author: El Juez Asociado Su. Hutchison,

text:
    Nones, Demandante y Apelante, v. Sucesión J. Serrallés, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios. — Moción sobre apertura de rebeldía y nulidad de sentencia.
    No. 2411.
    Resuelto en julio 22, 1921.
    Da&os y Perjuicios — Sentencia Anulando Otea Dictada en Rebeldía — Aber-tura de la Rebeldía — Affidavits de Méritos Defectuosos. — Da mera cir-cunstancia de que affidavits de méritos presentados por la 'parte demandada solicitando la apertura de rebeldía sean defectuosos, no es motivo suficiente para revoear la sentencia que anulando una dictada en rebeldía, abrió el caso nuevamente.
    Td. — Rebeldía—Término para Pedir la Nulidad de Sentencia en Rebeldía.— Examinados los hechos -que constan en la opinión dictada en este caso, el Tribunal Supremo resolvió que el defecto técnico, si lo es, de pedir la nuli-dad de la sentencia fuera del término en que la rebeldía fué anotada o de dejar de justificar expresamente la demora en pedirla no es bastante meri-torio para revocar la .sentencia que abrió la rebeldía.
    Id. — Sentencia Anulando Rebeldía — Discreción Judicial. — A menos que se de-muestre la existencia de un claro abuso de discreción, una orden anulando o negándose a anular una sentencia en rebeldía no será revocada en apelación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. J. y A. Poventud.

    Abogados de la apelada: Sres. F. Parra y J. Tons Soto.

   El Juez Asociado Su. Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

Adolfo Nones apela de una resolución dejando sin efecto una sentencia en rebeldía y abriendo nuevamente el caso.

Los liecbos- y las razones en que la corte sentenciadora fundó su resolución han sido bien expresados por el juez de distrito en su opinión, a saber:

“Este pleito fue miniado por demanda jurada, el 18 de junio de 1920, en el cual día quedó emplazada la demandada. En junio 26 el abogado de la demandada obtuvo una prórroga de 5 días, a partir del día 28 para contestar o alegar lo que en derecho procediese. Aparece del record que más tarde radicó una excepción previa, cuya vista se señaló para el día 32 de julio y que en la misma fecha la demandada retiró su excepción, concediéndole la corte 10 días para contestar la demanda. En noviembre 26 de 1920, solicitó y obtuvo el demandante la anotación de la rebeldía de la demandada, fundán-dose en haber transcurrido con exceso el término legal, desde la úl-tima prórroga solicitada, sin que la demandada presentara alegación alguna y haciendo aplicación del inciso primero, artículo 194 del Código de Enjuiciamiento Civil, el secretario anotó la rebeldía, regis-trándose inmediatamente una sentencia contra la demandada, conde-nándola a pagar al demandante la suma de $25,000, reclamados por ésta en concepto de daños y perjuicios y Ids intereses legales de dicha suma desde la interposición de la demanda hasta su completo pago.
“En diciembre 15 presentó la demandada una moción solicitando que se deje sin efecto la sentencia y la anotación de la rebeldía, la cual moción f-ué posteriormente sustituida por otra con la confor-midad del demandante. La demandada acompaña a su moción un escrito de contestación a la demanda, el cual está jurado y se ofrece además para que surta los efectos de un affidavit de méritos.
“La moción a que nos contraemos está hecha bajo el juramento del abogado, de la demandada y alega sustancialmente que con poste-rioridad al término para alegar concedido por la corte, los abogados de ambas partes en este pleito convinieron privadamente con motivo de un viaje del abogado del demandante tenía para, los Estados Uni-dos, que efectivamente realizó, y por no ser muy urgente la radica-ción de la contestación toda vez que la corte estaba sin juez y no había realmente prisa en tener preparado el caso, en que la deman-dada contestaría al regreso del abogado del demandante de los Es-tados Unidos. Que tan pronto dicho abogado volvió a Puerto Rico y allá hacia el 16 ó 17 del mes de noviembre pasado el abogado de la demandada le visitó y como resultado de dicha entrevista llegó a la conclusión por su parte, de que el abogado del demandante acep-taba que la demandada podría presentar su contestación en cual-quiera de los días de esa o de la siguiente semana; que descansando este abogado en tal creencia, recibió la notificación de que en la corte de distrito se había registrado sentencia en rebeldía en contra de la demandada el día 26 del mismo mes de noviembre, o sea dentro del tiempo que consideraba por su parte como convenido entre ambos 'abogados para la contestación. Que según información del abogado que suscribe dicha rebeldía fue anotada no con la intención de mante-nerla en vigor sino exclusivamente con la de apurar la contestación. Que dicha sentencia es nula porque fué registrada por el Secretario de la Corte de Distrito de Ponce en momentos en que esta corte no estaba en sesión ni debidamente organizada, pues ningún juez había sido nombrado para ella ni en propiedad ni interinamente.
“Que aún en el caso de que la corte considerara que por los he-chos expuestos con el número uno de esta moción, no debe ser abierta la rebeldía, la sentencia es nula y no tiene valor por haber sido re-gistrada por el secretario de esta corte en exceso de las facultades que le concede el artículo .194 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que en este pleito se trata de obtener daños y perjuicios por incumplimiento de contrato en cuyo caso después de anotada la re-beldía debe ser el pleito visto por la corte para liquidar lo^ daños y perjuicios.
A petición del abogado proponente de la moción, la corte señaló el día 23 del corriente mes para la discusión de la misma, a cuyo acto comparecieron las partes representadas por sus abogados respectivos. El demandante presentó una oposición jurada a dicha moción y varias declaraciones juradas. Un examen cuidadoso de la moción de la demandada y de los affidavits del demandante demuestran que a partir de la última prórroga concedida por la corte a la demandada se vinieron concertando prórrogas extrajudi cíales entre los abogados del demandante y el abogado de la demandada, que culminaron en protesta del demandante quien insistía con su abogado para que se anotara la rebeldía de la demandada y no se le concediesen más prórrogas para contestar, a pesar de lo cual el abogado del deman-dante, por razones de compañerismo hacia el abogado de la deman-dada concedió varias prórrogas hasta el mes de octubre de 1920, en que teniendo uno de los abogados del demandante necesidad de hacer un viaje a los Estados Unidos se convino entre ambos abogados que el de la demandada tendría derecho a contestar la demanda durante todo el tiempo que el abogado del demandante estuviera ausente. Al regreso de éste -el abogado de la demandada le visitó en la oficina y celebraron una entrevista como resultado de la cual convinieron en que el abogado de la demandada dispondría de otra prórroga para contestar la demanda. Hasta aquí existe perfecta conformidad entre los abogados. La discrepancia surge con motivo de la extensión de la última prórroga, alegando el abogado de la demandada que de la entrevista referida él llegó por su parte a la conclusión de que la demandada podía presentar la contestación en cualesquiera de los días de la semana en que celebraba la entrevista o de la siguiente semana, estando por lo tanto el día 26 en que se anotó la rebeldía y se registró la sentencia, incluido, según el entender de dicho abogado, dentro de la prórroga que le fué concedida últimamente. Y por otra parte afirma el abogado del demandante que dicha prórroga fué concedida hasta noviembre 20, por lo cual la rebeldía anotada y la sentencia registrada no están incluidas dentro del término de dicha prórroga.
“La demanda versa sobre daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato que, según alega el demandado por información y creencia celebró la demandada con Louis Falley, otorgándole una opción que duraría hasta las 9 de la mañana del 9 de abril de 1920 para la compra de cinco mil sacos de azúcar lavada de 125 libras cada uno, netas, de la Central Mercedita, propiedad de la demandada, al precio de $15 el quintal, f. o. b. Ponce, para embarque y entrega en o antes de abril 30, 1920, debiéndose pagar tal precio contra entrega de los documentos de embarque por la demandada a la que se debía garantizar el referido precio por un banco. Alega el de-mandante que Louis Falley, en abril 8 de 1920 cedió dicha opción u oferta por medio del agente y comisionista de Ponce, don Bafael Collazo, al demandante don Adolfo Nones, por precio de $15.50 el quintal de azúcar y el demandante en el mismo día 8 de abril de 1920, antes de expirar la ameritada oferta aceptó e hizo comunicar la opción de dicha oferta a la demandada por conducto de su apode-rado el S. Giles, e informándole que el Banco Comercial de Puerto Bico se había obligado a garantizar el indicado precio fijado por la demandada; la que entonces alegó por medio del Sr. Giles que la opción referida había expirado por lo que rehusaba cumplir dicho contrato, y siendo así que tal oferta no vencía hasta el día siguiente, abril 9, 1920 a las 9 a. m. Que la demandada no ha cumplido y aún rehúsa cumplir el ameritado contrato habiéndose negado a em-barcar y a entregar para el demandante los cinco mil sacos de azúcar, a pesar de haber sido requerida al efecto por el demandante. Que ha cumplido y está dispuesta a cumplir cuanto le incumbía bajo dicho contrato y su cesión, así como también su indicado trasmitente, según información y creencia del actor.
“De acuerdo con la información y creencia del demandante, el valor en el mercado de dicho azúcar objeto del referido contrato, llegó a ser en y después de ñnes de abril de 1920, la suma de $20 el quintal, que implica cantidad mayor de $25,000, sobre el precio convenido en el contrato de cesión para el demandante y que constituye el importe de los daños y perjuicios sufridos por el actor, debido al incumpli-miento del tal convenio por la demandada, que vendió dicho azúcar a más de $20 el quintal. Termina la demanda suplicando una sen-tencia en favor del demandante y en contra de la demandada, conde-nando a ésta a pagar a aquél la suma de $25,000 con los intereses legales.
“La demandada, en su contestación jurada niega la existencia del contrato alegado en la demanda como concertado entre la demandada y Louis Palley y alega como defensa la existencia de un contrato hecho entre el señor Mauricio Palley, como agente en Puerto Rico de The Maxim Chemical Company, de New York, en cuya virtud la de-mandada le cotizó azúcar lavada a $13.50 por quintal f. o b. embar-cado en Ponce y le dió hasta marzo 31 para recibir la contestación al ofrecimiento, siendo condición especial que los compradores de-positarían al mismo tiempo el importe de la mercancía en el Royal Bank of Canada de Ponce'; que esta venta de cinco mil sacos de azúcar fué confirmada por telegrama del Sr. Mauricio Palley en marzo 31 de 1920, afirmando además que había sido abierto en el Royal Bank of Canada un crédito a favor de la demandada de acuerdo con lo convenido. En abril 1, 1920, o sea el día siguiente el Royal Bank of Canada en Ponce, negó tener tal crédito abierto a favor de la demandada. Sigue exponiendo la demandada diversos hechos tenr dentes a demostrar que la compradora del azúcar, The Maxim Chemical Company por medio de su representante Sr. Mauricio Falley y luego por medio de Louis Falley como representante de su hermano Mauricio, solicitó y se le concedió algunas pórrogas, para que enviara los fondos necesarios para el pago de la mercancía y qne no habiendo llegado estos fondos hasta las 9 de la mañana del 9 de abril de 1920, la demandada dió por rota y nula la negociación.
“Niega la demandada que la firma compradora del azúcar o sea la Maxim Chemical Company cediera al demandante sus derechos en la negociación referida y niega que la demandada concediera en época alguna a Louis Falley, el derecho de comprar el azúcar de' dicha de-mandada ; así como que el referido Louis Falley, formalizara en época alguna con el demandante la cesión de algún supuesto derecho a com-prar azúcar de la demandada. Niega la demandada otros hechos y concluye afirmando que la demandada vendió el azúcar que compro-metió con la Maxim Chemical Company a $18 y no a $20.
“Las declaraciones juradas, la demanda y contestación que hemos transcrito sustancialmente son los elementos de que disponemos para resolver si en este caso concurren los requisitos y circunstancias que el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, exige para otor-gar el remedio que ahora solicita la demandada.
“Nuestra Corte Suprema en el caso de ‘Gutiérrez v. Foix, 23 D. P. R. 73, 75, y en el de Fernández v. Pescay et al 26 D. P. R. 813,’ expone el criterio liberal con que debe ser interpretado el artículo referido: ‘Este es un precepto reparador, y, de acuerdo con las pres-cripciones 4o. del propio Código el cual exige que sea liberalmente interpretado con el fin de que se cumplan los fines y promueva la justicia, se observa mejor resolviendo los casos por sus méritos sus-tanciales más bien que atendiendo estrictamente a las reglas técnicas de procedimiento. La discreción de la corte debe siempre ser ejer-citada de conformidad con el espíritu de la ley y de tal modo que más bien ayude que impida o destruya los fines de la justicia, consi-derando los meros tecnicismos como obstáculos que han de ser ven-cidos más bien que como principios a los cuales ha de darse efecto en derogación del derecho sustancial.’
“No hay duda que este artículo por amplia que sea la liberalidad con que debe ser interpretado no sanciona de ningún modo el aban-dono o la negligencia grave e inexcusable de un litigante que revela por sus actos carencia de interés en la acción que tenga pendiente en un tribunal de justicia. Pero el artículo tiende, de acuerdo con la doctrina transcrita, a excusar la equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia de un litigante, cuando alguno de estos ele-mentos interviene, al amparo de tecnicismos legales, para evitar que se haga justicia sustancial fundada en el fondo y en los méritos equi-tativos y legales que informen el asunto que se ventile.
“En esta moción, el abogado de la demandada alega que si él dejó expirar la última prórroga que le concedió el demandante, ha ocurrido bajo la influencia de un error sufrido por él en cuanto a la extensión de dicha prórroga. * * * El afirma bajo juramento que él sacó la conclusión de que era más largo el tiempo que se le concedía y si bien el abogado del demandante afirma que el tiempo concedido fué expresamente fijado basta el 20 de noviembre, sin embargo, la asevera-ción jurada del abogado de la demandada, teniendo en cuenta la actitud benévola del abogado del demandante, que le había concedido anteriormente varias prórrogas por convenios verbales, nos induce a creer que el abogado de la demandada pudo razonablemente caer en el error de entender que la prórroga había sido por mayor tiempo y que el abogado de la demandante no Ye anotaría la rebeldía.
“No es el primer caso en que sucede esta clase de equivocaciones debido a convenios verbales de los abogados y nuestra misma Corte Suprema, ha sostenido fallos ordenando aperturas de rebeldías, en los cuales, como un incidente de la cuestión, ha surgido una errónea impresión de un abogado con respecto a los verdaderos términos de una estipulación. 'Gutiérrez v. Foix, 23 D. P. R. 73, 75, y en el de Santana v. Gelabert, Sociedad en Comandita, et al., tomo 26 D. P. R. 201.’
“Este pleito es de gran importancia por la cuantía de los daños que se reclaman y delicado por el carácter de la acción misma que se ejercita.
“En una buena y recta administración de justicia no debe existir ninguna sentencia sobre la propiedad, libertad, o cualquier otro interés de un ciudadano si no está fundada en la verdad y en la realidad de las cosas, en la medida que le es dable encontrar la verdad al limitado entendimiento humano. En este caso la demandada niega la existen-cia del contrato que ha dado lugar a los daños y perjuicios reclamados. La cuantía de estos daños y perjuicios está también negada y contro-vertido el precio en que se vendió el azúcar. Una sentencia registrada mecánicamente sin haber penetrado en los méritos de las cuestiones controvertidas, nos expondría a condenar una parte sin tener la segu-ridad en nuestra propia conciencia de que tal sentencia corresponde a hechos comprobados y a los dictados de la verdadera justicia.
“Si de acuerdo con la doctrina de nuestro más alto tribunal, la discreción de la corte, debe ser siempre ejercida de conformidad con el espíritu de la ley de tal modo que más bien ayude que impida los fines de la justicia, estimamos que la discreción de esta corte, en el presente caso, debe ejercerse de tal modo que las cuestiones y los derechos envueltos puedan ser ventilados con toda amplitud y el más recto espíritu de justicia y de garantía para todos los interesados. Si ocurriere que en este caso la conducta del abogado de la deman-dada hubiese entorpecido o demorado la tramitación de este pleito, eon perjuicios para el demandante, probablemente sería distinta la opinión de esta corte; pero es un hecbo de conocimiento judicial para el juez que suscribe, que desde el mes de julio de 1920, basta la fecha, esta corte, no estaba en condiciones de celebrar términos de casos civiles; primero, por las vacaciones del juez propietario y des-pués por la licencia" concedida al mismo y la presentación posterior de su renuncia; que entre tanto sólo han presidido esta corte, por pocos días dos jueces sustitutos que entendieron en el despacho de asuntos criminales y asuntos civiles de carácter urgente, la mayor parte de jurisdicción voluntaria, remedios extraordinarios y. otros de similar carácter, hasta el día 21 del presente mes en que se hizo cargo el que suscribe como juez propietario.
£íNo ha habido, por consiguiente perjuicios para el demandante, que pudieran servir de contrapeso a los perjuicios a que estaría expuesta la demandada si no se le permitiera defenderse en este asunto.
“Somos, por tanto de opinión, apreciando el error sufrido por el abogado de la demandada, teniendo en cuenta que su contestación contiene defensas meritorias y para cumplir mejor los fines de la justicia, que debe declararse con lugar la moción presentada por dicho abogado, y, en su consecuencia, se deja sin efecto la sentencia registrada por el secretario de esta corte, en este caso, con fecha 26 de noviembre de 1920, se ordena la apertura de la rebeldía ano-tada y se admite la contestación radicada, quedando el caso sujeto al procedimiento ordinario de tramitación.
“Ponce, P. R., diciembre 24, 1920. (f) R. Rivera Zayas, Juez del Distrito.”

