author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Alejandro Laborde, demandante y apelado, v. El Municipio de Isabela, demandado y apelante.
    No. 3881.

    Visto: Febrero 6, 1928.

      Resuelto: Abril 25, 1928.

      George G. Butte, Procurador General y J. A. López Acosla y B. A. Gómez, Sub-Procuradores, abogados del Interventor.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El Municipio de Isabela efectuó un contrato con Alejandro Laborde, según el cual éste prestaría sus servicios para la consecución de un empréstito que sería obtenido por .dicho municipio, garantizado con bonos. Para tal fin, el 29 de octubre de 1923 el municipio pasó una ordenanza que fue •aprobada por el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, según •lo exige la ley. La cantidad que se convino pagar al deman-dante fue la de cinco mil dólares, y el pago debía efectuarse .tan pronto como el dinero del empréstito ingresara en el tesoro municipal. Cuando le fue presentada la reclamación al.municipio, éste se negó a pagarla, fundándose únicamente en que no le había sido posible obtener autorización al efecto del Contador (Auditor) de Puerto Rico. La Corte de Distrito de Aguadilla revisó los hechos, y llegó a la conclusión .de que los servicios habían sido prestados, y que el municipio había salido beneficiado con ellos, dictando sentencia a favor del demandante en un pleito ordinario en cobro de dinero. El municipio compareció, y en un alegato radicado ante este tribunal alega la comisión de varios errores, algunos de los cuales fueron considerados, o parcialmente considerados, en el caso de Costas Purcell v. El Municipio de Las Marías, 37 D.P.R. 19. Diremos de paso que en dicho caso, al desestimar por el.voto dividido del tribunal una moción solicitando una nueva vista, presentada por el Procurador General de Puerto Rico como amicus curiae, lo hicimos así con la reserva interior de que en otra ocasión ante el tribunal en pleno volveríamos a revisar algunas de las cuestiones levantadas en el caso. La mayoría de la corte fué de opinión, entre otras cosas, que la reconsideración solicitada había sido presentada demasiado tarde ya que el caso había sido resuelto' enteramente sobre sus méritos por esta corte.

En el presente caso el apelante sostiene en su alegato la necesidad de que el Contador de Puerto Rico, apruebe la cuenta del demandante. El apelado trató de refutar esta contención. El caso no había sido visto ante este tribunal sobre sus méritos, cuando el 16 de diciembre de 1927 el Pro-curador General de Puerto Rico radicó una moción de inter-vención a nombre del Contador de Püerto Rico. La moción fué vista ante el tribunal en pleno el 16 de febrero de 1928.

Tal vez el derecho del Contador a intervenir en este estado del procedimiento podría decidirse considerando- úni-camente los derechos que tiene nna parte a ser agregada a los antos después que el caso se encuentra en la corte de apelación. Sin embargo, tenemos otro caso pendiente de resolución que envuelve el derecho del Contador a ser in-cluido como parte en la corte inferior. Si no tiene derecho a intervenir en un caso como el presente en la corte inferior, una decisión a tal efecto resolvería también la presente moción. Hemos creído prudente hacer un esfuerzo para que el tribunal en pleno considere, por lo menos superficialmente, los derechos del Contador de Puerto Rico, así como su de-recho a intervenir como parte en la corte inferior. En el caso de Pérez v. La Corte de Distrito de Arecibo, una solicitud de mandamus contra el Auditor Municipal de TJtuado, la Corte de Distrito de Arecibo ordenó o permitió tal intervención. El caso fué traído ante este tribunal mediante recurso de certiorari, número 585, y fué visto ante cuatro de los jueces de la corte. Consideraremos en primer tér-mino los derechos del Contador de Puerto Rico.

La legislación a considerar es la Ley del Congreso de 2 de marzo de 1917, conocida con el nombre de “Ley Jones.” Si bien la Constitución de los Estados Unidos es aplicable a Puerto Rico hasta cierto punto, y la Ley Foraker lo es también en tanto en cuanto no ha sido reemplazada, la principal base del derecho constitucional es dicha Ley Jones. Los artículos a ser interpretados en la citada ley son el 20 y el 21. Leen como sigue:

“Artículo 20. — El Presidente nombrará un Contador,.. con un sueldo anual de $5,000, por un término de cuatro años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. El Contador examinará, intervendrá y liquidará todas las cuentas concernientes a las ren-tas e ingresos de cualquier procedencia que fueren, del Gobierno de Puerto Rico y de los gobiernos municipales de Puerto Rico, incluyendo fondos públicos en depósito y fondos procedentes de emi-siones de bonos; e intervendrá de acuerdo con la ley y reglamentos administrativos, todos los gastos de fondos o propiedades pertene-cientes al Gobierno de Puerto Rico' o a los municipios o dependen-cias del mismo, o tenidos en depóisitos por ellos. Desempeñará fun-ciones semejantes con respecto a todas las ramas del Gobierno.
“Llevará las cuentas generales del Gobierno y guardará los com-probantes pertenecientes a las mismas.
“Será deber del Contador llamar la atención del funcionario ad-ministrativo correspondiente bacia los gastos de fondos o propieda-des que, a su juicio, sean irregulares, innecesarios, excesivos o ex-travagantes.
“En caso de vacante del cargo de Contador o de encontrarse éste ausente, por cualquier motivo, el Gobernador de Puerto Rico podrá designar un auxiliar, quien se hará cargo de la oficina.
“La jurisdicción del Contador sobre las cuentas, bien sean de fon-dos o de propiedades, y sobre todos los comprobantes y antecedentes correspondientes a las mismas, será exclusiva. Con la aprobación del Gobernador, redactará y promulgará de tiempo en tiempo reglas y reglamentos generales o especiales que no sean incompatibles con la ley, referente a los métodos de contabilidad para fondos y propie-dades públicos, y para fondos y propiedades tenidos' en depósitos por el Gobierno o por cualquiera de sus ramas; Disponiéndose, que cual-quier funcionario responsable de fondos o propiedades públicos podrá exigir de sus subordinados o de otras personas aquellos informes b datos adicionales que considerare necesarios para su propia informa-ción y protección.
“Las decisiones del Contador serán finales, a no ser que se apele de ellas por la parte perjudicada o por1 el jefe del departamento in-teresado, dentro de un año, en la forma que se prescribe más ade-lante. El Contador tendrá, excepto en los casos que se determinan más adelante, la misma autoridad que se confiere por la ley a los diferentes contadores de los Estados Unidos y al Contador del Tesoro-de los Estados Unidos, y está autorizado para comunicarse directa-mente con cualquier persona que tenga reclamaciones pendientes de resolución ante él, o con cualquier departamento, funcionario o persona que tenga relaciones ofieialés con su oficina.
“Tan pronto, después de terminado cada año económico, como las-cuentas de dicho’año puedan ser examinadas y liquidadas, el Con-tador someterá al Gobernador un informe anual de las operaciones financieras del Gobierno, que demuestre los ingresos y desembolsos de los diferentes departamentos y negociados del Gobierno y de las varias municipalidades, y liará aquellos otros informes que solici-tare el Gobernador o el jefe del departamento ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos que será designado por el Presidente según se provee en esta Ley.
“En el ejercicio de sus deberes el Contador está autorizado para citar testigos, y tomar juramentos y testimonios, y, en cumplimiento de estas disposiciones, podrá extender citaciones bajo apercibimiento y bacer obligatoria la comparecencia de testigos.
“La oficina del Contador estará bajo la inspección general del Go-bernador, y constará del Contador y los auxiliares necesarios que pres-cribiere la ley.
“Artículo 21. — Cualquier persona perjudicada en la liquidación de su cuenta o reclamación por la aeeiq|n o decisión del Contador, podrá, dentro de un año, entablar una apelación por escrito ante el Gobernador, en la cual expondrá específicamente la resolución particular', contra la que apela, tomada por el Contador, y las razones y autoridades en que se apoya para pedir la revocación de dicha deci-sión. La decisión del Gobernador en tal caso será definitiva, con su-jeción al derecho de acción que en contrario pueda disponerse por ley.”

En el primer párrafo del artículo 20 se dispone que el Contador “examinará, intervendrá 'y liquidará todas las cuentas concernientes a las rentas e ingresos, de cualquier procedencia que fueren, del Gobierno de Puerto Rico y de los gobiernos municipales de Puerto Rico, incluyendo fondos públicos en depósito y fondos procedentes de emisiones de bonos.” Aunque las tres palabras son sinónimas basta cierto punto, la palabra “liquidará” es la más fuerte.

Esa palabra, no obstante, es susceptible de varios signi-ficados. A veces significa una determinación final, y fre-cuentemente quiere decir fijar la base de la contabilidad entre dos partes, sin determinar necesariamente los derechos esen-ciales entre ellas. A veces sólo establece una presunción de exactitud. Fajardo Sugar Co. v. Holcomb, 16 Fed. (2d) 92, 95; Auzerais v. Naglee, 70 Cal. 60, 67, 15 Pac. 371, 373; City of Longview v. Capps, 123 S. W. (Tex) 160, 162, 35 Cyc 1442 et sec.; 15 C. J. 516; 39 Cyc 761. Interpretando dicho artículo, la Corte de Circuito de Apelaciones, en. el caso de Fajardo Sugar Co. v. Holcomb, dijo: “ Aprobar b desaprobar un desembolso no es liquidar la base legal de ese desembolso.” Más tarde analizaremos dicho caso. Palabras como “liquidar,” “ajustar,” y “revisar” (settle, adjust y audit) tienen un significado ambiguo y su determinación depende del contexto en que se usan.

Sobre el interés, nexo o relación que el Contador del Estado pueda tener con otro ciudadano o reclamante, poca luz puede arrojar el mero uso de la palabra “Contador.” Esta es igualmente una palabra ambigua. No se ha citado caso alguno en el cual al radicarse un pleito ordinario contra el Gobierno o cualquiera de sus dependencias, el interés del Contador sea tal que éste haya sido una parte necesaria en el pleito. Las indicaciones son en sentido contrario. Uno de. los casos' mejor considerados procede del Estado de Washington. State v. Clausen, 44 Wash. 427, 87 Pac. 498. El inciso primero del artículo 134 de los Códigos y Esta--tutos Anotados, de Ballinger, disponía que será deber del contador del estado “revisar {audit), ajustar y liquidar todas las reclamaciones contra el estado, a excepción única d.e las reclamaciones que la ley expresamente exija qué sean revisadas y liquidadas por otros funcionarios y personas.” El caso no giró sobre la excepción mencionada. El recla-mante había prestado servicios actuando como perito para determinar el costo de la construcción de ferrocarriles. La corte resolvió, tal vez eliminando la cuestión de fraude, que la Comisión de Ferrocarriles era la única que propiamente podía resolver la reclamación del peticionario. En el Estado de Washington, tenga o no discreción el funcionario, puede obligársele a cumplir un deber hacia un ciudadano que pre-sente una reclamación; y se dijo que la única cuestión ante la corte era la justicia de la reclamación. Se admitió, arguendo, que la misma práctica liberal permitiría al Con-tador del estado interponer cualquier defensa, al ser deman-dado directamente. En otras palabras, nada bubo en la posición del Contador que le diera un interés de tal magnitud que hiciera que su decisión fuera terminante. Citó del casó de People v. Stephens 71 N. Y. 549, donde la corte dijo:

“No existe una ley para el soberano y otra para sus súbditos. Pero cuando el soberano se dedica a los negocios y a la dirección de empresas comerciales, y contrata con individuos, aunque no cabe una' acción contra el soberano por quebrantamiento del contrato cuando1 'éste se lleva ante una corte por cualquier motivo, los derechos y.obli-. gaciones de la parte contratante deben ser ajustados sobre los mis-, mos principios como si ambas partes fuesen personas particulares.' Ambas son iguales ante los ojos de la ley, y el soberano ocupa el lugar del traficante, del contratista y del litigante.”

