author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

text:
    Daniel Suárez Figueroa y Maribel Velázquez Rosa, peticionarios, v. Sabanera Real, Inc. y/o P.R.D., L.P., Century Development Group y Jaime López, recurridos.

      Número: CC-2004-118

      Resuelto: 6 de mayo de 2008

      Ángel Marrero Figarella, abogado de la parte peticionaria; Rafael Bras Benitez, de Velázquez & Vizcarrondo LLP, abogado de la parte recurrida.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos resolver si un urbanizador o constructor, contra quien pende una querella en el Departamento de Asun-tos del Consumidor por deficiencias en una propiedad op-cionada, queda liberado de responsabilidad por prácticas indeseables de construcción —según definidas por la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 (Ley 130), 17 L.P.R.A. see. 501 et seq., y el Reglamento para Regular las Distintas Actividades que se llevan a cabo en el Negocio de la Cons-trucción de Viviendas Privadas en Puerto Rico del Depar-tamento de Asuntos del Consumidor, Reglamento Núm. 2268 del Departamento de Estado, 17 de agosto de 1977 (el Reglamento)— si se firma la escritura de compraventa antes de resolverse la querella. Ello conlleva determinar si los compradores que firman una escritura de compraventa, según la cual aceptan el inmueble “sin reservas”, renun-cian por esa sola razón a una reclamación previamente presentada y pendiente de adjudicación.

I

P.R.D., L.P. —antes conocido como Sabanera Real, Inc.— y Century Development Group (los desarrolladores), fueron los gestores de la urbanización “Savannah Real” en el Municipio de San Lorenzo. El 5 de junio de 2000, el Sr. Daniel Suárez Figueroa y su esposa Maribel Velázquez Rosa (los compradores) otorgaron un contrato de opción de compraventa titulado Contrato Uniforme de Compraventa, con Sabanera Real, Inc., para la adquisición de la unidad A-11, modelo Sevilla, del proyecto. En las especificaciones iniciales se indica que la terminación de los plafones del techo interior de las unidades sería “skim coat plaster” o empañetado.

El 12 de noviembre de 2001, el señor Suárez Figueroa envió una carta al Sr. Franklin López, de Century Development Group, para informarle que había visitado el pro-yecto y observado “que la terminación del plafón de las unidades ha sido cambiado a estucado a diferencia de lo que indican los planos de construcción donde muestra que deben ser empañetado”. Apéndice de la Petición de certio-rari, pág. 2. Solicita entonces al señor López “que inter-venga en esta situación específicamente en la unidad A-11”, que era la que él había opcionado, junto a su esposa. Id. Poco tiempo después, el 25 de noviembre de 2001, el señor Suárez Figueroa escribió nuevamente, esta vez a “Proyecto Savannah Real” para informar que el plafón interior no se había empañetado debidamente. Ese mismo día, el Ing. Jaime López, de P.R.D., L.P., le envió al señor Sánchez Figueroa la copia de un memorando escrito por el Ing. Rafael E. Torrellas, en el que éste expresaba lo si-guíente: “Como a la unidad del cliente aún no se le ha aplicado el estucado interior y solamente tiene el Skim coat sugiero qüe con una carta del cliente aceptándolo, lo dejemos así y lo pintemos”. Apéndice de la Petición de cer-tiorari, pág. 44. Solicita, entonces, que el señor Sánchez Figueroa le indique por escrito lo que desea hacer. El 12 de diciembre, el señor Sánchez Figueroa contestó esta misiva, informando nuevamente que rechazaba la terminación en. estucado y que debía dársele al plafón la terminación que indica el plano.

El 17 de diciembre de 2001, los desarrolladores, por me-dio de sus abogados, comunicaron a los compradores que a su entender , la terminación en estucado o, “pearl-tex” me-jora la apariencia de los techos, “[p]ero como usted insiste en su posición le informamos que si no está satisfecho con la terminación de los plafones de su futura casa ... nuestro cliente está en la disposición de rescindir el contrato y de-volverle íntegramente todo el dinero que usted ha pagado como opción o parte del pronto para la compra de su unidad”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 48. El 29 de enero de 2002, los compradores respondieron por es-crito a esta misiva. Informaron que no tenían interés en resolver el contrato de compráventa y, por el contrario, “queremos seguir con el contrato de compra de la unidad A-ll”. No obstante, solicitaron que se paralizaran los tra-bajos en los plafones interiores de la casa, “ya que hemos radicado una querella en . el Departamento de Asuntos del Consumidor para que sea éste el que determine cuál es la terminación que por derecho corresponde aplicarle a las unidades”. Id., pág. 157.

Ese mismo día, los compradores presentaron una quere-lla ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), en la cual indicaron que no estaban dispuestos a aceptar el cambio en la terminación de los plafones y soli-citaron “que se trabajen los plafones de acuerdo a los pla-nos de ARPE y/o que el Departamento tome acción como corresponda en ley”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 157. Pendiente aún la querella en DACo, el 28 de fe-brero de 2002 los compradores adquirieron la unidad A-ll. La vista para dilucidar la querella se celebró el 1 de julio de 2002 y el 13 de noviembre de 2002 se emitió el dictamen recurrido.

DACo resolvió que los desarrolladores violaron la Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita a la Admi-nistración de Renovación Urbana y Vivienda, 17 L.P.R.A. see. 501 et seq. (Ley del Oficial de Construcción), al alterar los planos aprobados por la Administración de Reglamen-tos y Permisos (ARPe) “de manera unilateral y sin notificación”. Específicamente, resolvió que se violó el Art. 9(c) de dicha ley, 17 L.P.R.A. sec. 509(c), que prohíbe, en lo pertinente, la alteración de los planos aprobados sin que antes se haya avisado “a los optantes y/o compradores, me-diante correo certificado con acuse de recibo con por lo me-nos veinte (20) días de ántelación a la presentación de las enmiendas solicitadas”.

A la luz de esta determinación, la agencia ordenó a los desarrolladores remover el terminado de “pearl-tex” o es-tucado, y aplicar en su lugar el terminado “skim coat plaster”, que era el previsto en el plano aprobado por ARPe para el techo de la residencia de la parte querellante. De incumplir con esta orden, los querellados estarían obliga-dos solidariamente a pagarle a los querellantes la suma de tres mil quinientos dólares.

En reconsideración, la agencia se reafirmó en su deci-sión de ordenar que se terminara el techo de la residencia de los querellantes, conforme a los planos aprobados por ARPe. Además, señaló una vista evidenciaría para que las partes presentaran “prueba del costo de remoción y aplica-ción del terminado del techo en la residencia en controversia”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 22. Esto a ruego de los querellantes, quienes alegaron que los trabajos de remoción del estucado y empañetado costa-ban más que la penalidad impuesta en la resolución en caso de incumplimiento.

Presentado el recurso de revisión ante el foro apelativo, los desarrolladores argumentaron principalmente que DACo erró al descartar prueba documental que, según ale-gaban, mostraba que los querellantes habían aceptado la obra sin reserva o reclamo de clase alguna. Relacionado con esto, argumentaron que la agencia erró al interpretar que el incumplimiento con el requisito de notificación de cambios era una práctica indeseable de construcción. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida y resolvió que los compradores habían condonado el incum-plimiento de los desarrolladores con los planos, al firmar la escritura de compraventa sin expresar objeción alguna y sabiendo que se habían cambiado las terminaciones del techo. Para llegar a esta conclusión, el foro apelativo se fundamentó en la cláusula séptima de la escritura, que expresa que los compradores: “(a) han inspeccionado la propiedad objeto de esta compraventa[,] (b) la propiedad ha sido aceptada luego de tal inspección la que, a su mejor entender, se encuentra libre de defectos o vicios de cons-trucción y la adquiere y acepta como está (as-is) [sic] sin reclamo o reserva de clase alguna”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 54.

Recurren ahora los compradores, alegando que el Tribunal de Apelaciones erró al revocar a DACo “y negarse a aplicar lo resuelto en Pacheco v. Estancias de Yauco”. Los peticionarios aducen que, no obstante lo expresado en la escritura de compraventa, cumplieron con el requisito de protestar los vicios ostensibles que conocían y recibieron el edificio sujeto a reserva. Entienden que con su rechazo, consistente en el cambio de la terminación del plafón interior, la presentación de la querella el 29 de enero de 2002 y, particularmente, sus expresiones en la carta dirigida a los desarrolladores ese mismo día, se reservaron el derecho de continuar con su caso en DACo y, por ende, no renunciaron al remedio provisto al amparo del Art. 9(c) de la Ley del Oficial de Construcción, supra. Argumentan los peticiona-rios que la decisión del Tribunal de Apelaciones dejaría en las manos de los constructores de hogares el uso de “argu-cias”, como las que alegan que fueron utilizadas en la es-critura de compraventa de este caso, para castigar a la parte más débil en la relación contractual. Por eso, expo-nen que hay razones de orden público para impugnar la validez de la cláusula séptima de la escritura.

Los recurridos, por su parte, se amparan en que el cam-bio en la terminación del plafón no constituye un vicio de construcción ni es causa de ruina funcional o de cualquier otra clase. Por eso, el Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124, no es pertinente al caso de autos y, por consiguiente, tampoco lo es nuestra decisión en Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409 (2003). Asimismo sostienen que el cambio es una mera modificación a los planos y las es-pecificaciones del proyecto que fue posteriormente apro-bado por ARPe. Principalmente, se apoyan en la cláusula séptima de la escritura de compraventa, según la cual los compradores aceptaron la propiedad “como está” (“as is”), sin reserva alguna. Rechazan que esta cláusula constituya una argucia y aducen que es, más bien, “una expresión clara e inequívoca de la voluntad de dicha parte, quien adquiere la propiedad sin reclamo o reserva de clase al-guna, incluyendo la renuncia a los reclamos por los cam-bios en la terminación del techo de la residencia”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 54. Por haber aceptado la propiedad “como está”, concluyen que no hubo incumpli-miento de contrato. Más aún, alegan que fue a ellos, los desarrolladores, a quienes se les violó su confianza, en tanto descansaron en que los compradores renunciaban a su reclamación ante DACo al firmar la escritura de compraventa.