Los siguientes errores han sido alegados:

“1. Erró la Corte de Distrido de Ponce al no estimar insufi-cientes los affidavits de la demandada-apelada en este caso, otorgado uno por el abogado de la demandada al pie de la moción para abrir-la rebeldía, y el otro por el apoderado de la demandada al final de la proyectada contestación que se acompañó a la predicha moción; así como al estimar como affidavits de méritos a los mismos;
“2. Cometió error dicha corte inferior al no estimar extempo-ráneamente presentada, e insuficiente, la ameritada moción para dejar sin efecto la sentencia en rebeldía en este caso;
“3. La corte inferior erró al estimar que hubo negligencia excusable, o motivo suficiente alguno, para dej'ar sin efecto la sentencia registrada en este caso; y
“4. Erró la corte inferior, en consecuencia, al dictar la orden apelada dejando sin efecto la sentencia en rebeldía en este caso.”

La mayoría de los casos citados por el apelante en el primer señalamiento de error pueden distinguirse sobre los hechos, y la contestación a aquella parte de la argumenta-ción que no ha sido de tal modo resuelta puede hallarse en el caso de Sucesores de Villamil & Cía. v. Merced et al., 25 D. P. R. 237.

La teoría sustentada en el segundo señalamiento .es que la moción debió haberse presentado durante el mismo tér-mino en que la rebeldía fue anotada, o si no que debió ha-berse demostrado por qué no se hizo antes de- vencer dicho término. Parece que el término en cuestión venció a fines de noviembre y que la moción fué radicada en diciembre 15. Pero de la opinión emitida por el juez sentenciador a la cual se ha hecho referencia, aparece que la corte estuvo sin juez-hasta diciembre 21,- y en vista de esto y de las demás cir-cunstancias mostradas por el demandado y arriba mencio-nadas, no estamos dispuestos a intervenir con la conclusión a que llegó la corte inferior debido a un defecto técnico, si lo es, consistente en dejar expresamente de justificar la de-mora haciendo una referencia específica al término anterior de la corte.

En cuanto al tercero y cuarto señalamientos, será bas-tante con decir que no encontramos semejante abuso en la amplia discreción ejercitada por las cortes de distrito en cuestiones como ésta que justifique una revocación.

La resolución apelada debe ser confirmada.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentesSres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    Loíza Sugar Company, Demandante y Apelante, v. Baquero & Cía., Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cumplimiento de contrato.
    No. 2355.
    Resuelto en julio 23, 1921
    Contrato — Prueba Contradictoria. — Aun cuando la corte sentenciadora no haya tenido en cuenta el conflicto en la prueba, esta Corte decidirá el caso en favor del demandado cuando los autos muestren un juramento contra otro juramento.
    Id. — Contrato no Mercantil. — Los contratos de la magnitud del que está en-vuelto en este caso deben hacerse constar por escrito a menos que caigan claramente dentro de las excepciones relativas a contratos no comerciales.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. C. Coll Cuchí y G. Cru-zado Silva.

