text:
    Aníbal Maldonado y su esposa Isabel Tirado, demandantes, apelados y apelantes, v. Emiliano Rodríguez, demandado, apelante y apelado.
    Núm. 8283.

    Sometido: Mayo 21, 1941.

      Resuelto: Junio 2, 1941.

      Litis Mercader, abogado del apelante apelado; Diego E. Ramos, abo-gado de los apelados apelantes.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En la demanda enmendada radicada ante la Corte Municipal de Arecibo los demandantes alegaron ser dueños de un cuadro de terreno radicado en el barrio Río Arriba de Arecibo y que sobre dicho terreno se halla ubicada una casa de madera propiedad del demandado la que tiene un valor de $200 y que ocupa parte de dicho predio sin que el demandado pa-gue canon ni merced alguna por el uso de la ^superficie del solar que ocupa la casa, habiéndose negado a retirar la casa y desocupar el solar lo que el demandado puede hacer sin menoscabo del solar. Como consecuencia solicitaron los de-mandantes sentencia que declarara que ellos tienen derecho a hacer suya la obra o casa del demandado de acuerdo con el artículo 297 del Código Civil previa la indemnización estable-cida en los artículos 382 y 383 del mismo cuerpo legal, y que al efecto estaban dispuestos y se obligaban a consignar en corte a disposición del demandado $200, valor de la casa o a con-signar el importe de la tasación que determinaran los peritos nombrados por la corte, y por último, que una vez firme la sentencia se ordenara al demandado dejar expedita y a la libre disposición de los demandantes la casa y si se negare a ello se proceda a su lanzamiento por el márshal.

El demandado en su contestación negó los hechos esen-ciales de la demanda y especialmente que la casa fuera de la única propiedad del demandado y como defensa alegó que la casa valía más de $700 y radicaba en una finca de tres cuerdas propiedad no de los demandantes sino de la Sucn. Domeña.

Celebrado el juico correspondiente la corte municipal declaró con lugar la demanda y valoró la casa en $225. Apelado el caso a la corte de distrito, se celebró el juicio de novo y se volvió a declarar con lugar la demanda pero se valoró la casa en $400, suma que se ordenó a los deman-dantes consignar en corte a disposición del demandado, y se le ordenó desocupar la casa. De esta sentencia han ape-lado ambas partes, habiéndose tramitado los recursos con-juntamente.

El único error señalado por los demandantes en su recurso se refiere a que la corte inferior tasó la casa en.la excesiva suma de $400, habiendo sido inducida a ello por pasión, prejuicio, parcialidad o manifiesto error al apreciar la prueba. Este único error puede ser resuelto conjunta-mente con el quinto señalamiento hecho por el demandado que alega que la casa vale $700 y que la corte cometió error al apreciar la prueba. Hemos leído las declaraciones de los peritos de una y otra parte según aparecen de la transcrip-ción de la evidencia y somos de opinión que no debemos variar la conclusión a que llegó la corte inferior al fijar el valor de la casa. Mientras los testigos del demandado de-clararon que la casa tenía un valor de $500 a $700 el perito de los demandantes declaró que sólo valía de $200 a $225. La corte inferior adoptó un término medio entre los dos extremos seguramente exagerados y fijó el valor en $400. No cometió error y procede, por tanto, desestimarse el re-curso de los demandantes.

Veamos los demás errores alegados por el demandado. El primero se refiere a no haber la corte inferior declarado que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción. Aunque no se presentó ex-cepción previa alguna al efecto, según aparece de los autos, la demanda enmendada contiene las alegaciones necesarias a la acción ejercitada por los demandantes. El artículo 297 del Código Civil dispone lo siguiente:

“Artículo 297. — El dueño del terreno en que se edificare, sem-brare, o plantare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización establecida en los ar-tículos 382 y 383 de este código, o a obligar al que fabricó o plantó, a pagar el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspon-diente. ’ ’

Sostiene el apelante que no se alega que el demandado fa-bricara de buena o mala fe y que no se ofreció pagar al deman-dado la indemnización correspondiente. La buena fe se presume siempre y, por tanto, no era necesario alegarla expre-samente y en cuanto a la indemnización los demandantes en la demanda hicieron constar que solicitaban se les con-denara a pagar la indemnización que provee el artículo 297 supra y se comprometieron a consignar $200 o cualquiera otra cantidad que determinaran los peritos nombrados por la corte. No se cometió error.

Por el segundo señalamiento se dice qne la corte inferior actuó sin jurisdicción por haberse probado que la casa valía más de $700 y que por tanto la corte municipal no tuvo jurisdicción original en el caso y tampoco la corte de distrito en apelación. Ya Iremos resuelto que la corte inferior no cometió error al fijar el valor de la casa en $400, de manera que tampoco existe este error.

Por el tercer señalamiento se alega que se cometió error por la corte sentenciadora al declarar válidas las donaciones hechas y alegadas por Margarita Domeña sin que fueran hechas de acuerdo con la ley y, por ende, decretar que los demandantes son dueños del solar en que ubica la casa del demandado.

De la prueba presentada por los demandantes aparece probado que ellos adquirieron la parcela de terreno en que radica la casa por compra a María Pía González por escri-tura núm. 63 otorgada el 5 de octubre de 1938; que doña María Pía González lo adquirió diez años antes por escritura núm. 99 otorgada el 9 de septiembre de 1928 por compra a Margarita Domeña y que ésta a su vez lo había adquirido por donación que le hicieran todos sus hermanos según apa-rece de las escrituras núm. 69 otorgada el 30 de junio de 1928 y núm. 72 otorgada el 6 de julio de 1928.

La contención del apelante es que estas donaciones son nulas porque en las escrituras antes mencionadas se hace constar que el padre Ramón Domeña donó en vida a su hija Margarita la casa y el terreno y que siendo casado don Ra-món su esposa tenía la mitad indivisa de la finca y ella no intervino en las donaciones. En primer término diremos que lo que se hace constar en las escrituras es que Ramón Domeña, padre de Margarita, le había hecho donación de una casa pero en absoluto se habla de terreno alguno. En cuanto a si las donaciones hechas por sus hermanos a Margarita son válidas o no ya esta Corte resolvió la cuestión planteada en el caso de Arroyo et al. v. Bruno et al., 23 D.P.R. 814, 821, cuando se dijo:

“Además, no siendo los demandados los herederos legítimos del donante, es bien claro que no tienen acción alguna para impugnar la donación a que se refiere la demanda. Tal acción sólo correspon-dería en el caso ele existir a los herederos legítimos qv,e según la demanda son otras personas distintas de los demandados.” (Itáli-cas nuestras.)

Igual situación existe en el caso que resolvemos. El demandado no ha alegado ni probado que sea heredero legí-timo de los donantes en este caso y no puede por tanto impugnar la donación hecha por los Domeña a favor de Margarita de quien procede el título de María Pía Gonzá-lez y de los aquí demandantes.

El demandado por el cuarto señalamiento alega ■que cometió error la corte inferior al declarar que el demandado debe dejar la casa al demandante mediante pago ■de $400 a pesar de que la misma sólo pertenece a él en la mitad indivisa siendo la otra mitad de la que fuá su esposa Elena Iguina.

Como hemos visto antes por el resumen que hemos hecho ■de las alegaciones, en la contestación, el demandado negó la .alegación de la demanda de que la casa fuera de la única propiedad suya. De la prueba presentada por el demandado y admitida por la corte aparece que la casa objeto de esta acción fue adquirida por el demandado y la que fue su es-posa Elena Iguina por permuta que hicieron de otras pro-piedades con los esposos Alfonso Muriente y Marcolina Ló-pez. Así aparece de la escritura núm. 83 otorgada en Are-•eibo el 25 de agosto de 1938 ante el Notario J. Córdova Bivera, donde se hizo constar lo siguiente:

“Primero: Que don Emiliano Rodríguez Suazo y doña Elena '.Iguina, cuando eran casados entre sí adquirieron para la sociedad .de gananciales la siguiente finca, inscrita al tomo 89, folio 176, y afecta a Tina hipoteca por teesoientos CINcueNta dólaees ($350) de capital principal y CIEN dólaees ($100) de crédito adicional a favor de don Angel M. Yumet, la siguiente finca: (se describe.)
‘1 Segundo: Que a pesar de que don Emiliano Rodríguez Suazo y doña Elena Iguina, fueron divorciados entre sí, no se ha practicado la división de la sociedad de gananciales, por lo que la anterior finca descrita pertenece a ambos.
‘ ‘ Tercero: Que la antes descrita finca tiene un valor de mil cua-trocientos dólares ($1,400.)
“Cuarto: Que los otros comparecientes esposos Alfonso Muriente y Marcolina López son dueños de la siguiente: (Se describe la casa objeto de esta acción.)
‘1 Quinto: Que teniendo convenida la permuta de las antes indi-cadas fincas, ahora y por la presente don Emiliano Rodríguez Suazo y doña Elena Iguina permutan su finca de cuatro y media cuerdas? descrita anteriormente con los esposos don Alfonso Muriente y doña Marcolina López por la finca, esto es por la casa de maderas, que per-tenece a los referidos esposos, que fué descrita anteriormente, que-dando por tanto desde este momento don .Emiliano Rodríguez Suazo y doña Elena Iguina como únicos dueños de la casa que pertenecía a los esposos Mímente López, y asimismo los esposos Muriente López quedan como iónicos dueños de la finca de cuatro y media cuerdas que antes pertenecía a don Emiliano Rodríguez Suazo y a doña Elena Iguina. Pero observándose que la finca de cuatro y media cuerdas tiene un valor de mil cuatrocientos dólares ($1,400) mientras que la casa descrita tiene solamente un valor de cuatrocientos cincuenta dó-lares ($450) ahora los esposos Muriente López y para completar el valor de la finca de cuatro y media cuerdas, valorada en mil cuatro-cientos dólares ($1,400), hacen entrega a don Emiliano Rodrigitez Suazo y a doña Elena Iguina de la suma de cuatrocientos cincuenta dólares ($450) en dinero; más un pagaré por ciento cincuenta dó-lares ($150) haciéndose los citados esposos Muriente López responsa-bles a pagar los trescientos cincuenta dólares ($350) que grava la. finca con la hipoteca del señor Yumet. De manera que valor de la. casa cuatrocientos cincuenta dólares ($450) más cuatrocientos cin-cuenta dólares ($450) en metálico; más ciento cincuenta dólares. ($150) en un pagaré; más trescientos cincuenta dólares ($350) de la hipoteca de Yumet, hace un total de mil cuatrocientos dólares ($1,400) que es un valor igual al de la finca. Y en estas condiciones, ha quedado la permuta consumada.” (Itálicas nuestras.)

