author: El Juez Asociado Señor Snyder Juez Asociado Sr. Todd, Jr.

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones, demandado; Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, interventora.
    Núm. 82.

    Sometido: Mayo 6, 1946.

      Resuelto: Noviembre 20, 1946.

      I-Ion. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández (E. Campos-del Toro, Ex-Procurador General, en el alegato) y Carlos Santana Becerra, Procurador General Auxiliar, abogados del peti-cionario; Damián Monserrat, Jr., Gabriel de la liaba y Rafael Baragaño, Jr., abogados de la interventora, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

A los fines de la contribución sobre la propiedad corres-pondiente al año fiscal 1941-42 el Tesorero tasó un predio de terreno de 18.70 cuerdas y los edificios enclavados en el mismo pertenecientes a la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico — que en adelante lla-maremos el Auxilio Mutuo — ascendente dicha tasación a $142,210. El Tribunal de Contribuciones- sostuvo la conten-ción del Auxilio Mutuo al efecto de que cinco cuerdas de este terreno y los edificios en ellas enclavados estaban exentos de contribución sobre la propiedad én virtud del artículo 291 (e) del Código Político, según fue enmendado por la Ley núm. 12, Leyes de Puerto Rico, Sesión Extraordinaria de 1933, que establece esta exención para los edificios y super-ficie de terreno cuya extensión no exceda de cinco cuerdas en que dichos edificios estén enclavados y que se utilicen para fines caritativos. Expedimos el auto de certiorari al solici-tarnos el Tesorero que revisáramos esta decisión.

El Auxilio Mutuo se organizó en el 1883 bajo el régimen español. Su reglamento ha estado en vigor sin sufrir enmienda alguna desde el año 1900. Su artículo primero indica los fines para los cuales se organizó: (1) fomentar la unión entre los españoles y sus descendientes, sostener sus sentimientos religiosos, y ejercer la caridad y mutuo auxilio; (2) proveer a sus asociados y españoles indigentes cuidado y atención en casos de enfermedad o desgracia; (3) proveer transportación a España a aquellos asociados que carezcan de medios para hacerlo por su cuenta en aquellos casos de enfermedad en que el viaje fuese necesario para su curación; (4) proveer sepultura a sus socios y a los españoles indigentes; (5) socorrer por una sola vez con un donativo a las familias de los finados que se hallen verdaderamente necesitados, pero “Estos socorros y todo acto de beneficencia se acordarán en cada caso por la Junta Directiva, siempre que los recursos de la Sociedad lo permitan, sin comprometer el auxilio mutuo que se deben sus asociados.”

El artículo 2 provee el establecimiento de un hospital para tratamiento de los asociados enfermos. El artículo 3 dispone que también recibirán tratamiento en el hospital los españoles indigentes. El. artículo 4 autoriza a la Sociedad a prestar asistencia médica a enfermos que no sean asociados con sujeción a la tarifa establecida, siempre y cuando que esto no afecte la preferente atención de los socios. El artículo 7 dispone que no se admitirá a un paciente que no sea miem-bro hasta que los médicos informen a la Junta la enfermedad que padezca y el tiempo que necesitarán para curarlo; y dos miembros certificarán el estado de pobreza de los pacien-tes indigentes, pudiendo la Junta conceder o negar su ingreso.

El artículo 9 provee que la Sociedad se sostendrá me-diante (l)-la cuota inicial y cuotas mensuales a pagarse por sus socios, (2) todo ingreso extraordinario y (3) donativos de sus simpatizadores. El artículo 11 dispone que en caso de acordarse la disolución de la Sociedad, se entregarán sus fondos al Cónsul de España para dedicarlos a la beneficencia española.

El artículo 14 dispone que sus socios serán los españoles y sus descendientes que residan en la Isla. En virtud del artículo 15 la Junta tiene poder para aceptar o rechazar solicitudes de admisión por votación secreta. El artículo 16 le concede a los socios el derecho a usar las comodidades del hospital de la Asociación y el derecho a tratamiento, siempre que presenten el recibo del mes anterior al en que se solicita el servicio.

Bajo nuestra ley no es suficiente que los bienes pertenezcan a una institución organizada para fines caritativos; se necesita que de hecho, se usen para fines caritativos. Por tanto pasemos a las actividades del Auxilio Mutuo.

Surge de la prueba que el Auxilio Mutuo opera un hospital con un cuerpo de empleados que reciben la corres-pondiente paga. Durante el año 1941, se dieron de alta 1,361 pacientes, de los cuales 958 eran socios que pagaban sus cuo-tas, 357 no eran socios pero casi todos eran familiares de socios y en tal carácter pagaban las tarifas establecidas menos el descuento, y 46 eran pacientes indigentes. Durante dicho año, 6,732 pacientes visitaron el hospital, de los cuales 6,432 eran socios, 142 no eran socios y pagaron tarifas según se ha indicado, y 158 eran pobres.' Estas cifras son un cuadro típico de la asistencia prestada durante el 1941 y otros años.

Las operaciones del Auxilio Mutuo resultaron en déficit hasta el 1935 ó 1936. Desde dicha fecha ha tenido beneficios. En 1941 la sociedad tenía un activo de $797,000, del cual $85,000 eran efectivo, $626,000 eran bienes inmuebles y $58,000 consistían de moblaje. En 1942 tuvo una ganancia de $36,000. Durante dicho año realizó cobros por $161,000, de los cuales $114,000 eran cuotas, cobradas a más de 3,000 socios a razón de $3 mensuales.

Para el 1944 el activo de la sociedad era de $897,000, del cual $127,000 eran efectivo, $60,000 eran bonos de guerra y $626,000 bienes inmuebles. Para 1936 se saldó en sn totali-dad nna hipoteca de $200,000 otorgada en 1927 para la cons-trucción de uno de sus edificios., Para el 1944 se habían acumulado $200,000 más, que estaban asignados al mejora-miento y expansión de las comodidades de la asociación.

Nunca se distribuyen los beneficios entre los socios. Los cobros se dedican exclusivamente- a los servicios prestados por el Auxilio Mutuo y al mejoramiento y expansión de sus comodidades, con la excepción de algunos pequeños donativos de caridad.

A los pacientes de emergencia se les suministra trata-miento gratis; los pacientes privados en su mayoría son fa-miliares de los socios, y algunos que no son parientes sino re-comendados por los socios; los pacientes de caridad son casi todos españoles indigentes, si bien en algunos casos excep-cionales se ha dado tratamiento a puertorriqueños; y los socios reciben toda la hospitalización, servicios médicos y quirúrgicos que necesiten a cambio de sus cuotas mensuales, que constituyen el grueso de sus entradas.

En los Estados Unidos son corrientes los estatutos que eximen de contribución sobre la propiedad los bienes usados para fines caritativos. Las cortes han resuelto cientos de disputas bajo estos estatutos. Anotaciones, 34 A.L.R. 634; 62 A.L.R. 328; 108 A.L.R. 284. Véase también, 22 A.L.R. 907; 83 A.L.R. 773. Pero no podemos decir que predomina alguno de estos casos. Los estatutos difieren en su lenguaje en diferentes estados. Y en última instancia cada caso debe resolverse por sus propios hechos — el uso específico de deter-minado predio de terreno.

Nuestro estatuto no dice qué es un fin caritativo. Tam-poco expresamente exime a los hospitales propiamente dichos de la contribución sobre la propiedad. Y el funcionamiento de Tin hospital no es intrínsecamente una empresa caritativa —muchos hospitales son caritativos; muchos son estricta-mente, o en su mayor parte, de carácter comercial. Sin embargo, no abrigamos duda alguna de que el proporcionar hospitalización o tratamiento médico gratis a nn paciente pobre es un acto de caridad. Anotación, Hospital as within tax exemption provision not specifically naming hospitals, 144 A.L.R. 1483. Y existe cierto número de casos que resuelven que un hospital operado por una institución que no se organizó ni opera con fines de lucro o con alguna otra ventaja privada, usa su propiedad para fines caritativos no obstante el hecho de que algunos o aun la mayoría de sus pacientes pagan por el tratamiento que reciben porque pue-den hacerlo, siempre y cuando que los fondos recibidos en esta forma se dediquen a fines caritativos. Benton County v. Allen, 133 P.2d 991 (Ore., 1943); Order of Sisters of St. Joseph v. Town of Plover, 1 N.W.2d 173 (Wis., 1941); 144 A.L.R. 1483; 34 A.L.R. 634, 637-38; 62 A.L.R. 328, 330; 108 A.L.R. 284, 286; 3 Scott on Trusts, sec. 372.1, pág. 1997, sec. 376, págs. 2032-33.

La fórmula a aplicarse por tanto no es si se suministra tratamiento gratis a los pacientes. Más bien la cuestión a determinarse es si el objeto primordial de la institución es la práctica de la caridad. Un hospital puede tener fines caritativos aun cuando muchos de sus pacientes paguen por el tratamiento. Del mismo modo, un hospital no es carita-tivo, a los fines de la exención contributiva, cuando su objeto primordial es el lucro o la ventaja privada, por la simple razón de que ineidcntalmente presta algunos servicios de caridad. Prairie Du Chien San. Co. v. City of Prairie Du Chien, 7 N.W. 2d 832 (Wis., 1943); State v. Willmar Hospital, 2 N.W.2d 564 (Minn., 1942); Gray St. Infirmary v. City of Louisville, 65 S.W. 11 (Ky., 1901); casos anotados en 144 A.L.R. 1483, 1489-91; 34 A.L.R. 634, 646-52; 62 A.L.R. 328, 331-33; 108 A.L.R. 284, 288-91.

¿Funciona el Auxilio Mutuo con fines caritativos? Los abogados del Auxilio Mutuo llaman la atención a algunos casos, especialmente el dq Portland Hibernian Ben. Soc. v. Kelley, 42 P. 3 (Ore., 1895), que aparentemente resuelven que cuando en casos como éste el estatuto no exige que el fin caritativo sea público, las sociedades que limitan sus activi-dades al pago de beneficios de muerte o enfermedad a sus socios y familiares, están no obstante exentas de contribución en calidad de empresas caritativas privadas más bien que públicas. Pero cualquiera que sea la diferencia entre caridad pública y privada, somos de opinión que la esencia de la caridad, ora sea pública ora sea privada, es que el donante y el agraciado no sean idénticos. “La caridad empieza por casa” es un aforismo que no está supuesto a leerse literal-mente cuando se interpreta un estatuto de exención contri-butiva. Y la prueba demuestra fuera de toda duda que el Auxilio Mutuo se estableció originalmente y desde entonces lia funcionado cooperativamente con el objeto primordial de proporcionar ventajas o beneficio mutuo a sus propios socios de cuota, más bien que a los comparativamente pocos espa-ñoles pobres que reciben tratamiento gratis.

