text:
    Ochoa, Peticionario y Apelante, v. Manzano, Juez Municipal, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en recurso sobre mandamus.

      No. 1570.
    Resuelto en febrero 23, 1917.
    Sobreseimiento del Proceso — Suspensión del Juicio — Justa Causa — Funda-mento del Caso de El Pueblo v. Falcastro. — En el caso de M Pueblo v. Fal-eastro, 17 D. P. R. 96, el verdadero fundamento de la sentencia fué que hubo justa causa para la suspensión del juieio y que la corte inferior procedió co-rrectamente al denegar el sobreseimiento del proceso. Demuestran los autos que realmente no estaba envuelta la cuestión de suspensión del juicio por un término mayor de ciento veinte días.

      Id. — Juicio—Término Aplicable tanto a .las Cortes de Distrito como a las Municipales. — El término de ciento veinte días que señala el articuló 448, apartado segundo del Código de Enjuiciamiento Criminal, dentro del cual el acusado debe ser sometido a juicio, es aplicable no tan sólo a los casos pen-dientes ante las cortes de distrito por jurisdicción original o de novo, sino también a los casos pendientes ante las cortes municipales. Este es el alcance de la doctrina establecida en el caso de Dyer v. Sossy, Juez de Distrito, 23 D. P. B. 772.
    Id. — Manda-mus—Juicio Rápido. — El derecho de una corte superior a decretar el sobreseimiento de un proceso pendiente en una inferior depende no solamente del estatuto sino del derecho inherente que tiene para asegurar juicios rápidos.
    Doctrinas Contradictorias — Principios Enunciados en la última Establecida. —Cuando existe conflicto aparente entre doctrinas establecidas en dos decisio-nes de una corte superior, sin que el tribunal inferior pueda distinguir los hechos de ambas, es regla seguir los principios enunciados en la última.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. José C. Ramos.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Aparece de los hechos que no han sido negados en este naso, que Aureo Ochoa, peticionario en la Corte de Distrito de Gnayama, fue denunciado en la corte municipal de dicha ciudad por el delito de daños maliciosos. La denuncia fue formulada allí el día 12 de febrero de 1916. El juicio de dicha causa fue señalado para el 18 de febrero, 1916. Al compa-recer el peticionario al juicio con sus testigos, se enteró de que el caso había sido suspendido a moción del fiscal, pero sin hacérsele notificación alguna al peticionario y sin que se hubiera presentado ninguna moción escrita u oral en corte abierta para obtener tal suspensión. Estaba dentro de las facultades discrecionales de la corte el poder decretar esta •suspensión y no se demostró o sugirió que hubiera habido' abuso de dicha discreción. Por razones que no se explican, la causa fue meramente señalada de nuevo para fecha tan leja-na como era el 24 de julio de 1916, cuando la corte suspendió indefinidamente el juicio por segunda vez por iniciativa pro-pia. El único fundamento alegado fué la falta de compare-cencia de un testigo ausente en los Estados Unidos. Ales-a entre otras cosas el peticionario, y la alegación no lia sido refutada, que no liubo moción o petición para la suspensión del juicio, ni se hizo constar qué extremos, o hechos se pro-ponía probar el fiscal con la declaración de dicho testigo Ro-vira, (ofreciendo así la oportunidad al acusado de admitirlos, si lo creía conveniente), ni en manera alguna se demostró que la declaración de dicho testigo era esencial o necesaria para el juicio, ni nada siquiera que demostrara en qué fecha podía conseguirse al referido testigo. En T de agosto, 1916, el pe-ticionario presentó una petición en debida forma a .la corte municipal solicitando el sobreseimiento de la acción y ale-gando entre otros particulares, que la vista de la causa había sido suspendida por un término mayor de 120 días sin existir justa causa para ello. La corte se negó a ordenar el sobre-seimiento y no hizo señalamiento del caso para otro período definido. Entonces el peticionario radicó esta solicitud de mandamus en la Corte de Distrito de Guayama. Dicha corte convino en sustancia en que el peticionario habría tenido dere-cho al remedio de haberse originado el caso o si hubiera estado celebrándose en la corte de distrito; que el mero hecho de la ausencia de un testigo en los Estados Unidos no era justa causa, y otras bien razonadas consideraciones, pero la corte de distrito se encontró en una situación difícil con motivo del conflicto que al parecer encontraba entre el caso de El Pueblo v. Falcastro, 17 D. P. R. 96, y el de Dyer v. Rossy, 23 D. P. R. 772, y de ahí que la corte estimara que carecía de facultad para ordenar el sobreseimiento de la causa y expidió en su lugar un auto perentorio de mandamus dirigido al juez municipal, ordenándole que procediera a celebrar el juicio. La corte inferior resolvió que el efecto del caso de Dyer era el de extender la aplicación del artículo 448 a los casos apelados a la corte de distrito y celebrados de novo, pero no a los casos que se celebran en la corte municipal.

Al considerarse el caso de Dyer v. Rossy, supra, no fué sometido a este Tribunal el caso de Falcastro, pero si lo hu-biera sido, la regla que seguimos para- la decisión necesaria-mente hubiera tenido que ser la misma. Esté tribunal en el caso de Falcastro dijo lo siguiente:

“En cuanto a la tercera excepción formulada por el abogado del acusado, debemos decir que estamos de acuerdo con la opinión expresada por la corte de distrito, denegando la solicitud del abo-gado para que se sobreseyera el caso, puesto que el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en el que él se basa para apoyar su moción, es aplicable solamente a los casos que han de verse ante las cortes de distrito mediante acusación presentada por el fiscal y no a denuncias presentadas ante las cortes municipales y llevadas en apelación ante las cortes de distrito para nueva vista.
“Además, esta autorización a la corte de distrito para sobreseer el caso después de transcurridos ciento veinte días desde la fecha de la presentación de la denuncia, es solamente para casos en que no se demuestre buena causa que justifique un proceder en contra-rio; y una decisión semejante queda en gran medida a la discre-ción del juez, y el ejercicio de esa discreción no será revisado ex-cepto en aquellos casos en que se demuestre que ha habido abuso. Ex parte Lizardi, 7 D. P. R. 360; El Pueblo v. Quilichini, 7 D. P. R. 211.”

En el caso de Falcastro tiene que considerarse que el ver-dadero fundamento de la sentencia fué que hubo justa causa para la suspensión del caso como so establece en la opinión. Los autos de la causa muestran que realmente no estaba en-vuelta la cuestión de una suspensión del juicio por un término mayor de ciento veinte días. Los hechos fueron como se dijo, que una denuncia había sido presentada en dicho caso contra el acusado en cierto día del mes de agosto, 1909, pero que por alguna razón que no se ha hecho constar, no se siguió el juicio hasta dictarse sentencia. La denuncia en que se basó la sentencia tenía fecha de enero 22, 1910; el juicio fué celebrado en febrero 7, 1910, y la sentencia dictada el día-19 del mismo mes y año. El caso fué apelado a la Corte de Dis-trito y celebrado en dicha corte el día 10 de marzo de 1910, dictándose sentencia el mismo día. Este fué un procedimien-to rápido en tanto se trataba de la denuncia presentada, en el caso. Hay un límite para la suspensión de los juicios y cuando la legislatura lia fijado el límite en las cortes de distrito •en ciento veinte días, existe mucha más razón para hacer que el mismo período sea el límite en la corte municipal. El de-recho de una corte superior a decretar el sobreseimiento de un caso no depende del estatuto solamente, sino del derecho inherente que tiene una corte para asegurar juicios rápidos.' Como algunas de las decisiones citadas en el caso de Dyer lo indican, es por interés del público que debe llevarse a término una causa sin molestar injustamente al acusado. Los medios razonables para suspender un juicio son muy amplios. El ra-zonamiento del caso de Dyer si era aplicable en algún sentido técnico a un caso en apelación de una corte municipal, era igualmente aplicable a un juicio en la misma corte municipal. •Si existe algún conflicto entre el caso de Falcastro y el de Dyer creemos que debemos seguir los principios enunciados en el 'último caso. De igual modo, como sugiere el apelante, es una regia más segura para una corte de distrito el observar la úl-tima decisión de la corte de apelación si los casos que al pare-cer están en conflicto no pueden distinguirse fácilmente, aun-que como hemos indicado antes apreciamos la situación dificul-tosa del juez de distrito y sus esfuerzos por buscar una línea justa de distinción. Por virtud de los hechos sometidos a nues-tra consideración, del razonamiento y conclusiones de la corte sentenciadora y del razonamiento del caso de Dyer v. Rossy, .supra, la sentencia debe ser revocada y ordenarse a la corte que expida un auto perentorio decretando el sobreseimiento de la causa seguida contra el acusado.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra ordenando a la corte inferior expida auto perentorio de mandamus decretando el so-breseimiento del proceso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Rivera et al., Acusados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en procedimiento sobre aprobación de exposición del caso y pliego de excepciones en causa por delito de conspiración.
    No. 1124.
    Resuelto en febrero 23, 1917.
    Exposición del Caso — Pliego de Excepciones — Denegatoria de Aprobación— Mandamus — Petición a la Corte Suprema. — Una orden rehusando aprobar un pliego de excepciones y exposición del caso por haber sido presentado des-pués de vencido el término legal que para ello concede la ley, no afecta los derechos sustanciales del acusado, y por tanto no es apelable dentro de las prescripciones del No. 3 del artículo 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal. El remedio es por mandamus para compeler al juez sentenciador a resolver sobre la aprobación, y por petición al Tribunal Supremo para probar-los hechos y excepciones segQn el artículo 64 del reglamento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Cayetano Coll Cuchí.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En causa criminal seguida ante la Corte de Distrito de Ponce contra Rafael Rivera Esbri y otros por delito de cons-piración, recayó sentencia en 29 de julio de 1916, contra cuya sentencia interpusieron los acusados recurso de apelación para ante esta Corte Suprema en el mismo día 29 de julio.

En 11 de agosto siguiente presentaron los acusados por medio del abogado Alfonso Lastra Charriez una solicitud de prórroga de 20 días para la preparación y presentación del escrito de exposición del caso y pliego de excepciones, “con-tándose dicha prórroga desde el día en que venciera el plazo que por ministerio de la ley tienen los acusados, o bien a con-tar desde el día en qne el taquígrafo, Sr. Muñiz, entregue al suscribiente los documentos para la preparación de dicha ex-posición del caso y pliego de excepciones”; y a esa solicitud proveyó la corte “como se pide.”