Esta prueba no fué controvertida en forma alguna por los demandantes y ella demuestra que la casa objeto de este litigio no pertenece al demandado únicamente sino que su ex esposa Elena Iguina es dueña de una mitad proindivisa en dicha casa ya que ella al disolverse el matrimonio adqui-rió inmediatamente el derecho a la mitad de todos los bienes gananciales que existían (Fabián v. Registrador, 25 D.P.R. 899) habiendo intervenido en su permuta por la casa en liti-gio. Es cierto, como dicen los demandantes, que la excep-ción previa de defecto de parte demandada no puede alegarse por primera vez en apelación según se resolvió en el caso de Plazuela Sugar Co. v. García, 22 D.P.R. 45, pero esa no es la cuestión primordial sino que en el caso de autos la condueña de la casa no fué vencida en juicio, no tuvo su día en corte. Debió haber sido hecha parte demandada y al no hacerlo así los demandantes, y al demostrarse por la prueba documental que el demandado sólo era condueño de una mitad proindivisa de la casa, la sentencia de la corte-inferior debió limitarse a reconocer en los demandantes el derecho de adquirir el condominio del demandado. El error1 fué cometido pero no conlleva la revocación de la sentencia porque, de acuerdo con el artículo 74 del Código de Enjui-ciamiento Civil, la corte sentenciadora pudo resolver la con-troversia entre las partes sin perjudicar o salvando los derechos de la'condueña Elena Iguina. Lo que procede, por tanto, es modificar la sentencia apelada en el sentido de que los demandantes deberán depositar en la secretaría de la corte inferior la suma de $200 importe del condominio pro-piedad del demandado equivalente a una mitad de la casa objeto del litigio, sin perjuicio de que los demandantes en-táblen la acción correspondiente en contra de la condueña Elena Iguina para adquirir el restante condominio, previa la indemnización del valor en que sea tasado el mismo en dicha acción, y así modificada se confirma la sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Santiago Reyes, demandante y apelante, v. Ramón Vázquez Fuentes y Dionisio Vázquez Fuentes, demandados y apelados.
    Núm 8309.

    Sometido: Mayo 27, 1941.

      Resuelto: Junio 3, 1941.

      F. B. Aponte, abogado del apelante; M'. Velazquez Flores, abogado de. los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En su demanda ante la Corte de Distrito de Humacao, Santiago Beyes alegó ser dueño de una finca de tres cuerdas; que en dicha finca y hacia su eolindancia Este, cada uno de los dos demandados tiene instalada una pequeña casa de ma-dera, en las cuales habitan, ocupando el terreno a virtud de la ■tolerancia del demandante, sin pagar canon o merced alguna y sin tener título o derecho alguno; que los demandados han sido requeridos para que desalojen las fajas de terreno '■que respectivamente ocupan y se han negado a ello; y ter-mina el demandante solicitando que se decrete el desahucio y se ordene el lanzamiento de los demandados.

Contestaron la demanda ambos demandados. Negaron que ellos tuvieran casa alguna instalada en terrenos del de-mandante, y, en contrario, alegaron que cada uno de ellos posee una casa instalada en fincas de José María Ortiz, co-lindando con los terrenos que alega ser snyos el demandante, por la parte Este; que los demandados nunca han ocupado terrenos que formen parte de la finca que se describe en la demanda, la cual se encuentra libre y a disposición del demandante.

Visto el caso, la corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y condenando al demandante a pagar la suma de $50 como honorarios de abogado.

El demandante apelante basa su recurso en cuatro seña-lamientos de error, a saber: (a), que la sentencia es con-traria a derecho; (b), que el juez sentenciador erró al estimar que las casas de los demandados no quedan dentro de la finca objeto del desahucio; (c) que es errónea la con-clusión a que llegó la corte inferior, al efecto de que el demandante debió haber establecido previamente una acción de deslinde para determinar la verdadera cabida y colín - dancia de la finca; y (d), que la sentencia es contraria a la prueba.

Como se ve, todos los señalamientos están relacionados con la apreciación de la evidencia y por tanto pueden ser discutidos conjuntamente. Empezaremos por hacer un resumen de la prueba.

El demandante presentó la escritura por la cual él ad-quirió de Ramón Vázquez, padre de los demandados, una finca que se describe así:

“RÚSTICA. — Predio de terreno compuesto de tres cuerdas, radi-cado en el barrio ‘Candelero Abajo’ del término municipal de Huma-cao, colindante por el Norte con Felipe del Rosario, por el Sur con Sucesión de Manuel Surillo, por el Este con Sucesores de José María Ortiz, y por el Oeste con la Sucesión de Manuel Santiago.” (Itáli-cas nuestras.) .

El demandante declaró: que es dueño de un predio de terreno que compró a Ramón Vázquez Medina, padre de los demandados; que el demandado Ramón Vázquez Fuentes está en posesión de nna parte de la finca, la qne ocnpa con una casita, situada como a 15 ó 20 varas de la colindancia Este con la Sucesión de José María Ortiz; qne en la colin-dancia hay un rail enclavado en dirección a un almacigo gl Sur; qne la casita queda dentro de las colindancias de su finca; que el otro demandado tiene otra casita, también dentro de las colindancias de su finca, como a 35 varas de la colindancia Este; que ha requerido a ambos demandados para que desalojen la finca y se han negado a irse. En la repregunta contestó: que cuando él compró la finca, ésta no fue medida; que es posible que la finca tenga menos o más de tres cnerdas; que él pagó por tres cuerdas, “las que dicen las colindancias”; que no sabe cuántas cuerdas tiene la finca de la Sucesión Ortiz, con la que colinda la suya por el Este; que las casas fueron construidas hace tiempo, mucho tiempo antes de que él comprase la finca; que no puede asegurar si el terreno ocupado por las casas pertenece a las tres cuerdas que él compró, pero cree que pertenece; que las colindancias que tiene ahora la finca son las mismas que tenía cuando él compró; que él nunca ha cercado la finca por ningún lado; que su finca no ha sido nunca deslin-dada en relación con las otras fincas que la rodean; que el rail que hay en la colindancia fue puesto allí por la Suce-sión Ortiz.

Ramón Vázquez, antiguo dueño de la finca y padre de los demandados, declaró: que las casas de los demandados quedan fuera de la finca de tres cuerdas vendida por él al demandante; que la casa suya y las de sus hijos quedan en terrenos de la Sucesión Ortiz, a poca distancia de la guar-darraya; que hace cinco años vivía en esa guardarraya, en una pequeña casa, que es la misma donde vive en la actua-lidad; que poseyó la finca diez o doce años y que durante ese tiempo tuvo las mismas colindancias que ahora tiene; que la única casa que hubo dentro de su finca es la que él ocupa; que en la colindancia con'la Sucesión Ortiz no'hay ningún palo natural ni rail para marcar la .guardarraya.

El demandado Bamón Vázquez Fuentes, declaró: que las dos casas en cuestión quedan en terrenos de la Sucesión Ortiz y no dentro de las tres cuerdas que su papá vendió al demandante; que no existe ninguna colindancia natural entre una y otra fincas; que hace cinco años vivía dentro de las tres cuerdas y hace como dos años se cambió para el terreno de la Sucesión Ortiz; que él trasladó su casa de los terrenos que eran de su padre a los de Ortiz; que sacó’ la casa porque su papá le dijo que había vendido las tres cuerdas al demandante.

• A petición del demandante, la corte practicó una inspec-ción ocular, después de la cual el caso quedó sometido para sentencia. A continuación copiamos aquella parte de la opi-nión de la corte inferior que se refiere a la apreciación de la prueba:

... De la prueba practicada por el demandante surgen los si-guientes hechos:
“Que Santiago Reyes compró el predio que se describe en la de-manda a la Sucesión de Ramón Vázquez Medina, padre de los de-mandados; que Ramón Vázquez Fuentes ocupa en la parte Este de la finca uua porción de la misma en la cual tiene enclavada una casa que mide 10 metros de frente por 8 de fondo; que Dionisio Vázquez Fuentes ocupa la otra parte de la finca en la cual está enclavada la otra casa; que cuando compró la finca las dos casas estaban allí; que no ha medido las tres cuerdas que le vendieron; que las dos ca-sas estaban en una esquina de la finca Australia; que en la escritura no se hizo constar los puntos de la finca, ni ha deslindado la misma.
“La prueba de los demandados tiende a demostrar que las dos casas que habitan quedan dentro de terrenos de la Sucesión de don José María Ortiz, y que han venido habitando las mismas por espacio de cinco años.
“A s'olicitud de las partes se procedió a una inspección ocular de, la finca y de las casas objeto de este litigio. Por la apreciación que este juez hizo de las colindancias, según indicadas por el demandante y por los demandados, arriba a la conclusión, en armonía con la prueba testifical, de que el predio de terreno comprendido dentro de las colindancias que señala Santiago Reyes tiene un cabida de más de tres cuerdas.
“Opina asimismo la corte que la parte demandante no ha demos-trado, con la prueba aportada, que esas dos casas queden dentro de las tres cuerdas de terreno que compró al padre de los demandados. La situación entre las partes en cuanto a sus respectivos derechos no podría la corte resolverla en este caso sin que previamente hubiera un deslinde para determinar la verdadera cabida y colindancias de la finca del demandante. Teme el tribunal que al resolver con lu-gar una demanda de desahucio en las condiciones que revela la prueba, cometa una enorme injusticia.”

