author: El Juez Asociado Señob Todd, Jr.,

text:
    Felipa Rivera, demandante, apelante y apelada, v. Fortuna Mazarredo, Emilio Olabarrieta y United States Fidelity & Guaranty Co., demandados, apelados y apelante el segundo.
    Núm. 8067.

    Sometido: Marzo 5, 1941.

      Resuelto: Abril 5, 1941.

      Garlos Santana Becerra, abogado de la demandante apelante; Géigsl & Silva, abogados de los demandados y apelados y del demandado apelante.
   El Juez Asociado Señob Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso sobre daños y perjuicios, la Corte de Dis-trito de San Juan dictó sentencia por la que declaró con lugar la demanda y condenó al codemandado Emilio Olabarrieta a pagar a la demandante Felipa Bivera la sum de $3,000 más las costas y $300 de honorarios de abogado, y desestimó la demanda en cuanto a los codemandados Fortuna Mazarredo y United States Fidelity & Guaranty Company, habiendo la demandante apelado de este último pronunciamiento y el co-demandado Olabarrieta de la sentencia en su contra. Por convenio de las partes ambos recursos ban sido acumulados y los resolveremos conjuntamente.

La demanda alega, en síntesis, que la demandante es madre legítima y única heredera de Tomás Rodríguez, quien falle-ció en San Juan el 21 de noviembre de 1937, sin dejar des-cendientes legítimos ni naturales ni otro ascendiente que la demandante; que los codemandados Fortuna Mazarredo y Emilio Olabarrieta son madre e hijo y dueños de varios negocios, entre ellos el de transporte de carga, para lo cual mantienen una empresa pública y utilizan un truck de su propiedad marca “Ford”, tablillas número HP-711, aten-diendo dicha empresa personalmente el codemandado Emilio Olabarrieta; que dicho truck fué asegurado en octubre de 1937 contra accidente por la otra, codemandada United States Fidelity & Guaranty Co.; que el día 21 de noviembre de dicho año, a las seis y media de la mañana dicho truck mien-tras era conducido por su dueño Emilio Olabarrieta por la calle Tapia de Santurce en dirección de sur a norte, arrolló al hijo de la demandante, Tomás Rodríguez, quien caminaba en la misma dirección por su derecha, produciéndole heridas graves y entre ellas la fractura, del cráneo, que le ocasiona-ron la muerte momentos después; que el hijo de la deman-dante caminaba por el extremo derecho de la calle sobre una franja de terreno no pavimentada y que la causa del accidente fué la negligencia del codemandado Emilio Olabarrieta quien, ■por su impericia al manejar vehículos pesados de motor, al ■desviarlo súbitamente hacia la derecha para no meterse en un pequeño hoyo que había en el centro de la calle lo hizo ,con tal grado de negligencia y falta de cuidado que arrolló :a Tomás Rodríguez, que iba de espaldas al vehículo, con la fcaja del mismo; que Rodríguez tenía de 40 a 45 años de edad, gozaba de buena salud, era comerciante dedicado al negocio de tienda y cafetín, en cuyo negocio se ganaba dia-riamente nn promedio de tres a cuatro dólares, siendo el único sostén de su madre la demandante, de una hermana y una sobrina y que, como consecuencia de su muerte la demandante ha sufrido angustias mentales, sufrimientos físi-cos y morales y daños pecuniarios que estima en $15,000.

Los demandados presentaron, mociones de especificaciones y de eliminación y excepciones previas de indebida acumula-ción de parte demandada y de falta de hechos constitutivos de causa de acción, las que fueron declaradas sin lugar y entonces contestaron la demanda negando específicamente todos los hechos esenciales de la demanda y como defensas especiales alegaron la negligencia contributiva de Tomás Eodríguez, y haciéndolo responsable del accidente por haber cruzado súbitamente la calle Tapia de izquierda a derecha no pudiendo Olabarrieta evitar arrollarlo, negaron que el truck fuera propiedad de los codemandados Fortuna Maza-rredo y Emilio Olabarrieta y sí de una tercera persona, Luis A. liuiz; que al tiempo del accidente el vehículo no era con-ducido por Olabarrieta como empleado de su madre ni estaba en gestiones de ella, y que el accidente no fué debido a la propiedad, mantenimiento u operación del camión HP-711 por la codemandada Fortuna Mazarredo.

Pasaremos a considerar y resolver primero, el recurso interpuesto por la demandante contra aquella parte de la sentencia que desestimó la demanda en cuanto a los code-mandados Fortuna Mazarredo y U. S. Fidelity & Guaranty Co. Cuatro errores atribuye a la corte inferior, a saber, al concluir que el contrato de seguro en este caso fue hecho por la compañía para asegurar personalmente a Fortuna Mazarredo; al apreciar y concluir que la compañía no tenía responsabilidad civil en virtud de la póliza; al concluir que Emilio Olabarrieta propietario del truck, no estaba cubierto por la póliza, y al absolver a la compañía de toda respon-sabilidad. Los cuatro envuelven, prácticamente, la misma cuestión, a saber, si la póliza expedida por la codemandada United States Fidelity & Guaranty Co. a favor de Fortuna Mazarredo cubría o no la responsabilidad civil objeto de la reclamación de daños en este caso. Y por tanto, los resol-veremos conjuntamente pues en esta forma los discute la apelante en su alegato.

En la opinión que sirvió de base a la sentencia el juez interino, Sr. de la Haba, al resolver este respecto del caso, se expresó así:

“Igualmente existe un conflicto de evidencia en cuanto a la pro-piedad del truck, pues mientras la demandante sostiene que era de Olabarrieta según su alegación sexta, y de Olabarrieta y la Mazarredo según la alegación cuarta, los demandados alegan que el vebíeulo era propiedad de Luis A. Ruiz.
“Creemos que la evidencia toda demuestra que el truck no era propiedad de Ruiz sino de Emilio Olabarrieta. Éste hizo el negocio del truck con la casa Smallwood Brothers, pagaba los plazos y proveía los gastos de operación del mismo, trabajando Ruiz solo como chauffeur, a un tanto por ciento de los ingresos. Por razones que desconocemos el truck fué puesto a nombre de Ruiz, y cuando él salió del empleo de Olabarrieta le traspasó el truck al empleado de Ola-barrieta, Juan Faria Rosario. La declaración de Ruiz es una contra su propio interés y la corte tiene que darle entero crédito pues no es lógico suponer que si el truck era de su propiedad, y en el accidente no tenía responsabilidad alguna personal, que negase la propiedad del truck con el peligro consiguiente de perderlo.
“As como Olabarrieta adquirió el truck HP-711 y lo puso a nombre de un tercero, en igual forma actuó cuando lo aseguró contra accidentes con la demandada United States Fidelity & Guaranty Go. En lugar de asegurarlo a nombre de Ruiz, o a su propio nombre como asegurado, Olabarrieta lo aseguró como de la propiedad de su madre Fortuna Mazarredo, la que a todos los efectos del contrato de seguro, es la asegurada.
“No existe la más leve señal de 'prueba que conecte a Fortuna Mazarredo con la propiedad del truck HP-711, ni con ninguna em-presa o negocio entre ella y su hijo Olabarrieta- en cuanto al fun-cionamiento de dicho vehículo a los fines de transportación pública. En cuanto a estos extremos ha quedado sin proba,r completamente la. alegación cuarta de la demanda, en lo que respecta, desde luego, a la demandada Fortuna Mazarredo.
“El contrato de seguro entre la demandada Mazarredo y la United States Fidelity & Guaranty Co., señala como asegurada a Fortuna Mazarredo, eon la cual conviene la compañía asegurarla, de acuerdo con los convenios contenidos en los acuerdos generales de seguro de la póliza (Exhibit ‘D’ de la demandante). Entre estos acuerdos ge-nerales se encuentra la cláusula A, que en su parte esencial dice así:
“ ‘Contra pérdida derivada de la responsabilidad que impone la ley al Asegurado por los daños y perjuicios ocasionados por lesiones personales, incluyendo la muerte resultante de esas mismas lesiones, que sufra o alegue haber sufrido accidentalmente cualquier persona o personas causado por o debido a la propiedad, mantenimiento u operación de cualquier automóvil propiedad de y bajo licencia en nombre del Asegurado descrito en las estipulaciones . . . etc.’
“Es claro y patente, que el contrato de seguro fué hecho por la compañía para asegurar personalmente a Fortuna Mazarredo contra cualquier responsabilidad civil de ella, resultante de la propiedad,, mantenimiento u operación del vehículo descrito en la póliza; y si el vehículo no era de ella, ni se probó que tuviera responsabilidad alguna por sit operación o mantenimiento, es consecuencia lógica qtie la aseguradora no tiene tampoco responsabilidad, civil por virtud del contrato de seguro.
“El contrato de seguro cubre al vehículo sólo cuando es de la propiedad del asegurado o mantenido u operado por éste. Es una obligación personal entre la asegurada y la compañía, que responde únicamente cuando a la primera le cabe responsabilidad civil como consecuencia del funcionamiento del vehículo cubierto en la póliza. En el presente caso la prueba de la propia demandante demuestra que el dueño del truck era el demandado Olabarrieta, y no se de-mostró relación alguna entre éste y la demandada Mazarredo, fuera de que ella era la madre del primero. Si la Mazarredo no era la dueña del truck y no tenía relación alguna con Olabarrieta con res-pecto a la operación del mismo en un negocio o empresa de servicio público o transporte, es claro que la compañía aseguradora no tiene responsabilidad, porque la falta de responsabilidad civil de la ase-gurada trae como resultado la inexistencia de responsabilidad alguna de la aseguradora.
“Bajo la póliza expedida a la Mazarredo, el propietario del truck Olabarrieta no estaba cubierto, porque la aseguradora no contrató con él, ni su responsabilidad civil para con terceros afecta a la ase-gurada Mazarredo; por consiguiente no fué uno de los riesgos asu-midos por la United States Fidelity & Guaranty Co., bajo los tér-minos de su contrato de seguro con Fortuna Mazarredo.
“A este respecto existe abundante jurisprudencia y los trata-distas sobre la materia sostienen esta teoría uniformemente. Blashfield Cyclopedia of Automobile Law and Practice, Tomo 6, pág. 343, Sección 3962; Whitney y. Employers’ Indemnity Corp. 202 N. W. 236, 4 A.L.R. 495; Bess v. Commonwealth Casualty Co., 128 Atlantic Reporter 250, 101 N. J. Law 380.” (Itálicas nuestras.)

Piemos leído detenidamente la transcripción de evidencia, y los Pedios qne la corte inferior dió por probados se ajustan correctamente a la prueba presentada por las partes. Asi-mismo los casos y autoridades citados en la opinión sostie-nen las conclusiones legales a que lleg’ó interpretando los tér-minos de la póliza tal como aparecen redactados.

La apelante, en su alegato, acepta expresamente la conclusión a que llegó la corte sentenciadora de que el truck era de la única y exclusiva propiedad del codemandado Emilio Olabarrieta y que lo aseguró como de la propiedad de su madre la codemandada Fortuna Mazarredo. Insiste, sin embargo, la apelante en sostener que la corte inferior debió haber dado por reformado el contrato de seguro para que, en lugar de Fortuna Mazarredo, apareciera como asegurado Emilio Olabarrieta. Cita extensamente autoridades y jurisprudencia para sostener su teoría pero, somos de opinión que la misma no puede prevalecer por varios motivos, a saber, primero, porque esta cuestión no se planteó a la corte inferior y' se levanta por primera vez en apelación ante este tribunal; segundo, porque no se hizo alegación alguna en la demanda al efecto de que la codemandada United States Fidelity & Guaranty Co. tuviera conocimiento de que el truck no era propiedad de Fortuna Mazarredo, ni que la póliza se expidiera por error o fraude a nombre de dicha asegurada; tercero, porque no se presentó por la demandante evidencia alguna que tendiera a demostrar que en la expedición de la póliza se incurriera por las partes contratantes o por una de ellas en dicho error o fraude y, cuarto, porque la acción ejercitada fue una de daños j perjuicios sin que, como parte de la misma, se solicitara, si es que procedía, la reforma del contrato de seguro.

