text:
    Vecchini, Recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce denegando la inscripción de una senten-cia en un expediente de dominio.
    No. 193.
    Resuelto en julio 29, 1914.
    Descripción de Pingas — Circunstancias que Deben Expresarse en su Ins-.cripción en el Registro. — Las fincas rústicas y urbanas se distinguen unas de otras por ciertas circunstancias que las particularizan y que se hacen constar en su inscripción en el registro, tales como su naturaleza, el nombre con que se les conoce, su titilación y sus linderos por los cuatro puntos ' cardinales.
    Id. — Examen de la Descripción de la Pinca Objeto de este Recurso. — Com- . parada la descripción de la finca objeto de este recurso con la otra finca inscrita ya en el registro a nombre de otra persona, resulta que si bien ambas están en el mismo término municipal, en el mismo sitio y barrio y que tienen el mismo nombre, sin embargo son fincas distintas teniendo en cuenta la naturaleza del terreno de ambas y sus respectivas eolindaneias.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. L. Yordán Dávüa.

    El Registrador Sr. José Miguel Márquez compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Yeccbini y Crescioni obtuvo de la Corte de Dis-trito de Ponce con fecba 23 de abril de 1914 sentencia por la que se declaró que babía justificado el dominio de dos fin-cas, siendo la señalada con el número 2 la siguiente:

“Rustica. — Extensión de terreno denominada ‘Las Marías’ que radica en el barrio de Jagua-Pasto, sitio del Junco, término municipal de Guayanilla, en colindancia por el Este con la finca denomi-nada Las Quiebras y terrenos de Don Elpidio de Mier, por el Oeste con el río Jagua-Pasto y terrenos de Andrés Barbot, por el Norte con el río Bonito y tierras de la Sucesión Emmanuelli y por el Sur con finca de Yictorio Rivera y Francisco Buen Cristiano. Tiene de cabida la finca que se describe 300 cuerdas, equivalentes a 117 hec-táres, 91 áreas y 20 centiáreas, siendo toda de montes y malezas.”

De la propia sentencia aparece que esa finca la adquirió Yeccbini en esta forma: 150 cuerdas por remate en cobro de contribuciones adeudadas, cuyo remate tuvo lugar el día 15 de octubre de 1906 y 150 cuerdas también por remate en cobro de contribuciones en 21 de noviembre de 1907, siendo todas las contribuciones adeudadas por Don Antonio S. Ferrer, anterior dueño de las 300 cuerdas, quien las poseyó por espa-cio de 25 años siendo la posesión de todos los anteriores due-ños y de Yeccbini a título de dueño, quieta, pública, pacífica y no interrumpida.

Presentado ese documento en el registro de la propiedad para su inscripción, el Registrador de Ponce estampó en él la siguiente nota:

“Inscrito el documento que precede en cuanto a la finca número uno, al folio 82 del tomo 18 de Guayanilla, finca número 814, ins-cripción primera, y en cuanto a la número dos' se denegó la inscrip-ción por figurar inscrita a favor de Francisco Micbeli y Paoli y en su lugar se tomó anotación preventiva por el término de ciento veinte días, al folio 146 vuelto del tomo Io. de Guayanilla, finca número 9 duplicado, anotación letra D.”

Contra esa nota, y en el particular que deniega la inscrip-ción de la finca número 2, lia interpuesto Domingo Veccliini Crescioni el presente recurso gubernativo, presentando en su apoyo un alegato para demostrar que esa finca no se halla inscrita a favor de Francisco Micheli y Paoli. Por su parte el registrador se ha limitado a enviarnos una certificación de las inscripciones correspondientes a la finca de Micheli.

De tal certificación resulta que en 2 de junio de 1880 se inscribió por primera vez a favor de Francisco Subirá por compra hecha a Juan A. Negroni una finca de 300 cuerdas, de las cuales 170 a 200 estaban plantadas de café nuevo y algunas otras de platanales, siendo lo demás de monte vir-gen y contiene casa de vivienda ranchón grande para peonaje, úna tahona de madera, una máquina para descascarar, café, secaderas para el mismo y otros accesorios, describiéndose la finca como nombrada “Juncos,” situada en el lugar del mismo nombre, barrio del Pasto y término de Guayanilla, y no expre-sándose otros linderos respecto de ella' sino que colindaba con la quebrada nombrada de Guilarte, la cuchilla de igual nombre, los terrenos de Don Pascual Negroni y otros que han sido baldíos y no se expresaron los rumbos de esos lin-deros.

La inscripción segunda hecha el día siguiente 3 de junio, es a favor de Don Juan Ferrer por declaración que hizo Don Francisco Subirá de que había comprado para dicho señor, sin hacerse nueva descripción.

La inscripción tercera hecha en 24 de julio de 1880 y por la cual Don Juan A. Negroni compró en remate ía expresada finca de Juan Ferrer, contiene una nueva descripción de la finca que perdura en las inscripciones subsiguientes. En esa inscripción se describe la finca como estancia denominada “María” antes conocida con el nombre de “Juncos” barrio del “Pasto,” sitio de Juncos en el término del pueblo de Guayanilla, colindando por el Norte con Don Agustín Emma-nuelli, por el Sur con terrenos de Don Acisclo Subirá y. otros de Don Oliviero Dicardi, por el Este con Don Antonio Sergio Ferrer y la Sucesión de Don Julián Hurtado y por el Oeste Don Pascual Negroni, plantada en su mayor parte de café y el resto de platanales y monte virgen con casa de vivienda, granero, tahona y máquina de descascarar café.

Por la inscripción cuarta de 9 de agosto de 1880, Negroni hipoteca esa finca a Don Antonio Sergio Perrer, cuya hipoteca se cancela en 1881 por la inscripción quinta.

En 11 de junio de 1881 se hace la inscripción sexta por la cual Francisco Micheli y Paoli compra la finca a Juan A. Negroni; en el mismo día se hace la inscripción séptima de hipoteca de Micheli a Negroni por parte del precio de la venta y cuatro días después se verifica la inscripción octava por la cual el acreedor hipotecario Negroni cede parte de su acreencia a Don Antonio Sergio Perrer.

En los asientos referentes a esa finca hay varias anota-ciones siendo la letra A referente a la cancelación de un embargo que existía cuando se hizo la inscripción primera; la letra B, de 1884, se refiere a un embargo hecho en la finca por la Alcaldía de Gruayanilla para cobrarse contribuciones debidas por Francisco Micheli; la C fechada en 17 de sep-tiembre de 1906 hace referencia a un mandamiento de embargo librado por el Colector de Rentas Internas de Gruayanilla para cobrar contribuciones debidas a Don Antonio Sergio Perrer y en el que se describe la finca que ha de ser em’bargada deno-minándola “María,” radicada en el barrio de Jagua del Pasto, sitio denominado de Juncos del término municipal de Gruaya-nilla, con cabida de 150 cuerdas de terrenos dedicados a male-zas y sin ninguna clase de cultivos las que lindan por el Norte ¡con terrenos del municipio,. por el Sur con Pictorio Rivera, por el 'Este con la hacienda Quichas de los Sres. Perrer, y por el Oeste con el río y del otro lado del río con Andrés Bar-bot hoy María Lag’una de Dapena siendo su valor de $150. Esta anotación de embargo fue denegada por el registrador porque la finca descrita en el mandamiento no aparece ins-crita a nombre del deudor, pero tomó anotación preventiva en la finca de que venimos haciendo mención, por si pudiera ser la finca embargada parte de la en que hace la anotación.

La última anotación, que es la marcada D, se refiere a la negativa de inscripción que motiva el presente recurso.

En vista de estos antecedentes, la única cuestión propuesta por el recurrente y que fiemos de resolver es si fiay identidad entre la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Ponce a favor de Francisco Micfieli Paoli y la que trata de inscribir Veccfiini Creseioni, pues «i se trata de una misma finca enton-ces no es posible revocar la nota denegatoria del registrador.

Las fincas, lo mismo rústicas que urbanas, se distinguen unas de otras por ciertas' circunstancias que las particulari-zan y por esto y a ese fin el artículo 9o. de la Ley Hipotecaria en relación con el 63 del reglamento para su ejecución exigent, con respecto a las fincas rústicas, que en su inscripción se exprese su naturaleza y el nombre con que sea conocida así como su situación, que se determinará expresando el tér-mino, partido o cualquier otro nombre con que sea conocida, en el lugar en que se hallare, y también sus linderos por los cuatro puntos cardinales. Siendo estas circunstancias las principales para distinguir una finca rústica de otra y también para conocer su identidad, nuestro trabajo en el presente caso fia de ser examinar esas circunstancias en una y otra finca, para, poder llegar a la conclusión de si se trata de una misma finca o de predios distintos.

La descripción que de la finca obrante en el registro se hace en la inscripción tercera es la que debemos tener pre-sente, pues no fia sido modificada por las inscripciones pos-teriores, todas las cuales fian hecho referencia a ella, y por tanto es esa inscripción 1a- que debemos comparar con la que se hace en el documento que declara el dominio de Veccfiini respecto a la finca número 2. La descripción gráfica de ambas fincas es la siguiente:

Ambas fincas tienen una cabida de 300 cuerdas: las dos parecen tener el mismo nombre, dado que una se llama María y la otra Las Marías, se bailan en el mismo término municipal de G-uayanilla, ambas parecen estar en el mismo sitio de “Juncos” aun cuando en la del registro se dice “sitio de Juncos” y la de Yeccbini dice “sitio del Junco”; y es posible que las dos se bailen en el mismo barrio ya que en'un documento se dice que está en el barrio de Jagua-Pasto mien-tras que en el. Registro se consigna que es barrio “Pasto.” Podemos concluir que ambas fincas se bailan en el mismo tér-mino municipal, en el mismo sitio, en el mismo barrio y que tienen el mismo nombre dadas las pequeñas diferencias entre unos nombres y otros. Réstanos aborá ver si a pesar de esto son las mismas fincas.

Desde luego encontramos una diferencia notable en cuanto a la clase de terreno que comprenden una y otra, pues mien-tras la finca del registro demuestra claramente que se trata de una hacienda de café, cultivada en su mayor parte, con edi-ficios y que ba sido objeto de operaciones por muchos miles de pesos, la finca a que se refiere el expediente de dominio es de malezas y pastos, lo que la distingue notablemente por esta circunstancia de la otra finca. Además, el único colin-dante que puede ser común entre las .dos es Agustín Emma-nuelli por el Norte en la finca del registro, y la Sucesión Em-manuelli por el mismo rumbo en la del expediente de dominio, pero todos los demás colindantes por los otros rumbos son distintos y no bay uno solo que coincida, por lo que si bien entendemos que ambas fincas están en el mismo término, barrio y partido, no podemos concluir en vista de la diferencia radical que bay entré colindantes, que se trata de la misma finca, y bien .pudiera ser que la finca de Vecchini, adquirida de Antonio Sergio Ferrer, sea la que se baila al Este de la que figura en la inscripción tercera, ya que según ésta, Antonio Sergio Ferrer colinda con ella por ese punto, y porque pudiera suceder que Agustín Emmanuelli, colindante por el Norte según el registro, lo fuera también por el Norte de la que pro-cede de Antonio Sergio Ferrer, que tiene por ese sitio a la Sucesión Emmanuelli.

Lo que parece haber llevado al registrador a la conclu-sión expresada en su nota es la anotación letra O verificada en virtud del embargo decretado por el Colector de Eentas de Guayanilla en 1906, y cuya descripción gráfica es la si-guiente :

Por ella vemos que tiene algunos colindantes iguales a los que se mencionan en la declaración de dominio tales como Victorio Eivera por el Sur y el río y Andrés Barbot por el Oeste, pero no podemos tener en cuenta esa descripción por-que no sólo está hecha por una tercera persona extraña a la que figura como dueña en el registro, sino también porque el registrador negó la anotación de embargo que interesaba el colector, porque la finca que describe no aparecía inscrita a nombre de Antonio Sergio Ferrer contra quien se dirigió el procedimiento de apremio, y el único motivo que tuvo para consignar la nota denegatoria de la anotación en el predio de Micbeli Paoli fué por si la finca embargada pudiera ser parte de la de dicbo señor.

