text:
    Vivian Alina Díaz Ramos, peticionaria, v. Celestino José Matta Irizarry, recurrido.

      Número: CC-2016-1148

      Resuelto: 11 de agosto de 2017

      María I. Santos Rivera y Yadira A. Santiago Vázquez, aboga-das de la parte peticionaria; Carmen E. Mora Ruiz, de González y Mora, C.S.P., abogada de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si procede la aplicación retroactiva de las Guías Mandatorias para Com-putar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico de 2014, Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014. Así, el presente caso nos requiere aclarar el concepto caso pendiente en el contexto particular de una obligación de brindar alimentos a los hijos menores de edad.

I

La Sra. Vivian Alina Díaz Ramos (peticionaria) y el Sr. Celestino José Matta Irizarry (recurrido) procrearon 3 hi-jos durante su matrimonio. Posteriormente, durante el trá-mite de divorcio, se concedió a la señora Díaz Ramos la custodia de los menores de edad y se fijó una pensión ali-menticia de $1,137.50 quincenales al amparo de las Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico de 2006, Reglamento Núm. 7135 de 24 de abril de 2006 (Guías de 2006).

Pasados más de 3 años, el 9 de julio de 2012 la señora Díaz Ramos presentó una solicitud de revisión de la pen-sión alimenticia. Con el fin de fijar la nueva pensión, la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA) celebró 14 vistas en las cuales recibió prueba sobre el ingreso de am-bos padres, los nuevos gastos universitarios de 2 de los hijos y la disminución de las relaciones paternofiliales. Así pues, ante los cambios en las necesidades de los menores, la EPA fraccionó la revisión en 8 periodos.

Finalmente, la EPA rindió un Informe el 18 de abril de 2016 en el cual recomendó computar la pensión según lo dispuesto en la guía vigente para cada periodo. Es decir, la pensión para los primeros 5 periodos —comprendidos desde el 9 de junio de 2012 al 31 de noviembre de 2014— se computaron a tenor de lo dispuesto en las Guías de 2006, y los restantes 3 periodos —comprendidos desde el 1 de diciembre de 2014 en adelante— se calcularon en virtud de las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Ali-mentarias en Puerto Rico de 2014, Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014 (Guías de 2014). El 19 de abril de 2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la cual acogió las precitadas recomendaciones de la EPA.

Así las cosas, el 29 de abril de 2016, la señora Díaz Ramos presentó ante el foro primario 2 mociones. En la moción intitulada Cómputo de retroactivo de pensión ali-mentaria y solicitud de resolución ordenando pago indicó que, conforme al desglose de la pensión alimenticia que debió pagar el señor Matta Irizarry desde el 2012 a mayo de 2015, éste adeudaba $30,836.41. Por otra parte, la se-gunda moción urgió el cobro de honorarios de abogados.

Ante esto, el 3 de mayo de 2016 el señor Matta Irizarry presentó una Moción solicitando reconsideración, en la cual indicó que las Guías de 2014 debieron retrotraerse a todos los periodos en revisión, toda vez que las nuevas guías aplican a los casos pendientes. En vista de ello, alegó que su caso aún estaba en etapa de descubrimiento de prueba ante la EPA cuando advino la fecha de efectividad de las Guías de 2014. Consecuentemente, solicitó al foro primario que recalculara la pensión correspondiente de los periodos comprendidos desde el 9 de julio de 2012 al 30 de noviembre de 2014 al amparo de las Guías de 2014. No obstante, el foro primario denegó tal solicitud mediante una Resolución notificada el 8 de junio de 2016.

Por estar en desacuerdo, el 1 de julio de 2016 el señor Matta Irizarry presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El 4 de octubre de 2016, el foro apelativo intermedio notificó la Sentencia en la cual con-cluyó que las Guías de 2006 fueron derogadas, pues así lo dispuso expresamente el Artículo 5 de las Guías de 2014. Además, puntualizó que el Artículo 29 de las Guías de 2014 establece que estas aplicarán a todo caso pendiente. De esta forma, revocó el dictamen recurrido y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que realizara un nuevo cómputo de la pensión alimenticia retrotrayendo las Guías de 2014 a todos los periodos en controversia.

Ante este mandato del Tribunal de Apelaciones, la peticionaria presentó una Moción de reconsideración el 17 de octubre de 2016, mas ésta fue denegada el 4 de noviembre de 2016. Asimismo, el 4 de noviembre de 2016, la peticionaria recibió la notificación de una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia en la que se computó la pensión alimenticia para todos los periodos adeudados al amparo de las Guías de 2014.

Por estar inconforme, la señora Díaz Ramos compareció ante este Tribunal mediante una Moción en auxilio de ju-risdicción y un recurso de certiorari. La peticionaria soli-citó la paralización de los procedimientos relacionados con la aplicación retroactiva de las Guías de 2014. Arguyo que la referida Resolución y Orden fue emitida prematura-mente, pues no habían transcurrido los 10 días laborables luego de haber advenido final y firme la decisión del Tribunal de Apelaciones.

Por su parte, en el recurso certiorari señaló que la apli-cación retroactiva de las Guías de 2014 a todos los periodos en controversia supuso una reducción de aproximadamente $36,500, entiéndase, un 38% de la pensión alimenticia de los 3 menores de edad. Por esto, la peticionaria planteó que erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y haber ordenado un nuevo cómputo aplicando retroactivamente las Guías de 2014 a todos los periodos adeudados. Además, argüyó que la determinación del foro apelativo intermedio contravino el principio de la irretroactividad de las leyes y lo resuelto en Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009).

Examinado los recursos, el 15 de diciembre de 2016 de-claramos “con lugar” la Moción en auxilio de jurisdicción y concedimos a las partes un término de 20 días para que mostraran causa por la cual debíamos expedir el presente recurso de certiorari. Contando con el beneficio de la com-parecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

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En nuestro ordenamiento jurídico, todo padre y madre tiene “el deber de [alimentar a sus hijos no emancipados], tenerlos en su compañía, educarlos e ins-truirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho”. Art. 153 del Código Civil, 31 LPRA sec. 601. Es de tal envergadura esta obligación que hemos reconocido que la reclamación de alimentos es constitutiva del dere-cho a la vida protegido por la Constitución de Puerto Rico. Véanse: Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra; Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001). Ello, pues este derecho está

[...] destinado a proteger la supervivencia de la persona, su desarrollo biológico y su formación, a fin de que ésta pueda insertarse activamente en la sociedad y paralelamente gene-rarse la oportunidad de concretar su proyecto de vida que com-prende la realización de la persona en el ámbito material y espiritual. C.G. González Fuentes, Alimentos: el derecho de alimentos desde la perspectiva de los derechos fundamentales Perú, Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia, 2007, pág. 15.

En calidad de servir como garante de este derecho, el legislador creó la Agencia para el Sustento de Menores (ASUME) cuya política pública es procurar que los padres legales cumplan con su deber de mantener a sus hijos me-nores de edad. Véase Art. 3 de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 LPRA see. 502 (Ley Orgánica de la ASUME). Para lograr la consecu-ción de tal objetivo, la Asamblea Legislativa delegó al ad-ministrador de la ASUME la facultad de adoptar regla-mentos dirigidos a instrumentar el cómputo de las pensiones alimenticias. Véase 8 LPRA sec. 518. En virtud de esta facultad, el 29 de octubre de 2014 la ASUME promulgó las nuevas Guías de 2014, cuyo propósito es “establecer las guías mandatorias para determinar las pensio-nes alimentarias de los y las alimentistas menores de edad en Puerto Rico, basadas en criterios numéricos y descripti-vos, los cuales faciliten el cómputo de la cuantía de la obli-gación alimentaria”. Artículo 3 de las Guías de 2014, supra, pág. 1.

Sin embargo, la puesta en vigor de las Guías de 2014 ha producido dictámenes dispares. Para comprender este conflicto interpretativo es necesario examinar el Artículo 29 de estas guías, el cual dispone lo siguiente:

Este Reglamento entrará en vigor a los treinta (30) días de su presentación ante el Departamento de Estado, según estable-cido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. El mismo aplicará a todos los casos que estén pendientes y a los que se presenten con posterioridad a la fecha de su vigencia. Artículo 29 de las Guías de 2014, supra, pág. 33.

Sobre este particular, diversos foros inferiores han op-tado por una aplicación prospectiva de las Guías de 2014, pues el texto del precitado artículo indica que éstas “entrará[n] en vigor a los 30 días de su presentación ante el Departamento de Estado”. Por otra parte, en un sinnú-mero de dictámenes, el Tribunal de Apelaciones —inclu-yendo el panel adjudicador de la Sentencia aquí recurrida— concluyó que las Guías de 2014 son de aplicación retroactiva en consideración a que la segunda oración del Artículo 29 dispone que éstas “aplicará [n] a todos los casos que estén pendientes [...] ”.

Asimismo, alertamos que el concepto caso pendiente ha sido interpretado de forma conflictiva. En ciertas instan-cias se define como aquel en que no ha advenido final y firme una sentencia o resolución. Por lo tanto, un caso aún en etapa apelativa se consideraría como pendiente. Sin embargo, otros adjudicadores han definido caso pendiente como aquel que ha quedado sometido para la dilucidación ante el tribunal, entiéndase, luego de haber concluido el desfile de la prueba.