Un solo pliego titulado “Pliego de- exposición del caso y excepciones” fué presentado en secretaría por el abogado Lastra Charriez en representación del de récord José de Jesús Tizol, en 24 de agosto citado, dándosele copia de éste en igual fecha al fiscal del distrito. En el propio día el juez señaló para la vista relativa a la aprobación de dicho pliego el 29 de agosto a las 3 de la tarde. En el día anterior se presentó una moción por el abogado Lastra Charriez en representa-ción de Tizol, solicitando una prórroga de seis días contando-desde el 30 de agosto para introducir enmiendas, y la corte--dictó orden posponiendo la vista para el día 5 de septiembre siguiente a las 10 de la mañana. Las enmiendas a la exposi-ción del caso fueron presentadas y admitidas por la corte em 5 de septiembre citado, y en ese mismo día que era el señalada para la discusión y aprobación de la exposición del caso y pliego de excepciones el fiscal presentó moción con súplica de que se consideraran como no presentados y sin ningún valor ni efecto legal por la razón de que la solicitud de prórroga fué hecha después de vencidos los 10 días que marca la ley para la presentación del pliego de excepciones y exposición del caso, y tal presentación, por tanto, se hizo cuando había vencido el término legal que para ello concede la ley.

La corte, después de vista y considerada la anterior mo-ción dictó en 16 de septiembre de 1916 la siguiente resolución;

“Resolución. — Lá corte declara con lugar la moción de El Pueblo de Puerto Rico de 5 de septiembre de 1916 y en su consecuen-cia declara ilegal la presentación de la relación del caso y pliego de excepciones presentados por los acusados a los efectos de la apela-ción interpuesta contra la sentencia de esta Corte de Distrito de Ponce; y consiguientemente por la presente ordena y decreta que dicha relación del caso y pliego de excepciones sean considerados como no presentados y por lo mismo sin ningún valor ni efecto; decretándose y ordenándose, además, su eliminación del récord de este caso.”

Fúndase la resolución transcrita en que una exposición del caso en cansas criminales debe prepararse y radicarse en secretaría dentro de los 10 días snbsiguientes -al.de dic-tarse la sentencia o dentro de. la prórroga legalmente conce-elida para ello; en que una prórroga solicitada y concedida después de haber expirado el término de diez días fijado por la ley para presentar la exposición del caso o pliego de ex-cepciones es nula, y en que si bien una corte de distrito tiene poder, autoridad y discreción para aprobar un pliego de ex-■cepciones o exposición del caso presentados fuera de tiempo. "CUo es cuando se demuestra que no ban sido presentados por negligencia inevitable o excusable, lo cual no ha sucedido en el presente caso. .

La representación de los acusados pidió reconsideración de la anterior resolución y la corte la declaró sin lugar por resolución de 11 de octubre de 1916.

Contra ambas resoluciones de 16 de septiembre y 11 de octubre interpusieron los acusados recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

El Fiscal de esta Corte Suprema ha presentado moción para que se desestime el recurso fundándose en que dichas resoluciones no son apelables.

El artículo 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe en su número 3.° que el acusado puede apelar de una providencia dictada después del. fallo, que afecte los de-rechos sustanciales de la parte.

Una orden rehusando aprobar un pliego de excepciones o de exposición del caso no afecta los derechos sustanciales del acusado, y, por tanto, no es apelable. El remedio es por mandannos para compeler al juez sentenciador a resolver sobre la aprobación, y por petición a esta Corte Suprema para pro-bar los hechos y excepciones, según el artículo 64 del Regla-mento.

Esta materia fué tratada y resuelta en el caso de El Pueblo v. Barquet et al, 18 D. P. R. 478, invocando la jurispru-dencia establecida por la Corte Suprema de California en los casos de People v. Cox, 76 Cal. 281 y People v. Jackson, 138 Cal. 32, y refiriéndonos también a otro caso de El Pueblo v. Fernández, 12 D. P. R. 36.

La alegación oralmente hecha por la parte apelante en el acto de la vista sobre no ser aplicable al presente caso la juris-prudencia a que acabamos de hacer referencia por tratarse ríe discreción judicial que el juez ejerció en contra de los acusados, no les favorece, y contra ella podemos citar las resoluciones de la Corte Suprema de California en los casos de People v. Lee, 14 Cal. 510 y Van Eman v. Superior Court, 106 Cal. 643, y el de Dyer v. Rossy, Juez de Distrito, 23 D. P. R. 772. Al resolver el último caso dijimos: “El auto de mandamus no debe ser usado para regular la discreción judicial, pero los actos judiciales pueden ser regulados cuan-do no surge ninguna discreción o se abusa de la misma. En este último caso las cortes no pretenden regular la discreción. Ellas corrigen el abuso. El hecho de que tenga la corte que determinar si un hecho o condición de hechos existe para el ejercicio de un claro deber no convierte el acto que ha de eje-cutarse en un acto discrecional. 26 Cyc. 161, nota 10.”

Por las razones expuestas procede declarar con lugar la moción del fiscal y desestimar en su consecuencia el presence recurso.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Figueroa, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegando la inscripción de una escri-tura de compraventa.
    No. 305.
    Resuelto en febrero 23, 1917.
    ■Bienes Privativos — Adquisición en Estado de Soltería — Inscripción Mediante Información de Dominio a Favor de la Esposa — Presunción de Bienes Gananciales — Defecto Subsanable. — Inscrita una finca a favor de la esposa ■ mediante información de dominio practicada y aprobada al efecto, sin que conste por alguno de los medios reconocidos en la ley que se trata de un bien privativo, ni qué edad tuviera cuando la adquirió, ni cuál fuera su estado, ■debe presumirse ganancial; no bastando a destruir esta presunción, privando al esposo de la participación que pueda tener en el inmueble, la simple mani-festación hecha por la esposa al otorgar una escritura de venta de la finca, de haberla adquirido en estado de soltería. Sin embargo, a los efeetos de la inscripción de la escritura de venta en ei registro, el defecto no es insubsanable, sino que puede subsanarse justificándose en forma debida el estado de'soltería de la vendedora al tiempo de adquirir la finca vendida al recurrente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Luis Mercader.

    El registrador recurrido, Sr. Raúl Benedicto, no compa-reció.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública No. 155 otorgada en la ciudad de Arecibo a 18 de diciembre de 1916, ante el notario Luis Mer-cader, Sofía Esperanza Hudo, de cuarenta años de edad, y casada a la sazón con Miguel Hudo Roca, vendió a Jesús Figueroa Torres, por precio de $2,000, una finca urbana com-puesta de casa y solar radicados en la calle del Capitán Co-rrea, barrio de la Monserrate de di cha ciudad, marcada con el número 6, la que según expresa había adquirido de José Hudo Parra en estado de soltería, por el año de-1885, e ins-crito en el Registro de la Propiedad de Arecibo mediante información de dominio practicada y aprobada al efecto.

Presentado dicho documento al Registrador de la Propie-dad de Arecibo para su inscripción, fué ésta denegada por medio de nota que literalmente dice así:

“Denegada la inscripción de este documento porque del registro consta que ella adquirió la finca siendo casada y la vende sin el con-sentimiento de su esposo, no habiéndose acreditado su estado de sol-tería al tiempo de adquirir, tomando de esta denegación la corres-pondiente anotación por 120 días que determina la ley, en el tomo 4o. de Arecibo, al folio 51, finca número 168, anotación A. Arecibo,. P. R., enero 4, 1917. El Registrador, Raúl Benedicto.”

Esta nota he sido recurrida por el comprador para ante esta Corte Suprema y está sometida a nuestra consideración.

El asiento de inscripción en el Registra de la Propiedad de Arecibo, de la finca de que se trata, a favor de Sofía Esperanza Huelo, muestra que ésta, casada con Miguel Hudo, acudió a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Are-cibo solicitando acreditar el dominio de dicha finca la que adquirió por compra a José Hudo Parra en el año 1885, y que la expresada corte por resolución de 5 de febrero de 1916 aprobó la información practicada y declaró justificado a favor de Sofía Esperanza Hudo el dominio pleno de la finca.

Alega el recurrente que Sofía Esperanza Hudo era solte-ra en el año de 1885 en que adquirió la finca inscrita a su favor y que soltera tenía que ser entonces por la razón de que- contando cuarenta años de edad cuando otorgó la escritura de 18 de .diciembre de 1916 claramente se infiere que sólo te-nía nueve años en aquella fecha, edad que la inhabilitaba para contraer matrimonio; pero como del registro no aparece qué edad tuviera Sofía Esperanza Hudo al verificar la adqui-sición en 1885 ni cuál fuera su estado, no es posible afirmar que la finca inscrita a su favor ya casada sea privativamente suya, pues inscrita una finca a favor do persona casada sin que conste por alguno de los medios reconocidos en la ley que se trata de un bien privativo, debe presumirse ganancial.

La simple manifestación hecha por Sofía Esperanza Hudo al otorgar la escritura de 18 de diciembre de 1916, de haber adquirido la finca en estado de soltería no es bastante a des-truir aquella presunción privando al esposo de la participa-ción que pueda tener en ella.

Existe el defecto que-en su ñola apunta el registrador-, pero estimamos que tal defecto no es insubsanable sino que puede subsanarse justificándose en forma debida el estado de soltería de Sofía Esperanza Hudo al tiempo de adquirir la finca vendida al recurrente.

Es de revocarse la nota recurrida, ordenándose al regis-trador verifique la inscripción solicitada con el defecto sub-sanable de no aparecer del registro que la vendedora adquirie-ra la finca en estado de soltería.'

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción solicitada con defecto subsanable.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Lange, Peticionario y Apelante, v. El Pueblo, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en recurso de habeas corpus.

    No. 1087.
    Resuelto en febrero 24, 1917.
    Acometimiento y Acometimiento y Agresión — Origen de la Ley sobre Acome-timiento y Agresión. — Las secciones 1 a la 8 inclusive de la Ley de 10 de marzo de 1904 para determinar y castigar acometimiento, acometimiento y agresión, acometimiento con circunstancias agravantes, y acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, y para derogar la seeeión 237 del Código Penal, lian sido copiadas literalmente de las secciones 587, 593, 594, 595, 601, 602 y 603 del Código Penal de Texas, con excepción de algunos cambios insignificantes.
    Id. — Circunstancias Agravantes — Grados del Delito — Interpretación de Es-tatutos. Penales — Intención del Legislador. — En la Ley de acometimiento y acometimiento y agresión de 10 de marzo de 1904, no se ha tratado de esta- , bleeer un delito distinto por separado con la mera enumeración en su seeeión 6." de las circunstancias agravantes y de la imposición de castigo mayor en su sección 8.a por razón de las mismas, y la dicha seeeión 6.a se refiere tanto al acometimiento como al acometimiento y agresión, pues demuestra la histoiúa, contexto y propósito claramente expresado de la ley, que la legis-latura, al prescribir que el “acometimiento y agresión” será considerado con circunstancias agravantes en los casos que menciona, quiso decir “acome-timiento o agresión”; interpretación que está en completa armonía con el espíritu y texto de los artículos 3 y 359 apartado 14 del Código Penal y no violenta el verdadero principio de interpretación rigurosa como ha sido considerado y aplicado por las mejores autoridades modernas que “sólo reconocen una regla como absolutamente invariable, o sea que debe descu-brirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del poder legislativo.'7
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Feliú & Alemañy.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue procesado por un delito de atentado a la vida, habiendo sido confirmada en apelación la sentencia que le declaró culpable de un delito de acometimiento con circuns-tancias agravantes (El Pueblo v. Lange, 24 D. P. R. 226).