No podemos ver la diferencia, a los fines de este caso, entre esta sociedad de beneficio mutuo y una sociedad fu-neraria, un club automovilista, una sociedad cooperativa comercial o de ventas, una compañía de seguro mutuo, o cualquier otra empresa cooperativa, a la cual los socios -con-tribuyen a un fondo común que se emplea para proporcionar servicio a sus miembros. Una pequeña cantidad de trabajo caritativo o de emergencia que se proporciona gratuita-mente no convierte tales instituciones en empresas cari-tativas. Resolver lo contrario sería permitir a cualquier persona que opere una reconocida clínica comercial privada que evada la contribución realizando unas pocas actividades caritativas que cuesten menos que la contribución. Desde luego no le atribuimos-al Auxilio Mutuo tan cínico propósito. La caridad que proporciona a los españoles pobres induda-blemente es hecha de buena fe. Pero esto no altera el hecho de que esta actividad caritativa es incidental al fin primordial del Auxilio Mutuo — el fin no caritativo de proporcionar a sus miembros a bajo costo un buen servicio médico mediante el dominio y operación cooperativa de un hospital. Toda vez que esto equivale a operarlo para ventaja privada, la pro-piedad aquí envuelta no está siendo usada para fines cari-tativos.

Si el Auxilio Mutuo no realizara ninguna actividad carita-tiva, no podría alegar con éxito que su objeto de proporcionar servicios médicos mutuos a sus socios de cuota era caritativo. Está en la misma posición que los hospitales comerciales privados que ofrecen hospitalización o tratamiento cuando sea necesario al público en general por cierta cuota fija a pagarse por meses o años. El hecho de que el Auxilio Mutuo sea poseído cooperativamente por pus socios más bien que por un médico no altera la naturaleza de sus operaciones. Y unas pocas actividades caritativas realizadas ya sea por el Auxilio Mutuo o por tal hospital privado, no nos lleva a la conclusión de que su propiedad se usa para fines caritativos.

Arguye el Auxilio Mutuo que el fin primordial de la propiedad no debe ser el factor decisivo en este caso, debido a que la mayoría de los casos resueltos a ese efecto surgieron bajo estatutos que exigen un fin exclusivamente caritativo mientras que nuestro estatuto omite la palabra “exclusiva-mente”. Es difícil determinar en la mayoría de estos casos cuánta importancia le dieron las cortes al uso de la palabra “exclusivamente”. De cualquier modo, para decidir el pre-sente caso basta decir que, a pesar de la omisión de la pala-bra “exclusivamente” de nuestro estatuto, no podemos con-clttir que nuestra Legislatura tuvo por miras eximir, como proj)iedad que se usa para fines caritativos, un hospital que es operado primordialmente como una sociedad de beneficio mutuo, por la sencilla razón de que incidentalmente dió tra-tamiento gratis a un número comparativamente pequeño de pacientes pobres.

Estamos de acuerdo con los casos citados por el Auxilio Mutuo al efecto de que una institución no deja de ser cari-tativa, a pesar del hecho de que sus actividades estén limi-tadas a una clase, secta o grupo. Powers v. First Nat. Bank of Corsicana, Tex., 137 S.W.2d 839, 846-47 (Tes., 1940); Widows’ & Orphans’ Home of O. F. v. Commonwealth, 103 S.W. 354 (Ky., 1907); In re Henderson’s Estate, 112 P.2d 605 (Calif., 1941); 34 A.L.R. 634, 645-46; 62 A.L.R. 328, 331; 108 A.L.R. 284, 288. La dificultad estriba, aquí en encontrar la actividad caritativa. El Auxilio Mutuo está-compuesto de un grupo limitado de socios que se dedican a una actividad cooperativa de beneficio mutuo, no de caridad.

Si bien no son de estricta aplicación al presente, el razo-namiento y la decisión de los casos de Bistline v. Bassett, 272 P. 696 (Idaho, 1928) e In re Farmers’ Union Hospital Assn’n, 126 P.2d 244 (Okla., 1942), sostienen la conclusión a que hemos llegado. Y a las organizaciones casi idénticas al Auxilio Mutuo se les ha negado exención de contribuciones sobre seguro social y de desempleo bajo estatutos que eximen de tales contribuciones a las organizaciones con fines exclusi-vamente caritativos. La Societe Francaise, etc. v. California Employ. Com., 133 P.2d 47 (Calif., 1943); United States v. La Societe Francaise De Bien. Mut., 152 F.2d 243 (C. C. A. 9, 1945); Hassett v. Associated Hospital Service Corporation, 125 F.2d 611 (C. C. A. 1, 1942), comentado en 55 Harv. L. Rev. 1055; Smith v. Reynolds, 43 F. Supp. 510 (D. Minn., 1942). Cf. Boston Chamber of Commerce v. As sessors of Boston, 54 N.E.2d 199 (Mass., 1944), anotado en 152 A.L.R. 181:

Describiendo la naturaleza de tales organizaciones la corte dijo en el primer caso de La Societe Francaise, que (pág. 47) “cuando la gente se asocia para comprar tratamiento médico en caso de enfermedad, esta acción es una ‘empresa comer-cial’ más bien que una ‘actividad caritativa’ y los beneficia-rios no consideran los beneficios derivados de la misma como un ‘fin caritativo’.” En el caso de Has sett nuestra Corte de Circuito dijo a la pág. 614: “Es difícil distinguir entre la corporación demandante y una compañía de seguro mutuo o de un plan de seguro para empleados. Nos confrontamos aquí con lo que es esencialmente un contrato comercial bajo el cual un número de personas se lian unido para comprar, al tipo más bajo posible, tratamiento médico en caso de enfermedad o accidente.” Y en el segundo caso de Societe Francaise la corte empleó un lenguaje similar a la pág. 245: “Al recibir el mejor tratamiento al más bajo costo, ningún miembro de la Sociedad consideraría que recibía una caridad, sino más bien que disfrutaba del beneficio de una decisión sabia al decidir hacerse miembro de una organización que, mediante sus actividades comerciales bien dirigidas, había conseguido para él dichos beneficios adicionales.”

Finalmente, en el caso de Reynolds la corte indica que, como en el presente caso, unas cuantas actividades caritativas no alteran la naturaleza de tal empresa, diciendo a la pág. 514: “En la prueba nada hay que indique que la mayor parte de las actividades de la Asociación eran caritativas o benéficas. Si bien es verdad que algunos casos de 'caridad fueron atendidos, ese hecho por sí solo no convierte a la Asociación en una organización caritativa.”

No creemos que sea decisivo el hecho de que los socios del Auxilio Mutuo no reciban dividendo alguno. Si bien sus cuotas no les reportan beneficios propiamente dichos, sí obtienen servicios médicos mejores y más baratos en virtud de las cuotas que como miembros pagan. Sustancialmente esto redunda en una ventaja privada para los socios como redundaría el pago de las ganancias en forma de dividendos. United States v. La Societe Francaise de Bien. Mut., supra, pág. 245; Smith v. Reynolds, supra, pág. 514.

El Tribunal de Contribuciones descansó en casos que re-suelven que los hospitales funcionan para fines caritativos no obstante el hecho de que la mayoría de sus pacientes pagan por los servicios prestados. Lutheran Hospital Ass’n of South Dakota v. Baker, 167 N.W. 148 (S. D., 1918); In re Rust’s Estate, 12 P.2d 396 (Wash., 1932); Corporation of Sisters of Mercy v. Lane County, 261 P. 694 (Ore., 1937); Board of Com’rs of Tulsa County v. Sisters of The Sorrowful Mother, 283 P. 984 (Okla., 1930). Ya hemos distinguido dichos casos. Estas organizaciones son consideradas como caritativas debido a que lo pagado por los pacientes pudien-tes se emplea para hacer frente a los gastos incurridos en el tratamiento de los pacientes pobres, sin que persona alguna reciba ganancia o beneficio alguno. Aquí los cobros son utilizados primariamente — y casi en su totalidad — para el beneficio de los socios del Auxilio Mutuo y sus familiares pudientes quienes, mediante su cooperativa, reciben un ser-vicio médico mejor y más barata.

Los casos de Candal et al. v. Soc. Esp. de Auxilio Mutuo, 37 D.P.R. 874, y Carrasquillo v. Am. Missionary Association, 61 D.P.R. 867, no son de aplicación. En dichos casos estaba envuelta una cuestión diferente que nada tiene que ver con el significado del artículo 291(e) del Código Político.

Debemos confesar que entre los innumerables casos que encontramos sobre esta materia, hay algunos que emplean lenguaje favorable al Auxilio’ Mutuo. Nuestra Corte de Circuito ha resuelto dos casos que parecen difíciles de recon-ciliar. Compárese Hassett v. Associated Hospital Service Corporation, supra, con el de United States v. Proprietors of Social Law Library, 102 F.2d 481 (C. C. A. 1, 1939). Pero creemos que el principio que hemos podido entresacar de este contuso laberinto está sostenido tanto por los casos como por el propósito de la Legislatura al conceder esta exención.

Podría ser una sabia política social el estimular las cooperativas en el campo médico y en otros campos eximién-dolas de todas o parte de las contribuciones. Nuestra Legislator a recientemente autorizó la organización de ciertas clases de sociedades cooperativas- y les concedió exenciones ,de contribuciones sobre la propiedad y sobre ingresos. Sec-ciones 26, 27, Ley núm. 291, Leyes de Puerto Rico, 1946 (pág. 687). El Congreso y nuestra Legislatura han eximido ambos de la contribución sobre ingresos (a) a ciertas clases de sociedades mutuas o cooperativas, incluyendo aquéllas que proveen para el pago de beneficios de enfermedad, y (b) a corporaciones organizadas y operadas exclusivamente con fines caritativos. 26 U.S.C.A. see. 101(3), (6); sec. 29, Ley núm. 74, Leyes de Puerto Rico, 1925 (pág. 401). Cuando el Congreso incorporó a “Group Hospitalization, Inc.” para que funcionara en el Distrito de Columbia, le concedió una exención de todas las contribuciones con excepción de la contribución sobre propiedad inmueble. -53 Stat. 1412, Part 2. No comentamos la cuestión de si bienes pertenecientes a so-ciedades de servicio de hospital como la Cruz Azul (Véanse Ley núm. 152, Leyes de Puerto Rico, 1942 ((1) pág. 829) y Ley núm. 466, Leyes de Puerto Rico, 1946, pág, 1359), están exentos de contribuciones sobre la propiedad. Suponiendo, sin decidirlo, que no lo estén, dichas organizaciones y el Auxilio Mutuo podrían convencer a la Legislatura que con-viene al interés público el concederles a ellas y al Auxilio Mutuo exenciones de contribuciones sobre la propiedad. Toca a la Legislatura resolver esto. Pero no podemos de-cidir que los bienes del Auxilio Mutuo se usan para fines caritativos y están por tanto exentos de contribuciones sobre la propiedad bajo el artículo 291 (e) del Código Político cuando surge del récord que el Auxilio Mutuo funciona prin-cipalmente como una sociedad de- auxilio mutuo para beneficio de sus socios de cuota más bien que como una institución caritativa.

La decisión del Tribunal de Contribuciones será revocada y se devolverá el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Sr. Todd, Jr.

Noviembre 22, 1946

Como se admite en la opinión de ía mayoría, la jurispru-dencia sobre esta materia está dividida. He leído los casos citados por el Tribunal de Contribuciones y creo justifican y sostienen la conclusión a que llegó. La ley no requiere que la institución esté dedicada exclusivamente a fines cari-tativos para estar exenta y, ann bajo estatutos que así lo proveen se ha resuelto que lo son y especialmente cuando la institución es una organizada para fines no pecuniarios y los socios no reciben dividendo alguno.

