author: El Juez Presidente Señoii Del Tobo

text:
    Anicasia Castro; Felipa, Luis, Angel Luis, Olga María, Blanca Elena, Naida Luz y David, de apellidos Castro y Castro, menores de edad representados por su madre con patria potestad, Anicasia Castro, demandantes y apelantes, v. Tulio Marrero y Jesús M. Rossy, demandados y apelados.
    Núm. 7660.

    Sometido: Enero 24, 1939.

      Resuelto: Enero 31, 1939.

      F. M. Susoni, Jr., abogado de los apelantes; Cayetano Coll y Cuchí y Víctor A. Coll, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señoii Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Anicasia Castro, por sí y como representante de sus.me-nores hijos, Felipa, Luis, Angel Luis, Olga María, Blanca Elena, Naida Luz y David Castro y Castro, demandaron a Tulio Marrero y Jesús M. Bossy en reclamación de cinco mil dólares por daños y perjuicios, alegando como base de su reclamación lo que sigue:

“Que la demandante Anicasia Castro es la viuda del finado Juan Castro Iglesias y los demás demandantes son hijos legítimos de la mencionada demandante Anicasia Castro y su finado esposo Juan Castro Iglesias; y todos los que constituyen los beneficiarios del mencionado finado, a los efectos de la Ley núm. 45 de 18 de abril de 1935.
“Que el finado Juan Castro Iglesias de 45 años de edad y de oficio jornalero prestaba servicios como tal para los demandados en su calidad de patronos comprendidos dentro de las disposiciones de la ley supra.
“Que allá para el día 2 de agosto de 1937 y mientras el cau-sante de los demandantes se encontraba trabajando en su calidad de jornalero para los patronos Tulio Marrero y Jesús M. Rossy, o sea los demandados, ‘ como a eso de las 3:45 de la tarde sufrió un accidente en su trabajo a consecuencia del cual falleció a los pocos minutos.
“Que el causante de los demandantes ganaba un jornal repre-sentado por 50 centavos por cada metro de piedra en bloque en bruto que preparase para los demandados y de la cantera que los deman-dados poseen, según la mejor información y creencia de los deman-dantes.
“Que los demandantes dependían exclusivamente de su can-sante Juan Castro Iglesias para su subsistencia sin que en ningím momento ni por ningún otro conducto hubieran recibido o reci-bieran ayuda alguna para atender a sus necesidades.
“Que los demandados nó han satisfecho al Administrador del Fondo del Estado las primas correspondientes al seguro por tal con-cepto, según la mejor información y creencia de los demandantes.
“Que el accidente sufrido por el causante de los demandantes fué de la manera siguiente: mientras cargaba un truck de piedra para ser trasladado a la trituradora, se desprendió de la cantera un bloque de piedra que vino a dar sobre el pecho y; ambas manos del causante de los demandantes, produciéndole golpes y contusiones a consecuencia de los cuales falleció a los pocos minutos.
“Que los demandantes como consecuencia del fallecimiento de su causante han sufrido daños y perjuicios por valor de $5,000.00.
“Que los demandantes han recurrido varias veces a los deman-dados para que satisfagan el importe reclamado por el concepto ex-presado, lo que se han negado a hacer en todo momento y en la actualidad se niegan a ello.”

Emplazados los demandados excepcionaron la demanda alegando qne no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción, y la corte dictó la siguiente resolución:

“No apareciendo de la faz de la demanda que el accidente ocu-rrió por la negligencia de los demandados, se declara con lugar la excepción previa de insuficiencia de hechos constitutivos de causa de acción. Véase el Art. 15 de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo, aprobada el 18 de abril de 1935.”

Pidieron reconsideración los demandantes y la corte la negó por medio de resolución fundada. Solicitaron entonces que se dictara sentencia y dictada que fue apelaron de ella para ante este tribunal, señalando en su alegato un solo error, a saber: el cometido por la corte al decidir que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley núm. 45 de abril 18, 1935 (Leyes de 1935 (1) pág. 251), era necesario alegar y probar la negligencia del patrono para que surgiera el de-recho del obrero para obtener la compensación del estatuto mencionado en casos de patronos delincuentes.

En su resolución la corte sentenciadora se expresó así:

“. . . los demandantes ... en apoyo de su contención transcriben extensos párrafos de la Enciclopedia Jurídica Española y la reciente decisión de nuestro Tribunal Supremo en el caso de Bonilla v. Mitchell, 51 D.P.R. 126, en que se estimó suficiente una demanda similar a la de este caso, a pesar de que no se alegaba en ella culpa o negligencia por parte del patrono demandado.
“El Artículo 15 de la citada Ley, que sirvió de fundamento a nuestra resolución, en lo pertinente dice así:
“ ‘Artículo 15.'— .......
“ ‘Si cualquier patrono que emplee cuatro (4) o más obreros o empleados dejare de asegurar el pago de compensaciones por acci-dentes del trabajo de acuerdo con esta Ley, cualquier obrero perju-dicado o sus beneficiarios pueden proceder contra tal patrono radi-cando una petición para compensación ante la Comisión Industrial, y, además pueden ejercitar una acción contra el patrono por daños y perjuicios, lo mismo que si esta Ley no fuera aplicable, y tendrán derecho en tal acción, sin prestar fianza, a embargar la propiedad del patrono por el montante que determinare la corte para asegurar el pago de la decisión que recayere, siempre que la corte estime que hay una justa causa de acción después del examen de la de-manda, la cual deberá ser jurada. Tal embargo incluirá honorarios de abogado, que serán fijados por la corte, y el embargo se man-tendrá hasta que el caso haya sido fallado y satisfecho el importe de la sentencia. Si como resultado de tal acción por daños y per-juicios recayere un fallo contra el patrono, en exceso de la compen-sación fijada por esta Ley, la compensación fijada, si fuere pagada o si fuere garantizada con garantía aprobada por la corto, se dedu-cirá del fallo.
“ 'En tal procedimiento no constituirá defensa para el patrono que el obrero o empleado, fué culpable de negligencia contributoria o que asumió el riesgo de la lesión o que la lesión fué causada por la negligencia de un contratista o sub contratista independiente, a menos que el contratista o sub contratista independiente se hubiera asegurado con arreglo a las disposiciones de esta Ley.
“ 'No será válido ningún contrato celebrado entre un patrono y un obrero o empleado que se proponga permitir el uso de cualquiera de estas defensas.’
“Como podrá verse, el Artículo parcialmente transcrito no con-tiene, como contenía la Sección 31 de la Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo (Ley núm. 85 de 1928, pág. 631), ninguna disposición que crease una presunción de negligencia en contra del patrono. La referida sección 31, correspondiente al Artículo 15 de la vigente Ley, contenía un Disponiéndose que decía así:
“ ' • • • Disponiéndose que en tal acción se presumirá que el daño recibido por el empleado fué resultado directo y se debió a la negligencia del patrono, y el peso de la prueba descansará sobre el patrono para contrarrestar la presunción de negligen-cia . . . ’
“No está de más transcribir ahora el Artículo 51 de la vigente Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, aprobada en 1935, a saber:
“ ‘Artículo 51. — La Ley núm. 85, aprobada el 14 de mayo de 1928, tal como quedó subsiguientemente enmendada, queda por la presente expresamente derogada, con excepción de lo que en cuanto a la resolución y liquidación de los casos pendientes bajo dicha Ley se dispone en los Artículos 40 a 47, ambos inclusives, de esta Ley.’
“El caso de Bonilla v. Mitchell, supra, en que tanto hincapié ha-cen los demandantes, sería de perfecta aplicación si el accidente que causó la muerte del obrero hubiera ocurrido bajo el imperio de la Ley de 1928. En aquel caso el accidente ocurrió el 25 de agosto de 1933, mientras que en éste tuvo lugar el 2 de agosto de 1937, o sea más de dos años después de estar en vigor la Ley de 18 de abril de 1935.
“Si la intención del legislador hubiera sido conservar la pre-sunción de que hemos hecho referencia, fácil le hubiera sido expre-sarlo, como tuvo buen cuidado de conservar el privilegio que concedía al obrero la Sección 31, al efecto de que no pudiese alegarse contra él la defensa de negligencia contributoria, asunción de riesgo, y otras que aparecen en dicha Sección 31, al igual que en el Artículo 15 de la vigente Ley.
“La Enciclopedia Jurídica Española nos merece un gran res-peto en materia de Derecho Civil, pero no puede darnos gran luz en la interpretación de una ley de origen americano, como es la que interpretamos. ”

La decisión del caso depende exclusivamente de los términos en que está redactada la ley sobre la materia. Las acciones de daños y perjuicios por culpa o negligencia se rigen por los principios generales contenidos en el Código Civil y otras leyes. De acuerdo con el progreso de los tiempos el legislador separó las provenientes de accidentes del trabajo y las reguló por leyes especiales, creando organismos también especialmente dedicados a las mismas.

El título de la Ley núm. 45 de 1935 que es la aplicable a este caso, comienza “Ley para promover el bienestar de los habitantes de El Pueblo de Puerto Rico, en o referente a accidentes que causen la muerte o lesiones, o enfermedades o muerte derivadas de la ocupación de los trabajadores en el curso de su empleo; ...” Por ella se crea un verdadero sistema de seguro. Es aplicable compulsoriamente a todo patrono que emplee cuatro o más obreros comprendidos en la misma, pero como pueden existir casos como el presente en que el patrono no obedezca el mandato, el legislador los tomó en cuenta y para ellos dictó las reglas que contiene el artículo 15 de la ley que en parte transcribió la corte sentenciadora.

