text:
    José del Carmen Santiago, demandante y apelado v. Antonio Berlingeri, demandado y apelante.
    No. 4230.

    Visto: Marzo 27, 1928.

      Resuelto: Julio 18, 1928.

      Tous Soto & Zapaier y Sergio León Lugo, abogados del apelante $ Eduardo Flores Colón abogado del apelado. •
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José del Carmen Santiago demandó a Antonio Berlingeri en reclamación de ochocientos dólares, valor de las cañas que tenía sembradas en nna finca que le arrendó y de la enal fné por él desahuciado, seguii tasación de peritos desig-nados-por las partes y nombrados por el marshal.

Contestó el demandado aceptando haber desahuciado al demandante pero aclarando que sólo fué puesto en posesión de una parte de la finca arrendada, habiendo iniciado una acción reivindicatoría reclamando el resto de la finca; acep-tando que las cañas fueron tasadas por peritos, pero negando que él interviniera en su designación y alegando que el valor aproximado de las cañas existentes en la parte de la finca que le fué entregada, era el de cuatrocientos veintiocho dó-lares.

Como materia nueva de defensa alegó además que arrendó a la Sociedad Juana Eamona Ortiz e Hijos una finca de veinte cuerdas, contrato que dicha sociedad traspasó al de-mandante Santiago y en el que existe una cláusula que dice: “Las mejoras que se introduzcan en la finca arrendada, que-darán a beneficio del arrendador a la terminación del con-trato.”

Fué el pleito a juicio. La prueba es contradictoria en cuanto a si se entregó o no la totalidad de la finca arrendada. Del acta levantada por el marshal aparece que se entregó toda. Sin embargo, al pie de ella el demandante en el pleito de desahucio demandado aquí, hizo constar que las colindancias por el lado norte y este de la finca al serle ésta entregada no estaban en el mismo sitio que cuando se arrendó, calcu-lando que le faltaban varias cuerdas de terreno. N en el juicio aportó prueba sobre el particular.

También es contradictoria la prueba en cuanto a que Ber-lingeri se aviniera a designar y designara un perito que junto con el designado por Santiago se nombrara por el márshal y tasara las cañas en ochocientos dólares. Al pie del acta hizo constar Berlingeri que no estaba conforme con la tasación por ser excesiva, declarando además en el juicio que no había designado perito alguno y presentando dos peritos que ta-saron las cañas en cuatrocientos dólares. Por el Contrario, del acta levantada por el marshal aparece que Berlingeri designó al perito Segando Mercado quien con el otro perito designado por Santiago llegó a la conclusión de que en las veinte cuerdas había doscientas toneladas de caña que a cuatro dólares la tonelada daban un total de ochocientos dólares, y llamado dicho marshal a declarar sostuvo lo consignado en el acta.

La corte de distrito tomó el caso bajo su consideración y lo resolvió por sentencia en contra del demandado. No con-forme éste apeló, señalando en su alegato siete errores. El demandante no formuló alegato, ni compareció al acto de la vista.

El primer error se refiere a cierta excepción levantada al comenzar el juicio alegando que la demanda no aducía hechos suficientes, declarada sin lugar por la corte de distrito. La demanda contiene todo lo necesario. El demandado la con-testó sin dificultad. El debate quedó debidamente planteado. La acción que se ejercita es sencillamente una en cobro de dinero proviniente de siembras que se alega que pertenecían al demandante y que fueron tasadas en determinada cantidad al tiempo de entregar la finca al demandado.

Por el segundo señalamiento se sostiene que la corte erró al no reconocer que la cláusula quinta de la escritura de arrendamiento que se transcribió en la materia nueva de la contestación, impide toda reclamación al demandante.

La cláusula es clara. Se pactó que las mejoras que se introdujeran en la finca arrendada quedarían a beneficio del arrendador a la terminación del contrato, esto es, a beneficio del demandado en este pleito.

La cuestión es si las plantaciones de cañas tienen o no el carácter de mejoras del predio arrendado. Si no lo tienen, entonces es evidente, de acuerdo con la ley y la jurispru-dencia, que son finitos de siembras del arrendatario que éste tiene derecho a recoger, o a que se le pague su importe, al terminarse el arriendo. Artículos 1480 y 1481 del Código Civil; sección 18 de la Ley de Desahucio, Comp. 1911, p. 339; Nevares Hermanos v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 357, 363.

Para sostener qne las plantaciones de cañas son mejoras, cita el apelante a Esericlie.

