author: El Juez Asociado Señor Oókdova Dávila,

text:
    José G. Salgado, demandante y apelado, v. Comisión Hípica Insular, compuesta por Frank J. Richardson, Enrique Gatell, Pedro Juan Barbosa, Eduardo Méndez y José Dávila Ricci, demandada y apelante.
    No. 6556.

    Sometido: Abril 25, 1935.

      Resuelto: Enero 24, 1936.

      Diego O. Marrero, abogado de la apelante; J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Oókdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

José Gr. Salgado, en su carácter de dneño de. caballos de carreras, radicó una petición de injunction en la Corte de Distrito de San Juan con el propósito de impedir que la Co-misión Hípica Insular pusiese en vigor un artículo de su re-glamento, imponiendo como condición precedente para poder reclamar un caballo antes de efectuarse una carrera el pago de $5 por cada solicitud.

Alega el peticionario que estas carreras denominadas de reclamo ban sido debidamente autorizadas por la Comisión Hípica Insular de Puerto Rico, y que todos los caballos que figuran en ellas pueden ser reclamados, esto es, adquiridos por cualquier dueño de caballo debidamente autorizado por dicha comisión, siempre y cuando se presente al juez de re-clamo del hipódromo correspondiente antes de las carreras un boleto ofreciendo la cantidad de dinero especificada en el programa de carreras como precio del reclamo. Añade el peticionario que la Comisión Hípica Insular, sin autoridad alguna, impuso un derecho de $5 por cada boleto que se pre-sentase, ordenando que no fuese considerado ningún boleto por dicho juez que no viniese acompañado de dicho derecho de $5.

En apoyo de esta afirmación se alega que la referida comisión no está autorizada por ley alguna para imponer derechos de esta clase y que los únicos derechos que puede cobrar son los especificados en el artículo 28 de la Ley núm. 11, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 8 de abril de 1932 (Leyes 1931-1932, pág. 193).

La Corte de Distrito de San Juan declaró nulo el artículo del reglamento que impone un derecho de $5 como condición precedente para el reclamo de un caballo antes de efectuarse una carrera, y decretó el injunction solicitado.

Se alega que es erróneo el pronunciamiento de la corte inferior declarando que la facultad concedida por el artículo 5 de la Ley núm. 11 de 1932, para prescribir las reglas y condiciones por las cuales debe regirse la celebración de carreras de caballos en Puerto Rico, no se extiende a imponer a los dueños otros derechos que los determinados por el artículo 28 de dicha ley. Opina la corte inferior que el referido artículo 28 de la ley anteriormente citada establece los derechos que debe cobrar la comisión y que al hacerlo así la Legislatura demostró su intención de excluir cualquier otro derecho que no esté especificado en dicho artículo, de acuerdo con la máxima expressio tmius est exclusio alterius. Arguye la apelante que esta máxima no es absoluta y que tiene sus excepciones, que su fin primordial es determinar la intención legislativa y que, cuando esa intención es manifiesta, no debe utilizarse esa máxima como medio de interpretación, si su aplicación está en pugna con el pensamiento del legislador. Estamos conformes con este criterio, que aparece sostenido en Springer v. Govt. of Philippine Islands, 277 U. S. 189, 72 L. Ed. 845, y otros casos citados por la apelante. No puede negarse, sin embargo, que cuando en una ley se conceden específicamente ciertas facultades y no se mencionan otras de la misma categoría, existe un fuerte indicio de la intención legislativa en el sentido de no incluir nada más que lo ex-presado. Para llegar a una conclusión contraria es necesa-rio que la misma ley demuestre que la intención del legisla-dor no fué limitar las facultades concedidas a las estricta-mente enumeradas.

El artículo 5 de la Ley núm. 11 de 1932 dice así:

"La Comisión Hípica Insular queda facultada para regularizar todo lo concerniente al deporte hípico y a tal objeto tendrá facultad para prescribir las reglas y condiciones por las cuales deberá regirse la celebración de carreras de caballos en Puerto Rico; para regla-mentar todo aquello que se relacione con la forma en que deberán hacerse las apuestas en las bancas alemanas y pools; y para pres-cribir por reglamento los requisitos que deberán llenar las personas que desearen obtener y obtengan de la Comisión licencias de hipó-dromos, dueños de caballos, jockeys, trainers o cuadreros.
"La Comisión Hípica deberá seguir en sus investigaciones y'ac-tuaciones los procedimientos señalados en la ley a las cortes de jus-ticia para la tramitación y despacho de sus asuntos.
"La Comisión Hípica Insular, en el ejercicio de sus deberes, y sus miembros cuando actúen en su representación quedan autoriza-dos para citar testigos, tomar juramentos y declaraciones y obligar la comparecencia de testigos y la presentación de libros, cartas, do-cumentos, papeles, expedientes y todos los demás datos que se con-sideraren esenciales para un completo conocimiento del asunto objeto de investigación en relación con el deporte hípico.
"Todas estas facultades deberán prescribirse en un reglamento, el cual deberá ser aprobado por el Gobernador de Puerto Rico, y una vez que dicho funcionario le imparta su aprobación, tendrá fuerza obligatoria. La Asamblea Legislativa' se reserva la facultad de re-visar y revocar dicho reglamento en todo o en parte cuando a bien lo tuviere.” (Leyes de ese año, pág. 197.)

El artículo 28 de la misma ley (pág. 211) dice que “la Comisión Hípica Insular cobrará los siguientes derechos:

"1. Por cada licencia de hipódromo, por año_$300
"2. Por cada licencia de dueño, o establo, por año_ 20
"3. Por cada licencia de jockey, por año- 10
"4. Por cada licencia de trainer o cuadrero, por año_ 2
"5. Por cada inscripción de caballo en el studbook_ 10
"6. Por cada inscripción de potro, en el Registro de potros 5
"7. Por la anotación de cada cambio de nombre de un caballo 5
£ ‘ 8. Por la anotación de cada traspaso o venta de un caballo 5
“9. Por la primera inspección y marca de un potro- 20
“10. Por cada copia certificada, de una inscripción- 1
“11. Por cada copia certificada, veinte (20) centavos por cada cien palabras y por la certificación--- 1."

El artículo 5, anteriormente transcrito, no puede interpre-tarse en el sentido de conceder a la comisión poderes para cobrar derechos no incluidos en el artículo 28, que enumera detalladamente los casos en que la comisión puede cobrarlos. Sostiene la apelante que el artículo 30 de la misma ley de-muestra que la Comisión Hípica tiene facultades para cobrar otros derechos. Dicho artículo dice así:

“El importe de los derechos a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, así como las multas y demás ingresos que recibiere la Co-misión ingresarán en los fondos de la Comisión Hípica Insular.”

Se hace hincapié en las palabras “y demás ingresos”, que, a juicio de la parte apelante, cubre la alegada facultad de la comisión para imponer el derecho impugnado. No estamos conformes. Estas palabras no pueden interpretarse en el sentido de autorizar a la comisión para imponer y cobrar de-rechos que no surgen de las facultades que le concede la ley. Por “demás ingresos” debe entenderse otros ingresos espe-cificados en dicha ley, como, por ejemplo, el 15 por ciento del total bruto derivado por concepto de los descuentos hechos en las bancas alemanas, pool y subscription fumd, que el ar-tículo 29 concede a la Comisión Hípica Insular.

De acuerdo con el artículo del reglamento impugnado, el dinero que se recaude pasará a un fondo especial, creado por la misma comisión, que se destinará exclusivamente para au-mentar los premios en carreras especiales o de trofeos. A nuestro juicio la comisión no tiene facultades ni para el co-bro del impuesto ni para la creación del fondo referido. La ley, en su artículo 30, establece un fondo para los ingre-sos que derive la Comisión Hípica; en su artículo 25 esta-blece ciertos impuestos que deberán cobrarse e ingresar en el Tesoro Insular, y en su artículo 33 dispone que ciertas cantidades retenidas por la corporación dueña del hipódromo y liquidadas semanalmente a la Comisión Hípica Insular, in-gresarán en un fondo especial en el Tesoro dé Puerto Eico que se denominará “Pondo Hípico para los Sanatorios.”

No se concede a la comisión ningún otro poder para crear nuevos fondos. El fin que persigue el artículo del reglamento impugnado está previsto por el artículo 31, según el cual el dinero para aumentar los premios de las carreras en que se otorguen trofeos o copas, se tomará de los ingresos a que se refiere el artículo 30, depositados en los fondos de la Comi-sión Hípica Insular.

El segundo motivo de error se basa en que “la corte no resolvió que la regla impugnada no está limitada en su apli-cación a los dueños de caballos o de establos, y que por el contrario es de aplicación a todas las personas que deseen presentarse como reclamantes en una carrera de reclamo.” El error apuntado no resulta todo lo claro que fuera de de-sear. Sin embargo, la cuestión planteada, cualquiera que sea, carece de importancia. El hecho de que la aplicación de la regla se limite a los dueños de caballos o se extienda a todos los ciudadanos no tiene relación alguna con la cues-tión que se ventila. La regla referida, por amplia o limitada que sea, en cuanto a las personas a que deba aplicarse, no puede conceder a la Comisión Hípica Insular poderes que la Legislatura nunca intentó otorgarle.

Como tercer motivo de error se alega que la corte inferior ha resuelto que la doctrina establecida en el caso de Douglas Park Jockey Club v. Talbott, 173 Ry. 685, 191 S. W. 474, no es aplicable al presente caso. Este, a nuestro juicio, no puede ser motivo de error. No estamos compelidos a aceptar el criterio sostenido por una corte estadual, porque sus decisiones no son obligatorias para nosotros. Podemos aplicar, y lo hacemos con bastante frecuencia, aquellos prin-cipios que a nuestro juicio interpretan correctamente leyes similares o idénticas a las nuestras. Estas decisiones pue-den convencernos por el peso de su argumentación y la ló-giea de sus razonamientos. En cnanto a la decisión de la Corte de Apelaciones de Kentucky, creemos que no resulta de aplicación a la cuestión en controversia. En el caso de Kentucky no hubo imposición de derecho. La Comisión Hí-pica de dicho estado dispuso, mediante reglamento, que los premios de los hipódromos no debían bajar de cierta canti-dad. Allí se trataba exclusivamente de una disposición re-glamentaria fijando el mínimum de los premios y no de la imposición de un derecho, que es la cuestión en controversia en el presente caso. Aquí se impugna la validez de un re-glamento cuya base es la imposición de un derecho que no aparece autorizado por la ley.

Se alega por último que la corte de distrito erró al no resolver que la regia de que se trata no es una de carácter fiscal, estando comprendida dentro del poder policíaco que ejercita la comisión a virtud de las disposiciones de la ley. No compartimos el criterio de la apelante. Cualquier facultad a base de este principio de police power que pueda tener la comisión debe surgir del artículo 5 de la referida ley de 1932. El estatuto, en su artículo 28, fija claramente los casos en que la comisión puede cobrar derechos. En ese artículo no está incluida la facultad de imponer un derecho de $5 para poder reclamar un caballo. El poder policíaco en este caso no puede extenderse más allá de las facultades terminantes de la misma ley.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Cordova Dátela,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Rodríguez Mojica, acusado y apelante.
    No. 5842.

    Sometido: Enero 15, 1936.

      Resuelto: Enero 24, 1936.

