author: El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

text:
    Rafael Lugo Rodríguez et al., recurridos, v. Isidro Suárez Camejo et al., peticionarios.

      Número: CC-2003-564

      Resuelto: 19 de septiembre de 2005

      Ovidio Zayas Rivera, abogado de la parte peticionaria; José O. Ayala Prats y María del Carmen Toro Vélez, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rivera Pérez

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante el recurso presentado ante nos, los peticiona-rios solicitan de este Tribunal la revisión de la resolución emitida por el entonces Tribunal de Circuito de Apelacio-nes el 11 de abril de 2003, en la cual se desestimó el re-curso de certiorari presentado por dichos peticionarios por no haberse notificado con copia de éste al Tribunal de Pri-mera Instancia dentro del término de cuarenta y ocho horas que dispone el reglamento de dicho foro intermedio apelativo.

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Se presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia el 23 de marzo de 2000 contra varias personas naturales y jurídicas. A su vez, ésta contenía varias causas de acción, todas relacionadas con un proyecto de construc-ción de viviendas llamado Santa Marina II, localizado en el Municipio de Quebradillas, Puerto Rico()

Entre los demandantes se encontraba la Sra. Diana Arrillaga, esposa del demandante Rafael Lugo Rodríguez. Sin embargo, durante el trámite del caso, ella falleció y, aunque nunca se presentó una moción de sustitución de parte, se anunció que su hijo, Rafael Lugo Arrillaga, resi-dente del estado de Virginia en Estados Unidos, la sustituiría. ()

La parte allí demandada le solicitó al Tribunal de Pri-mera Instancia que se le impusiera al señor Lugo Arrillaga el depósito de fianza de no residente, tal como requiere la Regla 69.5 de Procedimiento Civil.() Así las cosas, el tribunal ordenó el depósito de una fianza de mil dólares.()

Alegadamente, la fianza de no residente impuesta fue depositada el 6 de septiembre de 2002, sin haberse pedido prórroga alguna para un depósito tardío.() La parte de-mandada argüyó que el Tribunal de Primera Instancia or-denó el pago de la fianza de no residente el 1 de mayo de 2002, por lo que el término de noventa días que tenían los demandantes para pagar la fianza comenzó a transcurrir el 2 de mayo de 2002, y tenían hasta el 2 de agosto de 2002 para depositarla()

La parte demandada presentó una moción para la des-estimación del caso por tal depósito tardío de la fianza de no residente. El 17 de septiembre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia dictó una orden mediante la cual dio por prestada la fianza y ordenó la continuación de los procedimientos. El 27 de noviembre de 2002, el foro prima-rio declaró “no ha lugar” la moción de desestimación pre-sentada por los demandados y nuevamente ordenó que continuaran los procedimientos.

Así las cosas, el 14 de enero de 2003, los demandados presentaron ante el entonces Tribunal de Circuito de Ape-laciones un recurso de certiorari. Señalaron como error lo siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al denegar la deses-timación del presente caso en que se depositó tardíamente una fianza de no residente según la Regla 69 de procedimiento Civil y haciendo caso omiso de la jurisprudencia vigente.()

La parte allí peticionaria, en su petición de certiorari, no certificó haber notificado con copia del recurso al tribunal recurrido, tal como lo requería la Regla 33(A) del Re-glamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, entonces vigente.() Ante tal situación, el foro intermedio apelativo emitió una resolución el 6 de febrero de 2003, concedién-dole a la parte allí peticionaria un término de cinco días para acreditar la notificación al Tribunal de Primera Instancia.

El 11 de marzo de 2003 la parte allí peticionaria pre-sentó una Moción en Cumplimiento de Orden y adjuntó un documento de la Secretaría del Tribunal de Primera Ins-tancia para acreditar que dicho foro fue notificado me-diante copia del recurso de certiorari el 21 de enero de 2003.() El Ledo. Ovidio Zayas Rivera sometió como anejo una copia de una certificación médica de la Sala de Emer-gencias del Hospital Menonita en Cayey, con el propósito de acreditar que había llevado a su esposa a dicha institu-ción, por lo que no había podido notificar el recurso al Tribunal de Primera Instancia.() Alegó en la moción lo si-guiente:

TERCERO: La razón para no haberlo radicado antes es que nuestra esposa fue recluida [sic] en la Sala de Emergencia del Hospital Menonita de Cayey en 15 de enero un día después de haberse radicado ante este Honorable Tribunal y dentro del término de 48 horas para radicarlo ante TPI. Por la gravedad de su condición, al no haber cama disponible en el mismo Hospital en Cayey, donde residimos, tuvo que ser trasladada al mismo Hospital, pero en el Municipio de Aibonito, donde per-maneció recluida [sic] hasta el día 30 de enero.
CUARTO: Como podrá concluir el Honorable Tribunal, tenía-mos hasta el día 16 del mismo mes para radicar, pero, por razón de su condición, nos veíamos en la situación de tener que trasladarnos a Aibonito todos los días a acompañarla en el Hospital, ya que vivimos los dos solos y es nuestra exclusiva responsabilidad su atención.()

El 11 de abril de 2003, el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó una resolución, desestimando el re-curso de certiorari. Expresó que del documento del Hospital Menonita sometido, el nombre de la paciente hospitali-zada no aparece muy legible, pero que definitivamente no es el de la esposa del allí peticionario, Sra. Astrid Llavina Stoddard. El foro intermedio apelativo entendió que el es-crito se refería a la esposa del peticionario, cuando en rea-lidad se refiere a la esposa de su abogado, el Ledo. Ovidio Zayas Rivera. Por incumplir con el término de cumpli-miento estricto para notificar al tribunal recurrido, según la referida Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, y por entender que el allí peticionario no justificó la demora de tal notifi-cación a satisfacción del tribunal, el foro intermedio apela-tivo desestimó el recurso de certiorari de acuerdo con lo dispuesto en la entonces vigente Regla 83(B)(3) del Regla-mentó del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A.

Inconforme, el 5 de mayo de 2003 la parte allí peticio-naria le solicitó al entonces Tribunal de Circuito de Apela-ciones la reconsideración de su determinación. En ella, el abogado de los peticionarios, Ledo. Ovidio Zayas Rivera, expuso que el 14 de enero de 2003, fecha en la que presentó el recurso de certiorari en el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, su esposa, la Sra. Norma Mercado Carta-gena, quien padece de problemas respiratorios crónicos, se sintió enferma. Adujo que al día siguiente, 15 de enero de 2003, tuvo que permanecer junto a ella en el hogar y luego llevarla a la sala de emergencia del Hospital Menonita de Cayey. La señora Mercado Cartagena fue admitida con diagnóstico de asma hasta el día siguiente, 16 de enero de 2003, fecha cuando fue trasladada en ambulancia al Hospital Menonita de Aibonito. Allí fue admitida sufriendo una condición agravada, con diagnóstico de “Bronquial Asma, Exacerbation R/O Broncopneumonia” y permaneció hasta el 30 de enero de 2003.() Argüyó que él y su esposa viven solos, por lo que él tiene la obligación de atenderla en todos los aspectos, y que debido a su condición de salud, tenía que permanecer a su lado, impidiendo la notificación opor-tuna al Tribunal de Primera Instancia.() El licenciado Za-yas Rivera concluyó en su solicitud que había demostrado detalladamente las razones que existieron para la dilación en la notificación del recurso al foro primario y de esta forma haber acreditado de manera adecuada la existencia de justa causa para tal demora.

Junto con la Moción Solicitando Reconsideración, se so-metieron dos documentos: (1) un certificado del cual surge que la Sra. Norma Mercado Cartagena, quien es la esposa del Ledo. Ovidio Zayas Rivera, fue admitida en la sala de emergencias del Hospital General Menonita de Cayey el 15 de enero de 2003 y dada de alta el 16 de enero de 2003, y (2) un registro de pacientes del Hospital General Menonita de Aibonito, del cual surge que la Sra. Norma Mercado Cartagena, esposa del Ledo. Ovidio Zayas Rivera, fue ad-mitida a dicha institución el 16 de enero de 2003 con el diagnóstico de “Bronquial Asma, Exacerbation R/O Bron-copneumonia” y que fue dada de alta el 30 de enero de 2003.()

El 30 de mayo de 2003, el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió una resolución, archivada en autos con copia de su notificación a las partes el 17 de junio de 2003, declarando “no ha lugar” a la solicitud de reconsideración.

Inconformes con la decisión del entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, el 17 de julio de 2003 los allí peti-cionarios, Sr. Isidro Suárez Camejo et al., acuden ante nos mediante el presente recurso de certiorari, alegando la co-misión de los errores siguientes:

Erró el Honorable Tribunal Apelativo al desestimar el presente recurso por notificación tardía al Honorable Tribunal de Pri-mera Instancia[.]
Erró el Honorable Tribunal de Instancia así como el Tribunal de Circuito al denegar la desestimación del presente caso en que depositó tardíamente una fianza de no residente según la Regla 69 de Procedimiento Civil y haciendo caso omiso de la jurisprudencia vigente. (Énfasis suplido.) Petición de certio-rari, pág. 4.

Expedimos el recurso de certiorari el 24 de septiembre de 2003. La parte recurrida no compareció para presentar su alegato dentro del término de veinte días concedido, por lo que el caso quedó sometido en los méritos para su adju-dicación por este Tribunal el 23 de diciembre de 2004.

HH HH

La Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, entonces vigente, dispone lo siguiente:

Regla 33. Presentación y notificación
(A) Manera de presentarlo. — Los escritos iniciales de certio-rari que se sometan a la consideración del Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, y sus copias, podrán presentarse en la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones o en la Se-cretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia en la cual se resolvió la controversia objeto de revisión. Una u otra forma de presentación tendrá todos los efectos de ley.
Cuando la solicitud de certiorari sea presentada en la Secre-taría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, la parte peticio-naria deberá notificar a la Secretaría del tribunal recurrido, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presen-tación de la solicitud, copia de la misma debidamente sellada con la fecha y la hora de presentación. El término aquí dis-puesto será de cumplimiento estricto. Cuando la solicitud sea presentada en la Secretaría del tribunal recurrido, el peticio-nario deberá notificar a la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de las cuarenta y ocho (48) horas si-guientes a la presentación de la solicitud, las cuatro (4) copias que fueron debidamente selladas por la Secretaría dél tribunal recurrido con la fecha y la hora de presentación. El tér-mino aquí dispuesto será de cumplimiento estricto. (Enfasis suplido.)()

Reiteradamente este Tribunal ha expresado que las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.() El cumplimiento riguroso de tales normas se ex-tiende al Reglamento del Tribunal de Apelaciones, antes Tribunal de Circuito de Apelaciones.()

Dicho reglamento establece que algunos términos para perfeccionar los recursos son de carácter jurisdiccio-nal y otros de cumplimiento estricto. Cuando se trata de un término de cumplimiento estricto, el tribunal no está atado al automatismo que conlleva un requisito jurisdiccional, por lo que puede “proveer justicia según lo ameritan las circunstancias” y extender el término.() No obstante, el Tribunal de Apelaciones no goza de discreción para prorro-gar un término de estricto cumplimiento automática-mente.() Podrá prorrogar un término de cumplimiento es-tricto o permitir su cumplimiento tardío cuando se justifi-que detalladamente la existencia de una causa justa para la tardanza o el incumplimiento.()

Hemos establecido que los tribunales pueden eximir a una parte del requisito de observar fielmente un término de cumplimiento estricto si están presentes dos condiciones:

(1) que en efecto exista justa causa para la dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases razo-nables que tiene para la dilación; es decir, que la parte intere-sada acredite de manera adecuada la justa causa aludida.!)

