author: El Juez Asocíalo Señob Snyder JUEZ ASOCIADO SR. CORDOVA JUEZ PRESIDENTE SEÑOR TRAVIESO

text:
    Jesús Hernández Nieves, demandante y apelante, v. Juan Rosario, Gregorio Cruz Rivera y United States Casualty Co. of New York, demandados y apelados.
    Núm. 9257.

    Sometido: Mayo 7, 1946.

      Resuelto: Junio 14, 1946.

      José López Baralt y B. Rodríguez Lebrón, abogados de la United States Casualty Co., quien presentó la moción de reconsideración; Tose C. Jusino, abogado del demandante en el pleito principal: Enrique Segarra, Jr., abogado de la Hartford Accident & Indemnity Co., como amicus curiae.

   El Juez Asocíalo Señob Snyder

emitió la opinión del tribunal.

EN RECONSIDERACION

El presente es un pleito de daños y perjuicios por lesio-nes recibidas por la esposa del demandante en 1941 mien-tras viajaba como pasajera en un automóvil público, P¿A. 85, al cual cubría una póliza de seguro expedida de acuerdo con la Ley núm. 33, Leyes de Puerto Eico, 1941 ((1) pág. 549). La póliza provee que no cubrirá ningún accidente que ocurra mientras el automóvil sea conducido por otra persona que no sea su dueño. No se niega que cuando ocurrió este accidente el automóvil era conducido por una persona que no era su dueño. La corte de distrito declaró eon lugar la moción de la compañía de seguros aquí demandada para que se dictara una sentencia sumaria, y el demandante apeló.

El demandante sostiene que la Ley núm. 33 proveo el seguro compulsorio de un automóvil “P.A.” y que la Ley núm. 33 también provee que tal seguro cubrirá el automóvil, ya fuere éste conducido por su dueño o no. El demandante por tanto sostiene que bajo el caso de Rondón v. Aetna Casu alty & Surety Co., 56 D.P.R. 439, la póliza aquí envuelta, expedida de acuerdo con la Ley núm. 33, cubre un accidente que ocurra mientras una persona que no sea el dueño esté manejando, a pesar- de la disposición de la póliza que excluye tal accidente de su alcance.

La sección 1 de la Ley núm. 33, enmendando la Ley núm. 75, Leyes de Puerto Rico, 1916 (pág. 144), según enmendada, establece un arancel de derechos de licencia para automóvi-les y chóferes; “Disponiéndose, sin embargo, que el auto-móvil que su dueño destina a porteador público, si lo maneja él mismo y no posee, domina o controla otros vehículos de motor destinados a la transportación de pasajeros por paga, se considerará que es su instrumento de trabajo y, como tal, ño pagará licencia alguna ni su dueño pagará derecho alguno por el uso y manejo de tal automóvil.” Este disponiéndose sólo es aplicable a automóviles de una capacidad de ocho pa-sajeros o menos. Y “Toda persona que posea o explote como porteador público más de un automóvil de su perte-nencia ... o trate de obtener los beneficios de esta ley . . . incurrirá en delito menos grave ... y convictas que fueren se les castigará con multa ... o cárcel . . . ”.

La sección 1 provee luego lo siguiente: “El dueño de un automóvil que actúa de porteador público y reciba el bene-ficio de exención del pago de licencia por considerarse dicho automóvil como instrumento de trabajo, pagará la suma de veintinueve (29) dólares por año. . . . Dicha suma de $29 ingresará en un fondo especial en la Tesorería de Puerto Rico y será utilizado por el Tesorero de Puerto Rico para pagar la prima de una póliza de seguro que cubra los ac-cidentes causados por dicho vehículo a los pasajeros que via-jan en el mismo y a terceras personas, y a tal fin el Teso-rero de Puerto Rico satisfará dicha suma de $29 al asegu-rador que, en subasta pública convocada al efecto por' la Co-misión de Suministros del Gobierno Insular, ofrezca las me-jores condiciones y reciba la buena pro en dicha subasta, conforme a las reglas que a tales efectos fijare la citada Co-misión de Suministros. En caso de que no concurriere a la subasta ningún asegurador o no se adjudicare la buena pro a ninguno de los que concurran por no considerarse acepta-bles las condiciones ofrecidas, la suma pagada por los due-ños de automóviles públicos con destino a esta póliza de se-guro se reservará en la Tesorería Insular en un fondo especial, basta tanto se consiga un asegurador dispuesto a es-tablecer 'el seguro interesado o se establezca un Fondo de Seguro del Estado para cubrir estos accidentes, o se determine otra cosa por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. •** #

“No podrá transitar por las carreteras de Puerto Rico ningún porteador público que haya obtenido los beneficios de la exención aquí establecida que no haya pagado dicha suma para la mencionada póliza de seguro. El Tesorero de Puerto Rico expedirá un certificado de tal pago que se fijará en una parte visible del automóvil.” (Bastardillas nuestras.)

Existen ciertas diferencias entre la Ley núm. 33 y un es-tatuto típico de seguro compulsorio. Primera — de confor-midad con el último el dueño del automóvil no tiene opción; debe proveerse de una póliza de seguro. Pero bajo la Ley' núm. 33 un dueño puede o no optar por ingresar en el fondo de seguro la suma de veintinueve dólares. En vez de pagar los veintinueve dólares, puede pagar el derecho de licencia corriente y funcionar como un porteador público sin seguro.

Segunda — en una póliza compulsoria la responsabilidad de la compañía es por una suma específica. Aquí, aun si el dueño elige pagar los veintinueve dólares, no se provee una responsabilidad específica; el único seguro que contempla la Ley núm. 33 es aquél que el Tesorero pueda comprar con el fondo.

Tercera — los estatutos de seguro compulsorio hacen de la expedición de la póliza una condición precedente a la -explo-tación del vehículo en las vías públicas. De acuerdo con la Ley núm. 33 el dueño no está impedido de transitar por las vías públicas hasta que asegura su automóvil. Para cumplir con el estatuto sólo tiene que ingresar veintinueve dólares en el fondo. Entonces recibe una licencia “P.A. ” y no tiene nada más que ver con el asunto. De ahí en adelante, el que se obtenga o no el seguro depende del esfuerzo de los fun-cionarios del Gobierno.

Cuarta — el seguro bajo un estatuto típico compulsorio debe cubrir al automóvil, independientemente de quién sea el chófer, siempre y cuando que éste sea un agente autorizado a guiarlo. Aquí, como hemos visto, la cuestión a determi-narse es si la Ley núm. 33 permite que se limite la póliza a accidentes que ocurren mientras el dueño sea el que guíe.

Quinta — un estatuto de seguro compulsorio es aprobado primordialmente, si no exclusivamente, para beneficio de los pasajeros y viandantes. Pero, como veremos, la Ley núm. 33 fué ideada primordialmente para beneficio de aquellos miembros de la'clase de los chóferes que poseen un solo au-tomóvil y lo manejan ellos mismos para su subsistencia.

Las pólizas expedidas bajo estatutos de seguro compulso-rio frecuentemente contienen condiciones relevando a la ase-guradora de responsabilidad si el chófer de un automóvil maneja sin estar autorizado para ello o si el asegurado deja de notificar a la aseguradora del accidente o infringe otras condiciones posteriores al accidente, las que se relacionan en la póliza. La regla es que bajo una póliza compulsoria la infracción de tales condiciones no puede perjudicar los de-rechos de un tercero lesionado bajo la póliza. Anotación, 76 A.L.R. 23, 231-35; Rondón v. Aetna Casualty & Surety Co., supra, y casos allí citados; Ott v. American Fidelity & Casualty Co., 159 S. E. 635 (S. C., 1931). Las diferencias entre la Ley núm. 33 y el estatuto corriente de seguro compulso-rio pueden o no requerir una regla diferente de surgir un caso bajo la Ley núm. 33 en que una de tales condiciones de la póliza fuera infringida. Pero esa cuestión no está ante nos para ser decidida en este caso. De la misma manera, no tenemos que decidir si una póliza expedida bajo la Ley núm. 33 sería interpretada como póliza' compulsoria en otras situaciones. Aquí supondremos que la Ley núm. 33 establece el seguro compulsorio al extremo de que se resolvería que una póliza expedida bajo la misma provee la responsabili-dad contemplada por el estatuto aun cuando de la propia faz de la póliza se desprenda que provee una responsabilidad más limitada. Pero la cuestión es precisamente si, según alega el demandante, la Ley núm. 33 dispone que la póliza expedida de conformidad con la misma cubre un automóvil público, independientemente de quién sea el chófer. O si, según alega la compañía aseguradora, la Ley núm. 33 dis-pone que una póliza expedida bajo la misma cubrirá un au-tomóvil público solamente cuando lo maneje su dueño como instrumento de trabajo; que la disposición en la póliza aquí envuelta limitando su responsabilidad a accidentes que ocu-rren mientras el P.A. 85 es guiado por su dueño como ins-trumento de trabajo está por tanto en armonía con la Ley núm. 33; y que en su consecuencia esta condición es válida y obliga a un tercero lesionado.

Al decidir esta cuestión, encontramos que es significativo el hecho de que la Ley núm. 33 fue aprobada primordialmente, no para proporcionarle seguro al público, sino en beneficio de los dueños de automóviles que manejan sus propios automóviles públicos, con el fin de eximir el instrumento de trabajo de tales dueños de la amenaza de embargo. Esta conclusión emana de dos aspectos de la Ley nám. 33. En primer lugar, es un acto voluntario el que un dueño se acoja a la Ley núm. 33. Un dueño de un automóvil público puede elegir no acogerse a los beneficios de sus disposicio-nes. En dicho caso, no hay protección para el público. En verdad, la compañía aseguradora afirma, sin que se le haya contradicho, que solamente uno de cada cinco automóviles públicos está cubierto por póliza expedida bajo la Ley núm. 33. Un estatuto de seguro compulsorio propiamente dicho no permitiría tan limitada protección para el público.

En segundo lugar, la opción a acogerse a la Ley núm. 33 con sus beneficios de seguro está limitada a los dueños de automóviles públicos que los guíen, resultando evidente que el fin 'primordial de la Ley núm. 33 fue el de proteger contra embargos el instrumento de trabajo de tales dueños. A este respecto, la póliza es similar en sus prepósitos al ar-tículo 249, inciso 4, del Código de Enjuiciamiento Civil, que exime de ejecución para pagar una sentencia, “Las herra-mientas o instrumentos de un mecánico o artesano, necesa-rios para su oficio . . . ”.

En 1942 la Legislatura proveyó aun más protección para el dueño que opere su propio automóvil público como instru-mento de trabajo. Demostró que la sección 1 de la Ley núm. 33 se aprobó siempre con el fin primordial de proteger a tales dueños añadiéndole una disposición de que “A los efec-tos de la ley disponiendo que las costas en casos criminales sean impuestas al acusado, aprobada en 9 de marzo de 1911, se considerará que es insolvente el dueño de un automóvil público que es el instrumento de trabajo de dicho dueño, conform e se define en esta Ley, pero esta determinación se limi-tará a aquellos casos ‘misdemeanor’ relacionados con el uso y manejo de dicho automóvil.” (Artículo 9 de la Ley núm. 55, Leyes de Puerto Rico, 1942, (1) pág. 527).

