text:
    Rafael Tirado Verrier, demandante y apelante, v. La Junta de Retiro de Funcionarios y Empleados Permanentes del Gobierno Insular de Puerto Rico, demandada y apelada.
    No. 4109.

    Visto: Mayo 20, 1927 y Febrero 7, 1928.

      Resuelto: Diciembre 24, 1928.

      Luis Tirado Géigel, abogado del apelante; Hon. Attorney General James R. Beverly, J. A. Lopes Acosta, R. A. Gómez y F. Janer, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Rafael Tirado Verrier, presentó a la Corte de Distrito de San Juan, P. R., una petición de mandamus contra la junta de retiro de funcionarios y empleados per-manentes del Gobierno Insular de Puerto Rico, y alegó esencialmente que en 1 de febrero de 1926, era el mismo demandante Registrador de la Propiedad de San Juan, Sec-ción Primera, y como tal pertenecía al Servicio Civil no clasificado del Gobierno Insular y se bailaba comprendido en la Ley No. 104 de 1925, habiendo prestado servicios oficiales en distintos cargos, en Puerto Rico, desde 10 de junio de 1901: que en 1 de febrero de 1926, solicitó el demandante su retiro voluntario basándose en la sección 8 de la Ley No. 104 de 1925, por tener más de 20 años de servicios: que en 14 de mayo de 1926 la Junta de Retiro, que es a la que envió su solicitud, dictó resolución denegando la petición de retiro del demandante, de cuya -resolución pidió éste la reconside-ración, que le fué negada: que en 1 de febrero de 1926 el demandante ocupaba el cargo de Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, del que fué separado el día 4 del mismo mes de 1926: que el demandante, de acuerdo con la ley antes citada tiene derecho a la pensión que solicitó, y que la junta demandada no tiene facultades para tomar en consideración el hecho de que el demandante fuera separado de su cargo, ni para hacer de ese hecho una condición limi-tativa o restrictiva del derecho a retiro y pensión. Y pidió se librara el auto condicional, como se hizo. Por la deman-dada compareció especialmente el Procurador General, el Auxiliar y el Sub-Procurador de Puerto Eico, y alegaron que la petición de mandamus no aduce hechos suficientes, y que el remedio que se solicita no procede, por tratarse de facul-tades discrecionales de la junta.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en fe-cha 21 de octubre de 1926, declarando sin lugar la petición de mandamus. Y contra esa sentencia se interpuso la apela-ción que se encuentra ante nosotros para resolución.

El apelante Bafael Tirado Terrier ha señalado siete errores:

El' primer señalamiento es como sigue:

“Primero. — Declarar sin lugar la solicitud de mandamus por el fundamento de que1 el demandante no era un funcionario del Go-bierno Insular en la fecha en que la Junta demandáda tuvo ante su consideración para resolución final, la petición de retiro del de-mandante. ’ ’

El segundo señalamiento, que se argumenta conjunta-mente con el primero, es así:

“Segundo. — Considerar que el demandante-apelante dejó de es-tar comprendido por la Ley No. 104 de 1925 al ser destituido.”

En la opinión que se acompaña a la sentencia en este caso, el juez razona acerca de la ley de pensiones, y sostiene que ella se refiere a personas que sean funcionarios o empleados del Gobierno Insular. Y partiendo de ese punto, estima que el peticionario “no es en la actualidad empleado del Gobierno Insular, habiendo sido involuntariamente separado de su cargo, es decir, destituido.” Estima que tampoco lo era en la fecha en que la Junta de Betiro tuvo ante su considera-ción, para resolución final, la solicitud de retiro del deman-dante.

Creemos que el juez de distrito ha cometido error en esa apreciación, y la sentencia que sobre ella se funda es nece-sariamente errónea.

El artícnlo o sección 1 de la ley citada expresa con toda claridad a qué funcionarios y empleados se refiere la ley, en esta forma:

"Esta Ley comprenderá a todos los funcionarios o empleados en el Servicio Civil clasificado y no clasificado del Gobierno Insular de Puerto Rico, con excepción de los jueces del Tribunal Supremo, los catedráticos de la Universidad de Puerto Rico, los profesores de ins-trucción pública, los miembros de la Policía Insular y los emplea-dos municipales.”

No se encuentra el apelante Eafael Tirado Verrier entre los exceptuados en y por esa sección de la ley, por razón del cargo o empleo; y era, en 1 de febrero de 1926, un fun-cionario del Gobierno Insular de Puerto Eico; y por tanto, comprendido en la sección 1 citada. Está también compren-dido en las primeras frases de la sección 9 de la misma ley, que son las que siguen:

"Si un funcionario o empleado de cuarenta o más años de edad a quien esta Ley sea aplicable, después de haber servido por un pe-ríodo total no menor de quince años ...”

Este funcionario Eafael Tirado Verrier, para ejercer la mayoría de los cargos que ba ejercido, tiene que ser un abo-gado admitido al ejercicio de su profesión, en Puerto Eico, para lo que la ley vigente le exige, entre otras condiciones, ser mayor de 21 años. De la solicitud aparecen sus servicios por un período de cerca de 26 años; por lo que su edad, al presentar la petición no es menor de 46 a 47 años.

Veamos también la sección 8 de la misma ley, en la que se ha fundado el peticionario y apelante. Dice así:

"Sección 8.- — Cualquier funcionario o empleado en servicio a quien sea aplicable esta Ley, y que haya prestado por lo menos veinte años de servicios computados de acuerdo con la sección 2 de esta Ley, tendrá derecho a retiro con una pensión vitalicia anual igual al dos por ciento (2) del promedio de sus sueldos o compen-saciones básicas anuales durante los siete últimos años de servicios computables, multiplicado por el número de años de servicios.”

De la creación de nn derecho a pensión, no puede caber duda alguna. No se trata de una pensión que pueda, dis-crecionalmente, concederse o negarse por una junta o auto-ridad determinada. Se trata de un derecho que la ley crea, mediante la existencia de determinadas condiciones, y con respecto al que. la Junta de Pensiones no tiene facultad dis-crecional alguna. O no se han dado las condiciones que la ley exige, y la junta no puede conceder o fijar la pensión: o se han dado, y la junta no tiene más misión que cumplir el mandato del estatuto, y fijar el montante de la pensión, de acuerdo con los preceptos reguladores de la materia. El mandato de la ley, desplaza toda discreción en este caso.

El razonamiento del juez sentenciador no es convincente. Sostiene que el que no es empleado o funcionario no tiene derecho a pensión. Yi de aquí parte para deducir que el peticionario, en la fecha en que se reunió la Junta de Retiro, no era empleado o funcionario, y la junta no tenía facultades para aprobar la pensión. No es lógico imponer al peticio-nario las consecuencias de los retrasos en que para su reunión incurriera la junta. Sería justo que él sufriera las conse-cuencias de sus propios actos; pero no las de los ajenos.

Pero, aparte de no ser lógica esa manera de ver, no es iegal tampoco.

La Ley de Retiro, ha expresado claramente los conceptos. Veamos cómo.

En la sección 3 de la ley hay un “disponiéndose” cuyo texto es como sigue:

“Disponiéndose, que no tendrán derecho a pensión alguna aque-llas personas que no estuvieren en servicio activo en la fecha en que soliciten su pensión.” (Bastardillas nuestras.)

La circunstancia de estar en servicio activo es importan-tísima, porque es determinante del derecho a pensión. ¿Pero, en servicio activo cuándo? ¿En el momento en que la junta se reúna para resolver acerca de la petición, como ha creído el juez inferior? No: la ley lia sido clara en la expresión, y ha dicho:

“En la fecha en que soliciten su pensión.”

Si en la fecha en que el apelante solicitó su pensión, esto es, en 1 de febrero de 1926, él estaba en servicio activo, y reunía las demás condiciones de ley, es evidente que no le alcanza la negación que se sostiene en el “disponiéndose” de- la sección 3. La fecha en que- el empleado o funcionario actúa, solicitando, no la en que la junta actúa, concediendo, o negando, es la que dehe regir en este particular.

La corte inferior incurrió en los errores que por el ape-lante se señalan bajo los números primero y segundo.

Convenimos con el razonamiento del apelante en cuanto al tercer error que señala, o sea la indebida aplicación de la doctrina legal del caso Tuck v. French, 15 N. E. 188.

Para hacer aplicación de la jurisprudencia de cualquier Estado es medida prudente cerciorarse de si el estatuto que tal jurisprudencia aplica o interpreta es igual, o análogo, al que estamos interpretando. Nada en la opinión revela que exista tal paridad o analogía. Y estudiando el caso People ex rel Tuck v. French et al. encontramos ciertos aspectos que merecen citarse. Así, Mathew Tuck había faltado a sus de-beres como policía y merecía un castigo — dice la decisión. Y añade:

“y eon el fin claro de evadir un juicio y el consiguiente castigo, ra-dicó una solicitud de retiro con pensión, alegando que había servido durante más de veinte años.”

Parece que la comisión que actuaba en el.caso de Tuck tenía facultades para la destitución de policías, y para la resolución en cuanto a pensiones, o para hacer pasar el nombre de los miembros de la policía, del servicio activo a la lista de pensiones. Además, Tuck impugnó la jurisdicción de esa comisión para juzgarle, alegando en el juicio que él no era un miembro de la policía.

No vemos que el caso sea de tal analogía al que resol-ciemos, que permita hacer aplicación de lo allí declarado.

El cuarto señalamiento de error se refiere a haber la corte inferior entendido que la sección 9 de la Ley No. 104, anula el derecho del apelante al retiro.

La sección 9, que-se cita dice:

“Si un funcionario o empleado de cuarenta o más años de edad, a quien esta Ley sea aplicable, después de haber servido por un pe-ríodo total no menor de quince años y antes de tener derecho al re-tiro, fuere separado involuntariamente por cualquier motivo, ex-cepto destitución, del servicio civil clasificado o no clasificado ten-drá derecho a una pensión vitalicia anual igual al dos (2) por ciento del promedio de sus sueldos o compensaciones básicas anuales du-rante los siete últimos años de servicios computables, multiplicado por el número de años de servicios. Si un funcionario o empleado que recibe una pensión de acuerdo con las disposiciones de esta sec-ción, retornase al servicio activo, su pensión cesará y él contribuirá otro vez al fondo de retiro de los funcionarios y empleados del Ser-vicio Civil en la misma forma y en igual proporción en que lo hacía antes de ser separado del servicio. En la época de su subsiguiente retiro se le acreditarán los servicios prestados antes de su separa-ción del Gobierno y los prestados después de haber vuelto al servi-cio activo.”

¿Tiene esta sección 9 el efecto de destruir lo por la misma ley creado en la sección 8? Creemos que no es así.

La sección 9 se refiere a funcionarios y empleados que antes de tener derecho al retiro fueren separados del servicio por cualquier causa excepto destitución; y la separación a que se refiere es la involuntaria. La ley ha previsto en esta sección para casos que no son iguales al del apelante. Este ha pedido el retiro voluntario, cuando ya tenía derecho a tal retiro.

En lo que se refiere al derecho al retiro, extremo some-tido bajo el señalamiento de error número Quinto, la sección 8 de la ley es perfectamente clara; y el error señalado se justifica por la lectura de dicha sección. El empleado o funcionario que ha prestado veinte años de servicio, y no se halle en los casos de excepción qne determina la ley, tiene derecho al retiro. No es nna concesión, nna gracia, o nn favor, qne pnede, o no, hacerse. Es nn derecho qne la ley ha creado.

En realidad, resueltos los señalamientos de error de qne antes se trata, qneda resuelto el qne aparece bajo el número Sexto, qne lee como signe:

“Ignorar en su resolución los preceptos fundamentales de la Ley No. 104, de 1925.”

El séptimo señalamiento de error es como signe:

“Denegar la solicitud de mcmdamtís, si lo hizo sosteniendo la ex-cepción alegada de que el recurso no procede porque la Junta de-mandada-apelada tiene facultades discrecionales en cuanto a conce-sión de pensiones.”