Ahora bien, este Tribunal se enfrentó a este conflicto interpretativo anteriormente. Destacamos, pues, que en Torres Rodríguez examinamos de forma particular el asunto de la retroactividad de las Guías de 2006. Mediante estas guías se introdujo, por primera vez, la cláusula de ajuste de la pensión por ampliación de las relaciones filiales. Ante esto, el padre no custodio alegó que el ajuste a la pensión alimenticia básica —computada en virtud de las Guías de 2006— debía retrotraerse al 2003, año en el cual el tribunal amplió sus relaciones paterno-filiales. El con-flicto interpretativo sobre la aplicación retroactiva de las Guías de 2006 se circunscribió al lenguaje del Artículo 12, disposición legal idéntica a la que hoy procedemos a dirimir.

Con tal de disponer de aquella controversia, este Tribunal optó por emplear un examen para determinar la retroactividad de las Guías de 2006. Este requiere evaluar: “ ‘en primer lugar, si el reglamento tiene efecto retroactivo; en segundo lugar, si la agencia que lo adopta tiene la fa-cultad delegada de otorgarle efecto retroactivo a ese regla-mento y en tercer lugar, si el efecto retroactivo del regla-mento es válido’ Torres Rodríguez, supra, pág. 758.

Tras la aplicación de este análisis concluimos que el “Art. 12 del Reglamento Núm. 7135, supra, estableció] de forma palmaria que su aplicación debe ser prospectiva, al exponer que su entrada en vigor será a los treinta días de su presentación en el Departamento de Estado sin especificar si tendr[ía] efecto retroactivo”. Torres Rodríguez, supra, pág. 761. Además, al analizar los poderes delegados a la ASUME, concluimos que no surgía de la Ley Orgánica de la referida agencia la intención expresa ni tácita para que ésta creara reglamentos de aplicación retroactiva. Por el contrario, enfatizamos que

[l]a intención legislativa no fue permitir que la ASUME pu-diera promulgar reglamentos de aplicación retroactiva que pu-dieran menguar de alguna forma las pensiones alimenticias. Esto es así, porque lo más importante para el legislador es el bienestar del menor, el cual se podría afectar ante la disminu-ción de la pensión alimenticia, aunque se trate de un ajuste. En ese sentido, no podemos ni debemos refrendar la aplicación retroactiva de un reglamento que a todas luces no puede com-portar tal pretensión. Id., pág. 763.

Sin embargo, en aquel entonces este Tribunal nada dis-puso acerca del concepto caso pendiente en el contexto de una obligación de suplir alimentos a los menores de edad.

A pesar de nuestro dictamen en Torres Rodríguez, en el presente caso, el Tribunal de Apelaciones —al igual que el recurrido— puntualizan que las Guías de 2014 pueden ser aplicadas retroactivamente. Además, el foro apelativo in-termedio subraya que la controversia ante nuestra consi-deración se distingue de lo resuelto en Torres Rodríguez, pues se circunscribió únicamente a si la cláusula de ajuste a la pensión alimenticia por las relaciones paternofiliales, introducidas por primera vez mediante las Guías de 2006, era de aplicación retroactiva.

Por el contrario, la peticionaria reafirma que la retroac-tividad es la excepción en nuestro ordenamiento jurídico y que en Torres Rodríguez se resolvió exactamente la pre-sente controversia. Ello pues, el texto del Artículo 12 de las Guías de 2006 y el Artículo 29 de las Guías de 2014 son un calco exacto. Asimismo, el análisis empleado por este Tribunal para concluir que la ASUME carecía de facultad para promulgar reglamentos con efecto retroactivo fue ex-tensivo a todo el cuerpo reglamentario y no meramente a la cláusula de ajuste a la pensión alimentaria por las relacio-nes paternofiliales como argüyó el recurrido.

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Como es sabido, la obligación de suplir alimentos está revestida por un alto interés público, pues el Estado pro-cura que mediante esta prestación económica los menores de edad logren la aptitud de valerse por sí mismos. Hoy, esta obligación abarca la satisfacción tanto de las necesi-dades vitales como del abrigo, la habitación, la salud, la educación, entre otros. Ante la confluencia de estos elemen-tos que propenden al desarrollo óptimo del ser humano, surge el desdoblamiento de la obligación de brindar ali-mentos, entiéndase, la distinción entre la obligación jurí-dica básica y las obligaciones de cumplimiento periódico. A. Padial Albás, La obligación de alimentos entre parientes, Barcelona, Ed. Bosch, 1997, págs. 181-182.

En materia de los alimentos entre parientes, la obliga-ción jurídica básica surge de la relación habida “entre ali-mentante y alimentista, de naturaleza estrictamente personal [...] ”. Padial Albás, op. cit., pág. 183. Ahora bien, el cumplimiento con esta obligación jurídica básica genera, a su vez, obligaciones periódicas cuyo contenido se adscribe a “lo indispensable para el sustento” del alimentista. Id.

Es por ello que diversos estudiosos de la materia coinci-den en que la obligación de brindar alimentos es persona-lísima, imprescriptible, de carácter recíproco, relativa, variable y no es susceptible de ser satisfecha mediante la figura de la solidaridad. Véase M. Medina de Lemus, Derecho Civil: derecho de familia, Madrid, Dilex, 2005, T. IV, pág. 33; González Fuentes, op. cit., pág. 14.

De las precitadas características, la relatividad y varia-bilidad manifiestan la susceptibilidad de cambio en el con-tenido de la obligación por el mero paso del tiempo, lo cual hace de este un deber sui géneris. Veamos.

Por relatividad debemos entender que la configuración de la prestación requiere evaluar tanto las necesidades del alimentista como las posibilidades económicas del obligado. Véase Medina de Lemus, op. cit., pág. 33. Es decir, la obligación se circunscribe a un balance entre las ne-cesidades del menor de edad y el principio de proporciona-lidad que considera el patrimonio de ambos padres del alimentista. Por su parte, la variabilidad se refiere a que es un derecho condicional y variable, lo que provoca que en determinados supuestos se aumente o se reduzca la cuan-tía de esta obligación. Id.

Ante la naturaleza cambiante del contenido de la obligación de suplir alimentos, surge el esquema de revi-siones periódicas. En virtud de la Ley Orgánica de la ASUME, las pensiones se revisan o se modifican cada 3 años. Véase 8 LPRA sec. 518. Además, cabe señalar que las Hojas de Trabajo para Computar Pensiones Alimentarias se completan por intervalos de tiempo de un año o de cierto espacio de tiempo en el cual surgió un cambio sustancial en las necesidades del menor o en la proporcionalidad por la que responde cada padre alimentante. Mediante la revi-sión de las pensiones por intervalos de tiempo se facilita su cómputo. De esta forma, el procedimiento aritmético em-pleado para este cálculo puede abonar a la fijación de pen-siones más armónicas, pues este diseño de revisiones faci-lita la adecuación entre la obligación y la realidad que le circunda.

B

En vista de que la presente controversia versa so-bre un asunto de temporalidad, procedemos a examinar las disposiciones del Derecho transitorio aplicables. En primer lugar, es necesario enfatizar que en nuestro ordenamiento jurídico es norma general que “[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario”. Art. 3 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3. Esta norma res-ponde a que “[e]l principio de irretroactividad es expresión o efecto del valor de seguridad jurídica [...] A través del referido principio [...] se trata de mantener un estado de certeza e inamovilidad de las situaciones a fin de que los sujetos actúen amparados por una determinada legislación [...] ”. B. Verdera Izquierdo, La irretroactividad: problemá-tica general, Madrid, Ed. Dykinson, 2006, págs. 31-32. Consecuentemente, la retroactividad de las leyes es una excepción en nuestro ordenamiento, por lo que la intención del legislador sobre tal efecto debe relucir del propio cuerpo normativo ya sea de forma tácita o expresa. Véanse: Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra; Asoc. Maestros v. Depto. Educación, 171 DPR 640 (2007); Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 DPR 101 (2006).

Por otra parte, cabe puntualizar que el principio de la irretroactividad de las leyes se extiende a la aplica-ción de los reglamentos administrativos, pues “ ‘[l]a pala-bra ‘Leyes’ utilizada por el artículo 3 [del Código Civil] ha de entenderse en sentido amplio, por lo que el principio de irretroactividad deberá aplicarse a las demás normas jurí-dicas; por ejemplo, a las disposiciones administrativas’ Torres Rodríguez, supra, pág. 758. Véase, además, F. Bonet Ramón, Compendio de derecho civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1959, T. I, pág. 203.

A pesar de que el principio de la irretroactividad apa-renta solucionar las problemáticas surgidas de la sucesión de las leyes en el tiempo, la realidad es que no existe una fórmula universal para ello. Verdera Izquierdo, op. cit., pág. 131. Esto es así, puesto que “en la aplicación de una regla aparentemente tan sencilla, se encuentra una de las más graves dificultades que ofrece la ciencia del Derecho: la de determinar con precisión qué es lo que debe conside-rarse como pasado respecto a la nueva ley”. P. Fiore, De la irretroactividad e interpretación de las leyes: estudio crítico y de legislación comparada, 4ta ed., Madrid, Ed. Reus, 2009, pág. 30.

