text:
      In re Carlos J. Nazario Díaz, querellado.

      Número: CP-2013-0031

      Resuelto: 26 de mayo de 2016

      Margarita Mercado Echegaray, procuradora general, Karla Z. Pacheco Álvarez, subprocuradora general, Minnie H. Ro-dríguez López y María Astrid Hernández Martín, procuradoras generales auxiliares, abogadas de la parte querellante; Margarita Carrillo Iturrino, abogada de la parte querellada; Carlos J. Nazario, pro se; Jeannette Ramos Buonomo, comisionada especial, en informe.
   per curiam:

Este Tribunal tiene la encomienda de atender una querella presentada contra el Ledo. Carlos J. Nazario Díaz, a quien se le imputó infringir los Cánones 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRAAp. EX, al no observar la debida diligencia en la representación de su cliente. Por los fundamentos que exponemos a continuación, ordenamos la suspensión inmediata del letrado del ejercicio de la abogacía y notaría por un término de seis meses.

I

En 2011, Caguas Lumber Yard, Inc. (Caguas Lumber), representada por su presidente, el Sr. Gildo Massó Aponte, le arrendó un solar a la Segunda Iglesia Bautista de Ponce, Inc. (Iglesia), representada por su pastor, el Sr. Fernando López Torres. La vigencia del contrato era por un término de treinta y seis meses y disponía que Caguas Lumber po-dría dar por terminado el contrato sin penalidad alguna en caso de que el solar se vendiera a un tercero, siempre y cuando le notificara a la Iglesia los detalles de la transacción. Con esa notificación, a su vez, comenzaría un término para el desalojo de la propiedad. No obstante, el contrato también establecía un derecho de tanteo a favor de la Iglesia, en caso de que se vendiera el solar. Conforme a esa cláusula, la Iglesia debía igualar la oferta y presentar evidencia de su capacidad de financiamiento en un término especificado. De cumplirse ese requisito, Caguas Lumber estaría obligada a venderle la propiedad a la Iglesia.

Luego de un mes de que se perfeccionara el contrato, el señor Massó Aponte le notificó al pastor López Torres que había recibido una oferta de compra, por lo que comenzaba a transcurrir el término para ejercer el derecho de tanteo so-bre el solar o desalojar la propiedad. El licenciado Nazario Díaz asesoró a la Iglesia en relación con las gestiones para ejercer ese derecho de tanteo. Específicamente, le instruyó a realizar los trámites correspondientes para conseguir el fi-nanciamiento necesario para adquirir la propiedad. Así, les indicó que si el término dispuesto en el contrato para igua-lar la oferta y presentar evidencia de la viabilidad econó-mica no era suficiente, presentaría una solicitud de inter-dicto preliminar y permanente, con el fin de paralizar la venta y de esa forma extender el período disponible para completar ese trámite.

Debido a que la Iglesia no obtuvo el financiamiento en el plazo estipulado, el señor Massó Aponte dio por terminado el contrato con esa institución. A su vez, el licenciado Na-zario Díaz, en representación de la Iglesia, procedió según había adelantado y presentó una solicitud de interdicto preliminar y permanente contra Caguas Lumber ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.

Poco tiempo después, el foro primario dictó una senten-cia parcial en la que desestimó la demanda, puesto que los documentos que se acompañaron a la solicitud “le da [ban] la razón al Demandado”. Informe de la Comisionada Especial, pág. 7. No obstante, ese foro le concedió un plazo a la Iglesia para que convirtiera la petición de interdicto en un pleito ordinario de incumplimiento de contrato. Sin embargo, al poco tiempo y a solicitud de Caguas Lumber, el Tribunal de Primera Instancia dictó otra sentencia en la que, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, desestimó la demanda por completo al “no existir una causa de acción que ameritara la concesión de un remedio.” Informe de la Comisionada Especial, pág. 8.

Posteriormente, el licenciado Nazario Díaz presentó una petición de interdicto enmendada y, tras conocer de la se-gunda sentencia de desestimación, presentó, además, una moción de reconsideración en el primer caso. Conforme a las determinaciones de hecho de la Comisionada Especial, el pastor López Torres reconoció que el licenciado Nazario Díaz le mantuvo al tanto de los pormenores del caso hasta ese momento. Eventualmente, el Tribunal de Primera Ins-tancia denegó la moción de reconsideración. Sin embargo, surge del informe de la Comisionada Especial que el licen-ciado Nazario Díaz no le notificó ese incidente a la Iglesia. Por otro lado, Caguas Lumber solicitó que se impusiera el pago de costas en el caso, por lo que el foro primario le concedió a la Iglesia un término de veinte días para expre-sarse al respecto. Toda vez que la Iglesia no compareció, el Tribunal de Primera Instancia concedió las costas según solicitadas.

Simultáneamente, Caguas Lumber presentó una de-manda de desahucio sumario contra la Iglesia ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. La vista se señaló para el 26 de septiembre de 2011 a las 9:00 a. m. Ese día, el pastor López Torres acudió al tribunal y al no encontrar al licenciado Nazario Díaz, lo llamó para in-quirir sobre su paradero. El letrado le informó que se en-contraba en su oficina en Bayamón y que había anotado en su calendario una fecha incorrecta para la vista de ese día. Así, le pidió que solicitara un turno posterior a la jueza que presidía la sala donde se llevaría a cabo la vista.

Posteriormente, el pastor López Torres se comunicó en repetidas ocasiones con el licenciado Nazario Díaz, quien le comentó que había sufrido un contratiempo con su automó-vil que retrasaría su llegada a la sala. Luego de varias posposiciones, y de esperar toda la mañana, el tribunal celebró la vista de desahucio sin la comparecencia del li-cenciado Nazario Díaz. El pastor López Torres se enteró, por primera vez, durante esta vista que la moción de re-consideración que presentó el licenciado Nazario Díaz en el primer caso sobre interdicto había sido denegada. Al con-cluir el procedimiento, el foro primario proveyó “con lugar” a la demanda de desahucio.

Posteriormente, y ante el fallo adverso, el licenciado Na-zario Díaz presentó una moción de reconsideración en el procedimiento de desahucio sumario, en la que se limitó a expresar que no compareció a la vista debido a una “situa-ción personal”. Informe de la Comisionada Especial, pág. 9. Además, en ese escrito, el letrado contestó por primera vez la demanda de desahucio. No obstante, el foro primario de-cretó el desahucio y denegó la moción de reconsideración.

El pastor López Torres se comunicó con el licenciado Na-zario Díaz en varias ocasiones para notificarle que Caguas Lumber le estaba requiriendo a la Iglesia que abandonara la propiedad arrendada. Cuando un alguacil acudió al te-rreno para diligenciar la orden de desalojo, el pastor López Torres se comunicó nuevamente con el letrado, quien, a su vez, le informó al alguacil que se alistaba a presentar un recurso de apelación, por lo que aún no procedía ejecutar el desahucio.

Así las cosas, el licenciado Nazario Díaz presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones con el propósito de que se revocara la sentencia de desahucio. El letrado también presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción para que se paralizaran los procedimientos de desalojo debido a la presentación del recurso de apelación ante el foro apelativo intermedio. Ese mismo día, el foro primario convocó una vista urgente para discutir esa moción. Allí, el tribunal le informó al licenciado Nazario Díaz que el término para recurrir en un procedimiento de desahucio sumario era de cinco días, por lo que la senten-cia era final y firme. Así, proveyó “no ha lugar” a la moción. Al concluir la vista, el pastor López Torres pudo hablar con el licenciado Nazario Díaz, quien le expresó que ya no ha-bía nada más que hacer y que la Iglesia tenía que desalojar el solar.

Por su parte, Caguas Lumber presentó una moción ante el Tribunal de Apelaciones para la desestimación del recurso por falta de jurisdicción, toda vez que este se presentó tardíamente. El licenciado Nazario Díaz, a su vez, presentó una réplica en la que reiteró los argumentos contenidos en su recurso, pero no abordó el aspecto jurisdiccional, a pesar de que el foro apelativo intermedio le había concedido un término para expresarse al respecto. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación.

Luego del desalojo del solar, otra abogada y también feligrés de la Iglesia, la Leda. Milagros Rodríguez Alicea, se acercó al pastor López Torres para discutir el desenlace del caso. Esto motivó al pastor López Torres a revisar el expediente judicial. Al hacerlo, se enteró de que el señor Massó Aponte presentó una moción para el rembolso de los gastos en que se incurrió en la ejecución de la sentencia y el pago por ciertos daños supuestamente causados por la Iglesia al solar. El tribunal le había concedido veinte días a la Iglesia para expresarse al respecto, por lo que la licen-ciada Rodríguez Alicea compareció por escrito ante el tribunal en representación de la institución para oponerse a la referida moción. Allí, le informó al tribunal la dificultad que confrontaba la Iglesia para comunicarse con el licen-ciado Nazario Díaz.

Posteriormente, el pastor López Torres se comunicó con el licenciado Nazario Díaz para solicitarle que renunciara a la representación legal de la Iglesia. Debido a que el le-trado no llevó a cabo la gestión solicitada, el 15 de enero de 2012, el pastor le envió una carta en la que le pidió nueva-mente que renunciara a la representación legal de la Iglesia. Según surge del expediente, el licenciado Nazario Díaz aún no ha renunciado a la representación legal de la Iglesia. Por el contrario, luego de recibir la carta, compa-reció ante el tribunal para solicitar el reseñalamiento de la vista para la discusión de la moción presentada por el se-ñor Massó Aponte sobre cobro de los gastos de desalojo.