La forma dubitativa en qne se presenta este señalamiento, revelada por las palabras “si lo hizo,” se justifica, hasta un cierto punto, por la excepción qne se presentó por la demandada, y por la insistencia de ésta en descansar en esa proposición legal. En cuanto a ]a opinión y sentencia del juez de distrito, parece qne la procedencia o improcedencia del auto de mcmdamus por lo qne se refiere a la facultad discrecional, no preocupó al juez. En la opinión se dice lo qne signe:

“La controversia en este caso descansa sobre la interpretación que ha de darse a las secciones ocho y nueve de la Ley de Retiro del 2 de septiembre de 1925.”

Y de ahí parte la opinión, tomando por base la interpre-tación de esas secciones. Pero las partes han traído a dis-ensión esta materia, de las facultades discrecionales y es oportuno resolverla.

Por lo antes expresado en esta opinión, aparece clara-mente nuestra idea de que, dadas la precisión y claridad de los preceptos de la Ley de Retiro, la junta no actúa, en cnanto a las peticiones de retiro y pensión como la de este caso, en uso de facultad discrecional alguna, sino que su actuación está regida por disposiciones terminantes de la ley. Pero aun si hubiera una facultad discrecional, tendríamos que decidir si ella cae, o no, bajo el régimen o intervención de los tribunales de justicia.

Los tribunales tienen, dentro de nuestro sistema, facul-tades discrecionales, que les permiten desenvolverse, en su misión, de una manera más eficaz, j más en acuerdo con la realización de los fines de la justicia, que lo que pudieran hacerlo bajo las reglas rígidas de una ley. Esas facultades han merecido siempre respeto, a excepción de los casos en que el abuso, la extralimitación haya hecho preciso la res-tricción. Pero, en ocasiones, las juntas, comités, y otros cuerpos administrativos tienen también facultades de esa clase. De aquí la diferencia entre la discreción judicial, y la discreción administrativa. T como una regla se ha soste-nido la de respetar esa discreción; pero respetarla, no siempre sino cuando la ley o la jurisprudencia lo ordenan o declaran así.

Nuestro estatuto (Ley estableciendo el auto de “Mandamus,” marzo 12 de 1903, secciones 1328 a 1342 inclusives, Compilación 1911) ha definido el auto de mandamus así:

“El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado dic-tado por el Tribunal Supremo de la Isla, o por las Cortes de Dis-trito de Puerto Rico, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, y diri-gido a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría, dentro de su jurisdicción, requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga de-berá tener la facultad de poder cumplirlo.”

Y en la sección siguiente se establece lo que sigue:

“El auto de mandamus podrá dictarse por el Tribunal Supremo o por las cortes de Distrito o por cualquier de sus magistrados o jueces cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones o en sus ofi-cinas, y se dirigirá a cualquier tribunal inferior, corporación, junta o persona obligada al cumplimiento de un acto que la ley particu-larmente ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública; pero aun cuando puede requerir a un tribunal inferior o a cualquiera de sus jueces para que, adopte este criterio, o para que proceda al desempeño de cualquiera de sus funciones, el auto no puede tener dominio sobre la discreción judicial.”

Como se nota, el estatuto, que puede exceptuar o salvar, en general, la discreción, ya de las cortes y jueces, ya de las personas o corporaciones, no hace excepción más que en lo que toca a la discreción judicial, a los tribunales inferiores y a cualquiera de sus jueces. La legislatura quiso hacer ex-presamente esa salvedad, y así la trajo a la ley. Si hubiera querido exceptuar de la intervención las facultades discre-cionales de cualquiera otra entidad lo hubiera hecho.

En la jurisprudencia del Estado de Washington, encontramos un caso State ex rel Gillete v. Clausen, 87 Pac. 498, que se ha señalado como distinto y especial (véase 38 Corpus Juris, pág. 504, nota al párrafo 71), y en el que la doctrina se enuncia así:

“Un procedimiento de mandamus contra un funcionario, enta-blado de conformidad con el estatuto, participa de todas las carac-terísticas de, una acción civil y por tanto es impertinente si el de-ber que se trata de hacer cumplir es ministerial o es uno sobre el cual se exige que el funcionario ejerza su criterio o discreción.”

. En la opinión en este caso que citamos se reproduce la doctrina jurídica del caso Brown v. McQuade, 36 Wash. 579, 79 Pac. 207, en el que se sostiene que bajo la práctica de aquel Estado el mandamus no es otra cosa que una de las formas de procedimiento creada para la resolución de de-rechos y el remedio de agravios (wrongs), y que tiene todos los elementos de una acción civil.

Si el estatuto de Puerto Eico no ha privado a los tribu-nales de intervenir en cuanto a personas o entidades corpo-rativas, aun en los casos en que éstas ejercitan facultades discrecionales, y sólo ha hecho reserva en cuanto a la dis-creción judicial, no podemos extender la reserva y la res-fricción más allá de lo que expresamente marca el mismo estatuto. La interpretación de leyes que tienen evidente o implícito carácter restrictivo, debe ser estricta y restringida.

En ese sentido, la corte inferior erró, si quiso sostener la excepción.

Con estos fundamentos procede la revocación que se solicita.

Debe revocarse la 'Sentencia apelada, y dictarse otra de-clarando con lagar las peticiones del recurrente en mandamus.

Los Jueces Señores Presidente del Toro y Asociado Hut-chison, disintieron.


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text:
    No. 4535.
    López apldo., v. Carrión, aplte.
    C. D. San Jnan.
    Abril 2, 1928.
   Desestimada la apelación a petición de las partes.


text:
    No. 3442.
    El Pueblo, apldo., v. Bestard, aplte.
    C. D. Aiecibo.
    Abril 10, 1928.
   En este caso no se ba radicado alegato. Durante la vista se presentó un abogado y manifestó que a petición de un compañero suyo comparecía para pedir a la corte que examinara la prueba. Así lo liemos Lecho y nada hallamos en la misma que excuse el haber dejado de radicar alegato, y de conformidad con la práctica seguida por este tribunal, se desestima la apelación interpuesta contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de Areeibo con fecha 28 de octubre de 1927 en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4534.
    Suárez et al., apltes., v. Hernández et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Abril 10, 1928.
   Vista la moción sobre desestimación de apelación que antecede, fundada en el hecho de no haberse consignado por el apelante en la se-cretaría de la corte de distrito el montante de los honorarios del taquígrafo dentro del período fijado por una orden de la corte inferior, y en la supuesta frivolidad de dicha apelación, no siendo por sí solo suficiente el primero de tales funda-mentos, no habiéndose demostrado claramente que sea entera-mente frívola la referida apelación y apareciendo que la ti anscripción de la evidencia, debidamente certificada por el taquígrafo de la corte de distrito, ha sido radicada en la Secretaría de este tribunal antes del acto de la vista, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 4384.
    Romero et. al., apltes., v. Castillo et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Abril 10, 1928.
   Apareciendo que vencida el primero de noviembre de 1927 la prórroga que concedimos a los apelantes para presentar alegato para sn> apelación no lo lia radicado a pesar del tiempo transcurrido Rasta Roy, debemos desestimar y desestimamos esta apelación.


text:
    No. 4533.
    Alvira, aplda., v. Ayala, aplte.
    C. D. Huma-cao.
    Abril 10, 1928.
   Vista la moción del apelado para que desestimemos esta apelación y apareciendo que tratándose de una sentencia, dictada en juicio de desahució el apelante no lia cumplido con el requisito del artículo 12 de la ley de desahucio sobre prestación de lianza, se desestima esta apela-ción.


text:
    No. 4546.
    Carbia, apldo., v. Asamblea Mpal. de San Juan, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 10, 1928.
   Por cuanto esta apelación fué interpuesta el día 11 de febrero de 1928 en un recurso de certiorari contra la Asam-blea Municipal de San Juan en el que no se practicó prueba.

Pon cuanto la transcripción de los autos no fué presen-tada en este tribunal basta el 5 de abril siguiente, después de haber transcurrido los treinta días que para tal fin tenía el apelante y después de haber sido radicada el 15 de marzo la moción del apelado para que por tal motivo desestimemos la apelación.

Pon cuanto la apelante no ha solicitado de este tribunal que se le prorrogue el término de treinta días que tiene para presentarnos la transcripción de los autos.

Pon cuanto este tribunal es el único que tiene facultad para prorrogar dicho término.

Por tanto, vista la regla 40 de este tribunal y nuestras decisiones en los casos de Hernández v. Quiñones, 34, D.P.R. 720; Asamblea Municipal v. Corte y Sosa v. Manzano Aviñó, 36 D.P.R. 723 y 731, respectivamente, debemos desestimar y desestimamos la presente apelación.


text:
    No. 4440.
    N. Santini & Co., aplte., v. Hernández Etc., apldos.
    C. D. San Juan.
    Abril 10, 1928.
   Vista la moción sobre desestimación que antecede, fundada en la falta de1 alegato de la apelante, y apareciendo que el alegato presen-’ tado por dicha apelante en el acto de la vista consiste única-mente en nna relación de hechos y nn señalamiento de error, sin que se haya demostrado, claramente por las razones adu-cidas como motivos para tal señalamiento y como parte del mismo que la presente apelación tiene verdadero mérito en sn fondo, se declara con lugar la referida moción.


text:
    No. 3443.
    El Pueblo, apldo., v. Bermudez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Abril 17, 1928.
   Pon ouaNto la única cuestión planteada por el apelante en este caso es que la corte inferior “erró al desestimar la moción de sobreseimiento fundándose en el mucho trabajo que había tenido la corte, a pesar de que el ministerio fiscal no alegó razón alguna para justificar la demora;”

Pon cuanto según aparece de la transcripción de autos la apelación procedente de la corte municipal fué radicada en la corte de distrito el día 29 de septiembre de 1926 y el juicio se celebró el 8 de febrero de 1927,. habiendo transcu-irido con exceso los 120 días que establece la.ley, desde la fecha de la radicación del caso, que es equivalente a la pre--sentación de la acusación en corte, según la jurisprudencia ya establecida por este tribunal; •

Poií cuanto el único motivo que tuvo la corte inferior, para declarar sin lugar la moción de sobreseimiento que obra en los autos fué el ya expresado en el señalamiento de error arriba mencionado;

Por cuanto el fiscal, fundándose en el caso de El Pueblo v. Padilla, 36 D.P.R. 439, está conforme con que se revoque la sentencia apelada y con que se sobresea el caso;

Por tanto, se revoca la sentencia apelada.


text:
    No. 4544.
    E. Solé & Co., S. en C., aplda., v. Sucn. Gay et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Abril 19, 1928.
   Apare-ciendo que tratándose como se trata de un caso iniciado en una corte municipal este tribunal carece de jurisdicción por. cuanto el escrito de apelación se radicó después de transcu-rridos 15 días de haberle sido notificada la sentencia a lar parte demandada, o sea, fuera del tiempo señalado por el Código de Enjuiciamiento Civil, por tanto, se declara con lugar la moción y se desestima el recurso.


text:
    No. 4556.
    Orraca Hermanos, apldos., v. Rieckehoff, aplte.
    C. D. G-uayama.
    Abril 24, 1928.
   Apareciendo que la última prórroga concedida por la corte inferior al apelado para radicar la transcripción de la evidencia venció en marzo 17, 1928 sin que la baya radicado ni obtenido nueva prórroga; no habiendo tampoco radicado la transcripción en esta corte, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 3535.
    El Pueblo, apldo., v. Dragoni, aplte.
    C. D. Guayama.
    Abril 24, 1928.
   Sobreseído el recurso a causa del fallecimiento del apelante.


text:
    No. 3484.
    El Pueblo, apldo., v. González, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Abril 26, 1928.
   No habiendo demostrado el apelante que la corte cometiera error manifiesto al apreciar la prueba contradictoria, único error alegado, se confirmó la sentencia.


text:
    No. 3412.
    El Pueblo, aplte., v. Lavergne, apldo.
    C. D. San Juan.
    Abril 26, 1928.
   Resuelto por los fundamentos del caso de El Pueblo v. Swiggett, 37 D.P.R. 911 revocándose la sentencia apelada.


