text:
    Efigenio Charneco, demandante y apelante, v. Antonio Méndez, demandado y apelado.
    Núm. 9238.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Enero 14, 1946.

      José Veray, Jr.} abogado del apelante; Inés Acevedo de Campos., abo-gada del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Efigenio Cliarneeo entabló demanda de desahucio contra Antonio Méndez, piara recobrar la posesión de una parcela de dos cnerdas de terreno, radicada en el barrio de Mamey, en la municipalidad de Aguada. En agosto 21 de 1944, es-tando aún pendiente el caso de desahucio en precario, Ohar-neeo radicó ante la Corte de Distrito de Aguadilla una de-manda de injunction en la que alegó ser dueño de una finca de 17.25 cuerdas, dentro de la cual está enclavada la par-cela de dos cuerdas, con su casa, ocupada por el demandado Méndez y que es la misma parcela envuelta en el caso de desahucio; y que el demandado, sin título ni derecho alguno, estaba penetrando en la finca del demandante, destruyendo los árboles y cogiendo para su beneficio el café allí produ-cido. Después de hacer las alegaciones usuales sobre daños irreparables, multiplicidad de pleitos y falta de remedio legal adecuado, el demandante solicitó la expedición de un auto de injunction prohibiendo al demandado que continuara realizando los actos enunciados y ordenándole que se abstu-viera de perturbar al demandante en la posesión de la finca.

El demandado negó específicamente los hechos esenciales de la demanda y alegó en contrario:

Que está en posesión desde hace cinco años de una finca de 31 cuerdas, dentro de la cual está enclavada la de 17 cuer-das, descrita en la demanda; y que su posesión ha sido y es pública, pacífica, continua y real.

Que es poseedor de la parcela de dos cuerdas y dueño legítimo de la casa en ella enclavada, por haberla edificado.

Que como poseedor de la finca de 31 cuerdas, desde hace cinco años, la ha cultivado, sembrado y mejorado, edificando en ella una casa para su familia; que durante los pasados cuatro años ha cogido la cosecha de café y sembrado y-re-colectado frutos menores, con pleno conocimiento y consenti-miento del demandante Charneco, quien nunca hizo objeción alguna hasta el mes de junio de 1944, cuando empezó a per-turbar al demandado en la posesión pacífica del inmueble, mandando a abrir zanjas en la finca y prohibiéndole que recolectase el café.

Alegó además, que es a él a quien se causarían graves e irreparables perjuicios si se le prohibiese recolectar el café, por ser éste un fruto que si no se coge a tiempo se cae y se pierde; que él es persona solvente, que puede responder en cualquier momento de cualquier obligación; que el con-flicto que existe entre las partes en cuanto al derecho de po-sesión no puede ser dirimido en un procedimiento sumario de injunction y sí on la acción ordinaria correspondiente; que el demandado ha poseído y posee la finca de 31 cuerdas en virtud de contrato celebrado con el demandante desde hace cinco años, por el cual el demandado se comprometió a cultivar la finca y el demandante a darle al demandado la mitad del café y de los demás frutos de la finca; que el con-trato ha estado en vigor por cinco años, y no habiéndose fijado término para la duración del mismo dehe entenderse hecho por el tiempo necesario para la recolección de los fru-tos pendientes; y que el demandado ha hecho mejoras y ha incurrido en gastos para el cultivo y recolección del café.

La corte de distrito dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y condenando al demandante al pago de las cos-tas, más $150 para honorarios.

Alega el demandante apelante .que la corte inferior co-metió manifiesto error en la apreciación de la prueba.

En su relación del caso' y opinión, el juez sentenciador, después de hacer un resumen de lo declarado por el demandante y por el demandado, respectivamente, llegó a la conclusión de que las alegaciones de la demanda, al efecto de que el demandado había penetrado ilegalmente en la finca del demandante para coger los frutos, habían sido contradichas por las declaraciones del propio demandante, quien admitió que el demandado tenía a su cargo la finca para hacer las cosechas de café; que en los dos primeros años, el demandante pagó los gastos de limpieza, pero que en los dos últimos años los gastos fueron hechos con lo producido por la finca, dividiéndose el remanente entre el demandante y el demandado. De acuerdo con lo declarado por el demandante, el convenio entre él y el demandado fué celebrado en el año 1940; y fué en junio de 1944 cuando por primera vez el demandante se opuso a que el demandado continuara haciendo las cosechas.

No erró la corte sentenciadora al concluir, de acuerdo con la prueba, que el celebrado entre las partes litigantes era un ■contrato de aparcería agrícola, el cual debe regirse por y ser interpretado de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 76 de 4 de mayo de 1931 (pág. 467), enmendada en su sección 36 por la Ley núm. 62 de 25 de abril de 1940 (pág. 447).

De la prueba presentada no resulta que las partes hubieran fijado el término de duración del contrato'. Siendo ello así, debe entenderse que el contrato fue hecho “por todo el tiempo necesario para la recolección y aprovechamiento de los frutos que toda la finca diere en un año o pueda dar por lina vez, aunque pasen dos años o más para obtenerlos”, según lo dispuesto por la sección 3 de la citada Ley. Mientras esté pendiente la recolección de los frutos, el terrateniente está obligado “a mantener al aparcero en el goce pacífico de la finca por todo el tiempo del contrato”. (Inciso 3, sección 5 de la citada ley).

Es un hecho admitido que el terrateniente demandante notificó al demandado, en junio de 1944, para que cesara en la finca. El terrateniente tiene derecho a requerir al aparcero para que desocupe la finca antes del vencimiento del contrato o del tiempo que establece la sección 3 de la Ley; “pero en ese caso vendrá obligado a indemnizarle los daños y perjuicios que se le causen y, además, a pagarle la parte proporcional que le corresponda en los frutos sembrados, previa tasación de peritos nombrados al efecto” (sección 11 de la ley). Mientras no se cumpla con el requisito previo de la tasación y pago o afianzamiento del valor de los frutos pendientes de recolección, no procede el desahucio del aparcero. (Sección 18, Ley de Desahucio, enmendada por Ley núm. 68 de mayo 8, 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 200)). En el caso de autos no se presentó prueba alguna demostrativa de que el demandante cumpliera con dicho requisito legal.

No erró la corte inferior al denegar ol injunction solici-tado. Martínez et al. v. Soto, 32 D.P.R. 607; Municipio de Comerío v. Rivera, 34 D.P.R. 410. El remedio legal provisto por la Ley de Aparcería Agrícola es adecuado y suficiente para la protección del demandante. Véase: Alonso v. Nieves, 52 D.P.R. 199 y 785.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presideete Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Fernando Zayas Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 10966.

    Sometido: Diciembre 14, 1945.

      Resuello: Enero 14, 1946.

      Ramos Antonini, Orliz é Gutiérrez Franqui, abogados del apelante; Son. Procurador General E. Campos Del Toro, Luis Negrón Fer-nández, Procurador General Auxiliar y J. Rivera Barreras, abo-gados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presideete Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acnsado y convicto de nn delito de ho-micidio involuntario (misdemeanor), consistente en haber conducido nn automóvil tan negligentemente y a velocidad tan exagerada, que arrolló al individuo Manuel Jiménez Morales, causándole la muerte. No estuvo conforme con la sentencia de nueve meses de cárcel que le fue impuesta y estableció el presente recurso.

Alega el apelante que la corte interior erró al declarar sin lugar la moción para la absolución perentoria del acusado y al dictar sentencia condenatoria.

Del récord aparece que al terminar la prueba del fiscal, el acusado presentó una moción solicitando su absolución perentoria; que la corte la declaró sin lugar; y que el acu-sado procedió entonces a ofrecer su prueba. Esto es sufi-ciente para que no nos detengamos a considerar este seña-lamiento, pues es doctrina bien sentada la de que la presen-tación de evidencia por un acusado, después de denegada la moción para su absolución perentoria, equivale a una renun-cia de dicha moción. Pueblo v. Ojeda, 26 D.P.R. 438; Pueblo v. González, 24 D.P.R. 713; y Pueblo v. Berenguer, 59 D.P.R. 81.

Hemos examinado la evidencia y encontramos que ella es más que suficiente para justificar la acusación y la sentencia impuesta al acusado. Todos los elementos del delito impu-tado quedaron claramente establecidos, sin que pueda caber la más leve duda en cuanto a que el acusado era el conductor del vehículo, que por ir conducido a una velocidad excesiva y negligentemente, causó la muerte a Manuel Jiménez. La corte sentenciadora no erró en la apreciación de la evidencia.

Sostiene el apelante que la corte inferior erró al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio.

Este señalamiento carece de méritos. Siendo apelable la résolución denegatoria de un nuevo juicio, cuando no se apela de ella este Tribunal carece de jurisdicción para revisarla. Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, 674; Pueblo v. Ortiz, 62 D.P.R. 258; Pueblo v. Vélez, 63 D.P.R. 405 y Pueblo v. García Molina, Cr. Núm. 10,924, resuelto en noviembre 26 de 1945 (per curiam).

Del récord aparece que al terminar el abogado defensor de exponer al jurado la teoría de su defensa, el Fiscal, en presencia del jurado, dijo, que esa teoría £íes contraria a la que expuso en el juicio anterior y que no puede Pacerse de acuerdo con la Ley”. La defensa solicitó que se retirara el jurado y en ausencia de éste bizo una moción para que la corte declarase un mistrial. La moción fué declarada sin lugar y entonces, al continuar la vista, la corte se dirigió al jurado en esta forma:

“La Corte instruye al Jurado que la teoría de la defensa en este caso, es la teoría que expuso el señor Gutiérrez Franqui, que es el caso que tienen ante vuestra consideración, y que no deben, para nada, tomar en cuenta la manifestación que bizo el Fiscal hace un momento de que se babía variado la teoría de la 'defensa. ’ ’

Convenimos con el apelante en que las manifestaciones del Fiscal son impropias e incorrectas. Un acusado tiene derecho a basar su defensa en cualquier teoría, aun cuando ella sea diferente de la presentada en un juicio anterior so-bre la misma causa. El Fiscal puede combatir un cambio injustificado en la teoría de la defensa, impugnando las de-claraciones de los testigos presentados para sostener la nueva teoría, confrontándolos con las declaraciones que hu-bieren prestado en apoyo de la teoría descartada y utili-zando cualesquiera otros recursos autorizados por las reglas de evidencia para demostrar que la nueva teoría es incompatible con la presentada en la vista anterior.

El error cometido por el Fiscal, de haber quedado insub-sanado, pudiera ser considerado como perjudicial a los in-tereses del acusado. Empero, la oportuna y correcta ins-tracción dada por la corte al jurado subsanó el error y evitó el perjuicio. Pueblo v. Marrero, 48 D.P.R. 896; Pueblo v. Marchand, Paz, 53 D.P.R. 671; Pueblo v. González, 59 D.P.R. 97; Pueblo v. Piazza, 60 D.P.R. 575.