Expedimos el auto de certiorari el 16 de marzo de 2004 y, luego de una paralización por procedimientos pendientes ante el Tribunal de Quiebras, pasamos a resolver con el beneficio de la comparecencia de ambas partes.

II

En Pacheco v. Estancias, supra, pág. 430, resolvimos, en esencia, que “la recepción definitiva del edificio no libera al contratista de responsabilidad por los vicios que causan la ruina del inmueble, sean éstos ocultos o aparentes, cuando estos últimos, perceptibles a simple vista, constituyen un incumplimiento del contrato de construcción”. Resulta evidente que esta decisión descansa en que los vicios de construcción alegados, después de que se recibe la obra, tanto los ocultos como los aparentes, conllevan la ruina del inmueble, algo que no sucede en este caso. Además, en Pacheco v. Estancias, supra, aclaramos que, por la naturaleza de los vicios alegados, la situación se ubicaba dentro del marco normativo del Art. 1483 del Código Civil, supra, y no en las disposiciones del Reglamento. En este caso, como veremos, sucede todo lo contrario. Por eso, el foro apelativo no se equivocó al negarse a aplicar la doctrina de Pacheco v. Estancias, supra, a los hechos de este caso. Sin embargo, ello no es suficiente para disponer del recurso, según explicamos a continuación.

DACo es la agencia llamada a proteger los intereses de los compradores de viviendas en Puerto Rico y de los consumidores en general. Como ya hemos apuntado en ocasiones anteriores, esta agencia fue creada mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. see. 341 et seq.), con el propósito primordial de vindicar e implementar los derechos del consumidor. Conforme a este propósito se le concedieron amplios poderes, entre los cuales se incluyeron específicamente los siguientes:

(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los consumidores, tal como están contenidos en todas las leyes vigentes, a través de una estructura de adjudicación adminis-trativa con plenos poderes para adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración y conceder los remedios aptos conforme a derecho, disponiéndose que las facultades conferi-das en este inciso podrá delegarlas el Secretario en aquel fun-cionario que él entienda cualificado para ejercer dichas funciones.
(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran ne-cesarios para hacer efectivos los propósitos de esta ley y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones del Departamento. 3 L.P.R.A. sec. 341e(d) y e(i). (Énfasis nuestro.)

Ciertamente, la referencia clara a cualesquiera reme-dios en la ley indica que DACo posee amplios poderes para dictar las acciones correctivas que sean necesarias para cumplir con el mandato de su ley habilitadora, es decir, para proteger a los consumidores. Así lo hemos interpre-tado anteriormente. Véanse, entre otros: Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756, 765-767 (1997), y Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218, 220 (1974). De esa forma, y contrario a lo que alegaron los recurridos ante el tribunal apelativo, DACo puede or-denar las medidas correctivas, incluyendo las reparacio-nes, la compensación de daños o el cumplimiento específico con los planos aprobados por ARPe, como ocurrió en este caso. Por lo tanto, a este punto podemos concluir que el remedio provisto por el juez administrativo de DACo, en cuanto ordenó que los desarrolladores removieran la termi-nación del estucado y la sustituyeran por el empañetado, so pena de tener que pagar $3,500, está dentro de las am-plias facultades de dicha agencia.

[4] En el marco de esas amplias facultades es que DACo aplica la Ley 130. Ésta creó la Oficina del Oficial de la Construcción para, según expresa su título, “proteger a los compradores de vivienda”. La Exposición de Motivos de la Ley 130 (1967 Leyes de Puerto Rico 424-425) reconoce que en “un mercado de viviendas donde las reglas de oferta y demanda operan libremente ... el ciudadano que anhela vivamente la posesión y disfrute de su propio hogar ... es objeto de prácticas indeseables en el negocio de construcción”. En estas circunstancias, el comprador es el “ente más débil”, lo cual justifica que el Estado le brinde su protección.

De lo anterior surge una clara política pública a favor de los compradores de hogares y la dotación a DACo de am-plias facultades para hacer cumplir esa política. Estamos llamados a interpretar las normas sobre prácticas indesea-bles de construcción según esta clara intención legislativa. El Art. 9 de la Ley 130, supra, enumera estas prácticas e incluye, entre ellas, las siguientes:

(c) Alter[a]r o modificar los planos de una vivienda o modelo aprobado por la Junta de Planificación yo la Administración de Reglamentos y Permisos, disponiéndose que toda solicitud de enmienda a los planos o especificaciones del proyecto radi-cada ante la Junta de Planificación yo la Administración de Reglamentos y Permisos deberá estar precedida de un aviso cursado por el urbanizador o constructor a los optantes yo compradores, mediante correo certificado con acuse de recibo con por lo menos veinte (20) días de antelación a la radicación de las enmiendas allí solicitadas.
Dejar de corregir un defecto de construcción en una vivienda según éste sea definido por el reglamento puesto en vigor por el Oficial de Construcción. 17 L.P.R.A. see. 509.

El Art. 10(b)(5) de la ley, por su parte, regula el contenido de los contratos de opción o de compraventa de viviendas. Entre otras cosas, requiere que el contrato de opción contenga el “derecho del comprador a examinar los planos y las especificaciones de la vivienda, y de visitar e inspeccionar el objeto del contrato, en acuerdo con el vendedor”. 17 L.P.R.A. sec. 510(b)(5). El contrato de compraventa también debe incluir

... [el] derecho [del comprador] a resolver el contrato desde que se puede [sic] establecer que la unidad objeto del contrato, estuviere ésta en proceso de construcción o ya terminada, se aparta en forma sustancial de la especificada en el contrato, en cuyo caso se devolverán íntegramente al comprador los pa-gos que hubiere efectuado bajo el contrato de compraventa. 17 L.P.R.A. sec. 510(c)(4).

Este artículo dispone, además, “que el urbanizador o constructor de la unidad objeto del contrato será responsa-ble de los daños y perjuicios que se causen al comprador por razón de defectos de construcción y por falsa represen-tación sobre la unidad vendida”. 17 L.P.R.A. sec. 510(c)(6). Igualmente establece que será causa para resolución, por el optante o por el comprador, que “éste perciba que la uni-dad que se le está construyendo o haya de entregársele se diferencia en modo sustancial de la propuesta unidad a base de la cual él compró”. 17 L.RR.A. sec. 510(f)(1).

Cuando el optante o comprador de una vivienda detecte que se ha cometido una práctica indeseable, podrá presentar una querella en DACo, tras requerirle previa e infructuosamente al urbanizador o constructor que remedie dicha práctica. 17 L.RR.A. see. 511. Para resolver la querella, DACo podrá emplear todas las facultades y los poderes conferidos por su ley orgánica. Id.

En 1977, DACo adoptó el reglamento para facilitar la administración de la Ley 130 y la ley orgánica del Departamento. Este reglamento contiene esencialmente las mismas disposiciones que la Ley 130. Así, en la Sec. 10 del Reglamento, supra, págs. 14-21, con el acápite de “Prácticas Indeseables”, impone a todo urbanizador o constructor la obligación de informar a los compradores de un proyecto “sobre toda solicitud de cambio de planos o espe-cificaciones que se vaya a someter a la Junta de Planifica-ción y/o ARPE”, en cuanto a “cambios en terminaciones: material de los pisos, terminación de pared y techos”, entre otras cosas. íd., pág. 14. El reglamento requiere que se le conceda a dichos compradores un término no menor de veinte días, antes de que se presente la solicitud de cam-bios, para que expongan sus objeciones ante ARPe.

También constituye una práctica indeseable de la construcción alterar o modificar los planos o las especificaciones de una vivienda o un modelo aprobado por ARPe. Sec. 10(c) del Reglamento, supra. Por último, el reglamento permite al comprador resolver el contrato de compraventa, mediante la debida notificación, cuando “perciba que la unidad que se le está construyendo o haya de entregársele se diferencia en modo sustancial de la especificada en el contrato”. El uso de “materiales de diferente calidad a los especificados en perjuicio del comprador” constituye una diferencia sustancial que permite la resolución del contrato. Sec. 15 del Reglamento, supra, pág. 30. La posibilidad de una resolución no es la única alternativa disponible al comprador, pues el reglamento también dispone que cualquier optante o comprador podrá presentar una querella ante la agencia cuando entienda que el urbanizador o constructor ha incurrido en una práctica indeseable de construcción. Sec. 20 del Reglamento, supra.

Ill

En este caso, los compradores ejercieron su derecho a examinar la casa que habían opcionado. 17 L.P.R.A. see. 510(b)(5). Durante la inspección se percataron de que la construcción se apartaba del plano que habían examinado al firmar el contrato de opción. Específicamente, observa-ron cambios estéticos sustanciales que ARPe no había aprobado. Según la Ley 130 (17 L.P.R.A. see. 511), alerta-ron al desarrollador sobre el desvío en el diseño y le requi-rieron que lo corrigiera. Esto lo hicieron en más de una ocasión, reiterando siempre que el plafón del techo debía empañetarse según lo estipulado en el plano. En respuesta a este requerimiento, los desarrolladores informaron a los compradores que si no estaban de acuerdo con la termina-ción del techo podían “rescindir” el contrato de opción.

