author: El Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Andrés López, acusado y apelante.
    Núm. 7342.

    Sometido: Enero 24, 1939.

      Resuelto: Febrero 15, 1939.

      González Fagundo & González Jr., abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

         Nota: Véase el prefacio.

   El Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Andrés López Maldonado fue denunciado ante la Corte Municipal de Humacao por Eleuteria Rivera porque “siendo el padre de los menores de edad nombrados Felipe Rivera de 6 años de edad; Carmen Gloria y Víctor Rivera de ocfio años de edad cada uno fiabidos viviendo con la denunciante; de una manera ilegal, voluntaria y sin excusa legal alguna que lo justifique, lia dejado de cumplir con las obligaciones de padre que la ley le impone no proveyendo a dichos meno-res de edad del indispensable alimento, vestuario y asisten-cia médica a pesar de contar con dinero y recursos suficien-tes para dar cumplimiento a tales obligaciones de padre y de haber sido requerido para ello en varias ocasiones.’’

Condenado por la corte municipal, apeló para ante la del distrito. Del acta del nuevo juicio celebrado ante el tribunal de apelación, transcribimos lo que sigue:

"El acusado da por leída la denuncia y formula una excepción perentoria alegando que la denuncia no aducía hechos constitutivos de delito y la Corte luego de oír a las partes, declara sin lugar la excepción perentoria. El acusado entonces hizo alegación de 'no culpable. Se procedió a la práctica de la prueba de cargo, y la defensa solicitó el archivo del proceso alegando que dentro de un caso criminal no se puede establecer una acción civil y además porque la denuncia no estaba jurada, y la Corte declara sin lugar la solicitud de la defensa. La defensa entonces presentó una certificación del matrimonio del acusado, quedando sometido el caso.
“La Corte, vista la denuncia, oída la contestación del acusado y la prueba practicada, de acuerdo con lo resuelto en el caso de El Pueblo v. Rohena, 52 D.P.R. 313 y 314, declara al acusado culpable del delito y lo condena a tres meses de cárcel y las costas; dejando en suspenso esta sentencia mientras el acusado le pase a la denun-ciante para sus hijos semanalmente' la suma de dos dólares para cada uno de sus tres hijos.
“Y se ordena que el sentenciado, si no cumpliere con los térmi-nos de esta sentencia, sea conducido de esta Corte de Justicia para la Cárcel Común del Distrito a donde será entregado al Jefe de aquel establecimiento penal para que sea en el mismo recluido por el tér-mino señalado en esta sentencia.”

Recurrió López Maldonado para ante esta Corte Suprema. Señala en su alegato los siguientes errores:

“Io. — La Corte cometió error al declarar sin lugar la excepción perentoria presentada por el acusado alegando que la denuncia no aduce hechos constitutivos de delito.
‘ 2o. — La Corte erró al declarar sin lugar la moción presentada por el acusado solicitando el archivo del proceso.
"3o. — La Corte erró al admitir prueba testifical para justificar que Felipe, Carmen Gloria y Víctor Rivera son hijos del acusado.
"4o. — La Corte erró por aplicación indebida de los artículos 128, 129 y 143 del Código Civil, edición de 1930, al determinar que den-tro de un proceso criminal podía probarse una filiación en la forma que se lia tratado de probar en esto caso.
"5o. — La Corte erró por infracción al artículo 250 del Código Civil, edición de 1930.
"60.' — La sentencia no está sostenida por la prueba.”

Argumentando el primer señalamiento sostiene el apelante que la denuncia es insuficiente porque de su faz no aparece que los hijos sean legítimos, legitimados, naturales o ilegítimos reconocidos o adoptivos.

Conocemos lo alegado en la denuncia. La ley aplicable lo es el artículo 263 del Código Penal, ed. 1937. Dice:

"Todo padre o madre de un hijo legítimo, legitimado natural o ilegítimo reconocido y adoptivo que voluntariamente y sin excusa legal, dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones que la ley le impone, de proveerle del indispensable alimento, vestuario o asis-tencia médica, incurrirá en misdemeanor; Disponiéndose, sin embargo, que cuando se denuncie a una persona bajo lgs disposiciones de este artículo y fuere sentenciada, la corte podrá dejar en suspenso la ejecución de la sentencia bajo las condiciones que tenga a bien imponer para bienestar del niño.”

A nuestro juicio no es de tal modo insuficiente la denun-cia que deba concluirse que no surja de ella la comisión del delito que se imputa al acusado.

La ley penal tal como rigió hasta el 1931, comenzaba "Todo padre o madre de un niño . . .” y como fuera inter-pretada en el sentido de referirse a hijos legítimos solamente, (El Pueblo v. Ferrán, 26 D.P.R. 263, 264), el legislador la enmendó en su forma actual de modo que comprendiera toda clase de hijos. Se trata de un solo delito cuya esencia con-siste como argumenta el fiscal en su alegato en el abandono voluntario y sin excusa de los hijos, sean éstos de la clase que fueren y por lo tanto si la denuncia habla de hijos expone el hecho fundamental necesario, dejando al juicio, al probar tal hecho, el esclarecimiento de su condición. Si el acusado deseaba ser informado más detalladamente pudo solicitar mayor especificación. No hubo error.

Los otros errores señalados pueden y deben estudiarse conjuntamente. Repetidamente insiste el apelante en que tratándose como se trata en este caso de hijos ilegítimos, sólo pudo condenarse al acusado si se hubiera demostrado la existencia de una sentencia firme dictada en proceso criminal o civil de la cual se infiriera su paternidad o la de un documento indubitado en el cual hubiera reconocido expresamente la filiación, todo, según él, conforme lo exigen los artículos 128, 129 y 143 del Código Civil, ed. 1930. Sostiene que su “ contención es que la paternidad o maternidad del hijo ilegítimo debe ser un hecho anterior o preexistente a la reclamación de alimentos.”

No estamos conformes. Creemos que la corte de distrito no cometió error alguno al admitir la declaración de Eleu-teria Rivera, madre de los menores, sobre el hecho de haber vivido en concubinato con el acusado que era un hombre casado y el de haber nacido como resultado de esa unión los menores hijos de que se trata, a quienes sostuvo como tales por algún tiempo y luego abandonó, ni al permitir a los tes-tigos de El Pueblo Simón Tolentino y Ángel Vigoró que decla-raran también sobre esos hechos, y que tampoco erró al basar en esos tres testimonios su sentencia condenanlo al acusado por haber dejado de proveer voluntariamente y sin excusa legal de alimento a sus hijos ilegítimos menores- de edad Felipe, Carmen doria y Víctor Rivera, de acuerdo con el ar-tículo 263 del Código Penal.

Recientemente esta corte en el caso del Pueblo v. Rohena, 52 D.P.R. 313, resolvió que:

'"El hecho de la paternidad, o sea la relación de padre e hijo que pueda existir entre el acusado y el menor de quien se trate, puede ser establecido dentro del proceso por abandono de menores.”

Y desde hace años en el caso de El Pueblo v. González 26 D.P.R. 424, 425, por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, después de transcribir el artículo 132 del Código Civil,- se expresó así:

“Este artículo tal como está redactado no incluirá el caso de un hijo natural reconocido a menos que la palabra ‘descendientes’ in-cluyera tal caso, y nadie en este país dudaría que un hombre no puede contraer matrimonio con su hija natural reconocida, y por tanto que sería culpable de incesto de tener concúbito con ella.
“La corte inferior basó en parte su decisión en el fundamento-de que la relación filial en un caso de esta naturaleza debe quedar de-mostrada fuera de toda discusión, y que como la acusación alegaba que la hija no había sido reconocida no existía por tanto relación legal entre las partes. En otras palabras, que la ley exige en esta clase de casos que exista alguna relación legal. Esta teoría de la corte está fundada en la regla que generalmente prevalece de que la paternidad de un niño no puede ser investigada. Entendemos que esta regla quiere decir que no se puede acudir a las cortes para es-tablecer una relación civil entre padre e hijo, probablemente para proteger los derechos de propiedad y por razón de los grandes in-convenientes que se causarían a la sociedad si los pleitos de esta clase, pudieran ser incoados indistintamente. Fundamentalmente es más bien una regla de propiedad que otra cosa. Pero la sanción del de-recho penal es muy diferente y este artículo del Código va encami-nado a impedir el concúbito entre dos personas que se hallen dentro do los grados de consanguinidad en que el matrimonio está prohi-bido. No teniendo duda de que un matrimonio entre estas dos per-sonas podría ser declarado ilegal, tampoco la tenemos de que la acu-sación establece un delito. Los siguientes son casos de los Estados Unidos que sostienen la conclusión a que hemos llegado: People v. Lake, 110 N. Y. 61; Cecil v. Commonwealth, 131 S. W. 782; Clark v. State, 45 S. W. 576; Wadkins v. State, 124 S. W. 959; Lipham v. State, 53 S. E. 817; 14 R.C.L. 33.
“No desconocemos las decisiones de esta corte en materias civiles declarativas de que la palabra ‘hijos’ generalmente significa hijos legítimos, pero aquí se trata del concúbito habido entre dos personas que no tienen derecho a contraer matrimonio. No podemos convenir con el apelado en que si llegase a casarse con su ilegítima hija su matrimonio sería válido o de algún modo favorecido por nuestras leyes.
“Puede ser que las cortes estén en el deber de examinar la prueba en causas de esta índole con gran cuidado, puesto que quizás podría intentarse la comisión de fraudes o chantages. Ninguna persona debe ser convicta bajo una imputación de esta clase a menos que las manifestaciones de la supuesta madre queden bien corroboradas. Hemos dicho frecuentemente que en casos de filiación la prueba debe ser vigorosa, y la prueba en casos de esta índole debe ser más vigo-rosa aún. Esto equivale a decir que un acusado tiene derecho a que se den al jurado instrucciones cuidadosas en cuanto a la duda razo-nable.”

Es a lo más que puede llegarse en casos de esta natura-leza, esto es, a tomar muy en cuenta las recomendaciones que contiene el último párrafo de la opinión transcrita, pero no a poner un valladar en la mayor parte de los casos infran-queable a la debida administración de la justicia que exige que los padres no abandonen a sus bijos aun cuando los pro-creen faltando a los deberes que un matrimonio debidamente constituido les imponga y a virtud de actos constitutivos de delito. Si otra interpretación se adoptara se desnaturali-zaría el propósito de la ley y en cierto modo se premiaría a un delincuente por el hecho de serlo.

Se insiste en que el estatuto penal habla de hijos ilegíti-mos reconocidos y en que el artículo 129 del Código Civil expresamente prescribe que el derecho a alimentos de los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condición legal de naturales, sólo podrá ejercitarse si la paternidad o materni-dad se infiere de una sentencia firme dictada en un proceso criminal o civil o si resulta de un documento indubitado del padre o de la madre, en que expresamente reconozca la filia-ción.

Los hijos ilegítimos se dividen en dos clases, a saber: hijos nacidos fuera del matrimonio pero de padres que al tiempo de su concepción hubieran podido casarse, e hijos nacidos fuera del matrimonio de padres que al tiempo de su concep-ción no hubieran podido contraerlo. Los primeros se llaman naturales y es para ellos que la ley establece la acción de reconocimiento. Artículos 125, 126 y 127 del Código Civil, ed. 1930. Para los segundos no hay tal acción. Sólo les reconoce la ley civil — artículo 128 del Código — el derecho a ser alimentados por sus padres de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143.

No hay duda de que la palabra reconocidos usada por el legislador en relación con el hijo ilegítimo en la ley penal —artículo 263 del Código Penal, ed. 1937 — lo fue por inad-vertencia. Pero partiendo de la base de su existencia enten-demos que significa que sólo se comete el delito cuando lo es por un padre que pudiendo deja de alimentar a hijos ilegí-timos que ha tenido pública o privadamente como tales o ■que por ser sus hijos en realidad de verdad se hubiera visto obligado a reconocer si concurriera en ellos la condición de naturales, y dando a lo prescrito en el Código Civil — artículo 129 — una interpretación razonable, en armonía con la en-mienda legislativa de la ley penal de 1931 (Ley núm. 36 de 1931, pág. 353), entendemos que la sentencia dictada en un proceso criminal a que se refiere puede ser la que se dicte dentro del proceso criminal que por abandono del hijo ilegí-timo se siga como se siguió en este caso.

