author: El Juez PbesideNte Señob Del Tobo

text:
    Damián Busquéts Almodóvar y María Fluimiana Busquéts Almodóvar, demandantes y apelantes, v. Compañía Curtidora de Puerto Rico, demandada y apelada.
    Núm. 7416.

    Sometido: Diciembre 8, 1937.

      Resuelto: Abril 8, 1938.

      Luis Ríos Algorín, abogado de los apelantes; Salvador Suau Carbo-nell, abogado de la apelada.
   El Juez PbesideNte Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Se apela de la resolución aprobando con algunas modifi-caciones el memorándum de costas presentado por la parte victoriosa en el pleito — la demandada — y se imputan a la corte cuatro errores.

Por el primero se sostiene que no debió aprobarse la partida de tres dólares pagada al mársbal por derechos de •embargo, invocándose la jurisprudencia sentada en el caso de Roig Commercial Bank v. Sucesión Lugo Viña, 34 D.P.R. 418.

No tienen razón los apelantes. En la propia decisión invo-cada se transcribe parte de la ley aplicable que lo es la núm. 17 de 1915 (Leyes de ese año, pág. 45), a saber: “Aran-cel de los derechos que deben pagarse a los marshals . . . . 33. — Por notificar un embargo de propiedad o ejecución de una orden de embargo, . . . $3.00.”

Señálese como segundo error el no haberse excluido a la codemandante María Plumiana Busquéts Almodovar del pago de las costas y argumentándolo se dice que como cuestión de derecho había que hacer figurar a dicha parte en el litigio por ser una heredera de la persona de quien procedía la propiedad reclamada pero que de hecho no tomó participación en el pleito como se demuestra por no haber jurado las alegaciones ni comparecido al juicio.

Tampoco tienen razón los apelantes. Si María Flumiana 33usqnéts no quería aceptar Ja responsabilidad del litigio, nadie podía obligarla, y de haberse negado, su negativa no implicaba que su hermano Damián, el otro demandante, no pudiera establecer su acción. Pudo, haciéndola figurar como parte demandada. Entonces se hubiera librado de las cos-tas. Figura como demandante y como tal compareció por medio de su abogado y es responsable. No era necesario que jurara personalmente las alegaciones ni que compareciera en el juicio.

El tercer señalamiento se formula así:

“Erró la corte también al resolver que la obligación del pago de costas lo era solidaria para ambas partes.”

Dijo a este respecto la corte en la resolución apelada:

“. . . La solidaridad de los demandantes es manifiesta, como así se declara en la opinión y sentencia, y no procede relevar a ninguno de la obligación del pago de costas. La obligación es solidaria y no puede dividirse de por mitad entre los demandantes.”

La condena en costas que la sentencia de que se trata con-tiene, está redactada en los. siguientes términos: . . . con imposición de las costas a la parte actora.”

Si se aplicaran los precedentes españoles, tendrían razón los apelantes pues como dice la Enciclopedia Jurídica Espa-ñola en su tomo 9, pág. 764:

“Es un principio de derecho procesal que las costas son perso-nales en materia civil; en su consecuencia, cuando resultan varios vencidos, no pueden ser condenados a pagarlas solidariamente, a no ser que se encuentren en un caso especial expresamente previsto por la ley, pues la solidaridad nunca se presume.
“Esta doctrina se lleva a sus últimas consecuencias; poco im-porta que las partes condenadas en costas sean deudores solidarios o coherederos, porque no hay ley alguna que imponga a unos u otros la solidaridad en el pago de las costas.”

Pero como son otros los precedentes aplicables por tra-tarse de una ley americana en su origen, la regla es.distinta. En el caso de Franceschi v. Mario Mercado e Hijos, 45 D.P.R. 427, esta corte resolvió, tomándolo del resumen, lo que sigue:

“No siendo una sentencia un contrato; imponiéndose las costas ex-delioto; no siendo las obligaciones impuestas por sentencia en sentido alguno voluntarias y concensuales, ni siendo las disposicio-nes del Código Civil aplicables a las sentencias, condenados en costas varios litigantes, las mismas pueden cobrarse como una penalidad indistintamente contra todos y cada uno de ellos, especialmente cuando se considera que la ley de costas fué tomada de fuentes en que la imposición de ellas es solidaria, un número de aquéllos litiga individualmente, el pronunciamiento se hizo contra todos y la corte dejó de distribuirlas proporcionalmente entre ellos a tenor de lo que prescribe el artículo 331 del Código de Enjuiciamiento ■ Civil. ’ ’

Véanse además: Santini Fertilizer Co. v. Burgos, 34 D.P.R. 869; Diego Agüeros & Co. v. Navarrete, 36 D.P.R. 875; y Rosario v. Vega, 47 D.P.R. 913.

El error no fné en tal virtud cometido.

El cuarto y último de los errores señalados tampoco existe. En él se sostiene que no procede la imposición de las costas en un pleito en el que se reclaman cinco acciones cuyo valor es incierto y se invocan varias decisiones de esta corte—Modesto et al. v. Sucesión Dubois, 16 D.P.R. 745; Monclova v. Rexach, 24 D.P.R. 313; Veve v. Municipio de Fajardo, 18 D.P.R. 764—en las cuales se resolvió que para tener derecho a honorarios de ahogado en los casos en que se conceden costas y la cuantía litigiosa excede de quinientos dólares, es necesario que conste de los autos la cuantía de la reclamación o materia litigiosa. Pero la parte apelante está impedida de levantar esa cuestión porque de modo terminante alegó en su demanda que “el valor a la par de las referidas acciones es de $1,000 cada una” y pidió que se dictara sentencia condenando a la demandada a entregar a los demandantes las dichas cinco acciones.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la resolución apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PeesideNte Señor Del Temo

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Lorenzo Santana, acusado y apelante.
    Núm. 6603.

    Sometido: Enero 25, 1938.

      Resuelto: Abril 8, 1938.

      Angel M. Villamil, R. Fernández Garzot y Faustino R. Aponte, abo-gados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PeesideNte Señor Del Temo

emitió la opinión del tribunal.

Rendido veredicto por el jurado que intervino en la causa criminal seguida contra Lorenzo Santana por asesinato de Julio Dieppa, declarando culpable de bomicidio voluntario al acusado, éste solicitó un nuevo juicio. La corte negó su peti-ción en 10 de marzo de 1937 y dictó sentencia siete días des-pués condenándolo a tres años de presidio.

El acusado apeló de la negativa del nuevo juicio y de ia .sentencia. Ambos recursos se ban tramitado conjuntamente, señalándose como errores comunes a los dos los cometidos por la corte a juicio del apelante 1, al transmitir instrucciones erró-neas al jurado; 2, al permitir al fiscal que tomara ventajas indebidas durante la celebración del juicio, privando al acu-sado de un juicio imparcial, y 3, al negarse a transmitir cier-tas instrucciones solicitadas por la defensa.

Los señalamientos primero y segundo pueden estudiarse y resolverse a la vez.

Como ya indicamos, la acusación imputó al acusado un delito de asesinato, esto es, la muerte ilegal y voluntaria de un ser humano, con malicia premeditada y propósito firme de producirla.

La evidencia de una y otra parte no es contradictoria en ■cuanto al hecho de haber disparado Santana su arma de fuego contra Dieppa. Lo es en cuanto a cómo y por qué se realizó ■el disparo.

Según declaración del doctor R. Mejias Ruiz que practicó la autopsia de su cadáver, Dieppa tenía una herida de bala en el frente del pecho, otra en la espalda, ambas graves, y otra leve en el lado anterior de la muñeca. La bala de lát primera herida salió por la región cubital, la de la segunda quedó dentro del pulmón derecho. La muerte sobrevino por hemorragia interna y shock traumático causados por las heri-das graves.

El testigo Marcos A. Pagán, policía insular que se encon-traba almorzando en casa de Dieppa el once de diciembre de 1934, describe el suceso como sigue:

“Terminando el almuerzo tocaron a la puerta ... se levantó el del garage de gasolina y le dijeron ‘no es a usted, es a Julio’ . . . entonces Julio Dieppa se levantó y fué a la puerta, pero ya ellos entraron ... el Sr. Amy (Colector de Rentas), el Sr. Bermúdez (Policía Insular) y Santana (Policía Insular), los tres ... le en-tregaron un pliego a Dieppa y Dieppa contestó ‘esto no es para mí’ . . . y lo tiró ... y salió corriendo a la parte donde yo estaba y se metió detrás y ahí vino el disparo ... el primer disparo lo evité yo con el brazo, lo (hizo Bermúdez, pero no lo hirió . . . entonces fué que Santana tiró y cogió a Julio (quien) cayó al suelo ... yo salí para afuera y (Santana) empezó a buscar la casa.”

Y la testigo Mercedes Muñoz Viuda de Dieppa lo narra así:

“. . . no bien habíamos terminado el almuerzo cuando entraron ... ese señor que está ahí (señalando al acusado), el policía Ber-múdez y otro señor bajito, que no recuerdo, con revólver en la mano todos. Ahí mi esposo se levantó de la mesa sorprendido y dijo ‘ ¿ Qué es esto?’ y ahí mismo ... el policía Bermúdez le disparó . . . en-tonces el policía Santana le disparó a mi esposo. Ahí mismo queda él tendido en el suelo y ahí vuelve y le disparó otra vez ... yo empecé a gritar ... y él me violentó contra el medio punto y me dijo ‘Ahí lo tiene, recójalo si quiere.’ ”

Otra prueba de cargo existe en el mismo sentido. De la de descargo extractaremos lo esencial de las declaraciones de Bermúdez y Santana. Ambos fueron acusados pero Santana pidió ser juzgado separadamente y lo que está ante nosotros es su juicio.

Dijo Bermúdez:

. . El 11 de diciembre de 1934 salimos del cuartel con direc-ción a la casa del Juez Municipal de Humacao para firmar una orden de allanamiento . . . nos la firmó y llegaron los agentes de rentas internas acompañados del guardia Santana a buscarnos ... y sali-mos con rumbo a la casa de Dieppa ... al llegar . . . tocó el guar-dia Santana . . . contestó Pagán, un policía que estaba en la casa de Dieppa, si era a él ... y Santana dice ‘no, al señor Dieppa’, y entonces vino . . . y yo le dije ‘Señor Dieppa, aquí traigo una orden de allanamiento para registrar su casa’ — se introduce y se admite la orden en evidencia — la cogió ... la leyó y la tiró y nos dice ‘vá-yanse y vengan después’ ... y yo le dije ‘Señor Dieppa, esto no es asunto de volver después, éste es asunto de abora’ . . . recogí la or-den ... di un paso para alante y él -me dió un empujón y yo me fui para atrás . . . sacó un revólver del bolsillo de atrás . . . hizo dos disparos ... el revólver le amarró fuego y lo tiró ... se cejó para atrás y se fué a un chinero, rápido, y cogió otro revólver, y cuando me apuntó, el guardia Santana le hizo un disparo ... al Santana disparar oí otras detonaciones más, pero no se quién las hizo ... vi a Dieppa cuando estaba en el suelo que lo recogió Santana y Morales y se lo llevaron . . . nosotros — los agentes de rentas internas, yo, el guardia Ferrer y el guardia que está en los Estados Unidos — fuimos y encontramos en unas habitaciones doce latas de alcohol ...”

T Santana se expresó en resumen como sigue:

“En el día de que se trata estaba en mi casa de Pasto Viejo, me llamó el Jefe Castillo para que fuera inmediatamente al pueblo. Cuando llegué al cuartel de Humacao el Jefe me dijo: ‘Va a salir inmediatamente con el policía Bermúdez y el policía Fernández a cumplimentar una orden de allanamiento para casa del Sr. Dieppa’ . . . llegamos hasta el balcón de la casa . . . toqué ... el policía Pagán que se encontraba allí me vió y me dice ‘ ¿ Santana, a mí ? . . . y yo le digo ‘a usted no, al señor Dieppa.’ . . . Éste se levantó de la mesa y vino ... el policía Bermúdez, que llevaba la orden, le dijo ‘aquí tiene usted, señor Dieppa, este allanamiento. Venimos a registrar la casa. ’ ... Él la cogió, la leyó ... y se la tiró . . . y dijo ‘váyanse, ahora no tengo tiempo de atenderlos.’ Entonces Bermúdez recogió la orden . . . avanzó hacia la sala . . . Dieppa le dió un empujón . . . con la misma echó para atrás y jaló el revólver que tenía en el bolsillo de atrás e hizo un disparo, y cuando él hizo ese disparo, yo que estoy en la otra esquina, quise agarrarme con ■el Sr. Dieppa. AM hizo tin segundo disparo y fué cuando me hirió ... en el dedo . . . entonces el revólver le falla ... lo tiró •al suelo . . . corre para el chinero ... y empuña otro revólver . . Cuando le vi la intención de querer coger otro revólver, con él quise agarrarme, . . . pero ahí voló el policía Pagan, que declaró aquí, y me agarró a mí en tal forma que yo no pude enredarme con el se-ñor Dieppa. Ahí fué cuando él vino para encima del policía Ber-múdez con el otro revólver y yo me le tiro contra el suelo al policía Pagán, halo por mi revólver y le hago un disparo en ese momento. Entonces salieron uno o dos disparos más y ahí cae el señor Dieppa. ’ ’

La prueba es más amplia pero lo extractado de ella es sufi-ciente para resolver los señalamientos de error que estudia-mos. En sus instrucciones el juez sentenciador resumió co-rrectamente la evidencia, definió seguidamente el delito impu-tado al acusado — asesinato—y el de homicidio, y dijo:

“Como han podido apreciar los caballeros del jurado, el acusado ha invocado la defensa propia en este caso. Él admite que disparó «ontra Dieppa, si bien es verdad que alega que sólo hizo un disparo contra éste, y de la prueba de cargo aparece que Dieppa recibió tres heridas. El acusado alega que de haber sido él el causante de la muerte de Dieppa, lo hizo en defensa propia.
“La defensa propia consiste en el derecho que tiene toda persona ■de usar la necesaria fuerza para evitar la pérdida de su vida o recibir grave daño corporal, cuando su vida se halla en inminente •e inmediato peligro. ...”

Continúa el juez y en forma completa expone la ley rela-tiva a la legítima defensa, comprendiendo en ella el caso de la defensa de otra persona, como sigue:

“La defensa propia no necesariamente está limitada a defender la vida del acusado, sino que puede invocarse también cuando se mata en defensa de otra persona a quien el interfecto quiere privar de la vida o inferirle grave daño corporal. De modo que el hecho de que el ataque, aunque no fuera directamente contra Santana, sino contra Bermúdez, esa circunstancia, por sí sola, no priva al acusado del derecho a la defensa propia, porque si en efecto se iba a quitar la vida a su compañero Bermúdez, el acusado tenía derecho de defenderla, como si se tratara de su propia vida.”

Se refiere entonces a la presunción de inocencia, a la duda razonable, al peso de la prueba, todo de acuerdo con la ley,, y termina sugiriendo al jurado los veredictos que puede ren-dir, a saber: culpable de asesinato en segundo grado, si cree la prueba de cargo; culpable de homicidio, si cree “que al recibir Santana la herida que alega recibió en un dedo de la mano, montó en cólera y en un momento de ira hizo uso de su revólver y privó de la vida a su semejante Dieppa, .... sin ser un caso de defensa propia;” no culpable por ha\ber actuado en legítima defensa de su compañero Bermúdez, si cree la declaración de éste y su propio testimonio; y no culpable también si tiene duda razonable de su culpabilidad a de si actuó o no en legítima defensa.

Los errores que estudiamos, como sabemos, se imputan a la corte como cometidos por ella al transmitir sus instruccio-nes al jurado y al negarse a transmitirle las que le pidiera la defensa. Acabamos de referirnos a las primeras. Las últimas constan por escrito. La primera, la segunda, la ter-cera y la cuarta se refieren a la defensa propia. Bastará decir en cuanto a ellas que habiendo la corte instruido al jurado debidamente sobre el punto, no bay error. La quinta, la sexta, la séptima y la octava se refieren a los homicidios justificables cometidos por funcionarios públicos. Transcribiremos la sexta y la séptima que estimamos suficientes para examinar la cuestión suscitada. Dicen:

‘ ‘ Sexta Instrucción. — La corte instruye al jurado que el homicidio' es justificable Cuando fuere cometido por funcionarios públicos, en los siguientes casos:
“(1) En cumplimiento de una sentencia de tribunal competenté.
“(2) Cuando hubiere necesidad de cometerlo para vencer cual-quiera resistencia que se opusiere a la ejecución de una orden judicial o en cumplimiento de cualquiera de sus demás funciones legí-timas.
“A este respecto la corte os instruye que una orden de allana-miento de morada es una de las órdenes judiciales a que hace refe-rencia el precepto legal que acabo de exponer.
“Séptima instrucción. — La corte os instruye que un oficial de la paz a quien se le opone resistencia al cumplimentar una orden judicial no está obligado a declinar un combate, sino que puede insistir en ejercer cualquiera fuerza que sea razonablemente necesaria, y está justificado en matar a su antagonista bajo circunstancias en que una persona particular no podría hacerlo.”

La misma cuestión que ahora se somete a nuestra conside-ración y resolución fué levantada ante la propia corte senten-ciadora en la moción de nuevo juicio y al decidirla en contra del acusado, la corte, citando al tratadista May—Criminal Law, 3rd. ed. 211—y los casos de People v. Adams, 24 P. 629, 631 y Stephens v. Commonwealth, 47 S. W. 229, 230, y transcribiendo sus instrucciones sobre legítima defensa, dijo:

“Estas instrucciones abarcan perfectamente la ley aplicable al caso, y llámese homicidio excusable o justificable, el resultado es el mismo y el veredicto hubiera sido el que trajo el jurado y no otro. De manera pues, que ningún perjuicio se causó al acusado al de-negar la instrucción solicitada, la cual indudablemente hubiese lle-vado confusión a la mente del jurado, ya que se trataba de un mero misdemeanor, y en tales condiciones el acusado no estaba justificado en matar a Dieppa simplemente para ejecutar la orden de allana-miento a menos que su vida estuviese en peligro.
“En ninguna parte de las instrucciones de la Corte se insinúa ni por ellas puede llegar el jurado a la conclusión de que Santana y sus compañeros estaban en la obligación de retroceder o de evitar el combate propuesto según ellos por el interfecto Dieppa. Por el contrario, en las instrucciones que recibió el jurado, se asume que ellos estaban allí en el cumplimiento de un mandato de la ley y en armonía con esta premisa se instruyó al jurado en la forma ante-dicha.
“Sostenemos que las instrucciones transmitidas al jurado son correctas y que en el caso de adolecer de algún defecto de forma o meramente técnico, ningún perjuicio se causó con ello al acusado y si ningún perjuicio se le causó, no procede la concesión de un nuevo juicio por los fundamentos 1 y 2 antes expuestos.”

A nuestro juicio el juez sentenciador lo mismo que extractó la prueba sin omitir detalle importante alguno, surgiendo de Su extracto todo lo relativo a la orden de allanamiento y a lo ocurrido al tratar de cumplimentarla, lo mismo, repetimos, debió exponer los principios de ley envueltos en toda su ampli-tud y no lo hizo no obstante haber pedido el acusado por medio de su abogado que lo hiciera.

La instrucción sexta no transmitida es correcta. Se basa en la propia ley, artículo 208 del Código Penal. La séptima se inspira en una que aparece en el tomo 2, pág. 628, apar-tado 1523 de la obra de Blashfield sobre Instrucciones al Ju-rado, como basada en el caso de Lynn v. State, 170 Ill. 527, y también parece correcta.

La corte debió transmitirlas complementándolas debida-mente o cubrir el campo con instrucciones suyas por entero sobre la materia. Y no hizo ni una ni otra cosa.

En el caso de California que la corte invoca, es cierto que se dijo:

“La Corte no cometió error en sus instrucciones al exponer la ley sobre defensa propia. Toda la teoría de la defensa fue que la muerte del interfecto fue necesaria no con el fin de efectuar el arresto, sino para impedir que Collins matara al acusado. El mismo acusado limita su justificación a ese motivo. Y, aún si hubiera in-sistido seriamente en que la muerte del interfecto era necesaria para efectuar el arresto, habría sido propio y necesario exponer la ley sobre la defensa propia en su totalidad, y, al así hacerlo, usar la expresión de que se queja el apelante, o sea que el acusado “debió haber actuado bajo la influencia de tales temores solamente/ limi-tando su aplicación, desde luego, a esta defensa.”

Pero seguidamente se agregó:

“Y creemos que el orden seguido al dar las instrucciones en este caso fué tal, especialmente en vista del testimonio del acusado, que el jurado nunca pudo dejar de aplicar la expresión objetada exclu-sivamente a la alegación de defensa propia. Es cierto que la corte se negó a transmitir una instrucción solicitada por él acusado, al efecto de que el homicidio es justificable cuando se comete necesaria-mente al intentar por medios legítimos la prisión de algún reo de delito grave, y esto quizá pudo perjudicar al acusado, a no ser por él hecho de que otra instrucción, redactada también por su abogado, en términos ligeramente distintos, pero substancialmente igual, ya había sido dada. La instrucción así transmitida estaba concebida en los siguientes términos, y a nuestro juicio cubre toda la cuestión: ‘La corte instruye al jurado que un funcionario al efectuar un arresto tiene derecho a usar toda la fuerza que, a juzgar por las circunstancias que le rodean, como hombre razonable, sea necesaria; que tiene derecho a estar armado y que cuando el delito imputado es grave tiene igualmente derecho, de ser aparentemente necesario a un hombre razonable, a dar muerte a la persona que trata de arrestar; y que tiene derecho'además a, y es su deber, arrestar a una persona que ha cometido un delito grave, con o sin mandamiento de arresto.’ ” (Itálicas nuestras.)

La corte sentenciadora cubrió, pues, por sí misma el campo que quiso cubrir la defensa y a ello se debió que la corte de apelación pudiera sostenerla; pero aquí como hemos dicho no sólo la corte sentenciadora dejó de transmitir las instruccio-nes que la defensa solicitara, si que omitió en absoluto dar-las por sí misma, y la ley en vigor sobre homicidio justifica-ble no le fué dada a conocer por completo al jurado.

Quizá como en algunas ocasiones sucede, nos veremos obli-gados a revocar una sentencia justa substancialmente, pero no podemos hacer otra cosa. Era la obligación de la corte instruir al jurado sobre toda la ley envuelta, y sobre una parte esencial de esa ley el jurado no fué instruido.

La revocación de la sentencia y la concesión de un nuevo juicio se imponen por tal motivo sin que exista en su con-secuencia necesidad de resolver el otro señalamiento de error. Sin embargo, parece oportuno y conveniente decir en cuanto al mismo que algunas de las manifestaciones que hizo el fiscal durante el curso de la vista que se sostienen por la defensa privaron al acusado de su derecho a un juicio imparcial, si bien tal vez no monten a tanto, es lo cierto que constituyen desviaciones impropias de la actitud que debe asumir el minis-terio público en los tribunales de justicia cuando ante ellos comparece en representación del Pueblo para probar y sos-tener sus acusaciones.

Por virtud de todo lo expuesto dehe declararse con lugar el recurso y em su consecuencia revocarse la sentencia y la-resolución apeladas, concediéndose la celebración de un nuevo juicio.


author: El Juez Asociado Señor Wíole

text:
    Antonio Ramírez, peticionario y apelado. Ex parte Graciela Pérez Torres; Concepción Pérez Vázquez a nombre y en representación de sus hijos Alberto, Julio y María Virginia Pérez Vázquez; Engracia Alicea como madre en representación de Marta Virgen Pérez Alicea y Julia Nazario Zavala como madre de Angel Luis Pérez Nazario, promoventes y apelantes.
    Núm. 7157

    Sometido: Abril 2, 1937.

      Resuelto: Abril 8, 1938.
   El Juez Asociado Señor Wíole

emitió la opinión del tribunal-

La controversia en este caso fué sometida a la corte inferior mediante una estipulación de hechos que pueden ser resumidos, conforme lo hizo la corte inferior, en la siguiente forma:

"Él 20 de junio de 1921, doña Isabel Llera Vázquez otorgó testamento abierto . . . instituyendo por sus únicos y universales herederos a sus legítimos hijos José, Fernando e Isabel Pérez Llera y Carmen Luisa Encabado Llera, los tres primeros ha-bidos en su primer matrimonio con don Fernando Pérez y la ultima en las segundas nupcias contraídas con don Mateo Encabado. Antes que la testadora, el 5 de mayo de 1932, falleció el heredero José Pé-rez Llera, dejando como únicos herederos a los peticionarios y a su legítima madre, doña Isabel Llera Vázquez. Dos años más tarde, el 28 de junio de 1934, falleció doña Isabel Llera Vázquez, sin haber revocado ni modificado su mencionado testamento. Su albacea, don Antonio Eamírez solicitó de esta corte y obtuvo a su favor, la corres-pondiente carta testamentaria. El 6 de octubre del año pasado los peticionarios, que son los hijos naturales y nietos naturales de José Pérez Llera, nombrados en la petición, solicitaron el nombramiento de un contador partidor, a los efectos de la herencia relicta por doña Isabel Llera Vázquez, de quien alegan ser herederos en representa-ción de su padre y abuelo natural, José Pérez Llera. El albacea de doña Isabel Llera Vázquez, Antonio Eamírez, se opuso a la mo-ción de los peticionarios, alegando a manera de excepción previa que la petición no aduce hechos que justifiquen el remedio solicitado, y que los peticionarios no tienen derecho a intervenir en la partición de la herencia en cuestión, por no ser herederos ni tener derecho alguno a la herencia de doña Isabel Llera Vázquez . . . Los peticionarios plantean su proposición en la estipulación de hechos, en la siguiente forma: A. Que son ellos herederos de doña Isabel Llera Vda. de Eucabado, como nietos naturales de ella, y en representación de su padre natural don José Pérez Llera, hijo legítimo de aquélla, ya hu-biese ocurrido el fallecimiento de doña Isabel Llera con testamento o ab intestato. B. Que como tales hijos naturales reconocidos de José Pérez Llera, y en su representación, tienen derecho a promover la partición de los bienes de doña Isabel Llera Vázquez.”

La corte inferior resolvió que cualesquiera supuestos dere-chos de representación debían ser investigados a la luz de los artículos 887 y 888 del Código Civil (ed. 1930) que leen:

"Artículo 887. — Llámase derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar.
"Artículo 888.- — El derecho de representación tendrá siempre lu-gar en la línea recta descendente, pero nunca en la ascendente.
"En la línea colateral sólo tendrá lugar en favor de los hijos de hermanos, bien sean de doble vínculo, bien de un solo lado.”

La corte inferior adoptó la posición de que los parientes a que el artículo 887 se refiere eran los parientes legítimos y que como los peticionarios eran hijos y nietos naturales de José Pérez Llera, ellos no podían sucederle en los derechos que éste hubiera tenido en la herencia, de haber sobrevivido a su madre Isabel Llera. La corte citó lo siguiente de Man-resa:

“Sabemos que la familia legítima es en el Código la regla, y la familia natural la excepción; y que, por lo mismo, cuando la ley habla sólo de ascendientes, descendientes, hermanos, etc., se refiere a los legítimos o legitimados por el matrimonio, y cuando quiere refe-rirse a los descendientes, ascendientes o hermanos naturales o ilegí-timos, añade el calificativo correspondiente. Así lo prueban multi-tud de artículos. . . .
“Para la representación del hijo o del hermano legítimo por descendientes o hijos naturales media otro obstáculo; el art. 943 que prohíbe suceder entre sí a los parientes legítimos y naturales. Hay que buscar, por lo tanto, fuera del artículo 925, y en otros que se re-fieren a la familia natural lo que en este lugar no resulta, y en efecto, el art. 940 resuelve en parte la cuestión, que volverá a presentársenos al comentar el 945.” 7 Manresa, Cód. Civil, 58 y 59.

La corte dice además:

“Aún hay más: Los hijos naturales de un hijo legítimo no pue-den heredar en virtud del art. 943 a su abuelo, pariente legítimo de su padre, ni por derecho propio ni por derecho de representación.” 7 Manresa, Cód. Civ. 102.

El artículo 943 (Código Civil español) mencionado en la cita anterior lee:

“El hijo natural y el legitimado no tienen derecho a suceder ab intestato a los hijos y parientes legítimos del padre o madre que lo haya reconocido, ni ellos al hijo natural ni al legitimado.”

El artículo arriba copiado equivale al inciso 5 del artículo 913 de nuestro Código Civil (Comp. de 1911), el que, hasta 1923 cuando fué enmendado, leía así:

“El hijo natural no tiene derecho a suceder abintestato a los hijos y parientes legítimos del padre o madre que lo haya reconocido, ni ellos al hijo natural ni al legitimado.”

El artículo anterior fue enmendado por la Ley núm. 88 de 1923 (Leyes de ese año, pág. 651) del siguiente modo;

“El bijo natural reconocido no tiene derecho a suceder ab intestato a los hijos y parientes legítimos — con excepción de los abuelos y demás ascendientes — del padre o madre que lo haya reconocido, ni ellos al hijo natural reconocido ni al legitimado.”

En 1930, por la Ley núm. 48 de ese año (Sesión Ordinaria, págs. 369, 387) el párrafo transcrito fue enmendado, de forma que al presente lee:

“El hijo natural reconocido no.tiene derecho a suceder abintestato a los hijos y parientes legítimos — con excepción de los abuelos y demás ascendientes — del padre o madre que lo haya reconocido, ni aquéllos al hijo natural reconocido.”

La corte inferior continúa diciendo que, conforme puede verse, las enmiendas de 1923 y 1930 no afectan sustancial-mente, en tanto en cuanto el mismo se refiere al presente caso, el inciso 5 del artículo 913, que en la actualidad equivale al 902 del Código Civil (edición de 1930).

“Se observará,” dice la corte, “que en todo tiempo el pre-cepto en cuestión ña estado limitado a la herencia ab intes-tato, nunca a la testamentaria. El legislador siempre ha te-nido buen cuidado de referirse al derecho a suceder ab intes-tato, nunca al de suceder por testamento. Por consiguiente, las enmiendas que en 1923 y 1930 sufrió el párrafo quinto del artículo 913 (ed. 1911) .... no puede afectar en manera alguna al presente caso en que no se trata de una sucesión ab intestato .... doña Isabel Llera Vázquez murió bajo testa-mento .... testamento que no se impugna.La situa-ción legal de los hijos naturales en lo que respecta a su dere-cho a heredar ab intestato a sus abuelos y ascendientes legí-timos, es igual a la de los colaterales.”

La corte de distrito continuó diciendo que si Isabel Llera Vázquez no hubiera otorgado testamento o si su testamento fuera declarado nulo, entonces, y sólo entonces, podían los promoventes descansar en el inciso 5 del artículo 902 del Có-digo Civil. Y eso era así, según el juez, porque los hijos'natu-ra-les reconocidos no son herederos forzosos del padre o madre de su progenitor.

El artículo 736 del Código Civil (edición de 1930) define los herederos forzosos del siguiente modo.:

“Son herederos forzosos:
“1. Los hijos y descendientes legítimos respecto de sus padres y ascendientes legítimos.
“2. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes legítimos respecto de sus hijos y descendientes legítimos.
“3. El viudo o viuda, los hijos naturales legalmente reconocidos y el padre o madre de éstos en la forma y medida que establecen los artículos 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771 y 772 de este Código. ’ ’

A la corte inferior le pareció que de acuerdo con los pre-ceptos de la ley el hijo natural es un heredero forzoso tan sólo de sus padres, mas no de sus abuelos. Pues, según razonó la corte, si la intención de la Asamblea Legislativa hubiera sido considerarles como herederos forzosos de sus abuelos u otros ascendientes, no hubiera usado las palabras “hijos natu-rales” sino “descendientes naturales”, o hubiera agregado a las palabras “hijos naturales” la frase “y descendientes natu-rales”, conforme lo hizo en el primer párrafo al referirse a los hijos y descendientes legítimos. La corte inferior revisó entonces la jurisprudencia de este tribunal y especialmente los casos de Velázquez v. De Choudens, et al., 29 D.P.R. 523; Ex parte Smith, et al., 14 D.P.R. 664; Ortiz v. Rivera, et al., 26 D.P.R. 332; y Correa v. Correa, 18 D.P.R. 117.

Una de las conclusiones de la corte inferior es que en la sucesión testada tan sólo los herederos forzosos no pueden ser preteridos y los hijos naturales no son herederos forzo-sos de sus abuelos cuando existe testamento. Bajo estas cir-cunstancias la corte inferior resuelve que el caso de Velázquez v. De Choudens, supra, es aún la ley y que el razonamiento del mismo es enteramente aplicable. Dicho caso siguió el principio enunciado en el de Correa v. Correa, supra.

La corte de distrito no pasa por alto el hecho de qne los promoventes sostienen qne estas decisiones y los comentaris-tas españoles se refieren a nna época en qne en Puerto Rico al Mjo natural no se le tenía la misma consideración que so le da hoy en día.

En la página 8 del alegato de nna de las apelantes halla-mos el siguiente párrafo:

"El error en que incurre la corte inferior obedece a la circuns-tancia de haberse circunscrito el tribunal a seguir estrictamente el criterio de Manresa, que no tiene razón de ser en Puerto Rico, por-que el derecho positivo ha cambiado fundamentalmente; y es indis-cutible que el hecho de haber existido siempre en España legislación que impidiera a los hijos naturales heredar a los parientes legítimos del padre o madre que les reconociera, dio lugar en toda ocasión a que los preceptos legales relativos al derecho de representación, se interpretaran en sentido restrictivo, en perjuicio de los hijos natu-rales, a quienes, de otro modo, el derecho' de representación hubiera beneficiado. Yéase Tratado de Derecho Civil Español, por Calixto Yalverde, tomo 5, pág. 423.”

No podemos resolver tal cosa. Todo lo qne el poder legis-lativo hizo fné aumentar los derechos de los hijos naturales en el campo de la sucesión intestada. Por ejemplo, cuando existe testamento, en ausencia de descendientes o ascendientes legítimos, el testador no puede privar a los hijos naturales de la tercera parte de la herencia (artículo 769 del Código Civil). Pero en lo que a la sucesión intestada se refiere, el primer inciso del artículo 902 del Código Civil (edición de 1930) dis-pone:

"A falta de descendientes y ascendientes legítimos o legitimados, sucederán al difunto en el todo de la herencia, los hijos naturales legalmente reconocidos. ’ ’

Esto de por sí es una demostración de la diferencia exis-tente en la “lex scripta”, ora se trate de la sucesión testada o intestada.

En otra parte del alegato la misma apelante dice que de acuerdo con algunas autoridades francesas la sucesión intes-tada es la verdadera sucesión. No tenemos ante nos ni el Có-digo Civil francés ni las razones que indujeron a los señores-Colin y Capitant (7 Derecho Civil 12-13) a llegar a tal con-clusión.

Años ña, este tribunal, en Julbe v. Guzmán, 16 D.P.R. 530, tuvo ocasión de considerar los derechos de un viudo, tanto bajo la sucesión testada como bajo la intestada. La mayoría del tribunal resolvió que como aquél era un caso de sucesión intestada la preferencia dada al viudo en la sucesión testada no podía prevalecer. Los Sres. Jueces Hernández y Figue-ras disintieron y adujeron prácticamente el mismo argumento que se ha presentado en este caso, o sea, ubi eadem est ratio-eadem debet esse juris dispositio. En la opinión de la mayo-ría se hace una cita de Scaevola al efecto de que la sucesión testada ha de considerarse como la normal y la sucesión intes-tada como supletoria de ella. Tomamos lo siguiente de dicha cita:

“4. La sucesión intestada, en el derecho civil español, es defectiva-o supletoria de la testada. En ella el legislador (y por eso se llama legítima) suple una falta de voluntad individual acerca de la disposi-ción de los bienes de una persona, estableciendo reglas generales para todos los casos en que falte la expresión de esa voluntad. Es, pues* digámoslo así, un testamento colectivo hecho por la ley para todos, aquellos casos en que no exista testamento individual, interpretando, la presunta voluntad de los así fallecidos.” Scaevola, “Comentarios, al Código Civil”, tomo 14, pág. 615 y siguientes.

Toda la cita es digna de leerse.

No es menester que resolvamos definitivamente en este-caso cuál es la sucesión que ha de preferirse. La Asamblea, Legislativa nada dice a este respecto. Se han aprobado varias-leyes mejorando las condiciones de los hijos naturales, pero por otra parte el legislador no ha mostrado intención alguna, de modificar la “ley de familia” a que una o más de las ape-lantes se refieren. Nada hallamos en el Código Civil, con-forme ha sido enmendado por la Asamblea Legislativa, que indique que ésta haya tenido la intención de modificar la ley que lia regulado los derechos de los hijos naturales a repre-sentar a sus padres, de modo que puedan heredar de los ascen-dientes legítimos de tales padres, a no ser según se especifica en la sucesión intestada.

Por tanto, convenimos con la opinión de la corte inferior y la resolución apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Pedro Batista Andino, como cesionario de Gabriel Palerm Enrich, demandante y apelante, v. Florentino Carrera Blanco, demandado y apelado.
    Núm. 7632.

    Sometido: Diciembre 13, 1937.

      Resuelto: Abril 8, 1938.

      A. Rivas, abogado del apelante; P. Fernández Cuyar y E. González Blanes, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal. Los hechos de este caso están íntimamente relacionados-con los de Carrera v. Palerm, 52 D.P.R. 815. Por tanto, para una relación más detallada de la transacción hipotecaria original, podría referirse a la decisión mencionada.

En noviembre 5 de 1929, Gabriel Palerm Enrich y su esposa, otorgaron una escritura de hipoteca sobre dos fincas, que en adelante se describirán como “A” y “B ”, a favor de Floren-tino Carrera Blanco, para garantizar nn préstamo de $20,000. Los deudores hipotecarios también suscribieron cuatro paga-rés de $5,000 cada uno a la orden del acreedor. El mismo día Palerm y Carrera celebraron un contrato privado a virtud del cual dos pagarés hipotecarios al portador por diez mil y quince mil dólares, respectivamente, fueron pignorados al acreedor como garantía adicional del pago del préstamo original de $20,000. Una de las cláusulas a que este contrato privado o colateral estaba sujeto era la de que al pagarse los primeros $5,000 del préstamo original, el pagaré al portador por $10,000 sería devuelto al deudor, y al pagarse otros $5,000 el otro pagaré al portador por $15,000 sería igualmente devuelto.

En septiembre 10 de 1930 Gabriel Palerm y su esposa ven-dieron a Pedro Batista Andino las fincas hipotecadas “A” y “B ”, así como otra propiedad, “C”, que garantizaba el pa-garé al portador por $15,000, pignorado. Además de estos inmuebles, según se alega, los vendedores transfirieron el título de los pagarés pignorados, así como todos los derechos a obte-ner su devolución. Se desprende que el precio de la compra-venta fué $37,000; que Batista sólo pagó $2,000 en efectivo y retuvo $35,000 para pagar la hipoteca de $20,000 sobre las fincas “A” y “B” y la hipoteca de $15,000 sobre la finca “C”. No se desprende que él asumiera personalmente el pago de estas deudas ni que Carrera lo aceptara jamás en sustitución como deudor, ni aun siquiera que Carrera tuviera conoci-miento de otra cosa que no fuera que las fincas ya referidas habían sido vendidas a Batista. Posteriormente a Carrera se le pagó la suma de $10,000 a cuenta de su crédito hipotecario. Como resultado de este pago parcial, él devolvió dos de los pagarés de $5,000 y el pagaré hipotecario de $10,000 que se habíá pignorado. En lo que se refiere al otro pagaré de $15,000, Gabriel Palerm, que era la única persona que en todo momento había tratado con Carrera, convino con éste en que Carrera retuviera su posesión por una causa (consideration) que aparece en los autos y que incluía, entre otras cosas, la liberación del gravamen hipotecario original, de una parcela segregada por Batista y vendida a Latoni. Este convenio, que modificaba el pacto original colateral de noviembre 5 de 1929, fué suscrito por Palerm y por el representante de Carrera. Parece que la esposa de Palerm murió con anterioridad a esta transacción.

El presente recurso fué iniciado por Batista para reco-brar la posesión del pagaré al portador de $15,000, dado como garantía colateral, fundado en que él babía obtenido todo título al mismo al comprar las fincas “A”, “B” y “C”. Sostiene que el convenio modificado celebrado por Palerm y Carrera en 1932 era nulo, toda vez que (a) Palerm babía transferido todos sus derechos bajo el contrato a Batista y (b) porque aun asumiendo que la cesión becba por Palerm no obligaba a Carrera, Palerm no tenía autoridad alguna, ya que su esposa babía muerto, para modificar por sí mismo el convenio.

Es claro que la cesión becba por Palerm a Batista nunca fué notificada a Carrera. Batista sostiene, sin embargo, que no era necesario bacer tal notificación, de conformidad con los artículos 1172, 1181 y 1416 del Código Civil (ed. 1930) y que, en su consecuencia, él tenía derecho a que se le devolviera el pagaré de $15,000, toda vez que se babía dado cumplimiento a los términos del contrato original. La corte inferior dictó sentencia contra el demandante y le condenó al pago de cos-tas, incluyendo honorarios de abogado.

La relación de hechos que antecede ha sido obtenida de las distintas mociones que están ante nos y de los alegatos radicados por las partes ante la corte inferior, que admitimos para fines informativos.

Actualmente están ante nos pendientes de consideración dos mociones. Una de ellas es una moción para reconsiderar nuestra resolución de noviembre 30 de 1937, negándonos a conceder un nuevo término para radicar la transcripción de evidencia. La otra es una moción para desestimar el recurso por falta de una transcripción de autos en apelación.

Toda vez que el declarar sin lugar la moción de reconside-ración conllevaría necesariamente la desestimación del recurso por falta de la transcripción de autos, dirigiremos primera-mente nuestra atención hacia la moción del apelante.

Todavía estamos convencidos de que el apelante no ha sido diligente en la prosecución de este recurso. La sentencia fué dictada por la corte sentenciadora el 30 de abril de 1937 y notificada el 5 de mayo del mismo año. El recurso de apelación fué entablado el Io. de junio de 1937, y ante esta corte no se radicó nada hasta el 2 de noviembre de 1937, o sea más de cinco meses después de haberse radicado el escrito de apelación, y entonces lo que se presentó fue una moción de nuevo término. Aún para esta fecha tan tardía no está el legajo de la sentencia ante este tribunal, ni radicado en Secretaría. En diciembre 10 de 1937, cuando el apelante radicó su moción de reconsideración, él unió a ella copia de la opinión emitida por la corte inferior y de la transcripción de la evidencia certificada por el taquígrafo de dicha corte.

Bajo estas circunstancias, el apelante se halla en la posi-ción de haber dejado de elevar a este tribunal los autos den-tro de treinta días a partir de la radicación del recurso, y, a menos que reconsideremos nuestra resolución de noviem-bre 30 de 1937, el caso cae bajo la doctrina de Sánchez Osorio v. Vizcarrondo, 40 D.P.R. 261, y otros. No estamos en absoluto inclinados a reconsiderar la resolución mencionada, por ninguno de los motivos alegados, o sea, porque ha habido una justificación, o porque ello equivaldría a una injusticia.

La única cuestión que queda por determinar es si debemos ejercer nuestra discreción para conceder al apelante un nuevo término si nos convence de que' tiene un recurso de apelación meritorio. Para demostrar sus méritos prima facie, •el apelante ha señalado seis de las conclusiones a que llegó la corte inferior. Considerémoslas.

A. — La cuestión que se discute bajo esta letra es quizá la más importante. Según Batista, la corte inferior resolvió •que la cesión háchale de los derechos de Palerm bajo el “con-trato original colateral” celebrado por Palerm y Carrera, resultaba ineficaz debido a haberse dejado de notificar a Carrera de dicha cesión. Batista también afirma que la corte •consideró dicho convenio como documento negociable. Hemos .leído la opinión de la corte inferior y hallamos que dicha corte se refiere a los derechos o “equidades” en el pagaré hipote-cario mismo y no necesariamente a los derechos sobre el con-trato colateral. Irrespectivamente del razonamiento del juez, •el criterio que hemos formado de esta cesión y de toda la tran-sacción desde el principio nos induce fuertemente a favore-cer la posición de Carrera. Podría ser que Batista adqui-riera todos los derechos de Palerm, en tanto en cuanto al mismo Palerm se refería. Empero, el dejar Batista de noti-ficar a Carrera al hacerse esta transmisión de derechos o aun .al tiempo en que Carrera posteriormente liberó de la hipoteca •original la porción segregada vendida, como lo fué, a Latoni por Batista en consideración, en parte, de la retención del pagaré al portador de $15,000 como garantía colateral, hace ■que la posición de este último resulte contraria a la equidad. ‘Tal notificación quizá hubiera muy propiamente afectado la actitud de Carrera hacia la liberación de la parcela, especial-mente si Batista hubiera insistido en que se cumpliera el con-trato original. Batista sabía que Carrera había siempre tra-tado con Palerm. También sabía que él, Batista, no había techo nada que indujera a Carrera a creer que Palerm ya no tenía derecho a obtener los beneficios provenientes del con-trato colateral. Bajo estas circunstancias, él debe sufrir las consecuencias de cualesquiera transacciones habidas poste-riormente entre Palerm y Carrera, especialmente, repetimos, cuando como resultado de esas transacciones posteriores Batista estuvo personalmente en posición de vender parte de la finca originalmente hipotecada, libre del gravamen. Tal venta, debemos presumir, redundó en beneficio de Batista-Existen otras consideraciones en lo relativo al efecto que debe dársele a la supuesta cesión, que meramente fortalecen el convencimiento que tenemos de que la sentencia de la corta inferior estuvo justificada.

B. — No existe duda alguna sobre lo correcto de la senten-cia de la corte inferior al efecto de que Batista nunca fuá aceptado como deudor sustituto en lugar de Palerm.

