text:
    Stubbe Brothers, Inc., demandante y apelante, v. J. Agustín Díaz, demandado y apelado. Stubbe Brothers, Inc., demandante y apelada, v. J. Agustín Díaz, demandado y apelante.
    Nos. 5183 y 5184.

    Sometidos: Enero 15, 1931.

      Resueltos: Febrero 3, 1932.

      A. Lastra Gharriez, abogado del Sr. Díaz; E. Rincón y A. Arroyo Rivera, abogados de Stubbe Brothers.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

De la evidencia en este caso no tenemos duda de qne J. Agustín Díaz y Domingo Quintana firmaron un pagaré a favor de Stubbe Bros., Inc., la demandante en este caso. La demandante trata de obligar a J. Agustín Díaz solamente, al pago de la obligación. La corte en realidad resolvió qne la responsabilidad de los dos otorgantes era mancomunada, y que J. Agustín Díaz sólo era responsable de la mitad de la cantidad por que se demandó.

No nos cabe duda de que J. Agustín Díaz compró mer-cancías a la demandante y era originalmente responsable de la totalidad de la suma por la cual se otorgó posteriormente el pagaré.

La demanda alegó un pagaré ordinario qne los dos firmantes suscribieron manifestando simplemente “pagaremos”. Eso era presuntivamente mancomunado, y no solidario y mancomunado. Durante el juicio, sin embargo, la demandante presentó el pagaré que resultó estar interlineado con la frase “solid, y mancomunadamente.”

La demandante presentó prueba tendente a demostrar que esta interlineación fué hecha antes de firmarse el pagaré. Por lo tanto, la demandante solicitó de la corte durante el juicio que permitiera una enmienda a la demanda. La corte no accedió apoyándose en la teoría de que el casono era adecuado para una enmienda que variaría enteramente la causa de acción. Evidentemente, la corte no creyóque la demandante había establecido suficientemente el hecho de que la interpolación se hizo antes de suscribirse el pagaré. Necesariamente si la corte no creyó que lo interpolado era genuino o que se había probado que lo fuera, estuvo justificada al negarse a permitir la enmienda. Cuando la demanda alega una causa de acción mancomunada, la corte tendría alguna razón para dudar de si los cambios se hicieron antes de suscribirse el instrumento, máxime cuando hubo prueba tendente a demostrar que en realidad no fué firmado con la interlineación. La corte, no obstante, basó en parte su fallo en la costumbre de salvar las interpolaciones. Hasta ahora, no hallamos costumbre o ley en ese sentido, excepto cuando se trata de documentos notariales.

La jurisprudencia general es que cuando se hace una in-terlineación, ésta prima, facie no prevalecerá. Desde luego, hay casos en que cuando lo interpolado aparece haber sido claramente hecho por la misma persona entonces tal vez la corte tiene derecho a creer que todo se hizo al mismo tiempo. Las partes siempre tienen derecho a demostrar que la in-terpolación se efectuó antes de firmarse el pagaré. Por su-puesto, nos referimos a cambios materiales, pues los inma-teriales no afectan la validez del instrumento. Según enten-demos, las interlineaciones tampoco han de destruir el efecto del documento, una vez descartadas aquéllas. McMicken v. Beauchamp, 2 La. 291; Wheadon v. Turregano, 112 La. 931, 36 So. 808; 2 C. J. 1231 et seq., secciones 102, 104, 214 y 216.

No ponemos en tela de juicio la declaración de la corte de que, de sn faz, el pagaré no era mancomunado y so- • lidario.

Ello no obstante, creemos que debe revocarse la senten-cia. Hay varias teorías sobre las cuales podría fundarse la actuación de este tribunal. Preferimos, empero, basar nues-tra conclusión en la teoría de que si bien Domingo Quintana firmó el pagaré maneomunadamente con J. Agustín Díaz, sin embargo, en lo que a las partes entre sí respecta, la res-ponsabilidad de Quintana era solamente la de un garantiza-dor. Cuando dos personas suscriben un pagaré, el tenedor del mismo no está obligado a reconocer la relación entre los suscribientes, sino que puede demandarlos a ambos como principales. En este caso se trasluce claramente que Domingo Quintana simplemente firmó el pagaré como fiador, y bajo las circunstancias, la demandante tenía derecho a con-siderar las verdaderas relaciones entre las partes y a optar por demandar a J. Agustín Díaz por el importe total, toda vez que él era primariamente responsable.

Una de las teorías de la demandante es que había dos causas de acción alegadas en la demanda, una por la mercancía vendida y entregada al demandado y la otra por el pagaré; o, en otras palabras, según lo ha expresado la demandante, que la demanda contenía dos narraciones (counts).

Un examen de la demanda nos convence de que ni en forma ni en substancia contenía lo que se conoce como dos narraciones {counts) pero sí contenía una relación de todos los hechos. Lo que se dice en el segundo párrafo respecto a la mercancía podría considerarse como una mera expre-sión del origen de la obligación. Por otra parte, tenemos alguna duda de si cuando no se salda un pagaré no revive la obligación original. Tal vez no había una necesaria in-consistencia en lo concerniente a J. Agustín Díaz, ya fuera demandado por la mercancía vendida y entregada, o por el pagaré, y, desde luego, Domingo Quintana no podría que-jarse porque se desistiera en definitiva del pleito contra él.

No aparece que hubiese una verdadera novación de la obligación original, porque a tenor del artículo 1172 del Có-digo Civil la novación no surge a menos que así se declare o que la vieja y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. No deseamos basar específicamente nuestra opinión en este motivo, porque estos principios no fian sido suficientemente tratados o desarrollados en los alegatos de las partes.

Quizá baya otra teoría ligeramente distinta en que fundar una sentencia total contra J. Agustín Díaz. Si la demandante hubiera entablado pleito y obtenido sentencia contra J. Agustín Díaz y Domingo Quintana, éste tendría una causa de acción contra J. Agustín Díaz. Entonces podríamos preguntarnos si Stubbe Brothers, Inc., no se subrogó en los derechos de Domingo Quintana contra J. Agustín Díaz, y si para impedir una multiplicidad de pleitos pudo haberlo demandado directamente. Este principio lo sugiere el caso de Keller v. Ashford, 133 U. S. 610.

J. Agustín Díaz también apeló de la sentencia y radicó un alegato elaborado, pero no estamos convencidos, a virtud de teoría alguna, de que él pudiera eludir responsabilidad, a causa de imperfecciones en el pagaré o en su manera de presentarlo en el juicio, o con motivo de cualesquiera relaciones entre las partes. No tenemos duda, según hemos consignado, de que J. Agustín Díaz en realidad recibió la mercancía. Si por cualquier motivo el pagaré otorgado por él era nulo, entonces surgiría claramente una causa de acción contra él por la mercancía que los autos demuestran le fué entregada.

Debe modificarse la sentencia apelada en el sentido de condenar al demandado a pagar a la demandante la canti-dad de $4,057.31, importe del pagaré, con intereses al 12 por ciento anual a partir de junio 30,1926; quedando subsistente en todo lo demás.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Manuel Méndez Ríos y Antonia Mújica de Méndez, demandantes y apelados, v. Fulgencio Piñero Rodríguez y Felipa Dávila de Piñero, demandados y apelantes.
    No. 5685.

    Sometido: Enero 11, 1932.

      Resuelto: Febrero 3, 1932.

      F. Piñero y J. Valldejuli, abogados de los apelantes; A. Aponte, abo-gado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se solicita por la parte apelada la desestimación del re-curso interpuesto en este caso porqne “no tiene otro propó-sito que el de demorar los fines de la justicia, careciendo en absoluto de mérito alguno.” La moción se presentó el 11 de diciembre de 1931 y se vió el 11 de enero de 1932 con asistencia e informe de los abogados de ambas partes.

En la moción de desestimación se consigna que basta el 28 de abril de 1931 se estuvieron solicitando prórrogas en la corte sentenciadora para presentar la transcripción de la evi-dencia, prórrogas que le fueron concedidas sin jurisdicción por no haber el apelante optado a tiempo por la dicha trans-cripción en vez de la exposición del caso, y qne ni siquiera dentro de ellas se radicó la transcripción, limitándose el ape-lante a elevar a esta Corte Suprema el legajo de la senten-cia. Y así es en efecto, habiendo quedado radicado el le-gajo desde el 28 de abril último.

Para archivar sn alegato, el apelante solicitó entonces va-rias prórrogas en este tribunal. Dentro de ellas lo presentó el 4 de diciembre de 1931, no siendo hasta el once de ese mes, como dijimos, qne el apelado pidió la desestimación por el motivo indicado.

No hay dnda alguna de que si la corte de distrito actuó sin jurisdicción al conceder las prórrogas para presentar la transcripción de evidencia, había vencido el término para archivar la transcripción en esta corte cuando lo fué, pero como la moción de desestimación se notificó después, dicho archivo constituye una contestación eficaz, de acuerdo con la regla 58 de las de esta Corte Suprema.

Tampoco la hay de que las siete prórrogas de treinta días que se solicitaron para presentar el alegato fueron innecesarias porque examinado el finalmente presentado se concluye que pudo redactarse fácilmente dentro del término reglamentario, sin necesidad de prórroga alguna. Pero ello no es bastante cuando examinado el alegato en relación con la transcripción archivada se encuentra como en este caso que el error señalado no es frívolo y hay base suficiente en los autos para resolverlo.

Bajo esas circunstancias, no creemos que procede la de-sestimación.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Báez, acusado y apelante.
    Nos. 4436 y 4437.

    Sometidos: Enero 12, 1932.

      Resueltos: Febrero 8, 1932.

      Manuel F. Bossy, abogado del acusado; E. Díaz Viera, Fiscal, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El policía Regino Calderón formuló dos denuncias ante la Corte Municipal de Río Piedras contra Manuel Báez im-putándole dos infracciones a la Ley No. 75 para reglamen-tar el uso de vehículos de motor en Puerto Rico, y para otros fines, aprobada el 13 de abril de 1916 (p. 144), una compren-dida en el'artículo 12, letra “e” en relación con la “a”, con-sistente en haber manejado en la noche del 26 de octubre de 1929 y por la carretera No. 25, Barrio Monacillo, término municipal de Río Piedras, un auto-guagua sin ejercer el de-bido cuidado y tomar precauciones razonables para garan-tizar la seguridad de vidas y propiedades dando “alcance con dicho vehículo a la persona de la Srta. María Rivera Ortiz quien marchaba en su misma dirección por la referida carretera, no le dió aviso alguno para que dicha persona se apercibiera de la proximidad del vehículo, y al mismo tiempo el acusado abandonó su derecha en el camino, dando lugar con todas esas faltas de cuidado a que'allí ocurriera un ac-cidente a consecuencia del cual la Srta. María Rivera Ortiz resultó con contusiones y heridas en diferentes partes del cuerpo . . .”, y la otra comprendida en el mismo artículo 12, letra “b”, consistente en que el acusado después de ocu-rrido el accidente no se detuvo a dar su nombre, dirección, número de su licencia, etc., a la persona perjudicada ni a ningún policía u otra persona interesada, dejando a la lesio-nada tirada en la carretera, continuando su marcha sin in-formar después sobre los detalles del accidente a estación al-guna de policía.

