author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Asociado Señor Corrada Del Río,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Joseph P. McCloskey, c/p Joseph Patrick McCloskey Díaz, peticionario.

      Número: CC-2003-390

      Resuelto: 8 de marzo de 2005

      Nelson Biaggi García, abogado de la parte peticionaria; Ro

      berto J. Sánchez Ramos, procurador general, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 6 de julio de 2001, el Sr. Rafael Betances Rexach, director de RBR Construction, S.E., presentó una denuncia contra el aquí peticionario Joseph P. McCloskey Díaz y contra Joseph P. McCloskey Vázquez y Luis E. Pérez, impu-tándoles la comisión del delito tipificado en el Art. 264 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4551. Alegó Betances Rexach que el 14 de diciembre de 2000 las refe-ridas personas libraron un cheque sin fondo a la orden de su empresa por la cantidad de $85,715.79.9 Surge de su testimonio que cuando intentó cambiar el cheque en la su-cursal del Eurobank en Hato Rey, el referido banco se negó a pagar su importe. Betances Rexach testificó, además, que al encontrarse con McCloskey Díaz, e indicarle lo su-cedido, este último le expresó que el no pago del cheque se había debido seguramente a un error y le recomendó que intentara cobrarlo nuevamente. Betances Rexach, según alegó, intentó cambiar el cheque nuevamente, volviendo a negarse el antes mencionado banco a honrarlo por insufi-ciencia de fondos.

El 6 de junio de 2001, el representante legal de RBR Construction, S.E., le cursó una carta al peticionario Mc-Closkey Díaz, a manera de interpelación, conforme a lo dis-puesto y requerido en el Art. 266 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4553. Dicha carta provocó una secuela epistolar de parte del representante legal de McCloskey Díaz. En síntesis, y en lo pertinente, la posición asumida por el peticionario McCloskey Díaz y su represen-tación legal fue a los efectos de que el alegado acto delictivo no fue cometido debido a que el cheque fue expedido en relación con una deuda preexistente y no en pago de algo obtenido en el momento de su expedición.

Habiéndose determinado causa probable, el juicio en su fondo se celebró ante la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia. Terminado el desfile de la prueba de cargo, McCloskey Díaz presentó una moción de absolución perentoria, alegando que procedía que se decre-tara la absolución porque él no había firmado el cheque en controversia. El tribunal de instancia declaró culpable a McCloskey Díaz del delito de expedición de cheques sin fondos, absolviendo a los otros coacusados. Éste fue sen-tenciado al pago de una multa por la suma de cinco mil dólares, el pago de las costas del procedimiento y al pago de la cantidad de cinco mil dólares como pena de retribución.

Inconforme, McCloskey Díaz presentó un recurso de apelación el 19 de abril de 2002 ante el Tribunal de Apela-ciones, el cual confirmó la sentencia del foro inferior por considerar que la prueba desfilada ante el Tribunal de Pri-mera Instancia fue suficiente para demostrar el propósito de defraudar en las actuaciones del acusado.

Aún insatisfecho con la actuación judicial, el 22 de marzo de 2003 McCloskey Díaz acudió ante este Tribunal alegando que el Tribunal de Apelaciones había errado al

... hallar culpable al apelante [McCloskey Díaz] en ausencia de prueba sobre el elemento de hacer, extender, endosar o en-tregar im cheque sin fondos.
... hallar culpable al apelante en ausencia de prueba sobre el propósito de defraudar al emitir un cheque sin fondos. Peti-ción de certiorari, pág. 8.

Expedimos el recurso. Estando en posición de resolver, procedemos a así hacerlo.

HH

Los elementos esenciales del delito de expedición de cheques sin fondos, según lo dispuesto en el Art. 264 del Código Penal de Puerto Rico antes citado son: (1) hacer, extender, endosar o entregar un cheque, giro, letra u orden de pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario, (2) con conocimiento de que no se tiene suficientes fondos para el pago ni se disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, y (3) tener el propósito de defraudar. Pueblo v. Somarriba García, 131 D.P.R. 462, 468 (1992); Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463, 477 (1958).

Dejando a un lado, por el momento, los primeros dos elementos antes enumerados, vemos que para que se pueda configurar el delito de expedición de cheques sin fondos debe existir, como elemento subjetivo indispensable, el “propósito de defraudar” por parte del librador.

Sobre este aspecto, hemos expresado en ocasiones anteriores que en aquellos casos donde se imputa un delito de intención específica y donde no existen manifestaciones del imputado que reflejen su estado anímico al momento de cometer los hechos, el Ministerio Público depende de la prueba relacionada con las circunstancias en que se comete el delito para probar el elemento de la intención criminal. Esto es, la intención criminal se evalúa en virtud de los hechos pertinentes anteriores, concomitantes y posteriores del caso. Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261, 287 (1992); Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 D.P.R. 146, 164-165 (1992); Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 346 (1976).

No obstante lo anterior, en el caso particular del delito de expedición de cheques sin fondos, nuestro legisla-dor dispuso, con carácter de ley especial, que se considerará evidencia prima facie del propósito de defraudar un hecho “posterior” a la comisión del delito; esto es, la falta de pago después de la interpelación

Sobre este particular, reiteramos en Pueblo v. Somarriba García, ante, págs. 468-469, lo expresado en Pueblo v. Cuevas, 54 D.P.R. 301, 305 (1939), en cuanto a que

[e]l propósito de este requerimiento de pago [la interpelación] es proveer un procedimiento para comprobar a posteriori, o sea, por hechos subsiguientes, cuál era la intención o el propó-sito que tuvo en su mente el librador de un cheque sin fondos en el momento de expedirlo y entregarlo a otra persona. (Én-fasis suprimido.)

Evidentemente, estamos ante un delito que requiere para ser consumado, de una parte, la acción de extender, hacer, endosar o entregar el cheque del cual se sabe que no se tiene provisión de fondos y, de otra parte, la omisión de no pagar el importe del cheque una vez se interpela al librador. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico:

revisado y comentado, 3ra ed. rev., San Juan, Ed. Inst. De-sarrollo del Derecho, 1995, pág. 416. Precisamente, al que-dar probada la referida omisión por parte del librador es que se demuestra su intención defraudadora. Esto es, en ausencia de manifestaciones del imputado que reflejen su estado anímico al momento de cometer los hechos, el Minis-terio Público podrá presentar, conforme al Art. 267 del Có-digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4554, evidencia de la falta de pago después de la interpelación para probar la intención criminal defraudadora. Lo dispuesto por el Art. 267 es perfectamente legítimo, ya que se trata de la presentación, por parte del Ministerio Fiscal, de prueba sobre hechos relacionados y posteriores al libramiento del cheque. Véanse: Pueblo v. Moreno Morales I, ante; Pueblo v. Ríos Maldonado, ante; Pueblo v. Torres Nieves, ante.

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El peticionario McCloskey Díaz, amparándose en unas expresiones que hiciera este Tribunal en Pueblo v. Cuevas, ante, sostiene la errónea teoría de que la intención de de-fraudar y, por ende, el delito de expedición de cheques sin fondos, no se configuran cuando se expide el cheque para el pago de una deuda preexistente.

En su alegato, el peticionario cita la siguiente expresión contenida en Pueblo v. Cuevas, ante, pág. 307:

La compañía acreedora no ha sufrido perjuicio alguno como consecuencia del libramiento del cheque, pues éste fu[e] expe-dido para abonar a una deuda preexistente y no en pago de efectos comprados en el momento de su expedición.

Esta expresión, sacada fuera de contexto, es utilizada por el peticionario como fundamento para su teoría, repe-timos, de que la intención de defraudar y, por ende, el de-lito de expedición de cheques sin fondos, no se configuran cuando se expide el cheque para el pago de una deuda pre-existente; ello, según expone, porque bajo dichas circuns-tandas el librador no causa perjuicio alguno al tenedor del cheque, siendo el perjuicio un elemento fundamental en la definición de lo que constituye la acción de defraudar.

La referida expresión debe interpretarse dentro del contexto de la opinión en que fue expresada, que es el siguiente:

El fraude, sinónimo de engaño, consiste en la falsa repre-sentación, mediante palabras o por actos, de hechos materia-les, por la cual una persona de razonable discreción y con-fianza es inducida a actuar a su perjuicio; en la supresión de hechos materiales que una persona está legalmente obligada a revelar a otra.
No hubo en el presente caso intento o propósito de defraudar. El acusado al entregar el cheque al representante de su acreedor reveló a éste el hecho de que él no tenía fondos suficientes para su pago. No se consumó ni podía consumarse fraude alguno contra la compañía acreedora, porque ésta aceptó el cheque a sabiendas de que no había fondos en el banco para su pago y que el pago se haría cuando y si al libra-dor le fuera posible depositar fondos para cubrirlo. La compa-ñía acreedora no ha sufrido perjuicio alguno como consecuen-cia del libramiento del cheque, pues éste fu[e] expedido para abonar a una deuda preexistente y no en pago de efectos com-prados en el momento de su expedición. (Énfasis suplido y citas omitidas.) Pueblo v. Cuevas, ante, págs. 306-307.

Al analizar lo anterior junto con el texto completo de la opinión emitida en Pueblo v. Cuevas, ante, nos podemos claramente percatar de que el “ratio decidendi” en dicha opinión se fundamenta, precisamente, en el hecho de que en ese caso no podía existir la intención de defraudar en la mente del imputado, porque él expresamente le indicó al tenedor del cheque que éste no tenía fondos. El perjuicio que pudo haber sufrido la compañía acreedora en dicho caso, aunque es un factor importante al momento de determinar si hubo fraude o no, no fue tomado en cuenta por este Tribunal, ya que habíamos concluido previamente que no se configuró la intención de defraudar por razón de las adver- tencias hechas por el librador —de que no había fondos— al momento del libramiento del cheque. La expresión hecha en Pueblo v. Cuevas, ante, en cuanto a que la compañía acreedora no había sufrido perjuicio alguno como conse-cuencia del libramiento del cheque por haber sido éste ex-pedido en pago de una deuda preexistente, debe ser consi-derada, por lo tanto, “dicta” del Tribunal y, en consecuencia, ignorada por inconsecuente.