C. — Esta cuestión no tiene importancia alguna para los fines de la apelación.

D y E. — No estamos enteramente convencidos de que Pa-lerm tenía autoridad absoluta para modificar el contrato original, pero tal defensa debe más propiamente ser levantada por los herederos de la esposa de Palerm. Ciertamente Pa-lerm, que era un deudor mancomunado y solidario del pagaré de $15,000, tenía autoridad para afectar cualquier interés que pudiera haber tenido en los bienes hipotecados para garan-tizar dicho pagaré. Además, él era personalmente responsa-ble de dicho pagaré, y esa responsabilidad quizá valía algo.

P. — Esta resolución de la corte inferior, a nuestro juicio,, no podía afectar los verdaderos méritos del caso.

Por las razones arriba expuestas y en vista de que no esta-mos convencidos de que las contenciones suscitadas en apela-ción por el demandante son meritorias, opinamos que la moción para reconsiderar, de fecha 10 de diciembre de 1937, debe ser declarada sin lugar y en su consecuencia que la apelación debe ser desestimada por haberse dejado de radicar la trans-cripción de autos ante este tribunal dentro del período fijado por la ley.

Se desestima él recurso.

El Juez Asociado señor Travieso no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison

text:
    Guadalupe, Sabina y Francisco McCormick Anaya, demandantes y apelantes, v. María McCormick Vda. de Serrano, et als., demandados y apelados.
    Núm. 7044.

      Resuelto: Abril 8, 1938.

      Luis Muñoz Morales j Gustavo Cruzado Silva, abogados de las ape-lantes; C. H. Juliá j I-I. Torres Sold, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes en su moción de reconsideración sostienen : que tanto este tribunal como la corte de distrito se han apartado de la cuestión principal y se han entregado a una serie de argumentos y consideraciones ajenos a ella; que siendo los herederos forzosos del testador y habiendo sido preteridos en el testamento, la institución de otras personas era; una nulidad, pero que este tribunal ha confirmado la decisión de la corte de distrito resolviendo que cuando los herederos preteridos y los herederos instituidos o los albaceas han celebrado una transacción sobre la cuantía de la herencia, la institución de herederos no puede ser anulada; que como re-sultado de ello un contrato de transacción enteramente válido sobre la mayor o menor suma de dinero o bienes que consti-tuyen la herencia conlleva la transacción del estado civil de los demandantes como herederos forzosos; que la acción principal ejercitada versaba sobre la nulidad de la institución de herederos y no era una para recobrar ni para liquidar la herencia; que según la opinión de esta corte, así como según la decisión de la corte de distrito, la supuesta transacción sobre la herencia y sobre la cuantía de dinero envuelta, incluía la renuncia y extinción del estado civil de los demandantes como herederos; que la sentencia de la corte de distrito deja sub-sistentes dos grupos de herederos con distintos títulos here-ditarios; que el contrato de transacción podría oponérseles cuando los demandantes pidieran la liquidación y entrega del •caudal hereditario y entonces sería la oportunidad para dis-cutir y resolver si tal renuncia les cierra completamente el camino para una nueva liquidación del caudal hereditario; pero que el contrato de transacción no puede oponérseles como defensa en el presente recurso para anular la institución de herederos sin perjuicio de los derechos de los demandados bajo aquel contrato.

Al comenzar el juicio los demandantes leyeron una moción para eliminar cierto particular o particulares de la contesta-ción enmendada. La corte se reservó su resolución. La mo-ción no está ante nos.

El juez de distrito en su relación del caso y opinión dijo que los demandantes habían atacado la defensa de estoppel basados en que la misma era prematura — en cuanto ellos sólo ejercitaban una acción de nulidad del testamento y, aunque solicitaban en su consecuencia que se dictara sentencia al efecto de que a ellos correspondía la totalidad de la heren-cia y que la misma debía dejarse a su disposición, esto no equivalía a una acción sobre liquidación o entrega de bienes. Al resolver esta contención el juez de distrito dijo:

“(a) En oposición a este argumento de los demandantes, diremos que si ellos no tienen interés alguno en la herencia de Harry A. McCormick en virtud de la transacción celebrada y de que antes se ba hecho mérito, no vemos qué interés pueden tener ni con qué personalidad pueden establecer una acción para impugnar un testa-mento del cual ningún beneficio jpodría derivarse para ellos. Esta-rían en el mismo caso que cualquier persona extraña al testador para impugnar el testamento.
. “ (b) La mejor contestación que puede darse a este argumento es recordar a los demandantes el pronunciamiento que bajo la letra ‘D’ de la súplica de la demanda se solicita en este caso. El párrafo ‘D’ de la súplica de la demanda dice así:
“ ‘Condenar a los demandados a que dejen libres y a disposición de los demandantes los inmuebles y derechos reales que se han des-crito en esta demanda, y todos los demás bienes y valores de cual-quier clase que constituyen la herencia del causante.’
“Si la corte declarase con lugar la demanda y en su consecuencia dictase el pronunciamiento que bajo la letra ‘D’ de la súplica solici-tan los demandantes, | en qué momento habrían de oponer los deman-dados la defensa que ahora establecen, después'de dictada una sen-tencia firme ordenando a los demandados a entregar a los deman-dantes todos los bienes constitutivos de la herencia.”

Como primera causa de acción los demandantes alegaron sustancialmente: que el testamento contenía ciertos legados y ciertas cláusulas relativas a la institución de herederos; que el testador no mencionó a los demandantes; que los deman-dantes habían sido declarados hijos naturales reconocidos del testador con derecho a llevar su apellido y a percibir la heren-cia que les corresponde; que dichos demandantes, en su carác-ter de hijos naturales reconocidos, son herederos forzosos; que habiendo sido preteridos los demandantes, la institución de herederos era nula; que ninguna de las personas institui-das en el testamento era heredero forzoso; que los bienes des-critos en la demanda constituyen la herencia.

Como segunda causa de acción los demandantes alegaron además: que al tiempo de su muerte Harry McCormick estaba casado; que no hubo hijos de este matrimonio; que Harry McCormick no tiene otros ascendientes o descendientes que los demandantes; que al declararse la nulidad del testamento queda abierta la sucesión intestada y en este caso los deman-dantes eran los únicos descendientes y herederos forzosos ab intestato.

Se solicita se dicte una sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos:

“(a) Que por consecuencia de la preterición de los demandantes es nula la institución de herederos contenida en el testamento abierto otorgado por el causante Harry A. McCormick y Hartman en 12 de abril de 1927 ante el Notario Juan Valide juli, a favor de los herederos voluntarios demandados; disponiéndose, no obstante, que queden subsistentes los legados que dicho testamentó dispone en cuanto no resulte inoficioso.
“ (b) Que en su consecuencia el causante Harry A. McCormick falleció intestado y deben adjudicarse los bienes de su herencia se-gún las reglas de la sucesión legítima, exceptuándose los legados en la parte que no sean inoficiosos.
“ (c) Que los demandantes Guadalupe, Sabina y Francisco McCormick Anaya son los únicos herederos universales ab intestato por la totalidad de los bienes de la herencia de su finado padre natural Harry A. McCormick y Hartman, salvo la parte que en usufructo corresponde al cónyuge viudo y los legados dispuestos, en cuanto no resulten inoficiosos.
“ (d) Condenar a los demandados a que dejen libres y a dispo-sición de los demandantes los inmuebles y derechos reales que se han descrito en esta demanda y todos los demás bienes y valores de cualquier clase que sean que constituyen la herencia del causante.
“ (e) Condenar a dichos demandados al pago de las costas, gastos y honorarios de abogado en este pleito.”

El objeto principal de la demanda fue establecer el título de los demandantes a los bienes que de otro modo irían bajo el testamento a los herederos testamentarios. Los demandan-tes aparentemente se fundaban en la nulidad del testamento para lograr este fin. El alegato original de los apelantes, to-mado en su totalidad, no milita contra este criterio, sino que más bien tiende a fortalecerlo. Fuera de las reclamaciones en conflicto en torno a los bienes descritos en el inventario adu-cido como parte de la primera causa de acción, ni de la de-manda ni del alegato original de los apelantes se desprende ningún interés pecuniario en la cuestión relativa al estado civil de los demandantes como herederos forzosos.

En un alegato adicional presentado en apoyo de la moción para reconsiderar, los apelantes preguntan quiénes represen-tarían a su finado padre en caso de que surgieran litigios sobre sus derechos u obligaciones. No parece haberse llamado la atención del juez de distrito hacia la posibilidad de tales liti-gios, y ni los hechos alegados en la demanda ni la cuestión levantada por los demandantes en su moción para eliminar ciertos particulares de la contestación exigían del juez de dis-trito que especulara sobre la posibilidad de semejantes litigios.

Sin embargo, en su opinión anterior esta corte no tuvo por objeto poner en tela de juicio el derecho de los demandantes a representar a su finado padre en cualquiera o cualesquiera cuestiones que no estuvieran envueltas en el contrato de tran-sacción. En el caso de Santiago este tribunal admitió la posi-bilidad de que surjan dificultades al hacer una distinción entre el estado civil de un hijo reconocido y “las consecuencias eco-nómicas o sobre el interés pecuniario que surgen o nacen del estado civil reclamado, como, por ejemplo, sobre los derechos que pudieran tener en la sucesión de su padre.” Ni en el caso de Santiago ni en la opinión anterior emitida en el pre-sente se trató de resolver estas dificultades. Las cuestiones aquí envueltas podrán ser consideradas y discutidas más inte-ligentemente a medida que surjan en cada caso específico.