Decimos “si es que procedía” porque en esta jurisdicción no se ha resuelto expresamente la cuestión. En el caso de Carrión v. Lawton, 44 D.P.R. 463, esta Corte Suprema, por medio de su Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, se expresó, a la página 469, así:

“Además el demandado ha presentado la defensa de cosa juz-gada, que, en caso de prevalecer, hace innecesario que resolvamos ahora si la acción de reforma de contrato, tal y como surge de las alegaciones de la demanda, puede ejercitarse o no dentro de nuestro derecho civil.” (Itálicas nuestras.)

En dicho caso prevaleció la defensa de cosa juzgada y el tribunal no tuvo que resolver la cuestión planteada. Tampoco en el caso de autos consideramos que proceda resolverla defi-nitivamente porque, como hemos dicho antes, la demanda no contiene las alegaciones necesarias ni se presentó la eviden-cia indispensable para justificar que este caso se considere como uno que conlleva la determinación de si procedía o no la reforma del contrato de seguro otorgado. Que, sin llenar estos requisitos la acción no procede, aun en las jurisdicciones en que existen los procedimientos en equidad, es la regia prevaleciente.

En 23 R.C.L. 360, Sec. 57, se expone la doctrina en la forma siguiente:

“Una corte ele equidad no puede reformar un documento sino de acuerdo con las alegaciones que justifican el remedio en equi-dad solicitado. Las alegaciones deben demostrar que el documento cuya reforma se solicita no refleja el acuerdo verdadero que me-dió entre las partes por razón de su mutuo error o debido al fraude de una de ellas ó al fraude o situación injusta por un lado y error por el otro. Al alegar los motivos para la reforma, se per-mite a veces imputar fraude o error en la alternativa. Desde luego, los términos del acuerdo verdadero, si alguno existió entre las partes, deben ser alegados específicamente', y el documento cuya reforma se solicita debe ser transcrito en las alegaciones o unido a ellas com.o un ‘exhibit’ de modo que de él y de las alegaciones en cuanto al verdadero acuerdo o en cuanto a la intención real de las partes, apa-rezca claramente que dicho documento no está en armonía con el acuerdo verdadero de las partes.”

Y véanse además las secciones 58 y 59 en cuanto a la forma en que debe alegarse el error o el fraude. Véase al mismo efecto 53 C. J. 1012, Sec. 166.

La demanda en este caso no contiene alegación alguna de error o fraude cometido por alguna o ambas partes en el otorgamiento de la póliza de seguro. Se limitó la deman-dante a decir que el truck era de la propiedad de Fortuna Mazarredo y Emilio Olabarrieta y que el mismo fué asegu-rado por la United States Fidelity & Guaranty Co. Tam-poco presentó la demandante prueba alguna que fuera admi-tida por la corte sin la oposición de los demandados, que pudiera dar lugar a considerar enmendada la demanda, al efecto de ajustar las alegaciones a la prueba practicada. Para poder obtener que una corte modifique un contrato, bajo la doctrina de “reformation”, debe la parte que así lo solicita demostrar, mediante evidencia adecuada, que el con-trato no es un reflejo fiel de la voluntad de las partes debido a un error o fraude. Véase 6 Blasbfield Cyclopedia of Automobile Law and Practice, 308, Sec. 3901.

Es cierto que el peso de las autoridades en los Estados Unidos sostiene la doctrina de que no es necesario ejercitar previamente el remedio en equidad sobre reforma o enmienda del contrato y que puede solicitarse en la misma acción en ley sobre cumplimiento del contrato de seguro, pero siempre se requiere que las alegaciones y la evidencia así lo justifi-quen. En 29 American Jurisprudence 236, parte de la See. 240, se expresa la regla así:

“El peso de las autoridades sostiene que cuando las alegaciones y la evidencia en una acción sobre una póliza de seguro son tales que justificarían a la corte en reformar la póliza, la corte puede darle efecto al verdadero contrato y enforzar la póliza como si estuviera reformada, sin tenor que hacer un decreto formal de reforma.” (Itá-licas nuestras.)

Véanse los casos citados en la monografía contenida en 66 A.L.R. 763 y especialmente a las páginas- 772 y siguientes.

De manera, que siempre deben alegarse becbos y luego probarse los mismos para que una corte esté justificada en enmendar los términos del contrato. No habiéndose hecho esto por la demandante en este caso, consideramos que no estamos obligados a resolver definitivamente, como dijimos antes, si dicha acción puede ejercitarse.

Bajo los hechos alegados y probados y las autoridades y jurisprudencia citadas en la opinión, supra, no cometió error la corte inferior al resolver que el codemandado Emilio Ola-barrieta no estaba cubierto por la póliza y absolver a la compañía aseguradora de responsabilidad.

Pasamos a considerar ahora el recurso interpuesto por Emilio Olabarrieta contra la sentencia que lo condenó a pagar $3,000, costas y $350 de honorarios de abogado. Señala cuatro errores, por haber la corte inferior declarado sin lugar la moción sobre especificaciones y bill de particulares, al declarar sin lugar una moción eliminatoria, al declarar con lugar la demanda no obstante la. ausencia absoluta de prueba que acredite que la demandante Felipa Rivera sea la única y universal heredera del finado Tomás Rodríguez Rivera y, por último, al apreciar la prueba presentada y estimar probado que el accidente ocurrió debido a la negligencia o impericia del codemandado Emilio Olabarrieta.

Para resolver el último error señalado basta con leer los fundamentos que expresó la corte inferior en su opinión, en cuanto a cómo consideró probados los hechos que dieron lugar al accidente. Después de analizar las declaraciones de los seis testigos de la demandante y del único testigo de los demandados, se expresó así:

“Tanto el testigo ele los demandados como los testigos Tomás Rodríguez y Adolfo Betancourt, declararon que el truck del de-mandado Olabarrieta estaba parado en la calle Muñoz Rivera frente al puesto de leche, y que para entrar a la calle Tapia, con el fin de bajar hacia Loíza, tuvo que dar contra-marcha y virar en la in-tersección de dichas calles. Desde la esquina de Muñoz Rivera hasta el sitio del suceso, sólo habían cuatro casas y el recorrido no era muy largo según manifestó el testigo Rivera Falú que lo calculó en unos ochenta pies.
“Tanto la testigo Georgina Vélez como el testigo Adolfo Betan-court declararon categóricamente que Tomás Rodríguez bajaba por la calle Tapia hacia Loíza por la derecha de dicha calle. Lo sabe Georgina Vélez porque momentos antes se había adelantado con la sobrinita del interfecto, y con su propia hermana, andando hacia adelante y dejando a Rodríguez detrás como una o dos casas de largo. El testigo Betancourt es categórico en su afirmación de que pudo observar la desviación súbita 'del truck hacia la derecha y el golpe que le dió a Rodríguez con la parte derecha de la caja, cayendo Rodríguez a mano derecha en dirección a la calle de Loíza.
La testigo Marta Ortiz sintió un golpe y el chirrido de las ruedas. También sintió este golpe el testigo Rivera Falú, y la testigo Georgina Vélez describe el ruido como cuando un carro trata de virar una esquina. Los testigos de la demandante, Marta Ortiz, Rivera Falú y Adolfo Betancourt hablan del hoyo que había cerca de la esquina, y el Jefe Silén declaró que el truck quedó parado como a cinco o diez metros del hoyo. Los tres testigos que presenciaron el acci-dente, Georgina Vélez, Adolfo Betancourt y Pedro Ocasio describen la súbita desviación del truck hacia la derecha antes de arrollar a Tomás Rodríguez. Leoncio Rivera Falú habla de un hoyo a la parte de arriba de su casa, del cual los carros huían, y de una zanja que atravesaba la calle Tapia y que estaba situada al frente de la primera casa que da esquina a Muñoz Rivera.
La corte tiene que dar gran peso al testimonio de Georgina Vélez por la forma ingenua y cándida en que declaró, tanto a preguntas del abogado de la demandante, como durante el extenso y hábil in-terrogatorio del abogado de los demandados. Este testimonio unido a la declaración del testigo presencial Adolfo Betancourt y del tes-timonio de los testigos Rivera Falú, Marta Ortiz y de la descripción gráfica dada por el Jefe Silén, lleva a esta corte a la conclusión de que el accidente que ocasionó la muerte de Rodríguez fué debido a la negligencia del demandado Olabarrieta en el manejo del truck HP-711 y que éste, después de haber pasado la primera zanja que atraviesa la calle Tapia, más o menos frente a la primer casa que da esquina a la calle Muñoz Rivera, desvió su truck en tal forma vio-lenta y negligente hacia la derecha, que arrolló al interfecto Tomás Rodríguez que andaba por su mano derecha, en dirección a la calle de Loíza, y de espaldas al referido truck que caminaba en la misma dirección.
“Corrobora esta conclusión de la corte el hecho de que todas las contusiones y heridas del interfecto fueron en la región izquierda de su cabeza y hombro izquierdo, lo que da a entender que fué al-canzado por el truck con la parte derecha de dicho vehículo y no como dice el testigo Ocasio que fué alcanzado eon el lumper por la espalda, y lanzado hacia el frente. El examen post mortem del cadáver de Rodríguez, llevado a efecto por el Dr. Martínez Alvarez, no reveló ninguna contusión o golpe por la espalda a la altura de las piernas o de la cintura del interfecto, cosa que seguramente se hubiese re-velado si Rodríguez hubiese sido alcanzado por el truck y hubiese re-cibido un fuerte golpe por la parte trasera de su cuerpo. Por otro lado, si el interfecto hubiese estado en el acto de cruzar la calle hacia la derecha, en el momento de ser alcanzado por el truck del deman-dado Olabarrieta, las contusiones y golpes los hubiese recibido en el lado derecho de su cuerpo y alguna señal habría observado el Dr. Martínez Alvarez reveladora de esa posición del interfecto en el momento de ser arrollado. El examen pericial post mortem reveló que el interfecto era un hombre normal, de estructura muscular uni-forme, y sano. El golpe o golpes que le produjeron la muerte han tenido por necesidad que ser golpes contundentes y fuertes para pro-ducir la fractura del cráneo y las intensas hemorragias que observó el médico.”

No se imputa a la corte inferior pasión, prejuicio o par-cialidad en la apreciación de la prueba sino que incurrió en manifiesto error al apreciar la misma. Somos de opinión, después de haber leído detenidamente la transcripción de evidencia, que la corte a guo apreció correctamente los hechos del caso y que la conclusión a que llegó de que el codeman-dado Emilio Olabarrieta fué negligente al manejar el truck debe ser sostenida. La teoría del demandado, según su único testigo Ocasio, de que el accidente se debió a la negligencia de Tomás Rodríguez al cruzar la calle Tapia de izquierda a derecha en el momento en que Emilio Olabarrieta bajaba por el lado derecho de dicha calle, quedó destruida primero, por las heridas y contusiones que presentaba el interfecto todas en el lado izquierdo de su cuerpo y ninguna en la espalda, o lado derecho y segundo, por la preponderancia de la evidencia de la demandante cuyos testigos todos declararon que Tomás Rodríguez caminaba por el lado derecho de la calle y que en ningún momento lo vieron cruzar del lado izquierdo al derecho. Debe desestimarse este error.

Los dos primeros señalamientos que se refieren al hecho de haberse declarado sin lugar la moción sobre especificaciones y particulares y la moción eliminatoria, carecen de importancia substancial y aun cuando resolviéramos que se habían cometido, no conllevarían la revocación de la sentencia. El tercer error imputado sí es substancial y se refiere al hecho de no haberse probado por la demandante que ella sea la única y universal heredera del finado Tomás Rodríguez Rivera.

La acción ejercitada en este caso por Felipa Rivera como madre legítima y única heredera de Tomás Rodríguez, está autorizada por el artículo 61 del Código de Enjuiciamiento Civil, por haberse probado que Tomás Rodríguez tenía cuarenta años de edad al fallecer, pero ya se ha resuelto por este tribunal en los casos de Carbou Rodríguez v. Mir, 36 D.P.R. 809; López v. Am. R. R. Co., 50 D.P.R. 1, y Méndez v. Serracante, 53 D.P.R. 849, que la prueba debe demostrar. no solamente que el demandante es heredero de la persona por cuya muerte se reclaman los daños y perjuicios, sino también debe probarse que el demandante es el único heredero con derecho a reclamarlos.