Si se demuestra en él fuera de duda razonable que el padre sabía que el menor era su hijo o que lo había tenido como tal y por consiguiente como ta.l debía reconocerlo o lo había reconocido y que eso no obstante voluntariamente y sin excusa legal había dejado de cumplir las obligaciones que la ley le impone de proveerle del indispensable alimento, vestuario o asistencia médica, debe ser condenado aunque no se presente el documento a que se refiere el párrafo segundo o la senten-cia dictada en pleito civil de que habla el párrafo primero del artículo 129 del Código Civil tantas veces citado.

Dentro del estado actual de nuestro derecho, la sentencia dictada en proceso criminal a que se refiere el repetido ar-tículo no puede ser otra que la que se dicte en la causa criminal por abandono donde todos los hechos esenciales pue-den quedar debidamente establecidos. La obligación del padre surge del hecho substancial de serlo. Probado en debida forma que lo es y que siéndolo dejó de cumplir su obligación en la manera que la ley penal establece, el delito debe entenderse cometido.

Y eso fue lo que sucedió en este caso. Examinada la evi-dencia es a nuestro juicio terminante. Demuestra que el acusado no obstante ser casado indujo a Eleuteria Eivera a vivir con él en concubinato naciendo como resultado de esas relaciones los tres menores que sostuvo por algún tiempo y que luego abandonó debiendo y pudiendo sostenerlos.

Véanse los siguientes casos en los cuales se resolvió que no obstante existir como existe un procedimiento' especial para la declaratoria de herederos, cuando un heredero ejer-cita alguna acción como tal sin haber antes recurrido a dicho procedimiento, puede dentro del pleito y a los efectos del mismo acreditar su condición mediante prueba apropiada: Morales et al. v. Landráu et al., 15 D.P.R. 782, Soriano et al. v. Rexach et al., 23 D.P.R. 573, Fortis v. Fortis, 25 D.P.R. 69, 76, Sucn. Rodríguez v. Pérez, 25 D.P.R 78, 82, Casanovas & Co. v. Ramírez et al., 25 D.P.R. 625, 627, Méndez v. Martínez, 26 D.P.R. 96, 100, Sucesión Torres Negrón v. Torres et al., 29 D.P.R. 909, Ginorio v. Registrador, 50 D.P.R. 400, 401.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Senos Tbavieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Hipólito Cuevas Collazo, acusado y apelante.
    Núm. 7327.

    Sometido: Febrero 1, 1939.

      Resuelto: Febrero 15, 1939.

      Garlos D. Vázquez y Virgilio Brunet, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Senos Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

Hipólito Cuevas Collazo fué procesado por una alegada infracción de la sección P de la Ley núm. 26 de abril 26, 1934 (Leyes de 1934, pág. 279). Los Lechos probados y acep-tados por el fiscal y por la defensa son como sigue:

Desde el mes de enero, 1936, el acusado, comerciante de provisiones al detall y dueño de un colmado en Santurce, estableció y sostuvo relaciones comerciales con la casa “ Nestle ’s Milk Products, Inc., ” la cual le abrió un crédito de $150. En julio 7 de 1937 la cuenta del acusado arrojaba un balance de $101.55 a favor de la Compañía Nestle. En julio 10 de 1937 el acusado entregó al vendedor de dicha compañía un cheque por $43.25 para abonar a su cuenta de entrega de mercancías. Al entregarle el cheque a dicho vendedor el acu-sado le manifestó que no tenía fondos suficientes en el banco para hacerlo efectivo, que le esperara unos días en lo que él reunía fondos. El cheque fué presentado dos veces al banco y rechazado por falta de fondos. Después de ser noti-ficado de que el cheque no había sido pagado, el acusado hizo varios pagos en dinero efectivo, para abonar a su cuenta corriente, los cuales pagos fueron aceptados por la compañía acreedora.

Al declarar en su propia defensa dijo el acusado: “Yo le dije que le daba ese cheque pero que yo esperaba reco-lectar dinero suficiente porque me pagaban semanal; que presentara dentro de dos o tres días el cheque para tener tiempo de colocar fondos suficientes en el banco”; que no recibió nada, ni mercancías ni dinero a cambio del cheque: mué cuando el Sr. García vino a verle con el cheaue él le .abonó $15, y le informó “que no había recibido el dinero que esperaba y sin embargo del dinero anterior tenía $15 que iba a dárselos”; que García aceptó el dinero y no le dió recibo ni le devolvió el cheque; que más tarde volvió el cobra-dor de la Nestle y él le entregó $5 en julio, $6.30 en agosto 9, y $2.10 en agosto 16 para abonar a su cuenta; que des-pués del 16 de agosto no pudo seguir haciendo abonos por-que fué embargado por otro acreedor; que cuando García se llevó el cheque sabía que en ese momento no podía presen-tarlo porque no había fondos. La declaración del acusado está plenamente corroborada por las de los testigos de la acusación. No existe, pues, controversia en cuanto a los hechos.

Declarado culpable y condenado a pagar una multa de $87 o a la prisión subsidiaria, el acusado apeló. En su ale-gato sostiene que la corte inferior erró al apreciar la eviden-cia, pues de ella no resulta que el acusado cometiera delito público alguno.

La sección D de la Ley núm. 26 de abril 26, 1934, de cuya violación se acusa al apelante, lee como sigue:

“Sección 1. — Cualquier persona que, con el propósito de defrau-dar a otra, baga, extienda; endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco, u otro depositario, sabiendo al hacerlo, que el emisor o girador no tiene su-ficientes fondos o créditos establecidos en dicho banco o depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden, a la presentación del mismo, será culpable de delito menos grave, y convicta que fuere, será castigada con multa que no será menor del doble del importe •de dicho cheque, giro, letra u orden, o a sufrir un día de cárcel, por cada dólar o fracción que deje de satisfacer, o ambas penas a dis-creción del tribunal.”

Como se ve por las palabras en letra bastardilla, el esta-tuto de esta jurisdicción consigna como requisito o elemento esencial del delito el de que la expedición, endoso o entrega del cheque haya sido hecha con el propósito de defraudar a otra persona. Así lo entendió el denunciante cuando hizo constar expresamente en su denuncia que el cheque había sido expedido “con el propósito de defraudar a Nestle’s Milk Products, Ine.” Sin esa alegación del propósito específico de defraudar, la acusación hubiera sido insuficiente y la corte inferior se hubiese visto obligada a declarar con lugar la excepción perentoria que contra ella se formulara.

¿Sostiene la prueba practicada la alegación del propósito de defraudar que tuviera el acusado al expedir el cheque en cuestión? La contestación debe ser negativa, porque no vemos cómo podría sostenerse con éxito que tal propósito existiera cuando la prueba demuestra que en el momento de hacer entrega del cheque el librador advirtió a su acreedor que él no tenía .fondos suficientes para que el cheque pudiese ser pagado a su presentación y le rogó que esperase hasta que él pudiese depositar los fondos necesarios.

Arguye el fiscal que en el caso de autos el propósito o intento de defraudar quedó probado por el hecho de que el acusado, no obstante haber sido notificado de que el pago había sido rehusado, no recogió el cheque dentro del término ■que marca la ley. Y cita en apoyo de su argumentación las secciones 2, 4 y 5 de la citada Ley núm. 26 de 1934, que leen como sigue:

“Sección 2. — Hacer, extender, endosar o entregar un cheque, giro,, u orden, cuyo pago sea rehusado por el girado, por insuficiencia de fondos, o falta de crédito, constituirá evidencia prima facie del co-nocimiento que tenía el girador o endosador de la insuficiencia dé-los fondos o falta de crédito.
“Sección 4. — Ninguna persona será castigada de acuerdo con esta Ley, a menos que se pruebe, a satisfafacción de la corte, que el te-nedor del cheque, giro, letra u orden, o su agente, ha avisado perso-nalmente al girador y al endosador para que pague al tenedor o a su agente, en la dirección que se indicará en el aviso, el importe del cheque, giro, letra u orden, dentro de un plazo no menor de diez (10) días, si el girador o endosador, a quien se dirige el aviso, residiere en la localidad del tenedor y no menor de quince (15) días, si resb diere en otro municipio de la isla. Dicho término se computará desde la fecha del aviso al girador o endosante, del giro, cheque, letra u orden no pagada.
“Sección 5. — La falta de pago, después de dicho aviso, por parte del que ha girado, firmado, endosado o entregado dicho cheque, giro, letra u orden, se considerará prima facie como propósito de defrau-dar. ’ ’

No estamos conformes con la interpretación que da el fiscal a los preceptos legales que acabamos de transcribir. El propósito claro y evidente de la sección 4, supra, es proveer un procedimiento para' comprobar a posteriori o sea por hechos subsiguientes cuál era la intención o propósito que tuviera en su mente el librador de un cheque sin fondos en el momento de expedirlo y entregarlo a otra persona. Siendo la intención o propósito con que se realiza un acto, una fun-ción subjetiva y como tal imposible de ser probada objetiva-mente, el legislador se vió en la necesidad de dictar reglas de evidencia por virtud de las cuales el juzgador puede dedu-cir conclusiones o establecer presunciones en contra del acu-sado, basándolas en la conducta o manifestaciones de éste tanto en el momento de expedir el cheque como después de haber sido notificado de su rechazamiento. Así, de acuerdo con la sección 2, supra, cuando se hace y entrega un cheque y el girado rehúsa pagarlo por insuficiencia de fondos, de esos hechos surge la presunción juris tcmtum de que el libra-dor del cheque sabía en el momento de expedirlo que no sería pagado. Para proteger a aquellas personas que hubieren librado un cheque creyendo de buena fe que tenían fondos su-ficientes para su pago, la ley (sección 4, supra) concede al librador un plazo no menor de diez días, contados desde la fecha en que le fuere notificada la falta de pago, para hacer efectivo el importe del cheque. T si el librador dejare expi-rar el plazo sin recoger el cheque, entonces surgirá en su contra como presunción controvertible la de que su propósito al expedir el cheque fue el de defraudar a su acreedor (sec-ción 5, supra).

Cuando A libra un cheque y lo entrega a B, el primero realmente está prometiendo y representando al segundo que su orden de pago será atendida por el librado con quien tiene fondos suficientes o crédito abierto. Por eso la ley dispone que el mero hecho de expedir y entregar el cheque y el recha-zamiento del mismo por el girado, constituirá evidencia prima facie de que el librador tenía conocimiento de la insuficien-cia de fondos o falta de crédito. (Sección 2, supra.)

No son aplicables a nuestro juicio las reglas de evidencia que estamos discutiendo a un caso como el presente en el que en el momento de entregar el cheque a su acreedor el libra-dor le informa que no tiene ni fondos suficientes ni crédito abierto para que el cheque pueda ser pagado a su presenta-ción y le ruega no presentarlo hasta que él pueda depositar los fondos necesarios para su pago. ¿Cómo es posible que se presuma la existencia de un propósito de defraudar en el momento de entregar el cheque, cuando la evidencia de-muestra que la persona que lo recibió no pudo en manera alguna ser defraudada por haber sido expresamente infor-mada por el mismo librador de que el cheque no sería pagado por falta de fondos?

El fraude, sinónimo de engaño, consiste en la falsa repre-sentación, mediante palabras o por actos, de hechos materia-les, por la cual una persona de razonable discreción y con-fianza es inducida a actuar a su perjuicio; en la supresión de hechos materiales que una persona está legalmente obligada a revelar a otra. Véanse: 1 Story Equity Jur. sec. 186, y O. 6; Bouvier’s Law Dictionary, vol. 1, pág. 843.

