text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Carrillo, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao, - en cansa por delito de hurto de menor cuantía.
    No. 1093.
    Resuelto en diciembre 12, 1916.
    Hurto de Menor Cuantía — Corpus Delicti — Prueba Circunstancial. — En el . hurto, como en otros casos, el corpus delicti puede ser demostrado mediante prueba circunstancial; pero debe quedar establecido.
    Id. — Propiedad y Posesión — Custodia y Dominio. — El mero hecho de que el acusado había vendido unos sacos de abono que estaban almacenados en un ranchón de una colonia perteneciente a una compañía que usa abono, sin prueba alguna de que hubiera pérdida de abono para la compañía, o respecto a la propiedad, posesión o verdadera custodia y dominio del abono que de tal modo fué vendido, o del ranchón de donde fué sacado, no basta para sos-tener una condena por hurto.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Arturo Aponte, Jr., y Ra-món P. Rodríguez Alberty.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado y apelante fué declarado culpable del delito de hurto de menor cuantía, primero en la Corte Municipal de Fajardo y luego en la Corte de Distrito de Iíumacao, a virtud de una denuncia en la cual se imputan los hechos como sigue:

“Que en agosto Io. de 1915, y en el barrio Daguao de Naguabo, del Distrito Judicial Municipal de Fajardo, P. R., Distrito Judicial de Humacao, P. R., el acusado de referencia, voluntaria, maliciosa y criminalmente, sustrajo de un ranchón de la colonia ‘Oriente’ que es propiedad de la Fajardo Sugar Growers’ Association, diez sacos de abono químico y de sangre animal, valorados en setenta dollars, de la que vendió a Lauro Meléndez, cinco sacos en veinte y cinco dollars; a Ignacio Gil (a) Nussi, cuatro sacos en veinte dollars; y a Ramón Meléndez un saco en cinco pesos.”

Durante la vista en la corte de distrito el denunciante, mayordomo de la Fajardo Sugar Growers’ Association de la colonia “Oriente,” declaró que conoce al acusado quien trabajaba en esa hacienda como listero en el mes de agosto; que la central utiliza abonos para fines agriculturales del que está encargado el testigo; que el acusado nada tenía que ver con guardar el abono; que no tenía nada más que anotar los peones donde estaban trabajando y el que se regaba diariamente en cada pieza de caña después que el testigo repartía el abono, para hacer un informe semanal y man-darlo a la oficina; que el acusado no tenía que responder en modo alguno del abono que estuviera dentro de los alma-cenes, pues el testigo era el responsable; que la responsa-bilidad del acusado alcanzaba, al recibir él los abonos que se regaban en el campo si se había regado la cantidad que le decían los capataces; que ni el testigo ni tampoco algún jefe de la casa autorizó al acusado para vender una cantidad de sacos de abono; que el acusado no tenía que ver absolu-tamente con el abono pues éste estaba bajo la custodia del testigo quien lo recibía y entregaba en las diferentes piezas de caña; que allí no había faltado ningún abono y al contar dicho abono hubo un sobrante de 25 sacos y medio; que el testigo es la persona mejor informada del número de sacos recibidos y puestos en depósito; que de acuerdo con la información que el testigo ha mandado a la compañía no ha faltado abono, antes al contrario, han sobrado veinte y cinco sacos y medio; que antes del primero de agosto no puede decir el testigo •cuántos sacos había porque el report estaba en la oficina; “que el testigo se olió cuenta de que esos sacos sobraban el día 15 de julio, no estando bien hecha la contabilidad ni el report que hizo Carrillo estaba bien hecho.”

El superintendente de cultivos de la compañía declaró que la compañía utiliza abonos; que el acusado había estado colo-cado en “Oriente” como listero y dejó el empleo volunta-riamente en la primera o segunda semana de agosto por el ■cargo que le hicieron de haber vendido abono a distintas per-sonas; que el testigo no tuvo nunca conversación con el acu-sado; que solamente contaron el abono un año nada más; que el acusado se fué sin haber presentado ninguna excusa;; que no fué despedido, sino que se marchó voluntariamente.

Existe otra declaración tendente a demostrar y que para los fines de esta opinión puede admitirse que demuestra fuera de duda razonable, que el acusado envió peones con un carra a un ranchón de la colonia “Oriente,” sacó un número de sacos de abono de allí, los entregó a distintas personas y recibió dinero por ellos. Sin embargo, debemos de paso to-mar en consideración que las declaraciones hechas en el exa-men de repreguntas por los dos peones que sacaron el abono1 del ranchón, únicos testigos de la extracción ilegal del refe-rido abono sugieren un fuerte motivo de cierta animosidad por parte de cada uno de los testigos hacia el acusado; pero' esa es, por supuesto, una circunstancia que de existir por sí sola merecería poca o ninguna consideración en apelación-

La puerta del ranchón no estaba cerrada, y dejando a un lado las deducciones que pueden hacerse de los hechos refe-ridos anteriormente, ni una sola palabra se ha dicho para demostrar que el ranchón lo usaba la compañía como almacén para el abono, que el abono que allí había y que fué vendido' por el acusado pertenecía a la compañía, o que estaba en su poder o bajo la custodia de su mayordomo, o no era propie-dad del acusado.

Como ha sido sugerido por la Corte Suprema de Mississippi en el caso de Hughes v. State, 20 So. 838, “es cosa que todo el mundo sabe que en casi todas las haciendas otras, personas además del mismo dueño de la hacienda, o de los. terrenos, son a la vez dueños y están en posesión de sus propios bienes muebles.”

Por supuesto que el corpus delicti en el hurto como en otros casos puede ser demostrado mediante prueba circuns-tancial, pero debe quedar establecido. Los casos que sirven de ejemplo en cuanto a este principio constan agrupados en las notas a los casos de Mason v. State, 16 Am. & Eng. Annotated Cases, 1212; Bines v. State, 68 L. R. A. 33; y Sanders v. The State, 28 L. R. A. (nueva serie) 536.

Aunque algunas de las decisiones que lian sido publicadas para sostener la condena de criminales cuya culpabilidad era razonablemente clara en casos en que la presentación de prueba directa o prueba circunstancial más robusta parecía difícil o imposible ban traspasado én la interpretación de este principio su debido límite, no liemos encontrado ninguna opinión bien razonada que vaya tan lejos como se solicita que llagamos en este caso. La tendencia general en este sentido puede observarse en los siguientes casos: George v. United States, 97 Pac. 1052, 100 id. 46; Shires v. State, 99 Pac. 1100; Hines v. United States, 103 Pac. 879; State v. Keeland, 104 Pac. 513; State v. Van, 120 Pac. 479; Peterson v. State, 65 S. E. 311; Ray v. State, 60 S. E. 816; State v. Reeze, 140 Pac. 126; Cohoe v. State, 118 N. W. 1088.

Con excepción de dos casos que tal vez se inclinan al ex-tremo opuesto más de lo que exigen los dictados de la razón y de la justicia, puede verse una consideración más sana de los derechos fundamentales del acusado en los siguientes casos: Perry v. State, 46 So. 470; State v. Loomis, 105 N. W. 397; Spiller v. State, 135 S. W. 549; State v. James, 113, S. W. 232; State v. Roswell, 133 S. W. 99.

En estos casos como en otros la verdadera regla tiene que descansar en un sano sentido común como término medio entre los dos extremos, y los hechos en cada caso, según surja, deben ser apreciados de acuerdo con la única regla general ya referida, o sea, que cualquiera que fuere el carácter de la prueba, deberá ésta establecer cada elemento esencial del delito.

En el presente caso ni existe prueba de la propiedad del abono vendido por el acusado ni prueba de haber algún déficit en el abono perteneciente a la corporación. El mayordomo encargado del abono usado por la compañía, insiste en su declaración en que había un sobrante de unos 25 sacos de acuerdo con su propio inventario e informe; que notó este sobrante en julio 15, pero no puede precisar el número de sacos que había antes de agosto Io. “porque el informe está en la oficina.’5 No se trató ele presentar el informe. Si fuera cierto como lia manifestado este testigo que ni su misma contabilidad ni el report hecho por el acusado eran correctos, y si fuese asimismo cierto lo que ha declarado el propio tes-tigo, esto es, que el acusado recibía el abono que había de usarse en los campos, entonces, y en tanto estas circunstan-cias indican una falsificación por el acusado en los informes semanales que hacía en cuanto al número de sacos por él recibido y usados, surge un caso de abuso de confianza más bien que de hurto. Pero el mismo testigo también dice que •el acusado no tenía que ver en absoluto con lp. custodia y manejo del abono usado por la compañía, el cual era entre-gado por el testigo sobre el terreno para ser usado en cada pieza de caña, y que la responsabilidad del acusado se limi-taba a contar y anotar el número de sacos realmente colo-cados en cada pieza por los mayordomos a cargo del trabajo.

El hecho relativo a la propiedad o posesión real del abono que había en el ranchón (mencionado una vez solamente du-rante el juicio por un solo testigo de la acusación, uno de los dos peones que declararon sobre el cargamento del carro siguiendo instrucciones del acusado) debió haber sido demos-trado fácilmente. Verdaderamente parece que la verdad en cuanto al particular estaba a punto de decirla el denunciante que se encontraba deseoso por darla a conocer y sólo esperaba la indicación del Fiscal de que dicha información se necesi-taba. Pero resolver que una corte sentenciadora en una causa criminal puede sellar al acusado con el estigma de una condena de hurto, meramente porque ha vendido unos sacos de abono que está almacenado en un ranchón de una hacienda dirigida por una corporación que usa abono en el cultivo de la caña, habiéndose sacado el abono así vendido, no a escon-didas, sino mediante la orden dada a un carretero empleado en la misma finca donde está el acusado, y que, según parece, tenía motivos que eran conocidos del acusado para mostrarse hostil con él, y que tanto la venta como la sustracción del abono se llevaron a cabo sin que al parecer se hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas; y no habiendo en absoluto prueba alguna de la pérdida del abono por dicha corporación, o res-pecto a la propiedad, posesión y verdadera custodia y domi-nio, de los efectos que de tal modo fueron sacados y vendidos o del ranchón de donde se sustrajeron, y particularmente en un caso en que dicha prueba está claramente en poder del Fiscal, o que fácilmente puede ser presentada por él, simple-mente sería substituir la formación de una fuerte sospecha en la mente del jurado o juez por la presunción de inocencia y la regla respecto a la duda razonable, y sancionar, alentar y fomentar métodos descuidados y fortuitos en la presentación de pruebas y una manifiesta desatención de los más sagrados derechos de personas acusadas de delitos, así como de los. principios más elementales de ley criminal y de procedimiento.