Las disposiciones penales de las Leyes núms. 33 y 55 también sugieren éste resultado. Como hemos visto, la Ley núm. 33 disponía que incurriría en delito menos grave cual-quier persona que poseyera más de uri vehículo y que tra-tase de obtener los beneficios de dicha ley. Y el artículo 9 de la Ley núm. 55 le añadió la disposición de que “Toda persona que manejare un automóvil público objeto del bene-ficio de la exención aquí establecida sin ser dueño de dicho automóvil o sin estar autorizado para ello por el Comisio-nado del Interior en su caso-, incurrirá en delito menos grave, y convicto que fuere se le castigará con multa ... o cár-cel ... ”. Estas disposiciones penales impiden se burle el propósito de la Ley núm. 33 por aquellos dueños que de al-guna manera pudieran comprar un número de automóviles y, después de obtener para cada uno de ellos los beneficios del fondo de seguro provisto en la Ley núm. 33, emplear chóferes para que los exploten como automóviles públicos. Por tanto vemos que estas disposiciones penales nos llevan a la misma conclusión: el propósito de la Ley núm. 33 fué que solamente se aplicarán los beneficios del seguro en ella provistos a aquellos casos en que el propio dueño siempre maneje su automóvil público como instrumento de trabajo.

Según se ha indicado, bajo un estatuto típico de seguro compulsorio el asegurado debe obtener una póliza de seguro por una suma específica como condición precedente a la ex-plotación de su automóvil en la vía pública. Aquí el dueño no tiene que obtener póliza alguna. Ingresa veintinueve dó-lares al fondo. Entonces, hasta donde él sepa, al Tesorero puede no serle posible obtener seguro alguno con- este fondo. El Tesorero tiene la obligación de obtener de la aseguradora el mayor seguro que le sea posible con este fondo, quien “en subasta pública convocada al efecto . . . ofrezca las mejo-res condiciones . . El Tesorero aceptó la postura de la compañía aseguradora demandada, que constaba de una pó-liza de mil dólares con la responsabilidad limitada a los ac-cidentes que ocurrieran mientras el dueño manejara su au-tomóvil público como instrumento de trabajo. Nada hay en el propósito de la Ley núm. 33 que prohiba este contrato. Más bien, esta limitación de responsabilidad está más en ar-monía con el espíritu del estatuto que una responsabilidad mayor. Independientemente del hecho de que si el contrato de seguro dispusiera que la aseguradora era responsable cuando el automóvil no fuera manejado por su dueño esto sería una clara violación de las disposiciones penales de las Leyes núms. 33 y 55 que prohiben dicha práctica, el proveer esa responsabilidad mayor inevitablemente requeriría una rebaja en la suma por la cual la compañía estaría dispuesta a ser responsable a cambio de veintinueve dólares. Y una responsabilidad menor que la actual ascendente a mil dóla-res, operaría en contra del fin primordial del estatuto: la obtención de suficiente responsabilidad para impedir que se embargue un automóvil público manejado por su propio dueño como instrumento de trabajo.

Nada encontramos en el lenguaje de la Ley núm. 33 que destruya el propósito de dicho estatuto de proveer un seguro que cubra a un automóvil público solamente si es manejado por su dueño como instrumento de trabajo. Por el contra-rio, creemos que, leyendo en su totalidad la sección 1 de la Ley núm. 33 y teniendo en mente el propósito del estatuto, la disposición allí provista de que la póliza cubrirá solamente los accidentes causados por “dicho vehículo” significa que la póliza cubrirá solamente los accidentes causados por el ve-hículo mientras sea manejado por su dueño como instru-mento de trabajo.

Podría argüirse que el símbolo “P.A.” en la tablilla de un automóvil público indica a los pasajeros que el automó-vil está asegurado, no importa quién sea el chófer. La con-testación es que la Legislatura ha dispuesto que sea una in-dicación restringida: este automóvil público está asegurado, siempre que sea conducido por su dueño.

Sólo queda por distinguir el caso de Rondón. Ese caso envolvía un reglamento de la Comisión de Servicio Público que proveía una suma fija de seguro y una responsabilidad absoluta para todos los accidentes ocasionados debido al negligente manejo de un vehículo de motor explotado como porteador público, ya fuera éste manejado personal-mente por el asegurado o por su agente. Toda vez que éste era un caso típico de seguro compulsorio, seguimos la bien establecida doctrina de que en tal caso la aseguradora no podía invocar contra un tercero lesionado la defensa de que el chófer “no tenía la edad ni la licencia requeridas por la ley”.

Según dijimos en el caso de Rondón, fué (pág. 453) “la intención del legislador . . . dar a los que viajan en auto-buses públicos y a los viandantes la garantía absoluta de una fianza . . . ”. Y citamos con aprobación del caso de Guillard v. Manufacturers’ Casualty Ins. Co., 104 Atl. 707 (N. J., 1918) que (pág. 451) “La póliza de seguro es radicada so-lamente para beneficio de las personas que puedan ser lesio-nadas. ... El único beneficiario del estatuto es la persona lesionada.”

El reglamento de la Comisión de Servicio Público daba por sentado que el automóvil constantemente cambiaría de chófer. Y disponía, principalmente para beneficio del pú-blico, como condición precedente a la explotación del vehículo qn la transportación de pasajeros mediante paga, que se expidiera una póliza conteniendo una suma espécífiea como límite de 1a- responsabilidad en caso de cualquier accidente, no importa quién guiara. Aquí tenemos una póliza que en primer lugar es opcional, opción que la tiene exclusivamente el dueño de un carro público que lo maneje como instru-mento de trabajo. Si el dueño elige hacer uso de esta op-ción, el estatuto provee una póliza con responsabilidad in-definida. Pero esta póliza es primordialmente para su be-neficio para impedir que le embarguen el automóvil ¿ a este extremo por lo menos, la póliza es más bien un seguro vo-luntario donde el asegurado, si bien proporcionándole pro-tección al público, principalmente está interesado en prote-ger su propiedad y a sí mismo contra pleitos de daños y perjuicios. Por tanto, este caso es obviamente diferente al de Rondón. Y toda vez que la Ley núm. 33 contempla que solamente un automóvil público manejado por su dueño ten-drá derecho a los beneficios de la misma, una póliza expe-dida de conformidad con la misma puede correctamente li-mitarse a accidentes que ocurren mientras el dueño maneja el automóvil como su instrumento de trabajo.

La doctrina de que no pueden insertarse condiciones en una póliza de seguro compulsorio en perjuicio de los pasa-jeros o de los viandantes está desde luego sujeta a la excep-ción de aue la póliza puede contener condiciones que guar-den armonía con el estatuto que exige la póliza. Cf. Anotación, 141 A.L.R. 628; Simon v. American Casualty Co. of Reading, Pa., 146 F.2d 208 (C.C.A. 4th, 1944); Travelers Ins. Co. v. Caldwell, 133 F.2d 649 (C.C.A. 8th, 1943); Foster v. Commercial Standard Ins. Co., 121 F.2d 117 (C.C.A. 10th, 1941); Stewart v. Hoffmeister, 65 S.W.2d 220 (Tenn., 1932). La condición de la póliza en este caso en cuanto a que la res-ponsabilidad se limitaba a aquellos accidentes que ocurrieran mientras el automóvil lo manejara su dueño como su instru-mento de trabajo, no estaba en conflicto con la JUey núm. 33. Y toda vez que la esposa del demandante fue lesionada etí un accidente que ocurrió mientras el automóvil era mane-jado por una persona que no era su dueño, la compañía ase-guradora aquí demandada no es responsable de dichas le-siones bajo los términos de la póliza.

La opinión concurrente descansa en fundamentos mucho más amplios que los expuestos en esta opinión. Si aceptáramos el razonamiento del Juez Asociado Sr. Córdova, estaríamos en efecto resolviendo (1) que la Ley núm. 33 provee una póliza que es enteramente voluntaria, y (2) que como consecuencia una póliza expedida de conformidad con dicha Ley podría válidamente disponer, en perjuicio de un tercero lesionado, cualesquiera condiciones convenidas entre la aseguradora y el asegurado. De acuerdo con esta teoría, por ejemplo, la póliza podría correctamente disponer que el dejar el asegurado de notificar a la aseguradora la ocurren-cia de un accidente, dentro de las 24 horas siguientes al ac-cidente, relevaría a la aseguradora de responsabilidad en cuanto a un tercero lesionado. Pero tendremos tiempo su-ficiente para exponer nuestro punto de vista en tales casos cuando éstos surjan. El presente caso puede decidirse re-solviendo que aún si la xióliza de la Ley núm. 33 fuera un seguro compulsorio hasta el extremo ya expuesto, dicha Ley núm. 33 contempló el que se limitara la responsabilidad ere. cuanto a accidentes siempre que el automóvil fuera mane-jado por su propio dueño como instrumento de trabajo, dis-posición que obliga, por tanto, a un tercero lesionado..

Por las razones expuestas, se dejarán sin efecto nuestra opinión y sentencia revocando la sentencia de la corte de distrito, y- se dictará nueva sentencia •confirmándola.

OPINION CONCURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. CORDOVA

Aunque estoy de acuerdo con la opinión de la Corte, pre-fiero basar la decisión sobre el fundamento que a continua-ción expongo.

No estamos ante un caso en que la legislatura haya de-terminado, expresa o tácitamente, el montante y las condi-ciones de un seguro obligatorio. Cuando se legisla impo-niendo requisitos mínimos de seguro obligatorio, la legisla-tura no suele, ni puede, decir cuánto se pagará por el se-guro. Se paga lo que cueste. Igual ocurre con cualquier otro requisito mínimo que impone la legislatura para la se-guridad o el bienestar del público, como, por ejemplo, el de-que los automóviles tengan luces adecuadas al transitar de-noche. No importa lo que cuesten las luces que cumplan con-los requisitos mínimos: hay que tenerlas. Si la legislatura-sólo hubiera dispuesto que todo dueño de automóvil lo equi-pare con aquellas luces que pudiesen comprarse con un dó-lar las luces exigidas serían aquellas que pudiesen comprarse-por un dólar. Eso es todo lo que ha provisto la legislatura en la Ley núm. 33 de 1941, en cuanto al seguro de automó-viles públicos. Sólo lia provisto el legislador aquel seguro •que el Tesorero pueda comprar por veintinueve dólares y ha añadido que el Tesorero lo comprará a aquel asegurador ■que “ofrézcalas mejores condiciones”. Es evidente que las únicas condiciones que ha exigido la legislatura son aquellas que pueda obtener el Tesorero pagando veintinueve dólares por cada vehículo asegurado. Si para obtener un seguro hasta $1000 el Tesorero tuvo que convenir en que sólo res-pondería el asegurador en aquellos casos en que el dueño del vehículo lo guiaba, ese convenio está en perfecta armo-nía con la Ley y es válido y obligatorio.

OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR TRAVIESO

CON LA CUAL CONCURRE EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR TODD, JR.

Junio 26, 1946

Por las razones que expondré en el curso de esta opi-nión me siento obligado a disentir de la dictada por el Triubunal en el presente caso.

■Los hechos sobre los cuales no existe controversia, son los siguientes:

El demandante y su esposa viajaban como pasajeros en el automóvil público asegurado “P.A. 85”, cuando como con-secuencia de la alegada negligencia del conductor del ve-hículo, la esposa del demandante, aquí apelante, sufrió le-siones de carácter grave, por las que reclama indemnización en la suma de $5,000. En el momento en que ocurrió el .accidente, el automóvil era conducido por el chófer y no por su dueño, el demandado Gregorio Cruz Rivera. Se alega en la demanda que en el momento del accidente el carro estaba .asegurado por la United States Casualty Co. of New York, para responder por los accidentes causados por dicho ve-hículo a los pasajeros y a terceras personas, hasta la suma de $1,000, de acuerdo con las disposiciones de la Ley núm. 33 de abril 14 de 1941.