En la parte no transcrita se dispone que cuando en tales casos ocurriere un accidente, el Administrador del Fondo del Estado determinará la compensación que proceda y certificará su decisión al Tesorero de Puerto Rico para su cobro al patrono.

Esa determinación se fiará dándose tanto al patrono como al obrero oportunidad de ser oídos y defenderse. El patrono por el hecho de no asegurarse no escapa pues de los efectos de la ley ni deja de estar sujeto a la jurisdicción de los orga-nismos que crea ni a las disposiciones de la misma que le sean aplicables. El obrero queda siempre garantido.

Pero dispuso más para tales casos el legislador. Como puede verse en la parte' de la sección 15 transcrita en la resolución del juez sentenciador, prescribió que además de la petición de compensación ante la Comisión Industrial, el obrero o sus beneficiarios pueden ejercitar contra el patrono ante las cortes una acción por daños y perjuicios, lo mismo que si esta ley no fuera aplicable. De suerte que para esa acción no habrá que tenerse en cuenta la nueva ley ni por consiguiente los nuevos principios por la misma establecidos.

Después de eso decretado, extiende el legislador al pleito, enunciándolas expresamente, algunas de las nuevas reglas, como por ejemplo, la de que no constituirá defensa para el patrono que el obrero o empleado fuere culpable de negli-gencia contributoria.

Y así extendió en 1928 la de que en tales acciones se presumiría que el daño recibido por el empleado fué el resul-tado directo y se debió a la negligencia del patrono, pero al decretar la nueva ley en 1935 que es, repetimos, la aplicable a este caso, eliminó tal extensión.

Siendo ello así, resulta claro que no puede llegarse a otra conclusión qne a la qne llegara la corte de distrito, que-dando, en tal virtud, la acción ante los tribunales, en cuanto a la negligencia del patrono, sujeta a las reglas generales que se aplican en las cortes a las acciones de tal naturaleza y no a las especiales de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo que debe considerarse a ese respecto “lo mismo que ... si no fuera aplicable”. Y como esas'reglas generales exigen que se alegue la negligencia del patrono para que surja la causa de acción contra el mismo y la de-manda en este caso no contiene tal alegación, es evidente que no aduce hechos suficientes como resolvió la corte senten-ciadora.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presiden-te Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    Severo y María Candelaria Becerril, demandantes y apelados, v. José Rodríguez y Adela Rodríguez Stronza, demandados y apelantes.
    Núm. 7801.

    Sometido: Enero 23, 1939.

      Resuelto: Enero 31, 1939.

      José S. Alegría y Dubón & Ochoteco, abogados de los apelantes; Angel A. Vázquez, abogado de los apelados.
   El Juez Presiden-te Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en este pleito el 27 de enero de 1938 declarando la demanda con lugar, apelaron los demandados para ante esta Corte Suprema. Radicaron los autos en junio 6, 1938. En agosto 13 siguiente solicitaron treinta días de prórroga para su alegato. Les fueron concedidos. En sep-tiembre 14, repitieron su petición con éxito. La reiteraron en octubre 14 y en noviembre 14. Se accedió en ambas ins-tancias, pero en la última se advirtió a los apelantes que no se accedería a nuevas solicitudes a menos que concurrieran circunstancias realmente meritorias.

Así las cosas, en diciembre 12, 1938, los apelados alegando que los apelantes habían venido dilatando injustificadamente la tramitación del recurso, pidieron a la corte que no les concediera más prórrogas. Por orden de la corte esa moción fué notificada a los apelantes el 14 de diciembre, en cuya fecha los dichos apelantes radicaron una nueva solicitud de prórroga, a la que se accedió en los siguientes términos:

“. . . vista la oposición previamente radicada por los deman-dantes, se concede la prórroga para alegato solicitada, pero solamente hasta el día 31 del corriente mes.”

No obstante la advertencia háchales desde noviembre 14, 1938, la oposición de la parte contraria y los términos de la orden de diciembre 19, 1938, de nuevo los apelantes solici-taron en diciembre 30, una prórroga de quince días a partir del 31 para presentar su alegato aduciendo como único fun-damento el exceso de trabajo de sus abogados.

La corte declaró sin lugar la solicitud en enero 3, 1939, y en enero 7, los apelados solicitaron la desestimación del recurso por falta de diligencia y de buena fe en su trami-tación. El 23 del propio mes de enero se llamó la moción para la vista y ese mismo día los apelantes radicaron una moción oponiéndose acompañada de su alegato. Sostienen que habiéndose éste radicado, de acuerdo con la jurispru-deneia constante de esta corte no procede porque del alegato resulta que se trata de nn recurso meritorio. Como causa para la dilación exponen que los abogados Dubón & Ocboteco no intervinieron en el juicio en la corte a quo y tuvieron que estudiar la transcripción después de radicada ésta a los fines de la apelación.

Son disposiciones pertinentes del reglamento de esta corte a los efectos de la debida consideración y resolución de la cuestión envuelta, las que siguen:

“42. Dentro de diez días después de haberse presentado a este Tribunal la copia de los autos, el Letrado defensor del recurrente, presentará al Tribunal un alegato por duplicado, impreso o escrito en maquinilla, que contendrá una relación fiel y concisa de la causa tal como conste en los autos; así como una exposición de los errores en que funda su recurso, y además de esto, cumplirá con la Ley de Enjuiciamiento actualmente en vigor.”
“58. Si la copia de los autos, no fuere presentada dentro del término prescrito, puede desestimarse la apelación al hacerse una moción en tal sentido previa notificación ele la misma. Si la copia de los autos, ha sido presentada a la fecha en que se haga tal noti-ficación, este hecho constituirá una contestación eficaz a la referida moción, aun en el caso de que dicha copia no se hubiere presentado' dentro del término prescrito.”
“80. Si el apelante dejare de cumplir cualquiera de los de-beres o requisitos que las leyes o estas reglas le impongan, el Tribunal puede desestimar de oficio la apelación en cualquier día o a moción de la parte apelada, previa notifiación al apelante.” 17 D.P.E. LXXX, LXXXII y LXXIY.

Firme ha sido siempre el propósito de este Tribunal de que los recursos se resuelvan por sus méritos, pero la rapidez de los procedimientos debe garantizarse y no debe permitirse que una parte dilate voluntariamente en perjuicio de la otra la tramitación de los recursos. De ahí las reglas.

El principio de la regla 58 ha sido extendido a los casos de la falta de presentación de alegatos tan liberalmente que han quedado cubiertos aquellos en que se archivan después de notificada la moción de desestimación, pero a ese extremo se ha llegado cuando no ha mediado una advertencia, una oposición y nna negativa como las que aqní existen y cuando los méritos del recurso fueron puestos de relieve en forma clara. Un examen del alegato no lleva a nuestro ánimo el convencimiento de que se trate de una apelación tan meri-toria que levante fuertes dudas sobre la justicia de la senten-cia apelada.

En cuanto a la circunstancia de que nuevos ahogados fueron los que se encargaran de la apelación, bastará decir que esos nuevos abogados figuran como tales desde la primera prórroga solicitada o sea desde agosto 13, 1938, y ya a esa fecha estaba archivada la transcripción que es la que debería servir de base al alegato.

Siendo ése él caso, debe prosperar la moción de los ape-lados y en su consecuencia debe desestimarse él recurso.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf

text:
    Dolores Ortiz Axtmayer, demandante y apelada, v. Las Monjas Racing Corporation y Pedro L. Ortiz, demandados y apelantes.
    Núm. 7818.

    Sometido: Noviembre 18, 1938.

      Resuelto: Enero 31, 1939.

      Leopoldo Relié, abogado de los apelantes; Aurelio Torres Braschi, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una apelación' interpuesta contra una sen-tencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan.

En 23 de agosto de 1938 se presentó ante este tribunal una moción para desestimar el recurso por falta de alegato y por ser el mismo frívolo. Antes de eso la corporación apelante babía solicitado una prórroga para radicar su ale-gato que fué denegada por razón de que la misma se radicó tres días después de haber vencido el término original. En 14 de septiembre de 1938 nos negamos a reconsiderar nuestra resolución declarando sin lugar la moción de prórroga.

La vista de la moción de desestimación fué celebrada el 21 de noviembre. Ninguna de las partes compareció.

De acuerdo con el procedimiento estricto la apelada tendría derecho a solicitar la desestimación de este recurso ya que el alegato de la apelante no fué radicado en tiempo. Sin embargo, ejerceremos nuestra discreción y examinaremos dicho alegato para ver si los hechos allí expuestos y las cuestiones de derecho levantadas justifican la continuación del recurso de apelación.

.La Corte de Distrito de San Juan resolvió que Dolores Ortiz Axtmayer tenía derecho a una participación en el importe del “pool” correspondiente a las carreras que se celebraron en el hipódromo Las Monjas el día 6 de diciembre de 1936. 'La. corporación demandada descanso, para ana de sns principales defensas, en la regla que aparece impresa en letras pequeñas al dorso de todo cuadro y que expresa que ningún boleto tendrá efecto o le concederá de-recho alguno hasta que el mismo llegue a manos de la corpo ración y fuese debidamente sellado en su oficina principa! en el hipódromo. La persona que de ordinario compra un boleto no examina su dorso para ver las condiciones que estén allí, impresas. Un caso análogo es el de la venta de boletos por porteadores públicos. La jurisprudencia es al efecto de que si un comprador se acerca a una ventanilla y obtiene un boleto de ordinario no está obligado por ninguna de las condiciones impresas al dorso del mismo, mas una persona que realiza un contrato especial con dicho porteador sí lo está.