El acusado hizo la alegación de no culpable en ambas causas. La corte dictó sentencia en su contra. Apeló y vistas las causas de novo ante la corte de distrito volvió a ser declarado culpable de ambas infracciones imponiéndosele en cada caso una multa de $25. No conforme apeló para ante esta Corte Suprema y en sus alegatos sostiene que la prueba no demuestra que fuera él el que guiara el auto-guagua en el momento de ocurrir el accidente, ni que la guagua que dijeron conocer el policía denunciante y otro testigo fuera la que atropellara realmente a María Ortiz. Sostiene ade-más que no se demostró que el accidente ocurriera a virtud de su negligencia al guiar el auto-guagua.

Hemos examinado la prueba y a nuestro juicio es suficiente.

El artículo 12 de la Ley de Automóviles, letras “a”, “e” y “b”, dice:

“Artículo 12. — (a) Las personas que manejen vehículos de motor en los caminos públicos, deberán, en todo tiempo, ejercer el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar la seguri-dad de vidas y propiedades.
“ (a) Cuando se dé alcance a otro vehículo o persona siempre de-berá darse aviso, y la persona o vehículo de menor velocidad deberá echarse hacia la derecha, tanto como le fuere posible, y el vehículo que dé alcance pasará siempre por su izquierda.
“(Z>) En caso de accidente ocurrido a una persona o propiedad, debido al funcionamiento de un vehículo de motor, la persona que manejare dicho vehículo deberá detenerse a dar su nombre, dirección y el número de su licencia a la persona perjudicada o a cualquier policía u otra persona interesada; y si no fuere el dueño del vehículo, dará también el nombre y dirección del dueño. También deberá eo-municar los detalles de tal accidente a la estación de policía más próxima. En caso de lesión personal, el automóvil que fuere cau-sante de aquélla llevará a la persona o personas lesionadas al hospital, si así lo solicitaren, o a la residencia de dichas personas, si estuviere en la población más cercana, en cualquier dirección, del sitio del accidente; y, si éste no fuere el caso, entonces dicha persona o personas serán conducidas a cualquiera de las dos poblaciones que solicitaren. ’ ’

Y la evidencia, tal como aparece de la exposición del caso preparada por el propio acusado, es como sigue:

“1. Declaración del policía Regino Calderón, mayor de edad y ve-cino de Guaynabo, declara que el 26 de noviembre del año 1929, es-taba en la carretera que conduce a Guaynabo, en el barrio Monaci-llos de Río Piedras, a las nueve y media de la noche cuando vió venir la guagua de transporte de leche número 923, que iba hacia Guaynabo, a una velocidad exagerada, averiguando después que la dirigía Manuel Báez y en el momento en que pasaba la guagua oyó un grito de ‘lo mató’ entonces fué hacia abajo y encontró a la mu-chacha María Rivera estropeada, según la información de los testi-gos. La mandó en un truck a Río Piedras y tenía una fractura y un golpe.
“A preguntas del Abogado contesta: que la guagua llevaba una linterna de gas e iba bastante ligero y nada más sabe.
“2. Declaración de María Rivera Ortiz, es vecina de Guaynabo, dedicada a oficios domésticos; el 26 de noviembre último, iba con su mamá por la carretera bajando por casa del señor Agosto, y vió que iba un vehículo con las luces medio apagadas, que iba con direc-ción a Guaynabo, a una velocidad ligera; su madre iba delante y ella detrás; y la guagua se acercó hacia la declarante desviándose y le dió en el pecho y en la pierna y la dejó tirada en el suelo y se fué yendo ligero; entonces dos primos que bajaban con la declarante la recogieron y la condujeron al Hospital Municipal; conoce la guagua porque pasaba todos los días a buscar leche.
“A preguntas del Abogado contesta: que iba por la carretera con sus dos primos juntos, ellos delante y la declarante detrás, y les avisó que tuvieran cuidado, porque la guagua iba medio apagada, en dirección a Guaynabo, por su derecha, pero como iba medio apa-gada se desvió y tiró a la declarante en la carretera; no puede saber cómo es que la cogió a ella, y no cogió a sus dos primos, porque ella era la última que iba detrás, y la guagua se desvió mucho por-que la declarante y sus primos iban por el lado del paseo y no sabe por qué se desvió la guagua; vió venir la guagua y se guare-ció porque estaba parada en el paseo de la carretera, y la cogió a su derecha estando cerca de la cuneta; estuvo veinte días en el hospital y durante quince días no se sentía bien.
“3. Declaración de Juan Coto, es carpintero y vive en Monaci-llo; el 26 de octubre del año pasado, estaba en la carretera que conduce a Guaynabo, pasaron por su lado tres jóvenes, y al poco rato, subía la guagua del señor Eossy y al cruzar con ella sintió un golpe y los gritos que decían: ‘atájenla que la mató’. El decla-rante se encontraba a la parte delantera de la guagua, e hizo señal de parada, pero no obedeció y siguió viaje, entonces fue a prestar auxilio a la persona y la levantaron del suelo y era la señora Ortiz. Dice que la guagua era del señor Eossy, porque cuando pasó la co-noció, y no sabe cuál era el chauffeur que la guiaba porque casi no llevaba luz; iba a bastante velocidad, después de ocurrido el caso, y no tocó bocina, y la persona arrollada se llama María Ortiz.
“A preguntas del Abogado contesta: que no vió que la guagua cogiera a María, pero sí sintió un golpe; cuando la guagua iba de-lante del declarante, iba ligero y llevaba luces como para ver la carretera.
“A preguntas del señor Juez dice, que la guagua llevaba una lucesita, pero. no para alumbrar la carretera. ’ ’

Es cierto que sólo un testigo, el policía, dijo que el que guiaba la guagua era el acusado Manuel Báez y que eso lo averiguó después, pero lo es también que tal manifestación fué hecha sin objeción por parte del acusado, y así perma-neció en el récord.

En el caso de El Pueblo v. Asencio, 16 D.P.R. 355, este tribunal decidió que “es un principio de derecho, que cual-quier testimonio probatorio puede ser considerado por la corte, si no se presenta objeción alguna a la admisión del mismo. El derecho de objeción se considera renunciado si no se ejercita. La doctrina anterior ‘es una aplicación de la máxima consensus tollit errorem.”

Sobre la identificación de la guagua la prueba es completa.

A los efectos de una de las infracciones, la de la letra “b” no era necesaria prueba alguna de negligencia. Sí lo era con respecto a la otra. Se demostró que el hecho ocurrió en una carretera pública, que el acusado conducía el vehículo a una velocidad exagerada con las luces medio apagadas o con una luz manifiestamente insuficiente y que al dar alcance a una persona que iba también por el paseo de la carretera en su misma dirección, se desvió dándole en el pecho y en una pierna, ocasionándole heridas que la obligaron a permanecer veinte días en el hospital. La prueba es bastante a nuestro juicio.

Deben declararse sin lugar ambos recursos y confirmarse las sentencias apeladas.


text:
    Manuel Martorell, demandante y apelante, v. Crédito y Ahorro Ponceño, demandado y apelado.
    No. 5094.

    Resuelto: Febrero 9, 1932.

      B. Rivera Zayas, y F. Rodriguez Alverio, abogados del apelante; Miguel Marcos Morales, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 21 de julio último se dictó sentencia por esta Corte Suprema en este caso, revocando la apelada en lo qne se re-fería a la validez del procedimiento ejecutivo hipotecario de que se trata, y devolviendo el pleito para ulteriores proce-dimientos a la Corte de Distrito de su origen en cuanto a la reclamación de daños y perjuicios. La opinión de la corte fué emitida por su Juez Asociado Sr. Texidor.

El demandado y apelado Crédito y Ahorro Ponceño ha presentado dos mociones de reconsideración. Sostiene en primer lugar que dos cuestiones que levantara, a saber: que esta Corte Suprema carecía de jurisdicción por no figurar en los autos la sentencia apelada y que la demanda no adu-cía hechos suficientes para determinar una causa de acción, dejaron de ser consideradas por esta corte no obstante el gran énfasis que puso al levantarlas en su alegato.

El hecho de que todas las cuestiones que se discutan por las partes en sus alegatos no lo sean en la opinión del tribunal, no quiere decir necesariamente que el tribunal haya dejado de considerarlas. Al contrario, la presunción es que las consideró y no las creyó con mérito bastante para referirse a ellas en su opinión. De otra suerte las opiniones de la corte serían demasiado largas sin beneficio alguno para la causa de la justicia ni para la jurisprudencia. Esto no quiere decir que la presunción no pueda destruirse. Si en algún caso el tribunal hubiera dejado de considerar en verdad alguna cuestión fundamental, estaría listo siempre para subsanar la omisión en cuanto se le llamara debidamente la atención sobre ello.

Examinados los autos, encontramos que existe copia de la sentencia. No sólo figura la relación del caso y opinión de que habla el apelado, a las páginas 42 a 56 del legajo de la sentencia, y que termina “Regístrese una sentencia de conformidad en el libro correspondiente de la corte’-’, si que en la página siguiente figura la sentencia misma, fir-mada por el juez y certificada por el secretario y a continua-ción la copia de su notificación a la parte perjudicada. Es cierto que en vez del “Regístrese” que aparece en la sen-tencia, debió decirse “Registrada”, pero el documento sepa-rado habla de modo tan elocuente por sí.mismo, que permite asegurar la existencia independiente de la sentencia recu-rrida.

En cuanto a la excepción, es cierto que a ella no se re-fiere expresamente la opinión de esta corte, pero lo es tam-bién que quedó implícitamente resuelta en ella. La admi-sión a que se refiere la apelada con tanta insistencia, no existe. Una simple lectura de la demanda permite concluir que nada admitió el demandante en su hecho tercero, pues en él se estaba refiriendo al escrito inicial del procedimiento hipotecario seguido contra él por el demandado y cuya nuli-dad solicitaba. Sus alegaciones en cuanto a la totalidad de los abonos que en realidad según él había hecho y que redu-cían la deuda a $200, se encuentran en el hecho catorce de la demanda y no contradicen afirmación alguna del propio demandante.

Las otras cuestiones que se levantan en la primera mo-ción de reconsideración aparecen explícita o implícitamente consideradas en la opinión y resueltas por la sentencia de este tribunal.

La nueva cuestión levantada en la segunda moción de reconsideración, o sea, la de que esta corte no adquirió jurisdicción por no haberse notificado el escrito de apelación a la codemandada Margarita Rodríguez viuda de Carmona, carece de mérito, porque según la constancia que aparece a las páginas 61 y 62 del legajo de la sentencia se hizo tal notificación, de acuerdo con la ley. Carrión v. Lawton, ante pág. 53. La notificación a Juan Torres Vázquez no era necesaria por no ser parte en el pleito.

La moción de reconsideración debe ser declarada sin lugar.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Solís, acusado y apelante.
    No. 4661.

    Sometido: Febrero 2, 1932.

      Resuelto: Febrero 9, 1932.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; E. Díaz Viera, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio Solís fué convicto, primero, en una corte municipal, y posteriormente, luego de un juicio de novo, en la corte de distrito, de una infracción a las secciones 54 y 55 de la Ley de Rentas Internas, Leyes de 1925, páginas 585 y 621.