En ausencia de estas condiciones, el tribunal carece de discreción para prorrogar el término y, por consiguiente, de acoger el recurso de certiorari ante su consideración.() Deberá demostrarse la existencia de una causa justa con explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió por alguna circuns- tanda especial razonable. () No podrá acreditarse la existencia de una justa causa con excusas, vaguedades o planteamientos estereotipados .()

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El entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones deses-timó el recurso de certiorari presentado por los peticiona-rios por incumplir con la Regla 33(A) de su Reglamento, supra. Fue desestimado por haber sido notificado al Tribunal de Primera Instancia fuera del término de cuarenta y ocho horas que establece dicho cuerpo reglamentario.

Ante tal decisión del foro intermedio apelativo, la parte allí y aquí peticionaria solicitó su reconsideración, señaló la existencia de justa causa para tal dilación y presentó la prueba adecuada para acreditarla. Entendemos que en la moción de reconsideración el abogado de los peticionarios, licenciado Zayas Rivera, acreditó fehacientemente la exis-tencia de justa causa para la notificación tardía mediante una copia del recurso al foro primario. Presentó prueba concreta y específica que acreditaba que su esposa estuvo enferma y hospitalizada, y que a éste le fue imposible cum-plir con la notificación dentro del término de cuarenta y ocho horas.

A su vez, señaló que el día cuando presentó el recurso de certiorari en el entonces Tribunal de Circuito de Apelacio-nes, su esposa se encontraba enferma. Al día siguiente, 15 de enero de 2003, fue hospitalizada y el 16 de enero de 2003, último día para poder notificar el recurso al foro pri-mario oportunamente y así cumplir con el reglamento en cuestión, su esposa fue trasladada al Hospital Menonita de Aibonito. Surge de nuestro expediente el documento que acredita que estuvo hospitalizada del 16 al 30 de enero de 2003 y que sufrió de una condición respiratoria severa. El licenciado Zayas Rivera, garantizando los derechos de sus clientes, cumplió con los dos requisitos antes mencionados para eximir a una parte del requisito de observar fielmente un término de cumplimiento estricto. Demostró la existen-cia de justa causa para la dilación y lo hizo de forma deta-llada y adecuada.

Erró el foro intermedio apelativo al considerar que la razón del abogado de los peticionarios, licenciado Zayas Rivera, de permanecer al lado de su esposa, dándole las aten-ciones y cuidados necesarios por encontrarse en un estado delicado de salud y hospitalizada, no constituye una justa causa que permitiera extender un término de cumpli-miento estricto.

La Moción en Cumplimiento de Orden es clara, pues se entiende que es el abogado de los peticionarios quien se dirige al tribunal expresando las razones personales que no le permitieron cumplir con el reglamento. Además, la moción de reconsideración estableció de forma más con-creta y particular la situación en que se encontraba el abo-gado de lo peticionarios, debido a la enfermedad de su es-posa, la cual ocasionó el incumplimiento justificado de la Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, supra.

La enfermedad de un abogado o de una persona de su circulo familiar inmediato que dependa de él es una circunstancia especial, no planificada, que constituye una justa causa, siempre que se acredite fehacientemente su ocurrencia, por la cual un tribunal puede ejercer su discreción y prorrogar o permitir el cumplimiento tardío de un término de cumplimiento estricto. Entiéndase que nos referimos a una enfermedad seria que imposibilite la facultad del abogado de cumplir con sus deberes. Podría tratarse de que sea el propio abogado quien sufra una enfermedad seria que le impida cumplir sus deberes, ya sea por estar hospitalizado o en un estado de salud delicado. También podría tratarse de que algún familiar inmediato del abogado, como lo es el cónyuge, sufra de al-guna enfermedad o condición seria que amerite cuidados. Según esta circunstancia, también podría darse la situa-ción, como en el caso autos, de que el familiar no sólo se encuentra en un estado de salud delicado que necesita in-tensos cuidados, sino que también necesita que sea el pro-pio abogado quien lo cuide o acompañe por no tener a nadie más que pueda atenderlo.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, concluimos que sí erró el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones al des-estimar el recurso de “certiorari”. Por sí existir justa causa, el foro intermedio apelativo tenía que atender el recurso, a pesar de haber sido notificado tardíamente al Tribunal de Primera Instancia. Devolvemos el caso al Tribunal Apela-tivo para que dilucide el error señalado por los peticiona-rios sobre el depósito tardío de la fianza de no residente.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez emitió la opinión del Tribunal.

      (1) Recurso de certiorari, pág. 2.

      (2) Íd.

      (3) 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (4) Véase la Minuta de 1 de mayo de 2002, Apéndice del Recurso de certiorari, págs. 9-10.

      (5) Íd., págs. 20-21; Recurso de certiorari, págs. 2-3.

      (6) Íd.

      (7) Recurso de certiorari, pág. 4.

      (8) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A; Véase Recurso de certiorari, pág. 42.

      (9) Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 42. Véase la Moción en Cumplimiento de Orden de 6 de marzo de 2003, presentada el 11 de marzo de 2003; Anejo 1 de la Moción en Cumplimiento de Orden (autos del entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones).

      (10) Anejo 2 de la Moción en Cumplimiento de Orden.

      (11) Moción en cumplimiento de orden, pág. 1.

      (12) Apéndice del Recursso de certiorari, págs. 48-49.

      (13) Íd., págs. 44-47.

      (14) Íd., págs. 48-49.

      (15) 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 33(A).

      (16) Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560, 564 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 129-130 (1998).

      (17) Íd.

      (18) Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 131; Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 360 (1977).

      (19) Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657 (1997).

      (20) Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra; Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 720 (2003); Arriaga v. F.S.E., supra.

      (21) Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 565; Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 132.

      (22) Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 131; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 657.

      (23) Febles v. Romar, supra; Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., supra, pág. 565; Arriaga v. F.S.E., supra, pág. 132.

      (24) Arriaga v. F.S.E., supra.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Ramón Matos Matos, peticionario, v. Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores, recurrida.

      Número: CC-2002-555

      Resuelto: 20 de septiembre de 2005

      Harold Rivera Vázquez y Solanya Vargas González, abogados de la parte peticionaria; Carmen Riera Cintrón y Gilberto Oliver Vázquez, abogados de la recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

Tenemos ocasión de resolver si la Ley de la Junta Exa-minadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico, según enmendada, provee para que los inge-nieros en entrenamiento puedan ser ingresados en el Re-gistro Permanente de Ingenieros Autorizados para la Prác-tica de la Agrimensura y puedan, en consecuencia, ejercer la profesión de la agrimensura en Puerto Rico. Resolvemos en la negativa.

I

El peticionario Román Matos Matos (señor Matos) cursó ingeniería civil en la Universidad Politécnica de Puerto Rico y obtuvo un bachillerato en dicho campo en noviembre de 1978. Aprobó el examen de reválida únicamente en su parte fundamental, mientras que fracasó en su parte profesional. En abril de 1989 la Junta Examinadora de In-genieros, Arquitectos y Agrimensores (Junta Examina-dora) emitió la Certificación Núm. 10161EIT (“engineer in training”), mediante la cual se clasificó al señor Matos como “ingeniero en entrenamiento”, conforme a la Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agri-mensores, Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 20 L.P.R.A. sec. 711 et seq. (Ley 173).() Poste-riormente, obtuvo su inscripción en el Departamento de Estado como ingeniero en entrenamiento. Es importante destacar que no surge del expediente la fecha cuando el señor Matos tomó su examen de reválida ni en qué se des-empeñó desde que se graduó en 1978 hasta que solicitó su certificación como ingeniero en entrenamiento once años después.

El 7 de julio de 1989 el señor Matos solicitó la admisión al Registro Permanente de Ingenieros Autorizados para la Práctica de la Agrimensura (Registro Permanente), regis-tro que incluye todos los ingenieros capacitados para ejer-cer la agrimensura según los requisitos de las disposicio-nes transitorias de la Ley 173. En su solicitud, el señor Matos se limitó a indicar sus señas personales, la referen-cia a su número de licencia 10161EIT y a hacer constar los cursos aprobados que lo cualificaban a practicar la agrimensura.() Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 3. La solicitud fue acompañada con la transcripción de cré-ditos acreditativa de que había tomado los cursos requeridos.

El 6 de junio de 1990, la Junta Examinadora le notificó al señor Matos un permiso provisional que lo facultó a ejer-cer la práctica de la agrimensura. Se le indicó en esta co-municación que la certificación oficial estaba sujeta a la revisión y aprobación final de su solicitud por la Junta Examinadora() No fue hasta noviembre de 1995 que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (C.I.A.P.R.) se percató de la irregularidad del permiso provisional concedido. Mediante carta, el C.I.A.P.R. cuestionó a la Junta Examinadora sobre el procedimiento utilizado, mediante el cual se autorizó provisionalmente a un inge-niero en entrenamiento a practicar la agrimensura, cuando la ley solamente permite la inclusión en el Registro Permanente a los ingenieros licenciados. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 13.

No obstante haber impugnado el permiso concedido, el mismo mes de noviembre de 1995 el C.I.A.P.R. emitió una certificación, acreditando que el peticionario, además de ser ingeniero en entrenamiento, estaba autorizado a ejer-cer la agrimensura. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 15. La Junta Examinadora, mediante una correspon-dencia de abril de 1996, se expresó a esos mismos efectos. Cabe destacar que durante todo este tiempo el señor Matos había acudido, en repetidas ocasiones, al C.I.A.P.R. solici-tando orientación sobre cómo debía presentar sus credenciales.

Así las cosas, en junio de 1996 la Administración de Re-glamentos y Permisos (A.R.Pe.) se querelló ante el C.I.A.P.R., porque el señor Matos había presentado ilegal-mente unos proyectos bajo un sello profesional de inge-niero sin estar autorizado para ello.() Mediante Resolu-ción de 6 de marzo de 1998, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros determinó, como cuestión de hecho, que el querellado era agrimensor e ingeniero en entrena-miento y que ilegalmente éste representaba en su sello que era ingeniero. En vista que los proyectos involucrados eran de agrimensura y no de ingeniería, el Tribunal Disciplina-rio limitó la sanción a una amonestación y advirtió al que-rellado “a no proseguir con esta conducta”() El señor Ma-tos no apeló esta determinación.

Conforme dicha resolución, el peticionario preparó un nuevo sello profesional para certificar proyectos de agri-mensura, y en marzo de 1999 solicitó ante la Junta Exa-minadora la aprobación de dicho sello y la renovación de su licencia de agrimensor. Al evaluar la solicitud, la Junta Examinadora se percató que el señor Matos no era inge-niero licenciado y que desde 1989 practicaba la agrimen-sura con una autorización otorgada ilegalmente. La Junta Examinadora inició el trámite administrativo y le notificó al señor Matos la intención de revocar su certificado de ingeniero en entrenamiento y su licencia provisional de agrimensor por éste haber violado los cánones de ética del C.I.A.P.R. No obstante, en esta misiva no se le comunica-ron los hechos constitutivos de esta violación ni se especi-ficó cuáles fueron los cánones alegadamente violados.() Se celebró una vista el 18 de abril de 2001, en la cual el señor Matos tuvo la oportunidad de declarar y de presentar prueba a su favor.