Pero aún hay más. La expresión a la que se refiere el peticionario no sólo no constituye parte del razonamiento de la opinión emitida en Pueblo v. Cuevas, ante, sino que es patente e inherentemente errónea. Pensar que un acreedor no sufre perjuicio alguno cuando recibe un cheque sin fondos en pago de una deuda preexistente resulta, a todas luces, equivocado. Esto es, resulta absurdo pensar que una persona que presta un servicio o entrega un producto a otra con la expectativa de que se le pague el precio pactado, ante la posterior presentación de la factura de cobro, no sufre perjuicio alguno cuando posteriormente se le paga con un cheque sin fondos. Precisamente, el perjuicio sufrido es la ausencia de pago luego de haberse entregado la mercancía o prestado el servicio. Ciertamente, y desde un punto de vista práctico, no encontramos que exista diferencia alguna entre una situación de hechos en que el librador de un cheque paga por una mercancía o servicio inmediatamente después de obtenido y otra donde el pago se hace posteriormente.

Por otro lado, no podemos enfatizar lo suficiente el efecto nocivo que tendría la adopción de esta teoría en nuestra jurisdicción, el cual sería devastador para el flujo comercial del país. Bajo estas circunstancias, nadie estaría dispuesto a aceptar el pago posterior de una deuda me-diante cheque, giro, letra u orden de pago por conocer que nuestro sistema penal no castiga la práctica de emitir estos instrumentos sin provisión de fondos cuando se hace en pago de deudas preexistentes.

Por los efectos adversos que tendría una posición como la que hoy propone el peticionario y por ser ésta inherente-mente errónea e ilógica, no podemos avalarla.

HH HH

No obstante la incorrección de la posición asumida por el peticionario McCloskey Díaz en el presente caso, esta-mos contestes en que procede la revocación de la sentencia apelada; ello por razón de que no quedó demostrado que el peticionario haya hecho, extendido, endosado o entregado el cheque sin fondos librado a favor de RBR Construction, S.E.

Al comparar el cheque emitido en el presente caso con la tarjeta de firmas autorizadas para suscribirlo, que tam-bién fue presentado en evidencia, nos damos cuenta de que la firma de McCloskey Díaz no figura en el cheque. Las firmas contenidas en el cheque coinciden con las firmas de los señores Luis E. Pérez Pagán y Joseph P. McCloskey Vázquez, que aparecen en la tarjeta de firmas.

No obstante esta ausencia de prueba, el Tribunal de Pri-mera Instancia le impuso responsabilidad criminal a Mc-Closkey Díaz —y, curiosamente, absolvió a Pérez Pagán y a McCloskey Vázquez, acusados por el mismo delito— sólo porque el primero fue el único interpelado y porque luego de la interpelación le dijo al perjudicado que depositara nuevamente el cheque. Lo anterior, definitivamente, no es suficiente para probar o demostrar uno de los elementos del delito de expedición de cheques sin fondos y sin el cual no se configura el tipo delictivo, a saber: el hacer, extender, endo-sar o entregar el cheque (Art. 264 del Código Penal de Puerto Rico, ante).

El Tribunal de Primera Instancia erró al concluir que la mera indicación por parte de McCloskey Díaz al peijudi-cado de que presentara, nuevamente, el cheque ante el banco constituyó un libramiento, endoso o entrega a los efectos de la disposición penal contenida en el citado Art. 264. Si bien se podría argumentar que McCloskey Díaz —al indicarle a Betances Rexach que depositara nueva-mente el cheque— tuvo alguna intención de defraudarlo, no quedó demostrado que él hubiera hecho, extendido, en-dosado o entregado el cheque en cuestión; razón por la cual, no hay duda, procede decretar la revocación de la sentencia que hoy revisamos.

Pero, hay más. Como surge del expediente del caso hoy ante nuestra consideración, uno de los testigos del Minis-terio Fiscal —ejecutivo del Banco Eurobank— declaró que dicha institución financiera permitió que los libradores del cheque en cuestión se sobregiraran en su cuenta de che-ques —esto es, el Banco pagaba u honraba los sobregiros— en un sinnúmero de ocasiones, práctica que se había con-vertido en usual. Testificó, además, el referido testigo, que en virtud de ello los giradores del cheque podían haber tenido la expectativa de que el cheque expedido fuera hon-rado por Eurobank. Siendo ello así, en el presente caso está claramente ausente la intención de defraudar, ya que los libradores podían haber pensado que dicho cheque sería honrado por Eurobank.

Procede, en consecuencia, exonerar al peticionario Mc-Closkey Díaz por los antes mencionados fundamentos. Ac-tuar de otra manera atentaría contra el principio de lega-lidad consagrado en el Art. 8 de nuestro Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3031, por no haberse probado, en este caso, todos los elementos del delito, claramente dispuestos en el estatuto penal.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Corrada Del Río emitió una opi-nión concurrente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera Pérez. Los Jueces Asociados Señor Fuster Berlin-geri y Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

Opinión concurrente del Juez

Asociado Señor Corrada Del Río,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Nos corresponde resolver si una persona comete el de-lito de expedición de cheques sin provisión de fondos cuando expide el cheque para el pago de una deuda preexistente.

M

El 6 de julio de 2001, el Sr. Julio Rafael Betances Rexach, director de RBR Construction, S.E. (RBR Construction) presentó una denuncia en contra de Joseph Patrick McCloskey Díaz (señor McCloskey o peticionario), Joseph Peter McCloskey Vázquez y Luis E. Pérez Pagán, en la cual les imputó la comisión del delito de insuficiencia de fondos estipulado en el Art. 264 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4551. En esencia, les imputó haber expedido el cheque, timbrado Sunrise Partners II, S.E., de la cuenta número 0114008924 del Eurobank, a favor de RBR Construction, S.E., por la cantidad de $85,715.19, con conocimiento de que el referido instrumento negociable no tenía fondos suficientes ni gozaba de autorización expresa para girar al descubierto.

Habiendo determinado causa probable para acusar, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), señaló la celebración de la vista en su fondo para el 9 de agosto de 2001. Llegada la vista, el Ministerio Fiscal presentó como prueba el testimonio del señor Betances Rexach, quien declaró que los acusados le debían $85,715.89, procedente de un trabajo de construcción rea-lizado y de alquiler de equipo pesado. A tales efectos, pre-sentó una factura por la renta de equipo pesado y aclaró que todavía se le adeuda. Asimismo, presentó en evidencia el cheque librado con fecha de 14 de diciembre de 2000. El señor Betances Rexach declaró que se le entregó ese che-que como pago de la referida factura y que al ir a la Sucur-sal de Eurobank, en Hato Rey, el banco se negó a cambiarlo. Señaló que en el banco se encontró con el peti-cionario y le informó de lo sucedido. El peticionario le in-dicó que seguramente se trataba de un error y le reco-mendó que intentara depositarlo nuevamente.

Conforme a ello, el señor Betances Rexach expresó que en dos ocasiones posteriores intentó cambiar el cheque, pero el banco no lo honró. El TPI admitió en evidencia un documento que consta de dos hojas de depósito, una de 19 de diciembre de 2000 y la otra de 3 de enero de 2001, am-bas del Banco Santander. Atestó que el cheque tenía que haber sido firmado por los acusados y que una de esas fir-mas debía ser la del peticionario. El TPI admitió en eviden-cia una carta dirigida al peticionario, la cual se identificó como una carta de requerimiento de pago.

El otro testigo de cargo fue Raúl Blanco Tercel, Gerente del Departamento de Cobro de Eurobank (Gerente), quien declaró que obtuvo la tarjeta de firma de la cuenta de los acusados y que de ese documento surge que las tres perso-nas autorizadas a firmar eran éstos. Testificó, además, que el 15 de diciembre de 2000, fecha aproximada en que el cheque fue girado, la cuenta tenía un sobregiro de “once mil y pico de dólares”. Asimismo, el señor Blanco Tercel señaló que para el 20 de diciembre de 2000, fecha en que fue depositado el cheque por primera vez, la cuenta tenía un sobregiro de “ciento dieciocho mil y pico de dólares”, y para el 4 de enero de 2001, fecha en que fue depositado por segunda vez, la cuenta tenía un sobregiro de “ciento vein-tiséis mil y pico de dólares”.

Durante el contrainterrogatorio, el Gerente declaró que a los acusados se les había permitido sobregirarse en una variedad de ocasiones, por lo que ellos podían tener la ex-pectativa de que el cheque fuera honrado. Aclaró que él no es quien autoriza que se conceda un sobregiro y que desco-noce las razones por las cuales el cheque no fue honrado.

Por su parte, la evidencia de la defensa consistió en va-rias comunicaciones escritas que le cursara su abogado al Ledo. Gerardo A. Quirós López, representante legal de RBR Construction, en respuesta a la carta de requeri-miento de pago.

Luego de concluida la vista en su fondo, el 15 de noviem-bre de 2001, el peticionario presentó una moción de abso-lución perentoria al amparo de las disposiciones de la Re-gla 135 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, fundamentada en que el Ministerio Público no había esta-blecido la intención de defraudar.

