text:
      In re José Rafael Servera Ramos, querellado.

      Número: AB-2007-135

      Resuelto: 16 de enero de 2008
   ORDEN

Debido a la no intervención del Juez Asociado Señor Rivera Pérez y de la Jueza Asociada Señora Fiol Matta, se constituye una Sala Especial integrada por el Juez Presi-dente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodrí-guez, para entender en el caso Núm. AB-2007-135, In re Servera Ramos.

Lo decretó y firma.

(Fdo.) Federico Hernández Denton

Juez Presidente

CERTIFICO:

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Co-misión de Etica del Colegio de Abogados de Puerto Rico.

per curiam:

Resulta increíble que tengamos que ejercer nuevamente nuestra jurisdicción disciplinaria por el in-cumplimiento de un miembro de la profesión legal con nuestras órdenes durante el trámite de un procedimiento disciplinario.

I

El Ledo. José R. Servera Ramos fue admitido al ejercicio de la abogacía el 11 de mayo de 1982 y al ejercicio de la notaría el 8 de junio de 1982.

El 5 de abril de 2006 se presentó ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico una queja juramentada contra Servera Ramos. Conforme el procedimiento establecido, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados (Comisión de Ética) envió copia de la queja a Servera Ramos y le requi-rió que expresara su posición al respecto. En vista de que Servera Ramos no contestó, la Comisión de Ética le cursó una misiva en la que le concedió un término de diez días adicionales para contestar la queja presentada en su contra.

El 14 de junio de 2006, Servera Ramos compareció y solicitó una prórroga de sesenta días para contestar la queja presentada en su contra, la cual fue concedida por la Comisión de Ética. A pesar de la prórroga concedida, Ser-vera Ramos no contestó la referida queja.

Así las cosas, el 22 de agosto de 2006 la Comisión de Ética le remitió a Servera Ramos una tercera notificación mediante la cual se le concedió un término de diez días adicionales para contestar la referida queja. Se le apercibió que el no atender los requerimientos de la Comisión de Ética podía acarrear la imposición de severas sanciones disciplinarias por parte de este Tribunal. Nuevamente, Servera Ramos desatendió los requerimientos de la Comi-sión de Ética.

En vista de ello, el 25 de octubre de 2006 la Comisión de Ética le envió una carta al abogado, en donde se le advirtió que de no recibir su contestación, la queja sería referida a este Tribunal en un período de veinte días. Finalmente, el 29 de noviembre de 2006, ante la contumaz inobservancia de Servera Ramos con los requerimientos de la Comisión de Ética, ésta le comunicó que remitiría el asunto ante este Tribunal. A estos efectos, el Colegio de Abogados compare-ció ante nos el 13 de abril de 2007 para solicitar nuestra intervención.

Mediante la Resolución de 8 de junio de 2007, notificada personalmente por un alguacil del Tribunal, le ordenamos a Servera Ramos que respondiera los requerimientos del Colegio de Abogados y compareciera ante este Tribunal a exponer las razones por las cuales no debía ser disciplinado por no haber comparecido a responder tales requerimientos. Además, le apercibimos que incumplir con lo ordenado podría acarrear sanciones disciplinarias seve-ras, incluso la suspensión del ejercicio de la profesión.

Hoy el término concedido ha transcurrido y Servera Ramos no ha comparecido ante nos ni ante el Colegio de Abo-gados, en claro incumplimiento con nuestra Resolución de 8 de junio de 2007.

En vista de lo anterior, procedemos a resolver sin ulterior trámite.

II

Hemos resuelto reiteradamente que los abogados tienen la ineludible obligación de responder con diligencia a las órdenes de este Tribunal, así como a los requerimientos del Colegio de Abogados con respecto a las quejas que se presentan en su contra. In re Rodríguez Calderón, 172 D.P.R. 309 (2007); In re Guede Mijares, 159 D.P.R. 396 (2003); In re Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001). A estos efectos, hemos señalado que ignorar los requerimientos relacionados con procedimientos disciplinarios “tiene el mismo efecto disruptivo de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal”. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997).

Igualmente, hemos enfatizado que el incumplimiento por parte de un abogado al ignorar nuestras órdenes, así como los requerimientos del Colegio de Abogados en casos disciplinarios, conlleva la imposición de severas sanciones disciplinarias. In re García Enchautegui, 165 D.P.R. 251 (2005); In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000).

Dicha conducta constituye una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional en lo relativo al deber de todo abogado de observar hacia los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Como se sabe, tal proceder constituye una falta indepen-diente de la que motivó la queja. In re Colón Rivera, 170 D.P.R. 440 (2007); In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992).

Hemos señalamos que desatender nuestras órdenes du-rante un procedimiento disciplinario revela una gran fi-sura en el buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal. C. Abo. v. Pizzini Arnott, 157 D.P.R. 182 (2002). Por ello, reiteramos que “ ‘no toleraremos la incom-prensible y obstinada negativa de un miembro de nuestro foro de incumplir con [nuestras] órdenes ...’ ”. (Corchetes en el original.) In re Jiménez Román, 172 D.P.R. 485, 489 (2007), citando a In re Melecio Morales, 144 D.P.R. 824, 826 (1998). Véanse: In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 29 (1998); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

Desafortunadamente, los miembros de la profesión legal arriesgan frecuentemente sus títulos con la actitud de dejadez y displicencia que demuestran. “ ‘En muchas más ocasiones que las deseables, simples amonestaciones se convierten en suspensiones indefinidas por la testarudez y contumacia de los abogados que no cumplen con nuestras órdenes.’ ” (Énfasis suprimido.) In re Santiago Méndez, 129 D.P.R. 696 (1991), citando a In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490, 493-494 (1991).

III

En el caso ante nos, no cabe duda que Servera Ramos ha hecho caso omiso a nuestra Resolución del 8 de junio de 2007 y a los múltiples requerimientos del Colegio de Abogados. A pesar de las cinco oportunidades concedidas por el Colegio de Abogados, éste incumplió con ellas reite-radamente y de forma obstinada y contumaz. Ello a pesar de que tuvo amplia oportunidad para contestar los reque-rimientos, ya que transcurrió casi un año desde la notifi-cación de la queja hasta la última notificación cursada por la Comisión de Ética.

De igual forma, Servera Ramos se ha mostrado indife-rente ante nuestra Resolución, aun cuando era consciente de las consecuencias disciplinarias que su conducta podía acarrear. Su proceder es desafiante y constituye una falta de respeto impermisible hacia este Tribunal, en abierta violación al estándar ético recogido en el Canon 9 del Có-digo de Ética Profesional, supra, y en contravención a los principios más elementales que rigen el ejercicio de la profesión. Desafortunadamente, dicha conducta refleja que a Servera Ramos no le interesa continuar ejerciendo la pro-fesión legal.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría a Ser-vera Ramos. Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándo-los, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por tra-bajos no realizados e informar oportunamente de su sus-pensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal debe incautar la obra y el sello notarial del abogado suspendido y entre-garlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Nota-rías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará Sentencia de conformidad.


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author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Enrique J. León Malavé, querellado.

      Número: CP-2006-18

      Resuelto: 17 de enero de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Celia M. Molano Flores, procuradora general auxiliar, y Mariana D.

      Negrón Vargas, procuradora general; Julio E. León Ríos, abogado del querellado; Enrique J. León Malavé, pro se; Eliadís Orsini Zayas, comisionado especial.
   per curiam:

El Sr. Eric Romero de León se quejó ante nos por la alegada conducta desacertada del Ledo. Enrique J. León Malavé, quien lo representaba en un proceso de revi-sión de pensión alimenticia para sus dos hijos. Vista la referida queja, le ordenamos al Procurador General iniciar la investigación de rigor y, posteriormente, la presentación de la querella de marras. Designamos oportunamente a la Leda. Eliadís Orsini Zayas como Comisionada Especial para que recibiera la prueba y nos rindiera un informe con sus recomendaciones. Examinado ese Informe y la réplica del licenciado León Malavé, suspendemos inmediatamente al abogado querellado por el término de un (1) año, pues su indiferencia es prueba contundente de una práctica jurí-dica deficiente.

I

Los hechos que narramos a continuación surgen del In-forme de la Comisionada Especial, Leda. Eliadís Orsini Zayas.

El señor Romero de León contrató al licenciado León Malavé para que le representara en un proceso de revisión de pensión alimenticia. El mismo día en que fue contra-tado, el licenciado León Malavé contestó la solicitud de au-mento de pensión instada por la ex esposa de su cliente. Posteriormente, las partes cumplimentaron sus respecti-vas planillas de información personal y económica. Ade-más, asistido por el licenciado León Malavé, el señor Romero de León contestó un interrogatorio que sometió su ex esposa; sin embargo, a ésta no se le requirió un descubri-miento de prueba.

Luego de estos trámites iniciales, el Tribunal de Pri-mera Instancia citó a las partes. Según el expediente de los procedimientos en ese foro, la fecha de la audiencia fue notificada a todas las partes y a sus representantes según las direcciones registradas en autos. No obstante, ni el se-ñor Romero de León ni el licenciado León Malavé compare-cieron a la audiencia señalada, aunque sí estuvieron pre-sentes la ex esposa del primero y su abogada. Celebrada la vista sin la presencia del padre alimentante o de su repre-sentante, el tribunal dictó una resolución mediante la cual aumentó la pensión a una suma que resultó ser más del doble del importe fijado originalmente. Dicha resolución fue notificada a todas las partes. El licenciado León Malavé y el señor Romero de León aceptan haberla recibido.