En vista de lo expuesto, tenemos que concluir que con los elementos que el registrador tuvo a la vista y tenemos noso-tros, no pudo llegar y no llegamos nosotros tampoco a la con-clusión de que en este caso se trata de inscribir a nombre de Vecchini una finca que ya está inscrita a nombre de Micheli Paoli, por cuya razón debe ser revocada la nota recurrida debiendo procederse a la inscripción solicitada por el recu-rrente con respecto a la finca número dos.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Rosario et al., Demandantes, Apelantes y Apelados, v. Rucabado et al., Demandados, Apelantes y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en un caso de reivindicación.
    Moción de ambas partes para que se corrija la exposición del caso.
    No. 1177.
    Resuelto en julio 29, 1914.
    Exposición del Caso — Enmienda de la Misma en la Corte Suprema por Con-venio de Ambas Partes. — Una vez aprobada por el tribunal sentenciador una exposición del caso e insertada ésta en la transcripción de autos, no puede ser modificada ni enmendada en la Corte Suprema a espaldas y sin intervención del juez sentenciador, aun cuando ambas partes estén de .acuerdo.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogados de los demandantes: Sres. A. Dones y Damián-Monserrat, Jr.

    Abogados de los demandados: Sres. Muñoz & Brown.

   RESOLUCIÓN.

Por cuanto ambas partes de común acuerdo solicitan per-miso de este tribunal para corregir la exposición del caso insertada en la transcripción de autos sustituyendo un párrafo de la misma por otro que se inserta en la moción.

Por cuanto una vez aprobada por el tribunal sentenciador una exposición del caso e insertada ésta en la transcripción de autos no puede ser modificada ni enmendada a espaldas y sin intervención del juez sentenciador, aun cuando ambas partes esten de acuerdo.

Por tanto vista la doctrina sentada en los casos de Calaf et al. v. Calaf, 16 D. P. R., 835; El Pueblo v. Sierra, 17 D. P. R., 634; Orama et al. v. Oyanguren, 19 D. P. R., 310; y Crosas v. Gutiérrez, 19 D. P. R., 1146, se deniega la moción presentada por ambas partes el 27 de julio corriente.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro, Aldrey y Hutebison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Sucesión Suro, Demandantes y Apelantes, v. Sucesión Prado et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en un caso sobre declaración de inexis-tencia de contrato bipotecario y otros extremos.
    No. 1022.
    Resuelto en julio 29, 1914.
    PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE CONTRATOS — CONTRATOS EXISTENTES e Inexistentes. — La prescripción de cuatro arios de la acción de nulidad de contratos establecida en el artículo 1268 del Código Civil Revisado sólo es aplicable, según el artículo .1267, a los contratos en que concurran los requi-sitos que expresa el artículo 1228, siempre que adolezcan de algunos de los vicios que los invalidan con sneglo a la ley, siendo aquellos requisitos, con-sentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia dél contrato, y causa de la obligación que se establezca.

      Excepciones Previas — -Aceptación de los I-Iechos de la Demanda. — Para dictar resolución sobre excepciones previas, sean éstas cuales fueren, se deben acep-tar los hechos tales como se consignan en la demanda y como se desprenden de las alegaciones sin apartarse del sentido literal de éstas.
    Patria Potestad de la Madre — Leyes de Partidas. — De acuerdo con las Leyes de Partidas vigentes en Puerto Eieo en el año 1879, la madre no tenía patria potestad sobre sus menores hijos, la cual competía únicamente al padre, según las Leyes 2 y 3, título 17, partida 4a.
    Prescripción de la Acción de Nulidad de Contratos — Patria Potestad de la Madre — Inexistencia del Contrato. — La acción para anular un contrato de reconocimiento de crédito con hipoteca otorgado en Puerto Eieo, en noviembre 29, 1879, en el cual una de las partes contratantes actuó en concepto de madre con patria potestad sobre sus hijos menores, no prescribe por el tér-mino de cuatro años que establece el artículo 1268 del Código Civil Bevisado.
    Prescripción — Acción de Nulidad de Procedimiento Ejecutivo — Menores que no Fueron Partes en el Juicio. — Tampoco prescribe por el transcurso de cuatro años la acción de nulidad de procedimiento ejecutivo, fundada en que los demandantes no fueron citados para el juicio, por más que esa acción no sea la establecida por el artículo 1477 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil.
    Id. — Acción Reivindicatoría. — Habiendo entrado en posesión los demandados de las fincas en litigio en los años 1887 y 1888 y tratando de reivindicar una participación dominical en las mismas, el término de treinta años que para la prescripción de acciones reales establece el artículo 1864 del Código Civil • Bevisado no ha transcurrido todavía.
    Prescripción Adquisitiva del Dominio — Fraude—Mala Fe en la Posesión.- — • Alegándose en la demanda fraude y.mala fe en la posesión por parte le los demandados, el término necesario para adquirir el dominio por prescripción es de treinta años, el cual no ha transcurrido aun en este caso.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Juan Hernández López, Enrique Rincón, Rafael López Landrón y H. H. Scoville.

    Abogados de los apelados: Sres. Álv.arez Nava y Domín-guez.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En el mes de marzo del año próximo pasado, 1913, la Suce-sión de Don Juan Suro produjo demanda ante la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., contra las -Sucesiones de Doña Encarnación Prado, de Don Alonso del Río, y de Doña Joaquina Juliá, con súplica de que se dictara .sentencia por la que se declare la nulidad per se, o inexistencia de una escri-tura de reconocimiento de deuda e hipoteca otorgada por Doña Encarnación Prado a favor de Doña Joaquina Juliá en 29 de noviembre de 1879 ante el Notario Demetrio Jimé-nez y Moreno, en cuanto pueda'perjudicar los derechos de la sucesión demandante; se llaga extensiva la declaratoria de nulidad solicitada a los procedimientos seguidos para el cobro de dicho crédito hipotecario, pon inclusión de la adjudicación de los bienes hipotecados a Doña Joaquina Juliá, de su ins-cripción en el Registro de la Propiedad de Arecibo, y de la venta de dichos bienes por Doña Joaquina Juliá a Don Alonso del Río; se decrete la división de la comunidad que en dichos bienes tiene la sucesión de Don Alonso del Río con.la suce-sión demandante, entregándose a ésta por la Sucesión 'de Don Alonso del Río la participación que le corresponda; se con-dena a los demandados a pagar a los demandantes la suma de $2Q0,000 en concepto de frutos producidos y debidos pro-ducir por su participación antedicha en la comunidad y se condene también a los demandados al pago de costas, gas-tos y desembolsos, incluyendo la suma de $5,000 para remu-neración de los servicios profesionales del abogado de los demandantes.

Los hechos consignados en la demanda como determi-nates de los pronunciamientos pedidos por sentencia, son los siguientes:

Primero. Don Juan Suro, causante de los demandantes, estaba casado con Doña Encarnación Prado y falleció abin-testate por el año 1870.

Segundo. Durante su matrimonio procrearon Don Juan Suro y Doña Encamación Prado a Gabriel y Joaquín Suro; sus únicos y universales herederos, de los cuales el-Joaquín murió por el año 1911, habiendo sido declarados herederos del mismo su esposa Antonia Monserrat y su hija Pilar Suro Monserrat, siendo éstas las demandantes en unión de Gabriel Suro.

Tercero. Doña Encarnación Prado falleció por el año 1911 dejando por herederos además de los demandantes a su hijo Alfonso Prado, .conocido por Alfonso Suro, heredero cono-cido, y a John Doe y Richard Roe como herederos descono-cidos', cuyos nombres son ficticios y ofrecen los demandantes sustituirlos por los verdaderos si aparecieren.

Cuarto. La Sucesión de Alonso del Río se compone de su viuda Hortensia de León; de su hijos María y Juan del Río, menores representados por su referida madre con patria po-testad; de sus hijos mayores de edad, José, Josefa Belén y Maximina del Río León; y de Margarita y Rosa del Río y Buscai y Angel de Angel, como herederos de Carmen del Río y León.

Quinto. Habiendo fallecido Joaquina Juliá, y desconocién-dose sús herederos, se hacen constar éstos con los nombres ficticios de John Doe y Richard Roe.

Sexto. Don Juan Suro, causante de los demandantes, era dueño en pleno dominio con títulos inscritos en el Registro de la Propiedad de Arecibo, de dos fincas rústicas, una de ellas radicada en el barrio de San Lorenzo, término municipal de Morovis, compuesta de 469 cuerdas, y la otra de 600 cuer-das radicada en el barrio de Morovis Norte, y dividida en dos predios, uno de 500 cuerdas y otro de 100, cuyas dos fincas de 469 cuerdas y 600 cuerdas respectivamente, se describen •en la demanda.

Séptimo. En 29 de noviembre de 1879 Doña Encarnación Prado, esposa de Don Juan Suro y Juliá, titulándose albacea y curadora ad litem de Don Juan Suro Juliá (así dice la .de-manda), falsamente, por cuanto obedecía a gestiones de Don Alonso del Río, y además como madre de los menores hijos herederos de Don Juan Suro, pero sin obtener previa autori-zación judicial por causa de necesidad y utilidad para gravar sus bienes, compareció con Doña Joaquina Juliá por su pro-pio derecho y por la sucesión ele Don Juan Suro, ante el Nota-rio Demetrio Jiménez y Moreno, reconociendo deber a Doña Joaquina Juliá en tal representación, la suma de $25,473.84, ■a saber, $8,675 por deuda de Don Juan Suro a favor del Sr. Borell, esposo de Doña Joaquina Juliá, garantizada con hipo-teca, $3,300 por deuda del mismo Suro a Borell como fiador y principal pagador, $4,319.09 por deuda de refacción de la Hacienda María a la sociedad Barreras y Castillo, $5,133.93, por intereses devengados, y $4,015.82 por más intereses. T para garantizar a Doña * Joaquina Jnliá ese reconocimiento de cnentas, Doña Encarnación Prado, titulándose albacea y curadora ad litem, testamentaria de su finado esposo Juan Suro Juliá (así dice la demanda), y como madre con patria potestad sobre sus menores Rijos, sin previa autorización de necesidad y utilidad beeba judicialmente, hipotecó por la ex-presada escritura de 29 de noviembre de 1879 los bienes de que se deja hecho mérito, únicos que quedaban provenientes de la sociedad de gananciales de Encamación Prado con Juan Suro Juliá.

Octavo. Hacia los años de 1887-1888, Doña Joaquina Juliá siguió procedimiento ejecutivo contra Doña Encarnación Prado, viuda de Suro, en cobro del crédito hipotecario recono-cido de $25,473.84, y sin citarse ni oirse a los herederos de Don Juan Suro Juliá, fueron adjudicados a Doña Joaquina Juliá los bienes hipotecados con excepción de ciertas parcelas de terreno que se alegaba habían sido rematadas para el pago de contribuciones.

Noveno. De las dos fincas adjudicadas a Doña Joaquina Juliá tomó posesión Don Alonso del Eío a nombre de la misma, pues aquel fué encargado por Doña Joaquina Julia para prac-ticar las gestiones necesarias en el procedimiento ejecutivo.

Décimo. Los bienes adjudicados a Doña Joaquina Juliá fueron vendidos por ésta en 1888 a Don Alonso del Eío quien tomó posesión de ellos, poseyéndolos en la actualidad sus herederos.