Para la debida adjudicación de la presente controversia, es meritorio examinar los diversos supuestos de retroactividad. El derecho transitorio ha elaborado diver-sas clasificaciones, entre las cuales se encuentra la catego-ría según el grado de retroactividad. Esta categorización se basa en el efecto de retroactividad, entiéndase, si es de grado máximo, medio o mínimo. Verdera Izquierdo, op. cit., págs. 85-86.

La retroactividad de grado máximo es aquella en la que “[l]a ley nueva se aplica incluso a las consecuen-cias de actos y relaciones jurídicas realizados bajo la vigencia de la anterior”. Verdera Izquierdo, op. cit., págs. 86-87. Por su parte, la retroactividad en grado medio surge cuando

[l]a ley retroactiva se aplica a efectos que ya existían o habían nacido durante la vigencia de la ley derogada, pero que han de ejecutarse después de la entrada en vigor de la nueva norma. Consecuentemente, la nueva ley es aplicada a efectos aún no consumados de situaciones que nacieron al amparo de la norma antigua. íd., pág. 90.

Finalmente, la retroactividad de grado mínimo surge cuando “ ‘[l]a nueva ley se aplica a los efectos de una rela-ción jurídica regulada según la vigencia de la legislación anterior, pero sólo a los que nazcan después de estar vi-gente la nueva ley, sustituyendo desde entonces la nueva regulación a la antigua’ ”. Verdera Izquierdo, op. cit., pág. 91.

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Como bien anticipamos, la señora Díaz Ramos solicitó, el 9 de julio de 2013, la revisión de la pensión alimenticia de los 3 menores de edad procreados con el señor Matta Irizarry. Sin embargo, la revisión de la pensión estuvo ante la consideración de la EPA y el Tribunal de Primera Ins-tancia durante más de 3 años, periodo en el cual hubo un cambio en las guías para fijar las pensiones. La ASUME promulgó las Guías de 2014 el 30 de octubre de 2014, cuya fecha de efectividad sería, específicamente, el 29 de no-viembre de 2014. A esos efectos, la EPA recomendó en su Informe de 18 de abril de 2016 que se fijara la pensión utilizando las guías que estuviesen vigentes para cada periodo. Por lo tanto, los primeros 5 periodos en revisión se computaron al amparo de las Guías de 2006 y los restantes periodos según lo establecido en las Guías de 2014. Finalmente, el 19 de abril de 2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en la cual acogió las recomendaciones de la EPA.

Por hallarse inconforme, el señor Matta Irizarry recu-rrió al Tribunal de Apelaciones, foro que determinó que las Guías de 2014 aplican retroactivamente a todos los perio-dos en controversia. Ante este dictamen —lo cual supuso una reducción del 38% de la pensión de los menores—, la señora Díaz Ramos acudió ante este Tribunal.

Ahora bien, para disponer correctamente de la presente controversia, es necesario aplicar a los hechos antes esbo-zados el análisis de la irretroactividad de los reglamentos administrativos acogido en Torres Rodríguez.

El primer criterio a evaluar es si el reglamento en cues-tión tiene efecto retroactivo. De la lectura del Artículo 29 de las Guías de 2014 surge claramente que estas entrarán “en vigor a los treinta (30) días de su presentación ante el Departamento de Estado [...] ”. Art. 29 de las Guías de 2014, supra, pág. 33. Sin embargo, el mencionado artículo también dispone que “aplicará a todos los casos que estén pendientes y a los que se presenten con posterioridad a la fecha de su vigencia”. íd. Según reseñamos, el concepto caso pendiente ha sido una de las principales fuentes de la disparidad adjudicativa en los foros inferiores ya que para algunos éste revela la intención tácita del legislador para impartir efecto retroactivo al reglamento. Para disipar cualquier duda sobre este particular, procedemos a anali-zar el concepto caso pendiente en el contexto de una obh-gación de suplir alimentos.

Como bien detallamos, la obligación de dar alimentos es particular, sensitiva al devenir del tiempo, por lo que la Ley Orgánica de la ASUME diseñó un mecanismo para el cómputo de las pensiones basado en un análisis de periodicidad. De esta forma se pretende fijar pensiones que, con mayor certeza, reflejen o se ajusten a los cambios en las necesidades del menor o en la capacidad económica de los alimentantes.

Asimismo, cabe recordar que la acción mediante la cual se inicia una revisión de pensiones alimenticias surge de la obligación jurídica básica. No obstante, lo que se modifica en este proceso es el contenido de las obligaciones periódi-cas de brindar alimentos.

Es por ello que, al considerar el desdoblamiento jurídico de la obligación de brindar alimentos, es forzoso concluir que la multiplicidad de las obligaciones que frac-cionan el tiempo permite el cálculo de las pensiones según la normativa vigente para cada periodo. Por consiguiente, en este contexto particular, caso pendiente no implica retroactividad.

En segundo lugar, debemos analizar el criterio de si a la agencia administrativa le fue delegada la facul-tad para aprobar un reglamento con efecto retroactivo. En Torres Rodríguez concluimos que del Artículo 19 de la Ley-Orgánica de la ASUME no surge que la Asamblea Legisla-tiva le haya delegado, de forma tácita o expresa, este poder. Al presente, la referida ley no ha sido enmendada para investir a la ASUME con el poder para promulgar reglamentos con efecto retroactivo.

Tras estas conclusiones, resulta inmeritorio exa-minar el tercer criterio del análisis de la irretroactividad de los reglamentos administrativos. Finalmente, conclui-mos que —al considerar la naturaleza de la obligación de suplir alimentos, la transitoriedad del asunto y el diseño jurídico dispuesto por la Ley Orgánica de la ASUME—, corresponde el cálculo de las pensiones en virtud de la nor-mativa vigente para cada periodo en controversia.

Por ende, procede el cálculo de la pensión alimenticia según lo dispuesto en la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 19 de abril de 2016. En otras pa-labras, los primeros 5 periodos —comprendidos desde el 9 de junio de 2012 al 31 de noviembre de 2014— se compu-tan en virtud de las Guías de 2006 y los restantes 3 perio-dos —comprendidos desde el 1 de diciembre de 2014 en adelante— se calculan al amparo de las Guías de 2014.

V

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el pre-sente recurso y concluimos que erró el Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, se revoca la Sentencia aquí recu-rrida y se confirma la Resolución del Tribunal de Primera Instancia emitida el 19 de abril de 2016.

La Jueza Asociada Señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados Señor Kolthoff Caraballo y Señor Rivera García concurrieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón se inhibió.

       Los periodos fueron desglosados de la manera siguiente: (1) del 9 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012; (2) del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013; (3) del 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014; (4) del 1 de junio de 2014 al 31 de octubre de 2014; (5) del 1 de noviembre de 2014 al 31 de noviembre de 2014; (6) del 1 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014; (7) del 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2015; (8) del 1 de junio de 2015 en adelante.

       La EPA consignó en su Informe las siguientes recomendaciones:
      “Del 9 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012, el PNC [Padre No Custodio] debió haber pagado una pensión alimentaria de $3,754.00 mensuales.
      “Del 1ro. de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $3,574.00 mensuales.
      “Del 1ro. de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $3,800.00 mensuales.
      “Del 1ro. de junio de 2014 al 31 de octubre de 2014, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $3,050.00 mensuales.
      “Del 1ro. de noviembre de 2014 al 31 de noviembre de 2014, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $2,846.00 mensuales.
      “Del 1ro. de diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $1,572.00 mensuales.
      “Del 1ro. de enero de 2015 al 31 de mayo de 2015, el PNC debió haber pagado una pensión alimentaria de $1,680.00 mensuales.
      “Del 1ro. de junio de 2015 en adelante, el PNC deberá para una pensión alimen-taria de $2,162.00 mensuales. (Escolios omitidos). Véase Informe de 18 de abril de 2016”. Véase Informe de la EPA, pág. 16.

       El Artículo 5 de las Guías Mandatorias para Computar las Pensiones Ali-mentarias en Puerto Rico de 2014, Reglamento Núm. 8529 de 30 de octubre de 2014 (Guías de 2014) dispone lo siguiente:
      “Con la aprobación del presente Reglamento queda derogado el Reglamento Núm. 7135 titulado Guías para Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto Rico de 24 de abril de 2006. Se dispone que las pensiones alimentarias que se hayan fijado conforme al Reglamento Núm. 7135 solo serán revisadas o modifica-das si se cumplen con los criterios establecidos en el Artículo 19 de la Ley. Guías de 2014, supra, pág. 2.

       La Regla 84(E) del Tribunal de Apelaciones dispone lo siguiente respecto a las mociones de reconsideración:
      “Transcurridos diez (10) días laborables de haber advenido final y firme la de-cisión del Tribunal de Apelaciones, el Secretario (a) enviará el mandato al Tribunal de Primera Instancia o a la agencia correspondiente, junto con todo el expediente original, cuando éste haya sido elevado”. 4 LPRA Ap. XXII-B.

       Desglose de la reducción en la pensión alimenticia mensual tras la aplicación retroactiva de las Guías de 2014 a los primeros cinco periodos.

      *Cabe aclarar que en la precedente tabla no se incluyeron los 3 periodos com-prendidos desde el 1 de diciembre de 2014 en adelante, puesto que sobre ellos no existe controversia en cuanto a la aplicabilidad de las Guías de 2014.

