text:
    Las Monjas Racing Corporation, demandante y apelada, v. Comisión Hípica Insular de Puerto Rico, Etc., demandada y apelante.
    Núm. 7937.

    Sometido: Mayo 2, 1940.

      Resuelto: Junio 14, 1940.

      Diego O. Marrero, abogado de la apelante;

      Leopoldo Felíu, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En diciembre 12, 1938, la Comisión Hípica Insular requi-rió a Las Monjas Racing Corporation para- que prestase una fianza en efectivo por la suma de $200, para cubrir los gastos en que la Comisión se viese obligada a incurrir, en relación con la vigilancia y dirección de las carreras que se celebra, sen en el hipódromo Las ■ Monjas; y al mismo tiempo le notificó, que si dejaba de consignar dicha fianza, la Comisión Hípica Insular dejaría de designar los empleados o fun-cionarios que de acuerdo con la ley y • el reglamento de- la Comisión deben estar presentes y actuar en los hipódromos en los días en que se celebran carreras y- juegos.

No estando conforme con la exigencia de la Comisión y teniendo anunciadas unas carreras para el día 25 de diciem-bre de 1938, Las Monjas Racing Corporation acudió ante la Corte de Distrito de San Juan- en solicitud de un auto de injunction por el cual se prohibiese a la Comisión demandada exigir de la demandante la prestación de fianza alguna, prohi-biéndole igualmente que dejase de proveer, designar y nom-brar los empleados que de acuerdo con la ley y el reglamento está obligada a nombrar para el hipódromo de la- deman-dante. •

Librada una orden para mostrar causa, compareció la Comisión demandada y formuló excepción -previa en contra de la petición, alegando: (a) que dos acciones han sido inde-bidamente acumuladas; (6) que la demanda es ambigua y dudosa; y (o) que no procede en este caso el auto de injunction porque lo que pretende la peticionaria es que la Comi-sión deje de cumplir con disposiciones legales de estatutos públicos establecidos para beneficio del público.

En 21 de diciembre de 1938 la corte de distrito dictó auto de injunction preliminar. La Comisión interpuso el pre-sente recurso y para sostenerlo alega: que la corte inferior ■erró al desestimar las excepciones' previas; al conceder el injimction preliminar sin tener ante sí- evidencia alguna que sostuviera la petición; y al conceder el.injunction en los tér-minos en que fué concedido.

La primera excepción formulada en contra de la X>etición se refería a la alegada indebida acumulación de dos acciones. Alega la apelante que la petición tenía dos propósitos: (1) impedir que la demandada exigiera la fianza; y (2) obligar a la Comisión a que nombrase funcionarios y empleados para las carreras que se proponía celebrar la peticionaria. Y arguye que si bien es cierto que el primer propósito puede lograrse mediante un auto de injunction, no así el segundo, pues ello equivaldría a ordenar el cumplimiento de deberes ministeriales por medio de injunction, en vez de recurrir al mandamus, que es el remedio legal adecuado para tal fin.

Opinamos que la corte inferior no erró al desestimar dicba excepción. No existe la alegada acumulación de acciones. Una sola es la acción que se ejercita. De acuerdo con los hechos alegados en la petición y admitidos por la excepción previa, la Comisión exigió una fianza y amenazó con dejar de nombrar los empleados, si no se cumplía con su exigencia. Para invalidar la exigencia e impedir la realización de la amenaza se solicitó el injunction. Si la peticionaria se hubiese limitado a pedir y la corte a decretar que la Comisión debía abstenerse de exigir la fianza, quedando la Comisión en libertad de realizar su amenaza de no nombrar los fun-cionarios y empleados necesarios para que la peticionaria pudiera celebrar sus carreras, el auto de injunction hubiera resultado académico y la peticionaria se hubiese encontrado frente al dilema de tener que prestar la fianza, no obstante el injunction, o dejar de celebrar las carreras por falta de aquellos empleados que la ley requiere y que .la Comisión, según se alega, está obligada a nombrar.

La corte de distrito tenía jurisdicción sobre las partes litigantes y facultad y jurisdicción para prohibir a la Comi-sión demandada que exigiese a la corporación peticionaria la prestación de una fianza que la Comisión no tenía derecho a exigir. En esás condiciones; y tratándose de un procedi-miento de equidad como lo es el de injunction, era deber de la corte ejercitar su facultad y retener su jurisdicción para L.acer completa justicia e impedir que sus decretos fuesen burlados o ignorados mediante actos u omisiones realizados o incurridos con el único objeto de evadir el cumplimiento de tales decretos.

Los siguientes párrafos de Corpus Juris son aplicables a la situación que nos presenta este caso:

“Es una regla bien sentada la de que una corte de equidad que ha adquirido jurisdicción sobre una controversia por cualquier funda-mento, o para cualquier propósito, retendrá tal jurisdicción con el propósito de administrar un remedio completo y hacer entera justicia con respecto a la cuestión litigiosa, especialmente con respecto al cumplimiento de su propio decreto.... Antes de que la regla pueda ser aplicada, alguna base de jurisdicción de equidad debe ser alegada y establecida, y la cuestión que ha de ser adjudicada debe ser incidental a la primera, o tan íntimamente ligada a ella que su deter-minación sea necesaria para la decisión final de toda la controversia entre las partes.
“Las disposiciones de los códigos y leyes de procedimiento con referencia a la acumulación de causas de acción y reconvenciones no han cambiado la regla aplicable a la retención de jurisdicción en acciones de equidad.” 21 C. J., see. 117, página 134.
“Por virtud de esta regla, una corte de equidad, cuando su jurisdicción ha sido invocada para algún propósito de equidad, pro-cederá a determinar cualesquiera otras equidades existentes entre las partes, relacionadas con el objeto principal del pleito, y conce-derá todos los remedios necesarios para un completo ajuste de la controversia, siempre que así lo permitan las alegaciones {pleadings).” 21 C. J., see. 118, pág. 137.
“Es una regla general la de que cuando la controversia requiere un remedio puramente de equidad, de tal naturaleza que justifique la intervención de una corte de- equidad, la corte procederá a la determinación final de todas las cuestiones en controversia, y al hacerlo así, puede establecer derechos puramente legales y conceder remedios legales, que de otro modo estarían fuera de sus facultades, tales como dictar decretos personales para el pago de dinero o daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Esta doctrina prevalece no solamente en aquellos estados que han adoptado códigos, si que también en aquellos en que las cortes de ley y las de equidad existen separadamente.
"La corte, habiendo tomado jurisdicción legal de una causa, está facultada y es su deber conceder un remedio completo, aun cuando ello envuelva incidentalmente la concesión de un remedio ordinaria-mente concedido por la corte a virtud de un procedimiento especial. ’ ’ 21 C. J., see. 119, pág. 138.

; .La excepción basada en la alegada ambigüedad de la peti-ción carece de fundamento. Las alegaciones de la petición son claras y no ofrecen duda alguna.

El segundo señalamiento de error se basa en que la corte inferior dictó el auto de injunction preliminar sin practicar prueba alguna y sin dar una oportunidad a la demandada de. contestar la demanda.

No tiene motivos de queja la parte apelante. Al argu-mentar este alegado error se olvida de que lo que dictó la corte inferior fué un auto de injwtction pendente lité y no una sentencia de injwtction perpetuo. La demandada fué notificada y requerida para mostrar causa por las cuales no debía librarse el auto solicitado. Compareció en la fecha señalada y optó por formular excepciones previas a la peti-ción, admitiendo así los hechos en ella alegados. Para la concesión del injwtction preliminar la corte no estaba obli-gada a practicar prueba, toda vez que los hechos alegados en la petición y no controvertidos por la parte demandada establecían un caso prima facie en favor de la peticionaria. Véanse: Municipio de Gurabo v. Juncos Central, 18 D.P.R. 408, 413; Secciones 5, 6, 8 y 10 de la Ley definiendo los injunctions, etc., aprobada en marzo 8, 1906.

La cuestión envuelta en el tercer señalamiento es la siguiente: ¿Está legalmente facultada la Comisión Hípica Insular para exigir la prestación de la fianza por ella exigida a la corporación demandante?

El artículo 5 de la Ley Hípica de Puerto Rico (Ley núm. 11 de 1932) enmendado por la Ley núm. 17 de julio 15 de 1935 ((2) pág. 93), faculta a la Comisión Hípica Insular para reglamentar todo lo concerniente al deporte hípico, prescri-bir regias para la celebración de las carreras y reglamentar todo aquello qne se relacione con la forma en que deberán hacerse las apuestas.

De acnerdo con el artículo 29 de dicha Ley Hípica los fondos de la Comisión se formarán con el 15 por ciento del total que se derive por concepto del descuento en las bancas y subscription funds, y del 19 por ciento del total que se derive por concepto de descuento del montante del pool y de las mutuéls.

El artículo 31 de la misma ley provee que la Comisión podrá disponer de no más del 70 por ciento de sus mencio-nados ingresos para pago de dietas de los comisionados y de sus funcionarios y sus gastos corrientes, para aumentar los premios de las carreras, etc. El 30 por ciento restante se dedicará a los comedores escolares e instituciones bené-ficas.

El artículo 23% dispone que la Comisión deberá exigir fianzas a las personas responsables del manejo de fondos en los hipódromos en explotación, para garantizar el dinero que se juegue en los diversos sistemas de apuestas.

Arguye la Comisión apelante que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Hípica ella está facultada para aprobar y poner en vigor el artículo 39 de su reglamento, a virtud del cual se exigió la prestación de la fianza en cuestión, que lee así:

“La Comisión Hípica Insular se reserva el derecho de exigir de la persona tenedora de una licencia para explotar un hipódromo en Puerto Rico, la prestación de una fianza por una suma suficiente a cubrir los gastos en que se vea obligada a incurrir la Comisión Hípica Insular en la vigilancia y dirección de las carreras que se celebren en su hipódromo y de las jugadas de pool y bancas que en relación con las mismas se realicen, cuando se celebren carreras en dos o más hipódromos en un mismo día.”