      Pablo Andino, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Cordova Dátela,

emitió la opinión del tribunal.

Domingo Eodríguez Mojica fné acusado de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes y declarado culpable por la Corte Municipal de Eío Piedras. La Corte de Distrito de San Juan, en apelación, declaró tam-bién culpable al referido acusado y lo condenó a sufrir dos meses de cárcel. De esta sentencia apeló el acusado, impu-tando a la corte inferior dos errores, que pasamos a discu-tir.

Se alega en el primero que no existe denuncia jurada suficiente que baya conferido jurisdicción original a la Corte Municipal de Eío Piedras y en apelación a la Corte de Distrito de San Juan. Se basa el acusado apelante en que la denuncia aparece jurada ante el subsecretario de la Corte Municipal de Eío Piedras. Según la defensa, para recibir y autorizar juramentos es necesaria una autoriza-ción especial y concreta, de que carecen los subsecretarios de las cortes municipales. Se arguye que no bay juramento y que por lo tanto la denuncia es ineficaz, porque la ley re-quiere una denuncia jurada y no una mera denuncia para que pueda iniciarse un procedimiento criminal que confiera jurisdicción a la corte municipal.

Esta corte ba decidido, en el caso de El Pueblo v. Colón, 17 D.P.R. 1011, que los subsecretarios de las cortes de dis-trito nombrados por sus superiores están autorizados para tomar juramentos de acuerdo con la ley. El mismo prin-cipio debe aplicarse a los subsecretarios municipales, los cuales tienen el mismo poder que los secretarios para ad-ministrar juramentos. 11 C. J. 913.

Además, en el caso de El Pueblo v. García, 18 D.P.R. 570, se alegó que la denuncia carecía de juramento de acuerdo con la ley, porque fué jurada ante el secretario auxiliar de la Corte Municipal de San Juan, quien no estaba facultado para tomar juramento. Esta corte resolvió lo siguiente:

. hemos examinado detenidamente la transcripción del caso y no encontramos en ella que en la corte inferior se hiciera objeción alguna por defecto en el juramento de la denuncia, y es tarde ahora para promover por primera vez esta cuestión ante la Corte Suprema, pues si por ese motivo existiera defecto, no sería fundamental desde el momento en que en el juicio hubieron declaraciones juradas en apoyo de la denuncia.”

Lo mismo ocurre en el presente caso. No surge de los autos que el acusado impugnara en la corte inferior el jura-mento prestado ante el subsecretario de la Corte Municipal de Río Piedras. Debe desestimarse el error apuntado.

Como segundo error se alega que la sentencia es con-traria a la prueba y en último caso a la presunción de ino-cencia que sostiene la prueba conjunta de cargo y de des-cargo y aisladamente la de cargo.

Hemos examinado la prueba practicada y no estamos en condiciones de resolver que la corte inferior baya cometido el error que se le atribuye. El testigo Eleuterio Pantoja Meléndez declara que en la noche del 12 de enero, después de salir del cine, fué, en compañía de otros amigos, a la casa de Juan Piris, quien abrió la puerta en ropas de dor-mir, excusándose en lo que se cambiaba de ropa; que los otros amigos, que parecía tenían confianza con él, se diri-gieron a la alacena en busca de algo de comer y que mien-tras iban para la nevera viraron una mesa y un quinqué, lo que formó un alboroto; que el testigo decidió marcharse por ser la primera vez que iba allí; que al estar fuera, Francisco Buiz le aconsejó que se marcharan, respondién-dole el declarante que lo lógico era esperar allí para irse todos juntos; que en esa porfía apareció de momento el acusado, quien le dijo al otro: “Mira, éste lo que tiene es que es un sinvergüenza”, y le tiró al declarante una bofe-tada; que al tratar de defenderse con la mano le hizo un disparo con un arma que no puede precisar si era revól-ver o pistola, y que como consecuencia de ese disparo re-cibió una herida en el lado derecho del cuello. Todos dos testigos, los de la acusación y los de la defensa, están con-testes en que se hizo un disparo. Saturnino Verdejo y Amé-rico Villarini, testigos de la defensa, declaran que el acu-sado se encontraba reunido c'on ellos en una casa muy cerca al sitio de los hechos y que cuando sonó el tiro los trtes sa-lieron al balcón, pero no llegaron a tirarse a la calle. EJ testimonio de estos testigos,, que tiende a establecer una coartada, está en conflicto eon-la declaración del herido Eleu-terio'Pantoja. La corte inferior resolvió este conflicto de-clarando culpable al acusado:

El fallo de la corte inferior debe ser por lo tanto confir-mado.


author: El Juez Asociado Señoe Oóedova Davila, El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Dolores A. McCormick, demandante y apelante, v. Manuel González Martínez; Josefina Fabián de Lozana y Josefina B. Macías vda. de Riera y Eulogio Dimas, Josefina Dolores, Alfonso Rafael, Antonio, Luz María y Lucía Mercedes Riera Bengoechea, demandados y apelados.
    No. 6419.

    Sometido: Febrero 23, 1934.

      Resuelto: Enero 27, 1936.

      Carlos J. Torres Laborde, abogado de la apelante; R. Cuevas Ze-queira, abogado del apelado Sr. González Martínez; Hugh R. Francis, abogado de la apelada Sra. Fabián de Lozana; y Pellón & Ayuso, abogados de los apelados Sra. Yda. de Riera y Sres. Riera Bengoechea.

   El Juez Asociado Señoe Oóedova Davila,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda inicial en este pleito fné presentada en la Corte de Distrito de San Juan el 18 de enero de 1933 y fné enmendada tres meses después. Los demandados formula-ron excepciones previas a la demanda enmendada, alegando que la misma no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción y que las. acciones ejercitadas habían prescrito. La corte de distrito sostuvo esas excepciones y después, a petición de la demandante, dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda. 'La perjudicada por ella inter-puso esta apelación.

Para resolver las cuestiones planteadas, basadas en las alegaciones de la demanda, es-necesario conocer los hechos consignados en la misma. 1 •

La demandante, Dolores A. McCormick, es la viuda y única heredera de -Harry A. McCormick; los de-mandados son Manuel González Martínez, Josefina Fabián de Lozana como única heredera de su padre Rafael Fabián y Fabián y la viuda e hijos de José D. Riera.

La demanda expone separadamente dos causas de acción y tiene alegaciones comunes a, ambas. En la primera se dice que allá por el mes de marzo de 1920 el demandado’ Manuel González se asoció con los señores Rafael Fabián y Fabián y José D. Riera para organizar una persona ju-rídica que, aportando el dinero necesario, adquiriera los bie-nes corporales e incorporales "de la Compañía de los Ferro-carriles de Puerto Rico y de The American Railroad Company of Porto Rico, haciendo suyas las 12,000 acciones del capital social de la primera, las 3,000 acciones de la segunda y los 12,500 bonos Debenture, al 4 por ciento de la última; y que procedieron inmediatamente a comprometer las sus-cripciones de varias personas naturales y jurídicas y a re-cibir el importe de ellas, figurando entre dichas personas Harry A. McCormick con $100,000 de suscripciones que hizo efectivas; suscripciones y entregas de dinero que también hicieron las personas que se relacionan en la demanda, cuyo dinero fué depositado en cuenta corriente a nombre de Gon-zález, Fabián y Riera en el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico. Como hechos particulares de la primera causa de acción expone la demanda que los señores Gonzá-lez, Fabián y Riera dispusieron de parte de ese dinero así depositado y, por cuenta y para beneficio de los asociados para la compra del ferrocarril, adquirieron en París 20,000,000 de francos franceses por los cuales pagaron $1,274,636.38 que retiraron de la expresada cuenta corriente; francos que ven-dieron después con una ganancia de $317,073.77, los cuales no fueron ingresados en el fondo común del negocio ni parte alguna de ellos, apropiándoselos los señores González, Fa-bián y Riera.

La segunda causa de acción se funda en que dichos tres señores, actuando en la forma dicha, celebraron el 10 de abril de 1920, un contrato con el Sr. George Ser vajean en su con-dición de representante de las dos compañías antes mencio-nadas, por el cual se obligó a vender y los primeros a com-prar, por.precio de $1,600,000, las acciones de dichas com-pañías y los bonos de The American Railroad Company of Porto Rico; que en la misma fecha, 10 de abril de 1920, los señores González, Fabián y Riera formalizaron por escrito con los demás asociados para la contratación antes dicha el compromiso de aportación de capitales, ascendiendo a $2,628,200 el total suscrito, estipulándose como condición esencial de tales aportaciones lo que aparece del segundo párrafo del documento suscrito por los señores González, Fa-bián y Riera y sus asociados para el negocio que se deja dicho, que dice así: También se alega que González, Fabián y Riera, recibieron de Servajean 11,048 acciones del capital social de la Compa-ñía de los Ferrocarriles de Puerto Rico, 3,000 acciones, o sea la totalidad, de las de The American Railroad Company of Porto Rico, y 11,193 bonos Debenture de dicba corporación, faltando por adquirir 32 de esos bonos y 952 acciones de la. Compañía de los Ferrocarriles de Puerto Rico, estando de-positado el importe total de esos bonos y acciones en un banco de París; y que los señores González, Fabián y Riera manifestaron falsamente a sus asociados para el neg’ocio de referencia haber convenido -con el Sr. Servajean en pa-g*arle la cantidad de $550,000'en concepto de comisión por la compra de las acciones y bonos referidos, siendo la verdad que no habían contraído tal obligación ni les había sido exi-gida esa comisión por Servajean, a quien no ha sido entre-gada cantidad alguna por dichos tres señores, quienes se apropiaron de los referidos $550,000 el 27 de mayo de 1920.

“Todos los suscritores decidirán después si habrán de continuar las compañías tal como ahora se encuentran, o si han de constituir otra nueva compañía, pero mientras tanto todos los suscritores son dueños de las acciones compradas de ambas compañías y también de los bonos de la American Railroad Company of Porto Rico, en la proporción de las cantidades que aportan para el negocio de acuerdo con el costo ya expresado, entendiéndose que ya sea al formar la. nueva compañía o al vender el negocio, los beneficios que se hagan serán repartidos en la justa proporción de las aportaciones a este negocio.”

Basándose en las alegaciones que anteceden, la deman-dante solicita que los demandados sean condenados a pagarle $36,100 por la ganancia en la operación de compra de fran-cos, a razón de 360 milésimas de dólar por los que aportó; y $62,700 por los $550,000 a que se refiere la segunda causa de acción, a razón de 627 milésimas de dólar, más intereses y costas.

Los hechos expuestos en la demanda enmendada pueden resumirse así: que con los fondos reunidos para la compra del ferrocarril los demandádos compraron y revendieron francos y se apropiaron la ganancia que obtuvieron en esa operación; que los demandados dijeron falsamente a los sus-critores del fondo común que había que pagar para la com-pra de dichas acciones y bonos cierta cantidad de dinero a tercera persona como comisión suya, siendo la verdad que no se hizo pago alguno y que los tres demandados se apro-piaron el dinero que dijeron tenían que pagar.