El último señalamiento se relaciona con la admisión en evidencia de una fotografía del busto y rostro de la víctima. Alega el apelante que dicha fotografía fue ofrecida con el único fin de impresionar .al jurado y crear en la mente del mismo un prejuicio contra el acusado. Sostiene el Fiscal que la fotografía era necesaria para que el doctor que practicó la autopsia y los testigos que vieron al herido inmediatamente después de ser arrollado por el automóvil, ninguno de los cuales conocía al interfecto, pudieran identificar la fotografía como la del ser humano que el primero había tenido en la mesa de operaciones y que los demás vieron muerto sobre la vía pública.

El apelante no ha elevado ante esta corte la fotografía por él objetada y no nos ha puesto en condiciones para que podamos determinar si la fotografía en cuestión era de tal naturaleza que su presentación debía inevitablemente impre-sionar al jurado en contra del acusado. El mero hecho de que una fotografía pueda impresionar al jurado en sentido desfavorable para el acusado, no justifica su exclusión, • siem-pre que el Fiscal la haya ofrecido para un propósito legí-timo de la acusación y no con el único fin de crear un pre-juicio on la mente del jurado en contra del acusado. Véanse: State v. Finch, 103 Pac. 505; State v. Nelson, 92 P.2d 182; Wilson v. State, 11 So.2d 563; People v. Smith, 121 N. Y. 578; People v. Durrant, 116 Cal. 179 y Commonwealth v. Winter, 289 Pa. 284.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Jorge Stella Royo, demandante y apelante, v. Antonio Bonilla, demandado y apelado.
    Núm. 9199.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Enero 14, 1946.

      Garlos D. Vázquez, abogado del apelante; A. Beyes Delgado y E. Miranda Negrón, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión de que se queja el apelante en este re-curso es la de que el demandado no fue condenado a pagar honorarios de abogado, no obstante declarar la propia corte sentenciadora que fue temerario.

Se trata de un caso de reclamación de daños y perjuicios que el demandado negligentemente causó con un camión al vehículo de motor del demandante. Examinado el récord aparece que el demandado negó toda responsabilidad por el accidente, a pesar de que la evidencia luego demostró que su negligencia había sido manifiesta. Constan también del récord las tácticas dilatorias del demandado solicitando y obteniendo repetidas posposiciones del juicio, para al fin no comparecer con su prueba cuando finalmente se celebró. Empero, la corte a quo, al negar la concesión de honorarios de abogado al demandante, dijo:

“En cuanto a la concesión de honorarios, si bien es verdad que la parte ha actuado con alguna temeridad, no deja de ser cierto que de-puso su actitud al no comparecer a la última vista del caso en la cual el demandante probó sus daños”. (Bastardillas nuestras.)

La imposición de honorarios de ahogado está regulada por el art. 827 del Código de Enjuiciamiento Civil, según ha sido enmendado, que en lo pertinente dice:

“En caso de que cualquier parte haya procedido con temeridad la corte debe [en inglés dice ‘shall’] imponerle en su sentencia el pago de los honorarios del abogado de la otra parte, estableciendo en su sentencia el montante de dichos honorarios, teniendo en cuenta el grado de culpa en el litigio y el trabajo necesariamente prestado por el abogado de la otra parte; . . . (Bastardillas nuestras.)

El texto citado no deja dudas de que una vez que el juez sentenciador llega a la conclusión de que la parte perdidosa ha sido temeraria es imperativo imponerle la condena de honorarios de ahogado. Couverthie v. Santiago, 62 D.P.R. 782.

De prevalecer el criterio de la corte sentenciadora muy fácil sería para un litigante temerario, consciente de su falta de razón, evadir la condena de honorarios con sólo abstenerse de comparecer al juicio. En nuestra opinión, la ineompare-cencia del demandado en el presente caso, lejos de justificar ' su temeridad como litigante, más bien tiende’a demostrarla, pues si de buena fe hubiera creído que tenía una defensa meritoria, sin duda hubiera comparecido al juicio a soste-nerla.

Procede modificar la sentencia en el sentido -de condenar al demandado a pagar los honorarios de abogado, los cuales deben fijarse en la cantidad de $100, teniendo en menta el grado de culpa en el litigio y él trabajo necesariamente rea-lisado por el abogado dél apelante. Así modificada se con-firma la sentencia.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    Diluvina (conocida por Divina) Ramírez Vda. de Ramírez, demandante y apelada, v. Noemi, Zoe, Ricardo y Jorge José Ramírez y Ramírez, menores de edad; Orison Ramírez y Belén, Inés, Lola, Mercedes, Rufino y Julia Ramírez y Vélez, demandados y apelantes los últimos.
    Núm. 9032.

    Sometido: Enero 18, 1945.

      Resuelto: Enero 18, 1946.

      José Sabater, abogado del apelante Orison Ramírez; Osear Souffront, abogado de los apelantes de apellidos Ramírez Veloz; J. AUmamj Sosa, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Doña Dilnvina Bamírez Marini, vinda del Dr. Bicardo Bamírez Morales, demandó a las personas que constituyen la sucesión de este último, para que se rectifique el concepto de la adquisición de dos inmuebles que aparecen a nombre de la sociedad legal de gananciales que existía entre la de-mandante y su fenecido esposo, y para que dichos bienes se inscriban como privativos de ella. Alega, la demandante que con posterioridad a la muerte de su señor padre, don ¡3ever riano Bamírez y Colberg, convino o.on su señora madre, doña Is olina Marini y Corroa, en cederle sus derechos y acciones en la herencia paterna con la condición de que, terminadas las operaciones particionales, su madre le adjudicaría deter-minados bienes que representasen el valor de su participa-ción cedida; que el 25 de octubre de 1923, por escritura núm.. 147, otorgada ante el notario Miguel del Toro Colberg, su señora madre le adjudicó una finca rústica; que aunque esa adjudicación so hizo a título de venta y a nombré de su es-poso, el verdadero concepto de la transacción o la causa de-la. misma fue el pago de la cesión que de sus derechos he-reditarios en el patrimonio de su padre, ella hizo a su se-ñora madre; que en el año 1929, después de la muerte de su señora madre, por escritura núm. 264, otorgada el 15 de oc-tubre de 1929 ante el notario Miguel del Toro Colberg, cedió. a su hermano David Ramírez Marini todos sus derechos y acciones en la herencia materna, y en esa misma fecha y ante el mismo notario y en consideración a dicha cesión, sn hermano David le adjudicó a su esposo, mediante escritura núm. 266, una finca urbana situada en el pueblo de Cabo Rojo; que aunque en dicha escritura aparece la casa como adjudicada por valor recibido del esposo de la aquí deman-dante, lo cierto es que tal adjudicación se hizo en pago de la antes mencionada cesión; que por lo tanto las dos adqui-siciones fueron hechas a título privativo y por ello la deman-dante solicita la rectificación de las aludidas escrituras, nú-meros 147 y 266, a los fines de que los bienes que en ellas se describen sean inscritos como privativos de ella.

El demandado, Orison Ramírez, hijo natural reconocido del fallecido esposo de la aquí demandante, y los legatarios designados en el testamento de este último, se opusieron, ne-gando todos los hechos esenciales de la demanda y alegando ciertas defensas especiales. Oídas las partes, la Corte de Distrito de Mayagiiez, después de declarar sin lugar las de-fensas especiales interpuestas por los demandados, falló a favor de la demandante y dictó sentencia a su favor. De esa sentencia es que los demandados han apelado, imputando a la corte sentenciadora la comisión de los cuatro errores que a continuación pasamos a considerar.

Se imputa como error a la corte inferior el haber declarado sin lugar la defensa especial interpuesta por los demandados en el sentido de que la demanda no aduce hechos suficientes. Hemos leído ésta cuidadosamente y opinarnos que la misma contiene todas las alegaciones necesarias. No se ha cometido el error imputado.

Se alega que la corte inferior cometió error al admitir prueba oral y uñ documento privado para cambiar y alterar los efectos de las dos escrituras públicas de adquisición de la finca rústica y de la urbana que fueron inscritas •a favor de la sociedad de gananciales constituida por el finado Dr. Ricardo Ramírez Morales y la demandante Dilu-vina Ramírez.

Los bienes objeto de este litigio se presumen gananciales por haber sido adquiridos por el esposo de la demandante mediante escrituras de compraventa en las que no se con-signó que los mismos eran privativos de la esposa. Para destruir esa presunción se requiere prueba fehaciente y au-téntica de que dichos bienes son privativos. En apoyo de su demanda, la demandante ofreció, además de las escrituras de compraventa arriba mencionadas, prueba documental y tes-tifical. Los demandados, basándose en las disposiciones del art. 25 de la Ley de Evidencia que declara inadmisible la evidencia extrínseca en relación con el contenido de un do-cumento, objetaron ésa prueba. La corte inferior, contra la objeción de los demandados, la admitió y la consideró sufi-ciente joara destruir la presunción do gananciales que exis-tía sobre los inmuebles. Los apelantes imputan como error de la corte sentenciadora la admisión de esa prueba extrín-seca. Estudiado el punto en cuestión, nuestro criterio es contrario al de los apelantes, pues la regla que excluye evi-dencia extrínseca para contradecir o variar los términos de un documento escrito no impide que se presente evidencia tendente a demostrar la-verdadera naturaleza de la transac-ción celebrada. En Nieto v. Torres, 56 D.P.R. 154, esta Corte, por voz de su Juez Asociado Sr. De Jesús, dijo a la página 157, citando a 2 Jones on Evidence in Civil Cases, 4a. ed. (1938), páp;. 951, see. 446:

“ . La corte va más allá de los términos del documento para penetrar en la transacción realmente celebrada, y cuando se demuestra que la transacción es una garantía y no una venta, dará efecto al contrato realmente celebrado por las partes. Como la equidad, a base de la cual actúa la corte en tales casos, va al carácter verdadero de la transacción, cualquier evidencia escrita u oral tendente a demostrar la transacción, es admisible. La regla que excluye evidencia oral para contradecir o variar un documento escrito se refiere al lenguaje usado por las partes. Este no puede ser restringido o variado en su signifi- cado natural, sino que debe, hablar por sí mismo. La regla no prohíbe una investigación en cuanto al propósito de las partes al otorgar y recibir el documento_ (Bastardillas nuestras.)

Esta rqgla no puede ser usada por las cortes para suprimir la verdad acerca de una transacción ni para impedir que se demuestre que un convenio escrito es meramente una simu-lación. Véase: Ochoteco v. Córdova, 47 D.P.R. 554; Morales v. Franco, 44 D.P.R. 66, y Puig v. Sotomayor, 55 D.P.R. 260, en donde el Sr. Juez Presidente Del Toro dijo lo siguiente:

“Solemnes son las escrituras públicas, pero no por conservar in-cólume el principio debe quedar consagrado como verdadero lo que en realidad no lo es. Justas y tendentes a establecer el orden, a afirmar el crédito y a robustecer la confianza tan necesarios para el debido desarrollo de las sociedades, son los preceptos de ley invocados, pero esos mismos preceptos contienen excepciones cuyo alcance ha fijado la jurisprudencia a fin do permitir que la luz se haga cuando sea necesario impedir que operen en la realidad de modo injusto. Y en la excepción está este caso comprendido.
“No deben alentarse las simulaciones. La verdad es el camino. La experiencia demuestra cuán caros se pagan los desvíos de esa ruta central que facilita y afianza todas las transacciones, pero muchas veces de buena fe, por una mal entendida bondad hacia fa-miliares y amigos, por el deseo de poner a salvo intereses de personas débiles o por otros motivos más o menos explicables dentro do un campo de acción compatible en cierto modo con la honradez y la verdad última, se realizan actos simulados que no debe permitirse que tengan luego consecuencias tales que resulten opresivas. El cas-tigo debo ser proporcionado á la falta y bastante castigo se recibe en esos casos con las incertidumbres y los trastornos de un pleito.”