El 26 de diciembre de 2001 la Junta Examinadora emi-tió una resolución mediante la cual se le suspendió al señor Matos por el término de un (1) año el certificado de inge-niero en entrenamiento y se le revocó su licencia provisional de agrimensor, ya que era nula por haber sido otorgada en contravención a la ley. Nuevamente, la Junta Examina-dora fundamentó su determinación en el hecho que el se-ñor Matos había sido incluido en el Registro Permanente de agrimensores ilegalmente, ya que sólo los ingenieros li-cenciados tienen acceso a dicho registro.

Inconforme, y luego de denegarse de plano una moción de reconsideración, el señor Matos acudió al foro apelativo con un recurso de revisión administrativa. Argumentó que la Junta Examinadora había interpretado erróneamente la Ley 173, al excluirlo del registro que le permitía ejercer la agrimensura y al concluir que había violado una orden del Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros de abste-nerse a ejercer como agrimensor.

El tribunal a quo consideró la comparecencia de las par-tes y concluyó que sólo un ingeniero licenciado o agrimen-sor licenciado pueden ejercer la agrimensura. Determinó que la actuación de la Junta Examinadora fue razonable y conforme al mandato legislativo. En consecuencia, denegó el recurso solicitado. De esa resolución el señor Matos acu-dió ante nosotros y nos planteó el señalamiento de error siguiente:

Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al con-firmar la “resolución” emitida por la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico revocando el per-miso que autorizaba al aquí peticionario a practicar la agri-mensura en Puerto Rico y suspendiéndolo del registro perma-nente para la práctica de la agrimensura. Petición de certiorari, pág. 9.

Expedimos el recurso y, contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a resolver.

HH HH

La controversia central que nos ocupa gira en torno a la correcta interpretación de las disposiciones transitorias de la Ley 173. En su escrito, el peticionario sostiene que si bien es correcta, como regla general, la interpretación del foro apelativo, en el sentido que sólo los “ingenieros licen-ciados” pueden ejercer la agrimensura en Puerto Rico, no es así en su caso. Sostiene que la disposición transitoria contenida en el Art. 3(i) de la Ley 173 (20 L.P.R.A. sec. 711a(i)) autoriza a un “ingeniero en entrenamiento” a soli-citar su ingreso al Registro Permanente y, por lo tanto, ejercer como agrimensor. Habida cuenta entonces de que el peticionario tiene una certificación de “ingeniero en entre-namiento”, él está autorizado a practicar la agrimensura.

Al interpretar una ley, los tribunales tenemos la obligación de considerar cuáles fueron los propósitos sociales que motivaron a la Asamblea Legislativa a aprobarla. Depto. de la Familia v. Ramos, 158 D.P.R. 892 (2003); Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998); Col. Ópticos P.R. v. Pearle Vision Center, 142 D.P.R. 221 (1997). Resulta nece-sario que en nuestra interpretación armonicemos, hasta donde sea posible, todas las disposiciones de la ley con el propósito de lograr una interpretación integrada, lógica y razonable de la intención legislativa.

Las distintas disposiciones que componen una ley no deben ser interpretadas de manera aislada, sino que deben ser analizadas en conjunto. Sin embargo, no debemos perder de vista que el lenguaje claro de la ley es la mejor expresión de la intención legislativa. Departamento Hacienda v. Telefónica, 164 D.P.R. 195 (2005); Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130 (2004), y otros casos allí citados.

A la luz de la normativa anterior, pasemos a evaluar las disposiciones legales relacionadas con esta controversia.

El peticionario argumentó que el foro apelativo erró al no considerar que su condición de ingeniero en entrena-miento lo cualificaba para acogerse a la moratoria provista en el Art. 30(g) de la Ley 173. Fundamentó su contención en el uso de la palabra “certificado” en el Art. 30(g) de dicha ley, término que aduce se refiere a los ingenieros en entrenamiento. No tiene razón.

La Ley 173, disposición vigente al momento de que el peticionario solicitara la clasificación como ingeniero en entrenamiento, fue aprobada con el propósito de armonizar las disposiciones legales que rigen la práctica profesional de la ingeniería, arquitectura y agrimensura en Puerto Rico, para garantizar la calidad y exigencia en dichos servicios. Mediante ella se pretendió atemperar los rigores de la ley a las exigencias modernas de la profesión, en beneficio no tan sólo de los profesionales que regula, sino también del desarrollo socioeconómico del país. Exposición de Motivos de la Ley 173 (1988 Leyes de Puerto Rico 860). Esta ley derogó la Ley Núm. 399 de 10 de mayo de 1951 (Ley 399), 1951 Leyes de Puerto Rico 1011, ley que hasta entonces reglamentaba las profesiones de ingeniería, arquitectura y agrimensura, e introdujo una serie de cam-bios significativos.

La Ley 399 clasificaba a los ingenieros y arquitectos en ingenieros o arquitectos graduados, e ingenieros y arqui-tectos licenciados, distinción que tenía poco sentido prác-tico —si alguno— ya que tanto los ingenieros y arquitectos graduados como los ingenieros o arquitectos licenciados te-nían que aprobar el mismo examen de reválida y tenían el mismo derecho a ejercer su profesión sin limitaciones. Para estar autorizado a ejercer como ingeniero graduado, la Junta expedía un “certificado”, acreditativo de que el soli-citante cumplía con los requisitos necesarios() De otro lado, los ingenieros licenciados recibían una “licencia” ex-pedida a su nombre por la Junta Examinadora() Art. 3(d), 20 L.P.R.A. sec. 711a(d).

En cuanto a la agrimensura, bajo la Ley 399 era sufi-ciente para ser agrimensor licenciado que la persona hu-biera cursado estudios en ingeniería, sin necesariamente haber aprobado cursos en agrimensura, siempre que pro-baran cumplir con ciertos requisitos. La ley requería, ade-más de los correspondientes estudios —por lo menos dos años de estudios en ingeniería o haber terminado estudios en agrimensura— al menos dos años de experiencia profe-sional que acreditara su capacitación en la agrimensura a satisfacción de la Junta Examinadora, y la aprobación de exámenes escritos en las materias fundamentales de la agrimensura. Art. 9(3) de la Ley 399 (1951 Leyes de Puerto Rico 1025).

La Ley 173 eliminó la clasificación de ingenieros gra-duados y creó la clasificación de “ingenieros en entrenamiento”.() Para cualificar como ingeniero en entre-namiento es requisito que la persona presente una prueba acreditativa de haberse graduado de un curso de no menos de cuatro años académicos, o su equivalencia, de cualquier universidad acreditada, y haber aprobado la reválida en las materias fundamentales de la disciplina de la ingeniería. Art. 9(5)(a), 1988 Leyes de Puerto Rico 869. Por su parte, para ser ingeniero licenciado es necesario haber aprobado, además de los requisitos anteriores, la reválida en las materias profesionales de la ingeniería.() Art. 9(5)(b) de la Ley 173 (1988 Leyes de Puerto Rico 869). Sólo el ingeniero licenciado podrá tener un sello y certificar pla-nos, diseños y mediciones en la ingeniería.

En cuanto a la práctica de la agrimensura, la Ley 173 también distingue entre los agrimensores en entrena-miento y los agrimensores licenciados. Se impuso como exi-gencia para cualificar como agrimensor en entrenamiento, haber estudiado cuatro años en un curso o plan de estudios de agrimensura, y aprobar la reválida fundamental; y am-bas reválidas, la fundamental y la profesional, en el caso de los agrimensores licenciados. Art. 9(5)(e) y (f) de la Ley 173 (1988 Leyes de Puerto Rico 870). De lo anterior surge con claridad que la Ley 173 equiparó los requisitos para la práctica de la agrimensura con los de la ingeniería y eli-minó la posibilidad de que los ingenieros que no hubiesen estudiado propiamente la agrimensura pudieran desempe-ñarse como agrimensores.

No obstante, mediante una disposición transitoria con-templada en la Ley 173, se procuró proteger a los ingenie-ros que para la fecha de efectividad de la ley ya ejercían la agrimensura bajo su licencia profesional de ingeniero, y a aquellas personas que al momento de la aprobación de la ley habían, al menos, comenzado estudios en ingeniería. A estos efectos, la Ley 173 dispuso, en su Art. 30(g), que:

(g) Todo ingeniero debidamente licenciado como tal por la Junta y que esté capacitado para ejercer la agrimensura podrá continuar practicándola bajo su licencia de ingeniero, sin ne-cesidad de poseer además una licencia de agrimensor. A los fines de esta disposición, la Junta establecerá un Registro Per-manente en el cual deberán inscribirse los ingenieros en tales circunstancias dentro de un (1) año a partir de la fecha en que entre en vigor esta disposición. Transcurrido este término, sólo podrán practicar la agrimensura en Puerto Rico los inge-nieros así registrados y los profesionales que posean una licen-cia de agrimensor. ...
Los estudiantes de ingeniería que a la fecha de aprobación de esta ley hayan comenzado su primer año de estudios de ingeniería podrán solicitar ser incluidos en dicho Registro Per-manente después de haber aprobado el examen de reválida requerido en la misma y estar colegiados. Tal solicitud deberá hacerse dentro de un (1) año contado a partir de la fecha de expedición de su correspondiente certificado o licencia de in-geniero y la Junta podrá incluirlo en el Registro Permanente siempre que, a su juicio, el solicitante esté capacitado para practicar la agrimensura.
A los fines del Registro Permanente dispuesto en este inciso, “ingeniero capacitado” significa toda persona que haya apro-bado los cursos de Agrimensura I y II, Campamento de Agri-mensura y Cursos de Carreteras, como requisitos académicos, o que en la alternativa, presente prueba acreditativa de haber estado practicando la agrimensura al entrar en vigor la ley. Una vez aprobada esta ley, todo ingeniero licenciado que quede excluido de las cláusulas anteriores y que desee ser in-cluido en el Registro Permanente deberá demostrar fehacien-temente haber aprobado los cursos conducentes a la concen-tración en agrimensura en una institución acreditada, según requerido por la Junta Examinadora para los agrimensores. 1988 Leyes de Puerto Rico 883-884.

Así también, la Ley 173 consideró que los ingenieros o arquitectos que hubieran obtenido una certificación de “graduados” según la Ley 399 pudieran solicitar su licencia de ingeniero dentro del término de un (1) año de la apro-bación de la Ley 173. Art. 30(f) de la Ley 173 (1988 Leyes de Puerto Rico 883).

De lo anterior se desprende que las disposiciones transitorias de la Ley 173 intentaron proteger a los inge-nieros graduados para que obtuvieran su licencia corres-pondiente, y a los ingenieros licenciados que ya estuvieran practicando la agrimensura a que pudieran ser certificados como agrimensores licenciados sin tener que cumplir con los requerimientos académicos adicionales de la nueva ley. Cabe destacar que aun con el beneficio de esta disposición transitoria, la ley dispuso un término de tres años dentro de los cuales la persona debía tomar la reválida de agrimensura. Art. 30(h) de la Ley 173 (1988 Leyes de Puerto Rico 884).

No es razonable concluir, como nos solicita el peticionario, que el legislador haya pretendido proteger mediante estas disposiciones transitorias a los ingenieros en entrenamiento, pues la clasificación no existía bajo la ley anterior. Más bien, concluimos que la palabra “certificado” en el segundo párrafo del Art. 30(g), supra, es una referencia a los ingenieros graduados, quienes según la Ley 399 podían ejercer la ingeniería sin restricciones, con el certificado correspondiente.