La corporación también sostuvo que la persona que le vendió el cuadro a Dolores Ortiz Axtmayer no tenía auto-ridad para hacer dicha venta, ya que no se probó que exis-tiese relación alguna de principal y agente (nexo jurídico) entre tal persona y la corporación.

Pedro L. Rodríguez tenía un contrato con Las Monjas Racing Corporation mediante el cual disfrutaba del dominio absoluto de la venta y distribución de cuadros. Bajo el mismo, ya por autoridad directa o implícita, él nombraba subagentes. Así fué que nombró a Flora Chévere subagente suyo y la agencia se instaló en un pequeño establecimiento contiguo al Teatro Fox. Sucede que ella raras veces visi-taba dicho establecimiento y que su hermano estaba a cargo de la venta de los cuadros y era el dueño del negocio. Guillermo Vázquez, era, al tiempo de la compra del cuadro por Dolores Ortiz Axtmayer, un empleado del hermano de Flora Chévere. No hay duda alguna de que Vázquez vendía cua-dros p„ara el “pool” a todas las personas que acudiesen ,t el y pagasen el precio y que en varias ocasiones anteriores le había vendido cuadros a Dolores Ortiz Axtmayer.

El día de las carreras y antes de qne las mismas comen-zaran Vázquez cogió nn número de cuadros para llevarlos a la oficina principal de Las Monjas Racing Corporation, pero el cuadro adquirido por Dolores Ortiz Axtmayer no fué en-tregado a dicha corporación. De la declaración de Vázquez se desprende que él lo perdió.

Si Rodríguez hubiera sido personalmente responsable de esta falta de entrega, nos sentiríamos obligados a resolver que la corporación hubiera estado impedida de negar la exis-tencia del contrato entre Las Monjas y la demandante ape-lada. Su subagente debidamente nombrada, Flora Chévere, está igualmente impedida de negar dicho contrato. La venta por Vázquez puede decirse que fué consentida (countenanced) tanto por Flora Chévere como por su principal. Como he-mos indicado anteriormente, las palabras impresas al dorso del cuadro no ayudan a la apelante.

Nos inclinamos a creer que en sus méritos la apelación es frívola, pero más directamente quizá podemos decir que estudiados los méritos hemos hallado razón suficiente para desestimar la apelación por falta de alegato y no encon-tramos nada que justifique la continuación del recurso.

Debe desestimarse la apelación.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Se. Wole

text:
    José Cruet Toro, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1037.

    Sometido: Diciembre 9, 1938.

      Resuelto: Enero 31, 1939.

      José Oliver Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

José Cruet Toro segregó una parcela de 50 cuerdas de una finca de 100 cuerdas y llevó la escritura al registro correspondiente para que fuese inscrita. Se denegó la ins-cripción por el fundamento de que no había aconrpañado una copia del plano de la porción segregada, debidamente apro-bado por el Comisionado del Interior, según lo requiere la Eesolución Conjunta núm. 55 de mayo 15, 1937 (Leyes de 1936-37, pág. 639).

Esta misma cuestión ha venido ante esta Corte en dis-tintas ocasiones durante los últimos meses. El peticionario señala dos errores. En uno ataca la validez del estatuto por el fundamento de que la ley es vaga y el título incierto e insuficiente para cubrir la materia que su texto contiene. El otro señalamiento niega que la intención de la Asamblea Legislativa fuera el que la validez de la escritura de segre-gación, y por ende su inscripción, dependieran de la presen-tación de dicho plano.

De las cuestiones constitucionales levantadas, solamente se discute en la petición, y muy brevemente, la de la “insu-ficiencia del título.” El título de la ley lee:

“Para autorizar al Comisionado del Interior a que reglamente la preparación de planos Ae los terrenos públicos y particulares en las distintas municipalidades de esta Isla, con el fin de recopilarlos e ir formando el plano catastral de la Isla de Puerto Rico de acuerdo con los registros de la propiedad, y para otros fines.”

La referencia al registro de la propiedad es expresa y —en ausencia de una demostración más fuerte por parte del peticionario — suficiente para cubrir la cuestión ante nos. ■

En cuanto al otro error debemos decidir que el peticio-nario encuentra apoyo en nuestra reciente decisión de Quiñones Cherena v. Registrador, ante, pág. 122. De acuerdo con la sentencia en dicto caso Cruet Toro tiene derecho a la inscripción de su escritura haciéndose constar el no haberse presentado el plano de la segregación que se inscribe.

Por lo tanto, se revoca la nota del registrador y se ordena la inscripción en la forma indicada.


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Justino de León Meléndez, demandante y apelante, v. Felipe Pérez Vega y Regino Perdomo, demandados y apelados.
    Núm. 7873.

    Sometido: Diciembre 5, 1938.

      Resuelto: Enero 31, 1939.

      J. C. Rivera, abogado del apelante; Luis Mendín Babat, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La demanda de desahucio en precario que en este caso presentó Justino de León Meléndez en la Corte de Distrito de Humacao sustancialmente alega que el demandante es dueño de cierta finca rústica, que los demandados la ocupan sin pagar canon o merced alguna, y que a pesar de las ges-tiones y requerimientos liéebosles por su dueño se niegan a entregarla.

La contestación alega que el demandado Felipe Pérez Vega es dueño, está en posesión y tiene título inscrito de la finca a que se contrae la demanda y que la tiene arrendada al otro demandado, Eegino Perdomo, quien en ese concepto la viene poseyendo hace más de un año.

Celebrado el juicio, la corte dictó la siguiente sentencia:

“Apareciendo de la prueba presentada por el demandante que su título provenía de una ejecución de sentencia anotada por el se-cretario de una corte municipal en acción establecida por una de-manda enmendada, una de cuyas causas de acción, acumuladas y no expuestas separadamente, se establece en cobro de un saldo deudor que provenía de una cuenta comente no liquidada; resultando que el secretario de dicha corte carecía de toda autoridad o poder para anotar dicha sentencia, cuando menos en lo que a dicha cuenta se refería, por lo que la misma es en consecuencia nula (Benítez v. Corte, 36 D.P.R. 450); y siendo el resto de la evidencia practicada por ambas partes suficiente para establecer, prima facie, un meri-torio conflicto de títulos entre las mismas, a ser dirimido por los trá-mites del enjuiciamiento ordinario (Martínez v. Figueroa, 50 D.P.R. 951), se declara sin lugar la demanda en este caso, con imposición de las costas al demandante hasta una suma de $100.00, que se estima razonable para el pago de los servicios profesionales prestados a los demandados por su representación en autos.”

Contra esta sentencia el demandante interpuso recurso de apelación, imputando a la corte inferior la comisión de los siguientes errores:

“1. Al concluir que el título del demandante apelante, según su prueba, es nulo, porque provenía de la ejecución de una sentencia anotada por el Secretario de una Corte Municipal en un pleito en cobro de un saldo deudor procedente de una cuenta corriente ilíquida;
“2. Al decidir que el Secretario de la Corte Municipal de Caguas carecía de poder para anotar la sentencia del caso civil número 5662, a que se refiere la sentencia apelada;
“3. Al resolver también que el resto de la evidencia practicada por ambas partes era suficiente para establecer un meritorio conflicto de títulos entre las mismas;
“4. Al imponer las costas, incluyendo bonorarios de abogado, al demandante apelante.”

El segundo de los errores señalados es una mera repe-tición del primero. La cuestión suscitada por uno y otro es si una sentencia en rebeldía dictada por un secretario en pleito en cobro de una cuenta ilíquida es o no válida, y si una escritura de venta judicial otorgada a virtud de dicha sentencia trasmite título válido al adquirente.

De los autos resulta que el ahora demandante instituyó un pleito en la Corte Municipal de Caguas contra la Sucesión de Nicolás Pérez Vega, en cobro de un pagaré por la cantidad de $143 y de una cuenta corriente ascendente a $87. La cuenta corriente se alegó en la demanda en los siguientes términos:

“5o. Que continuando sus operaciones de compraventa, el deman-dante en aquel caso vendió al causante de los demandados, después de otorgado el pagaré anteriormente relacionado, varias partidas de provisiones basta un total de $87.00 que ni el causante ni sus here-deros le pagaron tampoco en todo ni en parte al demandante. . .

No se alega en relación con la indicada cuenta que hubiese sido liquidada de conformidad o que el deudor hubiera acep-tado como correcto expresa o implícitamente el saldo recla-mado.

Que la demanda así redactada aducía hechos constituti-vos de causa de acción es incuestionable. Sanabria v. Rosa et al., 32 D.P.R. 583; Rivera v. Corte, 44 D.P.R. 817. Pero el hecho de que la demanda exponga una causa de acción, ¿implica acaso que el secretario tenga facultad, de acuerdo con el artículo 194 del Códig’o de Enjuiciamiento Civil, para dictar una sentencia en rebeldía basada en dicha demanda? Este tribunal ha sostenido la negativa, diciendo por voz del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila, en el caso de Rivera v. Corte, 44 D.P.R. 817, 820:

“No estuvo acertada la corte inferior al negarse a expedir orden de ejecución basada en que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción; pero su resolución debe ser sostenida porque la sentencia dictada por el secretario adolece del vicio de nulidad. Este funcionario, en el ejercicio de sus facultades, que son puramente ministeriales, no puede dictar la referida senten-cia, por tratarse de una cuenta ilíquida que el demandante estima en la cantidad de $614.42, fijando alzadamente el precio de las mer-cancías vendidas. La apreciación del demandante, aunque sea justa y razonable, no convierte en definida y cierta la cantidad alegada, ni puede tener el carácter de una liquidación. También esa aprecia-ción puede ser exagerada y arbitraria. Sostener que el demandado, en virtud de la rebeldía, acepta el precio que el demandante fije a los bienes, equivaldría a autorizar a éste para obtener un fallo a su favor, aunque la suma que reclame sea exagerada y arbitraria.”