Se ordenó la expedición de un auto de mandamus contra el Contador del Estado de Washington. Véase también el caso de State ex rel Washington Pav. Co. v. Clausen, 90 Wash. 450, 452.

Se presentan reclamaciones contra el G-obierno de los Estados Unidos. En distintas ocasiones el Congreso ha-pro-visto remedios pa.ra estas reclamaciones, a veces concediendo pleitos en la Corte de Reclamaciones, y a veces independien-temente en- las cortes fedérales. Concurrentemente con el derecho de acudir a las cortes, el Congreso también ha establecido una oficina de contabilidad como negociado del Depar-tamento de Tesorería y también ha creado un Contador del Tesoro (Comptroller of ;the Treasury). En ciertos casos las actuaciones de estos funcionarios resuelven finalmente las reclamaciones. No pretendemos examinar todos los de-beres impuestos a estos funcionarios. Sin embargo, varios estatutos conceden autoridad a estos funcionarios para liqui-dar reclamaciones. En algunos estatutos se reserva el de-recho de acudir a los tribunales. Y en algunos de ellos el derecho no está definido con tanta claridad. La política general que se signe en los Estados Unidos, tanto por su legislación cómo por las decisiones de las cortes, no lia lieolio qüe el derecho de los ciudadanos a cobrar sus reclamaciones contra los Estados Unidos dependa únicamente de las actua-ciones de estos funcionarios. Las cortes no lo han hecho así a menos que el estatuto mismo haga que tal intención sea evidente. La tendencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos es considerar como finales en el sentido ejecutivo, palabras de carácter general en un estatuto que hacen que las decisiones de los funcionarios encargados de la contabilidad sean finales. United States v. Harmon, 147 U. S. 268; Smithmever v. United States, 147 U. S. 342; United States v. Foreman, 48 Pac. (Okla.) 92; United States v. Babcock, 250 U. S. 331 y casos citados; St. Louis Brownsville & Mexico Ry. Co. v. United States, 268 U. S. 170, 174. En este último caso se trataba de una reclamación por trans-porte de soldados y de la negativa a pagar la reclamación por parte de los funcionarios encargados de la contabilidad del Tesoro. La corte dijo: “Ninguna actuación de estos funcionarios podría obstaculizar el derecho de un reclamante a que la Corte de Reclamaciones determine si él tiene derecho a recobrar lo que reclama por virtud de un contrato celebrado con el gobierno.” El caso de State ex rel Savre v. Moore, 25 L.R.A. 774, fue uno en que la corte, por el voto de la mayoría, resolvió que determinada asignación hecha por la Legislatura para pagar los servicios de un abogado, tenía el carácter de una gratificación, y que por tanto no tenía que ser revisada por el Contador, según lo disponía la Constitución de Nebraska. No obstante, de la decisión es aparente que en Nebraska se puede apelar para ante las cortes de las actuaciones del Contador.

Nos referiremos nuevamente a la Carta Orgánica. Esta no sólo define los derechos y deberes del Contador, sino que en su artículo 37 da a la Legislatura local amplios poderes. Ese artículo dice así:

“La autoridad legislativa estatuida por la presente, se aplicará a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean localmente inaplicables,, incluyendo la facultad de crear, consolidar y reorganizar los municipios, según fuere necesario, y proveer y derogar leyes y ordenanzas para los mismos; y también la facultad de alterar, refor-mar, modificar o derogar cualquiera o todas las leyes y ordenanzas, de cualquier clase, actualmente vigentes en Puerto Rico o en cual-quier municipio o distrito del mismo, hasta donde dicha alteración, reforma, modificación o derogación fuere compatible con las disposi-ciones de esta Ley.
“No se creará por la Asamblea Legislativa ningún departamento ejecutivo no provisto por esta Ley: pero la Asamblea Legislativa po-drá consolidar departamentos, o suprimir cualquier departamento, con el consentimiento de! Presidente de los Estados Unidos.”

Tanto de acuerdo con la Carta Orgánica como antes de su aprobación la Legislatura creó municipios con podér o capa-cidad para efectuar contratos y para demandar y ser deman-dados. Tal poder de demandar y ser demandada es inhe-rente en una corporación municipal, una vez que es creada sin limitación en cuanto a su capacidad. People v. Rosaly, 227 U. S. 270, 277.

Sobre la capacidad inherente a ser demandados los muni-cipios, véase “Dillon on Municipal Corporations,” párrafo 771, quinta edición, página 1139; 43 C. J. 191 et seq.; 19 S.C.L. 337; 14 C. J. 785; Board of Park Commissioners v. Nashville (Tenn.), 185 S. W. 700.

El caso de People v. Rosaly, supra, es uno que establece la excepción a la regla. Un soberano o quasi-soberano no puede ser demandado sin su propio consentimiento, pero cualquier otro cuerpo político o corporación pueden serlo.

Con estos antecedentes, no podemos llegar a la conclusión de que fuera la intención del Congreso orear un tribunal especial o independiente en la persona del Contador de Puerto Pico. Las únicas palabras en la ley a ese efecto son las siguientes: “Las decisiones del Contador serán, finales, a no ser que se apele de ellas por la parte perjudicada o por el jefe del departamento interesado, dentro de un año, en la forma que se prescribe más adelante.” Pero rio vemos disposición alguna en tales palabras de privar a un ciuda-dano que efectúa un contrato con un municipio, de su derecho a demandar, o de su derecho a demandar sin acudir pri-meramente al Contador. Las otras palabras de dicho artículo tienden a demostrar que los derechos o decisiones del Contador son similares a los de los contadores de los Estados Unidos o del Contador del Tesoro.

El caso de Fajardo Sugar Co. v. Holcomb, 16 Fed. (2d) 92, Supra, es marcadamente pertinente y persuasivo, si no terminante. Según la corte, la principal cuestión era si el Contador de Puerto Eico tenía, de acuerdo con el artículo 20 de la Carta Orgánica, poder para revisar e imponer de nuevo contribuciones que ya habían si'do fijadas de actíerdo con las leyes aprobadas por la Legislatura de Puerto Eico. La posición del Contador en aquel entonces, según la asumió el Procurador General, tenía dos aspectos. “Primero, que el Contador de Puerto Eico tiene derecho a revisar {audit) las cuentas del Tesorero; y, segundo, que el Contador de Puerto Eico, como consecuencia de tal poder, tiene derecho a revisar cualquier decisión del Tesorero de Puerto Eico.” La corte entonces dijo: “Esto equivale a decir que el Con-tador forma parte — una parte casi dominante — del poder de imponer y cobrar las contribuciones,” y, además, que “desde el principio notamos que la palabra ‘Contador’ ordinaria-mente no implica poder para imponer contribuciones o para revocar las decisiones con fines contributivos. Generalmente, el Contador es un funcionario del gobierno cuyo deber es examinar las actuaciones de funcionarios que han recibido y desembolsan fondos públicos por virtud de autoridad legal. (Se citan casos.) Si de acuerdo con la Carta Orgánica de Puerto Eico, el Contador tiene, total o parcialmente, dominio sobre el poder de imponer contribuciones, deberíamos esperar que tal delegación extraordinaria haya sido concedida explí-(sitamente, pero no la hallamos.” Lo mismo podemos decir con respecto al derecho a intervenir en contratos, o de afectar la responsabilidad general de nn municipio en cnanto a pleitos se refiere.

Después de copiar los artículos 20' y' 21, supra, la corte dijo:

“No nos es posible adoptar la contención del Procurador General de Puerto Rico de que el poder del Contador de acuerdo con este artículo 20 de ‘examinar, revisar y liquidar todas las cuentas concer-' nientes a las rentas e ingresos’ signifique que las decisiones del Te-sorero y de otros funcionarios encargados dé la administración del po-' der de imponer contribuciones estén sujetas a ser revisadas por el Contador. Este no es el significado natural de la palabra ‘liquidar’ (settle) interpretada a la luz,del contexto y de los deberes corrientes de un contador. Indudablemente las cuentas del Tesorero, con rela-ción al cobro de contribuciones impuestas de conformidad con la ley, están sujetas a ser examinadas y aprobadas o desaprobadas por el Contador. Pero ‘liquidar’ una cuenta es una cosa; determinar lai base legal de tal cuenta es otra muy distinta. Liquidar las cuentas relativas a los ingresos por! concepto de contribuciones no es imponer las contribuciones de las cuales se derivan tales ingresos. Aprobar o desaprobar un desembolso no equivale a liquidar la base legal de tal desembolso. El deber del Contador es llamar la atención de los funcionarios administrativos correspondientes a los gastos ‘irregula-res’ o aun ‘extravagantes’ — convirtiéndose así en un crítico de Ios-gastos, para lo cual existe en alguna otra parte cierta discreción. Pero el Contador no está investido de los poderes reales de otros fun-cionarios encargados de los desembolsos.”

La corte entonces pasó a tratar consideraciones más gene-rales, o sea, el derecho de la Legislatura a aprobar leyes con-tributivas no sujetas a ser revisadas por el Contador, y dijo:

“El resultado es que toda la legislación portorriqueña existente ahora en los estatutos es — en un sentido muy real, aunque indirecto — obra de nuestro Gobierno Federal. Bajo tales condiciones la corte no debe asumir ligeramente que las leyes contributivas de Puerto Rico, que ahora se alega están en conflicto con el artículo 20 de la Carta Orgánica, son inconsistentes y, por tanto, nulas. Indudable-mente, la relación de la Carta Orgánica con el Gobierno de Puerto Rico es, en ciertos aspectos, igual que la relación de la> Constitución de un Estado con su legislatura. Camuñas v. P. R. Ry., etc., Co. (C. C. A.), 272 Fed. 924, 928.
“Pero la analogía no es completa, ya que, después de todo, la Carta Orgánica no es otra cosa que legislación federal, y la legisla-ción portorriqueña, aprobada expresa o implícitamente por el Con-greso, tiene exactamente el mismo alcance.
“A la luz de estas explícitas disposiciones, consistentes con la ar-mazón general del Gobierno de Puerto Rico, existentes de acuerdo con los estatutos portorriqueños aprobados por el Gobernador e im-plícitamente aprobados también por el Congreso, no podemos resolver que el Contador forma, según ahora se alega, parte de la maquina-ría que fija y administra las contribuciones en Puerto Rico."