Contrario al argumento del peticionario, no considera-mos que la interpretación del Tribunal de Apelaciones tenga el efecto de brindarle mayores derechos al estu-diante de ingeniería de los que le brinda al ingeniero en entrenamiento. El referido Art. 30(g) lo que hizo fue pro-veer para que las personas que estuvieran estudiando in-geniería al momento de la aprobación de la ley pudieran solicitar ejercer la agrimensura una vez hubieran termi-nado sus estudios y obtuvieran su licencia de ingeniero —tal y como se le permitió a los ingenieros licenciados— sin necesidad de cursar estudios propiamente de agrimensura. Es evidente que para así hacerlo tenían que cumplir con los mismos requisitos impuestos a los ingenie-ros licenciados, a saber: finalizar sus estudios; ser inge-niero licenciado; haber tomado los cursos en agrimensura que exige la ley en su Art. 30(g), supra, y aprobar la revá-lida de agrimensura. La misma exigencia aplica a los inge-nieros en entrenamiento.

Luego de considerar de manera integrada las disposiciones de la Ley 173 y de su predecesora, la Ley 399, resolvemos que solamente un ingeniero licenciado capacitado para ejercer la agrimensura y un agrimensor licenciado pueden ejercer la agrimensura en Puerto Rico. Los estudiantes de ingeniería a los que benefició la disposición transitoria de la Ley 173 deberán cumplir con los mismos requisitos que aplican a los ingenieros licenciados para poder practicar la agrimensura.

Con el anterior trasfondo doctrinal pasemos a aplicar los hechos del caso, no sin antes reiterar la norma que rige en nuestro ordenamiento jurídico sobre la revisión de las determinaciones administrativas.

Las decisiones administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección que debe ser respetada mientras la parte que la impugne no presente suficiente evidencia para derrotarla. A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875 (1974). Las conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos especializados merecen gran consideración y respeto por parte de los tribunales, y la revisión administrativa se limita a determinar si la agencia actuó de manera tan arbitraria o irrazonable que pueda considerarse su actuación como un abuso de discreción. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975); Fuertes y otros v. A.R.Pe., 134 D.P.R. 947 (1993). Hemos indicado que la deferencia reconocida a las agencias administrativas sólo cede en las circunstancias siguientes: cuando la determinación no está basada en evidencia sustancial; cuando el organismo administrativo erró al aplicar la ley, y cuando se trata de una actuación irrazonable o ilegal. Véase Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005), y otros casos allí citados.

I-H HH

Luego de analizar el derecho aplicable, resolvemos que no erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la determi-nación de la Junta Examinadora. Al aprobarse la citada Ley 173 en agosto de 1988, el Sr. Román Matos Matos ha-bía terminado sus estudios en ingeniería y había tomado los cursos requeridos para ser agrimensor. Es evidente que al momento no era estudiante de ingeniería. Más aún, en ese momento el peticionario no era poseedor, bajo la anterior Ley 399, ni de una certificación de ingeniero graduado ni de una licencia de ingeniero. Por el contrario, solicitó su certificación como ingeniero en entrenamiento en abril de 1989, ya aprobada la Ley 173. Claramente, el señor Matos no cualificaba dentro de las clasificaciones que el legislador quiso proteger mediante la disposición transitoria de la Ley 173. Tampoco está en controversia el hecho que el pe-ticionario no es un ingeniero licenciado, por no haber apro-bado la reválida de ingeniería en su parte profesional.() Tampoco ha tomado la reválida de agrimensura. En conse-cuencia, debemos concluir que no cumple con los requisitos de la Ley 173 para practicar la agrimensura en Puerto Rico.

Reconocemos que el señor Matos actuó amparado en un permiso provisional que lo facultaba a ejercer la agrimensura. No empece, se trató de un permiso ilegalmente expedido, ya que no era un ingeniero licenciado, requisito indispensable para la validez del permiso. Hemos señalado que si bien toda persona tiene derecho a ejercer cualquier profesión o negocio, no se trata de un derecho absoluto, sino de un derecho subordinado al poder de reglamentación del Estado. Infante v. Junta de Médicos Exam. de P.R., 43 D.P.R. 325 (1932), citado con aprobación en San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 D.P.R. 405, 413 (1993). En el ejercicio de su poder de razón de estado, éste regula las profesiones u oficios en aras de proteger el bienestar público, a la vez que evita el fraude y la incompetencia. Además, el Estado puede válidamente con-dicionar la práctica de una profesión a la obtención de la correspondiente licencia o permiso. Véanse: San Miguel Lorenzana v. E.L.A., supra; Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, (1992); Asoc. Drs. Med. Cui. Salud v. Mo-rales, 132 D.P.R. 567 (1993).

Tampoco el hecho que el Estado haya otorgado una licencia erróneamente, bajo la premisa equivocada que la persona reúne los requisitos que lo cualifican a ejercer la profesión en cuestión, otorga a dicha persona un derecho de continuar ejerciéndola. Los errores administrativos no crean derechos que obliguen a las agencias ni impiden su corrección, por cuanto el peticionario no puede ampararse en una actuación administrativa incorrecta o ilegal. Véanse: Magriz v. Empresas Nativas, 143 D.P.R. 63 (1997); Director Of. Inspección Notarías v. Colón, 131 D.P.R. 102 (1992); Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, (1978).

IV

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se con-firma la sentencia del Tribunal de Apelaciones que, a su vez, confirma la resolución de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, mediante la cual se revocó el permiso otorgado al peticionario para ejercer la agrimensura provisionalmente. Se dictará la sentencia correspondiente.

La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

      (1) Esta ley fue enmendada por la Ley Núm. 185 de 26 de diciembre de 1997.

      (2) El formulario preimpreso que cumplimentó indica lo siguiente:
      ‘Tor la presente hago constar que soy Ingeniero Licenciado y solicito se me incluya en el Registro Permanente contenido en el Artículo 30, Sección G, de la Ley Núm. 173, del 12 de agosto de 1988, para que se me permita practicar la Agrimen-sura en Puerto Rico.” Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 3.

      (3) No consta en el expediente información alguna que indique que la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Junta Examinadora), en efecto, haya pasado juicio sobre la solicitud del señor Matos.

      (4) Mediante Carta de 15 de febrero de 1996, dirigida a la Junta Examinadora, el peticionario admitió haber utilizado el título de ingeniero en su sello. Éste indicó que:
      “Porque se pensó (sic) lo mismo que yo me creía que la transición de leyes me había favorecido (sic) y que se me estaba cambiando de categoría de Ingeniero Cer-tificado a Ingeniero Licenciado además yo llegué a pensar que como la certificación dice que de acuerdo a la Ley 173 del 12 de agosto de 1988 inciso G aquí habla de otorgarle este permiso a Ingenieros Licenciados Capacitados y no habla de Ingenie-ros en Entrenamiento que presentaran su solicitud dentro del tiempo de la moratoria de un año.” Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 16.

      (5) No surge claro de la resolución si “esta conducta” de la que se le apercibe que debe abstenerse se refiere a representarse como agrimensor o como ingeniero. Según una posterior Resolución de 26 de diciembre de 2001, la Junta Examinadora inter-pretó que el Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros apercibió al señor Ma-tos a desistir de utilizar tanto el título de agrimensor como el de ingeniero licenciado. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 42.

      (6) En una carta posterior le indicaron que la ilegalidad surgía de la “nulidad ab initio de su inclusión en el Registro Permanente de Agrimensura por la misma haber sido hecha de forma contraria a las leyes”. Apéndice 23, pág. 40.

      (7) Los requisitos para cualificar como ingeniero graduado eran: haberse gra-duado de ingeniería en un programa de no menos de cuatro años y haber aprobado la reválida en las materias fundamentales de la ingeniería o la arquitectura. Art. 9(l)(a) de la Ley Núm. 399 de 10 de mayo de 1951 (Ley 399), 1951 Leyes de Puerto Rico 1023.

      (8) Los ingenieros licenciados, además de los requisitos del graduado, debían proveer una relación detallada de experiencia profesional de no menos de cuatro años. Art. 9(2)(a) de la Ley 399, supra, 1951 Leyes de Puerto Rico 1023 y 1025.

      (9) La clasificación quedó definida en la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988 (Ley 173) de la manera siguiente:
      “(c) ‘Ingeniero en entrenamiento’ significa toda persona que posea un diploma o certificado acreditativo de haber completado satisfactoriamente los requisitos de esta disciplina en una escuela cuyo programa esté reconocido por la Junta, que haya cumplido con el requisito de inscripción en el Registro Oficial de la Junta y que la Junta le haya expedido el correspondiente certificado.” Art. 3(c) de la Ley 173 (1988 Leyes de Puerto Rico 862).

      (10) Adviértase que en virtud de la Ley 173 los ingenieros licenciados deben aprobar reválidas en dos materias: fundamental y profesional; mientras que bajo la predecesora Ley 399, sólo se les requería aprobar la reválida en la materia fundamental.

      (11) Como mencionamos, no surge del expediente la fecha en la que el peticiona-rio tomó la reválida de ingeniería. El hecho que haya fracasado la materia profesio-nal es indicativo que revalidó luego de la aprobación de la Ley 173.


author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

text:
    Yanira Ivelisse Infante de Arce, recurrida, v. Víctor Luis Montalvo Mulero, peticionario.

      Número: AC-2005-29

      Resuelto: 23 de septiembre de 2005

      Isabel Ahmad Fuentes, abogado de la parte peticionaria; Gri-sel Yolanda Montalvo, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El peticionario, Víctor Luis Montalvo Mulero, y la recu-rrida, Yanira Infante de Arce, contrajeron matrimonio en Puerto Rico en 1991. De dicha unión procrearon una niña, quien en la actualidad cuenta con trece años de edad. La menor nació en Puerto Rico.

En diciembre de 1996, la señora Infante, quien para en-tonces vivía en Estados Unidos, presentó en Puerto Rico una demanda de divorcio. En abril de 1997 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, asumió ju-risdicción y declaró “con lugar” la petición. La custodia y patria potestad de la menor le fue concedida a su madre. La sentencia dictada incorporó las estipulaciones acorda-das por las partes que regulan la relación paterno-filial. La sentencia proveía para un plan de llamadas periódicas y visitas con el padre durante la época navideña y en el verano.

El 28 de julio de 2004, el señor Montalvo presentó en el pleito de divorcio una moción para que se encontrara a la señora Infante incursa en desacato por impedir las relacio-nes paterno-filiales. Además, consignó en el tribunal la cantidad de ocho mil dólares en concepto de pensión ali-menticia adeudada, para beneficio de la menor. La señora Infante se opuso a la moción presentada y adujo que el tribunal con jurisdicción era el de Florida, donde ella resi-día con la menor, y no los tribunales del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico.

Luego de celebrada una vista, el tribunal primario re-solvió que conservaba jurisdicción para atender esta con-troversia y ordenó que la menor viajara a Puerto Rico a relacionarse con su padre.

Inconforme, la señora Infante acudió en alzada ante el Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo resolvió que, en virtud de la ley federal conocida como Parental Kidnapping Prevention Act (P.K.P.A.), 28 U.S.C.A. sec. 1738A et seq., la jurisdicción sobre este asunto la ostentan los tribu-nales del estado de la Florida, no los del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico. En virtud de ello, revocó al foro de instancia.

No conforme, el señor Montalvo acudió ante nosotros en solicitud de apelación y con una moción en auxilio de jurisdicción. El 17 de junio de 2005 dictamos una orden dirigida a la recurrida para que mostrara causa por la cual no debía revocarse la sentencia del foro intermedio. La se-ñora Infante compareció oportunamente.