De la evidencia resulta un conflicto de títulos, toda vez que la de los demandados tiende a sostener la alegación de que el demandante no tiene título alguno sobre el terreno ocupado por sus respectivas casas. De ella surge además un serio conflicto en cuanto a si las casas están ubicadas dentro de los límites de la finca que se describe en la de-manda o si poro el contrario se encuentran 'del otro lado de la colindancia Este de dicha finca, en terrenos pertenecientes a personas que no son partes en esta acción. La corte inferior decidió ese conflicto en favor de los demandados, por estimar sin duda alguna que era al demandante a quien incumbía probar que' las casas de los demandados están realmente situadas dentro de los linderos de su finca. La prueba aducida por el demandante es en verdad insuficiente para llevar al ánimo del juzgador la convicción de que los demandados están ocupando ilegalmente terrenos del de-mandante. El propio demandante demostró no estar seguro de la certeza de sus alegaciones, pues al ser repreguntado dijo que no está seguro de que el terreno ocupado por las casas pertenece a las tres cuerdas que él compró, y sólo se atrevió a decir que cree que pertenece. Bajo esas' circuns-tancias, no podemos decir que la corte inferior haya errado en la apreciación que hizo de la evidencia.

Existe otro motivo — no invocado por los apelados— para que la sentencia recurrida sea confirmada. Son hechos aceptados por ambas partes que los demandados construyeron a sus expensas y son dueños de las dos casas en cuestión, las cuales ocupan con sus familiares; que esas casas existían donde ahora se encuentran desde mucho antes de que el demandante adquiriese la finca de tres cuerdas; y que el de-mandante al adquirir la finca tenía pleno conocimiento de la existencia de dichas casas. Asumiendo que éstas estén enclavadas en terrenos del demandante, la posisión de los demandados es la de edificantes y poseedores de buena fe y como tales con derecho a poseer y ocupar las edificaciones mientras el dueño del terreno no les pague el importe de los materiales y el costo de la mano de obra. La demanda en el presente caso no alega que el demandante haya hecho ese pago con anterioridad a la radicación de la demanda y por tanto no aduce hechos suficientes para que el demandante pueda basar en ellos una acción de desahucio en precario.

Véanse: Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381; Carrasquiüo v. Ripoll y Maldonado, Int., 56 D.P.R. 395; Palermo v. Corte, 58 D.P.R. 189; y Maldonado et al. v. Rodrígues, ante, pág. 778.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.


author: El Jijez Asociado Señor, Travieso

text:
    Gilberto Castro Pérez, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Luis Janer Landrón, Juez, demandada.
    Núm. 352.

    Sometido: Mayo 29, 1941.

      Resuelto: Junio 4, 1941.

      V. Gutiérrez Franquí y M. Velázquez Flores, abogados del peticio-nario.
   El Jijez Asociado Señor, Travieso

emitió la opinion del tribunal.

' El presente es uno de cinco recursos de mandamus radi-cados ante esta corte en 28 de mayo de 1941 y registrados bajo los números 352, 353, 354, 358 y 359. En cada uno de ellos se pide se dicte un auto de mandamus dirigido a la Corte de Distrito de Humacao, por el que se le ordene que proceda a decretar el archivo y sobreseimiento de una causa criminal pendiente ante dicha corte contra el peticionario, por el alegado motivo de no haberse celebrado la vista den-tro del término de 120 días prescrito por el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Los hechos en todos y cada uno de los cinco casos son prácticamente idénticos. Expondremos brevemente los del peticionario Gilberto Castro Pérez, tal cual aparecen de la petición.

La acusación contra Castro, por el delito de portar armas, fué radicada el 25 de noviembre de 1940. En diciembre 9, 1940, al serle leída la acusación, el acusado solicitó y le fué concedido un término de 10 días para hacer su alegación, término que fué prorrogado a su instancia hasta el 27 de diciembre de 1940. Transcurrido el término sin que el acusado hiciera alegación alguna, la corte, el mismo día 27, ordenó al secretario que registrara alegación de inocente. El día 14 de marzo de 1941, o sea 77 días después de haber expirado la prórroga solicitada por el acusado, la corte señaló para la celebración del juicio el día 2 de abril de 1941.

Es cierto que desde la fecha de presentación de la acu-sación — noviembre 25, 1940 — hasta la fecha señalada para el juicio — abril 2, 1941 — -transcurrieron 127 días. Pero no es menos cierto que de esos 127 días, dieciocho, o sea los com-prendidos entre diciembre 9 y diciembre 27 de 1940, fueron consumidos inútilmente por el propio acusado, solicitando términos y prórrogas para hacer alegaciones que nunca hizo, lo que revela que su propósito era el de dilatar la celebra-ción de la vista y no el de conseguir el juicio rápido a que tiene derecho de acuerdo con la ley.

No es posible permitir que mi acusado recurra a tácticas dilatorias para evitar la celebración del juicio, y que más tarde invoque sus propios actos para quejarse de que el juicio no se baya celebrado dentro del término fijado por el estatuto. Si descontamos de los 127 días los dieciocho transcurridos desde el 9 al 27 de diciembre de 1940, resulta que el término hábil transcurrido desde la presentación de la acusación hasta la fecha señalada para la celebración del juicio quedó reducido a 109 días. Véanse: El Pueblo v. Valdespino, 31 D.P.R. 526; El Pueblo v. Díaz, 22 D.P.R. 191; El Pueblo v. Balzac, 56 D.P.R. 649; El Pueblo v. Rodríguez, 57 D.P.R. 21; Gerardino v. People, 29 F. (2d) 517.

Resultando de las alegaciones de la petición que el peti-cionario no tiene derecho al remedio que solicita y que la corte de distrito actuó correctamente al resolver que existía justa causa para denegar la moción de archivo y sobresei-miento, debemos resolver que no ha lugar a expedir el cmto solicitado.


author: El Juez Asociado Señor Travieso emitió

text:
    Manuel Rivera Pérez, peticionario, v. Corte de Distrito de Humacao, Hon. Luis Janer Landrón, Juez, demandada.
    Núms. 355, 356 y 357.

    Sometidos: Mayo 29, 1941.

      Resueltos: Junio 5, 1941.

      V. Gutiérrez Franqiti y M. Velazquez Flores, abogados del peticio-nario.
   El Juez Asociado Señor Travieso emitió

la opinión del tribunal.

El peticionario Manuel Rivera Pérez ha radicado ante esta Corte Suprema tres peticiones separadas de mandamus, registradas bajo los núms. 355, 356 y 357, en las que solicita, respectivamente, que expidamos-un auto de mandamus diri-gido a la Corte de Distrito de Humacao, ordenándole que proceda a decretar el archivo y sobreseimiento de las causas criminales números 15,947, 15,948 y 15,949 de dicha corte, por el alegado motivo de no haberse celebrado la vista de dichas causas dentro del término de 120 días fijado por el artículo 448 (inciso 2) del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Los hechos alegados en las tres peticiones son idénticos y brevemente expuestos son como sigue:

La denuncia contra el peticionario fué radicada el 25 de noviembre de 1940 y le fué leída al acusado el 9 de diciem-bre del mismo año. El día 14 de marzo de 1941 se señaló el caso para ser visto el día 31 del mismo mes. El 25 de marzo de 1941, el acusado pidió por primera vez que se anticipara la fecha del juicio, a lo que no pudo acceder la corte por impedírselo el exceso de trabajo que en ella hubo desde noviembre 1940 hasta marzo 1941.

El 27 de marzo de 1941, el acusado radicó ante la corte inferior una moción de archivo y sobreseimiento, la cual fué declarada sin lugar por resolución de mayo 13, 1941, que en lo pertinente lee así:

“ ... Si bien es cierto que el juicio se señaló para el 31 de marzo, esto es, siete días después de vencido el plazo estatutario, como el señalamiento se hizo dentro de dicho plazo, y no fué hasta marzo 25, 1941, o sea, 11 días posteriores a marzo 14, 1941, y por lo tanto, un día después de vencidos los 120 días estatutarios que el acu-sado actuó por primera vez para pedir se anticipara la fecha del juicio, no demostró el interés necesario para obtener la celebración de un juicio rápido.
“Por otra parte, el fiscal ofreció prueba que se practicó debida-mente, tanto documental como testifical, según consta del récord ta-quigráfico al efecto tomado, demostrando la imposibilidad de la corte, por las circunstancias reinantes en la misma, durante los meses com-prendidos desde noviembre 1940 hasta marzo 1941, de celebrarse esta vista antes de la fecha en que fué señalada.
“El juicio, que estaba señalado para el 31 de marzo, quedó sus-pendido, a petición del acusado, basta nuevo señalamiento.
“Dentro de las circunstancias concurrentes de este caso, la corte deniega la moción de archivo y sobreseimiento y señala para juicio el próximo día 9 de junio de 1941, a las nueve de su mañana. (Garcés v. Corte, 55 D.P.R. 932; El Pueblo v. Ortiz, 51 D.P.R. 379.) Notifíquese. ’ ’

En el caso de Garcés v. Corte, 55 D.P.R. 932, citado polla corte inferior, las acusaciones fueron presentadas en julio 21, 1939, y el juicio señalado para • diciembre 1 del mismo año, o sea para diez días después del término de ciento veinte días fijado por el estatuto. El señalamiento se bizo el 25 de noviembre, esto es, unos cuatro días después de vencido el término de ciento veinte días. Al decretar la expedición de un auto perentorio de mandamus, esta corte, por medio de su Juez Presidente señor Del Toro, se expresó así:

“Bajo los hechos expuestos, aunque se trata de un caso en que la desviación del orden legal no es seria, nos vemos obligados a acce-der a lo solicitado porque no ya el juicio fué señalado para después de los 120 días de presentada la acusación si que el señalamiento se hizo vencido dicho término, sin que exista la más leve indicación que-tienda a explicar por qué no pudo hacerse antes.
“Se comprende que una corte de distrito tenga tantos asuntos que aunque trabaje activamente no pueda en algunas ocasiones verlos dentro de los ciento veinte días, pero no se explica 'que una corte no pueda señalar la vista de las causas pendientes ante ella y listas para señalarse, con bastante antelación al vencimiento del término. Si el señalamiento se hace de tal modo y el derecho al juicio rápido no se reclama razonablemente antes de que venza el término, quedaría re-nunciado. Si se reclama, surgiría la oportunidad de hacer cuanto fuera posible por adelantar el señalamiento. No siéndolo, quedaría demostrada la justa causa para ello que prevé la propia ley y en caso de solicitarse el sobreseimiento estaría perfectamente justificada la corte en denegarlo.”