No queremos hacer esto.

La sentencia apelada debe ser revocada, absolviéndose al acusado.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado SR. Wole,

license: Public Domain

text:
    Guardian Assurance Company, Ltd., Peticionaria, v. López Acosta, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se expida un mandamiento de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Guayama en causa sobre cobro de dinero (procedimiento sobre aprobación de expo-sición del caso).
    No. 168.
    Resuelto en diciembre 12, 1916.
    Exposición del Caso — Prórroga Indefinida para Presentarla — Notificación de Ordenes. — Una orden de una corte de distrito concediendo treinta días de prórroga a lin apelante, contados desde el día de su notificación, para presentar el pliego de exposición del easo y de excepciones, es indefinida y nula por no existir persona alguna determinada que esté en el deber de notificar al apelante ni término fijo para cumplirla.

      Id. — Prórroga para Presentarla. — Bn la concesión de una prórroga para presen-tar nn pliego de exposición del caso o de excepciones, el juez puede actuar ex parte y hasta fuera del local del tribunal.
    Abogados — Funcionarios de la Corte — Notificación de Ordenes. — El abogado es un funcionario de la corte y como tal se presume que asiste a ella, siendo su obligación enterarse de la marcha de sus asuntos. El abogado no tiene el derecho legal de confiar en un secretario o marshal, fuera de la corte, en lo que respecta a informaciones o notificaciones relativas a sus casos.
    Notificación de Ordenes — Excepciones a la Regla. — La Ley confiere gran pro-tección a la comparecencia de las partes ante la corte, pero una vez que cuales-quiera de ellas ha comparecido, por lo general queda obligada a enterarse por sí misma de todos los procedimientos subsiguientes sin que el secretario ni el marshal estén en la obligación de notificarle de las órdenes que se dicten. Las únicas excepciones a la regla son las establecidas por la Ley No. 70, de 9 de marzo de 1911 y No. 83 (art. 142A del Código de Enjuiciamiento Civil) de 11 de marzo de 1915.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la recurrente: Sr. Manuel M. Ginorio.

    El juez demandado, Hon José A. López Acosta, no com-pareció.
   El Juez Asociado SR. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En 12 de julio según el peticionario, o en julio 15 como se expresa en la opinión que ha sido transcrita en la petición, el peticionario, demandado y apelante en la acción titulada Jesús María Ortiz v. Guardian Assurance Co., Ltd., presentó una moción solicitando se le concediera una prórroga de quince días para presentar el pliego de exposición del caso, a contar desde el día en que el taquígrafo entregase el récord.

La corte con igual fecha 15 de julio, dictó la siguiente orden:

“Se conceden al peticionario treinta (30) días de prórroga, toda vez que la solicitada es incierta, cuyos treinta días se contarán desde el día de hoy.”

En el mismo día el juez corrigió su orden quedando re-dactada como sigue:

“Se conceden al peticionario treinta días (30), de prórroga, toda vez que la solicitada es incierta, cuyos treinta (30) días se contarán desde el día de su notificación.”

Esta orden fue notificada al ahogado de la demandada apelante por el secretario ele la corte de distrito en 4 de agosto, y en 2 de septiembre procedió el juez a conceder nna nueva prórroga de quince días que vencería en 19 de sep-tiembre.

En 18 de septiembre fué radicado el pliego de exposición, señalándose el día 28 para su vista.

En 22 de septiembre habiendo presentado el abogado del ■demandante una moción solicitando la eliminación del pliego de excepciones y exposición del caso, la corte dejó sin efecto su orden señalando la vista de la exposición del caso, y señaló la vista de la moción de eliminar para el día 9 de octubre, y dictó en octubre 13 la siguiente resolución:

“Que la orden de prórroga de 15 de julio de 1916, tal cual fué corregida, es nula por haber sido dada en exceso de jurisdicción.
“Que la prórroga concedida en 2 de septiembre es nula toda vez ■que fué después de haber expirado el plazo anterior.
“Que habiendo sido archivada la exposición del caso fuera del tiempo concedido por la ley, no procede aprobar la misma.”

También aparece de los autos que el peticionario con an-terioridad al día 4 de agosto, 1916, no tuvo noticia de haber sido dictada la orden de julio 15, 1916, aunque en 20 de julio ■escribió él al márshal y fué informado por dicho funcionario de que no se había dictado ninguna orden en el caso.

T fundado en esto el peticionario solicita de este tribunal la expedición de un auto de certiorari y que una vez que sea diligenciado resuelva que la corte de distrito cometió error •en su resolución a la cual se ha hecho referencia en último término, que las órdenes concediendo las llamadas prórrogas fueron dictadas dentro de la jurisdicción de la corte senten-ciadora, y que el pliego de excepciones y exposición del caso fueron archivados dentro del término prescrito por la ley.

La segunda orden de la corte dictada en julio 15, 1916, era tan indefinida que hace que el caso quede comprendido dentro de los principios enunciados en el de Belaval v. Córdova, Juez de Distrito, 21 D. P. R. 537. Y no importa que el término había de empezar a correr desde el día de la noti-ficación. Ning'una persona determinada estaba en el deber de notificar al apelante, ni había un término fijo para cum-plir con dicho deber. El secretario por virtud de estatutos ■ específicos (Leyes de 1911, No. 70 y Leyes 1915, No. 33) está en el deber de notificar las sentencias a la parte perjudicada, y las resoluciones en que se declare con o sin lugar una moción para eliminar o una excepción previa para .cualquiera alegación y no se anunciare la decisión en presencia de las partes o de sus abogados, pero este deber es la excepción que señala la regla. No tiene ninguna otra- obligación de notificar órdenes a un apelante. El abogado en cuanto al particular respecta es tan funcionario de la corte como lo-es el secretario. Se presume que dicho abogado asiste a la corte y es su deber el enterarse de la marcha de sus casos. Por ejemplo, si después de dictada la orden errónea de julio 15 hubiera comparecido prontamente el abogado ante la corte y solicitado que fuera nuevamente corregida la orden a fin de que la prórroga fuera definida, la corte podría haber te-nido alguna facultad para concederla. Es una idea errónea la de que un abogado tiene el derecho legal de confiar en un secretario o márshal, fuera de la corte, en lo que respecta a una información o notificación relativa a sus casos. Dicha confianza es cuestión de conveniencia particular, pero nó el derecho legal de un abogado.

La ley confiere gran protección a la comparecencia de las partes ante la corte. Pero una vez que comparece una parte voluntariamente como demandante, o ha sido debidamente notificada como demandada, por lo general queda obligada a enterarse por sí misma de todos los procedimientos suce-sivos. Exigir que sean notificados todos los procedimientos por algún funcionario sería complicar indefinidamente el pro-cedimiento. La cuestión puede quedar resumida diciendo que se presume concluyentemente que las partes se encuentran ante la corte y las únicas excepciones que recordamos son las establecidas por las Leyes de marzo 9, 1911, y marzo 11, 1915, citadas. Y aun en esos casos puede dudarse si podría quedar protegido un abogado por alegar que no se le lia hecho una verdadera notificación.

Existe otra consideración importante. Al presentar un abogado una moción interesando una prórroga del término para presentar el pliego de excepciones, o cosa parecida, no tiene éste derecho a suponer que la corte habrá de conceder la moción, o que mientras la considera, puede dicho abogado suspender el trabajo de preparar su pliego de excepciones hasta que la corte decida. Si la corte se niega a conce-der una prórroga puede quedarse sin remedio el apelante. Cuando un abog’aclo desea obtener una prórroga de esta natu-raleza, la mejor práctica es acudir a la corte con la orden preparada y procurar que la corté actúe inmediatamente y dentro del término fijado en el estatuto. Es una cuestión en que la corte puede actuar ex parte, y hasta fuera del local del tribunal.

Si se presentara un caso en el cual solicitara un apelante que se le concediera una prórroga definida razonable y la corte le concediera una indefinida, quizás podría haber algún medio de ayudar al apelante, por lo menos en la corte inferior ; pero en este caso el apelante solicitó úna prórroga in-definida,. obtuvo finalmente una prórroga indefinida y no hizo esfuerzo alguno en la corte inferior para que el error fuera corregido. Este tribunal no puede poner al apelante en condición de poder perfeccionar los autos que de tal modo quedaron incompletos. En este caso como ocurrió también en el de Belaval v. Córdova, Juez de Distrito, hubo una pró-rroga absolutamente indefinida y, por tanto, la prórroga suce-siva se concedió sin haber jurisdicción.

La solicitud debe ser denegada.

Denegada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Toro,

text:
    Pillot, Demandante y Apelante, v. Domínguez et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gnayama en pleito sobre tercería de bienes inmuebles.
    No. 1491.
    Resuelto en diciembre 15, 1916.
    Tercería de Bienes Inmuebles — Resolución Definitiva de los Derechos de las Partes. — En los juicios sobre tercería de bienes inmuebles, debe resol-verse de una manera definitiva la cuestión fundamental envuelta, a saber, a quién pertenecen los bienes embargados o próximos a venderse en la ejecu-ción de alguna sentencia. La verdadera oportunidad que las partes tienen para fijar sus derechos en casos de esta naturaleza, es precisamente el juicio de tercería que debe sustanciarse de acuerdo con la ley por los trámites del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Examen de las Pruebas. — Examinada toda la prueba en este caso, tal como aparece de la exposición aprobada por el juez inferior, se resolvió: que ha-biendo la tercerista justificado el dominio de la casa embargada, debe decla-rarse su demanda con lugar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. F. Cervoni Gely.

    El apelado, C. Domínguez Eubio, compareció en nombre propio.
    Los demandados, Eugenio Balestier y Josefa Pillot, no comparecieron.
   El Juez Asociado Se. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso sobre tercería de bienes inmuebles. El demandado C. Domínguez Eubio en cierto pleito sobre cobro de pesos que siguiera contra el otro demandado Eugenio B'alestier, embargó una finca urbana que la demandante Carlota Pillot reclama como suya.