Sin embargo, el 17 de enero de 2002 el TPI declaró culpable únicamente al aquí peticionario y lo sentenció al pago de una multa de $5,000, de una pena especial pecu-niaria de $100, más las costas del proceso.

En desacuerdo, el 18 de enero de 2002, el peticionario presentó nuevamente una moción de absolución perentoria en la que cuestionó el fallo dictado en su contra. Por su parte, el Ministerio Público presentó una moción para so-licitar que además de la multa, al peticionario se le impu-siera la pena de restitución.

Así las cosas, el 20 de marzo de 2002 el TPI notificó la sentencia emitida el 17 de enero de 2002 y en ésta denegó la solicitud de absolución perentoria presentada por el pe-ticionario y le impuso una pena de restitución de $5,000.

Inconforme, el 19 de abril de 2002 el peticionario pre-sentó un recurso de apelación ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones (TA), el cual confirmó la sentencia del foro primario. Al así hacerlo, el TA expresó que la prueba desfilada ante el foro primario fue suficiente para demostrar el propósito de defraudar. Asimismo, el foro a quo concluyó que el peticionario hizo caso omiso al ser con-frontado con la situación del cheque y al requerírsele el pago mediante carta. Ello, según el TA, constituyó eviden-cia prima facie del propósito de defraudar.

Inconforme aún, el 22 de mayo de 2003 el peticionario acudió ante este Tribunal, mediante un escrito de certio-rari, en el cual formuló los señalamientos de error siguien-tes:

1. Erró el Tribunal de Instancia al hallar culpable al ape-lante en ausencia de prueba sobre el elemento de hacer, extender, endosar o entregar un cheque sin fondos.
2. Erró el Tribunal de Instancia al hallar culpable al ape-lante en ausencia de prueba sobre el propósito de defraudar al emitir un cheque sin fondos. Petición de certiorari, pág. 8.

Mediante Resolución de 22 de agosto de 2003, expedi-mos el presente recurso. Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver.

Por la naturaleza de los señalamientos de error, comen-zamos con la discusión del segundo, esto es, si con la expe-dición del cheque sin fondos como pago de una deuda pre-existente, quedó probada la “intención de defraudar” que requiere el Art. 264 del Código Penal, supra.

¿Constituye el libramiento de un cheque sin fondos, como pago de una deuda preexistente, un delito al amparo del citado Art. 264 del Código Penal? ¿Se configura la “in-tención de defraudar”, aun cuando el librador del referido instrumento no ha recibido algún bien o servicio a cambio? Veamos.

El Art. 264 del Código Penal, supra, dispone:

Toda persona que con el propósito de defraudar a otra haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro de-positario, a sabiendas de que el emisor o girador no tiene su-ficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, será sancionada con multa hasta el doble del im-porte de dicho cheque, giro, letra u orden, pero nunca mayor de cinco mil (5,000) dólares, o pena de reclusión de un día por cada cincuenta (50) dólares que deje de satisfacer hasta un máximo de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del Tribunal. El Tribunal podrá imponer además la pena de restitución.

Este artículo trata de atender la realidad social de nues-tro país, en donde existe una cantidad dramática de esque-mas para defraudar a otras personas, en los cuales están involucradas cantidades exorbitantes de dinero. El propó-sito de las personas que incurren en la conducta tipificada en este artículo estriba en defraudar para lucrarse a gran escala. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 149 de 11 de agosto de 2000 (2000 Leyes de Puerto Rico 988). Por lo tanto, se hizo necesario que el legislador puertorriqueño atemperara esta realidad social a las disposiciones del Có-digo Penal e incluyera entre ellas una serie de medidas dirigidas a proscribir este tipo de conducta.

Los elementos esenciales del delito de expedición de cheques sin fondos, según identificados por este Tribunal, son: hacer, extender, endosar o entregar un cheque, giro, letra u orden de pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario con conocimiento de que no tiene sufi-cientes fondos para el pago, y tener el propósito de defrau-dar; este último es la médula del delito. Pueblo v. Somarriba García, 131 D.P.R. 462, 468 (1992); Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463, 477 (1958).

Es decir, si el Estado no demuestra más allá de duda razonable que el acusado intentó defraudar al perjudicado, éste no podrá resultar convicto a pesar de que conocía que no contaba con fondos suficientes en su cuenta. Ambos ele-mentos se deben alegar en la acusación y establecerlos me-diante la prueba. Pueblo v. Cuevas, 54 D.P.R. 301 (1939).

El Art. 7(15) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022(15), define el proceder “fraudulentamente” como aquel acto co-metido mediante “ardid, simulación, trama, treta o me-diante cualquier forma de engaño”. Mientras, “defraudar” significa “privar a alguien, con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca de derecho”. Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 2001, Vol. I, pág. 738.

Cónsono con lo anterior, en Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867, 877 (1989), este Tribunal expresó que “ ‘[d]efraudar quiere decir privar a una persona de un bien, derecho o interés ‘con abuso de su confianza o con infideli-dad a las obligaciones propias’ ”. Sobre el particular, este Foro puntualizó:

Aunque la intención de defraudar implica un “propósito de obtener una ventaja material sobre [otra persona], o de indu-cirla a desprenderse de algún valor, derecho, privilegio u obli-gación”, Conferencia Judicial de Puerto Rico, Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1977, pág. 282, el perjuicio no tiene que ser necesariamente patrimonial. Es suficiente que la intención sea frustrar la administración de una ley o lesionar (impair) una función gubernamental. ... La intención de defraudar se da en toda modalidad de falsedad que pueda ocasionar daño relevante a algún interés ajeno. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Flores Betancourt, supra, págs. 877-878.

De lo anterior se puede concluir que, en los casos en que se emite un cheque sin fondos, para que se configure la intención de defraudar, es necesario que se prive simultá-neamente al recipiente del cheque de algún bien, valor o cualquier otro derecho patrimonial que le corresponda. Dicho en otras palabras, para que se configure el delito es necesario que el cheque haya sido expedido fraudulenta-mente con la única intención de obtener algo a cambio. Por lo tanto, deberá darse algún tipo de desplazamiento patrimonial entre ambas partes, esto es, el que expide, endosa o entrega el cheque deberá enriquecerse con algún bien, valor o servicio, y el que lo recibe, al mismo tiempo, deberá experimentar un correlativo empobrecimiento. Como con-secuencia de lo anterior, concluimos que si un sujeto expide un cheque, sin intención de beneficiarse u obtener en in-tercambio algún bien de valor, no se configura la intención de defraudar que exige el Art. 264 del Código Penal, supra.

En Pueblo v. Cuevas, supra, págs. 308-309, este Tribunal expresó que “[e]l propósito del estatuto ... es perseguir y castigar la expedición de cheques sin fondos como medio para defraudar o engañar a la persona que lo recibe, obte-niendo de ella dinero o propiedades”. A tales fines expresa-mos que:

El “propósito de defraudar” forma parte y es un elemento esencial del delito que define y castiga la sección Ia de la Ley núm. 26, [supra]. Y siendo elemento esencial del delito, debe ser alegado en la acusación y establecido por la prueba. ...
La jurisprudencia que hemos examinado sostiene que cuando en la definición del delito de dar un cheque sin fondos se incluye el requisito del “propósito de defraudar [”,] la mé-dula (gist) de la ofensa es el conocimiento del librador del che-que en el momento de expedirlo de la insuficiencia de fondos y el propósito de defraudar. (Enfasis suplido y en el original.) Pueblo v. Cuevas, supra, pág. 309.

De otra parte, el Art. 264 del Código Penal, supra, hay que entenderlo e interpretarlo a la luz de las disposiciones complementarias establecidas en los Arts. 265 al 268 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4552-4555. De este modo, para poder procesar a una persona por el delito de expedi-ción de cheques sin fondos tipificado en ese artículo, y como condición precedente y jurisdiccional, el Estado deberá de-mostrar que el perjudicado avisó personalmente o me-diante carta certificada al girador o endosante de que el cheque no se pudo honrar por insuficiencia de fondos. Pue blo v. Valentín, supra, pág. 469. A ese requerimiento se le conoce como “la interpelación”, y a través de éste se podrá comprobar, a posteriori, cuál era la intención o el estado mental del librador del cheque sin fondos al momento de expedirlo y entregarlo a otra persona. Pueblo v. Somarriba García, supra, págs. 468-469; Pueblo v. Cuevas, supra, pág. 305.

Si se demuestra que el librador no efectuó el pago den-tro del período de diez o quince días, según corresponda, ello constituirá evidencia prima facie de que al momento de expedirse el cheque, se hizo con el propósito de defraudar. Art. 267 del Código Penal, supra; Pueblo v. Somarraba García, supra, pág. 469 esc. 6. Es decir, la falta de pago después del aviso constituye evidencia de la intención de defraudar Una vez el Estado establece la presunción de defraudar, corresponde al acusado controvertirla.

En síntesis, para que a una persona la puedan procesar según las disposiciones anteriormente citadas, ésta deberá expedir o endosar un cheque con conocimiento de que no tiene fondos y, mediante engaño, apropiarse de bienes o propiedades de algún valor o recibir servicios a cambio del cheque. Si la situación del peijudicado en nada cambia con la expedición del cheque, es decir, si ello no es lo que mo-tiva al perjudicado a intercambiar simultáneamente el bien o servicio, la persona que expida el cheque no incu-rrirá en este delito.