       Véanse: Rivera Umpierre v. García Collazo, KLAN201300818 (2015); Tirado

        Pérez v. Serrano Nieves, KLAN201400770 (2015); Castrodad. Santos v. Negrón Cortés, KLAN201500560 (2015); Colón Alvares v. Ramírez Figueroa, KLAN201600411 (2016).

       En Colón Alvarez v. Ramírez Figueroa, KLAN201600411 (2016), el foro ape-lativo intermedio recurrió al uso y costumbre para significar el concepto caso pen-diente, puesto que el Reglamento Núm. 8529 no dispone nada al respecto. Por ello, concluyó que “ ‘caso pendiente’ se refiere a un caso en que todavía no se haya cele-brado vista evidenciaría o que todavía no esté sometido”. Íd., pág. 7. Asimismo, de-terminó “que los casos pendientes a los cuales hace referencia el Reglamento Núm. 8529 se refiere a todo caso en donde no haya recaído sentencia o resolución final; es decir aquellos casos que no hayan concluido”. íd.

       Véase Meaux Rivera v. García Aguirre, KLAN201500934 (2015).

       En este caso, el Tribunal de Primera Instancia revisó la pensión para los periodos comprendidos desde el 1997. Torres Rodríguez v. Carrasquilla Nieves, 177 DPR 728, 736 (2009).

       El referido Artículo 12 dispuso lo siguiente:
      “Este Reglamento entrará en vigor a los treinta (30) días de su presentación ante el Departamento de Estado, según establecido en la Ley de Procedimiento Ad-ministrativo Uniforme. El mismo aplicará a todos los casos que estén pendientes y a los que se presenten con posterioridad a la fecha de su vigencia”. Artículo 12 de las Guías de 2006, supra, pág. 31.

       El formulario intitulado Hojas de trabajo para computar pensiones alimen-tarias es utilizado para evaluar las necesidades de los menores y calcular la propor-ción del alimento por el cual responde cada padre. Disponible en: https://www2.pr.gov/agencias/asume/informacion/Documents/Hoja%20de%20trabajo%20 para%20computar%20pensiones%20alimentarias%20Basadás%20en%20el%20Reglamento %208529.pdf (última visita, 24 de marzo de 2017).

       En Torres Rodríguez concluimos que no era de aplicación retroactiva, puesto que el texto no aludió expresamente a ese tipo de aplicación.


source: Caselaw Access Project

author: EL Juez Asociado Señor Rivera García Juez Asociado Señor Es-trella Martínez,

license: Public Domain

text:
    Jessica Saldaña Torres y otros, peticionarios, v. Municipio Autónomo de San Juan y otros, recurridos.

      Número: AC-2016-0070

      Resuelto: 11 de agosto de 2017

      Emilio Cando Bello, Jr., abogado Jessica Saldaña Torres, parte apelante; Alondra M. Fraga Meléndez, de Innovative Legal Consulting, PSC, abogada del Municipio Autónomo de San Juan, parte apelada.
   EL Juez Asociado Señor Rivera García

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso ante nuestra consideración nos brinda la oportunidad de determinar cuándo comienza y cuándo ter-mina el término prescriptivo de un año para que un obrero o empleado lesionado pueda presentar una demanda sobre daños y perjuicios contra un tercero responsable, al am-paro de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 LPRA sec. 1 et seq.). En particular, en aquellos casos en los que el Administrador de la Corporación del Fondo del Se-guro del Estado (CFSE o el Fondo) decide o no presentar la acción de subrogación que concede la referida ley. Así, re-solvemos que el periodo de un año para instar la causa de acción por daños y perjuicios contra un tercero responsable comienza a transcurrir luego de que advenga final y firme la resolución del Administrador y antes de vencer el año, desde que esta adquirió firmeza.

i—i

Según surge del expediente, el 12 de abril de 2010 la Sra. Jessica Saldaña Torres (parte peticionaria) sufrió una caída mientras trabajaba para su patrono. Ello, debido a alegados desniveles y roturas existentes en una acera pú-blica del Municipio Autónomo de San Juan (Municipio o parte recurrida). Como resultado de la caída, la peticiona-ria acudió a la CFSE para recibir tratamiento médico y demás beneficios. Luego del tratamiento correspondiente fue dada de alta con incapacidad. El Administrador de la CFSE emitió su decisión mediante Resolución notificada el 3 de octubre de 2011. Inconforme, la señora Saldaña Torres apeló el dictamen de la CFSE ante la Comisión Industrial. El 1 de abril de 2014 esta última confirmó el dictamen emitido por la CFSE. El 1 de mayo de 2014, transcurridos treinta días a partir de esa determinación, esta advino final y firme.

Así las cosas, el 21 de mayo de 2015, la señora Saldaña Torres, su esposo, el Sr. Iván Román García, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, pre-sentaron una demanda de daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico contra el Municipio y otros. En esencia, alegaron que la peticionaria sufrió una aparatosa caída por causa de los desniveles y roturas existentes en una acera ubicada en la calle Lamar Guerra de Hato Rey.

El 22 de julio de 2015 el Municipio presentó una moción de desestimación. Alegó que la demanda estaba prescrita, por lo que no se justificaba la concesión de un remedio. Adujo que la determinación de la CFSE se dictó el 1 de abril de 2014 —en la cual se confirmó la determinación del Administrador— por lo que el término prescriptivo para presentar su causa de acción venció el 1 de abril de 2015. Añadió que, en cuanto a los codemandantes el señor Ro-mán García y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, compuesta por este y la peticionaria, el término comenzó a transcurrir desde que los peticionarios supieron del acci-dente de acuerdo con la teoría cognoscitiva del daño.

Por su parte, la parte peticionaria se opuso a la desestimación. Sostuvo que a partir del 1 de mayo de 2014, si ella decidía no apelar la decisión de la CFSE en treinta días, esta advenía final y firme. Indicó que desde ese mo-mento la CFSE tenía noventa días para presentar la acción de subrogación. Planteó que el término para subrogarse venció el 30 de julio de 2014. Por lo tanto, argüyó que tenía hasta el 31 de julio de 2015 para presentar su causa de acción. Sostuvo que como la demanda se presentó el 21 de mayo de 2015 no estaba prescrita.

Luego de varios trámites procesales, el 23 de septiembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia notificó una sen-tencia sumaria. Concluyó que la acción estaba prescrita por lo que desestimó la demanda incoada por la peticionaria. Razonó que el término prescriptivo para pre-sentar la acción en daños y perjuicios comenzó a transcu-rrir a partir del 1 de mayo de 2014, fecha en que advino final y firme el dictamen emitido por el Administrador del Fondo. En consecuencia, entendió que la peticionaria tenía hasta el 1 de mayo de 2015 para incoar su acción.

Inconforme con ese dictamen, el 6 de octubre de 2015 la señora Saldaña Torres presentó una Moción de determina-ciones adicionales y moción de reconsideración. En esta añadió que el término de un año de prescripción de una acción independiente por daños contra un tercero respon-sable de un accidente de trabajo se contará desde el día en que se pudo ejercitar la acción. Entendió que, como el le-sionado no puede iniciar su causa de acción sino hasta des-pués de los noventa días a partir de la fecha en que la Resolución del Administrador del Fondo fuere firme y eje-cutoria, el término de un año debe comenzar transcurridos los noventa días.

El Municipio se opuso a la referida moción y planteó que dicho término no se interrumpe porque exista el derecho de subrogación, ya que ese derecho se concede para que la entidad pueda recobrar los gastos incurridos en el obrero lesionado. Expresó que “[s]i bien dicha parte tenía que aguardar noventa (90) días para que la CFSE se subrogara en sus derechos, ello no impedía que incoara su acción den-tro del término dispuesto por nuestro Código Civil”.

El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar a la moción de reconsideración. En desacuerdo con este pro-ceder, la parte peticionaria presentó un recurso de apela-ción ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó el dictamen del foro primario. No conteste aún, la señora Sal-daña Torres acudió ante nos mediante recurso de apelación. En esencia reiteró los planteamientos esgrimi-dos ante los foros inferiores. Argumentó, además, que el foro apelativo intermedio erró al emitir una sentencia que estaba en conflicto con otras sentencias emitidas en por lo menos tres casos apelados en ese foro. Por su parte, el Mu-nicipio reiteró su postura en que la peticionaria no pre-sentó su acción dentro del término prescriptivo para ello, por lo que procedía desestimar contra ella y los demás co-demandantes ya que la acción estaba prescrita.

Acogida la apelación y contando con la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

I—I

A. La prescripción es una figura jurídica de ín-dole sustantivo que constituye una de las formas de extin-ción de algún derecho debido a la inercia en ejercer una causa de acción durante un tiempo determinado. A tra-vés de la prescripción nuestro ordenamiento promueve que las reclamaciones se insten de manera oportuna y que las personas ejerciten sus causas de acción diligentemente. Esta regula el tiempo que posee una parte para reclamar y hacer valer un derecho frente a un deudor. De igual ma-ñera, responde a una política pública que persigue la solu-ción rápida de las reclamaciones para castigar la inercia de la parte que no hace el reclamo dentro del término que concede la ley.

