author: El Juez Asociado Seño» De Jesús

text:
    Victoria Just, demandante y apelada, v. Angel Moreno y Elsa Arcelay de Moreno, demandados y apelantes.
    Núm. 8849.

    — Sometido: Marzo 16, 1944.

      Resuelto: Mayo 17, 1944.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, aboga-dos de los apelantes; Brown, González & Newsom, y Carlos J. Faure, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seño» De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los demandados se dedican a la empresa de alquilar apar-tamientos de un edificio que poseían en Santurce. Alquila-ron uno de ellos al Sr. Samuel E. Badillo. La escalera común a todos los apartamientos no tenía luz cnando ocupó el suyo el señor Badillo, pero posteriormente otro inquilino se quejó de la falta de luz en la escalera, y los arrendadores pusie-ron una luz que según se infiere de la evidencia tenía el switch en la planta baja. Un empleado de los arrendadores tenía instrucciones de éstos de encender la luz al obscurecer y de apagarla a las diez y media de la noche. Allá para el 27 de noviembre de 1941 la demandante fué a visitar al señor Badillo como a las ocho de la noche y al llegar al edificio notó que la luz no había sido encendida, pero ello no fué obs-táculo para que la demandante y sus amigas que la acompa-ñaban subiesen hasta el apartamiento del señor Badillo. Lá visita se prolongó hasta las diez y media de la noche. A esa hora la escalera continuaba oscura, y el señor Badillo que las acompañó hasta la salida de su apartamiento, les acon-sejó que tuviesen cuidado para evitar una caída debido a la oscuridad del sitio. La demandante ni sus compañeras pi-dieron al señor Badillo luz artificial ni encendieron fósforos para alumbrarse, pero tampoco el señor Badillo se los ofre-ció. La demandante se agarró del pasamanos, pero al llegar a uno de los descansos de la escalera, pisó en falso y cayó sufriendo, como consecuencia de la caída, la fractura del hú-mero. La corte inferior dictó sentencia a favor de la deman-dante por la cantidad de mil quinientos dólares por concepto de daños y perjuicios, más las costas.

Declaró la corte que en Puerto Rico no existe ley alguna que obligue al arrendador de un apartamiento a mantener alumbrada durante la noche la escalera común a los distintos apartamientos; pero sostuvo que .al suministrar la luz en la escalera los demandados asumieron la obligación implí-cita de mantenerla alumbrada, y que al tenerla apagada la noche de autos, incurrieron en negligencia la cual fué la causa próxima del accidente. Resolvió además la corte que la de-mandante no incurrió en negligencia contribuyente por haber • subido al apartamiento de Badillo ¿ pesar de que la escalera estaba oscura y por no baber pedido luz artificial para descender.

Los apelantes no impugnan la cuantía de la sentencia, limitando la controversia a los errores que imputan a la corte inferior (1) al sostener ésta que los demandados eran res-ponsables del accidente por haber asumido implícitamente la obligación de suministrar luz a la escalera durante la noche, y (2) al resolver que la demandante no fué culpable de ne-gligencia contribuyente al descender por uii'a escalera total-mente oscura que ella no conocía.

De la prueba no aparece que existiera una obliga-ción contractual por parte de los demandados de suministrar luz durante las horas de la noche para la escalera de uso común de los inquilinos. No existe un estatuto que expresa-mente imponga ese deber al arrendador, ni tampoco se alegó ni probó que tal luz debería ser suministrada por los arren-dadores de acuerdo con los usos y costumbres del lugar. Pueblo v. Central Cambalache, 62 D.P.R. 553, 558. De-bemos, pues, recurrir al artículo 1444 del Códig*o Civil, ed. 1930, para determinar si de sus términos puede inferirse ese deber por parte del arrendador de un apartamiento. El re-ferido artículo prescribe:

“El arrendador está obligado:
“1. A entregar al arrendatario la cosa objeto del contrato.
“2. A hacer en ella durante el arrendamiento todas las repara-ciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada.
“3. A mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrenda-miento por todo el tiempo del contrato.
< < * % y >

El párrafo dos del transcrito precepto legal, que alguna analogía guarda con la cuestión envuelta, limita la obligación del arrendador a bacer las reparaciones necesarias a fin de conservar la cosa objeto del contrato en estado de servir para el uso a que ba sido destinada. El pensamiento del legisla-dor al usar en el citado artículo las palabras “reparaciones” y “conservarla” no pudo ser imponer al arrendador el deber de bacer mejoras o de dotar la cosa arrendada de comodida-des que no existían en la cosa al perfeccionarse el contrato. Interpretando este mismo artículo, el Tribunal Supremo de Filipinas sostuvo que por la palabra “reparaciones” tal cual se emplea en el párrafo dos del artículo 1554 del Código Civil de Filipinas, se entiende el volver a poner una cosa en las mismas condiciones en que se bailaba antes, y no el mejorar aquella mediante la adición de algo nuevo. Albur o v. Villa-nueva, 7 Jur. Fil. 285. Tratando del alcance del deber de bacer reparaciones impuesto al arrendador por el artículo 1554 del Código Civil español, igual al 1444 del nuestro, dice Manresa:

“De ahí que la palabra reparaciones, debe entenderse equivalente a la de toda clase de obras y trabajos necesarios para obtener el fin que se desea, en cuanto a su importancia merezca el concepto de una reparación. ” 10 Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 469.

En el Código Civil argentino se expresa el mismo con-cepto de la palabra “reparaciones,” en relación con el deber de hacerlas que la ley impone al arrendador. El artículo 1516 del aludido Código dice:

“La obligación de mantener la cosa en buen estado, consiste en hacer las reparaciones que exigiere el deterioro de la cosa, por caso fortuito o de fuerza mayor, o el cual se causare por la calidad pro-pia de la cosa, o por vicio o defecto de ella, cualquiera que fuese, o lo que proviniese del efecto natural del uso o goce estipulado, o lo que sucediere por culpa del locador, sus agentes o dependientes.”

Estando la escalera en cuestión _ dedicada al uso común de los distintos inquilinos, parece más conveniente que sea el arrendador y no el inquilino quien deba mantenerla alum-brada; pero nada impide que sean los inquilinos quienes asuman esa obligación. Sea como fuere, toda vez que ni la ley, ni el contrato celebrado con el inquilino imponen ese deber al arrendador y puesto que no se alegó ni probó que lo impongan los usos y costumbres del'lugar, no está dentro de las facultades de los tribunales exigir su cumplimiento al arrendador. A este efecto dice Manresa:

“Lo mismo el que toma fincas en arrendamiento, que el que las compra, debe apreciar si le conviene o no, y una vez vistas, y conve-nidos los contratantes, cumple el arrendador con entregar la cosa en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato.” Ob. y t. cit., pág. 467.

En el presente caso ya hemos visto que al celebrarse el contrato de arrendamiento no existía esa luz, y sin exigirla al arrendador, el señor Badillo aceptó el inmueble arrendado. La cuestión aquí envuelta no es nueva en Louisiana, cuyo Código Civil en sus artículos 2692 y 2693 impone al arrenda-dor el deber de mantener la cosa arrendada en condiciones de servir para el uso a que se le destina y a hacer durante el arrendamiento las reparaciones que puedan ser necesarias para el debido cumplimiento de ese deber. En el caso de Caulfield v. Saba (La., 1932), 144 So. 907, se sostuvo por la Corte de Apelaciones de Luisiana que no existe ninguna dis-posición legal expresa ni puede inferirse ésta de las dispo-siciones del Código Civil relativas al arrendamiento, que imponga al arrendador el deber de iluminar, durante la noche, un corredor usado en común por un número de inqui-linos para ir al inodoro.

Esa es la regla que en ausencia de estatuto impera en los Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Sólo admite una excepción, y es cuando la escalera o el corredor de uso común han sido construidos de tal manera que ofrecen peligro especial. En ese solo caso es deber del arrendador mantener alumbrada dicha escalera o corredor bajo su control. Véanse los casos acopiados en las monografías en 97 A.L.R. 220, 223; 75 id. 154, 166; 58 id. 1411, 1419; 39 id. 294, 302; y 25 id. 1273, 1312.

