author: Jnez Asociado Señor De Jesús, Juez Asociado Señor Snyder. Juez Asociado Señor Todd, Jr.

text:
    Pedro Parrilla Montañez, como padre con patria potestad sobre sus menores hijos Carlos, Augusto, Margarita, Guillermo y Eduardo Parrilla y Bonilla, demandante y apelado, v. Herbert A. Martin, Comisionado Interino de Instrucción de Puerto Rico, sustituído por Mariano Villaronga, Comisionado de Instrucción, demandado y apelante.
    Núm. 9580.

    Sometido: Diciembre 8, 1947.

      Resuelto: Enero 28, 1948.

      Ilon.1 Procurador General Luis Negrón Fernández, Garlos Sanlana Becerra y A. Torres Braschi, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del apelante; B. Arpona Siaca, abogado del apelado; Guillermo Cintrón Ayuso, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, ésta como amicus curiae.

   Opinión del

Jnez Asociado Señor De Jesús,

en la cnal concurre el Jnez Presidente Señor Travieso.

En sn sesión ordinaria de 1946 la Legislatura de Puerto Eico aprobó, sobre el veto del Gobernador, el Proyecto del Senado núm. 51, disponiendo el uso exclusivo del idioma es-pañol para la enseñanza en las escuelas públicas. Al vedarlo por segunda vez, el Gobernador lo envió por correo el 30 de abril de 1946 al Director de la División de Territorios y Po-sesiones Insulares, con súplica de someterlo al Presidente para su consideración. El día 6 de mayo siguiente lo reci-bió el Director de la División de Territorios y Posesiones Insulares, pero por razones que no constan de los autos, no lo. envió a Casa Blanca basta el 6 de agosto en que lo reci-bió un empleado de la oficina del Presidente.

El 13 de agosto de 1946 el apelado radicó en la corte inferior este procedimiento sobre sentencia • declaratoria. Alegó, entre otras cosas, que habían transcurrido más de noventa días desde que el Gobernador transmitió el pro-yecto de ley a la División de Territorios y Posesiones Insu-lares; y que el Presidente no lo había devuelto, por lo cual se había convertido en ley y pedía sentencia declarándolo así, y que el demandado debía ponerla en ejecución.

El demandado se opuso a las pretensiones del deman-dante y antes de celebrarse el juicio, radicó una alegación suplementaria a la contestación en la cual expuso que el. 25 de octubre de 1946 el Presidente había desaprobado el pro-yecto de ley. No obstante dicha desaprobación, la corte a quo dictó sentencia el 25 de febrero de 1947, declarando que el proyecto se había convertido en ley desde el 4 de agosto de 1946 y que debía ponerse en ejecución por el demandado.

Opinó la corte que desde el instante en que el proyecto fué recibido por la División de Territorios y Posesiones In-sulares, debía entenderse recibido por el Presidente y con-secuentemente que desde esa feclia, 6 de mayo de 1946, em-pezó a correr el plazo fijado al Presidente para aprobar o desaprobar el proyecto de ley de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica, el cual, en lo pertinente, prescribe:

. . Cuando un proyecto de ley que liaya sido aprobado se presente al .Gobernador para su firma, si éste lo aprobare, lo firmará; si no lo aprobare, lo devolverá con sus objeciones a la Cámara en donde se originó, la cual anotará dichas objeciones por extenso en su libro de actas, y procederá a reconsiderar el proyecto. Si después de dicha reconsideración, las dos terceras partes del número total de miembros de esa Cámara convinieren en pasar el proyecto, será el mismo enviado, junto con las objeciones, a la otra Cámara, por la cual será también reconsiderado, y si fuere aprobado por las dos terceras partes de todos los miembros de esa Cámara, será remitido al Gobernador, quien, en caso de que entonces no lo aprobare, lo transmitirá al Presidente de los Estados Unidos. . . Si el Presidente de los Estados Unidos aprobare el proyecto, lo firmará y pasará a ser ley. Si no lo aprobare, lo devolverá al Gobernador manifestán-dolo así, y no será ley; Disponiéndose, que el Presidente de los Esta-dos Unidos aprobará o desaprobará una ley a él sometida en virtud de las disposiciones de este Artículo, dentro de noventa días de haberle sido sometida para su aprobación; y si no la aprobare den-tro de ese plazo, se convertirá en ley como si la hubiese aprobado especialmente. . .” (Bastardillas nuestras.)

Es digno de notarse que el artículo 34 arriba citado, im-pone dos deberes distintos al Gobernador y al Presidente, respectivamente. Al primero le ordena que trasmita el pro-yecto de ley al Presidente, () Una vez trasmitido, queda cumplido el deber del Gobernador. Al segundo le confiere la facultad de aprobarlo o desaprobarlo, para lo cual le concede un término de noventa días a contar desde que le haya sido sometido. Una vez sometido al Presidente, empieza a correr el término que la ley le concede para su considera-ción. No dice la ley que el referido plazo se cuente desde que el Gobernador trasmite el proyecto. Por el contrario, expresamente dispone que empieza a correr desde que el pro-yecto de ley ha sido sometido al Presidente para su apro-bación.

La letra de la ley es clara. La corte inferior no rechaza esta interpretación, pero opina que la División de Territorios y Posesiones Insulares es un agente del Presidente y conse-cuentemente, el recibo del proyecto por la División, equivale a su entrega al Presidente.. La corte inferior busca apoyo para esta teoría en el artículo 11 de la Ley Orgánica, () en la Ley del Congreso de 3 de marzo de 1933 () y en la Orden Ejecutiva promulgada por el Presidente Roosevelt el 29 de mayo de 1934. ()

I

Para determinar si es correcta la teoría de la corte a quo, precisa un examen de las referidas leyes y Orden Ejecutiva.() .

El artículo 11 de la Ley Orgánica prescribe que los in-formes que de acuerdo con la ley tienen que dar el goberna-dor o los jefes de departamentos “a cualquier funcionario de los Estados Unidos”, los dará a un Departamento Eje-cutivo del Gobierno de los Estados Unidos que desig-nará el Presidente y autoriza, además, a éste, a poner los asuntos que correspondan al Gobierno de Puerto Rico bajo la jurisdicción de ese Departamento.

La Ley del Congreso de 3 de marzo de 1933 (47 Stat. 1517 (1933)) dispone que el Presidente investigue y determine la reorganización que fuere necesario llevar a cabo den-tro de la rama ejecutiva del Gobierno y lo autoriza para ha-cerla.

Por último, la Orden Ejecutiva de 29 de mayo de 1934 creó la División de Territorios y Posesiones Insulares ads-crita al Departamento de lo Interior. Dispuso que todas las funciones del Negociado de Asuntos Insulares del De-partamento de la Guerra,() juntamente con su personal, archivos, etc., correspondientes a o relacionadas con la ad-ministración del Gobierno de Puerto Rico, quedaban, a vir-tud de dicha Orden, transferidos del Departamento de Guerra a la División de Territorios y Posesiones Insulares del Departamento de lo Interior para ser administradas bajo la supervisión del Secretario de lo Interior.

Nada encontramos en dichas leyes ni en la Orden Ejecu-tiva de lo cual racionalmente pueda inferirse que la Divi-sión de Territorios y Posesiones Insulares sea un agente del Presidente. El ordenar al Gobernador y a los Jefes de De-partamento que los informes que de acuerdo con la ley tuvie-ran que dar “a cualquier funcionario de los Estados Uni-dos” los den a la División de Territorios y Posesiones In-sulares, no constituye a dicha División en un agente del Pre-sidente de los Estados Unidos, en relación con una facultad impuesta por la ley al Presidente en persona, tan impor-tante como la del ejercicio del veto. Como se dice en la opi-nión concurrente del Juez Stone, con la eual estuvo con-forme el Juez Brandéis, en el caso de Wright v. United States, 302 U. S. 583 (nota 4, pág. 601) la importante facultad de recibir-un proyecto de ley, a nombre del Presidente no se confiere sub silentio.

La trascendencia del poder del veto se expone con ele-gante sencillez en el caso de Okanogan Indians v. United States, 279 U. S. 655, 677-8:

"La Constitución, al conferir al Presidente una facultad negativa sobre la Legislación — comúnmente denominada veto — le confiere una autoridad y le impone un deber de la más alta trascendencia en el cumplimiento del cual debe, no sólo firmar los proyectos de'ley que aprueba para que se conviertan en ley, sí que también devolver los proyectos que desapruebe, con sus objeciones, para que puedan ser reconsiderados por el Congreso. El fiel y efectivo cumplimiento de este trascendental deber indefectiblemente requiere tiempo, dentro del eual el Presidente pueda cuidadosamente examinar y considerar un proyecto de ley y determinar, previa-la debida deliberación, si lo aprueba o desaprueba, y si lo desaprueba, formular sus objeciones para la consideración del Congreso. A ese efecto se le concede un plazo determinado a contar desde qqe el proyecto de ley le lia sido presentado, dentro del cual puede examinar sus disposiciones y apro-barlo o devolverlo sin su aprobación para ser reconsiderado. (Citas). La facultad así conferida al Presidente no puede ser restringida ni limitada por el Congreso, ni el tiempo dentro del cual debe ser ejercitada, acortarse directa o indirectamente. Y es parte tan esen-cial de los preceptos constitucionales dirigidos a impedir legislación irreflexiva o impropia, que el Presidente, por su parte, disponga de todo el tiempo eoncedídole para determinar si aprueba o desaprueba un proyecto de ley, o si lo desaprueba para que adecuadamente for-mule las objeciones que deben ser consideradas por el Congreso, como lo es que el Congreso por su parte, tenga una oportunidad de volver a aprobarlo, no obstante sus objeciones.”

Si reflexionamos por nn instante que, al exigir la sec-ción 34 que el proyecto de ley sea sometido al Presidente tiene por objeto que éste y sólo éste lo apruebe o desapruebe, no podemos dar al artículo 11 y a la Orden Ejecutiva de 29 de mayo de 1934 la interpretación que le da la corte inferior, con el paradójico resultado que ya hemos visto, de conside-rar, como convertido en ley desde el 4 de ag'osto de 1946 un proyecto enviado, por primera vez a Casa Blanca, el 6 de ag'osto de 1946. Es decir, dos días antes de que el Presidente tuviera la oportunidad de aprobar o desaprobar el proyecto ya había quedado convertido en ley, según la corte inferior, por el mero hecho de retenerlo la División de Territorios y Posesiones Insulares sin someterlo al Presidente. En otras palabras, el importante poder de aprobar o desaprobar la ley, conferido al Presidente por el artículo 34 de la Ley Or-gánica, quedó sin ser ejercido por el Presidente debido a la omisión de la División de Territorios y Posesiones Insula-res. Podrá suceder una situación como la del presente caso, pero ésta es una extraordinaria que no habría ocurrido si la División de Territorios y Posesiones Insulares hubiera so-metido el proyecto al Presidente con más prontitud, o si la ley fijase un término dentro del cual el proyecto de ley de-biera ser sometido al Presidente para su aprobación. Y ante la alternativa en que nos ha colocado la División de Territo-rios y Posesiones Insulares de que se prive al Presidente de cumplir cabalmente el deber que le impone el artículo 34 de la Ley Orgánica o el de que la aprobación o desaprobación por el Presidente de una ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobada no obstante el veto del Gobernador, esté pendiente por un tiempo mayor del necesario por no haber sido sometida prontamente al Presidente, debemos op-tar por la interpretación que da efecto al artículo 34 de la Ley Orgánica.