El Código Civil de Puerto Rico dispone que el punto de partida para computar el término prescriptivo de una acción en daños y perjuicios es la fecha en que el agra-viado supo del daño y pudo ejercitar su acción. Es decir, dicho término comienza a transcurrir no cuando se sufre el daño, sino cuando se conocen todos los elementos para in-coar la reclamación. Si no se insta la reclamación por la falta de diligencia del interesado, estas consideraciones li-berales de la prescripción no aplican. Por su parte, el Art. 1868 del Código Civil establece que el término pres-criptivo para instar la acción para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligen-cia de que se trata el Art. 1802, supra, es de un año desde que lo sabe el agraviado.

B. La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico establece que todo trabajador tiene el derecho de estar protegido contra riesgos a su salud en su trabajo o empleo. De igual manera, la Ley del Sistema de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45) pro-vee para los obreros y empleados que sufran lesiones, se inutilicen o mueran como consecuencia de accidentes ocu-rridos en sus trabajos, un remedio económico y médico para compensar la incapacidad productiva que sobreviene como consecuencia de un accidente o una enfermedad ocupacional.

Este estatuto de carácter remedial tiene como po-lítica pública y norma general que el patrono posee inmu-nidad contra acciones de daños y perjuicios por accidentes laborales, siempre y cuando uno esté asegurado, es decir, que haya cumplido con las disposiciones de la ley concernida. No obstante, a modo de excepción, si el pa-trono no es asegurado —por no haber cumplido con las disposiciones de la ley— el obrero perjudicado o sus bene-ficiarios podrán proceder contra el patrono presentando una petición de compensación ante la Comisión, y reclamar al patrono los daños y perjuicios resultantes del accidente en el trabajo mediante una acción civil.

De ordinario, la Ley Núm. 45 no provee para que el obrero lesionado reembolse a la CFSE los gastos de tra-tamiento médico y compensación en los que incurrió si el accidente está relacionado con el empleo. Le corresponde al Fondo asumir la responsabilidad de ofrecer tratamiento médico y compensar al obrero sin derecho a reembolso al-guno, según dispone la ley.

Sin embargo, el estatuto establece que en aquellos casos en los que la lesión, enfermedad o muerte sufrida por el empleado en su lugar de trabajo sea imputable a un ter-cero, tanto el obrero lesionado como el Administrador de la CFSE —subrogándose en los derechos del obrero por los servicios pagados— podrán reclamarle judicialmente a ese tercero responsable. En otras palabras, el Fondo tiene derecho a recobrar, mediante la acción de subrogación, los daños que compensó o los gastos en los que incurrió en el tratamiento del obrero, relacionados con el accidente de trabajo.

Específicamente, el Art. 29 de la Ley Núm. 45 dispone lo siguiente:

En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con este capítulo, le hubiere provenido bajo circunstancias que hicieren responsables a ter-cero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha lesión, enferme-dad o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme la resolución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus beneficiarios para enta-blar la misma acción en la forma siguiente:
Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a entablar acción por da-ños contra tercero, en los casos en que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con los términos de este capítulo, estuviere obligado a compensar en alguna forma, o a proporcionar tra-tamiento, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado se subrogará en los derechos del obrero o empleado, o de sus be-neficiarios, y podrá entablar procedimientos en contra del ter-cero en nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado lesionado o a sus be-neficiarios con derecho a la misma. El obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en todo procedimiento que estable-ciere el Administrador bajo las disposiciones de esta sección, y será obligación del Administrador notificar por escrito a las mismas de tal procedimiento dentro de los cinco (5) días de iniciada la acción.
Si el Administrador dejare de entablar demanda contra la tercera persona responsable, según se ha expresado en el pá-rrafo anterior, el obrero o empleado, o sus beneficiarios queda-rán en libertad completa para entablar tal demanda en su beneficio, sin que vengan obligados a resarcir al Fondo del Seguro del Estado por los gastos incurridos en el caso.
El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa de acción que tuvieren contra el tercero responsable de los daños, hasta des-pués de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Es-tado fuere firme y ejecutoria. (Enfasis nuestro).

En Negrón v. Comisión Industrial, 76 DPR 301 (1954), tuvimos la oportunidad de interpretar esta disposición. Allí dijimos que el término prescriptivo que tiene el obrero para presentar la referida acción es de un año a partir de la fecha en que fuere firme la resolución del Administrador. También señalamos que el obrero, em-pleado lesionado o sus beneficiarios no pueden "radicar de-manda alguna contra la tercera persona responsable de los daños hasta después de transcurridos noventa días a par-tir de la resolución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado y antes de vencerse el año subsi-guiente a tal resolución”. (Énfasis suplido). A tales efec-tos, “una acción presentada por un obrero lesionado que ha acudido al Fondo antes de que transcurran los noventa días de ser firme la decisión del Administrador del Fondo es prematura”. La omisión por el Administrador de pre-sentar una demanda dentro del término de noventa días después de su resolución final conlleva una renuncia de su derecho de subrogación.

Explicamos que el propósito del legislador, al enmendar el Art. 31 mediante la Ley Núm. 16 de 12 de abril de 1948, fue establecer un procedimiento para los casos en que el causante del daño fuese un tercero. Dijimos que para pre-sentar una reclamación judicial el obrero debía esperar hasta que el Administrador dictara una resolución final, ya que la ley concede a este la primera oportunidad para acu-dir a los tribunales dentro del mencionado término de no-venta días.

Más tarde, en Tropigas de P.R. v. Tribunal Superior, 102 DPR 630, 638 (1974), reafirmamos lo dicho. Así, resolvimos que un obrero lesionado “no pu[ede] ejercitar su causa de acción mediante la presentación de demanda hasta pasados 90 días de ser firme la decisión que rindiera el Administra-dor del Fondo del Seguro del Estado. [...] [El Art. 31] establece como período prescriptivo de la acción que tenía el obrero para reclamar por sus propios daños y perjuicios, el de un año a partir de la fecha en que fuere firme la resolu-ción del Administrador”. (Corchetes en el original).

Posteriormente, en El Día, Inc. v. Tribunal Superior, 104 DPR 149, 151 (1975), resolvimos que en los casos en que ocurra una lesión o muerte, el término prescriptivo de un año para que un obrero o empleado lesionado pueda instar una reclamación en daños y perjuicios contra el ter-cero responsable queda suspendido durante el proceso de adjudicación ante la CFSE y la Comisión Industrial. Es decir, que el término prescriptivo de un año no comienza a transcurrir hasta que el Administrador del Fondo emita su resolución y esta advenga final y firme. En otras palabras, al agraviado se le reconoce su causa de acción en daños y perjuicios, no desde que supo del daño sino desde que el Administrador adjudique finalmente el asunto, dicte la re-solución final y esta adquiera firmeza.

Cabe destacar que la subrogación es la figura ju-rídica por la cual una compañía de seguros sustituye a su asegurado en el ejercicio de las acciones o los derechos que este tiene contra los causantes de un daño En estos casos, mediante el derecho de subrogación, “la compañía aseguradora se pone en la misma posición de éste con re-lación a todas las acciones y remedios a los cuales tiene derecho” al resarcirlo económicamente. (Énfasis suprimido). Así, hemos señalado que “[n]uestra juris-prudencia está acorde con la doctrina civilista, en cuanto establece que el efecto principal de la subrogación es que el nuevo acreedor se coloca en la ‘misma situación jurídica que se encontraba el acreedor respecto al deudor’ ”. (Énfa-sis suprimido)

C. Sabido es que, como últimos intérpretes de la ley, tenemos la obligación de armonizar hasta donde sea posible sus disposiciones. Ello con miras a lograr un resul-tado sensato, lógico y razonable que represente la inten-ción del legislador Es un principio cardinal de interpre-tación estatutaria el que al lenguaje de la ley debe dársele el significado que valide el propósito que tuvo el legislador al aprobarla

Así, reiteradamente hemos expresado que al in-terpretar una disposición estatutaria debemos considerar que sus disposiciones, párrafos u oraciones no deben to-marse aisladamente, sino que hay que considerar todo su contexto De manera que no está dentro de las faculta-des de los tribunales modificar, enmendar o alterar la ley mediante legislación judicial ni añadir por implicación lo que claramente no fue la intención del legislador.

Como regla general, si no existe margen de duda en cuanto a la acepción del texto de la ley, esta prevalece. A tales efectos, el Art. 14 del Código Civil, dispone que “[cjuando la ley es clara [y] libre de toda am-bigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. A tenor con lo antes expuesto, procedemos a examinar las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 45. Veamos.

HH

En este caso existe una discrepancia sobre cómo debe computarse el término prescriptivo que tiene un obrero o empleado lesionado para presentar una demanda de daños y perjuicios contra un tercero responsable cuando el pri-mero se acoge a los beneficios de la CFSE, en aquellas ins-tancias en que el Administrador de la agencia decide o no subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus beneficiarios.

La señora Saldaña Torres, su esposo y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos alegaron que a partir del 1 de mayo de 2014, fecha en que la Resolución del Administrador advino final y firme, la CFSE tenía no-venta días para presentar la acción de subrogación. Plan-tearon que, como el término para subrogarse venció el 30 de julio de 2014, desde el próximo día comenzaba a trans-currir el periodo de un año para presentar su causa de acción.