En su contestación, la Compañía aseguradora negó los hechos esenciales de la demanda y como defensas especiales alegó: (a) la insuficiencia de los hechos alegados para cons-tituir causa de acción; (b) que la póliza sólo cubría al code-mandado Gregorio Cruz Rivera, como dueño del vehículo; y (c) que entre las condiciones especiales de la póliza expedida a favor de Gregorio Cruz Rivera, figuran las siguientes:

“3. Esta póliza tendrá efecto solamente mientras los vehículos asegurados sean guiados por sus dueños, cuyos nombres se men-cionan en el endoso anexo.
“4. Esta póliza no cubrirá ningún accidente cuando los vehícu-los fueren guiados por cualesquiera otras personas que no sean las mencionadas como dueños de los carros en el endoso anexo y ninguna sustitución de cualquier conductor será válida a menos que se haya expedido un endoso escrito por los agentes generales de la Compañía.
“5. No se hará ninguna sustitución a menos que haya habido un cambio de dueño del carro y que el vehículo haya de ser usado por su nuevo dueño como su instrumento de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley núm. 33, aprobada en abril 14 de 1941.”

Alegó además la Compañía demandada, que el artículo 3 del Reglamento para poner en vigor la citada Ley núm. 33, impone al dueño del automóvil asegurado la obligación dé notificar a los agentes de la Compañía, dentro de un período no mayor de 24 horas, cualquier accidente en el cual resulte lesionado algún pasajero; que el cumplimiento de ese requi-sito es indispensable para poder obligar a la Compañía a satisfacer la indemnización convenida; que ni el asegurado ni persona otra alguna dió aviso a la Compañía demandada, habiendo tenido conocimiento la aseguradora de la ocurren-cia del accidente por primera vez al radicarse la demanda; que en el momento del accidente el automóvil no estaba siendo guiado por su dueño, el asegurado, como instrumento de trabajo; que la persona que conducía el vehículo en el mo-mento del accidente no estaba autorizada por el Gobierno de Puerto Rico para conducir vehículos de motor; y que no existe relación contractual o de otra índole entre la demandante y el conductor del vehículo, a virtud de la cual venga obligada la aseguradora a pagar la indemnización que se le reclama.

A moción de la Compañía demandada para que se dictara una sentencia sumaria, la corte inferior la dictó declarando sin lugar la demanda en cuanto a la Compañía aseguradora.

Sostiene el apelante que la corte inferior erró al resolver que la póliza expedida por la demandada no cubre nada más que los accidentes ocurridos mientras el vehículo es guiado por la persona que aparece inscrita como dueño en el Departamento del Interior; al no considerar prueba so-bre las circunstancias en que el vehículo iba guiado por una persona que no era su dueño; y al dictar sentencia suma-ria, aplicando erróneamente la Núm. 56 de las Reglas de En-juiciamiento Civil.

La única cuestión que debemos considerar y resolver es si una póliza expedida bajo las condiciones anteriormente expuestas cubre un accidente ocurrido en momentos en que el carro asegurado iba guiado por una persona que no era ■su dueño y que no estaba autorizada para guiar vehículos de motor.

El artículo 10 de la Ley para Reglamentar el Uso de Ve-hículos de. Motor, aprobada en abril 13, 1916, según fué enmendado por la Ley núm. 33 de abril 14 de 1941, dis-pone que' “el automóvil que su dueño destina a porteador público, si lo maneja él mismo y no posee, domina o controla otros vehículos de motor destinados a ía transportación de pasajeros por paga, se considerará que es su instrumento de trabajo y, como tal, no pagará licencia alguna ni su' dueño pagará derecho alguno por el uso y manejo de tal automó-vil”. El citado artículo provee, además, lo siguiente:

“El dueño de un automóvil que actúa.de porteador público y re-ciba el beneficio de exención del pago de licencia por considerarse dicho automóvil como instrumento de trabajo, pagará la suma de vein-tinueve (29) dólares por año. . . Dicha suma de $29.00 ingresará en. un fondo especial en la Tesorería de Puerto Rico y será utilizado por el Tesorero de Puerto Rico para pagar la prima de una póliza de seguro que cubra los accidentes causados por dicho vehículo a los pasajeros que viajan en el mismo y a terceras personas, y a tal fin el Tesorero de Puerto Rico satisfará dicha suma de $29.00 al asegu-rador que en subasta pública . . . ofrezca las mejores condiciones y reciba la buena pro en dicha subasta. . . .
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“No podrá transitar por las carreteras de Puerto Rico ningún porteador público que haya obtenido los beneficios de la exención aquí establecida que no haya pagado dicha suma para la mencionada pó-liza de seguro. El Tesorero de Puerto Rico expedirá un certificado de tal pago que se fijará en una parte visible del automóvil.” (Bas-tardillas nuestras.)

Al aprobar las disposiciones legales transcritas, el legis-lador tuvo dos propósitos: (1) Conceder al dueño de un au-tomóvil, cuando lo maneja él mismo, como instrumento de trabajo, y se dedica al servicio público, exención del pago de licencia por. el uso del vehículo; y (2) en consideración a dicha exención, imponer al dueño del vehículo la obligación de pagar la suma necesaria para satisfacer la prima de una póliza de seguro que cubra los accidentes causados por dicho vehículo.

Se trata, pues, de un contrato de seguro entre el dueño de un vehículo dedicado al servicio del público y la compa-ñía aseguradora, a favor y para beneficio de cualquier pa-sajero o viandante que pueda resultar lesionado como conse-cuencia de accidentes causados por dicho vehículo. Que el seguro es de carácter involuntario y compulsorio lo demues-tra el mismo estatuto al disponer que . el vehículo no podrá transitar por las carreteras públicas hasta que su dueño haya pagado la suma necesaria para obtener la póliza de seguro.

El estatuto que estamos considerando no dispone ni ex-presa ni tácitamente que la póliza cubrirá solamente aque-llos accidentes ocurridos mientras el dueño del vehículo lo estuviere guiando personalmente. Es la póliza expedida en este caso la que así lo dispone, de acuerdo con las condicio-nes especiales, supra. ¿Son esas condiciones obligatorias para la víctima del accidente, tratándose como se trata en el presente caso de un seguro involuntario y compulsorio? Veamos.

En Rondón v. Aetna Casualty & Surety Co., 56 D.P.R. 439, se trataba de una póliza radicada por un porteador pú-blico “para responder de la indemnización que se adjudicare a cualquier persona lesionada como resultado de un accidente causado por negligencia del porteador o de sus empleados”. Alegó la compañía aseguradora que el porteador asegurado había violado las condiciones de la póliza porque en el mo-mento del accidente el vehículo era manejado por una persona que no tenía ni la edad ni la. licencia para guiar, re-queridas por la ley, quedando por ello la compañía asegura-dora libre de responsabilidad bajo la póliza. La prueba demostró que el conductor del vehículo en el momento del accidente no tenía licencia y no había cumplido la edad de 16 años fijada por la Ley para poder obtenerla; y que en la póliza se estipulaba expresamente que la compañía no se-ría responsable cuando el automóvil fuere guiado por una persona menor de 16 años. La Corte de Distrito falló a favor de la compañía aseguradora, sosteniendo que las defen-sas interpuestas por ésta contra el asegurado eran válidas en contra de la persona lesionada. Este Tribunal revocó la sentencia de la corte a quo y también su propia decisión en una apelación anterior entre las mismas partes (46 D.P.R. 613), resolviendo de acuerdo con jurisprudencia de los tribu-nales estatales que cuando el seguro es compulsorio o sea cuando la póliza ha sido expedida en cumplimiento de un es-tatuto que requiere su radicación para poder obtener una licencia autorizando al asegurado a dedicarse al transporte de pasajeros mediante paga, la póliza no puede contener dis-posición alguna que no esté autorizada por el estatuto, de manera que pueda afectar a cualquier persona que sufra da-ños causados por el vehículo asegurado.

El art. 10 de la Ley para Reglamentar el Uso de Vehícu-los de Motor, supra, impone al porteador público la obliga-ción de pagar la prima de una póliza de seguro que cubra los accidentes causados por el vehículo a los pasajeros que viajen en el mismo, como condición precedente a su derecha a transitar por las carreteras de Puerto Rico. No encontra-mos en dicho artículo ni en ninguna otra parte de la Ley disposición alguna al efecto de que la póliza requerida por el estatuto protegerá al pasajero y al viandante solamente cuando el dueño del vehículo se encontraba guiándolo en el momento del accidente. Es cierto que en la póliza expedida en este caso se insertó como una condición especial la de que la póliza “no cubrirá ningún accidente cuando los vehículos fueren guiados por cualesquiera otras personas que no sean las mencionadas como dueños de los carros en el endosa anexo” a menos que se haya autorizado la sustitución por los agentes generales de la compañía. Empero, esa condi-ción no es obligatoria para la persona lesionada. Como se dijo en Gillard v. Manufacturers’ Casualty Inc. Co., supra:

‘ ‘ Cualesquiera otras disposiciones contenidas en la póliza radicada pueden ser válidas entre el asegurador y el dueño del automóvil, el asegurado, y pueden imponer a este último ciertos deberes y obliga-ciones, por el incumplimiento de los cuales el asegurador puede en-tablar una acción; pero esas disposiciones no pueden privar a una persona lesionada del remedio provisto por el estatuto, ni pueden en modo alguno restringir los derechos concedidos por el estatuto a esa-persona lesionada. . . El único beneficiario del estatuto es la persona lesionada. Esta es la única que púede demandar sobre la pó-liza y citar el estatuto como fundamento de su acción. Los derechos-de la persona lesionada, en la póliza de seguro, son originales y pri-marios, no derivados y secundarios.”

No vemos razón alguna para que la doctrina sentada en ■el caso de Rondón v. Aetna Casualty & Surety Co., supra, no sea aplicable al caso de autos. En aquél, como en éste, el ■dueño del vehículo asegurado permitió, en violación de cier-tas condiciones de la póliza, no requeridas por el estatuto, que el carro fuese guiado por una persona que no tiene li-cencia para guiar vehículos de motor. Al requerir el seguro de los automóviles destinados al servicio del público, el legislador tuvo el propósito de dar a las personas que via-jan en dichos vehículos y a los viandantes una garantía ab-soluta de que habrán de ser indemnizados por los daños y perjuicios que pueda*causarles la negligencia del porteador público o de las personas a quienes él confíe la conducción de los vehículos. Esa garantía no puede ni debe ser menos-cabada ni afectada en manera alguna por las estipulaciones que el asegurador y el asegurado hayan creído conveniente in-sertar en el contrato de seguro para regular las relaciones entre las partes contratantes. El incumplimiento de esas estipulaciones dará sin duda alguna un derecho de acción al asegurador en contra del asegurado, pero no puede ser ale-gado para privar al lesionado de la protección que le garan-tiza el estatuto.

El error fundamental de la opinión del Tribunal aparece claramente en el siguiente párrafo:

“Existen ciertas diferencias entre la Ley núm. 33 y un estatuto típico de seguro compulsorio. (Citas.) Primera — de conformidad «on el último el dueño del automóvil no tiene opción; debe proveerse «de una póliza de seguro. Pero bajo la Ley núm. 33, un dueño puede o no optar por ingresar en el fondo de seguro la suma de veintinueve ■dólares. En vez de pagar los veintinueve dólares, puede pagar el derecho de licencia corriente y funcionar como un porteador público sin seguro.”

Es indiscutible que al dueño de un solo automóvil, el cual utiliza como instrumento de trabajo, no se le puede obligar ■a someterse a las disposiciones de la citada Ley núm. 33. Él puede, a su elección, acogerse a los beneficios de dicha ley o dedicarse al negocio de transportación de pasajeros, pagando los derechos de licencia fijados por las leyes vigen-tes. Pero parece igualmente indiscutible que cuando el dueño del vehículo ha ejercitado esa opción y se ha acogido a los beneficios de la Ley núm. 33 — exención de pago de derechos de licencia y posiblemente exención de embargo del automó-vil por ser éste declarado “instrumento de trabajo” — desde ese momento recae sobre él, compulsoriamente y sin opción de clase alguna, la obligación de pagar la suma de $29 por año para cubrir la prima “de una póliza de seguro que cubra los accidentes causados por dicho vehículo” a los pa-sajeros y terceras personas. La situación es comparable a la de una persona admitida al ejercicio de la abogacía. Na-die podría obligarle a ejercer como notario. El abogado puede, a su opción, ejercer o no el notariado. Pero si opta por ejercerlo, entonces está compulsoriamente obligado a constituir la fianza requerida por la ley. Igual puede de-cirse del dueño de una o más guaguas. Este puede circular libremente por las carreteras y calles públicas, sin estar obligado a asegurar el vehículo. Pero si opta por dedicar sus vehículos al servicio público de transportación de pasa-jeros, entonces recae sobre él la ineludible obligación de to-mar una póliza de seguro antes de poder dedicarse a dicho negocio.

