author: ■El Juez Asociado Señor Cordova Dávila,

text:
    Koppel Industrial Car & Equipment Co., demandante, apelante y apelada, v. Central Victoria, Inc., demandada, apelada y apelante.
    Nos. 6619 y 6624.

    Sometidos: Noviembre 12, 1935.

      Resueltos: Enero 30, 1936.

      -Henry G. Molina y Santiago de la Puente, abogados de la apelante y apelada; C: Coll Cuchí, G. Silva y Víctor A. Coll, abogados de la apelada y apelante.
   ■El Juez Asociado Señor Cordova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Koppel Industrial Car & Equipment Co. reclama de Central Victoria, Inc., que es una corporación debidamente orga-nizada bajo las leyes de Puerto Eico, el importe de ciertos . materiales que se describen en la siguiente orden que enviara ,.la demandada á la demandante por medio de su agente en Puerto Rico J. Ochoa & Hno.:

“Piezas de repuesto para nuestra locomotora alemana No. 4210 de 1910.
Referencia: Catálogo No. 817 de Orenstein & Koppel. 2 (dos) .Bielas Motrices; derecha e izquierda, con cojinetes delanteros y tra-seros, según figs. 18, 128 y 129, pág. 24. (Los cojinetes sin termi- ' nar interiormente). 2 (dos) Bielas de acoplamiento, derecha e iz-quierda, con 'sus cojinetes según F. en la pág. 24. (Los cojinetes deben quedar idénticos a los antes mencionados.) Entrega: A la , mayor brevedad posible. ”

Se alega que la demandada compró los referidos mate- ' riaíes a la' demandante la cual cumplió fiel y exactamente con dicha orden entregando a la brevedad posible todos los ma-teriales ordenados; qne la demandada recibió dichos mate-riales allá por el día 27 de noviembre de 1929, o con ante-rioridad a esa fecha, y qne de acnerdo con los términos de la venta debió haber satisfecho a la demandante la cantidad de $840.50, importe de los materiales, dentro del término de treinta días despnés de dicha fecha.

La demandada acepta el hecho de la compra; niega qne la demandante cumpliese fiel y exactamente con el pedido y alega qne las piezas de repuesto qne fueron enviadas a la demandada por la demandante no correspondían a las des-cripciones hechas en la orden y eran totalmente distintas, de clase y de dibujo diferentes, y no respondían a las figuras de la página 24 del catálogo a qne se refería la orden de la demandada, habiendo sido totalmente inútiles e inservibles para dicha demandada, quien lo comunicó así a la deman-dante, dejando dichas piezas a su disposición. Se alega ade-más que el valor de la orden a que se refiere la demanda es solamente de $710, aun cuando la demandada reconoce que en virtud de otras órdenes estaba adeudando y adeuda en la actualidad a la demandante la suma de $130.50, cuyo importe ofreció y consigna juntamente con la contestación, por per-tenecer a la referida demandante.

La corte inferior declaró con lugar la demanda y condenó a la Central Victoria, Inc., a pagar a la demandante la suma solicitada, con sus intereses al 6 por ciento anual desde el 22 de diciembre de 1929, sin especial condenación de costas. Contra esta sentencia apelaron ambas partes: la demandada contra el pronunciamiento que la condena a pagar el importe de los materiales y sus intereses; la demandante por haberse dictado sentencia a su favor sin especial condenación de cos-tas.

En apoyo del recurso interpuesto alega la demandada que la corte sentenciadora erró al declarar que en este caso la equivocación no fué mutua al extremo de invalidar el conve-nio y al dictar sentencia en contra de la demandada.

De acuerdo con la prueba la demandada y apelante era dueña de una locomotora marcada con el número 4204. Las piezas de repuesto se pidieron para una locomotora marcada con el número 4210. La demandada admite su error, pero alega que la demandante incurrió en error también, porque las piezas remitidas no se ajustan a las descripciones que aparecen en la página 24 del catálogo. La demandante niega que bubo tal error y sobre este extremo versa toda la con-troversia. La cuestión planteada aparece resuelta por la corte inferior en la siguiente forma:

“El pedido de las piezas de repuesto en cuanto a las bielas mo-trices y de acoplamiento para una locomotora alemana No. 4210 de 1910, se Rizo por la demandada, según expresa la propia orden, por el catálogo No. 817 de Orenstein & Eoppel y en donde aparece en su página 3 una ‘advertencia’ que dice así:
“ ‘A continuación publicamos una relación e ilustraciones com-pletas de las partes componentes de una locomotora. Para evitar equivocaciones y retrasos en la. ejecución de los pedidos será nece-sario indicar siempre el número de fábrica de la locomotora para la cual están destinadas las piezas que se piden, puesto que nuestros modelos corrientes pueden haber sufrido modificaciones en el ín-terin. ’
“De la declaración de George W. Grazer, agente de la deman-dante, aparece que la demandada sufrió un error al dar el número de fábrica de la locomotora, pues las piezas, de repuesto se pidieron para una locomotora alemana No. 4210, que es de seis ruedas, cuando la. locomotora de la demandada es No. 4204, de cuatro ruedas sola-mente. Pero la demandada sostiene que habiendo la demandante fabricado ambas locomotoras, debía saber para quién y en qué países habían sido vendidas y que debió ver además que la descripción de la orden con referencia al catálogo no correspondía al número de la locomotora, por lo que no debió arriesgarse a despachar la orden siu haber antes hecho una rectificación.
“La evidencia no demuestra que la,demandante, al despachar las piezas, tuviera conocimiento de que la locomotora de la demandada, para la cual se pedían las piezas de repuesto, fuera No. 4204, de cuatro ruedas.
“En lo que respecta a las bielas motrices, no existe evidencia alguna de que la demandante se hubiera equivocado al despacharlas. La contención se ha limitado en lo que se. refiere a las bielas de acó-plamiento remitidas, que sólo pueden usarse en locomotoras de seis ruedas.
“El testigo Grazer parece contradecirse en su testimonio al con-testar las preguntas de una y otra parte, dando a entender que se pidieron dos bielas de acoplamiento y se enviaron cuatro, distintas al diseño o ilustración que- aparece en el 'catálogo No. 817 de Oren-stein & Koppel, a la página 24; pero finalmente declaró dicbo tes-tigo, en substancia, que todo lo que conecta de la primera rueda hasta la última de cada lado de una locomotora es una biela, no importa las partes de que se compone, y que la fábrica despachó el pedido, esto es, dos bielas de acoplamiento para locomotoras No. 4210, de acuerdo con el dibujo o figura que aparece en el catálogo, con la diferencia que tienen una pieza adicional cada una, porque dicha loco-motora es de seis ruedas, o sea para conectar un par de ruedas más.
“Claramente aparece que la demandada pidió las bielas de aco-plamiento para locomotora No. 4210, sufriendo así una equivocación, a pesar de la advertencia de la fábrica, y debe sufrir las consecuen-cias de su error, lo que se hubiera evitado si antes de expedir la orden de compra se hubiera fijado en el número de su locomotora y examina ésta, como lo hizo el agente de la demandada al notificár-sele de que las piezas no se ajustaban o servían para la misma.”

Las conclusiones de la corte inferior constituyen a nues-tro juicio una correcta apreciación de la prueba practicada. Las bielas motrices y de acoplamiento pedidas para la loco-motora No. 4210 que era de seis ruedas no pudieron ser uti-lizadas para la locomotora de la demandada No. 4204, que era de cuatro ruedas. Al tener noticia de esta dificultad el Sr. George W. Grazer, representante de la demandante, exa-minó la locomotora sin que fuera posible ver el número. Luego, después de quitarle la pintura, se dió cuenta de que el número era 4204, y que la demandada babía incurrido en una equivocación al solicitar las piezas de repuesto para la locomotora mareada con el número 4210. La demandante entonces bizo gestiones con la fábrjca para ver si podían uti-lizar las piezas, lo cual les fue imposible, porque existían so-lamente dos locomotorás del estilo 4204 que no podían ser lo-calizadas. Se ofreció como prueba y se admitió sin oposición copia de una carta dirigida a la demandante por Bessler, Waecbter & Co., Ltd., agente de la fábrica Orenstein Koppel Co., para demostrar los esfuerzos realizados en ese sentido. En dicha carta se exponen las razones que impedían aceptar la devolución de las bielas y se dice- además lo siguiente:

“Deseamos mencionar con respecto a la manifestación que uste-des hacen en su carta en el sentido de que nuestra fábrica se equi-vocó al enviarles bielas para una locomotora distinta, que las ilus-. traeiones que aparecen en nuestro catálogo de piezas de repuesto para locomotoras no se refieren a piezas de .una locomotora en particular.
“Son solamente ilustraciones que permiten que nuestros clientes identifiquen las piezas que necesitan, sean éstas para locomotoras de cuatro, seis u ocho ruedas. El número correcto de la locomotora debe ser enviado en la orden para asegurar el suministro de las pie-zas correctamente, así como se requiere especialmente en el último párrafo de la advertencia que aparece en la página 3 del catálogo, número 817. Por lo tanto, como su cliente no nos envió el número correcto no puede imputársele a nuestra fábrica un error en este caso. ’

De acuerdo con la carta que antecede los modelos que apa-. recen en el catálog'o no se refieren a piezas de una locomo-tora en particular. Y se llama la atención de que, para evi-tar equivocaciones, el número correcto de la locomotora debe ser enviado en la orden para asegurar el suministro de las piezas pedidas según sé requiere en el catálogo. La parte-demandada apelante hace hincapié en el testimonio de George W. Grazer, quien a su juicio se contradijo, admitiendo cuando respondía a sus preguntas, que la demandante se equivocó al. despachar las bielas pedidas, y expresándose de distinto modo' al responder al interrogatorio de su abogado el Sr. Henry Molina. A nuestro juicio más que contradicción existió cierta confusión de parte de este testigo hasta el momento en que' pudo penetrarse del interrogatorio que se le hacía. Contes-tando al abogado de la demandada, Sr. Coll Cuchí, el testigo declara que se enviaron cuatro bielas de acoplamiento y que la demandada pedía dos. Inmediatamente dice que las bie-las de acoplamiento pueden ser seis partes, dos partes, una parte • que todo depende del número de ruedas que tenga la. locomotora. Al preguntarla el referido abogado por qué ¡la fábrica mandó cuatro y echó a un lado el pedido, de dos, res-ponde: “Porque la locomotora 4210 necesita cuatro bielas de acoplamiento. Como yo expliqué antes, las bielas de aco-plamiento bay una a cada lado de la locomotora; si la. lo-comotora tiene cuatro ruedas, seis ruedas u ocbo ruedas, todo lo que conecta de la primera rueda basta la última es una biela; no importa si tiene dos partes, seis partes, eso es la conexión en todas sus ruedas.” A preguntas del Sr. Molina declara que la locomotora de seis ruedas tiene una biela de’ acoplamiento a cada lado y que se llama biela de acopla-miento si son así de largo, o si se conectan cuatro, seis u¡-ocbo ruedas. En la factura de la demandante, despachada antes de conocerse el error, figuran dos bielas de acoplamiento, y no cuatro, como alega la demandada. Lo dicbo en esta fac-tura concuerda con la aclaración del testigo. .En estas ra-zones se basa la corte inferior para decir que el Sr. Grazer,, aunque parece contradecirse, declara finalmente que todo lo-que conecta de la primera rueda basta la última de cada lado de una locomotora es una biela, no importa las partes de que. se componga, y que la fábrica despachó el pedido, esto es,, dos bielas de acoplamiento para la locomotora No. 4210, de acuerdo con el dibujo o figura que aparece en el católogo.^ En resumen, la demandante ha demostrado fuera de toda duda que la demandada sufrió una equivocación, y la deman-dada no ha podido convencernos de que la demandante incu-rriera en error.