Hemos leído la opinión emitida por la corte inferior y las conclusiones de derecho en la misma establecidas. La excep-ción de falta de hechos fue sostenida porque, a juicio del tribunal sentenciador, los señores González, .Fabián y Riera cumplieron al pie de la letra la obligación contraída com-prando las acciones y los bonos y dando a cada suscritor del fondo el número de acciones que le correspondía. Cumplida esta obligación la demandante no tiene derecho a participa-ción alguna en los beneficios derivados de la compra y venta de francos con los fondos reunidos para la adquisición del ferrocarril. También declara la corte inferior que la segunda causa de acción está prescrita, lo mismo si se aplica el ar-tículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico o cualquier otro precepto del código, por haber transcurrido más de doce años desde que ocurrieron los hechos que sirven de base a la ac-ción ejercitada hasta que se inició el presente litigio. Siendo éstas las cuestiones resueltas por el tribunal a quo, a ellas nos atendremos en la discusión del presente caso.

Se alega que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción alguna, porque no se dice en ella que los demandados hayan infringido derecho alguno de la deman-dante Dolores A. McCormick, o de su causante, Sr. Harry A. McCormick. Basan esta excepción los demandados en que lo convenido fué adquirir los bienes corporales e incorpora-les de las compañías ferrocarrileras por mi precio determi-nado y que los suscritores quedaran dueños de las acciones así adquiridas en la proporción de las cantidades que cada uno de ellos aportara al negocio, todo lo cual se ha cumplido de acuerdo con lo estipulado, porque en la demanda no se alega que dejaran de comprarse las acciones o que dejara de entregarse a cada suscritor el número de acciones correspon-dientes a la cantidad que cada uno aportara. La única omi-sión que se alega es la de no haberles dado participación a los suscritores en el beneficio obtenido en la compra y venta de los francos. Arguyen los demandados que en ningún mo-mento ninguno de ellos, al recibir el dinero en pago de las acciones que cada suscritor comprara y colocar dicho dinero en la cuenta corriente de los demandados, se obligó a dar a los suscritores participación en la ganancia de nn negocio privativo de ellos; de la misma manera que nnnca hubieran podido ser obligados los suscritores a responder de cualquier pérdida que tal negocio hubiera podido reportar.

La demandante, basándose en la existencia de un mandato, .sostiene que la relación de mandante y mandatario es una de -estricta confianza entre las partes, que el mandatario no puede •especular con la cosa objeto de su encargo para derivar de ella una ganancia, y que puede ser requerido por el principal o mandante para que dé cuenta de cualquier beneficio por él recibido en violación de sus deberes, aun cuando aparezca que el mandante no sufrió pérdida alguna por el fraude o de otro modo, o por cualquier ganancia secreta que hubiera recibido.

No hay duda alguna de que el contrato de mandato es uno de estricta confianza y que la relación que se crea en virtud de este contrato es una de carácter fiduciario. Así lo reco-noce Manresa cuando dice que “al analizar los sesenta y dos fragmentos del tít. Io. libro 17 del Digesto, las veinticuatro leyes del tít. 35 del libro 4o. del Código y el título 26 del libro 3o. de la Instituta, se advierte claramente la profunda verdad -con que los intérpretes y los glosadores, sintetizando su espí-ritu, definieron este contrato como genuina expresión de la •amistad y de la confianza, y hasta el sentido etimológico, ma-nusdatio, expresivo en su aceptación literal de la acción de darse la mano mandante y mandatario, parece confirmar la exactitud de aquella opinión, pudiendo por ello, con su habitual elegancia en el decir, definirlo: Contractus consensualis quo negotio hone stum alteri suscipienti gratis gerenclum com-mittitur.” 11 Manresa, 369.

Pomeroy, en su tratado sobre “Equity Jurisprudence”, tomo 2°., párrafo 959, dice que la equidad estima la relación de principal y agente de la misma manera y con la misma rigidez que la de un fideicomisario y beneficiario.

La relación establecida entre los Sres. González, Fabián y Diera y las personas que entregaron su dinero para la ad-quisición de los bienes de las compañías ferrocarrileras es en realidad una relación de carácter fiduciario. De las alegacio-nes de la demanda, que tenemos que tomar como ciertas para los efectos de una excepción previa, resulta que los deman-dados, utilizando el dinero que se les había confiado para la negociación indicada, derivaron una ganancia que se reser-varon para ellos, sin dar cuenta de la misma a los susoritores del fondo. Apunta Manresa que “el mandatario que recibe una cantidad para el mandante y en lugar de enviarla la retiene en su poder y la emplea en la satisfacción de necesi-dades propias, sin estar para ello debidamente autorizado* realiza un verdadero abuso de confianza, o como diría nuestra ley de Partida, un enriquecimiento torticero.” 11 Manresa* 454. Del mismo modo puede decirse que cuando el manda-tario recibe fondos para un propósito determinado y los usa para fines particulares, derivando beneficios de dicho uso* reab’za un verdadero abuso de confianza que constituye un enriquecimiento torticero. Es verdad que el artículo 1615 del Código Civil,, edición 1930, dice que el mandatario debe in-tereses de las cantidades que aplicó a uso propio desde el día en que lo hizo, y de las que queda debiendo después de fe-necido el mandante, desde que se haya constituido en mora* pero esto no quiere decir que el mandante queda limitado a exigir exclusivamente los intereses de las cantidades aplica-das a uso propio. En nuestro sentir, cuando el mandatario dispone de los fondos en su poder para su uso particular, el mandante puede reclamar el interés si no ha habido benefi-cios, y si los hay, entonces puede elegir entre reclamar el in-terés o las ganancias percibidas. La persona que se ha enri-quecido torticeramente no debe tener derecho a retener en su poder, contra la voluntad del mandante, los beneficios obtenidos. Sostener lo contrario equivaldría a concederle un premio por su actuación ilegal, que convertiría en un negocio lucrativo y provechoso el acto torticero de haber utilizado para su propio beneficio los fondos pertenecientes a su mandante. El mandatario, según nuestro código, no puede traspasar los límites del mandato. Cuando se excede en sus' atribuciones, llegando al extremo de utilizar para su uso particular los fondos que obtuvo en virtud de la confianza en él depositada, debe responder al mandante de las ganancias que dicho uso haya podido proporcionarle.

En U. S. v. Carter, 217 U. S. 286, 305, los hechos distan mucho de parecerse a los que aquí se alegan por la deman-dante para sostener su causa de acción, pero la Corte Su-prema de los Estados Unidos en su opinión trata de la rela-ción fiduciaria que se crea entre agente y principal y enuncia principios que bien pueden aplicarse al presente litigio. En dicho caso Oberlin M. Carter, un oficial ingeniero del ejército de los Estados Unidos, encargado de preparar los planos y especificaciones que habían de servir de base a ciertos con-tratos, bajo posturas conducidas por él, fué acusado de haber-participado en las ganancias obtenidas por los contratistas; Uaynor y Greene, y de haberse confabulado con ellos para defraudar a los Estados Unidos. Estos contratos fueron eje-cutados, el dinero desembolsado y el trabajo inspeccionado y aceptado por dicho funcionario, o por el Departamento de ■Guerra bajo su consejo y recomendaciones. La corte senten-ciadora, aunque sustaneialmente dictó un fallo en favor de los Estados Unidos, sostuvo que la conducta de Carter no constiuyó necesariamente un abuso de la discreción en él investida, ni estuvo seriamente en conflicto con su alegación de que él cumplió con sus deberes para con el Gobierno. La Corte de Circuito de Apelaciones convino en que la evidencia analizada por la corte inferior, considerada independiente-mente de toda la cadena de circunstancias, justificaba sus conclusiones, pero Sostuvo que consideradas todas las circuns-tancias del caso la evidencia tendía a probar, de parte de Carter, conocimiento de la excesiva ganancia obtenida por los contratistas, su participación en las mismas, y su compli-cidad en las transacciones fraudulentas. La Corte Suprema de los Estados Unidos, luego.de referirse a las conclusiones. establecidas por la corte sentenciadora y la Corte de Circuito de Apelaciones, se expresó así:

“Una vez asumido que el demandado Carter recibió de Greené y Gaynor una proporción de las ganancias obtenidas en la ejecución •de los contratos, queda establecido el derecho de los Estados Unidos, •en equidad, a un decreto contra él por la participación así recibida. Establecido este derecho no importa si el demandante pudo poner de relieve cualquier abuso específico de discreción o si pudo demostrar •que había sufrido una pérdida real mediante fraude o de otro modo. No es bastante para uno que ocupa con respecto a otro una relación confidencial, cuando se demuestra que ha recibido secretamente un beneficio de la parte contraria, decir: ‘Usted no puede demostrar ningún fraude, o usted no puede demostrar que ha sostenido pérdida alguna en virtud de mi conducta.’ Tal agente tiene el poder de ocultar su fraude y el daño hecho a su principal. Sería un prece-dente peligroso establecer como ley que a menos que se demuestre pérdida o fraude positivo, el agente puede retener cualquier beneficio secreto que haya podido derivar de su agencia. Los grandes inte-reses de la justicia pública no tolerarán, bajo ninguna circunstancia, que un funcionario público retenga ninguna ganancia o ventaja que pueda haber realizado, adquiriendo un interés en conflicto con su lealtad como agente. Si él toma cualquier regalo o beneficio en vio-lación de su deber, o adquiere cualquier interés adverso a su principal, sin descubrirlo, su conducta constituye una traición del man-dato y un quebrantamiento de la confianza y debe responder a su principal por todo lo que haya recibido.”

Esta doctrina cubre a todas aquellas personas ligadas a otras por una relación fiduciaria que falten a la confianza en ellas depositada. El principio es el mismo y se estable-cería un precedente peligroso si se permitiera a un agente que dispone de los fondos de su principal enriquecerse tor-ticeramente, reteniendo las ganancias que baya podido pro-porcionarle el uso indebido de dichos fondos.

Continuamos copiando de la opinión de la Corte Suprema en el caso referido:

“La doctrina ha quedado bien establecida y ha sido aplicada en muchas relaciones de agencia o fideicomiso (trust). La incapacidad para actuar resulta no .del objeto sino del carácter fiduciario de la persona contra quien se aplica. Está fundada en la razón y la na-turaleza de la relación es de importancia suprema. ‘No importa,’ dice Lord Thurlow en The New York Buildings Co. v. Alexander Mackenzie, 3 Patón, 378, ‘el nombre particular o descripción, ya sea de carácter o cargo, situación o posición, en que se basa la incapa-cidad.’ Así, en Aberdee Railroad Co. v. Blaikie Brothers, 1 Mac Queen’s Appeal Cases, 461, 472, se. aplicó a un contrato de un director negociando en favor de su compañía. Lord Chancellor Cran-worth, con respecto a la regla general, dijo:
“ ‘Y es una regla de aplicación universal que a ninguna persona que tenga tales deberes que desempeñar debe permitírsele en-trar en negociaciones en las cuales ella tiene o puede tener un in-terés personal en conflicto o que posiblemente pueda estar en con-flicto con el interés de aquéllos a quienes está obligado a proteger.
“ ‘Es verdad que las cuestiones se han basado generalmente en convenios para compras o arrendamientos de terrenos, y no como aquí en un contrato de carácter mercantil. Pero el principio no va-ría. La incapacidad para contratar depende no del objeto del con-venio sino del carácter fiduciario de la parte contratante, y yo no tengo dudas de que no se aplica con menos fuerza al caso de una parte que actúa como representante de una mercantil o que hace negocios para el beneficio de otros, que a la de un agente o fideico-misario empleado en vender o arrendar terrenos.’ ”

No hay duda alguna de que un agente que utiliza para . su uso particular los fondos de su principal actúa contra los intereses del último. Esos fondos corren el riesgo de redu-cirse o perderse, y aunque el agente viene obligado a devol-verlos, su responsabilidad puede resultar ilusoria si carece de bienes para reponerlos. Y si restituye los fondos utili-zados su conducta no es menos abusiva y torticera en su ori-gen por el becbo de la reposición. La responsabilidad debe extenderse también a las ganancias.