La primera cuestión que debemos considerar y resolver es si la Comisión Hípica está facultada para imponer al dueño de un hipódromo la obligación de pagar los gastos en quo so vea obfigada a incurrir la Comisión, en relación con la inspección de las carreras y las bancas en los días en que se celebren carreras en dos o más hipódromos. Si esa obligación no es imponible, el artículo 39 del Reglamento de la Comisión, supra, debe ser declarado nulo y ultra vires, pues sería ilógico sostener que pueda exigirse el afianza-miento de una obligación inexistente.

La Ley Hípica (artículo 29) dispone específicamente cuáles son las fuentes de ingreso con que ha de contar la Comisión Hípica para la formación de su fondo. En el ejer-cicio de sus facultades fiscales la Asamblea Legislativa ha impuesto a los explotadores de hipódromos, bancas, subscription funds, pools y cualquiera otro sistema de apuestas la obligación de pagar a la Comisión un 15 por ciento o 19 por ciento, según el caso, de las sumas derivadas como des-cuentos sobre las sumas apostadas en las carreras. Esas sumas ingresan en los fondos de la Comisión, para pagar con ellos las dietas, gastos corrientes, premios, etc.

lias facultades administrativas que para reglamentar el deporte hípico, las carreras y las apuestas concede a la Comi-sión Hípica la sección 5 de la Ley Hípica no incluye a nuestro juicio la facultad fiscal de imponer al dueño de un hipódromo una contribución adicional, obligándole a pagar los gastos en que pueda incurrir la Comisión cuando se celebren carre-ras el mismo día en dos o más hipódromos. En ausencia de una delegación legislativa expresa que autorice tal impo-sición, nos sentimos obligados a resolver que el artículo 39 dei Reglamento de la Comisión, supra, es ultra vires y como tal nulo. T no teniendo la Comisión facultad para exigir el pago de esa contribución adicional, tampoco la tiene para '.xigir la prestación de fianza.

Debe confirmarse la resolución recurrida.

El Juez Asociado' Sr. He Jesús no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Pedro Quiñones, demandante y apelado, v. R. Méndez & Hno., demandada y apelante. El Mismo, demandante y apelante, v. La Misma, demandada y apelada.
    Núms. 7986 y 8089.

    Sometidos: Junio 12, 1940.

      Resueltos: Junio 17, 1940.

      E. H. F. Dottin, abogado del demandante, apelado y apelante;

      Luis Apellániz Storer, abogado de la demandada, apelante y apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El demandante trabajaba como peón de la sociedad demandada, la cual se dedica, entre otros, al negocio de conducir mercancías entre distintos sitios de la Isla. El 25 de mayo de 1938 un truck de la demandada, guiado por Alejandro Méndez, uno de sus socios, se dirigía del pueblo de. Loíza a un barrio de Río Grande, sin carga alguna. El demandante iba en dicho truck sentado en el asiento''delam tero al lado del chófer. Al llegar cerca del barrio de Cié-nega Baja, en el sitio donde la carretera forma una curva, el truck chocó con un árbol y como resultado del choque el demandante sufrió lesiones graves, perdiendo como consé-1 cuencia sus dientes superiores.

En la demanda sé alega.' que el accidente fue motivado por la negligencia y descuido del conductor del vehículo al marchar a una velocidad mayor de '40 kilómetros por hora y no haberla reducido al tomar la curva. Se alega además que en la fecha del accidente la demandada era un patrono no asegurado, y que así lo había declarado el Administrador del Fondo del Seguro del Estado.

Contestó la demandada negando específicamente las ale-gaciones esenciales de la demanda y alegando en contrarío “que cualquier lesión que recibiera el demandante se debió exclusivamente a su propio acto descabellado y temerario al tratar de abrir la puerta del camión para saltar afuera de él en el instante mismo.en qué ocurrió el accidente.” Como defensas afirmativas alegó:

Ia. Que en la fecha del accidente la demandada tenía asegurados en el Fondo del Estado los peones que trabajaban en el camión en que fué lesionado el demandante; --'que este asunto está pendiente ante la Comisión Industrial, por cuya razón la demanda interpuesta es prematura; y que la Corte de Distrito de San Juan carece de juris-dicción para conocer de este caso, de acuerdo con lo que dispone el artículo 20 de la Ley riúm. 45 de 18 de abril de 1935 ((1) pág. 251).
2a. Que en el momento de ocurrir el accidente el truck iba vacío; que cerca del sitio donde ocurrió el accidente se desprendió el acele-rador del truck supliendo al motor una gran cantidad de gasolina; que el chófer no pudo reducir la gasolina por no tener medios para ello, y para evitar un desastre mayor se vio obligado a echar el truck contra, un árbpl;. ,y qup si el demandante hubiese permanecido en su sitio nada le hubiera ocurrido.

La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a favor del demandante y en su opinión declaró probados los siguien-tes hechos:

Que en el momento del accidente el camión, que iba vacío, era conducido a una velocidad mayor de lo que aconseja una razonable prudencia, y al doblar la curva se desvió, yendo a chocar con el árbol; que la defensa de que el acci-dente se. debió a la rotura de la espiga del acelerador, quedó destruida por la declaración del mecánico que expresó que la espiga pudo haberse roto con el choque; que la descripción del accidente que hace el conductor del truck, para imputar negligencia concurrente al demandante, aun de ser cierta no libraría de responsabilidad á la demandada.

La sentencia concede al demandante una indemnización de $400, costas y $100 para honorarios de su abogado.. Ambas partes han apelado.

La demandada apelante alega que la corte sentenciadora erró al declarar que el accidente se debió a la culpa y negli-gencia de dicha demandadá; al declarar que al tiempo de acaecer el accidente la demandada no tenía asegurado al demandante en el Fondo del Seguro del Estado; y al tasar en $400 las lesiones recibidas por el demandante.

El demandante ha apelado porque considera que la suma de $400 que se le ha concedido no es suficiente.

La primera cuestión que debemos considerar y resolver es la de si en el momento de ocurrir el accidente, el obrero lesionado estaba asegurado por su patrono en el Fondo del Estado.

El demandante alegó que R. Méndez & Hno. era un patrono no asegurado y declarado como tal por el Adminis-trador del Fondo. Y para sostenerlo ofreció el testimonio del demandante, quien declaró:

“P. ¿Usted ha recibido algo del Fondo del Estado?
, “R. $6.25 y después $4.50. Por todo recibí $11.25 y las otras dietas no me las dieron porque no estaba asegurado el patrono.”

■ El demandante presentó además una certificación de la resolución dictada por el Administirador del Fondo del Seguro del Estado en' .el caso del peticionario Pedro Quiño-nes, patrono R. Méndez & Hno. Dicha resolución en lo que es pertinente lee así:

“El accidente le ocurrió al obrero en un truck que se dedicaba al transporte de caña mediante paga, por lo que no estaba este negocio cubierto por la póliza del patrono. En tal virtud, el Admi-nistrador del Fondo del Seguro del Estado considera que "se trata aquí de un patrono no asegurado en violación de la ley y dispone' que el expediente de este caso sea llevado a la Hon. Comisión Industrial para el trámite consiguiente.”

En oposición a lo alegado y probado por el demandante, la demandada alegó que en el momento del accidente ella tenía asegurados a los peones que trabajaban en el truck; y que la reclamación del demandante ante la Comisión está pendiente de señalamiento para ser vista. El Jefe de la División de Seguro declaró que R. Méndez & Hno. tenía un seguro que cubría los siguientes riesgos: 0006, negocio de vaquería; 7380, el truck comercial; y el 8006, negocio de pro-visiones; que el riesgo del truck comercial es un seguro de un truck comercial privado y “que con ese seguro ellos no pueden transportar otra carga que no sea la carga del negó • ció de ellos.” Del récord no consta que contra la resolución del Administrador del Fondo se baya interpuesto recurso alguno ante la Comisión Industrial. La alegación del deman-dado de que el asunto está aún pendiente ante la Comisión Industrial no ba sido sostenida por prueba alguna, y por tanto, debemos considerar como firme y definitiva la resor-ción del Administrador.

Siendo R. Méndez & Hno. un patrono no asegurado, el obrero lesionado tenía derecho de acuerdo con la sección 15 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Leyes de 1935, págs. 253) a proceder contra el patrono radicando una petición para compensación ante la Comisión Industrial, pudiendo además ejercitar una acción contra el patrono por daños y perjuicios. Si el fallo de la corte en la acción' dé daños y perjuicios fuere mayor que la cantidad actualmente pagada por el Fondo del Estado como compensación, ésta se deducirá del importe de la sentencia.

La evidencia presentada por el demandante para sostener la alegación de negligencia lia merecido entero crédito a la corte sentenciadora. Siendo esa evidencia a nuestro juicio suficiente para sostener dicha alegación y no apareciendo que el tribuna] inferior haya cometido error manifiesto o que su apreciación de la prueba esté viciada por la pasión, el prejuicio o la parcialidad, es nuestro deber respetar su fallo.

La suma de $400 concedida por la corte inferior nos parece razonable. Esa cantidad no fué fijada arbitrariamente. El demandante presentó prueba tendiente a demostrar que las lesiones por él recibidas le habían producido la casi incapacidad total y que se encontraba sufriendo de amnesia o pérdida de la memoria. La corte inferior que tuvo una oportunidad de ver al demandante y de oírle declarar, hizo constar en su opinión lo siguiente:

“Yo vi declarar al demandante; expresa sus pensamientos con precisión; sus facultades de retención están intactas y su recuerdo claro y conciso. No pude apreciar el estado de casi incapacidad total que me manifestara el médico, ni tampoco la amnesia o pér-dida de mente que apreciara el mismo en su examen.”

En tal virtud procede desestimar ambos recursos y con-firmar la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Nicomedes Vélez, Francisoo Cruz, Juan Figueroa, Manuel Martínez, José Vélez, Asunción Sánchez, Antonio Torres y Vidal Cardona, peticionarios, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Ricardo La Costa, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1210.

    Sometido: Mayo 16, 1940.

      Resuelto: Junio 17, 1940.