Por el examen cuidadoso que hemos hecho de la evidencia presentada por la demandante somos de opinión que no se probó que ella sea la única heredera de su hijo Tomás Rodrí-guez Rivera. Del acta de nacimiento de dicho Tomás Rodrí-guez (exhibit B de la demandante) aparece que él era hijo legítimo de Tomás Rodríguez Rodríguez y de Felipa Rivera Colón, pero en ningún momento declaró la demandante que su esposo hubiera fallecido ni se presentó el acta de defun-ción de dicho Tomás Rodríguez Rodríguez. Tampoco se probó si el hijo de la demandante Tomás Rodríguez Rivera al fallecer había otorgado testamento o no. El hecho de que la demandante sea su madre y que él falleció soltero y sin dejar hijos, no la hace su única y universal heredera, pues era necesario probar antes que Tomás Rodríguez Rivera murió sin baber otorgado testamento.

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandante y, habiéndose cometido el tercer error señalado en el recurso del codeman-dado Emilio Olabarrieta y siguiendo la pauta trazada en los casos de Garbou Rodríguez v. Mir y Méndez v. Serrano, supra, nos vemos precisados a revocar la sentencia apelada y devol-ver el caso a la corte inferior con el único objeto de que se determine si la demandante es o no la única heredera de Tomás Rodríguez Rivera, debiendo la corte inferior dictar nueva sentencia de acuerdo con el resultado de la prueba que se le presente con tal fin.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Federico Dijols, peticionario, v. Andrés A. Lugo, Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, demandado.
    Núm. 127.

    Sometido: Marzo 1, 1941.

      Resuelto: Abril 15, 1941.

      Federico Dijols, por su propio derecho; Son. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Esto caso fué resuelto en febrero seis último (ante, pág. 5). En febrero diez y siete pidió el fiscal que se reconsiderara la sentencia, radicando un extenso alegato en apoyo de su petición en marzo uno siguiente. Los fundamentos que aduce son:

“1. — Que la prueba aportada por el peticionario en el presente recurso de bábeas corpus, como cuestión de derecho, era insuficiente para destruir la presunción de regularidad de la sentencia de la corte inferior.
“2. — Que al dar crédito este Hon. Tribunal al testimonio del pe-ticionario en corte abierta, fué inducido a error por el propio peti-cionario, mediante falsas manifestaciones que no fueron corroboradas por prueba otra alguna, ni surgían del propio récord; siendo en varios extremos contrarias a dicho récord; surgiendo la falsedad y contradicción de dicho testimonio del contrainterrogatorio habido, y de documentos que obran en los autos del caso 8330 de este Tribunal.
“3. — Que independientemente de la admisibilidad e insuficiencia del testimonio del peticionario para destruir (overcome) la presunción de regularidad de la sentencia atacada, dicho testimonio no es digno de crédito y casi raya en un desacato al Tribunal por lo ofensivo y gratuito de sus imputaciones a la reputación del juez de la corte inferior y de otros abogados, la corrección de cuyas actuaciones pro-fesionales no puede ni debe ser puesta en duda, ni abierta a inves-tigación en un procedimiento de babeas corpus, donde la sentencia no puede ser ‘slightly set aside.’
“4. — Que independientemente de lo arriba expuesto, el peticiona-rio, en el juicio en la corte inferior.
“(a) no tenía derecho a que, bajo las circunstancias del caso, se le designara abogado;
“ (ó) de tener tal derecho fué el mismo renunciado inteligente-mente por el acusado.”

En su alegato cita el fiscal una opinión emitida por uno de los jueces asociados de esta corte en un caso tramitado ante él en que se toman en consideración, se fija el alcance y se aplican las otras autoridades que invoca. Nos referimos a la opinión del Juez Asociado Sr. De Jesús emitida como juez de turno en noviembre 12, 1940, en Ex parte Leonardo Santos Rosado, que, en lo pertinente, dice:

“Es verdad que en el caso de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, em que descansa principalmente el peticionario, se resolvió que a mo-nos que un acusado hubiese estado asistido de abogado o hubiese re-rauiciado competente e inteligentemente a tal clerecbo, pierde la corte su jurisdicción, la sentencia que en su contra se dicte es nula, y puede obtenerse la libertad del acusado mediante babeas corpus. Pero en el mismo caso, a las páginas 468-469, también se dijo por el mismo tribunal que cuando la sentencia de una corte es atacada eolateralmente, la sentencia tiene la presunción de regularidad y que en tales casos el peso de la prueba recae en el peticionario para es-tablecer que no renunció competente o inteligentemente a su derecho constitucional de asistencia de abogado. Véanse al mismo efecto Forthoffer v. Swope, Warden, 103 F. (2d) 707, 710, 711; Nivens v. Hudspeth, Warden, 105 F. (2d) 756, 758; Zahn v. Hudspeth, Warden, 102 F. (2d) 759, 762; y Franzeen v. Johnston, Warden (CCA 1940) 111 F. (2d. 817, 820, donde luego de exponer el prin-cipio anteriormente enunciado, agrega el tribunal:
“ ‘Cuando» decimos que “el peso de la prueba. (onus probancü) recae sobre el peticionario para establecer que él no renunció com-petente o inteligentemente su derecho constitucional de asistencia de abogado”, queremos decir que el peticionario debe presentar prueba suficiente para controvertir la presunción de regularidad- que tiene la sentencia de un tribunal. La contención del peticionario no está sostenida por prueba de esa naturaleza. Además, no sostenemos nosotros que de los records de la corte sentenciadora deba aparecer afirmativamente que al acusado le fué ofrecida asistencia de abogado y que él la rehusó (aunque ésta sería la mejor práctica), pues si tal cosa sostuviésemos estaríamos cambiando el peso de la prueba (shifting the burden of proof), imponiéndolo a la corte en vez de al pe-, ticionario, por la mera alegación de éste. Pudo el acusado haber rehusado la oferta de abogado que le hiciera la corte y ese hecho no aparecer del récord.’ ”

Aceptamos la interpretación de la ley y la jurisprudencia que la opinión contiene, pero no estamos conformes en que de acuerdo con la misma proceda la reconsideración que se solicita.

En nuestra opinión de febrero seis analizamos los autos introducidos en evidencia para dar color al asunto y para juzgar por el resultado de los mismos la trascendencia que bubiera tenido para la causa de la administración de la justicia que el acusado hubiera contado con el auxilio de un abogado competente que lo hubiera defendido. No revoca-mos la sentencia condenatoria de la corte de distrito dentro del procedimiento de hábeas corpus. Dentro de él lo que hicimos fné decretar la libertad del peticionario por haber actuado sin jurisdicción la corte que lo juzgara.

A virtud de la declaración jurada del peticionario exa-minada en relación con todas las circunstancias concurrentes, se formó en nosotros la convicción de que pudiendo y debiendo hacerlo la corte de distrito no nombró abogado al acusado, ni le advirtió de su derecho a tenerlo, ni el acusado por sí mismo renunció inteligentemente su derecho. Su aparente habilidad en detalles puso de manifiesto su ausencia de cono-cimiento en cuanto al fondo del asunto. Pretensión, no actua-ción consciente, reveló su actitud.

Reconocemos que se trata de un caso extremo, que está en la línea, que pudo llegarse a una u otra conclusión y que en cuanto a decidirnos en un sentido o en otro y optar por la conclusión a que llegamos, ios méritos del caso tales como surgen de los autos y la idea de impartir justicia, inclinaron la balanza de nuestro juicio. Pero ello no quiere decir que nos desviáramos de las bien establecidas normas de la ley y la jurisprudencia. De no haber existido como circunstan-cia primordial la falta del debido nombramiento de abogado, no hubiéramos, colateralmente, tomado en consideración los méritos del caso.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


author: El Juez Asociado Señou De Jesús

text:
    La Sociedad Protectora de los Niños Huérfanos de Río Piedras, etc., peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Jr., demandada.
    Núm. 1238.

    Sometido: Abril 14, 1941.

      Resuelto: Abril 15, 1941.

      H. Torres Sola j F. Pérez Almiroty. abogados de la peticionaria; 8. Cruz Disdier, abogado de los interventores, demandantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señou De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La solicitud de certiorari en este caso radicada alega que la corte inferior incurrió en ciertos errores de procedimiento al anular en un pleito declarativo el procedimiento sumario-ejecutivo seguido por la peticionaria contra la Sucesión de Francisco Molina Varela. Como en efecto los errores seña-lados por la peticionaria, de haberse cometido, constituirían errores de procedimiento, expedimos el auto, remitiéndosenos los expedientes originales tanto del procedimiento ejecutivo' como del pleito en que se decretó su nulidad, celebrándose en el día de ayer la vista del recurso con asistencia e informe oral de la peticionaria y de la interventora, Sucesión de Francisco Molina Varela.

Del estudio que hemos hecho de los expedientes mencio-nados, resulta que en el pleito de nulidad se alegaron por los allí demandantes — aquí interventores — cinco motivos de nuli-dad que el juez inferior expuso en su opinión bajo las letras A a la E, inclusives; que dicho juez discutió los expuestos bajo las letras A a la O, decretando por el último de ellos la nulidad del procedimiento ejecutivo, expresándose así:

“Por entender que el fundamento de nulidad letra C es suficiente para declarar con lugar la demanda en su primera causa de acción, ya que la moción solicitando la citación de los demandados mediante-la publicación de edictos en el referido procedimiento ejecutivo hipo-tecario no estaba jurada, no pasaremos a resolver los otros dos. Esta corte nunca adquirió jurisdicción sobre dichos demandados. Se de-clara sin lugar la moción de nonsuit.”

Aparece además de la petición de certiorari y del pleito de nulidad, que se halla pendiente recurso de apelación contra la sentencia en este último dictada, y como en el supuesto-de que fuesen erróneos los fundamentos en que se basó el juez inferior, procedería la confirmación de la sentencia si de los autos resultasen otros fundamentos que la sostengan, no habiendo la corte inferior considerado los motivos D y E, que a nuestro juicio no son frívolos, no procede, dentro de ■este recurso de certiorari, anular dicha sentencia, sino remi-tir a las partes a la apelación pendiente, para que se dicte allí la que proceda, considerando todos los motivos de nuli-dad alegados en la demanda. De otro modo, nos expondría-mos a incurrir en el error de anular una sentencia que podría sostenerse por otros fundamentos alegados en la demanda y no suscitados en la petición de certiorari ni considerados por el juez sentenciador.

Procede, por lo expuesto, sin prejuzgar las cuestiones sus-.citadas en la solicitud de certiorari, anular él auto expedido.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Francisco Pérez, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1242.

    Sometido: Abril 7, 1941.

      Resuelto: Abril 15, 1941.

      Arturo O’Neill, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El auto de certiorari no se concede ex debito justitice-. Su expedición descansa única y exclusivamente en la sana discreción del tribunal. Por esa razón la negativa a expedirlo no tiene que ser fundamentada.

En el presente caso se solicitó nn auto de certiorari para revisar la resolución de la Corte de Distrito de San Juan que a moción de la demandada decretó el traslado del pleito de divorcio a la Corte de Distrito de Mayagüez, distrito de sn domicilio.

En la solicitud de certiorari el peticionario descansó en la ficción legal a virtud de la cual el domicilio de la esposa se presume ser el del marido. Pero como esta regla no es absoluta y no obstante la ficción, la esposa puede tener en Mayagüez un domicilio separado del de su marido (Wear v. Wear (1930 Kan.) 72 A.L.R. 425, 438; Dean v. Dean (1926 N.Y.) 42 A.L.R. 1398; Glass v. Glass (1927 Mass.) 53 A.L.R. 1157; Re Daggett, (1931 N.Y.) 75 A.L.R. 1251) y en tal caso tiene ella derecho a que el pleito se vea en el distrito de su domicilio, denegamos la expedición del auto por no aparecer de la solicitud de manera clara e- inequívoca que el domicilio de la demandada o el conyugal, no radicara en Mayagüez, sugiriendo así al peticionario, la enmienda consiguiente, si es que podía hacerla congruente con la verdad. Entendién-dolo así, radicó el peticionario una solicitud complementaria en la que para acreditar el domicilio conyugal transcribe el párrafo 3o. de la demanda de divorcio, a saber:

"3. Que el demandante y la demandada no han aquirido bienes gananciales de ninguna especie ni privativos durante el matrimonio; que el demandante y la demandada han residido en el distrito judicial de San Juan, por más de un año con antelación a la radicación de esta demanda.”