Se alega que la corte inferior erró al declarar sin lugar la defensa de qne la acción ejercitada se ha extinguido por haber transcurrido más de diez años desde que se otorgaron las escrituras a que se refiere la demanda hasta la radicación do esta última, a tenor con lo dispuesto en' los artícnlos 1830, 1832 y 1857 del Código Civil. Veamos.

El art. 1830 del Código Civil determina los efectos gene-rales de la prescripción y el 1832 especifica qne la prescrip-ción opera contra toda clase de personas. Ninguno de los dos fija término de prescripción extintiva a la acción qne nos ocupa. En cuanto al citado art. 1857, éste dispone que:

“El dominio y los demás derechos reales sobro bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y .veinte entre ausentes, con buena fe y justo título.”

Mal puede predicarse la contención de prescripción ex-tintiva sobre un artículo que específicamente se refiere a prescripción adquisitiva o usucapión. En el título décimo-octavo del libro IV del Código Civil, bajo la rúbrica “De la Prescripción” se han reunido dos instituciones que, aun cuando tienen reglas comunes, son sin embargo, muy dife-rentes : la prescripción liberatoria o extintiva y la prescrip-ción adquisitiva o usucapión. No se debe, pues, bajo ningún concepto, utilizar el término prescriptivo de una para apli-carlo a la otra, pues ello es erróneo.

Asumiremos, no obstante, que los apelantes lo qne han querido sostener es que su cansante ha obtenido el dominio de dichos inmuebles por la posesión ordinaria de diez años y qne, en sn consecuencia, la demandante no puede pertur-barle en su derecho adquirido. Pero aún esta contención ca-rece de méritos, pues para adquirir por prescripción ordi-naria se requiere, entre otras cosas, justo título y buena fe. La demandante ofreció prueba documental y testifical sobre la verdadera naturaleza de la transacción habida, prueba a la que la corte inferior dió crédito. Luego si, a base de esa prueba, se demostró que el causante de los apelantes mera-mente prestó su nombre en el otorgamiento de las escrituras, no puede sostenerse en forma alguna que tenía un justo tí-tulo y buena fe. Además, de los hechos, así acechados, re-sulta evidente que no ha habido animus domini, requisito sine qua non para que la posesión pueda servir de base para la prescripción adquisitiva del dominio. Véase a ese efecto el art. 1841 del Código Civil que requiere que la posesión sea en concepto de dueño y el art. 1842 del mismo cuerpo legal que dispone que no aprovechan para la prescripción los actos de carácter posesorio ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño.

Se imputa a la corte inferior haber errado al no declarar que la acción ejercitada está extinguida, de acuerdo con el art. 1253 del Código Civil, por haber transcurrido más de cuatro años desde que se otorgaron las escrituras hasta' la presentación de la demanda en este caso.

La acción que ejercita la demandante no es la de nulidad de las escrituras por virtud de las cuales el difunto Ricardo Ramírez Morales aparece adquiriendo en su propio nombre bienes que en realidad pertenecían a su esposa, por haber-les sido traspasados o adjudicados en pago de las cesiones hechas por ella de sus participaciones en las herencias pa-terna y materna. El propósito de la acción os el de demos-trar, como lo demostró la prueba practicada y creída por la corte inferior, que los bienes inmuebles envueltos en esta controversia fueron adjudicados a la demandante en pago de sus participaciones en la herencia de su padre Don Severiano Ramírez Colberg y de su señora madre doña Isolina Marini y Correa; que el esposo de la demandante no pagó precio alguno por el traspaso de las propiedades; y que los tras-pasos de la finca de 126.66 cuerdas y de la finca urbana ra-dicada en Cabo Rojo se hicieron a nombre del esposo de la demandante, a petición de ésta. La demandante declaró: “Yo misma fui quien supliqué que las pusieran a nombre de él; siendo él mi esposo, de toda mi confianza, me creí que es-taban mejor puestas a nombre de él”. Esta declaración fue corroborada por las de los testigos David Ramírez y Reynaldo Ramírez, quienes afirmaron que el difunto Ricardo Ramírez Morales no pagó nada por las fincas; y que éstas aparecen a su nombre, por haberlo querido así la deman-dante.

Creemos de aplicación a los hechos de este caso la doctrina sentada por este Tribunal en Porrata v. Fajardo Sugar Co., 57 D.P.R. 628 y en Ruiz v. Ruiz, 61 D.P.R. 823 En este ííltimo caso, un padre compró una finca y la puso a nombre de su hija mayor, conviniendo con ella en que a me-dida que sus hermanos — entonces menores de edad — fuesen llegando a su mayoridad, ella les iría pasando a cada uno de ellos un condominio de una quinta parte de la finca. Ha-biéndose negado la tenedora del título a entregar los condo-minios que le reclamaron sus hermanos, radicaron éstos una demanda sobre “reivindicación de condominios y pago de frutos”. Al confirmar la sentencia a favor de los herma-nos demandantes, nos apoyamos en fundamentos distintos a los expuestos por la corte inferior, diciendo:

“Si hecho cíe que los cloinandantes.hayan titulado su acción ‘rei-vindicación de condominios y pago de frutos’ no nos impide resolver que en e-:ie caso existe un fideicomiso constructivo, resultando como resulta que dicho remedio es perfectamente compatible, con las ale-gaciones y la prueba. Así Jo hicimos en el caso de Porrala v. Fajardo Sugar Co., 57 D.P.R. 628, 632 y 643, donde ni en el título de la acción ni en la súplica de la demanda se mencionaba el fideicomiso construc-tivo y sin embargo esta corte, para hacer justicia entre las partes, declaró la existencia de dicho fideicomiso.”

La declaración de que en este caso existe un fideicomiso constructivo, o sea que Ricardo Ramírez Florales aceptó y poseyó el título sobre las dos fincas en calidad de fiduciario (trustee), para beneficio de su esposa, la demandante, como fideicomisaria, es perfectamente compatible con las alegacio-nes y la prueba. Al ocurrir el fallecimiento- de su esposo, la demandante adquirió el derecho a reclamar como- de su exclusiva propiedad, los bienes adquiridos por ella como he-rencia de sus padres y que ella “por delicadeza” había hecho poner a nombre de- su esposo. Si sostuviésemos lo contrario, o sea que los bienes adquiridos por Ricardo Ra-mírez pertenecían a la sociedad de gananciales entre él y la ■demandante, estaríamos sancionando el injusto enriqueci-miento de. los demandados a expensas de la demandante, quien, de acuerdo con la prueba, tiene derecho a los bienes que reclama por haberlos adquirido por herencia de sus padres.

Aunque por fundamentos distintos a los expuestos por la corte■ inferior, procede confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.

       En Nicorelli v. E. López Cía, 26 D.P.R. 55, esta Corte resolvió que la regla contenida on el artículo 25 de la Ley de Evidencia sólo es aplicable a controversias entre las partes que firmaron el documento, sus copartícipes o sus herederos. En el presente caso, la controversia os entre la esposa y lo.s herede-ros de una de las partes originales en el contrato. ¿ Tiene la esposa la condición de copartícipe en mi contrato cehbracio por el esposo, por virtud del cual la sociedad de gananciales adquiere determinados bienes'? Considerada como tal, la controversia es entre un copartícipe (la esposa) y los herederos del esposo falle-cido, y en o.;e ca'o, de acuerdo con lo resuelto en Nioorclli, supra, os de aplicación la regla. Dero la evidencia objetada so admite a base de lo resuelto en Nieto v. Torres, supra. Ahora, si la espo. a no puede sor considerada como copartí-cipe, habiendo en la controversia un tercero (la esposa-) ajeno al contrato cele-brado, no es de aplicación la regia que excluye la evidencia extrínseca en relación con un documento escrito y, por lo tanto, la evidencia objetada sería igualmente admisible.

         Véanse: Foreman v. Foreman, (N.Y. 1929) 167 N.E. 428; 2 Restatement of the Law, Trusts, págs. 140 et seq.; 3 Bogert on Trusts, pág. 1596.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico, peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 56.

    Sometido: Junio 11, 1945.

      Resuelto: Enero 18, 1946.

      Mariano Acosta Velárde y Donald R. Dexter, abogados de la peticio-naria; Ron. Procurador General Interino Jesús A. González y A. D. Marchand Paz, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, Tesorero de Puerto Rico, querellado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Expedimos el auto en este caso para revisar la decisión dictada por el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico declarando sin lugar la apelación establecida por la peticio-naria, Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico, a la cual en lo sucesivo nos referiremos como la peticionaria, contra la resolución del Tesorero de Puerto Rico tasando e imponiendo a la peticionaria $158,055.54 en concepto de con-tribuciones sobre la propiedad para el año fiscal 1942-43. Los hechos son los siguientes:

Por ley aprobada el 4 de febrero de 1902 (Leyes de 3902, pág. 84) la Legislatura de .Puerto Rico concedió a la peti-cionaria una exención del pago de toda clase de contribucio-nes por un período de 25 años, siempre que se comprome-tiera a transportar gratis durante dichu término a los miem-bros de la fuerza militar o de la Policía Insular mientras estuvieren en el desempeño de sns funciones oficiales. Pista exención empezó a regir el 31 de marzo de 1.902 y expiraba, por tanto, el 31 de marzo de 1927.

El 7 de mayo de 1927 (Leyes de 1927, pág. 607) la Le-gislatura aprobó la Besolución Conjunta núm. 1 (convertida en ley por el Congreso de los Estados Unidos a virtud ele H. B. 10652, aprobada el 16 de junio de 1938) concediendo a la peticionaria una exención del pago de toda clase de con-tribuciones, exceptuando la contribución sobre ingresos y la-cuota correspondiente a virtud de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, por un período de quince años “a contar desde la fecha en que venció el período de exención” que le fue concedido por la Ley de 1902, siempre que se comprometiera por escrito ante el Gobernador a transportar gratis tanto a los miembros de las fuerzas militares y a los de la Policía Insular corno a las tropas e impedimenta de la Guardia Nacional de Puerto Bieo, a los dementes pobres que tuvieran que in-gresar en el Manicomio Insular, a los asilados de la Escuela Correccional de Mayagüez y a los de los Asilos de Niños y Niñas del. Gobierno Insular, a los presos, y al ganado y toda otra propiedad de El Pueblo de Puerto Bieo que se utilizara para el fomento agrícola de la Isla. Se dispone además que esta exención cesará “desde el momento en que la Comisión de Servicio Público declarare, previa investigación que hi-ciere de la Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Bieo, que el capital de ésta, realmente invertido en el negocio, produce una utilidad líquida de un ocho (8) por ciento anual, por lo menos.”