La corte terminó diciendo que el Contador, aunque tiene ciertos poderes para examinar y revisar las actuaciones de otros funcionarios, no tenía autoridad para revisar y fijar nuevamente las contribuciones. Existe una fuerte analogía con respecto al derecho a revisar las actuaciones de un muni-cipio. A menos que los municipios no tengan una existencia independiente, tal poder los obstaculizaría a cada paso. La autoridad del contador en lo referente a contratos celebrados por un municipio debe ser considerada como meramente consultiva (advisory). Probablemente es dis-tinto cuando el Contador revisa las actuaciones de ciertos .funcionarios del gobierno que no envuelven contratos otor-gados por los municipios de conformidad con la ley.

En el caso de Axtmayer v. Kessinger, 32 D.P.R. 915, se resolvió que una persona empleada del gobierno, que de-manda en cobro de sueldos, debe primero agotar los remedios administrativos. El juez que suscribe disintió de dicha opinión únicamente por el fundamento de que en dicho caso el peticionario no había agotado todos los remedios admi-nistrativos. Desde luego, el-caso demuestra que hay ciertas ocasiones en que primero se debe acudir al Contador. Natu-ralmente, hay casos en que la actuación del Contador es una condición precedente para poderse recobrar la cantidad re-clamada. Necesariamente tienen que haber casos en que la actuación del Contador es final, pero resolvemos que la actuación del Contador solamente' puede ser consultiva cuando un ciudadano lia efectuado un contrato con un municipio de acuerdo con la ley.

Refiriéndonos nuevamente a la misma Carta Orgánica, en ésta, en su artículo 21, después de proveer una apelación de la decisión del Contador para ante el Gobernador, bailamos lo siguiente: “La decisión del Gobernador en tal caso será definitiva, con sujeción al derecho de acción que en contrario pueda disponerse por ley.” Esto tiene que significar los derechos de acción que la Legislatura ha concedido o puede conceder, incluyendo el derecho a demandar a un municipio creado por ella, por una responsabilidad contraída.

Podríamos decir con algún énfasis que los municipios podían ser demandados antes de aprobarse la Ley Jones y que en ésta el Congreso demostró su intención de respetar-las leyes existentes en nuestros estatutos. El artículo 57 de esta ley lee como sigue:

“Las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, continuarán vigentes, excepto en aquello en que sean alteradas, en-mendadas o modificadas por la presente, hasta que sean alteradas, en-mendadas o derogadas por la autoridad legislativa que se provee en la presente para Puerto Rico-, o por ley del Congreso de los Estados Unidos; y dicha autoridad legislativa' tendrá poder, cuando no- exista incompatibilidad con esta Ley, mediante la debida legislación, para enmendar, alterar, modificar o derogar cualquier ley u ordenanza, civil o criminal, que continúe en vigor en virtud de esta Ley, según de tiempo en tiempo lo estimare conveniente.”

Por tanto, es evidente que un ciudadano no necesita obtener el consentimiento del Contador con el fin de contratar con un municipio, según resolvimos o indicamos en el caso de Costas Purcell v. Municipio de Las Marías, supra. En aquel entonce? no se había llamado nuestra atención a la decisión de la Corte de Circuito de Apelaciones, supra.

También podríamos llamar la atención al hecho de que si fuera necesaria la liquidación o aprobación del Contador, tal defensa podría siempre ser levantada por el municipio sin necesidad de bacer al Contador una parte en el pleito.

En lo que a la posición del Contador de Puerto Rico se refiere, podemos concebir tres posibilidades. Este puede ser un. funcionario independiente del cuerpo político conocido con el nombre de El Pueblo de Puerto Rico. Puede ser un funcionario de El Pueblo de Puerto Rico o puede ser un funcionario del municipio. Creemos que queda definitiva-mente resuelto que él no es tal funcionario independiente, según el caso de Fajardo Sugar Co. v. Holcomb, y por las otras consideraciones de esta opinión. Si actúa como fun-cionario del municipio, entonces esa entidad no puede eludir responsabilidad por las actuaciones de su propio funcionario. Si el Contador actúa como un funcionario de El Pueblo de Puerto Rico, entonces es tal entidad, y no el Contador, la que tiene interés en el litigio. No bailamos intención alguna por parte del Congreso al dar a la Legislatura el derecho a crear municipios, bacer que las entidades así creadas tengan la inmunidad de ser demandadas, que existe a favor de El Pueblo de Puerto Rico.

Si bien el Congreso probablemente tiene derecho a hacerlo así, sin una indicación más directa no puede suponerse que siguió el método' reseñado en el artículo 20 para privar a un ciudadano que contrata con un municipio, del derecho a que sus controversias sean resueltas en una corte. La ver-dadera prueba es averiguar si la corporación es o no respon-sable independientemente de la actuación del Contador.

Si el Contador tiene derecho a ser oído y su libramiento (warrant) es necesario en el caso, siempre podría alegar que no se le hizo parte en el pleito.

Supongamos, sin embargo, que el Contador .sea- una parte necesaria en este litigio contra el municipio de Isabela. Siendo tal parte necesaria, entonces el municipio podría alegar durante la vista que lia de celebrarse, tal defecto de partes.

Sin embargo, el récord se forma en la corte inferior. En apelación no tenemos poder o autoridad para agregar nada al mismo. Solamente podemos cambiar los autos ante esta corte para conformarlos a los de l'a corte inferior. Las con-troversias entre las partes y la teoría de la corte sentencia-dora sobre el caso surgen en la corte de distrito. Por con-troversias queremos decir todo aquello que razonablemente puede deducirse de las alegaciones o de la prueba practicada.

La corte de apelaciones no puede agregar una parte que no estuvo ante la corte inferior. La siguiente cita de 3 C. J. 1029 remotamente parecería indicar lo contrario. Esta lee así:

“La práctica referente a.la intervención o adición de nuevas par-tes en una corte de apelaciones no es uniforme. En algunas juris-dicciones la autoridad para permitir1 tal intervención o adición es ejercida como inherente en la corte o de conformidad con el estatuto; mientras que en otras jurisdicciones se niega tal autoridad. Bajo uno u otro punto de vista parecería, sin embargo, que una partel nece-saria no podría ser agregada después de expirado el tiempo para comenzar un recurso de error1. Cuando la corte ordena que el ape-lante agregue algunas partes, debe conceder un tiempo razonable para tal objeto.”

Sin embargo, las decisiones que bemos examinado bajo tal cita demuestran que las palabras “otras partes” significan casi invariablemente personas que fueron partes en la corte inferior pero que no fueron traídas originalmente dentro de la jurisdicción de la corte de apelaciones. Algunos de los casos son substituciones de partes o casos de personas, como contribuyentes, que eran constructivamente partes ante la corte inferior. No bailamos caso alguno en que una parte enteramente nueva que no estuvo directa o constructivamente ante la corte inferior, pueda intervenir en una corte de apela-ciones.

Bebe denegarse la petición presentada por el Contador.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Manuel Pérez Soto, peticionario, v. La Corte de Distrito de Arecibo, Hon. Luis Samalea, Juez, demandado.
    No. 585.

    Visto: Noviembre 28, 1927.

      Resuelto: Abril 25, 1928.

      L. Mercader y A. Beyes Delgado, abogados del peticionario; José E. Figueras, Fiscal del Supremo, a nombre del demandado en el pleito de mandamus.

   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Pérez Soto radicó ante la Corte de Distrito de Arecibo una petición de mandamus contra el Auditor Municipal de Utuado. Alegaba que él era Alcalde'de Utuado, que según el presupuesto se le liabía fijado un sueldo de $125 mensuales, y que no se le había pagado parte alguna del mismo; que había solicitado del auditor municipal la expe-dición de libramientos en pago de estos sueldos pero que el auditor municipal se había negado a ello.

En contestación a la petición de mandamus el auditor municipal alegó que no había expedido dichos libramientos porque el Contador de Puerto Rico le había ordenado hacerlo así. La corte de distrito- llegó a- la conclusión de que no se podía dictar la decisión correspondiente sin que antes se hubiera hecho parte en el pleito- al Contador de Puerto Rico y por tanto que de acuerdo con el artículo 74 del Código de Enjuiciamiento Civil debería expedirse el correspondiente emplazamiento a fin de hacerlo parte en el pleito. En vista de esta orden se radicó una petición de certiorari ante esta corte.

Este caso hasta cierto punto debe regirse por la decisión en el caso de Laborde v. Municipio de Isabela, resuelto en el día de Roy, ante, pág. 65. Como este caso envuelve úna cuestión de pago de sueldos y no una responsabilidad directa incurrida por el municipio con un ciudadano independiente-mente de sí mismo, existe, por lo menos sustancialmente,, alguna diferencia y posiblemente una razón mayor por la cual la negativa del Contador de Puerto -Rico a aprobar los. libramientos del auditor municipal podrían impedir que el auditor municipal los expidiera. Sin embargo, sobre la cuestión adjetiva, o sea, la necesidad de la intervención real por parte del Contador de Puerto Rico, no vemos razón alguna para hacer una distinción de este caso. El auditor municipal podía levantar todas las defensas que Rubiera. No es necesaria en absoluto la presencia del Contador de Puerto Rico.

La orden de la Corte de Distrito de Arecibo de octubre 11, 1927, debe ser armlada y devolverse d caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con ésta opinión.


author: El Juez Peesidentb Senoe, del Tobo,

text:
    Luis Farinacci, Manuel Vidal Alvarez, F. Gavilán & Cía., y G. S. Newman & Cía., demandantes y apelados v. The Niagara Fire Insurance Company, demandada y apelante.
    No. 3914.

    Visto: Mayo 11, 1927.

      Resuelto: Abril 25, 1928.

      B. Pérez Marchand, abogado de la apelante; López de Tord & Zayas Pizarro, abogados de los apelados.
   El Juez Peesidentb Senoe, del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es nno de los siete casos que quedaron en poder de '.nuestro colega fenecido el Juez Asociado Carlos Franco Soto, —a quien habían sido turnados para- actuar como ponente «n ellos — , al cerrarse la corte en agosto de 1927.

Al abrirse de nuevo el tribunal en noviembre último, dichos casos fueron distribuidos entre sus otros cuatro miem-bros, sumándose a los cuarenta y uno que habían quedado en poder de los mismos, formando así un total de cuarenta y ocho recursos vistos y pendientes de resolución al comenzar •el nuevo término.

La labor de la corte ha sido incesante desde entonces. Nuevas vistas se celebraron. Y no obstante haberse resuelto a partir de dicha fecha más de ciento treinta recursos con opinión y otro gran número per curiam, en los momentos en que esta opinión se escribe más de ciento cuarenta casos están pendientes de resolución en poder de los jueces.

A nuestra práctica de señalar las vistas en cuanto los recursos están en condiciones para ello a que nos hemos refe-rido en la opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf en el caso de Villar v. Conde, (pág. 18), al aumento pro-gresivo no sólo de las apelaciones si que también de las cuestiones suscitadas en las mismas y al haber funcionado el tribunal con sólo cuatro jueces durante los meses de noviem-bre, diciembre y casi todo enero últimos, se debe ello, en gran parte, sin dnda. Parece oportuno además recordar qne esta Corte Suprema tal como actualmente funciona es la misma que fué constituida por el Congreso en 1900 y que el aumento de población y de riqueza y la mayor intensidad de la vida en la isla lian sido desde entonces realmente notables.