Undécimo. En el año 1879 en que se constituyó la hipo-teca, ni antes ni después, había sido hecha la partición de los bienes de la sociedad de gananciales de Don Juan Suro con Doña Encarnación Prado, como así constaba claramente del registro de la propiedad, y lo sabía Don Alonso del Eío, quien no obstante saberlo, indujo con palabras o maquina-ciones insidiosas a Doña Encarnación Prado a hacer el reco-nocimiento clel crédito hijootecario a favor de Doña Joaquina Julia para comprar más tarde, empleando también fraude y engaño, y violando un contrato, esos mismos bienes por $6,000 que representaban menos de la cuarta parte de su valor. Y el crédito reconocido no era debido a Doña Joaquina Julia, pues el reconocimiento sólo tuvo por objeto ampararse Doña Encarnación Prado contra la acción de ciertos acreedores reconocidos por un convenio.

Duodécimo. Los demandantes no lian vendido a Don Alonso del Eío, ni a su sucesión, ni a persona alguna, la parte que les corresponde en los bienes de que se trata por herencia de Don Juan Suro.

Décimotercero. Los frutos producidos y debidos producir por la mitad de dichos bienes durante los 25 años en que ile-galmente han sido poseídos por Don Alonso del Eío, primero, y después por su sucesión, pueden justipreciarse equitativa-mente en la suma de $200,000 de los cuales se han visto pri-vados los demandantes.

Decimocuarto. Las gestiones practicadas por los deman-dantes con Don Alonso del Eío y su sucesión, para la división de la comunidad de los bienes en cuestión, como gananciales de la sociedad conyugal de Don Juan Suro con Doña Encar-nación Prado, y en los que corresponde a los demandantes la mitad por herencia de su padre Juan Suro, han sido infruc-tuosas.

La demanda concluye con la súplica, solicitando qtie se hagan por sentencia los pronunciamientos ya indicados.

A la demanda opusieron los demandados, sucesores de Don Alonso del Eío, las siguientes excepciones previas:

(a) No aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción.

(b) Ser dudosa.

(c) Indebida acumulación de acciones.

(d) Prescripción de la acción principal de nulidad de cons-titución de crédito hipotecario por razón de las disposiciones de los artículos 1301 y 1963 del Código Civil Español equi-valentes a los 1268 y 1864 del Código Civil Revisado, estando prescrita también como consecuencia de ello, la acción de nulidad del procedimiento ejecutivo.

Discutidas dichas excepciones la corte dictó sentencia en agosto Io. de 1913, por la que declaró sin lugar la demanda con las costas a cargo de la parte demandante por la razón do que la acción .de nulidad de reconocimiento del crédito hipotecario estaba prescrita, y en su consecuencia todas las' derivadas de la misma, sin que entrara a examinar las demás excepciones propuestas. Y contra esa sentencia interpuso la representación de la parte demandante, recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Como se ve, por el examen de las alegaciones y súplica de la demanda, varias son las acciones qué ejercita la parte demandante, a saber: Ia., la de nulidad de la escritura pública de reconocimiento de deuda o hipoteca otorgada por Doña Encarnación Prado a favor de Doña Joaquina Julia en 29 de noviembre de 1879; -2a., la de nulidad de los procedimientos seguidos para el cobro de dicho crédito hipotecario incluyendo lav adjudicación a Doña Joaquina Julia de los bienes hipote-cados, y la venta de.ellos por la misma Doña Joaquina a Don Alonso del Río; 3a., la de división de la comunidad'que en dichos bienes tienen la sucesión de Don Alonso del Río, y la Sucesión demandante, entregándose a ésta la participación que le corresponda; y 4a., la de indemnización por los deman-dados a'la parte demandante, de los frutos producidos y debi-dos producir por dicha participación.

El tercero y cuarto pronunciamiento de que se deja hecho mérito están subordinados a los dos primeros, pues si éstos no son viables por cualquier razón legal, tampoco lo serán aquéllos. No cabe división de la comunidad e indemnización de frutos producidos y debidos producir, si no prosperan la nulidad del crédito hipotecario reconocido por la escritura de 29 de noviembre de 1879 y la del procedimiento hipoteca-rio seguido para su cobro, pues en una y otra nulidad se basan la pretendida división de la comunidad e indemnización de los frutos dejados de percibir por la parte demandante.

Discutiremos, pues, la excepción de prescripción alegada únicamente con respecto a las dos primeras acciones.

Fúndase la prescripción alegada en los artículos 1301 y 1963 del Código Civil Español, equivalentes a los 1268 y 1864 del Código Civil Devisado.

El artículo 1268 del Código Civil Devisado dice así:

"La acción de nulidad sólo durará cuatro años.
"Este tiempo empezará a correr:
"En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas hubiesen cesado;
"En los de error, o dolo, o falsedad' de la causa, desde la consu-mación del contrato;
"Cuando la acción se dirija a invalidar contratos hechos por mujer casada, sin licencia o autorización competente, desde el día de la diso-, lución del matrimonio:
"Y cuando se refiera a los contratos celebrados por los menores o incapacitados, desde que salieren de tutela.”

La duración de la acción de nulidad a que se refiere el artículo transcrito sólo es aplicable, según el artículo anterior, 1267, a los contratos en que concurran los, requisitos que expresa el artículo 1228, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley, siendo aquellos requisitos, consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, y causa de la obligación que se establezca.

En el contrato de reconocimiento del crédito Mpoteeario otorgado en 29 de noviembre de 1879, comparece según la alegación 7a., de la demanda, Doña Encarnación Prado por su propio derecho y por la Sucesión Suro, como madre de los menores hijos herederos de Suro con patria potestad sobre ellos, sin que se alegue que los representara en concepto de tutora o curadora de los mismos, pues por más que en esa misma alegación se expresa una y dos veces que Doña Encar-nación Prado se tituló curadora ad litem de su finado esposo, lo que no nos explicamos habiendo fallecido Don Juan Snro .según la primera alegación de la demanda, por el año 1870, no nos es posible interpretar tal alegación en el sentido de qne Doña Encarnación se tituló curadora ud litem de los meno-res hijos de Don Juan Suro. Para dictar resolución sobre excepciones previas, sean éstas cuales fueren, debemos acep-tar los hechos tales como se consignan en la demanda, y como se desprenden de las alegaciones," sin apartarnos del sentido literal de éstas. Tenemos, pues, que aceptar como hecho admi ■ tido por ambas partes para decidir sobre duración o prescrip-ción de la acción de nulidad de la escritura de 29 de noviem-bre de 1879, que Doña Encarnación Prado intervino en dicha escritura por sí y en representación de los menores hijos de Don Juan Snro, no en concepto de curadora ad litem de los mismos, sino en el de madre con patria potestad sobre ellos. Siendo ello así, como la madre, según la legislación de Par-tidas vigente en la fecha del contrato, no tenía patria potes-tad sobre sus menores hijos, la cual competía únicamente al padre, leyes 2 y 3, titulo XVII, partida 4a., surge’ como con-secuencia lógica que los menores hijos de Don Juan Suro no tuvieron representación alguna en la mencionada escritura ni bajo concepto alguno intervinieron en ella, ni por tanto prestaron su consentimiento al contrato por sí o por medio de representación legal. Paltó, pues, en el contrato, por parte de los menores Suro, el consentimiento que debió prestar su representante legal, representante que no aparece existiera, ya que su madre no podía representarlos por falta de tutela o cúratela o de patria potestad sobre los mismos, y por falta de semejante requisito la acción de nulidad del contrato' no puede regirse por el artículo 1268 del Código Civil, aplica-ble como hemos dicho antes a los contratos en que concurren todos los requisitos que expresa el artículo 1228. Y corro-bora nuestra afirmación el último párrafo del artículo 1268 al disponer que cuando la acción de nulidad se refiera a los contratos, celebrados por menores o incapacitados, el término de los cuatro años de duración de dicha acción empezará a‘ correr desde que salieren de la tutela. Aquí no aparece que liaya habido tutela por parte de Doña Encarnación Prado; pero aunque se diera una interpretación extensiva al anterior precepto en el sentido de que el término de cuatro años corra para los menores o incapacitados desde que salieren de la patria potestad, resultaría que dicho término no podía empe-zar a correr desde que los menores hijos salieron de la patria potestad de su madre, pues esa patria potestad no existía.

Al determinar el artículo 1268 del Código Civil, el dia en que comienza a contarse el plazo de cuatro- años cuando el consentimiento se hubiere prestado con violencia o intimida-ción, o con dolo o erroy, cuando sea falsa la causa del contrato, cuando éste fuere hecho por mujer casada sin licencia o auto-rización competente o por menores o incapacitados, y omitir la determinación de cómputo para un caso de nulidad como el presente, claramente da a entender no ser aplicable a la acción de nulidad de reconocimiento del crédito hipotecario de que se trata, el término de cuatro años que fija dicho artí-culo. No regula, pues, dicho artículo, la acción de nulidad del reconocimiento del crédito hipotecario por Doña Encar-nación Prado a favor de Doña Joaquina- Suro y por tanto la corte inferior incurrió en error al darle aplicación.

Tampoco puede regular dicho artículo la acción de nulidad del procedimiento seguido para el cobro del mencionado cré-dito hipotecario, fundada esa nulidad en no haber sido oídos los menores hijos de Don Juan Suro en aquel procedimiento.

Reconocemos que esa acción no es la establecida por el artículo 1477 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil al ordenar que las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no producen la excepción de cosa juzgada, quedando a salvo su derecho a las partes para promover el declarativo sobre la- misma cuestión, y que por tanto no es de aplicación estricta la doctrina que hemos establecido al resolver el caso de Lamb & Cía. en liquidación, v. Fantauzzi Hermanos, en liquidación, 17 D. P. R., 308.

La acción' a que se refiere el artículo 1477 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil estaba reservada a los qne fian sido partes en el juicio ejecutivo; pero como los demandantes alegan que no fueron citados para el juicio seguido en cebro del crédito hipotecario reconocido por Doña Encarnación Prado, y ese.es uno de los fundamentos en que se apoyan para pedir la nulidad de dicho juicio, tendremos que, sea cual fuere el término legal para la prescripción de esa acción, nunca podría ser el de cuatro años a que se refiere el artículo 1268 del Código Civil, como lo revela su simple lectura, y lo con-vencen las consideraciones aducidas para estimar inaplica-bles ese mismo artículo a la pretendida nulidad de la escri-tura de reconocimiento de deuda e hipoteca otorgada por Doña Encarnación Prado a favor de Doña Joaquina Juliá en 29 de noviembre de 1879.

El artículo 1864 invocado también por la parte demandada para sostener la excepción de prescripción, dice así:

“Las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben a los treinta años.
“Entiéndase esta disposición sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio o derecho reales por prescripción.”

Estimando por los'hechos alegados en la demanda que ésta se encamina a obtener por parte de los demandantes una participación dominical en las dos fincas de que se trata, mediante la acción reivindicatoria, no aparece que ésta haya prescrito por el transcurso de los treinta años señalados en el primer apartado del artículo transcrito, pues la posesión de Doña Joaquina Juliá y Don Alonso del Río no pudo comen-zar antes de los años de 1887 y 1888, según las alegaciones 8a.’, 9a. y 10a. de la demanda, y desde esos años hasta el mes de marzo de 1913 en que se radicó la demanda, no pudo haber transcurrido aquel tiempo.

Tampoco es de aplicación el segundo apartado del artículo ■1864 por haber adquirido los demandados por prescripción el dominio exclusivo de los bienes en cuestión. Se alega fraude o mala fe en la posesión, y faltando en ésta el requisito de la buena fe, el término' de la prescripción como medio' adqui-sitivo del dominio no es el ordinario de diez o veinte años, sino el extraordinario de treinta, tiempo que aún no ña trans-currido, según dejamos expuesto. No son, pues, aplicables al caso los preceptos legales en que la parte demandada funda la prescripción alegada.

Como los otros motivos de excepción no fueron considera-dos y resueltos por la corte inferior, preferimos que sean considerados y resueltos por ella antes de someterlos a nues-tro estudio y decisión.

