text:
      In re Manuel Santiago Tirado, querellado.

      Número: CP-2005-13

      Resuelto: 16 de mayo de 2008

      Miriam Soto Contreras, procuradora general auxiliar, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subpro-curadoras generales, parte querellante; Enrique Rivera Santana, comisionado especial; René Arrillaga Beléndez, abogado del querellado.
   per curiam:

A principios de la década de 1990, el Ledo. Manuel A. Santiago Tirado promovió ante el entonces Tribunal Superior, Sala de Bayamón, la declaratoria de he-rederos de su madre, doña Juana Tirado. El 11 de fe-brero de 1991, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución, en la que decretó como único y universal here-dero de doña Juana Tirado a su hijo, el licenciado Santiago Tirado, y al viudo, don Aniceto Tirado, en la cuota viudal usufructuaria correspondiente.

Posteriormente, y con el propósito de tramitar la decla-ratoria de herederos de don Aniceto Tirado, el licenciado Santiago Tirado compareció a la oficina del Ledo. Sixto Pa-bón García el 16 de abril de 1992 y suscribió bajo jura-mento una petición que, en lo concerniente, dispone:

1. Que el peticionario es hijo de Juanita Tirado quien fuera la legítima esposa de Aniceto Tirado fallecido el día 31 de mayo de 1978 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, .quien dejó bienes ubicados en esta jurisdicción.
2. Que aunque la madre del aquí peticionario era la legí-tima esposa del causante, no procrearon hijos ni a dicho cau-sante se le conoce descendientes o ascendientes ni herederos en el grado [colateral] hasta el sexto grado de consanguinidad.
3. Que en vista de lo anterior se suplica del Honorable Tribunal decrete que el causante no dejó herederos conforme a la ley y que la participación de él en algún bien que le halla pertenecido sea consignada en el Tribunal y que de no haber reclamación dentro del término de ley dicha participación sea asignada a la Universidad de Puerto Rico como está estatuido en la ley. Exhibit 3.

En el juramento de esta petición declaró que lo allí ex-puesto era cierto por constarle, al aquí querellado, de pro-pio y personal conocimiento. Prontamente, la petición ju-ramentada se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Patillas, quien dictó una Resolución el 28 de abril de 1992. En su dictamen, el tribunal de instan-cia estableció que a don Aniceto no se le conocían herederos según la ley; sin embargo, nada se dispuso sobre el destino de sus bienes.

El 7 de noviembre de 1992 se otorgó ante el licenciado Pabón García una escritura pública sobre la segregación y compraventa de un inmueble sito en el barrio Jacaoba de Patillas, Puerto Rico. Doña Juana y don Aniceto eran co-dueños del inmueble en una séptima parte. En la escritura figuraron como compradores el Sr. Francisco Cintrón Rivera y su esposa, la Sra. Fulgencia Rodríguez Ortiz. El licenciado Santiago Tirado compareció al otorgamiento de la escritura como heredero de Juana Tirado. No compare-ció heredero alguno de Aniceto Tirado; pero, por error, el notario hizo constar en la escritura que el licenciado Santiago Tirado adquirió por herencia de su madre una sép-tima parte del inmueble.

El capital para la compra del inmueble se iba a obtener mediante financiamiento, garantizado con una hipoteca voluntaria a favor de Farmers Home Administration. Como la escritura de la hipoteca no pudo otorgarse en la misma fecha que la de compraventa, al final de esta última se aclaró que los vendedores recibirían el pago correspon-diente en los próximos cuarenta y cinco días.

El 10 de diciembre de 1992, los compradores otorgaron la escritura de hipoteca voluntaria a favor de Farmers Home Administration. Cuatro días más tarde, el notario autorizante, licenciado Pabón García, hizo entrega al licen-ciado Santiago Tirado de un cheque por la suma de $5,600, por la participación que pertenecía a éste en el inmueble. En el talonario de este instrumento se indicaba que el total era $6,000 y que se le dedujeron $400 en concepto de un solar que se le había adjudicado al licenciado Santiago Ti-rado al otorgarse la escritura de compraventa. En la suma de dinero que se le entregó al abogado Santiago Tirado, por error, el notario incluyó la parte que correspondía a la su-cesión de Aniceto Tirado, a la cual el querellado no tenia derecho alguno.

Al presentarse la escritura de compraventa al Registro de la Propiedad, el Registrador denegó su inscripción por-que se hacía necesaria la participación del Estado Libre Asociado como heredero de Aniceto Tirado, por razón de que éste falleció sin dejar descendiente, ascendiente ni pa-rientes colaterales hasta el sexto grado de consanguinidad. En ánimo de corregir la deficiencia, el licenciado Pabón García intentó enmendar la declaratoria de herederos de Aniceto Tirado. La petición de la enmienda fue declarada “sin lugar”, al resolver el tribunal que correspondía al Es-tado Libre Asociado promoverla.

El 15 de mayo de 1996, el licenciado Pabón García le escribió al Sr. Miguel Lefebre, de Farmers Home Administration, para informarle sobre la situación que había impe-dido inscribir la escritura de hipoteca. En la comunicación se hizo constar que se le entregó al licenciado Santiago Tirado su participación, más los $3,000 que le correspon-dían a los causahabientes de don Aniceto. Copia de esta carta fue enviada al licenciado Santiago Tirado mediante correo certificado.

El 14 de agosto de 1996, el licenciado Pabón García es-cribió otra carta, esta vez dirigida al querellado, en la cual le recordó que se le habían entregado tres mil dólares que correspondían a la Sucesión de Aniceto Tirado. Mediante la esta carta, a su vez, el notario le exigió al licenciado Santiago Tirado la devolución del dinero y le indicó que, como resultado de una investigación, se enteró que don Aniceto era uno de siete hermanos de los cuales aún vivían tres, dos habían dejado descendientes y otro falleció sin procrear hijos. Además de los requerimientos por escrito, en una o dos ocasiones ambos abogados dialogaron por teléfono so-bre el asunto. El licenciado Santiago Tirado insistió que, en relación con el dinero que equivocadamente él había recibido, se le tenía que reconocer un crédito por los gastos en que había incurrido para el funeral de su padrastro, don Aniceto Tirado.

Luego de varios trámites judiciales y notariales, el licen-ciado Pabón García finalmente logró que tanto la escritura de compraventa como la de hipoteca tuvieran acceso al Re-gistro de la Propiedad. Como parte de tales gestiones, el licenciado Pabón García consignó en el tribunal de instan-cia, de su propio caudal, la suma de tres mil dólares que le correspondían a la sucesión de Aniceto Tirado, dinero que el querellado se negaba devolver.

El caso se inició mediante una queja presentada cuando el querellado fungía como Juez del Tribunal de Primera Instancia. Por ende, el asunto fue inicialmente investigado por la Oficina de Administración de los Tribunales. Dicha Oficina rindió un informe, dirigido a este Tribunal, en el cual recomendó considerar la destitución de Santiago Ti-rado como juez. En ese momento, trasladamos la queja a la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces o Juezas del Tribunal de Pri-mera Instancia y del Tribunal de Apelaciones.

Mientras el caso se encontraba ante la consideración de la Comisión de Disciplina Judicial, la entonces Goberna-dora de Puerto Rico, Hon. Sila María Calderón, aceptó la renuncia como juez del licenciado Santiago Tirado, quien se acogió a los beneficios del retiro. Oportunamente, el hoy querellado solicitó la desestimación de la querella, adu-ciendo falta de jurisdicción de la Comisión de Disciplina Judicial. En atención a tal petición, este Tribunal ordenó el archivo de la querella. El fundamento de la determinación fue que la Comisión de Disciplina Judicial no tenía juris-dicción para dilucidar la querella una vez Santiago Tirado se retiró de la Judicatura.

No obstante, este Tribunal refirió el asunto al Procura-dor General para que presentara las querellas correspon-dientes por violación a los cánones del Código de Etica Pro-fesional, a la luz de los hallazgos realizados por la Oficina de Administración de los Tribunales en la investigación de la queja de epígrafe. En cumplimiento con el mandato re-cibido, el Procurador General presentó una querella en la que imputó al licenciado Santiago Tirado haber violado el Canon .35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por juramentar la declaratoria de herederos de Aniceto Tirado negando que éste tuviese herederos a pesar de co-nocer de la existencia de parientes colaterales vivos. Ade-más, el Procurador General imputó al abogado querellado no haberse esforzado en exaltar el honor y la dignidad de la profesión y conducirse de forma aparentemente impro-pia, vulnerando de este modo el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Oportunamente, el querellado presentó una contestación a la querella instada. En su contestación indicó que nunca conoció ni tuvo con-tacto con pariente alguno de don Aniceto, razón por la cual no mintió en la declaratoria de herederos.

Así las cosas, nombramos Comisionado Especial al Ledo. Enrique Rivera Santana para que escuchara la prueba, formulara determinaciones de hechos y sometiera las recomendaciones que entendiera procedentes. Luego de varios incidentes procesales, se celebró la vista en su fondo del caso de epígrafe.

El 6 de noviembre de 2006, el Comisionado Especial so-metió su informé a este Tribunal. En éste, luego de relatar los hechos reseñados, concluyó que el licenciado Santiago Tirado debería ser exonerado del cargo que se le imputó respecto a la violación del Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Sin embárgo, recomendó sancionar al querellado por infringir el Canon 38, supra, al no restituir el dinero que se le entregó en exceso y al que no tenía derecho. Con el beneficio del informe del Comisionado, resolvemos.

I

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, exige que la conducta de los miembros de la profesión legal ante los tribunales hacia sus representados y en las relaciones con sus compañeros sea sincera y honrada. Añade el precepto que no es siñcero ni honrado utilizar medios incompatibles con la verdad, ni se debe inducir a error al juzgador mediante artificios o una falsa relación de los hechos o del Derecho. Estos deberes se exigen en aras de preservar el honor y la dignidad de la profesión, ya que el compromiso del abogado con la verdad es siempre incondicional. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006). La verdad es un atributo inseparable de ser abogado y, sin ésta, la profesión jurídica no podría justificar su existencia. In re Buso Aboy, 166 D.P.R. 49 (2005).

Al respecto, reiteradamente hemos expresado que el Canon 35, supra, exige que la conducta de todo miembro de la profesión ante los tribunales sea sincera y honrada. In re López González, 171 D.P.R. 567 (2007). Esto en virtud de que todo el entramado de nuestro sistema judicial se erige sobre la premisa de que los abogados, sobre quienes recae principalmente la misión de administrar la justicia, .han de conducirse siempre con integridad ante los foros judiciales. In re Montañez Miranda,, 157 D.P.R. 275 (2002). En fin, un abogado que falta a la verdad infringe el citado Canon 35, independientemente de los motivos que lo mo-vieron a incurrir en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado a tercero alguno. In re Grau Acosta, 172 D.P.R. 159 (2007).