La tercerista alegó que había adquirido dicha finca en 1890 por compra a María Juliana Colón, quien a su vez la •compró en 1888 a Alejandro López, habiéndole adquirido éste de Eebeca Jimbo en 1884. En el acto de la vista presentó prueba documental y testifical en apoyo de sus alegaciones.

Los demandados negaron que la casa perteneciera a la tercerista y presentaron prueba a los efectos de demostrar qiie era de la propiedad de la sociedad de gananciales consti-tuida por el demandado Balestier y sn esposa Josefa Pillot.

Y sometido así el caso a la decisión de la corte, ésta dictó sentencia desestimando la demanda, “reservando a los de-mandados los derechos que tengan para disentir el dominio de la casa.” Dicha sentencia, contra la cual interpuso la demandante el presente recurso de apelación, se basó en las siguientes conclusiones de hecho y de derecho:

“Hechos Probados. — 1. Que demandante y demandados son mayo-res de edad y residentes de este Distrito Judicial.
“2. Que en quince de septiembre de 1890, la tercerista Carlota Pillot compró a Doña Juliana Colón una casita de maderas techada de tejamaní, sita en la calle de la Cruz de G-uayama, colindante por el norte con la compradora, por el sur con el teatro, por el este con Doña Adela Tadgreen, y por el oeste con la citada calle de la Cruz, por el valor de $80; que posteriormente dicha casita fué sustituida por otra de maderas, techada de zinc, cuyo valor es de $600, sin que de la prueba practicada pueda la corte determinar si la anterior fué destruida en su totalidad fabricándose la actual, y por quién fué ésta fabricada.
“3. Que de la prueba practicada aparece como hecho cierto que la finca embargada por el demandante C. Domínguez Rubio en el pleito seguido contra Eugenio Balestier por cobro de dinero, no es la misma que adquirió Carlota Pillot de Juliana Colón.
“4. Que la prueba practicada por las partes es tan contradictoria entre sí que la corte no puede estimar como probado quién sea el dueño de la actual casa ni cuál de los litigantes pertenecientes a la familia Pillot efectuó los gastos de su fabricación de modo que pueda la corte llegar a una conclusión exacta de quién es el verdadero dueño de la finca.
“Conclusiones de Derecho. — 1. Que las partes litigantes tienen ca-pacidad para demandar y ser demandadas.
“2. QUe la tercerista no tiene derecho al remedio que solicita, por-que de la prueba no aparece sea ella la dueña de la casa que radica en el solar en que ubicaba la que ella compró, reservando la corte a las partes el derecho de discutir mediante el pleito correspondiente, el dominio de la casa.”

Para la justa decisión de este recurso se hace necesario fijar la naturaleza del juicio de tercería regulado actualmente en Puerto Eico por una ley especial de la Asamblea Legis-lativa. Véase la compilación de 1911, sección 5260, y si-guientes :

La “tercería” ha sido definida por Escriche como “la oposición hecha por un tercero que se presenta en un juicio entablado por dos o más litigantes, ya sea coadyuvando el derecho de alguno de ellos, ya deduciendo el suyo propio con exclusión de los otros.” 4 Escriche 1072.

Manresa en sus comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, ahondando más en la materia, dice:

“Se da en el loro el nombre de tercería a la oposición que hace o reclamación que deduce un tercer litigante en juicio pendiente ya entre otros interesados, y el de tercer opositor, al que deduce esa reclamación. Nuestros prácticos daban el nombre de excluyente á la tercería y al opositor cuando éste alega en su favor un derecho pre-ferente al de los otros litigantes; y de coadyuvante, cuando se dirige a ayudar o sostener la pretensión de cualquiera de éstos. Pero real-mente es innecesaria o impropia esta distinción. Un tercero que tenga interés directo en un pleito, por ser igual su derecho al de una de las partes, puede acudir a él para coadyuvar la acción y preten-siones que le interesen, y a ese tercero se le ha dado y se le da con propiedad el nombre de coadyuvante; pero es impropio dar la de-nominación de tercería a la acción que ejercita, porque no deduce una tercera pretensión que sea contraria o excluyente de lo que pre-tenden los otros dos litigantes. Por esto la ley procesal no reconoce directa ni indirectamente esa distinción de las tercerías, y sí la única real y positiva, que es la de dominio y la de mejor derecho definidas en el artículo 1532, pertenecientes ambas a la clase de las que antes se llamaban exeluyentes; y esto a pesar de haber declarado en el artículo 1543 que las disposiciones sobre tercería en el juicio ejecu-tivo son aplicables a las que se interpongan en cualquier otro juicio o incidente en que se proceda por embargo y venta de bienes.” 5 Manresa, Ley Enjuiciamiento Civil, 639 y 640.

Cuando en 1904 se cambió radicalmente nuestra Lej’ Civil adjetiva, el legislador prescribió reglas claras y precisas sobre la materia general de intervención (véase el título 4h del Código de Enjuiciamiento Civil vigente), y fijó un pro-cedimiento especial para los casos en que los bienes embar-gados a los ^efectos de la ejecución de la sentencia fueran reclamados por un tercero como suyos. (Yéase el artículo 247 del indicado código, tal como fué aprobado en 1904.) Dicbo procedimiento, en el cual intervenía un jurado de seis hombres, fué derogado por la ley sobre tercerías a que liemos liecho referencia, aprobada en 14 de marzo de 1907. Dicha ley en un principio se refería sólo a los casos de tercería sobre bienes muebles, pero en 1908 se extendió también a los inmuebles, insertándose al efecto en ella la sección 16 (a), que es la reguladora de este caso, y que copiada textualmente dice así:

“La tercería respecto a bienes inmuebles se iniciará por demanda que formalizará el reclamante contra todas las personas que tengan interés en el asunto y el juicio se sustanciará por los trámites, del Código de Enjuiciamiento Civil. Disponiéndose, que en las tercerías de esta clase sólo podrá suspender el tercerista una orden de ejecu-ción para el trámite de subasta mediante interdicto prohibitorio (■injunction) de acuerdo con la ley definiendo los injunctions apro-bada en marzo 8 de 1906; y disponiéndose, además, que para conocer del interdicto tendrá jurisdicción la misma corte ante la cual se sus-tancia la tercería.”

Se trata, pues, de un juicio completo en el que debe resol-verse de una manera definitiva la cuestión fundamental en-vuelta en el mismo, a saber, a quién pertenecen los bienes embargados o próximos a venderse en la ejecución de alguna sentencia.

Si examinamos la sentencia apelada, veremos que por ella se desestima la demanda, pero reservando a los demandados (■sic) los derechos que tengan para discutir el dominio de la casa en cuestión. Y si analizamos los hechos probados y las conclusiones de derecho en que se basa la sentencia, encon-traremos que la corte sentenciadora quedó convencida de que la tercerista fué dueña de cierta casa que se sustituyó luego por otra, sin que pudiera determinarse si la casa anterior fué destruida totalmente fabricándose la actual y por quién fué ésta fabricada, y concluyó que la tercerista no .tenía de-recto al remedio que solicitaba, debiendo, por tanto, desesti-marse su demanda reservando a las partes el derecho de dis-cutir mediante el pleito correspondiente el dominio de la casa.

Se ve, pues, que estaba fija en la corte la idea de que al dictar su sentencia no resolvía en definitiva los derechos de las partes. Para ella esas partes debían tener otra oportu-nidad para discutir el dominio de la casa. Tal criterio fué erróneo, a nuestro juicio. La verdadera oportunidad que las partes tienen para fijar sus derechos en casos de esta naturaleza, es precisamente el juicio de tercería que debe sustanciarse, de acuerdo con la ley, por los trámites del Código de Enjuiciamiento Civil.

Una simple inspección de los autos demuestra que las alegaciones que se hicieron y las pruebas que se practicaron en este pleito, son tan amplias como pudieran haberlo sido en cualquier acción que en vez de titularse sobre tercería se hubiera titulado sobre reivindicación.

Siendo esto así, ¿cómo debe resolverse el recurso de ape-lación establecido? ¿Debemos simplemente revocar la sen-tencia apelada y devolver el pleito a la corte de su origen para que mediante la celebración de un nuevo juicio haga lo que dejó de hacer, esto es, resolver en definitiva los derechos-de las partes? ¿Debemos, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado en 1906 (Sección 5350 de la Compilación de 1911) pronunciar la sentencia que debió haber dictado el tribunal inferior?

A nuestro juicio es preferible adoptar el último criterio. De tal modo no dilataremos más la resolución definitiva de este pleito iniciado en la Corte Municipal de Guayama desde enero de 1915, tramitado de nuevo en la corte de distrito y elevado por último a este tribunal.

Como hemos dicho, la tercerista reclama como suya cierta casa embargada por uno de los demandados en un pleito, en cobro de pesos, seguido contra el otro. Negado el derecho de la tercerista, ésta, que según la exposición del caso es una negra que fué esclava y que había nacido antes de fundarse la ciudad de Gfuayama, presentó como prueba nn documento privado, cuyas firmas fueron reconocidas, creditivo de que había comprado en 1890 una casa en la calle de la Cruz; una cuenta corriente con Juan Bautista Llinás de la cual resulta que la demandante tenía en julio 31 de 1900 en poder de Llinás un haber de $106, que Llinás entregó en diversas par-tidas para compra de maderas y clavos, y para pago de. jor-nales, y un permiso del Concejo Municipal de Gruayama otor-gado a los efectos de que la demandante pudiera ensanchar una casa que tenía en la calle de la Cruz. También presentó la tercerista prueba testifical consistente en su propia decla-ración y en la de los testigos Juan Bautista Llinás, Carlos Yieta, Luis Texidor, Martina Pillot, Pedro María Morel y Bernardo Pillot.

