source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señob Snyder

license: Public Domain

text:
    Compañía Cervecera de Puerto Rico, Inc., demandante y apelada, v. Hon. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núms. 9095 y 9096.

    Sometidos: Abril 6, 1945.

      Resueltos: Mayo 4, 1945.

      Bon. Procurador General Interino Jesús A. González y G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, abogados del apelante; J. Alemañy Sosa, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos casos envuelven apelaciones del Tesorero contra sentencias dictadas a favor del contribuyente para que se le reembolsen ciertos arbitrios pagados bajo protesta sobre maquinaria empleada en la elaboración de cerveza y bebidas gaseosas. La cuestión aquí es si el inciso 27 de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas (núm. 85 de 1925, póg. 585) exigía el pago de un arbitrio del 10 por ciento sobre dicha maquinaria y sus accesorios. El contribuyente pagó el ar-bitrio del 2 por ciento sobre el uso de conformidad con la sección 16 a en cuanto a la mayoría de los artículos cuando éstos se introdujeron en Puerto Rico. En 1942 el Tesorero asumió, la posición de que el arbitrio del 10 por ciento com-prendido en el inciso 27 debía aplicarse a estos artículos y requirió de pago a la demandante, pagando ésta bajo pro-testa un arbitrio por la diferencia del 8 por ciento, penali-dades e intereses.

Estos artículos se introdujeron en la Isla entre los años 1938 y 1943. Por los motivos consignados en nuestra opinión en el caso de Puerto Rico Ilustrado Inc. v. Buscaglia, Tes., ante, pág. 914, convenimos con la corte de distrito en que la maquinaria de que aquí se trata no era tributable durante esos años bajo el inciso 27.

Creemos conveniente añadir aquí, sobre la cuestión de la práctica administrativa del Tesorero, de que las partes ra-dicaron una estipulación escrita en este caso al efecto de que cuando estos artículos fueron introducidos en Puerto Rico, el Tesorero había “impuesto” sobre los mismos el ar-bitrio del 2 por ciento por el uso, provisto en la sección 16 a, en vista del hecho de que “el criterio anterior del Departa-mento de Hacienda, había sido que la maquinaria importada con anterioridad al 12 de julio de 1941, pagaba solamente el 2 por ciento de acuerdo con la referida sección 16(a) . .

' ha sentencia de la corte de, distrito será confirmada.

       Algunos de estos artículos se introdujeron en la Isla después de haberse derogado la sección 16a.


author: El Juez Asociado Señor, Todd, Je.,

text:
    San Miguel, González y Valiente y Compañía, demandante y apelada, v. Miguel Guevara y M. Casildo Guevara, demandados y apelantes.
    Núm. 9039.

    Sometido: Enero 17, 1945.

      Resuelto: Mayo 9, 1945.

      García Méndez & García Méndez, abogados de los apelantes; E. Mar-tínez Rivera y Luis Blanco Lugo, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor, Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

M. Casildo Guevara y Miguel Guevara suscribieron en el año 1931 el pagaré que es objeto de la presente acción en cobro de dinero.

El 29 de septiembre de 1932 la Corte de Distrito de San Juan dictó una orden en el caso civil número 17,493 titulado Fano, Tesorero Interino de Puerto Rico v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, mediante la cual dicha ins-titución banearia quedó sometida a una Administración Judicial para su liquidación bajo la jurisdicción de la referida corte. Dentro de ese procedimiento y después de celebrarse la correspondiente subasta pública, el 7 de enero de 1943 la Corte dictó otra orden instruyendo al Banco Popular de Puerto Rico, nombrado Liquidador del Banco Territorial y Agrícola en 10 de mayo de 1937, para que traspasara a Agustín Valiente Granda, previo pago de la suma de $8,000, todos los créditos pertenecientes al Banco en liquidación que estaban pendientes de cobro y los cuales se calificaban de in-cobrables. Entre estos créditos, cuyo total ascendía a una suma alrededor de $400,000, hallábase el pagaré objeto de este litigio.

Así las cosas, el 10 de marzo de 1943 la sociedad civil San Miguel, González y Valiente y Compañía entabló de-manda contra M. Casildo Guevara y Miguel Guevara en co-bro de la obligación antes mencionada, alegando ser su te-nedora, y solicitando sentencia por la suma de $22,449.34, a saber: (a) $10,139.72, o sea, la suma a la cual había que-dado reducido el principal de la obligación a virtud de va-rios abonos, más (b) $12,309.62 por concepto de intereses al 12 por ciento anual devengados desde el 15 de enero de 1932, fecha en que había quedado vencido el pagaré.

Los demandados formularon excepción previa alegando que la demanda no aduce hechos suficientes constitutivos de causa de acción, pero la Corte de Distrito de Arecibo, a la cual se trasladó la causa, la declaró sin lugar- por el funda-mento de que si bien en el memorándum presentado por los demandados se alegaba que la acción había prescrito por tratarse de un pagaré a la orden, que tiene la presunción controvertible de ser una obligación mercantil, la excepción previa que se había presentado' era una de carácter general en la cual no se alegaba específicamente la defensa de pres-cripción, y que por consiguiente la demanda aducía hechos suficientes.

Contestaron entonces los demandados reproduciendo la excepción previa, aceptando el otorgamiento del pagaré, y alegando como materia nueva de defensa que la acción en cobro del pagaré había prescrito por tratarse de una obliga-ción mercantil.

Practicada la prueba y oídas las partes, la Corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda, condenando a los demandados a pagar la suma de $22,449.34, e imponién-doles además las costas, intereses legales y $300 para hono-rarios de abogado. Los demandados apelaron.

Sostienen los apelantes en primer término que tratándose de un pagaré librado a la orden, dicho documento tiene la presunción juris tantum de ser mercantil y que por consiguiente, a menos que se demuestre lo contrario, prescribe a los tres años de acuerdo con el Código de Comercio; que al no alegarse en la demanda que el pagaré no- era mercantil, ella podía ser excepcionada; y que la Corte erró al declarar sin lugar la excepción previa por falta de hechos.

|Es necesario alegar la prescripción específicamente en la excepción previa? El caso de autos no se rige por las nue-vas Reglas de Enjuiciamiento Civil, ya que la excepción'pre-via fue resuelta por la corte con anterioridad a la fecha de empezar a regir la misma, y siendo esto así, la regla adop-tada por este Tribunal es en el sentido de que una excepción previa general en la cual no se especifica la prescripción como el defecto en que la misma se basa no es suficiente para que se declare sin lugar la demanda. Guzmán v. Vidal, 8 D.P.R. 345, 351; Catoni v. Martorett Vda. de. Prado, 38 D.P.R. 328, 331. En idéntica forma se ha manifestado la ma-yoría de las jurisdicciones norteamericanas y en particular California: Joergenson v. Joergenson, 68 Pac. 913; Miller v. Parker, 18 P. (2d) 89; Graham v. Los Angeles First Nat. Trust & Savings Bank, 43 F. (2d) 543, 546; Gillie et al. v. Pan-American Western Petroleum Co., 44 P. (2d) 311.

La situación que presenta el caso de autos cae claramente bajo la regla que hemos enunciado, y, por tanto, no erró la Corte de Distrito al declarar sin lugar la excepción previa.

En el segundo error se quejan los apelantes de la admisión en evidencia de dos cartas que en 16 de febrero de 1943 dirigiera la sociedad demandante a.los demandados en las cuales se hacían gestiones de cobro. Esta prueba fué admitida eondicionalmente por la corte inferior, manifestando el juez que si “la prescripción se confirma, no valdría nada; si no se .confirma, tendrá el valor que pueda alcanzar en derecho. ’ ’

La objeción de los demandados consistió en qne, de acuerdo con el artículo 941 del Código de Comercio (Ed. 1932): “La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial Lecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se- funde el derecho del acreedor,” y que siendo las cartas requerimientos extrajudieiales, no debieron ser admitidas en evidencia como gestiones de cobro demos-trativas de la interrupción de la prescripción. No tienen razón los apelantes.

Ante la corte estaba la cuestión, fundamental en este caso, de si el pagaré era uno de carácter mercantil o no. Esa cuestión sólo podía ser determinada de acuerdo con la prueba. De ser el préstamo objeto del pagaré uno de naturaleza civil, la acción para su cobro se regiría por el Código Civil, y sería de aplicación entonces su artículo 1873 que dispone que: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda, por el deudor.” (Bastardillas nuestras.)

No se cometió el imputado error ya que el valor proba-torio de las cartas dependía de si de la prueba aparecía que el préstamo era civil o mercantil.

Por el tercer señalamiento sostienen los apelantes que la Corte de Distrito erró al resolver que no se trata de un pagaré mercantil y que, por tanto, la acción no había prescrito.

Repetidamente hemos resuelto que un pagaré a la orden tiene la presunción controvertible de ser mercantil. ¿Fué controvertida esa presunción en el caso de autos? Veamos, en síntesis, la prueba aportada.

El único testigo de la demandante fue Miguel Antonio Guevara, que declaró ser hijo de Miguel Guevara y sobrino de M. Casildo Guevara, respectivamente, o sean los deman-dados en este caso; que él intervino cuando se otorgó el pagaré; que el mismo representa “la consolidación de unas cuantas obligaciones más que se originaron en el transcurso de las operaciones” de su padre con el Banco “a través de sus años de negocios” pues el Banco le daba crédito a su padre “para sus negocios mercantiles”, ya que él se dedicaba a negocios de compraventa de tabaco en rama, tabaco hilado y frutos del país; que su padre tenía un crédito y se des-contaban obligaciones para hacer fondos con que afrontar las operaciones del negocio; que el Banco le proporcionaba dinero y le descontaba documentos, giros, para dichas ope-raciones ; que el Banco no le daba refacción a su padre pues no era un negocio agrícola y sí uno puramente mercantil; que cada vez que había una operación de crédito en la cuenta corriente de su padre se suscribía una obligación; que ha-bían muchos créditos y el Banco exigió que se hiciera una sola obligación para recoger los otros y en esa forma éstos fue-ron eliminados; que tanto su padre como el otro firmante de la obligación eran comerciantes; que la forma en que el Banco le dió crédito a su padre fué que “éste suscribía obli-gaciones o giros, distintos documentos mercantiles, que se

traían al Banco” y se abonaban en la cuenta de sn padre y entonces él giraba contra esos fondos; que se giraba contra muchos compradores y se ofrecían al Banco y se abona-ban en cuenta y cuando no eran pagados le avisaban y en-tonces se cubrían con las obligaciones que se suscribían; que en esa forma su padre hizo negocios durante muchos años; que las obligaciones que se consolidaron en una todas pro-cedían de esa clase de negocios; que en el año 1928 con mo-tivo del temporal de San Felipe su padre tuvo una pérdida grande y en el 1930 una pérdida total con motivo de un in-cendio en los almacenes principales; que el Banco continuó dándole crédito; que el pagaré objeto de esta acción es la “consolidación de varias otras obligaciones que estaban con distintas firmas en la cartera del Banco” y se siguió el mismo curso de los negocios; que los giros eran contra las personas a quienes le vendían mercancía, se abonaban en cuenta y cuando no se pagaban se suscribía un pagaré; que se llegó hasta pignorar al Banco doscientos rollos de tabaco hilado como garantía del préstamo los cuales se vendieron y su producto se acreditó al pagaré; que ese tabaco proce-día de compras que hiciera su padre en su negocio, que su padre se dedicaba a la agricultura también pero las cuentas de ese negocio las tenía en otros bancos y llevaba libros diferentes y separados de los de sus negocios comerciales.