La presente apelación se interpone contra nna sentencia qne declara sin lugar una solicitud de habeas corpus.

Varios son los errores que se alega fueron cometidos, todos los cuales se basan en la simple proposición que trata el ape-lante de establecer en su alegato, o sea, qne no existe el delito de acometimiento grave en Puerto Rico.

La sección 237 del Código Penal, como fue aprobado en el año 1902, que fija un castigo para el acometimiento con arma mortífera, fué derogado en 1904 por una Ley titulada “Ley para determinar y castigar acometimiento, acometimiento y agresión, acometimiento con circunstancias agravantes, y aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes, y para derogar la sección 237 del Código Penal.” Con excepción de pocos cambios insignificantes, como por ejemplo, la sustitu-ción de la palabra “tribunal” por “jurado” en la sección 7a., y el uso al parecer inadvertido de la palabra “y” en vez de “o” en la sección 6a. que enumera las circunstancias bajo las cuales (bastardilla nuestra) “un acometimiento y agresión será con-siderado con circunstancias agravantes,” las secciones Ia. a la 8a. inclusive de esta última ley lian sido copiadas literal-mente de las secciones 587, 593, 594, 595, 601, 602 y 603 del Có-digo Penal de Texas.

La sección 8, en armonía con el objeto de la ley, que cla-ramente aparece expresado en su título, prescribe de modo, expreso el castigo para el acometimiento grave que evidente-mente se diferencia en dicba sección del acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes. Los párrafos 1, 6 y 7 de la sección 6 sin hacer mención alguna respecto a agresión, hablan de la “persona agredida,” y el párrafo 6 emplea la forma disyuntiva al hacer referencia al acometimiento o agre-sión con foete, azote o bastón. La sección Ia. define específi-camente y establece cuidadosamente la diferencia que existe entre un acometimiento y un acometimiento y agresión. La sección 5 establece concienzudamente la misma distinción al determinar el castigo para el acometimiento simple, o para el acometimiento y agresión que no aparejen circunstancias agravantes. La sección 6a. no establece un nuevo delito. No pretende tampoco dicta sección convertir los misdemeanors ya definidos en delitos graves {felonies). Simplemente enumera las varias circunstancias que una vez que su existencia lia sido debidamente alegada y demostrada pueden justificar al juez sentenciador en imponer la pena severa que prescribe la sec-ción 8. El artículo 596 del Código de Texas, teniendo un cui-dado tal que al parecer es innecesario, determina que “la pa-labra ‘agresión’ se emplea en este código en el mismo sentido que ‘acometimiento y agresión’,” y el artículo 601 prescribe (bastardilla nuestra) que “un acometimiento o agresión” se convierte en grave cuando se comete bajo ciertas determinadas circunstancias; lo que creemos que fué lo que nuestra legisla-tura quiso claramente expresar al decir (sección 6 de la ley de 1904, bastardilla nuestra) que “el acometimiento y agresión, será considerado con circunstancias agravantes cuando se co-mete bajo idénticas circunstancias.” Sutherland sobre Inter-pretación Estatutoria, página 330, párrafo 252. A la verdad que de considerar de algún modo el contexto y propósito de la ley como fia sido expresada por su título no parece razonable ninguna otra interpretación. Además, es un hecho significati-vo que por más de una década nadie ha sugerido una interpre-tación diferente y al parecer jamás se ocurrió la idea ni siquie-ra al peticionario hasta después que su sentencia condenatoria había sido confirmada por este tribunal en su primera ape-lación. '

Estamos sinceramente de acuerdo con la teoría del apelan-te de que no debe quedar convicto ningún hombre por un delito que no ésté claramente definido o castigado por el Código Penal, y que jamás debe forzarse el texto de este último me-diante interpretación al efecto de quq quede comprendido en 'él ningún delito que la legislatura claramente no haya tenido presente. Las decisiones anteriores de este tribunal hablan por sí, en lenguaje que no ofrece duda sobre la materia y no es nuestra intención el apartarnos en lo más mínimo de la doctrina ya establecida en relación con el particular. Pero éste es un caso extremo que equivale a una excepción y que solamente sirve para reforzar la regla general, la cual, al .'igual que todas las demás garantías que la ley en su sabiduría lea establecido para protección de los derechos de los hombres nunca debe ser llevada más allá de los límites de la razón y clel sentido común para contrarrestar el propósito inequívoco y significación de la ley. Tanto el acometimiento como el acometimiento y agresión, como ya hemos indicado, han sido claramente definidos y penados y como ya también se ha dicho, no se ha tratado de establecer un delito distinto por separado con la mera enumeración de las circunstancias que vienen a ser agravantes de estos misdemeanors, en unión del precepto relátivo a la imposición de un castigo algo más fuerte por razón de dichas circunstancias agravantes. Ya este tribunal ha resuelto que no es necesario que en una sentencia se espe-cifique el grado del delito, en casos de acometimiento y agre-sión, si el delito aparece de la acusación y de la prueba. El Pueblo v. Benítez, 23 D. P. R. 339. Véase también la Ley Criminal de Wharton, (11a. Edición), Tomo II, página 1051, párrafo 838; 5 C. J. 728, párrafo 196; 3, Nuevo Procedimiento Criminal de Bishop, (2a. Edición), página 1261, párrafo 63.

Nos dice nuestro Código Penal en su primera página, que todas sus disposiciones y artículos “deberán interpretarse según el recto sentido de sus términos a fin de que llene su objeto y facilite la administración de justicia.” Y entre sus disposiciones finales'y después de pasar a enumerar ciertas palabras que han ele tener la significación que se les da en dicho código “a no ser que otra cosa resultare del contexto,” vemos que se ha decretado como regla imperativa para la interpreta-ción de estatutos penales, el bien conocido principio general ele que “las palabras y frases se interpretarán según el contex-to y el significado sancionado por el uso común y corriente.”

De modo pues que en previsión precisamente de cuestiones como la que ahora consideramos es que el Código ha querido ser su propio intérprete, y aunque el lenguaje citado resuelve la alegación hecha por el apelante en este caso, no violenta nuielio el verdadero principio de una interpretación rigurosa como lia sido considerado y aplicado por las mejores autorida-des modernas que “sólo reconocen una regla como absoluta-mente invariable, o sea, que debe descubrirse y hacerse cum-plir la verdadera intención y deseo del poder legislativo.” Black sobre interpretación de Leyes, (2a Edición), prefacio y páginas 228-230, 447-450.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Latorre, Administrador Judicial, Demandante y Apelado, v. Torres, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre cobro de crédito hipotecario.
    No. 1416.
    Resuelto en febrero 24, 1917.
    Conclusiones de Iíeoho — Apelación.—El dejar la corte sentenciadora de hacer determinadas conclusiones de hecho {findings of fact), no puede alegarse-como error en apelación.
    Contratos Fraudulentos y Simulados — Declaraciones en Interés Propio.— Prueba. — Cuando interpuesta una demanda por el administrador judicial, de los bienes de un finado en cobro de un crédito hipotecario, toda la prueba tiende a demostrar que el contrato fué fraudulento y simulado y así lo-resolvió la corte, el hecho de que el finado en vida declarara lo contrarioen otros pleitos en que él fué parte, seguidos eon el demandado y su esposa, teniendo la naturaleza de declaraciones hechas en propio interés, no puede-afectar la conclusión a que se llegó en vista de la prueba.
    Id.- — Administrador Judicial — -Acciones Basadas en Fraude. — El administra-dor judicial de los bienes de un finado no está en mejor situación para re-clamar por virtud de un contrato fraudulento que en la que hubiera estado-el propio difunto. In pari delicto potior est conditio defendentis. Las cortes no deben favorecer un contrato simulado. Ex dolo malo non oritur actio.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel Arroyo Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. José Benet Colón.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante, entre otros errores, alega la falta de conclu-siones (findings) acerca de algunas supuestas cuestiones esen-ciales. Acabamos de resolver en el caso de Lebrón v. Paganacci que el dejar de hacerse conclusiones particulares no puede alegarse como error.

La corte en este caso emitió sus conclusiones (findings), las cuales lian sido elevadas a este tribunal. Son las siguientes:

“La demanda en este caso fué interpuesta por el Administrador Judicial de los bienes del finado Julio N. Laabes, Don Cristino La-torre, en cobro de la suma de $500 correspondiente al primer plazo vencido en 31 de diciembre de 1914, de un crédito hipotecario cons-tituido por Don Roque Torres y Rodríguez y su esposa Manricia García mediante escritura otorgada ante el notario Ledo. José Benet en 2 de mayo de 1912.
“El demandado Roque Torres interpuso excepción general de que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción; y contestó al mismo tiempo negando deber a Julio N. Laabes la suma de $2,500 cantidad total del crédito hipotecario men-cionado, y confesando que en la fecha en que se otorgó la escritura de 2 de mayo de 1914 ante el notario José Benet, sólo adeudaba al finado Julio N. Laabes la suma de $600 y haciendo además otras alegaciones pertinentes a su derecho.
“También el demandado interpuso tina contrademanda en sn con-testación en la que en resumen alegaba, que el demandado había otorgado la escritura No. 15, citada, debido a falsas y dolosas repre-sentaciones del finado Julio N. Laabes referente a sn estado finan-ciero, etc., y que su otorgamiento era simulado; y que en prueba de su buena fe el mismo día, mes y año en que se otorgó la escritura citada, otorgó en unión de Julio N. Laabes un documento privado en que se hacía constar dicha simulación y en la cual constaba que el demandado Roque Torres le debe a Laabes $600, que se obligaba a pagárselos en varios plazos; y terminaba solicitando que la corte declarara sin lugar la demanda y con lugar la contrademanda.
“La vista se celebró con asistencia de las partes y de sus aboga-dos el día 18 de mayo de 1915, y como resultado de toda la eviden-cia introducida la corte da por probados los siguientes hechos:
“En este caso existe la simulación de contrato, pero éste no fué otorgado, como alega el demandante, para hacer aparecer que Julio N. Laabes era solvente, sino para defraudar a su esposa Mauricia García, la cual en la fecha en que se otorgó dicho contrato, había establecido demanda de divorcio contra su esposo el demandado y pedía la división del capital de la sociedad conyugal.
“La verdadera causa de la simulación de dicho contrato no pudo alegarla el demandado, porque siendo con objeto de defraudar a su esposa en la división de los bienes conyugales, no le daba dere-cho a reclamar nada en contra de los herederos de Laabes.
“Respecto al documento privado o contra-documento, como se dice vulgarmente, que presenta el demandado, Laabes hace constar en el mismo la naturaleza de la transacción hecha entre él y Roque Torres; la corte opina que Laabes nunca otorgó tal documento.
“El documento de referencia aparece suscrito por Laabes, pero la corte ha llegado a la firme convicción de que la firma que apa-rece en el mismo no ha sido estampada por él, y que dicho documento fué preparado después de la muerte de Laabes.
“Muerto Laabes, ¿qué hace el demandado con el documento? Pué a casa de un notario público para hacer una exhibición del documento, en un procedimiento rarísimo y del cual por primera vez ha visto la corte en asuntos de esa índole. Si se quiere conservar un documento seguro, para poder presentarlo cuando fuere nece-sario, entonces debiera haberse protocolizado el documento; un acto de exhibición de documento ante notario, no tiene valor ninguno y no puede garantizar que las firmas en el mismo estampadas sean auténticas. El hecho de exhibir ante notario el documento y tratar de introducir como evidencia el acta notarial es sumamente sospe-choso. El demandado enseñó el documento a su abogado y a otras personas, pero a la persona a quien debía enseñarlo o sea al admi-nistrador judicial Don Oristino Latorre, que hace meses que había sido nombrado por la corte y al cual como tal administrador judicial de los bienes de Laabes, es a quien debió el demandado enseñar el documento para que éste tuviera conocimiento del mismo; pero el demandado no lo hace así. Con el administrador judicial era con quien el demandado Roque Torres tenía que ventilar su asunto, y teniendo un papel de esa naturaleza, a dicho administrador era a quien debió presentarlo y no a personas extrañas a la administra-ción de los bienes de Laabes.
“Por tales razones, la corte es de opinión que debe declarar como declara con lugar la demanda, y en consecuencia dictarse senten-cia como así se ordena, de acuerdo con las alegaciones de la misma, con las costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado a cargo del demandado.”

