author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    The Bank of Nova Scotia, demandante y apelado, v. José J. Benítez, y Carlos Carle Dubois, y por éste, incapacitado, como sustituto, su tutor y representante legal Teodoro Carle Félix, demandados y apelante el último.
    Núm. 7337.

    Sometido: Noviembre 24, 1937.

      Resuelto: Febrero 18, 1938.

      Largó, Acevedo & Lecároz, abogados del apelante; Brown, González & Newsom, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Para fijar los hechos de este caso hemos tomado como base la estipulación de las partes de junio 15, 1935. Ha-biendo, pues, en consideración las alegaciones de la demanda admitidas y la documentación presentada y admitida en evidencia, aparece de los autos, en substancia, lo que sigue:

El 14 de enero de 1927 y en San Juan de Puerto Rico comparecieron ante el notario público Francisco González Fagundo, José J. Benitez, Miguel Ferrer en representación de su hermano Gabriel viudo de Teodosia Benitez Sampayo, las hermanas Josefa, Carlota y Arcadia Benitez Sampayo, y Augusto Ortiz, como defensor del menor José J. Benitez Sampayo, y otorgaron una escritura titulada de “prórroga de contrato de comunidad de bienes.”

Como antecedentes hicieron constar que a la muerte de doña Carlota Sampayo, esposa del primer compareciente y madre de Teodosia,-Josefa, Arcadia, Carlota y José J. Be-nitez Sampayo, por escritura pública de mayo 9, 1917, sus herederos inventariaron y liquidaron los bienes relictos y los dejaron en comunidad por término de diez años, y ha-biendo vencido dicho término y deseando permanecer de tal modo en cnanto a todos los dichos bienes y a los demás ad-quiridos con dinero de la comunidad, pactaron lo que sigue:

Conservar indivisos los bienes de la comunidad y deno-minar ésta “José J. Benitez e Hijos;”

Conferir su administración a José J. Benitez con pode-res entre otros para dirigir la explotación agrícola de los bienes de la comunidad y tomar para ello dinero a préstamo con garantías hipotecarias sobre los inmuebles, otorgando todos los documentos públicos y privados que fueren nece-sarios, autorizándolo expresamente “para firmar por la co-munidad solidaria y mancomunadamente con la' ‘Benitez Sugar Company’ todos los pagarés dados o que deban ser dados al Banco de Nova Scotia en conexión con todos los adelantos hechos o que deban ser hechos a dicha corpora-ción por dicho banco;”

Repartir las pérdidas o ganancias de la comunidad en proporción al interés de cada condueño, pudiendo disponer cada uno de los hijos de doscientos cincuenta dólares men-suales y el padre de dos mil; sumas que se considerarían anticipos de beneficios con cargo a sus cuentas particulares a liquidarse1 anualmente;

Practicar un balance general después de liquidada la zafra de cada año pudiendo cada condueño disponer de sus beneficios, pero dejando en el fondo común la cantidad que acordaren para gastos de cultivo y fomento de los bienes, debiendo considerarse como gastos generales de la comuni-dad los del cultivo, contribuciones, sueldos y cualesquiera otros necesarios para el mejor desarrollo del negocio;

Reconocer a cada comunero su derecho a vender su par-ticipación en la comunidad en la forma especificada y a José J. Benitez el derecho que había venido ejerciendo de ocupar las casas de la comunidad situadas en Santurce y Vieques sin pagar canon alguno.

Desde 1928, vigente esa comunidad, el Banco de Nova Scotia le fué haciendo anticipos refaccionarios que liquida-dos anualmente arrojaron siempre saldos a favor del banco que se fueron arrastrando basta llegar a $756,000, en julio 1, 1933, fecba en qne no habiéndose puesto de acuerdo los con-dueños para otorgar las prórrogas que habían venido otor-gando, el banco tomó posesión de todas sus propiedades para administrarlas de acuerdo con lo pactado.

Mientras esto sucedía, Carlos Carle Dubois demandó en la Corte de Distrito de San Juan a José J. Benitez en cobro de un pagaré por $6,684.84 y para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse obtuvo una anotación de embargo sobre una parcela de terreno situada en San-turce con casa que figuraba inscrita en el registro a favor de José J. Benitez, practicándose la anotación en agosto 11, 1930.

Dictada sentencia en el pleito a favor de Dubois, quedó firme y expedido mandamiento para su ejecución mediante venta de la finca embargada, la comunidad José J. Benitez e Hijos se opuso iniciando una tercería dentro de' la cual ob-tuvo la suspensión de la subasta. Expedida nueva orden de ejecución limitada al derecho, título e interés que el con-dueño José J. Benitez tuviera en la finca embargada, se anuló por la propia corte de distrito a gestión de la comu-nidad. No conforme con la anulación, apeló Dubois para ante este Tribunal Supremo que revocó la resolución ape-lada y devolvió el caso a la corte de su origen para ulterio-res procedimientos de acuerdo con los términos de la opi-nión. Carle Dubois v. Benítez, 46 D.P.R. 188, 199.

[Recibidos los autos en la corte de distrito se expidió nueva orden de ejecución y surgió entonces este otro pleito de tercería iniciado por The Bank of Nova Scotia en marzo ele 1934 en el que se dictó primero un injunction pendente lite y luego se pronunció sentencia en los siguientes tér-minos :

“Por los fundamentos de nuestra opinión que obra en autos y se hace formar parte de la presente, se declara y decreta que el cré-dito del demandante que se describe en la demanda de este pleito, por ser un crédito contra la comunidad de bienes denominada ‘José J. Benitez e Hijos’ es preferente y tiene prelaeión en cuanto se re-fiere a los bienes de dicba Comunidad, sobre el crédito del demandado-Carlos Carle Dubóis consignado en la sentencia recaída en el pleito-civil número 12,032 de osla corte, por haberse contraído este último por el-condomino José J. Benitez Díaz privativamente y para su ex-clusivo beneficio. Se decreta que el demandado Carlos Carle Dubois tiene derecho a solicitar y obtener orden de ejecución para satisfacer la sentencia firme dictada a su favor en el referido caso civil número 12,932 de esta corte, debiendo en los edictos que se publiquen anun-ciando la subasta, en caso de que la propiedad que vaya a ser eje-cutada sea el interés o participación que pueda tener el condomino José J. Benitez sobre la finca urbana embargada en dicho caso civil mím. 12,932, propiedad de la referida Comunidad, o sobre cuales-quiera otros de los pertenecientes a dicha Comunidad, expresarse que el interés o participación que se vende en ejecución es el que pueda adjudicarse a José J. Benitez Díaz en dicha propiedad, luego de ha-berse liquidado y pagado las deudas de la Comunidad de Bienes ‘José J. Benitez o Hijos.’
“Se deja sin efecto el injunction preliminar dictado en este caso por resultar ya improcedente en vista de los otros pronunciamientos de esta sentencia. Cada parte pagará sus costas.”

No conforme Carie Dubois, interpuso el presente recurso-de apelación.

No hay duda alguna de que la parcela de terreno con casa situada en Santurce que embargó Carle Dubois en agosto 11, 1930, para hacer efectiva la sentencia que pudiera obtener como luégo obtuvo ordenando el pago de lo que personalmente le debía José J. Benitez, no pertenecía en el momento del embargo a Benitez solamente si que a Benitez y a sus hijos que habían todos decidido dejar sus bienes indivisos para ser administrados y explotados en comunidad deacuerdo con el contrato de enero 14, 1927.

Nada constaba en el registro cuando se practicó el embargo. La finca aparecía inscrita a favor de José J. Beni-tez casado con Carlota Sampayo, pero como son hechos ad-mitidos y ciertos que la esposa murió, que el esposo y los hijos dejaron los bienes del matrimonio en comunidad y que •ésta subsistía a la fecha del embargo, el problema jurídico planteado debe resolverse habiendo en consideración tales hechos y además otro concreto en relación con la parcela embargada que también fue admitido y es. cierto, a saber, que por escritura pública inscrita en el registro, otorgada •en agosto 18, 1930, o sea siete días después de la anotación del embargo, la comunidad José J. Benitez e Hijos otorgó un pagaré por veinte mil dólares garantizado con hipoteca constituida sobre la parcela y casa de que se trata y lo en-tregó en prenda al Banco de Nova Scotia como garantía co-lateral de la deuda refaccionaria que con él tenía contraída según ya dejamos consignado.

¿Qué adquirió Carie Dubois a virtud del embargo de que se trata? Adquirió un derecho a ejecutar la sentencia que pudiera dictarse a su favor en el pleito que iniciaba sobre la propiedad embargada de su deudor José J. Benitez, con preferencia a cualquier otro acreedor del mismo cuyo cré-dito fuere posterior a la anotación. La Sociedad de Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D.P.R. 83; Banco de Puerto Rico v. Solá e Hijos et al., 26 D.P.R. 63.

¿Y en qué consistía la propiedad embargada? Consis-tía a nuestro juicio en un condominio indiviso en una finca ■que con otras formaba parte de una comunidad contractual.

Actuando voluntariamente con anterioridad al embargo de Carle Dubois, su deudor José J. Benitez había dispuesto de su condominio en la propiedad embargada haciéndole formar parte de una comunidad de bienes consistente en un negocio en pie que debería continuar desarrollándose de acuerdo con los pactos que conocemos adoptados en forma unánime por todas las partes interesadas.

Las fincas rústicas de la comunidad deberían seguir cul-tivándose y para ello se autorizó al administrador a con-traer préstamos y los contrajo con el Banco de Nova Scotia desde antes del embargo y después.

A la fecha en que este pleito fué iniciado, no habiendo podido ponerse de acuerdo los partícipes para prorrogar la comunidad, el Banco de Nova Scotia, acreedor de ésta por una crecida suma de dinero, se había hecho cargo de la ad-ministración de sus bienes.

¿Cuál crédito es preferente? ¿El de Carie Dubois contraído individualmente por José J. Benitez y asegurado desde agosto 11, 1930, por embargo anotado en el registro sobre una propiedad que su deudor había ya hecho formar parte de la comunidad que conocemos, o el del Banco de Nova Scotia contraído por esa comunidad desde antes de la anotación de embargo en forma general y después asegurado en forma especial mediante el pagaré hipotecario dado en prenda al banco? A nuestro juicio el del banco.

La ley autoriza la constitución de bienes en comunidad y dispone que a falta de contratos o disposiciones especiales, se regirá por las prescripciones del Código Civil. Art. 326 de dicho cuerpo legal (ed. de 1930).

Aquí hubo un contrato. Sus cláusulas predominan y la verdad es que examinándolas se observa que se formó por ellas una comunidad que va más lejos de las usuales. No se limita a la administración de un bien inmueble poseído en común, una casa por ejemplo, si que abarca la adminis-tración de fincas rústicas de importancia en pleno cultivo en relación con una corporación azucarera. Sin embargo, no por ello puede sostenerse que se formó algo no autorizado por la ley, sin personalidad para contraer obligaciones válidas.

La deuda para con el banco demandante cuyo carácter preferente acabamos de reconocer, lo fue por y para la co-munidad en general, esto es, para el cultivo de sus fincas generadoras del producto que habría de repartirse entre los comuneros. Es deuda en tal virtud de la comunidad no sólo porque esa conclusión se impone por sí misma si que porque está prevista y pactada en el contrato de enero 14, 1927.