Evaluado los escritos presentados por las partes y aten-dido el recurso presentado como un certiorari, lo expedimos y se dicta sentencia, revocando al Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso al foro primario para que determine si al momento del divorcio del señor Montalvo y la señora Infante, Puerto Rico era el estado de residencia de la menor o que no hubiera en ese momento otro foro que cualificara como estado de residencia de la menor. Para ello, deberá determinar si al momento del divorcio de sus padres, la menor llevaba al menos seis meses residiendo ininterrum-pidamente en Puerto Rico o si, por el contrario, la menor llevaba ese tiempo o más residiendo en Florida. De ser este último el caso, para efectos del P.K.P.A., el decreto original de divorcio no se conformó a sus requerimientos y por lo tanto, en estos momentos, quien tiene jurisdicción en este caso es el estado de Florida. A contrario sensu, si Puerto Rico era el lugar de residencia de la menor cuando se de-cretó disuelto el matrimonio del señor Montalvo y la señora Infante, entonces quien tendría jurisdicción serían los tribunales de Puerto Rico.

Finalmente, el segundo señalamiento de error no fue cometido. La enmienda nunc pro tune solicitada por el pe-ticionario al dictamen de divorcio original, no es una en-mienda de forma por afectar los derechos sustantivos de las partes, por lo que no procede su solicitud como cuestión de derecho.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secreta-ria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez emitió una opinión de conformidad, a la cual se le unieron el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rebollo López. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita. “El Juez Asociado Señor Rivera Pérez disiente por entender que la jurisdicción sobre el caso de marras la tiene el estado de Florida por ser el ‘es-tado de residencia’ de la menor de edad por más de seis meses (varios años), de acuerdo con lo dispuesto por el Parental Kidnapping Prevention Act, 28 U.S.C.A 1738A”.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión de conformidad emitida por la

Juez Asociada Se-ñora Rodríguez Rodríguez,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y el Juez Asociado Señor Rebollo López.

El caso de autos plantea si los tribunales de Puerto Rico mantienen jurisdicción, de acuerdo con el Parental Kidna pping Prevention Act (P.K.P.A.), para ordenar el cumpli-miento de una determinación de custodia emitida en Puerto Rico en un procedimiento de divorcio, cuando la me-nor en cuestión reside hace varios años en el estado de Florida.

Entendemos que, bajo la cláusula de continuidad del P.K.P.A., un tribunal de Puerto Rico mantiene jurisdicción sobre un procedimiento de custodia a pesar de no ser el estado de residencia del menor, siempre y cuando el de-creto original haya sido emitido de forma compatible con los parámetros de dicho estatuto y el tribunal no haya de otro modo perdido o renunciado a su jurisdicción.

H — l

El Sr. Victor Luis Montalvo Mulero (señor Montalvo o el padre) y la Sra. Yanira Ivelisse Infante de Arce (señora Infante o la madre) contrajeron matrimonio en Manatí, Puerto Rico, en junio de 1991. De dicha unión nació en Puerto Rico una niña, quien al momento cuenta con trece años de edad. Luego de varios años de matrimonio, el 23 de diciembre de 1996 la señora Infante, quien en ese mo-mento vivía en Estados Unidos con su hija, presentó en nuestra jurisdicción una demanda de divorcio.()

En abril de 1997 el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, asumió jurisdicción sobre las par-tes, declaró “con lugar” la demanda y dictó sentencia de divorcio bajo la causal de separación.() El tribunal otorgó tanto la custodia como la patria potestad de la menor de edad a su madre, no empece constar en la minuta de la vista del juicio que la patria potestad sería compartida. Véase Apéndice, pág. 25. En la sentencia de divorcio se incorporaron las estipulaciones acordadas por las partes respecto a cómo se regiría la relación paterno-filial. Se es-tableció un plan de llamadas telefónicas periódicas y siete días de derecho de visitas con el padre en las épocas de verano y navidad. Además, se estipuló que el padre paga-ría una pensión alimenticia consistente en doscientos vein-ticinco dólares mensuales.

Alega la señora Infante que el padre incumplió con las disposiciones antes transcritas, ya que no emitió pago al-guno de pensión, no llamó a su hija ni procuró buscarla. Por su parte, el padre argumenta que desde que envió el primer cheque de pago de pensión, éste le fue devuelto por el correo federal. Aduce que la madre le ocultó su dirección, le devolvía sus cartas haciéndole creer que no vivía en esa dirección y cambió su número de teléfono para evitar la comunicación entre padre e hija. Todo parece indicar que desde que se dictó la sentencia de divorcio, el padre y su hija se comunicaron telefónicamente sólo en dos ocasiones.

Durante la época de verano de 2003, el padre supo que la menor se encontraba de vacaciones en Puerto Rico en casa de su abuela materna.() En esa ocasión se coordina-ron varias visitas con sus familiares paternos, en las que la menor tuvo la oportunidad de compartir con su padre, abuelos y demás familiares. La menor, alegadamente, pro-metió a su padre que regresaría a visitarlo durante las próximas vacaciones. No obstante, reclama el padre que luego de esta fecha no volvió a saber de su hija.

Así las cosas, el 28 de julio de 2004 el señor Montalvo presentó ante el tribunal de instancia, dentro del mismo pleito de divorcio, una Moción de Consignación y Solicitud de Desacato por Relaciones Paterno-Filiales. En ésta in-formó su deseo de relacionarse con su hija, solicitó que se encontrara a la señora Infante incursa en desacato por im-pedir las relaciones patemo-filiales y, además, informó que por desconocer la dirección de la menor procedía a consig-nar en el tribunal la cantidad de ocho mil dólares en con-cepto de pensión alimenticia para beneficio de la menor. Posteriormente, solicitó que la menor fuera enviada a Puerto Rico para el periodo navideño.

Por su parte, la madre se opuso. Adujo que ha residido junto a su hija en Florida en la misma dirección ininte-rrumpidamente desde que se decretó el divorcio y que el padre en seis años nunca hizo gestiones para relacionarse con la menor. Alegó que el repentino interés del señor Mon-talvo en relacionarse con su hija surgió a raíz del deseo expresado por su actual esposo de adoptarla. Finalmente, solicitó la desestimación de la acción presentada, ya que el tribunal con jurisdicción era el de Florida.

Luego de celebrar una vista de relaciones paterno-filiales a la que no compareció la madre, mas sí su repre-sentación legal, el tribunal de instancia emitió una Reso-lución el 22 de diciembre de 2004 en la que determinó que conservaba jurisdicción para atender el asunto. Reiteró el tribunal que las relaciones paterno-filiales debían cum-plirse conforme a lo establecido en la sentencia de divorcio y que la señora Infante debía garantizar su cumplimiento. En vista de esto, ordenó que la menor viajara a Puerto Rico a pasar un periodo de siete días durante diciembre o enero, y refirió el caso al Programa de Relaciones de Familia. Véase Apéndice, págs. 45-46.

Varios días más tarde, el 29 de diciembre, el padre pre-sentó una nueva moción en la que notificó que había con-signado dos mil doscientos veinticinco dólares adicionales, y solicitó una enmienda a la sentencia de divorcio para que ésta reflejara que la patria potestad sería compartida, tal y como surgía de la minuta de la vista de divorcio. El tribunal de instancia declaró “no ha lugar” a la enmienda solicitada.

Mientras tanto, la madre, inconforme con la determina-ción del foro de instancia, acudió en alzada ante el Tribunal de Apelaciones. Reclamó que erró el tribunal de instan-cia al ordenar que la menor fuera enviada a Puerto Rico sin haberse desarrollado antes un plan para reestablecer los lazos afectivos, ya que padre e hija no se habían rela-cionado en más de siete años. Además, adujo que es el tribunal de Florida el que tiene jurisdicción sobre la menor, ya que ésta reside allí hace varios años.

El foro apelativo reconoció el derecho de un padre a acu-dir a los tribunales para hacer valer la relación paterno-filial en cualquier momento. No obstante, concluyó que el tribunal carecía de jurisdicción. Entendió el Tribunal de Apelaciones que aunque el foro de instancia emitió la sen-tencia de divorcio, por disposición de la ley federal P.K.P.A. y la interpretación que le hemos dado a ésta, ostenta juris-dicción sobre el asunto el foro que constituye el estado de residencia de la menor (“home state”), en este caso los tribunales de Florida. Ante la falta de jurisdicción para en-tender en los méritos sustantivos del caso, revocó el dicta-men del Tribunal de Primera Instancia.

No conforme, el señor Montalvo acudió a nosotros en Solicitud de Apelación y en Moción Informativa en Auxilio de Jurisdicción. Nos plantea el peticionario los errores si-guientes:

Erró el [TA] al revocar la resolución del TPI sobre lo determi-nado en la vista celebrada el día 22 de diciembre de 2004, al decretar que el TPI no tenía jurisdicción para ello, violentán-dose así el derecho constitucional de un padre y de una hija de relacionarse, conforme a lo determinado en la sentencia de divorcio por el TPI, foro primario y foro a que se sometió la peticionaria para todos los fines legales pertinentes.
Erró el [TA] al no entrar en los méritos y enmendar nunc pro tune la sentencia de divorcio dictada con respecto a la patria potestad y confirmar al TPI, donde en la vista de divorcio se decretó que la patria potestad sobre la menor será compartida por ambos padres. Solicitud de apelación, pág. 6.

El 17 de junio de 2005 emitimos una orden a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no debía revocarse la sentencia del foro intermedio. La señora In-fante compareció oportunamente en oposición al recurso. En su escrito la recurrida informó, por primera ocasión, que en marzo de 2005, con posterioridad a haber acudido en alzada ante el Tribunal de Apelaciones y pendiente dicho procedimiento, ésta presentó ante el circuito judicial de Orange County, en el estado de Florida, una petición jura-mentada ante un notario público para reconocer en ese foro la sentencia de divorcio de 1997 y modificar la pensión alimenticia.()

Surge de la copia de la declaración jurada suscrita por la señora Infante,() y anejada a su petición, que ésta, a pesar de ser consciente que estaba pendiente en los tribu-nales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el presente procedimiento de custodia, declaró lo siguiente:

6. Participación en otros procedimientos
La ex esposa no ha participado como parte, testigo, o en al-guna otra capacidad en otros procedimientos relacionados a la custodia o derechos de visita con el niño sujeto a este procedimiento.
7. Conocimiento de otros procedimientos
La ex esposa no tiene conocimiento de ningún otro procedi-miento que pueda afectar el presente procedimiento, inclu-yendo procedimientos para hacer cumplir decretos, ni procedi-mientos relacionados a violencia doméstica, órdenes protectoras, terminación de derechos de patria potestad, ni adopción.
8. Otras partes solicitando derechos
La ex esposa no conoce de ninguna persona, ni una parte de este procedimiento que tenga custodia física o reclame tener custodia o derechos de visita en relación al niño sujeto a este procedimiento. (Traducción nuestra.) Apéndice de la Oposición a certiorari, pág. 40.

Contando con la comparecencia de las partes y estando en posición de resolver, pasamos a así hacerlo.

I-H I

Nuevamente tenemos ante nosotros la penosa situación de un padre no custodio que enfrenta dificultades al tratar de ejercer el derecho a la relación paterno-filial con su hija. Esta situación, lamentable de por sí, se hace aún más com-pleja cuando se trata de una menor que reside fuera de Puerto Rico.