Que el seguro que se requiere por el artículo 10 de la Ley núm. 33, supra, es compulsorio se desprende de la dis-posición clara y terminante de que “no podrá transitar por las carreteras de Puerto Pico ningún porteador público que haya obtenido los beneficios de la exención aquí establecida que no haya pagado dicha suma para la mencionada póliza.” Y como evidencia de que el mandato de la ley ha sido cum-plido y de que el vehículo transita legalmente por las carre-teras, la ley dispone que el automóvil deberá llevar en una parte visible del mismo un certificado de pago expedido por el Tesorero.

Es cierto que la Ley núm. 33 no especifica cuál habrá de ser el montante (coverage) de la póliza. Solamente provee que el dueño de un automóvil que se ha acogido a los be-neficios de la ley pagará la suma de $29 por año y que dicha suma “ingresará en un fondo especial en la Tesorería de Puerto Pico y será utilizado por el Tesorero de Puerto Rico para pagar la prima de una póliza de seguro que cubra los accidentes causados por dicho vehículo.” El Tribunal es de opinión que el hecho de que el estatuto no fije específica-mente el montante de la póliza es suficiente para quitar al seguro el carácter de compulsorio, dejando a la víctima de un accidente sujeta a todas las defensas que la compañía aseguradora pudiera interponer contra el dueño del vehículo por incumplimiento de las condiciones de la póliza. Respe-tuosamente opinamos que el Tribunal ha incurrido en error por no haber tenido en cuenta el claro y evidente propósito del legislador.

Siendo los dos propósitos fundamentales del estatuto ayudar, mediante la exención de pago de derechos de licen-cia, a las numerosas personas dueñas de un solo automóvil y proteger a las víctimas de accidentes causados por los ve-hículos mediante una póliza de seguro, el legislador quiso proteger a unos y a otros proveyendo lo necesario para ob-tener la mayor protección (coverage) posible con los $29 que la ley obliga a pagar a cada dueño de vehículos. A ese efecto dispuso que los $29 por año serán pagados al Tesorero de Puerto Rico, para formar un fondo especial que será utili-zado por el Tesorero para pagar la prima de la póliza de seguro. Para evitar que cada dueño de un vehículo tenga que conseguir el seguro que pueda obtener por $29 de prima y hacer posible la obtención de una protección mayor mediante la contratación de un seguro colectivo (group insurance) de todos los vehículos que operan como porteado-res públicos bajo la Ley núm. 33, el legislador proveyó para la creación de un fondo global, constituyó al Tesorero en agente de los dueños de dichos vehículos y le impuso la obli-gación de utilizar el fondo especial para obtener nna póliza de aqnel asegurador que en subasta pública ofrezca las me-jores condiciones.

No podemos estar conformes con la conclusión del Tribunal de que el estatuto no dispone que la expedición de la póliza deberá ser una condición precedente al derecho de tra-ficar con el automóvil por las carreteras públicas; y que todo lo que tiene que hacer el dueño del vehículo es pagar la suma de $29, quedando ipso facto autorizado para dedi-carse al negocio de transportar pasajeros, sin tener que pre-ocuparse de si se ha obtenido o no la póliza. Ya hemos visto que el estatuto dispone que no podrá transitar por las ca-rreteras el porteador público que no haya pagado dicha suma “para la mencionada póliza”. La suma de $29 se paga para un propósito específico; y se paga al Tesorero como agente de los dueños de carros, para que cumpliendo el mandato im-perativo de la ley invierta la suma total por él recibida en la compra de la mejor póliza que pueda obtener en subasta-pública. Para poder aceptar las conclusiones de la Corte tendríamos que introducir en la ley una nueva opción, o sea que el Tesorero puede, a su elección, obtener la póliza o no obtenerla; y tendríamos que resolver que en uno y en otro caso el dueño del vehículo tiene derecho a circular por las carreteras, importándole poco la protección que la ley ha querido darle a los pasajeros y viandantes.

Tampoco podemos aceptar como correcta la interpreta-ción que se da al estatuto en el sentido de que el Tesorero está facultado por la ley para aceptar e incluir en la póliza cualesquiera condiciones que la compañía aseguradora tenga a bien exigir, aun cuando esas condiciones estén en conflicto con disposiciones expresas del estatuto. Las condiciones es-peciales 3, 4 y 5 incluidas en la póliza en el presente caso, supra, en las cuales se estipula que la póliza tendrá efecto solamente “mientras los vehículos asegurados sean guiados por sus dueños” y no cubrirá ningún accidente cuando los vehículos fueren guiados por cualesquiera otras personas, es-tán en abierto conflicto con lás disposiciones del artículo 10 de la Ley núm. 33, supra, que ordena al Tesorero de Puerto Pico utilizar el fondo especial “para pagar la prima de una póliza de seguro que cubra los accidentes causados por dichos vehículos”, El estatuto requiere una póliza que pro-teja a los pasajeros y viandantes contra accidentes causados por cualquier vehículo asegurado que se dedique a la trans-portación de pasajeros y no limita ni permite que so limite la responsabilidad del asegurador a aquellos accidentes ocu-rridos mientras el dueño conducía el vehículo. Opinamos que ni el Tesorero de Puerto Rico ni este Tribunal están au-torizados para incluir en la póliza requerida por el estatuto las limitaciones de la responsabilidad del asegurador conte-nidas en las mencionadas condiciones especiales 3, 4 y 5.

Somos de opinión que cuando un vehículo asegurado de acuerdo con los requisitos de ]a Ley núm. 33 causa daños a un pasajero o a un viandante, la compañía aseguradora es responsable del pago de dichos daños, hasta el montante de la póliza obtenida por el Tesorero, no solamente cuando el vehículo es guiado por su dueño si que también cuando es guiado por cualesquiera otras personas con el consentimiento del dueño y para beneficio de éste, en el negocio de portea-dor público.

Por las razones expuestas, opinamos que la sentencia su-maria recurrida debió ser revocada y el caso devuelto a la Corte de Distrito de Bayamón para ulteriores procedi-mientos.

       Véanse Anotaciones, 95 A.L.R. 1224; 85 A.L.R. 20; 106 A.L.R. 516; Rondón v. Aetna Casualty Surety Co., supra; Leonardo v. De Vellis, 198 N.E. 264 (Mass., 1935); Guzenfield v. Liberty Mut. Ins. Co., 190 N.E. 23 (Mass., 1934); Grasso v. Cannon Ball Motor Freight Lines, 81 S.W. 2d 482 (Tex., 1935); Kruger v. California Highway Indemnity Exchange, 258 P. 602 (Calif., 1927).

        González v. U.S. Casualty Co., 55 D.P.R. 668; Coleman v. New Amsterdam Casualty Co., 247 N.Y. 271; Hynding v. Home Accident Ins. Co., 214 Cal. 743; Nelson v. Ins. Co., 111 N.J. Law, 345; Véase Monografía 106 A.L.R. 516, 632.

        Gillard v. Manufacturers’ Casualty Ins. Co., (N.J.) 104 A. 707; Gillard v. Manufacturers’ Ins. Co., 107 A. 446; Boyle v. Manufacturers’ Liability Ins. Co., 115 A. 383.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Seño® De Jesús

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Noemí Rodríguez de Escobar, acusada y apelante.
    Núm. 11264.

    Sometido: Abril 5, 1946.

      Resuelto: Junio 21, 1946.

      R. Rivera Zayas, abogado de la apelante; Son. Procurador General JE. Campos Del Toro, Luis Negrón Fernández, Primer Procurador General Auxiliar, y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño® De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La apelante fué sentenciada por un delito de abuso de confianza (felony), consistente en haberse apropiado la can-tidad de $3,200 pertenecientes a Dolores Cabanillas, que le fué entregada por ésta para que le comprara billetes de la lotería.

Se queja la apelante de que el veredicto es contrario a derecho y a la prueba y que consecuentemente la sentencia es errónea. La evidencia es contradictoria. La del fiscal tiende a demostrar que la perjudicada conoció a la apelante en el mes de mayo de 1944 y desde entonces se inició cierto negocio entre ellas, en relación con la compra y venta de billetes de la lotería. La apelante, al principio, le traía semanalmente de 20 a 40 billetes que compraba en distintas agencias de la Lotería a $5.20 y $5.30, y se los vendía a $5.40, y algún tiempo después a razón de $5.50 por billete. La perjudicada a su vez los vendía a los billeteros a razón de $5.80 y éstos los revendían a $6.00 cada uno. De esta suerte, la apelante tenía un beneficio de 10 centavos ó 20 centavos por billete y la perjudicada de 20 centavos. Al principio la perjudicada pagaba el importe de los billetes al entregárselos la apelante, pero el negocio fué gradualmente aumentando, habiendo alcanzado hasta 200 los billetes que semanalmente le ■compraba la perjudicada, y entonces la apelante le indicó •que no tenía suficientes fondos y le pidió que le diera el dinero para ella comprarlos. Las relaciones de negocio que hasta ese momento habían existido entre ellas contribuyeron a que la perjudicada depositara cierta confianza en la ape-lante por lo que aquélla no tuvo inconveniente en entregarle por adelantado, previo recibo, el precio de los billetes que debía comprarle. El negocio continuó normalmente hasta que en la mañana del 12 de agosto de 1944 llegó la apelante a la casa de la perjudicada y so pretexto de que tenía mucha prisa porque viajaba en un taxi, logró que ésta le entregase la cantidad de S3,200 para comprarle billetes, prometiendo que dentro de pocos momentos le firmaría el recibo. Teme-rosa la perjudicada de que la apelante pudiera resentirse si en tales circunstancias le exigía inmediatamente el recibo, le entregó el dinero en presencia de su hermana y de Gabriel Rodríguez, un vendedor de billetes. Los billetes debía en-tregárselos la acusada el 21 de agosto, pues correspondían al sorteo del 23 y necesitaba dos días para que los billeteros pudiesen venderlos. La apelante no firmó el recibo. El lu-nes 14 de agosto la perjudicada la llamó por teléfono y su marido le contestó que ella se hallaba en la Isla comprándole los billetes. El martes volvió a llamarla y el marido le dijo que tuviese calma que ella estaba en la Isla comprando los billetes. Dos o tres horas después de la segunda llamada, volvió la perjudicada a llamar al colmado y el marido le dijo: “Ahora mismo recibí una llamada telefónica donde me decía que ya mismo salía con los billetes.” Más tarde, aquel mismo día, la sirvienta de la perjudicada vino a avisarle que el colmado de la apelante había sido embargado. Inmedia-tamente la perjudicada fué al colmado, pero no encontró a la apelante. Fué entonces la perjudicada a Caguas a la casa de don Antonio Longo, acompañada de su hermana, de su padre y de don Roberto H. Todd (padre), y encontró a la apelante sentada en la terraza junto a su marido. La ape-lante le dijo que tuviera calma que su dinero estaba seguro, pero la perjudicada insistió en que se lo pagara inmediata-mente. La apelante le repitió que estuviera tranquila y al insistir la pérjudieada en la devolución de su dinero, aquélla la llamó aparte y cogió una llave diciéndole: “Véngase que le voy a dar su dinero”. En ese momento llamó a su ma-ridQ y hablaron entre ellos (la apelante y el marido) y en-tonces dijo la apelante a la perjudicada: “Véngase mañana a las ocho, que le tengo su dinero ’ ’. Al día siguiente, cuando la perjudicada iba para Caguas, se cruzó en el camino con la apelante. La perjudicada la llamó y la apelante le ofreció, firmarle un pagaré por $10,000, proposición que fué recha-zada, indicándole que ella no le debía esa cantidad. La ape-lante le ofreció entonces una garantía para que estuviese-tranquila. Fueron a la oficina del Lie. Benicio Sánchez, abo-gado de la perjudicada, y allí admitió la apelante que había recibido el dinero para comprarle los billetes y propuso la garantía de don Antonio Longo, la cual fué aceptada inme-diatamente. El abogado le dió todo el día para que trajese la fianza, pero cuando salía la apelante, volvió atrás y pre-guntó al abogado si no preferiría el pago. Aceptada su pro-posición, quedó en pagar a la 1:30 de aquel día, pero la per-judicada no volvió a verla hasta el día del juicio.