Dice Pomeroy en su obra sobre “Equity Jurisprudence”, tomo 2, pág. 1564, pár. 1052:

“La doctrina puede estatuirse en forma general que, cuando un fideicomisario o persona investida de un carácter fiduciario se apro-vecha de la relación establecida, y por medio de ella adquiere el tí-tulo o el uso de la propiedad en fideicomiso, o deriva una ganancia o ventaja para sí en virtud de la confianza depositada, surge enton-ces un fideicomiso tácito sobre dicha propiedad, ganancias o producto en sus manos en favor del beneficiario original. Los siguientes son los casos de más importante aplicación de esta doctrina: cuando un fideicomisario, administrador, mandatario, abogado u otra persona fidu-ciaria, sin el conocimiento o consentimiento de su beneficiario, compra la propiedad en fideicomiso en una venta pública; o cuando, tomando ventaja del fideicomiso y de la confianza en él reposada, o de la supe-rioridad eonferídale en virtud de la relación, adquiere sin escrúpulos título a la propiedad en fideicomiso mediante compra o regalo direc-tamente del beneficiario; o cuando usa la propiedad en fideicomiso para su propio beneficio, o en su propio negocio, y por medio de tal uso obtiene ganancias adicionales y ventajas, — en éstos y en todos los casos similares la equidad hace surgir un fideicomiso tácito sobre la propiedad comprada u obtenida, y sobre las ganancias y adquisi-ciones así hechas para el beneficio de la parte beneficially entitled. Esta forma de fideicomiso tácito abraza muchos casos particulares y el principio se extiende a todos los abusos de confianza mediante el cual una persona en quien esa confianza se deposita obtiene una ven-taja.”

En Shaler v. Trowbridge, 28 N. J. Eq. 595, Scott “Cases on Trust”, pág. 523, dice la Corte de Errores y Apelaciones de New Jersey:

“Si una persona que ocupa una relación fiduciaria adquiere bie-nes con fondos fiduciarios en su poder, y recibe el título a nombre propio, por interpretación se entenderá que actúa como fiduciaria de la persona con derecho a los fondos con que se hizo tal adquisición. Esta regla es aplicable a un socio que fraudulentamente adquiere para sí con los fondos de la sociedad, y es extensiva tanto a bienes muebles como a los inmuebles; en todo caso el título en equidad lo tiene la persona de quien procedía el dinero. (Citas.)
“En Taylor v. Plumer, 3 M. & S. 575, Lord Ellenborough dijo que si B entrega dinero a A para que le compre un caballo, y A com-pra un coche con el dinero de B, éste tiene derecho al coche; que no importaba ante la iógica o ante el derecho en qué otra forma dis-tinta a i a original puede haber ocurrido el cambio, toda vez que el producto o la sustitución de la cosa original sigue la naturaleza de la cosa misma, mientras esta pueda ser determinada, y tal derecho cesa tan sólo cuando desaparezcan los medios que hacen posible tal determinación. En Story’s Eq. Juris., secs. 1258, 1259, se declara que ésta es la regla establecida.
“Ambas cosas son identificadas tan enteramente, aún en derecho, cuando la conversión puede ser claramente establecida, que en equi-dad nunca podría hacerse una distinción entre el dinero erróneamente apropiado y el resultado de su inversión en favor del defraudador.
“Tampoco importa que la inversión resulte provechosa, pues cual-quiera que sea el provecho el mismo pertenecerá al fideicomisario. El uso ilegal de sus bienes y el retener indebidamente los beneficios equivale a un fraude implícito al fideicomisario, siendo un principio fundamental en lo que al fiduciario concierne, que éste no derive lucro alguno para sí, al emplear los fondos que posee en fideicomiso. (Citas.)
“Además, el bienestar público exige que todo aquél que corrup-tamente se sitúe en la posición de un fiduciario, no se beneficie de su propio fraude.”

La decisión, que acabamos de citar considera nn fraude implícito la retención de los beneficios torticeramente obte-nidos y dice que es un principio fundamental, en lo que al fiduciario concierne, que éste no derive lucro alguno para sí al emplear los fondos que posee en fideicomiso. Esta doc-trina surge de la relación fiduciaria que en un caso como el presente es clara y manifiesta. Cualquiera que sea el nom-bre que se dé a la relación contraída por los Sres. Gronzález, Fabián y Eiera con los suscritores del fondo, no puede neg’arse que la misma, tomando como ciertas las alegaciones de la demanda, tiene carácter fiduciario.

En el caso de Ash v. A. B. Frank Co., 142 S. W. 42, la Corte de Apelaciones Civiles de Tejas se expresó así: matter of the agency), o si se desvía de sus instrucciones y obtiene un resultado más favorable que si las hubiera, seguido, el principal puede reclamar ése su beneficio. El agente está obligado a actuar de la mejor buena fe para con su principal, y no se le permitirá que haga beneficio alguno que se derive o emane del fondo que tiene en fideicomiso (trust fund) o que lo distraiga para fines distintos a aquellos para los cuales se intentaban (or to divert it from the purposes intended). Mechen on Agency, pár. 469.”

“Los hechos hacen de este caso uno entre principal y agente, ha-biendo sido éste nombrado, conforme a la teoría del apelante, para que cobrara cierto dinero y pagara ciertas deudas; y si el agente ha actuado de mala fe con su principal, éste puede recobrar de él aquella parte de los fondos de que no se dispuso conforme a los términos y las condiciones de la agencia. Es regla estatutaria bien establecida que toda ganancia obtenida o beneficio hecho por el agente en la ejecución de la agencia pertenece a su principal. Tampoco importa el que el principal no fuera perjudicado con la intervención del agente en su propio beneficio.
“Si él adquiere un beneficio legítimamente al actuar o al efec-tuar un negocio con la cosa objeto de su gestión (with the subject

Nuestro Código de Comercio, en su artículo 112, dice:

“No podrán los socios aplicar los fondos de la compañía ni usar la firma social para negocios por cuenta propia, y en el caso de ha-cerlo, perderán en beneficio de la compañía la parte de ganancias que en la operación u operaciones hechas de este modo les pueda corresponder, y podrá haber lugar a la rescisión del contrato social, en cuanto a ellos, sin perjuicio del reintegro de los fondos de que hubieren hecho uso y de indemnizar a los demás socios de todos los daños y perjuicios que se le hubieren seguido.”

En el presente caso los suscritores, de acuerdo con las alegaciones de la demanda, entregaron su dinero a los Sres. González, Fabián y Riera para un propósito común: la ad-quisición de los bienes corporales e incorporales de las com-pañías ferroviarias. Con ese único fin se entregó el dinero a los tres señores anteriormente mencionados. El principio aplicable es el mismo, de acuerdo con la razón natural y los principios generales de derecho. Lo esencial es que surja una relación fiduciaria, tanto en el orden civil como en el mercantil, como ocurre en el presente caso, en que según las alegaciones se entregó un dinero para cierto propósito y se dispuso del mismo para fines particulares por las personas encargadas de cumplir la voluntad de los suscritores. En estas razones nos basamos para sostener que los hechos ale-gados en la demanda establecen una causa de acción.

Alegan los demandados que las acciones ejercitadas están prescritas. La corte inferior nada dice sobre este particular en cuanto a la primera causa de acción, indudablemente porque no lo creyó necesario después de haber declarado que a su juicio no existía esa causa de acción. Los de-mandados en extensos y laboriosos alegatos discuten los efec-tos del dolo cansante y del dolo incidental en el origen de los contratos y en el cumplimiento de los mismos y dicen que el dolo imputado (beneficio en la compra de francos con ocultación del techo en perjuicio de los suscritores y supuesta comisión al Sr. George Servajean), interpretando las alega-ciones de la demanda con la mayor liberalidad, tiene sólo el carácter de dolo incidental que produce únicamente la obli-gación de indemnizar en daños y perjuicios, cuando la recla-mación se establece de acuerdo con los términos de la ley que regula el ejercicio de acciones semejantes. Se arguye que, si hay dolo, la acción está prescrita de acuerdo con el articuló 1253 del Código Civil.

En el presente caso no se solicita la nulidad de contrato alguno ni se ejercita una acción subsidiaria de daños y per-juicios. Se pide simplemente la entrega de los beneficios ob-tenidos con un dinero que perteneció al causante de la de-mandante, y que los demandados utilizaron para sus fines particulares. No es aplicable, por lo tanto, el artículo 1253 del Código Civil, edición 1930, según el cual 'la acción de nu-lidad sólo durará cuatro años en los casos de error o dolo o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato. Se hace hincapié, sin embargo, en el dolo incidental con el pro-pósito de hacer aplicable este artículo.

A nuestro juicio aim en el supuesto de que la conducta de los demandados, de acuerdo con las alegaciones de la de-manda, pudiera calificarse de dolosa, no sería aplicable el ar-tículo 1253 del Código Civil. Hay cierta diferencia en los efectos del dolo que es origen de las obligaciones y el que tiende a eludir el cumplimiento de las mismas. El artículo' 1055 del Código Civil dispone que la responsabilidad proce-dente del dolo es exigible en todas las obligaciones. El con-cepto del dolo de que se ocupa este artículo consiste, según Manresa, en el propósito consciente, intencionado, de eludir el cumplimiento normal de las obligaciones. Interpretando el artículo 1102 del Código Civil español, equivalente al 1055 del nuestro, se expresa así el mencionado comentarista:

“Ese concepto del dolo es oportuno expresarlo, porque precisa-mente una de las dos cuestiones que suscita la interpretación de las pocas disposiciones contenidas en este artículo, cuyo fundamento de justicia es notorio, consiste en la determinación de lo que el legis-lador entiende por dolo, palabra que emplea y no explica en este lugar, a diferencia de lo que hace con motivo de las otras causas de incumplimiento. Tal silencio, existiendo, como existe, en el Código otro artículo, el 1269, también relativo a obligaciones, que define el dolo como causa de nulidad del consentimiento en los contratos, po-dría interpretarse, no obstante la diferencia de lugar, supuesto y asunto entre dicho artículo y el 1102, como una referencia implí-cita a la definición de aquél para suplir la omisión de éste. No lo creemos así; porque basta fijarse en la indicada definición del ar-tículo 1269 para comprender que, hecha como está para una hipó-tesis distinta de ésta, se refiere a un aspecto y especie de dolo, al que concurre en el origen de las obligaciones y puede ser causa de nu-lidad (aunque también de indemnización), y no puede abarcar el total concepto de aquél, ni esta otra manifestación, con la cual apa-rece en la ejecución de obligaciones ya existentes y es motivo de responsabilidades.
“Por ello, y a pesar de la relación entre la definición del ar-tículo 1269 y'el concepto' que hemos expresado relativo al dolo, en el supuesto y sentido del presente artículo, entendemos que dicho concepto, y no aquella definición, es el apropiado en este lugar, ex-plicándose el silencio del Código por lo evidente de la noción a que se refiere. Y al sentar esta afirmación y distinguir en el dolo los dos conceptos indicados, encontramos sólido apoyo en la jurispruden-cia del Tribunal Supremo, el cual ha declarado (sentencia de 22 de octubre de 1894) que ‘El artículo 1102 se dirige más bien al dolo que tiende a eludir el cumplimiento de las obligaciones que a) que es origen de las mismas, concepto que se confirma por la redacción de los artículos que le subsiguen y del que le antecede.’ ” IV Man-resa, 68.