A nuestro jui'cio, el propósito del citado artículo 11 de la Ley Orgánica, en lo que a la trasmisión de dichos informes concierne, es indicar el canal oficial por el cual éstos debe-rán ser enviados. Y en el presente caso ya hemos dicho que el Gobernador cumplió su deber trasmitiendo el proyecto por la vía oficial correspondiente. Si la División de Territorios y Posesiones Insulares no cumplió con el suyo con la debida diligencia, es impertinente a los efectos del presente caso; y no por ello ha de convertirse el proyecto en ley contra la voluntad del Presidente, expresada dentro del plazo de no-venta días desde que realmente le fue sometido.

II

La corte a quo también descansa su teoría en el hecho de que un profesor de la Universidad de Kent y el abogado del demandante escribieron al Presidente sendas cartas en relación con el proyecto de ley, y que si bien no recibieron contestación alguna de Casa Blanca, la tuvieron del Departamento de lo Interior indicándoles que dichas cartas le habían sido referidas. Esta circunstancia es interpretada por la corte a quo y por el apelado como una indicación de que el Presidente consideraba sometido el proyecto a su consideración y daba traslado del mismo al Departamento de lo Interior para su estudio e informo. De esta inferencia concluyen que el tiempo que el proyecto estuvo detenido en el Departamento de lo Interior debe computarse como si hubiera estado bajo la consideración del Presidente. Citan el caso de State v. Grant Superior Court, 172 N. E. 897 (1930).

Si las cartas acusando recibo hubieran procedido de otro Departamento que no fuera el de lo Interior, podría existir algún fundamento para la inferencia de que al serle refe-ridas por Casa Blanca indicaba que el Presidente le líabía enviado el proyecto para su estudio e informe. Debemos pre-sumir que la oficina del Presidente no ignoraba que de ha-ber sido trasmitido el proyecto de ley por el Gobernador y no haberse sometido todavía al Presidente, debía hallarse en la División de Territorios y Posesiones Insulares, por cuyo conducto debía sometérsele, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ejecutiva de 29 de mayo de 1934. Parece lógico que en tales circunstancias, dicha correspondencia fuese re-mitida a la División de Territorios y Posesiones Insulares para ser considerada por el Presidente conjuntamente con el proyecto cuando le fuere sometido para su consideración. Las cartas estaban relacionadas con el proyecto de ley y nada más natural que se conservasen unidas al mismo.

El caso de State v. Grant Superior Court, supra, carece de pertinencia. En dicho caso el Gobernador había desig-nado a uno de los empleados de su oficina para que recibiese los proyectos que le presentara la Legislatura para su con-sideración. El Gobernador le dió instrucciones al efecto de que todo proyecto que llegase a su oficina después de la me-dianoche del 8 de marzo, lo enviara inmediatamente al Pro-curador General para su estudio e informe. Al llegar el men-sajero de la Legislatura con el proyecto en discusión, el empleado de la oficina del Gobernador, en cumplimiento de lo que se le había ordenado, le dijo al mensajero de la Le-gislatura que lo entogara al Procurador General, y así lo hizo. Surgió entonces la cuestión de si el tiempo que el Pro-curador General retuvo el proyecto debía computarse como parte del tiempo concedido al Gobernador para considerarlo. A la luz de estos hechos, la Corte Suprema de Indiana re-solvió que mientras el proyecto estuvo en poder del Procu-rador General, por orden del propio Gobernador, debía en-tenderse que se hallaba bajo la consideración del Jefe del Ejecutivo.

Parece claro que si en el caso de autos el proyecto hu-biera sido sometido al Presidente y éste lo hubiese remitido al Departamento de lo Interior para estudio e informe, se-ría de aplicación el caso de State v. Grant Superior Court, supra, y siendo correcta su doctrina la hubiéramos seguido en el presente caso. Pero los hechos no lo justifican.

Otros casos citados por la corte inferior y por el apelado no son aplicables ni justifican que nos detengamos a dife-' rendarlos.

Procede revocar la sentencia apelada y dictar otra decla-rando que el Proyecto del Senado núm. 51 nunca llegó a con-vertirse en ley por haber sido desaprobado por el Presidente de los Estados Unidos dentro del plazo de noventa días desde que fué sometido a su consideración.

El Juez Asociado Sr. Marrero se inhibió.

Opinión del

Juez Asociado Señor Snyder.

Si bien convengo sustancialmente con una parte considerable de la opinión del Juez Asociado Sr. De Jesús, creo que la sentencia de este Tribunal debe fundamentarse primor-dialmente en la conclusión explícita de que el artículo 11 de la (¡arta Orgánica no tiene nada que ver con este caso y que es únicamente el artículo 34 el que lo controla.

' K¡n primer lugar, de su propia faz el artículo 11 no es aplicable. Se refiere solamente a informes sometidos por el Gobernador a un departamento ejecutivo de los Estados Unidos.a ser designado por el Presidente. Nada hay en dicho artículo que se refiera a la trasmisión de proyectos por el Gobernador al Presidente. A dieba cuestión la cubre ex-clusivamente el artículo 34 de la Carta Orgánica.

En segundo lugar, la historia legislativa de los artículos 11 y 34 refuerza esta interpretación. El artículo 11, que ordena el envío de los informes del Gobernador, no aparece en su texto actual en la Ley Foraker de 1900. 31 Stat. 77. Se aprobó originalmente en 1909 como una enmienda a la Ley Foraker, 36 Stat. 11;, y se volvió a aprobar sin que sufriera cambio fundamental alguno en el Acta Jones de 1917. 39 Stat. 951. Por otro lado, la disposición en cuanto al veto presidencial que se encuentra en el artículo 34 apareció por primera vez en el Acta Jones. El punto es obvio. Si me-diante el artículo 34 el poder del veto se le confirió al Presi-dente por primera vez mediante el Acta Jones, el Congreso no puede haber tenido en mente fijar el procedimiento para la trasmisión de proyectos por el Gobernador al Presidente en el artículo 11, que fué aprobado ocho años antes de que se aprobara el artículo 34. El artículo 11 no arroja luz al-guna a nuestro problema; la decisión de este caso depende del alcance del artículo 34.

Una vez que llegamos a la conclusión de que aquí con-trola el artículo 34, el caso se torna sencillo. Contrario al artículo 11, nada hay en el 34 con respecto a la trasmisión de proyectos por el Gobernador a un departamento ejecu-tivo de los Estados Unidos que actúa como agente del Pre-sidente para recibirlos. Al contrario, el artículo 34 provee que el Gobernador trasmitirá los proyectos al Presidente. Suponiendo que éste pueda, no obstante, delegar autoridad a un agente para recibir los proyectos a su nombre, el Pre-sidente no ha hecho esto. En su consecuencia, el Departa-mento del Interior actuó como agente del Gobernador para trasmitirle el proyecto al Presidente, y no como agente de éste para recibirlo. El período de noventa días dentro del cual el Presidente debe aprobar o desaprobar un proyecto, por tanto, no empezó a correr cuando el Departamento re-cibió el proyecto del Gobernador, con súplica de éste de que lo sometiera al Presidente. Más bien, empezó a correr desde la feolia en que el Presidente recibió el proyecto del Depar-tamento, que actuó como 'agente del Gobernador para tras-mitirlo al Presidente. Toda vez que éste vedó el proyecto dentro del período de noventa días calculado en esta forma, el proyecto no se convirtió en ley.

Lo que complica este caso es el lieclio de que el Departa-mento del Interior, como agente del Gobernador, no tras-mitió el proyecto al Presidente basta tres meses después de haberlo recibido del Gobernador. Su Asesor Legal dijo en una opinión que “Este Departamento fué less than prompt al trasmitirle el proyecto al Presidente.” A la luz de los hechos, esa manifestación merece ser'incluida, en el Department of Understatement de “The New Yorker”.

El Presidente tiene noventa días para aprobar o desa-probar un proyecto. Bajo la ley en vigor y según la prác-tica, una de las funciones del Departamento del Interior es estudiar los proyectos y aconsejar al Presidente sobre los mismos. Pero el espíritu del artículo 34 tiene por miras que el estudio será hecho por el Departamento mientras el pe-ríodo de noventa días esté corriendo.

El Departamento, como agente del Gobernador, debió ha-ber trasmitido inmediatamente el proyecto al Presidente. Después de recibirlo, el Presidente indudablemente lo hu-biera referido al Departamento para que éste, actuando como agente suyo le rindiera una opinión. Y mientras se hacía el estudio, hubiera estado corriendo el período de noventa días. Por el contrario, el Departamento, como agente del Gobernador, optó por retener el proyecto y no enviarlo al Presidente durante tres meses. En verdad que fué less than prompt en tardarse tres meses en realizar el mero acto de trasmitirle el proyecto al Presidente. Durante dicho período el Departamento desempeñó prematuramente el papel, en-teramente diferente, de agente del Presidente para estudiar y aconsejar sobre el proyecto. Al realizar conjuntamente (telescoping) sus réspectivos deberes para con el Goberna-dor y el Presidente, el Departamento frustró la intención del Congreso de qne el período de noventa días dentro del cual debe actuar el Presidente corra mientras el Departamento elegido por él como su agente estudia el proyecto y le so-mete sus puntos de vista.

El Departamento del Interior pudo infringir el espíritu del artículo 34 porque dicho artículo, desgraciadamente, no le exige al Gobernador que le someta el proyecto al Presi-dente dentro de determinado período. De existir tal dis-posición, dicho Departamento no podría, como agente del Gobernador, dilatar a su antojo, la trasmisión del proyecto al Presidente. Quizá el Congreso desee en el futuro elimi-nar esta laguna en el estatuto.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Todd, Jr.

Disiento. Opino que el artículo 11 de la Carta Orgánica es aplicable. Aún asumiendo que técnicamente no lo fuera, la práctica administrativa establecida y aprobada por el Pre-sidente, como cuestión de hecho probado, ha sido que todas las comunicaciones oficiales de los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo al Gobernador, a cualquier fun-cionario de los Estados Unidos, incluyendo al Presidente, se han trasmitido al Departamento Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos designado por el Presidente, antes del año 1934, al Departamento de la Guerra (Negociado de Asuntos Insulares), y después de dicho año, al Departa-mento de lo Interior (División de Territorios y Posesiones Insulares), de acuerdo con las Ordenes Ejecutivas de 15 de julio de 1909 y 29 de mayo de 1934. Y como cuestión de he-cho probado, también, está el de que los proyectos de ley vedados por el Gobernador en ocasiones anteriores, han sido trasmitidos, con el informe correspondiente, a dicho Depar-tamento Ejecutivo.