Con sus actuaciones, los desarrolladores sugieren que el único efecto de su incumplimiénto con los planos de construcción estipulados es hacer surgir a favor de los optantes un derecho a “rescindir” el acuerdo. Esa, sin embargo, no es la intención de la legislación y reglamentación aplicables. El optante o comprador no está obligado a escoger entre resolver el contrato o aceptar los cambios unilateralmente impuestos por el désarrollador. Por el contrario, la posibilidad de resolver el contrato de opción si se observan cambios sustanciales en el diseño es una potestad que la Ley 130 y el Reglamento conceden a los compradores. 17 L.P.R.A. sec. 510(c)(4). El desarrollador siempre estará sujeto a la obligación de cumplir con lo estipulado.

Además, no podemos pasar por alto que cuando se hicie-ron las alteraciones a la casa de los peticionarios, ARPe no había autorizado la enmienda a los planos. De hecho, la autorización de ARPe se obtuvo después de que los peticio-narios examinaron su propiedad y observaron que el techo era distinto al plano del inmueble opciónado. Peor aún, los cambios fueron autorizados después de la resolución de DACo, lo cual demuestra que hasta ese momento los desa-rrolladores se hallaban en franca violación de ley.

También resulta sorprendente que la solicitud de cambios nunca fue notificada a los peticionarios, violando así el mandato de la Ley 130 y del Reglamento sobre Cons-tracción de Viviendas Privadas, que exigen que cualquier solicitud de enmienda a los planos de ARPe se notifique a los optantes por lo menos veinte días antes de presentarlos a la agencia. Las actuaciones de los desarrolladores priva-ron a los peticionarios de la oportunidad de exponer sus objeciones, antes de que se presentaran las modificaciones y, peor aún, no les permitió acudir a ARPe para oponerse a las alteraciones propuestas por el desarrollador.

En resumen, las actuaciones de los desarrolladores constituyeron violaciones evidentes a la Ley 130 y al Re-glamento y eran, por lo tanto, prácticas indeseables en el negocio de la construcción. Los recurridos no han podido presentar ningún argumento jurídico que nos lleve a con-cluir que sus actuaciones eran lícitas o aceptables. Los he-chos hasta aquí analizados confirman la sabiduría del le-gislador que hace casi cuatro décadas estableció una política protectora de los compradores de viviendas y de-muestran por qué la propia Ley 130 llama a éstos “el ente más débil” en la relación contractual y los considera mere-cedores de protección especial.

IV

No obstante, los recurridos argumentan que tras la firma del contrato de compraventa los peticionarios renun-ciaron a su reclamación ante DACo y, por lo tanto, se alla-naron a las prácticas indeseables relatadas. Afirman eso en virtud de que la séptima cláusula de la escritura de compraventa expresa, en esencia, que los compradores ins-peccionaron la propiedad y la aceptan “como está sin re-clamo o reserva de clase alguna”. El tribunal apelativo adoptó dicha interpretación.

No hay duda de que la escritura de compraventa constituye la expresión de la voluntad contractual de las partes. Para su interpretación, nuestro Código Civil prescribe un sistema subjetivista, en el cual lo esencial es es-cudriñar la verdadera intención de los contratantes al mo-mento cuando se concretó el acuerdo. El criterio rector lo encontramos en el Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3471:

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. (Enfasis nuestro.)

Este mandato sobre la interpretación contractual debe verse en conjunto con el Art. 1234, según el cual, “para juzgar [la] intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato”. 31 L.P.R.A. see. 3472. Hemos resuelto que también deberán tomarse en cuenta los actos anteriores a la contratación, así como todas aquellas circunstancias que puedan indicar la voluntad de las partes. Véanse, entre otros: García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383 (1983); Coop. La Sagrada Familia v. Castillo, 107 D.P.R. 405 (1978); Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403 (1969).

En este caso resulta pertinente la doctrina sobre la interpretación de los contratos llamados “de adhesión”. Estos son los contratos en cuya redacción no interviene una de las partes y en los que el desequilibrio de poder entre las partes impide un verdadero proceso previo de negociación. Véase J.R. Vélez Torres, Curso de derecho civil: derecho de contratos, San Juan, Rev. Jur. U.I.A., 1990, pág. 7. Según explicamos en Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878, 881 (1961), “el contrato de adhesión presenta el fenó-meno de una reducción al mínimo de la bilateralidad contractual”. Tratándose de una categoría de contrato “que no consiente la deliberación previa, y, por tanto, es rígida-mente uniforme”, la realidad del consumidor queda ce-ñida a decidir entre aceptar en su totalidad el esquema unilateralmente estructurado por el predisponente o reti-rarse del negocio.

El contrato de adhesión es característico de las situaciones de contratación en masa. Por lo general, el desarrollador o empresario aprovecha la oportunidad de predisponer el contenido del contrato, para incorporar cláusulas que lo exoneran de responsabilidad o limitan las consecuencias de ésta. El uso abusivo de estas cláusulas limitativas de responsabilidad en la práctica de los negocios ha forzado a los tribunales a recurrir a los principios generales del derecho para restringir su eficacia. M. García Amigo, Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual, Madrid, Ed. Tecnos, 1965, pág. 157. Adquieren vigencia interpretativa el principio de la buena fe, los principios de conmutatividad del comercio jurídico y las interpretaciones a partir del interés colectivo. L. Diez-Picazo y Ponce de León, Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 224. Desde esta perspectiva, cuando se trate de negocios imbuidos de interés público, como sucede en este caso, “[l]a moderación de los abusos que pueden cometerse en la contratación por adhesión ha de llevarse a cabo por vía jurisprudencial”. Id.

Ante esas circunstancias, la doctrina y nuestra jurisprudencia están contestes en que la interpretación de los contratos de adhesión debe favorecer a la parte más débil económicamente y a la que poco o nada tuvo que ver con su redacción. El propósito, según hemos expresado en reiteradas ocasiones, es “promover, hasta donde ello sea posible, la igualdad jurídica en materia de contratación”. Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763, 776 (1992); Herrera v. First National City Bank, 103 D.P.R. 724, 727 (1975).

Es harto conocido que tanto los desarrolladores como la banca comercial son los entes fuertes que controlan la redacción de los contratos de compraventa entre los contratistas o desarrolladores y los compradores privados. Esa es la razón de ser de la Ley 130. En ese sentido y de acuerdo con el claro mandato de la ley, resulta esencial que estos contratos sean interpretados, en la forma más beneficiosa para la parte más débil, los compradores de viviendas. Resulta particularmente imperativo hacerlo así cuando las acciones anteriores, coetáneas y posteriores de los compradores contradicen la letra de alguna cláusula del acuerdo.

V

A la luz del Derecho expuesto, atendamos los hechos particulares del caso. Advertimos, en primer lugar, que la naturaleza del contrato de compraventa impedía que los compradores pudieran cambiar su contenido o expresar de forma específica su criterio. El contrato de compraventa suscrito entre Sabanera Real y los peticionarios tiene las características típicas de un contrato de adhesión. Está re-dactado en términos más bien genéricos y estandarizados, y no surge de los autos que hubiera una discusión previa entre las partes sobre su contenido. Por su parte, la cláu-sula de aceptación “sin reservas” también está redactada en términos extremadamente generales. No hay duda de que se trata de la típica cláusula limitativa de responsabi-lidad que requiere una interpretación restrictiva y cuidadosa. No hay en esta cláusula referencia alguna a la reclamación de los compradores sobre la terminación del techo ni sobre el procedimiento instado ante DACo. Ello confirma que no fue producto de un proceso de deliberación entre las partes.

Los compradores, aquí peticionarios, expresaron clara y reiteradamente su criterio contrario a los cambios en la terminación del plafón de la vivienda que habían opcionado. Mediante la carta de 12 de noviembre de 2001 indicaron su descontento con los cambios y el 26 de no-viembre reiteraron su reclamo. Finalmente, poco antes de que se firmara la escritura de compraventa, se comunica-ron con los abogados de los desarrolladores y les señalaron, sin lugar a equívocos, que no deseaban resolver el contrato de compraventa: “no es nuestro interés rescindir del con-trato de compraventa ... por el contrario queremos seguir con el contrato de compra de la unidad A-ll”. Carta de 29 de enero de 2002, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 157.

De esa forma, los peticionarios expresaron su intención contundente de comprar la propiedad y al mismo tiempo continuar con la reclamación que habían presentado ante DACo. Se trata de un curso de acción coherente y con pro-pósitos que no son contradictorios. Los peticionarios que-rían comprar la propiedad y, a la vez, exigir que ésta cum-pliera con lo acordado y aprobado por ARPe. Resulta ineludible concluir que los peticionarios no tuvieron nunca la intención de renunciar a su reclamación ante la agencia administrativa.

Los recurridos argumentan que los peticionarios firma-ron el contrato con pleno conocimiento de las alteraciones a las especificaciones de la propiedad vendida y que, por ello, aceptaron dichas alteraciones. Aducen que la cláusula general de reserva constituye lo que en inglés se denomina una cláusula “as is” y que ésta, de por sí, los exime de responsabilidad. No nos persuaden. La interpretación restrictiva que nos impone la doctrina y la jurisprudencia nos lleva a concluir todo lo contrario. No podemos penali-zar a los peticionarios porque fueron diligentes y ejercieron el derecho que les otorga la Ley 130 a inspeccionar la pro-piedad opcionada. Tampoco podemos castigarlos por su diligencia en reclamar sus derechos ante la compañía que desarrolló el proyecto y ante la agencia encargada de re-glamentar estos negocios. Lo que esto indica es que los vendedores conocían a plenitud tanto la reclamación de los peticionarios como su intención de continuar con la compra de la vivienda opcionada.

En conclusión, resolvemos que al firmar la escritura de compraventa preparada y redactada por el vendedor, los compradores no renunciaron a su reclamación ante DACo, aunque dicho documento contuviera una cláusula de aceptación sin reservas que no fue negociada por ellos. Por consiguiente, la firma de esa escritura no liberó a los desarrolladores de sus responsabilidades estatutarias y DACo actuó correctamente al ordenarles cumplir con las especificaciones de los planos de ARPe, vigentes al momento de la reclamación.