Como ya hemos dicho, en el presente caso no se pide la nulidad de nada ni se reclama compensación alguna por da-ños y perjuicios. La parte apelante se limita a demandar que se le entreguen los beneficios derivados del uso indebido de sn propio dinero. La acción ejercitada debe regularse por el artículo 1864 del Código Civil, según el cual prescri-ben a los quince años las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción.

En la segunda causa de acción se dice que los Sres. Fabián, González y Riera manifestaron falsamente a sus asociados que ellos habían convenido pagar la cantidad de $550,000 en concepto de comisión, siendo la verdad que no habían contraído tal obligación, ni había sido exigida esa comisión, que en ningún momento fué pagada al Sr. Servajean por los referidos señores, quienes se apropiaron la cantidad mencionada. También se alega que esta acción ha prescrito porque la actuación dolosa que se atribuye a los Sres. González, Fabián y Riera cae dentro del término señalado para la prescripción por el artículo 1253 del Código Civil. En esta segunda causa de acción, como en la primera, la demandante no solicita la nulidad de contrato alguno. Reclama la devolución de cierta cantidad que satisfizo su causante en la creencia de que constituía una deuda legítima. Según el artículo 1054 del Código Civil, quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas. Convenimos en que hay dolo en las manifestaciones atribuidas a los Sres. González, Fabián y Riera en esta segunda causa de acción, pero creemos que no puede aplicarse a esta actuación dolosa el plazo de cuatro años que la ley concede para el ejercicio de la acción de nulidad de contratos a contar desde su consumación. Y si se trata de un derecho de acción derivado de culpa o negligencia, comprendido en el artículo 1802 del Código Civil, tampoco podemos decir que la acción está prescrita, porque no surge de la demanda la fecha en que la demandante tuvo conocimiento de los hechos que sirven de base a esta segunda causa de acción, y de acuerdo con el artículo 1868 del Código Civil, (edición 1930), prescribe por el.transcurso de un año la acción para exigir responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el ar-tículo 1802 desde que lo supo el agraviado.

Bástanos ahora resolver las excepciones formuladas contra la demanda por la viuda y herederos de José D. Riera. Se alega que las acciones ejercitadas están prescritas de acuerdo con el artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil. De los hechos de la demanda surge que el causante de la demandante falleció en 17 de octubre de 1927 y que el presente litigio se inició en 1933. Dispone el artículo citado que si una persona con derecho a ejercitar una acción muriese antes de terminar el período de prescripción requerido para aducir aquélla, y la causa de la acción subsistiere, los representantes de tal persona podrán ejercitar dicha acción después de la terminación de aquel período y dentro de un año de la defunción.

Los demandados, que formulan esta excepción de pres-cripción, hacen constar que la misma se basa en la primera parte del artículo 41 del Código de Enjuiciamiento Civil, que hemos transcrito, y no en la segunda, que a su juicio no es aplicable a esta jurisdicción.

Interpretando la disposición mencionada, que tiene su equivalente en el artículo 353 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, dice la Corte Suprema de dicho estado en el caso de Lowell v. Kier, 50 Cal. 646, 648:

“Si bien la primera eláusirla del artículo 353 del Código de En-juiciamiento Civil puede en ciertas circunstancias prolongar el tiempo originalmente prescrito, no puede, sin embargo, operar en ningún caso para acortar dicho tiempo.”

Hemos declarado que la primera causa de acción prescribe a los quince años. Cuando se interpuso la demanda no había expirado aún el plazo fijado por la ley para el ejerci-cio de esta acción. En cuanto a la segunda causa de acción, hemos dicho que no surge de los hechos alegados en la de-manda que la misma esté prescrita. El artículo 41, en su pri-mera cláusula, no puede tener el efecto de acortar el término señalado para la prescripción. Como dice el tribunal de California, puede, en ciertas circunstancias, prolongarlo, pero en ningún caso redncirlo.

La viuda y herederos de Eiera, partiendo de la base de que los Sres. González, Fabián y José D. Eiera constituyeron una sociedad, sostienen que no existe causa de acción contra los demandados, porque si alguna causa de acción hubiera, sería contra la referida sociedad. No hay base en la demanda para sostener que estos señores hayan constituido una asociación con todos los elementos característicos y fundamentales de la sociedad. Los demandados, que ofrecen esta excepción, se basan en que en el párrafo segundo de la demanda se dice que el demandado Manuel González Martínez, allá por el mes de marzo de 1920, se asoció con los Sres. Eafael Fabián y Fabián y José D. Eiera para organizar una persona jurídica. Del uso de esta palabra no podemos llegar a la conclusión de que los referidos señores constituyeron una sociedad. Esta es una cuestión de hecho que no surge de la demanda y que debe resolverse por la prueba. Entonces habrá oportunidad de discutir la cuestión de derecho planteada por los demandados.

Se alega además que la acción ha prescrito de acuerdo con el artículo 949 del Código de Comercio de Puerto Eico que dice así:

“La acción contra los socios gerentes y administradores de las compañías o sociedades terminará a los cuatro años a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administra-ción. ’ ’

Se asume en esta excepción que José D. Eiera era socio gestor de la sociedad colectiva González, Fabián y Eiera, y que cesó como tal gestor desde el momento de ocurrido su fa-llecimiento en 6 de mayo de 1920. Se arguye que si alguna acción existía contra dicho señor por sus actuaciones como tal gestor de dicha entidad mercantil, estas acciones debieron haberse entablado dentro de los cuatro años después de ocu-rrido su fallecimiento. Ya hemos dicho que no surge de la demanda que se haya constituido la sociedad a que hacen re-ferencia los demandados. No es, por lo tanto, necesario dis-cutir la cuestión planteada por los demandados, debiendo de-sestimarse las excepciones formuladas.

Abril 3, 1936

Se alega por último que de acuerdo con la segunda causa de acción la apropiación de los $550,000 por los Sres. Fabián, González y Eiera ocurrió en 27 de mayo de 1920, siendo así que José D. Eiera falleció el día 6 de dichos mes y año, o sea con algunos días de anterioridad a la fecha en que los refe-ridos señores aparecen adueñándose de la referida suma. Es claro que Eiera no pudo haber intervenido en el acto de la apropiación, ocurrida según la demanda después de su muerte. No se alega que la viuda de Eiera y sus herederos hayan re-cibido beneficio alguno de los fondos apropiados. Si no consta que hayan participado de esa suma, ño surge respon-sabilidad alguna de su parte para con la demandante: Debe declararse con lugar la excepción de falta de hechos con res-pecto a esta segunda causa de acción, por las razones apun-tadas, concediéndose a la demandante un plazo de diez días para enmendar la demanda, si es que ésta está en condicio-nes de hacerlo.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse con lu-gar únicamente la excepción previa formulada por la viuda y herederos de Riera contra la segunda causa de acción, con-cediéndole dies días a la demandante para enmendar la de-manda, a constar desde la fecha en que el pleito sea devuelto a la corte inferior para ulteriores procedimientos no incompatibles con los términos de esta opinión.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión , tribunal.

Los demandados Manuel González Martínez y Josefina Fabián de Lozana solicitan la reconsideración de nuestra sen-tencia por entender que la misma es errónea en tanto en cuanto considera el convenio celebrado entre el causante de la demandante y los demandados como nn contrato de man-dato. Hemos estudiado las cuestiones planteadas a través de los errores atribuidos a la corte inferior en la opinión que sirvió de base a la sentencia apelada. Dijimos que la rela-ción establecida entre los Sres. González, Fabián y Eiera y las personas qne entregaron sn dinero para la adquisición do los bienes de las compañías ferrocarrileras es una de carácter fiduciario. Luego expusimos nuestro criterio acerca de la relación de íntima confianza que se establece entre mandante y mandatario y entre principal y agente, exponiendo el cri-terio de Manresa en cuanto al derecho civil y del comenta-rista Pomeroy en cuanto a la jurisprudencia americana. No hay duda alguna de que los Sres. González, Fabián y Eiera, al aceptar la encomienda de utilizar los fondos recibidos para adquirir los bienes de las compañías ferrocarrileras, se con-virtieron en agentes de las personas que les entregaron esos fondos para dicho fin. Si esta relación constituye o no un contrato de mandato en el derecho civil es cuestión que carece de importancia. Ya dijimos en nuestra opinión que “cual-quiera que sea el nombre que se dé a la relación contraída por los Sres. González, Fabián y Eiera con los suscritores del fondo, no puede negarse que la misma, tomando como ciertas las alegaciones de la demanda, tiene carácter fidu-ciario.”

“En el presente caso,” añadimos, “de acuerdo con las alegaciones de la demanda, los suscritores entregaron su dinero a los Sres. González, Fabián y Eiera para un propó-sito común: la adquisición de los bienes corporales e incor-porales de las compañías ferroviarias. Con ese único fin sé entregó el dinero a los tres señores anteriormente mencio-nados. El principio aplicable es el mismo, de acuerdo con la razón natural y los principios generales de derecho. Lo esencial es que surja una relación fiduciaria, tanto en el orden civil como en el mercantil, como ocurre en el presente caso, en que según las alegaciones se entregó un dinero para cierto propósito y se dispuso del mismo para fines particu-lares por las personas encargadas de cumplir las voluntad de los suscritores. En estas razones nos basamos para sos-tener que los becbos alegados en la demanda establecen una causa, de acción. ’ ’

Alegan los apelados comparecientes que aún dando por supuesto que la relación jurídica establecida entre las partes, según se alega en la demanda, tuviera el carácter de fidu-ciaria del mandato, esta corte ba incurrido en error al aplicar a la controversia principios de jurisprudencia absolutamente extraños y contrarios al derecho positivo que regula, histórica y tradieionalmente, en Puerto Rico y en España, el contrato de mandato.

No compartimos el criterio de los distinguidos abogados que así discurren para sostener sus puntos de vista con respecto a esta importantísima cuestión. Muy deficiente y poco previsor sería nuestro derecho civil si permitiese que una persona, en posesión de bienes ajenos obtenidos para un fin determinado, pudiese beneficiarse apropiándose esos bienes y destinándolos a fines distintos, mediante actos que han tenido su sanción basta en nuestras leyes penales. Nuestro derecho civil, saturado de principios de equidad, tiene su origen en el derecho romano. Esa razón natural, de acuerdo con los principios generales del derecho que deben tener en cuenta los tribunales cuando no haya ley aplicable al caso, es la misma equidad definida en el Código de las Pandectas, que halló cabida en el artículo séptimo de nuestro Código Civil y que aparece esbozada, aunque no con tanta amplitud, en el artículo sexto del Código Civil Español. Los principios de equidad comenzaron a aplicarse en Ingla-terra por las cortes de cancillería, y en la antigua Roma por sus pretores. Un filósofo antiguo define la verdadera natu-raleza de la equidad diciendo que es la corrección de la ley, cuando ésta resulta deficiente por razón de su universalidad. El caso de Stewart v. Jones, 219 Mo. 614, 131 Am. State Rep. 606, cita lá definición de Aristóteles, que ha sido apro-bada por autores tan distinguidos como Grotius, Puífendorf, Blackstone y Story, y dice que la ley se siente frecuentemente enriquecida y complementada por los principios de equidad y que la máxima “la equidad signe a la ley” ha jugado un importante papel en la administración de justicia. Story dice que esta máxima significa que la equidad sigue las reglas de la ley en todos los casos en que estás reglas pueden ser apli-cables o que la equidad, al confrontarse con casos de natu-raleza equitativa, adopta y sigue las analogías ofrecidas por las reglas de la ley.