La ruptura del vínculo matrimonial trae consigo una serie de cambios importantes en la vida familiar, ya que desaparece el núcleo familiar establecido hasta ese enton-ces para quedar sustituido por uno de nueva composición. No cabe duda que las relaciones paterno y materno-filiales se ven afectadas por el divorcio, y que el ejercicio de los derechos y las obligaciones que tienen los padres respecto a sus hijos menores de edad, inevitablemente se ve alterado por las determinaciones de adjudicación de patria potestad y custodia. R.E. Ortega Vélez, Lo que toda persona debe saber sobre el divorcio, San Juan, Ediciones Scisco, 1998, págs. 63-65.

El Código Civil, en su Art. 107 (31 L.P.R.A. sec. 383), establece los parámetros que han de regir a nuestros tribunales en sus determinaciones después del divorcio. Al interpretar el referido artículo, consistentemente hemos enfatizado que las decisiones que tomen los tribunales so-bre la custodia de los menores deben realizarse luego de llevar a cabo un ponderado análisis sobre todas las circuns-tancias ante su consideración, teniendo siempre como norte los mejores intereses y el bienestar de los menores. Véanse: Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R. 16 (2005); Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 D.P.R. 298 (1985); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976).()

Decretado por el tribunal el arreglo de custodia y los derechos de visita que mejor atiende los intereses del me-nor, lógicamente —tanto para el beneficio del menor como del padre no custodio— las partes tienen la obligación de hacer cumplir esos acuerdos. Así también los tribunales, en su función de parens patriae, tienen la obligación de prote-ger el ejercicio de esos derechos. Ortega Vélez, op. cit, pág. 73. Véanse, también, Pena v. Pena, 164 D.P.R. 949 (2005), y otros casos allí citados.

Por consideraciones de política pública, el derecho a la patria potestad debe ejercerse de la manera más liberal-mente posible, garantizando así la mayor amplitud en la relación. Los tribunales no pueden prohibir estas relacio-nes a menos que existan circunstancias graves que lo justifiquen. Es un derecho de tal magnitud que no puede ser objeto de renuncia, no es susceptible de prescripción por no uso y no puede ser delegado a tercero ni objeto de transacción o renuncia. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985).

Precisamente por ser el mejor interés del menor el cri-terio que gobierna las determinaciones de patria potestad y custodia, un decreto emitido a estos efectos no constituye cosa juzgada y la decisión puede reexaminarse si las cir-cunstancias han cambiado y así lo requieren. Véanse: Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121 (1998); Santana Medrano v. Acevedo Osorio, supra; Centeno Alicea v. Ortiz, 105 D.P.R. 523 (1977). Sin embargo, la determinación crea un estado de derecho que no debe ser alterado sumaria-mente, salvo situaciones extraordinarias. Santana Medrano v. Acevedo Osorio, supra.

hH hH hH

Aclarado el estado de derecho vigente en cuanto a ma-teria de relaciones filiales, corresponde que analicemos si el foro de instancia ostentaba jurisdicción para emitir el decreto que le fue solicitado por el padre no custodio.

A. En Marrero Reyes v. García Ramírez, supra, esta-blecimos los requisitos que gobiernan la jurisdicción de nuestros tribunales en materia de custodia de menores. En aquel momento, adoptando la “regla más abarcadora posi-ble” para conferirle a los tribunales de Puerto Rico la base jurisdiccional, resolvimos que los tribunales del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico tienen jurisdicción para aten-der en casos de custodia en cualquiera de las siguientes circunstancias: “1) cuando se posee jurisdicción in perso-nam sobre todos los litigantes o aun sobre una sola de las partes;() 2) cuando el menor está domiciliado en Puerto Rico; 3) cuando el menor está físicamente presente o tiene su residencia habitual en Puerto Rico; y 4) cuando el me-nor es ciudadano o nacional de Puerto Rico”. Íd., pág. 99.

Sin embargo, en Marrero Reyes v. García Ramírez, supra, reconocimos que el hecho que se cumpla con al menos uno de estos requisitos no necesariamente justifica el ejer-cicio de nuestras prerrogativas. Así, aun teniendo jurisdic-ción, la determinación sobre si ésta se ha de ejercer re-quiere la ponderación de un sinnúmero de factores, los cuales, en última instancia, van dirigidos a proteger y sal-vaguardar los mejores intereses del menor.() Al decidir ejercer jurisdicción en un caso en particular, el tribunal debe procurar alcanzar la mayor uniformidad posible, otor-gando la mayor deferencia a determinaciones de otros foros. Íd.

B. En Estados Unidos, en 1968, el National Conference of Commissioners on Uniform State Laws adoptó el Uniform Child Custody Jurisdiction Act (U.C.C.J.A.), 9 (Parte 1A) Uniform Laws Annotated (U.L.A.) Sec. 1 et seq., para atender los problemas interjurisdiccionales que se genera-ban cuando más de una jurisdicción tenía facultad para intervenir en controversias relacionadas con la custodia de un menor, incluyendo el secuestro de un menor por su padre o madre no custodio.() Véase Thompson v. Thompson, 484 U.S. 174, 180-181 (1988). El objetivo principal del U.C.C.J.A. fue proveer normas uniformes que permitieran a los estados que adoptaran el estatuto el determinar si tenían jurisdicción en materia de custodia y, a la vez, obli-garlos a reconocer los decretos de otros estados. De este modo se pretendió promover la cooperación interjurisdic-cional para el beneficio de los menores.()

No obstante, años después de su promulgación, el U.C.C.J.A. no había alcanzado los resultados esperados, ya que no era de carácter obligatorio, no todos los estados lo aprobaron y otros lo aprobaron con modificaciones. Esto, a su vez, promovía interpretaciones conflictivas entre los es-tados que lo acogieron, que era precisamente lo que el es-tatuto pretendía evitar. El U.C.C.J.A. también resultó de-ficiente, ya que reconoce la jurisdicción concurrente entre estados sin establecer ningún tipo de prelación o preferen-cia entre jurisdicciones. Tanto el estado de residencia del menor como el otro estado donde las partes mantengan contactos significativos, pueden legítimamente reclamar jurisdicción sobre la materia de custodia, lo que alentó la práctica conocida como “forum shopping”. Íd. Véase, tam-bién, S.T. Dickens, The Parental Kidnapping Prevention Act: Application and Interpretation, 23 (Núm. 3) J. Family Law 419 (1984-1985).()

En un esfuerzo por remediar las deficiencias del U.C.C.J.A., en 1980 el Congreso de Estados Unidos aprobó el Parental Kidnapping Prevention Act (P.K.P.A.), 28 U.S.C.A. sec. 1738A (titulado Full faith and credit given to child custody determinations). Tal y como sugiere su título, el P.K.P.A., cuyas disposiciones se derivan del U.C.C.J.A., impone a los estados el deber de otorgar entera fe y crédito, a través de un patrón uniforme, a decretos de custodia de otros estados. Véase L.M. DeMelis, Interstate Child Custody and the Parental Kidnapping Prevention Act: the Continuing Search for a National Standard, 45 (Núm. 5) Hastings L.J. 1329 (1994).

El estatuto, en su declaración de propósitos, identifica como sus objetivos principales los siguientes: promover la cooperación interestatal, facilitar la ejecución de los decre-tos de custodia de otros estados, prevenir la competencia y el conflicto interjurisdiccional, y frenar la remoción unilateral de los menores con el propósito de obtener decretos favorables de otros foros. Por mandato expreso, el cumpli-miento con las disposiciones de la ley es obligatorio para todos los estados, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los territorios de Estados Unidos. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(b)(8).

En términos generales, bajo el P.K.P.A. cuando el foro original haya actuado de acuerdo con las disposiciones del estatuto y continúe teniendo jurisdicción sobre la materia, la ley ordena a los tribunales de otros estados o jurisdiccio-nes a reconocerle a ese decreto original entera fe y crédito. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(a). Al igual que el U.C.C.J.A., el P.K.P.A. aplica a decretos de custodia y a órdenes de visita. Sobre este particular, citamos in extenso del P.K.P.A.:

(c) Una determinación de custodia o de derecho de visita hecha por un tribunal de un estado es compatible con los re-quisitos de esta sección solamente si—
(1) dicho tribunal tiene jurisdicción bajo las leyes de su estado; y
(2) se cumple con una de las siguientes condiciones:
(A) Ese estado (i) es el estado de residencia del menor a la fecha en que comenzaron los procedimientos, o (ii) ha sido el estado de residencia del menor seis meses antes de la fecha en que comenzaron los procedimientos y el menor se encuentra fuera del estado porque ha sido trasladado o retenido por una de las partes o por otras razones, y una de las partes aún reside en el estado que emitió el decreto;
(B) (i) surge que ningún otro estado tiene jurisdicción bajo el párrafo (A), y (ii) para el mejor bienestar del menor el tribunal de dicho estado asume jurisdicción debido a que (I) el menor y sus padres, o el menor y al menos uno de los litigan-tes, tiene contactos significativos con el estado, más allá de la mera presencia física en el mismo; y (II) está disponible en ese estado evidencia sustancial relativa al cuidado, protección, en-trenamiento y relaciones personales presentes o futuras del menor;
(C) el menor está físicamente presente en ese estado, y (i) ha sido abandonado, o (ii) existe una emergencia que re-quiera su protección porque el niño, un hermano o uno de sus padres, ha recibido amenazas o ha estado expuesto a maltrato o abuso;
(D) (i) surge que no hay otro estado con jurisdicción bajo los párrafos (A), (B), (C) o (E), u otro estado ha declinado ejercer jurisdicción bajo el fundamento que el estado cuya ju-risdicción está en controversia es el foro más apropiado para determinar la custodia del menor, y (ii) es para el mejor bien-estar del menor que ese tribunal asuma jurisdicción; o
(E) el tribunal tiene jurisdicción continua conforme al inciso (d) de esta sección. (Traducción y énfasis nuestros.) 28 U.S.C.A. sec. 1738A(c).

Surge de la anterior disposición que el P.K.P.A., al igual que el U.C.C.J.A., reconoce cuatro bases jurisdiccionales. Estas son: jurisdicción del estado de residencia del menor, jurisdicción por contactos significativos con el foro, juris-dicción cuando no existe otro estado con jurisdicción o ha declinado ejercerla, y jurisdicción para situaciones de emergencia. Sin embargo, donde el U.C.C.J.A. admite la jurisdicción concurrente, el P.K.P.A. establece un esquema jerárquico de preferencia jurisdiccional. Bajo este es-quema, claramente se favorece al estado de residencia del menor como aquel que merece entera fe y crédito de los estados y las demás jurisdicciones, mientras que sólo es posible asumir jurisdicción por contactos significativos cuando no es viable identificar el estado de residencia del menor. B.A. Atwood, Child Custody Jurisdiction and Territoriality, 52 (Núm. 2) Ohio St.L.J. 369 (1991); Atkins v. Atkins, 823 S.W.2d 816 (Ark.1992); Williams v. Williams, 430 S.E.2d 277 (N.C.1993). En Puerto Rico, véase Ortega Jr. v. Morales Ortega, 131 D.P.R. 783 (1992).

Nótese que la frase “estado de residencia del menor” significa aquel estado o jurisdicción donde un niño ha vi-vido con uno o ambos padres, o con un tutor, al menos por seis meses consecutivos inmediatamente antes de la fecha en que se inicien los procedimientos de custodia o de fija-ción de derecho de visitas. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(b)(4).

El P.K.P.A. le reconoce expresamente jurisdicción continua al estado que emitió un decreto original de custodia para hacer valer y revisar su determinación original. Dis-pone lo siguiente:

(d) La jurisdicción de un tribunal de un estado que haya emi-tido una determinación de custodia de menores o de derechos de visita, compatibles con las disposiciones de esta sección, continúa mientras se cumplan los requisitos de la sección (c)(1) y ese estado se mantenga como estado de residencia del menor o de alguno de los litigantes. (Traducción nuestra.) 28 U.S.C. sec. 1738A(d).