Por todo lo anterior, el pastor López Torres presentó ante este Tribunal una queja contra el licenciado Nazario Díaz. En lo pertinente, señaló que el letrado: (1) no con-testó oportunamente la demanda de desahucio sumario presentada por Caguas Lumber y Massó Class Seven Unsecured Creditors Trust contra la Iglesia; (2) no compareció a la vista ante el Tribunal de Primera Instancia, lo que provocó que se dictara una sentencia a favor de Caguas Lumber, sin que la Iglesia pudiera presentar sus defensas; (3) incumplió con el plazo concedido por el Tribunal de Ape-laciones para expresarse sobre la jurisdicción de ese foro para entender en el recurso que presentó para revocar la sentencia de desahucio; (4) presentó ese recurso luego de expirado el término jurisdiccional; (5) no le mantuvo infor-mado de los pormenores del caso, ni contestaba sus llama-das; (6) no le notificó la solicitud de costas presentada por Caguas Lumber en el pleito de desahucio; (7) no atendió la solicitud de renuncia a la representación legal efectuada por la Iglesia; (8) presentó una solicitud de interdicto en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, aunque el foro con competencia era el de Ponce, y (9) fungió como agente de bienes raíces del arrendador-demandante y devengó $3,750 de la fianza prestada de acuerdo con el contrato de arrendamiento.

El licenciado Nazario Díaz contestó la queja, pero se li-mitó a argumentar que las imputaciones aducidas en la queja eran frívolas, toda vez que respondían a la molestia de la Iglesia porque no prevaleció en sus reclamos. Posterior-mente, remitimos la queja a la Oficina de la Procuradora General para que investigara y presentara su informe, en-comienda que completó oportunamente. Luego de examinar ese informe, así como el escrito de oposición que presentó el licenciado Nazario Díaz, instruimos a la Procuradora General a que presentara la querella correspondiente. En esta, se le imputó al licenciado Nazario Díaz infringir los Cánones 12, 18 y 19 del Código de Etica Profesional, supra. En particular, se alegó que el letrado quebrantó el Canon 12, supra, al no comparecer a la vista de desahucio y el Canon 18, supra, debido a que no defendió diligentemente los intereses de la Iglesia y no demostró la competencia que exige el ejer-cicio de la profesión al desconocer el término para recurrir al Tribunal de Apelaciones. Finalmente, se le imputó al licen-ciado Nazario Díaz transgredir el Canon 19, supra, al no mantener informado a su cliente respecto a los dictámenes judiciales emitidos en su contra.

El licenciado Nazario Díaz contestó la querella y reiteró, sin elaborar, que “situaciones personales”, fuera de su control, le impidieron llegar a la vista de desahucio, pero que mantuvo comunicación telefónica con el pastor López Torres. Asimismo, señaló que la tardanza en presentar la apelación se debió a que desconocía que la Ley Núm. 86-2011 enmendó el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA see. 2831, para acortar el término en que se apelan las sentencias sobre desahucios sumarios. Final-mente expresó que, a su entender, hizo todos los esfuerzos posibles en defensa de los intereses de su cliente. Ante ese cuadro, nombramos a la Hon. Jeannette Ramos Buonomo como Comisionada Especial y le encomendamos la tarea de recibir prueba, así como elaborar un informe con las deter-minaciones de hechos y recomendaciones pertinentes.

Luego de varios incidentes procesales, la Oficina de la Procuradora General nos solicitó autorización para enmendar la querella y añadir nuevos cargos contra el licenciado Nazario Díaz. Autorizamos esa solicitud y la Procuradora General incluyó los cargos adicionales siguientes: (1) violación del Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, por no renunciar al caso ni entregar el expediente cuando le fue solicitado y (2) violación del Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, por la conducta impropia desplegada en representación de su cliente.

El letrado contestó la querella enmendada oportuna-mente y detalló, por primera vez, las situaciones personales a las que había hecho referencia anteriormente. Reveló que apuntó erróneamente en su calendario la fecha de la vista de desahucio, la cual estaba pautada para las 9:00 a. m., por lo cual le solicitó al pastor López Torres que solicitara un turno posterior. Además, alegó que por desperfectos con su automóvil llegó al tribunal a las 11:30 a. m. y que, para ese entonces, la vista ya había concluido. En cuanto a los nuevos cargos, aseguró que informó a su cliente de la sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones y que fue el pastor López Torres quien cortó la comunicación entre ambos, a pesar de sus esfuerzos por restablecerla.

Cabe destacar que durante los procedimientos celebrados ante la Comisionada Especial, el licenciado Nazario Díaz aceptó los cargos relacionados con los Cánones 12 y 18 del Código de Ética Profesional, supra, por lo que las partes acordaron presentar prueba sobre las demás violaciones imputadas en la querella. Además, se acordó elevar los expedientes judiciales de los casos Segunda Iglesia Bautista de Ponce, Inc. y otros v. Caguas Lumber Yard, Inc. y otros, Caso Núm. EACI 2012-03734 y Caguas Lumber Yard, Inc. y otros v. Segunda Iglesia Bautista de Ponce, Inc. y otros, Caso Núm. JPE 2011-0612.

Subsiguientemente, la Oficina de la Procuradora General presentó una moción informativa en la que indicó que la imputación que se le hizo al letrado por conflicto de intereses, respecto a la suma de $3,750 devengados por la transacción del arrendamiento, fue objeto de una queja anterior. Añadió que esta se archivó por recomendación de la propia Procuradora General. Por lo tanto, ese asunto no es objeto del presente proceso disciplinario.

Luego de celebrarse la vista en su fondo, la Comisionada Especial emitió su informe en el que concluyó que el licenciado Nazario Díaz infringió los Cánones 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Etica Profesional, supra, al no mostrar la debida diligencia en la representación de su cliente. Asimismo, puntualizó que este Tribunal debía considerar al momento de establecer la sanción correspondiente que el letrado fue sancionado anteriormente por conducta similar a la imputada en este procedimiento.

II

De acuerdo con nuestro poder inherente de regular la profesión jurídica, este Tribunal tiene la encomienda de procurar que los abogados admitidos a este Foro ejerzan su profesión de manera responsable, competente y diligente. In re Del Castillo Del Valle, 191 DPR 633, 639 (2014). A esos fines, el Código de Etica Profesional prescribe las nor-mas de conducta que deben regir la práctica de la profesión legal. In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 617-618 (2014). En particular, este código persigue que los abogados desplieguen un desempeño profesional en armonía con los más altos principios éticos, en beneficio de la ciudadanía, la profesión jurídica y las instituciones de justicia. Íd., pág. 618.

A. Canon 12

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, impone al abogado el deber ineludible de tramitar las causas de manera responsable, con puntualidad y diligencia. In re Hernández González, 188 DPR 721, 727 (2013). Este canon dispone lo siguiente:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos, ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protec-ción de los derechos sustanciales de su cliente.

En repetidas ocasiones hemos precisado que la in-comparecencia injustificada a las vistas señaladas por el tribunal, así como las actuaciones y omisiones que coloquen en riesgo la causa de acción de los clientes, son infracciones patentes de este canon. In re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 543 (2012). La falta de diligencia en la tramitación de los casos es una conducta irresponsable y contraria a la instituida en este. Íd. El deber de ser puntual en el trámite del litigio y desplegar todas las diligencias necesarias frente al tribunal ha de cumplirse por el abogado en todas las etapas del pleito. In re Muñoz, Morell, 182 DPR 738, 750 (2011).

Cónsono con lo anterior, hemos enfatizado que los togados deben observar estrictamente las órdenes judiciales. La continua desobediencia de las providencias judiciales demuestra una infracción seria de los principios básicos de la ética profesional que exigen el mayor respeto hacia los juzgados. In re Cuevas Borrero, 185 DPR 189, 198 (2012). Esto es así toda vez que el comportamiento de un abogado “no debe ser otro que el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial”. (Citas omitidas). íd., pág. 198.

B. Canon 18

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, impone a todo letrado el deber de defender los intereses de su cliente de forma capaz y diligente, “desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Véase, además, In re Cotto Luna, 187 DPR 584, 588-589 (2012). Así, cuando un abo-gado acepta la encomienda de representar a una persona y no la ejecuta adecuada y responsablemente, infringe el Canon 18, supra. Íd. (“[l]a representación legal adecuada requiere que se ejerza la profesión con celo, cuidado y prudencia”).

Al asumir la representación de un cliente, el abogado se obliga a realizar todas las gestiones posibles, en el marco de la ética, en beneficio de su cliente. In re Cuevas Borrero, supra, pág. 199. En el ejercicio de la abogacía no hay espacio para que sus miembros actúen con displicencia, dejadez y desidia en la tramitación de los asuntos que le han sido delegados. In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1012 (2013). Por lo tanto, este deber de diligencia profesional genera una obligación frente al cliente y a los tribunales en la administración de la justicia. In re Hoffman Mouriño, 170 DPR 968, 981 (2007).

En atención a lo anterior, hemos resuelto que un abo-gado contraviene el Canon 18, supra, cuando exhibe una conducta negligente que pueda acarrear o, en efecto aca-rree, la desestimación de un caso o la pérdida de la causa de acción de su representado. In re Pietri Torres, 191 DPR 482, 488 (2014) (citando a In re Díaz Nieves et als., supra, págs. 1011-1012). También se infringe este canon al: (1) no responder planteamientos medulares; (2) ignorar órdenes judiciales o administrativas; (3) incurrir en errores crasos; (4) desatender o abandonar el trámite de un caso, y (5) permitir que la acción se desestime sin realizar esfuerzos para evitarlo. Íd. Véase, además, In re Vega Quintana, 188 DPR 536, 543 (2013).