En otras jurisdicciones estatales que poseen estatutos similares al nuestro han llegado al mismo resultado. Esos foros han establecido que otorgar un cheque sin fondo en pago de una deuda preexistente no viola aquellos estatutos que ni siquiera hacen referencia a la obtención de algún bien de valor (como el nuestro), y han concluido, por lo tanto, que la “intención de defraudar” no se configura si el peijudicado no ha sido despojado de algún bien. Véanse, por ejemplo: State v. Durbin, 614 N.E.2d 799 (Ohio 1992); Maggard v. Commonwealth, 262 S.W.2d 672 (Ky. 1953); Thompson v. State, 69 S.E.2d 206 (Ga. 1952); Douglas v. State, 57 S.E.2d 438 (Ga. 1950); Moore v. People, 235 P.2d 798 (Colo. 1951); State v. Vandenburg, 2 A.2d 916 (Del. 1938); Commonwealth v. Hammock, 250 S.W. 85 (Ky. 1923); Berry v. State, 111 S.E. 669 (Ga. 1922); People v. Williams, 230 P. 667 (Cal. 1924); People v. Khan, 182 P. 803 (Cal. 1919).

Teniendo este trasfondo jurídico como marco de referen-cia, procede que resolvamos la controversia ante nuestra consideración.

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AI examinar la situación que se nos presenta, vemos que no fue la expedición del cheque sin fondos lo que mo-tivó que la compañía RBR Construction prestara los servi-cios de arrendamiento por construcción. Es decir, el cheque no indujo a esa compañía a prestar servicio o equipo alguno. Los servicios fueron prestados dos meses antes de que el cheque fuese expedido. La posición de la referida compañía al recibir el pago quedó en la misma situación: antes de la expedición del cheque Sunrise Partners, S.E. ya le debía $85,715.79; después de la expedición aún le que-dan debiendo la misma cantidad.

Tratándose de un cheque en pago de una deuda preexis-tente, y si el Estado no ha demostrado más allá de duda razonable que fue la intención del señor McCloskey defrau-dar a la referida compañía, no medió aquí la intención criminal de defraudar contemplada en el Art. 264 del Código Penal, supra. Al ser este un elemento esencial del delito, existe una ausencia total de prueba en cuanto al delito, por lo que procede que se desestime la acusación en contra del peticionario.

De otra parte, debemos llamar la atención a que de la declaración del propio testigo del Ministerio Público, el se-ñor Blanco Tercel, se desprende que el banco contra el cual se giró el cheque acostumbraba a cubrir los sobregiros de la cuenta en cuestión, y por ello se podría inferir que el señor McCloskey tenía una expectativa razonable de pago. Ello abona a nuestra conclusión de que el cheque no fue expe-dido con la intención de defraudar al señor Betances Rexach. Generalmente, la expectativa razonable de pago constituye una defensa que puede levantar un acusado en este tipo de casos y con ella puede controvertir exitosa-mente la presunción de defraudar. State v. Stemen, 106 N.E.2d 662 (Ohio 1951).

IV

Por los fundamentos expuestos, concurrimos con el dic-tamen del Tribunal al decretar la exoneración del acusado.

      í1) Dicho artículo dispone:
      “Toda persona que con el propósito de defraudar a otra haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario, a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total del cheque, giro, letra u orden, a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, será sancionada con multa hasta el doble del importe de dicho cheque, giro, letra u orden, pero nunca mayor de cinco mil (5,000) dólares, o pena de reclusión de un día por cada cincuenta (50) dólares que deje de satisfacer hasta un máximo de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá imponer además la pena de restitución.”

       No surge del expediente que los libradores hubiesen hecho, al expedirse el cheque, alguna advertencia o manifestación al señor Betances Rexach sobre la no disponibilidad de fondos, o de cualquier otra índole, respecto al cheque emitido.

       Dicho artículo dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
      “Ninguna persona será sancionada de acuerdo a la see. 4552 de este título a menos que se pruebe, a satisfacción del tribunal, que el tenedor del cheque, giro, letra u orden, o su agente, ha avisado personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo al girador y al endosante a su última dirección conocida para que pague al tenedor, o a su agente, en la dirección que se indicará en el aviso, el importe del cheque, giro, letra u orden dentro de un plazo no menor de diez (10) días labora-bles si el girador o endosante a quien se dirige el aviso residiere en la localidad del tenedor y no menor de quince (15) días laborables si residiere en otro municipio o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho término se computará desde la fecha del aviso al girador o endosante del cheque, giro, letra u orden no pagada.”

       Conforme surge de la Minuta, que recoge los procedimientos acaecidos ante el tribunal de instancia el 17 de enero de 2002, el juez de instancia expresó:
      “Analizada toda la prueba, el Tribunal considera que únicamente en cuanto a J.P. McCloskey c/p Joseph Patrick McCloskey Díaz debe recaer el fallo de culpabilidad. Es la persona a quien el perjudicado le hace la expresión de que el cheque no había sido cobrado y éste le indicó que eso era un error y que lo volviera a depositar, por lo que es una admisión de hechos.” Apéndice de la Petición de certio-rari, pág. 36.

       Dispone el Art. 267 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4554, que “U]a falta de pago después de dicha interpelación por parte del que ha girado, firmado, endosado o entregado dicho cheque, giro, letra u orden, se considerará prima facie como propósito de defraudar”. (Énfasis suplido.)

       A manera de ejemplo, consideremos las siguientes dos situaciones, ocurridas dentro del caso hipotético en que A le presta un servicio a B. Bajo el primer supuesto de hecho, inmediatamente después de prestado el servicio, B saca su chequera y extiende un cheque a favor de A en pago por el servicio prestado, entregándoselo en el momento. En el segundo supuesto, B, en lugar de pagar inmediatamente, le indica a A que le pagará mediante cheque, pasados 30 días desde que se prestó el servicio, y así lo hace. En ambos casos, el cheque no tiene fondos.
      Ante estos dos supuestos, no vemos por qué, en el primer caso, A puede denun-ciar con éxito a B de expedición de cheques sin fondos, mientras que en el segundo caso A no tiene a su disposición semejante remedio, supuestamente porque A no sufrió peijuicio alguno, por tratarse de una deuda preexistente.
      Cabe preguntarse, exactamente, qué supone una deuda preexistente en estos casos bajo la tesis del peticionario. Es decir, si bajo el cuadro hipotético anterior A rindiera el servicio a B, y luego B le indicara a A “pase a buscar su cheque en la tarde”, o bien le dijera “pase mañana en la mañana”, ¿constituiría esto un pago de deuda preexistente? ¿Podría A denunciar con éxito a B por la comisión del delito de expedir cheques sin fondos?
      Los anteriores ejemplos —de los miles que pueden existir— son más que sufi-cientes para demostrar las “fallas” de las que adolece la referida posición, las cuales, repetimos, son evidentes.

       En cuanto a este asunto, de la “Estipulación de Prueba Oral” sometida por las partes el 31 de mayo de 2002 al Tribunal de Apelaciones, sólo surge que el señor Rafael Betances testificó que el cheque le fue entregado el 14 de diciembre de 2000 y que no sabía quién lo había firmado, pues un empleado suyo fue quien se lo entregó. Tampoco surge que se haya presentado prueba sobre quién le entregó el cheque a su empleado. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 90-94.

      *) Una fotocopia de la tarjeta de las firmas fue admitida en evidencia por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 200.

       Si se determina que la expedición de un cheque sin fondo como pago de una deuda preexistente no infringe las disposiciones del Código Penal, no será necesario entrar a dilucidar el asunto probatorio contenido en el primer señalamiento de error, esto es, si una de las firmas en el cheque es la del acusado.

      s) En esa ocasión, este Tribunal interpretó el Art. 271 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4591, sobre el delito de falsificación de documentos. A pesar de que ese precepto legal, en sus aspectos básicos, provino del Código Penal argentino, este Tribunal concluyó que la frase “con intención de defraudar a otra persona” tenía su raíz en el Código Penal de 1902, cuya fuente es el common law angloamericano, en específico el Código Penal de California de 1873.

       En People v. Griffith, 262 P.2d 355, 359-360 (1953), el Tribunal Supremo de California expresó que:
      “An intent to defraud the person to whom the check was delivered is an essential element of the offense charged. ... It is the gist of the offense. ... No presumption of law will suffice for proof of the intent to defraud. ...

        “Intent to defraud is an intent to commit fraud. ‘As defined by lexicographers, the word “defraud” means to deprive of right, either by procuring something by deception or artifice, or by appropriating something wrongfully.’ ” (Enfasis suplido.)

      6) A estos efectos, el texto literal del Art. 266 del Código Penal dispone lo si-guiente:
      “Ninguna persona será sancionada de acuerdo a la see. 4552 de este título a menos que se pruebe, a satisfacción del tribunal, que el tenedor del cheque, giro, letra u orden, o su agente, ha avisado personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo al girador y al endosante a su última dirección conocida para que pague al tenedor, o a su agente, en la dirección que se indicará en el aviso, el importe del cheque, giro, letra u orden dentro de un plazo no menor de diez (10) días labora-bles si el girador o endosante a quien se dirige el aviso residiere en la localidad del tenedor y no menor de quince (15) días laborables si residiere en otro municipio o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho término se computará desde la fecha del aviso al girador o endosante del cheque, giro, letra u orden no pagada.” 33 L.P.R.A. see. 4553.

       Por el contrario, el pago oportuno del cheque relevará de responsabilidad criminal a la persona que lo hubiese emitido o endosado. Art. 268 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4555.

       Según surge de la Estipulación de Prueba Oral, el señor Blanco Tercel de-claró que “a Sunrise Partners II, S.E., se le permitió sobregirarse en una variedad de ocasiones y que el historial según dicho Exhibit VI demuestra que esto era usual. Que en virtud de ello los giradores del cheque pueden tener la expectativa [efe] que fuera honrado. Que desconoce porque no lo fue”. (Enfasis suplido y en el original.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 93.


source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez Señor Fuster Berlingeri,

license: Public Domain

text:
    Anabis Vega Rivera, recurrida, v. Rafael A. Soto Silva, peticionario.