    Abogados de la apelada: Sres. J. Martínez Dávila y E. Campillo.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal, La corte inferior en su opinión declaró. sustancialmente probado lo siguiente:

Que la demandante alegó que el día 24 de mayo, 1920, uno de los socios gestores de Baquero & Cía. compró a la demandante por medio de su Presidente Eduardo J. Gon-zález, 320 sacos de azúcar al precio de $23 el saco; que se solicitó de González y éste aceptó dar orden inmediatamente a la factoría de Canóvanas para que remitiera por ferro-carril en 9 de junio, 1920, los azúcares comprados; que la sociedad demandada se negó a aceptar los azúcares; que 160 sacos de azúcar fueron embarcados sobre vagón pero la de-mandada se negó a recibirlos; que la demandada negó los becbos de la demanda y también que no existía ningún docu-mento o vendí que acredite dicba operación de azúcar, ni existe tampoco en sus records.

La corte entonces pasó a decir lo siguiente:

“Celebrado el juicio y practicada la prueba, resulta que la pre-sentada por la demandante fué tendente a probar que por medio de su agente el Sr. Casellas, vendió a Baquero & Cía. el azúcar a que se hace referencia en la demanda, en conflicto con las alegaciones de la misma si bien la demandante tuvo oportunidad de solicitar permiso de la corte para enmendar sus alegaciones para armonizarlas, no lo hizo ni lo ha hecho hasta el presente; pero aún prescindiendo de esta cuestión y entrando en su fondo, la corte opina que la deman-dante no probó el contrato de compraventa de azúcares. Por parte de la demandante declaró el testigo Sr. Casellas, quien alega haber realizado la venta de los azúcares y haberla convenido con los Sres. Baquero y Alberto Calcina,. socios gestores de la mercantil deman-dada, contrato que dice haber hecho de palabra, sin haberse aportado otra prueba que la testifical, no obstante montar a la suma de $18,400 que es algo más de los $300 de que nos habla el Código de Comercio en su artículo 51 cuya declaración fué contradicha por los testigos Baquero y Calcina.
“La corte, dada la naturaleza y cuantía del contrato, y la prueba aportada por las partes, es de opinión de que la demandante no ha probado la existencia del contrato y en su consecuencia debe declarar y declara sin lugar la demanda con imposición de costas y honorarios de abogado.”

El testigo principal y agente de la apelante, Loíza Sugar Company, declaró tendente a demostrar que hizo un con-venio de venta con Rafael Baquero y Alberto Casini. Alberto Casini negó el convenio. Rafael Baquero estaba au-sente en España en la época del juicio pero su hermano Enrique Baquero declaró y se le permitió decir, al parecer sin hacerse objeción, que él y su hermano estuvieron juntos todo el día en cuestión, que su hermano no hizo semejante con-venio y que si lo hubiera hecho seguramente se hubiera co-municado con él. La ausencia de Rafael Baquero podría ser una circunstancia curiosa y estar algo en contra de los demandados si no fuera por el hecho de que la demanda no expresa con cuál de los dos hermanos Baquero se hizo el contrato, sino que dice simplemente que se hizo con el señor Baquero. Hubo prueba presentada por la demandante cre-ditiva de que junto con otras órdenes, comenzaron ellos a cumplir con la alegada orden de Bacjnero & Cía., dando el agente de los demandantes instrucciones a sn factoría de embarcar 160 sacos de azúcar en nn vagón, y que así se hizo. Sin embargo, estos actos de la demandante son de la natu-raleza de res inter alios acta y no pueden ser obligatorios para los demandados. Aunque podríamos tener algunas du-das, el conflicto de la prueba era cuestión de la incumbencia de la corte sentenciadora y no vemos suficiente motivo en los autos para intervenir en su conclusión.

Sin embargo, también dice la apelante, que. la corte en su opinión no se basó en el conflicto de la .prueba sino que se fundó exclusivamente en el artículo 51 del Código de Comercio, el cual es como sigue:

“Artículo 51. — Serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos meneantiles cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, la clase a que correspondan y la can-tidad que tengan por objeto, con tal que conste su existencia por al-guno de los medios que el derecho civil tenga establecidos. Sin embargo, la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato, cuya cuantía exceda de 1,500 pesetas, a no concurrir con alguna otra prueba.
“La correspondencia telegráfica sólo producirá obligación entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en contrato escrito y siempre que los telegramas reúnan las condiciones o signos convencionales que previamente hayan establecido los con-tratantes, si así lo hubiesen pactado.”

Creemos que la opinión de la corte es susceptible de ser entendida como que declara también que hubo conflicto en la prueba y de todos modos, aún sin la opinión de la corte, nos sentiríamos obligados a resolver el caso por las razones que hemos indicado, a favor de los demandados porque los autos muestran un juramento contra otro juramento. La apelante dice que el artículo 51 del Código de Comercio no es aplicable porque éste no era un contrato mercantil o más bien que era uno de la clase de contratos mercantiles que fué expresamente excluido por el artículo 326 de dicho có-digo toda vez que era por efectos producidos por la' Loíza Sugar Company. El artículo 326 prescribe lo siguiente:

“Artículo 326. — No se reputarán mercantiles.
“1. Las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo se adquieren.
“2. Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos, de los frutos o productos de sus cosechas o ganados, o de las especies en que se les paguen las rentas.
“3. Las ventas que, de los objetos construidos o fabricados por los artesanos, hicieren éstos en sus talleres.
“4. La reventa que haga cualquiera persona no comerciante del resto de los acopios que hizo para su consumo.”

Los apelados alegan que estos sacos de azúcar se vendían para especular y que tal venta es una excepción al segundo de los artículos citados del Código de Comercio. La natu-raleza del contrato debe determinarse no por los fines con los cuales los compradores intentaban usar el azúcar sino por el origen de los azúcares mismos. Si la demandante producía el azúcar, de acuerdo con el artículo 326 del Código de Comercio una venta hecha por ella claramente no era mercantil y no caía dentro de las prescripciones del artículo 51 del referido código. Sea esto como fuere, no se demostró el origen de este azúcar. En otras palabras, no se probó que la Loíza Sugar Company estuviera claramente compren-dida dentro de las excepciones señaladas en el artículo 326, supra, y por tanto nos inclinamos a sustentar el criterio de que el artículo 51 del Código de Comercio era claramente aplicable y cualquier duda que tengamos nos sentimos obli-gados a resolverla en favor del espíritu del Código de Co-mercio de que en los contratos de esta cantidad por lo general su existencia debe hacerse constar por escrito a menos que estén claramente comprendidos en las excepciones indi-cadas en el artículo 326 de dicho código.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro, Aldrey y HutcMson.

El Juez Presidente Sr. Hernández no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez PresideNte Sr. HeruÁNdez,

text:
    Delgado, Recurrente, v. El Registrador de Arecibo, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo denegatoria de la inscripción de una escritura para rectificar una inscripción.
    No. 486.
    Resuelto en julio 23, 1921.
    Identidad de las Fincas — Cabida de las Fincas — Rectificación de la Cabida de Fincas a Petición del Dueño — Certificación de Mensura. — Un exceso de 6 cuerdas demostrado por la mensura de una finca que aparece inscrita con cabida de 51 cuerdas, por su poca importancia, no es bastante para negar la identidad de la finca; y -es documento suficiente para obtener la rectifi-cación una escritura pública en que el interesado la solicita exponiendo el heebo de la mensura, sin que sea requisito indispensable el acompañar la certificación de mensura practicada con citación de colindantes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. V. Polanco de Jesús.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez PresideNte Sr. HeruÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en el pueblo de Ciales a 2 de diciembre de 1920 ante el notario Valentín Polanco de Jesús, hizo constar Manuel Delgado Toledo que por otra escritura otorgada en 12 de agosto del propio año ante el propio notario, compró a los esposos'José Peraza Betancourt y María Rivera la siguiente finca:

“Rústica situada en el barrio Hato Viejo término de Ciales, com-puesta de 55 cuerdas, igual a 21 hectáreas, 68 áreas, 71 centiáreas de terreno, conteniendo una casa vivienda de altos y bajos, colin-dando por el Norte, con parte de la finca de que fué segregación, o sean terrenos de los vendedores y Lorenzo Casanova; por el Sur, con tierras de Eulogio Perales; Saliente, los mismos vendedores; y al Poniente, Francisco Trinidad y Miguel Soto, inscrita al folio 115 del tomo 52 de Ciales, finca No. 2471/’

Y agrega en el mismo documento Delgado Toledo que habiendo practicado'una mensura de dicha finca para cer-ciorarse de su cabida exacta, con citación de los propietarios colindantes y del mismo vendedor, resultó tener 61 cuerdas, o sea, un exceso de 6 cuerdas, por lo que desea que el regis-trador de la propiedad rectifique la descripción de la finca en la siguiente forma:

“Rústica situada en el barrio Hato Viejo, término de Ciales, com-puesta de 61 cuerdas, igual a 23 hectáreas, 97 áreas, 53 centiáreas de terreno, conteniendo una casa vivienda de altos y bajos, colindando por el Norte con parte de la finca de que fué segregación y Lorenzo Casanova; por el Sur, con tierras de don Eulogio Perales; Saliente, más terrenos de los vendedores, o sea la finca de que fué segregación; y al Poniente, con Francisco Trinidad y Miguel Soto.”

El anterior documento fué presentado al Registrador de la Propiedad de Arecibo para que se hiciera la rectificación deseada y el registrador la denegó por medio de nota de 20 de diciembre de 1920 que dice así:

“Denegada la rectificación que se interesa en el precedente• docu-mento por no demostrarse de modo concluyente que en la primera medición de la finca se padeciera un error involuntario (Resolución 22 noviembre 1893), no suministrando esa prueba la simple mani-festación del interesado (Resolución 30 noviembre 1910) de que se practicó una mensura con citación de los propietarios de los predios colindantes y del vendedor, pues ni éstos concurren al otorgamiento • de la escritura (Resolución 23 noviembre 1893) ni siquiera el agri-mensor, circunstancias tanto más necesarias cuanto que la finca de que se trata se disgregó recientemente de otras dos, tomando en su lugar anotación preventiva por 120 días al folio 115 vuelto, tomo 62 de Ciales, finca número 2471, anotación ‘A’.”