La prueba de los demandados consistió en la declaración de los testigos José Otero Chaves, Enrique Alearaz y Miguel Antonio Guevara. K1 primero declaró ser comerciante y que hizo negocios de tabaco con Miguel Guevara que te-nía nna tienda de provisiones en el barrio Bejuco de Isa-bela pues éste se dedicaba también al negocio de tabaco y frutos menores'; que el testigo tuvo la razón social Otero Hermanos y Guevara les compraba materiales de construc-ción y le pagaba con cheques o mediante giros que descon-taba en el Banco Territorial y Agrícola; que él sabe que Guevara tenía sus ñogoeios comerciales con dicho Banco; que el demandado Casildo Guevara también era comerciante y tenía otra tienda de provisiones en el mismo barrio.

Ell ÍSr. Alcaraz, ex Gerente del Banco Territorial y Agrí-cola de Arceibo corroboró la declaración de Miguel Antonio Guevara en el sentido de que todas las operaciones de Miguel Guevara con el Banco procedían de su comercio; que el Sr. Guevara “hacía giros a cargo de otros comerciantes y los depositaba en el Banco y cuando algunos de los giros eran devueltos por algún motivo se le cargaban. en su misma cuenta,’’ y entonces cuando la cuenta quedaba en descubierto, o se expedía algún cheque sin fondos, se suscribían pagarés.

•Somos de opinión que esta prueba en lugar de destruir la presunción de mercantil que tenía la obligación la rati-ficó. La prueba, en conjunto y sin contradicción, demostró que el Banco exigió que Miguel Guevara suscribiera un pa-garé que había de sustituir una serie de obligaciones de ca-rácter mercantil, otorgadas por él a través, de negocios como comerciante con otras personas y entidades. La proceden-cia mercantil de estas operaciones no ha sido controvertida. Por el contrario la propia prueba de la demandante la es-tableció.

En el caso de M. Gomez & Co. v. Guerra, 42 D.P.R. 877, se substituyó un pagaré que no estaba expedido a la orden por ser únicamente una garantía de pago, por un pagaré a la orden de la demandante, y se resolvió que si bien el úl-timo documento tenía la presunción de ser mercantil por estar expedido a la orden, “los hechos que aparecen de la prueba destruyen esa presunción porque fué una substitución del documento precedente, el que no siendo mercantil, como hemos dicho, no convirtió en comercial el último documento.” (Pág. 879.) A la inversa, en el de autos, demostrando la prueba que las obligaciones precedentes eran de carácter x mercantil, al ser sustituidas y consolidadas en el pagaré ob-jeto de reclamación, tuvo el efecto de conservar para éste el • carácter comercial que aquéllas tenían. Además, todos los prestamos hechos por el Banco a Guevara eran dedicados por éste a sus actividades mercantiles y aunque esta circuns-tancia por sí sola no sería suficiente para ratificar la pre-sunción, sí es un elemento que unido a la procedencia de las operaciones anteriores justifica la conclusión a que hemos llegado.

Arguye la apelada que según la sentencia del Tribunal Supremo de España de 8 de abril, de 1926, 170 J. C. 586, el extremo de que un pagaré proceda de operaciones mercantiles “no puede presumirse por el mero hecho de es-tar extendido ... a la orden . . . sino que, por el contrario, ese extremo forzosamente ha de resultar probado para dar al pagaré dicha condición de mercantil.” Si el efecto de esta sentencia es revocar la doctrina establecida en la de 25 de enero de 1898, supra, escolio 2, adoptada y ratificada por este tribunal durante cerca de cuarenta años, no estamos obligados a seguirla. La presunción de que el pagaré expedido a la orden procede de operaciones de comercio “salvo prueba en contrario” significa que dicha presunción opera a favor de los demandados y que la prueba en contrario “corresponde a la demandante presentarla para destruir tal presunción.” Que así se continúa interpretando la jurisprudencia de España, no obstante la sentencia citada, lo demuestra E. Gay de Montellá en su Código de Comercio Español Anotado, edición de 1936, cuando dice:

“Lo que no dijo el legislador al regular la materia relativa a las libranzas, vales y pagarés a la orden, respecto a su eomercialidad, lo lia dicho reiteradamente el Tribunal Supremo en su jurisprudencia. Hay libranzas, vales o pagarés mercantiles y civiles. Para los pri-meros no es necesario que el librador y el obligado sean comerciantes, como algún autor, al comentar estos artículos, ha venido a suponer. El carácter comercial de estos documentos deriva exclusivamente de la objetividad de las operaciones que les han dado origen. Si estas operaciones resultan de actividades mercantiles, o son aytídas finan-, cieras para compra de materias primeras, de maquinaria, o peerá hacer frente a situaciones bursátiles o para proporcionarse numerario para implantar una empresa, entonces la comeroiabiUdad de la operación se sobrepone al carácter siibjetivo cle los contratantes y por ello el docu-mento cae bajo el imperio del Código de Comercio, por medio del cual el documento libranza, vale o pagaré a la orden, puede ser endosado y avalado, y puede ser protestado y sometido a los mismos preceptos de cjeeutividad que la letra de cambio. Este es el sentido fundamental de la regulación del pagaré a la orden por el Código de Comercio, re-gulación que la confirman las sentencias de 12 de diciembre 1889, 18 abril 1896, 25 noviembre 1898 y 11 mayo 1927. . . .
“El juez será quien, en presencia de las pruebas que se suminis-tren, calificará el documento de civil o de mercantil, inclinándose, de acuerdo con el texto de la sentencia de 28 enero 1898, por la califica-ción de mercantil, cuando por falta de pruebas en contrario se traíase de pagarés extendidos a la orden y de sus endosos.” (Tomo III-2do., pág. 667-8.) (Bastardillas nuestras.)

Habiendo transcurrido más de once años desde la fecha del vencimiento del pagaré hasta la iniciación de la acción para sn cobro y habiendo llegado a la conclusión de que el mismo es de naturaleza mercantil, es obvio que la acción había prescrito de acuerdo con el artículo 946 del Código de Comercio. Erró la corte inferior al no resolverlo así y en su consecuencia procede la revocación de la sentencia dictada y -en su- lugar dictarse otra declarando sin lugar la demanda.

      En lo pertinente dice así:
      "Por $12,000. Valor a 15 de enero de 19S2.
      "Pagaremos solidariamente al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, en el local de su. establecimiento o a su orden, el quince de enero de mil nove-cientos treintidós la suma de DOCE MIL 00/100 DOLLARS, valor recibido en préstamo y nos obligamos también solidariamente a pagar intereses de doee por ciento anual en caso de mora y las costas y gastos que ocasione el cobro de esta deuda y los honorarios del abogado que el Baneo utilice en caso de reclamación judicial. ’ ’

       Igual concepto expresa Bancroft, 1 Code Pleading, sección 330:
      “Como regla general, la alegación de que una acción ha prescrito puede hacerse tanto en una excepción previa como en una contestación. — en la excep-ción previa si de la faz de la demanda aparece que la acción ha prescrito, y no se alegan hechos que coloquen la acción fuera del alcanee del estatuto; en la contestación si la acción en verdad ha prescrito, pero este hecho no aparece de la faz de la demanda. . . . En ningún caso puede dependerse del estatuto mediante negativa general; deberá alegarse específicamente, especialmente cuan-do se solicita el beneficio de un estatuto que solamente se aplica a una clase particular de casos.” (Bastardillas nuestras.)

      Desde el año 1906, en el caso de Hernández v. Muñíz, 10 D.P.R. 17, 20, este Tribunal adoptó la doctrina expuesta en la Sentencia del Tribunal Supremo de España, de 25 de enero de 1898, Silvestre Ayoldi v. Banco de España, 83 Jurisprudencia Civil 160, estableciendo que:

        . . la expedición de pagarés a la orden y sus endosos deben reputarse actos mercantiles, con arreglo al art. 2o. del Código de Comercio, por ser de los expresamente definidos en este cuerpo legal, y por lo tanto, hay -la presunción do que proceden de operaciones de comercio, salvo prueba en contrario.”

        Se ratificó la doctrina en Salgado v. Villamil et al., 14 D.P.R. 449, 457 (1908) y Rosaly v. Alvarado, 17 D.P.R. 109, 111 (1911); y aunque en J. Ochoa y Hermano v. Herederos de Lanza, 17 D.P.R. 420 se afirmó que los pagarés a la orden son documentos mercantiles, tal decisión se aclaró en Vázquez v. Laíno, 23 D.P.R. 235 (1915) donde se reiteró la existencia de la presunción juris tantum en cnanto al carácter mercantil de tales documentos. Posteriormente la doctrina lia sido ratificada hasta el día de hoy en las decisiones de Román v. Martínez, 25 D.P.R. 654; Fernández v. Ruiz Soler et al., 27 D.P.R. 80, 83; Barros v. Padial, 35 D.P.R. 258; Catoni v. Martorell Vda. de Prado, supra; Totti v. Fernández, 40 D.P.R. 636; Pierluisi v. Monitor, 42 D.P.R. 7; Sucn. Franceschi v. González, 42 D.P.R 939, 947; Blondet v. Garáu, 47 D.P.R. 863; Barceló & Co., S. en C., v. Olmo, 48 D.P.R. 247, 249; Banco de P. R., Liquidador, etc. v. Rodríguez, 53 D.P.R. 174, y Cayere v. Buxó, 62 D.P.R. 910.

      E1 Exhibit D de la prueba documental de la demandante es una carta del demandado Miguel Guevara dirigida al Banco en enero 25 de 1933 en la cual en relación con este tabaco le decía, en parte, lo siguiente:
      “Quiero referirme a los 200 rollos de tabaco hilado para mascar que tengo pignorados a ustedes para manifestarles que a mi mejor manera de apreciar este negocio, estimo que ya es tiempo' de ir realizando los mismos. Me parece conveniente que ustedes se dispongan por su venta, bien por su propia inter-vención o por mi conducto, pues el mercado no parece que mejore nada más de ahora en adelante, mientras que el tabaco ya principia a bajarse’ de clase, en virtud de su tiempo de estar hechos.’’

      Se estipuló que de declarar el testigo Diego G. González lo liaría en. la misma forma que Otero.

      Como dijimos en. García Fernández, Ex parte, 44 D.P.R. 297, aplicando la regla de stare decisis: "Una vez que una cuestión lia sido deliberadamente resuelta luego de argumentos solemnes, no debe ser variada, a menos que sea tan manifiestamente errónea que no pueda sostenerse sin violentar la razón y la justicia. ’ ’


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Rosenda, Eva Matilde Siria, María de la Paz Valentina, Carlos Jorge Eduardo y Angel Alberto Carlos Burckhart Sanz, demandantes y apelantes, v. José Zeda Martínez, representado por su tutor, don Segundo Zeda Martínez, demandado y apelado.
    Núm. 9019.

    Sometido: Diciembre 12, 1944.

      Resuelto: Mayo 9, 1945.