Por otro lado, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, exige a todos los abogados la preservación del honor y la dignidad de la profesión, aunque ello conlleve sacrificios personales. Además, proscribe que éstos incurran en cualquier conducta de apariencia impropia. Es oportuno señalar que este canon opera ex propio vigore-, es decir, la apariencia de conducta impropia constituye una base independiente de la evaluación de la responsabilidad profesional. Véanse: In re Pérez Rodríguez, 172 D.P.R. 665 (2007); In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007).

Infringir el citado Canon 38 resulta nocivo al respeto que la ciudadanía deposita en las instituciones de la justicia y la confianza de los clientes hacia sus abogados. In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001); In re Pérez Rodríguez, supra. Por razón de la confianza depositada en los miembros de la ilustre profesión, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe esforzarse al máximo de su capacidad para cumplir con los principios éticos. In re Barreto Ríos, 157 D.P.R. 352 (2002). No existe dicotomía alguna entre la vida cotidiana del abogado y el ejercicio de la profesión. In re Sepúlveda Girón, ante.

Ahora bien, no nos incumbe cualquier tipo de conducta privada del abogado, sino aquella que lo haga indigno de pertenecer al foro o que afecte sus cualidades morales. In re López González, supra. En ese sentido, hemos resuelto que mediante un procedimiento disciplinario, más allá de sancionar al abogado por la falta cometida, procuramos proteger a la comunidad y a la profesión mediante una investigación de las condiciones morales del querellado, para determinar si éste puede y debe continuar ejerciendo la honrosa profesión a la cual fue admitido por este Tribunal. In re Vélez Lugo, 162 D.P.R. 735 (2004).

Por último, es norma conocida que le corresponde al Comisionado Especial recibir la prueba y dirimir la evidencia conflictiva. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994); In re Gordon Menéndez I, supra. El Comisionado Especial, de ordinario, está en la mejor posición para aquilatar la prueba testifical y sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994); In re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007). Aun cuando este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de un Comisionado Especial nombrado para atender una querella contra un abogado, de manera que tiene la facultad para adoptar, modificar o rechazar sus recomendaciones, de ordinario sostenemos las conclusiones de hecho de un Comisionado Especial, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Morell, Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003).

II

A. El Procurador General cree que la conducta desple-gada por el licenciado Santiago Tirado constituye una vio-lación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. Fundamenta su determinación en que el querellado jura-mentó la petición de declaratoria de herederos de don Ani-ceto Tirado negando que éste tuviera herederos cuando, en efecto, tenía conocimiento de la existencia de parientes co-laterales vivos. Explica, además, que dicha declaración falsa pudo haber tenido consecuencias adversas e injustas, en la medida que afecta los derechos sucesorios de esos herederos. Finalmente, afirma que la conducta observada por el querellado desató una serie de complicaciones en el caso.

Por su parte, el licenciado Santiago Tirado informó que, cuando él apenas tenía cinco o seis años de edad, su madre contrajo nupcias con don Aniceto. Añadió que para ese en-tonces residían en el barrio Jacaoba de Patillas. A pesar de esto, don Aniceto trabajaba en fincas agrícolas en Estados Unidos de América y se pasaba la mayor parte del año fuera de Puerto Rico. Venía a la Isla por cortos lapsos de tiempo y regresaba a su trabajo en el continente. Afirma el querellado que cuando tenía aproximadamente nueve años de edad se trasladó a vivir, junto a su madre y padrastro, al estado de Florida. En dicho lugar residió hasta que cum-plió diecisiete años, cuando regresó a Puerto Rico a vivir con una pariente en el área de Puerto Nuevo. Finalmente, asevera que nunca conoció ni vivió con familiar alguno de su padrastro. Por lo tanto, sostiene que no mintió en la petición jurada de la declaratoria de herederos en la cual afirmó que a don Aniceto no se le conocía ascendiente, des-cendiente o colaterales hasta el sexto grado de consang-uinidad. Enfatiza que nunca afirmó que el causante no tu-viera herederos.

El Comisionado le dio entera credibilidad al testimonio del querellado sobre este respecto. Además, expuso que el testigo del Procurador General, licenciado Pabón García, declaró que sólo infirió, al aparecer los colaterales, que el licenciado Santiago Tirado “debía de saberlo”. En conse-cuencia, el Comisionado concluyó que no hubo prueba clara, robusta y convincente para establecer una violación al Canon 35, supra.

Por ser del criterio que el Comisionado, en este aspecto, no incurrió en prejuicio, parcialidad o error manifiesto, sostenemos como correctas las determinaciones de hechos del Comisionado. No se infringió el citado Canon 35 en este caso.

B. Distinta es la situación en cuanto al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. Se le imputa al quere-llado haber retenido una suma de dinero que no le corres-pondía, a pesar de las innumerables comunicaciones y re-querimientos que le hiciera el licenciado Pabón García al respecto. No podemos perder de vista que la conducta dél querellado contribuyó a que los compradores de la propie-dad en controversia sufrieran pérdidas y daños que consis-tieron en retrasos en el pago de la hipoteca y los apercibi-mientos de ejecución. Por tales razones, el Procurador General entiende que el licenciado Santiago Tirado incu-rrió en conducta de apariencia impropia, al mismo tiempo que falló en exaltar el honor y la dignidad de la profesión legal, conducta violatoria del citado Canon 38.

El querellado alega que no devolvió el dinero porque tenía el derecho a que se le reembolsaran los gastos fúne-bres de su padrastro. Ignora el hecho de que, siendo abo-gado, no los reclamó de la forma legalmente correcta ni de las personas que en derecho hubieran estado obligadas a reembolsarle los gastos. Como expone el Comisionado, el querellado se escudó en un error del licenciado Pabón Gar-cía, al entregarle una suma mayor de la que le pertenecía para retener, sin excusa legal válida, el dinero que se le pagó en exceso. Peor aún, el querellado recibió el dinero —el cual no le pertenecía— en 1992 y no fue hasta agosto de 2006, cuando se celebró la vista en su fondo sobre esta qúerella, que devolvió solamente la mitad de la suma en controversia.

Ciertamente, la actuación del licenciado Santiago . Ti-rado no exalta el honor y la dignidad de la profesión. Era su deber, legal y moral, devolver el dinero que le fue entre-gado erróneamente. Por consiguiente, su conducta adolece de una seria impropiedad e irresponsabilidad. Si entendía que poseía un crédito contra la sucesión por los gastos fú-nebres en que incurrió, debió haber procedido legalmente y no tomar la justicia en sus mános. Tal comportamiento me-rece que sea sancionado, aun cuando los hechos tuvieron lugar en el ámbito de su vida privada, ya que éstos afectan sus cualidades morales. In re López González, ante.

Ill

Por todo lo expuesto, resolvemos que el querellado in-fringió las disposiciones del Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra. En consecuencia, procede decretar la suspensión del Ledo. Manuel Santiago Tirado del ejercicio de la abogacía por el término de seis meses, contado dicho término a partir de la fecha en que la Sentencia advenga final y firme. Además, le ordenamos que en este término devuelva al licenciado Pabón García el dinero que recibió en exceso en concepto de su herencia y que aún hoy no ha reembolsado. Apercibimos, a su vez, al licenciado Santiago Tirado de que en el futuro se ciña estrictamente a las dis-posiciones del Código de Etica Profesional.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       La fecha no ha podido ser precisada.

       El querellado, Ledo. Manuel A. Santiago Tirado, fue admitido al ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico el 28 de mayo de 1976. En junio de ese mismo año fue admitido al ejercicio de la notaría. El 15 de junio de 1995 fue nombrado Juez del Tribunal de Primera Instancia, puesto al que renunció, efectivo el 31 de mayo de 2001, para acogerse a los beneficios del retiro.

       Tanto doña Juana Tirado como don Aniceto Tirado murieron intestados el 14 de diciembre de 1976 y el 31 de mayo de 1978, respectivamente.

       El juramento fue reconocido como el Affidávit 12,858 del Registro de Testi-monios del licenciado Pabón García.

       El señor Cintrón Rivera fue quien formuló la queja.

       Según los mismos hechos de este caso, se tramitó una querella contra el licenciado Pabón García que fue resuelta mediante una opinión de este Tribunal el 6 de febrero de 2002. In re Pabón García, 156 D.P.R. 168 (2002).

       La suma que le correspondía a la sucesión de Aniceto Tirado y, por ende, la cantidad entregada erróneamente al licenciado Santiago Tirado ascendía a tres mil dólares.

       Debemos indicar que todos los requerimientos hechos al licenciado Santiago Tirado para que devolviese el dinero que le fue erróneamente entregado fueron de naturaleza extrajudicial; es decir, nunca fue demandado civilmente ni se le presentó denuncia criminal alguna.

       La prueba oral consistió en los testimonios de los Ledos. Sixto Pabón García y Santiago Tirado. También se estipuló como testimonio una deposición del Ledo. Iván Vélez Quirós, quien acompañó al querellado a recoger el cheque a la oficina del licenciado Pabón García. Por último, se presentó cuantiosa prueba documental que forma parte del expediente.


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author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Rafael Carrasquillo Martínez.

      Número: TS-4753

      Resuelto: 16 de mayo de 2008
   per curiam:

La Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, Leda. Lourdes I. Quintana Lloréns, mediante memorando de 22 de abril de 2008 nos informó, en lo per-tinente, que el abogado-notario Rafael Carrasquillo Martí-nez no había rendido los índices Notariales correspondien-tes a julio de 2001 y julio de 2007, como tampoco los “Informes de Actividad Notarial Anual” correspondientes a 2006 y 2007, sin haber acreditado las razones para ello, según lo requiere el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2023, las Reglas 12 y 13 del Regla-mento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, y la Regla 13 de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

Nos informa la licenciada Quintana Lloréns que dicha situación, la cual reviste gran importancia y seriedad, se complica aún más debido a que el abogado actualmente se encuentra confinado en una institución penal desde el 28 de marzo de 2008, por un desacato civil que le fuera im-puesto, teniendo una vista de seguimiento en junio de 2008.

Este confinamiento ha causado que el abogado-notario no haya rendido el índice Notarial correspondiente a marzo de 2008, como tampoco podrá rendir los índices co-rrespondientes a abril, mayo y junio de 2008, dentro del término que dispone el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, ante.

Conforme a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, la situación se agrava por la obligación de todo notario de custodiar su obra notarial y de designar un no-tario sustituto, en caso de enfermedad o ausencia, con-forme a lo dispuesto por el Art. 9 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2013, y la Regla 18 del Regla-mento Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV. Resolvemos.

I

A. El notario es aquel profesional del Derecho, guardián de la fe pública que ejerce una función pública, autorizado para dar fe y autenticidad, conforme a las leyes, de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que se realicen ante él. Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2002; In re López Cordero, 164 D.P.R. 710 (2005). El ejercicio del notariado exige un grado razonable de organización, dedicación, cuidado, consciencia pública y diligencia, por lo que debe ejercerse con el mayor grado de responsabilidad y rigurosidad. In re Montañez Alvaradó, 160 D.P.R. 496 (2003); In re De Hoyos Beauchamp, 170 D.P.R. 122 (2007). El abogado que entienda que no puede cumplir cabalmente con las . obligaciones del cumplimiento estricto que le impone la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento debe, en un ejercicio de honestidad profesional, abstenerse de practicar el notariado. In re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991); In re Montañez Alvarado, ante.

