author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Isidra Dávila Rivera, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1087.

    Sometido: Junio 20, 1941.

      Resuelto: Julio 10, 1941.

      Luis Tirado Géigel, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de marzo 4 de. 1941, don Emilio de Aldrey Montilla, tenedor de nn pagaré hipotecario al portador, con-fesó haber recibido en esa misma fecha el total importe de la obligación y sus intereses devengados, otorgó a favor de sus deudores carta de pago, canceló totalmente la obligación y la hipoteca que la garantizaba y dió su consentimiento para que la misma fuera cancelada en el registro.

Presentada dicha escritura para su inscripción, el regis-trador la denegó por las razones expuestas en la siguiente nota:

"Denegado este documento por no haber consentido Sylvia Ferrer Besosa, esposa de Emilio de Aldrey, en esta cancelación, tomándose anotación por 120 días a los efectos legales.”

Isidra Davila Rivera, dueña de la finca hipotecada en ga-rantía del pagaré, no conforme con la nota denegatoria ha interpuesto el presente recurso.

En defensa de su nota recurrida, alega el registrador:

Que en el presente caso se trata de la cancelación de un derecho real de hipoteca, representado por un pagaré, sin que haya consentido la esposa del acreedor; que aun cuando es indudable que la enmienda al artículo 153 de la Ley Hipotecaria, por la ley núm. 33 de marzo de 1912 (pág. 70), favorece la libre transmisión del crédito, y esta Corte Su-prema ha resuelto en Nichols v. Registrador, 31 D.P.R. 298, que siendo casado el acreedor, puede endosar el pagaré hi-potecario, sin necesidad de notificar al deudor, ni hacerse constar la transferencia en el registro, ni necesitar el con-sentimiento de la esposa, la situación en el presente caso es distinta, pues aquí se trata de la extinción o cancelación en el registro del derecho real de hipoteca, mientras que en el caso de la mera transmisión, por endoso o mediante simple entrega, del pagaré hipotecario, el derecho real de hipoteca queda vigente en el Registro; que al tratar de la cancelación de hipotecas, la ley no establece distinción alguna, requirién-dose el consentimiento de la esposa del acreedor, ya esté o no la hipoteca representada por pagarés a la orden de persona determinada o al portador.

Sostiene la recurrente, que el registrador ha dejado de advertir que de acuerdo con la citada decisión en Nichols v. Registrador, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley Hipotecaria, el traspaso de una obligación transferi-ble por endoso, o de un título al portador, cuyo cumplimiento esté garantizado con hipoteca, envuelve el traspaso de la hi-poteca, que es un derecho real; que si el traspaso de la hi-poteca, como consecuencia del endoso o - entrega del pagaré, es una enajenación válida del derecho real de hipoteca, aun cuando la esposa del acreedor no haya dado su consenti-miento, por lógica inferencia debe también considerarse vá-lida la cancelación de la hipoteca que garantiza el pagaré a la orden o al portador, otorgada sin la intervención de la esposa del tenedor del documento, pues la cancelación de un derecho real de hipoteca es también un acto de enajenación, según lo ha resuelto esta Corte Suprema en Baquero v. Registrador, 22 D.P.R. 24; Gómez v. Registrador, 26 D.P.R. 253, y Loubriel v. Registrador, 26 D.P.R. 728; que si bien el artículo 91 del Código Civil prohibe la enajenación de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal, excepto me-diante el consentimiento de ambos cónyuges, el artículo 268 del mismo código establece que han de tener el carácter de-bienes muebles las obligaciones y las acciones cuyo objeto sea cobrar dinero debido o muebles que lo sean por su natu-raleza, aunque dichas obligaciones vayan acompañadas de una hipoteca; que de sostenerse la negativa del registrador, resultaría anómalo aceptar como válido en derecho el tras-paso de una hipoteca mediante la mera entrega del título por ella garantizado, sin el consentimiento de la esposa del tene-dor del título, y rechazar, como no válida, la extinción de la hipoteca que garantiza el título, cuando es hecha por persona casada, sin obtener la anuencia de la esposa; que la ley no exige nunca cosas vanas e inútiles, y que vano e inútil sería requerir el consentimiento de la esposa para la cance-lación de una hipoteca otorgada en garantía de un título transmisible por endoso o por la mera entrega, pues ese re-quisito podría obviarse fácilmente entregando el título a una persona soltera para que ésta otorgue la escritura de cance-lación o entregándolo al propio deudor para que éste solicite la cancelación de acuerdo con lo prescrito en el artículo 132 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria, se-gún fue enmendado por la ley núm. 33 de marzo 7 de 1912 (psg. 70).

La cuestión legal envuelta en el presente recurso es nueva en esta jurisdicción. Nos inclinamos a resolverla de acuerdo con la contención de la recurrente.

El artículo 91 del Código Civil exige el consentimiento de ambos cónyuges para la enajenación de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad conyugal. ¿Es un pagaré a la orden de persona determinada o al portador, garantizado por hipoteca, en manos de una persona casada, un bien inmueble, presuntivamente perteneciente a la sociedad de gananciales? La contestación a esta pregunta la encontramos clara y terminante en el artículo 266 y en el 268 del Código Civil, ed. 1930, que en lo pertinente leen así:

"Artículo 266. — Los bienes muebles lo son, o por su propia natu-raleza o por disposición de la ley.
"Artículo 268. — Las cosas muebles por disposición de la ley son las obligaciones y las acciones cuyo objeto sea cobrar dinero debido o muebles que lo sean por su naturaleza, aunque diclias obligaciones vayan acompañadas de una hipoteca.”

Los artículos transcritos no tienen equivalentes en el Có-digo Civil español y, por tanto, para interpretarlos, no po-demos recurrir a los comentaristas de dicho cuerpo legal. La letra del estatuto es tan clara, que su interpretación no ofrece serias dificultades. Una obligación para el cobro de dinero, como lo es un pagaré transmisible por endoso o por la mera entrega del documento, es por disposición de la ley un bien mueble aun cuando esté garantizada con liipoteea sobre bienes inmuebles. Siendo el pagaré garantizado con hipoteca un bien mueble y como tal trasmisible por el endoso o por la entrega, hecho por un cónyuge sin la concurrencia del otro, por no oponerse a ello el artículo 91 del Código Civil y permitirlo expresamente el artículo 153 de la Ley Hi-potecaria, no encontramos razón alguna para sostener que la cancelación de la obligación subsidiaria que garantiza el pagaré no pueda hacerse sin el consentimiento de ambos cónyuges.

Se dirá que la concurrencia de ambos en la cancelación es necesaria para la protección de los intereses de la esposa que no intervino en la transmisión del pagaré, por endoso o por la mera entrega. Pero, cabe preguntar, ¿qué protección da la ley a la esposa contra el endoso o entrega del pagaré, por el esposo, a una persona soltera, para que ésta cancele la hipoteca, sin necesidad del consentimiento de la esposa del endosante? ¿Cómo puede evitarse, para proteger a la esposa del tenedor del pagaré hipotecario, que éste reciba su importe y lo entregue al deudor, para que éste a su vez lo presente al registro, como readquirido por tradición o endoso, y soli-cite la cancelación de la hipoteca que lo garantiza, a tenor de lo dispuesto por el artículo 132 del Reglamento para la Eje-cución de la Ley Hipotecaria, según fué enmendado por la Ley núm. 33 de marzo 7 de 1912? A nuestro juicio, los in-'tereses de la esposa quedarán mejor protegidos si se permite al esposo otorgar por sí solo la escritura de cancelación, la cual será evidencia fehaciente de que fué él quien recibió el importe de la obligación, que si le obliga a recurrir a cual-quiera de los otros medios indirectos que para llegar al mismo fin permiten las leyes vigentes.

Por las razones expuestas debe revocarse la nota recu-rrida y ordenarse la inscripción solicitada por la recurrente.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Cabrera Mercado, acusado y apelante.
    Núm. 8800.

    Sometido: Junio 24, 1941.

      Resuelto: Julio 10, 1941.

      Gonzalo Sifre y Antonio J. Matta, abogados del apelante; Ilon. Pro-curador General Interino, Emilio de Aldrey, y B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El acusado conducía como maquinista una locomotora de la Central Carmen. Al cruzar la carretera por un paso a nivel, desprovisto de barreras y guardián, la máquina cbocó con un automóvil-intc/c, ocasionando la muerte del individuo Esteban Otero Sánchez, quien viajaba en dicho vehículo. El fiscal formuló denuncia contra Cabrera- por infracción del ar-tículo 328 del Código Penal, alegando que el accidente había sido causado por su imprudencia temeraria y descuido al conducir dicha máquina.

Visto el caso ante un jurado, rindió éste un veredicto de culpabilidad. Y habiendo sido denegada la moción de nuevo juicio, el acusado fué condenado a la pena de dos años de presidio. Contra la orden denegatoria de un nuevo juicio y contra la sentencia se ha interpuesto el presente recurso.

El primer error que se imputa a la corte sentencia-dora es el de haber resuelto que el veredicto .no es contrario a la prueba y a derecho. Examinemos, pues, la prueba.

El primer testigo de El Pueblo, Isabelo Boria Santana, declaró: el día de autos guiaba un truck cargado de arena, por la carretera que conduce del Dorado al barrio Higuillar. En el kilómetro 3, hectómetro 3, hay un paso a nivel y allí hay montes a lado y lado y malezas que impiden ver la má-quina; cuando se viene a ver está cruzando la carretera. Al pasar, al cruzar la línea, pasó el tren de golpe. Iba a bas-tante velocidad. Cuando vino a ver la máquina ya estaba encima.. No tocó campana ni pito. No se dió cuenta de que venía la máquina, porque no podía verla. El truck iba a 15 ó 20 millas, por la derecha. La máquina lo destruyó, se lo llevó enredado. A Otero lo mató instantáneamente, encon-trándose muerto debajo del vagón. Repreguntado por la de-fensa, contestó: que tiene 15 años de experiencia como chó-fer y puede juzgar la velocidad a que va un vehículo; que la máquina iba como a 35 kilómetros y llevaba siete vagones vacíos; que en el asiento delantero del truck iban una señora y una señorita que él no conocía, quienes le pidieron por favor que las llevase hasta el sitio donde él llevaba la arena; que no iba hablando con ellas porque no las conocía; que en el sitio donde está el cruce hay una pequeña pendiente; que el letrero que hay antes del cruce casi no se ve porque está obstruido por el monte.