En cuanto al pronunciamiento sobre costas, nos inclina-, mos a respetar el criterio de la corte inferior en el ejercicio de sus facultades discrecionales.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel González, acusado y apelante.
    No. 5922.

    Sometido: Enero 29, 1936.

      Resuelto: Enero 31, 1936.

      E. Martinez Aviles, abogado del 'apelante; Luis Janer, Fiscal Au-xiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 13 de marzo de 1935 el Fiscal de Arecibo presentó ante la corte de distrito acusación contra Manuel González imputándole un delito subsiguiente de asesinato consistente en baber dado muerte con malicia premeditada a Ramón Antonio Román Medina en enero 28, 1935, después de baber sido condenado por bomicidio en noviembre 15, 1928.

Juzgado González por un jurado fue declarado culpable de bomicidio voluntario y la corte, haciendo constar en su sentencia que el propio acusado aceptó la alegación del fiscal de baber sido convicto de bomicidio con fecba anterior, lo condenó a doce años de presidio. No conforme, apeló para ante este Tribunal. En su alegato, después de transcribir la acusación, se limita a consignar lo que sigue:

“Que el señor fiscal del distrito de Arecibo, P. R., sabiendo que la muerte de Ramón Antonio Román Medina ocurrió en una riña que sostuviera con este acusado y otras personas, calificó el delito de Asesinato en Primer Grado.
“Que el acusado cree haber actuado en defensa propia al herir al interfecto Román Medina, pero aceptado que no pudo demostrar esto ante los jurados, éstos rindieron veredicto de Homicidio Volun-tario; demostrando lo que anteriormente dejo dicho de que el señor fiscal, con propósito de asegurar su convicción calificó el delito de Asesinato en lugar de calificarlo de lo que realmente era.
“Que además el señor fiscal del distrito al alegar mi convicción anterior por Homicidio Voluntario lo hizo haciendo constar que la misma había sido obtenida a virtud de una acusación de Asesinato en Primer Grado con el mismo propósito de influir en el ánimo del Juez y del jurado sobre mi culpabilidad.
“Que la ley fija como pena máxima en estos casos la de diez años, por lo que el acusado cree que tanto el Hon. Fiscal del Dis-trito y el Hon. Juez de esta Corte fueron injustos en la prosecución del caso y la imposición de la pena y respetuosamente solicita de esa Hon. Corte que la misma sea rebajada.”

La transcripción, sólo contiene la acusación, el veredicto, la sentencia y el escrito de apelación. No hay base, por tanto, para considerar y decidir las cuestiones que plantea el apelante en relación con la actitud del Fiscal. En cuanto a la pena, si bien es cierto que el máximo de la fijada por lá ley para castigar el delito de homicidio es el de diez años de presidio, también lo es que el artículo 56 del Código Penal dispone que el reo que habiendo sido convicto de un de-lito castigado con, pena de presidio, cometiere cualquier de-lito, después de dicha convicción, tal reo, si el delito subsi-guiente aparejare, en primera convicción, pena de presidio por un término de más de cinco años, será castigado con pena de presidio por un término mínimo de diez años. Y como aquí González había sido convicto de un delito de homicidio ■castigado con pena de presidio cuando perpetró el otro de-lito de homicidio que apareja en primera convicción pena de presidio por un término de más de cinco años, la pena que correspondía imponerle era la mínima de diez años. La corte le impuso doce y actuó así dentro de las facultades con-ferídales por' la ley.

Debe declararse sin lugar él recurso y confirmarse la sei%-fencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo,

text:
    Federico G. Pérez Almiroty, demandante y apelado, v. Junta de Retiro de los Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, Etc., demandada y apelante.
    No. 6791.

    Sometido: Noviembre 7, 1935.

      Resuelto: Enero 31, 1936.

      PLon. Procurador General B. Fernández Garcia (Benjamin J. Horton en el alegato) y Angel C. Calderón, Subprocurador, abogados de la apelante; Litis Tirado Geígel, abogado del apelado..

       Nota: Véasa el prefacio.

   El Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Federico G. Pérez Almiroty, abogado y vecino de Eío Pie--dras, radicó una solicitud de mandamus en la Corte de Dis-; trito de San Juan contra la Junta de Retiro de los Funcio-' narios y Empleados del Gobierno Insular pidiendo a la corte: que ordenara a la junta que le diera crédito por los servicios que prestó al Gobierno como funcionario permanente del mis-mo desde enero 1, 1924, a noviembre 30, 1925, previo abono-de los. descuentos que dejó de.ingresar,, y tuviera en cuenta dichos servicios al fijar el montante de la pensión, que como; funcionario retirado le correspondía recibir.

Los hechos en que se fundó la solicitud y que se acepta-ron como probados, tales como se resumen por el propio pe-ticionario, en su alegato, son:

‘ ‘ Que el demandante apelado prestó servicios al Gobierno Insular durante el período comprendido entre enero 1ro. de 1924 y noviem-bre 30 de 1925; que era un funcionario de los comprendidos en la derogada Ley núm. 22 de 1923; que no contribuyó al fondo de pen-siones creado por dicha Ley de 1923; que era asimismo un funcio-nario de los comprendidos en la Ley Núm. 104 de 1925, y como tal solicitó y obtuvo su retiro por razón de separación involuntaria del servicio; que a los efectos de la fijación del montante de su pensión no- le fueron acreditados los servicios que prestó durante el período, de referencia, por razón de no haber contribuido al fondo mencio-nado; y que consignó expresamente su deseo de obtener crédito por' tales servicios, requiriendo de la Junta apelante la computación dé-los mismos en consideración a previo abono .al Fondo de Retiro de. las cantidades que habían de aportarse conforme a lo previsto en la; Ley citada de 1923.”

Expedido el auto en forma alternativa, exeepcionó la junta' la petición por falta de hechos suficientes para determinar la' causa de aeción ejercitada y la contestó aceptando algunos' hechos y negando otros. Finalmente ambas partes acorda-ron someter el caso a la decisión de la corte por el mérito de las cuestiones de derecho envueltas y la corte lo decidió en; efecto por sentencia de junio 15, 1934, en contra de la junta.

No conforme ésta, apeló. Señala en su alegato tres erro-res cometidos a su juicio por la corte de distrito al resolver que la sección 18 de la Ley núm. 104 de 1925 (pág. 949) es mandatoria; al decidir que la dicha sección no fija plazo den-tro del cual debe formularse la reclamación, y al concluir que' el peticionario radicó su reclamación al tiempo de ser consi-derada y resuelta su solicitud de retiro.

En su relación del caso y opinión la corte de distrito, des-pués de referirse a las alegaciones y a los -trámites del pleito, dice que la controversia gira alrededor de la interpretación-de la sección 18 de la Ley núm. 104 de 1925, que lee como sigue:

“Al funcionario o empleado comprendido en esta Ley, que como tal no hubiese contribuido al fondo de pensiones creado por la Ley No. 22, de 1923, y que desee se le dé crédito por el tiempo de Ser-vicios prestados desde enero primero de 1924 hasta que empiece a regir esta Ley, podrá concedérsele ese crédito siempre que abonare al Fondo de Retiro el dos por ciento (2) de sus sueldos durante dicho período de tiempo; Disponiéndose, que la falta de ese pago no pri-vará al funcionario o empleado comprendido en esta Ley, del crédito de sus servicios prestados con anterioridad al primero de enero de 1924.”

Y procediendo a interpretarla se refiere primero a la sec-ción. 2 de la propia ley qne prescribe qne el tiempo total de servicios qne servirá de base para calcular el importe de la pensión se computará desde la fecha del nombramiento original, incluyendo los períodos de servicios prestados en dife-rentes épocas, y concluye que “el oficio” de la sección 18, “es simplemente el de condicionar ... un derecho de ante-mano establecido por modo general y absoluto en forma que supone para la Junta recurrida la obligación ministerial de reconocerlo en su total extensión conforme a la ley.”

Cita luego la sección, 9 que dispone que si un funcionario o empleado de cuarenta o más años de edad, a quien la ley sea aplicable, después de haber servido por un período total no menor de quince años y antes de tener derecho al retiro, fuere separado involuntariamente por cualquier motivo, ex-cepción de destitución, del servicio clasificado o no clasificado, tendrá derecho a una pensión vitalicia anual igual al dos por ciento del promedio de sus sueldos o compensaciones básicas anuales durante los siete últimos años de servicios compu-tables, multiplicado por el número de años de servicios, y concluye que esas disposiciones reafirman las de la sección 2.

Compara entonces la ley de 1925 con la de 1923 (Leyes de 1923 (2) pág. 157) y entrando de lleno en el alcance de la sección 18 de la de 1925, lo fija así:

“De suerte que, examinado el precepto bajo consideración a la luz de los antecedentes expuestos, resulta obvio que no existe la in-tención de investir a la Junta recurrida de poder discrecional, siendo^ en verdad dicha disposición legal de carácter mandatorio, no obstante la forma de expresión, que Ira sido utilizada claramente para mejor dar a entender el otorgamiento condicional de una fase del derecho previamente estatuido. Y en consecuencia es de rigor que al recu-rrente le sean computados los servicios que prestó desde enero 1ro. de 1924 basta noviembre 30 de 1925, cuando ha manifestado su deseo de que le sean acreditados, y ofrecido efectuar el pago previsto. Resolvemos que la Sec. 18 de la Ley núm. 104 de 1925 como está redactada, y en armonía con los generales preceptos del estatuto, con-sagra su derecho absoluto a ello; siendo deber indeclinable de la Junta actuar concediendo tal crédito a base del pago que la Ley exige. No es posible concebir que allí donde la principalidad del derecho se otorga sin sujeción a ejercicio de facultad discrecional por parte de la recurrida, se supedite la especialidad del mismo a su libre arbitrio. La alternativa está bien definida: si se verifica el abono que el precepto requiere, procede computar los servicios; de no verificarse, no pueden ser acreditados.”

Hemos estudiado además cuidadosamente los alegatos de ambas partes y estamos convencidos de que el mandamus no procede.

La sección 7 de la Ley núm. 22 de 1923, Leyes de la Se-sión Especial de ese año, p. 161, dispone que el “Fondo de Pensiones” se formará con el producto de un.a contribución del dos por ciento sobre los sueldos de los empleados, y au-toriza y ordena al Auditor de Puerto Rico que a partir del 1 de enero de 1924 proceda a hacer los descuentps correspon-dientes.

Ni el Auditor descontó ni el peticionario abonó el dos por ciento de sus. sueldos como Sub Procurador durante la vigen-cia. de esa ley, y aprobada, la. núm. 104 de 1925 que dió al peticionario, una nueva oportunidad, para hacerlo dejó el pe-ticionario transcurrir más de siete años sin aprovecharla. Pretendió, acogerse a ella después de presentada y resuelta su solicitud de retiro, cuando la junta, fijó la pensión que le correspondía recibir en $1,185.47 anuales, dejando de tomar en. consideración, para el cómputo el tiempo de servicio que prestara sin contribuir al fondo de pensión. El peticionario sostiene que su pensión debió fijarse en $1,338.60, tomando en consideración, ese tiempo, mediante el-abono que prometió hacer de $126.36 a que ascendían los descuentos del dos por .ciento de los sueldos que percibiera durante el mismo.