Inconforme, el señor Romero de León le pidió a su abo-gado que recurriera de esa determinación por entender que se le violó su derecho a ser escuchado. En vista de ello, el licenciado León Malavé presentó una moción de reconside-ración treinta y un días después de notificada la resolución que aumentó la pensión. En dicha moción no se expuso excusa, razón o argumento alguno dirigido a justificar la incomparecencia del querellado o del señor Romero de León a la audiencia señalada. Sólo se limitó a pedir que se considerara evidencia “importante” que no se tomó en cuenta al decretar el aumento reseñado. No se imputó error alguno respecto de la actuación de la juez al celebrar la vista sin el padre alimentante. El licenciado León Malavé envió una Copia de esa moción a su cliente.

Sometida la reconsideración, el señor Romero de León presentó, por derecho propio, al tribunal una “Moción In-formativa y Solicitud”, en la que argumentó desconocer por qué su representante nunca le notificó sobre la vista de aumento de pensión. Negó, a su vez, haber tenido conoci-miento de ésta. Solicitó, por ende, que se le permitiera ex-presarse y presentar prueba para poder estar en mejor po-sición de aceptar un aumento de pensión. En ese escrito, anunció también que deseaba la renuncia del licenciado León Malavé y que contrataría una nueva representación legal. El mismo día que presentó la referida moción, Romero de León visitó las oficinas de su abogado y le pidió por escrito la renuncia. El abogado accedió y presentó ante el tribunal una moción con ese fin, la cual fue acogida dos semanas después.

Luego de considerar el asunto, el tribunal rechazó de plano la moción presentada por el licenciado León Malavé. Sin embargo, ante la moción presentada por el padre ali-mentante, decidió celebrar una vista a la cual también citó al licenciado León Malavé. La orden adelantó, además, que el tribunal no violó el derecho de Romero León al debido proceso de ley, pues fue citado por conducto de su abogado y ambos optaron por no comparecer. En esa vista, el licen-ciado León Malavé informó por primera vez que nunca re-cibió la notificación en controversia. En iguales términos se expresó el señor Romero de León. La juez acotó que la no-tificación de la vista fue enviada tanto a las partes como a sus abogados. Destacó, además, el hecho de que la ex es-posa del señor Romero de León y su abogada comparecie-ron, mas el alimentante y su abogado no. Finalmente, de-claró “no ha lugar” la “pretensión” de que el tribunal celebrase una nueva vista.

A raíz de estos incidentes, y luego de los trámites de rigor, el Procurador General presentó una querella en la que imputó al licenciado León Malavé haber violado los Cánones 12, 18 y 26 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por: (1) faltar a una vista debidamente notificada; (2) presentar una moción de reconsideración fuera del término para ello, y (3) no atender el caso de su cliente adecuadamente y con la diligencia esperada de todo profesional competente.

Examinamos dichas imputaciones conforme con las de-terminaciones de hecho de la Comisionada Especial y de acuerdo con nuestro ejercicio inherente facultad disciplinaria.

hH h-H

La profesión y práctica de la abogacía no exige de quien la desempeña sólo la competencia mínima de reali-zar el esfuerzo suficiente para sobrellevarlas cada día. Re-quiere algo más. En las manos de los abogados y abogadas de Puerto Rico descansan las vidas, los bienes y las espe-ranzas de personas que procuran el auxilio de nuestro sis-tema de justicia con sumo fervor. Así pues, el abogado es el intermediario en quien nuestra sociedad confía la tarea de guiar las causas de sus clientes con sensibilidad, eficiencia y la mayor pericia. Tomada razón de que se le concede al abogado tan singular ministerio, con el Código de Etica Profesional hemos establecido unas normas precisas, de cumplimiento necesario e inexcusable, que esbozan el com-portamiento idóneo esperado de todo miembro de la profe-sión legal.

El Código de Ética Profesional y los cánones contenidos en éste, como es sabido, no representan una guía taxativa de las obligaciones que todo abogado tiene para con sus clientes, los tribunales, la profesión y la sociedad puertorriqueña. Más bien establecen unas pautas mínimas que deben guiar a los abogados en el desempeño de su profesión. In re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007). En ese sentido, hemos expresado consecuentemente que puede haber situaciones que escapen al alcance aparente de los cánones y, aún así, en función del buen juicio y la prudencia requeridos de todo letrado, se imponga la abstención. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 785 (1984); B. & L., Inc. v. P.R. Cast Steel Corp., 114 D.P.R. 808, 813 (1983). No extraña, pues, que la responsabilidad de un abogado con respecto de las normas éticas que rigen la profesión es personal e indelegable. In re Moreno Cortés, 159 D.P.R. 542, 549 (2003). En esta ocasión, se le imputa al querellado la infracción de tres de esas normas. Veamos.

A. El Canon 12 del Código de Ética Profesional impone a todo abogado el deber de ser puntual en su asistencia y en el trámite de las causas que sus clientes traen a su atención. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Además, éstos deben ex-hibir todas las diligencias necesarias para asegurarse de no causar dilaciones injustificadas en la tramitación y solución de los casos en que intervengan. Véanse: In re Fernández Díaz, 172 D.P.R. 38 (2007); In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 70, 75-76 (2001); In re Pagán Hernández, 141 D.P.R. 113, 118 (1996); Heftier Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844, 846-847 (1975); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974).

Por ejemplo, un abogado no puede decidir a su arbitrio a qué vistas comparece o no. La facultad de suspender una vista o un juicio no puede descansar en la discreción de un abogado postulante; ésta corresponde, sin duda alguna, al funcionario judicial o administrativo que la preside. In re Arroyo Villamil, 113 D.P.R. 568, 573 (1982). La incomparecencia de un abogado a una vista debidamente citada y notificada denota su falta de respeto y su irresponsabilidad para con sus clientes y el foro. Véase In re Roídos Matos, 161 D.P.R. 373 (2004). Ahora bien, no puede penalizarse a un abogado por no comparecer a una vista que nunca se le notificó y sobre la que tampoco se enteró por otro medio. In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746, 762 (2003).

B. El Canon 18, por su parte, requiere que los abogados no asuman la representación legal de un cliente cuando sean conscientes de que no pueden realizar una labor idónea y competente, o de que no pueden prepararse adecuadamente para defender las causas de éste sin aumentar irrazonablemente sus gastos o los del sistema de justicia. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18. Además, todo abogado debe defender los intereses de sus clientes con la mayor diligencia, demostrando en cada una de sus intervenciones su más profundo saber y habilidad. Así, debe satisfacer —y esmerarse por exceder— aquella medida que la profesión jurídica estima como la más adecuada y responsable. La indiferencia, desidia, despreocupación, inacción y displi-cencia no son las cualidades que deben encarnar a un abo-gado admitido por esta Curia a la práctica del Derecho. In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838, 843 (1982).

También hemos resuelto en numerosas ocasiones que todo miembro de la profesión legal tiene que defender con diligencia los intereses de sus clientes, desplegando una conducta capaz, leal, responsable, efectiva y completamente honrada. In re Martínez Miranda, 160 D.P.R. 263, 266 (2003). Véase, además, In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 602 (1987). Un abogado que decide representar a un cliente y luego incumple con su obligación de conducirse competente y diligentemente, a la par que tampoco mantiene informado a su cliente, incurre en una violación seria del Código de Etica Profesional. In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354, 360 (1999); In re Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 308, 313-314 (1998). Así, hemos disciplinado a abogados quienes, tras haber sido citados a comparecer ante un tribunal de justicia, se ausentan de la audiencia sin causa o motivo justificado alguno. In re Marrero Luna, 166 D.P.R. 578 (2005); In re Marrero Figarella, 146 D.P.R. 541 (1998); In re Coll, 101 D.P.R. 799 (1973).

C. Por último, el Canon 26 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, establece que, de ordinario, ningún abogado tiene la obligación de representar a determinado cliente. Por lo tanto, es derecho del abogado aceptar o rechazar una representación profesional, por lo que en su gestión debe obedecer siempre los designios de su propia conciencia y no los de su representado. Por ejercer una profesión que exige la mayor responsabilidad, un abogado no puede relevarla si incurre en actos u omisiones negligentes en el ejercicio de su labor. Véase, además, In re Acosta Grubb, supra; Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1 (1986).

Cuando un abogado asume una representación legal, debe realizar toda gestión a su alcance, dentro del marco de la ley y la ética, para adelantar los intereses de su representado. Sin embargo, un cliente que presenta una querella por el mero hecho de no obtener el resultado esperado en un pleito, sin más, no aduce hecho alguno que requiera nuestra intervención. Por ende, no incurre en violación ética alguna un abogado que le brinda a su cliente una opinión —con sosiego y prudencia— sobre los méritos de su reclamación y las oportunidades de prevalecer. Véase, e.g., In re García Marrero, 120 D.P.R. 278 (1988).

III

Es norma reiterada de este Tribunal que no alteraremos las determinaciones de hecho de una Comisionada Especial, salvo cuando se demuestra su parcialidad, prejuicio o error manifiesto. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012, 1015-1016 (1994). Luego de analizar cuidadosamente el informe que la Comisionada Especial nos ha rendido, no hallamos ninguna razón para intervenir con su evaluación de la prueba. Consideradas sus determinaciones de hecho, estimamos que existe prueba clara, robusta y convincente que nos requiere disciplinar al querellado. Veamos por qué.

A. Del Informe de la Comisionada Especial y sus ane-jos surge, sin lugar a dudas, que la vista sobre aumento de pensión celebrada el 29 de octubre de 2003 fue notificada debidamente el 7 de octubre de 2003. De la faz de la noti-ficación emitida por el Tribunal de Primera Instancia no-tamos que copia de ésta se remitió a los abogados y a las partes. Según nos expresa la Comisionada Especial, no existe controversia sobre la corrección de las direcciones utilizadas para cursar la notificación; tampoco sobre el he-cho de que todas las notificaciones anteriores y posteriores a la de referencia fueron enviadas a las mismas direcciones y que, en efecto, fueron recibidas. La Comisionada eon-cluye, entonces, que la notificación a la vista se recibió, mas el querellado y Romero de León optaron por no comparecer. Estamos de acuerdo.