En los casos que estamos considerando, los señalamien-tos se hicieron el día 14 de marzo de 1941, cuando sola-mente habían transcurrido 110 de los 120 días del término estatutario. El acusado dejó transcurrir once días, hasta el 25 de marzo, o sea hasta un día después de haber expirado el término de 120 días, para pedir que se anticipara la fecha del juicio. Y al ser llamado para juicio en 31 de marzo de 1941, el acusado, en vez de insistir en que se decidiese pre-viamente su moción de archivo y sobreseimiento, solicitó la suspensión del juicio hasta nuevo señalamiento.

En El Pueblo v. Ortiz, 51 D.P.R. 379, citado también por la corte recurrida, el señalamiento fué hecho antes de la expiración del término para una fecha seis días después de haber expirado’ dicho término. El acusado, un día antes de la fecha señalada para el juicio, solicitó el archivo y sobre-seimiento, le fué denegado y apeló. Al desestimar el recurso, t-sta corte, también por su Juez Presidente Sr. Del Toro, dijo:

“Una simple operación aritmética permite concluir que el tér-mino de ciento veinte días venció el 3 de septiembre y que por tanto había transcurrido a la fecha de la celebración del juicio. ¿Pudo, sin embargo, invocar su derecho el acusado cuando lo hizo, esto es, el 8 de septiembre, o sea un día antes del juicio, no obstante haberse hecho el señalamiento desde el 7 de agosto anterior, según la cédula de citación que tuvo a la vista al declarar el secretario de la corte de distrito?
“A nuestro juicio no pudo. Una simple moción suya reclamando su derecho presentada inmediatamente después de citársele, hubiera permitido a la corte adelantar para el 2 de septiembre el señalamiento hecho por el secretario inadvertidamente para el 9 del mismo mes. El derecho de que se trata es renunciable expresa o implícitamente y la conducta del acusado en este caso constituye un acto de renuncia implícita. ’ ’

El peticionario alega, en cada uno de los tres casos, que el día 25 de marzo de 1941 fué cuando él se enteró por pri-mera vez de que la vista había sido señalada para el 31 de ese mismo mes, y que en seguida se opuso a dicho señala-miento.

El día 25 de marzo de 1941, cuando ya habían transcurrido 121 días desde la presentación de las acusaciones el acusado compareció, no para pedir el archivo y sobreseimiento de la causa y sí para pedir que se anticipara la fecha del juicio, lo que a nuestro juicio constituye un acto de renuncia implí-cita, la cual quedó ratificada y confirmada al pedir la sus? pensión del juicio hasta nuevo señalamiento.

Deben desestimarse las tres peticiones.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. South P. R. Sugar Co. (Corporación de New Jersey), South P. R. Sugar Co. (Corporación Doméstica) y Russell & Co., Sucesores, demandados.
    Núm. 4.

    Sometido: Octubre 21, 1940.

      Resuelto: Junio 5, 1941.

      James R. Beverley y R. Castro Fernández, abogados de South P. E. Sugar Co. of P. E.; Hartzell, Kelley & Hartzell y Rafael O. Fer-nández, abogados de Eussell & Co., Sucesores; Hon. Procurador General George A. Malcolm y Migttel Guerra-Mondragón, Rafael Rivera Zayas y Luis Venegas Cortés, abogados Asociados éstos, abogados de El Pueblo de Puerto Eieo.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Las demandadas Eussell & Co., Suers., y South Porto Eieo Sugar Co. of Porto Eieo han interpuesto excepciones previas contra la querella enmendada. Haremos una sínte-sis de las distintas cuestiones suscitadas por dichas excep-ciones previas y conforme vayamos exponiéndolas, las resol-veremos a continuación.

I. Existe indebida acumulación de partes demandadas y de cau-sas de acción, porque el recurso de quo warranto debe dirigirse contra corporaciones y no contra sociedades civiles, y como Eussell & Co., Sucrs., es una sociedad civil (partnership), no debió demandarse dentro de este procedimiento especial, y la causa de acción que pu-diera existir contra ella tampoco debió acumularse dentro de dicho procedimiento.

Esta cuestión fué resuelta por este tribunal adversamente a las demandadas en los casos de Pueblo v. Fajardo Sugar Co. of P. R., 50 D.P.R. 163, 173; y Pueblo v. Fajardo Sugar Co. of P. R., 51 D.P.R. 876, 891. Nada tenemos que agre-gar a lo entonces dicho.

II. Que existe defecto de partes demandadas por no haberse in-cluido como tales a American Colonial Bank & Trust Co. y a los ac-cionistas de South P. B,. Sugar Co. of New Jersey.

Esta cuestión no ha sido antes resuelta por este tribunal, pero como muy bien sostiene la representación del quere-llante, American Colonial Bank & Trust Co. “ostenta mera-mente un cargo representativo de las querelladas en la ejecución del plan y no debe figurar ni es necesario que figure como parte demandada.” La misión de American Colonial Bank & Trust Co., según se alega en la querella, está circunscrita a recibir los beneficios que produzca Russell & Co., Suers., y distribuirlos entre los accionistas ele South P. R. Sugar Co. of New Jersey. Siendo ello así, estando los derechos del trustee supeditados a los de Russell & Co., Suers., y no pucliendo tener aquél derechos distintos ni inde-pendientes de los de ésta, es evidente que los derechos del trustee quedan adjudicados por la sentencia que pueda dic-tarse contra Russell & Co., Sucxs.

Tampoco son partes necesarias los accionistas de South P. R. Sugar Co. of New Jersey, porque sus derechos a recibir los beneficios de Russell & Co., Sucrs. se derivan de su con-dición de accionistas, es decir, están supeditados a los dere-chos de la entidad corporativa, y la sentencia que contra esta última se dicte les obliga en su carácter de accionistas y afecta sus derechos como tales.

III. Que las prescripciones ele las leyes números 33 y 47 de 1935 no son aplicables al presente caso porque los hechos imputados a las demandadas tuvieron lugar mucho antes de la vigencia de esas leyes, y por consiguiente, aplicarlas a tales hechos equivaldría a darles efecto retroactivo en contra de las prescripciones del Código Civil.

La constitucionalidad de las leyes de 1935 antes aludidas fué sostenida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de People v. Rubert Hermanos, 309 U.S. 543, 84 L. ed. 916. Como se sostuvo por dicha corte al confirmar la sentencia de este tribunal, tales leyes tienen por objeto sumi-nistrar los medios de hacer efectiva la Resolución Conjunta del Congreso, aprobada en 1900. En otras palabras, tienen carácter procesal, y sabido es que las leyes adjetivas tienen efecto retroactivo a menos que de ellas aparezca expresa o implícitamente que no fue la intención del legislador que tuvieran tal efecto. Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337. La intención legislativa de dar a esas leyes efecto retroactivo no está sujeta a dudas.

IV. Alegan las demandadas que la querella es ambigua, ininteligi-ble y dudosa, porque no puede precisarse si alega una violación por esta demandada de la Resolución Conjunta de 1900 bajo la teoría de que dicha demandada es una corporación, o si alega una conspi-ración entre ■ ésta y las otras demandadas, y finalmente que la que-rella no aduce hechos constitutivos de causa de acción contra Russell & Co., Suers.

De toda la querella surge perfectamente claro que Russell & Co., Suers., es y siempre ha sido una sociedad (partnership), y que el propósito de su creación no fué otro que coadyuvar con la South P. R, Sugar Co. of New Jersey y las otras demandadas en la realización del plan para evadir la prohibición de la resolución conjunta del Congreso, apro-bada en el año 1900 y ratificada en la sección 39 de la vigente Carta Orgánica. Alegándose como se alega en la querella enmendada que Russell & Co., Suers., es agente o subsidiaria de South P. R. Sugar Co. of New Jersey, y pudiendo ser incluida como demandada en este procedimiento, como dijé-ramos antes, no cabe dudar que la querella enmendada aduce contra dicha demandada una buena causa de acción.

Por las razones expuestas, procede desestimar las excep-ciones previas interpuestas por dichas dos demandadas y concederles un plazo de veinte días para archivar su contes-tación.


author: El Juez Asociado Señor T-odd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ernesto González Rivera, acusado y apelante,
    Núm. 8333.

    Sometido: Junio 3, 1941.

      Resuelto: Junio 5, 1941.