Existe sin embargo en el presente caso una circunstancia que en ausencia de negligencia contribuyente impone a los demandados la obligación de reparar el daño una vez que se llegue a la conclusión de que la falta de luz en la escalera fué la causa próxima del accidente. Es doctrina corriente en todas las legislaciones que- el que asume el deber de ejecutar un acto que no le ha sido impuesto por la ley ni por contrato ni por la costumbre del lugar, tiene la obligación de ejecutarlo con la debida diligencia, y si al realizarlo, por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, pues la ley presume que al asumir el deber de ejecutar el acto, lo hace con la intención de someterse a todos sus efectos jurídicos. 12 Manresa, Comentarios al Código Civil, 548 et seg. Esa es la misma doctrina de la obligación implícita de la ley común, que invocan la corte inferior y la apelada, pero que en el derecho civil no es otra cosa que un cuasicontrato innominado.

En el presente caso ya hemos visto que los demandados voluntariamente accedieron a suministrar la luz de la esca-lera y que a ese efecto habían dado instrucciones a un empleado suyo para que todas las noches la mantuviese en-cendida hasta las 10:30. La noche de autos sin embargo, no fué encendida la luz sin que se alegase ni probase circuns-tancia alguna que justificase la omisión. Fué precisamente la falta de luz la que- impidió a la demandante ver donde ponía el pie, y esa pisada en falso causó la caída que pro-dujo los daños sufridos por la demandante.. Por lo tanto, la.falta de luz fué la causa próxima del accidente.

¿Fue la demandante culpable de negligencia contribuyente? La prueba demuestra que otra noche ella había visitado la. casa del señor Badillo, y que en aquella ocasión" llegó como a las ocho y al despedirse,' alrededor de las nueve de la noche, la luz de la escalera estaba encendida. La demandante al subir la noche del accidente, racionalmente pudo presumir que al terminar la visita ya la luz estaría encendida. Pero al salir del apartamiento, a las diez y media, la escalera permanecía oscura; el señor Badillo que la acompañó hasta la puerta de su apartamiento, no lé ofreció luz alguna, limitándose a aconsejarle que bajase con cuidado, lo cual hizo ella agarrándose con una mano como ordinariamente se hace en tales casos. No consta cuál fuese la confianza que pudiese existir entre la demandante y el señor Badillo para que ella se permitiese pedirle que le facilitase una luz artificial que él probablemente no tenía, ya que no la ofreció a pesar de que lé aconsejó que tuviese cuidado por la oscuridad que allí existía.

Consideradas las circunstancias expuestas, convenimos con el juez de lá corte a quo en que la demandante no incu-rrió en negligencia contribuyente. Siendo la negligencia dé los demandados la causa próxima del accidente, y encontrán-dose la demandante en el edificio con fines legítimos al ocurrir ¿1' accidente, es deber de los demandados reparar el daño causado. • ‘ • '

Procede la confirmación de la sentencia.

        “No existe contrato en que los usos y costumbres locales ejerzan, tan poderosa influencia como en el arrendamiento, de tal suerte, que muchos arren-damientos, salvo en aquello que es esencial y constante, se puede deeir que están exclusivamente regidos por la costumbre.” 10 Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 465.

      E1 vocablo “reparación” lo define el Diccionario de la Heal Academia: “acción y efecto de reparar,” y el vocablo “reparar”: “componer, aderezar o enmendar el menoscabo que ha padecido una cosa.”

      La regla ha sido variada por estatuto en otras jurisdicciones, tales como Nueva York, New Jersey, Connecticut. Bn Ohio existen ordenanzas municipales a ese efecto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Vicente Quilinchini et als., demandantes y apelantes, v. Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, et als., demandados y apelados.
    Núm. 8892.

    — Sometido: Abril 18, 1944.

      Resuelto: Mayo 25, 1944.

      Yirgilio Brunet, abogado de los apelantes; lion. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, A. E. Franco Cabrero, Subprocu-rador General, abogado éste de la Comis-ión de Servicio Público y abogados todos de la Comisión mencionada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En pleito seguido sobre sentencia declaratoria la corte inferior declaró con lugar una excepción previa de falta d.e cansa de acción. El secretario de dicha corte notificó al de-mandante la resolución como si en efecto se tratase de una contra la cual pudiese establecerse recurso de apelación. El demandante, inducido a error sin duda por la forma en que el secretario hizo la notificación, no pidió que se dictara sen-tencia, sino que apeló de la resolución para ante este Tribunal. Radicaron alegatos escritos las partes e informaron oral-mente el día de la vista, pero nadie alegó que la resolución no fuese, apelable.

La apelación es un remedio que sólo existe cuando es concedido por estatuto o por algún precepto constitucional. En Puerto Rico el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933) especifica cuáles son las resoluciones o sen-tencias de las cortes de distrito contra las cuales puede esta-blecerse recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo. Lidias sentencias o resoluciones las clasifica el citado ar-tículo en tres grupos, a saber:

"1. De una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial, comenzado en la corte que la hubiere dictado,, dentro de un mes después de haberse registrado la sentencia.
“2. De una sentencia de una corte de distrito dictada en apela-ción interpuesta contra resolución de una corte inferior, dentro de los quince días después de registrada dicha sentencia, si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia sin comprender frutos o intereses, excediera de trescientos dólares.
“3. De una providencia concediendo o denegando un nuevo juicio; concediendo o anulando un injunction; negándose a conceder o anular un injunction; anulando o negándose a anular un embargo; concediendo o negándose a conceder un cambio de lugar para la celebración del juicio; de una providencia especial dictada después de una sentencia definitiva; y de una sentencia interlocutoria en pleitos sobre partición de propiedad real, dentro de los diez días de dictada la providencia o sentencia interlocutoria y de anotada la misma en el libro de actas de la corte o de archivada en la secreta-ría.’'

Existen además leyes especiales que conceden recurso de apelación o de revisión para ante el Tribunal Supremo, pero ni en los tres grupos comprendidos en el artículo 295, supra, ni en las aludidas leyes especiales, se concede apelación contra una resolución declarando con o sin lugar una excep-ción previa. Es lógico que así sea, ya que una resolución ' de esa índole no es final.

Repetidamente ha resuelto este tribunal que fuera del recurso que se establezca contra la sentencia que ponga fin al pleito, sólo podrá revisarse una resolución declarando con o sin lugar una excepción previa, solicitando el perju-dieado de la corte inferior qne, a base de la resolución resolviendo la excepción previa, dicte la sentencia qne corres-ponda, y es contra la sentencia así dictada qne pnede esta-blecerse el recurso de apelación. Guasp v. Rosch, 9 D.P.R. 348; El Pueblo v. Barnés, 12 D.P.R. 28; Hernández v. Cabassa et al., 14 D.P.R. 462, y Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez, 17 D.P.R. 872. Véanse además General Distillers Ltd. v. Wholesale Liquor Drivers-Salesmen, etc. (Cal., 1943), 135 P. (2d) 592, y Madsen et al. v. Turlock Irrigation Dist. (Cal., 1943), 133 P. (2d) 416.

Procede la desestimación del recurso.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor TRavieso

text:
    Primitivo Figueroa Colón, demandante y apelado, v. Sixto M. Saldaña, Jefe de la Penitenciaría Insular, demandado y apelante.
    Núm. 8877.

    — Sometido: Mayo 15, 1944.

      Resuelto: Mayo 29, 1944.

      R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados del apelante; el apelado no compa-reció.
   El Juez Presidente Señor TRavieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso fué interpuesto por el Fiscal contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, en 23 de septiembre de 1943, declarando con lugar la petición de liábeas corpus radicada por Primitivo Figueroa Colón y or-denando la inmediata libertad del peticionario.

Los liecbos esenciales alegados en la petición y estable-cidos por el récord del caso, son los siguientes:

El peticionario fué convicto de un delito de asesinato en primer grado y sentenciado a sufrir la pena de reclusión per-petua, la cual empezó a cumplir en la Penitenciaría Insular el 20 de octubre de 1930. En mayo 28 de 1941, el Gober-nador de Puerto Eico le conmutó dicba sentencia por la de 20 años de presidio.