En primer término, nos resulta increíble que el licen-ciado León Malavé justifique su incomparecencia a la vista reseñada con el argumento de que su cliente recibió la no-tificación, pero tampoco fue. Aparte de reiterar ante la Co-misionada Especial que él nunca recibió la notificación, también expresa con cierta vehemencia que el Tribunal de Primera Instancia optó por celebrar la vista sin la presen-cia de su cliente. Sin embargo, resalta del Informe que el propio licenciado León Malavé, en su comparecencia ante esta Curia, expresa que él revisó personalmente el expe-diente en el Tribunal de Primera Instancia, luego de reci-bir la resolución con el decreto sobre aumento de pensión. Alega que fue tras esa revisión que conoció del envío de la notificación. Es decir, confirmó que la notificación se había enviado.

Aunque, de por sí, el hecho reseñado no nos lleva a con-cluir que la citación fue recibida, el esquema de derecho probatorio puertorriqueño nos convence de que, en reali-dad, la notificación sí se recibió. La Comisionada Especial concluyó que según la Regla 16(24) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, debe presumirse que una carta debida-mente cursada fue recibida oportunamente y que, en con-secuencia, la notificación de la vista llegó a manos del querellado. La copia de la notificación certificada por el tribunal sentenciador para el procedimiento disciplinario ante nos, estableció el hecho básico de la presunción: que la carta fue enviada. Así, pues, al licenciado León Malavé le correspondía rebatir tal presunción con prueba tendente a demostrar que el hecho presumido nunca ocurrió, es decir, que la notificación jamás se recibió.

El querellado no refutó esta presunción con prueba alguna. Adujo que pudo haber un error clerical en el enso-brado de la notificación o que el personal de la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia la envío equivocada-mente a otra dirección. Argumentó que en otras ocasiones había sucedido esto, pero no produjo evidencia documental o testifical que permitiera dar credibilidad a su contención. Consideramos, por lo tanto, que la conclusión de la Comi-sionada Especial es correcta: la notificación, en efecto, se recibió. No es la primera vez que aplicamos esta presun-ción específica de las Reglas de Evidencia a un procedi-miento disciplinario. Por ejemplo, en In re Colón Muñoz, 131 D.P.R. 121, 151 (1992), resolvimos que una carta en-viada por un Inspector de Protocolos de la Oficina de Ins-pección de Notarías fue recibida, invocando así la Regla 16(24) de Evidencia, supra. Véanse, además: Hawayek v. A.F.F., 123 D.P.R. 526, 531 (1989); E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, San Juan, Pubs. J.T.S., 1998, Vol. 2, Sec. 12.5, pág. 1111

Abona a esta conclusión el hecho de que el propio licen-ciado León Malavé expresó que “las partes fueron debida-mente citadas según consta en el expediente del tribunal, razón por la cual entendíamos que [aun] cuando no llegó tal citación a nuestras manos, no se había violado el debido proceso de ley”. (Énfasis suplido.)

El querellado tenía que demostrarnos que no recibió la notificación mediante alguna evidencia suficiente para de-rrotar la presunción de la Regla 16(24) de Evidencia, mas no lo hizo. Por consiguiente, concluimos que el querellado violó el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra.

B. Por otra parte, la Comisionada Especial encontró probado el cargo relacionado con la impericia del licenciado León Malavé en torno a la moción de reconsideración que presentó ante el tribunal de instancia. En su Informe, la Comisionada expresa que si la notificación verdadera-mente no llegó, era esencial exponerle tal situación al Tribunal de Primera Instancia en cualquier solicitud de re-consideración, pues la notificación a una vista es parte indispensable del debido proceso de ley. No obstante, deter-minó que el licenciado León Malavé no expuso ningún ar-gumento o información que colocara al tribunal de instan-cia en posición de reevaluar su dictamen. En vez de plantear alguna violación en ese sentido, lo descartó de plano y se limitó a reiterar argumentos sobre nueva prueba de importancia para el caso. Esta prueba no pudo presentarla por haberse ausentado de la vista citada y no-tificada debidamente.

La Comisionada determinó, además, que no tan sólo el licenciado León Malavé erró al no expresarse sobre la falta de notificación, sino que presentó la moción de reconside-ración unos treinta y un días después de notificada la resolución. Actuó así, a pesar de ser de conocimiento general en la práctica legal puertorriqueña, que solamente se cuenta con quince días a partir de la notificación de la sen-tencia para presentar una moción de reconsideración ante un tribunal de instancia. Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Estamos convencidos de que el proce-der del querellado no sólo refleja su indiferencia hacia la causa de su cliente, sino que demuestra un claro descono-cimiento de las normas procesales imperantes en nuestra jurisdicción.

Ante su omisión, el licenciado León Malavé argumenta que presentar una moción de reconsideración tan tardía-mente fue sólo una inadvertencia, pues se le “olvidó”. Adujo que el tribunal de instancia bien pudo haber acogido la moción de reconsideración como una moción de relevo de sentencia, y que el tribunal no denegó la reconsideración por haberse presentado tarde, sino “por lo expuesto en dicho escrito”. No cabe duda que el querellado mantiene la actitud de justificar sus acciones y omisiones, mas sus ra-zones nos resultan claramente insuficientes.

Más bien, creemos que las acciones y omisiones en que incurrió el licenciado León Malavé revelan su irres-ponsabilidad y contumacia. De hecho, ante este Tribunal, mediante su representante legal, continuó negando cual-quier responsabilidad e intentó justificar su impericia con alegadas faltas de su cliente. Esta actitud, sin duda, es contraria al Canon 26 del Código de Ética Profesional, supra, que tacha como impropio que un abogado intente re-levar su responsabilidad por su incompetencia profesional. Que su cliente tuviese que presentar por derecho propio una moción ante el tribunal de instancia, aun cuando tenía representación legal, nos demuestra que su comunicación con el señor Romero de León no existía o, cuando menos, era insuficiente. Igual falta de interés hemos notado en sus comparecencias durante el procedimiento de marras.

IV

Por las razones antes expresadas, concluimos que el Ledo. Enrique J. León Malavé infringió los referidos Cáno-nes 12, 18 y 26 del Código de Ética Profesional. Su con-ducta constituyó una grave afrenta a las normas éticas que rigen la profesión jurídica en Puerto Rico y causó un gran perjuicio a su cliente. En consecuencia, lo suspendemos in-mediatamente del ejercicio de la abogacía por el término de un (1) año.

El querellado notificará a sus clientes que por motivo de la suspensión no puede continuar con su representación legal y les devolverá los expedientes de los casos pendien-tes y los honorarios recibidos por trabajos no realizados. Asimismo, informará de su suspensión a cualquier Sala del Tribunal General de Justicia o a cualquier foro administra-tivo donde tenga algún caso pendiente.

Por último, tiene la obligación de acreditar y certificar ante este Tribunal, en el término de treinta días, que cum-plió con lo antes señalado. El cumplimiento con estos de-beres será notificado también al Procurador General. El Alguacil de este Tribunal se incautará inmediatamente de la obra y del sello notarial del abogado de epígrafe para el trámite correspondiente por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino.

       Este argumento parece basarse en el entendido de que si un abogado o su cliente faltan a una vista, el tribunal tiene que suspenderla. Claramente, tal preten-sión no encuentra apoyo en las normas reglamentarias del Poder Judicial. Dicha conducta constituiría una falta de respeto a los jueces y a las juezas del país. Un abogado que en el futuro funde su incomparecencia en dicha “esperanza”, podría enfrentar serias consecuencias disciplinarias.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, apelante, v. Adquisición de 8,554.741 Metros Cuadrados en el Barrio Canas del Término Municipal de Ponce, Adriana Mercado de Wilson, Richard S. et als., apelados; Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, apelante, v. Adquisición de 120,925.207 Metros Cuadrados en el Barrio Canas del Término Municipal de Ponce, Eufemia Eileen Mercado, Adriana Luisa Mercado Parra, John Doe y Richard Roe, apelados.

      Número: AC-2005-58

      Resuelto: 17 de enero de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Leticia Casal-duc Rabell, procuradora general auxiliar, abogados del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico; Rubén E. Alayon del Valle, abogado de la Autoridad de Carreteras y Transpor-tación, parte apelante; Ángel R. Jiménez Rodríguez y Eric A. Tulla, del bufete Rivera, Tulla & Ferrer, abogados de la parte apelada.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Se nos solicita la revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, mediante la cual se confirmó y modificó una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la que se declaró “con lugar” una solicitud de expropiación a favor de la Autoridad de Carre-teras y Transportación. Veamos los hechos acaecidos que originan el presente recurso.

I

El 26 de abril de 1994, la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia dos peticiones de expropiación forzosa para adquirir 8,554.741 y 120,925.207 metros cua-drados en el Barrio Canas del término municipal de Ponce. Como justa compensación, la ACT depositó $342,200 y $1,230,700, respectivamente. Se denominaron como partes con interés a la señora Adriana Mercado de Wilson, el señor Richard S., la señora María Luisa, Margarita María, de apellidos Wilson Mercado; David Mario, la señora Eileen María, de apellidos Coffey Mercado, y la se-ñora Eileen Mercado O’hanlon, John Doe, Richard Doe, la señora Eufemia Eileen Mercado, la señora Adriana Luisa Mercado Parra, John Doe y Richard Doe (las partes con interés).

Luego de un largo y accidentado desarrollo procesal, las partes se reunieron el 21 de octubre de 2003 y llegaron a unos acuerdos transaccionales en cuanto al valor de las propiedades en controversia. Estas propiedades se valo-raron en $395,000 (KEF19940133) y $4,252,679 (KEF19940131), respectivamente. Sin embargo, las partes no pudieron acordar la tasa de interés que debería pagar la ACT sobre la suma adicional pactada.