      V. Gutiérrez Franqui, abogado de los peticionarios;

      M. Cruz I-Iorta, abogado del demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

• En una acción de desahucio en precario seguida por Luis de la Cruz contra Alberto G-ordon y los aquí peticionarios, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en contra de los demandados, haciendo constar que éstos no habían comparecido en el acto de la segunda comparecencia. En marzo 11, 1940, los demandados solicitaron se dejara sin efecto la sentencia y que se señalara de nuevo la segunda comparecencia. El día de la vista de dicha moción, los demandados alegaron que la corte inferior no tenía juris-dicción porque aun cuando de los autos aparece que el deman-dado Alberto Gordon fue emplazado el 13 de diciembre de ' 1939, el hecho cierto es que dicho demandado falleció el 29 de noviembre de 1939, según consta del certificado de defun-ción que se acompañó a la moción.

Vistas las referidas mociones, en 21 de marzo de 1940, la Corte de Distrito de San Juan dictó una resolución “dejando sin efecto ni eficacia alguna la sentencia dictada el día 4 de enero de 1940 y reponiendo el caso al mismo^ estado en que estaba antes de la segunda comparecencia, imponiendo las costas a los demandados, en las que se incluye la suma de $25 para honorarios de abogado del demandante, y señalándose el día 1 de abril de 1940, a las nueve de la-mañana, para la segunda comparecencia en este caso.” La corte reservó la cuestión jurisdiccional para resolverla des-pués de celebrada la segunda comparecencia decretada. La resolución dice así:

"En cuanto a la moción de falta de jurisdicción, refiriéndose la misma a uno de los demandados, y no habiendo sido señalada para el día en que se discutieron las otras dos mociones, se deja pendiente, la resolución en cuanto a la misma para después que se celebre la segunda comparecencia señalada en esta resolución, ya que aparece de los autos que este demandado ha venido compareciendo en unión de los demás, representado por sus abogados, y aún comparece en la moción de falta de jurisdicción.” (Itálicas nuestras.)

En la petición de certiorari radicada en esta Corte Su-prema, los peticionarios alegan que la corte inferior erró:

1. Al imponer a los demandados el pago de costas y honorarios, no obstante haber sido resuelta a favor do éstos la' moción sobre nulidad de la sentencia.
2. Al hacer el pronunciamiento, supra, sobre la moción de falta de jurisdicción.
3. Al no resolver la cuestión jurisdiccional por el fundamento de que el demandado Alberto Gordon había comparecido en el proce-dimiento por medio de abogados.

Solamente la primera de las tres cuestiones planteadas puede ser considerada dentro del presente recurso. La segunda y la tercera no son revisables por esta Corte Suprema, toda vez que según consta del récord la corte inferior en abril 8, 1940, dictó una resolución declarándose sin jurisdicción en cuanto al demandado Alberto Cordon y con jurisdicción en cuanto a los otros demandados.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fue enmendado por la Ley núin. 69 de mayo 11, 1936 (Leyes de 1936, (1) pág. 353), impone a la corte sentenciadora la obligación de conceder las costas a “la parte a cuyo favor se dicte cualquier sentencia o resolución final.” Y provee además que “en el caso de que cualquier parte haya pro-cedido con temeridad la corte debe imponerle en su sentencia el pago de los honorarios del abogado de la otra parte, esta-bleciendo en su sentencia el montante de dichos honorarios, teniendo en cuenta el grado de culpa en el litigio y el trabajo necesariamente prestado por el abogado de la otra parte.”

La corte inferior no estaba autorizada por precepto legal alguno para imponer el pago de costas a la parte a favor de la cual dictó su resolución anulando la sentencia.

Debe revocarse la resolución recurrida en cuanto al pago de costas y honorarios de abogado a que por ella se condena a los peticionarios.


author: Le Juez PresideNte Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Lucas Carrión Ortiz, acusado y apelante.
    Núm. 7990.

    Sometido: Mayo 6, 1940.

      Resuelto: Junio 18, 1940.

      B. Sánchez Castaño, abogado del apelante;

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   Le Juez PresideNte Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito, formuló acusación contra Víctor Manuel Rosario y Lucas Carrión Ortiz imputándoles la comi-sión de un delito de robo, como sigue:

“. . . allá para el día 24 de noviembre, 1938, y en la munici-palidad de Río Piedras, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., ilegal, voluntaria, maliciosa y criminal-mente, por medio de violencia y la intimidación, sustrajeron de la persona de Portalatín Velázquez y se apoderaron contra la voluntad de éste, la suma de veintiséis dólares en efectivo y una cartera de piel, pertenecientes a y de la propiedad del referido Portalatín Velázquez.”

Los acusados solicitaron juicio por separado. El de Carrión se celebró ante un jurado en febrero 28, 1939. La prueba de cargo consistió en la declaración de Portalatín Velázquez, el perjudicado, y la de descargo en los testimo-nios de Carlos del Valle, Eusebio Carrión, Lucas Carrión, el acusado, y Nicolás Correa. El jurado rindió veredicto do culpabilidad y la corte dictó sentencia imponiendo a Carrión dos años de presidio con trabajos forzados.

En su alegato el acusado apelante señala dos errores que luego argumenta conjuntamente, a saber: que la prueba es insuficiente para sostener el veredicto porque consiste en la sola declaración del perjudicado que no fué corroborada y que la corte debió declarar con lugar la moción de nuevo juicio.

Expone las teorías del Pueblo y la suya así:

“La teoría del pueblo... consiste en sostener que el acusado en unión de Víctor Manuel Rosario asaltaron a Portalatín Velázquez, en la parada 37 de Hato Rey, Río Piedras, el día 24 de noviembre de 1938, le sacaron una cartera que contenía $26 del bolsillo izquierdo de la parte de atrás del pantalón.”
“Por el contrario la teoría de la defensa... consiste en negar estos becbos, alegando que (fueron).. .pura invención de Portalatín Velazquez para no entregar o devolver al dueño del automóvil los $26 que le pertenecían ya que trabajaba en un automóvil público y tenía que rendir cuentas a dicbo dueño.”

Procede al análisis de la evidencia, refiere el becbo de que el otro acusado, Eosario, cuyo juicio se celebró ante un juez, fué absuelto, invoca los casos de El Pueblo v. González, 13 D.P.R. 34 y Ayala v. United States, 268 F. 296, y pide la revocación de la sentencia.

Examinemos la prueba. La declaración de' Velazquez es terminante. Acusa directamente, sin vacilaciónalguna, a Carrión. Dijo: . C

"El 24 de noviembre, mientras que yo regresaba de la isla en un carro público, cuando fui a llegar cerca de mi casa,... que serían como las once y media o doce de la noche, o las doce menos cuarto ... la calle noté que estaba algo mala... y al llegar al cruce de la vía tuve necesidad de cambiar el carro de una velocidad para otra. ... Entonces el señor Carrión, de una manera espectacular, el señor Víctor me cogió esta mano sobre el guía así, poniéndome un revólver en este lado, y luego el otro por el otro lado me cogió esta mano y la sacó fuera de la ventanilla, poniéndome un revólver aquí cada uno y yo impedido de hacer nada, porque el carro se quedó sin motor.... Me sacaron una cartera que contenía $26 del bolsillo izquierdo, en la parte de atrás del pantalón, y luego entonces de haberme sacado la cartera el que estaba al lado izquierdo se aguantó y le dijo al otro, ‘ja está’. Entonces el que está de la mano derecha da una vuelta por detrás del carro y cuando estaban los dos juntos se fueron y me dejaron allí.... P. ¿ Cuál fué el que le sacó la cartera? R. Este señor (señalando al acusado). P. ¿Usted está seguro? R. Sí, señor. P. ¿Usted lo vió bien a él? R. Sí, señor. P. ¿Siendo do noche, cómo pudo verlo a él? R. Por la claridad del dash del carro... P. ¿ Entonces usted puede afirmar si era esta persona o era otra, o se le puede confundir con otra persona? R. Sí, señor, lo puedo asegurar. P. ¿Puede asegurar que era el mismo? R. Sí, se-ñor.”

Continuó declarando que conocía a los acusados “así, de pasada, que los oía nombrar” y que no babía tenido dis-gusto alguno con ellos.

Pué entonces amplia, repetida e insistentemente repre-guntado por la defensa y se mantuvo siempre en lo dicho. Jurados le interrogaron varias veces. No se advierte en su declaración contradicción fundamental alguna.

El primero de los.testigos de descargo que declaró fué Carlos del Valle, de diez y seis años de edad a la fecha del juicio.

Preguntado por la defensa si Velázquez fué donde él a pedirle que dijera que el acusado era uno de los que lo habían. asaltado, contestó “Sí, señor” y repreguntado por el fiscal respondió como sigue:

“P. — ¿ Usted dijo que usted no babía visto a este acusado en el atraco ese? — R.—Que yo no lo’ babía visto. — P.—Si usted no ha declarado eso. — R.—Yo lo babía declarado aquí. — P.—¿Usted declaró que los vió a ellos en el atraco? — R.—No.—P.—¿Pues usted nunca ba declarado eso, ni allá ni acá, no es eso? ¿Usted dijo que Porta-latín le llamó a usted y dice usted que le dijo para que dijera si los babía visto o no a este muchacho? — R.—Sí, señor. — P.—No es que Portalatín le dijera a usted que dijera falsamente que ellos habían sido los del atraco. De modo que él le llamó para que dijera si los había visto o no los había visto. — R.—Sí, señor. — P.—¿ Y usted nunca vió a este muchacho? — R.—No.—P.—¿Usted declaró algo ante mí que vió a este muchacho en casa de Víctor Manuel esa noche, como a las once de la noche, juntos? — R.—Sí, señor. — P.—¿En qué direc-ción los vió usted? — R.—Yo los vi en la casa.”