Cuando un abogado pierde contacto con su cliente y están por vencerse los términos para presentar una causa de acción, su responsabilidad ética está sujeta al grado de diligencia que despliegue para contactar a su representado. In re Pinto Andino, 156 DPR 259, 265 (2002). Esto significa que el abogado deberá efectuar esfuerzos razonables y diligentes dirigidos a restablecer la comunicación con su cliente y advertirle de la situación procesal del asunto encomendado. íd. “[L]o que constituye un esfuerzo ‘razonable y diligente’ para localizar al cliente dependerá de la totalidad de las circunstancias del caso”. (Citas omitidas). Íd.

Un abogado diligente que realice esfuerzos razo-nables para comunicarse con su cliente, de ordinario, no está obligado a presentar la acción encomendada. In re Pinto Andino, supra. No obstante, una vez se presenta la acción, si las gestiones para contactar al cliente resultasen infructuosas, el abogado puede solicitar la autorización del foro para renunciar a la representación. Lo importante es que el letrado descargue su obligación ética e informe el problema al foro y que acredite las gestiones que llevó a cabo para contactar a su representado. Corresponderá a los foros judiciales o administrativos ponderar la suficiencia de esos esfuerzos. No es propio, entonces, que el abogado presente la acción correspondiente para luego desligarse del trámite del pleito. Esto pone en peligro los derechos de su cliente y entorpece la administración de la justicia. Íd., págs. 266-267.

C. Canon 19

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en lo pertinente, que “[e]l abogado debe man-tener a su cliente siempre informado de todo asunto impor-tante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. A fin de lograr una comunicación efectiva, el abogado debe informarle directamente a su represen-tado los trámites realizados y su desarrollo, consultarle los aspectos que estén fuera del ámbito discrecional de la representación legal y acatar sus directrices, siempre y cuando estén en el marco ético. In re Cuevas Borrero, supra, pág. 200. Sin duda, “[e]l deber de comunicación efectiva es imprescindible en la relación fiduciaria que caracteriza el vínculo abogado-cliente”. In re Pietri Castellón, 185 DPR 982, 992 (2012).

Un miembro de la profesión desacata este imperativo ético cuando “no se atienden los reclamos de información que el cliente solicita; no se le informa del resultado ad-verso de la gestión encargada; la acción se desestima o se archiva; no se mantiene al cliente al tanto del estado o la situación procesal del caso, o, simplemente, se le niega información del caso”. In re Reyes Coreano, 190 DPR 739, 752-753 (2014). Lo anterior se agrava cuando el letrado mantiene ajeno a su cliente sobre el resultado adverso de un asunto encomendado, que pone fin, total o parcialmente, a una causa de acción.

Es menester reiterar que el referido canon “im-pone el deber de comunicación al abogado y no al cliente”. (Énfasis suprimido). In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 40 (2011). No es excusa para el abogado dejar de proveer datos sobre las incidencias importantes del caso porque el cliente no está accesible. Es imperativo que demuestre las diligencias razonables llevadas a cabo a fin de restablecer la comunicación con él. Id. No informar al cliente sobre su caso no solo constituye una infracción del Canon 19, supra, sino que entorpece el proceso de impartir justicia.

D. Canon 20

Como parte de los deberes del abogado hacia su cliente, el Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra, establece el procedimiento para ser relevado de una repre-sentación profesional. Al interpretar este canon, hemos dispuesto que “[c]uando un cliente es negligente y no coopera con su abogado en la tramitación de su caso, el abogado debe renunciar [a] la representación legal existente. No renunciar impide al letrado representar adecuada-mente a su cliente y constituye un error de juicio y una violación al Canon 20 del Código de Ética Profesional”. In re Ramos Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011). A tono con lo anterior, la renuncia del abogado está sujeta a que obtenga el permiso del foro pertinente y que tome las medidas razonables para evitar ocasionarle un perjuicio a los derechos sustantivos de su representado. íd.

E. Canon 38

Según dispone el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, corresponde a cada abogado conducirse en la esfera privada, así como en la profesional, de manera que exalte el honor y la dignidad de la profesión jurídica. Además, los letrados, como funcionarios del tribunal, tie-nen el deber de “interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administra-ción de la justicia”. íd. La conducta de los abogados admitidos al ejercicio de la profesión se mide con unos parámetros distintos a los de un individuo particular. In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 148 (2014).

La responsabilidad ética que rige esta profesión le impone a todo abogado un deber continuo de examinar su conducta. In re Nieves Nieves, supra, pág. 45. “[H]emos señalado enfáticamente que ‘por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben ac-tuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen’ ”. In re Guemárez Santiago, supra, pág. 620 (citando a In re Santiago Ríos, 172 DPR 802, 822 (2007)). Así, las actuaciones de los abogados como funcionarios del sistema de justicia deben estar encaminadas a preservar un orden jurídico íntegro y eficaz. In re Cuyar Fernández, 163 DPR 113, 117 (2004).

HH h-1 hH

A. AI licenciado Nazario Díaz se le imputa transgredir los Cánones 12, 18, 19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. Luego de evaluar cuidadosamente los hechos ante nuestra consideración, así como el informe de la Comisionada Especial y la réplica del letrado, concluimos que este se apartó de lo que dictan los precitados cánones.

El letrado estipuló, a base de los hechos consignados en el informe de la Comisionada Especial, que violó los Cáno-nes 12 y 18 del Código de Ética Profesional, supra. Al así hacerlo, el letrado aceptó su falta de diligencia en la trami-tación de los casos que se le encomendaron al no compare-cer a la vista de desahucio y dejar que expirara el término jurisdiccional para acudir ante el Tribunal de Apelaciones. Eso, sin duda alguna, contravino lo dispuesto en ambos cánones.

Asimismo, concluimos que el licenciado Nazario Díaz in-fringió el Canon 19, supra. Según se desprende de los he-chos, el letrado no informó a su representado de la resolu-ción final que dictó el Tribunal de Primera Instancia respecto a la moción de reconsideración que se presentó en el caso de interdicto. En consecuencia, el cliente conoció ese dato durante la vista de desahucio sumario que se llevó a cabo en otro caso. De las determinaciones de hecho de la Comisionada Especial no se desprende que el licenciado Nazario Díaz llevara a cabo alguna gestión que acredite que mantuvo informado a su cliente sobre este incidente.

De igual manera, el letrado tampoco informó a su repre-sentado que el Tribunal de Apelaciones había dictado una sentencia desestimatoria por falta de jurisdicción. Al no informar a su representado sobre los procedimientos ante el foro apelativo intermedio, el licenciado Díaz Nazario im-pidió que su cliente pudiera contar con el asesoramiento de un nuevo representante legal y determinara el curso de acción más apropiado. Por lo tanto, concluimos que el le-trado incumplió con su deber de mantener informado a su cliente sobre los detalles importantes que acaecieron en la tramitación del caso que se le encomendó.

A su vez, coincidimos con el criterio de la Comisionada Especial en cuanto a que el licenciado Nazario Díaz infringió el Canon 20, supra. De los hechos consignados en el informe surge que la Iglesia le solicitó al letrado su renuncia por la vía telefónica y mediante una carta. No obstante, el licenciado Nazario Díaz no presentó su renuncia ni en-tregó el expediente del caso al cliente cuando este se lo solicitó. Por el contrario, según declaró el licenciado Nazario Díaz durante la vista en su fondo ante la Comisionada Especial, al día de hoy no ha renunciado formalmente a la representación legal en el caso de desahucio.

Ahora bien, el licenciado Nazario Díaz aseguró que no recibió de su cliente una solicitud de renuncia. También indicó que realizó varias gestiones dirigidas a comunicarse con sus representados para discutir el caso, pero que estas fueron infructuosas. La Comisionada Especial no validó esa versión de los hechos. A su vez, las determinaciones de hechos emitidas por un Comisionado Especial en el con-texto de un procedimiento disciplinario merecen nuestra deferencia. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019, 1029 (2012). En consecuencia, no alteraremos estas salvo que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba. In re De León Rodríguez, 190 DPR 378 (2014). De todos modos, el abogado de-bió presentar su renuncia a la representación legal tan pronto el cliente se tornó inaccesible. Al no hacerlo, el letrado cometió un grave error de juicio en contravención del Canon 20 del Código de Ética Profesional, supra.

Finalmente, el licenciado Nazario Díaz violó el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Su desempeño en la tramitación de las causas para las que fue contratado estuvo matizado por actuaciones y omisiones intolerables de desidia, despreocupación y displicencia. Con su proce-der, el letrado incumplió con su deber ético de exaltar y preservar el honor y la dignidad de su profesión. Igual-mente, el licenciado Nazario Díaz no hizo su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administra-ción de la justicia.

Por todo lo anterior, concluimos que el licenciado Naza-rio Díaz infringió los Cánones 12,18,19, 20 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, puesto que no desplegó la dili-gencia debida en el trámite de las causas de su cliente, incumplió cabalmente con su deber de mantenerlo infor-mado de los pormenores de sus reclamos y tampoco renun-ció oportunamente a la representación legal, a pesar de la solicitud de su cliente al respecto. Al actuar de esa forma, el letrado no se esforzó, al máximo de su capacidad, en exaltar el honor y la dignidad de la profesión jurídica.