Como parte de esas obligaciones, se encuentra la de remitir a la Oficina de Inspección de Notarías un informe estadístico anual de actividad notarial no más tarde del último día de febrero del año siguiente al que se informa. Art. 13-A de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2031a; Regla 12 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, ante. Hemos enfatizado que el incumplimiento con tal obligación conlleva severas sanciones, por-que dicho deber es importante para la organización y do-cumentación de las actividades notariales de Puerto Rico. In re Vargas Pérez, 145 D.P.R. 160 (1998).

A su vez, es un deber de todo notario remitir a la Oficina de Inspección de Notarías un índice mensual sobre la actividad notarial no más tarde del décimo día del mes siguiente al que se informa. Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, ante; Regla 12 del Reglamento Notarial, ante; Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo, ante. La omisión de rendir estos índices es una falta grave a los deberes que impone al notario la investidura de la fe pública notarial, cuya conducta es reprensible y merecedora de la aplicación rigurosa de sanciones disciplinarias. Véase In re Prieto Ferrer, 147 D.P.R. 113 (1998); In re García Baliñas, 167 D.P.R. 125 (2006); In re De Hoyos Beauchamp, ante.

Falta a su deber ministerial el notario que reiteradamente incumple con su obligación de presentar los índices mensuales en el término establecido por la ley, que omite presentar una moción explicativa oportuna cuando ha presentado tardíamente los índices y que no cumple diligentemente con los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías. In re Jusino López, 145 D.P.R. 52 (1998); In re Sáez Burgos, 161 D.P.R. 871 (2004). No es justificación válida para el incumplimiento de las obligaciones que los índices que han de ser rendidos fueran negativos ni que el notario haya dejado de ejercer la abogacía y el notariado. In re Hernández Ramírez, 120 D.P.R. 366 (1998); In re Sáez Burgos, ante.

Cuando un notario incumple con esta importante obli-gación se coloca en el umbral de la incapacidad para ejer-cer el notariado. Véanse: In re Jusino López, ante; In re Montañez Alvarado, ante.

B. Por otro lado, el Protocolo de un notario es la colección ordenada de las escrituras matrices y actas que éste autoriza durante un año natural. Art. 47 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2071. Por disposi-ción expresa de la ley, los Protocolos pertenecen al Estado, mientras que el notario es simplemente su custodio, encar-gado de guardarlos celosa y responsablemente para que no se pierdan o deterioren. Art. 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2072; In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871 (2000); In re López Cordero, ante.

Al respecto, hemos dicho que “la custodia y conservación de los protocolos es de vital importancia para la secretivi-dad, protección e integridad de los mismos”. In re Algarín Otero, 117 D.P.R. 365, 369-370 (1986). Además, los Proto-colos preservan la eficacia probatoria del instrumento pú-blico ante la posibilidad de que los interesados pierdan las copias de los documentos. S. Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, San Juan, Ed. Pubs. STP, 1995, pág. 14.1. Como custodio, el notario será responsable del deterioro o la pérdida de los Protocolos por falta de diligencia. In re González Maldonado, ante; In re López Cordero, ante.

Por otro lado tenemos que, cuando por cualquier causa el notario se ausenta de su oficina por un periodo menor a tres meses, este profesional del Derecho deberá nombrar otro notario para que lo sustituya. Art. 9 de la Ley Notarial de Puerto Rico, ante. En tal caso, y luego de que ambos notarios notifiquen la sustitución en un mismo escrito y con sus firmas a la Oficina de Inspección de Notarías, el notario sustituto será responsable de la custodia y conservación de los Protocolos del sustituido. íd.

Como es sabido, las obligaciones de todo notario de custodiar su obra notarial y nombrar un notario sustituto responden al ejercicio de la función pública de la cual está investido el notario y tiene el propósito de garantizar la continuidad de los servicios, tales como la expedición de copias certificadas y la protección de la integridad de los Protocolos y los registros de testimonios. Arts. 9, 12 y 48 de la Ley Notarial de Puerto Rico, ante; Regla 18 del Regla-mentó Notarial, ante; In re Límite del Notario Sustituto, 115 D.P.R. 770 (1984).

II

El licenciado Carrasquillo Martínez ha demostrado un incumplimiento reiterado de las disposiciones de la Ley Notarial y el Reglamento Notarial de Puerto Rico al dejar de remitir los informes anuales e índices mensuales de su obra notarial. Además, por su situación actual le es impo-sible corregir sus errores y continuar cumpliendo con las exigencias de la profesión, en especial con aquella que le obliga a ser un celoso custodio de los Protocolos públicos. Nuestros pronunciamientos son claras señales de una po-lítica judicial encaminada a lograr la máxima excelencia en todas las áreas del quehacer notarial. In re Sáez Burgos, ante.

Por los fundamentos expuestos procede decretar la sus-pensión inmediata e indefinida del Ledo. Rafael Carras-quillo Martínez del ejercicio de la Notaría.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió.


text:
    Pablo Crespo Claudio, Director Ejecutivo de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., peticionarios, v. Oficina de Ética Gubernamental, recurrida.

      Número: CC-2007-622

      Resuelto: 16 de mayo de 2008

      Pedro E. Ortiz Álvarez, Jesús Antonio Rodríguez Urbano y Yariel Flores Milán, abogados de la parte peticionaria; Gretchen Camacho Rossy, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar —como cuestión de umbral— si la opinión emitida por la Oficina de Ética Gubernamental en el caso de epígrafe fue pro-ducto de un proceso adjudicativo, de modo que pueda ser considerada como una orden o una resolución final revisable según las disposiciones de la Ley de Procedimiento Ad-ministrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 11 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.). Por entender que el pro-ceso mediante el cual se emitió la opinión no constituye propiamente un procedimiento adjudicativo y que, por lo tanto, no puede ser considerada para estos fines una “or-den o resolución final”, concluimos que el foro apelativo carecía de jurisdicción para revisar su corrección mediante el recurso de revisión judicial.

I

El 1 de mayo de 2006, el Director Ejecutivo de la Aso-ciación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA), Sr. Pablo Crespo Claudio, le cursó una mi-siva a la Oficina de Ética Gubernamental, indicándole que no había recibido respuesta a una comunicación enviada en el 2003. Según expuso el señor Crespo Claudio en la carta, en esa comunicación anterior éste le había manifes-tado a la Oficina de Ética Gubernamental su posición con respecto a la ausencia de autoridad de dicha agencia para requerirle —a él y a los demás funcionarios de AEELA que no son empleados públicos— rendir los informes financie-ros que exige la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de Ética Gubernamen-tal), Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmen-dada, 3 L.P.R.A. see. 1801 et seq. En la comunicación, el señor Crespo Claudio reiteró su posición e indicó que desde entonces ha estado rindiendo los informes financieros de forma voluntaria. No obstante, aclaró que, ante la ausencia de respuesta, consideraría que la Oficina de Ética Guber-namental no pudo rebatir sus fundamentos y que, por ende, anunció qüe sólo presentaría un último informe.

En respuesta a la misiva del señor Crespo Claudio, la Directora Ejecutiva Interina de la Oficina de Ética Guber-namental, Sra. Wanda Torres Velázquez, emitió la Opinión Núm. OPC-04-002 al amparo del Reglamento de Opiniones y Consultas de la Ley de Ética Gubernamental, Oficina de Ética Gubernamental, Reglamento Núm. 5292 del Depar-tamento Estado, 18 de julio de 1995. Tras el análisis co-rrespondiente, la Oficina de Ética Gubernamental con-cluyó que los funcionarios de AEELA, incluyendo al señor Crespo Claudio, están cobijados por las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental. A base de ello, determinó que tanto el señor Crespo Claudio como los miembros de la Junta de Directores y demás directores de oficinas y depar-tamentos, están.obligados a rendir los informes financieros exigidos por la ley. Finalmente, le advirtió al señor Crespo Claudio de su derecho a solicitar una reconsideración o acudir directamente en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta días a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la. notifica-ción de la opinión.

Inconforme, el señor Crespo Claudio presentó una mo-ción de reconsideración, reiterando su posición de que los funcionarios de AEELA que no son empleados públicos no están sujetos a las disposiciones de la Ley de Ética Guber-namental y que, por ende, no están obligados a rendir los informes financieros. El señor Crespo Claudio fundamentó su argumento, esencialmente, en que la Ley de Ética Gu-bernamental no fue enmendada para incluir a los funcio-narios de AEELA y en que la Ley Núm. 123 de 11 de agosto de 1996 (Ley Núm. 123), 3 L.P.R.A. secs. 863j-863n y 862d; 26 L.P.R.A. see. 107, y 7 L.P.R.A. see. 2004, que sujeta la entidad a los poderes de la Oficina de Ética Gubernamen-tal refiere, a su vez, a las disposiciones de dicha legislación. Por lo tanto, sostiene que la legislación no tiene el alcance que le atribuye la Oficina de Ética Guberna-mental.

Tras acoger oportunamente la moción de reconsidera-ción, la Oficina de Ética Gubernamental emitió una opi-nión en reconsideración, reiterando su posición original. Al igual que en la opinión anterior, la entidad le advirtió al señor Crespo Claudio de su derecho a acudir en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.

Conforme a dichas instrucciones, y por encontrarse in-satisfecho con el dictamen, el señor Crespo Claudio acudió en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, pero también presentó una demanda de sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En el recurso de revisión, el señor Crespo Claudio hizo constar que acudía ante el foro apelativo, úni-camente, porque esas fueron las instrucciones de la Oficina de Ética Gubernamental. No obstante, aclaró que —a su entender— dicho foro no poseía jurisdicción para atender la controversia mediante el mecanismo de revisión judicial, porque la opinión emitida por la Oficina de Ética Guberna-mental era meramente consultiva y no fue el resultado de un proceso adjudicativo.

Ahora bien, en consideración a la posibilidad de que el foro apelativo ejerciera jurisdicción sobre el asunto, el se-ñor Crespo Claudio señaló los errores en los que —a su juicio— incurrió la Oficina de Ética Gubernamental en la opinión objeto de escrutinio. A tales efectos, reiteró su po-sición de que los funcionarios de AEELA que no son em-pleados públicos no están sujetos al poder de fiscalización y supervisión de la Oficina de Etica Gubernamental. Ello en vista de que la ley orgánica de la Oficina de Etica Guber-namental no fue enmendada para ampliar su marco de ac-ción y porque, a su entender, la Ley Núm. 123, supra, sólo pretendió sujetar a los poderes de la agencia a los emplea-dos que, de por sí, son funcionarios públicos; es decir, a los miembros de la Asamblea de Delegados y a los miembros de la Junta de Directores.