Esa nota ha sido recurrida para ante esta Corte Suprema.

No hay duda alguna sobre la identidad de la finca de que se trata, y la única cuestión a resolver es si procede la rec-tifíeación de su cabida en el registro en vista de las mani-festaciones hechas por el recurrente en el documento público de 2 de diciembre de 1920.

Al resolver el caso de Cobb v. El Registrador de la Propiedad, 12 D. P. R. 218, dijimos que “es punto resuelto por diferentes resoluciones de la Dirección General de los Re-gistros de la Propiedad, que las diferencias de poca impor-tancia que se advierten en la cabida de las fincas entre lo que resulte de los asientos del registro y lo que aparezca de los documentos que se presenten para su inscripción, no son bastantes para negar la identidad de la finca, máxime cuando en los linderos no hay ninguna diferencia, y debe el registrador hacerlas constar, en el registro en la forma que determina el reglamento.”

Posteriormente, bajo la anterior teoría, resolvimos el caso de Figueroa v. El Registrador de Arecibo, 22 D. P. R. 657, aunque con el voto disidente de uno de los Jueces Asociados.

En la decisión de Cobb v. El Registrador, supra, citamos la de la Dirección General de los Registros de la Propiedad de 9 de noviembre de 1877, expresiva de que deben inscri-birse las fincas comprendidas en una escritura, que aparecen con medida superficial distinta de la que resulta de los anti-.guos libros, cuándo esta diferencia es escasa; y escasa es en el presente caso pues sólo es de seis cuerdas y no llega por tanto a un diez por ciento.

Y no importa que no fuera presentada al registro la cer-tificación de mensura practicada con citación del vendedor y de los colindantes, pues precisamente ese fue el punto de disidencia en el caso de Figueroa v. El Registrador de Arecibo, supra, que no sostuvo la mayoríá del tribunal.

Y no hay perjuicio de tercero en la rectificación pedida, pues del registro aparecería que la rectificación se practica en vista de las manifestaciones de Manuel Delgado Toledo y al adquirir un tercero cualquier derecho real en la finca puede exigir al vendedor lo que conduzca a la seguridad de su derecho sobre la cabida de la finca si alguna duda tuviere sobre ella.

Las resoluciones de 22 de noviembre de 1893 y 30 de noviembre de 1910 que invoca el registrador, pues la de 23 de noviembre de 1893 no la hemos encontrado, no son apli-cables al presente caso, en atención a que las diferencias de cabida a que se refieren aquellas decisiones podían afectar a la identidad del inmueble por la importancia del exceso.

Es de revocarse la nota recurrida y ordenarse la recti-ficación solicitada en la forma que proceda en derecho.

Revocada la nota recurrida y ordenada la rec-tificación solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado del Toro disintió.


author: El Juez Asociado Se. Hutchison,

text:
    García et al., Recurrentes, v. El Registrado de San Juan, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Segunda, denegatoria de la inscripción de una éscritura de venta en procedimiento ejecutivo.
    No. 499.
    Resuelto en julio 23, 1921.
    Procedimiento Ejecutivo Hipotecario — Venta Judicial de Einca Cuto Usu-fructo no Había Sido Hipotecado — Usufructo.—La mera manifestación del dueño del derecho de usufructo sobre una propiedad, de que está conforme con la hipoteca que constituyen las dueñas de la misma, posponiendo a la seguridad de la hipoteca su derecho de usufructo, no puede producir el efecto de convertir el usufructo en cierta especie de gravamen posterior; pero que sea esto o no cierto, toda vez que la proposición envuelta no es evidente por sí misma sino que puede ser controvertida, es una cuestión para ser resuelta en un pleito contencioso más bien que por el registrador quien no tiene ante sí otra prueba que una vaga y ambigua manifestación de la usufructuaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. E. Lopes Tisol.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Se. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Una hipoteca constituida por doña Asención Fernández y doña Francisca Miranda, dueñas con título a una casa y solar, expresa que doña Victoria Fernández está conforme con que se haga la hipoteca y a su seguridad pospone un usufructo que sobre esa finca le reconocieron doña Asención y doña Francisca en una escritura de partición de bienes pertenecientes a la herencia de don Dionisio Miranda.

No se pretende que los dueños de la finca o la usufruc-tuaria intentaron o en realidad constituyeron una hipoteca sobre el interés usufructuario, ni se hizo parte demandaba a la usufructuaria en los procedimientos sumarios que pos-te'mímente se siguieron en ejecución de la hipoteca.

Sí aparece, sin embargo, que doña Victoria y el esposo de uno de los deudores hipotecarios fueron notificados de la orden preliminar y de los procedimientos al ser institui-dos “para que al ser notificados pudieran tomar cualquier acción que mejor pudiera convenir a sus intereses.”

Tanto la orden preliminar como la orden de venta fir-mada por el juez de distrito se referían en términos gene-rales solamente a la propiedad hipotecada sin describirla, aunque el mandamiento expedido al marshal por el secretario como fué transcrito en la escritura otorgada por el marshal a favor de los acreedores hipotecarios describe la casa y el solar arriba referidos en primer término los que el marshal se compromete a traspasar a dichos acreedores hipotecarios por el importe de su postura, que representa algo más de las tres quintas partes del importe de la deuda, sin reserva o restricción de ninguna clase y con una cláusula que repre-senta la entrega de la posesión.

Este documento fué inscrito en el registro de la propie-dad en cuanto a la nuda propiedad de la finca así vendida, y denegada su inscripción en cuanto al derecho de usufructo de la misma que ya figuraba inscrito a nombre de Victoria' .Fernández “por los motivos de no constar inscrito sobre dicho usufructo el gravamen de hipoteca objeto de la eje-cución, ni constar además que la señora Fernández haya sido parte demandada en la acción.”

La teoría de los acreedores hipotecarios tanto en los pro-cedimientos de, ejecución como en el recurso contra la cali-ficación citada en último término parece ser la de que el efecto de la comparecencia de la usufructuaria ante el notario y lo arriba expresado en primer lugar respecto a su firma produce el efecto de convertir el usufructo en cierta especie de gravamen posterior; pero que sea o no esto, cierto ha de depender de la significación y alcance de la cláusula en cues-tión que es más bien singular.- Una lectura cuidadosa de la misma sugiere al momento un número de cuestiones intere-santes cuya enumeración ahora sería superflua. Será bas-tante con decir que la proposición envuelta no es evidente por sí misma sino que puede ser controvertida y por tanto una cuestión que ha de ser resuelta por una corte sentencia-dora después de una vista, más que por el registrador de la propiedad que no tiene ante sí otra prueba que no sea la vaga y ambigua declaración contenida en el documento arriba citado en primer término.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sb. Aldrey,

text:
    Sucesión José Arrarás Noaín, Demandantes y Apelantes, v. Figueroa et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de 1¿ Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre posesión de propiedad.
    No. 2297.
    Resuelto eu julio 23, 1921.
    Reivindicación — Causa de Acción — Demanda Suficiente — Prescripción. — Aduce hechos suficientes para constituir causa de acción una demanda en que los demandantes alegan que su causante adquirió cierta finca a título de adjudicación; que ellos la adquirieron a título de herencia; que no han enajenado ni arrendado sus derechos y que poseyeron el inmueble que re-claman con frutos producidos, hasta que contra su voluntad fueron privados del mismo por los demandados, siendo tal aeción la reivindicatoría que nace del derecho de dominio y no la que tiene todo mero poseedor de acuerdo con el artículo 448 del Código Civil en relación con la Ley No. 43 de 1913, cuyo término de prescripción es de un año.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes; Sr. L. Montalvo.

    Abogado de los apelados; Sr. A. A. Vázquez. ■

   El Juez Asociado Sb. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión de José Arrarás Noaín compuesta de su viuda e hijos demandaron en 5 de agosto de 1919 ante la Corte de Distrito de Mayagüez a Francisca Eosado y a otros alegando sustancialmente lo siguiente: que los. demandantes son los únicos herederos testamentarios de José Arrarás Noaín, fallecido el 21 de julio de 1916; que entre los bienes dejados por el finado se encuentra una finca rústica radicada en el barrio de “Playa,” lugar nombrado “La Puente,” del municipio de Añasco, la cual describen; que su causante ad-quirió dicha finca por escritura de división y adjudicación de los bienes de la sociedad mercantil “Diez & Arrarás,” otorgada el 12 de julio de 1905; que por razón y efecto del título de herencia testada que invocan, los demandantes son los únicos dueños, en comunidad proindivisa, de dicha pro-piedad y estuvieron en posesión real y disfrute material de la misma desde el día 21 de julio de 1916;' que en los. días 13, 18 y 19 de mayo de 1917, Francisca Eosado, valiéndose de los servicios de sus sobrinos, los otros demandados, se apoderó de dicha finca y siguió poseyéndola y disfrutándola materialmente, contra la voluntad expresa y derechos de pro-piedad de los demandantes; que en fecha posterior al pri-mero de octubre de 1918 los otros demandados se asociaron a Francisca Eosado en la posesión y disfrute material de dicha finca y desde entonces todos la poseen y disfrutan contra la voluntad expresa y derechos de propiedad de los de-mandantes; que el 21 de mayo de 1917 los demandantes es-tablecieron ante la misma corte de .distrito una acción civil de injunction para recobrar la posesión material de dicha finca que terminó el 6 de septiembre de 1918 sin haber obte-nido los demandantes el injunction solicitado; que como con-secuencia de los anteriores hechos los demandantes se en-cuentran privados de la posesión material y disfrute de la finca y los demandados se niegan a devolverles la posesión y disfrute de ella, a pesar de habérsela reclamado amistosa y judicialmente; que ninguno de los# demandantes ha cedido, vendido ni arrendado su interés en la mencionada finca a persona alguna; que hasta el 13 de mayo de 1917 ninguno de los demandados había poseído ni disfrutado la finca ni parte de ella, la que tiene un valor de seiscientos dólares.

Como segunda causa de acción dieron por reproducidos los hechos antes expuestos y alegaron, además, que Francisca Rosado percibió todos los productos de la finca desde el 13 de mayo de 1917 al Io. de octubre de 1918 y que desde esta fecha los han percibido todos los demandados pudiendo jus-tipreciarse los producidos desde el 13 de mayo de 1917 hasta la fecha de la demanda en seiscientos dólares.

Con tales alegaciones pidieron a la corte que declarase con lugar la demanda declarando que los demandados están poseyendo la finca indebidamente y contra la voluntad y de-rechos de los demandantes y que éstos son las únicas per-sonas con derecho a poseerla y disfrutarla; que decrete que los demandados salgan de la finca y dejen la posesión material y disfrute de la misma a la libre disposición de los demandantes; que condene a los demandados, mancomunada y solidariamente, a pagar a los demandantes los seiscientos dólares que importan los frutos que han percibido de ella, con los demás pronunciamientos del caso, e imponga a los demandados el pago de las costas, gastos, desembolsos y ho-norarios de abogado.

Hemos reproducido casi íntegramente esa demanda por-que sobre ella versa esta apelación establecida por los de-mandantes, pues habiendo alegado los demandados como ex-cepción previa que la primera causa de acción está prescrita de acuerdo con la Ley No.' 43 de 13 de marzo de 1913 en relación con el artículo 1869- del Código Civil por haber sido interpuesta la demanda el 5 de agosto de 1919 y que los hechos que expone no determinan causa de acción por haber sido juzgados en favor de Francisca Rosado; y en cuanto a la segunda cansa de acción que tampoco aduce hechos de-terminantes de causa de acción y que la reclamación de los frutos desde el 13 de marzo de 1917 al 4 de agosto de 1918 está prescrita de acuerdo con el artículo 1869 del Código Cívil, la corte declaró por su sentencia de 28 de mayo de 1920 que la primera y segunda causa de acción están pres-critas, y además, que no aducen hechos suficientes para de-terminar una cansa de acción por lo que desestimó la de-manda en todas sus partes con las costas a los demandantes.

Por los fundamentos de la excepción previa alegada contra la demanda, por la sentencia de la corte y principalmente por los alegatos que nos han presentado las partes en esta apelación llegamos a la conclusión de que este pleito ha sido considerado por todos los que han intervenido en este asunto como que ejercita la acción reconocida en el artículo 448 del Código Civil a todo poseedor para ser amparado o restituido en su posesión, cuyo ejercicio está regulado en la Ley No. 43 de 1913 enmendada por la No.. 11 de noviembre de 1917, y cuyo término de prescripción es el de un año según la úl-tima ley en concordancia con el artículo 1868, No. Io. y 462 del Código Civil, siendo así que los términos en que está redactada la demanda muestran que no se ejercita tal acción sino que se reclama la posesión material de la finca como consecuencia del dominio y no de la mera posesión.

En efecto los demandantes alegan que su cansante adqui-rió la finca por título de adjudicación en la división de los bienes de la sociedad “Diez & Arrarás”; que hoy les per-, tenece por herencia testada de sn cansante; que no han ce-dido, vendido ni arrendado sus derechos a persona alguna y que tuvieron su posesión material hasta que contra su vo-luntad les privaron de ella los demandados. Si todo esto es cierto, como tiene que considerarse para resolver la excep-ción previa, resulta claro que los demandantes son los due-ños de. la finca y que alegan su derecho de propiedad como causa para obtener su posesión material tenida ahora por los demandados, sin título alguno según la demanda, pues si hubieran querido ampararse en las leyes citadas de 1913 y 1917 les hubiera bastado alegar la mera posesión o tenencia de la finca. La propiedad lleva consigo según el artículo 3.54 del Código Civil el derecho de gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes y da acción contra el tenedor y el poseedor para reivindicarla,' por lo que siendo los demandantes los dueños pueden reclamar de los demandados que le entreguen la posesión material de la finca. Así, pues, la demanda en su primera causa de acción aduce hechos determinantes de la acción ejercitada.

En consecuencia de lo expuesto el transcurso de más de un año desde que los demandantes fueron privados de la po-sesión material de la finca hasta que presentaron su demanda, alegado por los demandados como prescripción de la acción para recobrar la posesión, no tiene aplicación a este caso en que la acción para recobrar la posesión material no se funda en la mera tenencia sino en el título de dueños.

En cuanto a la segunda causa de-acción entendemos que también es suficiente porque según el artículo 361 del Código Civil pertenecen al propietario los frutos materiales, los in-dustriales y los civiles y porque se alega su cuantía, sin que su reclamación esté prescrita de acuerdo con el artículo 1869, como alegan los demandados, pues este artículo se refiere a la prescripción de un año de la acción para recobrar la po-sesión y ésta no es la acción ejercitada en este caso.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada y concederse a los demandados nn término de diez días para que contesten la demanda.

Revocada la sentencia apelada y concedidos a los demandados diez días para contestar la demanda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El -Juez Asociado Sr. Aldrby,

text:
    Cruz, Demandante y Apelado, v. Sucesión de Gregorio Kuinlan, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre nulidad de procedimiento hipotecario.
    No. 2381.
    Resuelto en julio 23, 1921.
    Nulidad de Procedimiento Ejecutivo Hipotecario — Jurisdicción de las Cortes de Distrito. — Siendo de la exelusiva jurisdicción de las cortes de distrito el conocimiento de los juicios ejecutivos hipotecarios, independientemente de la cuantía de la reclamación, es claró que ellas tienen jurisdicción exclusiva en pleitos sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipotecario cualquiera que sea la cuantía envuelta en la ejecución.
    Prescripción de Acciones — Nulidad de Contratos v Procedimientos. — El pre-cepto del artículo 1268 del Código Civil al efeeto de que las acciones para pedir la nulidad de los contratos en que concurran los requisitos del artículo 1228, prescribirán a los cuatro años, no es aplicable a la aceión de nulidad de los .contratos que son nulos per se por falta de alguno de aquellos requi-sitos, j mucho menos a una aeeión para obtener la nulidad de un proee- ■ dimiento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. I. Garballeira.

    Ahogado de la apelante: Sr. L. Méndez Vaz.

   El -Juez Asociado Sr. Aldrby,

emitió la opinión del tribunal.

En el pleito promovido en la Corte de Distrito de Arecibo por Agustín Cruz contra la Sucesión de Gregorio Kuinlan se alega que éste presentó demanda por el procedimiento su-mario de la Ley Hipotecaria y su Reglamento ante la Corte Municipal de Manatí contra el ahora demandante Agustín Cruz para hacer efectivo un crédito hipotecario constituido por trescientos pesos provinciales; que en dicho procedi-miento fueron sacadas a remate las dos fincas hipotecadas, las que fueron adjudicadas y vendidas por el marshal de dicha corte a G-regorio Kuinlan en .pago de su crédito, en el año 1910; que dicha venta fué inscrita en el registro de la propiedad y que la Corte Municipal de Manatí carecía de jurisdicción para conocer de tal procedimiento por lo que es nulo y también la venta que en él se hizo, por todo lo que pidió a la corte de distrito que declarando la nulidad de dicho procedimiento y de la venta ordene al registrador que cancele la inscripción que de las fincas hizo a favor de Gregorio Kuinlan.

Los demandados opusieron excepción previa a la demanda fundada en que la corte de distrito no tiene jurisdicción para conocer de ella y en que no aduce hechos determinantes de causa de acción.

La corte inferior dictó resolución declarando sin lugar ambos motivos de la excepción previa y concediendo al de-mandado término para contestar, pero habiéndolo renunciado los demandados dispuso la corte que dicha resolución se re-gistrara como sentencia y entonces los demandados estable-cieron este recurso de apelación.

Alegan los apelantes en el primer motivo de error que la corte de distrito infringió la sección 4 de la ley aprobada en 10 de marzo de 1904 sobre reorganización del poder judicial en Puerto Rico y las sentencias de esta Corte Suprema de 11 de julio de 1913 y 3 de mayo de 1911. Estas sen-tencias son las de Valdivieso v. Rivera, 19 D. P. R. 702, y Bayron v. García, 17 D. P. R. 538.

Dispone la sección 4 de la ley antes citada que los jueces municipales tendrán jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito hasta la suma de quinientos dollars, intereses inclusives, pero esta' ley no ha sido infrin-gida en este caso porque tratándose de la nulidad de nn juicio ejecutivo hipotecario seguido ante la Corte Municipal de Manatí, para el cobro de una hipoteca y correspondiendo el conocimiento de esta clase de asuntos exclusivamente a las cortes de distrito, aunque la cuantía de la reclamación sea inferior a quinientos dólares, según hemos declarado en el caso de Valdivieso v. Rivera, supra, resulta claro que el pleito sobre nulidad de un procedimiento de esa índole ha de co-rresponder necesariamente a la corte de distrito irrespecti-vamente de la cantidad reclamada en el procedimiento cuya nulidad se pretende. Así fue resuelto también por este Tribunal Supremo en el caso de Bayron v. García, supra, en el que se pidió en la corte de distrito la nulidad de un pro-cedimiento hipotecario seguido en una corte municipal para el cobro de trescientos noventa dólares y declaramos que la corte de distrito tenía jurisdicción para conocer del pleito de nulidad.

La referencia que acabamos de hacer de los dos casos ci-tados por los apelantes demuestra que no ha sido infringida la doctrina en ellos expuesta.

* El segundo motivo de error se refiere a la infracción del artículo 1268 del Código Civil.

Ese artículo se halla en capítulo que trata de la nulidad de los contratos y dispone que la acción de nulidad sólo du-rará cuatro años, y fundándose en él los apelantes y en que la venta tuvo lugar en el año 1910 alegan que la acción para pedir su nulidad está prescrita por haber sido presentada la demanda después de los cuatro años.

El tiempo de prescripción fijado en ese precepto es, como dice el artículo precedente 1267, para los contratos en que concurren los requisitos del artículo 1228, o sea en los que hay consentimiento, objeto y causa, si adolecen de algunos de lps vicios que los invaliden con arreglo a la ley; pero dicho término de prescripción no es aplicable a este caso por-que alegándose que la Corte Municipal de Manatí no tenía jurisdicción para conocer del procedimiento en que el marshal verificó la venta, nunca tuvo la corte jurisdicción sobre el demandado Agustín Cruz y la venta de sus bienes era completamente nula por falta de consentimiento y no mera-mente anulable. Además, ese precepto se refiere a la nuli-dad de los contratos y no a la acción de nulidad de los pro-cedimientos. Sucesión Suro v. Sucesión Prado, 21 D. P. R. 250; Oliver v. Oliver, 23 D. P. R. 190.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe seL confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    García, Demandante y Apelante, v. Santos, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de pesos.
    No. 2388.
    Resuelto en julio 23, 1921.
    Cobro de Dinero — Pago—Evidencia Admisible. — Aunque la evideneia de varios cheques expedidos por el deudor y cobrados por el acreedor no demuestra por sí sola que los cheques fueron expedidos para satisfacer la deuda recla-mada, sin embargo, como por sus fechas y relacionados con otras pruebas pueden demostrar el pago, es preciso concluir que tal evidencia es'admisible.
    Id. — Testigos Hábiles — Declaración de una Parte sobre Transacciones con el Causante de la Parte Contraria. — El testimonio del deudor demandado de que en vida del acreedor causante de la sucesión demandante entregó a éste para pago de la deuda el importe de varios cheques expedidos por aquél y cobrados por dicho causante, no es contrario a los preceptos de la Ley de marzo 10, 1904, que prohíbe a una parte declarar sobre transacciones cele-bradas con el causante de la parte contraria antes de su fallecimiento.
    Id.- — Apreciación de Prueba. — Examinada la prueba que sirvió de base a la sen-tencia que en el presente caso declaró justificado el pago de la deuda reda-mada, cuya prueba consta en la opinión, se resolvió: que no fué errónea la apreciación que de la misma hizo la corte de distrito.
    Id. — Oostas.—No apareciendo que la sucesión demandante tuviera conocimiento de que hubiera sido pagado a' su causante el importe de varios pagarés que encontraran entre los papeles dejados por éste a su fallecimiento y que fueron el origen de la reclamación, la condena de costas contra la demandante es improcedente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. E. Lopes, Tisol.

    Abog’ado del apelado: Sr. J. Martines Dávila.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La Sucesión de Antonio Sevillano demandó a Cipriano Santos para que le pague la cantidad de $350 a que ascien-den tres vales que suscribió a favor del causante de la suce-sión. El demandado aceptó en su contestación que había suscrito esas obligaciones pero alegó que las había pagado. Celebrado el juicio la corte inferior dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda con las costas y contra ella in-terpuso la sucesión demandante este recurso de apelación.

De la prueba de la demandante resulta que los tres vales a favor de Sevillano fueron otorgados en el año 1915, uno el día 14 de mayo para ser pagado el 14 de julio siguiente; otro el 17 de septiembre con vencimiento en 30 de noviem-bre; y otro el 7 de septiembre por cuatro meses, o sea pára el 7 de enero de 1916. También resulta que Sevillano murió de repente el 20 de mayo de 1926 y que el día anterior, con motivo de un viaje que iba a emprender, entregó a su apo-derado una libreta con notas suyas siendo una de éstas, sin fecha, la siguiente:

“Cipriano Santos. Sus pagarés por pagar, intereses del uno por ciento en distintas fechas. Documento mayo 14, 1915, $150. Docu-mento $100, 7 de septiembre de 1915; su documento por $100 venció el 37 de septiembre e intereses. Total, $350.”

En otro libro de Sevillano, que tiene algunas hojas arran-cadas, se halla un asiento parecido al anterior, sin que conste su fecha.

Para probar el demandado el pago de esas obligaciones presentó su defensa la declaración de Cipriano Santos to-máda en forma de deposición a la que se acompañaban cua-tro cheques librados por Cipriano Santos a favor de Antonio Sevillano con la firma de haberlos éste cobrado, expedidos todos en el año 1915 siendo uno de 25 de octubre por $200; otro de 30 del mismo mes por $86; otro de noviembre por $29 y el restante de igual mes por $38, sumando todos $353, de los cuales declaró Santos que $3 correspondían a intereses y los $350 restantes al pago de su deuda pues fué entregando esas cantidades a Sevillano para que se las fuera abonando ■■a la deuda. También declaró que era amigo íntimo de Sevi-llano, lo que también resulta de otra prueba, que tenía unas tres casas en San Juan, diez u once en Santurce y varios solares, percibiendo una renta de $200 a 250 pesos y que Se-villano no le facilitó ninguna otra vez dinero a préstamo. Para contradecir este último extremo los demandantes pre-sentaron un asiento del libro de Sevillano del que aparece que en 19Í1 le adeudaba una cantidad de dinero.

Esto es en conjunto lo principal de la prueba practicada, sin que los demandantes presentaran ninguna para demos-trar por qué había recibido Sevillano los $353 de Santos.

Como los cheques cobrados por Sevillano son prueba prima facie de que Santos entregó ese dinero a Sevillano y aunque por sí solos no demuestran que fueran dados para satisfacer la deuda de Santos, sin embargo como por_ sus fechas y en relación con otras pruebas pueden demostrar la extinción de las obligaciones reclamadas no vemos que la corte inferior cometiera el error que se le atribuye por su admisión.

En cuanto a la apreciación de la prueba por la corte no estamos convencidos de que haya existido manifiesto error al estimar pagadas las obligaciones que se reclaman pues los cheques de Santos fueron librados mientras subsistía su deuda y aunque expidió el primero en 25 de octubre por $200 cuando sólo estaba vencido el vale de $150, dada la amistad que unía al acreedor y al deudor no resulta impo-sible creer que los $50 de exceso eran para abonar a los otros vales, ni tampoco que el acreedor admitiera el pago de los otros vales antes de sn vencimiento. Es cierto que la sección 3a. de la Ley de 10 de marzo de 1904, página 121, que está vi-gente, según declaramos en el caso de Wilcox v. Axtmayer, 23 D. P. R. 343, dispone que en las demandas por o en contra de los albaceas testamentarios, administradores o tuto-res y por y en contra'de los herederos y representantes le-gales de un finado én las cuales pueda dictarse sentencia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar contra la otra en lo referente a transacciones con o relaciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamado a declarar por la parte contraria, pero en este caso esta ley no es aplicable a la declaración de Cipriano Santos porque él no ha atribuido manifestación alguna al difunto Sevillano, siendo el objeto fundamental de su declaración presentar los cheques con la firma de Se-villano de haberlos cobrado y la manifestación del declarante de que entregó las sumas que representan para abonar a sus deudas, pero no pone en boca de Sevillano manifestación alguna en este particular ni en ninguno otro. Los cheques son ciertos, así como sus firmas, fueron entregados en la época de la deuda, no se ha tratado de demostrar por los demandantes que fueran entregados por otro concepto que el manifestado por Sevillano, corresponde su total al de la deuda reclamada excepto en tres dólares de exceso que se imputan a intereses, que cobraba Sevillano según sus libros, aunque de los vales no aparece que se devengaran, y en vista de todas estas circunstancias no vemos que la corte errara al apreciar la prueba estimando que la deuda reclamada ha sido pagada y declarando en consecuencia sin lugar la de-manda.

También alegan los apelantes que no debió haberles sido impuesto el pago de las costas y creemos que en este punto tienen razón porque los herederos de Sevillano encontraron entre los papeles de su causante esos tres vales, los que les daba derecho a suponer qne no habían sido pagados, y no aparece de los antos qne ellos sabían qne habían sido satis-fechos.

La sentencia apelada debe ser confirmada pero modifi-cándola en el particular de las costas, qne se declaran sin especial condena.

Confirmada la semienda apelada y revocada en cuanto al pronunciamiento de costas las que se declaran sin especial condenación.

Jaeces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Echavarría, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en cansa por infracción del Artículo 47 en relación con el 359 del Código Penal.
    No. 1712.
    Resuelto en julio 26, 1921.
    Motín — Aconsejar o Ayudar en.la Comisión de Misdemeanor — Denuncia In-suficiente. — 151 hecho de haber el acusado dicho en un meeting lo que sigue: “* * * Camaradas, si el día dos de noviembre, 1920, día de las eleccio-nes, si por casualidad Luis Texidor y otros, nos quieren traicionar para ro-barnos las papeletas y hacernos perder las elecciones nos tiramos a la calle y tiro a tiro la defenderemos,” no constituye el delito previsto y castigado en el artículo 47 del Código Penal. .
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. Domínguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental envuelta en este caso es la de si los hechos imputados al acusado constituyen un delito público.

La denuncia, en lo pertinente, dice así:

“Formulo denuncia contra Moisés Echavarría por el delito de infracción al artículo 47 del Código Penal, en relación con el ar-tículo 359 del mismo Código (misdemeanor), cometido de la manera siguiente: Que en 16 de septiembre de 1920 y en el barrio ‘Borin-quen’ de G-uayama, P. B., dentro del distrito judicial municipal de Guayama, P. B., el citado Moisés Echavarría, allá por el día 16 de septiembre de 1920, y en ocasión de celebrarse un mitin de propaganda política, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente, aconsejó e incitó a las personas allí reunidas que cometieran el delito de Motín (misdemeanor), atacando juntas y sin autoridad de ley a Luis Texidor y otros, empleando fuerza y violencia, expresándose de la manera siguiente: Camaradas, si el día dos de noviembre, 1920, día de las elecciones, si por casualidad Luis Texidor y otros, nos quieren traicionar para robarnos las papeletas y hacernos perder las elecciones nos tiramos a la calle y tiro a tiro la defenderemos. Hecho contrario a la ley.”

En mayo 29, 1907, esta Corte Suprema resolvió el caso de El Pueblo v. Dessús et al., 12 D. P. R. 342. La opinión de los jueces de la corte no fué unánime. La mayoría sos-tuvo que “las palabras ‘toda persona que aconsejare o ayu-dare a otro en la comisión de dicho acto, incurrirá en misdemeanor/ contenidas en el artículo 47 del 'Código Penal, no pueden tener otra interpretación que la de que toda persona que aconsejare a otra a que cometa dicho acto o le preste ayuda en la comisión 'del mismo incurre en misdemeanor; cualquiera otra interpretación, y especialmente la de agre-gar las palabras ‘en la comisión’ después de la palabra ‘acon-sejare,’ sería forzada, pues el consejo se da para que se co-meta el hecho, mientras que la ayuda se presta durante su comisión.”

La minoría sostuvo que: “el verdadero significado del estatuto es que algún crimen se haya cometido. Las pala-bras ‘en la comisión’ no son susceptibles de ninguna otra in-terpretación. A más de esto, nadie puede ayudar a la co-misión de un delito sin cometer también un delito. Las pa-labras ‘aconseje o ayude’ se usan de igual manera en la sen-tencia, por lo tanto, si se formula una acusación con arreglo a esta sección, necesariamente debe presuponerse la ejecu-ción por otro u otros, de algún acto, estando en la mente de los acusados la intención y el propósito de aconsejar el acto.”

Pasados los años, el 8 de julio de 1918, en el caso de El Pueblo v. Pillot, 26 D. P. R. 557, el tribunal, también por mayoría, ratificó la doctrina establecida’ en el .caso de El Pueblo v. Dessús, supra. Partiremos, pues, de la base ya sentada, en la resolución de este caso, esto es, que basta el consejo sin que sea necesario aleg’ar y demostrar que el cri-men aconsejado se cometió para que exista el delito.

Abora bien, para que un mero consejo pueda constituir un delito, tiene que ser dado en forma tal que lleve en sí mismo, en sus propias entrañas, el fuego del delito, la per-versidad del crimen, y que sea capaz de incitar a actuar a otras personas. Esa es la situación que claramente presen-taron los casos de Dessús y Pillot a que nos fiemos referido, pero esa no es la situación que establece el caso sometido a nuestra consideración y resolución afiora. Además, leída bien la denuncia,- examinadas las palabras que se alega que pronunció el acusado, es necesario concluir que ninguna de ellas constituye un consejo directo a otras personas. El acu-sado habla de sí mismo y de otras personas, ya que lo hace en plural, pero no aconseja a otros que bagan lo que dice que ellos harán. Tratándose de un caso criminal, la inter-pretación debe ser restrictiva y no extensiva.

Por virtud de lo expuesto, opinamos que la denuncia no imputa la comisión de un delito público, y en su consecuencia debe ser absuelto el acusado.

Revocada la sentencia recurrida y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Wolf firmaron conformes con la sentencia.


author: El Juez Asociado S». del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Pillot, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Cu ay ama en cansa por alterar la paz pública.'
    No. 1627.
    Resuelto en julio 26, 1921.
    Alteración de la Paz de una Persona — Vituperios y Provocaciones — Denun-cia Insuficiente. — No expone hechos suficientes para constituir el delito de alteración de la paz por medio de vituperios y provocaciones una denuncia que copiada en lo pertinente dice así: “* * *' el Sr. Alcalde, el Sr. Gran, no debía permitir que cuando se esté celebrando un mitin, que es un aeto público, se apaguen las luces; pues debió haber dado órdenes al operador para que así lo hiciera, porque eso era una falta de cortesía, una falta de respeto y una falta de vergüenza, y cuyas palabras fueron dichas por el acusado en alta voz y de las que hacía objeto al Sr. Grau, en la presencia de un numeroso público allí congregado.”
    Los techos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. L. Capó y J. Soto Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. José F. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado S». del Tobo,

femitió la opinión del tribunal.

Pablo Pillot fué condenado como autor de un delito de turbar la paz a pagar cincuenta dólares de multa y en su defecto a sufrir un día de prisión por cada dólar dejado de satisfacer. Apeló' para ante esta Corte Suprema y la única cuestión que se levanta es la de que la denuncia no alega hechos suficientes constitutivos del delito que se le imputó y por el cual fué castigado. La denuncia dice así:

“Dicho acus.ado Pablo Pillot García, voluntaria y maliciosamente turbó la paz y tranquilidad del Sr. Jorge Grau, Alcalde de la Muni-cipalidad de Guayama, P. R., lanzándole en su presencia desde la tribuna pública, de la cual hacía uso el Sr. Pillot García, como orador, en un mitin de caladoras que se llevaba a efecto en el indicado sitio, vituperios y provocaciones tales como: ‘el Sr. Alcalde, el Sr. Grau, no debía permitir que cuando se esté celebrando un mitin, que es un ■acto público, se apaguen las luces; pues debió haber dado órdenes al operador para que así lo hiciera, porque eso era una falta de cor-tesía, una falta de respeto y una falta de vergüenza,’ y cuyas pa-labras fueron dichas por el acusado en alta voz y de las que hacía objeto al Sr. Grau, en la presencia de un numeroso público allí con-gregado.”

Y la ley aplicable, artículo 368 del Código Penal, en lo pertinente, es como sigue:

‘‘Toda persona que maliciosa y voluntariamente perturbare la paz o tranquilidad de algún vecindario o individuo, con fuertes o inusi-tados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva, o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones, * '*

Lo que se alega, pues, que ol acusado dijo desde la tribuna, fué:

, 1. El Sr. Alcalde, el Sr. G-rau, no debía permitir que cuando se está celebrando un mitin, que es Un acto público, se apaguen las luces.

2. Pues debió haber dado órdenes al operador para que así lo hiciera.

3. Porque eso era una falta de cortesía, una falta de res-peto y una falta de vergüenza.

La imputación contenida en el primer párrafo, no cons-tituye vituperio ni provocación. Decir que el alcalde no de-bía permitir que cuando se celebraba un mitin se apagaran las luces, es expresar una opinión. Todo ciudadano tiene derecho a juzgar los actos de los funcionarios públicos y a expresar libremente el juicio que le merezcan. Su opinión tendrá la fuerza que le den sus propios razonamientos y el prestigio personal del que la emita.

El segundo párrafo es obscuro, o falta un “no” antes de “debió” para imputar al alcalde un acto positivo, o en vez de “para que así lo hiciera” hay que concluir que quiso decirse “para que no lo hiciera.” Tampoco contiene el se-gundo párrafo, cualquiera que sea el alcancé que se le dé, provocación o vituperio algunos.

Es el tercer párrafo, enlazado con los dos anteriores, el que decide la cuestión envuelta. % Qué fué lo que calificó el acusado de falta de cortesía, de falta de respeto y de falta de vergüenza? ¿El hecho en sí mismo de apagarse las luces en la ocasión expresada, o la conducta del alcalde?

Las imputaciones de falta de cortesía y de respeto, de-ben descartarse. No son suficientes para constituir vitu-perio o provocación. Queda la de falta de vergüenza. La exclamación: ‘ ‘ eso es una vergüenza, ’ ’ dura y fuerte en sí misma, brota en muchas ocasiones al referirse a algún hecho, sin que en realidad- de verdad pueda considerarse como un vituperio o una • provocación, pero si se dijera a una persona directamente, en voz alta, en público: “Usted no tiene vergüenza,” claramente se le provocaría en forma capaz de producir una perturbación verdadera de la paz.

Leyendo la .denuncia queda la impresión de que lo que se calificó como constitutivo de una falta de vergüenza fue el hecho de apagar las luces. Ese hecho no se realizó direc-tamente por el alcalde, y aunque pudiera sostenerse que se quiso decir que era la consecuencia de la orden o de la falta de orden del alcalde, no creemos que, atendido lo indirecto de la imputación, la ocasión en que las frases fueron verti-das y el tratarse de un funcionario y de un servicio públicos, puedan las manifestaciones del acusado considerarse como constitutivas de delito.

Por virtud de lo expuesto debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acusado.

Revocada la sentencia recurrida y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados 'Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf firmó conforme coa la sen-tencia.


text:
    Rodríguez, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Germán denegatoria de la inscripción de una escritura de compraventa. -
    No. 502.
    Resuelto en julio 26, 1921.
    Identidad de Personas Según la Escritura t Según el Registro — Defecto Sub-sanable — Estado CrviL Diferente Según el Registro. — Bajo el estado civil de soltero, “A” inscribió una finca en el registro en julio 1, 1911, cuando realmente era viudo desde 1896. Vendió “A” la finca en 1913 consignando que era viudo y el registrador negó la inscripción de la venta porque a su juicio existían motivos para suponer que el vendedor era persona distinta del que aparecía en el registro como dueño. Se resolvió: que el registrador debió a lo sumo calificar la contradicción como defecto subsanable porque ella por sí sola no era bastante para fundar la conclusión siendo idénticos los nombres y revelando toda la documentación que se trataba de una misma persona. La circunstancia de ser soltero o viudo el vendedor al adquirir la finca no influía pues en ambos casos podía transmitir por sí solo su derecho.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. B. Forés.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió ia opinión del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de San Germán se pre-sentó para su inscripción una escritura otorgada ante no-tario publico el 24 de septiembre de 1913 por la cual Vicente Rodríguez y Pagán vendió a Juan Rodríguez una finca rús-tica, y el registrador se negó a inscribirla porque resultando del registro que “Vicente Rodríguez Pagán adquirió dicha finca siendo soltero por compra en Io. de julio de 1911 a Soledad Rodríguez, justificando su posesión * * * cuya

posesión tiene inscrita, y de la escritura relacionada aparece que el vendedor Vicente Rodríguez Pagán es de estado viudo, el cual adquirió en el año 1896 según se acredita con la men-cionada certificación, (de defunción de Natalia Mercado), existe sobrado motivo para suponer que dicho vendedor es persona distinta de la que aparece con derecho a transmitir en el registro.”

No conforme el comprador interpuso el presente recurso gubernativo alegando, en resumen, que tratándose simple-mente de un error común en nuestros campesinos de decir que son solteros cuando su matrimonio queda disuelto, y ha liándose suficientemente identificada la persona del vende-dor, no debió haber el registrador negado la inscripción soli-citada.

Es un hecho que la contradicción existe. Si el vendedor en 1896 quedó viudo, no podía ser soltero en 1911 ni en 1913, pero a nuestro juicio no sólo la identidad de nombre, sino la de edad y vecindad, nos llevan a la conclusión de que se trata de la misma persona; Siendo ello así, el registrador no debió haber negado la inscripción solicitada. A lo sumo, pudo hacer resaltar la contradicción, pero, limitándose a con-signarla como un defecto'subsanable. No había envuelta cues-tión de gananciales. A los efectos del dominio pleno para trasmitir los bienes íntegramente, lo mismo daba que el ven-dedor los hubiera adquirido siendo soltero que siendo viudo. Si de la certificación hubiera constado que la esposa del ven-dedor había muerto después del 1 de julio de 1911 en que el vendedor adquirió la finca, habiéndose celebrado el matri-monio en o antes de esa fecha, entonces dicha finca tendría la presunción legal de gananciales y la negativa, en cuanto a la mitad por lo menos, estaría bien fundada. Pero ese no es el caso. La esposa murió en 1896 y siendo, viudo, en 1911, fué que el vendedor adquirió la finca.

Por las razones expuestas procede revocar la nota recu-rrida y ordenar la inscripción solicitada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ins-cripción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vendrell, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San J'nan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de acuerdo de la Comisión del Riego.
    No. 2058.
    Resuelto en julio 26, 1921.
    Riego — Concesión de Agua — Derechos Preferentes- — Aguas no Usadas.— Cuando un concesionario de derechos de aguas celebra un contrato con el Pueblo de Puerto Rico por virtud del cual éste último le concede una can-tidad de agua que es necesaria, justa y equitativa, estas palabras deberán interpretarse en relación con los términos de su primitiva concesión y no con los derechos de otros concesionarios.
    Id. -— Id. — No hay duda de que la Ley de Aguas y otras leyes de Puerto Rico limitan a un concesionario de agua la cantidad de ésta a aquélla a que tendría derecho después de tenerse en cuenta los derechos preferentes de otros concesionarios, no siendo necesario considerar si los concesionarios de derechos preferentes ejercitan o no tales derechos. El derecho a las aguas no usadas pertenece al público y no a ningún concesionario en particular.
    Los Hechos están expresados eu la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Parra y Pérez March and.

    Abogado del .apelado: Hon. Attorney General, J. F. Fi-gueras, Fiscal del Supremo y Sr. R. Guillermety.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante es dueño de una finca compuesta de 963 cuer-das conocida con el nombre de “Obdulia” y radicada en el término municipal de Santa Isabel. En el año 1884 el Go-bierno de Puerto Rico, para fines de riego, concedió a esta finca un aprovechamiento de agua de 265 litros por segundo del río de Ooamo. Entre las condiciones impuestas por la concesión al dueño de la finca estaba la de que él podría de-rivar aguas del río de Ooamo solamente cuando el caudal del mismo fuera bastante para asegurar la derivación de 324 litros por segundo como derecho preferente para el riego de ]as haciendas “Florida,” “Destino” y “Santa Isabel.” En 2908 el demandante Vendrell, con el fin de facilitar la for-mación de un sistema público de riego en el cual estaría in-cluida su finca, concedió y traspasó su derecho en la pre-citada concesión al Pueblo de Puerto Pico y recibió en cam-bio, según consta, el derecho a la cantidad de agua que fuera necesaria, y que la comisión de riego considerara justa y equitativa. El contrato entre el Pueblo de Puerto Eico y el apelante contiene otras condiciones que no es necesario citar.

Subsiguientemente la Legislatura de Puerto Pico estable-ció una comisión de riego con facultad para fijar el valor de las concesiones hechas y en el artículo 7 de la ley de agosto 8 de 1913 se prescribía entre otras cosas lo siguiente:

“Disponiéndose, sin embargo, que en ningún caso la equivalencia que se hiciera por cualquier derecho o concesión de agua de esa clase, será mayor que la cantidad de agua concedida y benefícialmente usada en virtud del mencionado derecho o concesión de agua tal como se otorgó en su-origen o como se interpretare o estuviere limitada legal-mente.”

Y prescribía además que la cantidad de agua suficiente para los fines de riego sería de cuatro acres pies por acre.

La Comisión de Piego determinó que la superficie regable de la finca “Obdulia” era de 140 acres, procedió a deter-minar la cantidad de agua usada en la finca por un período de cinco años desde 1909 a 1913 inclusive, tomó el promedio por un año y consideró ese promedio como la concesión que había de hacerse anualmente por acres pies, pero el apelante sostiene que al hacer sus cálculos la comisión sólo computó los meses de febrero a agosto inclusive, que eran los meses de sequía en el año en aquella determinada zona, prescin-diendo de los cinco meses de crecientes. Sobre esta base la comisión valoró la concesión de “Obdulia” en 695.88 acres pies. Ambas partes apelaron a la Corte de Distrito de San Juan, la que hizo un cambio o rebaja a favor del Pueblo de Puerto Pico, y el concesionario Vendrell apeló.

La Corte de Distrito de San Juan, entre otras cosas, ex-presó que tuviera o no la finca “Obdulia” agua bastante para su cosecho dependía de las lluvias del año; que los 695.88 acres pies concedidos por la comisión se calcularon sin con-tar el derecho preferente de las otras haciendas ya nombra-das; qne parte del agua derivada del río por Vendr'ell en esos cinco años lo fné con derecho y parte no, queriendo decir con esto según aparece del resto de la opinión, qne Yendrell tomo nna cantidad mayor qne aquélla a qne hubiera tenido derecho si las debidas deducciones en favor de estas tres haciendas se hubieran hecho, probablemente haciéndolo así en momentos en que las otras haciendas no utilizaban sus derechos; que- respetando la condición de su concesión a favor de las tres haciendas la “Obdulia” tenía derecho a solamente 578 acres pies; que el area regable de “Obdulia” era de 130 cuerdas y la concesión fué hecha por la corte sobre la base de 144 cuerdas. La comisión había declarado pri meramente que el área sujeta a riego era de 140 cuerdas.

El apelante alegó tres fundamentos de error, a saber:

“1. Erró la corte al considerar que lá Comisión de Riego obró en justicia al conceder a los terrenos regables de la finca ‘Obdulia’ cuatro pies de agua- por acre, siendo así que al ceder su dueño al Pueblo de Puerto Rico la concesión de agua de esa finca, se convino en que a cambio de ella se le daría una cantidad de agua necesaria, justa y equitativa.
“2. Erró la corte al considerar que la Comisión de Riego obró en justicia al valorar la concesión de riego de la ‘Obdulia,’ tomando en cuenta solamente los aforos hechos en el canal de dicha hacienda durante los meses de febrero a agosto de los años 1909 a 1912 inclusive y pasando por alto los correspondientes a los demás meses de dichos años.
“3. Erró la corte al considerar, que de acuerdo con la Ley de Aguas un segundo o posterior concesionario no tiene derecho a uti-lizar el agua de las anteriores concesiones para cubrir la suya, cuando los primeros no quieren utilizarla y la dejen abandonada en el cause del río.”

Con respecto al primer señalamiento de error el apelante dice qne la comisión estaba obligada a darle nna cantidad de agna qne se considerara necesaria, jnsta y equitativa, y que El Pueblo de Puerto Pico no tenía derecho ex parte, a limitar la cantidad de agua por cuerda a cuatro acres pies; que el perito del Gobierno prestó declaración tendente a demostrar que cuatro acres pies no era una cantidad sufi-ciente para las cosechas de “Obdulia” en los años de sequía.

Toda la cuestión gira sobre lo que ha de considerarse una “necesaria, justa y equitativa” concesión de agua de acuerdo con los términos del contrato y las condiciones de la conce-sión. Ninguna de las partes ha hecho un. cálculo que nos demuestre si la concesión de agua permitida finalmente por la corte, excedió o era menor que la concedida originalmente a Pages, causante de Vendrell. Nos parece que 695.88 pies era más. que la cantidad a que hubiera tenido derecho Ven-drell, haciendo cálculos sobre la base de 865 pies cúbicos por segundo que fue el volumen de agua que la corte inferior declaró había sido Concedido por la concesión española. El volumen de agua concedido por la corte era menor que la que “Obdulia” realmente había tomado en los cinco años, de donde se infiere que el dueño tiene ahora derecho a tomar una cantidad de agua que sería menor que la tomada efecti-vamente por él. La corte, sin embargo, declaró probado que él había estado tomando más agua que aquélla a que tenía derecho de acuerdo con su concesión original hecha por el Gobierno de Puerto Rico. Creemos que las palabras “nece-saria, justa y equitativa” se refieren a las condiciones de la concesión así como a las necesidades del apelante en los años de sequía. Además el contrato dejaba la resolución de lo que era “necesaria, justa y equitativa” a la Comisión de Riego y la corte declaró probado que esa comisión había permitido a Vendrell el promedio anual de toda la cantidad de agua tomada por él para los cinco años sin tener en cuenta el derecho de preferencia de las otras tres haciendas. En lo que respecta a lo que ha de ser la interpretación de las pa-labras “necesaria, justa y equitativa,” el apelante no nos ha convencido de que la corte no cumpliera con los términos del contrato. A menos que nuestros cálculos sean equivo-cados, el apelante está ahora recibiendo algo más que lo que hubiera sido su derecho de acuerdo con los términos de la concesión original hecha por El Pueblo de Puerto Rico aun-que él realmente tomó más sin oposición, al parecer, de los dueños de las otras tres haciendas.

El segundo señalamiento de error en cierto modo es una ramificación del otro. El apelante dice que al hacer un cálculo de la cantidad de agua para los meses de febrero a agosto ambos inclusives y prescindiendo de los meses de cre-cientes la toma de la “Obdulia” tendría necesariamente que ser menor. El apelado indica que el único medio de llegar a una certeza en esta cuestión es tomando el período com-prendido más o menos por los meses de sequía, porque es la única época en la cual uno podría estar cierto de la can-tidad que por término medio pasaría por la toma; que aún cuando el caudal del río era mayor cuando había fuertes lluvias, sin embargo, que el agua casi inmediatamente se la llevaba el caudal y creemos que el apelado quiere decir que la diferencia en la toma no sería una enorme cantidad. Las cartas hidrográficas del agua tomada demuestran que la ‘ ‘ Ob-dulia” realmente tomó más durante los cinco meses exclui-dos. El apelado también alega que considerando un sistema de riego en general durante la época de lluvia, una finca necesitaría menos para fines de riego que en la época de sequía y por tanto los cálculos de riego deben hacerse por el período de los meses de sequía. No dejamos de tener al-gunas dudas.

■ Sobre el tercer señalamiento no tenemos ninguna duda. Esto es, que las leyes de agua y las demás leyes de Puerto Rico limitan a un concesionario de agua a la cantidad de agua a que tendría derecho después de considerados los de-rechos preferentes sin tomar en?'consideración si los conce-sionarios de derechos preferentes utilizan o no tales dere-chos. Lo que quedaba era todo lo que había sido concedido al causante de Vendrell. El apelado también señala que el derecho a las aguas no usadas pertenece al público y no a ningún concesionario en particular.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.