El 21 de octubre de 2003, las partes con interés presen-taron ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito ti-tulado Memorando [s]obre la Tasa de Interés Aplicable al Pago de Justa Compensación en Casos de Expropiación Forzosa. En dicho escrito, las partes con interés plantea-ron que la tasa de interés prescrita en la Ley de Expropia-ción Forzosa del Código de Enjuiciamiento Civil de 12 de marzo de 1903, según enmendada (Ley de Expropiación), era inconstitucional de su faz, y en su aplicación, ya que no proveía la justa compensación que requiere la See. 9 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Argumentaron que la legis-lación estatal no tomaba en cuenta las fluctuaciones en el mercado local de los intereses entre el tiempo en que la

propiedad fue expropiada y la fecha en que se dictaba la sentencia.

El 27 de octubre de 2003 —archivadas en autos el 30 de octubre de 2003— el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencias parciales mediante las cuales estableció el valor de las propiedades. En cuanto a una de las propiedades (KEF19940133), el foro de primera instancia decretó que el valor era $395,000. Por ello le ordenó a la ACT depositar $52,800 debido a que ésta ya había consignado $342,200 al iniciar el procedimiento de expropiación. En cuanto a la otra propiedad (KEF19940131), el mismo foro declaró que el valor de la propiedad era $4,252,679. Por tal razón, le ordenó a la ACT que depositara $3,021,979 porque al inicio del procedimiento de expropiación había consignado $1,230,700. Además de las sumas adicionales en los respec-tivos casos, la ACT debería satisfacer los intereses sobre las respectivas sumas a razón de la tasa vigente de uno por ciento anual, según establecida por la Oficina del Comisio-nado de Instituciones Financieras (OCIF), computados desde la presentación de la petición de expropiación hasta el pago total. Se ordenó al Secretario de Justicia y al Co-misionado de Instituciones Financieras (el Comisionado), se expresaran sobre el planteamiento constitucional de las partes con interés.

El 31 de octubre de 2003, la ACT presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito titulado Moción So-licitando se Desestime Alegaciones de la Parte con Interés. Alegó, entre otras cosas, que la institución que establece el porciento de intereses a pagarse por sentencia es la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la cual no era parte en este caso, por lo que las partes con interés tenían que presentar un caso civil independiente.

El 10 de noviembre de 2003 —notificada el 17 de no-viembre de 2003— el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden e indicaron lo siguiente:

En relación a la Moción Solicitando Se Desestime Alegacio-nes de la Parte Con Interés radicada el día 31 de octubre de 2003, el Tribunal dictó la siguiente orden:
“Replique la parte con interés, en un término a vencer en 10 días”.

El 25 de noviembre de 2003, las partes con interés pre-sentaron ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito titulado Moción en Cumplimiento con Orden. Alegaron, entre otras cosas, que hacer el planteamiento sobre los in-tereses en un pleito separado podría constituir un fraccio-namiento y podría interpretarse como una renuncia al mismo.

En cuanto al caso (KEF19940131), el 9 de enero de 2004 la ACT, en cumplimiento con la sentencia parcial de 27 de octubre de 2003 del Tribunal de Primera Instancia, con-signó $3,312,668.55. Esta suma incluía los intereses a razón del uno por ciento computados desde el 26 de abril de 1994, fecha de presentación de la demanda de expropia-ción, hasta la consignación final.

En cuanto al caso (KEF19940133), el 2 de febrero de 2004 la ACT, en cumplimiento con la Sentencia Parcial de 27 de octubre de 2003 del Tribunal de Primera Instancia, consignó $57,385.64. Esta suma incluía los intereses a razón del uno por ciento computados desde el 26 de abril de 1994, fecha de presentación de la demanda de expropia-ción, hasta la consignación final.

El 3 de febrero de 2004, la OCIF, en cumplimiento con la Sentencia de 27 de octubre de 2003 del Tribunal de Pri-mera Instancia, presentó un escrito titulado Memorando de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras en Cumplimiento de Orden. Alegó, entre otras cosas, que la tasa de interés aplicable es la prescrita en el Regla-mento 78-1 de la Junta Financiera de la Oficina del Comi-sionado de Instituciones Financieras, (Reglamento 78-1), al momento de dictarse la sentencia. Argüyeron, además, que la Sec. 5A de la Ley de Expropiación 32 L.RR.A. see. 2907, no es inconstitucional de su faz ya que la tasa de interés pagadera a las partes con interés no surge de dicha ley ni de la Regla 44.3 de Procedimiento Civil. Sostuvieron, además, que la See. 5 A de la Ley de Expropiación provee de manera adecuada la justa compen-sación según dispuesta en la See. 9 del Art. II de la Cons-titución de Puerto Rico, supra. Concluyó que la aplicación del Reglamento 78-1 a las partes con interés no resultaba inconstitucional ya que la tasa de interés dispuesta por éste alegadamente incorpora y refleja la realidad econó-mica de Puerto Rico.

En cuanto al caso (KEF19940131), el 5 de febrero de 2004 la ACT consignó una cantidad adicional ($2,526.30) en exceso de intereses no compensados sobre la cantidad de $3,312,668.55.

El 19 de febrero de 2004, las partes con interés presen-taron en el Tribunal de Primera Instancia, un escrito titu-lado Réplica a Memorando de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras en Cumplimiento de Orden. Alegaron, entre otras cosas, que la Ley de Expro-piación era inconstitucional de su faz, ya que el método provisto por la misma para determinar la tasa de interés aplicable en casos de expropiación forzosa, “es el germen de su propia inconstitucionalidad”. Sostuvieron, ade-más, lo siguiente:

Por otro lado, la Ley de Expropiación establece que la tasa aplicable es aquella “que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia.” Al fijar un solo tipo de interés (el fijado a [la] fecha de la sentencia), el estatuto viola la Constitución si las variaciones en el tipo de interés durante el periodo en cuestión resultan en que el expropiado reciba menos de la justa com-pensación que exige nuestra Constitución. Según quedó clara-mente establecido en el Memorando sobre Tasa de Interés so-metido por la compareciente, esa legislación no toma en cuenta las fluctuaciones en el mercado local de intereses entre el tiempo en que la propiedad fue expropiada y la fecha que se dicta la sentencia. Este defecto en la Ley puede causar, por un lado, que el gobierno pague una tasa de interés mayor a la que le corresponde si los intereses al momento de dictarse la sen-tencia son mayores a los intereses vigentes entre el momento de la expropiación y el momento de la sentencia. El defecto de la ley también puede causar que el gobierno pague una tasa de interés menor a la que le corresponde recibir el afectado, como parte de su justa compensación.

Señalaron que el vicio constitucional de la Ley de Ex-propiación provenía de su propio texto, por lo cual la ley resultaba inconstitucional de su faz.

El 19 de febrero de 2004, notificada el 24 de febrero de 2004, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Senten-cia que determinaba que el interés dispuesto en la Ley de Expropiación de uno por ciento era justo y equitativo para ambas partes.

Inconformes, el 25 de marzo de 2004, las partes con in-terés presentaron recursos de apelación en el Tribunal de Apelaciones al señalar que el foro de primera instancia in-cidió al declarar constitucional la tasa de interés prescrita en la Ley de Expropiación. Alegaron, entre otras cosas, que el porciento fijo por semestre establecido por el Regla-mento 78-1 de OCIF, no tomaba en cuenta las fluctuacio-nes en las tasas de interés en los años entre la fecha de la expropiación y la fecha del pago. Esta situación provocaba que el gobierno pagara una tasa de interés menor a la que le correspondía recibir a los peticionarios como parte de su justa compensación en violación a la cláusula de justa com-pensación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Argüyeron, además, que la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, en cuanto a la tasa de interés aplicable al pago de una justa compensación, no reflejaba la realidad económica de Puerto Rico.

El 22 de abril de 2004, la ACT presentó ante el Tribunal de Apelaciones un escrito titulado Moción en Auxilio de Jurisdicción. Argumentó que las alegaciones del recurso de las partes con interés son de carácter constitucional y correspondía al Departamento de Justicia y a OCIF expre-sarse al respecto.

El 23 de julio de 2004 el Procurador General presentó su alegato ante el Tribunal de Apelaciones. En esencia, ar-gumentó que la tasa de interés dispuesta en la Ley de Ex-propiación y el Reglamento 78-1 de OCIF era justa y equi-tativa para las partes. Sin embargo, recomendó que se debía devolver el caso al foro de primera instancia para que se hicieran los cómputos correspondientes acorde con las tasas de interés prevalecientes en el mercado, según surgía del Reglamento 78-1 de OCIF, y conforme éstas va-riaron desde la fecha de expropiación hasta la fecha del pago total de la compensación.

El 12 de agosto de 2004 la ACT presentó ante el Tribunal de Apelaciones un escrito titulado Moción Urgente Ex-poniendo la Posición de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Alegaron, entre otras cosas, que no es-taban de acuerdo con el método propuesto por el Procura-dor General para el cómputo de los intereses legales por estar en contra de lo establecido en la Ley de Expropiación.

El 24 de agosto de 2004 las partes con interés presenta-ron ante el Tribunal de Apelaciones un escrito titulado Ré-plica a Moción Urgente Exponiendo la Posición de la Auto-ridad de Carreteras y Transportación. Alegaron, entre otras cosas, que la ACT apoyaba su posición en una inter-pretación restrictiva e inconstitucional de la Ley de Expropiación.

El 13 de septiembre de 2004 la ACT presentó ante el Tribunal de Apelaciones un escrito titulado Oposición a R[é]plica a Moción Urgente Exponiendo la Posición de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Alegaron, en síntesis, que el cómputo de los intereses sobre una suma adicional, en caso de expropiaciones, será el tipo de interés anual fijado por la Junta Financiera de la OCIF que esté vigente cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte la sentencia, y que dicho interés aplicará a todo el periodo comprendido entre la fecha del taking hasta el pago de la suma adicional.