Para probar la intención de defraudar, él fiscal, con la oposición de la acusada, presentó evidencia de otras tran-sacciones de la apelante relacionadas con compra de billetes-coetánea-s con la envuelta en este caso. Entre éstas hay una relacionada con la perjudicada, objeto de otra acusación, que-inmediatamente vamos a exponer:

' El viernes 11 de agosto de 1944 la apelante vino a la casa de" la perjudicada y le dijo que un empleado suyo, a quien llamaban Nino y cuyo nombre es Benigno Santiago, le había dicho que en Yauco podían conseguirse 136 billetes del sorteo del día 16 de agosto, que ella no tenía dinero para comprarlos y los ofreció a la perjudicada. Esta le contestó que quería ver a Niño y fué al colmado de la apelante. La-apelante preguntó a Nino si era verdad que tenía los 136 billetes en Yauco. Niño parecía remiso a contestar y la per-judieada no quiso dar el dinero sin una garantía, pero la .¿pelante le dijo que parecía que la perjudicada no tenía con-fianza en ella, y entonces la perjudicada preparó un recibo que la apelante firmó y recibió la cantidad de $748, la cual entregó a Niño diciéndole: “Yete a Yauco a buscar los billetes inmediatamente.” Se convino en que al día siguiente Niño estaría de regreso con los billetes. Pero el sábado, como a las diez de la mañana, la apelante mostró a la per-judicada un telegrama que le babía enviado Niño desde Yauco, informándole que no había conseguido los billetes ' para el sorteo del 16, que todos correspondían al sorteo del 23 y los llevaría el día 15. Ni los billetes ni el dinero fue-non jamás recibidos por la perjudicada y como el martes 15 fue el embargo del colmado, la perjudicada empezó sus ges-.tiones para recobrar las dos cantidades, es decir los $748 y los $3,200 que había entregado a la apelante.

Benigno Santiago declaró como testigo del fiscal que fue -empleado de la apelante; que hacía.como mes y medio ha-bía dejado la colocación y vivía en Yauco; que el día 10 de • agosto vino a Santuree a ver a su hermana y el 11 fue donde la apelante, quien le dijo que no se fuera, que ella necesi-taba $748 y se los iba a pedir a la perjudicada y para con-seguir el dinero le diría que él tenía unos billetes en Yauco. Nino le contestó que él no tenía tales billetes y la apelante le dijo que ella los entregaría a la peí1 judieada al día si-guiente. Cuando vino ésta se firmó el recibo antes mencio-nado y la apelante recibió él dinero, pasándolo a Nino en presencia de la perjudicada, pero después de irse ésta, la apelante le dijo que le entregase el dinero y él se lo entregó. Redactó ella el telegrama en cuestión y se lo entregó con 50 centavos para que lo emdase desde Yauco el sábado 12. A •ese mismo efecto el fiscal presentó el testimonio de dos per-sonas más a quienes la apelante había tomado dinero para compra de billetes y se lo había apropiado.

Llamados por el fiscal, declararon también don Roberto H. Todd (padre), y el Lie. Benieio Sánchez, corroborando a la perjudicada.

La apelante negó qne hubiese recibido los $3,200 en cues-tión. En lo que respecta a la transacción con Niño negó toda responsabilidad declarando que ella se constituyó en fiadora y que el negocio se celebró entre él y la perjudicada, sin que la apelante participara del dinero. Negó asimismo haber re-dactado el telegrama y trató de explicar las transacciones de negocios con las otras personas que alegaban haber sido de-fraudadas por ella. Describiendo sus relaciones de negocios con la perjudicada, declaró:

‘1 Esa relación es que ella y yo entablamos un negocio de comprar billetes de la Lotería y ella dándome a mi dinero y yo comprar los billetes a cierto precio y ella se los daba a otro precio a sus billeteros y de esos beneficios yo ganaba una cantidad y ella ganaba otra can-tidad y para eso siempre teníamos, que el padre de ella nos había preparado, una libreta de la compra y venta de billetes y el dinero que se entregaba y después se partían los beneficios e interés de los negocios y vino una relación amplia hasta esos días que eso sucedió.”

Negó que don Roberto H. Todd hubiera estado presente en la conferencia que ella celebró con la perjudicada en la casa de don Antonio Longo y refiriéndose a esta entrevista dijo, en síntesis, que no fué cierto que ella ofreciera a la perjudicada pagarle dinero alguno en aquella ocasión. Ad-mitió que a instancias de la perjudicada, al día siguiente de la conferencia en la casa de don Antonio Longo, la acompañó a la oficina del Lie. Benieio Sánchez, pero que no es cierto que ella admitiera en presencia de éste que había recibido la cantidad de $3,200; que ella aceptó que le debía los $1,077 que tenía en su poder, más los $748 entregados a Niño. de los cuales ella se había constituido en garantizadora, o sea en total $1,825; que el abogado le indicó que garanti-zara dicha suma, pero ella le contestó que habiéndole sido embargado el colmado, no encontraría quién la garantizase; que creía innecesaria tal fianza porque ellas habían estado en negocios y hasta entonces no se le había exigido garantías; que en ningún momento ofreció la de don Antonio Longo ni propuso que si no la conseguía le traería el dinero.

En el examen de repregunta la apelante admitió que no era casada con Escobar y que el colmado que decía perte-necer a ella y a su marido, estaba a nombre de' su cuñada Francisca Laureano Escobar, la cual no sabía leer ni escri-bir y hacía más de un año que residía en Nueva York. Por último, presentó cierta evidencia documental tendiente á pro-bar que las otras personas que alegaban haber sido defrau-dadas fueron posteriormente indemnizadas por ella.

Tal fue la evidencia que tuvo ante sí el jurado. Es con-tradictoria en ciertos extremos, pero es indudable que la conclusión del jurado encuentra apoyo en la. evidencia y siendo ello así no podemos convenir con la apelante en que el veredicto es contrario a derecho y a la prueba.

En un juicio criminal no puede admitirse evidencia de otro delito distinto del que se imputa en la acusación. Pero esa regla tiene una excepción tan firmemente establecida como la regla misma. Bajo esa excepción, evidencia de transacciones similares coetáneas con los hechos del delito imputado en la acusación, es admisible para probar un plan preconcebido o la intención de defraudar. Pueblo v. Pérez, 47 D.P.R. 765; Thorp v. People, 129 P.2d 296; Bacino v. People, 90 P.2d 5; 2 Wigmore, Evidence (3ra. Ed., 1940), sección 304, pág. 202. Por lo tanto, no erró la corte al ad mitir evidencia de las transacciones en que estuvieron en-vueltos Benigno Santiago y los testigos Camaclio y Cordero que declararon haber sido perjudicados, no impidiendo su admisión el hecho de que el delito envuelto en la transac-ción con Benigno Santiago fuese de falsa representación y que las de los otros dos testigos fuesen de carácter pura-mente civil. People v. Robinson, 290 P. 470.

Se queja la apelante de que la corte inferior admitió en evidencia la declaración del abogado Benicio Sánchez e. invoca el art. 402 del Código de Enjuiciamiento Civil, alegando que la manifestación que ella hiciera al abogado eran comunicaciones privilegiadas sobre las cuales él no podía declarar sin su consentimiento. Ya hemos expuesto cómo tuvo lugar la entrevista con el abogado Benicio Sánchez, resultando que la apelante no era su cliente y por consiguiente las manifestaciones que ella le hiciera no son privilegiadas. Piercy v. Piercy, 124 P. 561.

La apelante se queja de las instrucciones de la corte. Alega que no trasmitió la ley correctamente al ju-rado, que nada se dijo en ellas acerca de la relación fidu-ciaria, elemento esencial del delito de abuso de confianza; que a lo sumo las instrucciones son contradictorias, y por tanto, necesariamente tuvieron que confundir al jurado. Por último, que erró la corte inferior al no trasmitir tres de las cuatro instrucciones especiales solicitadas por la defensa.

Al referirse el juez al delito imputado a la acusada, em-pezó con la definición del delito, según consta del art. 445 del Código Penal, diciendo: “Se comete el delito de abuso de confianza cuando una persona se apropia fraudulenta-mente de bienes, de dinero, que le haya sido confiado.” Es verdad que más adelante les instruyó en el sentido de que si el convenio entre la acusada y la Srta. Cabanillas fué al efecto de que el dinero recibido por la primera había de uti-lizarse única y exclusivamente para la compra de billetes de la lotería y no para otros fines, que si de acuerdo con ese contrato la acusada no podía utilizar ese dinero para su propio beneficio, sino para la compra de billetes, en ese caso, si el jurado llegaba a la conclusión más allá de duda razo-nable que ella se apropió fraudulentamente del dinero, en-tonces el delito cometido era el de abuso de confianza. Pero inmediatamente sigue instruyéndoles: “Si por el contrario el jurado cree . . . que el contrato entre las partes fue a vir-tud del cual.la Srta. Cabanillas le entregó dinero a ella con el propósito de que ella podía utilizar el dinero para lo que ella desease, que no estaba obligada a virtud del entendido o del contrato a comprar billetes sino que ella podía utili-zarlos para lo que ella desease, en otras palabras, que la re-lación entre ella y la Srta. Cabanillas fuá única y exclusiva-mente de prestamista y prestataria, o sea que inmediata-mente que ella recibió el dinero vino a ser única y exclusiva-mente una prestataria que podía utilizarlo en lo que ella qui-siese, con la única - obligación de devolver ese dinero a la Srta. Cabanillas o sea que entre ellas no había más relación que la de simplemente acreedor y deudor, un préstamo, en-tonces no hay tal abuso de confianza.”