      Pedro E. Anglade., abogado délos apelantes; Luis Mercader y J. Cór-doba Rivera, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes heredaron de sn madre una finca urbana. Siendo menores todavía y estando bajo la patria potestad de su padre, éste solicitó de la corte de distrito autoridad para hacer un préstamo de $5,000 a nombre de los menores, otorgando en garantía del mismo, una hipoteca sobre la re-ferida finca. La solicitud manifestaba que la finca estaba sujeta a dos hipotecas de $1,000 y $917.20, que so habían otorgado con la correspondiente autorización judicial; que se habían radicado ya las demandas para ejecutar estas hi-potecas; que este préstamo era necesario para pagar estas deudas hipotecarias o de lo contrario la finca aquí envuelta, valorada en $15,000, sería vendida en pública subasta; que el préstamo también era necesario para hacer reparaciones a la propiedad, pagar contribuciones vencidas y hacer frente a otras necesidades urgentes de los menores.

El hijo que había llegado a la mayoridad dió su confor-midad a la transacción. La corte de distrito celebró una vista en cuanto a la necesidad y conveniencia de dicho prés-tamo. El fiscal manifestó que no tenía oposición al prés-tamo. Por resolución de julio 31 de 1931 la corte de dis-trito concedió el permiso para hacer el préstamo y la hi-poteca.

Este caso tiene el aspecto especial de que el dinero se tomó a préstamo del tutor de un veterano demente, cuyos asuntos también eran administrados por la misma corte de distrito. El tutor, quien era el padre del veterano, solicitó permiso para hacer el préstamo aquí envuelto. Manifesta-ba que la ley Federal lo obligaba a invertir provechosa-mente el dinero de su hijo; que el interés pagado por los bancos sobre los depósitos era bajo; y que creía que este préstamo era una buena inversión. Mencionaba en su mo-ción las cargas existentes, los pleitos de ejecución pendien-tes y la parte dispositiva de la resolución de la corte, del 31 de julio de 1931, autorizando al padre de los apelantes a hacer el préstamo. Expresamente decía en su moción que el préstamo se iba a hacer al 1 por ciento mensual, “con todas las condiciones propias e inherentes a esta clase de negocios”. La resolución de la corte declarando con lugar la moción repetía estos términos y condiciones.

Por escritura pública otorgada el 30 de octubre de 1931 se consumó la transacción de préstamo e hipoteca entre el padre de los menores y el tutor del veterano. Las partes dispositivas de las antedichas resoluciones de la corte se incorporaron y se hicieron parte de este documento. Tam-bién disponía que “El rédito anual será el doce por ciento pagadero por mensualidades vencidas; pero si al vencer tres meses consecutivos no se satisficiere el interés correspon-diente a los mismos, por este sólo hecho se entenderá ven-cida toda la obligación, quedando facultado el acreedor a reclamar todo-el capital e intereses devengados”.

En vista del hecho de que los deudores hipotecarios de-jaron de pagar las mensualidades de intereses durante los últimos nueve meses, el 3 de febrero de 1933, el.acreedor hipotecario — el veterano demente, representado por su tutor —radicó un procedimiento ejecutivo sumario en el que re-clamaba el principal de $5,000, intereses en la suma de $450 y $500 para costas, gastos y honorarios de abogado según lo dispuesto en la hipoteca. La finca se adjudicó al acree-dor hipotecario en subasta pública celebrada el 31 de agosto de 1933, por la suma de $6,200, que era lo que se le adeu-daba al acreedor.

Al llegar a su mayoridad los apelantes, entablaron el presente pleito, solicitando la nulidad del procedimiento eje-cutivo sumario y otros remedios. Después de un juicio en los méritos, la corte de distrito dictó sentencia desestimando la demanda. Esta es una apelación contra dicha sentencia.

La única contención de los apelantes que exige consideración aquí, es que el padre de los menores se excedió en la autorización concedídale por la resolución de la corte del 31 de julio de 1931, que permitía el otorgamiento de la escritura de hipoteca, a tal extremo que es nuestra obligación anular la ejecución sumaria de la misma. Las cláusulas de la escritura de hipoteca atacadas específicamente son aquéllas que disponen (1) intereses al 12 por ciento, más una cláusula de vencimiento anticipado por falta de pago; (2) la tasación de la finca por las partes contratantes en la suma de $10,000 de conformidad con el artículo 127 de la Ley Hipotecaria, según fue enmendado por la Ley número 69, Leyes de Puerto Rico, 1931 (pág. 433); (3) el pago de $500 para costas, gastos y honorarios de ahogado en caso de procedimientos judiciales en ejecución.

En el caso de United States v. 524.72 Acres of Land, 33 F. Supp. 474 (Dist. Ct. La., 1940) los Estados Unidos ex-propiaron cierta parcela de terreno incluyendo como un de-mandado al dueño que aparecía del registro. La Sucesión de un tal Jones intervino, alegando que ellos eran los due-ños. Entre otras cosas alegaron, como aquí, que una madre con patria potestad se había excedido en su autoridad al otorgar una hipoteca en garantía de un préstamo hecho para beneficio de sus hijos menores. Al resolver esta conten-ción, la corte de distrito empleó el siguiente lenguaje (págs. 465-6):

“La objeción principal es que las disposiciones del consejo de familia, citadas bajo el apartado (a) y que forman parte de la auto-rización judicial, no permiten que una hipoteca para garantizar el pago de un pagaré, contenga el pacto de non alienando; que contenga la confesión de sentencia; que otorgue el derecho de procedimiento ejecutorio; que prescriba una renuncia de hogar seguro; y que dis-ponga la venta sin el beneficio de tasación.
“Nuestra conclusión es que el lenguaje empleado autoriza el prés-tamo; implicándose las condiciones necesarias para garantizarlo.
( i
“El lenguaje es ‘y el interés de los menores en la finca a ser hipotecada para garantizar el préstamo, junto a todos los intereses de su madre, hermano y hermanas, quienes son los herederos mayores’. Esto significaba que por convenio de las partes se llegaba a una hi-poteca con sus condiciones incidentales. La madre, como tutora natural de sus menores y de ella misma, individualmente, y los hijos mayores por sí mismos, están a un lado, y del otro lado está el banco me presta el dinero. Estaba autorizada para torear dinero a présta-mo otorgando como garantía una hipoteca sobre los bienes. La hi-poteca se hizo para que conllevara una confesión de sentencia, e in-cluyera la renuncia de hogar seguro, así como la renuncia del beneficio de tasación, porque de lo contrario el banco no concedía el préstamo. La tut.ora natural estaba autorizada para conceder o retener estas condiciones en el amplio ejercicio de. su discreción. No se le obligó a aceptarlas. La ley presupone que actuó de la mejor forma en be-neficio del menor.
“Todas las condiciones arriba expuestas son las disposiciones usuales y acostumbradas que se incluyen en los préstamos hechos en Louisiana garantizados por hipoteca sobre inmuebles rústicos. Si bien aparentemente drásticas, aseguran el rápido cobro y, obviamente, facilitan conseguir el préstam'o, -y un interés mucho más ven-tajoso”.

Nos damos cuenta de los peligros envueltos en cualquier relajación indebida de las limitaciones tradicionalmente im-puestas por el derecho civil a los tutores y padres con pa-tria potestad. Cf. Tutorship-Order for Hypothecation of Minors’ Immovables — “Usual Security Clauses”, 8 Tulane L. Rev. 438-40, criticando adversamente Gumpert v. Signal, 152 So. 403. Sin embargo, cada caso de esta naturaleza debe resolverse por sus propios méritos. Y de los hechos del pre-sente, basta que digamos que es innecesario decidir aquí si iríamos tan lejos como lo hizo la corte en United States v. 524.72 Acres of Land.

Nuestro enfoque del problema aquí envuelto quizá pueda exponerse, citando el caso de Scottish-Americans Mortgage Co. Ltd. v. Ogden et al., 21 So. 116 (La., 1896), donde la corte dijo a la pág. 118': “Los tutores, cuando contratan de con-formidad con las deliberaciones de.un consejo de familia, deben limitarse a las claras y bien definidas instrucciones que reciben. El contrato recibe su fuerza obligatoria del consejo de familia. Cualquier desviación de la recomenda-ción que inflija el más leve daño a los menores, o que renun-cie cualquier derecho que puedan tener, equivale a como si nunca se hubiera otorgado, ...” (Bastardillas nuestras).

Usamos un lenguaje similar en Costa v. Piaza, 51 D.P.R. 689, donde dijimos a la pág. 698: “Es evidente que el pro-pósito fundamental de la autorización judicial — la adquisi-ción para los otros cinco condueños del condominio de. José —fué cumplido. De los hechos probados no se desprende que haya habido intención alguna por parte del acreedor hipotecario de defraudar a los menores. Los intereses y de-rechos de los menores no han sido lesionados en manera al-, guna por la negociación del préstamo en la forma en que éste fué realizado. . . . Habiéndose realizado el fin legal de la negociación, la variante que hubo en los medios utiliza-dos para su realización es, a nuestro juicio, en ausencia de fraude o confabulación imputable al acreedor, insuficiente para basar en ella la declaración de nulidad de la primera hipoteca. . . . ”.

Por tanto se podría argumentar aquí que la escritura de hipoteca contenía sólo condiciones que son corrientes y acos-tumbradas en la clase de transacción envuelta; que ningún daño discernible se causó con ello a los menores; y que el propósito fundamental de la autorización se llevó a efecto sin que mediara imputación alguna de fraude o dolo. No es necesario que decidamos si dicho argumento prevalecería en todos los casos. Aquí sólo decidimos que varios factores adicionales son decisivos contra la reclamación de nulidad. El primero es que las anteriores hipotecas, que estaban a punto de ser ejecutadas y se pagaron con el préstamo aquí hecho, contenían disposiciones para costas, gastos y honora-rios de ahogado; y por lo menos nna de ellas devengaba intereses al 12 por ciento.

El segundo factor adicional qne tiene gran peso aquí es qne el acreedor era nn veterano demente, qne tenía derecho a la misma protección judicial qne los apelantes; y sn tutor obtuvo contemporáneamente la aprobación de la misma corte de distrito para hacer el préstamo aquí envuelto con nna disposición expresa en la resolución en cnanto al interés del 12 por ciento.

Creemos conveniente aclarar nna vez más qne este caso envuelve una situación especial, y qne en manera alguna es-tamos liberalizando los estrictos requisitos del artículo 614 del Código de Enjuiciamiento Civil, incluyendo los requisi-tos de sus incisos 6-9, al efecto de que la petición del tutor debe contener la naturaleza y las condiciones específicas de los contratos o transacciones a efectuarse a nombre del me-nor o incapaz.

La.sentencia de la corte de distrito será confirmada.

       Con la excepción de Roseada Burekhart Sanz que para osa época ya era mayor de edad.

       Además, las hipotecas anteriores pendientes se cancelaron debidamente en esta misma escritura.

      Los apelantes también incluyen a Bosenda Burekhart Sauz quien, como hemos visto, era mayor de edad cuando ocurrieron todos estos hechos.

      No consideramos ciertos argumentos rechazados' por la corte inferior y no renovados aquí. Tampoco consideramos contenciones hechas en apelación por primera vez.