Considerada la prueba opinamos con la corte inferior que el contrato de hipoteca por virtud del cual se instituyó este pleito en realidad de verdad fué simulado. El examen que liemos hecho de la prueba demuestra que todos los testigos sin siquiera excluir al abogado del apelado que ocupó la silla de testigos, estaban convencidos de que dicho contrato fué falso y simulado. La prueba toda se mostraba en este sen-tido, y el hecho de que el difunto en vida jurara lo contrario en pleitos distintos entre el apelante, la esposa de éste y el difunto teniendo la naturaleza de las declaraciones hechas en propio favor y que quizás son de otro modo incompetentes, no puede afectar la conclusión a qué ha llegado esta corte así como la corte sentenciadora en vista de la prueba Conveni-mos, también, con las otras conclusiones de la corte respecto a los hechos. El alegado contra-documento no tiene existen-cia real o legal entre las partes o sus representantes legales. El demandado fué en verdad parte en un fraude y su decla-ración no corroborada hubiera merecido muy poca conside-ración, pero su testimonio al efecto de demostrar que el con-trato principal en realidad de verdad fué' simulado estaba sostenido por otras pruebas. De las manifestaciones hechas por los testigos acerca de lo que sucedió después de firmarse el contrato principal deducimos que Laabes y Roque Torres en realidad otorgaron un contra-documento, pero que no fué el documento que Roque Torres exhibió al notario. Sea o no esto cierto, la prueba tiende a demostrar, indepéndientemente de dicho documento, que el supuesto contrato de hipoteca era falso. Eo existe nada en los libros de Laabes que demuestre la existencia de una deuda tan grande. Su inventario fué cerrado sin ella, y apareció de la declaración de Roque Torres y de otras personas, que Laabes y dicho Roque Torres otor-garon el contradocumento paia engañar a Mauricia García,, esposa de Roque Torres.

Ro-podemos, sin embargo, convenir con las conclusiones legales de los hechos a que ha llegado la corte. Laabes ac-tuaba igualmente de modo fraudulento, y su administrador judicial no puede estar en mejor situación que la que Rubiera tenido el mismo Laabes. In pari delicto potior est conditio de-fendentis. Comprendemos perfectamente que la corte es-tuvo impresionada con la mala fe y conducta fraudulenta del demandado en este y en otros pleitos y que dicho demandado mereció poca o ninguna consideración, pero tampoco la mere-cía Laabes que le ayudó a realizar esos actos. La escritura de hipoteca bajo la cual reclama este administrador judicial, según el propósito e intención de las partes, nunca tuvo exis-tencia legal. La esposa del demandado fué inducida a fir-marla por las falsas simulaciones de su esposo y de Laabes. El hecho de que nada pueda recobrarse por virtud de dicho contrato quizás puede beneficiar todavía a la única parte sin culpa en la transacción. Siendo un contrato fraudulento y simulado, las cortes no deben favorecerlo. Ex dolo malo non oritur actio. Hughes on Procedure, páginas 493 y siguientes, 605 y siguientes, 933 y siguientes.

Los artículos 1242 y 1243 del Código Civil disponen lo si-guiente :

“Artículo 1242. — Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.
“Artículo 1243. — -La expresión de una causa falsa en los contra-tos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita.”

No hubo causa alguna para este contrato y por tanto era ineficaz.

Considerando que esta cuestión principal favorece al ape-lante, se hace innecesario examinar los demás errores que han sido alegados.

La sentencia apelada debe ser revocada, dictándose otra en favor del demandado, pero sin especial condenación de costas u honorarios de abogado, y sin perjuicio de que el apelado pueda establecer una acción en cobro de la cantidad que realmente se le adeuda.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando sin lugar la demanda, sin 'especial condenación de costas u honorarios de ahogado, y sin perjuicio de que el adminis-trador entable pleito por la cantidad que realmente se adeude. .

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. HutcMson firmó expresando estar “conforme con la sentencia y con la opinión en cuanto se refiere al segundo de los dos errores discutidos.”


text:
    Lizardi, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegando una inscripción de compra-venta con pacto de retro.
    No. 294.
    Resuelto en febrero 24, 1917.
    “Venta con Pacto de Retro — Betroventa—Préstamos con Garantía Hipote-caria — Adjudicación de la Finca al Hipotecante por Incumplimiento del Contrato. — La nulidad a que se refiere la sección 2". de la Ley No. 47. de abril 13, 1916, tiene lugar cuando la venta con pacto de retro constituye un contrato de préstamo con garantía.
    Id. — Usura—Presunciones Concluyentes. — Las presunciones establecidas en la sección Ia. de la Ley No. 47, de abril 13, 1916, lo son en favor del vendedor y le dispensan de toda prueba según el artículo 1218 del Código Civil, pero no siendo concluyentes por no existir en la ley precepto alguno que expresa-mente lo prohiba, conforme los artículos 1219 del Código Civil y 100 de la Ley de Evidencia de 9 de marzo de 1905 pueden ser controvertidas mediante otra evidencia directa o indirecta.
    Id. — Presunción Juris Tantum — Inscripción en el Registro del Derecho Hipotecario — Procedimiento Sumario Hipotecario. — La presunción juris tantum de que toda venta de propiedad inmueble con pacto de retro consti-tuye un contrato de préstamo con garantía hipotecaria en los casos especifi-cados por la ley de 13 de abril de 1916, no crea real y positivamente el derecho hipotecario a favor del comprador, pues ese" derecho sin que sea declarado tal por tribunal competente no puede ser inscrito en el registro aunque lo solicite el presunto acreedor, ni éste puede iniciar el procedimiento sumario estable-cido por la ley hipotecaria y su reglamento para perseguir el cobro del prés-tamo garantizado con hipoteca. La ley ha establecido dicha presunción para-que, cuando se impugne en juicio la validez de la venta con pacto de retro,, constituya, si no se destruye, prueba de la simulación alegada.
    Id. — Requisitos Esenciales de los Contratos — Nulidad de Contrato — Dene-gatoria de Inscripción. — Cuando el contrato de compraventa con pacto de retro que se pretende inscribir contiene todos los requisitos esenciales del articulo 1228 del Código Civil, o sea, consentimiento de los contratantes, objeto cierto, materia del contrato y causa de la obligación, esto es, cuando-la nulidad del mismo no aparece evidente de su faz, pues la presunción que piudiera viciarlo de nulidad de acuerdo con la Ley 47 de 13 de abril de 1916 no es concluyente y puede ser discutida por las partes, el registrador no está obligado a denegar la inscripción.
    Recurso Gubernativo — Fraude—Cuestiones Judiciales. — Si la denegatoria del registrador envuelve una cuestión de fraude, ella debe ser resuelta por tribunal competente y en el correspondiente juicio, con audiencia de las partes. El registro no es el sitio para juzgar asuntos que entrañan hechos a discutir,, ni pueden tampoco resolverse en recurso gubernativo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Joaquín Vendrell.

    El registrador recurrido, Sr. Emigdio S. Ginorio, com-pareció en nombre propio.
   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Siendo acreedor Sergio Lizardi Argüeso de María del Carmen Berrios y Polo, por la suma de $200 y $55 que la segunda-había recibido del primero en calidad de préstamo según es-crituras públicas otorgadas con fechas 17 de marzo y 15 de' abril de 1916, mediante las cuales la deudora garantizó sucesivamente el pago de dichas sumas con primera y segunda, hipoteca, constituidas sobre una casa de su propiedad radi-cada en la calle de Santiago del pueblo de Gurabo, dicho acree-dor, por escritura de 28 de agosto de 1916, canceló ambas-hipotecas mediante pago por la deudora de los dos créditos que garantizaban; y en la misma escritura la deudora Carmen Berrios y Polo vendió al-acreedor Sergio Lizardi Argüeso-la casa mencionada por precio de $600 que la vendedora con-fesó haber recibido del comprador, • estableciéndose el pacto-de que la vendedora podría redimir la finca dentro del plazo de siete meses a vencer el 31 de marzo de 1917, transcurrido el cual sin que la vendedora hubiere hecho uso del derecho de retención la venta quedaría irrevocablemente consumada. La escritura contiene además una cláusula marcada con la letra F en la cual se consigna que desde su fecha el comprador entra en la posesión material de la finca enajenada sin otro título que el otorgamiento de la escritura; y por ella además. Sergio Lizardi Argüeso da en arrendamiento la casa a María del Carmen Berrios y Polo por el canon mensual de $6 y por término de siete meses, a vencer el día 31 de marzo de 1917’ en que vencería también el pacto de retroventa.

Presentada dicha escritura para su inscripción en el Re-gistro de.la Propiedad de C-aguas, el registrador, hizo la can-celación solicitada y denegó la inscripción de la venta por medio de nota que dice así:

“Hecha la cancelación a que se refiere el .precedente documento que es la escritura número 66, otorgada en esta ciudad el 28 de agosto último, ante el notario Joaquín Yendrell Joubert al folio 126 del tomo 18 de G-urabo, finca número 609 triplicado, inscripción 13a.; y denegada la inscripción, de venta condicional, incluida en esta misma escritura, por estar comprendida. en los casos primero y se-gundo, sección primera de la ley número 47, para reprimir la usura por lo cual se presume que la citada venta con pacto de retro cons-tituye un contrato -de- préstamo con garantía hipotecaria, y por resul-tar que dicho contrato hipotecario es nulo con arreglo a la sección segunda de la misma ley porque en la cláusula C de esta escritura se estipula que, el acreedor Sergio Lizardi quedará dueño absoluto de la finca objeto del contrato en caso de que la deudora María del Carmen Berrios no pague la cantidad adeudada, habiéndose tomado en su lugar respecto a dicha venta anotación preventiva por término de 120 días en la misma inscripción 13a. Caguas, septiembre 5 de 1916. Emigdio S. Ginorio, Registrador. ” .