B. Al determinar la sanción disciplinaria que se impondrá a un abogado que haya incurrido en conducta contraria a los Cánones del Código de Ética Profesional, ponderamos los factores siguientes: (1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si constituye su primera falta y si no ha causado perjuicio a alguna parte; (4) la aceptación y arrepentimiento sincero por las imputaciones; (5) la defensa frívola de su conducta; (6) si se trata de una conducta aislada; (7) el ánimo de lucro, y (8) cualquier otra consideración atenuante o agravante aplicable a los hechos. In re De León Rodríguez, supra, pág. 396.

Asimismo, es importante tratar las faltas similares de modo análogo, a fin de evitar la arbitrariedad y propender al desarrollo de una reglamentación ética coherente y uniforme. Id. Por eso, los asuntos disciplinarios semejantes merecen sanciones semejantes. No obstante, debemos reco-nocer que las circunstancias particulares de cada caso son únicas y determinantes al momento de imponer la sanción, Íd., págs. 396-397.

El informe de la Comisionada Especial señala varias circunstancias agravantes que pesan en el caso ante nuestra consideración. En particular, la falta de diligencia atribuida al letrado no es un incidente aislado, pues en 2008 fue suspendido del ejercicio de la abogacía y la notaría por un período de seis meses, tras violar los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, y el Art. 2 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 LPRA sec. 2002). In re Nazario Díaz I, 174 DPR 99 (2008). Posteriormente, reconsideramos esa suspensión y dejamos sin efecto la suspensión del ejercicio de la abogacía. Además, redujimos el término de suspensión de la notaría de seis meses a tres. In re Nazario Díaz II, 174 DPR 790 (2008). Igualmente, es menester destacar que el licenciado Nazario Díaz también fue objeto de la queja AB-2012-409, la cual eventualmente ar-chivamos, pero no sin antes apercibirlo de que debía man-tener informados a sus clientes de conformidad con el Canon 19 del Código de Ética Profesional, supra.

Por otro lado, el licenciado Nazario Díaz no presentó evidencia sobre su reputación profesional, aunque sí ex-presó sentirse arrepentido por sus actuaciones. Igual-mente, el letrado nos solicitó que consideremos como ate-nuante que su cliente, independientemente de su falta de diligencia en representarlo, no habría prevalecido de todas maneras. Sin embargo, declinamos su invitación de aden-trarnos en el campo de la especulación. No nos corresponde resolver en este proceso los méritos de los reclamos civiles de la Iglesia. La alegación del abogado al respecto no jus-tifica las violaciones de la ética profesional que cometió.

IV

Ante el escenario descrito, nos vemos obligados a ejercer nuestro poder inherente de regular la profesión jurídica en Puerto Rico. En consecuencia, suspendemos al Ledo. Carlos J. Nazario Díaz inmediatamente del ejercido de la abo-gacía y la notaría por un término de seis meses.

Se ordena al señor Nazario Díaz a notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representán-dolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por servicios profesionales no realizados. De igual forma, ten-drá que informar inmediatamente de su suspensión a cual-quier sala del tribunal general de justicia o foro adminis-trativo en el que tenga algún trámite pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días contados a partir de la notificación de la presente opinión “per curiam” y sentencia.

Además, se le ordena al Alguacil de este Tribunal incau-tar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor Nazario Díaz y entregarlos al Director de la Oficina de Ins-pección de Notarías para la correspondiente investigación e informe. Notifíquese personalmente esta opinión “per cu-riam” y Sentencia al señor Nazario Díaz a través de la Ofi-cina del Alguacil de este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.


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license: Public Domain

text:
    Shaila Muñoz Sánchez, peticionaria, v. Samuel Báez de Jesús, recurrido.

      Número: AC-2016-0011

      Resuelto: 26 de mayo de 2016

      Ruth M. Pizarro Rodríguez, abogada de la parte peticionaria; María E. Juarbe I Botella, abogada de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde evaluar el trámite pro-cesal de una solicitud de traslado de una menor al estado de Tennessee presentada por la madre de ésta en 2015 y que, al día de hoy, permanece irresoluta.

I

La Sra. Shaila Muñoz Sánchez procreó a una niña con el Sr. Samuel Báez de Jesús. Las partes nunca contrajeron nupcias ni convivieron como pareja consensual. Asimismo, la menor de edad siempre ha vivido con la señora Muñoz Sánchez en la casa de los padres de ésta. El señor Báez de Jesús, por su parte, paga una pensión alimentaria a favor de la menor de $100 mensuales. La señora Muñoz Sánchez ha asumido todas las responsabilidades relacionadas con la salud y la educación de la menor.

En el 2012, la señora Muñoz Sánchez acudió al tribunal para establecer las relaciones paternofiliales de la menor con el señor Báez de Jesús. Esto, luego de que en el 2012 solicitara una orden de protección en contra de éste por una agresión física que sufrió en una ocasión en la que debía hacer entrega de la menor. Las partes fueron referi-das a la Unidad de Trabajo Social y, en el 2013, se inició un estudio social que resultó en la presentación de un informe. En este último, se determinó que el señor Báez carecía de un lugar en donde pudiese acomodar a la menor durante las visitas y en el que ésta pudiese pernoctar. Pos-teriormente, en febrero de 2014, la señora Muñoz Sánchez solicitó la paralización de las relaciones paternofiliales luego de que la menor demostrara resistencia a relacio-narse con su padre. Concedida la paralización, la trabaja-dora social asignada al caso recomendó que el asunto fuese referido a una sicóloga.

A través de las gestiones de la sicóloga seleccionada por las partes, se restablecieron las relaciones paternofiliales. No obstante, éstas se limitaron a visitas por parte del se-ñor Báez a la menor los sábados y domingos alternos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. Así las cosas, reanudadas las rela-ciones entre la menor y su padre, la señora Muñoz Sánchez recibió una atractiva oferta de empleo en el estado de Tennessee. La aceptación de tal oferta conllevaba un pro-ceso de relocalización, búsqueda de vivienda, transporta-ción y educación para la menor y su hermano mayor, quien no es hijo del señor Báez y cuyo padre no se opuso al traslado. Aceptada la oferta de empleo, el 30 de julio de 2015, la señora Muñoz Sánchez solicitó al Tribunal de Pri-mera Instancia que permitiera la salida de la menor al estado de Tennessee. En su solicitud, incluyó información relacionada con la oferta de empleo, datos de vivienda, educación y todos los servicios que la menor recibiría como consecuencia del traslado. Además, presentó una oferta de relaciones paternofiliales para la aprobación del foro primario.

El 4 de agosto de 2015, el foro de instancia dictó una orden prohibiendo el traslado de la menor al estado de Tennessee. Asimismo, refirió el asunto a una trabajadora social para que ampliara el estudio de fijación de relacio-nes paternofiliares y auscultara el sentir de la menor con relación al traslado. Para realizar este trámite, concedió a la trabajadora social un término de 10 días. El 14 de agosto de 2015, la trabajadora social a quien le fue asignado el caso informó al tribunal que requería 60 días laborables para completar su informe conforme al Manual de normas y procedimientos de las unidades sociales de relaciones de familia y asuntos de menores.

Por otra parte, el 17 de agosto de 2015, el señor Báez de Jesús presentó su oposición al traslado de la menor. El foro primario, por su parte, dictó una orden el 20 de agosto de 2015, mediante la cual señaló una vista para el 8 de octubre de 2015, en la que se discutirían los planteamientos de las partes. Además, reiteró la prohibición de salida de la menor hasta que emitiera la determinación correspondiente. Pre-vio a la celebración de la vista, el 9 de septiembre de 2015, la señora Muñoz Sánchez presentó una moción informativa por vía de la cual notificó su salida de la jurisdicción y es-bozó nuevamente sus argumentos sobre la procedencia del traslado de la menor al estado de Tennessee. El 11 de sep-tiembre de 2015, el señor Báez de Jesús presentó una mo-ción, indicando que recogería a la menor de casa de sus abuelos maternos y la retendría hasta que el tribunal dis-pusiera lo contrario.

El 14 de septiembre de 2015, la señora Muñoz Sánchez compareció ante el foro primario mediante Moción de extrema urgencia y auxilio del tribunal de solicitud de reme-dio de entrega de menor a abuelos maternos por negligencia educativa. En ésta, le informó al tribunal que el señor Báez se negaba a llevar a la menor a la escuela, no le contestaba las llamadas y la utilizaba como ficha de negociación para que se le redujera la pensión alimentaria. Al día siguiente, la señora Muñoz Sánchez se comunicó con la escuela de la menor, en donde le informaron que, una vez más, ésta no se había reportado. Luego de recibir una llamada de la menor en la que ésta le pidió que la fuera a buscar, la señora Muñoz Sánchez decidió viajar ese mismo día a Puerto Rico para recogerla de la casa del señor Báez de Jesús.

Luego de varios incidentes, incluyendo la intervención de la Policía estatal y el Departamento de Familia con el señor Báez de Jesús, la menor fue entregada a su madre. El 21 de septiembre de 2015, la sicóloga del caso, luego de entrevistar a la menor, presentó una carta-moción al tribunal refiriendo el asunto a una trabajadora social con indi-cación expresa de prohibición de relaciones paternofiliales hasta que el tribunal tomara su determinación. El tribunal de instancia, por su parte, autorizó la designación de una trabajadora social para que realizara un informe con reco-mendaciones finales.