Interviene la defensa y luego- el fiscal con el siguiente resultado: ■

“P. — ¿Es o no cierto que Portalatín le exigió a usted que dijese que estos señores lo atracaron a él? — R.—Sí, señor. — P.—¿Y usted no vió a esta gente por allí? — R.—No, señor. — Sr. Fiscal: (al testigo) Pero usted me acaba de contestar a mí que lo' que le preguntó Portalatín Velázquez fué que si usted había visto a estos señores atracándolo. — R.—Eso me lo preguntó él a mí. — Sr. Sánchez Castaño: (al testigo) ¿El lo trajo donde el Juez a declarar, entre el policía y él? — R.—Sí, señor. — Sr. Fiscal: Usted nunca me declaró haber visto a este muchacho que lo atracaran, sino que los vió salir de su casa, a uno de ellos, como a las once por ese sitio. — R.—Sí, señor.— Sr. Sánchez Castaño: ¿Pero es o no cierto que Portalatín le dijo que declarase todo eso? — R. Sí, señor. — P.—¿Y eso no es verdad? — R.—No, señor. — P.—¿Usted no vió a esta gente por ningún -sitio? — R.—No, señor.!!

El otro testigo Eusebio Carrión, tío del acusado, dijo que en la investigación preliminar ante la policía Velázquez manifestó:

“...‘yo no los conozco, yo no sé quiénes son esa gente, porque como era de noche y ellos estaban tapados y en la noche no se puede ver y era un sitio obscuro, ’... ”

Dijo que su sobrino era ebanista y que siempre había ganado su buen dinero trabajando.

El acusado declaró que había trabajado con varias per-sonas que nombró y ganaba de 14 a 20 pesos semanales y en la noche de autos estuvo jugando poker cerca del Teatro Estrella con Nicolás Cosme, dieron las nueve y le dijo a su amigo “yo me voy porque tengo que acostarme temprano”. Pasó por un cafetín, compró algo para el desayuno del pró-ximo día, siguió para su casa y se acostó. Era amigo de su coacusado aunque una vez tuvieron un disgusto y desde entonces no ha vuelto a relacionarse con él.

Por último Nicolás Correa dijo que era cierto que en la noche de autos, como a las nueve, estuvo jugando poker con el acusado.

¿Es suficiente la prueba? A nuestro juicio lo es. Sólo existe un testigo, es cierto, pero de acuerdo con la ley y la jurisprudencia la declaración de un solo testigo que merezca entero crédito al jurado puede servir de base a un veredicto de culpabilidad.

Examinado en sí mismo el testimonio de Yelázquez encon-tramos que el hecho que imputa a los acusados no es inve-rosímil. Pudo ocurrir tal como en él se describe. Es com-pleto. Contiene todos los elementos necesarios para declarar perpetrado el delito de robo y para condenar al acusado como autor del mismo. Todo depende de si se cree o no.

En cuanto a la teoría de la defensa, esto es, que lo declarado por Velázquez era pura invención para dejar de pagar cierta suma, pudo ser así, pero no estaba obligado el jurado por ello a dejar de creerlo, tanto más cuanto que tal actuación no es conforme a la manera de proceder normal de los seres humanos. Se concibe que una persona irresponsable simule un robo, un asalto de personas desconocidas, para librarse del pago de cierta suma, pero no que acuse directamente de la perpetración del robo a otros seres humanes con quienes no ha tenido disgusto alguno. Eso sería lo anormal, no lo corriente.

En cuanto a lo declarado por Del Valle, saltan a la vista sus vacilaciones y la influencia que sobre él ejerce la persona que actualmente le pregunta. Parece natural que el per-judicado indagara si otras personas habían presenciado los hechos a fin de que declararan como testigos. Y no creemos que pueda concluirse de las afirmaciones y negaciones escue-tas de Del Valle sobre hechos contenidos en las preguntas que se le formularon que el perjudicado tratara de inducirlo a que declarara lo que en verdad no sabía.

La declaración del último testigo de descargo no tiene importancia. Las del acusado y su tío contradicen la del perjudicado en su totalidad la primera y en cuanto al cono-cimiento de los asaltantes la segunda. El jurado dirimió el conflicto sin que exista la más leve indicación de que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad o de que come-tiera error manifiesto, y su decisión, bajo tales circunstan-cias, debe subsistir.

Si pudiera tomarse en consideración la absolución del otro acusado en otro juicio y por distinto juzgador, siempre habría que concluir que no era obligatoria en éste, que tiene que ser decidido por sus propios méritos.

En el caso de El Pueblo v. González, supra, invocado por el apelante, se dijo en el curso de la opinión:

“Examinada y considerada detenidamente la exposición de hechos, tal como ha sido aprobada por el juez inferior, no encontramos prueba alguna de que el apelante sea autor responsable del infamante delito contra natura.
“El único cargo que contra aquél existe, es la declaración del presunto ofendido, muchacho de once años de edad, que si no es idiota, muestra signos de propensión al idiotismo. Esa declaración es en sí misma contradictoria y carece de fuerza legal para poder fundar en ella una convicción.”

La situación era allí muy distinta. La jurisprudencia no es aplicable.

Tampoco lo es la del otro caso invocado o sea el de Ayala v. United States, supra. En él la Corte de Circuito de Ape-laciones del Primer Circuito, por medio del Juez Johnson, en lo pertinente, se expresó así:

‘.‘Si bien el estatuto establece como delito el recibir o tomar listas de sorteos o instrumentos que se supongan ser billetes de lotería, traídos de un país extranjero a los Estados Unidos, no se imputó esto al acusado; y era parte esencial del caso de El Pueblo el probar a satisfacción del jurado fuera de toda duda razonable que el acusado había traído o había hecho traer tales listas y billetes de Santo Domingo a la isla de Puerto Rico.
“La única evidencia por la cual se condenó al acusado fué el habérsele encontrado estas listas y billetes y el haberlos arrojado al mar al serle los mismos requeridos. No hubo evidencia directa, conforme declara la corte, de que él tuviera algún cómplice a bordo del ‘Santiago de Cuba’ o que estuviese dedicado en alguna forma a traer las listas o billetes de Santo Domingo. Hubo prueba de que el barco hizo escala en San Juan y Mayagüez en la isla de Puerto Rico, antes de venir a Ponce, y del hecho de encontrarse las listas y los billetes de lotería en posesión del acusado y de su propia con-ducta pudo igualmente inferirse por el jurado que los billetes y las listas se obtuvieron en San Juan o en Mayagüez, o que el acusado los había obtenido en el puerto de Ponee de alguien a bordo del barco ‘Santiago de Cuba’, o bien que él los hizo traer de Santo Domingo.
“Si bien era de la incumbencia del jurado el apreciar la prueba y hacer de ella todas las inferencias razonables, no creemos que cuando de los hechos probados puedan derivarse inferencias consis-tentes tanto con la inocencia como con la culpabilidad del acusado, pueda decirse que hubo prueba substancial para sostener un vere-dicto de culpabilidad. El esfuerzo del demandante para destruir la prueba en su contra causó evidentemente gran efecto en el jurado.
“En Hickory v. United States, 160 U. S. 408, 416, 16 Sup. Ct. 327, 40 L. ed. 474, se dice que evidencia de actos de ocultación ‘puede ir al jurado por tender a establecer su culpabilidad, pero no debe ser considerada concluyente por sí sola, ni como creadora de una presunción legal de culpabilidad; tales actos son meras circunstancias, a ser consideradas y apreciadas en relación con otra prueba, con la cautela y circunspección que requieren su carácter no concluyente al ser consideradas por sí solas.’ ” Págs. 299, 300.

La situación aquí es distinta. El testigo del Pueblo declaró que fué el acusado el que cometió el delito. No se trata de inferencias, si que de una imputación directa. Si es verdad lo que dijo Portalatín Velázquez, el acusado es culpable. Y ya hemos visto que como verdad lo creyó el jurado y que la sentencia absolutoria que contra el otro acu-sado pronunciara otro juez como resultado de otro juicio, no es obligatoria en éste.

Por virtud de todo lo expuesto, nos sentimos obligados a declarar sin lugar el recurso y a confirmar la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Hutchison disintió.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante, v. Juan Cupril Oliveras, acusado y apelante.
    Núm. 7931.

    Sometido: Diciembre 14, 1939.

      Resuelto: Junio 18, 1940.

      Oscar So.uffront, abogado del apelante;

      B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.

      Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Cupril Oliveras fué convicto del delito de calumnia e injuria. Sostiene que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una excepción perentoria basada en que la denuncia no imputaba un delito público.

En ésta se alegaba que Cupril Oliveras mientras se cele-braba un mitin público, desde la tribuna levantada y desde la cual él y otros oradores dirigían la palabra al público allí congregado, hizo de palabra la siguiente manifestación diri-gida a Antonio Soto, que a la sazón era miembro de la Asam-blea Municipal de Mayagüez.

"Que el señor Antonio Soto se había vendido con el Senador Yaldés por uña mueblería que le había puesto en la Calle Libertad.”

Las secciones 1 y 2 de la “Ley para definir y castigar el delito de calumnia e injuria,” aprobada el 9 de marzo de 1911 (que forma hoy en día parte del artículo 254 del Código Penal, edición de 1937), leen así:

“Sección 1. — Se entiende por calumnia toda falsa y maliciosa imputación hecha de palabra y públicamente contra otra persona natural o jurídica, imputándole la comisión de hecho constitutivo de delito.
“Sección 2.- — -Entiéndese también por calumnia toda palabra o concepto proferido maliciosa y públicamente en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona natural o jurídica.”