Admitamos que la supuesta institución de herederos era —o hubiera sido a no ser por el contrato de transacción — - nula de toda nulidad. Los herederos forzosos, al celebrar el contrato de transacción con los herederos instituidos, logra-ron al así hacerlo- — en tanto en cuanto se refería a las con-secuencias económicas de su estado civil — lo que el testador había dejado de lograr. Para los fines de este caso podría admitirse que si los demandantes hubieran hecho constar cla-ramente ante el juez de distrito que tan sólo deseaban esta-blecer el derecho que tenían a representar a su finado padre en cuestiones que no estaban relacionadas con las consecuen-cias económicas de su estado civil como herederos forzosos, ellos hubieran tenido derecho a una sentencia a ese efecto. Quizá — por paradójico que parezca — ellos pudieron haber obtenido una declaración específica al efecto de que la ins-titución de herederos era — excepto en lo que se refería a los derechos de propiedad de los demandados bajo el con-trato de transacción — enteramente nula. De la corte d'e dis-trito no se solicitó tal sentencia y a este tribunal tampoco se le pidió que modificara la dictada por aquella corte. En vista de esto y del hecho de que el “mandato” de esta corte, al vencer el término acostumbrado de diez días contados a partir de la fecha en que se dictó la sentencia, fué remitido a la corte de distrito antes de radicarse la moción para recon-siderar, no proseguiremos nuestra investigación sobre este aspecto del caso.

Debe declararse sin lugar la moción para reconsiderar.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Juan José Ortiz del Rivero et als., peticionarios y apelados, v. Corte de Paz de Las Piedras, demandada y apelante.
    Núm. 7417.

    Sometido: Marzo 9, 1938.

      Resuelto: Abril 8, 1938.

      Miguel A. Burset y A. García Yene, abogados de la apelante; C. Ortiz Stella y Luis Pereyó, abogados de los .apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los ochocientos quince peticionarios y apelados, vecinos de Las Piedras, presentaron solicitudes para ser inscritos como electores del precinto electoral de dicho pueblo. Los individuos Pedro Martínez, José Cáceres y Mariano Lebrón presentaron peticiones firmadas por ellos para la exclusión de todos y cada uno de los peticionarios, quienes radicaron los contr^-affidavits requeridos por la ley para que sus nom-bres permaneciesen en las listas electorales. Las referidas peticiones de exclusión fueron desestimadas por la Junta Insular de Elecciones, quedando así en las listas electorales los nombres de todos los querellantes. Contra las resoluciones dictadas por la Junta Insular de Elecciones interpuso ape-lación el individuo Modesto Yelázquez Plores, persona dis-tinta de aquellas que habían solicitado la exclusión de los electores. En el acto de la vista ante la Corte de Paz de Las Piedras, los electores solicitaron la desestimación de todas y cada una de las apelaciones, por el motivo de apa-recer firmados los escritos de apelación por Modesto Yeláz-quez Plores, quien no había suscrito las peticiones de exclu-sión de los electores peticionarios. Declaradas sin lugar las peticiones de desestimación y resueltas las apelaciones en contra de los electores, acudieron éstos ante la Corte de Distrito de Humacao en solicitud de un auto de certiorari para la revisión y anulación de las resoluciones dictadas por la corte de paz recurrida. Pidieron además los peticionarios que se condenara al juez de dicha corte al pago de costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Expedido el auto en agosto 10 de 1936 y señalado el 1 de septiembre de 1936 para la vista del recurso, compareció en ese día la corte recurrida y solicitó la anulación del auto por los siguientes motivos:

Io. Que ni la petición ni el auto expedido contienen hechos bastantes para poner en conocimiento de la corte recurrida las diligencias y procedimientos que deberá remitir a la Corte de Distrito.

2o. Insuficiencia de los hechos alegados en la petición para constituir causa de acción.

3o. Que la petición no ha sido jurada por personas interesadas ni por una parte perjudicada.

4o. Falta de jurisdicción de la corte de distrito por ser ilegal el juramento de la petición, por no tener Juan José Ortiz del Bivero facultad para prestar tal juramento.

5o. Indebida acumulación de partes y de acciones, debiendo cada caso y cada procedimiento ser objeto de una petición de certiorari por separado.

6o. Que el remedio de certiorari es improcedente por tener los peti-cionarios un remedio adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.

En fecha 14 de septiembre de 1936, la corte de distrito dictó sentencia anulando las dictadas por la Corte de Paz de Las Piedras en los casos de 793 de los peticionarios, y declarando sin lugar la petición de certiorari en cuanto a la electora Francisca Bodríguez Cruz. No conforme con dicha sentencia, la corte recurrida apeló para ante esta Corte Suprema.

En 28 de septiembre de 1936, la corte inferior, a moción de los peticionarios y para asegurar la efectividad de la sen-tencia, dictó una orden dirigida a la Junta Insular de Elec-ciones y a cada uno de sus miembros para que se abstuvie-ran, bajo pena de desacato, de eliminar los nombres de los peticionarios de las listas electorales. Contra esa orden se-ba interpuesto también recurso de apelación.

El juez apelante imputa a la corte de Distrito la comi-sión de siete errores. Los discutiremos en el mismo orden en que aparecen expuestos en el alegato del recurrente.

En el primer señalamiento se alega que el auto decertiorari no fué expedido en forma legal: (a) por no mencionarse en el mismo el nombre de las personas a cuyo favor fué expedido, ni los procedimientos que se intentaba revisar;. y (b) por haber sido expedido ex parte.

Del récord aparece que la petición fué titulada “Juan José Ortiz del Rivero, et ais., querellantes, v. La Corte de Paz de Las Piedras, Puerto Rico, su Juez Hon. Ángel Rodríguez^ querellado”; que en el párrafo primero de la petición se expresan los nombres de los 815 querellantes; y' que' en los párrafos 3 a 9 inclusive se describen los procedimientos segui-dos ante la Corte de Paz de Las Piedras, para la revisión de los cuales se solicitó el auto de certiorari. Aparece también que la orden de la corte autorizando la expedición del auto fué dictada en 10 de agosto de 1936 y que el auto fué expe-dido por el secretario y notificado por el márshal al quere-llado en la misma fecha de su expedición. En su certificado de diligenciamiento el márshal hace constar que cumplimentó la orden de la corte entregando al querellado copia de la orden y también copia de la petición e informándole ‘‘ que remitiera inmediatamente a esta corte todas y cada una de las apela-ciones electorales sobre los querellantes, a fin de revisar los. procedimientos de dicha corte de paz”; y que notificó al que-rellado que la vista del caso se había señalado para el día Io. dé septiembre de 1936.

De la certificación de las minutas de la corte inferior; consta que en obediencia al auto expedido el querellado hizo el correspondiente return, enviando al tribunal de distrito más de diez días antes del Io. de septiembre en que habría de ’ celebrarse la vista del caso, los expedientes de los casos de los peticionarios, con excepción de 21 nasos que según informes del querellado nnnca habían estado ante la corte de paz.

Vistas las mencionadas constancias del récord debemos resolver qne el querellado tuvo amplios informes en cnanto a los nombres de las personas a favor de las cuales se expi-dió el auto y en cuanto a los procedimientos que habrían de ser revisados por la corte de distrito. Los defectos apunta-dos por el apelante en el primer señalamiento en nada per-judicaron al querellado, como lo demuestra el hecho de que éste hizo su return de acuerdo con la ley. Las objeciones en el momento de la vista y después de haber cumplido lo que por el auto se le ordenaba fueron interpuestas tardíamente y la corte inferior no erró al desestimarlas. Véanse: 11 C. J. 165; Baker v. Superior Court, 71 Cal. 583.

En el segundo señalamiento se ataca la validez del auto por no haber sido éste expedido a nombre de Estados Unidos de América, el Presidente de los Estados Unidos, SS,” según lo dispone el Artículo 10 de la Carta Orgánica de Puerto Rico, que lee así:

“Todas las diligencias judiciales se harán a nombre de “Esta-dos Unidos de América, SS, el Presidente de los Estados Unidos”. . .

Y en su texto inglés, como sigue:

“That all judicial process shall run in the name of the ‘United States of America, SS, the President of the United States’. ...”

En la orden de 10 de agosto de 1936, por la que se auto-riza la expedición del auto de certiorari y se ordena al secre-tario que expida el correspondiente mandamiento, no apare-cen las palabras prescritas por el artículo 10 de la Carta, Orgánica, supra. El mandamiento librado por el secretario bajo el sello de la corte, diligenciado por el márshal y cum-plimentado por el querellado, aparece encabezado con las palabras requeridas por el estatuto.

Arguye el apelante que la “diligencia judicial” (judicial process) a que se refiere el estatuto es la orden por la cual la corte ante la cnal se presenta la solicitud autoriza la expe-dición del auto de certiorari y no el mandamiento que expida el secretario. T en esa errónea interpretación de la ley se basa toda la argumentación del querellado para sostener la aleg’ada nulidad del procedimiento.

En el alegato del apelante encontramos la correcta defini-ción de lo que se entiende por process. Es como sigue:

“Process: El auto {writ), notificación u otro escrito formal, expedido por autorización de la ley con el propósito de traer al de-mandado ante una corte de justicia para que conteste las peticiones del demandante en una acción civil.” 32 Cyc. 420 (Title ‘Process’), Lewis Law Dictionary, pág\ 258.