El hecho de que la ley impusiera al Auditor el deber de hacer las deducciones y no las hiciera, podrá justificar la dis-posición legislativa de 1925, la nueva oportunidad concedida al peticionario y a todos los funcionarios y empleado's que se encontraran en las mismas condiciones, pero no la actua-ción del peticionario a partir de esa fecha.

De todos modos es lo cierto que cuando el peticionario so-licitó su retiro y cuando la junta se lo concedió los abonos no se habían verificado, ajustándose el cómputo de la Junta a la realidad de los hechos y a la ley.

¿ Tenía la junta el deber ministerial de reconsiderar su resolución al así solicitarlo el peticionario manifestándole que había resuelto acogerse a la sección 18 de la Ley núm. 104 de 1925 y estaba dispuesto a abonar las deducciones que debieron verificarse desde hacía más de siete u ocho años?

A nuestro juicio no lo tenía. Era ya demasiado tarde para hacer el reconocimiento. Si bien la ley de 1925 no fija expresamente la extensión del término durante el cual los funcionarios o empleados que no cumplieron con los deberes que les imponía la ley de 1923, tenían la nueva oportunidad de cumplirlos, a fin de disfrutar en su día de los beneficios que ello pudiera implicar, debe entenderse que el legislador tuvo en mente un término razonable. T no es razonable en verdad aguardar siete u ocho años para hacer un abono de tal naturaleza, ni justo para el Fondo de Pensiones, pues los abonos deben hacerse cuanto antes a fin de que invertidos por la junta de acuerdo con la ley — Sec. 15 — en bonos muni-cipales, insulares o federales cuanto antes también comien-cen a ganar intereses.

Convenimos en que la palabra “podrá” usada en una ley puede y debe concluirse que significa “deberá” en ciertás ocasiones, como cuando- el estatuto impone un deber positivo en vez de conferir un poder discrecional —U. S. ex rel. Stáyton v. Paschall, 9 F. (2d) 109 — o cuando sea ello necesario para dar efecto a la clara política e intención de la Legislatura—Marshall v. Foote, 252 P. 1075, 1077—pero ése no es , aquí el caso. Aquí la clara intención de la Legislatura fué dar a los' funcionarios y empleados una nueva oportunidad para acogerse a los beneficios de la ley íntegramente dentro . de un término razonable y el peticionario la dejó pasar sin aprovecharla a su debido tiempo.

Si se estudia la ley en su totalidad se advierte en seguida que la Junta creada por la misma es un cuerpo al que se impon,en deberes cuyo cumplimiento exige el ejercicio de dis-creción, siendo uno de ellos aquel que surge de la sección, diez y ocho de la misma.

Este propio .caso que consideramos demuestra cuán va-riadas pueden ser las circunstancias que concurran en las peticiones que a la Junta se presenten,. D,e ahí que la Le-gislatura dijera en la repetida sección 18 de la ley de que se trata, “podrá concedérsele ese crédito”, en vez de “de-berá concedérsele ese crédito” al funcionario o empleado que no hubiere contribuido al fondo de pensiones creado por la Ley nfim. 22, de 1923, que desee se le dé crédito por el tiempo de servicios prestados desde el 1 de enero de 1924 hasta la vigencia de la Ley de 1925.

Existe el derecho al cómputo de servicios prestados, pero lo es cuando se ha cumplido previamente con la ley. Ésta exige deducciones a tiempo y concede una nueva oportu-nidad para verificar las n,o hechas en tiempo, correspon-diendo a la junta la facultad de conceder el crédito de acuerdo con los hechos y la ley y las circunstancias que con-curran. Y al así actuar la junta tiene que hacerlo siguiendo un método similar al que se sigue en, las cortes de justicia para resolver los casos que se llevan por las partes ante ellas. . No se trata de un simple deber ministerial. Se trata del ejercicio de discreción cuasi judicial. Véanse Huyke v. Junta de Retiro, 46 D.P.R. 209 en que la séc. 2 de la Ley núm. 104 de 1925 que aquí se invoca como la que recqnpce el derecho fundamental que se sostiene que meramente con-diciona la sección 18, fné interpretada y aplicada por la Jnnta de Eetiro como no comprendiendo los servicios pres-tados por funcionarios no remunerados, interpretación y aplicación que fué aceptada como correcta por esta Corte Suprema de Justicia. Véanse además los casos de Muñoz v. Ramos, 39 D.P.R. 405; Feliciano v. Lopez, 44 D.P.R. 937; Font v. Junta de Retiro, 48 D.P.R. 24, y Padial v. Junta de Retiro, 48 D.P.R. 640.

En tal virtud y no habiéndose demostrado abuso alguno de discreción por parte de la junta al negarse a reconside-rar su resolución de julio 19, 1933, deloe revocarse la sen-tencia recurrida y dictarse otra declarando sin lugar la pe-tición, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf disintió.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Figueroa, acusado y apelante.
    No. 5757.

    Sometido: Noviembre 12, 1935.

      Resuelto: Enero 31, 1936.

      Harry F. Besosa, abogado del apelante; Luis. Janer, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Esta causa comenzó por una acusación formulada el 5> de diciembre de 1932 por el Fiscal del Distrito de Bayamón que, copiada a la letra en lo pertinente dice:

“El Fiscal formula acusación contra Miguel Figueroa por un delito de Atentado a la Vida, felony, comet'do de la manera siguiente:
“Allá por la noebe del día 5 de octubre de 1932, y en la calle 'Nemesio Canales’ esquina a la de ‘Muñoz Rivera’ del pueblo de Vega Alta, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Bayamón, P. R., el diebo acusado Miguel Figueroa, ilegal y voluntariamente, con malicia premeditada atacó con un rifle al ser humano Rafael Ramírez disparándole un tiro con la intención de matarlo, habiendo logrado con dicho disparo inferirle una herida de bala de carácter grave.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y á la paz y dignidad de ‘El Pueblo de Puerto Rico’.”

Hizo el acusado alegación de inocente y el juicio se ce-lebró ante un jurado que lo declaró culpable el 4 de octu-bre de 1933 del delito que se le imputara. Seis días des-pués compareció en corte abierta a recibir su sentencia. La corte le hizo las advertencias de ley y le preguntó si tenía alguna razón legal que aducir para que no se dictara sen-tencia. Ninguna adujo y la corte lo condenó a un año y Seis meses de presidio con trabajos forzados.

El propio día 10 de octubre de 1933 el acusado apeló para ánte este Tribunal Supremo. Solicitó en tiempo la transcripción de la evidencia y la corte, el 16 de octubre, 1933, ordenó que se le proporcionara en forma gratuita por el taquígrafo por ser pobre él acusado. Fueron solici-tándose y concediéndose prórrogas y más prórrogas para .ni archivo de la transcripción hasta que al fin la corte, en septiembre 22, 1934, denegó la solicitada por moción del 13. Pidió reconsideración el acusado alegando la ausencia de la Isla del taquígrafo y sus gestiones. Oyó la corte a las partes y el 11 de octubre siguiente accedió a la reconside-ración y concedió la prórroga: treinta días comenzados a contar a partir del 14 de octubre de 1934.

Sigue entonces en los autos una titulada “Exposición ■pobre hechos probados y exposición del caso” que no tiene nota de radicación como la tienen los otros documentos y que termina como sigue:

PoR las RAZONES expuestas, se suplica a esta Hon. Corte apruebe esta estipulación y admita los hechos arriba indicados como una ex-posición fiel y exacta de los hechos probados en este caso. — Bayamón, P. R., octubre 24, 1934. — Harry F. Besosa, Abogado del Acusado. — ■ Enrique Ponsa Parés, Fiscal del Distrito de Bayamón, P. R.”

A continuación aparece una resolución de la corte de noviembre 20, 1934, en la que se transcriben las de sep-tiembre 22 y 11 de octubre y se provee una moción de 7 •de. noviembre pidiendo que se deje sin. efecto la sentencia y se abra el caso para nuevo juicio, y entre tanto que se con-ceda una- nueva prórroga de treinta días.

“Fúndase, en síntesis, el acusado,” dice la corte, “en que su abogado preparó una estipulación sobre hechos pro-bados y exposición del caso 'para presentar al Fiscal’, y que presentada a éste dicho funcionario prometió revisarle tal estipulación y no lo hizo, por lo que ‘en vista de que el abo-gado del acusado ha agotado todos lo's recursos a su alcance para conseguir lá Transcripción de Evidencia o entrar en úna estipulación con el Sr. Fiscal sobre hechos probados y ■exposición del casó, y éstos han sido completamente inútiles, el abogado que suscribe se ve completamente imposibilitado de perfeccionar su apelación . . .’

“Conforme a lo solicitado por el acusado y concedido por resolución de 11 de octubre, el acusado obtuvo una última y definitiva prórroga de 30 días para presentar su proyecto de exposición del caso.

“El acusado no fia radicado su proyecto de exposición del caso en la Secretaría de esta Corte para que tal pro-yecto, radicado en término, siguiera el curso del procedi-miento fijado por la ley. Se alega que preparó una estipu-lación, de hechos ‘para presentar al Fiscal’; pero tal pro-yecto de estipulación no obliga a esta Corte ni constituye un método de procedimiento en nuestros estatutos penales. Corresponde al acusado radicar en Secretaría su proyecto de Exposición, y notificar del mismo al Fiscal, quien, so-mete las enmiendas que estimare de lugar.

“La moción de prórroga es denegada; y la moción de nuevo juicio señalada para el viernes 30 de noviembre co-rriente, a las 9 a. m.”

Sigue una moción pidiendo la suspensión de la vista fijada para noviembre 30, declarada con lugar, y finaliza la transcripción con copia de la resolución de la corte de fe-brero 7, 1935, negando el nuevo juicio. En parte dice:

“De la misma petición del acusado aparece que él preparó una exposición del caso para presentar al fiscal lo que así hizo, pero que el fiscal le informó que estaba preparando una exposición del caso que enviaría dentro de un par de días. El pliego de exposición del caso preparado por el acusado, según él, nunca fue radicado en la Secre-taría de esta Corte a fin de que tal proyecto radicado en término, siguiera el curso del procedimiento fijado por la ley. Alega que se preparó una estipulación de hechos ‘para presentar al fiscal’; pero tal proyecto de exposición no fué radicado en esta Corte. Al acu-sado corresponde radicar en Secretaría ■ su proyecto de exposición, notificar el mismo al Fiscal quien someterá las enmiendas que es-timare de. lugar y en este estado el procedimiento fija la Corte un día para oír a las partes y ultimar el proyecto de exposición del caso.' No hallamos fundamentos para acceder a la solicitud del 'acu-sado, tal como la cuestión ha sido planteada en su citada moción de 7 de noviembre de 1934.
“No ha lugar a la concesión de un nuevo juicio.”

La transcripción está certificada por el secretario de la corte de distrito en mayo 20, 1935. Se radicó al día siguiente ep la secretaría de este Tribunal Supremo.