Habiendo cumplido la peticionaria con los requisitos exi-gidos la nueva exención concedida se retrotrajo a la fecha en que venció la exención anterior, es decir, al 31 de marzo de 1927, y continuó por quince años que vencieron el 31 do marzo de 1942.

Ahora bien, el 26 de julio de 1921 (Leyes de 1921, pág» 747), la Legislatura aprobó la Ley núm. 90 titulada “Para autorizar al Comisionado del Interior a proceder al estudio y construcción de las líneas férreas necesarias para empal-mar las líneas actuales de carácter público en la región oriental de Puerto Rico: para adquirir por compra, arren-damiento o expropiación forzosa, cualquier propiedad nece-saria al objeto de esta ley y liara eximir del pago de contri-bución a cualquier compañía que construya y explote cual-quier sección o trozo de ferrocarril de los especificados en esta ley, a fin de establecer una línea de ferrocarril de cir-cunvalación. ’ ’

De acuerdo con el artículo 1 de esta ley, uno de los tra-yectos que tenía que construirse para establecer la línea de ferrocarril de circunvalación era el especificado con la letra “A” descrito así:

“Línea que comience en la estación de Carolina de. la Compañía de Ferrocarriles de 'Puerto Pico, o sus cesionarios y llegue hasta la estación de Mameyes, de la Fajardo Development Company.”

Por el artículo número 9 de la ley núm. 90, supra, se eximió del pago de contribuciones por diez años a “ . . . cualquier compañía de servicio público que constru-yere y explotare cualquiera de las líneas especificadas en el referido artículo primero de esta Ley . . ”

En el año 1925, no habiéndose efectuado la construcción de las lincas necesarias para conrpletar el llamado “ferro-carril de circunvalación” la Legislatura aprobó en julio 18 la Ley núm. 49 (.Leyes de 1925, pág. 277), enmendando los artículos 1 y 9 de la Ley núm. 90 de 1921. El artículo 9, enmendado, dice así:

“Artículo 9. — La autorización que por esta Ley se concede al Comisionado del Interior para proceder a la construcción de las lí-neas férreas enumeradas en el artículo 1 de la presente Ley, no im-pedirá que todas, cualesquiera o cualquiera de dichas líneas férreas sean construidas y explotadas por cualquier compañía do ferrocarril de carácter público que esté dispuesta y en condiciones de construir todas o cualquiera de dichas líneas o secciones mediante franquicia concedida por la Comisión de Servicio Público, siempre que tal franquicia sea solicitada dentro del plan ya fijado por la Comisión do Servicio Público, antes que el Comisionado del Interior baya dado comienzo a la construcción de la línea o líneas cuya construcción interese. Y al efecto se faculta al Comisionado del Interior para que baga, a la vez, las necesarias gestiones con el fin de conseguir que cualquier compañía de servicio pirblico construya o explote todas o cualquiera de las secciones o líneas de ferrocarril especificadas en el artículo 1 de esta Ley; Disponiéndose, que cualquier compañía de Ferrocarril de Servicio Público que forme o haya de formar parte del Ferrocarril de Circunvalación, y que actualmente esté exenta del pago de contribuciones, continuará.\ exenta de tales contribuciones por diez años más, excepto la llamada contribución de ingresos (Income Tax) tan pronto se verifique él empalme de sus respectivas líneas con cualquiera de las secciones de Oriente, especificadas en los incisos (a), (b), (c) y (d) del artículo primor o de esta Ley; Y, disponién-dose, además, que también quedará exenta de la contribución antes expresada cualquiera otra Compañía de Ferrocarril de Servicio Pú-blico que construya la línea o líneas que sean necesarias para empal-mar con otra cualquiera de las secciones especificadas en el artículo primero de esta Ley, o con cualquiera de las líneas de circunvalación que tienen actualmente por terminales las ciudades de Carolina y Guayama; Y disponiéndose, además, que las compañías y líneas de servicio público que por esta sección de la presente Ley quedan ex-ceptuadas del pago de contribución, estarán en el deber de prestar el servicio de transportación gratis o libre de gastos (durante el pe-ríodo de exención) a los oficiales y miembros de la Policía Insular y de fuerzas militares, cuando estén en uniforme y en el desempeño de funciones oficiales, así como a los presos y a los niños de Asilos, pobres de solemnidad, representantes de Institu(;i on es benéficas y caritativas y dementes para su ingreso en el Manicomio Insular; y estarán obligadas, además, a prestar al Gobierno Insular cualquier otra ayuda que éste requiera como necesaria por razones de interés público.
“Toda compañía de ferrocarril de carácter público que obtuviera una franquicia bajo las disposiciones del párrafo anterior, quedará obligada, por la misma franquicia, una vez terminada la construcción de la línea o líneas a que aquélla se refiera, a empalmar la sección o secciones terminadas con las vías de las compañías de servicio pú-blico existentes, y dedicarse a un servicio público de transporte de carga y pasajeros en combinación con ios servicios de las compañías existent.es de carácter público con cuyas vías queden empalmadas y de acuerdo con las reglas que la Comisión de Servicio Público pres-cribiere, y toda línea o líneas de servicio público ya existentes y en operación comprendidas dentro del plan general del ferrocarril de circunvalación, según se lia descrito anteriormente, quedará también obligada, por la presente, a empalmar con la sección o secciones de aquellas líneas de servicio público que estuvieren obligadas a conectar con ellas y que llegaren basta cualquiera de sus líneas terminales.” (Bastardillajs nuestras.)

En febrero de 1927 la Comisión de Servicio Público con-cedió una franquicia a la Fajardo Development Company para construir la línea ferroviaria entre Mameyes y Carolina, la cual se terminó en diciembre de 1931 y el día 28 de dicho mes y año la peticionaria empalmó sns líneas en Carolina.

La contención de la peticionaria es que al momento de hacerse dicho empalme ella estaba exenta del pago de con-tribuciones sobre la propiedad a virtud de la lí. C. núm. 1 de 1927 que le extendió la exención a contar del 31 de marzo de 1927 por nn término adicional de quince años y el cual venció el 31 de marzo de 1942 y que tiene derecho a disfru-tar de los diez años más de exención concedidos por el ar-tículo 9 de la Ley núm. 49 de 1925, supra, y en su conse-cuencia, que estaba exenta del pago de las contribuciones impuestas por el Tesorero de Puerto Rico para el año fiscal 1942-43 y lo está para los años sucesivos hasta el 31 de marzo de, 1952.

El Tribunal- de Contribuciones desestimó la apelación de la peticionaria y sostuvo la actuación del Tesorero por el fundamento principal de que la peticionaria no construyó la línea Mameyés-Carolina antes de veneer on 1927 los 25 años de exención concedidos por la Ley de 1902 ni empalmó sus líneas con ese trayecto -construido por la Fajardo Development Company hasta el mes de diciembre de 1931 cuando ya habían vencido dichos- 25 años de exención. El Tribunal, en su opinión, interpretó el artículo 9, diciendo:

“Obsérvese bien que en el caso de la ‘Compañía de los Ferroca-rriles’, que estaba exenta del pago de contribuciones al aprobarse la ley de 1925, ella continuaría, o adquiriría el derecho do continuar, exenta tan pronto como, o sea, en el instante en que, se efectuara, antes de que terminara el plazo de exención de veinticinco años, el empalme de sus líneas en Carolina o en Guayama con las secciones que había que construir entre Mameyes y Carolina, o entre Huma-cao y Guayama. Empero cualquiera de las otras compañías que construyera, no importa la fecha en que lo hiciera, cualquiera de las secciones enumeradas en el artículo 1 de la ley, quedaría exenta, por diez años, del pago de contribuciones sobre sus bienes. (Bastardillas nuestras.)
“ . Si la ‘Compañía de los Ferrocarriles’ no quería perder la exención de. que disfrutaba, lo único que tenía que hacer, si las otras compañías no lo realizaban antes que ella, era construir la sec-ción de Carolina a Mameyes, o el trayecto de Guayama a llumacao. Pero ella no fué diligente. No cooperó en la medida deseable a la construcción o terminación del ‘ferrocarril de circunvalación’.. Dejó pasar los dos años de. exención que le quedaban.” (Bastardillas nuestras.)

No estamos conformes con esta interpretación limitada del alcance del artículo 9, supra. El Tribunal de Contribuciones lo limita, sin justificación a nuestro juicio, en cuanto a la peticionaria so refiere, al hecho de que ella estaba obligada a construir el ramal Mameyes-Carolina o empalmar sus líneas- con dicho ramal si era construido, como lo fué, por otra compañía, antes del 31 de marzo de 1927, fecha en que vencía la exención original de veinticinco años de que disfrutaba El primer disponiéndose del artículo 9, supra, dice textualmente que “cualquier compañía do Ferrocarril do Servicio Público que forme parte o haya de formar parte del Ferrocarril de Circunvalación y que actualmente esté exenta del pago de contribuciones, continuará exenta de tales contribuciones por dies años más .... tan pronto se verifique el empalme de sus respectivas líneas con cualquiera <fe las secciones de Oriente, especificadas, etc.” (Bastardillas nuestras.) No hay limitación alguna de tiempo en cnanto a fe fecha en que podía la peticionaria hacer el empalme de sus líneas con las de la sección Mameyes-Carolina construida por la Fajardo Development Company. Los diez años más de exención empezarían a contarse “tan pronto se verifique el empalme” si para dicha fecha la compañía de ferrocarril estaba ya exenta del pago de contribuciones, como sin duda alguna lo estaba la peticionaria en este caso a virtud de ha-bérsele concedido en el año 1927 una exención adicional de quince años ‘ ‘ a contar desde la fecha en que venció ’ ’ la exención de 25 años concedida en el año 1902, o sea, a con-tar del 31 de marzo de 1927. En ningún momento desde el SI de marzo de 1902 hasta el 28 de diciembre de 1931, fecha esta última en que se hizo el empalme, dejó la peticionaria de estar exenta del pago de contribuciones sobre la propie-dad. La argumentación d'el tribunal inferior al efecto de que la exención concedida a la peticionaria en el año 1927 iío es una continuación de la otorgada en el año 1902 por el hecho de que la del 1927 no incluye la cuota de indemniza-ciones a obreros y la contribución sobre ingresos, no tiene fuerza alguna. En el 1902 no existían ni la una ni la otra y mal podía la Legislatura exonerar a la peticionaria de su pago. Además, el caso de autos sólo envuelve la exención del pago de la contribución sobro la propiedad, exención ésta incluida en ambas leyes.

Es de notarse, además, que de acuerdo con el artículo 9, tal y como fué originalmente aprobado por la Ley EÚm. 90 de 1921, sólo se eximía del pago de contribuciones por diez años a cualquier compañía de servicio público que “construyere y explotare” cualquiera de las líneas especificadas en el artículo primero de la ley. Al enmendarse en el año 1925 dicho artículo 9, no sólo se concedió la exención por diez años a cualquier compañía que construyera la línea o las líneas especificadas, sino que expresamente se concedió mía exención de diez más a cualquier compañía, “que forme o haya de formar parte del Ferrocarril de Circunvalación’' y que estando ya exenta, continuaría gozando de dicha exen-ción por dicho período adicional tan pronto se verificara el empalme de sus líneas con cualquiera de i as líneas de Oriente especificadas en la ley. De ahí que se usara la frase “que forme o haya de formar parte del Ferrocarril de Circunva-lación.”