La Oficina de Etica Gubernamental, por su parte, se expresó en tomo al argumento del señor Crespo Claudio relacionado con la ausencia de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. En síntesis, adujo que, si bien la opinión re-currida no constituye una determinación adjudicativa formal, ésta fue producto de un proceso adjudicativo informal que, según las disposiciones de la L.P.A.U., puede ser revi-sado mediante el recurso de revisión judicial.

Tras analizar los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió que tenía jurisdicción para atender el recurso porque, "una vez se establece su posición vincu-lante en una opinión [la de la Oficina de Ética Gubernamental], ello podría afectar el proceso de adjudi-cación formal que se conduzca ante la agencia”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 38. Aclarado ese aspecto, confirmó el análisis de la Oficina de Ética Gubernamental en tomo al deber del Director Ejecutivo de AEELA y de otros funcionarios de la entidad de rendir los informes fi-nancieros que exige la Ley de Ética Gubernamental.

Todavía inconforme, el señor Crespo Claudio acude ante nos y, básicamente, reproduce los mismos señalamientos que presentó ante la consideración del foro apelativo. Exa-minada la petición, acordamos expedir. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

II

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 (4 L.P.R.A. see. 24 et seq.), dispone que el Tribunal de Apelaciones revisará, como cuestión de derecho, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de los organismos o de las agencias administrativas conforme a lo dispuesto en la L.P.A.U. Véase Art. 4.006 (4 L.P.R.A. sec. 24y(c)). La L.P.A.U., a su vez, establece en su Sec. 4.1 que las normas relativas a la revisión judicial se extienden a todas las órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas dictadas por las agencias administrativas que no estén expresamente exceptuadas por ley. 3 L.P.R.A. see. 2171.

En particular, la íey dispone que

[u]na parte adversamente afectada por una orden o resolu-ción final de una agencia y que haya agotado todos los reme-dios provistos por la agencia o por el organismo apelativo co-rrespondiente podrá presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia .... (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 2172.

El concepto “orden o resolución” mencionado en la disposición se define como cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas o que imponga penalidades o sanciones administrativas, excluyendo las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobernador. Véase 3 L.P.R.A. sec. 2102(f). Precisamente, según la L.P.A.U., la “adjudicación” es el proceso mediante el cual la agencia determina tales derechos u obligaciones. 3 L.P.R.A. sec. 2102(b).

Ahora bien, para que una orden o resolución sea considerada final, se requiere que ésta le ponga fin al caso ante la agencia y que tenga efectos sustanciales sobre las partes. Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 (2006); A.R.Pe. v. Coordinadora, 165 D.P.R. 850 (2005). Además, para que dicha decisión tenga carácter de finalidad debe incluir determinaciones de hecho, conclusiones de Derecho y una advertencia sobre el derecho a solicitar una reconsideración o revisión judicial. 3 L.P.R.A. see. 2164. Igualmente, la decisión debe estar firmada por el jefe de la agencia o por un funcionario autorizado. íd.; Comisionado Seguros v. Universal, supra; A.R.Pe. v. Coordinadora, supra; Tosado v. A.E.E., 165 D.P.R. 377 (2005); Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 183 (2001); J. Exam. Tec. Méd. v. Elias et al., 144 D.P.R. 483 (1997).

No cabe duda de que al incorporar tales requisitos, el legislador se aseguró que la intervención judicial se reali-zara después de que concluyeran los trámites administra-tivos y se adjudicaran todas las controversias pendientes ante la agencia, de manera que no haya una intromisión de los tribunales a destiempo. Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527 (2006); Comisionado Seguros v. Universal, supra.

Ello, a su vez, es cónsono con la finalidad del requisito de madurez empleado por los tribunales como producto de la exigencia constitucional de justiciabilidad y como consecuencia de la prohibición de que se emitan opi-niones consultivas. Véanse: Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006); Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219 (2001). Como se sabe, mediante dicha doctrina se examina la proximidad temporal o inminencia del daño alegado a través de un análisis dual: si la controversia sustantiva es apropiada para resolución judicial y si el daño es suficiente para requerir adjudicación. Al igual que con los requisitos expresamente establecidos en la L.P.A.U., con su aplica-ción los tribunales buscan proteger a las agencias y evitan interferir con sus dictámenes hasta que adquieran finali-dad y sus efectos se puedan sentir de forma concreta sobre las partes. Véanse: Abbot Laboratories v. Garner, 387 U.S. 136 (1967); Asoc. Guardias Penales v. Srio. de Justicia, 87 D.P.R. 711 (1973).

En fin, de lo anterior se colige que —en consideración a las nociones básicas de justiciabilidad— mediante la aprobación de la L.P.A.U., la Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Es decir, nuestro sistema de derecho administrativo sujeta la aplicación de dicho recurso a la existencia de una actuación agencial final que adjudique los derechos y las obligaciones de las partes.

Con esto en mente, debemos resolver si el foro apelativo tenía jurisdicción para examinar —mediante el recurso de revisión judicial— la corrección de la opinión emitida en este caso por la Oficina de Etica Gubernamental. Claro está, llegar a una conclusión a esos efectos requiere, a su vez, una determinación sobre la naturaleza misma de la opinión.

III

La opinión objeto de análisis fue emitida por la Oficina de Etica Gubernamental en respuesta a una comunicación del señor Crespo Claudio, mediante la cual éste le solici-taba a la agencia una expresión en torno a la aplicabilidad de las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental a los funcionarios de AEELA y, en particular, sobre la ale-gada obligación de rendir informes financieros. La agencia consideró la comunicación como una “consulta”, por lo que se dispuso a “opinar” en cuanto a ésta.

Antes de pronunciar su respuesta, la Oficina de Ética Gubernamental hizo un estudio abarcador de su ley orgá-nica y del estatuto mediante el cual AEELA quedó sujeta a sus poderes de fiscalización y supervisión. Tras el análisis correspondiente, concluyó que los funcionarios de AEELA están cobijados por las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental y que tanto el señor Crespo Claudio como los miembros de la Junta de Directores y demás directores de oficinas y departamentos están obligados a rendir los informes financieros.

En su opinión, la Oficina de Ética Gubernamental tam-bién aclaró que lo expresado estaba fundamentado estric-tamente en los hechos particulares evaluados. A su vez, aseveró que lo expresado constituye la posición formal de la agencia y que, de haberse omitido información perti-nente, o en caso de que surgieran nuevos hechos relevan-tes, la opinión carecería de validez. Finalmente, en la opi-nión aludida la Oficina de Ética Gubernamental manifestó su deseo de que la información provista pueda ser de utili-dad e instó al destinatario a comunicarse en caso de tener alguna interrogante sobre el asunto.

Un examen ponderado de. la opinión aludida nos convence de que ésta no fue producto de un proceso de adjudicación ante la agencia administrativa. Debemos recordar que la L.P.A.U. define adjudicación como el proceso mediante el cual se determinan los derechos, las obligaciones o los privilegios de las partes. Sin duda, la opinión emitida en este caso por la Oficina de Ética Gubernamental no tiene ese efecto ya que¿ mediante ésta, la agencia se limitó a realizar una interpretación de su ley orgánica y de la ley que alegadamente sujetó a AEELA a sus poderes de supervisión y fiscalización.

En esta expresión administrativa, la Oficina de Ética Gubernamental se circunscribió a clarificar los derechos y las obligaciones previamente establecidos en la ley. Aun-que parece afirmar lo contrario, la agencia hizo su inter-pretación de derecho sin aplicar la normativa correspon-diente a unos hechos particulares. Incluso, de la opinión surge que ésta no empleó un análisis particularizado de los puestos que, según el señor Crespo Claudio, debían estar exentos de la obligación de presentar los informes financieros. En su lugar, dispuso que “[p]ara determinar si un Director de Oficina o Departamento, o cualquier otro empleado de AEELA debe rendir un informe financiero, será necesario que nuestra Oficina evalúe cada caso a la luz de las siguientes disposiciones del Artículo 4.1(a) de la Ley de Ética Gubernamental”. (Énfasis suplido.)

Ciertamente, lo anterior demuestra que la Oficina de Ética Gubernamental no evaluó la controversia a base de unos hechos específicos para resolver si, en determinado momento, los funcionarios de AEELA incumplieron con las normas relativas a los informes financieros. Y es que no podía ser de otra forma, ya que —a pesar de sus alegacio-nes— el propio señor Crespo Claudio presentó el informe financiero correspondiente al año en cuestión.

Por lo tanto, no cabe duda que la opinión emitida en este caso por la Oficina de Ética Gubernamental no cumple con lo necesario para ser considerada como una “orden o resolución”. Además de que no adjudica propiamente una controversia, la opinión también se encuentra desprovista de determinaciones de hecho y de conclusiones de derecho aplicadas a un cuadro fáctico particular. Si bien la opinión advierte del derecho a solicitar una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, lo cierto es que eso —por sí solo— no la convierte en una determinación de carácter adjudicativo. Véase, en términos similares, Padilla Falú v. A.V.P., supra; Vázquez v. A.R.Pe., 128 D.P.R. 513 (1991).

Conforme a lo anterior, no podemos endosar la tesis de la Oficina de Ética Gubernamental a los efectos de que, si bien el proceso mediante el cual se emitió la opinión no cumplió con los requisitos de la adjudicación formal, éste puede ser considerado como un proceso de adjudicación informal. Además de que ya hemos concluido que la opi-nión en cuestión no constituye una determinación adjudi-cativa, la improcedencia de dicha alegación surge clara-mente de las propias disposiciones de la L.P.A.U. y de la ley orgánica de la agencia.

Nótese que, por un lado, el proceso que nos ocupa no está incluido en el listado de procedimientos informales mencionados en la Sec. 3.1 de la L.P.A.U. los cuales, por su naturaleza, están exentos de los requisitos establecidos para la adjudicación formal de controversias, a saber: (1) la notificación oportuna de los cargos, (2) él derecho a presentar evidencia, (3) el derecho a una adjudicación imparcial y (4) el derecho a que la decisión esté fundamentada en el expediente. 3 L.P.R.A. see. 2151.

Además, la Ley de Ética Gubernamental tampoco le confiere naturaleza de procedimiento adjudicativo informal al proceso mediante el cual se emitió la opinión que nos ocupa. La opinión fue emitida por la Oficina de Ética Gubernamental en virtud del Art. 2.4 del referido estatuto, el cual le confiere autoridad para establecer un servicio de opiniones sobre los asuntos de su incumbencia. En particular, el artículo dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

El Director [de la Oficina de Ética Gubernamental] tendrá los siguientes deberes y poderes:
(n) Establecer un servicio de opiniones emitidas sobre los asuntos de su incumbencia que sean de aplicación general o sobre asuntos específicos que se le consulten. Las opiniones del Director deberán ser recopiladas, publicadas y estar dispo-nibles tanto para los organismos de gobierno así como para el público en general. 3 L.P.R.A. sec. 1814(n).