Copiaremos en extenso lo qne dice el antor citado. Es así:

“Me JORA. Lo que se ha oír ado en algún edificio o heredad para ponerlos en mejor estado.
“I. Hoa,/ tres especies de mejoras, a saber: 'necesarias, útiles y voluntarias. Mejoras necesarias son las que se baeen en la cosa para impedir su pérdida o deterioro, como los reparos que se hacen en un edificio que amenaza ruina, y la calzada que se levanta en una heredad para preservarla de la rapidez de un torrente. Mejo-ras útiles son las que, aunque no sirven para conservar la cosa, au-mentan sin embargo su valor y renta, como el plamtío de árboles o viña, la construcción de horno, lagar, hórreo, cochera, caballerizas. Mejoras voluntarias, que con más razón podrían llamarse voluptua-rias, son las que, ni contribuyen a la conservación de la cosa, ni aumentan su valor y renta, sino que sólo sirven para adorno, luci-miento y recreo, como las pinturas, las eras de flores y otras deco-raciones semejantes.
“II. El poseedor de buena o de mala fe que hubiere hecho me-joras necesarias en casa o heredad ajena, tiene derecho a cobrarlas; y aunque le venza en juicio el dueño de la casa o heredad, no estará obligado a entregársela hasta que se le haga el pago de las tales mejoras, debiendo tomar en descuento los frutos o rentas que per-cibiere. El poseedor de buena fe puede cobrar las mejoras útiles del mismo modo que las necesarias; pero el de mala fe, si el dueño no quiere satisfacerlas, puede llevarse la labor que hizo. El de buena fe puedo tomar y llevarse lo obrado por razón de mejoras voUmtarias, si no es que el dueño quiera darle su valor; pero el de mala fe pierde cuanto hizo y obró, sin poder llevarse cosa alguna: leyes 41, 42, 43 y 44, tít. 28, Part. 3a y ley 24, tit. 89, Part. 5a. Véase Accesión industrial y Arrendatario, par. IV." 4 Escriche, Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia, 93.

Lo subrayado es lo único que cita el apelante. El autor sig’ue tratando extensamente la cuestión de mejoras en rela-ción con la herencia. La referencia al arrendatario es exten-sísima. Parece conveniente transcribir de ella los tres pá-rrafos que siguen:

“Igualmente, si en la heredad que tenías arrendada hiciste plan-tación de árboles o de viña, de suerte que vale más en renta que cuando la tomaste, tienes derecho al reembolso de los gastos qne la plantación te hubiese ocasionado.
“Si el dueño no quisiere satisfacerte el importe de las mejoras y tú le hubieses- pagado ya el precio del arriendo, de suerte que ya no hay tiempo para deducirlas de él, podrás retener la cosa arren-dada y continuar en su uso hasta que te reintegres, como sostienen algunos autores fundados en el espíritu de dicha ley 24, tít. 8, Part. 5, y en la ley 44, tít. 28, Part. 3, que lo dispone así con respecto al que mejora una cosa ajena que cree suya.
“Mas para que el arrendatario tenga derecho al abono de las mejoras, ¿deberá pedir previamente al dueño su consentimiento para hacerlas? Gregorio López quiere en la glosa 1* de la ley 24, tít. 8, Part. 5, que las mejoras necesarias, esto es, las que fueron indispensables para la conservación o el uso de la cosa arrendada, puedan repetirse indistintamente por el arrendatario; y las útiles, esto es, las que aumentan la renta de la finca, sólo cuando se hubiesen he-cho con el consentimiento tácito o expreso del arrendador o no le fuesen gravosas.” 1 Escriche, Diccionario razonado de Legislación y Jurisprudencia, 735.

Dentro del concepto general de la palabra mejora- cual-quier siembra que aumente el valor de la finca, podría con-siderarse que lo es. Pero dentro de su concepto jurídico, no. El plantío de árboles y de viñas lleva envuelta una idea de permanencia, de larga duración, que no existe en las siembras que se cosechan por meses, o por años. En terrenos de extraordinaria fertilidad una plantación de cañas puede durar muchos años, pero no es ése el caso general. Sería distinto si se tratara de obras permanentes hechas con motivo de las siembras de cañas, pero aquí sólo se trata de los frutos de la plantación.

La cláusula quinta del contrato de arrendamiento de que se trata, no tiene, pues, influencia decisiva alguna.

El tercer señalamiento de error no se argumenta en el alegato. Por el cuarto se sostiene que la corte erró al no estimar que el demandante y apelado a lo sumo solamente tenía derecho a percibir el importe de los gastos en qne in-currió para el cultivo, siembra y simientes de los frutos pen-dientes al tiempo de finalizar el arrendamiento, citando el artículo 1476 del Códig-o Civil que dice: “El arrendatario tendrá respecto de las mejoras útiles y voluntarias, el mismo derecho que se concede al usufructuario.”