Esa nota está sometida a nuestra consideración a .virtud de recurso gubernativo contra ella interpuesto por Sergio Li-zardi Argüeso en la parte relativa a la denegatoria de ins-cripción.

Las secciones 1 y 2 de la Ley No. 47'de-13 de abril de 1916 que invoca el registrador para sostener la nota recurrida, dicen así:

“Sección 1. — Toda venta de propiedad inmueble con pacto de re-troventa se presumirá que constituye un contrato de préstamo por el montante del precio, con garantía hipotecaria de la finca vendida, en cualquiera de los casos siguientes:
“Primero. Cuando el comprador no hubiere entrado en posesión material de la cosa vendida.
“Segundo. Cuando el vendedor pague interés al comprador por el precio de la venta, aunque se denomine canon de arrendamiento o se le dé otro nombre cualquiera.
“Tercero. Cuando se hiciere figurar en el contrato como precio de enajenación una cantidad enteramente inadecuada.
“Sección 2. — Se declara nulo el pacto autorizando al hipoteca-rio para adjudicarse la finca del hipotecante por virtud de incumpli-miento del contrato garantizado con la hipoteca.”

Esa ley fija en su sección 1.a tres casos en los cuales debe presumirse que toda venta de propiedad inmueble con pacto de retroventa constituye un contrato de préstamo con garan-tía hipotecaria sobre la finca vendida y en su sección 2.a declara nulo el pacto autorizando al acreedor hipotecario para adju-dicarse la finca del hipotecante por virtud del incumplimiento del contrato garantizado con la hipoteca. Dicha nulidad indudablemente tiene lugar cuando la venta con pacto de retro constituya un contrato de préstamo hipotecario.

Las presunciones a que hemos hecho referencia, como es-tablecidas por la ley, dispensan de toda prueba a los favore-recidos por ellas según el precepto del artículo 1218 del Códi-go Civil, y los favorecidos son indudablemente los vendedores; pero como las presunciones establecidas por la ley, según el artículo 1219' del mismo código, pueden destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquélla expre-samente lo prohiba, prohibición que no establece la ley de 13 de abril de 1916, es claro que los compradores pueden acogerse a ese beneficio.

Conforme con les anteriores preceptos, establece el ar-tículo 100 de la Ley de Evidencia de 9 de marzo de 1905, que una presunción, a menos que la ley no la liubiere declarado concluyente, puede controvertirse mediante otra evidencia directa o indirecta y de no serlo así, será obligación del juez o jurado pronunciar su veredicto o fallo de acuerdo con la presunción.

La presunción, juris tanhim, de que toda venta de pro-piedad inmueble con pacto de retro constituye un contrato de préstamo con garantía bipotecaria en los casos especificados por la Ley de 13 de abril de 1916,-no crea real y positiva-mente el derecho hipotecario a favor del comprador, pues ese derecho sin que sea declarado tal por tribunal competente no puede ser inscrito en el registro aunque lo solicite el pre-sunto acreedor, ni éste puede iniciar el procedimiento suma-rio establecido por la Ley Hipotecaria y su Reglamento para perseguir el cobro del préstamo garantido con hipoteca. La ley ha establecido dicha presunción para que, cuando se im-pugne en juicio la validez de la venta con pacto de retro, cons-tituya, si no se destruye, prueba de la simulación alegada.

El contrato de compraventa con pacto de retro, cuya ins-cripción ha sido denegada, contiene todos los requisitos esenciales del artículo 1228 del Código Civil, o sea, consen-timiento de los contratantes, objeto cierto materia del contrato y causa de la obligación. La nulidad del mismo no aparece evidente en su faz, pues la presunción que pudiera viciarlo de nulidad y que el registrador invoca, no es concluyente y puede ser discutida por las partes. El- registrador no está obligado a negar la inscripción de una escritura a menos que sea nula por su propia faz. Julio Godreau Co. v. El Registrador de Guayama, 23 D. P. R. 65. La denegatoria del re-gistrador envuelve una cuestión de fraude que debe ser resuelta por tribunal competente y en el correspondiente juicio, con audiencia de las partes. El registro no es el sitio para juzgar asuntos que entrañan hechos a discutir. Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador, 19 D. P. R. 152.

No definimos si concurren o no en el presente caso las presunciones primera y segunda a que se refiere la sección Ia ele la Ley de 13 de abril de 1916, pues esas cuestiones y otras que puedan surgir no deben discutirse y resolverse en un re-curso gubernativo. Véanse los casos ya citados, de Compañía Azucarera de la Carolina v. El Registrador, 19 D. P. R. 152, y de Julio Godreau Co. v. El Registrador de Guayama, 23 D. P. R. 65.

Por las razones expuestas es de revocarse la nota recu-rrida y ordenarse la inscripción denegada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción que se solicita.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Aldrey.

Los Jueces Asociados Sres. del Toro y Hutchison disin-tieron.


text:
    Pizá & González, Demandante y Apelada, v. Ramis, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en juicio sobre extinción y cancelación de hipoteca.
    No. 1544.
    Resuelto en febrero 24, 1917.
    Ejecución de Hipoteca — Cancelación de Hipoteca — Disolución de Embargo — • Apelación. — -Una orden por la que se deniega el alzamiento de la reteneión de una suma de dinero en procedimiento ejecutivo sumario sujeta a las re-sultas de un juieio ordinario seguido sobre extinción y cancelación de la hipo-teca, es una providencia por la que se deniega la disolución de un embargo, y por tanto es apelable por estar comprendida en el No. 3 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que otorga el recurso de apelación contra una providencia de la corte de distrito “anulando o negándose a anular un embargo,’r según el texto español, o “disolviendo o negándose a disolver un embargo,” según el texto inglés.
    Id. — Ib.-—Consignación del Importe del Crédito — Entrega sin Fianza ai, Eje-cutante, Pendiente Juicio Ordinario de Cancelación. — Se ajusta a derecho, o sea al No, 3 del artículo 175 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, una orden por la que se deniega al ejecutante de una hipoteca la entrega sin fianza de una suma de dinero retenida en el procedimiento eje-cutivo sumario para responder a las resultas de un juieio ordinario seguido por el ejecutado contra el ejecutante para la extinción y cancelación del cré-dito hipotecario, pues con tal entrega vendría a percibir el ejecutante el importe de la hipoteca cuya extinción se solicita y carecería de finalidad

      práctica la sentencia que el ejecutado pudiera obtener a su favor. No hay .términos hábiles para que se aplique al presente caso el artículo 1148 del Código Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Fernando Vázquez.

    Abogado de la apelada: Sr. Francisco González.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con motivo de procedimiento ejecutivo sumario seguido por Francisco Eamis contra Pizá y G-onzález ante la Corte de Distrito de Humacao en cobro de un crédito hipotecario de que aquél era cesionario, la referida sociedad presentó demanda ante la misma corte contra Francisco Eamis en 4 de marzo de 1916, con súplica de que se declarara extinguida la hipoteca cedida a Eamis y se le condenara a otorgar escritura de cance-lación de la misma.

En la propia fecha, 4 de marzo, la mercantil Pizá y Gonzá-lez, invocando el artículo 175 del Eeglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, solicitó de la corte dictara una orden reteniendo toda la cantidad que en virtud del procedimiento sobre ejecución y subasta de la finca hipotecada deba entre-garse a Eamis, cuya cantidad quedaría sujeta a las resultas del pleito. La corte accedió a tal pretensión por orden del 6. de marzo, sin exigir fianza a Pizá y González por estimarlos con bastante solvencia, y entonces solicitó Eamis que de acuer-do con lo que preceptúa el párrafo 7o. del número 3o. del artí-culo 175 del Eeglamento para la ejecución de la Ley Hipote-caria, se le fijara una fianza para obtener el alzamiento de la retención acordada, y la corte accedió a ello señalando al efec-to una fianza de $700.

Posteriormente, en 10 de marzo, sin que prestara Eamis la fianza exigida pidió que se le entregara la suma de $700 rete-nida en virtud de la orden de la corte, y discutida dicha moción fué declarada sin lugar por orden de 23 de junio de 1916, noti-ficada a la contraparte en 6 de julio siguiente.

Esa orden ha sido apelada por Eamis.

Se lia levantado por la parte apelada la cuestión legal de si la orden de 23 de junio de 1916 es apelable o no. Entende-mos que lo es por estar comprendida en el número 3o. del artí-culo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que otorga re-curso de apelación contra una providencia de la corte, de dis-trito “anulando o negándose a anular un embargo,” según el texto español, “disolviendo o negándose a disolver un embargo,” según el texto inglés.

La orden de que se trata deniega el alzamiento de la re-tención de una suma de dinero sujeta a las resultas de un. juicio seguido por Pizá y González contra Francisco Ramis so-bre extinción y cancelación de hipoteca, y tal denegatoria es una orden por la que se deniega la disolución de un embargo.

Entrando a considerar dicha orden en virtud del recurso de apelación contra ella interpuesto, la encontramos ajustada a derecho, o sea, al artículo 175 del Reglamento para la ejecu-ción de la Ley Hipotecaria.

Ese artículo en su número 3°., después de ordenar que en el procedimiento sumario hipotecario todas las reclamaciones que versaren sobre la nulidad del título o de las actuaciones o sobre cumplimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda deben ventilarse en el juicio ordinario correspondiente, esta-blece los siguientes preceptos:

“Al tiempo de interponer la demanda * * *, o durante el curso del pleito podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia, con retención del todo o una parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba entregarse al ejecutante * * * Si el ejecutante afianza a satisfacción del juez, la cantidad que estu-viese mandada retener a las resultas del juicio declarativo, se alzará la retención. Si el que solicitare esta medida no tuviere solvencia notoria y suficiente, el juez deberá exigirle previa-y bastante garan-tía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cualesquiera otros daños y perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor.”

El juicio ordinario promovido por Pizá y González contra Francisco Ramis, tiene por objeto la extinción y cancelación, del crédito hipotecario, cuyo cobro se persigue en el procedi-miento ejecutivo sumario seguido por Eamis contra Pizá y González. La entrega a Ramis del dinero que consignó Pizá y González para evitar el remate de la finca hipotecada sería una burla de los derechos de Pizá y González, pues así vendría a percibir Ramis el importe de una hipoteca cuya extinción se solicita, y aunque Pizá y González obtuvieran una senten-cia favorable carecería ésta de finalidad práctica. El mismo Ramis debió entenderlo así al solicitar que se le señalara fianza' para obtener la entrega del dinero que consignó Pizá y González para evitar el remate de la finca, cuya fianza no llegó a prestar.