No consta que la demanda de divorcio estuviera jurada y aunque el abogado del peticionario jura que dicho párrafo tercero ha sido fielmente transcrito, ese juramento sólo garan-tiza la exactitud de la transcripción, mas no la verdad de su contenido. Copió además el peticionario en su solicitud complementaria el affidavit de méritos que a la moción de traslado acompañó la demandada, en el cual asegura ésta que ‘ ‘ fue y es residente del pueblo de' Sabana G-rande, terri-torio de la Corte de Distrito de Mayagüez, sin que baya -renunciado al derecho de domicilio.” En tales circunstan-cias no creemos hacer buen uso de nuestra discreción expi-diendo el auto ya que con ello obligaríamos a la demandada a incurrir en los gastos consiguientes para sostener en este tribunal la orden de traslado dictada a su favor.

Al exigir la prueba afirmativa e inequívoca antes aludida, esperábamos que el peticionario bajo juramento expresase específicamente el sitio dentro del distrito judicial de San Juan donde como cuestión de hecho marido y mujer habían establecido el domicilio conyugal; pero el peticionario no lo hizo, y al declararse no haber lugar a la petición complemen-taria, insiste en un supuesto derecho a que se le expongan las razones de la negativa.

Aunque no estamos obligados a hacerlo y sin que ello siente precedente, lo expuesto contesta satisfactoriamente, a nuestro juicio, la moción del peticionario radicada el 7 del actual.

Procede, por lo expuesto, ratificar nuestra resolución de abril 1, 1941.


author: El, Juez PbesideNte Señob Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Defilló, acusado y apelante.
    Num. 8400.

    Sometido: Febrero 20, 1941.

      Resuelto: Abril 17, 1941.

      A. Lastra Ghárriez, A. D. MarchancL Paz y Garlos Santana Becerro,, abogados del apelante; Son. Procurador General George A. Malcolm y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Stipremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El, Juez PbesideNte Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

En enero 25, 1937, el fiscal del distrito formuló acusación contra Pedro Defilló imputándole un delito de asesinato en primer grado cometido tres días antes en Mayagüez al agre-dir con un revólver, con malicia expresa y propósito firme y deliberado de arrebatarle la vida, a Francisco Itoméu, hacién-dole tres disparos e infiriéndole varias heridas de bala a con-secuencia de las cuales murió momentos después.

En enero 26, 1937, se leyó la acusación con entrega de ■copia al acusado. Se le concedieron diez días para entrevis-tarse con sus abogados y contestar, lo que hizo en efecto en febrero cuatro siguiente asistido de abogado alegando no ser culpable y pidiendo juicio por jurado.

En enero 17, 1938, solicitó el traslado de la causa a otro distrito. Se opuso el Pueblo por su fiscal. Se celebró una vista practicándose prueba y la corte finalmente declaró la petición sin lugar.

En junio 23, 1938, solicitó del juez que se inhibiera del conocimiento del asunto y que luego de acordada la inhibición el caso se trasladara a otro "distrito, y al día siguiente pre-sentó otra moción alegando que el nombramiento del Juez Arjona para actuar durante el término para el cual se había señalado la vista de la causa era nulo, debiendo abstenerse de entrar en los méritos de la causa. Se opuso otra vez el Pueblo por su fiscal y la corte declaró ambas mociones sin lugar y procedió a la celebración del juicio que comenzó en junio 29, 1938, y terminó el treinta sin que el jurado llegara a un acuerdo en cuanto al veredicto a rendir.

En enero 16, 1939, se llamó de nuevo la causa para jui-cio, disolviéndose el jurado el diez y nueve por no haber llegado a un veredicto.

Seis meses después, en junio 29, 1939, se llamó la causa por vez tercera para juicio. Celebrado, el treinta de junio el jurado declaró culpable al acusado de homicidio voluntario. En julio 10 se presentó una moción de nuevo juicio que la corte negó, dictando sentencia imponiendo al acusado cinco años de presidio.

Se interpuso entonces el presente recurso de apelación radicándose al fin el aleg*ato del apelante en enero 22, 1941. La vista del recurso fue celebrada el veinte de febrero último.

Tres errores se señalan. Los dos primeros se imputan como cometidos por la corte al trasmitir instrucciones al jurado y el tercero al dictar sentencia.

Para resolver con mayor acierto los señalamientos de error, conviene que analicemos antes la prueba.

Ocho testigos de cargo declararon. El primero, el Doctor Nelson Perea dijo que en la noche del 22 de enero de 1937, como a las ocho y veinte, llevaron a su clínica al Sr. Roméu, submárshal de la corte del distrito, con tres heridas de bala, moribundo. Al llegar tenía puesto un cinturón con una baqueta de revólver sin el revólver dentro. Pué colocado sobre la mesa de operaciones y se le pusieron algunas inyec-ciones. A poco murió. Cuando como a los veinte y cinco minutos llegó el Juez Moscoso y ordenó la autopsia, la prac-ticó. Tenía tres heridas.

Quitóse el fiscal su camisa y el testigo fue señalando en su cuerpo dónde estaban las heridas, así: la primera exami-nada en la región axilar posterior. Esta es la axila y se encontraba entre la sexta y séptima costilla, al borde de la escápula. Tenía sólo orificio de entrada. Iba hacia abajo y hacia adelante, hacia el lado derecho. Pasó el pulmón y el diafragma, cogió el colon descendente y lo perforó, perforando el mesenterio, vaso sanguíneo que surte los intestinos. La herida era mortal por necesidad.

Las otras dos eran leves, musculares, no interesaron vaso alguno. Tenían tatuaje — incrustación de la pólvora en el tejido y la quemadura que la misma produce. Los orificios de entrada estaban en la escápula — omoplato—detrás, en la espalda, “tanto en la región escapnlar como en la espalda” y los de salida en el tercio anterior del brazo anteroposte-rior. Su trayectoria “de detrás -hacia adelante.”

La cansa de la muerte fué una hemorragia abdominal y otra del pulmón izquierdo. . Roméu era hombre como de cinco pies diez pulgadas, corpulento.

Llamado Aníbal San Antonio manifestó que se encontraba en Mayagüez, en el “Wonder Bar” con sus compañeros de la pagaduría federal Otis Ramírez-y Adán Raldiris. Allí se encontró con el acusado. El bar se compone de un salón que está dentro, atrás, y un saloncito más bajo que da al teatro Tagiiez, con salida: En la parte delantera está la cantina. El estaba con sus amigos en el salón alto y desde allí se ve el bajo. Habló de política liberal con Defilló.

Roméu estaba en la parte baja, y al oírlos hablar de política dijo que los liberales tenían -que botarnos a todos nosotros y que la PRRA era para ellos y que nos iba a acusar porque estábamos hablando de política. Nadie con-testó. El acusado se levantó. En el acto nos levantamos todos. El acusado bajó donde estaba Roméu. Yo me mar-ché. Me fui al recital de González Marín y estando en el teatro, al lado del Jefe Vega, se oyeron tres detonaciones. No sabe de dónde salieron. No volvió al bar.

En repreguntas contestó que se levantó y se fué porque Roméu era hombre que siempre andaba armado, por temor de que fuera a haber un altercado. También que oyó hablar a Roméu, que su actitud no era pacífica, que un hombre que insulta no puede ser pacificó. Su voz era provocadora, sus palabras fuertes, “palabras que hacen que uno desaparezca de un sitio.”

Otis Ramírez fué con sus- amigos la noche de autos al Wonder Bar, sentándose en el salón de arriba. Conoció allí al acusado que tomó una copa con ellos. Hablaron de polí-tica y Roméu dijo “que nos iba a reportar porque nosotrós éramos empleados federales y estábamos hablando de poli-tica, y entonces Defilló se levantó, y yo me fui en seguida. ” Defilló se dirigió al salón de abajo.

Celso Guzmán estuvo en la noche del suceso en el bar y vió al acusado tomando en el mostrador unas copas con unos amigos. Luego entraron al primer salón, se sentaron, pidie-ron una botella de ron y hablaron de política. Roméu estaba bebiendo en el otro salón más bajo primero con Pepito Roma-guera, luego solo, y dijo, dirigiéndose al grupo: “Déjense de estar hablando de política porque ustedes son empleados de la PRRA y los voy a reportar y los voy a hacer botar. ’ ’ Los del grupo “salieron . . . aprisa”, el acusado “salió por la parte del servicio del centro donde estaba Pachín Roméu” y en “actitud pacífica,” manifestó algo a Roméu que el tes-tigo no pudo oír, contestando aquél: “Yo no me he dirigido a usted” y “se quitó el gabán y tenía un revólver y como estaba en actitud violenta le dije: ‘Pachín, ten calma, tú te alteras demasiado, cállate la boca, respeta a los hombres.’ Y dijo él: ‘Lo que yo quiero es que se vayan de aquí, yo quiero beber solo, váyase de aquí.’ Y le dije: ‘Yo me voy.’ Y entonces le dije a Defilló: ‘Mire, caballero, véngase’; y él accedió a la súplica mía y le puse el brazo por el hombro y cuando seguíamos así, Defilló se paró. Ya Pachín se había quitado el gabán y se sentó en la silla, y le dice Defilló a él: ‘Mire caballero, usted me ganó, pero usted no tiene razón.’ ... Y entonces, vino un empleado de Tuto a avi-sarle a Defilló que tenía que quitar el carro de frente al parque, porque iban a sacar las bombas, y entonces Defilló se fué, dejó el sombrero.”

Regresó el acusado como a los doce o quince minutos. Entró por la puerta que da al teatro Yagüez. Me le fui detrás y le dije: “Mire, señor, la botella de ron que usted ordenó, está en la casa.” Pidió que se la trajeran, se sentó y me dice: “Viejo, ¿quieres el palo?”, y le dije: “No, señor, gracias”, y se levantó, y al levantarse Roméu le dijo: “Com-pay ¿quiere el palo?” y Defilló le contestó que acabando de recibir el insulto no podía aceptar la invitación. Entonces Pachín (Roméu) dice: “Los que están al lado cuidado” y al mismo tiempo hace un gesto, llevando la mano a la cin-tura, y al decir “cuidado” sonó el primer disparo y luego ios otros dos. El disparo salió del lado del acusado, pero no puede apreciar si fue el acusado el que lo hizo. Estaba fijo en Pachín que no tenía revólver en la mano, que sacó ésta de la vaqueta, dió una vuelta y cayó. Entre tanto sona-ron los otros dos disparos y se fijó en el acusado que tenía en sus manos un revólver que tiró - a un patio contiguo y cuando vino la policía se entregó.

Baudilio Vega, Jefe de Distrito de la Policía Insular se encontraba en el teatro Yagüez y sintió tres disparos y salió inmediatamente para el bar y al llegar salía Defilló. Celso G-uzmán lo señalaba como la persona que había hecho los disparos y entonces Defilló le manifestó que él había sido. Le preguntó por el arma y le indicó el sitio donde la había lanzado. El guardia Raya la encontró,- un revólver Colt, cali-bre 38, tenía tres cápsulas disparadas y dos sin disparar. Lo reconoce entre dos que se le presentan.

Refiriéndose a Roméu dijo que estaba acostado, la parte superior de la espalda descansaba en uno de los escalones dé la escalera que conduce al servicio sanitario. Hizo mani-festaciones que le habían herido en la espalda; no culpaba a nadie. Ocupó otro revólver Colt a la derecha de Roméu, descansando sobre la parte superior del brazo derecho. El revólver tenía seis cápsulas sin disparar. Ninguna dispa-rada. La vaqueta era sin tapa y de ella pudo salirse el revólver.

Ernesto Irizarry, policía insular, estaba en el teatro, oyó tres disparos, corrió hacia el café, arrestó al acusado quien le dijo: “Si yo le' disparé fue porque me provocó, fui insul-tado.” Vió a Roméu en el suelo. Reyes trataba de levan-tarlo. El Jefe Vega mandó levantarlo y tenía manchas de sangre por detrás y lo llevaron a la clínica. El revólver estaba en el suelo cuando el Jefe Vega lo recogió.