La tercerista explicó cómo había comprado la casa; cómo la había dañado el ciclón de San Ciriaco; cómo había orde-nado su composición, pagando ella misma los gastos, y cómo la dió a su sobrina Josefa para que la viviera. El testigo Llinás reconoció el documento de compra, y la cuenta co-rriente y explicó las partidas de la última. El testigo Yieta depuso sobre el hecho de la muerte de María Juliana Colón, y el testigo Texidor reconoció el permiso otorgado por el ayuntamiento a Carlota para reparar una casa de la calle de la Cruz, ensancharla y techarla. Martina Pillot, hermana de la tercerista y madre de la esposa del demandado Bales-tier, dijo que cuando Carlota compró la casa Pepa Pillot no tenía casa y le dijo Carlota, “te voy a dar la casa para que vivas todo el tiempo que quieras ’ ’; que desde entonces Pepa Pillot la vive; que la casa estaba cobijada de tejamaní cuando Carlota la compró y la tormenta la descobijó, por lo cual hubo que componerla; que el dinero con que se com-puso la casa ella lo iba a coger en casa de Bautista Llinás donde Carlota tenía fondos; que muchos años después vol-vió a componer la casa con dinero de ella, sin un centavo de Balestier, de quien la casa no ha sido jamás. El testigoYieta, carpintero de oficio, recompuso la casa agregándola dos veces, siempre por cuenta de la tercerista que le pagó. El testigo Morel, pintor, trabajó en la casa antes y después del ciclón, llamado la primera vez por Carlota y la segunda por Pepa Pillot. Y el testigo Bernardo Pillot, carpintero, depuso que conocía la casa embargada a Eugenio Bales-tier en la cual trabajó en 1901 por cuenta de Carlota Pillot; que la tormenta desniveló la casa y los carpinteros la nive-laron, la repararon y le hicieron un martillo; que en 1909 el testigo le sacó balcón por cuenta de Carlota Pillot.

Tal fué, en resumen, la prueba de la tercerista. Exami-nemos la de los demandados C. Domínguez Bubio, un abo-g’ado de Gruayama, demandante en el pleito sobre cobro de pesos, y Eugenio Balestier, demandado en dicho pleito. La demandada Josefa Pillot, esposa del demandado Balestier, que tenía pendiente con su marido un pleito de divorcio, fué llamada a declarar y depuso en favor de la tercerista, como veremos más adelante.

La declaración del demandado Balestier, copiada textual-mente de la exposición del caso, es como sigue:

“Esposo de Josefa Pillot.. Dice que la casita del documento' fué antes de Carlota Pillot. Que cuando él se casó en el 1893, vivía con su esposa en casa alquilada, pero últimamente, se fueron a la casita esa, y deseando tener casa propia, le dijo un día a su esposa: ‘Pepa, mira; dile a tu tía si quiere vender esa casita. ’ Que Pepa habló con su tía, y ésta la dijo que sí; que le dieran dos o tres pesos men-suales. Que hizo la casa en dos o tres secciones. En la parte de atrás hizo una media-agua; y en mil novecientos tres, cuando tuvo dinero, hizo desbaratar la casa pequeña y construyó la grande. En-tonces sacó el balcón. Después, en 1909, un tal Manuel Modesto, hizo el martillo, porque primero había llamado a Ezequiel Alonso y Carlos Yieta, pero por informalidades de estos dos, tuvo que llamar a Manuel Modesto. Luego llamó a Puchuco par.a pintarla, al cual le pagaba él. Y cuando terminó de pintarla, vino Arturo López a vivir en ella.
“Que desbarató la casita vieja con autorización de Carlota y comprada, pues si bien no hay documento, es asunto de familia. Se la compró pagándole dos o tres pesos mensuales. Que ajustó el tra-bajo con un tal Ramón Nazario y éste buscó operarios. Que Nazario trabajó un día la primera semana, 5 la segunda y 4 la tercera a $1.25. Benigno Nazario, trabajó 4 días la segunda, 4 la cuarta y 4 la quinta a $1.25. A preguntas de su abogado dice que no pidió permiso para hacer esas edificaciones porque teniendo esos dineros para no gastar-los, emprendió esos trabajos de carpintería y vino Tatato Vázquez, alcalde interino, y le paralizó los trabajos, pero que los continuó con permiso de éste. Que después le alquiló la casa a Arturo López y que nada le debe a Carlota Pillot. Que siempre ha estado alquilada. .Que hace dos años que no vive en la casa, en cuyo tiempo le han pagado los alquileres a Pepa Pillot, su esposa, que fué quien se hizo cargo de alquilarla. Que ni Carlota ni Martina Pillot pusieron un centavo para construir la casa.
“Repreguntas. — Dice que le dijo a su mujer: ‘entiéndete con tu tía a ver cuánto quiere por la casita y se lo iremos pagando poco a poco.’ Que cuando vino del campo, le preguntó a su mujer: ‘¿Qué tal?’ y le contestó: ‘sí, que se lo pague poco a poco y le dé $3 o $31/2-’
“Pregunta. — ‘¿Sabe usted si Pepa le llevaba esa suma a Carlota?’
“Respuesta. — -‘Yo creo en la honradez de ella. Lo que sé es que Carlota no se opuso a la fabricación de la casa nueva, y sé que Pepa le daba el dinero, porque cuando hicimos la casa nueva, Carlota se contentó. Dice que el Puchuco que pintó la casa es el mismo que declaró orita. Dice que si Puchuco declaró que Martina era quien le pagaba, no ha dicho la verdad. Que hace más de dos años que no vive con su esposa la cual vive con su madre de ella.’ ”

Los otros testigos de la parte demandada lo fueron Gregorio Burgiara, carpintero, que trabajó, pagado por el de-mandado Balestier, en la reconstrucción de la casa; Benigno Nazario también carpintero que trabajó de igual modo que el anterior; Natalio C. Soler, albañil, ocupado en igual forma por Balestier; Arturo G. López, Secretario de la Corte Municipal de Guayama, que vivió en la casa pagando el arren-damiento a Balestier a quien adelantó 40' ó 50 pesos para el baño. Luis Texiclor que explicó que el permiso del ayun-tamiento presentado como prueba por la tercerista se refería a una casa de la calle de la Cruz, cerca del mercado; José Alonso, carpintero, que aseguró que la casita pequeña de la tercerista que valía de sesenta a ochenta pesos se cayó con el ciclón y luego Balestier fabricó otra que vale unos seis-cientos; Alejandro López, primitivo dueño de la casita, qne dijo que en lugar de ella existe hoy una casa más grande que no sabe quién la lia construido, habiendo visto a Bales-tier algunas veces dirigiendo los trabajos que se hacían; y Josefa Pillot, que, según la exposición del caso, declaró como> sigue:

“Esposa de Eugenio Balestier. El demandado Domínguez le presentó la contestación de ella a una demanda de divorcio de su esposo E. Balestier, en la que aparece ella alegando, que durante el matrimonio adquirieron una casa en la calle de Venegas y otra en la calle Carreras. El ahogado de la demandante se opone a que ella declare sobre eso, porque aunque Josefa Pillot alegara tal cosa, su alegación no puede perjudicar a Carlota Pillot.
“La corte desestima la oposición. Excepción. Preguntaron, por qué juró en la contestación de la demanda que la casa 'era suya y de E. Balestier y ahora jura que es de Carlota Pillot y contesta que ella no ha jurado que la casa sea de Balestier, pues la misma casa adquirida durante el matrimonio- de 'éste con/ ella, es una casa que hay en la calle de la Carrera. Que si aparece jurado eso, es una equivocación pues la casa en pleito es de su tía Carlota Pillot que se la dió para vivirla, pero no para venderla. Preguntada que quién paga las contribuciones de la casa. Contesta que Carlota Pillot, quien siempre le ha dado dinero para pagarlas, pues la casa es de Carlota. Que Balestier la amillaró a nombren de 'ella y que ella' le llamó la atención, a pesar de lo cual Balestier la declaró a nombre de Pepa sin su autorización.”

De la transcripción aparece además que se solicitó por los demandados y se llevó a efecto por la corte una inspección ocular. A ella se refiere el juez sentenciador al analizar la prueba practicada así:

“La corte ha hecho un estudio detenido de la evidencia practi-cada, y ha llevado a cabo'la inspección ocular de la1 casa cuyo dominio se discute. Esta es una casa de tamaño regular, con su balcón, de piso de manipostería, techada de zinc, con varios compartamentos, un martillo, su correspondiente cocina, cuarto de baño y de su exa-men y de la prueba practicada, sólo puede llegar a la conclusión, y es que la casa embargada no es la casa que compró Carlota Pillot en el año 90, pues aquélla era una casa de dos habitaciones, techada de tejamaní, y de un valor de 80 pesos ínoneda antigua. En el solar en que ubicaba dicha casa, se ha fabricado la que actualmente existe. Las declaraciones prestadas por los testigos, dadas por fami-liares y amigos de los interesados, resultan completamente contra-dictorias y el modo de declarar de algunos de los testigos, que pueden estar mejor empapados de los hechos ocurridos, tienen tal carácter de interés que la corte en una apreciación fría'de la evidencia, no puede darles crédito alguno. Si hemos de dar crédito a estas decla-raciones, tendríamos que todos los interesados y parte de la familia Pillot, así como el demandado Balestier, han sufragado los gastos de la fabricación y han invertido sumas en materiales para la misma. Por lo cual la corte considera que la evidencia presentada es insufi-ciente para resolver la corte quién es el actual dueño de la casa.”

Con respecto al origen de la casa, no hay duda alguna. Todos están conformes en que fué de la tercerista.

Con respecto a si la casa primitiva se destruyó por com-pleto y se sustituyó por la que actualmente existe, o fué transformándose poco a poco, y en uno y otro caso quién pagó la nueva edificación o las transformaciones de la anti-gua, la prueba es contradictoria. La corte sentenciadora no resolvió en verdad el conflicto y no es por tanto aplicable a éste la jurisprudencia repetidamente establecida para los casos de evidencia contradictoria.

A nuestro juicio, la balanza debe inclinarse en pro de la tercerista. Examinada aisladamente su prueba, es suficiente para justificar el dominio de la casa en cuestión. Ella de-muestra que la tercerista adquirió la casa por compra. Por ella se admite que la casa fué dañada por el ciclón de San Ciríaco, pero se prueba que fué recompuesta, no sólo por declaraciones de testigos, si que también por una cuenta co-rriente creditiva de la inversión de más de cien pesos en materiales y jornales. En ella bay datos de otras repara-ciones becbas con posterioridad. Un testigo, de oficio car-pintero, afirma que en 1909 le sacó balcón por cuenta de la demandante.