No hubo en el presente caso intento o propósito de defrau-dar. El acusado al entregar el cheque al representante de su acreedor reveló a éste el hecho de que él no tenía fon-dos suficientes para su pago. No se consumó ni podía con-sumarse fraude alguno contra la compañía acreedora, por-que ésta aceptó el cheque a sabiendas de que no había fon-dos en el banco para sn pago y que el pago se baria cuando y si al librador le fuera posible depositar fondos para cu-brirlo. La compañía acreedora no ba sufrido perjuicio al-guno como consecuencia del libramiento del cheque, pues éste fué espedido para abonar a una deuda preexistente y no en pago de efectos comprados en el momento de su expedición.

El caso de State v. Avery, 23 A.L.R. 453, base de la teo-ría del fiscal, no es a nuestro juicio de aplicación al caso de autos. El estatuto de Kansas castiga como delito el mero becbo de entregar a otra persona un cheque cuando el que lo entrega sabe que no tiene fondos suficientes para su pago. Avery fué acusado de haber dado un cheque sin tener fon-dos suficientes y presentó una moción para el sobreseimiento de la acusación por el fundamento de que en ella no se ale-gaban hechos suficientes para constituir un delito público. De la opinión en dicho caso copiamos lo que sigue:

“El acusado alega que el criterio de culpabilidad en el derecho penal es la intención criminal, y el estatuto no requiere la intención criminal para constituir el delito (felony) denunciado. Esta alega-ción es demasiado amplia. El cheque sin valor debe ser hecho vo-luntariamente, sabiendo en el momento de hacerlo que no hay fon-dos en depósito para pagarlo. Fuera de eso, la Legislatura puede, para la protección del interés público, requerir que las personas ac-túen a su riesgo, y puede castigar la ejecución de un acto prohibido sin tomar en consideración el conocimiento, la intención, el motivo o la torpeza moral del actor. No hay objeción constitucional en contra de tal legislación, y la determinación de su necesidad está den-tro de las facultades de la legislatura. Si la legislatura ha apro-bado o no tal estatuto, es materia de interpretación.”

Procediendo en seguida a interpretar el estatuto en cues-tión, la Corte Suprema de Kansas se expresó así:

"Sostiene el acusado que el delito de dar un cheque sin fondos está relacionado con el grupo de delitos de falsa representación e impostura, y en consecuencia, que para que exista tal delito es ne-cesario que el cheque haya sido dado con la intención de defraudar, y que el fraude debe realizarse mediante la obtención de dinero o alguna cosa de valor. Que la legislatura no estaba añadiendo a la lista de engaños y fraudes castigables aparece claramente de la sec-ción interpretativa del estatuto, y del hecho de que la legislatura aprobó en la misma sesión la ley llamada ‘Bogus Check Act.’ El propósito del estatuto fué el de desalentar los sobregiros y la resul-tante mala práctica bancaria, acabar con la práctica del ‘check kiting', y en general evitar al comercio, a los negocios y a la banca el daño que les causa la circulación de cheques sin valor. Aun cuando el estatuto tiende a suprimir el fraude que se comete por medio del método de cheques sin valor, los males a que nos hemos referido son todos muy distintos de aquellos resultantes del fraude, y el estatuto debe ser considerado como creador de una nueva y distinta ofensa.
“En este caso parece claro que el propósito fraudulento fué in-tencionalmente omitido al hacer la enumeración de los elementos del delito. ’ ’

En el caso de Commonwealth v. McCall, 186 Ky. 301, 217 S. W. 109, la Corte Suprema de Kentucky, interpretando un estatuto similar al nuestro, dijo:

“Esta sección crea un nuevo y distinto delito, cuya comisión se realiza al dar un cheque con -el propósito de defraudar sobre un banco en el cual el librador sabe que no tiene fondos suficientes para su pago; y no es esencial para constituir un delito bajo esta sección, que el librador del cheque haya hecho alguna falsa representación o manifestación con referencia al estado de su cuenta en el banco a cargo del cual se ha expedido el cheque, o en relación con la tran-sacción. No es necesario que la persona a quien se da el cheque haga alguna pregunta ni tampoco que el que lo expide dé informes vo-luntariamente. El mero acto de entregar tal cheque con el propó-sito de defraudar constituirá el delito, y el propósito de defraudar será evidente siempre que la persona a quien se da el cheque hubiera entregado dinero, propiedades u otra cosa de valor.”

El propósito evidente del estatuto de Kansas fué el de perseguir y acabar con la mala práctica de expedir cheques sin fondos, aun cuando el librador no hubiese tenido el pro-pósito de engañar o defraudar a la persona a favor de quien expidiera el cheque. Por eso el legislador eliminó el “pro-pósito de defraudar” de la definición del delito. El propó-sito del estatuto de Kentucky, así como el nuestro, es per-seguir y castigar la expedición de cheques sin fondos como medio para defraudar o engañar a la persona que lo recibe, obteniendo de ella dinero o propiedades.

El “propósito de defraudar” forma parte y es un ele-mento esencial del delito que define y castiga la sección 1* de la Ley núm. 26, supra. Y siendo un elemento esencial del delito, debe ser alegado en la acusación y establecido por la prueba. Véanse: State v. Alphonse, 154 La. 950, 35 A.L.R. 380; McBride v. State, (Miss.) 104 So. 454, 43 A.L.R. 49.

La jurisprudencia que hemos examinado sostiene que cuando en la definición del delito de dar un cheque sin fondos se incluye el requisito del “propósito de defraudar,” la médula (gist) de la ofensa es el conocimiento del librador del cheque en el momento de expedirlo de la insuficiencia de fon-dos y el propósito de defraudar. Re Scott, 85 Cal. App. 170, 259 P. 101; People v. Radich, 111 Cal. App. 779, 294 P. 1; Re Leuschen, 134 Cal. App. 246, 25 P. (2d) 243; 95 A.L.R. 489.

Las presunciones que establecen las secciones 2 y 5 de nuestro estatuto, supra, quedaron controvertidas por el hecho probado y admitido de que el acusado al tiempo de entregar el cheque informó al representante de la Compa-ñía Nestle en cuanto a la insuficiencia de sus fondos. Y no estando sostenida la alegación del “propósito de defraudar” por ninguna evidencia independiente, la convicción del acu-sado no puede sostenerse. Padgett v. State, 24 Ala. App. 133, 131 So. 3 (95 A.L.R. 490); Turner v. Brenner, 121 S. E. 510, 35 A.L.R. 380; People ex rel. Indig. v. Kapitofsky, 144 Misc. (N. Y.) 543, 258 N. Y. S. 861; 95 A.L.R. 491 y la nota VIII a la página 494.

Por las rasones expuestas debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Isabel Rodríguez Cruz, demandante y apelante, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelada.
    Núm. 7494.

    Sometido: Abril 1, 1938.

      Resuelto: Febrero 15, 1939.

      F. Prieto Azúar, abogado de la apelante; C. Iriarte, F. Fernández Guyar y H. González Blanes, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Se alega en la demanda en este caso que el día 5 de enero .de 1933 la demandante viajaba de San Juan a Santuree como pasajera, mediante el pago de la tarifa correspondiente, en la guagua P-13, propiedad de la corporación demandada; que mientras la guagua caminaba por la calle San Justo y al doblar por la calle Power, paró bruscamente y le patina-ron las ruedas posteriores, yendo a chocar con un poste de la luz eléctrica; que como resultado del choque la deman-dada fue lanzada contra otro asiento, recibiendo contusiones que le obligaron a recluirse en cama en una clínica y luego en su casa, por espacio de un mes; que el vehículo era con-ducido por el chófer David Camerón Martínez, empleado de la demandada y en funciones de su empleo; y que el acci-dente se debió a la negligencia de la demandada y su em-pleado.

En las especificaciones sometidas por la demandante se alegó que la negligencia imputada a la demandada consistió en que siendo el sitio por donde caminaba la guagua una pendiente que estaba mojada por haber llovido, • el chófer bajó por esa pendiente a una velocidad exagerada y en el momento en que la guagua doblaba para coger la calle Power el chófer la paró bruscamente, lo que hizo que las ruedas traseras patinaran y que la guagua chocara con un poste.

Se reclamaron daños y perjuicios en la suma de $2,000 por las contusiones recibidas, gastos, pérdida de beneficios de trabajo, sufrimientos morales y físicos y angustias menta-lós.

Alegó la demandada que su empleado había actuado con la debida diligencia; que el patinazo no pudo ser evitado a pesar de las precauciones tomadas por el empleado; y que el accidente fue uno de carácter casual, desgraciado e inevitable.

La Corte de Distrito de San Juan declaró probado que la causa del accidente fue el baber patinado el vebíeulo al montarse las ruedas traseras sobre la vía, que sobresalía de los adoquines y estaba mojada a consecuencia de la lluvia, y que el chófer no bajó la calle a velocidad exagerada y no paró bruscamente tampoco. Por estos fundamentos declaró sin lugar la demanda.

La demandante apeló, señalando los siguientes errores:

Que la corte inferior erró al resolver que no era aplicable al presente caso la doctrina de res ipsa loquitur, intimando que para ello debió la demandante y apelante abandonar su teoría de imputaciones específicas de negligencia y negando así a dicha parte las presunciones e inferencias que emanan de dicha doctrina a su favor.

La parte pertinente de la resolución de la corte inferior dice así:

“ . . .La demandante manifiesta en su alegato que no se basa exclusivamente en la teoría de negligencia, si que también descansa en la doctrina de res ipsa loquitur, o sea que la ‘cosa habla por sí.’
“De acuerdo con el artículo 108 de la Ley de Evidencia (art. 470 Cód. Enj. Civ.,: ed. 1933) la parte que sostiene la afirmativa en la cuestión deberá presentar la evidencia para probarla. A los efectos de la aplicación de la regla res ipsa loquitur, a la demandante le hu-biera bastado probar prima facie los hechos preliminares que le colo-caban en situación de invocar la doctrina, o sea que era un pasajero de lá guagua de servicio público de la' demandada y que ocurrió un accidente, siendo ella allí y entonces lesionada, no obstante las alega-ciones específicas de negligencia. Villarán v. Loíza Sugar Co., 43 D.P.R. 604. (Opinión de los jueces Sres. Wolf y Aldrey.) Y en-tonces, la demandada hubiera estado obligada a controvertir la pre-sunción en que descansaba la demandante, demostrando que no me-dió negligencia alguna de su parte. Art. 100, Ley de Evidencia, Kay v. Metropolitan Street Railway Co., 163 N. Y. 447, 57 N. E. 751, 8 Negligence Rep. 98. Sin embargo, como la demandante introdujo además la evidencia de que disponía para demostrar los actos espe-cíficos de negligencia alegados, no abandonando esta teoría, y la de-mandada practicó también su evidencia en contrario, toca a -la corte resolver si las alegaciones de la demanda han sido probadas, ya que la evidencia siempre debe corresponder a las alegaciones.”

Sostiene la apelante que la corte inferior quiso decir que consideraba únicamente la prueba sobre negligencia, sin tomar en cuenta la doctrina de res ipsa loquitur toda vez que en la demanda se hicieron alegaciones específicas sobre negli-gencia. Para fundamentar el error alegado, cita la apelante principalmente el caso de Villarán v. Loíza Sugar Co., 43 D.P.R. 604, que dice en su parte pertinente: '

“Existe una fuerte corriente de autoridades al efecto de que no obstante haberse hecho alegaciones específicas de negligencia contra el demandado, el demandante aún puede descansar en la doctrina de res ipsa loquitur. Pueden hallarse numerosas autoridades en sentido. contrario. Asumiremos que el demandante tenía derecho a suscitar la cuestión de res ipsa loquitur y diferiremos para un caso más pro-picio la regla a adoptarse en esta jurisdicción.”

Para sostener que la regia prevaleciente en California es que no obstante haberse alegado actos específicos de negli-gencia, puede el demandante invocar la doctrina de res ipsa loquitur, cita la apelante el caso de Seney v. Pickwick Stages Northern Division, 255 P. 279, en el que se resolvió:

“ . . . Es regla general bien sentada que el hecho de volcarse un vehículo operado por un porteador público levanta una inferencia de negligencia bajo la doctrina de res ipsa loquitur. (Citas.) La doc-trina es aplicable aun en el caso en que la demanda contenga alega-ciones específicas o generales de negligencia. Roberts v. Sierra Ry. Co., 14 Cal. App. 180, 111 P. 519, 527. La alegación y prueba de actos específicos de negligencia no privarían al demandante del be-neficio de la doctrina de res .ipsa loquitur en cuanto se refiere a esos actos específicos de negligencia.”