Luis Rodríguez Valdejully, declaró: es comerciante. Esa mañana iba subiendo la pendiente en su automóvil y oyó que tocaron un klaxon. Al llegar a la recta divisó la parte tra-sera de un truck, antes de llegar a la curva. Cuando llegó a la curva, como a 50 metros, vió cuando la máquina arras-tró al truck. Antes del paso a nivel hay una recta, después de esa recta hay una curva visible hacia la izquierda, cuando se llega a esa pequeña recta, 40 ó 50 metros más o menos, hay un paso a nivel y hay un cerro hacia la derecha que im-pide ver la locomotora; y en esa época había también un monte de palos de guayabo, que también impedían ver la má-quina que venía por la vía. Antes del choque no sintió nada, no sintió pito, nada más que el klaxon del truck. El truck, que iba como a 15 ó 20 kilómetros, cargado de arena, no pudo evitar el accidente. Si el truck no guiña hacia la izquierda cuando él iba a pasarle, él hubiera sido la víctima, porque hubiese pasado, pues no oyó ruido de máquina ni nada. La locomotora remolcó al truck como cinco o diez metros del paso a nivel. En la fecha del accidente no había ningún le-trero en el paso a nivel; ahora sí lo hay. Hace más de veinte años que está viajando por esa carretera.

Félix Báez Santiago, declaró: que yendo como a 15 pies más o menos del paso a nivel, iba un truck detrás de él to-cando klaxon. Hay un monte que impide ver la máquina cuando viene de la central, como venía esa mañana. Más adelante todo es maleza. La máquina venía ligero, porque venía bajando una pendiente. No sintió pito ni nada. El conductor del truck trató de evitar el choque y por eso fue que no los mató a todos. La máquina no se ve hasta que se llega al paso a nivel. Después del accidente un peón de la central taló de lado y lado.

Kamón Torres Nazario, declaró: presenció el accidente, viniendo cerca del paso a nivel. Vió que venía el truck to-cando klaxon. Al llegar al paso a nivel venía la máquina a bastante velocidad. Cuando el chófer del truck vió la- má-quina, trató de evitar el accidente, virando hacia la izquierda. El monte impedía que el chófer viera la máquina y que el maquinista viese al chófer antes de llegar al paso a nivel. No sintió ni pito ni campana. Vió a Otero muerto debajo de uno de los carros que traía la máquina. No se fijó si ha-bía allí un letrero. Ahora sí lo hay.

Trinidad Aguayo, dijo: iba delante en el truck. No co-noce al que lo guiaba. En el paso a nivel lo chocó la má-quina. Antes del choque no sintió bocina de la máquina ni campana, ni ruido. A ambos lados del paso a nivel había un monte que impedía ver la máquina. En la parte delan-tera del truck iba también otra señora. Todos iban callados.

Pedro Maymí, declaró: al ocurrir el accidente iba por la carretera como a 14 ó 15 pies del paso a nivel. A ambos la-dos bay monte que impide ver la máquina venir de Vega Alta para Dorado. No sintió pito ni campana antes del cho-que, ni ruido de la máquina. Vió cuando el truck giró y la máquina lo enganchó por el lado, resultando muerto Otero. La máquina venía a bastante velocidad. Desde hace tres o cuatro años había allí letreros de aviso.

La prueba testifical del acusado fuá la siguiente:

Cecilio Pantoja, guardafrenos en el tren que causó el ac-cidente, declaró: iba parado en el último vagón. Cuando iban llegando al paso a nivel el maquinista tocó el pito, y más adelante, como a 50 yardas antes de entrar al paso a nivel volvió a tocar el pito. También tocó campana. Yió el truck a poca distancia. No pudieron verlo antes porque estaba un monte por el medio que lo impide. El que va en el tren viene a ver lo que pasa cuando está ya en el paso a nivel. El que va en el truck no puede ver la locomotora. Vieron el truck cuando ya era inminente el choque. El tren venía bajando, pues hay una pendiente.

Juan López, el fogonero de la locomotora, dijo: venía en la máquina con cuatro vagones a distancia de 100 metros to-cando pito y campana y cuando venía chocó la máquina con el truck. Sintió el choque y no vió nada más. Como a 10 metros del paso a nivel la máquina volvió a tocar pito y cam-pana. Cuando viene una locomotora a cruzar el paso a ni-vel, los carros que van por la carretera no se ven porque hay un monte que lo impide.

Ramón Claudio, dijo: estaba trabajando en el monte, ha-ciendo barrenos para sacar piedra. Sintió que la máquina tocó un pito largo y dos cortos antes de llegar al paso a nivel. No vió el accidente.

Gabriel Santana, declaró: se encontraba cerca de la vía. Oyó un pito largo y dos cortos y como a los tres segundos oyó' un golpe de algo que babía pasado. No vió el accidente.

Declaró el acusado, y dijo: que bace más de veinte años trabajaba en máquinas y que éste es el primer accidente que ha tenido; que en el sitio del accidente bay una pequeña pen-diente; que conocía bien ese sitio, pues siempre trabajaba en esa ruta; que ese día tocó pito para evitar cualquier acci-dente; que en ese sitio se le ocurre tocar con más puntuali-dad, por ser invisible; que allí se viene a alcanzar a ver cual-quier vehículo cuando ya se está entrando al paso a nivel; que trató de hacer todo lo que pudo, pero el tren no pudo aguantar y chocó con el carro; que trató de parar por com-pleto y no pudo; que tiró de los frenos como para parar y evitar el choque, cuando estaba como a diez o doce metros del paso a nivel; que alcanzó a ver el truck cuando estaba entrando al paso a nivel y entonces fue que tiró de los frenos.

De la prueba, apreciada en conjunto, surge un conflicto en cuanto al hecho esencialísimo de si el acusado tocó o dejó de tocar el pito y la campana de la locomotora antes de cru-zar la carretera por el paso a nivel. El jurado, a quien in-cumbía resolverlo, lo resolvió en contra del acusado, dando crédito a los testigos del Pueblo, quienes sostuvieron, tanto los que viajaban en el truck como los que iban a pie por la carretera, que antes del accidente no se oyó señal alguna de alarma. Resuelto así el conflicto, el veredicto de culpabili-dad debía ser dictado, como consecuencia natural y lógica de esa falta por parte del acusado. Este estaba familiarizado con la máquina que conducía, con la vía y con el paso a nivel; sabía que en dicho paso a nivel no había ni barreras ni guar-dián para proteger a los que viajaban por la carretera; sa-bía que la vía estaba en una pendiente antes de llegar al cruce; y sabía que los que iban por la carretera no podían ver el tren por impedírselo el monte y la maleza. Cruzar una ca-rretera en esas condiciones, sin dar aviso alguno, a los que viajaban por ella, es sin dnda alguna una imprudencia crasa y temeraria y un descuido inexcusable, penable de acuerdo con las disposiciones del artículo 328 del Código Penal.

El caso de El Pueblo v. Rodrígues, 47 D.P.R. 600, en el qu§ basa su argumentación el apelante, presenta hechos y circunstancias distintos a los del de autos. En el caso de Rodríguez la defensa solicitó y el fiscal presentó un pliego de especificaciones, en el cual no se alegó que el acusado de-jara de tocar el pito y se le imputó exclusivamente, como constitutivo de negligencia, el hecho de no haber reducido la velocidad. Se revocó la sentencia, porque “esta precaución (la de reducir la velocidad) no siempre constituye un deber cuando el tren se acerca a un cruce en un campo abierto, a menos que las circunstancias así lo requieran”; y, además, porque no habiendo visto los testigos la locomotora antes del choque, no podían apreciar si el acusado redujo o no la ve-locidad. En el caso de autos se alegó específicamente que la negligencia consistió en no tocar pito ni campana.

Siendo la prueba creída por el jurado suficiente, a nues-tro juicio, para justificar el veredicto, es nuestro deber sos-tenerlo.

En el segundo señalamiento se alega que la corte inferior erró al resolver que las nuevas pruebas ofrecidas por el acusado no justificaban la concesión de un nuevo juicio.

La moción de nuevo juicio se basó en el alegado descubri-miento de nuevas pruebas, consistentes en la declaración de Eugenio Báez, quien fue lesionado en el mismo accidente, y en la de Celestino López.

Eugenio Báez, en su declaración anexa a la moción, dice en substancia: que el día del accidente, él y Serafín-Pizarro viajaban en el truck, en el que trabajaban como peones; que como a cinco o seis metros antes de llegar al paso a nivel vieron la máquina que venía en' ese momento como a veinte metros del paso a nivel; que entonces Pizarro empezó a gol-pear sobre la capota para avisarle al chófer que la máquina venía; que el chófer siguió andando hasta que ocurrió el choque; que no puede decir si la máquina pitó o tocó cam-pana, porque el truck no tenía silenciador y hacía mucho ruido; que como ocho o diez minutos después de ocurrido el choque, llegó allí un señor — el testigo Valdejully — en una guagüita.

La declaración de Celestino López, quien admite que no presenció el accidente, tiende a corroborar a los testigos de la defensa cuando dice que “oí cuando la máquina del tren pitaba,” y a impugnar el testimonio de Valdejully, cuando dice que éste no llegó al sitio del accidente hasta siete u ocho minutos después de haberse recogido al herido Eugenio Báez.

Opinamos que la corte inferior no erró al denegar la mo-ción de nuevo juicio. Además de ser acumulativas y de ha-ber sido ofrecidas con el evidente propósito de impugnar la declaración de Valdejully, testigo principal del fiscal, las de-claraciones ofrecidas no serían suficientes, a nuestro juicio, para alterar el resultado del juicio y justificar un veredicto distinto al rendido por el jurado. Asumiendo que sea cierto que el peón Pizarro dió golpes en la capota del truck para avisar al chófer de que el tren venía, ese hecho por sí solo carece de importancia, por no estar acompañado de eviden-cia demostrativa de que el chófer oyó y se dió cuenta del aviso de Pizarro y por negligencia no le prestó atención. La declaración de Eugenio Báez, al efecto de que él y Pizarro, como a cinco o seis metros antes de llegar al paso a nivel, vieron la máquina que venía como a veinte metros del paso a nivel, está abiertamente en pugna con toda la eviden-cia y especialmente con la declaración del propio acusado, quien al referirse al paso a nivel, dijo: “Allí no se ve; allí viene a alcanzar a ver cualquier vehículo o cualquier peligro ya que está cerca, entrando al paso a nivel.” Es significa-tivo, además, que no se haya ofrecido como nueva prueba la declaración de Pizarro, que fué, según alega Báez, quien dió el aviso al chófer.

Bn el tercer señalamiento se alega que la corte inferior erró al tomar conocimiento de nna declaración anterior de Engenio Báez. Veamos lo ocurrido.

De la resolución denegatoria del nuevo juicio aparece que Eugenio Báez declaró como testigo ante la corte inferior en un pleito civil seguido por el dueño del truck contra la Central Carmen y la compañía aseguradora, para recobrar da-ños y perjuicios por la destrucción del truck; que los hechos en dicho caso eran los mismos que los del proceso criminal contra el maquinista; y que la declaración prestada por Báez en apoyo de la moción de nuevo juicio está en pugna con la que prestara en el mencionado pleito civil, la cual co-rroboraba la prueba de cargo en el caso criminal.