Por los fundamentos antes expuestos se revoca la reso-lución del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso a DACo para que continúe con los procedimientos de forma compatible con nuestra decisión.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concu-rrió sin opinión escrita.

        Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218, 220 (1974), trataba sobre una querella, a raíz de la cual ASERCO, agencia predecesora del Departa-mento de Asuntos del Consumidor (DACo), concluyó que un contratista había incum-plido el contrato de construcción y le ordenó reparar las filtraciones y otras imper-fecciones del inmueble o entregarle a la querellante $1,806.75, cantidad representativa del costó de las reparaciones. El contratista no acató la resolución del Director de ASERCO, quien recurrió al Tribunal Superior. Dicho foro resolvió que ASERCO no tenía la facultad para adjudicar derechos antes.de la vigencia del Art. 6(g) de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 L.P.R.A. see. 341e(g), que otorgaba la facultad a la agencia para resolver y adjudicar querellas presentadas por consumidores. Revocamos y establecimos específicamente que ASERCO siempre tuvo poder para dictar órdenes correctivas y que tal poder podía ejercerse hoy día por DACo.

       Todas las facultades y los poderes de la Oficina del Oficial de la Construcción fueron transferidas a DACo mediante la Ley Núm. 160 de 9 de junio de 1976 (17 L.P.R.A. sees. 502, 504, 507-511, 513-514 y 518).

       En Merle v. West Bend. Co., 97 D.P.R. 403, 409-410 (1969), explicamos lo siguiente: “La intención de las partes es el criterio fundamental dispuesto en el Código Civil para fijar el alcance de las obligaciones contractuales. Es tan fundamental este criterio ... que el Código proclama su supremacía al disponer que la intención evidente de las partes prevalecerá sobre las palabras, a[u]n cuando éstas parecieren contrarias a ellas”.

       R.A; Stiglitz y G.A. Stiglitz, Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y protección al consumidor, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1985, pág. .51.

       Hemos interpretado las cláusulas del contrato de adhesión aplicando el Art. 1240 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3478: “La interpretación de las cláusulas obscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la obscuridad.” Sin embargo, si lo pactado resulta claro y no viola la ley o contraviene el interés público, prevalecerá el contrato, aun cuando el contrato sea de adhesión. Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689 (1978); Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91 (1974).

       En Estados Unidos la mayoría de los tribunales han resuelto que para que la llamada cláusula “as is” sea válida, debe haberse negociado de forma específica: “Courts should begin with a rebuttable presumption that such clauses were not actually understood or agreed to by the purchasers. This presumption comports more closely with the practical realities experienced by purchasers, who often give little attention to such provisions.” C.W. Dallon, Theories of Real Estate Broker Liability and the Effect of the “As Is” Clause, 54 Fla. L. Rev. 395, 445 (2002). Este autor recalca que los tribunales no deben, de ordinario, otorgar validez a las cláusulas del relevo de responsabilidad redactadas en términos generales: “Courts should give careful consideration to the specificity of the clause and be particularly scrutinizing of boiler-plate, one-size-fits-all provisions stating that the purchaser buys the property ‘as is’ or that the purchaser has not relied upon any representations made by seller’s agents. Although the generality of a provision need not be fatal to enforcement of a provision, a provision that is specific to the particular facts of a sale is more likely to be the product of deliberation or consideration than the standard, one-size-fits-all provision, included routinely in contracts.” Id., pág. 447.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Ciro Ángel Betancourt.

      Número: TS-3784

      Resuelto: 7 de mayo de 2008

      Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Marla D. Ríos Díaz, directora inte-rina de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Mediante una resolución notificada perso-nalmente el 20 de noviembre de 2007, ordenamos al Ledo. Ciro Ángel Betancourt que cumpliera con una resolución anterior en la que le concedíamos el término para expre-sarse sobre un informe de la Oficina de Inspección de No-tarías (ODIN). En esa última ocasión le apercibimos de severas sanciones, incluyendo la separación del ejercicio de la abogacía.

Posteriormente compareció la Directora de ODIN, reite-rando su informé anterior que revela, entre otras deficien-cias, una deuda arancelaria ascendente a $24,636. Vencido en exceso el término concedido, el licenciado Betancourt no ha comparecido.

Hemos señalado, en innumerables ocasiones, las conse-cuencias que conlleva el incumplimiento con los requeri-mientos y las órdenes del Tribunal. Asimismo hemos indi-cado que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros re-querimientos y se muestra indiferente ante ñuestros aper-cibimientos de imponerle sanciones disciplinarias, In re Ortiz McWilliams, 173 D.P.R. Ap. (2008); In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007); In re Díaz Rodríguez, 166 D.P.R. Ap. (2005); In re Vega Lassalle, 164 D.P.R. 659 (2005); In re Quintero Alfaro, 161 D.P.R. Ap. (2004); In re Laborde Freyre I, 154 D.P.R. 112 (2001); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995). Desatender las órdenes judiciales constituye un serio agravio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que le exige a los miembros de la profesión legal el deber de observar para con los tribunales una conducta que se ca-racterice por el respeto y la diligencia. In re De León Rodríguez, 173 D.P.R. 80 (2008); In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968 (2007); In re Torres Rodríguez, 159 D.P.R. 52 (2004); In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999).

Visto lo anterior, se ordena la suspensión indefinida e inmediata del Ledo. Ciro Angel Betancourt del ejercicio de la abogacía. Además, examinado el informe sobre el estado de la obra notarial incautada y otros extremos, presentado el 1 de diciembre de 2006 por la Leda. Marla D. Ríos Díaz, directora interina de ODIN, en virtud de lo dispuesto en el Art. 66 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2106.

Se dictará sentencia de conformidad.


author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del TribunalSupremo
     Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

text:
    Juan Arroyo Camacho y Aleja del Valle Trinidad, recurridos, v. La Sucesión de Ángel Joglar compuesta por María Juana Suárez et als., recurrida, y José Antonio Joglar Suárez, peticionario.

      Número: CC-2006-205

      Resuelto: 7 de mayo de 2008

      Edmee Vicenty, abogada de la parte peticionaria; Pedro Juan Semidey Morales, abogado de Juan Arroyo Camacho y Áleja del Valle Trinidad, parte recurrida; Carmen Amparo Ríos Rivera, abogada de María Margarita Joglar, parte re-currida; Nilka Marrero García, abogada de María Eugenia Joglar Suárez, parte recurrida.
   SENTENCIA

Se nos solicita la revisión de una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, que denegó la expedición de un auto de certiorari por en-tender que su intervención desvirtuaría la naturaleza su-maria del procedimiento de reclamación laboral que pen-día ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Veamos los hechos acaecidos que originan el recurso.

I

El 21 de octubre de 1978, el Sr. Ángel Joglar Suárez (causante o padre) falleció habiendo otorgado un testa-mento ológrafo, que fue debidamente protocolizado me-diante Escritura Núm. 3 de 19 de julio de 1983. El cau-sante instituyó como herederos únicos y universales en la legítima forzosa a sus cuatro hijos. Además, designó como legatarios a sus hijos María Eugenia Joglar Suárez (Sra. Eugenia Joglar Suárez), María Margarita Joglar Suárez (Sra. Margarita Joglar Suárez y, en conjunto, las herma-nas) y Angel Joglar Suárez (Sr. Angel Joglar Suárez) con cargo al tercio de mejora y libre disposición en inmuebles específicos, entre los cuales se encontraba el estableci-miento comercial Parking Santa Rita. El Sr. José Antonio Joglar Suárez (el peticionario) fue excluido del legado.

El 12 de diciembre de 1980, el peticionario vendió su participación hereditaria en el caudal de su padre, en par-tes iguales, a sus dos hermanas, la Sra. Eugenia Joglar Suárez y la Sra. Margarita Joglar Suárez por la cantidad de $66,000.

El 15 de junio de 1995, el Sr. Juan Arroyo Camacho (señor Arroyo Camacho) y la Sra. Aleja del Valle Trinidad (señora Valle Trinidad y, en conjunto, los querellantes) pre-sentaron una querella contra la Sucesión Ángel Joglar Suárez (Sucn. Joglar). El señor Arroyo Camacho alegó, entre otras cosas, que comenzó a trabajar en el Parking Santa Rita desde 1960 y que tenía un horario de trabajo de once horas diarias, seis días a la semana sin hora disponi-ble para almuerzo. Indicó, además, que el 1 de abril de 1995 lo enviaron de vacaciones por dieciocho días y que a su regreso le informaron que no se reportara a trabajar, sino que acudiera al Fondo del Seguro del Estado. Señaló, además, que siguió acudiendo a trabajar al “Parking Santa Rita”, pero que no se le permitía, ya que desde el 1 de abril de 1995 laboraban allí dos personas nuevas. La señora Va-lle Trinidad alegó, por su parte, que comenzó a trabajar en el Parking Santa Rita a principios de 1982, como ayudante del señor Arroyo Camacho, su esposo. Indicó, además, que el 20 de abril de 1995 fue separada de su empleo sin razón o justificación alguna. Señaló que adoptaba por referencia y hacía suyas las alegaciones de la causa de acción del señor Arroyo Camacho. Ambos querellantes alegaron que se les adeudaba, por separado, la cantidad de $203,673.20 y dicha cantidad por partida doble conforme lo establece la ley.

El 31 de agosto de 1995, la Sucn. Joglar presentó ante el Tribunal de Primera Instancia su Contestación a la Querella. Alegó, entre otras cosas, que se le pagaron a los querellantes todas las horas que habían trabajado. Sos-tuvo, además, que nunca se le exigió a los querellantes trabajar durante el período de alimentos. Indicó, además, que a los querellantes nunca se les separó de su empleo.

