author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    Compañía Cervecera de Puerto Rico, Inc., demandante y apelada, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante (dos casos). The Mayagüez Light, Power & Ice Company, Inc., demandante y apelada, v. El Mismo, demandado y apelante.
    Núms. 8841, 8850, 8860.

    Sometidos: Enero 18, 1944.

      Resueltos: Enero 20, 1944.

      Ron. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y G. Benitez Gautier, A. E. Franco Cabrero y Fernando B. Fornaris, Procu-radores Generales Auxiliares, abogados del apelante; J. Alemañy Sosa, abogado de las apeladas.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

Estos tres recursos fueron vistos y sometidos conjunta-mente. Envuelven la misma cuestión, a saber, si los hechos de estos casos deben regirse por lo resuelto en el caso de Legarreta v. Tesorero, 55 D.P.R. 22.

En la demanda en el recurso 8841 se alegó que la deman-dante fue requerida por el Colector de Rentas Internas de Mayagüez para que pagara los arbitrios sobre cierta maqui-naria importada por la demandante de los Estados Unidos para ser usada en su industria, por considerar dicha maqui-naria incluida en las disposiciones del inciso 27 de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico, según en-mendada en 1936; que la demandante se negó a pagar dichos arbitrios lo que dió lugar a que el demandado, por conducto de su representante en Mayagüez, embargase diferentes pro-piedades de la demandante y amenazase con vender las mis-mas en pública subasta, viéndose la demandante obligada, para evitar dicha venta, a pagar bajo protesta a dicho Colector la suma cobrada y la cual'interesa le sea devuelta.

El demandado radicó una moción solicitando el traslado del caso para la Corte de Distrito de San Juan alegando que la causa de acción de la demandante tuvo su origen en la ciudad de San Juan, donde el demandado tiene su oficina y residencia oficial, e invoca los artículos 79 y 81 del Código de Enjuiciamiento Civil. A dicha moción se acompañó una excepción previa y un affidavit de- méritos.

Los hechos en los demás casos son los mismos. La corte inferior declaró sin lugar las mociones de traslado en los tres casos, resolviendo que, de acuerdo con las alegaciones de los demandantes, las causas de acción tuvieron su origen en la ciudad de Mayagüez, porque el requerimiento de pago, embargo de bienes y anuncio de venta de los mismos en pú-blica subasta se llevaron a efecto por el Colector de Rentas Internas de Mayagüez, constituyendo todos ellos actos afir-mativos realizados por el demandado en dicho distrito. El demandado apeló.

El artículo 79, inciso 2 del Código de Enjuicia-miento Civil, dice así:

“Artículo 79. — Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos:
“;p_ *'*#«***>
“2. — Contra un empleado público, o persona especialmente nom-brada para cumplir los deberes de aquél, por cualquier acto que hu-biere cometido con ocasión de su empleo; o contra una persona que, por orden suya o como su auxiliar, hiciere algo relacionado con los deberes de dicho empleado.”

Interpretando este precepto legal y citando jurisprudencia de California en relación con el artículo 393 del Código de Enjuiciamiento Civil de dicho Estado idéntico al nuestro, esta corte, en el caso de Legarreta v. Tesorero, supra, resolvió, y citamos del sumario, que:

“. . . El inciso 2, artículo 79 del Código de Enjunciamiento Civü contempla actos afirmativos de funcionarios que directamente inter-vienen con los derechos personales y de propiedad de terceras per-sonas. Por tanto, no es de aplicación a un pleito sobre devolución de contribuciones en el que- no se alegue acto afirmativo alguno por parte del Tesorero de Puerto Rico que lastime derechos personales o de propiedad del demandante en la acción.”

Una mera lectura de esta decisión demuestra que no es aplicable a los hechos del caso de autos. En el de Legar reta, supra, no se alegó en la demanda ningún “acto afirmativo por parte del Tesorero de Puerto Rico que lastimara derechos personales o de propiedad del demandante” mientras que en el de autos se alegan dichos actos — requerimiento de pago, embargo de bienes y anuncio de venta en subasta pública de los mismos — hechos que a los efectos de la moción de traslado y a virtud do la excepción previa el demandado aceptó como ciertos.

Arguye el apelante, sin embargo, que los actos afirmativos alegados fueron realizados por el Colector de Rentas Inter-nas directamente y no por el demandado como Tesorero de Puerto Rico. Carece de méritos el argumento. Los Colec-tores de Rentas Internas son nombrados por el Tesorero de Puerto Rico — Artículo 329 Código Político — y no son otra cosa que agentes o delegados de dicho funcionario en los dis-tintos distritos de recaudación de contribuciones. Además, el artículo 105 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico dispone expresamente que:

“Sección 105. — Cuando alguna persona obligada por esta Ley al pago de los impuestos señalados en ella, no lo efectuare dentro del tiempo fijado, el Tesorero de Puerto Rico, o sus agentes, debi-damente autorizados por éste, quedan facultados para embargar y vender en pública subasta bienes del deudor, de acuerdo con el pro-cedimiento establecido en el Código Político, para hacer efectivas las contribuciones impuestas sobre la propiedad y no satisfechas, concediéndose al contribuyente derecho de redención en los mismos términos y extensión dispuestos en dicho código.” (Bastardillas nuestras.)

De manera que el Colector de Rentas Internas de Maya-güez, como agente del Tesorero de Puerto Rico no estaba autorizado a embargar bienes de la demandante a menos que hubiera sido “debidamente autorizado'” por dicho funciona-rio. La actuación del Colector fué la actuación del Tesorero, gui facit per alium facit per se, y por tanto, los actos afir-mativos alegados, aunque realizados de hecho por el Colector, son actos del apelante.

Deben confirmarse las resoluciones dictadas en estos casos denegando el traslado solicitado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

license: Public Domain

text:
    Beatriz Martínez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    Núm. 1135.

    Sometido: Diciembre 13, 1943.

      Resuelto: Enero 20, 1944.

      J. A. Suris Agraít, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Ante el Registrador de la Propiedad de San Germán se presentó para su inscripción la escritura número cuarenta y tres, otorgada en veintidós de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres, ante el notario José A. Suris Agraít, por la cual Domingo Torres Guerra, actuando por sí, vende un solar y casa a Beatriz Martínez, haciendo constar por la cláusula segunda de dicha escritura lo siguiente: “Aclara el compare-ciente de la primera parte que si bien es verdad que en la es-critura de adquisición número ochenta y cinco, hizo constar que era casado con doña María Criselda Ramírez lo cierto esque era soltero y solamente vivía maritalmente con la pre-dicha,. no habiendo contraído matrimonio hasta el año mil novecientos treinta y ocho, con María Isolina Lneena, lo que acreditará oportunamente. ’ ’

Como complementarios al anterior documento, fueron pre-sentados los siguientes: 1. Escritura de Acta Aclaratoria número cuarenta y seis, otorgada en San Germán, a primero de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres, ante el mismo notario, por la cual dicho Domingo Torres Guerra, por sí, y los anteriores dueños del solar, esto es, .aquellos de quienes adquirió Torres Guerra, manifiestan que éste era soltero en la fecha de adquisición. 2. Certificación del Jefe del Negociado de Estadística Demográfica, José L. Janer, de fecha veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta y tres, acreditativa de que desde el mil novecientos treinta y uno al mil novecientos treinta y cinco, no se encontró inscrito en dicho negociado el matrimonio de Domingo Torres Guerra con María Criselda Ramírez. 3. Otra certificación acredita-tiva del matrimonio de Domingo Torres Guerra con María Isolina Lucelia, celebrado en el .año 1938.

El registrador denegó la inscripción solicitada a virtud de la siguiente nota:

“DeNegada la inscripción del documento que precede, por ob-servar que el solar que se vende aparece inscrito a favor del vende-dor, casado con María Criselda Ramírez, sin qne comparezca ésta a prestar su consentimiento para la venta, no siendo suficiente el acta aclaratoria acompañada en la que se informa qne era errónea la manifestación de dicho estado civil, ni tampoco la certificación sobre la no localización de dicho matrimonio en la población de San Germán; y por observar además que no se acredita el estado civil del vendedor en la fecha de la construcción de la casa, si bien pudo haber sido el mismo de cuando adquirió el solar o el de ahora en que es casado con María Isolina Lucena, sin que ésta comparezca tam-poco a dar su consentimiento para la venta de dicha casa, por lo que tomo en su lugar anotación preventiva por el término legal a favor de la compradora de su derecho, ...”

Sostiene el Registrador en sn alegato qne apare-ciendo del registro qne Torres adquirió el solar siendo casado con María Criselda Ramírez existe la presunción de que se trata de bienes gananciales habidos durante el matrimonio y que para enajenarlos Torres necesita el consentimiento de la que él dijo ser su esposa — Artículo 1313 del Código Civil — • y .arguye que los documentos complementarios citados no son suficientes para destruir la presunción de casado del vendedor según aparece del registro. Cita en apoyo de su nota los casos de Delgado v. Registrador, 23 D.P.R. 704, 706 y Figueroa v. Registrador, 31 D.P.R. 377, 379. En el primero se resolvió que “no existe presunción de que uno que hoy está casado con determinada persona, lo estuviera con la misma en cierta fecha del pasado”, y en el segundo se citó del caso de Bennett v. State, 103 Georgia 67, 29 S. E. 919, en parte, lo siguiente: “No existe ninguna presunción legal o de hecho de que un hombre o una mujer sea soltero ni presunción en contrario.”

La recurrente se limita a sostener que el acta aclaratoria y la certificación negativa del Registro Demográfico son sufi-cientes para que el registrador inscriba la escritura de venta, ya que la presunción que existía a virtud de la primera escri-tura de que Torres era casado ha sido destruida por los men-cionados documentos.

Creemos que la nota recurrida debe ser confirmada. Apa-reciendo de la escritura de compraventa qne el comprador era casado, la inscripción del solar en el registro conlleva la presunción de que dicho terreno pertenecía a la sociedad de gananciales — Artículo 1307, Código Civil. Fuera cierto o no que el comprador, Domingo Torres, era casado con María Criselda Ramírez, el hecho es que la inscripción creó un es-tado de derecho a favor de la que se mencionó como esposa. Ahora se pretende, a través de un acta aclaratoria en la cual no comparece María Criselda Ramírez, que en el registro se varíe dicho estado. Consideramos que esto no podía hacerlo el registrador. Otra hubiera sido la situación si la única parte que puede ser afectada, María Criselda Ramírez, hu-biera comparecido en dicha Acta Aclaratoria, corroborando la afirmación del que ahora dice fue su concubino y antes dijo era su esposo. No habiendo comparecido cabe la posibilidad de que se haya negado por estar en condiciones de probar que en realidad estuvo casada con Torres. De surgir una situación como esta correspondería a las cortes resolverla y no al Registrador.

La certificación negativa del Registro Demográfico de San Germán tampoco es suficiente pues como bien sostiene el recu-rrido el matrimonio ha podido celebrarse en cualquier otro pueblo de Puerto Rico y aun en el extranjero. El hecho de que en la actualidad Domingo Torres esté casado con María Isolina Lucena no establece presunción alguna en cuanto a su verdadero estado civil en el año 1935, cuando en documento auténtico hizo constar que era casado - con María Criselda Ramírez. Figueroa v. Registrador, supra.

Bebe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Alejandro Pérez, acusado y apelante.
    Núm. 10153.

    Sometido: Diciembre 20, 1943.

      Resuelto: Enero 25, 1944.

      Leopoldo Tormos García, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué convicto y sentenciado por violación de la Ley núm. 6 de 17 de noviembre de 1941 (Primera Sesión Ex-traordinaria, pág. 15). La supuesta infracción consistió en que el 5 de junio de 1942 vendió a Leopoldo López, en Ponce, 257 libras de carne de res sacrificada en el país, por precio de 20 f, libra, no obstante en el Reglamento aprobado por la Co-misión de Alimentos y Abastecimiento General haberse fijado su precio en 18^ libra.

El apelante alega que la sentencia impuéstale es errónea:

(1) Porque la ley que se alega infringida es inconstitu-cional ;

(2) Porque en todo caso la evidencia es insuficiente para declararle convicto.

En apoyo de la alegada inconstitucionalidad de la ley, arguye el apelante que el delito que se le imputa fué definido y sancionada su pena por la Comisión de Alimentos y Abastecimiento General y que es el poder legislativo el único facultado para definir y fijar la pena de los delitos, sin que esa facultad pueda ser delegada.

El artículo 1, inciso 4, de la ley en cuestión faculta a la citada comisión para, sujeto a la aprobación del Gobernador, determinar los precios a que podrán venderse los artículos de necesidad. Y más adelante, en el mismo inciso, prescribe:

“Cualquier persona que venda artículos a un tipo más alto que el determinado por la Comisión, . . . será castigada por cada ofensa con una multa no menor de veinticinco dólares ($25) ni mayor de mil dólares ($1,000), y prisión por no más de seis (6) meses ...”

Como se verá, el poder legislativo delegó en la comisión la facultad de fijar los precios, delegación que en el caso de El Pueblo v. Martínez Baz, resuelto el 12 del actual (ante, pág. 734) sostuvimos era constitucional. Pero una vez de-terminado por la comisión el precio máximo, fué la legislatura quien creó el delito y fijó su pena.

La prueba de cargo consistió únicamente del testimonio del supuesto perjudicado, Leopoldo López. Declaró este testigo que compró 257 libras de carne al acusado, conforme se alega en la acusación, es decir, a razón de 20^ la libra; que pagó el precio en su totalidad al día siguiente; que el negocio se celebró en el matadero' de Ponce, donde babía otras personas que no nombra, y que ninguna de ellas se enteró de los términos en que se convino la transacción.

La de descargo consistió en los testimonios de José Clavel y del acusado. El primero declaró que es abastecedor de carne, que presenció la venta que de 257 libras de ese artículo celebró el acusado con Leopoldo López; que el precio conve-nido fué a razón de 18 centavos libra; que el día siguiente a la venta, López entregó al acusado en presencia del testigo el precio de la carne menos nueve dólares y pico; que con ese motivo, el acusado rehusó vender más carne a López y que sin duda fue esa la causa que indujo a López a denunciar fal-samente al acusado.

Declaró el acusado que la venta fué convenida a razón de 18 centavos la libra; que al pagarle el precio al día siguiente a la venta, López le quedó a deber $9.40 y que con tal motivo le dijo que no podía seguirle vendiendo carne si es que iba a quedar a deber dinero, porque no quería aumentar la cuenta anterior; que López le contestó que estaba bien, y cuatro o cinco días después manifestó al acusado que lo iba a denun-ciar. En el curso de su testimonio declaró el acusado que muchos le quedaban a deber carne y no le pagaban y que eso le había sucedido repetidas veces con el propio Sr. López.

La prueba es contradictora. La corte dió entero crédito al testigo de cargo, y como su declaración no es inherente-mente improbable ni se ha demostrado ninguna circunstancia que impidiera darle tal crédito, nos sentimos obligados pol-la conclusión a que en la apreciación de la prueba llegara la corte sentenciadora.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Snyder no'intervino.


text:
    Porto Rico Iron Works, Inc., demandante y apelada, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8710.

    Sometido: Julio 8, 1943.

      Resuelto: Enero 25, 1944.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos, A. B. Franco Cabrero, Procurador Auxiliar, y Carmen B. Hernández, Oficial Jurídico, abogados del apelante; Raúl Matos, abogado de la ape-lada.
   El Juez Pbesideute Intebxno Señoe Tbavieso

emitió la opi-nión del tribunal.

La demanda interpuesta en este caso contiene siete cau-sas de acción y el total reclamado asciende a la cantidad de $13,670.97, importe de contribuciones pagadas bajo protesta por la demandante. El demandado interpuso excepción pre-via de falta de hechos constitutivos de causa de acción. De-clarada ésta sin lugar, la corte de- distrito, a solicitud del demandado, dictó sentencia declarando con lugar la demanda en todas sus causas de acción y condenando al demandado al pago de la suma total reclamada más intereses al 6 por ciento sobre dicha cantidad desde la fecha de la -interposición de la demanda, más las costas.

Contra dicha sentencia se ha interpuesto el presente re-curso.

1. En la primera causa de acción la demandante, Porto Rico Iron Works, Ine., reclama la devolución de $1,842.86 pagados bajo protesta por concepto de arbitrios sobre efectos introducidos en Puerto Rico de Estados Uni-dos, por el fundamento de que los mismos no están sujetos al pago de dicho arbitrio por la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico. Los efectos en cuestión son ciertos “semitrailers” y partes de “road grader”.

Según se describen en la demanda, “un ‘road grader’ es un equipo para la construcción de carreteras, consistente de una pala operada en cuanto a sus movimientos verticales por un pistón que forma parte del mismo, siendo dicha pala mo-vida por un tractor” y “un ‘semi-trailer’ es una plataforma con ruedas de aire construidas (sic) para ser remolcadas por trucks, careciendo las mismas de motor u otros medios de auto-impulsión, siendo diseñadas de tal manera que en forma alguna puede convertírseles en vehículos de auto-impulsión, pudiendo moverse únicamente utilizando la fuerza de trac-ción. ’ ’

Indudablemente, que de la demanda no aparece que los mismos sean vehículos de auto-impulsión.

El arbitrio se impuso a base de lo dispuesto por los in-cisos 7 y 8 de la sección 16 de la Ley núm. 85 de 20 de agosto de 1925, según lia quedado posteriormente enmendada. Dicha ley es conocida como la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico. Los incisos en cuestión, en lo que es pertinente, leen como sigue (Ley núm. 158 de 13 de mayo de 1941, pág. 949):

“7. Vehículos y aparatos de auto-impulsión. Sobre automóviles, motocicletas, locomotoras, tractores, y otros vehículos de propia im-pulsión de naturaleza semejante, (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), incluyendo chasis, motores, cuerpos de autos sin motor, tanques, baterías, motores para los mismos, y sobre toda parte o accesorio para cualquiera de los artículos aquí enumerados, exclu-yendo neumáticos, tubos interiores y gomas sólidas, que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de doce y medio (12%) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico; Disponiéndose, etc.”
“8. Otros vehículos y aparatos de auto-impulsión. Sobre auto vagones, camiones, y autos de arrastre y otros vehículos similares de auto-impulsión (sea cual fuere el nombre con que se conocieren), incluyendo chasis, motores, cuerpos de camiones, auto vagones, y autos de arrastre sin motor, tanques, baterías, motores para los mismos, y sobre toda parte o accesorio para cualquiera de los artículos aquí enumerados, excluyendo neumáticos, tubos interiores y gomas sólidas, que se vendan, traspasen, fabriquen, usen o introduzcan en Puerto Rico, un impuesto de doce y medio (12%) por ciento sobre el precio de venta en Puerto Rico.”

La corte inferior, interpretando esta parte de la citada ley, dijo en su opinión;

“Basta leer los incisos para determinar que, según anuncia el título de cada uno de ellos, se limitan a gravar vehículos y aparatos de auto-impulsión, y las partes y accesorios de los mismos. Si bien mencionan ‘cuerpos de autos sin motor’ y ‘cuerpos de autos de arras-tre sin motor’ ello se refiere a los cuerpos de vehículos de auto-impul-sión que sólo carecen del motor que, al incorporárseles, ha de com-pletar el vehículo. Se grava el vehículo de auto-impulsión, y se gra-van todos los componentes del mismo que se introduzcan separada-mente. Así se menciona expresamente, por un lado, el cuerpo del vehículo sin motor, y a renglón seguido, el motor en sí. En el in-ciso 8, que es el que realmente considera aplicable el demandado, la frase ‘autos de arrastre sin motor’ está modificada por la palabra ‘cuerpos’ y la frase anterior que dice ‘otros vehículos similares de auto-impulsión.’ El arbitrio se impone sobre ‘auto vagones, camio-nes, y autos de arrastre y otros vehículos de auto impulsión . . . . incluyendo chasis, motores, cuerpos de camiones, auto vagones, y autos da arrastre sin motor, tanques, baterías, motores para los mis-mos y sobre toda parte o accesorio para cualesquiera de los artículos aquí enumerados . . . ’
“Nótese que la sección 8, que originalmente hablaba de vehículos de motor, lanchas, etc., fué expresamente enmendada en el sentido de definir claramente que se refiere a vehículos de auto impulsión, concepto que no se expuso en forma expresa en la fraseología original de dicha sección.
“Entendemos que la primera causa de acción de la demanda expone hechos suficientes para justificar la devolución de las contri-buciones a que se refiere. ’ ’

Aceptamos como sano y convincente el criterio de la corte inferior. Indudablemente que los artículos sobre los cuales se impuso el arbitrio no son los vehículos de auto-impulsión a que se refieren los incisos 7 y 8 de la citada Ley de Ren-tas Internas, y no estando comprendidos dentro de la clasi-ficación hecha por el legislador, no están los mismos sujetos a tributación.

Alega el apelante que estos aparatos no están incluidos como aparatos de auto impulsión y sí como cuerpos de auto sin motor. No compartimos este criterio. Los cuerpos de auto sin motor, no son otra cosa que parte de un vehículo de auto impulsión al que solamente falta colocarle el motor para que se convierta en vehículo de auto impulsión, lo cual no acontece con los aparatos objeto de la primera causa de ac-ción. Dichos aparatos no pueden ser nunca vehículos de auto impulsión por carecer de motor y sitio donde colocársele. Se mueven únicamente cuando son arrastrados por un ve-hículo de auto impulsión.

Nos llama la atención la apelada hacia el hecho de que la Legislatura, por Ley núm. 116 de 12 de mayo de 1943 (Leyes de 1943, Sesión Ordinaria, página 335) adicionó por su sección 2 un nuevo inciso 8 (a) a la sección 16 de la Ley de Rentas Internas. Dicha sección 2 provee lo siguiente:

“Sección 2. — Para, agregar un nuevo inciso que llevará el núm. 8(a) a la sección 16 de la Ley núm. 85, aprobada en agosto 20 de 1925, según ha sido enmendada posteriormente de manera que lea como sigue: ‘8(a). Vehículos que no sean de Auto-Impulsión. — So-bre todo vehículo que no sea de auto impulsión, y sobre toda parte o accesorios para los mismos, a excepción de aquellos vehículos que sean hechos expresamente para ser arrastrados mediante la fuerza humana o animal, que se venda, traspase, fabrique, use, consuma o introduzca en Puerto Rico, un impuesto de veinte (20) por ciento sobre el precio de venta de dicho vehículo en Puerto Rico.’ ”

La nueva ley es de carácter prospectivo, y habiendo sido aprobada con posterioridad a lá ocurrencia de los hechos de la primera causa de acción, no es de aplicación a los mismos.

2-3. Los hechos en que se basan la segunda y tercera causas de acción son como sigue:

La demandante celebró un contrato con la Autoridad de Hogares de Puerto Rico para la construcción de un caserío en Fajardo a un costo total de $286,521.79, incluyendo ma-teriales y mano de obra; y otro contrato con la Autoridad de Hogares de Ponce, para la construcción de otro caserío a un costo total de $201,900. El Tesorero, de acuerdo con el inciso 4 de la sección 16 de la citada Ley de Rentas Inter-nas, exigió a la demandante el pago del impuesto de 2 por ciento del importe de cada uno de dichos contratos. La de-mandante pagó bajo protesta $5,730.44 sobre el primer con-trato y $4,038 sobre el segundo, no obstante haber pagado ya $1,932.64 por el 2 por ciento sobre materiales incorpora-dos a la primera obra y $1,279.88 por materiales invertidos en la segunda.

La corte inferior declaró con lugar ambas causas de ac-ción y ordenó la devolución de las. sumas cobradas.

La resolución de que los contratos para la construcción de ambos caseríos están exentos del pago del arbitrio de 2 por ciento del costo de la obra se basó en que, a juicio de la corte sentenciadora, los artículos 8(h), 9 y 22 de la Ley núm. 126 aprobada en mayo 6 dé 1938 (pág. 263) conceden tal exención. Los citados artículos, en lo pertinente, leen así:

“Artículo 8.
“ (h) . . . .Ninguna disposición de ley respecto a la adquisición, administración o enajenación de bienes por otras entidades públicas se aplicará a ninguna autoridad a menos que la Asamblea Legislativa lo disponga así de un modo específico.
“Artículo 9. — Por la presente se declara que constituye la política de Puerto Rico el que cada Autoridad manejará y administrará sus proyectos de casas de un modo eficiente que le permita fijar los alquileres de las viviendas en los tipos más bajos posibles, compatibles con su misión de proporcionar viviendas decentes, seguras e higiéni-cas y que ninguna autoridad construirá o administrará ninguno de dichos proyectos con fines lucrativos o como fuentes de rentas para el Gobierno de Puerto Rico o para ningún municipio.
“Artículo 22. — Por la presente se declara que la propiedad de cualquier autoridad es propiedad pública de utilidad pública que se usa para fines esenciales públicos y gubernamentales y que dichas propiedad y autoridad estarán exentos de toda clase de contribucio-nes y de tasaciones especiales del Gobierno de Puerto Rico, sus muni-cipios y demás subdivisiones; . ¡ . ”

El inciso cuarto de la subdivisión “Otros Arbitrios” de la sección 16 de la Ley de Rentas Internas, Ley núm. 85 de 20 de agosto de 1925, según fné enmendada por la Ley núm. 158 de 13 de mayo de 1941, página 949, dispone lo siguiente:

“4. Contratos. — Toda persona que obtenga contratos para el su-ministro de cualquier material, equipo, herramienta o maquinaria o para la ejecución de cualquier obra celebrada con un departamento del Gobierno Insular o municipal o cualquier organismo que dependa del Gobierno Insular o Municipal o con cualquier organismo, junta o comisión creados por las leyes de Puerto Rico, o con cualquier fun-cionario o empleado en el servicio del Gobierno Insular o Municipal, o ante cualquier funcionario o miembro de un organismo, junta o co-misión, creados por las leyes de Puerto Rico, deberá pagar, en con-cepto de arbitrios, el dos (2) por ciento del montante del contrato; Disponiéndose, que si durante la ejecución de este contrato el mon-tante del mismo es aumentado, el contratista o- abastecedor deberá, asimismo, pagar tin impuesto adicional equivalente al dos (2) por ciento del aumento obtenido.”

' Por la primera de estas leyes, como se lia visto, se exime a las Autoridades de Hogares de Puerto Rico así como a la propiedad de las mismas de toda clase de contribuciones, mientras que por la segunda se impone a “toda persona que obtenga contratos para el suministro de” materiales, etc., o la ejecución de cualquier obra del Gobierno Insular o Municipal o sus agencias, funcionarios, etc., una contribución del 2 por ciento del montante del contrato.

Sostiene la apelada que la imposición de tal contribución es ilegal por estar los contratos con las Autoridades de Ho-gares de Puerto Rico exentos del pago de tal contribución a virtud de las disposiciones de la citada Ley de Autoridades sobre Hogares.

La corte inferior opinó que “considerada la letra y el es-píritu de la Ley núm. 126, los contratos de las obras cons-truidas para las Autoridades de Hogares de Puerto Rico es-tán exentos de arbitrio, por constituir el arbitrio una de las disposiciones de ley respecto a adquisición de bienes por en-tidades públicas a que se refiere la sección 8 (h) de la Ley núm. 126”.

En contra de este razonamiento arguye el demandado apelante que, “a pesar de la aprobación de la Ley núm. 126 de 6 de mayo de 1938, ésta no exentúa ál contratista, o sea, la demandante apelada del pago del 2 por ciento del montante del contrato fijado por la Ley de Arbitrios vi-gente, ...” o, en otras palabras, que el impuesto es uno sobre el contrato y no sobre la obra en sí.

La única cuestión en controversia es si el impuesto men-cionado es uno que recae sobre el contratista en sí, o sobre la Autoridad de Hogares.

Es cierto que la Ley núm. 126 (supra) expresa la inten-ción legislativa de colocar a las Autoridades de Hogares en un plano privilegiado, como dijo la corte inferior, pero no creemos que fuera la intención legislativa colocar a los que con ellos contratan en una posición distinta a las de otros contratistas que realizan obras para el G-obierno. Sostiene la corte inferior que “aún cuando el arbitrio .... lo debe pagar el contratista, la existencia de ese arbitrio inevitable-mente aumenta el coste de la obra, e inevitablemente ese au-mento en el coste se refleja en el coste que tiene que pagar la otra parte. El estatuto que impone el arbitrio viene por lo tanto a ser una ley que afecta la adquisición de obras pú-blicas por entidades públicas. Y la eliminación del arbitrio en cuanto a obras de las Autoridades de Hogares, abarata el coste de las obras y es uno de los factores que tienden a permitir a las autoridades el establecer tipos bajos de arren-damiento.”

No estamos conformes con la opinión de la corte inferior. Es cierto que los arbitrios pertenecen a la clase de contri-buciones indirectas, es decir, aquéllas en que el peso de la tributación puede traspasarse a otro, pero esto no quiere decir que, necesariamente, todas las veces ocurra así.

La presente es sin duda alguna una contribución impuesta al contratista. No es ni en su forma ni en su fondo una contribución impuesta a la Autoridad de Hogares, ni es pa-gada por ésta de sus fondos. La misma se calcula a base del montante del contrato y constituye una carga para el contratista que éste puede o no traspasar a la Autoridad, pero no podemos decir que se esté imponiendo a ésta una carga económica tan tangible que justifique a la corte decla-rar que se está imponiendo la contribución a la Autoridad de Hogares o que la misma afecte la adquisición de obras por dicha entidad.

En el caso de James v. Dravo Contracting Co. (1937) 302 U.S. 134, 159, 160, se trataba de una contribución de 2 por ciento sobre los ingresos brutos recibidos por contratistas dentro del estado de West Virginia. La Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo la validez del impuesto, diciendo:

“La contención descansa finalmente sobre el punto de que el im-puesto aumenta el costo para el Gobierno de los servicios prestados por el contribuyente. Pero eso no es necesariamente así. El contra-tista, tomando en consideración la competencia que existe en el mer-cado para tales servicios, puede ser que esté dispuesto a sobrellevar la contribución y a absorberla en sus beneficios estimados antes que perder el contrato ...
“Pero si asumiéramos que la contribución sobre los ingresos brutos puede aumentar el costo de la obra para el Gobierno, ese hecho no invalidaría la contribución. Con respecto a ese efecto, una contribu-ción sobre los ingresos brutos del contratista no diferiría de una con-tribución sobre la propiedad y equipo del contratista necesariamente usados para la ejecución de la obra. No hay duda de que tal con-tribución puede ser válidamente impuesta. Contribuciones sobre la propiedad, como en este caso, son naturalmente tenidas en cuenta como parte de los gastos para la ejecución de una obra. Contribuciones pueden ser válidamente impuestas no solamente sobre la maquinaria del contratista si que también sobre el combustible utilizado en su funcionamiento. ’ ’

La corte inferior opinó que el caso de Alabama v. King & Boozer (1941) 314 U. S. 1, 62 S. Ct. 43, 86 L. Ed. 3, en que se apoya el Tesorero apelante, no es de aplicación al de autos por no tratarse en dicho caso de legislación existente que expresara la intención legislativa de colocar al Gobierno Federal en una posición superior a la de los demás compra-dores de mercancías. Porque diferimos de esa opinión y creemos que la doctrina envuelta es de aplicación al caso de autos, haremos un breve análisis de dicho caso.

King & Boozer, una sociedad, vendieron una madera a unos contratistas a base de costo más un beneficio fijo para los contratistas. La madera era para ser usada en la cons-trucción de un campamento militar para los Estados Unidos. El Estado de Alabama le impuso una contribución que se le cobraba al vendedor, pero que éste estaba requerido por ley a añadírsela al precio de venta de los materiales, de manera que este se la cobraba al comprador, a su vez.

King & Boozer alegaban que en este caso específico el im-puesto no podía ser cobrado por cuanto el mismo recaía sobre Estados Unidos violando así la Constitución.

La Corte Suprema de Alabama resolvió que aún cuando el impuesto se recobraba de los'contratistas por el vendedor de los materiales, dichos contratistas estaban tan íntimamente relacionados, por su contrato, con el G-obierno y estaban de tal modo actuando por el Gobierno, que éste venía a ser el comprador de la madera, resultando en la imposición de la contribución a una transacción por medio de la cual los Esta-dos Unidos venía a adquirir las cosas necesarias para llevar a cabo una función gubernamental, lo cual era una infracción a la inmunidad constitucional.

La Corte Suprema Nacional revocó la opinión de la Corte de Alabama. De la opinión vamos a extractar aquella parte que consideramos de aplicación al caso de autos:

“El Gobierno, a nuestro juicio con mucha razón, renuncia a la contención de que la Constitución, sin ayuda de legislación por el Congreso, prohíbe la imposición de una contribución a los contratis-tas simplemente porque la misma ha de ser incluida económicamente, por los términos del contrato o en cualquiera otra forma, como parte del costo de construcción para el Gobierno. Hasta donde esa contri-bución uniforme impuesta por el estado a los contratistas entra en el costo de construcción para el Gobierno, 'eso no es más que un inci-dente normal de la organización dentro del mismo territorio de dos soberanías indepedientes con facultad para imponer contribuciones. El alegado derecho de una a estar libre de imposición de contribu-ciones por la otra, no significa que exista inmunidad de pago del costo adicional atribuíble a la contribución impuesta a aquellos que suminis-tran materiales al Gobierno y a quienes no se les ha concedido inmu-nidad alguna. (Citas.)
“Creemos, y así lo sostuvo la Corte Suprema de Alabama, que el efecto legal de la transacción que hemos detallado fue el de obligar a los contratistas a pagar la madera. Esta fué vendida y entregada por orden de los Contratistas, quienes estipularon que el Gobierno no estaría obligado a pagarlá. En efecto, fué pagada por los contra-tistas, quienes fueron reembolsados por el Gobierno de acuerdo con su contrato. Los contratistas fueron, pues, los compradores de la madera, y como tales obligados al pago de la contribución. No esta-ban exentos de la obligación de pagarla, ni porque los contratistas, en un sentido amplio y general, estuvieran actuando para el Gobierno al comprar la madera, ni tampoco como parece haber pensado la Corte Suprema de Alabama, porque el peso económico de la contribución impuesta al comprador sería pasado al Gobierno por virtud de su obligación contractual de reembolsar a los contratistas.
“Nosotros no podemos decir que los contratistas no estuvieran o que el Gobierno estuviera obligado a pagar el precio de compra, o que los contratistas no eran los compradores a quienes el estatuto impone la contribución. La circunstancia adicional de que ellos es-taban obligados por su contrato a suministrar los materiales com-prados, al Gobierno, con derecho a que éste les reembolse el costo de los mismos, incluyendo la contribución, no puede resultar en una infracción de la inmunidad del Gobierno mayor que la de la contri-bución sobre los ingresos brutos de los contratistas en James v. Bravo Contracting Co., supra; . . .”.

La contribución envuelta en la segunda y tercera causas de acción es una contribución global de “el dos (2) por ciento del montante del contrato.” Sabemos que el costo total para la Autoridad de Hogares de Puerto Rico por la construcción del Caserío de Fajardo fué $286,521.79, y que el costo del Caserío de Ponce fué $2Q1,9Q0. Sabemos también el importe de las contribuciones pagadas por el contratista en uno y otro caso. En la demanda se alega que en el costo de ambas obras están incluidos materiales y mano de obra, pero no en-contramos alegación alguna en cuanto a si el contratista pasó el importe de las contribuciones a las respectivas autoridades gubernamentales, o si absorbió esas sumas en su estimado de beneficios.

La situación que se nos presenta es, pues, la de un con-tratista que se comprometió a ejecutar una obra por una suma global, en la que iban incluidos materiales y mano de obra y beneficios. El contratista pagó la contribución de “2 por ciento sobre el montante del contrato”, y reclama la devolu-ción de las sumas pagadas invocando la exención que el ar-tículo 22 de la Ley núm. 126, de mayo 6 de 1938, concede a las propiedades de cualquier autoridad, usadas para fines esenciales públicos y gubernamentales.

Aplicando la jurisprudencia federal que hemos examinado á los hechos de estas dos causas de acción, nos vemos obli-gados a resolver que la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción previa en cnanto a la segunda y tercera causas de acción y al dictar sentencia a favor del demandante por las sumas de $5,730.44 y $4,038, respectivamente recla-madas.

Nos toca ahora considerar y resolver si la demandante tiene derecho a que se le devuelvan las sumas de $1,842.86 y $1,932.64, que alega haber pagado como arbitrios sobre materiales comprados e incorporados a las dos obras, por tratarse de una doble tributación.

En el caso de Pueblo v. Dávila, 47 D.P.R. 357, una orde-nanza municipal imponía un derecho de $5 por la licencia de abastecedor de carne, y también un arbitrio de un centavo por cada libra de carne sacrificada. Se resolvió que la orde-nanza era válida y no infringía el precepto constitucional que prohíbe la doble tributación, porque para que ésta exista “am-bas contribuciones deben ser de la misma naturaleza y recaer sobre una misma cosa”, lo que no ocurría en dicho caso.

En West India Oil Co. v. Domenech, Tes., 49 D.P.R. 801, 807, el Gobierno de Puerto Rico, después de una subasta pú-blica, celebró un contrato con la West India Oil Company para la compra de cierta cantidad de asfalto. La compañía vendedora pagó el arbitrio de 1 por ciento sobre el precio total del asfalto entregado, el cual le fué impuesto de acuerdo con la sección 16, subdiv. 5, de la Ley núm. 85 de 1925, enmen-dada por la núm. 17 de 1927 (pág. 459), la cual autoriza la imposición de dicho arbitrio a toda persona que obtenga un contrato para suministro de materiales al Gobierno Insular o a una de sus dependencias. Después de pagado dicho arbi-trio, el Tesorero exigió a la compañía vendedora el pago del arbitrio de 2 por ciento sobre el precio de venta del asfalto entregado al Gobierno. La compañía pagó bajo protesta y reclamó la devolución de la suma pagada, alegando que se trataba de una doble tributación.

En la opinión emitida en dicho caso, copiamos de una nota en 60 L.R.A. 366, lo siguiente:

“En los casos en que se alega la doble contribución se presenta siempre la cuestión preliminar: ¿ es la contribución que se disputa realmente doble? Desde luego, si no lo es; si recae sobre diferentes materias, aunque sea uno mismo el contribuyente que deba pagarla; o, si recae sobre diferentes contribuyentes, aun cuando grave la misma propiedad; o si fuere impuesta por distintos gobiernos, en-tonces no viola la regla constitucional de igualdad y uniformidad de la tributación . . .
“La contribución no es doble a menos que recaiga sobre la misma propiedad y dentro de una misma jurisdicción. ’ ’

Véase Monllor & Boscio, Sucrs., v. Sancho Bonet, Tes., 61 D.P.R. 67.

Y aplicando la regla transcrita a los hechos del caso, resol-vimos que se trataba en verdad de una doble tributación, pues las dos contribuciones recaían sobre el mismo objeto, el precio o valor del asfalto vendido al Gobierno; debían ser pagadas por el mismo contribuyente, la West India Oil Co.; y eran impuestas por uno solo y no por distintos gobiernos. Véase también Casal v. Sancho Bonet, Tes., 53 D.P.R. 407.

Es fácil distinguir el presente caso de los de la West India Oil Co. y Casal, que acabamos de citar. En estos se trataba de contratos para suministrar o vender materiales al Gobierno. Y fué a esas ventas de materiales que se impusieron las dos tributaciones, la de 1 por ciento sobre el montante del contrato de venta de materiales y la de 2 por ciento sobre la venta de los mismos materiales como artículos objeto de comercio.

Se trata, pries, de dos contribuciones claramente distintas. Una sobre el montante del contrato para ejecución de la obra, incluyendo materiales, mano de obra y beneficios; y la otra sobre los materiales utilizados en la ejecución de la obra. Es decir, una sobre los materiales, la otra sobre el montante de la obra terminada. Las contribuciones, o arbitrios, no re-caen, por tanto, sobre la misma cosa.

4 y 5. La cuarta y quinta causas de acción se refieren a arbitrios impuestos sobre materiales utilizados en la construc-ción de obras ejecutadas a base de contratos con dos munici-pios. La demandante pagó el arbitrio o contribución de 2 por ciento sobre el montante total de cada uno de dichos con-tratos con los municipios y luego pagó bajo protesta el arbi-trio sobre los materiales utilizados en la obra.

Ambas causas de acción se basan en que el Tesorero carece de autoridad legal para imponer una doble contribución, o sea contribución sobre el montante de dichos contratos y arbi-trios sobre los materiales utilizados en la ejecución de las obras objeto de los mencionados contratos.

El razonamiento empleado en la resolución de la cuestión de doble tributación levantada por las causas de acción se-gunda y tercera es de aplicación a la resolución de estas dos causas de acción. La corte inferior erró al desestimar la ex-cepción previa y al no declararlas sin lugar.

6. La sexta causa de acción expone, en síntesis, que la corporación demandante celebró un'contrato con el Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte del Gobierno Insular para el suministro de materiales que se relacionan en la demanda. Sobre el montante de dicho contrato se impuso por el Tesorero demandado y se satisfizo por la apelada un impuesto de 2 por ciento; además el Tesorero impuso a la demandante y apelada arbitrios por la introducción de dichos efectos y mercancías que fueron pagadas bajo protesta.

Alegó la Porto Rico Iron Works, Inc., que en este caso se trata también de una doble contribución, para lo cual carece de autoridad legal el Tesorero.

Convenimos con la apelada en cpie en este caso especifico se trata de nna doble tributación. El contrato celebrado con el Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte para el suministro de materiales por la Porto Rico Iron Works es uno de compraventa de materiales, de manera que el arbitrio de 2 por ciento impuesto sobre el montante de dicbo contrato es uno impuesto sobre dicha venta de materiales. El Teso-rero no tenía derecho a exigir el pago del otro arbitrio por la introducción de esos mismos materiales suministrados al Go-bierno, pues eso equivalía a imponer una doble tributación sobre la misma propiedad. Los casos de West India Oil Co. v. Domenech, supra; Casal v. Sancho Bonet, 53 D.P.R. 407, y Rossi v. Sancho Bonet, 53 D.P.R. 491, son de aplicación y procede la devolución de la contribución pagada bajo protesta, en este caso específico.

7. La séptima causa de acción expone que la corporación demandante, Porto Rico Iron Works, Inc., introdujo en Puerto Rico efectos y mercancías que fueron vendidos y traspasados a Estados. Unidos directamente o a través de sus agencias o instrumentalidades excepto algunos que fueron vendidos o traspasados por la demandante a McCloskey & Co. para ser usados en contratos que dicha compañía tiene con Estados Unidos de América a base de costo más honorarios fijos (cost plus fixed fee contracts), a pesar de lo cual el demandado, sin causa justificada, impuso a la demandante arbitrios por la introducción de dichos efectos y mercancías, los cuales fueron pagados bajo protesta por la apelada que considera que dichos arbitrios son ilegales e improcedentes. La suma reclamada asciende a $760.91.

Alega la corporación apelada que dichos efectos o mercan-cías han estado siempre exentos del pago de contribuciones o arbitrios por la Ley de Rentas Internas por razón de haber sido los mismos introducidos en Puerto Rico para ser ven-didos y traspasados a Estados Unidos, sus agencias o instru-mentalidades. Y que además los mismos están expresamente exentos de tributación por la Ley núm. 158, de 13 de mayo de 1941, pág. 949, sección 2. Dicha sección lee como sigue:

‘ ‘ Sección 2. — Existiendo una emergencia con respecto a las obras de Defensa Nacional en Puerto Rico, se dispone que, a partir de la vigencia de esta Ley y durante el termino de un ano, todo articulo, efecto o mercancía fabricada o introducida en Puerto Rico, que se venda o traspase a los Estados Unidos de América, sus agencias e instrumentalidades, incluyendo contratistas a base de costo más hono-rarios fijos (cost plus fixed fee contractors) para su empleo en obras del Gobierno de los Estados Unidos, queda por la presente exenta del pago de cualquier contribución por concepto de arbitrios que se haya impuesto bajo las disposiciones de cualquier ley vigente en Puerto Rico; Disponiéndose, que el Tesorero de Puerto Rico queda por la presente facultado para devolver, y se le ordena que devuelva, cualquier arbitrio que después del 7 de abril de 1941 se haya pagado al Tesoro Insular sobre cualquier artículo, efecto o mercancía vendida o traspasada a los Estados Unidos de América, sus agencias e instru-mentalidades, incluyendo contratistas a base de costo más honora-rios fijos (cost plus fixed fee contractors), y que haya sido empleada en alguna obra del Gobierno de los Estados Unidos. ’ ’

Como se ye, esta sección de la Ley núm. 158 de 1941, demuestra la intención expresa de nuestra Legislatura de eximir del pago de tributación, durante un año, a todos aque-llos artículos, efectos o mercancías fabricados o introducidos en Puerto Rico que se vendieran o traspasaren a los Estados Unidos, sus agencias e instrumentalidades, incluyendo contra-tistas a base de costo más honorarios fijos, para su empleo en obras del Gobierno de Estados Unidos. Indudablemente las mercancías y efectos introducidos por la demandante enu-meradas en la séptima causa de acción de la demanda caen de lleno dentro de la exención establecida por dicho estatuto.

Creemos de toda aplicación la parte de la opinión de la corte inferior relativa a esta cuestión, que en su parte perti-nente lee así:

“El único fundamento de excepción expuesto por el demandado en cuanto a la séptima causa de acción es que no se alega que, al introducir los materiales, cumpliera la demandante con un alegado reglamento que se dice promulgó el Tesorero de Puerto Rico el 25 de marzo de 1942. No se nos ha mostrado ni el reglamento ni la autoridad del Tesorero para promulgarlo. Llama la atención el hecho de que se promulgara casi un año después de regir la sección 2 de la Ley núm. 158, y cuando estaba próximo a expirar el año de vigencia que habría de tener dicha sección. Si la demandante introdujo y vendió mercancía antes de promulgarse el reglamento, difícilmente pudo cumplir con sus disposiciones. Por otra parte el reglamento no puede estar en conflicto con la ley, y la ley concede la exención que reclama la demandante, asumiendo que sean ciertos los hechos que alega en su séptima causa de acción. También expone hechos suficientes esta última causa de acción.” (T. de A., págs. 32 y 33.)

Creemos con la corte inferior que procede la séptima cansa de acción.

Por las razones expuestas, debe modificarse la sentencia recurrida en cuanto declara con Utgar la seg%mda, la tercera, la cuarta y la quinta causas de acción, todas y cada urna de las cuales deben ser y son declaradas sin lugar, y asi modifi-cada, se confirma en cuanto declara con lugar la primera, la sexta y* la séptima causas de acción.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Juan Rodríguez Pérez, demandante y apelado, v. José Manuel Rodríguez, demandado y apelante.
    Núm. 8839.

    Sometido: Noviembre 22, 1943.

      Resuelto: Enero 25, 1944.

      R. Cuevas Zequeira y Ortiz Toro & Ortiz Toro, abogados del apelante'; Dubón é Ochoteco, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia apelada declaró inexistente el- testamento que en inminente peligro de muerte, y ante cinco testigos, se alegó había otorgado José Rodríguez Pérez. Por la misma sentencia se anuló la resolución de la Corte de Distrito de Bayamón que había ordenado su protocolización en una no-taría de esta ciudad.

El heredero instituido estableció el presente recurso y sin haberse elevado la prueba, el heredero legítimo, el apelado, solicitó su desestimación por frívolo. A ese efecto acompañó una transcripción de autos debidamente certificada por los abogados de ambas partes. Se opuso a la desestimación el apelante, alegando que las cuestiones envueltas son nuevas en esta jurisdicción y deben ser discutidas ampliamente en el recurso de apelación en su fondo.

Es práctica de este tribunal no considerar una moción sobre desestimación del recurso for frívolo, cuando para determinar la cuestión envuelta es preciso un estudio de toda la prueba y no se nos pone en condiciones de hacerlo no elevando la transcripción de evidencia. Pero las circunstancias del presente caso nos permiten prescindir de la transcripción de evidencia, ya que la transcripción de autos y la moción del propio apelante nos suministran suficiente información para resolver las cuestiones a que inmediatamente vamos a referirnos.

El demandante alegó varios motivos de nulidad en relación con el testamento. De ellos podemos tomar dos de los que entre otros sirven de fundamento a la sentencia apelada:

(«) Que los testigos del testamento no tenían la calidad de vecinos o domiciliados en el lagar del otorgamiento, es decir en el municipio de Río Piedras, y

(b) Que los nombres de dichos testigos no se consignaron en la memoria o nota que de las alegadas disposiciones orales del testador tomara el testigo Manuel Martínez Uñarte.

Cualquiera de dichos dos motivos, de existir, causa por sí solo la nulidad del testamento.

1. Obedece esta clase de testamentos, como los demás tes-tamentos especiales en general, al deseo muy justificado de posibilitar y facilitar, el ejercicio de la facultad de testar, a las personas que se encuentren- en las excepcionales circunstan-cias que contempla la ley, es.decir, en inminente peligro de muerte y sin que se halle presente un notario. Pero como cuando el testamento surte efectos el testador no existe, es necesario que el Estado exija ciertas formalidades que eviten la impostura y el fraude, requiriéndose además que la inobser-vancia de esas formalidades tenga como sanción la nulidad del testamento.

A este efecto prescribe el artículo 650 del Código Civil que si el testador se hallare en inminente peligro de muerte puede otorgar el testamento ante cinco testigos idóneos sin necesidad de notario. Y el 636 impone la sanción de nulidad a todo testamento en que no se hayan observado las formali-dades respectivamente establecidas en el Capítulo 1ro, tít. 3ro, del libro 3ro del Código Civil, que comprende desde el artículo 611 hasta el 674, inclusives, y lleva por título “De los Testamentos”.

Uno de los requisitos que exige la ley es que los testigos sean idóneos, es decir, que tengan capacidad para ser testigos en los testamentos, y el artículo 630 prescribe que no pueden ser tales testigos los que no tengan la calidad de vecinos o domiciliados en el lugar del otorgamiento, salvo los casos ex-ceptuados por la ley, excepción que no se aplica al presente caso.

Refiriéndose en general a la necesidad de que se cumplan las formalidades prescritas por la ley para asegurar la validez de los testamentos, dijo el Tribunal Supremo de España en su sentencia de primero de diciembre de 1927, 179 Jurispru-dencia Civil 41, 52:

“Considerando que este Tribunal Supremo tiene declarado con reiteración e invariable conformidad suficientes para constituir doe-trina legal aplicando los artículos 4o. y 678 del Código Civil, que no basta que sea indudablemente conocida la voluntad de un testador para que pueda prevalecer, si no resulta expresada en la forma requerida por la ley, porque son tan esenciales los requisitos que para la expresión de la última voluntad han establecido las leyes', así las anteriores como la precitada compilación, que la falta de cualquiera de ellos desvirtúa en absoluto la eficacia del testamento que se produjera o solemnizara con olvido de alguno de los requisitos que determinan su validez, aunque no exista, ni se haya por nadie suscitado duda de que contiene exactamente la postrimera voluntad del testador aquel testamento que no se haya otorgado en alguna de las formas y con todos los requisitos esenciales que en cada testa-mento han de concurrir, sin que sea lícito prescindir de ninguno de ellos. ’ ’

Y en la de 17 de febrero de 1882 (48 J.C. 196) dijo también el mismo tribunal:

“Considerando que igualmente infringe la que se invoca en se-gundo lugar, puesto que la jurisprudencia de este tribunal tiene establecido que la circunstancia de la vecindad que exige la citada ley de la Novísima Recopilación para ser testigos en los testamentos, se refiere precisamente a los que pertenezcan al mismo distrito municipal en que se otorguen, cuya cualidad no concurría en los que se dicen testigos instrumentales del llamado testamento de Doña Rosa López- Rivadeneyra, por cuanto éste se hizo en el distrito - municipal del Valle de Oro y aquellos correspondían al de Alfoz de Castro de Oro, siendo por lo demás indiferente para el objeto de dar validez a dicho acto el que todos fueran feligreses de una misma parroquia;

Véanse también las sentencias del mismo tribunal de 31 de diciembre de 1890 (68 J.C. 840), 20 de febrero de 1893 (73 J.C. 241) y 7 de octubre de 1904 (99 J.C. 91) citadas por la corte sentenciadora, en las cnales se anulan testamentos otorgados en inminente peligro de muerte por el hecho de que todos o algunos de los testigos no eran vecinos o domici-liados en el municipio del otorgamiento.

Los comentaristas del Código Civil español citados por el apelado en su alegato en apoyo de la desestimación convienen también en que la inobservancia de las formalidades exigidas por la ley en relación con los testamentos los invalida y anula. No vamos a transcribir, por considerarlo innecesario, las opi-niones de los distintos comentaristas. Bastará citar algunos de ellos. 5 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 571 et seq.; 12 Scaevola, Código Civil, 283, 286.

En Louisiana el Código Civil autoriza un testamento especial de la clase del que nos ocupa, el cual puede otorgarse ante cinco testigos residentes en el condado (parish) donde se otorga el testamento, sin necesidad de notario, o ante siete testigos no residentes en dicho sitio. Y el artículo 1595 del mismo Código, prescribe que la inobservancia de las formali-dades prescritas para los testamentos los anula. Aplicando dichos preceptos legales, el Tribunal Supremo de Louisiana, en el caso de Soileau v. Ortego (1938) 180 So. 496, citado por la corte inferior, anuló un testamento nuncupativo ante cinco testigos, porque dos de ellos residían en un condado distinto de aquel en que se otorgó el testamento.

En el presente caso, no dos, sino todos los testigos, resi-dían fuera del municipio de Río Piedras. Siendo ello así, te-nemos que llegar a la irresistible conclusión de que el testa-mento otorgado por José Pérez Rodríguez es nulo. No pro-cediendo, por consiguiente, otra sentencia que no sea la ape-lada, a ningún fin práctico conduciría dejar subsistente el recurso, para tener que llegar después a la misma conclusión a que llegamos ahora mediante la moción de desestimación.

Por lo expioesto, huelga considerar el segundo motivo de nulidad, debiendo declararse conjugar la moción del apelado y desestimarse el recurso por frívolo.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Encarnación Aboy Vda. de Cintrón, peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. Marcelino Romany, Juez, demandada.
    Núm. 1559.

    Sometido: Enero 19, 1944.

      Resuelto: Enero 25, 1944.

      Brown, González ds Newsom y José L. Hernández, ahogados de la pe-ticionaria; Miranda y Miranda Esieve, abogados del demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La única cuestión a resolver en este recurso es si la Corte de Distrito de San Juan abusó de su discreción al negarse a suspender la vista del juicio de un caso que está señalado para verse ante dicha corte el 27 de enero para cualquier fecha posterior al 17 de febrero de 1944. Los hechos son los siguientes:

El 14 de septiembre de 1943 F. Rodríguez Hnos. & Cía. radicaron en la corte inferior una demanda contra Encarna-ción Aboy Vda. de Cintrón, solicitando la nulidad de un ejecu-tivo hipotecario tramitado por dicha demandada hace once años o sea en 1932. El 4 de noviembre de 1943 la demandada radicó una moción solicitando se desestimara la demanda por no aducir hechos constitutivos de causa de acción. Pendiente de verse y resolverse dicha moción se ausentó de Puerto Rico don José Hernández Usera, apoderado administrador de los bienes de la demandada, quien reside en Nueva York desde el año 1917, habiendo sido el Sr. Hernández Usera quien con-certó la hipoteca, luego la ejecutó y por último administró por varios años la propiedad adjudicada hasta que la vendió. Ya ausente el Sr. Hernández Usera la corte inferior declaró sin lugar la moción de la demandada y el 6 de diciembre la de-mandada radicó su contestación en la cual, después de negar los motivos de nulidad alegados en la demanda y establecer varias defensas especiales, también incluyó una reconvención en contra de la demandante. A solicitud de la demandante el 15 de diciembre la corte señaló el caso para juicio para el día 4 de enero de 1944. Solicitó entonces la demandada la sus-pensión para una fecha posterior a febrero 17, alegando, 1, la ausencia del Sr. Hernández Usera en Estados Unidos en viaje oficial en funciones de su cargo de Cónsul de la Repú-blica de El Salvador en Puerto Rico y del cual no regresará a la Isla hasta la segunda quincena de febrero; 2, el hecho de ser el Sr. Hernández Usera, como apoderado de la deman-dada desde el año 1917, la única persona que podría declarar, no sólo en cuanto a las reclamaciones objeto de la reconven-ción, sino en cuanto a toda su intervención personal en la ejecución de la hipoteca y como administrador de la finca eje-cutada que forma parte de los bienes de la demandada.

La demandante se opuso a la suspensión y la corte inferior, accediendo en parte a lo pedido, suspendió la vista del caso para el 27 de enero. Solicitó la demandada la reconsi-deración de dicha resolución y de nuevo insistió en que se suspendiera la vista para cualquier fecha posterior al día 17 de febrero en que llegaría a Puerto Rico el Sr. Hernández Usera y se alegó expresamente que su. presencia en el juicio era no sólo necesaria sino indispensable para asesorar a los ahogados de la demandada durante el curso del mismo y además por ser él un testigo esencial. Oídas las partes la corte inferior declaró sin lugar la moción de reconsideración y sostuvo el señalamiento hecho para el día 27 de enero pró-ximo.

Para revisar las resoluciones de la corte inferior dene-gando la suspensión del juicio la demandada radicó este re-curso de certiorari. Expedimos el auto y oímos a las partes interesadas.

De los autos en el caso núm. 44,615 de F. Rodríguez Hnos. & Cía. v. Encarnación Aboy Yda. de Cintrón, sobre nulidad de ejecutivo hipotecario, etc., enviados por la corte inferior, aparecen debidamente comprobados todos los hechos alegados para solicitar la suspensión. Aun cuando el Sr. Hernández Usera no sea la parte demandada, de hecho es como si lo fuera, pues por estar la demandada en dicho caso ausente de Puerto Rico desde el año 1917 él ha sido y es su apoderado y el administrador de sus bienes; él fue quien intervino en el préstamo hipotecario, en la ejecución de la hipoteca y luego en la administración y venta de la casa. Aun cuando pudiera existir prueba documental en cuanto a los gastos de mejoras y administración de la propiedad ejecutada, solamente él podría demostrar a la corte la razonabilidad de dichos gastos. También su presencia en el juicio es necesaria para asesorar a sus abogados. No debe descartarse el hecho adicional de que cuando el Sr. Hernández Usera salió de Puerto Rico el caso no estaba listo para juicio y además que su viaje fué uno de carácter oficial como Cónsul. Bajo todas estas circunstancias, la demandada es la única parte que puede sufrir un perjuicio al denegarse la suspensión. La demandante en nada se perjudicaría pues once años tardó en iniciar su ac-ción de nulidad y nos parece que la suspensión del juicio por más o menos tres semanas — el 27 de enero a una fecha posterior al 17 de febrero — no puede ocasionarle perjuicio alguno. Creemos que la corte inferior no tomó en consideración ni pesó debidamente todos los hechos concurrentes al resolver que la demandada debe entrar a juicio en este caso en ausen-cia del Sr. Hernández Usera.

Resolvimos en el caso de Amy v. Barceló, Juez, 59 D.P.R. 661:

“Aunque la suspensión de una vista es cuestión que descansa principalmente en-la sana discreción de la corte sentenciadora, en casos en que ésta se exceda o abuse de esa discreción, los tribunales superiores pueden, por certiorari, revisar las órdenes que puedan ha-berse dictado en perjuicio de una parte en tales circunstancias.” (Sumario 2.)

Sostuvimos, además, en dicho caso, que la tendencia mo-derna de los tribunales “es resolver los casos por sus propios méritos, dando a cada parte la oportunidad de presentar ple-namente su contención, evitando así que la administración de justicia dependa de la suerte, del azar o de contingen-cias . . . difíciles de prever . . En el caso presente la demandada no tendría la oportunidad de presentar y probar plenamente su contención en ausencia de su testigo principal. Comenzar a celebrar el juicio en su ausencia para continuarlo en otra fecha posterior si la corte inferior estima que su pre-sencia es entonces necesaria, tampoco constituye un remedio adecuado bajo las circunstancias especiales de este caso. De hecho sería la misma parte la que estaría ausente durante parte del juicio.'

A nuestro juicio la Corte de Distrito de San Juan abusó - de su discreción al denegar la suspensión solicitada por la peticionaria y en su consecuencia deben anularse la orden dictada en diciembre 27, 1943 señalando la vista del juicio del caso núm. 44,615 de F. Rodríguez Hnos. & Cía. v. Encarnación Aboy Vda. de Cintrón para el día 27 de enero de 1944 y la resolución dictada en enero 4, 1944 declarando sin lugar la reconsideración de dicha orden solicitada por la demandada, devolviéndose los autos a la corle recurrida para que haga un nuevo señalamiento de dicho caso para una fecha posterior al 17 de febrero de 1944.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Saturnino Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 10222.

    Sometido: Enero 12, 1944.

      Resuelto: Enero 31, 1944.

      F. González, Jr., abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presideute IuteriNO Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

El apelante fué acusado y convicto de nn delito de incesto, consistente en haber tenido concúbito carnal con Eneida Ro-dríguez, su hija legítima. No conforme con la pena de tres años de presidio que le fuera impuesta, interpuso el presente recurso, a^gando en apoyo del mismo que la corte inferior erró (1) al permitir que la perjudicada fuera llamada por el fiscal a declarar en tres distintas ocasiones, o sea sin que ella produjera su declaración de una sola vez; (2) al admitir el testimonio de los dos peritos médicos referente a hechos acae-cidos en 1942, no obstante haber ocurrido los hechos imputa-dos al acusado en enero y febrero de 1940; y (3) al resolver que la declaración no corroborada de la perjudicada era sufi-ciente para justificar la convicción del acusado. Considera-remos conjuntamente los dos primeros señalamientos.

1-2. Hemos hecho un cuidadoso estudio de la transcripción de la evidencia. De ella resulta en verdad que Eneida Rodríguez, la alegada perjudicada, fué llamada a ocupar la silla testifical en tres ocasiones distintas durante la celebración'del juicio. Antes de hacer un resumen de’su testimonio, en sus tres etapas, conviene hacer constar que la testigo es hija del acusado, nacida en diciembre 28 de 1927. Tenía por lo tanto trece años y uno o dos meses de edad en enero y febrero de 1940, fecha en que ocurrieron los hechos imputados al acusado y alrededor de quince años y medio en la fecha del juicio.

Después de un largo interrogatorio y vencida ah fin la natural resistencia de una hija a declarar en contra de su padre, más de tres años después de haber sido ultrajada, la testigo declaró, en substancia:

Que asistió a la escuela hasta el séptimo grado; que vivía en el campo y en el pueblo con su familia; que en el año 1940 estuvo enferma en el Hospital Municipal de Caguas y fué asistida allí por los doctores Forastieri y Santiago, quienes la examinaron; qne nunca- lia tenido novio; qne en enero de 1940 ella era señorita y ahora no lo es porque la deshon-raron; qne fné sn papá, Saturnino Rodríguez, qnien la des-honró; qne el hecho ocnrrió en enero de 1940 en Cidra. Al llegar a este pnnto del interrogatorio, el fiscal snplicó a la corte qne dejara a la testigo bajo las reglas de la corte para continuar más tarde el interrogatorio directo. Repreguntada por la defensa, la testigo dijo qne con anterioridad al juicio declaró voluntariamente ante el juez Molina y le dijo lo mismo qne ahora decía porque esa era la verdad. Al terminar el contrainterrogatorio, el juez preguntó al fiscal si pensaba uti-lizar de nuevo a la testigo, contestó el fiscal afirmativamente y la niña fué puesta bajo las reglas de la corte.

Fué llamada a declarar la señora Rosa Meléndez, enfer-mera supervisora del Hospital de Caguas. Ocurrieron va-rios incidentes durante el interrogatorio, y la corte, a moción de la defensa ordenó la eliminación de todo lo declarado por dicha testigo. Fué en ese momento que el fiscal llamó nueva-mente a la joven perjudicada. Se opuso la defensa, invo-cando el artículo 519 del Código de Enjuiciamiento Civil (1933), Ley de Evidencia, artículo 157, la corte concedió el permiso solicitado por el fiscal, tomó excepción la defensa, y continuó Eneida Rodríguez deparando que lo que le hizo su papá se lo hizo estando en su casa; que ella estaba durmiendo, con ropa de cama; que las luces estaban apagadas; que lo que hizo fué “sin gusto porque yo estaba acostada”; que no gritó porque no podía, porque no se atrevía, y porque estaba dormida; que su papá, después de esa noche, ha hecho eso con ella tres veces, después que la deshonró; que no se lo dijo a su mamá; que su mamá no estaba en la casa; que no se lo contó a nadie; que tardó tanto tiempo, dos años, hasta que ingresó en el hospital, sin decir nada, porque su papá se lo impedía diciéhdole que no lo dijera y amenazándola y que ella tenía miedo de que él la matara, porque se lo decía. Pre-guntada por uno de los jurados si era o no cierto que su joadre la había amenazado para qne no hablara, la niña con-testó afirmativamente. Terminada esta parte del interroga-torio, el fiscal pidió permiso para retirar “por ahora” a la testigo, para interrogarla de nnevo más tarde si lo creyere necesario.

El fiscal ofreció entonces el testimonio del Dr. Manuel Santiago con el único propósito de demostrar qne !a niña es-taba desflorada. Se opnso la defensa alegando qne habiendo ocurrido el hecho en 1940 y practicádose el examen médico en 1942, la declaración del médico sobre hechos tan remotos no era admisible. La corte resolvió admitir la declaración para comprobar el hecho de la desfloración. Declaró el'tes-tigo qne examinó los órganos sexuales de la niña y comprobó qne estaba desflorada, sin qne pudiera precisar cuándo había ocurrido la desfloración. Declarada sin lugar la eliminación del testimonio del médico, tomó excepción la defensa.

Pidió permiso el fiscal por segunda vez “para hacerle unas preguntas nuevas a la perjudicada”. Se opuso la de-fensa. La corte concedió el permiso solicitado por tratarse de una niña de 14 a 16 años de edad, que ha sido remisa en su forma de declarar, y porque habiendo la relación de hija y padre entre ella y el acusado, debe dársele una oportunidad para que declare. Tomó excepción la defensa, y la niña ocupó nuevamente la silla testifical.

Esta tercera parte de la declaración de la niña ocupa quince páginas de la transcripción de evidencia. Si elimina-mos los innumerables e innecesarios incidentes entre el fiscal y la defensa, encontramos que lo único que queda de la decla-ración de Eneida Rodríguez es: que no recuerda cómo fue que el acusado la deshonró. Con el propósito de que pudiera re-frescar su memoria, se le presentó la declaración prestada por ella ante el juez de paz, y contestó que lo que había declarado ya en el juicio era lo mismo que le había declarado al juez de paz. Después de haber ella leído su declaración anterior, insistió el fiscal en que la niña diese detalles sobre lo que le Rabia hecho su padre y lo que ella había sentido. A esas in-sistentes preguntas, la niña contestaba con evasivas. Nos pa-rece perfectamente natural que la niña se resistiese a descri-bir con todos sus detalles el acto criminal de que fuera víc-tima, especialmente si tenemos en cuenta que el acusado es su padre y que estaba declarando en su presencia. Dijo tam-bién que nO' recordaba la fecha en que el acusado había reali-zado el acto carnal por última vez. A preguntas de uno de los jurados contestó que ella ha relizado actos carnales nada más que con su papá.

Declaró el Dr. Forastieri corroborando todo lo dicho por el Dr. Santiago, y añadió que la niña fue llevada al hospital por la madre; que se encontraba en un estado de nerviosidad, con ataques extremados; que se quejaba de que estaba en-ferma, pero se comprobó que no lo estaba y que sólo se trataba de una “afectación nerviosa”; que la desfloración en una niña de 14 ó 15 años, influye en su sistema nervioso, alterándoselo y afectándoselo.

Como se ve, la única prueba directa ofrecida por el fiscal ñ?ó la declaraqión de la niña; y la única prueba de corrobo-ración fue el testimonio de los dos médicos, en cuanto al hecho ' de que la niña había sido desflorada.

El artículo 519 del Código de Enjuiciamiento Civil, invo-cado por el apelante como base del primer señalamiento, lee qsí:,

“Artículo 519(157 L.) (2050 Cal.) Una vez examinado un tes-tigo, no podrá volvérsele a examinar sobre el mismo asunto, sin el consentimiento del tribunal; pero podrá volver a ser examinado res-pecto a cualquiera nueva materia sobre la cual hubiere sido exami-nado por la parte contraria. Y terminados los interrogatorios de ambas partes, no podrá volvérsele a llamar sin permiso del tribunal. Se concederá o denegará el permiso, según lo aconsejare un recto cri-terio. ’’

La razón de la regla que prohibe el que se vuelva a lla-mar a un testigo, después de haber sido éste interrogado por ambas partes es, ademas del orden y rapidez en los procedí-mientos, el peligro de que el testigo que ya ha declarado se entere del testimonio de los otros testigos y al ser llamado de nuevo trate de rectificar sn declaración o de hacerla más fuerte y más enfática en contra de la parte a quien sn de-claración perjudica. La ley, sin embargo, reconociendo que pueden presentarse casos en que los fines de la justicia se-rían afectados si no se permitiera llamar de nuevo a un tes-tigo que ya ha declarado, dejó al recto criterio y discreción de la corte la concesión o denegación del permiso.

En el caso de autos la corte, a nuestro juicio, actuó con rectitud; y consideradas todas las circunstancias del caso hizo buen uso de la discreción que la ley le concede. Pueblo v. Gómez, 45 D.P.R. 812; y Pueblo v. Lorenzano, 52 D.P.R, 888. Es cierto que a la niña perjudicada se le permitió de-clarar por segunda y por tercera vez, pero en realidad sus tres declaraciones pueden ser consideradas como una sola, pues el testimonio de la señora Meléndez fué eliminado en su totalidad y el de los médicos versó sobre un solo punto, la desfloración de la niña. Esta estuvo durante todo el jui-cio bajo las reglas de la corte. Y, además, su última decla-ración fué prácticamente una repetición de lo que ya había declarado antes. El acusado tuvo la oportunidad de oír todo lo declarado por ella e hizo uso de su derecho a repregun-tarla. No creemos que los derechos del acusado fueran per-judicados en manera alguna porque se permitiese a la niña declarar en la forma que hemos relatado.

Tampoco hubo error en la admisión del testimonio de los dos médicos que examinaron a la niña en 1942, dos años después de haber ocurrido la alegada desfloraeión. El tiempo transcurrido entre el hecho imputado al acusado y el examen médico, es inmaterial, habida cuenta de que el único hecho que se trató de probar era que la niña había perdido su virginidad. Nada hubo en el testimonio de los médicos que tendiera a conectar al acusado con la comisión del delito imputádole. Véanse: State v. Sullivan, 159 La. 589, 105 So. 631; State v. Columbus, 154 Atl. 605; Underhill Criminal Evidence, Sección 351, pág. 1242.

3. ¿Erró la corte sentenciadora al instruir al jurado que en un caso de incesto la declaración no corroborada de la mujer ofendida es bastante en derecho para sostener un veredicto de culpabilidad ?

El artículo 250 del Código de Enjuiciamiento Criminal especifica los casos en que un acusado no podrá ser declarado convicto por la declaración de la mujer agraviada, a menos que su declaración se corrobore con otras pruebas. Los delitos enumerados son la promoción de un aborto; la seducción por medio de engaño o halago de una mujer soltera menor de 25 años y reputada por casta, con objeto de prostituirla; la se-ducción bajo promesa de matrimonio; y la violación.-

Como se ve, dicho artículo no incluye el delito de incesto entre aquellos en que se requiere corroboración del testimo-nio de la agraviada. Por no estar tampoco incluido en el ci-tado artículo, este tribunal resolvió en Pueblo v. Párqueg, 34 D.P.R. 566, que no es necesaria la corroboración cuando el delito imputado es el de ataque para cometer violación.

La corte inferior basó su resolución de que no era nece-saria la corroboración del testimonio de la hija del acusado, en el caso de People v. Stratton, 141 Cal. 604, 606. Arguye el apelante que la decisión en dicho caso fue repudiada por esta Corte Suprema en la opinión emitida en el caso de El Pueblo v. Alvares, 47 D.P.R. 168. Esto nos obliga a hacer un estudio de ambas decisiones.

En el citado caso de California, Stratton fue acusado de haber realizado actos carnales con su hija, úna niña menor de catorce años de edad y por tanto incapaz para consentir el acto realizado en su persona. La niña declaró que su padre la había obligado en varias ocasiones a realizar actos carnales. La corte dió al jurado la siguiente instrucción:

“La Corte os instruye que el consentimiento de ambas partes no es esencial en el delito de incesto. Si el acusado realiza el acto sexual con una mujer emparentada con él dentro del grado de con-sanguinidad en que el matrimonio está prohibido, él es culpable del delitó de incesto, lo mismo si el acto se realizó con el consentimiento de la mujer o sin él.”

Después de transcribir el texto del artículo 285 del Có-digo Penal de California, que es idéntico al del artículo 275 de nuestro Código, continúa la corte, diciendo:

“Basándose en este artículo se arguye que el delito de incesto no puede ser cometido sin el mutuo consentimiento de las partes, y que cuando, como en este caso, se demuestra que el acto ha sido realizado bajo circunstancias que constituyen una violación de la mujer, el delito no es incesto, y sí violación..
“Pero este razonamiento no se recomienda a sí mismo. Inter-preta la ley en el sentido de requerir la mutualidad del convenio y el consentimiento de ambas partes como elementos esenciales del delito. Esto se ha hecho por interpretación judicial, y no por decla-ración expresa de la ley. El elemento esencial del delito de incesto, como en la violación, es el contacto carnal ilegal. En la violación es ilegal porque se realiza por medios ilegales. Es ilegal en el in-cesto, no importa cuáles hayan sido los medios, por razón de la con-sanguinidad o afinidad. Cuando concurren ambas circunstancias, la fuerza y la consanguinidad, siendo el objeto del estatuto prohibir y castigar esa clase de contacto sexual, no es menos incesto porque se añada el elemento de violación, y no es menos violación porque se cometa en la persona de una parienta. En ésta, como en todas las demás ofensas, la culpabilidad del acusado se mide por su acto e intención, y no por el acto o intención de persona otra alg'una. Quésa ha sido la opinión de esta Corte lo demuestra el caso de People v. Kaiser, 119 Cal. 456, en el que el acusado fué procesado por el delito de incesto que se le imputaba haber cometido en la persona de su hija, una niña de menos de trece años de edad. Como el contacto carnal con una niña legalmente incapacitada para prestar su consen-timiento constituye una violación, se argüyó en contra de la acusación que el delito en ella imputado era el de violación. Empero, esta Corte dijo:
“ ‘Asumiendo que los hechos alegados en la acusación en este caso fueran suficientes para constituir el delito de violación, estando en-tonces la hija por debajo de la edad del consentimiento, todavía, bajo la sección 285 del Código Penal, esos hechos constituyen claramente el delito de incesto, y el acusado fué por tanto debidamente enjui-ciado por esa ofensa. (Citas.) ’
“Si la agraviada, estando legalmente capacitada para consentir, consiente el acto carnal incestuoso, indiscutiblemente ella es partíceps criminis, y su testimonio, como el de cualquier otro cómplice, si no está corroborado, es insuficiente para sostener una convicción. Pero si, por el contrario, ella ha sido víctima de la fuerza, o del fraude, o de la indebida influencia, o es demasiado joven para poder consen-tir legalmente, de manera que ella no concurre al acto incestuoso vo-luntariamente, en ese caso ella no puede ser considerada como un cómplice. ’

El caso de El Pueblo v. Alvarez, supra, no puede ser ci-tado como autoridad para sostener que la declaración de la mujer agraviada, en un caso de incesto, si no está corrobo-rada es insuficiente para condenar al acusado. Esa cuestión no estuvo envuelta ni fué decidida en dicho caso. Alvarez fué acusado de haber cometido el delito de incesto en cada una de sus dos hijas, y la cuestión principal era la de si las declaraciones hechas por las dos jóvenes a dos de sus tías bastante tiempo después de cometido el incesto eran admisi-bles, como parte del res gestae, para corroborar el testimonio de las agraviadas. T se resolvió que eran admisibles.

No siendo el delito de incesto uno de los comprendidos en las disposiciones del artículo 250 del Código Penal; y no pu-diendo ser considerada la niña agraviada en este caso como una cómplice del acusado, resolvemos que no erró la corte sentenciadora al instruir al jurado en la forma en que lo hizo. Véase: 31 C. J. see. 47, páginas 387, 388.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Juan Declet, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Etc., demandada; y Guillermo Atiles Moreu, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y el patrono Bayamón Truck Service, Inc., recurridos.
    Núm. 290.

    Sometido: Enero 17, 1944.

      Resuelto: Enero 31, 1944.

      Virgilio Brunet y íl. Ramos Mimoso, abogados del recurrente; Angel de Jesús Matos, Joaquina Pérez Cordero y Joaquín Correa Suárez, abogados dei Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrido.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El obrero Emiliano Santos Fred, acndió ante la Comi-sión Industrial alegando que mientras trabajaba para el pa-trono no asegurado Juan Declet le ocurrió un accidente. En estos casos de acuerdo con el artículo 15 enmendado de la ley (Ley 162 de 1943, pág. 555) la Comisión tiene jurisdic-ción original para investigar y resolver el caso. Al citarse al alegado patrono para la vista correspondiente radicó una moción alegando que el patrono del obrero lo era la Baya-món Truck Serivce, Inc., patrono asegurado con el Fondo del Seguro del Estado y solicitó que la Comisión citara a dicho patrono y al Administrador del Fondo para que comparecie-ran a dicha vista y que la misma tuviera por objeto “exclusiva-mente determinar quién era.el verdadero patrono” del obrero y resuelta esta cuestión “que el caso siga el procedimiento corriente”.