.¿Erró la corte inferior al negarse a dar crédito a la nueva declaración de Báez, por el conocimiento que tenía de algo distinto que el mismo Báez había declarado en otra ocasión ante la misma corte? A nuestro juicio no cometió error al-guno. Una moción de nuevo juicio, basada en el descubri-miento de nuevas pruebas, va dirigida a la sana discreción del tribunal. Para poder hacer buen uso de esa discreción, la corte puede y debe tomar conocimiento de cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la credibilidad de los tes-tigos cuyas declaraciones se ofrecen en apoyo de la moción. No vemos que se viole derecho alguno del acusado al rehusar darle crédito a la declaración de un testigo que en otra oca-sión, con relación a los mismos hechos y ante la misma corte, declaró en forma distinta y en contradicción a la declaración que se ofrece como prueba posteriormente descubierta. La regla general sentada en Aponte y Sobrino v. Sucesión Pérez, 48 D.P.R. 449, invocada por el apelante, no es de aplicación al ca'so de autos. La consideraríamos aplicable si Eugenio Báez hubiese declarado en el juicio y la corte sua sponte hu-biese traído a conocimiento del jurado la declaración pres-tada en el caso civil de daños y perjuicios.

Los tres primeros señalamientos en el alegato contra la sentencia recurrida se basan en la alegada conducta impropia del fiscal en su informe al jurado.

Lo único que encontramos en el récord del caso aparece en la certificación de la transcripción de la evidencia por el juez sentenciador. Dice así:

"Mientras el fiscal trataba en su informe sobre la no existencia de barreras y cadenas en el sitio del paso a nivel, la defensa llamó la atención de la corte, oponiéndose a que el fiscal continuara argu-mentando sobre ese particular; y entonces la corte expresó que en las instrucciones que serían transmitidas al jurado le instruiría sobre ese particular, ya que el acusado no tiene responsabilidad alguna por la falta de barreras o cadenas en el paso a nivel de referencia, y que sobre eso la responsabilidad corresponde a terceras personas y no al acusado.”

El apelante no nos ha puesto en condiciones de conocer cuáles fueron, más o menos exactamente, las frases vertidas por el fiscal con referencia a la ausencia de barreras o cade-nas en el paso a nivel. De la evidencia, considerada en con-junto, se desprende que no las había y que la única protec-ción que se ofrecía a los que viajaban por la carretera fué la colocación de letreros que decían “Párese, mire y oiga.” Si el fiscal se refirió a la ausencia de barreras y cadenas y al conocimiento que de ello tenía el acusado, en nada faltó a su deber, pues el conocimiento de que en el paso a nivel que iba a cruzar no existían ni barreras ni cadenas imponía al acusado una mayor obligación de ejercer un cuidado extra-ordinario y de usar el pito y la campana para dar aviso a los que viajaban por la carretera. No estamos autorizados para asumir — y el apelante no hace imputación alguna a ese efecto — que el fiscal trató de hacer responsable al acusado por la ausencia de barreras y cadenas. Si el fiscal hubiese cometido ese error, el acusado, que estaba asistido de letrado, pudo haber solicitado la disolución del jurado (mistrial).. El hecho de que no se hiciera tal solicitud nos hace presumir que el fiscal no cometió el error que se le imputa. De todos modos, la corte protegió debidamente los derechos del acu-sado al dar al jurado la siguiente instrucción:

"Y la corte instruye al jurado previamente, que la no existencia de barreras o guardián en el paso a nivel, como alega la acusación, no es materia de negligencia imputable al acusado, y no debe consi-derarla. ’3

La sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Seüor De Jesús

text:
    José A. Vázquez, demandante y apelante, v. Justa de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, Etc., demandada y apelada.
    Núm. 8248.

    Sometido: Junio 27, 1941.

      Hesuelto: Julio 14, 1941.

      Enrique Báez García, abogado del apelante; Juan Hernández Ijópez y Juan B. Soto, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seüor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso envuelve la constitucionalidad e interpreta-ción de la ley núm. 254, aprobada el 15 de mayo de 1938 (pág. 498), que literalmente dice:

“Ley para imponer una contribución de un quinto (%) de centavo sobre cada galón de miel de caña que se produzca, use, venda, introduzca o consuma, para asignar dicha contribución a la Universidad de Puerto Rico, y para otros fines.
“Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
“Artículo 1. — Por la presente se impone — y se ordena al Tesorero de Puerto Rico que recaude — una contribución de un quinto (%) de centavo sobre cada galón de miel de caña que se produzca, use, venda, introduzca o consuma en Puerto Rico; y el producto de dicha contribución, juntamente con el de cualesquiera otras impuestas para beneficio de la Universidad de Puerto Rico, será invertido bajo la dirección de la Junta de Síndicos de dicha Universidad, en la forma que a su juicio más convenga a los intereses educativos de esa Institu-ción y a su sostenimiento y desarrollo; Disponiéndose, que una vez en vigor esta ley la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico organizará una facultad de ciencias industriales en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de dicha Universidad a la usanza de otros colegios de Agricultura y Artes Mecánicas en Estados Unidos.
“Artículo 2 — Toda ley o parte de ley que se oponga a la pre-sente, queda por ésta derogada.
“Artículo 3. — Esta Ley empezará a regir a los noventa días después de su aprobación.”

El demandante apelante en su carácter de .ciudadano de los Estados Unidos y contribuyente al Tesoro Insular por concepto de bienes inmuebles radicados en el término municipal de Mayag-iiez, solicitó de la corte inferior la expedición de -un auto de mandamus dirigido a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, ordenándole que en armonía con la transcrita ley inmediatamente proceda a organizar nna facultad de ciencias industriales en el Colegio de Agri-cultura y Artes Mecánicas de la Universidad de Puerto Rico “a la usanza de otros colegios de Agricultura y Artes Mecá-nicas en Estados Unidos”, alegando el demandante que la citada ley impone a la junta demandada el deber ministerial de organizar dicha facultad de ciencias industriales. Con-testó la junta, impugnando la constitucionalidad del dispo-niéndose de la citada ley por los siguientes motivos:

(a) Porque ésta contiene más de un asunto y la materia contenida en el disponiéndose que sirve de base a la contención del demandante no ha sido expresada en el título de la ley, contraviniendo así el párrafo 8 del artículo 34 de la Ley Orgánica, y

(ó) Porque la referida ley núm. 254 en cuanto a dicho disponién-dose se refiere, constituye una enmienda a la sección 7 de la ley núm. 50 aprobada el 21 de julio de 1925, toda vez que tiende a privar a la junta demandada de la facultad discrecional coneedídale por la ley últimamente citada para determinar y regularizar los cursos de estudio, sin que se cumplan los requisitos constitucionales para en-mendar una ley.

Alegó además la junta demandada, oponiéndose a la ex-pedición del auto, que en el supuesto de que el referido dis-poniéndose fuese válido, dicho precepto legal tiene carácter directivo y no imperativo, y por consiguiente no impone a la demandada un deber ministerial cuyo cumplimiento pueda ordenarse mediante el auto de mandamus.

La corte inferior sostuvo la constitucionalidad de -la ley en su totalidad, pero no obstante desestimó la demanda y anuló el auto alternativo que había expedido, fundándose en que el disponiéndose en cuestión es de naturaleza directiva y por consiguiente no impone a la demandada un deber ministerial.

Convenimos con el apelante y con la corte inferior en que la ley en controversia no contiene más de un asunto. Es cierto que en la sección primera propiamente dicha ,se im-pone una contribución y se ordena que su producto, junta-mente con el de cualesquiera otras impuestas para beneficio-de la Universidad, sea invertido bajo la dirección de la junta demandada “en la forma que a su juicio más convenga a los intereses educativos de esa Institución y a su sostenimientoy desarrollo.” Pero, .¿puede alegarse con razón que el esta-blecimiento de un colegio de ciencias industriales, a que se contrae el disponiéndose, no tiende a beneficiar los intereses de la institución ni a contribuir a su desarrollo? Es indu-dable que cualquier facultad o colegio que se agregue a una universidad contribuye a su desarrollo y engrandecimiento. Siendo ello así, no puede decirse que la ley contiene más de un asunto, según se fia interpretado dicha cláusula en rela-ción con las distintas constituciones estatales.

“Si las distintas partes de una ley están directa o indirectamente relacionadas con el objeto de la misma, dicha ley no está sujeta a la objeción de pluralidad. Para que exista duplicidad de asuntos la ley debe contener dos o más diferentes y discordantes, - que bajo ninguna justa interpretación pueda considerarse que tengan alguna legítima conexión o relación entre sí. Esta cláusula constitucional no contiene limitación alguna en cuanto a la amplitud del asunto, el cual puede ser tan extenso como la legislatura lo desee, siempre que constituya, en el sentido constitucional, un solo asunto y no varios. Puede incluir innumerables asuntos de menor importancia siempre que todos éstos combinados formen un solo asunto o tópico. No es. necesario que la conexión o relación de los asuntos menores sea. lógica; basta que estén conectados o relacionados con un solo asunto en la acepción corriente de la palabra. Asuntos que aparentemente-son distintos e independientes, no lo son en el sentido constitucional de la cláusula a menos que sean incongruentes y diferentes entre-sí. Aunque esta disposición constitucional es imperativa, sin embargo, debe ser liberalmente interpretada. No es su objeto ni debe inter-pretarse en el sentido de impedir a la legislatura abarcar en una sola ley todos los asuntos propiamente relacionados con un asunto general.” 25 R.C.L. 842.

Conteniendo un solo asunto la ley en controversia, su título es suficiente, no siendo necesario que en el mismo apa-rezcan todos los detalles de la ley ni que dicho título cons-tituya un índice innecesario de la misma. Massey-Harris Harvester Co. v. Federal Reserve Bank, (1937) 111 A.L.R. 133, 138; Shea v. Olson, (1936) 111 A.L.R. 998, 1006; Campbell v. Campbell, (1938) 116 A.L.R. 939, 943.

El disponiéndose de la ley núm. 254 que nos ocupa, aunque se resolviera que es de carácter imperativo, no en-mienda la ley núm. 50 de 1925 (pág. 283) que define en la actualidad las facultades de la Junta de Síndicos. La pri-mera, o sea la núm. 254, es una ley especial; la segunda es -de carácter general; pero ambas pueden subsistir indepen-dientemente.

Resueltas las cuestiones constitucionales, pasare-mos abora a la interpretación de la ley núm. 254 para deter-minar si erró o no la corte inferior al desestimar la demanda y anular el auto alternativo.

El intérprete de una ley debe procurar dar cumplimiento ■a la intención legislativa. Para ello precisa estudiar la ley ■en su totalidad a la luz de la razón que la inspiró y del sen-tir legislativo expresado en otros estatutos in pari materia.