El 1 de enero de 1997 falleció la Sra. María Juana Suá-rez, viuda de Joglar (madre), habiendo otorgado testa-mento ológrafo, que fue debidamente protocolizado me-diante la Escritura Núm. 5 de 10 de mayo de 1999. La madre instituyó como herederos únicos y universales en la legítima forzosa a sus cuatro hijos. Designó como legata-rios á tres de sus hijos, con cargo al tercio de mejora y libre disposición en inmuebles específicos, entre los cuales se encontraba el Parking Santa Rita. El peticionario fue ex-cluido de dicho legado.

Luego de varios incidentes procesales, el 13 de agosto de 1999, las partes presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia el Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados.

El 24 de noviembre de 1999 las partes presentaron un Informe Enmendado de Conferencia Preliminar entre Abogados.

En el 2000 falleció el Sr. Ángel Joglar Suárez, hijo, de-jando como su única y universal heredera a su hermana, la Sra. Margarita Joglar Suárez.

El 19 de marzo de 2002, el peticionario vendió sus dere-chos en la herencia de su madre a sus dos hermanas.

El 11 de marzo de 2003, el peticionario presentó ante el Tribunal de Primera Instancia su Moción de Desestima-ción y/o Sentencia Sumaria en Cuanto al Co-Demandado José A. Joglar Suárez. Alegó, entre otras cosas, que desde el 12 de diciembre de 1980, él no formaba parte de la Sucn. Joglar por haber vendido sus derechos hereditarios a sus hermanas. Indicó, además, que nunca participó en la operación del Parking Santa Rita ni recibió cantidad al-guna de sus ingresos, ya que no formaba parte de la Sucn. Joglar por la venta que hizo de su participación. Solicitó que se desestimara la querella presentada en cuanto a su persona.

El 27 de marzo de 2003, los querellantes presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia la Réplica a Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria en cuanto a Co-Demandado José A. Joglar Suárez. Alegaron, entre otras cosas, que el hecho de que el peticionario haya vendido su participación hereditaria a otros herederos no lo convertía en un extraño a la sucesión en una reclamación de terceros contra ésta. Argüyeron, además, que el peticionario era miembro de la Sucn. Joglar, aún después de haber vendido su participación hereditaria en 1980. Indicaron, además, que el peticionario nunca repudió las herencias de su padre o madre, siendo esta la única , circunstancia legal que lo relevaría de ser miembro de ellas.

El 15 de abril de 2003, la Sra. Eugenia Joglar Suárez presentó, ante el Tribunal de Primera Instancia, la Réplica a Moción de Sentencia Sumaria y Solicitud sobre Proce-dencia de Archivo. Alegó, entre otras cosas, que el peti-cionario presentó una petición de quiebra antes de la muerte de la madre y éste tenía que informar al Tribunal de Quiebras sobre la existencia de la herencia. Además, el síndico tenía que abandonar las posibles acciones de nive-lación o la demanda contra coparte, o cualquier otra que podía instar el peticionario desde la muerte de su madre. Sin embargo, el peticionario no solicitó la autorización ni el síndico abandonó la causa de acción, por lo cual éste no puede instar una reclamación contra sus hermanas. Soli-citó que se dictara sentencia para archivar la causa de ac-ción y se le impusieran sanciones.

El 24 de julio de 2003, el peticionario presentó ante el Tribunal de Primera Instancia el Memorando del Co-Querellado José A. Joglar, Conteniendo Solicitud de Deses-timación y Sentencia Sumaria. Alegó, entre otras cosas, que es a sus hermanas a quienes les correspondían la res-ponsabilidad de las obligaciones del legado del Parking Santa Rita. Indicó, además, que aunque él formó parte de la sucesión de su madre, no fue designado como legatario del Parking Santa Rita. De existir alguna responsabilidad del peticionario como consecuencia de ser heredero de la sucesión de la madre, su responsabilidad sería solamente en proporción a su participación en el caudal relicto de ésta. Argüyó, además, que no tenía responsabilidad de in-formar en el caso de quiebras su participación en el caudal relicto de su madre.

El 25 de agosto de 2003, el peticionario presentó ante el Tribunal de Primera Instancia la Moción para Solicitar Au-torización de Demanda contra Coparte y la Demanda Contra Coparte. Alegó, entre otras cosas, que le interesaba presentar una demanda contra coparte contra María Margarita, María Eugenia y Angel, todos de apellidos Joglar Suárez, si en su día el tribunal determinase que él fuese responsable del pago de alguna cantidad de dinero a los querellantes.

El 3 de septiembre de 2003, la Sra. Eugenia Joglar pre-sentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Tercera Moción Solicitando se Dicte Sentencia y Desestime la De-manda Contra Coparte por Falta de Jurisdicción Sobre Dicha Alegación. Alegó, entre otras cosas, que el peticiona-rio ocultó al Tribunal de Quiebras las herencias de padre y madre, además de la reclamación laboral que existía al momento de presentar la petición de quiebras. Argüyó, además, que el peticionario no tenía legitimación activa para reclamar cantidad alguna contra sus hermanas. In-dicó, además, que el Tribunal de Primera Instancia no te-nía jurisdicción para atender la reclamación contra coparte instada, ya que ésta acción era prerrogativa del síndico del peticionario. Al no informar el activo al Tribunal de Quie-bras, no tenía derecho a reclamar en el Tribunal de Pri-mera Instancia. Solicitó que el Tribunal de Primera Ins-tancia se declarara sin jurisdicción y ordenara al peticionario divulgar su herencia y reclamación laboral al Tribunal de Quiebras.

El 30 de septiembre de 2003, la Sra. Margarita Joglar Suárez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia la Contestación a la Demanda Contra Coparte y Moción de Desestimación de Dicha Demanda. Alegó, entre otras co-sas, que el peticionario siempre fue miembro de la Sucn. Joglar.

El 5 de diciembre de 2003, el peticionario presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una Oposición a Moción Solicitando Igual Remedio que Otras Mociones Anteriores. Solicitó que se desestimara con perjuicio la ac-ción en su contra.

El 23 de enero de 2004, el Tribunal de Primera Instan-cia, mediante una Sentencia Parcial, tuvo por desistidos a los querellantes, en cuanto a las Sras. Margarita Joglar Suárez y Eugenia Joglar Suárez, ya que habían llegado a un acuerdo confidencial. Se dispuso, además, que el caso continuaría en torno al peticionario.

El 27 de febrero de 2004, el Tribunal de Primera Instan-cia emitió una Sentencia Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc. El tribunal enmendó la sentencia de 23 de enero de 2004, con el único fin de añadirle la certificación de finalidad dispuesta por la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para los casos de partes múltiples en las que el pleito finaliza anticipadamente para alguna de las partes.

Inconforme, el peticionario presentó ante el Tribunal de Apelaciones una apelación. Alegó, entre otras cosas, que el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar una sentencia parcial final sin haber resuelto las cuestiones planteadas en sus mociones de desestimación y de sentencia sumaria. Argüyó, además, que erró el Foro de Primera Instancia al dictar sentencia parcial final sin antes requerir la sustitu-ción de los dos coquerellados fallecidos en el pleito y al denegar la moción que solicitaba la copia de los acuerdos confidenciales entre los querellantes y las Sras. Margarita Joglar Suárez y Eugenia Joglar Suárez.

El 29 de octubre de 2004, notificado el 3 de noviembre de 2004, el Tribunal de Apelaciones emitió una senten-cia. Sostuvo, entre otras cosas, que el que no se hubiera adjudicado antes la moción de sentencia sumaria no operó en detrimento de los derechos del peticionario. La senten-cia apelada meramente permitió el desistimiento de la que-rella con respecto a dos de las querelladas. Si el peticiona-rio era.patrono o no de los querellantes, no depende de que las hermanas Joglar Suárez permanezcan como partes en el pleito. Igualmente, en vista de que el caso ya se había prolongado por un período aproximado de diez años, or-denó al Foro de Primera Instancia resolver la moción de desestimación y sentencia sumaria del peticionario en un período máximo de veinte días.

El 1 de junio de 2005, notificada el 15 de junio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución. Sostuvo, entre otras cosas, que el peticionario continuaba siendo heredero de la Sucn. Joglar, ya que los hechos que dieron lugar a la demanda de los querellantes ocurrieron en vida del causante Angel Joglar Suárez y su esposa. In-dicó, además, que hasta tanto el peticionario no acreditara al tribunal que puso en conocimiento al síndico a cargo de su caso de quiebras, de los hechos que podían dar lugar a la presentación de la demanda que pretendía instar, no auto-rizaba su presentación. Procedió a declarar “no ha lugar” la moción de desestimación y sentencia sumaria presen-tada por el peticionario.

Inconforme, el 14 de julio de 2005, el peticionario pre-senta ante el Tribunal de Apelaciones un certiorari. Alegó, entre otras cosas, que erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que él tenía responsabilidad como heredero de la reclamación objeto de la demanda presen-tada por los querellantes. Argüyó, además, que erró el Foro de Primera Instancia al no admitir la demanda contra co-parte para traer al resto de los herederos, en caso de que se le determinara responsabilidad frente a los querellantes.

El 27 de diciembre de 2005, notificada el 5 de enero de 2006, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia. Sostuvo, entre otras cosas, lo siguiente:

Este caso se ha prolongado en exceso, desvirtuándose el ca-rácter del procedimiento sumario para reclamaciones laborales. Los planteamientos levantados por el peticionario no son propios de un procedimiento de esta naturaleza. Este no es un caso que amerite continuar desvirtuando el proceso con nuestra intervención revisando una orden interlocutoria. Tampoco es el caso extremo, en el cual el fin de la justicia requiera nuestra intervención para disponer del caso o per-mita su pronta disposición o porque la revisión inmediata tenga el efecto de evitar una grave injusticia.
Por los fundamentos antes expresados, se deniega el recurso solicitado y se devuelve el caso para la continuación expedita de los procedimientos. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 12-13.