      Ciro Malatrasi, Jr., abogado del apelante,- Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor T-odd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Bayamón el 18 de enero de 1940 se radicó una acusación contra Ernesto González Rivera, que dice así:

"El Fiscal formula aeusacióu contra Ernesto González Riyera, por un delito subsiguiente de Escalamiento en Primer Grado, felony, cometido de la manera siguiente:
“Allá por la noebe del 12 al 13 de junio de 1938, y en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, que forma parte del Distrito • Judicial del mismo nombre, el referido acusado Ernesto González Rivera, ilegal, voluntaria y maliciosamente y con el propósito de cometer hurto, pe-netró en el establecimiento mercantil de R. Cámara & Cía. S. en C., Sucrs., sito en la calle Comerío de dicha ciudad, y de allí y entonces sustrajo 11 latas de aceite de medio galón cada nna, 10 jamones, 50 libras de café en grano.
“Este delito es subsiguiente porque el referido acusado Ernesto González Rivera ba sido anteriormente convicto y sentenciado como sigue: por la Corte de Distrito de San Juan, en agosto 25 de 1928, a sufrir la pena de un año de presidio, por delito de escalamiento en primer grado; por la misma corte y en dos casos de escalamiento 'en primer grado, en 21 de septiembre de 1931, a sufrir un año de pre-sidio en cada caso; por la Corte de Distrito de Bayamón, en 21 de septiembre de 1931, a un año seis meses de presidio por delito de ■escalamiento en primer grado; y por la Corte de Distrito de Agua-dilla, en 24 de septiembre de 1931, a sufrir dos años de presidio por él mismo delito, cuyas sentencias ba extinguido totalmente el acu-sado.
“Este becbo es contrario a la ley para tal caso prevista y a la ¿paz y dignidad de ‘El Pueblo de Puerto Rico.’ ”

; Le fue leída al acusado que hizo alegación de inocente y solicitó juicio por jurado.

El día 18 de abril de 1940, día señalado para celebrarse el juicio y después de constituido el jurado, el acusado, al preguntársele por el juez qué alegación bacía a la acusa-ción contestó, por conducto de su abogado defensor, lo siguiente :

“Con la venia de la corte, señor Juez, en este caso nuestra con-tención principal es que no existe en el presente caso la calificación o grado de subsiguiente, toda vez que las condenas anteriores, que alegadamente se le imputan al acusado, son nulas, sin efecto ni valor alguno, ni pueden militar como condenas subsiguientes contra el acu-sado por la razón de que en todas y cada una de las alegadas con-denas que se le imputan al acusado, no estuvo en momento alguno asistido de abogado; se declaró culpable voluntariamente y tampoco en momento alguno fue advertido de su derecho constitucional a estar representado por abogado. Nuestra contención, Honorable Señor, es que, refiriéndonos, desde luego, exclusivamente a las alegadas conde-nas que se imputan como sentencias anteriores en grado de subsi-guiente, en cuanto a esas -condenas que son de las que viene a responder el acusado con motivo del grado de subsiguiente . . . Nosotros ■estamos en'condiciones de demostrarle a esta Honorable Corte que en ninguna de esas condenas y en ninguna de esas sentencias, estuvo el .acusado representado por abogado ni tampoco fué advertido de su ■ derecho constitucional a estar representado por abogado. Respetuo-samente sostenemos que esas condenas son nulas y que no pueden tener valor ni efecto a los fines de la imputación de subsiguiente.
“. . . . Ahora bien, en cuanto a los hechos de este caso y, a los ■fines de abreviar y en beneficio de una más rápida administración de justicia, estamos dispuestos a aceptar, por haber, tenido una confe-sión del acusado, la culpabilidad del acusado en cuanto a los hechos que se le imputan con referencia al escalamiento del cual viene a responder. En este momento sí objetamos y planteamos ante Y. H. la situación del acusado: que no debe ser ni puede ser condenado por Escalamiento en Primer Grado (sic), toda vez que en las condenas anteriores no fue representado por abogado.
"La Corte: ¿El acusado acepta que él fue convicto y sentenciado en los casos que constituyen el subsiguiente?
‘ ‘ Sr. Rivera Cestero: Con la sola diferencia de las fechas. Sí, él acepta eso, pero sostiene que esas condenas son nulas.”

La corte inferior resolvió, sustancialmente, que el haber alegado la nulidad de las sentencias anteriores en el acto del juicio constituía un ataque colateral a las mismas e impro-cedente y declaró sin lugar la moción del abogado defensor para que se decretara dicha nulidad y se negó asimismo a admitir la prueba que el abogado dijo tenía para demos-trarla. Preguntó entonces el juez si se aceptaba o no por el acusado que había sido convicto anteriormente por los delitos alegados en la acusación y tanto personalmente como por conducto de su abogado el acusado lo aceptó. Instruyó entonces la corte al jurado paia que rindiera un veredicto declarándolo culpable del delito de escalamiento en primer grado subsiguiente y así lo hizo el jurado. A petición del acusado el juez dictó la sentencia en el mismo acto conde-nándolo a cumplir diez años de presidio. De esta sentencia apela el acusado y alega que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar su moción atacando la validez de las sentencias en que se basaba la calificación de subsiguiente del delito imputado, al negarse a aceptar y considerar la prueba ofrecida por el acusado y al registrar (to enter) una alegación de culpabilidad por confesión del acusado.

Los tres errores pueden discutirse y resolverse conjuntamente. La alegación de culpabilidad condicional que hizo el acusado en este caso era claramente inadmisible e improcedente. Desde el 18 de enero, fecha en que se radicó la acusación, hasta el día 18 de abril en que se celebró el juicio habían transcurrido tres meses en que el acusado tuvo amplia oportunidad de plantear cualquier cuestión legal en contra de la acusación. Esperar, no sólo hasta el mismo día del juicio, sino hasta después de haberse seleccionado el jurado que había de intervenir en la causa, para promover colateralmente la nulidad de unas sentencias que ya el acusado había cumplido, era más que tardío. En el caso de El Pueblo v. Morales, 54 D.P.R. 106, en el que se planteó una cuestión similar, se resolvió lo siguiente:

“La segunda cuestión que levanta el apelante se refiere a la de-negación de la moción sobre eliminación de la parte de la acusación que le imputa al acusado la convicción por un delito anterior.
“La cuestión se levantó el día de la vista en la corte inferior y el juez la desestimó por ser tardía. Aunque no constan los fundamen-tos, la resolución probablemente se basa en los artículos 152 y 161 del Código de Enjuiciamiento Criminal y la jurisprudencia que los interpreta.
“En El Pueblo v. Trápaga, 15 D.P.R. 211, se dijo: ‘Solamente las excepciones determinadas por falta de jurisdicción o por carencia de materia delictiva pueden alegarse en cualquier estado del juicio, según el art. 161 del Código de Enjuiciamiento Criminal.’ Y El Pueblo v. Ortiz, 7 D.P.R. 140: ‘Salvo lo dispuesto en el artículo 161 del Código de Enjuiciamiento Criminal, la excepción perentoria no puede presentarse en el acto del juicio oral, después de haber sido leída la acusación, formulados los cargos y haberse juramentado los testigos del fiscal, y en todo caso, dicha excepción deberá formularse por escrito.’ Más claro aún se explica en El Pueblo v. Alomar, 10 D.P.R. 297. ‘No comete error el tribunal que se niega a considerar unas excepciones previas contra la acusación presentadas por el acu-sado al empezar el juicio, no quedando perjudicados los derechos del acusado, pues si éste ha alegado no ser culpable, puede, bajo tal ale-gación, impugnar en el juicio cualquier defecto substancial que con-tenga la acusación, o después del juicio, en una moción para que se suspenda el pronunciamiento de la sentencia.’
‘ ‘ Siendo tardía la cuestión levantada el día de la vista en la corte inferior, no puede declararse oportuna ahora en apelación.”

Como puede verse, el caso de El Pueblo v. Alomar, supra, citado por el apelante, no favorece su contención.

Habiendo el acusado aceptado, después del incidente a que nos hemos referido, su culpabilidad tanto en cuanto a los delitos anteriores como al de escalamiento en primer grado de que se le acusaba,, no cometió error la corte inferior al instruir al jurado que rindiera veredicto en la forma en que lo hizo.

Se confirma la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Robert H. Hau, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.
    Núm. 1089.

    Sometido: Mayo 31, 1941.

      Resuelto: Junio 6, 1941.

      José Sabater, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión ¿Del tribunal.

En 15 de mayo de 1930, doña Josefa Ducord reconoció, por escritura otorgada ante el Notario don José Sabater, estar adeudando a don Arturo Iiau y Salguero la suma de $1,500, la que se comprometió a pagar en el término de dos años y en garantía de dicha suma, de sus intereses y de un crédito adicional para costas en caso de ejecución, constituyó hipoteca sobre una finca urbana de su propiedad radicada en Mayagüez, expidiendo en el acto del otorgamiento de dicha escritura cinco pagarés a la orden del Sr. Hau Salguero los que quedaron garantizados por la hipoteca constituida sobre la finca. Posteriormente el Sr. Roberto H. Hau y Schnabel adquirió por compra que hizo a la Sra. Ducord la finca urbana y por escritura otorgada ante el mismo Notario Sr. Sabater el 13 de marzo de 1941 hizo constar que era dueño de dicha finca hipotecada, la que estaba inscrita a su nombre en el registro de la propiedad, y que siendo el tenedor de los cinco pagarés antes mencionados, se habían confundido los derechos de acreedor y dueño de la referida finca y en su consecuencia consentía en que se cancelara total-mente la hipoteca por capital, intereses y costas que garan-tizaban los pagarés y así lo solicitó al efecto del Registrador de la Propiedad de Mayagüez, haciendo constar para ello Ib siguiente:

‘.‘y para que pueda llevarse a cabo dicha cancelación, es su voluntad y consiente EN que se INUtilioen dichos CINCO pararés v al efecto, yo, el Notario, priooebo a inutilizarlos y los iNUtilizo taladrando SUS FIRMAS Y PONIENDO SOBRE LA FAZ DE CADA UNO DE ELLOS LA PALA-BRA ‘cancelado’ con la fecha de esta ESCRITURA, y mi firma, signo, rúbrica y sello notarial, quedando de este modo sin valor ni efecto dichos cinco pagarés y liberada de la hipoteca relacionada la finca hipotecada y descrita en el párrafo primero de esta escritura.”