Siete días después fué elevada a esta corte otra certi-ficación expedida por el secretario de la corte de distrito contentiva de copias de:

(a) una moción presentada por el acusado en enero 30, 1933, solicitando la suspensión del juicio por los siguien-tes motivos: “2. Que la acusación en este caso está fun-dada en ciertos lieclios ocurridos durante el tiempo que el citado acusado, Miguel Figueroa, estaba en servicio activo como soldado de la Guardia Nacional de Puerto Rico y de guardia como tal miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico. —3. Que de acuerdo con el Código Militar de Puerto Rico aprobado en el año 1917, todo miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico tendrá derecho a solicitar que se le nombre defensor ... —4. Que de acuerdo con dicho Có-digo Militar, el soldado citado, Miguel Figueroa, ha solici-tado por la vía militar que se le nombré como defensor al Mayor Harry F. Besosa, quien es Auditor de Guerra del Estado Mayor dé la Guardia Nacional de Puerto Rico. — 5. Que de acuerdo con dicha solicitud, el Honorable Goberna-dor de Puerto Rico, James R. Beverley, por conducto de John A. Wilson, Ayudante General designó al citado Mayor Harry F. Besosa para que actuara como abogado defensor ... — 6. Que por motivo de que el citado Mayor Harry F. Be-sosa actualmente desempeña el cargo de Abogado de los Es-tados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, ... es nece-sario solicitar permiso del Attorney General de los Estados Unidos para poder actuar como abogado defensor . . . cuyo permiso se ha solicitado . . . —7. Que en vista de que aún no se ha recibido tal permiso y el juicio está señalado para el día 1ro. de febrero, el citado soldado Miguel Figueroa no estará preparado para ir a juicio ni preparada su defensa hasta tanto se reciba la autorización ya indicada”;

(b) la orden especial dél Ayudante General de la Guar-día Nacional de Puerto Rico, nombrando abogado del acu-sado al Mayor H. F. Besosa;

(c) la comparecencia de éste ante la corte para que se le tenga por tal abogado del acusado;

(d) la petición de nuevo juicio de noviembre 6, 1934;

(e) una carta del taquígrafo que actuó en el juicio fe-chada en Houston., Texas, en noviembre 11, 1934, dirigida al abogado defensor sobre la dificultad en que se encontraba de preparar la versión de sus notas que no tenía en sui poder;

(/) una notificación apelando de “las resoluciones fecha-das noviembre 20, 1934, negando nueva prórroga y febrero 7, 1935, negando nuevo juicio”;

(g) las órdenes especiales de septiembre 27, 1932 y oc-tubre 6, 1932, firmadas la primera por orden del Gober-nador por John, A. Wilson, Ayudante General, y la segunda por orden del Coronel Esteves, por Rafael Rodríguez, Capi-tán 295 de Infantería, Ayudante, refiriéndose la primera a la designación de varias unidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico para ayudar a la Policía Insular a proteger la propiedad y a mantener el orden en la presente emer-gencia (ciclón de San Ciprián), y la segunda a la designa-ción de cuatro soldados de la Compañía K del batallón do Infantería 295 para asistir a la policía en el mantenimiento del orden y guarda de la propiedad en Vega Alta.

Lo antes descrito constituye todo el récord certificado en este caso. En su alegato señala el apelante los siguientes errores:

1. Falta de jurisdicción por parte de la corte de distrito para juzgar y sentenciar al acusado, porque siendo éste sol-dado de la Guardia Nacional de Puerto Rico movilizada por el Gobernador, en servicio activo y de guardia como centi-nela, al realizar el acto que se le imputa, era un funcionario público del Gobierno de Puerto Rico, y como tal, sólo pudo acusársele mediante información de un Gran Jurado;

2. Error al permitirse que un jurado compuesto de miem-Taros del panel general al que pertenecía la persona herida, actuara en el caso;

3. Error al'denegarse la moción de prórroga para per-feccionar la apelación, basándose entre otros motivos, en. que el acusado no había sido diligente;

4. Error al denegarse la moción de prórroga para per-feccionar la apelación en este caso, basándose entre otros motivos, en, que el acusado no había radicado en Secretaría una exposición del caso;

5. Error al denegarse la moción de nuevo juicio.

No hay base en los autos para resolver el primer señalamiento. La acusación imputa el delito como cometido por un simple ciudadano. Éste, cuando le fué leída, se limitó a alegar su inocencia. Nada consta que surgiera en el juicio en relación con el mismo. Nada expuso el acusado cuando se le llamó para recibir su sentencia.

Es ahora, en la Corte Suprema que se levanta por vez primera la cuestión, alegándose que de los documentos que contiene la segunda certificación surge que el acusado era un miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Aceptando que así fuera, como no con.sta que el acto imputádole se rea-lizara en el cumplimiento de sus deberes como tal, cae el caso de lleno dentro de la jurisprudencia establecida en el de Méndez Bas v. Corte, 44 D.P.R. 538, a saber:

“Aceptando sin resolver que miembros de la Guardia Nacional, movilizados por el Gobernador, puedan considerarse como funcio-narios públicos al efecto de que delitos por ellos cometidos deban perseguirse mediante acusación del 'Gran Jurado, si de la petición de certiorari para revisar la negativa de una corte de distrito a de-clararse sin jurisdicción para conocer de una causa seguida contra miembros de esa organización no acusados por el Gran Jurado no aparece que el delito de que el fiscal les acusa se les impute por actos realizados en el ejercicio de sus funciones, procede denegar el auto solicitado.”

Si pudiera considerarse la estipulación sobre hechos pro-bados incluida en la transcripción, habría base quizá para resolver en un sentido o en otro la última cuestión, pero ese documento no fue admitido por la corte y n.o obstante con-tener la firma del fiscal en maquinilla no consta que el fiscal lo firmara, al contrario, de la propia moción del acusado so-licitando el nuevo juicio se deduce que el Fiscal nunca se avino a prestar su conformidad. Carece, por tanto, de au-tenticidad y no puede ser tomado en consideración por esta corte para basar en él conclusión alguna. ■

El segundo error no existe. El becbo de que la persona agraviada, en el caso de haberse así demostrado, fuera uno de los jurados insaculados, no vicia de nulidad el procedimiento. No se alega que dicba persona formara parte del jurado que intervino en la causa y rindió el veredicto de culpable.

La afirmación contenida en el cuarto señalamiento con respecto a haberse presentado en tiempo una exposición del caso notificada al fiscal, no encuentra apoyo en los autos, T en cuanto a la diligencia que en los señalamientos tercero^ y quinto se afirma que se tuvo, la verdad es que aun, tomando en consideración la situación anormal creada por 'la ausencia del taquígrafo que intervino en el juicio, no puede sostenerse que existiera. La propia estipulación sobre los hechos a que antes n,os hemos referido revela que el acusado tuvo a su alcance los medios necesarios para preparar una exposición de acuerdo con la ley y no lo hizo. No podemos decidir en justicia para con la corte sentenciadora que abusara de su discreción al negar la prórroga que últimamente solicitara el apelante y al no concederle la celebración del nuevo juicio.

Deben declararse sin lugar los recursos interpuestos y confirmarse las resoluciones y la sentencia recurridas.


text:
    Sotero Mojica y Candelaria Anzalota, peticionarios, v. Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Luis Samalea Iglesias, Juez, demandada.
    No. 1061.

    Sometido: Diciembre 16, 1935.

      Resuelto: Enero 31, 1936.

      E. Martínez, Rivera, abogado de los peticionarios; J. P. Morales y t>ubón & Ochoteco, abogados de los demandantes en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Toa Alta entablaron demanda de desahucio Eosalía Suárez Morales viuda de Puentes y Aurelia, Elisa, María, Carmen, Eosalía, Manuela y Francisca Puentes Suárez contra Sotero Mojica y su esposa Candela-ria Anzalota. El pleito fué resuelto por sentencia favorable a las demandantes en octubre 29, 1934. No conformes los demandados, apelaron para ante la Corte de Distrito de Ba~ yamón.

El 26 de marzo de 1935 la corte de distrito declaró con lugar la excepción previa de falta de partes formulada por los demandados y concedió a los demandantes diez días para enmendar su demanda. Solicitaron los demandantes una pró-rroga de diez días que les fué concedida, con la oposición de los demandados, y como transcurriera sin, que tampoco den-tro de ella se archivara la demanda enmendada, los deman-dados pidieron a la corte en abril 22, 1935, que dictara sen-tencia decretando el archivo y sobreseimiento del caso con, las costas a los demandantes. En abril 26, 1935, la corte dictó la sentencia que fué comunicada a la corte municipal el 30 de dicho mes.

El propio día 30 de abril pero después de comunicada la sentencia, se presentó la demanda enmendada en la corte de distrito y una moción pidiéndole que dejara sin efecto su sen-tencia de abril 26, 1935. Se opusieron los demandados ale-gando que la corte carecía de jurisdicción por ser ya firme su sentencia y haberse ejecutado por la corte municipal. Se reclamó el mandato a instancias de los demandantes y en mayo 29, 1935, la corte decidió la cuestión que se le planteara por una resolución cuya parte dispositiva dice:

La sentencia' dictada el 26 de abril de 1935 se deja por la presente sin efecto, exonerando a los demandados de devolver a la Corte Municipal de Toa. Alta cualquier suma de dinero que a los efectos de esta apelación allí hubieren depositado y retirado a virtud de nues-tra sentencia, pero deberán” consignar los correspondientes cánones a partir de esta fecha.”

De esa resolución apelaron, los demandados para ante esta Corte Suprema el 4 de junio siguiente.

Así las cosas los demandantes presentaron en la Corte de Distrito de Bayamón una “Moción para que se sobresea el recurso de apelación.” Alegaron como fundamento de ella el hecho de que los demandados que al apelar para ante la Corte de Distrito de la sentencia de la corte municipal fueron consignando en dicha corte municipal los cánones de arren-damiento desde noviembre 12, 1934 hasta abril 27, 1935, as-cendentes a $96 y obtuvieron su devolución a virtud de la sen-tencia de abril 26, 1935, no habían consignado los cánones a partir del 29 de mayo de 1935 tal como se les ordenó por la resolución de esa fecha dejando sin efecto ia dicha sentencia de abril 26, 1935. Oyó la corte a ambas partes y el 31 de julio, 1935, declaró con lugar la moción de los demandantes apelados y ordenó el sobreseimiento de la apelación inter-puesta por los demandados. Pidieron éstos a la corte que reconsiderara su resolución y la corte se negó a ello por re-solución de noviembre 27 último.

Fue entonces que los demandados pidieron a esta Corte Suprema que revisara los procedimientos de la corte de dis-trito por certiorari. El auto fué expedido el 3 de diciembre último celebrándose la vista el 16 con la sola asistencia de los peticionarios. Consta la notificación a la otra parte en-el pleito de desahucio.

¿Actuó sin jurisdicción la corte de distrito al dejar sin efecto su sentencia de abril 26, 1935? Aunque hubiera actuado con jurisdicción ¿venía obligada la parte demandada en el desahucio a cumplir con lo ordenado en la resolución dejando sin, efecto la sentencia habiendo apelado como apeló de ella para ante esta Corte Suprema?

No hay duda alguna de que la corte de distrito en abril 26, 1935, resolvió la apelación interpuesta para ante ella so-breseyendo el caso de desahucio, que su sentencia fue comu-nicada a la corte municipal y que ésta la cumplió devolviendo a los demandados las cantidades que en concepto de cánones de arrendamiento habían ido consignando para mantener viva su apelación.

En el caso de Manrique v. Ramírez, 38 D.P.R. 540, 542, dijo esta corte:

“Si bien ni la ley, ni las reglas de esta corte fijan el término dentro del cual deben presentarse las mociones de reconsideración, existe la práctica interior de no remitir los mandatos basta el décimo día de dictadas las sentencias. Dentro de esos diez días es que de-ben presentarse las mociones de reconsideración o al menos anun-ciarse su presentación pidiendo la retención del mandato.”

Se hace referencia entonces al caso de Royal Bank of Cañada v. Goyco et al., resuelto per curiam en, marzo 10, 1926 (35 D.P.R. 1056), y se copian en extenso las citas de Ruling Case Law y Corpus Juris (2 R.C.L. 175 y 4 C. J. 1244) en que se basa la resolución.