El 20 de enero de 2006, el peticionario presentó ante el Tribunal de Apelaciones la Moción de Reconsideración, la cual fue decretada “no ha lugar” en la Resolución notifi-cada el 1 de febrero de 2006.

Insatisfecho, el peticionario, acude ante nos mediante una Petición de certiorari, págs. 9-17, para alegar la comi-sión de los errores siguientes:

A. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIO-NES AL DETERMINAR QUE EL PRESENTE CASO ERA UNO BAJO EL PROCEDIMIENTO SUMARIO ESTABLE-CIDO EN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚM. 2 DE 1969, POR LO QUE TENÍA JURISDICCIÓN LIMITADA EN TORNO A LAS DETERMINACIONES INTERLOCUTO-RIAS, LIMITANDO SU INTERVENCIÓN A CUANDO LA RESOLUCIÓN SE HAYA DICTADO SIN JURISDICCIÓN, O EN CASOS EXTREMOS EN LOS CUALES LOS FINES DE LA JUSTICIA REQUIERAN LA INTERVENCIÓN PORQUE ÉSTA PUEDA DISPONER DEL CASO O PERMITA SU PRONTA DISPOSICIÓN, O CUANDO LA REVISIÓN INME-DIATA TENGA EL EFECTO DE EVITAR UNA GRAVE INJUSTICIA.
B. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE APELACIO-NES AL RESOLVER QUE LA RECLAMACIÓN DE LA PARTE QUERELLANTE RECURRIDA, JUAN ARROYO CAMACHO Y ALEJA DEL VALLE TRINIDAD, FUE HERE-DADA POR LA PARTE AQ UÍ RECURRENTE.
C. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL OBVIAR EN SU SENTENCIA, EL CONSIDERAR LA DETERMINA- CIÓN DEL TPI EN EL CASO DE HERENCIA. (Énfasis suplido.)

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, esta-mos en posición de resolver los asuntos traídos ante nues-tra consideración.

II

Revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Ape-laciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Ins-tancia para que continúen los procedimientos en conformidad con lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez emitió una opinión de conformidad. El Juez Asociado Señor Rebo-llo López no interviene.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del TribunalSupremo

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Alega el peticionario que erró el Tribunal de Apelaciones al denegar la expedición de la Petición de certiorari, por entender que su intervención desvirtuaría la naturaleza sumaria del procedimiento de reclamación laboral que pen-día ante el Foro de Primera Instancia. Tiene razón. Veamos.

La Ley de Procedimientos Legales Especiales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sees. 3118-3132 (Ley Núm. 2), creó un mecanismo procesal con el propósito de lograr una consideración rápida y la adjudicación de querellas presentadas por empleados u obreros contra sus patronos. La Ley Núm. 2 responde a una clara e inequívoca política pública establecida por el Estado que busca abreviar el procedimiento de forma que sea lo menos oneroso posible para el obrero. Reiterada-mente hemos enfatizado que la esencia y médula del trá-mite fijado por dicho estatuto constituye precisamente el procesamiento sumario y expedito. En otras palabras, la naturaleza sumaria del procedimiento establecido en esta ley constituye su característica esencial.

El álcance de la Ley Núm. 2 se extiende a varios esta-tutos laborales. Entre estos se encuentran los siguientes: (1) las querellas por reclamaciones de salarios y beneficios; (2) las instadas por despido injustificado según la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.RR.A. 185(a) et seq.); (3) las reclamaciones según el Art. 5A de la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.; (4) las reclamaciones ál amparo del Art. 1 de la Ley Anti-discrimen, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. see. 146, (5) y las reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida como Ley de Represalias, 29 L.P.R.A. sec. 194-194b.

La Ley Núm. 2 provee un procedimiento para alcanzar los propósitos legislativos de proteger el empleo, desalen-tar el despido sin justa causa y proveer al obrero así des-pedido los recursos económicos para su subsistencia mien-tras consigue un nuevo empleo. Siendo de carácter reparador el procedimiento sumario, tiene que interpre-tarse de forma liberal a favor del empleado. Este, proce-dimiento fue instituido en aras de remediar la desigualdad económica existente entre las partes al instarse una recla-mación de este tipo.

De acuerdo con los propósitos expuestos, el trámite pro-cesal dispuesto en la Ley Núm. 2 por la Asamblea Legisla-tiva ciertamente es más oneroso para el patrono. Por ejemplo, los términos para contestar la querella presen-tada por el empleado son más cortos, pues existen criterios estrictos para conceder una prórroga para contestar la que-rella y limitaciones adicionales sobre el uso del descubri-miento de prueba. No obstante, la Ley Núm. 2 concede al patrono las oportunidades básicas para defenderse, cum-pliendo con las garantías del debido proceso de ley.

No obstante el carácter sumario de la Ley Núm. 2, no fue la intención del legislador imponer un trámite procesal inflexible e injusto para el patrono querellado. La Ley Núm. 2 no puede ser interpretada ni aplicada en el vacío y, aun ante los casos que parezcan ser iguales, en ocasiones, sus hechos requerirán tratamientos distintos en aras de conseguir un resultado justo. Esto se traduce a que apli-caremos en ocasiones una disposición en forma enérgica y en otras seremos más flexibles.

Hemos resuelto que el Foro de Primera Instancia, ante un planteamiento oportuno al respecto, tiene la discreción para que, luego de hacer un análisis cuidadoso de la natu-raleza de la reclamación y de los intereses involucrados, determine que la querella presentada por el obrero sea tra-mitada por la vía ordinaria. Para que el Tribunal de Primera Instancia pueda hacer una determinación en torno a cuál procedimiento es el adecuado, debe hacer un justo balance entre los intereses del patrono y los del obrero querellante, a la luz de las circunstancias específi-cas de las reclamaciones en la querella.

El que una parte meramente alegue que la reclamación instada en su contra es compleja no justifica la conversión del proceso en ordinario. Por lo tanto, las partes deben ex-poner todas las circunstancias pertinentes del caso para que sean examinadas por el tribunal y de esta manera éste pueda estar en la posición de hacer una determinación so-bre si encausa el procedimiento por la vía sumaria u ordinaria. Incluso, de entenderlo necesario, el Foro de Pri-mera Instancia podría celebrar una vista para dilucidar esta controversia.

Ante un planteamiento oportuno al respecto, el Foro de Primera Instancia, luego de hacer un análisis ponderado de los intereses de las partes en el caso y cuando la justicia lo requiera, podrá ordenar que se tramite la reclamación por la vía ordinaria. En dichos casos limitamos nuestra función revisora a determinar si el Tribunal de Instancia ha abusado de su discreción al actuar así.

La revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario del procedimiento según Ley Núm. 2 y, por tal razón, la facultad de revisar dichas resoluciones de los tribunales apelativos es limitada. Sobre el particular, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 496-497 (1999), sostuvimos lo siguiente:

Es por ello que, aunque la legislación otorga a los tribunales apelativos —antes al Tribunal Supremo y en la actualidad al Tribunal de Circuito de Apelaciones— la facultad para revisar las resoluciones interlocutorias dictadas por los tribunales de instancia, entendemos que la naturaleza del procedimiento de la Ley Núm. 2 reclama que dicha facultad quede limitada en el caso de las resoluciones interlocutorias dictadas dentro de un procedimiento llevado al amparo de dicha ley. Con el objetivo de dar estricto cumplimiento al propósito legislativo de instau-rar un procedimiento rápido y sumario de reclamación de sa-larios, resolvemos que nuestra facultad revisora de las resolu-ciones interlocutorias que se dicten en el seno de dicho proceso queda autolimitada de forma que nos abstendremos de revisarlas. De igual modo, el Tribunal de Circuito de Apelacio-nes deberá abstenerse de revisar dichas resoluciones.
En consecuencia, la parte que pretenda impugnar tales re-soluciones interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final e instar contra ella el recurso pertinente a base del ale-gado error cometido. De este modo se da cumplimiento a la médula del procedimiento analizado y, por otro lado, no queda totalmente desvirtuado el principio de economía procesal ya que, si tenemos en cuenta la rapidez con que sobrevienen los escasos eventos procesales previstos por la Ley Núm. 2 vere-mos que la parte podrá revisar en tiempo cercano los errores cometidos.
Ahora bien, la norma que hoy establecemos no es absoluta. En aquellos casos en que la resolución interlocutoria que se pretenda impugnar haya sido dictada por el tribunal de ins-tancia de forma ultra vires, sin jurisdicción, este Tribunal o el Tribunal de Circuito de Apelaciones —según corresponda— sí mantendrá y ejercerá su facultad para revisarla vía certiorari.
Así, pues, concluimos que, con el objetivo de salvaguardar la intención legislativa, autolimitamos nuestra facultad revisora, y la del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en aquellos de resoluciones interlocutorias dictadas al amparo de la citada Ley Núm. 2 con excepción de aquellos supuestos en que la misma se haya dictado sin jurisdicción por el tribunal de ins-tancia y en aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la intervención del foro apelativo; esto es, en aquellos casos extremos en que la revisión inmediata, en esa etapa, disponga del caso, o su pronta disposición, en forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar una “grave injusticia” (miscariage of justice). (Citas, én-fasis y escolios omitidos, y énfasis suplido.)