Los beclios alegados en la denuncia demuestran una venta de cigarros a los que no se les fijaron sellos de rentas inter-nas. Esos becbos habrían sostenido una condena bajo la sec-ción 50 de la ley, si al acusado se le hubiera imputado una infracción de esa sección. No revelan que se baya infringido la sección 54, ni la 55. No estamos dispuestos a modificar la sentencia de forma que especifique una infracción de la sección 50, en vez de las 54 y 55. Véanse los casos de El Pueblo v. Rodriguez, 10 D.P.R. 1, y El Pueblo v. Mayagües Sugar Co., 37 D.P.R. 112.

Bebe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opi-nión.


text:
    Antonia Fortis Estrella, Ermelindo, Tomás, Isabel, Adelina, María Josefa y Juan María Escalera Santiago y Edelmiro Martínez Rivera, recurrentes v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    No. 853.

    Sometido: Julio 18, 1931.

      Resuelto: Febrero 10, 1932.

      Edelmiro Martínez Rivera, abogado de los recurrentes; el registra-dor recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Cuarenta y cuatro personas, hijos, nietos y biznietos de doña Josefa Estrella y Torres, tramitaron un expediente de dominio y en él obtuvieron que se les declarara dueños a tí-tulo de herencia intestada de una finca sita en el término municipal de Orocovis que fué de doña Josefa.

Presentada la declaratoria para su inscripción en el re-gistro de la propiedad correspondiente, el registrador la ve-rificó, pero con el defecto subsanable de no expresarse en la misma ni en la de herederos que se acompañó, la fecha del fallecimiento de los ascendientes a quienes representaban en la sucesión de la Señora Estrella sus nietos y biznietos, cuyo defecto sería insubsanable si resultare que dichos ascendien-tes fallecieron después de Doña Josefa, porque en tal caso no existiría el derecho de representación, y porque tendría que acreditarse entonces el pago del impuesto o la exención de pago del impuesto sobre las respectivas herencias o sucesio-nes.

No conformes con la nota, los promoventes recurrieron para ante este tribunal que la revocó por entender que el registrador no tenía facultades para calificar la justicia o el error de la resolución judicial cuya inscripción se le pedía, y la declaratoria de dominio quedó inscrita sin defecto al-guno en el registro. Sucesión Estrella v. Registrador de Ponce, 41 D.P.R. 756.

Así las cosas, las cuarenta y cuatro personas de referen-cia procedieron a dividir materialmente la finca de que se les declaró dueños, titulando la división “partición de los bienes dejados a su óbito por Josefa Estrella”, y presen-tándola para su inscripción en el registro. El registrador negó la inscripción solicitada en cuanto a las fincas 11, 1, 7 y 12, por no haber consentido en la división el partícipe Arturo Santiago Fortis; por no constar que estuvieran debi-damente representados varios menores de edad, y porque ex-cediendo de $200 varias participaciones, no se acreditaba el pago o la exención del pago de la contribución sobre heren-cia que fija la ley.

Los interesados acudieron de nuevo al registro presen-tando la declaratoria de herederos de Arturo Santiago For-tis, una certificación del Secretario de la Corte de Distrito de Ponce relativa a la representación de los menores que concurrieron a la partición y una certificación del Tesorero de Puerto Rico de la cual resulta que la notificación de de-función de Doña Josefa Estrella hecha el Io de febrero de 1931 fué devuelta por dicho funcionario sin haberse tomado en consideración, por la razón de que dicha causante falleció en el año 1894 y la ley sobre contribución de herencia em-pezó a regir en enero de 1901. El registrador se negó a con-vertir la anotación preventiva en definitiva “porque a pesar de los documentos relacionados . . . subsiste el tercer mo-tivo que impidió la inscripción, porque la supradicha certifi-cación del Sub-Tesorero de Puerto Rico, no acredita el pago ni la exención de pago del impuesto sobre la herencia de María Socorro Fortis, María Camila Fortis, y Francisca For-tis y Estrella, y María del Carmen Fortis Rivera; y sub-siste también lo expresado en la negativa respecto a la cuota del viudo de dicha María Socorro Fortis; y del de María Camila Fortis; del de Severiana Fortis, y del de María del Carmen Fortis Rivera.”

Los interesados entonces interpusieron el presente recurso gubernativo. Sostienen en su alegato que este caso quedó resuelto por el de la Sucesión de Josefa Estrella v. Registrador de Ponce, supra. Contesta el registrador que él no está calificando ahora una resolución judicial, sino el informe del contador partidor.

Un estudio detenido de todos los hechos envueltos y de la ley aplicable nos lleva a concluir que en estricto derecho, quizá es el verdadero el criterio que sustenta el registrador. Pero habiendo quedado como quedó inscrita la finca de que se trata en común y pro indiviso a favor de los herederos de doña Josefa sin defecto alguno a virtud de la resolución de esta Corte en el repetido caso de Sucesión Estrella v. Registrador de Ponce, supra, esos herederos tienen perfecto de-recho a dividirla materialmente entre sí, y no otra cosa hi-cieron en la partición cuya inscripción negó en parte el re-gistrador.

La diferencia de criterio entre los recurrentes y el regis-trador consiste en que los primeros sostienen que aquí se trata únicamente de la herencia de' doña Josefa fallecida en 1894, declarada directamente a favor de sus hijos, nietos y biznietos, por la Corte de Distrito de Ponce en 1929, y el úl-timo insiste en que eso no pudo hacerse porque entre los de-clarados herederos hay algunos que no pueden serlo por de-recho de representación. Pero el hecho cierto es que bien o mal, lo fueron, y que la resolución judicial que así lo declaró sirvió de base al expediente de dominio que con ella adjunta quedó inscrito definitivamente en el registro sin los defectos que había apuntado el registrador. Y hace aun más fuerte el caso de los recurrentes la actitud adoptada por el propio Tesorero de Puerto Rico al aceptar que se trata de la tras-misión de una herencia de fecha 4 de noviembre de 1894.

Parece oportuno agregar, examinado el caso de Fortis v. Fortis, 25 D.P.R. 69, citado por el propio registrador, que tal vez la realidad en este caso sea que los inmediatos ante-cesores de los recurrentes no disfrutaron de la herencia de la Sra. Estrella que pasó a los mismos de hecho directamente.

Por virtud de todo lo expuesto, debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscripción solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

text:
    La O Flores Salazar, demandante y apelado, v. Angel Arroyo Rivera, María Aurora Estrada Espinet, demandados y apelados, y Juan Rivera Gutiérrez y Augusto Malaret, Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, demandados y apelantes.
    No. 5195.

    Sometido: Febrero 6, 1931.

      Resuelto: Febrero 10, 1932.

      Luis Llorens Torres, abogado de los apelantes; B. Rivera, Zayas, abo-gado del demandante apelado; E. Rincón Plumey, abogado de los demandados apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La O Flores Salazar entabló una demanda contra Angel Arroyo Rivera y su esposa María Aurora Estrada Espinet y contra Juana Rivera Gutiérrez, sobre nulidad de escritura de compraventa y de su asiento de presentación en el Re-gistro de la Propiedad. Dentro del pleito radicó una soli-citud de injunction pendente lite incluyendo como deman-dado al registrador de la propiedad del distrito correspon-diente. Se libró una orden para mostrar causa. Los de-mandados comparecieron y mostraron las razones que a su juicio existían para que no se librara el injunction, y la corte, basándose en los artículos 1376 del Código Civil, 282 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil y 36 y 38 de la Ley Hipoteca-ria, y en' la jurisprudencia que cita expresamente, concedió el injunction preliminar solicitado, previa prestación de $1,200 de fianza, a virtud del cual se prohibió a los demandados la inscripción en el registro de la escritura cuya nulidad se so-licita, mientras el pleito se resolvía y hasta nueva orden de la corte.

Lo que sucedió fué que Angel Arroyo y su esposa adqui-rieron una finca que ya estaba hipotecada. La deuda hipo-tecaria no fué satisfecha. El acreedor instituyó procedi-miento ejecutivo, compró la finca y posteriormente la ven-dió a La O Plores Salazar, demandante en este caso.

En el ínterin los demandados Angel Arroyo y su esposa vendieron la finca hipotecada a Juana Rivera Gutiérrez. La escritura de venta fué presentada en el registro de la pro-piedad por dicho Angel Arroyo. En el momento de esta presentación las escrituras a La O Flores Salazar y a su supuesto predecesor no habían sido presentadas o inscritas.

Los apelantes alegan que la corte de distrito no tenía de-recho a ordenar al registrador que se abstuviera de hacer la inscripción. Originalmente nos sentimos inclinados a opi-nar qne el registrador no era una persona que podía ser lle-vada a la corte en un procedimiento de injunction. El no tiene verdadero interés en el litigio. No damos demasiado énfasis al artículo 4 de la Ley de Injunction, que dispone:

“No podrá otorgarse un injunction:
< < * * * * * m #
“3. Para impedir el cumplimiento de un estatuto público por funcionarios de la ley, en beneficio del público.”

Sin embargo, el artículo 28 de la Ley Hipotecaria dispone más particularmente como sigue:

“Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta debe producir, la fecha del asiento de presentación, que deberá constar en la inscripción misma.”

Por tanto, la presentación de un documento equivale a su inscripción para todos los efectos que ésta tenga derecho a producir. Si llegando al registro primeramente, Juana Elver a adquirió un título bajo el artículo 1376 del Código Civil, tal título dataría desde la presentación, y no desde que efec-tivamente se hizo la inscripción, del documento. Es una cues-tión de derechos superiores la que tiene que considerar el registrador, o quizá la corte. Tratándose de una cuestión de derechos, conforme ha sido reseñada por el artículo 1376 del Código Civil, una parte no puede adquirir mayor dere-cho o título demorando la inscripción en el registro de la propiedad. En otras palabras, los derechos del presentante no dependen de que efectivamente se haga la inscripción, sino de la presentación del documento en el registro.

También se ha sugerido ahora que la venta en ejecución de hipoteca no fué debidamente efectuada o que existe la po-sibilidad de que ésta no fuera bien hecha, y que en tal caso ellos tenían derechos en el remanente (equity) de la finca, es decir, en aquella parte que no estaba necesariamente com-prendida por el importe de la hipoteca. Es evidente que de conformidad con la Ley Hipotecaria y con otras leyes, si una venta en ejecución de hipoteca no es efectuada en de-bida forma, el deudor tiene derecho a anularla. Si la venta en ejecución de hipoteca no fue llevada a cabo en debida forma, necesariamente el deudor tenía algunos derechos o interés en la finca. Algo en este sentido se desprende evi-dentemente de nuestra opinión en el caso de Anaud viuda de Blanco v. Martínes, 40 D.P.R. 669.

El juez que suscribe tiene algunas dudas respecto a si debe hacerse al registrador parte en esta clase de litigio, pero la corte considera innecesario decidir la cuestión.

Debe revocarse la resolución apelada y a/imlarse el “injunction’

OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR DEL TORO

No estoy conforme con la revocación de la orden apelada. Creo que la corte usó bien de su discreción al conceder el injunction preliminar, previa prestación de una fianza de mil doscientos dólares, atendidas todas las circunstancias concu-rrentes. ' 32 C. J. 29.

Sostiene la apelante que la corte erró al decretar el injunction sin que la demanda ni solicitud aduzcan hechos bas-tantes para determinar una causa de acción contra Juana Rivera; al no aplicar la sección 4 dé la Ley de Injunction en relación con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria; al no apli-car la máxima prior in tempore potior in jure; al descono-cer la condición de tercero que concurre en la compradora Juana Rivera, y al no aplicar los preceptos del artículo 1376 del Código relativos a la doble venta.