Debe revocarse la sentencia apelada y continuarse los pro-cedimientos de acuerdo con esta opinión.

Revocada la sentencia apelada debiendo con-tinuarse los procedimientos de acuerdo con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison no formó parte del tribunal en la vista de este caso’.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández;

text:
    Méndez, Demandante y Apelada, v. Martínez, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un gas o sobre reconocimiento de.hijos naturales. '
    No. 1016.
    Resuelto en julio 30, 1914.
    Hijos Naturales — Acción de Reconocimiento — Inscripción de la Materni-dad. — La inseripeión de nacimiento de los menores demandantes como hijos naturales de su madre, no impide que ejerciten la acción de reconocimiento como hijos naturales del causante del demandado.

      Id. — Acción de Reconocimiento — Sucesión del Supuesto Padre Natural.— Tanto el artículo 199 del Oódigo Civil Revisado, derogado por la Ley No. 73 de marzo 9, 1911, como el artículo 194 comprendido en la sección Ia. de dicha ley, autorizan la acción de reconocimiento bajo ciertas limitaciones después de muerto el presunto padre; y siendo ello así, es obvio que la acción procede contra la sucesión o el causa habiente del padre difunto.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Detalles Minuciosos en la Demanda. — -Ni la ley exige, ni es necesario detallar minuciosamente en la demanda, los hechos determinantes' de la acción, pues esos detalles, si son precisos, podrán apor-tarse al celebrarse el juicio y presentarse la prueba.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Ley Resuladora del Derecho al Reconoci-miento — Pecha del Nacimiento de los Hijos. — ¡El dereeho de un. hijo natural al reconocimiento se regula por la ley vigente al tiempo de su nacimiento.
    Id. — -Acción de Reconocimiento — Prueba.—La prueba de la filiación debe ser vigorosa y convincente.

      Id. — Acción de Reconocimiento — Insuficiencia de la Prueba — Relaciones con la Madre — Sostenimiento de Ella y de sus Hijos. — Las relaciones del supuesto padre con la madre de los demandantes, la prestación de recursos por aquél a ésta para su propio sostenimiento y el de sus hijos y el llamar a veces hijos a los demandantes no son hechos bastantes por sí solos para determinar el reconocimiento de hijos naturales, cuando esos hechos pueden . explicarse sin necesidad de admitir la paternidad y ser efecto de sentimientos de benevolencia y afecto pava con la madre y los hijos de ésta.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Insuficiencia de la Prueba — Escrito Indu-bitado — Concubinato con la Madre — Posesión del Estado de Hijos Naturales. — En el caso de autos se resolvió que no se había presentado al juieio escrito indubitado del padre en que expresamente reconozca a los demandantes como hijos, ni se había probado que la madre viviera en con-cubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento de los niños, ni que éstos hayan estado en posesión del estado de hijos naturales, para lo cual es necesaria una continuación de heehos que presente a los deman-dantes en relación no interrumpida de hijos naturales con el presunto padre.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Hijos Nacidos en Distintas Pechas. — Cuando se trata de hijos nacidos en distintas fechas cuyo derecho al reconocimiento se rige por distintas leyes, es necesario determinar con precisión en la prueba los actos de reconocimiento relativos a cada uno de ellos y las fechas en que tuvieron lugar.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Cartas del Padre — Autenticidad de la Pirma. — Habiendo declarado uno de los testigos de la parte demandante que la letra de las cartas presentadas como prueba se parecía a la del presunto padre, aunque nó las firmas, mientras que otro testigo declara que la letra y la firma de las cartas eran las que usaba el presunto padre, el cual en los documentos públicos hacía otra rúbrica y en las cartas un rasgo, no puede estimarse suficientemente comprobada la autenticidad de dichas cartas.
    Id. — Acción de Reconocimiento — Prueba Auténtica de la Paternidad. — Te-niendo en cuenta el espíritu de la Ley No. 73, de marzo 9, 1911, tendente a exigir prueba más convincente de la filiación que la que anteriormente se exigía por el artículo 189 del Código Civil, es necesario deducir que la prueba auténtica de la paternidad exigida en dicha ley debe ser tal que pueda equi-pararse a la determinada por un eserito indubitado de expreso reconocimiento, por la posesión continua del estado de hijo natural, y por el concubinato de la madre con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El apelante compareció por escrito en nombre propio.
    Abogado de la apelada: Sr. Juan B. Soto.

   El Juez Presidente Sr. Hernández;

emitió la opinión del tribunal.

En 25 de noviembre de 1912 Cecilia Méndez, en concepto de madre y representante legal de sns menores hijos Pedro Angel y Lanra María Méndez, produjo ante la Corte de Dis-drito del Distrito Judicial de Aguadilla, demanda jurada contra Víctor P. Martínez y G-onzález, como sucesor de Víctor Martínez y Martínez, con súplica de que dichos menores sean declarados por sentencia hijos naturales reconocidos de Víctor Martínez y Martínez y se les otorguen los derechos consiguientes a esa declaración con arreglo al Código Civil aplicable al caso, inscribiéndose dicha sentencia en el regis-tro civil al margen de la inscripción de nacimiento de Pedro Angel y Laura María.

Las alegaciones fundamentales de la demanda son las siguientes:

(a) Que Pedro Angel y Laura María nacieron en el pueblo de San Sebastián en 22 de noviembre de 1909 y 4 de no-viembre de 1911, respectivamente, habiendo sido inscritos en el registro civil como hijos naturales de Cecilia Méndez.

(b) Que Pedro Angel y Laura María han sido el fruto de las relaciones amorosas que la demandante sostuvo con Don Víctor Martínez y Martínez, con quien' vivió en concu-binato bajo el mismo techo durante varios años.

(c) Que al tiempo de la concepción y parto de Pedro Angel y Laura María, la demandante y Víctor Martínez y Martí-:nez se hallaban en actitud legal y sin impedimento alguno para contraer matrimonio, por ser la demandante soltera y viudo el Martínez.

{d) Que las relaciones amorosás de la demandante con Víctor Martínez y Martínez fueron continuas prodigando Martínez sus más tiernas caricias y solícitos cuidados a Pedro' Angel y Laura María, teniendo a éstos el Martínez por hijos, y llamándolos así en sus entrevistas privadas y en sus con-versaciones, habiendo estado dichos menores en la posesión continua del estado y derecho de hijos naturales de su padre Don Víctor Martínez mediante actos directos del padre, tales como vivir en el mismo hogar con ellos, suministrándoles alimentos lo mismo que a la madre durante la lactancia, y supliendo los gastos de vestido, calzado y demás indispensables para la vida.

(e) Que Víctor Martínez y Martínez falleció en San Sebas-tián en 26 de agosto de 1912 dejando por sucesión legítima a su hijo Víctor P. Martínez y Gronzález, habido en su matri-monio con Segunda Gronzález, la que había fallecido en Maya-güez en 4 de mayo de 1908.

A la demanda opuso la parte demandada la excepción previa de que los hechos en ella consignados no determinan una causa de acción, cuya excepción fue desestimada por orden de 9 de abril de 1913; y al contestar el demandado la demanda negó los hechos fundamentales de la misma, con excepción del relativo al fallecimiento y estado de viudo de Víctor Mar-tínez y Martínez, alegando además como materia nueva otros-hechos tendentes a desvirtuar las alegaciones determinantes del reconocimiento solicitado.

Celebrado el juicio en 16 de junio de 1913, la corte dictó sentencia, registrada en 3 de julio siguiente, declarando con lugar la demanda y en su consecuencia que los menores Pedro Angel y Laura María son hijos naturales reconocidos de Víctor Martínez y Martínez con derecho a usar el apellido de éste y a percibir la porción hereditaria que determina el vigente Código Civil, de acuerdo con la ley enmendatoria del mismo en la parte relativa a los hijos naturales, con los demás derechos que la ley otorga a los hijos naturales reconocidos y costas a cargo de la parte demandada, comunicándose dicha senten-¡cia, luego que sea firme, al encargado del registro civil del pueblo de San Sebastián para su inscripción al margen de cada una de las inscripciones de nacimiento de los referidos menores. Contra esa sentencia interpuso el demandado re-curso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Alega la parte apelante como primer motivo del recurso que la corte inferior cometió error al desestimar por su orden de 9 de abril de 1913 la excepción previa de que los bechos no determinan una causa de acción.

Los motivos legales que sirven de fundamento a dicba excepción, son los siguientes:

Primero. Que el ejercicio de la acción de reconocimiento lia sido prematuro, pues el supuesto padre natural falleció en 26 de agosto de 1912 y la demanda fué radicada en noviem-bre del mismo año, resultando haberse ejercitado aquella acción antes del año del fallecimiento de Don Victor Martínez.

Segundo. Que habiendo sido inscritos en el Registro Civil de San Sebastián Pedro Angel y Laura María como hijos naturales de Cecilia Méndez, nacidos en 22 y 4 de noviem-bre de 1909 y 1911 respectivamente, no cabe cambiar su filia-ción por la de Víctor Martínez y Martínez, pues no pueden tener 'otro estado civil que el consignado en el registro.

Tercero. Que sólo el padre o la madre son los que per-sonalmente pueden reconocer a sus hijos y no la sucesión de los padres, por tratarse de un acto personalísimo.

Cuarto."Que en la demanda no se han detallado minucio-samente los hechos demostrativos de la filiación, a saber, el tiempo del concubinato de Cecilia Méndez y Víctor Martínez, la duración de sus relaciones amorosas, y si el esposo de Se-gunda González y padre del demandado es el mismo que vivió en concubinato y llevó relaciones amorosas varios años con Cecilia Méndez, para poder llegar a la conclusión de si dichas relaciones fueran adulterinas o no.

Aunque nos parecen frívolos los motivos alegados en apoyo de la excepción previa,' los rebatiremos brevemente en el mismo, orden en que han sido expuestos. Al prescribir el artículo 194 de nuestro Código Civil, tal como está compren-dido en la sección Ia. de la Ley No. 73 de 9 de marzo de 1911, que las acciones para .el reconocimiento de Lijos naturales sólo podrán ejercitarse en vida de los presuntos padres o un año después de su muerte, salvas las excepciones que esta-blece señaló ese término. de un año para su ejercicio, sin que por tanto sea necesario esperar al vencimiento de ese año, con la particularidad de que en el presente caso, tratán-dose de menores, éstos, según una de dichas excepciones, po-drían ejercitar la acción antes de que transcurran los prime-ros cuatro años de su mayor edad. La inscripción de naci-miento de los menores demandantes en el registro civil, como hijos naturales de Cecilia Méndez, no impide que ejerciten la acción de reconocimiento como hijos naturales de Don Víctor Martínez, para que obtenido el reconocimiento se haga también constar esa circunstancia en el registro en los tér-minos que dispone la Ley No. 61 sobre la materia, aprobada en 9 de marzo de 1911. Tanto el artículo 199 del Código Civil Devisado, derogado por la Ley No. 73 de 9 de marzo de 1911, como el artículo 194 comprendido en la sección Ia. de dicha ley, autorizan la acción de reconocimiento bajo ciertas limi-taciones después de muerto el presunto padre; y siendo ello así, es obvio que la acción procede contra el sucesor o causa-habiente del padre difunto. Ni la ley exige, ni es necesario detallar minuciosamente en la demanda los" hechos determi-nantes de la acción, pues esos detalles, si son precisos, podrán aportarse al celebrarse el juicio y presentarse la prueba. Ramos v. Sucesión Cabán, 18 D. P. R., 533.

No cometió error, pues, la corte inferior al dictar su orden de 9 de abril de 1913, desestimando la excepción previa opuesta a la demanda por la parte demandada.

También alega el apelante que la corte inferior cometió error en la apreciación de las pruebas relativas al recono-cimiento de Pedro Angel y Laura María.