El 21 de septiembre de 2015, se celebró una vista ante el foro primario en la que las partes expusieron sus respecti-vas posiciones en torno al traslado de la menor. Ese mismo día, en horas de la tarde, los abuelos maternos de la menor fueron entrevistados por la trabajadora social, quien some-tió una moción urgente al día siguiente. En ésta, recomendó que se establecieran relaciones paternofiliales sin pernoctar los sábados y domingos altemos de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. El 29 de septiembre de 2015, el Tribunal de Primera Instan-cia dictó una resolución mediante la cual acogió la recomen-dación de la trabajadora social en torno a la relaciones pa-ternofiliales y dispuso que la señora Muñoz Sánchez continuaría teniendo la custodia de la menor provisional-mente mientras se encontrara en Puerto Rico. Además dis-puso que, si la madre salía de la jurisdicción, la custodia correspondería a los abuelos maternos.

El 8 de octubre de 2015, día para el cual estaba pautada la vista para discutir el traslado de la menor, el foro pri-mario informó a las partes que esperaría el resultado del informe social interagencial para tomar su determinación. Inconforme, la señora Muñoz Sánchez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, acompañado por una moción en auxilio de jurisdicción. Solicitó que se revocara la determinación de custodia provisional, puesto que la misma implicaba que se le había revocado la custo-dia permanente sobre la menor. Solicitó, además, que se autorizara la salida provisional de la menor, aduciendo que ésta se encontraba subsumida en un estado de tristeza e incertidumbre al no poder trasladarse a Tennessee con su madre.

El 1 de diciembre de 2015, el Tribunal de Apelaciones confirmó la orden de custodia provisional del Tribunal de Primera Instancia. Fundamentó su curso de acción en la deferencia debida a la Unidad Social de las Salas de Fami-lia y Menores y al informe final que se rendiría con rela-ción al caso. Por tanto, ordenó la celebración de una vista en un término de 10 días para que se presentara el informe y se hiciera una recomendación relacionada con la custodia de la menor. Según informa la señora Muñoz Sánchez, la vista nunca se celebró y el informe complementario fue fi-nalmente presentado el 13 de enero de 2016. No obstante, la Unidad Social indicó que no había recibido el informe complementario y que correspondía revaluar a las partes para preparar un nuevo informe final.

El 8 de febrero de 2016, la señora Muñoz Sánchez presentó ante este Tribunal un recurso de apelación acompañado por una Moción urgente en auxilio de jurisdicción solicitando se autorice la salida de la menor a la ciudad de Nashville TN. El 4 de marzo de 2016, emitimos una resolución mediante la cual autorizamos la salida de la menor al estado de Tennessee del 18 al 27 de marzo de 2016.

En lo que respecta al recurso presentado, acogido como un certiorari, ordenamos a las partes a comparecer y mos-trar causa por la cual no debíamos expedir una orden al Tribunal de Primera Instancia para que, en un término de 5 días, requiriera a la trabajadora social de la Unidad Social de las Salas de Familia y Menores presentar el informe completo. Una vez el foro primario recibiera el informe, ordenaríamos la celebración de una vista, también en un término de 5 días, para atender en los méritos la solicitud de traslado presentada por la señora Muñoz Sánchez. En cumplimiento con nuestra orden, el 11 de marzo de 2016, el señor Báez de Jesús presentó una Comparecencia especial en cumplimiento de orden. Mediante ésta, informó que no tenía recursos económicos para litigar los asuntos planteados, por lo que se allanaría a las determinaciones que hiciera este Tribunal conforme a derecho.

II

En incontables ocasiones hemos resuelto que, al momento de hacer una determinación de custodia, los tribunales han de regirse por el bienestar y los mejores intereses del menor. Véanse: Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 147—148 (2004); Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 164 (2001); Depto. de la Familia v. Soto, 147 DPR 618 (1999); Torres, Ex parte, 118 DPR 469 (1987); Ortiz v. Vega, 107 DPR 831 (1978); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90 (1976). Ello, porque los tribunales están llamados a ejercer su poder inherente, en la función de parens patriae del Estado, de velar por el mejor bienestar de los menores. Pena v. Pena, 152 DPR 820, 832-833 (2000). De esta manera, en la eventualidad de que un tribunal perciba un conflicto entre intereses ajenos y el mejor interés de un menor, se debe resolver a favor de este último. Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 28 (2005).

Consistentemente hemos dictaminado que, al hacer una determinación sobre la custodia de un menor, deben examinarse factores tales como la preferencia del menor, su sexo, su edad, salud mental y física; el cariño que las partes podrían brindarle; la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y económicas del menor; el grado de ajuste de éste al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; su interrela-ción con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia, y la salud psíquica de todas las partes, entre otros. Marrero Reyes, supra, pág. 105. Estos factores, a su vez, “[h]ay que sopesarlos todos para juzgar de qué lado se in-clina la balanza y al menos aproximarse al logro de la so-lución más justa en asunto de tan extrema dificultad”. Id., pág. 106. Así, una determinación de custodia constituye un ejercicio ponderado de discreción judicial que siempre debe redundar en el mejor bienestar del menor.

Conforme a las prerrogativas que derivan del poder de parens patriae del Estado, un tribunal puede ordenar la comparecencia de todas las personas que puedan ayudar a determinar la mejor manera de proteger el bien-estar del menor. Esta responsabilidad incluye, a su vez, la potestad de ordenar las investigaciones de índole social que el tribunal entienda procedentes. Véase Pena v. Pena, supra. A esos efectos, las unidades sociales de relaciones de familia y asuntos de menores tienen como función principal ofrecer al juzgador asesoramiento social mediante eva-luaciones periciales que permitan tomar decisiones informadas en los casos ante su consideración. Véase Oficina de Administración de los Tribunales, Circular Núm. 6 del 6 de agosto de 2013, pág. 1.

Por otra parte, el Manual de Normas y Procedimientos de las Unidades Sociales de Relaciones de Familia y Asun-tos de Menores (Manual) detalla el proceso en casos en que se requiera una evaluación pericial por parte de un trabajador social. En cuanto a las responsabilidades de los tra-bajadores sociales, el Manual establece que éstos deberán, cuando les sea requerido por un tribunal, preparar un Informe Social Forense. Una vez completado tal informe, el trabajador social deberá entregar el expediente social com-pleto al Técnico o Auxiliar de Sistemas de Oficina de la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores no más tarde de 30 días calendario. El técnico o auxiliar, por su parte, remitirá el expediente a la secretaría del tribunal para que el juez examine el informe social y emita las órdenes que estime pertinentes. Véase Oficina de Administración de Tribunales, Normas y Procedimientos de las Unidades Sociales de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores de agosto de 2013, págs. 25-30.

III

El dilatado trámite procesal de este caso devela un in-cumplimiento reprobable de un procedimiento que tiene como norte brindar certeza y estabilidad al entorno familiar de un menor de edad. Según se colige del expediente, la señora Muñoz Sánchez realizó diligentemente todos los trámites conducentes a concretar el traslado de la menor al estado de Tennessee. No obstante, sus esfuerzos se vieron obstaculizados por dilaciones inaceptables en el proceso de preparar el informe social correspondiente y tomar una determinación fundamentada en el mejor bienestar de la menor. Como anticipamos, al día de hoy, el informe no ha sido presentado ante el tribunal y el futuro de la menor se encuentra en un estado de incertidumbre incompatible con los mejores intereses que, en el ejercicio de nuestra función de parens patriae, estamos llamados a proteger.

En vista de lo anterior, se expide el auto solicitado, aco-gido como un “certiorari”, y se ordena al Tribunal de Pri-mera Instancia que, en un término de 5 días, requiera la entrega, por parte de la trabajadora social de la Unidad Social de las Salas de Familia y Menores, del informe com-pleto con las recomendaciones finales para el caso.

Una vez el foro primario reciba el referido informe, or-denamos la celebración de una vista, también en un tér-mino de 5 días para atender, en los méritos, la solicitud de traslado permanente presentada por la señora Muñoz Sánchez. Celebrada la vista, el Tribunal de Primera Ins-tancia deberá adjudicar, en un término no mayor de 10 días, la solicitud de traslado presentada por la señora Mu-ñoz Sánchez.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Enmiendas al Formulario para Solicitar Admisión por Cortesía al Amparo de la Regla 12(f) del Reglamento del Tribunal Supremo.

      Número: ER-2016-2

      Resuelto: 26 de mayo de 2016
   RESOLUCIÓN

El 23 de junio de 2015 emitimos una Resolución en la cual enmendamos la Regla 12(f) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXI-B, para atender las solicitudes de admisión por cortesía con mayor efectividad. In re Enmda. R. 12(f) Reglamento TS, 193 DPR 321 (2015). Las enmiendas respondieron al aumento dramático en la cantidad de solicitudes de admisión por cortesía a la práctica de la profesión en nuestra jurisdicción y a que se estaban presentando situaciones que no quedaban atendidas por la normativa vigente en aquel entonces. Además, dispusimos que “[t]oda solicitud de admisión por cortesía deberá tramitarse completando y presentando en la Secretaría del Tribunal el formulario de Solicitud de Admisión por Cortesía, que se hace formar parte de esta Resolución como Anejo”. Regla 12(f)(7) del Reglamento del Tribunal Supremo en: In re Enmda. R. 12(f) Reglamento TS, supra, pág. 325.

Con el propósito de agilizar el trámite de estas solicitudes, se modifica el formulario para solicitar admisión por cortesía en los acápites siguientes: Caso o Procedimiento; Jurisdicciones en las que la Persona Solicitante ha sido Admitida; Solicitudes Previas de Admisión por Cortesía, y Certificación del Abogado o de la Abogada Endosante. Toda persona que interese ser admitido por cortesía al amparo de la Regla 12(f), supra, deberá utilizar el formulario revisado que se aneja a esta Resolución.