T que esto puede ser así sin desnaturalizar los fines y el alcance del contrato de comunidad que regula el Código Civil, aunque reconociendo como reconocemos que se trata de-rm caso extremo que va casi a los lindes de la sociedad, se desprende de lo dispuesto en los artículos 328 y 333 de dicho cuerpo legal (ed. 1930), el último de los cuales, tal como fué enmendado por la Ley núm. 15 de 1916 (pág. 48) es como sigue:

“Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo en su conse-cuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aún sustituir otro en su aprovechamiento y darla en arrendamiento, salvo si se tratare de derechos personales, pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños, estará limitado a la porción que se les adjudique en la división al cesar la comunidad, y el efecto del arren-damiento será conferir al arrendatario, durante el término del con-trato, las facultades del condueño en orden a la administración y mejor disfrute de la cosa común.”

No es la comunidad un simple conglomerado de bienes inerte. Es algo activo. Los bienes requieren administra-ción, y su conservación y el hacerlos producir a veces exi-gen gastos considerables para hacer frente a los cuales puede incurrirse en deudas que corresponde satisfacer en primer término a la comunidad.

Al propio tiempo los comuneros siguen siendo dueños de sus participaciones y pueden en su consecuencia enajenar-las y gravarlas.

En este caso concreto, a virtud del embargo quedó afec-tada la participación del comunero José J. Benitez para sa-tisfacer la obligación personal que había contratado con Carle Dubois. Pero, lo dice el mismo legislador, el efecto de la enajenación o de la Mpoteoa con relación a los con-dueños, estará limitado a ¡a porción que se les adjudique en la división al cesar la comunidad. T limitado tiene necesa-riamente que quedar no sólo en relación a los condueños si que a los acreedores de los mismos.

Como en sus “Comentarios” dice Manresa con la pene-tración y claridad que caracterizan sus juicios:

“Conviene recordar también en la materia que las deudas pue-den reconocer, en cuanto a su naturaleza, tres orígenes: 1°., que ha-yan sido contraídas durante la comunidad por un condomino de modo privativo y en su particular beneficio; 2°., que lo hubieren sido en pro de la comunidad y subsistente aún la indivisión; y 3°., que la deuda se contrajese de modo colectivo, sin expresión de cuotas y sin haberse estipulado solidaridad entre los condominos. En el primer supuesto, como el condueño, en uso del ejercicio de sus derechos de propiedad, contrajo privativamente la deuda, responderá de ella la cuota adjudieable al dividirse la comunión; en el segundo tam-poco vendrán obligados los demás comuneros, salvo la acción de re-embolso del que hubiera pagado en nombre de los demás; y en el tercero, todos los partícipes estarán obligados al acreedor de manera proporcional a su cuota respectiva. ’ ’ 3 Manresa, Comentarios al Có-digo Civil, pág. 529.

Habiendo llegado a las anteriores conclusiones, claro es que estimamos que no existen los errores que señala la parte apelante en su alegato.

En tal virtud debe declararse el recurso sin lugar y con-firmarse en todas sus partes la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Leonor Sabater, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandada; Comisión Industrial de Puerto Rico, apelante.
    Núm. 7636.

    Sometido: Diciembre 13, 1937.

      Resuelto: Febrero 18, 1938.

      M. León Parra, abogado de la apelante; Virgilio Brunet, abogado de la peticionaria y apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión, del tribunal.

La presente es una apelación contra sentencia de uno de los jueces de esta Corte Suprema actuando como juez de turno cuya desestimación solicita la parte apelada 1°., por-que la Comisión Industrial que la interpuso no tiene dere-cho en ley para ello; 2°., por haberse establecido fuera de tiempo y 3°., porque es frívola.

De los autos resulta que en mayo 20, 1937 la Comisión Industrial resolvió que Leonor Sabater, madre del obrero Jesús Sabater, muerto el 14 de junio, 1935 por electrocución sufrida mientras trabajaba con alambres eléctricos de su patrono la Ponee Electric Company, y Jesús Sabater o Padilla su hijo postumo, eran sus beneficiarios, debiendo la compensación ascendente a $2,280 distribuirse por partes iguales entre los mismos.

No conforme Leonor Sabater, entabló en 3 de junio de 1937 recurso de revisión ante la Corte de Distrito de Ponce, titulando su petición: ‘‘Leonor Sabater, recurrente, Comi-sión Industrial de Puerto Eico compuesta de sus miembros Hon. Manuel León Parra, Hon. Juan M. Herrero, Hon. Francisco Paz Gránela, recurrida.”

Notificados la comisión y el otro beneficiario y reclama-dos los autos originales, se celebró una vista, y la corte deci-dió finalmente el recurso confirmando la resolución de la comisión por sentencia de agosto 24, 1937.

Fue entonces que Leonor Sabater se dirigió a la Corte Suprema y archivó en su secretaría el 23 de septiembre de 1937 su solicitud de certiorari dirigida al juez de turno por hallarse la corte en vacaciones.

El juez de turno ordenó la expedición del auto y fijó la vista para octubre 4, 1937 “debiendo la peticionaria dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 69 del reglamento de esta corte.”

En el día señalado se celebró en ¿fecto la vista compa-reciendo sólo la peticionaria por su abog’ado. Se unió a los autos documentación tendente a demostrar que la compañía aseguradora y la madre del beneficiario menor fueron cita-dos. No hay constancia de que la Comisión Industrial fuera citada.

El 5' de octubre la peticionaria archivó un memorándum en apoyo de su solicitud y el 16 el juez de turno resolviendo que el hijo postumo no era un beneficiario de acuerdo con la ley, dictó sentencia anulando la de la Corte de Distrito de Ponce en tanto en cuanto incluía a dicho hijo como tal beneficiario, devolviendo el caso a la dicha corte para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con su sentencia.

Esta se comunicó con devolución de los autos a la corte de distrito el 26 de octubre, 1937 y el 4 de noviembre si-guiente la Comisión Industrial por medio de su Presidente apeló de ella para ante el Tribunal Supremo en pleno. No consta que la sentencia fuera notificada a la comisión.

Siendo ésos los hechos ¿cabe desestimar la apela-ción? La sección 9 de la ley fijando la duración de las se-siones del Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobada el Io-de marzo de 1902, tal como fué enmendada por la Ley núm. 59 de 1931 (Leyes de ese año, pág. 405) dispone que las re-soluciones que dicte el juez de turno estarán sujetas a la re-visión del tribunal “siempre que ello fuere solicitado por parte interesada dentro de los diez días después que le fuere notificada.”

¿Es la Comisión Industrial una parte interesada dentro del recurso de certiorari interpuesto ante el juez de turno* con derecho a solicitar la revisión do la sentencia resoluto-ria del mismo? Yeámoslo.

Como sabemos, dicho recurso fué establecido para anu-lar la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce en el de revisión entablado por la peticionaria contra la Co-misión Industrial. La parte realmente demandada en el certiorari era la corte de distrito que debió ser y fué notifi-cada pero en casos tales el reglamento de esta corte en su sección 69 ordena que la petición muestre además “el nom-bre o nombres de la parte realmente interesada, o cuyos inte-reses puedan ser afectados directamente por los procedi-mientos, y en dichos casos será deber del peticionario a cuyo favor se dicte la orden, entregar o hacer que se entre-gue a dicha parte, o partes interesadas, una copia certificada de la declaración jurada y del auto que fundado en ella se expida, de la misma manera que ha de entregarlos al de-mandado a que se haga referencia en la declaración jurada, y dicho peticionario deberá presentar y entregar en la ofi-cina del secretario de este tribunal, la prueba de la entrega de los expresados documentos.” 17 D.P.R. LXXVI.

La peticionaria cumplió el precepto reglamentario en cuanto al menor pero no en cuanto a la comisión a quien ella misma había demandado en revisión ante la corte de distrito.

Se ha sostenido por la jurisprudencia que “la corte, al decidir quiénes son las partes propias en un procedimiento de certiorari, debe atenerse a las que como tales se designan en el récord original.” Fitch v. Board of Auditors of Claims against Manitou County, 133 Mich. 178, 94 N.W. 952. Y al referirse a organismos públicos, Corpus Juris resume la jurisprudencia sobre la materia así: “En un recurso de revisión, el condado u otra corporación pública de cuya ac-tuación se recurre, debe figurar como parte querellada.” 11 C.J. 143.

Habiendo en cuenta esa jurisprudencia, la regla de este tribunal y la realidad de los hechos, creemos que debemos resolver que la Comisión Industrial debe considerarse como una parte interesada en el recurso de certiorari con derecho a pedir al tribunal en pleno que revise la sentencia del juez de turno. Ella fué demandada ante la corte de distrito en el recurso de revisión en que se dictó la sentencia que se anuló en el de certiorari y tiene tanto o más interés que la corte de distrito en la decisión última de la cuestión envuel-ta determinante, en parte, de su jurisdicción no sólo en el caso concreto de que se trata sino en otros similares.

Habiendo llegado a esa conclusión, claro es que debe también concluirse que el recurso se interpuso en tiempo ya que el término de diez días que fija la ley se cuenta a partir de la notificación y la comisión no fué nunca notificada.

En cuanto al tercer motivo de desestimación, bastará decir que liemos estudiado los autos y no liemos quedado convencidos de que el recurso sea claramente frívolo.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse la moción sin lugar y atendida la. urgencia del caso y estando el re-curso listo para verse en s.u fondo la vista debe señalarse para el primer día libre que haya en el próximo mes de abril.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Guillermo Olivero, incapaz, representado por su defensor judicial Guadalupe Huelva Vda. de Abréu, sustituída por Adela Orriola, demandante y apelante, v. Central Cambalache, demandada y apelada.
    Núm. 6809.

    Sometido: Febrero 16, 1937.

      Resuelto: Febrero 18, 1938.

      E. Martínez Aviles, abogado del apelante; Juan B. Soto, Juan F. Soto y E. Igaravídez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

En una acción de daños y perjuicios la Corte de Distrito de Areeibo dictó sentencia en favor de la demandada, Central Cambalache. El apelante en su alegato alega la comisión de varios errores relativos a haber dejado la corte de dictar sentencia sobre las alegaciones por ser insuficiente el jura-mento contenido en la contestación, razón por la cual se admitía la veracidad de los hechos alegados en la demanda; impugna las conclusiones de la corte sobre la forma en que ocurrió el accidente y ataca también la conducta y conclu-siones de la corte respecto al estado mental del demandante.

La relación de hechos es insuficiente. El apelante se limita a repetir los hechos aducidos en las alegaciones, menciona el hecho de que la corte se negó a dictar sentencia sobre las alegaciones, dice que se celebró un juicio y que luego la corte dictó sentencia. La regla de la corte, que debe ser seguida, lee así:

"Dentro de diez días después de haberse presentado a este Tribunal la copia de los autos, el Letrado defensor del recurrente presentará al Tribunal un alegato por duplicado, impreso o escrito en maquinilla, que contendrá una relación fiel y concisa de la causa tal como conste en los autos; así como una exposición de los errores en que funda su recurso, y además de esto, cumplirá con la Ley de Enjuiciamiento actualmente en vigor.”