Las manifestaciones del demandado Balestier con respecto a la compra de la casa primitiva a la demandante, son tan Yagas, que no pueden servir de base para declarar justificada la existencia del contrato. Constituyen la única prueba apor-tada sobre extremo tan fundamental y ni siquiera contienen ■dato exacto alguno con respecto al precio total de la compra.

Que el demandado Balestier hiciera algunas reparaciones •en la casa y las pagara con dinero suyo, es compatible con •el dominio de la casa a favor de la demandante. La deman-dante, según manifestó uno de sus testigos, “hizo el buen corazón de darle donde vivir” a su sobrina, esposa del de-mandado Balestier. Parece que las buenas relaciones de familia continuaron por mucho tiempo y no es extraño que Balestier que nada pagaba por la casa donde vivía, la mejo-rara constantemente. Tal vez él y su esposa tenían fundadas •esperanzas de que la casa algún día llegaría a ser de ella por ■completo. Pero la paz del matrimonio se altera y es cuando se establece el divorcio entre Balestier y su esposa que se demanda a B'alestier en cobro de pesos y se embarga la casa para responder de la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse en dicho pleito, circunstancias todas que apreciadas en conjunto favorecen a nuestro juicio a la parte demandante.

Difícil es en verdad resolver conflictos de esta naturaleza; pero, actuando con ánimo de hacer justicia, dentro, desde luego, de las limitaciones de la inteligencia humana, opina-mos, como dijimos anteriormente, que la balanza debe incli-narse a favor de la demandante, y en tal virtud que debe declararse su demanda con lugar, sin especial condenación ■de costas.

Revocada la, sentencia apelada y dictada otra declarando que la tercerista Carlota Pillot es dueña de la casa embargada en él pleito en cobro de pesos seguido por C. Domínguez Rubio contra Eugenio Ba-lestier, a los efectos de asegurar la efec-tividad de la sentencia que pudiera, dic-tarse en el mismo, debiendo en tal virtud dejarse sin efecto dicho embargo, con los demás pronunciamientos de ley. Cada parte pagará sus costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutcliison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Rivera, Administrador Judicial, Demandante y Apelado, v. North British and Mercantile Insurance Co., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre cobro de póliza de seguro contra incendio.
    Moción del demandante y apelado para qpe se desestime la apelación por no haberse presentado la transcripción de-autos.
    No. 1597.
    Resuelto en diciembre 15, 1916.
    Exposición del Caso — Prórroga Indefinida para Presentarla — Eliminación— Apelación Contra la Sentencia — Transcripción de Autos. — Cuando a so-licitud del apelante la corte sentenciadora le concede una prórroga que por ser indefinida es nula, para presentar el pliego de exposición del caso, y éste-es radicado fuera de término y se ordena, su eliminación, el término para, archivar en el Tribunal Supremo la transcripción de autos en la apelación contra la sentencia empieza a correr desde la fecha de la presentación de! escrito de apelación.
    Id. — Transcripción de Autos — Término para Radicarla Cuando la Exposición: del Caso es Presentada en Tiempo. — Cuando la exposición del caso es pre-sentada a su debido tiempo o dentro de una prórroga legalmente concedida, el término para radicar en el Tribunal Supremo la transcripción de autos* ('arts. 299 enmendado en 1911 del Código de Enjuiciamiento Civil, y 40 del Reglamento del Tribunal Supremo) empieza a correr desde la fecha de la * resolución definitiva del juez sentenciador aprobando o negándose a aprobar-dicha exposición.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Martinez & Iriarte.

    Abogado del apelado: Sr. José A. Poventud.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del' tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia con fecha 26 de junio en el caso arriba expresado y en julio 26 la de-mandada y apelante radicó su escrito de apelación y solicitó y obtuvo una prórroga de veinte días desde la feclia de la entrega del récord por el taquígrafo para la presentación del pliego de exposición del caso que fué radicado algunos días después de vencido el término legal.

Posteriormente, en agosto 18, el demandante y apelado presentó una moción a la corte para que dejara sin efecto su orden de julio 26, negara su aprobación de dicha exposición y se eliminara dicho pliego de exposición de los autos. En 25 de noviembre el juez sentenciador declaró con lugar la moción, dejó sin efecto la orden de fecha julio 26, que tenía el carácter de prórroga indefinida y se negó a prestar su aprobación a la exposición del caso. La demandada y ape-lante también interpuso apelación contra dicha orden.

El demandante y apelado solicita ahora de este tribunal que desestime la apelación interpuesta contra la sentencia de junio 26, por el fundamento de que el apelante no ha radicado su transcripción dentro del término de treinta días :-i partir de la fecha de la radicación del escrito de apelación.

La demandada y apelante insiste en haber sido inducida a error debido a la orden de la corte de distrito de julio 26, pero la corte meramente trató de conceder la prórroga inde-finida que fué solicitada por la misma demandada y ape-lante diez y ocho meses después de la sentencia de este tribunal en el caso de Belaval v. Córdova Dávila, 21 D. P. R 537, y la alegación carece por completo de fundamento. La única otra excusa que se ha presentado es la de que la de-mandada y apelante “esperaba la resolución de la corte de distrito a la moción presentada por el demandante y ape-lado para saber si debía o no incluir en el récord del caso copia de la exposición del caso presentada a la Corte de Distrito de Ponce dentro de la prórroga concedida por dicha corte.” Todo lo que puede contestarse a esto es que des-pués de la radicación de la moción en la corte de distrito y .antes de expirar el término legal para la presentación de la transcripción, la apelante tuvo tiempo suficiente para soiici-tar de este tribunal una prórroga en este sentido, pero nada hizo.

Es verdad que cuando se presenta una exposición del caso a la corte sentenciadora dentro del término legal o dentro de -cualquier prórroga válida del mismo, entonces el término mencionado en el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y en la regla 40 de este tribunal empieza a correr desde la fecha de la resolución definitiva del juez sentenciador, bien aprobando, o negándose en definitiva a aprobar dicha exposi-ción. Pero en el presente caso la orden concediendo la lla-mada prórroga era enteramente nula y sin ningún valor por falta de jurisdicción de donde se desprende que la exposición vino demasiado tarde y los 30 días dentro de los cuales la apelante podría haber radicado su transcripción o haber soli-citado de este tribunal una prórroga del término para radi-car la misma tiene que resolverse que empieza a correr a partir de la fecha de la presentación del escrito de apelación. Ciuró v. Ciuró, 20 D. P. R. 38; Valle v. Martí, 21 D. P. R. 494; Belaval v. Todd, 21 D. P. R. 441, 22 D. P. R. 129; Guardian Assurance Co. v. López Acosta (pág. 637).

Los hechos arriba referidos no revelan ninguna razón por la que deba considerarse que este caso es una excepción a la regla y a falta de alguna constancia en cuanto a los méri-tos de la apelación que ha sido perfeccionada contra la orden negando la aprobación de la exposición del caso, la apelación interpuesta contra la sentencia de junio 26, debe ser deses-timada sin perjuicio de que dicha apelación pueda ser resta-blecida si se considerare luego que es necesario revocar la orden de noviembre 25, 1916.

Desestimada la apelación sin perjuicio de que pueda ser restablecida si se conside-rare luego que es necesario revocar la or-den eliminando el pliego de exposición del caso.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Quiñones, Demandante y Apelante, v. Ana María Sugar Co., Inc., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiezr en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1388.
    Resuelto en diciembre 19, 1916.

    Compraventa — Contratos de — Entrega de la Cosa Vendida — Depósito del. Precio. — Si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 1369 del Código Civil, el vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio, cuando en un contrato de compraventa de azúcar quedó implícitamente pactado que el precio se pagaría, siguiendo la costumbre de la plaza, al entregarse la mercancía que el vendedor debía conducir por su cuenta al almacén del comprador, no puede alegarse que el comprador debió, haber entregado o depositado el precio de la mercancía para colocarse en, condiciones de reclamar.
    Id. — Entrega de la Cosa Vendida. — Daños y Perjuicios — Compensación—Ga-nancia Dejada de Obtener. — Cuando un vendedor deja de entregar la pro^ piedad contra lo estipulado en el contrato, aun cuando aquélla no hubiere sido pagada todavía, el comprador tiene derecho a que se le coloque en la misma situación en que hubiere quedado de habérsele entregado la cosa, con-sistiendo la compensación, como expresa el artículo 1073 del Código Civil, en el valor de la ganancia dejada de obtener, o, bajo las circunstancias del presente caso, en la diferencia que existe entre el precio del contrato y el valor en el mercado en la fecha convenida para la entrega.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. José Sabater, Jorge V. Domínguez y Francisco Soto Oras.

    Abogado de la apelada: Sr. Leopoldo Feliú.

       Denegada reconsideración en febrero 9, 1916.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandante y apelante estableció una demanda en la. Corte de Distrito de Mayagüez sobre daños y perjuicios por violación de un contrato, alegando entre otras cosas lo si-guiente :

“Que el día cuatro de agosto de 1914, y en esta ciudad de Maya-giiez, el demandante compro a la demandada 740 sacos de azúcar central segunda, al precio de tres dollars veinte y dos centavos y medio quintal, ($3.22%), según costumbre de esta plaza, valor de contado al momento de la entrega.
"Que a solicitud de la propia demandada y por exclusiva con-veniencia de ésta, se convino entre demandante y demandada, que el azúcar vendido sería entregado al demandante en lotes o carga-mentos parciales hasta fines de la semana subsiguiente a la fecha del' contrato, o sea hasta el día 15 de agosto de 1914.
"Que la demandada, separándose por completo de los términos del contrato de compraventa de azúcar efectuados exigió por carta que-recibió el demandante el día 5 de agosto de 1914, quo éste depositase-previamente el importe total de la factura formulada que remitía, del azúcar vendido, ascendente a seis mil setenta y nueve dollars ($6,079).
"Que el demandante notificó a.la Corporación demandada, por carta que le dirigió el mismo día 5 de agosto de 3914, que estaba dis-puesto a aceptar la entrega del fruto en un sólo día y a satisfacer el total del precio convenido al momento mismo de dicha entrega.
"Que el día 6 de agosto de 1914, la Corporación demandada, comu-nicó al demandante que daba por cancelado el contrato de compra-venta de azúcar a que se ha hecho referencia en los hechos anteriores.
"Que la Corporación demandada, no ha entregado el azúcar ven-dido al demandante ni en parte ni en todo y rehúsa hacer la entrega de acuerdo con el ameritado contrato.
"Que el demandante ha estado siempre dispuesto ¿ recibir dicho azúcar vendido y a pagar por el mismo el precio estipulado al efec-tuarse la entrega y ha cumplido por su parte con todos las condicio-nes del contrato.
‘ ‘ Que el día 10 de agosto de 1914 el demandante o Preció legalmente y de buena fe depositar el importe total de la factura ya formulada y que había recibido del azúcar vendido ascendente a $6,079, requi-riendo para ello al Royal Bank of Canada, en esta ciudad de Maya-güez, y a pesar de ello, la demandada rehúsa siempre hacer la entrega del azúcar vendido.
"Que debido únicamente a la falta de la demandada en entre-gar el azúcar vendido al demandante, éste ha sufrido daños y per juicios por la suma de $6,173.24 o sea el montante de la diferencia del alza de precio del azúcar, ocurrida en la semana comprendida entre el 10 y el 15 de agosto de 1914.”