En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que este caso no ameritaba su intervención para revisar una orden interlocutoria. Sostuvo, además, que tampoco reque-ría una intervención para evitar una injusticia grave. Se-gún lo anterior, el foro intermedio apelativo denegó el re-curso de “certiorari” presentado por el peticionario y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Estamos de acuerdo con el peticionario en que la recla-mación laboral de los querellantes perdió de facto su carác-ter sumario para convertirse en un proceso ordinario. La reclamación de los querellantes fue presentada original-mente en el Tribunal de Primera Instancia el 15 de junio 1995, en exceso de doce años a la fecha de hoy. Desde en-tonces se han suscitado innumerables trámites procesales, tales como —pero no limitado a— la presentación de dos informes de conferencias de abogados, mociones de deses-timación de parte y parte, solicitudes de demandas contra coparte y peticiones de certiorari a foros apelativos, entre otros. Aunque el Foro de Primera Instancia nunca mani-festó explícitamente su intención de encausar la querella por la vía ordinária, entendemos que, en efecto, perdió su carácter sumario debido al tiempo transcurrido desde su presentación original.

En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 500, sostuvimos que una querella al amparo de la Ley Núm. 2, presentada cinco años antes, había “perdido su esencia sumaria debido, precisamente, al tiempo qué ha tomado la resolución final del asunto planteado en este recurso”. Tomando en cuenta lo anterior, no dudamos de que un caso como el de marras, que se inició hace doce años, ha perdido de facto su esencia sumaria.

Creemos que el foro intermedio apelativo erró al dene-gar la expedición de la Petición de Certiorari, por entender que su intervención desvirtuaría la naturaleza sumaria del procedimiento de reclamación laboral que pendía ante el Foro de Primera Instancia. Resulta manifiesto que debido al tiempo que ha tomado resolver esta reclamación, ésta ha perdido su carácter sumario. Se tiene que tratar como una acción ordinaria, sin aplicarle las disposiciones de la Ley Núm. 2.

Alega, además, el peticionario que el Tribunal de Apela-ciones erró al resolver que la reclamación laboral de los querellantes fue heredada por el peticionario. El error se-ñalado fue cometido. Veamos.

La sucesión es la transmisión de los derechos y las obli-gaciones del difunto a sus herederos. La sucesión tam-bién significa las propiedades, los derechos y las cargas que una persona deja después de su muerte, ora la propie-dad exceda a las cargas, las cargas excedan a la propiedad o bien si la persona ha dejado solamente cargas y ninguna propiedad.

La herencia comprende todos los bienes, los derechos y las obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. Los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muérte, en todos sus derechos y obligaciones. El derecho de un heredero a la herencia nace al ocurrir el fallecimiento de su causante, pudiendo él desde ese momento enajenar sus derechos y accionés en ella.

En nuestro derecho sucesorio, al igual que en el español, el francés y el romano, la herencia comprende las relacio-nes jurídicas activas y pasivas que componían el patrimo-nio de la persona a la fecha de su muerte. Son transmi-sibles por herencia, entre otros: los derechos patri-moniales; los derechos de socio en las sociedades de capi-tales; la cualidad de socio en las sociedades de personas; la acción para reclamar la filiación legítima; la acción para impugnar los actos o negocios jurídicos por el causante en fraude de la legítima; las diversas modalidades de la pro-piedad industrial; el derecho de autor; las obligaciones, salvo las de carácter personalísimo o cuando se trata de una prestación infungible; la propiedad funeraria; el dere-cho del causante a obtener indemnización por los daños y perjuicios que le hayan ocasionado en vida.

No son transmisibles por herencia: las relaciones jurídi-cas de carácter público, las personalísimas y las de conte-nido patrimonial de duración vitalicia; los derechos reales de carácter vitalicio; algunos derechos de crédito; los dere-chos y deberes que integran las relaciones familiares, ex-cepto los de contenido exclusivamente patrimonial y trans-misible; los derechos que emergen de un contrato de arrendamiento; los derechos obtenidos como beneficiario en virtud de la legislación de accidentes del trabajo; el de-recho al nombre; las cantidades que el asegurador deba entregar al asegurado, en cumplimiento del contrato.

Sobre este particular, el tratadista Efraín González Te-jera, en su libro Derecho de Sucesiones: La sucesión intestada, San Juan, Ed. U.P.R., 2001, T. I, págs. 193-195, ex-presa lo siguiente:

La consecuencia principal de la aceptación pura y simple de la herencia es la responsabilidad del heredero frente a los acreedores del causante, no sólo con el valor de los bienes re-cibidos, sino también con los suyos propios .... Esta seria y mucha veces peligrosa responsabilidad es solidaria frente al acreedor, esto es, el acreedor insoluto puede cobrar la totali-dad de lo que el causante le debía a cualquiera de los herede-ros que aceptaron la herencia en forma pura y simple, aunque nada hubiera recibido del caudal. Sin embargo, el heredero demandado puede traer al pleito los demás coherederos, reme-dio que, en muchos casos resulta ineficaz. Si el demandado no trae el litigio a sus coherederos como terceros demandados, tiene todavía la acción de repetición contra los demás cohere-deros, si pagó la sentencia. Pero en estos casos se produce la mancomunidad, es decir, que la responsabilidad por el pago hecho al acreedor se prorratea entre coherederos puros y, si uno de ellos resultara insolvente, los demás asumirían la por-ción a que éste le correspondiera pagar, y retendrían todos el derecho a reclamarle, en su día, lo que no llegó a pagar, por aquello de que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con sus bienes presentes y futuros.
... En nuestro sistema de Derecho la muerte del deudor no produce, automáticamente, el vencimiento de sus obligaciones ni requiere que se presente al albacea o administrador judicial como condición para cobrarlos. Por ello, en nuestro medio puede darse la situación en la que, concluida la partición y hasta varios años después, se presenten acreedores a cobrar sus acreencias. (Escolios omitidos.)

El Art. 954 del Código Civil de Puerto Rico, dispone lo siguiente:

Entiéndese aceptada la herencia:
(1) Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extraño, a todos sus coherederos o a alguno de ellos.
(2) Cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuita-mente, a beneficio de uno o más de sus coherederos.
(3) Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus co-herederos indistintamente; pero si esta renuncia fuere gra-tuita y los coherederos a cuyo favor se haga son aquéllos a quienes debe acrecer la porción renunciada, no se entenderá aceptada la herencia. (Énfasis suplido.)

La enajenación de la participación del heredero en una herencia implica necesariamente que la aceptó. Sobre este asunto, nos comenta el profesor Efraín González Te-jera lo siguiente:

No puede existir acto de aceptación de herencia más claro que enajenar a título oneroso lo que al vendedor pueda corres-ponder en la herencia de su causante. El artículo 954 dispone en parte que se entiende aceptada la herencia cuando el here-dero vende, dona o cede su derecho a un extraño, a todos sus coherederos o alguno de ellos. Ceder por precio o donar el de-recho hereditario son actos que no pueden realizare sino con la condición de heredero. Enajenar toda la herencia del causante o parte de ella equivale a una aceptación tácita del derecho a heredar.

El profesor Efraín González Tejera define legado como una atribución que hace el testador en favor de una o va-rias personas, determinadas o determinables, por la cual ordena a uno o a más de sus herederos, al albacea o, in-cluso, a otro legatario, que a su debido tiempo proceda a ceder o a hacer al legatario un derecho, una cosa o un ser-vicio, o entregar una fracción del activo neto hereditario. El legado constituye una transmisión gratuita dé elemen-tos del activo del patrimonio del causante, del heredero o de otro legatario a favor del beneficiario. Los tratadistas José Luis Lacruz Berdejo y Francisco Sancho Rebullida de-finen legado como un “regalo póstumo”.

Se define legatario como aquel a quien el testador le dispensa algún beneficio, susceptiblé o no de valoración patrimonial, teniendo presente que el testador puede siempre someter dicha atribución a las incidencias de la condición, del término o de la carga o el modo.

Cuando el legado es de una cosa específica y determi-náda, el legatario adquiere su propiedad desdé que el tes-tador muere, y hace suyo los frutos o las rentas, pero no las rentas devengadas y no satisfechas antes de la muerte. Sin embargo, el legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada, sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o albacea cuando éste se halle autori-zado para darla. La cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se halle al morir el testador.

Antes de adentrarnos en la controversia ante nos, es menester puntualizar la relación cronológica de algunos eventos del caso. Primero, el causante Angel Joglar Suárez falleció el 21 de octubre de 1978, habiendo otorgado el tes-tamento ológrafo, en en el que instituyó como herederos a sus cuatro hijos en la legítima forzosa y designó como le-gatarios a tres de sus hijos en inmuebles específicos inclu-yendo el Parking Santa Rita. Segundo, se excluyó al peti-cionario de dicho legado. Tercero, el 12 de diciembre de 1980 el peticionario vendió su participación hereditaria en el caudal del causante Angel Joglar Suárez a sus dos hermanas. Cuarto, el 15 de junio de 1995 los querellantes presentaron contra la Sucesión Angel Joglar Suárez, una reclamación de salarios que comprendían el período de 1985 a 1995,

El causante Angel Joglar Suárez designó como legata-rios a las hermanas y al hermano del peticionario con cargo al tercio de mejora y libre disposición en inmuebles específicos, entre los cuales se encontraba el estableci-miento comercial Parking Santa Rita. El peticionario fue expresamente excluido del legado del cual surge la causa de acción objeto de la reclamación de los querellantes. Por ende, no le fueron transmitidos los derechos ni las obliga-ciones del bien dejado en legado a sus demás hermanos, por lo que no tiene obligación alguna frente a la reclama-ción de salarios de los querellantes.

La reclamación de salarios de los querellantes tampoco constituiría una obligación que heredó el peticionario del causante Angel Joglar Suárez, puesto que ésta se circuns-cribe a diez años con anterioridad a 1995, fecha cuando los querellantes cesan como empleados en el Parking Santa Rita. La reclamación comprende el periodo de 1985 a 1995. El peticionario había vendido antes de 1985 su participa-ción a sus hermanas, liquidándose su participación heredi-taria en la Sucesión Ángel Joglar Suárez el 12 de diciem-bre de 1980. Para 1985, el peticionario no era parte de la Sucesión Ángel Joglar Suárez, pues para esa fecha él ya había vendido su participación en el inmueble Parking Santa Rita.