Desde el 30 de enero último contamos con la ayuda del nuevo Juez Asociado Sr. Texidor. Nuevas vistas conti-nuarán celebrándose durante los meses de mayo y junio próximos, en julio sólo se verán casos urgentes, y es la aspi-ración del tribunal entrar en las vacaciones que comienzan en agosto con el menor número de casos pendientes que sea posible.

No es lo usual hablar de estas cosas dentro de una opi-nión. Nos ba llevado a ello la circunstancia de querer ex-presar como expresamos que nuestro trabajo se ba facilitado grandemente en este caso al encontrar entre sus páginas un memorándum escrito en láipiz por nuestro compañero' fene-cido, preparado sin duda durante las vacaciones, poco antes de morir. Al estudiar cuidadosamente todas las cuestiones envueltas bemos en un todo coincidido con su criterio y, con pequeñas variaciones en la redacción y algunas adiciones en el análisis de la prueba, lo que sigue es lo que él mismo redactara.

Luis Farinaeci, comerciante, celebró un contrato de seguro con “The Niagara Insurance Company,” quedando cubiertas contra incendio las existencias de su establecimiento y mobi-liario basta un valor de $10,000. La compañía aseguradora expidió lai correspondiente póliza, estableciéndose en ella las condiciones del seguro. El contrato fué por un año, debiendo vencer en noviembre 12, 1922. El 26 de febrero de 1922 ocurrió un incendio en el establecimiento de Farinaeci, que destruyó, según se alega, tocias las existencias y mobiliario, ocasionando perjuicios a Farinaeci por $8,990.31.

Fundándose en estos hechos y en haber rehusado la com-pañía aseguradora el pago de tales daños, se ini'ció este pleito, en el que figuran como demandantes ademáis de Fari-nacci sus acreedores Manuel Vidal Alvarez, F. Gavilán & Co., y G. R. Newman, a quienes había cedido la póliza basta cubrir sus respectivos.créditos ascendentes en total a $3,838.83.

La demandada sustancialmente contestó: que el incendio destruyó gran parte de la mercancía del demandante Fari-nacci, pero que las averías fueron tan leves que permitieron identificar la casi totalidad de las existencias; que Farinacci no cumplió con las condiciones 10, 11 y 13 y que la mercancía contenida en el “Bazar Puerto Rico” no valía en la nocbe del siniestro la suma de $8,990.31. Como defensas especiales alegó: 1, que por peritos nombrados por las partes se pro-cedió a valorar y se inventarió cada artículo de los que babía en el lugar del siniestro, por el precio corriente del mercado, sin tener en cuenta el daño como consecuencia del incendio y dicho inventario arrojó un montante de $2,001.66, que acepta la compañía y que fué repudiado por Farinacci; y 2, que el fuego no fué casual, haciendo la reclamación de mala fe y que Farinacci es culpable de negligencia y es causante del fuego por tener en su establecimiento materias inflamables sin el consentimiento de la demandada. Esta última defensa se estableció en el acto del juicio como enmienda a la de-manda y con oposición' del demandante.

La corte inferior después de oir una-amplia prueba tes-tifical por cada parte y alguna prueba documental, declaró con lugar la demanda, consignando como probados los si-guientes hechos:

“1. — Que el día doce de noviembre de 1921, el Sr. Farinacci era dueño de las mercancías contenidas en el Bazar Puerto Rico, de esta ciudad de Ponce.
“2. — Que las expresadas mercancías, así como su mobiliario, fue-ron asegurados con la compañía demandada por la suma, de $10,000.
“3. — Que el término en que vencía el expresado contrato de se-guro, era el doce de noviembre de 1922.
“4. — Que los expresados bienes fueron destruidos por un incendio ocurrido el 26 de septiembre de 1922; habiendo el demandante noti-ficado la ocurrencia del incendio.
“5. — Que en la fecha del siniestro las referidas existencias, inclu-yendo mobiliario', tenían un valor de $8,990.31, las que fueron des-truidas, habiéndose vendido el salvamento por la demandada, quien por medio de su representante Sr. Mayoral, percibió el producto de él.
“6. — Que en la fecha del siniestro el demandante Sr. Farinacci estaba adeudando a los otros codemandantes la suma de $3,838.85 ¡procedentes de mercancías compradas para su establecimiento mer-cantil, y las cuales fueron destruidas por el incendio..
“1. — Que el demandante Sr. Farinacci cedió a sus acreedores su derecho en la póliza para cubrir el haber de sus créditos, reser-vándose la diferencia que pudiera resultar después de ésta ser liqui-dada.
‘.‘8. — Se estima así mismo que el demandante dió todos los infor-mes y datos exigidos y a lo cual estaba obligado.
"Por todo lo cual llega a la conclusión la| corte de que el deman-dante cumplió con las cláusulas de la póliza de seguro. Que de la apreciación de la prueba presentada en este caso por1 ambas partes, considerada a la luz de las alegaciones hechas y de la ley aplicable a este caso-, y teniendo en cuenta las declaraciones de los testigos pre-sentados por la parte demandante, la corte llega a la conclusión de que los demandantes han probado los hechos esenciales de su acción, por evidencia preponderante y fuera de toda duda razonable. Por otra parte la corte estima que la demandada no ha probado sus de-fensas, incluso la de ineondiarismo.”

No conforme la demandada interpuso' el presente recurso de apelación. Señala como primer error en su alegato el haber la corte declarado sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción. La excepción se basó en no haberse alegado en la demanda que el incendio que destruyó las mer-cancías se debió a un caso fortuito, ajeno a la voluntad del demandante Farinacci, y que la reclamación en cuanto al valor de las existencias era el justo valor que arrojaban los libros.

No tiene razón la apelante. La reclamación tenía que ajustarse al valor que tuvieran las existencias destruidas al tiempo del siniestro, y esto se alega en la demanda. Tampoco el demandante tenía qne alegar que el incendio fué un caso fortuito, ajeno a su intervención o voluntad. Esa misma cuestión fué levantada en el caso de Ríos v. Niagara Fire Insurance Company, 33 D.P.R. 809, en el que esta corte, en parte dijo:

“No deja de ser suficiente la demanda porque no alegue que' el incendio ‘no se debió a la culpa o negligencia del demandante.’ Se presume que las partes lian actuado de. acuerdo con la ley y es a la parte demandada a la que corresponde alegar en su caso que está exenta de responsabilidad porque el incendio se debió a la culpa o negligencia del demandante.”

Los restantes errores que señala la apelante se refieren a la apreciación de la prueba por el juez inferior.

Se alega que erró la corte al declarar justificada la recla-mación por el solo becbo de resultar de la prueba que las existencias aseguradas fueron destruidas por un incendio ocurrido en septiembre 26, 1922, sin concluir o reconocer en modo alguno que el incendio fuera el resultado de un caso fortuito.

Basta leer las conclusiones a que llegó el juez inferior en su opinión y se verá que una de ellas es que no se probó la defensa de incendiarismo.

En relación con tal defensa la apelada trató de probar que una de las puertas del establecimiento de Farinaeci en el momento de iniciarse el fuego estaba abierta. El policía Montes, que estaba de servicio en la demarcación que com-prendía la tienda de Farinacci, dice que vió que como a las siete de la tarde Farinacci salió de la tienda; que inspec-cionó las puertas y estaban cerradas, pero que al iniciarse el fuego encontró una de ellas abierta. Los bomberos que apagaron el fuego dicen por el contrario que tuvieron que violentar la cerradura y abrir un boquete por la puerta para colocar las mangas de conducir y lanzar el agua.

Del mismo modo, aunque algunos testigos de la deman-dada declaran que vieron algunos cubos con un poco de gas o gasolina, no sabiendo algunos de ellos a ciencia cierta si se trataba de una u otro materia inflamable, otros testigos de la demandante niegan baber visto una ni otra cosa en el establecimiento. Asimismo algunos .'testigos de la deman-dada afirman que en el local contiguo al del demandante, de Barquet, que también'fué destruido, se encontró una tina con gasolina.

Siendo ello así, la prueba que la corte tuvo que apreciar fué contradictoria, y ella, que estaba en mejores condiciones para juzgar de la veracidad de los testigos, decidió el con-flicto a favor del demandante, sin que se nos baya demostrado1 de una manera clara y convincente que erró al actuar en la forma en que lo bizo.

Se queja la apelante de que la corte erró al declarar que en la fecba del incendio las existencias en el establecimiento de Farinacci, incluyendo el mobiliario, tenían un valor de $8,990.31, que es el montante de la reclamación.

En este caso la póliza no contenía la cláusula de que los libros de contabilidad debían estar guardados en caja de se-guridad (iron safe clause). Aparece que a excepción de un libro de inventarios de 1920, se quemaron los demás libros que llevaba Farinacci y guardaba en una caja de hierro. El decía que solía sacarlos de la caja y los ponía encima del aparador en una tabla que sobresalía. Farinacci notificó a la compañía del becbo del siniestro y sometió a ella un affidavit de las pérdidas que le fueron causadas por el fuego (proof of claim). La compañía, a falta de libros con que comprobar la preexistencia de la mercancía, pidió al deman-dante copia de factura, cuentas corrientes con sus mayores acreedores y la cuenta corriente que llevaba con los bancos. Todos estos documentos le fueron remitidos por el asegu-rado, y en el acto de la vista se presentaron como prueba. El inventario pasado el 31 de agosto de 1922, o sea, menos de un mes antes del incendio, arrojaba un total de $9,090.31, y declaró ampliamente sobre el valor de las existencias y el mobiliario en el acto del fnego el propio demandante. También declaró el testigo Víctor Manuel Eamos. Se pre-sentó, además, prueba de comerciantes que acostumbraban visitar el establecimiento de Farinacci y que lo habían hecho pocos días antes de ocurrir el incendio, declarando que en su última visita al establecimento ellos calculaban en unos $9,000 o $10,000 el valor de las existencias que contenía.

Esta última no es prueba que por sí sola pueda acre-ditar el hecho pero es un dato que puede apreciarse al pesar y tomar en consideración los demás elementos de prueba, que sirvieron de base a la sentencia de la corte.

Imputa como error la apelante que la corte inferior pasó por alto y desconoció el inventario de las mercancías con-tenidas en el establecimiento del demandante el día del siniestro, que por convenio especial del demandante y la demandada y por peritos nombrados por las respectivas partes arrojó un valor de $2,001.66 que la corte debió con-siderar como única suma y límite de la responsabilidad de la demandada.

La apelante al discutir y plantear este error parte de una base falsa. No es cierto que los peritos nombrados habían de inventariar las mercancías contenidas en el esta-blecimiento la noche del incendio. El peritaje se limitó a inventariar y valorar el resto de las mercancías que que-daron después del incendio, o sea, el salvamento. El propio perito Eoig que fué nombrado por la compañía aseguradora, ■declarando en el acto del juicio, se expresó así:

”P. — ¿Qué fué lo que ustedes fueron a tasar? R. — Pues las exis-tencias que quedaban por1 virtud del incendio.”

No sólo el perito Eoig declaró en ese sentido. Véase como se expresó Mayoral, agente de la compañía demandada:

"R. — Después de enterarme que la policía había estado allí, del report que había dado la detective, se- procedió a la separación de lo que podría utilizarse en algo para tasarlo: nombré un perito por cuenta de la compañía y requerí a Farinacci para que nombrase otro a fin de darle un valor a lo salvado:.”