En conformidad con la autoridad legislativa así conferida, la Oficina de Ética Gubernamental promulgó el Reglamento de Opiniones y Consultas de la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El propósito del cuerpo reglamentario no es otro que hacer viable que el Director Ejecutivo pueda cumplir con su “deber de interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental y sus Reglamentos”. Id., pág. 1. Igualmente, mediante éste se procura que dicho funcionario cumpla con la obligación de proveer información y promover la difusión, comprensión y educación de las normas éticas contenidas en la Ley de Ética Gubernamental. Véase Art. II del Reglamento de Opiniones y Consultas de la Ley de Ética Gubernamental, pág. 1.

Tal como se desprende de la disposición transcrita de la Ley de Ética Gubernamental y de las particularidades del Reglamento de Opiniones y Consultas, el proceso mediante el cual la Oficina de Ética Gubernamental emitió la Opi-nión Núm. OPC-04-002 constituye un mecanismo de con-sultas disponible para que la agencia eduque sobre las nor-mas éticas contenidas en la Ley de Etica Gubernamental. Este mecanismo de consulta representa un vehículo infor-mativo mediante el cual la Oficina de Etica Gubernamen-tal, previa solicitud, orienta a las personas sujetas a su jurisdicción sobre asuntos específicos o generales que se le consulten. Este constituye meramente un mecanismo adi-cional que tiene la agencia disponible para hacer constar su interpretación de la ley habilitadora.

Tratándose de una expresión de esa índole, no cabe duda de que la opinión en cuestión constituye, más bien, una interpretación oficial de la Oficina de Etica Gubernamental con respecto al alcance de su ley habilitadora. La L.P.A.U. define este concepto, precisamente, como una interpretación formal de la agencia sobre la ley que está bajo su administración, que se expide a solicitud de parte o a iniciativa propia y que se hace formar parte del repertorio formal de interpretaciones de la agencia. 3 L.P.R.A. see. 2101(d). Ciertamente, esta opinión cumple con cada uno de esos criterios.

Por un lado, la interpretación realizada por la agencia sobre su ley orgánica surgió en esta ocasión a solicitud de parte. A su vez, según el texto de la opinión, la interpreta-ción allí expresada constituye la posición formal y oficial de la agencia. Finalmente, según lo dispuesto en el Art. 2.4 de la Ley de Etica Gubernamental, dicha opinión debe ser re-copilada y publicada para beneficio de la persona que soli-citó la consulta y para el público en general

Aunque, tal como sostiene el profesor Fernández Quiñones, las “interpretaciones oficiales” podrían ser equivalentes a las reglas interpretativas éstas indudablemente constituyen un mecanismo adicional para que las agencias hagan constar su posición formal sobre las leyes y los reglamentos que administran. De hecho, se ha reconocido que las agencias emplean variedad de mecanismos para aclarar e interpretar dichos preceptos. “Los formatos potenciales incluyen reglas legislativas, adjudicaciones, reglas interpretativas, declaraciones de política pública, manuales, guías, instrucciones de personal, opiniones y teorías legales”. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) 1 Pierce, Administrative Law Treatise 4th Sec. 3.5, pág. 151 (2002). Conforme a ello, no cabe duda de que para lograr su cometido de clarificar las leyes en controversia la Oficina de Ética Gubernamental podía emplear el mecanismo de la opinión, el cual —de hecho— no es ajeno a nuestro sistema de derecho administrativo.

De todas maneras, dado que la expresión realizada en este caso por la Oficina de Ética Gubernamental mediante el formato de opinión no cumple con lo necesario para ser considerada una “orden o resolución final” prove-niente de un proceso propiamente adjudicativo, ésta no es revisable mediante el recurso de revisión judicial. Siendo así, resulta forzoso concluir que el Tribunal de Apelaciones no tenía jurisdicción para revisar mediante dicho recurso la opinión emitida en este caso por la Oficina de Etica Gubernamental. Debemos recordar que los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005); Padilla Falú v. A.V.P., supra. Por lo tanto, procedía que el foro apelativo se declarara sin jurisdicción para examinar mediante él re-curso de revisión judicial la Opinión Núm. OPC-04-002 emitida por la Oficina de Etica Gubernamental.

Dado que el planteamiento jurisdiccional presentado por el peticionario dispone del caso en su totalidad, no es necesario considerar el restante señalamiento.

IV

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que el Tribunal de Apelaciones erró al asumir jurisdicción sobre el recurso de revisión judicial presentado por el señor Crespo Claudio. En consecuencia, se revoca la sentencia recurrida.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Según surge del expediente, dicho proceso fue paralizado por el foro de ins-tancia hasta que se resuelva el presente trámite apelativo.

       En este sentido, nuestro ordenamiento se ajustó a la norma que impera en la jurisdicción federal según el Administrative Procedure Act, 5 U.S.C.A. sec. 551 et seq., el cual requiere que exista una “acción administrativa final” (final agency action) para que se active el derecho a la revisión judicial. Véase 5 U.S.C.A. see. 704. En específico, se deben satisfacer dos condiciones: (1) que la acción de la agencia represente el final del proceso decisorio, de manera que no sea tentativa o interlocu-toria, y (2) que mediante ésta se determinen derechos u obligaciones o que de ella puedan surgir consecuencias legales. Bennet v. Spear, 520 U.S. 154 (1997); Marine Terminal v. Rederi. Transatlantic, 400 U.S. 62 (1970). De hecho, a base del criterio de finalidad, algunos tribunales se han negado a revisar memorandos y otros documen-tos similares al que nos ocupa. Véanse, por ejemplo, Aerosource, Inc. v. Slater, 142 F.3d 572 (3er Cir. 1998), donde se entendió que en realidad la determinación de la agencia no imponía una obligación o denegaba un derecho, y Appalachian Energy Group v. E.P.A., 33 F.3d 319 (4to Cir. 1994), donde se resolvió que cierto memorando en el que se advertía al destinatario sobre la necesidad de una autorización para realizar una actividad particular, no podía ser considerado como una “acción admi-nistrativa final”.

       Según se conoce, la doctrina de opinión consultiva intenta evitar que se produzcan decisiones en el abstracto o bajo hipótesis de índole especulativa, ya que no es función de los tribunales actuar como asesores o consejeros. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

       Precisamente, a la luz de la doctrina de madurez, en Asoc. Guardias Penales v. Srio. de Justicia, 87 D.P.R. 711 (1973), nos negamos a revisar una actuación ad-ministrativa que no tenía efectos directos sobre las partes, porque el reglamento que alegadamente les afectaba se encontraba aún en etapa de propuesta. De forma similar, en Meléndez de París v. Srio. Servicios Sociales, 107 D.P.R. 690 (1978), resolvi-mos que era prematuro el recurso de revisión presentado por un ciudadano a quien se le había notificado una deuda por concepto de un pago indebido de cupones de alimentos. En vista de que en esa etapa no se sabía si la agencia le condonaría la deuda, determinamos que la controversia no estaba debidamente trabada y que, por lo tanto, era improcedente la intervención del tribunal.

       No obstante, esto no implica que no existan excepciones a esta norma general. A tales efectos, hemos dicho que, aunque la doctrina de “orden y resolución final” es distinguible de la de “agotamiento de remedios administrativos”, ambas tienen un alcance análogo y, por lo tanto, de ordinario, tienen las mismas excepciones. Véase J. Exam. Tec. Méd. v. Elias et al., 144 D.P.R. 483 (1997).

       Tales procesos son los siguientes: (1) la adjudicación de subastas, (2) la con-cesión de préstamos, (3) las becas, (4) los subsidios, (5) las subvenciones, (6) las emisiones de deuda, (7) las inversiones de capital, (8) los reconocimientos o premios y (9) todos los trámites o etapas del proceso de evaluación de documentos ambienta-les requeridos por la Ley sobre Política Pública Ambiental y el reglamento aprobado al amparo de ésta. 3 L.P.R.A. sec. 2151(a).

       Si bien para hacer su interpretación de la ley la agencia podía usar otros formatos como boletines, manuales o cartas, en esta ocasión optó por el mecanismo de la “opinión”.

       Aunque este concepto no se emplea de forma literal en el resto de la Ley Procedimiento Administrative Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), lo cierto es que la Sec. 1.6 de este estatuto dispone que las agencias deben tener disponible para reproducción, a solicitud de persona interesada, las interpre-taciones así adoptadas según las leyes que administran. Véase 3 L.P.R.A. see. 2105(d).

       Aun en el caso de que la agencia no haya cumplido con el deber de publicar dicha opinión, coincidimos con el profesor Fernández Quiñones cuando aduce que el cumplimiento con el criterio de “formar parte del repertorio formal de interpretacio-nes de la agencia” se puede lograr con algún acto positivo de la agencia para que la interpretación adquiera ese rango. Véase D. Fernández Quiñones, Derecho Adminis-trativo, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, pág. 27. Sin duda, en este caso la agencia hizo lo propio al hacer constar que la interpretación allí consignada era la posición oficial de la agencia y al expresar, incluso, que por medio de esa opinión quedaba derogada parte de otra (OPC-97-366).

       Véase Fernández Quiñones, op. cit., pág. 26. Conviene señalar que las reglas interpretativas suelen ser directrices u otras reglamentaciones menos formales que la agencia aprueba para darle uniformidad a sus propios procesos, para pautar la discreción administrativa o para otros fines internos. Hernández v. Col. de Optómetras, 157 D.P.R. 332 (2002). Dado que no se consideran dentro de la definición de regla o reglamento, este tipo de directriz está exenta del proceso de reglamentación formal establecido en la L.P.A.U. 3 L.P.R.A. sees. 2102(1) y 2127. Se han considerado reglas interpretativas, por ejemplo, ciertos documentos, manuales y boletines adop-tados por las agencias para guiar a su personal y al público en general a la hora de interpretar la ley. Fernández Quiñones, op. cit., pág. 26.

       Tampoco habremos de expresarnos en torno a la procedencia del recurso de sentencia declaratoria para revisar la corrección de la opinión emitida en este caso por la Oficina de Ética Gubernamental. Dado que esa no es la controversia que nos ocupa, y ya que existe un proceso pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia dirigido a dilucidar tal cosa, no nos corresponde en esta ocasión pasar juicio sobre ello.


text:
      In re Víctor A. Ramírez de Arellano.

      Número: TS-9179

      Resuelto: 20 de mayo de 2008

      Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general; Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Víctor A. Ramírez de Arellano, pro se.

   per curiam:

El peticionario Víctor Ramírez de Arellano fue admitido al ejercicio de la abogacía en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 20 de enero de 1989. Fue sus-pendido el 23 de diciembre de 1996 y comparece para soli-citar su reinstalación al ejercicio de la profesión.