El 29 de julio de 2005 —notificada el 5 de agosto de 2005— el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en la que acogió los argumentos del Procurador General. El foro intermedio apelativo sostuvo la constitucionalidad de la Ley de Expropiación y confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, devolvió el caso al foro de primera instancia para que éste hiciera los cómputos correspondientes de acuerdo con las tasas de in-terés prevalecientes en el mercado —según surge del Re-glamento 78-1 de OCIF— y conforme éstas habían variado semestralmente desde la fecha de expropiación hasta la fe-cha del pago total de la justa compensación.

Insatisfecha, la ACT acude ante nos mediante un recurso de Certiorari en el que alega la comisión del error siguiente:

[A.] ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES AL ORDENAR EL CÓMPUTO DE LOS INTERESES LEGALES EN ACORDE CON LAS TASAS DE INTERÉS PREVALECIENTES EN EL MERCADO SEGÚN SURGEN DEL REGLAMENTO 78-1 DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (OCIF) CONFORME HAN VARIADO SEMESTRALMENTE DESDE LA FECHA DE EXPROPIACIÓN HASTA [LA] FE-CHA DEL PAGO TOTAL DE LA JUSTA COMPENSACIÓN.
EXISTE UN CONFLICTO SUSTANCIAL ENTRE DECI-SIONES PREVIAS DEL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APE-LACIONES CON RELACIÓN AL MÉTODO DISPUESTO POR LA LEY PARA CÓMPUTO DE LOS INTERESES LEGA-LES EN LOS CASOS DE EXPROPIACIÓN FORZOSA.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, esta-mos en posición de resolver los asuntos traídos ante nues-tra consideración. Veamos.

II

La See. 9 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, pág. 308, dispone que “[n]o se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley”.

La obligación del Estado de pagar una justa compensa-ción se puede manifestar de tres maneras: (1) mediante el ejercicio directo del poder de dominio eminente, instando un recurso de expropiación; (2) por medio de su reglamen-tación, y (3) cuando ocurre una incautación de hecho al afectar sustancialmente el uso de la propiedad físicamente. Hemos expresado que la justa compensa-ción “es aquella ‘que ponga al dueño en una posición pecu-niaria tan buena a la que estaría si la propiedad no se hubiese expropiado’ ”. (Enfasis suplido.)

Hemos sostenido, de la misma forma que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que la determinación de una justa compensación es esencialmente un ejercicio judicial, no legislativo. En E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 D.P.R. 683, 688-689 (1994), citando a Monongahela Navigat’n Co. v. United States, 148 U.S. 312, 327 (1893), y a U.S. v. 50.50 Acres of Land, 931 F.2d 1349 (9no Cir. 1991), sostuvimos lo siguiente:

“[La justa compensación] es una controversia judicial y no legislativa. La legislatura puede determinar qué propiedad privada se necesita para propósitos públicos — ésta es una controversia de carácter político y legislativo; pero cuando se ha ordenado la expropiación, entonces la controversia sobre la compensación es judicial. ... La constitución ha declarado que se tiene que pagar justa compensación y que su determinación es una cuestión que le compete a los tribunales.” (Traducción nuestra.)

La Ley de Expropiación ordena el pago de intereses cuando existe una diferencia entre la suma fijada por la parte que solicita la expropiación y la cantidad que determine el Tribunal como justa compensación. Sobre este particular, la Sec. 5B de la Ley de Expropiación dis-pone lo siguiente:

En cualquier sentencia dictada en un procedimiento de ex-propiación forzosa para la adquisición de propiedad privada o de cualquier derecho sobre la misma para uso público o apro-vechamiento en beneficio de la comunidad, entablado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal directamente, o a su nombre por cualquier agencia, autoridad, instrumentalidad o funcionario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en que la cantidad determinada por el tribunal como justa compensación por la propiedad o los derechos en la misma objeto de tal procedimiento, tanto en caso de trasmi-sión del titulo como de la mera posesión sin trasmisión del titulo, sea mayor que la cantidad fijada por el demandante y depositada en el tribunal como justa compensación por tal pro-piedad o derechos en la misma, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico pagará el importe de la diferencia entre la suma así fijada por él demandante y depositada por el en el tribunal y la cantidad que a tal efecto haya determinado el tribunal como justa compensación por dicha propiedad o derechos en las mismas objeto de tal procedimiento, con intereses a razón del tipo de interés anual que fije por Reglamento la Junta Fi-nanciera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Fi-nancieras y que esté en vigor al momento de dictarse la senten-cia, de conformidad con la Regla 44.3, Ap. III de este título, sobre tal diferencia a contar desde la fecha de la adquisición de tal propiedad o derechos y desde esta fecha hasta la del pago de dicha diferencia; Disponiéndose, que en los casos en que el demandado o demandados apelen de la sentencia fijando la compensación y el Tribunal Supremo confirmase dicha senten-cia o rebajase la compensación concedida, el apelante no reco-brará intereses por el período de tiempo comprendido entre la fecha de radicación del escrito de apelación y hasta que la sentencia del Tribunal Supremo fuera final, firme y ejecutoria. (Énfasis suplido.)

El pago de intereses es una parte integral de la justa compensación según el mandato constitucional de justa compensación.

La Ley de Expropiación establece que la tasa de interés que fije la Junta Financiera de OCIF es la que se utilizará para calcular intereses en casos de expropiación forzosa. En E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, invalidamos la imposición del seis por ciento como tasa de interés anual, según disponía la Ley de Expropiación vigente al momento de dictarse la sentencia. Como resultado de esto, ordena-mos que el Estado debía pagar los intereses que surgían del Reglamento 78-1 de OCIF que fue aprobado el 25 de octubre de 1988. El Reglamento 78-1 de OCIF, pág. 1, dis-pone lo siguiente:

SECCIÓN 3 — FIJACIÓN DE TASAS
a) Sentencias impuestas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades, corpora-ciones públicas o funcionarios en su carácter oficial: La tasa equivalente al r[é]dito de los “U.S. Treasury Bills” con venci-miento a seis (6) meses redondeado al V2 punto más cercano. (Énfasis suplido.)

III

Con el trasfondo normativo antes expuesto, pasamos a resolver si erró el Tribunal de Apelaciones al modificar y de esa forma confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. En su sentencia, el foro intermedio apelativo dispuso que el solo utilizar la tasa de interés vi-gente al momento de dictar la sentencia no proveía una justa compensación conforme a la Constitución, ya que esta tasa no reflejaba los cambios acaecidos en el mercado entre la fecha de expropiación y la fecha del pago total por los terrenos expropiados. Le asiste la razón. Veamos.

Recientemente, este Tribunal tuvo la oportunidad de resolver la controversia que aquí nos ocupa. En Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, 172 D.P.R. 278 (2007), atendimos la controversia de cómo se deben computar las tasas de intereses en casos de expropiaciones forzosas. Sostuvimos que en los casos donde el periodo entre la incautación y el pago total del Estado exceda un semestre, el Tribunal de Primera Instancia debe considerar las variaciones en las tasas de interés durante los distintos semestres. Ex-presamos, además, lo siguiente:

De esta forma se asegura que las tasas de interés que se apli-quen en un momento dado reflejen las condiciones existentes en ese momento en el mercado para los instrumentos financieros. Al ser el seleccionado por OCIF un instrumento financiero con un término de seis meses, corresponde que las tasas aplicables se revisen semestralmente, tal como se esti-pula en el Reglamento 78-1 de OCIF.
En E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, dispusimos que las fluctuaciones en el mercado tienen que ser consideradas al computar el interés aplicable en casos de expropiación forzosa. Sin embargo, se le estaba dando una lectura literal a la Ley de Expropiación cuando disponía que se utilizara el interés fijado por OCIF que estuviera en vigor al momento de dictarse la sentencia. La intención de este Tribunal en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, fue que las tasas de intereses aplica-bles a casos de expropiación forzosa reflejaran las fluctuacio-nes imperantes en el mercado de valores. Para lograr dicho objetivo, se tienen que considerar las variaciones en las tasas de interés durante los distintos semestres. De esta forma se cumple con el mandato constitucional de satisfacer una justa compensación en los casos de expropiación forzosa, consagrado en el Art. II, Sec. 9 de nuestra Constitución, supra. Así pues, entendemos que la determinación del Tribunal de Apelaciones a estos efectos debe ser confirmada ya que cumple con el pro-pósito establecido por este Tribunal en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra. (Enfasis suprimido.) Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, supra, pág. 300.

En el presente caso, la incautación (taking) de las pro-piedades de las partes con interés ocurrió en 1994; sin embargo, no fue hasta el 2003 que el foro de primera instancia emitió una sentencia que estableció el valor final de las propiedades. Durante esos nueve años las tasas de interés fijadas por la OCIF variaron semestralmente. Estas varia-ciones representan las fluctuaciones del mercado durante el período de tiempo pertinente. Siendo los intereses de los casos de expropiación forzosa parte de la justa compensa-ción, procede que el Tribunal de Primera Instancia consi-dere las variaciones en las tasas de interés durante los distintos semestres. De esta forma se llega a una solución justa y razonable que cumple con el principio constitucio-nal de justa compensación.

Debido al hecho que Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, supra, versa sobre la misma exacta controversia que nos ocupa, procede aplicar al caso de marras la norma esbo-zada en dicho caso.

Así las cosas, resolvemos que en los casos de expropia-ciones forzosas donde el período entre la incautación y el pago total del Estado excede un semestre, el Tribunal de Primera Instancia tiene que considerar las variaciones en las tasas de interés durante los distintos semestres, según surgen del Reglamento 78-1 de OCIF. El Tribunal debe to-mar la diferencia entre la incautación inicial y el valor final y añadirle la cantidad que resulte de aplicarle a dicho valor la tasa de interés anual prevaleciente en el corres-pónchente semestre, según se establece en el documento que emite OCIF (Reglamento 78-1), por los correspondien-tes meses hasta el final del semestre. Al valor que resulte se le aplica la tasa de interés anual prevaleciente en el siguiente semestre, según se establece en el documento que emite OCIF (Reglamento 78-1), por los correspondien-tes meses del semestre. Este procesó se repite hasta la con-signación final del valor de la propiedad expropiada que así resulte.