La que nos proponemos interpretar abora, la ley núm. 254 de 1938 íntegramente transcrita al principio de esta opi-nión, empieza por crear una contribución para luego dispo-ner que el producto de la misma, juntamente con el de cua-lesquiera otras impuestas para beneficio de la Universidad de Puerto Rico, sea invertido bajo la dirección de la Junta de Síndicos en la forma que a su juicio más convenga a los intereses educativos de esa institución y a su sostenimiento y desarrollo. Hasta aquí no puede existir duda alguna de que la inversión de dicho fondo está confiada a la sana dis-creción de la Junta de Síndicos. Pero inmediatamente des-pués sigue un disponiéndose al efecto de que “una vez en vigor esta ley, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico organizará una facultad de ciencias industriales, etc.”

La palabra “organizará” considerada aisladamente, con-lleva la idea de un deber imperativo; pero si la considera-mos conjuntamente con el resto de la ley, donde, como hemos visto, se confiere a la Junta de Síndicos la más amplia dis-creción para invertir el mismo fondo en la forma que a su juicio más convenga a los intereses educativos de la Univer-sidad, inmediatamente advertiremos que de interpretar el disponiéndose en la forma propuesta por el apelante, incu-rriríamos en el absurdo de sostener que el legislador, por medio de dicho' disponiéndose, dejó sin efecto el resto de la ley. En otras palabras, que con la mano izquierda destruyó lo que acababa de hacer con- la derecha.

El disponiéndose de una ley tiene por objeto intercalar una excepción a la misma, limitarla, y a veces extender su alcance a casos que de otro modo no estarían comprendidos en ella; pero nunca puede tener el efecto de destruirla o aboliría por la sencilla razón de que debemos presumir que el legislador no ha de legislar para inmediatamente y en la misma ley dejar sin efecto lo que acaba de hacer. Por estas razones y por la no menos importante de orden histórico cual es que desde que se estableció la Universidad de Puerto Pico en 1903 hasta la fecha la Legislatura consistentemente ha venido concediendo a la Junta de Síndicos los más amplios poderes en lo que respecta al gobierno y desarrollo de la Universidad, es que sostenemos que el verbo “organizará” usado en el disponiéndose, sólo expresa acción futura y no un deber imperativo cuyo cumplimiento pueda exigirse por medio de mandamus. Creyendo como cree la Junta de Sín-dicos que la creación de esa facultad en los actuales momen-tos es contraria a los intereses de la Universidad, ¿no actua-ríamos en contra del sentir legislativo respecto a los deberes de la junta consistentemente expresados — primero en la ley de 1903 (Comp. 1911, pág. 96), luego en la núm. 67 de 1923 (pág. 429), más tarde en la núm. 50 aprobada el' 21 de julio de 1925 (pág. 283) actualmente en vigor, y por último en la núm. 254 de 1938 -que ahora nos ocupa — si sustituyésemos nuestro criterio por el de la junta y la obligásemos a orga-nizar la indicada facultad de ciencias industriales?

No imponiendo la ley núm. 254 de 1938 un deber ministerial de organizar una facultad de ciencias industriales, ac-tuó correctamente la corte inferior al desestimar la demanda y anular el auto expedido, por lo que procede la confirmación de la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Travieso no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Angel Beltrán Vega, demandante y apelado, v. Laureana Almodóvar, demandada y apelante.
    Núm. 8299.

    Sometido: Mayo 27, 1941.

      Resuelto: Julio 15, 1941.

      M. Bahamonde Ricomar, abogado de la apelante; Ramón A. Gadea Picó, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso sobre reclamación de alimentos del ma-rido a la mujer fallado a favor del reclamante.

En la demanda se alegó que demandante y demandada se casaron en Ponce hacía alrededor de cuarenta y tres años, viviendo en el mismo hogar hasta que el demandante, que sufría de parálisis del lado derecho, lo abandonó por haber sido agredido por su esposa con un tubo de hierro.

Que debido a su edad — sesenta y cuatro años — y a su es-tado físico, el demandante no puede trabajar y vive de la caridad de sus amistades; que antes desempeñó el empleo de janitor de las oficinas de la PERA, con sueldo de sesenta dólares mensuales, empleo que cuando enfermó pasó a la de-mandada, con el entedido de que ésta pudiera continuar sos-teniendo el hogar, y que la demandada no lo atiende ni protege.

Que durante el matrimonio se adquirieron dos casas, una que vive la demandada y otra que produce cinco pesos men-suales que cobra la demandada, y que el demandante de su manutención adeuda treinta y nueve dólares.

Contestó la demandada aceptando que está casada con el demandante. Alega que vivieron juntos hasta que el deman-dante la abandonó para irse a vivir con una querida llamada Rafaela Rodríguez, y que el esposo hacía unos diez meses se parapetó en la casa y con una estaca quiso evitar que la de-mandada entrara, tirándole con ella, teniendo la demandada que defenderse, por cuyo hecho la denunció y la hizo arres-tar, siendo absuelta por la corte.

La demandada admite que el demandante sufre de pará-lisis del lado derecho pero alega que es zurdo y fue con el brazo izquierdo que intentó pegarle, y alega además que el demandante no vive de la caridad pública sino de la de su querida y que no es cierto que abandonara su colocación por razón de enfermedad y que se diera dicha colocación a la es-posa para que lo sostuviera. Que la demandada trabaja en la oficina de la PERA con otras personas y le pagan por horas y con lo que gana tienen que mantenerse ella y una hija de crianza.

Y alega por último que el marido vendió por sesenta pesos su participación en las dos casas que poseían, sin que existan otros bienes de la sociedad de gananciales y que no le consta que sea cierta la deuda que alega haber contraído el demandante.

Practicada la prueba, analizándola la corte sentenciadora se expresó como sigue:

“Es de notarse que la demandada declaró que ella lo que hizo fué defenderse cuando el demandante le tiró con un palo, y que fué con el brazo izquierdo con el cual el demandante intentó propinarle una paliza.
“La demandada, por lo tanto, no negó que le pegara al deman-dante. Pretende excusarse manifestando que no hizo sino defenderse cuando el demandante se parapetó en su hogar. Quien se parapeta lo hace para escudarse de un ataque. La inhabilidad e indefensión de un paralítico hacen forzoso buscar tal defensa.
“No es verosímil que un hombre paralítico del lado derecho del cuerpo, débil, anciano, y bajo tratamiento médico, provoque una lucha con una mujer más joven que él, y que está desempeñando un puesto que antes servía su esposo, sabiendo él que si ella contestaba cual-quier amenaza o agresión,, o intento de ella, él se iba a encontrar completamente indefenso.
“La demandada alega que el demandante abandonó el hogar para irse a vivir con una concubina.
“El demandante, por el contrario, declaró que salió de su hogar y fué a vivir con un hermano de él; que un día se encontró con una antigua amiga, que le tiene agradecimiento por los favores que le hizo en años anteriores, y al verlo en el estado de enfermedad y pobreza,, lo invitó a ir a vivir a su casa, donde está y ella le presta la poca ayuda que puede.
“Sobre este extremo tan importante, el testimonio de la deman-dada no fué corroborado por ningún testigo. Si consideramos la edad avanzada del demandante y su estado físico ruinoso, no podemos comprender el estado de concubinato del demandante con una mujer descrita por la demandada como joven.
“Por su manera de declarar y su actitud en la silla testifical, la corte no puede dar crédito al testimonio de la demandada.
“La demandada declaró en la silla testifical que si el demandante retorna al hogar conyugal ella le suministrará todas sus necesidades conforme a su situación económica y social.
“La corte entiende que el demandante actuó legal y legítimamente al dejar el hogar conyugal, ya que la ley no sólo justifica la separa-ción, sino que además establece como causa de divorcio la crueldad y las injurias graves.
“Al acogerse el demandante a la amistad de la amiga en cuya casa vive, sin que podamos presumir, a falta de prueba, la inmora-lidad o el delito que la demandada pretende ba cometido el deman-dante, entendemos que el demandante no hizo más que defenderse-contra el hambre, la falta de abrigo y el desamparo en que se hallaba/’

Y seguidamente concluyó:

“Habiendo el demandante tenido que abandonar su hogar por el castigo físico a que lo sometió su esposa, somos de opinión que el demandante tiene derecho a rehusar ser recibido en la casa de su esposa para ser alimentado por ésta, a tenor de lo resuelto por nuestra Hon. Superioridad en Moll v. Llompart, 17 D.P.R. 694 y Maeso v. Ortiz, 44 D.P.R. 162.
“La corte, por la apreciación que ha hecho de toda la prueba ofrecida, declara con lugar la demanda en este caso, y, en su con-secuencia, condena a la demandada Laureana Almodovar, a pasar al demandante Angel Beltrán Vega, una pensión alimenticia mensual de $20, retrotrayendo la obligación del pago de la misma al día 18 de abril de 1940, fecha en que se radicó la demanda en el caso de epígrafe, de acuerdo con lo que dispone el art. 147 del Código Civil, ed. 1930, debiendo la demandada abonar la referida pensión al deman-dante por meses anticipados; apercibiéndosele de desacato si no cumpliere con la sentencia que se dicte en este caso, con imposición de las costas, sin que éstas incluyan honorarios de abogado.”

Como base del recurso que establece contra la sentencia, la demandada señala cuatro errores, a saber:

“1. — ...grave error de derecho al no estimar que el hecho pro-bado de vivir el demandante con Rafaela Rodríguez, su concubina durante gran número de años, releva a la demandada de la obliga-ción de mantenerlo mientras dure esa situación en que se ha colocado el demandante apelado.
“2. — .. .manifiesto error en la apreciación de la prueba, actuando con pasión y prejuicio.
“3. — .. .manifiesto error al obligar a la demandada que de $24 quincenales que gana ella para sí y otros más que la ayudan, le pase $20 mensuales al demandante y apelado, siendo excesiva dicha pensión concedida.
“4. — ■...erró al declarar sin lugar.. .la reconsideración de la sentencia. ’ ’

Comenzaremos nuestro estudio por el segundo de los señalamientos de error.

Difícil es en verdad para una corte de apelación después que la corte sentenciadora lia dicho que no le merece crédito nn testigo, resolver lo contrario, ya que no hay duda de que la corte que ve y oye al testigo declarar está en mejores con-diciones para apreciar la veracidad del testimonio que la corte que lee simplemente su declaración.

Sin embargo, el estudio que hemos hecho de los autos ha impresionado de tal modo nuestro ánimo, que no podemos dejar de expresar por lo menos las serias dudas que tenemos acerca de si estuvo o no acertada la corte sentenciadora al concluir que no era merecedora de crédito la declaración de la demandada.

Casi todo cuanto expresó quedó corroborado. Por ejem-plo, dijo que su esposo vivía con una concubina y el propio esposo lo admitió en el juicio. Afirmó que ganaba veinte y cinco centavos por hora de trabajo, a veces veinte dólares quincenales, otras veinte y dos y otras diez y nueve cincuenta, y su afirmación está sostenida por evidencia documental. Manifestó que aun de esa suma tenía que descontar lo que daba a los que la ayudaban y su manifestación quedó com-probada por el resto de la prueba. Es cierto que narró elu-diendo toda responsabilidad el hecho de la agresión a su ma-rido y que hay por lo menos un testigo que afirma que la vió pegándole con un alambre, pero es lo cierto también que fue absuelta cuando se le llevó a la corte municipal y que ella sostiene que si pegó lo hizo en su defensa.