I

Los autos indican que el peticionario fue acusado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por el delito de posesión de cocaína con inten-ción de distribuirla. Hizo alegación de culpabilidad y desde su arresto en 1994 cooperó con las autoridades federales en investigaciones confidenciales contra el trasiego de drogas. El 26 de septiembre de 1996, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico impuso al peticionario una sentencia de cuatro años de libertad supervisada. Ante esto, el 23 de diciembre de 1996 ordena-mos la separación inmediata y definitiva del peticionario de la práctica de la abogacía y el notariado en esta jurisdicción. Véase In re Ramírez de Arellano, 142 D.P.R. 190 (1996).

El peticionario cumplió con los términos y las condicio-nes impuestos por la sentencia del foro federal y el 29 de septiembre de 2000 se expidió una certificación acredita-tiva de ese hecho. Cinco años después, el 8 de noviembre de 2005, el peticionario solicitó ser reinstalado al ejercicio de la abogacía. Referimos la petición de reinstalación al Pro-curador General y a la Comisión de Reputación de Aspi-rantes al Ejercicio de la Abogacía. Ambas entidades some-tieron sus informes y el peticionario respondió a éstos.

En cumplimiento de su encomienda, la Comisión celebró unas vistas el 30 de agosto y el 26 de octubre de 2006. El peticionario Víctor Ramírez de Arellano se representó por derecho propio durante todo el proceso. También participó el Ledo. Alcides Oquendo Solis, en su carácter de Procura-dor Especial de la Comisión. Concluida la presentación de la prueba testifical el 11 de enero de 2007, la Comisión le concedió tanto al Procurador General como al peticionario un término para someter por escrito sus respectivas posiciones. El Procurador General sometió su informe y el peticionario una Moción de réplica al informe.

Las vistas fueron de carácter público. Además de su tes-timonio, el peticionario presentó cuatro testigos: Dr. Ariel Sepúlveda, Dr. José Manuel del Río Ferrer, el padre Fa-bián Rodríguez Rodríguez y la Sra. Yelitza Paz Ramírez de Arellano, esposa del peticionario. Estos testigos testifica-ron sobre el comportamiento del peticionario después de la suspensión. El peticionario explicó las razones que él en-tiende que le acreditan para recuperar la oportunidad de ofrecer servicios legales en esta jurisdicción.

En su informe a la Comisión, el Procurador General ex-puso los testimonios vertidos en la vista. Pasamos a resu-mirlos a continuación.

El Dr. Ariel Sepúlveda Cuevas testificó que es ingeniero de profesión y que conoció al peticionario en actividades en la parroquia del Buen Pastor, particularmente de los niños escuchas. Indicó que el peticionario fue un recurso bien importante en las actividades, por sus destrezas y conocimientos. El peticionario le informó sobre su convic-ción desde el principio y su amistad ha transcendido al punto de que es padrino de uno de sus hijos.

El doctor Sepúlveda Cuevas declaró que nunca ha escu-chado nada negativo del peticionario y opinó que éste goza de buena reputación en su comunidad. También explicó que el peticionario se ha encargado de unos sobrinos y los ha criado, junto con su esposa, como si fueran hijos propios. Nunca ha visto al peticionario en compañía de per-sonas extrañas con apariencia de narcotraficantes. Ade-más, al testigo le gustaría que el peticionario fuera su abogado.

El Dr. José Manuel Del Ríos, médico internista de pro-fesión, testificó que conoce al peticionario desde hace más de diez años. Ha hecho negocios con el peticionario en el campo de la construcción y declaró que en ese campo el peticionario se distingue por ser tenaz y dedicado. Ha vi-vido por años en el mismo vecindario del peticionario y lo considera una persona honorable. El testigo nunca ha pre-senciado eventos que le hagan pensar que el peticionario está involucrado en actividades relacionadas al narcotráfico. Además, supo los detalles de la convicción por boca del propio peticionario. Aunque no ha compartido con el peticionario socialmente, tiene amistades en común con él y comparten actividades como los niños escuchas, Centro Espibi (para personas con necesidades especiales) y la parroquia.

El padre Fabián Rodríguez es el párroco de la iglesia Católica del Buen Pastor en Mayagüez. Lleva cuarenta años en el sacerdocio y pertenece a la Orden de los Jesuitas. Informó que conoció al peticionário hace dos años, desde que comenzó a dirigir la parroquia, pues el peticionario y su esposa estaban involucrados con la litur-gia de los niños y las actividades para jóvenes. De hecho, el peticionario ofreció una charla sobre el aspecto legal de las drogas. Opina que el peticionario es una persona sensata, responsable, honesta, íntegra, comprometida y amigable. El testigo indica que se enteró de que el peticionario es un convicto federal como resultado de este procedimiento, si-tuación que pudiera tener algún efecto en la participación del peticionario con niños y jóvenes en la parroquia.

La Sra. Yelitza Paz de Ramírez de Arellano es la esposa del peticionario desde el 14 de agosto de 1993 y han convi-vido ininterrumpidamente desde ese entonces. Considera a su esposo un hombre cabal, respetuoso, trabajador y no se explica cómo delinquió. Es cumplidor con la sociedad y buen vecino. Aunque no tienen hijos, han criado a unos sobrinos como si lo fueran. Declaró que el peticionario no ha fungido como abogado luego del desaforo, aunque se mantiene al día estudiando en la computadora y leyendo materiales y libros que tiene en la casa. Utiliza sus cono-cimientos legales para aplicarlos a su negocio y a un caso que tiene, donde está representado por abogado.

Por su parte, el peticionario ofreció una descripción de-tallada de cómo se involucró en el tráfico de drogas y pos-teriormente, al ser arrestado, cooperó con la Fiscalía sir-viendo de encubierto, donde en ocasiones temió por su vida. Explicó que, cuando practicaba la profesión, se dedicó al área criminal y que, por hacerle un favor a un cliente, le ofreció sus oficinas para que se encontrara con otro narcotraficante. Eventualmente, terminó traficando droga. Declaró que está sumamente arrepentido de sus errores y del daño que le causó a sus padres y a su esposa. Sintió mucha vergüenza y aún se siente avergonzado. Asegura que no caerá en conducta similar ni en ninguna que atente contra los principios de la profesión ni la ética. Además, estaba bien orgulloso y disfrutaba de ejercer su profesión. De ser reinstalado, el peticionario ofreció dar charlas en las escuelas de Derecho sobre el peligro potencial de invo-lucrarse con los clientes en casos criminales y cómo es po-sible comprometerse con el cliente hasta el punto de delinquir.

Luego de resumir los testimonios, el Procurador General concluyó lo siguiente:

No tenemos duda alguna que el peticionario goza de buena reputación en la comunidad donde reside y donde se desenvuelve. Tampoco tenemos duda de que el peticionario está arrepentido de su conducta delictiva y anti-ética previa. Aunque tampoco cuestionamos su interés en el derecho, la lec-tura y la utilización de sus conocimientos para aplicarlos en sus negocios, entendemos que podría beneficiarse de un curso de repaso de reválida, tal y como se le ha solicitado a otros peticionarios en ocasiones anteriores; esto, por el tiempo que ha transcurrido desde su desaforo y la falta de alusiones más concretas y específicas sobre materia de derecho.
El interés público se beneficiará al contar con un abogado que esté al tanto del desarrollo más reciente del derecho como también se beneficiará — por conducto de estudiantes de dere-cho y futuros abogados — de las charlas que ofreció el peticio-nario para compartir su experiencia muy particular. Informe del Procurador General, pág. 8.

Los hallazgos de la Comisión, según constan en su in-forme, a partir de las presentaciones orales y de los docu-mentos sometidos, son los siguientes:

1. El peticionario se dedicó básicamente a una práctica criminal en Mayagüez, pueblo en el que nació, desde que juramentó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1989. Su práctica era bastante exitosa y empezó a atender clientes con asuntos de drogas y sustancias controladas. La asesoría legal a alguno de estos clientes excedió los límites apropiados y comenzó a participar en la facilitación de negocios delictivos de distribu-ción de drogas [.] Fue arrestado por agentes federales y co-menzó en 1994 a cooperar con las autoridades federales por-que desde un principio aceptó que se había apartado de los valores que le habían inculcado sus padres. De hecho, se cues-tionaba c[ó]mo había sido tan inmaduro. Es decir, el [peticionario ha estado arrepentido de los hechos que cometió desde antes de que fuera sentenciado y ha hecho todo lo posible para subsanar ese error de juicio. Estuvo aproximadamente dos años viviendo en el área metropolitana como confidente federal y eventualmente en 1996 fue condenado bajo los tér-minos de una sentencia muy favorable (cuatro años de liber-tad supervisada).
2. El peticionario regresó a Mayagüez en 1998 y comenzó a dedicarse a dirigir una empresa de construcción, oficio al cual sigue dedicado al presente. Ha obtenido la licencia de corredor de bienes raíces.
3. Desde que regresó a Mayagüez participa activamente en la parroquia de su vecindario y fue líder de la tropa de niños escuchas. De hecho le explicó a los organizadores de su convic-ción y aunque a nivel de distrito no había objeción a nivel regional s[í] se opusieron y se retiró del trabajo activo en la tropa después de varios años de labor meritoria y responsable.
4. El peticionario nunca ha sido usuario de drogas [o] sustan-cias controladas. No mantiene relaciones de trabajo o sociales con personas que puedan relacionarse con conducta antisocial o con reputación negativa en su comunidad.
5. El peticionario siempre ha explicado con candidez que fue separado de la profesión legal por razón de una convicción relacionada con tráfico de drogas. Aunque en la comunidad de su vecindario y el mundo comercial de Mayagüez se sabe de esos hechos el [peticionario ha logrado recuperar su buena reputación y prestigio. El testimonio de los testigos no dejan duda sobre la buena imagen del [peticionario en estos momentos. Todos ellos atestiguan elementos de honestidad, responsabilidad, diligencia y sobre todo confiabilidad en la persona del [peticionario.
6. El [pjeticionario se ha mantenido al tanto de los desarrollos en el Derecho mediante uso de los espacios cibernéticos del Co-legio de Abogados de Puerto Rico y de LexJuris. También ha tomado seminarios en el Instituto Hostosiano. Por demás, sus labores en el mundo de la construcción le ha requerido entrar en contacto con abogados representen [sic] en asuntos adminis-trativos o judiciales o funcionarios gubernamentales para que le concedan autorizaciones por lo que ha-tenido oportunidad de repasar esos conceptos legales. También lee los últimos desa-rrollos legislativos como el nuevo Código Penal y lo comenta con amigos abogados.
7. Con excepción de la suspensión indefinida no existe quere-lla o reclamación alguna de naturaleza ética (antes o después de la convicción por delitos graves) presentadla] contra el [peticionario en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, la Ofi-cina del Procurador General o el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
8. Como parte de su compromiso moral de ayudar a otras per-sonas a no cometer los errores que [é]l cometió ha dado charlas con la Policía de Puerto Rico sobre drogas. [É]l mismo expuso que aceptaría de buen grado que le requieran como condición de admisión el ofrecer charlas sobre este tema a los estudian-tes de Derecho o abogados. (Énfasis nuestro.) Informe de la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abo-gacía, pág. 2.