Al designarse por el Presidente a la División de Terri-torios y Posesiones Insulares del Departamento de lo Interior para recibir todos los informes que, de acuerdo con la ley, tenga que dar el Gobernador de Puerto. Rico al pro-pío Presidente, delegó e hizo su agente a dicho Departa-mento. Que así lo entendía la Casa Blanca, lo demostró las contestaciones a las cartas dirigidas al Presidente, por el abogado de la apelada y por el profesor de la Universidad de Kent, dadas por el Departamento de lo Interior, en las que informaba que dichas cartas le habían sido referidas. Si, como se dice en la opinión del Juez Sr. De Jesús, “Debemos presumir que la oficina del Presidente no ignoraba que de haber sido trasmitido el proyecto de ley por el Gobernador y no haberse sometido todavía al Presidente, debía bailarse en la División de Territorios y Posesiones Insulares, por cuyo conducto debía sometérsele, de conformidad con lo dis-puesto en la Orden Ejecutiva de 29 de mayo de 1934”, al no ignorar eso la oficina del Presidente y al remitir las cartas a dicha División, es porque consideraba que dicha' Orden Ejecutiva era aplicable, en relación con el artículo 34 de la Caída Orgánica, al informe rendido por el Gobernador re-lacionado con el proyecto de ley vedado. Es más, los -exhibits 8 y 12 del demandante apelado, dos cartas del Sr. Chapman, Secretario Interino del Departamento de lo Interior, diri-gidas al senador Arjona Siaca, fechadas el 28 de octubre de 1946 y el 25 de noviembre de 1946, demuestran sin dejar lu-gar a dudas, -que dicha práctica administrativa existía y te-nía la completa aprobación oficial de dicho Departamento. ()

Tenemos que ser realistas al considerar el alcance del ar-tículo 34 de la Carta Orgánica en cuanto al punto aquí en controversia. Como cuestión de hecho y debido a la prác-tica administrativa establecida, no debe sostenerse que al trasmitir el G-obernador al Presidente nn proyecto de ley vedado por el primero, no está trasmitiendo nno de los in-formes contemplados por el artículo 11 de la misma ley. Se acepta que al proyecto vedado se acompañó un informe del Gobernador exponiendo los motivos de su actuación. Sería ilógico sostener que diclio informe debió enviarse al Depar-tamento de lo Interior y el proyecto de ley directamente al Presidente. Ambos documentos se enviaron al departamento ejecutivo designado por el Presidente para recibir cualquier informe de los funcionarios locales y, por práctica adminis-trativa, se liizo extensiva dicha delegación para recibir los proyectos de ley vedados junto con el informe que pudiera acompañarlos. Pué el Presidente, autorizado por ley, quien designó al Departamento de lo Interior como su agente, y al recibir este último el proyecto de ley equivalía a haberlo recibido el Presidente.

Tin el caso de Wright v. United States, 302 U.S. 583, 590, al resolverse que el Secretario del Senado de los Estados Unidos podía recibir un proyecto de ley vedado por el Pre-sidente, estando en receso el Senado, se dijo:

“No hay mayor dificultad en devolver un proyecto a una de las Cámaras cuando está en receso • durante la sesión del Congreso que en presentar un proyecto al Presidente enviándolo a la Casa Blanca durante su ausencia temporal. Tal presentación es una práctica familiar. El proyecto es enviado con un mensajero y es recibido por el Presidente. Es devuelto con un mensajero, y ¿por qué no puede ser recibido por el agente acreditado del cuerpo legislativo! Decir que el Presidente no puede devolver un proyecto cuando la Cámara donde se originó está en receso durante la sesión del Con-greso y así conceder una oportunidad para que el proyecto seá'apro-bado por encima de las objeciones del Presidente, es ignorar las más claras consideraciones prácticas e implicando un requisito de una formalidad artificial erigir una barrera al ejercicio de un derecho constitucional.” (Bastardillas nuestras.)

Y esto se resolvió aun cuando no existía ley o reglamento alguno que autorizara al Secretario del.Senado a recibir el proyecto durante el receso de diclio cuerpo legislativo.

Considero que el caso de State v. Grant Superior Court, 172 N. E. 897 (1930) es aplicable a los hechos del presente. En aquél, el Gobernador delegó en el Procurador General para recibir y hacer sus recomendaciones sobre el proyecto y se resolvió que el tiempo que el Procurador General lo re-tuvo debía computarse como parte del tiempo concedido al Gobernador para considerarlo. En el de autos, el Presi-dente, bien por ley y por orden ejecutiva o por práctica ad-ministrativa aprobada por él aplicando dicha ley y orden ejecutiva, delegó en la División de Territorios y Posesiones Insulares para recibir, a su nombre, el proyecto de ley, y a mi juicio el tiempo que dicha División retuvo el proyecto debe computarse en la misma forma.

Tenemos, además, que el artículo 34 de la Carta Orgá-nica el único deber que impone al Gobernador es el de tras-mitir el proyecto de ley vedado al Presidente; que de acuerdo con el artículo 11 de la misma ley y la Orden Ejecutiva de 1934, también se impone al Gobernador el deber de enviar cualquier informe que tenga para el Presidente a través de la División de Territorios y Posesiones Insulares del Depar-tamento do lo Interior y que dicha Orden Ejecutiva coloca bajo dicha División todos los asuntos concernientes al Go-bierno de Puerto Rico. El artículo 34 de la Carta Orgánica al disponer que el Presidente aprobará o desaprobará una ley a él sometida, expresamente dice “en virtud de las dis-posiciones de este artículo”, es decir, cuando le haya sido trasmitido por el Gobernador, y si dicha trasmisión, por ley y por Orden Ejecutiva o por práctica administrativa te-nía que hacerse a través de la División de Territorios y Po-sesiones Insulares, el proyecto de ley quedó sometido al Pre-sidente a la feelra efectiva de su recibo en dicha División, o sea el 6 de mayo de 1946.. Si dicho negociado federal por-que estaba estudiando el proyecto o por negligencia, olvido o cualquier otro motivo, no lo sometió al Presidente con tiempo suficiente para que éste pudiera resolver si lo apro-baba o lo desaprobaba antes de vencer los 90 días fijados por-'la Carta Orgánica, ese hecho no debe ser motivo para que interpretemos la ley y resolvamos la cuestión legal plan-teada en tal forma que convierta a la División de Territo-rios y Posesiones Insulares en árbitro absoluto para deter-minar en qué fecha debe considerarse que ha quedado some-tido al Presidente un proyecto de ley vedado por el Gober-nador. Dicha interpretación nos llevaría al absurdo de resolver que la División de Territorios y Posesiones Insula-res no tiene término fijo alguno para someter un asunto tan importante como éste a la consideración del Presidente, no obstante que, primero, la propia Carta Orgánica limita ■el término del Presidente a 90 . días y, segundo, que dicha División está fuera del control del Gobierno de Puerto Pico y por el contrario actúa por delegación expresa del Presi-dente y, como cuestión de hecho, la práctica administrativa establecida tenía la aprobación deliberada aunque implícita del Presidente.

Que la práctica administrativa en casos de esta natura-leza es merecedora de seria consideración, ha sido expresa-mente resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos en el “Pocket Veto Case” de Okanogan Indians v. United States, 279 U. S. 655 al expresarse en esta forma: rese Missouri Pac. Ry. Co. v. Kansas, 248 U. S. 276, 284, 63 L. ed. 241, 2 A.L.R. 1589, 39 Sup. Ct. Rep. 93; Myers v. United States, 272 U. S. 52, 119, 136, 71 L. ed. 160, 167, 174, 47 Sup. Ct. Rep. 21; y State ex rel. Corbett v. South Norwalk, 77 Conn. 257, 264, 58 Atl. 759, en el cual la corte dijo que una práctica de por lo menos veinte años de duración por parte del Departamento Ejecu-tivo, asentida por el departamento legislativo, aunque no obligaba en forma absoluta al departamento judicial, merece seria consideración al determinar la verdadera interpretación de una disposición cons-titucional cuya fraseología es en cualquier respecto de dudoso signi-ficado.” (Bastardillas nuestras.)

"Los puntos de vista que hemos expresado en cuanto a la inter-pretación y efecto de- la disposición constitucional aquí envuelta son confirmados por la interpretación práctica que le ha sido dada por los Presidentes durante un largo curso de años y en la cual el Congreso ha asentido. Práctica establecida y durante largo tiempo asentida es una consideración de gran peso para la debida interpre-tación de disposiciones constitucionales de esta naturaleza. Compá-

En el caso de autos so probó que la única práctica esta-blecida fué la de que los Gobernadores de Puerto Rico siem-pre enviaron todos los proyectos de ley vedados a la consi-deración del Presidente a través de la División de Territo-rios y Posesiones Insulares y que dicha práctica fué asen-tida por el Presidente. ¿Cómo negar, pues, fuerza legal a dicha práctica administrativa en el presente caso?

Pero es que, como dije al comenzar esta opinión, consi-dero que el artículo 11 de la Carta Orgánica es aplicable. Ya he expuesto algunos fundamentos, pero- además, no se trata én dicha disposición legal únicamente de la forma de enviar informes por los funcionarios insulares a los fede-rales, sino que autoriza además al Presidente “para poner todos los asuntos que correspondan al Gobierno de Puerto Rico bajo la jurisdicción de dicho departamento.” Tanto el asunto de procedimiento a que se refiere la primera parte del artículo 11 en relación con los informes, como todos los asuntos que correspondan al Gobierno'de Puerto Rico, han sido colocados por orden ejecutiva del Presidente bajo la jurisdicción del Departamento de lo Interior en su División de Territorios y Posesiones Insulares. Constituida dicha División por lo menos en su “agente acreditado”, como se dijo en el caso de Wright, supra, no debemos resolver que el tiempo que utilizó el agente para considerar el proyecto de ley no deba computársele a su principal.

De no aceptarse que el Departamento de.lo Interior por su División de Territorios y Posesiones Insulares, estaba autorizado a virtud del artículo 11 de la Carta Orgánica y de la Orden Ejecutiva de 1934, a recibir, a nombre del Pre-sidente, el proyecto de ley enviado por el Gobernador de Puerto Rico, tendríamos forzosamente que concluir que su actuación al retener, durante más de noventa días, el Pro-yecto núm. 51 del Senado de Puerto Rico, fue ilegal y que actuó en forma altamente censurable al no trasmitir al- Pre-sidente dicho 'proyecto tan pronto lo recibió. No debemos interpretar la Carta Orgánica y la Orden Ejecutiva en'tal forma que nos obligue a llegar a dicha conclusión.

En cuanto a la historia legislativa de los artículos 11 y 34 de la Carta Orgánica a que hace referencia el Juez Aso-ciado Sr. Snyder en su opinión, creo que, aun cuando las dos premisas en que basa su conclusión son correctas, la con-clusión no lo es. Es cierto que el artículo 11 es práctica-mente una copia de la enmienda a la ley Foraker hecha en 1909 y que el artículo 34 confirió por primera vez al Presi-dente el poder del veto. Empero, esos dos hechos no sig-nifican que después de aprobado el artículo 34 y precisa-mente por la razón fundamental de que dicho artículo no fija el procedimiento para la trasmisión de proyectos de ley por el Gobernador al Presidente, no deba aplicarse el ar-tículo 11, complementado por la Orden Ejecutiva de 1934, que sí fija dicho procedimiento o que, asumiendo que no lo hiciera, ha sido seguido como práctica administrativa, no sólo en relación con informes de carácter administrativos, sino que también y sin excepción, para la trasmisión de toda clase de comunicaciones entre el Gobernador y, el Presidente in-cluyendo, desde luego, la trasmisión de proyectos de ley ve-dados por el Gobernador.