La demandada y apelada después de liacer una negativa general, alegó como materia nueva constitutiva de oposición a la demanda:

“Que allá por el día 4 de agosto de 1914, en la ciudad de Maya-güez, Puerto Rico, el demandante y la demandada tuvieron o cele-braron ciertas negociaciones sobre una venta por ésta a aquél de 748 sacos de azúcar de cañas dulces, la que habría de llevarse a efecto en las condiciones siguientes: el demandante habría de consignar aquel mismo día, previamente y por cuenta de la demandada, en el Royal Bank of Canada en Mayagüez, P. R., el importe de dicha par-tida de azúcar, o sea: la suma de $6,079 y hecha así dicha consigna-ción, la demandada habría de entregar dicho azúcar al demandante por partidas de ciento sesenta sacos por ferrocarril la primera, al reci-bir la orden al efecto de dicho banco, y el resto por carretadas, durante la semana siguiente al día antes expresado.
“Que la condición del previo depósito del valor de dicho azúcar en el indicado banco, habría de ser y era una condición precedente y previa la obligación de entrega de dicha mercadería por la deman-dada al demandante, y fué impuesta y aceptada por la demandada, por encontrarse dicho azúcar afecto y sujeto a un contrato de pigno-ración de la misma con dicho Royal Bank of Canada, en Mayagüez, según el cual contrato la demandada no podía disponer en modo alguno de tal azúcar, sin la previa consignación o depósito de su importe, y autorización al efecto de dicho banco, todo lo cual sabía el deman-dante al llevarse a cabo dichas negociaciones.
“Que el demandante rehusó cumplir y aceptar dicha previa y precedente condición del depósito previo del importe de dicho azú-car y propuso entonces a la demandada, allá por el día 5 de agosto de 1914, que la entrega del azúcar objeto de dichas negociaciones y a que se contrae la demanda, la fuera hecha por la demandada, en un solo día, y que pagaría su importe una vez hecha la entrega de cada partida cuya oferta o proposición no aceptó esta demandada; y alega ahora esta demandada que el demandante no le pagó, ni le ofre-ció pagar, ni le consignó, (tendered) tampoco en las expresadas fechas, la dicha suma importe del azúcar objeto de dichas negociaciones, par-cial ni totalmente, ni en modo alguno, por lo que esta demandada alega que las repetidas negociaciones nunca llegaron a convertirse en con-trato alguno.”

También alegó la demandada y apelada entre otras defen-sas especiales la siguiente:

“Que aun cuando las negociaciones habidas entre el demandante y la demandada, en la expresada fecha, agosto 4 de 1914, constituye-ran un contrato perfeccionado y obligatorio para ambas partes, tal contrato quedó terminado y rescindido por el propio demandante al rehusar éste depositar el importe del azúcar ya mencionado, en la forma que se deja expuesto en esta contestación y al hacer su pro-posición para la entrega del fruto de modo y en fecha distinta a como se había especificado y convenido en el pretendido contrato, en que ■funda esta acción el demandante.”

La corte de distrito con fecha 29 de mayo de 1916, dictó sentencia a favor de la demandada al efecto de que el deman-dante no recobre nada de la demandada por los motivos y 'fundamentos que se alegan en su demanda y desestimó dicha demanda.

El juez sentenciador declaró probados los siguientes he-chos entre otros que fueron establecidos por la prueba, a saber:

“Que allá por el día 4 de agosto de 1914, el. demandante y la de-mandada celebraron un contrato por teléfono, por virtud del cual ésta vendió a aquél 748 sacos de azúcar, central segunda, de un peso de 252 libras cada uno, al precio de $3.22% el quintal cuyo azúcar puso y dejó la demandada inmediatamente a disposición del deman-dante, en el almacén de la factoría, sita ésta en el barrio de Sabanetas de la municipalidad de Mayagüez, cuyo azúcar había de entregarse por la demandada al demandante en la proporción de 160 sacos por ferrocarril tan pronto como la demandada tuviera la orden de entrega del Royal Bank of Canada, Sucursal de Mayagüez, y el resto en el curso de la semana siguiente a la que comprendía dicha fecha de cele-bración de este contrato, y en carros; conviniéndose asimismo por ambas partes, en que el importe de dicho azúcar, o sea la suma de seis mil setenta y nueve dollars, ($6,079) se depositaría previamente por el demandante en el expresado banco, y por cuenta de la deman-dada para poder ésta hacer la entrega del azúcar así vendido.
“Que la demandada, el mismo día, remitió al demandante la fac-tura, que comprendía esta operación, cuyo documento recibió este último al día siguiente.
“Que dicho azúcar estaba, al celebrarse dicho contrato, pigno-rado por la demandada al mencionado banco, por documento privado suscrito ante notario con fecha anterior a la de la celebración de dicho contrato de compraventa, y que la demandada no podía dispo-ner de dicha mercadería sin cubrir previamente su valor o importe en el banco.
“Que el demandante, al día siguiente de celebrado dicho contrato, esto es, el día 5 de agosto de 1914, y sin motivo alguno, para ello, en carta que dirigió a la demandada, notificó a ésta de su inconformi-dad con la condición de pago del precio de la expresada mercadería, en la forma convenida en dicho contrato.
“Que en esta misma carta dicho demandante propuso a la deman-dada que el expresado azúcar le fuere entregado, si ella así lo deseaba, en un solo día, sin decir ni proponer nada en cuanto a la forma en que pagaría su importe.
“Que la demandada no aceptó la nuevaocondición que le propuso el demandante y que se deja relacionada en el hecho anterior.
“Que la demandada, el día 6 de agosto de 1914, comunicó al de-mandante, por carta que le escribió en dicha fecha, que el contrato que se deja relacionado, quedaba terminado y rescindido, lo que le confirmó por carta del día 7 del mismo mes, y que esto lo hizo la demandada por no haber cumplido el demandante con la condición estipulada para el pago.
“Que el demandante no hizo a la demandada oferta alguna de pagarle el importe de dicho azúcar, fijado en su dicho contrato, ni tampoco ofreció consignar ni consignó el mismo, mientras se man-tuvo el expresado contrato en vigor por la demandada.
“Que el día 10 de agosto del repetido año de 1914, después que el demandante había notificado a la demandada su repudiación de la forma de pago y héchole la contraproposición en cuanto a la forma de entrega de la mercadería contratada, fué que dicho demandante intentó consignar en el expresado Royal Bank of Canada, Sucursal de Mayagüez, el precio de dicho azúcar, en la suma que se había con-venido y en-un cheque.”

Examinada cuidadosamente toda la prueba, en manera al-guna podemos estar de acuerdo con la corte sentenciadora en sus conclusiones en cuanto a la naturaleza del contrato original, o dejar de llegar a la conclusión de que el deman-dante y apelante probó claramente las alegaciones sustan-ciales de su demanda citada anteriormente.

Para hacer una exposición completa de todas las circuns-tancias y consideraciones por las cuales nos vemos obligados a resolver que la corte de distrito cometió un error tan mani-fiesto en cuanto ál particular que exige la revocación ele la sentencia, sería preciso examinar minuciosamente toda la prueba lo que liaría demasiado larga esta opinión sin objeto práctico alguno.

Será bastante con expresar que estamos enteramente con-vencidos en vista del examen que liemos heclio de los autos en su totalidad que en la conversación que tuvo lugar por teléfono el día 4 de agosto y que constituyó el verdadero con-trato entre las partes nada se dijo en absoluto de hacer un depósito de dinero como requisito previo de la entrega del azúcar. La conducta del demandante y apelante desde el principio basta el fin de la controversia está perfectamente de acuerdo con el relato que hace de esa conversación, no puede explicarse por ninguna otra teoría, y está enteramente en conflicto y no puede armonizarse con lo que dice la deman-dada y apelada y la teoría que sustenta la corte sentencia-dora. Sin discutir la conducta del agente de la demandada y apelada, o sus móviles, podemos decir que no parece exis-tir motivo concebible por parte del demandante y apelante para la supuesta renuncia de su contrato, o para su negativa a verificar el depósito, si en realidad convino en hacerlo. El había estado ansioso por comprar el azíicar. Había procu-rado cerrar la transacción el día anterior lo que casi tenía conseguido; pero la demandada y apelada tuvo cuidado, soli-citó un plazo de una hora para ratificar el contrato verbal y tardó veinte y cuatro horas en considerar el asunto sin con-firmar el contrato o retirar su intención de aceptar la pro-posición como se le hizo. El día 4 el demandante y apelante, aceptando una oferta hecha en el curso de una conversación por teléfono, convino finalmente en pagar $3.22% por el mismo azúcar que casi había conseguido a $3.15 el día 3. Se con-vino la forma de la entrega y quedó perfeccionado el contrato. El mercado subía el día 4 y siguió subiendo. La demandada y apelada tenía conocimiento al ser escrita su carta de rati-ficación de que las condiciones indicaban un nuevo aumento en los precios. Cada hora que pasaba daba más valor al con-trato para el comprador y proporcionaba mayores desven-tajas al vendedor. El demandante y apelante tuvo con exceso la suma en cuestión sin utilizarla en nada depositada en el mismo banco en que alega la demandada y apelada que el demandante había convenido en depositar el precio de la venta. No hay una explicación racional para su negativa a hacer dicho depósito como no sea la que ha referido, a saber, un verdadero motivo de indignación por lo que él consi-deraba como una imputación gratuita que se reflejaba en su responsabilidad y crédito financiero según se desprendía de la tentativa de mezclar en el asunto una estipulación sobre un depósito como condición previa a la entrega, contenida en la carta de la demandada y apelada ratificando la conver-sación habida por teléfono. Puede ser que el agente de la demandada y apelada hubiera querido incluir la estipulación en el contrato primitivo y creyera que así lo había hecho. Puede que no haya tenido el deseo de eludir o negar su con-trato y que procediera con la mejor buena fe en todo el asunto. Pero como quiera que fuere el caso, no nos cabe duda de que el primer aviso que tuvo el demandante y apelante del pretendido requisito de hacer un depósito del precio de venta era el que aparecía contenido en la carta de la deman-dada y apelada ratificando el contrato hecho por teléfono y después que el contrato de compraventa había sido perfec-cionado.