En la obra Newell, sobre Calumnia y Libelo, páginas 362 y 754, secciones 342-y 752, hallamos lo siguiente:

“Sección 342.- — -Regla General de hermenéutica legal. — Juez Pre-sidente Shaw: Es regia general de interpretación en causas de injuria y calumnia, en acusaciones por libelo y en otros casos aná-logos, cuando el delito puede ser cometido mediante el uso de pala-bras, ya sean orales o escritas, que dichas palabras sean interpretadas y entendidas con el significado que la persona que las escribió o pronunció intentó. Por tanto, si se usa lenguaje oscuro y ambiguo, o lenguaje figurado o erróneo, las cortes y.jurados lo interpretarán de acuerdo con su verdadero significado y alcance, y le darán el significado que puede colegirse de su contexto y de todos aquellos becbos y circunstancias bajo los cuales el mismo se usó.”
"Sección 752. — Oficio del Innuendo. — El oficio del innuendo es definir el alcance difamatorio que el denunciante trata de dar a las palabras de que se queja, a fin de demostrar el modo o manera en que tienen el alcance difamatorio alegado, e igualmente demostrar cómo las mismas se relacionan con el denunciante, siempre que ello no se desprenda claramente de la faz del contexto. Mas un innuendo no debe introducir materia nueva ni ampliar el significado natural de las palabras. No debe darles una interpretación que no tienen. No puede alterar o extender el sentido de las palabras difamatorias ni hacer cierto aquello que en realidad es incierto. Si no es posible que las palabras tengan el significado imputádoles por el innuendo y no son prima facie procesables, el juez durante el juicio ordenará a veces un nonsuit. Mas si las palabras pueden tener el significado aplicádoles, no importa lo improbable que aparezca que ése sea el espíritu con que ellas se usaron, entra muy bien dentro de las facul-tades del jurado el decir si en realidad fueron así entendidas.
"El oficio del innuendo es alegar el significado del lenguaje publi-cado. En su consecuencia, si el significado del lenguaje es claro, no se requiere innuendo alguno. El uso del mismo nunca puede alterar el alcance de las palabras, ni agregar ni ampliar el mismo. ‘De nada sirve un innuendo a menos que las palabras a que se aplica contengan una presunción violenta del innuendo.’ Si el sentido común del hombre se percata de las palabras publicadas e inmediata-mente aplica a las mismas sin dificultad o duda un significado libe-loso, no se necesita el innuendo y el mismo sería algo completamente superfluo y fútil como cuestión de práctica {pleading).”

A tenor de las disposiciones del artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal (edición 1935):

"La acusación debe contener:
"2. Una exposición de los actos constitutivos del delito, en len-guaje conciso y corriente, y redactada de tal modo que cualquier persona de inteligencia común pueda entenderla.”

El artículo 82 en parte, y el 83, leen así:

"Artículo 82. — La acusación es suficiente, si de ella se deduce:
"6. Que la acción n omisión considerada como delito está expuesta clara y distintamente en lenguaje corriente y conciso, sin repetición y de tal modo que facilite a cualquier persona de inteligencia común, conocer lo que se quiere decir.
"7. Que la acción u omisión considerada como delito esté expre-sada con tal grado de claridad, que facilite al tribunal el pronunciar su sentencia como resultado de una convicción y conforme a derecho.
"Artículo 83. — Ninguna acusación es insuficiente, ni puede el juicio u otro procedimiento cualquiera que sobre ella se base ser afectado a causa de algún defecto o imperfección de forma, siempre que tal defecto o imperfección de forma no tienda en lo esencial a perjudicar los derechos del acusado.”

En este caso no tenemos ante nos una acusación sino una denuncia. Ésta no fué redactada por un fiscal sino por el mismo Soto, el dueño de la mueblería y miembro de la Asam-blea Municipal de Mayagiiez. Este tribunal fia resuelto repetidamente que no examinará minuciosamente una denun-cia para buscar sus defectos tal cual lo fiace con una acu-sación redactada en lenguaje idéntico o similar.

El decir que un comerciante o presunto comerciante, que también es miembro de una Asamblea Municipal, se fia yendido por una mueblería, no significa que el vendedor' de la mueblería fia comprado una cosa, conforme fiace un siglo pudo haber comprado un esclavo; tampoco significa que el adquirente de la mueblería haya vendido sus servicios como tal traficante en muebles o como tal comerciante, o que más tarde no pudiera disponer de su tiempo como le viniese en ganas, o que en lo sucesivo la dirección de la mueblería o de cualquier otro negocio ajeno a sus deberes oficiales serían controlados, fiscalizados o influidos en alguna forma por la persona con quien se vendió. Sí significa que el asambleísta fia vendido su libertad de pensamiento y acción como miembro de la Asamblea Municipal; en otras palabras que fia aceptado un soborno. Así serían interpretadas, a nuestro juicio, por cualquier acusado de inteligencia común. Semejante aseveración dirigida a una persona que para aquella época era asambleísta municipal, se refería a él en su carácter oficial, y no en su carácter particular o como nuevo dueño de la mueblería. sElla sería así interpretada, a nues-tro juicio, por cualquier acusado de inteligencia común que ya estuviera informado por el contexto de que el propósito ■de la denuncia es imputarle el delito de calumnia e injuria.

Véase también Torres v. Lugo, 56 D.P.R. 878.

La única contención restante es que la sentencia conde-natoria no está sostenida por la prueba. Hemos examinado la prueba y la bailamos suficiente.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Travieso disintió.


text:
    José T. Santiago, demandante y apelado, v. La Asamblea Municipal de Coamo, demandada y apelante.
    Núm. 7958.

    Sometido: Abril 25, 1940.

      Resuelto: Junio 18, 1940.

      Manuel A. Rivera, abogado de la apelante;

      Angel de Jesús Matos, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emilió la opinión dei tribunal.

Los hechos de este caso son substancialmente los que siguen: el día 11 de marzo de 1913 don Teodoro Santiago Colón, padre del demandante apelado, solicitó permiso del Concejo Municipal de Coamo para construir una casa en un solar propiedad del municipio. El día 8 de mayo siguiente el concejo aprobó una ordenanza accediendo a lo solicitado, a condición, entre otras, de que el solicitante diera prin-cipio a la obra en el término de dos meses y la terminara dentro de seis. Transcurridos poco más de nueve años sin que ni el cesionario ni sus causahabientes cumplieran estric-tamente con la condición antes mencionada aun. cuando lo hicieran substancialmente, la Asamblea Municipal de Coamo, en 15 de septiembre de 1922,. aprobó una resolución citando a varios cesionarios de solares, entre ellos al demandante apelado, para que comparecieran el 26 de octubre de 1922 a la sesión especial que en ese día celebraría a exponer las razones que tuvieran para que no se les declarasen caducados sus derechos. Oídos los interesados, se les concedió, por resolución del día 12 de enero de 1923, hasta el día primero de julio de ese año para que cumplieran con la condición de construir en los solares cedidos en usufructo, apercibidos de que si dentro de dicho término no cumplían con ella, queda-ría rescindida la cesión si el usufructuario o sus sucesores no acudían dentro de los treinta días subsiguientes a la fecha en que fueren notificados, ante la corte de distrito corres-pondiente. No consta que los cesionarios fueran notificados de esta resolución.

Hasta el día 22 de febrero de 1934, aparentemente los cesionarios, y entre ellos la sucesión de don José Teodoro Santiago, no habían hecho o terminado edificación alguna en los solares cedidos, pues en esa fecha, vuelve la asamblea municipal a aprobar otra ordenanza concediéndoles un plazo improrrogable de seis meses para ello, derogando todas las ordenanzas que estuvieren en conflicto con la que entonces aprobaba y disponiendo que si vencido el término de seis me.ses concedido a los usufructuarios éstos aún no habían construido en los solares, los mismos quedarían automática-mente vacantes y en condiciones de ser cedidos a otras per-sonas. Tampoco consta claramente que esta ordenanza fuera notificada, aunque lo contrario asevera el juez de la corte inferior en su opinión.

El día 15 de marzo de 1935, el secretario-auditor del muni-cipio le dirigió a don José T. Santiago una.carta en que le notifica que habían . . sido declarados vacantes ... un sinnúmero de solares . . . que serían cedidos a cualquier persona que interesara fabricar . . .,” y en 18 de abril de 1938 Julio Passalacqua solicitó en usufructo el solar que José T. Santiago usufructuaba. El 10 de mayo siguiente aprobó el municipio una ordenanza concediendo a Passalacqua él usu-fructo del solar interesado por él, y el 24 de ese mismo mes radicó el apelado, a tenor de lo dispuesto en los artículos 70 y 83 de la Ley Municipal (núm. 53 de 1928, pág. 335) un recurso de certiorari ante la Corte de Distrito de Ponce, en que alega substancialmente los hechos antes relatados y termina pidiendo que se declare nula la ordenanza del 10 de mayo de 1938 confiriendo a Julio Passalacqua un derecho de usufructo sobre el solar que antes usufructuaba el peti-cionario. Oídas las partes, la corte declaró con lugar la petición de certiorari y nula la ordenanza a que la misma se contrajo. De esa sentencia apeló para ante este tribunal la Asamblea Municipal de Coamo. En su alegato señala diez errores que no vamos a discutir porque a nuestro juicio esta corte carece de jurisdicción para conocer del recurso. Y aunque la cuestión no ha sido levantada por ninguna de las partes contendientes, tratándose de una muy privilegiada, esta corte se considera obligada a suscitarla y resolverla motu proprio.

Dispone el quinto párrafo del artículo 70 de la Ley Municipal que:

“Cuando la Asamblea Municipal estimare llegado el caso de tratar de la caducidad de una de estas concesiones, se citará al con-cesionario, con antelación de treinta (30) días por lo menos, para _ que comparezca ante la Asamblea y exponga su derecho, en Sesión que al efecto se celebrará. Oído que sea el interesado, la Asamblea resolverá de acuerdo con la ley y de conformidad con la prueba justificada; y la resolución que adopte será firme, si el concesionario no acude en el término de treinta (30) días de notificársele la resolución, estableciendo la oportuna demanda ante la corte de dis-trito del distrito a que el municipio pertenezca; y visto de nuevo el caso en dicha corte, la decisión de ésta será definitiva.” (Bastardillas nuestras.)