Creo que el artículo 11 y la interpretación que por prác-tica administrativa se le ha dado tanto por el Gobernador como por el Departamento de lo Interior y por el Presi-dente, es el que arroja luz al problema que confrontamos en este caso ante el silencio del artículo 34 en cuanto a pro-veer el procedimiento oficial y adecuado para la trasmisión de proyectos de ley por el Gobernador al Presidente.

En mi opinión, debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1) En su carta de 30 de abril de 1946, dirigida al Director de la División de Territorios y Posesiones Insulares, el Gobernador Tugwell se expresó así:
      “Estimado Sr. Arnold: Le incluyo una carta para el Presidente de los Estados Unidos con documentos recomendándole que sostenga mi veto al Pro-yecto núm. 51 del Senado aprobado en la última sesión de -la Legislatura de Puerto Rico. — La carta, y documentos que la acompañan se explican por sí mismos. — Le agradeceré mucho los envíe por el conducto ademado para su pre-sentación al Presidente, a los efectos de su >consideración(Bastardillas nuestras.)

      (2)E1 artículo 11 do la Ley Orgánica prescribe:
      “Todos los informes que, de acuerdo con la ley, tengan que dar el Gobernador o los jefes de departamentos a cualquier funcionario de los Estados Unidos, serán dados en lo sucesivo a un departamento ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos, que será designado por el Presidente y éste queda autorizado por esta Ley para poner todos los asuntos que correspondan al Gobierno de Puerto Rico bajo la jurisdicción de dicho departamento.”
      El artículo 11 de la vigente Ley Orgánica fué tomado de la sección 2 de la Ley del Congreso de 15 de julio de 1909 (36 Stat. 11 (1909)), para enmendar la anterior Ley Orgánica conocida por Ley Foraker que rigió hasta el 1ro. de marzo de 1917. La sección 2 de la referida Ley de 15 do julio de 1909, decía así:
      “Que todos los informes que, de acuerdo con la ley, tengan que dar el Gobernador o los miembros del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico a cualquier fun-cionario de los Estados Unidos, serán dados en lo sucesivo a un departamento ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos que será designado por el Pre-sidente; y el Presidente queda autorizado por esta Ley para poner todos los asuntos que correspondan al Gobierno de Puerto Rico bajo la jurisdicción de dicho departamento.”
      Haciendo uso de la autoridad que le confería la citada sección 2 de la Ley del Congreso de 15 de julio de 1909, el Presidente Taft, el mismo día que aprobó la referida ley, expidió la Orden Ejecutiva que en lo pertinente, decía así:
      “. . . todos los informes que de acuerdo con la ley, tengan que dar el gobernador o los miembros del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico a cualquier •funcionario de los Estados Unidos serán dados al Departamento do la Guerra y todos los asuntos que correspondan al Gobierno de Puerto Rico se pondrán bajo la jurisdicción de ese departamento. Los asuntos del departamento con-cernientes al gobierno civil de Puerto Rico quedan asignados al Negociado de Asuntos Insulares de conformidad con la Sección 87 de la Ley de 1ro. de julio de 1902. William H. Taft, Casa Blanca, Julio 15, 1909.”

      (3)Esta Ley, en lo pertinente prescribe:
      • ‘ Siempre que el Presidente, previa investigación, encuentre y declara quo cualquier reagrupación, consolidación, transferencia o abolición de cual-quier agencia o agencias ejecutivas y/o las funciones de las mismas sea necesaria para llevar a cabo cualquiera de los propósitos expuestos en la sección 401 de este Titulo, puede, por orden ejecutiva:

        “(a) Transferir en todo o en parte cualquier agencia ejecutiva y/o las funciones de la misma a la jurisdicción y control de cualquier otra agencia ejecutiva;
      “(6) Consolidar las funciones confiadas a cualquier agencia ejecutiva; o

        “(•o) Abolir en todo o en parte cualquier agencia ejecutiva y/o las fun-ciones de la misma; y
      “ (d) Designar y fijar el nombre y funciones do cualquier actividad con-solidada o agencia ejecutiva y el título, facultades y deberes de su jefe eje-cutivo; excepto que el Presidente no tendrá autoridad bajo este Título para abolir o transferir un departamento ejecutivo y/o todas las funciones del mismo.” 47 Stat. 1518 (1933).

      (4)La Orden Ejecutiva dol Presidente Roosevelt de feclia 29 de mayo de 1934, en lo pertinente, prescribe:
      “...Por Cuanto, luego de una investigación yo encuentro y declaro que el establecimiento de una División de Territorios y Posesiones Insulares en el Departamento de lo Interior- y la transferencia al mismo de las funciones del Negociado de Asuntos Insulares, Departamento de la Guerra, que correspondan a la administración del Gobierno de Puerto Rico es necesario para cumplir los propósitos de dicha sección 16; Por Tanto, por virtud de y de conformidad con la autoridad que me ha sido conferida por la referida sección 16 de la Ley de 3 de marzo de 1933, se ordena que una División que se denominará División de Territorios y Posesiones Insulares quede por la .presente estable-cida en el Departamento de lo Interior; y se ordena, además, que todas las funciones del Negociado de Asuntos Insulares, Departamento de la Guerra, junto con su personal, archivos . . . que correspondan a o se relacionen con la admi-nistración del Gobierno de Puerto Rico, son por la presente transferidos del Departamento de la Guerra a la División de Territorios y Posesiones Insulares, Departamento de lo Interior, para ser administrados bajo la supervisión del Secretario de lo Interior. . .”

      (5) Es justo consignar que los abogados del demandado, tanto en su alegato como en su informe oral, no aceptan que la transmisión de un proyecto de ley al Presidente constituya el informe a que se refiere el articulo 11 de la Ley Orgánica. Sin embargo, a los efectos de esta opinión, vamos a partir de la hipótesis que el artículo 11 es de aplicación. Gomo cuestión de lieclio el Gober-nador Tugwell, al transmitir el proyecto de ley, acompañó un informe al Pre-sidente expresando los motivos por los cuales lo vedaba y recomendaba su desaprobación. Véase la Nota 1.

      (6) Véase el final de la Nota 2.

      (1) De la primera de dichas cartas extractamos: "Como su carta correc-tamente dice, la práctica ha sido que comunicaciones dirigidas por el Goberna-dor de Puerto Pico a los jefes de departamentos ejecutivos del Gobierno o al Presidente son enviadas a este Departamento para su trasmisión. Un procedi-miento similar se siguo en los otros territorios y posesiones. También ha sido la práctica, debido a las responsabilidades de este Departamento en relación con la administración del Gobierno do Puerto Eico y de acue,rdo con lo que usted caracteriza, en otra conexión, como ‘la aprobación deliberada pero implícita del Presidente’, que este Departamento acompañe la trasmisión al Presidente de legislación aprobada de nuevo por las legislaturas territoriales por sobre el

        veto del Gobernador con una recomendación en cuanto a la acción a ser tomada por el Presidente bajo las disposiciones de la Carta Orgánica.” (Bastardillas nuestras.)
      Y do la segunda, lo siguiente: “La práctica de trasmitir al Presidente legislación aprobada de nuevo por una legislatura territorial por sobre el veto do un Gobernador con una recomendación departamental de aprobación o des-aprobación, no lia sido reducida a.una regla formal o regulación del Departa-mento. Es enteramente urna cuestión de costumbre. El procedimiento detallado en mi carta anterior ha sido seguido en el ‘pasado.” (Bastardillas nuestras.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Vélez Guzmán, acusado y apelante.
    Núm. 12528.

    Sometido: Noviembre 14, 1947.

      Resuelto: Enero 28, 1948.

      Wilfrido Roberts, abogado del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y J. Rivera Barreras y Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar, respectivamente, del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué sentenciado por la corte inferior a cum-plir tres meses de cárcel por un delito de acometimiento y agesión grave. No conforme con la sentencia, apeló, y en este recurso imputa a la corte sentenciadora la comisión de siete errores.

El primero, quinto y sexto señalamientos se refieren, en distinta forma, a la apreciación que d.e la prueba hizo la corte. En síntesis, la de cargo tendió a demostrar que en la noche del 22 de febrero de 1945, y en la carretera del Yunque, estando el acusado jugando dados con otras personas, llegó a dicho sitio el Dr. Francisco Franceschi Caballero y después de haber sido agredido por uno de ellos y haber caído al suelo inconsciente, fué agredido con los pies por el acusado; que al día siguiente el Dr. Franceschi fue examinado por el Dr. Luis F. González habiendo declarado éste que las heridas que presentaba el Dr. Franceschi “en la región superior y otra en la del maxilar inferior causaron al Dr. Franceschi un estado de semi-ineonscieneia y debe— catalogarse como grave.”

La prueba del acusado tendió a demostrar que estando él jugando dados con otras personas en el sitio indicado, llegó el Dr. Franceschi en estado de embriaguez e hizo dos disparos de révolver hacia el juego, que entonces Eugenio Vélez le dió por la espalda al Dr. Franceschi con un pote de leche condensada cayendo el Doctor boca abajo al suelo; que nadie más le dió al Doctor después de haber caído.

Como puede verse, la prueba fué contradictoria y la de cargo, creída por la corte inferior, es suficiente para sostener la conclusión de que el acusado acometió y agredió al Dr. Franceschi. Empero, ¿es suficiente para que dicha actuación pueda calificarse de grave?

La contestación a esta pregunta envuelve la consideración del tercer error señalado. Antes de resolverlo, conviene hacer constar que la denuncia en este caso incluía, no sólo al aquí apelante, si que también a Eugenio Vélez, y en ella se alegó que ambos acometieron y agredieron al Dr. Francoschi, “dándole el primero con un pote lleno de leche condensada por el cerebro, produciéndole una contusión fuerte que lo derribó y cayó inconsciente al suelo, y el otro acusado, (Luis Vélez Guzmán) ” — el aquí apelante — “le agredió con los puños y los pies causándole contusiones en diferentes partes del cuerpo”. Se alegó, además en la denuncia, que “El agravante en este caso consiste que las heridas son graves, y porque fueron dadas con arma contundente y con el fin calculado de causar grave daño corporal.”

Citando más ampliamente del testimonio del Dr. Gonzá-lez, éste describió las heridas que tenía el Dr. Franceschi en esta forma:

“Tenía una edema en el labio superior, una herida y hematoma en el maxilar inferior izquierdo con posible fractura, una erosión aguda del cartílago nasal; edema en ambos ojos con equimosis, ero-siones en los brazos, en la frente y en la superficie anterior de ambas piernas y una contusión violenta en la región superior. ” , . _.