El 21 de mayo de 2015 estos presentaron una demanda de daños y perjuicios contra el Municipio al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra. Sostuvie-ron que la demanda se presentó dentro del término pres-criptivo y a más de cuatro meses antes de vencer este, por lo tanto no estaba prescrita.

Por su parte, el Municipio adujo que el período prescriptive de un año que tiene el obrero para presentar su causa de acción en daños y perjuicios comienza una vez transcu-rren los treinta días de dictada la Resolución del Adminis-trador de la CFSE. Aunque reconoce que, luego de esos treinta días, el obrero debe esperar el término de noventa días que tiene el Administrador del Fondo para decidir si insta la acción de subrogación, aduce que este debe incoar el pleito contra tercero antes de vencerse el año subsi-guiente de esa decisión. En otras palabras, el empleado o el obrero lesionado debe esperar un total de ciento veinte días a partir de la decisión del Administrador de la CFSE para hacer un reclamo al tercero. Tiene razón.

Al analizar esos hechos a la luz de la norma discutida, surge de esta disposición estatutaria que

[e]l obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y peijuicios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsi-guiente a la fecha en que fuere firme la resolución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado [...] Art. 29 de la Ley Núm. 45 (11 LPRA sec. 32).

Más adelante el estatuto señala que en estos casos el Administrador del Fondo se subrogará en los derechos del obrero o empleado o sus beneficiarios para recuperar los gastos incurridos, así como en cualquier cantidad en exceso a la que estos tengan derecho. El Art. 29, supra, añade que si el Administrador no presenta su causa de acción, el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios quedarán en libertad completa para entablar una demanda. No obs-tante, esta acción deberán presentarla “después de trans-curridos noventa días a partir de la fecha en que la resolu-ción del Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria”. Es decir, el estatuto expresa-mente inhabilita al obrero a presentar su causa de acción hasta tanto el Administrador del Fondo emita su decisión final y decida si ejerce o no la acción de subrogación para recobrar los gastos en los que incurrió.

Es menester enfatizar que cuando el Administrador pre-senta la acción de subrogación no promueve una transac-ción judicial a su favor, pues esta no le pertenece sino al obrero lesionado o a sus beneficiarios. Precisamente es por ello que la Asamblea Legislativa estableció como requi-sito indispensable que estos últimos formaran parte de todo procedimiento que el Administrador instara contra el tercero responsable.

Cónsono con lo enunciado y siguiendo las pautas establecidas por nuestra jurisprudencia, colegimos que un obrero o empleado lesionado tiene un término prescriptivo de un año para instar la causa de acción por daños y per-juicios contra un tercero responsable desde que la resolu-ción del Administrador del Fondo adviene final y firme. No obstante, como señalamos antes, el Administrador de dicha agencia tiene noventa días para ejercer su prerrogativa de instar la acción de subrogación correspondiente. Es luego de ese término y antes de vencerse el año —desde la resolu-ción final y firme del Administrador— que un obrero o em-pleado lesionado puede instar su causa de acción contra el tercero responsable.

Surge del expediente que la Resolución del Administra-dor de la CFSE advino final y firme el 1 de mayo de 2014. A partir de ese momento, la ley concedió al Administrador del Fondo la opción de subrogarse en los derechos del obrero para acudir al tribunal dentro del término de no-venta días y reclamar la suma que este satisfizo como indemnización. Dentro de ese periodo la parte peticionaria, a pesar de que no podía ejercitar su causa de acción y pre-sentar una demanda en daños y perjuicios contra el tercero responsable, podía formar parte de todo el procedimiento que instara el Administrador, conforme lo establece la Ley en el Art. 29, supra. Ello, pues el estatuto en cuestión dis-pone que “[e]l obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en todo el procedimiento que estableciere el Adminis-trador bajo las disposiciones de esta sección, y será obliga-ción del Administrador notificar por escrito a las mismas de tal procedimiento dentro de los cinco (5) días de iniciada la acción”.

Tal y como sostuvo el Tribunal de Apelaciones, la Ley Núm. 45 dispone expresamente que el término que tiene un obrero lesionado para presentar su reclamación por daños en contra de un tercero es de un año luego de que la determinación del Administrador es firme y ejecutoria. En este sentido, los primeros noventa días están incluidos dentro del término prescriptivo de un año, aun-que han sido reservados para que el Administrador pre-sente la acción de subrogación —en nombre del obrero— y pueda recobrar los fondos invertidos en el tratamiento y compensación brindados a este.

Nótese, que la Resolución del Administrador advino final y firme el 1 de mayo de 2014. La parte peticionaria tenía hasta el 1 de mayo de 2015 para instar su causa de acción contra el tercero responsable. No obstante, presentó la demanda el 21 de mayo de 2015. Por lo tanto, es forzoso concluir que la demanda de epígrafe está prescrita.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la de-terminación del Tribunal de Apelaciones.

Se dicta sentencia de conformidad.

El Asociado Señor Estrella Martínez emitió una opinión disidente, a la que se unieron la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Colón Pérez. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se inhibió.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Es-trella Martínez,

a la cual se unen la Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado Señor Co-lón Pérez.

Por aplicarse de forma errónea el Art. 29 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, infra, disiento de la opinión emitida por este Tribunal. Par-ticularmente, hoy una Mayoría de este Tribunal decide, con una interpretación restrictiva, reducir a tan solo nueve meses el término de prescripción que tiene un obrero o sus beneficiarios para reclamar contra un tercero por los daños y perjuicios sufridos en el trabajo. Considero que debimos reafirmar la jurisprudencia interpretativa emitida por este Tribunal y ejercer nuestro rol judicial acorde con las nor-mas de hermenéutica establecidas para los casos laborales.

i—i

Por estar detallada la situación láctica en la opinión mayoritaria, procedo a exponer los fundamentos que sus-tentan mi disenso.

En este caso, como bien reconocen las partes, la contro-versia se circunscribe a determinar lo siguiente: a partir de cuándo es que comienza a trascurrir el término de un año que tiene un obrero para presentar una demanda de daños y perjuicios contra un tercero, al amparo de la Ley del Sis-tema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 LPRA sec. 1 et seq. (Ley de Compensaciones). Específica-mente, debíamos resolver esta interrogante con relación a aquellos supuestos en que el Administrador de la Corpora-ción del Fondo del Seguro del Estado (Administrador del Fondo) decide no subrogarse en los derechos del obrero. Una Mayoría de este Tribunal decide, erróneamente, que los noventa días que tiene el Aministrador del Fondo para presentar una acción de subrogación, según el Art. 29 (11 LPRA sec. 32), están subsumidos en el término de un año para que el obrero presente su reclamación en contra de un tercero demandado.

A. En primera instancia, debemos recordar que al in-terpretar la Ley de Compensaciones debemos hacerlo en armonía con la política pública que establece la propia ley. Y es que este estatuto tiene como fin el “acomodo justo y equitativo de los intereses de patronos y empleados, donde ambos reciben importantes beneficios a cambio del libre ejercicio de sus derechos o prerrogativas tradicionales”. (Énfasis suplido). 11 LPRA sec. 1a. Asimismo, hemos esta-blecido que “[s]iendo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo un estatuto con fines remediales, sus disposiciones deben ser interpretadas liberalmente”. Ortiz Pérez v. FSE, 137 DPR 367, 373 (1994). Véanse, además: Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 DPR 589, 595 (1989); Sánchez v. A.S.R.E.G.J., 116 DPR 372, 378 (1985); Bruno Colón v. Comisión Industrial, 109 DPR 785, 787 (1980). Ello concuerda con nuestros anteriores pronuncia-mientos, donde expresamos que “[n]o podemos conferirle una interpretación tan restrictiva a un estatuto que, al igual que otras legislaciones laborales, tiene un carácter reparador, por lo que debe tomarse como un instrumento de justicia social”. Torres Santiago v. Mun. de Coamo, 170 DPR 541, 557 (2007). Igualmente, debemos recordar las reglas de hermenéutica que este Tribunal ha establecido con relación a las leyes laborales, a saber:

En reiteradas ocasiones hemos expresado la regla de inter-pretación estatutaria aplicable a las leyes laborales, en cuanto a que deben interpretarse liberalmente, resolviéndose toda duda de la forma más favorable hacia el obrero, para así cum-plir con sus propósitos eminentemente sociales y reparadores. La interpretación liberal y abarcadora de estas leyes a favor de aquellos a quienes éstas intentan proteger es imperativa, de modo que dicha protección se extienda al mayor número de casos. Sánchez v. Sylvania Lighting, 167 DPR 247 (2006); Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364 (2003); Muñoz Hernández v. Policía de P.R., supra, pág. 496; R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes [en] Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, T. I, págs. 455-459. En González v. Adm. de Sistemas de Retiro, 113 DPR 292, 294 (1982), resolvimos que al interpretarse un estatuto de naturaleza reparadora, no es la letra de la ley, sino su es-píritu, lo que determina su significado. (Escolio omitido). Torres Santiago v. Mun. de Coamo, supra, págs. 557-558.