      Número: CC-2003-194

      Resuelto: 8 de marzo de 2005

      Xaira Santiago Acosta y Rafael A. Soto Silva, abogados de la parte peticionaria; Rina Biaggi García, Ivette Nieves Cor-dero y Carmen Irene García Goyco, abogadas de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Nos corresponde determinar en esta ocasión si las apor-taciones al Seguro Social hechas por un cónyuge, vigente el matrimonio, tienen la naturaleza de bien ganancial y de-ben incluirse en el inventario de la sociedad legal de ga-nanciales para su colación al momento de su liquidación.

Los hechos en este caso son sencillos y sobre ellos no hay controversia. La Sra. Anabis Vega Rivera y el Sr. Rafael Soto Silva contrajeron matrimonio el 12 de junio de 1959 en Puerto Rico. Durante su matrimonio, procrearon tres hijos, hoy todos mayores de edad. Treinta y nueve años más tarde, las partes pusieron fin a su matrimonio, decre-tándose disuelto mediante sentencia de divorcio el 10 de marzo de 1999.

Posterior a ello, la señora Vega instó una demanda de liquidación de la sociedad de bienes gananciales ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. En la demanda instada se detallaron extensamente los ha-beres de la sociedad de gananciales a liquidarse. El deman-dado contestó la demanda y aceptó algunas de las alegacio-nes y negó otras; además, reconvino.

Luego de varios incidentes procesales que no es necesa-rio detallar, en diciembre de 2001 la señora Vega Rivera solicitó al tribunal que incluyera en el inventario del caudal ganancial sujeto a liquidación las aportaciones hechas por su ex cónyuge al Seguro Social federal durante la vi-gencia del matrimonio. Traída la controversia ante la con-sideración del tribunal, éste ordenó a las partes que se ex-presaran por escrito sobre la solicitud presentada.

En un extenso memorando, el señor Soto Silva planteó que la solicitud de la señora Vega Rivera era contraria a derecho, ya que la legislación federal que creaba el Seguro Social y su jurisprudencia interpretativa impedían que los estados interfirieran con los beneficios que concede este programa. El demandado invocó Hisquierdo v. Hisquierdo, 439 U.S. 572 (1979) (Hisquierdo), para concluir que la le-gislación federal desplazaba la normativa estatal e impe-día una determinación bajo los términos solicitados por la señora Vega Rivera.

Oportunamente, el tribunal de instancia celebró una vista para discutir la petición de la señora Vega Rivera. El 18 de octubre de 2002, el tribunal a quo dictó su resolución en la cual dispuso que las aportaciones al Seguro Social eran un bien ganancial y ordenó, por lo tanto, que se inclu-yeran en el inventario del caudal ganancial. En la resolu-ción dictada, el foro de instancia no hizo referencia alguna al planteamiento del señor Soto Silva sobre el desplaza-miento de nuestra normativa por la legislación federal.

Insatisfecho, Soto Silva acudió en petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En su escrito recreó los mismos planteamientos que en el tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones dictó una escueta resolución en la cual se negó a expedir el recurso solicitado al indicar que “el recurso de certiorari no aduce ninguno de los criterios enunciados en la Regla 40 del Reglamento para su expedi-ción,” y que la determinación de instancia era “esencial-mente” correcta.

Por no estar conforme con lo resuelto por el foro apela-tivo intermedio, el 14 de marzo de 2003 Soto Silva acudió ante nosotros. En el escrito presentado señaló como error lo siguiente:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al evaluar todo el récord del caso, justipreciar los [memorando] y estimar que lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia es esencial-mente correcto, [colacionar los pagos al seguro social a los ac-tivos gananciales para luego adjudicar derechos sobre ellos en la liquidación, aun cuando en Derecho el campo está ocupado], no hace determinaciones de hechfo] ni conclusiones de dere-cho, pero aplica la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Petición de certiorari, pág. 4.

Expedimos el auto solicitado y, contando con la compa-recencia de las partes, resolvemos.

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A. A primera vista, tenemos ante nosotros una nueva controversia sobre el carácter —ganancial o privativo— de las aportaciones a un plan de retiro, de pensiones o bene-ficios, hechas por un cónyuge durante la vigencia del matrimonio. Lo cierto es, sin embargo, que antes de aten-der esta controversia tenemos que analizar cómo nuestro derecho de relaciones de familia interrelaciona con la legis-lación federal que crea el programa de Seguro Social. De-bemos determinar si el Social Security Act desplaza nues-tra legislación en virtud de la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos. Art. VI, Const. E.E. U.U., L.P.R.A., Tomo 1.

La doctrina del desplazamiento del poder estatal por el poder federal que invoca el peticionario plantea un asunto de umbral. La primacía del derecho estatal en el ámbito de las relaciones de familia tiene que ceder ante el principio de la supremacía de las leyes del Congreso cuando una ley federal así lo ordena al ocupar expresamente el campo, o cuando la ley estatal incide sustancialmente sobre la política pública que establece el Congreso en alguna legislación. Hines v. Davidowitz, 312 U.S. 52 (1941); Pennsylvania v. Nelson, 350 U.S. 497 (1956), y su progenie. Véanse, además: Rodríguez v. Overseas Military, 160 D.P.R. 270 (2003); S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171 (2000); Cotto Morales v. Ríos, 140 D.P.R. 604 (1996); Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87 D.P.R. 534, 552-553 (1963); R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 2da ed., Universidad Interamericana, 2000, Vol. I, pág. 410; L.H. Tribe, American Constitutional Law, 3ra ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 2000, Vol. 1, Secs. 6.28-6.30.

Hisquierdo, invocado por el peticionario en apoyo a su argumento de desplazamiento, es la primera decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que considera la divisibilidad de un plan de beneficios del Gobierno federal. El caso giró en torno al plan de retiro establecido por el Congreso para empleados del sistema de ferrocarriles, co-nocido como el Railroad Retirement Act, 45 U.S.C.A. sec. 231 et seq., y una determinación del Tribunal Supremo de California que concluía que los beneficios concedidos por ese plan eran propiedad en común {community property) de ambos cónyuges, sujeto a división en el divorcio.

Al analizar el argumento de desplazamiento, el Tribunal Supremo diseñó el siguiente modelo de análisis dual. Primero, hay que determinar si el derecho invocado —la naturaleza de propiedad en común de los beneficios del plan de pensión— choca con las disposiciones de la legislación federal. Hisquierdo, supra, pág. 583. Segundo, determinada la existencia del conflicto, hay que evaluar si aplicar el derecho estatal inflige grave daño a intereses claros y sustanciales del Congreso. íd., pág. 581.

Establecido ese marco conceptual, el Tribunal Supremo pasó a analizar la controversia y determinó que la llamada cláusula antiembargo {anti-attachment clause) del Railroad Retirement Act chocaba directamente con el derecho de California. Véase 45 U.S.C.A. sec. 231m. El tribunal señaló que el propósito de este tipo de cláusula era garan-tizar que cualquier beneficio concedido por ley lo recibiera íntegramente el beneficiario. Indicó el tribunal:

Like anti-attachment provisions generally ... it ensures that the benefits actually reach the beneficiary. It pre-empts all state law that stands in its way. Hisquierdo, supra, pág. 584.

De ahí se concluye, lógicamente, que la decisión del tribunal de California de que los beneficios del plan de pen-sión le pertenecían también al cónyuge no pensionado era contraria a la cláusula antiembargo, pues impedía que el beneficiario recibiera la totalidad de su pensión. His-quierdo, supra, pág. 585.

El tribunal pasó luego a analizar si la normativa estatal infligía grave daño a intereses claros y sustanciales legis-lados por el Congreso en el Railroad Retirement Act, con-testando la interrogante en la afirmativa. Con la aproba-ción del Railroad Retirement Act, el Congreso tuvo la intención de legislar un programa que sirviera de aliciente a los empleados de mayor antigüedad en el sistema ferro-viario para que se acogiesen al retiro, permitiendo así la renovación de la fuerza trabajadora. Por lo tanto, si un empleado retirado tenía que compartir su plan de pensión con su ex cónyuge, el incentivo para su retiro se vería afec-tado, lo que frustraba la intención que tuvo el Congreso al aprobar el Railroad Retirement Act. Hisquierdo, supra, pág. 590. Este daño, que penalizaba a quien el Congreso pretendió proteger, era lo suficientemente grave para que se entendiera que la legislación federal desplazaba el dere-cho de relaciones de'familia de California. A base del anterior análisis, se concluyó que el pago de la pensión era un bien privativo no sujeto a división.

Al aplicar a este caso el análisis de desplazamiento de Hisquierdo, se requiere que se determine, primero, si el derecho estatal invocado —el carácter ganancial de las aportaciones al Seguro Social— es contrario a lo dispuesto en la cláusula antiembargo del Social Security Act, o a cualquier otra disposición del estatuto federal. De contes-tarse esa pregunta en la afirmativa, se pasaría a evaluar si la determinación de ganancialidad de las aportaciones al Seguro Social inflige grave daño a intereses sustanciales del Congreso, según recogidos en la legislación federal. De lo contrario, el análisis del campo ocupado concluye con una respuesta en la negativa a la primera pregunta.

Antes de hacer ese análisis, pasemos a ver cómo los es-tados han aplicado Hisquierdo a controversias relaciona-das con el Seguro Social y la división de los haberes del matrimonio ante un divorcio.