Durante el periodo de 1985 a 1995, el peticionario nunca administró o se benefició de las operaciones del Parking Santa Rita, ya que éste era administrado por su madre, hermanas y hermano. Desde 1980, el peticionario no era titular del Parking Santa Rita, pues era propiedad de una comunidad de bienes compuesta por la Sra. María Juana Suárez, viuda de Joglar, y de María Margarita, María Eugenia y Ángel, todos de apellido Joglar Suárez.

De lo anterior surge que la causa de acción de los que-rellantes, presentada el 15 de junio de 1995, comprende un periodo posterior a la venta de la participación del peticio-nario en la herencia de su padre (1980) y, en su consecuen-cia, responden a ella únicamente los miembros de la Suce-sión Ángel Joglar Suárez, quienes eran los propietarios y operaron el Parking Santa Rita desde 1985 a 1995. Es for-zoso concluir que las reclamaciones de los querellantes no eran imputables al peticionario, ya que él no fue incluido como legatario en dicho activo y sobre el resto del caudal relicto sólo adquirió derechos y obligaciones durante el pe-ríodo entre el fallecimiento del causante Ángel Joglar Suá-rez (1978) y la venta de su participación en la herencia (1980).

Abona más a nuestra posición el hecho que en el In-forme de Conferencia Preliminar entre Abogados, y en su correspondiente enmienda, las partes estipularon que el peticionario no era miembro de la Sucesión Ángel Joglar Suárez. El Informe de Conferencia Preliminar entre Abo-gados dispone lo siguiente:

II. Las partes coquerelladas estipulan los siguientes hechos que no están en controversia entre ellos:
1. El coquerellado José Antonio Joglar no es miembro de la Sucesión de Angel Joglar Suárez, según surge de la Escritura Núm. 5 otorgada el 12 de diciembre de 1980, ante el Notario Público Ramón Lomba Miranda. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 124.

La Regla 5.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece que pueden estipularse entre las partes los he-chos que dan lugar a una controversia de Derecho. Hemos resuelto que las estipulaciones en los hechos obligan tanto a las partes como al juez. Lo que las partes aceptan en el curso procesal de un caso civil —Le., en la contestación a la demanda, la conferencia con antelación al juicio— es incontestable salvo que el tribunal permita enmienda a las estipulaciones. La estipulación es una admisión judicial que implica un desistimiento formal de cualquier conten-ción a ella.

Ahora bien, con relación a la Sucesión de la Sra. María Juana Suárez, viuda de Joglar, la secuencia de los hechos es la siguiente. Primero, el causante Angel Joglar Suárez falleció el 21 de octubre de 1978. Segundo, por tratarse de un bien ganancial, la participación de la Sra. María Juana Suárez, viuda de Joglar, en el Parking Santa Rita era de 50%. Tercero, el 15 de junio de 1995 los querellantes pre-sentaron una querella contra la Sucesión Angel Joglar Suárez, una reclamación de salarios que comprendían el período de 1985 a 1995. Cuarto, el 1 de enero de 1997 falleció la Sra. María Juana Suárez, viuda de Joglar, habiendo manifestado su última voluntad mediante un testa-mento ológrafo, en esencia, idéntico en las cláusulas esenciales a las de su finado esposo.

Al igual que el causante Angel Joglar Suárez, la Sra. María Juana Suárez dejó en legado a las hermanas y her-mano del peticionario, los inmuebles donde ubicaba la ope-ración del Parking Santa Rita. Activos del cual surge la causa de acción objeto del caso. El peticionario fue excluido de este legado. Según esto, es forzoso concluir que las re-clamaciones de los querellantes no eran imputables al pe-ticionario, ya que él no fue designado como legatario de dicho activo en la herencia de su señora madre. No res-ponde frente a la reclamación de salarios de los querellantes.

Resolvemos que el foro intermedio apelativo erró al resolver que la reclamación de la parte querellante fue here-dada por el peticionario.

En tercer lugar examinaremos el planteamiento sobre impedimento colateral por sentencia señalada en el error C.

Alega el peticionario que el Tribunal de Apelaciones de-bió tomar en cuenta la determinación emitida por el Tribu1 nal de Primera Instancia, Sala de San Juan en un litigio anterior (KAC 94-0957) sobre la división de la herencia entre el peticionario y sus hermanas. El peticionario plan-tea que se debió tener en cuenta que aplicaba la doctrina de impedimento colateral por sentencia. No le asiste la razón. Veamos.

El peticionario, sus hermanas y su madre se involucra-ron en un litigio sobre la división de herencia desde 1994. Dicho litigio finalizó con una estipulación entre las partes acordada en una vista celebrada el 19 de marzo de 2002. El peticionario vendió su participación en la herencia de su madre a sus hermanas. Además, se aprobó una reserva de $15,000 —que excluyó al peticionario— para responder a la querella laboral presentada por los querellantes.

Después de varios incidentes procesales, el 26 de enero de 2004 el peticionario presentó ante el Tribunal de Pri-mera Instancia una Réplica a Moción Solicitando el Tribunal no Emita Pronunciamiento por Falta de Juris-dicción Solicitó, entre otras cosas, que se declarara con lugar el pedimento contenido en la Solicitud de Ampliación de Minuta y/o Reconsideración presentada el 10 de diciembre de 2003 o se determinara que no tenía responsa-bilidad en el caso laboral iniciado por los querellantes. En la solicitud de ampliación de minuta se pidió que el Foro de Primera Instancia interpretara la estipulación entre las partes que dio finalidad al litigio de herencia entre ellos. Solicitó, además, que se estableciera cuál era el fin desti-nado de la reserva laboral que formó parte de la estipulación.

El 13 de abril de 2004, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en la que indicó lo siguiente:

1. Réplica a Moción Solicitando el Tribunal No Emita .... (Leda. Edmee) Orden. “Como se Pide”. (Énfasis suplido.)

El peticionario entiende que la Orden del Tribunal de Primera Instancia de 13 de abril de 2004 definió su respon-sabilidad en la querella laboral, a base de la sentencia por estipulación, ya final y firme, dictada por acuerdo entre las partes. Sostiene que al acoger la posición consignada en los escritos de 26 de enero de 2004 y 10 de diciembre de 2003, en los cuales se expresaba que mediante la estipulación que surge de la sentencia en dicho caso, la responsabilidad total del pago del litigio laboral le correspondía totalmente a sus hermanos. Alega que erró el foro intermedio apela-tivo al no aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia, ya que la controversia sobre la responsabilidad del peticionario en el caso laboral se había resuelto en el caso de herencia.

Al revisar el expediente nos percatamos, en efecto, de que el peticionario solicitó en el pleito de herencia que se determinara la responsabilidad de su parte en el pleito laboral. No obstante, no surge concluyentemente que la Orden del Tribunal de Primera Instancia de 13 de abril de 2004 haya adjudicado la responsabilidad, o ausencia de ella, que pueda tener el peticionario ante la reclamación de los querellantes. El “Como se Pide” no es suficiente para acoger la teoría del peticionario de que existe impedimento colateral por sentencia.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 89-100.

       Íd., págs. 101-107.

       Íd., págs. 78-84.

       Íd., págs. 85-88.

       Íd., págs. 108-112.

       Íd., págs. 113-136.

         Íd., págs. 137-161.

       Íd., pág. 66.

       Íd., págs. 165-167.

       Íd., págs. 211-220.

       Íd., págs. 168-172.

       Íd., págs. 221-224.

       Íd., págs. 235-239.

       Íd., págs. 228-231.

       Íd., págs. 232-234.

       Íd., págs. 244-245.

       Íd., págs. 246-258.

       Íd., págs..55-63.

       Íd., págs. 28-286.

       Íd., págs. 3-13.

       Íd., págs. 14-24 y 25-27.

        Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 503-504 (2003).

        Ríos v. Industrial Optic, 155 D.P.R. 1, 10 (2001).

       Íd.

       Íd.; Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987).

        Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 666.

       Íd.; Pinero o. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 897 (1998).

        Lucero v. San Juan Star, supra, pág. 504.

        Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 667.

       Íd.

       Íd., pág. 667; Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689, 692 (1965).

        Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 667.

       Íd.

       Íd.; Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 D.P.R. 712, 716 (1998).

        Berrios v. González et al., 151 D.P.R. 327, 340 (2000).

        Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 667.

       Íd.

       Íd.

        Rodríguez v. Interactive Syst., Inc., 153 D.P.R. 469, 473 (2001); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 496-497 (1999).

       Art. 599 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2081.

       Art. 603 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2085.

       Art. 608 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2090.

       Art. 610 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2092.

        Torres v. Registrador, 75 D.P.R. 128 (1953).

        Sucn. Álvarez v. Srio. de Justicia, 150 D.P.R. 252, 266 (2000).

       Id., págs. 268-269; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. V, Vol I., págs. 44-63.

       Id.

       31 L.P.R.A. see. 2782.

       E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, San Juan, Ed. U.P.R., 2001, T. 1, pág. 304.

       Íd.

       Gonzalez Tejera, op. cit, T. II, pág. 390.

       Íd., pág. 391.

       J.L. Lacruz Berdejo y F. Sancho Rebullida, Elementos de Derecho Civil: derecho de sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, 1981, T. V, pág. 28.

       Íd.

       Art. 804 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2493.

       Art. 807 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2496.'

       Art. 805 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2494.

        Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 560, 571 (1998).

        Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 693 (2001). Véase, además, E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio: Reglas de Evidencia de Puerto Rico y Federales, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, pág. 655.

       Íd.

       Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 261-264.

       Íd., págs. 265-268.

       Íd., págs. 259-260.