Véanse al efecto In re Rust’s Estate, 12 P.2d 396 (Wash. 1932); Lutheran Hospital Assn’n of South Dakota v. Baker, 167 N. W. 148 (S. D., 1918). (En este último caso el 95 por ciento de los pacientes pagaba y el 5 por ciento era de be-neficencia y aun cuando la ley usaba las palabras “exclusi-vamente usadas para fines caritativos.”) Corporation of Sisters of Mercy v. Lane County, 261 P. 694 (Or. 1927); Board of Commissioners of Tulsa County v. Sisters of the Sorrowful Mother, 283 P. 984 (Okla. 1930); Powers et al. v. First Nat. Bank of Corsicana, Tex., 137 S.W.2d 839 (Tex. 1940); Widows’ and Orphans’ Home of O. F. v. Commonwealth, 103 S. W. 354 (Ky. 197); In re Henderson’s Estate, 112 P.2d 605 (Cal. 1941); United States v. Proprietors of Social Law Library, 12 F.2d 481 (C.C.A. 1, 1939); las Monografías en 34 A.L.R. 641; 62 A.L.R. 331 y 108 A.L.R. 288, y especial-‘mente la opinión disidente del Juez Magruder en el caso de Hasset v. Associated Hospital Service Corporation, 125 F.2d 611 (C. C. A. 1, 1942).

      Por ejemplo, Turnverein “Lincoln” v. Board of Appeals, 192 N.E. 780 (Ill., 1934); People v. Passavant Memorial Hospital, 173 N.E. 770 Ill., 1930); People v. Rockford Masonic Temple Bldg. Ass’n, 181 N.E. 428 (Ill., 1932); People v. Jessamine Withers Home, 143 N.E. 414 (Ill., 1924); Rogers Memorial Sanitarium v. Town of Summit, 279 N.W. 623 (Wis., 1938).

      Como ya se ha indicado, no consideramos que la ausencia de la palabra "exclusivamente” de nuestro estatuto, sea decisiva bajo las circunstancias de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seño» Todd, Je.,

license: Public Domain

text:
      Ex Parte Monserrate Irizarry Marrero, peticionario.
    Núm. 441.

    Sometido: Noviembre 18, 1946.

      Resuelto: Noviembre 21, 1946.

      Oscar Souffront, Enrique Alcaraz Casablanca y Enrique Báez Gar-cía, abogados del peticionario; IIon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández, abogado de El Pueblo; Córdova <& Gon-zález, abogados de la Federación del Comercio de Puerto Rico, como amicus curiae.

   El Juez Asociado Seño» Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Expedimos el auto de liábeas corpus en este caso para determinar si, como alega el peticionario, Monserrate Iri-zarry Marrero, su detención es ilegal por no constitur de-lito los hechos bajo los cuales fuá acusado y sentenciado a cumplir tres meses de cárcel y a pagar una multa de $15.

La acusación formulada por el Fiscal de la Corte de Distrito de Mayagiiez, en lo pertinente, dice así: . . el referido acusado, quien es y era un comerciante detallista, con su establecimiento comercial abierto al público en la calle Yileya, barrio Mineral en el^ pueblo de Mayagüez, P. R., ile-gal, voluntaria y maliciosamente y a sabiendas que violaba la ley núm. 228, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 12 de mayo de 1942, enmendada por la ley núm. 493, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 29 de abril de 1946, en relación con la Orden Admi-nistrativa núm. 8, promulgada por el Administrador General de Suministros el día 8 de septiembre de 1942, (tal como ha sido enmendada y ampliada) al amparo de la ley núm. 228, aprobada por la Asamblea Legislativa en 12 de mayo de 1942, enmendada por.la ley núm. 493, aprobada por la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico en 29 de abril de 1946 y la cual tiene fuerza de ley por haber sido promulgada y publi-cada de acuerdo con la ley en el periódico El Mundo el día 8 de septiembre de 1942 y el día 31 de julio de 1946, rehusó vender a Amórico Romero Castillo una cuarta de libra de manteca, a pesar de que el acusado tenía suficiente cantidad de diclio artículo en existencia y de que se le ofreció en pago de dicha cantidad el precio legal en el mercado. ”

La Ley núm. 228 de 1942, creadora de la Administra-ción General de Suministros (Leyes de 1942, (1) pág. 1269), según enmendada por la núm. 493 de 1946 (pág. 1475) en su artículo 10(h) dispone en parte, que: . . Nada én esta Ley se intepretará en el sentido de obligar a persona alguna a vender artículos de primera necesidad; Disponiéndose, sin embargo, que en aquellos casos en que algún comerciante o negociante tenga existencias de productos de primera necesi-dad y se niegue a venderlas al público por no querer cum-plir con las escalas de precios o alguna otra disposición de esta Ley (cornering), el Administrador podrá hacer uso, con referencia a esas existencias, del poder de incautación que le confiere esta Ley.” (Bastardillas nuestras.)

Por su artículo 2(c) se-concede la facultad al Adminis-trador General de Suministros para “. . . de tiempo en tiempo, dictar aquellas reglas y órdenes que crea necesarias para poner en vigor las disposiciones de esta Ley/’ y el artículo 3(c) dispone que “Cuando en el criterio del Admi-nistrador sea necesario y propio para poner en efecto los propósitos de esta Ley, podrá reglamentar mediante regla u orden, y podrá prohibir, prácticas especulativas o de ma-nipulación, incluyendo prácticas relativas a cambios en la forma o calidad de un artículo, o el acaparamiento de algún artículo de primera necesidad que, en su criterio, equivalgan o propenden al alza de los precios inconsistentes con lo.s pro-pósitos de esta Ley,” y el inciso (e) de este artículo 3 dis-pone que “Las órdenes, reglas y reglamentos dictados bajo esta Ley podrán contener todas aquellas disposiciones que el Administrador crea necesarias para evitar la evasión de los mismos.”

Pretendiendo actuar bajo el poder concedídole por la ley el Administrador General de Suministros aprobó el 3 de agosto de 1946 la Orden Administrativa núm. 88 enmendando la Orden núm. 8 de 8 de septiembre de 1942, que dispone lo siguiente:

‘■'La orden administrativa número 8 de septiembre 8 de 1942, cuya disposición quinta probibe ‘Negarse a vender un artículo que tenga en existencias’, se entenderá enmendada para que lea como sigue: -
“ ‘Queda prohibido negarse a vender un artículo que se tenga en existencias, Disponiéndose, que cuando se trate de artículos racio-nados el detallista se guiará para la distribución por la lista de sus clientes o por el racionamiento oficial que pueda estar en vigor, Disponiéndose, además, que cuando un detallista considere que un consumidor quiere hacer compras de acaparamiento, podrá rehusar-las, debiendo sin embargo notificar de ello inmediatamente a la Junta Loca] de Administración General de Suministros o a cualquier dele-gado del Administrador.'’ ”

Ya había dispuesto el Administrador en la Orden núm. 8, supra, que la violación de alguna de sus disposiciones sería castigada por cada ofensa con multa no menor de cinco mil dólares y cárcel por no menos de tres meses ni más de dos años.

La violación de esta orden es la que se imputa en la acusación radicada contra el aquí peticionario como consti-tutiva de una infracción de la Ley núm. 228.

Es elemental en derecho que cuando la legislatura delega en 'una junta o persona poderes para promulgar reglamentos éstos, para ser válidos, no pueden estar en conflicto con las normas establecidas en la ley. Pueblo v. Bou, 64 D.P.R. 466; Alemañy v. Comisión Industrial, 64 D.P.R. 888, y casos en él citados; Villa v. Comisión Industrial, 65 D.P.R. 562. El -fin perseguido al delegar el poder de reglamentación no puede ser otro que el de implementar la ejecución de la ley pero nunca puede ese poder .ejercitarse en tal forma que sustituya el criterio -del legislador por el de la junta o persona autorizada a reglamentar. Y menos aún puede junta o persona alguna, a virtud del poder de reglamentación coneedídole por la legislatura, crear un delito que la propia Legislatura no estatuyó.

La sección 10(b) de la Ley núm. 228, supra, es tan clara en su redacción que no se presta a ninguna otra interpreta-ción que la que sus propias palabras significan en el lenguaje corriente que usa. Cuando el legislador dijo “Nada-en esta Ley se interpretará en el sentido de obligar a persona alguna a vender artículos de primera necesidad” quiso decir exac-tamente lo que tenía que decir .para que la ley fuera válida. Constitucionalmente no podía la legislatura obligar a na-die a dedicarse al comercio. - Podía eso sí, autorizar al Administrador General de Suministros a reglamentar el comercio de artículos de primera necesidad en forma razo-nable de acuerdo con la situación de emergencia que existía y existe, y eso fue lo que hizo al conferir al Administrador G-eneral de Suministros el poder de incautarse' de los pro-ductos de primera necesidad que el comerciante se negare a vender al publico. Empero, en el caso de autos, el Ad-ministrador General de Suministros fue más allá y, sin autoridad en ley, creó un delito basado en hechos que la legislatura no sólo no autorizó sino que expresa y claramente dispuso que no se debía interpretar la ley en el sentido de obligar a persona alguna a vender artículos de primera necesidad.

El Procurador General interino antes de allanarse a la petición en este caso, y con el fin de que conociéramos el criterio jurídico de la corte inferior sobre^ la cuestión en-vuelta, sometió a la corte copia certificada de la vista cele-brada ante la corte inferior al irse a dictar sentencia en el caso de El Pueblo v. Francisco Durán y José Durán en el que se imputaba a los acusados el mismo delito que en el de autos. A requerimiento del Procurador General interino el Fiscal de la Corte de Distrito de Mayagüez solicitó el archivo de dicho caso por el fundamento de que de acuerdo con el artículo 10(6) de la Ley núm. 228 de 1942, supra, ningún comerciante está obligado a vender artículos de pri-mera -necesidad a nadie.

Sostuvo la corte inferior que el artículo 10(b) de la ley no es aplicable a comerciantes de artículos de primera ne-cesidad a quien el Administrador General de Suministros había concedido una licencia de acuerdo con el artículo 13(c)-de la ley para dedicarse a la venta de dichos artículos y que, por el contrario, sólo se aplica a aquellos comerciantes que no hayan obtenido dicha licencia. Esta interpretación del artículo 13(c) de la ley es errónea ya que el mismo lo que provee, en cuanto a la cuestión aquí envuelta, es que el Administrador podrá “requerir a todas las personas sujetas a alguna regla n orden o escala de precios, emitida bajo esta Ley, la obtención dé una licencia expedida por el mismo Administrador como condición previa indispensable para que dicha persona pueda dedicarse a la venta o a cualquier aspecto del negocio referente a algún artículo de primera necesidad. . .”. Después de exceptuar de este requisito a los agricultores productores que se dediquen a la venta de sus propios productos agrícolas, dispone este inciso que “Ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse a los referidos negocios sin la previa obtención de la mencionada licencia, . . .” y se provee una''pena adicional para toda violación de dicha disposición. El resto del inciso se refiere a los motivos para la suspensión de las licencias por “(1) Violación de alguna escala de precios. (2) Violación de las órdenes del Administrador dictadas bajo sus prerrogativas legales. (3) Violación de alguna disposición de esta Ley que conlleve una penalidad criminal.” Luego se establece el procedimiento a seguirse ante la Corte de Distrito para obtener dicha suspensión disponiéndose que la orden de la corte suspendiéndola no será apelable pero si se deniega la suspensión el Administrador podrá apelar al Tribunal Supremo. Termina el inciso disponiendo, además, “que el Administrador podrá ejercitar el derecho de incautación conferídole por esta Ley sobre las existencias de productos de primera necesidad, propiedad de la persona sujeta a la orden de suspensión.”