Por lo tanto, el P.K.P.A. establece tres requisitos necesa-rios para la jurisdicción continua, a saber: un decreto de custodia original compatible con las disposiciones del esta-tuto, que el foro original mantenga jurisdicción bajo sus propias leyes y que dicho foro continúe siendo el lugar de residencia legal del menor o al menos de una de las partes. Una vez cumplidos los requisitos de la cláusula de conti-nuidad, es el estado o la jurisdicción que emitió el decreto judicial original cuya determinación de custodia recibirá entera fe y crédito. A.B. Goldstein, The Tragedy of the Interstate Child: A Critical Reexamination of the Uniform Child Custody Jurisdiction Act and the Parental Kidnapping Prevention Act, 25 U.C. Davis L. Rev. 845 (1992).()

Es decir, si bien el P.K.P.A. da preferencia jurisdiccional al estado de residencia del menor para atender cuestiones de custodia de menores, la jurisdicción continua es el crite-rio rector ante la existencia de un decreto válido. Esto re-fuerza la protección y estabilidad que brinda el P.K.P.A. a los decretos de custodia. M.E. Moraza Choisne, Juridical Solutions in the U.S.A. for Parental Kidnapping in Child Custody Cases, 24 (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.P.R. 309, 319 (1990) (“In these actions, the jurisdiccional basis [providing continuous jurisdiction] is hierarchically superior even to home state jurisdiction”).()

A manera de excepción, el P.K.P.A. reconoce a los tribu-nales la autoridad para modificar una determinación de custodia emitida originalmente por otro estado, siempre y cuando el estado que pretende modificar el decreto ostente jurisdicción para tomar determinaciones de custodia sobre el menor, y el foro original haya perdido jurisdicción para modificar el decreto o haya renunciado a ella. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(f). La pérdida de jurisdicción del foro original se analiza a base de los parámetros jurisdiccionales del pro-pio estatuto, según el esquema jerárquico establecido en 28 U.S.C.A. sec. 1738A(c).() Crump v. Crump, 821 P.2d 1172 (Utah 1991). Como norma general, los tribunales deberán celebrar una vista especial para determinar si el foro man-tiene jurisdicción o si, por el contrario, la ha perdido. Schwartz v. Schwartz, 428 S.E.2d 748 (S.C. 1993).

La ley declara que mientras esté pendiente otro proce-dimiento de custodia sobre ese menor en otro estado, los tribunales deberán abstenerse de asumir jurisdicción, siempre que el foro original esté ejerciendo jurisdicción de manera compatible con las disposiciones del estatuto. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(g). De actuar el foro original de ma-nera compatible con el P.K.P.A., el segundo estado al que se le reclama jurisdicción queda impedido de asumirla o, en todo caso, debe declinar ejercerla. P.A.T. v. D.B., 638 So.2d 905 (Ala. 1994). En igual sentido, véanse: Owens, by and through, Mosley v. Huffman, 481 So.2d 231 (Miss. 1985); In re Marriage of Hopson, 168 Cal.Rptr. 345 (1980). En el es-tado de Florida, véase Johnson v. Denton, 542 So.2d 447 (Fla. 1989).

En casos en donde esté en controversia el derecho de visita —ya sea para limitar o acrecentar el derecho— se ha resuelto que el estado de residencia del progenitor no cus-todio seguramente tendrá mejor evidencia para tomar la determinación, a no ser que las razones para la modifica-ción se relacionen precisamente a las actividades y la vida diaria del menor en su estado de residencia. DeLee v. Koss, 430 So.2d 196 (La. 1983).

Como ya vimos, el P.K.P.A. aplica expresamente a decre-tos de custodia emitidos válidamente. Se diseñó principal-mente para proteger a los tribunales estatales de ataques de tribunales de otros estados sobre la validez de sus de-cretos de custodia y derechos de visita, o ante intentos de otros tribunales de modificarlos. DeMelis, op. cit. Todo con el claro propósito de prevenir la competencia y evitar los conflictos de custodia entre los estados con jurisdicción so-bre la materia. Siendo así, el P.K.P.A. no aplica ante la falta de conflicto interjurisdiccional o cuando sólo hay un foro involucrado con los procedimientos de custodia de un menor. Ausente un segundo decreto de custodia o una ac-ción de custodia pendiente en otro foro, no es bajo el P.K.P.A. sino bajo las leyes “estatales” que se dilucidan los asuntos de custodia de menores. Véanse: Erler v. Erler, 862 P.2d 12 (Mont. 1993); Pazder v. Pazder, 556 N.Y.S.2d 427 (1990).

C. En Puerto Rico aplica el P.K.P.A. por mandato ex-preso federal, por cuanto los tribunales de Puerto Rico de-ben otorgar entera fe y crédito a los decretos de custodia de otros foros de Estados Unidos, en aquellos casos de custo-dia que cumplan con los parámetros de dicha ley federal y en los que se haya observado propiamente el debido pro-ceso de ley. Véanse: Ortega Jr. v. Morales Ortega, supra; Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 529 (1989); Perron v. Miranda, 114 D.P.R. 25 (1983); Perron v. Corretjer, 113 D.P.R. 593 (1982).

De igual modo, los estados de Estados Unidos están obligados por el P.K.P.A. a reconocer los decretos de custo-dia emitidos originalmente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre que éstos se ajusten a las disposicio-nes del P.K.P.A. En In re Marriage of Zierenberg, 16 Cal.Rptr.2d 238 (1992), el tribunal de apelaciones de California determinó que bajo los parámetros del P.K.P.A. era Puerto Rico, y no California, el estado de residencia de los menores al momento de emitir el decreto de custodia, ya que Puerto Rico tenía jurisdicción bajo sus propias leyes y no la había renunciado. El tribunal resolvió que Puerto Rico mantuvo jurisdicción continua para decretar y modi-ficar las órdenes de custodia.

Así también, en Herrero v. Matas, 447 So.2d 335 (Fla. 1984), un tribunal del Condado de Dade, Florida, que era el estado de residencia de la menor, asumió jurisdicción ante una solicitud de la madre para modificar un decreto de custodia emitido originalmente en Puerto Rico. Existía en ese momento un procedimiento de custodia pendiente en Puerto Rico. El foro apelativo de Florida revocó. Resol-vió que Puerto Rico había retenido control de todos los as-pectos del litigio, se había mantenido activo en la disputa de custodia y había actuado en “conformidad sustancial” con el U.C.C.J.A., por cuanto el tribunal del Condado de Dade había asumido jurisdicción indebidamente. En igual sentido, véanse: Izmery v. Izmery, 559 So.2d 1211 (Fla. 1990); Sterzinger v. Efron, 534 So.2d 798 (Fla. 1988).

A contrario sensu, en Fernández v. Rodríguez, 411 N.Y.S.2d 134 (1978), la corte suprema del estado de Nueva York resolvió que el decreto de custodia original emitido por el tribunal de Puerto Rico no se ajustó a los estándares del U.C.C.J.A.,() por cuanto rechazó dar entera fe y cré-dito —reconocer y hacer valer— al dictamen emitido en Puerto Rico.

D. Analizada la legislación federal P.K.P.A. —su tra-yectoria y sus propósitos— y la jurisprudencia que la ha interpretado, entendemos que, aun existiendo Otro estado o jurisdicción que constituya el estado de residencia del me-nor, un tribunal de Puerto Rico mantiene jurisdicción continua en conformidad con el P.K.P.A. para emitir una orden de custodia cuando el tribunal en Puerto Rico haya actuado con jurisdicción de acuerdo con las disposiciones de la ley federal al emitir la determinación original de custodia. El análisis es el siguiente:

Primero, corresponde evaluar si el tribunal de Puerto Rico emitió el decreto original de custodia de manera compatible con las disposiciones del P.K.P.A., es decir, ejer-ciendo válidamente jurisdicción al amparo de nuestro pro-pio derecho y, además, en cumplimiento con los requerimientos jurisdiccionales dispuesto en 28 U.S.C.A. sec. 1738A(c).

Segundo, resulta necesario considerar si el tribunal de Puerto Rico mantiene jurisdicción en materia de custodia de menores bajo nuestro propio derecho.

Tercero, se requiere que al menos una de las partes con-tinúe residiendo en Puerto Rico.

De cumplirse cabalmente estos criterios, será forzoso concluir que los tribunales de Puerto Rico mantienen juris-dicción, bajo la cláusula de continuidad del P.K.P.A. (28 U.S.C.A. sec. 1378A(d)), para ordenar el cumplimiento (“enforcement”) o para modificar sus decretos de custodia.

IV

Con el anterior trasfondo doctrinal, analicemos los he-chos del caso.

La controversia medular que nos ocupa es si el Tribunal de Primera Instancia retuvo jurisdicción, luego de decre-tado el divorcio de los comparecientes, para emitir la orden que le ha solicitado el padre no custodio para hacer valer su derecho de visita. El Tribunal de Apelaciones erró al resolver bajo el P.K.P.A., cuando ante dicho foro no se había planteado conflicto jurisdiccional alguno, ya que no fue in-formado del pleito presentado por la recurrida ante un tribunal en la Florida.

Ahora bien, en su comparecencia ante nosotros, la recu-rrida nos informó del pleito que presentó ante los tribuna-les en Florida por lo que, en estos momentos, existen dos jurisdicciones donde el asunto de la custodia de la menor está pendiente. Por ende, aplica la legislación federal P.K.P.A. y procede que resolvamos de acuerdo con sus postulados.

Lo cierto es que el Tribunal de Apelaciones erró en su interpretación del P.K.P.A. El tribunal en su sentencia re-conoció que el P.K.P.A. favorece un esquema de jurisdicción continua, mas no discutió la disposición estatutaria que lo reconoce así. Más bien centralizó su discusión alrededor de la cláusula del estado de residencia del menor. Por el con-trario, procedía evaluar detenidamente nuestra jurisdic-ción conforme a un análisis integrado del estatuto federal, sin limitar el análisis a sólo una de sus cláusulas.() Veamos.

Según hemos indicado, precisa determinar si, por ser Puerto Rico el foro que emitió el decreto original de custo-dia en este caso, bajo la cláusula de continuidad del P.K.P.A. conserva jurisdicción para emitir una orden rela-cionada con la determinación original de custodia. De acuerdo con el análisis de jurisdicción continua corres-ponde resolver, como cuestión de umbral, si el tribunal de Puerto Rico actuó de forma compatible con el P.K.P.A. al emitir el decreto original de custodia en 1997.

Es decir, debemos determinar si al momento del decreto original era Puerto Rico el estado de residencia de la me-nor o, en su defecto, que no hubiera en ese momento otro foro que cualificara como estado de residencia de la menor, haciéndose posible la jurisdicción por contactos significati-vos con el foro. Ello exige que se determine si en ese mo-mento la menor llevaba al menos seis meses residiendo ininterrumpidamente en Puerto Rico, o si, por el contrario, la menor llevaba ese tiempo o más residiendo en la Florida. De ser este último el caso, entonces, para efectos del P.K.P.A., el decreto original no se conformó a sus requerimientos.