Y fué en relación con dos de estas heridas — la de la re-gión superior y la del maxilar inferior — que el doctor de-claró que habían causado el estado de semi-inconsciencia del Dr. Franceschi, el cual debía considerarse como grave. De-claró, además, el perito, que una persona al caerse podía romperse la quijada.

El perito no calificó las heridas, en sí, como graves, sino que calificó el estado de semi-inconsciencia, consecuencia de las heridas, como grave. En la denuncia se incluyó la mo-dalidad especificada en el inciso 9 de la sección 6 de la ley de marzo 10 de 1904 que dispone que todo acometimiento' y agresión será considerado con circunstancias agravantes “cuando se cometiere con intención premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales.”

De la prueba en este caso aparece que el coacusado, Eugenio Vélez, fué absuelto en la Corte Municipal. -Posiblemente esto se debió a que dicha corte creyó que el coacusado actuó en defensa propia o a que no se probó que fuera él quien agrediera -al Dr. Franceschi con el pote de leche. Indepen-dientemente de este hecho, está el imputado al aquí apelante de agredir al Dr. Franceschi con los pies, causándole contu-siones en diferentes partes del cuerpo, tendiendo la prueba de cargo a demostrar que esa agresión se realizó cuando es-taba el Dr. Franceschi inconsciente en el suelo, hecho que negó la de descargo.

No estamos convencidos de que la prueba en este caso sea suficiente para sostener que el acometimiento y agre-sión realizado por el apelante con los pies, bajo las circuns-tancias concurrentes, fuera de carácter grave. Ninguna de las heridas recibidas por el doctor era de carácter grave sino que dos de ellas, produjeron el estado de semi-ineons-ciencia del doctor. Empero, el perito declaró que el Dr. Franceschi pudo fracturarse la quijada al caer de bruces y es obvio que también pudo producirse algunas de las de-más heridas que presentaba. Aceptando que se probó que el apelante acometió y agredió con los pies al Dr. Frances-chi, somos de opinión que los hechos probados no justifican la inferencia de que el apelante actuó con la intención pre-meditada de inferir las graves heridas corporales que re-quiere la ley y, en su consecuencia, que se cometió el tercer error señalado.

Por el segundo señalamiento, se queja el apelante del hecho de haber permitido la corte que el Dr. Franceschi volviera a declarar después que ambas partes cerraron sus casos.

Es cierto que el fiscal, después de terminada la prueba del acusado, volvió a llamar a declarar al Dr. Franceschi y dijo que era para aclarar algunos extremos de su declara-ción, manifestando el abogado del acusado “si es para re-futar algo no hay objeción”. Esto no obstante, lo cierto es que el Dr. Franceschi declaró, sin oposición de la defensa, sobre hechos nuevos sobre los cuales no declaró original-mente, pero la corto inferior, dándose cuenta de ello, hizo constar que el acusado podía presentar prueba sobre esos hechos. Y así lo hizo el acusado y no puede ahora, en ape-láeión, quejarse por primera vez de la actuación de la corte inferior.

Los demás errores carecen de mérito y por lo expuesto procede modificar la sentencia apelada, debiendo rebajarse la calificación del delito a acometimiento y agresión simple, imponiéndose al apelante una multa de $50 o un día de cár-cel por cada dólar que deje de satisfacer, y así modificada se confirma.


author: El Juez PkesideNib Señor Travieso

text:
    Guillermo Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Nicolás Calleja Betancourt, obrero lesionado.
    Núm. 380.

    Sometido: Enero 13, 1948.

      Resuelto: Enero 29, 1948.

      Ángel de Jesús Matos, M. Maldonado Pacheco, y Aída Casañas Ma-rengo, abogados del recurrente; Víctor A. Fernández Garzot y Rogelio Fernández Garzot, abogados del obrero lesionado.
   El Juez PkesideNib Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Nicolás Calleja Betancourt, vendedor de los productos de la fábrica de helados Payco, mientras conducía dichos pro-ductos en un carrito fué arrollado por un camión, sufriendo la fractura de la muñeca izquierda y de la pelvis. El Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado declaró sin lu-gar la reclamación de compensación por entender que entre el lesionado y el fabricante “no existe la relación contractual necesaria entre obrero y patrono para considerar al peticionario como un obrero regular asalariado de los que protege la Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo.” Apeló el obrero para ante la Comisión Industrial y en junio 25 de 1947 la Comisión dictó su resolución decla-rando que en el momento del accidente Calleja trabajaba al servicio del patrono Fábrica de Mantecados Payco; que el accidente sufrido por Calleja provino de un acto o fun-ción inherente a su trabajo o empleo y como consecuencia del mismo; y que el obrero lesionado tenía derecho a la com-pensación fijada por la ley. Solicitó el Administrador la reconsideración del fallo dictado por la Comisión y habién-dole sido denegada, estableció el presente recurso, alegando que la Comisión erró al resolver que las relaciones entre Ca-lleja y la Payco eran las de patrono y empleado y no las de una mera transacción de compraventa entre dichas par-tes.

Para poder resolver la cuestión planteada es necesario que hagamos una relación sucinta de lo declarado ante la Comisión.

Declaró el obrero lesionado que el día del accidente él conducía un carro-nevera de la fábrica “Payco”, yendo de San Juan hacia Cataño; que la Payco le daba el carro para vender los mantecados y le fijaba la ruta, la cual comprendía desde el pueblo de Cataño hasta la parada 20% en Santurce, donde queda la fábrica, no pudiendo él desviarse de esa ruta porque de salirse de ella el patrono le quitaba el carro. Las relaciones entre el -obrero y la Payoo fue-ron descritas por Calleja en la forma siguiente: que él le pedía al patrono $20 de productos y seleccionaba cinco ca-jas de “Popsicop”, pero el patrono siempre le daba siete cajas y él las tenía que aceptar porque de otra manera no le daban mercancías; que a veces pedía $10 de productos y le daban $15, viéndose obligado a tomar lo que el patrono quería y no lo que él deseaba; que a veces pedía una clase de productos y le daban otros, viéndose obligado a sacar para la venta los productos que el patrono quería; que el precio de cinco centavos por cada artículo era fijado por el patrono fabricante, sin que el obrero vendedor pudiese ven-derlo al público a un precio mayor o menor; que el obrero estaba obligado a ir todas las mañanas, entre 8 y 9, a bus-car su carro, para regresar a las 9:30 de la nocbe a rendir cuentas, y que si así no lo bacía le quitaban el carro o lo cas-tigaban suspediéndole la entrega de mercancías por deis o tres días; que la mercancía sobrante, si está en buenas con-diciones se devuelve a la fábrica y si no lo está la pierde el obrero; que él tenía que pagar por cualquier desperfecto que sufriera el carro y por las gomas y tubos que se gasta-ban por su uso; que estaba, además, obligado a seguir al pie de la letra las intrucciones que le daba el patrono, pues si no lo hacía así-lo botaban, y que él ganaba $6 diarios, equi-valentes a una comisión de 30 por ciento de las ventas que realizaba por valor de alrededor de $20 al día. Declaró, por último, el lesionado que el fabricante les prohibía a los ven-dedores ambulantes el uso de licor y el tomar participación en juegos de azar.

José G-avá, dueño de la fábrica de mantecados, declaró que la fábrica está cubierta por una póliza con el Fondo del Se-guro del Estado; que Calleja era su oliente, porque le com-praba sus productos al mismo precio a que la fábrica los vendía al por mayor a otros clientes; que él le facilitaba a los vendedores ambulantes un carrito refrigerador, el cual es necesario para evitar que los helados sé derritan; que los vendedores no están obligados en forma alguna por hora-rios de entrada o salida en el neg*ocio; que estos clientes tienen rutas fijas para vender la mercancía; que a los ven-dedores ambulantes no es una comisión de descuento que se les hace por lo que venden, sino que ellos compran al pre-cio do por mayor que pagan los demás clientes que no tie-nen carritos para vender; que los vendedores ambulantes nunca han figurado en las nóminas como empleados de la fábrica, porque ninguno de ellos tiene sueldo ni comisión fija; que Calleja no fué ni ha sido empleado de su fábrica y que “lo único que percibía Calleja por la venta de los pro-ductos que le entregábamos era la comisión que se le daba”; que él veía todos los días a Calleja y sabe que era un ven-dedor de la fábrica; que no informó al Fondo del Estado sobre el accidente ocurrido a Calleja porque consideraba a éste como un cliente y no como un empleado. Admitió el pa-trono que los vendedores ambulantes tenían rutas determi-minadas, asignadas por la fábrica, y que cuando un vende-dor insistía en apartarse de su ruta entonces la fábrica re-husaba entregarle más productos.

Del resumen que hemos hecho de la prueba sometida a la Comisión se desprende que no existe controversia en cuanto a los hechos del caso. Examinemos cuidadosamente esos hechos para que podamos decidir si ellos justifican la conclusión a que llegó la Comisión Industrial.

.La fábrica “Payco” vende sus productos, al por mayor, a hoteles, restaurantes, bares y fuentes de soda, a los cuales les facilita un gabinete eléctrico,-con la condición de que comprarán los productos de Payco exclusivamente y usarán el gabinete exclusivamente para conservar dichos productos. Las ventas que hace la Payco a los estableci-mientos que hemos mencionado son a precio fijo y no a base de comisión sobre la cantidad de productos vendida en un día determinado. Algunos de esos clientes pagan la mer-cancía al serles entregada y a otros se les concede crédito por treinta o sesenta días.

Las relaciones entre los vendedores ambulantes de pro-ductos Payco y la fábrica son sustancialmente diferentes a las existentes entre dicha fábrica y los hoteles y demás establecimientos fijos. Los vendedores ambulantes no com-pran los productos a una hora elegida por ellos, para ven-derlos dónde, cuándo y al precio que a ellos convenga. De acuerdo con la prueba creída por la Comisión, dichos ven-dedores están obligados a recibir la mercancía entre 8 y 9 A. M., transportándola en carritos, propiedad del fabri-cante; a rendir cuentas de las ventas realizadas durante un día determinado, antes de las 9:30 de la noche de ese mismo día; a aceptar la clase y cantidad de productos que la fábrica tenga a bien entregarles; a vender dichos pro-ductos al precio fijado por la fábrica; a no realizar venta alguna fuera de la ruta asignada por la fábrica; a no to-mar licor, ni a participar en juegos de azar.

Es cierto que los vendedores ambulantes no reciben un salario fijo y que la compensación que reciben por su tra-bajo- se determina tomando como base el 30 por ciento del precio de venta de los productos vendidos durante un día de-terminado. Empero, esa forma de compensación se hace necesaria por la naturaleza de los servicios prestados por el obrero y para la protección de los intereses del fabricante de los productos. Si el vendedor ambulante, quien trabaja fuera de la inspección o supervisión del fabricante o de sus representantes, recibiese por sus servicios un salario fijo, su interés en vender la mayor cantidad posible de produc-tos decaería. La determinación de la compensación a base de una comisión sobre el total de las ventas realizadas du-rante el día es un'incentivo al cual recurre el fabricante para estimular al vededor ambulante para que venda todo lo más posible, sabiendo que su compensación aumentará a medida que las ventas aumenten.