Los últimos testigos del fiscal fueron Angel Ríos y Víctor Barrios. El primero se fué del bar antes de los disparos y el segundo que tuvo ocasión de presenciarlo todo, nada con-creto dijo en resumen. Tras una serie de preguntas, repre-guntas, objeciones e interrupciones terminó diciendo que no sabía quién hizo los disparos.

La defensa presentó de nuevo a Celso Guzmán, y a Celes-tino Nieves, Félix Dicks y Nicolás Soto Ramos.

Guzmán afirmó que el acusado cuando iba saliendo del bar después del suceso, con el único que habló fué con el Jefe Vega. El fiscal le interrogó sobre si había hecho en una declaración anterior la manifestación de que el acusado había hablado con uno de los guardias. El testigo mantuvo que lo cierto era lo que estaba declarando, y como el fiscal inquiriera de él sobre si alguna vez le había declarado que el acusado le había dicho al Jefe Vega: “Lo maté, porque me iba a matar”, le contestó que no se lo había declarado porque no fué interrogado sobre el particular.

Celestino Nieves estaba en el Wonder Bar. Vió entrar a Roméu. Se sentó en la terraza de abajo a tomar. Roma-guera quiso llevárselo pero él se negó. Luego entró Defilló y se sentó con unos amigos de la PRRA y se pusieron á hablar, levantándose Roméu provocando a Defilló. Inter-vino Guzmán y como le avisaron a Defilló que su carro estaba mal parado, salió, regresando como a los diez o doce minu-tos. Entonces Roméu lo invitó a darse un palo con él y Defilló rehusó, diciendo Roméu: “ ‘Bueno, si no quiere darse el palo se va al carajo’ y se levantó insultándolo, y haciendo uso el señor Roméu de su revólver, y entonces el señor Defi-lló sacó el revólver y le disparó tres tiros al señor Roméu rápidamente. ’ ’

Félix Dicks estaba én el teatro Yagüez, oyó los tres dis-paros y se asomó por una ventana viendo al Jefe Vega “que cogió del suelo un revólver, cerca de la mano de Pachón Roméu, con un pañuelo y olió el revólver.”

Nicolás Soto, periodista, entró al bar y vio y oyó cuando Roméu increpó de mala manera a Defilló y sus compañeros, diciéndoles: “que se dejaran do hablar de política, que eran empleados de la PERA, que eran unos sinvergüenzas, que él era un funcionario público y no permitía que se hablara de política, que él era unión republicano, que estaba en el poder. Entonces, el señor Defilló salió de la mesa y dijo a Roméu que por qué se expresaba de esa manera, que ellos eran personas decentes. Entonces Roméu, de una manera descompuesta, le dijo que se fuera al carajo, que se largara de allí. . . . Defilló le dijo a Pachín: ‘Usted me ganó, aun-que no tiene razón. ’ Una frase así. Entonces vino el dueño del Wonder Bar a decirle a Defilló que fuese a poner bien el carro. Entonces Defilló salió fuera y retornó a los diez o doce minutos, más o menos. Guzmán le dijo que tenía una botella de ron que quedaba allí. Defilló cogió la botella y ofreció un palo a Guzmán. El le dijo que no bebía. Defilló se echó un palo y se lo tomó. Fué hacia la percha a coger el sombrero; entonces Pachín Roméu,° desde abajo le dijo: ‘Vamos a darnos un palo.’ Defilló le contestó: ‘cómo vamos a darnos un palo’ si Roméu, él, lo había estado insultando momentos antes. Entonces Pachín Roméu se levantó sacando el revólver, y dijo: ‘ Quieto, todo el mundo, voy a acabar con esto.’ Entonces, rápidamente Defilló le hizo tres dispa-ros al señor Roméu.”

Tal la prueba que hemos resumido procurando conservar en lo posible las propias palabras de los testigos.

El primer señalamiento de error se formula así:

“La corte inferior cometió error, en sus instrucciones al jurado al relacionar tergiversadamente cierta evidencia producida contra el acusado y apelante al expresar:
“ ‘Uno de los testigos en este caso declaró — creo que fué el tes-tigo Vega — declaró que en el momento en que llegó, segundos después de los disparos, al sitio de los hechos, el .herido, que estaba lanzado en el piso en la forma que él lo descubrió, le elijo: “me han herido por la espalda” (Itálica nuestra). Otro de los testigos hizo también ciertas manifestaciones sobre palabras del acusado.’ (Págs. 9 y 10 Inst.)
"Siendo lo cierto que lo declarado por el referido testigo Vega sobre lo dicho por el herido fué:
" ‘Él hisfo manifestaciones de que- le habían herido en la es-palda’ (líneas 8 y 9 pág. 51 Transe. Ev.) (Itálica nuestra).
"Continuando la corte su tergiversado relato del testimonio del mencionado Vega dando a tal relato indebido énfasis ... al expre-sar: ....
" ‘Las manifestaciones hechas por una persona momentos después de haber sido objeto de un ataque ilegal y tan pronto como puede hablar conscientemente de manera voluntaria o respondiendo a pre-guntas que se le hacen antes de adquirir dominio para hacerlas, forman parte del "res gestaé” . . . .’ ”

No bay duda de que según el récord taquigráfico el -tes-tigo no dijo "por la espalda” si que "en la espalda.” Tam-poco la bay de que si se da énfasis al distinto significado que pueden tener ambas expresiones, la diferencia existe y pueden inducir a un serio error.

Surge sin embargo de la actuación del jurado que si es que se fijó en la diferencia no la tomó en consideración ya que el veredicto que rindiera fué de bomicidio y no de ase-sinato.

Además, el acusado no advirtió a la corte en forma alguna de su error, ni excepcionó la instrucción. No bubo perjuicio. No bay fundamento para la revocación. Véanse 14 R.C.L. 780, y la cita de la propia obra que transcribiremos al con-siderar el segundo señalamiento de error, que versa también sobre las instrucciones.

Se formula como sigue:

"La corte inferior cometió error en sus instrucciones al jurado al dar instrucciones sobre defensa propia fundada en peligro real y ninguna sobre defensa propia fundada en peligro aparente, que era la teoría del acusado y apelante en su defensa, excepto la siguiente instrucción ambigua y conducente a error (misleading) :
" ‘. . . Pero si el peligro no es real, es aparente, basta con que las circunstancias sean de tal naturaleza que aunque exista el peligro aparente, esto es, que el peligro es real y que no puede evitarlo sino dando muerte a su adversario.’ ”

La instrucción es confusa, pero existe, y la confusión quizá' se deba más que al juez al taquígrafo, porque siguiendo el desarrollo lógico del pensamiento del juez se ve claramente que lo que probablemente dijo fué:

“Pero si el peligro no es real, es aparente, basta con que las cir-cunstancias sean de tal naturaleza que aunque sólo exista el peligro aparente, el acusado crea que el peligro es real y que no puede evitarlo sino dando muerte a su adversario.”

Además, lo transcrito en el señalamiento es sólo un párrafo de la instrucción sobre la materia que es amplia y expone la ley en su totalidad, y tampoco se pidió aclaración, ni se formuló excepción, y ello era necesario para invocar con éxito el error en la corte de apelación.

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, dice Ruling Case Law:

“Difícilmente es posible para una corte dar instrucciones en forma tal que abarquen todos los puntos de vista posibles desde los cuales pueda ser considerado el caso o tener en cuenta todas las excepciones a las reglas generales de la ley. Por tanto, está general-mente establecido que es el deber de los letrados auxiliar a la corto en sus funciones de instruir al jurado y el propósito mismo de per-mitir que se soliciten instrucciones es el que se pueda informar am-pliamente al jurado de todos los principios de ley que gobiernen el caso y que la corte tenga la oportunidad de corregir inmediatamente cualesquiera -equivocaciones que pueda baber cometido al instruirlo. La regla ba quedado, por tanto, firmemente establecida que cuando la instrucción de la corte no cubre todos los aspectos del caso, los letrados están obligados a llamar su atención a la omisión habida por medio de una adecuada solicitud, pues de otro modo estarían impedidos- de basarse en tal omisión para solicitar la revocación. La regla ha quedado también perfectamente establecida'de que la parte debe, si ése es su deseo, pedir a la corte que dé sobre cualquier punto instrucciones más definidas, más específicas o más completas. Del mismo modo, cuando la corte ba expresado una regia de ley correc-tamente, si la parte desea que se le informe al jurado respecto a las limitaciones de la 'misma, debe solicitar de la corte que así lo baga. Y al aplicar la regla de que meras omisiones no son fatales en ausen-cia de solicitud para que éstas se suplan, se ba resuelto que el dejar la corte de explicar el significado de una palabra o de una frase en una instrucción, no es base para revocar en ausencia de una súplica para que se defina tal palabra, y que una sentencia en un caso criminal no será revocada porque la corte baya dejado meramente de instruir sobre la materia de coartada a menos que una instrucción especial sometiendo la cuestión de coartada se baya solicitado de la corte o se baya anotado una excepción oportunamente. Se ha re-suelto asimismo que cuando un juez al hacer el resumen de la evi-dencia omite o se refiere inadecuadamente a partes de la evidencia que los letrados consideran pertinente, es su deber llamar la atención del juez hacia tal evidencia antes de que el caso sea sometido al jurado; y que cuando la evidencia es admisible para ciertos fines exclusivamente, no comete error la corte al dejar de limitar el uso de tal evidencia en ausencia de una solicitud para que se instruya a ese efecto. De igual manera, el omitirse en las instrucciones al jurado en una acción por culpa o negligencia, una instrucción decla-rando expresamente que la negligencia del demandado debe haber sido la causa próxima de las lesiones sufridas por el demandante para que pueda considerarse culpable al demandado, no constituye error que dé lugar a la revocación cuando no se ha solicitado espe-cíficamente que se dé tal instrucción; pero si la misma ha sido de-bidamente solicitada comete error la corte al rehusar transmitirla al jurado.”
“La parte debe solicitar de la corte que dé una instrucción ex-plicativa al darse cuenta de que existe duda respecto a si el jurado entenderá correctamente la instrucción dada por la corte, o cuando a una instrucción que es correcta en términos generales, le falta una explicación ajustada a los hechos del caso para hacerla totalmente correcta o cuando la misma pueda ser tomada en un sentido más lato del consistente con la ley o al tender a inducir a error al jurado.” 14 R.C.L. 795.

En el mismo sentido de la cita se declara una larga serie de casos de este propio tribunal, a saber: Pueblo v. Mediavilla, 54 D.P.R. 565, 574; Pueblo v. Martínez, 50 D.P.R. 781, 783; Pueblo v. Hernández, 49 D.P.R. 419, 422; Pueblo v. Vázquez, 48 D.P.R. 425, 427; Pueblo v. Nieves, 48 D.P.R. 153, 156; Pueblo v. Benítez, 47 D.P.R. 78, 84; Pueblo v. Mercado, 46 D.P.R. 152, 157; Pueblo v. Estrella, 45 D.P.R. 462, 466; Pueblo v. Maldonado, 45 D.P.R. 417, 424; Pueblo v. Macaya, 43 D.P.R. 621, 625; Pueblo v. Varela, 42 D.P.R. 823, 825; Pueblo v. Peña, 39 D.P.R. 933, 935; Pueblo v. Valentín, 36 D.P.R. 425, 427; Pueblo v. Serrano, 35 D.P.R. 335, 337; Pueblo v. Concepción, 30 D.P.R. 479, 480; Pueblo v. Matos, 26 D.P.R. 586, 603; Pueblo v. Ramírez de Arellano, 25 D.P.R. 263, 280; Pueblo v. Boria, 12 D.P.R. 170, 178.

El tercero y último do los señalamientos de error envuelve el análisis de la prueba.

El resumen que de ella hicimos habla por sí mismo. Actuó Roméu sin autoridad, indebidamente, al interferir con el grupo en que se encontraba el acusado, pero éste le dió muerte sin justificación. Aquéllos a quienes Roméu aludió directamente, nada hicieron. Si el acusado hubiera tomado igual actitud no se hubiera cometido el crimen.

Roméu estaba ebrio. Pudo considerársele, armado como se encontraba, como un hombre peligroso, pero el peligro pudo evitarse fácilmente. El acusado se enfrentó con él por vez primera. Tuvo oportunidad de darse cuenta exacta de la situación y eso no obstante volvió al sitio. Roméu no insis-tió en sus insultos. , Al contrario, invitó al acusado a beber con él. El acusado rehusó y so levantó Roméu.