B. Debemos destacar, inicialmente, que el Tribunal Supremo federal no ha resuelto específicamente si los be-neficios concedidos bajo el Seguro Social pueden ser dividi-dos al momento de liquidarse los bienes del matrimonio. B.R. Turner, Equitable Distribution of Property, 2da ed., Colorado, McGraw-Hill, 1994, Sec. 6.06, pág. 317 (“The Supreme Court has not yet considered whether Social Security benefits are subject to division upon divorce”). Así, pues, los tribunales estatales lo que han hecho es extrapo-lar el análisis de Hisquierdo al contexto de reclamaciones bajo el Social Security Act

La mayoría de los tribunales estatales han resuelto que, en efecto —a la luz de lo establecido en Hisquierdo— los beneficios del Seguro Social son privativos del beneficiario y no acrecen la masa conyugal, por lo que no están sujetos a división en ocasión de un divorcio. Sostienen estos tribunales que considerar de alguna manera el valor de ese beneficio al dividir los bienes del matrimonio contraviene la ley federal, ya que ello resulta, necesariamente, en una división directa o indirecta de los bienes, contrario a lo dispuesto en la cláusula antiembargo del Social Security Act.

Otros tribunales estatales han concluido que aun cuando estos beneficios son de carácter privativo, son un factor que puede ser considerado al momento de dividir los bienes del matrimonio. Estos tribunales han dispuesto que los principios que informan la doctrina del Equity así lo permite. Sostienen que para dividir conforme a la equidad y la justicia la propiedad del matrimonio (equitable distribution), es apropiado considerar todos los bienes y recursos acumulados durante éste, lo que incluye, necesariamente, los beneficios del Seguro Social. Véase Turner, op. cit, pág. 318 (“State courts may consider Social Security benefits as one relevant factor in dividing other marital assets”).

De lo anterior surge que la normativa en Estados Unidos es uniforme en cuanto al carácter privativo de los beneficios que se reciben bajo el Seguro Social. Y lo cierto es que tiene que ser así, ya que la cláusula antiembargo del Social Security Act prohíbe la cesión o transferencia del derecho a recibir pagos futuros y prohíbe, además, que los pagos recibidos o por recibirse o derechos reconocidos bajo el estatuto puedan estar sujetos a gravámenes, embargos o procesos legales. Este lenguaje es claro; la intención del legislador fue que el beneficiario recibiese la totalidad de la pensión o renta a la que tiene derecho. Así, conforme lo resuelto en Hisquierdo, esta cláusula antiembargo clara-mente implica que estos beneficios o pagos son privativos y, por lo tanto, no se pueden afectar por ninguna determina-ción de los estados; sobre esto, el campo está ocupado.

Esta disposición, sin embargo, no hace referencia a las aportaciones que hace un beneficiario al fondo del Seguro Social. Por lo tanto, una determinación sobre la naturaleza de esas aportaciones no está prohibida por la cláusula antiembargo. Por otro lado, hemos analizado el Social Security Act y no hemos encontrado ninguna disposición que nos impida analizar la naturaleza de las aportaciones. Tampoco hemos encontrado jurisprudencia federal o esta-tal que aborde este tema. A base de lo anterior, hay que concluir que, en este caso, el análisis de desplazamiento de Hisquierdo concluye luego de evaluar la primera parte de ese modelo de análisis dual. No existe, entonces, impedi-mento alguno para que se evalúe la naturaleza de las apor-taciones al Seguro Social.

Cabe destacar aquí que el complejo esquema que regula los beneficios del Seguro Social contempla la interrelación de la legislación federal con el derecho sustantivo de los estados. Veamos algunos ejemplos: La determinación de quién está válidamente casado para cualificar para los be-neficios del Seguro Social es una determinación que se hace a base del derecho del estado. 42 U.S.C.A. see. 416(h)(l)(A)(i). De igual forma, es la ley estatal la que de-termina quién, a pesar de no estar legalmente casado, goza de los mismos derechos que los cónyuges, por lo que puede recibir los beneficios del Seguro Social. 42 U.S.C.A. see. 416(h)(l)(A)(ii). Si el beneficiario es un hijo adoptivo, la determinación sobre la validez de esa adopción se hace a base del derecho del estado sobre este asunto. 42 U.S.C.A. sec. 416(e)(2)(B). Finalmente, es la ley estatal la que re-gula varios aspectos relacionados con la determinación de pensión alimentaria del ex cónyuge {alimony) y al recobro de intereses por temeridad, gastos y costas. 42 U.S.C.A. see. 659.

Resulta evidente, entonces, que el Social Security Act permite y contempla la correlación de sus disposiciones con el derecho sustantivo de los estados en asuntos relacionados con las relaciones de familia. Ello debe ser así porque, de ordinario, el derecho de relaciones de familia es un asunto reservado a los estados y no de la injerencia del Gobierno federal. E.g., In re Burrus, 136 U.S. 586, 593-594 (1890) (“The whole subject of the domestic relations of husband and wife, parent and child, belongs to the laws of the States and not to the laws of the United States”). Véanse, además: United States v. López, 513 U.S. 549, 564 (1995); Thompson v. Thompson, 484 U.S. 174 (1988); Sosna v. Iowa, 419 U.S. 393 (1975).

Para resumir, de lo anterior se desprende: Primero, a base de la interpretación del Tribunal Supremo de Estados Unidos de las cláusulas antiembargo en Hisquierdo, cualquier plan de pensión, anualidad o retiro establecido por legislación federal que contenga una cláusula de esta naturaleza —como es el caso del Seguro Social— los beneficios que se reciben tienen carácter privativo y no se podrán dividir entre los cónyuges cuando se liquiden los bienes del matrimonio. Este es un asunto en el que claramente el campo está ocupado por la legislación federal y no hay margen de acción alguno para aplicar una norma en contrario. Segundo, que esos mismos beneficios, bajo la doctrina del Equity, sí se pueden tomar en cuenta al momento de hacer una división equitativa de los haberes del matrimonio. Tercero, que ni el Tribunal Supremo federal ni las cortes estatales se han expresado sobre el carácter de las aportaciones hechas vigente el matrimonio a un plan de pensión, de retiro o anualidad establecido mediante legis-lación federal, incluyendo el Seguro Social. Cuarto, que el Social Security Act no contiene ninguna disposición que impida se analice el carácter de las aportaciones que se hacen al fondo de Seguro Social. Y, por último, que el Social Security Act contempla la interrelación entre sus dis-posiciones con la legislación estatal relacionada con el de-recho de familia.

Resolvemos entonces que la doctrina del campo ocupado no constituye un impedimento para que evaluemos si, a la luz del derecho sustantivo puertorriqueño, las aportaciones hechas al Seguro Social se pueden considerar como un bien ganancial y, además, que deben incluirse en la masa que se divida cuando se liquide la sociedad legal de gananciales. Ese análisis, sin embargo, requiere no tan sólo que repasemos el estado de derecho prevaleciente en Puerto Rico sobre este asunto, sino, y más importante aún, que profundicemos sobre el programa del Seguro Social y su funcionamiento.

Veamos entonces cuál es el estado de derecho vigente en nuestra jurisdicción sobre la naturaleza de las aportacio-nes a un plan de retiro o pensión, para luego atender la controversia que se nos ha planteado a la luz del sistema creado por el Social Security Act.

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En los últimos años hemos ido matizando el contenido y alcance de las disposiciones del Código Civil que regulan el inventario y la liquidación de la sociedad legal de gananciales. Las operaciones fundamentales de la liquidación son las siguientes: la formación de inventario; la tasación de los bienes; la determinación del pasivo de la sociedad y, en su caso, el establecimiento de formas para su pago; la fijación del remanente líquido y su distribución y, finalmente, la adjudicación de bienes, por partes iguales, para su pago. El inventario deberá contener numérica-mente, para su colación, las cantidades que haya pagado la sociedad de gananciales que se deban rebajar del capital del marido o de la mujer. Art. 1317 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3692. Véase, además, A. De Cossio y Corral, Tratado práctico y crítico del Derecho Civil, Madrid, [s. EdJ, 1963, T. L, Vol. I, págs. 254-255.

Hemos resuelto que, aun cuando el Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3641, dispone que son bienes gananciales los adquiridos a título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal, o aquellos obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges, existen ciertos bienes que por razón de su finalidad y naturaleza personalísima no acrecen el haber común. Específicamente, hemos exceptuado de la norma general las pensiones por retiro y otros sistemas similares. E.g., Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370 (1972) (Maldonado); Rosa Resto v. Rodríguez Solis, 111 D.P.R. 89, 92 (1981) (Rosa Resto); Delucca Román v. Colón Nieves, 119 D.P.R. 720 (1987); Benítez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302 (1990); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 D.P.R. 624 (1994). En Maldonado, supra, pág. 375, caso normativo sobre este asunto, explicamos la norma al señalar:

La doctrina considera que la naturaleza personalísima de estas anualidades determinan su carácter privativo. Se trata de créditos intuitu personae —esto es en consideración a la persona— que, por su propia naturaleza, están excluidos de la masa común.

Es esta naturaleza personalísima lo que determina su carácter privativo. En Maldonado, supra, pág. 377, concluimos que, independientemente del modo de adquisición, “el derecho a la anualidad por retiro es uno personalísimo que nunca acrece el haber común”.

Posteriormente, en Rosa Resto, supra, pág. 92, nos reafirmamos en lo expresado en Maldonado y abundamos sobre la naturaleza personalísima de las pen-siones por retiro. Indicamos que este derecho tiene un res-petable contenido ético y moral, y

... constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años fe-cundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido en una carga de parientes o del Estado.