Pisto parece admitirlo el tribunal inferior en su opinión pero limita el plazo en que la peticionaria podía hacer el empalme de sus líneas o construir ella las nuevas líneas para empalmar con las suyas al 31 de marzo de 1927, fecha en que vencía la exención original de veinticinco años de que gozaba la peticionaria. Como hemos dicho antes, nada encontramos en la ley que justifique resolver que ésa fue la intención legislativa.

Por el contrario, si examinamos la exposición de motivos contenida en los Por Cuantos de la Eesolución Conjunta núm. 1 de 1927, supra, veremos que se hizo constar lo si-guiente :

“Por cuanto, el Congreso Económico trató extensamente este asunto y llegó a la conclusión, después de largo* debates y conside-raciones, de que la exención de contribuciones, ya concedida a la Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico, cuyo término está ya vencido, debe continuar por un término igual al que ha venido disfrutando, para facilitarle así su mejor desarrollo y desenvolvi-miento, en beneficio del interés público;....”

La Legislatura, en lugar de conceder un término adicio-nal de veinticinco años de exención, recomendado por el Congreso Económico, sólo concedió uno de quince años. Es razonable deducir que su actuación se debió al hecho de que, por la ley de 1925, ya había dispuesto que la peticionaria continuaría exenta por diez años más, tan pronto ella cons-truyera las nuevas líneas o empalmara las suyas con ellas. En diciembre de 1931 cuando la peticionaria empalmó sus lí-neas con las construidas por la Fajardo Development Company ella estaba exenta y obtuvo el beneficio de continuar disfrutando de dicha exención por diez años más a los ya concedidos.

No podemos estar conformes con la conclusión del Tribunal inferior al efecto de qno aún asumiendo que la peti-cionaria tuviera derecho a la exención de diez años conce-dida por la ley de 1925, ese término debe contarse como con-currente con el de quince años concedido por la Resolución Conjunta núm 1 de 1927, es decir, que comenzó en diciem-bre de 1931 al empalmar sus líneas la peticionaria y expiró en el año 1941. Esta interpretación del disponiéndose del artículo 9, supra, hace caso omiso de la frase “continuará exenta de tales contribuciones por diez años más” y espe-cialmente de las palabras “continuará” y “más.”

“Continuar” significa “proseguir uno lo comenzado, du-rar, extenderse.” Y “más” indica “exceso, aumento, am-pliación o superioridad en comparación, expresa o sobren-tendida.” Diccionario de la Lengua Española, 16a. Ed. dé-la Academia Española.

En McCain v. Lamar Life Ins. Co., 172 So. 495, 500, se-definió la palabra “continue” diciéndose que “en su signi-ficación ordinaria en relación con períodos de tiempo, quiere decir prolongar o extender desde la terminación de un pe-ríodo hasta otro.” Así, pues la exención del remanente de los quince años que comenzaron en 1927 de que gozaba la peticionaria en diciembre de 1931 se extendió o aumentó por diez años al expirar dichos quince años en 1942. No otra pudo ser la intención legislativa al usar dichas palabras.

Debe revocarse la decisión del Tribunal de Contribucio-nes y en su consecuencia la resolución del Tesorero de Puerto Pico tasando e imponiendo contribuciones sobre la propiedad de la peticionaria por el año fiscal 1942-43 por estar dichas. propiedades exentas del pago de dichas contribuciones hasta .el 81 de marzo de 1952.

El Juez Asociado Sr. Snyder se inhibió.

El Juez Asociado Sr. Córdova no intervino.

       Edición en inglés.


author: El Juez Asociado Seítor Snyder

text:
    Ramón Villa Rodríguez, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada; Carlos Nicole, patrono.
    Núm. 353.

    Sometido: Diciembre 10, 1945.

      Resuelto: Enero 18, 1946.

      Bauza & Bcmzá, abogados del recurrente; A. de Jesús Matos j A. Bandín del Manzano, abogados del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Seítor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo •de 1985 disponía que en caso de muerte el beneficiario reei-birá de mil a tres mil dólares, “que se graduará en aten-ción a la capacidad económica del obrero o empleado falle-cido y sus probabilidades de vida, de acuerdo con las regias qtie deberá preparar el Administrador del Pondo del Estado, las que tendrán fuerza de ley después de aprobadas por la Comisión Industrial y el Gobernador, y promulgadas de acuerdo con la Ley.” Artículo 3, inciso 5, Ley núm 45, Le-yes de P. R., 1935 ((1) pág. 251).

De conformidad con el inciso 5, se promulgó un número de reglas. La Regla núm. 2 disponía que “la compensación que corresponda por el factor ‘Capacidad Remunerativa’ se determinará de acuerdo con el Jornal que ganaba el obrero o empleado fallecido el día de la ocurrencia del accidente que motivó su muerte. ”

Las referidas reglas también contienen una tabla para computar la compensación. Bajo la referida tabla se esta-blecen dos cifras separadas. Una se obtiene otorgándole una compensación máxima de $3,000 a los obreros de 18 años de edad y graduando la compensación al mínimo de $1,000 para los obreros de 45 años. La segunda cifra se obtiene por un proceso similar de gradación basado en el jornal diario del obrero; quien recibe la compensación má-xima en caso de que se le paguen $4.50 diarios Las dos cifras se suman y se dividen por dos con el fin de obtener la-compensación concedida.

En el presente caso el Administrador resolvió que el obrero cuya muerte ocurrió en el curso de su empleo, tenía 39 años de edad y ganaba 30 centavos la hora por un día de ocho horas, o $2.40 diarios. Aplicándole la Regla 2 y la-tabla arriba mencionada, el Administrador le concedió a la madre del obrero, como su beneficiaría, la suma de $1,697.22. Esta resolución fué confirmada por la Comisión Industrial. Expedimos el auto de revisión a solicitud de la beneficiarla para revisar la decisión, de la Comisión.

El obrero trabajaba como ayudante de camión y fué muerto mientras su camión cargaba en San Juan. Empezó a trabajar a las 7:30 a. m. y el accidente ocurrió a las 11 a. m. El obrero estaba supuesto a ir basta Mayagüez para donde estaba destinada la carga del camión. Si bien la prueba es contradictoria en cuanto a la bora de partida del camión y su trailer para Mayagüez, se admite que tal viaje de ordinario requería siete horas. Por tanto la beneficiarla alega que de no haber ocurrido el accidente, el finado hubiera trabajado por lo menos diez horas y media.

Cualquiera que pueda ser la cifra exacta en cuanto al número de horas que el obrero hubiera trabajado y el tipo de jornal que hubiera recibido, afirma la beneficiarla que la paga diaria hubiera sido mayor de $2.40, la paga por un día de ocho horas a 30 centavos la hora, de no haber ocu-rrido el accidente. Por tanto, alega que debió haberse usado una cifra mayor que la de $2.40 al otorgarse la compensa-ción.

Al presentar este argumento, la beneficiarla descansa en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 3 de la Ley núm. 45, así como también en el inciso 5, que ya se lia citado. - Los incisos 2, 3 y 4 disponen que en caso de incapacidad temporal, parcial permanente, o total permanente, respectivamente, el obrero recibirá compensación semanal sobre períodos de tiempo.que varían según sea el caso. Sin embargo, estos tres incisos tienen una disposición en común: la compensación será una suma igual a la “mitad del jornal que percibía el día del accidente, o que hubiere de percibir a no ser por la ocurren-cia del accidente . . . ”

A pesar del hecho de que los incisos 2, 3 y 4 en sus tér-minos se aplican solamente a casos de incapacidad, la bene-ficiarla descansa en ellos aquí. Y arguye que a tenor con sus disposiciones y con las disposiciones del inciso 5, lo que el obrero hubiera percibido a no ser por el accidente, es de-terminado sumando el tiempo trabajado por aquél al tiempo trabajado por su sustituto el día del .accidente.

El Administrador no comenta la contención de la benefi-ciarla al efecto de que los incisos 2, 3 y 4 se aplican a casos de muerte; en verdad, al redactar la Regla 2 según se co-pia arriba, el Administrador hizo la regla para casos de muerte sustancialmente similar a aquella contenida en el es-tatuto para casos de incapacidad. El Administrador, por tanto, no distingue entre casos de incapacidad y casos de muerte. Su argumento es otro. Sostiene que en vista de la Ley núm. 49, Leyes de P. R., 1935, Sesión Extraordinaria (pág. 539), se debe presumir que el empleado no hubiera trabajado más de ocho horas. Arguye que la limitación legal de, un día de trabajo de ocho horas prohíbe el uso de un período mayor al hacer los cálculos a menos que se demues-tre que el accidente de hecho ocurrió durante horas extras de trabajo. El Administrador afirma que sólo cuando esto ocurre es que usa para sus cálculos las horas extras traba-jadas, pero no en ningún otro caso.

La teoría del Administrador es que el trabajar ocbo horas depende de la voluntad del obrero, qnien nnnca tiene la oportunidad de ejercitarla si es muerto o herido durante las primeras ocho horas de trabajo. El Administrador, por tanto, se niega a tomar en cuenta las horas trabajadas por el sustituto del obrero lesionado si sumando las dos cifras resulta en un día de trabajo de más de ocho horas. Afirma, en efecto que, sin distinguir éntre casos de muerte y de in-capacidad, siempre calcula la compensación a base de un día de trabajo que no exceda de ocho horas, si el accidente ocu-rrió, como aquí, antes de expirar la octava hora. Sin embargo, por razones que más adelante veremos, creemos inne-cesario elegir entre las teorías en conflicto del Administra-dor y de la beneficiaría, por lo menos, en este caso espe-cífico.

Tanto la beneficiaría como el Administrador están equi-vocados en cuanto a la'teoría bajo la cual debe resolverse este caso. Ambos han pasado por alto la distinción que la Ley traza entre los casos de incapacidad y los de muerte. En uno de incapacidad la ley dispone que la paga que el obrero de hecho recibía o hubiera recibido el día del acci-dente es la base para determinar su compensación. Esto no es cierto en un caso de muerte. En el último, la fórmula estatutaria es diferente: la capacidad remunerativa del obrero fallecido.

Al redactar la Regla 2, el Administrador igualó los casos de muerte a los de incapacidad: la compensación en ambos casos es calculada por él a base de lo que el obrero percibía o hubiera percibido el día del accidente. Pero si bien esto es exigido por el estatuto en los casos de incapacidad, no es exigido ni autorizado- en los de muerte.

Como hemos visto, el inciso 5 dispone que en casos de muerte la compensación será graduada de conformidad con la capacidad remunerativa del obrero fallecido. Y, en tér-minos generales, no vemos objeción alguna al empleo de los jornales diarios para determinar la capacidad remunerativa. Por tanto, fue correcto incluir en las reglas promulgadas de acuerdo con el inciso 5, la tabla conteniendo la compensa-ción graduada basada en los jornales' diarios.