Como puede verse el legislador expuso su intención de que el Administrador podrá exigir la obtención de una li-cencia de toda persona sujeta a alguna regla u orden o escala de precios como condición previa indispensable para que dicha persona pueda dedicarse a la 'venta o a cualquier aspecto del negocio referente a algún artículo de primera necesidad pero más adelante dispuso que ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse a dichos negocios “sin la previa obtención de la mencionada licencia.” En otras palabras para poder vender artículos de primera necesidad es requisito indispensable obtener la licencia expedida por el Administrador. Esto lo admite la propia corte inferior en su resolución al decir que el Administrador General do Suministros por la Orden núm. 82 “consideró bajo licencia para traficar en artículos de primera necesidad a todo el comercio establecido en tales artículos.” (Bastardillas nues-tras.) Pero esto no obstante resolvió más adelante dicha corte que: “Hay dos clases de comerciantes: comerciantes que tienen licencia para vender artículos de primera nece-sidad, y comerciantes que no están licenciados para vender artículos de primera necesidad.” (Bastardillas nuestras.) La contradicción es obvia y basada en ella es que sostuvo la corte inferior que es a los comerciantes ‘‘No licenciados” a los que debe aplicarse el artículo 10(b) de la ley. Es decir, que únicamente los comerciantes “no licenciados” son los que- pueden negarse a vender artículos de primera nece-sidad y de cuyas existencias el Administrador puede incau-tarse, pero que los comerciantes licenciados no pueden ne-garse a vender y si lo hacen pueden ser procesados.

No podemos aceptar esta interpretación primero, porque la ley no dispone tal cosa y si así la interpretáramos conlle-varía su nulidad, y segundo, porque si lo dispusiera también sería nula pues como hemos* dicho antes, constitucionalmente no podrá obligarse a una persona, natural o jurídica, a dedicarse al negocio de compraventa de artículos de primera necesidad o de cualquier otra clase, aunque sí puede regla-mentarse la forma y precios a que ha de vender artículos de primera necesidad durante un período de emergencia.

Como bien dijo en la vista oral de este caso el abogado de la Federación de Comercio de Puerto Rico, la disposición del artículo 10(b) de nuestra ley, aunque similar a la con-tenida en la sección 4(d) de la ley federal, es independiente de todo requisito de licencia contenido en ambas leyes. Y lo demuestra el h.ech.0 de qué la sección 4(d) de la ley federal no sólo dispone que no se obligará a ninguna persona a vender cualquier artículo sino que, como dicha ley es exten-siva a los precios de alquileres residenciales también dispone que tampoco se interpretará “para obligar a ninguna persona a ofrecer cualquier alojamiento en alquiler”. Como para dedicarse al alquiler de viviendas no es requisito licencia de clase alguna, es obvio que las disposiciones referentes a licencia son independientes y nada tienen que ver con las disposiciones del artículo 10(h) o do la sección 4(d) supra.

¡Sostuvo, además, la corte inferior que al interpretar y aplicar el artículo 10(h) debía hacerse en armonía con los artículos 3(f), 9(f), 10(a) y 12(c) de la ley. Veamos.

El artículo 3(f) se limita a autorizar al Administrador a . , . “prohibir, mediante'regla u orden, el transporte, re-cibo, almacenamiento o venta en Puerto Rico de artículos que no sean de primera necesidad," o . . . determinar ... las cantidades que en cualquier período de tiempo puedan ser transportadas, recibidas, almacenadas o vendidas de dichos artículos, y podrá establecerse un sistema de licencias para . . . dichos artículos.”

No vemos qué pertinencia ni aplicabilidad pueda tener este inciso al problema que discutimos ya que se refiere exclusivamente a artículos que no sean de primera necesidad y aun en cuanto a ellos tampoco se autoriza al Administrador a obligar a nadie a venderlos.

En cuanto al artículo 9(f) no encontramos que dicho artículo 9 tenga tal inciso (/).

El artículo 3(a) se refiere al poder concedido al Admi-nistrador para fijar precios máximos o beneficios máximos y para establecer escalas de precios mínimos y, de beneficios mínimos en cuanto a los artículos de primera necesidad y establece el procedimiento que debe seguir el Administrador para hacerlo. Tampoco vemos pertinencia alguna en este inciso a la cuestión en controversia y menos aún en el ar-tículo 12(c) que .se refiere exclusivamente a la creación de la Corte de Apelación de Suministros a que se hace referencia en los incisos (a) y (b) del mismo artículo.

Hemos estudiado y analizado todos los fundamentos expuestos por la corte inferior para sostener su criterio de que constituye un delito público el que un comerciante se niegue a vender artículos de primera necesidad. Ninguno tiene justificación legal alguna. En la interpretación y apli-cación de la sección 4(d) de la ley federal, equivalente al .artículo 10(b) de nuestra ley, no liemos podido encontrar caso alguno que resuelva que constituye un delito el negarse a vender artículos de primera necesidad. Difícilmente po-dría existir tal caso cuando la expresión de la intención legislativa es tan clara y terminante. Por el contrario, en el caso de Buckeye Parking Corporation v. Boles, 141 F.2d 692, la corporación demandante que se dedicaba al alquiler de sitios para estacionar automóviles (parking lots) al serle rechazada por el Administrador un cambio en las tarifas por horas que cobraba por dicho servicio alegó ante la Corte Ape-lativa de Emergencia federal que dicho rechazo equivalía a obligar a la demandante a vender su servicio por una hora y que esto constituía una violación de la sección 4(d) de la Ley. La Corte dijo: “La contestación a esta contención es obviamente que el Administrador no está interviniendo con el derecho de la demandante de descontinuar sis servicio por una hora. Ella puede descontinuar ese servicio si lo desea, pero no puede inaugurar un programa que tendrá el efecto de aumentar la tarifa mínima.” (Bastardillas nuestras.)

Consistentemente ha resuelto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al interpretar el alcance de la Ley Sherman contra Monopolios y de la Federal Trade Commission Act declarando ilegales las prácticas injustas de competencia comercial (comercio entre estados) que, como' dijo en el caso de U. S. v. Colgate & Co., 250 U. S. 300, 307, la ley “no restringe el derecho por largo tiempo 'reconocido de un co-merciante o fabricante dedicado a un negocio privado, libre-mente a ejercitar su discreción independiente en cuanto a las personas con quienes habrá de negociar. Y desde luego puede anunciar de antemano las circunstancias bajo las cuales se negaría a vender,” doctrina limitada en los de U. S. v. Schrader’s Son, Inc., 252 U. S. 85, y Federal Trade Comm v. Beech Nut Co., 257 U. S. 441, 453, al efecto de que, si bien un comerciante no es culpable de violar la Ley Sherman por negarse a- venderle a otros y que puede basar su negativa en el hecho de que ellos no vendían al precio que él les fija para la reventa, “El no puede, de acuerdo con la ley, ir más allá del ejercicio de este derecho y por medio de contratos o combinaciones, expresas o implícitas, indebidamente impe-dir u obstruir el flujo libre y natural del comercio por los canales del comercio interestatal. ” Esta doctrina fue últi-mamente ratificada en el caso de U. S. v. Bausch & Lomb Co., 321 U. S. 707. Aun cuando estos casos no se resolvieron bajo la Ley de Emergencia de Precios federal ni envolvían fijación de precios máximos por una agencia del Gobierno, el principio o doctrina expuesta en cuanto al derecho de una persona, natural o jurídica, a dedicarse a un negocio deter-minado, es el mismo.

En el caso de Ex Parte Rivera, 34 D.P.R. 773, decla-ramos con lugar una petición de hábeas corpus y resolvimos que de acuerdo con el artículo 95 de la Ley Definiendo las Com-pañías de Servicio Público, tal y como regía en 1921, la viola-ción de tma disposición del reglamento aprobado por la Comi-sión de Servicio Pfiblico que no había sido estatuida como delito no podía ser castigada y dijimos, a la pág. 776: “La prisión es una pena aflictiva que es consecuente al delito, y es elemental en materia penal que ningún hecho puede ser per-seguido y castigado a menos que esté expresamente previsto y penado en la ley. Art. 5 del Código Penal.”

Se ha resuelto, además, que cuando una persona es en-carcelada por haber cometido ciertos actos que no constituyen un delito bajo la ley, la corte carece de jurisdicción en dicho proceso y el acusado puede ser puesto en libertad en un procedimiento de habeas corpus, aún después de celebrado el juicio y dictada sentencia. . 25 Am. Jur., Habeas Corpus, See. 42.

Por las razones expuestas; resolvemos que la Corte de Distrito de Mayagüez actuó sin jurisdicción en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Monserrate Irizarry Marrero por alegada infracción de la Ley núm. 228 de 1942 toda vez que los hechos imputados en la acusación no constituyen delito público alguno.

Se declara con lugar la ‘petición y se ordena la excarcela-ción del peticionario.

El Juez Asociado Sr. Snyder, por encontrarse ausente en los Estados Unidos continentales, desconoce los términos de la opinión, pero exprésó su conformidad con el resultado antes de ausentarse.

      La sección 1 de la Ley do Hábeas Corpus (sección 469 del Código de Enjuiciamiento Criminal) dispone que: "Cualquiera x>ersona que por cualquier X>retexto sea encarcelada o ilogalmente privada de su libertad, puede solicitar un auto do habeos corpus a fin de que se investigue la causa de diclia prisión.” Y. el artículo 5 del Código Penal dispone que: "Ninguna persona será arrestada por crimen o delito alguno, que no estuviere expresamente declarado como tal en este Código, excepto i>or crímenes o delitos contra las leyes de los Estados Unidos aplicables en Puerto -Rico, las decretadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y i>or el Congreso de.los Estados Unidos, para Puerto Rico.”

      Los linos de esta ley están expresados en su título el cual, en lo perti-nente, dice así:
      “Para crear una Administración General de Suministros y el cargo de Ad-ministrador General de Suministros; para fijar sus facultades, deberes y com-pensación; para promover la seguridad colectiva mediante la estabilización de precios; para evitar la inflación, el alza desmedida de precios, los desajustes económicos y las prácticas especulativas; para abaratar en todo lo posible el coste de productos de primera necesidad a los habitantes de Puerto Rico; para proveer para la compra, almacenamiento, transportación y disposición de ade-cuadas existencias de artículos de primera necesidad; para determinar a qué per-sonas y en qué cantidades podrán venderse artículos de primera necesidad; para prohibir violaciones a las reglas u órdenes o escalas de precios promulgados bajo esta ley; castigar las violaciones a las reglas u órdenes o a las escalas de precios dictadas bajo esta ley; para prohibir e impedir la práctica de abstenerse de vender artículos de primera necesidad con el fin de evadir la ley (cornering); para autorizar al Administrador General de Suministros a conceder préstamos y establecer cooperativas de producción- y de consumo para artículos de primera necesidad, establecer un plan de siembras de dichos artículos, -y para crear y administrar establecimientos para la venta al por mayor y al por menor de ar-tículos de primera necesidad; para establecer el procedimiento para la reconsi-deración de las reglas, órdenes y escalas de precios fijados por el Administrador; para crear la Corte de Apelación de Suministros, fijar su jurisdicción y determi-nar sus poderes; para disponer los medios para el cumplimiento de esta Ley; para establecer un sistema de licencias; . .