Se ha discutido mucho el hecho de si el apelante debió haber entregado o depositado el precio del azúcar para colo-carse en condiciones de reclamar. Es cierto que el artículo 1369 del Código Civil, invocado por el apelado, dispone, que “el vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida, si el comprador no le ha pagado el precio,” pero también lo es que dicho precepto legal añade “o no se ha señalado en el contrato un plazo para el pago,” y de la prueba aparece que en el contrato celebrado entre demandante y demandado quedó implícitamente pactado que el precio se pagaría, si-guiendo la costumbre de la plaza, al entregarse la mercan-cía que el demandado debía conducir por su cuenta desde la central al almacén del demandante en la ciudad de Mayagüez, durante la semana siguiente a la de la celebración del contrato, y tal entrega jamás se verificó por la parte demandada. Véase también el artículo 1222 del propio código, que prescribe que “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones «que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden público.”

La demandada y apelada también discute con alguna ex-tensión en su alegato que lo que el demandante y apelante en realidad pretende recobrar son las ganancias que espe-raba obtener, las cuales son demasiado inciertas, remotas y especulativas por su naturaleza para ser consideradas como daños en este caso a falta de prueba de la existencia de un verdadero contrato para la reventa del azúcar y del cual tenía conocimiento la demandada y apelada al hacerse la venta.

Pero el demandante y apelante no alega daños especiales por razón de contratos frustrados sobre reventa, u otras cir-cunstancias excepcionales desconocidas para la demandada y apelada. El demandante y apelante había estado haciendo negocios en Mayagüez por espacio de muchos años, negociando en azúcar y café, habiendo comprado azúcar anteriormente a la demandada y apelada en igual forma y en las mismas con-diciones y términos que en el presente caso, pagando por ella a su recibo, después de pesarla y examinarla. El azú-car de que se trata en este caso era una pequeña porción de la que retenía la misma demandada y apelada en su factoría y almacén en espera de mejores precios, y existe prueba ten-dente a demostrar que por lo menos uno de los motivos para hacer la venta la vendedora era la falta de capacidad de sus almacenes y el deseo de remediar el apiñamiento que existía en el almacén de su factoría, encontrándose ya cargada parte del azúcar así vendida en un carro de carga por falta de espacio adecuado en otro lugar. La negociación misma se basaba en los precios corrientes del mercado de Nueva York como se conocían en esa fecha y la cuestión de la fluctuación de] mercado era ciertamente tomada en cuenta por las par-tes. La prueba en conjunto no ofrece duda de que las partes tenían en cuenta la ganancia o pérdida futura según el alza o baja en los precios del mercado de Nueva York.

“Las razones en que se basa la regla general de excluir las ganan-cias al estimar los daños y perjuicios son, (1) que en la mayoría de los casos dichas ganancias dep'enden demasiado de numerosas y variables contingencias para que puedan constituir una medida positiva y segura en la estimación de los daños y perjuicios; (2) porque tal pérdida de ganancias generalmente es remota y no la consecuencia .directa e inmediata del quebrantamiento del contrato; (3) el con-venio de pagar tal pérdida de ganancias, en casos de incumplimiento en la ejecución, no forma parte del contrato, ni puede decirse por su naturaleza y condiciones que fué tenida en cuenta por las partes. Surgen, sin embargo, casos en que se dice que la pérdida de las ganan-cias ha sido considerada claramente por las partes aun cuando no se ha previsto en las condiciones del contrato, y cuando tales ganan-cias no están sujetas a ser impugnadas por inciertas o remotas. Un ejemplo de esta última clase ocurre cuando el contrato se celebra con el fin, por lo menos en parte, de que la parte pueda dar cumplimiento a un contrato colateral del cual resultan ganancias y de cuya existen-cia informó ésta a la otra parte con anterioridad al otorgamiento del contrato. En tales casos la pérdida de ganancias provenientes del contrato colateral está ciertamente en la mente de las partes y no es remota o especulativa.
“Si un vendedor deja de entregar la propiedad según lo estipu-lado en su contrato, habiendo pagado por ella el comprador queda éste privado del beneficio que le hubiera podido reportar esa venta dé haberse consumado, el cual es una pérdida igual al valor que tenía la propiedad cuando debió haber sido entregada, con intereses a par-tir de esa fecha. Por lo general este valor puede ser probado de un modo cierto. Si no se ha pagado por la propiedad todavía la com-jpensación continúa con respecto al valor y consiste en la diferencia entre el precio del contrato y el valor. De manera, pues, que el com-prador tiene derecho a recobrar tomando en consideración la ventaja ■que hubiera obtenido por la ejecución del contrato, esto es, la ganan-cia que pudo haber recibido por virtud de la negociación. Tiene derecho a una suma igual a la que necesitaría para obtener la pro-piedad de poder sor obtenida. Por otra parte, si un comprador rompe su contrato, la propiedad queda en poder del vendedor; su pérdida fes igual a la diferencia entre el precio del contrato y cualquiera otra pequeña suma que valiese la propiedad cuando el comprador estaba obligado a tomarla y a pagar su importe. La pérdida que sufre es la ganancia que Rubiera obtenido de Raber consumado la venta.”
1 Sutherland sobre Daños, Tercera Edición.
Sección 59, página 187.
“El modo general de reparar los daños y perjuicios por la infrac-ción por parte del vendedor de un contrato de venta es mediante compensación teniendo derecho el comprador a que se le coloque en la misma situación en que hubiera quedado si no hubiera sido por dicha violación. Esto se consigue en una gran mayoría de casos con-cediendo una indemnización por dicho incumplimiento de la diferen-cia entre el precio del contrato y el precio del mercado de la propie-dad vendida en la fecha y lugar de la entrega, o al ocurrir el incum-plimiento.
“El fundamento de esta regla es que al dejar el vendedor de veri-ficar la entrega el comprador puede acudir al mercado en la fecha y lugar de la entrega y adquirir la misma clase de artículos al pre-cio del mercado. Y el efecto por consiguiente no consiste en recobrar las ganancias que pudo haber obtenido el comprador si no hubiera sido por el quebrantamiento del contrato sino simplemente dar al comprador aquéllas a que tenía derecho por virtud de su contrato, y el de colocarle en la misma condición en que trató de colocarse de modo que pueda seguir el curso que pretendió seguirse originalmente y obtener las ganancias que esparaba o realizar el objeto que tuvo presente.”
Nota al caso de Guetzkow Brothers Co. v. Andrews & Co., 52 L. R. A. 209.

En Puerto Rico, la ley misma especifica la ganancia de-jada de obtener como base para la reclamación de daños y perjuicios. La indemnización de daños y perjuicios com-prende, dice el artículo 1073 del Código Civil, no sólo el valor de la pérdida que baya sufrido, sino también el de la ganan-cia que baya dejado de obtener el acreedor.

En el presente caso parece que la demandada y apelada realmente vendió en el mes de agosto grandes cantidades de azúcar a precio de $6.52 incluyendo en ellas, según parece, el lote vendido al demandante y apelante a precio de $3.221/}, Le donde se desprende que ya que se considere la diferen-cia en el precio como daños y perjuicios o como producto de un presunto fideicomiso (resulting trust), la ganancia así obtenida por la demandada y apelada sobre el azúcar del de-mandante y apelante pertenece a éste último y nó a la pri-mera. No estamos dispuestos, por consiguiente, a analizar muy detenidamente qué es lo que puede constituir o nó la medida técnica más adecuada para los daños y perjuicios, sufridos.

La demandada y apelada insiste en que deben ser tasa-dos los daños y perjuicios, de ser tasados, tomando por base la diferencia entre el precio de Nueva York en agosto 4 en que se hizo el contrato y agosto 6 en que la demandada y apelada trató de rescindir el contrato mediante notificación al demandante y apelante. Admitiendo en pro del argumento que el demandante y apelante estaba en el deber de buscar otros contratos con otras personas para aminorar sus daños-sufridos por la violación del contrato por parte de la deman-dada y apelada, la alegación tendría más fuerza si la deman-dada hubiera mostrado en atenuación de los daños y perjui-cios que el demandante pudo haber obtenido la misma can-tidad de azúcar en otra parte de Mayagüez en 6 de agosto a precios de Nueva York rebajando el descuento ordinario, para atender al costo de transportación. A falta de seme-jante constancia nos inclinamos a aceptar las cifras del de-mandante y apelante basadas en los precios de Nueva York al vencer el término dentro de cual la demandada había con-venido en entregar el azúcar, deduciendo el descuento ordi-nario.

No hemos pasado por alto la cuestión levantada por la. demandada y apelada al empezar acerca.de la suficiencia de la demanda, la que entendemos que aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.

La sentencia apelada debe ser revocada y en su lugar dictarse otra a favor del demandante y apelante por la suma especificada en su demanda con intereses sobre la misma a partir del 27 de octubre de 1914, fecha en que se notificó a la demandada la demanda enmendada, hasta su solvento, a razón del 6 por ciento anual, sin. especial condenación de costas.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando con lugar la demanda y ordenando que el demandante obtenga de la demandada la suma reclamada con in-tereses a razón del seis por ciento, con-tados desde la fecha en que se notificó la demanda enmendada, sin especial con-denación de costas.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Sucesión Rosich, Demandante y Apelada, v. Llorens et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1436.
    Resuelto en diciembre 19, 1916.
    Cobro de Dinero — Herederos—Partición de Herencia — Acción por los Here-deros Antes de Hacerse la Partición — DueSus Proindivisos. — Los here-deros debidamente declarados y como sucesores del difunto pueden establecer conjuntamente una acción para el cobro de un erédito de la herencia aun cuando no se hubiere hecho la partición de los bienes, pues se consideran presuntivamente dueños del mismo.
    Id. — Herederos-—Responsabilidad de los Herederos — Derechos del Deudor.— Guando todos los herederos se unen en una acción y cobran un crédito de la herencia quedan -responsables proindiviso para con los acreedores. El derecho de los deudores en este caso queda salvo con el pago a los herederos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: <Sres. Llorens <& Canales.