Es cierto que Mayoral poco después declaró que el fuego había sido muy poco y que casi todas las existencias se habían salvado. Sin embargo, a este respecto conviene transcribir de la larga declaración del ajustador H. F. Besosa lo que sigue:

“En varias ocasiones tuvimos conferencias el señor Farinacci y yo y tratamos de transar este asunto y siempre llegamos más o menos a ofrecerle a este caballero cuatro mil o cinco mil dólares, pero no creo que pasó de cinco mil, pero nosotros tratamos de buena fe de arreglar este asunto en el valor1 verdadero de las existencias que había allí, dejando aparte el motivo del incendio, que de acuerdo con mi criterio ño fué un fuego casual, sino que fué un fuego in-tencional, no digo de quién fué la intención, pero indiscutiblemente el fuego fué intencional, pero dejando eso aparte, yo quise transar el asunto con. el señor1 Farinacci y llegué a cuatro mil o cinco mil dólares, cantidad que el señor no se mostraba tampoco dispuesto a rehusar, sino más bien él parece que estaba dispuesto a aceptar, pero había el obstáculo de que ciertos, acreedores del señor Farinacci o tenían embargadas las pólizas o tenían ciertas reclamaciones contra el señor Farinacci y estos señores, especialmente el señor Tidal, que fué con quien tuve varias entrevistas, este señor se negaba a aceptar o que el señor Farinacci aceptara esos cuatro o cinco mil dólares.”

Según los autos las sumas debidas no llegaban a cuatro mil dólares.

No se hace necesario discutir los restantes errores que • señala el apelante, pues constituyen una repetición de los que hemos discutido.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sergio Plata, acusado y apelante.
    No. 3444.

    Visto: Abril 10, 1928.

      Resuelto: Abril 26, 1928.

      Guillermo 8. Pierluisi, Agustín E. Pont, y R. Atiles Moreu, aboga-dos del apelante,- José E. Pignoras, abogado de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Sergio Plata y Jaime Alvarez del Manzano fueron acu-sados conjuntamente del delito de escalamiento en primer grado porque el 13 de febrero de 1926 voluntaria, y maliciosa-mente penetraron por la noche en el establecimiento comer-cial que Hoscoso Hermanos tienen en la ciudad de Ponce con intención de cometer hurto o ratería y sustrajeron plu-mas-fuentes por valor de 700 a 800 pesos y dinero en efectivo.

El Pueblo de Puerto Bieo por su fiscal en Ponce solicitó y obtuvo el sobreseimiento de la causa contra Jaime Alvarez del Manzano y lo hizo testigo suyo en el juicio contra Sergio Plata.. Este fué declarado culpable por un jurado del delito que se le imputó y habiendo sido condenado por la corte a la pena de diez años de presidio interpuso el presente recurso de apelación al que se ha adherido el fiscal de este tribunal solicitando la revocación de la sentencia.

La corte dijo en sus instrucciones al jurado lo siguiente: “El acusado en el presente caso no ha declarado, y yo vuelvo a insistir sobre esto: el hecho de que él no haya declarado no podéis tomarlo ni siquiera como presun-ción de culpabilidad. Al acusado, sentado ahí en esa silla, le acompaña la presunción de inocencia; cuando yo baya terminado las instrucciones, cuando se baya tomado al Sr. Marshal el juramento correspondiente, y vosotros os retiréis a deliberar sobre este caso, entonces es que desaparece la presunción de inocencia de este acusado, porque es el mo-mento en que vosotros podéis entrar a discutir si este acusado real o efectivamente es o no culpable del delito que se la acusa.” De esa instrucción tomó excepción la defensa del acusado Plata.

Esa instrucción es errónea. La presunción de inocencia no desaparece cuando terminadas las instrucciones de la corte al jurado éste se retira a deliberar sobre el caso. Con-tinúa mientras el jurado delibera y basta que rinde su vere-dicto de culpabilidad. Así lo hemos declarado recientemente en el caso de El Pueblo v. Negrón, resuelto el 8 de marzo de este año, 37 D.P.R. 822, al considerar una instrucción análoga a la de este caso; y en el mismo sentido han sido resueltos los casos de People v. McNamara, 94 Cal. 514, y People v. O’Brien, 106 Cal. 104. La defensa del acusadoi llamó la atención de la corte sobre lo erróneo de la instrucción to-mando excepción de ella, pero la corte no aprovechó esa oportunidad para corregirla. Creemos que el fiscal también debió llamar la atención de la corte para evitar que revo-cáramos por este motivo la sentencia y que hubiera de cele-brarse un nuevo juicio con nuevos gastos para El Pueblo de Puerto Pico y con la consiguiente tardanza de la justicia, como la hubiéramos revocado y ordenado un nuevo juicio' si no fuera porque el apelante debe ser absuelto, según veremos en seguida.

La única prueba presentada en el juicio fué la del fiscal y su examen nos convence de que el jurado cometió un manifiesto error al apreciarla y al llegar-por ella a un veredicto de culpabilidad, pues nada hay en la misma que demuestre la culpabilidad del acusado Plata como autor o •como cómplice en el delito. Un hombre puede haber come-tido varios delitos pero esto no empece para que cada acu-sación posterior deba serle probada fuera de duda razonable. No basta su mala conducta anterior y meras sospechas para •dictar un veredicto de culpabilidad contra él.

En este caso se probó que hubo un escalamiento en la droguería de Hoscoso Hermanos durante la noche y que para entrar en ella fue violentada 1a. puerta de un patio que da acceso a la droguería con una herramienta que dejó sus huellas en ella; pero ninguno de los testigos del fiscal ha declarado algo por donde pueda llegarse a la conclusión de ■que el apelante haya cometido ese escalamiento, haya ayu-dado, instigado, aconsejado o incitado su comisión, ni que •sabiendo que se había cometido haya ocultado, albergado o protegido a la persona acusada o convicta del mismo; pues no sólo negó siempre haber tenido intervención en ese delito :sino que por el contrario suministró informes a la policía manifestándole que Jaime Alvarez del Manzano era el autor del delito, que en 1a. casa contigua a la droguería vivía entonces uná hermana de Alvarez del Manzano, que del patio de esa casa ■se podía pasar fácilmente al patio de la droguería, que antes del escalamiento Alvarez del Manzano mandó a cortar una hoja de sopanda de automóvil, y que en la madrugada del día del escalamiento Alvarez del Manzano utilizó un coche •en el que se le quedó un llavero: habiendo resultado ser ■cierto lo de la sopanda, la vivienda de una hermana de Man-zano en la casa contigua a la droguería, que había' fácil ■comunicación entre los patios de esas casas y que Manzano usó esa madrugada un coche en el que se le quedó un llavero. Jaime Alvarez del Manzano, que fue acusado con el apelante y que luego fué utilizado como testigo del Pueblo de Puerto Rico, se limitó en su declaración a decir que a las dos ■ o las tres de la madrugada del expresado día vió salir a :Sergio Plata de un zagúan que queda en la calle de atrás de la droguería llevando un bulto encima; qne trató de irse en seguida pero que ya lo babía visto y entonces cogió por la calle abajo: que el testigo se fué tranquilo: que Plata llevaba un pañuelo en la mano con una moneda, se la dió, y se fué: y que al sorprenderlo, Plata lo amenazó. Esto es-todo lo que ese testigo declaró pero se demostró que Sergio-Plata nunca fué visto en la. droguería: que Alvarez del Manzano iba con frecuencia a ella y pasaba al patio: que' almorzaba y comía algunas veces en la casa de esa hermanar que fué el que mandó a cortar la boja de sopanda y que dijo al muchacho que la llevó para ser cortada que dijese que Plata estaba presente en ese momento, no siendo esto cierto.. La declaración de Alvarez del Manzano, aun siendo creída, no es bastante para llegar a la conclusión de que el apelante cometió ese escalamiento, ni tuvo corroboración alguna como requiere el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Criminal

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra absolviendo al apelante.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Ernesto Manich, demandante y apelado, v. Hortensia Quero, demandada y apelante.
    No. 4252.

    Visto: Marzo 20, 1928.

      Resuelto: Abril 26, 1928.

      Luis López de Victoria, abogado de la apelante; Pascasio Fajardo, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión, del tribunal.

Ernesto Manida presentó ante la Corte de Distrito de Mayagüez una demanda contra su esposa Hortensia Quero, solicitando una sentencia de divorcio. Aparte de las alega-ciones en cuanto a personalidad, matrimonio, descendencia y bienes, el demandante alegó substancialmente que la de-mandada le trataba despóticamente, sin respetar sus órdenes, y sin guardarle consideración o afecto, y que en julio de 1924, la demandada había injuriado a la madre del deman-dante que se hallaba enferma, y a la que había, llamado “vieja sin vergüenza”, “canalla”, “chusma”, profiriendo luego las mismas palabras contra el demandante; que en agosto de 1925 la demandada ultrajó al demandante llamán-dole “canalla”, “cabrón”, “chulo”, y luego le cogió por el cuello para asfixiarlo; que el 11 de marzo de 1926 la de-mandada fué a la oficina del demandante, a quien provocó e insultó, llamándolo “canalla”, sin vergüenza” y “sucio”, y dándole una bofetada y golpeándole con una sombrilla; que en noviembre de 1925, y en su domicilio en Mayagüez la demandada insultó, en la misma forma citada, al de-mandante, .y le tiró un muñeco de los que usan los niños para jugaí, ocasionándole nna contusión en la rodilla dere-cha; y el 22 de abril de 1926 volvió la demandada a insultar al demandante en su oficina, y le mordió un dedo; que a consecuencia de todo ello, la vida conyugal se hace insopor-table para el demandante, que ba venido sufriendo moral-mente por la actitud de su esposa. La demanda está jurada.

A tal demanda opuso Hortensia Quero una excepción previa, que fue declarada sin lugar; y en contestación jurada, la dicha demandada negó que de ese matrimonio existieran sólo dos hijos, ya que para, la fecha en que se radicó la demanda estaba la demandada en embarazo, de su esposo, y el 12 de julio de 1926, había nacido el tercer hijo legítimo de su matrimonio; negó las alegaciones de injurias y mal trato; y alegó, como materia nueva, su buen comportamiento como esposa; que siempre habían llevado demandante y de-mandada una vida feliz, hasta que el demandante, sin razón justificada, había abandonado a la demandada, la que alega, por información, que el demandante quería casarse con otra m.ujer.

En el juicio ambas partes presentaron prueba, justificán-dose documentalmente el matrimonio, y el nacimiento de dos de los hijos, Elena, nacida en enero de 1923, y Josefa, nacida en 18 de febrero de 1925.

La prueba testifical del demandante consistió en su propia declaración y la de Arquelio Morán, Agustín Eivera y María Eivera.