Pero al permitir el usó de jornales diarios para deter-minar la capacidad remunerativa, debemos tener en cuenta que la capacidad remunerativa significa fiabilidad para ga-nar dinero, no simplemente lo que el obrero de hecho ganó en un día específico. En su consecuencia, al disponer la Be-gla 2 que el jornal diario se determinará en todos los casos estableciendo el jornal que el obrero de hecho recibió el día del accidente, se desvía del requisito estatutario de que la compensación será graduada de acuerdo con la capacidad re-munerativa. En otras palabras, el Administrador y la Co-misión han cometido error, al actuar bajo la tabla cuya va-lidez se admite, cuando automáticamente emplearon como ca-pacidad remunerativa del obrero la suma que éste percibió o debió haber percibido en determinado día, el día del acci-dente. Esa cifra podría o no reflejar su capacidad remu-nerativa; sólo la investigación posterior podría revelar la verdad. Si el obrero trabajó más de un día, debe examinarse el cómputo de su jornal diario durante un período mayor, in-cluyendo paga extra, de haber alguna, con el fin de de-terminar su jornal diario que viene a ser la clave para su capacidad remunerativa.

Beconocemos que para muchos obreros, si no para casi todos, y en particular en los casos de obreros no adiestra-dos, un día de ocho horas a un tipo específico por hora de ordinario sería típico de sn capacidad remunerativa. Pero •el Administrador y la Comisión deben dar algunos pasos j>ara convencerse de que ésos son los hechos en el caso espe-cífico que está ante ellos. El jornal que el obrero estaba su-puesto a percibir el día del accidente debe ser por un día típico para ser determinante; no puede aceptarse éste auto-máticamente, toda vez que de la investigación podría surgir ■qué era más — o menos — que lo que el obrero corrientemente ganaba. La compensación en un caso de muerte, en vista de la fórmula estatutaria, no puede predicarse en la circunstan-cia fortuita de un jornal mayor — o menor — percibido el día del accidente, sino más bien en el promedio del jornal dia-rio sobre un período mayor. Véanse Campbell, Workmen’s Compensation, Vol. I, sección 991; Schneider, Workmen’s Compensation Law, Second Edition, Vol. II, secciones 429-38; Horovitz, Injury and Death Under Workman’s Compensation Laws, págs. 262-67; Cf. Montaner v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 924, 932.

En resumen,, la Legislatura estableció una formula un poco rígida para los casos de incapacidad de la cual el Ad-ministrador y la Comisión no pueden desviarse. Pero la Legislatura ha establecido una regla más flexible para casos de muerte. Y es el deber de la Comisión en casos de muerte tomar en consideración datos sobre el jornal, de existir és-tos, en adición al jornal que el obrero percibía o debió ha-ber percibido el día del accidente. Solamente de esta ma-nera podría cumplirse con el mandato legislativo de que la compensación en casos de muerte será a base de la capaci-dad' remunerativa. De lo que hemos dicho resulta que la Regla 2 está en conflicto con la norma estatutaria y por tanto es inválida.

La decisión de la Comisión será revocada y se devolverá el caso para la presentación de prueba adicional, de existir alguna, en cuanto al jornal diario del obrero durante un pe-ríodo razonable con anterioridad al accidente, y para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

       De Jesús Matos, Los Accidentes del Trabajo, Apéndice B, pág. 209.

       El inciso 5 del artículo 3 fué enmendado por la Ley núm. 284, Leyes de P. E. 1945 (pág. 1037), aumentando la compensación mínima y'máxima. En su consecuencia, se ha puesto en vigor una nueva tabla. Sin embargo, el pro-blema en este caso permanece inalterado.

       Igual que en otras fases de este caso, es difícil seg'uir la prueba sobre este punto. Nunca se aclaró si el obrero tenía algunos deberes en el viaje a Mayagüez aunque aparentemente se admite que estaba supuesto a hacer el viajo y que so le hubiera pagado por el mismo. Sin embargo, hubo prueba al efecto de que bajo algunas circunstancias el -chófer llevaba dinero consigo y alquilaba alguna persona cuando llegaba a su destino para que ayudara a descargar el camión. El récord guarda silencio sobre si tal ayuda temporal era en adición a o para sustituir al obrero aquí envuelto.

       La prueba está fragmentada y es confusa sobre estos dos puntos. Es difícil decir si el representante del patrono tuvo la intención de declarar que éste siempre pagaba .tiempo y medio después de la octava hora, o sólo después de la cuadragésima hora a la semana, según lo exige la Ley Federal Sobre-Normas Razonables del Trabajo. Además, bajo la ley insular, el obrero tenía derecho a recibir doble paga por la novena hora y paga ordinaria por todas las horas adicionales a la novena bajo un contrato de 30 centavos la hora por un día de ocho horas. Avellanet v. Porto Rican Express Co., 64 D.P.R. 693, 697.

       Los incisos 2, 3 y 4 fueron enmendados por la Ley núm. 284 de 1945, aumentando la compensación, pero dichas enmiendas no afectan nuestro problema.

       Solamente debe incluirse el trabajo extra si las cifras revelan que ocurrió tan frecuentemente que es menester concluir que un día típico de trabajo incluye cierta suma correspondiente a tiempo extra. (Véanse Campbell, infra, sección 1004, pág. 878; Horovitz, infra, pág. 266.) La fórmula es encontrar el promedio.' de jornal diario, — podrían ser cuatro, ocho, o doce horas de trabajo, dependiendo» en el historial de cáda obrero en particular.

       Esto se torna aún más evidente cuando contemplamos el hecho de que la escala de compensación provista en la tabla varía entre 50 centavos y $4.50 diarios. Aún a la cifra máxima no es probable que un obrero dentro de esta escala tenga una capacidad remunerativa que fluctúe considerablemente. .

       Ya hemos indicado que el problema de si el Administrador, para calcular la compensación en un caso de incapacidad, debe usar el tiempo después de las ocho horas trabajado por el sustituto del obrero lesionado, no está ante nos y por fotuto no puede resolverse en este caso.. '


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Evelina Mora, demandante y apelante, v. Radio Oquendo, demandado y apelado.
    Núm. 9233.

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Enero 18, 1946.

      G. Cruzado Silva, .abogado de la apelante; el apelado no compareció.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del. tribunal.

El inciso 2 del artículo 96 del Código Civil señala como causal de divorcio: “La condena de nno de los cónyuges por delito grave que lleve aparejado la pérdida de los derechos civiles.” Evelina Mora, quien se unió en matrimonio a Radio Oquendo en 1941, entabló demanda de divorcio contra él en 1945, alegando la causal establecida en el inciso 2.

La evidencia sometida en el juicio demostró que en 1938 Oquendo se declaró culpable en nn proceso seguido contra él por un delito felony en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, y fué sentenciado a cinco años de presidio; que cumplió una parte de la condena en el presi-dio y fue entonces puesto en libertad bajo palabra; que mientras se encontraba en libertad bajo palabra en 1941 se casó con la demandante pero esta última no supo de la con-vicción del demandado hasta tres meses después del matri-monio; que en 1943 se le revocó la libertad bajo palabra por haber infringido sus términos, y el acusado fue reingresado al presidio a cumplir el resto de su sentencia, cumpliéndola en su totalidad en 1945. Después de la revocación de la libertad bajo palabra y mientras el demandado estaba en presidio, su esposa inició este pleito de divorcio.

La corte de distrito, resolviendo que el inciso 2 es apli-cable únicamente a convicciones subsiguientes al matrimonio y no a una convicción que como en este caso ocurrió antes del matrimonio, dictó sentencia declarando sin lugar la de-manda. Contra esa sentencia la demandante ha apelado.

Asumimos, sin resolverlo, que se cumple con el requisito estatutario alegando la convicción en la Corte Federal por un delito felony. Pero nuestra Legislatura no ha elegido, como han hecho algunas legislaturas estatales, disponer expresamente que la convicción anterior al matrimonio constituye causal de divorcio. Hartwig v. Hartwig, 142 S. W. 797 (Mo., 1912); Warren, Schouler Divorce Manual, pág. 68. Nuestra ley, aunque no tan clara como en algunos estados, contempló disponer, como en la mayoría de los estados’ con estatutos similares, que únicamente una convicción posterior al matrimonio constituye causal para el divorcio. Warren, supra, pág. 77.

En el caso de autos la convicción ocurrió antes del ma-trimonio. Es verdad que la revocación de la libertad bajo palabra del marido ocurrió después del matrimonio. Pero la revocación de la libertad bajo palabra de” un acusado no es bajo la ley Federal ana convicción; el cumplimiento de la sentencia bajo esas circunstancias se bace de. conformidad con la sentencia original. Título 18, U.S.C.A., sección 719. Y la misma fné impuesta aqní antes del matrimonio. En su con-secuencia, a los efectos legales, el presente es igual al caso en que el matrimonio tuviera lugar después que el esposo cumpliera el término de su prisión. Bajo esas circunstan-cias, en ausencia de una ley disponiendo expresamente que una convicción anterior constituye causal para el divorcio, no se puede conceder divorcio alguno basado en el inciso 2. Véanse Miller v. Miller, 19 Ohio App. 518 (Ohio, 1926); Cassell v. Caswell, 24 Atl. 988 (Vt. 1892).

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

        Daughdrill v. Daughdrill, 178 So. 106 (Miss., 1938), sostiene lo contrario; pero la decisión está predicada en los términos peculiares de la ley de Mississipiñ. Véase Warren, Schouler Dworce Maiwal, pág. 182.

       La eorte de distrito terminó su opinión como sigue:
      "El divorcio es la disolución de un .matrimonio válido, y si no existe tal matrimonio, no puede decretarse. ’ ’ Aparentemente la corte de distrito tuvo alguna duda en cuanto a la capacidad del marido, un felón convicto, para casarse. Hacemos claro que no estamos considerando esa cuestión en este caso. Aquí sólo resolvemos que la convicción en cuestión no fué una causal de divorcio bajo el inciso 2.


author: El, Juez Asociado Señor Córdova

text:
    Jesús Rosado, demandante y apelante, v. Amelia Valentín, demandada y apelada.
    Núm. 9147

    Sometido: Diciembre 26, 1945.

      Resuelto: Enero 23, 1946.

      L. Santiago Carmona, abogado del apelante.; Pedro Amado Rivera y A. Rivas, abogados de la apelada.
   El, Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

La apelada Amelia Valentín obtuvo sentencia en una ac-ción contra Nicomedes Eosado para reivindicar una casa. Luego de ser firme la sentencia, él apelante Jesús Eosado, hijo de Nicomedes, y quien no fue parte en la acción reivindicatoria, pretendió intervenir, sin tener éxito por ser tardía su instancia'. Valentín v. Corte Municipal, 62 D.P.R. 222. Al proponerse Amelia Valentín* ejecutar la sentencia de reivindicación y obtener el mandamiento de ejecución co-rrespondiente, Jesús Eosado radicó demanda de injunction para retener la posesión de la casa, alegando y probando que estaba en posesión de la casa en concepto de dueño desde más de un año antes de radicar su demanda.

Apela Eosado de’ la sentencia que denegó el injunction por él solicitado.