Presentada dicha escritura al Registrador de la Propie-dad de Mayagüez denegó su inscripción basado en una nota que dice así:

“Denegada la cancelación que comprende este documento, por observarse, que la hipoteca que pretende cancelarse está representada por pagarés a la orden de Arturo Hau y Salguero, y que según se desprende de la escritura número 165 otorgada en Mayagüez, a. vein-tisiete de diciembre de 1937, ante el Notario José Sabater y García, que se tiene a la vista, diebo crédito hipotecario pertenece en común y proindiviso a la señora Tberese A. Schnabel, y a sus cuatro hijos Arturo Robert Henry, Alexander Schnabel, Robert Heinrich y Gladys Therese Hau Schnabel, como herederos de Arturo Hau y Salguero y cesionarios de Carmen María y Zoraida Agustina Hau y Ruiz, sin' que conste que los referidos pagarés hayan sido endosados, transfe-ridos o negociados en forma alguna a favor de Robert H. Hau y Schnabel, constituyendo a éste como único cesionario y tenedor legal de los mismos, tomándose en su lugar la correspondiente anotación preventiva por el término legal al folio 58 vuelto del tomo 205 de Mayagiiez, finca número 7193 nota al margen inscripción segunda. Los pagarés representativos de la deuda se tuvieron a la vista. Ma-yagüez, marzo 27, 1941.”

El registrador recurrido en su alegato sostiene que hasta que no se le demuestre que los demás herederos de don Arturo Hau y Salguero han endosado los pagarés al recurrente o que se le han adjudicado en la partición de la herencia no puede éste cancelarlos. El artículo 82 de la Ley Hipotecaria, tal y como fué enmendado por la ley de 7 de julio de 1923 (leyes de 1923, pág. 219) en lo pertinente, dispone:

‘‘Las inscripciones hechas para responder de cantidades represen-tadas por títulos al portador o trasmisibles por endoso, se cancelarán presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en la cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento, los títulos endosables o al portador.”

Sostiene el recurrente que el único requisito que exige la ley es que se haya hecho constar en la escritura en el acto de su otorgamiento “haberse inutilizado los títulos endo-sables o al portador” y que en la escritura otorgada en este caso se hizo constar por el Notario Sr. Sabater que había inutilizado los cinco pagarés, taladrando sus firmas y poniendo la palabra “cancelado” sobre cada uno de ellos, y cita un párrafo de la resolución dictada por la Dirección General de. los Registros el 23 de junio de 1888, tomada de Galindo y Escosxtra en sus Comentarios a la Legislación Hipotecaria, tomo tercero, página 51, en relación con el artículo 82, supra, que dice así:

“Por otra de 23 de jun. 1888, se decidió que constituida hipoteca para garantir pagarés transmisibles por endoso, procedía su cance-lación, mediante escritura en que constaba el consentimiento del úl-timo poseedor de los pagarés, y que éstos fueron inutilizados en el acto de su otorgamiento.” (Itálicas nuestras.)

Sin embargo, liemos leído la ameritada resolución en su totalidad y de sus lieclios aparece que el caso fué uno en el que los pagarés a la orden de que se trataba fueron debi-damente endosados a favor de la persona que solicitó la can-celación de la hipoteca en el registro. Copiamos de dicha resolución:

“Resultando que por escritura de 23 de Mayo de 1885, Don Miguel Téllez de Sotomayor y D. Eduardo Palanca y Asensi vendieron a Don Manuel de G-uzmán y Rivera un solar, designado con el núm. 3, segregado de un predio rústico denominado Huerta de Montero; y como parte del precio quedase aplazado, el comprador entregó a los vendedores cuatro pagarés, dos de ellos a la orden de D. Miguel Té-llez y los otros dos "a la del Sr. Palanca, y a su pago fué hipotecado el solar vendido:
“Resultando 'que enajenado éste primeramente a D. Enrique Rivas Casalá y después a D. José de la Huerta y Sánchez, por hallarse ya satisfecho el crédito hipotecario a que se ha aludido, reclamó el último se formalizase el título de su adquisición y al par se cancelase la hipoteca; a cuyo intento otorgóse en la ciudad de Málaga, a 30 de Julio de 1887, una escritura pública, por virtud de la que D. Eduardo Palanca, como tenedor de los cuatro pagarés, dos de ellos por endoso que le hizo T>. Miguel Téllez, dió por extinguida la obliga-ción que aquéllos representaban y consintió en la cancelación de la hipoteca:
“Resultando que presentado ese documento en el Registro de la propiedad de Málaga, no fué admitida la cancelación por no estar otorgada por las personas a favor de las que aparece inscrita la hi-poteca, sin cuyo consentimiento no puede ser cancelada, conforme al artículo 82 de la Ley; no siendo por otra parte los pagarés a que el documento se refiere los títulos transmisibles por endoso de que ha-blan los artículos 153 y el citado 82' de la misma Ley.
“Resultando que D. José de la Huerta impugnó en la vía guber-nativa la precedente calificación, fundado en que la obligación de que se trata es de las transmisibles a la orden, lo cual prueba la ca-pacidad con que otorgó la cancelación D. Eduardo Palanca, que, dueño de dos pagarés, adquirió los oiros dos por endoso que le hizo el otro acreedor D. Miguel Tellez, y lo gratuito de la apreciación del Registrador, que niega a estos documentos el carácter de títulos en-dosables:” (Itálicas nuestras.)

Y resolviendo el caso se dijo:

“Vistos los artículos 82 y 153 de la Ley Hipotecaria:
“Considerando que los documentos llamados a la orden son trans-misibles por endoso, y es indudable que los cuatro pagarés entregados por D. Manuel de Guzmán y Rivera a los vendedores de la Huerta de Montero eran documentos de ese género:
“Considerando que la transmisión de los créditos endosables no requiere la intervención activa ni pasiva del deudor, bastando para la cesión de ellos él simple endoso firmado por el acreedor o por persona legítimamente autorizada por él.
“Considerando que por concurrir todas esas circunstancias en el endoso hecho por D. Miguel Téllez a favor de D. Eduardo Palanca, adquirió éste la propiedad de los dos pagarés extendidos a la orden del primero:
“Considerando que constituida la hipoteca de cuya cancelación se trata en garantía de esos pagarés, o sea de obligaciones transferi-bles por endoso, el precepto aplicable al caso es el del párrafo cuarto del artículo 153 de la Ley, según el que, el derecho hipotecario se entiende transferido con la obligación o con el título, sin necesidad de dar conocimiento al deudor ni de hacer la transferencia en el Re-gistro :
“Considerando que si por todas estas razones es innegable el per-fecto derecho de dominio qu,e asiste a D. Edtiardo Palanca sobre los pagarés en cuestión, hay que reconocer su plena capacidad para con-sentir en la cancelación de la hipoteca, en que es. único interesado;
“Esta Dirección general ha acordado confirmar la providencia apelada.” (Itálicas nuestras.)

De manera, que no se resolvió en dicho caso meramente que el último “poseedor” de los pagarés tenía derecho a solicitar la cancelación de acuerdo con el artículo 82 supra, sino que se demostró al registrador el perfecto derecho de dominio qne tenía diclio último poseedor y, por tanto, se le reconoció sn plena capacidad para consentir en la cancela-ción de la hipoteca en qne era “único interesado.”

El registrador recurrido hace constar en sn nota qne de acnerdo con la escritura núm. 137 otorgada el 27 de diciem-bre de 1937, qne tuvo a la vista, el crédito hipotecario per-tenece en común y proindiviso a los herederos de don Arturo Han y Salguero sin qne conste qne los pagarés hayan sido endosados, transferidos o negociados en forma alguna a favor del recurrente Robert H. Han y Schnabel, constitu-yendo a éste como único cesionario y tenedor legal de los mismos. Somos de opinión qne bajo esta situación de hechos tuvo razón el registrador al negarse a cancelar la hipoteca. Si el recurrente es el dueño de los pagarés por endoso, cesión o adjudicación qne de ellos le hicieran los demás herederos muy fácil le es demostrarlo al registrador quien podrá pro-ceder a la cancelación solicitada..

El caso de Frontera v. Registrador, II Sentencias del Tribunal Supremo, 709, citado por el recurrente, no le favo-rece. Allí se resolvió lo siguiente:

‘ ‘ Considerando: Respecto al primer motivo en que se funda la nota denegatoria del Registrador de la Propiedad de Mayagüez, o sea por aparecer inscrita la escritura hipotecaria a favor de persona dis-tinta de aquella que presta su consentimiento para la cancelación, que si bien con arreglo al artículo 82 de la Ley Hipotecaria las ins-cripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública,' no se cancelarán sino por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico en el cual exprese su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación, o su causa-habiente o representantes legítimos, este pre-cepto no es aplicable cuando se trata de obligaciones trasmisibles por endoso, como lo son los pagarés a la orden, pues en estos casos la pro-piedad del crédito hipotecario se trasmite por el endoso del pagaré sin necesidad de otorgar escritura de cesión, ni de inscribirla en el Registro de la Propiedad, como lo establece el artículo 153 de la misma Ley Hipotecaria, bastando para la cancelación de la hipoteca en tales casos, como lo prescribe el mismo artículo 82 en su cuarto apartado, la presentación de la carta de pago otorgada por los que hayan co-brado los créditos, en la cual se haga constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento los títulos endosables, ...” (Itálicas nuestras.)

Se resolvió expresamente cpie “la propiedad del crédito hipotecario se trasmite por el endoso” y cuando esto apa-rece de la escritura procede la cancelación. Tampoco el caso de Nichols v. Registrador de San Juan, 31 D.P.R. 298 tiene el alcance que quiere darle el recurrente.