      E1 inciso (d) de la sección 4 de la Ley federal "Emergency Price Control Aet” de 1942, do la cual se copiaron casi sustaneialmente las disposiciones do la Ley 228, supra, dispone, al igual que la nuestra, que "Nada en esta Ley so inter-pretará en el sentido de obligar a persona alguna a vender cualquier artículo o a ofrecer cualquier alojamiento en alquiler."

         Actuación del Procurador General autorizada por ley ya que los fiscales no son otra cosa que delegados del Procurador General y si bien de acuerdo con el artículo 64 del Código Político, los procesos criminales serán promovidos por el fiscal del respectivo tribunal sin especial autorización del Procurador General “on todos estos casos el Procurador General podrá intervenir en interés del pú-blico.” Y si el Procurador General se convence de que no constituye delito determinada alegada violación no sólo puede sino que debe así informarlo a la corle, no estando ésta obligada, desde luego, a aceptar tal criterio, pero tampoco está autorizada a calificar de “atrevimiento” la aetuacón del Procurador General al instruir a un fiscal para que pida el archivo de un caso por dicho motivo.

      Como liemos visto aun para obtener la suspensión de una licencia expe-dida por el Administrador viene éste obligado a recurrir ante esta Corto y ninguno do los motivos especificados en el artículo para obtener dicha suspensión incluyo ¡el do haberse negado un comerciante a vender artículos de primera necesidad.


author: El Juez PresideNte Señor Travieso

text:
    Andrés García Vargas, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1190.

    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Noviembre 27, 1946.

      A. L. López, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Doña Tomasa Miranda, casada con Juan I. Vilches, ra-dicó ante la Corte de Distrito de Caguas una moción en la que alegó que comparecía por sí y en representación de su citado esposo, quien se encuentra sufriendo de enajenación mental y recluido en una clínica por orden y cuenta del gobierno de los Estados Unidos; que su esposo es dueño, como bienes gananciales, de una finca de doce cuerdas y de un condominio igual a 2.70 cuerdas indivisas en la mitad indivisa de otra finca de 35 cuerdas; que es útil y necesario para el enajenado y para la peticionaria que ambas propie-dades sean vendidas; y terminó solicitando que las fincas fuesen vendidas en pública subasta al mejor postor. De-clarada con lugar la moción, el mársbal de dicha corte, en cumplimiento de la orden dictada por el tribunal, procedió a vender las dos fincas mediante subasta pública, adjudicando ambas al señor Andrés García Vargas. Por escritura de compraventa judicial de fecha 4 de enero de 1946, el márshal, “en representación y voz de la peticionaria doña Tomasa Miranda de Vilches y de su esposo Juan I. Vilches” vendió las dos fincas al citado Andrés García Vargas. Presentada la escritura al registro,' el Eegistrador practicó la inscripción “con el defecto subsanable de no haber comparecido al otor-gamiento de la escritura doña Tomasa Miranda de Vilches a fin de ratificar la venta en cuanto a la mitad de los inmuebles que por gananciales le corresponde”. No estuvo conforme el comprador señor Garcia Vargas y entabló el presente recurso.

Procede, a nuestro juicio, la revocación de la nota recu-rrida. De los documentos que constan en autos aparece que la señora Miranda de Vilclies compareció ante la Corte de Distrito por su propio derecho y en representación de su esposo incapacitado y obtuvo de dicha corte una orden auto-rizando al márshal a vender en subasta pública las dos pro-piedades pertenecientes a ambos peticionarios. El márshal cumplió dicha orden vendiendo, no solamente la mitad corres-pondiente al esposo incapacitado, si que también la otra mitad correspondiente a la esposa peticionaria. Habiendo dado ésta su consentimiento y autorización previos para que 3a venta fuera hecha por el márshal, no es necesario que ella comparezca nuevamente para ratificar un acto realizado a su instancia y con su previa y expresa autorización. Véase: Rivera v. Registrador, 65 D.P.R. 298.

Re revoca la vota recurrida, debiendo el Registrador ‘prac-ticar ¡a inscripción sin defecto alguno.


text:
    Mateo Latallade, Eduardo Reyes y Teodora Latallade, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    Núm. 1195.

    Sometido: Noviembre 1, 1946.

      Resuelto: Noviembre 27, 1946.

      Domínguez & Domínguez, abogados de los recurrentes; el registrador ' recurrido no compareció.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Don Mateo Latallade, vecino de la ciudad de Nueva York, otorgó escritura de poder por la que facultó a don Eduardo Reyes para vender todos los condominios, derechos y accio-nes que pudieran corresponderle en cierta finca rústica de 73 cuerdas, radicada en el término municipal de Patillas, Puerto Rico, por títulos hereditarios o por cualquier otro título.

Por escritura otorgada en Gruayama el 27 de abril de 1946, el señor Eduardo Reyes, en su carácter de apoderado de Latallade, vendió los mencionados condominios, derechos y acciones a doña Teodora Latallade y Rivera, hermana del poderdante y esposa del apoderado Eduardo Reyes. Negóse el Registrador a practicar la inscripción por las razones ex-puestas en la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del documento que precede, que es una copia de la-escritura número 33, otorgada en CJuayama el 27 de abril de 1946, ante el notario Celestino Domínguez Rubio, con vista de un poder, por cuanto Eduardo Reyes, apoderado de Mateo Latallade Rivera, es la persona, por virtud de dicho poder, encar-gada de la enajenación de los condominios de su mandante en la finca descrita, y a su vez es también, a la luz del derecho, con-dueño de dichas participaciones compradas por su esposa Teodora Latallade Rivera, sin que resulte de los documentos presentados rati-ficación alguna del contrato por parte de dicho mandante, como tam-poco se acredita en forma alguna que tal adquisición sea para la exclusiva propiedad de la cesionaria Teodora Latallade Rivera.”

El Registrador basa su nota en lo resuelto .por este Tri- • bunal en Giménez v. Registrador, 21 D.P.R. 329 y en Luce & Co. v. Registrador, 33 D.P.R. 489. En el primero de dichos casos se resolvió que estando comprendido en el concepto de mandatario el de gestor de una sociedad, de acuerdo con la prohibición establecida en el párrafo 2 del art. 1362 del Código Civil Revisado (Art. 1348 ed. 1930) el gestor de una sociedad no puede vender bienes de la misma a su esposa actuando ésta como representante de la sociedad de ganan-ciales. En el segundo, ratificando, la doctrina establecida en Giménez v. Registrador, se resolvió que es nula por ser con-traria a las disposiciones del citado artículo del Código Civil, la. venta de condominios becha como mandatario de los dueños por una persona que es gestor de la sociedad compradora.

No vemos cómo pueda distinguirse el caso de autos de los arriba citados. El apoderado en este caso fia vendido la finca a su esposa, quien, presumiblemente, la adquiere para la sociedad de gananciales. Es cierto que la esposa puede por sí sola y sin el consentimiento del marido adquirir bienes para la sociedad de gananciales; pero no es menos cierto que los beneficiarios de tal adquisición son el marido y la esposa y que el marido es el administrador de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal.

La nota recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    José Antonio Marty y su esposa Clara Aurora Calder Ortiz, demandantes y apelados, v. Salvador Morales Morales, demandado y apelante.
    Núm. 9416.

    Sometido: Noviembre 21, 1946.

      Resuelto: Diciembre 3, 1946.

      José M. Ramírez de Arellano, abogado del apelante; Ildefonso Freyre,. abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Se trata en este caso de una moción para desestimar por frívolo el recurso de apelación que contra una sentencia de desahucio interpuso el demandado. Las cuestiones promo-vidas por éste pueden resumirse así:

1. Que a pesar de haberse celebrado un contrato de com-praventa entre los demandantes y el demandado, se convino verbalmente entre ellos que el vendedor no haría entrega de la propiedad vendida hasta después de expirados séis meses, que era el término que el demandado había concedido-a José C. Cabrero para que le entregara a su vez una casa, que el demandado había comprado, y que - erró la corte en la apreciación de la prueba sobre el referido pacto verbal.

2. Que no habiendo el demandado hecho entrega de la. finca cuando se estableció la demanda de desahucio, no se había consumado todavía el contrato de compraventa, y no habiendo dicho contrato traspasado la etapa del perfeccio-namiento, el demandado continuaba siendo dueño de la pro-piedad, y-por consiguiente surgió un conflicto de títulos que impedía dictar la sentencia de desahucio.

3. Que en el presente caso no procede la acción de desahu- ■ ció en precario.

El demandado alegó en su contestación la existencia del referido pacto verbal, pero la evidencia fué contradictoria. La de los demandantes tendió a probar que ese pacto nunca había existido, y el propio notario que otorgó la escritura de compraventa declaró que jamás había tenido conocimiento de ello. Siendo esto así, no debemos' intervenir con la dis-creción de la corte a quo en la apreciación de la prueba, con mayor razón cnando de la evidencia del demandado no apa-rece explicación alguna del motivo por el cnal los deman-dantes compraron la casa y pagaron la totalidad del precio para dejar qne el demandado la continuase ocupando sin pagar canon o merced qiguna, circunstancia esa que es con-traria a la manera de hacer negocios, y que indudablemente influyó en el ánimo del juez sentenciador al dirimir el conflicto de la prueba. Pero en el supuesto de que tal pacto hubiera existido, no pudo haber conflicto de títulos en el presente caso, pues habiéndose hecho la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta — prescribe el art. 1351 del Código Civil — equivale a la entrega del objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere claramente lo contrario.

No podemos comprender por qué no procede en este caso el desahucio en precario. Prescribe el art. 620 del Código de Enjuiciamiento Civil que “Tienen acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, ...” y el 621 (enmendado por la Ley núm. 14 de 1941, Sesión Extraordinaria, pág. 45) dispone que procederá el desahució contra “. . . cualquiera otra persona que detente la posesión material o disfrute precariamente, sin pagar canon o merced alguna; . . .”.

Toda vez que el demandado por escritura pública hizo' venta absoluta de la .propiedad a los demandantes, y no habiendo existido el alegado pacto verbal conforme declaró la corte a quo, es enteramente correcta la sentencia que de-cretó el desahucio. Un recurso de apelación contra tal sen-tencia necesariamente es frívolo como lo demuestran las cuestiones suscitadas por el apelante. En su consecuencia, procede declarar con lugar la moción de- los apelados y desesr timar él recurso con imposición al apelante de las costas en este Tribunal y el pago de $100 por concepto de honorarios de abogado de los apelados, por su manifiesta temeridad en la prosecución de este recurso.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author:
El Juez Asociado Señor de Jesús
      El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Luis Abella Blanco, peticionario y apelante, v. Rexford Guy Tugwell, sustituído por Jesús T. Piñero, demandado y apelado.
    Núm. 9356.

    Sometido: Noviembre 5, 1946.

      Resuelto: Diciembre 3, 1946.