B. Sabido es que la Ley de Compensaciones tiene como fin ser un estatuto reparador con el cual se crea un seguro obligatorio y exclusivo para compensar a los obreros o em-pleados que sufran lesiones, se inutilicen o mueran como consecuencia de un accidente ocurrido en el trabajo. Lebrón Bonilla v. E.L.A., 155 DPR 475, 481-482 (2001). Su propósito es dar “un remedio rápido, eficiente y libre de las complejidades de una reclamación ordinaria en daños”. (Énfasis suplido). Pacheco Pietri y otros v. E.L.A. y otros, 133 DPR 907, 914 (1993). Para ello, se le otorga inmunidad al patrono frente a las acciones civiles de daños y perjuicios que pudiera presentar en su contra el obrero lesionado o sus beneficiarios. Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 DPR 383, 395 (1999).

Por otra parte, este estatuto permite que el obrero lesio-nado o sus beneficiarios puedan demandar a un tercero causante del accidente y obtener la correspondiente compensación. Sin embargo, la ley establece un procedi-miento en el cual, en forma prioritaria, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Fondo) puede subrogarse en los derechos del obrero o sus beneficiarios para incoar una reclamación contra el tercero responsable de los daños re-lacionados al trabajo. De esa forma, pueden obtener los gastos incurridos en el tratamiento ofrecido por el Fondo. Particularmente, la ley dispone en su Art. 29, en lo perti-nente, de la manera siguiente:

Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a entablar acción por daños contra tercero, en los casos en que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con los términos de este capítulo, estu-viere obligado a compensar en alguna forma, o a proporcionar tratamiento, el Administrador del Fondo del Seguro del Es-tado se subrogará en los derechos del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, y podrá entablar procedimientos en contra del tercero en nombre del obrero o empleado, o de sus benefi-ciarios, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la misma. El obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en todo procedimiento que esta-bleciere el Administrador bajo las disposiciones de esta sec-ción, y será obligación del Administrador notificar por escrito a las mismas de tal procedimiento dentro de los cinco (5) días de iniciada la acción.
Si el Administrador dejare de entablar demanda contra la tercera persona responsable, según se ha expresado en el pá-rrafo anterior, el obrero o empleado, o sus beneficiarios queda-rán en libertad completa para entablar tal demanda en su be-neficio, sin que vengan obligados a resarcir al Fondo del Seguro del Estado por los gastos incurridos en el caso.
El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa de acción que tuvieren contra el tercero responsable de los daños, hasta des-pués de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria. (Énfasis suplido). 11 LPRA sec. 32.

Como bien señala la opinión mayoritaria, este artículo ha sido interpretado por nosotros en varias ocasiones. Véanse: Tropigas de P.R. v. Tribunal Superior, 102 DPR 630 (1974); Negrón v. Comisión Industrial, 76 DPR 301 (1954). No obstante lo anterior, una Mayoría de este Tribunal olvida lo afirmado en el precedente El Día, Inc. v. Tribunal Superior, 104 DPR 149 (1975). Nótese que este no ha sido revocado, no es revocado por la opinión mayoritaria y, más aún, es citado en ella con aprobación, Específicamente, en ese caso expresamos lo opuesto a lo que hoy se resuelve por una Mayoría de este Tribunal. Resolvimos que en el caso específico de un obrero lesionado, el término prescriptivo de un año para presentar la acción no queda suspendido para los daños de los familiares, por no resul-tar beneficiarios. Véase H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. II, págs. 947-948. Para fundamentar tal determinación establecimos, en lo pertinente, lo siguiente:

Conforme lo dispuesto en el Art. [29] de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada —Ley de Compensacio-nes por Accidentes del Trabajo— el término de un (1) año de prescripción de una acción independiente por daños contra un tercero responsable no comienza a correr para el lesionado o sus beneficiarios “... hasta después de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la Resolución del Administra-dor del Fondo del Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria”. (Cita omitida y énfasis suplido). El Día, Inc. v. Tribunal Superior, supra, págs. 150-151, citando a Gallart Mendía v. González Marrero, 95 DPR 201, 205 (1967).

Lo anterior se reafirmó en Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 DPR 192, 195 (1978), en donde señalamos que la Ley de Compensaciones extendió el término pres-criptivo para dar tiempo al Administrador del Fondo a su-brogarse, si así lo desea. Así también en Rivera de Vincenti v. ELA lo ratificamos al mencionar que “la acción subroga-toria provista por el Art. [29] de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo suspende para el obrero y sus beneficiarios, el término prescriptivo de la acción de daños y perjuicios del Art. 1868(2) del Código Civil”. (Citas omitidas y énfasis suplido). Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 DPR 64, 70 (1978). Ello lo confirma Brau del Toro al indicar que

[s]i el Fondo no instase acción contra el tercero durante el referido periodo de 90 días, el obrero lesionado, o sus herederos en su caso, podrá repetir contra el tercero dentro del término de un año que comienza a contar después de transcurrido 90 días a partir de la fecha en que la resolución del Administrador del Fondo o de la Comisión Industrial, en su caso, advino final y firme. (Enfasis suplido). Brau del Toro, op. cit., pág. 936.

Asimismo, Brau del Toro señala, en cuanto a la Socie-dad Legal de Bienes Gananciales, lo siguiente:

Por tanto, al quedar estatutariamente interrumpida la fa-cultad de un obrero lesionado para ejercer su causa de acción por los daños personales sufridos en un accidente del trabajo —en lo que el Administrador del Fondo decide si ha de instar acción de subrogación en su representación y en su favor— podría argüirse que la sociedad de gananciales de la que el lesionado forma parte, y en la que tiene un legítimo interés, puede posponer el ejercicio de su causa de acción hasta que se produzca la determinación del Administrador del Fondo, ya que como fue reconocido en Gallart, Admor. v. Banco Popular, supra, éste puede ejercitar su acción por subrogación, no sólo para beneficio del obrero lesionado por sus daños personales, sino también para beneficio de la sociedad de gananciales constituida por el obrero lesionado y su cónyuge. En tal caso, si finalmente el Administrador decidiese no subrogarse, el tér-mino prescriptivo de la acción de la sociedad de gananciales comenzaría a correr 90 días después que la determinación del Administrador, o de la Comisión industrial en su caso, advi-niese final y firme, tal como ocurre con la causa de acción personal del obrero lesionado. (Énfasis suplido). Brau del Toro, op. cit., pág. 953.

Al examinar con detenimiento la ley, la jurisprudencia, las normas de hermenéutica y los tratadistas, debemos concluir que el término prescriptivo en controversia co-mienza una vez transcurridos los noventa días que tiene el Fondo para presentar la acción en subrogación. La Ley de Compensaciones es clara al afirmar que cuando el Admi-nistrador del Fondo no presenta la demanda en subroga-ción, “el obrero o empleado, o sus beneficiarios quedarán en libertad completa para entablar tal demanda en su benefi-cio, sin que vengan obligados a resarcir al Fondo del Se-guro del Estado por los gastos incurridos en el caso”. (Enfasis suplido). 11 LPRA sec. 32. Asimismo, menciona que

[e]l obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa de acción que tuvieren contra el tercero responsable de los daños, hasta des-pués de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Es-tado fuere firme y ejecutoria. Id.

En ese sentido, la ley inhabilita al obrero o sus benefi-ciarios a presentar su acción durante un tiempo determinado. Así lo reconoce la Mayoría de este Tribunal al indicar que “el estatuto expresamente inhabilita al obrero a presentar su causa de acción hasta tanto el Administra-dor del Fondo emita su decisión final y decida si ejerce o no la acción de subrogación para recobrar los gastos en los que incurrió”. Opinión mayoritaria, pág. 950. No obstante, de-ciden la anomalía de que un término de prescripción trans-curre a pesar que el legitimado no puede ejercer la acción durante ese tiempo. En consecuencia, acortan a solo nueve meses el término prescriptivo, es decir, el tiempo que tiene el obrero para reclamar sus derechos. Ello, en contraven-ción con el principio básico de que “el verdadero punto de partida para el inicio del término prescriptivo de una ac-ción de daños y perjuicios es la fecha en que el agraviado supo del daño y pudo ejercitar su acción”. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 327 (2004).

Además, no podemos desvirtuar ni obviar que el propó-sito de los noventa días que establece la ley para que el Fondo pueda presentar su causa de subrogación es para dar tiempo al Administrador del Fondo a decidir si desea subro-garse en los derechos del obrero lesionado y demandar al tercero causante del daño. Es por ello que este Tribunal concluyó en El Día, Inc. v. Tribunal Superior, supra, que el término de prescripción de la acción independiente contra el tercero responsable no comienza a transcurrir para el acci-dentado hasta transcurrido el plazo de noventa días a partir de la fecha de la resolución del Administrador del Fondo. Esa normativa debió mantenerse e imperar. Ello es así, ya que el estatuto señala expresamente que después del tér-mino de noventa días, es que el obrero tendrá libertad com-pleta para presentar su demanda. A su vez, este Tribunal ha reconocido “sin excepción alguna que de la indemnización que se obtenga de la acción que incoe el Fondo se resarcirán primero todos los desembolsos que este haya realizado con respecto al empleado lesionado, y entonces el sobrante co-rresponderá al empleado o a sus familiares”. (Énfasis en el original). Sevilla v. Municipio Toa Alta, 159 DPR 684, 692 (2003). Por lo tanto, la acción de subrogación ejercitada por el Fondo tiene como fin primordial recuperar los gastos in-curridos y los beneficios que puedan obtener el obrero o sus beneficiarios, si alguno, pasan a un segundo plano. Eso lo confirman las siguientes expresiones de este Tribunal:

[El Fondo] siempre tiene un derecho prioritario al reembolso de todo lo que haya gastado en la atención médica y en la compensación del empleado lesionado. El derecho del em-pleado o de sus familiares cuando un tercero es de algún modo responsable de sus daños es sólo al sobrante que haya luego de que el Fondo demandante se haya resarcido de todos los des-embolsos realizados en beneficio del empleado lesionado. (Ci-tas omitidas y énfasis suplido y en el original). Sevilla v. Municipio Toa Alta, supra, págs. 692-693.