No se trata en el caso de autos de pagarés al portador sino de pagarés a la orden que son obligaciones transferibles por endoso, Frontera v. Registrador, supra, y en el caso de Sanders Philippi & Cía. v. Delgado, 27 D.P.R. 545, se resolvió que “el endoso propiamente dicho es el acto por el que se trasmite la propiedad de la letra de cambio y demás documentos expedidos a la orden”. Y en el reciente caso de Caguas Co., Inc. v. Mombille, 58 D.P.R. 300, 307 se resol-vió que en una demanda en cobro de un pagaré expedido a la orden no era necesario alegar que la demandante era la dueña del pagaré, pues bastaba con que se alegara que el pagaré era uno a la-orden y que la demandante era la tene-dora del mismo “por endoso y entrega”.

En el caso de autos ninguno de los herederos separada-mente tiene más derecho que cualquiera otro de la Sucesión de don Arturo Hau Salguero cobre los pagarés mientras no se pruebe un endoso o adjudicación legal de los mismos.

Se confirma la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Jesús Figueroa Torres y su esposa Carmen Boneta, demandantes y apelantes, v. Juan Boneta Valencia, demandado y apelado.
    Núm. 8204.

    Sometido: Abril 8, 1941.

      Resuelto: Junio 9, 1941.

      Pedro E. Anglade, abogado de los apelantes; Néstor A. Boneta y Diego E. Ramos, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre nulidad de un procedimiento eje-cutivo hipotecario y reclamación de daños y perjuicios.

Tres causas de acción se alegan en la demanda. La primera se funda en qne habiendo los esposos demandantes tomado a préstamo al demandado dos mil quinientos dólares y comprometídose a devolvérselos dentro del término de un año contado a partir del 29 de diciembre de 1924, con inte-reses al doce por ciento anual pagaderos por mensualidades vencidas, constituyeron hipoteca para garantizar la deuda y los intereses sobre una casa de su propiedad situada en Arecíbo destinada a panadería con nna amasadora y demas efectos concernientes al ramo, y en qne el demandado el 22 de junio de 1934 inició un procedimiento sumario hipote-cario en ejecución de la hipoteca que es nulo porque el ejecu-tante alegó en el escrito inicial falsamente que se debían intereses cuando lo cierto era que los únicos intereses garan-tizados fueron pagados en su oportunidad.

La segunda causa de acción se basa en que la finca ejecu-tada ha producido rentas por valor de cinco mil cuatrocientos dólares mientras ha estado en la posesión del demandado, y la tercera en que el demandado se adueñó ilegalmente de los enseres de la panadería que no estaban gravados y que valían dos mil quinientos dólares.

En su contestación negó el demandado que no fuera cierto que los demandantes adeudaran los intereses reclamados. También negó que la finca hipotecada produjera cinco mil cuatrocientos dólares y que se adueñase ilegalmente de los enseres de la panadería.

Como defensa especial alegó que por no haberle pagado los demandantes la deuda a pesar de las prórrogas conce-dídasles, ejecutó la hipoteca que la garantizaba y adquirió en pública subasta la finca hipotecada, otorgándosele escri-tura en abril 25, 1936, dejando la finca arrendada al deman-dante Figueroa por veinte y un dólares semanales, teniendo que desahuciarle luego por la vía judicial por falta de pago.

En marzo 8, 1939, pidieron los demandantes que se dic-tara sentencia sobre las alegaciones. Su moción quedó sin resolver y al llamarse el caso para juicio en septiembre 21 siguiente, las partes estipularon someterla a la corte “con la prueba para que la decida al dictar sentencia.” Celebrado el juicio, la corte — en octubre 2, 1939 — declaró la demanda sin lugar, con costas, sin incluir honorarios de abogado. En su opinión, en parte se expresó como sigue:

“El hecho de que nada se dijese en el contrato sobre el tipo del interés que debía cobrarse en caso de mora, no quiere decir, como pretende el demandante, que Boneta no pudiese cobrar o requerir por cantidad alguna al deudor, si Figueroa no pagaba el capital y continuaba en la finca después de diciembre 29 de 1925. Como no se estipuló ningún tipo de interés para caso de mora, él podía cobrar el interés legal, a partir del vencimiento del contrato. Observamos, además, que en la escritura de hipoteca no se limitó a suma deter-minada Ja responsabilidad por intereses no satisfechos, sino que la cláusula cuarta del contrato, claramente dice que la finca quedó gravada para responder del capital y de sus intereses. ’ ’

Luego, refiriéndose a las declaraciones del demandante y del demandado en el acto del juicio, manifestó:

“... La prueba demuestra que Figueroa no pagó el capital al vencimiento del contrato y continuó en posesión y disfrute de la finca por varios años después de vencida la hipoteca. Él mismo dijo en la silla testifical que siguió pagando los intereses a Boneta por algún tiempo, después del vencimiento del plazo en que debió pagar el capital. Esta admisión nos hace dar crédito a la declara-ción de Boneta, de que al vencer el contrato original en diciembre de 1925, ambos convinieron en seguirlo bajo las mismas condiciones y al mismo tipo de interés. Si esto fué así, el ejecutivo tampoco era nulo porque se cobrase un interés mayor que el tipo legal a partir del vencimiento, porque la voluntad de las partes de con-tinuar indefinidamente el contrato, ratificada por los hechos, y no siendo un convenio ilícito, tenía que prevalecer.”

A nuestro juicio no está bien fundada la sentencia recurrida. Se trata de la nulidad de un procedimiento su-mario hipotecario en cuya tramitación no interviene el deudor. Descansa en el escrito inicial que presenta el acree-dor, en la escritura de hipoteca y en la certificación del registrador de la propiedad sobre la vigencia del gravamen. Todo debe ser cumplido en él estrictamente.

En este caso en el escrito inicial radicado en junio 22, 1934, afirmó el acreedor:

“1.
“2. Que el día 29 de diciembre de 1924, los demandados, por escritura número 94 otorgada ante el notario Herminio Miranda, en la ciudad de Arecibo, se reconocieron deudores del demandante Juan Boneta Valencia por la cantidad de $2,500 que se compro-metieron a pagarle con intereses al 12 por ciento annal en el tér-mino de un año.
“3. Que el término de pago venció el día 30 de diciembre de 1925.
“4. Que en garantía del capital prestado, de los intereses y de una suma adicional de $500 para costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, los demandados constitu-yeron hipoteca voluntaria a favor del demandante Juan Boneta Valencia en la siguiente propiedad: (se describe).
“5. Que los demandados han dejado de pagar al demandante nueve meses de intereses, que al 1 por ciento totalizan la suma de $225.
“Que según la certificación expedida por el Begistrador de la Propiedad del Distrito de Arecibo, dicho crédito hipotecario no está cancelado ni pendiente de cancelación en el Begistro de la Propiedad de Arecibo.
“Por las razones expuestas, el demandante a la Corte suplica dicte auto de requerimiento para que los demandados dentro de los 30 días siguientes al día que sean requeridos por el marshal, paguen al demandante la suma de $2,500 de capital, $500 para costas, gastos y honorarios de abogado, y $225 por intereses vencidos y no satisfechos. ’ ’

Las cláusulas del contrato de préstamo garantizado con hipoteca acompañado al escrito que deben tomarse en consi-deración, copiadas textualmente, expresan:

“Tercero: Manifiesta el compareciente don Jesús Figueroa Torres haber recibido en calidad de préstamo, desde antes del acto del otorgamiento de esta escritura, de manos de don Juan Boneta Valencia, la suma de dos mil quinientos dólares que se compromete a devolver en el término de un año a contar desde hoy, con inte-reses a razón del doce por ciento anual, pagaderos por mensuali-dades vencidas, conviniéndose que el deudor podría satisfacer el total de la deuda en un término de seis meses, si así lo desea.
“Cuarto: En garantía del pago de la obligación contraída de dos mil quinientos dólares de capital, de sus intereses al tipo esti-pulado y de una suma adicional de quinientos dólares para gastos, costas y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial, don Jesús Figueroa Torres por sí y como apoderado de su esposa doña ■Carmen Boneta constituye hipoteca sobre el solar y la casa des-crita en el apartado segundo de esta escritura a favor de don Juan Boneta Valencia, mayor de edad, propietario, casado con doña Consuelo Martínez y vecino de esta ciudad.”

De la certificación del registrador también acompañada al escrito aparece la vigencia del gravamen.

El propio día 22 de junio de 1934 ordenó la corte el requerimiento del deudor. Fué practicado. No pagó. Y en agosto 29 siguiente ordenó la corte:

“Que el demandante ejecutante Juan Boneta Valencia recupere su crédito ascendente a la suma de $2,500 importe de la obligación garantizada con hipoteca, y vencida y no satisfecha, con más $225 importe de los intereses del capital hipotecario, convenidos al 12 por ciento anual, devengados y no satisfechos, o sea nueve meses de intereses, y $500 más que como penalidad convinieron pagar los demandados al demandante para costas, gastos y honorarios de abo-gado en caso de reclamación judicial, mediante venta de la finca urbana hipotecada,.... ”

La venta se verificó en octubre 22, 1934, adjudicándose la finca al acreedor, único postor que compareció a la subasta, por quinientos dólares que habrían de abonarse a su crédito, otorgándosele la correspondiente escritura de venta por el márshal en abril 25, 1936, o sea año y medio después. En junio 1, 1936, el comprador fué puesto en posesión de la finca por la vía judicial.

Eesulta, pues, evidente que los nueve meses de intereses al doce por ciento anual que se cobraron dentro del procedimiento sumario hipotecario, no estaban garantizados por la hipoteca, y en tal virtud, aunque fuera una realidad que se debieran, no pudieron hacerse efectivos por la vía escogida a su voluntad por el acreedor.