El hecho décimo de la demanda dice:

“Décimo: Que el demandado Angel Arroyo Rivera, con el con-sentimiento de su esposa, la codemandada María Aurora Estrada y Espinet, a sabiendas de que ya no era' dueño ni tenía ningún interés ni derecho en las fincas marcadas con las letras a, b y e. y que se habían extinguido los créditos que afectaban a las fincas marcadas con las letras “d” y “e”, maliciosamente, con la intención de defrau-dar al demandante y afectar el título y el derecho de propiedad que le corresponde al demandante sobre las fincas descritas, otorgó con fecba 23 de septiembre de 1929, en Mayag'íiez, ante el Notario Benjamín J. Horton, una escritura de compraventa en virtud de la cual procedió a vender a la codemandada Juana Rivera y Gutiérrez las fincas descritas bajo las letras a, ó y o y los créditos hipotecarios mencionados, que gravitaban sobre-las marcadas con las letras “el” y “e”, habiendo el propio señor Arroyo presentado dicha escritura al Registro de la Propiedad de San Juan y con respecto a la cual solamente se ha practicado hasta la fecha el asiento de presentación. ’ ’

En la solicitud de injunction preliminar se reproducen los hechos de la demanda y se alega:

‘‘ Quinto: Que de llevarse a cabo la inscripción de dicha escri-tura se privará al demandante de los derechos inherentes al título de dominio que tiene sobre dichas fincas, adquirirá la demandada Juana Rivera y Gutiérrez derechos en el Registro en perjuicio del deman-dante, quien estará expuesto a una multiplicidad de procedimientos judiciales y a daños irreparables como dueño en pleno dominio de las referidas fincas, siendo insolventes los demandados Arroyo y su esposa.
“Sexto: Que para evitar que se consuma la inscripción de la referida escritura en el Registro de la Propiedad de San Juan, mientras se resuelve en definitiva este pleito, el demandante no tiene otro recurso rápido y adecuado en el curso ordinario de la ley y los demandados Angel Arroyo Rivera y su esposa María Aurora Estrada y Espinet y doña Juana Rivera y Gutiérrez, procederán a inscribir definitivamente a nombre de ésta dicha escritura y el Re-gistrador la inscribirá, a menos que por esta Hon. Corte se expida un auto de injunction interlocutorio.”

Realmente no se imputa en la demanda complicidad al-guna a la demandada Juana Rivera en el acto que se atri-buye a los otros demandados Arroyo Rivera y su esposa. Pero esta circunstancia que con tanto énfasis invoca la parte apelante, es precisamente la que llevó a la parte demandante a solicitar el injunction a fin de obtener una sentencia válida también contra Juana Rivera. Si la escritura de venta se lograba inscribir en el registro a favor de Juana Rivera, ésta, de acuerdo con el artículo 1376 del Códi'go Civil, quedaría convertida en la verdadera dueña; y a impedir la inserip-eión antes de decidirse el pleito sobre nulidad, se dirigió el injunction:

Se trata de un caso de doble venta de bienes inmuebles en el que la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la baya inscrito en el registro, según la disposición legal ci-tada, y en el que de no existir inscripción pertenecerá a quien de buena fe sea primero en la posesión. No' debe olvidarse que en la demanda se alega que el demandante no sólo es dueño si que también está en la posesión material de los in-muebles de que se trata. La demanda y la solicitud son su-ficientes.

Sostiene la parte apelante que no es aplicable a este caso el artículo 282 del Código de Enjuiciamiento Civil. Su ar-gumento lio nos convence de que no lo sea. Dice el artículo:

“Artículo 282: — Cualquiera persona puede promover una acción contra otra que reclama, mi derecho o participación en propiedad real que fuere opuesto a dicha acción para el efecto de que se re-suelva la contradicción entre ambas.”

Aquí los esposos Arroyo vendieron a Juana Rivera las fincas de que se trata y la compradora por medio del propio vendedor solicitó la inscripción de la escritura en el registro. No cabe duda pues que Juana Rivera se encontraba en el momento en que iba a perfeccionar su derecho cuando inter-vino el demandante alegando que es él el verdadero dueño de las casas vendidas a Juana Rivera por los Arroyo. Se trata claramente de reclamaciones opuestas sobre la misma pro-piedad real, habiéndose iniciado el pleito por la persona que está eíi posesión como dueño.

De Ruling Case Law tomamos la siguiente cita ilustrativa del origen y alcance de esta acción que introdujo en nuestro sistema ele enjuiciamiento civil el código de 1904.

“En muchos estados se han aprobado estatutos que amplían gran-demente la jurisdicción de las cortes en acciones sobre evicción y saneamientos y generalmente permiten que se instituyan procedimien-tos para determinar cualquier reclamación adversa, interés o partici-pación en terrenos. . .
“El objeto ele los estatutos que proveen lo necesario para la de-terminación de reclamaciones adversas sobre bienes inmuebles gene-ralmente es proporcionar una manera fácil y expedita de determinar el título de los mismos. Se obtiene este resultado ampliando la facultad de la corte para determinar reclamaciones adversas sobre bienes inmuebles y para determinar el título de los mismos en aque-llos casos en que de acuerdo con las reglas estrictas de una corte de equidad no podría entablarse un litigio sobre evicción y sanea-miento; y en algunas jurisdicciones, para que una persona pueda —esté o no en posesión cíe la finca y posea el título legal o en equi-dad — incoar un procedimiento contra otra persona que alega tener participación en bienes inmuebles en oposición a ella. La acción para determinar reclamaciones adversas, no obstante ser estatutoria, es sustancialmente una en equidad, y a no ser que el estatuto dis-ponga lo contrario, todas .las reglas ordinarias que rigen los pleitos en equidad para determinar el título de bienes inmuebles son apli-cables a tal acción, incluyendo la regla relativa a las partes que es necesario acumular a fin de obligar posibles intereses envueltos.” 5 R.C.L. 643, 644.

La última parte de la cita indica que dentro de la acción puede recurrirse al procedimiento de injunction, como se hizo en este caso, y resuelve la contención suscitada por el regis-trador al comparecer para mostrar causa en la corte de dis-trito y levantada como error en esta Corte Suprema por Juana Eivera.

Es cierto que de acuerdo con la ley (Sección 1357 Estatu-tos Revisados de 1911) no se podrá otorgar un injunction “para impedir el cumplimiento de un estatuto público por funcionarios de la ley, en beneficio del publico”, pero ése no es aquí el caso, 3m que se trata de una controversia puramente entre partes.

También es cierto que la ley fija medios para anotar re-clamaciones judiciales en el registro y que otorga recursos contra las notas de los registradores, pero la verdad es que la evitación de la multiplicidad de los procedimientos que puedan surgir luego, se consigue mejor impidiendo a tiempo que la inscripción se verifique. Aquí el injunction se conce-dió mediante fianza suficiente para cubrir cualquier perjuicio que se ocasione al demandado.

Con respecto a la no aplicación de la máxima “prior.in tempore potior in jure” y al no reconocimiento de la condi-ción de tercero de la demandada Juana Rivera por parte de la corte, son cuestiones que van a los méritos del caso. No puede negarse que con conocimiento o sin conocimiento de los antecedentes, la demandada intervino en el contrato, cuya nulidad se solicita. Tampoco puede negarse que aunque tiene una gran fuerza el asiento de presentación en nuestro sistema hipotecario, el artículo 1376 del Código Civil exige la inscrip-ción del inmueble en el registro para resolver el mejor de-recho en casos de doble venta y aquí la inscripción no se ha-bía verificado.

Al ■ presentarse los documentos, se asientan en la forma que la ley prescribe, y es ese asiento el que determina el mo-mento del ingreso de cada título en el registro y con él el de aquél en que el derecho se hace público, pero es la inscrip-ción, como dice Morell, la que representa la expresión de un derecho real eficaz contra terceras personas, la que supone algo permanente, duradero, que públicamente manifiesta a todos el sujeto de un derecho, el objeto determinado del mismo, su extensión y sus condiciones, y lo manifiesta sobre la base de un título previamente calificado, y, por tanto, con todos los caracteres de legalidad y seguridad necesarios, para que ante todo tercero aparezca ser ese derecho la única ver-dad en cuantas relaciones jurídicas motive el objeto a que la inscripción se refiera. 2 Morell, Legislación Hipotecaria, 4.

Para un estudio mayor de estas cuestiones véanse: Mo- • rell, Legislación Hipotecaria, vol. 2, págs. 3, 4 y 11, y vol. 5, pág. 231 y Barrachina, “Derecho Hipotecario y Notarial,” vol. 1, pág. 163 y siguientes.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la orden apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Marcial Rivera, demandante y apelado, v. Romualdo Zavala, demandado y apelante. Camilo Rivera, demandante y apelado, v. Romualdo Zavala, demandado y apelante.
    Nos. 5026, 5137 y 5027, 5136.

    Sometidos: Mayo 21, 1931.

      Resueltos: Febrero 12, 1932.

      Tous Soto & Zapater, abogados del apelante; R. Arjona, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Contra el apelante Romualdo J. Zavala se siguieron dos pleitos en la Corte de Distrito de Ponce en los qne interpuso apelación contra las resoluciones que le negaron la conce-sión de nn nuevo juicio y contra las sentencias condenato-rias. Fueron resueltos en el tribunal inferior mediante una sola opinión aunque dictándose sentencias separadas en cada uno de ellos y lo mismo Paremos nosotros, pues las cuatro apelaciones fueron oídas conjuntamente mediante un alegato común para todas.

Una persona que entró' en la botica del apelante Romualdo J. Zavala le hurtó un reloj de oro con leontina de igual metal mientras el boticario buscaba un preparado medicinal que aquélla le pidió en compra. Esa persona fué acusada y con-denada por dicho hurto pero las prendas' sustraídas no fue-ron recuperadas y por esto fué publicada en el peiúódico “El Día” de Ponce una carta dirigida a Mr. Me Manus, jefe de la detective. Tal carta, que no está suscrita por el deman-dado sino por otra persona, Esteban López, la consideró Mar-cial Rivera, Guardia de la Policía Insular, injuriosa para él y presentó demanda contra Zavala alegando que Esteban Ló-pez la escribió y publicó actuando como agente del deman-dado y solicitó ser indemnizado en la cantidad de $5,000. También en la demanda se alegó como segunda causa de ac-ción que el demandado dijo en cierta ocasión y ante varias personas palabras que el demandante estima calumniosas para él y solicitó ser indemnizado por ellas en cantidad de $3,000. ■

Camilo Rivera, comerciante de Peñuelas y hermano de Marcial Rivera, estimando que la publicación de la carta en el periódico y las palabras a que se refiere la demanda de Marcial son también injuriosas y calumniosas para él de-mandó a Zavala alegando las mismas dos causas de acción y solicitó como indemnización iguales cantidades que el otro demandante.

Las dos demandas fueron enmendadas en el juicio, con la oposición del demandado, después de haber presentado los actores todas sus pruebas. El demandado solicitó del tribunal que dictase sentencia declarando sin lugar ambas deman-das por no ser suficiente la prueba presentada .para dictar las sentencias condenatorias interesadas. El tribunal inferior negó esa solicitud y habiendo rehusado el demandado presentar prueba fueron dictadas sentencias condenando al demandado a pagar a Marcial Rivera como indemnización la cantidad de $1,200 y a Camilo Rivera por igual concepto la de $500.