En Rosa Resto resolvimos que con arreglo a lo dispuesto en el inciso (2) del Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1301(2), las aportaciones que un cónyuge pensionista hace a su plan de retiro, vigente el matrimonio, son de naturaleza ganancial, por lo que la sociedad de gananciales tiene derecho a un crédito por el importe total de esas apor-taciones al momento de su disolución. Aclaramos en Rosa Resto, supra, pág. 95, que si el único bien existente para satisfacer la parte adjudicada eran los fondos de aportacio-nes acumuladas en el plan de retiro, “quedará diferido el cumplimiento de esa parte de la división de bienes de la sociedad ....”

Pasemos entonces a aplicar las normas de derecho antes mencionadas a la controversia planteada en el caso de epígrafe.

IV

El Seguro Social es uno de los programas federales de justicia social de mayor trascendencia y profundo impacto que se legislara durante el Nuevo Trato. Este es un sis-tema integrado de impuestos y transferencias que provee, entre otros beneficios, un ingreso mensual a trabajadores retirados, así como a algunos de sus dependientes. En sus comienzos, este programa era parte de una propuesta na-cional de recuperación económica cuyo objetivo primordial era proveer las garantías necesarias para evitar un estado de desamparo y dependencia en la vejez. Economic Security Act: Hearings on H.R. 4120 Before the House Comm, on Ways and Means, 74th Cong. 20 (1935), citado en G. Liu, Social Security and the Treatment of Marriage: Spousal Benefits, Earnings Sharing and the Challenge of Reform, 1999 (Núm. 1) Wis. L. Rev. 1, 5 n.7.

En Helvering v. Davis, 301 U.S. 619, 641 (1937), el Juez Asociado Cardozo describió con marcada elocuencia el pro-pósito de esta legislación al señalar:

The hope behind this statute is to save men and women from the rigors of the poor house as well as from the haunting fear that such a lot awaits them when journey’s end is near.

En su esencia, como dijimos, el Seguro Social es un sistema de seguro o ahorro público basado en impuestos que el Congreso de Estados Unidos puede alterar a su discreción. Véanse: 42 U.S.C.A. see. 1304; Califano v. Boles, 443 U.S. 282, 296 (1979) (“[T]he social security system in this country remain [s] a contributory insurance plan and [has] not become a general welfare program”). Véase, además, Flemming v. Nestor, 363 U.S. 603, 611 (1960). Este sistema goza de ciertos atributos que lo asemejan a un plan de pensión o retiro, toda vez que, al igual que éstos, el Seguro Social tiene como finalidad proveer a sus beneficiarios de un ingreso mínimo en la vejez.

El sistema de Seguro Social, sin embargo, tiene varias particularidades que lo diferencian de un plan de pensión o retiro, como el que interpretamos en Rosa Resto. Primeramente, como ya indicamos, éste es un impuesto sobre nómina que se impone en virtud de legislación federal. Véase 26 U.S.C.A. see. 3101, Sec. 3101 del Código de Ren-tas Internas federal. Por lo tanto, la aportación que se hace al Seguro Social es de carácter mandatorio y no una cuota que voluntariamente se paga. No hay tampoco mecanismo alguno que permita retirar las aportaciones hechas a tra-vés de los años al fondo que nutre el Seguro Social. De lo anterior se desprende que esas aportaciones no constitu-yen un activo de la sociedad legal de gananciales, sino todo lo contrario, un pasivo.

Además, los beneficios que se recibirán de esas aportaciones no serán sólo para el trabajador retirado —de cuyos salarios se retuvieron las aportaciones— sino también para algunos de sus dependientes, incluyendo su cónyuge, ex cónyuge o cónyuge supérstite, y los hijos dependientes. Estos beneficios se conocen como “beneficios derivados”, pues se derivan de la dependencia que genera la relación familiar que existe entre estos beneficiarios y el contribuyente o beneficiario principal. A través de las distintas disposiciones del Social Security Act se trasluce que el Congreso ha utilizado, como criterio de dependencia para conceder los beneficios derivados, la edad y el estatus matrimonial del beneficiario dependiente. Califano v. Jobst, 434 U.S. 47, 52 (1977) (“[Congress] has elected to use simple criteria, such as age and marital status, to determine probable dependency”). Ello supone, entonces, que como ocurre en este caso, de las aportaciones hechas por un cónyuge al Seguro Social el otro cónyuge ha adquirido también el derecho a recibir los beneficios del Seguro Social. Habida cuenta de lo anterior, forzoso es concluir que lo resuelto en Rosa Resto no aplica a la situación que hoy se encuentra ante nuestra consideración.

El ex cónyuge de un trabajador retirado tiene derecho a recibir beneficios bajo este programa siempre y cuando cumpla con los requisitos del estatuto. Ello es así desde 1965, cuando el Congreso enmendó el Social Security Act para hacer extensiva a una mujer divorciada los mismos beneficios que disfrutaban hasta ese entonces sólo las esposas o viudas de un beneficiario. A partir de ese momento, toda mujer divorciada que hubiera estado ca-sada por espacio de veinte años y que dependiera eco-nómicamente de su ex cónyuge cualificaba para recibir beneficios por retiro como resultado de las aportaciones he-chas por su ex marido al Seguro Social. Pub. L. 89-97, See. 308(a), 79 Stat. 375-376.

El Informe del Senado Núm. 404 del Proyecto de Reso-lución de la Cámara de Representantes 6675 (H.R. 6675), explica el propósito de estas enmiendas de la manera si-guiente:

It is not uncommon for a marriage to end in divorce after many years, when the wife is too old to build up a substantial social security earnings record even if she can find a job.
The bill would ... provide that a wife’s benefit will not terminate when she and her husband are divorced if they had been married for at least 20 years before the divorce.
These changes would provide protection mainly for women who have spent their lives in marriages that are dissolved when they are far along in years —especially housewives who have not been able to work and earn social security benefit protection of their own— from loss of benefit rights. (Énfasis suplido.) 1965 U.S.C.C.A.N. Vol. 1, págs. 2047-2048.

Así lo ha interpretado el Tribunal Supremo federal. En Califano v. Jobst, supra, pág. 52, se indicó:

The statute is designed to provide the wage earner and the dependent members of his family with protection against the hardship occasioned by his loss of earnings; it is not simply a welfare program generally benefiting needy persons. Véase, además, Mathews v. De Castro, 429 U.S. 181, 185-186 (1976).

Como señalamos, la ex esposa de un beneficiario del Seguro Social cualifica para recibir los beneficios si cumple con varias exigencias del estatuto federal. Como requisito de umbral, una ex cónyuge tiene que haber estado casada con el beneficiario por un período de diez años o más. Además, tiene que haber estado divorciada por lo menos dos años antes de solicitar los beneficios; no puede haber contraído nuevas nupeias; el ex cónyuge no puede tener derecho a recibir los beneficios del Seguro Social por derecho propio, o de tener derecho, pero la cantidad a recibir es menos de la mitad del Seguro Social del ex cónyuge, debe haber cumplido sesenta y dos años. Véase 42 U.S.C.A. sec. 402(b)(l)-(4).

Como vemos, el complejo sistema de Seguro Social provee para que de los impuestos que nutren ese fondo reciban en su día una pensión no sólo el trabajador retirado de cuyo sueldo se hicieron las aportaciones, sino también su ex cónyuge. Ello así, toda vez que el Congreso fue consciente de la dificultad que enfrentan aquellas mujeres que luego de muchos años de matrimonio, generalmente los de mayor productividad, durante los cuales se dedicaron al cuido de sus hijos en el hogar sin cotizar para el Seguro Social, ahora al divorciarse y en el atardecer de la vida ven su estabilidad económica amenazada como resultado de ese divorcio. Por lo tanto, de ese sueldo que se reputa ganancial —Art. 1301(2) del Código Civil, supra, y del cual se retienen las contribuciones que nutren el fondo del Seguro Social— el Congreso dispuso que ambos miembros de la sociedad legal de gananciales reciban, en su día, los beneficios del Seguro Social.

Habida cuenta de lo anterior resolvemos que, a la luz de los hechos particulares de este caso, no procede colacionar las aportaciones que el peticionario ha hecho al Seguro Social.

En mérito de lo anterior, revocamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los proce-dimientos acorde con lo dispuesto en la opinión que antecede.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López con concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión concurrente y disidente, a la cual se unió la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Opinión concurrente y disidente emitida por el Juez Aso-ciado

Señor Fuster Berlingeri,

a la cual se une la Jueza Asociada Señora Fiol Matta.

Como se indica en la propia opinión de la mayoría del Tribunal, ha sido doctrina firme de este Foro que las pen-siones y los planes de retiro son bienes privativos por su naturaleza personalísima. Por ello, concurro con la parte del dictamen de la mayoría aquí de que los beneficios del Seguro Social federal son privativos y no pueden incluirse en el inventario del caudal ganancial sujeto a liquidación.

Del mismo modo, hemos resuelto reiteradamente que las aportaciones a los sistemas de pensiones y planes de retiro que se pagan a costa del caudal común son de natu-raleza ganancial, por lo que la sociedad de gananciales tiene derecho a un crédito por el importe total de esas apor-taciones al momento de su disolución. Esta importante norma tiene dos fundamentos principales. Por un lado, surge de lo dispuesto expresamente por el Código Civil de Puerto Rico, en sus Arts. 1301, 1308 y 1317 (31 L.P.R.A. sees. 3641, 3661 y 3692), según lo hemos interpretado, con respecto a lo que aquí nos concierne. Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89 (1981). Por otro lado, se apoya, además, en una consideración de equidad, puesto que ha-biéndose adquirido el privatísimo derecho a una pensión con fondos gananciales, es justo que al cónyuge que no es el titular de esa pensión se le reconozca, al menos, un crédito por la parte correspondiente del caudal común invertido en la adquisición de la pensión referida.