No cabe discutir en el presente recurso si el marshal debió proceder al remate de la finca sin admitir la consignación he-cha por Pizá y González, del montante del crédito que Ramis cobraba. Es un hecho que la consignación se hizo por Pizá y González, y la cantidad consignada quedó sujeta'por orden de la corte a las resultas del juicio sobre extinción y cance-lación del crédito hipotecario. Esa cantidad recibirá el des-tino final correspondiente cuando se dicte sentencia en dicho juicio; actualmente no puede ser entregada a Ramis.

No hay términos hábiles para que se aplique al presente caso el artículo 1148 del Código Civil.

Por las razones expuestas es de confirmarse la orden ape-lada.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


text:
    Shaw, Demandante y Apelado, v. Rodríguez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1536.
    Resuelto en febrero 24, 1917.
    Apreciación .de las Pruebas — Alegato del Apelante — Examen de los He-chos. — Cuando se alega que la corte inferior cometió error en la apreciación de las pruebas, debe hacerse en el alegato escrito un examen detenido de los elementos probatorios aportados al juició que convenza al Tribunal Supremo de tal afirmación.
    Obligaciones — Pruebas de su Cumplimiento y Extinción — Presunción Juris-Tantüm. — De acuerdo con el artículo 1182 del Código Civil, concordante eon el 108 de la Ley de Evidencia en jirocedimientos civiles, la prueba de una obligación corresponde a la parte que reclama o exige su cumplimiento, y lá de su extinción a la que la opone o niega;' siendo presunción contra la extin-ción de la obligación, mientras no se destruya por prueba en contrario, el hecho de encontrarse en poder del acreedor el documento o pagaré que la demuestra.
    Alegato del Apelante — Errores no Alegados en el Mismo. — Señalado como error en el acto de la vista del recurso que la demanda no determina una causa de acción, por no contener alegación alguna de que además de haber sido suscrito el pagaré por el deudor había sido entregado al acreedor, sin que, de acuerdo con el artículo 42 del reglamento, se hubiera determinado en el alegato escrito, no siendo éste error fundamental, ni perjudicando la omi-sión los derechos del apelante, procede, conforme el artículo 43, al resolver el caso, dejar de tomarlo en consideración.
    Sentencia — Apelación—Enmienda de Sentencia Apelada — Ordenes Nunc pro Tunc. — Apelada una sentencia por la cual se condena al demandado a satis-facer al demandante el importe del pagaré que dió origen a la acción, y enmendada después por la corte sentenciadora adicionándole el pago de los intereses reclamados en la demanda, sin que a ello se hubiera opuesto el demandado,- la Corte Suprema, por la enmienda ordenada, no pierde su juris-dicción sobre la sentencia contra la cual se interpuso el recurso, y la tiene para considerar dicha sentencia y su enmienda, pues la sentencia original no queda sustituida ni anulada por la- sentencia enmendada, y la fecha de la sentencia primitiva es la que rige, debiendo considerarse la enmienda subsi-guiente como una orden nurto pro tune.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Juan B. Huylce y Francisco Gomóles.

    Abogados, del apelado: Sres José y Manuel Tous Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 26 de julio de 1913 Oliver Shaw presentó deman-da ante la Corte de Distrito de Humacao en cobro de dinero contra la Sucesión de A. Rodríguez Cruz constituida por su viuda y diez hijos legítimos que se nombran en dicha demanda, alegando como hechos determinantes de su acción los siguien-tes :

Io. Que Antonio Rodríguez Cruz tomó en préstamo al de-mandante varias partidas de dinero que en l.° de julio de 1912 sumaban la cantidad de $651.53, los que se obligó Rodríguez Cruz a pagar en la forma, día y condiciones consignadas en un documento privado, inserto literalmente en la demanda.

En ese documento, que aparece suscrito por el deudor A. Rodríguez y por los testigos Marcelo Centeno y Gregorio Ro-dríguez en l.° de julio de 1912, se obligó Rodríguez a pagar en Io. de julio de 1913 a Oliver Shaw o a su orden, la cantidad de $651.53, valor recibido de dicho señor con costas y demás perjuicios que se originaran para su cobro en caso de no ve7 niñearse el pago en la fecha indicada, y el interés del 1% men-sual correspondiente a la demora.

2o. Que Antonio Rodríguez Cruz falleció el día 9 de diciem-bre de 1912 dejando como únicas personas con derecho a su-cederle a sus diez hijos legítimos relacionados en la demanda, seis de ellos menores de edad, y a su viuda Leocadia Rodrí-guez en cuanto a la cuota usufructuaria correspondiente, cu-yas personas han estado en posesión y disfrutan de los bienes ■del finado.

3o. Que ni Antonio Rodríguez Cruz ni sus’ herederos, ni otra persona, han pagado al demandante la expresada canti-dad de $651.53, ni parte de ella, ni los intereses devengados desde el día Io. de julio de 1913, cuyo pago ha reclamado el demandante a la viuda e hijos mayores del finado.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia condenando a los demandados al pago de la suma adeu-dada de $651.53 con sus intereses al tipo del 1% mensual des-de el Io. de julio de 1913 hasta su completo pago, y las costas y honorarios que se originen con el pleito al demandante.

A la anterior demanda opusieron los demandados la ex-cepción previa de que los hechos en ella alegados no determi-nan una causa de acción, cuya excepción fué declarada sin lugar por orden de 7 de diciembre de 1913, y habiendo formula-do contestación aceptaron los hechos Io. y 2o. de la demanda, pero no el tercero, alegando que la cantidad objeto del pagaré había sido pagada por Rodríguez.

^Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 5 de noviera-bre cle 1915 por la que “declara con lugar la demanda y con-dena a los demandados a satisfacer al demandante la suma de $651.53, importe del pagaré que dió origen a la acción-ejer-citada por Oliver Sliaw sobre cobro de dinero, debiendo los-demandados pagar las costas.”

Contra esa sentencia interpuso la representación de los demandados recurso de apelación para ante esta Corte Su-prema, y ya interpuesto el recurso, la corte, por orden de 10 de abril de 1916, a solicitud del demandante, dispuso se regis-trara una nueva sentencia adicionando a la anterior en su: parte dispositiva el pago de los intereses reclamados en la demanda.

Funda la parte apelante su recurso en que la corte cometió-error en la apreciación de las pruebas, pero se limita a afirmar la existencia de dicho error sin que baga un examen detenido-de los elementos probatorios aportados al juicio para conven-cernos de tal afirmación.

Hemos examinado la evidencia propuesta por ambas par-tes y atendiendo al resultado de ella y a las admisiones de la parte demandada en su contestación a la demanda, no encon-tramos que la corte de Humacao cometiera el error que se le imputa. La parte demandada admitió la existencia de la obligación cuyo cumplimiento se le reclama y la única cuestión en issue es la de si esa obligación ha sido extinguida mediante pago.

El artículo 1182 del Código Civ-il establece que la prueba de las obligaciones incumbe al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone, y concordante con ese artículo, preceptúa el 108 de la Ley de Evidencia en procedi-mientos civiles, que la prueba de la obligación corresponde a la parte que exige su cumplimiento, y la prueba de su extinción corresponde a la parte que la niega.

La existencia de la obligación, además de haber sido ad-mitida en su contestación por la parte demandada, ha sido probada en el juicio testifical y documentalmente, pero no así la extinción de la obligación mediante pago.

Contra la extinción ele la obligación existe además la pre-sunción de encontrarse en poder del acreedor el documento o, pagaré que la demuestra, cuya autenticidad no lia sido negada por el demandado, y dicha presunción no ha sido destruida por prueba en contrario.

No sostuvo la apelante en su alegato escrito la excepción de que los hechos expuestos en la demanda no determinan una causa de acción, pero en el acto de la vista la sostuvo oral-mente fundándola en que dicha demanda no contenía la ale-gación de que además de haber sido suscrito el pagaré por el deudor había sido entregado al acreedor. El artículo 42 del Reglamento de esta corte ordena que el apelante en su alegato escrito exponga los errores en que funda su recurso, orde-nando el artículo 43 que la corte, al resolver el caso, podrá dejar de tomar en consideración aquellos errores que no se hayan señalado, a no ser que sean fundamentales. La omi-sión que alega el apelante para que se califique de defectuosa la demanda, atendidas las circunstancias del caso, no puede calificarse de error fundamental, y tampoco aparece que por esa omisión haya sido perjudicado en sus derechos, por lo que nos abstenemos de tomarla en consideración.

Ni queremos hacer caso omiso de la cuestión levantada en el acto de la vista por el abogado de la demandada, consis-tente en que la corte carecía de jurisdicción para conocer del recurso por no existir en el récord la nueva sentencia que debió haberse registrado enmendando la primitiva, habiendo sido ésta la apelada, y no la segunda que vino a sustituirla. La sentencia con su enmienda ha sido traída a esta corte por haberse concedido permiso para ello a la parte apelante.

Entendemos que esta corte, por la enmienda ordenada, no perdió su jurisdicción sobre la sentencia contra la cual se in-terpuso el recurso, y que la tiene para considerar dicha senten-cia y su enmienda, pues ésta fué accidental, conforme con el pedimento de la demanda, y no se hizo oposición a ella por la parte demandada.

En el caso de Martínez v. Delgado et al. 18 D. P. R. 382, dejamos establecido que apelada una sentencia y modificada en ciertos extremos sin importancia, previa notificación y con-sentimiento de la parte apelada, por la corte sentenciadora, después de interpuesto el recurso, la sentencia original no queda sustituida ni anulada por la sentencia enmendada y la fecha de la sentencia primitiva es la que rige, debiendo con-siderarse la enmienda subsiguiente como una orden nunc pro-tune o relativa a la sentencia original, y el recurso interpuesto y pendiente no queda perjudicado por dicha modificación.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Humacao en 5 de noviembre de 1915, con la adición posterior hecha a la misma ordenando el pago de los intereses reclamados en la demanda.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El. Juez Asociado Se.. Wole,

text:
    Torres, Demandante y Apelante, v. Ramírez, Demandado y Apelado.
    ápelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre persecución maliciosa.
    No. 1515.
    Resuelto en marzo 5, 1917.
    Persecución Maliciosa — Palta de Causa Probable — Consejo de Abobado.— En acciones por persecución maliciosa uno de los requisitos esenciales es la falta de causa probable, y es porque la ley proteje a un hombre contra una acción por persecución maliciosa si antes de denunciar a otro hace una rela-ción completa y razonable de todos los hechos a un abogado que está en el ejercicio activo de su profesión y es de buena reputación y dicho abogado de buena fe informa- al cliente que tiene motivos para arrestar a la persona que le ofende.
    Id. — Mal Consejo de Abogado — Palta de Intención Criminal — Demandado Pro-tegido por Mal Consejo. — Sostenida disputa por las partes respecto a la propiedad de cierto terreno y alegando el demandante que era suyo tumbó cocos de las palmas que se encontraban en él, dedicándolos a su propio uso. • El demandado, creyendo de buena fe que el demandante había cogido los cocos en desatención de sus derechos de propiedad y del aviso que aquél tenía, consultó el caso con su abogado y tomando la consulta como base denunció por hurto al demandante obteniendo su arresto. Se resolvió: que aun cuando el arresto fué inusitado y extraordinario, por cuanto existía disputa respeeto a la propiedad del terreno y el abogado debía saber la falta de intención criminal que había en el caso y la imposibilidad de poder obtenerse una con-dena, el demandado estuvo protegido por el mal consejo de su abogado,' sin que pueda beneficiar al demandante el hecho de que el demandado, declarando como testigo del demandante, admitiera que tenía formada buena opinión de él y que aún antes del arresto no lo había considerado como ladrón sino como un temerario, pues el demandado no estaba obligado a comunicar a su abogado esa impresión, sino solamente todos los hechos esenciales que le eran conocidos.
    Los hechos están expresados en .la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José Martínez Dávila y .Pedro Gómez Lasserre.