      Juan B. Soto, abogado dei apelante; Ilon. Procurador General Inte-rino Luis Negrón Fernández {E. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato) y J. Rivera Barreras, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El Gobernador de Puerto Rico, previa formulación de cargos y celebración de una audiencia, destituyó al apelante del cargo de Registrador de la Propiedad de Caguas. Pre-sentó el Registrador una petición de mandamus contra el Gobernador en la corte inferior y fné desestimada por el fundamento de que no aducía hechos constitutivos de causa de acción. Se alegó en la solicitud y lo admitió el deman-dado al contestarla, que la destitución fué motivada por una supuesta infracción a la “Ley Asignando Sueldos a los Re-gistradores de la Propiedad y para otros fines”, Leyes de 1904, pág. 144. Descansando en ese hecho admitido, sostuvo el Registrador en la corte a quo y arguye en este Tribunal, que el Gobernador carece de facultad para- destituirlo en el presente caso, e invoca las secciones 28 y 30 de la citada Ley que dicen:

“Sección 28. — A los Registradores de la Propiedad convictos de haber violado en todo o en parte las disposiciones. de esta Ley les será impuesta una multa de $100 (cien dollars) a $200 (doscientos dollars) por la primera infracción, de $200 (doscientos dollars), a $500 (quinientos dollars) por la segunda y se les separará do su cargo si cometen una tercera”.
“Sección 30.- — El Gobernador de Puerto Rico ordenará la sepa-ración de cualquier Registrador que con arreglo a las disposiciones de la presente se haya hecho acreedor a ser separado de su cargo.” (Bastardillas nuestras).

El Gobernador acepta que si él hubiera seguido el'pro-cedimiento prescrito en la Ley Asignando Sueldos a los Re-gistradores y para otros fines, no hubiera podido destituir al Registrador hasta que no existiera la tercer convicción; pero arguye que independientemente de esa ley especial, puede destituirlo de conformidad con el art. 53 del Código Político, siempre que le formule cargos y le dé oportu-nidad de ser oído en su defensa.

La Ley Asignando Sueldos a los Registradores, etc. es de carácter especial y trata exclusivamente de los registradores de la propiedad. En su art. 28 esa Ley, como liemos visto, expresamente prescribe el castigo que puede imponerse por infracción a la misma. Esas y no otras, son las únicas penas prescritas por el legislador para tales ca-sos. Es claro que el G-obernador no puede seguir a su antojo el procedimiento que siguió en este caso y de ese modo convertir en letra muerta las disposiciones de la ley especial. Mientras esa ley esté en vigor, los registradores tienen derecho a no ser destituidos por violación a'la misma, a menos que hayan sido convictos de una tercera infracción.

El art. 53 del Código Político es una ley de carácter general y existiendo una de carácter especial aplicable a los registradores, éstos no deben considerarse comprendidos dentro de la ley general cuando infrinjan las disposiciones de la ley especial. De igual modo es inaplicable el citado art. 53 a aquellos funcionarios para cuya remoción se ha provisto por ley un procedimiento especial.

La contención del Gobernador de que su facultad para destituir al apelante surge también del art. 308 de la Ley Hipotecaria, es claramente insostenible. El art. 308, como todos los comprendidos en el Título X de la Ley Hipotecaria —que comprende los artículos 297 al 312, inclusive— ha sido sustituido por la Ley Asignando Sueldos a los Registradores y para otros fines, y por consiguiente no está en vigor.

Sin prejuzgar los méritos del caso, e imputándose al pe-ticionario lina primera infracción a la Ley Asignando Suel-dos a los Registradores, etc. sin haberse seguido el procedi-miento prescrito por dicha ley, procede revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar la que debió haber dictado la corte "inferior, es decir, expedir un auto perentorio de mandamus dirigido al Son. Jesús T. Pinero, Gobernador de Puerto Rico, como sucesor de Rexford G. Tugwéll, ordenán-dole que en su expresado carácter de Gobernador de Puerto Rico proceda a reponer a Luis Abella Blanco en el cargo de Registrador de la Propiedad de Gaguas con efecto retroactivo al 17 de agosto de 1945, fecha en que fué suspendido de empleo y sueldo, y que se sirva además ordenar el pago de sus sueldos devengados desde la fecha de su suspensión de empleo y sueldo a razón de $3,500 anuales.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Diciembre 10, 1946

El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado solicita reconsideremos la sentencia dictada en este caso: 1ro., porque fué a base de la defensa especial de que la petición no aducía bechos suficientes constitutivos de una causa de acción alegada por el demandado que se resol-vió el caso en la corte inferior y que al sostener esta Corte Suprema que la demanda es suficiente debemos devolver el caso a la corte de origen para ulteriores procedimientos y, 2do., que habiéndose ordenado en nuestra sentencia el pago al peticionario de los sueldos por él dejados de devengar desde su suspensión, debe la corte inferior pasar sobre la cantidad exacta a pagarse y dársele al Auditor de Puerto Rico, que no ba sido parte en este procedimiento, la opor-tunidad de determinar qué cantidad es la que en definitiva habría que pagar al peticionario y se cita el caso de Mc Leod, Auditor v. Corté, 47 D.P.R. 337.

Es cierto que el demandado en su contestación a la petición alegó la defensa especial antes mencionada, empero al mismo tiempo admitió expresamente en la contestación los hechos esenciales alegados en la petición y especialmente el hecho cuarto primordial de que- la destitución del peticionario fué motivada por una supuesta infracción de la “Ley Asignando Sueldos a los Registradores de la Propiedad y para otros fines”, quedando en esta forma' limitada la contienda a la cuestión de derecho de si el procedimiento seguido por el demandado para la destitución estaba autorizado por dicha ley. Como dijimos en nuestra opinión original, el propio demandado aceptó que si él hubiera seguido el procedimiento prescrito en dicha ley no hubiera podido destituir al peticionario hasta que existiera la tercera convicción. De manera que las admisiones del demandado relevan al demandante de tener que probar los hechos así admitidos y resuelta por esta Corte en contra del demandado la cuestión legal envuelta, lo único que procedía era dictar la sentencia que debió haber dictado la corte inferior.

No podemos aceptar la limitación que ahora desea hacer el demandado al alcance de sus propias admisiones ya que todo caso debe resolverse de acuerdo con lo que aparece de las alegaciones y del propio récord.

En cuanto a la intervención que el demandado cree debe dársele al Auditor de Puerto Rico en este procedimiento, no tiene razón. El sueldo que tenía derecho el peticionario a recibir está fijado por ley y el cálculo de los que no ha percibido depende de una simple operación aritmética. El Auditor de Puerto Rico no es parte necesaria en procedimientos de esta índole.

El caso de Mc Leod, Auditor, v. Corte, supra, citado por el apelado, lo único que resuelve es que una persona que no ha sido parte en un procedimiento de mandamus no puede ser castigada por violar la orden de la corte. Empero, el mismo caso indica cuál es el procedimiento al alcance del peticionario si el Auditor se negare a satisfacer sus sueldos, o sea, un recurso de mandamus.

Se desestima la moción de reconsideración.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

Febrero 3, 1947

El Juez Asociado Señor Todd, Jr., emitió la opinión del tribunal.

Por tercera vez el apelado solicita que reconsideremos la sentencia dictada en este caso el 3 de diciembre de 1946. Por primera vez reconoce que dicha sentencia “responde y se ajusta a la situación reflejada por las alegaciones” y acepta “que hubo error en las alegaciones,” pero invoca la discre-ción de este tribunal “para permitir que dicho error se corrija y no quede perpetuado a través de un fallo judicial,” y solicita que “para evitar un extravío de la justicia y para evitar que se perpetúe un error judicial que este caso, no habiéndose fallado en sus méritos por este Tribunal, y no habiendo este Tribunal proclamado la inocencia de Luis Abella Blanco de las imputaciones que se le hicieron, sea devuelto al tribunal de origen para que allí, si fuera necesa-rio, vuestro peticionario tenga la oportunidad de enmendar su Contestación a fin de traer a los procedimientos los hechos reales y verdaderos del caso y, que se haga cumplida jus-ticia entre las partes. (Bastardillas nuestras.)

Basa su petición el apelado en un 'affidavit de méritos, otorgado por el apelado, y en el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil que dispone que “Cuando se revocare la sentencia, orden o decreto del tribunal inferior, la corte procederá a pronunciar la sentencia, orden o decreto que debió baber dictado el tribunal inferior, salvo los casos en que fuere necesario aclarar determinados puntos de hecho, o que la indemnización que hubiere de fijarse o materia sobre la cual hubiere que decretarse, fuere dudosa, pues en cual-quiera de estos casos se devolverá la causa para su revi-sión al tribunal inferior.” (Bastardillas nuestras.) Cita el apelado en apoyo de su petición los casos de Frías v. Rodríguez, 14 D.P.R. 146; Zapata v. Caribbean Casualty Co., 38 D.P.R. 688; Martínez v. American Railroad Co., 19 D.P.R. 974; Caneja v. El Pueblo, 121 D.P.R. 247; Rivera et al. v. Tibot et al., 11 D.P.R. 553; Sosa v. The American Railroad Co. of Porto Rico, 12 D.P.R. 239; Cepeda v. Andino, 12 D.P.R. 197; Dapena v. Sucesión Dominicci, 12 D.P.R. 66; Alcaide v. Morales, 28 D.P.R. 278.

En la mayoría de estos casos al revocarse la sentencia dictada por la corte inferior devolvimos el caso para la celebración de un nuevo juicio debido a que se excluyó prueba que debió ser admitida o a que la prueba presentada en relación con la indemnización de daños solicitada era confusa y la situación de hechos debía ser aclarada.

En el caso de Dapena v. Sucesión Dominicci, supra, no obs-tante haberse celebrado un juicio, al revocar la sentencia y devolver el caso para la celebración de un nuevo juicio, diji-mos lo siguiente a la página 70:

“Pero por cuanto en otro juicio pueden hacerse otras alegaciones, tanto en la demanda como en la contestación, haciendo que la misma sea más específica y planteando todos los puntos comprendidos en el caso, y siendo muy escasos los hechos y la prueba, esta corte no debe dictar sentencia alguna, resolviendo en definitiva el caso.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de Sosa v. The American Railroad Co. of Porto Rico, supra, la corte inferior desestimó una demanda en reclamación de daños a virtud de excepción previa, en la que se alegó que la demanda no aducía hechos suficientes. Re-vocamos la sentencia y aplicando el artículo 306, supra, devol-vimos el caso “para su revisión, en el'sentido que estime más procedente con arreglo a derecho.”

Como hemos dicho, el apelado acompañó a su petición un affidavit de méritos. En él expone los hechos que aparecen en el “expediente administrativo, obrante en su poder, de Luis Abella Blanco, Registrador de la Propiedad de Caguas, ’ ’ en relación con la formulación de cargos de que fué objeto, el procedimiento que se siguió posteriormente, el cual culminó en la destitución del aquí apelante de dicho cargo.

Convenimos con el apelante, que así lo ha solicitado, que dicho affidavit de méritos debe tenerse por eliminado de los autos. No procede que resolvamos la cuestión planteada en la petición del apelado sino por las constancias de los autos, según los tuvimos ante nuestra consideración al dictar sen-tencia, ya que no estamos autorizados para admitir prueba aliunde a ellos en un recurso de apelación.

Concretándonos a la cuestión planteada ella se reduce a la determinación de si debemos ejercitar nuestra discreción, aplicando liberalmente las disposiciones del artículo 306, supra, a los hechos de este caso tal y como aparecen de las alegaciones y devolver el caso a la corte inferior.