•Casi todos los motivos de error alegados por el apelante para que revoquemos esas sentencias se refieren a la cansa de acción por libelo, pues dedica pocos párrafos a la acción por calumnia, pero por el estudio que liemos hecho de los autos y por la conclusión a que llegamos nos bastará consi-derar el motivo que se refiere a la insuficiencia de la- prueba de-los demandantes.

Como hemos dicho antes y conviene recordar ahora, la carta publicada en el periódico "El Día” que los demandantes estiman libelosa para ellos no está suscrita por el demandado Zavala sino por Esteban López, que fué el único testigo presentado en el juicio por los demandantes para relacionar al demandado con la publicación de la carta. Ese testigo, que no fué contradicho, dijo en el juicio que era entonces reportero del periódico "El Día” y que él redactó la carta con informes que tomó del rumor público y con otros que le suministró Zavala a quien fué a interrogar y que después que escribió la carta la entregó en el periódico para su publicación y no la sometió a la aprobación de Zavala. Respecto de ese testigo dijo el tribunal en la opinión que escribió para fundar sus sentencias lo siguiente:

“Para el demandado no podía pasar desapercibido, a menos que fuera ciego, y no se ha probado que lo fuera, la calaña del ‘agente de abogados’ y ‘periodista’ Esteban López, tipo rastrero por su fi-gura, por su manera de mirar y por su manera de expresarse, un ver-dadero tipo despreciable, según, pudo apreciar la corte al "tenerlo ante sí. y así desea hacerlo constar expresamente en esta opinión. In-comprensible, realmente, que un periódico serio publique nada que pudiera ser escrito y llevado a sus ..columnas por un hombre como ése. Pero se publicó..”

Y en otra parte de ella dice así:

“Aparte de que la profesión de repórter de Esteban López no ha sido probada, sino por su propia declaración, y ya la corte ha expresado su opinión sobre dicho Esteban López. ...”

Entendemos que la declaración de Esteban López no es suficiente para estimar que el apelante es responsable de las manifestaciones que contiene la carta que aquél redactó y pu-blicó con su nombre en el periódico “El Día”, pues no ha-biendo creído el tribunal inferior que dicho testigo fuera un reportero del expresado periódico y que después de escrita por él la carta no la sometió a la aprobación del apelante, sin que hubiera prueba en contrario en que puedan apoyarse esas conclusiones del tribunal sentenciador, éste debió po-ner en duda el resto de su declaración y mirarla con des-confianza como dispone el artículo 162 de la Ley de Eviden-cia en sus párrafos tercero y cuarto y no basar una condena en ese solo testimonio, con mayor motivo dado el ruin con-cepto que al tribunal inferior mereció tal testigo. ¿Cómo pueden razonablemente fundarse las sentencias condenatorias en la sola declaración de un testigo tan despreciable, según el juicio que de él formó el tribunal inferior? Si es un hombre de las condiciones que dijo el tribunal inferior no debió darle crédito alguno. La declaración hecha por el tribunal a quo de haber cometido libelo el apelante no puede ser sos-tenida.

Con respecto a la causa de acción alegada por calumnia, el tribunal inferior declaró que los demandantes probaron satisfactoriamente con la declaración de tres testigos, no contradichos, que mientras el demandado viajaba en una “guagua”, al preguntarle una persona si había recuperado su reloj manifestó “que dicha prenda no aparecería porque en ese asunto estaban envueltos Marcial Rivera y su hermano Camilo Rivera, y mientras no se apretara al demandante Marcial no se averiguaría nada.”

El apelante no ataca esa conclusión de la corte pero dice que tales palabras no son constitutivas de calumnia.'

La ley de 19 de febrero de 1902 autorizando pleitos .civi-les por daños y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia dice en su sección tercera que se entiende por calumnia la publicación falsa o ilegal, que no sea un libelo, y que impute a una persona la comisión de un becho constitutivo de delito, o tienda directamente a perjudicarla con relación a su cargo, profesión, comercio o negocios, o que como consecuencia natural, le cause daños reales y efectivos.

Las palabras pronunciadas por el apelante no imputan a los apelados la comisión de un lieclio constitutivo de delito ni son de tal naturaleza que tiendan directamente a perjudicar a los apelados en relación con sus cargos, profesión, comer-cio o negocios o que como consecuencia de ellas les baya cau-sado daños reales y efectivos. No se presentó prueba al-guna de daños.

Las sentencias apeladas deben ser, revocadas.


text:
    Rafael Carrión, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 862.

    Sometido: Febrero 10, 1932.

    Resuelto: Febrero 15, 1932.

      R. Ontrón Lastra, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el registro de la pro-piedad de Oaguas la escritura de venta judicial otorgada por el márshal de la Corte de Distrito de Humacao a favor de Rafael Carrión, el registrador se negó a ello por medio de la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del presente documento, que es la es-critura No. 33 de fecha 23 de noviembre de 1931, otorgada en Hu-macao ante el Notario Rafael Cintrón Lastra, por observarse que en la ejecución de la hipoteca y venta en pública subasta no se ha seguido el procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nú-mero 69 aprobada por nuestra Legislatura el día 2 de mayo de 1931; . .

No conforme Carrión, interpuso el presente recurso gu-bernativo.. Sostiene que no puede darse efecto retroactivo a la Ley No. 69 . de 1931. El registrador alega que puede, porque se trata de un precepto de carácter procesal vigente al tiempo de verificarse la venta cuya inscripción se solicita.

La cuestión envuelta es de gran importancia, porque su resolución marcará el procedimiento a seguir en gran nú-mero de casos que deben encontrarse en las mismas condi-ciones.

Parece conveniente aclarar mejor los becbos. Son así; Don Nicasio Pérez y su esposa reconocieron adeudar a Juan Sixto Marcano cierta suma de dinero y en garantía de su pago hipotecaron una finca rústica que tenían en el barrio de Beatriz del término municipal de Caguas. El contrato se ve-rificó el 8 de octubre de 1927, por escritura pública que se inscribió en el registro. Más tarde, en 19 de jimio de 1931, el acreedor bipotecario cedió sus derechos a Rafael Carrión quien, vencida la deuda, demandó su cobro por el procedi-miento sumario bipotecario que instó en la Corte de Distrito de Humacao. Admitido el procedimiento, y vencido el tér-mino del requerimiento al deudor sin que la deuda fuera pa-gada, la corte, el 17 de octubre de 1931, ordenó al secretario que expidiera mandamiento al márshal para la ejecución de la hipoteca. El mandamiento se expidió; se anunció por el márshal la venta de la finca hipotecada y se vendió en efecto el 18 de noviembre de 1931, de acuerdo con la Ley de 9 de marzo de 1905, al mejor postor, que lo fué el propio acreedor hipotecario. El 23 del propio mes de noviembre, el márshal otorgó la correspondiente escritura de venta judicial que fué' la que se llevó al registro y causó la nota que dejamos transcrita.

Vigente como estaba a la feolia del otorgamiento de la es-critura de hipoteca la dicha Ley de 9 de marzo de 1905 re-lativa a las sentencias y manera de satisfacerlas, no había qne consignar el precio en qne tasaban la finca los contra-tantes. A este respecto recientemente dijo esta corte por medio de su Juez Asociado Sr. Wolf, en el caso de Jordán v. Registrador de Utuado, 43 D.P.R. 19, lo qne signe:

“La Ley Hipotecaria de 14 de julio de 1893 disponía en su artículo 127 lo siguiente:
“ ‘En la escritura de hipoteca se hará constar el precio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo a la única subasta que se debe celebrar, en el caso de qne, vencido el plazo del préstamo no conste en el Registro de la Propiedad el pago de dicho préstamo.’
“En varias decisiones de este tribunal, Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Registrador, 23 D.P.R. 507; Cintrón et al. v. Banco Territorial y Agrícola, 15 D.P.R. 507; Giménez et al. v. Brenes, 10 D.P.R. 128, se ha resuelto que la ley de marzo 9, 1905, que alteró la forma de ejecutar las hipotecas, hizo que la expresión del valor de la finca, conforme lo exigía la sección 127 de la Ley Hipotecaria, careciera de fin o necesidad prácticos. Por tanto, por lo menos hasta el l9 de mayo de 1931, era innecesario expresar el valor de la propiedad al otorgarse una escritura de hipoteca.
“El recurrente sostiene que la Ley No. 69 no podía tener efecto-retroactivo y por tanto que no era aplicable a un notario que otor-gara una escritura en julio 11, 1931. El registrador sostiene que la disposición del artículo 127 de la Ley Hipotecaria nunca fué en rea-lidad abrogada y que la Ley No. 69 siendo solamente una disposi-ción adjetiva podía revivir definitivamente el artículo 127 de la Ley Hipotecaria aun respecto a escrituras otorgadas con anterioridad al 30 de julio de 1931.
“Creemos que el registrador está equivocado. Las leyes son prospectivas. La ley de 1905 estuvo en vigor hasta el 30 de julio de 1931. Con anterioridad a dicha fecha las partes celebraban sus contratos de acuerdo con la ley existente y con su forma de ejecu-ción. La ley de 1905 no fué derogada con respecto a escrituras otor-gadas antes de empezar a regir la Ley No. 69.”

Y siendo ello así, no vemos qne pueda exigirse que la su-basta se verifique con arreglo a nn justiprecio que no había la obligación de hacer y qne en verdad no se hizo.

La Ley No. 69, de 1931, debe interpretarse en su inte-gridad. Restablece el artículo 127 de la Ley Hipotecaria que fija un método completo de ejecución que arranca desde el otorgamiento de la escritura. Dice:

“Lev para enmendar el artículo 127 de la Ley Hipotecaria vi-gente, y para otros fines.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Bico:
“Artículo 1. — El artículo 127 de la Ley Hipotecaria vigente queda enmendado en la forma siguiente:
“ ‘Artículo 127. — En la escritura de hipoteca se hará constar . el precio en que tasan la finca los contratantes, para que sirva de tipo a la primera subasta que se debe celebrar, en el caso de que, vencido el plazo del préstamo, no conste en el registro de propiedad el pago de dicho préstamo.
“ ‘Si no produjere remate ni adjudicación la primera subasta, en la segunda que se celebrare servirán de tipo, las dos terceras partes del precio en que hayan tasado la finca los contratantes, pero cuando esas dos terceras partes no excedieren de la cuantía de las respon-sabilidades preferentes, esa cuantía señalará el mínimo de las pos-turas admisibles.
“ ‘¡Si tampoco hubiere remate ni adjudicación en la segunda su-basta, regirá como tipo en las otras subastas que pudieran celebrarse el valor total a que ascienden los créditos preferentes.’
“Artículo 2. — Las disposiciones de la Ley de 9 de marzo de 1905, relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas, en cuanto se opongan a los preceptos del artículo 127 de la Ley Hipotecaria, se-gvm queda enmendado por el artículo anterior, y toda otra ley, o parte de ley, que esté en contradicción con la presente, quedan de-rogadas.
“Artículo 3. — Esta Ley empezará a regir a los noventa días des-pués de su aprobación.
“Aprobada en 2 de mayo de 1931.’’