El demandante, al declarar, confirmó el hecho del naci-miento del tercer hijo, como su hijo legítimo; y en ese sentido se entendió enmendada la demanda, como alegando tal naci-miento, si bien con posterioridad a la fecha de radicación de la demanda; insistió en los hechos alegados, con respecto a las ofensas a la madre, y a él mismo en julio de 1924, y a las otras ocasiones a que se refiere la demanda, y lo mismo con respecto, a los actos de violencia señalados. Dijo que haría más o menos un año que vivía separado de su esposa; que después que ésta insultó a la madre del declarante siguió él viviendo con ella; y después de lo sucedido en agosto de 1925, también siguieron viviendo juntos, basta que ocurrió el becbo del 11 de marzo de 1926 cuando él estaba en la Colectiva, que entonces dejó de vivir con ella; que le pasa a su esposa para sus gastos y los de los niños.

El testigo Arquelio Moran dijo que en marzo y abril de 1926 era empleado de la Colectiva en Mayagüez, trabajando como ayudante del Sr. Manicb, el demandante; que el 11 de agosto de 1926, la demandada Hortensia' Quero, a la que conoce, fué a la oficina de la Colectiva donde trabajaba su esposo, y que insistió en hablar con él, y él se negaba, y que ella le hurgaba con un paraguas, y le molestaba para que hablara con ella y el marido envió al declarante a que llamara al Jefe de la Colectiva; y ella cuando vió que el esposo no le hizo caso, le dió en la boca; que en marzo de 1926 la demandada fué también a la oficina de su esposo en la Colectiva, y quería hablar con él, y como él no quisiera atenderla, ella le i!nsuló, llamándole sin vergüenza, chulo y cabrón.

Agustín Rivera declaró que en 1925 y 1926 vivía en Maya-güez, y conoce al demandante y a la demandada, a ésta de vista; que el 11 de marzo de 1926, estando el testigo en la bomba de vender gasolina, se presentó la demandada en la oficina de Manicb en la Colectiva, y entonces vino el mozo de la Colectiva a pedir al declarante que le permitiera usar su teléfono para avisar al Jefe de la Colectiva para que mandara sacar a la demandada de la oficina, y el declarante fué a la oficina y vió a la demandada que halaba por el saco al demandante, y le llamaba sin vergüenza y canalla; y en fecha posterior la demandada volvió a la oficina de Manieh, y ella iba con su hermano, y ella estuvo hablando con Manicb, y le llamó sin vergüenza y le haló por el saco.

María Rivera declaró que en 1924 residía .en Ponee, en La playa, y conocía a la madre del demandante, de quien la testigo es pariente; que estando aquella señora enferma, se presentó una noche la demandada, e insultó a la enferma llamándola chula, cabrona y otras cosas; que la señora enferma murió de aquella enfermedad; que la enferma, en aquel tiempo, estaba sorda.

En su defensa la demandada presentó prueba testifical, que consistió en los siguientes testimonios:

El de la propia demandada, que negó los hechos alegados por su esposo, y dijo que nunca había tenido diferencias con su suegra, con la que tenía amistad desde antes de casarse con Manich, y la que nunca le dió motivo de disgusto, y a la que asistió en su última enfermedad, yendo constantemente a verla, con su esposo; que nunca tuvo, en el tiempo en. que vivían en Ponce, disgusto alguno con su esposo; que en agosto de 1925 tenían ella y su esposo una sirvienta:, llamada Angelina López que vivía y dormía en la casa, y muy rara vez salía; que la declarante nunca ha dirigido a su esposo las palabras sin vergüenza, cabrón, canalla, chulo, o cualquiera de ese estilo; que en marzo de 1926, fue a ver a su esposo a la oficina en la Colectiva, porque se había re-trasado una semana en mandarle el diario, y fue a pedírselo, y él lo entregó, pero ella no tuvo altercado con él; que él la trató mal, y la dijo que se fuera, pero ella no le contestó; que el 11 de noviembre de 1925, la declarante vivía con su esposo en Mayagüez, y que ni en esa fecha, ni nunca insultó a su esposo, ni le llamó canalla, sin vergüenza, o perro, ni le tiró muñeco alguno; que en 22 de abril de 1926 tuvo que volver a la Colectiva, a pedir sus diarios, y el esposo se los entregó, pero dijo a la demandada que se fuera en seguida, que él tenía que hacer, y mandó al muchacho de la oficina a buscar al jefe para que la echara a ella, lo que causó sentimiento a la testigo, pero no tuvo altercado con él, y solamente le dijo al jefe de la oficina lo que pasaba; que no insultó a su marido, ni le ha pegado nunca; que no vive con su esposo desde el 16 de noviembre, en que él la dijo que si quería fuera a Ponce a ver a su mamá, y la mandó un taxi para ir a la estación, y la despidió muy cariñoso, y cuando ella regresó de Ponce en la misma semana, encontró la puerta de la casa cerrada con candado, y no encontró en la casa a su esposo, ni encontró nada de la ropa de él, y le buscó inútilmente basta que le encontró en su oficina, le llamó, y él le dijo que la odiaba, y que no quería vivir más con ella, y le dió el dinero de los diarios; y desde entonces no viven juntos; que al volver de Ponce encontró la cerra-dura de la puerta de su casa, rota; que no fué a Ponce contra la voluntad de su esposo, quien la mandó el taxi para irse; que no lia tenido disgustos con su esposo, ni discu-siones con él en su oficina, a la que ba ido a pedirle los diarios; que se llevó a Ponce las llaves de su casa porque así se le ordenó su esposo, y estuvo en Ponce desde el lunes basta el sábado de la misma semana,

Angelina López declaró que babía servido en casa de Ernesto Manicli y su esposa del 13 de julio al 4 de octubre de 1925, en Ponce, y que vivía y dormía en la casa, y estuvo allí todo el mes de agosto, y nunca observó pelea o disgusto entre los esposos, ni la demandada en ocasión alguna insultó a su esposo; que ellos se llevaban muy bien.

Fermín Píos declaró que el 11 de marzo de 1926 él tra-bajaba en la oficina de La Colectiva en Mayagüez; que ese día, por la tarde, la demandada estuvo en dicba oficina, y babló con su esposo; que en esa ocasión el testigo estaba en la oficina, y observó a los esposos, y que él no presenció riña entre ellos, ni oyó que la demandada insultara a su esposo, y sí los oía hablar en voz baja, y que “poco más o menos estarían en una discusión,” no en actitud de “ga-rata”; que allí no se aglomeró gente, ni ese día Hortensia Quero le dió a su esposo con algo; que el 22 de abril de 1926, Hortensia Quero, la demandada, fué a la oficina de. su esposo, en La Colectiva, a buscar el dinero que se babia atrasado en mandarle, y el testigo la vió cuando llegó, mieutra3 estuvo allí, y cuando se fué, y entre ella y el marido no liubo riña alguna; que sí oyó que ella le preguntó a Manicñ por qué no le Rabia enviado el semanal, y que él la dijo que se fuera, qué no quería verla, y ella se fué; que ella no le dió al esposo. A la parte demandante contestó: que no está! añora el testigo colocado en La Colectiva; que no salió del empleo por queja de Manicñ, sino porque ganaba poco; que no tuvo disgusto alguno con Manicñ, y que salió del empleo porque no le aumentaron el sueldo.

Eamón Guanil dijo ser cuñado de la demandada, y conoce a los dos esposos, a los que ña visitado con frecuencia, en Ponce; que los esposos Manicñ se llevaban muy bien, y la última vez que los vió el testigo fue en 1925 en Ponee; que nunca vió disgustos entre ellos, y él siempre se ña portado bien con ella.

Sobre tales alegaciones y prueba, la Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia, en fecña 28 de diciembre de 1926, declarando que la ley y los ñecños están en favor del deman-dante y en contra de la demandada, y con lugar el divorcio por causa de trato cruel e injurias graves, y disponiendo que las dos ñijas Eosa Elena e Irma Josefa queden bajo el cuidado y potestad del demandante. Contra esta senten-cia se interpuso la presente apelación, a la que se ña adñerido el fiscal de este tribunal, que en su alegato pide la revocación de la sentencia.

La demandada y apelante señala cinco errores.

El primer señalamiento se refiere a que la corte declaró sin lugar la excepción previa de falta de causa de acción.

La apelante fundamenta equivocadamente este señala-miento de error. La excepción de falta de ñecños suficientes para determinar una causa de acción, ña de nacer de la misma apariencia de la demanda (upon the face of the complaint). Los ñecños tal y como aparecen alegados ñan de ser la base de la excepción previa. En este caso, la base de la argumentación de la apelante parece ser la de que los actos de maltrato o de injuria se alegan como realizados en cinco distintas ocasiones, mediando entre ellas períodos de tiempo relativamente largos, y que, después de algunos de esos actos han seguido las relaciones entre los esposos, na-ciendo descendencia de ese matrimonio; de donde la; apelante parte para sostener el perdón de las injurias anteriores, y la reconciliación. Pero esto, que puede resultar de la prueba traída al juicio, no aparece así de la demanda; y no podía estimarse por la corte como causa de la excepción previa formulada.

Luego la apelante modifica el camino de su razonamiento, y alega que de la demanda no aparece que los actos cometidos por la demandada tuvieran la maliciosa intención de morti-ficar al esposo, ni produjeran en éste un sufrimiento moral que le hiciera insoportable la vida conyugal.

La alegación VI de la demanda incluye el concepto de que, a consecuencia de la actitud de la demandada, la vida conyugal se hace insoportable para el demandante, quien ha venido sufriendo moralmente con tal actitud. Quizá no es la mejor manera de establecer la alegación; pero en este caso hay otros extremos más importantes a considerar, y que pueden, decidir la apelación.

El segundo señalamiento hace relación a que la corte no consideró condonadas las injurias que se alegan en ciertos párrafos de la alegación V de la demanda.

Es cierto que el niño Agustín, hijo del demandante y la demandada, nació después de la fecha de presentación de la demanda de divorcio.

Si se tiene en cuenta el período de gestación en la especie humana, es evidente que este niño Agustín fue engendrado alrededor de nueve meses antes de la fecha de su nacimiento, y, teniendo presente que la demanda se presentó en Io. de mayo de 1926, la época de la concepción tiene que encontrarse en el mes de agosto o septiembre de 1925. No pudiendo ocurrir tal concepción sin el acto fisiológico requerido, ni ese acto tener lugar sin una previa reconciliación, es evidente que ésta tuvo lugar antes de dicho mes de agosto o septiembre de 1925, y que ella apareja la condonación de las injurias anteriores a esa fecha, si existieron. En ese concepto, en cuanto a tales injurias, si se probaron, ellas no serían causa de divorcio, aunque sí podrían presentarse en este caso como materia de corroboración de las causas surgidas con poste-rioridad a tal fecha. (Artículo 172 del Código Civil de Puerto Rico.) Y así, los hechos que se alegan como ocu-rridos en julio de 1924 y primeros días de agosto de 1925, no serían causa para el divorcio.

La apelante alega que ese niño Agustín nació el 12 de julio de 1926. Pero no se presentó certificación del Registro Civil, y lo único que encontramos es esa alegación en la con-testación de la demandada, y la admisión hecha por el deman-dado al declarar, de que el niño nació después de presentada la demanda. (Página 6, récord taquigráfico.)

No puede saberse, por el texto de la sentencia, cuáles fueron los hechos en que se fundó la corte para decidir el oaso. Pero es indudable que, cualquiera que fuera el acierto en su apreciación, a más de las alegadas injurias en las fechas de julio de 1924 y primeros días de agosto de 1925, hay alegadas otras de posterior fecha.