Se arguye que en la opinión de esta corte se afirma reite-radas veces que la relación contraída por los Sres. González, Fabián y Biera eon los suscritores del fondo tiene carácter de fiduciaria y que de acuerdo con esta conclusión este tribunal viene obligado a determinar si habían sido o no infrin-gidas las disposiciones del Código Civil aplicables al mandato, única legislación, a juicio de los demandados, reguladora de los contratos que engendran relaciones de carácter fiduciario. Ésta es una cuestión que fue suficientemente discutida en nuestra opinión. Dijimos entonces y repetimos ahora que “aunque el artículo 1615 del Código Civil, edición 1930, dice que el mandatario debe intereses de las cantidades que aplicó a uso propio desde el día en que lo hizo, esto no quiere decir que el mandante quede limitado a exigir exclusivamente los intereses de las cantidades aplicadas a uso propio. Cuando el mandatario dispone de los fondos en su poder para su uso particular, el mandante puede reclamar el interés si no ha habido beneficios, y si los hay, entonces puede elegir entre reclamar el interés o las ganancias percibidas. La persona que se ha enriquecido torticeramente, no debe tener-derecho a retener en su poder, contra la voluntad del mandante, los beneficios obtenidos. Sostener lo contrario equivaldría a concederle un premio por su actuación ilegal, que conver-tiría en un negocio lucrativo y beneficioso el acto torticero de haber utilizado para su propio beneficio los fondos perte-necientes a su mandante. El mandatario, según nuestro código, no puede traspasar los límites del mandato. Cuando se excede en sus atribuciones, llegando al extremo de utilizar para su uso particular los fondos que obtuvo en virtud de la confianza en él depositada, debe responder al mandante de las ganancias que dicho uso baya podido proporcionarle.”

Como hemos dicho, la persona que tiene fondos en poder de un tercero, no debe quedar limitada a reclamar los inte-reses, cuando esos bienes han sido utilizados ilegalmente por el poseedor como si fuesen suyos, para su propio beneficio, y se han obtenido ganancias en virtud de la negociación ilegal. Esto para el caso de que la relación contraída se regule por las disposiciones relativas al mandato. Pero, si como afirman los demandados, no se trata en este caso de un contrato de mandato, entonces no existe la limitación que a su juicio impone el artículo 1615 del Código Civil, porque sus dispo-siciones resultarían inaplicables. Que la relación contraída entre los Sres. González, Fabián y Riera con los suscritores del fondo es de carácter fiduciario es cosa que no puede negarse. El contrato de mandato, con todas sus caracterís-ticas, no establece una relación de confianza, más íntima y estrecha que la que surge de las alegaciones de la demanda. Los Sres. González, Fabián y Riera aceptaron los fondos confiados a su custodia para destinarlos a un fin determi-nado. Actuaron, por lo tanto, como agentes ejecutores de los dueños de esos fondos, que depositaron en ellos su con-fianza. Si la relación contraída es de carácter fiduciario, no importa que se llame mandato o agencia, o que se conozca con cualquier otro nombre, para los fines de la responsabi-lidad de los demandados, con respecto a las ganancias obte-nidas, de acuerdo con las alegaciones de la demanda.

Se alega que es errónea la decisión de esta corte al sos-tener que la acción ejercitada por la demandante debe regu-larse en lo que a la prescripción concierne por el artículo 1864 del Código Civil. Se dice que como quiera que esta ..Corte Suprema considera que la relación jurídica y fiduciaria existente entre las partes tiene el carácter de nn mandato, hay que atenerse, para determinar la naturaleza de la acción ejercitada, a las disposiciones del Código Civil que amparan el derecho del mandante perjudicado. “Siendo ello así, y habida cuenta de los hechos que a los demandados se imputan para fijar el término de prescripción, es de una lógica abru-madora concluir que la acción ejercitada por la demandante tiene por único objeto obtener resarcimiento de daños y perjuicios, sin parar mientes en el título que la parte actora. haya puesto a su demanda.” Así se expresan los deman-dados, afirmando que nos hemos equivocado al sostener que la demandante no reclama indemnización de daños y per-juicios y sí el importe de una ganancia que ha dejado de obtener como consecuencia de la conducta de los demandados. La equivocación que se nos atribuye no existe. Hemos sostenido que en el presente caso no se solicita la nulidad de contrato alguno ni se ejercita una acción subsidiaria de daños y perjuicios. Los demandados citan en su abono el artículo 1073 del Código Civil (1059, ed. 1930), según el cual la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido sino el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor.

Las ganancias a que se refiere el artículo citado son aquéllas que el acreedor pudo obtener y dejó de percibir en virtud del incumplimiento de la obligación. En este caso no se ha privado al causante de la demandante de ninguna ganancia que pudo obtener y dejara de percibir en virtud del incumplimiento de la obligación. Se reclaman simple-mente beneficios obtenidos por los demandados en una nego-ciación en que utilizaron para su propio beneficio un dinero confiado a su custodia, que pertenecía a los suseritores del fondo. Scaevola y Manresa, al comentar el artículo citado por los demandados, hablan del daño emergente y el lucro cesante, en las particulares aplicaciones que les asignaba el ' antiguo derecho. Refiriéndose al lucro cesante dice Seaevola ‘entre otras cosas lo siguiente:

{

"Interés del lucro cesante se dice que es la ganancia dejada de _obtener o la pérdida de ganancias sufrida en el dinero o en la cosa debida y no pagada en el tiempo convenido. También este interés 'se distingue en intrínseco y extrínseco, llamándose de la primera ■'manera al precio que hubiera podido obtener la cosa en venta el día -en que la obligación debió cumplirse y no se cumplió, y distinguién-dose el segundo en dos clases, circa rem y extra rem, que son: el primero, el que proviene de la misma cosa, como los frutos, el parto ' de los ganados y cuasifrutos, como el alquiler- de los arrendamien-tos, y el segundo, el que proviene de la cosa, no directa, sino indi-.rectamente, como el pago de las usuras a los mercaderes.”

Terminan diciendo los demandados “que la demanda en-caminada a reclamar la ganancia de que se alega fue privado >el causante de la demandante, es técnica y jurídicamente una reclamación de daños y perjuicios, que por tener como base el dolo, el fraude o el enriquecimiento torticero, que es una actuación dolosa, prescribe a los cuatro años, a contar desde la consumación del contrato.” No vemos cómo pueda apli-carse el artículo 1253 del Código Civil, que fija el término de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad de contrato, cuando no se solicita en la demanda la nulidad de contrato alguno y cuando, aún en la hipótesis de que se ejer-citara la acción de daños y perjuicios, lo que hemos negado, no sería aplicable el término que fija el referido artículo para la duración de la acción de nulidad de contrato. En cuanto a la segunda causa de acción, nos atenemos a las conclusiones establecidas en nuestra opinión.

También los demandados Sra. viuda y herederos de José ‘ D. Riera han presentado una moción de reconsideración basándose en cuestiones que fueron resueltas en nuestra opinión y que a nuestro juicio no requieren una más amplia consideración.

No ha lugar a la reconsideración solicitada.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Julio Aguilera, demandante y apelado, v. Ramón Pérez Lugo, Antonio Antonmattei y el Márshall de la Corte de Distrito de Ponce, demandados y apelantes.
    No. 7193.

    Sometido: Enero 13, 1936.

      Resuelto: Enero 27, 1936.

      Tomás Paz, abogado de los apelantes; Enrique Báez García, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 20 de noviembre de 1935 se archivaron en este caso en la Secretaría de esta Corte Suprema'el legajo de la sentencia . certificado por los abogados de ambas partes y la transcrip- ■ ción de la evidencia certificada por el taquígrafo y aprobada por el juez sentenciador. El alegato de los apelantes quedó ■radicado el 16 de diciembre último.

En diciembre 11, 1935, el apelado presentó una moción solicitando la desestimación del recurso porque el récord había sido remitido al Supremo personalmente por el apelante y no por el Secretario de la corte sentenciadora como exige la ley y porque la transcripción del legajo de la sen- - tencia no contiene el sello de la dicha corte sentenciadora que ' requiere el estatuto.

Señalada la vista de la moción para el 13 de enero de 1936, ninguna de las partes compareció. Dos días antes se había radicado una moción de los apelantes oponiéndose a la deses- „ limación. Alegan-en ella, en síntesis, que los hechos ocurrie-ron como sigue:

El pleito se tramitó en la Corte de Distrito de Ponee. El abogado del apelado reside en Mayagüez y el de los apelan-tes en Yauco. Preparada la transcripción del legajo de la sentencia por un escribiente de la secretaría de la corte sen-tenciadora, el apelante Antonmattei en persona la recogió y la llevó a Yauco a su abogado que la firmó y acto seguido se dirigió a Mayagüez entregándosela al abogado del apelado quien la leyó y la firmó también. Así certificada la mostró a su abogado, encomendándole éste que la llevara al secretario de la corte de distrito como inmediatamente lo hizo. El Se-cretario la recibió y redactó una carta dirigida al de la Corte Suprema remitiéndole el récord completo de la apelación en un sobre cerrado que le entregó para franquearlo y deposi-tarlo en el correo como así lo hizo.

Sostienen los apelantes que se cumplió en tal virtud subs-tancialmente con la ley, habiendo sido en verdad el Secreta-rio el que elevó los autos de la apelación al Supremo actuando el apelante Antonmattei como su mandadero a los únicos efec-tos de comprar los sellos, colocarlos en el sobre y depositar éste en el correo, y sostienen además que la certificación del legajo de la sentencia no necesita el sello de la corte por ha-ber sido expedida por los abogados de las partes y no por el secretario.

Examinemos la primera cuestión o sea la del envío a esta corte de los autos de apelación. La ley dice:

‘ ‘ Constituirá el récord de una apelación la certificación que libran el secretario del tribunal a qtio, o los abogados de las partes, del le-gajo de la sentencia y de la notificación de la apelación, excepto en el caso de haberse aprobado una transcripción de la evidencia de acuerdo con la le3. En este caso el récord de apelación estará cons-tituido por dicha transcripción original y por certificación de los demás documentos que constituyan el legajo de la sentencia autori-zada en ia forma prevista anteriormente. Será deber del apelante entregar al secretario dicha certificación autorizada por los abogados de las partes, o solicitar la misma de aquél, y dicho funcionario ele-vará a la Corte Suprema, sin demora alguna, el récord completo de la apelación.” Leyes de 1919, pág. 677-679.