Insiste el Administrador recurrente en que Calleja era un contratista independiente y no un empleado de la Payco.

En la obra Words and Phrases (Permanent Edition, 1940, Tomo 9, páginas 329 et seq.) se define la palabra “contra-tista” distinguiéndola de la palabra “empleado”, así:

“Cuando la persona que emplea a otra puede prescribir lo que se ha de hacer, pero no cómo ha de hacerse ni quién lo hará, la persona que se obligue a hacer el trabajo es un 'contratista’ (contractor) y no un ‘empleado’ {servant), aunque el trabajo haya de realizarse bajo la dirección y a satisfacción de personas que repre-sentan al que emplea. Joslin v. Idaho Times Publishing Co., (1935), 53 P.2d 323, 329, 56 Idaho 242.”

Horovitz, en su obra Injury and Death under Workmen’s Compensation Laws, edición de 1944, págs. 232-233, dice:

“Cuando contratos escritos o verbales tienen el propósito directo de convertir en contratistas independientes a los trabajadores, sin ninguna intención fraudulenta, las comisiones y las cortes continúan aplicando la regla del derecho común que sirve de prueba para determinar la relación realmente existente, —la autoridad o derecho o facultad del patrono {employer), por virtud de cualquier conve-nio entre ellos, de controlar a la persona en cuestión, y no el actual ejercicio de ese poder, sin tener en consideración las reglamenta-ciones del estado o de terceras personas. {O’Hara’s Case, 310 Mass. 223.)”

La esencia de la controversia en estos casos es si el pa-trono, por haberlo así convenido con el empleado, tiene el derecho y la autoridad para controlar y dirigir a éste en la realización de su trabajo. Drillon v. Industrial Accident Commission, 17 Cal.2d 346. Véase: National Labor Relations Board v. Hearst Publications, 322 U. S. 111, 88 L. ed. 1170 y United States v. Silk, 331 U. S. 704.

En la obra Schneider Workmen’s Compensation Law, Vol. 4, Capítulo 17, secciones 1060-1141, págs. 4-185 se es-tablecen como normas a seguir para determinar si la rela-ción existente entre las partes es la de patrono y empleado, las siguientes:

A. Cuando el patrono tiene el derecho, aun cuando no lo ejercite, de la dirección o control del trabajador.

B. Cuando el trabajo realizado por el trabajador está comprendido dentro del negocio del patrono y no es de na-turaleza distinta.

C. Cuando ambas partes están en libertad de terminar sus relaciones en cualquier momento.

D. Inexistencia del derecho del trabajador a delegar en otra persona para realizar su labor.

E. Provisión de equipo, material o ayuda necesaria al negocio por parte del patrono.

Si aplicamos las anteriores reglas a los hechos del caso que estamos considerando, es inescapable la conclusión de que Calleja era un empleado de la fábrica Payoo. Esta no solafhente le facilitaba el carrito para la venta de los pro-ductos, si que también determinaba la clase y cantidad de los productos que el vendedor había de recibir cada día para venderlos a los consumidores, trazaba la ruta dentro de la cual debía realizar sus operaciones cada vendedor am-bulante, fijaba el precio de venta de los productos y, por úl-timo, le dictaba a los vendedores las reglas que debían ob-servar en cuanto a su conducta personal. El hecho de que Calleja fuese compensado por su trabajo a base de un tanto por ciento del total de las ventas diarias es importante, pero no es por sí solo suficiente para que descartando to-das las demás circunstancias que hemos señalado resolva-mos que las relaciones entre él y la fábrica Payoo eran las de un contratista independiente.

Esta misma cuestión ha sido considerada por este Tribunal en varios casos y resuelta en contra de la contención del Administrador recurrente. En Tomás v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 860 resolvimos que “el hecho de que los obreros no cobrasen un jornal diario por su trabajo, sino que la remuneración dependía de la piedra que ellos ex-traían, no convierte al obrero en un contratista indepen-diente con relación al explotador de la cantera.” En Atiles, Administrador v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 597, los dueños de una finca aportaban la leña con la cuál otra pér-sona bacía carbon, el cual, una vez fabricado, se distribuía en la proporción de dos terceras partes para el fabricante y una tercera parte para el dueño de la finca. Éste estaba asegurado en el Fondo del Seguro del Estado. Resolvimos que “la Ley, al referirse al contratista independiente, se re-fiere siempre a aquél que contrate un trabajo y emplee obre-ros para realizarlo;” y que “el obrero de este caso no es tal contratista independiente, sino un mero obrero que tra-baja por ajuste cuya compensación le es pagada en especie.” Véanse: Shields v. William Freihofer Baking Co. (Pa.) 24 A.2d 54; Fuller Brush Co. v. Industrial Commission of Utah, 104 P.2d 201, 129 A.L.R. 511.

Por las razones expuestas, opinamos que la Comisión Industrial no erró al resolver que el reclamante Calleja era, en la feeba del accidente, un empleado de la fábrica Payo o y, como tal, con derecho a ser compensado de acuerdo con la Ley.

La resolución recurrida será confirmada.


author: El Juez Asociado Señou Todd, Je.,

text:
    María Coll, peticionaria, v. Tribunal del Distrito Judicial de San Juan, Hon. Federico Tilén, Juez, demandado; Petra Viera Sosa, interventora.
    Núm. 1722.

    Sometido: Diciembre 3, 1947.

      Resuelto: Enero 30, 1948.

      Francisco Acevedo, abogado de la peticionaria; Pablo Juan y Toro, abogado de la interventora, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señou Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Expedimos el auto en este caso para revisar la resolu-ción dictada por el Tribunal del Distrito de San Juan ne-gándose a dejar sin efecto la sentencia dictada en el caso de Petra Viera Sosa v. María Ooll, sobre desahucio, en la que se declaró con lugar la demanda. Los hechos son los siguientes:

Dicho caso se inició en la Corte Municipal de Río Pie-dras, la que declaró sin lugar la demanda. Se apeló por la demandante para ante el Tribunal de Distrito de San Juan y después de habérsele concedido permiso para radi-car una demanda enmendada, dicho Tribunal señaló el 23 de junio de 1947 para la primera comparecencia que re-quiere la ley. El 19 de junio el Lie. Francisco Yizcarrondo Morell, en representación del Lie. Francisco Acevedo, abo-gado de la demandada, radicó una moción solicitando la pos-posición de la vista para el día 30 de junio, alegando que el Lie. Acevedo estaba ausente en los Estados Unidos y no regresaría hasta el día 25 de junio y que el Lie. Vizcarrondo no podía representar a la demandada por estar convale-ciendo de una operación. La corte pospuso la vista para la fecha solicitada. El 25 de junio de nuevo el Lie. Yizcarrondo, a nombre del Lie. Francisco Acevedo, solicitó la posposi-ción de la primera comparecencia para el día 7 de julio ale-gando en la moción que el vapor Borinquen, en que regre-saba el Lie. Acevedo a Puerto Rico, había pospuesto su sa-lida de New York para el día 26 de junio y que dicho le-trado no podía estar presente en corte el día 30 de junio.

A pesar de que la corte inferior no resolvió la segunda moción de suspensión radicada, el día 30 de junio de 1947 procedió a ver el caso y dictó sentencia declarando con lu-gar la demanda de desahucio, haciendo constar que siendo dicho día, 30 de junio, el señalado para la primera y se-gunda comparecencias en el caso, y no habiendo compare-cido la demandada, a petición de la demandante procedía a dictar sentencia.

El día 3 de julio de 1947 ya de regreso el Lie. Acevedo, radicó una moción solicitando se dejara sin efecto la sen-tencia dictada, fundándose en los hechos anteriormente ex-puestos, y celebrada una vista, la corte la declaró sin lugar.

Sostiene la peticionaria que la corte a quo erró al no dejar sin efecto la sentencia dictada, primero, porque no es cierto que el 30 de junio fuera la fecha señalada para celebrarse la primera y segunda comparecencias como en ella se hace constar, y segundo, porque la corte procedió a la vista del caso sin haber resuelto la moción de suspensión radicada el 25 de junio.

En cuanto al primer fundamento, si bien es cierto que en la' sentencia dictada se hizo constar que el 30 de junio era la fecha señalada para la primera y segunda compare-cencias cuando el señalamiento era únicamente para cele-brar la primera, como cuestión de hecho y de derecho, la demanda fué declarada con lugar y se decretó el desahucio por no haber comparecido la demandada por sí o por legí-timo apoderado, según dispone el segundo párrafo del ar-tículo 624 del Código do Enjuiciamiento Civil (artículo 5 de la Ley de Desahucio).

Ahora bien, en cuanto al hecho de no haberse resuelto por la corte la segunda moción de suspensión radicada por el Lie. Yizcarrondo, a nombre del abogado de la demandada, Lie. Acevedo, creemos que si bien el haber procedido la corte en la vista del caso implica, como arguye la interventora, que desestimó dicha moción, especialmente cuando en la sentencia se hace constar que la demandada no compareció por sí ni representada. por abogado, la determinación de si dicha negativa a suspender la vista estaba justificada o no, fué sometida a la corte inferior al solicitársele dejara sin efecto la sentencia dictada.

Hemos resuelto que si bien la suspensión de una vista es cuestión que descansa principalmente en la sana discreción de la corte sentenciadora, procede revisar mediante certiorari, la resolución concediendo o denegando dicha suspensión en aquellos casos en que dicho Tribunal se exceda o abuse de su discreción. Amy v. Barceló, Juez, 59 D.P.R. 661; Aboy v. Corte, 62 D.P.R. 890. Hemos resuelto, además, precisamente en relación con un caso de desahucio, que existe abuso de discreción por parte de un tribunal, al negarse a suspender la primera comparecencia, cuando clarámente resulta que se ha cometido una injusticia. Más et al. v. Borinquen Sugar Co., 18 D.P.R. 304. En este caso dijimos a la página 309:

“Ahora bien, aunque el estatuto dispone que el señalamiento de la primera comparecencia se hará dentro de diez días, la corte no está privada de ejercitar sir discreción para prorrogar el señala-miento. La facultad de suspender un señalamiento es inherente en las cortes, y el poder judicial reside en las cortes de Puerto Rico con arreglo a la sección 33 de la Ley Orgánica. Pueden surgir causas de enfermedad, muerte,' ausencia, incapacidad u otras semejantes, por las que se haga indispensable o esté justificada la suspensión de una vista. (People v. Logan, 4 Cal. 188.) No ha de entenderse que las prescripciones del artículo 4? son de tal modo imperativas que no permitan a las cortes ejercitar su sana discreción.” (Bastardilla nuestra.) Véase, además, Garcia v. Brignoni, et al., 22 D.P.R. 356.

El motivo expuesto por la demandada en su moción de junio 25 para solicitar la suspensión de la primera compa-recencia, fué el mismo que ya había expuesto en su moción de junio 19 y que la corte inferior consideró suficiente para concederla, a saber, la ausencia de su abogado, Lie. Acevedo, y la enfermedad del abogado sustituto, Lie. Vizcarrondo. La segunda suspensión se solicitó para siete días después de la fecha señalada, es decir, del 30 do junio para el 7 de julio. No vemos en verdad en qué se hubieran perjudicado los de-rechos de la demandante al acceder a dicha suspensión. Por el contrario, la demandada que ya había obtenido una sen-tencia a su favor en la Corte Municipal, estuvo indefensa en la vista celebrada el 30 de junio, y como consecuencia se decretó el desahucio en su contra.