Sólo, pues, es de exigirse que se siga en la ejecución el procedimiento fijado en el artículo 127 cuando se trata de hi-potecas que deban-otorgarse de acuerdo con lo ordenado en la propia Ley, esto es, de documentos contentivos de con-tratos celebrados a partir del. 31 de julio, 1931 en qne em-pezó a regir la repetida ley. Y ése no es aquí el caso.

El caso de Henna, et al. v. Saurí y Subirá, 22 D.P.R. 836 en que parece basar su criterio, el registrador, no tiene el al-cance que le atribuye, porque en él se tuvo en cuenta que el artículo 175 del Reglamento Hipotecario disponía “que los acreedores que tuvieran inscrito su derecho con anterioridad a la vigencia de la ley podrían optar por el procedimiento su-mario que ella establecía, pero qué cuando los títulos de sus créditos no expresasen la conformidad del deudor con un precio determinado para la subasta, habrían de acreditar ésta, consignada en documento público, o pedir el justipre-cio, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, para pre-parar el anuncio de la subasta”, (22 D.P.R. 849) y aquí no se optó por el nuevo procedimiento.

Debe revocarse la nota recurrida y ordenarse la inscrip-ción solicitada.


text:
    Rafaela Blanchero, demandante y apelada, v. Miguel Rosado, finado, hoy su Sucesión, compuesta de su Viuda Eusebia Bayron y de su única heredera María C. Rosado, demandada y apelada.
    No. 5525.

    Sometido: Febrero 2, 1932.

      Resuelto: Febrero 15, 1932.

      A. Arroyo, abogado de la apelante; F. H. F. Dottm, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Rafaela Blanchero, viuda de Lebrón demandó en la Corte Municipal de San Juan, Sección 1% a Miguel Rosado. Alegó haberle subarrendado una parte de un solar que tiene arren-dado, por el canon de dos dólares mensuales, y que el de-mandado le debía veinte y dos cánones o sea $44. Solicitó sentencia en la siguiente forma:

. suplica que en su día y previo los trámites de ley declare con lngar esta demanda y en su virtud condene al demandado a pagar a la demandante la suma de $44.00 adeudada basta el día 30 de enero de 1929, las demás mensualidades que se venzan a razón de $2.00 mensuales desde esa fecha y basta que sea totalmente solven-tada la deuda y condene además al demandado a pagar las costas y gastos de este procedimiento.”

Contestó el demandado aceptando que debía los $44 de cánones que la demandante le reclamaba, pero alegó que por haberle la demandante cerrado el paso al pedazo de solar que le había arrendado le ocasionó perjuicios por valor de $304 y en su consecuencia pidió sentencia a sn favor por $260.

Fue el pleito a juicio y la corte municipal lo falló decla-rando la demanda con lugar, y sin lugar la reconvención. Apeló el demandado para ante la corte del distrito. En el juicio la parte demandante no presentó prueba. Descansó en la admisión del demandado. Este, para probar su recon-vención, presentó su propia declaración y las de Antonio Velez Medina, Justo Hernández y Dionisio Negrón.

El demandado refirió que con motivo de un tubo que co-locó la demandante se originó un disgusto y ella le cerró el paso por lo cual los inquilinos que habitaban su casa se fue-ron, permaneciendo el paso cerrado diez y nueve meses per-diendo de alquileres $304. Vélez Medina dijo que conocía la casa que el demandado edificó en el patio de la demandante; también la salida de esa casa por el costado de la de la de-mandante a la calle de Cerra, que fué cerrada desde marzo de 1927 basta noviembre de 1928; que había inquilinos en la casa del demandado en marzo de 1927, que no sabe cuánto pagaban y que la casa no se alquiló hasta noviembre, 1928. Es carpintero del demandado. Hernández dijo que fué con el demandado a ver su casa porque se le habían mudado los inquilinos por haberle tapado la salida, allá por marzo de 1927, permaneciendo cerrada hasta noviembre, no dice el año. Negrón manifestó que por abril de 1928 fué a alquilar la casa y no. lo hizo porque no tenía salida. La parte demandante repreguntó ampliamente a los testigos del contrademandante, pero no presentó prueba alguna para contradecir sus testi-monios.

Sometido el caso al juez de distrito, lo falló en igual sen-tido queda corte municipal, esto es, declarando la demanda con lugar y sin lugar la reconvención. Se expresó así:

“El día 21 de febrero comparecieron las partes para ser oídas en- el juicio de novo, toda vez que este pleito procede en apelación de la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera. Comparecie-ron las partes por sus abogados, practicaron una extensa prueba, y de ella resulta que la Corte considera probadas las alegaciones todas de la demanda, sin que le satisfaga la prueba que el demandado aduce para sostener sus alegaciones de defensa como contrademanda. Cree la Corte que la demandante ha probado que dió en subarrenda-miento al demandado una parcela de terreno por el cambio de $2.00 mensuales, y que este demandado le adeuda los cánones correspon-dientes, desde el día 30 de marzo hasta la fecha, a razón de $2.00 mensuales. No cree en forma alguna la. Corte, que la demandante haya cerrado o impedido al demandado el paso a la finca que tiene construida en el solar subarrendado por la demandante, ni que de existir tal cierre o interrupción al paso, éste haya necesitado 22 meses para destruir tal estorbo. La prueba, a nuestro juicio, es bas-tante clara y, en su consecuencia, dicta sentencia la Corte, conde-nando al demandado a pagar a la demandante la cantidad de $44.00 que reclama como cánones de arrendamiento correspondientes desde el día 30 de marzo de 1927 hasta el 30 de enero de 1929, y los demás que se hayan devengado hasta que sea totalmente satisfecha esta sentencia, más las costas y gastos de este procedimiento; asi-mismo la Corte declara sin lugar la reconvención que alega el de-mandado, y ordena y decreta que una vez firme esta sentencia, se remita copia certificada de la misma a la Corte Municipal de San Juan, Sección Primera, para su cumplimiento.”

El demandado apeló entonces para ante esta Corte Suprema. En su alegato señala la comisión de dos errores que analizaremos una vez que dispongamos de una cuestión de jurisdicción que levanta la parte apelada en su alegato, a saber: que solicitándose por el demandado una sentencia de sólo $260 no obstante reclamar $304 por daños y perjuicios, debe entenderse que la cuantía es inferior a $300 y por tanto que no existe apelación para ante este Tribunal Supremo.

No estamos conformes. Si se acepta la contrademanda a los efectos de fijar la cuantía envuelta en el litigio, entonces ha3r que reconocer que aunque el demandado y contrademan-dante admitiera que debía $44 y por ello pidiera sólo un fallo por $260, es lo cierto que alegó $304 como los verdade-ros perjuicios que se le habían causado. Véase el caso de Horace Waters Co. v. Portilla, 42 D.P.R. 950.

El primero de los errores que levanta el apelante lo titula de jurisdicción. Sostiene que reclamándose en la demanda no sólo $44 por los cánones vencidos sino el pago de los cánones que se venzan hasta que se ejecute la sentencia firme que pueda algún día llegar a obtener la demandante, si dichos cánones llegaran a pasar de $100, dado el procedimiento escogido para reclamar por la pr.opia demandante, o yea la Ley No. 10 clo 1921 estableciendo juicios especiales en las cortes municipales de Puerto Eico y para otros fines, carecería de jurisdicción la corte de distrito.

En primer lugar la parte demandada contrademandante y apelante está impedida de invocar la dicha Ley No. 10 de 1921, porque al establecer su contrademanda reclamando $304 por daños y perjuicios, ella misma sacó el pleito del círculo estrecho del procedimiento que fija la repetida Ley No. 10 de 1921 y lo colocó en el más amplio de los juicios ordina-rios que se tramitan ante las cortes municipales cuya cuan-tía se extiende hasta $500.

En el caso de Modesto Rosa v. La Corte de Distrito de San Juan, 38 D.P.R. 597, decidió esta corte que “cuando por virtud de una contrademanda — en acción de acuerdo con la Ley No. 30 de 1921 (pág\ 113) — se reclama una cantidad superior a $100, el caso queda fuera de la especialidad de dicha ley y no es necesario que los autos originales de la corte municipal se radiquen en el tribunal dentro de cinco días de interpuesta la apelación contra la sentencia.”

Oreemos que no es posible reclamar como se reclamó en este caso las rentas que pudieran vencerse después de entablada la demanda y aun de dictada sentencia favorable al demandante y por tanto que no pudo dictarse una sentencia válida en tal sentido, pero a nuestro juicio no se trata de una cuestión de jurisdicción.

En la demanda se alegan simplemente los hechos que de-muestran la deuda de $44 reclamada. Es en la súplica que se pide la sentencia en la forma a que acabamos de referir-nos. Impugnada la súplica, la sentencia pudo y debió dic-tarse concediendo sólo los $44. No se hizo así. La corte fué más lejos de lo que debía, pero su sentencia puede ser modificada por esta corte hasta reducirla a sus propios lí-mites.

El otro error señalado levanta una cuestión muy interesante. Se sostiene por él que la corte de distrito proce-dio con parcialidad manifiesta al apreciar la prueba del con-trademandante. Dice el alegato:

“El demandante no presentó prueba alguna ni para contradecir la res litis, ni siquiera para impugnar la veracidad de los testigos. No hubo prueba de que alguno de los testigos hubiera sido previa-mente condenado por perjurio. Tampoco dice el juez en su opinión que los testigos, en la silla testifical se produjeran en forma dubi-tativa, ya por sus ademanes o gestos en la expresión facial, mientras declaraban que les llegara a convencer de que no estaban diciendo la verdad.”

Seguidamente pregunta:

“¿Puede un juez caprichosamente dejar de creer a dos o más testigos sin que se contradigan en sus testimonios, y sin que su re-putación en cuanto a su veracidad haya sido tachada por la parte contraria, y sin que la materia objeto del interrogatorio sea neee-sariamen te increíbl e f ”

Y contesta en la negativa basándose en las siguientes au-toridades :

“ ‘Cuando un testigo desinteresado, que no ha sido en forma al-guna desacreditado por otra prueba, testifica respecto de un hecho que está dentro del conocimiento de dicho testigo, cuyo testimonio no es en sí mismo improbable o increíble o en conflicto con alguna otra prueba, ese testigo debe ser creído y los hechos así testificados de-ben ser tomados corno legalmente establecidos. Y que además, cuando no existe más que una pura sospecha de falsedad, el jurado no está autorizado para descartar el testimonio de ese testjgo, y tal eviden-cia justificaría a una corte a instruir al jurado que traiga un vere-dicto conforme al testimonio de ese testigo. ’ Skillern v. Baker, (Ark.), 100 S. W. 764; 12 Ann. Cas. 243 & note; St. Louis etc. R. Co. v. Ramsey, (Ark.), 131 S. W. 44; Ann. Cas. 1912B, 383; In re Miller, (Ore.), 90 Pac. 1002; 14 Ann. Cas. 277; Brown v. Petersen, (District of Columbia), 25 App. Cas. (D.C.) 359; 4 Ann. Cas. 980 & note; 10 R.C.L. 1006, par. 194.”

Opinamos que un juez no está obligado a creer el testi-monio de uno o más testigos siempré que las circunstancias concurrentes lo obliguen en conciencia a llegar a esa conclu-sión. Por supuesto, que uo puede actuar caprichosamente. Hemos dicho a conciencia.