Esta enmienda entrará en vigor diez días después de su aprobación y aplicará a todas las peticiones presentadas a partir de su fecha de efectividad.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez y el Juez Asociado Señor Estrella Martínez no intervinieron.

(Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo

ANEJO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Tribunal General de Justicia

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Solicitud de Admisión por Cortesía

I. Información de la persona solicitante

N ombre:_

Bufete:_

Dirección postal:_

Dirección física:_

Teléfono:_

Fax:_

Correo electrónico:_

II. Caso o procedimiento

Provea la siguiente información relacionada al caso o casos, en el cual la persona solicitante desea ser admitida por cortesía. La persona solicitante deberá agrupar los ca-sos para los cuales desea ser admitido por cortesía si con-curren las siguientes condiciones: (1) se trata de la misma persona solicitante y del (de la) mismo(a) abogado(a) en-dosante, y (2) se cancelan los sellos de rentas internas por cada uno de los casos.

Nombre de las partes:_

Número del caso:__

Foro:...

Materia:...

Parte a quien representa:_

Nombre del (de la) abogado(a) de la otra parte:_

Dirección postal o física:_

Correo electrónico:_

Nombre de las partes:_

Número del caso:_-

Foro:_

Materia:_

Parte a quien representa:_

Nombre del (de la) abogado(a) de la otra parte:_

Dirección postal o física:_

Correo electrónico:_

Nombre de las partes:_

Número del caso:_

Foro:_

Materia:_

Parte a quien representa:_

Nombre del (de la) abogado(a) de la otra parte:_

Dirección postal o física:_

Correo electrónico:_

Nombre de las partes:_

Número del caso:_

Foro:_

Materia:_

Parte a quien representa:_

Nombre del (de la) abogado(a) de la otra parte:_

Dirección postal o física:_

Correo electrónico:_

Nombre de las partes:_

Número del caso:_

Foro:_

Materia:_

Parte a quien representa:_

Nombre del (de la) abogado(a) de la otra parte:_

Dirección postal o física:_

Correo electrónico:_

III. Jurisdicciones en las que la persona solicitante ha SIDO ADMITIDA

Mencione todas las jurisdicciones de Estados Unidos de América en las cuales ha sido admitida a ejercer la prác-tica de la abogacía y adjunte los correspondientes certifica-dos de good, standing emitidos por el tribunal de mayor jerarquía en cada una de ellas (emitidos dentro de los 90 días previos a la solicitud).

IV. Solicitudes previas de admisión por cortesía

Provea la siguiente información en torno a las solicitudes de admisión por cortesía que ha presentado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los pasados 2 años.

Provea la siguiente información si actualmente está admitida por cortesía en algún caso que no ha concluido y no se encuentra entre los enumerados anteriormente.

De necesitar más espacio, si ha presentado cinco solicitudes en el último año o si actualmente está admitida por cortesía en cinco casos que todavía no han concluido, deberá anejar un escrito en el cual se discutan los criterios que el Tribunal tomará en consideración al determinar si concede la admisión solicitada, según establecidos en la Regla 12(f)(1). Para determinar si debe presentar este do-cumento, el periodo de un año se computará a partir de la presentación de la solicitud.

¿Alguna jurisdicción estadounidense le ha negado admi-sión por cortesía dentro de los últimos cinco años?

□ No

□ Sí — Indique la jurisdicción y detalle las razones expuestas por la entidad encargada de admitir al ejercicio de la abogacía para negar su solicitud de admisión por cortesía. No se limite al espacio provisto. Si necesita más espacio, aneje una hoja adicional debidamente identificada y enumerada.

V. Historial de procesos disciplinarios

Conteste las siguientes preguntas. De contestar sí en alguna de ellas, explique. No se limite al espacio provisto. Si necesita más espacio, aneje una hoja adicional debida-mente identificada y enumerada.

¿Alguna autoridad disciplinaria competente ha iniciado algún proceso disciplinario en su contra en cualquiera de las jurisdicciones a las que está admitido dentro de los úl-timos cinco años?

□ No

□ Sí (explique)

¿Actualmente es objeto de algún procedimiento por alegada conducta antiética ante alguna jurisdicción?

□ No

□ Sí (explique: la agencia u organismo promovente, número del caso, las causas y el estado actual del procedimiento)

¿Alguna vez ha sido disciplinado(a) o suspendido(a) de la práctica de la abogacía en alguna jurisdicción?

□ No

□ Sí (explique: la agencia u organismo promo vente, número del caso y las causas del procedimiento)

VI. Información del abogado o de la abogada endosante

Provea la siguiente información en torno al (a la) aboga-do(a) del foro puertorriqueño con quien se asociará para fines del caso o procedimiento para el cual solicita admisión.

Nombre:_

Número del RUA:_

Bufete:_

Dirección postal:_

Dirección física:_

Teléfono:_

Fax:_

Correo electrónico:_

VII. Sellos de rentas internas

Identifique la opción que corresponda. Si solicita que se le exima del pago de sellos de rentas internas, deberá ad-juntar el documento que lo acredite.

□ Se adjuntan sellos de rentas internas con valor de $800.

□ Se solicita que se exima del pago de sellos de rentas internas por tratarse de un caso pro bono.

□ Se solicita que se exima del pago por existir justa causa. (Adjunte una declaración en la cual acredite la existencia de justa causa para la exención).

VIII. Certificación de la persona solicitante

CERTIFICO QUE:

1. Me someto a la jurisdicción disciplinaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico y que asumo responsabili-dad ante el o la cliente y el foro.

2. Estoy familiarizado(a) con las reglas procesales y éti-cas del foro.

3. No estoy suspendido(a) o desaforado(a) de la práctica de la abogacía en ninguna jurisdicción

4. Actualizaré de manera continua la información aquí provista en caso de que varíe.

5. A mi mejor juicio, la información provista es cierta y correcta.

A_ de_ de 20_

Firma de la persona solicitante

Número de licencia

IX. Certificación del abogado o de la abogada endosante

CERTIFICO QUE:

1. Soy un(a) abogado(a) admitido(a) y en good standing en Puerto Rico.

2. La persona solicitante está capacitada para postular como abogado(a) en el caso correspondiente.

3. La persona solicitante incluyó los certificados expedi-dos, dentro del término provisto, por el más alto foro de cada una de las jurisdicciones de Estados Unidos en las cuales está admitido(a) y no está desaforado(a) o suspendido(a) de jurisdicción alguna.

4. Consiento a que se me designe como abogado(a) de récord del caso junto con la persona solicitante.

5. Asumo, junto a la persona solicitante, responsabili-dad ante el o la cliente y el foro.

6. . A mi mejor juicio, la información provista es cierta y correcta.

7. Este mismo día le notificaré una copia de la solicitud de admisión por cortesía sellada con fecha y hora de presentación a la (al) abogada(o) de la otra parte en el caso para el cual se solicita la admisión. En caso de no conocer el nombre del (de la) abogado(a) de la parte contraria al presentar la solicitud, complemen-taré la misma tan pronto tenga dicha información, mediante moción informativa.

A_ de_ de 20_

Firma del (de la) abogado(a) endosante

Número de RUA


text:
      In re Arlene Zambrana Ortiz.

      Número: AB-2014-0101

      Resuelto: 27 de mayo de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Virgilio Mainardi Peralta y José Angel Rivera-Rodríguez, abogados de Arlene Zambrana Ortiz.
   RESOLUCIÓN

Atendidos el Informe del Director de la Oficina de Inspección de Notarías y la reacción de la Leda. Arlene Zambrana Ortiz, se suspende inmediata e indefinidamente a la licenciada Zambrana Ortiz del ejercicio de la notaría.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse del sello y la obra notarial de la abogada suspendida y los entregará al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe a este Tribunal.

Se refiere este asunto a la Procuradora General para la investigación e informe correspondientes. Para ello tendrá un plazo de treinta días a partir de la notificación de esta Resolución.

Notifíquese personalmente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re Virginia Zequeira Brinsfield.

      Número: TS-6,178

      Resuelto: 31 de mayo de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías; Virginia Zequeira Brinsfield, pro se.

   per curiam:

Una vez más nos vemos obligados a suspender a un miembro de la profesión legal por su incumpli-miento con las órdenes emitidas por este Tribunal y con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN).

I

El 10 de diciembre de 2014 el Director de la ODIN no-tificó a la Leda. Virginia Zequeira Brinsfield que sus regis-tros en la Unidad de índices Notariales reflejaban que ésta adeudaba un total de 10 índices mensuales de actividad notarial y 13 informes estadísticos anuales. En específico, debía los informes estadísticos de actividad notarial anual para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y los índices de acti-vidad mensual de abril, mayo y octubre de 2002, febrero de 2003, agosto a diciembre de 2013 y enero de 2014. En torno a esto, el Director de la ODIN concedió a la licenciada Ze-queira Brinsfield un término de 10 días para que presen-tara todos los informes adeudados y expusiera las razones por las cuales su conducta no debía ser referida a la aten-ción de este Tribunal Supremo.

Así, el 9 de enero de 2015 la licenciada Zequeira Brins-field presentó una “Moción explicativa” en la que expuso lo siguiente: “Me extrañó en sobremanera tener tantos índi-ces notariales e informes de actividad notarial anual atra-sados, y la mayoría de fechas muy remotas. Verdadera-mente al día de hoy se me hace imposible recordar las razones por las que no los radiqué a tiempo”. Aún así, la abogada explicó que su incumplimiento desde agosto de 2013 hasta enero de 2014 ocurrió a causa de que estuvo cuidando a tiempo completo a su tía en un hospital, de quien era tutora, y quien tuvo serias complicaciones de sa-lud durante todo ese período. Además, en su carta, la no-taría presentó los índices e informes que adeudaba.