El -acuerdo verbal a que llegaron acreedor y deudor después de vencida la obligación, según la declaración del demandado en el juicio, a la que dió crédito la corte sentenciadora, no puede tener el efecto de un contrato hipotecario que, para serlo, debe otorgarse en escritura pública e inscri-birse en el registro a fin de que, por su propia virtualidad, sirva de base al procedimiento sumario hipotecario.

T en cuanto a que aunque no se pactaran expresamente, podrían siempre cobrarse los intereses de mora de acuerdo con los artículos 1053, 1054 y 1061 del Código Civil, ed. 1930, la cuestión no es nueva. En el caso de Caraballo v. Registrador, 48 D.P.R. 923, 925, ratificando y aplicando la doctrina del caso de Goico v. Rodrígues et al., 28 D.P.R. 530, dijo esta corte:

“El contrato original no contenía disposición alguna respecto al tipo de interés en caso de que no se efectuara el pago a su venci-miento. En ausencia de tal disposición los acreedores hipotecarios, si hubiesen instado acción sobre el contrato original, hubieran podido recobrar intereses a r°azón del 6 por ciento anual solamente a partir de la fecha del vencimiento y de la falta de pago. Véase artículo 1061 del Código Civil (ed. de 1930); Goico v. Rodríguez, et al., 28 D.P.R. 530; Cook v. Fowler, 14 E.R.C. 546, y otros casos citados en 33 C. J. 226, sección 111, y la decisión de la Corte Suprema de España de junio 7, 1922, 156 Jur. Civ. 464.”

Véanse además De Aldrey v. Registrador, 49 D.P.R. 56, Muñoz v. Nieves, 53 D.P.R. 349 y Cabrera v. Morales, 57 D.P.R. 457.

Pero como los que se cobraron no fueron los intereses legales, siempre resulta que el ejecutante se extralimitó y su extralimitación convierte en nulo todo lo que se actuara, a su instancia.

Así, en Vázquez viuda de McCormick v. Gutiérrez, 52 D.P.R. 170, 179, dijo esta corte:

“De la demanda presentada en este caso aparece que la hipo-teca se constituyó por el término de once meses trece días para garantizar el pago de $1,041 como principal y dos intereses por el término del contrato’ a razón del 12 por ciento anual, pagaderos por mensualidades. Se desprende además que después de radicada la petición enmendada en el procedimiento ejecutivo la corte de distrito ordenó se expidiera un requerimiento para el pago (a) de mil dólares como saldo adeudado del principal por haber abonado la deudora a cuenta del mismo la cantidad de $41 y (b) de diez dólares para intereses adeudados y vencidos correspondientes a la última mensualidad de octubre de 1932, por haber abonado la deu-dora $120 de intereses por el año de la constitución de la hipoteca y $960 de intereses de mora por convenio de las partes. Evidente-mente los $10 de intereses correspondientes a octubre de 1932 no estaban cubiertos por la hipoteca, y debido a haberse incluido esa partida en la orden decretando la expedición del requerimiento de pago, el procedimiento ejecutivo era una nulidad.”

Habiéndose antes resuelto en Santos v. Crédito y Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 946, 948:

“La cuestión a ventilar es si las cantidades que se pretende recobrar en concepto de intereses y gastos incidentales al otorga-miento e inscripción del instrumento estaban garantizadas por la hipoteca. La corte de distrito resolvió que lo- estaban.
“El juez do distrito se fundó en los artículos 114 y 147 de la Ley Hipotecaria, a saber:
“ ‘Artículo 114. La hipoteca constituida a favor de un crédito <que devengue interés, no asegurará con perjuicio de tercero, además ■del capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.’
“ ‘Artículo 147. El acreedor hipotecario podrá repetir contra los bienes hipotecados por el pago de los intereses vencidos, cual-quiera que sea la época en que deba verificarse el reintegro del capital; mas si hubiere un tercero interesado en dichos bienes a quien pueda perjudicar la repetición, no podrá exceder la cantidad que por ella se reclame de la correspondiente a los réditos de los dos últimos años transcurridos y no pagados y la parte vencida de la anualidad corriente.’
“Estos artículos presuponen la existencia de una hipoteca para garantizar tanto los intereses como el principal. En el caso de Figueroa Rodríguez v. Ramírez, 36 D.P.R. 919, también invocado por el juez de distrito, hubo tal hipoteca.
“En el caso de autos, la fraseología de la cláusula mediante la cual se creó la hipoteca es demasiado palmaria para admitir inter-pretación. El hecho de que el deudor hipotecario, en párrafos posteriores del mismo documento asumiera ciertas obligaciones per-sonales, no puede servir de ampliación de la hipoteca para garan-tizar el cumplimiento de la obligación, a falta de evidencia de esa intención. Ni el interés de la deuda para con el banco, ni el dinero .satisfecho por él al notario y al registrador de la propiedad, fueron incluidos en la hipoteca. El procedimiento ejecutivo íué nulo. Este resultado no lo afecta el hecho (también señalado por el juez sentenciador) de que al prorratearse el producido de la venta entre el banco y Benigno Díaz, el banco, después de la adquisición de la finca gravada, renunció su reclamación sobre los intereses y el reembolso de cualquier gasto en concepto de honorarios del notario y del registro.”

Y puéstose de relieve, poco después, en Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655, 660, al aplicar el caso de Santos, supra, la naturaleza peculiar del procedimiento sumario hipotecario, en los siguientes términos:

“Se trata de un procedimiento especial de carácter sumarísimo en el que se suprime gran numero de los trámites del antiguo pro-cedimiento ejecutivo, en beneficio de garantías que pudiéramos cali-ficar de extraordinarias para el acreedor, sin que desaparezcan otras garantías que el deudor, desde la constitución de la hipoteca, venía teniendo, pero sí la mayoría de los medios de defensa que en un procedimiento corriente y ordinario podía utilizar con más o menos éxito y con mayor o menor justicia el mismo deudor. Pero la misma naturaleza extraordinaria de este procedimiento, y la falta de estos medios de defensa exigen en el acreedor un cumplimiento riguroso y exacto de los preceptos de la ley, sin omitir ninguno dedos requi-sitos por ella exigidos, no sólo para que el procedimiento tenga todo el aspecto de legalidad necesario, sino para que el juez que ha de examinar el escrito y documentos que se le unen, se sienta también garantizado al dictar el auto para requerir al deudor para el pago, en la forma drástica, rápida, que el procedimiento establece.”

Declarado nulo el procedimiento, precisa considerar y resolver el pleito en cuanto a la segunda y a la tercera causas de acción ejercitadas en el mismo.

Reclámanse por la segunda los productos dejados de per-cibir — alquileres a ciento cincuenta dólares mensuales.

La reclamación no quedó a nuestro juicio comprobada en toda esa extensión, pero hay un dato proporcionado por el propio demandado que fija con exactitud lo que pudo pro-ducir la finca, a saber: el contrato de arriendo de la misma por la suma de noventa dólares mensuales. De la cantidad total a satisfacer por tal concepto, deberá descontarse sin embargo lo pagado por contribuciones según se acredite por medio de los recibos oficiales.

Por la tercera cansa de acción se reclaman dos mil qui-nientos dólares como valor de las máquinas y enseres de la panadería instalada en la casa ejecutada que se fija en dos mil quinientos dólares.

Para probar la reclamación se presentó evidencia testi-fical. Declaró el demandante que el costo total del equipo lo estimaba en $1,163. Fijó antes el de cada uno de sus componentes. Y otro testigo, Angel Miranda, dedicado al negocio de panadería por veinte años, lo tasó en $1,490. Se advierte una gran diferencia entre una y otra declaración. El propio demandante dice, por ejemplo, que la amasadora que tenía un año y pico de uso, le costó al comprarla $450 y el torno cilindrico $150. Sin embargo, su testigo perito tasa esos mismos aparatos en quinientos dólares cada uno.

El demandado se limitó a declarar que cuando el marshal le dió posesión material de la propiedad, había en ella como dos o tres paños de esos’ de sacos, viejos, sucios; tres o cuatro tableros; dos burros y dos amasadoras; dos artesas de amasar pan; que todo esto podría valer en la forma que estaba, no más de $25 ó $30. También declaró que luego de dársele posesión material, gastó como $500 arreglando la panadería porque había cuatro paredes, el horno des-truido, el torno no servía y compró uno nuevo que le costó $300; que gastó $200 más en correas y reparaciones; que la amasadora le costó unos $60 de reparaciones y que tuvo que gastar $25 en el motor, pues son cosas viejas.

Difícil es, en tal virtud, fijar el valor exacto del equipo. Exagerada es la declaración del testigo perito del deman-dante y más exagerada aún la del demandado. La del de-mandante se refiere al costo de los aparatos cuando se com-praron y admite que llevaban más de un año de uso. Bajo esas circunstancias nos parece razonable fijar en mil dólares .el valor de los enseres teniendo además en cuenta que nada podrá concederse en relación con los mil quinientos dólares reclamados por los perjuicios generales causados al deman-dante ya que no hay una base suficientemente clara y espe-cífica en la prueba para ello no obstante ser evidente que algunos tuvieron que causársele.

Procede la revocación de la sentencia dictándose en su lugar otra por virtud de la cual se declare la nulidad solici-tada, el reintegro de la finca ejecutada al demandante y el pago de noventa dólares mensuales a partir de junio 1, 1936, como productos de la misma, hasta su devolución, menos lo satisfecho por contribuciones al Pueblo sobre la finca, con más mil dólares, valor del equipo de la panadería, y las costas, incluyendo doscientos dólares por honorarios de abo-gado. La sentencia se dictará sin perjuicio del derecho del demandado a reclamar del demandante el pago de su crédito y a retirar de la casa el equipo de la panadería cuyo valor se le ordena satisfacer.