Analizados los hallazgos de su investigación, la Comi-sión acordó recomendar la reinstalación del Sr. Víctor Ra-mírez de Arellano al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.

I — I l-H

En In re Pacheco Nieves, 135 D.P.R. 95, 99 (1994), expusimos los criterios generales que debían tomarse en consideración al evaluar una solicitud de reinstalación:

... la persona que solicita ser reinstalada al ejercicio de la profesión de abogado tiene la obligación de demostrar no sólo que el término de la suspensión, o separación, de la profesión decretada ha sido uno suficiente, sino que debe demostrar que goza de buena reputación y que su integridad moral, al mo-mento de la solicitud de reinstalación, le hacen merecedor de ser readmitido al ejercicio de la profesión de abogado.

El peso de probar su integridad moral recae sobre el peticionario, quien debe demostrar “que su conducta moral ha variado hasta alcanzar el grado y medida necesarios en que ese atributo resulta indispensable para estimarle ca-pacitado para descargar intelectual y éticamente los debe-res y obligaciones que se esperan de todo abogado”. In re Cardona Vázquez, 112 D.P.R. 686, 689 (1982).

Cuando el peticionario ha sido separado del ejercicio de la abogacía por una convicción criminal, su inocencia o culpabilidad no debe ser relitigada en el proceso de reinstalación. Como explicamos en In re Pacheco Nieves, supra, pág. 99: “La controversia a dilucidar, en estos momentos, es si la conducta del peticionario lo hace, hoy día, merecedor de ser abogado.”

Luego de analizar todos los elementos presentes en este caso, concluimos que el Sr. Víctor Ramírez de Arellano ha cumplido con su obligación de presentar una prueba ro-busta y convincente que justifica su reinstalación. Su tes-timonio y el de los testigos presentados ante la Comisión, unido a la recomendación de ésta y la del Procurador General, nos convence de que ha logrado su rehabilitación. El peticionario ha demostrado que tiene, actualmente, la in-tegridad de carácter necesaria para ofrecer una represen-tación legal digna y confiable a los ciudadanos de este país. Las personas que se han relacionado con él desde que cum-plió su sentencia no tienen dudas respecto a su competen-cia, pero más importante, no tienen dudas en lo que res-pecta a su solvencia moral y ética. Además, la Comisión concluyó que el peticionario se ha mantenido al día en el estudio de temas jurídicos. Coinciden los comisionados con la opinión del Procurador General de que la readmisión del peticionario a la práctica de la profesión legal no consti-tuye una amenaza a sus potenciales clientes, el sistema de administración de justicia o a la imagen de la profesión legal. Procede, por lo tanto, decretar la reinstalación de Víc tor A. Ramírez de Arellano al ejercicio de la profesión de abogado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no interviene.

       El peticionario había solicitado por derecho propio la renuncia voluntaria a la profesión legal el 18 de septiembre de 1996, lo cual se le concedió mediante una resolución el 11 de octubre de 1996. Después de emitida esa resolución, el Procurador General de Puerto Rico nos informó sobre el arresto y la alegación de culpabilidad del peticionario. Al amparo de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735) se puede desaforar a aquellos abogados que fuesen convictos por un delito grave que implique depravación moral. Reconsideramos entonces la renuncia voluntaria, la dejamos sin efecto y se procedió a cumplir con lo dispuesto en el precepto legal antes indicado. In re Ramírez de Arellano, 142 D.P.R. 190 (1996).


author: PER CURIAM:

text:
      In re Neddie Feliciano Jiménez.

      Número: TS-6017

      Resuelto: 20 de mayo de 2008

      Israel Pacheco Acevedo, secretario ejecutivo del Fondo Notarial del Colegio de Abogados de Puerto Rico; José M. Montalvo Trías, director ejecutivo del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   PER CURIAM:

i-I

El Ledo. Neddie Feliciano Jiménez fue admitido al ejer-cicio de la abogacía el 1 de noviembre de 1978 y al ejercicio del notariado el 5 de diciembre de 1978.

El 9 de julio de 2007, el Colegio de Abogados de Puerto Rico presentó ante este Tribunal una moción informativa en la que señaló que el notario Feliciano Jiménez tenía al descubierto el pago de la fianza notarial, la cual había ven-cido en noviembre de 2006. El 17 de julio de 2007 emitimos una resolución en la cual le concedimos un término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría, en vista de que tiene al descubierto la prima de su fianza notarial. Se le apercibió de que su incumplimiento con los términos de la Resolución podrían dar base a su separación de la notaría, así como a sanciones disciplinarias adicionales. El licen-ciado Feliciano hizo caso omiso de nuestra resolución.

El 20 de julio de 2007, el Colegio de Abogados presentó una nueva moción en la que informó que el licenciado Fe-liciano no había pagado su cuota anual de colegiación. En septiembre de 2007 emitimos una resolución mediante la cual le concedimos un término para que se expresara sobre por qué no debíamos suspenderlo del ejercicio de la abogacía. Le apercibimos también de que su incumpli-miento conllevaría la suspensión automática del ejercicio de la abogacía. El 27 de septiembre de 2007, el Colegio presentó una moción en la que informó que el licenciado Feliciano había pagado su cuota atrasada y que desistía de su petición.

El 31 de octubre de 2007 emitimos una nueva resolución en la cual le concedimos un término final de diez días para que cumpliera con lo ordenado en la Resolución de 17 de julio de 2007. La resolución apercibía de que el incumpli-miento con sus términos acarrearía la suspensión automá-tica del ejercicio de la abogacía. Esta resolución le fue no-tificada personalmente al licenciado Feliciano Jiménez el 30 de enero de 2008. El licenciado Feliciano no ha compa-recido ni ha solicitado una prórroga para comparecer.

Pendiente este asunto ante nuestra consideración, el 5 de mayo de 2008 el Colegio de Abogados nos notificó una moción informativa en la que expuso que el licenciado Fe-liciano Jiménez había pagado la fianza notarial el 2 de mayo. No obstante, éste no ha comparecido ante nosotros conforme le ordenamos el 17 de julio de 2007, haciendo caso omiso a la orden que a esos efectos emitimos.

I — I H-i

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que todo abogado deberá observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto y diligencia. La naturaleza de la función de abogado requiere de una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal o de cualquier foro al que se encuentre obligado a comparecer. Máxime cuando se trata de conducta profesional. In re García Baliñas, 167 D.P.R. 125 (2006); In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678, 681 (1981).

Hemos señalado reiteradamente que desatender las ór-denes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el citado Canon 9. In re Maídonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Nos parece sorprendente que, luego del esfuerzo que conlleva la carrera de abogacía, se desatiendan las órdenes de este Tribunal a sabiendas, poniendo' en peligro el título que se ostenta.

El licenciado Feliciano Jiménez ha demostrado un total desprecio por las órdenes de este Tribunal. Su actitud de displicencia hacia este Tribunal no le hacen digno de con-tinuar desempeñando el ministerio que ostenta como miembro de la profesión legal. Es evidente, según se dedu-cede de sus acciones, que no tiene interés alguno en conti-nuar ejerciendo la profesión.

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos la se-paración inmediata e indefinida del ejercicio de la aboga-cía del Ledo. Neddie Feliciano Jiménez, a partir de la no-tificación de este aper curiam”. Le imponemos el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles, devolver cualesquiera honorarios recibi-dos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. Además deberá certificarnos, dentro del término de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de este “per curiam”, el cumplimento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.


author:
per curiam: (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo

text:
    BL Investment, Inc., recurrente, v. Hon. Frank Quiñones Vigo, Registrador de la Propiedad, Sección Primera de Arecibo, recurrido.

      Número: RG-2007-001

      Resuelto: 20 de mayo de 2008

      Teodoro L. Tapia Gómez, abogado del recurrente; Frank Qui-ñones Vigo, registrador de la propiedad, parte recurrida.
   per curiam:

Nos corresponde evaluar la actuación del Re-gistrador de la Propiedad, quien se negó a inscribir una escritura de venta judicial por no haberse acreditado ade-cuadamente, a su juicio, el fiel cumplimiento con la Ley Núm. 172 de 12 de mayo de 2000, que enmendó la Regla 51.8 de de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esta regla, según enmendada, regula el aviso de la venta judicial y exige que en los casos en los que el demandado no haya comparecido al pleito en el que se ejecuta una senten-cia, se le notifique de la venta judicial por “vía [de] correo certificado con acuse de recibo a la última dirección conocida”.

El notario en este caso, al solicitar del Registro de la Propiedad la inscripción de un inmueble adquirido en una venta judicial, acompañó la escritura con, entre otras co-sas, copia de los sobres certificados con acuse utilizados para notificar la venta judicial a los deudores hipotecarios demandados. Los sobres fueron devueltos por el servicio postal de correos. El Registrador de la Propiedad se negó a inscribir la propiedad por entender que ello era insufi-ciente para acreditar el cumplimiento con el requisito de notificación establecido en la Ley Núm. 172, supra, y exigió que se presentara una declaración jurada en la cual se cer-tificara el contenido del sobre para proceder con la inscripción.

I

Los. hechos en este caso son sencillos y sobre ellos no hay controversia alguna, por lo que pasamos a resumirlos.

En febrero de 2000, el Tribunal de Primera Instancia, Subsección de Distrito, Sala de Arecibo, dictó una senten-cia en rebeldía a favor de R & G Mortgage Corporation en un caso de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. RG Mortgage v. Ernesto Rafael Gómez et al., caso Civil. Núm. 99-0270. La sentencia ordenó que, de no satisfacerse la deuda, se procediera a la venta en subasta pública de la finca hipotecada.

El 28 de junio de 2004, el foro de instancia dictó una orden para que se librara el mandamiento correspondiente de ejecución de sentencia dirigido al alguacil y se proce-diera con la venta judicial. Toda vez que los deudores no habían comparecido al pleito, el acreedor hipotecario ejecu-tante les notificó de la venta judicial conforme lo ordena la Regla 51.8 de Procedimiento Civil, supra; es decir, por co-rreo certificado con acuse a la última dirección conocida.

Expedido el mandamiento y publicado el edicto de su-basta, se procedió con la venta judicial. Ésta se llevó a cabo el 4 de noviembre de 2004. A la subasta comparecieron como postores las entidades siguientes: R & G Mortgage Corporation, S.I.A.L. Investments y BL Investment, Inc. La buena pro le fue adjudicada a este último por ser el mejor postor. Posteriormente, el alguacil y BL Investment Inc. comparecieron como otorgantes en la escritura corres-pondiente de venta judicial ante el notario Teodoro L. Ta-pia Gómez.