La parte apelante parece entender que la corte inferior estaba obligada a declarar con lugar la demanda por tra-tarse de un caso en que la doctrina de res ipsa loquitur era aplicable. A nuestro juicio la citada doctrina autoriza pero no obliga al tribunal a deducir que hubo negligencia de la simple relación de las circunstancias bajo las cuales ocurrió el accidente. El récord del caso no sostiene la contención de la apelante de que la corte inferior ignoró o se negó a aplicar la doctrina de res ipsa loquitur. En su resolución el juez meramente expresa que a los efectos de la aplicación de la regla Rubiera sido suficiente probar la relación de por-teador y pasajero, la ocurrencia del accidente y las lesiones de la demandante, no obstante las alegaciones específicas de negligencia; y que toda vez que la demandante presentó ade-más evidencia sobre los actos específicos de negligencia ale-gados, sin abandonar la teoría en cuestión, y que la deman-dada también practicó su evidencia en contrario, era deber de la corte resolver si las alegaciones de la demanda Rabian sido probadas y si la demandante tenía la preponderancia de la evidencia necesaria para justificar un fallo a su favor. Esta resolución está sostenida por la del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Sweeney v. Erving, 228 U. S. 233, donde se dice:

“En nuestra opinión, res ipsa loquitur significa que los hechos de la ocurrencia autorizan la inferencia de negligencia, pero no obli-gan a hacer tal inferencia; que esos hechos ofrecen prueba circuns-tancial de negligencia cuando no exista prueba directa de ella, pero es evidencia que debe ser pesada y no que deba ser necesariamente aceptada como suficiente; que esos hechos piden explicación o que se les controvierta, no necesariamente que lo requieran, y que ellos presentan un caso que debe ser decidido por el jurado, no que den derecho absoluto a un veredicto. Res ips<a loquitur, cuando es apli-cable, no convierte la negación general del demandado en una de-fensa afirmativa. Cuando toda la evidencia ha sido presentada, la cuestión para el jurado es si la preponderancia de la prueba está a favor del demandante.”

De la opinión en el caso de Heidt v. People’s Motorbus Co., 284 S. W. 840, copiamos lo qne sigue:

“El demandante era un pasajero, el demandado un porteador público mediante paga, y el demandante, al probar la ocurrencia in-sólita de una sacudida extraordinaria y no usual del carro, estableció un caso prima facie que le daba derecho a invocar la regla de res ipsa loquitur. Pero el demandante no se limitó a presentar un caso prima facie. Fué más allá y probó que el automóvil patinó y chocó con la acera y retrocedió y que el patinazo del automóvil fué la causa del choque con la acera. Es cierto que el demandante no puede ser privado de su derecho a invocar la regla de res ipsa loquitur por la prueba de actos específicos de negligencia. Price v. Railway, 220 Mo. 435, 119 S. W. 932, 132 Am. St. Rep. 588. Pero en este caso el demandante probó exacta y específicamente qué fué lo que motivó el accidente. Ahora bien, el mero hecho de patinar un automóvil no es necesariamente negligencia, . . .
“El demandante no solamente presentó un caso prima facie, sino que lo destruyó mientras lo hacía, probando cuál había sido el acto específico que había causado el accidente, y no hay nada en la evi-dencia ofrecida por el demandado que pueda ayudar al demandante a revivir el caso prima facie que él mismo destruyó.”

No se cometió el primer error señalado.

Se alega como segundo error que la corte inferior concluyó que la causa del accidente fué la patinada del vehículo cuando ésta sólo fué una consecuencia de la causa próxima del mismo, o sea la negligencia y descuido del conductor del vehículo. La parte pertinente de la resolución lee así:

“La causa del accidente fué el haber patinado el vehículo, al mon-tarse las ruedas traseras sobre los railes de la vía que estaban moja-dos, y haber- en ese sitio una pequeña inclinación de norte a sur, o sea en la misma dirección en que se encuentran los railes, y por so-bresalir parte de éstos de los adoquines. El. chauffeur no bajó la calle San Justo a velocidad exagerada, ni deslizándose por sobre los railes, ni paró el vehículo bruscamente al doblar hacia la calle Power. ’ ’

Más adelante repite de nuevo:

“La evidencia claramente establece que la causa del accidente fué la patinada. No medió en el mismo acción u omisión alguna por parte de la demandada o de su empleado. Es regla general estable-cida, que el mero hecho de patinar un vehículo de motor no es por sí solo prueba de negligencia, a no ser que se demuestre que el chauffeur o conductor fué descuidado al operar la máquina o que ejecu-tara algún acto que una persona de ordinaria prudencia no hubiera realizado en las mismas circunstancias. De Jesús v. Allende, 32 D.P.R. 439, 443-44; véanse además Linden v. Miller, 172 Wis. 20, 177 N. W. 909; Ortwein v. Droste, 228 S. W. 1028; Hennekes v. Beetz, 217 S.W. 533.”

En el caso de Linden v. Miller, supra, se resolvió:

“ . . . Una patinada puede ocurrir sin culpa, y cuando así ocu-rre puede igualmente continuar sin culpa por una distancia y un tiempo considerables. Significa la pérdida parcial o completa del control del carro, bajo circunstancias que no implican necesariamente negligencia. De lo que resulta que la contención del demandante de que la doctrina de res ipsa loquitur es aplicable a la situación pre-sente no está bien fundada. Para que la doctrina de res ipsa loquitur sea aplicable, habría que sostener que la patinada por sí sola implica negligencia. Y eso no es así. Es un hecho físico bien conocido que los carros pueden patinar sobre caminos grasientos o resbalosos, sin culpa, ya sea‘ por causa de la manera de manejar el carro o por ra-zón de encontrarse el carro en tal sitio . . . Como regla en los cho-ques de automóviles, la causa directa del accidente y las circunstan-cias predominantes que concurren al mismo no están generalmente bajo el control del que guía el carro, para que pueda surgir una presunción de negligencia por su parte. En otras palabras, la doc-trina de res ipsa loquitur no es aplicable usualmente a tales acci-dentes. ’ ’

La corte inferior llegó a sus conclusiones, supra, después de considerar y pesar toda la evidencia aducida por una y otra parte. La evidencia es contradictoria en extremo. Los testigos de la demandante y ésta declararon que la guagua iba a gran velocidad y que no patinó, a pesar de que en su demanda jurada (párrafo 4) la demandante alegó que “dicha guagua que caminaba a una velocidad exagerada, paró brus-camente y le patinaron las ruedas posteriores, yendo a cho-car con un poste, etc.”; y los testigos de la demandada sos-tuvieron que la guagua iba a velocidad moderada y patinó al montar las ruedas' sobre los railes mojados. El tribunal resolvió el conflicto dando crédito a los testigos de la deman-dada y no a los de la demandante. Y no habiéndose ale-gado ni resultando del estudio que hemos hecho del récord que el juez sentenciador actuara movido por pasión, prejui-cio o parcialidad o que cometiera error manifiesto en la apre-ciación de la prueba, la que a nuestro juicio es suficiente para sostener la sentencia recurrida, es nuestro deber desestimar el segundo error.

Como tercer error señala la demandante y apelante el becbo que la corte sentenciadora infirió que bubo cuidado y diligencia por parte del conductor, de los becbos expuestos por el testigo J. M. Pérez.

Pérez declaró que vió la guagua bajar por la calle San Justo; que babía llovido y estaba el pavimento búmedo; que al doblar el vehículo por la calle Power patinó, resbalando la parte trasera y dando la parte derecha de la caja con un poste,- que como la curva es cerrada y hay railes del trolle;>r, el chófer tuvo que reducir la velocidad; que el vehículo iba a poca velocidad, acaso diez millas, habiendo reducido la que originalmente traía al bajar; que patinó cuando las ruedas traseras montaron en los railes; que no se puede tomar la curva sin cruzar éstos; que el chófer apbcó los frenos por-que además de reducir la velocidad prendía automáticamente el farol del aviso (stop light).

Alega la apelante que dicha declaración imputa negligen-cia y descuido por parte del conductor, y cita en su apoyo el caso de Tennessee Coach Co. v. Young, 80 S. W. (2d) 107, que dice: “Era el deber del conductor de la guagua condu-cirla a una velocidad tal que le permitiera parar sin patinar, tomando en consideración el camino resbaladizo, la poca visi-bilidad a causa de la lluvia, la neblina, etc.” Pero no copió la apelante el resto de la opinión, que reza: “Bebemos acep-tar aquella interpretación del testimonio que sea más favorable al demandante, o sea la de que él estaba conduciéndola a una velocidad entre 35 y 50 millas por hora en un camino que él sabía estaba mojado y resbaloso.”

El presente error se refiere a la apreciación de la evi-dencia que hizo la corte inferior. No es posible sostener que la declaración del policía Pérez impute negligencia y des-cuido al conductor.

Se imputa en el cuarto error el hecho de dar crédito al testigo de la demandada y apelada Severo Aybar, porque desde donde se hallaba situado no podía presenciar el acci-dente y porque su testimonio fué contradicho y desmentido por el policíá J. M. Pérez. Se refiere también a la aprecia-ción de la prueba y credibilidad del testigo por la corte inferior, alegándose que la corte estaba prevenida en favor del testigo, que era su subalterno, o sea submárshal.

Asume la apelante que como el testigo se estaba bajando de su automóvil y tenía un pie en el estribo, necesariamente se hallaba de espaldas al sitio donde ocurrió el accidente. Pero éste dice claramente que el accidente fué frente a él y lo describe, y la opinión de la corte fué que el testigo vió el accidente y que su declaración era digna de crédito.

La única alegada contradicción entre este testimonio y el del policía Pérez se refiere a aquella parte de la declaración en que éste dice no haber visto a Severo Aybar en la gua-gua después del accidente. Aun cuando aceptáramos que el hecho de que Pérez no viese a Aybar constituye una contra-dicción, ella no sería bastante para obligarnos a resolver que la corte inferior erró al dar crédito a la declaración de Aybar.

El quinto señalamiento de error se basa en que la corte inferior, al sostener en su opinión que los porteadores no son aseguradores absolutos de sus pasajeros, describió el cuidado a que vienen éstos obligados como “un alto grado de cuidado,” en vez de decir “más alto” (utmost, highest) grado de cuidado. Dijo la corte:

“ ... Es regla general establecida, que el mero hecho de patinar un vehículo de motor no es por sí solo prueba de negligencia, a no ser que se demuestre que el chauffeur o conductor íué descuidado al operar la máquina o que ejecutara algún acto que una persona de ordinaria prudencia no hubiera realizado en las mismas circunstan-cias. De Jesús v. Allende, 32 D.P.R. 439, 443, 444 (y otras citas). Y la circunstancia de que la demandante fuera un pasajero no earn-bia la regla. Pues los porteadores públicos, si bien deben observar un alto grado de cuidado para con sus pasaderos, no son asegurado-res de éstos, y son responsables cuando por acción u omisión causan el daño, interviniendo culpa o negligencia. Art. 1803 Cód. Civ.; 4 Blashfield Cye. Automobile Law & Pr. 13, ed. 1935; 10 C. J. 867.” (Bastardillas nuestras.)

En apoyo de su contención cita la apelante la fraseología usada, en distintas opiniones:

"También se ha dicho, que cuando un pasajero ha sido perjudi-cado sin que él haya tenido culpa, la ley presume negligente a la compañía, pues era una parte de su deber el llevar de una manera segura a los pasajeros, y por esta razón las- compañías tienen gran responsabilidad cuando ocurren estos casos; ...” (Bastardillas nuestras.) Pérez v. American Railroad Co. of P. R., 9 D.P.R. 218, 228.
“Un conductor de una guagua es un porteador público obligado a ejercer el mayor cuidado y diligencia para la seguridad de sus pa-sajeros.” Simmons v. Pac. Electric Ry. Co., 212 P. 637.