Es posible que el más importante de los señalamientos de error sea el que aparece bajo el número tercero. Se trata de la apreciación del trato cruel e injurias graves.

Es conveniente anotar que la sentencia que en este caso dictó la corte, dice, en la. parte necesaria, así:

. . . declarando con lugar la acción de divorcio ejercitada por el oansal de trato cruel e injurias graves ...”

En la sentencia no se habla de que se haya formulado y unido a la misma una opinión exponiendo los hechos pro-bados y las razones jurídicas de la decisión. Suponemos que se haya hecho así, en cumplimiento del artículo 227 del Código de Enjuiciamiento Civil; pero no la tenemos en los autos ante nosotros. De todas formas, la causa de divorcio sostenida es la de trato cruel e injurias graves, lo que cons-tituye el punto a estudiar en este señalamiento de error.

La prueba del demandante en cuanto a esa causa de acción es deficiente. El afirma, en su declaración, extremos que no tienen corroboración alguna; él llega a decir que la demandada en una ocasión intentó abogarle, y en otra, le golpeó y le mordió un dedo; y no se encuentra en el récord nada que corrobore tales afirmaciones. Antes por el con-trario, la sirvienta Angélica, que vivió con los esposos en Ponce, sostiene que se llevaban bien y que nunca los vió u oyó pelear o insultarse; y el testigo Fermín Ríos declara que en las ocasiones en que vino la demandada a la oficina del demandante no tuvieron riña alguna. En cambi'o los testimonios de Arquelio Morán y Agustín Rivera, no tienen la robustez y seguridad que serían necesarias para conven-cernos de los Lechos alegados. Arquelio Moráln habla de una ocasión en que la demandada hurgaba al demandante con un paraguas, y luego le dió en la boca, pero sin hacer las afirmaciones que había hecho, en su declaración, el deman-dante en lo que afecta a los hechos que él dice ocurrieron en su oficina, en la que se hallaba Morán.

Pero, aunque la prueba hubiera sido otra, y fuera satis-factoria, entendemos que para justificar una sentencia dé divorcio por trato cruel e injurias graves se exigen otros elementos.

Este tribunal ha hecho declaraciones concretas e inequí-vocas en esta materia.

En el caso Cobos v. Clausel, 19 D.P.R. 799, dijo este tribunal:

“Además, hemos resuelto en los casos de Cruz v. Domínguez y de Quiñones v. Rodríguez que para obtener un divorcio a causa de injurias graves, tales injurias graves deben llegar al extremo de la crueldad."

En el caso Cruz v. Dominguez, 8 D.P.R. 580, este tribunal declaró que:

“ . . . para que las frases ofensivas den al demandante el derecho a obtener el divorcio, deben ser de tal naturaleza, o ir acompañadas de tales actos que el malestar producido equivalga en sí mismo al trato cruel.”

En la decisión de este tribunal en el casó Fernández v. Hernández, 8 D.P.R. 237, se ba dicho:

“La trascendencia del divorcio requiere como causal para su rompimiento injurias públicas y notorias, pues como dice Q. Mueius Scaévola, página 421 del tomo 29:
“ ‘La injuria leve, en la generalidad de los casos, es obra de un momento de pasión o de arrebato. La injuria grave es casi siempre la determinante del odio o de la malquerencia, y a mayor gravedad y frecuencia de la injuria, mayor y más reconcentrado el encono y más profundo el rencor. ’ * ’

En el caso Galip v. Drag, 28 D.P.R. 818, se había inten-tado probar, en la corte inferior, el trato cruel y las injurias graves, y se llegó a establecer que la demandada, en una ocasión, había insultado a su esposo y le había tirado piedras. •Este tribunal examinó detenidamente la prueba, y encontró que la corte inferior había ido muy lejos al apreciar la gra-vedad del único acto específico de agresión e injurias, que fue más bien el resultado de un disgusto violento, y que no revelaba la intención de injuriar gravemente; y aplicando la teoría de los casos Figueroa v. Pierluissi, 25 D.P.R. 496, Axtmayer v. Ortiz, 19 D.P.R. 501, y Fernández v. Hernández, antes citado, revocó la sentencia de divorcio.

En el caso Figueroa v. Pierluissi, el demandante había alegado que durante una grave enfermedad, su esposa le abandonó, y que al quejarse él de su conducta, ella le con-testó despectivamente que ella no podía consumir su juventud al lado de un miserable, que estaba arrepentida de haberse casado con él, y que le odiaba y le despreciaba, y estaba dis-puesta a romper el lazo matrimonial. En la decisión de este caso fue citado el de McDonald v. McDonald, 155 Cal. 665, ol cual contiene una perfecta teoría moral y jurídica, que debía ser fundamental para decidir todo caso de divorcio. El divorcio, extremo remedio para una situación también extrema, no puede convertirse en fácil puerta de escape para eludir el cumplimiento de sagrados deberes, y en fuente de inmoralidad.

En el caso Biaggi v. Gómez, 35 D.P.R. 860, este tribunal ba confirmado su doctrina de los casos Cruz v. Domínguez y Figueroa v. Pierluissi, que quedan citados en esta opinión.

La prueba del trato cruel y de las injurias graves, debe ser consistente y sólida; y no es bastante que se pruebe que en ocasiones aisladas, y en momentos de excitación, la parte demandada baya pronunciado palabras fuertes y ofensivas, sino que los actos que las acompañan, las circunstancias en que se pronuncian, su reiteración e insistencia, demuestren que ellas no deben su origen a -un estado de ánimo momen-táneo y fugaz, sino a un estado de espíritu persistente, de odio y rencor; y asimismo que el efecto producido sea el de verdadera crueldad. Para romper un vínculo que es base de la institución fundamental de la sociedad, no basta con, una prueba cualquiera. Y la que en este caso se ofreció y practicó adolece de ilnconsistencia y debilidad, y no convence de la existencia de la causa de acción que se ejercita.

Conviene recordar aquí que la sentencia en este caso decreta el divorcio por los causales de trato cruel e injurias graves, y no por una sola de ellas. No encontramos el trato cruel, en los elementos probatorios traídos a este caso; y en cuanto a las injurias graves, la prueba es deficiente, como se ha dicho antes.

Convenimos con la apelante en lo que se refiei'e al tercer error señalado en su alegato. Y siendo el quinto señala-miento de error muy parecido al tercero, ya que versa sobre la indebida apreciación de la prueba y su suficiencia para decretar el divorcio, decidiremos en la misma forma.

No es necesario tratar de los demás extremos de la ape-lación.

La sentencia apelada debe ser revocada.

Los Jueces Asociados Sres. Wolf y Aldrey disintieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Aboy, Jr., acusado y apelante.
    No. 3277.

    Visto: Marzo 8, 1928.

      Resuelto: Abril 26, 1928.

      Miguel Guerra j J. Valide juli Jr., abogados del apelante; José E. . Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una acusación por el delito de portar armas prohibidas, o sea un revólver. La corte declaró culpable al acusado. El apelante señala dos errores, pero cada uno de ellos equivale a decir que la corte apreció la prueba errónea-mente. El apelante comienza su alegato diciendo que en este caso no bubo conflicto de prueba, pero nos sentimos obligados a resolver que lo bubo.

No bay duda alguna de que en determinado momento en el Teatro Municipal el acusado estaba en posesión de un revólver. Hubo algún conflicto de prueba respecto a si él entregó el revólver a la persona encargada de la cantina o si1 la policía se la ocupó personalmente. Hallamos que tal conflicto carece de importancia. Algunos de los testigos de-clararon en el sentido de que bubo una lucba entre el acusado y otra persona y que el acusado le quitó el revólver a ésta y lo entregó a mi tercero-, según se lia dicho. Parte de esta prueba proviene de las manifestaciones hechas por el mismo-acusado. Por otra parte, hubo un conflicto de prueba y la Corte tenía derecho a creer, entre otras cosas, que el acusado-se enfureció por habérsele extraviado su sombrero; que salióy fué a su automóvil, cogió un revólver y regresó con él. Además la corte tenía derecho a no creer, inmediatamente-que se probó positivamente que el acusado portaba un revól-ver, las explicaciones dadas por los testigos tendentes a excusar a dicho acusado. Si bien la presunción de inocencia está a favor de un acusado, éste está obligado a explicar satisfactoriamente su conducta una vez que se demuestra definitivamente que porta un revólver. No podemos convertir con el apelante en que los tramoyistas del teatro son personas que no merecen crédito alguno. Son iguales a cualesquiera otros testigos, hasta que algo ocurra durante el juicio que dé lugar a que se ponga en duda su credibilidad. Toda la prueba tendió a demostrar la culpabilidad del acusado.

La sentencia apelada, debe ser confirmada.


text:
    Avelino Vicente y González, demandante y apelante, v. Pedro N. Ortiz, Comisionado de Sanidad Insular, demandado y apelado.
    No. 3976.

    Visto: Marzo 18, 1927.

      Resuelto: Abril 28, 1928.

      De la Torre & Ramírez y L. FeUú, abogados del apelante; George G. Butte, Attorney General, y C. Llauger Díaz y Arturo Ortiz Toro, y Litis Ramalea, Sub-Procuradores, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Avelino Vicente y González presentó en la Corte de Distrito de San Jnan nna petición jurada de injunction para recobrar la posesión, dirigida contra el Comisionado de Sanidad Insular don Pedro N. Ortiz, alegando que dentro del año precedente a su demanda tiene la posesión real y material de una finca de 140 cnerdas cuya descripción bace, radicada en la Sección Sur del barrio de Santurce de esta ciudad, siendo colindante por el sur con. el caño de Martín Peña, y que el demandado algunos días antes de la demanda empezó a construir por sus empleados y agentes nna cuadra o establo en dicha finca en nn lote de terreno de ella qne colinda por sns cnatro punfos cardinales con terreno de la expresada finca del demandante.

El demandado contestó la demanda negando por falta de información y creencia qne el demandante tenga la posesión de la finca qne describe en sn demanda, annqne admitiendo qne posee nna finca qne colinda con terrenos y manglares del Pneblo de Puerto Rico: negó qne por sns agentes y empleados baya empezado a construir nn establo en terreno comprendido dentro del perímetro de la finca descrita en la demanda y, en contrario, alegó que El Pueblo de Puerto Rico es dueño en el mismo barrio de nna finca de 464 cnerdas y 52 centímetros de otra cuya descripción hizo, colindante por el Norte con don Avelino Vicente y por el Sur con el caño de Martín Peña, de la qne forma parte nna parcela de 26 hectáreas 58 áreas y 11 centiáreas, cuyo lindero por el Norte es don Avelino Vicente, qne fné deslindada en 1923 con la intervención del demandante; parcela cuya posesión tiene El Pneblo de Puerto Rico desde antes de 1923 y actualmente, y dentro de la. cual empezó a construir el establo a cnatro metros de la colindancia de don Avelino Vicente, quien nunca ha estado en posesión del trozo de terreno en qne se fabri-caba el establo: y negó qne don Avelino Vicente haya sido perturbado o despojado por el demandado o sns empleados de propiedad alguna.