    Abogados del apelado: Sres. Francis & Soto.

   El. Juez Asociado Se.. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso la corte inferior declaró probado que el ape-lante como demandante en una acción por persecución mali-ciosa no probó sino uno solo de los requisitos esenciales de su acción. Creemos que dejó de probar principalmente uno de dichos requisitos, a saber, la falta de causa probable y es porque la ley protege a un hombre contra una acción por persecución maliciosa si antes de denunciar a otro hace una relación completa y razonable de todos los hechos a un abo-gado que está en el ejercicio activo de su profesión y es de buena reputación y dicho abogado de buena fe informa al cliente que tiene motivos para arrestar a la persona que le ofende. Creemos que en este caso el abogado estuvo muy poco justificado en aconsejar a su cliente que procediera en el asunto, pero no podemos decir después de la decisión de la corte inferior, que el demandado no ha refutado y destruido la prueba del demandante y apelante tendente a demostrar la falta de causa probable.

Las partes sostenían una disputa respecto a la propie-dad de una finca y alegando el demandante que era suya tumbó cocos de las palmas que se encontraban en el terreno disputado dedic ándolos a su propio uso. El demandado consultó con su abogado y hubo prueba tendente a mostrar que tomándose esta consulta como base fué arrestado el demandante a instancias del demandado y acusado de un delito de liurto. No puede liaber duda de que él hizo un relato completo de los hechos a su abogado, pues además de la comunicación que hizo' el clien-te, la prueba demostró que el mismo abogado intervino en algunas de las diligencias necesarias en la controversia, espe-cialmente en la relativa de las colindancias de las fincas. El abogado declaró además en la silla testifical, que como dijo su cliente primeramente el demandante había reclamado la propiedad pero en fecha posterior había admitido que exis-tía cierta línea a la que se extendía su terreno. Resulta claro de la prueba que las palmas de cocos se encontraban al otro lado de la línea, separadas de la propiedad del demandante acerca do la cual no había controversia, aunque desde luego no expresamos opinión respecto a quién pertenecía la propie-dad en cuestión. No importa, en realidad de verdad, si dicha propiedad pertenecía al demandante o al demandado. El de-mandado creyó de buena fe y alegó qu.e la finca disputada le pertenecía y el demandante confió en él haciéndolo testigo suyo. Bajo estas circunstancias el hecho de que el deman-dado admitiera en la silla de testigo que tenía formada buena opinión del demandante y que aun antes del arresto no lo había considerado como ladrón sino un temerario, no puede beneficiar al apelante. No podemos llegar hasta sostener que el cliente estaba obligado a comunicar la impresión que tenía de que no consideraba a Torres como ladrón, sino sola-mente todos los hechos esenciales que le eran conocidos. Debe presumirse que el abogado sabía que Ramírez no consideraba a Torres como ladrón según la significación corriente de esa palabra. Ramírez creyó que Torres cogía los cocos en desa-tención de los derechos y del aviso de Ramírez, en cuya creen-cia estuvo sostenido por su abogado. Es la cosa más inusi-tada y extraordinaria el arrestar a un hombre por hurto cuan-do existe una disputa sobre colindancias y todo abogado debe saber la falta de intención criminal que hay en semejante caso y la imposibilidad de poder obtenerse una condena, pero el ■cliente está protegido por el mal consejo de sn abogado y •debe ser confirmada la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Gutiérrez del Arroyo, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, Recurrido.
    ’Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Primera, denegando la ins-cripción de una escritura de cancelación de hipoteca.

      No. 308.
    Resuelto en marzo 7, 1917.
    Poderes — Mandatos—Facultades para Cancelar Hipotecas — Cancelación de Hipotecas — Cobro de Créditos Hipotecarios. — Facultado un apoderado para celebrar contratos de cancelación de créditos hipotecarios y suscribir cartas de pago, implícitamente se le autoriza para cobrarlos, pues no se concibe que se faculte para cancelar una hipoteca sin que al mismo tiempo se autorice para cobrarla, ya porque el deudor pague voluntariamente o porque sea obli-gado a ello, sin que exista diferencia alguna entre un caso en que se concede al apoderado poder para ejecutar y cancelar "hipotecas y otro en que sólo se le faculta para cancelar hipotecas.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la peticionaria: Sres. Martínez & Triarte.

    El registrador recurrido, Sr. José S. Belaval, compareció por su sustituto Sr. Manuel Paz Urdaz.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada en el registro una escritura por la cual los se-ñores Paul Barby y Rafael Schulze, como apoderados de don Hubert Koberg Sehatz, cancelaron cierta hipoteca debida a su mandante por la recurrente Olimpia Gutiérrez del Arroyo, el registrador se negó a inscribirla fundándose en que en las -escrituras de poder no se confieren a los apoderados facultades piara cobrar créditos hipotecarios de los mandantes, citando <en su apoyo la sentencia de este Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1913, que es la de Andino v. el Registrador de la Propiedad, 19 D. P. R. 1022.

Entre las facultades conferidas a los apoderados que otor-garon la escritura de carta de pago y de cancelación total de la hipoteca se hallan las de celebrar contratos de cancelación de créditos hipotecarios y suscribir cartas de pago.

Entendemos que este caso es exactamente igual al de An-dino que se cita por el registrador y también por la parte re-currente como fundamento para que revoquemos la resolu-ción recurrida. En el caso de Andino se había dado facultad al apoderado para ejecutar y cancelar las hipotecas constitui-das y vencidas y las sucesivas, sin que hubiera cláusula alguna para facultar al apoderado para el cobro de los créditos de sus mandantes, y entonces resolvimos que al revestirles los mandantes con la facultad de ejecutar y cancelar las hipo-tecas le dieron también implícitamente poder para cobrar las cantidades garantizadas por las hipotecas que podía ejecutar y cancelar, porque no se concebía que se autorizara al apodera-do para ejecutar la hipoteca sin que al mismo tiempo estuviera facultado para obtener los resultados de la ejecución, ya por-que el deudor pagase al ser requeiido para ello o ya para re-cibir la cantidad que se obtuviera en la subasta con que ter-minase la ejecución. Y entonces añadimos que este razona-miento era aplicable igualmente para el caso de cancelación por el pago voluntario del deudor hipotecario, toda vez que la facultad de ejecutar y de cancelar hipotecas lleva en sí el poder de gestionar el cobro de las cantidades garantizadas por las hipotecas y de cobrar el importe de ellas. En el .caso de Andino, como en éste que resolvemos no se trataba de can-celación por ejecución de hipoteca, sino de pago voluntario., Los casos son idénticos y ahora debemos resolver lo mismo que entonces, que la escritura es inscribible.

El único fundamento que alega el registrador es que en-tiende que la sentencia de Andino se refiere al caso de que se haya concedido al apoderado facultad para ejecutar hipotecas y no al presente en que la facultad es para cancelar hipotecas. No existe distinción entre uno y otro caso según entonces resolvimos y, por tanto, la nota recurrida debe ser revocada y ordenarse la inscripción del documento.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción del documento presentado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toeo,

text:
    García, Peticionario, v. Córdova, Juez de Distrito, Demandado, y Méndez, Interventor.
    Solicitud para que se expida mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia. en pleito en cobro de pesos.
    No. 170.
    Resuelto en marzo 7, 1917.
    Apelaciones de las Cortes Municipales — Costas en Causas Civiles — Dere-chos de Radicación de los Autos. — El arancel que se fija en la sección 2“. de la Ley No. 17 de 1915 regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles en las cortes de distrito y municipales de la isla, no exige que se satis- ■ faga derecho alguno para la radicación de los autos elevados de una corte municipal a la de distrito, a los efectos de apelación interpuesta para ante la segunda contra sentencia dictada por la primera.
    Id. — Anotación en el Calendario — Señalamiento para Juicio — Derechos de Calendario. — Para que pueda anotarse en el calendario de una corte de distrito y señalarse para juicio un pleito civil procedente de una corte municipal, es necesario, que se pague el derecho de $5 a que se refiere el aran-cel contenido en la sección 2". de la Ley No. 17 de 1915; siendo la prác-tica seguida que satisfaga dicho derecho la parte que solicita la inclusión en el calendario y el señalamiento para juicio.
    Id. — Palta de Gestión en el Recurso por la Parte Apelante — Inclusión del Pleito en el Calendario Previo Pago de los Derechos por la Parte Apelada. — El medio que tiene un demandante-apelado para terminar su pleito en la corte de distrito cuando el demandado-apelante, una vez radicados los autos, no practica gestión alguna, es obtener, pagando los derechos corres-qiondientes, que se incluya en el calendario y se señale para vista y en ella probar de nuevo sus alegaciones, comparezca o no el demandado-apelante. Si las prueba y se le conceden las costas, entonces podrá recobrar éstas de la parte vencida o sea dél demandado-apelante. Véase el. caso de Qéla-bert Mérmanos v. Górdova, 17 D. P. R. 1200.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: ,Sr. E. H. F. Dottin.

      El juez demandado no compareció.
    Abogado del interventor: Sr. A. Marín Marién.

   El Juez Asociado Sr. del Toeo,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro García, por medio de su abogado, solicitó de esta Corte Suprema la expedición de un auto, de certiorari contra el juez de la Corte de Distrito de San Juan, sección primera, por haberse éste negado a desestimar la apelación interpuesta por el demandado en el pleito seguido por el dicho peticiona-rio contra Alejandro Méndez, en cobro de dinero, en la Corte Municipal de San Juan. El auto se expidió y tenemos a la vista el pleito original indicado.

La apelación se interpuso el 21 de agosto de 1916 y los autos se remitieron por el secretario de la corte municipal al de la de distrito el 11 de septiembre del mismo año. El secre-tario de la de distrito lo radicó bajo el número 9074. El ape-lante no hizo luego gestión alguna en el recurso y el apelado, o sea el peticionario Car cía, sostiene que no habiendo satis-fecho el apelante los cinco pesos que la ley requiere para que el pleito se incluya en el calendario, la apelación debió haber sido desestimada por la corte de distrito de acuerdo con la jurisprudencia establecida por esta Corte Suprema en los ca-sos de Cividanes v. López Acosta, 22 D. P. R. 79, y Lorenzo Isern y Cía. v. Cuevas Zequeira, 24 D. P. R. 275. Y el peticionario alega que así lo solicitó de la corte de distrito y ésta se negó a desestimar el recurso, por cuyo motivo, no pudiendo apelar contra la resolución de la corte, estableció la solicitud de certiorari de que se deja hecho mérito.