El señalamiento se funda únicamente en una cuestión de fraseología. La siguiente cita de 4 B.C.L. 1144, es aplicable al caso:

“GRádo de Cuidado RequeRido del PoRteadoR. — Regla Genekal. —El grado de cuidado que debe observar un porteador para la se-guridad de sus pasajeros y para que sea exonerado de responsabili-dad por lesiones, es una cuestión de derecho, y la regla generalmente aceptada en cuanto a este punto es al efecto de que los porteadores de pasajeros están obligados a ejercer el más alto grado de cuidado, vigilancia y precaución. . . La regla en cuanto al grado de cuidado que se requiere de los porteadores de pasajeros ha sido expresada en varias formas, empleando algunas cortes la expresión ‘el más alto,’ otras ‘el mayor’ y todavía otras ‘extraordinario’. La diferencia en-tre estas expresiones, sin embargo, es simplemente en cuanto a la elección de palabras, y no denota conflicto de opiniones.”

En Conroy v. Chicago, etc. R. Co., 70 N. W. 486, la corte dice: “A una compañía ferroviaria se le exige solamente el ejercicio de cuidado ordinario y prudencia para con sus pasa-jeros.” En West Memphis Packet Co. v. White, 41 S. W. 583, se refiere a tal cuidado como ‘ ‘ el más alto grado de vigi-lancia y diligencia.” En Topeka City R. Co. v. Higgs, 16 P. 667, como “el mayor cuidado y cautela”; en Kane v. Cicero & P. Electric R. Co., 100 Ill. App. 181, como “el mayor grado de cuidado”; en Philadelphia City Pass. R. Co., v. Hassard, 75 Pa. 367, como “cuidado y diligencia razona-bles”; en Maggioli v. St. Louis Transit Co., 83 S. W. 1026, como “muy alto grado de cuidado y diligencia”; en Spellman v. Lincoln Rapid Transit Co., 55 N. W. 270, como “el ejercicio de cuidado extraordinario”; etc. Y en 10 C. J. 867: “El conductor de un automóvil o de un vehículo de motor que Heve pasajeros está obligado a usar por lo menos cuidado razonable y ordinario para la protección de sus pasa-jeros al conducir la máquina.”

Por el sexto error se queja la apelante de que contrario a lo dispuesto en el artículo 464 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, la corte a quo no dió acogida a la presunción de derecho de que el testimonio de Victoria Calderón fué voluntariamente suprimido por la demandada y apelada y le era, por tanto, adverso.

Estamos de acuerdo con la apelada en que la declaración de dicha Victoria Calderón hubiera sido prueba acumulativa no sólo en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente sino también en cuanto a que las dos únicas mujeres que en la guagua viajaban al tiempo del accidente lo eran la deman-dante y la aludida Victoria Calderón.

La distinción que del caso de El Pueblo v. Saldaña, 40 D.P.R. 580, hace la parte apelante con relación a este ex-tremo, nos parece muy sutil y, por tanto, de poco efecto para la resolución de este señalamiento. De todos modos, la cues-tión sometida no pasa de ser una sobre credibilidad de tes-tigos o apreciación de la prueba, que en el caso de autos no causaría la revocación de la sentencia. El sexto señala-miento debe, por consiguiente, desestimarse.

Se refiere el último error asignado a la apreciación de la prueba que hiciera la corte inferior resolviendo a favor de la demandada el conflicto de evidencia porque, según la apelante, la teoría de la demandante quedó establecida con la propia prneba de la demandada.

No obstante las alegadas contradicciones que señala la apelante en su extenso alegato, las que seguramente tomó en consideración el juzgador, opinamos que es enteramente lógica la conclusión a que llegó la corte inferior, o sea que la causa próxima del accidente fue el baber patinado el vebículo y que no medió acción u omisión alguna por parte del conductor, pues según se declaró probado, éste no con-dujo el vehículo a velocidad exagerada, ni se deslizó por los railes, ni paró bruscamente.

Cierto es que hubo una patinada, pero este hecho por sí solo no es prueba de negligencia. Como se dijo en Heidt v. People’s Motorbus Co., supra:

“Ahora bien, la mera patinada de un automóvil no es necesaria-mente negligente, ni se presumirá la negligencia por la mera pati-nada sin algún hecho o circunstancia relacionado con ella. La pa-tinada de un automóvil o guagua mientras es conducida por una calle húmeda a una velocidad de ocho o diez millas por hora puede ocurrir con el más cuidadoso conductor, y por lo tanto no puede pre-sumirse que hubo negligencia.”

En Peters v. United Electric Rys. Co., 165 A. 773:

“El hecho de que un vehículo de motor patine en un camino resbaladizo no es evidencia por sí solo de que el vehículo fuera ne-gligentemente manejado, ni requiere tal hecho de la patinada que se aplique la doctrina de res ipsa loquitur. Está umversalmente reco-nocido que un vehículo de motor puede empezar a patinar y ponerse fuera del control de su conductor, aun cuando con anterioridad a la patinada haya sido conducido con el debido cuidado.”

Por las razones expuestas y porque convenimos con la corte inferior en que se trata de un caso de accidente inevitable, opinamos que la sentencia, recurrida debe ser confir-mada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Zorrilla Porrata, acusado y apelante.
    Núm. 7233.

    Sometido: Enero 13, 1939.

      Resuelto: Febrero 15, 1939.

      Samuel R. Quiñones, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y . Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del Tribunal.

Después de celebrado un juicio de novo en este caso, la Corte de Distrito de Bayamón sentenció a Pedro Zorrilla’ Porrata, a pagar $75 de multa y las costas, o en defecto de pago a la prisión subsidiaria correspondiente.

La denuncia imputó al acusado una infracción de la Ley de Automóviles (Núm. 75 de 1916, pág. 144), consistente en que mientras el acusado guiaba su automóvil por la carretera núm. 2, Km. 8, H. 3, con dirección a Bayamón, dejó de tomar las precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades, tales como no marchar lo más a su de-recha posible, dejar de regular la velocidad de su vehículo marchando a velocidad exagerada, y no dar aviso con el apa-rato de alarma no obstante hallarse en una curva, dando lugar con ello a un choque con otro automóvil que a la sazón venía de Bayamón para San Juan, guiado por Ramón Casanovas, como resultado del cual salieron heridos el propio acu-sado, Casanovas, y sus dos compañeros de viaje Ana Rodrí-guez y Manuel Medina, sufriendo 'también desperfectos de consideración ambos automóviles.

El acusado interpuso recurso de apelación para ante este tribunal, imputando a la corte sentenciadora la comisión de tres errores que en realidad constituyen uno solo, que puede exponerse así: • ¡

“La corte cometió error en la apreciación de la prueba.”

Según Casanovas y sus testigos, Ana Rodríguez y Manuel Medina, Casanovas venía por su derecha, tocando klaxon, des-pacio, cuando súbitamente y sin dar aviso alguno, a pesar de hallarse la carretera mojada, se enfrentaron con el acusado, quien venía a una exagerada velocidad por la derecha de Casanovas. Que este último, Casanovas, al advertir el peli-gro, frenó su automóvil y recibió el impacto del carro del acusado, como consecuencia del cual sufrió la fractura de la rodilla derecha y su compañera de viaje, Ana Rodríguez, la de una clavícula. Que el choque de los dos automóviles fué de frente, acentuándose los desperfectos hacia el lado derecho del automóvil de Casanovas e izquierdo del de Zo-rrilla, resultando el primero con ciertas averías, entre ellas la de la rueda, derecha, que quedó destrozada. Que detrás del automóvil de Casanovas, momentos antes del accidente, venía otro que él pudo ver por el espejo de su automóvil y hasta leer el número de la tablilla. Que este automóvil le pidió derecha y Casanovas se la dió, pero hallándose en una curva, prefirió seguir detrás de Casanovas hasta que después del choque pasó adelante, viniendo entonces las dos personas que viajaban en el mismo donde Casanovas a ofrecerle sus servicios para llevarlo a una clínica. Aceptó Casanovas y por su propia indicación lo condujeron a la Clínica Díaz García.

Declararon Casanovas y sus testigos que tres minutos después llegó una ambulancia que iba de San Juan con una nurse y que ésta le ofreció llevarlo en la ambulancia, lo que él rehusó por haber aceptado ya la invitación que le habían hecho los ocupantes del automóvil que venía detrás de él. Declaró además Casanovas que él no recuerda haber hablado con Zorrila en el sitio del accidente. Ana Rodríguez, sin embargo, declaró que Casanovas, dirigiéndose a Zorrilla, le dijo: “¡La que me has hecho!” Zorrilla no le contestó y siguió caminando a lo largo de la carretera hacia Bayamón. Tanto Ana Rodríguez como Manuel Medina corroboran sus-tancialmente la declaración de Casanovas.

El otro testigo de cargo, el cabo de 1a. policía insular, An-drés Ramos, no presenció el accidente, pero observó la posi-ción en que quedaron los carros. Declaró este testigo que los automóviles quedaron sesgados más hacia la derecha, de San Juan para Bayamón, que del costado opuesto.

Esta fué, en síntesis, la prueba de cargo, debiendo agre-gar para su mejor apreciación, que tanto Ana Rodríguez como Manuel Medina, a quien según Casanovas llaman “Chivo”, viajaban gratuitamente en el automóvil, y que Ana Rodríguez venía con Manuel Medina a ver una hija de éste que se hallaba entonces en San Juan, y que Ana, hasta unos días antes del accidente, estuvo trabajando en la casa del padre de Casanovas, circunstancia ésta que negó al principio pero que más tarde admitió a repreguntas de la defensa, cuando ésta le recordó la declaración que anteriormente había prestado en la corte municipal.

Veamos ahora la prueba de descargo: El acusado describe el accidente en los siguientes términos:

“Allá a fines de julio venía hacia Bayamón; eran como de nueve a diez de la mañana y al llegar al sitio donde están haciendo el Hospital de Distrito de Bayamón, donde hay una bajada y donde hay una curva, que hay una alcantarilla, esa curva en su medio es bas-tante más angosta que en las partes donde termina de aquí para allá y lo mismo de allá para acá; desde arriba venía una ambulancia de-trás de mí; veníamos bajando; veníamos poco a poco porque estaba mojado y no se podía correr; esa cuesta tiene varias curvas y ya al llegar a la curva, en la parte más aguda de la curva, de momento vi que salió un carro patinando, entonces me desvié para la derecha y saqué la mano para la ambulancia y me paré instantáneamente; al pararme, aquel carro que venía medio sesgado se enderezó hacia mí y me dió en la derecha y quedamos chocados ahí. A mí se me fué el conocimiento, muy poco, sería cuestión de segundos, entonces abrí la puerta, di lá vuelta al carro y fui donde el otro que chocó conmigo; estaba herido en una mano y le dije: ¿Qué ha hecho, que por poco me mata?1, y este señor Casanovas contestó: ‘No pude evitarlo, se me trancaron los frenos al coger la curva.’ En eso ha-bía apeado el chófer y la nurse de la ambulancia en el momento; des-pués que la niñita — que fué la primera que se apeó del carro — venían unos carros públicos y se lo llevaron a él porque él dijo que no podía montarse en la ambulancia porque la señora lo invitó primero que a mí, porque él estaba botando sangre; yo no estaba botando sangre; y se lo llevaron a la clínica Díaz García, porque él era pariente del Dr. Díaz García. Yo dejé dos muchachos cuidando y me vine a buscar la policía. Yo estaba bastante herido con unas contusiones en la rodilla que apenas podía andar, entonces la nurse me echó un poco de alcohol por la espalda y pude llegar hasta Bayamón, donde vine a buscar la policía.
“P. ¿Estuvo acostado después?
“T. Como dos semanas.
“P. ¿Viaja mucho por esa carretera?
“T. Doce o trece años hace que viajo; todos los días un día sí y otro no, que vengo a Bayamón.
“P. ¿En qué gestiones?
“T. Soy vendedor.
“P. ¿Conoce esa carretera?
“T. Por espacio de diez o doce años que viajo ahí casi diaria-mente.
“P. ¿Qué precauciones toma cuando la carretera está mojada?
“T. En la carretera esa, cuando la brea se moja, es muy resba-losa para los automóviles y hay que ir muy despacio; no se puede correr porque patina el carro.
“P. A la entrada de la curva, viniendo de Bayamón o yendo de Bayamón hacia San Juan, ¿cómo es el declive?
“R. Hacia la derecha.” (R., págs. 94-96.)