Fundó la corte inferior su decisión en los casos de Ramos v. Puig, 61 D.P.R. 83 y Teissonnier v. Barnés, 8 D.P.R. 204, que resuelven que el poseedor que es lanzado de una finca en virtud de mandamiento judicial expedido en proce-dimiento ejecutivo hipotecario, no puede recurrir al inter-dicto posesorio para recobrar.la posesión. Los casos citados no son aplicables. En ninguno de ellos surge que el posee-dor demostrara que el mandamiento judicial carecía de efi-cacia en cuanto a él. Por lo tanto, los casos sólo resuelven que la persona desposeída en virtud de mandamiento judicial no puede obtener un interdicto para recobrar la pose-sión en ausencia de una demostración de la ineficacia del mandamiento.

Que el interdicto posesorio procede cuando la persona . desposeída en virtud de mandamiento judicial demuestra la ■ineficacia de éste, ha sido resuelto en Lloréns v. Arbona, 61 D.P.R. 279, y en Preston v. Maldonado, 42 D.P.R. 488.

Este último caso es enteramente aplicable al de autos, pues se trataba de un mandamiento judicial expedido en eje-eución de sentencia en nna acción en cobro de dinero en qne no fné parte la persona que poseía la finca en concepto de dueño, resolviéndose que éste tenía derecho a un interdicto para retener la posesión. Véase también la sentencia del Tribunal Supremo de España de 18 de febrero de 1901 (91 J.C. 252), donde se dijo:

“Considerando que si bien, a tenor de lo dispuesto en el art. 926 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando alguno gana en el pleito una cosa inmueble, debe ponérsele inmediatamente en posesión, tal precepto se entiende si la cosa está en poder de quien con arreglo a la sentencia ejecutoria deba entregarla, no cuando la posea un tercero a quien legalmente no pueda afectar la demanda, y que habiéndose judicialmente adjudicado a Doña Inés Sáenz la porción de tierra procedente de los predios Talapí y San F'iguerola, de la que es poseedora por dicho título justo, no puede la recurrente ser desposeída sin antes habérsele oído y vencido en juicio, conforme al art. 10 de la Constitución de la Monarquía y 446 del Código civil, que consigna el derecho de todo poseedor a ser respetado en su posesión y el de ser amparado y restituido en ella por los medios que las leyes establecen.”

La prueba en el caso de autos, que no ña sido contradicha, demuestra que el apelante estaba en posesión de. la casa, en virtud de un título de dominio cuya validez no es pertinente considerar en este procedimiento, desde antes de iniciar la demandada apelada su acción reivindicatoría. Siendo ello así, la sentencia dictada en esa acción en que él no fué parte no le obliga, ni puede tener eficacia, en cuanto a él, el man-damiento judicial expedido en ejecución de esa sentencia. Preston v. Maldonado, supra.

Aunque la apelada, al contestar la demanda del apelante, niega que éste poseyera la casa, y alega que el apelante, hijo del demandado en la acción reivindicatoría, fué la única persona que desde los comienzos de esa acción se ocupó de de-fenderla, dichas alegaciones quedan huérfanas de prueba, li-mitándose la apelada a presentar prueba documental consis-tente en las constancias de expedientes en el caso de reivin-dicación, que en nada corroboran sus alegaciones. Tenemos por lo tanto que aceptar como cierta la prueba presentada por el apelante, al igual que lo hizo la corte inferior. A base de esa prueba, y de las autoridades citadas, procede el inter-dicto solicitado.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra de-clarando c'on lugar la demanda del apelante.


text:
    Modesto Escudero, peticionario y apelante, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Massari, Juez, demandada y apelada.
    Núm. 9259.

    Sometido: Enero 14, 1946.

      Resuelto: Enero 25, 1946.

      Joaquín Velilla, abogado del apelante; Charles B. Hartzell y José L. Novas, abogados del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado, Juan J. Alba, solicita la desestimación, por frívolo, del recurso establecido por Modesto Escudero para ante el Tribunal en pleno de la resolución dictada el 14 de noviembre de 1945 por el Hon. Angel E. de Jesús, como Juez Asociado en funciones de turno, en el caso número 159 de Modesto Escudero v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Domingo Massari, Juez. Dicta resolución dice'así:

“El 10 de noviembre de 1944 la Oficina de Administración de Precios expidió certificado (OPA Forma-D-7) autorizando a Juan J. Alba para que instase los remedios legales procedentes para re-cobrar la posesión de 'cierta casa de su propiedad marcada con el número 21-B de la calle Loíza de Santurce, ocupada por el inquilino Modesto Escudero. Dicho certificado contenía la condición de que el pleito no podía instarse antes del 26 de enero de 1945. Alba instó a ese efecto una acción de desahucio en‘la Corte Municipal de San Juan,- Sección Segunda, pero como después de presentada la demanda aceptó el pago de cánones de arrendamiento vencidos con posterioridad, la Corte, por ese motivo, declaró sin lugar la demanda. Dos o tres meses después, y sin obtener un nuevo certi-ficado de la O.P.A., Alba presentó otra demanda de desahucio contra Escudero en la Corte Municipal de San Juan, Sección Tercera. Por los méritos del caso se dictó sentencia a favor del demandante. Apeló el demandado para ante la Corte de Distrito de San Juan y ésta también dictó sentencia decretando el desahucio del deman-dado. Recurrió entonces el demandado para ante el que suscribe, en su carácter de Juez en funciones de turno, radicando una peti-ción de certiorari.
“En la petición de certiorari alegó el peticionario que la Corte de Distrito había actuado sin jurisdición porque el apelado, al ra-dicar un segundo pleito en la Corte Municipal de San Juan, Sección Tercera, no había obtenido un nuevo certificado de la O. P. A., ale-gando el apelante que el primer certificado había quedado sin efecto al dictar sentencia la Corte Municipal de San Juan, Sección Se-gunda, declarando sin lugar la demanda.
“Ni la Ley titulada ‘Emergency Price Control Act’ ni el Regla-mento para su ejecución establecen esa limitación que el deman-dado trata de imponer al certificado en cuestión. Siendo ello así y no habiéndose demostrado que las circunstancias fueren distintas en el segundo pleito de desahucio de las que prevalecían en el pri-mero, actuó correctamente la corte inferior al no desestimar la de-manda de desahucio por ese motivo.
“Por las razones expuestas se anula el auto expedido y devuél-vanse los autos de este caso a la corte inferior.”

La contención, primordial del apelante, tanto' en su escrito de oposición a la desestimación solicitada, como en la vista oral, es que el certificado expedido por la División de Inquilinato expiró o quedó sin efecto al desestimarse la primera demanda de desahucio incoada por Alba y que éste estaba en estoppel de ejercitar una nueva acción por haber dejado transcurrir varios meses desde el 27 de enero en que pudo ejercitar la acción.

Somos de opinión, como lo fue el juez Asociado Sr. De Jesús, que nada hay en la ley “Emergency Price Control Act” ni en el Reglamento aprobado para su ejecución que provea que el dueño de una propiedad a quien se expide un certificado esté obligado a iniciar la acción de desahucio en la fecha precisa en que entra en vigor. Lo que no puede hacer es iniciar dicha acción un día antes de dicha fecha efectiva. La concesión de varios meses adicionales para que el inquilino se mude no puede en forma alguna sostenerse que le ha perjudicado. Tampoco encontramos nada en la ley o su reglamento que impida al dueño cobrar los cánones del arrendamiento hasta el momento en que lo da por terminado e inicia la acción del desahucio después de la fecha efectiva del certificado.

La apelación en este caso es claramente frívola y debe ser desestimada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: Jül Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    Galiñanes Hnos., Inc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1179.

    Sometido: Enero 16, 1946.

      Resuelio: Enero 28, 1946.

      Juan E. Géigel y Guillermo Silva, abogados de ]a recurrente; el re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   Jül Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 15 de mayo de 1945 los esposos don Cé-sar A. Calderón y doña Sila Serra de Calderón constituye-ron una primera hipoteca voluntaria a favor de la corpora-ción recurrente, Caimanes Hnos., Inc. y de los tenedores de cada uno de los sesenta pagarés suscritos por los menciona-dos esposos a favor de dicha corporación. Los sesenta pa-garés, que tienen un valor total de $160,000, representan parte del precio de ciertas propiedades vendidas por Gali-ñanes Hnos., Inc. a los otorgantes de la hipoteca que garan-tiza su pago.

Presentada la escritura para la inscripción de la hipo-teca en el Registro de la Propiedad de San Juan, negóse el Registrador a inscribirla, por los motivos expuestos en la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del documento en cuanto a la hipotee© se refiere, única operación solicitada, por los motivos siguientes-. Primero: porque según la cláusula decimocuarta de la escritura se constituye hipoteca voluntaria a favor de Galiñanes Hermanos, Inc. y/o a favor del tenedor de cada uno de los 60 pagarés sobre la totalidad de cada uno de los bienes de dichos cónyuges que se describen en el documento, siendo la suma total de los pagarés en cuestión $160,000 de principal y otras responsabilidades. — Segundo: porque si bien por la cláusula decimoséptima se hace una distribu-ción de la responsabilidad hipotecaria entre todas las propiedades afectadas por la hipoteca mencionada, tal distribución resulta ilu-soria e inútil ya que de acuerdo con la cláusula décimocuarta todos los bienes responderán de todos y cada uno de los pagarés, infrin-giéndose de ose modo lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley Hipotecaria, cuya disposición es irrenuneiable por el deudor según se ha resuelto repetidamente por la jurisprudencia y sostenido por los Comentaristas de la propia Ley, — Tercero: porque si aceptáramos que pueda ser insciúta la hipoteca de referencia, en. la forma en que aparece constituida, privaríamos al deudor y a los terceros adquirente de liberar del gravamen cualquiera de las pro-piedades hipotecadas, toda vez que aún pagando el importe de la responsabilidad de la propiedad que se trate de liberar continuaría .afecta al pago de las demás obligaciones o pagarés insolutos de la .serie que garantiza la hipoteca a que nos hemos venido refiriendo.; y en su lugar tomo anotación preventiva por ciento veinte días, al folio 109 vto., tomo 108 de Santurce Sur, finca núm. 4423, Anot. A. Afecta la finca solamente a la hipoteca aquí constituida. San Juan, noviembre 14 de 1945.”

La recurrente solicita la revocación de dicha nota.

Las cláusulas Decimocuarta y Decimoséptima de la escri-tura, a las cuales se refiere la nota recurrida, disponen lo siguiente:

“Decimocuarta: Para garantizar el fiel y completo pago de todos y cada uno de los sesenta pagarés numerados del uno al sesenta que antes se han reseñado en esta escritura, el primero de los cuales se ha transcrito literalmente en la cláusula sexta anterior, y cuyo importe total de principal asciende a la suma de Ciento Sesenta Mil Dólares, y para garantizar igualmente las demás responsabili-dades por concepto de intereses y costas y honorarios que se especi-ficarán en las cláusulas siguientes, don César A. Calderón y doña Sila Serra de Calderón, por la presente constituyen una primera hipoteca voluntaria a favor de Galiñanes Hermanos, Inc. y/o a favor del tenedor de cada uno de dichos sesenta pagarés, sobre la totalidad de cada uno de los bienes de dichos cónyuges que se enu-meran a continuación:”

- Continúa la cláusula decimocuarta describiendo en cinco párrafos distintos, numerados del 1 al 5, las propiedades so-bre las cuales se constituyela hipoteca.