En el caso de Amy v. Barceló, supra, dijimos que “La tendencia moderna de los tribunales es resolver los casos por sus propios méritos,' dando a cada parte la oportunidad de presentar plenamente su contención ...” Y en el de Hernández v. F. Carrera & Hno. et al., 22 D.P.R. 538, ratificando lo dicho en Rubio et al. v. Mayagüez Auto Garage, Inc., 20 D.P.R. 244, que “Es mejor práctica permitir a las partes que se defiendan y resolver las cuestiones oyéndolas, que no la de sostener sentencias dictadas en rebeldía, cuando se demuestra que el descuido en cumplir la Ley de Procedimien-tos ha sido excusable y no debido al deseo de entorpecer y demorar la cuestión litigiosa.”

Somos de opinión, que se cumplen mejor los fines de la justicia anulando la resolución de la corte inferior de 21 de julio de 1947 y en su consecuencia dejando también sin efecto la sentencia dictada el 30 de jimio de 1947, en el caso civil 5054 de Petra Viera Sosa v. María Goll, sobre desahucio, y así se ordena, devolviéndose los autos a dicho Tribunal para ■ulteriores procedimientos.


text:
      José Cordero, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Bull Insular Line, patrono.
    Núm. 379.

    Sometido: Enero 13, 1948.

      Resuelto: Enero 30, 1948.

      Víctor M. Bosch, abogado de los beneficiarios del obrero aquí re-currente; Ángel de Jesús Matos, M. Maldonado Pacheco y Alda Casañas Marengo, abogados del Fondo del Estado.
   El Juez Asociado Señor Marrero emitió la opinión del tri-

bunal.

El 20 de agosto de 1945 José Cordero Pérez trabajaba como “amantero” en un vapor qne se hallaba junto a uno dedos muelles de la Bull Insular Line en San Jnan. Allá como a las diez de lá noche tnvo que ayudar a otros obreros a co-locar una de las “galeotas” en la escotilla del vapor. Súbi-tamente Cordero Pérez se sintió enfermo y murió antes de ser trasladado al hospital. Sus beneficiarios llevaron el caso ante el Administrador del Fondo del Seguro del Estado y éste declaró sin lugar la solicitud. Más tarde la Comisión Industrial dictó resolución desestimándola y confirmó en to-das sus partes la resolución del Administrador. Denegada la reconsideración por ellos solicitada, los beneficiarios acu-dieron ante nos de conformidad con lo provisto por el ar-tículo 11 de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935 ((l)-págs. 251, 289) según el mismo ba sido enmendado por la Ley núm. 121 de 2 de mayo de 1940 (pág. 729).

Sostienen en su petición que: (a) “La Comisión Industrial erró al declarar que no se ba probado en este caso el esfuerzo extraordinario tal como lo contempla la jurispru-dencia de nuestro más alto tribunal así como las de las cor-tes americanas, en relación con nuestra Ley Sobre Acciden-tes del Trabajo, para bácerlo compensable;” (b) “ . . . al tomar en consideración, como factor básico esencial, la con-dición idiopática del obrero para determinar el grado o ca-rácter del esfuerzo por éste realizado, esto es, para deter-minar si dicbo obrero realizó un esfuerzo extraordinario que pudiera establecer una relación causal con su muerte;” y (c) “ . . . al declarar que la muerte de José Cordero Pérez no ocurrió como consecuencia de un accidente del trabajo.” Citan en apoyo de su recurso los casos de Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 330; Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 55 D.P.R. 900; Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 121 y Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 797. Discutiremos conjun-tamente los errores señalados'.

Un examen de los casos mencionados, así como de los de Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 722; Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 197 y Sucn. París v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 441, que guar-dan con ellos cierta similitud, no nos convence de que la resolución de la Comisión Industrial deba ser revocada. Es verdad que algunos de esos casos dan la impresión de que es compensable la muerte acaecida a un obrero en el curso de su trabajo cuando, considerado el estado idiopático del. mismo, la labor realizada por éste al momento del falleci-miento equivale a1 un esfuerzo. Empero, si se examinan con. detenimiento se verá que en ellos este Tribunal tomó en con-sideración no sólo el estado físico del obrero, sino también: la clase de trabajo por éste ejecutado y el esfuerzo por él realizado al momento de sorprenderle la muerte, y que bajó las circunstancias en ellos concurrentes el esfuerzo podría considerarse como extraordinario.

De acuerdo con la prueba que desfiló en este caso, en la noche del indicado día el causante de los beneficiarios tra-bajaba como “amantero” en la cubierta de uno de los va-pores de la Bull Insular Line'. Su labor consistía princi-palmente en gritar y avisar a los trabajadores que se en-contraban en el muelle, a fin de que éstos estuvieran, prepa-rados para recibir la carga. Trabajó de cuatro a seis de la tarde, hora ésta última en que fue a comer, y a las siete de la noche reanudó su trabajo. Como a las diez el capa-taz le indicó que debía ayudar a seis obreros más a colocar una galeota o plancha sobre la escotilla en que se realizaba la labor. La galeota pesaba más de una tonelada y era le-vantada por un aparato mecánico y al estar como a diez o doce pulgadas de la escotilla era empujada hasta que se-hallara directamente sobre la misma, dejándose bajar en ese momento sobre ésta. Mientras dichos siete obreros y el capataz empujaban la galeota, el finado obrero se sintió en-fermo y poco después murió.

Uno de los testigos presentados por los beneficiarios ante-la Comisión declaró que Cordero Pérez no tuvo que reali-zar esfuerzo alguno, mientras que el capataz, ofrecido tam-bién por ellos, testificó que Cordero Pérez estaba acostum-brado a hacer esa clase de trabajo, que tenía que realizarlo en adición a sus deberes como “amantero” y que a su jui-cio Cordero Pérez tuvo que realizar un esfuerzo, indicando además que él mismo tuvo que pegar la mano “porque hay-hombres que no valen en realidad para la fuerza”.

Para resolver el caso debemos considerar no sólo la prueba anterior, sino también el testimonio de los peritos médicos que declararon en el caso. El Dr. Jesús M. Quiño-nes dijo que la probable causa de la ¿raerte fué “patolo-gía, arterias coronarias”, y que según el diagnóstico el fi-nado padecía de “estenosis de las coronarias, avanzado de-bido a arterioesclerosis, y edema del pulmón”; que “la causa patológica no necesitaba ningún esfuerzo extraordina-rio para producirle la muerte, porque era en sí, tenía jus-tificación para haberse muerto el obrero sin esfuerzo nin-guno extraordinario”; que “era tan avanzada la condición «de su enfermedad, estaban tan dañadas las arterias que él se hubiera quedado muerto en cualquier momento, dormido o •■■sentado.” El Dr. Jeramfel Cordero manifestó que la causa inmediata de la muerte de Cordero Pérez lo fué “el edema pulmonar agudo, pero éste a su vez secundario a la esteno-sis de las arterias coronarias”; que en estos casos ocurre la muerte en muy variadas circunstancias: desde el abso-luto descanso durante la noche al descanso relativo de una digestión por una comida abundante. También declaró que si la carga tuvo que ser movida entre seis obreros para co-locarla sobre un plano, para ponerla en otro punto distinto, consideraba que era un esfuerzo extraordinario; pero que si por el contrario la carga se movía en el aire, consideraba que el esfuerzo no podía clasificársele como de extraordi-nario.

En vista de la declaración anterior del Dr. Cordero, fué llamado nuevamente a declarar el testigo Tomás López. Con su testimonio quedó definitivamente aclarado que en el mo-mento en que el obrero Cordero Pérez sintió el dolor que precedió a su muerto él empujaba, en unión a otros siete hombres, la galeota que estaba en el aire.

La Comisión Industrial apreció la prueba y llegó a la conclusión de que el causante de los aquí peticionarios no realizaba esfuerzo extraordinario alguno al momento de su-frir el accidente que le produjo la muerte. Al así hacerlo concluyó que el mismo no era compensable.

En nuestra opinión, la Comisión interpretó acer-tadamente nuestras decisiones. ■ En casos de esta naturaleza no basta que la muerte del obrero sea producida por un accidente que dada su condición idiopática, equivalga a un esfuerzo-. Para que el accidente sea compensable es menester que el esfuerzo equivalga a uno extraordinario o inusitado.

Conforme indica el tratadista Schneider en el tomo 4 de su obra “Workmen’s Compensation”, tercera edición, sec-ción 1240, pág. 386, son muchos los estados que han resuelto que “no sp concederá compensación cuando el obrero padece de una enfermedad crónica del corazón que ha llegado a tal extremo que la muerte puede sobrevenirle en cualquier mo-mento y por cualquier esfuerzo, y le sorprende mientras está realizando la labor ordinaria de su empleo.” Véanse tam-bién las secciones 1302 y 1332, págs. 468, 473, 569 y siguien-tes de la.misma obra.

En Balaban v. Severe, 43 Atl.2d 543 (Pa. 1945) se resol-vió, copiando del sumario, que “para que la muerte de un obrero constituya un Accidente’ compensable debe demos-trarse que el trabajo a que éste se dedicaba al momento del accidente era de naturaleza distinta y requería material-mente mayor esfuerzo, riesgo o exposición que aquél que de ordinario realiza, de forma que se justifique la conclu-sión de que la mayor severidad del mismo fué la causa de la muerte y no que ésta meramente coincidió con su enfer-medad preexistente.” Véanse asimismo Hamer v. Bishel, 24 Atl.2d 664 (Pa., 1942) y Rowe v. Goldberg Film Delivery Lines, 72 P.2d 432 (Ariz., 1937). Estamos de acuerdo con el criterio antes expresado.

No habiéndose cometido por la Comisión demandada nin-guno de los errores señalados, debe confirmarse la resolu-ción recurrida.


author: El Juez Asociado Señob Mabbebo

text:
    Agustín Valiente Granda, demandante y apelado, v. Francisco Buxó, demandado y apelante.
    Núm. 9578.

    Sometido: Enero 13, 1948.

      Resuelto: Febrero 4, 1948.

      A. L. López, abogado del apelante; E. Martínez Rivera y Luis Blanco Lugo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señob Mabbebo

emitió la opinión del tribunal.

Se alega sustancialmente en la demanda radicada en este caso que en 10 de enero de 1930 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en el caso civil número 2288, se-guido por el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico contra Francisco Buxó y Rosa Villafañe Vda. de Buxó, con-denando al demandado Francisco Buxó a pagar al Banco demandante la suma de $7,975 de principal, más intereses a razón del 12 por ciento anual desde junio de 1937 (sic) basta su total pago, más las costas y honorarios de abogado; que dicha sentencia no ha sido satisfecha ni en todo ni en parte por el referido demandado, a pesar de que la misma es firme y ejecutoria desde julio 29 de 1931, cuando fué con-firmada por este Tribunal Supremo^) que con anteriori-dad a la radicación de la demanda el Banco Popular de Puerto Rico, como liquidador del Banco Territorial y Agrí-cola de Puerto Rico, cedió al demandante Agustín Valiente G-randa la sentencia anteriormente relacionada, no habiendo el demandado Buxó satisfecho a éste la misma. A virtud de ella se solicita sentencia condenando al demandado a satis-facer al demandante la cantidad de $7,975 de principal, más intereses a razón del 12 por ciento anual desde julio de 1931 (sic) hasta el presente, más las costas y $3,000 para hono-rarios de abogado.