La declaración de Zorrilla está corroborada por la de Ma-ría Velazquez y Ernesto Rodríguez, testigos presenciales del accidente, y por la del cabo ele la policía insular Sr. Andrés Ramos, en cuanto declaró que poco después del choque llegó a.1 sitio del accidente y pudo observar que los dos automóviles quedaron más bien hacia el lado derecho, yendo d,e San Juan para Bayamón, de tal manera que el tránsito continuó sin in-terrupción por el lado izquierdo de la misma dirección, o sea, por la izquierda de San Juan a Bayamón. También fué co-rroborada en cuanto a este mismo punto por la declaración de Víctor J. Barreras, ingeniero mecánico, quién llegó al sitio llamado por Zorrilla, para tomar unas fotografías demos-trando los desperfectos con que habían quedado los vehículos.

Declaró Barreras que cuando llegó allí ya se habían traído para San Juan el automóvil de Zorrilla y que ayudó a la po-licía a levantar por detrás el de Casanovas para enderezarlo, alineándolo hacia el costado izquierdo, viniendo de Bayamón para San Juan, que era el más próximo al sitio donde quedó el automóvil y precisamente la dirección por donde caminaba Zorrilla, según él y sus testigos.

Los testigos María Velázquez y Ernesto Rodríguez decla-raron que el acusado marchaba a muy corta distancia delante de la ambulancia en que ellos venían, que ésta caminaba a muy poca velocidad y que al llegar a la curva y ver que venía el automóvil de Casanovas observaron que el acusado sacó la mano y paró su carro, y que la ambulancia hizo lo mismo, quedando a muy corta distancia de Zorrilla, quien en ningún momento abandonó su derecha.

La prueba es claramente contradictoria. Sin embargo, surgen ciertos hechos incontrovertibles que dan la luz nece-saria para resolver el conflicto de la evidencia. Uno de estos hechos es que al ocurrir el choque ambos carros queda-ron uno frente al otro, al costado derecho de la carretera yendo de San Juan hacia Bayamón. Esta circunstancia in-dica que el choque no pudo ocurrir a la derecha, por donde venía Casanovas, como lo aseguran éste y sus dos testigos. Por el contrario ese hecho corrobora la versión de Zorrilla y demás testigos de descargo. Si el automóvil de Casanovas hubiese venido tan cerca del margen derecho de la carretera, dirección de Bayamón a San Juan, y los dos automóviles hu-bieran chocado de frente, como en efecto sucedió, de no irse a la cuneta el carro de Casanbvas, hubiese quedado siempre en su derecha, pero nunca a la izquierda del camino, de frente al de Zorrilla, y con la parte trasera ligeramente ses-gada hacia su derecha. Otra circunstancia que hace más probable la teoría de Zorrilla es que la carretera estaba mo-jada, que existía un desnivel en la misma de izquierda a de-recha (dirección de San Juan a Bayamón), y que el mismo Casanovas declaró que frenó su automóvil, y siendo como es de conocimiento general que una carretera embreada que se halle mojada es resbaladiza y que el usar los frenos súbita-mente por lo general obliga a patinar el vehículo, con toda probabilidad el accidente tuvo lugar en la forma descrita por el acusado Zorrilla, es decir, al patinar el carro en que venía Casanovas se colocó frente al de Zorrilla y fue así como se causó el choque.

Otra circunstancia que también debilita la prueba de cargo es que el fiscal dejó de citar a los dos individuos que condu-jeron a Casanovas al-hospital, individuos que en el momento del accidente venían justamente detrás del automóvil de Casanovas, que pudieron presenciarlo fácilmente, y cuyas decla-raciones hubieran dado gran luz en el asunto, pues contrario a lo que sucede con las de los testigos Ana Rodríguez y Manuel Medina, personas completamente interesadas a favor de Casanovas, no tenían aquéllos interés alguno en el caso y sus declaraciones como testigos presenciales hubieran sido pro-bablemente decisivas.

A nuestro juicio la preponderancia de la. prueba está cla-ramente a favor del acusado y tratándose como se trata de un caso criminal en que el acusado se presume inocente y su culpabilidad debe probarse más allá de duda razonable, sos-tenemos que la corte cometió error al apreciar la prueba, de-clarando culpable al acusado, no dándole por lo menos el be-neficio de la duda.

Procede, por lo expuesto, revocar la sentencia apelada y absolver al acusado.


text:
    Juan y Felícita Travieso, demandantes y apelantes, v. Chloris McCormick y Enrique Carbia, demandados y apelados.
    Núm. 7296.

    Sometido: Diciembre 7, 1938.

      Resuelto: Febrero 16, 1939.

      L. Santiago Carmona, abogado de los apelantes; Carlos J. Torres, abogado de la apelada Chloris McCormick.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la, opinión del Tribunal.

El 21 de marzo de 1932 los hermanos Juan y Felicita Tra-vieso Marín radicaron en la Corte de Distrito de Bayamón la demanda original de este pleito para reivindicar el interés que alegan tener en cierta finca radicada en el municipio de Guaynabo. La acción se dirigió al principio contra los de-mandados (Moris McCormick, Enrique Carbia, Salvador Sierra y otros, de los cuales unos no fueron emplazados, y con respecto a otros, en el momento de dar principio al juicio oral, desistieron los demandantes de su acción, quedando así como únicos demandados Chloris McCormick y Enrique Carbia. Por consiguiente, en la reseña que nos proponemos hacer de las alegaciones de las partes, prescindiremos de los demás demandados que por una u otra razón no son partes en este litigio, concentrando nuestra atención en las alegacio-nes de los demandantes y en la de los demandados McCormick y Carbia.

Allá para el 17 de febrero de 1933 se enmendó la demanda, y sus alegaciones en lo que a estos dos demandados con-cierne pueden sintetizarse así: Que Aquilino Marín Yíeláz-quez, abuelo materno de los demandantes, falleció en el mes de octubre de 1918, en Río Piedras, bajo testamento que otorgó el 6 de julio de 1918, en el que instituyó como sus tínicos y universales herederos a sus cuatro hijos legítimos de apellidos Marín y Ollor, y a sus nietos los demandantes, hijos legítimos de su hija que le premurió, Hermenegilda Marín Ollor, la que fué casada con Juan Travieso, padre de los demandantes. Que el caudal relicto por Aquilino Marín Yelázquez consistió en una parcela de terreno de diez y ocho cuerdas, radicada en el Barrio Los Frailes, de Gruaynabo, de la cual una quinta parte indivisa correspondió a los de-mandantes por concepto de herencia de su referido abuelo. Que en el año 1919, siendo entonces menores los demandantes, su padre, Juan Travieso, sin la autorización judicial corres-pondiente, compareció en representación de los demandantes, y en unión de los demás herederos vendieron todos por es-critura pública a Elias B. Wilcox una mitad indivisa de la referida finca, cuya cabida resultó luego ser de veintitrés cuerdas y no de diez y ocho como aparecía de los títulos. Que en el año 1919 Elias B. Wilcox vendió su condominio en dicha finca a Rafael Bemabe, quien adquirió a sabiendas de que Wilcox no tenía un justo y legal título que pudiera trasmitirle, y que Bernabé, en el año 1922, promovió' a su nombre en la Corte de Distrito de San Juan una información de dominio sobre la misma, en la tramitación de la cual no se citaron ni mencionaron los anteriores dueños, ni frieron ci-tados los demandantes, recayendo resolución el 7 de diciembre de 1922 declarando justificado a su favor el dominio de una parcela de 11.97 cuerdas, que resultó ser la cabida del con-dominio que le vendió Wilcox. Que Bemabe alegó falsamente Hallarse en posesión de la indicada parcela, cuando en rea-lidad no tomó posesión de ella Hasta el 23 de enero del si-guiente año, mediante un auto de injunction expedido por la Corte de Distrito de San Juan, sección segunda. Que en el año 1930 Jaime Fort, de quien se valió Bemabe para tomar posesión de la finca en la forma antedicHa, la vendió a la demandada McCormick, sabiendo ésta al adquirirla que el título del vendedor estaba viciado de nulidad. El otro de-mandado, Enrique Carbia, sin título alguno, en el año 1923 entró en posesión de otra parcela de tres cuerdas de la men-cionada finca que originalmente se creyó de diez y ocHo cuer-das pero que resultó ser de veintitrés, sin pagar canon o merced alguna a los demandantes por el condominio de éstos, consistente en una quinta parte de dicHas tres cuerdas. Que los frutos producidos por la quinta parte indivisa de la par-cela ocupada por la Sra. McCormick ascienden a $5,000 y los del condominio sobre la parcela poseída por Carbia montan a $2,000. Termina la demanda con súplica de que se dicte sentencia condenando a los demandados a entregar a los demandantes una quinta parte indivisa de cada una de las dos parcelas anteriormente mencionadas y a pagarles además $5,000 y $2,000 respectivamente por frutos producidos o debidos producir por dicHas dos fincas, y que se condene además a dicHos demandados al pago de las costas, gastos y Honorarios de abogado.

Contestaron separadamente los demandados. La deman-dada McCormick negó las alegaciones de la demanda y aleg'ó la prescripción adquisitiva, tanto la ordinaria por Haber po-seído la finca quieta, pública y pacíficamente y sin interrup-ción alguna por espacio de diez años entre presentes, así como la extraordinaria de treinta años.

El demandado Carbia negó también las alegaciones de la demanda y en oposición a la misma alegó que cualquier de-fecto que pudiera baber en el título de su causante Wilcox quedó subsanado por actos de ratificación de los demandantes. Alegó además la prescripción adquisitiva, tanto la ordinaria como la extraordinaria, así como su condición de tercero, por baber adquirido de quien en el Registro aparecía como dueño, sin que del mismo apareciese vicio o defecto alguno que invabdase el título de su causante.

Los becbos que la corte estimó probados pueden resumirse' así: Aquilino Marín Velazquez falleció en Río Piedras en octubre de 1918, dejando como sus herederos testamentarios a sus bijos legítimos Juan Antonio, María Nicomedes, Con-cepción y Aquilino Marín y Ollor, y a sus nietos los deman-dantes Juan y Felicita. Travieso Marín, bijos de su legítima bija Hermenegilda Marín Ollor, quien falleció antes que el testador.

Correspondió a estos herederos en común proindiviso una parcela de terreno con una supuesta cabida de diez y ocho cuerdas, pero que luego resultó ser de veintitrés cuerdas, la cual aparecía inscrita a nombre del causante, Aquilino Marín Velázquez, en el Registro de la Propiedad.

■ El 9 de agosto de 1919 los hijos legítimos del testador, por su propio derecho, y los nietos, entonces menores de edad, Juan y Felicita Travieso Marín, representados por su padre con patria potestad Juan Travieso, comparecieron ante el notario don Juan B. Soto y otorgaron todos escritura de com-praventa de la mitad indivisa de la indicada parcela, a favor de Elias B. Wilcox. No obtuvo Juan Travieso, padre, auto-rización judicial para la enajenación que hizo de la propiedad inmueble de sus bijos, pero diez y ocho días más tarde el menor Juan Travieso Marín fué emancipado por su padre mediante el otorgamiento de una escritura a ese efecto, la que no fué anotada en el Registro Civil, conforme exige el artículo 233 del Código Civil (edición de 1930), para que la emancipación perjudique a tercero. El mismo día de la emancipación, el demandante Juan Travieso y la demandante Felicita, de igual apellido, que también se bailaba eman-cipada por razón de matrimonio, asistidos de su padre Juan Travieso, otorgaron una escritura ante el notario H. Torres Solá en la que ratificaron la venta becba anteriormente por su padre sin autorización judicial, y vendieron por la, misma escritura a Octavio García Salgado la participación que tenían en la otra mitad de la indicada parcela. Al siguiente día, 28 de agosto de 1919, Wilcox, mediante escritura pú-blica, vendió a Rafael Bernabé el condominio que ya cono-cemos. Dividida la comunidad que existía entre Octavio García Salgado y Rafael Bemabe sobre la finca en cuestión, correspondió a este último una parcela de 11.97 cuerdas sobre la cual tramitó un expediente de dominio en la Corte de Distrito de San Juan, recayendo la resolución correspon-diente, inscribiéndose su información de dominio en el Re-gistro de la Propiedad el 18 de septiembre de 1922, al folio 129 del tomo 56 de Río Piedras, inscripción primera. En noviembre de 1922 Bernabé vendió la totalidad de su indi-cada finca a Manuel Prida, quien inscribió su título en el Registro de la Propiedad. En mayo de 1923 Prida vendió a Jaime y Gustavo Fort, causándose así la inscripción tercera. En septiembre de 1923 Gustavo Fort vendió a Jaime Fort, conforme resulta de la inscripción cuarta. En 15 de agosto de 1932 Jaime Fort vendió la finca a Tomás Martínez Morales, según la inscripción quinta, y en igual feeba este último la vendió a la demandada Cbloris McCormick, la actual posee-dora, quien también inscribió su título en el Registro de la Propiedad.