Nos limitaremos a transcribir lo que sigue de la cita de Ruling Case Law:

“Cuando después de decidirse un caso y de haber emitido su opinión la corte de apelación el mandato de ésta es enviado a la corte sentenciadora por la vía ordinaria, y tal mandato es registrado en sus libros, es ley bien establecida que la corte de apelación, en au-sencia de fraude, accidente, inadvertencia o error, carece de juris-dicción para solicitar la devolución del mandato y considerar una moción de reconsideración, y deberá denegarse una moción solici-tando permiso para radicar tal petición, ya que 'es evidente que-debe baber un fin en todo litigio y el punto lógico en que la juris-dicción de una corte de apelación debe terminar es el momento en que la corte sentenciadora adquiere jurisdicción nuevamente para actuar y poner en vigor cualquier sentencia que se baya dictado.”

El texto está sostenido por nn caso de Oklahoma que con-tiene un, estudio detenido de la cuestión. Nos referimos al de Thomas v. Thomas, 27 Okla. 801, 113 Pac. 1058, 35 L.R.A. (N. S.) 124, 133. De la opinión de la corte emitida por su Juez Presidente Sr. Dunn, copiamos lo que sigue:

“No habiéndose radicado moción alguna de reconsideración den-tro de los quince días concedidos por la regla 9 de esta corte (20 Okla. IX, 95 Pac. VI) el mandato en esta causa fué enviado a la corte inferior en junio 22, 1910, anotado en sus libros, y una senten-cia registrada a ese efecto por dicba corte en junio 30, 1910. En agosto 3, 1910, el abogado del demandante radicó una moción solici-tando permiso para radicar una moción de reconsideración y se dictó orden decretando la devolución del mandato expedido. Así las co-sas, la corte señaló día para la radicación de alegatos y argumenta-ción oral tanto de la moción como de los méritos, y las cuestiones envueltas ban merecido nuevamente la atención de la corte y del abogado. Nuestra jurisdicción para considerar el asunto es im-pugnada por el fundamento de que, después que esta corte ba ren-dido una decisión en una causa, y su míandato ha sido enviado a la corte inferior de acuerdo con las reglas de esta corte, y se ba ano-tado en sus libros sin -mediar fraude, accidente, inadvertencia, o error, esta corte pierde su jurisdicción de la causa y no puede con-siderar una moción para reconsiderar. Esta es la primera vez que esta cuestión ba sido planteada y suscitada, o que nosotros hemos tenido la ocasión de analizarla y, después de dar a la misma nuestra más cuidadosa y detenida consideración, somos del criterio de que basados en la autoridad y en la razón la impugnación debe ser sos-tenida. Es evidente que todo litigio debe tener su fin, y el punto lógico en que debe terminar la jurisdicción apelativa sobre un pro-cedimiento es aquel momento en que se ha investido de nuevo a la corte inferior de jurisdicción para actuar y hacer cumplir cualquier sentencia emitida.
“Un caso similar a éste es el de Dempsey v. Billinghurst, 8 S. D. 86, 65 N. W. 427. En él la Corte-Suprema de South Dakota dice: . . . “ ‘Es'tá bien sentado, y al parecer, pudiera-difícilmente ser otro el principio, que cuando el mandato lia ido a la corte inferior sin mediár fraude, accidente, o inadvertencia, la corte superior ha perdido su jurisdicción en el caso, y no puede ordenar su devolu-ción.’ Refiriéndose al mismo asunto, la Corte Suprema de Carolina del Sur en el caso de Carpenter v. Lewis, 65 S. C. 400, 43 S. E. 881, dijo: 'La primera cuestión que debe ser considerada es si la corte tiene jurisdicción para considerar la moción solicitando que se de-vuelva el mandato. La sección doce del Código dispone que “la Corte Suprema puede revocar, confirmar, o modificar la sentencia, decreto u orden 'apelada, total o parcialmente, y en cuanto a alguna o todas las partes, y la sentencia será remitida -a la corte inferior para ser ejecutada de acuerdo con la ley.’ ” En el caso de Sullivan v. Speights, 14 S. C. 358, la corte dice: ‘Bajo l'a regla de este tribunal, cuando un caso es oído y decidido, el mandato a la corte inferior no es enviado inmediatamente sino que siempre se le retiene durante diez días a menos que la corte lo disponga de otro modo. Y previa solicitud demostrando causa suficiente, cualquiera de los jue-ces, en cámara, puede ordenar que sea'retenido hasta el tercer día de la próxima sesión. El objeto de esto es conservar la jurisdicción sobre el caso, a fin de que cualquiera de las partes que desee presen-tar una moción pueda tener oportunidad de hacerlo y la corte el poder de oírla. Sin embargo, después que el mandato es enviado el caso sale de ios límites de la corte y ésta pierde su jurisdicción, y desde ese momento ninguna moción sobre la materia podrá ser con-siderada por la corte.’
“Uno de los casos mejor estudiados que confirman nuestro cri-terio sobre la materia lo es el de Ott v. Boring, 131 Wis. 472, 110 N. W. 824, 11 N. W. 833, 11 Am. & Eng. Ann. Cas. 857, en el que la corte, citando un gran número de autoridades estaduales y fede-rales, dijo: ‘La cuestión relativa al período jurisdiccional de cortes puramente apelativas es uno algo intangible, y no para ser decidido siempre por los mismos principios,y fundamentos como aquéllos que regulan la jurisdicción de las cortes de jurisdicción general que tie-nen la facultad no sólo de celebrar el juicio y dictar sentencia, sino también la de ejecutar esta última. De un examen de las autori-dades se desprende que se ha declarado casi unánimemente que, en ausencia de un estatuto que disponga lo contrario, la jurisdicción de ,1a corte de apelaciones sobre un caso termina cuando en el curso ordinario de las cosas y sin mediar inadvertencia o fraude, se remite el mandato a la corte de jurisdicción general. (Citas) Esto apa-rentemente descansa en gran parte en la doctrina de que cuando ’el acto es realizado, la jurisdicción de la corte inferior, que ha que-dado interinamente suspendida, se restablece, y que ambas cortes 'no pueden tener jurisdicción sobre el caso. También se sostiene ge-neralmente en ausencia de estatuto, que el poder de una corte de apelaciones sobre su propia sentencia, al igual que el de todas las cortes, continúa basta que expira el término en que la sentencia fué dictada, y termina entonces de manera absoluta, a no ser que ter-mine antes con el envío del mandato a la corte inferior.’ El caso 'antes citado puede también hallarse en 11 Am. & Eng. Ann. Cas. 875, donde está extensamente anotado, citándose casos de casi todos, si no de todos, los Estados de la Unión, como también de las cortes fe-derales, y la regla general deducida de todos ellos por el autor de las anotaciones está en concordancia con ésta que aquí enunciamos, y es al efecto de que la jurisdicción de una corte de apelaciones sobre un caso cesa cuando ésta sin irregularidad ha resuelto las cuestiones envueltas, y ha ordenado el registro de la sentencia dictada de acuerdo con sus conclusiones, y el caso es enviado a la corte inferior para que tome las medidas que sean necesarias.”

La Ley (núm. 31) que regula' las apelaciones de las sen-tencias dictadas por las cortes municipales para ante las de distrito, leyes de 1934, pág’. 293, dispone que la sentencia qne dicte la corte de distrito se remitirá' por su secretario inme-diatamente a la corte municipal. Aquí se remitió a los cua-tro días y no sólo fué recibida si que se actuó sobre ella, de-volviéndose los cánones depositados a la parte demandada. De hecho quedó ejecutada, pudiendo serlo porque de ella no cabía apelar de acuerdó con lo prescrito en la sección 18 de la ley de desahucio de 1905.

En, condiciones tales se resolverá generalmente que la corte de distrito no debe actuar en ausencia de fraude, acci-dente, inadvertencia o error o de otras circunstancias de tal modo extraordinarias que justifiquen su actuación, y aquí no se alegó siquiera que hubiera habido fraude, accidente, ‘error o inadvertencia en la rendición de la sentencia ni en su re-misión a la corte municipal, ni existen circunstancias de tal modo extraordinarias que justifiquen la actuación de la corte de distrito. Lo que hizo la corte de distrito fué dejar su sen-tencia sin efecto por entender que la negligencia de la parte apelada al no archivar en tiempo su demanda enmendada era excusable por deberse al trabajo abrumador que pesaba so-bre su abogado cuando en verdad se trataba de una enmienda senpilla para hacer la cual se concedió un término de diez días que fué prorrogado a diez más que se dejaron de igual modo fenecer sin archivar la demanda enmendada.

La verdad es que la palabra inmediatamente que usa la ley sobre apelaciones contra sentencias de las cortes muni-cipales de 1908, enmendada en 1934, debería quizá interpre-tarse como comprensiva de un término de cinco días por ejemplo a fin de que la corte de distrito en casos meritorios pudiera corregir cualquier error en bien de la justicia y aun dejar su sentencia sin efecto si ello fuera procedente dentro de ese término.

Habiendo actuado sin jurisdicción la corte de distrito, no es necesario contestar la segunda pregunta formulada. Sin, embargo, parece conveniente consignar que de haber actuado la corte con jurisdicción, la apelación interpuesta contra su orden dejando la sentencia sin efecto no hubiera podido ex-cusar el cumplimiento de la misma por parte de los peticio-narios ya que dicha apelación n,o estaba autorizada por la ley. Si ésta no concede el recurso de apelación contra la sentencia misma en un caso de desahucio procedente de una corte municipal resuelto por un.a corte de distrito, menos puede con-cederlo contra una resolución de la corte de distrito dejando sin efecto su sentencia.

Por los motivos consignados, se anulan las resoluciones de mayo 29, julio 31 y noviembre 27, 1935, de que se quejan los peticionarios.


author: El Juez Asociado Señoe Wole,

text:
    Domingo Serra, peticionario y apelante, v. Corte Municipal de Fajardo, Hon. Julio Suárez Garriga, Juez, demandada y apelada.
    No. 7161.

    Sometido: Enero 20, 1936.

      Resuelto: Enero 31, 1936.

      B. García Cintrón, abogado del apelante; Orlando J. Antonsanti, abogado de la demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La apelada solicita se desestime el recurso de apelación por falta de notificación; que no la recibió. El abogado del apelante, que vive en Humacao, certifica que envió dicha notificación por correo. El letrado de la apelada reside en San Juan. Somos del criterio de que la prueba de haberse notificado el escrito de apelación debe constar bajo juramento. Artículo 75 del reglamento de este tribunal.

El apelante, sin embargo, solicita permiso para radicar el juramento omitido. En diversas ocasiones hemos permitido se hagan en corte abierta los juramentos necesarios omitidos en escritos originales. Igualmente hemos permitido que se demuestre con prueba aliunde que una corte municipal ha adquirido jurisdicción. Que tal prueba puede ser presentada en una situación algo similar, es el resultado de nuestra decisión en el caso de Berio v. De Santiago, 41 D.P.R. 87. No hallamos razón alguna para distinguir en principio este caso.

La parte apelada insiste en que no fue realmente notificada. Resolvemos que un apelante cumple suficiente- ' mente con la ley cuando envía la notificación por correo y hace el necesario juramento a este respecto. El artículo 322 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que una notificación queda cumplida al tiempo de hacerse el depósito en el correo.

Debe declararse sin lugar la moción.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Valiente & Co., peticionaria y apelante, v. Hon. Manuel V. Domenech, Tesorero de Puerto Rico, sustituído en apelación por el Hon. Rafael Sancho Bonet, demandado y apelado.
    No. 6847.

    Sometido: Abril 25, 1935.