Concedemos que la primera parte de está instrucción no es todo lo clara que debió ser, pues es compatible con la hi-pótesis de que la acusada recibiese el dinero en calidad de préstamo bajo la condición de que lo invertiría exclusiva-mente en la compra de billetes de la lotería; Tampoco es clara la segunda parte, pues tiende a condicionar la relación de prestamista y prestataria a que de acuerdo con el con-trato ésta no viniese obligada a invertir el dinero en bille-tes de la lotería. Pudo haberse convenido entre las partes que el importe del préstamo se invirtiera por la prestataria en billetes de la lotería. Ese pacto no quitaba a la transac-ción el carácter de préstamo y el incumplimiento de tal obli-gación personal no constituiría delito alguno. Pero la sufi-ciencia de las instrucciones debe ser considerada teniendo en cuenta las instrucciones en su totalidad, de suerte que la obscuridad o ambigüedad de lina parte pueda ser aclarada por las demás. Y si seguimos examinando las instrucciones, veremos que al finalizar la discusión sobre el delito de abuse-de confianza, dijo la corte:

“En síntesis, señores del jurado, si ustedes creen de la prueba practicada en este caso y lo creen más allá de duda razonable que la Srta. Dolores Cabanillas confió a la acusada en este caso $3,200, o parte. de esa suma siempre y cuando que esa suma fuese mayor de $100, y que la Srta. Cabanillas confió esa cantidad de dinero a la acusada con el único propósito de que le comprase billetes de lotería y nada más que con ese propósito, y creen más allá de duda razonable de la misma prueba practicada en este caso que de acuerdo con el. convenio y de la transacción celebrada entre la Srta. Cabanillas y la acusada, la acusada no tenía derecho a utilizar esos fondos nada más que con el propósito de comprar billetes de lotería, y creen en-tonces también de la prueba practicada y más allá de duda razonable que ella violó el compromiso contraído a sabiendas de que ejecutaba un acto que le estaba prohibido a virtud del mandato que se le había conferido, si ustedes creen eso y creen entonces que ella violó ese-mandato, se apropió de ese dinero y se apropió de ese dinero frau-dulentamente con la intención de defraudar a la Srta. Cabanillas, es vuestra obligación declarar a la acusada culpable del delito de abuso de confianza.
“Si los señores del jurado creen de la prueba practicada en este caso que el convenio o contrato celebrado entre la Srta. Cabanillas y la acusada fue uno de préstamo, fué uno a virtud del cual la acusada vino a ser dueña del dinero que la Srta. Cabanillas le entregara y que ella podía apropiarse de ese dinero y utilizarlo en su beneficio y que las relaciones habidas entre la acusada y la Srta. Cabanillas era una de prestamista y prestataria, o si tienen duda alguna sobre esos hechos o de que falta alguno de los elementos que integran el delito* de abuso de confianza, según la corte les ha explicado a ustedes, es la obligación vuestra declarar a ¿a acusada no culpable.”

A nuestro juicio, la instrucción que acabamos de trans-cribir, disipó cualquier duda que la imprecisión de las an-teriormente mencionadas pudieron haber producido en el. jurado.

En lo que respecta a las tres instrucciones especiales que denegó la corte, la primera y la segunda estaban sustancial-mente comprendidas en las instrucciones generales. En lo que a la tercera respecta, no tenía apoyo en la evidencia, pues la acusada negó que ella hubiera recibido la cantidad de $3,200 y en ningún momento presentó evidencia para probar que no devolvió dicha cantidad o cualquier parte de la misma, ‘“por causas desgraciadas que no tenían carácter criminal”. No erró, pues, la corte, al negarse a trasmitirla.

Bajo el sexto señalamiento de error se queja la apelante de las instrucciones respecto a las otras transacciones presentadas en evidencia con el fin de probar la intención de defraudar. La apelante se refiere solamente a una parte de las instrucciones sobre esa materia. Vamos a transcribir la instrucción en su totalidad.

“En este caso, señores del jurado, se ha presentado prueba, y la corte la admitió, sobre otras transacciones de naturaleza similar realizadas por la acusada tendente a probar que la acusada hizo transacciones de naturaleza similar a las envueltas en este caso. En primer término, me estoy refiriendo' a los testimonios de Camacho y de Juan Deogracia, ustedes tienen que determinar si en realidad de verdad hubo o no hubo esas transacciones. Si las hubo, •si llegan a la conclusión de que las hubo y llegan a esa conclusión más ■allá de duda razonable, la Corte les instruye a ustedes entonces que ustedes no pueden tomar en cuenta el que la acusada haya hecho esas transacciones con el propósito de condenarla a ella, por haber realizado ■esas transacciones, del delito que ahora se le acusa a ella. El hecho ■que ella haya celebrado, si llegan a esa conclusión más allá de duda ra-zonable, una transacción similar, y llegan a la conclusión también más allá de duda razonable que lo hizo así también con el propósito de de-fraudar, esa transacción no puede ser utilizada por ustedes con el. propósito de condenar a la acusada*por este delito por el hecho de ■que ella haya realizado aquellas transacciones. Pero sí pueden us-tedes, señores del jurado, para determinar si en este caso espe-cífico que estamos investigando en el día de hoy, ustedes pueden, •si llegan a la conclusión de que la acusada realizó esas otras tran-sacciones de que se ha hablado y que en esas transacciones medió también, entre ella y Camacho y Deogracia relaciones de principal j agente y de que en esas transacciones ella tuvo la intención de ■defraudar a Camacho y a Deogracia, y creen eso más allá de duda razonable, entonces pueden ustedes utilizar esa prueba con el pro-pósito de determinar si en este caso existió o no existió el estado mental, la intención específica de defraudar. Ustedes pueden uti-lizar esas transacciones con el propósito de determinar junto con la prueba practicada en este caso, junto con las declaraciones de Benigno Santiago, del Ledo. Benieio Sánchez Castaño y del Sr. Todd y de las demás personas que han declarado en este caso si en con-junto hubo o no hubo en este caso la intención específica de de-fraudar.”

La mera transcripción de la instrucción en su. totalidad, basta para demostrar su corrección. Pueblo v. Pérez, supra; Thorp v. People, supra; Bacino v. People, supra; People v. Robinson, supra; Wigmore, Evidence, ob. y t. cit.

Tratando de identificar cierto documento, la defensa preguntó a la acusada: “Este documento, ¿qué es?” Se opuso el fiscal y antes de que la corte resolviese la oposición contestó la acusada: “Ese documento es una constancia de un negocio establecido por la Srta. Lolín Cabanillas y yo como contrato de billetes de la lotería.” Pidió el fiscal la eliminación de la respuesta de la acusada y resolvió el juez:

“Cualesquiera que fuesen las relaciones entre la testigo y la Srta. Cabañil]as, cualesquiera que fuesen, es un contrato. Pudiera ser un contrato de depósito, de préstamo, un contrato de mandato, pero sean cuales fueren, ahí existía un contrato. La Defensa dirá que la naturaleza del contrato ese era un contrato de préstamo y el Fiscal dirá que era un contrato de depósito o de mandato, pero sea como fuese es un contrato, pero no le quita responsabilidad criminal si hay todos los elementos del delito de abuso de confianza.”,

Manifestó entonces la defensa:

“Todo eso son opiniones de la corte. Hay contratos entre deu-dores y acreedores y no puede haber delito de abuso de confianza.”

Dictó entonces la corte la siguiente instrucción al jurado:

“La Corte les instruye ahora en este caso que la ley en este caso vendrá de labios de la Corte y que la ley es lo que la Corte-diga y si la Corte se equivoca, caso de una convicción, será a un tribunal superior a quien competa decir si la Corte estaba equivocada. Las manifestaciones del abogado no pueden tomarlas como que consti-tuyen una expresión de la ley sino que la ley es lo que la Corte les diga. La Corte les instruirá a ustedes que pueden existir relaciones de acreedor y deudor y les instruirá ampliamente sobre eso. Si es un contrato de préstamo no hay abuso de confianza porque el dinero pertenece al prestatario y puede hacer con él lo que él guste, pero puede existir un contrato de mandato y de depósito y en tal caso el mandatario o el depositario no tiene autoridad alguna para apropiarse de ese dinero. Si se apropia fraudulentamente de ese dinero entonces comete el delito de abuso de confianza y esa es la ley y sobre eso la Corte les instruirá más detalladamente cuando llegue su oportunidad.”

No vemos que la corte hubiese cometido error alguno al hacer las manifestaciones que hizo resolviendo la moción del Fiscal para que se eliminase la contestación de la acusada explicando la naturaleza del documento, especialmente si se toma en cuenta la instrucción arriba transcrita que en relación con el incidente, trasmitió inmediatamente al jurado.

Se queja la apelante de. que al terminar la declaración del testigo de cargo Benigno Santiago solicitó que se eliminara la declaración en su totalidad y que se instruyese al jurado que no debían considerarla en relación con este caso y que el juez, al declarar sin lugar su moción, dijo:

“Uno de los elementos del delito de abuso de confianza y que el Fiscal tiene que probar es la intención de defraudar y es fundamental que en una acusación de abuso de confianza puede presen-tarse en evidencia otros delitos de abuso de confianza cometidos por la misma acusada con el objeto de demostrar la intención frau-dulenta y este testigo declaró que la acusada le hizo poner un te-legrama desde Yauco en relación con los $748, telegrama que hasta cierto punto envolvía una transacción ficticia sobre unos billetes de lotería que él no tenía y que fué simplemente un entendido entre ella y él en que el telegrama se pusiera y eso tiende a demostrar que el propósito de la acusada era defraudar a esta Srta. Cabani-llas. Si esa prueba es creída por el jurado, de ella puede el ju-rado deducir que había el propósito de defraudar no solamente $748 sino los $3,200. La corte niega la eliminación.”

Como podrá verse por la instrucción que acabamos de transcribir, la corte no aseguró que fuese cierta la declara-ción de Benigno Santiago a que se refiere la resolución im-pugnada. Todo lo que hizo fué sintetizar la declaración de dicbo testigo, de la cual resulta que el telegrama era falso. Tuvo buen cuidado el juez de decir al jurado: “Si esa prueba es creída puede el jurado deducir que había el propósito de defraudar no solamente $748 sino los $3,200.”

Solicitó la defensa la reconsideración y al denegarla la corte hizo constar que específicamente informaría al jurado el propósito único por el'cual podía considerarse esta tran-sacción de los $748, y así lo hizo.

No cometió la corte el error imputado.

Alega la apelante que erró la corte a quo al permitir que se le repreguntase sobre las transacciones de ella con otras personas tendientes a probar la intención de defraudar, no habiendo sido ella examinada sobre ese extremo en el interrogatorio directo.

El acusado no está obligado a declarar. La Ley le concede el privilegio de no incriminarse. Empero, si opta por declarar, se le interrogará, naturalmente, sobre cuestiones pertinentes y su contestación podría incriminarlo. De este principio ha surgido la regla al efecto de que desde el mo-mento en que el acusado opta por declarar, renuncia al pri-vilegio de no incriminarse y queda obligado a contestar cual-quier pregunta pertinente que pudiera hacérsele, a pesar de que la materia sobre la cual se le interrogue no haya -sido objeto del examen directo, excepto cuando el contrainterro-gatorio tenga por objeto impugnar su veracidad como tes-tigo. 8 Wigmore, Evidence (3ra. Ed. 1940) sección 2276, pág. 440; Cf. Pueblo v. Román, 18 D.P.R. 219, 232.

El undécimo señalamiento de error no merece seria consideración. Bastará reproducir aquí el incidente:

“Sr. Fiscal: ¿Usted alguna vez no ha conocido alguna persona que se paró con usted al frente de los solares al lado de ‘El Mundo’ y cerca de donde estaba el Federal Land Bank y usted le ba dicho: usted puede prestarme esos $1,500 porque esos solares son míos y ahí voy a hacer un edificio de 10 pisos?
“Defensa: Objeción.
“Sr. Fiscal: El ha presentado a su testigo como una persona inocente y yo estoy investigando la credibilidad de la acusada.
“Defensa: Yo no me puedo oponer a que el Fiscal trate de impugnar mis testigos. Eso es una pregunta fantástica y yo me opongo.”

Después de la oposición de la defensa el fiscal no insistió y varió el tema de su repregunta. No vemos qué perjuicio pudo causarse a la acusada con esa pregunta, que su abo-gado, muy acertadamente, calificó de fantástica.