“Décimoséptima: Dicha responsabilidad hipotecaria total de Doscientos Diez Mil Trescientos Noventa y Nueve Dólares con Ochenta y Cuatro Centavos se distribuye entre las varias propie-dades afectadas por la hipoteca en la proporción que se indica a continuación:”

Siguen cinco párrafos, numerados del, 1 al 5, en los cua-les se distribuye la responsabilidad hipotecaria entre las pro-piedades descritas en la cláusula decimocuarta, indicándose específicamente la cantidad por la cual habrá de responder cada uno de los bie,nes hipotecados.

La recurrente admite en su alegato, que de acuerdo con lo estipulado en la cláusula décimocuarta, supra, la hipoteca total constituida en virtud de esa cláusula “responderá del pago de todos y cada uno de los sesenta pagarés que se re-señan en la escritura”, pero insiste en que esa estipulación en modo alguno- convierte en ilusoria, e inútil la distribución, de la responsabilidad hipotecaria requerida por el artículo 119 de la Ley Hipotecaria. Alega además la recurrente que el único propósito de la disposición contenida en la cláusula décimocuarta es el de “mantener vigente el gravamen hipo-tecario hasta tanto haya sido satisfecho el-último pagaré de la Serie de Sesenta”. ■ • .

El efecto práctico de la estipulación contenida en la cláu-sula décimocuarta es, según lo admite la recurrente, “que cada uno de los bienes hipotecados permanecerá gravado hasta que sea pagado el último pagaré de la Serie de Se-senta”, aún cuando cada una de las propiedades hipotecadas responderá únicamente de la cantidad que se le ha asignado en la cláusula decimoséptima. Por ejemplo, la finca descrita bajo el número 1, que es un solar de 815.81 metros cuadra-dos, con todas las edificaciones que en el mismo existen, res-ponderá de la suma de $45,000, pero deberá permanecer gra-vada por la hipoteca hasta que la obligación hipotecaria haya sido totalmente solventada.

La recurrente no cita precepto legal alguno en apoyo de la legalidad de lo estipulado en la cláusula décimocuarta. Alega, sin embargo, que no existe ningún precepto de ley que prohíba hacer lo que las partes han convenido por vir-tud de dicha cláusula, o sea, que cada una de las propieda-des hipotecadas permanecerá afecta al gravamen hipotecario hasta que se haya pagado el último pagaré.

Al aprobar el artículo 119 de la Ley Hipotecaria, el cual requiere que “cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad o parte de-gravamen de qne cada nna deba responder”, el legislador tnvo el propósito de proteger al deudor, concediéndole el derecho de liberar cualquiera de las fincas hipotecadas tan pronto como la obligación que pese sobre ella quede total-mente satisfecha. El artículo 124 de la misma Ley reconoce expresamente ese derecho; y para hacerlo más efectivo, el artículo 164 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hi-potecaria dispone que los registradores no inscribirán nin-guna hipoteca si en ella no se ha cumplido el precepto del artículo 119 de la Ley. Muriente v. Yumet, 58 D.P.R. 617.

En Ortiz v. Registrador, 16 D.P.R. 676, decidió esta Corte que el mandato del legislador, aun cuando ha sido acordado en beneficio del deudor, no podía ser renunciado por éste.

En Crédito y Ahorro Ponceño v. Registrador, 30 D.P.R. 137, la hipoteca presentada al registro contenía una cláusula en la cual se especificaba la cantidad de que debía responder cada finca, pero se pactó además “que las fincas hipotecadas responderán todas y cada una del total de las responsabili-dades” y “que no se cancelará parcialmente el gravamen establecido sobre estas propiedades, sino cuando el total de la deuda y sus-intereses hubieren sido pagados”. Esta Corte confirmó la nota denegatoria de la inscripción, diciendo:

“Se alega que en este caso se cumplió con. lo exigido por la ley. Es cierto, pero también lo es que acto seguido se anuló tal cumpli-miento.”

Lo mismo podemos decir en el caso de autos. En la cláu-sula décimoséptima se cumplió con lo exigido por el artículo 119 de la Ley Hipotecaria. El efecto legal de la cláusula decimocuarta es anular dicho cumplimiento. Véanse: Ga-lindo, Legislación Hipotecaria, Tomo 3, págs. 261 y 262; 4 Morell, Legislación Hipotecaria, 11 ét seg.

El Registrador actuó correctamente al negarse a -practi-car la inscripción. La nota recurrida debe ser confirmado,.


author: El Juez Pkesidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Pico, demandante y apelado, v. Fernando Quiñones Jiménez, acusado y apelante.
    Núm. 11,197.

    Sometido: Enero 16, 1946.

      Resuelto: Enero 28, 1946.

      Alfonso Lastra Chárriez, abogado del apelante; Son. Procurador General S. Campos del Toro, Luis Negrón Fernández, Procurador General Auxiliar j J. Rivera Barreras, Fiscal Interino, Corte Suprema-, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pkesidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, acnsado y convicto del delito de portar ile-galmente nn revólver, fue condenado a la pena de dos meses de cárcel; y no estando conforme con dicha sentencia inter-puso el presente recurso, alegando en apoyo del mismo qne ia corte inferior cometió error al condenarle, no obstante la licencia que para portar armas le había sido concedida por la Corte de Distrito de Humaeao, la cual licencia se encon-traba en pleno vigor en la fecha a qne se refiere la denuncia.

De la prueba documental ofrecida por el fiscal aparece que en julio 6 de 1942, el apelante radicó ante la,Corte de Distrito de Hnmacao una petición para que se le autorizara “para portar un revólver o pistola, en la Isla de Puerto Rico, ele acuerdo con la Ley Prohibiendo Portar Armas”. El pe-ticionario alegó, bajo juramento, que además de dedicarse a la agricultura “ explota un negocio de vaquería y se dedica a la compraventa de ganado”; que con motivo del negocio de compraventa de ganado, el peticionario “tiene que tras-ladarse a distintos pueblos de la Isla conduciendo grandes sumas de dinero a distintas horas del día y de la noche ”; y que el peticionario “tiene fundado temor de que su vida corra peligro mientras conduce los dineros para atender a las compras y los que conduce producto de las ventas de ga-nado en distintos pueblos de la Isla”. Aparece, además, que en septiembre 17 de 1942, la corte dictó una resolución de-clarando con lugar la solicitud y autorizando a Fernando Quiñones Jiménez “a portar armas de fuego, revólver o pis-tola, en toda la jurisdicción de la Isla de Puerto Rico, por el término de un año a partir desde esta fecha”. De la ci-tada resolución copiamos lo siguiente:

“Por Cuanto, señalado día para la vista de este caso compareció el peticionario en persona asistido de su abogado. . . . , estando presente el fiscal. . . . , practicando prueba que a juicio de la Corte justifican y ratifican las alegaciones de su petición;
“Por Cuanto, se le dió traslado de los autos al Hon. Fiscal, quien ha .informado que no tiene objeción alguna que hacer en este caso por haberse cumplido con todos los requisitos de ley;
“Por tanto, etc.” (Bastardillas nuestras.)

La prueba admitida en el acto del juicio demuestra — y el apelante así lo admite — que el arma le fué ocupada al acu-sado mientras la portaba, no en su residencia, y sí en la casa residencia de Rafael Aponte, en donde ocurrieron ciertos he-chos que dieron lugar al arresto del acusado apelante y a la ocupación del revólver que portaba. Empero, el apelante sostiene que por virtud de la licencia que le fuera otorgada, él estaba legalmente autorizado para portar el revólver en el momento y en el sitio en que le fué ocupado.

La “Ley Prohibiendo Portar Armas”, aprobada en 9 de marzo de 1905 y enmendada por la Ley núm. 14 de-25 de junio de 1924, página 115, dispone:

“Sección 6. — Podrán usar armas legalmente:
11. Los conductores de fondos privados mientras los tuvieren bajo su guarda, previa autorización de la corte de distrito correspondiente, ante la cual justificará el conductor de tales fondos o sus patronos, la necesidad de la licencia.” (Bastardillas nuestras.)
“Sección 7. — En adición a las licencias a que se refiere el inciso 11 del artículo precedente, podrá concederse licencia para uso de armas por la corte de distrito del domicilio del solicitante, previa audiencia' del fiscal, si se probare, a juicio de la corte, peligro de muerte o de grave daño personal para el peticionario y las circunstancias del caso, demostradas mediante declaraciones juradas del solicitante y de testigos, justificaren la necesidad de la licencia.” (Bastardillas' nuestras.)

Basta leer las disposiciones legales que acabamos de transcribir para comprender que el estatuto faculta a las cortes de distrito para expedir dos clases distintas de licen-cias para portar armas, proveyendo dos procedimientos dis-tintos para la obtención de cada una de dichas licencias.

Cuando un individuo obligado a conducir fondos priva-dos desea portar un arma para proteger dichos fondos y también su persona, todo lo que tiene quo hacer, de acuerdo con el inciso 11 de la sección 6, supra, es presentar una so-licitud y probar ante la corte de distrito la necesidad de la licencia que solicita. La ley ni siquiera exige que. se- oíga o se notifique al fiscal. Probada la necesidad de conducir los fondos desde un lugar a otro, la corte está facultada para autorizar al conductor a portar un arma, pero solamente “mientras tuviere los fondos bajo su guarda”.

El procedimiento para obtener la licencia que autoriza la sección 7 de la Ley, supra, o sea para portar armas en cualquier momento y en cualquier sitio dentro de la Isla, es algo más estricto. El solicitante de la licencia debe alegar y probar, mediante su propia declaración y las de testigos,-que ha sido amenazado y se encuentra en peligro de perder la vida o de sufrir grave daño personal; y que tiene nece-sidad de portar un arma para fines de defensa. La licencia «n tales casos no puede ser concedida sin la previa audien-cia del fiscal.

El acusado apelante, acogiéndose a lo dispuesto en la sec-ación 6, inciso 11 de la Ley, solicitó licencia para portar un arma mientras estuviere conduciendo los fondos necesarios para comprar o los procedentes de las ventas de ganado en distintos pueblos de la Isla. La corte oyó la prueba ofre-cida por el solicitante para sostener las alegaciones de su petición y estimó que la prueba era suficiente, pero excedién-dose en sus facultades le concedió una licencia que de acuerdo eon la Ley no podía concederle. La corte no podía conce-derle la licencia autorizada por la sección 7 de la Ley, por-que para ello hubiera sido necesario que el solicitante ale-gara y probara que se encontraba en peligro de muerte o de sufrir grave daño personal. La prueba ofrecida por ol solicitante tendió a justificar la necesidad de la licencia para portar un arma durante la conducción de fondos.

• El apelante no puede alegar ignorancia de la ley y mucho menos desconocimiento de lo que bajo juramento alegó en su petición y declaró en el acto de la vista.

Apareciendo de la evidencia que la portación del revólver por el acusado en el día de autos no tenía relación alguna con la conducción o guarda de fondos, es forzoso concluir que al portar dicha arma sobre su persona y fuera de su residencia el acusado apelante cometió el delito por el cual ha sido sentenciado.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.