Por el contrario la declaración del marido llama la aten-ción por lo exagerada al describir su situación y las diferen-tes agresiones de que fué víctima, pintándose él en todas ellas sin falta alguna, y las afirmaciones sobre el montante del sueldo de su mujer, sobre el instrumento con que fué agredido por ella y sobre las casitas poseídas por el matri-monio que su demanda jurada contiene, quedaron destruidas por la prueba.

Examinemos ahora conjuntamente los señalamientos de error primero y tercero y con ello terminaremos nuestro es-tudio porque en el cuarto se tratan las mismas cuestiones que en los tres primeros.

Una'parte de la declaración de la demandada en el juicio que pone de relieve lo que hay en el fondo del caso y que revela claramente su actitud, es la que sigue:

“ ¿ Él vive actualmente en la casa? — Yive en la casa de la querida, que hace veinte años que viven. Por eso es que estamos distantes, por esa mujer, por esa Rafaela Rodríguez es la mala vida que me ha dado, y no voy a trabajar para darle dinero a él para mantener a esa mujer. No tengo hijos, y yo supongo que en las cortes la que reclama el alimento es la mujer al hombre y no el hombre a la mujer. Yo le daría después que estuviera solo.
“Lie. Bahamonde: ¿Usted no tiene inconveniente en ayudarlo a él? — -Estando solo sí, pero darle a ella no. ¿Que yo le dé a él, para que le dé los alimentos a esa mujer?
“¿Usted no está dispuesta a trabajar para darle a la querida?' ■ — Mejor dejo la colocación. ¡ Levantarme a las cuatro de la mañana con esa nena que es mi sobrina, y ellos durmiendo a pata suelta y yo trabajando! ¡No me juegue! ¡El juez es cuchillo y yo soy carne!
“Juez: No haga comentarios. Aquí no hay ningún juez que sea cuchillo. Aquí se hace justicia para todos. — Testigo: Yo soy viejita ya.... — Juez: Las cosas aquí son muy serias, y la corte sabe lo que quiere-decir. — Testigo: Soy vieja ya...Juez: La corte no permite más aclaraciones. El castellano es muy claro. — Testigo: Quiero decir.. .Juez: Terminado. No podemos hablar más sobre eso. Testigo, siga declarando.
“Lie. Bahamonde: Que le dé una satisfacción. — Testigo: No puede ser que se le castigue a uno.. . — Lie. Bahamonde: No hable más, por Dios Santo. ¿Usted no tiene inconveniente en mantenerlo? —Testigo: Si estuviera solo sí, pero con esa mujer no. Es más, yo compraba, y cuando estaba en casa, le daba después de la compra cinco pesos.
“¿Él se fué de su casa? — Sí, señor.
“¿Dónde vive? ¿Dónde vive actualmente? — En el callejón San Juan.
“¿Con quién? — Con esa Rafaela.
“¿Esa Rafaela es algo de él? — Querida.
“Nada más.
“Lie. G-adea: Dígame señora, ¿usted diee que hace veinte años que esa señora es querida de su esposo? — Lo digo, porque soy su esposa y sé el tiempo.”

Y partes, también características, de la declaración del demandante, son:

“¿Después que salió de Tricoebe, qué sucedió entre usted y su señora? — Cuando llegué una tarde. Una tarde llegué allá como a las cinco y media. Llegué a casa y me dió cuatro gaznatadas en la cara, tembluseo como yo estaba, y me tiró rodando por el suelo. Yo me cogí el pelo con las manos y me puse a llorar, y me tiré poco a poco y me fui frente a la Milagrosa, a casa de Juan mi hermano, donde llegué como a las ocho de la noche. Como no podía ni andar.
“¿Después de eso, qué más pasó? — Después llegué y cogí y me tiré, al mucho tiempo, a los tres meses, en el mes de junio, un día que me vi descalzo, enseñando los pies, y me fui donde ella.
“¿Usted había dejado su casa? — Sí, señor.
“¿Y dónde vivía? — En casa de Juan mi hermano.
“¿A qué se dedica usted? — Me dedico a pedir por el pueblo de mis amigos. A lo escondido, porque tengo miedo que de momento me cojan y me metan en la cárcel.
“¿Vive de la caridad de sus amigos? — Sí, señor. Me dan pesetas y diez centavos. Hay días que no encuentro nada y me cuesta acostarme así.
“¿Usted ha ido donde ella a pedirle que le dé? — Sí, me dió una zumba, y después que me dió, lo que voy a buscar es la muerte.
“Lie. Bahamonde: Dígame, Beltrán, ¿usted no puede trabajar de 'watchman’? — Testigo: Puedo trabajar de ‘watchman’ pero no me cogen en ninguna parte.
“Juez: La corte hace constar que al subir el testigo la silla de testigos, le fué casi imposible subir por su estado de parálisis que tiene. Eso es a los efectos del récord.
“¿Dice usted que sin que mediaran provocaciones ella le dió con un pedazo de tubo de hierro? — La pusieron presa por eso.
“Juez: ¿Ella lo golpeó a usted con un tubo de hierro? — No, con un foete de alambre liado, de esos cordones eléctricos. Tres alambres juntos.
“¿Entonces no fué con un tubo de liierro? — No fué un tubo de hierro, fué con un alambre eléctrico, de esos cordones.
“Lie. Bahamonde: ¿Cuando eso ocurrió, usted estaba separado de ella o estaban juntos? — ¿No le digo que a los cuarenta días de salir de Trieoche me dió las primeras bofetadas; que fueron cuatro bofetadas?
“La pregunta es si cuando eso ocurrió usted estaba viviendo con ella. — No estaba viviendo con ella.
“¿Entonces usted fué a la casa de ella? — Fui un día, pues me encontré con que estaba descalzo y fui y le dije que me diera sesenta centavos para comprar unos tennis.
“¿Y usted dice que los dos salieron absueltos? — Sí, señor.' — • ¿Salió absuelta? — Sí, señor, ‘sabría’ absuelta por el amapucho que hubo.
“¿Y usted dice que vivía con un hermano? — Vivía con un her-mano. — ¿Y con quién vive ahora? — Vivo en el Callejón San Juan, porque estaba botado, y he encontrado una mujer a quien le he hecho favores, y ha dicho: ‘este hombre no puede estar en la calle’, y me llevó para su casa y se ha echado esta tarea al hombro. Sin embargo, esta mujer no se ha acordado de mí, de ayudarme ni de darme nada. Lo que quería era que me encontraran en la calle muerto, o que la policía me cogiera pidiendo y me llevara preso.
“¿La cuestión es que usted vive ahora con una querida? — Sí, señor.
“Ha vivido siempre con ella? — No, señor.’
“Lie. Bahamonde: Usted diga la verdad. ¿Cuántos años hace que usted la conoce, que vive con ella? — Testigo: Le digo que vivía con ella y la dejé, y hará como seis meses que me fui para su casa. En ese tiempo estaba en casa de Juan mi hermano.”

¿Es justo que bajo esas circunstancias se dicte una sen-tencia ordenando a una esposa de edad avanzada que tiene por toda entrada para sostenerse alrededor de cuarenta dó-lares al mes .que gana trabajando, que pase la mitad a un ma-rido que vive con una mujer que fué su querida, relación ésta que originó constantes disgustos en el pasado, aunque se de-muestre que la mujer maltrató de obra al marido, demostrán-dose a la vez que la mujer en juicio repetidamente afirmó su disposición de ayudar al marido siempre que cesara la indi-cada relación? En manera alguna, a nuestro juicio.

Es cierto que la ley prescribe la obligación recíproca en que se encuentran ambos cónyuges de prestarse alimentos. Artículo 143 del Código Civil, ed. 1930. Y también lo es que esta corte interpretando y aplicando la disposición con-tenida en el artículo 148 del Código Civil acerca de que “el obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacer-los, o pagando la pensión que se fije, o recibiendo y mante-niendo en su propia casa al que tiene derecho a'ellos”, dijo en el caso de Moll v. Llompart, 17 D.P.R. 694, que “El derecho de opción que tiene el alimentista de acuerdo con el artículo 218 del Código Civil Bevisado, no es un derecho ab-soluto e inflexible, y la oferta que haga el marido de atender a las necesidades de su esposa en su propia casa puede ser rehusada cuando razones de orden legal, moral, o social im-pidan su aceptación, o cuando exista causa razonable justifi-cada para rechazar aquella oferta”, regla que se ratificó en los casos de Maeso v. Ortiz Sandoval, 44 D.P.R. 162, 163 y Padovani v. Irizarry, 53 D.P.R. 627, pero la situación que aquí surge es distinta a las que ponían de manifiesto esos casos.

En Girod v. Corte, 43 D.P.R. 173 este propio tribunal dijo que para aplicar la ley en casos de esta naturaleza parecía razonable que se tuviera en cuenta “la realidad de la vida y los hechos que en ella ocurren”, aplicando la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de España de octubre 16, 1903, contenida en el primero de sus considerandos, como si-gue: “Considerando que uno de los deberes más fundamen-tales impuestos por la ley a los cónyuges consiste en el de socorrerse mutuamente en todos los casos en que este socorro sea necesario, cualquiera que sea la situación legal del matri-monio, a no ser que la necesidad del cónyuge sea proveniente de. actos por él mismo realizados que le constituyan en una situación ilegal y contraria a derecho.” (Itálicas nuestras.) 96 Jurisprudencia Civil 375.

Aquí la realidad es que marido y mujer, no separados le-galmente, lo estaban de hecho. Podría llegarse a sostener que la separación quizá se debió en un principio al maltrato del marido por parte de la mujer, pero la conducta del ma-rido yendo a vivir con su querida impide que prospere su re-clamación, habiendo manifestado como manifestó repetida-mente la mujer en el juicio que está dispuesta a ayudar al marido pero no mientras viva con la querida. No vemos por qué el marido conduciéndose honestamente no pueda volver al lado de la mujer.

Admitimos que no es necesaria la separación legal de los cónyuges como condición previa a la reclamación de alimen-tos, pero para que la separación de hecho pueda servir de base a la reclamación, es necesario que de ella sea culpable aquél de los cónyuges contra quien se establezca la reclama-ción y que la conducta actual del -reclamante la justifique.

Debe revocarse la sentencia recurrida y dictarse otra de-clarando' la demanda sm lugar, con las costas.


text:
    Luisa Pillot, demandante y apelada, v. White Star Bus Line, Inc., demandada y apelante.
    Núm. 8312.

    Sometido: Junio 28, 1941.

      Resuelto: Julio 15, 1941.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar y II. González Blanes, abogados de la apelante; Ciro Malatrasi, Jr., y Víctor M. Marchán, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso in-terpuesto en este caso, por frívolo. Señalada la vista de la moción para junio 23, sólo compareció la apelada por su abo-gado. La apelante radicó su oposición por escrito. Se con-cedieron a la apelada cinco días para expresar también por escrito los fundamentos de su petición. Así lo hizo en efecto, archivando su memorándum, notificado a la parte contraria, en junio 27 último.