Y en Bouvier’s Law Dictionary, Yol. 2, pág. 766, encon-tramos la siguiente definición:

“Process, en la práctica. El medio para obligar a un deman-dado a comparecer ante la corte, después de haberse expedido el auto {writ) original, en casos civiles, y después de haberse formu-lado acusación, en los casos criminales. El método adoptado por la ley para obligar al cumplimiento del auto original u órdenes de la Corte. ’ ’

El mandamiento expedido por el secretario, bajo el sello de la corte y notificado por el mársbal al juez de paz deman-dado, es la diligencia judicial o process mediante el cual la corte de distrito adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado. Y ese mandamiento se ajustó, a nuestro jui-cio, a los requisitos de la Oarta Orgánica y de los artículos 670 a 674 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933. Véase: Artículo 498 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

En su tercer señalamiento alega el apelante que la corte inferior erró al expedir el auto sin estar la petición jurada por persona interesada o perjudicada, no teniendo la persona que hizo el juramento atribuciones ni facultades para hacerlo.

La solicitud fue hecha a nombre de 815 electores que ale-gaban haber sido erróneamente excluidos de las listas elec-torales, y jurada por uno de ellos, Juan José Ortiz del Rivero. La objeción del demandado se basó en la alegación de que el nombre del peticionario Juan José Ortiz del Rivero no Labia sido eliminado de las listas. Y para sostenerla, el de-mandado ofreció nn certificado expedido por el Superinten-dente de Elecciones, el cual no fue admitido por la corte. La objeción fue formulada y la prueba ofrecida en el acto de la vista, el Io. de septiembre de 1936, más de diez días después de haber el demandado hecho su return, en obediencia al auto expedido por la corte.

Una de las funciones del auto de certiorari es traer ante la corte que lo expide, para ser revisadas, las sentencias o adjudicaciones de un tribunal inferior, dictadas sin jurisdic-ción, cuando no existe apelación o cuando ésta no proporciona un remedio claro, rápido y adecuado. En el procedimiento extraordinario de certiorari, el return de la corte interior constituye la contestación y la evidencia del caso, sobre las cuales debe celebrarse la vista, a menos que se hiciere una moción para un return adicional o enmendado. Stumpf v. Board of Supervisors, 131 Cal. 364; Piovanetti v. Asamblea Municipal, 31 D.P.R. 522. Y siendo esto así, cualesquiera defectos de forma que no afecten la jurisdicción de la corte que expidió el auto quedaron subsanados o renunciados por la presentación del return.

No nos convence la argumentación del apelante en apoyo de su alegación de que la solicitud no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. La mejor demostración de que la solicitud dió a la corte recurrida toda la información necesaria sobre los procedimientos que habrían de ser revisados es el hecho de que después de recibir copia de ella su juez hizo un return completo, elevando a la corte de distrito los records de las apelaciones de los querellantes.

La solicitud presenta en términos claros y precisos una cuestión jurisdiccional y un error procesal revisables por medio de certiorari. Esa cuestión, que a nuestro juicio es la única sustancial que nos presenta este recurso, envuelve la interpretación de la sección 32 de la Ley Electoral de Puerto Rico, según fué enmendada por la Ley núm. 3 de 29 de junio de 1936 (Leyes de 1936, Tercera Legislatura Extraor-dinaria, pág. 9), que en lo pertinente lee como sigue:

“Sección 32. — Toda persona cuya cancelación de inscripción como elector se hubiere ordenado por la Junta Insular de Eleccio-nes y toda persona cuya petición de exclusión de una inscripción hubiere sido rechazada o denegada por la Junta Insular de Elec-ciones, podrá apelar de la resolución de dicha junta ante la corte municipal del municipio a que correspondiere dicha lista de ins-cripciones, si existiere una corte municipal en dicho municipio, y si no existiere corte municipal alguna en dicho municipio, dicha ape-lación deberá llevarse a la corte de paz del mismo.” (Compilación de las Leyes y Reglamentos sobre Inscripciones y Elecciones, pág. -)•

Ha pasado ya a la categoría de principio elemental de derecho el de que el recurso de apelación es un derecho esta-tutario, que no existe a menos que sea expresa y taxativa-mente concedido por el estatuto. De acuerdo con la sección 32, supra, de las resoluciones de la Junta Insular de Elec-ciones, decretando o denegando la exclusión de las listas de un elector, solamente pueden apelar el elector excluido o el recusador cuya petición de exclusión fué desestimada, según el caso. No puede, por consiguiente, apelar ninguna persona extraña al procedimiento de exclusión, como lo era el apelante Modesto Vázquez Plores, quien no fué la persona que juró y presentó las peticiones para la exclusión de los electores peticionarios. Las resoluciones dictadas por la Junta Insular de Elecciones, rechazando las peticiones de exclusión suscritas por los recusadores Pedro Martínez, José Cáceres y Mariano Lebrón, se convirtieron en firmes y defi-nitivas al no ser recurridas por dichos recusadores. Los es-critos de apelación suscritos por Modesto Vázquez Flores por ser legalmente nulos no confirieron jurisdicción-a la Corte de Paz de Las Piedras. Las sentencias dictadas por dicha corte, revocando las resoluciones de la Junta Insular de Elec-ciones, fueron dictadas sin jurisdicción y son legalmente nu-las. No erró la corte de distrito al decretar su nulidad.

El quinto señalamiento se refiere a la desestimación de la excepción sobre indebida acumulación de partes y de acciones. No erró la corte inferior al desestimarla. La interposición de tal excepción después de haber sido hecho el return, que equivale a la contestación del querellado, fue tardía. El defecto, si alguno había en la acumulación de partes y acciones, quedó renunciado y subsanado por la presentación del return.

El error cometido por la corte de paz, al revocar sin tener jurisdicción para ello las resoluciones de la Junta Insular de Elecciones, fué el mismo y afectaba por igual a cada uno de los peticionarios. Éstos tenían un interés común en que el error fuese corregido y en que no se les privase inde-bidamente de su derecho a ser inscritos como electores. La parte demandada era una sola, la Corte de Paz de Las Pie-dras, y en un caso como el de autos ésta no podía ser per-judicada en manera alguna porque su alegado error fuese revisado y corregido o anulado a petición de 815 electores, en vez de ser revisado 815 veces distintas a virtud de igual número de peticiones individuales radicadas separadamente por cada uno de los electores perjudicados por tal error. Considerando que la misión fundamental de los tribunales es administrar justicia rápida, prescindiendo de tecnicismos legales invocados con el solo propósito de obstaculizar el libre ejercicio del sufragio, opinamos que la corte inferior no erró al desestimar la excepción de indebida acumulación de par-tes y causas de acción. Véase: Artículo 66, Código de Enjui-ciamiento Civil.

Alega el apelante que era improcedente el recurso de certiorari por entender que los peticionarios tenían un remedio adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley.

Aceptando, sin resolverlo, que las sentencias de la corte de paz decretando la exclusión de electores cuya inclusión había sido ordenada por la junta, fuesen apelables para ante la corte de distrito, eso por sí solo no sería un fundamento indiscutible para la denegación del auto de certiorari. Para que pueda constituir un óbice para la expedición del auto es preciso que el derecho de apelación sea rápido, adecuado y eficaz para la protección de los derechos de los peticiona-rios. Cuando no lo es, no incurre en error el tribunal que en uso de su poder discrecional expide el auto para corregir errores cometidos por un tribunal inferior.

La interposición de 815 apelaciones, las que seguramente no hubieran podido ser vistas y resueltas antes de la fecha señalada para las elecciones, debido al excesivo trabajo que recae sobre las cortes de justicia durante el período electoral, no era en verdad un remedio rápido y adecuado para la protección de los derechos de los peticionarios, quienes hubieran sido privados del voto a no ser por la intervención de la corte de distrito mediante el auto recurrido. People v. County Judge, 40 Cal. 479; Bennett v. Wallace, 43 Cal. 25; Sánchez v. Sucn. Díaz, 12 D.P.R. 83; Núñez v. Soto Nussa, 14 D.P.R. 199; Ríos v. Ríos, 15 D.P.R. 280; Argüelles v. Rossy, 19 D.P.R. 1049; Sánchez v. Cuevas Zequeira, 23 D.P.R. 50; San Juan Racing & Sporting Club v. Foote, 31 D.P.R. 161.

En el último señalamiento se imputa a la corte inferior el error de haber expedido la orden de aseguramiento de sentencia, por la que se prohibió a la Junta Insular de Elecciones la eliminación de los nombres de los peticionarios de las listas electorales.

No estamos de acuerdo con el apelante en que la orden de aseguramiento sea nula por el solo hecho de haber sido dictada después de la interposición del recurso de apelación para ante esta Corte Suprema. Buxó, Jr., v. Corte, 51 D.P.R. 322, 327. Pero aun si aceptáramos que hubo error en su expedición, tendríamos que sostener que dicho error no cons-tituye motivo suficiente para la revocación del fallo recurrido. Tanto la Junta Insular de Elecciones como la Corte de Paz de Las Piedras estaban obligadas a respetar la sentencia anu-latoria de las dictadas por la corte de paz, sin que fuera nece-sario expedir la orden de aseguramiento de sentencia. No siendo ejecutables las sentencias de la corte de paz por haber* sido anuladas, ni tampoco la de la corte de distrito por haber sido apelada, la Junta Insular de Elecciones estaba obligada a mantener el statu quo creado por ella al decretar la ins-cripción de los electores. El error no pudo perjudicar en manera alguna al juez recurrente y debe ser desestimado.

La sentencia y orden recurridas deben ser confirmadas.