text:
    No. 4568.
    Quiñones et al., apldos., v. Maldonado, aplte.
    O. D. San Juan.
    Mayo 1, 1928.
   Apareciendo que el apelante dejó transcurrir los términos reglamentarios para radicar exposición del caso o transcripción de evidencia en la corte inferior o la transcripción del récord en la Corte Suprema, sin que tampoco solicitara prórroga de dichos tér-minos, se declaró con lugar la moción de desestimación de la parte apelada.


text:
    No. 4565.
    Andréu, Aguilar & Co., Inc., aplda. v. Egea, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 1, 1928.
   Desestimada la apelación por los- mismos fundamentos del anterior caso No. 4568 resuelto con esta misma fecha.


text:
    No. 3276.
    El Pueblo, apldo., v. Moreno, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 4, 1928.
   Siendo el.único error imputado por el acusado a la corte inferior en su alegato, relativo a la insuficiencia de la prueba; apareciendo que ésta es contradictoria, y no demostrándose •que la corte sentenciadora estuviera influida por pasión o prejuicio al dirimir el conflicto, o que cometiera manifiesto error en la apreciación, se confirma la sentencia.


text:
    No. 4588.
    The Royal Bank of Canada, apldo., v. Goico et al., apltes.
    C. D. Ponce.
    Mayo 9, 1928.
   Apareciendo claramente que el término para presentar la transcripción de autos no había vencido cuando se presentó la moción de desestimación, y que tal transcripción de autos ba sido pre-sentada ante esta corte en tiempo oportuno, pudiendo, por lo tanto, la parte apelante sostener su apelación, se declara sin lugar la moción de desestimación. .


text:
    No. 4591.
    Alfaro, apldo., v. Alfaro, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Mayo 9, 1928.
   Apareciendo que el-9 de marzo último la corte senten-ciadora concedió al taquígrafo una prórroga de treinta días para presentar la transcripción de sus notas sin que después de vencido ese término se baya concedido nueva, prórroga ni se baya presentado en este tribunal la transcripción del legajo de la sentencia, debemos desestimar y desestimamos esta apelación.


text:
    No. 4597.
    Alvarez, apldo., v. Horta, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 9, 1928.
   Apareciendo que la apelación se interpuso el 9 de marzo de 1925 habiendo el taquígrafo radicado la transcripción de la evidencia el 14 de mayo siguiente, sin que a partir de dicha fecha se prac-ticara por la parte apelante gestión alguna, se declara lá moción con lugar y en su consecuencia se desestima por aban-dono el recurso.


text:
    No. 4590.
    Garriga, aplda. v. Colón, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 9, 1928.
   Desestimado el recurso a petición de la parte apelada, por-que después de concederse numerosas prórrogas el término para radicar la transcripción taquigráfica en la corte de dis-trito venció el 7 de abril de 1928, no habiéndose radicado aún dicha transcripción ante este tribunal.


text:
    No. 4550.
    Russell & Co. S. en C., aplda., v. Figueroa, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Mayo 9, 1928.
   A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso entre otros motivos porque interpuesto desde el 17 de septiembre de 1927, la parte apelante no ha archivado aún los autos en la Secretaría de esta Corte Suprema no obstante tener preparada una exposición del caso desde el 27 de sep-tiembre de 1927, no habiendo la dicha parte apelante formu-lado oposición alguna, se declara la moción con lugar y en su virtud se desestima el recurso.


text:
    No. 4594.
    Arroyo et al., apldos., v. Cruz et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 11, 1928.
   A la moción de la parte apelada solicitando la deses-timación del recurso, apareciendo que la apelación ha estado pendiente por más de un año y que varias de las prórrogas solicitadas para presentar la exposición lo fueron fuera de término, se desestima el recurso.


text:
    No. 3435.
    El Pueblo, apldo., v. Anaya, aplte.
    C. D. Guayama.
    Mayo 11, 1928.
   Celebrada la vista de esta apelación: no siendo procedente el primer motivo de error alegado contra la sentencia por imputar la acusación que el acusado portaba el arma en el barrio de Carite de Guayama cuando algunos testigos dicen que fue en Patillas,, ya que ambos sitios están dentro de la jurisdicción de la Corte de Distrito de Guayama donde la acusación fué pre-sentada ; y no siendo tampoco la sentencia contraria a la prueba, porque siendo contradictoria no encontramos que la corte inferior cometiera error al resolver el conflicto de ella en contra del apelante, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada.


text:
    No. 4579.
    Sucn. Puigdollers Etc., aplda. v. Nieves, aplte.
    C. D. San Juan.
    Mayo 11, 1928.
   Apa-reciendo de las certificaciones acompañadas a la moción de desestimación que la apelación se interpuso desde marzo de 1927 y si bien se está tramitando la aprobación de una trans-cripción de la evidencia varias de las prórrogas concedidas fueron solicitadas después de vencido el término para ello, vista la regla 59 de las de esta corte y la ley aplicable, se desestima el recurso.


text:
    No. 4536.
    Sucs. Abarca, aplda., v. Iturregui Hnos., Etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Mayo 22, 1928.
   Apareciendo de la moción para desestimar y de la certifi-cación acompañada que en febrero 17, 1928, se radicó el escrito de apelación en el presente caso; que en marzo 28, 1928, venció la prórroga concedida a los apelantes para radicar la exposición del caso, lo que no hicieron; que basta abril 13, 1928, que es la fecha que lleva la antedicha certifi-cación, los apelantes no habían solicitado nueva prórroga para radicar la exposición del caso. Apareciendo además que la transcripción no ha sido radicada en la secretaría de esta corte, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 9.
    Rodríguez et al., promoventes, v. Saldaña, Secretario Ejecutivo, demandado.

    Mayo 22, 1928.
   Vista la petición sobre injunction que antecede, no estimando suficientes los motivos expresados por los peticionarios en el párrafo XVI de la misma para haberse acudido original-mente ante este tribunal, y sin prejuzgar la cuestión de si los peticionarios tienen o no un interés directo en las cues-tiones planteadas bastante para justificar la expedición del mandamiento que se interesa, no ha lugar al auto solicitado.

La resolución rendida en este caso con fecha mayo 24, 1928 se inserta junta con la de junio 20, 1928 en la pág. 397 ante.


text:
    No. 4547.
    Benero, apldo. v. Alvarado et al., apltes.

      C. L. San Juan.
    Mayo 28, 1928.
   Llamada hoy para vista la moción para desestimar, el apelante se allanó a la desestimación y en sn consecuencia el tribunal declaró con lugar la moción y desestimó el recurso.


text:
    No. 4601.
    Jiménez, apldo., v. Jiménez, aplte.
    C. D. Humaeao.
    Mayo 31, 1928.
   Apareciendo que el escritó de apelación en el presente caso fue radicado en la secretaría de la corte de distrito el día 20 de julio, 1927, y que el apelante no ha radicado transcripción alguna en la secretaría de este tribunal, ni solicitado' prórroga para hacerlo, ni ha radicado en la secretaría de la corte de distrito la transcripción de la evidencia, a pesar de haber transcu-rrido con exceso la última prórroga concedida para ello, se declara con lugar la moción presentada por la parte apelada y en su consecuencia se desestima la apelación interpuesta.


text:
    No. 3522.
    El Pueblo, apldo., v. Marengo, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 31, 1928.
   Por cuanto el ape-lante, acusado de haber portado un arma prohibida solamente levanta la cuestión de que la corte erró al apreciar la prueba; Por cuanto la única contienda litigiosa era que el acusado usó como mayordomo un arma dentro de la finca de su principal o en la carretera y como esta cuestión fue resuelta en su contra por el juez como demuestra su opinión oral; no •encontrando que el juez sentenciador haya cometido error manifiesto o actuado con pasión, prejuicio o parcialidad, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 4213.
    Lawton, aplte., v. Rodríguez, apldo.
    C. D. San Juan.
    Mayo 31, 1928.
   A la moción pre-sentada por Rafael Carrión, para reconsiderar y anular la sentencia de esta corte de abril 23, 1928, no ha lugar en cuanto a la conclusión a que llegara este tribunal en lo que hace referencia a la petición de un auto de injunction peren-torio en ejecución de la sentencia previamente dictada en el litigio. En cuanto a la cuestión de desacato y en cuanto a si esta corte debe dictar la sentencia que debió haber' dictado ]a corte de distrito, se reconsidera la dicha sentencia de abril 23, 1928, y sobre tales extremos se señala una nueva vista que tendrá lugar el día 11 de junio de 1928, a las 2 p. m. Y a la moción del demandante Lawton solicitando permiso para archivar el brief acompañado a la misma impugnando la moción de reconsideración, vista la resolución adoptada, únase la moción y el brief a los autos a los fines procedentes.


text:
    No. 4502.
    Alcaraz, apldo., v. D’Azizi, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 1, 1928.
   Pon cuaNto esta apelación ha sido interpuesta contra resolución de la Corte de Distrito de San. Juan aprobando un' memorándum de costas con una partida de $200 por hono-rarios del abogado del demandante, cantidad que la parte demandada encuentra excesiva;

Pon cuanto las constancias que tenemos ante nosotros para resolver este recurso son una sentencia condenando al apelante a pagar al apelado la cantidad de $1,000, sus inte-reses y las costas: el memorándum de éstas en el que se soli-citaron $300 por honorarios de abogado: la impugnación hecha a esa cantidad por excesiva: y la resolución apelada que la reduce a $200, en la que se dice en ese extremo que presentada la demanda en cobro de dos pagarés ascendentes a $1,000 el demandado formuló excepción previa contra ella, pero la retiró en el acto de su vista, presentando después su contestación pero no asistió al juicio;

Pob cuanto es excesiva la cantidad de $200 por honora-rios de abogado concedida al demandante en pleito tan sen-cillo como el de cobro de pagaré, en el que fué retirada la excepción previa contra la demanda y en el que la parte demandada no compareció en el juicio;

Pob cuanto nos parece razonable por ese concepto la cantidad de $100;

Pob tanto, la resolución apelada es modificada en el sentido de que la partida de honorarios de abogado sea la cantidad de $100, y así modificada se confirma la resolución apelada.


text:
    No. 4220.
    No. 4344.
    Cayuga Linen & Cotton Mills, Inc., aplte. v. Crédito y Ahorro Ponceño, apldo. Pontón González, aplte., v. Román, apldo.
    C. D. San Juan.
    Junio 4, 1928.
   Desestimados los recursos por abandono, no habiendo comparecido los apelantes a la audiencia acordada en mayo 16, próximo pasado, para que mostraran causa si tuvieren alguna para no desestimar la apelación interpuesta en estos casos.


text:
    No. 4430.
    No. 4243.
    No. 4427.
    No. 4017.
    No. 4266.
    No. 4192.
    No. 4208.
    No. 4209.
    Bonnar, aplte., v. Gallardo, Tesorero de P. R., apldo. Colls, aplte., v. Delgado, apldo. Bauzá Hermanos, apltes., v. Santiago et al., apldos. Cordero, aplte., v. Comisión Hípica, aplda. Lamela, peticionario-aplte., y El Pueblo, opositor-apldo. Collado, aplte., v. Porto Rican & Am. Insurance Co., aplda. Florit, aplda., v. Arcelay, aplte. Florit, aplda., v. Arcelay, aplte.
    C. D. San Juan. C. D. San Juan. C. D. Ponce. C. D. San Juan. C. D. Arecibo. C. D. San Juan. C. D. San Juan. C. D. San Juan.
    Junio 4, 1928.
   Celebrada en los 8 anteriores casos el 4 de junio, 1928, la audiencia acordada por el tribunal a fin de que el apelante en cada caso mostrara causa, si alguna tenía, por qué no debía desestimarse la apelación; no habiendo comparecido dichos apelantes a pesar de haber sido notifi-cados, se desestimaron los recursos por abandono.


text:
    No. 4560.
    Montañez, apldo., v. Muñoz et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 5, 1928.
   Apareciendo que la parte apelante dejó vencer las prórrogas que se le habían concedido liara la preparación de la transcripción de la evidencia a los efectos de la apelación que interpuso y que no expone causas bastantes para que esta Corte Suprema ejercite por segunda vez su poder discrecional concediéndole un nuevo término, se declara con lugar la moción de la parte apelada y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 4620.
    Sucs. de Roque Gonzalez & Co., apldos., v. López, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 5, 1928.
   Apareciendo de la moción de la parte' apelada y de la certificación acom-pañada a la misma que la apelación se interpuso en este caso el 5 de mayo de 1928 y desde entonces la parte apelante nada lia gestionado para perfeccionarla, se declara con lugar dicha moción y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 4611
    Lara, aplte., v. Casanovas, apldo.
    C. D. Ponce.
    Junio 5, 1928.
   Interpuesta la apelación en este caso el 13 de febrero de 1928 y habiendo vencido en 9 de mayo último la prórroga concedida a la parte apelante para presentar la transcripción de la evidencia sin que la haya radicado ni obtenido nueva prórroga y sin que tampoco haya presentado en este tribunal los autos de la apelación, ésta es desestimada.


text:
    No. 4612.
    Juarbe, aplda., v. Claudio et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 8, 1928.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación; apareciendo que la tercerista apelada ha obtenido dos. sentencias a su favor sobre los méritos, primero en la corte municipal, y luego, después de un juicio de novo, en la corte de distrito, y no constando claramente del legajo de la sentencia que el verdadero valor de la propiedad en controversia, adquirida por la tercerista apelada por compra mediante el pago de trescientos dollars como precio de tal adquisición, exceda de la suma indicada, se declara con lugar la referida moción y se desestima, en su consecuencia, la apelación interpuesta.


text:
    No. 4519.
    Buonomo, apldo., v. Corte Municipal de Caguas, Hon. José Soto, Juez, aplte.

    C. D. Humacao.
    Junio 8, 1928.
   Vistas la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, fundada en la supuesta frivolidad de ésta, la sentencia apelada, y la rela-ción del caso y opinión en que se funda dicha sentencia; y vistos además los casos de Cueto v. Corte de Distrito, 37 D.P.R. 244, resuelto por el voto dividido del tribunal y citado no solamente por la corte inferior y por el apelado, sino también por el apelante, y García v. The Humacao Fruit Co., 23 D.P.R. 247, citado también por el apelante en su alegato presentado en el acto de la vista: oídos los informes orales de las partes, y no apareciendo que sean enteramente frívolas en todos sus aspectos algunas de las cuestiones envueltas, no lia lugar a desestimar el recurso.


text:
    No. 4490.
    No. 4576.
    No. 4538.
    Axtmayer et al., apltes., v. Körber & Co. et al., apldos. Marrero, aplte., v. Carrión et al., apldos. Crédito y Ahorro Ponceño, apldo., v. Cruet, aplte., In re Cruet interventora-aplte.
    C. D. San Juan. C. D. Arecibo. C. D. Gruayama.
    Junio 11, 1928.
   Celebrada en los tres casos que anteceden en junio 11, 1928, la audiencia acordada por el tribunal a fin de que el apelante en cada caso mostrara causa, si alguna tenía por qué no debía desestimarse la apelación; no ha-biendo comparecido dichos apelantes a pesar de haber sido notificados, se desestimaron los recursos por abandono.


text:
    No. 4629.
    Quintana & Borges, apltes., v. Porras et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Junio 12, 1928.
   Estando vencida desde el 14 de febrero de 1928 la última prórroga concedida por la corte inferior al apelante para presentar la exposición del caso para su apelación sin que la haya presentado ni haya radicado en este tribunal la transcripción de los autos, debemos desestimar y desestimamos la apelación.


text:
    No. 4281.
    Resto, aplte., v. Silva et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Junio 12, 1928.
   A la moción de reconsideración presentada por la parte apelante, visto lo resuelto por esta corte entre otros en el caso de Orta v. Arzuaga, 23 D.P.R. 259, 263, no ha lugar.


text:
    No. 4632.
    Molina, apldo., v. Rodríguez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 12, 1928.
   Vista la moción sobre desesti-mación qne antecede, atendidas las manifestaciones Rectas bajo juramento por el abogado del apelante en oposición a la. misma, tendentes a explicar y justificar basta cierto pnnto la negligencia excusable imputable a dicbo abogado, y ha-biendo el apelante invocado la discreción de este tribunal y la doctrina establecida en los casos de Alvarez v. National Fire Insurance Co., 36 D.P.R. 928 y la resolución de este tribunal de fecha 10 mayo de este año en el caso No. 4560, Montañez v. Muñoz — esta corte, en el ejercicio de su discre-ción, concede un nuevo término de treinta días a la parte apelante para radicar la transcripción de la evidencia en la secretaría de la corte inferior, a partir del 26 de mayo de 1928, quedando la Corte de Distrito de San Juan con plena jurisdicción para conceder las demás prórrogas que en tiempo y por justa causa haya solicitado y pueda solicitar el ape-lante, debiendo el dicho apelante imprimir a su trabajo y gestiones la mayor actividad posible.


text:
    No. 4634.
    Monge, aplte., v. Osorio et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Junio 12, 1928.
   PoR cuanto, aunque aparece claramente de los documentos acompañados a la moción en este caso que el taquígrafo de la corte inferior ha obtenido prórrogas hasta completar trescientos noventa días, es lo cierto también que todas esas prórrogas han sido solicitadas y obtenidas en tiempo, sin que ello acuse negligencia por parte de la apelante;

Pon cuanto aparece de la documentación presentada por la apelante que el taquígrafo presentó en la corte la trans-cripción de la evidencia en 4 de junio de 1928;

Pon tanto, no habiendo razones para creer que la ape-lante haya sido negligente, ni otra alguna que autorice la desestimación solicitada, se declara sin lugar la moción que-a ese fin presentó la parte apelada.


text:
    No. 4485.
    A. Alvarez & Hnos., aplda., v. Iturregui Hnos. et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 12, 1928.
   Vista la moción sobre desestimación que antecede, fundada en la falta de señalamiento de errores por separado de acuerdo con el reglamento, y la constante jurisprudencia de este tribunal; y apareciendo que los apelantes no solamente ban dejado de cumplir con la regla y práctica establecidas en el sentido indicado, sino que tampoco presentan ningún argumento sólido o persuasivo en apoyo de las supuestas cuestiones de derecho planteadas y de la escueta opinión del abogado de los apelantes sobre la materia, — se declara con lugar la referida moción, y, en su consecuencia, se deses-tima la apelación interpuesta.


text:
    No. 4530.
    Menéndez, aplte., v. Pérez, aplda.
    C. D. San Juan.
    Junio 14, 1928.
   PoR cuanto dictada sentencia en rebeldía en este caso el 15 de septiembre de 1927, la parte demandada el 2 de noviem-bre siguiente solicitó que se dejara sin efecto y se le permi-tiera radicar la contestación y contrademanda acompañada, por los motivos hechos constar en un affidavit de méritos;

PoR cuanto la corte de distrito después de oír a ambas partes declaró con lugar la moción de la demandada decre-tando que el pleito siguiera su curso y fuera resuelto por las alegaciones y las pruebas que se practicaran en el mismo;

Por cuanto no conforme el demandante interpuso este recurso presentando un amplio alegato que fuá contestado por la demandada, habiéndose oído a ambas partes el Io. de junio actual, y

Por cuanto examinados los autos no cabe concluir que la corte de distrito abusara de su poder discrecional al consi-derar como justa causa para la prolongada dilación del litigio la enfermedad del abogado de la demandada, Sr Socorro, aún' cuando se hubiera demostrado, como se demostró, que dicha enfermedad, le permitía atender personalmente a algunos de sus asuntos, ya que es un hecho cierto que fué seria de tal modo que a consecuencia de ella murió el Sr. Socorro, teniendo su muerte que producir el consiguiente trastorno hasta que la demandada pudo elegir nuevo abogado y éste enterarse plenamente de las cuestiones envueltas en el mismo, y al apreciar que, prima facie, la contestación y con-trademanda levantaban cuestiones propias para ser debatidas y juzgadas y resueltas por sus méritos:

Pon tanto, de acuerdo con la ley y la repetida jurispru-dencia de esta corte sobre la materia, se declara sin lugar el recurso y se confirma la résolución apelada.


text:
    No. 3454.
    El Pueblo, apldo., v. Hernández, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 15, 1928.
   Pos cuanto el apelante fué convicto dos veces por acome-timiento y agresión grave con circunstancias agravantes, primero en la corte municipal, y luego, después de un juicio de novo, en la corte de distrito;

PoR cuanto el alegato no contiene señalamiento ninguno de errores, y aparece que las únicas cuestiones levantadas en el mismo se refieren a la suficiencia de la prueba; y

Pon cuanto no existe en los autos exposición del caso o transcripción de evidencia alguna para colocar a esta, corte en una posición que nos permita apreciar el verdadero peso de la prueba practicada en la corte inferior durante el juicio y juzgar si la corte de distrito cometió error manifiesto al resolver el conflicto.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 4639.
    Porto Rico Automobile Co., aplda., v. López et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 19, 1928.
   Como la sentencia en este caso fué dictada en octubre 3, 1927, y el es-crito de apelación fué archivado en la secretaría de la corte de distrito con fecha 3 de noviembre de 1927, y como desde entonces no se han dado los pasos correspondientes para elevar a esta corte los autos en apelación, aún suponiendo que el recurso hubiese sido interpuesto a tiempo, a moción de la apelada se desestima el recurso.


text:
    No. 4640.
    Sánchez Morales & Co., aplda., v. Rodríguez et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 19, 1928.
   ■ Por cuanto se nos pide que desestimemos la apelación establecida en este -caso por ser frívola, sin que a tal soli-citud se Rayan opuesto los apelantes;

Por cuanto establecida la demanda en cobro de dos pa-garés los demandados contestaron aceptando la personalidad de la demandante y que suscribieron los pagarés transcritos en ella pero alegaron que fué uno de los demandados quien entregó los pagarés y no los dos demandados, así como que estuvieran vencidos, deduciendo como defensa que a uno de los demandados se le concedió prórroga para el pago sin término fijo, en sumas parciales y en la cuantía que pudiera;

Por cuanto resulta de los pagarés que las obligaciones reclamadas están vencidas y que los demandados no compa-recieron en el juicio, por lo que no presentaron prueba de su defensa de prórroga;

Por tanto, estimamos frívola su apelación contra la sen-tencia de 17 de abril de 1928 que los condena al pago y debemos desestimar y desestimamos la apelación.


text:
    No. 4585.
    Central Pasto Viejo, Inc., aplte., v. Robles, apldo.
    C. D. Humacao.
    Junio 20, 1928.
   Vistas la moción que antecede sobre desestimación de apelación y la sección 11 de la ley de desahucio (Compilación de 1911, sección 1635), y apareciendo que al momento de radicar el escrito de apela-ción había transcurrido con exceso desde la fecha de la sen-tencia el período fijado por la ley, se declara con lugar la referida moción y se desestima el recurso.


text:
    No. 4285.
    Vicente et al., apldas., v. Malavé, aplte.
    C. D. Guayama.
    Junio 21, 1928.
   Por cuanto al presentarse la moción para desestimar, el apelante ya había radicado la transcripción de los autos, dándose cumplimiento a la sección 58 del Reglamento del Tribunal Supremo, no siendo el mero abandono por mucho tiempo por sí solo razón suficiente para desestimar, según la jurisprudencia establecida en el caso de García v. American Railroad Co. of Porto Rico, 17 D.P.R. 949, especialmente cuando dentro del mismo tiempo transcurrido el apelado no ha hecho ninguna gestión para obtener la deses-timación ;

Pon cuanto en este caso, en que se trata de un incidente sobre memorándum de costas, la parte apelada está equivo-cada al afirmar que la corte en su sentencia por costas excluyó la condena de honorarios de abogado;

Pon cuanto el señalamiento de error sobre si la corte se equivocó o no al excluir una partida de honorarios de abogado por valor de $300 no es una cuestión frívola;

PoR tanto, no ha lugar a desestimar el recurso.


text:
    No. 4375.
    Rodríguez, apldo., v. Lluch, aplte.
    C. D. Ponce.
    Junio 22, 1928.
   Atendidas las razones alegadas en la anterior moción el tribunal en uso de su discreción deja sin efecto su resoliíción de fecha 18 del corriente desesti-mando esta apelación, la cual queda por tanto reinstalada, y concede al apelante un nuevo término que vencerá el día 7 de julio de 1928 para radicar alegato.


text:
    No. 4660.
    American Colonial Bank of P. R., apldo., v. Heraclio López & Co. et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Junio 23, 1928.
   Desestimado el recurso a petición de la apelada con la conformidad de los apelantes.


text:
    No. 4644.
    John M. Khon o Stella Mae Campbell et al., apldos., v. Martínez Marrero, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 26, 1928.
   Apareciendo de la moción sobre desestimación y de la certificación que se acompaña, que no ha vencido la última prórroga concedida por la corte inferior al apelante para preparar y presentar la transcrip-ción de la evidencia, y no habiendo el promovente demostrado un claro abuso de discreción por parte del juez de dicha corte, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 4419.
    Schlüter & Cía., aplda., v. González et al., apltes.
    O. D. San Juan.
    Junio 28, 1928.
   Vistos la moción de reconsideración y el sugerido conflicto entre este caso y el de Fernández v. Alonso Riera y Co., resuelto el 4 de mayo último, (pág. 155) y visto también el caso de Campos v. Corte de Distrito, 35 D.P.R. 621, se reconsidera la resolución de la corte de mayo 31, 1928 (pág. 246), y se señala una nueva vista de la moción de desestimación para el día 9 de julio de 1928, a las 2 p. m.


text:
    No. 4402.
    Cosme, aplda., v. Sánchez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Junio 26, 1928.
   Por cu auto el apelado pide la desestimación de este recurso toda vez que después de varias prórrogas para pre-parar la transcripción de las notas taquigráficas una de ellas venció en septiembre 5, 1927;

Pon cuanto el apelante pidió en 6 de septiembre 1927, otra prórroga que fuéle concedida el 15 de dicho mes y año por la corte sentenciadora;

Pob cuanto la apelada pide la desestimación del recurso fundada en la teoría de que cuando se solicitó' la prórroga el día 6 de septiembre de 1927 el término estaba vencido y por tal motivo la corte inferior quedó sin jurisdicción para concederla;

Por cuanto el 5 de septiembre de 1927 no era un día laborable y por el contrario un dies-non por ser el día cono-cido como Labor Day, una fiesta legal en Puerto Rico;

Por tanto, estando en tiempo el apelante dentro del con-cepto legal el día 6 de septiembre de 1927, no ha lugar a desestimar el recurso.


text:
    No. 4402.
    Cosme, aplda., v. Sánchez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 10, 1928.
   Por cuanto el apelado al hacer su moción de desestima-ción en este caso no llamó la atención de la corte con la debida especificación que una de sus razones para desestimar era la falta de alegato' sino más bien la falta de alegato era una razón adicional a la omisión de radicar la exposición del caso, de modo que esta corte ni aparentemente el apelante entendieron que el indicado era uno de los motivos para pedir la desestimación;

Por ouaNto la apelada abora llama la atención del tribunal de que existía un párrafo encaminado a este fin en su moción de desestimación;

Por tanto, se reconsidera la resolución de este tribunal de 26 de junio de 1928 y se señala nuevamente la vista de la moción de desestimación para el 23 de julio de 1928.


text:
    No. 4402.
    Cosme, aplda., v. Sánchez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 24, 1928.
   Por cuanto uno de los fundamentos para la' desestimaT oí ón de este recurso era que la transcripción del récord se había radicado en esta corte en febrero 15, 1928, sin que la parte apelante hubiera radicado su alegato o pedido pró-rroga para ello;

Por cuanto es el deber de un apelante conocer cuándo se radiquen las transcripciones de autos en esta corte y por tanto, no es el deber del Secretario-Repórter notificar tal radicación, aún suponiendo que existiera este deber en general ;

Por cuanto el apelante no ha radicado alegato, se declara con lugar la moción, y por tanto se desestima la apelación interpuesta contra sentencia de la Corte de Distrito de Humacao de diciembre 14, 1926.


text:
    No. 4657.
    Orange Rice Milling Co., aplda., v. Barasorda, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 10, 1928.
   Por cuanto la petición de desestimación se funda en que la apelación en este caso se presentó el 7 de septiembre de 3927, habiéndose solicitado distintas prórrogas para la radi-cación de la transcripción de evidencia, y habiendo transcu.-rrido el término de noventa días desde la fecha de la apela-ción y que el apelante no ha proseguido su apelación con lá debida diligencia, y la apelación es frívola;

PoR cuanto el apelante, por medio de las declaraciones juradas que acompaña a su oposición a la desestimación prueba que ha sido imposible a los taquígrafos tener pre-parada tal transcripción de evidencia, y por su moción, que no ha sido negligente en la prosecución de este recurso, éiii que aparezca que la apelación sea frívola;

Pon tanto, se declara sin lugar la moción de desestima-ción de la apelada.


text:
    No. 4655.
    Portela, apldo., v. Padilla, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 10, 1928.
   Apareciendo qué el escrito de apelación fué radicado en la corte de distrito el día 19 de marzo próximo pasado, sin que hasta la fecha el apelante haya presentado en dicha corte de distrito expo-sición del caso o transcripción de evidencia alguna, habiendo expirado la última prórroga concedida para tal fin, y apare-ciendo además que hasta la fecha el apelante no ha radicado tampoco en la secretaría de este tribunal transcripción de autos alguna, a pesar de haber transcurrido con exceso el tiempo fijado para ello, se declara con lugar la referida moción y se desestima la apelación entablada en este caso.


text:
    No. 4670.
    West India Oil Co., aplda., v. Michell, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 10, 1928.
   Ha-biendo transcurrido el término que tenía el apelante para presentar la exposición del caso o la transcripción de la evi-dencia sin haberlo verificado ni pedido prórroga; y habiendo transcurrido además el término para radicar el récord en el Tribunal Supremo, se desestimó el recurso a petición de la apelada.


text:
    No. 4653.
    Axtmayer et al., apltes., v. J. Ochoa & Hno. et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Julio 10, 1928.
   Habiendo vencido en junio 8, 1928 la última prórroga concedida a la parte apelante para preparar la transcripción taquigráfica sin que desde entonces baya- hecho gestión alguna para tra-mitar su recurso, y sin que haya presentado en este tribunal la transcripción de los autos, debemos desestimar y deses-timamos esta apelación.


text:
    No. 4251.
    Santa, aplte., v. Comisión Hípica Insular, aplda. y Porto Rico Racing Corp., interventora.

    C. D. San Juan.
    Julio 12, 1928.
   Por cuaNto la transcripción de los autos en este caso se radicó en la secretaría de este tribunal el 20 de junio de 1927;

Por cuanto no habiendo la parte apelante hecho gestión alguna, el 16 de mayo de 1928 se señaló la audiencia del 4 de junio último a fin de que compareciera y manifestara por qué no debía desestimarse por abandono el recurso;

Por cuanto en el día señalado, el apelante compareció y pidió que se le concediera un nuevo término de veinte días para radicar su alegato y la corte accedió;

Por cuanto transcurrido dicho nuevo término sin que el alegato se archivara, se señaló la audiencia del 9 de julio para que el apelante manifestara por qué no debía desesti-marse por abandono el recurso, y

Por cuanto en el dicho día 9 de julio compareció el ape-lante y pidió que se le concediera otro nuevo término para presentar su alegato sin exponer razones que explicaran su negligencia, limitándose su abogado a expresar oralmente •sin argumentación que creía que el apelante tenía una buena causa de acción;

Por tanto, habiendo faltado el apelante repetidamente a las regias de la corte, sin que se alegara causa justa alguna -que explique la dilación, se desestima, por abandono, el recurso.


text:
    No. 4280.
    Gely, aplte., v. Sucn. Rodríguez, aplda.
    C. D. Guayama.
    Julio 12, 1928.
   Por cuanto resuelto este caso por sentencia de la Corte •de Distrito de Guayama de 2 de septiembre de 1924, con-firmada por la de esta Corte Suprema de julio 22, 1.925, 34 D.P.R. 522, la apelante Providencia Gely presentó una moción a fin de que se incluyeran nuevos bienes en el inventario de los dejados a sn muerte por el que fué su esposo Fructuoso Rodríguez, y aportó prueba sobre el particular;

Por. cuanto la dicha corte de distrito estimando que la prueba aportada no demostraba satisfactoriamente que los bienes que en ella se detallan correspondieran a la sociedad de gananciales Rodríguez-Gely, declaró la pretensión de la Sra. Gely sin lugar,; y

Pon cuanto habiendo apelado la dicha Sra. Gely presentó un alegato que analizado en relación con los autos no con-vence por completo a esta Corte Suprema que la de distrito errara al actuar en la forma en que lo hizo;

Por. tanto, se declara sin lugar la apelación interpuesta y se confirma la sentencia recurrida.


text:
    No. 4672.
    Pérez, apldo., v. Sucn. Garced, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 18.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación: apa-reciendo que el apelante no' ha presentado en la corte de distrito exposición del caso ni transcripción de evidencia alguna, a pesar de haber vencido la última prórroga solici-tada y concedida, ni ha radicado en la secretaría de este tribunal la transcripción de los autos, no obstante haber transcurrido con exceso el término prescrito para ello, se declara con lugar la referida moción, y, en su consecuencia, se desestima la apelación.


text:
    No. 623.
    Arroyo, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger, Juez.

    Julio 23, 1928.
   Por cuanto la existencia de una seria duda, más o menos bien fundada por parte del abogado del peticionario, no basta por sí solo para demostrar la falta de un remedio ordinario y adecuado en ley, inclinándonos a creer que existe una ape-lación en este caso; ,

Por cuaNto el supuesto error principal que se alega, si lo hubo, fué más bien de derecho que de procedimiento, y

Por ouaNto no existe ninguna cuestión de jurisdicción y los demás errores especificados por el peticionario, si existen, son aún más claramente errores de derecho, no de procedi-miento ;

Por tanto, la corte declara que no ha lugar a la expedi-ción del auto solicitado.


text:
    No. 4681.
    Avilés, aplda., v. Ortega, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 24, 1928.
   Concedidas varias prórrogas al apelante en este caso para que el taquí-grafo preparase la transcripción de la evidencia y habiendo vencido la última el 7 del mes próximo pasado sin que haya solicitado ni obtenido nueva prórroga y sin que haya pre-sentado en este tribunal la transcripción de los autos, de-bemos desestimar y desestimamos la apelación.


text:
    No. 2949.
    El Pueblo apldo., v. Méndez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 26, 1928.
   Por cuanto interpuesto recurso de apelación en esta causa se ha presentado un alegato en el que como únicos errores se señalan los cometidos a juicio del apelante por la corte sentenciadora al admitir la declaración de cierto tes-tigo para impugnar la veracidad de otro y al apreciar la prueba; y

Por cuanto examinados los autos no existe en ellos ex-posición del caso, ni pliego de excepciones, ni transcripción de la evidencia, que permita examinar si tiene o no razón el apelante; y

Por cuanto la acusación y la sentencia son suficientes y congruentes;

Por tanto, se declara sin lugar el recurso y se confirma la sentencia apelada.


text:
    No. 4537.
    Matos, aplda,. v. Rodríguez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 26, 1928.
   A la nueva moción de desestimación presentada por la parte apelada en •este caso, vista la oposición de.la parte apelante y no habiendo variado la situación que se analizó al decidirse el 31 de mayo último la primera moción, no ha lugar, llamándose la atención .sin embargo, sobre que esta resolución no debe servir de escudo a la negligencia de la parte apelante. Si dicha negli-gencia se probara, la desestimación sería decretada inme-diatamente.


text:
    No. 4213.
    Lawton, aplte., v. Rodríguez, apldo.

    Julio 26, 1928.
    O. D. San Juan.
   A la moción del .apelante para que se remita a la corte de distrito el mandato de la sentencia que se dictara el 23 de abril último, vista la •oposición del apelado y habiendo en consideración lo resuelto el 31 de mayo último y lo decidido en el día de hoy, no ha lugar.


text:
    No. 4499.
    Díaz, aplte., v. Rosa, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Julio 28, 1928.
   PoR cuanto la Corte de Distrito de Arecibo resolvió lo que sigue:

“El día 19 de marzo de 1927 el demandado guiaba un automóvil Studebaker de su propiedad por la carretera que conduce de Arecibo a Hatillo. El demandante Venancio Villalba viajaba en un carro Ford guiado por Paulino Pellot y que llevaba la misma dirección. El chauffeur Pellot pidió derecha para pasar. El demandado accedió al aviso y dió paso. Al pasar con su carro el chcmffeu/r Pellot encontró que obstaculizaba la vía una carretilla de un peón caminero que trabajaba en la cuneta inmediata, junto a cuya cuneta se encontraba el otro demandante Alfredo Díaz conversando con ■el caminero. El chauffeur Pellot desvió su carro Ford y su rueda delantera derecha chocó con la rueda trasera izquierda del Studebaker del demandado. A consecuencia del impacto •el carro Ford quedó volcado sobre la cuneta y al volcarse produjo al demandante Díaz una herida en la frente por la cual fue asistido y recluido ocho días en una clínica; y el otro demandante, Villalba, recibió una herida en la frente y lina contusión en la pierna izquierda, por lo qne fné asistido y reclnido durante seis días en la misma clínica.”

PoR cuanto para sostener esa conclusión no importa qne el demandante no fuera culpable de negligencia, toda vez qne él estaba obligado a probar la negligencia del demandado.

Bob. cuanto la prueba analizada por nosotros sostiene la conclusión de la corte inferior, ann cnando Imbo conflicto en la misma.

Pob cuanto en lo que al segundo señalamiento de error se refiere, el demandante no tomó excepción en la corte de distrito.

Pob cuanto la eliminación de cierta prueba, qne se señala como error, de ser tal error, no era fundamental o perjudi-cial, toda vez que dicha prueba no tendía a probar cómo ocurrió el accidente, y a lo sumo sólo tendía a demostrar que el demandado estaba dispuesto a impedir un litigio.

Pob tanto, debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    No. 4645.
    Burgos, apldo., v. Burgos y su esposa, aplte. esta última.
    C. D. San Juan.
    Julio 28, 1928.
   Apareciendo de la moción de 13 de junio último, de la complementaria de 15 del propio mes y de los documentos acompañados, que la apelación en este caso se interpuso el 26 de abril de 1928 y hasta la fecha no se han archivado los autos sin que esté pendiente de tramitación exposición alguna del caso o transcripción de la evidencia, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.


text:
    No. 4163.
    Suárez, aplte., v. Canino, apldo.

    C. D. San Juan.
    Julio 28, 1928.
   Pob cuanto por las alegaciones y la prueba convenimos con la corte inferior y con el apelado en que éste es un pleito ordinario de injunction, y no el procedimiento especial autorizado por las leyes de 1913 y 1917 ;•

Pob cuanto la Corte de Distrito de San Juan, en el proce-dimiento de injunction preliminar, practicó una inspección ocular de las propiedades en cuestión y llegó a una conclusión que formó parte de la prueba para la vista final del caso;

Por gtjaNto no se fia elevado a este tribunal ni el informe ni cualquiera de los planos y fotografías a que se refiere el apelante en su alegato;

Por ctjaNto éste es un litigio en que está envuelto el derecho a una pared, habiendo resuelto la corte de. distrito las cuestiones en controversia a favor del demandado;

Por cuanto toda la prueba del demandado tendió a de-mostrar fuertemente que la pared siempre le perteneció, y le había pertenecido durante algunos años;

Por cuanto la prueba documental del demandante, en tanto en cuanto no fue presentada a instancias suyas, sólo tendió a probar la existencia de un solar que colindaba con el solar del demandado, pero no la pertenencia de una pared.

Por cuanto la prueba documental relativa a una escritura otorgada en 1924 y el informe de un agrimensor fué prueba presentada a instancias del demandante;

Por cuanto el conflicto en la. prueba testifical favoreció al demandado, y así necesariamente lo resolvió la corte inferior ;

Por cuanto el alegato del apelante no contiene una expo-sición concisa de los hechos, según lo exige el reglamento de este tribunal;

Por tanto, debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    No. 4395.
    Añeses et al., apldos., v. Consejo Ejecutivo de P. R. Etc., aplte.

    C. D. San Juan.
    Julio 28, 1928.
   Habiéndose dictado la sentencia en este caso el 31 de mayo de 1928 y habiéndose remitido el mandato a la corte de distrito de su origen el 11 de junio de 1928; por los motivos consignados en Manrique v. Ramírez González, decidido el 12 de julio actual, (pág. 540) y en Schlüter & Cía. v. González, resuelto en el día de hoy, (pág. 249) no ha lugar a la moción de reconsideración archivada en la Secretaría de esta Corte Suprema el 29 de junio último.


text:
    No. 4500.
    Villalba, aptle., v. Rosa, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Julio 28, 1928.
   Por cuaNto la Corte de Distrito de Arecibo resolvió lo que sigue:

“El día 19 de marzo de 1927 el demandado guiaba un automóvil Studebaker de su propiedad por la carretera que conduce de Arecibo a Hatillo. El demandante Venancio Villalba viajaba en un carro Ford guiado por Paulino Pellot y que llevaba la misma dirección. El chauffeur Pellot pidió derecha para pasar. El demandado accedió al aviso y dió paso. Al pasar con su carro el chauffeur Pellot encontró que obstaculizaba la vía una carretilla de un peón caminero que trabajaba en la cuneta inmediata, junto a cuya cuneta se encontraba el otro demandante Alfredo Díaz conversando con el caminero. El chauffeur Pellot desvió su carro Ford y su rueda delantera derecha chocó con la rueda trasera izquierda del Studebaker del demandado. A consecuencia del impacto el carro Ford quedó volcado sobre la cuneta y al volcarse produjo al demandante Díaz una herida en la frente por la cual fué asistido y recluido ocho días en una clínica, y el otro demandante, Villalba, recibió una herida en la frente y una contusión en la pierna izquierda, por lo que fué asistido y recluido durante seis días en la misma clínica.”

Pos cuanto para sostener esa conclusión no importa que el demandante no fuera culpable de negligencia, toda vez que él estaba obligado a probar la negligencia del demandado;

Por cuanto la prueba analizada-por nosotros sostiene la conclusión de la corte inferior, aun cuando hubo conflicto en la misma.

Por cuanto, en lo que al segundo señalamiento de error se refiere, el demandante no tomó excepción en la corte de distrito;

Por cuanto la eliminación de cierta prueba, que se señala como error, de ser tal error, no era fundamental o perjudicial, toda vez que dicha prueba no tendía a probar como ocurrió el accidente, y a lo sumo sólo tendía a demostrar que el deman-dado estaba dispuesto a impedir un litigio;

Pon tanto, debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    No. 4686.
    Escobar et al., apldos., v. Candal, aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 8, 1928.
   Por cuanto aparece en este caso que en 16 de diciembre de 1926 se interpuso por Eladio J. Candal, una apelación contra la sentencia dictada por la corte; y se fian pedido y obtenido por el apelante quince prórrogas para la exposición del caso;

Por cuanto aparece que la última de esas prórrogas venció el 6 de julio de 1928, sin que se presentase tal expo-sición del caso;

Por tanto se declara con lugar la moción de la apelada y se desestima la apelación.


text:
    No. 4690.
    Armour & Co., aplda., v. Romero, aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 8, 1928.
   Vista la anterior moción de desestimación y apareciendo de la misma y de la certificación acompañada que la sentencia se dictó en este caso en marzo 10 del corriente año, que la apelación se interpuso el día 10 de abril de 1928, que el apelante solicitó y obtuvo varias prórrogas para radicar la exposición del caso lo que no lia becbo basta la fecba. No habiéndose radicado la transcripción en el Tribunal Supremo se declara con lugar la referida moción y en su consecuencia se desestima la apelación..


text:
    No. 4685.
    Villegas, apldo., v. J. Suarez & Co., S. en C., aplte.
    O. D. San Juan.
    Nov. 8, 1928.
   Vista la anterior moción para desestimar notificada a la parte apelante, y apareciendo que la sentencia fue dictada en este caso en abril 12, 1928, que la transcripción de la evidencia no fue presentada a la corte inferior ni se solicitó prórroga para presentarla, que el escrito de apela-ción fué radicado en mayo 14, 1928, habiendo transcurrido con exceso el término que concede la ley para radicar la transcripción en el Tribunal Supremo sin que dicha parte la haya radicado ni solicitado prórroga para hacerlo. Por tanto, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima la apelación.


text:
    No. 4735.
    Laviosa, aplte., v. Abril, apldo.
    C. D. Aguadilla.
    Nov. 8, 1928.
   Apareciendo que la parte apelante dejó vencer la última prórroga para preparar la transcripción de la evidencia sin practicar gestión alguna y que no ha radicado en el Tribunal Supremo los autos de esta apelación establecida en marzo 2 del corriente año, se declara con lugar la moción de desestimación de la apelada, y por tanto se desestima el recurso.


text:
    No. 4700.
    Zorrilla, Saenz & Co., aplda., v. Martínez, aplte.
    C. 13. Mayagüez.
    Nov. 8, 1928.
   Apareciendo que la apelación se radicó el 28 de junio del corriente año sin que el apelante haya hecho gestión posterior alguna para perfeccionar su recurso, se declara con lugar la moción y se desestima la apelación interpuesta.


text:
    No. 4228.
    Municipio de San Juan, apldo., v. Rodríguez, aplte.

    C. D. San Juan.
    Nov. 9, 1928.
   Por cuanto contestada la demanda en este caso y seña-lado día para el juicio, la corte, a instancia del demandante, lo tuvo por desistido de su acción con imposición de las costas pero sin honorarios de abogado;

Por cuanto de esa sentencia apeló el demandado alegando como único error contra ella el haber abusado la corte inferior de su poder discrecional al no haber condenado al de-mandante a pagar también los honorarios del abogado del demandado;

Por cuanto no habiéndose practicado prueba con respecto b las alegaciones contradictorias de las partes no podemos tomar como base las del demandado en su contestación, como hace el apelante, para llegar a la conclusión de que la demanda era enteramente viciosa y que por esto fué error el no im-poner al apelado el pago de honorarios de abogado, tanto más cnanto qne la corte sentenciadora decidió resolviendo excepciones previas qne la demanda adneía hechos determi-nantes de causa de acción;

PoR tanto, no habiéndose demostrado la existencia del error alegado, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada.


text:
    No. 4730.
    Sabater, apldo., v. The Union Central Life Insurance Co., aplte.
    O. D. Mayagüez.
    Nov. 9, 1928.
   Por cuanto en este caso se interpuso la apelación en fecha 8 de agosto de 1928, y en 6 de septiembre 'siguiente la apelante solicitó ante este tribunal una prórroga de 30 días para presentar el récord, que le fué concedida por el juez de tumo, y que vence el 8 de octubre de 1928;

Por cuanto aparece del caso que la copia del récord fué presentada ante el secretario de este tribunal el día 4 de octubre de 1928, con fecha posterior a la de la moción de desestimación, pero dentro de la prórroga;

Se declara sin lugar la moción de desestimación presen-tada por el apelado.


text:
    No. 4166.
    González, aplte., v. Sociedad Civil “Peña y Balbás”, aplda.
    C. D. San Juan.
    Nov. 13, 1928.
   Habiendo sido dictada nuestra sentencia en este caso el 26 de julio de 1928 y comu-nicada a la corte inferior el 8 de agosto siguiente; vistos los casos de Schlüter S Go. v. González, 38 D.P.R. 250 y el de Manrique v. Ramírez citado en aquél, no ha lugar a resolver la moción presentada el 1 de septiembre último para que reconsideremos nuestra sentencia.


text:
    No. 4551.
    Hernández, aplte., v. Freiría Hnos. & Co., S. en C. et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Nov. 13, 1928.
   Por cuanto esta apelación fué interpuesta el 20 de febrero de 1928 contra resolución de 30 de enero anterior que dejó sin efecto un injunction decretado en un juicio de tercería de bienes inmuebles. Por cuanto para contar los diez días dentro de los cuales había de ser interpuesta la apelación tomamos como punto de par-tida que la notificación de la resolución apelada fué hecha al apelante el 30 de enero de 1928 y desestimamos la apela-ción. Por cuanto si bien en los autos aparece copia de la resolución de 30 de enero de 1928 para notificar al abogado del apelante, ahora se nos presenta una certificación del secretario de la corte inferior de que esa notificación la hizo el 10 de febrero de 1928 resultando así que la apelación fué interpuesta dentro del término legal. Por tanto, se deja sin efecto nuestra resolución de 27 de junio de 1928 (pág. 474) desestimando esta apelación.


text:
    No. 3645.
    El Pueblo, aplte., v. González et al., apldos.
    —C. D. Arecibo.
    Nov. 14, 1928.
   Por cuanto en este caso la Corte de Distrito de Arecibo dictó una resolución con res-pecto a una excepción a la denuncia, declarando con lugar la excepción y ordenando el archivo y sobreseimiento de la denuncia. Por cuanto la denuncia a que se hace referencia fué la presentada originalmente ante la Corte Municipal de TTtuado por el Jefe de Policía Insular; y de ella conoció la Corte de Distrito de Arecibo; Por cuanto de la resolución de la Corte de Distrito de Arecibo antes ■ citada apeló el fiscal, en una moción a su nombre en la que se lee: “El fiscal les notifica a Udes. que no estando conforme con la resolución de la corte dictada en el día de hoy .... apela de dicha resolución. ...” Por cuanto la apelación ha de-bido solicitarse en nombre de El Pueblo de Puerto Rico, que es parte en el caso, y no en el del fiscal; y vista la juris-prudencia de este tribunal en el caso Ex parte Gotay, 37 D.P.R. 472: Se declara con lugar la moción del apelado, y se desestima la apelación.


text:
    No. 4745.
    González et al., apltes., v. Cuebas Padilla et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Nov. 14, 1928.
   Habiendo vencido el 19 de agosto último la pró-rroga concedida a los demandantes en este caso para pre-sentar la transcripción de la evidencia para su apelación contra la sentencia sin que lo hayan hecho ni obtenido nueva prórroga, ni presentado la transcripción de los autos en este tribunal; y no aduciendo razones suficientes los apelantes para que les concedamos un nuevo término para proseguir su apelación, no ha lugar a esta pretensión y debemos deses-timar y desestimamos la apelación.


text:
    No. 4743.
    International Milling Co., aplda., v. García, aplte.
    C. D. Humacao.
    Nov. 14, 1928.
   Por cuanto del récord aparece que la demandada apeló de sentencia de la Corte de Distrito de Humacao, teniendo la apelación fecha 2 de mayo de 1928; y la apelante solicitó de la corte varias prórrogas para presentar exposición del caso. Por cuanto según resulta del mismo récord de esta apelación,' la apelante ha dejado transcurrir las prórrogas sin presentar la exposición del caso, y no se ha presentado a este tribunal récord o legajo alguno, sin que la apelante haya ofrecido excusa alguna: Por tanto, se declara con lugar la moción de la apelada, y se desestima la apelación.


text:
    No. 4695.
    Negrón, aplte., v. Jaca, aplda.
    C. D. San Juan.
    Nov. 14, 1928.
   Apareciendo dé la moción jurada por el abogado del apelado en este caso, notificada al de la parte contraria, que la apelación contra la sentencia fue in-terpuesta el 21 de junio del corriente año sin que desde entonces exista en la corte inferior procedimiento alguno para presentar exposición del caso ni transcripción de la evidencia y sin que.se haya radicado en este tribunal la copia de los autos, debemos desestimar y desestimamos esta apelación.


text:
    No. 4761.
    Ramírez, aplte v. Yumet, apldo.
    C. D. Aguadilla.
    Nov. 14, 1928.
   Vistas las dos mociones sobre desestimación de apelación radicadas por el demandado y apelado, las certificaciones acompañadas a las mismas y la oposición de la parte demandante y apelante, y apareciendo que esta última parte no radicó en la corte de distrito la transcripción de la evidencia dentro del término fijado para ello; que el nnevo término concedídole posterior-mente por la corte inferior fue en exceso de la facultad y de la jurisdicción de diclia corte, según la jurisprudencia ya establecida por una mayoría de este tribunal, y que basta la fecha el apelante no ha radicado en la secretaría de esta corte ninguna transcripción de autos, a pesar del tiempo transcurrido, se declaran con lugar las citadas mociones y en su consecuencia se desestima el recurso de apelación in-terpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de Aguadilla en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4666.
    Valladares, apldo., v. Benítez et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Nov. 16, 1928.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, y apareciendo de un examen de los autos que en la transcripción radicada en la oficina del secretario de este tribunal el día 6 de agosto próximo pasado, no existe cons-tancia alguna de haberse notificado a la parte contraria, o sea, el demandante-apelado, con copia de dicha transcripción, tal como exige el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la Ley No. 81 de junio 26 de 1919, Leyes del mismo año, página 675, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima la apelación inter-puesta contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de .Humacao en mayo 12, 1928, en el caso de epígrafe.


text:
    No. 4762.
    Mateo, aplte., v. Junta Examinadora de Ingenieros, etc., aplda.

    C. D. San Juan.
    Nov. 16, 1928.
   Por cuanto, se ha pedido en este caso, por la parte apelada, la desestimación de la apelación, sin que esa parte haya comparecido ante el tribunal el día señalado para oír la moción, compareciendo la apelante para objetar a la misma; Por cuanto el motivo en que se basa la petición de desestimación es que la transcripción de la evidencia fué aprobada por la corte de distrito el 7 de septiembre de 1928, y el apelante no presentó la transcripción de autos en este tribunal dentro de los 30 días siguientes a aquella fecba, y si bien solicitó una prórroga, fué después de vencido el término por lo que la prórroga fué denegada; y así aparece del récord de este caso; Por cuanto de declaración jurada presentada por el apelante aparece que el día 11 de octubre de 1928, Cruz Pérez Arguinsony, en nombre del apelante, fué a, la oficina del Attorney G-eneral de Puerto Pico para obtener del Sr. Janer, oficial jurídico, la firma en la transcripción de la evidencia en este caso, por ser el Sr. Janer quien babía representado a la demandada y apelada, y no pudo encontrar en esa oficina al Sr. Janer, ni ese día ni el día 13, en que volvió con el mismo propósito, entregando entonces la copia de la transcripción al Licenciado Ricardo Gómez, y recibiendo el día 15 del mismo mes la copia de la transcripción firmada en forma. Por cuanto un estudio de este récord demuestra que la transcripción conteniendo la copia de las alegaciones, sentencia y apelación, fué presentada en la secretaría de este tribunal el 15 de octubre de 1928, a las 9 y 35 minutos, de la. mañana, la transcripción de evidencia a las 11 a. m. del mismo día; y la moción para que se desestime, a las 8.50 a. m. del mismo día; Por cuanto aparece que el abogado del apelante bizo diligencias razonables para presentar aquellos documentos, no siendo éste un caso de evidente negligencia; Se declara sin lugar la moción para desestimar la apelación.


text:
    No. 4711.
    Rosales et al., apldos., v. Cartagena et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Nov. 16, 1928.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, fundada en que la sentencia dictada a favor de los demandantes y en contra de los demandados no es apelable por baber sido consentida y solicitada por el apelante, uno de dichos demandantes, y apareciendo que el alegato de dicho apelante fué notificado al abogado de los apelados el día 16 de octubre próximo pasado, y que la cuestión abora suscitada está envuelta como uno de los fundamentos principales en los cuales descansa el apelante para pedir la revocación de dicta sentencia apelada, la corte, en el ejercicio de sn discreción, resuelve no haber lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 3912.
    Stubbe, aplte. v. Gandía, apldo.
    C. D. San Juan.
    Nov. 16, 1928.
   Por cuanto al fijarse la fianza supersedeas en este caso la razón que hubo para fijarla en una suma de $15,000 fué que el deman-dante tenía aún embargadas algunas acciones del demandado en el pleito original y que tal demandante era el apelante en la apelación interpuesta para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, siendo atora el peticionario en la presente moción; Por tanto es de la incumbencia del peticionario demostrar a satisface ción de esta corte que el demandado Gandía no ba sufrido ningunos daños con motivo de la interposición de la demanda y del embargo a partir del supersedeas, y en su consecuencia se declara sin lugar la moción solicitando la cancelación de la fianza.


text:
    No. 4794.
    Bravo, apldo., v. Despiau, aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 21, 1928.
   Vista la moción de deses-timación presentada por la demandante y apelada, apare-ciendo de la misma que el apelante no ba archivado en la secretaría de este tribunal ninguna transcripción de autos a pesar • de haber transcurrido en exceso el tiempo fijado por la ley, y que tampoco ba soficitado prórroga alguna con tal fin, se declara la misma con lugar y en su consecuencia se desestima la apelación..


text:
    No. 4785.
    Orcasitas, apldo., v. Monzón et al., apltes.
    O. D. San Juan.
    Nov. 21, 1928.
   Habiendo ven-cido el 22 de octubre de este año la última prórroga conce-dida al taquígrafo para hacer la transcripción de la evidencia para la apelación interpuesta en este caso sin que la haya presentado ni baya sido radicada en este tribunal la trans-capción de los autos, debemos desestimar y desestimamos esta apelación.


text:
    No. 4744.
    Molina, aplda., v. Marrero, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Nov. 21, 1928.
   A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso, apareciendo que la apelación se interpuso' el 10 de febrero de 1928 y que nada después ha, gestionado ni hecho el apelante, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se deses-tima el recurso.


text:
    No. 65.
    Ex parte Escalera.
    Nov. 23, 1928.
   No acompañándose prueba satisfactoria de que la universidad que expidió el diploma al peticionario es acreditada, como exige la Ley No. 78 de 1928, no ha lugar.


text:
    No. 4614.
    Algarín, apldo., v. The American Railroad Company, aplte.
    C. D. Humacao.
    Nov. 26, 1928.
   Por las razones legales que se consignan en la opinión en el caso Arcelay v. American Railroad Company y que autorizan la sentencia dictada por este tribunal en el mismo caso en fe-cha 13 de noviembre de 1928, se revoca la resolución dictada por la Corte de Distrito de Iíumacao en este caso, con refe-rencia al traslado en fecha 25 de abril de 1928, y se ordena el traslado de este pleito a la Corte de Distrito de San Juan.


text:
    No. 4623.
    Pérez et al., apltes., v. The Porto Rican Leaf Tobacco Co. et al., apldos.
    C. D. San Juan.
    Nov. 27, 1928.
   Habiendo vencido el 31 de octubre de este año la última de las varias prórrogas concedidas a los apelantes, desde que en 24 de mayo de 1928 presentaron la transcripción de los autos, para que presentaran su alegato escrito, sin que hasta el presente lo hayan radicado, y vistas las reglas 42 y 54 de nuestro tribunal, debemos desestimar y desesti-mamos la apelación.


text:
    No. 4666.
    Valladares, apldo., v. Benítez et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Nov. 27, 1928.
   Por cuanto la desestimación de la apelación en este caso provino de la falta de cumplimiento de ciertos requisitos legales por parte del apelante;

Por cuanto la desestimación por el Tribunal Supremo de un recurso de apelación no agrega nada a la sentencia ape-lada y solamente permite la ejecución de ésta;

POR cuanto si una sentencia es nula prima facie., la deses-timación de la apelación de tal sentencia no puede surtir el «efecto de convalidarla;

Por tanto, se declara sin lugar la moción de los deman-. dados Martorel y Colón para que se les exima de los efectos de la sentencia desestimada en este caso.


text:
    No. 4446.
    Pérez, aplte., v. Pérez et al., apldos.