Estimó también probado el juez sentenciador que el 11 de mayo de 1923 la Corte de Distrito de San Juan 'declaró justificado el dominio a favor de Manuel Prida sobre otra parcela de ocbo cuerdas ubicada en el barrio Monacillos, de Río Piedras, insribiéndose el dominio que sobre dicba finca acreditó Prida el 7 de junio de 1923 al folio 8 del tomo 59 de Río Piedras, finca número 2527, inscripción primera, y por escritura de 23 de mayo de 1923 Manuel Prida vendió a Enrique Carbia la ameritada finca, motivando la inscripción segunda de la misma en el Registro de la Propiedad.

Con estos hechos por base, se dictó la sentencia que de-sestimó la demanda sin especial condenación de costas, contra la cual interpusieron los demandantes el presente recurso de apelación. Difícil es precisar cuáles son los cinco errores que los apelantes tratan de imputar a la corte senteniadora, pues por lo menos en lo que a los tres primeros respecta no se hace ún señalamiento separado como exige el reglamento de este tribunal. Con razón dice el abogado de la apelada, Sra. McCormick, en la página 9 de su alegato:

“Repetimos a este Hon. Tribunal Supremo que no existe una rigurosa imputación de errores, pero no queriendo evadir la cuestión litigiosa y sí entrar franca y serenamente en la discusión de la mis-ma, hemos leído y releído el alegato de la parte apelante, tratando de averiguar algunas veces lo que no aparece claro y hemos llegado a la conclusión de que se imputan en la sentencia, como errores, las siguientes resoluciones o conclusiones de la Corte de Distrito de Ba-yamón:
“Primero: Reconocer validez y eficacia a los títulos de propie-dad presentados por los demandados no obstante no haberse decla-rado nula la inscripción de dominio a favor de don Aquilino Marín Velázquez.
“Segundo: Haber dado validez a la escritura de ratificación otor-gada por los demandantes Juan y Felicita Travieso en unión de su padre, no obstante ser la ratificada una escritura otorgada por éste a nombre de ellos sin la debida autorización judicial y siendo me-nores de edad.
“Tercero: Declarar probado que en 9 de agosto de 1919 por es-critura ante el notario Juan B. Soto don Juan y Felicita Travieso vendieron una participación proindivisa que a los demandantes co-rrespondía en la finca de Chloris McCormick.
“Cuarto: Declarar que el comprador de una finca por título ins-crito en el Registro de la Propiedad es tercero respecto de los vicios de nulidad de cualquier otro contrato inscrito - si la causa de esos vicios no consta en el Registro.
“Quinto: No haber declarado probada la comisión de daños a los demandantes y por tanto no hacer declaración alguna en cuanto a ellos.”

Para evitar innecesarias repeticiones y por hallarse tan íntimamente relacionados los errores señalados, los vamos a discutir conjuntamente.

Es indudable que la escritura de compraventa otorgada ante el notario Juan B. Soto, por la cual el padre de los demandantes sin autorización judicial vendió la mitad del condominio que dichos demandantes poseían en la finca en cuestión, era nula en cuanto a estos demandantes respecta, pues siendo ellos menores de edad en la fecha de la enajenación, el padre no podía disponer de su propiedad inmueble sin la correspondiente autorización judicial. Pero esa escritura, que fué nula en la fecha de su otorgamiento en lo que a los demandantes respecta., fué convalidada tan pronto éstos, menores entonces ya emancipados, el uno por su padre (art. 233, Código Civil, ed. 1930) y la otra por razón de matrimonio (art. 239 del mismo Código), comparecieron ante el notario H. Torres Solá y asistidos de su padre ratificaron la, venta que él celebró sin la correspondiente autorización judicial. Se afirma por los apelantes que la emancipación por el padre no fué válida porque no se anotó en el Registro Civil. No tienen razón los apelantes, porque el requisito de la anotación es sólo para que pueda producir efecto contra tercero, y mal puede llamarse tercero a aquel que como el Sr. Wilcox fué parte en el contrato por ellos ratificado después de su emancipación. Como prescribe el artículo 1265 del Código Civil (edición 1930), “la confirmación purifica el contrato de los vicios que adoleciera desde el momento de su celebración.” Comentando Manresa el artículo 1313 del Código Civil español, igual al 1265 del nuestro, dice:

“La ratificación se parece más a aquélla (la confirmación), como que en realidad es una especie de la misma: es la confirmación limi-tada y aplicada a subsanar un defecto, la intervención en el con-trato, no del interesado en persona, y sí de otro que no tenía su re-presentación o se excedió de la conferida, defecto o abuso que deter-minaría la nulidad de lo convenido, si la persona interesada no rati-ficase lo hecho en su nombre.” 8 Manresa, Comentarios al Código Civil, 800, ed. 1907. (Paréntesis y bastardillas nuestros.)

Es verdad que estando inscrito el dominio a favor de Aquilino Marín Velázquez no podía legalmente inscribirse la información de dominio sobre la misma finca o partes de ella a favor de otras personas; pero es que prescindiendo del expediente de dominio tramitado por Bernabé, de quien deriva su título la demandada McCormick, y del tramitado por Prida, de quien deriva título el demandado Carbia, independientemente de tales informaciones de dominio, repetimos, tanto la una como el otro demandado adquirieron un título válido de los demandantes al ratificar éstos el contrato celebrado por su padre con el Sr. Wilcox, y al vender, ya emancipados, a Octavio G-arcía Salgado la otra mitad que les quedaba del condominio que heredaron en la parcela de diez y ocho cuerdas.

ü, Cómo no había de declarar probada la, corte la venta que hicieron los demandantes por la escritura de 9 de agosto de 1919 ante el notario Juan B. Soto, si dicha escritura se presentó en evidencia, al igual que la número 115, de 27 de agosto de 1919, ante el notario H. Torres Solá, por la cual los demandantes ratificaron la primera?

Claro es que siendo válido el título de los demandados pertenecen a ellos los frutos de sus respectivas fincas y al percibirlos no hacen otra cosa que ejercitar sus derechos dominicales. Por consiguiente, no procedería pronunciamiento alguno contra ellos condenándoles a devolver frutos a los demandantes.

Por lo expuesto, debe desestimarse el recurso y confir-marse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Jovito González, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    Núm. 1038.

    Sometido: Enero 24, 1939.

      Resuelto: Febrero 17, 1939.

      Francisco González Fagundo y Brown, González <$s Newsom, aboga-dos del recurrente; el registrador recurrido compareció por es-crito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En una escritura notarial otorgada el 21 de agosto de 1925, el tesorero de una corporación reconocía haber recibido el pago de cierta obligación y cancelaba o trataba de cancelar una hipoteca otorgada para garantizar el pago de la ante-dicha obligación. En una sesión de la Junta de Directores celebrada el 10 de diciembre de 1938, se aprobó una resolu-ción bajo la cual los directores de la corporación ratificaban la actuación del tesorero.

El registrador de la propiedad se negó a cancelar 1a. hipo-teca porque del registro aparecía que el crédito hipotecario estaba sujeto a un embargo inscrito el 25 de agosto de 1930' que fué prorrogado por órdenes posteriores de la corte; y porque tal inscripción no podía ser cancelada sin el consenti-miento del acreedor embargante o sin una orden de la corte. El registrador también indicó que la fecha de la ratificación era posterior a la del embargo y a las de las varias prórro-gas. Citó en apoyo de su resolución los casos de Escalona v. Registrador, 7 D.P.R. 477; León v. Registrador, 46 D.P.R. 55 y Pérez v. Registrador, 50 D.P.R. 289.

El recurrente sostiene que presentó la escritura de earí-celación al registrador y que no solicitó se cancelara la anota-ción del embargo. .El registrador en sn alegato se refiere a su nota como equivalente a la negativa de la solicitud para que se inscriba el documento. En su consecuencia así inter-pretamos su nota.

El registrador no puso en tela de juicio la eficacia de la escritura de agosto 21, 1925, acompañada por la resolución de ratificación, excepto en cuanto a su alcance y efecto sobre los derechos inscritos con anterioridad a la fecha de la rati-ficación. En su consecuencia, no es necesario que nos deten-gamos ahora a especular en torno a posibles motivos de ob-jeciones que no han sido suscitados por la nota recurrida.

Si la escritura de cancelación — -fuera de cualquiera cues-tión relativa a sus posibles efectos sobre posteriores derechos inscritos — era o no inscribible, no vernos razón alguna por la cual no debió ser inscrita sin perjuicio de tales derechos. Tal proceder, aunque protegería los derechos ya 'inscritos, evitaría nuevas complicaciones informando a los acreedores embargantes y a otras personas interesadas de cualesquiera derechos que el dueño actual de la finca en cuestión pueda tener.

La nota recurrida debe ser revocada con instmcciomes de que se inscriba la escritura de cancelación sin perjuicio de los derechos del acreedor embargante a que se hace referencia en la nota del registrador.


author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

text:
    Antolina Gajero, demandante y apelada, v. Enrique Valedón Maldonado, demandado y apelante.
    Núm. 7699.

    Sometido: Diciembre 12, 1938.

      Resuelto: Febrero 17, 1939.

      E. Huertas Zayas, abogado del apelante; Rafael Atiles Moréu, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 21 de noviembre de 1935 y por escritura número 178 otorgada ante el notario don Felipe Colón Díaz, la deman-dante apelada vendió al apelante cierta finca rústica de dos-cientos tres cnerdas descrita en la demanda, por el conve-nido precio de $10,000, más setenta acciones del Federal Land Bank of Baltimore por $350. De los $10,350, montante del precio de las dos ventas, el comprador retuvo en su poder el importe de ciertas obligaciones a que estaba afecta la finca, tales como hipotecas, contribuciones, etc., y dedujo la canti-dad de $661 en que se estimó el valor de la última cosecha que percibió la vendedora, pero qne las partes convinieron debería pertenecer al comprador por haberse recolectado la cosecha después de iniciarse las negociaciones para la com-praventa de la finca. Practicadas estas deducciones, el com-prador qnedó a deber a la vendedora por concepto del pre-cio de la finca y de las acciones del Banco Federal la canti-dad de $2,664.68, que se obligó a pagarle en la siguiente forma: $400 cada mes de diciembre a partir del año 1936, con interés a razón de 5 por ciento anual pagaderos los inte-reses con el capital de cada plazo y con la condición adicional de que si por cualquier circunstancia el demandado no pu-diese abonar %m plazo de $400 vencido, se prorrogaría el pago para el siguiente año, pero “deberá satisfacer los intereses del capital de, ese plazo vwwido y no satisfecho”, y en el si-guiente año debería satisfacer por lo menos uno de los dos plazos vencidos y sus intereses, y así sucesivamente hasta el pago de la totalidad de la deuda.

Entre las cláusulas de la escritura número 178 antes men-cionada, se halla la denominada “Quinta”, que dice así:

“Se aclara que si bien dentro de los gravámenes hay uno por vale al portador y por la suma de $397.81, cuando se constituyó, se consignó que la Sra. Qajero era en deber $755.72, y que la mitad de esta suma la pagaría con la cosecha de café y a más tardar el día último del entrante diciembre, lo que deberá cumplir religiosa-mente ; y la de dicho vale el último de diciembre del año 1936, pero si por cualquier motivo no pagase y tuviese que hacerlo el Sr. Va-bedóry, deducirá tal pago de lo que ha quedado adeudando por lai presente.”

En garantía del pago del capital y de un crédito adicional de $200 para intereses y $200 para honorarios de abogado, gastos y costas, el comprador apelante constituyó hipoteca voluntaria a favor de la vendedora apelada sobre la 'finca de 203 cuerdas objeto del contrato de compraventa y sobre otra de treinta cuerdas y 3,603 metros propiedad del comprador, respondiendo cada una de las fincas y las dos conjuntamente de la totalidad del precio adeudado, así como del crédito adi-cional para intereses, costas, gastos y honorarios de ahogado en caso de ejecución. Fue condición de dicha hipoteca, ade-más de la que aparece en la cláusula quinta antes transcrita, la siguiente: Que por la falta de pago de dos plazos del capital adeudado, en la forma convenida, o de los intereses co-rrespondientes de %ma mmalidad, en uno u otro caso queda-ría vencida la hipoteca y estaría la acreedora en aptitud de proceder judicialmente para hacer efectivo cuanto se le adeu-dare, tanto por concepto del capital e intereses como por la partida de costas, gastos y honorarios de abogado.

Posteriormente, por escritura número 56 de 24 de abril de 1936 ante el mismo notario Sr. Colón Díaz, se modificó la escritura número 178 antes mencionada en el sentido de sus-tituir la finca de 30 cuerdas por otra, propiedad del compra-dor, de diez y ocho cuerdas, afecta a una primera hipoteca a favor de la Comisión Behabilitadora de Puerto Pico por la suma de $1,000. También se convino por dicha escritura nú-mero 56 que la demandante rebajaría al deudor la cantidad de $150, quedando así reducida la deuda a $2,514.68, suma total que quedó garantizada con la finca de 203 cuerdas y con la de 18 cuerdas antes aludida.

Además de las obligaciones surgidas del contrato de com-praventa a que venimos haciendo referencia, él demandado apelante suscribió un pagaré a la orden de la apelada, por la suma de $460, a vencer el 30 de marzo de 1937, en el cual se expresa lo siguiente: “Me comprometo a pagar el importe de este pagaré con no menos de diez litros de leche que me obligo a remitirle diariamente por un valor de 10 centavos el litro, hasta el total pago del mismo.”

Entre noviembre de 1935 y octubre de 1936, el apelante suministró leche a la apelada por la cantidad de $184.79, que-dando a deber por concepto del pagaré antes aludido la can-tidad de $275.21.

El demandado apelante no satisfizo el importe del plazo del precio de la compraventa que venció él 31 de diciembre de 1936, ni pagó los intereses correspondientes a dicha anua-lidad vencida el día último de diciembre del indicado año, ni tampoco ha pagado ninguno de los plazos vencidos al Banco Federal.

Considerando vencido el precio aplazado de la compra-venta y habiendo vencido por expiración del término el pa-garé de $460, la demandante radicó la. demanda de este caso el día 29 de abril de 1937, en cobro de las ameritadas obli-gaciones.

Excepeionó el demandado, aquí apelante, y contestó a la vez la demanda, alegando que la hipoteca objeto de la pri-mera causa de acción no había vencido por falta de pago de los intereses de la anualidad que venció en diciembre de 1936, alegando en contrario lo siguiente: “Que la demandante con-vino con el demandado en prorrogar y aplazar el cobro de dichos intereses devengados y no satisfechos, hasta que a dicho demandado le fuere liquidada la cuenta del café que tenía entregado al Banco Cafetero, hecho que hace alrededor de ocho días sucedió en parte, estando aún pendiente de liqui-dación el total lo que hace considerar al demandado como no vencida dicha prórroga.”

Como defensa especial alegó: Que la demandante está impedida de exigir el cumplimiento de dicha obligación, por no haber cumplido ella con la que se impuso por el contrato de compraventa.

Contestando la segunda causa de acción, aceptó el deman-dado haber suscrito el pagaré por $460, más $50 para gas-tos, costas y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, para vencer dicho pagaré en marzo de 1937, pero negó estar adeudando a la demandante la suma de $275.21 reclamada por concepto de dicha obligación, alegando en con-trario que la demandante aceptó. recibir y recibió en abono al mencionado pagaré frutas, especialmente chinas, que el demandado entregó en diversas partidas y por un valor de $31.15.

Que el pagaré o la parte del mismo que adeuda no está vencido, porque la demandante convino con el demandado en aplazar, y aplazó, el cobro del balance de dicho pagaré hasta1 que al demandado le fuere liquidado el café que tenía entre-gado al Banco Cafetero, lo cual no se había verificado en la fecha en que se contestó la demanda.'

Que tampoco viene obligado a pagar los $50 estipuladosen el pagaré para costas, gastos y honorarios de abogado, porque no habiendo vencido la obligación por motivo de la prórroga mencionada, no dió lugar el demandado a la recla-mación judicial de dicha obligación.

Celebrado el juicio oral, se dictó con fecha 5 de enero de 1938 la sentencia apelada, cuya parte dispositiva dice así:

“Por tanto, la Corte, como resultado de la prueba practicada y por los fundamentos de su opinión dada y unida a los autos de este caso, y la que se hace formar parte de esta sentencia, resuelve que la ley y los hechos están a favor de la demandante y en contra del demandado y que procede declarar, y declara, con lugar la demanda en sus dos causas de acción, y, como consecuencia, condena al de-mandado Enrique Valedón a pagar a la demandante Antolina Ga-jero, la suma de $2,514.68, más los intereses al 5% anual desde el 21 de noviembre de 1936, y $200.00 pactados para costas y honora-rios de abogado, por la primera causa de acción, y además $244.06, importe del pagaré, más $50.00 pactados para costas y honorarios de abogado, objeto de la segunda causa de acción.”

Se apeló de la sentencia el 3 de febrero de 1938, y no fue hasta el 24 de septiembre del año pasado que se radicó la transcripción de evidencia, a pesar de constar de sesenta y siete páginas solamente. En el alegato del apelante, radi-cado en diciembre último, se imputa a la corte sentenciadora la comisión de cuatro errores, a saber:

“Primero: No resolvió la excepción previa aducida contra la de-manda a pesar de haber sido discutida.
“S-egmvcLa: Cometió error la corte inferior en la apreciación de la prueba, mediando pasión, prejuicio o parcialidad.
“Tercero: Cometió error la corte inferior al resolver que la de-mandante apelada estuvo justificada al no cumplir las condiciones impuéstasle por el contrato.
“Cuarto: Cometió error la corte inferior al considerar vencida la deuda.”

La excepción previa se expuso en el mismo escrito que contenía la contestación. Parece que inadvertidamente el juez entró a considerar los méritos del caso y olvidó hacer el correspondiente, pronunciamiento en relación con la excepción previa. Si bien es cierto que debió dictarse una resolución sobre la cuestión de derecho planteada por el demandado, ningún perjuicio le causó tal omisión, porque basta leer la demanda para concluir inmediatamente que aduce hechos suficientes en sus dos causas de acción. En dichas dos causas de acción se alegan dos deudas contraídas por el demandado a favor de la demandante, su vencimiento, y el incumplimiento o falta de pago por el demandado. La excepción es completamente frívola. No existe el primer error.

Hemos examinado cuidadosamente la transcripción de evidencia y no sólo no encontramos que haya existido pasión, prejuicio o parcialidad por parte del juez inferior, sino que estamos plenamente convencidos que dirimió correctamente el conflicto en la prueba, de una parte, la de la demandante, basada principalmente en escrituras públicas y en el pagaré cuya autenticidad admitió el demandado, y de la otra parte, la prueba del demandado basada en su declaración oral, que no mereció crédito a la corte sentenciadora y que tampoco lo merece a nosotros, al conocer por el récord sus propias actuaciones y táctica tendente a tomar ventaja sobre la manifiesta ignorancia de la demandante en materia de negocios.

Resulta de la evidencia que hemos reseñado que al cele-brarse el contrato de compraventa en noviembre de 1935, el demandado consiguió que la demandante le acreditase al pre-cio de compra la cantidad de $661, importe de la cosecha que ella había recolectado antes de trasmitir el dominio de la finca al demandado, simplemente porque según éste la cose-cha se recolectó cuando ya se habían iniciado las negociacio-nes para la venta de la finca. Más tarde consiguió el deman-dado qne la demandante sustituyese la hipoteca que tenía sobre la finca de treinta cuerdas por otra que se constituyó sobre otra finca del demandado, de 18 cuerdas, afecta a. una primera hipoteca de $1,000 a favor del Hurricane Commission, y para mayor ventaja consiguió que por la misma es-critura la demandante le rebajase $150 del capital adeudado. Recibió los frutos de la finca durante el año 1986, sin pagar a la demandante nada más que $184.79 en leche que le sumi-nistró, y cuando convencida aquélla que el comprador no ha-bía de cumplir su contrato, le ofreció rescindirlo gratuita-mente y cancelar las obligaciones pendientes, todavía le exige el apelante que le entregue $300, obligándola así a instituir este pleito.

Sostiene el apelante que la apelada dejó de cumplir su contrato por no haber pagado ella la suma de $397.81, más sus intereses al 6 por ciento anual, importe de un vale al portador que venció el 31 de diciembre de 1936 y que la demandante se comprometió a pagar, pero olvida el apelante que en la propia escritura donde se impuso la demandante esta obligación, se consignó, en relación con la misma, la siguiente cláusula:

“Si por cualquier motivo no pagase y tuviese que hacerlo el Sr. Valedón, deducirá tal pago de lo que ha quedado adeudando por la presente. ’ ’

De manera, pues, que era potestativo en la demandante pagar por su cuenta dicha obligación o dejar que fuese sa-tisfecha por el demandado apelante, deduciéndose luego de la cantidad que éste debería pagarle por concepto de la com-praventa. No hubo, pues, incumplimiento alguno por parte de la demandante y no existe, por consiguiente, el tercero de los errores señalados.

Que la deuda estaba vencida, es cuestión fuera de toda duda. Se obligó el demandado, como hemos visto, a pagar anualmente la cantidad de $400, y además los intere-ses correspondientes, y aunque se convino que podría dejar de pagar un plazo de capital para satisfacerlo al año siguien-te, expresamente se estipuló que los intereses, sin embargo, no se prorrogarían y que deberían pagarse en todo caso en el mes de diciembre de cada año. No habiendo pagado los intereses correspondientes al año que venció en diciembre de 1936, y habiéndose estipulado en la escritura que el defecto de pago de una anualidad de intereses o de dos anualidades de capital sería causa suficiente para que la vendedora con-siderase vencida toda la deuda, forzoso es concluir que al de-jar de cumplir con el pago de intereses en el año 1936, quedó vencida ipso facto la totalidad de deuda que tenía con la de-mandante. El pagaré habla por sus propios términos. Se estipuló que vencería el 30 de marzo de 1937. No fué satis-fecho y aunque el demandado trató de probar que la deman-dante le había concedido cierta prórroga, la corte inferior no le dió crédito, con razón, a nuestro juicio, y por consiguiente no hay duda alguna que no se cometió el cuarto y último de los errores señalados.

La demandante solicitó la desestimación de este recurso por entender que el mismo es frívolo y que solamente ha sido instituido con el fin de dilatar los procedimientos. Estamos enteramente de acuerdo con la demandante apelada, y habida cuenta de la actitud del demandado en este caso, creemos ha-cer buen uso de nuestra discreción condenándole a pagar los honorarios de abogado incurridos en esta corte, que estima-mos en la cantidad de $150.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y condenar además al demandado •al pago de $150 por concepto de hono-rarios de abogado de la demandante incurridos en los proce-dimientos habidos m este Tribimal.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.