La apelante señala como error el haber la corte denegado su moción para que el Fiscal, con vista del sumario en el caso relacionado con la apropiación de los $748, declarase como testigo de la defensa si en dicho caso se habían expedido dos órdenes de arresto, una contra Benigno Santiago que fué dejada sin efecto y la otra de fecha posterior contra la acusada. El propósito de esa prueba, según anunció la defensa, era impugnar la veracidad de Benigno Santiago y Lolín Cabanillas, quienes durante el juicio habían declarado que contra Benigno Santiago no se había expedido orden de arresto en el caso relacionado con los $748. Si se habían expedido o no las dos órdenes de arresto en el referido caso, era una cuestión colateral a aquél por el cual se juzgaba a la acusada. En cuanto a Lolín Cabanillas, no fué errónea la resolución sencillamente porque para atacar la veracidad de un testigo no es admisible evidencia que tienda a contradecirlo en relación con una cuestión colateral. 3 Wigmore, Evidence, (3ra. Ed. 1940) sección 1020, pág. 692 et seq. Sin embargo, en lo que a Benigno Santiago respecta, las circunstancias concurrentes son distintas. La evidencia ofrecida tendía a probar que contra él se había librado una orden de arresto como presunto autor del delito relacionado con lós $748 y que esa orden de arresto fué luego dejada sin efecto, librándose posteriormente otra contra la apelante. El efecto de esa evidencia era demostrar cierto interés por parte de Benigno Santiago al declarar en contra de la acu-sada, exonerándose él de dicho delito y dejando recaer toda la responsabilidad sobre ella. Demostrado ese interés por parte del testigo, para lo cual la prueba de su arresto era admisible, 3 Wigmore, Evidence (3ra. Ed. 1940) sección 1022, pág. 697, quedaba atacada su veracidad. Consecuentemente erró' la corte inferior al no admitir la evidencia ofrecida en lo que a este testigo concierne. Pero Benigno Santiago declaró en el juicio con lujo de detalles, cómo él contribuyó al engaño de que fué víctima Lolín Cabanillas recibiendo de ella para la acusada los $748, para la supuesta compra de billetes en Yauco y enviando desde allí un telegrama falso, sabiendo que todo era un ardid de la acusada para obtener dicha cantidad. Además, el mismo testigo declaró que con motivo del caso de los $748 estuvo detenido en el Cuartel de la Policía toda una noche y parte de un día. Siendo ello así, la prueba ofrecida por la defensa no hubiera llevado al jurado más información sobre el interés o prejuicio que pu-diera tener el testigo, que lo que ya el jurado sabía por la-propia declaración de Benigno Santiago. En tales circuns-tancias, el error no perjudicó los derechos sustanciales de la acusada y consecuentemente no causa la revocación de la sentencia.

Arguye la apelante que erró la corte inferior al permitir al fiscal, con la oposición de la defensa, presentar en el turno de refutación, los testigos Maximino Camacho y Juan Deogracias Cordero y un documento que debió presen-tar en su prueba directa.

Concedemos que la evidencia en controversia no tenía el carácter de prueba de refutación, pero el orden de la prueba descansa en la sana discreción de la corte sentenciadora, y a menos que se demuestre perjuicio, el tribunal de apelación no interviene con el ejercicio de esa discreción. En el pre-sente caso la defensa tuvo oportunidad de repreguntar dichos testigos, y en efecto les preguntó extensamente. Fué más lejos aún y, tratando de refutar sus testimonios, llamó como testigo al abogado Coballes Gandía. En tales circuns-tancias carece de mérito este señalamiento de error.

El déeimoquinto error se refiere a la resolución de la corte sentenciadora denegando la moción de nuevo juicio. Esta moción se basó en .los catorce errores ya discutidos y habiendo concluido que no existieron, procede declarar que actuó la corte correctamente al denegar la moción de nuevo juicio.

Procede la confirmación de la sentencia.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., se inhibió.

       Refiriéndose a la cantidad de $1,077 que dijo siempre tenía en su poder perteneciente a la perjudicada, declaró que esa cantidad la dedicaba a comprar billetes “de otra-categoría”, y que como la perjudicada había tomado esa can-tidad a préstamo y tenía que pagar intereses, la acusada le pagaba $70 sema-nales para hacer frente a esos intereses. A ese efeeto presentó en evidencia una libreta que contenía varios recibos do pagos hechos a la perjudicada y entre ellos uno suscrito y firmado por ésta que decía así: “Recibí de Doña Noemí E. de Escobar la cantidad de quinientos billetes del soiteo del día 16 de agosto sorteo ordinario número 295, quedando en su poder la suma de $1,825.00 dólares, por lo cual recibo setenta dólares semanales, (fdo.) Lolín Cabanillas. ”


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Leandro López de la Rosa y Josefina Valdés de López de la Rosa, peticionarios, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 78.

    Sometido: Mayo 6, 1946.

      Resuelto: Junio 21, 1946.

      Celestino diñarte, F. Fernández Cuyar y H. González Blanes, aboga-dos de los peticionarios; Hon. Procurador General E. Campos Del Toro y Elmer Toro Lucchetti, abogado éste del Departamento de Justicia, abogados ambos del Interventor, Tesorero de Puerto Rico, querellado en el pleito principal. ■ •
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios en este caso dedujeron de sus ingresos brutos, en sus planillas correspondientes al año contributivo 1937, la parte proporcional de la pérdida sufrida por cada uno de ellos con motivo de la demolición de un edificio rui-noso de su propiedad, siendo el valor total de dicha pérdida la. suma de $11,550.71. Dicha deducción fué hecha a virtud de una carta que con fecha 18 de noviembre de 1937 recibiera el Dr. L. López de la Rosa del Tesorero de Puerto Rico que dice así:

“San Juan, P. R., Nov. 18, 1937. — Dr. L. López de la Rosa, Clí-nica Miramar, Ave. Olimpo No. 1, Parada 10, Mirámar, Santurce, Puerto Rico. — Atención: Sr. E. A. Sumersille, C.P.A. — Señor:—Se hace referencia a sus cartas de fecha 10 y 17 del actual, relacionadas con la destrucción de.su propiedad ‘Palmas No. 2, Miramar.’
“En contestación se le informa que habiendo sido destruida dicha propiedad debido a las condiciones peligrosas en que se encontraba, y no con el fin de construir un nuevo edificio, este Departamento ha llegado a la conclusión de que en virtud de lo estatuido en la See-ción 16, de la vigente Ley de Contribución sobre, Ingresos, y el Ar-tículo 118, del Eeglamento No. 1, promulgado bajo sus disposiciones, usted sufrió una pérdida para el año 1937, en la destrucción de la mencionada propiedad, que se determina así:
‘ ‘ Costo de la propiedad-$16, 000. 00
(Valor tasado (según recibo 5M4))
Solar de 540m/c_ $1, 620. 00
Casa_ 13,500.00
$15,120. 00
“Costo de la casa:
Determinado aplicando la proporción que existe en-tre el valor tasado de la casa ($13,500.00), y el total tasado de la casa y solar( $15,120.00), al costo total de la propiedad ($16,000.00)-$14,285.71
Menos: Valor tasado de los escombros- 2, 735. 00
“Pérdida Deducible_ $11,550.71
“El valor tasado de $2,735.00 ha sido determinado por un ta-sador de este Departamento que visitó en el día de ayer el" sitio donde radica la propiedad en cuestión.
“Se ha creído conveniente hacerle saber que la pérdida de $11,550.71 ha sido determinada por esta oficina tomando como base los datos suministrados por usted en su carta de fecha 10 de los corrientes, los que, desde luego, quedan sujetos a comprobación por este Departamento tn cualquier momento a los fines de determinar su corrección.
“Atentamente,
(f) “F. A. Eamírez Vega,
1' Sub-Tesorero. ’ ’

El 5 de octubre de 1944 el Tesorero de Puerto Rico le notificó a los peticionarios una deficiencia en sus contri-buciones sobre ingresos para el año 1937, siendo una de sus partidas — y la única objeto de este recurso — aquella de $11,550.71, antes mencionada. El motivo expuesto por el Tesorero para rechazar dicha deducción es que “la demo-lición fue hecha con miras de construir otro edificio.”

Querelláronse los peticionarios ante el Tribunal de Con-tribuciones alegando que la casa había sido destruida en el año- 1937 por estar en condiciones ruinosas y que la pérdida sufrida había sido oportunamente investigada y reconocida su dedueibilidad por funcionarios del Departamento de Hacienda. El Tesorero, en su contestación, alegó que dicha casa fue comprada con la intención de destruirla y de cons-truir en su lugar otro edificio y negó que la deducción fuera reconocida anteriormente por funcionarios de su departa-mento.

En la vista celebrada ante el Tribunal de Contribuciones los querellantes presentaron como prueba la carta anterior-mente copiada la cual fue admitida sin oposición del quere-llado. El Tesorero no presentó prueba alguna.

El tribunal inferior dictó resoluciones desestimando las querellas y para revisar su actuación expedimos a petición de los contribuyentes el presente auto de certiorari.

Basó su resolución el Tribunal de Contribuciones en el hecho de que los peticionarios no habían presentado prueba fehaciente e indubitada para destruir la presunción existente en favor de la corrección de la determinación de deficiencia hecha por el Tesorero. Analizando el alcance de la carta antes mencionada se expresó en la siguiente forma: '

“Si bien es cierto que en la. carta en cuestión, la que dicho sea - de paso fué admitida por este Tribunal sin objeción alguna del que-rellado, se informa al querellante López de la Rosa ‘que habiendo-sido destruida dicha propiedad debido a las condiciones peligrosas en que se encontraba, y no con el fin de construir un nuevo edificio, este-Departamento ha_ llegado a la conclusión de que . . . usted sufrió-una pérdida para el año 1937, en la destrucción de la mencionada propiedad’, no hay duda alguna de que en el párrafo final de la misma se aclara ‘que la pérdida de $11,550.71 ha sido determinada’’ por el Tesorero — ‘tomando como base los datos suministrados por usted, en su carta de fecha 10 de los corrientes, los que, desde luego, quedan sujetos a comprobación por este Departamento en cualquier momento a los fines de determinar su corrección.’ Es incuestionable que la aceptación contenida en el párrafo segundo de la referida carta es. •una pura y enteramente condicional, siendo la condición la de que los datos suministrados por el querellante fueran comprobados por el Departamento de Hacienda en cualquier momento. El hecho de .haber el Tesorero denegado más tarde la deducción de la referida .partida demuestra claramente que él no pudo comprobar que las .alegaciones contenidas en la carta de los recurrentes fechada él 10 -de noviembre, de 1937 fueran ciertas y que por el contrario llegó a la conclusión de que la realidad era otra.”
Es un hecho admitido por las partes que los peticionarios, ■aun al presente, no han construido ninguna edificación en el .solar en que existía la casa que fué demolida. En ningún momento ha cuestionado el Tesorero este hecho. Lo admi-tió en la carta del 18 de noviembre de 1937, supra, y la ale-gación contenida en su contestación al efecto de que “la casa fué comprada por la querellante con la intención de des-truirla y de construir en su lugar otro edificio,” sin prueba de su parte que la sostenga, mal puede ser sostenida a base ■ de la presunción que aplicó el tribunal recurrido para resol,ver el caso.

Arguye el Tesorero que, de acuerdo con nuestra decisión en el caso de Mayagüez, Sugar Co. v. Tribunal de Apelación de Contribuciones, 60 D.P.R. 753, y otra jurisprudencia que cita en su alegato, hemos resuelto que no intervendremos con la apreciación de la prueba hecha por el tribunal inferior y que si en el caso de autos éste resolvió que por sus términos la carta de noviembre 18 de 1937, sólo constituía una aceptación condicional por el Tesorero del hecho en controversia, no debemos sustituir nuestro criterio por el del Tribunal en cuanto a la conclusión a que llegó al apreciar dicha prueba. .Lo que dijimos en el caso de Mayagüez Sugar Co., supra, citando, entre otros, de Wilmington Co. v. Helvering, 316 U. S. 164 (refiriéndose al Federal Board of Tax Appeals) fué que: “Es de la competencia de la Junta, no de la Corte de Circuito de Apelaciones, pesar la evidencia, derivar inferencias de los hechos, y elegir entre inferencias contradictorias. La corte no puede sustituir su punto de vista so-bre los hechos por el de la Junta. Guando las conclusiones (findings) de la Junta están sostenidas por evidencia sustan-cial, ellas son concluyentes. ...” (Bastardillas nuestras.)