Se trata de una reclamación sobre daños y perjuicios. La demandada negó general y específicamente los hechos de la demanda y como defensas especiales alegó que la demanda no aducía hchos suficientes para determinar una buena causa de acción, que el accidente tuvo por causa próxima directa la negligencia de la demandante, que dicho accidente se de-bió a la negligencia contribuyente de la demandante y que en él no medió negligencia alguna por parte de la demandada.

Fué el pleito a juicio y la corte lo resolvió por sentencia de noviembre 14, 1940, declarando la demanda con lugar y condenando a la demandada a pagar a la demandante seis-cientos cincuenta dólares y las costas.

En su relación de hechos y opinión, apreció la prueba como sigue:

“La prueba practicada por las partes demostró, fuera de toda duda, lo siguiente: que el día 15 de agosto de 1939 la demandante abordó, en el Hipódromo Las Monjas, en calidad de pasajera y me-diante el pago de su pasaje en el momento de tomarlo, uno de los vehículos de motor propiedad de la demandada, conocidos general-mente por el nombre de 'guaguas’, el que era conducido y manipu-lado por un chauffeur empleado de la demandada llamado Guillermo Blandín, para trasladarse desde dicho hipódromo a la parada 22y2 de Santurce, P. R., que antes de llegar a dicha parada, la demandante tocó el timbre para avisar al conductor del referido vehículo su pro-pósito de quedarse en la misma, y que éste empezó a reducir la velo-cidad del vehículo hasta que lo detuvo en dicha parada, y que en los momentos en que la demandante descendía del mismo y estando parada en el estribo, el conductor de dicha guagua echó a caminar la misma súbitamente y sin esperar que la demandante terminase de bajar, lanzando a ésta al pavimento; que como consecuencia de dicha caída la demandante sufrió la fractura del brazo izquierdo y una herida lacerada en la pierna izquierda, siendo asistida primero en el Hospital Municipal y luego tratada por espacio de tres meses en la Clínica Pereira Leal de Río Piedras; que ha quedado con alguna atrofia de la muñeca y no puede hacer el puño, que antes del acci-dente la demandante trabajaba como lavandera y planchadora y ganaba $15 mensuales, y ahora no puede lavar, aunque sí planchar.
“No nos merecen crédito alguno los testigos de la demandada en cuanto a sus declaraciones con relación a la forma en que ocurrió el accidente.
“Declararon que la demandante tocó el timbre de la guagua e inmediatamente y sin esperar que ésta se detuviese se lanzó a la calle estando la guagua en movimiento. Es absurdo creer que una mujer como la demandante, cuyas facultades, según los propios tes-tigos de la demandada, eran completamente normales, fuera, después de haber anunciado al conductor de la guagua su propósito de quedarse en determinado sitio, a levantarse de su asiento e inmediata-mente, sin que el vehículo se hubiese detenido, a lanzarse a la calle. Dichos testigos no han podido llevar a nuestro ánimo aquella certeza moral que lleva siempre al ánimo del juzgador aquellos testigos que nos merecen entero crédito.
“Llegamos a la conclusión de que las cosas no ocurrieron como declaran los testigos de la demandada, sí en la forma que dicen la demandante y sus testigos, o sea, que al acercarse la guagua a la parada 22y2 de Santurce, la demandante tocó el timbre;' que al oír el mismo el chauffeur redujo la velocidad y paró dicha guagua y, al ver que el pasajero Martín Pérez, testigo de la demandante, des-cendió de la misma, reanudó su marcha sin darse cuenta de que en ese momento descendía de la referida guagua la demandante.
“Al chauffeur no le preocupaba cuántos eran los pasajeros que descendían de la guagua para ver si los mismos pagaban su pasaje antes de bajar, ya que todos habían pagado el importe de su pasaje al abordar la misma en el hipódromo, y por esta razón no se dio cuenta de que con una señal de parada eran dos los pasajeros que iban a descender del vehículo.”

Y concluyó:

“La demandada es una corporación dedicada al servicio público y al transporte de pasajeros mediante paga, y su obligación de trans-portar pasajeros cuidadosamente incluye el deber de tomar todas las precauciones necesarias para la seguridad de dichos pasajeros al descender de sus vehículos, y si falta a este deber es culpable de negligencia. Ya ha sido resuelto en esta jurisdicción que el conductor de una gugua dedicada al transporte de pasajeros está en la obligación de ejercitar un cuidado más de lo ordinario para la se-guridad de sus pasajeros. Polo v. White Star Bus Line, Inc., 54 D.P.R. 243; Rodríguez v. White Star Bus Line, Inc., 54 D.P.R. 310.
“Es una teoría bien conocida, que cuando un porteador público se detiene a dejar un pasajero está obligado a esperar el tiempo necesario para que el mismo descienda o se baje del vehículo en el cual ha sido transportado, y que si mientras dicho pasajero está descendiendo a la calle se reanuda la marcha y le ocurre algo al mismo, dicho porteador ha sido negligente.”
Cita entonces varias autoridades, refiriéndose especial-mente al caso de Washington & Georgetown R. Co. v. Harmon’s Administrator, 147 U. S. 571, 583, en los siguientes términos:
“La Corte Suprema de los Estados Unidos de América, soste-niendo el derecho que tiene un pasajero de asumir que un tranvía eléctrico no ha de continuar su marcha después que ha parado para que dicho pasajero descienda del mismo, en el caso de Washington & Georgetown R. Co. v. León Tobriner, 37 L. ed. 284, se expresó así:
“ ‘The duty resting upon the defendant was to deliver its passenger, and that involved the duty of observing whether he had actually alighted before the car was started again. If the conductor failed to attend to that duty, and did not give the passenger time enough to get off before the ear started, it was necessarily this neglect of duty that did the mischief. It was not a duty due to a person solely because he was in danger of being hurt, but a duty owed to a person whom the defendant had undertaken to deliver, and who was entitled to be delivered safely by being allowed to alight without, danger.’ ”

Sólo está envuelta, pues, en la apelación una cuestión de-apreciación de prueba contradictoria, pudiendo únicamente-revocarse la sentencia recurrida en el caso de error mani-fiesto o de pasión, prejuicio o parcialidad por parte del tribunal sentenciador.

Es cierto que en su moción de desestimación la parte apelada no expuso en detalle los motivos de la frivoli-dad, pero lo hizo en forma oral en el acto de la vista y luego-cuidadosamente en el memorándum que presentara con per-miso de la corte. Ese memorándum fué notificado a la parte-contraria que tuvo la oportunidad de contestarlo y no lo ha. hecho. Dicha parte radicó los autos en mayo 20, 1941, y no-archivó su alegato en el tiempo reglamentario. En mayo 29' pidió una prórroga de treinta días que le fué concedida y en junio 28 siguiente cuando de haber archivado su alegato, hu-biera tenido la oportunidad no sólo de argumentar la totali-dad de su caso si que de que el alegato sirviera de contesta-ción al memorándum presentado en apoyo de la moción de-desestimación ya sometida, lo que hizo fué pedir otra pró-rroga de treinta días que le fué concedida sin perjuicio de-la moción de desestimación.

No deben usarse las mociones de frivolidad para sustituir las vistas regulares en el fondo, pero cuando se observa que el recurso es meramente dilatorio y que la sentencia habrá de ser confirmada necesariamente, entonces proceden, aun-que su resolución envuelva los méritos del caso.

“En una moción de frivolidad”, se dijo en Matos v. Sucn. Gómez de Agüero, 43 D.P.R. 930, “puede entrarse en el es-tudio y consideración de los errores señalados y en el fondo del asunto y desestimarse el recurso cuando aparentemente-fondo y errores resultan frívolos.”

Hemos estudiado los autos archivados por la propia de-mandada apelante a la luz del memorándum de la parte ape-iada y estamos convencidos de que las excepciones tomadas por la demandada en el juicio carecen de mérito y de que la apreciación de la prueba por parte de la corte sentenciadora no podrá ser alterada. La cuantía de la indemnización si de algo peca es de reducida — se reclamaron dos mil quinientos ■dólares con costas y quinientos dólares para honorarios de abogado y se concedieron seiscientos cincuenta dólares con las costas solamente, no obstante haberse declarado probado que como consecuencia de la caída la demandante sufrió la fractura del brazo izquierdo y una herida lacerada en la pierna izquierda, siendo .asistida primero en el hospital municipal y luego tratada por espacio de tres meses en la Clí-nica Pereira Leal de Río Piedras.

Una vez que se advierte a virtud de una moción al efecto que un caso es así, no debe permitirse que continúe por más tiempo en el calendario de la corte, tanto más cuanto que ■como en esta ocasión dada la proximidad del cierre de la actual sesión del tribunal y el buen número de casos que es-tán ya en condiciones de ser señalados para el próximo tér-mino de noviembre, probablemente la dilación habría de ser por espacio de medio año.

Se declara con lugar la moción y, en su consecuencia, se desestima, por frívolo, el recurso, quedando confirmada’la sentencia recurrida.


text:
    Humacao Lumber Co., demandante y apelada, v. American Surety Co. of New York, Juan Jaime y Mario Fuentes Morales, demandados y apelantes.
    Núm. 8241.

    Sometido: Junio 3, 1941.

      Resuelto: Julio 21, 1941.

      Harry F. Besosa, abogado de los apelantes; F. González Fagundo, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

La demandante, una sociedad constituida con arreglo a las leyes de Puerto Rico, con su oficina principal en Huma-cao, demandó ante la corte del distrito a la American Surety Co. of New York, una compañía de fianzas autorizada para negociar en esta Isla y a Mario Puentes y Juan Jaime, Al-calde y Secretario-Auditor del Municipio, puestos que desem-peñaron hasta enero 11, 1937, en reclamación de setecientos treinta y ocho dólares y cuarenta y un centavos.

Alegó tres causas de acción, basando la primera substan-cialmente en que el demandado Jaime, garantizado en su cargo por la compañía demandada con fianza de cinco mil dólares, el 16 de julio de 1936, en el ejercicio del mismo, ex-pidió a la demandante, con la aprobación del Alcalde Puen-tes, el certificado de crédito número 144 por la suma de $362.68 con cargo al presupuesto del municipio para el año 1936-37, sabiendo que al expedirlo no había en el presupuesto cantidad alguna que autorizara su expedición, habiendo sido defraudada la demandante ya que el municipio se niega a pagar el certificado alegando que carece de validez legal.

Por la segunda causa de acción y por la tercera se ale-gan hechos semejantes con relación a los certificados núme-ros 145 y 186 por valor de $197.25 y $178.48,” respectiva-mente, expedidos el primero en julio 16 y el segundo en no-viembre 2 de 1936.