Es clara. Corresponde al secretario de la corte de dis-trito elevar a esta Corte Suprema la transcripción. La mo-ción de la parte apelada no está jurada. Sí lo está la de la parte apelante. Y si los hechos ocurrieron como en ella se expresan, precisa concluir que fué el secretario el que final-mente actuó. La verdad intrínseca del contenido de la cer-tificación no ha sido impugnada. No se dice que la trans-cripción del legajo de la sentencia archivada en los autos cer-tificada por los ahogados de ambas partes no sea la misma que bajo su firma certificó el propio abogado de la parte que solicita la desestimación.

Para sostener la necesidad del sello, invoca el apelado el artículo 20 del Código de Enjuiciamiento Civil que, en lo pertinente, ordena:

“No será necesario estampar el sello de la Corte en ningún pro-cedimiento o documento, exceptuándose:
“1. — .
“2. — .
“3. — Para dar autenticidad a la copia de actuaciones u otro pro-cedimiento de una corte, o de cualquiera de sus funcionarios o a la copia de un documento archivado en la oficina del Secretario. ”

No cita precedentes ni jurisprudencia algunos que apoyen su contención. Pudiera argüirse que tratándose de copias de documentos archivados en la oficina del secretario, caen las contenidas en la transcripción certificada por los abogados dentro de la letra de la ley. Sin embargo, parece que la mente del legislador estuvo fija en certificaciones expedidas por el secretario mismo y como se trata de un requisito pu-ramente formal cuya importancia se ha ido debilitando con los tiempos (56 C. J. 890; Allen v. Montgomery, 105 S. E. 33, 35) no nos sentimos justificados en concluir que porque la certificación librada por los abogados no contenga el sello de la Corte sea una mera nulidad como sostiene el apelado. Por el hecho de que la certificación se entregue al secretario para que sea éste quien la envíe a la corte de apelación, la situación no varía, porque la ley no exige ni en su letra ni en su espíritu, que se estampe el sello de-la corte en certifi-caciones libradas por otros entregadas al secretario.

No ha lugar a la desestimación solicitada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    María Ríos Méndez, demandante y apelada, v. Mario Juliá demandado y apelante.
    No. 6319.

    Sometido: Febrero 1, 1935.

      Resuelto: Enero 30, 1936.

      M. Acosta Velarde, abogado del apelante; B. Bwera Zagas, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Cuando a la terminación de un contrato de arrendamiento el arrendador acumula una acción para recobrar, el importe de los cánones con otra de daños y perjuicios provenientes del estado deteriorado de la finca, no existe una indebida acumulación, toda vez que ambas acciones tuvieron su origen en el mismo contrato. Artículo 104, inciso 8, Código de Enjuiciamiento Civil.

No se hizo. un..señalamiento,de error suficiente respecto a la alegación de que. la demanda era ambigua y dudosa, v! a que los hechos no fueron aducidos suficientemente en una u otra causa- de acción. Así, pues, nos conformaremos con^ decir que el demandado fué. bastante bien informado de la naturaleza de las reclamaciones presentadas en su contra.'-Más especialmente la primera causa de acción fué transigida, por convenio entré las partes. .1

El segundo señalamiento se refería a la admisión por parte de la corte de varias facturas de comerciantes y artesanos tendentes a demostrar la suma que la demandante había pagado al tratar de restituir la finca al estado en que en su opinión la misma se hallaba al ser cedida en arrendamiento al demandado. La demandante declaró sobre el estado cambiado de la finca y se ofrecieron las cuentas en su totalidad como prueba. No se separaron los daños ocasionados a la propiedad con motivo de las distintas causas pero, la corte estuvo justificada al admitir dichas facturas para darles el valor probatorio que tuvieran al llegar a la conclusión final. En realidad la opinión de la corte de distrito demuestra que del importe total de estas cuentas ella hizo va-r rias deducciones debido al hecho de que gran parte de los cargos no surgieron por culpa del inquilino. Convenimos con la apelada en que las objeciones se dirigían únicamente al peso de la prueba. De todos modos, dada la actuación dó la corte, la admisión de estos documentos fué inofensiva.

El tercer señalamiento es extraordinario. Las partes celebraron un contrato de arrendamiento específico por determinado período de tiempo a razón de $175 mensuales. Entonces convinieron en un arrendamiento de mes a mes á razón de $200. El apelante insiste en que la corte cometió error al decir que de conformidad con los términos del com trato él estaba obligado a devolver la propiedad en el mismo buen estado de conservación en que la recibiera a la fecha; del arrendamiento, o sea el 5 de enero de 1927.

Creemos que la prueba demuestra bástante bien que ori-ginalmente, por el contrato y por su prórroga, el apelante tenía la obligación de devolver el edificio en el mismo estado de conservación en que se hallaba, con las excepciones pro-vistas por la ley. Además, la apelada no reclamaba nada más de lo qne le hubiera concedido el Código Civil.

Los señalamientos cuarto, quinto y sexto pueden ser tra-tados conjuntamente. En el tiempo que medió entre la fe-cha del arrendamiento y la entrega de la finca por el arren-datario, azotó la isla el ciclón de San Felipe el 13 de sep-tiembre de 1928. La demandante admitió en la silla de los testigos que la finca fué seriamente perjudicada por éste. En realidad dijo que de sus diversas propiedades ésta fué la más afectada. La corte inferior hizo varias deducciones por ra-zón del huracán, y .la duda principal que tenemos es si se dedujo lo suficiente.

La propiedad era originalmente una casa de vivienda. La demandante dice que el entendido fué que el Dr. Juliá no utilizaría la finca como clínica. No obstante, la prueba tiende a demostrar que la casa era utilizada con tal fin, y más o menos con conocimiento y asentimiento de la apelada. La demandante ocupó la silla testifical y prestó declaración al efecto de que la casa se había deteriorado bastante.

Es una presunción razonable que la. casa fué entregada al apelante en buen estado. Cuando se convierte una casa residencial en una clínica, hay que hacer necesariamente cam-bios drásticos en ella, y si la demandante, según declaró, en-contró la casa en un estado de deterioro, conforme demues-tra el primer examen hecho por el ingeniero dentro de los diez días de su entrega, la corte estuvo justificada al llegar a la conclusión de que el deterioro se debió, por lo menos en parte, a la manera en que fué tratada por el arrendatario.

Conforme hemos dicho, la corte trató de excluir todos los daños debidos al ciclón. El apelante insiste en que la deman-dante no demostró que ninguna parte del deterioro se debió directamente a actos suyos.

El apelante también insiste enfáticamente en que una buena parte de los daños y perjuicios pueden haber surgido éntre el período que la casa fué entregada y el momento en que la apelada se hizo cargo activamente de la misma. La finca fué entregada por el Dr. Juliá y notificada la dueña el 20 de octubre de 1928. La correspondencia y la prueba en este caso nos convencen de que antes del primero de noviem-bre de 1928 la apelada hizo que la casa fuera examinada por el ingeniero Tallada Ríos; que como consecuencia de este examen, o independientemente del mismo, el Dr. Juliá hizo ciertas reparaciones a la casa, creyendo evidentemente que era su deber hacerlo así. Es una inferencia lógica que el in-geniero o los agentes del Dr. Juliá estuvieron a cargo de la casa por un corto período de tiempo luego de haber sido ésta entregada a la apelada. Posiblemente transcurrió un inter-valo de varios días en que nadie estaba a cargo de la pro-piedad, pero no hay presunción alguna a ese efecto. Por el contrario, podría esperarse normalmente que una casa no su-frirá cambio alguno por lo menos dentro de una semana o cosa así, después de haber sido abandonada. El principio enunciado en el inciso 31 del artículo 102 de la Ley de Evi-dencia parecería ser aplicable, a saber:

"Que una vez probada la existencia de una cosa, continúa ésta todo el tiempo que ordinariamente duran las cosas de igual natu-raleza. ”

No hay duda de que las reparaciones del Dr. Juliá fueron hechas entre el primero y el quince de noviembre de 1928, y que así él se lo informó a la apelada por carta fechada no-viembre 15 del referido año. Igualmente, la corte tenía de-recho a creer por la prueba que el primer examen del inge-niero fué practicado antes del primero de noviembre de 1928. Durante el juicio el apelante mismo ofreció como prueba el informe practicado por el mencionado ingeniero. El ape-lante no nos convence de que; considerado este informe, la córte no tuviera derecho a creer que los daños de referencia ño fueran resultado del abandono de la casa.

La demandante reclamaba la suma de $1,615.68 por con-ee'pto de daños y peí-jaicios. La corte inferior dijo en su: opinión que las sumas-pagadas por los daños ocasionados por. el ciclón y algunos otros, debían ser rebajadas. La corte ma-, ñifesto:

“De la evidencia documental y testifical resulta que la deman-' dante invirtió en materiales y mano de obra en la reparación y arre-glo de la casa, la suma de $1,370.00. De esta suma debe rebajarse: $107.00 pagados a S. Albanese e Hijo, Sucrs., por las tejas; $67.50 pagados a Porto Rico Gas & Coke Co., por una cocina; $106.00 por el trabajo de pintura exterior e interior, pagado a Crisóstomo Gon-zález y José Ramírez, considerando el estimado de Ramón Soler (Dte. Exh. No. 3) que fué sólo de $68.00, en relación con el memorándum del contratista Tallada Ríos; $200.00 de la cantidad pagada a Daniel García por trabajos de carpintería, por estar incluidos en ellos la reparación de la torre, o sea la colocación de las tejas, un pivot para enredaderas, marquesina a la puerta de entrada, división de cristales y madera y arreglo general del balcón, que el demandado no debe pagar; y $10.25 importe de cristales florentino comprados 4 A. Pérez y Hnos. Sucrs.; $5.04 de la cuenta de Rolán y Tejedor, por alambre y zinc, cuyo uso no se ha demostrado; y $46.00 de la cuenta de Sucrs. dé A. Mayol & Co., importe de un inodoro y un fregadero, habida consideración que del servicio sólo faltó una ducha y un inodoro, que está ya cargado en la cuenta por $15.00. Total de deducciones, $539.79.
“En resumen, considerando el memorándum del Ingeniero Ta-llada Ríos, presentado por el propio demandado, quien examinó lá propiedad en Octubre y Noviembre, 1928, a instancias de la demam dante, y estimó los daños no reparados en $1,300.00, en relación con la declaración del Ingeniero Eduardo Fossas, quien también la exa-minó en el mes de noviembre, .1928, a solicitud del demandado; y por el resultado de toda la evidencia, una suma de $840.21 que es la diferencia entre los gastos y las deducciones, está justificada, para dejar la finca en el buen estado de conservación y uso en que se encontraba cuando la recibió el demandado, el 5 de enero de 1927, excluyéndose los daños causados por el temporal y abandono de la pi-opiedad desde el 20 de octubre, 1928, en que fué devuelta.”

El apelante señala como error el que la corte descansara tan definitivamente en el informe del ingeniero. No damos gran peso al becbo de que fué el mismo demandado quien presentó el documento o a que admitía los becbos en él con-tenidos, mas del documento presentado, y del resto de la prueba, no babía razón alguna por la cual la corte debía de-ducir de sus conclusiones daños y perjuicios debidos al su-puesto abandono.