    C. D. Ponce.
    Nov. 27, 1928.
   Por cuanto la Ley No. 43 de 1913 con sus enmiendas prescribe que en un procedimiento de injunction para reco-brar la posesión de la propiedad las costas deben seguir a una sentencia en favor de una u otra parte;

Por cuanto en 28 de julio de 1928 esta corte en apelación dictó sentencia a favor del demandante en una acción así comenzada;

Por cuanto esta corte no concedió las costas y la parte victoriosa lia llamado nuestra atención con respecto a dicha omisión;

Por tanto, resolvemos enmendar y enmendamos nuestra sentencia arriba citada en el sentido de condenar en costas a los demandados; y así enmendada dicha sentencia remítase o] mandato a la corte sentenciadora..


text:
    No. 3491.
    El Pueblo, apldo., v. Batista, aplte.
    C. D. San Juan.
    Nov. 28, 1928.
   Por cuanto acusadas dos personas por delito de hurto de mayor cuantía una fué absuelta y José Batista (a) Chalemán fué condenado e interpuso apelación contra esa sentencia alegando como uno de sus errores el haber dado la corte al jurado la siguiente instrucción, do la cual tomó excepción: ■“La ley presume que estos dos acusados son inocentes, pero esa presunción desaparece cuando entregue el caso a vosotros y marchéis al cuarto de deliberaciones y empecéis a discutir,, a investigar el caso. Entonces desaparece la presunción de-inocencia, pero mientras tanto no.”

Por cuaNto otra instrucción substancialmente igual, dadaen el caso El Pueblo v. Sergio Plata, 38 D.P.R. 90, la declaramos errónea y que producía la revocación de la sentencia y una celebración de un nuevo juicio.

Por tanto, revocamos la sentencia- apelada y ordenamos la celebración de un nuevo juicio en este caso.


text:
    Nos. 4542-4543.
    Carreras et al., apldas., v. Pérez et al., apltes.
    C. D. San Juan.
    Dic. 3, 1928.
   No-estando convencido el tribunal de la falta de buena fe impu-tada a los apelantes en la moción para desestimar; no de-mostrándose que la corte sentenciadora abusara de su discre-ción en la concesión de prórrogas, y no encontrando una falta de diligencia en la prosecución del recurso que justifique la desestimación, se declara sin lugar la moción para desestimar.


text:
    No. 4777.
    Peña et al., apldos., v. Vergne, aplte.
    C. D. San Juan.
    Dic. 3, 1928.
   Por cuanto cuando se pueden fácilmente identificar los abogados que interponen el recurso de apelación no es nece-sario hacer una especificación exacta;

Por cuanto es prorrogable el período de tiempo fijado por la ley para solicitar de la corte que ordene al taquígrafo que prepare la transcripción de la evidencia;

Por cuanto carecemos de los datos necesarios para poder-juzgar si el término para radicar la transcripción de autos ha vencido o no;

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestima-ción presentada por los demandantes y apelados con fecha 22 de octubre de 1928.


text:
    No. 4786.
    Compañía Teatral de Santurce, aplte., v. Lloveras, apldo.
    C. D. Sane Juan.
    Dic. 4, 1928.
   Por ouaNto cuatro días después de vencido el término de veinte días que por la ley tiene el taquígrafo para Pacer la transcripción para esta apelación fué solicitada y obtenida prórroga de dicto término;

Por cuanto una prórroga solicitada y obtenida después de vencido el término que se quiere prorrogar es nula, según liemos resuelto en el caso de Ex parte Deliz v. Franco, 21 D.P.R. 526;

Por cuanto interpuesta la apelación en este caso el 18 de junio de 1928 no se ba radicado al presente la transcrip-ción de los autos;

Por tanto, debemos desestimar y desestimamos esta ape-lación, como solicita el apelado.


text:
    No. 4805.
    Flores, tercerista-apldo., v. Sucs. de L. Villamil & Co., et al., demandados en tercería, apltes.
    C. D. San Juan.
    Dic 11, 1928.
   Vista la moción de desestimación pre-sentada por el demandante-tercerista-apelado y la certifica-ción que a la misma se acompaña, de la cual se desprende que con feeba 4 de junio de 1928 la parte demandada inter-puso recurso de apelación contra la sentencia dictada en 15 de mayo del mismo año a favor del demandante; que en 8 de junio los demandados solicitaron una prórroga de 30 días para preparar la exposición del caso, que les fué concedida; que en 7 de julio solicitaron la transcripción de la evidencia, concediéndoseles entonces una nueva prórroga de 30' días para su preparación; y que desde entonces los demandados no ban heebo gestión alguna para perfeccionar su apelación; y vista también la Regla 59 de este tribunal, se declara con lugar dieba moción de desestimación y en su consecuencia se desestima la apelación interpuesta contra la citada sentencia de la corte de Distrito de San Juan de fecba 15 de mayo del corriente año, en el caso arriba titulado.


text:
    No. 4800.
    Carrión, tercerista-aplte., v. Quiñones et al., demandantes-apldos., y Maldonado, etc., demandada.
    C. D. San Juan.
    Dic. 11, 1928.
   "Vista la moción que antecede sobre desestimación de la pre-sente apelación, fundada única y exclusivamente en que dicta apelación es frívola y académica, no habiendo llegado todavía la transcripción de autos, ni por tanto empezado a correr el período para presentación del alegato del apelante, y no apareciendo claramente de la certificación acompañada a la moción que la apelación sea enteramente frívola o académica, como alega la parte apelada, no ha lugar por ahora a la desestimación solicitada.


text:
    No. 4811.
    Hernández, apldo., v. Ocasio, aplte.
    O. I). San Juan.
    Dic. 11, 1928.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, fundada en la supuesta carencia de jurisdicción por parte de este tribunal debido a la falta de notificación al abogado del apelado, del escrito de apelación, y apareciendo que dicho escrito fué oportunamente notificado por correo a dicho abogado, después de haberse cumplido estrictamente con todos los requisitos previos prescritos en el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil, no ha lugar a la desestima-ción solicitada.


text:
    No. 4815.
    Cosme, aplda., v. Sánchez, aplte.
    C. D. Humacao.
    Dic. 18, 1928.
   Habiendo sido interpuesta la apelación en este caso el 31 de agosto del presente año sin que desde entonces haya hecho el apelante gestión alguna para tramitar su recurso y sin que- haya presentado en este tribunal la transcripción de los autos, debemos desestimar y desestimamos esa apela-ción.


text:
    No. 4810.
    Sucn. Quiñones, aplte., v. Central Eureka, Inc., aplda.
    C. D. Mayagüez.
    Dic. 18, 1928.
   No habiendo hecho la apelante gestión alguna en el piesente caso a partir de octubre 23, 1928, en que radicó el escrito de apelación, se declara con lugar la moción de la apelada y por tanto se desestima el recurso de apelación.


text:
    No. 4823.
    Muñiz, apldo., v. Chapel, aplte.

      C. D. San Jnan.
    Dic. 18, 1928.
   No habiendo hecho el apelante gestión alguna en el presente caso a partir de mayo 17, 1928, en que radicó el escrito de apelación, se. de-clara con lugar la moción del apelado y por tanto se deses-tima el recurso de apelación establecido contra sentencia de abril 4, 1928, dictada por la Corte de Distrito de San Juan.


text:
    No. 4549.
    Sucn. Peraza, aplda., v. Marín, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Dic. 18, 1928.
   Por cuaNTo, la demandante y apelada ba solicitado la desestimación de la apelación en este caso por el solo fun-damento de que la parte apelante no le ha notificado la trans-cripción de autos;

Por cuanto este defecto no es jurisdiccional y la parte apelante ha demostrado que ha hecho toda diligencia posible para subsanar tal defecto;

Por cuanto, vistos los casos de García v. American Railroad Company of P. R., 17 D.P.R. 949; Sucesores de José Martínez v. Tomás Dávila & Cía., 17 D.P.R. 1008 y Hernández v. American Railroad Company of P. R., 17 D.P.R. 1225;

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestima-ción presentada.


text:
    No. 4773.
    Villar & Co., Inc., aplda., v. Hansson, aplte.
    C. D. San Juan.
    Dic. 19, 1928.
   Vista la mo-ción que antecede sobre desestimación de la presente apela-ción, fundándose el promovente en el caso de Lizardi v. Marrero, 33 D.P.R. 838, para sostener que una resolución de-negando una moción sobre nulidad de embargo no es apelable, y apareciendo que la doctrina sentada en dicho caso no es aplicable al presente caso por ser distintos los hechos y la cuestión envuelta, debiendo regirse el caso de autos por la jurisprudencia establecida en los casos de Trautman v. Trautman & Acha, 31 D.P.R. 268, y Santiago v. Maldonado, 31 D.P.R. 280, y no existiendo verdadero conflicto entre una y otra doctrina interpretada a la luz de los hechos, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 61.
    Ex parte Ortiz, peticionario.
    Dic. 19, 1928.
   Por cuanto la Ley No. 78 aprobada el 11 de mayo de 1928 exime de examen para el ejercicio de la abogacía a los gra-duados en universidad acreditada de Europa o de Estados Unidos que probaren a satisfacción de este tribunal que ban practicado durante cinco años por lo menos en algún bufete de un abogado autorizado para ejercer su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico;

Por cuanto el peticionario solicita que de acuerdo con esa ley lo admitamos al ejercicio de la profesión de abogado sin examen;

Por cuanto habiendo sido expedido al solicitante su título de abogado el 4 de junio de 1924 no habían transcurrido los cinco años anteriores a ella requeridos por la ley para dis-frutar de sus beneficios;

Por tanto, no ha lugar a admitir a José Ortiz Lecodet al ejercicio de la profesión de abogado sin examen.


text:
    No. 4816.
    Díaz, apldo., v. Veve, aplte.

    C. D. San Juan.
    Dic. 19, 1928.
   Vista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, y apareciendo que el apelante ha dejado de radicar en la secretaría de este tribunal exposición del caso o transcripción de la evidencia alguna, a pesar de haber transcurrido con exceso el tiempo prescrito para ello, se declara con lugar la moción de la parte apelada y se desestima la apelación entablada contra la sen-tencia que dictó la Corte de Distrito de San Juan en octubre 3, 1928.


text:
    No. 4804.
    Smallwood, et al., apltes., v. Acevedo, demandado y Gallardo, Tesorero, apldo.
    C. D. San Juan.
    Dic. 24, 1928.
   Por cuanto interpuesta la presente apelación el 21 de marzo de 1928 la parte apelante no ha radicado aún los autos en esta corte sin que exista en la sentenciadora pendiente de aprobación exposición del caso, pliego de excepciones o transcripción de evidencia algunos; y

Por cuanto por tal motivo la parte apelada ba solicitado la desestimación del recurso y notificada la apelante y citada para la vista de la moción, nada ba objetado;

Pob tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia apli-cables, se desestima la apelación establecida.


text:
    No. 4817.
    Monge, etc., apltes., v. Banco Popular de Economías y Préstamos, apldo.
    C. D. San Juan.
    Dic. 24, 1928.
   Pon cuanto la apelación en este caso se interpuso desde junio 8, 1927, y no se han radicado aún. los autos en esta Corte Suprema;

Por cuanto si bien se solicitaron por la parte apelante en la corte sentenciadora prórrogas para preparar la trans-cripción de la evidencia, algunas de ellas no fueron conce-didas, siéndolo en tal virtud fuera de término las subsi-guientemente acordadas; y

Por cuanto solicitada la desestimación de la apelación por tal motivo, nada ba objetado la parte apelante, que fué noti-ficada de la moción y citada para la vista de la misma;

Por tanto, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, se desestima el recurso.