    La apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda que ha sido sometida a la consideración de este tribunal se aleg’ó snstancialmente que en la partición de bienes que tuvo lugar con motivo del divorcio de Antonio Rosieh y su esposa Oliva .Colón, correspondió al primero una participación de $755, y a su esposa otra de $405, y se supone que ambas participaciones forman un pagaré de $1,100, sus-crito originalmente por Luis Llorens, y otros, que son los demandados, a favor de diclio Antonio Rosieh. Antonio Ro-sich falleció. Su viuda y sus tres hijos fueron debidamente declarados sus herederos, quienes han establecido esta acción en cobro de la referida suma de $1,100 y sus intereses. Los demandados formularon excepción previa a la demanda que fué declarada sin lugar. Presentaron éstos su contestación y establecieron una reconvención a la demanda. Se celebró el juicio de dicho caso y la corte dictó sentencia a favor de los demandantes. El único error que se alega en apelación es el haber sido declarada sin lugar la excepción previa, siendo el fundamento específico de ésta que la demanda no dice quién es ahora el verdadero dueño de dicho crédito de $755. Alegan los apelantes que en la demanda no se ex-presa a quién fué adjudicado el referido crédito, si a la viuda, a uno de los hijos, o a un acreedor. La demanda en lo que respecta al particular dice lo siguiente:

“Que en la partición de bienes que tuvo lugar con motivo del divorcio de Antonio Rosieh y su esposa Oliva Colón, correspondió a ésta una participación de $405 en ese crédito y al señor Rosieh el restante de $755. Más1 tarde falleció el señor Rosieh, en 22 de diciembre de 1913, dejando por únicos herederos a su viuda Oliva Colón, y a sns hijos Margarita, Julio Félix y Clara Rosieh y Colón, según consta en el auto dictado por esta corte de distrito en 29 de enero de 1914, perteneciendo por tanto, a los mismos pro indiviso aquella parte del crédito referido.”

Creemos que los herederos son presuntivamente los due-ños pro indiviso como se alega en la demanda. Los apelantes no están en lo cierto al alegar que este tribunal ha resuelto que es solamente la partición de bienes lo que da el dominio sobre la propiedad del difunto a los herederos. Todo lo que esta corte ha decidido es que antes de establecerse una acción reivindicatoria de determinado bien inmueble, el demandante tiene que estar en posesión del título de diclio bien en particular, pues de no ser así no podría ser ejecutada la sen-tencia. Pero un caso distinto se presenta cuando todos los herederos se unen en una acción. Los herederos representan al difunto, a quien suceden, y si cobran una cantidad por virtud de una acción son responsables pro indiviso para con cualquier acreedor. De manera que los deudores tienen su derecho a salvo pagando a los herederos que han sido decla-rados debidamente como tales y la demanda no puede propia-mente ser atacada por ese fundamento. La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del ToRO,

text:
    Vives, Peticionario y Apelante, v. La Junta de Farmacia, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en un recurso sobre mandamus.

    No. 1504.
    Resuelto en diciembre 21, 1916.
    Farmacia — Junta de Farmacia — Aspirantes a Farmacéuticos — Derecho de 'Propiedad — Diploma de Alta Escuela — Matrículas.—Un aspirante a far-macéutico no llega a adquirir derecho de propiedad alguno a la licencia que le da autoridad para ejercer la profesión en esta Isla, por el hecho de haber sido examinado y aprobado por la Junta de Farmacia de todas las materias exigidas por la ley, cuando al tiempo en que fué matriculado no poseía diploma o documento ereditivo de haber aprobado las asignaturas del curso científico y literario de una alta escuela o de alguna institución igual o análoga de los Estados Unidos o del extranjero que de igual modo exige la ley. La junta en cualquier momento antes de expedir el certificado, puede corregir sus pro-pios yerros e inspirar su resolución última en el estricto cumplimiento de la ley. Véase Monclova v. La Junta de Farmacia, 24 D. P. B. 49.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Rafael Lopes Antongiorgi y Rafael Guillermety.

      Abogados de la apelada: Sres. Hcnvard L. Kern, Attorney-General, y Earle T. Fiddler, Oficial Jurídico.

   El Juez Asociado Sr. del ToRO,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un caso de mandamus, en grado de apela-ción. Jaime Vives, ciudadano de Puerto Rico y vecino de San Juan, archivó una solicitud en la corte de distrito ale-gando que allá por el mes de septiembre de 1913 terminó por completo sus estudios en la carrera de farmacia y fué apro-bado por la junta demandada en todos los cursos exigidos por la ley,- que en enero de 1915 fué requerido oficialmente por medio de escrito firmado por el presidente de la junta para que recogiera su licencia, y que luego, cuando en febrero de 1916 se presentó a recogerla, la junta se negó a entre-gársela privando así al peticionario de un derecho de pro-piedad adquirido al amparo de la ley.

La junta demandada contestó la solicitud admitiendo que el peticionario se examinó y fué aprobado y también reque-rido para que pasara a recoger su licencia, y que si luego se negó a entregarla, se debió a que el peticionario al tiempo en que emprendió sus estudios de farmacia, ni en ningún tiempo después, había pasado con éxito un examen abarcando el curso de las materias científicas y literarias de una alta escuela de la Isla o de alguna institución similar de los Estados Unidos ■o del extranjero. El peticionario admitió que no tenía tales requisitos previos, pero sostuvo que eso no obstante, habiendo sido examinado y aprobado por la junta y por ella requerido en la forma indicada, llegó a adquirir el derecho a obtener su licencia, del cual la junta no pudo privarle sin violar la ley.

La corte de distrito desestimó la solicitud y el peticio-nario apeló para ante este Tribunal Supremo en donde el caso fué ampliamente discutido.

La cuestión no es nueva. Esta corte en el caso de Monclova v. La Junta de Farmacia, 24 D. P. R. 46, hizo un estudio cuidadoso de la ley y estableció la siguiente doctrina:

“La Ley de 8 de marzo de 1906 autorizando la organización de una Junta de Farmacia, según fué enmendada por Ley No. 42 de 10 de marzo de 1910, exige en su sección 7a. que todo aspirante al título de farmacéutico presente, para poder ser matriculado como requisito previo, diploma o documento ereditivo de haber aprobado las asignaturas del curso científico o literario de una alta escuela de la Isla o de una acreditada institución igual o análoga, ya de los listados Unidos, ya del extranjero, a satisfacción de la junta.
“Procede ultra vires la Junta de Farmacia que admite a examen •a un aspirante sin haber éste presentado el diploma o documento expresado en la sección 7 de la ley, y procede correctamente cuando se niega a calificar los exámenes sufridos por un peticionario que no ha llenado aquel requisito, aun cuando haya pagado los derechos de matrícula.
“La intención del legislador fué exigir que los aspirantes al título de farmacia tuviesen ciertos conocimientos antes de comenzar los estudios que acuerda la sección 6a. de la ley, cuyos conocimientos deben adquirirse previamente y no simultáneamente con los de dicha sección, por lo que no pueden admitirse matrículas condicionales.”

Basta aplicar la anterior jurisprudencia a los hechos de este caso, para concluir sin esfuerzo alguno que debe con-firmarse la sentencia apelada.

El demandante no llegó a adquirir derecho de propiedad .alguno a la licencia, porque jamás cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley. T la junta pudo en cualquier momento antes de expedir el certificado corregir sus propios yerros e inspirar su resolución última en el estricto cumpli-miento de la ley. Como dijo la ilustrada corte sentenciadora *‘la actitud adoptada por dicha junta en el día de hoy, no está en armonía con la actitud adoptada en el día de ayer. Ignoramos si existe alguna razón que justifique esta rectifi-cación en los procedimientos; pero el hecho de que la parte demandada haya cometido antes de ahora determinadas irre-gularidades en abierta oposición con los preceptos de ley, no puede obligar a los tribunales de justicia a admitir y sancio-nar estas irregularidades, precisamente en los momentos en que la Junta de Farmacia, volviendo sobre sus pasos, quiere subsanar el error y hacer respetar las disposiciones del esta-tuto. No es posible en casos de esta naturaleza, en que el interés público aparece seriamente afectado, aplicar el pre-cepto legal de que nadie puede ir contra sus propios actos. Este principio de derecho puede aplicarse siempre en las relaciones civiles de unos ciudadanos para con otros; pero-nunca en las relaciones del ciudadano para con el Estado, cuando bay de por medio una cuestión de interés público que se interpone como barrera, en defensa de los derechos de la colectividad. Todo ciudadano tiene el derecho de conocer la ley, y la Junta de Farmacia, así como los alumnos que aspiren a matricularse, no pueden invocar en favor suyo la ignorancia de la ley que regula y prescribe los requisitos que deben cumplirse previamente para que pueda obtenerse la matrícula. El peticionario adopta en este caso la posición de una víctima, según se desprende ele sus alegatos, a quien la Junta de' Farmacia niega hoy un derecho de propiedad sin razones justificadas. Nosotros entendemos que sí se co-metió una irregularidad al admitir a examen al peticionario, en esta irregularidad tuvo tanta participación la Junta de Farmacia como el demandante Jaime Yives. Pretende éste invocar las regias de equidad, olvidando la máxima de que el que se presenta ante una corte acogiéndose a estos principios,, debe traer las manos completamente limpias. ¿Las trae el peticionario? Pues entonces, el presente litigio no tiene ra-zón de ser, desde el momento en que la parte demandada se aviene a expedirle el correspondiente título de farmacéutico,, cuando presente prueba satisfactoria de que ha terminado' con éxito favorable los cursos de alta escuela exigidos por la ley, y que fué debida y legalmente matriculado.”

Debe declararse no haber lugar al recurso y confirmárse-la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.