Difieren la prueba de cargo y la de descargo en lo que dijo e hizo Roméu. La de descargo no fué creída por el jurado. La de cargo que consiste principalmente en la decla-ración de Celso Guzmán, no sostiene la teoría del peligro aparenté. Apenas se levanta Roméu y pronuncia su ame-naza, sin tiempo para sacar su arma — si es que ésa era su intención — recibe la bala que el. acusado certeramente le dis-para y que lo hiere mortalmente y luego dos más. No actuó el acusado movido por el temor — real o aparente — de perder su vida o de recibir grave daño personal. Todo revela que estaba preparado para cualquier emergencia y disparó antes de que Roméu tuviera ocasión de agredirlo, si era ésa, repe-timos, su intención.

No puede quejarse en verdad el acusado ni del juicio del jurado ni de la pena que la corte le impuso. El veredicto fue el más benigno que pudo dictarse bájo las circunstancias concurrentes y la pena que pudo llegar a diez años de presidio se fijó en cinco.

No bay base para la revocación que se pide. La sentencia quedará confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Mayo 21, 1941.

Se ba presentado en este caso por el apelante una moción de reconsideración en la que se vuelve a baeer énfasis en que las instrucciones trasmitidas por la corte al jurado son erróneas.

Al estudiar y resolver los errores señalados a ese efecto, en la opinión de abril 17 último transcribimos los señalamien-tos con la parte de las instrucciones impugnadas copiando del propio alegato del apelante. Revisando cuidadosamente el récord de la apelación se encuentra que las instrucciones en su totalidad certificadas por el juez sentenciador no figuran on el mismo, de suerte que ni siquiera el apelante colocó a esta Corte en condiciones de resolver las cuestiones suscita-das, habiendo ido nuestro estudio más allá de lo que el estado de los autos justificaba.

No ha lugar a la reconsideración.


author: El Juez Asociado Señob, Tkayieso

text:
    Antonio Guijarro Cobián, demandante y apelante, v. Otilia Lluberas Negroni, demandada y apelada.
    Núm. 8189.

    Sometido: Abril 4, 1941.

      Resuelto: Abril 17, 1941.

      Arturo O’Neill, abogado del apelante; Miguel Marcos Morales, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob, Tkayieso

emitió la opinión, del trie bunal.

Por sentencia de 29 de febrero de 1936, la Corte de Dis-trito de San Juan declaró disuelto el vínculo matrimonial que existía entre Antonio Guijarro y Otilia Lluberas y concedió a ésta el cuidado y patria potestad sobre su bija menor, Asun-, eión Guijarro Lluberas. ' ■

. En junio 17 de 1937 Otilia Lluberas contrajo segundas nupcias en la ciudad de Nueva York, y en la actualidad reside, con su nuevo esposo en los Estados Unidos. La menor se. encuentra bajo la custodia y cuidado de su abuela materna doña Asunción Negroni Viuda de Lluberas, en el pueblo de Yauco, P. B.

En octubre 5 de 1939, Antonio Guijarro, padre de la menor, radicó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, en la que alega en sustancia que por .razón de baber con-traído segundas nupcias, Otilia Lluberas perdió la patria potestad sobre su hija Asunción; que se hace indispensable, el nombramiento de un tutor para la menor; y que es a doña Carmen Cobián Viuda de Guijarro a quien corresponde, como' abuela paterna, la tutela y guardaduría de la menor. Y pide' que se dicte sentencia declarando extinguida la patria potes-tad de Otilia Lluberas sobre la menor, mientras subsistan sus segundas nupcias, y qué se nombre a la mencionada abuela-paterna tutora de la menor.

Trasladado el caso a la Corte de Distrito de Ponce, la. demandada excepcionó la demanda por no aducir hechos suficientes para constituir causa de acción y por carecer el demandante de capacidad legal para demandar. La corte inferior declaró con lugar ambas excepciones y a petición del demandante dictó sentencia desestimando la demanda; y no estando conforme el demandante, interpuso el presente recurso.

¿Tiene el cónyuge que por sentencia de divorcio en su contra quedó privado de la patria potestad sobre su Mjo menor, acción para pedir que se declare extinguida la patria potestad del cónyuge inocente, cuando éste contrae nuevas nupcias ?

Esa cuestión, que es la única envuelta en este litigio, es nueva en esta jurisdicción. Su resolución depende de la interpretación que demos al artículo 164 del Código Civil, según quedó enmendado por la Ley núm. 14 de marzo 30 de 1939 ((1) pág. 323), que lee así:

'‘Artículo 164. — Disuelto por cualquier causa el vínculo matrimonial, el padre o la madre que pasare o hubiere pasado a segundas nupcias, perderá la patria potestad sobre sus hijos mientras duren estas nupcias. Igualmente perderá la patria potetad el padre o madre que hubiere obtenido sentencia de divorcio a su favor si vo-luntariamente abandonase a sus hijos habidos en dicho matrimonio por un período mayor de un (1) año. La acción para decretar la pérdida de dicha patria potestad se promoverá en juicio declara-tivo ante la Corte de Distrito del Distrito en que residan el menor o menores, previa demanda hecha por alguna de las personas lla-madas a ejercer la tutela legítima, y siempre que el tribunal, después de oír la prueba que corresponda, lo estime conveniente para bene-ficio del menor o menores; Disponiéndose, que el padre o madre, si lo hubiere, privado ya de la patria potestad, podrá también pedir q,ue se. nombre el tutor correspondiente.”

El propósito del legislador ba sido a nuestro juicio cla-ramente- expresado. Velando por el bienestar y felicidad del menor y temeroso de que éste pudiese verse obligado en contra de su deseo a vivir con un padrastro o madrastra que pudiera maltratarle, dispuso el legislador que el cónyuge que por sentencia de divorcio conservó la patria potestad sobre sus liijos menores, la perderá si contrajere segundas nupcias y mientras duren éstas. Esa pérdida de la patria potestad no tiene lugar automáticamente al efectuarse las segundas nupcias. Es necesario que se cumplan dos requisitos esen-ciales para que ocurra la pérdida de la patria potestad: (a) que se promueva acción en juicio declarativo por alguna de las personas llamadas a ejercer la tutela legítima; y (b) que el tribunal, después de oír la prueba, estime que es con-veniente y beneficioso para el menor decretar la pérdida de la patria potestad que se solicita. Mientras no se cumplan esos dos requisitos, el cónyuge inocente continuará, no obs-tante haber contraído segundas nupcias, ejerciendo la patria potestad que le fué conferida por la sentencia de divorcio.

El demandante, padre de la menor, no es una de las personas a quien de acuerdo ccn el artículo 178 del Código Civil, ed. 1930, correspondería la tutela legítima de Asunción Guijarro y Lluberas. No es por consiguiente el demandante una de las personas a quienes el artículo 164, supra, concede el derecho de entablar acción para que se decrete la pérdida o suspensión de la patria potestad que por el decreto de divorcio se concedió a Otilia Lluberas Negroni, la deman-dada.

Sostiene el demandante apelante que el citado artículo 164 le concede a él, como padre privado de la patria potestad, el derecho a incoar acción sobre extinción de la patria potes-tad conferida a la que fué su esposa. Y basa toda su argu-mentación en la interpretación que a su juicio debe darse al párrafo final de dicho estatuto, que dice: “Disponiéndose, que el padre o madre, si lo hubiere, privado ya de la patria potestad, podrá también pedir que se nombre el tutor corres-pondiente. ’ ’

Arguye el apelante, que siendo el propósito de todo “dis-poniéndose” restringir o modificar lo dicho en la cláusula principal que le precede y no habiéndose dicho nada en la cláusula principal del artículo 164 sobre nombramiento de tutor, el disponiéndose debe interpretarse en el sentido de que confiere al demandante el derecho a solicitar mediante-demanda la extinción de la patria potestad de la madre sobre la menor y también el derecho a intervenir en el nombra-miento de tutor.

Es cierto (pie en todo lo que precede al “disponiéndose” del artículo que estamos interpretando nada se dice sobre nombramiento de tutor. Empero, ¿qué necesidad había de-hacer referencia alguna al nombramiento de tutor? ¿Puede concebirse que una de las personas llamadas a ejercer la tutela legítima de un menor entable demanda sobre pérdida de la patria potestad de acuerdo con el artículo 164 del Código Civil y no pida al mismo tiempo que- se nombre tutor al menor, para que éste no quede desamparado? ¿Puede con-cebirse que una corte de justicia, que ejerce funciones tute-lares sobre todos los menores dentro de su jurisdicción, decrete la extinción, pérdida o suspensión de la patria potes-tad sobre un menor, sin que al mismo tiempo,y sin necesidad de que se le pida decrete el nombramiento de tutor para la custodia de la persona y bienes del menor?

Con anterioridad a la aprobación de la ley enmendatoria del artículo 164, supra, el cónyuge inocente no perdía, al con-traer nuevas nupcias, la patria potestad sobre sus hijos; y nadie tenía derecho a solicitar que se declarase judicialmente la extinción de la patria potestad por el indicado motivo. El citado artículo creó ese derecho y lo concedió exclusivamente a las personas llamadas a ejercer la tutela legítima de acuerdo con el artículo 178’del Código Civil. Pudo el legislador haber hecho extensiva esa causa de acción al cónyuge ya privado-de la patria potestad, pero no lo hizo'; y nosotros no estamos facultados para hacer lo que el legislador se abstuvo de hacer.-

No conocemos las razones o motivos específicos que tuviera el legislador para no incluir al cónyuge que por decreto judicial perdió la patina potestad, entre las personas que pueden ejercitar la acción creada por el artículo 164 del Código Civil.-Cabe pensar, que'habiéndose discutido ya.entre los cónyuges, en-el procedimiento de divorcio, todo lo relativo a la custodia1 y cuidado de los hijos y habiendo recaído un fallo sobre esa cuestión, no quiso el legislador revivirla concediendo un dere-cho de acción al que por su culpa perdió la patria potestad, contra el que la pierde o puede perderla por el ejercicio de su derecho a contraer nuevas nupcias. Y fué ésa tal vez la razón fundamental que tuvo el legislador para disponer que la contienda pueda trabarse solamente entre alguna persona a quien corresponda la tutela legítima, de una parte, y el cónyuge que ha vuelto a contraer matrimonio, de la otra.

El cónyuge que por su culpa fué privado de la patria potestad sobre su hijo menor, no podría reclamar la tutela de dicho menor aun cuando se decretase judicialmente la pér-dida de la patria potestad por el cónyuge que contrajo nuevas nupcias. A ello se oponen los artículos 178 y 195 del Código Civil.

Presumiendo que el cónyuge contra el cual se decretó el divorcio siente por el menor el cariño de un padre y que tiene interés en velar por su bienestar y felicidad, el legis-lador creyó justo y razonable conceder también a dicho cón-yuge el derecho a intervenir y a ser oído en cuanto a la selección de tutor para el meuor. Ese derecho, no reconocido por ningún otro estatuto, es el que creó en favor del cónyuge ya privado de la patria potestad el “disponiéndose” del artículo 164 del Código Civil.

Por las razones expuestas opinamos y resolvemos que la eorte inferior no erró al declarar con lugar las excepciones previas formuladas y que el presente recurso debe■ ser' deses-timado y confirmada la sentencia recurrida.


text:
    Francisca Sosa Millán, demandante y apelada, v. Juan I. Sosa Escobar y Celestina Sosa Vizcarrondo, demandados y apelante la última. Carmen María Sosa Millán, demandante y apelada, v. Juan I. Sosa Escobar y Celestina Sosa Vizcarrondo, demandados y apelante la última.
    Núms. 8161 y 8162.

    Sometidos: Marzo 25, 1941.

      Resueltos: Abril 17, 1941.

      Heriberto Torres Sola, abogado de la apelante; Ricardo H. Blondet, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Sosa Olivas falleció en Río Grande el 5 de sep-tiembre de 1921, bajo testamento abierto que otorgó el 4 del mes anterior, ante el Notario don Carlos García de la Noceda. Instituyó por sus únicos y universales herederos a sus hijos naturales reconocidos Juan I. Sosa Escobar y Celestina Sosa Vizcarrondo, y nombró albaeeas a su citado hijo y al Dr. José Celso Barbosa, respectivamente, por el orden en que han sido nombrados, “para que en caso de ausencia, incapacidad o muerte del primero le suceda el segundo ...”