La compañía demandada excepcionó la demanda por falta de Lechos determinantes de tina buena cansa de acción, siendo la excepción declarada sin lngar. Contestó entonces negando las alegaciones de la demanda y alegando como defensas es-peciales, en resumen:

(а) Que la acción ejercitada aunque se titula “en cobro de dinero” lo es en realidad “de daños y perjuicios” de acuerdo con los artículos 1802 y 1868 del Código Civil, y está prescrita porque las órdenes fueron libradas en 1936 y la demanda se radicó en 1938;

(б) Que la fianza que prestó la compañía demandada lo fué “expresa y exclusivamente a favor del Municipio de Hu-macao para garantizar al Municipio de Humacao del fiel cumplimiento de Juan Jaime Méndez en su cargo de Secre-tario-Auditor y que éste honradamente daría al Municipio de Humacao cuenta fiel y exacta de todos los ingresos, hono-rarios, dineros, valores y propiedades pertenecientes al Mu-nicipio de Humacao que llegaren a sus manos como tal Se-cretario-Auditor Municipal ’ ’;

•(c) Que según información y creencia de la demandada, la demandante solicitó del codemandado Jaime que actuaba entonces como Secretario-Auditor del Municipio de Huma-cao, que le expidiera los certificados de que se trata como constancia de mercancías vendidas por la demandante al Mu-nicipio y recibidas y usadas por éste durante el año econó-mico 1936-37, y el dicho codemandado confiando en las mani-festaciones de la demandante erróneamente accedió y libró los certificados como creditivos de deudas del municipio para con la demandante;

{d) Que según su información y creencia la demandante tenía conocimiento de que en el presupuesto del Municipio de Humacao de 1936-37 no había partida que autorizara la expedición y sabía por tanto que conforme a ley no tenía de-recho a cobrar la mercancía que vendió, no habiendo sido defraudada en tal virtud por el codemandado Jaime;

(e) Que no habiendo la demandante exigido la correspon-diente orden que según el reglamento de contabilidad debe expedirse antes o al tiempo de la entrega de la mercancía, y no habiéndose enterado de que existía partida en presu-puesto para la compra, fué negligente;

(/) Que por información y creencia alega que el code-mandado Jaime en su carácter personal o como Secretario-Auditor no recibió remuneración, pago o beneficio para ex-pedir los certificados; y

(g) Que por información y creencia alega que las mer-cancías no fueron recibidas por el municipio.

Bajo esas alegaciones fué el pleito a juicio. Se practicó evidencia testifical y documental y el 29 de marzo de 1940 dictó la corte su sentencia declarando la demanda con lugar en cuanto a las dos primeras causas de acción, condenando a los demandados a pagar solidariamente a la demandante $559.25, con las costas y $150 para honorarios de abogado.

No conformes los demandados interpusieron el presente ’•ocurso de apelación. Imputan a la corte siete errores como cometidos al resolver que la demandante tiene existencia legal, al no declarar que la ejercitada es una acción de daños y perjuicios que ha prescrito, al reconocer efectividad a los certificados de crédito de que se trata, al estimar que dichos certificados pertenecen a la demandante, al decidir que la fianza prestada lo fué en beneficio de terceros, al concluir que la compañía fiadora es responsable por la expedición ile-gal de los certificados y al declarar la demanda con lugar con costas y honorarios de abogado.

Los señalamientos de error se argumentan por separado extensamente en pro y en contra en los alegatos de las par-tes. No seguiremos el mismo orden. Después de haber es-tudiado el caso en su totalidad entendemos que procede la revocación de la sentencia por no estar sostenida por los he-chos y la ley.

Prescindiremos de estudiar y resolver si la socie-dad demandante existía o no a la fecha en qne interpuso la demanda, si se trata o no de nna acción de cobro de dinero o de daños y perjuicios, si los certificados de crédito salieron o no del poder de la demandante a virtud de endoso y si la fianza envuelta fue constituida a favor del municipio y de terceras personas o a favor del primero únicamente, limitán-donos a la responsabilidad contraída por los demandados a virtud de la expedición de los certificados de crédito de que se trata.

De uno de los certificados, de aquél en que se basa la ter-cera causa de acción, prescindió la demandante en el acto de la vista. Con respecto a los otros dos, el 144 por $362.68, y el 145 por $197.25, se alega en la propia demanda que fue-ron expedidos por el Secretario-Auditor Municipal deman-dado sabiendo que ño había en presupuesto partida alguna que autorizara su expedición conforme a ley, y se probó en el juicio por la declaración de Antonio Ginorio Rosas, actual Secretario-Auditor del Municipio de Humacao, testigo pre-sentado por la propia demandante, que los pedidos de mate-riales que se intentó pagar después con los certificados, se hicieron cuando no podían hacerse, esto es, cuando ya la par-tida asignada en presupuesto se había agotado.

“De acuerdo con este libro,” contestó textualmente al juez el testigo, “el día primero de julio se llevó a este libro el presupuesto donde aparece una asignación de $250 y el mismo día 1 de julio aparece una anotación para la Compa-ñía Azucarera El Ejemplo por $584.53. De manera que el mismo día que se hizo la asignación se sobregiró la partida en $234 y ya no podía, de acuerdo con la ley, hacerse nin-guna anotación más.”

T en el caso de Moscoso Hno. & Cía. v. Municipio, 50 D.P.R. 188, 190, en el que la demandante instó pleito para recobrar del Municipio de Jayuya la suma de $1,057.79 como precio de ciertos productos químicos de farmacia y medicinas que alegaba haber vendido y entregado al municipio y en el que se introdujo en evidencia un certificado creditivo de la deuda, de igual naturaleza a los aquí expedidos por el Secre-tario-Auditor demandado, resolvió esta corte:

“Fuera de cualquier cuestión relativa al valor probatorio de tal evidencia, fuera de cualquier cuestión en torno a la suficiencia de la, prueba de la demandante en lo atinente al valor total de los efectos-suministrados al municipio o sobre cualquier parte del mismo, y fuera de numerosas otras cuestiones discutidas en los alegatos, bastará decir que el supuesto contrato era ultra vires y nulo, toda vez que al tiempo de' la transacción no se había asignado suma alguna en el presupuesto municipal con el objeto de hacer frente a tal obligación. Véase el inciso 9, sección 8, Ley Municipal, Leyes de 1928, págs. 339, 343. De ahí se desprende que la demandante no podía recobrar ni basada en la teoría de un contrato expreso ni en la teoría de-uno implícito. Municipality of Río Piedras v. Serra Garabís & Co., 65 F. (2d) 691; Roberts v. City of Fargo, 86 N. W. 726 (N. D.); Hurley v. City of Trenton, 49 A. 518; Empire Voting Machine Co. v. City of Chicago, 267 F. 162; City of Litchfield v. Ballou, 114 U. S. 190; Hagerman v. Hagerman, L.R.A. (1915A) 904, 910; 44 Corpus Juris 136, sec. 2247; 84 A.L.R. 936; 7 A.L.R. 361; 19 R.C.L. 1060-1066, secs. 344-354; Dillon, On Municipal Corporations, vol. 1, pág. 549, sec. 297.”

Siendo como es ello así, ,¿que valor puede darse al acto del Secretario-Auditor demandado al expedir los certificados, acto en que funda su acción la demandante?

Ninguno. El contrato de la demandante con el Munici-pio fue nulo en su origen y el que luego el Secretario-Auditor faltando a la ley y a la verdad le expidiera certificados de crédito, ni dañó ni mejoró la situación de la demandante.

La conclusión que contiene la demanda acerca de que la demandante fue defraudada por los demandados en el im-porte de los certificados, carece de fundamento, porque los; certificados nada valían. Estaban predicados a la existencia de la deuda. Inexistente la deuda, sin vida los certificados.

En resumen, de la incorrecta actuación del Secretario-Auditor al expedir los certificados y del Alcalde al aprobar-los, no-surge la obligación de pago por parte de dichos fun-cionarios y la fiadora del primero que la demandante reclama y que enforzó la sentencia, debiendo en tal virtud ser ésta revocada y declarada la demanda sm lugar, con las costas y ciento cincuenta dólares para honorarios de abogadeo.


text:
    Armando Valle, demandante y apelado, v. Monserrate Arroyo, demandada y apelante.
    Núm. 8338.

    Sometido: Junio 26, 1941.

      Resuelto: Julio 21, 1941.

      Rafael Atiles Moréu, abogado de la apelante; Edelmiro Soldevila, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda radicada en este caso se alega, que du-rante más de un año con anterioridad al 12 de agosto de 1940, el demandante poseía con carácter de dueño una finca rústica de 274.86 cuerdas, radicada en el término municipal de Villalba; que el día 12 de agosto de 1940, según informa-ción y creencia del demandante, la demandada personalmente penetró en dicha finca, por medio de la violencia y clandesti- %amente, se instaló en nna casa qne hay en la finca, amena-zando recolectar y apropiarse los frntos del inmueble; que según información y creencia del demandante, la demandada se ba negado a reconocer la autoridad del demandante como poseedor civil del inmueble, impidiéndole que por sí o por medio de sus representantes entre a la finca para cultivarla y recolectar sus frutos; que la demandada se ba negado a desocupar la finca, declara públicamente que ella es su dueña y amenaza al demandante con inferirle grave daño corporal si trata de penetrar en ella.

La demandada radicó oportunamente una moción elimina-toria y, además, una excepción previa basada en la alegada insuficiencia de los becbos expuestos en la demanda para constituir causa de acción. Eadieó también una contestación.

En la moción se pedía la eliminación de los párrafos 3 y 4 de la demanda “porque un demandante en injunction para recobrar la posesión, no puede alegar por información y creencia, becbos que presumiblemente están dentro de su co-nocimiento personal; y si no los conoce, debe una tercera persona que conozca los becbos jurar la demanda, y no el demandante que no los conoce directamente.”

Vistas la moción eliminatoria y la excepción previa, y habiendo la demandada sobcitado y la corte ordenado la eliminación de la contestación, la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia a favor del demandante. No estando con-forme, la demandada interpuso el presente recurso, alegando que la corte inferior erró al declarar sin lugar la moción eli-minatoria y la excepción previa y al dictar sentencia sobre las alegaciones a base de una demanda insuficiente. Discu-tiremos los tres señalamientos conjuntamente por ser una sola la cuestión legal en ellos envuelta, la que formularemos así: ¿Es defectuosa e insuficiente una demanda de injunction para recobrar la posesión, por el solo fundamento de que ciertos becbos esenciales de la misma se alegan por in-formación y creencia del demandante?

El artículo 690 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, concede a cualquier persona que haya sido perturbada en o despojada de la posesión o tenencia de una propiedad inmueble, el derecho a solicitar un injunction para retener o recobrar la posesión. Y el artículo 691 del mismo código dispone que la demanda será redactada y jurada de acuerdo con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, y que en ella se hará constar que el demandante, dentro del año precedente a la presentación de la demanda, estaba en la posesión real de la finca y que ha sido despojado de dicha posesión, describiendo los hechos constitutivos del despojo.