¿Es aplicable esta regla a los hechos del caso de autos? ¿Está sostenida la conclusión a que llegó el Tribunal de Con-tribuciones al interpretar el alcance de la carta de noviem-bre 18, 1937? Veamos.

La única prueba que tuvo ante sí el Tribunal inferior fué la carta misma presentada por los peticionarios. ¿Cons-tituye el párrafo final de dicha carta una aceptación condi-cional del hecho primordial en controversia, a saber, que la casa de los peticionarios había sido destraída por sus con-diciones ruinosas y no con el fin de construir un nuevo edi-ficio? Somos de opinión que la inferencia que hizo el Tribunal no está sostenida por los términos de la carta. En su segundo párrafo el Subtesorero hizo constar que “habiendo sido destruida dicha propiedad debido a las condiciones pe-ligrosas en que se encontraba, y no con el fin de construir un nuevo edificio, este Departamento ha llegado a la con-clusión de que en virtud de lo estatuido en (citas) . . . usted sufrió una pérdida para el año 1937, en la destrucción de la mencionada propiedad, que se determina así (Se detalla con un total de $11,550.71).” Hace constar luego que el valor tasado.de los escombros de $2,735 fué “determinado por un tasador de este Departamento que visitó en el día de ayer el sitio donde radica la propiedad en cuestión.” Hasta aquí la carta constituye una aceptación incondicional de los he-chos que en ella se expresan.

Ahora bien, en el párrafo final de la cartá se hizo cons-tar que “Se ha creído conveniente hacerle saber que la pér-dida de $11,550.71 ha sido determinada por esta oficina to-mando como base los datos suministrados por usted en su carta de fecha 10 de los corrientes, los que, desde luego, que-dan sujetos a comprobación por este Departamento en cual-quier momento a los fines de determinar su corrección.”

Este párrafo no condiciona la aceptación hecha anterior-mente al efecto de que, 1?, la casa fné destruida debido a sus condiciones ruinosas y no con el fin de construir nn nuevo edificio y, 2?, que los peticionarios sufrieron una pérdida para el año 1937 por la destrucción de la mencionada pro-piedad. Lo único que se dejó a futura comprobación por el Tesorero fué el montante de la pérdida de $11,550.71 ale-gada por los peticionarios y aún en cuanto a ésta ya el Te-sorero en su carta reconoció que uno de sus tasadores había determinado el valor de los escombros en $2,735. Si se tra-tase de un caso en que el Tesorero hubiera notificado a los peticionarios una deficiencia debido a que había comprobado que la pérdida sufrida por los peticionarios no era de $11,550.71 sino de, digamos, $5,000, sí podría decirse con acierto que el Tesorero había ejercitado la.condición reser-vada en el último párrafo de su carta y habría base en la prueba para sostener la conclusión a que llegó el- tribunal inferior.

De acuerdo con la doctrina que citamos en el caso de Mayagüez Sugar Co., supra, no estamos autorizados a de-rivar una inferencia contraria a aquella a que llegó el tribunal inferior, siempre que haya alguna prueba en el récord que la sostenga. Empero, la inferencia que del contenido de la carta derivó dicho Tribunal no está sostenida por prueba alguna y como consecuencia su conclusión tampoco lo está. Esto constituye un error de derecho.

Si a la carta presentada .como prueba por' los peticiona-rios, unimos el hecho incontrovertido de que los peticiona-rios no han construido ningún nuevo edificio, a pesar de que han transcurrido cerca de nueve años desde que se destruyó la casa en estado ruinoso, forzoso es concluir que los peticio-narios presentaron prueba suficiente para destruir la pre-sunción en que descansó el Tesorero y que correspondía a éste presentar prueba para sostener su actuación posterior.

Arguye el Tesorero que-la carta de noviembre 18 de 1937 no es una resolución administrativa ni una notificación de contribuciones o de deficiencias y que, por tanto, podía ser variada por él al notificar, como lo hizo, una deficiencia en el año 1944. Esto es correcto. La carta no es una notificación de deficiencias ni le imponía contribución alguna a los peticionarios. Empero, .ellos pagaron su contribución correspondiente al año 1937 en cuanto a la partida en discusión, de acuerdo con dicha carta. Siete años después el Tesorero les notifica una deficiencia en cuanto 'a la partida relacionada en la carta y al ser llevado el asunto ante el Tribunal de Contribuciones el .Tesorero descansó en la presunción de corrección que tiene su actuación. Para contrarrestar o destruir dicha presunción los peticionarios presentaron como prueba la carta. La única cuestión que resolve-mos es que esta prueba de los peticionarios, que constituye una admisión por el Tesorero, unida al hecho incontrovertido de no haberse hasta la fecha construido edificio alguno en el solar por los peticionarios, controvirtió la presunción y que correspondía al Tesorero presentar prueba en apoyo de su actuación, ya que la inferencia que dedujo el tribunal inferior para llegar a la conclusión a que llegó, no está justificada por la única prueba que tuvo ante su consideración.

Erró él Tribunal de Contribuciones al desestimar las que-rellas y en su consecuencia se anulan las resoluciones recu-rridas y se devuelven los casos para que dicte otras consis-tentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Córdova

text:
    Luis J. Nicole, demandante y apelante, v. Ramón Montalvo y Aníbal Comolly, demandados; Alfonso Vázquez, interventor y apelado.
    Núm. 9253.

    Sometido: Abril 17, 1946.

      Resuelto: Junio 21, 1946.

      Carlos E. Colón, abogado del apelante; Luis Ángel Limeros, abogado del interventor, apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova

emitió la opinión del tribunal.

Luis Nicole, demandante en una acción de daños y per-juicios, embargó un camión. Alfonso Vázquez, quien no era parte en la acción, radicó una moción exponiendo que era dueño de una hipoteca sobre el camión embargado, debida-mente inscrita, y pidiendo se anulara el embargo por no ha-ber el demandante consignado en secretaría el importe de la hipoteca. Señalada la moción para vista, pidió el deman-dante se eliminara la moción por no haber solicitado y ob-tenido Vázquez permiso para intervenir. La corte resolvió “que el acreedor hipotecario debe radicar la correspondiente moción de intervención y luego se considerará la moción de nulidad de embargo” y entonces Vázquez radicó una solici-tud de permiso para intervenir, fundada en la moción ya ra-dicada. El demandante, Nicole, contestó la solicitud de in-tervención y la moción sobre nulidad de embargo, aduciendo1 distintas defensas de heebo y de derecho. Se celebró una vista (del récord no aparece ni la moción ni la orden de se-ñalamiento), la cual se inició con el siguiente diálogo:

“Abogado del Interventor: Estamos listos, señor Juez.’
Juez: ... ¿De qué se trata?
Abogado del Interventor:.hemos solicitado la interven-ción . . . para que se declare nulo y sin ningún valor el embargo.
Juez: .¿Eso es lo que está en issue hoy?
¿ La otra parte, qué dice sobre esto ? ¿ Cuál es la oposición a esta solicitud de intervención?
Abogado del Demandante: El issue está, en que se solicita una intervención por la parte interventora, la cual se basa, de acuerdo con la resolución anterior de la Corte de Distrito, en forma nunc pro tune, en una moción de nulidad del embargo que se trabó. El fundamento de 3a intervención es la nulidad del embargo trabado en este caso bajo el supuesto derecho alegado por la parte interven-tora de una hipoteca sobre bienes mueblés que tiene el interventor Sobre el bien embargado.
Juez: ¿Que no ha consignado en la Corte el importe? .
Abogado del Demandante: Exactamente. Ahora bien. La Corte ha de resolver en el día de hoy si ese derecho es cierto, si esa hipo-teca existe.
Juez: Eso es cuestión de prueba.
Abogado del Demandante: Y si de acuerdo con la ley existentef esa hipoteca ■y ese derecho que alega el interventor, procede la nuli-dad del embargo, para entonces resolver.
Juez: Prueba.
Abogado del Interventor: Entonces vamos a ofrecer como prueba, señor Juez. ...
Abogado del Demandante: En otras palabras, vamos a consighar en récord que no tenemos oposición ninguna en cuanto al derecho de intervenir si eso fuera verdad.
Juez: Aclarado eso como 'derecho, entonces, admite la interven-ción siempre que se pruebe lo que se alega.
Abogado del Demandante: Seguro.
• Juez: . i Qué está señalado para hoy, la moción de intervención ?

Abogado del Demandante: Con la nulidad del embargo.” (Bas-tardillas nuestras.)

Presentaron ambas partes entonces su prueba sobre los méritos de la moción sobre nulidad de embargo, y en defini-tiva la corte dictó resolución anulando el embargo. Apela el •demandante, y el único error que señala es el que dice co-metió la corte “al resolver el incidente de intervención en sus méritos sin haber radicado el interventor su correspon-diente demrnda de intervención previo el correspondiente permiso para intervenir .... constituyendo la resolución apelada una sorpresa para el demandante apelante, ya que éste, creyendo que . . . sólo se dilucidaría en dicha vista la solicitud de iNtervenoiÓN . . . reservó su prueba o parte de la misma en lo concerniente a la nulidad y carácter simu-lado del contrato de hipoteca.” . . .

No existe el error imputado. La moción sobre nulidad de embargo constituyó la demanda de intervención, ya que exponía plenamente la causa de acción del interventor. Ni importa el nombre que se le dé a la alegación que ex-ponga la reclamación de intervención, ni es preciso que se le ponga nombre El hecho de que se radicara la alegación del interventor antes de concederse permiso para intervenir tampoco constituye irregularidad alguna, y por el contrario está estrictamente de acuerdo con el procedimiento ■que marca la ley.(1) Si bien la moción o demanda del interventor se radicó antes que la solicitud de permiso para in-tervenir, ello en nada perjudicó al demandante apelante, quien contestó las alegaciones de la moción, estableció sus defensas de fraude, y entró a juicio sin exigir se resolviera previamente si se concedía o no permiso para intervenir, estipulando expresamente que se admitiera la intervención siempre que el interventor estableciera su caso en los méri-tos. Igualmente carece de fundamento la contención del ape-lante de que le sorprendió que la corte resolviera la inter-vención en sus méritos, porque entendía que sólo se había discutido y sometido la solicitud de permiso para intervenir, y por lo tanto dejó de presentar su prueba o parte de ella. Oigamos lo que dijo el abogado del demandante al terminar el interventor de establecer un caso ‘prima facie de nulidad del embargo:

“Abogado del Demandante: Anunciamos a la Corte que vamos a probar nuestra moción de fraude, simulación y falta de causa o consideración en el contrato, mediante prueba oral.”

Y al terminar el examen de los cuatro testigos del de-mandante, anunció su abogado que “Esta es toda la prueba,”

Realmente se nos hace difícil comprender cómo puede el abogado del apelante comparecer ante este Tribunal y decir que no sabía que estaba ventilándose la moción sobre nuli-dad de embargo en su fondo. Si no lo sabía, lo disimuló con notable éxito. Sea ello como fuere, no tiene el apelante el más leve motivo de queja en cuanto a los procedimientos habidos, en los que tuvo plena oportunidad de exponer su caso, oportunidad que aprovechó plena, aunque infructuosa-mente.

Bebe confirmarse la resolución apelada.

      La Regla 24 (o) de las de Enjuiciamiento Civil reza así:

        * ‘ Procedimiento. — Toda persona que deseare intervenir, notificará su moción •He intervención a todas las partes que pudieran ser afectadas por dicho procedi-miento. La moción expondrá las razones en que se base y se acompañará de mía alegación en que se establezca la reclamación o defensa que motive la inter-vención. ’ ’ (Bastardillas nuestras.)