No hay duda alguna que hubiéramos quedado más satisfe-chos en este caso si el juez de distrito hubiera sido más ex-plícito en su opinión. Pero no puede sostenerse que dejara de expresar en absoluto el porqué de su conclusión. Es cierto que la demandante no contradijo el testimonio positivo de los testigos del demandado. Se limitó a .contrainterrogar. Con su actitud se expuso a perder su caso. Quizá la línea de con-ducta que adoptara se debiera a la impresión que a ella misma le produjeran los testigos y a su confianza en el juzgador. Bajo esas circunstancias, aunque con algunas dudas, no nos sentimos inclinados a revocar la sentencia.

En tal virtud.y de acuerdo con lo que anteriormente ex-presamos, debe dicha sentencia modificarse en el sentido de eliminar de ella las palabras: “los demás cánones de alqui-ler que se venzan a razón de dos dólares mensuales desde enero 30 de 1929, hasta que sea totalmente solventada la deuda”, y así •modificada, confirmarse.


text:
    Miguel Morales, demandante y apelante, v. William A. Chabert, Silverio Castrillo Rosario y Manuel Sebrián de Lasalde, demandados y apelados.
    No. 4989.

    Sometido: Abril 2, 1930.

      Resuelto: Febrero 16, 1932.

      Feliú <& Lacosta, abogados del apelante; L. Llorens Torres y Samuel B. Quiñones, abogados de los apelados.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

William A. Oliabert contrató con el municipio de Carolina la construcción de un acueducto y para el fiel cumpli-miento de ese contrato otorgó en unión de otras dos perso-nas una fianza a favor del municipio en la cual se consignó que pagaría prontamente a -las personas que le suministrasen materiales para el acueducto y la mano de obra.

, Pasado el tiempo dentro del cual debía terminar la cons-trucción, Miguel Morales demandó judicialmente al contra-tista y a sus fiadores para que le pagasen el valor de mate-riales que alega suministró al contratista y que fueron em-pleados en dicha obra, sin que su precio le haya sido pagado. Alegaron los dos fiadores demandados como excepción pre-via a la demanda que no aduce causa de acción en cuanto a ellos dos, que fué sostenida por la corte de distrito fundán-dose en nuestra decisión en el caso del Municipio de Fajardo contra Axtmayer y otros, 31 D.P.R. 823, y en el caso en él citado de Uy Tam & Uy Yet contra Leonard, Jurisprudencia Filipina tomo 30, página 493. Dictada sentencia absolutoria en cuanto a esos dos demandados, fué interpuesta esta apelación.

En el caso de Axtmayer, supra, un proveedor de materiales al contratista de una obra del municipio de Fajardo demandó en unión del segundo al contratista y a sus fiadores, que habían firmado una fianza en términos idénticos a los del caso presente, y este Tribunal Supremo revocó la sentencia condenatoria que contra ellos se había dictado, en-tre otros motivos porque no existía relación contractual en-tre el vendedor de los materiales y los fiadores, habiendo te-nido en cuenta el artículo 1224 de nuestro Código Civil y particularmente su segundo párrafo; artículo en que se con-signa la regla general de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a éstos cuando los derechos y obligaciones no sean transmisibles .por su naturaleza, por pacto o por disposición de la ley; disponiendo su segundo párrafo que si el contrato contuviese alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada.

En el caso de Filipinas, citado en el de Axtmayer, exis-tía una fianza similar a la otorgada en este caso y en el de Axtmayer, y los proveedores de materiales, que habían no-tificado previamente al contratista y a sus fiadores que Ha-bían aceptado las condiciones de la fianza en lo relativo a los que habían de suministrar el material, demandaron su pago del contratista y de sus fiadores, y dicho Tribunal Supremo después de hacer un extenso y cuidadoso estudio del precepto del artículo 1257 de su Código Civil, igual al de Es-paña de donde procede aquella legislación y la nuestra, que está contenido en el artículo 1224 de nuestro Código Civil, y de examinar sus antecedentes históricos, las opiniones de va-rios comentaristas, entre ellos la de Manresa y Scaevola, así como la jurisprudencia estadual de los Estados Unidos, llegó a la conclusión de que una cláusula en una fianza de contra-tistas, otorgada solamente a favor de un municipio y que tiene por condición el pago de todo el trabajo y material, no puede interpretarse como una estipulación pow autrm, que puedan invocar los que han de suministrar el material: que la falta de palabras adecuadas que expresen que la fianza se otorga también en favor de los que han de suministrar el material demuestra que no hubo intención clara por parte de los contratantes de estipular en favor de aquéllos: y que el hacer semejante interpretación de la fianza equivaldría igualmente a hacer caso omiso del artículo 1827 del Código Civil (igual al nuestro 1728) que exige que la fianza sea ex-presa y prohíbe que se extienda a más de lo contenido en ella.

Dice el apelante que una sentencia de 30 de junio de 1920 del Tribunal Supremo de España, Jurisprudencia Civil, tomo .150, página 761, dictada después que la de Filipinas y antes que la de Axtmayer, ha resuelto reclamación de con-tratistas en sentido contrario a aquellas decisiones, pero esto no es así. Dicha sentencia no se funda en el segundo apar-tado del artículo 1257 de su Código Civil (nuestro 1224), pues la demanda no fue establecida contra fiadores sino contra el contratista y los dueños de la obra; y fundándose en el ar-tículo 1597 del mismo texto legal (igual al 1500 nuestro) se-gún el cual los- que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación, confirmó la sentencia que condenó ai contratista a pagar las cantidades reclama-das y subsidiariamente a los dueños de la obra por lo que adeudaren a aquél.

Este pleito se rige por el Código Civil y no por el Código Político, como pretende el apelante al citar el artículo 426 del mismo, pues en ese precepto no se dice que los que suministren materiales ó trabajo para las obras públicas tendrán derecho a cobrar de los fiadores.

Como cuestión distinta y adicional diremos que la única fianza otorgada en este caso lo fué días antes de que el con-trato de construcción que trataba de garantizar fuese firmado, esto es sin que existiera la obligación principal que trataba de garantizar, por cuyo motivo es nula.

Confirmada.

El Juez Asociado Señor Hutchison disintió.


text:
    Ernesto D. Reyes y Arturo Bravo, demandantes y apelados, v. Las Monjas Racing Corporation y sus directores Germánico S. Belaval, Fausto E. Arandes, Pedro L. Rodríguez, Ramón Llovet Jr., Mario S. Belaval y Jaime Sifre Jr., demandada y apelante.
    No. 5267.

    Sometido: Febrero 10, 1932.

      Resuelto: Febrero 16, 1932.

      Féliú & La Costa, abogados de la apelante; G. de la Haba, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda original en este caso está fechada el 23 de julio de 1929. Se solicitó un decreto ordenando a la corpo-ración demandada se abstenga de realizar ciertos actos de conformidad con una ley que empezó a regir el 25 de julio del citado año. La parte de la ley que se ataca como incons-titucional fue derogada por otra ley que empezó a regir en septiembre 30 del aludido año. Se libró un injunction pre-liminar. El caso fué sometido en septiembre 9 a la corte de distrito mediante una estipulación de hechos, y resuelto en noviembre 19. El juez de distrito entonces resolvió en efecto que la disposición en cuestión era inconstitucional y que el injunction preliminar había sido expedido en debida forma, pero que la realización de futuros actos bajo una disposición legal que había dejado de existir no podía impedirse mediante injunction. Por tanto declaró sin lugar el recurso y anuló el injunction preliminar librado, sin especial pronunciamiento de costas.

La demandada apela de esa sentencia.

En el caso de Las Monjas Racing Corporation v. Corte de Distrito, 40 D.P.R. 294, este tribunal dijo" que la cuestión relativa a los derechos de esa corporación bajo la disposición derogada era en su mayor parte académica. En Reges v. Las Monjas Racing Corporation, 40 D.P.R. 910, esta corte prácticamente aprobó la actuación del juez de distrito al declarar sin lugar el recurso, pero resolvió que la apelación no era frívola en lo que a la cuestión de costas se refería. En dicho caso se sugirió que podría haber alguna duda respecto a si los demandantes debieron haber anticipado el resultado de su procedimiento, en la teoría de que la ley posterior empezaría a regir antes de poderse obtener un decreto final.

Según revela el alegato de los apelados, existe un vasto campo para divergencia de opinión respecto a la constitucionalidad de la disposición estatutoria por ellos atacada, que el juez de distrito declaró inconstitucional. No estamos preparados para -decir que los demandantes no tuvieran razón para creer en el momento en que instituyeron su procedimiento, que no pudiera obtenerse una decisión final antes de la fecha en que la ley posterior entraría en vigor. No hallamos abuso de discreción de parte del juez de distrito al negarse a conceder las costas a la demandada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Enrique Campos del Toro, demandante y apelado v. Ofelia Collazo Viuda de Sotorra, Guillermo y Juliana Collazo, Carmen Cleofe y Umberto Martínez y Tulio Villanueva, demandados y apelantes.
    No. 5949.

    Sometido: Febrero 15, 1932.

      Resuelto: Febrero 17, 1932.

      A. Beyes Delgado, abogado de las apelantes; E. Campos del Toro por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado solicita la desestimación del presente recurso por frívolo.

Los apelantes eran los demandados en un procedimiento de desahucio en precario. Su defensá principal fué un ata-que colateral al título del demandante. Este Labia adqui-rido la finca en controversia como acreedor a cuyo favor se dictó una sentencia y como comprador en una subasta.

La teoría de los apelantes es que la subasta fué nula toda vez que había pendiente un recurso de apelación contra la sentencia en que se libró la ejecución. El escrito de apela-ción contra dicha sentencia fué radicado más de treinta días después que el secretario archivó copia de la notificación de tal sentencia. Los apelantes se fundan en el artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil.

De acuerdo con los términos de la sección 2 de una ley aprobada el 9 de marzo de 1911 (leyes de ese año, pág. 226, Estatutos Devisados 5338) el término dentro del cual puede instituirse una apelación comienza desde la fecha en que el secretario archiva en los autos copia de la notificación de la sentencia y no desde la fecha en qne se notificó tal senten-cia. El artícnlo 322 es por tanto inaplicable.

Empero, los apelantes dicen también qne la casa en cues-tión no fné identificada durante el juicio como la ocupada por los demandados. La demanda no estaba jurada. La con-testación contenía una negación general. La sentencia con-cedía las costas al demandante. No tenemos ante nos la prueba aducida durante el juicio. En el estado en que el asunto se encuentra actualmente no estamos preparados para decir que deba permitirse que subsista la sentencia, inclu-yendo el pronunciamiento de costas.

Debe declamarse sin lugar la moción.


text:
    De la Torre & Ramírez, demandante y apelada, v. Josefa, conocida por Josefina Bengoechea y Macías, demandada y apelante.
    No. 5858.

    Sometido: Febrero 15, 1932.

      Resuelto: Febrero 17, 1932.