Hizo un legado de parte alícuota a Carmen Escobar, madre de su indicado hijo, y entre oíros legados, hizo uno en los siguientes términos:

“Lego a favor de dichos menores Víctor Manuel, Manuel Isidro, Carmen María y Francisca Sosa Millán, hijos de Mariana Millán, la suma de $10,000 a cada uno, de cuya cantidad, una vez termi-nada la liquidación de los bienes del testador, percibirá cada menor favorecido el interés del 6 por ciento anual, mientras sean menores de edad, y este legado es con la condición que al fallecer cualquiera o cualesquiera de ellos, pasará o pasarán éste o estos legados a favor de los que de ellos queden vivos, salvo que el o los favorecidos tu-viesen sucesión, esto es, hijos; y si todos fallecieren sin dejar su-cesión, entonces estos legados pasarán a favor de don Juan I. Sosa y doña Celestina Sosa y Vizcarrondo, por partes iguales. También es condición indispensable que en cuanto empiecen a disfrutar estos agraciados de este último legado deben ser administradores de los mismos, indistintamente, don Juan I. Sosa y Escobar y doña Carmen Escobar, bajo cuya protección ■estarán dichos menores, pues de lo contrario y en el caso de que la madre de los referidos menores los retirase del lado de dichos propietarios (sic) y los llevare a vivir con ella, entonces no percibirán los mencionados menores ni directa ni indirectamente, ninguna renta o intereses correspondientes a sus respectivos legados, quedando nula y sin ningún valor ni efecto legal esta disposición en cuanto a los intereses o rentas de los mencionados legados.”

El 3 de noviembre de 1921 don Juan I. Sosa Escobar, doña Celestina Sosa Vizcarrondo y doña Carmen Escobar otorgaron ante el mismo Notario Sr. García de la Noceda una escritura de partición de bienes en la cual se hace una relación de los legados incluyendo el de los menores ante-riormente transcrito, todos los cuales suman $57,000, y se adjudica en dicha escritura a Juan I. Sosa Escobar la can-tidad de $81,565.68, con la cual pagará el montante de los legados más las deudas del caudal, ascendentes a $24,565.68.

Así las cosas, el 25 de enero de 1938 Francisca y Carmen María Sosa Millán radicaron separadamente las demandas de fastos pleitos contra los herederos de Manuel Sosa Olivas, es decir, Juan'I. Sosa. Escobar .y Celestina Sosa Vizcarrondo, alegando que han llegado a su mayoridad y no les han entre-gado a cada una de ellas la cantidad de $10,000, importe del legado antes mencionado, ni los intereses devengados por esa cantidad al tipo de 6 por ciento anual desde el 3 de noviem-bre de 1921, ni se han invertido esos intereses en beneficio de ellas, resultando estériles todas sus gestiones para obtener el pago de las sumas reclamadas. Terminan las demandas solicitando sentencia en cada pleito condenando a los deman-dados a pagar mancomunada y solidariamente á cada deman-dante dichas sumas, más las costas y desembolsos.

La demandada Celestina Sosa Vizcarrondo se personó en autos. Interpuso excepción previa alegando que la demanda, en cuanto a ella, no exponía hechos constitutivos de causa de ¡acción. Desestimada la excepción previa, radicó una extensa •contestación oponiéndose a las pretensiones de las deman-dantes.

El otro demandado, padre de las demandantes, no com-pareció, pero en el acto del juicio las demandantes presenta-; ron evidencia, con la oposición de. la demandada, una titulada .estipulación en cada pleito:que por ser breve la transcribi-remos a continuación:

“Moción sobre estipulación y sentencia.—
“Comparecen las partes por sus respectivos abogados y respe-tuosamente''alegan: PRIMERO; Ha convenido el demandado Juan I. •Sosa con la demandante Francisca Sosa Millán en abonarle en pago ¡parcial, de-la suma de-diez mil-dólares que le fue legada por su difunto abuelo y que es objeto de la reclamación en este caso, la suma de quinientos treinta y seis dólares, en el valor de una finca 'situada en' el barrio de Martín González, de Carolina, Puerto Eicó. '-^J-SeguNdó :• :Que este abono parcial se hace a cuenta de mayor can-tidad, reconociendo el compareciente Juan I. Sosa no haber satis-fecho tampoco las mensualidades correspondientes a la demandante durante su minoridad, así como también el no-haberla requerido a ella ni a sus otros tres Hermanos, también legatarios de su difunto abuelo, para que vinieran a vivir en su compañía, ya que debido a haberse casado, se bacía incompatible la vida de la familia de la demandante con la familia legítima del demandado compareciente. —TeRCbro: Que consiente don Juan I. Sosa en que se dicte sen-tencia en su contra por la reclamación total de la demanda con abono parcial de la cantidad satisfecha, ya que la demandante ad-mite por su parte el haber practicado búsquedas de bienes del de-mandado dúan I, Sosa y el no haber podido localizar otros"bienes que los que él entrega en pago parcial. — Por todo lo cual, suplican de ese tribunal apruebe este convenio con cualquier pronunciamiento pertinente al efecto. — San Juan, P. R., a_de abril de 1938.— Respetuosamente, (fdo.) Adrián Agosto, abogado del demandado; (fdo.) R. PI. Blondet, abogado de la demandante.— (fdo.) Juan I. Sosa, demandado (Conforme) — (fdo.) Francisca Sosa, demandante (Conforme).”

Idéntica estipulación se presentó en el caso seguido por Carmen María Sosa Millán.'

Oída la prueba de una y otra parte, la corte inferior, el 8 de agosto de 1939, dictó sentencia en cada caso condenando a los demandados a pagar a cada una de las demandantes “mancomunada y solidariamente la cantidad de $10,000, im-porte de su legado, con más los intereses devengados por esa cantidad al 6 por ciento anual desde ei 3 de noviembre de 1931 (sic) y hasta su total pago, pero de dicha suma deberá descontarse la cantidad de $536 abonados al legado por el codemandado Don Juan I. Sosa Escobar, cuya suma, según el precepto legal, deberá imputarse primero a. los frutos del legado y en la fecha en que se hizo el pago, o sea en 30 de abril de 1938; con más las costas y desembolsos de este procedimiento, incluyendo en las mismas la cantidad de cien ($100) dólares como honorarios del abogado de la parte actora. ’ ’

En la opinión que sirvió de base a las sentencias apeladas, el juez inferior admite que Juan I. Sosa recibió la cantidad suficiente para el pago de estos legados, pero sostiene que la adjudicación que con ese objeto le fué hedía, es ineficaz y no obliga a las demandantes porque en la escri-tura de partición no consta que dicho Sr. Sosa compareciera como padre con patria potestad sobre las demandantes ni como representante de ellas, ni en ninguna otra condición que lo conecte con las demandantes. Sobre esta cuestión dice el juez inferior:

“Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ha sido o no pagado el legado tanto en lo principal como en lo accesorio. Del análisis de la prueba que antes hacemos y que declaramos como hechos probados, no aparece por parte alguna que al hacerse la adjudicación de los bienes a Don Juan I. para el pago de los legados éste compareciera en otra capacidad que no fuese la suya como he-redero para admitir una cantidad a fin de satisfacer las deudas, los •legados y otras obligaciones de la herencia; pero no hay nada que pueda indicar que en dicha escritura él compareciera como padre de las demandantes ni como representante de ellas, ni en ninguna otra condición que lo conecte con las demandantes. No puede de-cirse en estas condiciones que haya habido una adjudicación a favor de las demandantes. La demandada compareciente insiste en su ale-gato en que el mero hecho de la comparecencia de Don Juan I. es indicación clara de que él tenía la representación de ellas, ya que no se puede tener distinta personalidad, pero la teoría en esta ju-risdicción parece serle contraria. Véase Arvelo et al. v. Banco Territorial, etc., 25 D.P.R. 728.
“No hay indicación alguna de que Don Juan I. recibiera canti-dad alguna para el pago del legado de las demandantes, ya que a él se le adjudicaron englobadamente diversos bienes y de distintos va-lores para el pago de múltiples obligaciones, de índole variada, de la herencia. La forma de esta adjudicación demuestra ser más que otra cosa una de las operaciones corrientes de esta naturaleza me-diante las cuales los interesados separan bienes del haber hereditario y los entregan a uno de ellos para pago de las deudas, legados y otras bajas, constituyéndolo en mandatario de la comunidad sueesora, y a la cual responde de la inversión de dichas cantidades, pero esto no afecta en forma alguna a los legatarios ni a los acreedores, por-que mientras no se les paguen sus legados o sus acreencias no se ex-tingue su obligación. Tenemos que llegar a la conclusión de que la mera adjudicación de bienes al demandado Don Juan I. no pudo equivaler al pago de los legados de las demandantes.
“Pero aun cuando fuera ello así, si éste no ha cumplido su en-cargo o mandato, será responsable a los mandantes, pero en forma, alguna han quedado relevados los herederos de las obligaciones im-puéstales por el testador y mucho más si los legatarios y acreedores no intervinieron en las operaciones particionales. De aquí que no pudiendo don Juan I. comparecer en otra capacidad en la escritura de partición que como heredero, se hacía necesaria la habilitación de un defensor ad litem para representar a las demandantes y someter después dichas operaciones particionales a la aprobación del tribunal de distrito correspondiente por ser entonces dichas demandantes menores de edad.”

De la opinión de la corte inferior se desprende que se lia confundido el concepto jurídico del legatario con el de here-dero. El legatario es un mero acreedor de la herencia y como tal no es necesario que comparezca en la escritura de par-tición de bienes. Examinemos lo prescrito en el artículo 825 del Código Civil (ed. 1930), idéntico al 903 del español. Dice así:

“Art. 825. Si no hubiere en la herencia dinero bastante para el pago de funerales y legados, y los herederos no lo aprontasen de lo suyo, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles; y no alcanzando éstos, la de los inmuebles, con intervención de los herederos.
“Si estuviere interesado en la herencia algún menor, ausente, corporación o establecimiento público, la venta de los bienes se hará con las formalidades prevenidas por las leyes para tales casos.”

Interpretando Manresa la frase “si estuviere interesado en la herencia algún menor,” dice:

“Herencia es lo que corresponde a los herederos: el interesado en la herencia es el mismo heredero a que se refiere el párrafo pri-mero del artículo. En efecto, si el legatario, aun de parte alícuota, es mayor de edad, la ley no exige su intervención; sólo pide la inter-vención de los herederos. ¿Se concibe que siendo menor esa ley atienda con tanta solicitud a su interés, y al cumplir los 23 años, le abandone y no le conceda intervención? No; ambos párrafos están enlazados y envuelven la misma idea: que no se prescinda nunca de los, herederos, contando con ellos si son capaces, rodeando el acto de la enajenación de los bienes de todas las formalidades legales pro-pias del caso, cuando se haya limitado su capacidad de obrar. Los legatarios son verdaderos acreedores, y aun siendo de parte alícuota, han de reclamar su legado a los acreedores (entiéndase albaceas) y siempre pueden ejercitar la acción rescisoria si se les ocasiona irreparable perjuicio, aparte de las demás facultades que les conceden las leyes.” 6 Manresa, Código Civil Español, 758. (Bastardillas y paréntesis nuestros.)

Determinando las facultades de los albaceas, prescribe el artículo'824 del Código Civil (ed. 1930):

“No habiendo el testador determinado especialmente las faculta-des de los albaceas, tendrán las siguientes:
"1.
■ “2. Satisfacer los legados que consistan en metálico, con el cono-cimiento-y beneplácito del heredero.
“3. . . . ...
“4. :•

El citado comentarista, comentando el' artículo 9Ó2 del Código Civil español, igual al 824 que en lo pertinente heñios transcrito, dice: •

“No expresando nada en contrario el testador, los legatarios de sumas en metálico deben, en caso necesario, reclamar el pago de sts legados a los albaceas, pues como hemos dicho, se trata de facultades que constituyen al mismo tiempo verdaderos deberes.” Obra y tomo citados, pág: 755.