Los casos invocados por el peticionario no son pertinentes porque ellos se resolvieron aplicando un arancel que exigía el pago de ciertos derechos para la radicación de los autos ele-vados de una corte municipal a otra de distrito, a los efectos de la apelación interpuesta para ante la segunda contra la sentencia dictada por la primera. Dichos derechos no fueron pagados y las apelaciones no llegaron a radicarse en la corte de distrito.

Posteriormente la Asamblea Legislativa ele Puerto Eieo pasó la Ley No. 17 de 1915, regulando el cobro de derechos y costas en causas civiles en las cortes de distrito y municipales de la isla. Pin su sección segunda se fija el arancel de los de-rechos que deberán pagarse a los secretarios. En ese arancel hay una partida que dice: “H. Por cada escrito de apela-ción de una corte municipal a la dé distrito, $2.00.” Los dos pesos exigidos fueron pagados por el apelante en este caso y los autos, como dejamos dicho, fueron remitidos a la corte de distrito y radicados debidamente en ella. El arancel no exige que se satisfaga derecho alguno por la radicación y se ha in-terpretado la nueva ley, correctamente a nuestro juicio, en el sentido de que deben radicarse los autos en los libros de la corte de distrito, desde el momento en que sean recibidos en ella.

Nada dispone el arancel expresamente con respecto a los derechos que deban pagarse con motivo de la tramitación de las apelaciones en las cortes de distrito. Como se trata de juicios de novo, se ha seguido la práctica de aplicar a los pleitos apelados de las cortes municipales, las mismas partidas fijadas por el arancel para los pleitos originales que en ellas se tramitan, de suerte que se exigen cinco pesos al demandante, cinco al demandado y cinco por entrar el pleito en el calendario y señalarlo para juicio. Esos derechos se satisfacen por me-dio de sellos que se adhieren a la primera petición que se formula. En este caso ya el peticionario en este recurso de cer-tiorari■, apelado en la corte de distrito y demandante en la corte municipal y en la de distrito, se vió obligado a satisfacer sus cinco pesos al presentar su solicitud de desestimación del recurso. ¿ Tendrá, para lograr sus propósitos, que verse obli-gado a satisfacer además, los cinco pesos que se exigen por la inclusión en el calendario y el señalamiento del juicio? Aunque en verdad es duro, nos parece que no puede llegarse a otra conclusión.

La ley para reglamentar las apelaciones contra sentencias de las cortes municipales en pleitos civiles, de 1908, dispone en su sección 3, que “la corte de distrito anotará la causa en el calendario o lista de señalamientos de pleitos civiles que hayan de verse oportunamente, conforme a las disposiciones de la ley y al reglamento judicial para el régimen del calenda-rio.” Ya hemos visto que una ley posterior, la 17, de 1915, dispuso que para que un pleito civil pudiera incluirse en el calendario y señalarse para juicio en una corte de distrito, era necesario satisfacer el derecho de cinco pesos; de suerte que para que pueda llevarse a efecto lo dispuesto en la sec-ción 3 de la Ley de 1908, es necesario que se cumpla antes con la disposición pertinente del arancel contenido en la de 1915.

¿Quién debe satisfacer los derechos exigidos para la in-clusión en el calendario y el señalamiento de la vista? La ley no lo dice y la práctica ha sido que los satisfaga la parte que solicite la inclusión y el señalamiento.

Ahora bien, ¿cómo puede resolverse un pleito civil proce-dente de una corte municipal, una vez que ha sido radicado en la de distrito y ésta ha adquirido jurisdicción sobre las partes? A este respecto ilustra mucho lo resuelto por esta Corte Suprema en el caso de Gelabert Hermanos v. Córdova. 17 D. P. R. 1200.

Después de transcribir íntegra la sección 3 de la Ley de 1908, esta Corte Suprema, por medio de su Presidente Sr. Hernández, se expresó así:

“Como se ve, la ley exige la comparecencia del apelante, sea éste demandante o demandado, para revisar y tomar en consideración a su instancia cualesquiera providencias, resoluciones o autos por los cuales se creyere aquél perjudicado, y una vez resueltas tales cuestiones o después de enmendada la demanda o la contestación, cuando así se permitiere, debe tramitarse el pleito apelado como nuevo juicio.
.‘‘Por modo expreso ordena la misma ley que, si el demandante dejare de comparecer ante la corte de distrito, se desestime la de-manda y se dicte sentencia a favor del demandado, y tal precepto, atendidos los términos generales eñ que está redactado; comprende al demandante, sea éste apelante o apelado. -
“Nada ordena explícitamente la ley para un caso como el pre-sente en que la parte apelante es la demandada y ha dejado de com-parecer ante la Corte de Distrito de San Juan. Pero como esa misma ley dispone que para el nuevo juicio regirán todas las disposicio-nes y reglamentos judiciales que efecten a la vista de pleitos origi-nales entablados ante las cortes de distrito, es lógico concluir que lo que se haga en esos pleitos, cuando no comparéce el demandado al acto de la celebración del juicio, es lo que debe hacerse cuando no comparece el demandado, sea apelante o apelado, a la vista del juicio en los casos de apelación para ante una corte de distrito.
“En los pleitos de que originalmente conocen las cortes de dis-trito, contestada la demanda el juicio se celebra con la sola com-parecencia de la parte demandante, sin necesidad de que comparezca el demandado; al demandante incumbe el deber de probar los he-chos determinantes de su acción; el demandado puede abstenerse de proponer pruebas y aceptar las resultas de las del demandante. Siendo ello así, y haciendo aplicación de esos preceptos de procedi-miento al presente caso, la Corte de Distrito de San Juan, ante la que compareció la parte demandante y apelada debió celebrar el nuevo juicio sin que la incompareeeneia del apelante y demandado fuera motivo legal.para impedirlo y menos para declarar desierto el recurso de apelación.
“Apelada la- sentencia de la corte municipal para la de distrito, formalizado el recurso, y señalado día para la celebración del nuevo juicio ante la corte apelada, aquella sentencia dejó de tener por mi-nisterio de la ley valor y eficacia alguna. No cabía revocarla, modi-ficarla o confirmarla, sino que era necesario que el nuevo juicio ter-minara por nueva sentencia. La mera desestimación del recurso no podía dejar subsistente una sentencia qué ya no tenía vida legal.
“En los juicios que de novo se celebran ante las cortes de dis-trito a virtud de recurso de apelación interpuesto contra sentencias de las cortes municipales, no hay propiamente partes apelante y apelada, sino partes demandante y demandada, y por tanto no cabe invocar como aplicables aquellos preceptos que regulan las apela-ciones que han de resolverse sobre los mismos méritos que sirvieron de base a la sentencia apelada.” Gelabert Hermanos v. Córdova, 17 D. P. R. 1200, 1202.

Aplicada la anterior doctrina, es necesario concluir que el único medio que tiene el peticionario para terminar su pleito en la corte de distrito, es obtener, pagando los derechos co-rrespondientes, que se incluya en el calendario y se señale para la vista, y en ella probar de nuevo su derecho, comparezca o no el demandado-apelante. Si prueba su derecho y se le conceden las costas, entonces podrá recobrarlas de la parte vencida o sea del demandado-apelante.

Por virtud de todo lo expuesto, debemos resolver que no habiendo cometido error alguno la corte de distrito al negarse a desestimar la apelación, procede la anulación del auto de certiorari expedido y la devolución de los autos originales re-mitidos, para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Desestimada la solicitud y anulado el auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Trinidad, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por acometimiento con circuns-tancias agravantes.
    No. 1125.
    Resuelto en marzo 7, 1917.
    Sentencia Defectuosa — Modificación de la Misma en Apelación para Co-rregir los Defectos. — Cuando los autos contienen datos suficientes .por virtud de los cuales el Tribunal Supremo está en condiciones de hacer lo que pudo haber hecho la corte de distrito y que es de presumirse hubiera hecho de habérsele llamado la atención sobre el particular, o lo que dicha corte podría hacer e indiscutiblemente haría de ser devuelto el caso, la sentencia apelada no debe ser revocada sino modificada en tanto fuere necesario con el fin de que quede subsanado el defecto y confirmada entonces como ha sido modificada.
    Acometimiento con Circunstancias Agravantes — Acometimiento t Agresión • con Circunstancias Agravantes — Modificación de la Sentencia Elimi-nando de ella las Palabras “y Agresión.” — Aplicando la anterior doc-trina, cuando en una denuncia se imputa un delito de acometimiento con circunstancias agravantes y la sentencia de la corte de distrito deelara al acusado culpable de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, el Tribunal Supremo en apelación puede corregir el error modificándola en el sentido de eliminar, de ella las palabras “y agresión” .y así modificada confirmarla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: i Sr. Marcelino Romany.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Celebrado nn juicio de novo ante la corte de distrito, fué declarado culpable el apelante por un delito de acometimiento y agresión grave a virtud de una denuncia en que se imputaba un delito de acometimiento con circunstancias agravantes so-lamente.

Estamos enteramente de acuerdo con el apelante en lo que se refiere a la única cuestión que ha sido levantada en su alegato, o sea, que la corte de distrito cometió error al decla-rarlo culpable por un delito de acometimiento y agresión grave de conformidad con una denuncia en que no se alega agresión alguna y que la sentencia como fué dictada por la corte inferior no puede subsistir; pero ya hemos resuelto que cuando los autos contienen datos suficientes por virtud de los cuales este tribunal puede estar en condiciones de hacer lo que pudó haber hecho la corte de distrito y que es de presu-mirse hubiera hecho de habérsele llamado la atención sobre el particular, o lo que dicha corte podría hacer e indiscutible-mente haría de ser devuelto el caso, la sentencia apelada no debe ser revocada, sino modificada en tanto fuere necesario con el fin de que quede subsanado el defecto y confirmada entonces como ha sido modificada. El Pueblo v. Alvarez, 21 D. P. R. 86. Examinados detenidamente los autos de esta causa así como las autoridades en relación con la materia, no encontramos verdadero motivo por el cual no deba procederse en esta forma en el presente caso. Hernández v. State, 131 S. W. 1091; McCorquodale v. State, 98 S. W. 879; Burk v. State, 95 S. W. 1064; Turner v. State, 68 S. W. 511; Burks v. State, 55 S. W. 824; Thomas v. State, 19 S. W. 901.

La sentencia dictada por la corte de distrito debe ser modi-ficada de modo qne diga “acometimiento con circunstancias agravantes’’ donde habla de “acometimiento y agresión grave, ’ ’ y una vez que sea modificada en este sentido, deberá ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada,, pero modifi-cándola en el sentido de que donde dice “acometimiento y agresión con circunstan-cias agravantes” diga “acometimiento con circunstancias agravantes.”

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.