Por tanto, sólo consideraremos brevemente los errores señalados. La cuestión más importante, desde luego, son los 'hechos relativos a la negligencia.

La corte inferior dijo:

"Para demostrar que el accidente ocurrió a virtud de la culpa y negligencia del empleado de la demandada, se aportó por el deman-dante como única evidencia la declaración del testigo Mar garó Pérez. Dijo este señor: que el día de la ocurrencia, entre cuatro y cinco de la tarde, vió a Olivero en el puente de la carretera que de Areeibo conduce a San Juan; que el testigo se encontraba cortando yerba y aguardaba en aquel sitio a un sobrinito de él, cuando pasó el demandante y le manifestó que se dirigía al barrio de Jareales; que en eso pasó un camión muy cerca del testigo, él extrañó el cuerpo y el truck continuó en marcha por la izquierda de la carre-tera; que Olivero marchaba por la izquierda como a una yarda de la margen de ese lado y el truck que iba ligero lo arrolló con la parte izquierda de la caja, deteniéndose un poco más adelante; que Olivero se puso en pie, sin necesidad de que lo levantaran y, cuando el testigo se acercó al sitio, observó que el demandante presentaba una peladura desde el hombro hacia abajo y la camisa rota; que en esos momentos la carretera del puente estaba expedita; que no oyó aviso de klaxon o bocina.”

La única prueba aducida por el demandante para sos-tener su alegación fué en realidad, podríamos decir, el testi-monio de Margaro Pérez, según el mismo ha sido expuesto por la corte inferior. El apelante menciona algunas mani-festaciones contenidas en el testimonio de otros testigos, pero aun aceptando que en su totalidad tienen el valor que el apelante trata de darles, la corte estuvo justificada al resolver que el apelante no había probado su caso mediante una preponderancia de prueba.

Los testigos de la demandada estuvieron todos contestes en que el truck de ésta marchaba por el lado derecho de la carretera y que Olivero, el demandante, caminaba en la misma dirección, pero por el lado izquierdo; que cuando el autocamión se acercó al lugar por donde Olivero caminaba, éste trató de cruzar hacia la derecha de la carretera y mientras lo hacía resbaló y cayó al suelo y fué arrollado por la parte delantera del autocamión, es decir, por el para-choques (bumper); que Olivero fué arrollado por la parte •central del parachoques, equidistante de ambas ruedas, de suerte que cuando el autocamión fué detenido, Olivero fué hallado debajo del mismo, mas ninguna de las ruedas le labia pasado por encima. La corte, conforme hemos dicho, dictó sentencia en favor de la demandada. Esto resuelve los señalamientos décimo, undécimo, duodécimo y décimo-tercero, que leen como sigue:

“10. — La corte cometió error al resolver que la única evidencia aportada por el demandante para justificar la negligencia de la •demandada fué la declaración del testigo Margaro Pérez.
“11. — La corte cometió error al concluir en su opinión que el testigo Miguel Parés se encontraba cortando hierba cuando ocurrió •el accidente.
“12. — La corte cometió error al concluir en su relación del caso y opinión que todos los testigos de la demandada estuvieron con-testes en declarar que el camión caminaba por la derecha de la ■carretera mientras Olivero discurría en la misma dirección por la parte izquierda, y que cuando el truck llegó cerca de Olivero éste trató de cruzar hacia la derecha, y mientras lo. hacía, resbaló cayén-dose, y que fué entonces cuando fué arrollado y cogido por el mismo centro del bumper del truck y al resolver que el demandante no probó que venía padeciendo de incapacidad mental.
“13. — La corte cometió grave y manifiesto error al apreciar la prueba en su conjunto.”

El cuarto señalamiento lee:

“4. — La corte cometió error al considerar que la teoría del res ■ipsa loquitur no era aplicable a los accidentes de automóviles, cuando al serle presentada la cuestión dijo lo siguiente: 'La corte entiende que puede llevar su caso bajo la teoría que crea conveniente, no-veo cómo podría ser aplicable a automóviles.’ ”

La corte, desde luego, estuvo equivocada al decir que la. doctrina de res ipsa loquitur no podía aplicarse a un auto-móvil. Podrían citarse muchos casos que demuestran lo-contrario. Sin embargo, convenimos con la apelada en que la doctrina de res ipsa loquitur depende de los hechos de cada caso, y nada hallamos en los autos del presente que exija la aplicación de esta doctrina. La apelada cita 45 Corpus Juris 1200, párrafo 771.

Los señalamientos primero, segundo y tercero leen así:

“1. — La corte cometió error al decidir que aceptando que el juramento fuera nulo, no podría por ello solicitarse sentencia sóbre-las alegaciones, y que sí hubiera podido solicitarse la eliminación de la contestación.
“2. — La corte cometió error al resolver lo siguiente: 'Teniendo-la corte poder discrecional en todo momento para regular la pre-sentación de alegaciones el hecho de que un juramento sea defec-tuoso no daría lugar a una sentencia sobre las alegaciones.’
“3. — La corte cometió error al negarse a dictar sentencia sóbre-las alegaciones.”

No discutiremos extensamente el tercer señalamiento en tanto en cuanto éste se refiere a negativas que envuelven afirmativas y cosas similares,, porque el señalamiento de error era de por sí insuficiente, porque estamos más o menos-satisfechos con la contestación- presentada por la apelada y porque estamos igualmente inclinados a creer que la moción de sentencia sobre las alegaciones a este respecto fue pre-sentada demasiado tarde.

En lo que respecta a los señalamientos primero y se-gundo, el juramento de la demandada en su contestación-leía del modo siguiente:

"Juan B. Soto, después de prestar el debido juramento, declara-:-
‘‘Que es el abogado de la demandada en este caso, que ha redac-tado y leído la contestación que precede, y que los hechos que era la misma se exponen son ciertos y le constan por información y creencia; que presta esta declaración en lugar de la ’ demandada, por residir y tener sn oficina el abogado que suscribe en el Distrito de San Juan, y la demandada en el Distrito de Arecibo.
“(Firmado) Juan B. Soto, declarante.
“Affidavit Núm. 2130. Jurada y suscrita ante mí, por Juan B. Soto, casado, abogado, mayor de edad y vecino de Hato Rey, tér-mino municipal de Río Piedras, a quien conozco personalmente.
“San Juan, P. R., a 10 de abril de 1933.
“(Firmado) Manuel Rivera de la Vega, Notario Público.”

La apelada insiste -en que ese juramento era suficiente, a tenor del artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933), que lee así:

“Toda alegación deberá estar suscrita por la parte o su abogado; y cuando se jure la demanda o El Pueblo de Puerto Rico, o cual-quier funcionario de la Isla, en su carácter oficial, sea el deman-dante, deberá jurarse la contestación, excepto si la admisión de la verdad de lo consignado en la demanda sujeta a la parte a' un proceso criminal, o si un funcionario de dicba Isla, en su carácter oficial, fuese el demandado. En todos los .casos de alegaciones juradas, la declaración escrita y jurada de la parte deberá afirmar que le consta por propio conocimiento que es cierto lo alegado, excepto en cuanto a las materias que en dicha declaración manifieste conocer por su información o creencia, en cuyo caso expresará que las cree ciertas; y el juramento de las alegaciones se hará por declaración escrita y jurada de la parte, a menos que se hallare ausente del distrito en que residiere su abogado, o por cualquiera otra causa estuviere imposibilitada de verificarlo o cuando los hechos sean conocidos de su abogado, u otra persona que los jurare. Cuando la alegación sea jurada por el abogado o cualquiera otra, persona y no por las partes, deberá consignarse en la' declaración escrita y jurada, la razón por la cual no lo hace una de las partes. • Cuando es parte una corporación, el juramento podrá hacerse por cualquiera de los oficiales de la misma.”

Estamos dispuestos a considerar que en .ausencia de prueba en contrario se presumirá para los ■ finés de las ale-gaciones que la parte demandada y todos, sus funcionarios residían, en Arecibo, donde el pleito fué entablado.. De. igual modo, luego de haberse declarado sin1 lugar ■ lá moción; del demandante y apelante, éste fné a inicio, no insistió en su moción y puede resolverse que renunció su alegación relativa .a la insuficiencia del juramento. Además, nos inclinamos a convenir con la corte o con la apelada en que el procedi-miento correcto hubiera sido eliminar la contestación, y la moción de sentencia sobre las alegaciones fue presentada demasiado tarde.

Después de exonerar a la demandada de toda responsa-bilidad, la corte inferior, no obstante, discutió la prueba respecto a la incapacidad mental del demandante y quedó convencida de que ésta no se había probado suficientemente, y dijo algo al efecto de que la corte no estaba obligada a considerar la prueba a ese respecto. Toda vez que estamos de acuerdo con las conclusiones de la corte inferior en lo que a negligencia se refiere, no hay necesidad alguna de discutir el resto de los errores señalados, todos los cuales se refieren a incapacidad mental.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Darío Ayala, acusado y apelante.
    Núm 6674.

    Sometido: Febrero 1, 1938.

      Resuelto: Febrero 18, 1938.

      Benicio Sánchez Castaño, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Darío Ayala fue acusado de asesinato y convicto de ase-sinato en segundo grado. En apelación señala cuatro errores, pero éstos en esencia se dirigen a un solo punto, o sea, que la prueba no era suficiente para justificar al jurado a rendir un veredicto de asesinato en segundo grado, toda vez que los hechos sólo podían revelar un caso de homicidio involuntario.

Del alegato del apelante aceptamos la relación que se hace de la teoría de El Pueblo, así:

“La teoría del Pueblo, y tal y como aparece esbozada de la prueba que practicó, consiste en sostener que el acusado privó de la vida al interfecto en uno de los días del mes de diciembre de 1935, bajo las siguientes circunstancias:
“Que el acusado habiendo tenido un disgusto de palabras con interfecto había manifestado su intención de privarle de la vida. Que en la noche del 11 de diciembre de 1935, mientras el interfecto se dirigía a dormir a un sitio donde él acostumbraba hacerlo, o sea a una covacha o tormentera, sita en una finca de la Sucesión Ayala en el barrio Canovanillas, de Carolina, el acusado, so pretexto de que se creía que se trataba de un hurtador de aves, le hizo dos disparos, hiriéndole mortalmente con uno de ellos, a sabiendas el acusado que la supuesta víctima no era tal hurtador de aves y sí Andrés Ayala Flores, primo del acusado y hermano de crianza."

Por otra parte el apelante sostiene que la siguiente era su teoría:

“Por el contrario la teoría de la defensa desarrollada durante el juicio consiste en sostener que si bien es cierto que el acusado privó de la vida a Andrés Ayala Flores, lo hizo fortuitamente y al confun-dirlo con un hurtador de aves sin que existiera premeditación alguna en dicho acto y sin que tampoco existiera disgusto personal alguno o encono de naturaleza alguna entre el acusado y el interfecto."

Al presentarse nna moción de nuevo juicio la corte dictó-una opinión en la que llega a la conclusión de que como hubo-suficiente prueba en que basar un veredicto éste no debe ser alterado. En la opinión aparece lo siguiente:

“Los fundamentos de la moción de nuevo juicio, tanto para el caso de asesinato como para el caso de portar armas, son los siguien-tes: Que el veredicto es nulo e ilegal porque la prueba no lo sos-tiene; que la prueba es insuficiente para sostener el veredicto; que éste es contrario a la ley; que es éste contrario a la prueba; que no bay prueba suficiente para sostener el veredicto de culpabilidad;, que la evidencia no demuestra que el acusado actuara con malicia y premeditación de modo que el jurado pudiera rendir un veredicto de-asesinato en segundo grado y por último, que la única prueba sobre premeditación y malicia es la declaración de Trinidad Ayala, her-mana del interfecto, y cuya declaración por sí sola no es suficiente, por ser dicha declaración remota, parcial y llena de prejuicios.”

También hubo prueba tendente a demostrar una amenaza por parte del acusado si el occiso se presentaba borracho a la casa de éste y molestaba la madre y hermana del acusado. El finado había vivido en la casa, del acusado y se dirigía al.lugar en que tenía por costumbre dormir cuando recibió-los disparos. El fiscal analiza el testimonio de otros testigos tomado durante el juicio, incluyendo el del propio acusado y sostenemos que El Pueblo probó, como elementó del delito, la' deliberación a tal extremo que el jurado estaba justificado en rendir, fuera de duda razonable, el veredicto que rindió. Va-rios testigos corroboraron a Trinidad Ayala, de ser la corro-boración aún moralmente necesaria.

Cuando la muerte es el resultado de un mero accidente y no hubo la intención de herir a nadie, o de apuntar en la dirección en que se hallaba el occiso, una corte debe darle al jurado la oportunidad de declarar al acusado culpable de ho-micidio o quizá limitar el veredicto a ese delito. Véanse los: casos citados por el apelante, por ejemplo, Parks v. State, 31 S. E. 580; State v. Vance, 17 Iowa 138.

. En los autos hallamos la siguiente solicitud de instruc-ción, que fué concedida:

"Si vosotros, caballeros del jurado, llegáis a la conclusión de que el acusado privó de la vida a Andrés Ayala, por no baber actuado con la debida prudencia y circunspección al disparar un arma de fuego, entonces debéis declarar al acusado culpable del delito de ho-micidio voluntario.”

La instrucción, por sí sola, es más favorable que lo que ■el acusado tenía derecho a esperar. Esto fué subsanado, a nuestro juicio, por las instrucciones realmente dadas y el ape-lante no señala error en lo que a ellas se refieren.

Con mayor provocación para excitar al acusado hemos re-suelto recientemente que el manipular con intención criminal una caja registradora en el establecimiento del acusado no justificaba a éste disparar contra el finado (El Pueblo v. Torres, ante, pág. 500).

Debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Górdova Dávila

text:
    Micaela Escartín Vda. de Quiñones, et als., demandantes y apelados, v. Ramón Valdés, Joaquín Burset y Miguel Such, actuales miembros que componen la Comisión de la Policía Insular, y Hon. Rafael Sancho Bonet, Tesorero de Puerto Rico, demandados y apelantes.
    Núm. 7307.

    Sometido: Enero 11, 1938.

      Resuelto: Febrero 18, 1938.

      Ilon. Procurador General B. Fernández García y Emilio de Aldrey, Subprocurador, abogados de los apelantes; Cayetano Coll y Cuchí y Víctor A. Coll, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Górdova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción ordinaria en cobro de dinero dirigida contra los miembros de la Comisión de la Policía Insular y el Tesorero de Puerto Rico. Alega la demandante que de acuerdo con la ley (núm. 68) de 16 de julio de 1921 (pág. 653) “para establecer el retiro de los miembros del cuerpo de la Policía Insular de Puerto Rico y fijar reglas a dicho efecto”,, enmendada por las leyes núms. 86, 30 y 44, de 20 de agosto de 1926, 20 de abril de 1929 (Leyes de 1929, (1) pág. 197), y 28 de abril de 1930 (Leyes de 1930, pág. 359), respectivamente, fue pensionada por la Comisión de la Policía Insular, y que el día 3 de mayo de 1931 en que fué derogada la referida ley, tenía devengada y sin pagar, por concepto de la pensión con-cedida, la suma de $4,462, la cual no le ha sido satisfecha.

Se aleg-a además que la demandante es una persona de una clase y que en las mismas condiciones que ella se encuen-tra un número de personas que se mencionan en la demanda, entablando esta acción como tal persona de una clase por sí y para beneficio de las demás que se encuentran en sus mis-mas condiciones.

Alegaron los demandados que la demanda no aducía he-chos suficientes para determinar una causa de acción, y la corte inferior declaró con lugar la excepción previa, esti-mando que no procedía la referida acción y sí un recurso de mandamus. No siendo la demanda susceptible de enmienda en cuanto a este particular, el tribunal inferior dictó senten-cia declarando sin lugar la demanda. Apeló la demandante ante este tribunal, que revocó la sentencia recurrida por en-tender que procedía la acción en cobro de dinero. (Escartín v. Comisión de la Policía Insular, 47 D.P.R. 502.)

Devuelto el caso a la corte inferior, los demandados ad-mitieron todos los hechos esenciales de la demanda, adu-eiendo como única defensa que el fondo de pensiones creado a virtud de la legislación en que se ampara la demandante quedó agotado el día 3 de mayo de 1931, que la nueva legis-lación no dispone medios para atender al pago de las pen-siones atrasadas, y que por ello la comisión demandada se encuentra imposibilitada de hacer efectivas las pensiones re-clamadas en esta acción.

Solicitó la demandante sentencia sobre las alegaciones y el tribunal inferior, de acuerdo con lo solicitado, declaró con lugar la demanda, condenando a los demandados a satisfacer la cantidad adeudada a la demandante y las que se adeudan por igual concepto a las personas relacionadas en la demanda, para cuyo beneficio interpone también esta acción la referida demandante. De esta sentencia apelan los demandados, ale-gando que la corte inferior erró al resolver que la deman-dante tenía un derecho adquirido sobre las referidas pen-siones devengadas y no pagadas y que por ello procedía de-clarar con lugar la demanda interpuesta.

El punto suscitado por los apelantes fué objeto de consideración en nuestra anterior resolución, en el curso de la cual se citaron numerosos casos tendientes a demostrar que pensiones devengadas y no pagadas constituyen un derecho adquirido. (Escartín v. Comisión de la Policía Insular, supra.) Los apelantes no mencionan siquiera las autoridades a que nos referimos en la opinión entonces emitida ni tampoco citan caso alguno en pugna con el criterio sostenido por esas autoridades. Tampoco hemos podido encontrar nosotros principio alguno en contra de la referida doctrina, que nos parece justa y razonable. La discusión más reciente sobre la facultad general del poder legislativo para dar por terminada una pensión o modificar la que ha sido concedida aparece en el caso de City of Dallas v. Trammell, 101 S. W. (2d) 1009, resuelto por la Corte Suprema de Tejas en febrero 11, 1937. De las numerosas autoridades citadas en dicho caso se desprende que al discutir este problema las cortes siempre parten de la base de que las pensiones deven-gadas y. no satisfechas constituyen nn derecho adquirido. Debe, desestimarse el error apuntado.

Arguyen los apelantes, sin asignarlo como error, que es improcedente la acción en cobro de dinero cuando se demuestra, como en este caso, que no existen fondos disponibles para el pago de la sentencia, la cual sería académica. A nuestro juicio, la procedencia o no de la acción en cobro de dinero'es una cuestión que no puede discutirse en este recurso, por haberse decidido en el caso apelado y resuelto por este tribunal. Como bien dice el Juez Kenyon en el caso de Illinois Cent. R. Co. v. Crail, 31 F. (2) 111, “aunque las cortes tienen la facultad de desechar la regla de la ley del caso (law of the case) en interés de la justicia, la práctica general de los tribunales es negarse a considerar de nuevo lo que ya ha sido resuelto.” La ley de este caso es que procede la acción en cobro de dinero. En nada se perjudica el interés de la justicia con la aplicación de la regla citada. Aunque así no fuera, el argumento de los apelantes carece de mérito. No ha de ser necesariamente académica la sentencia en este caso, por el hecho de que los demandados carezcan de fondos para satisfacerla. No son académicas las sentencias contra el Pueblo de Puerto Rico en las acciones de daños y perjuicios a que se refiere la ley núm. 76 de 13 de abril de 1916 (Leyes de 1916, pág. 155) según ha sido enmendada, por el hecho de que no exista asignación alguna para hacerlas efectivas. Aunque haya que proveer los fondos necesarios para su ejecución mediante acción legislativa, el estatuto citado expresamente autoriza demandas que podrían culminar en sentencias contra El Pueblo de Puerto Rico.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Oóedova Dávila

text:
    Frank Picó, demandante y apelado, v. Blanca Mejía, demandada y apelante.
    Núm. 7314.

    Sometido: Enero 11, 1938.

      Resuelto: Febrero 18, 1938.

      Pascasio Fajardo Martines, abogado de la apelante; Alfredo Ar-naldo, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Oóedova Dávila

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se apela de una orden de la ■corte inferior negándose a regular las relaciones de familia entre los hijos habidos en el matrimonio de ambas partes litigantes, después de decretado el divorcio por la causal de adulterio. La sentencia fue dictada en rebeldía, luego de haberse practicado la prueba del demandante sobre las alegaciones de la demanda. Nada dijo el tribunal inferior al pronunciar su sentencia sobre las relaciones de familia del cónyuge culpable con sus hijos menores y ahora comparece la demandada solicitando que se regulen esas relaciones de acuerdo con el artículo 107 del Código Civil (ed. 1930).

La corte inferior entiende que, velando por el bienestar de los niños y en el uso de su discreción, no debe dictar or de a alguna permitiendo a la madre tener ninguna clase de rela-ciones con sus hijos. Basa la corte su fallo en el caso de Gorbea v. Látimer, 34 D.P.R. 204, que a su juicio es de perfecta aplicación.

En el caso citado la corte de distrito decretó el divorcio a favor de la esposa y dispuso que los hijos pudiesen ser sa-cados a paseo por el padre, de 4 a 6 de la tarde, todos los días miércoles y sábado de cada semana. No conforme el demandado con esta resolución, apeló de la misma, alegando que se le había privado de un derecho que la ley le reconoce, o sea el de continuar las relaciones de familia con sus hijos.

Este tribunal, confirmando la decisión apelada, se expresó así:

“La corte que reguló las relaciones fue la misma que decretó el divorcio, estando en tal virtud en mejores condiciones que nosotros para apreciar los hechos. Bajo tales circunstancias no es posible con-cluir que abusara de su discreción. Debemos, por el contrario, pre-sumir que al ejercerla tuvo en cuenta la ley y el bienestar de los niños. ’ ’

El párrafo de Corpus Juris que se copia en dicho caso na tiene el alcance que parece atribuirle el tribunal inferior. Según allí se dice, el derecho a la custodia de los niños con-cedido por sentencia de divorcio no priva a la otra parte de tener acceso a los hijos en ausencia de disposición expresa en contrario. En Puerto Rico, lejos de existir una disposi-ción expresa en contrario, se concede al cónyuge culpable el derecho de continuar las relaciones de familia con sus hijos en la manera y extensión que acuerde el tribunal al dictar la sentencia de divorcio:

Continúa diciendo la cita de Corpus Juris qué “la sen-tencia puede comprender un pronunciamiento permitiendo al padre privado de la custodia de los hijos que los visite con sujeción a aquellas restricciones que las circunstancias jus-tifiquen, dentro de la discreción de la corte, discreción de la cual no se abusará. El privilegio de visitarlos no es un de-recho absoluto y debe estar subordinado al bienestar del niño,, aunque dicho privilegio es usualmente concedido aún a una parte culpable a menos que esté moralmente incapacitada para asociarse con el niño. De ahí que se haya dado el de-recho de acceso a un esposo adúltero, pero ordinariamente no a la esposa adúltera, por lo menos mientras continúa sus-relaciones ilícitas con su amante, aunque en algunas jurisdic-ciones la corte puede dar el derecho de acceso a su discre-ción.” (19 C.J. 348.)

Esta cita de Corpus Juris, que no constituye el ratio decidendi de este tribunal en el caso citado, no puede servir de fundamento para privar al cónyuge culpable de continuar las relaciones de familia con sus hijos. No podemos estar conformes con la distinción que se trata de establecer en esa cita entre el esposo adúltero y la esposa culpable del mismo delito. El propósito de la ley no es castigar al cónyuge por el adulterio cometido, sino facilitarle decorosamente los me-dios de continuar las relaciones familiares con sus hijos. No es mayor el perjuicio que se ocasiona al niño cuando visita la casa de la esposa adúltera que cuando visita la casa del es-poso que mantiene,la misma vida. El peligro es el mismo y el ejemplo es idéntico. Ambos sostienen relaciones ilícitas e ilegales y no hay razón alguna para ejercer con la madre mayor severidad que con el padre. La asociación de los hijos con sus padres, al mismo tiempo que reconoce el de-recho de éstos a disfrutar de su compañía, desarrolla en los niños el afecto a los autores de sus días y contribuye a for-mar sus corazones en un ambiente de fraternidad paternal. Estas circunstancias no deben pasar inadvertidas para el juz-gador al decretar el divorcio y disponer de la custodia de los niños. No bay vínculo en la vida que pueda considerarse más sublime que aquél que nace de la relación natural de afecto y simpatía que normalmente se desarrolla entre padre e hijo, no importa cuál pueda ser la conducta moral o la raza, color, credo o posición en la vida, del padre o de la madre. Frazier v. Frazier, 147 So. 464, 466.

En el presente caso se decretó el divorcio por adulterio. Se probó más tarde que la esposa continúa manteniendo re-laciones ilícitas con su amante y por esta razón el tribunal inferior se negó a regular las relaciones familiares. No se aduce ninguna otra razón para privar a da demandada ape-lante de sus derechos. La corte inferior puede, dentro de su discreción, adoptar medidas para que esta madre continúe las relaciones familiares con sus hijos, sin menoscabo del bien-estar de los mismos. No es necesario que la madre lleve a los menores a su propia casa. Puede verlos en casa de algún amigo de ambos cónyuges o en algún otro sitio donde los me-nores queden completamente protegidos.

Entendemos que dado el precepto terminante de nuestro Código Civil, no puede privarse al cónyuge culpable en este caso de continuar con sus hijos las relaciones de familia por el solo hecho de que el adulterio de la madre- haya sido la causa del divorcio.

Como dijimos en Gorbea v. Látimer, supra, regular no es prohibir, y en este caso la decisión del tribunal a quo prohi-biendo sin regular las relaciones de familia constituye un abuso de discreción.

Debe revocarse la orden apelada y devolverse el caso a la corte inferior a fin de que la misma regule las relaciones fa-miliares de los niños habidos en el matrimonio entre las par-tes litigantes, de acuerdo con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Valiente & Co., peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. A. R. de Jesús, Juez, y Manuel, Laura, Carmen Belén, y Sara Ester Anzalota Fuentes, representados por su padre con patria potestad Manuel Anzalota, y Tomás Anzalota Fuentes, demandados.
    Núm. 1119.

    Sometido: Febrero 4, 1938.

      Resuelto: Febrero 18, 1938.

      Edélmiro Martínez Rivera, abogado de la peticionaria; Dubón & Ochoteco, abogados de los demandados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La controversia entre las partes ba sido sometida a nues-tra consideración en dos ocasiones anteriores. Y en ambas, nuestra sentencia ba sido adversa a las pretensiones de la sociedad demandante, peticionaria en el presente recurso. Véanse: Valiente & Co. v. Sucn. Fuentes, 45 D.P.R. 617, y 51 D.P.R. 327.

Creemos conveniente bacer una recapitulación de los he-chos:

Valiente & Co. demandó a Aurelia, Elisa, María, Floren-tino,. Aureliana, Carmela, Rosalía, Manuela y Francisca Fuentes y a Rosalía Suárez, componentes de la Sucesión de Ab-dón Fuentes, en cobro de dos pagarés suscritos por el cau-sante, Todos y cada uno de los demandados fueron empla-zados. Las demandadas Aurelia y Rosalía Fuentes contesta-ron la demanda y alegaron como defensa que en la fecha, en que se contrajeron las obligaciones objeto de la demanda, su padre, Abdón Fuentes-, • estaba, demente y por tanto incapa-citado .para contraerías. Los demás demandados- nO' compa-recieron y se anotó -su .rebeldía. ' Celebrado él juicio, la Córte de Distrito dictó sentencia en 31 de diciembre de 1929 en contra de todos los demandados, quienes fueron notificados oportunamente. Aurelia y Rosalía Fuentes apelaron; y este Tribunal, en 29 de julio de 1933, revocó la sentencia, decla-rando con lugar la defensa de incapacidad mental de Abdón Fuentes y resolviendo que en cuanto a dichas dos demanda-das concierne, la demandante no podría cobrar (45 D.P.R. 617). Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Circuito de Boston, 76 F. (2d) 78.

Las demandadas en rebeldía, Elisa, María, Carmen, Manuela y Francisca Fuentes y Rosalía Suárez recurrieron también en apelación ante esta Corte Suprema. La senten-cia fue igualmente revocada en cuanto a dichas demandadas (ante pág. 327.) Quedaba, pues, como única demandada su-jeta a las responsabilidades de la sentencia, en caso de que ésta fuera válida en cuanto a ella, Aureliana Fuentes, quien falleció sin haber hecho gestión alguna en el pleito durante su tramitación en la corte inferior y sin haber recurrido en •forma alguna en contra de la sentencia.

Habiendo obtenido la sociedad demandante una orden de ejecución y vendido ciertos bienes pertenecientes a los herederos de Aureliana Fuentes, acudieron éstos ante la corte de distrito en solicitud de una orden de anulación de la subasta, con súplica de que se les exonerase de los efectos de dicha sentencia. Allanóse la sociedad demandante a la anulación de la subasta, pero se opuso a la solicitud para que se dejara sin efecto la sentencia, por entender que la corte sentenciadora carecía de jurisdicción. La resolución de la corte inferior en lo pertinente lee así:

“Alega la demandante que esta Corte Carece de jurisdicción para dejar sin efecto una sentencia firme y definitiva dictada con juris-dicción sobre la persona y la materia, desde el 31 de diciembre de 1929.
'■“Alegan los peticionarios que si bien se dictó la sentencia en 31 de dicieíabre de 1929 y no se estableció recurso de apelación contra la-misma, no existe limitación' de .tiempo ■'pata-solicitar se déje sin ■efecto, por la razón de que dicha sentencia es inexistente, y benefi-ciarles las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo revocando la ■de la corte inferior en los dos recursos incoados por los otros deman-dados.
“A nuestro juicio, tienen razón los peticionarios. La defensa que ■en oposición a la demanda interpusieron los demandados compare-cientes va dirigida al nervio de la causa de acción, y es de tal natu-raleza que la extingue tanto en cuanto a los comparecientes como en ■cuanto a aquellos demandados cuya rebeldía había sido anotada. La sentencia que en estos casos se dicta es una e indivisible, y si al ser dictada en primera instancia beneficia tanto a los comparecientes como a los demandados que se hallan en rebeldía, lógico es que la •que en apelación se dicte beneficie también a todos los demandados por igual. Habiéndose dictado una sola sentencia, al ser revocada en cuanto a unos demandados, necesariamente quedó revocada en •cuanto a los otros, hubiesen o no interpuesto recurso de apelación. Precisamente es por esa razón que no puede dictarse sentencia contra los rebeldes hasta que la evidencia no demuestre si existe la causa de acción que alega el demandante. Por eso, en la nota de 78 A.L.R. ■citada por nuestro Tribunal Supremo, se sostiene que si prospera la -defensa alegada por los demandados comparecientes, ‘redunda en be-neficio de los demandados en rebeldía, tanto en acciones en derecho como en equidad, con el resultado de que la sentencia final debe de ■dictarse no meramente en favor del demandado que contestó, sino que también de los demandados que no comparecieron.’ No existe, a nuestro juicio, razón alguna que justifique una regla distinta en cuanto a los efectos de la sentencia en apelación. De no aplicarse •esta regla y declarar válida la sentencia en cuanto a estos peticiona-rios, se daría la anómala situación de que el Abdón Fuentes que re-rsulta loco e incapacitado cuando se trata de reclamar a algunos de :sus hijos cierta obligación por él contraída, es cuerdo y capaz cuando la misma obligación se reclama a otros hijos. Es evidente que un tribunal de justicia no puede sancionar una situación de esta índole, .y sería una burla de la justicia sostener una sentencia en tales con- ■ dieiones.
“Siendo como es inexistente a nuestro juicio la sentencia de 31 • de diciembre de 1929 en cuanto a todos los demandados, a virtud de la revocación de que fué objeto por parte del Tribunal Supremo el :29 de julio de 1933, se deja sin efecto la subasta celebrada sobre bie-nes de Aureliana Fuentes, y se decreta que la sentencia de 31 de • diciembre de 1929 dictada contra la Sucesión de Abdón Fuentes, es inexistente. ’ ’

Valiente & Co. acude ahora ante esta corte mediante el presente recurso de certiorari, alegando que la resolución arriba transcrita es errónea, por carecer el tribunal a quo de jurisdicción para dictarla, por los fundamentos siguien-tes :

“(a) Porque la sentencia de que se trata fué dictada y regis-trada en la Corte de Distrito en 31 de diciembre de 1929, y notifU cada a la demandada Aureliana Fuentes en 20 de septiembre de 1933, sin que se estableciera recurso alguno de apelación dentro del plazo de 30 días fijado por la Ley, por lo que dicha sentencia se convirtió en final, firme y ejecutiva en cuanto a Aureliana Fuentes, desde el 20 de octubre de 1933.
“ (b) Porque en 5 de mayo de 1937 ya había expirado el período judicial en que la referida sentencia fué dictada y notificada a la demandada Aureliana Fuentes.
“(o) Porque al dejar como dejó la demandada Aureliana Fuentes de actuar personalmente en el caso desde el 20 de septiembre de 1933, o sea durante un período de más de 23 meses, y al dejar de entablar recurso alguno contra la referida sentencia no obstante el conocimiento que do la misma tenía, dicha demandada aceptó los efectos de tal sentencia y renunció a cualquier derecho, acción o de-fensa que contra la misma hubiera podido aducir, por lo que ahora sus causahabientes están impedidos e imposibilitados de evadir tales efectos. ’ ’

No tenemos duda en cuanto a que tan pronto como' la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan de 31 de diciembre de 1929 quedó, revocada y anulada por las dictadas por esta Corte Suprema en 29 de julio de 1933 y 21 de abril de 1937, la corte inferior readquirió jurisdicción sobre el caso para hacer ejecutar su sentencia en cuanto a la demandada Aureliana Fuentes o sus herederos o para librar a éstos del efecto de su sentencia, de acuerdo con el poder discrecional que para ello le concede el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, si en su opinión dicha sentencia había sido anulada in tolo por el fallo de esta superioridad. Prueba de ello es que la demandante hubo de acudir a la corte inferior en solicitud de una orden para la ejecución de la sentencia.

La tínica cuestión que ahora se nos presenta es la. siguiente: ¿Erró la corte de distrito al resolver que la sentencia por ella dictada y revocada por esta Corte Suprema, por ser nulas e inexistentes las obligaciones suscritas por Abdón Fuentes mientras estaba demente, no podía hacerse efectiva contra los causahabientes de Aureliana Fuentes, a pesar de no haber dicha demandada contestado, comparecido a juicio o establecido recurso alguno en defensa de su derecho ?

Las mismas razones que expusimos como fundamento de nuestra sentencia de 21 de abril de 1937 (51 D.P.E. 327) nos obligan a resolver que la corte inferior no cometió el error que se le imputa. La demandante dirigió su acción contra todos los herederos de Abdón Fuentes conjunta-mente, exigiéndoles el pago de obligaciones, a cuyo cumpli-miento venían obligados dichos herederos, siempre que ellas hubiesen sido legalmente contraídas y tuviesen existencia legal. Es requisito esencial para la existencia y validez de una obligación contractual que las partes contratantes hayan prestado libremente su consentimiento (Artículo 1213 del Código Civil, ed. 1930). Ese consentimiento no pudo prestarlo Abdón Fuentes por encontrarse en estado de de-mencia en la fecha en que suscribió los pagarés (Artículo 1215 del Código Civil, ed. 1930). Por esas razones resolvi-mos que las demandadas Aurelia y Eosalía Fuentes, quienes interpusieron la defensa de incapacidad de su padre, no podían ser compelidas a cumplir obligaciones contraídas por su padre mientras estaba demente. Y por iguales funda-mentos exoneramos del pago de esas mismas obligaciones a las seis codemandadas contra las cuales se dictó sentencia en rebeldía, quienes apelaron para ante esta Corte Suprema. Hicimos extensivo a dichas seis demandadas en rebeldía el beneficio de la defensa de incapacidad interpuesta por las otras dos codemandadas, no porque dichas seis demandadas hubiesen sido diligentes al interponer recurso de apelación, sino porque opinamos que tratándose de obligaciones man-comunadas como lo son. los pagarés envueltos en este litigio, la defensa de incapacidad del que contrajo las obligaciones, interpuesta y sostenida con éxito por dos de sus herederos, debe beneficiar por igual a todos los herederos, aun a aque-llos que no contestaron la demanda. Como muy bien dijo el juez sentenciador en la resolución motivo del presente re-curso, la defensa de incapacidad mental del otorgante de los pagarés va dirigida al nervio de la causa de acción, y al quedar debidamente establecida extingue la obligación en cuanto a todos los que pudieran ser llamados a cumplirla, de ser válida. Véanse: 78 A.L.R. 939, y Black on Judgments, Vol. I (2d ed.) pág. 310.

Esta Corte Suprema está facultada para revisar y confirmar, modificar o revocar las sentencias dictadas por los tribunales de distrito, y es su deber, al revocar una sentencia, dictar aquella que en su opinión debió haber dictado la corte inferior (artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933). La sentencia así dictada por esta corte al ser enviada a la corte inferior para su cumplimiento y ejecución, toma el lugar- de la sentencia revocada y sus efectos se retrotraen a la fecha en que la corte inferior dictó su fallo. Siendo ésa la ley, al resolver esta Corte Suprema que Abdón Fuentes estaba demente en la fecha en que contrajo las obligaciones, el efecto de esa sentencia debe ser el mismo que el que hubiera tenido esa misma resolución si ella hubiese sido dictada por la corte de distrito en 31, de diciembre de 1929. Ese efecto no puede ser otro que la anulación de las obligaciones por no haber éstas tenido jamás existencia legal, por razón de la incapacidad mental del otorgante. Y el beneficio de ese pronunciamiento debe necesariamente alcanzar por igual a todos los demandados, incluso los herederos de Aure-liana Fuentes, en rebeldía, porque para sostener la exoneración de los demandados comparecientes y condenar a los rebeldes al pago de las obligaciones, nos veríamos obligados a sostener el absurdo de que Abdón Fuentes estaba demente en cuanto a los primeros y cuerdo en cuanto a los últimos.

El dilema de Hamlet, “to be or not to be,” ser o no ser, fué yá resuelto en contra de los peticionarios. Abdón Fnentes era un demente que no pndo consentir legalmente para dar existencia legal a nna obligación. Los herederos de Anreliana Puentes no están obligados al pago de nna senten-cia qne qnedó en efecto anulada m toto por la nuestra.

Debe desestimarse la petición y anularse el auto de cer-tiorari expedido.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


text:
    Castor, Fermina, Carmen, Félix, Julio y Estel Abréu Rivera, demandantes y apelantes, v. Andrés M. Díaz, sustituído por sus herederos, su Viuda Elvira Guardia y sus padres legítimos Juan Pedro Díaz y Julia Talavera; y Maryland Casualty Company, demandados y apelados.
    Núm. 7379.

    Sometido: Diciembre 3, 1937.

      Resuelto: Febrero 18, 1938.

      Luis ApeTlániz Storer, abogado de los apelantes; Juan B. Soto, Juan F. Soto y Enrique Igaravídez, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes, hermanos de Concepción Abréu Ei-vera, de quien alegan ser únicos y universales herederos, interpusieron demanda sobre daños y perjuicios contra An-drés M. Díaz, sustituido a su fallecimiento por sus legítimos herederos, y contra Maryland Casualty Company.

Alegan en la demanda, entre otras cosas:

“IV. Que el día 16 de julio de 1934, hacia las dos y treinta mi-nutos de la tarde, el indicado automóvil ‘Chevrolet’ número 915, operado por su dueño, el propio Andrés M. Díaz, conductor número' 3597, mientras marchaba con dirección al sitio denominado ‘Martín Peña,’ por la Avenida Fernández Juncos, en Santurce, P. R., en las inmediaciones de la parada veintiséis y media, arrolló a Concepción Abréu Rivera, de dieciséis años de edad, mientras caminaba por la extrema derecha de dicha avenida, delante y en la misma dirección que marchaba el referido vehículo manejado por dicho Andrés M. Díaz, o sea de San Juan a Martín Peña, siendo allí y entonces la mencionada Concepción Abréu Rivera violentamente lanzada al pa-vimento de dicha avenida y cayendo sobre el encintado de concreto' que bordea dicha avenida en su lado sur.
“VI. Que debido al mencionado choque del vehículo guiado por dicho Andrés M. Díaz con el cuerpo de dicha Concepción Abréu Rivera, ésta recibió golpes en la cabeza que causaron la fractura de su cráneo y múltiples contusiones y erosiones en otras partes de su cuerpo a consecuencia de lo que falleció dicha Concepción Abréu Rivera pocos momentos después en el Hospital Municipal de San Juan, P. R.

Como actos únicos y específicos de culpa y negligencia, se imputan a Andrés M. Díaz el de conducir su automóvil a una velocidad mayor de 30 kilómetros por hora y el de no reducirla al alcanzar a la interfecta Concepción Abréu Ki-vera.

Desestimada la demanda por la' Corte de Distrito de San Juan, los demandantes apelaron, señalando la comisión de cinco errores, los cuales pueden agruparse en dos, a saber:

Que la corte inferior erró al interpretar y apreciar la prueba, resolviendo el caso con prejuicio y pasión.

El juez sentenciador hizo el siguiente análisis de la prueba aportada por los demandantes:

"El testigo Vicente Suárez, uno de los principales de la parte demandante, declaró que el 16 de julio de 1934, era dueño de un cafetín en la parada 26, Ave. Fernández Juncos, y que momentos .antes del accidente Concepción y su compañera entraron en su ca-fetín para protegerse de la lluvia. Que una vez cesó la lluvia fuerte, las dos muchachas salieron con dirección a Martín Peña y que un momento después pasó un automóvil frente a su cafetín, a una ve-locidad exagerada. Que el testigo se asomó a la puerta porque la velocidad que llevaba le llamó la atención, siendo tan exagerada que al pasar por los charcos de agua de la carretera lanzó agua a la puerta del cafetín. Que él estaba fuera del mostrador, cerca de la puerta y al pasar el automóvil salió inmediatamente a la carretera, viendo las muchachas tendidas en el pavimento como a 150 metros del cafetín. Que cuando salió a ver el automóvil, cerró el cafetín y después que ayudó a echar la muerta en el carro, volvió a abrirlo. Que no declaró ante el Juez Municipal ni ante el Fiscal, porque hu-biera tenido que cerrar el cafetín y esto le causaba perjuicios en su negocio. Que su dependiente no estaba en el cafetín en aquellos momentos porque se hallaba durmiendo. Finalmente declaró que mandó aviso al padre de la otra muchacha que estaba herida porque era amigo suyo y comerciante como él.
“Este testigo no mereció crédito alguno a la Corte y la impre-sión que nos produjo fué la de un testigo falso. Tal es la sorpresa que le causa un automóvil que pasa frente a su establecimiento a 35 ó 40 millas por hora (así lo declaró) que abandona su negocio para irse a la carretera a contemplar tan interesante espectáculo. A fin de exagerar más la velocidad a que iba el automóvil, declara que al pasar el vehículo frente a su puerta, se hallaba él fuera del mostra-dor, cerca de la puerta y a pesar de salir rápidamente, cuando llega a la carretera, es decir cuando traspasa el umbral de la puerta del cafetín, tan rápidamente ha pasado el vehículo que no sólo tuvo tiempo de cubrir la distancia de 150 metros, si que también ya había dado los patinazos y estaban tendidas en el suelo las dos jóvenes, sin que él pudiera ver lo sucedido antes de caer las jóvenes. Abandona en-tonces su negocio, cierra la única puerta del cafetín y se dirige al sitio del suceso a prestar ayuda a las jóvenes, y no regresa a su es-tablecimiento hasta después de haberlas dejado en el vehículo que había de conducirlas al hospital, y hace todo esto y sacrifica su ne-gocio a pesar de las distintas personas que se hallaban en el sitio y que podían hacer lo que él declara que hizo. En cambio, teniendo como tenía un dependiente no pudo comparecer a declarar ante el Fiscal o el Juez Municipal, porque tenía que abandonar su negocio y esto perjudicaba sus intereses. Declaró que era amigo y compa-ñero del padre de una de las jóvenes.
“Si se leen las contestaciones que dió al bábil examen de repre-gunta que le hizo la representación de los demandados, se advertirá inmediatamente la falsedad de este testigo.
“El otro testigo de los demandantes, Carlos Y. Roger, que se hallaba en el mismo cafetín en los momentos del accidente, y que declaró sobre la exagerada velocidad del automóvil, tampoco es digno de crédito. Este testigo declaró que trabaja actualmente y traba-jaba el 16 de julio de 1934, en el despacho en la fábrica de sombreros ‘Britania’ y a pesar de que el 16 de julio de 1934, fué lunes y no festivo y aunque declaró que por la mañana estuvo en su tra-bajo, no explica satisfactoriamente por qué se encontraba en el ca-fetín a la hora del accidente, que fué entre dos y tres de la tarde. Declaró que aquella tarde no fué a trabajar, aunque no se hallaba enfermo, no hacía ninguna diligencia que justificara su falta de asis-tencia a su trabajo, declarando además que estaba en el cafetín desde la 1 ó IV2 de la tarde. Tampoco declaró ante el Fiscal o el Juez Municipal, y aunque manifestó que se hallaba con el testigo Suárez en la puerta del cafetín y que ambos miraban al mismo tiempo hacia el sitio del accidente, Suárez, según su declaración, sólo alcanzó a ver las jóvenes tendidas en el pavimento, mientras el testigo Roger nos describe el accidente con lujo de detalles, desde que el chauffeur trató de refrenar y se produjo el patinazo, hasta que las jóvenes fueron alcanzadas por el automóvil y lanzadas al suelo.
“El cabo José María Rosario, que en el juicio oral declaró que Andrés M. Díaz le había dicho al llegar él al sitio del accidente, que iba un poco ligero porque era comisionista e iba para la isla, en la investigación practicada ante el Fiscal, al preguntársele si Andrés M. Díaz le había hecho alguna manifestación, se limitó a decir: ‘Él me dijo que las muchachas estaban tomadas.”
“El testigo de los demandantes, Juan Herrero, que declaró que el automóvil venía a 40 kilómetros por hora (25 millas) manifestó en el curso de su declaración que él no conoce de velocidades.
“El testigo de los demandantes, Alfredo Rodríguez, declaró que el automóvil marchaba a 30 millas por hora,' habiendo declarado an-teriormente ante el Fiscal que la velocidad del vehículo era de 25 a 30 millas por hora.
“Los testigos de los demandados aseguran que el automóvil iba despacio y que al acercarse a las jóvenes éstas hicieron ademán de cruzar la carretera, que entonces el chauffeur tocó klaxon y ellas se turbaron por lo que el chauffeur tuvo que aplicar los frenos, resul-tando entonces el patinazo que motivó el accidente.
“La teoría de los demandados nos parece más lógica y razonable que la de los demandantes y está sostenida por testigos desapasio-nados, de cuya veracidad no hay motivos para dudar, por lo que al pesar la evidencia de una y otra parte sobre este punto declaramos que la preponderancia de la prueba está a favor de los demanda-dos. ’ ’

Teniendo en cuenta que en los demandantes recae el peso de la prueba, la evidencia que aportaron resulta en verdad in-suficiente, y como dice la corte sentenciadora, muy débil para basar en ella una sentencia, sobre todo al compararla con la prueba en contrario de los demandados.

Contrario a lo que sostienen los apelantes en el cuarto señalamiento, en la apreciación de esa evidencia se advierte el juicio razonado, justo y desapasionado.

También nos parece, como a la corte inferior, más lógica la teoría de cómo sucedió el accidente, expuesta por los de-mandados. Dicen éstos que bailándose mojada la carretera con motivo de fuertes aguaceros que cayeron antes y aún en el momento del accidente, el automóvil de Díaz bizo uno o dos zigzags al aplicar éste los frenos para defender a la inter-fecta, cuando ésta abandonó la derecha por donde caminaba e intentó cruzar la carretera. A nuestro juicio es de perfecta. aplicación lo resuelto por esta corte en Meléndez v. Alvarez, 35 D.P.R. 343, 347, donde se dice:

“ . . .La presunción racional y lógica en contrario a lo sentado por el juez inferior es la que establece la jurisprudencia, diciendo que el conductor de un vehículo de motor tiene el derecho a asumir que una persona parada en un lugar seguro no dejará repentina-mente aquella posición, colocándose en el paso del vehículo. Y por el contrario tiene el derecho de asumir que así no ha de actuar. 3 Cal. Jur. 872.”

No cometió la corte sentenciadora error alguno en la apreciación de la prueba.

Que la Corte inferior erró al dejar de aplicar la ley que determina cuándo constituye evidencia prima facie de ser conducido un vehículo sin el debido cuidado.

En apoyo de este señalamiento invocan los apelantes los artículos 12, letras (a) y (e) y 13, letra (a) de la Ley núm. 75, aprobada en 13 de abril de 1916 (pág. 144), para regla-mentar el nso de vehículos de motor en Puerto Pico.

Siendo insuficiente la prueba aducida por los demandan-tes para establecer a satisfacción de la corte sentenciadora la velocidad a que el demandado conducía el vehículo en el momento del accidente, no existe base alguna para la pre-sunción de que dicho vehículo era conducido sin el debido cuidado. No son, por tanto, aplicables los preceptos ci-tados.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Presidente Señor Del Toro y Asociado Señor Córdova Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señoe Tbavieso

text:
    Luis F. Balaguer, demandante y apelante, v. F. R. Villavicencio, demandado y apelado.
    Núm. 7358.

    Sometido: Enero 12, 1938.

      Resuelto: Febrero 18, 1938.

      Henry G. Molina y Santiago de la Fuente, abogados del apelante: Juan Valldejuli Rodríguez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de una acción para obtener la pose-sión de cierto automóvil. Obtenida provisionalmente de acuerdo con la ley que regula este procedimiento y vistos ■después en la corte inferior los méritos del caso, recayó sentencia por la que se declara sin lugar la demanda, se or-dena la devolución al demandado del automóvil objeto del litigio, y se imponen las costas al demandante.

Alega el demandante apelante ser dueño del referido automóvil de cuya posesión le ba privado el demandado a virtud de una orden dictada por la Corte de Distrito de San Juan en el pleito número 22,159, sobre reclamación y en-trega de bienes muebles, seguido por F. B. Yillavicencio contra Fidela Trilla.

Negó el demandado los hechos esenciales de la demanda y adujo como defensas especiales, entre otras, que obtuvo el mencionado carro de Ochoa Fertilizer Corporation y lo cedió en venta condicional a Fidela Trilla, contra quien hubo de instar el pleito número 22,159 a que se refiere el de-mandante, el cual fué resuelto por transacción mediante la entrega del carro y devolución a la compradora de parte del precio de venta; que si en algún momento el demandante tuvo la posesión material del referido automóvil, era ésta ilegal y contraria a sus deseos.

Por el primer señalamiento el demandante le imputa a la corte sentenciadora error manifiesto en la apreciación de la evidencia.

No encontramos que se cometiera dicho error. La corte inferior llegó a las únicas conclusiones tanto de hecho como de derecho a que podía llegar después de un análisis sereno de la evidencia aportada en el juicio y de la ley que le es aplicable. Juzgamos correctas las siguientes manifestacio-nes que aparecen en la opinión emitida por el juez que pre-sidió en la vista de este pleito:

"No hemos de ser tan cándidos que creamos en so. totalidad la historia que nos hace López ni tampoco la que relata Balaguer, pero sí hemos de declarar que si bien uno ni otro dicen toda la verdad, es indiscutible que en la manera de adquirir Balaguer existe algo in-moral e ilegal que no ha salido a la superficie, pero impide que él haya adquirido un título justo, que sea dueño por lo menos del au-tomóvil en cuestión, única propiedad que está en controversia en este litigio. ’ ’

Más aún. Asumiendo que la corte inferior se hubiese equivocado al negarle crédito a Balaguer, el error no sería tan manifiesto que implicara la revocación de la sentencia. Aceptando como cierta su declaración y probada la teoría de su caso, ni de una ni de otra ni de ambas surge un dere-cho a su favor sobre el automóvil que ha motivado este pleito. La corte a quo resume la declaración que prestó ante ella como testigo de sí mismo, el día de la vista. Estamos de acuerdo con ese resumen, que transcribimos textualmente por considerarlo necesario a la discusión de otros errores. Dice así el juez sentenciador:

"La historia que nos hace Balaguer no es menos fantástica que la que nos relata López. Declaró Balaguer que cierta persona alle-gada a él le insinuó que comprara el automóvil y las joyas de López, porque éste tenía que embarcarse, y como la Sra. de Balaguer se hallaba a la sazón en la quinta de Aibonito, invitó a López para que fuera hasta allá donde cerrarían el negocio, para que la Sra. Bala-guer tuviese una oportunidad de ver si le gustaban las alhajas, pues-para ella las compraba. Que se encontraron en Cayey, allí comió' López y tomó café Balaguer y juntos siguieron hasta la quinta del demandante, en Aibonito, donde se hallaba su esposa enferma. Que al llegar a la quinta se bajaron del automóvil, observando luego la esposa de Balaguer que López había dejado el automóvil con el motor caminando, tal y como si estuviera preparado para salir rápida-mente en cualquier momento que lo necesitara. Que al penetrar en la casa bajó la Sra. Balaguer y en el comedor López sacó las joyasy convenido el precio, exigió el vendedor que le pagasen en billetes (no quería cheques), y después que hubo recibido el precio y firmada López el documento exhibit L del demandante, la esposa fué para la cocina a prepararles café, y en ese instante López sacó el revólver o pistola y amenazando con ella a los presentes, les exigió la devolu-ción de las prendas, reteniendo él, desde luego, el precio que ya había recibido. En ese momento aparece en escena la Sra. Balaguer y apuntando con una pistola a López le obligó a deponer su actitud, y dominado por los presentes pide perdón y suplica que no lo de-nuncien. Balaguer y sus compañeros se conforman y acceden a las súplicas de López, pero lo conducen a Aibonito para que el docu-mento exhibit L del demandante, antes transcrito, sea firmado tam-bién por otros testigos no relacionados con Balaguer. En Aibonito son vistos por el policía Manuel Ortiz, cuya declaración nos merece entero crédito.. Declaró este policía que vió llegar a López, a Ba-laguer y a otra persona, y que pararon frente a un cafetín lla-mado ‘El Dragón Rojo.’ Que llegaron en un automóvil Graham Paige entre 10 y 11 de la noche del 21 de diciembre del año pa-sado, y llamaron al dueño del cafetín, Sr. González, suplicándole Balaguer que le recomendase un cha/wffeur de confianza para traer a López a San Juan. Le recomendaron un chauffeur que tenía un carro público, y luego Balaguer le dijo al mismo González que necesitaba unos testigos para firmar un documento en que constaba la compra a López de un automóvil. Esto lo dijo Balaguer al al-cance del oído de López. Guando los testigos estaban listos para fir-mar, González exigió -que firmase López, y éste que se había quedado en el automóvil gritó ‘Pueden ustedes firmar, que ya yo firmé y re-cibí el dinero.’ Se firmó entonces el documento y López salió para San Juan en el automóvil público que se le había recomendado.
“Declaró Balaguer que él no examinó los records del Negociado de Automóviles para investigar si en efecto López era el dueño del vehículo. Tampoco hizo examinar las joyas por un experto para ver si eran legítimas hasta unos días después, que las mostró al señor Emilio Bouret, joyero de esta ciudad. Que el precio de compra se pagó en billetes de banco, y que parte del precio, unos $600.00, más o menos, los tenía su esposa procedentes de economías que tenía ella, y el resto los llevó Balaguer.”