Si los bienes muebles pueden venderse por el albacea sin el concurso de los herederos, y los inmuebles con el concurso de éstos, sin'intervención del legatario en uno y otro caso, con ciertas excepciones que no concurren en este caso — entre ellas cuando se trata de vender un bien que ha sido legado a una persona — es obvio que los legatarios tampoco tienen dere-cho a intervenir en la partición de los bienes hereditarios, ya'que como reiteradamente ha dicho este tribunal, [3] la partición no es otra cosa que una enajenación entre los here-deros de la parte indeterminada que tienen en la herencia, por la ..parte determinada y específica que reciben a cambio de aquélla. Del Rosario v. Rucabado, 23 D.P.R. 473, 478; Latorre v. Registrador, 24 D.P.R. 200; Ex parte Sotomayor, 24 D.P.R. 185; Aponte v. Registrador, 30 D.P.R. 785.

Pero es más, los artículos 1011 y 1013 del Código Civil, iguales a los 1058 y 1060 del español, regulan la materia en la siguiente forma:

“Art. 1011. Cuando el testador no hubiese hecho la partición, ni encomendado a otro esta facultad, si los herederos fueren mayores y tuvieren la libre administración de sus bienes, podrán distribuir la herencia de la manera que tengan por conveniente.”
“Art. 1013. Cuando los menores de edad estén sometidos a la patria potestad y representados en la partición por el padre y en su caso por la madre, no será necesaria la intervención ni la apro-bación judicial.”

Por último, el artículo 71A de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, art. 605 del Código de Enjuiciamiento Civil, que alegan las apeladas haber sido infringido, prescribe:

“Art. 71A. Siempre que se verificase una partición de herencia, en la cual hubiere interesados menores de edad, o incapaces, si se adjudicaren bienes de la herencia en pago de deudas, a herederos, o extraños, deberá someterse a la aprobación de la corte de distrito competente, y si ésta, con audiencia del fiscal, quedare satisfecha de la certeza de la deuda y de que la adjudicación en pago de la misma es razonable y justa, podrá aprobar dicha adjudicación en pago, sin necesidad de la subasta pública.”

Es evidente que los menores de edad a que se refieren tanto el artículo 1013 del Código Civil como el 71A de la Léy de Procedimientos Especiales son los herederos menores de edad y no los legatarios, pues si estos últimos, siendo mayo-res de edad no tienen derecho a intervenir en la partición (art. 1011 del Código Civil), es obvio que tampoco pueden intervenir por el hecho de que sean menores de edad.

La incomparecencia de las menores demandantes en la escritura de partición y el hecho de no haberse cumplido, con las formalidades prescritas por el artículo 71 A, por -ño. ser aplicable, no afectan la validez de dicho documento. A mayor abundamiento, véase el caso de Sosa v. Registrador, 34 D.P.R. 765, donde por este tribunal se ordenó la inscrip-ción de la escritura de partición que nos ocupa.

Réstanos ahora resolver si el pago del legado a Juan I. Sosa obliga a las legatarias demandantes.

No siendo necesario acreditar el recibo del legado mediante el otorgamiento de una escritura pública, no precisaba que en la de partición se consignase expresamente que Juan I. Sosa comparecía en el carácter dual de heredero y de admi-nistrador del legado. Bastaba que el pago se hiciese a la persona que el testador designó para recibirlo y a esa persona se hizo. Si Sosa, faltando a la obligación legal y moral que tenía para con sus hijos y a la confianza en él depositada por su padre, dilapidó el fondo que para su administración lo fue entregado, cúlpese a él y hasta cierto punto al tes-tador por su imprevisión, al encomendarle una misión para la cual no estaba preparado; pero no se pretenda imponer esa responsabilidad a la demandada, que religiosamente pagó a quien según el testamento estaba obligada a pagar.

El caso de Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D.P.R. 728, no es aplicable. Allí se decretó la nulidad de un procedimiento ejecutivo hipotecario por no haberse reque-rido de pago a los demandados y se dijo que el requerimiento diligenciado exclusivamente en la madre de los demandados, algunos de los cuales eran menores de edad, no confería jurisdicción sobre los hijos. Envolvía aquel caso una cues-tión de jurisdicción que no existe en el que nos ocupa.

No es necesario considerar otras cuestiones suscitadas en este recurso.

Por lo expuesto, procede revocar las sentencias apeladas en cuanto se refieren a la demandada Celestina Sosa Vis-carrondo, única que ha apelado, y dictar en cada caso■ la que debió haber dictado la corte sentenciadora, es decir declarar sin lugar la demanda en cuanto a dicha demandada, con costas a las demandantes.


text:
    Francisco Ballester Acosta, demandante y apelado, v. Farm & Dairy Products, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 8223.

    Sometido: Abril 4, 1941.

      Resuelto: Abril 17, 1941.

      Cayetano Coll CucM, abogado de la apelante; Bubón c6 Ochoteco y Otero Suro & Otero Suro, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En la carretera núm. 46 y en el trayecto comprendido entre el Sanatorio Insular y la urbanización Eleanor Roose•velt, el automóvil del demandante cbocó con un camión de la demandada conducido por su empleado Joaquín Irizarry. A consecuencia de la colisión el demandante, que guiaba su automóvil, recibió varias lesiones, quedándole permanente-mente inútil el dedo del corazón de la mano derecha y resul-tando su automóvil destrozado e inservible.

La prueba respecto a la causa del accidente es contradic-toria. La apreció la corte inferior y dirimiendo el conflicto a favor del demandante, se expresó así:

“La corte, apreciando en conjunto toda la prueba y tomando en consideración la forma en que declararon los testigos de ambas partes, da entero crédito al testimonio del demandante y llega a la eonelu-sión de que este accidente se debió a la negligencia del chófer que conducía el vehículo de la demandada, y que el demandante no es responsable de descuido o imprudencia alguna, siendo por lo tanto la demandada responsable de los daños sufridos u ocasionados al de-mandante como consecuencia de dicho accidente.”

En armonía con esa conclusion, dictó sentencia condenando a la demandada .a pagar al demandante la suma de $850 como indemnización total de los perjuicios por los indicados con-ceptos, y le condenó además al pago de las costas y a la suma de $200 para honorarios de abogado.

La apelante reconoce que la prueba es contradictoria, pero sostiene que está a su favor la preponderancia de la evidencia.

La prueba del demandante consistió en su propia declaración, la de José Rivera Rodríguez, policía insular, Ja del mecánico Pascual Hernández, y en una certificación firmada por el Dr. Guillermo H. Barbosa que fué admitida sin oposición de la demandada.

Declaró el primero que marchaba a 20 ó 25 millas por hora y que a una distancia de 50 metros vió al vehículo de la demandada que venía en dirección contraria, a una velo-cidad que calculó de 35 millas por hora; que el demandante se echó todo lo más que le fué posible a su derecha, pero el chófer de la demandada, debido a la velocidad que traía, sin tener en cuenta que en aquel trayecto la carretera es muy estrecha y que en algunos sitios el firme se halla destruido por sus orillas, no tomó precaución alguna, dando lugar a que el eje trasero, que sobresale 3 ó 4 pulgadas del tapa-lodo del camión, chocase con el tapabocina de la rueda izquierda delantera del automóvil, lo que hizo que el demand ante perdiese el control del guía y girando hacia su izquierda, fuera a caer a la cuneta opuesta, chocando su vehículo con el talud.

El policía Rivera Rodríguez no presenció el accidente, pero se trasladó al sitio inmediatamente después y por las huellas dejadas-por uno y otro vehículo determinó que el .del demandante en el momento del impacto venía completamente por su derecha, no asegurando lo mismo con respecto al de la demandada.

El mecánico Hernández hizo igual observación, decla-rando además, como el demandante, sobre los daños sufridos, con respecto a lo cual no existe controversia.

La certificación del Dr. Barbosa se contrae exclusivamente a las lesiones recibidas por el demandante.

La prueba de la demandada consistió en las declaraciones-del chófer, del peón que lo acompañaba, de otro empleado de la demandada que declaró haber presenciado el accidente por-que a la sazón venía para su trabajo y se le dañó el carbu-rador de su carro cerca de aquel sitio, y del testimonio de Emilio Cordero Pérez, que ninguna relación tiene con las partes. Aseguraron estos testigos que el accidente fué moti-' •vado por la excesiva velocidad a que marchaba el deman-dante y que el chófer de la demandada, al verlo, en previsión de un choque, detuvo la marcha y estacionó su vehículo a su derecha tanto como le, fué posible, a pesar de lo cual el demandante dejó chocar el tapabocina de la rueda delantera con el eje trasero del vehículo de la demandada.

Conforme asegura la demandada, presentó ella más tes-tigos presenciales que el demandante, pero esa sola circuns-tancia no implica que esté a su favor la preponderancia de la evidencia. Como dice la máxima legal, los testigos se pesan, no se cuentan, y el juez sentenciador, que vió y oyó declarar los testigos, pesó la prueba y a su juicio la balanza se inclinó del lado del demandante. El artículo 18 de la Ley de Evidencia a este efecto prescribe:

“La evidencia directa de un solo testigo que merezca entero cré-dito, es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo perjurio o trai-ción. ’ ’

Además, en el caso de Matías v. Schweitzer, 55 D.P.R. 764, 770, este tribunal, refiriéndose al criterio a seguir en apelación, respecto a la apreciación de la prueba que hubiere hecho la corte sentenciadora, dijo:

“Si consideramos que era el propósito del demandante tomar el camino de su casa, para lo cual precisaba cruzar la carretera en o alrededor del’sitio en que fué arrollado; si tenemos en cuenta que un automóvil conducido por la orilla de una carretera normalmente no abandona su rumbo para ocupar el margen opuesto, y por último si consideramos que a veces un viandante al enfrentarse de súbito con una situación de peligro se confunde y lejos de huir se lanza al mismo, fácil es concluir que la teoría de los demandados es más probable que la del demandante y sus testigos. Sin embargo, esta última teoría no es físicamente imposible. A veces una distracción del chófer, un desnivel en la carretera, y hasta un pequeño obstáculo sobre el cual pase una de las ruedas delanteras en momentos en que esté distraído el chófer, pueden desviar el automóvil si marcha a mna gran velocidad, como iba el de los demandados según aseguraron los testigos del demandante. No siendo la versión de éste físicamente imposible, estando tal versión sostenida por la prueba del demandante, 'que fué creída por el juez sentenciador, quien tuvo la oportunidad de que no disponemos nosotros de observar lo gestos y vacilaciones de los testigos al contestar el interrogatorio a que fueron sometidos, y en general su conducta en la silla testifical, no debemos alterar la conclusión de la corte sentenciadora a menos que de la prueba surja que al apreciarla actuó el juez movido por pasión, prejuicio o par-cialidad. ’ ’

En parecidos términos se pronunció la Corte Suprema de Montana en Wallace v. Wallace (1929) 279 P. 374, 66 A.L.R. 587, 592, a saber:

“Al considerar este señalamiento de error estamos obligados por las bien establecidas reglas que a continuación se exponen, limita-doras de nuestra facultad para revisar la evidencia. Mientras ten-gamos el juicio por jurado y los preceptos legales que lo regulan, las cortes y los litigantes deben acatar sus decisiones respecto al peso- de la prueba y a la credibilidad de los testigos; - son éstas cuestiones vedadas a esta corte en apelación. (Citas.) El jurado puede creer el testimonio de un testigo y no el de otro u otros, y su decisión sobre el particular es definitiva; habiendo hablado el ju-rado, esta corte debe asumir que los hechos son como los establecieron los testigos creídos por él. (Citas.) La preponderancia de la prueba puede quedar establecida por un solo testigo contra un número mayor que declare lo contrario. (Citas.)
“En su consecuencia, al existir conflicto, esta corte sólo puede revisar la prueba para determinar si bay o no en el récord cualquier evidencia sustancial que sostenga el veredicto, debiendo aceptar la prueba que fué creída, a menos que sea tan inherentemente imposible o improbable, que no merezca crédito; y cuando el veredicto está sostenido por evidencia sustancial que desde algún punto de vista pudo ser aceptada por el jurado como digna de crédito, su veredicto nos obliga, aunque la prueba aparezca inherentemente débil. (Citas.) (Bastardillas nuestras.)

La sentencia apelada está claramente sostenida por la prueba, la cual no es imposible ni improbable, y no habién-dose demostrado que el juez sentenciador al apreciarla ac-tuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, procede confirmar la sentencia apelada.