En su escrito de “Apelación”, ACT argumenta que se debe dar una lectura literal a la Sec. 5B de la Ley de Expropiación, supra, según la cual aplicaría la tasa de interés prevaleciente al momento de dictarse la sentencia en el documento que emite OCIF, la cual aquí correspondería a una tasa de uno por ciento. Sin embargo, no podemos olvidar que los tribunales tienen el deber de armonizar todas las disposiciones de ley involucradas en un caso con miras a lograr un resultado sensato, lógico y razonable que represente la intención del legislador. De igual forma, es norma reiterada que antes de decretar la inconstitucionalidad de una ley, el tribunal examinará primero si existe alguna, interpretación razonable del estatuto que le permita soslayar la cuestión constitucional.

Este Tribunal debe rechazar una lectura literal de la Sec. 5B de la Ley Expropiación, supra, según la cual apli-caría la tasa de interés prevaleciente al momento de dic-tarse la sentencia en el documento que emite la OCIF, que aquí correspondería a una tasa de uno por ciento.

La interpretación que estamos haciendo de la See. 5B de la Ley de Expropiación, supra, armoniza su propósito expreso con lo que resolvimos en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, cuando indicamos que las fluctuaciones en el mercado tienen que ser consideradas al computar el interés aplicable en casos de expropiación forzosa. Tal y como indicamos en Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, supra, la intención de este Tribunal en E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., supra, fue que las tasas de intereses aplicables a casos de expropiación forzosa reflejaran las fluctuaciones imperantes en el mercado de valores. Para lograr dicho objetivo se tienen que computar progresivamente sobre la base de distintas tasas de interés aplicables a los semes-tres del período entre la incautación y el pago final, según determinadas por la OCIF como las tasas aplicables a las sentencias que el Estado tiene que satisfacer para cada semestre. De esta forma se cumple con el mandato consti-tucional de satisfacer una justa compensación en los casos de expropiación forzosa, consagrado en el Art. II, Sec. 9 de nuestra Constitución, supra.

En mérito de lo anterior, concluimos que el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que éste hiciera los cóm-putos correspondientes en conformidad con las tasas de in-terés prevalecientes en el mercado según surgen del Reglamento 78-1 de OCIF y conforme éstas han variado semestralmente desde la fecha de la expropiación inicial hasta la fecha del pago total de la justa compensación en ambos casos.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia recurrida.

       Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 160-166 y 475-482.

       Íd., págs. 306-309 y 605-608.

       Íd., págs. 310-393 y 610-692.

       32 L.P.R.A. see. 2901 et seq.

       Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 394-397 y 695-698.

       Íd., págs. 398-399 y 693-694.

         Íd., págs. 402-403 y 699-700.

       Íd., págs. 404-406 y 703-705.

       Íd., pág. 709.

       Íd., pág. 410.

       Íd., págs. 411-422 y 712-723.

       Reglamento aprobado el 25 de octubre de 1988.

       32 L.P.R.A. Ap. III.

       Apéndice de recurso de Certiorari, pág. 724.

       Íd., págs. 423-432 y 725-734.

       Íd.

       Íd., págs. 433-436 y 735-738.

       Íd., págs. 122-436 y 437-738.

       Íd., págs. 115-116.

       Íd., págs. 72-111.

       Íd., págs. 66-69.

       Íd., págs. 57-59.

       Íd., págs. 47-56.

       Íd., págs. 14-46.

        Velázquez Velázquez v. E.L.A., 135 D.P.R. 84, 88 (1994); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); Sucn. García v. Aut. de Carreteras, 114 D.P.R. 676 (1983); Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 D.P.R. 301 (1978).

        E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 D.P.R. 683, 689 (1994).

       Íd.; Monongahela Navigat’n Co. v. United States, 148 U.S. 312, 327 (1893); U.S. v. 50.50 Acres of Land, 931 F.2d 1349 (9no Cir. 1991).

        Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, 172 D.P.R. 278 (2007).

       32 L.P.R.A. sec. 2908.

        E.L.A. v. Reseco Industries, Inc., supra.

       32 L.P.R.A. sec. 2908.

       Espacio de seis meses naturales.

        Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697 (2001).

        E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958).


text:
      In re Reinaldo Laboy Ramos, querellado.

      Número: AB-2006-117

      Resuelto: 18 de enero de 2008

      Lourdes I. Quintana Llórens, directora de la Oficina de Ins-pección de Notarías.
   per curiam:

Reinaldo Laboy Ramos fue admitido al ejer-cicio de la profesión de abogado el 30 de junio de 1993, y el 16 de julio de 1993 fue admitido a ejercer como notario.

I

El pasado 25 de mayo de 2006 la Secretaria del Tribunal Supremo cursó una comunicación por correo certificado al licenciado Reinaldo Laboy Ramos (Laboy Ramos) con rela-ción a una queja presentada en su contra en este Tribunal por la señora Modesta Collazo Román. En dicha carta se le concedía un término de diez días para contestar la queja presentada en su contra.

El 1 de agosto de 2006, mediante una segunda notifica-ción, se le concedió un término adicional de diez días para contestar la referida queja. No compareció dentro del tér-mino requerido.

El 29 de agosto de 2006, mediante una Resolución y bajo apercibimiento de suspensión al ejercicio de la profesión, se le concedió un término de diez días adicionales para contestar la queja en su contra. Esta Resolución le fue no-tificada personalmente por un alguacil del Tribunal el 28 de septiembre de 2006.

El 31 de agosto de 2006, Laboy Ramos presentó ante nos un escrito titulado Contestación a Querella.

El 15 de septiembre de 2006, la Secretaría del Tribunal Supremo cursó una comunicación por correo a la licenciada Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías. Se le indicó que en cumplimiento con la Regla 14(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, se le refería copia del expediente de la queja de referencia para la in-vestigación e informe correspondientes.

El 12 de junio de 2007, mediante Resolución, se le soli-citó a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías que en un término de treinta días notificara las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la Regla 14(d) del Re-glamento del Tribunal Supremo, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A.

El 31 de julio de 2007, la Leda. Lourdes I. Quintana, directora de la Oficina de Inspección de Notarías, presentó ante nos una Moción en Cumplimiento de Orden. Indicó, entre otras cosas, que como parte del proceso para comple-tar un expediente, se le requirió a Laboy Ramos informa-ción adicional que resultaba esencial para la preparación de dicho informe. Sin embargo, Laboy Ramos no compare-ció para ofrecer la información solicitada.

El 22 de agosto de 2007, mediante una Resolución y bajo apercibimiento de suspensión al ejercicio de la profesión de abogado, se le concedió un término de veinte días adiciona-les a Laboy Ramos para que compareciera ante la Oficina de Inspección de Notarías y sometiera la información solicitada. Además, se le indicó que dentro del mismo tér-mino debería certificar a este Tribunal el cumplimiento de esta Resolución. Esta Resolución le fue notificada perso-nalmente por un alguacil del Tribunal el 6 de septiembre de 2007.

Hoy, Laboy Ramos no ha cumplido con los requerimien-tos antes indicados.

En vista de lo anterior, procedemos a resolver este asunto sin trámite ulterior.

II

Hemos resuelto, en reiteradas ocasiones, que todo abo-gado tiene el deber y la obligación de responder con dili-gencia a los requerimientos y las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando se trata de procedimientos sobre su conducta profesional. Hemos señalado que procede la suspensión del ejercicio de la abogacía cuando un abogado no atiende con diligencia nuestros requerimientos y se muestra indiferente a nuestros apercibimientos de impo-nerle sanciones disciplinarias. In re Lloréns Sar, 170 D.P.R. 198 (2007); In re Díaz Rodríguez, 166 D.P.R. Ap. (2005); In re Vega Lassalle, 164 D.P.R. 659 (2005); In re Quintero Alfaro, 161 D.P.R. Ap. (2004); In re Serrano Mangual, 139 D.P.R. 602 (1995); In re González Albarrán, 139 D.P.R. 543 (1995); In re Osorio Díaz, 131 D.P.R. 1050 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490, 494 (1991).

En el caso antes nos, el licenciado Laboy Ramos se ha mostrado indiferente a nuestro apercibimiento de impo-nerle sanciones disciplinarias. Evidentemente no le inte-resa continuar ejerciendo la profesión.

En vista de lo anterior, se suspende inmediata e indefi-nidamente del ejercicio de la abogacía y la notaría al licen-ciado Reinaldo Laboy Ramos.

Se le impone el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolver-les cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no reali-zados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Además, tiene la obliga-ción de acreditar y certificar ante este Tribunal el cumpli-miento con lo anterior, dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y Sentencia.

Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incau-tarse de la obra y sello notarial del abogado suspendido y entregar los mismos a la Directora de la Oficina de Inspec-ción de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil e Informe de Reglas de Procedimiento Civil de 2007.

      Número: EC-2008-02

      Resuelto: 18 de enero de 2008
   RESOLUCIÓN

El 8 de septiembre de 2005, mediante la Resolución Núm. EC-2005-0001, este Tribunal reactivó el Comité Ase-sor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, con la encomienda de evaluar las Reglas de Procedimiento Civil según la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según.enmendada, 4 L.P.R.A. see. 24 et seq. Además, se encomendó al Comité enmarcar los trabajos en el desa-rrollo de un proyecto moderno de Reglas de Procedimiento Civil que esté dirigido principalmente a agilizar los proce-dimientos judiciales.

El 26 de diciembre de 2007, el Comité Asesor Perma-nente de Reglas de Procedimiento Civil hizo entrega formal de su Informe Final. Este Tribunal tiene por cumplida la tarea que le fue delegada al Comité y acepta el Informe de Reglas de Procedimiento Civil.

El Tribunal remite el Informe al Secretariado de la Con-ferencia Judicial y Notarial para su divulgación y análisis. Encomienda, además, a la Directora del Secretariado, Leda. Lilia M. Oquendo Solis, a tomar las medidas necesa-rias para conceder a la comunidad jurídica y a la ciudada-nía la oportunidad de examinar el Informe y someter sus recomendaciones para la consideración del Tribunal una vez concluido el proceso de evaluación.

Finalmente, el Tribunal agradece al Comité Asesor Per-manente de Reglas de Procedimiento Civil, integrado por las personas que destacamos a continuación, la dedicación y el empeño con que asumieron la encomienda para pre-sentar un trabajo excelente.

Lcdo. José A. Andréu García, presidente

Lcda. Lady Alfonso de Cumpiano

Lcdo. Francisco G. Bruno Rovira

Lcda. Waleska Delgado Marrero

Hon. Héctor Conty Pérez

Lcdo. José A. Cuevas Segarra

Lcdo. Rafael Hernández Colón

Hon. Luis E. Maldonado Guzmán

Lcdo. José E. Otero Matos

Lcdo. Harold Vicente González

Lcda. Sylvia Vilanova Hernández

Lcdo. Manuel Martínez Umpierre

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Ana Elena Cuebas Vargas, querellada.

      Número: AB-2006-84

      Resuelto: 23 de enero de 2008

      Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Ins-pección de Notarías; Raúl Liado Soto, querellante; Ana Elena Cuebas Vargas, pro se.

   per curiam:

El 3 de abril de 2006 el Sr. Raúl Liado pre-sentó una queja contra la Leda. Ana E. Cuebas Vargas en la que expone las razones por las cuales entiende que ésta incumplió con el contrato de servicios profesionales sus-crito entre ellos. Sostiene, además, que ésta retuvo el ex-pediente del caso y que no ha devuelto $3,000 que le en-tregó como honorarios. La licenciada Cuebas Vargas sometió su contestación a la queja el 21 de junio de 2006. Referimos la queja a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), por tratarse en su origen de un asunto de trámite de expediente de dominio. La Directora de ODIN compare-ció el 18 de diciembre de 2006 y expuso que, analizado el caso, éste no versaba sobre conducta o actuación notarial indebida alguna. Por esa razón recomendó que se refiriera a la Oficina del Procurador General para su evaluación.

Mediante Resolución de 5 de enero de 2007, este Tribunal concedió a la Leda. Ana Elena Cuebas Vargas un tér-mino para que se expresara sobre el Informe presentado por ODIN. Ante su incomparecencia, el 11 de octubre de 2007 le concedimos un término final de quince días, con-tado a partir de la notificación de dicha resolución, para que contestara lo ordenando por este Tribunal.

Apercibimos a la Leda. Ana Elena Cuebas Vargas de que su incumplimiento con lo ordenado conllevaría sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión automática del ejercicio de la profesión. Esta resolución se notificó per-sonalmente a la Leda. Ana Elena Cuebas Vargas.

No obstante lo anterior, la licenciada Cuebas Vargas no ha comparecido.

I

Hemos resuelto en reiteradas ocasiones que todos los miembros de la clase togada tienen que responder con pre-mura y por escrito a los requerimientos relacionados con quejas por conducta profesional. Hacer lo contrario puede conllevar severas sanciones disciplinarias. Véanse: In re Vilanova Alfonso, 159 D.P.R. 167 (2003); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999). Este Tribunal ha destacado, además, la importancia de la función investigativa que realiza la Oficina del Procurador General con relación a las quejas sobre posibles violaciones éticas. In re Albizu Merced, 136 D.P.R. 126 (1994).

De igual forma, hemos señalado reiteradamente que desatender las órdenes judiciales constituye un serio agra-vio a la autoridad de los tribunales e infringe el Canon IX del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. In re Maldonado Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999). Igualmente, hemos resaltado que los abogados tienen el deber ineludible de cumplir diligentemente las órdenes de este Tribunal. Desatender estas órdenes acarrea la imposición de sancio-nes disciplinarias severas, incluso la suspensión del ejerci-cio de la profesión. Véanse, entre muchos otros: In re Grau Díaz, 167 D.P.R. 397 (2006); In re Zayas Cabán, 162 D.P.R. 839 (2004); In re Arroyo Rivera, 161 D.P.R. 567 (2004); In re Torres Torregrosa, 161 D.P.R. 66 (2004); In re Fernández Pacheco, 152 D.P.R. 531 (2000); In re Corujo Collazo, 149 D.P.R. 857 (1999); In re Ron Menéndez, 149 D.P.R. 105 (1999); In re Rivera Rodríguez, 147 D.P.R. 917 (1999).

En C. Abo. v. Pizzini Arnott, 157 D.P.R. 182 (2002), indicamos que el desatender nuestras órdenes en el curso de un procedimiento disciplinario, revela una gran fisura del buen carácter que debe exhibir todo miembro de la profesión legal. Se trata de un acto de indisciplina, desobediencia, displicencia, falta de respeto y contumacia hacia este Tribunal que no habremos de tolerar. Véanse: In re Guemárez Santiago I, 146 D.P.R. 27, 29 (1998); In re. Nicot Santana, 129 D.P.R. 717, 718 (1992).

II

La abogada de epígrafe ha actuado de forma censurable al no ser responsiva a los requerimientos que le ha hecho este Tribunal.

Por .ello, se suspende indefinidamente a la abogada Ana Elena Cuebas Vargas del ejercicio de la abogacía y la notaría. Se le impone el deber de notificar a todos sus clien-tes de su inhabilidad para seguir representándolos, devol-verles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”y Sentencia.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Rafael Oliveras López de Victoria, querellado.

      Número: CP-2004-008

      Resuelto: 24 de enero dé 2008

      Enrique Rivera Santana, comisionado especial; Raúl Caballero Meléndez, abogado del querellado; Rafael A. Oliveras López de Victoria, pro se.

   per curiam:

El Procurador General presentó una quere-lla contra el Ledo. Rafael Oliveras López de Victoria en la que le imputó unas infracciones a los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, por haberle hecho falsas representaciones al tribunal y por haber indu-cido a error al juzgador.

Oliveras López de Victoria presentó su contestación a la querella, en la cual negó los cargos imputados. Posterior-mente, nombramos al Ledo. Enrique Rivera Santana como Comisionado Especial para que recibiera la prueba y nos rindiera un informe con sus determinaciones de hecho y las recomendaciones que estimase pertinentes. Examinado el informe del Comisionado Especial, así como la totalidad del expediente, concluimos que Oliveras López de Victoria incurrió en las violaciones imputadas.

Los hechos, según expuestos a continuación, surgen del expediente de autos y de las determinaciones fácticas del Comisionado Especial.

I

En febrero de 1993 Oliveras López de Victoria presentó una demanda sobre daños y perjuicios contra la Adminis-tración de Compensación por Accidentes de Automóviles y otros codemandados, en representación del Sr. John Santiago Torres y la Sra. Migdalia Ubiñas Ubiñas. Posterior-mente, el foro primario dictó una sentencia a favor de los demandantes, mediante la cual concedió una compensa-ción de $10,000 a favor de Santiago Torres y una de $2,000 a favor de Ubiñas Ubiñas. Dicho foro ordenó también el pago de los intereses post sentencia y las costas del litigio. Debido a que el caso fue objeto de una apelación ante el otrora Tribunal de Circuito de Apelaciones, el Estado con-signó en el Tribunal de Primera Instancia la cantidad adeudada. Más tarde, dicha sentencia advino final y firme.

Durante el 2001, el codemandante Santiago Torres es-tuvo hospitalizado en Orlando, Florida, por un padeci-miento de cáncer pulmonar. Oliveras López de Victoria, que era buen amigo de éste, fue a visitarlo durante su enfermedad. Posteriormente, Santiago Torres falleció en el referido Estado, dejando como descendientes a tres hijos mayores de edad (John Santiago López, Steven Santiago López y Desireé Santiago López) y a una hija menor de edad (Gloriveé Santiago Chaker). Oliveras López de Victoria tuvo conocimiento del hecho de la muerte de Santiago Torres, mas no lo notificó al tribunal donde se había con-signado el dinero del litigio.

Aproximadamente un mes después de la muerte de Santiago Torres, Oliveras López de Victoria presentó una peti-ción ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, a nombre de todos los hijos del finado, enca-minada a que se autorizara la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. La petición se presentó en nombre de todos los hijos de Santiago Torres y daba constancia de que la hija menor de éste, Gloriveé Santiago Chaker, tenía once años.

Más tarde, Oliveras López de Victoria presentó ante la Sala Superior donde estaba consignado el dinero del litigio una moción para solicitar el retiro de éste. Específicamente solicitó que “la división de cuentas expidiera] dos cheques [,] uno a nombre del demandante Sr. John Santiago y otro a favor del suscribiente [Oliveras] ascendente a la suma de $4,484.32, que representa[ba] el 33% por con-cepto de honorarios de abogado”. Solicitud de reconsidera-ción, Exhibit D, pág. 70. Claramente, para esa fecha Santiago Torres ya había fallecido.

El foro primario señaló una vista para atender el pedido de retiro de fondos. En el tiempo transcurrido entre el día en que se presentó la moción de retiro de fondos y el día de la vista, no se presentó escrito alguno al tribunal en el que se hiciera constar la muerte de Santiago Torres ni se pro-movió una sustitución de parte.

Al comienzo de la vista, Oliveras López de Victoria tam-poco informó al juez sobre la muerte de Santiago Torres. Más bien, sus primeras manifestaciones estuvieron enca-minadas a que se aclarara el monto del dinero consignado, pues entendía que faltaban algunos fondos , por consignar. Además, en un momento dado, el juez preguntó si había menores de edad involucrados en el caso, a lo que Oliveras López de Victoria contestó que no. A su vez, éste solicitó que sé desglosaran sus honorarios de las compensaciones concedidas á los demandantés. Ante esa petición, el juez expresó que iba a ordenar “que se haga el cheque a favor de John Santiago Torres y Migdalia Ubiñas Ubiñas, de acuerdo a la sentencia del Apelativo y [que] cualquier si-tuación [Oliveras López de Victoria], conforme a su con-trato de servicios profesionales, su cliente entonces, ... resuelvfa] con su cliente”. Querella, Anejo I, pág. 5.

No fue hasta ese momento (cuando se ordenó la prepa-ración del cheque a favor de Santiago Torres) que Oliveras López de Victoria expresó que había una situación que se-ñalar, que “el señor Santiago murió” y que sus herederos residían en Estados Unidos. Luego de dialogar con una se-ñora que estaba en la sala, Oliveras López de Victoria le indicó al tribunal que también había una menor de edad, contrario a lo que había afirmado antes.

Acto seguido, el juez confrontó a Oliveras López de Victoria con el contenido de la moción de retiro de fondos, a lo que éste respondió que estaba enfermo cuando firmó la mo-ción; que había sido un “error” de su parte haber solicitado que se expidiera un cheque a nombre de una persona que había fallecido y que creía haber firmado dicha moción cuando se encontraba en el hospital. A su vez, comenzó a explicar las condiciones médicas que padecía y las hospi-talizaciones que había tenido.

Enterado del hecho de la muerte de Santiago Torres, el juez retiró la orden para que se emitiera el cheque y, en su lugar, ordenó que se le notificara el nombre de los herede-ros y que se obtuviera un relevo del Departamento de Hacienda. Asimismo, ordenó que se trajera el asunto ante la corisideración de este Tribunal.

Según este trasfondo fáctico, debemos resolver si Olive-ras López de Victoria incurrió en las faltas imputadas; es decir, si infringió los Cánones 35 y 38 del Código de Etica Profesional, supra.

II

El citado Canon 35 del Código de Ética Profesional establece, en lo pertinente, que la conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros, debe ser sincera y honrada. Allí se dispone que no es sincero ni honrado utilizar medios que sean incompatibles con la verdad y que no se debe inducir a error al juz-gador utilizando artificios o una falsa relación de los he-chos o del Derecho. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

El mencionado precepto impone a todo abogado unas normas mínimas de conducta, indispensables para promo-ver el honor y la dignidad de la profesión. In re López de Victoria I, 163 D.P.R. 1 (2004); In re Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769 (2003); In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002); In re Currás Ortiz, 141 D.P.R. 399 (1996). Hemos sido enfáticos al establecer el imperativo que exige a todo abogado cumplir con los deberes de sinceridad, de exaltación del honor y la dignidad de la profesión.

En conformidad con tales postulados éticos, he-mos señalado que el abogado no puede proveer al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, ni puede ocultarle información certera que deba ser revelada. In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998). Evidentemente, ante una imputación de violación del Canon 35, no es defensa que no se haya obrado de mala fe o deliberadamente ni con la intención de engañar o defraudar. Tampoco importa que no se haya causado daño a un tercero. In re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999).

Por otra parte, debemos recordar que el Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra, exige a todo abogado el deber de esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y de la dignidad de la profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales. Este canon impone al abogado la responsabilidad de evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. He-mos expresado que la apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa al respeto de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y por la confianza que los clientes depositan en sus abogados. In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007). La apariencia de conducta impropia tiene, claramente, un efecto dañino sobre la imagen, la confianza y el respeto de la ciudadanía hacia la profesión, igual que lo tiene la verdadera “impropiedad ética”. In re Gordon Menéndez I, supra.

Con esto en mente, pasamos a disponer del caso ante nuestra consideración.

III

En el caso de autos, Oliveras López de Victoria presentó la moción de retiro de los fondos consignados en el tribunal cuatro meses después de la muerte de quien fuera su cliente, el señor Santiago Torres. Para esa fecha, él conocía que su cliente había fallecido en abril de 2001. Evidencia de esto es el hecho de que, a tan sólo un mes del suceso, el propio Oliveras López de Victoria promovió —en represen-tación de sus herederos— una acción encaminada a que se decretara la aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

No obstante lo anterior, en la moción de retiro de fondos, Oliveras López de Victoria no mencionó la muerte de su cliente, aun cuando ello era imprescindible para que se or-denara su sustitución por las personas que serían benefi-ciarías de los fondos consignados. Así lo exige la Regla 22.1(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la cual —en lo pertinente— dispone que si una parte fallece y la reclamación no se extingue, cualquiera de las partes en el procedimiento o sus abogados debe notificar el falleci-miento al tribunal y a las otras partes dentro del término de treinta días contados desde la fecha en que se conozca el hecho.

Sin duda, Oliveras López de Victoria conocía o debía conocer el procedimiento disponible en situaciones de esta naturaleza. A pesar de ello, éste no cumplió con la norma-tiva aplicable al pedir el retiro de los fondos y omitió infor-mar un hecho que debió notificar al tribunal. En lugar de informar el mencionado fallecimiento, Oliveras López de Victoria solicitó que se expidieran dos cheques, uno a nom-bre de “John Santiago” y otro a su favor. Nótese que en la moción sólo se incluyó el nombre de John Santiago, sin incluir el segundo apellido. Dado que el hijo mayor de Santiago Torres se llama John Santiago López, se podía prever el riesgo de que éste cambiara el cheque.

De lo anterior surge con claridad que Oliveras López de Victoria utilizó un mecanismo impropio, tratando de que el tribunal ordenara el retiro de los fondos sin que éste conociera el hecho de la muerte del beneficiario. Al así actuar, faltó al deber de sinceridad y honradez hacia el tribunal y trató de inducir a error al juzgador, en abierta contravención a la norma establecida en el Canon 35 del Código de Etica Profesional, supra.

Más aún, Oliveras López de Victoria actuó de la. forma señalada movido por el ánimo de cobrar sus honorarios de abogado. De esa forma, antepuso sus intereses personales por encima de la pureza de los procesos judiciales. Esto, sin duda, contradice la norma establecida en el citado Canon 38, a los efectos de que un abogado debe mantener el honor y la dignidad de la profesión aunque hacerlo suponga sacrificios personales.

Las justificaciones ofrecidas por Oliveras López de Victoria —tendentes a establecer que todo se debió a un mero error de su parte— no nos convencen. Este conocía el hecho de la muerte de su cliente y, como abogado, sabía que tenía el deber de informarlo a.1 tribunal. Desde que presentó la moción de retiro de fondos hasta que se ventiló la vista para atender ese pedido transcurrieron más de cuatro meses. No obstante, en todo ese tiempo Oliveras López de Victoria no corrigió la información. Según su propio testi-monio ante el Comisionado Especial, el día antes de la vista él revisó el expediente del caso y se percató del error. Sin embargo, a pesar de la importancia de la información, al comenzar la vista al día siguiente no lo informó de in-mediato al tribunal. Por el contrario, a sabiendas, hizo ex-presiones encaminadas a que se ordenara el retiro de los fondos a nombre una persona fallecida. No fue hasta que se complicó la situación —cuando el juez dispuso que ordena-ría la preparación de un cheque a favor de John Santiago Torres y de Migdalia Ubiñas Ubiñas— que Oliveras López de Victoria informó al tribunal sobre la muerte de Santiago Torres.

Adviértase también que anteriormente el juez había preguntado si había menores de edad o incapaces involu-crados en el pleito, a lo que Oliveras López de Victoria respondió en la negativa. De esa manera, le mintió al tribunal deliberadamente, pues en la petición de los herede-ros para aceptar la herencia a beneficio de inventario él mismo hizo constar que había una menor de once años des-cendiente de Santiago Torres.

Por otro lado, no podemos avalar el intento de Oliveras López de Victoria de justificar su alegado error, refugiándose en la condición de salud que padecía. Evidentemente, si un abogado acepta una encomienda legal a pesar de una condición de salud, no puede usarla luego como pretexto para incumplir con sus deberes. Una vez acepta fungir como abogado en tales condiciones, debe ajustarse a los postulados éticos que rigen el ejercicio de la profesión. Cuando Oliveras López de Victoria firmó la moción para el retiro de los fondos —aun asumiendo que la firmó en el hospital— no tenía impedimento alguno para revisar su contenido, y si lo tenía, no debió haberla firmado.

Por último, cabe señalar que Oliveras López de Victoria no replicó al informe del Comisionado Especial, sino que se limitó a presentar dos escritos en los cuales —una vez más— desplegó una conducta cuestionable. En tales escri-tos adujo que las firmas contenidas, tanto en la moción encaminada a que los descendientes de Santiago Torres aceptaran la herencia a beneficio de inventario como en la moción de retiro de los fondos consignados en el tribunal, no eran suyas, sino que habían sido falsificadas. De esa forma, Oliveras López de Victoria empleó hasta el último momento unas alegaciones infundadas intentando esqui-var las consecuencias del presente procedimiento disciplinario.

IV

Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que el Ledo. Rafael Oliveras López de Victoria violó los Cánones 35 y 38 del Código de Etica Profesional. Como consecuencia, y tomando en consideración que este Tribunal había tomado acción disciplinaria en su contra, consideramos procedente suspenderlo indefinidamente del ejercicio de la profesión.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Oliveras López de Victoria solicitó que el cheque se hiciera a favor de John Santiago, sin incluir su segundo apellido.

       Nótese que el juez ordenó que el cheque se hiciera a favor del codemandante, utilizando sus dos apellidos.

       Celulitis y trombosis en ambas piernas, hipertensión y diabetes.

       El 16 de mayo de 2001 el querellado fue suspendido por un año del ejercicio de la notaría. In re Oliveras López de Victoria, 154 D.P.R. 187 (2001).