El demandante solicitó de la corte inferior qne ordenase la eliminación de todos y de cada uno de los párrafos de esa contestación y de todas sns alegaciones por ser inma-teriales, impertinentes e insuficientes para constituir defensa, pero esa petición fue negada y entonces interesó de la' corte qne dictase sentencia contra el demandado por las alegacio-nes, lo qne también le fue negado; y celebrado el juicio la corte dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, siendo sn principal fundamento qne el establo en cuestión se empezó a construir en terreno poseído por El Pneblo de Puerto Rico y cuya posesión física y material ha tenido por más de tres años el Comisionado del Interior por sns agentes, sin haber sido interrumpido en ella por otras personas ni por el de-mandante.

En la apelación qne contra esa sentencia ha interpuesto don Avelino Vicente alega cuatro motivos de error, siendo el primero por haberse negado la corte inferior a eliminar las alegaciones de la contestación: el segundo por no haber dictado sentencia contra el demandado por los méritos de las alegaciones: el tercero por haber permitido que el deman-dado presentase prueba tendente a demostrar deslindes, men-suras, títulos y supuestos derechos de propiedad en un ter-cero que no era parte en el litigio: y el cuarto por ser el fallo contrario a la ley y a los hechos.

Hemos extractado al principio lo esencial de las alegaciones de la demanda y de la contestación y por ellas puede verse que la contestación controvierte las alegaciones de la demanda, pues diciéndose en ésta que el demandante estaba durante el año anterior a la presentación de la de-manda en la. posesión real y material de mía finca de 140 cuerdas con 90 céntimos en el barrio de Santurce de esta ciudad y que el demandado le ha privado de una porción de ella enclavada dentro de dicha finca, en la cual porción em-pezó la construcción de un establo, el demandado no sólo niega la posesión alegada por el demandante y los actos de despojo que se le atribuyen sino que además afirma que la cuadra empezó ai ser construida en terrenos poseídos por El Pueblo de Puerto Rico con má's de un año de antelación a la de-manda, a cuatro metros de su coliñdancia con don Avelino Vicente. Es cierto que el demandado alega posesión a favor de El Pueblo de Puerto Rico pero puede hacerlo así porque él ha sido demandado como Comisionado de Sanidad Insular, o sea, como uno de los jefes de los departamentos del go-bierno de Puerto Rico, y en tal carácter puede alegar pose-sión a favor de El Pueblo de Puerto Rico. . El demandado negó haber comenzado a construir la cuadra en terrenos poseídos por el demandante y luego afirmó que comenzó la construcción de dicha cuadra en terrenos poseídos por El Pueblo de Puerto Eico, pero a nuestro modo de ver esa negativa y esa afirmación no equivalen a una aceptación de los hechos de la demanda, pues aun cuando admite la cons-trucción del establo niega que fuera hecho en terrenos po-seídos por el demandante, que es la materia de este pleito, suscitando así la cuestión de posesión del terreno ocupado por la cuadra. Asimismo es verdad que el demandado a'legó en su contestación título de propiedad del Pueblo de Puerto Eico a los terrenos por él poseídos, planos de sus fincas y deslinde hecho de ellos, materia que era impropia en este procedimiento, y que debió ser eliminada, pero el no haber sido eliminados esos particulares no es motivo para que revoquemos la sentencia apelada pues no han causado per-juicio alguno al apelante ya que la corte inferior dijo en varias ocasiones durante el juicio que sólo había en contro-versia una cuestión de posesión y no de propiedad y que no .tendría en cuenta los planos, por lo que tales alegaciones y la prueba de ellos no han podido influir ni' influyeron en la decisión de este asunto. Además, el propio demandante hizo una descripción de toda la finca de él y presentó en el juicio un plano de una parte de la misma que fué hecho pocos días antes de la celebración del'juicio.

En vista de que el procedimiento de injunction para recobrar la posesión se está convirtiendo en pleitos sobre propiedad alegándose títulos, presentándose planos de las fincas y haciéndolos tan voluminosos como los pleitos de reivindicación, queremos decir una vez más, como hemos de-clarado otras veces, que la única cuestión, en estos injunctions es si el demandante tenía la posesión o tenencia material de la cosa de que ha sido perturbado o despojado en el año precedente a la presentación de la demanda y si tal despojo existió, y que la contestación debe limitarse a admitir o negar la posesión alegada por el demandante y los actos de despojo o perturbación de que se queja, pues como la posesión como hecho, no puede estar on dos personalidades distintas a un mismo tiempo, fuera de los casos de indivisibilidad, debe ser cuestión de alegación y de prueba únicamente y de deci-sión por el tribunal si el demandante tenía o no la posesión y si teniéndola fue despojado de ella o perturbado en la misma por el demandado. Eso es todo en estos pleitos pues la cuestión del derecho con que se posee y la de hasta dónde lleguen las respectivas fincas no es materia propia de: estos procedimientos sino de los juicios plenarios sobre propiedad, y por esto las partes y las cortes deberán limitar las pre-sentes contiendas a la sola posesión y a su despojo o per-turbación.

Todo lo que hemos dicho al considerar los dos primeros motivos de error alegados es aplicable también al tercero fundado en que la corte erró al admitir como evidencia con la oposición del demandante prueba tendente a demostrar deslindes y mensuras, títulos y supuestos derechos de pro-piedad en un tercero que no era parte en el litigio, tanto más cuanto que si bien se alegaron deslindes y mensuras no se presentaron éstos ni tampoco los títulos de propiedad sino solamente planos.

Réstanos el cuarto motivo por haber errado la corte aL dictar un fallo contrario a la ley y a los hechos.

La evidencia .respecto a la posesión del pedazo de te-rreno en que la cuadra empezó a ser construida fue contra-dictoria, pues •mientras los testigos del demandante decla-raron que éste lo poseía porque estaba poseyendo la finca descrita en la demanda, dentro de la cual estaba, el deman-dado presentó como testigos a varios empleados que El Pueblo de Puerto Rico tenía en la finca que posee desde más de tres años antes de la demanda, quienes tenían la misión de custodiar esos terrenos en nombre de El Pueblo de Puerto Rico y de vigilarlos para que no se hicieran construcciones en ellos, testigos qne también manifestaron qne el terreno donde fné empezada la construcción del establo estaba pose-yéndolo El Pueblo de Puerto Pico bajo la custodia de ellos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Álamo, acusado y apelante.
    No. 3303.

    Vista: Enero 13, 1928.

      Resuelto: Abril 28, 1928.

      B. Sánchez Castaño, G. Benitez Gautier y Dubón & Ochoteeo, aboga-dos del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, ape-lado .
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En el pueblo de Bayamón, y en presencia de varias per-sonas, el acusado dijo: “Esa americana es una puta.” En apelación de una sentencia condenatoria por el delito de ca-lumnia e injurias, el fiscal de esta corte conviene con el apelante en qne este caso debe ser revocado. La teoría es qne las palabras proferidas no imputan delito alguno ni son un relato o informe dentro de la sanción de nuestro estatuto. Sección 5691 et seq., Compilación de los Estatu-tos Revisados de 1911, página 951.

Indicamos durante la vista que hay un estatuto federal general aplicable a los territorios de los Estados Unidos, según el cual la fornicación - constituye un delito. Codificación de las Leyes de los Estados Unidos, título 18, capítulo XIII, secciones 511 y 518. El fiscal dice, entre otras cosas:

“Asumiendo que la imputación de la denuncia cayese dentro de la sección 518, ¿podría, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico enjuiciar a la perjudicada por dicho delito? A nuestro juicio, no. La jurisdicción de la Corte Federal es limitada en cuanto a los delitos, y tiene jurisdicción solamente de aquellos; por1 violación a los estatutos federales de los Estados Unidos. Siendo' esto así, aún suponiendo que la imputación fuese más general y esta-bleciese el comercio carnal siendo soltera, si no se alega que el hecha ha sido realizado dentro de los límites jurisdiccionales de la Corte Federal no nos parece que habría establecido la imputación de delito, que es el elemento esencial requerido por la ley y la jurisprudencia.,
“No tenemos duda alguna de que una imputación calumniosa que estableciese el hecho de una persona haber hurtado correspondencia en una oficina de correo, establecería la imputación clara de un delito penado por las leyes federales, y, por' tanto, sería proeesable por ca-lumnia, e injuria,, porque tendría el elemento esencial para hacerlo delito dentro de las leyes federales.
“Pero la imputación de un hecho delictivo, si no está penado por los estatutos locales, tiene que aparecer claramente penado por los estatutos federales para que pudiese constituir el delito de injuria y calumnia. ’ ’

Si existe el delito, es claro que no importaría en abso-luto que las palabras proferidas imputaran o no un delito contra las leyes aprobadas por la Legislatura local. Se imputaría un delito contra las leyes vigentes en Puerto Rico, ya pudiera tal delito ser o no juzgado por las cortes locales. Tal vez si sólo se tratara de un delito contra las leyes de cualquier otro país civilizado, especialmente si la ’ mujer ofendida vivió allí, las palabras proferidas por el acusado podrían caer dentro de la sanción del estatuto.

El argumento del fiscal es más bien al efecto de que la denuncia no alega que la mujer que se supone haber sido agraviada era soltera. El estatuto de los Estados Unidos realmente se refiere a personas no casadas. Si la ofendida no era soltera (unmarried), era casada. Ésa necesaria-mente sería una completa división de las posibilidades. Si la perjudicada era casada, prima facie sería culpable del delito de adulterio, procesable de acuerdo con nuestras le-yes locales. Aceptando sin resolverlo que en la denuncia debiera alegarse cuál era el estado civil de la mujer, no habiéndose levantado objeción alguna al efecto, ese defecto no era fundamental, si partimos del supuesto de que las palabras usadas necesariamente imputaban un delito, ya fuera la perjudicada casada o no. Además tal defecto pudo haber sido subsanado por la prueba, la que no ha sido ele-vada a este tribunal, por haber descansado el acusado en su excepción perentoria de falta de hechos constitutivos de delito.

Si las anteriores consideraciones dieran lugar a algunas dudas, el caso puede ser resuelto por otras razones. Decir en presencia de otras personas que una mujer es una puta es hacer un relato o informe procesable de acuerdo con nuestro estatuto. Así, el atacar la castidad de una mujer, si bien originalmente no era castigable como delito de acuerdo con el derecho común y por tanto, no era procesable per se, es penable en la actualidad, de acuerdo con los estatutos o con las decisiones de las cortes. 36 C. J. 1175. Con estos antecedentes, ya sean las palabras proferidas calumniosas per se o no, constituyen un relato o informe contra la castidad de una mujer. Las opiniones anteriores de esta corte (El Pueblo v. García, 21 D.P.R. 163; El Pueblo v. López, 23 D.P.R. 114; El Pueblo v. Colberg, 24 D.P.R. 673; El Pueblo v. Bernard, 32 D.P.R. 857; El Pueblo v. Flores, 23 D.P.R. 501; El Pueblo v. Matos, 35 D.P.R. 899) no contienen pronunciamiento alguno necesario a la resolución de dichos casos que pudiera excluir la conclusión a que hemos llegado. Analizados debidamente, algunos de estos casos sostendrían las conclusiones de esta opinión.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Jnez Asociado Sr. Texidor no intervino.