Al revisar el expediente ante nuestra consideración nos percatamos que no contiene información sobre este asunto, ya que no ha sido tema de análisis ni por el tribunal de instancia ni el de apelaciones, como tampoco por las partes involucradas en esta controversia. Abase de la información que consta en autos, no se puede concluir con certeza cuál era el lugar de residencia de la menor al fijarse las relacio-nes paterno-filiales. Ello es imprescindible para determi-nar, conforme a los parámetros del P.K.P.A., si los tribuna-les de Puerto Rico mantienen jurisdicción continua para modificar su dictamen original.

Este es un asunto que, en última instancia, debe diluci-darse en una vista evidenciaría en la que las partes apor-ten la prueba necesaria sobre sus respectivas residencias al momento de decretarse el divorcio y fijarse las relacio-nes paterno-filiales. Sólo de esta forma se podrá atender la controversia jurisdiccional planteada en este caso. A esos efectos, el caso debe ser devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que celebre la correspondiente vista acorde con lo aquí dispuesto.

De resolverse que Puerto Rico actuó con jurisdicción de acuerdo con el P.K.P.A. para emitir el decreto original, es claro que los demás requisitos para la jurisdicción continua están debidamente atendidos. Esto es así ya que mantene-mos jurisdicción bajo nuestro derecho y al menos una de las partes mantiene residencia en Puerto Rico. Procedería entonces que el foro primario ejerciera su jurisdicción con-forme con los mejores intereses de la menor.

V

Resta expresarnos sobre el segundo señalamiento de error traído ante nuestra consideración. El peticionario nos pide que se enmiende el dictamen original para que se ejerza la patria potestad de manera compartida entre am-bos progenitores. La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, gobierna en cuanto a la corrección de erro-res incurridos debido a inadvertencia u omisión. Esta regla faculta a los tribunales a corregir en cualquier momento los errores de forma en una sentencia. Sobre el procedi-miento, denominado “enmienda nunc pro tune”, la regla dispone que:

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras par-tes del expediente y los que aparezcan en las mismas por in-advertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción de cual-quier parte, previa notificación, si ésta se ordenare. Durante la tramitación de una apelación o un recurso de certiorari, podrán corregirse dichos errores antes de elevar el expediente al tribunal de apelación y, posteriormente, sólo podrán corre-girse con permiso del tribunal de apelación.

Adviértase que, independientemente de la facultad que esta regla le confiere a los tribunales, para efectuar en-miendas nunc pro tune, éstos tienen un poder inherente para corregir en cualquier momento sus expedientes de manera tal que reflejen la realidad, aun cuando se trate de sentencias finales. Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 191 (1973); Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, 83 D.P.R. 678 (1961).

Hemos avalado como errores de forma las correcciones de errores del Secretario del tribunal al anotar una senten-cia (Pueblo v. Miranda, 56 D.P.R. 601 (1940)), añadir a una sentencia remedios adicionales derivados del derecho ori-ginalmente concedido (Concepción v. Latoni, 63 D.P.R. 693 (1944)()), añadir o modificar una descripción de un bien en una sentencia (Cintrón v. A. Hartman & Co., 43 D.P.R. 179 (1932)) y conceder costas cuando éstas se reconocen en la opinión (Lawton v. Rodríguez, 41 D.P.R. 447 (1930)). Siempre que el expediente sustente el remedio, la omisión en concederlo resulta subsanable mediante una enmienda nunc pro tunc, con el efecto práctico que ésta se retrotrae. S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154 D.P.R. 523 (2001).

El criterio principal es que la cuestión que ha de ser enmendada no conlleve la alteración de un derecho sustan-tivo, sino la corrección de una mera inadvertencia. En cam-bio, ante una cuestión de interpretación de ley —aun tra-tándose de un cálculo matemático— no procede la enmienda nunc pro tune. Banco Popular v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 242 (1961). En esta situación se considera un error de derecho sustantivo y no un error de forma, y no podrá ser corregido por el tribunal una vez la sentencia advenga firme. García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383.

De acuerdo con los parámetros anteriores, entendemos que la solicitud de enmienda nunc pro tune para corregir la sentencia de divorcio a que refleje que la patria potestad será compartida no procede en derecho. No se trata de una enmienda de forma, ya que lo solicitado afecta los derechos sustantivos de las partes. Por el contrario, esta enmienda tenía que haberse solicitado oportunamente, antes que la sentencia de divorcio —emitida en el 1997— fuera final y firme. No procede una solicitud de enmienda a estos efec-tos a más de ocho años luego de haberse emitido el dictamen.

En vista de la anterior discusión estamos conformes con la sentencia hoy dictada, la cual revoca al Tribunal de Ape-laciones y devuelve el caso al Tribunal de Primera Instan-cia para la celebración de una vista en la cual se habrá de determinar si, al momento de decretado el divorcio de las partes en este caso y fijarse las relaciones paterno-filiales, Puerto Rico era el estado de residencia de la menor, o que no hubiese en ese momento otro foro que pudiese cualificar como tal.

      (1) No surge claro de los documentos que obran en el expediente qué tiempo llevaban la señora Infante y la menor fuera de Puerto Rico al momento de presentar la demanda de divorcio. El señor Montalvo alega que a esa fecha llevaba aproxima-damente un (1) año sin ver a su hija.

      (2) Al momento de la sentencia de divorcio, el señor Montalvo residía en Baya-món, Puerto Rico, mientras que la señora Infante y la menor se encontraban domi-ciliadas en Orlando, Florida. Véase Apéndice, pág. 27.

      (3) Posteriormente, el padre se enteró que, desde que se decretó el divorcio, la menor pasaba todos los veranos en Puerto Rico en la casa de su abuela materna, donde también reside su hermano materno.

      (4) Inexplicablemente, el señor Montalvo no nos había notificado anteriormente de este hecho trascendental para la disposición del caso ante nuestra consideración.

      (5) Véase Apéndice de la Oposición a certiorari, págs. 36-41.

      (6) Para un listado no taxativo de factores que deben analizarse interrelaciona-damente para determinar dónde descansa el mejor bienestar del menor, véase Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976).

      (7) Para una discusión sobre el tema de la jurisdicción in personam, veánse, entre otros: Medina v. Medina, 161 D.P.R. 806 (2004); Shuler v. Shuler, 157 D.P.R. 707 (2002); Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 D.P.R. 487 (1995).

      (8) Se mencionaron, a manera de ejemplo, los criterios siguientes: “la suficiencia de la información disponible para aquilatar debidamente los hechos y formar juicio sobre el impacto del decreto que se dicte sobre la personalidad y el bienestar del menor; la sustaneialidad de los contactos del foro con la controversia; el grado a que el ejercicio de jurisdicción pueda desalentar la multiplicación y prolongación de con-troversias sobre el asunto y contribuir a crear la estabilidad necesaria; el punto a que se tienda, como se debe tender, a evitar el secuestro unilateral de menores para fines de obtener un decreto de custodia; y el extremo en que se facilite el mayor respeto posible a las determinaciones de otros estados, así como del propio foro”. Marrero Reyes v. García Ramírez, supra, pág. 100.

      (9) Nótese que la cláusula de entera fe y crédito de la Constitución de Estados Unidos —Art. IV, Sec. 1, L.P.R.A., Tomo 1— no aplica a los decretos de custodia, ya que éstos no son de naturaleza final y firme. Fernández v. Rodríguez, 411 N.Y.S.2d 134, 137 (1978), y otros casos allí citados.

      (10) Cabe destacar que hoy todos los estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes han aprobado sus versiones del Uniform Child Custody Jurisdiction Act (U.C.C.J.A.).

      (11) Posteriormente se promovió el Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act (U.C.C.J.E.A.), 9 (Parte 1A) Uniform Laws Annotated (U.L.A.) Sec. 101 et seq., en sustitución del U.C.C.J.A. El U.C.C.J.E.A. constituyó un intento de revisar y clarificar interpretaciones incongruentes y ambiguas del U.C.C.J.A., en específico aquellas disposiciones relacionadas con la jurisdicción del foro judicial. C. Guzaldo Gamrath, UCCJEA: A New Approach to Custody Jurisdiction and Interstate

        Custody and Visitation, 92 Ill.B.J. 204 (2004). Esta legislación incorpora unos proce-dimientos más expeditos y eficientes para asistir a los estados en hacer valer sus decretos de custodia y derechos de visita. Además, incluye estipulaciones dirigidas a proteger las víctimas de violencia doméstica, en conformidad con la ley federal Violence Against Women Act (V.A.W.A.), 18 U.S.C.A. sec. 2265.

      (12) Para una interpretación de la cláusula de continuidad véanse, entre otros: Delk v. González, 658 N.E.2d 681 (Mass. 1995); Glanzner v. State, SS, 835 S.W.2d 386 (Mo. 1992); Mitchell v. Mitchell, 437 So.2d 122 (Ala. 1982).

      (13) Para opiniones compatibles con la interpretación anterior, véanse: Fuerstenberg v. Fuersternberg, 591 N.W.2d 798 (S.D. 1999); Barndt v. Barndt, 580 A.2d 320 (Pa. 1990); Dobbins v. Maner, 517 So.2d 619 (Ala. 1987); Clark v. Atkins, 489 N.E.2d 90 (Ind. 1986); O’Daniel v. Walter, 686 S.W.2d 805 (Ark. 1985); In re McBride, 469 So.2d 645 (Ala. 1985); Moore v. Pérez, 428 So.2d 113 (Ala. App. 1983).

      (14) Además de los factores enumerados en la propia ley, los tribunales han considerado otra serie de circunstancias relacionadas al bienestar del menor, como por ejemplo que el foro original no haya dado el peso debido a alegaciones de mal-trato de parte del progenitor que continúa residiendo en el foro (In re custody of Thorensen, 730 P.2d 1380 (Wash. 1987)), o que se pruebe que el progenitor residente sea adicto a drogas o alcohólico (Serna v. Salazar, 651 P.2d 1292 (N.M. 1982)).

      (15) El tribunal de Nueva York determinó que el dictamen de Puerto Rico no fue compatible con los parámetros del U.C.C.J.A. por consideraciones de debido proceso de ley y, además, porque no se cumplían con los requisitos jurisdiccionales.

      (16) En Ortega Jr. v. Morales Ortega, supra, no examinamos la cláusula de con-tinuidad del P.K.P.A. como lo hacemos en esta ocasión. Allí centramos nuestra dis-cusión en la cláusula de residencia del menor del estatuto federal y resolvimos a base de ello.

      (17) Kevocado en cuanto a otro punto de derecho.


text:
      In re Integración de Sala Especial.

      Número: -

      Resuelto: 28 de septiembre de 2005
   ORDEN

Debido a la no intervención de los Jueces Asociados Se-ñores Fuster Berlingeri y Rivera Pérez, se constituye una Sala Especial integrada por el Juez Presidente Señor Her-nández Denton y las Juezas Asociadas Señoras Fiol Matta y Rodríguez Rodríguez, para entender en el caso TS-2787, In re López de Victoria.

Lo decretó y firma.

{Fdo.) Federico Hernández Denton Juez Presidente

CERTIFICO:

{Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re José R. López de Victoria Brás.

      Número: TS-2787

      Resuelto: 28 de septiembre de 2005

      José R. López de Victoria Brás, querellado que comparece por por derecho propio.
    Sala Especial integrada por el Juez Presidente Señor Hernán-dez Denton y las Juezas Asociadas Señoras Fiol Matta y Ro-dríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Solicitando Reinstalación a la Abogacía, presentada por el Sr. José R. López de Victoria Brás, se autoriza la reinstalación inmediata de éste al ejer-cicio de la abogacía. Se apercibe al licenciado López de Victoria Brás que de volver a incurrir en una conducta similar a la que mereció su suspensión, conllevará medidas disci-plinarias más severas.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo