author: El Juez Asociado- Señor Travieso

text:
    Ex parte Pablo Resto Miranda, peticionario.
    Núm. 121.

    Sometido: Noviembre 13, 1939.

      Resuelto: Diciembre 1, 1939.

      Ciro Málatrasi, Jr., y Antonio J. Amadeo, abogados del peticionario; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado- Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El peticionario alega en substancia que el 23 de agosto de 1934 el Fiscal del Distrito de San Juan radicó contra él una acusación por el delito de asesinato genérico, calificación que fué rebajada en el acto del arraignment a la de asesi-nato en segundo grado; que en la indicada fecha el peti-cionario se declaró culpable del delito que se le imputaba, siendo condenado inmediatamente a la pena de 10 años de presidio con trabajos forzados y a tres meses de cárcel por el delito adicional de portar armas; y que desde esa fecha se encuentra recluido en el Presidio Insular. Como funda-mento legal para su excarcelación mediante el auto de hábeas corpus que solicita, el peticionario alega:

“6. Que en ningún momento desde su arresto hasta después de su encarcelación el peticionario tuvo la asistencia de un abogado defensor y la corte en ningún momento le ofreció ni le nombró defensor alguno al peticionario, ni le instruyó en cuanto al derecho que tenía a estar representado por un abogado y en caso de no poder pagar los servicios de un abogado, a tener los servicios de un abogado de oficio nombrado por la corte.
“7. Que el peticionario en ninguna forma renunció su derecho a estar representado por un abogado defensor. £ £
“10. Alega vuestro peticionario que la corte actuó sin jurisdic-ción por las siguientes razones:
“A. Que la referida sentencia condena al peticionario por una infracción al artículo 201 del Código Penal de Puerto Rico, que establece que la violación de este artículo es un delito grave (felony).
“B. Que de acuerdo con el artículo 202 del Código Penal de Puerto Rico, el delito de asesinato en segundo grado se castiga con una pena de presidio no menos de 10 años ni más de 30 años.
“C. Que en ningún momento en el transcurso de la tramitación de este caso criminal, desde la fecha del encarcelamiento a virtud de la sentencia, se le dió al acusado la oportunidad de consultar con abogado alguno, privándole por lo tanto, del derecho constitu-cional de consultarse y estar representado por un abogado.
“D. Que el peticionario ha sido privado de su libertad sin que se haya seguido u observado un debido propeso de ley, ya que el peticionario no tuvo el beneficio de consultar con y ser aconsejado por un abogado. .
“E. Que el juez de la Corte de Distrito de San Juan que sen-tenció al peticionario no le hizo a éste la advertencia exigida por la ley y la jurisprudencia al efecto de que el peticionario tenía el de-recho a la asistencia de un abogado defensor.
“F. Que la Corte de Distrito de San Juan, por los fundamentos arriba expuestos, condenó y sentenció al acusado sin haber tenido jurisdicción sobre esta causa criminal y sobre el peticionario.
“G-. Que al declararse culpable el peticionario ignoraba la natu-raleza del delito y las consecuencias de su confesión de culpabilidad ya que el Hon. Juez no le hizo advertencia alguna en cuanto a este punto, y ya que el peticionario estaba huérfano de ayuda y consejo de abogado, familiar o amigo alguno.
“EL Que por las razones consignadas anteriormente la detención y encarcelación del peticionario son absolutamente nulas e ineficaces. ’ ’

Traído el peticionario ante el tribunal en pleno el día 13 de noviembre de 1939, el Jefe de la Penitenciaría Insular presentó el informe escrito requerido por el artículo 476 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En lo que es perti-nente dicho informe lee así:

“Acusación. — El fiscal formula acusación contra Pablo Resto Miranda, por un delito de asesinato (felony) cometido de la manera siguiente: el referido acusado Pablo Resto Miranda, en época anterior a la presentación de esta acusación, o sea allá el día 16 de agosto de 1934, y en San Juan, Puerto Rico, del distrito judicial del mismo nombre, allí y entonces, de una manera ilegal y volun-taria, con malicia premeditada y expresa y firme y deliberado pro-pósito de matar y demostrando tener un corazón pervertido y maligno, dió muerte ilegal, al ser humano Eugenio Cruz Martínez, al cual, le acometió y agredió- con una navaja barbera, - que es un árma mortífera, infiriéndole varias heridas de carácter grave, y a consecuencia de dichas heridas recibidas falleció el mencionado Eugénio Crtíz Martínez', en San - Juan, Puerto Rico,- el día 16 de ágosto de 1934, y que dichas heridas fueron inferidas por el - acu-sado Pablo Resto Miranda, al hoy interfecto Eugenio Cruz Martínez, con lá 'intención de matarlo.
“Este hecho es contrario a lá ley, etc. M. Romany, Fiscal. Jurada 23 de agosto de 1934. Certifico:’ E. López Tizol, Secretario.
''' “ Sentencia. — -Hoy día 23 de agosto de 1934 y en corte abierta compareció el acusado Pablo Resto Miranda a oír la acusación en el presente caso. Luego de leídale por el Fiscal dicha acta de acusa-ción y preguntádole por la Corte qué alegación hacía, manifestó que se confesaba culpable del delito de asesinato en segundo grado soli-citando que se dicte sentencia contra él en este mismo acto. Por tanto, vista la confesión del acusado en sala de justicia, la Corte falla declarando a dicho acusado culpable de un delito de Asesinato en Segundo Grado y a petición del propio convicto, pronuncia su sentencia, condenándolo a sufrir la pena de diez años de presidio con trabajos forzados, abonándosele, de acuerdo con la ley, la pri-sión preventiva que haya sufrido dicho convicto, sin costas por ser insolvente.
“Dada en Corte abierta, en San Juan, P. R., a 23 de agosto de 1934. — Angel R. de Jesús, Juez de Distrito.”

Del Libro de Minutas de la corte sentenciadora no apa-rece que en momento alguno durante el arraignment y sen-tencia del acusado éste estuviese representado por o asistido de un abogado defensor.- El fiscal de esta corte admite, no solamente que el acusado ■ estuvo durante todo el proceso huérfano de representación y asistencia legal,' si que también el incumplimiento de lo prescrito por el artículo 141 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal y por la ley de 9 de marzo de 1905, toda, vez que en ningún, momento se advirtió al acusado de su derecho a ser representado por abogado, ni se le nombró' abogado defensor.

En él acto de la vista el peticionario declaró bajo jura-mento,. sin que su declaración fuese impugnada o contra-dicha por el fiscal, y dijo:

“Sr. Fiscal: Yoy a bacer dos o tres preguntas.al acusado en relación a esto.
“Fiscal: ¿Qué edad tiene usted?
“Acusado: Como 26 años.
“P. — ¿Añora?
“R. — Sí, señor.
“P. — Dicen los autos en el caso éste que usted compareció en la vista ante la corte y al leérsele la acusación de asesinato en primer grado usted alegó ser inocente; y después informó a la corte-que usted se declaraba culpable de asesinato en segundo grado. ¿No es eso? Conteste en alta voz.
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Se dió usted entonces cuenta perfecta de la acusación, de Ío que se le imputaba? ■
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Y entonces por eso fué que usted informó a la corte que era inocente del delito que se le imputaba y que- se declaraba culpable de asesinato en segundo grado? ¿No es eso?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Alguien le explicó, ejercitó alguna influencia, alguna fuerza para que usted hiciera esa declaración, o fué espontánea?
“R. — Sí, señor, se me aconsejó que me declarara culpable.
“P. — Explíquele a los señores magistrados todo lo que haya pasado en relación con esos datos, ¿qué pasó?
“R. — Bueno, se me aconsejó que como yo era un ser insolvente no podía poner un abogado profesional para que pudiera tener un buen resultado, pues esto era mejor que me declarara culpable para que así me pudieran echar el mínimo y podía salir mejor.
- “P. — ¿Quién le hizo esa advertencia? ¿Quién le dió a usted
ese consejo?
“R. — A mí me aconsejó un señor, yo no sé quién es él,, yo no sé si el Fiscal, no recuerdo bien.
“P. — ¿Usted no tuvo abogado en ningún momento? ■
“R. — No, señor.
“P. — ¿Hasta qué grado llegó usted en la escuela?
■ “R. — Hasta tercer grado.
“P. — ¿Sabe leer y escribir?
“R. — Un poco.
. “P. — ¿Alguna vez antes de está acusación, tuvo usted que com-parecer ante una corte en algún sentido?
“R. — No, señor, nunca, nunca.
"Sr. Fiscal: Nada más.
"Sr. Presidente: Dígame, ja usted lo acusaron de asesinato en primer grado?
"Acusado: Sí, señor.
"P. — ¿Y usted se declaró culpable de asesinato en segunda grado?
"R. — Sí, señor.
"P. — ¿Qué diferencia hay entre asesinato en primer grado y asesinato en segundo grado?
"R. — Bueno, en que segundo grado pues hay más consideración declarándose uno culpable de segundo grado, hay-más consideración..
"P. — ¿Consideración de qué?
"R. — Bueno, según me explicaron...
"P. — Según le explicaron, ¿qué clase de consideración? ¿Qué* diferencia hay entre una cosa y otra?
"R. — No puedo, no sé contestar.
"P. — i Usted no sabe?
"Juez Travieso: ¿Dónde estaba usted cuando le dieron esos con-sejos de que si se declaraba culpable le impondrían a usted el mí-nimo; quién le dió ese consejo a usted, y dónde?
"R. — En la Corte de Distrito.
"P. — ¿En qué parte de la corte, ante el juez o en la Fiscalía?'
"R. — En una oficina.
"P. — ¿Dónde estaba usted, detenido, o estaba libre bajo fianza?'
"R. — A mí me llevaron a una oficina.
"P. — ¿Pero usted estaba preso?
"R. — Sí, señor, en sumaria.
"P. — ¿No fué el márshal quien le dió a usted ese consejo?
"R. — No estoy seguro si fué el márshal o el fiscal, yo no lo-conozco.
" P.- — ¿Usted conocía al fiscal?
"R. — No, señor.
"P. — ¿No lo vió el día que le leyeron la acusación?
"R. — Bueno, lo vi, pero yo no me recuerdo, yo llevo cinco años de preso.
"P. — -¿Pero fué la misma persona que le leyó la acusación que le dió ese consejo?
"R. — Sí, señor.
"P. — ¿La misma persona? ¿De modo que el único consejero que usted tuvo fué el fiscal?
"R. — Sí, señor.”

Podíamos haber resuelto el caso de autos por la, autoridad del de Ex parte Hernández Laureano, 54 D.P.R. 416, en el cual la violación del derecho del acusado no fue tan grave y flagrante como en el caso del aquí peticionario.. Laureano fué arrestado, acusado, convicto y sentenciado a veinte años de presidio, todo en menos de veinticuatro horas,, sin que en momento alguno estuviese representado por abogado o se le advirtiese de su derecho a tener asistencia legal. El desamparo del acusado aquí peticionario ha sido aún mayor. Se le obligó a contestar una acusación de asesinato' genérico, por la que podía ser condenado a reclusión perpetua, sin asistencia de abogado y sin advertencia alguna encuanto a su derecho a ser defendido por un letrado; y cosa más grave aún, por ser contraria a la ética profesional, el único consejo que tuvo oportunidad de recibir el prisionerofué el que le ofreciera el fiscal acusador, que era precisamente el único abogado que estaba obligado por razones quenos parecen obvias a abstenerse de aconsejarle. ¿Cómo es posible creer que pudiese aconsejarle sin pasión, sin prejuicio y sin parcialidad aquel que por razón de su ministeriotenía la obligación de acusarle y por el hecho de haberle ya acusado debía sentirse moralmente seguro de su culpabilidad?

En deferencia a los distinguidos comentaristas y críticos de la opinión rendida por este tribunal en Ex parte Hernández Laureano, supra, y dispuestos a rectificar el error sí alguno hubiésemos cometido, hemos estudiado de nuevo y muy cuidadosamente la única cuestión legal envuelta en el presente caso, la que formularemos así: ¿Tiene derecho un acusado de delito grave a estar asistido y aconsejado por un abogado en el acto de la lectura de la acusación y a que se le advierta de la existencia de ese derecho a su favor, antes de que se le requiera para que conteste o excepcione la acusación?

Es cierto que en el caso de Johnson v. Zerbst, 304 U. S. 458, 82 L. Ed. 1461, que sirvió de base a nuestra decisión en Ex parte Laureano, supra, se trataba de un acusado que después de haber hecho alegación de inocencia fué sometido a juicio sin la asistencia de abogado y sin que se le hiciera advertencia- alguna en cuanto a su derecho constitucional .de tener para su defensa la ayuda de abogado; y que en-el caso de autos el acusado, quien ni antes ni en el momento de serle leída la acusación tuvo la ayuda de un abogado ni se le advirtió de su derecho a asistencia legal, hizo alegación de culpabilidad, haciendo innecesaria la celebración de un juicio. Esta diferencia entre uno y otro caso carece a nuestro juicio de importancia, pues estamos convencidos de que la consulta y consejo de un abogado son tan necesarios para un acusado antes y en el acto de serle leída la acusa-ción, como lo son durante la- celebración de un juicio. La exposición de un caso hipotético hará más comprensible nuestra posición. Supongamos que A da muerte a B bajo circunstancias que a lo sumo justificarían la calificación del hecho como un homicidio. El fiscal acusa a A de asesinato en primer grado. A, hombre ignorante de los tecnicismos legales y de las distintas gradaciones o modalidades del homicidio y de las circunstancias que justifican o excusan un acto homicida, incapaz para juzgar por sí mismo sobre la suficiencia de la acusación o la validez de su defensa, preso y alejado de sus familiares y amigos, huérfano del consejo de un defensor, acaba por aceptar el del fiscal y se declara culpable de asesinato en segundo grado, delito que en realidad no ha cometido y que ha confesado en medio de su indefensión y desamparo como único medio de evitar una condena a reclusión perpetua. La intervención y asistencia de un abogado seguramente hubiese impedido la consuma-ción de ese error judicial.

Se dirá, tomando como base la decisión de la Corte Federal para el Distrito de G-eorgia, en el caso de Erwin v. Sandford, Warden, 27 Fed. Supp. 892, que la declaración de culpabilidad hecha por el acusado constituye- por sí sola una renuncia inteligente y conipetente del derecho a estar asistido por un abogado, y que, por lo tanto, al condenarle sin nombrarle abogado la corte no le negó sn derecho cons-titucional de defensa profesional. Parécenos muy fácil esta-blecer una distinción entre los hechos del citado caso y los del de autos. El acusado Erwin alegó que él había sido obligado a declararse culpable. Su petición de habeas corpus fué denegada con estas palabras:

“La evidencia en este caso demuestra que el peticionario libre- y voluntariamente declaró ser culpable del delito que se le imputaba en la acusación.
“Guando una persona, sin abogado, admite su culpabilidad de un crimen y no pide ni desea la celebración de un juicio, sino que más bien desea declararse culpable y someterse a la clemencia de la corte, y libre y voluntariamente hace tal declaración, su conducta es una renuncia competente e inteligente de su derecho constitucional a la asistencia de abogado.” (Bastardillas nuestras.)

No basta, pues, para sostener la validez - de la condena de un acusado, que no estuvo representado por abogado en el acto del arraignment y a quien no se le advirtió de su derecho a tener asistencia legal, que se diga que ese acu-sado al declararse culpable, renunció por ese solo hecho su derecho a ser defendido por un abogado. Es deber de la corte ir más allá de esa simple declaración de culpabilidad e indagar si la misma fué hecha libre y voluntariamente. Así lo hizo la Corte Federal en Erwin v. Sandford, supra, negándose a expedir el auto por la siguiente razón expuesta en su opinión por el juez de distrito:

“De la evidencia en este caso encuentro que la alegación no fué hecha mediante coacción y sí que fué hecha libre y voluntariamente. ’ ’

La regla sentada por la Corte Suprema Federal en Johnson v. Zerbst, supra, es más estricta aún pues' requiere, para que la, renuncia del derecho a ser defendido por abo-gado sea válida, que el acusado conozca o, se le informe de ese derecho y que lo renuncie no sólo libre y voluntariamente si que también, inteligente y competentemente. Y es deber del juez para determinar si ha habido una renuncia inteli-gente y competente de dicho derecho, investigar los hechos y circunstancias particulares del caso, incluyendo la historia personal, la experiencia y la conducta del acusado, haciendo constar todo en el récord del caso. Todo lo expuesto está en consonancia con la política humana del derecho penal moderno que tiende a erradicar las prácticas de aquellos tiempos en que al acusado no se le permitía declarar en su propia defensa y no se le designaba defensor, haciendo posible la convicción de un hombre que se encontrase sin dinero, sin abogado, sin medios hábiles para citar sus tes-tigos y sin que se le permitiese declarar en su defensa. Véanse: Patton v. United States, 281 U. S. 276, 74 L. Ed. 854; Hack v. State, 141 Wis. 346, 45 L.R.A. (N. S.) 664.

En Powell v. Alabama, 287 U. S. 45, 77 L. Ed. 158, la Corte Suprema sostuvo que el derecho de un acusado a estar representado por abogado queda en substancia denegado cuando al serle leída la acusación no se le pregunta si tiene abogado, si puede conseguirlo o si desea que la corte se lo designe.

El Fiscal de esta Corte Suprema ha sometido a nuestra ■consideración una reciente decisión de la Corte Criminal de .Apelaciones de Oklahoma, en el caso Ex parte Barnett, 94 P. (2d) 18, dictada en septiembre 15, 1939. Los hechos de dicho caso son muy parecidos a los del caso de autos. Él ■acusado Barnett, a quien se imputaba el monstruoso delito ■de haber violado a su propia hija de diez años de edad, Lasó su petición de hábeas corpus en fundamentos legales idénticos a los aducidos por el peticionario en el presente recurso, alegando en substancia: que inmediatamente des-pués de ser arrestado fué llevado a presencia del juez del ■condado y que en la investigación preliminar practicada por ■dicho juez el acusado no estuvo representado por abogado •ni se le dió la oportunidad de conseguirlo; que de allí fue llevado ante el juez de distrito, quien le sentenció a cincuenta años de presidio, sin informarle en cuanto a su derecho eons-titucional a tener un abogado defensor y sin preguntarle si deseaba que se le nombrase abogado; que cuando el sheriff lo arrestó lo llevó a la cárcel y allí le dijo que como él no tenía dinero para emplear un abogado, si no se declaraba culpable probablemente tendría que quedarse en la cárcel por lo menos un año hasta que le celebraran el juicio, mien-tras que si se declaraba culpable podría empezar en seguida a cumplir su sentencia; y que fue siguiendo esos consejos que él decidió declararse culpable. Con el fin de probar que el acusado había renunciado “inteligente y competente-mente” su derecho constitucional, el Ministerio Público presentó affidavits del juez sentenciador, del fiscal y del sheriff del Condado, en los que se hacía constar que antes de que el acusado hiciera su déclaración de culpabilidad el juez le advirtió de su derecho a estar representado por un abogado. No obstante lo expuesto en dichas declaraciones, la corte expidió el auto y decretó la libertad del acusado, basándose en la opinión dictada por la misma corte en Howington v. State, 30 Okl. Cr. 243, 235 P. 931, en la que se resolvió:

“Una declaración de culpabilidad debe ser enteramente volun-taria y hecha por uno que sea competente para saber las consecuen-cias de la misma, y no debería ser aceptada hasta que el acusado haya sido plenamente advertido por la corte en cuanto a sus de-rechos y a las consecuencias de su alegación.
“El estado trata de proteger la vida y la libertad de sus ciuda-danos, y como uno de los pasos en esa dirección les garantiza, si son procesados por un delito, el derecho constitucional de ser oído por representación de abogado, lo cual incluye el derecho del acu-sado a consultar con abogado en cada uno de los trámites del pro-ceso, ya se encuentre preso o admitido a fianza. (Citas.)
“El estatuto prescribe que cuando aparece que el acusado carece de recursos y no puede emplear abogado, la corte deberá en todos los casos designar un abogado para que lo represente. (Citas.) No cabe duda, de acuerdo con los hechos de este caso, que al acu-sado se le negó el derecho a ser oído por medio de abogado, tal cual lo garantiza la letra y el espíritu de nuestra Constitución estatal. No bay nada que demuestre que el acusado haya renunciado ese derecho. En el momento en que fué traído ante la corte y leídale la acusación, no se le había dado una oportunidad de ser aconsejado por un abogado en cuanto a sus derechos o en cuanto a las conse-cuencias de cualesquiera alegaciones que él pudiera hacer. El juez le preguntó si deseaba tener un abogado, pero la corte no le dijo que él tenía derecho a tenerlo, ni investigó en cuanto a los recursos que el acusado poseía y con los cuales pudiera emplear un abogado* y no le informó que era deber de la córte nombrar un abogado que lo representase, en caso de que él no pudiese pagar uno. Y la corte no ordenó a ningún funcionario de la misma que llamase un abogada para consultar con el acusado, y no ofreció nombrarle abogado para ese fin.
“De acuerdo con los hechos expuestos, no puede sostenerse que el acusado haya renunciado su derecho constitucional de ser repre-sentado por abogado. Si la corte hubiese permitido al acusado con-sultar con un abogado conocedor de la ley antes de que se le leyera la acusación, él hubiese sido informado en cuanto a sus derechos-constitucionales y estatutarios, y se hubiese informado de que tenía derecho- a ser juzgado por un jurado de 12 hombres, el deber de los cuales era decidir en cuanto a su culpabilidad... Se le hubiera dicho que a él no podía obligársele a declarar en contra de sí mismo, ni para probar que él era culpable del delito que se le imputaba ni tampoco para establecer ninguna circunstancia agravante que de-biera tomarse en consideración para fijar la pena. Se le hubiese informado además que en el caso de que se declarase culpable, esa declaración equivaldría a una confesión judicial de que era culpable de asesinato y a una renuncia de su derecho a ser juzgado por un jurado.
“De acuerdo con los hechos en este caso, la corte no tenía derecho a asumir que el acusado había sido plenamente advertido de sus derechos y de las consecuencias de una alegación de culpabilidad» El acusado era joven, ignorante e inexperto. Bajo tales circuns-tancias la corte estaba obligada a proceder con cautela en propor-ción a la gravedad de las consecuencias....
“Podemos muy bien decir aquí que -es tanto un-deber de los fiscales cuidarse de que una persona bajo proceso no sea privada de ninguno de sus derechos constitucionales, como lo-es el de seguirlo el proceso por el delito que se le imputa.”

Por lo expuesto se ve claramente que la corte de Olda-lioma ha dado a la decisión va. Johnson v. Zerbst la mismo. interpretación y alcance qne le diéramos en Ex parte Hernández Laureano.

Los comentaristas de nuestra decisión en el último caso citado, se lian mostrado alarmados creyendo qne las puertas de la Penitenciaría se abrirían para poner en libertad a miles de criminales. No existe en verdad motivo justificado de alarma. De los 44 confinados puestos en libertad desde que dictamos la decisión en Ex parte Hernández Laureano, la mayor parte había cumplido ya el término necesario para poder solicitar su libertad bajo palabra y hubiesen podido obtenerla por orden del Ejecutivo, sin necesidad de acudir a este tribunal. Pero, aun cuando fuera mucho mayor el número de los liberados, sostendríamos que es preferible abrir las puertas del penal a todos los allí confinados que hubieren sido ilegalmente juzgados y sentenciados, aun cuando fueren culpables, a mantenerlas cerradas para uno solo que siendo inocente haya sido sentenciado en violación de sus derechos constitucionales y sin el debido proceso de ley.

No apareciendo del récord de este caso que el acusado aquí peticionario renunciara libre y voluntariamente su derecho constitucional a ser representado y aconsejado por un abogado en todos los pasos del proceso criminal seguido. en su contra, ni que se le advirtiera en manera alguna de la existencia de tal derecho o se le nombrara u ofreciera nombrarle abogado, somos de opinión que no puede soste-nerse que el acusado haya renunciado sus derechos consti-tucionales inteligente y competentemente.

Tratándose de una petición de hábeas corpus radicada originalmente en esta Corte Suprema y no de un caso pro-cedente de una corte de distrito y elevado a esta corte me-diante apelación o auto de certiorari, lo único que procede es declarar con lugar la petición o denegarla. Y estimando que existen sobradas razones para declararla con lugar, ex-pedir el auto y decretar la excarcelación del peticionario, así lo resolvemos.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor De Jesús

license: Public Domain

text:
    Iris María Pereles Pagán, representada por y asistida de su madre con patria potestad, Ana Pagán Vda. de Pereles, demandante y apelante, v. Ongay Garage & Radio Co., Inc., demandada y apelada.
    Núm. 8060.

    Sometido: Diciembre 4, 1939.

      Resuelto: Diciembre 6, 1939.

      C. Triarte, F. Fernández Cuyar, Héctor González Flanes y F. Alvarado, Jr., abogados de la apelante; José G. Jusino, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 28 de julio de 1939 la demandante apeló de una resolución de la corte inferior anulando el embargo que se había trabado en este caso para asegurar la efectividad de la sentencia. El 26 de agosto siguiente la demandante solicitó y obtuvo de este tribunal una prórroga de treinta días, que venció el 27 de septiembre último, para elevar la transcripción de autos, toda vez que no existía evidencia alguna que elevar a este tribunal. No obstante la prórroga concedida a la demandante, la demandada, con fecha 31 de agosto último, presentó en este tribunal una moción solici-tando la desestimación de la apelación por no haberse ele-vado transcripción de evidencia o exposición del caso, ni tampoco la transcripción de autos, ni haberse solicitado, según equivocadamente creía la demandada, prórroga alguna para perfeccionar la apelación. Esta última moción de la demandada fué señalada para el día 4 del actual, pero antes de dicha fecha, el 23 de octubre último, la demandante radicó la transcripción de autos.

No hay duda alguna que la moción solicitando la deses-timación de la apelación fué radicada por la demandada prematuramente, pues para aquella fecha no había expirado la prórroga concedida a la demandante el 28 de agosto último.

Si bien es verdad qne la transcripción de antos no se radicó basta el 23 de octubre y que desde el 27 de septiembre no volvió a pedirse prórroga para perfeccionar la apelación, ésta debe subsistir, pues a la fecba en que se perfeccionó el recurso no babía ninguna moción de desestimación que pu-diera ser considerada, puesto que la de 31 de agosto, como liemos visto, fue prematuramente radicada.

Por lo expuesto, procede denegar la moción de desesti-mación.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Juan Córdova, recurrente, v. El Registrador Interino de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    Núm. 1060.

    Sometido: Noviembre 22, 1939.

      Resuelto: Diciembre 8, 1939.

      Carlos D. Vázquez, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en septiembre 12, 1939, Isabel Lebrón emancipó a su hija natural reconocida Inés Ortiz, nacida en abril 25, 1920. El padre había fallecido con anterioridad.

Días después, o sea en septiembre 26, 1939, la hija eman-cipada, con el consentimiento expreso de la madre, vendió, por escritura pública, a Juan Córdova, una finca rústica.

Presentada la escritura de venta en el Registro de la Propiedad de San Juan, el registrador la inscribió pero “con el defecto subsanable de no aparecer anotada en el Registro Civil la emancipación de la vendedora Inés Ortiz.”

No conforme Juan Córdova, el comprador, recurrió para ante esta Corte Suprema, alegando que “el Registrador de la Propiedad cometió error manifiesto... toda vez que dicha emancipación no era defectuosa por ese motivo, exigiéndose solamente la anotación en el Registro Civil para que surta efecto contra terceros.”

Invoca el recurrente lo dicho por los tratadistas Scaevola y Sánchez Román, a saber:

“Bástale que la voluntad del emancipante y el consentimiento del que va a ser emancipado consten de una manera indubitada, con las garantías de que le inviste la intervención judicial o la fe de Notario, para que la emancipación adquiera valor legal.1 ’ Scaevola. Comen-tarios al Código Civil, tomo' 5, pág. 582.
“Que la escritura o la comparecencia de emancipación se anoten en el Registro Civil. Tiene por objeto' hacer constar el hecho de la emancipación de un modo público, para el conocimiento de terceras personas, en cuanto priva al padre de la representación del hijo y otorga a éste una capacidad relativa de mayor edad, que mientras no fuera inscrita no puede producir efecto contra tercero.” Sánchez Román. Comentarios al Código Civil, tomo 5, vól. 2, pág. 1199.

Y sostiene que siendo válida la emancipación sin el requi-sito de la inscripción en el Registro Civil, no debió consignar el registrador que la falta de dicha inscripción constituía uu defecto subsanable, debiendo en su consecuencia revocarse su nota en ese extremo.

Ni el recurrente ni el registrador citan jurisprudencia que resuelva el problema que se plantea.' La decisión ■de esta corte en el caso de Narváez v. Encargado del Registro Civil de Aibonito, 28 D.P.R. 928, a que se refiere el recurrente, si bien gnarda relación con él, no lo decide directa ni indi-rectamente. Aqní el registrador inscribió la venta. Se limitó a consignar la existencia de nn defecto snbsanable.

Veamos lo qne dispone exactamente la ley. Está conte-nida en el artículo 233 del Código Civil, ed. 1930, qne dice:

“Artículo 233. — El menor puede ser emancipado para regir su persona y administrar sus bienes, o para el solo efecto de la admi-nistración de los últimos, por su padre, o en defecto de éste, por su madre, cuando dicho menor hubiese cumplido la edad de diez y ocho años.
“Esta emancipación tendrá lugar por la declaración del padre o de la madre, hecha ante notario público en presencia de dos tes-tigos y con el consentimiento del menor.
“Deberá anotarse en el registro civil, no produciendo efecto entre tanto contra terceros.”

De modo terminante, pues, dispone qne la amancipación deberá anotarse en el Registro Civil para* qne produzca efecto contra tercero.

Como acto jurídico la emancipación es válida sin qne sea inscrita (Travieso v. McCormick, 54 D.P.R. 328, 334), pero no producirá efecto contra terceros basta qne la inscripción se verifique. T siendo como es esencialmente nuestro sis-tema de registros uno ideado para qne los actos y contratos .que a él se llevan adquieran aquella certeza y publicidad que tanto contribuye a su estabilidad y que permite que en justicia perjudiquen a terceros, parece lo lógico que al veri-ficarse la inscripción en un caso como el de autos, contenga todos los requisitos necesarios a la realización de tal fin.

Uno de esos requisitos, ideado por el legislador precisa-mente para que la emancipación produzca efecto contra ter-ceros, es el de su inscripción en el Registro Civil, y si se acude al Registro de la .Propiedad pidiendo la inscripción de un contrato realizado a virtud de la emancipación, parece natural que en él se acredite que la emancipación se inscribió previamente en el Registro Civil para que el efecto contra terceros del contrato que se inscriba sea todo lo amplio que debe ser y esté en armonía con el propósito del sistema. Y si la previa inscripción no consta, cumple con su deber el registrador llamando la atención sobre ello a los futuros contratantes.

Debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Eduardo M. Morera, peticionario, v. Corte de Distrito de Guayama, Hon. R. Cordovés Arana, Juez, demandada.
    Núm. 334.

    Sometido: Diciembre 4, 1939.

      Resuelto: Diciembre 8, 1939.

      Justo A. Casablanca, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En febrero 27, 1936, se presentó acusación contra Eduardo M. Morera por haber conducido un automóvil en violación del artículo 328 del Código Penal.

El proceso fue abandonado por el Gobierno durante un largo período de tiempo y finalmente fué llamado el caso para juicio en el año 1939. Entonces el acusado presentó una moción solicitando de la corte el archivo y sobreseimiento del caso a tenor de las disposiciones del artículo 448 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, por haberse demorado la celebración del juicio más de 120 días. La corte decretó el sobreseimiento el 25 de abril y ordenó al mismo tiempo al fiscal que presentara una nueva acusación.

En mayo 1, 1939, el fiscal de distrito de Guayama pre-sentó otra acusación contra el peticionario, basado aparente-mente en los mismos hechos. Durante la lectura de la acu-sación el acusado alegó a la corte que de conformidad con el artículo 78 del Código Penal la causa había prescrito, toda vez que habían transcurrido más de tres años desde que se cometió el supuesto delito y que en su consecuencia debía sobreseerse la causa. La corte declaró sin lugar la moción.

El acusado ha acudido ante este tribunal en solicitud de un auto de mandamus. Estamos plenamente convencidos de que no procede la expedición del auto, toda vez que la cuestión de prescripción debe suscitarse mediante excepción perentoria o a virtud de la alegación correspondiente a la acusación. Entonces, luego de haberse suscitado una controversia de hecho o de derecho y de haberse dictado sentencia sobre la misma, el acusado ha podido apelar y solicitar que la cuestión sea revisada por este tribunal.

Según sucede en los casos civiles la cuestión de prescripción, al igual que la de haber sido expuesto dos veces por el mismo delito {jeopardy), es un privilegio del acusado a que debe llamarse la atención de la corte. Véase Pueblo v. Brau, 27 D.P.R. 779.

Generalmente no procede el mandamus cuando el peticionario puede hacer valer sus derechos mediante el recurso de apelación.

No ha lugar a expedir el auto solicitado.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Martínez, acusado y apelante.
    Núm. 7889.

    Sometido: Diciembre 4, 1939.

      Resuelto: Diciembre 8, 1939.

      M. Velásques Flores, abogado del apelante; R. A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Pablo Martínez fue acusado ante la Corte de Distrito de Humacao del delito de ataque para cometer homicidio, así como de portar armas prohibidas. Los casos, a indicación del acusado, fueron oídos conjuntamente. El acusado fue convicto de portar un arma prohibida y sentenciado a 9 meses de cárcel. Apeló de esta sentencia. Señala dos errores. El primero de ellos es:

“La Corte inferior erró al declarar culpable al acusado del delito de portar armas, basando su sentencia solamente en la declaración del testigo Segundo Besares cuya declaración no ha sido corrobo-rada y cuyo testigo no describió el arma que se alega en la acusación portaba el acusado; la cual arma no fué ocupada, ni presentada como prueba.”

Este señalamiento es algo confuso y puede ser subdividido. En lo que se refiere a la declaración de Segundo Besares, ella es suficientemente clara y explícita y describe el arma aunque ésta no fué ofrecida como prueba. El tes-tigo se hallaba presente en un grupo de personas y fué atacado por el acusado. Él no podía describir el arma muy específicamente, mas estaba seguro del uso que se había dado a la misma.

El caso del Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 281, no favo-rece al acusado. Allí hubo conflicto de prueba entre otras cosas y este tribunal, luego de examinar las declaraciones de todos los testigos, llegó a la conclusión de que la portación del arma no había quedado suficientemente probada. Ade-más Besares por sus gestos y en otras formas demostró que tenía una idea de la apariencia del cuchillo y que éste tenía poco más de seis pulgadas de largo, así como que vió el arma. Este testigo fué repreguntado y no pudo identificar más detalladamente el arma.

Con ciertas excepciones que no son aplicables al presente caso, en una causa criminal la declaración de un solo testigo es suficiente para condenar a un acusado, y su declaración no necesita ser corroborada. Artículo 18 de la Ley de Evidencia.

El segundo señalamiento de error lee así:

"La Corte inferior erró, también, al darle valor probatorio a la . declaración del testigo Segundo Besares en un juicio anterior y no contenida en una exposición del caso o récord taquigráfico tenidos a la vista por la Corte, cuando el testigo mismo ba podido produ-cirse.”

Asumiendo por el momento que la objeción y excepción envueltas en el señalamiento anterior fueron tomadas debi-damente, no hallamos que la corte descansara específica-mente en la declaración prestada en el otro caso.

Estamos algo perplejos por las manifestaciones de la corte. El juez dijo:

"Esta mañana declaró el testigo (el Hon. Juez se refiere a la prueba desfilada en el caso criminal Núm. 13170 contra Pablo Mar-tínez por el delito de ataque para cometer homicidio) que era un cuchillo y esta tarde también. Sin lugar la moción de absolución perentoria. ’ ’

No obstante no creemos que la corte descansara en la prueba del caso de ataque para cometer bomicidio.

Sin embargo, si se examinan los autos se verá que el acusado, aunque excepcionó la resolución de la corte, no se opuso ni tomó excepción a estas observaciones del juez. De haberse hecho tal objeción el fiscal fácilmente pudo haber ofrecido alguna otra prueba que no presentó por ser mera-mente acumulativa, o quizá más tarde pudo haber incorpo-rado la prueba del otro caso a la transcripción del presente. Empero, el señalamiento será desestimado por haberse de-jado de levantar una objeción y de anotar la correspondiente excepción, especialmente porque hallamos que no hubo pre-juicio.

También dudamos que el juez, bajo la estipulación de las partes, no hubiera tenido derecho a referirse a la prueba aducida en el juicio por el delito de ataque para cometer homicidio. El apelante tan sólo elevó la prueba tomada exclusivamente en el juicio por el delito de portar armas. Cualquier defecto que haya es imputable a él.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Enriqueta Rodríguez, como madre con patria potestad sobre su menor hijo Eriván Morales Rodríguez, demandante y apelada, v. Porfirio Morales Asencio, demandado y apelante.
    Núm. 8050.

    Sometido: Noviembre 28, 1939.

      Resuelto: Diciembre 8, 1939.

      A. Ortiz Toro, abogado del apelante; Héctor González Blanes, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La demandante instó demanda ante la Corte de Distrito de San Jnan contra Porfirio Morales Asencio, de qnien se divorció en octubre de 1937, reclamando una pensión alimen-ticia de $75 mensuales para su hijo menor. Al tiempo de contestar la demanda el demandado radicó una moción en la que solicitaba el traslado de la causa a la Corte de Dis-trito de Mayagüez, por ser ése el distrito donde tiene su residencia y domicilio el demandado y tratarse de una acción personal. Declarada sin lugar dicha moción, el demandado interpuso el presente recurso, alegando que la corte inferior erró al negarse a decretar el traslado. Al denegar la moción de traslado la corte inferior se expresó así:

“Resolviendo la corte ahora la moción de traslado, tiene que declarar de plano sin lugar todas estas defensas en cuanto a la juris-dicción del tribunal, porque todas ellas están en abierto conflicto con lo que dispone la ley civil. Las partes, que han roto el vínculo matrimonial mediante una sentencia de divorcio, tienen por ley esta-blecidas sus obligaciones y deberes en cuanto a la custodia y patria potestad de los menores. No hay duda alguna que la madre deman-dante en este caso obtuvo la custodia y patria potestad del menor y como tal ella es quien debe representarlo en todo juicio y especial-mente en este juicio de alimentos. No dice la demanda dónde se rompió el vínculo matrimonial; pero como todas las cortes de dis-trito de Puerto Rico tienen competencia para conocer de los pleitos de divorcio, asumiendo que el juicio se viera en San Juan, que es donde reside la demandante con su hijo, este tribunal tiene jurisdic-ción y competencia para conocer de este pleito. Aquí reside el menor con la madre, y aquí en esta jurisdicción es que necesita los alimentos que pide. El hecho de que este procedimiento de ali-mentos se rija por las disposiciones de la ley de procedimientos legales especiales para los juicios de desahucio, no quiere decir que para pedir alimentos un menor tenga necesariamente que ir a la Corte de Distrito del Distrito en que reside el demandado, porque ello implicaría una completa denegación del derecho del menor a-solicitar alimentos, derecho que claramente lo reconoce la ley. Cierto es que ésta es una acción personal, pero no es menos cierto que es una obligación que la ley reconoce en el padre para con el hijo, y el padre no pnede obligar al hijo menor de edad y bajo custodia de la madre, a vivir en el distrito en que el padre vivía, ni tampoco a comparecer en aquel distrito para iniciar pleito de esta naturaleza. Los casos que nos cita el abogado en su memorándum no son apli-cables, a mi juicio, a esta clase de acciones.”

Tiene razón, a nuestro juicio, el apelante. Cuando se trata como en el presente caso de una acción personal, no comprendida dentro, de las disposiciones del Artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. de 1933, el demandado tiene derecho a solicitar que el juicio sea seguido en el dis-trito donde él tiene su residencia. A todo demandado le asiste igual derecho cuando se le ha emplazado para que conteste una demanda interpuesta en un procedimiento especial, de naturaleza civil. Véanse: Artículos 50, 79, 81 y 82 del Código de Enjuiciamiento Civil; Toro y Lippitt v. Corte de Distrito de San Juan, 30 D.P.R. 542; Clemente v. Junta Examinadora de Ingenieros, 38 D.P.R. 903; Mayagüez Doch & Shipping Co. v. Soltero, 42 D.P.R. 381; Manescau v. Usera, 46 D.P.R. 136.

Debe revocarse la resolución recurrida y devolverse el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señoh De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Rodríguez Ferrer, acusado y apelante.
    Núm. 7740.

    Sometido: Diciembre 1, 1939.

      Resuelto: Diciembre 8, 1939.

      B. H. Blondet, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado. ■
   El Juez Asociado Señoh De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

En el juicio seguido contra Gregorio Rodríguez Ferrer por un delito de mutilación, el jurado lo declaró culpable de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, y fue sentenciado a la pena de odio meses de cárcel, sin costas.

Apeló para ante este tribunal y en el alegato que pre-sentó arguye que la sentencia debe ser revocada porque la prueba que desfiló ante el jurado es contradictoria; porque el jurado, al apreciar la evidencia, no tuvo en cuenta la pre-sunción de inocencia que la ley concede a favor de todo acusado, y en último término que la pena es excesiva.

El mero hecho de ser la prueba contradictoria no implica que la sentencia deba ser revocada, a menos que de los autos resulte que el jurado cometió error manifiesto en su apreciación o que actuó movido por pasión, prejuicio o parcialidad. En el presente caso la prueba no revela tales circunstancias. Por el contrario, de la de cargo resulta que hallándose el agredido jugando dómino con otros amigos en una casa donde se celebraba un velorio, llegó el acusado en estado de embriaguez y pretendió tomar parte en el juego, a lo que no accedieron el agredido y sus compañeros; que se retiró el acusado y algún tiempo después volvió e infirió una herida en la cara al agredido con una navaja.

De la de descargo resulta que el agredido y sus amigos atacaron al acusado y éste en defensa propia le infirió la herida de que hemos hecho referencia.

El jurado no dió crédito a la prueba de descargo y sí a la de cargo, pero estimando que el delito cometido era el de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y no el de mutilación, redujo la calificación y trajo el vere-dicto que motivó la sentencia apelada. No cometió error alguno el jurado al dirimir el conflicto de la evidencia en la forma en que lo hizo.

Tampoco existe el segundo error, porque la presunción de inocencia que acompañó al acusado hasta el momento de llegar a un veredicto cesó en ese momento y quedó destruida, a juicio del jurado, por la prueba de cargo.

El tercero y último de los errores señalados por el apelante carece de fundamento, pues el máximo que señala el Código Penal para el delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes es dos años de cárcel, y como la pena de ocho meses impuesta al acusado está comprendida dentro de los límites de la fijada para este delito, actuó correctamente la corte sentenciadora al imponer dicha pena, especialmente habida cuenta de la naturaleza de la agresión.

Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia apelada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Rosario Gelpí y José Rafael Gelpí, acusados y apelantes.
    Núm. 45.

    Sometido: Noviembre 27, 1939.

      Resuelto: Diciembre 8, 1939.

      Gelpí & Gelpí, abogados de los apelantes; E. Díaz Viera, Fiscal del Distrito de Mayagüez, en representación de la Corte inferior.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios fueron procesados y castigados por desacato con motivo de las manifestaciones que hicieron en cierta moción presentada en la corte inferior interesando el traslado del caso de Neftalí Vidal G-arrastazú y Juana G-arrastazú contra Juan A. Monagas y otros, civil número 783. Al dictarse la orden citando los peticionarios por desa-cato, el título y párrafo inicial de la misma se expresaron así:

"En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, Puerto Rico. — El Pueblo de Puerto Rico vs. José Rosario Gelpí y José Rafael Gelpí, sobre Desacato. — Orden.—PoR cuanto en el caso que ante esta Corte se sigue por los demandantes Neftalí Vidal Ga-rrastazú y Juana Garrastazú contra Juan A. Monagas, Sucesión de Ramón E. Beauchamps, Sucesión de doña Rosario de la Rosa y Sucesión de don José Arturo Monagas Cedo, bajo el número civil 783 sobre Nulidad y otros extremos, se ha radicado por la firma de abogados Gelpí y Gelpí, constituida por los licenciados José Rosario Gelpí y José Rafael Gelpí, en su carácter de abogados de los deman-dantes en dicho caso, la moción que literalmente copiada lee como sigue: ...”

Apelaron los querellados de la sentencia qne se les im-puso por desacato, y al preparar el taquígrafo la transcrip-ción de autos que fue certificada por la Secretaria interina de la Corte de Distrito de Mayagüez, al copiar la orden anteriormente aludida, primer documento que aparece en la transcripción de autos, expuso el título en la siguiente forma:

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, Puerto Rico. — Neftalí Vidal Garrastazú y Juana Garrastazú, Deman-dantes, vs. Juan A. Monagas, Sucesión de Ramón E. Beauchamps, Sucesión de Rosario de la Rosa y Sucesión de José Arturo Monagas y Cedo, Demandados, Civil Núm. 783, sobre Nulidad y otros ex-tremos. — El Pueblo de Puerto Rico vs. José Rosario Gelpí y José Rafael Gelpí, Incidente sobre desacato.”

Al preparar el taquígrafo la transcripción de evidencia omitió cierto documento consistente en un pliego de cargos contra el juez, que alegan los peticionarios ofrecieron en evidencia y no admitió la corte.

No habiendo accedido la corte inferior a eliminar del título de la orden citando por desacato todo lo relativo al caso civil número 783, y rehusando ordenar la inclusión del documento antes mencionado en la transcripción de evi-dencia preparada por el taquígrafo, instaron los peticio-narios este procedimiento, invocando el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal, suplicando que se or-dene al juez de la corte a quo que dicte la orden oportuna para que se lleven a efecto la eliminación e inserción respec-tivamente solicitadas por los peticionarios.

Del párrafo inicial de la orden citando a los peticionarios por desacato afirmativamente aparece que fue dentro del caso civil número 783 que se radicó la moción que la corte estimó constitutiva de desacato. Por consiguiente, el desacato fué un incidente del pleito número 783 y el hecho de que al expedirse la orden citando por desacato se hubiera omitido el nombre de las partes, número de radicación y naturaleza de la acción en el caso civil número 783, en nada puede afectar el derecho de los peticionarios, pues aparte de que el título no determina la índole del procedimiento, es un hecho cierto, conforme aparece del párrafo inicial anteriormente transcrito, que la orden citando por desacato fué dictada como un incidente del referido caso número 783 y que en dicho párrafo se expone la misma materia del título cuya eliminación se solicita. Por lo tanto, en nada se perjudican los derechos sustanciales de los peticionarios al ajustar el taquígrafo los autos a la verdad agregando el título del caso número 783.

Por lo expuesto, procede denegar la eliminación solici-tada.

Pasemos ahora a la segunda de las cuestiones suscitadas por los peticionarios, la que se refiere a la inserción del documento o pliego de cargos en la transcripción de evidencia. De ésta aparece que al llamarse a la vista del caso por desacato, los peticionarios presentaron varias cuestiones de derecho, entre ellas una moción solicitando que el • incidente de desacato fuese trasladado también a otra corte por razones similares a las que sirvieron de base á la moción en que se solicitó el traslado del caso principal, civil número 783. Tuvo lugar entonces el siguiente incidente:

"Hon. Juez:
"A los efectos de resolver esta moción de traslado fundada, como explica uno de los querellados abora, por enemistad personal con el Juez de esta Corte, el Juez que preside este Tribunal hace constar enfáticamente que aunque los abogados querellados sean ene-migos personales e irreconciliables del Juez de esta Corte, el Juez de la Corte no corresponde a esa enemistad porque realmente no hay motivo fundado para ello.
"El Juez que fué querellado no puede tener en cuenta que se le formularan cargos por el querellado José Rafael Gelpí, porque esos cargos fueron investigados y si para alguna cosa sirvieron fué para realzar la honorabilidad de esta Corte y del Juez que la preside.
"Entiende la Corte además que aun en la hipótesis de que este Juez fuera enemigo de los abogados querellados, que no lo es, si se sintiera enemigo de ellos sería incapaz de entrar en este proceso, pero arm en esa hipótesis, el Juez de esta Corte, sostenido por la Ley, entiende que es la persona mejor preparada para entender en los cargos formulados a los querellados. Por esta razón declara sin lugar la moción de traslado.
"Lie. José Rosario Gelpí:
"Vamos a pedir a V. EL que todo lo expuesto por V. H. sea eliminado por no ser materia de evidencia y no estar expuesto bajo juramento.
“Hon. Juez: La Corte no esta en la obligación de resolver bajo juramento, sino como entiende la Corte que debe resolver.
"Lie. José Rosario Gelpí:
"Respetuosamente tomamos excepción a la resolución de la Corte por el fundamento de que estamos dispuestos a presentar prueba para sostener nuestra moción.
"Hon. Juez:
"La Corte hace constar que no admitirá prueba de ninguna clase en la moción de traslado del desacato, porque entiende que los acu-sados no han sido citados para la celebración de un juicio sino para exponer las razones legales que tengan por las cuales no deban ser castigados por desacato.
"Lie. José Rosario Gelpí:
“Tomamos excepción a la última resolución de la Corte porque siempre que se trate de un proceso criminal, y éste es un proceso criminal, que envuelve de acuerdo con la ley penalidad, y se le ha privado a los acusados de un derecho constitucional de presentar evidencia para demostrar la enemistad del Hon. Juez de la Corte y los acusados; y porque todas las manifestaciones hechas por la Corte son meras manifestaciones y no evidencia para ser apreciada en el caso de que el Tribunal Supremo tenga que considerar todas estas cuestiones. Queremos ofrecer o hacer constar que íbamos a ofrecer como evidencia para probar la enemistad, en primer término una copia de los cargos formulados a V. H., que vamos a presentar si es que V. H. lo permite.
‘ ‘ Hon. Juez:
"Su Señoría puede presentar todo lo que tenga a bien. La Corte resuelve si es permisible o no, puesto que ya resolvió que no iba a admitir prueba a la moción de traslado.
"Lie. José Rosario Gelpí:
“Nosotros vamos a presentar y queremos que conste en récord...
"Hon. Fiscal:
"Yo me opongo porque eso no es para el récord.
“Hon. Juez:
“Los taquígrafos no tomarán esa oferta de prueba por baber resuelto la Corte que no admite prueba.
“Lie. José Rosario Gelpí:
“Tomamos excepción a la resolución de la Corte, de ese becbo, privándonos relatar la prueba que íbamos a ofrecer tanto documental como testifical para sostener la moción de traslado.
“Hon. Juez:
“Ya los compañeros tienen en récord la afirmación de la Corte de los cargos formulados por el compañero José Rafael Gelpí y que esos cargos resultaron para realzar la honorabilidad del Juez de esta Corte. Anoten los compañeros excepción.
“Lie. José Rosario Gelpí:
“Volvemos a anotar excepción porque estas cuestiones no son evidencia; y también tomamos excepción de la manifestación de la Corte ‘anoten excepción los compañeros’, por considerar que ellas por sí mismas prejuzgan las cuestiones que se ban ido planteando por la manera y la forma en que se dicen.
“Hon. Juez:
“¿Alguna otra cuestión?
“Lie. José Rosario Gelpí:
“Sí, tenemos otras más.” (Bastardillas nuestras.)

Es verdad que en la página 29 de la transcripción de evidencia aparecen los peticionarios diciendo: “Queremos ofrecer o hacer constar que íbamos a ofrecer como evidencia, etc.”; pero es también cierto que inmediatamente después de la resolución de la corte que sigue a las palabras de los peticionarios que acabamos de transcribir, ofrecieron éstos y expresaron su deseo de que constase en récord dicha evi-dencia, lo cual impidió la corte a instancias del fiscal, al dictar la siguiente resolución: “Los taquígrafos no tomarán esa oferta de prueba por haber resuelto la corte que no admite prueba.”

Una corte de justicia carece de facultades para impedir que un litigante ofrezca cualquier evidencia que estime rele-vante. Si la corte cree que la evidencia no es admisible por cualquier razón legal, su deber es denegar su admisión, pero no puede impedir que el taquígrafo tome razón de la prueba ofrecida, para que este tribunal, al recurrirse a él, pueda determinar si fue o no errónea la negativa del tribunal inferior, y si el perjuicio que pudo haber sufrido el recu-rrente justifica una revocación de la sentencia.

En el presente caso la orden terminante de la corte justi-ficó a los peticionarios en no insistir en que el taquígrafo hiciese constar en el récord que se marcase el documento ofrecido como “evidencia ofrecida y no admitida.” No obstante, conforme aparece de la certificación del secretario de la corte inferior y de la declaración jurada del subsecre-tario de la misma corte que actuó en la vista del caso, dicho documento quedó en poder del secretario que actuaba en el juicio y fué marcado por éste en la siguiente forma: “Caso de El Pueblo de Puerto Rico v. José Rosario Gelpí y otro, por desacato. Exhibit núm. 1 de la defensa. (Dene-gada por la corte su admisión.)” Véanse exhibits “D” y “E” de los peticionarios, al final de los autos de este caso número 45.

Véase el caso de Pueblo v. Barguet et al., 18 D.P.R. 478, donde refiriéndose al ca'so de People v. Cox, 76 Cal. 281, se dijo lo siguiente:

“En el caso de People v. Cox, 76 Cal. 281, se resolvió que cuando el juez sentenciador al aprobar un pliego de excepciones rehúsa con-signar lo que sucedió realmente, el remedio que tiene el apelante es irse en alzada a la Corte Suprema para probar la excepción que el juez se negó a establecer de acuerdo con los hechos, como prescribe la sección 1174 del Código Penal.”

Como la transcripción de evidencia según ha sido apro-bada por’ la corte y remitida a este tribunal no refleja la verdad exacta de la evidencia ofrecida ante ella, procede ordenar que por el secretario de la corte inferior se certi-fique y remita a este tribunal una copia de la evidencia marcada por él “exhibit núm. 1 de la defensa”, anterior-mente aludida, para que se una y forme parte de la trans-cripción de evidencia en el caso civil núm. 8009 pendiente en este tribunal.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    La Mercantil “Silva & Mari”, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1054.

    Sometido: Diciembre 4, 1939.

      Resuelto: Diciembre 14, 1939.

      José O. Sabater, abogado de la recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

El registrador de la propiedad inscribió una escritura de venta judicial otorgada por el márshal sujeta a un su-puesto defecto subsanable, consistente éste en que el Federal Land Bank of Baltimore, primer acreedor hipotecario, no-había sido notificado del procedimiento que tuvo por resul-tado la venta judicial.

De la escritura de venta judicial se desprende que el márshal, a fin de cumplimentar una sentencia en rebeldía dictada en un procedimiento que él calificó de acción real hipotecaria, embargó y vendió en ejecución de sentencia una parcela de terreno que se describe en la referida escritura.

El registrador solicita la desestimación del presente recurso gubernativo basado en que no ha recibido copia del alegato del recurrente. Éste descansa en el escrito inicial radicado’ con copia de la escritura y de la nota del regis-trador, el 18 de julio de 1939. Del certificado que se acom-pañó a ese escrito inicial aparece que el registrador fué notificado por correo con copia del mismo el 15 de julio. Ni el recurrente ni el registrador han radicado alegato alguno.

En ausencia de algo que demuestre cómo un primer acreedor hipotecario cuya hipoteca ha sido inscrita en el registro de la propiedad, pueda ser perjudicado en alguna forma con el embargo y venta de la propiedad hipotecada, en cumplimiento de una sentencia condenando al pago de una suma de dinero, dictada en un procedimiento en que dicho acreedor no es parte, no podemos concurrir con el criterio de que la escritura de venta judicial era defectuosa por no demostrar que el primer acreedor hipotecario fué notificado del recurso en que dicha propiedad hipotecada fué embargada y vendida.

No debe entenderse que resolvemos ninguna cuestión que no haya sido suscitada por la nota del registrador. Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción sin defecto subsanable.


author: El Juez Asociado Señok Tbavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santos Soto, acusado y apelante.
    Núm. 7499.

    Sometido: Junio 5, 1939.

      Resuelto: Diciembre 15, 1939.

      F. Pérez Casalduc, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné acusado de homicidio involuntario, con-sistente en haber causado la muerte de Rafael Quintana, mientras manejaba como chófer un truck “sin guardar.la debida prudencia, cuidado y circunspección, caminando a velocidad excesiva por un camino público, haciendo zigzags, sin tocar klaxon, bocina o aparato de aviso de clase alguna.” El recurso interpuesto contra la sentencia por la cual se le condenó a diez meses de cárcel, se basa en dos señalamientos de error, consistente el primero en haber permitido que el fiscal preguntara al testigo Ramón Oliveras si Luis Delgado, o sea la persona que guiaba el automóvil en cuyo estribo iba parado el interfecto Quintana, sabía manejar automóviles, y al admitir su contestación sobre el particular; y el segundo, en haber impuesto una pena que el acusado considera exce-siva.

Los hechos esenciales establecidos por la evidencia son como sigue: el día de autos, en un carro Ford de cinco pasajeros, viajaban en dirección de Utuado hacia Lares, Amelia Mártir, David Mártir, Rita Crespo, Carmen Mercado y el chófer Luis Delgado, quienes ocupaban los cinco asientos del carro. Dentro del carro, sentado en una ventanilla, iba Serafín Mártir, y fuera del carro, parado en el estribo izquierdo y agarrado de la capota iba el interfecto Rafael Quintana. En dirección contraria, o sea de Lares hacia Utuado, viajaba el truck manejado por el acusado. El truck iba vacío. La carretera estaba húmeda. Al encontrarse: ambos vehículos en una pendiente y en curva, el truck que iba subiendo hizo un zigzag, chocando su parte trasera con. el guardalodo delantero izquierdo del Ford, el cual se fué a la cuneta, resultando lesionado Serafín Mártir y grave-mente herido Rafael Quintana, quien falleció minutos des-pués.

Los únicos puntos de controversia entre las partes son en cuanto a la velocidad a que respectivamente marchaban uno y otro vehículo en el momento del accidente y en cuanto a si el acusado tocó o dejó de tocar el klaxon. La evidencia en cuanto a uno y otro punto es contradictoria. El conflicto que de toda la prueba surgió fué dirimido por el jurado en contra del acusado. La prueba del Pueblo, a la que el ju-rado dió pleno crédito, es a nuestro juicio suficiente para sostener el veredicto. Y no imputándose al jurado pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la evidencia, no estaría justificada la revocación de la sentencia apelada.

El incidente en que se basa el primer señalamiento parece haber sido provocado por la representación del acusado. Al declarar el policía insular Ramón Oliveras, como testigo del Pueblo, la defensa, tratando de probar que el accidente había sido causado por la negligencia del conductor del Ford, preguntó al testigo si él había presentado alguna denuncia contra Luis Delgado, a lo que contestó el policía que le había denunciado por infracción a la Ley de Automóviles consistente en que estaba manejando el Ford sin ser chófer autorizado. Fué entonces que intervino el fiscal, ocurriendo el siguiente incidente:

“P. ¿Conoce a Luis Delgado? — Sí, señor.
“P. ¿Hace tiempo? — Sí, señor.
“P. ¿Sabe si sabe manejar automóviles?
“Abogado Sr. Pérez Casalduc: Me opongo de como va a probar el peritaje de un chauffeur.
“Hon. Juez: La Corte ha permitido preguntar lo de la denuncia porque es una cosa que sucedió en el momento de investigar. La Corte instruye al Jurado que el hecho de que un policía presente contra una persona, contra éste o el que guiaba el carro, una denuncia, eso no debe tomarse en consideración como que el que fué denunciado fué el culpable del accidente, sino como contra el que se presentó la denuncia en el momento. El Jurado tiene que deter-minar, por lo que se declare aquí, si el acusado fué o no culpable. No tomará en cuenta la denuncia de otras personas.
“Hon. Fiscal: Preguntamos a Su Señoría si es admisible, si puede declarar que el otro chauffeur fué denunciado por no tener placa, si podríamos preguntar si, a pesar de no tener placa, sabía guiar automóviles, que es distinto a tener placa. Hay sesenta mil personas que no tienen placa y guían. Tiene que tener en cuenta eso. (Argumentó.)
“Hon. Juez: El Tribunal Supremo ha resuelto que el hecho de no tener placa no es negligencia por sí solo.
“Hon. Fiscal: Es material que se le pregunte si sabía guiar automóviles.
“Hon. Juez: La Corte va a permitir preguntar si él conocía al chauffeur, a este Luis Delgado, si lo había visto manejar muchas veces, no un día solo, y qué opinión tiene él sobre su pericia en el manejo de automóviles.
“Abogado señor Pérez Casalduc: Tomamos excepción.
“Hon. Juez: La Corte hace constar que la pregunta la permite porque la defensa preguntó si había sido denunciado alguien y el testigo declaró que el chauffeur Luis Delgado había sido denunciado por no tener placa. Conteste. En el caso de que usted no lo haya visto guiar, que haya tenido experiencia, varias veces, no conteste la pregunta. Si tuvo ocasión de verlo varias veces, entonces puede contestar.
“Testigo: Este muchacho, tan pronto yo llegué a Utuado a prestar servicios, lo vi manejando automóvil. En una o dos oca-siones procedí a detenerlo y, además, lo veía guiando de lejos. Y nunca llegó a mi conocimiento...
“Abogado Sr. Pérez Casalduc: Me opongo.
“A preguntas del Hon. Juez, declaró:
“P. Conteste si él sabía manejar carros. — En mi opinión, sí, señor. ’ ’

No hubo error alguno en la resolución de la corte inferior. El testigo Oliveras, por preguntas que le hizo la propia de-fensa, quedó cualificado como perito en el manejo de auto-móviles, con experiencia de 12 años como chófer. Y habiendo dicho testigo visto a Luis Delgado en varias ocasiones con-duciendo carros, estaba en condiciones de poder declarar en cuanto a sus observaciones sobre su competencia y pericia como conductor de automóviles.

Tampoco podemos decir que dentro de las circunstancias del caso la corte inferior errara al imponer al acusado una pena de diez meses, la que consideramos razonable.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Figueroa Pizarro, acusado y apelante.
    Núm. 7850.

    Sometido: Diciembre 6, 1939.

      Resuelto: Diciembre 15, 1939.

      Gustavo Benitez Gautier y Jorge Benitez Gautier, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El acusado apelante fué convicto de un delito de homi-cidio involuntario y condenado a la pena de cinco meses de cárcel. Basa su recurso de apelación en dos señalamientos de error. El primero se refiere a la denegación de una moción para el archivo y sobreseimiento de la causa, por no haberse celebrado el juicio dentro de los 120 días después de radicada la acusación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal; y en el segundo se dice que el jurado erró en la apreciación de la prueba, la cual era además insuficiente para sostener el veredicto.

De la resolución dictada por la corte inferior al denegar la moción de archivo y sobreseimiento aparece que en oposición a dicha moción el fiscal ofreció el testimonio del subsecretario de la corte, por medio del cual se estableció que la acusación fue radicada el 28 de septiembre de 1936 y leída al acusado el 9 de octubre de 1936; que el juicio por jurado fué señalado para marzo 4, 1937, en cuya fecha hubo de ser suspendido por estar la corte ocupada en la celebración de un juicio por asesinato; que habiendo sido señalado nuevamente para el 10 de diciembre de 1937, hubo de suspenderse por segunda vez por estar la corte ocupada en otro juicio por asesinato; que fuera de esas dos ocasiones en que se señaló el caso para juicio, no había habido tiempo material para celebrarlo, porque el calendario criminal estaba completamente ocupado; y que durante todo ese tiempo el acusado estuvo en libertad bajo fianza.

No erró la corte inferior al negarse a decretar el sobre-seimiento y archivo del proceso. La causa alegada por el fiscal para excusar la dilación en la celebración del juicio es en nuestra opinión justa y suficiente. Véanse: El Pueblo v. Nigaglioni, 28 D.P.R. 232; El Pueblo v. Romero, 39 D.P.R. 557; El Pueblo v. Cabán, 45 D.P.R. 217 y Gerardino v. People, 29 F. (2d) 517.

De la evidencia, considerada en conjunto, resultan serias contradicciones. La prueba del Pueblo tendía a demostrar que en el momento del accidente el acusado iba guiando el automóvil a una velocidad excesiva; que no tocó klaxon ni aparato alguno de alarma; y que el acusado se encontraba en ese momento en estado de embriaguez. La prueba aducida por el acusado tendía a sostener todo lo contrario. El jurado dió crédito a los testigos del Pueblo, dirimiendo en contra del acusado el conflicto resultante de la prueba.

Siendo la prueba de cargo ampliamente suficiente para sostener el veredicto, sin qne.se alegue o pueda presumirse que el jurado actuara movido por pasión, prejuicio o parcia-lidad al apreciarla, es nuestro deber respetar el fallo del jurado y confirmar la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


text:
    Silverio Matías, demandante y apelado, v. Sam Schweitzer, haciendo negocios bajo el nombre de Schweitzer & Co., Juan Ramos Vélez y Porto Rican & American Insurance Co., demandados y apelantes.
    Núm. 7802.

    Sometido: Noviembre 6, 1939.

      Resuelto: Diciembre 15, 1939.

      Brown, González & Newsom, abogados de los apelantes; García Méndez & García Méndez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Silverio Matías sufrió ciertas lesiones al ser arrollado por nn automóvil el día 5 de junio de 1936 en momentos en qne caminaba por la carretera qne de Rincón conduce a Aguada. Para resarcirse de los daños sufridos instó esta acción en la Corte de Distrito de Aguadilla contra Sam Schweitzer, haciendo negocios bajo el nombre de Schweitzer & Co., Juan Ramos Yélez y Porto Rican & American Insurance Co., dueño, chófer y aseguradora, respectivamente, del auto-móvil causante del daño.

La corte de distrito apreció la prueba, qne fue contra-dictoria, y al dirimir el conflicto de la evidencia a favor del demandante, dictó sentencia condenando a los demandados a pagar solidariamente al demandante la cantidad de $2,900 por concepto de los daños personales sufridos, $500 por asistencia médica y reclusión en la clínica, $50 por concepto de medicinas, inyecciones y gastos en alimentación especial, y $800 en que fijó los honorarios de abogado — en total $4,250 —más las costas, gastos y desembolsos.

Los demandados interpusieron este recurso imputando a la corte sentenciadora siete errores qne discutiremos con-juntamente en el curso de esta opinión.

La principal contención de los apelantes es que la corte sentenciadora, movida por pasión, prejuicio y parcialidad, cometió error manifiesto en la apreciación de la prueba.

La descripción que del accidente hacen el demandante y sus testigos puede resumirse así: el demandante abordó un automóvil en Aguada para dirigirse a su casa, para llegar a la cual es necesario abandonar la carretera en el trayecto comprendido entre Aguada y Rincón, y tomar un camino que empalma con el margen izquierdo de dicha carretera en dirección a Rincón. Cuando se aproximaba al mencionado camino, el demandante avisó al chófer del automóvil en que viajaba que detuviese la marcha para bajar. El automóvil se detuvo algunos metros después de pasar de la entrada del camino, motivando con ello que el demandante tuviese que caminar hacia atrás para alcanzarlo. Según el deman-dante y sus testigos, caminó aquél por la orilla izquierda de la carretera con dirección a Aguada, llevando consigo unos paquetes, y mientras así caminaba, el automóvil del demandado, que marchaba en igual dirección que el deman-dante, es decir, de Rincón hacia Aguada, se desvió de su derecha, yendo a parar a la izquierda de la carretera, donde arrolló al demandante, encajándole en la espalda el tirador de la puerta trasera izquierda del automóvil, arrastrándolo unos cuantos metros, desviándose entonces hacia la derecha y yendo a parar en un sitio próximo al camino vecinal por donde debía entrar el demandante para dirigirse a su casa. El demandante asegura que él no vió el automóvil ni oyó klaxon, bocina ni algún otro aparato de alarma. Aseguran sus testigos que el automóvil marchaba a una velocidad exa-gerada, sin dar aviso alguno de su aproximación.

La versión de los demandados es que su automóvil se cruzó con aquél en que había venido el demandante en un sitio en que se hallaba otro automóvil estacionado a un lado de la carretera surtiéndose de petróleo, por habérsele ago-tado la gasolina. Que no pudiendo pasar los dos vehículos al mismo tiempo debido al espacio que ocupaba el que se hallaba estacionado, el de los demandados redujo su velo-cidad para dejar pasar a aquél en que había venido el demandante. Que prosiguió su marcha, y al observar que el demandante, que caminaba a pie por la orilla izquierda de la carretera, hizo ademán de cruzarla caminando nno o dos pasos hacia el margen derecho por donde iba el auto-móvil de los demandados, el chófer redujo sn velocidad y tocó klaxon, deteniéndose el demandante en ese momento, pero acto seguido, viendo qne el demandado reducía la velo-cidad el demandante echó a correr súbitamente para cruzar la carretera, y que no obstante los esfuerzos del chófer para evitar el accidénte, desviándose todo lo que pudo sobre el paseo a su derecha, el demandante en su carrera vino a chocar con el tirador de la puerta izquierda trasera, enca-jándosele y produciéndole la lesión que motivó este pleito. Dos de los testigos de los demandados, que se hallaban echando unas botellas de petróleo en el tanque del automóvil anteriormente mencionado, aseguraron que ellos oyeron el ruido que hizo el automóvil del demandado al aplicar por primera vez los frenos, e inmediatamente después oyeron y vieron la refrenada que tuvo que hacer en el momento en que el demandante era arrollado en la orilla derecha de la carretera, yendo de Rincón para Aguada, que era precisa-mente la derecha correspondiente al automóvil del deman-dado. Algunos testigos de los demandados aseguraron que vieron marcado en la orilla derecha de la carretera el rastro que dejaron las ruedas del automóvil al serle aplicado los frenos.

Además de los testigos oculares de los demandados, se presentó en evidencia el asiento en el libro de novedades de Aguada, en el que aparecen las manifestaciones que dijo el policía Serrano le había hecho el demandante el mismo día del accidente, tendentes a demostrar que dicho accidente había sucedido en la forma que lo describen los demandados. Se presentó también una declaración escrita que se alega fué prestada por el demandante ante el Jefe de Distrito de Aguada, Sr. Carlos Guadalupe, el 9 de junio de 1936, cuatro días después del accidente, en que el demandante lo relata tal y como lo hacen los demandados.

Resolviendo el conflicto de la evidencia, la corte senten-ciadora se expresó en sn opinión en los siguientes términos:

“La evidencia en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente es de carácter contradictorio y la Corte resuelve el conflicto en el sentido de dar crédito a los de la parte actora, no creyendo el testi-monio de los testigos de la parte demandada.
“Además, por lo que resulta de un examen somático de la florida y del testimonio del perito Dr. Néstor de Cardona, la lesión presenta una deformidad monstruosa semejante en forma y tamaño a un coco de agua llegado a su plena madurez.
“En el curso del juicio, el Juzgador, con la oposición del deman-dante, admitió copia del informe sobre el accidente rendido el 7 de junio de 1936 por el Jefe Guadalupe de la Policía Insular de Aguada al Cuartel General, y el libro de novedades en el que aparece el asiento que sobre el accidente de referencia hizo de su puño y letra el policía Serrano, ambos a los fines de corroborar el testimonio de estos testigos ofrecidos por los demandados. Y además admitió la Corte una declaración que se alega haber sido prestada y signada por el demandante el día 9 de junio de 1936 en el Hospital de Aguada.
En sus testimonios el Jefe Guadalupe y el policía Serrano sostu-vieron que el día del accidente el demandante dió una versión del accidente en la forma alegada por los demandados en su contesta-ción, y que fué a virtud de ese informe y la investigación de dos testigos que se rindió el informe al Cuartel General el día 7 y se hizo constar el accidente en el libro de novedades del Cuartel de la Policía en Aguada.
“No hay discrepancia alguna entre las partes en cuanto a que, una vez ocurrido el accidente, el herido, o sea el demandante, fué conducido en el auto del demandado Schweitzer a Aguada, y por no haber allí quien lo asistiera, fué traído seguidamente a Aguadilla, donde recibió la primera cura en la clínica del Dr. Néstor de Car-dona y por el propio Dr. Cardona. -Fué después de esto que se llevó nuevamente al enfermo al Hospital de Aguada en la tarde del mismo día (el accidente ocurrió entre dos y tres de la tarde), y después de recluido en el Hospital de Aguada, dió cuenta el chauffeur demandado al Jefe de la Policía de Aguada, y en el mismo cuartél, de la ocurrencia del accidente.
“Según el Jefe Guadalupe, él seguidamente se llevó al policía Serrano a quien no recuerda si cogió en el Cuartel o abajo, pero asegura que se fueron juntos al sitio del suceso, y entonces fué que se enteró Serrano del accidente. Serrano, sin embargo, sostiene qne antes de él ir a investigar el accidente al sitio del suceso fué al Hospital y allí se enteró con el propio demandante respecto de la forma y manera en que ocurrió el accidente. Y por otro lado el Jefe Guadalupe sostiene que fué después de la investigación en el' sitio de autos que él y Serrano fueron al Hospital a ver al deman-dante Matías y a hablar con él.
"Sin embargo, el Dr. Cardona que vió y atendió al herido en su clínica en Aguadilla, y el Dr. Luiggi, perito de los demandados, sostienen que el demandante Matías no tenía lucidez mental debido al trauma y sus consecuencias y no podía hacer una relación del accidente. Y el Dr. Cardona además sostuvo que Matías no tuvo el dominio de sus facultades por muchos días.
"El Juzgador cree que Matías no estaba en condiciones de hacer las manifestaciones que le atribuyen Guadalupe y Serrano, y cree más, cree que él no hizo esas manifestaciones ni manifestación alguna relativa a cómo ocurrió el accidente. Su estado de ‘shock’ que describe el Dr. Cardona se lo impedía. Por tanto, el informe dado por el Jefe Guadalupe el 7 de junio al Cuartel General de la Policía en cuanto menciona las supuestas manifestaciones de Matías, es a todas luces incierto. En cambio, el informe en el libro de novedades, hecho el mismo día 5 por Serrano en presencia de Guadalupe y bajo la dirección de éste, no menciona para nada las alegadas mani-festaciones de Matías.
"El Juzgador quedó sorprendido con el testimonio del Jefe Guadalupe en relación con una declaración que dijo fué prestada por Matías el 9 de junio, o sea cuatro días después del accidente, cuando, según el testimonio del Dr. Cardona, que merece entero crédito al juzgador, el demandante todavía no tenía lucidez mental, ni podía relatar el accidente con los detalles que aparecen de la supuesta declaración, ya que una vez arrollado Matías él perdió el conocimiento y dominio de sus facultades mentales. Esta declara-ción fué tomada por el Jefe Guadalupe a las 8 ó 9 de la mañana del 9 de junio en el Hospital de Aguada, que está en el mismo pueblo, apareciendo como testigo del signo el ajustador de la com-pañía Sr. Hernández, cuando pudo haberse tomado como testigo al Dr. Luiggi o a la enfermera que estaba en el Hospital, o a algún otro vecino. Eesulta inusitada la forma de tomar esta supuesta, declaración y el interés y la actuación del Jefe Guadalupe, y más inusitada aún, la circunstancia extraordinaria de que, aunque Guadalupe sostuvo que él no pretendía que la declaración fuera jurada ante él, la misma aparecía, de su faz, jurada ante él el 9 de junio de 1936, firmándola Guadalupe en el sitio que correspondía firmar al Juez, como prueba de la toma de juramento, sustituyendo la denominación de 'juez’ por la de ‘Jefe Dtto. P. I.’ ¿Qué interés tenía Guadalupe? ¿Por qué no aguardar la llegada del Juez? Esa declaración la entregó Guadalupe a la compañía demandada por conducto del Sr. Hernández, el ajustador que estuvo presente en Corte durante todo el juicio, y fué admitida por este Tribunal.
“Matías, en el rebuttal, negó baber heclio las declaraciones que le imputaban Guadalupe y Serrano, y negó baber prestado la decla-ración de junio 9. Hernández no ocupó la silla testifical y nada dijo en relación con este incidente.
“Por todas estas circunstancias y acontecimientos inusitados y porque la Corte cree que el accidente ocurrió en la forma relatada por los testigos del demandante, no le merecen crédito los testi-monios de Guadalupe y Serrano.”

Si consideramos que era el propósito del demandante tomar el camino de sn casa, para lo cual precisaba cruzar la carretera en o alrededor del sitio en qne fné arrollado; si tenemos en cuenta que un automóvil conducido por la orilla de una carretera normalmente no abandona su rumbo para ocupar el margen opuesto, y por último si consideramos que a veces un viandante al enfrentarse de súbito con una situación de peligro se confunde y lejos de buir se lanza al mismo, fácil es concluir que la teoría de los demandados es más probable que la del demandante y sus testigos. Sin embargo, esta última teoría no es físicamente imposible. A veces una distracción del chófer, un desnivel en la carretera, y hasta un pequeño obstáculo sobre el cual pase una de las ruedas delanteras en momentos en que esté distraído el chófer, pueden desviar el automóvil si marcha a una gran velocidad, como iba el de los demandados según aseguraron los testigos del demandante. No siendo la versión de éste físicamente imposible, estando tal versión sostenida por la prueba del demandante, que fué creída por el juez senten-ciador, quien tuvo la oportunidad de que no disponemos nosotros de observar los gestos y vacilaciones de los testigos al contestar el interrogatorio a qne fueron sometidos, y en general su conducta en la silla testifical, no debemos alterar la conclusión de la corte sentenciadora a menos que de la prueba surja que al apreciarla actuó el juez movido por pasión, prejuicio o parcialidad.