No hay duda ninguna de que la “oportuna demanda” a que este artículo se refiere es cualquiera de los recursos que se relacionan en el artículo 83 de la misma Ley Municipal.” Siendo el recurso de apelación de origen estatutario, nunca podría darse por implicación y menos aún cuando el propio estatuto que establece el procedimiento a seguirse cuando lle-gare “. . . el caso de tratar de.la caducidad de una de estas concesiones ...” termina diciendo que visto el caso de nuevo en la corte de distrito . . la decisión de ésta será definitiva.” Parece obvio que el legislador quiso limitar las apelaciones contra resoluciones de las asambleas municipales que traten sobre la caducidad de derechos usufructuarios sobre solares del municipio, a las cortes de distrito, porque de otro modo no hubiera hecho sus decisiones definitivas, y a tenor de lo resuelto en Alfaro v. Asamblea Municipal, 35 D.P.R. 788, la apelación para ante este Tribunal Supremo estaría autorizada por el artículo 295 del Código de Enjui-ciamiento Civil. Por ello es que las cortes de distrito tienen jurisdicción para revisar por certiorari la resolución del Gobernador de Puerto Rico declarando vacante el cargo do alcalde o el de cualquier número de miembros de la asamblea municipal y nombrando sus sustitutos, y la decisión de la corte de distrito es, al amparo del artículo 11 de la Ley Municipal, apelable para ante esta Corte Suprema, ya que dicho artículo no limita o restringe el recurso.

El artículo 29 de la Ley Municipal, según fué enmendado por la Ley núm. 98 de 1931, Leyes de ese año, págs. 595-613, nos presenta otra situación idéntica a la del artículo 70 queues ocupa, en que el legislador quiso limitar a las cortes de distrito el recurso de apelación contra las decisiones de los alcaldes removiendo de sus puestos a los funcionarios admi-nistrativos y empleados municipales. Dicho artículo dice, en lo pertinente:

“Artículo 29.— ......
“El auditor municipal será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico, de una terna de candidatos que someterá a tal efecto el comité central del partido que ganó las elecciones en la munici-palidad, y podrá ser destituido por el Gobernador sólo por causa justificada y contra la resolución que dicte el Gobernador destitu-yéndole, podrá apelar el auditor, dentro de un término de quince días después de habérsele notificado su destitución, para ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial con jurisdicción sobre el muni-cipio donde él prestare sus servicios, y dicha apelación se tramitará en la misma forma dispuesta para las apelaciones concedidas a los alcaldes en caso de la destitución de éstos, y en ella se revisarán por la Corte todas las cuestiones de hecho y de derecho. La resolución de la Corte de Distrito será definitiva para las partes.” (Bastardillas nuestras.)

Por último, veamos en ese mismo artículo 29 y en el 4, qué casos son los que ha querido el legislador sean apela-bles para ante esta Corte Suprema. Dice el artículo 29 que si el Gobernador de Puerto Eico destituyese al alcalde, éste podrá . . interponer apelación para ante el Tribunal Supremo de Puerto Eico en la forma que se provee más ade-lante.” Más abajo dice el mismo artículo que “contra la resolución que dictare la asamblea municipal destituyendo al alcalde, o negándose a destituirlo, según fuere el caso, podrá ■el alcalde, o el Gobernador de Puerto Rico, en su caso, recu-rrir para ante la Corte Suprema de Puerto Rico . . . etc.”

El artículo 4 a su vez concede a cualquier municipio el recurso de apelación directamente para ante esta Corte Suprema de la resolución del Consejo Ejecutivo en que so decidan disputas entre dos o más municipios acerca de sus límites territoriales.

Yernos, pues, que la Ley Municipal claramente establece qué casos quedan definitivamente resueltos por las cortes de distrito, qué decisiones de éstas pueden ser apeladas a esta Corte Suprema, y de qué decisiones de los organismos admi-nistrativos puede recurrirse directamente para ante este tribunal. Desde luego que las resoluciones de las cortes de .distrito que por ministerio de la Ley Municipal vigente son inapelables, siguen siendo revisables por “este tribunal . . en aquellos casos en que el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la ley, y con objeto de terminar los procedimientos cuando el tribunal inferior rehu-sare hacerlo fundado en bases erróneas, “esto es, por medio de un certiorari clásico, autorizado por el artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933). La jurisdicción de la Corte Suprema para expedir dicho auto emana del artículo 671 del código citado; la de las cortes de distrito, del artículo 83 de la Ley Municipal. El procedimiento que se sigue ante esta Corte Suprema es el del certiorari clásico; el que se sigue en las cortes de distrito es el del certiorari •especial, su uso es restringido y su alcance limitado por el propio estatuto que lo autoriza.

Disponiendo el artículo 70, suprck, que las resoluciones que adopten las asambleas municipales sobre caducidad de concesiones quedarán definitivamente resúeltas por las cor-tes de distrito, debe resolverse que esta Corte Suprema- no tiene jurisdicción sobre la materia objeto de esta apelación, y por tanúo desestimarse el recurso interpuesto.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Josefa Rodríguez Rivera, demandante y apelada, v. Tomás Cintrón Batalla, demandado y apelante.
    Núm. 8093.

    Sometido: Mayo 28, 1940.

      Resuelto: Junio 20, 1940.

      Adolfo García Veve, abogado del apelante;

      Manuel López Carrillo, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

El 8 de marzo de 1939 Josefa Rodríguez Rivera demandó a Tomás Cintrón Batalla ante la Corte de Distrito de Huma-cao en reclamación de alimentos.

Alegó su matrimonio con el demandado en Las Piedras en 1938 y el abandono en que poco después la dejó y la tiene su esposo, que se lia negado a proporcionarle los alimentos necesarios para su subsistencia en cantidad no menor de ocho dólares semanales, no obstante percibir un sueldo de veinte por semana.

En su contestación aceptó el demandado sn matrimonio con la demandante pero negó que la hubiera abandonado, que la demandante fuera insolvente y que él ganara veinte dólares semanales, siendo lo cierto que él era insolvente y no recibía sueldo alguno desde que se produjo una herida en una'mano mientras trabajaba.

Dada la naturaleza de la reclamación, su tramitación so ajustó a la del juicio de desahucio cumpliendo lo dispuesto en el artículo 618 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed-il 933 — artículo 84 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales de 1905 — señalándose la primera comparecencia para marzo 17, 1939. La segunda o sea el juicio tuvo lugar en abril 3, 1939.

En mayo 3, 1939, la demandante presentó una moción soli-citando permiso para producir nueva prueba. Fué decla-rada con lugar el mismo día señalándose para ello el 19 del propio mes. Notificado el demandado, su abogado en mayo 10 solicitó la suspensión, alegando como impedimento para concurrir a la vista sus labores legislativas. No accedió el Juez e insistió el abogado por telegrama de mayo 18, 1939, pidiendo que el acto se señalara para la semana siguiente. Mantuvo la corte su resolución y el propio 19 de mayo, 1939, una vez que declaró el nuevo testigo que presentó la deman-dante — el demandado no compareció — dictó sentencia conde-nando al demandado a pasar a la demandante cinco dólares semanales en concepto de pensión alimenticia, con la obliga-ción de depositarlos con una semana de anticipación en la secretaría de la corte. Fijó los honorarios de abogado a pagar por el demandado en cincuenta dólares.

No conforme el demandado, apeló para ante este tribunal. Señala en su alegato tres errores cometidos a su jui-cio por la corte al declarar con lugar la moción de la demandante para permitir la práctica de nueva prueba sin dar al demandado la oportunidad de ser oído sobre los méri-tos de la misma, al no transferir la fecha del señalamiento para la presentación de la nneva prueba y al dictar sentencia en rebeldía movida por pasión, prejuicio y parcialidad.

Al argumentar el primer error comienza el apelante sosteniendo que el permiso concedido a la demandante para la práctica de nueva prueba equivale a la concesión de un. nuevo juicio y que siendo ello así debió observarse la ley a los nuevos juicios aplicable. Examina entonces la moción y la actuación de la corte a la luz de las disposiciones de esa ley y concluye que no fueron cumplidas por la demandante ni tomadas en consideración por la corte.

Un nuevo juicio, como lo define el artículo 220 del Código de Enjuiciamiento Civil, ed. 1933, es la revisión de una cues-tión de hecho ante la corte o árbitro que celebró el anterior, en que se suscitó aquélla y pronunció sentencia.

Aquí se había celebrado ya la segunda comparecencia el 3 de abril de 1939. Ambas partes practicaron prueba y el asunto quedó pendiente de sentencia sin que ésta se hubierS dictado cuando en mayo 3 siguiente se presentó por la deman-dante su moción pidiendo oportunidad para practicar nueva prueba descubierta. La declaración con lugar de esa moción no puede equipararse a la concesión de un nuevo juicio, ya que el pleito no se había decidido aún por la corte si que simplemente estaba sometido a su consideración y resolución.

La mejor práctica hubiera sido oír al demandado antes de resolver la moción, pero atendida la naturaleza del asunto sometídole, no creemos que la corte abusara de su discreción al actuar en la forma en que lo hizo.

En cuanto a la suspensión de la vista, quizá lo mejor. hubiera sido transferirla, pero dada la forma en que a ella se dirigió el abogado del demandado — por telegrama cuando tuvo tiempo suficiente para presentar una moción en regla —no podemos resolver que estuviera obligada a decretarla.

Además no se ha impugnado la nueva prueba practicada que se refirió a la habilidad del demandado para cumplir con el deber de alimentar a su esposa por encontrarse trabajando y ganando para el tiempo en que declaró el nuevo testigo, no demostrándose en tal virtud que se reci-biera perjuicio, y como un estudio de la evidencia practicada por ambas partes con anterioridad permite concluir que la sentencia dictada tiene en ella amplio fundamento y se dió oportunidad al demandado de comparecer, no creemos que exista base para revocar la sentencia recurrida especialmente cuando se trata de un caso sobre alimentos.

. En cuanto a la pasión, el prejuicio y la parcialidad que ai juzgador atribuye el apelante, quizá algo pudiera existir, pero no en el grado que se requiere para viciar de nulidad da actuación de la corte.

■ Este es un caso que no obstante la sentencia dictada en 'el mismo, permanece abierto a la consideración judicial. Lo que la corte Mzo' fué condenar a un marido que dejó de cumplir con el deber legal de alimentar a su esposa, a que Ib hiciera, depositando con antelación en la secretaría de lá corte no los ocho dólares semanales reclamados por la esposa si que cinco. Si en verdad ocurren circunstancias que hacen imposible el cumplimiento de la sentencia y la corte se convence de que no se trata de meras evasivas, justicia puede siempre obtener el demandado.

Por virtud de todo lo expuesto debe el recurso declararse sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Salabarría Sánchez, acusado y apelante.
    Núm. 8187.

