustancial que vicia de nulidad el emplazamiento por privar al -demandado del derecho a que se le informe de lo que puede oeurrirle si no comparece.” (Bastardillas nuestras.)

En López v. Meléndez, 22 D.P.R. 156, citado con aproba-ción en el caso de Andino, supra, se resolvió que un aperci-' bimiento 'en el emplazamiento al efecto de que ‘-si no com-parece en dicha sesión a formular sns alegaciones se conti-nuará el pleito por todos sus trámites Sin más citarle ni oírle, hasta dictarse la sentencia que proceda,” era suficiente y por tanto no era nulo el emplazamiento, a pesar de que el márshal en el diligenciamiento tampoco hizo constar ha-ber hecho el apercibimiento a los demandados.

En Stella v. Corte, 41 D.P.R. 635, se sostuvo la validez de un emplazamiento que contenía el apercibimiento, a pe-sar de que el márshal en su certificado no hizo constar ha-ber hecho tal apercibimiento. Este era un caso de alimen-tos cuyos procedimientos se rigen por la ley de desahucio.

No hemos encontrado en nuestra jurisprudencia ningún caso interpretando el párrafo segundo del artículo 5 de la Ley de Desahucio, supra, que resuelva que el márshal de-berá hacer constar en el diligenciamiento el haber hecho un apercibimiento de palabra a los demandados en el momento de entregarles el emplazamiento en el cual sí consta el aper-cibimiento que requiere dicha sección.

La orden de citación y el emplazamiento son los que de-ben contener el apercibimiento y en el caso de autos, como hemos visto, tanto la orden de citación expedida por la corte, como el emplazamiento, servidos a los demandados con co-pia de la demanda, expresamente-decían que “se les apercibe que si en dicho día y hora no comparecen ustedes' por sí o por medio de. legítimo apoderado o abogado, se decretará el desahucio sin más citarles ni oírles, ...” En su conse-cuencia, la corte municipal actuó con jurisdicción y también la tenía la corte inferior en grado apelativo para continuar conociendo del caso.

Bebe dejarse sin efecto la resolución recurrida y devol-verse el caso para ulteriores procedimientos.

      En este caso se dijo en la pág. 136:
      “Para que un demandado quede sujeto a la jurisdicción de la corte es necesario que se le cite en la forma que la ley prescribe y además que se devuelva a la corto una constancia de haberse llevado a efecto la .'citación, de la chal aparezca que los requisitos exigidos por el estatuto se cumplieron debidamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9S del Código de Enjuiciamiento Civil. Orcasitas v. Márquez et al, 19 D.P.R. 477.”
      En el caso de Orcasitas v. Márquez, de donde se tomó verbatim este párrafo, lo que se resolvió fué que el diligenciamiento de la citación no había sido auten-ticado en la forma que exige el artículo 92 del Código de Enjuiciamiento Civil y que para que un menor de edad quede sometido a la jurisdicción de una corte, es indispensable que se le cite personalmente, no siendo suficiente el emplaza-miento hecho a su tutor.