      Resuelto: Febrero 5, 1936.

      Edelmiro Martinez Rivera, abogado de la apelante; Ilon. Procurador General B. Fernández García (Benjamín J. Horton en el alegato), Angel C. Calderón, Subpromtrador, y Enrique Igaravidez, aboga-dos del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Según indica la apelante, este caso fué resuelto por un.a excepción previa a su petición, y por lo tanto los hechos ale-gados en dicha petición tienen que ser aceptados como ciertos.

Se desprende entre otras cosas que la peticionaria se de-dicaba al negocio de compra de tabaco; que con. anterioridad a la petición de injunction en este caso, la apelante compró de varios cosecheros 1,000 quintales de tabaco.

Al hacer las varias compras, la peticionaria les llamó la atención a los vendedores de la necesidad que había de que ellos pagaran % de centavo por libra de tabaco vendido, de conformidad con la Resolución Conjunta No. 13, de 8 de julio de 1929 (pág. 75), y de su obligación de poner el importe de dicha contribución en manos de la peticionaria; que los co-secheros se negaron, a ello, alegando que no tenían dicha obligación; que el Tesorero de Puerto Rico, aquí demandado, no obstante el hecho de que la peticionaria le informó de la negativa de los cosecheros a pagar al referido impuesto, in-siste en cobrarle la suma total de $250 que dichos cosecheros no pagaron, y que el Tesorero, para el cobro de la aludida cantidad, amenaza proceder contra los bienes de la peticio-naria. La petición entonces sigue alegando los daños y las inconveniencias a que la peticionaria sería sometida si se le permitiese al Tesorero proceder. La Corte de Distrito de San Juan declaró con, lugar la excepción previa.

La médula de la opinión de la corte fué que la peticio-naria mediante sus compras asumió la obligación de pagar ■los $250. Puede decirse que el argumento principal de la apelante es que son los cosecheros los responsables de la contribución y que no recae responsabilidad alguna sobre ella por la mera compra del tabaco. La apelante también insiste en, que para recobrar el impuesto el Tesorero debería acudir a los cosecheros del tabaco; que si la contribución hubiese sido depositada en manos' de la demandante ésta sería sola-mente un agente retenedor del Tesorero.

Incidentalmente la apelante alega que su posición no se diferencia de la de la persona que compra una parcela de terreno hipotecada y después la enajena, citando el caso de Luyando v. Días, 46 D.P.R. 691. Hasta ahora no hemos po-dido ver en la petición, que la demandante haya dispuesto del tabaco. Pero aun si lo hubiese hecho, creemos que la reso-lución conjunta le fijaba a la demandante una obligación dis-tinta a la que surge de la compra corriente de una finca hi-potecada.

Transcribimos la sección 2 de dicha resolución, que dice:

“Sección 2. — Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley, se impondrá o cobrará una contribución de un .cuarto (14) de centavo por cada libra de tabaco que se coseche en Puerto Rico; Disponiéndose, que esta contribución sólo podrá cobrarse por una sola vez cada año en el momento de efectuarse la venta por el productor, quedando éste obligado a dejar en poder del comprador la cantidad de un cuarto (14) de centavo por cada libra de tabaco, según se dispone por la presente sección, y el comprador a su vez •pagará dicha contribución al Tesorero de Puerto Rico en la forma que éste prescriba en el reglamento que dictará al .efecto- La con-•■tribución que por la presente se impone, se considerará como un gra,'vamen preferente sobre el tabaco cosechado. El Tesorero de Puerto . Rico queda obligado a recaudar dicha contribución, y por la presente .se le autoriza para dictar las reglas y reglamentos que fueren necesa-rios para su recaudación.

Ahora bien, la apelante compró esta propiedad y dejó de cobrar la contribución. Según indica el apelado, la apelante -no estaba bajo la obligación de comprar el tabaco. Cuando .el mismo fue adquirido por la apelante, existía un gravamen, claro sobre él. Al aceptar el tabaco sujeto a esta carga la propia apelante se hizo responsable de la deuda que pesaba sobre el mismo. No puede eludir responsabilidad por haber ■ dejado de cobrar al cosechero el importe de la contribución. La resolución claramente tuvo por mira que el comprador de tabaco debía cobrarla y pagarla al Tesorero. Sentado ■esto, resolvemos que las palabras de la ley convirtieron a la apelante en un deudor principal, o de ser necesario, en, un ■ contribuyente. A nuestro juicio, la obligación fijada por la ley resulta clara de la mera lectura de la misma, y ninguno ■ de los casos citados por la apelante fueron, similares en sus - hechos.

La apelante, tratando de demostrar que la intención de • la Legislatura fue distinta, llama la atención al hecho de que • la resolución conjunta en su sección, 3 dispone que al liqui- • darse el fondo creado por esta ley, el exceso de. la contribu-ción debería ser reembolsado a los contribuyentes o sus cau-1 sahabientes. La apelante sostiene que sería una injusticia que este dinero, fuese devuelto a los productores cuando ellos no pagaban tal contribución. Admitimos que podría surgir un problema, pero no creemos que éste sea lo suficientemente fuerte para militar contra lo que nos parece ser la interpre-tación clara de la sección 2, supra. Si en realidad, como su-cede en este caso, los compradores son obligados a pagar la contribución, éstos pueden ser fácilmente sustituidos por el productor. Por haber comprado el tabaco, con esta carga, •da apelante se coloca en la situación de los-cosecheros. En ■realidad, estando obligados a pagar la contribución, podría •.considerarse a los compradores como contribuyentes ordina-rios y debería devolvérseles cualquier exceso.

No sólo no era claro el derecho a un injunction, sino que nunca surgió tal derecho.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez PresideNte Señor Del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Leila Nazario de Martínez, acusada y apelante. El Mismo v. La Misma.
    Nos. 5853, 5854.

    Sometidos: Febrero 3, 1936.

      Resueltos: Febrero 5, 1936.

      A. Lastra Charriez y Justo Casablanca, abogados de la apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Declarada culpable- Leila Nazario de Martínez de un de-lito de homicidio voluntario' y de otro de portar un arma pro--hibida, apeló de ambas sentencias-para-ante este tribunal por escritos radicados en abril 17, 1935. Para perfeccionar sus recursos pidió a la corte que ordenara al'taquígrafo que. pre-parara la transcripción de la .evidencia.- La corte accedió;,;

A su vez el taquígrafo .en abril. 29, 1935, pidió ;a-la corte -que ordenara a la apelante que consignara en la.secretaría deja corte quinientos dólares en la causa de homicidio;y -ciento cincuenta en, la.de. portar armas par.á asegurar..el..pago -de ..sus honorarios .'.v-También la .corte; Accedió;.; •' :

Pidió entonces la apelante a la corte que reconsiderara su última orden y la declarara pobre con derecho a obtener gratuitamente la transcripción. Expresó las razones en que basó su petición, mencionando la circunstancia de haber en-tregado al taquígrafo la suma de cien dólares que fue todo lo que pudo reunir. Se opuso el taquígrafo. Y la corte por estimar que la moción de la apelante no estaba debidamente jurada, la declaró sin lugar.

Pidió la apelante reconsideración explicando los motivos por los cuales la moción fue jurada por los abogados de la apelante y no por ésta y acompañando una declaración ju-rada de María Dolores Rivera viuda de Nazario, madre de la apelante, relativa al estado de pobreza en que ésta se en-contraba. Y la corte negó la reconsideración.

Las notificaciones de apelación se formularon como sigue:

En el caso de homicidio: “Los abogados que suscriben, en representación de Leila Nazario comparecen y ante esta Honorable Corte alegan: 1. Que en el presente caso y como un incidente del proceso se solicitó que el Tribunal declarara insolvente a Leila Nazario a los efectos de obtener la trans-cripción, de la evidencia del juicio oral y la corte resolviendo en definitiva dicha insolvencia ha declarado sin lugar la so-licitud ; dicha resolución fué dictada en 10 de junio, corriente. ■ — 2. Que no estando conforme con la ameritada resolución, la cual niega a la acusada Leila Nazario el derecho a defen-derse como pobre, apela de la misma por exposición del caso, para ante el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico.”

Y en el caso de portar armas: “Los abogados que sus-criben, en representación de Leila Nazario, comparecen y ante esta Honorable Corte alegan: Que en el presente caso y como un incidente del proceso se solicitó que el tribunal declarara insolvente a Leila Nazario de Martínez, la acu-sada, a los efectos de obtener la transcripción de la eviden-cia del juicio oral libre de derechos, y la corte, resolviendo en definitiva dicha cuestión, ha declarado sin lugar la soli-citud y las reconsideraciones que posteriormente se han so-licitado. — Que no estando conforme con la ameritada resolu-ción,' la cual niega a la acusada Leila Nazario el derecho a defenderse como insolvente, apela de la misma para ante el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico.”

La apelante radicó un solo alegato para ambos recursos y señalado día para la vista de las apelaciones en sus mé-ritos, el taquígrafo pidió la desestimación de las mismas por moción oída el 3 de febrero actual. Se funda el taquígrafo en que:

“La apelación intenta establecerse contra una orden que en sí no es apelable, puesto que la de 11 de junio de 1935, que aparece trans-crita a la página 33 de la transcripción de autos, es una resolución que se niega a reconsiderar una resolución de mayo 27 de 1935 (pá-gina 16 de la transcripción de autos) y ésta, la de mayo 27 de 1935, fué negando solicitud de insolvencia hecha por la propia apelante, en otras palabras: que no fué dictada a sus espaldas, no estando, por tanto, comprendida dentro de la excepción a la regla general.”

Y en el alegato que radicara en apoyo de su moción, ex-presa :

“Existiendo, como existen, tres resoluciones que versan sobre el mismo incidente de pobreza, ha debido expresarse la fecha de la re-solución, de acuerdo con la jurisprudencia, para poder identificarla. Sin la fecha no es posible identificar la resolución apelada y en este caso se hacía mucho más necesario especificar la fecha de la resolu-ción de la cual se intentaba apelar puesto que la resolución última o sea la del 11 de junio de 1935, no es apelable toda vez que en ella la corte se niega a reconsiderar una orden o resolución que era en sí apelable. (Citas).
“Y este caso no está incluido en la excepción puesto que la orden cuya reconsideración se solicita por la apelante fué una dictada por la corte, negando la solicitud de insolvencia presentada por la propia apelante. La orden apelable en este caso hubiera sido la de mayo 27 de 1935 en la cual la corte negó la petición de insolvencia presen-tada por la apelante y ¿qué hay en ese escrito de apelación que nos diga que se apela de esa orden? En el escrito de apelación se habla de una resolución dictada en junio 10 y en esa fecha la corte no dictó orden ni resolución de clase alguna. Así pues, en el escrito de ape-lación no hay nada que nos haga creer siquiera por un instante que fué la intención de la apelante apelar de la orden de 27 de mayo de 1935.”

No hay duda alguna de que las notificaciones de apelación se redactaron descuidadamente y se prestan a erróneas in-terpretaciones. Sin embargo, surge ¿an clara la intención de apelar de la resolución de la corte sentenciadora que negó a la apelante el beneficio de pobreza a los efectos de tramitar sus apelaciones interpuestas contra las sentencias dictadas en las causas de homicidio y portar armas, que a nuestro juicio sería injusto desestimar los recursos por falta de identifica-ción.