    Sometido: Junio 19, 1940.

      Resuelto: Junio 21, 1940.

      Adolfo García Veve, abogado del apelante;

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Gregorio Salabarría Sánchez fué convicto de infracción a la Ley núm. 25 de 17 de julio de 1935 (Leyes de ese año, sesión extraordinaria, pág. 153), generalmente conocida por la “Ley de la Bolita”, consistiendo el delito, según la denun-cia, en que “en 8 de septiembre ... de 1939 ... el refe-rido acusado . . . allí y entonces, de manera ilegal, volun-taria, maliciosa y criminalmente, violó las disposiciones de las secciones 3a. y 4a. de la ley antes mencionada, consistente en que en una habitación de su casa residencia . . . estable-ció una oficina que dedicó al juego ilegal de Bolita y Boli-pool, actuando como agente y administrador de la banca de tal juego denominada ‘La Esperanza’, recibiendo allí el dinero de los números de Bolita y Boli-pool que otras per-sonas vendían al público, y entre 4 y 5 de la tarde de cada día, con tres candungos de los que tenían allí y con diez bolos en cada uno de estos tres, sacaban un bolo de cada candungo . . . Mediante orden de allanamiento se ocupó, en registro efectuado en dicha habitación, los siguientes enseres e implementos: una maleta negra conteniendo siete can-dungos de cuero, una cajita de madera conteniendo treinta bolos numerados, una caja con sobrecitos, cuatro paquetes ticliets en blanco con el nombre “La Esperanza”, impreso, 108 libretas del boli-pool La Esperanza, tres timbradores de fechas uno de éstos con el nombre “La Esperanza”, una almohadilla con tinta roja, varias listas de número de bolita y varios enseres más ...”

La tínica prueba que se presentó en este caso consistió en la declaración del policía Luis Ortiz y en los implementos del juego que se detallan en la denuncia. El acusado alega que !a prueba es insuficiente para sostener la sentencia ape-lada. Procedamos a analizar la prueba presentada.

Declaró el testigo Luis Ortiz que el 8 de septiembre de 1939 y a virtud de orden de allanamiento penetró en la habi-tación que ocupaba el acusado en una casa de vecindad en el pueblo de Juncos y que debajo de una cama encontró una maleta cerrada con una cadena y un candado, en la que, al abrirla, encontró los efectos que se relacionan anteriormente. Se infiere de su testimonio que en el momento de penetrar en la habitación no estaba allí el acusado, quien llegó más tarde cuando ya la policía estaba examinando el contenido de la maleta, recibiendo entonces el acusado una copia de la orden de allanamiento con la relación de los objetos ocupa-dos. El resto de la declaración va dirigido a ilustrar cómo se lleva a efecto el juego de “la bolita.”

¿Es suficiente esta evidencia para sostener la sentencia en este caso dictada?

A nuestro juicio no lo es. El mero hecho de que se ocu-pen en la residencia del acusado objetos que se usan gene-ralmente para llevar a efecto el juego de “la bolita” es insuficiente en ausencia de otra prueba tendente a demostrar que dichos objetos se están utilizando o que la habitación o residencia es dedicada a llevar a cabo en ella el referido juego.

La sección 3 de la ley que se alega fué infringida, en lo pertinente dice:

“Cuando la Policía Insular de Puerto Pico, previa orden de allanamiento... sorprendiera a una o varias personas en cualquier habitación, casa, edificio, estructura o sitio de cualquier clase, que se esté dedicando a la manipulación de los faegos conocidos por ‘bolita’, ‘ boli-pool’,... deberá, después de incautarse de todos los implementos, monedas, artefactos... dar traslado del asunto a la Corte Municipal correspondiente y al Fiscal del Distrito, para que se proceda contra dicha persona o personas de conformidad con las disposiciones de la ley. Si hubiere un fallo condenatorio contra tal persona o personas, y tal habitación, casa, edificio, estructura o sitio de cualquier clase, continuara dedicándose a la manipulación de los juegos anteriormente reseñados, deberá darse cuenta al fiscal del distrito, quien deberá instar un procedimiento ante la corte de dis-trito competente para la clausura... todo ello sin perjuicio de la sanción penal por dedicarse a la manipulación de los juegos prohi-bidos por esta Ley.”

La letra clara de la ley no deja dudas de que la mera ocupación de los implementos en una casa, habitación, etc., no es suficiente para sostener una sentencia por infracción a dicha ley. Para que la tenencia de tales artefactos en una habitación, casa, etc., constituya delito, es indispensable el concurso de otra evidencia tendente a probar que dicha habi-tación, edificio, estructura, etc., se dedique a la manipulación de los juegos a que dicha ley se refiere. Claro es que la ley no exige que en el momento de diligenciar la orden de alla-namiento se estén manipulando dichos juegos, siendo sufi-ciente que se demuestre que dicha habitación, sitio, etc., se dedique (devote, como dice la edición inglesa) a dicha mani-pulación. En el caso de autos ninguna evidencia se presentó a ese efecto.

Los casos del Pueblo v. Morales, 51 D.P.R. 204, y Pueblo v. Rosario, 55 D.P.R. 233, invocados por el fiscal, no son de aplicación al de autos. En el primero hubo prueba tendente a demostrar que la acusada, al llegar la policía, negó que tuviera tales objetos en su casa, y que al ser encontrados debajo de su cama, manifestó que “se le privaba de aquello que le había dado para arreglar su casa y comprar mue-bles,” elementos éstos que la corte estimó suficientes para llevar al ánimo del juzgador la convicción de que los efectos encontrados se estaban usando por la acusada en la explota-ción del juego de “la bolita.” En el segundo se dijo lo siguiente:

“En. el caso de autos, como hemos visto, los implementos del juego-se hallaban, por lo menos en parte, sobre una mesa junto a la cual se encontraban las acusadas, una de las cuales tomaba notas y las otras cotejaban los paquetes de billetes. Como en el caso de Pueblo v. Morales, supra, una de las acusadas hizo la manifestación antes mencionada, que equivale, dentro de las circunstancias, a una declaración de culpabilidad.”

Ilhi el caso de autos la prueba quedó limitada exclusiva-mente a la ocupación de los implementos debajo de una cama en la habitación en que residía el acusado.

La sección 4 de la ley, que también se alega infringida, no tiene aplicación a los hechos de este caso. Dicha sección se refiere a la portación o conducción por cualquier persona de cualquier papeleta, billete, etc., así como también a que el acusado sea “dueño, apoderado, agente, encargado, director o administrador de los juegos prohibidos por esta Ley,” de lo cual no existe prueba alguna en este caso, aunque en la denuncia se alegue que el acusado actuaba como agente y administrador, etc.

No habiéndose probado la infracción motivo de la demm-cia, procede declarar con lugar el recurso, revocar l,a senten-cia apelada y absolver libremente al acusado.


text:
    Teófilo José Marxuach Acosta, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 1066.

    Sometido: Marzo 19, 1940.

      Resuelto: Junio 24, 1940.

      Federico Acosta Velarde y Mariano Acosta Velarde, abogados del re-currente;
    el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El 27 de diciembre de 1923 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia a instancia de Carolina Amelia Acosta, declarando roto y disuelto el vínculo matrimonial existente entre la demandante y su esposo Teófilo Marxuach. Plumey. Éste falleció el 8 de noviembre de 1939, dejando tres hijos habidos en su matrimonio con Carolina Amelia Acosta, quien no ha contraído nuevas nupcias.

En 29 de noviembre de 1939 la Corte de Distrito de San Juan dictó una resolución declarando únicos y universales herederos ab intestato de Marxuach a sus tres hijos ya men-cionados. Presentada una copia certificada de dicha resolu-ción en el registro de la propiedad, el registrador la inscribió, poniendo al pie del documento la siguiente nota:

“Inscrito este documento, con vista de otros en cuanto a una casa núm. 22 en la calle España, boy trozo de la Carretera Nueva en la Sección Sur del barrio de Santurce de esta ciudad, y otra casa en la calle General Contreras núm. 139 de esta ciudad, de que se ha pedido inscripción, a los folios 168 y 241 vuelto de los tomos 36 d'e Santurce Sur y 81 de la Capital, fincas 2302 y 982 cuadruplicado e inscripciones 4a. y 19a., sin perjuicio de la cuota usufructuaria correspondiente a la viuda y ex esposa del causante Carolina Amelia Acosta.”

No conforme con dicha nota, el heredero recurrente soli-cita su revocación y que se ordene al registrador que proceda a inscribir la resolución sobre declaratoria de herederos, sin reconocer derecho usufructuario alguno a la ex esposa del causante. En apoyo de su recurso, el recurrente cita el caso de Tormes, Ex parte, 53 D.P.R. 417.

Existe una notable diferencia entre el caso de autos y el de Tormes, Ex parte, supra. En la fecha del fallecimiento de Lanause, ya Herminia Tormes había contraído nuevas nupcias con Beauchamp. No podía ser a un mismo' tiempo viuda de uno y esposa legítima de otro. Y aunque al resolver el caso hicimos constar el hecho de las nuevas nupcias como una razón adicional para la confirmación de la sentencia, ella fue en realidad la razón fundamental para que dictáramos la sentencia que dictamos en dicho caso. Y esa sola razón es suficiente para que ahora confirmemos dicha sentencia, sosteniendo que cuando al ocurrir el falle-cimiento del cónyuge culpable del divorcio el cónyuge supérs-tite inocente hubiese contraído nuevas nupcias, éste no tendrá derecho a cuota usufructuaria alguna.

Hemos dado cuidadosa consideración a la cuestión legal envuelta en el presente recurso, la que podemos formular así:

¿Tiene una mujer divorciada por culpa de su esposo y que a la fecha del fallecimiento de éste no ha contraído nue-vas nupcias, derecho a participar en la herencia de su esposo, y a recibir la cuota usufructuaria que dispone el artículo 761 del Código Civil, edición de 1930?

El Código Civil de- Puerto Rico, adoptado en el año 1902, disponía en su artículo 163 que el vínculo matrimonial se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges, el divorcio o la nulidad. En sus artículos 164 a 177 especificaba las cau-sas do divorcio y proveía el procedimiento para la obtención de un decreto de divorcio.

Al adaptar a Puerto Rico el Código Civil español, el legis-lador insertó como nuevas disposiciones las ya mencionadas referentes al divorcio y sustituyó algunas disposiciones del código español por otras nuevas.

El Código Civil español dispone en su artículo 834 lo siguiente:

"Artículo 834. — El viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado, o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, tendrá derecho a una cuota, en usufructo, igual a la que -por legítima corresponda a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos no mejorados.
“Si no quedare más que un solo hijo o descendiente, el viudo o viuda tendrá el usufructo del tercio destinado a mejora, conservando aquél la nuda propiedad, basta que por fallecimiento del cónyuge supérstite se consolide en él el dominio.
“Si estuvieren los cónyuges separados por demanda de divorcio, se esperará el resultado del pleito.
“Si entre los cónyuges divorciados hubiere mediado perdón o reconciliación, el sobreviviente conservará sus derechos.”

El artículo que acabamos de transcribir fné eliminado del Código Civil de 1902 y en su lugar y bajo el mismo título “Sección Séptima — Derechos del cónyuge viudo,” se insertó el artículo 821, que lee así:

“Artículo 821. — El viudo o viuda tendrá derecho, si el difunto dejare un hijo legítimo o ilegítimo reconocido, o descendientes de éstos, a la mitad de la propiedad personal y real en que consistiere la herencia.
“Si el cónyuge difunto hubiere dejado más de un hijo viviendo o representado por sus descendientes, si alguno de ellos hubiere muerto, el cónyuge viviente tendrá derecho sólo a una tercera parte de la propiedad personal y real de los bienes en que consistiere la herencia.
“Cuando no hubiere descendientes, pero sí ascendientes, el cón-yuge sobreviviente tendrá derecho a la mitad de la propiedad personal y real de los bienes de la herencia.
“No quedando descendientes ni ascendientes, el cónyuge sobre-viviente tendrá derecho a las dos terceras partes de la propiedad personal y real de los bienes de la herencia.”

Como se ve, ni en dicho artículo — ni en ningún otro del Código Civil de 1902 — se reconoce derecho alguno a favor del cónyuge divorciado por culpa del difunto.

El referido artículo 821, supra, estuvo en vigor hasta marzo 9 de 1905, fecha en que fué expresamente derogado por una ley especial de la Asamblea Legislativa. La sección 8 do dicha ley (Leyes de 1905, pág. 155) es una copia literal del artículo 834 del Código Civil español, supra.

La Ley núm. 73 de marzo 9 de 1911 (pág. 247, Comp. 38801 enmendó la sección 8 de la ley de marzo 9 de 1905 (Comp. 3873-3893) para que leyera como sigue:

“Sección 8. — El viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado, o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, tendrá derecho a nna cuota, en usufructo, igual a la que por legítima corresponda a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos no mejorados.
“Si no quedara más que un solo hijo o descendiente legítimo, el viudo o viuda tendrá el usufructo del tercio destinado por la ley a constituir la mejora, conservando aquél la nuda propiedad, hasta que por fallecimiento del cónyuge supérstite se consolide en él el dominio.
“Si estuvieren los cónyuges separados por demanda de divorcio, se esperará al resultado del pleito.
“Las disposiciones de esta Sección y de las subsiguientes 9, 10, 11, 12 y 13 de esta Ley serán aplicables del propio modo a la sucesión intestada que a la sucesión testamentaria.” (Bastardillas nuestras.)

La sección 8, supra, que con excepción del último párrafo y de la palabra “legítimo” en letra bastardilla en el segundo es copia literal del artículo 834 del Código Civil español (supra), fué incorporada como artículo 761 a la edición de 1930 de nuestro Código Civil.

Cuando el legislador, en marzo 9 de 1911, adoptó e incor-poró al Código Civil el citado artículo 761, ya bacía nueve años que regía en esta Isla el artículo 163 del Código Civil de 1902 que provee que el vínculo matrimonial se disuelve por el divorcio.

El propósito evidente del legislador al eliminar del Código Civil de 1902 las disposiciones del artículo 834 del español, no podía ser otro que el de no conceder cuota usufructuaria alguna al cónyuge supérstite divorciado, aun cuando no fuera él o ella el culpable del divorcio. La intención legislativa al adoptar el vigente artículo 761, no obstante lo dispuesto en e] 163, tiene que haber sido la de conceder iguales derechos que al viudo o viuda que al morir su consorte no estuviere divorciado, al cónyuge supérstite que estuviere divorciado al morir su consorte, por culpa de éste. Nos inclinamos a sos-tener la nota recurrida, no solamente por la claridad y pre-cisión con que se ha redactado el estatuto, si que también porque no estamos autorizados para resolver que la disposi-ción del primer párrafo del artículo 761, supra, referente'al cónyuge snpérstite divorciado e inocente carece en absoluto de validez y no significa nada. Para resolverlo así, tendría-mos que asumir, en contra de la lógica y del lenguaje claro y preciso del estatuto, que la intención que tuvo el legislador al aprobar el artículo 761 fue la de castigar al cónyuge, ino-cente y cumplidor de sus deberes matrimoniales, privándole de toda participación en la herencia del culpable.

El caso de Tomes, Ex parte, supra, debe considerarse como revocado en cuanto es inconsistente con esta opinión y confirmado como ya lo hicimos constar en cuanto sostiene quo el cónyuge inocente que al fallecimiento del culpable ha con-traído ya nuevas nupcias no tiene derecho a cuota usufruc-tuaria alguna.

En tal virtud, debe confirmarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Wole

text:
    Ramón Fontaine Morales, Antonio Ruiz Barreto y Oscar Guzmán, peticionarios, v. La Corte de Distrito de Bayamón, Hon. Enrique Ponsa Parés, Juez, demandada.
    Núm. 1208.

    Sometido: Abril 18, 1940.

      Resuelto: Junio 25, 1940.

      Gaspar Rivera Cestero, abogado de los peticionarios;

      E. Ponsa Pares, Juez de la corte demandada, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Los peticionarios invocan el auto de certiorari para revi-sar la supuesta falta de la Corte de Distrito de Bayamón de señalar prontamente para juicio una apelación por ellos inter-puesta de la Corte Municipal de Bayamón, donde en 22 de enero de 1940, fueron convictos de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes.

La transcripción de autos se radicó en la Corte de Dis-trito de Bayamón el 30 de enero de 1940. El día primero de febrero siguiente, alegando tener derecho a un juicio rápido, los peticionarios solicitaron se señalara su caso para juicio a tenor de las disposiciones del Código de Enjuicia-miento Criminal. El 8 de marzo de 1940 la Corte de Distrito de Bayamón señaló el caso para el 26 de marzo del mismo año. Aduciendo los beclios que anteceden, el 13 de marzo de 1940, los peticionarios solicitaron de la Corte de Distrito de Bayamón el archivo y sobreseimiento de su caso. La corte declaró sin lugar su moción.

El artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. 1935), en su inciso 5, provee:

“5. El juez de paz remitirá el sumario dentro del quinto día al tribunal de distrito, el cual dentro de los diez días de su recibo seña-lará día para la celebración del juicio, citando al Fiscal y al acusado. En el acto del juicio se podrán aducir nuevas pruebas o reproducir aquélla que el juez de paz hubiere admitido o rehusado. El tribunal decidirá definitivamente sobre la admisión de tales pruebas y después de practicadas y oír a las partes, dictará dentro del segundo día fallo definitivo, condenatorio o absolutorio, ordenando la libertad del acusado si estuviere preso, en caso de un fallo absolutorio.”

De conformidad con el mismo este tribunal resolvió en el caso de El Pueblo v. Acosta, 40 D.P.R. 471, citando los casos de El Pueblo v. Cardona, 36 D.P.R. 618 y El Pueblo v. Rodriguez Alberty, 39 D.P.R. 599, que el período de dos días que tiene la corte de distrito para resolver un caso en apelación era imperativo. En una decisión posterior sostuvimos que el término de diez días no operaba por.sí mismo, sino que el apelante debía dar los pasos necesarios para que su recurso fuera señalado. Pueblo v. Rivera, 46 D.P.R. 235. En el caso de autos los peticionarios lian techo cuanto ha estado en su poder para que su causa sea señalada prontamente, a lo cual tienen derecho de conformidad con el artículo antes citado, y la orden de marzo 13, 1940, debe ser revocada y el proceso contra los peticionarios archivado y sobreseído.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Brene, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 8211 y 8212.

    Sometidos: Junio 14, 1940.

      Resueltos: Junio 26, 1940.

      Burset & • Pérez Pimentel, abogados del apelante;

      R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Brene fue acusado ante la Corte de Distrito de Humaeao de portar un arma prohibida. En apelación de un fallo condenatorio, el acusado alega que la sentencia es contraria a la prueba. Hallamos, sin embargo, que hubo varios testigos que identificaron suficientemente el arma en manos del acusado y no hay indicios de un elemento indebido en la apreciación de la prueba por parte de la corte.

El caso que antecede fué visto en unión a otro en que se imputaba a Francisco Brene el tener un arma sin haberla declarado al Jefe de la Policía de Juncos.

Durante el curso del juicio un jefe de la policía, mien-tras declaraba como testigo, manifestó que el acusado no tenía ningún arma inscrita ante el Jefe de la Policía de San Lorenzo. El fiscal sostuvo durante la vista que el uso del nombre de la municipalidad de San Lorenzo fué prácti-camente un lapsus linguae.

El Pueblo procede a sostener que la defensa principal en este caso fué que el acusado y apelante no tuvo ningún revólver en ningún momento durante el curso de estos pro-cedimientos. Convenimos con el Fiscal en que el negar generalmente la posesión de un arma incluye la negativa de tener un arma inscrita en Juncos. Si un hombre insiste en que no tiene arma alguna, y ésa es su principal defensa^ es evidente que, aunque tenía un arma, no la declaró al Jefe de la Policía de Juncos.

La sentencia en cada caso debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.