El 9 de enero de 2015 el Director de la ODIN emitió una Resolución en la que dio por subsanadas las deficiencias de la licenciada Zequeira Brinsfield. A su vez, le recordó a la notaría que la falta de presentación oportuna de los índices mensuales e informes anuales representa una falta grave a los deberes que la fe pública notarial le impone como notaría. Finalmente, le advirtió que de repetirse su con-ducta el “asunto será automáticamente referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico, sin más aviso, para la correspon-diente evaluación e imposición de la medida disciplinaria que aplique”. Resolución del Director de la ODIN de 9 de enero de 2015, pág. 3.

A pesar de ello, la licenciada Zequeira Brinsfield volvió a incumplir con su obligación notarial. Por consiguiente, el 16 de noviembre de 2015 la ODIN le notificó que sus expe-dientes reflejaban que adeudaba los índices mensuales co-rrespondientes a los meses de julio a septiembre de 2015.

Así las cosas, el 1 de diciembre de 2015, el Director de la ODIN presentó ante este Tribunal un “Informe Especial so-bre incumplimiento de la Ley Notarial [de] Puerto Rico y su reglamento y en solicitud de remedios”. En éste relató el incumplimiento previo de la notaría con su obligación de presentar los informes e índices notariales requeridos por ley, y explicó que ésta volvió a incumplir, a pesar de que en la ocasión previa le había advertido que su próximo incum-plimiento sería referido a este Tribunal. Según señaló el Director de la ODIN, la preparación y presentación de los ín-dices e informes notariales es una gestión sencilla que no requiere destrezas especiales, por lo que el incumplimiento de la licenciada Zequeira Brinsfield reflejaba su falta de in-terés y compromiso hacia los deberes que le impone el orde-namiento notarial. Ante esta situación, el Director de ODIN recomendó su suspensión inmediata e indefinida del ejerci-cio de la notaría y cualquier otra determinación que estime-mos procedente.

Evaluado el Informe de la ODIN, el 12 de enero de 2016 ordenamos la incautación preventiva e inmediata de la obra protocolar y su sello notarial. Además, le concedimos a la licenciada Zequeira Brinsfield “un término improrrogable de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta Resolución, para que muestre causa por la cual no deba ser suspendida indefinidamente de la práctica de la abogacía y la notaría por su reiterado incumplimiento con la Ley y el Reglamento Notarial de Puerto Rico”. (Énfasis suplido). Resolución de 12 de enero de 2016. Esta Resolución fue enviada por correo el 13 de enero de 2016 y, además, le fue entregada personalmente a la licenciada Zequeira Brinsfield el 22 de enero de 2016, fecha en la que también incautamos su obra y sello notarial.

El 29 de enero de 2016, el Director de la ODIN presentó ante este Tribunal una “Moción notificando incumplimiento de orden”. En ésta señaló que la licenciada Zequeira Brinsfield aún no había cumplido con nuestra Reso-lución y subrayó que dicha conducta constituye un serio agravio hacia la autoridad de este Tribunal, en violación del Canon 9 del Código de Ética Profesional, infra. Ante tal conducta, la ODIN solicitó nuevamente que tomáramos el curso de acción que estimemos procedente.

A pesar de que le notificamos por correo y personal-mente nuestra Resolución, aún la licenciada Zequeira Brinsfield no ha solicitado prórroga para cumplir con lo ordenado, ni ha expuesto su posición en torno al Informe de la ODIN.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene el poder in-herente de regular la profesión legal y, como tal, nos corresponde asegurar que los miembros admitidos a la prác-tica de la abogacía y la notaría ejerzan sus funciones responsable, competente y diligentemente. Con el propó-sito de mantener la excelencia de la clase togada, hemos enfatizado la obligación que tienen los abogados de cumplir fiel y cabalmente con todos los cánones de ética que rigen nuestra profesión.

Entre las disposiciones de mayor envergadura en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, que le impone al abogado el deber de “observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. Así, hemos expresado que los abogados tienen una obligación inexcusable de atender y responder pronta y rigurosa-mente nuestras órdenes y requerimientos, en especial aquellos referentes a la investigación, tramitación y resolución de quejas y procesos disciplinarios. La desatención de las órdenes y los requerimientos judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales, lo que representa una infracción al Canon 9. Por tal motivo, hemos advertido a la clase togada que procederá la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría de aquellos miembros que no atiendan con diligencia nuestros requerimientos, así como los emitidos por la ODIN y la Oficina del Procurador General.

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Como señalamos, en una previa ocasión de incumplimiento, la ODIN concedió a la licenciada Zequeira Brinsfield la oportunidad de entregar múltiples índices mensuales e informes anuales de actividad notarial que adeudaba de fechas remotas y otras recientes, y atendió su cumplimiento administrativamente sin referir el asunto a este Tribunal. Además, al dar por cumplido lo adeudado, la ODIN le recordó a la licenciada Zequeira Brinsfield la im-portancia de cumplir con su deber notarial y le advirtió que en caso de incurrir en una nueva deficiencia, su conducta sería referida a este Foro.

A pesar de la oportunidad concedida a la licenciada Ze-queira Brinsfield precisamente en torno a la falta de en-trega de índices notariales mensuales e informes anuales, la notaría volvió a incumplir con su obligación notarial so-bre el mismo asunto; nuevamente dejó de entregar los ín-dices mensuales. Según advertido por la ODIN, el asunto se nos refirió y, al atenderlo, concedimos a la abogada un término improrrogable de 10 días para que expusiera las razones por las cuales no debía ser suspendida indefinida-mente de la abogacía y la notaría por su reiterado incumplimiento con la ley y el reglamento notariales. Valga des-tacar que dicha Resolución se le notificó a la licenciada Zequeira Brinsfield por correo y personalmente. No obs-tante, aún la notaría no ha presentado su posición en torno al Informe de la ODIN ni ha solicitado prórroga para cum-plir con lo ordenado.

La conducta de la licenciada Zequeira Brinsfield refleja una falta de diligencia hacia los requerimientos de la ODIN y un serio agravio hacia las órdenes y la autoridad de este Tribunal, lo que representa una infracción al Canon 9 del Código de Etica Profesional, supra. Por tales razones, nos vemos obligados a decretar su suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría de forma inmediata e indefinida.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se ordena la suspensión inmediata e indefinida de la Leda. Virginia Zequeira Brinsfield de la práctica de la abogacía y la notaría.

La licenciada Zequeira Brinsfield deberá notificar inmediatamente a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni represen-tación legal, y les devolverá los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por trabajos no realizados. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar inmediatamente su suspensión a cualquier foro judicial o administrativo en el que tenga algún caso pendiente y mantenernos informados de cualquier cambio en su dirección, teléfono y correo electrónico. Además, la licenciada Zequeira Brinsfield deberá entregarle a la ODIN todos los índices notaria les adeudados. Finalmente, la notaría deberá comunicarse con la ODIN para coordinar la corrección de cualquier otra deficiencia que se haya encontrado en su obra notarial e informarnos del resultado de tal comunicación.

Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cum-plimiento con todo lo anterior dentro del término de 30 días, contado a partir de la notificación de la presente opi-nión “per curiam” y sentencia. Notifíquese personalmente.

Se dictará sentencia de conformidad.

        In re Oyóla Torres, 195 DPR 437 (2016); In re Martínez Romero, 192 DPR 957 (2015); In re Pacheco Pacheco, 192 DPR 553 (2015).

       Íd.

       Íd.

       Íd.

       Íd.

       En una ocasión previa, la Oficina del Programa de Educación Jurídica Continua nos había referido la conducta de la Leda. Virginia Zequeira Brinsfield por su incumplimiento con los requisitos del Programa. Según surge del expediente, poste-riormente la abogada completó los créditos requeridos.


text:
      In re José Maldonado Giuliani.

      Número: TS-10,726

      Resuelto: 2 de junio de 2016

      Manuel E. Ávila de Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

En esta ocasión, nos vemos obligados a sepa-rar a un profesional del Derecho del ejercicio de la profe-sión de la abogacía y la notaría, debido a su reiterada in-observancia con las órdenes de este Tribunal, los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y su incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001 et seq., y el Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV.

I

El Lcdo. José Maldonado Giuliani fue admitido al ejercicio de la profesión de la abogacía el 4 de enero de 1994 y al de la notaría el 7 de febrero de 1994.

El 7 de enero de 2014 el Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, Director de la ODIN, cursó una comunicación al licenciado Maldonado Giuliani en la que le señaló que adeudaba un total de 75 índices de actividad notarial mensual y 10 informes estadísticos de actividad notarial anual. A esos efectos, le concedió un término de 10 días para presentar los índices e informes adeudados y expresar las razones tras su reiterado incumplimiento con la Ley Notarial y el Reglamento Notarial.

Transcurrido el término concedido, el licenciado Maldonado Giuliani compareció ante la ODIN y presentó los ín-dices mensuales adeudados. No obstante, omitió entregar los informes estadísticos anuales y expresar las razones que justificaban su incumplimiento.

En consecuencia, el Director de la ODIN le informó al licenciado Maldonado Giuliani, mediante correo electró-nico, que al así obrar incumplió con las directrices de la ODIN. Asimismo, hizo constar que no surgía de los regis-tros de la ODIN que éste hubiese presentado evidencia acreditativa del pago correspondiente a su fianza notarial para los años del 2011 al 2015. Consiguientemente, se le concedió un término, final e improrrogable, hasta el 18 de febrero de 2015, para cumplir con lo requerido. A pesar de ello, el licenciado Maldonado Giuliani optó por desatender, nuevamente, las exigencias de la ODIN.

El 12 de mayo de 2015, la ODIN compareció ante este Foro mediante escrito intitulado Informe especial. Tras re-alizar un recuento de lo anterior, el Director de la ODIN solicitó, entre otras cosas, que se ordenara la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Maldonado Giuliani al ejercicio de la notaría.

Examinado dicho Informe, el 3 de junio de 2015, notificamos una resolución en la que le concedimos al licenciado Maldonado Giuliani un término de 20 días para que se expresara en torno a éste. Asimismo, se le apercibió que el incumplimiento con dicha orden podría conllevar sanciones severas, incluyendo la suspensión del ejercicio de la abogacía. El licenciado Maldonado Giuliani no compareció.

Posteriormente, la ODIN compareció ante este Tribunal mediante un Informe sobre incumplimiento en la corrección de deficiencias notificadas. En éste, el Director de la ODIN nos informó que, el 26 de octubre de 2015, se le notificó al licenciado Maldonado Giuliani un documento intitulado Informe de inspección del Ledo. Maldonado Giuliani. En dicho Informe de inspección se le indicó que existían deficiencias en su obra protocolar correspondiente a los años naturales del 2003 al 2009. Por otra parte, se le concedió un término de 15 días para expresarse en torno al mismo y notificar las gestiones realizadas para atender las deficiencias señaladas por la Inspectora de Protocolos y Notarías. El término con-cedido venció el 11 de noviembre de 2015, sin que el licenciado Maldonado Giuliani compareciese.

A pesar de ello, el Director de la ODIN envió al licen-ciado Maldonado Giuliani una segunda notificación en la que hizo constar su incumplimiento y le concedió un tér-mino final e improrrogable de 15 días para cumplir con lo requerido. En esa ocasión, además, se le apercibió al nota-rio que, de incumplir, sería referido ante este Tribunal. Aun así, el licenciado Maldonado Giuliani hizo caso omiso a la notificación.

Finalmente, el 2 de marzo de 2016 le notificamos perso-nalmente al licenciado Maldonado Giuliani una resolución en la que se le ordenó mostrar causa por la cual no se le debía imponer una sanción de $500 al amparo del Art. 62 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2102, por incumplir con los requerimientos de la ODIN. Además, se le concedió un tér-mino final e improrrogable de 15 días para subsanar las deficiencias notificadas en el Informe de inspección. Por úl-timo, se le apercibió, nuevamente, que incumplir con lo or-denado conllevaría sanciones disciplinarias severas, como la suspensión del ejercicio de la abogacía. No obstante, el licen-ciado Maldonado Giuliani incumplió con lo ordenado.

II

El ejercicio diligente, responsable y competente de la profesión de la abogacía y la notaría figura como un su-puesto fundamental en el quehacer de los profesionales del Derecho. Véase In re Oyola Torres, 195 DPR 437 (2016); In re Toro Imbernón, 194 DPR 499, 505 (2016); In re Salas González, 193 DPR 387 (2015).

En atención a ello, el Canon 9 del Código de Ética Profesional dispone que todo profesional del Derecho “debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 LPRA Ap. IX. Este deber origina, a su vez, “una obligación inexcusable de atender y responder pronta y rigurosamente a nuestras órdenes y requerimientos [...]”. In re Oyola Torres, supra, pág. 441. Véase, además, In re Santiago Rodríguez, 194 DPR 753, 756 (2016). Evidentemente, esto cobra mayor rigor en el contexto de procedimientos disciplinarios. In re Ortiz Walter, 194 DPR 683, 687 (2016).

El incumplimiento con el deber consagrado en el Canon 9 del Código de Ética Profesional acarrea la imposición de sanciones disciplinarias severas, incluyendo la suspensión indefinida del ejercicio de la profesión de la abogacía. In re Lebrón Arroyo, 194 DPR 932, 939 (2016); In re De Jesús Román, 192 DPR 799 (2015); In re Martínez Rodríguez, 192 DPR 539, 542 (2015); In re Aponte Sánchez, 178 DPR 647, 649 (2010). Cabe señalar, además, que dicha violación es independiente de los méritos que pueda tener una queja presentada en contra del abogado. In re Crespo Peña, 195 DPR 318 (2016).

Por otra parte, cabe recordar que, además de los postulados éticos que componen el Código de Ética Profesional, el ejercicio de la notaría también está regulado por la Ley Notarial y el Reglamento Notarial. De esta forma, como custodio de la fe pública, recae en el notario la obligación de ejercer la notaría con diligencia y gran celo profesional. Véanse: In re Palmer Ramos, 195 DPR 245, 254 (2016); In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 418 (2011). Por consiguiente, el incumplimiento con dicho esquema normativo “constituye una conducta reprochable que expone al profesional del Derecho a acciones disciplinarias”. In re Vázquez González, 194 DPR 688, 694 (2016). Véase, además, In re López Cordero, 164 DPR 710, 715-716 (2005).

Como parte de su función fiscalizadora, la ODIN se da a la tarea de señalarle al notario su incumplimiento con las disposiciones de la Ley Notarial y el Reglamento Notarial. En atención a ello, todo notario tiene el deber de atender con diligencia los señalamientos que haga la ODIN y le corresponde subsanar aquellas faltas señaladas. Véanse: In re Vázquez González, supra; In re García Aguirre, 190 DPR 539, 545 (2014); In re Padilla Santiago, 190 DPR 535, 538 (2014); In re Ponce Ponce, 190 DPR 504 (2014); In re Martinez Class, 184 DPR Ap. (2012), Caso Núm. TS-13,474.

Conforme a lo anterior, “los abogados deben responder diligentemente a los requerimientos de la ODIN y del Procurador General, puesto que su inobservancia acarrea el mismo efecto que cuando se desatiende una orden emitida por este Foro”. In re Oyola Torres, supra, pág. 441; In re Ortiz Walter, supra, pág. 694.

Por otro lado, reiteradamente este Tribunal ha señalado la importancia de dar cumplimiento a la presentación de índices de actividad notarial mensual e informes estadísticos de actividad notarial anual, conforme al Art. 12 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2023, y la Regla 12 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV. El incumplimiento con estas disposiciones resulta en una conducta irremisible. Así, pues, continuamente nos vemos forzados a ejercer nuestra autoridad disciplinaria contra aquellos no-tarios que eluden su obligación de presentar dichos índices e informes. Véanse: In re Ortiz Walter, supra; In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950, 959 (2014); In re Feliciano Lasalle, 175 DPR 110, 114-115 (2008); In re Cruz Ramos, 127 DPR 1005, 1007 (1991).

Finalmente, cabe destacar que tener vigente una fianza notarial constituye un requisito fundamental para ejercer la práctica de la notaría. 4 LPRA see. 2011. En múltiples ocasiones, ha sido necesaria nuestra intervención disciplinaria en casos en los que un notario opera al margen de dicho requisito; ello, pues, éste pone en riesgo el tráfico jurídico y las personas que utilizan sus servicios. Véanse: In re Martínez Miranda, 174 DPR 773, 777 (2008); In re Ribas Dominicci I, 131 DPR 491, 497 (1992).

Reiteramos, sin ambages, que aquellos profesio nales del Derecho que no estén dispuestos a cumplir cabalmente con las obligaciones inherentes al notariado, se abstengan de su ejercicio. Véanse: In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774, 778-779 (2009); In re Carrasquillo Martínez, 173 DPR 798, 801 (2008).

III

Surge de los hechos que el licenciado Maldonado Giuliani ha demostrado una actitud de patente desidia para con este Tribunal y la ODIN. En primer lugar, éste violentó las disposiciones de la Ley Notarial y el Reglamento Notarial al dejar de presentar los índices e informes correspon-dientes y no satisfacer los pagos de su fianza notarial. Ade-más, incumplió con los deberes del ejercicio de su ministerio al hacer caso omiso al proceso de subsanación de faltas de su obra protocolar.

A su vez, en la medida que incumplió tanto con las ór-denes de este Tribunal, como con los requerimientos de la ODIN, el licenciado Maldonado Giuliani violentó el Canon 9 del Código de Ética Profesional. Dicho proceder pone de manifiesto su patente indiferencia hacia sus obligaciones como abogado y notario.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se ordena la sus-pensión inmediata e indefinida de la práctica de la aboga-cía y la notaría del licenciado Maldonado Giuliani. En caso de que éste se encuentre representando clientes ante nuestros tribunales en la actualidad, se le impone el deber de notificarles sobre su inhabilidad de continuar represen-tándolos, devolver los honorarios por trabajos no realizados e informar inmediatamente de sus respectivas suspensiones a cualquier foro judicial y administrativo en el que tenga casos pendientes. Deberá acreditar a este Tribu nal el cumplimiento con lo anterior en un término de 30 días contados a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia.

Asimismo, se le ordena al licenciado Maldonado Giuliani a subsanar las deficiencias en su obra notarial, a sus expensas, y a entregar los informes estadísticos de actividad notarial anual que adeuda, en un término —final e improrrogable— de 30 días. Por último, durante el mismo término, debe realizar el pago de una multa de $500 a tenor con el Art. 62 de la Ley Notarial, supra. De igual forma, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior.

Finalmente, la Oficina del Alguacil de este Tribunal deberá incautar, de inmediato, la obra protocolar del licenciado Maldonado Giuliani y entregar la misma al Director de la ODIN. Notifíquese personalmente esta opinión “per curiam” y sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.