Sostiene el apelado que, no obstante haber admitido en su contestación la alegación contenida en el hecho cuarto de la petición de mandamus al efecto de que los cargos for-mulados por el Gobernador al> peticionario eran “implicati--vos” de infracción a la Ley de 1904 Asignando Sueldos a los Registradores de la Propiedad, dicha alegación no es una afirmación de que se le formularon cargos por infracción a dicha ley sino una mera conclusión legal de que eran “impliea-tivos” de tal infracción; que aun cuando se sostuviera que dicha alegación es una correcta alegación de hechos y no nna conclusión legal y qne el apelado viene obligado por su admisión a dicho párrafo cuarto, dicha admisión pudo ha-berse hecho por error, inadvertencia o por cualquier otro motivo y que la realidad de los hechos no es la que aparece de dicha alegación y admisión y es por esto (pie solicita se devuelva el caso a la corte inferior para allí, si fuera nece-sario, tener la oportunidad de enmendar su contestación a fin de traer a los procedimientos los hechos reales y verda-deros del caso.

Arguye el apelante, en oposición, que ya esta Corte resol-vió esta misma cuestión, tanto en la opinión original como en la de reconsideración, y que, en todo caso, devolver el caso a la corte inferior “sería inútil y sólo serviría para dilatar la acción de la justicia, fomentar la multiplicidad de acciones y prolongar indebidamente este pleito,” ya qne “cualesquiera que sean los hechos imputados al demandante apelante, el pro-cedimiento seguido al decretarse la destitución, es ilegal y, por tanto, nulo, toda vez que, si los mismos constituyen infrac-ción a la Ley Asignando Sueldos a los Registradores de la Propiedad, es necesario aplicar las disposiciones contenidas en los artículos 28, 29 y 30 de dicha ley; y si tales hechos constituyen delitos graves, como pretende el demandado ape-lado, el procedimiento a seguir es el que determina el inciso 8 del artículo 208 del Código Político. ”

Argüyó, además, el apelante en la vista oral, que antes de que pudiera prevalecer la petición del apelado, tendríamos que resolver que un registrador puede ser separado de su cargo por causas distintas a las enumeradas en la ley de 1904, o sea, bajo las disposiciones de los artículos 53 y 208 del Código Político.

En cuanto a esta última contención ya resolvimos en la opinión original emitida en este caso que “El art. 53 del Código Político es una ley de carácter general y existiendo una de carácter especial aplicable a los registradores, éstos no deben considerarse comprendidos dentro de la ley general cuando infrinjan las disposiciones de la ley especial.” (Bas-tardillas nuestras.) La misma regla es aplicable a las dis-posiciones de los incisos 4 y 8 del artículo 208 del Código Político, supra. Empero, la cuestión en controversia, preci-samente, es si los cargos que dieron lugar a la destitución del apelante constituían infracciones a la ley especial de 1904, como alegó el apelante que así “implicaban,” hecho admi-tido por el apelado en su contestación, o si, como sostiene el apelado, dichos cargos incluían, además de infracciones a la ley de 1904, infracciones al Código Penal que constituyen deli-tos graves.

Hemos leído detenidamente la petición de mandamus y la contestación a la misma y si bien nos ratificamos en la conclusión expuesta en las opiniones emitidas anteriormente en este caso en relación con la admisión que hizo el deman-dado del hecho cuarto de la petición, creemos que la con-testación del demandado a otros hechos alegados en la peti-ción, contiene negaciones que, aun cuando imperfectamente expuestas, podrían ser interpretadas, con el propósito de hacer justicia sustancial, según provee la Regla 8(f) de las Reglas de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de que esta-blecieron una controversia y que de no dársele esa interpre,-tación podría el demandado, de acuerdo con la Regla 15 de las mismas Reglas, enmendar su alegación, con permiso de la corte, ya que dicha regla dispone que: “. . . se concederá el permiso liberalmente cuando la justicia así lo requiera.”

Si en el caso de Dapena v. Sucesión Dominicci, supra, aplicando el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, al revocar una sentencia después de celebrado un juicio en la corte inferior, lo devolvimos diciendo que podían hacerse otras alegaciones “tanto en la demanda como en la contes-tación, haciendo que la misma sea más específica y plan-teando todos los puntos comprendidos en el caso;” si las nuevas Reglas de Enjuiciamiento Civil disponen que las ale-gaciones se interpretarán con el propósito de hacer justicia sustancial o que se concederá liberalmente permiso para en-mendarlas cuando la justicia así lo requiera y si, por último, la tendencia moderna es que los pleitos se resuelvan por sus méritos y no a base de un mero tecnicismo o, como dijo el Juez Cardozo, refiriéndose entre otros casos, a la interpre-tación liberal de las alegaciones en casos civiles: “La ley ha salido ya de su primimtiva etapa de formalismo cuando la palabra precisa era él talismán soberano y cualquier desvia-ción era fatal, ” somos de opinión que se cumplen mejor los fines de la justicia en este caso, sin que ello pueda sig-nificar perjuicio alguno para el apelante si las alegaciones de su petición de mandamus son ciertas, al efecto de que los cargos que le formularon eran exclusivamente por infrac-ción a la ley de 1904, que el demandado apelado pueda tener la oportunidad que solicita de someter esta cuestión a la corte inferior o de enmendar su contestación,, y que el caso pueda verse y resolverse en su fondo, si dicha corte cree que así procede.

En su consecuencia, sé deja sin efecto la sentencia dictada en este caso el 3 de diciembre de 1946 y en su lugar.se dictará otra revocando la sentencia dictada por la corte inferior el 12 de marzo de 1946 y se devolverá el caso a dicha corte para ulteriores procedimientos.

       El art. 53 del Código Político dice así:
      “Destitución de funcionarios. El Gobernador tendrá facultad para separar a cualquier funcionario que hubiere nombrado; podrá declarar vacante el cargo y cubrirlo en la forma prescrita por la ley”:

       De conformidad con la sección 29 de dicha Ley, la corte con juris-dicción para imponer esas penas es la del distrito donde está situada la oficina del registrador.

       Un ejemplo de estas leyes especiales es la núm. 58 de 1930 (Leyes de 1930, pág. 419; Compilación 1941, pág. 1201), la cual provee un procedi-miento para la destitución de los jueces de distrito.

       El profesor L. Muñoz Morales, en su obra “Texto Revisado de la Ley Hipotecaria de Puerto Kieo y su Reglamento”, pág. 83, refiriéndose al citado Título X, dice:
      “Excepto el primer inciso que dejamos copiado del art. 297,. debe supri-mirse todo el contenido de este título X, en sus dieciséis artículos por ser hoy inaplicables y estar sustituidos por varias secciones do la Ley 'Asignando Sueldos a los Registradores de la Propiedad y para otros fines ’, aprobada en 10 de marzo de 1904, y enmiendas posteriores . . .”.

      En la vista, el Lie. Cayetano Coll y Cuchí compareció como amicus curiae.

      E1 texto inglés dice: “. . . the cause shall be remanded for a new trial in the court below.” (Bastardillas nuestras.)

      Este artículo dispone que: “Queda Tacante un cargo al ocurrir cual-quiera de los siguientes casos, antes de vencerse el período de su duración: . . . 8. — Ser sentenciado por delito grave (felony) o por cualquier delito que implique depravación moral o infracción de sus deberes oficiales.” El inciso 4 del mismo artículo dice: “Su separación del cargo.”

       Cardozo, The Nature of Judicial Process, pág. 100, et seq., citado más ampliamente en Crédito y Ahorro Ponceño v. Beveraggi, 55 D.P.R. 649, 657, 658.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    José, Catalina, Mercedes, Juana, Teresa y Feliciano Matienzo Kock, demandantes y apelados, v. Dr. J. S. Igartúa, demandado y apelante.
    Núm. 9350.

    Sometido: Noviembre 14, 1946.

      Resuelto: Diciembre 3, 1946.

      A. Muñoz Igartúa, abogado del apelante; JS. Pérez Casalduc, abo-gado do los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Los demandantes instaron la presente acción alegando que dentro del año precedente a su radicación ban estado en posesión de una finca urbana en la ciudad de Areeibo; que ban sido perturbados en dieba posesión por el demandado consistiendo dieba perturbación en el derribo por parte del demandado de una sección de una muralla existente entre el solar de los demandantes y la casa del demandado para, según' alegan los demandantes, ganar acceso al solar de ellos y poseeerlo y disfrutarlo. El demandado presentó una mo-ción solicitando especificación de particulares y los deman-dantes presentaron una estipulación sobre la moción de par-ticulares estableciendo: “El pedazo de terreno de que ban sido desposeídos se encuentra en la colindancia Oeste de la finca que se describe en la demanda y es de forma rectangular, de tres -(3) pies cuatro (4) pulgadas de ancho frente a la calle y treinta (30) pies de largo.” Contestó la demanda el demandado y el caso fue a juicio. Se presentó prueba por los demandantes al efecto de que en el solar de su propiedad existió un edificio en los bajos del cual había un café; qne entre este edificio y el del demandado existía el pasillo o callejón objeto de este pleito; que a pesar de haber una puerta en la casa del demandado que abría a dicho callejón, ésta permanecía incomunicada y el callejón era usado por los parroquianos del café para ir al cuarto del servicio sani-tario que quedaba al fondo; que el callejón quedaba inco-municado de la calle por una tapia de manipostería que es la que ahora se alega ha destruido en parte el demandado para hacer una puerta, y que más de un año antes de la interposi-ción de la demanda los demandantes demolieron su edificio dejando solamente en pie las cuatro paredes.

El demandado por su parte presentó prueba al efecto de que más de un año antes de la interposición de la demanda, o sea, desde que se demolió el edificio de los demandantes, fué abierta la puerta de su casa que estaba clausurada y que daba al callejón; que dicho callejón se usaba por los inqui-linos de su casa y por él, pública y pacíficamente; que se abrió una puerta en la pared que separaba el callejón de la calle para él poder pasar, no al solar de los demandantes, sino al callejón sin necesidad de pasar por la casa que ocu-paban sus inquilinos. Los propios demandantes aceptaron el hecho de que hacía más de un año que el demandado y sus inquilinos usaban el callejón sin su oposición.

La corte falló a favor de los demandantes, ordenando al demandado a tapiar el hueco abierto y a abstenerse de usarlo “para pasar al solar de los demandantes.” El demandado apeló.

La corte inferior en la relación de hechos que consideró probados admite que se probó, tanto por el demandado como por el propio demandante, que el demandado desde más de un año antes de radicarse la demanda estaba en posesión de la faja de terreno que existe entre la casa demolida de los demandantes y la casa propiedad del demandado. Empero declaró con lugar la demanda porque el demandado demolió una pared y abrió una puerta para tener acceso a dicha faja de terreno desde la calle Betances.

Erró, a nuestro juicio, la corte inferior al ordenar al demandado a tapiar el hueco abierto y abstenerse de usarlo “para pasar al solar de los demandantes,” ya que la prueba no demostró que dicho hueco fuera abierto para pasar al solar de los demandantes sino para tener acceso el deman-dado desde la calle al callejón que existe entre la casa del demandado y la de los demandantes y el cual desde hacía más de un año estaba en posesión del demandado, utilizado por él y sus inquilinos pero teniendo acceso al mismo sola-mente a través de la casa del demandado.' El hecho de que éste abriera una puerta en el extremo del callejón que da hacia la calle para poder entrar y salir al callejón del cual estaba en posesión dentro del año anterior a la radicación de la demanda, no constituyó ningún acto de perturbación en relación con el solar de los demandantes.