' La prueba documental de la parte demandante relativa a dicho reconocimiento consiste en veinte y tres cartas diri-gidas por Y. Martínez a Cecilia, 11 con fecha, y 12 sin fecha, llevando aquéllos las fechas de 8 de febrero de 1889 (acaso sea de 1898), 19 de octubre, 13 de noviembre, 26 de noviem-bre, 16 de diciembre y 22 de diciembre de 1898; 10 de diciem-bre de 1900; 4 de enero y 4 de noviembre de 1901, 10 de junio ■de 1903, y 6 de abril de 1907.

En la carta de 8 de febrero de 1889 ó 1898, acusa Y. Mar-tínez a Cecilia, recibo de una carta por la cual se entera de .que ella y los chiquitos están buenos, y le anuncia la remisión de media docena de medias y de una orden para coger dinero. Se despide con .afectos.

En la de 19 de octubre de 1898 expresa Y. Martínez a Cecilia que sintió mucho marcharse sin verla; que por Lorenzo supo que seguía bien; que espera que siempre será celosa de su honradez y de su decoro; que ponga a Paco en la escuela con Eamón Vázquez; que le mandó 40 pesos y que si quiere escribirle le dé la carta a Lorenzo. Se despide con protestas de afecto para los nenes y para ella.

En la de 13 de noviembre de 1898 acusa Y. Martínez a Cecilia recibo de una carta de 25 del mes anterior, y le dice que ¡supo por Lorenzo que había salido bien de su trance, que siem-pre hacía por ampararla, que á su compadre le encargó le pasara un peso diario, que con un dependiente de Laurnaga le mandó 40 pesos y que eduque a los chiquitos y a las nenas. Termina despidiéndose con un abrazo y afectos.

En la de 26 de noviembre de 1898 V. Martínez acusa recibo de úna carta de 15 de dicho mes, y dice que por Carolina y el compadre había sabido que la chiquita había estado mala. Que el martes fué día de su Santo y que si no pudo verla se acordó de ella y le compró su regalito, que lo que le manda es para comprar algunas cosas que necesite. Que no quiere ■que pase trabajos; que ponga a la escuela a Paquito y a Ma-ría; que no tardará en ir a verla, y que mientras él viva velará por ella. Se despide con cariños para los chiquitos y con un abrazo para ella.

En la de 16 de diciembre de 1898 expresa Y. Martínez a Cecilia qne bace días no recibe carta, qne sólo por Lorenzo y Lnpe tiene noticias de ella y qne los chiquitos estaban con tos ferina. Le anuncia la compra de nna capa abrigo y la remisión de trajes para ella y los chiquitos. Confía en que Paqnito no haya dejado de ir a la escuela para que en el día de mañana cele sus intereses. Se despide con protestas de afecto.

En la de 22 de diciembre de 1898 dice V. Martínez a Cecilia que se entera de la gravedad de la chiquita y pide a Dios que sus temores no sean confirmados; que siente sus sufri-mientos; que ponga de su parte cuanto pueda para curar la niña; que Caneio la .vea cuantos veces sea menester; que si necesita algo avise, y que espera saber de la chiquita. Se despide con'memorias y abrazos.

En la de 10 de diciembre de 1900 le anuncia la remisión de dos billetes de $5 y le indica que puede ofrecer por el te-rreno de Basilio 900 pesos provinciales en tres plazos. Se despide con memorias para todos y protestas de afecto.

En- la de 4 de enero de 1901 da Y. Martínez a Cecilia con-sejos sobre administración de fincas y le envía felicitaciones.

En la de 4 de noviembre de 1901, Y. Martínez acusa a Cecilia recibo de otra carta; le manifiesta no haber visto a José Cabrero para enviar un sombrero y zapatos y le remite dos billetes, uno de 10 pesos y otro de 5. Se despide con memo-rias para todos y protestas de afectos.

En la de junio 10 de 1903 manifiesta Y. Martínez a Cecilia que al día siguiente iría a almorzar con ella, y le anuncia la remisión de una cajita. Se despide con protestas de afecto.

En la de 6 de abril de 1907, que es una carta sin dirección por un tal Pascasio Martínez a sus queridos padres, hay al dorso unos renglones en que Y. Martínez manifiesta a Cecilia que al llegar al pueblo, se encontró con otra de sus com-padres, añadiendo que en la que recibió, le dicen que el niño sigue muy contento. Se despide con afectos.

Prescindimos de relatar el contenido de las cartas sin fecha, tendentes a demostrar que Víctor Martínez y Cecilia Mendez sostenían relaciones, que Martínez dispensaba protec-ción a Cecilia y a sus hijos, y se tomaba interés por la salud de éstos y su educación, sin que en ninguna de esas cartas se nombre a los niños Pedro Angel y Laura María.

La prueba testifical de la parte demandante respecto del reconocimiento de que se trata, consiste en las declaraciones de varios testigos, las que extractamos a continuación. Esos testigos declararon el 16 de junio de 1913.

Testigo Pedroi Ríos Peña. — Afirma primeramente que al-gunas veces vió entrar a Víctor Martínez en la casa de Cecilia Méndez, desde su establecimiento que quedaba a unos ocho metros de distancia, pero después dice y repite que nunca vió a Víctor Martínez dentro de la casa de Cecilia Méndez, por más que él lo veía desmontarse del coche y parar frente a dicha casa con dirección a la entrada. Víctor Martínez hará dos años, no muy a menudo, iba a su establecimiento a comprar dulces para Cecilia Méndez y sus niños, indicán-dole unas veces al testigo que los mandara a Cecilia Méndez y yendo otras veces los niños a buscarlos. Llevaban los dul-ces a Cecilia Méndez unas veces los niños, otras la sirvienta, y otras un muchacho. Víctor Martínez llevaba algunas cuen-tas con el testigo, como de dulces, cajas de galletas, coger una vez y pagar al otro día o de momento. Sólo sabe que Martí-nez iba a la casa de Cecilia Méndez y llevaba dulce que com-praba en su establecimiento y los mandaba, lo que sabe por-que la sirvienta llevaba al niño Pedro Angel y sabe que así se llamaba porque lo nombraba la servienta. Ignora la clase de relaciones que existieran entre Víctor Martínez y Cecilia Méndez y los hijos de ésta. Víctor Martínez no le dijo que tuviese hijos llamados Pedro Angel y Laura María, ni tam-poco que tuviera concubina.

Testigo Gerónimo Méndez Jiménez. — Vió nxuchas veces a Víctor Martínez en la casa de Cecilia Méndez, a la que tra-taba como mujer propia, habiendo sido la última que lo vió en la casa de Cecilia liará dos años. En nna ocasión llevó a Cecilia por encargo de Don Yíctor Martínez, hace cuatro años, un billete de $5. Yió llegar a Don Yíctor a la casa de Cecilia Méndez, varias veces, pero solamente lo vió una vez' dentro de ella por el año de 1910, en cuya ocasión Yíctor y Cecilia ocupaban cada uno un sillón, teniendo Yíctor al chiquito Pedro Ángel en la falda o en la rodillas. Sólo sabe que Yíctor Martínez visitaba la casa de Cecilia Méndez ignorando con qué fin lo hiciera. Yíctor Martínez y Cecilia Méndez no vivía juntos en la misma casa.

Testigo Joaquin Cardona. — Fué carpintero de la casa de Yíctor Martínez,1 y por vivir al .costado de la de Cecilia Mén-dez vió muchas veces en ésta al Martínez. Martínez muchas veces mandó a buscarlo para hacer algún trabajo en la refe-rida casa, y entonces él se sentaba en un sillón y Don Yíctor en otro con Pedro Angel al que tocaba diciéndole “mi chi-quito.” Martínez muchas veces se quedaba en la casa de Cecilia Méndez. A veces llegaba viernes y se marchaba el do-mingo. Martínez trataba a la Cecilia como mujer propia, puesto que le decía, “Tráeme el chiquito para verlo,” hará de esto tres años más o menos, y además le mandaba dinero para ella y sus hijos. Hará año y medio no ha visto nada entre Cecilia Méndez y Yíctor Martínez. Cuando Cecilia Mendez vivía en la calle de Manuel Joaquín Cabrero el testigo vivía también en la misma calle, estando separadas ambas casas por un callejón de dos varas, y después se fué a vivir Cecilia a una casa de la Calle de Miraflores que le compró Don Yíctor, la que vendió, yéndose a Calabazas sin que du-rante ese tiempo el testigo viera ni supiera nada con relación a Martínez y Cecilia. Cuando Martínez le pagaba sus tra-bajos le entregaba dinero- para que se cobrara y lo que so-brara se 1q entregara a Cecilia para sus hijos Pedro Angel y Laura María, hijos de Yíctor Martínez. Sabe que éstos son hijos de Yíctor Martínez porque cree que un hombre que tiene una mujer honrada como Cecilia, cuya casa a menudo visitaba Martínez, almorzando allí y estándose en la misma casa, parece demuestra que la mujer es algo de él o los hijos son algo de él. Víctor Martínez y Cecilia Méndez no vivieron bajo nn mismo techo por los años de 1908 al de 1912. Mien-tras el testigo trabajaba en la casa de Cecilia Méndez entraba en ella Víctor Martínez y vió qne llamaba a los hijos Pedro Angel y Lanra María y los besaba y acariciaba. Martínez le dijo qne aquellos niños eran sus hijos. Martínez no le dijo que Pedro Angel era su hijo, pero se lo decía al chiquito, diciéndole “mi hijo.” Todo lo que ha declarado pasó hace tres años más o menos, sin que pueda precisar ni el día, ni la semana, ni el mes. Además de Pedro Angel y Laura María tiene Cecilia Méndez dos hijos llamados Paco y Llullo y otros más. Sabe que Pedro Angel' y Laura María son hijos de Cecilia Méndez pero ignora que fuesen hijos de Víctor Mar-tínez.

Testigo Juan Rodrigues Ramos. — Vió a Víctor Martínez muchas veces en la casa de Cecilia Méndez. Al llegar Mar-tínez se desmontaba de su coche, pasaba a la sala, se sentaba en el sillón, en seguida preguntaba por los niños, cogía a Pedro Angel en la falda, le pasaba la mano por la cabeza y por la cara y se lo daba a Cecilia. Al llegar decía; “Cecilia, ¿y los niños?” “¿Y Pedro Angel está bueno?” Mientras tenía los niños en la falda les decía “Mi hijo, mi hijo.” Nunca oyó a Víctor Martínez echarles la bendición. Martínez suminis-traba recursos a Cecilia para la subsistencia de ella y de los niños. Varias veces al encontrarse Martínez con el testigo, refiriéndose a Pedro Angel y Laura María, le preguntaba “¿Y los niños, como siguen?” Solamente una vez vió a Víctor Martínez acariciando a los niños, hará como unos tres años más o menos. El niño que vió que acariciaba Martínez era el varoncito que Cecilia le trajo.

Testigo Sixta Torres. — Asistió a los partos de los hijos de Cecilia Méndez, Pedro Angel y Laura María, llamada por Don Víctor Martínez, qnien le pagó $6 por cada parto. Mar-tínez quería esos niños como a hijos. Cuando veía la chi-quita le echaba la bendición diciéndole: “Hijita mía, Dios te bendiga y te acompañe” y lo mismo bacía con Pedro Ang’el. Martínez solía ir a casa de la Cecilia los domingos, y se iba lnnes o martes. Otras veces venía los jueves y se iba el lunes. Entraba en la casa de Cecilia Méndez como dueño, dormía en un cuarto y almorzaba y comía allí. Cuando Cecilia estaba recién parida dormía ésta en un cuarto y le arreglaban la cama en otro a Don Víctor, y cuando ella estaba buena, los dos dormían en su cuarto, y el chiquito en la cuna y ella en un cuarto al lado de la chiquita. Hace tres o cuatro años que Cecilia tuvo a Pedro Angel, y hará dos años a Laura María. Víctor Martínez suministraba lo necesario para el sostenimiento de Cecilia y sus hijos. Vio a Víctor Martínez llamar hijos a aquellos niños unas cien mil veces en la forma siguiente: Cogía a Pedro Angel y lo besaba y le pasaba la mano por la cabeza, diciéndole a Cecilia: “Cuida mucho de este niño que si Dios quiere lo vamos a educar,” y lo mismo hacía con Laura María. No recuerda haber manifestado a persona alguna que a esos partos no la hubiera llamado Víctor Martínez. . No recuerda haber dicho que dado el carácter excéntrico de Don Víctor no le había hecho caricias a los niños. No recuerda haber dicho que Cecilia Méndez fué la que le pagó los partos, y tampoco recuerda haber dicho que no sabía quién era el padre de esos muchachos, si bien afirma que el único con quien tuvo una entrevista sobre tal particular fué Bautista Medina.