En el caso de Ayala v. Matías, 54 D.P.R. 348, invocado por los apelantes, en el cual la teoría del demandado era semejante a la sustentada por los apelantes en el caso de autos, esta corte no alteró, sino que por el contrario aceptó, la apreciación que de la prueba bizo la corte sentenciadora. Lo mismo bubiéramos becbo en este caso si la corte a quo hubiese dado crédito a la prueba de los apelantes. General-mente en los casos en que no bemos aceptado la apreciación de la evidencia becba por la corte sentenciadora ba sido, bien porque la prueba aceptada por la corte no justificaba sus conclusiones, o porque la evidencia de la parte apelada estaba huérfana de un elemento esencial para la existencia de la causa de acción. Véanse los casos de Navarro v, Compañía Azucarera El Ejemplo, 53 D.P.R. 726, Méndez v. Serracante, 53 D.P.R. 849, y Parés v. Echandi, 55 D.P.R. 163.

La indignación que exterioriza el juez- inferior .al consi-derar la reprobable conducta del policía Serrano y especial-mente la del jefe Guadalupe, está, a nuestro juicio, perfecta-mente justificada por las actuaciones de estos dos funcio-narios y en manera alguna puede esa actitud calificarse de apasionada. - • !

Sostienen los demandados que la corte sentenciadora cometió error al no permitir que su testigo Dr. Luiggi declarase sobre manifestaciones que le hiciera el demandante mientras se hallaba recluido en el Hospital Municipal de Aguada. El incidente se desarrolló así:

“R. Bueno, sí; alguna que otra pregunta, pero como yo no interesaba ningún detalle...
“Abogado del demandante. — Eso es inadmisible como prueba porque para traer esa evidencia era necesario previamente haberle preguntado a Matías si en alguna fecha él le había hecho al doctor Luiggi manifestaciones contrarias a lo que él estaba declarando en la silla de los testigos, y caso de que las hubiere hecho darle una oportunidad a Matías para que explicara las contradicciones que hubiere entre una declaración y la otra.
“Hon. Juez. — ¿Qué dijo él: que no o que sí?
“-Continúa el abogado de los demandados preguntando al testigo:
“P. En esos días que Matías estuvo en el Hospital atendido por usted ¿él habló con usted con respecto al accidente que le ocu-rriera a él?
“R. Sí, señor, algo dijo.
“Abogado del demandante: Yo me opongo a esta prueba, porque si lo que se quiere traer son manifestaciones anteriores del señor Matías contrarias a lo que él declaró aquí en este caso, han debido echarse las bases para ello y cuando declaraba el señor Matías pre-guntársele si en tal fecha y en tal sitio él le hizo al doctor Luiggi tales y tales manifestaciones y decirle las manifestaciones.
“Abogado de los demandados: No se le preguntó nada del doctor Luiggi, pero como el testigo ya en su declaración expresó que cualquier cosa que hubiera dicho la hubiera dicho muerto o que fué su espíritu el que habló — esas son palabras textuales de él— eso quiere decir que no le dijo nada a nadie.
“Hon. Juez. — La Corte cree que no se han sentado las bases para esta impugnación, y no admite la prueba que se intenta pre-sentar por los demandados a este fin.
“Abogado de los demandados: Tomamos excepción de la resolu-ción de la Corte por los fundamentos anteriormente expuestos.” (T. de E., 398-400.)

El error cometido por la corte sentenciadora al sostener qne para poder presentar en evidencia manifestaciones hechas por la parte contraria es necesario sentar las bases qne reqniere la Ley de Evidencia cnando de impngnar a nn testigo se trata (Ley de Evidencia, artíenlo 159), es evidente. Las manifestaciones de la parte contraria constitnyen admi-siones y como tales deben recibirse en evidencia sin nece-sidad de sentar tales bases. Véase 1 Jones on Evidence, Civil cases, 4a. ed. (1938), pág. 454, see. 236.

Pero a pesar del error cometido, éste no justifica la revo-cación de la sentencia porque del récord no aparece en qné consistían las manifestaciones del demandante que los de-mandados intentaban probar con la declaración del Dr. Luiggi. Al preguntarse al testigo si en determinada fecha el demandante habló con él sobré lo que le había ocurrido, el testigo contestó: “Bueno, sí; alguna que otra pregunta, pero como yo no interesaba ningún detalle... ” De esta con-testación no es posible inferir que lo que el demandante dijera al testigo le fuese adverso. Bien pudieran ser mani-festaciones favorables al propio demandante o sin relevancia alguna al caso en cuestión. En esas circunstancias, no po-demos sostener que el no permitir al testigo contestar la pre-gunta objetada causó perjuicio alguno al apelante. Los de-mandados debieron insistir con la corte sentenciadora y anunciar lo que se proponían probar con el testigo. Sólo así hubiéramos estado en condiciones de determinar si el error fué o no perjudicial. ¡[4] Para que la comisión de un error justifique la revocación de la sentencia, no sólo es preciso probar su existencia si que también el perjuicio que pueda haber causado al apelante.

Atendida la naturaleza y carácter permanente de la lesión recibida y los sufrimientos a que ha estado y conti-nuará sometido el demandante por el resto de sus días, la indemnización de $2,900 que por ese concepto fué concedida por la sentencia no es, a nuestro juicio, excesiva.

Veamos lo que el Dr. Néstor Cardona, que curó al de-mandante, dice sobre la naturaleza de la lesión:

“A él lo trajeron con una herida grande en el costado derecho, una herida que era cortopenetrante y lacerante, y tenía las tripas por fuera, hablando en lenguaje vulgar; tenía una asa intestinal rota, y puesto que el riesgo era grave en aquel momento, como su condición era tan crítica, solamente nos limitamos a hacerle una limpieza a la herida y a ponerle un pad, una gasa con algodón bien grande y fajarlo; el chauffeur que lo trajo no se quiso hacer cargo de los gastos; nadie se hacía cargo de los gastos; el hombre se estaba muriendo y lo mandamos a que se muriera al Hospital de Aguada porque él era de allá de Aguada, con instrucciones de que si mejoraba algo que me avisaran; lo fui a ver a Aguada dos o tres veces y entonces a los once días, el día 16 de junio, lo admitimos en mi clínica más por el interés profesional mío en el caso que por algún lucro porque las condiciones económicas del paciente eran bastante malas y aunque ellos me prometieron pagarme en diferentes zafras y pasarme finquitas a mi nombre yo lo admití en mi clínica más por interés profesional mío que por lo que yo pudiera cobrar en el caso.
“La primera vez yo me negué a admitirlo en la Clínica; nadie se bacía cargo de él y era un riesgo sumamente grave, que yo creía que se moriría en pocas boras.” (T. de E., 138-139.)
“Él fué poco a poco mejorando, y lo único que le hicimos fué fijarle las dos extremidades intestinales, que estaban rotas, a la piel de manera que la excreta no contaminara la cavidad del vientre; en Aguada él fué poco a poco mejorando y entonces a los once días, el día 16 de junio, lo admitimos en la clínica.
“Completo uso de razón no lo tenía; un hombre de alguna edad, de sesenta años, que todo lo que comía se le salía por el costado y que está completamente abandonado, con toda la excreta allí, no se daba cuenta de nada.” (T. de E., 140, 141.)
“Bueno, después de eso se le quedó una fístula fecal.
“P. ¿Qué es una fístula fecal?
“R. Pues es un conducto que va de la tripa al exterior y bota excreta por abí.
“P. ¿La sigue botando?
“R. De acuerdo con la historia clínica del caso cada dos o tres meses se le abre y vuelve a cerrársele si mantiene una dieta concen-trada y elimina los líquidos de su dieta; si toma muy poco líquido se le cierra la fístula y así está mientras mantiene su dieta.” (T. de E., 141-142.)
“P. Dígame, doctor, ¿de modo que usted lo estuvo atendiendo 134 días?
“R. Estuvo hospitalizado 134 días y después lo estuve viendo dos o tres veces por semana.
£ÍP. ¿Y once días que estuvo en el Hospital de Aguada sin venir a su clínica?
££R. Sí, señor.
“P. ¿Y en su clínica estuvo 134 días?
££R. Sí, señor.
Í£P. ¿Y después de eso lo siguió usted viendo?
££R. Sí, señor, él venía dos o tres veces por semana como por seis meses.
££Dígame, doctor, ¿esa herida era dolorosa?
££R. Era una herida desgarrante; le desgarró los músculos.
££P. ¿Cómo consideraría usted esa herida en'cuanto a si era dolorosa, poco dolorosa o muy dolorosa?
££R. Muy dolorosa.
££P. ¿Se quejaba mucho él?
££R. Sí, señor.
££P. ¿De qué se valía usted para suprimirle o mitigarle los dolores que sufría este señor?
££R. De inyecciones de morfina.
££P. ¿Y después?
££R. Después le daba algunos sedativos por la boca.” (T. de E., 142-143.)
££P. ¿En qué parte de la espalda tenía la herida y en qué forma se veía que se había producido, o sea, qué trayectoria tenía la herida?
££R. Parece que el gancho lo cogió de atrás hacia adelante y le desgarró los músculos y la región lumbar.
££P. ¿Estando de espaldas el sujeto o de costado? ¿Cómo ha debido estar él?
££R. De espaldas.
££P. ¿De modo que el instrumento que le dió lo cogió a él de espaldas?
££R. Sí, señor.
££P. ¿Y le dió y entonces le desgarró por la derecha?
££R. Sí, señor; de atrás hacia adelante.” (T. de E., 143-144.)
Í(
££P. ¿Usted cree que con eso que él tiene puede trabajar de azada o machete?
££R. No, señor.
“P. ¿No es aconsejable que trabaje?
“R. No, señor.” (T. de E., 146.)

En su opinión, refiriéndose a la herida, dice el juez sen-tenciador :

“Además, por lo que resulta de un examen somático de la herida y del testimonio del perito Dr. Néstor de Cardona, la lesión presenta una deformidad monstruosa semejante en forma y tamaño a un coco de agua llegado a su plena madurez.”

La evidencia demuestra que el demandante ganaba $2 diarios y tenía sesenta años de edad en la fecha del accidente, pues si bien declaró al principio que hacía 57 años que había contraído matrimonio y que al casarse tenía veinte años, inmediatamente después declaró que “se casó para después de San Ciríaco,” aunque asegura que no sabe cuántos años hace de dicho ciclón. Puesto que el ciclón de San Ciriaco tuvo lugar el 8 de agosto de 1899 y el demandante tenía veinte años en aquella fecha, no hay duda alguna de que en el 1936, fecha del accidente, debió tener la edad de 57 años aproximadamente. El Dr. Néstor Cardona declaró también que el demandante podía tener en la fecha del juicio alre-dedor de sesenta años.

Tampoco estimamos excesiva la cantidad de $500 conce-dida por la sentencia por concepto dé honorarios médicos, pues dicha suma no sólo incluye la operación quirúrgica y asistencia médica por el Dr. Cardona por espacio de 134 días, si que también su estancia durante esos 134 días en la clínica del indicado médico en Aguadilla.

No debemos alterar la discreción del juez sentenciador al fijar en $800 la partida de honorarios de abogado habida cuenta de la naturaleza del pleito y del trabajo realmente realizado por el abogado de la parte demandante.

Procede, por lo expuesto, confirmar la sentencia apelada