El caso de Manrique v. Alvares, 58 D.P.R. 74, citado por los apelados, es claramente distinguible del de autos. En aquél el demandado varió la forma en que se usaba un ca-llejón tanto por el demandante como por el demandado “construyendo un canal de concreto a todo lo largo de su centro y levantando su superficie a tal altura que, según el demandante, las aguas pluviales derramaban en el interior de su casa” y se resolvió que el demandado no podía inte-rrumpir con dicha obra el uso y disfrute del callejón que el demandante venía compartiendo con el demandado.

En el presente caso si bien la prueba de los demandantes tendió a demostrar que antes de demoler su casa ellos tam-bién usaban el callejón nada hay en la prueba que tienda a demostrar que dentro del año anterior a la radicación de la demanda ellos estuvieran en posesión del callejón. Por el contrario la prueba de los demandantes demostró que bacía más de dos años que ellos habían demolido su casa contigua al calléjón y que era con anterioridad a dicha fecha que los inquilinos de los demandantes usaban dicho callejón.

Bajo los hechos probados erró la corte inferior al declarar con lugar la demanda y en su consecuencia procede revocar la sentencia apelada y dictarse otra desestimando la demanda con costas sin cubrir honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: En Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    La Asociación de Maestros de Puerto Rico, peticionaria, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. R. Ramírez Pabón, Juez, demandada.
    Núm. 1673.

    Sometido: Noviembre 5, 1946.

      Resuelto: Diciembre 3, 1946.

      Virgilio Brunet, abogado de la peticionaria; José Sabater, abogado de las interventoras, peticionarias en el procedimiento de admi-nistración judicial.
   En Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Los hechos en este caso, según aparecen expuestos por la peticionaria y los cuales no han sido controvertidos, son los siguientes:

Ante la Corte de Distrito de Mayagüez se inició la causa civil Núm. R1855 sobre administración judicial en relación con los bienes de Doña Gertrudis Buiz, cuyos herederos, según resolución de la referida Corte de Distrito son Petra y Luisa Osorio y Buiz, y Carmen Luisa y Pedro Gumbe y Buiz, todos sobrinos de su causante Gertrudis Buiz.

Gertrudis Buiz fue miembro de la Asociación de Maestros de Puerto Bico hasta su fallecimiento y sus beneficiarios tenían derecho a una cuota mortuoria la cual se determina y se paga conforme a las disposiciones del artículo 11 del Reglamento de la Asociación de Maestros de Puerto Rico De acuerdo con ese reglamento la Junta Local de Mayagüez de la Asociación de Maestros de Puerto Rico dispuso que la cuota mortuoria de Gertrudis Ruiz le fuera pagada a los sobrinos Carmen Luisa y Pedro Gumbe y Ruiz.

Cuando ya la Asociación de Maestros había pagado una parte de la cuota mortuoria a dichos sobrinos, los otros dos sobrinos Petra y Luisa Osorio y Ruiz radicaron una moción en la Corte de Distrito de Mayagüez solicitando que por la referida Corte se ordenara a la Asociación de Maestros de Puerto Rico a depositar el balance de la cuota mortuoria en dicha Corte para beneficio de Petra y Luisa Osorio y Ruiz. Se basaba esta moción en el hecho de que habiendo cuatro sobrinos la cuota mortuoria era parte del caudal hereditario y por tanto debía distribuirse por partes iguales entre los cuatro sobrinos. La Corte de Distrito al resolver dicha moción, sin disponer que la Asociación de Maestros de Puerto Rico fuera incluida como parte, declaró con lugar la moción y en consecuencia- dispuso que por el Secretario se librara el correspondiente mandamiento dirigido a la Asociación de Maestros de Puerto Pico para que depositara el balance de la cuota mortuoria en dicha Corte. En su resolución la Corte de Distrito hizo un análisis de las disposiciones del reglamento de la Asociación de Maestros de Puerto Pico según el cual, cuando un asociado no deja herederos forzosos ni persona alguna designada por el asociado para recibir la cuota mortuoria el importe del seguro, una vez transcurrido un año, debe ingresar en el Fondo de Peserva del Seguro de la Asociación.

La Asociación de Maestros tuvo conocimiento de estos procedimientos ante la Corte de Distrito de Mayagüez cuando se le notificó con copia del mandamiento. Acto seguido so-licitó la oportunidad de ser oída ante la corte inferior y en apoyo de su solicitud, radicó un memorándum de autorida-des. Hubo oposición de las autoras de la moción y la Corte declaró sin lugar la solicitud. Veinte días después dicha Corte expidió una orden dirigida a los oficiales de la Aso-ciación de Maestros para que comparecieran el 12 de sep-tiembre ante dicha Corte a mostrar causa por qué no debían ser castigados por desacato por haber dejado de depositar en su Secretaría el balance de la cuota mortuoria. Compa-reció la Asociación y sometió un memorándum de autoridades respaldando su contestación a la orden para mostrar causa en la que alegó que la corte inferior carecía de jurisdicción y autoridad legal para obligar a la Asociación de Maestros de Puerto Rico a entregar suma alguna de dinero sin que antes se le venciera en juicio y sin que antes se le ofreciera la oportunidad de ser oída con respecto al derecho que alega tener la Asociación de Maestros de Puerto Rico sobre la cuota mortuoria de Gertrudis Ruiz.

La Corte de Distrito se reservó el fallo y con fecha 25 de septiembre dictó resolución declarando culpables de desa-cato a los oficiales de la aquí peticionaria, señalando el día 14 de octubre para dictar la correspondiente sentencia.

Para revisar estos procedimientos expedimos el auto de certiorari en este caso.

No debemos en este recurso entrar a considerar y resolver el alcance o interpretación que deba darse al artículo 11 del Reglamento de la Asociación de Maestros en tanto en cuanto a si de acuerdo con sus disposiciones la cuota mortuoria de Gertrudis Ruiz debió repartirse por la Asociación entre sus cuatro sobrinos. La única cuestión principal ante nosotros es si la corte inferior tiene jurisdicción para castigar por desacato a la aquí peticionaria. según anunció que lo baria én su resolución de septiembre 25, 1946, a menos que ella cumpliera con su orden anterior de que el balance de la cuota mortuoria de Gertrudis Ruiz fuera depositada por la peti-cionaria en la corte inferior para ser entregada a dos sobri-nos que no aparecían como beneficiarios de dicha cuota.

Hemos resuelto que nadie puede ser castigado por desacatar una orden judicial dictada sin jurisdicción. Núñez v. Soto Nussa, 14 D.P.R. 199; Asamblea Municipal v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 702; Paniagua v. Corte de Distrito, 34 D.P.R. 674; Ex Parte Le Hardy, 17 D.P.R. 1024; Coll v. Leake, Juez de Distrito, 17 D.P.R, 857. La tenía la corte inferior en este caso? Contestamos en la negativa.

La cuota mortuoria que Gertrudis Ruiz pagó a la Asociación para ser distribuida a su fallecimiento a los beneficiarios designados por ella o a aquéllos que fueran designados por la Asociación de acuerdo con el artículo 11, supra, no formaba parte del haber hereditario sujeto' a la administración judicial pendiente ante la corte inferior. Lo mismo sucede con el importe de una póliza de seguros cuyos beneficiarios son designados libremente por el asegurado sin sujeción a las disposiciones legales en relación con derechos hereditarios. Véase Oliver v. Oliver, 57 D.P.R. 491, y Espo-sito v. Guzmán, 45 D.P.R. 796. ¿Puede la corte, en una ad-ministración judicial del haber hereditario de un finado, ordenar a una entidad que no es parte en la administración y que tiene en sn poder bienes que prima facie no forman parte de la herencia, que esos bienes pasen a formar parte de dicho caudal, sin haber sido vencida en juicio dicha enti-dad? Creemos que no tiene jurisdicción para hacerlo, y el no cumplimiento de dicha orden no constituye desacato.

La determinación de si la cuota mortuoria en el caso de autos fué bien o mal distribuida por la Asociación de Maestros entre los beneficiarios de Gertrudis Ruiz o si dicha cuota debe pasar a los fondos de la propia Asociación, son cuestiones que dependen cíe la interpretación de los términos y condiciones del contrato que existió entre Gertrudis Ruiz y'la Asociación de Maestros de acuerdo con el artículo 11 de su reglamento, supra, y las cuales-no podían propiamente ser resueltas dentro del procedimiento de administración judicial.

La Asociación de Maestros no era, ni podía ser parte, en dicho procedimiento y no tenía derecho a intervenir en el mismo. Esto lo admitió la propia peticionaria en la vista oral. Empero, ella fué llevada al procedimiento e indebidamente ordenada por la corte a cumplir una orden dictada sin jurisdicción, Towner, Gobernador v. Corte de Distrito, 39 D.P.R. 505, y en su consecuencia no podía ser declarada culpable de desacato. MacLeod, Auditor v. Corte, 47 D.P.R. 337. T para revisar una actuación de esta naturaleza procede el certiorari. Amadeo v. Rossy, Juez de Distrito, 21 D.P.R. 350, y Towner v. Corte, supra.

Se declara con lugar la petición y en su consecuencia se anula la resolución dictada por la corte inferior el 25 de sep-tiembre de 1946 en el caso Civil Núm. R-1855, Ab Intestato de Gertrudis Ruis y Parra.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

       DI artículo 11, inciso ' ‘ IT ”, dice:
      “1?. Declaratoria de Beneficiarios. Todos los miembros de esta Asociación deberán llenar una tarjeta, que se les proporcionará, e indicar en ella la persona o personas a quienes desean instituir como beneficiarios de su Seguro en caso de muerte. Diclia tarjeta será firmada por el asociado en presencia del Presidente y Tesorero de su Junta Local y éstos certificarán el docu-mento, enviándolo a las oficinas centrales de la Asociación, donde quedará archivado formalmente.
      “Ninguna de estas tarjetas tendrá valor alguno para loa efectos del Seguro si estuviere fuera del archivo oficial de la Asociación en la fecha del falleci-miento del asociado.
      “Si un miembro fallecido no hubiere hecho por escrito la designación de sus beneficiarios, según se dispone en este Reglamento, el Presidente do la Asociación lo informará así al Presidente de la Junta Local a que estaba afiliado el asociado fenecido quien convocará inmediatamente a la Directiva Local a sesión extraordinaria para imponerla de esta circunstancia, de manera que so inicien inmediatamente por sus miembros investigaciones adecuadas para determinar quiénes son los familiares del asociado. En una reunión subsi-guiente de dicha Directiva Local ésta tomará acuerdo formal disponiendo la distribución discreción^, del importe de la cuota mortuoria del asociado fene-cido en esas circunstancias a la per-sona, o entre las personas que, crean con más derecho o con mayor necesidad entre la viuda, hijos, padres, hermanos u otros familiares descendientes que tuvieron relación directa con el maestro fallecido; acuerdo éste que, debidamente certificado, se le trasmitirá al Presi-dente de la Asociación para su aprobación y cumplimiento.
      “Si el maestro fallecido no hubiere dejado herederos forzosos ni persona alguna designada para recibir la cuota mortuoria, ésta deberá ser ingresada, después de transcurrido un año, en el Pondo de Reserva del Seguro."

       Ni bajo los términos de la Regla 24 de las nuevas Reglas de Enjuicia-miento Civil ni bajo los del art. 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, podía reconocerse ese derecho a la aquí peticionaria.

       El caso de Dubón v. Casanova, 65 D.P.R. 835, citado por la corte inferior en apoyo de su resolución es claramente inaplicable a los hechos del caso do autos.