La resolución principal, la que negó el beneficio de po-breza, fué la de 27 de mayo, igual en ambas causas. La mo-ción de reconsideración si bien por una parte trata de con-vencer a la corte sentenciadora del porqué de la falta de juramento personal de la apelante estuvo justificada, es lo cierto que por otra parte trata de cumplir con la siguiente insinuación de dicha.corte hecha en su resolución de mayo 27, a saber: “La madre de la acusada muy bien ha podido jurar desde Mayagüez esta moción y prestar una declaración jurada en apoyo de la misma, y así la corte hubiese tenido una base legal para ejercitar su discreción en la forma que requiriese la justicia del caso.” Ya dijimos que a la moción se acompañó la declaración jurada de doña María Dolores Rivera viuda de Nazario, madre de la apelante.

Siendo ello así, bien pueden considerarse como una inte-gridad las resoluciones de 27 de mayo y aquéllas por virtud de las cuales la corte se niega a reconsiderarlas insistiendo en su juicio no obstante las nuevas razones aducidas y la prueba presentada. Y bien puede estimarse que de esa in-tegridad es de la que se apela para ante este tribunal.

No ha lugar a las desestimaciones solicitadas.


author: El Juez Asociado Señor Góbdova Dávila,

text:
    Vicente Trelles, Paz Alvarez Suárez y B. Fernández Hnos., Sucrs., éstos últimos por sí y en representación de los acreedores de la mercantil Fernández & Cía., en liquidación, demandantes y apelantes, v. Marcial Suárez, demandado y apelado.
    No. 6896.

    Sometido: Diciembre 6, 1935.

      Resuelto: Febrero 5, 1936.

      Monserrat & Monserrat, abogados de los apelantes; Cayetano ColT Cuchí, Víctor A. Coll y G. Cruzado Silva, abogados del apelado.-
   El Juez Asociado Señor Góbdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Vicente Trelles, Paz Alvarez Suárez y B. Fernández Pinosv Sucrs., esta última como acreedora y en representación, do los acreedores de la mercantil Fernández & Cía., en liquida-ción, establecieron demanda contra Marcial Suárez en recia-, mación de $25,000 como indemnización de los daños y perjui-cios que alegan sufrieron los primeros por el incumplimiento de un contrato que habían celebrado con el demandado Mar-cial Suárez.

De acuerdo con el contrato que sirve de base a la de-manda, Marcial Suárez aparece comprando un crédito de la, firma Fernández & Cía., en contra de la sucesión de Hermi-' nio Suárez, ascendente a $13,159.50, más los correspondientes intereses legales; otro crédito de don Vicente Trelles contra dicha sucesión de Herminio Suárez por la suma de $16,484.58, más los intereses devengados y no cobrados; y la participa-ción de herencia, derechos y acciones de doña Paz Alvarez Suárez como heredera de su difunta madre doña Justa Suá-rez y Suárez. Por estos dos créditos y la participación en la referida herencia convino Marcial Suárez en pagar la suma de $25,000, pagando $4,000 al momento de firmarse el conve-nio ante notario, y la suma restante en, tres anualidades de $7,000 cada una, con un interés anual de 5 por ciento. En garantía de ese pago el Sr. Suárez ofreció primera hipoteca sobre una finca denominada “Herrera”.

Se convino que el contrato se legalizara ante notario pú-blico dentro de los próximos cuatro meses de la celebración de éste. En el referido contrato don Félix Suárez y Pérez compareció como apoderado y en representación de Vicente Trelles y doña Paz Alvarez Suárez. El Sr. Cecilio Morán compareció como liquidador de la firma Fernández & Cía., y en representación de los acreedores de la misma. Félix Suá-rez y Pérez se reservó el derecho de comunicar el arreglo a sus representados para que éstos le dieran su conformidad y ratificaran el mismo.

La corte de distrito declaró sin lugar la demanda con las costas a los demandantes. Entre otros motivos para llegar a esta conclusión la corte inferior dijo que no se habían pro-bado los daños y perjuicios sufridos por los demandantes, siendo éste un, elemento esencial para poder dictar sentencia a favor de éstos.

Los demandantes señalan esta declaración como error de la corte a .quo. Alegan que de acuerdo con los artículos 1053 y 1061 del Código Civil, ed., 1930, el demandado venía obligado por operación de ley a pagar cierta cantidad como daños y perjuicios, siempre que quedara probado el hecho del incumplimiento de la obligación y la mora del demandado al no cumplirla.

El artículo 1053 dice:

“Incurren en mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extra judicialmente el cum-plimiento de su obligación.
“No será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la mora exista;
“1. Cuando la obligación o la ley lo declaren así expresamente.
“2. Cuando de su naturaleza y circunstancias resulte que la de-signación de la época en que había de entregarse la cosa o hacerse el servicio, fué motivo determinante para establecer la obligación.
“En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obli-gación, empieza la mora para el otro.”

El artículo 1061 dice;

“Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal.
“Mientras que no se fije otro por el gobierno se considerará como legal el interés del 6 por 100 al año.”

Dudamos muclio de que este último artículo pueda apli-carse al presente caso. No exigen los demandantes el cum-plimiento del contrato, reclamando el precio de la venta, que es lo principal, con, sus intereses, que es lo accesorio, desde que a su juicio el demandado incurriera en mora, sino que por el contrario descansan en el incumplimiento de ese con-trato para ejercitar la acción de daños y perjuicios, según lo dicen en la demanda y lo expresan en su alegato, y según lo sostuvo insistentemente durante el juicio su abogado, con-testando al abogado de la demandada cuando éste se oponía a la admisión de cierta prueba. Dijo entonces la represen-tación de los demandantes:

“Pero es que aquí no se trata de cumplimiento de contrato. Es todo lo contrario. Es una acción sobre incumplimiento de contrato que él no ha cumplido y estamos exigiéndole daños y perjuicios que nos concede la ley.
“Si se tratara de una acción de cumplimiento de contrato, en-tonces el compañero tendría razón. Pero aquí es al revés. En una acción de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato.”

El presente es un caso de obligaciones recíprocas. Los demandantes no se ban desprendido de los créditos y los de-rechos reales objeto de la venta. Afirman, sin embargo, que siempre han estado dispuestos a cumplir con esta obligación; pero no piden el cumplimiento del contrato que los obliga a entregar los bienes vendidos, alegando por el contrario, como base para su reclamación, el incumplimiento del contrato, que les releva de esa entrega. No parece justo que los deman-dantes gocen y disfruten esos bienes, entre los cuales figura la participación o condominio de un inmueble heredado por la Sra. Paz Alvarez Suárez, y al mismo tiempo perciban los intereses del dinero que alegan se les debe y que no recla-man, limitándose a solicitar esos intereses en concepto de daños y perjuicios.

Comentando el artículo 1053 del Código Civil se expresa así el Sr. Manxes a:

“El último párrafo del artículo, conforme con el espíritu del'de-recho anterior, ni ofrece dudas en cuanto a su alcance ni en’ cuanto a su funcionamiento, basado, como está, para admitir la compensación de mora que establece en la Intima relación que guardan las obliga-ciones recíprocas o bilaterales, en las que el cumplimiento de cada una debe ser, por lo general, para el cumplimiento de la otra, su-puesta condición, como las hay mutuamente para que existan. De-cimos, por lo general, porque en bastantes casos podrán establecerse' fechas distintas para'el cumplimiento de cada una de las obligaciones recíprocas, y en este caso fundado en la libertad de los contrayentes’, la mora en la obligación que debió cumplirse primero no se apreciará con arreglo al último párrafo del art. 1,100, sino conforme a las re-’ glas y excepciones que en los párrafos anteriores establece.” VIII Manresa, 60, 61.
“El último de los párrafos del presente artículo, relativo a las-obligaciones recíprocas, ha sido también aplicado y aclarado por al-gunos fallos del Tribunal Supremo. El de 15 de febrero de 1905 declara que si bien es doctrina legal que los intereses se deben úni-camente por la convención o por la mora cuando la ley no los dé-clara, y que en términos generales sólo existe mora después del re-querimiento que produce la responsabilidad de los daños y perjui-cios, es asimismo principio admitido por la jurisprudencia, derivado de la ley 5a., tit. 4°., lib. V del Fuero Juzgo, que no es justo que una de las partes se aproveche de la cosa recibida y de la que a su vez está obligado a entregar, razón por la cual el comprador que no satisfizo el precio, después de recibir la cosa debe pagar intereses por mora, principio de justicia en que también se funda el último párrafo del art. 1100 del Código Civil.” Id., 62, 63.

La jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de España nos da la pauta para interpretar el verdadero alcance del artículo 1053 en armonía con el artículo-1061 del Código Civil. Si no es justo que el comprador se aproveche de la cosa recibida y de la que a su vez está oblig’ado a entregar, tampoco es justo que el vendedor se aproveche de la cosa vendida y de los intereses del dinero que el comprador le deba entregar. Si se permitiera al vendedor disfrutar de ambas cosas se estaría enriqueciendo injustamente a expen-sas del comprador.

En el caso de Ortiz v. Alvarado, 27 D.P.R. 286, 290, se celebró un contrato de préstamo en virtud del cual el pres-tamista se obligó a entregar al prestatario la cantidad de $3,500 por un término de seis años, con intereses a razón del 10 por ciento anual pagaderos por anualidades adelantadas. El prestatario ofreció garantizar ese préstamo con hipoteca, comprometiéndose a firmar la escritura ante notario, lo que no hizo. Fué demandado en una acción de daños y perjui-cios por incumplimiento de contrato, basándose dichos daños y perjuicios en los intereses adelantados que el prestamista dejó de percibir y en haber perdido una oportunidad de in-vertir el mismo dinero mientras sostuvo su oferta de acuerdo con el contrato celebrado. La corte de distrito dictó senten-cia concediéndole $350 en concepto de intereses dejados de recibir de acuerdo con el contrato por un año anticipado. Esta corte, habiéndose probado el hecho de que el dinero es-tuvo en manos de un hermano del demandante para ser en-' tregado al demandado cuando se firmara la escritura, por un-período de on.ce días, modificó la sentencia de la corte inferior concediéndole la cantidad de $10.54 en, concepto de daños y perjuicios por los intereses devengados durante esos once días. Al decretar la modificación la corte se expresó así:

“Y no importa que el demandado estuviera obligado a pagar al demandante por anticipado la primera anualidad del préstamo, as-cendente a $350, pues esa obligación estaba subordinada a la entrega de los $3500 que no llegó a recibir.”

En el caso citado el demandante reclamó lo único que te-nía derecho a reclamar, los intereses convenidos durante el período que el dinero estuvo a disposición del demandado sin producir beneficio alguno. Esta corte subordina la obliga-ción de satisfacer intereses al hecho de la entrega de la can-tidad ofrecida en préstamo. Y si concedió una pequeña can-tidad al demandante es porque consideró entregado el dinero desde el momento en que fue puesto a disposición del deman-dado.

Los demandantes no se han desprendido de la propiedad que se encuentra en su poder ni puede decirse que piensen entregarla, porque no exigen el cumplimiento del contrato, que los obligaría a la entrega, sino los daños y perjuicios que se le han ocasionado por haberse el demandado negado a cumplir con el mismo. No se ha demostrado tampoco que hayan puesto esa propiedad a disposición del comprador, aunque dicen que siempre estuvieron dispuestos a cumplir con su obligación y escribieron a dicho comprador haciéndole saber que estaban dispuestos al otorgamiento de la escritura. Los intereses concedidos por el artículo 1061 del Código Civil constituyen un,a forma especial de indemnización, que los demandantes no pueden reclamar en el presente caso por las razones que hemos apuütado. Y es en las disposiciones de dicho artículo 1061 que los demandantes descansan exclusiva-mente para sostener su causa de acción, habiéndose abstenido de presentar prueba creditiva de que hubiesen sufrido daños. Basándose en esta ausencia de prueba es que la corte inferior dijo que no se produjo evidencia específica de los daños.

