author: El Juez Presidente Señor Del Tobo,

text:
    Santiago Arce Acevedo, demandante y apelado, v. María de la Luz Lebis, demandada y apelante.
    No. 6980.

    Sometido: Abril 22, 1935.

      Resuelto: Abril 25, 1935.

      Rafael F. Barbosa, abogado de la apelante; Buenaventura Esteves, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de divorcio. El demandante apelado solicita la desestimación del recurso interpuesto por la de-mandada por no haberse notificado al Fiscal del Distrito ni al de esta Corte Suprema, y por ser frívolo.

No consta de los antos la notificación pero ella en verdad no es necesaria para que el recurso se considere debidamente interpuesto y esta corte adquiera jurisdicción, ya que el fiscal no es una parte adversa en dicha clase de pleitos.

Nada dispone la ley sobre notificación del escrito de ape-lación en tales casos al Ministerio Público. Es el reglamento de esta corte en su artículo 4 el que prescribe que “el Tribunal pedirá .especialmente que se haga, por el Fiscal, un examen cuidadoso de los autos en causas de divorcio; y pre-sente un informe escrito en maquinilla relacionando los he-chos principales y expresando los principios legales que dichas causas envuelvan, así como su recomendación en cuanto a la resolución que deba dictar el Tribunal, y su opinión res-pecto al efecto que tal resolución pueda tener sobre la moral pública, en vista de todas las circunstancias que consten en los autos.”

A nuestro juicio opera en sentido contrario a las inmedia-tas pretensiones de la parte apelada el principio que invoca —interés público — -para pedir la desestimación por no haberse notificado al Fiscal, sobre todo después de haber examinado ligeramente la prueba a los efectos de considerar el otro mo-tivo — frivolidad—alegado. Y opinamos así porque tanto el principio como la regla de esta corte que en él se inspira, pa-recen indicar si no la necesidad por lo menos la conveniencia de que antes de resolver en definitiva sobre .la desestimación se pida al fiscal que haga el cuidadoso estudio que le enco-mienda la regia y proporcione al tribunal el beneficio de su examen.

En tal virtud, debe declararse sin lugar la moción en cuanto a su primer fundamento y para resolver sobre el segundo debe señalarse una nueva vista para el lunes 20 de mayo, 1935, pa-sando los autos al Fiscal para dictamen que deberá emitir por escrito con cinco días de antelación al señalado para la vista.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

license: Public Domain

text:
    Rafael Ortega, demandante y apelante, v. Figueroa & Gautier, demandada y apelada.
    No. 6618.

    Sometido: Abril 3, 1935.

      Resuelto: Abril 26, 1935.

      Carlos D. Vázquez, abogado del apelante; J. Valldejuli, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción en reclamación de daños y perjuicios iniciada por Bafael Ortega contra la firma Figueroa & Gautier, con motivo de un accidente ocurrido en 18 de agosto de 1932. Se alega en la demanda que el demandante, que con-ducía una bicicleta por la Avenida Fernández Juncos, del municipio de San Juan, fue arrollado por un truch de la pro-piedad de la demandada, guiado negligentemente por Juan Colón Martínez, sin tocar claxon ni bocina, ni ningún otro apa-rato de alarma, y sin dar aviso alguno de su aproximación, y caminando por el lado izquierdo de la carretera a una ve-locidad mayor de veinticuatro kilómetros por ñora. Alega asimismo el demandante que la demandada Figueroa & Gautier era en la feclia del accidente una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes de Puerto Bico, que se dedicaba a la compraventa de automóviles y truclís, y que el citado conductor del autocamión que arrolló al demandante y apelante era empleado de la demandada, actuando en aquel momento dentro de las funciones de su empleo. Termina la demanda solicitando que se condene a la demandada a pagar al demandante la suma de $500 en que estima el montante de los daños sufridos en virtud del alegado accidente.

Negó la demandada los hechos esenciales de la demanda, admitiendo su carácter de sociedad mercantil y alegando como defensa especial que el accidente ocurrido al demandante se debió exclusivamente a su negligencia, imprudencia y teme-ridad.

La acción se originó en la Corte municipal de San Juan, que declaró sin lugar la demanda. La Corte de Distrito dictó el mismo fallo en apelación. Se atribuyen varios errores a la corte inferior. Empezaremos por el segundo y último, ba-sados en que dicho tribunal cometió error “al dictar senten-cia desestimando la demanda, y al concluir que la negligen-cia del apelante fué la causa próxima del accidente y no de-cidir que el mismo se debió a la negligencia de la firma de-mandada toda vez que esa conclusión no está sostenida por la prueba, la cual demuestra, preponderantemente, la negli-gencia de la apelada. ’ ’

Los hechos que considera probados la parte apelante no discrepan sustancialmente de aquéllos que estima demostrados el tribunal inferior. Según el apelante quedaron probados los siguientes extremos:

“El 18 de agosto de 1932, el demandante y apelante, Rafael Ortega, viajaba en una bicicleta de pedal por el lado derecho de la Avenida Fernández Juncos de San Juan, con dirección de este a oeste, y en la misma dirección transitaba un truck marca Willis Knight, con tablillas demostrativas número X2-19. Al llegar a la esquina de la calle Nolasco Rubio de Puerta de Tierra, Ortega ex-tendió su mano izquierda en ángulo recto, indicando su intención de cruzar, y cruzó hacia la izquierda por donde caminaba el truck. Al dar alcance el truck a la bicicleta, el conductor del primero no tocó claxon, ni bocina, ni ningún otro aparato de alarma, ni dió aviso alguno de su aproximación, por lo cual cruzó Ortega hacia la izquierda, siendo atrapado por el truck y lanzado al pavimento; recibiendo el apelante una herida leve en el brazo izquierdo y una fuerte contusión en la región lumbar que le impidieron trabajar por un término de veinte días y le produjeron cruentos dolores físicos y angustias men-tales. ’ ’

La corte inferior estima demostrado que “el día 18 de agosto de 1932, como a las 4:30 de la tarde, el demandante corría en una bicicleta de pedal por la Avenida Fernández Juncos, de San Juan, y en la misma dirección transitaba un truck marca Willis Knight, con tablillas X2-19; que al lle-gar a la esquina de la calle Nolasco Rubio, antes llamada Pelayo, de Puerta de Tierra, cuando el truck daba alcance a la bicicleta, el conductor de ésta extendió su mano en ángulo recto y cruzó hacia la izquierda, por donde caminaba el truck, recibiendo el ciclista una herida pequeña de carácter leve en el codo izquierdo, según declaró el Dr. Emilio Cum-piano.”

Como se ve, es un hecho admitido por las partes y decla-rado probado por la corte inferior, que el apelante, cuando el truck daba alcance a la bicicleta, extendió su mano en ángulo recto y cruzó hacia la izquierda. A juicio de la corte inferior la señal que hizo el demandante, de acuerdo con el artículo 12, letra f, de la Ley de Automóviles, fué de pararse y no de cruzar de la derecha a la izquierda del camino. ' De-clara dicho tribunal que la Avenida Fernández Juncos es un camino público de mucho tráfico, donde había probabilidades de que al demandante le siguieran otros vehículos, como se ha demostrado lo seguían, y que fué negligente al doblar la esquina en la forma en que lo hizo, siendo esta negligencia la causa del accidente.

Refiriéndose a la señal de que habla la corte sentencia-dora, dice el demandante:

“Esa señal la hice al tomar la esquina, al doblar, estando en la derecha, en el mismo momento de doblar y toqué timbre. Había un policía. La calle para donde yo iba a doblar se llama Nolasco Rubio hoy, antes Pelayo. Esa calle termina en el mar. Llevaba el encerado al Muelle 5. Pasaba por allí en negocios particulares míos. Es un sitio poblado. Cuando el truck me dió yo iba con mi marcha para doblar hacia la calle Pelayo, estaba cruzando la carretera de derecha a izquierda, para la Marina. Cuando ya estaba, cruzando la carretera fué que sentí el golpe. Yo no vi el truck, si lo hubiera visto no paso. Yo no podía mirar a una gran distancia pues estando montado en la bicicleta podía mirar para adelante pero no para detrás. Sé guiar bicicleta. Aprendí desde muchachito en Morovis. Cuando se va en bicicleta no se puede mirar hacia atrás a larga distancia. Había personas delante. Miré hacia atrás pero no a larga distancia. No sentí el ruido del truck, no recuerdo su color; no vi la persona que allí lo guiaba. En aquel momento no me fijé en las tablillas pues yo caí como muerto al piso; sé que era un truck. Yenía de Santurce con dirección a San Juan. En la misma dirección que yo traía. El truck me dió con la parte delantera de la caja, no con el guardalodo.”

Juan A. Pinero, testigo del demandante, declara entre otras cosas lo siguiente: “El truck le dió a la bicicleta con la parte delantera derecha. No sé dar cuenta si le dió con el guardalodo o con la primera compuerta. No sé si el tnvck chocó con la bicicleta o la bicicleta con el truck. Eso fué casi hacia el centro de la carretera; más hacia la izquierda que la derecha y lo que sucedió fué que el otro se metió por den-tro creyendo que él quizás no iba a virar por allí. Yo no lle-gué a ver más que el momento del choque.”

Francisco Eíos, quien venía detrás de Ortega en una bicicleta, dice que “el truck no tocó claxon, ni bocina, ni hizo otra señal de alarma”, que Ortega iba delante de él, “sacó la mano y dobló y cuando dobló vino el carro y le dió el can-tazo, tirándolo a la carretera.”

El testigo Agapito Miranda declara que no pudo apreciar el accidente, que cuando vió a Ortega ya estaba en el suelo, que el accidente fué con un tnvck que siguió caminando y que-no oyó claxon ni bocina a pesar de que estaba como a diez, pasos.

La prueba de la demandada consistió en el testimonio del policía insular Hipólito Torres, quien declara entre otras co-sas lo siguiente: “El truck venía por la izquierda para pa-sarle a la bicicleta. Yo observé que venía uno al lado del otro por espacio de dos o tres minutos. El truck venía a nna velocidad moderada. En el mismo momento que ambos ve-Meulos van a cruzar la convergencia de la calle Pelayo, la "bicicleta trató de cruzar y entonces el truck para evitar el •choque se tiró más a su izquierda pero cogió la bicicleta. En ningún momento la bicicleta hizo señal de que iba a cruzar.”

La corte inferior, sin embargo, admite que hubo la señal, pero dice que fué para pararse y no para cruzar. Haciendo hincapié en este hecho, que la corte sentenciadora estima pro-hado, el demandante arguye con énfasis que la señal se hizo para cruzar y que no hubo negligencia de su parte. En nues-tro sentir, aún cuando el acto de extender la mano hubiera "indicado que el demandante ■ se disponía a cruzar la calle, su negligencia surge de sus propias palabras, porque hizo la se-ñal ‘ ‘ al tomar la esquina, estando en la derecha, en el mismo .momento de doblar.” Francisco Ríos, testigo del deman-dante, declara que Ortega sacó la mano y dobló. La prueba "toda tiende a demostrar que así sucedió. No actúa cautelosa-mente, ejerciendo cuidado razonable, la persona que, cami-nando en una bicicleta por una vía pública, sobre todo si se trata de una calle de mucho tránsito, extiende la mano y dobla hacia la izquierda para cruzar esa calle en el momento de ■dar la señal. Manifiesta Rafael Ortega que miró hacia atrás, pero que cuando se va en bicicleta no se puede mirar a larga •distancia. Sea o no correcta la afirmación del demandante, la verdad es que al expresarse así admite implícitamente que puede verse a cierta distancia, y no hay duda de que pudo detenerse y mirar antes de doblar hacia la izquierda. El de-mandante, al cruzar la calle en el mismo momento de dar la ■señal, no ofreció a los vehículos que podían seguirle la opor-tunidad de detenerse y dejarle franco el paso. Si como surge de la prueba Rafael Ortega incurrió en negligencia, es claro ■que no tiene derecho a reclamar indemnización, irrespectiva-mente de la velocidad que desarrollaba el camión. Según el demandante dicho camión caminaba a una velocidad espan-tosa. Su testigo Juan Pinero manifiesta que iba a bastante velocidad, con una velocidad no muy grande. Otro testigo, Francisco Ríos, declara que venía bastante ligero, a una ve-locidad regular, y el testigo de la demandada Hipólito Torres dice que el truck venía a una velocidad moderada. La prueba aportada no justifica una sentencia a favor del demandante, aun en la hipótesis de que el conductor del camión hubiese sido negligente.

tArguye el' demandante que “la corte inferior erró al desestimar, por falta de jurisdicción, la moción del apelante para que se especificaran los actos u omisiones constitutivos de negligencia imputádosle por la apelada en la contestación, ya que la facultad de la corte sentenciadora para ordenar dichas especificaciones era absoluta.”

La parte apelada alegó como defensa especial que si en el sitio, fecha y hora en que se dice ocurrieron los hechos, acaeció algún accidente por virtud del cual Rafael Ortega sufriera algún daño, dicho accidente se debió, si existió, única y exclusivamente a la negligencia, temeridad e imprudencia de dicho demandante, no concurriendo negligencia alguna de parte de la demandada.

El demandante solicitó que se especificasen los actos u omisiones constitutivos de negligencia, temeridad e impruden-cia atribuidos al demandante y alegados como defensa especial en la contestación. La corte inferior desestimó la mo-ción por entender que carecía de jurisdicción para conside-rarla en sus méritos de acuerdo con lo dispuesto en el ar-tículo 3o. de la ley regulando apelaciones de las cortes mu-nicipales en casos civiles. Asumiendo que la corte inferior incurrió en error al declararse sin jurisdicción para conside-rar esta moción, no creemos que el demandante haya sido perjudicado por la actuación del referido tribunal. La de-mandada alegó que el demandante fué culpable exclusiva-mente del accidente ocurrido. La prueba aportada demues-tra que los hechos descansaban en el conocimiento de la parte demandante, qnien no necesitaba de ninguna alegación espe-cífica para protegerse contra la defensa establecida por la parte demandada. La negligencia, como ya fiemos dicfio, surge de la propia prueba del demandante. Se desestima el error apuntado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Jxjez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    E. Franklin & Cía., demandante y apelada, v. José Fernández Oller y Enrique Collado, haciendo negocios bajo el nombre de Empresa Arcofer, demandados y apelantes.
    No. 6880.

    Sometido: Abril 29, 1935.

      Resuelto: Abril 30, 1935.

      J. Vendrell, abogado de los apelantes; F. Prieto Azúar, abogado de la apelada.
   El Jxjez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad E.'Franklin & Cía., demandó en cobro de dinero a José Fernández Oller y a Enrique Collado ante la Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, donde ob-tuvo sentencia a su favor que fué apelada por los demanda-dos para ante la Corte de Distrito de San Juan, que falló el caso también en favor de la demandante. Se alega en la de-manda que allá para el mes de julio de 1932 los demandados José Fernández Oller y Enrique Collado ordenaron a la de-mandante ciertos trabajos de imprenta para la Empresa Ar-cofer; que al ordenar tales trabajos los demandados mani-festaron a la demandante que ellos componían tal empresa y a requerimiento de dicfia demandante se obligaron solida-llámente a satisfacer el importe de dichos trabajos, los cua-les fueron efectuados y entregados a la Empresa Arcofer; que los demandados hicieron ciertos abonos quedando a deber la suma de $421.50 que no han satisfecho ni en todo ni en parte a pesar de los requerimientos de la demandante.

Los demandados en su contestación niegan que se hubie-sen obligado a pagar solidariamente o en cualquier otra forma cantidad alguna a la demandante por trabajos ordena-dos para la Empresa Arcofer, alegando en contrario que se-gún información y creencia los trabajos fueron encargados y ordenados por Juan B. Arzuaga y Rafael Ferrari, personas que constituían la Empresa Arcofer.

La corte inferior declaró con lugar la demanda, conde-nando a los demandados a satisfacer a la demandante, soli-dariamente, la cantidad de $421.50, con intereses legales desde la interposición de la demanda, y las costas.

Contra esta sentencia establecieron los demandados re-curso de apelación y ahora comparece la sociedad demandante solicitando que se desestime el referido recurso por ser com-pletamente frívolo y haberse interpuesto con el propósito de retardar la resolución definitiva de este litigio.

A nuestro juicio, el fallo de la corte inferior es el único que ha podido dictarse de acuerdo con las alegaciones y la evidencia aportada. La prueba de la demandante con res-pecto a la obligación contraída es completamente clara y no ha sido contradicha. Los demandados, que de acuerdo con la exposición del caso, asistieron en persona al acto del juicio celebrado en la corte inferior, no comparecieron a declarar como testigos para negar que hubiesen ofrecido pagar a la demandante el importe de los trabajos que le encomendaran. La prueba aportada por los referidos demandados en nada se relaciona con este particular, cuya importancia no pudo escaparse a su penetración.

La corte inferior, en su relación de hechos, se expresa así:

“La demandante probó satisfactoriamente que tiene un estable-cimiento en esta ciudad y que en la fecha que se alega en la de-manda, los demandados José Fernández Oiler y Enrique Collado, ordenaron en su establecimiento ciertos trabajos de imprenta para la Empresa Arcofer. Que como la demandante no conocía tal em-presa ni estaba dispuesta a darle crédito, los demandados se obli-garon solidariamente a pagar el importe de dichos trabajos, ha-biendo hecho abonos a dicha cantidad, quedando reducida a $421.50. Que posteriormente a dichos abonos los demandados hicieron prome-sas de pagar dicha cantidad, promesas que nunca cumplieron.
“La prueba de los demandados tiende a probar que ellos no componen la Empresa Arcofer, siendo el dueño de ella el Sr. Juan B. Arzuaga.
“A nuestro juicio es inmaterial el hecho de que los demanda-dos no fuesen los dueños de la Empresa Arcofer, pues ellos se obligaron con la demandante a pagarle el importe de los trabajos, no importa que fuesen ellos los beneficiados, pues la ejecución del trabajo por parte de la demandante en consideración a la promesa de los demandados, es la causa del contrato. Por la forma en que declararon los testigos de la demandante, la Corte les da en-tero crédito, y aunque no se presentaron los libros de contabilidad, dadas las circunstancias de este caso, la Corte' está satisfecha de que se han probado las alegaciones de la demanda.
“Aunque dijimos que es inmaterial el hecho de que los deman-dados no fueran dueños de la Empresa Arcofer, es una circunstan-cia muy curiosa el hecho de que el nombre de Arcofer se compone de la primera sílaba de los apellidos Arzuaga, Collado y Fernán-dez. ’ ’

La teoría de los apelantes es que, si el trabajo que apa-rece encomendado a la demandante se hizo, lo fué para la llamada Empresa Arcofer. En la oposición que formulan a la moción solicitando la desestimación del recurso, arguyen que mientras la demandante alega que la empresa Arcofer la componían los demandados, el juez sentenciador dice que es-taba compuesta de tres personas. No vemos la importancia que pueda tener el hecho de que fueran dos o tres las per-sonas que componían la Empresa Arcofer ni de que el tra-bajo se hubiese hecho para la referida empresa. La verdad es que de acuerdo con la prueba practicada, que no ha sido contradicha, los demandados fueron a la imprenta de la de-mandante y ordenaron nna cantidad de trabajo, obligándose a pagar solidariamente el importe del mismo. Los socios de la firma demandante, Eduardo Franklin y Carlos Berrisbeitía, declaran qne el trabajo se llevó a cabo y qne fné entregado a.los demandados.

Basta leer las alegaciones y la prueba para llegar a la con-clusión de que el recurso interpuesto es completamente frí-volo y de que sólo persigue el propósito de dilatar la resolu-ción definitiva de este litigio.

La apelación-, por lo tanto, debe ser desestimada.


text:
    Vicente Usera Seda, demandante y apelado, v. Antonia Rieder Larrañaga, demandada y apelante.
    No. 6631.

    Sometido: Abril 24, 1935.

      Resuelto: Abril 30, 1935.

      F. Parra Capó, Alfredo Arnaldo Sevilla y Alfredo Amoldo, Jr., abo-gados de la apelante; A. Fiol Negrón, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En 5 de julio de 1933 Vicente lisera y Seda satisfizo al Tesorero de Puerto Rico la cantidad de $3,017.62, adeudados por la demandada Antonia Rieder Larrañaga por contribu-ciones vencidas durante los años económicos 1930-31, 1931-32 y 1932-33, sobre cinco fincas rústicas radicadas en la muni-cipalidad de Ponce, cuyo dominio pertenece a la referida señora. Se alega en la demanda que ni la demandada ni nadie a su nombre lia satisfecho al demandante ni en todo ni en parte la referida suma, cuyo pago reclama por medio de esta acción personal en cobro de dinero.

En su contestación la demandada describe cinco fincas rústicas, liaciendo constar que el demandante Vicente Usera y Seda tiene constituida a su favor hipoteca sobre las refe-ridas cinco fincas y que los $3,017.62, que se pagaron por con-cepto de contribuciones sobre los inmuebles descritos, deben acumularse a su gravamen hipotecario y ser reembolsados al tipo de interés especificado en dicho crédito hipotecario. Ad-mite la demandada que debía al Pueblo de Puerto Pico por concepto de contribuciones la cantidad que satisfizo el de-mandante y establece como única defensa la existencia del crédito hipotecario a favor del Sr. Usera y la acumulación que a su juicio debe hacerse de la cantidad pagada al crédito referido.

En vista de las admisiones de la parte demandada, el de-mandante solicitó y obtuvo sentencia sobre las alegaciones. En esta sentencia se condenó a la demandada a satisfacer al demandante la suma que se reclama en la demanda, inclu-yendo costas y honorarios de abogado. De esta sentencia apeló la demandada, alegando que la corte inferior erró al estimar que la materia nueva de la contestación no establece controversia alguna y al dictar sentencia sobre las alegacio-nes, declarando con lugar la demanda y condenando en costas y honorarios de abogado a la parte perdidosa. A juicio de la demandada el demandante tiene un crédito a su favor por la cantidad de $3,017.62 que no puede hacerse efectivo por la vía judicial sin haber vencido la obligación para cuya garan-tía se constituyó dicho gravamen. Es decir, la deudora acepta el pago y reconoce la obligación que surge a favor del demandante, pero entiende que la misma no es exigible y que por lo tanto no puede compelérsele a su inmediato cumpli-miento. La cuestión planteada es completamente sencilla. Se trata de una deuda legítima que la demandada, en su ca-rácter de deudora, tenía necesariamente que satisfacer. Dis-pone el artículo 1112 del Código Civil que cuando existe la obli-gación de pagar una deuda, el pago puede hacerse por cual-quier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deu-dor. El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. Peñagarícano v. Llenza, 42 D.P.R. 214.

En el presente caso el demandante, qué tiene hipotecadas a su favor las fincas sobre las cuales pesaban las cdntribuciones vencidas, satisfizo el importe de las mismas, indudable-mente con el propósito de evitar que fuesen ejecutadas por el Tesorero de Puerto Rico. Es verdad que cuando el acreedor hipotecario satisface contribuciones vencidas sobre la propie-dad gravada, puede acumular dichas contribuciones al gravamen, pero ésta es una garantía que se concede para que el acreedor hipotecario pueda asegurar la obligación que surge a su favor con motivo del pago, ampliando el gravamen hipo-tecario con el importe de las contribuciones satisfechas. Ya hemos dicho que la hipoteca es un contrato puramente acce-sorio que no puede existir sin una obligación principal a cuyo cumplimiento sirve de garantía. El acreedor no está obli-gado a utilizar la garantía para el pago de su crédito si así no lo desea, pudiendo prescindir de la garantía hipotecaria y reclamar judicialmente la efectividad de la obligación me-diante una acción personal. Fernández v. Luyando 46 D.P.R. 687; Torres v. Fernández, 47 D.P.R. 845. Es lo que ha hecho' el Sr. Usera en el presente caso. Satisfizo al Tesoro Insular cierta cantidad de dinero que adeudaba la demandante por contribuciones vencidas y, haciendo uso de su derecho para reclamar inmediatamente el pago de la misma, en vez de acu-mular la contribución pagada al gravamen hipotecario cons-tituido a su favor, se ha valido de esta acción personal en cobro de dinero para que se le reintegre lo que legítimamente se le debe. Nadie puede discutir al acreedor hipotecario que paga contribuciones vencidas sobre la finca gravada, el de-recho de renunciar a la garantía qne le ofrece la ley y exigir el cumplimiento inmediato de la obligación que surge a su favor como consecuencia del pago.

El pronunciamiento sobre costas debe ser sostenido. La contestación a la demanda no establece controversia. Basta leer las alegaciones. De una parte, el derecho del deman-dante, claro y evidente; de la otra, la oposición de la deman-dada, viciosa y temeraria.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Juana Burgos Martínez, demandante y apelante, v. Aurelia Vázquez Burgos, demandada y apelada.
    No. 7013.

    Sometido: Abril 22, 1935.

      Resuelto: Abril 30, 1935.

      Felipe Colón Díaz, abogado de la apelante; C. Olivieri y R. Her-nández Matos, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Juana Burgos Martínez, en su carácter de madre legítima de Lino Alvarez Burgos solicita que se declare nula la ins-cripción de nacimiento de Aurelia Alvarez Burgos como hija legítima del mencionado Lino Alvarez Burgos y Monserrate Burgos Santiago. Se pide además que se declare nula e inexistente la sentencia sobre declaratoria de herederos dic-tada por la Corte de Distrito de Ponce a favor de la referida Aurelia Alvarez Burgos.

Se alega en la demanda que Lino Álvarez Bnrgos falleció intestado en el pueblo de Santa Isabel el, día 6 de septiembre de 1933, sin descendencia legítima o natural reconocida, y dejando como única y universal heredera a su madre legí-tima Juana Burgos y Martínez; que Lino Álvarez Burgos se casó con Monserrate Burgos Santiago el día 30 de sep-tiembre de 1895, cuyo matrimonio fue disuelto por sentencia de divorcio en 12 de abril de 1909, a petición del esposo Lino Álvarez Burgos; que ocurrido el fallecimiento del referido Lino Álvarez Burgos, la demandada Áurelia Vázquez Bur ■ gos, en 2 de octubre de 1933, compareció ante el encargado del registro demográfico de Santa Isabel y se hizo inscribir con el nombre de Áurelia Álvarez Burgos y como hija legí-tima de Lino Álvarez Burgos y Monserrate Burgos Santiago, haciendo constar que había nacido en 13 de junio de 1897; que con esta inscripción fraudulenta y mediante una copia certificada de la misma compareció ante la Corte de Distrito de Ponce y obtuvo sentencia declarándola única y universal heredera de Lino Álvarez Burgos.

Negó Áurelia Vázquez Burgos los hechos esenciales que sirven de base a la causa de acción ejercitada y, celebrado el juicio correspondiente, la demanda fué desestimada con impo-sición de costas, gastos y honorarios de abogado a la parte demandante, quien interpuso recurso de apelación contra los pronunciamientos de la corte inferior.

La parte apelada, basándose en que la apelación inter-puesta es completamente frívola y en que sólo persigue el propósito de retardar la resolución definitiva de este litigio, solicita que se desestime el recurso y se confirme la sentencia dictada.

Como muy bien dice la demandada, la verdadera contro-versia en este caso gira sobre la alegada imposibilidad física de Lino Álvarez Burgos para tener acceso con su esposa Mon-serrate Burgos durante los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento de la hija cuya legitimidad se im-pugna. Los hechos que la corte inferior declara probados son los siguientes: que allá para el año 1895, la demandante, Juana Burgos Martínez, vivía con su esposo Nicasio Álvarez Torres en el barrio Boca Yelázquez de Santa Isabel con sus hijos, entre los cuales figuraba el referido Lino Álvarez Bur-gos ; que también vivía en dicha casa Monserrate Burgos Santiago, sobrina de los esposos Álvarez Burgos y prima de Lino, con quien llevaba relaciones amorosas; que allá para fines de diciembre del año 1895, Monserrate se fugó con Lino, quien la llevó a Santa Isabel a casa de doña Zoila Descartes, donde contrajeron matrimonio en 30 de diciembre de 1895; que a los pocos días Lino se fué con su esposa Monserrate a casa de un hermano de ésta llamado Enrique en el barrio Boca Yelázquez, cuya casa estaba a medio kilómetro más o menos de distancia de la casa de los padres de Lino; que Lino iba diariamente a la casa de Monserrate, donde dormía, aunque por el día trabajaba en casa de su padre; que allá para el 13 de junio del año 1897 Monserrate dió a luz una niña, a la que se puso el nombre de Aurelia, que nunca fué inscrita en el registro civil en vida de Lino; que dicha niña nació mientras Lino y Monserrate estaban casados y vivían bajo el mismo techo; que después de tener la niña un año y cuando ya empezaba a andar, Lino llevó su esposa Monserrate a re-sidir a Santa Isabel, donde vivieron varios meses hasta que allá para los años 1901 a 1902 se separó Lino de Monserrate, quien se fué a vivir a casa de una hermana llamada María que vivía maritalmente con Marcial Vázquez en el barrio Ca-lambreñas; que más tarde, allá para el año 1902, viviendo Marcial Vázquez con Rosario Landrón, ésta solicitó de Mon-serrate que le entregara la niña Aurelia para criarla, a lo que consintió la madre, siempre que se le pidiera el consen-timiento a su esposo Lino, lo que hizo Rosario Landrón; que como consecuencia la demandada, siendo niña, vivió durante unos catorce años en casa de Marcial Vázquez y Rosario Lan-drón, a los que trataba como padres, pues fueron ellos quie-nes la criaron; que Lino Alvarez obtuvo sentencia de divorcio a su favor y en contra de su esposa Monserrate Burgos en la Corte de Distrito de Ponce el 12 de abril de 1909, sin es-pecificarse en la sentencia la causal de la acción ni hacerse en la misma pronunciamiento alguno sobre hijos habidos en el matrimonio; que después de la separación de Lino Alvarez y Monserrate Burgos, ambos vivieron en concubinato con otras personas, procreando otros hijos, y que Lino Álvarez era un hombre saludable y fuerte, habiendo fallecido el 6 de septiem-bre de 1933 en Santa Isabel a los 69 años de edad; que el 2 de octubre de 1933, Monserrate Burgos compareció ante el Registro Demográfico de Santa Isabel e inscribió a la deman-dada como hija legítima suya y de Lino Álvarez, nacida el 13 de junio de 1897; que en 11 de octubre de 1933 la Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia declarando única y uni-veral heredera de Lino Álvarez Burgos a su hija legítima Aurelia Vázquez Burgos; que la demandada, al inscribirse de acuerdo con la ley electoral para las elecciones del año de 1932 en el precinto de Santa Isabel, hizo constar en su pe-tición de 18 de abril de 1932, que su nombre era Aurelia Váz-quez Burgos y que sus padres eran Marcial Vázquez y Mon-serrate Burgos, habiendo explicado que lo hizo así porque se crió en casa de Marcial Vázquez y tenía a éste por padre y así lo trataba y llamaba por agradecimiento, pues su padre Lino Álvarez nunca se ocupó de ella.

Hace constar la corte inferior que no le mereció crédito alguno la prueba de la demandante tendiente a demostrar que Lino abandonó a Monserrate a los pocos días de casados y se fué a vivir a Jayuya, por ser dicha prueba contradictoria, vaga e inconsistente y además por el marcado interés y apasio-namiento de los testigos y por haberle merecido entero cré-dito la declaración de Monserrate Burgos. Tampoco dió cré-dito la corte inferior a la. declaración de Fació Alomar, quien manifestó que Monserrate Burgos vivió en concubinato con Marcial Vázquez, siendo la demandada fruto de dichas reía-ciones. En cuanto a los testigos de la demandada Marcial Vázquez y Rosario Landrón, dice el Tribunal sentenciador que por su manera de declarar, por su aspecto distinguido y serio, hicieron una impresión profunda y favorable en la mente del juzgador.

De acuerdo con el artículo 108 del Código Civil Español, en vigor cuando nació Aurelia Vázquez Burgos, se presumi-rán hijos legítimos los nacidos después de los 180 días si-guientes al de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación de los cónyuges. Contra esta presunción no se admitirá otra prueba que la de la imposibilidad física del marido para tener ac-ceso con su mujer en los primeros 120 días de los 300 que hu-biesen precedido al nacimiento del hijo.

No hay prueba en los autos para sostener la conclusión de que en este caso Lino Alvarez Burgos estuvo imposibilitado físicamente de tener acceso con su mujer en los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento de la demandada.

Se ha hablado con alguna insistencia de un viaje a Jayuya de Lino Alvarez Burgos, donde según declaran varios testigos .de la demandante, permaneció por algún tiempo, y se ha pretendido demostrar con esta prueba la imposibilidad física del marido para tener acceso con su esposa en los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento de la de-mandada, quien, como se ha dicho, nació en 13 de junio de 1897. Bien podríamos descartar el testimonio de estos tes-tigos, que no mereció crédito alguno a la corte inferior; pero queremos mencionarlo, porque, asumiendo que lo que se ha dicho constituye una expresión de la verdad, esta evidencia, si algo prueba, es precisamente lo contrario de lo que pretende la parte demandante, porque está demostrando claramente que la ausencia, si la hubo, no fué continuada y que no existió la imposibilidad física requerida por la Ley para que el ma-rido tuviese acceso con su esposa. Por el contrario, la misma prueba de la demandante, lejos de rebatir, está robusteciendo y afirmando la presunción de la legitimidad. Pedro Rivera Burgos, testigo de la demandante, dice que para los meses de enero y febrero de 1897 se trasladó a Jayuya acompañado de Lino Álvarez Burgos y que, según le parece, Lino venía a ver a su familia de Santa Isabel como dos veces al año. Pació Alomar, testigo también de la demandante, declara que Lino estuvo de dependiente en Jayuya y que visitaba Santa Isabel algunas veces, no mucbas, sino dos veces al año. ,Y por último José Álvarez Burgos, bermano de Lino, dice que su bermano estuvo en Jayuya siete u ocbo meses y que vino una vez a Santa Isabel a ver a su familia. La prueba de-muestra que para la época en que se bace aparecer a Lino Álvarez Burgos como ausente en Jayuya, su esposa Monse-rrate vivía en un barrio de Santa Isabel, donde dió a luz a su bija, la demandada, muy cerca de la familia Burgos, que según los testigos de la demandante era visitada dos veces al año por el esposo de Monserrate. Esta prueba demues-tra claramente las posibilidades que tuvo el marido de acer-carse a su esposa y de tener acceso con ella. Además, si como dice Pedro Rivera Burgos, fué en enero o febrero de 1897 que Lino Álvarez .se trasladó a Jayuya, no se ba de-mostrado que este último estuviese ausente en los primeros 120 días de los 300 que precedieron al 13 de junio de dicbo año, que fué la fecba en que, según la prueba, nació Aurelia Vázquez. Esta es en síntesis toda la evidencia producida por la demandante con el propósito de probar que el marido estuvo imposibilitado físicamente de tener acceso con su es-posa en los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento de la demandada. Aparte de esta prueba, no bay en los autos ningún otro indicio tendente a demostrar la im-posibilidad física requerida por la ley, según la cual, la única prueba admisible contra la presunción de la legitimidad es la de la imposibilidad física del acceso carnal en el período inicial de la vida intrauterina del feto. En ausencia de esta prueba, la presunción de la legitimidad conserva toda su fuerza y vigor.

De parte de la demandada declararon varios testigos, entre los cuales merece mencionarse la esposa de Lino Alvarez, Monserrate Burgos, quien declara que la demandada, es bija de ambos y que las relaciones maritales continuaron basta después del nacimiento de Aurelia, que Lino siempre iba a verla y que del barrio donde vivía se la llevó para el pueblo, donde le puso un cuarto. También declaró la propia demandada sosteniendo su legitimidad.

En Núñez v. Lacot, 32 D.P.R. 81, se trató de impugnar por la propia madre y por la bija la legitimidad de ésta última, que nació dentro de los 301 días siguientes a la disolución del matrimonio de Carmen Núñez con Luis Maldonado. La ma-dre trató de demostrar que mientras estaba pendiente el pleito de divorcio, Luis Maldonado y ella vivían separados, él en Peñuelas y ella en Ponce, y que no tuvieron acceso carnal. Esta Corte, interpretando el artículo 181 del Código Civil Revisado, equivalente al 108 del Código Civil Español, se expresó así:

“Lo que la apelante trató de demostrar fué que mientras -es-taba pendiente el pleito de divorcio Luis Maldonado y Carmen Núñez vivieron separadamente, el esposo en Peñuelas y la esposa en Ponce. La apelante cita jurisprudencia al efecto de que cada caso de alegada incapacidad física, o de ausencia, debe juzgarse por sí mismo y que no deben establecerse reglas definidas. Los comenta-ristas citados hablaban en gran parte de segundos matrimonios y del depósito de la esposa y otras condiciones que no existen en este caso. Nos sentimos obligados a sostener que la demandante Carmen Nú-ñez no ha refutado con éxito la presunción de legitimidad como se consigna en el artículo 181 del Código Civil.
“La apelada en verdad llama la atención al hecho de que vivir en Peñuelas no excluye la posibilidad del contacto físico. Ésta no es la ‘ausencia’ de que habla el Código Civil o las decisiones de los comentaristas. Peñuelas en la fecha de la concepción de la niña Araceli Núñez era parte del Distrito Judicial de Ponce. Su proximi-dad ha sido revelada por los mismos testigos del caso. Carmen na-ció en Peñuelas. Becerra iba frecuentemente allá y uno de los testigos vivía allí. Incumbía a la apelante demostrar la imposibi-lidad física del contacto.
“Por supuesto que puede uno fácilmente entender la actitud de la demandante, asumiendo que sus alegaciones son ciertas. Ella en-tonces sabría que Araceli no podía ser la bija de Maldonado y que era la bija de Becerra, y vería una injusticia en no permi-tir que fueran establecidos los verdaderos becbos. La misma Araceli . Núñez, que era una mucbacba de dieciséis años, dijo al ser llamada a declarar que una persona sin nombre no es nadie. Ella trataba de probar su verdadero parentesco según ella. Sin embargo, ni los deseos de la madre o de la hija pueden prevalecer. La so-ciedad, como se expresa en el Código Civil, ba rodeado de fuertes presunciones la legitimidad de .los hijos nacidos mientras existe el matrimonio y por trescientos días después de su disolución. Es algo curioso observar la tentativa de la misma hija para destruir la pre-sunción de legitimidad, pero es imposible para esta Corte el ha-cer excepciones en contra de la letra del Código, por no decir de su espíritu. La apelante dejó de probar un caso dentro de la ex-cepción que claramente menciona el Código.”

La Enciclopedia Jurídica Española, en su tomo 17 página 802, dice lo siguiente:

“¿Qué se entiende por imposibilidad física? Nuestro exagerado carácter meridional ba pretendido llevar el límite en la práctica, al extremo de sostener que únicamente podía calificarse de tal la impo-tencia manifiesta anterior a la concepción; pero con razón dijo el Tribunal Supremo que comprende también la ausencia de uno de los cónyuges, es decir, y dando un carácter más general a esta se-gunda causa, el alejamiento de uno de ellos, o todo lo que signifique una separación real y efectiva de los cónyuges, con tales circuns-tancias que se estimara imposible la cohabitación; así que el juz-gador, en el ejercicio de su apreciación soberana, debe tener en cuenta, no sólo el punto de vista de la distancia que separe a los esposos, sino también las circunstancias propias para determinar que esa distancia no ha podido ser franqueada por ninguno de ellos.
“Igualmente la residencia habitual del marido, lejos del domi-cilio conyugal, cuando no se demuestra la existencia de impedimen-tos u obstáculos materiales que alejen toda idea de una aproxima-ción por momentánea que fuera.
“La separación convencional, unida al hecho de vivir los dos cónyuges en una misma población o en dos cercanas, no son bastante para decretar la imposibilidad física de la unión.
“No acepta nuestro derecho la imposibilidad moral, que de ma-nera más o menos implícita reconocen otros: así, el alejamiento habitual, el estado ordinario de enfermedad del marido, su edad avanzada o vejez, el adulterio de la mujer, ni aun acompañado de ocultación del embarazo y parto, y aunque la misma declare contra la capacidad y otros accidentes por virtud de los que podría dudarse con fundamento de la paternidad, no bastan porque no ex-cluyen la imposibilidad física mencionada.
“De manera que el menor asomo de duda, impide privar al hijo de la condición de legítimo.” .

En igual sentido se expresan los Comentaristas Manresa, Scaevola, Sánchez Román, Díaz Martínez y otros.

El artículo 109 del Código Civil Español, en vigor cuando nació Aurelia Vázquez, dispone que el hijo se presumirá le-gítimo aunque la madre hubiese declarado contra su legiti-midad o hubiese sido condenada como adúltera. No se ha de-mostrado, sin embargo, que Monserrate Burgos cometiera adulterio antes de separarse de su esposo y durante el pe-ríodo inicial de la vida intrauterina de su referida hija. La prueba de la demandante estuvo muy lejos de convencer a la corte sentenciadora. Se alegó en la demanda que Aurelia Vázquez es hija de Marcial Vázquez. La prueba ofrecida en apoyo, de esta alegación no fué creída por la corte inferior, según se hace constar en el curso de esta opinión. En cam-bio, las declaraciones de Monserrate Burgos, Marcial Váz-quez y Rosario Landrón produjeron una impresión favorable en la conciencia del juzgador.

En vista de que la prueba aportada en apoyo de la refe-rida alegación no fué creída por el tribunal a quo, nada tene-mos que decir acerca de su admisibilidad y de sus efectos y de la aplicación que pudiera tener en relación con la misma el mencionado artículo 109 del Código Civil Español.

Opinamos que el recurso interpuesto es frívolo y que debe ser desestimado.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señoe. Del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel Vázquez Ortiz, acusado y apelante.
    No. 5551.

    Sometido: Marzo 14, 1935.

      Resuelto: Abril 30, 1935.

      Angel M. Villamil y Gustavo Jiménez Sicardó, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Señoe. Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Vázquez Ortiz fue acusado por el Fiscal del Distrito de Humacao de un delito de asesinato en primer grado perpetrado en la persona de José Nicolás Matta en Naguabo el 12 de noviembre de 1932.

A fines del propio mes de noviembre, 1932, se leyó la acu-sación al acusado. Alegó su inocencia y pidió juicio por jurado. Señalado el juicio fue suspendido dos veces a pe-tición suya. El tercer señalamiento se ñizo para el 6 de octubre, 1933. Dos días antes, pidió el traslado de la causa para el distrito de Quay ama. La corte negó su solicitud al día siguiente, y al otro llamó la causa para juicio e insacu-lado el jurado fue aceptado por ambas partes. Practicada la prueba, informaron el fiscal y el abogado defensor. La corte dió sus instrucciones al jurado y éste rindió su veredicto de-clarando al acusado culpable de asesinato en segundo grado.

El 13 de octubre, 1933, solicitó un nuevo juicio. La corte negó la solicitud el 21 de noviembre siguiente y dictó sen-tencia en diciembre 4, imponiendo al convicto la pena de quince años de presidio con trabajos forzados.

No conforme, apeló para ante este tribunal. La trans-cripción quedó radicada en junio 12, 1934. Pué el apelante solicitando y obteniendo prórrogas basta que al fin archivó su alegato en enero 28, 1935. La vista del recurso tuvo lugar en marzo 14, 1935 y así el caso quedó definitivamente some-tido a nuestra consideración y resolución.

Se sostiene que la corte erró al denegar el traslado, al ins-truir al jurado y al no conceder el nuevo juicio, y que el ve-redicto del jurado es contrario a la prueba.

Examinemos el primer error. La petición de traslado se basó en que un juicio justo e imparcial no podría obtenerse en el distrito de Humacao porque el interfecto José Nicolás Matta había sido persona de influencia en dicho distrito, hermano del Dr. Enrique Matta, ex-Senador del mismo, miembro prominente del Partido Socialista adversario del Partido Liberal al que pertenece el acusado; porque era también hermano y pariente de otras personas de alto relieve social, con buenas y variadas relaciones y gran influencia; porque el día del suceso, cuando el acusado fué trasladado del Cuartel de Policía de Naguabo al Depósito Municipal, se pretendió arrebatarlo a la policía, teniendo ésta que hacer grandes esfuerzos para salvar su vida, habiendo expresado uno de los hermanos ese día dirigiéndose a la señora del in-terfecto: “No te apures, que dondequiera que lo cojamos, lo matamos”; porque estando recluido en la cárcel del dis-trito, el Doctor Matta estuvo de visita en ella sin que el acu-sado sepa por qué, habiéndole uno de los reclusos llamado la atención para que se escondiera porque su vida peligraba; porque el día de la lectura de la acusación fué acompañado a la corte por siete policías debido al temor que existía de que corriera peligro su vida, y porque debido a los rumores circulantes los familiares del acusado se abstuvieron de pres-tar fianza para ponerlo en libertad provisional decidiéndose a hacerlo al cabo de treinta días bajo la condición de que saliera del distrito.

La corte consideró la solicitud tardía y expresando ade-más que no estaba convencida de la necesidad del traslado, lo negó.

Tardía fué en efecto la petición. Se presentó más de diez meses después de archivada la acusación y dos días antes del tercer señalamiento del juicio, habiéndose la vista suspendido las dos veces anteriores, según dijimos, a petición del propio acusado. Los hechos alegados como motivo para concluir que' un juicio justo e imparcial no podía obtenerse en el distrito, ocurrieron a raíz del suceso y eran conocidos por el acusado desde un principio. Los meses transcurrieron y ninguna amenaza se materializó. No se alegó hecho alguno concreto demostrativo de la verdad de la conclusión.

Bajo esas circunstancias, no es posible sostener la existen-cia del error.

Al señalarse el segundo error no se especifica de cuáles instrucciones de la corte al jurado se queja el apelante. Al argumentarse el señalamiento es que venimos en conocimiento de que la parte de las infracciones objetadas fué la que sigue:

“No es necesario que la evidencia produzca certeza absoluta de los hechos alegados, sin posibilidad alguna de error. Si se fuera a exigir prueba que produjera tal seguridad, rara vez podrían incoarse con éxito las acciones criminales.”
"Otros testigos declararon que esa tarde, viniendo por uno de los caminos de la colonia ‘Montida’, se acercaron a esa colonia el Sr. Nicolás Matta, acompañado de Nicolás Elias; se encontraron en un sitio del cual, de frente, venía precisamente el acusado; Nicolás Elias le llamó la atención a Nicolás Matta, a Colín, el primer ma-yordomo, diciéndole, ‘.allá viene don Manuel,’ y que Matta se quedó callado y siguió caminando; que cuando lo alcanzaron a ver, esta-ban como a quinientos metros y cuando llegaron a cruzarse, cuando se encontraban como a cuatro o cinco pies de distancia unos de otros, entonces el acusado sacó un revólver y le comenzó a hacer disparos a Matta, etc.”

En primer lugar no consta que las instrucciones fueran excepcionadas. Esto solo bastaría para desestimar el error, de acuerdo con la constante jurisprudencia de esta corte sobre el particular. Véanse entre otros los casos de El Pueblo v. Mercado, 46 D.P.R. 152, El Pueblo v. Maldonado, 45 D.P.R. 417, y El Pueblo v. Serrano, 35 D.P.R. 335.

Parece, sin embargo, conveniente agregar que el primer párrafo transcrito no aparece aislado en las instrucciones. Es parte de otros que explican y completan el pensamiento y que se ajustan a la ley y a la jurisprudencia aplicables.

En cuanto al segundo párrafo impugnado, bastará decir que si bien bubo un solo testigo que declaró que vió cuando el acusado sacó el revólver y comenzó a bacer disparos a Matta, es lo cierto que bubo varios que lo vieron disparar contra Matta. La instrucción pudo ser más exacta, pero bajo las circunstancias no puede sostenerse que en la forma en que se trasmitió no encuentre apoyo en la prueba de tal modo que constituya un error fundamental perjudicial capaz de producir la revocación de la sentencia. Además, examinado en su totalidad el resumen de la prueba que las instrucciones contienen, se concluye que es imparcial y se ajusta a la ver-dad substancialmente.

Para la consideración de los errores tercero y cnarto alteraremos el orden de señalamiento comenzando por el último, o sea, por el qne sostiene qne el veredicto del jurado es contrario a la prneba.

Nueve testigos llamó el Pueblo a declarar. Cuatro el acu-sado incluyendo su propia declaración. Ramón Renta, Jefe de la Policía Insular del Distrito de Naguabo, inició la prác-tica de la evidencia de cargo.

Manifestó que en noviembre de 1932 se le presentó el acu-sado en el cuartel y le dijo “que babía tenido un disgusto en la colonia ‘San Cristóbal’ con el Sr. Matta y traté de interro-garle, pero no hizo manifestación ninguna, y en ese mo-mento llamaron del hospital y fui al sitio de los hechos y en el mismo camino vecinal encontré cuatro casquillos de revól-ver disparados.” Llamaron de nuevo del hospital para co-municarle que el Sr. Matta había muerto de un balazo. Pre-guntó al acusado dónde había dejado el revólver y le con-testó que no sabía dónde lo había puesto.

Nada repreguntó la defensa al testigo y el fiscal llamó a Richard C. McCoy, Jefe de Campo de la Fajardo Sugar Growers’ Association. Declaró que el acusado trabajaba con él como segundo mayordomo, siendo primer mayordomo el in-terfecto Nicolás Matta, conocido por Colín. Que el día del suceso “iba haciendo mis recorridos en la colonia con mi ayudante . en un automóvil; yo entré a la colonia por la mañana como a las 9 ó 10 — no estoy seguro — entré a la colonia, fui al pesebre, pero no pude localizar al primer mayordomo ni nin-gún empleado porque no avisamos a tiempo. Al salir de la colonia San Cristóbal por el callejón que conduce del camino vecinal a Naguabo vi al segundo mayordomo Vázquez á ca-ballo ; al llegar el automóvil como acostumbramos saludamos y me hizo señas que parara. Paramos el carro, se bajó del caballo Vázquez y se acercó al automóvil del lado contrario que yo estaba sentado y me preguntó si yo había visto a Colín, le dije que no; entonces me dijo precisamente que él quería hablar conmigo de que había llegado a un estado de imposibilidad de seguir trabajando en ‘San Cristóbal’ como segundo mayordomo porque él y el primer mayordomo no se llevaban, y me pidió el traslado y si no él renunciaría. Entonces después de unos momentos yo le dije a él que en aquel tiempo yo no podía hacer un traslado de ningún em-pleado por ser muy costoso a la compañía; entonces él me dijo: ‘yo no puedo seguir trabajando aquí, entonces presen-taré mi renuncia’, y le contesté que estaba aceptada la re-nuncia y que podía avisarme cuándo quería salir para man-darle la transportación, como acostumbrábamos hacerlo. En-tonces él me dió las gracias por todo lo que había hecho por él, pero que se iba; entonces montó el caballo y se fue y yo seguí en mi trabajo. Eso pasó por la mañana. Entonces yo volví a la oficina de Fajardo y tenía que ir a San Juan pol-la tarde con mi familia; fui a San Juan, y al regresar a las 6 ó 6% al pasar por el Hospital Municipal de Fajardo había muchísima gente . . . paré el carro y pregunté qué había pa-sado y me dijeron ‘Colín muerto’. Me sorprendí porque nadie lo esperaba, era un hombre bueno, fuerte, sano.”

Repreguntado por la defensa, en parte contestó como sigue:

“T. — No tenía muchas quejas de él; desde luego nosotros to-dos tenemos nuestras faltas. — D.—¿A pesar de las faltas que todos nosotros tenemos, qué concepto le merecía a usted el acusado? — T. —Muy bien basta los dos últimos meses. — D.—¿En los últimos dos meses en qué consistió el cambio? — T.—Tuve algunas quejas de la colonia. — D.—¿Del Sr. Matta tuvo quejas? — T.—Sí, señor. Eso fué en ocasión de elecciones y de la política, y Colín Matta me decía que si yo podía trasladarlo a otra colonia porque Vázquez maltra-taba a los trabajadores y de vez en cuando lo encontró bajo la in-fluencia de bebidas. — D.—-¿Eso le decía Colín?. — T. — Sí señor, como principal. — D.—¿Alguna vez usted lo encontró personal-mente a él en esas condiciones? — T.—No, señor. — D.—¿Le veía a menudo? — T.—Pocas veces. — D.—Alguna otra persona que no fuera el Sr. Matta se le quejó a usted de este señor? — T.—Mi ayudante de campo general. — D.—¿De qué se quejaba? — T.—Lo mismo, y que el primer mayordomo de San. Cristóbal no estaba contento con el tra-bajo del segundo mayordomo.— . . . —D.—¿Si él no Rubiera pre-sentado su renuncia usted se la Rubiera exigido?- — -T.-—Sí, señor, fué el objeto del viaje por la mañana pero no lo encontré. — D.—¿A pe-sar de ser el objeto de su viaje usted no se detuvo, sino él a usted?— T.- — Sí, señor, porque él venía y yo salía en el carro e Rizo con la mano así; de todas maneras Rubiera parado.”

Seguidamente compareció José Feliciano, capataz de cul-tivo que trabajaba bajo las órdenes del interfecto y del acu-sado. El 12 de noviembre de 1932 a eso de la una y media de la tarde el acusado lo encontró y le dijo que Matta lo ■había becbo botar y que ese día tenía que tener con Matta un disgusto en la oficina o fuera de la oficina. El testigo permaneció callado pero cuando Vázquez, el acusado; se fué, le mandó aviso con un peón a Matta para evitar un choque. En ese momento se presentó Marcelino Meléndez a caballo y le contó lo ocurrido, saliendo Meléndez en busca de Matta. Volvió a ver al acusado como a las dos y media o las tres de la tarde que iba como para “Montida.” El testigo es primo del interfecto.

Llamado a declarar Marcelino Meléndez, mayordomo de la colonia “San Cristóbal” bajo la dirección de Matta, a quien vió en la tarde del suceso, como a las cuatro, en “Montida”, -dándole la noticia de que Vázquez iba a tener un disgusto -con él. Matta contestó: “No tenga cuidado que él no es nin-gún loco, él tiene que razonar para poder tener el disgusto.” Se fué y no volvió a ver más a Matta. Asistió a su entierro ;al día siguiente.

Ramón Pereira, carretero de la colonia “San Cristóbal”, -declaró haber visto al acusado -entre 3 y 4 de la tarde en el ■camino mitad de Montida y San Cristóbal. Sintió una de-donación, miró hacia atrás y vió a don Colín herido. Estaba .■acostado boca arriba sobre la vía. Habló con él y le dijo '“que'había sido don Manuel quien lo había herido”. Lo levantaron entre tres y lo colocaron más adelante a la som-bra de un árbol. Fué a buscar su carro y en él llevaron al herido al hospital.

Llamado entonces el Doctor Manuel Carreras, médico ci-rujano, declaró que practicó la autopsia del cadáver de Matta que era un hombre blanco, de mediana estatura, de marcada robustez, como de treinta y ocho años y presentaba una he-rida de bala en la región braquial interna, correspondiendo al tercio superior del brazo derecho, otra herida de bala con orificio de salida en la misma región braquial izquierda, pero en el tercio superior del mismo brazo derecho y otra herida de bala en la región pectoral lateral del tórax correspondiendo a la línea axilar. Abierta la caja toráxica se desbordó una gran cantidad de sangre recogiéndose como tres litros y medio. La muerte se debió a la herida de bala que interesó órganos importantes.

José Juan Díaz, trabajador de la colonia “Montida” se cruzó con el acusado el 12 de noviembre, 1932, en el camino de “Santiago” y a poco sintió los disparos, “miró atrás y era don Manuel que le disparó a don Colín.” Sintió como cuatro o cinco, seguidos.

Gril Pérez, iba con el anterior testigo José Juan Díaz el día del suceso y en el cruce de Montida a San Cristóbal se encontró con el acusado que iba a caballo. Vió venir a don Colín y a don Elias y sintió unos disparos. Miró atrás y vió a don Manuel disparando. Corrió, llamándole la aten-ción diciéndole, “don Manuel pare, no dispare más, don Manuel”.

Tanto la declaración de Díaz como la de Pérez son largas y confusas. Revelan el temor, especialmente la del primero que dijo que se metió bajo unos alambres, y el aturdimiento que naturalmente produce un hecho de la naturaleza del que estamos investigando que súbitamente se presencia. Es la declaración del testigo que sigue, Nicolás Elias, la que da una idea más clara de lo ocurrido.

Dijo que trabajaba bajo las órdenes inmediatas de Matta como listero y en la tarde del 12 de noviembre de 1932 lo acompañaba en “Montida” qne es una parte de la colonia “San Cristóbal” qne qneda nn poco distante de la finca prin-. cipal, cnando “nos encontramos con Marcelo Meléndez y ha-bló con don Colín y le dijo qne había tenido noticias de qne don Manuel había dicho qne dondequiera qne se encontraran iban a tener nn disgusto, qne estuviera preparado. ' Eso le dijo don Marcelo a don Colín. Don Colín me decía: ‘Qué le parece don Colo, él no es ningún loco, antes tenemos qué razonar, no le he hecho nada.’ Seguimos andando, él en nn potro y yo en otro; cogimos la carretera y cogimos el camino de la finca ‘Montida’ y ‘San Cristóbal’ y al llegar a nn paso de la finca qne se llama ‘San Francisco’, recto, como a úna distancia de 4 ó 500 pies vimos venir a don Manuel y yo le dije a don Colín ‘allá viene Don Manuel’ .... Cnando lle-gamos a una distancia como de 4 ó 5 pies Don Manolo le dis-paró, y entonces continuó delante de él, (Matta) se tiró del caballo, sacó el revólver y le disparó.”

Nada dijo el acusado al interfecto antes de dispararles. Tampoco el interfecto al acusado. “Aquello fué tan rápido. Más tiempo me tomo en decirlo qne como pasó.” El acusado hizo como “cuatro o cinco disparos, no estoy seguro.” El in-terfecto “creo qne llegó a disparar solamente dos balas . . . con el brazo derecho levantado porque el acusado estaba a caballo y él a pie en el suelo.”

Contestando la pregunta “¿No sabe cuál disparo le hirió?” dijo: “No, señor, me di cuenta cuando estaba herido, cuando salió tambaleándose y nos dijo: ‘Ay Don Colo no me deje matar, y Juan Pérez estaba más alante y fuimos y lo co-gimos.”

Mientras eso pasaba el acusado estaba “quieto como a 3 ó 4 pasos de nosotros y seguido viró por el mismo camino. Al pasar por el lado de Don Colín dijo: ‘No te mato en el suelo porque soy una persona decente’.”

Continuó preguntándose y repreguntándose largamente al testigo. Lo que dejamos extractado permaneció a nuestro juicio en pie como la verdadera substancia de su declaración.

Terminada la prueba de cargo introdujo la suya el acu-sado, consistente en los testimonios de su esposa Rosa Díaz, en los de Nicolás Elias y José Torres y en el suyo propio.

La Sra. Díaz se refirió a las relaciones de amistad exis-tentes' entre el acusado y el interfecto y sus respectivas fa-milias, buenas basta dos meses antes de la desgracia en que hubo desavenencias porque Matta creyó que su esposo y ella le contaban a su esposa sus asuntos amorosos con cierta cam-pesina. Matta fué a su casa y le dijo: “Doña Rosa, yo le suplico que no ande con Ana (su esposa) que no quiero que salga.”

• Nicolás Elias, cuya declaración como testigo de cargo ya conocemos, fué llamado por el acusado para declarar como declaró sobre el hecho de habérsele resistido el caballo que montaba a una joven muy agraciada del “Duque”, barrio de Naguabo al pasar por cerca de las casas del acusado y del interfecto estando en ellas sus esposas. El caballo era del acusado. El testigo contestó que nada sabe sobre si con motivo del incidente se hablaron la esposa del interfecto y la muchacha. El fué llamado para sacar el caballo que se resistía.

José Torres dijo que residía en Patillas, que conoce a Vázquez por unos cuatro años y conoció a Matta por unas dos semanas, que “.el 12 de noviembre, como a la una de la tarde, estaba yo en un grupo al lado de la oficina de pago y él pasaba montado a caballo y preguntó si habíamos visto a Manuel Vázquez y yo le dije que no lo había visto y pre-guntó ‘¿no sabe si estará en el pueblo o en la colonia?’ y le contestamos los que estábamos allí, y especialmente yo, ‘no sé seguro dónde estará’. Cogió de la oficina para abajo y dijo: ‘este perro, canalla, dondequiera que nos encontremos vamos a tener un disgusto serio ; o me mata o lo mato yo.’ . . . Cuando él se fué para abajo nos quedamos co-mentando diciendo: ‘'¿qué pasará entre el mayordomo pri-mero y el segundo?’ ... y uno dijo ‘sabe Dios si es por al-guna mujer’; y como a los 15 ó 20 minutos apareció el Sr. Vázquez, mayordomo segundo, y yo le dije: ‘Oíga Don Manuel, aquí pasó don Colín buscándolo a usted, que donde-quiera que se encontraran iban a tener un disgusto serio, “este perro canalla, dondequiera que nos encontremos o me mata o lo mato.” ’ T cogió para el pesebre.”

Por último declaró el acusado, en resumen, como sigue.-’ Conoció a Matta desde que fué a trabajar a la colonia. “La amistad de nosotros llegó a tal extremo que . . . algunos do-mingos almorzaba en casa su familia, otras veces nosotros en la de él; salíamos juntos al campo. ’ ’

Esa amistad se enfrió en los últimos dos meses. “Él tenía en el campo una mucbacba que se enamoró y salíamos juntos y él se metía en calidad de novio de ella y parece que su esposa lo averiguó y le llamó la atención y tuvieron dis-gustos, y él me llamó la atención por primera vez y me dijo que procurara evitar que él se suponía que era mi esposa, y nosotros no nos ocupamos de esa tontería. . . . Un día vino a pedirme un caballo de mi propiedad, prestado; no me dijo para qué era, se lo presté, era para mandarlo al campo para la joven esa. Ella vino al pueblo en el caballo y cuando subía del pueblo ... el caballo, al pasar cerca de casa, se aguantó y la señora que estaba allí la llamó, entró y hubo conversación pero no sé qué pasó entre ellas.”

“Al tropezarse conmigo me llamó la atención de nuevo, que no hubiera permitido que fuera la joven, que lo que procedía era prohibirle terminantemente a la esposa que fuera a la casa; y yo le dije que no me atrevía, siendo una persona de respeto, echarla de la casa. Me dijo que procurara evi-tar que fuera a casa porque eso podía traer un disgusto serio con nosotros .... como dos o tres días antes de las elec-ciones él se trajo la muchacha al pueblo a vivir con ella y el día antes de la desgracia lo supo la esposa de él y el día de la desgracia. ... El día 12 de noviembre como yo vi que continuaba con esa frialdad, llegué a tomar la resolución de ver si podía hablar con los jefes de la Fajardo para ver si podía conseguir el traslado o presentar la renuncia porque ya veía que iba encaminado a tener disgustos, y como a las 10 de la mañana encontré al primer jefe de la Compañía, Mr. McCoy . . . iba en automóvil y le hice seña que parara y hablé con él y le dije que próximamente había dos meses que el mayordomo primero tenía disgustos conmigo, que veía que'era por tonterías que no valían la pena pero.que podía ocurrir algo, y le pedí traslado y me dijo que un traslado a la compañía le costaba dinero y le ocasionaba trastorno, y hablé de renunciar y me dijo que pensara y si no se podía arreglar presentara la renuncia cuando lo quisiera. . . Des-pués yo venía como a las 12 y media, que venía de recor-tarme, . . . del pueblo . . . me encontré cerca de la oficina un grupo de trabajadores, que era día de pago, y al pasar . . . me llamaron la atención con respecto a unas palabras que él había dicho de tener un disgusto conmigo,- y cogí mi ca-ballo y fui al pesebre y le dije al pesebrero que me ensillara mi caballo y fui a casa y le dije a mi esposa que empaque-tara muebles y lozas que iba a buscar un truck para trasladar la residencia esa tarde o por la mañana e irme; y cuando le advertí eso a la señora, yo tenía el revólver de mi uso y lo eché al bolsillo y me dirigí a la colonia ‘Esperanza’ a buscar pasto para los animales para evitar cualquier cosa, y cuando iba por el camino ese de referencia, donde pasó el suceso, había tres caminos, yo pregunté para tratar de no encon-trarme con él, y dió la casualidad que cogí el camino de ‘Mon-tida’ y cuando cogí el camino, hay un cañaveral y como las cañas estaban grandes, no lo pude ver y él venía con el lis-tero en dirección opuesta a la mía, y cuando llegué a la curva que venían ellos y no pude evitarlo, y al verlo a él toqué el caballo con la espuela para pasar a ver si podía evitar el disgusto; pero como el caballo acostumbraba parar siempre que nos .encontrábamos, ... al llegar al lado de él el caballo se paró de golpe y él trató de sacar el revólver y yo saqué el mío y él hizo el primer disparo y me tiré de mi caballo, pero el caballo se resistió y me paré y el caballo se me fué de las manos; entonces él avanzó y me tiró el segundo tiro, pero al disparar el tiro el caballo se le espantó y se fué y él me disparó y yo también. Después él corrió pidiendo socorro y yo me quedé en el mismo sitio. Yo lo que quise fué de-fenderme, y él corrió pidiendo socorro. Al único que vi fué a Nicolás Elias, que estaba como a 200 pies, y vino a reco-gerlo y mientras lo recogía yo cogí mi caballo y vine al pueblo, para evitar cualquier cosa porque sabía que tenía familia en Naguabo y fui al cuartel a entregarme.”

Luego el fiscal le hizo la siguiente pregunta: “¿Quién hizo el primer disparo?” y contestó: “Nosotros dos. . . . Un disparo de ambos al mismo tiempo.”

Tal fué substancialmente la prueba practicada. Su mera exposición es suficiente para desestimar el error. Resuelto el conflicto por el jurado en pro de la prueba de cargo, su ve-redicto está ampliamente justificado. Y .en cuanto a la re-solución del conflicto, náda demuestra pasión, prejuicio, par-cialidad o manifiesto error; al contrario, sano criterio por parte del jurado.

Sólo falta examinar el error atribuido a la corte sentenciadora al negar la concesión de un nuevo juicio. Se alegaron como fundamentos para solicitarlo, la moción de traslado, el haber ordenado la corte que agentes de orden público protegieran la vida del acusado al extremo de verse éste obligado a ir y venir de la corte al hotel en que se hospedaba custodiado por un detective, permaneciendo, mientras se sustanciaba el juicio otro agente sentado al lado izquierdo de la silla testifical, dentro del salón de la corte, a una distancia de dos metros más o menos del sitio en que se encontraba el acusado, y otros extremos que el acusado manifestó no poder señalar específicamente porque no tenía en su poder el récord de la causa donde constaban.

Los motivos que tuvo la corte para negar la petición los consignó en su resolución de noviembre 21, 1933, como sigue:

“La Corte no ¿Lió orden alguna para los efectos alegados en la transcrita alegación, a ningún agente de orden público, ya que ello es-taba fuera de las atribuciones del Tribunal. Por la misma razón no intervino la Corte en las demás medidas adoptadas para la garantía personal del acusado fuera del Tribunal, ignorando la Corte la realidad de las mismas. Tampoco ordenó la Corte que, durante la tramitación del juicio, agente alguno de orden público fuera destacado cerca del acusado, para la protección de éste. Y no se lia demostrado que en caso de que las referidas medidas se hubieran adoptado las mismas hubieran llegado a conocimiento del Jurado y hubieran influido en su veredicto. Ni tampoco hubo demostración o acto al-guno del acusado durante la sustanciación del proceso, indicativo de que estuviera el mismo en posición desventajosa para su defensa, o de que estuviera el mismo impedido de defenderse con esponta-neidad.
“La Corte admite que no estuvo nunca convencida de la nece-sidad de que el caso se trasladase a otro distrito, y sostiene ahora su criterio sobre el particular. Por imperativos de la naturaleza hu-mana, en casi todos los casos criminales, los familiares de la persona agraviada, sienten más o menos intensa aversión hacia todo acusado por el agravio inferido a dicho familiar. Para evitar, sin embargo, que ese sentimiento de hostilidad hacia el acusado, por parte de dichos familiares, se traduzca en daño físico a su persona, están las autoridades encargadas de mantener el orden público. Si el mero temor de ese daño al acusado por parte de dichos familiares determinara la necesidad del traslado, menester sería, entonces, ce-lebrar todos los juicios criminales por delitos cometidos en un Dis-trito, en cualquiera de los otros Distritos Judiciales de la isla, lo que evidentemente no es compatible con las normas actuales del pro-cedimiento establecido para dichos casos, ni una mejor, más rápida y expedita administración de Justicia en los mismos.
“Además de esto, no se alegó ni se demostró la manera espe-cífica en que la alegada prominencia de la familia del fenecido en este caso hubiese influenciado a los señores del jurado, en forma tal que estuviera impedido el cuerpo de Jurados del Distrito para entender en este caso, de modo impareial, justo y ecuánime.
“Ciertas alegaciones de la moción solicitando el traslado, deter-minaron que la Corte considerase el nso de sus poderes inherentes para mantener sin perturbación alguna el orden en el edificio del Tribunal y en los terrenos en que ubica el mismo, y adoptó al efecto precauciones para garantizar dicho orden así como la integridad personal del acusado en todo momento en que éste se encontrase en dicho edificio y en dichos terrenos, (solar de la Corte) ; pero esas precauciones se tomaron siempre en ausencia del Jurado, sin que haya prueba alguna ante la Corte de que el Jurado conoció las mis-mas, mientras entendía en el caso, ni de que las mismas. hubieran influenciado la mente de los Jueces de hecho que intervinieron en el proceso. Sobre las precauciones adoptadas por las autoridades en-cargadas de mantener el orden público fuera del Tribunal y de sus terrenos, la Corte no tiene conocimiento de clase alguna.
“Durante la vista de este incidente sobre nuevo juicio, se pre-sentó evidencia al efecto de que varios familiares del fenecido, du-rante el día de la vista, visitaron el hogar del Sr. Marshal de esta Corte. La amistad que puede unir a éste con dichos familiares y la visita de éstos al hogar del primero, no se ha probado que haya sido conocida de los señores del Jurado que intervinieron en el pro-ceso, ni se ha demostrado que ello haya influido en la mente de los mismos con relación al desempeño de la misión de juzgadores. Y la Corte no puede llegar a dicha conclusión por inferencias. ’ ’

Nada es necesario agregar. Ningún motivo justo se de-mostró que existiera para la concesión de un nuevo juicio. El error señalado no existe. Se trata de una sentencia dic-tada de acuerdo con los hechos y la ley. El acusado ha te-nido todas las amplias garantías que nuestras instituciones le otorgan y la justicia ahora exige que la pena que se le im-puso, que está dentro de los límites de la preestablecida por el legislador para el delito que se le imputó y probó que co-metiera, sea cumplida.

Debe declararse el recurso sin lugar y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Félix Colón, demandante y apelado, v. Junta de Retiro de dos Funcionarios y Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico, etc., demandada y apelante.
    No. 6591.

    Sometido: Diciembre 4, 1934.

      Resuelto: Mayo 3, 1935.

      Son. Procurador General Benjamin J. Horton y Angel C. Calderón, Subprocurador, abogados de la apelante; Juan B. Soto, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Félix Colón, alegando haber prestado servicios al Go-bierno Insular por un período mayor de veinte años compu-tados de acuerdo con la sección 2 de la Ley No. 104 de 1925 (pág. 949), solicitó de la junta demandada el retiro a que pretendía tener derecho de acuerdo con la sección 8 de la ley antes citada.

La junta denegó el retiro por el fundamento de que desde el 15 de agosto de 1932 hasta el 30 de septiembre del mismo año, el peticionario había sido suspendido de empleo y sueldo, y que al solicitar su retiro el 31 de julio de 1933 no hacía tres años que había vuelto nuevamente al servicio.

La contestación de la demandada contenía además la si-guiente alegación:

“Que en mayo 19, 1933, presentó el demandante una solicitud de retiro a la Junta demandada, que fué denegada en julio 19, 1933, por no estar el demandante en servicio activo en la fecha en que la solicitud fué presentada, habiendo sido suspendido de empleo y sueldo en agosto 15, 1932, suspensión que se extendió hasta septiembre 30, 1932.“

Conforme resolvió la corte inferior, no había duda de que el número de años que el apelado había prestado servicios •excedía de veinte. Por tanto, según la corte, toda la cues-tión envuelta en el caso giraba sobre la interpretación que ■debía dársele al artículo 13 de la referida ley, que lee en parte como signe:

“ . . . Disponiéndose, además, que todo funcionario o empleado ■que habiendo dejado de prestar servicios al Gobierno Insular, volviere nuevamente al servicio después de la vigencia de esta ley, deberá ser-vir, por lo menos, durante tres años consecutivos para tener derecho a gozar de los beneficios de esta ley.”

El juez de distrito se fundó en parte en la versión inglesa, ■que lee así:

”... Provided, further, that any officer or employee who has ■ceased to render services to the Insular Government and who again returns thereto after this act takes effect, shall serve for at least three ■consecutive years before he is entitled to enjoy the benefits of this .act.”

La corte resolvió que el contexto de la sección se refería a empleados o funcionarios que habían dejado de prestar ser-vicios antes de empezar a regir dicha ley y que el referido disponiéndose no podía ser aplicable a personas que estuvie-ran de hecho dentro del servicio al empezar a regir la ley.

Nos inclinamos a creer que el razonamiento de la corte inferior estaba equivocado, pero su sentencia, al ordenar que se pagara la pensión al peticionario, puede ser confirmada por un fundamento distinto, que tal vez ha sido ligeramente sugerido en el alegato del apelado. Es un hecho saliente que el peticionario fué suspendido de empleo y sueldo desde agosto de 1932 hasta septiembre del mismo año, o quizá por un período mayor. De los autos no se desprenden las razo-nes exactas por las cuales tuvo lugar la suspensión. Eviden-temente no fué un retiro voluntario.

Dudamos que la demandada alegara suficientemente la se-paración del demandante del servicio hasta mayo o julio de 1933, pero podemos aceptar como cierta esa alegación.

Nos sentimos obligados a resolver que el disponiéndose arriba citado se aplica más particularmente a aquellas per-sonas que voluntariamente se ban separado del servicio por un período razonable de tiempo y regresan a éste tan sólo prácticamente para obtener el beneficio de la pensión. Cuando una persona regresa al servicio después de una separación prolongada del mismo, voluntariamente becba, la intención de la legislatura fué que tal empleado prestara nuevos servicios por un período de tres años.

Cuando un empleado es suspendido de su empleo contra su voluntad, éste no ba dejado de prestar servicios dentro del espíritu del referido disponiéndose. Aunque los becbos fue-ron algo distintos, el razonamiento de Sanguírico v. Junta de Retiro, 46 D.P.R. 201, 206, puede ser aplicado. Allí dijimos:

“A nuestro juicio todo depende de la interpretación que se dé .a las palabras ‘fuera del servicio’ usadas en la sección 2 de la Ley No. 104 de 1925 (pág. 949), que es la aplicable. Creemos que un empleado ‘suspendido’ sólo puede considerarse que estuvo ‘fuera del servicio’ durante el tiempo de la suspensión, si al resolverse su caso definitivamente se le destituye o separa de su empleo. Pero si se resuelve que vuelva a él por estimarse injustificadas las causas que motivaron la suspensión, debe concluirse que permaneció siempre dentro del servicio.”

En otras palabras, bajo los becbos del presente caso el peticionario no estaba “fuera del servicio”.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Sbñok Wole,

text:
    Enrique Campos del Toro, demandante y apelado, v. Sucesión de Inocencio Emilio Dávila compuesta de sus hijos Eugenio, Emilio y Petra Dávila y de su Viuda Nicolasa Marrero, y Ofelia Collazo, demandados y apelante la última.
    No. 6702.

    Sometido: Abril 15, 1935.

      Resuelto: Mayo 3, 1935.

      J. Vendrell y A. Quirós Méndez, abogados de la apelante; Antonio Barceló, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Sbñok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El 3 de mayo de 1934 el apelado solicitó la desestimación del recurso por frívolo. El 29 de mayo del mismo año de-claramos sin lugar la moción, fundados en que como la ape-lación envolvía cuestiones de becbo y sólo teníamos ante nos la demanda, la contestación, la sentencia y la opinión, no te-níamos lo bastante para justificar una desestimación, citando el caso de De Jesús v. Drug Company of Porto Rico, 45 D.P.R. 643. El 18 de marzo de 1935 se radicaron en esta corte los autos completos incluyendo un pliego de excepcio-nes y una exposición del caso. Entonces el 29 del mismo mes y año el apelado solicitó de nuevo la desestimación de la ape-lación por frívola y porque no se babía proseguido con dili-gencia. El apelado no nos convence de que el recurso no fuera proseguido con diligencia y, en realidad, los autos fue-ron radicados en esta corte antes de que lo fuera la moción para desestimar y la apelante ba obtenido una prórroga basta mayo 27 para presentar su alegato.

Hemos examinado el pliego de excepciones y la exposición del caso y si la prueba fué debidamente admitida no encontra-mos que la corte estuviera equivocada en su opinión. Hay poca duda entonces de que el demandante apelado tendría de-recho a recobrar de la alegada sucesión en el caso la canti-dad pagada voluntariamente a nombre de ésta.

El récord no demuestra qué derecho tenía la apelante a intervenir en el caso por la mera aseveración de que era la heredera del causante de los demás demandados que sostenían ser los únicos herederos de Francisco Dávila. Es un hecho curioso que la contestación admite el párrafo en que se alega que los referidos demandados eran los únicos herederos.

De la opinión de la corte inferior se desprende que origi-nalmente ella dictó sentencia contra todos los demandados pero, a petición de la apelante, dejó sin efecto dielia senten-cia, y permitió a ésta defenderse. Ni la sentencia en rebel-día ni la resolución que la dejó sin efecto aparecen transcri-tas en el récord.

Según dijimos, examinando el pliego de excepciones y la exposición del caso, en tanto en cuanto la evidencia fué pro-piamente admitida, deberíamos inclinarnos a seguir la opi-nión y sentencia de la corte inferior. Empero, conforme in-dica la apelante, se presentaron varias objeciones y se anota-ron excepciones en la corte inferior, y el apelado no ha dis-cutido los méritos de estas excepciones. Cuando se alega la frivolidad de un recurso, el apelado en general debe colocar a esta corte en posición de disipar estas dudas.

Por tanto, debe declararse sin lugar la moción para deses-timar.


author: El Juez Aso ciabo Señor Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José García Donis, acusado y apelante.
    No. 5698.

    Sometido: Abril 5, 1935.

      Resuelto: Mayo 3, 1935.

      E. Díaz Santana, abogado del apelante; Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Aso ciabo Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

José García Donis fné convicto del delito de vender pan falto de peso. El pan fné vendido en realidad por nn agente del apelante, a quien también se acusó de complicidad, pero quien fué absuelto fundado en que solamente era un mero em-pleado. En efecto se señala error porque la prueba presen-tada sobre la agencia era prueba de referencia; que no se probó la agencia y en general que la prueba no era suficiente para condenar.

Leandro Monje, inspector de pesas y medidas, manifestó en el examen directo que tomó el pan falto de peso de un carro del acusado que estaba a cargo del agente. Durante la repregunta, sin especificación alguna, admitió que esa información procedía del agente. Entonces, también sin especificación alguna, el acusado solicitó la eliminación. El fiscal entonces inició el examen redirecto del testigo y obtuvo de éste algunos detalles respecto al color del carro, la forma en que estaba envuelto el pan y que la envoltura llevaba el nombre de José García Donis. Nuevamente sin especificar la prueba en sí a que objetaba, el acusado solicitó la eliminación fundado en que el testigo declaraba por información recibida de un tercero.

Creemos que la objeción debe declararse sin lugar por falta de la debida especificación. Igualmente convenimos con el fiscal en que si no se presenta la debida objeción, prueba de referencia puede ser admitida y considerada. Pueblo v. Díaz, 19 D.P.R. 520; Pueblo v. Silva, 17 D.P.R. 607; Falero v. Falero, 15 D.P.R. 118. La corte siempre tiene discreción.

Además, cuando se prueba suficientemente que el agente actúa siguiendo intruceiones o en ciertos casos dentro de las atribuciones de su empleo, su declaración puede ser admitida. Oller v. State, 123 S. W. 1116; 16 C. J. 123.

La prueba de la agencia y de la culpabilidad del acusado, además de la admisión del agente, fué al efecto de que cada envoltura tenía un rótulo que decía José García Donis.

El apelante sostiene que tal vez exista otra persona con el nombre de José García Donis. Según el inciso 25 del artículo 102 de la Ley de Evidencia, es una presunción controvertible la de “identidad de persona, de la identidad de nom-bre.” En el presente caso no hubo refutación alguna a ese respecto.

Bajo las circuntancias expuestas, la relación del acusado quedó suficientemente establecida, y la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Córd'oya Dávila,

text:
    Justo Chalemán, representado por su tutor Francisco Díaz Rodríguez, peticionario, v. La Corte de Distrito de Bayamón, Hon. L. Samalea Iglesias, Juez, demandada.
    No. 1033.

    Sometido: Mayo 3, 1935.

      Resuelto: Mayo 3, 1935.

      Luis Bios Algarín, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Córd'oya Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Justo Chalemán, representado por su tutor Francisco Díaz Rodríguez, solicita de esta corte la expedición de un auto de certiorari para revisar una resolución dictada por el Hon. L. Samalea Iglesias, Juez de Distrito de Bayamón, sosteniendo una excepción previa de falta de jurisdicción en un pleito in-coado ante la Corte Municipal de Vega Baja.

Se alega en la solicitud que el peticionario inició ante la corte municipal mencionada una acción en cobro de dinero contra Zenón Concepción y Gregorio Meléndez, basada en cierta fianza suscrita por los demandados en favor del pupilo para responder de las actuaciones del tutor original, Juan Chalemán. En' la demanda, según se alega, se reclamó la suma de $500, más las costas y honorarios de abogado. La corte de primera instancia dictó sentencia condenando a los demandados a pagar solidariamente al pupilo la suma de $500 y las costas.

Apelada esta sentencia para ante la corte de distrito, este último tribunal, a petición de los demandados, declaró que la corte municipal no tuvo jurisdicción para conocer de la causa, basándose en el caso de Smallwood Bros. v. Hernández, 40 D.P.R. 686.

En el caso citado se reclamó ante una corte municipal el cumplimiento de una obligación consignada en un pagaré, por la cantidad de $405.24, más los intereses y una suma para honorarios de abogado, de acuerdo con lo estipulado. La corte de distrito, en apelación, sostuvo una excepción previa a la demanda por falta de jurisdicción de la corte municipal. Esta corte, refiriéndose a los honorarios estipulados, dijo que una súplica de esta naturaleza en una demanda radicada ante una corte municipal debe interpretarse como una sú-plica por honorarios que una vez sumados al principal con los. intereses y costas, no exceda la cantidad jurisdiccional. La sentencia de la corte de distrito fue revocada.

Como se ve, la resolución de esta corte en Smallwood Bros. v. Hernández, supra, versó sobre honorarios que fueron con-venidos por las partes. En el presente caso la solicitud no resulta todo lo clara que fuera de desear. Se alega que en la demanda se reclamaron honorarios de abogado; pero no-sabemos si estos honorarios se piden porque fueron conve-nidos o simplemente porque el demandante abriga la creen-cia de que pueden ser concedidos, en ausencia de convenio, por. la corte municipal. Si hubo estipulación, puede que la corte de distrito haya tenido razón al resolver que el tribunal de primera instancia no tuvo jurisdicción para conocer de la causa. Si no la hubo, las palabras “honorarios de abo-gado” han debido considerarse como surplusage, como algo que sobra, ya que una corte municipal no tiene autoridad para concederlos, a menos que hayan sido estipulados por las partes. Artículo 327, Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado por la ley No. 38 de 12 de abril de 1917, vol. 1, pág. 207; Amy v. Aponte, 31 D.P.R. 64, 67; Carminely v. Truyol, 45 D.P.R. 291, 296.

En cuanto a las costas, no creemos que su reclamación prive a la corte municipal de jurisdicción. La cantidad de $500, que es la suma principal que se reclama, es la que debe tenerse en cuenta para determinar la jurisdicción del referido tribunal. Las costas, que son lo accesorio y cuya concesión depende de la discreción del tribunal, no deben considerarse como formando parte de la suma principal para fijar la cuantía y determinar la jurisdicción.

Dada la falta de claridad que se advierte en la solicitud y no habiéndose acudido a la corte inferior para darle la oportunidad de considerar nuevamente su resolución, no ha lugar, por ahora, a expedir el auto solicitado.