Tanto la Bayamón Truck Service, Inc., como el Adminis-trador del Fondo se opusieron a que la Comisión entrara a considerar la cuestión planteada, alegando que la Comisión carecía de jurisdicción para hacerlo de acuerdo con la ley. La Comisión dictó una resolución denegando la moción del patrono Juan Declet y solicitada la reconsideración también fué denegada. El patrono estableció entonces el presente recurso de revisión.

Sostiene el Fondo del Seguro del Estado que si la Comisión resuelve que Juan Declet no es el patrono del obrero y sí lo es la Bayamón Truck Service, Inc., entonces el obrero debe iniciar de nuevo su caso ante el Fondo, pero que mientras esto no se haga la Comisión no tiene jurisdicción original para obligar al Fondo a asumir responsabilidad en el caso.

El artículo 15 de la ley, según enmendado, dispone en lo pertinente, que:

“Si cualquier patrono que emplee tres (3) o más obreros o em-pleados dejare de asegurar el pago de compensaciones por acciden-tes del trabajo de acuerdo con esta Ley, cualquier obrero o empleado perjudicado o sus beneficiarios pueden proceder contra tal patrono radicando una petición para compensación ante la Comisión Industrial, ...”
“En aquellos casos en que la contención sea entre el patrono y el Administrador, en relación con la cubierta de seguro (status patro-nal), si el patrono no aceptare la' responsabilidad del accidente, el caso será elevado por el Administrador a la Comisión Industrial, la qne decidirá la controversia siguiendo el procedimiento establecido en esta Ley; ...” 0
“En los casos en que el patrono dejare de asegurarse y la con-tención sea entre el obrero y el patrono, el obrero p.odrá acudir ante la Comisión Industrial, la que tramitará estos casos con toda urgen-cia y preferentemente, ...”

Estas disposiciones no contienen prohibición alguna que impida a una persona o entidad, que en realidad- no es el pa-trono del obrero que ha acudido a la Comisión, a establecer como defensa y probar afirmativamente que otra persona o entidad es el patrono y que dicho patrono es uno que está asegurado con el Fondo del Seguro. Esto aparentemente lo. admite el Administrador del Fondo, pero sostiene, y con él la Comisión, que no autorizándolo expresamente la ley, la Comisión carece de facultad para obligar al patrono asegu-rado y al Administrador a intervenir en dicha investigación previa. No estamos conformes. Es cierto que en los casos en que surge controversia entre el patrono y el Administra-dor sobre la cubierta de seguro, al no aceptar el patrono la responsabilidad del accidente, la ley expresamente dispone que la Comisión resolverá la controversia, y que nada dis-pone la ley en cuanto al procedimiento a seguirse cuando la controversia surge entre el obrero y un patrono. Empero, esto no significa, a nuestro juicio, que la Comisión no pueda también resolver previamente dicha controversia. Nos pa-rece que se ajusta más a un debido procedimiento de ley que tanto el patrono asegurado como el Administrador del Fondo tengan la oportunidad de estar presentes en la vista ante la Comisión Industrial para ser oídos y poder refutar la prueba que en su contra pueda ser presentada por el patrono no asegurado.

Si la Comisión después de oír la prueba resuelve que Juan Declet es un patrono no asegurado el caso continuaría en su contra ante la misma Comisión. Si por el contrario resuelve que el patrono asegurado lo es la Bayamón Truck Service, Inc., el caso pasaría al Administrador del Fondo para seguir los trámites ordinarios. En esta forma se sim-plifica todo el procedimiento y se evita que, sin oír a la Ba-yamón Truck Service, Inc. ni al Administrador del Fondo la Comisión pueda resolver que dicha compañía es el patrono del obrero.

El hecho de que el Administrador no hubiera sido citado con bastante antelación al día fijado para la vista ante la Comisión y que no tuvo tiempo suficiente para investigar los hechos del caso, según alega, no es motivo para negarle autoridad a la Comisión. Se pudo solicitar la suspensión para una fecha posterior. Más dilación se ha causado con la cuestión técnica de procedimiento planteada, que no tiene la importancia que el Administrador del Fondo ha querido darle. No se trata de obtener que la Comisión asuma jurisdicción original en un caso contra un patrono asegurado sino la determinación previa de quién es el verdadero patrono y una vez resuelto esto el caso seguirá sus trámites ordinarios de acuerdo con la ley. La situación no es nueva pues en otros casos la Comisión Industrial ha realizado investigaciones previas exclusivamente con el fin de determinar quién era el patrono del obrero lesionado y hasta lo ha hecho por estipulación sometida por los beneficiarios del obrero y por el Administrador del Fondo. Véase Soto Martell v. Rivera, 9 Decisiones de la Comisión Industrial, 321, sobre “Status Patronal”; Montaner v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 272. El hecho de que en estos casos estuviera envuelta la cuestión de si el alegado patrono era un contratista independiente del patrono asegurado no es base para sostener que la Comisión no pueda en el presente caso resolver quién era el verdadero patrono del obrero.

Debe revocarse la resolución reci&rrida.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

text:
    Josefa Jiménez, demandante y apelante, v. Carmelo J. Colón, Rafael Colón y Francisco Vergara, demandados y apelados.
    Núm. 8742.

    Sometido: Diciembre 9, 1943.

      Resuelto: Enero 31, 1944.

      E. Pérez Galsaduc, abogado de la apelante; Luis Mercader, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Tiodd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En un pleito anterior el aquí coapelado Carmelo J. Co-lón demandó a la apelante Josefa Jiménez y a su hijo Julio Feliciano y para asegurar la efectividad de la sentencia em-bargó bienes de dichos demandados, previa la prestación de la correspondiente fianza. El-caso fue fallado en contra del demandante y desestimado por esta corte. Colón v. Feliciano, 56 D.P.R. 200.

Inició entonces Josefa Jiménez xana acción en contra de Colón y sus fiadores alegando que con motivo del embargo en el caso, anterior había sufrido daños y perjuicios que va-loró en $625 y que detalló en la alegación sexta de su de-manda en esta forma: “$125 que tuvo que pagar y pagó la demandante Josefa Jiménez para obtener el consentimiento del demandado Carmelo J. Colón a que se ordenase por esta corte la cancelación del embargo sobre parte de la finca ‘ A’ a fin de poderla enajenar; $500 en que se calcula la depre-ciación de la finca vendida por la demandante Josefa Jimé-nez por virtud del embargo que sobre la misma se practicó, depreciación que conoce la demandante porque con anterio-ridad al embargo había recibido ofertas de compra por mayor cantidad de aquélla en que fueron vendidas las fincas después de practicado el embargo, sin que mediara ninguna otra circunstancia que pudiera ocasionar una depreciación.”

Los demandados negaron los daños ocasionados y cele-brado el juicio y presentada prueba por ambas partes la corte inferior dictó sentencia desestimando la demanda con costas. La demandante interpuso el presente recurso y alega que- la corte sentenciadora erró “al permitir que interviniese en su consideración de los hechos de este caso, el juicio por él (sic) formado respecto a la demandante apelante, basado dicho juicio en actos que ella nunca realizó y de la responsabilidad de los cuales quedó plena y totalmente exonerada por el mismo Hon. Ricardo Agraít Aldea y por esta Hon. Corte”, y al considerar, con prejuicio y pasión, la evidencia aportada por la demandante y concluir como concluyó que la misma “no sería suficiente para declarái; con iugar la demanda.”

El primer señalamiento se basa en ciertos comentarios que hace el juez en su opinión al referirse a la forma en que él resolvió el caso anterior y a la sentencia de esta Corte Suprema desestimando el recurso, para concluir diciendo que dicho caso fué resuelto "por una cuestión técnica.

Consideramos qne dichos comentarios eran innecesarios a la resolución del presente caso en sn fondo pero eso no implica que constituyan error que conlleve la revocación de la sentencia. Es bien sabido que el recurso de apelación se da contra la sentencia y no contra los fundamentos que el juez haga constar en su opinión. Borrero v. Ubarri, 33 D.P.R. 344; Totti v. Fernández, 40 D.P.R. 636; Jackson Brewing Co. v. José B. López, Sucrs., 51 D.P.R. 719; Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890.

El segundo error, en su primer aspecto, no se cometió, pues nada hay en el récord que indique que el juez apreció la prueba con prejuicio y pasión, según sostiene la apelante. Hemos leído la transcripción de evidencia y estamos de acuerdo con la conclusión a que llegó la corte sentenciadora al efecto de que la demandante no probó la alegación sexta de su demanda, supra, en cuanto a la depreciación en el valor de la finca vendida.

Esto no obstante, somos de opinión, que la corte erró al resolver que por el hecho de que no se hubieran probado los $500 de la depreciación de la finca alegados en la demanda “entonces tampoco había derecho a acogerse a la jurisdicción de esta Corte” para reclamar los $125 que la demandante alegó — y la corte consideró que había probado — que pagó al Lie. Mercader, abogado de Carmelo J. Colón, para obtener que se levantara el embargo trabado.

El hecho de que no se probaran los daños en la cuantía total reclamada de $625 y sí únicamente en cuanto a $125 no tuvo el efecto de despojar a la corte de jurisdicción. En ca-sos de esta naturaleza “la cuantía expuesta en la demanda es la que da jurisdicción a la corte, aun cuando, por la prueba, luego se rebaje a una suma inferior a la jurisdiccional,” dijimos en el caso de Donato v. Cruz, 59 D.P.R. 534, 538, y ci-tamos las autoridades correspondientes.

La corte inferior consideró probado el hecho de que la apelante, demandada en el pleito anterior, pagó $125 al Lie. Mercader para obtener que se levantara el embargo sobre su casa, pero dice en su opinión que “al pedir ella a la otra parte que levantara el embargo sobre la finca de su propie-dad, para poder hacer el negocio referido (sin hacer ninguna salvedad) estaba implícitamente accediendo a que cesara la responsabilidad de los fiadores . . .”. Esto es un error por dos motivos: 1. La prueba demostró que al notificarse al abo-gado de la demandante la moción presentada por el Lie. Mercader solicitando se levantara el embargo en el caso ante rior expresamente hizo constar al calce de dicha moción lo siguiente:

“Notificado y conforme con la solicitud, sin renunciar al derecho a reclamar cualquier perjuicio por embargo hasta este día.” (Bastar-dillas nuestras.)

2. Pero es que asumiendo que no se hubiera hecho salvedad alguna, aun así la apelante tenía una causa de acción por los daños sufridos con motivo del embargo a menos que hu-biera renunciado a ellos expresamente.

Habiéndose probado que la apelante tuvo que pagar $125 para obtener que se levantara el embargo y además que ella no renunció al derecho a reclamar cualquier perjuicio oca-sionádole por dicho embargo, somos de opinión que, en su segundo aspecto, el segundo error fué cometido y en su con-secuencia ‘procede revocar la sentencia apelada y- dictar otra declarando con lugar la demanda y condenando a los deman-dados a pagar a la demandante $125 más las costas.