El 9 de mayo de 2005, la escritura de venta judicial se presentó para su inscripción en el Registro de la Propie-dad, Sección Primera de Arecibo. Se acompañó dicha escri-tura con copia de los documentos siguientes: el pagaré otorgado, la sentencia en rebeldía dictada, la orden y el mandamiento dirigidos al alguacil, el edicto de la subasta, una declaración del emplazador para atestiguar que colocó el edicto de subasta en los lugares que ordena la referida Regla 58.1, el affidávit del periódico donde se publicó el edicto de la subasta, el acta de subasta y, finalmente, la copia de los sobres utilizados para notificarles a los deman-dados, deudores hipotecarios, de la venta judicial que ha-bría de efectuarse. Surge de la faz de los sobres, que el servicio postal de correo los devolvió al remitente.

Presentada la escritura de la venta judicial, el Registra-dor de la Propiedad notificó, en lo que ahora nos concierne, la falta siguiente: que para “la inscripción del documento, ... [se] deberá acreditar mediante declaración jurada que se ha cumplido con las disposiciones de la Ley 172, de 12 de mayo de 2000”.

El notario del adquirente presentó oportuno escrito de recalificación. En el escrito presentado argüyó que las co-pias de los sobres certificados enviados por correo, los cuar les constaban en el expediente del tribunal de instancia, eran prueba suficiente del cumplimiento con la Ley Núm. 172. Señaló, además, que estos sobres fueron aceptados como válidos por el tribunal durante el proceso de la venta judicial, por lo que estimaba improcedente la exigencia del Registrador de la Propiedad. Rechazó de este modo que fuera necesario para acreditar la notificación del aviso de subasta, que se presentara una declaración jurada donde se atestiguara el contenido de los sobres en cuestión.

El Registrador de la Propiedad procedió entonces a no-tificar la denegatoria de inscripción conforme al Art. 71 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2274. Se presentó oportunamente de tal dene-gatoria un Recurso Gubernativo ante este Tribunal.

El Registrador de la Propiedad compareció ante noso-tros y sostuvo en su comparecencia que no es suficiente para cumplir con la Regla 51.8 de Procedimiento Civil, supra, incluir entre los documentos complementarios presen-tados una copia de los sobres en los que se le notificó al deudor hipotecario de la venta judicial. Sostiene el Regis-trador que es necesario también que se acredite, mediante una declaración jurada, el contenido del sobre, de suerte que se tenga constancia de que se ha cumplido cabalmente con la Regla 58.1 de Procedimiento Civil, supra. Específi-camente, el Registrador indicó lo siguiente:

Nuestro planteamiento es a los efectos de que para entender cumplidas las exigencias de la Ley 172 del 12 de agosto de 2000 bien sea el Tribunal por conducto del Sr. Alguacil, o la parte promovente del caso, por si o por la persona que envió la comunicación, mediante declaración jurada tienen que hacer constar, a nuestro juicio que el mencionado sobre contenía la notificación de la subasta que requiere la propia Ley.
La mera entrega al Alguacil o radicación para unir al expe-diente de un sobre que fue dirigido por correo certificado a la parte demandada a su dirección postal, o por lo menos a su última dirección postal conocida según fue el caso, y devuelto por la oficina de correos no es evidencia de por sí del cumpli-miento con la Ley 172 del 12 de agosto de 2000. El requerir de la persona que envió dicho sobre una declaración bajo jura-mento en cuanto al contenido del mismo, nos parece justo, ra-zonable y necesario. (Énfasis nuestro.) Alegato del recurrido, pág. 2.

Trabada así la controversia, procedemos a resolverla.

II

A. El principio de legalidad es uno de los princi-pios axiales del derecho hipotecario. Exige que los títulos que pretenden acceder al Registro de la Propiedad sean sometidos a un examen previo, verificación o calificación, de suerte que sólo puedan tener acceso a los libros hipote-carios los títulos válidos y perfectos. La “gran fuerza publi-citaria que la ley otorga a los asientos regístrales y los inevitables efectos que de la misma se derivan” exigen la calificación previa de los documentos. J.M. Chico y Ortiz, Calificación jurídica, conceptos básicos y formularios regís-trales, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1987, pág. 21. El Regis-trador de la Propiedad califica los documentos para proce-der a su inscripción, o denegarla, cuando aprecie en ellos un vicio o defecto. Véanse, entre otros: Rigores v. Registrador, 165 D.P.R. 710 (2005); R & G Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 D.P.R. 241 (2002).

La calificación se configura como el mecanismo que instrumenta el principio de legalidad, pues “el fin de la calificación registral es determinar si el título es o no inscribible”. L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Eds., 2002, pág. 281. Véase, además, R & G Premier Bank P.R. v. Registradora, supra. En Rigores, Inc. v. Registrador de la Propiedad, supra, págs. 719-720, indicamos que la califi-cación registral es la piedra angular del principio de la legalidad y exige del Registrador de la Propiedad un juicio de crítica jurídica sobre la validez y eficacia de los negocios jurídicos contenidos en los documentos presentados, a tra-vés de la cual se logra que sólo tengan acceso al Registro los títulos que cumplan con las exigencias legales. Véanse, además: R & G Premier Bank v. Registradora, supra, pág. 246; Narváez v. Registrador, 156 D.P.R. 1 (2002).

Por otro lado, el Art. 68(2) de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2271(2), señala como falta que impide la inscripción del título presentado aquella que produce la nulidad del título. Véase, además,. Art. 76.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2003-76.1. La Regla 51.8 de Procedimiento Civil, supra, por su parte, expresamente declara que “[s]erá nula toda venta judicial que se realice sin dar cumplimiento al aviso de venta en la forma indicada”. Véanse: Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 D.P.R. 284 (1993); Lincoln Savs. Bank v. Figueroa, 124 D.P.R. 388 (1989).

En C.R.U.V. v. Registrador, 117 D.P.R. 662, 667 (1986), sostuvimos que, al calificar para su inscripción una escritura de compraventa judicial para ejecución de sentencia, el Registrador de la Propiedad puede considerar si se han cumplido o no con los requisitos exigidos por la regla para la validez de la subasta. Indicamos, además, que la escritura de compraventa judicial se califica como se califican los documentos notariales y no los judiciales.

El ámbito de la facultad del Registrador de la Propiedad para calificar los documentos notariales se extiende a examinar: primero, que los documentos presentados cumplan con las formas extrínsecas dispuestas por la ley; segundo, que los otorgantes ostenten la capacidad jurídica para realizar el negocio jurídico pertinente; tercero, que los actos dispositivos contenidos en la escritura presentada sean válidos, y cuarto, que no existan obstáculos que surjan del Registro de la Propiedad que impidan la inscripción del documento. Gasolinas PR v. Registrador, 155 D.P.R. 652 (2001); Western Fed. Savs. Bank v. Registrador, 139 D.P.R. 328 (1995). En estos casos, Roca Sastre indica que le compete al Registrador “comprobar si el acto jurídico, en sí, o sea, el contenido de la escritura pública, es válido o nulo, tanto como tal como en sus condiciones”. R. Roca Sastre, y L. Roca-Sastre Muncunill, L., Derecho Hipotecario, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1997, T. IV, pág. 30.

B. En Puerto Rico, el procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria se rige por las disposiciones de las Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, así como por los artículos de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 que el legislador hizo expresamente aplicables al procedimiento ordinario. Véase 30 L.P.R.A. see. 2701. Para determinar cuáles son los requisitos que deben observarse al llevar a cabo la venta judicial, una vez recaída la sentencia en el procedimiento ordinario, hay que acudir a ambos cuerpos de ley. Arroyo v. Ortiz y Franco, 133 D.P.R. 62 (1993).

Como ya hemos indicado, la Regla 51.8, supra, exige que, en casos en los que el deudor demandado no haya comparecido al pleito, se le notifique de la venta judicial por correo certificado con acuse a su última dirección conocida. Esta última exigencia, como apuntamos, es secuela de la Ley Núm. 172 de 12 de agosto de 2000, que enmendara la regla.

La controversia ante nuestra consideración se circuns-cribe a determinar cómo se le acredita al Registrador de la Propiedad el cumplimiento de esta disposición. Como ya hemos señalado, en este caso se acompañó la escritura con copia de los sobres certificados, para documentar el cum-plimiento con. el requisito de notificación. No obstante, el Registrador exige que se incluya también una declaración jurada, en la cual se certifique el contenido del sobre que se acompañó con los documentos que se presentaron al Registro de la Propiedad.

III

No hay duda de que al calificar una escritura de compraventa judicial, el Registrador de la Propiedad debe cerciorarse de que se ha cumplido con lo dispuesto en la Ley Núm. 172, y que se la ha notificado al deudor hipotecario, por correo certificado con acuse, que se habrá de efectuar la venta del bien hipotecado. Para ello podrá solicitar los documentos que así lo acrediten. Adviértase que el Art. 64 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2267, faculta al Registrador a “requerir se produzcan los documentos complementarios necesarios para una adecuada calificación, bien sean estos notariales, judiciales o administrativos”. Es decir, el Registrador puede exigir otros documentos complementarios, siempre que lo estime necesario para lograr una calificación adecuada. L. Rodríguez Otero, Elementos de Derecho Hipotecario, 3ra ed., Ed. Dijusa, 2005, Primera Parte, pág. 127.

En el pasado hemos reconocido que en la etapa post sentencia del procedimiento ordinario de la ejecución de la hipoteca la injerencia del tribunal es menguada, quedando el proceso en manos, sustancialmente, del acreedor hipotecario y del alguacil del tribunal. Adviértase que en los procesos judiciales, cuando es necesario acreditar que se ha cumplido con alguna notificación, la práctica es que se incluya una copia del sobre enviado. Nunca hemos exi-gido que se incluya una declaración jurada en la cual se haga constar el contenido del sobre. Véase Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005). Por lo tanto, sería irrazona-ble e incompatible exigir la declaración jurada para califi-car un documento presentado en el Registro de la Propiedad. Siendo así y ante la ausencia de alguna alega-ción que justifique exigir un documento adicional, resolve-mos que la presentación de los sobres certificados con acuse, en este caso, es suficiente para acreditar que se cumplió con el requisito de notificación del aviso de venta judicial de la Regla 51.8 de Procedimiento Civil, supra.

Por los fundamentos antes expuestos, debe ordenarse al Registrador de la Propiedad de la Sección Primera de Are-cibo que proceda a inscribir la Escritura Núm. 43 de venta judicial, objeto de este recurso.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

       Del historial legislativo de la Ley Núm. 172 de 12 de mayo de 2000 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 51.8) se desprende que la exigencia de la notificación de la venta judicial al deudor que no compareció al pleito por el correo certificado con acuse, obedeció al interés del legislador de, en los procesos de venta judicial, ampliar las exigencias del debido proceso de ley en la etapa post sentencia. R & G Mortgage v. Sustache, 163 D.RR. 491 (2004). Véase, también, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 172 (2000 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1158-1161). Es decir, “vino a satis-facer los requisitos del debido procedimiento de ley”. Rivera Rivera, op. cit, pág. 581.