      Deseartamos ciertos casos estatales de Louisiana como inaplicables, Gumpert v. Signal, reportado en 151 So. 136 (1933), 156 So. 403 (1934), 156 So. 174 (1934) porque allí estaba envuelta la frase “todas las cláusulas usuales en cuanto a garantía” que específicamente aparecen en las autorizaciones judicia-les allí envueltas y que no aparecen en la resolución de la corte en este caso, de fecha 31 de julio de 1931.
      De igual manera es inaplicable aquí la Resolución del 87 de enero de 1900 de la Dirección General de los Registros de España, porque allí el tutor otorgó un contrato enteramente diferente que el autorizado: se le autorizó a vender los bienes del menor; _ sin embargo otorgó un contrato de venta con pacto de retro.

      Este tipo de interés era permisible cuando se otorgó la escritura aquí envuelta. Véase Ley núm. 5, Leyes de Puerto Rico, 1933, Sesión Extraordinaria, pág. 27.

      Los apelantes, citando Lókpez v. Fernández, 61 D.P.R. 522, alegan ante nos, como motivo de nulidad en este caso, que el fiscal de distrito no compareció personalmente a la vista sobre la autorización judicial. Pero, si bien censura-mos dicha práctica, no resolvimos en el caso de Lóhpez que este defecto por sí solo daba lugar a la nulidad de la resolución.


author: El Juez Asociado Señor Swyder

text:
    Estados Unidos de América, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1162.

    Sometido: Abril 3, 1945.
    Resuelto: Mayo 9, 1945.

      Philip F. Herrick, Fiscal Federal, y A. Castro Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del recurrente; el registrador recurrido compa-reció por escrito; R. B, Pérez Mercado, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Swyder

emitió la opinión del tribunal.

Los Estados Unidos vendieron una finca a un individuo particular. El párrafo 4 de la escritura de compraventa, dice como sigue:

“Cuarto: Contrato como parte del Proyecto de Rehabilitación Rural de el Gobierno. — Los otorgantes por la presente convienen en que esta transacción es una entre una serie de transacciones similares, a virtud de las cuales, el GobierNO se propone transferir tierras ra-dicadas en los municipios de Arroyo, Patillas y Maunabo, Puerto Rico, bajo aquellos términos, convenios y restricciones que, de acuerdo con la Ley Número ciento sesenta y tres, aprobada por la Legislatura de Puerto Rico en ocho de mayo de mil novecientos cuarenta, pueden ser impuestos por el GOBIERNO, por considerarse convenientes y nece-sarios para el mejor uso y disfrute de las tierras así transferidas, y para la promoción del proyecto de Rehabilitación Rural y ayuda ini-ciado y llevado a cabo por el Gobierno/'

La sección l,de la Ley número 163 de 1940 (pág. 957), dice como sigue:

“Sección 1. — (a) Siempre, que en relación con cualquier proyecto autorizado de la Puerto Rico Reconstruction Administration, cualquier propiedad inmueble o interés en.la misma, sea transferido por los Estados Unidos de América, ya mediante venta absoluta o mediante arrendamiento y compromiso de venta, los cesionarios, adquirentes y sus causahabientes, quedarán obligados por cualquier estipulación con-tenida en el documento de transferencia o arrendamiento y compromiso de venta, imponiendo condiciones y restricciones a las sucesivas ena-jenaciones, transferencias o gravámenes de dichos bienes, o definiendo los requisitos de las personas con derecho a adquirir dichos bienes, cualquiera que sea el título de adquisición.
“(&) Las propiedades referidas en el subpárrafo (a) precedente, quedarán permanentemente gravadas con aquellas restricciones im-puestas por los Estados Unidos de América en los documentos de transferencia o arrendamiento y compromiso de venta, que fueren consideradas por los Estados Unidos de América como propias y ne-cesarias para el mejor uso y disfrute de los bienes transferidos y la promoción de los proyectos dentro de los cuales dichos bienes estén incluidos o en relación con los cuales dichos bienes sean transferidos. Tales restricciones podrán incluir, sin que. por ello se entiendan limi-tadas en su generalidad, el propósito y manera de usar las propiedades transferidas; el tamaño y situación de los edificios o mejoras que puedan ser construidos en las mismas; el tipo de construcción y ma-teriales que puedan utilizarse; y restricciones sobre la ocupación de casas residenciales por personas cuyos ingresos clasificados se estimen por los Estados Unidos de. América como consistentes y propios para la promoción del proyecto.”

A la luz del párrafo 4 y de la Ley núm. 163, la referida escritura contenía los siguientes párrafos:

“Noveno: Limitación a la libre disposición de los bienes. — El Comprador no transferirá, enajenará, hipotecará, arrendará o en cual-quier otra forma dispondrá de, o gravará los bienes, o cualquier interés en los mismos, sin el previo consentimiento escrito de el Gobierno.”
“Vigésimo Piíim.ebo: Condiciones resolutorias. — El incumpli-miento de sus obligaciones o la violación de cualquiera de las estipu-laciones de este contrato por el Comprador, dará derecho a el Gobierno a la resolución de esta venta, mediante el pago del verdadero y razo-nable valor de los bienes al tiempo de tal incumplimiento o violación y del razonable valor de las plantaciones existentes en los bienes al tiem-po de su entrega a el Gobierno, o a la persona que, con la aprobación de el Gobierno, adquiera los bienes, según se provee más adelante, menos el valor de cualesquiera gravámenes hipotecarios o refacciona-rios, o de cualquier otra naturaleza, vigentes sobre los bienes o sobre las plantaciones, y el de sus intereses vencidos al tiempo de la resolu-ción; conviniéndose, sin embargo, que en ningún caso el Gobierno rendrá obligado a pagar por los bienes un precio mayor que el precio de venta convenido en esta escritura. Al ocurrir cualquiera de las condiciones resolutorias antes pactadas, el Gobierno podrá incautarse de los bienes y sus plantaciones y proceder a la valoración de los mismos, con asistencia de el Comprador, si éste deseare intervenir, a los efectos del pago de su precio, según queda convenido. En el caso de que a el Gobierno le sea imposible hacer el pago con motivo de no haberse apropiado, o en otra forma asignado o puesto a su disposición los fondos para tal propósito, o en el caso de que el Gobierno, por cualquier otra razón, no desee hacer tal pago, el mismo podrá ser heeho, previa aprobación escrita de el Gobierno, por cualquiera persona que desee adquirir los bienes y sus plantaciones. Efectuado el pago de los bienes y sus plantaciones en la forma estipulada, el Com-prador otorgará con el Gobierno una escritura de resolución de esta venta, o una esciútura de venta a favor de la persona que adquiera los bienes, según sea el caso.”

Al presentarse la escritura para su inscripción, el Regis-trador le hizo la siguiente anotación:

“INSCRITO el presente documento al folio 18 del tomo 48 de Patillas, linea número 3329, inscripción la., Denegándose el pacto consignado en el apartado Noveno por ser contrario a las leyes y en especial a la letra y al espíritu de los artículos 276 y 280 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de. 1930, ya que priva al comprador de la libre disposición de lo que adquiere como dueño, derecho que es base y fundamento del derecho de propiedad cuya inscripción se pide; y el pacto consignado en el apartado Yigésimoprimero en cuanto autoriza al Gobierno a incautarse de los bienes a los fines y efectos que se detallan en dicho apartado por ser contrario al artículo 1780 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930 que declara nulo el pacto autorizando al hipotecario para adjudicarse la finca del hipote-cante por virtud del incumplimiento del contrato garantizado con la hipoteca.”

El caso se encuentra ante nos al recurrir los Es-tados Unidos contra la nota del Registrador. El Registra-dor ha radicado un largo y elaborado alegato además de un alegato de réplica en los que examina las leyes española e insular en cuanto a la libertad para enajenar bienes raíces. No venios la relevancia de la ley general sobre este punto. Aquí tenemos una ley especial expresamente confiriendo po-der a los Estados Unidos, en relación con cualquier proyecto de la P.B.B.A., a imponer condiciones y restricciones sobre “enajenaciones sucesivas” hechas por compradores de los Estados Unidos. Esta limitación sobre la enajenación fue creada deliberadamente por la Legislatura para hacer posi-ble que los Estados Unidos controlaran tales traspasos pos- , teriores. Las disposiciones generales de nuestro Código, por tanto, no son de aplicación en este caso.

El párrafo 9 no es una prohibición absoluta contra la enajenación. Sólo dispone que el comprador debe obtener el consentimiento de los Estados Unidos para traspasar la pro-piedad. Si bien tal restricción o condición contra la enaje-nación hubiera infringido con anterioridad a 1940, los ar-tículos 276 y 280 del Código Civil, las amplias disposiciones de lá Ley número 163 sancionan tal cláusula en los proyec-tos de la P.B.B.A.

Los Estados Unidos emprendieron en el 1935 un vasto programa para devolver a miles de ciudadanos de nuestra población rural, huérfanos de terrenos, sus pequeños predios. Pero la experiencia en Puerto Bico ha señalado una tenden-cia entre nuestros pequeños terratenientes de vender e hi-potecar sus fincas a grandes entidades. Para evitar esta si-tuación, se recabó la ayuda de la Legislatura insular, apro-bándose la Ley núm. 163. No tenemos derecho a examinar la cuestión de si la Legislatura actuó sabiamente al permi-tirle a la P.B.B.A. que impusiera tales restricciones sobre las enajenaciones. Dicha decisión pertenecía exclusivamente a la Legislatura, que aprobó la Ley núm. 163. Ni el Begistra-dor, ni esta Corte tienen derecho alguno a hacer caso omiso de sus claras disposiciones. El' párrafo 9 de la escritura claramente cae dentro de la disposición de la Ley número 163 al efecto de que los adquirentes de la P.R.R.A. “queda-rán obligados por cualquier estipulación contenida en el do-cumento de transferencia . . . imponiendo condiciones y res-tricciones a las sucesivas enajenaciones, transferencias o gravámenes de dichos bienes . . . ”. Afirmar como lo hace el Registrador que la Ley número 163 no contiene una au-torización específica para restringir la enajenación equival-dría a menospreciar el lenguaje amplio y el propósito de la Ley núm. 163.

Lo que hemos dicho también se aplica al inciso 21 de la escritura. No tenemos que inquirir aquí si tal cláusula se ajusta a nuestra ley general. Esto puede ser o no cierto. Aquí la Legislatura ha indicado, en un lenguaje lo más am-plio posible, que los Estados Unidos pueden incluir tales condiciones en.sus escrituras en relación con los proyectos de la P.R.R.A. Esto es suficiente para decidir el presente caso.

La nota del registrador será revocada y se le ordenará que inscriba la escritura libre de defectos.

       En manera alguna es claro que los Estados Unidos estén obligados por las Leyes de Puerto Eieo en cuanto’ al título de terrenos adquiridos aquí. "Pero esta Corte no puede rehacer el sistema de registros de Puerto Eico. Cualquier persona que desee valerse de éstos, incluyendo las instrumentalidades federales, debe cumplir con sus requisitos.” The R. F. C. Mortgage Co. v. Registrador, 60 D.P.R. 235, 240.

      Notamos de paso que' en los últimos diez años todos los Registradores de la Isla han inscrito sin objeción innumerables escrituras conteniendo estas cláusulas convencionales a tenor con las disposiciones de la Ley núm. 163.


author: El Juez Asociado Señoh SnydeR

text:
    Elba María Correa, conocida por Elba María Pizá Correa, demandante y apelante, v. Sucn. de Juan Pizá Bisbal, Etc., demandados y apelados.
    Núm. 9047.

    Sometido: Enero 17, 1945.

      Resuelto: Mayo 9, 1945.

      Luis Mercader y J. Górdova Rivera, abogados de la apelante; E. Pérez Gasalduc, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoh SnydeR

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de filiación entablado por la demandante contra la Sucesión de Juan Pizá Bisbal. La demandante alega que nació como resultado de relaciones sexuales sostenidas en el 1917 entre su madre y Pizá; que Pizá estaba casado para dicha fecha con la demandada, María Salicrup Meso-rana, quien al morir Pizá, el 23 de mayo de 1943, le sobre-vivió como su viuda; que Pizá instaló a la madre de la de-mandante en una casa de su propiedad al salir encinta, y la visitaba allí; que al nacer la demandante Pizá se compor-taba como el padre de ella hasta algunos meses antes de su muerte, no solamente proporcionándole los alimentos, sí que también prodigándole los cariños propios de un padre; que después del mes de mayo de 1942, Pizá continuó esta misma conducta, tratando a la demandante como su hija, “ofrecién-dole a ella y a la madre hacerlo por escrito para que la ac-tora no tuviera inconvenientes en el porvenir, acción volun-taria y reconocimiento espontáneo que no le fué posible efec-tuar por escrito debido a que no lo permitió la enfermedad del señor Pizá de que murió para la fecha antes dicha.” Los demandados solicitaron la desestimación de la demanda por el fundamento de que no aducía hechos suficientes para constituir una causa de acción; también solicitaron senten-cia sumariamente. La corte inferior dictó sentencia a favor de los demandados y la demandante ha apelado.

El único punto sustancial en apelación es si nna hija adulterina obtiene el reconocimiento de sn padre como bija natural por razón de la conducta de su padre hacia ella con posterioridad a la fecha en que entró a regir la Ley núm. 229, Leyes de Puerto Bico, 1942 ((1) pág. 1297). Dicha Ley dispone en parte, en su sección 1, que “Serán hijos na-turales todos los hijos nacidos fuera de matrimonio con pos-terioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, independien-temente de que sus padres hubieren podido o no contraer matrimonio al tiempo de la concepción de dichos hijos.” Esta disposición de su propia faz opera prospectivamente. La sección 2, por el contrario, dispone en parte, que “Los hijos nacidos fuera de matrimonio con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley y que no- tenían la condición de hijos naturales según la legislación anterior, podrán ser reconocidos por acción voluntaria de sus padres, y en defecto de éstos, por la de las personas con derecho a su herencia, a todos los efectos legales”. (Bastardillas nuestras).

El punto fundamental en este caso es si las actuaciones de un padre con posterioridad a 1942, manteniendo a un hijo adulterino y admitiendo su paternidad, operan para conferir a tal hijo nacido antes de 1942, el status de un hijo natural; es decir, si tales “actuaciones” son el reconocimiento “por acción voluntaria” del ¿adre que contempla la sección 2 de la Ley núm. 229. Al enfocarse esta cuestión, debemos tener en cuenta que la Legislatura no aprobó esta Ley en un vacío. Se aprobó a la luz de nuestro Código Civil, especialmente del artículo 125 del mismo. Esto es evidente no sólo de los términos del propio estatuto-, sí que también de una discusión en la Sala de Sesiones del Senado entre los senadores Géigel Polanco e Iriarte. Actas del Se-nado, 1942, págs. 799-801. Al mismo efecto Muñoz Morales, La Ley mím. 229 de 1942 y sns Implicaciones, La Toga, edi-ción del 16 de octñbre de 1944, págs. 6-7.

El artículo 125 del Código define como los hijos natura-les “los nacidos, fuera de matrimonio', de padres que al tiempo de la concepción de aquéllo 3 hubieran podido casarse, sin dispensa o con ella.” El artículo 125 establece entonces dos métodos para el reconocimiento de un hijo natural: (1) por la acción voluntaria del padre “en el acta de nacimiento o en otro documento público”; o (2) por procedimiento judicial en el que “El padre está olligado a reconocer al hijo natural: ... 2. Cuando el hijo sí halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justi-ficada por actos del mismo padrj o de su familia. . . . ”. (Bastardillas nuestras).

Por tanto es evidente que bajo el artículo' 125 se confiere status como hijo natural (1) voluntariamente por el padre sólo mediante instrumento público; o (2) involuntariamente mediante procedimiento judicial que obligue al padre puta-tivo a reconocer al hijo de comportarse el padre en deter-minada forma. La sección 1 de la Ley núm. 229 de 1942 elimina la barrera del adulterio que en el pasado había in-terpuesto el artículo 125 contra el reconocimiento de los hi-jos como hijos naturales. Pero la sección 1 es prospectiva y se refiere únicamente a los hijos nacidos con posterioridad a la fecha de la vigencia de la ley. Y la sección 2, que se refiere a los hijos nacidos con anterioridad a la ley, es limi-tada; la Legislatura tuvo cuidado con ella para no alterar relaciones ya existentes. Sin embargo-, la sección 2 sí pro-vee que tales hijos adulterinos también pueden ser recono-cidos como hijos naturales — pero sólo “por acción volunta-ria” de sus padrés.

Cuando la sección 2 es leída a la luz del artículo 125 del Código, es obvio que las actuaciones y manifestaciones del padre admitiendo la paternidad contenidas en la demanda, no son la “acción voluntaria” que contempla la sección 2. Acción voluntaria, según se indica en el artículo 125, signi-fica el otorgamiento por el padre de un acta de nacimiento, escritura o cualquier otro documento público. Las alegacio-nes de la demanda muy bien pudieron dar derecho a la de-mandante bajo el artículo 125 a obligar al padre a reconocerla involuntariamente como bija natural a tenor con una orden-judicial a ese efecto, de no haber sido una hija adulterina. Pero la sección 2 de la Ley núm. 229, al disponer el posible reconocimiento de los hijos adulterinos que, como la deman-dante, nacieron antes de mayo de 1942, lo limita al reco-nocimiento voluntario solamente, dentro del significado de dicha frase en el artículo 125 (Actas del Senado, supra; Muñoz Morales, supra). Esto exige una inscripción, un tes-tamento o cualquier otro documento público otorgado por el padre. Y eso no ocurrió aquí.

La sentencia de la cortea de distrito será confirmada.

       La demandante también alega que la corte de distrito no cumplió con ciertos requisitos de calendario al señalar para vista la moción para que se dic-tara sentencia sumariamente. Pero no se opuso a ello en la corte inferior, y por tanto renunció a la cuestión. De cualquier modo, la. conclusión a que hemos llegado en este caso sólo requiere se investigue si la demanda aduce una causa de acción, y por tanto es innecesario que exploremos .aquí los requisitos de nues-tra Begla en cuanto a sentencias sumarias.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    La Sucesión de Pío de Jesús, Etc., peticionarios, v. Hon. Emilio S. Belaval, Juez, Corte de Distrito de San Juan, y Zenaida Martínez, representada por su madre con patria potestad Ana Martínez Navedo, demandados.
    Núm. 1593.

    Sometido: Abril 9, 1945.

      Resuelto: Mayo 21, 1945.
    Jí. Rivera Zagas, G. Rivera Gestero, A. Agosto Abadía, y R. E. Cal-derón, abogados de los peticionarios; V. Geigel Polanco y G. An-dréu Ribas, abogados de la codemandada Zenaida Martínez.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La menor Zenaida Martínez, representada por sn madre natural, radicó ante la Corte de Distrito de San Jnan dos demandas. En una de ellas pide se la declare hija natural de Pío de Jesús, fallecido el día 7 de septiembre de 1944. En la otra, solicita que se declare nula la institución de he-rederos hecha por el testador a favor de su esposa e hijos legítimos; y cómo remedio provisional, dentro de esta se-gunda acción, solicitó el nombramiento de un síndico para administrar los bienes de la herencia.

Opusiéronse los herederos demandados a que se practi-case prueba en relación con la moción sobre nombramiento de un síndico, alegando la improcedencia de tal nombra-miento. Desestimada la oposición -de los demandados, la corte inferior procedió a oír la prueba de la demandante, habiéndose negado los demandados a presentar prueba al-guna, insistiendo en que como cuestión de derecho no pro-cedía decretar la sindicatura. En marzo 13 de 1945, la corte inferior dictó su resolución declarando con lugar la petición y ordenando el nombramiento de un síndico.

Acudieron ante esta Corte los herederos demandados en solicitud de un auto de certiorari para la revisión y anula-ción de la resolución recurrida. Expedimos el auto y orde-namos a la corte recurrida y al síndico, si ya hubiere sido nombradb, que se abstuviesen de realizar gestión alguna en relación con la sindicatura, hasta nueva orden de este Tribunal.

La única cuestión a resolver es si la mera radicación de las referidas demandas da derecho a la parte demandante, o sea a la alegada hija natural, al nombramiento de un síndico para que se incaute de y administre y conserve bajo su custodia los bienes relictos al fallecimiento del alegado padre natural.

- En el presente caso la petición para el nombramiento de • un receiver tiene por objeto lograr lo que no podría conse-guirse mediante una petición de administración judicial. Es doctrina firmemente establecida por la jurisprudencia de este Tribunal, que el demandante en un pleito de filiación, que se encuentra aún sub judice, no tiene derecho ni perso-nalidad bastante para solicitar la administración judicial de la herencia, ni tiene tampoco derecho a ser citado o a inter-venir en las diligencias sobre administración judical, mien-tras no se resuelva definitivamente a su favor el pleito de filiación.

La solicitud para el nombramiento de un síndico va siem-pre dirigida a la sana discreción de la corte. La ley — ar-tículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933— concede a las cortes de distrito la facultad discrecional nece-saria para nombrar un síndico en los casos específicamente enumerados en el citado artículo. En éste se dispone expre-samente que el nombramiento podrá hacerse “mediante so-licitud del demandante o de cualquiera parte, cuyo derecho o interés en dichos bienes o fondos o productos de los mis-mos sea presumible, siempre que se probare que los bienes o fondos corren peligro de perderse, trasladarse o sufrir da-ños de consideración”. La facultad concedida al tribunal inferior no es para ser ejercitada arbitrariamente. Para que el nombramiento de un síndico pueda ser sostenido es necesario que concurran en el caso todas las circunstancias y hechos necesarios para justificar el ejercicio de esa discre-ción judicial.

La administración judicialIde los bienes de un finado puede pedirla el albaeea testamentario. Si no se hubiere designado el albaeea o si el finado hubiese muerto intestado, entonces podrá solicitar la administración el cónyuge supérs-tite o cualquier heredero forzoso, o cualquier heredero tes-tamentario o legatario o cualquier acreedor con título escrito no asegurado que tuviere algún crédito contra el finado. El artículo 556 del Código de Enjuiciamiento Civil provee, ade-más, que en la petición deberá hacerse constar bajo jura-mento “el interés y derecho de acción del peticionario”. Interpretando ese artículo, esta Corte Suprema lia resuelto repetidamente que el demandante en un pleito de filiación no tiene derecho a solicitar la administración judicial.

Cuando la corte inferior dictó la resolución recurrida, ninguna de las dos demandas radicadas a nombre de la me-nor había sido contestada. La de filiación no se basa en el reconocimiento de la paternidad de la menor por documento auténtico o fehaciente, otorgado' por el alegado padre natural. Se basa en alegados actos de reconocimiento por parte del finado Pío de Jesús, tales como el haber prodigado aten-ciones, medicinas y ropa a la madre de la menor durante el embarazo y haber visitado y acariciado a la niña, llamán-dola “mi hija”. No basta alegar esos hechos, para que el derecho o interés de la demandante en los bienes heredita-rios sea presumible y para justificar el nombramiento de un síndico.

Es indudable que dentro de los .hechos y circunstancias del presente caso, y de acuerdo con la jurisprudencia citada, la reclamante del status de hija natural de Pío de Jesús no tendría derecho o personalidad suficiente para solicitar y obtener la administración judicial del caudal hereditario. Ese derecho y personalidad solamente podrá adquirirlo me-diante sentencia firme y definitiva reconociendo su condición de hija natural del finado. No vemos razón alguna por la que debamos resolver que una persona que no tiene derecho a solicitar la administración judicial de los bienes de un finado, lo tiene para solicitar el nombramiento de un síndico de esos mismos bienes, siendo el propósito de uno y otro re-medio la conservación de los bienes para beneficio de aque-llas personas que tienen un interés reconocido o presumible en dichos bienes.

El nombramiento de un síndico en circunstancias como la del presente caso, constituiría un precedente peligroso y ha-ría posible que ese remedio extraordinario fuese utilizado por personas poco escrupulosas para realizar actos de chan-taje, obstaculizando la tramitación de los procedimientos he-reditarios y la repartición de la herencia, con sólo radicar una demanda de filiación y conseguir el nombramiento de un síndico. Las partes perjudicadas no tendrían recurso al-guno contra el promovente de la sindicatura, pues éste no estaría obligado a prestar fianza para responder de los da-ños que pudiera causar, en el caso de que la demanda de filiación no prosperase. La fianza prestada por el síndico garantiza el fiel cumplimiento por dicho funcionario de los deberes de su cargo, pero no protege a los interesados en la herencia contra los daños y perjuicios que pueda causar-les una sindicatura injustificada.

El caso de Balasquide v. Rossy, 18 D.P.R. 33, invocado por la representación de la menor y en el cual basó su re-solución el tribunal recurrido, puede distinguirse fácilmente del de autos. La solicitud ex parte para el nombramiento de un síndico se presentó en el caso de Balasguide, después de haber obtenido el demandante una sentencia a su favor pol-la cual se le declaraba hijo natural del finado Ramón Balas-quide Grómez y mientras el caso se encontraba pendiente en apelación ante el Tribunal Supremo. Este Tribunal resol-vió que de acuerdo con los incisos 2 y 3 del artículo 182 del Código de Enjuiciamiento Civil, podrá nombrarse un síndico “después de la sentencia, para dar cumplimiento a la misma” o “para disponer de los bienes de acuerdo con la misma”, o “para conservarlos mientras se resuelve una apelación”; y revocó la resolución recurrida, por haber sido dictada sin haber oído a ambas partes y sin que la corte tuviera ante sí los hechos demostrativos de la necesidad del nombramiento de un síndico y de que no existía un remedio legal más ade-cuado para asegurar la conservación de las propiedades. En el presente caso, como ya hicimos constar, ni siquiera se había contestado ninguna de las dos demandas cuando se decretó la sindicatura. La corte inferior, sin tener en cuenta que en el caso de autos no se había dictado aún sentencia a favor de la menor demandante, creyó erróneamente que cum-plía con la regla sentada en el caso de Bálasquide con sólo oír prueba tendiente a demostrar la necesidad de nombrar un síndico.

Por las razones expuestas somos de opinión que, la corte inferior carecía de autoridad para dictar la resolución recu-rrida, la cual debe ser anulada. El caso será devuelto a la corte de su procedencia para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

         Puente et al. v. Puente et al., 16 D.P.R. 582; Rivera v. Cámara, 17 D.P.R. 528; Sabater v. Escudero, 23 D.P.R. 854, 858; Iturrino v. Iturrino, 24 D.P.R. 78, 87; Micci v. Sepulveda, Juez, 25 D.P.R. 911; Morales, Administrador, v. Dessús, 27 D.P.R. 523, 527; Dessús v. Ricci, 28 D.P.R. 481, 484.


text:
    Erasmo Vando de León, peticionario y apelante, v. Corte Municipal de San Juan, Sección Tercera, Hon. Victoriano M. Fernández, Juez, demandada y apelada.
    Núm. 9125.

    Sometido: Mayo 7, 1945.

      Resuelto: Mayo 21, 1945.

      Eduardo Ortiz Beyes, abogado del apelante; Damián Monserr'ast, Jr., Gabriel de la Haba y Rafael Baragaño, Jr., abogados del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En octubre 13 de 1944, la Corte Municipal de San Juan dictó sentencia declarando con lugar la demanda de desahu-cio interpuesta por Néstor Obie Rivera contra el peticiona-rio apelante, Erasmo Vando .de León. En la misma fecha, el Secretario de la Corte Municipal, después de registrar dicha sentencia, la notificó al demandado Vando, enviándole la notificación por correo, dirigida a su residencia, según consta de los autos.

En noviembre 21 de 1944, compareció el demandado Vando ante la corte municipal y solicitó que se decretase la nulidad de la notificación que se le hiciera por correo, ale-gando que la misma es contraria a derecho por no haber sido hecha personalmente a él o a su ahogado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 320 del Código de Enjuicia-miento Civil. Declarada sin lugar dicha moción, acudió el demandado ante la corte de distrito mediante solicitud de certiorari para revisar la resolución de la corte municipal. La corte de distrito, después de oír a las partes, anuló el auto expedido. El demandado apeló.

El demandante, aquí interventor apelado, solicita la des-estimación del recurso, alegando que el mismo es frívolo y ha sido interpuesto con el único propósito de dilatar la eje-cución de la sentencia.

El artículo 630 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 (Ley de Desahucio, sección 11, según fué enmendada por la Ley núm. 11 de 1929, pág. 139) dispone que las apelaciones en casos de desahucio “deberán interponerse en el término de cinco (5) días, contados desde la fecha en que fueren notificadas de la sentencia por el Secretario de la corte correspondiente, las partes perjudicadas por la misma o sus ahogados.”

Como se ve por la simple lectura del mismo, el estatuto no requiere que la notificación de la sentencia sea hecha a la parte perjudicada o a su ahogado personalmente. Tam-poco autoriza expresamente el envío de la notificación por correo.

Sostiene el interventor apelado, que no habiendo dis-puesto el legislador la forma en que deberá hacerse la no-tificación, ésta debe hacerse de conformidad con lo dispuesto por la sección 2 de la ley de 9 de marzo de 1911 (nota al ar-tículo 295, Código de Enjuiciamiento Civil de 1933) al efecto de que “será deber del Secretario de la Corte, enviar a la parle perjudicada o a su abogado, al dictarse la sentencia, de la cual puede establecerse el recurso de apelación, ima notificación escrita informándole que la sentencia fia sido dictada, etc.”

A nuestro juicio, el estatuto aplicable es la Ley de 11 de marzo de 1908, pág. 124, para Reglamentar las Apelaciones contra Sentencias de las Cortes Municipales en Pleitos Ci-viles. El artículo 1 de dicha ley, según fué enmendado por la Ley núm. 2 de 1929, Comp. 1941, pág. 1349, dispone:

“Sección 1. — Cuando una corte municipal hubiere dictado sen-tencia en un asunto civil, resolviéndolo definitivamente, cualquiera de las partes que se creyere perjudicada, podrá interponer recurso de apelación para ante 3a corte de distrito del distrito judicial en que radicare la corte municipal. Se formalizará la apelación notificándola por escrito al secretario de la corte municipal, dentro de los diez días siguientes al en que se hubiere notificado la sentencia a la parte contra la cual se hubiere dictado, o a su abogado, y entregando igual notifica-ción dentro del mismo término a la parte contraria, o a su abogado; Disponiéndose, que en todos los casos en que se pueda establecer el recurso de apelación según lo previsto en esta sección, será deber del secretario de la corte enviar a la parte perjudicada, o a su abogado, ai dictarse sentencia o resolución apelable, una notificación escrita informándole a dicha parte perjudicada que tal sentencia o resolución ba sido dictada; y una copia de la dicha notificación será archivada con los autos, debiendo empezar a contarse el término para establecer el recurso de apelación, desde la fecha del archivó de dicha notifi-cación. ’ ’

Las disposiciones del artículo que acabamos de transcri-bir, son substancialmente idénticas a las de la sección 2 de la ley de 9 de marzo de 1911, Supra, aplicables a las apela-ciones de sentencias dictadas por las cortes de distrito, para ante la Corte Suprema. Ambas leyes autorizan al secreta-rio de la corte sentenciadora para enviar a la parte perju-dicada o a su abogado una notificación escrita de la senten-cia dictada en su contra.

Interpretando la sección 2 de la ley de 9 de marzo de 1911, aplicable a las apelaciones de las cortes de distrito al Supremo, hemos resuelto en varias ocasiones que la práctica corriente de enviar la notificación por mensajero es una práctica legal y que también lo es la de enviarla por correo, porque el cartero tiene que hacer lo mismo que haría el mensajero de la corte; y que “todo lo que la ley exige del Secretario es que envíe la notificación por correo y archive copia de la misma.” Martorell v. Andino & Febres, 38 D.P.R. 166, 171; Sánchez v. De Jesús, 39 D.P.R. 844, 846; La Capital v. Tugwell, 61 D.P.R. 865, 866. La notificación de una sentencia no necesita hacerse con las formalidades de un. emplazamiento.

La jurisprudencia que hemos citado es aplicable al caso de autos. El recurso interpuesto es claramente frívolo y debe, ser desestimado.


author: El Juez Asociado Señor. De Jesús

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 29.

    Sometido: Enero 15, 1945.

      Resuelto: Mayo 21, 1945.

      11 on. Procurador General Interino Jesús A. González y A. D. Mar-chando Paz, Procurador General Atoxüiar, abogados del peticio-nario ; Otero Sur o & Otero Suro y Dubón & Ochoteco~, abogados de la interventora, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor. De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La firma de abogados Dnbón & Ocboteco declaró un in-greso bruto por la cantidad de $60,016.23 para el año natural 1941, y reclamó deducciones por igual cantidad. El 6 de agosto de 1943 el Tesorero notificó a la contribuyente una deficiencia por la cantidad de $4,142.55 para el mismo año, más intereses al seis por ciento desde el 1.5 de marzo de 1942 al 15 de septiembre de 1943, montantes a $372.83, y una penalidad de cinco por ciento, ascendente a $207.13, todo lo cual bace un total de $4,722.51.

Para determinar esa deficiencia el Tesorero rechazó de las deducciones reclamadas por la firma, la cantidad de dos-cientos dólares jpor concepto de donativos hechos a la United Service Organizations y otras instituciones, y la suma de $22,814.14 distribuida de por mitad entre los únicos socios Luis E. Dubón y Félix Ochoteco, Jr., como compensación adi-cional por servicios personales realmente prestados por ellos a la firma. Solicitó del Tesorero la reconsideración, y ha-biéndosela denegado, la contribuyente recurrió entonces para ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Pico. Éste confirmó la decisión del Tesorero en cuanto denegó la deduc-ción de doscientos dólares por concepto de los donativos; y la revocó en cnanto rechazó la deducción de los $22,814.14 y en cuanto impuso la penalidad de cinco por ciento. •

Recurrió el Tesorero para ante este Tribunal solamente de la parte de la resolución que concedió la deducción de $22,814.14, alegando que esa suma distribuida entre los so-cios lio es deducible por constituir una distribución de bene-ficios. En cuanto a la cantidad de $12,000 que cada socio recibió en concepto de sueldo asignádole originalmente, el Tesorero no hace reclamación alguna, y expresamente admite su deducción como válida, pero insiste en que la cantidad de $22,814.14 que alega la firma se distribuyó como compensa-ción adicional, constituye una distribución de beneficios.

La posición que asume la contribuyente es que no puede existir legalmente una sociedad de abogados porque esa pro-fesión sólo puede ser ejercida por personas naturales debi-damente admitidas a postular, y que como la sociedad no es una persona natural, y por consiguiente no tiene derecho a postular, no existe una sociedad válida que como tal esté comprendida en las disposiciones de la sección 2(a)(3) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, según fué enmendada por la Ley núm. 31 de 12 de abril de 1941 ((1) pág. 479). Pero a pesar de sostener que la firma Dubón & Ochoteco no es una sociedad en contemplación de la sección 2(«)(3), sin embargo, inconsistentemente con esa posición arguye que tiene derecho a deducir la cantidad de $22,814.14 por consti-tuir una compensación adicional por servicios realmente prestados y no una distribución de beneficios.

La contención del Tesorero es que la firma de abogados Dubón & Ochoteco no es una sociedad profesional porque una sociedad no puede ejereer la profesión de abogado, pero que es una sociedad civil universal de todas las ganancias con-sistentes de los honorarios que sus socios perciben por los servicios profesionales que respectivamente prestan a sns clientes, y qne siendo, a sn juicio, la cantidad de $22,814.14 pagada a los socios una distribución de beneficios, dicha suma está sujeta al pago de la contribución sobre ingresos.

Las partes dedicaron gran parte de sus alegatos a tratar de demostrar que una firma de abogados, dada la naturaleza de su objeto — la práctica de la profesión de abogado y no-tario — , no puede legalmente constituir una sociedad.

La contribuyente presentó en el Tribunal 'de Contribucio-nes el testimonio del socio Luis E. Dubón, quien declaró que en el año 1941 convino con su socio Félix Oclioteeo, Jr., asig-narse cada uno un sueldo de mil dólares mensuales, sujeto a ser aumentado o reducido de conformidad con el valor razo-nable de los servicios qrre cada uno .de ellos realmente pres-tara, y que considerando luego que tales servicios merecían un sueldo adicional, se distribuyeron de por mitad la canti-dad de $22,814.14, que sumada al sueldo originalmente fijado, no excedía, a su juicio, del valor razonable de los servicios realmente prestados por cada uno de ellos.

El Tesorero no practicó prueba alguna para sostener sus alegaciones. Por el contrario, expresamente admitió que la cantidad total de $23,407.07 — compuesta del sueldo original, $12,000, y la compensación adicional de $11,407.07 — que cada uno de ellos recibió, si en realidad la hubiera recibido en concepto de compensación por servicios prestados, hubiera sido razonable, y que aun una cantidad mayor también lo hubiera sido. En el alegato presentado ante este tribunal el abogado del Tesorero ratificó esa manifestación, pero in-sistió en que, a pesar de ello, la llamada compensación adi-cional constituía una distribución de beneficios y no- un pago de sueldos.

La primera cuestión a resolver es si una sociedad de abogados cuyo objeto es el ejercicio de su profesión está sujeta al pago de la contribución impuesta por la sección 28(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, que im-pone a las sociedades y corporaciones domésticas una contri-bución de veinte por ciento sobre su ingreso neto, y a las sociedades y corporaciones extranjeras una contribución de veintidós por ciento.

Con arreglo a la sección 2(a)(8) de’la ley, el término “sociedad” incluye “las sociedades civiles, mercantiles, in-dustriales, agrícolas, 'profesionales o de cualquiera otra ín-dole, conste o no su constitución en escritura pública o do-cumento privado,” (bastardillas nuestras), y además a dos o más personas asociadas, ya usen o no un nombre común, dedicadas a una empresa común (joint ven-ture) con fines de lucro.

Las sociedades profesionales están expresamente recono-cidas por el Código Civil (ed. 1930), art. 1569, que prescribe:

“La sociedad particular tiene únicamente por objeto cosas deter-minadas, su uso, o sus frutos, o una empresa señalada, o el ejercicio Je una profesión o arte.” (Bastardillas nuestras.)

Hemos dicho que tanto el Tesorero como la contribuyente arguyen que no puede existir legalmente una sociedad de abogados porque esa profesión sólo puede ser ejercida por personas naturales, y que como al constituirse una sociedad se crea una entidad o persona jurídica distinta de las per-sonas de los socios, la persona jurídica así creada no podría ejercer la profesión de abogado.

Es verdad que la sociedad en nuestro derecho constituye una entidad jurídica distinta de sus miembros, y que siendo como es una persona jurídica, la sociedad en sí no puede ser admitida a postular.

El Código Civil autoriza la constitución de sociedades para el ejercicio de una profesión. -Pero la sociedad, aun-que por ficción legal es una persona independiente de los miembros que la componen por ser una criatura artificial, intangible, sólo puede actuar por medio de sus miembros. Por esa razón, al constituirse una sociedad para el ejercicio de la abogacía, la realidad es que son los abogados que la componen, y no la entidad jurídica, los que ejercen la pro- • fesión. Mas como la ley prohíbe el ejercicio de la abogacía a los que no hayan sido admitidos a postular por el Tribunal Supremo, para que la sociedad tenga un objeto lícito precisa que todos y cada uno de sus miembros sean abogados debidamente admitidos a postular. Llevarla ficción legal al extremo que lo hacen las partes en este caso, asegurando que una sociedad de abogados no tiene existencia legal porque la sociedad no es una persona natural capaz de ser admitida a postular, convertiría en letra muerta el artículo 1569 del Có-digo Civil, que autoriza la constitución de sociedades profe-sionales, porque en cualquier sociedad profesional la socie-dad en sí como entidad jurídica no puede ejercer la profe-sión sino a través de sus miembros. No prohíbe la ley ni es contrario a la moral o al orden público que dos o más abogados debidamente autorizados para ejercer su profesión se obliguen a poner en común su talento, pericia y habilidad profesional con ánimo de partir entre sí los beneficios. La sociedad de abogados es una institución que ha echado raí-ees muy profundas en nuestro Derecho, y su legalidad hasta que surgió el presente caso jamás había sido cuestionada.

El hecho de que el servicio profesional sea cobrado a nombre de la sociedad como alega la contribuyente es una circunstancia que en nada afecta al abogado que lo presta ni al cliente que lo paga, y no es contrario a la ley, a la moral o al orden público. Gratwick v. Smith, 202 App. Div. 600, 604 (N. Y. 1922); Harland v. Lilienthal, 53 N. Y. 438 (1873).

Planiol-Ripert, en su obra Derecho Civil Francés, tomo ll,.pág. 267, tratando sobre el objeto lícito que debe tener la sociedad, enumera entre las sociedades ilícitas, sin expo-ner fundamentos, a la sociedad de abogados. Los mismos autores citan como sociedad ilícita la celebrada para el ejer-cicio de la farmacia entre uno o más farmacéuticos y uno o más individuos no autorizados para ejercer esa profesión. Se infiere a contrario censu que si todos los socios fueran farmacéuticos, el objeto de la sociedad sería lícito. ¿Por qué no ha de aplicarse el mismo principio a una sociedad de abogados cuando todos sus miembros han sido debidamente admitidos a postular?

Colin y Capitant, en su obra Derecho Civil, tomo 4, pág. 453, refiriéndose a las sociedades de abogados, .dicen:

“No se permite a los abogados asociarse para el ejercicio de su profesión. El carácter especulativo de esta asociación se opondría al monopolio que la ley concede a los abogados en consideración a su dignidad profesional.
“Tal cuestión, por otra parte, no parece haberse planteado nunca en la Francia continental. En las Colonias y en Indo-China especial-mente, las funciones de defensores constituyen a menudo el objeto de contratos de sociedad, sin que nunca se haya puesto en tela de juicio la validez de un pacto semejante.’

En cambio, en los Pistados Unidos, donde el concepto del abogado es igual que el que prevalece en Puerto Rico, se ha resuelto, aim en aquellas jurisdicciones donde se considera la firma de abogados como una entidad distinta de los miem-bros que la componen, que son válidas. Warner & Post v. Griswold, 8 Wend. 665, 11 N. Y. Common Law Reports 506, 507, citado en Ann. Cas. 1917B, pág. 16.

Los casos de Chautauqua County Bank v. Risley, 6 Hill 375, 16 N. Y. Common Law Reports 393 (1844), y Diefrendorf v. House, 9 How. Pr. 243, invocados por la contribuyente y que han sido extractados en una Monografía, 24 L.R.A. (N. S.) 750, 756, no sostienen la proposición de la contribuyente. En el primero, el abogado de récord se ausentó del Estado con la intención de estáblecerse en otro Estado. Después de ausentarse dicho abogado, su socio continuó usando el nom-bre del abogado ausente. Y la corte resolvió que el abogado que conduce un pleito, debe residir dentro del Estado para que esté sujeto a la jurisdicción de la corte en caso de que su cliente o la parte contraria presenten contra él una queja de cualquier mala práctica.

En el segundo, se resuelve que si un abogado ha dejado de ser residente del Estado, cualquier notificación que se le haga es ilegal y que su antiguo socio no puede actuar en su nombre.

Establecido que una sociedad de abogados es legal y que por consiguiente está comprendida dentro de las disposicio-nes de la sección 2(a)(3) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, pasaremos a determinar si la contribuyente Du-bón & Ochoteco tiene derecho a hacer la deducción de los $22,814.14 por concepto de bonificación adicional.

De conformidad con el artículo 1572 del Código Civil, cada uno de los socios es deudor a la sociedad de lo que ha prometido aportar' a ella. Y en F. Bacó Soria & Hno. v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 87, 92 (1944), in-, terpretando este precepto del Código Civil, dijimos que el. socio es deudor a la sociedad de su actividad y de su industria, pero que ello es así sólo cuando se trata de un socio que por el contrato de sociedad se obliga a aportar su in-. dustria, o cuando tratándose de un socio capitalista, no satisface a la sociedad el capital que se obligó a aportar por el contrato social. En las sociedades de abogados cada socio se obliga a aportar su industria, es decir, su trabajo profesional, a cambio de lo cual recibe la participación convenida en los beneficios de la sociedad. Siendo ello así, no se aviene con la naturaleza de la aportación que hace el abogado a la sociedad el que además de los beneficios reciba un sueldo, pues al prestar sus servicios a la sociedad, no está haciendo otra cosa que lo que se obligó a hacer a virtud .del contrato de sociedad y de las disposiciones del artículo 1572. Desde luego, que los socios pueden convenir entre ellos la distribución de los beneficios de la sociedad en la forma y proporción que estimen conveniente, y en cuanto a ese de-. recho el Tesorero no puede intervenir; pero el ingreso neto de la sociedad, tal como lo define la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, está sujeto al pago de la contribución sobre ingresos, y el derecho del Tesorero a cobrar esa contribución no puede ser perjudicado por los pactos que celebren los socios.

Arguye la contribuyente que el cobrar contribución so-bre ingresos a la sociedad y además a los socios individual-mente, constituye un discrimen en contra de las sociedades y a favor de los abogados que individualmente ejercen su profesión. Como hemos visto, la sociedad en nuestro de-reclio es una persona distinta de sus miembros, y siendo ello así, ningún principio constitucional impide a la Asamblea Legislativa imponer contribución a las dos distintas clases de personas: la jurídica y las naturales que la componen.

Es verdad que, considerando que los beneficios que ob-tiene una sociedad de abogados proceden exclusivamente del trabajo personal de los socios que la componen, la contribu--eión que por su ingreso neto paga la sociedad y la que por su ingreso individual paga cada uno de los socios, aunque legales, resultan hasta cierto punto injustas; pero el remedio no está en las cortes de justicia, que no pueden pasar sobre la sabiduría y bondad de las leyes, sino en la rama legis-lativa.

Por lo expuesto, llegamos a la conclusión de que la firma de abogados Dubón & Ochoteco, estando comprendida dentro de las disposiciones de la sección 2(a)(3) de la ley, viene obligada a pagar la contribución sobre ingresos como cual-quiera otra sociedad; pero como por el trabajo que cada socio aporta a la sociedad no tiene derecho a recibir un sueldo a los efectos de la deducción que concede la ley, erró el Tribunal de Contribuciones al conceder la deducción de los $22,814.14 por concepto de compensación adicional. En lo que respecta al sueldo de doce mil dólares que se fijaron los socios, el Tesorero lo aceptó como válido y no ha sido objeto del presente recurso.

Procede anular la decisión recurrida del Tribunal de Contribuciones y devolver el caso para que dicte otra con-sistente con los principios enunciados en esta opinión.

       Si Dubón & Ochoteco no es una sociedad en contemplación de la sección 2(a) (3), ¡con qué derecho entonces puede deducir cantidad alguna por concepto de sueldos a los socios?

         Según fué enmendada en la Tercera Sesión Extraordinaria de 1942 por la Ley núm. 20 de 3 de diciembre de 1942 (Tomo de leyes comprensivo de las Segunda y Tercera Sesiones Extraordinarias, pág. 97).

       En Tesorero v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 602, esto Tribunal declaró inconstitucional la diferencia del tipo contributivo entre las cor-poraciones domésticas y las extranjeras autorizadas a hacer negocios en Puerto Eieo.

       Código Civil, artículo 1569.

       Código Civil, artículo 27.

       Código Civil, artículo 1557.

       La regla 33 de los Cánones de litica Profesional adoptados por la American Bar Association, dice:
      “Las sociedades entre abogados para el ejercicio de su profesión son muy comunes y no deben ser proscritas. . . . Las sociedades entre abogados y miembros de otras profesiones o personas no profesionales no deben formarse ni permitirse cuando cualquier parte del objeto de la sociedad consista del ejer-cicio de la profesión legal.” 62 Reports of the American Bar Association 1105, 1117.

       Véase la. nota 7, pág. 14.

       Pareee claro que si todos los socios son abogados admitidos a postular ningún perjuicio puede causarse al supuesto monopolio concedido a los abogados.

       En adición, al caso arriba citado, los siguientes, de jurisdicciones donde se considera una firma de abogados como una entidad distinta de los miembros que la componen, sostienen la validez de esa institución: Davis v. Dodson, 22 S. E. 645, 29 L.R.A. 496 (Ga., 1895); Roth v. Boies, 115 N. W. 930 (Iowa, 1908); MacFarland v. Altschuler, 108 N. W. 151 (Neb., 1906); Gratwick v. Smith, supra; McFarland v. Crary, 8 Cowen 253, 9 N. Y. Common Law Reports 378 (1828); Quintero v. Caffery, 108 So. 87 (La., 1926); Jones v. Caperton & Weeks, 15 La. Ann. 475 (1860). Estos casos se citan exclusivamente para demostrar la validez de una firma de abogados en aquellas jurisdicciones de la Ley Común y Luisiana donde se considera la firma como una entidad distinta de los miembros que la componen. Al mismo efecto, véanse McIver v. Clarke, 69 Miss. 408, 10 So. 581 (1892), y Harland v. Lilienthal, supra.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Autoridad de Tierras de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1160.

    Sometido: Enero 29, 1945.

      Resuelto: Mayo 21, 1945.

      Francisco A. Arr ¡llaga y Antonio Riera-, abogados de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Pedro José Torres Colón falleció ab intestato y la Corte de Distrito de Guayama por resolución de 26 de mayo de 1942 declaró como sus únicos y universales herederos a sus hijos legítimos y a su viuda en la cuota usufructuaria. Dos años después, por escritura de 4 de noviembre de 1944 ante el notario Antonio Riera, la viuda renunció a su derecho de usufructo, y en el mismo documento ella y todos sus hi-jos vendieron a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico la finca de que consistía la herencia. Presentada al registro la declaratoria de herederos y la escritura de compraventa con los documentos complementarios correspondientes, el regis-trador inscribió la finca, primero a nombre de los herederos “sujeta a las resultas de la liquidación de la herencia del causante,” y después, a virtud de la escritura de compra-venta, a nombre de la Autoridad de Tierras, consignándose también la misma condición. La Autoridad interpuso enton-ces este recurso, solicitando que la nota del registrador sea revocada, eliminándose la referida condición.

El artículo 23 de la Ley Hipotecaria, en lo pertinente, prescribe:

“En la adjudicación de. bienes inmuebles determinados en una herencia ... a un partícipe, a un acreedor o a un extraño con la obligación de emplear su importe, en el pago de deudas o cargas de la misma herencia . ... se hará constar la condición con 3a cual los bienes se. adjudican al inscribirlos a nombre del adjudicatario, y sur-tirá los efectos que esta ley establece en el número Io. del artículo 37.
“ . . . Cuando no se adjudiquen bienes determinados para pago de deudas, los bienes todos de la herencia . . . quedarán Ubres de toda responsabilidad en perjuicio de tercero>, a/án cuando en el Regis-tro conste la existencia de las deudas.” (Bastardillas nuestras.)

Cuando se adjudican bienes para pago de deudas, esa condición constituye un gravamen sobre los bienes inmuebles adjudicados con ese objeto, y naturalmente los acreedores pueden dirigirse contra quienes pudieran adquirirlos en el futuro, como si aún los bienes estuvieran en poder del he-redero.' Pero en el presente caso no hubo tal adjudicación para pago de deudas, y por consiguiente, de conformidad con el artículo 23 transcrito, la finca fue adquirida libre de gravamen por todos los herederos, y, no estando gravada, las deudas de la herencia, si alguna hubiere, no pueden ha-cerse efectivas sobre la finca cuando ésta pasa a poder de un tercero, como lo es en este caso la Autoridad de Tierras, a menos que, careciendo los' herederos de otros bienes sobre los cuales pudieran hacer efectivo sus créditos los aereedo-res, probaren éstos que la venta fué hedía en fraude de acreedores.

En cambio, el inmueble responde de las deudas heredi-tarias mientras pertenezca a algunos de los herederos, no porque esté gravado, sino porque al aceptar los herederos la herencia sin benefició de inventario, sucedieron al difunto en todos sus derechos y obligaciones, Código Civil (ed. 1930), artículo 610, y como todo deudor, responden del cum-plimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, presentes y futuros. Artículo 1811.

No teniendo ningún derecho real los acreedores de la herencia, y siendo el propósito del registro la protección del dominio, la posesión y los derechos reales, no los persona-les, al inscribir la finca en común pro indiviso a favor de los herederos forzosos, el registrador no debe practicar la ins-cripción sujeta a la liquidación de la herencia del causante. Sucesión Dávila v. El Registrador de la Propiedad, 15 D.P.R. 669 (1909); Garrastazú, Sucn. v. Registrador, 36 D.P.R. 177 (1927); Manuel Martínez Escobar, Las Inscripciones (primera edición), tomo 1, págs. 149 y siguientes.

Es verdad que, no habiéndose adjudicado la finca o una parte de ella para el pago de las deudas de la herencia, el mero hecho de consignar el registrador la referida condición no convierte en obligación real sobre el inmueble la obliga-ción personal que tienen los herederos de pagar las obliga-ciones de su causante; pero es innegable que aunque en nada se benefician con ello los acreedores, sin embargo, in-necesaria e ilegalmente se perjudica al heredero y posterio-res adquirentes de la finca, ya que, constando esa condición en el registro, personas no versadas en la Ley Hipotecaria no se arriesgarían a contratar en relación con la finca, per-judicándose a la vez el crédito territorial.

El caso de Ríos v. El Registrador, 19 D.P.R. 742, 746 (1913), no es aplicable al presente caso, porque allí estaba envuelta la liquidación de una sociedad de gananciales, y aunque se dijo, “Por supuesto que tales inscripciones [la de los derechos correspondientes a la sociedad de gananciales y la del derecho hereditario] estarán sujetas al resultado de la liquidación de la herencia y de la sociedad de ganancia-les,” sin embargo, al principio de ese párrafo se dice: “Opi-namos que así como no es necesaria la liquidación de la he-rencia para que pueda inscribirse el derecho hereditario a favor de los herederos de una persona, . . . ” lo que demues-tra que el decirse que la inscripción del derecho hereditario está sujeta a la liquidación de la herencia fue un mero lapsus y que el tribunal quiso referirse exclusivamente a la liquida-ción de la sociedad de gananciales. En el presente caso no se levanta cuestión alguna sobre liquidación de sociedad de gananciales, y sólo se trata de la inscripción de una heren-cia en común pro indiviso.

El caso de Allende v. Reg. de San Juan, Sec. Primera, 28 D.P.R. 569 (1920), se distingue del presente en que allí el cónyuge viudo, como dueño de la mitad pro indivisa de una finca, constituyó hipoteca sobre dicha mitad, que era ga-nancial, y como la sociedad de gananciales no se había liqui-dado, se resolvió que el registrador debió inscribir la hipo-teca consignando que la inscripción se verificaba sujeta a la liquidación de la sociedad de gananciales.

Procede por lo expuesto revocar la nota recurrida y or-denar que se cancele la condición consignada por <el regis-trador.

       E1 artículo 37 prescribe en .parte:
      ‘‘Se exceptúan de la regla contenida en el artículo anterior:
      ■ “Io. Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen a causas que consten explícitamente en el Registro.”
      El 36 dice:
      “Las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra tercero que haya inscrito los títulos do sus respectivos derechos, conforme a lo prevenido en esta Ley.”

       El artículo 1064 del Código Civil prescribe:
      "Los acreedores después de haber perseguido los bienes de que esté en po-sesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los de-rechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en íraude de su derecho.”