Testigo Irene Hernández. — Estuvo colocada en la casa de Cecilia Méndez y Víctor Martínez era quien le pagaba. Mar-tínez visitaba esa casa como dueño, cogía los chiquitos en la falda, los acariciaba y los trataba como a hijos y les echaba la bendición y después se sentaba en un sillón o se iba a la cama de Cecilia Méndez y se recostaba. Martínez trataba de hijos a Pedro Angel y Laura María» Víctor Martínez le dijo que los niños eran de él, no recuerda en qué fecha, hará 3 ó 4 años; respecto a Pedro Angel y de Laura María no le dijo nada Víctor Martínez. Martínez suministraba dinero para la subsistencia de los niños Pedro Angel y Lanra María.

Testigo Ramón Novoa Martínez. — Víctor Martínez por dos veces suministró recursos a Cecilia, liará'cosa de dos años, para atender a sus necesidades y las de los niños. Nunca hizo manifestación alguna respecto de los niños Pedro Angel y Laura María, únicamente como hacen los padres a los niños. Solamente vió a Martínez entrar dos veces en la casa de Cecilia Méndez. Nunca vió a Cecilia Méndez y a Víctor Martí-nez por la calle con los niños.

Testigo Gerardo Pérez. — En 6 de Diciembre de 1910, Víctor Martínez compró para Cecilia Méndez en su estableci-miento mercantil un lavabo, un espejo y cuatro sábanas y le comisionó para que los mandara a casa de Cecilia Méndez, pagando Martínez el valor de la compra. No recuerda que en ninguna otra ocasión comprara nada Víctor Martínez para Cecilia Méndez,, y no sabe qué clase de relaciones existieran entre ellos.

Testigo Cecilia Méndez. — Llevó relaciones con Víctor Martínez por espacio de cuatro a cinco años, visitándola Mar-tínez tres o cuatro días en casi todas las semanas. Vivió maritalmente con Martínez, de cuya vida tuvieron los niños llamados Pedro Angel y Laura María. Martínez le pasaba a ella todo lo necesario para la vida. Cuando Martínez lle-gaba a la casa, el niño lo conocía y decía ‘‘Mamá, ahí está papá” y él le echaba la bendición y lo acariciaba. Sixta Torres la asistió en sus partos. Martínez le daba para ella y sus hijos, $8 cada ocho días, que tomaba en casa de Pedro Ríos. No sabe leer ni escribir, pero a menudo recibía cartas de Víctor Martínez 'que le leía otra persona, y otra persona también las contestaba.

La prueba testifical de la parte demandada es la siguiente:

Testigo José Diepa Pérez. — Ha trabajado varias veces como escribiente de Víctor Martínez y de su hijo el demandado, con quienes estuvo hará el espacio de cuatro o cinco años, habiendo vivido por algún tiempo, en el barrio de Hato Arriba con ambos. Nunca vió allí a la mujer llamada Cecilia Méndez ni a niños llamados Pedro Angel y Lanra María. Nunca supo que Víctor Martínez tuviera concubina alguna y dado su carácter no cree posible que tuviera relaciones ilí-citas con alguna mujer. Ignora que Víctor Martínez enviara cantidades de dinero a los supuestos hijos de que se trata. Era Martínez hombre retraído y muy serio y jamás le vió que fuera expansivo con alguien pues casi no hablaba. Ha revisado y legajado la correspondencia de Víctor Martínez y no ha encontrado carta alguna de Cecilia Méndez y nunca el testigo escribió carta para Cecilia Méndez que firmara Víctor Martínez.

Testigo Emiliano Beauchamps. — Por los años de 1908 al 1912 vivía en San Sebastián barrio de Hato Arriba con Don Víctor Martínez como mayordomo de éste y en el mismo cuarto. Durante ese tiempo no vió entrar ni vivir en la casa a persona alguna que se llamara Cecilia Méndez. Víctor Martí-nez era de carácter muy serio y jamás el testigo vió que mujer alguna traspasara los umbrales de la puerta de la casa, lo que no hacía ni aún la cocinera. Nunca vió allí a los niños llamados Pedro Angel y Laura María. Víctor Martínez no mandó dinero a Cecilia Méndez por conducto del testigo y en las conversaciones que por la noche tenían no le dijo que ‘tu-viera hijos ilegítimos. No le conoció concubina y no lo creía capaz de tenerla. En los libros de la hacienda no figura cuenta alguna con Joaquín Cardona, y como pagador de la hacienda no recibió encargo de entregar dinero a Cecilia Méndez ni a Joaquín Cardona.

Testigo Juan Bautista Medina. — Vivió en San Sebastián desde 1908 a 1912 y conoció a Víctor Martínez y a Cecilia Méndez y también a los hijos de ésta Pedro Angel y Laura María. No le conoció relaciones amorosas a Víctor Martínez ni de casado ni de viudo, y su carácter serio era contrario a osas expansiones. De los diferentes encargos que le hizo Víctor Martínez ninguno fué para Cecilia Méndez ni para los hijos de ésta. Hacia el 1 de junio de 1913 le dijo Sixta Torres en conversación, qne si bien había parteado a Cecilia Méndez cuando nacieron Pedro Angel y Laura María, Cecilia era quien la había llamado, ignorando que Víctor Martínez fuera, el padre de esos niños, pues si lo hubiera sabido lo hubiera puesto en el registro civil, cuyas manifestaciones fueron hechas por la Sixta expontáneamente a preguntas que le hiciera el testigo.

Ante los méritos probatorios que dejamos expuestos y a la luz de la ley y jurisprudencia aplicables al caso, veamos ahora si se ha demostrado suficientemente el reconocimiento de Pedro Angel y Laura María como hijos naturales de Víctor Martínez, causante del demandado.

Las certificaciones del registro civil traídas al juicio mues-tran que Pedro Angel nació en 22 de noviembre de 1909 y Laura María en 4 de noviembre de 1911.

El derecho al reconocimiento de Pedro Angel debe regu-larse por el artículo 189 del Código Civil Beformado, mien-tras que igual derecho por lo que toca a la niña Laura María, debe regularse por el artículo 193 comprendido en la sección Ia. de la Ley No. 73 de 9 de marzo de 1911,' que enmendó aquel artículo.

El artículo 189 del Código Civil Beformado dice así:

“Artículo 189. — El padre está obligado a reconocer al hijo ilegí-timo en los casos siguientes:
“1. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su paternidad.
“2. Cuando pública o privadamente le tenga por hijo suyo o le haya llamado tal en conversación o se ocupe de su educación y sostenimiento.
“3. Cuando la madre fue conocida viviendo en concubinato con el padre al tiempo del embarazo o nacimiento del hijo, o cuando éste haya nacido llevando sus padres relaciones amorosas.”

El artículo que acabamos de transcribir ha estado vigente hasta que se aprobó la Ley No. 73 de 9 de marzo de 1911, la cual en el artículo 193, comprendido en su sección Ia., en la parte pertinente, dice así:

“Artículo 193. — ■ * * *.
“El padre está obligado a reconocer al Rijo natural: "
“1. Cuando exista escrito suyo indubitado en que expresamente reconozca su .paternidad.
“2. Cuando el hijo se halle en la posesión continua del estado de hijo natural del padre demandado, justificada por actos del mismo padre o de su familia.
“3. Cuando la madre fué conocida viviendo en concubinato con el padre durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo.
“4. Cuando el hijo pueda presentar cualquier prueba auténtica de su paternidad.
<<* # * * •* * # u

La prueba de la filiación debe ser vigorosa y convincente. Negueruela et al. v. Somohano, 16 D. P. R., 692.

En el presente caso dista mucho de ser vigorosa y convin-cente la prueba de la parte demandante.

No ha venido al juicio escrito indubitado de Víctor Mar-tínez en que expresamente reconozca como hijos suyos a Pedro Angel y Laura María. Tampoco hay prueba de que la Cecilia Méndez viviera en concubinato con Martínez durante el embarazo y al tiempo del nacimiento de esos niños, ni de que éstos hayan estado en posesión del estado de hijos natu-rales de Víctor Martínez, pues la prueba no ofrece una con-tinuación de hechos que presenten a dichos niños en la rela-ción no interrumpida de hijos naturales del Martínez. Las declaraciones de los testigos son vagas e indeterminadas sobre tal particular.

Aunque se admitiera por el mérito de las declaraciones de algunos de' los testigos que Víctor Martínez sostenía rela-ciones con Cecilia Méndez y le prestaba auxilios para su pro-pio sostenimiento y el de sus hijos Pedro Angel y Laura Ma-vía, acariciando a éstos y llamándolos a veces hijos, sobre todo al Pedro Angel, no por ello llegaríamos a la conclusión de que Pedro Angel y Laura María eran hijos naturales de Víctor Martínez y tenidos por éste-como tales. La conducta de Víctor Martínez con Cecilia Méndez y sus hijos puede expli-carse sin necesidad de admitir sn paternidad, y ser efecto de sns sentimientos de benevolencia y afecto para con Cecilia y sn familia, máxime si se tiene en cnenta el contenido de' algnnas de las cartas qne la demandante ha presentado como evidencia, en las qne con fechas mny anteriores al nacimiento de Pedro Angel y Lanra María el Martínez mostraba interés por otros chiquitos de la Cecilia, se interesaba por la salnd y educación de éstos, y además de socorrerla le ofrecía velar por ella mientras viviera. Hay testigos qne se contradicen en el acto de declarar; a otros no se les ha pedido razón de sns afirmaciones para mejor apreciar sn credibilidad, como sucede respecto de Sixta Torres al afirmar ésta que Víctor Martínez llamó hijos a los niños de qne se trata unas cien mil veces; y lo qne es más importante aún, tratándose como se trata de dos hijos qne reclaman el reconocimiento de sn filia-ción, reconocimiento subordinado a leyes diversas, no se ha logrado determinar con precisión los actos de reconocimiento relativos a cada uno de ellos y las fechas en qne tuvieron lugar.

No cabe aceptar la autenticidad de las veinte y tres cartas presentadas por la parte demandante como demostrativas de las relaciones amorosas de Víctor Martínez con Cecilia Mén-dez, pues esas cartas fueron puestas' de manifiesto al testigo de la demandante Eamón F. Martínez para sn reconocimiento después de haber manifestado qne conocía la letra y firma de Martínez, y expresó que, la letra de dichas cartas se parece a la de Martínez, pero no las firmas, entendiendo por firma la letra y la rubrica; y otro testigo de la misma parte deman-dante, Aureo Antonio Sánchez, después de afirmar que era protocolista del Notario Carlos Franco Soto y que en ese protocolo hay muchos documentos otorgados por Víctor Mar-tínez y Martínez, los cuales había visto, siendo por tanto conocedor de su letra, afirmó que la letra y la firma de las cartas eran las que usaba Víctor Martínez, el cual en los docu-mentos públicos hacía otra rúbrica y on las cartas un rasgo. No se presentaron a la corte documentos con letra y firma indubitadas de Víctor Martínez para su cotejo con las cartas de que se trata a fin de que mediante declaraciones de tes-tigos competentes se viniera en conocimiento de la identidad o semejanza de la letra y firma de Martínez que aparecían en las cartas, cuya autenticidad por consiguiente quedó sin comprobación satisfactoria.

Pero es que, supuesta y no admitida la' autenticidad de las cartas en cuestión, ellas demostrarían que Martínez llevó relaciones con Cecilia Méndez desde 8 de febrero de 1898, fecba de la primera carta, hasta 6 de abril de 1907, fecha de la última, es decir por un período de nueve años; pero si se sostiene que las cartas sin fecha fueron escritas con pos-terioridad al año 1907, por el tiempo de la concepción y naci-miento de Pedro Angel y Laura María, entonces las relaciones sostenidas por Martínez con la Cecilia Méndez mediante co-rrespondencia escrita hubieran sido de duración muy superior a aquel período.

Lo anteriormente expuesto, bajo la hipótesis de autenti-cidad de las cartas, está en abierta contradicción con la afir-mación jurada de Cecilia Méndez de que llevó relaciones con Martínez por espacio de cuatro o cinco años. Tampoco ella se ha cuidado de probar que las cartas sin fecha se refieren al tiempo en que fueron concebidos o nacieron los niños Pedro Angel y Laura María, ni de presentar para su examen al testigo o testigos por cuyo conducto recibía las cartas, ni a la persona que según afirma se las leía.

Aun más, la Cecilia afirma en su declaración que Martínez le pasaba $8 cada ocho días, que tomaba en la casa de Pedro Eíos, y no obstante haber presentado como testigo al Pedro Eíos, no trató de corroborar dicho particular interrogando al efecto a Eíos, quien sólo expresa, contradiciendo en cierto modo a la Cecilia, que Martínez compraba dulces para ella y sus niños, y llevaba algunas cuentas con el testigo como de dulces, cajas de galletas, coger una vez y pagar al otro día o de momento, sin liacer mención de la cuenta de los $8 que cada ocho días tomara Cecilia en su casa.

La veracidad de la testigo Sixta Torres fue impugnada por medio del testigo del demandado Juan Bautista Medina, a quien anteriormente había hecho manifestaciones contrarias a las que hizo en el juicio, manifestaciones que no negó la Sixta de un modo categórico, pues se limitó a expresar que no las recordaba, por más que está conforme en que había hablado con el Medina.

Debiendo regularse como antes hemos indicado el derecho del Pedro Angel por el artículo 189 del Código Civil Befor-mado vigente en la fecha de su nacimiento y el de. Laura María por el artículo 193 comprendido en la sección Ia. de la Ley-No. 73 de 9 de marzo de 1911, cuya ley comenzó a regir antes de su nacimiento, ha debido tenerse en cuenta por la parte demandante la diversidad de los preceptos de uno y otro artí-culo para la propuesta de la evidencia que había de deter-minar la filiación solicitada.

Bepetimos que no hay prueba vigorosa y convincente del reconocimiento de Pedro Angel y Laura María.

La falta de prueba respecto de Laura María es mucho más notable que con relación a Pedro Angel. Además de no serle aplicables los tres primeros casos del artículo 193 de la sección Ia. de la Ley No. 73 de marzo 9, 1911, tampoco está comprendida en el caso 4°., pues no ha presentado prueba au-téntica de la paternidad de Víctor Martínez. No- define ese artículo cuál sea la prueba auténtica a que se refiere, pero por el espíritu que lo informa tendente a exigir prueba más con-vincente de la filiación que la que anteriormente se exigía por el artículo 189, y por el principio noscihir a sociis, bien pode-mos deducir que esa prueba auténtica debe ser tal que pueda equipararse a la determinada por un escrito indubitado de expreso reconocimiento, por la posesión continua del estado de hijo natural, y por el concubinato de la madre con el padre ■durante el embarazo y al tiempo del nacimiento del hijo.

Acaso en mi nuevo juicio podrían aportarse elementos probatorios vigorosos y convincentes de la filiación de Pedro Angel y Laura María. Los qne fian venido al presente juicio no nos satisfacen.

En el juicio se tomaron varias excepciones por la parte demandada y apelada, y esas excepciones han sido alegadas también para qne se revoque la sentencia apelada; pero cree-mos innecesario ocuparnos de ellas, procediendo como pro-cede la revocación de dicha sentencia por error en la aprecia-ción de las pruebas.

Es de revocarse la sentencia apelada y ordenarse la cele-bración de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenada la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Rossy, Demandante y Apelado, v. Fernández, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre cobro de honorarios.
    Moción del apelado para que se desestime la apelación.
    No. 721.
    Resuelto en julio 30, 1914.
    Desestimación de Apelación- — Exposición del Caso Pendiente de Aprobación.— Cuando, como en el caso de autos, resulta que el tribunal sentenciador ha concedido una prórroga del término para presentar ante dicha corte el pro-yecto de exposición del caso y se está tramitando la aprobación de dicha exposición, no cabe desestimar la apelación por no haberse radicado en la Corte Suprema la transcripción de autos dentro del término de treinta días a contar desde la interposición del recurso, ya que entonces dicho término empieza a contarse desde la aprobación de la exposición del caso.
    Los Rectos están expresados en la 'opinión.
    El apelado compareció en nombre propio.
    Abogado de la apelante: Sr. Luis \S amalea Iglesias.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso el apelado solicita la desestimación del recurso por no haberse radicado la transcripción de los autos en la Secretaría de esta Corte Suprema dentro del tér-mino de ley.

De las certificaciones y declaraciones juradas de ambas partes, resulta: que en el pleito seguido por Manuel F. Bossy contra Belén Fernández sobre cobro de honorarios, se dictó sentencia en contra de la demandada el 23 de mayo de 1914; que el 22 de junio de 1914 la demandada apeló de la sentencia para ante este Tribunal Supremo; que el 3 de julio de 1914 a las 9 y 35 de la mañana no se había registrado en la secre-taría del tribunal sentenciador ningún pliego de excepciones o exposición del caso a los efectos de la apelación interpuesta; que el mismo día, un minuto después, la parte demandada radicó en la secretaría del tribunal sentenciador una petition de prórroga para presentar una exposición del caso y una orden concediendo la prórroga solicitada, y que hasta la fecha, o sea más de un mes después de interpuesta la apela-ción, no se han elevado los autos a esta Corte Suprema.

El término para presentar en la corte sentenciadora el pliego de excepciones o la exposición del caso, es de diez días, a no ser que sea debidamente prorrogado por la corte. Bien o mal es lo cierto que dicho término fué prorrogado por la corte de distrito, que en la corte de distrito nada ha gestio-nado el apelado, y que en ella, en la actualidad, se está tra-mitando la exposición del caso, y cuando existe exposición del caso, el término para elevar los autos a esta Corte Su-prema, empieza a contarse a partir de la aprobación de dicho documento.

Bajo tales circunstancias, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de Ciuró v. Ciuró, 19 D. P. R., 1200, debemos concluir que la solicitud de desestimación del recurso es prematura y debe, en tal virtud, declararse sin lugar.

Denegada la moción.

Jueces concurrentes: S'res. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    León et al., Demandantes y Apelados, v. Colón et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en un caso de injunction.

    No. 1153.
    Resuelto en julio 30, 1914.
    Injunction Preliminar — Ratificación o Revocación del Mismo — Discreción Judicial. — La ratificación o revocación de un injunction preliminar descansa en la sana discreción de la corte regulada por reglas sabias y justas, y a menos que se demuestre que el juez sentenciador abusó de su poder discre-cional, su discreción no debe ser controlada por la corte de apelación.
    Injunction — Suspensión de la Ejecución de una Sentencia. — Por medio de un injunction puede temporalmente paralizarse la ejecución de una sentencia en evitación de daños y de pleitos.
    Id. — Juramento Defectuoso de la Solicitud — Juramento por Propio Cono-cimiento. — Aunque el juramento de la solicitud ■ en este caso, expresivo de que los hechos que aparecen consignados en la misma le constan al que jura por propio conocimiento, no se ajusta estrictamente al artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, sin embargo no cabe concluir que sea nulo, ya que puede considerarse como bastante para que la parte que jura quede sometida a la penalidad del perjurio si se probara que las alegaciones no son ciertas.
    Id. — Fianzas—Claridad en su Redacción. — Las fianzas deben redactarse con la mayor claridad que sea posible, a fin de que si llega el caso puedan hacerse efectivas sin dificultad.
    Id. — Fianzas Defectuosas — Juramento Defectuoso de los Fiadores. — La fianza de injunction prestada en este caso es defectuosa por ser ininteligible y el juramento de los dos fiadores también es defectuoso por no haberse expresado ' con toda claridad que cada uno de ellos sea dueño de bienes libres por valor de más de mil dólares, que fué la suma.fijada por la corte. '

      Id. — Fianza de Más de Dos Mil Dólares Suscrita por Más de Dos Fiadores— Fiadores no Conocidos Personalmente por el Notario. — Cuando la fianza excediere de dos mil dólares y la ofrecieran más de dos fiadores, debe cumplirse con lo dispuesto en el artículo 355 del Código de Enjuiciamiento Civil enmen-dado en 1908, y si el notario'no conociera personalmente a los fiadores, se observará lo prescrito en la sección 3 de la ley sobre affidavits de 1908, y en el caso de que algún fiador no supiere firmar, deberá seguirse el procedimiento establecido en el caso de Vendrell v. Pellot, resuelto en julio 11, 1914.
    Id. — Impugnación de la Suficiencia de los Fiadores — Prueba de la Suficien-cia de los Mismos. — De acuerdo con la sección 7 de la ley de injunction de 1906, pág. 83, cuando la suficiencia de los fiadores es impugnada dentro de los cinco días siguientes a la notificación del mandamiento, los fiadores están obligados a probar su suficiencia, pero si dicha impugnación se hace posteriormente, entonces la parte impugnadora debe alegar y probar la insu-ficiencia de los fiadores a satisfacción de la corte.
    Id. — Fianza Defectuosa — Injunction Debidamente Decretado. — Aun cuando el injunction haya sido debidamente decretado, si la fianza exigida como requi-sito si ne qua non para librarlo no reúne los requisitos que la ley exige, debe la corte dejar sin efeeto el mandamiento expedido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de Enlogia Colón Alvarez: Sr. Ricardo Agrait.

    Abogado de los apelados: Sr. Rafael López Landrón.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra una orden de la Corte de Distrito de Arecibo negándose a anular cierto auto de injunction que había expedido el 31 de marzo de 1914.

Jesús de León y su legítima esposa establecieron una de-manda en la dicha Corte de Distrito de Arecibo contra Eulo-gia Colón, la Sucesión de Tomás Boneta y la “Plazuela Sugar Company,” sobre nulidad de escrituras y otros extremos. En la demanda se alega, en resumen, que los demandantes eran y son dueños de cierta finca que poseen en la actualidad mate1 rialmente y que vale unos diez mil pesos; que hipotecaron dicha finca por dos mil pesos a favor de Tomás Boneta; que no pagaron la deuda y concertaron con el acreedor una amplia-ción del préstamo; que el acreedor estuvo conforme, pero abusando de la ignorancia de los demandantes, personas rús-ticas y analfabetas, se combinó fraudulentamente con su con-cubina la demandada Eulogia Colón y en vez de otorgar, como hicieron creer a los demandantes que otorgaban, una escri-tura de hipoteca, redactaron una de venta con pacto de retro, con el propósito de arrebatar la finca a los demandantes; que los demandantes debían cierta suma de dinero a la Pla-zuela Sugar Company” y para asegurar su pago cedieron a dicha corporación, por exigencia de la misma y no obstante habérsele advertido que el traspaso sería nulo e ilegal, el dere-cho de retracto que se reconoció a los demandantes en la refe-rida escritura fraudulenta, y que utilizando ilegal y fraudulen-tamente la escritura en cuestión, la demandada Eulogia Colón Alvarez demandó en desahucio a los demandantes. La de-manda termina suplicando que se condene a la demandada Eulogia Colón a restituir a los demandantes el título de pro-piedad de la finca; que se declaren nulas las escrituras que aparecen otorgadas por los demandantes a Eulogia Colón y “Plazuela Sugar Company;” que se prohiba a Eulogia Colón ejercitar ningún acto contrario a la posesión de los demandantes, y que se condene a los demandados que se opu-sieron, al pago de las costas, desembolsos y honorarios de abogado. La demanda, con los documentos acompañados a la misma, ocupa veinte y dos páginas de la transcripción. Lo que presentamos es un extracto muy reducido, que hemos estimado conveniente para el más claro entendimiento de la naturaleza de las cuestiones envueltas en este caso.

La demanda se archivó el once de marzo de 1914 y el 31 del mismo mes se presentó una petición jurada solicitando que se dictara un mandamiento de injunction ordenando al marshal de la Corte Municipal de Arecibo y a la demandada Eulogia Colón, que no llevaran a efecto acto alguno tendente a privar a los demandantes de la posesión de la finca en litigio, mientras se sustanciaba y decidía el pleito sobre nulidad. Los mismos hechos alegados en la demanda sirven de base a la petición de injunction en la que se consigna, además, que la Corte Municipal de Arecibo dictó sentencia en el caso de desahucio seguido por la demandada Eulogia Colón contra los demandantes, condenando a éstas a dejar expedita a favor de la Colón la finca de qne se trata, y qne el marshal de la dicha corté municipal estaba a punto de lanzar a los deman-dantes de la finca, hecho que les ocasionaría graves e irre-parables perjuicios y traería consigo una multiplicidad de procedimientos judiciales.

La orden de injunction solicitada se decretó el mismo día 31 de marzo de 1914, para ser ejecutada previa prestación de una fianza por la suma de mil pesos. La fianza fué pres-tada y aprobada el 1 de abril de 1914, y, el siete de abril de 1914, Eulogia Colón Alvarez presentó una moción solicitando la revocación de la orden de injunction expedida basándose en que: 1°., la orden de injunction librada ha tenido el efecto de suspender una sentencia de desahucio dictada el 5 de marzo de 1914, lo que es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico; 2°., el daño que puedan sufrir los demandantes si se ejecuta la sentencia de desahucio puede ser ampliamente compensado por una acción de daños y per-juicios; 3°., la solicitud no está debidamente jurada por el peticionario; 4°., la fianza no se prestó de acuerdo con lo que ordenó la corte, siendo además defectuoso su juramento, y 5°., la demandada excepciona la suficiencia de los fiadores.

La Corte de Distrito' de Arecibo desestimó la moción, y contra su resolución, según hemos ya consignado, se interpuso por la demandada Eulogia Colón Alvarez el presente recurso de apelación.

La ratificación o la revocación de un injunction prelimi-nar, dice Cyc. resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, descansa en la sana discreción de la corte. Esa discreción, sin embargo, debe regularse por regias sabias y justas. Pero, a menos que se demuestre la existencia de un abuso, la discre-ción del juez que conoció originalmente del caso, no debe ser controlada por la corte de apelación. Véanse 22 Cyc., 982, y las autoridades que cita.

A la luz de la anterior doctrina, procederemos al estudio y resolución de las cuestiones suscitadas por el orden en que lo fueron.

1. Como hemos visto, en la moción solicitando la revoca-ción de la orden de injunction, no se niega la verdad de los hechos consignados en la demanda y en la petición de injunction. Siendo ello así,' debemos aceptar dichos hechos como ciertos, a los efectos de resolver si la corte sentenciadora debió o nó haber revocado su orden de 31 de marzo de 1914.

El injunction decretado en este caso no tiene más finali-dad que la de hacer respectar preventivamente el estado de hecho en que sé encuentran los demandantes con relación a la finca en litigio, desde antes de comenzar el pleito. Y como haciéndose respetar tal estado de hecho, se evitan induda-blemente pleitos sobre reivindicación e indemnización, y si llega a causarse algún perjuicio a los demandados, éstos pue-den obtener la compensación debida, con la fianza prestada por los demandantes, estimamos que la corte sentenciadora aplicó la ley y ejercitó su discreción debidamente.

La decisión de esta Corte Suprema en el caso de Martinez v. Moreno, 10 D. P. R., 84, que se invoca por la parte ape-lante, se dictó en un caso que no es enteramente igual al pre-sente, pues no solo se había pronunciado una sentencia de desahucio, sino que tal sentencia había sido confirmada por esta Corte Suprema, y, además, se había librado ya contra el peticionario, en el mismo pleito en que trataba de parali-zar la ejecución de la sentencia, una orden de injunction que estaba vigente y que hubiera resultado en abierta contradic-ción con la que se solicitaba, de haberse ésta expedido.

Por el contrario la decisión de esta Corte Suprema en el caso de Garcia v. Torres et al., 20 D. P. R., 169, invocada por el juez sentenciador, sostiene la resolución recurrida, ya que en ella se estableció la doctrina de que por medio de un injunction podía temporalmente paralizarse la ejecución de una sentencia, en evitación de daños y de pleitos. Véase también. el caso de Rio v. Vázquez, 17 D. P. R., 170, en el que se sentó la siguiente jurisprudencia: “Aun cuando debe procederse con gran cautela en la expedición de mandamientos de injunction para impedir el cumplimiento de la sentencia, a instan-cia del dueño del inmueble que deba ser subastado, esto no implica que deban ser denegados en los casos en que la jus-ticia, y la equidad lo demanden.”

2. Con respecto al segundo fundamento de la moción, nos limitaremos a decir que además de que podrían ocurrir becbos que hicieran ilusoria una reclamación de daños y perjuicios, consideramos difícil que una compensación pecuniaria pro-porcionara un remedio adecuado en este caso, si es verdad que son ciertos los becbos alegados por los peticionarios.

3. El juramento de la petición de injunction expresa “que los becbos que aparecen consignados en la petición,” le cons-tan al que jura o sea al demandante Jesús de León, “por pro-pio conocimiento. ’ ’ En la moción sólo se consigna una conclu-sión, a saber: ‘ ‘ que la solicitud no está debidamente jurada, ’ ’ sin que se exprese por qué. En el alegato presentado a esta Corte Suprema se dice que en el juramento no expone la parte que todo lo alegado es cierto.

Es indudable que hubiera sido más correcto emplear en el juramento la fórmula exacta de la ley, — artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, — o sea: “En todos los casos de alegaciones juradas, la declaración escrita y jurada de la parte deberá afirmar que le consta por propio conocimiento que es cierto lo alegado, excepto en cuanto a las materias que en dicha declaración manifieste conocer por información y creencia, en cuyo caso expresará que las cree ciertas;” pero es indudable también que la fórmula empleada, aunque defi-ciente, en bastante para concluir que la parte quedó some-tida a la penalidad del perjurio si se probare que las alega-ciones nd son ciertas, y que, por tanto, no puede considerarse el juramento cómo ineficaz y nulo.

4. Después de consignarse en la fianza que Jésús de León y su esposa, como principales, y Víctor Román y Baldomero de León, como fiadores, quedan obligados para con la deman-dada Enlogia Colón Alvarez separada y mancomnnadamente, al pago de la suma de mil dollars, se dice:

“Dicha finca responde y por ella nos comprometemos a satisfacer a la demandada. Eulogia Colón Alvarfcz los daños y perjuicios que pudieran ocasionársele a dicfia demandada por virtud del alzamiento de una orden de entredicho, dictada por la corte, Si se resolviese defini-tivamente por el tribunal que los solicitantes no tenían derecho a soli-citar dicho alzamiento.”

Es tan obscura la redacción de ese párrafo esencial de la fianza, que suponemos que se fian omitido algunas pala-bras y que, por ejemplo, por un error de copia, la palabra “finca” se ba puesto en vez de la palabra “fianza.”

Las fianzas deben redactarse con la mayor claridad que sea posible a fin de que, si llega el caso, puedan hacerse efec-tivas sin dificultad. T no sólo encontramos sin sentido el pá-rrafo transcrito, ya que no comprendemos que los perjuicios puedan irrogarse a la demandada Colón Alvarez “por virtud del- alzamiento de una orden de entredicho,”, sino en todo caso por virtud de la orden de injunction mandando suspender de hecho la. ejecución de la sentencia de desahucio obte-nida a su favor por la dicha demandada en la Corte Municipal de Arecibo, si que también opinamos que el juramento de los fiadores es defectuoso, pues en él no se expresa con toda claridad que cada uno de ellos es dueño de bienes libres por valor de más de mil pesos. :

A los efectos de preparar una buena fianza, recomendamos el estudio de la sección 7 de la ley sobre injunctions de 1906, de la ley sobre affidavits de 1908, del artículo 355 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado en 1908 y de los formularios de Jury, de Jones y Binmore y de McCall. Leyes 1906, p. 83; Leyes de 1908, ps. 39 y 52; 2 Jury on Adjudicated Forms of Pleading and Practice, 1666 y 1693; General Legal Forms by James Jones and Henry Binmore, p. 505, y McCall’s Clerk’s Assistant p. 541. Si la fianza excediere de dos mil pesos y se ofreciesen más de dos fiadores, debe cumplirse con lo dispuesto en el citado artículo 355 del Código de Enjuiciamiento Civil enmendado en 1908, y si el notario no conociere personalmente a los fiadores se observará lo prescrito ,en la sección 3 de la citada ley sobre affidavit de 1906. Para el caso de que algún fiador no supiera firmar, véase nuestra decisión de julio 11, 1914, Vendrell v. Pellot.

5. Aunque la cuestión de la excepción a la suficiencia de los fiadores carece de importancia para la decisión de este caso atendido el criterio que fiemos sustentado al estudiar y resolver el cuarto fundamento de la moción, expondremos que nos parece clara la sección 7 de la ley sobre injunctions de 1906, Leyes de 1906, p. 83. Dentro de los cinco días siguien-tes a la notificación del mandamiento, la persona requerida podrá poner excepción a la suficiencia de los fiadores. Bas-tará que se ejercite ese derecho en el tiempo fijado por la ley, para que los fiadores vengan obligados a probar su sufi-ciencia. Pero si- la persona requerida deja pasar el término sin ejercitar su derecho, entonces cambia su situación y si bien en cualquier momento puede acudir a la corte y alegar que los fiadores carecen de bienes suficientes para cumplir su compromiso, bien por fiaber quedado insolventes, o haber sufrido grandes pérdidas, o por cualquier otra circunstan-cia pertinente, no le basta sólo alegarlo sino que tiene que probarlo a satisfacción de la corte. En este caso concreto, según aparece de los autos, la fianza se prestó el 1 de abril de 1914 y la moción solicitando la revocación del injunction el 7 del propio mes y año. No consta la fecha en que el deman-dado fuera requerido, y si el demandado quiso usar del dere-cho que le concede la sección 7 de la ley sobre injunctions ya citada, debió haber alegado claramente dicha fecha en su moción. 1

6. Refiriéndonos ahora a la totalidad del caso, diremos que, habiendo en consideración todo lo que dejamos expuesto, es indudable que si bien la orden de injunction fué debida-mente acordada, la fianza que, como requisito sine qua non debía prestarse antes de dar cumplimiento a lo ordenado, no reunía los requisitos que la ley exige, y que, 'en tal virtud, la corte de distrito debió haber dejado sin efecto el manda-miento expedido. McCracker v. Harris, 54 Cal., 81; Ricker, Lee & Co. v. Douglas Bros., 75 Tex., 180.

Debe revocarse la orden apelada y dictarse otra dejando sin efecto el mandamiento de injunction expedido, con per-miso a los peticionarios para presentar una nueva solicitud.

Revocada la resolución apelada. con permiso a los' peticionarios de presentar una nueva so-licitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.