Como resulta de la cita que precede, la sentencia dictada por el Secretario de la Corte Municipal de Caguas no es meramente anulable. El vicio de que adolece no es una simple irregularidad. Se trata de una sentencia dictada por un funcionario sin facultad para dictarla, y es a iodos los efectos una sentencia dictada sin jurisdicción. [3] En su consecuencia, puede ser atacada colateralmente en este pro-cedimiento de desahucio, conforme se resolvió en el caso de Martínez v. Figueroa, 50 D.P.R. 951, 954. [4, 5] Siendo nula la sentencia, el título que de ella derivó el demandante es también inexistente y si el demandante carece de título sobre la finca objeto de la acción de desahucio, carece de persona-lidad para establecer dicha acción como dueño de la misma, a tenor de lo dispuesto en el artículo 620 del Código de Enjui-ciamiento Civil que dice así:

“Tienen acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, los usufructuarios, y cualquier otro que tenga derecho a disfrutarla, y sus eausahabientes. ’ ’

En este caso el demandante estableció el pleito de desahu-cio en su carácter de dueño, no como usufructuario o en cualquier otro concepto. Por consiguiente, más que un con-flicto hay ausencia absoluta de título por parte del deman-dante, y como es a él a quien incumbe probar sus alegacio-nes, no pudiendo en ningún caso descansar en la debilidad o falta de título del demandado para sostener su acción, su pleito de desahucio no puede prosperar. Siendo ello así, es innecesario considerar el tercero de los errores señalados por el apelante, pues lo dicho en relación con los dos primeros errores demuestra terminantemente que estuvo acertado el juez de la corte inferior al desestimar la demanda de desahu-cio. Véanse Sucesores de Huertas González v. Rosario, 50 D.P.R. 360, Martínez v. Figueroa, supra, y Rivera v. Corte, supra.

Réstanos considerar ahora el cuarto y último de los errores imputados a la corte inferior, o sea el que se refiere al pronunciamiento de costas. El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por la Ley número 94 de 11 de mayo de 1937 (Leyes de ese año, pág. 239), dispone que a la parte a cuyo favor se dicte cualquier sentencia le serán concedidas las costas, y que en caso de que cualquier litigante haya procedido con temeridad, la corte debe imponerle en su sentencia el pago de los hono-rarios del abogado de la otra parte, estableciendo en su sen-tencia el montante de los mismos y teniendo en cuenta el grado de culpabilidad en el litigio y el trabajo necesaria-mente prestado por el abogado de la otra parte. En cuanto a la imposición de costas, ya hemos visto por las disposicio-nes del artículo 327 que acabamos de mencionar que es impe-rativo en el juez sentenciador imponerlas a la parte perdi-dosa, sin que pueda ejercitar discreción alguna en contrario. No sucede lo mismo con respecto a la condena de honora-rios de abogado, la cual descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, habida cuenta del grado de culpa o temeridad en la parte perdidosa, así como del valor de los servicios necesariamente prestados por el abogado de la parte contraria.

Por lo que resulta de los autos no podemos alterar la conclusión a que llegó la corte inferior al imponer la condena de honorarios de abogado al demandante, pues como hemos visto, la cuestión envuelta no era nueva en esta jurisdicción al iniciarse este litigio, y si el demandante hubiese exami-nado los casos de Sanabria v. Rosa, et al., Huertas González v. Rosario, y Martínez v. Figueroa, supra, inmediatamente hubiera descubierto que no tenía causa de acción en el pleito de desahucio.

Procede, por lo tanto, desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada en todas sus partes.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Justo Méndez Cabrera, demandante y apelante, v. Dolores Estrada Vda. de Quevedo, demandada y apelada.
    Núm. 7900.

    Sometido: Enero 19, 1939.

      Resuelto: Febrero 2, 1939.

      José Ver ay, Jr., abogado del apelante; García Méndez & García Mén-dez,- abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante en esta acción de desahucio alegó ser dueño de una casa enclavada en un solar del Municipio de Isabela, la que adquirió por un documento privado que le fué otorgado por doña Teresa Géigel Yda. de Quevedo y sus hijos, el día 13 de abril de 1938; y que la demandada ocupa dicha casa sin pagar canon o merced alguna y se ha negado a desalojarla, no obstante haber sido requerida para ello por el demandante.

En oposición a la demanda negó la demandada que el demandante sea dueño de la finca objeto del desahucio y alegó que el documento de venta que ostenta el demandante “no tiene valor ni efecto legal alguno, pues dichos supues-tos vendedores jamás han sido dueños de dicha casa en cues-tión.” Y como materia nueva de defensa la demandada alegó que la casa objeto del litigio es de la exclusiva pro-piedad de ella y de sus hijos, habiéndola adquirido en vida de su esposo, por compra a José Estrada hace 31 años, y que desde esa fecha la han venido ocupando en concepto de dueños, quieta, pública y pacíficamente; que ni doña Teresa Géigel Yda. de Quevedo, ni sus hijos, ni el' causante do la sucesión, don Eduardo Quevedo, tuvieron jamás título o inte-rés alguno sobre dicha casa; que debido a la confianza que su difunto esposo tenía en su hermano don Eduardo Que-vedo, entregó a éste para que se lo guardase el título o docu-mento de adquisición de la casa, el cual conserva doña Teresa Géigel Yda. de Quevedo, negándose a devolverlo a su dueña la demandada; y que ni su difunto esposo, ni ella, ni sus hijos, han cedido jamás sus derechos sobre la finca en litigio.

Yisto el caso ante la Corte de Distrito de Aguadilla, ésta dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por los siguientes fundamentos:

“De la prueba testifical aparecen corroborados los extremos que sostienen la prueba documental tendiente a demostrar además que Juan Quevedo, hermano de Eduardo H. Quevedo, siempre estuvo en malas condiciones económicas, por lo que sus hermanos Eduardo y Francisco tuvieron que ayudarlo siempre protegiéndolo constante-mente y que el causante Eduardo H. Quevedo compró allá por los años 1909-10 a José Estrada Valle la casa objeto del desahucio para que su hermano Juan Quevedo la viviera con su familia y que por eso es que la demandada y su familia la han vivido siempre sin pagar canon de arrendamiento alguno.
“La prueba de la demandada consistió en su propia declaración y en la de los testigos Pascual Faura, José Serra y Antonio Bonilla, resultando de la misma que la demandada ha vivido la casa objeto de desahucio como de 28 a 29 años y que ha hecho reparaciones en la misma.
“La demandada sostuvo en su declaración que adquirieron la casa en cuestión por compra en el 1907 a José Estrada del Valle, mediante documento privado que su esposo dió a guardar a Eduardo Quevedo, su hermano, debido a que su esposo era un hombre jugador, mientras que su cuñado, Eduardo H. Quevedo, era un hombre formal y serio y que el hecho de no haber pagado contribuciones se debió a que la demandada creyó que la propiedad estaba exenta del pago de las mismas, lo que fundaba en el hecho de haber pagado por ella solamente Cien Dólares ($100.00).
‘ ‘ Como se ve, pues, la. prueba de la demandada y de la sucesión de que trae su derecho el demandante ha tendido a demostrar que am-bos son dueños del inmueble objeto del desahucio por una serie de actos unipersonales voluntarios y meramente facultativos.
“La Corte con vista de la evidencia producida podría hacer otras consideraciones alrededor de la misma, pero cree que ello sería su-perflito, toda vez que aflorando la existencia de un conflicto de títu-los, bien débiles por cierto, es obvio que la acción sumaria y especial del desahucio aquí seguida no es la adecuada sino el declarativo co-rrespondiente, en el cual pueda discutirse ampliamente el mejor de-recho al inmueble en cuestión.
“Ni la sucesión vendedora ni la aquí demandada han producido el documento por el cual adquirieron, a pesar de manifestar los tes-tigos que ambas compraron por uno extrajudicial o privado, y ni siquiera trajeron como testigo a la persona de que dicen haber ad-quiiúdo.' ’

Después de un estudio detenido de la transcripción de evi-dencia convenimos con la corte inferior en que de ella surge un verdadero conflicto de títulos que debe ser resuelto en un juicio declarativo y no dentro de un procedimiento sumario y especial como lo es el de desahucio. Véanse: Sucesores de Huertas González v. Rosario, 50 D.P.R. 360, 362; Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. Colón, 50 D.P.R. 303; Colón v. Colón, 51 D.P.R. 97.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


text:
    En el Asunto de la White Star Bus Line, Inc., contra varios porteadores públicos de vehículos de motor con capacidad autorizada no mayor de siete pasajeros. Jaime Órtiz, Alejandro Salgado y Juan González y otros, porteadores públicos con licencia del Departamento del Interior, apelantes.
    Núm. 7770.

    Sometido: Febrero 6, 1939.

      Resuelto: Fefrebro 7, 1939.

      Dexter & Dexter, abogados de los apelantes; 'T. Torres Pérez, abo-gado de la comisión de Servicio Público; C. Iriarte, F. Fernández Cuyar y II. González Planes, abogados de la White Star Bus Line, Inc.
   El Juez Asociado Señor Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Tenemos ante nos una moción de los apelantes que lee así:

“Moción de los apelantes en forma alternativa para que se anule la sentencia de este Tribunal por falta de jurisdicción sobre la ape-lación de la corte de distrito, se permita la radicación de los autos del procedimiento y la sentencia en la corte inferior, y para que se señale una vista del caso; o para que, si se declara sin lugar esta moción, se considere y admita la petición de apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos, que a ésta se acompaña.”

Consideramos ahora dicha moción, mas los apelantes han radicado también una “Petición de Apelación” fechada el 2 de febrero de 1939.

En la moción se alega que en 20 de mayo de 1938 los ape-lantes presentaron a la corte de distrito nn escrito de apela-ción contra la sentencia dictada por ésta; que en junio 1, 1938, dicha Corte, a instancia de los apelantes, dictó resolu-ción ordenando a los funcionarios del aludido tribunal que prepararan los autos en apelación; que el 21 de mayo de 1938 la interventora, White Star Bus Line, Inc., radicó su moción en la Corte Suprema solicitando la desestimación del recurso; que “esta moción fue señalada y oída el 6 de junio, 1938, fecha en la cual no estaban ante ella (Corte Suprema de Puerto Rico) los autos de la corte de distrito con la sen-tencia y demás documentos y procedimientos necesarios que demostraran las controversias y las cuestiones envueltas en el caso, tales como fueron presentadas en dicha corte inferior a virtud de la apelación interpuesta por los apelantes contra la orden de enero 4 de 1938 de la Comisión de Ser-vicio Público, y que eran necesarios para dar a la Corte Suprema jurisdicción del recurso de apelación”; que “no obstante la ausencia de los autos ante el Tribunal Supremo, éste oyó la moción para desestimar el recurso el 6 de junio de 1938, y el 5 de julio del mismo año declaró sin lugar la moción y señaló el caso para vista el 11 de dicho mes y año”; que “la Corte Suprema uo había en absoluto adquirido juris-dicción del recurso de apelación y que de sus propias deci-siones se desprende que sus procedimientos y sentencias no-constituyen un debido proceso de ley.”

En gran parte, de no serlo enteramente, la moción do los -apelantes se basa en el hecho de que este tribunal no-adquirió jurisdicción del recurso. La moción continúa alo-gando qne dentro del tiempo requerido por el reglamento de este Tribunal Supremo los apelantes radicaron una moción de reconsideración y que estando este tribunal en receso para la época en que se radicó dicha moción, el Juez de turno dictó resolución para que se diera cuenta al tribunal en pleno en su próxima sesión de noviembre; que al reu-nirse el tribunal, la moción de reconsideración fue conside-rada y declarada sin lugar con fecha 10 de noviembre de 1938.

No puede haber duda alguna, según entendemos, que la Corte Suprema de Puerto Rico adquirió jurisdicción sobre el caso por razón del recurso interpuesto por los apelantes en mayo 19 ó 20, según sea. (Aparentemente en una de nues-tras opiniones o resoluciones dijimos que la apelación fue interpuesta el 19 de mayo, siendo lo cierto que se interpuso el 20 de mayo.) Desde luego, una corte de apelaciones no puede proceder a oír un caso sin tener a la vista el legajo-de sentencia u otros procedimientos de la corte inferior. Empero, luego de entablarse una apelación, el legajo de sen-tencia puede sustituirse a elección de las partés mediante una estipulación que contenga una relación del caso o en otras formas. En el presente recurso no se presentó legajo de sentencia por medio de copias ni hubo una relación del caso estipulada por las partes. Lo sucedido fue que este tribunal tenía ante sí, por acuerdo entre las partes, los autos originales de la Corte de Distrito de San Juan, consistentes, entre otras cosas, en la sentencia y los procedimientos habi-dos ante la Comisión de Servicio Público.

Estos documentos fueron elevados a este tribunal por el secretario de la corte de distrito, que fué traído como tes-tigo por una u otra de las partes, y quien entregó los autos al secretario de este tribunal. Todo esto a virtud de un entendido entre las partes. Así, pues, si bien es cierto que esto tribunal no tenía ante sí un legajo de sentencia com-puesto de copias de los procedimientos habidos ante la corte inferior, tenía el legajo de sentencia en sí. Ambas partes descansaron en los documentos originales y al declararse sin lugar en noviembre 10 de 1938 la moción de agosto 4, dichos documentos originales fueron devueltos a la Corte de Dis-trito de San Juan en 14 de noviembre del referido año.

Podríamos intercalar aquí que simultáneamente con la moción para desestimar oímos una moción de los apelantes en que se solicitaba la expedición de un injunction para hacer efectiva nuestra jurisdicción. La idea era dejar los proce-dimientos en el statu quo en que habían quedado por la reso-lución original del Juez Llauger que prohibía a la Comisión de Servicio Público pusiera en vigor una o más de sus órde-nes. La vista de la moción para desestimar y la audiencia sobre la petición de injunction fueron celebradas el mismo ■día, o sea el 6 de junio de 1938. Esto se desprende suficien-temente de la opinión emitida por este tribunal el 5 de julio ■de 1938, cuyo título demuestra que estábamos considerando tanto el caso número 7770 como el número 19. El número 7770 era un recurso civil y el número 19 un caso de injunction original en ayuda de la apelación.

Tanto en la página 1 como en la página 2 de un alegato radicado por los apelantes el 13 de junio de 1938 se hace referencia a los autos que están ante este tribunal. En la página 18 los apelantes se refieren a un escrito que ellos radi-caron en oposición a la moción para que se desestimara el recurso, diciendo que “en dicha oposición citamos manifes-taciones literales consignadas en los autos que están ya en la consideración de esta Hon. Corte Suprema.” Además, en una moción en que se solicita prórroga para radicar el ale-gato en apelación, presentada el 11 de julio de 1938, los ape-lantes hacen constar expresamente en su primer párrafo lo siguiente:

“Que en el presente caso llevaron ante esta Hon. Corte los autos de este pleitos (sic) para discutirse el injunction núm. 19, entro las mismas partes, para hacer efectiva la jurisdicción.”

En el quinto párrafo de esa misma moción los apelantes también hacen constar expresamente, y decimos esto por el peso que pueda tener, que están ansiosos de que se decida el caso y que no tienen interés en solicitar la posposición de la vista.

Además de estas constancias de los autos del caso núm. 7770, durante la vista celebrada ante nos el día 6 de febrero oímos la declaración del Secretario de la Corte de Distrito de San Juan y la del Secretario de este tribunal. De ellas se desprende enteramente que los autos originales de la. corte de distrito en apelación para ante este tribunal fue-ron dejados en nuestro poder por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan y que permanecieron aquí hasta el 14 de noviembre, 1938, cuando fueron devueltos a dicha corte de distrito. A virtud de la resolución de este tribunal de febrero 4, 1939, los mismos autos originales fueron devuel-tos a esta corte e identificados tanto por el secretario de la corte de distrito como por el de este Tribunal Supremo y se hallan nuevamente ante nos.

Sea ello como fuere, no puede haber duda alguna de que los documentos originales que constituían los autos comple-tos en la corte inferior se hallaban ante este tribunal al tiempo en que dictó su decisión en los casos números 7770 y 19. Estos documentos incluían la opinión del Juez Eomany a que cuidadosamente nos referimos en nuestra opinión de julio 26, 1938.

Bebe declararse sin lugar la moción para que se anule nuestra sentencia de julio 26, 1938.


author: El Juez Asociado Señob Teavieso

text:
    Manuel María Molina, demandante y apelante, v. Celedonio Molina, demandado y apelado.
    Núm. 7752.

    Sometido: Noviembre 17, 1938.

      Resuelto: Febrero 8, 1939.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Reyes Delgado (& Mercado, abogados del apelado.

       Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob Teavieso

emitió la .opinión del tribunal.

En este caso de desahucio en precario el demandante alega que es dueño de una finca rústica que compró a Domingo Mena por escritura pública de 18 de agosto de 1934; que Mena la adquirió a su vez por compra en pública subasta celebrada a virtud de un procedimiento judicial en cobro de un pagaré otorgado por el antiguo dueño de la finca, el demandado Celedonio Molina; y que éste detenta la finca sin pagar canon o merced alguna.

Después de hacer una negación general de los hechos expuestos en la demanda, alegó el demandado que él y Domingo Mena se pusieron de acuerdo para que Mena com-prase la finca en la subasta, comprometiéndose a devolverla al demandado Celedonio Molina tan pronto como éste le pagase a Mena la cantidad pagada por éste en el remate, más sus intereses legales; que al vencerse el término fijado para la redención, el demandante Manuel María Molina, her-mano del demandado, facilitó a éste el dinero necesario para redimir la finca, conviniéndose entre ambos que el título pasaría al demandante Manuel María Molina y que el deman-dado continuaría en posesión de la finca, trabajándola, y permitiría que los productos do la misma, cañas y frutos menores, fuesen entregados a la Central Cambalache a nom-bre del demandante, quien aplicaría el precio de dichos pro-ductos al pago de la suma facilitada por él al demandado; que de acuerdo con lo ’ convenido, el demandante ha cobrado ya todo lo que el demandado le adeudaba; que el demandado no lia abandonado nunca la finca y que ésta es de su exclu-siva propiedad; que el demandado es un jefe de familia, casado y padre de dos hijos menores de edad con quienes ha vivido siempre y vive en la actualidad en la finca en cues-tión en donde tienen establecido su hogar seguro (homestead).

Celebrada la vista ante la Corte de Distrito de Arecibo dictó ésta sentencia desestimando la demanda por entender que el desahucio no es el procedimiento adecuado para ven-tilar la controversia entre las partes. En su opinión y sen-tencia el tribunal inferior se expresó así:

“lia evidencia aportada en el juicio, en conjunto, nos presenta una situación complicada que de ser resuelta en este procedimiento, nos saldríamos de la esfera de acción sumarísima del mismo.
“Fil demandado Celedonio Molina fué demandado en la corte Municipal y como consecuencia de un embargo en ejecución se puso en pública subasta la finca que es objeto de este pleito de desahucio. Entonces Molina habló a Domingo Mena para que la rematara por una pequeña suma, con el propósito, según afirma, de que Mena se cobrase con frutos el importe del remate y Molina no perdiera la finca. Mena dice que es verdad que le habló para tal remate, pero que él lo dejó en la finca por pura condescendencia. La realidad es que algún acuerdo tuvo que haber entre ambos, cuando Molina siguió viviendo y trabajando en la propiedad.
“lia historia de Celedonio Molina, en el segundo capítulo, es que se convino después que Mena pasase el título a su hermano Manuel, que es el demandante en este pleito, para ser pagado el precio a plazos, pero con el propósito de que el hermano respondiera, pagara con el producto de la finca, y después de pagar a Mena, se la de-jara al demandado Celedonio. Tanto Mena como Manuel Molina niegan esto, pero lo cierto es que Mahuel no desembolsó un centavo •como precio de la propiedad, y que los pagos que hizo fué con el dinero obtenido como producto de la finca. Además, el demandado siguió en la finca y desde hace un año no sólo la posee, sino que ha celebrado contrato y entregado cañas a la Central Cambalache, pro-ducidas y cortadas por él.
“Es verdad que el título de Mena a Manuel Molina nada mues-tra que no sea una venta absoluta, pero los hechos y hasta ciertas contestaciones de los mismos testigos de la parte demandante, nos llevan a la conclusión de que el demandado no está en la finca como un mero poseedor en precario.
“Puede que en un juicio declarativo el demandado tenga que salir de la finca, aun aceptando que no tenga derecho de bogar seguro, pero algún derecho puede serle reconocido al demandado a virtud de esas relaciones entre ambas partes. Mientras más pensamos la prueba no's convencemos que a algún arreglo equitativo puede lle-garse por ambos hermanos, que no podría resolverse, en este pro-cedimiento sumario, ya que si declaramos con lugar la demanda, ten-dríamos que aceptar que el demandado está en la finca sin derecho alguno.”

Para sostener su recurso el demandante apelante señala como errores de la corte inferior (a) haber resuelto que no procede el desahucio en precario y (5) haber apreciado erró-neamente la evidencia, deduciendo de ella conclusiones con-trarias a derecho. Ambos señalamientos pueden ser consi-derados conjuntamente.

No tenemos duda alguna de que el demandante probó satisfactoriamente que él tiene un título bueno y suficiente que le da derecho a la posesión del inmueble y a desahuciar al detentador de su posesión. El título que ostenta el deman-dante es el mismo que tenía el demandado antes de que su finca fuera vendida en subasta pública para satisfacer una sentencia dictada en su contra. La prueba documental esta-blece un caso prima facie a favor del demandante.

. Examinemos la testifical. Declaró el demandante que él compró la finca en 1935; que el demandado es su hermano y vive en la finca sin pagar nada y sin tener arrendamiento; que él no ha botado al demandado por ser su hermano pero que antes del desahucio le avisó para que se fuera. Al ser repreguntado dijo: que el demandado tiene derecho a la casita que hay en la finca; que cuando él compró a Mena se fué a trabajar la finca en 1935 y estuvo trabajándola hasta 1936 y que dejó de trabajarla porque el demandado sacó una daga y le dijo que si entraba ló picaba y entonces él se retiró; que él pagú $200 por la finca a Mena en su casa, del 1935 en adelante, garantizándole los pagos con tres cuerdas de terreno de su propiedad; que no entregó dinero a Mena el día de la compra y sí se lo entregó al tiempo vencido que fue al año, porque entonces tuvo que ir a trabajar la finca porque necesitaba; que él cultivaba la finca con su persona, peones y bueyes; que el dinero para pagar a Mena el pre-cio de la finca lo trajo de la finca y de su capital que tuvo que meter allí, de su trabajo; que su hermano el demandado nunca trabajó en la finca, que trabajaba en la hacienda; que antes de él comprar su hermano el demandado ofreció pagar a Mena $200 por la finca, y al vencerse el término y no poder hacerlo le dijo al demandante: “Antes que otro compre, com-pra tú, y me dejas en la finca”; que él compró y tuvo que dejarlo allí porque era su hermano; que no es cierto que él garantizara ninguna deuda de su hermano a Mena como pre-cio de la finca; que después de dejar allí a su hermano éste se hizo dueño y trató de quitarle la finca y cogió los produc-tos, en el año 1936; que el declarante le pagaba a Mena de año en año según lo que produjera la finca, pues es una finca que no se puede trabajar en seguida; que después de com-prar la finca en 1929, Mena siguió trabajando en la finca y sembró cañas y más tarde la arrendó a los hermanos Cen-teno, mientras el demandado siguió viviendo en la casita, la cual nada tiene que ver con la finca; que cuando él compró se hizo cargo de la finca al momento y tuvo que resembrarla hasta que la levantó, sembrando cañas, 400 malas de guineos y yautías, mientras el demandado continuaba viviendo en la casita y trabajando a jornal en la hacienda; que su hermano se armó con la finca en 1936 y que él lo dejó por tratarse de un hermano y para evitar que su hermano matara a alguna persona; que el declarante debe aún a Mena $75 del precio de compra convenido; que su hermano el demandado desde que se armó con la finca no la ha trabajado y lo único que ha hecho es cosechar y comerse lo que sembró el deman-dante. Esta declaración aparece corroborada en lo substan-cial por la de! testigo Eustaquio Rosario.

Declaró el demandado que cuando se sacó la finca a remate él llamó a Mena y le dijo: ‘4 Saque la finca para yo pagársela a usted”; que Mena convino que el demandado le pagase poco a poco con sus intereses y que entonces él, el deman-dado, arrendó la finca a los Centeno por $10; que los Cen-teno le pagaron un año adelantado y el dinero que le paga-ron él lo entregó a Mena pero no le pidió recibo.

Como prueba de rebuttal el demandante presentó al tes-tigo Domingo, quien declaró que él compró la finca en el re-mate; que el demandado le debía unos $40; que una noclie se presentó el demandado y le dijo: ‘‘Mire, la propiedad la ejecutan mañana, y usted sáquela antes de otro porque se ha portado usted bien conmigo, porque quiero que cobre sus chavos, y me deje allí, si quiere”; que el declarante le con-testó: ^La sacaré y te dejaré” y el demandado se quedó allí en su casita; que él no hizo ningún convenio" con el deman-dado ; que el declarante siguió trabajando la finca donde sem-bró caña; que arrendó dos cuerdas a Centeno, quien le pagó el arrendamiento; que la caña la sembró Eustaquio Rosario, pagando los gastos el declarante; que después el demandado dijo que no se acercara nadie por la finca porque le picaría el pescuezo, pues la finca era de él; que él le hizo al deman-dado la proposición de que le diera $200 a fin de julio, pero pasó el término y el demandado ni pagó ni se presentó; que el hermano se presentó y le ofreció $300, de los que le debe aún $75; que el demandado.no tuvo nada que ver con ese negocio; que después de comprar la finca el demandante siguió trabajándola, sembrando cañas, café y guineos.

No existe a nuestro juicio conflicto de títulos en el caso de autos. Las meras alegaciones del demandado, que no han sido corroboradas por evidencia alguna y sí controvertidas por las del demandante y sus dos testigos, no son por sí solas bastantes para establecer un principio de prueba a favor del demandado. Véase: Pérez v. Castro, 52 D.P.R. 274. La corte inferior erró al desestimar la demanda.

Por las razones expuestas se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el caso a la corte inferior para ulteriores pro-cedimientos no inconsistentes con esta opinión.

El Juez President© Sr. Del Toro no intervino.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    The National City Bank of New York, demandante y apelado, v. Mercedes de la Torre, Francisco de la Torre y Arturo O’Neill, demandados y apelante el segundo.
    Núm. 7608.

    Sometido: Noviembre 10, 1938.

      Resuelto: Febrero 8, 1939.

      Francisco de la Torre, pro se j Luis Lloréns Torres, abogado del ape-lante; Fiddler, Córdova & McConnell, abogados del apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Mercedes de la Torre Berrios solicitó un préstamo de The American Colonial Bank of Puerto Bico por la cantidad de $10,398.38. Para asegurarlo exigió el banco ciertas garantías colaterales en adición a la hipotecaria que le ofrecía la soli-citante. En sustitución de las garantías colaterales convino el peticionario Francisco de la Torre Garrido obligarse tam-bién a pagar la cantidad prestada, con los intereses estipu-lados más las costas y honorarios de ahogado en caso de reclamación judicial, prestando este servicio el Sr. de la Torre sin compensación alguna y sin que hubiera mediado a su favor ninguna valuable consideración o promesa de beue-ficio. Llevando a cabo lo convenido, el 20 de mayo de 1929 suscribieron un pagaré Mercedes y Francisco de la Torre y se otorgó una escritura de préstamo con hipoteca sobre bie-nes de la primera, que también suscribió como otorgante el segundo, a los fines previamente indicados. Recibió doña Mercedes de la Torre la totalidad del préstamo y en el mismo acto o inmediatamente después lo entregó al Banco presta-mista en pago de ciertas obligaciones suyas a favor del Banco ya vencidas.

No hace al caso puntualizar si Francisco de la Torre firmó el pagaré y la escritura en carácter de fiador solidario o deu-dor principal. Bastará decir, a los efectos de esta opinión, que el préstamo no se hizo en su particular beneficio ni en el de la sociedad conyugal que desde 1906 tiene constituida con su esposa, debiendo agregarse además que esta última no tuvo conocimiento ni ratificó en momento alguno la transac-ción celebrada por su esposo. Pero sí es un hecho aceptado por el Sr. de la Torre que él asumió la obligación de pagar la deuda en cuestión.

Algún tiempo después de celebrada esta transacción, The National City Bank of New York se hizo cargo de todo.el activo y pasivo de The American Colonial Bank of Puerto Bdco y fué así como el crédito de referencia pasó a poder del Banco demandante.

Yencido el préstamo y no satisfecho, el demandante ins-tituyó la correspondiente acción para cobrarlo, y en asegu-ramiento de la sentencia que pudiera obtener, prescindiendo de los bienes hipotecados, solicitó y obtuvo la traba de embargo sobre bienes pertenecientes a la sociedad conyugal del Sr. de la Torre y de su esposa Doña Carmen Fernández Sal-daña, no obstante alegarse por este demandado que él posee bienes privativos susceptibles de ser embargados para ese objeto.

No conforme con esta última actuación del demandante, el Sr. de la Torre, en pieza separada y como incidente del embarco, radicó un escrito en la Corte de Distrito de San Juan en el que después de relatar los lie ciaos anteriormente expuestos, no controvertidos por el demandante, solicitó que en definitiva y luego de oídas las partes, se decrete la nuli-dad y se ordene el levantamiento del embargo.

Basa su petición en que no tratándose de una carga o deuda de la sociedad conyugal, no pueden embargarse ni apli-carse al pago de la misma los bienes de dicba sociedad.

Oídas las partes, la corte de distrito dictó resolución deses-timando la moción, del Sr. de la Torre, estableciéndose contra dicha resolución el presente recurso.

Cinco son los errores imputados a la corte inferior, a saber:

“Primero: La Corte cometió error en su apelada sentencia o re-solución de 14 de julio del 1937, por errónea interpretación del ar-tículo 1308 de nuestro Código Civil (edición de 1930), así como de la jurisprudencia española interpretadora de dicho precepto legal.
“Segundo: La Corte apelada erró, en su dicha sentencia o reso-lución, por indebida y errónea interpretación de la prueba practi-cada; y por no haber hecho en su sentencia ninguna relación de los hechos probados, y por deducir de la prueba, erróneamente, que este apelante, en la obligación contraída, a que se refiere este incidente, se obligó a título oneroso y no a título gratuito, no obstante que la parte contraria aceptó que la obligación fué a título gratuito.
“Tercero: La Corte apelada erró, en su citada sentencia o reso-lución, al resolver que en este caso el Banco acreedor pudo embargar bienes gananciales, no obstante que la obligación fué contraída a tí-tulo gratuito por el apelante.
“Cuarto: La Corte erró, en su dicha sentencia o resolución, en cuanto a los hechos probados y aceptados por la parte opositora, al separarse de lo consignado en el Acta del Juicio Yerbal, la que fué aprobada por el mismo Juez, y al separarse también de los hechos probados y aceptados por la parte opositora, según aparece de la Exposición del-Caso, la que también fué aprobada por el mismo Juez de la Corte.
“Quinto: Y la Corte erró, finalmente, en su apelada sentencia o resolución, al resolver que los bienes gananciales sólo no pueden em-bargarse cuando el marido actúa como fiador en el préstamo, pero que pueden embargarse cuando actúa como ‘Accomodating Party', aunque no haya obenido ningún beneficio o utilidad en el préstamo.”

A continuación del señalamiento de errores, admite el ape-lante (alegato, pág. 4) que aunque expuestos separadamente constituyen en realidad un solo error fundamental sinteti-zado en el primero de los señalados, a la discusión del cual dedica las primeras cuarenta y cuatro de las cincuenta y cinco páginas de que consta su alegato. Convenimos con el apelante en que el primero de los errores señalados entraña la ver-dadera cuestión en controversia, y creemos además que de no existir dicho error es innecesario considerar los cuatro siguientes, porque procedería entonces la confirmación de- la resolución apelada.

Procederemos a discutirlo:

“La Corte cometió error en su apelada sentencia o resolución de 14 de julio del 1937, por errónea interpretación del artículo 1308 de nuestro Código Civil (edición de 1930), así como de la jurispru-dencia española interpretadora de dicho precepto legal.”

La cuestión en controversia no consiste, como acertada-mente sostiene el apelante, en determinar si al obligarse Francisco de la Torre a favor de The American Colonial Bank of Puerto Bico, lo hizo en carácter de deudor principal o fiador solidario. Él acepta la responsabilidad de la deuda. Sólo alega que tratándose de una transacción en beneficio exclusivo de otra persona, cual es doña Mercedes de la Torre, esta deuda no constituye una carga de la sociedad de ganan-ciales y que por consiguiente para hacerla efectiva el acree-dor, The National City Bank of New York, no puede embar-gar bienes de la sociedad conyugal, debiendo limitar su embargo a los privativos del Sr. de la Torre. Ésa, a nuestro juicio, es la única cuestión a resolver.

A primera vista, si no se tiene en cuenta la naturaleza especial de la sociedad de gananciales, parece absurdo sos-tener que no tratándose de un crédito contra dicha sociedad pueda aquél hacerse efectivo en bienes de ésta, cuando aún no puede predecirse si al tiempo de liquidarla el cónyuge deu-dor habrá de recibir bienes suficientes con que reintegrar dicha suma al acervo de la comunidad. Pero es que la de gananciales es nna sociedad sui generis distinta de las demás sociedades. En ella el marido es nn administrador con po-deres tan amplios y absolutos que con razón se afirma cpie en sus relaciones con terceros la sociedad y el marido son la misma entidad, existiendo la diferencia solamente en las re-laciones de los esposos inter se. La posición de la mujer es lluramente pasiva: bien o mal el marido administra y paga sus deudas, tanto las privativas suyas como las conyugales, sin que la mujer pueda intervenir. Sólo tiene derecho ella a esperar que la sociedad termine por alguno de los medios que determina la ley, y es entonces, en el momento de la liquida-ción, que surge su derecho a exigir que se deduzcan de la par-ticipación del marido todas aquellas cantidades que éste hu-biese satisfecho con fondos de la sociedad de gananciales. En otras palabras, el interés de la esposa en la sociedad conyu-gal mientras ésta subsiste es una mera expectación o espe-ranza de participar en la mitad del activo líquido que pueda resultar luego de liquidada la sociedad. Befiriéndose a las facultades absolutas del marido en la sociedad de ganancia-les, dice Manresa:

“I)e este exceso ele facultades del marido se deducen dos conse-cuencias importantes. Una de ellas es, que durante la existencia de la sociedad de gananciales o hasta el momento de su terminación, los derechos de los cónyuges son muy desiguales, asignándose a la mujer una situación pasiva y un puesto secundario. Es la otra, que anta los terceros,.el marido y la. sociedad son, en términos generales, una sola y misma cosa, algo que se confunde y se identifica en cuanto es posible sostener tal confusión.” Comentarios al Código Civil, tomo 9, pág. 652. (Bastardillas nuestras.)
“Del análisis y combinación de todas las disposiciones citadas, y de las demás que con ellas se relacionan, resulta que la mujer no puede hacer que queden sin efecto durante el matrimonio los ario;! ilegales o fraudulentos realizados por su marido, sino cuando se disuelva y liquide la sociedad. Entonces es cuando el marido debe aportar a ella numéricamente el valor de las enajenaciones que hu-biese'hecho ilegalmente o en fraude de la mujer. Estos valores se suman con los que resultan como gananciales al disolverse la sociedad, y la suma total se distribuirá por mitad entre el marido y la mujer o sus herederos respectivos, adjudicándose en pago al marido lo apor-tado o colacionado por el mismo. Si resultan bienes bastantes para pagar a la mujer sus aportaciones matrimoniales y su mitad de ga-nanciales, no hay razón para dejar sin efecto las enajenaciones hechas por el marido, ni tiene la mujer derecho para pedir la nulidad de tales actos, puesto que no le perjudican.
“Si, por el contrario, la mujer no puede ser indemnizada en esa forma y sufre perjuicio, se impone la necesidad de anular el acto ilegal o fraudulento. No existe en este caso obstáculo legal que im-pida a la mujer el ejercicio de la acción de nulidad, porque ésta corresponde a los obligados principal o subsidiariamente por el acto o contrato y obligada queda la mujer por los actos del marido como partícipe en los bienes gananciales. Para él ejercicio de la acción deben concederse a la mujer cuatro años, a contar desde la disolu-ción del matrimonio, o desde la terminación por otra causa de la so-ciedad de gananciales.” (Id., pág. 662.) (Bastardillas nuestras.)

Scaevola las comenta en la siguiente forma:

“Prácticamente, normalmente, la sociedad de gananciales, a la que concurren los mismos bienes peculiares de cada cónyuge, so-porta y paga todo género de obligaciones del matrimonio, incluso las deudas privativas. Si en cada momento hubiera de determinarse, con arreglo a las prescripciones de esta sección, lo que correspondía pagar con los bienes comunes que enumera el artículo^ 1401, o con los peculiares de cada cónyuge, el matrimonio de menos elementos de vida necesitaría un tenedor de libros permanente.
“En casos especiales de extraordinario desarreglo del marido, cabe la cuestión, como más adelante veremos, de si tales o cuales bie-nes, éstos o aquéllos rendimientos comunes, se han utilizado con arreglo a las disposiciones de la sección presente, o, por. el contrario, con olvido absoluto del ñn en que se inspiran. Pero él objeto principal de las mismas tiene relación con él momento en que se liquida la sociedad de los cónyuges; para determinar, entonces, así de las obligaciones pendientes como de las satisfechas, las que deben- pesar particularmente sobre los bienes de cada uno y las que gravarán a la comunidad.” Scaevola, Código Civil, tomo 22, pág. 236. (Bastar-dillas nuestras.)

En Argentina, cuyo Código Civil en su artículo 1280 prescribe que “el marido responde de las obligaciones contraídas por él antes o después de celebrado el matrimonio, sin per-juicio de los abonos que deba bacer a la sociedad o la socie-dad al marido,” el Prof. Baldomero Llerena, comentándolo en su obra “Concordancias y Comentarios del Código Civil Argentino”, tercera edición, tomo 4, pág. 395, dice:

“El marido responde. — Esta responsabilidad es con los bienes propios y con los de la sociedad. El. artículo 1283 legisla el mismo caso con respecto a la mujer, pero en una redacción mucbo más clara que la del presente.
“Sin perjuicio de los abonos, etc. — Como beirios visto en la pri-mera parte de este artículo, los acreedores del manido pueden de-mandar se les pague, o con los bienes propios del marido, o con los de la sociedad, cualquiera que sea el origen de la deuda. Pero como no es justo que la sociedad pague deudas anteriores al matrimonio, puesto que sólo las contraídas durante el matrimonio son cargos de la so-ciedad (artículo 1275, ine. 3), o que sean exclusivamente del marido y no de la sociedad, la ley le da derecho a la mujer, por esta segunda parte, para que, al disolverse la sociedad, se le ponga en cuenta, o, más bien dicho, se descuente de lo que haya de corresponder al marido, la parte que ha sacado para pagar la deuda a la cual la mujer no estaba obligada a contribuir.
“Es de advertir que este reclamo de la mujer sólo puede tener lugar al disolverse la sociedad, o por lo menos 'después de pagados los acreedores, pues ella no puede oponer tercena en razón de los gananciales que le correspondan en la sociedad, cuando se ejecuten estos bienes para el pago de las deudas del marido, ya sean éstas an-teriores o posteriores al matrimonio. Todos los bienes gananciales, como todos los del m¡árido, ■están afectos al pago de las deudas de éste, como lo están los primeros y los de la mujer en el caso del ar-tículo 1283. (Bastardillas nuestras.)
“La mujer, y en su caso el marido, sólo puede reclamar cuando se han embargado bienes del uno para el pago de las deudas del otro o de la sociedad, cuando el que reclama en este último caso no ha sido el administrador de la sociedad (artículo 1282). (Véanse los dos artículos siguientes.) ’1

El sabio civilista francés Troplong, en su obra “El Con-trato de Matrimonio”, tomo 2, pág. 136, describe así los dere-chos de la esposa en la sociedad de gananciales:

“Los derechos de la esposa están latentes durante el matrimonio, porque el marido es el encargado de vigilar y administrar los asun-tos de la sociedad conyugal. Pero este derecho, que permanece inerte mientras el marido esté a la cabeza de los asuntos de la comunidad, se torna activo tíuando la autoridad matrimonial deja de existir. La esposa es como un socio comanditario, cuyos derechos surgen y se revelan cuando la sociedad cesa.”

La jurisprudencia francesa afirma que mientras la socie-dad conyugal existe la mujer sólo tiene una esperanza o expec-tación y por consiguiente no tiene interés o derecho alguno sobre los bienes de la sociedad basta que ésta se disuelve. De abí que se baya generalizado la expresión de que la sociedad de gananciales es una sociedad que principia en su termina-ción.

En el caso de Garrozi v. Dastas, 204 U.S. 64, (51 L. Ed. 369), el entonces Juez Asociado Sr. "White, cuya autoridad como civilista es indiscutible, hace un estudio comparativo de esta institución en Francia, España, Louisiana y Puerto Rico, cuya lectura recomendamos. Dice el Juez White:

“El apelante admitió en su argumentación que existe una seme-janza sustancial entre la sociedad de gananciales bajo el Código Na-poleón y bajo la ley española anterior al Código Civil, así como la que ahora existe, tanto bajo el Código Civil español como el de Puerto Rico. Naturalmente, ese argumento se refiere y está basado en al-gunas de las disposiciones del Código Napoleón. Además, cuando se considera que la antigua ley española y la formulada en el código de 1889 o en el de Puerto Rico de 1902 no confieren autoridad a la es-posa para obtener la disolución judicial de la sociedad conyugal por el mero hecho de extraordinario desarreglo del marido en relación con los asuntos de la sociedad, demuestra que las facultades del es-poso bajo el sistema español son en principio más amplias que bajo el Código Napoleón y los códigos que lo han adoptado o seguido. La autoridad general del marido como jefe y dueño de los bienes de la comunidad bajo la ley de Louisiana, el Código Napoleón y la ley española fué claramente expuesta por la Corte Suprema de Louisiana en Guice v. Lawrence, 2 La. Ann. 226, en la siguiente forma:
“ ‘Las leyes de Louisiana nunca han reconocido en la mujer, du-rante el matrimonio, título alguno a la mitad de los gananciales. La ley española sobre la materia ha sido expuesta por Febrero con su acostumbrada precisión. La propiedad de la esposa, dice dicho autor, es revocable y ficticia durante el matrimonio. Mientras viva el es-poso y el matrimonio no se haya disuelto, la esposa no puede decir que tiene gananciales, ni puede ella impedir que el esposo haga uso de tales bienes, so pretexto de que la ley le conceda una mitad de los gananciales. Pero, disuelto el matrimonio (soluto matrimonio), ella se convierte irrevocablemente en dueña de la mitad indivisa en la forma provista por la ley en la comunidad de bienes. El maridó es, durante el matrimonio, real y verdadero dueño de todo y tiene en efecto su dominio irrevocable. Febrero Adié., tomos 1 y 4, parte 2da., libro 1, cap. 4, par. 1, núms. 29 y 30. Pothier, communaute, pág. 35 y siguientes. 12 Toullier, cap. 2, núms. 22 a 31. 14 Duranton, Droit Franc., pág. 281 y siguientes; 10 Dalloz, Jurisp., pág, 198 y siguientes.
“ ‘Las disposiciones de nuestro Código sobre la materia son una adopción o incorporación de la ley española sin valuación alguna. El esposo es jefe y dueño de la comunidad y tiene la facultad de enajenar los inmuebles de la sociedad sin el consentimiento o' auto-rización de la esposa. Código Civil, artículo 2373.’
“Es verdad que -en el Código puertorriqueño de 1902 se insertó una disposición, a que antes hemos hecho referencia (artículo 1328), limitando la facultad que tiene el marido de disponer de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal sin el consentimiento de la esposa. Pero esta restricción expresa en cuanto a una clase determinada de bienes, razonando a contrario sensu, no es otra cosa que una confirma-ción de la facultad del marido como jefe y dueño de 1a, comunidad con respecto al resto de los bienes.”

Apliquemos al caso que nos ocupa los principios legales arriba .enunciados. El peticionario, Sr. de la Torre, pone gran énfasis en la circunstancia de que el Banco, al aceptar su garantía, sabía o por lo menos tenía motivos para creer que no se trataba de una transacción en beneficio de o rela-cionada con la sociedad conyugal. Pero como para los ter-ceros que, contratan con el marido éste y la sociedad de ganan-ciales son lo mismo, el Banco demandante, al aceptar la garan-tía del Sr. de la Torre, confió o debió confiar en que de acuerdo con la ley podía hacer efectiva la garantía ofrecídale tanto en los bienes privativos del garantizador como en los bienes de la sociedad conyugal. De manera, pues, que a menos que expresamente se convenga que el acreedor no podrá hacer efectivo su crédito con los bienes gananciales, en cuyo caso el contrato es ley entre las partes,- su derecho a dirigirse contra los bienes gananciales está fuera de toda discusión. Y si, como hemos visto, el derecho de la mujer sobre los bienes gananciales no surge hasta que termina la sociedad, no puede el marido asumir la defensa de derechos que aún no tienen vida. Por consiguiente, tenemos que llegar a la ineludible conclusión de que al embargar el demandante los bienes de la sociedad de gananciales en este caso hizo uso de un dere-cho que le reconoce la ley.

A riesgo de resultar prolijos, deseamos aclarar que los principios aquí enunciados no deben interpretarse en el sen-tido de autorizar al marido para enajenar o gravar los bie-nes inmuebles de la sociedad conyugal sin el consentimiento expreso de la esposa. Es ésta una limitación que en este país ha sufrido la institución de la sociedad de gananciales, limi-tación que en manera alguna afecta la conclusión a que hemos llegado, porque no se trata en este caso de una voluntaria enajenación o gravamen de bienes inmuebles, sino de la apli-cación de estos bienes al pago de deudas y responsabilidades contraídas' por el marido.

Finalmente deseamos consignar que los casos citados por el apelante, procedentes del estado de Washington, no tienen aplicación al presente por estar basados en disposiciones es-tatutarias peculiares de dicho Estado que no existen en las demás jurisdicciones donde impera la institución jurídica de la sociedad de gananciales.

Por lo expuesto, procede desestimar el recurso y confir-mar la Resolución apelada.

El Juez Presidente Sr. Del Toro no intervino.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con el resultado.