Abora bien, la corte eliminó $106 por pintura, porque una de las cuentas presentadas era sólo por $68 y la demandante reclamaba.una suma mayor. Es práctica tan general que un arrendador tenga que pintar una casa interior y exterior-mente después de cierto número de años, que sin prueba más específica de daños causados por el demandado, a nuestro juicio todos los gastos incurridos en pintar la casa debieron ser rebajados. Algunos de éstos pudieron ser ocasionados por acción directa del huracán o por el agua que penetra en una casa a consecuencia del mismo.

Es un becbo admitido que la torre del edificio sufrió da-ños y perjuicios a causa del ciclón al igual que las pérgolas exteriores. La reclamación por trabajo de carpintería as-cendía a $400 y la corte dedujo $200. Sin embargo, no esta-mos convencidos de que los actos del demandado produjeran al demandante $200 de daños y perjuicios que exigieran tra-bajo de carpintería. Mas ascendían a algo. Tenemos dudas también respecto a si no debieron hacerse mayores rebajas: En gran parte, es cuestión de conjeturas, pero tomando los autos en su totalidad, a nuestro modo de ver, la indemniza^ ción de la demandante debe ser limitada a $500.

La sentencia apelada debe ser por tanto modificada, y así modificada, confirmada.


author: El Juez Asociado Señor HutohisoN,

text:
    La Sucesión de Pedro Villegas, demandante y apelante, v. Central Victoria, Inc. y María Fernández, demandadas y apeladas.
    No. 7021.

    Sometido: Enero 22, 1936.

      Resuelto: Enero 30, 1936.

      José Soto Rivera, abogado de la apelante; G. Goll Cuchí, Q. Silva y G. Goll Cuchí, Jr., abogados de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor HutohisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Éste era un pleito de injunction para recobrar lá pose-sión de cinco cuerdas de terreno. ■ La corte de distrito resol-vió que los demandantes habían dejado de probar la posesión material dentro del año inmediatamente anterior a la radi-cación del litigio. La sentencia declarando sin lugar la de-manda concedió las costas a las demandadas. La presente es la apelación de una orden aprobando el memorándum de costas.

El juez de distrito que aprobó el referido memorándum no fue el que juzgó la causa. El mismo contenía una par-tida de quinientos dólares por concepto de honorarios de abo-gado. La partida fué impugnada por excesiva. No se ofre-ció prueba para demostrar el valor de los servicios prestados. El juez de distrito redujo dicha suma a trescientos dólares. Las razones que tuvo para conceder esta suma se expusieron así:

“En cuanto a las partidas de honorarios de abogado, la sentencia de la Corte es terminante al decretar que se impongan las costas a los demandantes cuando absolvió de la demanda a las demandadas declarando sin lugar la demanda en todas sus partes. Ya está re-suelto que el concepto costas incluye los desembolsos y también los honorarios de abogado.
“Nosotros no presidimos la vista del juicio oral, pero hemos leído la opinión del compañero juez señor Sepulveda y por la misma nos damos cuenta de la labor realizada por los abogados en este caso. Como en todos estos pleitos de injunction para recobrar la posesión de bienes inmuebles, la prueba testimonial es numerosa y laborioso el trabajo del abogado.
“Tomando en consideración todas las circunstancias de este caso estimamos que una cantidad de $300 para honorarios de abogado es justa y razonable.”

La tínica cuestión resuelta por el juez inferior en la rela-ción del caso y opinión fue una de hecho. Hubo cuatro tes-tigos de los demandantes y cinco de las demandadas. Nada hay ante nos y nada hubo ante el juez de distrito que.conce-dió la partida de trescientos dólares para honorarios de abo-gado que indique que el valor de los servicios realmente pres-tados por los letrados de las demandadas ascendiera a tres cientos dólares. Nada hay que revele que el valor de la finca en controversia fuera siquiera trescientos dólares. De la re-lación del caso y opinión emitida por el juez de la corte inferior tomamos el siguiente extracto:

“Como se deja dicho la evidencia es contradictoria y la Corte después de haber examinado y comparado detenidamente toda la evidencia declara que la preponderancia de la misma está a favor de las partes demandadas y, de acuerdo con el número cinco del Ar-tículo 162 de la Ley de Evidencia, resuelve el conflicto de la misma a favor de las partes demandadas.
“La Corte declara especialmente que no se ha probado que los demandantes hayan estado en posesión de la parcela de cinco cuer-das descritas en el hecho cuarto de la demanda, dentro del año pre-cedente a la presentación de la demanda de este caso, la que fué radicada en mayo de 1929, ni que dichos demandantes hayan' sido perturbados en la posesión y tenencia de la mencionada parcela.”

No hallamos base satisfactoria alguna para la concesión de una suma similar a trescientos dólares. Sin embargo, asumiendo para los fines de la argumentación que los servi-cios prestados valían razonablemente trescientos dólares, nada hay en la transcripción que Tenemos a la vista ni nada hubo en la relación del caso y opinión examinada por el juez que aprobó el memorándum de costas que indique que debe obligarse a los demandantes a pagar la suma total del valor estimado dé tales servicios o gran parte de la misma.

Tomando todo esto en consideración, somos del criterio de que no debieron concederse más de .cien dólares.

La resolución apelada debe ser modificada, y así modifi-cada, confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Sierra, Jr., acusado y apelante.
    No. 5904.

    Sometido: Enero 23, 1936.

      Resuelto: Enero 30, 1936.

      Martínez Nadal & Navarro Ortiz, abogados del apelante; Luis Ja- , • ner, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión i .del tribunal.

Juan .Sierra fué. acusado de.tener establecida, en 19 de •diciembre de 1934, una lotería clandestina titulada “Ball and pool room”, qne distribuía billetes o tickets para la venta, ofreciendo premios por suerte al comprador o juga-dor que acertara tener en su posesión un número igual al múmero o números premiados en la lotería de Santo Do- • mingo que se celebra cada mes o en la que se jugaba el ’22 de diciembre de 1934.

La corte de distrito, en apelación, declaró culpable al acusado de baber infringido el artículo 292 del Código Penal y le condenó a pagar una multa de $25 o en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejara de satisfacer.

Alega el acusado que la corte cometió error al admitir como prueba una orden de allanamiento librada contra Juan Sierrai Alvira, que no es el acusado, sino padre de éste, viviendo el acusado Juan Sierra Córdova, que es mayor de edad y casado, en una casa distinta de la de su padre.

La prueba demuestra que la policía tuvo conocimiento ' de que en una dependencia de la casa de Juan Sierra Al-vira se tiraba una lotería donde el bijo bacía dé jefe de la misma, y con ese motivo se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento a nombre de Juan Sierra Alvira, que ha-bitaba la casa. En el momento en que se procedía al re-gistro se personó en la casa el acusado Juan Sierra Cór-dova, bijo de Juan Sierra Alvira, manifestando que todo lo que allí se encontraba era de él, que el negocio era suyo? y que en vez de denunciar al padre se le denunciara a él, que era el responsable. El acusado, a indicaciones de la policía, abrió un escritorio y también un ropero, facilitando el registro, y allí se ocuparon los siguientes efectos: tres • candungos de suela; un paquete de papel para envolver mo-nedas ; cinco copias de una lista oficial de la lotería de Santo Domingo del sorteo ordinario de diciembre 2 de 1934; cua-tro paquetes de tickets mareados “La 19, Santurce, $6 por ■1 centavo, a las 5 p. m.”; 25.décimos de billetes de bolipool “Ball and pool room”, de diciembre 16, 1934; cinco más del mismo bolipool, de diciembre 9, 1934; y nn juego de bolos, numerados del 1 al 10, en triplicado.

El hecho de que se librara una orden de allanamiento para registrar la casa de Juan Sierra Alvira y de que se haya acusado de la comisión del delito a Juan Sierra Cor-dova, no constituye error si en realidad este último tenía establecida en dicha casa una lotería clandestina prohibida por la ley. Lo natural y lo lógico es que la orden de alla-namiento en un caso de esta naturaleza se libre contra la persona que ocupa la casa. Si en ella aparece la prueba que se busca y resulta culpable otra persona, ésta no tiene derecho a impugnar el allanamiento bajo el pretexto de que no ha sido dirigido contra él. Debe desestimarse el érror apuntado.

Se alega como segundo motivo de error que la corte no debió admitir como prueba, habiéndose opuesto el acusado, un juego de bolos, tres candungos de cuero y un papel de envolver monedas, porque estos artefactos son co'uocidos y admitidos por la corte sentenciadora como para jugar el juego denominado “la bolita”, pero nunca un juego de lotería como el que se imputa en la denuncia al acusado. Es verdad que el acusado se opuso a la admisión de esta prueba, pero no formuló excepción alguna después de haber sido admitida por la corte.

José Flores Díaz, policía insular, declaró sin oposición que sorprendió a Antonio Buitrón Clemente en momentos en que estaba vendiéndole un billete de la lotería clandestina a Carlos Barrios. Antonio Buitrón declara que los billetes que le dió el acusado para venderlos valían 50 centavos y se pagaba un premio de $1,500 a la persona que saliera agraciada con el billete, de acuerdo con el premio mayor de la lotería de Puerto Kico en el primer sorteo después de la venta; que no vendió billetes; que cuando iba por la calle Tapia para arriba entró en un cafetín y fué arrestado con los billetes; que Carlos Barrios le estaba procurando un número qne había soñado y quería ver si lo tenía.

Descartando lo que dicen los testigos sobre la venta de billetes, que, dicho sea de paso, declararon sin oposición, entendemos que los artículos encontrados en poder del acu-sado, unidos a la prueba de que los billetes valían 50 centavos y se pagaba un premio de $1,500 a la persona que saliera agraciada con el billete de acuerdo con el premio mayor de la lotería de Puerto Rico en el primer sorteo des-pués de la venta, son bastantes para sostener la sentencia de la corte inferior declarando culpable a Juan Sierra Cordova de haber infringido el artículo 292 del Código Penal, según el cual toda persona que inventare, preparare, esta-bleciere o jugare cualquier lotería será reo de misdemeanor,

Se alega por último que la corte erró al no declarai-con lugar la moción presentada por la defensa para pedir la absolución perentoria del acusado, basándose en la incon-gruencia entre las alegaciones de la denuncia y la prueba practicada por El Pueblo. Consiste esta incongruencia en haberse demostrado que la lotería se jugaba en combinación con la de Puerto Rico y no con la de Santo Domingo, como se alega en la denuncia. La corte inferior declara que esta incongruencia no es fatal, porque lo que la ley castiga es el establecimiento de la lotería. Nos parece acertada esta apre-ciación. No es fatal la incongruencia cuando no- ha habido sorpresa o perjuicio para el acusado, y cuando el mismo, de haber sido absuelto,, no hubiese podido ser juzgado de nuevo por el mismo delito. People v. Arras, 89 Cal. 223, 26 P. 766; Harrison v. U. S., 200 F. 662; 31 C. J. 840. No- surge de los autos que el acusado alegase ante la corte inferior que hubiese sido sorprendido o perjudicado. En nuestro sentir, una vez probado que se estableció la lotería, el hecho de que se jugase en combinación con la de Puerto Rico o la de Santo Domingo no es motivo para revocar lía- sentencia dictada, cuando no se ha demostrado que hubo sorpresa o que el acu-sado hubiese sufrido perjuicio, y cuando es evidente que, de 'Haber sido absuelto, no hubiese podido ser juzgado de nuevo por el mismo delito.

Debe confirmarse la sentencia apelada.