A raíz de las expresiones anteriores que este Tribunal ha realizado, ¿qué sentido lógico tiene el resolver que “los primeros noventa días están incluidos dentro del término prescriptivo de un año, aunque han sido reservados para que el Administrador presente la acción de subrogación [...] y pueda recobrar los fondos invertidos en el tratamiento y compensación brindados a este”? (Énfasis suprimido). Opi-nión mayoritaria, pág. 951. Es decir, ¿cómo se pueden des-contar los noventa días del término prescriptivo de un año que tiene derecho el obrero si la acción del Fondo es para, prioritariamente, reembolsar el dinero que gastaron y no con el fin primordial de beneficiar al obrero?

I—I HH 1—i

Según la normativa discutida, en este caso los apelantes estaban impedidos de presentar la demanda hasta después de transcurridos los noventa días de que adviniera firme la determinación del Administrador del Fondo. La referida decisión fue emitida el 3 de octubre de 2011. A su vez, la Comisión Industrial la confirmó el 1 de abril de 2014. Por consiguiente, advino firme el 1 de mayo de 2014. A partir de esa fecha, los apelantes debían esperar los noventa días que establece la Ley de Compensaciones, y de ahí tendrían un año para presentar su demanda. Es decir, debían espe-rar hasta el 31 de julio de 2014, fecha en la cual podrían presentar su acción y desde la cual comenzaría a transcu-rrir el año. Los apelantes presentaron su demanda en el Tribunal de Primera Instancia el 21 de mayo de 2015, por lo que fue instada dentro del término de prescripción de un año.

Por todo lo expuesto, disiento y concluyo que los apelan-tes presentaron su demanda a tiempo. No obstante, la de-cisión que hoy emite una Mayoría de este Tribunal resulta preocupante, ya que reducen el término que tienen los obreros lesionados y sus beneficiarios para ejercer efectiva-mente sus derechos. Al resolver como lo hacen, incorporan una excepción a la normativa de los términos prescriptivos sin base en el texto de la ley, contrario a nuestra jurispru-dencia, en contravención al propósito legislativo y creando una anómala situación de desigualdad. Adviértase que desde hoy se crea el fatal precedente de que un término de prescripción transcurre a pesar de que el legitimado no puede ejercer la acción durante ese tiempo. No puedo estar de acuerdo con ese razonamiento.

IV

Por los fundamentos que anteceden, disiento del curso de acción seguido por una Mayoría de este Tribunal. En su lugar, revocaría al Tribunal de Apelaciones y hubiera de-terminado que la demanda de epígrafe fue presentada oportunamente.

       31 LPRA sec. 5141.

       Moción en solicitud de desestimación, Apéndice, págs. 5-18.

       Íd.

       Réplica y oposición a moción de desestimación y solicitud de sentencia sumaria parcial, Apéndice, págs. 20-22.

       Íd.

       Moción solicitando determinaciones de hechos adicionales de hechos y mo-ción de reconsideración, Apéndice, págs. 44-50.

       Oposición a moción solicitando determinaciones de hechos adicionales y a solicitud de reconsideración, Apéndice, pág. 52.

        Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 182, 192 (2016).

       Íd.

        Meléndez Rivera v. CFSE, 195 DPR 300, 309 (2016).

       Íd.

       31 LPRA secs. 5141 y 5298.

        Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 411 (2000).

       Íd.

       31 LPRA sec. 5298.

       Art. II, Sec. 16, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

        Padín v. Cía. Fom. Ind., supra. Véanse, además: Ortiz Pérez v. FSE, 137 DPR 367 (1994); Morell v. F.S.E., 110 DPR 709 (1981).

       11 LPRA sec. 1a.

       Íd., Sec. 16(2). Véase, además, Marrero v. Caribbean Hosp. Corp. et al., 166 DPR 327, 332 (2002).

        Sevilla v. Municipio Toa Alta, 159 DPR 684, 690 (2003).

       Íd. Véanse, además: Padín v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 412; Ortiz Pérez v. F.S.E., supra; Santiago Hodge v. Parke Davis & Co., 909 F.2d 628 (1er Cir. 1990).

       Véase Padín v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 412.

       11 LPRA sec. 32. Cabe destacar que la Ley Núm. 63 de 1 de julio de 1996 reenumeró los artículos de la Ley Núm. 45, por lo que el Art. 31 pasó a ser el Art. 29 de la Ley Núm. 45. Nótese que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones utilizaron la numeración original.

        Negrón v. Comisión Industrial, 76 DPR 301, 306 (1954).

        Padín v. Cía. Fom. Ind., supra, pág. 412. Véanse, además: Alvarado v. Calaiño Romero, 104 DPR 127 (1975); Gallart Mendía v. González Marrero, 95 DPR 201 (1967); Negrón v. Comisión Industrial, supra.

        Negrón v. Comisión Industrial, supra, pág. 308.

        Padín v. Cía. Font. Ind., supra, págs. 412-413. El Art. 31 al que se refiere constituye la numeración original de la Ley Núm. 45, previo a la enmienda y renumeración realizada en 1996.

        CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 417 (2011).

       Íd.

       Íd., pág. 419.

        Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Asoc. FCIAS v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 940 (2010); Suc. Alvarez v. Srio. de Justicia, 150 DPR 252, 276 (2000).

       31 LPRA sec. 19. Véase, además, R. Elfren Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San. Juan, Pubs. JTS, 1987, pág. 245.

       Véanse: Morales et als. v. Marengo et al., 181 DPR 852, 859 (2011); Soc. Asist. Leg. v. Ciencias Forenses, 179 DPR 849 (2010); SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657 (2009).

         Depto. Estado v. U.G.T., 173 DPR 93, 110 (2008).

        CIC Const. v. UPR, 196 DPR 964, 974 (2016); Spy der Media, Inc. v. Mun. de San Juan, 194 DPR 547 (2016); Doble Seis Sport v. Depto. Hacienda, 190 DPR 763 (2014).

       31 LPRA sec. 14.

       11 LPRA sec. 29.

        Gallart, Admor. v. Banco Popular, 91 DPR 818, 826-827 (1965).

       11 LPRA sec. 32.

       Nótese, además, que este precedente consecuentemente ha sido reconocido por el Tribunal de Apelaciones. Véanse: Sánchez v. Municipio de San Juan, KLAN201001784 (Panel integrado por la Juez Pesante Martínez, el Juez Morales Rodríguez (Ponente) y la Juez Ortiz Plores); Villaman Capellán v. González Trading Co., Inc., KLCE200800179 (Panel integrado por la Juez Bajandas Vélez (Ponente), el Juez Aponte Hernández y el Juez Morales Rodríguez); Rivera Arvelo v. Contech of Puerto Rico, KLAN051480 (Panel integrado por el Juez Arbona Lago, el Juez Miranda de Hostos y la Jueza Pabón Charneco (Ponente); Gómez Correa v. Honeywell, KLAN0400046 (Panel integrado por la Juez López Vilanova (Ponente), el Juez Córdova Arone y el Juez González Rivera); Hernández Normandía v. Dover Elevators, KLAN200200902 (Panel integrado por la Juez Rodríguez de Oronoz, la Juez Peñagarícano Soler (Ponente) y la Juez Bajandas Vélez); Martínez Pereira v. Autoridad de Edificios Públicos, KLAN200100968 (Panel integrado por la Juez Pesante Martínez, el Juez Rodríguez García (Ponente) y el Juez Salas Soler); García Ortiz v. Municipio de Humacao, KLAN200200043 (Panel integrado por la Juez Pesante Martínez, el Juez Rodríguez García (Ponente) y el Juez Salas Soler).


text:
    Luis Roberto Santos Báez, Ex parte.

      Número: TS-17,710

      Resuelto: 17 de agosto de 2017

      Susan Báez Dixon, abogada del peticionario; Luis Roberto Santos Báez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Evaluada la Réplica a Resolución fechada 4 de agosto de 2017, presentada por el Ledo. Luis Roberto Santos Báez, el Tribunal se da por enterado. Se ordena la suspensión provisional de éste del ejercicio de la abogacía. Asimismo, se le ordena que nos mantenga informados sobre el estado del procesamiento penal que obra en su contra en el caso U.S. vs. Santos Báez, Criminal No. 16-CR-062 (JAG). Se le apercibe que, de ser hallado culpable, procederá su suspen-sión indefinida de la profesión legal.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina.

(.Fdo.) Sonnya Isabel Ramos Zeno Secretaria del Tribunal Supremo Interina