El demandado contestó aceptando que la sentencia fué dictada en su contra y que la misma no ha sido satisfecha ni total ni parcialmente, pero negando que el Banco Popular de Puerto Rico como liquidador del Territorial y Agrí-cola cediera al demandante o a cualquiera otra persona, natural o jurídica, la sentencia antes expresada; que el de-mandante fuera el dueño de ese crédito o que la sentencia hubiera sido adjudicada a éste, y sosteniendo como defensa especial que el demandante Valiente Granda había decla-rado ante la Corte de Distrito de Humacao en otro caso seguido por San Miguel,, González y Valiente & Cía. contra el mismo demandado Buxó, que él había adquirido la aludida sentencia para esa sociedad, estando la sentencia dictada a favor de ésta pendiente de ejecución. Sostuvo fi-nalmente “como defensa especial que la acción ejercitada está prescrita por ministerio de ley.”

Trabada así la contienda, fué el pleito a juicio y luego de apreciar la evidencia ofrecida, la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia condenando al demandado Buxó a pagar al demandante Valiente Granda la cantidad recla-mada, con intereses a razón del 12 por ciento anual desde junio de 1927 (sic), más las costas y $200 para honorarios de abogado. De esa sentencia ha apelado el demandado para ante este Tribunal y en apoyo de su recurso señala cinco errores, los que serán discutidos por nosotros en el orden en que figuran en el alegato por él radicado.

Sostiene en primer lugar el demandado que la corte inferior cometió error al admitir en evidencia una certificación librada por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan “en relación con la supuesta cesión de la sentencia que se relaciona en este caso.” No estamos de acuerdo. Dicha certificación es copia literal de un escrito intitulado “Constancia de Cesión”, radicado ante la extinta Corte de Distrito de' San Juan en un pleito civil que lleva el epígrafe “Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandante, v. Francisco Buxó y Rosa Villafañe Vda. de Buxó, demandados, civil número 2,288, sobre cobro de pagaré.” De haber sido llevado a la Corte de Distrito de Humacao el ex-pediente en que figura el original de esa “Constancia de Cesión” por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, no hay duda alguna de que el mismo hubiera sido admisible en evidencia. Habiéndose ofrecido una copia literal de un documento que figuraba en dicho expediente, de-bidamente certificada por el Secretario que lo tenía bajo su custodia, tampoco bay duda de que dicba certificación era admisible como prueba. Véase el inciso 6 del artículo 69 de la Ley de Evidencia, (Artículo 431 del Código de Enjui-ciamiento Civil, edición de 1933) () y el caso de Negrón v. Corujo, 67 D.P.R. 398, 401.

Como segundo error alega el demandado que la corte inferior erró “al declarar sin lugar la defensa de prescripción por él establecida. Tampoco asiste la razón al apelante a este respecto. Se trata aquí de un pleito en cobro* de una sentencia que se convirtió en firme en 28 de julio de 1931, fecba en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictó resolución teniendo por desistidos a los apelantes del recurso por ellos ' interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 10 de enero de 1930. Como esa sentencia fué dictada en un pleito en cobro de pagaré no podía exigirse el cumplimiento de ella o llevar a cabo su ejecución después de un término de cinco años, contado a partir .del día en que la misma se registró. Artículo 243 del Código de Enjuiciamiento Civil.() Empero, luego de vencido dicbo período nada babía que impidiera que se entablara un nuevo pleito para cobrar la misma. Candal v. Pierluisi et al., 28 D.P.R. 606, 610 y Tettamanzi et al. v. Zeno, 24 D.P.R. 775. Véanse también Valdés v. Hastrup, 64 D.P.R. 595, 600, y Capó v. Piñeiro, 33 D.P.R. 870, 878; 15 Cal. Jur. sección 258, pág. 258; 31 Am. Jur. sección 815, pág. 328. Ese nuevo pleito no estaba sujeto al término de cinco años a que ya se ba bócbo mención. Por el contrario, como se trata de una acción personal en cobro de dinero la acción pres■cribe a los quince años, debiendo contarse el término a par-tir del día en qne la sentencia fué firme y ejecutoria. Ar-tículos 1864 y 1871 del Código Civil, edición de 1930. () Ha-biendo sido firme la sentencia en 28 de julio de 1931 (fecha en que el Tribunal Supremo dictó la resolución a que antes hemos aludido), el término prescriptivo de quince años no había aún transcurrido cuando en 10 de enero de 1946 se radicó el pleito en cobro de sentencia.

Además, la defensa de prescripción no fué planteada en debida forma y por ese único motivo la Corte de Distrito de Humacao hubiera estado justificada en declararla sin lugar. Aldea v. Tomás y Piñán, 51 D.P.R. 764, 776 y Catoni v. Martorell Vda. de Prado, 38 D.P.R. 328. En su consecuencia, actuó acertadamente la corte inferior al declarar .sin lugar la defensa de prescripción.

Sostiene en tercer término el apelante que la corte inferior erró “al denegar la admisión de los documentos presentados por el demandado.” Aceptando exclusivamente a los fines de esta opinión que la corte inferior cometiera en realidad el error apuntado, no creemos que el mismo daría lugar a la revocación. El demandado ofreció en evidencia, en primer lugar, la demanda radicada en el caso civil número R-903.() ante la Corte de Distrito de San Juan por San Miguel, González y Valiente & Cía. contra Francisco Buxó, sobre cobro de dinero por virtud de sentencia. '(Dicha demanda está basada en la misma sentencia que dió lugar al pleito que nos ocupa.) Y en segundo lugar, una certificación en relación suscrita por la Secretaria de la Corte de Distrito de San Juan, fechada el 28 de febrero de 1945, en que se hace constar que en el caso civil número 17, 493, intitulado Francisco Fano, Tesorero Interino de Puerto Rico, demandante, v. Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandado, Banco Popular de Puerto Rico, Liquidador, so-bre Administración Judicial, aparece en la página 6, líneas 34 y 35 del Edicto dé Subasta becbo por el mársbal, un pa-, garó de Francisco Buxó y Rosa D. Viuda de Buxó por $8,945.30; que en unión a otras obligaciones ese pagaré fué vendido en pública subasta en 27 de noviembre de 1942 al postor Gonzalo Aponte; y que dicba subasta fué dejada sin efecto por la corte en 7 de enero de 1943, siendo entonces adjudicadas las mismas obligaciones a Agustín Valiente.()

De haberse admitido en evidencia la demanda de San Miguel, González y Valiente & Cía. contra el aquí demandado ella no hubiera destruido el derecho del demandante Valiente Granda a demandar en cobro de la sentencia dictada origi-nalmente en favor del Banco Territorial y Agrícola. Deci-mos esto no sólo porque de la propia certificación ofrecida en evidencia por el demandado y no admitida por la corte se desprende con claridad meridiana que Valiente y no la Sociedad fué el adjudicatario de los créditos del Banco Territorial, sino también porque de la “Constancia de Ce-sión” a que hacemos referencia al discutir e'l primer seña-lamiento aparece de manera palmaria que el cesionario de la sentencia lo fué el aquí demandante Agustín Valiente Granda y no la Sociedad a que tantas veces hemos hecho mención. Tampoco la admisión de la certificación de 28 de febrero de 1945 y de la Resolución final de .7'de enero de 1943 hubiera variado la conclusión a que llegó la corte inferior. No se ha cometido, pues, el tercer error.

Como, cuarto señalamiento insiste el apelante en que la corte inferior erró “al resolver que la evidencia del demandante justificaba una sentencia a su favor.” Un examen del caso nos convence de que al demandado tampoco asiste la razón en este señalamiento. La sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 10 de enero de 1930 fué ofrecida y admitida en evidencia. El demandado aceptó en su contestación no sólo que ésta se había dictado, sí que también que la misma no había sido aún satisfecha, y de la “Constancia de Cesión” aparece que dicha sentencia fué vendida por el Banco Popular de Puerto Rico como Li-quidador del Banco Territorial de Puerto Rico al deman-dante Agustín Valiente Cranda. Esa “Constancia” aparece suscrita por el Liquidador del Banco cedente. Éste así po-día hacerlo, y además nada hay en derecho que impida que la cesión de la sentencia se efectuara en la forma en que -se hizo. Valiente v. Registrador, 63 D.P.R. 149, 157; Benítex Rexach v. Muñoz, 45 D.P.R. 605; 30 Am. Jur., sección 129, pág. 889 y 30 A.L.R. 816. Bajo estas circunstancias, el derecho del demandante a una sentencia favorable quedó claramente establecido.

El quinto señalamiento se refiere a la condena en costas y honorarios de abogado. En cuanto a las primeras bastará con decir que desde que se aprobó la Ley núm. 94 de 11 de mayo de 1937 (pág. 239) la imposición de costas a la parte perdidosa es obligatoria. Y en cuanto a los honorarios, que éstos se concederán cuando la parte vencida en juicio ha sido temeraria. Colón v. Asociación Cooperativa Lafayette, 67 D.P.R. 271. Dada la prueba aducida en este caso no estamos justificados en resolver que el aquí demandado no lo fuera.

Debe confirmarse la sentencia apelada-.

      (1) Dicha sentencia en realidad no fué confirmada por este Tribunal Supremo, sino que habiendo sido apelada tanto por el Banco demandante como por el demandado Francisco Buxó, ambos desistieron y se dictó resolución a ese efecto en 28 de julio de 1931. (Véase el caso civil número 5792 de esta Corte).

      (2)Art. 69. — Otros documentos oficiales podrán probarse como sigue:
      ‘ ‘ 6. — Los documentos de cualquier otra clase en Huerto Rico, mediante el original o una copia, certificada por el guardador legal de aquél.”

      (3)((Artículo 243. — En todos los casos, excepto para cobro de dinero, podrá exigirse el cumplimiento de la sentencia o llevar a cabo su ejecución, después de un término de cinco años, a contar desde la fecha en que hubiere sido registrada mediante autorización de la' corte a instancia de parte, o sentencia dada al efecto, en procedimientos adicionales. ’ ’

      (4)" Artículo 1864. — La acción, hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción, a los quince. ’ ’

      "Artículo 1871. — El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir ■el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme.”

      (5)E1 caso R-903 de la Corte de Distrito de San Juan fué trasladado a la do Distrito de Humacao y allí se radicó bajo el número R-773.

      (6) Sobre la Resolución Final de 7 dé enero de 1943 no es menester hacer comentarios, ya que su ofrecimiento en evidencia fué retirado por el propio demandado. Véase la página 13, línea 12, de la transcripción de evidencia.