A nuestro juicio, los demandantes, si sufrieron daños, han debido probarlos, y no descansar exclusivamente en un pre-cepto de ley que no resulta aplicable. Cuando el vendedor permanece en el goce y disfrute de la cosa vendida y el com-prador retiene el dinero que viene obligado a entregar, no hay base para determinar la presencia de daños y perjuicios que pueden existir o no, de acuerdo con las circunstancias del caso. ,

También se han establecido otras defensas por parte del demandado que consideramos innecesario analizar, dadas las conclusiones a que hemos llegado en esta opinión.

En cuanto al pronunciamiento sobre costas, respetamos el criterio de la corte inferior en el ejercicio de sus facultades discrecionales.

Debe confirmarse la emienda apelada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    León Segundo González, demandante y apelante, v. Luciano Colón León, demandado y apelado.
    No 7127.

    Sometido: Enero 30, 1936.

      Resuelto: Febrero 7, 1936.

      Luis Mercader, abogado del apelante; E. Martínez Avilés, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Es ésta una acción de desahucio iniciada por León Se-gundo González contra Luciano Colón, solicitando el lanza-miento de este último de una parcela de terreno perteneciente en pleno dominio al demandante y detentada precariamente por el demandado, sin título ni derecho alguno, según se alega en la demanda. Se alegó además y se probó que en 25 de mayo de 1934, la misma corte de distrito, y el mismo juez, dictó sentencia declarando sin lugar una información de do-minio presentada por el ahora demandado con el propósito de que se declarase que él es dueño de la parcela objeto de este litigio. También presentó e:q evidencia el demandante una resolución de 7 de octubre de 1924, en la cual la Corte de Distrito de Arecibo aprobó una información de dominio del ahora demandante que incluye la misma parcela en litigio.

El demandado alegó como defensa especial que hace más de treinta y ocho años, o sea desde 1897, viene poseyendo en carácter de dueño, quieta y pacíficamente, sin interrupción alguna, la parcela de terreno que sirve de base a esta acción. La corte inferior, que examinó la prueba, resolvió que existía un conflicto de títulos que no podía ser dirimido en una acción sumaria de desahucio y declaró sin lugar la demanda. No conforme con esta sentencia el demandante apela de la misma, alegando que la corte inferior erró al no reconocer el impedimento de cosa juzgada en el demandado Luciano Colón con motivo de haber sido vencido en el procedimiento de información de dominio resuelto en 25 de mayo de 1934. El error apuntado no existe. Las resoluciones dictadas en informaciones de dominio no constituyen cosa juzgada. Así lo ha declarado esta corte en El Pueblo v. Dimas, 18 D.P.R. 1061, y así lo sostiene también JBarrachina cuando dice que “la providencia de dominio no es una sentencia con la san tidad de la cosa juzgada que no puedan atacar aquéllos que fueron parte en el asunto.” (4 Barrachina, 322.) Y Morell, en su obra sobre “Legislación Hipotecaria”, tomo 5, pág. 529, se expresa así:

“En los casos normales, el interesado presenta un escrito acom-pañando el título en que se funda, escritura o documento privado, y la prueba consiste en ese documento, en la audiencia del trasmitente y en una información testifical; se publican los edictos, no se opone el Ministerio fiscal ni persona alguna, y queda declarado el dominio. 'La ley no iba más allá. El reglamento ba perfeeeionado mucho "este . procedimiento.
“Sobre el carácter y efectos del mismo; la sentencia de 21 de marzo de 1910,’sienta la doctrina siguiente:
“El art. 404 de la Ley Hipotecaria. (hoy 400), al facultar a los que carecen de título o dominio inscrito para justificarlo o inscribirlo ■mediante la instrucción del oportuno expediente en el Registro de la .Propiedad, lo mismo ’que el 397, en relación a la mera posesión, se limitan a establecer un procedimiento especial al exclusivo efecto de ' habilitar de título posesorio o de dominio al que no lo tenga, sin que,
- por tanto, en la resolución que les ponga término se haga declaración de derechos ele ninguna clase, ni la misma inscripción en el Registro, que en cumplimiento-de ésta se verifique, constituye por sí sola título de dominio, sino garantía del reconocido por el derecho; pudiendo, en .su virtud, los opuestos en esa clase de expedientes o cualquier otro interesado, consentida o confirmada que sea, caso de apelación, la providencia que recaiga, hacer uso de la acción de que se crean asistidos en el juicio declarativo que corresponda.”

Se alega además que la corte cometió error grave y manifiesto al apreciar la prueba y al imponer las costas al demandante a pesar de perseguir un remedio al amparo de un fallo favorable por el mismo juez que presidió la vista de este asunto.

El demandante ofreció prueba documental y testifical. La prueba documental tiende a demostrar que es dueño de la parcela de terreno que se describe en la demanda y que al demandado le fue denegada una información de dominio sobre la referida parcela. La prueba testifical consiste de las declaraciones de Juan, Maldonado y Celestino Collazo, y el testimonio del propio demandante. Estos testigos decla-ran que el demandado está poseyendo la parcela en cuestión, pero niegan que posea en concepto de dueño. Juan, Maldo- ' nado dice que conoció la finca del demandante León Segundo González desde el año 1917 en que se trasladó allí, porque ‘ compró una finca colindante; que cuando llegó a esé sitio en-contró a Luciano Colón ocupando doce cuerdas de esa-fincá; que de esa fecha para atrás no sabe nada; que el demandado estaba trabajando allí, pero que mineado ha reconocido como dueño de la propiedad; que no ña visto al demandante tra-bajando en esas doce cuerdas. Celestino Collazo declara que. conoce la finca de León Segundo González ñace tiempo y que Lucian.o Colón ocupa doce cuerdas; que no sabe a quién per-tenecen esas doce cuerdas; que no pertenecen a Luciano Co-lón; que no sabe si son de la finca de León Segundo Gonzá-zález, y que ña conocido al demandado trabajando allí. El demandante declara que dió esas doce cuerdas al demandado para que “se metiera” y sembrara frutos; que le ha reque-rido para que se vaya y que continúa allí; que dicha par-cela forma parte de su finca de 133.89 cuerdas.

La prueba del demandado consiste de las declaraciones de Domingo Pérez Hernández, Gregorio de León, Francisco Pé-rez y Bautista Pérez Lugo, y de su propio testimonio. Esta prueba tiende a demostrar que el demandado viene poseyendo en concepto de dueño la parcela objeto de este litigio por un •período de treinta años. Declaró el demandado que en 1897 Faustino Vázquez, su suegro, le vendió la referida parcela y que el demandante en ningún momento ña estado en posesión de la misma. Bautista Pérez Lugo declara que el demandado posee la fin,ca como dueño sin que nadie se haya metido a discutirle el título. Domingo Pérez declara que ña visto a Luciano Colón en la referida propiedad por un período de más de treinta años; que el demandado le compró a su sue-gro; que en el año 1920, siendo mársñal de la Corte Municipal de Manatí, fué a embargar esa finca por una demanda de Polanco a Luciano Colón, y que por eso la conoce; que dicha finca siempre ña sido de Luciano Colón. Gregorio de León declara que tiene cuarenta y un, años y que conoce al demandado viviendo en esa propiedad ñace como treinta años y que no sabe' cómo adquirió las referidas doce cuerdas.. Francisco Pérez declara que tiene cuarenta y siete años y que ñace como veinticinco o treinta que conoce a Luciano Co-lón trabajando en dicha propiedad; que Luciano dice que es de él, que de seguro no lo sabe; que no ña visto nunca al demandante en esas doce cuerdas.

La corte inferior, en sn opinión, se expresa así:

“ Tanto ele la prueba del demandante como de la del demandado surge que Luciano Colón León viene ocupando una parcela de doce cuerdas, que es la misma cuyo dominio pretendió obtener dentro del caso número 13617 antes citado. No bay duda alguna tampoco de que Luciano Colón viene laborando hace algunos años en dichos terre-nos, cultivándolos y recolectando sus¡ productos y de que la posesión de la parcela que alega tener se remonta a bastantes años nos lo demuestran las declaraciones de los* testigos por él presentados, entre ellos, Domingo Pérez, quien manifestó que en el año 1920, siendo el declarante márshal de la Corte Municipal de Manatí, estuvo a em-bargar esas doce cuerdas como pertenecientes a Luciano Colón León.
“¿La posesión de esas doce cuerdas, la ha tenido el demandado por mera tolerancia del demandante? Ésa es la esencia de la con-troversia en este caso y lo que hay que dilucidar. El demandante, para robustecer su caso, se ampara en la circunstancia de que ha-biendo este Tribunal fallado adversamente al demandado el expe-diente de dominio que tramitara, ello es significativo de que Luciano Colón León carece de derechos a tal posesión. Pero no lo entiende así el juzgador. El hecho de que en el expediente de dominio in-coado por Luciano Colón León se fallara que él no había demostrado de forma convincente su derecho a tal dominio, no puede entenderse como demostrativo de que también carezca de derecho a la posesión. Aquel era un caso — refiriéndonos al pleito civil número 13617 — en que el ahora demandado pretendía obtener se declarase a su favor el dominio de unas tierras, a cuya declaración se oponía una parte interesada y, cuando en casos de esa naturaleza surge oposición, tiene que ser muy diáfano, muy convincente el derecho de dominio alegado para que prospere. Ante la nebulosa que se cernió sobre el caso desde el propio instante en 'que se formulara oposición, estimó el juz-gador lo más procedente desestimar la petición. Pero hay un hecho, de una elocuencia abrumadora, que milita en favor del ahora deman-dado, y es que la circunstancia de pedir él se le reconociera el domi-nio de esas doce cuerdas conlleva la presunción de que su posesión no era de las francamente toleradas por tercero, sino que podía adu-cir algún derecho a ella aunque fuera elemental.
“De modo, pues, que la contienda surgida en este caso de desahu-cio es muy sencilla- De un lado León Segundo Gtonzález, alega ser dueño de 133.89 cuerdas y que el demandado viene detentando doce de éllas sin su consetimiento. De la otra parte, Luciano Colón León alega ser dueño de esas doce cuerdas por haberlas adquirido hace treinta y ocho años y haber venido en posesión de las mismas, al éxtremo de haber tramitado un expediente de dominio que, a no ser por la oposición, quizá hubiese obtenido, y alega, además, que sus doce cuerdas fueron incluidas por el actor en un expediente de do-minio que tramitara sin 'que él tuviera noticias de ello.”

La existencia de un conflicto de título es evidente de acuerdo con la prueba practicada. Este conflicto debe ser dilucidado en el juicio declarativo correspondiente y no en el procedimiento especial y sumario de desahucio. Landrón v. Saldaña, 8 D.P.R. 438; Del Valle v. Andréu, 11 D.P.R. 415; Mehrhof v. Rodríguez, 14 D.P.R. 59; Elzaburu v. Chaves, 15 D.P.R. 17; Pesquera v. Fernández, 16 D.P.R. 235; Torres et al. v. Pérez, 18 D.P.R. 573; Andino v. Canals, 27 D.P.R. 281; Honoré v. Vargas, 34 D.P.R. 185; Massini v. Rivera, 35 D.P.R. 58; Hernández Martínez v. Padilla, 35 D.P.R. 513; Brunet v. Corte, 45 D.P.R. 901.

En cuanto al pronunciamiento sobre costas, respetamos el criterio de la corte inferior en el ejercicio de sus facultades discrecionales.

Debe confirmarse la sentencia apelada.