Alegó el peticionario, que de acuerdo con las disposicio-nes de la Ley núm. 180 de 15 de mayo de 1943 (pág. 653), enmendatoria de la ley de 14 de marzo de 1907 (pág. 307), él tiene derecho a que se le acredite, como 'bonificación por su buena conducta doce días por cada mes natural desde el 20 de octubre de 1930 o sea desde la fecha en que él ingresó en el penal para empezar a cumplir la pena de reclusión per-petua; y que si se le conceden las bonificaciones provistas por dicha ley, su sentencia quedó cumplida en enero de 1943. Se queja el peticionario de que el Jefe de la Penitenciaría Insular se ha negado a concederle las bonificaciones a que él alega tener derecho, insistiendo en que la citada Ley núm. 180 no tiene efecto retroactivo y no puede ser aplicada sino desde la fecha en que la misma comenzó a regir o sea desde el 13 de agosto de 1943.

Con posterioridad a la fecha en que fué dictada la sen-tencia recurrida, esta corte consideró y resolvió la misma cuestión legal aquí planteada, en el caso de Cecilio Echeandía v. Alvarado, Jefe de la Penitenciaría Insular, resuelto el 7 de marzo de 1944, ante pág. 230.

De acuerdo con nuestra decisión en el caso de Echeandía que es de estricta aplicación al caso de autos, el peticionario Primitivo Figueroa Colón, al serle conmutada la pena de reclusión perpetua por la de veinte años de presidio, adquirió el status de un sentenciado a un término de 20 años de pre-sidio, desde' la feclia en que ingresó en el penal a cumplir la sentencia original o sea desde el día 20 de octubre de 1930. Por virtud de la conmutación, el confinado adquirió el dere-cho a que se le abonen diez días por cada mes natural durante el cual hubiere observado buena conducta, desde octubre 20 de 1930, fecha de su ingreso en el penal hasta el 13 de agosto de 1943, de acuerdo con las disposiciones de la ley de 14 de marzo de 1907. Desde el 13 de agosto de 1943, fecha en que empezó a regir la Ley núm. 180 de mayo 15 de 1943, el con-finado adquirió el derecho a que se le abonen 12 días, como bonificación por buena conducta, por cada mes natural hasta que haya cumplido el término de su sentencia de veinte años.

El fiscal de esta corte ha sometido a nuestra considera-ción la forma en que a su juicio debe practicarse la liquida-ción de la sentencia de veinte años impuesta al peticionario según el caso de Echeandía, supra. Dice el fiscal en su in-forme :

“Cuando el peticionario ingresó en la penitenciaría había pasado 29 días en la cárcel de distrito, los cuales deducidos del término de 20 años de su sentencia, reducen ésta a 19 años, 11 meses, un día, cuyo término se comenzó a extinguir desde el 20 de octubre de 1930, y hasta el día 13 de agosto de 1943 llevaba extinguidos físicamente en prisión 12 años, 9 meses, 23 días. Ese término físico de prisión, abonándosele 10 días en cada 30 (mes natural) de la sentencia de 20 años, conlleva un beneficio de 6 años, 4 meses, 27 días, haciendo un total de 19 años, 2 meses, 20 días, o sea, la parte de la sentencia de 20 años extinguida por el peticionario hasta el 13 de agostó de 1943 después de abonados los beneficios desde su ingreso hasta la fecha en que se aprobó la referida ley 180, que agregados a los 29 días de prisión preventiva hacían un total de 19 años, 3 meses, 19 días, restando a esa fecha por cumplir solamente 8 meses 11 días. Desde el 13 de agosto de 1943 hasta la fecha en que fue ex-carcelado el peticionario, o sea, 10 de septiembre de 1943, escasa-mente cumplió 27 días, faltándole 4 meses, tres días para hacer un total de 5 meses con los cuales extinguiría el remanente de 8 meses, 11 días' desde el 13 de agosto de 1943, ya que los otros tres meses, 11 días le serían abonados como beneficios a razón de 12 días en cada mes natural calculados sobre dicho remanente de sentencia de 8 meses 11 días.”

Aceptamos como correctos los cálculos del fiscal basados en los récords oficiales de la Penitenciaría Insular presenta-dos como parte del informe del Jefe demandado. Ellos son suficientes para justificar nuestra conclusión de que el con-finado peticionario fué prematuramente excarcelado como consecuencia de la errónea interpretación dada por la corte inferior a la Ley núm. 180 de mayo 15 de 1943.

Por las razones expuestas en nuestra opinión en el caso de Echeandía, supra, se revoca la sentencia recurrida y se ordena el arresto. del peticionario Primitivo Figueroa Colón y su ingreso en la Penitenciaría Insular, en donde deberá per-manecer recluido hasta que haya cumplido, de acuerdo con la ley, la sentencia que le fué impuesta.


author: El Juez Peesidente Sbñoe. Teavieso

text:
    Cándido de la Paz, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 8565.

    — Sometido: Enero 17, 1944.

      Resuelto: Mayo 29, 1944.

      Luis Tirado Géigel, abogado del apelante; Enrique Córdova Díaz, abogado del- Trustee en quiebra de la apelada»
   El Juez Peesidente Sbñoe. Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante apelante alegó en su demanda, que el día 30 de octubre de 1938, en la parada 2% de Santurce, en el momento en que cruzaba a pie la Avenida Ponce de León, de sur a norte, fué alcanzado y arrollado por una guagua de la compañía demandada, conducida por uno de sus empleados; que el demandante fué lanzado al pavimento y arrastrado por la vía pública, sufriendo lesiones que le obligaron a recluirse bajo tratamiento médico por más de tres meses; y, por úl-timo, que el accidente fué motivado enteramente por la negli-gencia del conductor del vehículo al conducir éste a gran velocidad, sin reducir su marcha y sin desviarlo hacia la izquierda ni ejercitar ordinaria prudencia para evitar el ac-cidente.

La corporación demandada contestó negando específica-mente los hechos de la demanda e interpuso como defensas especiales: (a) insuficiencia de los hechos alegados para constituir causa de acción; (b) que la. causa próxima y directa del accidente fué la negligencia exclusiva del deman-dante; (c) la negligencia contribuyente del demandante; y (d) que no hubo negligencia de clase alguna por parte de la demandada.

El presente recurso fué interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan, desestimando la demanda e imponiendo al demandante el pago de las costas.

El apelante alega como único fundamento de su recurso que la corte inferior cometió manifiesto error al apreciar la prueba y al concluir que el accidente se debió a la negligencia del demandante y no a la de la demandada.

Las conclusiones de hecho a que llegó la corte sentenciadora, son como sigue:

“Un domingo, a eso de las dos de la tarde, el demandante, quien hablaba con unos amigos en la acera sur de la Avenida Ponce de León frente al Capitolio, donde la avenida tiene 17 metros de ancho, al ver aproximarse nna guagua que corría por el lado norte dé la avenidá en dirección a San Juan, decidió cruzar la carretera para abordar la guagua. Los testigos de la demandada dicen que salió corriendo. El demandante dice que cruzó 'a pasos gigantescos’, y sus testigos dicen que cruzó ligero pero no corriendo. La corte cree que cruzó corriendo.
“Cuando comenzó a cruzar el demandante, corría otra guagua de la demandada en dirección hacia Santuree, por el lado sur de la Avenida Ponce de León, y muy cerca (el demandante calcula que a unos doce o quince metros, y hubo testigos que dijeron seis pies; probablemente el demandante se aproxima más a la realidad) del sitio donde eligió cruzar el demandante. Este vió la guagua que venía de San Juan, y creyó que podía cruzar frente á ella. De su declaración se . desprende que esperaba que, en caso necesario, la guagua se desviara hacia el sur para no arrollarle.
“En vez de desviar hacia el sur, la guagua, a la vez que el chófer aplicaba los frenos, desvió súbitamente hacia el norte, y vino a chocar con el demandante cerca del centro de la avenida. El demandante quedó tendido en la avenida cerca de su centro, y la guagua se detuvo a poca distancia, en la parte norte de la avenida, hacia donde la llevó el súbito desvío que hizo el chófer en su esfuerzo por no arrollar al demandante.
“Uno de los testigos, Virgilio Silva, estimó la velocidad de la guagua, en los instantes que precedieron al accidente, en 35 ó 40 millas por hora. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y principalmente las declaraciones de los otros testigos del demandante, y la forma en que declaró Silva, creemos exagerado el estimado del' testigo Silva, como también consideramos exagerados los cálculos de aquellos testigos de la demandada que pretendieron hacer ver que la velocidad de la guagua era alrededor de 20 kiló-metros (12.5 millas) por hora.
“Un análisis de la prueba-nos lleva a concluir que la velocidad de la guagua era moderada, teniendo en cuenta el ancho de la ave-nida, y el muy escaso tránsito, y que no excedió de 25 ó 30 millag por hora, velocidad que no puede considerarse exagerada dentro de las circunstancias excepcionalmente favorables que en el lugar y en el momento del accidente reinaban.
“No' fúé negligente el empleado de la demandada en los instantes que precedieron' ál accidénte, ya que venía por su derecha a una velocidad moderada. Sí fue negligente el demandante al pretender cruzar, corriendo, frente a la guagua y en momentos en que ésta se encontraba ya tan cerca de él.
“Tampoco fue negligente el chófer de la guagua al desviar hacia su izquierda en los momentos del accidente. Al tirarse el deman-dante a cruzar la carretera frente a la guagua, el chófer, además de aplicar los frenos, cosa que indiscutiblemente hizo, tenía tres posibles cursos a seguir: seguir derecho, desviar hacia la derecha, o desviar hacia la izquierda. Tenía ante' sí el chófer, no a una masa inerte, sino a un ser humano en rápido movimiento, quien podía detenerse, seguir cruzando, o retroceder. Escogió el chófer el curso que le permitía a ambos, al chófer y al demandante, la mayor amplitud de acción, el mayor espacio para maniobrar y evitar el accidente. Cree-mos que optó por el curso "más sabio, y que a su decisión debe el demandante su vida. Pero asumiendo que hubiese sido más sabio desviarse a la derecha, o no desviarse, la decisión ■ del chófer no podría considerarse como un acto de negligencia. Un peatón que súbitamente se coloca en una posición de peligro, frente a un vehículo en movimiento, no puede exigir del conductor de ese vehículo que escoja instantáneamente, entre varios posibles cursos, aquel que luego, después de detenida reflexión, hubiese resultado el más sabio.”

Hemos hecho un cuidadoso estudio de la transcripción de la evidencia, que consta de cerca de trescientas páginas, y nos vemos precisados a resolver que las conclusiones de la corte inferior están sostenidas por la prueba. Se trata de uno de esos casos en que el viandante creyó equivocadamente que cruzando la vía pública a paso ligero tendría tiempo su-ficiente para cruzar antes de que el vehículo que venía en dirección hacia él pudiera alcanzarle. El conductor del ve-hículo hizo cuanto pudo para evitar arrollar al demandante, pero desgraciadamente sus esfuerzos resultaron infructuosos.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    G. Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Alejandro Rivera Molina, peticionario ante la Comisión.
    Núm. 310.

    — Sometido: Abril 10, 1944.

      Resuelto: Mayo 29, 1944.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, y Joaquina Pérez Cordero, Angel de Jesús Matos, J. Correa Suárez y A. Sandín del Manzano, abogados los cuatro últimos del Fondo del Estado, abogados todos del recurrente; J. Padilla Ginorio, abogado del obrero, peticio-nario ante la Comisión.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 8 de junio de 1943 el obrero Alejandro Rivera Molina, en el curso y como consecuencia de su trabajo de picador de cañas, recibió una herida superficial en el dorso de la mano izquierda. El doctor Marqués, quien fué el que primera-mente lo asistió, opinó que la herida dehía curarse en tres semanas. Le hizo varias curas, y en el curso de una de ellas observó que se le había formado una úlcera en la herida. Le aplicó una medicina qne según el médico no podía producirle inflamación o irritación. Notando qne la úlcera no caraba, y sospechando que el obrero se estaba interviniendo dolosa-mente con ella, lo envió al Fondo del Seguro del Estado, siendo ingresado en la Clínica San Ildefonso. Allí lo asistió el doctor Comas, quien en octubre 1943 lo dió de alta, curado y sin incapacidad alguna en la mano. Algún tiempo más tarde volvió el obrero al Fondo del Seguro del Estado, siendo examinado por el doctor Molinari, quien encontró que tenía una incapacidad equivalente a la pérdida de un ochenta y cinco por ciento de las funciones fisiológicas de la mano, por no poder contraer los dedos. El doctor Molinari, sin embargo, informó al Administrador que la incapacidad no era consecuencia directa ni indirecta del áccidente, y sí el resul-tado de haberse el obrero maliciosamente inutilizado los dedos manteniéndolos en hiperextensión por un largo período de tiempo. Enterado del informe del doctor Molinari, y antes de que el Administrador dictase su resolución, el obrero apeló para ante la Comisión Industrial. En obsequio a la brevedad de los procedimientos, el Administrador no solicitó la desestimación del recurso por prematuro, y asumió que su resolución sería la misma que proponía el doctor Molinari en su informe. Se procedió a oír la prueba ante el Presi-dente de la Comisión. Declararon por el Administrador va-rios médicos y por el obrero el doctor Cordero y el propio obrero. Con excepción del de la Comisión Industrial, doctor Cordero, todos los médicos declararon que ni la herida ni la úlcera afectaron los tendones de la mano, y que por consi-guiente la incapacidad se debía exclusivamente a que el obrero dolosamente había mantenido los dedos en hiperextensión por un largo período de tiempo con el fin de inutilizarse, como en efecto se inutilizó, la mano. La declaración del doctor Cordero es algo confusa, pero en resumen, no concurre con la de sus compañeros que declararon por el Administrador.

• El Presidente emitió una opinión denegando la compensa-ción, fundándose precisamente en que la incapacidad que tenía el obrero no era consecuencia directa ni indirecta de la lesión sufrida por él en el curso y como consecuencia dél em-pleo. El Comisionado señor Paz Gránela emitió una disi-dente sosteniendo que la inutilidad de la mano debía atri-buirse a la lesión recibida en el curso y como consecuencia del empleo, porque antes de recibir la lesión el obrero tenía sus manos en perfecto estado, y el Administrador no había presentado prueba directa para sostener que el obrero inten-cionalmente había mantenido los dedos de dicha mano en hiperextensión. Concurrió en la opinión disidente el Comi-sionado señor Herrero, convirtiéndose así la disidente en opinión de la mayoría.

En la vista declaró el obrero negando haberse intervenido con la herida, pero los comisionados que componen la ma-yoría no vieron ni oyeron declarar al obrero, ni tampoco a los peritos de una y otra parte. Existiendo como existió discrepancia entre los peritos de una y otra parte, la con-ducta del obrero en ia silla testifical pudo ser decisiva a los efectos de dirimir el conflicto en la prueba pericial, pues de haber demostrado él por la forma de declarar, que no estaba diciendo la verdad cuando aseguraba que no se había inter-venido con la lesión, necesariamente habría que darle crédito a aquellos peritos que aseguraron que la incapacidad de la mano se debía exclusivamente a los actos ilegales del obrero.

Es obvio el error en que incurrió la mayoría de la' Comisión al exigir que el Administrador presentase prueba directa de alguien que. hubiese visto al obrero interviniéndose con la lesión. Si esa clase de prueba se exigiese, en muy raros casos podría probarse la intervención dolosa, pues el obrero que la realiza, naturalmente, no lleva a efecto su acto ilegal en presencia de alguien que pueda descubrirlo. La existencia de la intervención puede establecerse mediante prueba pericial y las demás circunstancias concurrentes. Es verdad que como cuestión de derecho los demás comisionados no están obligados a aceptar las conclusiones de becbo a que hubiere llegado aquél ante quien desfiló la evidencia. Atiles Moréu, Admor. v. Comisión Industrial, 62 D.P.R. 61. Pero habiéndose cometido el error antes apuntado, y existiendo desacuerdo con respecto a la apreciación de la prueba peri-cial, es de aplicación lo resuelto en Ortiz v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 278, 279:

"No creemos que los comisionados que no tuvieron la oportunidad de asistir a la vista pública tengan necesariamente que aceptar la apreciación que de la prueba hiciera aquél ante quien se celebró, pero es indiscutible que los que no oyeron ni vieron declarar a los testigos, no están en tan buenas condiciones para apreciar y resolver sobre la credibilidad de los testigos como aquél que presidió la audiencia. ’'

Procede i evocar la resolución recurrida y devolver el caso a la Comisión Industrial para q-ue oyendo de nuevo la prueba ante la Comisión en pleno, dicte la resolución que proceda en armonía. con la ley y los hechos probados.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Modesta Concepción Cosme, Etc., demandantes y apelantes, v. Demetrio Latoni Pecunia, demandado y apelado.
    Núm. 8930.

    — Sometido: Mayo 17, 1944.

      Resuelto: Mayo 31, 1944.

      Abelardo Casanova, Prats, abogado de los apelantes; Bubón <& Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los antecedentes de este caso son los siguientes:

En octubre 11 de 1934 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia declarando nulo el ejecutivo hipotecario y con lugar la contrademanda, condenando a los demandantes a pagar a su acreedor hipotecario un total de $12,171.22. Esta suma incluía los intereses devengados hasta abril de 1932. En mayo 26 de 1937, esta Corte Suprema modificó la senten-cia recurrida en cuanto negaba a los demandantes el derecho a reclamar el importe de las rentas percibidas por los deman-dados mientras estuvieron en posesión de los inmuebles y la confirmó en cuanto a los demás pronunciamientos, devol-viendo el caso a la corte inferior para que allí se practicara la correspondiente rendición de cuentas. . Concepción v. La-toni, 51 D.P.R. 564, 582.

En 25 de junio de 1941, la corte inferior dictó una sen-tencia enmendada por la que condenó al demandado a pagar a los demandantes la suma de $4,810.71, por concepto de ren-tas recibidas, y condenó a los demandantes a pagar al de-mandado contra-demandante la cantidad total de $12,171.22. En mayo 19, 1943 confirmamos dicha sentencia en todas sus partes. Concepción v. Latoni, 62 D.P.R. 104. La apelación interpuesta por el demandado fue desestimada por la Corte de Circuito en noviembre 18 de 1943. La interpuesta por los demandantes está aún pendiente ante la Corte de Circuito.

En diciembre 21 de 1943, ambas partes litigantes presen-taron ante la corte inferior una “Moción solicitando resolu-ción aclaratoria de Sentencia”, en la que hicieron constar que les había sido imposible ponerse de acuerdo en lo refe-rente al pago de intereses sobre las cantidades que cada una de las partes debía pagar a la otra, de acuerdo con los térmi-nos de la sentencia original de octubre 11 de 1934 y los de la' sentencia enmendada de junio 25 de 1941.

Alega el demandado que él tiene derecho a cobrar inte-reses al tipo legal de 6 por ciento, sobre $12,171.22 desde octubre 11 de 1934 hasta la fecha del pago.

Alegan los demandantes que la sentencia por $4,810.71 en contra del demandado no debe devengar intereses en caso de que se resuelva que tampoco debe devengarlos la sentencia a favor del demandado y en contra de los .demandantes.

En abril 3 de 1944 la corte inferior- resolvió:

(1) Que el demandado tiene derecho a intereses al 6 por ciento sobre los $12,171.22 desde octubre 11, 1934, fecha de la sentencia original, hasta octubre 1,. 1941, fecha en que apeló de la sentencia enmendada; y desde noviembre 18, 1943, fecha en que el recurso fué desestimado hasta que se verifique el pago.

(2) Que los demandantes tienen derecho a intereses lega-les sobre la suma de $4,810.71 desde junio 25, 1941, fecha de la sentencia enmendada, hasta julio 7, 1941, fecha en que apelaron de dicha sentencia, y desde mayo 19, 1943, fecha en que la sentencia fué confirmada hasta su total pago.

No estuvieron conformes los demandantes y establecieron el presente recurso. Alegan que la corte inferior erró al no resolver que tanto la sentencia original como la enmendada excluyen el pago de intereses.

En la opinión que sirvió de base a la sentencia de octubre-11 de 1934, por la cual se declaró nulo el procedimiento eje-cutivo hipotecario, la corte sentenciadora hizo constar lo' que sigue:

"El importe del crédito adicional de $850.00 para gastos, costas y honorarios de abogado no estuvo incluido en la oferta hecha por el demandado en el acto de subasta y si bien se alega que tuvo que satis-facerlo, siendo nulo el procedimiento ejecutivo hipotecario, no puede eargarse nada por ese concepto, ni por intereses desde la ejecución, porque las fincas pasaron indebidamente a manos del demandado y desde entonces se ha beneficiado de ellas. Pontón v. Sucesores de Huertas y González, 46 D.P.R. 796.”

La sentencia enmendada dictada en junio 25 de 1941 no contiene pronunciamiento alguno en cuanto al pago de inte-reses.

No tenemos duda de que cuando el juez sentenciador dispuso en su sentencia original que los demandantes no tendrían que pagar intereses sobre la suma total que debían pagar al demandado, lo hizo así porque creyó que sería injusto conceder al demandado esos intereses y también permitirle conservar para, sí las rentas producidas por las fincas mientras estuvieron ocupadas ilegalmente, por el mismo demandado. La corte había cometido el error de negar a los demandantes el derecho a exigir que se le devolviesen esas rentas; y el error hubiese llegado a su grado máximo si, además de negarles ese derecho, se les hubiese condenado a pagar intereses. Subsanado ese error, de acuerdo con los términos de nuestra sentencia de mayo 26 de 1937, la corte inferior dictó su sentencia enmendada de junio 25 de 1941 y en ella se limitó a condenar al demandado a pagar a los demandantes la suma de $4,810.71 “por concepto de las rentas reclamadas en la tercera causa de acción”, y a los demandantes a pagar al demandado un total de $12,171.22. Esa sentencia enmendada, que es la que habrá de ser ejecutada en caso de que fuere confirmada por la Corte de Circuito, ha venido a sustituir a la sentencia original a todos los efectos legales.

No conteniendo dicha sentencia pronunciamiento alguno en cuanto al pago de intereses, el secretario de la corte deberá incluir en el registro de la sentencia los intereses correspondientes a la misma, desde la fecha en que fue dictada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Enjuiciamiento Civil. Hernández Mena v. Foote, 22 D.P.R. 759; Miranda v. P. R. Ry. L. & P. Co., 50 D.P.R. 974; Franceschi Ex parte, 53 D.P.R. 75; Bravo v. Corte, 60 D.P.R. 272; 14 Cal. Jur. 945. [3] No erró por tanto la corte inferior al resolver qne ambas sentencias devengan intereses desde la fecha en que fueron dictadas y no desde la fecha en que fueron modificadas o confirmadas. Franceschi, Ex-parte, supra. [4] Tampoco erró al resolver que ni los de-mandantes ni el demandado tienen derecho alguno a intereses por el término durante el cual sus respectivos recursos de apelación estuvieron pendientes. 33 C. J. 247, párrafos 158 a 161 inclusive.

La.resolución recurrida debe ser confirmada.


text:
    Alicia Bacó Vda. de Piñeiro, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1143.

    — Sometido: Mayo 22, 1944.

      Resuelto: Mayo 31, 1944.

      Luis López de Victoria, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió 'la opinión del tribunal.

La recurrente adquirió por compra a los hermanos Ignacio y Victoria Agostini un solar radicado en el pueblo de Yauco. En la escritura de compraventa se describió a la compradora como “mayor de edad, propietaria, viuda y ve-cina de Yauco, Puerto Rico.”

El párrafo quinto de la escritura presentada al registro, lee así:

“Quino»: Efectúan la venta por precio de dos mil quinientos; dólares, cantidad que los vendedores.confiesan recibida de-manos de la compradora antes de este acto a su más entera satis-facción y en la proporción a ellos correspondiente y por cuya suma le dan carta de pago, recibo en forma y este otorgamiento en señal de posesión.”

El registrador recurrido practicó la inscripción solicitada “con el defecto subsanable de no acreditarse el estado civil de la compradora cuando hizo la entrega del dinero”. Alega la recurrente que la nota es errónea y debe ser revocada.

Arguye el registrador, en defensa de su nota, que ha-biendo las partes contratantes convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio y entregado éste con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la escritura de compraventa, el contrato quedó perfeccionado en la fecha en que se verificó la entrega del precio; y que es en relación con esa fecha — y no con la fecha de la escritura — que debe acreditarse el estado, civil de la compradora, a fin de poder determinar el carácter-privativo o ganancial de los bienes objeto del contrato.

El artículo 1339 del Código Civil (Ed. 1930) dispone que “la venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el’precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado”. En el caso que nos ocupa, las partes contratantes no se limitaron a convenir en la cosa objeto del contrato y en el precio. Fueron más allá de lo que el citado artículo requiere para el perfeccionamiento de un contrato, entregando la compradora el precio convenido antes del otorgamiento de la escritura.

Si el contrato de compraventa entre los hermanos Agos-tini y la recurrente quedó perfeccionado y fue obligatorio para ambas partes desde el momento en que la recurrente' pagó el precio convenido,' es sin duda alguna importante a los efectos del registro determinar cuál era el estado civil de la adquirente del inmueble,-la recurrente, en el momento en que pagó dicbo precio. Si en esa fecha ella era casada, la adquisición tendría que presumirse como ganancial. El ar-tículo 1307 del Código Civil (1930) equivalente al 1407 del Código Civil Español, dispone: “Se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer”.

En sus comentarios- al artículo 1407 del Código Civil Es-pañol, dice Manresa:

“Ya en los artículos 1396 y 1401 hemos visto que para la ley resulta indiferente que las adquisiciones a título oneroso se verifi-quen a nombre del marido o de la mujer, pues sólo se atiende a la procedencia del dinero o equivalente, y así, las adquisiciones a costa del caudal de uno solo de los cónyuges, son privativas de él, y las hechas a costa del caudal común son gananciales. Si no consta de donde se ha tomado ese equivalente, el artículo 1407 presume que procede del caudal común y declara ganancial la adquisición.
“Como la presunción está establecida en favor de la comunidad, la prueba incumbe al cónyuge que afirma- pertenecerle los bienes o derechos, negando al afirmar esto la verdad de la presunción.”

Opinamos que el Registrador recurrido no erró al consig-nar en su nota el indicado defecto subsanable. Es cierto que la recurrente era viuda en la fecha del otorgamiento de la escritura, pero no existe presunción alguna de que también lo fuera cuando pagó el precio convenido por la adquisición del solar. Delgado v. Registrador, 23 D.P.R. 704, 706, Figueroa v. Registrador, 31 D.P.R. 377, 379 y Martines v. Registrador, 62 D.P.R. 862. La nota del registrador no está basada en presunción alguna. Apareciendo de la escritura que la compradora es viuda y que el precio convenido fué pagado con anterioridad a la fecha de su otorgamiento, el registrador, velando por los derechos de aquéllos que pudie-ran tener algún interés- en los bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales que existió entre la recurrente y su difunto esposo, procedió correctamente al exigir constancia de cuál era el estado civil de la compradora recurrente en la fecha en que pagó el precio de la adquisición.

La nota recurrida debe ser confirmada.


author: El Juez Piíesidente Señob Teavieso

text:
    Nemesio Morales Cruz, demandante y apelante, v. Delia Mejías, Inc., demandada y apelada. Santiago Velázquez Rivera, demandante y apelante, v. Delia Mejías Inc., demandada y apelada.
    Núms. 8811 y 8812.

    — Sometidos: Enero 19, 1944.

      Resueltos: Mayo 31, 1944.

      Carlos E. Colón, abogado de los apelantes; Miguel Mareos Morales, abogado de la apelada.
   El Juez Piíesidente Señob Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

Delia Mejías, Inc., una corporación doméstica con oficina principal en Ponce, Puerto Rico, y dedicada a la industria de la aguja, fue demandada separadamente por Nemesio "Morales Cruz y Santiago Velazquez Rivera en reclamación de daños y perjuicios sufridos en un accidente de automóvil. El accidente en cuestión se describe en las demandas como sigue:

“.en julio 19 de 1941, como a eso de la 1:40 P. M. en la calle Villa de la ciudad de Ponce, P. R.el automóvil li-cencia privada número 6452, propiedad de Carlos Mejías,' conducido en aquellos momentos por FeRnando Luis TORRES Medina, empleado y agente de la demandada Delia Mejías, Inc., mientras lo conducía por dicha calle Villa de Oeste hacia Este, a gran velocidad, en una forma descuidada y. negligente, se desvió hacia su izquierda yendo á chocar con un carro de piraguas propiedad del demandante (Ne-mesio Morales Cruz) el cual se encontraba estacionado en la orilla de dicha calle, destrozando el carro de piraguas, lanzándose violen-tamente contra la persona del demandante (Nemesio Morales Cruz) y de Santiago Velázquez Rivera, que a la sazón se encontraban estacionados en la acera cerca de donde se encontraba el carro de piraguas, lesionándolos gravemente, yendo a chocar a su vez dicho vehículo con un establecimiento comercial ubicado en aquel sitio, lesionando por último a Ismael Torres RodRÍguez, el cual se encon-traba en aquellos momentos en una de las puertas de entrada de dicho establecimiento comercial.” (Paréntesis nuestros).

Se alegaba además que el referido automóvil, licencia número 6452, y su conductor iban en el momento del acci-dente dedicados a negocios de la demandada, Delia Mejías, Inc., y en el curso de los mismos, “bajo mandato e instruc-ciones dádasle por los directores o funcionarios en aquellos momentos a cargo de los negocios de dicha corporación, uno de los cuales es el propio dueño del automóvil que ocasionó el accidente objeto de esta demanda”.

Contestó Delia Mejías, Inc. cada una de dichas demandas admitiendo algunos hechos alegados en las mismas y negando otros.

Llamados ambos casos para juicio el 29 de octubre de 1942 comparecieron las partes y por estipulación acordaron celebrar ambas vistas conjuntamente.

■ El 28 de abril de 1943, la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia en cada uno de dichos casos declarando sin lugar ambas demandas enmendadas. Contra dichas sentencias han interpuesto los demandantes los dos recursos de apelación que nos ocupan.

Hemos creído conveniente considerar ambos recursos con-juntamente, ya que las cuestiones planteadas bajo los cinco señalamientos de error pueden reducirse a una sola cuestión, a saber: ¿ Cometió error la corte inferior al declarar que la demandada no era responsable de los daños y perjuicios cau-sados por la negligencia de su empleado, Fernando Luis Torres Medina?

Antes de contestar a esta pregunta haremos un análisis de los hechos que quedaron establecidos en la corte inferior y sobre los cuales no hay controversia. Son éstos los siguientes:

(a) Que el accidente ocurrió en la forma que se describe en la demanda; (b) que el mismo se debió exclusivamente a la negligencia de Fernando Luis Torres Medina al conducir el automóvil, licencia número 6452; (c) que dicho automóvil-era propiedad, a la fecha del accidente, de Carlos Mejías; (d) que también para la fecha del accidente Torres Medina trabajaba como empleado en el taller de la corporación de-mandada; (e) que la Srta. Delia Mejías, era presidenta de la corporación Delia Mejías, Inc. así como también de la cor-poración American Coffee Shop; (/) que Carlos Mejías, her-mano de Delia Mejías, era también accionista de la American Coffee Shop para la fecha del accidente objeto de estos plei-tos, pero no era empleado de la demandada.

Además de los hechos arriba enumerados, los demandan-tes trataron de probar que Fernando Luis Torres Medina, empleado de la demandada, trabajaba en el taller de costura de ésta conduciendo a veces los automóviles de la demandada en gestiones del negocio de la misma; que el día del acci-dente, que era un sábado, como a las once de la mañana, y ■obedeciendo a nna llamada telefónica fné al American Coffee .Sbop donde la Srta. Delia. Mejías le ordenó que fuese en el .automóvil de Carlos Mejías al “Deportivo” a buscar a la •señora madre de la Srta. Mejías para llevarla al taller de la demandada y a recoger unos manteles para el Coffee Sbop. •Que cuando iba a salir le dijeron que aguardara un rato y •ayudara en la fuente de soda, pues era un sábado y había mucha venta en el Coffee Shop, y que hiciera las diligencias ■que se le habían encomendado después. Que Torres Medina tenía por costumbre ayudar en el Coffee Shop. Que como a la una y media o a las dos de la tarde, cuando se disponía a ir a cumplir con la orden que le habían dado, le dijo a la Srta. Delia Mejías que él no había almorzado y que ella le ■contestó que fuese a almorzar primero y luego fuese a buscar a la señora madre de ella y la llevase al taller y llevase los paños al Coffee Shop. Que cuando regresaba de almorzar e iba a buscar a la Sra. Mejías a su casa fué que ocurrió el accidente.

De ser ciertos estos hechos, ¿es la demandada responsa-ble de los daños sufridos por los apelantes?

(1) El artículo 1802 del Código Civil (Ed. 1930) establece como regla general que aquél que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado y como excepción a esta regla general el artículo 1803 establece que tal responsabilidad se extiende también a aquellas personas de quienes se deba responder, disponiendo expresamente que los dueños o directo-res de un establecimiento o empresa son responsables de los daños y perjuicios causados por la negligencia de sus depen-dientes en el servicio de los ramos en que los tuviesen em-pleados o con ocasión de sus funciones.

Así, este tribunal, al interpretar los citados artículos del Código Civil en cuanto a su aplicación a empresas dueñas de automóviles dijo que eran responsables de los daños y per-juicios que causen dichos vehículos al ser manejados negli-gentemente por sus empleados en el curso de sus funciones,. (Truyol v. West India Oil Co., 26 D.P.R. 361), pero que para que tal obligación sea efectiva es necesario probar (1) que al ocurrir el accidente el causante de los daños era un em-pleado o agente de la empresa demandada, y (2) que éste iba actuando en ese momento en el desempeño de sus obligacio-nes como tal. Vélez v. Armstrong Hnos., 40 D.P.R. 709.

Sin embargo, esta regla ba sido desechada en casos pos-teriores con la adopción de otra al efecto de que “la prueba de que el demandado era dueño del automóvil que causó los daños en la fecha en que ocurrió el accidente, crea la presun-ción juris tamtum de que en dicha fecha la persona que manejaba dicho automóvil negligentemente era empleada o agente del demandado y actuaba en el curso y desempeño de sus atribuciones.” Lotti v. McCormick Lumber Co., 51 D.P.R. 334, 337 y siguientes, donde se hace un análisis de la-cuestión; Morales v. Otero, 53 D.P.R. 569 y Aponte v. Palacios, 55 D.P.R. 697, en que se sigue a Lotti v. McCormick Lumber Co., supra.

Esta presunción es de aplicación únicamente en los casos de establecimientos o empresas que posean automóviles para el uso del negocio. No es aplicable en un caso como el de autos on que el automóvil que ocasionó el accidente era pro-piedad de Carlos Mejias y era utilizado para sus fines par-ticulares.

Los demandantes trataron de probar que el automóvil de Carlos Mejias era usado en ocasiones para el servicio de la demandada y que en la fecha del accidente objeto de las acciones entabladas por los demandantes se hallaba prestando servicios a la demandada. Sin embargo, ni a juicio de la córte inferior, ni en nuestra opinión, lograron los demandantes establecer esto último. Es inmaterial para los efectos de estos casos el que la demandada hubiese utilizado el automóvil de Carlos Mejias para su servicio en otras ocasiones aisladas como se trató de probar. Esto no establecía presunción alguna en favor de los demandantes, pues la presunción juris tantum, que hemos analizado antes, es aplicable-únicamente a los casos en que la empresa demandada sea dueña del vehículo que causa el daño. En el caso de autos, el peso de la prueba recaía sobre los demandantes para probar que ¿1 automóvil estaba siendo usado en un servicio de la demandada. A tal efecto fue llamado a-declarar el propio Fernando Luis Torres Medina, cuya negligencia causó el accidente por el cual re-claman daños y perjuicios los demandantes-apelantes. Su declaración no establece en forma alguna que él estuviese en el momento del accidente conduciendo el automóvil en el ser-vicio de la demandada o con ocasión de sus funciones como empleado de la misma.

De esta declaración nada surge que pueda establecer la responsabilidad de la demandada por los actos de Fernando Luis Torres Medina. La orden en cuestión fue dada por la Srta. Delia Mejías, presidente de las corporaciones Delia Mejías, Inc., la demandada, y “American Coffee Shop”, pero ¿fue dada esta orden para realizar algún servicio de la de-mandada? No, según la propia declaración del testigo la orden fue para que fuese a buscar a la señora madre de los hermanos Mejías y la llevase al taller de la demandada o al “Coffee Shop” (el testigo se contradice) y recogiese unos manteles para el “Coffee Shop”. No importa que a Torres Medina se le. ordenase llevar a la Sra. Mejías de su casa al taller de Delia Mejías, Inc. Dicha señora ni trabajaba allí, ni era accionista de la corporación de manera que su presen-cia allí en nada servía a dicha corporación; en nada la bene-ficiaba. Tampoco los manteles que se le ordenó recoger, oran para la demandada y sí para el “American Coffee Shop ’ que es una corporación distinta a la aquí demandada.

Por las razones expuestas, no creemos necesario ir más lejos para convencernos de que carecen de fundamento los errores señalados por los apelantes y de que deben confirm morse las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado SeñOR De Jesús

text:
    Luce & Co., S. en C., peticionaria, v. Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, demandada.
    Núm. 11.

    — Resuelto: Mayo 31, 1944.

      Uartzell, Kelley & Uartzell y J. L. Novas, abogados de la recurrente; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, Gabriel Guerra-Mondragón e Ismael Soldevila, abogados de la recurrida; Philip F. Herrich, como amicus curiae, a nombre de los Estados Unidos dé América.
   El Juez Asociado SeñOR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En este caso fueron anulados los decretos números 2 y 3 promulgados el día 27 de febrero de 1943 por la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico. Luce & Co. v. Junta Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452. Se alegaba por la peticionaria que varios miembros de la Junta que estuvieron ausentes de las . audiencias en las cuales se recibió la prueba que sirvió de base a dichos decretos, participaron en la resolución sin que los referidos miembros tuviesen conocimiento de la prueba en qiíe se.basó la citada resolución de la Junta. Se devolvió el caso a la Junta para que en relación con el decreto número 3 siguiese los procedimientos pertinentes a fin de determinar si en efecto los miembros de la Junta que en cualquier mo-mento estuvieron ausentes de las sesiones, leyeron las partes correspondientes del récord antes de dictarse el aludido de-creto, y en caso de no haberlas leído, que leyeran dichas partes del récord. La sentencia fué aclarada por la resolu-ción dictada el 2 de febrero de 1944 en el caso de Rubert Hermanos, Inc. v. Junta Salario Mínimo, diciéndose:

“A ese efecto, ordenamos que los casos recurridos sean devueltos a la Junta para que resuelva dicha controversia luego de oír la evidencia que ofrezcan los recurrentes y la que en contrario pudiere presentarse. Si la resolución fuere adversa a la contención de los recurrentes, la Junta devolverá los casos a este Tribunal para dis-poner de ciertas cuestiones que no fué necesario considerar dada la conclusión a que llegamos respecto a la nulidad del decreto número 3. Mientras tales cuestiones se resuelven por este Tribunal, no alteraremos nuestra decisión anulando el decreto número 3, ya que sería inútil dejarla sin efecto para volverla a restablecer si la resolu-ción que se dictare sobre dichas cuestiones pendientes así lo exigiese. Si la resolución de la Junta por el contrario sostiene la contención de los recurrentes, procederá entonces, de acuerdo con nuestra sen-tencia, a dar a sus miembros que no oyeron la evidencia ni leyeron el récord, la oportunidad de leerlo, hecho lo cual dictará una nueva resolución • que sirva de base al -nuevo decreto que expedirá en susti-tución del actual decreto número 3.”

De conformidad eon la aclaración a que acabamos de re-ferirnos, la Junta celebró una audiencia en la cual las partes presentaron evidencia en relación con el punto en controver-sia. Por los méritos de esa evidencia la Junta dictó una resolución sosteniendo que los miembros que estuvieron au-sentes durante parte de la audiencia celebrada a los fines de la aprobación de los decretos, al participar en la resolución aprobándolos actuaron con pleno conocimiento de la prueba presentada durante sus respectivas ausencias. Basó esta conclusión la Junta en que los referidos miembros habían leído el récord en su totalidad con excepción de lo poco que faltaba por transcribir, lo cual les fué leído directamente de las notas taquigráficas.

La resolución emitida por la Junta no fué impugnada en forma alguna- por los recurrentes. Procede, pues, pasar a considerar la única cuestión que queda por resolver en este caso: determinar si las condiciones impuestas a la industria azucarera por el decreto número 3 referente a salarios mí-nimos, boras máximas de labor,, etc., están sostenidas por la evidencia que se presentó ante la Junta.

El decreto impugnado fué aprobado unánimemente por los nueve miembros que entonces constituían la Junta, inclu-yendo al señor Serrallés, quien si bien no lo firmó por la circunstancia de baber tenido que ausentarse precipitada-mente para los Estados Unidos, estuvo conforme con el mismo.

Examinada la prueba que ante sí tuvo la Junta, debemos concluir que existe evidencia sustancial para sostener la re-solución que sirvió de base al decreto impugnado. El- estudio de los peritos admitido en evidencia tiende a demostrar que los salarios fijados y las normas de trabajo promulgadas son justos, y que la industria azucarera puede razonablemente pagar los salarios y trabajar de acuerdo con las normas esta-blecidas.

Habida cuenta de que conforme resolvió la Junta, los miembros de la misma que estuvieron ausentes de las sesio-nes al dictarse la resolución que sirvió de base al decreto número 3 actuaron con conocimiento de la prueba; y consi-derando además que los salarios fijados y las normas esta-blecidas son razonables y están sostenidos por evidencia sustancial, procede reconsiderar nuestra sentencia dictada en este caso en cuanto anuló el decreto número 3, y declararlo por la presente válido.

      M caso de Bubert Hermanos, Ine., supra, fué resuelto el 23 de septiembre de 1943 por la opinión emitida en esa fecha en el presente caso.

      La controversia consistía en si los miembros de la Junta ausentes durante ciertas sesiones conocían o no la evidencia al dictar la resolución que sirvió de base a los decretos impugnados.


text:
    Ismael H. Herrero, et als., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1142.

    — Sometido: Mayo 24, 1944.

      Resuelto: Mayo 31, 1944.

      Bubón <& Ochoteco, Otero Suro & Otero Suro y M. Benitez Flores, abogados de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Luis Meaux instó en la Corte de Distrito de San Juan un pleito en cobro de dinero contra la Sucesión de José Rodrí-guez Pérez. Los demandados contestaron la demanda y su-plicaron que se impusiese al demandante el pago de las costas y honorarios de abogado. Deseando asegurar el cobro de dichas costas y honorarios, los demandados solicitaron,y ob-tuvieron de la corte de distrito el embargo de bienes del de-mandante hasta la cantidad de tres mil quinientos dólares, previa fianza que prestaron por igual cantidad. Enviado el correspondiente mandamiento al Registrador de la Propie-dad de San Juan, Sección Segunda, se denegó la anotación por los siguientes fundamentos: 1, porque el embargo fué ordenado a favor de los demandados, sin que de los docu-mentos presentados apareciese que diclios demandados hu-biesen establecido reconvención o contrademanda; y 2, por-que se decretó la prohibición de enajenar la finca embargada, y dicha prohibición sólo procede cuando la obligación recla-mada fuere de dar cosa determinada poseída por el deudor o por un tercero a su nombre.

En apoyo del primer fundamento de su nota, arguye el registrador que de acuerdo con los términos claros de la ley, el embargo es un remedio que se concede exclusivamente al demandante, y que sólo puede obtenerlo el demandado en aquellos casos en que por haber radicado una reconvención o una contrademanda, el demandado en lo que a una u otra alegación se refiere, se convierte y viene a ocupar la posición legal de un demandante. Sostiene además el Registrador que de acuerdo con el artículo 1 de la ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias, el embargo sólo puede obtenerlo el que demandare en juicio el cumplimiento de una obligación, y que en el presente caso ninguna obligación por parte del demandante a favor de los demandados existió al tiempo de decretarse el embargo. La posibilidad de que la demanda no prospere y el demandante sea condenado al pago de las costas y honorarios de abogado, dice el Registrador, es una contingencia que puede o no realizarse, y que si esa posibilidad bastara para que pudiese decretarse un embargo, en todos los casos podría haber dos embargos: el del demandante, para asegurar el cumplimiento de la obligación que reclama, y el del demandado, pará asegurar el pago de las costas y honorarios de abogado para el caso de que se declare sin lugar la demanda.

Los recurrentes sostienen que a virtud de lo prescrito en el artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), la parte a cayo favor se dicte una sentencia o resolución final tiene derecho a que se le concedan las costas, y también ho-norarios de abogado cuando la parte adversa haya procedido con temeridad. Insisten los demandados recurrentes en que para el caso de que la sentencia pudiera dictarse a su favor, tienen ellos derecho, mediante embargo, a asegurar la efec-tividad del pronunciamiento de la sentencia que condene en costas y honorarios a los demandantes.

Es cierto que el referido artículo 327 prescribe que a la parte a cuyo favor se dicte cualquier sentencia o resolución final, le serán concedidas las costas, y también honorarios de abogado cuando la parte adversa haya procedido con teme-ridad, pero ¿en qué momento surge esa obligación de pagar costas y honorarios de abogado? Los propios recurrentes nos lo dicen en la página 7 de su alegato:

“Si sólo puede concluirse que la condena de costas y honorarios de abogado es una obligación nacida de la ley, mediante la cual un litigante viene obligado a satisfacerle a otro litigante, que lo ha ven-cido en juicio, el pago de determinada cantidad de dinero, forzoso es concluir que a través de tal condena surge un acreedor y un deudor (Bastardillas nuestras.)

Si para que esa obligación exista es preciso que antes se haya dictado sentencia o resolución final a favor del deman-dado, la alegada obligación es una condicional, y debe regirse por el artículo 1067 del Código Civil (ed. 1930), dispositivo de que “En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya ad-quiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la condición.” (Bastardillas nuestras.) Como al tiempo de ordenarse el embargo, la obligación que reclaman los deman-dados no existía, pues aún no se había dictado sentencia a favor de ellos con ese pronunciamiento, es evidente que no teníaii causa de acción para reclamar una obligación que no había surgido, y no teniendo ellos una causa de acción no podía decretarse un embargo a su favor. Armstrong & Co. v. Irizarry, 29 D.P.R. 606, 608, y Gastón v. Herederos de Franceschi, 43 D.P.R. 308, 309. En este último caso se dijo por este Tribunal:

“No hay duda alguna de que si claramente la contr ademan da no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, caería por su base cualquier medida adoptada para asegurar la efectividad de la seíitencia que pudiera dictarse a virtud de la misma.’’

En cuanto al segundo fundamento de la nota, los recu-rrentes convienen con el registrador en que en el presente caso no procedía la prohibición de enajenar, pero arguyen que el Eegistrador pudo denegar la anotación de la prohibi-ción de enajenar y anotar la orden de embargo.

Convenimos en que por el solo hecho de ordenarse inde-bidamente la prohibición de enajenar, no podía denegarse la anotación del embargo; pero cómo éste no procedía por las razones que ya hemos expuesto, el Eegistrador no podía ac-tuar como pretenden los recurrentes.

Finalmente, alegan los recurrentes que la facultad de calificar concedida a los registradores por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, no se extiende a casos como el presente, en que se trata de una resolución judicial dictada con jurisdicción.

En el caso de Valiente v. Registrador, 63 D.P.R. 149, in-vocado por los propios recurrentes en apoyo de su tesis, y en los de Fortis v. Registrador, 43 D.P.E. 94, y Sucesión Estrella v. Registrador, 41 D.P.E. 756, que en el primero se citan con aprobación, se sostiene que cuando la corte de distrito ha dictado una resolución final, el registrador debe tenerla por buena y suficiente si la corte tenía jurisdicción y el pro-cedimiento seguido fué el marcado por la ley. Véase tam-bién Galindo y Escosura, Legislación Hipotecaria, cuarta edición, tomo II, pág. 128.

Concedemos que la corte de distrito tenía jurisdicción •sobre el pleito, pero es innegable que el procedimiento se-guido por ella al decretar el embargo no fue el marcado por la ley, puesto que lo decretó prematuramente para asegurar una obligación que todavía no tenía existencia legal, y con-secuentemente no podía dar lugar a la expedición de una orden de embargo.

Procede la confirmación de la nota recurrida.

       Para un. estudio sobre el origen de la doctrina que requiere la existencia de una causa do acción para que proceda el remedio de embargo, véase la Monografía en 30 Am. Dec. 606.