Sin embargo, la mayoría del Tribunal hoy se aparta de nuestra posición histórica respecto al crédito por tales aportaciones cuando son para el Seguro Social federal. El decreto mayoritario se emite a pesar de que se reconoce que no hay nada en la legislación federal que requiera tal resultado. No comparto esta parte del dictamen de la mayoría.

El decreto mayoritario en cuestión constituye una revo-cación sub silentio de lo que muy deliberadamente resolvi-mos en Rosa Resto v. Rodríguez Solis, supra. En ese caso, estaban en cuestión las aportaciones de un juez pagadas mediante deducciones salariales compulsorias al Sistema de Retiro de la Judicatura. Resolvimos que aunque la pen-sión del juez era privativa, las aportaciones mediante las cuales se adquirió la pensión eran gananciales, y le reco-nocimos el crédito correspondiente a su esposa. Expresa-mente determinamos que esas aportaciones se tenían que incluir en inventario y colacionarlas en la liquidación de bienes gananciales. Rosa Resto v. Rodríguez Solís, supra, pág. 93. El carácter de esas aportaciones era esencial-mente igual en lo que aquí nos concierne a las deducciones salariales del Seguro Social federal del caso de autos, por lo que deben tratarse de igual modo.

El único fundamento formulado por la mayoría para apartarse de nuestra reiterada doctrina sobre el crédito por las referidas aportaciones es que la ex cónyuge en el caso de autos, de sobrevivir por tiempo suficiente y una vez solicite los correspondientes beneficios, podría resultar fa-vorecida también de tales aportaciones al Seguro Social federal si cumple con toda una serie de requisitos tales como no haber contraído nuevas nupcias, haber cumplido al menos sesenta y dos años de edad, y no estar cualificada para recibir beneficios del Seguro Social por derecho propio. Es decir, la mayoría del Tribunal sólo ofrece una endeble justificación para apartarse de nuestra fundamental doctrina jurídica, una que depende de varias eventua-lidades aleatorias. Más aún, para nada toma en cuenta la mayoría el hecho de que la ex cónyuge en el caso de autos contribuyó durante treinta y nueve años para hacer posible la pensión que ahora su ex marido disfrutará por su sola cuenta. No se le da peso al hecho crucial de que esa pen-sión se pagó con bienes comunes. Tampoco se pondera cómo compararía el monto del crédito en cuestión con el su-puesto beneficio que podría recibir la ex cónyuge del Se-guro Social por las aportaciones referidas; no se explica por qué la ex esposa no puede obtener ese crédito junto con el potencial beneficio del Seguro Social, en vista de la natu-raleza de este programa que persigue fines de bienestar social que rebasan por mucho el entramado de las aportaciones.

En mi criterio, el claro derecho a un crédito por la apor-tación ganancial no se debe conculcar a base de la frágil consideración de que podría ser que la ex cónyuge se bene-ficie de esa aportación. Además, habida cuenta de la situa-ción prevaleciente todavía en la mayoría de los matrimo-nios del país, la denegatoria del crédito que aquí nos concierne no sólo menoscaba el entramado de nuestro De-recho Civil y la equidad, sino que atenta también contra la fuerte política constitucional que existe en Puerto Rico “ ‘de lograr la igualdad entre los esposos y proteger a la mujer, por tantos siglos marginada ...’ ”. Carrero Quiles v. Santiago Feliciano, 133 D.P.R. 727, 735 (1993).

Por todo lo anterior, se debe reconocer a la ex esposa del caso de autos el crédito que le corresponde. Como la mayo-ría resuelve de otro modo, yo disiento con respecto a esta parte del dictamen.

      C1) Es inquietante que un argumento de esta importancia haya sido ignorado tanto por el Tribunal de Primera Instancia como por el Tribunal de Apelaciones.

       Véanse, además: McCarty v. McCarty, 453 U.S. 210 (1981); Mansell v. Mansell, 490 U.S. 581 (1989). En McCarty, el Tribunal Supremo, construyendo sobre Hisquierdo v. Hisquierdo, 439 U.S. 572 (1979) (Hisquierdo), revocó la determinación de que la pensión por retiro de un miembro de las fuerzas armadas era propiedad en común del matrimonio, por lo tanto era divisible. Por otro lado, en Mansell se resol-vió que la pensión por incapacidad de un miembro de las fuerzas armadas no era propiedad en común del matrimonio, por lo tanto no era divisible.

      8) Para una discusión más abarcadora sobre el modelo de análisis diseñado en Hisquierdo para determinar si aplica o no la doctrina del campo ocupado, véanse: J.A. Riddle, Preemption of Reconcilable State Regulation: Federal Benefit Schemes v. State Marital Property Law, 34 Hastings L.J. 685, 697 (1982) (“Hisquierdo established an unprecedented standard for preemption disputes involving state marital property law”); Quirk, State Community Property Laws: Coping with Federal Tax and Pension Laws, 19 Gonz. L. Rev. 481 (1984).

       Esta sección dispone, en lo pertinente:
      “[Notwithstanding any other law of the United States, or of any State, territory, or the District of Columbia, no annuity or supplemental annuity shall be assignable or be subject to any tax or to garnishment, attachment, or other legal process under any circumstances whatsoever, nor shall the payment thereof be anticipated.”

       La cláusula antiembargo del Social Security Act dispone:

        “[Section] 407. Assignment [of benefits.]

      “(a) [In general]
      “The right of any person to any future payment under this subchapter shall not be transferable or assignable, at law or in equity, and none of the moneys paid or payable or rights existing under this subchapter shall be subject to execution, levy, attachment, garnishment, or other legal process, or to the operation of any bankruptcy or insolvency law.” 42 U.S.C.A. sec. 407(a).

       Véanse, entre otros: In re Marriage of Rogers, 2004 WL 2341836 (Ill. App. 4 Dist.); In re Marriage of Crook, 778 N.E.2d 309 (Ill. 2002); Kelly v. Kelly, 9 P.3d 1046 (Ariz. 2000); Wolff v. Wolff, 929 P.2d 916 (1997); In re Marriage of Boyer, 538 N.W.2d 293 (Iowa 1995); Olson v. Olson, 445 N.W.2d 1 (N.D. 1989); Crocker v. Crocker, 824 P.2d 1117 (Okla. 1991); Powell v. Powell, 577 A.2d 576 (Pa. 1990); Mann v. Mann, 778 P.2d 590 (Alaska 1989); Richard v. Richard, 659 S.W.2d 746 (Tex. 1983).

       Véanse, e.g.: Neville v. Neville, 791 N.E.2d 434 (Ohio 2003); In re Marriage of Zahm, 955 P.2d 412 (Wash. 1998); Mahoney v. Mahoney, 681 N.E.2d 852 (Mass. 1997); In re Marriage of Miller, 475 N.W.2d 675 (Iowa 1991); Pongonis v. Pongonis, 606 A.2d 1055 (Me. 1992); Hogan v. Hogan, 796 S.W.2d 400 (Mo. 1990); In re Marriage of Meyer, 430 N.E.2d 610 (III. 1981); Karr v. Karr, 628 P.2d 267 (Mont. 1981), cert. denegado, 455 U.S. 1016 (1982).

       Para un resumen sobre los modelos que existen en Estados Unidos para la división de los bienes acumulados durante el matrimonio, véanse: C.J. Frantz y H. Dagan, Properties of Marriage, 104 (Núm. 1) Col. L. Rev. 75 (2004); M.J. Vaughn, The Policy of Community Property and Inter-Spousal Transactions, 19 Baylor L. Rev. 20, 20-27 (1967); W. Reppy y C. Samuel, Community Property in the United States, 2da ed., Virginia, Michie, 1982.

       Véase esc. 5.

       Cabe señalar que, a pesar de los rigores de la cláusula antiembargo del Social Security Act, en 1975 el Congreso enmendó la legislación para permitir que de los pagos mensuales del beneficiario se pudiera satisfacer el pago de la pensión del cónyuge (alimony) y la pensión alimentaria de hijos dependientes (child support). Véase 42 U.S.C.A. see. 659. Con esa enmienda se quiso corregir el problema de padres que, abusando de la cláusula antiembargo, no cumplían con su responsabili-dad alimentaria para con sus hijos y ex cónyuges. P.L.93-647, Social Services Amendments of 1974, Senate Report No. 93-1356, Dec. 14, 1974.

      u) Se estima que los beneficios provenientes del Seguro Social representan, para el sesenta y dos por ciento de la población envejeciente, el cincuenta por ciento o más de sus ingresos; para el veintiséis por ciento representa más de un noventa por ciento de los ingresos, y para un 15% quince por ciento de la población con derecho a recibir beneficios, el Seguro Social representa su única fuente de ingresos. G. Liu, Social Security and the Treatment of Marriage: Spousal Benefits, Earnings Sharing and the Challenge of Reform, 1999 (Núm. 1) Wis. L. Rev. 1, 3.

       En 1973 el Congreso enmendó nuevamente el Social Security Act para re-ducir a diez años el tiempo en que los cónyuges debían permanecer casados para que la esposa divorciada cualificara para los beneficios del Seguro Social. Pub. L. 95-216, Secs. 336(a)(3), (B)(3), (C)(1), 91 Stat. 1547.

      ls) En 1972 el Congreso eliminó el requisito de dependencia antes mencionado. Pub. L. 92-603, Secs. 114(a)(b), 86 Stat. 1348.

       Si el cónyuge divorciado está recibiendo los beneficios del Seguro Social y contrae nuevas nupcias, pierde el derecho a recibir tales beneficios. Si el segundo matrimonio termina, bien por divorcio, muerte o anulación, se recupera el derecho a recibir los beneficios del primer cónyuge. Si el segundo matrimonio duró diez años o más, se pueden recibir los beneficios como ex cónyuge de ese segundo esposo.