Repetimos, que aun aceptando como cierta esa declaración, siempre nos veríamos obligados a resolver que Balaguer no adquirió de Providencio López título alguno, porque éste no podía transmitirle lo que no tenía. El apelante sostiene lo contrario en el segundo error que le atribuye al juez senten-ciador, en el que éste no incurrió, a nuestro juicio, por las siguientes razones.

El demandado probó que el día 2 de octubre de 1934 vendió a Fidela Trilla un automóvil G-raham Paige, licencia núm. 1721, por el precio de $711, de los cuales pagó en forma que aparece de la orden firmada por ella y presentada por el demandado en evidencia, $611, suscribiendo por el balance cinco pagarés de un valor de $22. 20 cada uno, que también fueron ofrecidos y admitidos en evidencia. La transferencia de Yillavicencio a Fidela Trilla así como otra anterior de Ochoa Fertilizer Corporation a Villavicencio no fueron inscritas en el Departamento del Interior basta el 31 de diciembre de 1934, por lo que basta esa fecha, y a pesar de que desde el día 2 de octubre de 1934 había pasado por compra de manos de Yillavicencio a las de Fidela Trilla, el automóvil aparecía en el Negociado de Automóviles del Departamento del Interior inscrito a favor de la dueña original, Ochoa Fertilizer Corporation. Si el demandante hubiese acudido a dicho negociado antes de adquirir el automóvil, hubiera visto que Providencio López no era dueño ni tenía título alguno sobre dicho vehículo. La posesión que del automóvil tenía López no era suficiente en derecho para establecer un título a su favor y en contra del verdadero dueño, Yillavicencio. Balaguer compró a su riesgo y no adquirió título alguno sobre el automóvil objeto de la venta porque su vendedor no tenía título alguno que pudiera trasmitirle legalmente. Véanse: García et al. v. Savino et al., 19 D.P.R. 279, y García et al. v. Suro et al., 19 D.P.R. 755.

El hecho de que el contrato de venta condicional no se inscribiera sino hasta después de haber transcurrido cinco días de la venta a Balaguer no tiene importancia alguna en este caso. Uno de los propósitos que persigue la ley al proveer para la inscripción de los contratos de venta condicional de bienes muebles es el de proteger al comprador de buena fe contra la venta que pudiera hacerle un mero poseedor de dichos bienes muebles, sin título legal sobre los mismos. La falta de inscripción tendría importancia si el título que Balaguer alega tener le hubiese sido conferido por uno de los anteriores dueños, Fidela Trilla n Ochoa Fertilizer Corporation.

El tercero de los errores debe también ser desestimado. Dice el apelante que erró la corte al resolver que la nulidad de los procedimientos seguidos por Yillavicencio para recu-perar el automóvil que se hallaba en poder de Balaguer no favorece al demandante.

La corte no resolvió que el procedimiento seguido por Villavicencio fuera nulo. Admitió la posibilidad, pero no la resolvió. En la opinión que escribió se expresa así:

“Quizás sea nulo el procedimiento seguido por Villavicencio para recuperar el automóvil que se hallaba en poder de Balaguer, pero a nuestro juicio la nulidad de las actuaciones de Yillavicencio no fa1 vorece al demandante, quien está obligado a probar por la prepon-derancia de la evidencia que es dueño o tiene derecho a poseer la propiedad en cuestión.”

Por ello, y por los fundamentos enunciados al discutir el segundo señalamiento, creemos que también debe desesti-marse éste.

Por las razones aducidas, debe confirmarse la sentencia.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señoh Del Tubo

text:
    Félix Benítez Rexach, hoy Joaquín Santana, demandante y apelado, v. Sergio Muñoz y Domingo Quintana, demandados y apelante el último.
    Núm. 7356.

    Sometido: Diciembre 17, 1937.

      Resuelto: Febrero 24, 1938.

      Mimoso, Vendréll & Mimoso, abogados del apelante; R. Buscaglia, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señoh Del Tubo

emitió la opinión del tribunal.

De los autos resulta que P. Benitez Rexach demandó a 'Sergio Muñoz y a Domingo Quintana en cobro de una deuda reconocida por sentencia que le fue cedida por el Banco de Yabucoa. Contestaron los demandados oponiéndose. Puó ■el pleito a juicio y el 31 de agosto de 1931 la corte lo resolvió por sentencia condenando a los demandados a pagar al de-mandante los tres mil dólares reclamados, intereses y costas.

En noviembre 28, 1934, compareció el demandante por su .abogado para hacer constar que había vendido, cedido y traspasado a Joaquín Santana la sentencia de agosto 31, 1931, a fin de que el cesionario pudiera sustituirlo y ejecutar las acciones que creyere pertinentes.

También en igual día compareció Santana pidiendo que .se le tuviera por sustituido y que no habiendo podido cobrar la sentencia se expidiera orden de ejecución de la misma contra los demandados.

En diciembre 11, 1934, compareció Quintana alegando que sin que la sustitución fuera decretada por la corte el se-cretario había expedido orden de ejecución y el márshal cumplimentándola había embargado ciertos bienes de su propiedad. Pidió por tal motivo la nulidad de lo actuado. Por otra moción de igual fecha se opuso a la sustitución ale-gando que el traspaso de la sentencia era simulado y que se trataba de un crédito litigioso. Pidió Santana que se hi-ciera más clara y específica la moción de Quintana, oponién-dose a la sustitución, y la eliminación de ciertos particulares do la misma. La corte anuló la orden de ejecución y declaró con lugar las mociones de Santana, concediendo a Quintana diez días para enmendar su moción.

Solicitaron reconsideración ambas partes y señalado el 12 de junio, 1936, para oírlas comparecieron con excepción de Quintana y la corte declaró sin lug*ar la moción de éste y non lugar la de Santana, decretando la sustitución que soli-citara y dejando en libertad al secretario para expedir la or-den de ejecución. Proveyendo otra moción de Santana, decretó el levantamiento del embargo trabado sobre bienes del demandado Muñoz.

Quintana apeló para esta Corte Suprema y en su alegato -señala dos errores cometidos a su juicio por la corte al de-clarar bien hecha la sustitución de Benitez por Santana y subrogado éste en los derechos de aquél y al no considerar la cesión de Benitez a Santana como la de un crédito liti-gioso.

Santana en noviembre 30, 1937, pidió la desestimación ■del recurso con imposición de costas, gastos y honorarios de abogado, y como la vista del mismo estuviera ya señalada para diciembre 17 siguiente, se acordó oír la moción y el caso ■en su fondo en dicho día, como así se hizo, con la sola com-parecencia y el informe de la parte apelada.

La verdad es que una vez estudiado el recurso resulta claramente frívolo, e interpuesto y mantenido con el sólo propósito de dilatar la ejecución de la sentencia en bienes de Quintana, uno de los demandados por ella condenados al pago de la suma reclamada.

No sólo estuvo bien declarada la sustitución por el juez de distrito, si que era innecesaria su declaración formal para •que el sustituido pudiera pedir la ejecución de la sentencia, •según decidió esta propia Corte Suprema en Santana v. Quintana, 51 D.P.R. 794.

Eso en cuanto al primer error y en cuanto al segundo bastará decir que como la existencia del litigio a que ,.se refiere el apelante y la de la simulación que alegó no fue-ron por él expuestas finalmente en forma debida, ni menos probadas, ya que no enmendó sn moción de oposición a la sustitución y faltó en comparecer a la vista de sn moción de reconsideración, ni siquiera puede considerarse por falta de base en los autos para sostener la proposición que en el ale-gato se discute.

Además, aunque la hubiera, ya se resolvió también en el citado caso de Santana v. Quintana, supra, que el error no existe. Allí se dijo:

“El artículo 52 del Código de Enjuiciamiento Civil (edición de 1933) provee:
“ ‘En el caso de la cesión de una cosa litigiosa, la acción ejerci-tada por el cesionario es sin perjuicio de cualquier reclamación en contrario, o de otro derecho existente al tiempo de notificarse la ce-sión, o antes. . . . ’
“Si Quintana, antes de tener aviso de la cesión, hubiera pagado la sentencia o parte de la misma, hasta ese punto la cesión hubiera sido ineficaz en cuanto a él. Santana, al dejar de hacer notificación inmediata de esta cesión, corrió el riesgo de esta posibilidad, o de o+ras similares que pudieron haberle privado del derecho si cobrar su sentencia total o parcialmente. Sin embargo, sujeto a semejantes contingencias, él tenía derecho a un auto de ejecución. 34 Corpus Juris 636, 640, 644 y 645; 23 Corpus Juris 310, 311; Curtin v. Kowalsky, 145 Cal. 431; Brown v. Ayres, 33 Cal. 525, 91 Am. Dec. 655, 657; Wright v. Levy, 12 Cal. 257; Buckeye Refining Co. v. Kelly (Cal.), 124 Pac. 536; Gaullagher v. Caldwell, 60 Am. Dec. 85, 87.”

Las propias autoridades que invoca el apelante le son adversas. Ambas — Manresa .y la Enciclopedia Jurídica Española; — al determinar lo que es un crédito litigioso dicen :

“ ... De igual modo, si cuando la venta tiene lugar, el litigio-está ya terminado por sentencia firme, tampoco corresponderá al cré-dito la denominación de litigioso por más que lo haya sido antes. Este carácter ha de concurrir en el momento del contrato.” 10' Manresa, Comentarios al Código Civil, 377.
“El Código habla del caso de venta de un crédito litigioso. Na parece debiera de haberse suscitado duda acerca de este concepto. Crédito litigioso es el que está sujeto a litigio, y ese carácter ha de ser actual, con relación al momento de la venta. El crédito que fué litigioso, pero no lo es ya, y el que pudiera llegar a serlo, pero no lo es aún, no caen bajo la acción del artículo 1535.” 27 Enciclo-pedia Jurídica Española 535.

Encontrándonos, pues, frente al caso de un recurso frívolo, debe darse cumplimiento a lo dispuesto en el art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la Ley núm. 69 de 1936 (Leyes de ese año, pág. 353, 355), a saber:

“Artículo 327.— ..
“El Tribunal Supremo, en caso de temeridad, impondrá las cos-tas a la parte contra quien se dicte sentencia o resolución, en adi-ción a las costas ante la corte de distrito, las cuales comprenderán los siguientes desembolsos:
“(1) Sello de cinco (5) dólares para apelación:
“(2) Si el tribunal entiende que la apelación ha sido frívola o la parte ha sido temeraria, se le impondrá además de los desembol-sos, la cantidad que el tribunal crea razonable en concepto de hono-rarios del abogado de la parte a cuyo favor se dicte sentencia. ...”

En tal virtud el recurso será desestimado, imponiéndose al apelante el pago de las costas, incluyendo entre ellas cin-cuenta dólares por honorarios de ubogado.

Los Jueces Asociados Señores Hutchison y Córdova Dá-vila no intervinieron.