      Pellón efe Ayuso, abogados de la apelante; J. Martínez Dávila y De la Torre efe Ramírez, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Eu esta apelación interpuesta contra la sentencia dictada en el pleito se nos fia presentado moción por la apelante soli-citando que ordenemos a la corte inferior nos envíe origina-les ciertos documentos que están copiados en la transcrip-ción de evidencia hecha por el taquígrafo. La parte apelada no tiene inconveniente en que esos documentos vengan ori-ginales ante nosotros annqne estima que no son necesarios. Igual petición hicieron los apelantes en la corte sentencia-dora cuando se trataba de la aprobación de la transcripción hecha por el taquígrafo para la apelación contra la senten-cia, pero ese tribunal la negó fundándose en que tales docu-mentos estaban copiados en la expresada transcripción. Contra esta resolución se interpuso apelación en la que han sido remitidos a este tribunal dichos documentos originales, se-gún manifiestan los recurrentes.

La regla 40 b de las de este Tribunal Supremo dice lo siguiente:

“Guando a discreción de la corte sentenciadora sea necesario para una correcta inteligencia y resolución de cualquier causa o cuestión envuelta en la misma que algún mapa, documento original, o exhibit de cualquier clase, que no sea susceptible de representarse por me-dio de copia, fotografía, o de otro modo, sea presentado al examen e inspección de esta Corte, se hará una descripción del mismo en la relación de hechos o pliego de excepciones, y el secretario de la corte inferior, después de autenticar dicho mapa o documento original, o exhibit, bajo su firma y sello de la corte, remitirá el mismo al Secretario de este Tribunal, haciendo constar que se ha hecho parte de los autos de dicha causa.”

Esa regla hace discrecional en la corte sentenciadora dis-poner que se envíen originales a esta Corte Suprema docu-mentos que no sean susceptibles de copia. Los documentos que se nos pide que ordenemos se nos remitan han sido co-piados en la transcripción de evidencia, pero si a pesar de esto son necesarios originales en este tribunal, es cuestión que no podemos resolver ahora porque no están ante noso-tros en este asunto para poder tener en cuenta su natura-leza. Se hallan en otra apelación y allí es donde quizás puede ser resuelto si deben ser enviados originales o no.

La moción debe ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Bernarda Rodríguez, peticionaria, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Angel R. de Jesús, Juez, demandada.
    No. 777.

    Sometido: Enero 18, 1982.

      Resuelto: Febrero 17, 1932.

      A. Marín Marién, abogado de la peticionaria; R. Muñoz Ramos, abo-gado del demandado en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un recurso de certiorari en que la corte inferior ha elevado los autos. La parte realmente interesada, el de-mandado. argumentó su caso, mas no radicó un alegato o me-morándum. En 28 de .julio de 1931, anulamos una orden de 3a corte de distrito (42 D.P.R. 766). La parte demandada radicó una moción de reconsideración que fué concedida.

El demandante en la corte inferior obtuvo, en 23 de abril de 1933, sentencia por la suma de $1,030. Después de dictarse séntencia, se embargó, entre otras propiedades, un depósito de $351.48 a favor del demandado en ún banco local. El demandado compareció, ofreció una fianza de $700 y so-licitó que el dinero que entonces estaba en poder del már-sbal le fuese devuelto. La corte así lo ordenó en 8 de junio de 1931. ■ Esta fue la resolución anulada mediante nuestra re-solución y opinión de julio 28, 1931.

El caso giró sobre nuestra anterior opinión de Gandía v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 274. En dicbo caso resolvi-mos que solamente bienes en la posesión original del deman-dado podían serle devueltos mediante fianza. Nos parecía mientras considerábamos este recurso, que la corte inferior y el demandado sostenían que la posesión del banco era la posesión del demandado. Lo que la corte sí dijo fué que la posesión del banco equivalía a la posesión del demandado, desde luego para los fines de la sección 10 de la Ley para Ase-gurar la Efectividad de Sentencias, sección 5242 de los Esta-tutos Revisados.

Esa sección lee como sigue:

“La prohibición de enajenar bienes muebles y el embargo de los mismos se practicarán depositando los bienes de que se trate en poder del tribunal o de la persona designada por éste, bajo la res-ponsabilidad del demandante. Si el demandado diere fianza bastante a discreción del tribunal para responder del valor de dichos bienes, se depositarán en su poder, con la prevención y responsabilidades de la sección anterior. El dueño de bienes muebles embargados puede solicitar su enajenación en pública subasta con citación del deman-dante, a condición de que se consigne en la corte el precio de la venta. ’ ’

De acuerdo con la misma hemos llegado al convencimiento de que bienes embargados sobre los cuales' el demandado tiene una reclamación y más especialmente dinero sacado de un banco y puesto en poder de un márshal, puede ser depo-sitado en manos de un deudor mediante la correspondiente fianza. La ley no habla de “posesión” sino que general-mente permite el depósito de bienes embargados en poder de un demandado. Nada de lo que dijimos en el caso de Gan-día o en nuestra opinión anterior de 28 de julio de 1931 puede prevalecer contra las consideraciones de la presente opinión.

Naturalmente, un agente puede retener sus costas y honorarios cuando se embargan bienes, especialmente dinero, en su poder. Tales honorarios y cargos no son afectados y pueden ser cubiertos por la fianza.

Nuestra opinión anterior no giró en realidad sobre ]a cuestión de si la sentencia era o no firme, y por consiguiente el hecho de que la apelación fuera desestimada es más bien una cuestión para la corte inferior. El mandato ba sido de-vuelto. El caso permanece tal cual si el mandato no se hu-biese librado y no hallamos ahora razón alguna para anular la resolución de la corte de distrito.

Tampoco puede afectar esta decisión el hecho de que el marshal depositara el dinero en el Banco Comercial y que no pueda obtener dominio inmediato del mismo.

Debe anularse el auto expedido y subsistir la resolución de la corte de distrito de 8 de jumo• de 1931.


text:
    Baudilia Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Matagüez, recurrido.
    No. 849.

      Sometido: Junio 5, 1931.

      Resuelto: Febrero 17, 1932.

      L. Tirado Géigél, abogado de la recurrente; el registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 25 de octubre de 1930, Baudilia Rodríguez presentó al Registro de la Propiedad de Mayagüez un mandamiento de embargo, contra una finca perteneciente a Gabriel Palerm, demandado en el litigio en que se libró el embargo. El man-damiento fué expedido por el secretario de la corte de dis-trito. El Registrador de Mayagüez se negó a inscribir el mandamiento por el fundamento de que se trata de una or-den de la corte en términos generales, ejecutada por el se-cretario de la misma, quien carece de facultades para tales actos. Baudilia Rodríguez recurrió para ante esta corte y la actuación del registrador fué confirmada (42 D.P.R. 104). Al negarse a inscribir el mandamiento del secretario de la corte de distrito el registrador, de conformidad con la ley, tomó anotación preventiva por 120 días. La apelación de Baudilia Rodríguez fué entablada cinco días antes de expi-rar esta anotación preventiva. Dentro de cinco días después de confirmada la nota del registrador, la Sra. Rodríguez pre-sentó al Registro de la Propiedad de Mayagüez un manda-miento librado por el marshal de la Corte de Distrito de Ma-yagüez. El registrador se negó a inscribir este nuevo man-damiento a virtud de una nota que lee como sigue:

“Denegada la conversión en anotación definitiva de la anotación preventiva por ciento veinte días tomada en este caso que se soli-cita, por el fundamento de que habiendo sido tomada dicha anota-ción el 27 de octubre de 1930, cuando se presentó este documento, o sea el 10 de abril de 1931, había transcurrido con exceso dicho tér-mino y por que si bien es verdad que la recurrente, en vez de co-rregir el defecto apuntado en el mandamiento original de este embargo dentro del término de dicha anotación, apeló de la nota de este Registrador Sustituto para ante el Honorable Tribunal Sii-premo, haciendo constar marginalmente en dicha anotación la exis-tencia de tal recurso, no es menos cierto que éste se resolvió confir-mando la nota al Registrador, sin que la nota marginal referida, que, dicho sea de paso, no está autorizada por la Ley Hipotecaria ni por su Reglamento, haya podido tener el alcance de interrumpir el término de 120 días por el cual fué tomada la anotación en 27 de octubre de 1930, y tomada anotación preventiva, en su lugar, por 120 días a todos los efectos legales procedentes a favor de la demandante Baudilia Rodríguez, todo ello al folio 173 vto. del tomo 38 de Añasco, finca número 1636, anotación letra B. Mayagüez, abril 10 de 1931.

(Pdo.) A. Nazario Lugo.” .

La recurrente sostiene que el efecto de la anotación preventiva quedó en suspenso con motivo de la apelación y que por consiguiente ella tenía cinco días después de la confirmación de la nota para presentar el nuevo mandamiento al registro de la propiedad. La recurrente se basa en el artículo 66 de la Ley Hipotecaria que en verdad suspendió el transcurso del término y permitía a los recurrentes de ciertas actuaciones del Registrador tratar de subsanar los defectos. La aquí recurrente también dijo que el período de esta suspensión fué extendido a ciento veinte días a virtud de Ordenes Generales.

Empero, el registrador en un elaborado alegato nos con-vence de que bajo el aludido artículo 66 solamente podían suspenderse en esa forma los defectos subsanables, y nos cita autoridades al efecto de que dicha suspensión nunca po-día ser aplicable a un defecto que fuera insubsanable. Ga-lindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España, tomo 2, páginas 588 et seq.; Morell, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, tomó 3, páginas 296 et seq. La última autoridad mencionada es un comentario a nuestro pro-pio sistema hipotecario, al cual nos referiremos un poco más tarde.

Tratándose de defectos insubsanables, la anotación pre-ventiva no puede ser otra cosa que un aviso a terceras per-sonas de la reclamación del presentante. La presentación de un documento que no es inscribible no puede otorgar al. pre-sentante mayores derechos. Lo más que puede esperar es, según indica J. Morell y Terry, notificar a terceros de la re-clamación. La recurrente por vía de argumentación dice que si ella no tenía el privilegio de suspender el efecto de la ano-tación preventiva podrían surgir las reclamaciones de otras personas tal cual lia sucedido én este caso específico. Ella llama nuestra atención al hecho de que el deudor Palerm, mientras el supuesto embargo estaba pendiente, vendió la propiedad. En nuestra opinión, suponiendo que la venta fuera genuina, que es generalmente el caso, lejos de ayudar a la recurrente, el derecho de una persona que embargue no podría ser superior a los de aquella que fue primera en tiempo. Equivale a lo mismo in pais que el registrador sostiene, a saber, que nadie puede esperar que terceras personas sean afectadas por más del período de 120 días de la anotación. Sería duro para el público en general si un embargo defec-tuoso o cualquiera otra cosa pudiera suspender indefinida-mente los derechos de otros a inscribir.

Vamos un poco más lejos. Aun si el registrador hubiese asentido a la inscripción de este mandamiento por conducto del márshal, librado después de Palerm efectuar la venta, la Sra. Rodríguez no podía haber obtenido derechos superiores por lo que podría calificarse de inscripción accidental en el registro. En lo que concernía a la Sra. Rodríguez y a la persona que adquirió de Palerm, si esta última fué primera en tiempo, sus derechos, de tenerlos, no podían ser destrui-dos por tal inscripción.

' [3] El registrador sostiene que el artículo 66 de la Ley Hipotecaria ha sido derogado, pero que aun si hubiese es-tado en vigor, de conformidad con el artículo 82 del Regla-mento, la pendencia del recurso gubernativo debió anotarse al margen del asiento de presentación a fin de obtener efecto suspensivo, y parece que tiene razón.

D.ebe confirmarse la nota recurrida.