La demanda en el caso de autos contiene todas las alega-ciones requeridas por el citado artículo 691, y son suficientes para justificar una sentencia sobre las alegaciones.

El artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil, en lo que es pertinente, dispone:

“...En todos los casos de alegaciones juradas, la declaración escrita y jurada de la parte deberá afirmar que le consta por propio conocimiento que es cierto lo alegado, excepto en cuanto a las ma-terias que en dicha declaración manifieste conocer por su información o creencia, en cuyo caso expresará que las cree ciertas.”

El juramento (verification) de la demanda en este caso cumple con los requisitos del citado estatuto.

El caso de Forastieri v. Longo, 55 D.P.R. 203, 206, no es de aplicación. En la ágina 206 aparece el siguiente dictum, en que se apoya la apelante:

“ ... Si como alegaron los demandados y demostró la prueba, el predio descrito en la contestación es el mismo cuya posesión reclama el demandante, no debieron los demandados negar las alegaciones de la demanda por falta de información y creencia, pues el estar ellos o no en posesión de determinado predio es un hecho que está dentro de su conocimiento personal, y no necesitan información alguna para admitirlo o negarlo; pero como no fué ésa la objeción que levantó el demandante...”

En el caso de autos, lo único qne se alega en la demanda, por información y creencia, es la entrada ilegal de la deman-dada en la finca qne poseía el demandante; y la negativa de la demandada a desalojar la finca. Esos no son hechos qne necesariamente dehan estar dentro del conocimiento personal del demandante, pues es posible qne la entrada de la deman-dada en la finca se hubiese verificado durante la ausencia del demandante y qne éste conozca esos hechos por lo qne le ha-yan informado sus empleados o los vecinos.

El hecho de que una persona distinta del demandante, qne tenga conocimiento personal de hechos qne el demandante no conoce, pueda jurar una demanda, según se resolvió en Ruiz v. Moreno, 40 D.P.R. 760, no impide el qne esa misma demanda pueda ser jurada por el demandante, como parte interesada, por información y creencia, pnes el artículo Í18 del Código de Enjuiciamiento Civil así lo autoriza.

La corte inferior no erró al dictar sentencia sobre las alegaciones. La sentencia recurrida debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cristóbal Lamboy, acusado y apelante.
    Núm. 8789.

    Sometido: Julio 15, 1941.

      Resuelto: Julio 21, 1941.

      .Francisco Torres Aguiar, abogado del apelante; Ilon. Procurador General Interino Emilio de Aldrey, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En la denuncia formulada contra el acusado apelante en mayo 13 de 1940, se le acusó de baber abandonado a su hijo José Antonio Lamboy, menor de edad, dejando'efe proveerle los alimentos y vestidos necesarios para su vida y bienestar. Condenado a un mes de cárcel, con la condición de que la sentencia quedará en suspenso mientras le pase a su hijo un dólar semanal, no estuvo conforme el acusado y apeló. Para sostener su recurso alega: que la corte inferior carecía de jurisdicción para conocer del caso; que la denuncia no aduce hechos constitutivos de delito; que la evidencia es insuficiente para sostener la sentencia; y que la corte actuó movida por pasión, prejuicio y parcialidad al no darle la debida conside-ración a la prueba de la defensa:

¿Tenía jurisdicción la Corte de Distrito de San Juan para conocer del caso y dictar la sentencia recurrida? Si no la tenía, será innecesario considerar las otras cuestiones levantadas por el apelante.

La sentencia fue dictada en 25 de septiembre de 1940. En 30 de abril de 1940, la Asamblea Legislativa Insular aprobó la ley núm. 108, titulada “Ley para conceder alimen-tos a los hijos ilegítimos, fueren o no reconocidos; determi-nar la responsabilidad de los padres; establecer el proce-dimiento y penalidad por su incumplimiento, y para otros fines,” la cual debía comenzar a regir noventa días después de su aprobación, o sea el 29 de julio de 1940.

La citada ley núm. 108, en lo que es esencial, dispone, en síntesis, lo siguiente:

La sección Ia. impone al padre primero y a la madre des-pués la obligación de alimentar, vestir, educar y albergar a su hijo ilegítimo, menor de 16 años, esté o no reconocido.

La sección 2a. provee que el que faltare a esa obligación <¡o se negare voluntariamente a cumplirla y persista en su negativa después de haber sido requerido para ello,” será castigado de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal.

La sección 3a. dispone que el requerimiento lo ordenará el juez municipal de la residencia de los padres, a solicitud escrita y jurada de la persona que tenga bajo su cuidado al menor.

Dispone la 4a. que dentro de los 8 días siguientes al re-querimiento, el requerido deberá comparecer ante el juez que le requirió “y aceptar o no la paternidad.” Si la acepta, se levantará un acta en la que se hará constar la obligación que contrae el requerido para con el menor.

Provee la 5a. que si después de haber comparecido y acep-tado la paternidad, dejare el padre de cumplir sus obligacio-nes para con el menor, el juez municipal enviará las diligen-cias a la Corte para Niños del distrito donde resida el menor. El juez, si estimare que hay causa probable, ordenará que se formule denuncia contra el presunto padre y procederá a celebrar el juicio de acuerdo con lo prescrito en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Dispone además la sección 5, que “la jurisdicción de las cortes para niños será exclusiva para conocer de los casos comprendidos en esta ley,” y que de sus sentencias podrá apelarse para ante la Corte Suprema.

La sección 6a. dispone que cuando un padre o madre que hubiere aceptado la paternidad del menor fuere condenado por haber dejado de cumplir sus obligaciones para con el hijo, el juez podrá suspender la sentencia, conforme al artículo 263 del Código Penal.

Cuando se formuló la denuncia, en mayo 13 de 1940, la nueva ley no estaba aún en vigor, pero sí lo estaba en sep-tiembre 21 de 1940, fecha en que el acusado compareció ante la corte de distrito, le fue leída la acusación, hizo alegación de ser inocente y fue juzgado, convicto y sentenciado.

El artículo 263 del Código Penal, enmendado por ley núm. 35 de abril 24, 1931, dispone:

“Artículo 263. — Todo padre o madre de un hijo legítimo, legi-timado, natural o ilegítimo reconocido y adoptivo que voluntariamente y sin excusa legal, dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones que la ley le impone, de proveerlo del indispensable alimento, ves-tuario o asistencia médica, incurrirá en misdemeanor; Disponiéndose, etc.1 ’

De acuerdo con las claras disposiciones del citado artículo, cualquier padre o madre que dejaba de cumplir sus obliga-ciones para con el hijo menor podía ser denunciado, juzgado y sentenciado sin necesidad de que se llenara formalidad pre-via alguna. La ley núm. 108 de 1940 (sección 2) enmienda el artículo 263 del Código Penal, en cuanto a los hijos ilegí-timos se refiere, al disponer que “el que faltare a esa obli-gación o se negare voluntariamente a cumplirla y persista en su negativa después de haber sido requerido para ello” sufrirá la pena que dispone el Código Penal. El propósito evidente del legislador ha sido el de dar al padre que ha abandonado al hijo ilegítimo menor de 16 años de edad, una última oportunidad para cumplir sus obligaciones y evitar que se incoe contra él un proceso criminal por infracción al artículo 263 del Código Penal. Desde el momento en que comenzó a regir la ley núm. 108 de 1940, ningún presunto padre puede ser procesado y castigado por abandono de su hijo menor, si no se le ha requerido previamente, en la forma prescrita por la sección 4a. de dicha ley, para que diga si acepta o si no acepta la paternidad y haga constar en un acta lo que se compromete a hacer y cumplir en beneficio del menor. Si después de ser requerido, comparece ante el juez municipal y acepta la paternidad, esa aceptación le coloca, ipso facto, bajo la jurisdicción de la Corte para Niños; y si después de tal aceptación y de haberse comprometido a sos-tener al menor, faltare al compromiso contraído con la Corte para Niños, ésta tendrá desde ese momento jurisdicción ex-clusiva para procesarle y condenarle por infracción del ar-, tículo 263 del Código Penal.

Si el presunto padre del menor ilegítimo, al ser requerido de acuerdo con las citadas disposiciones de la nueva ley, se niega a comparecer ante el juez municipal o comparece y no acepta la paternidad, y se niega a proveer lo necesario para el bienestar del menor, en ese caso y desde ese momento el presunto padre podrá ser juzgado y sentenciado, de acuerdo con el artículo 263 del Código Penal, por el tribunal ordina-rio que tenga jurisdicción para conocer del caso. Mientras no se haya cumplido con el requisito del previo requeri-miento, el presunto padre del menor no puede ser conside-rado como un infractor de la ley. En otras palabras, la causa de acción nace cuando, después de ser requerido, el padre se niega a aceptar la paternidad.

Cuando el acusado compareció en septiembre 21 de 1940 a oír la acusación, ya la ley núm. 108 estaba vigente. Y tra-tándose de una ley beneficiosa para el acusado, éste tenía derecho a exigir que no se le procesase ni se le condenase, sin que se le diera antes una oportunidad de aceptar la pa-ternidad del menor o de repudiarla. No habiéndose cum-plido con el requisito del previo requerimiento del presunto padre, la corte de distrito que le condenó carecía de juris-dicción para juzgarle. Véanse: Ball v. Tolman, 135 Cal. 375; Sutherland, Statutory Construction, sec. 166; y El Pueblo v. Pérez, 52 D.P.R. 169.

La contención del fiscal de que la cuestión jurisdic-cional debe ser desestimada porque fue levantada por pri-mera vez en el juicio de novo ante la corte de distrito, des-pues de practicada la prueba de cargo, y no se levantó como excepción perentoria a la denuncia, carece de méritos. La excepción de falta de jurisdicción es privilegiada y puede ser levantada en cualquier momento, especialmente si la falta de jurisdicción surge de la prueba de cargó, como sucedió en este caso. En la denuncia no se alegó la condición del menor. Si de la prueba resultaba que era legítimo, en ese caso la corte tenía jurisdicción de acuerdo con el artículo 263 del Código Penal. Si por el contrario la evidencia demostraba, como lo demostró, que se trataba de un hijo ilegítimo, entonces la ley núm. 108 de 1940 era aplicable y no habiéndose cumplido sus preceptos la corte no adquirió jurisdicción.

Tampoco estamos de acuerdo con la contención del fiscal al efecto de que la alegación de^ inocencia hecha por el acusado al serle leída la acusación, equivalía a la no aceptación de la paternidad, necesaria para conferir jurisdicción a la corte de distrito que le condenó. La alegación de inocencia no puede ser interpretada como equivalente a la no aceptación de la paternidad, porque la negativa a aceptar la paternidad, que convierte al padre del ilegítimo en un infractor de la ley y da jurisdicción a la corte municipal y a la de distrito para juzgarle, es aquella que se hace ante el juez municipal, dentro de los ocho días siguientes al requerimiento y antes de que se formule una denuncia.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia y absolverse al acusado apelante.