El argumento del apelante tiene una aparente fuerza por-que conecta el citado artículo 1476 con el 472 del propio Código Civil que se refiere a frutos; pero no es con el 472 sino con el 487 y el 488, que se refieren directamente a me-joras en relación con el usufructo, que debe conectarse. Y, esta separación entre los frutos y las mejoras en el capítulo del Código que trata del usufructo, constituye una razón más que sostiene la conclusión a que llegáramos al discutir el segundo señalamiento de error.

En lo que sí creemos que asiste la razón al apelante es en los restantes errores, esto es, en los que se refieren a la cuantía de la indemnización y a la imposición de las costas.

Aún reconociendo el mayor valor posible al acta de- pose-sión levantada por el márshal en cuanto a la tasación de los peritos designados por las partes, según en ella se consigna, no puede irse tan lejos como concluir que el demandado está impedido de impugnarla.

En primer lugar el márshal no siguió el procedimiento que marea la ley de desahucio. Si existía común acuerdo, debió haberse nombrado por los interesados un sólo perito, no dos, y si hubo discordia, debieron nombrarse tres peritos, uno por cada parte y el tercero por el márshal. El justi-precio deberá ser firmado por los peritos, los interesados y el márshal. Aceptando que el acta sobre cumplimiento de lanzamiento aportada como prueba pueda considerarse tam-bién como el justiprecio a que la ley se refiere, encontramos que no está firmada por los interesados. Y es lo cierto que cuando al día siguiente el demandado Berlingeri se enteró de su contenido, consignó al pie de la misma 1a, nota que cono-cemos.

En segundo lugar los peritos nombrados por él marshal tomaron como base veinte cuerdas y la prueba de que no se entregaron veinte cuerdas es de tal manera persuasiva que si se sostuviera que el conflicto fué resuelto deliberadamente por la corte en contra del demandado, aún así deberíamos concluir y concluiríamos que la corte babía cometido un error manifiesto. Decimos esto, porque estamos convencidos exa-minando cuidadosamente la relación del caso y opinión emi-tida por el juez de distrito, que dicho funcionario no consi-deró debidamente este punto. Se observa que toda su aten-ción estuvo fija en la interesante cuestión de derecho que surge con motivo del alcance que debe darse a la cláusula quinta del contrato de arrendamiento y aún así interpretó dicha cláusula como si dijera “arrendatario” donde dice “arrendador”.

En cuanto a las costas, no revelando los autos temeridad por parte del demandado al defenderse, no debieron impo-nérsele.

Por virtud de todo lo expuesto, debe modificarse la sen-tencia recurrida condenando al demandado a pagar solamente cuatrocientos veintiocho pesos, debiendo cada parte pagar sus propias costas, y así modificada, confirmarse.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Antonio Berlingeri Cervoni, demandante y apelado, v. José del Carmen Santiago y su esposa Doña Basilisa Santiago, demandados y apelantes.
    No. 4451.

    Visto: Marzo 27, 1928.

      Resuelto: Julio 18, 1928.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; Sergio León Lugo,-abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este recurso guarda estrecha relación con el número 4230 que acabamos de resolver. La demanda se presentó unos días después, pero entre las sentencias que pusieron fin a ■ambos pleitos mediaron unos ocho meses. Aunque fué la misma corte de distrito la que intervino, los jueces que fa-llaron fueron distintos. Hubiera sido mucho más fácil para las partes mismas, se hubiera ahorrado el tiempo de la corte y ésta hubiera' estado en mejores condiciones para dictar sus fallos, si los juicios se hubieran celebrado, si no en el mismo día, por lo menos en el mismo término. En esta Corte Su-prema las vistas de los recursos tuvieron- lugar el 27 de marzo último.

La demanda es de reivindicación y daños y perjucios. Alega en resumen que el demandante es dueño de cierta finca rústica de la cual segregó una porción que arrendó a cierta persona que traspasó el contrato al demandado; que vencido el término del arriendo por falta de pago del canon estipulado inició un pleito de desahucio contra el demandado; que obtuvo sentencia favorable pero al dársele posesión de la finca sólo se le entregó una parte, quedando en posesión de otra el demandado; que el demandado se ha negado a entregar dicha porción y continúa detentándola y percibiendo sus frutos alegando ser su dueño, todo contra la expresa voluntad del demandante. Pide que se dicte sentencia decla-rando que la porción de terreno le pertenece en pleno domi-nio, y condenando al demandado a que se la restituya y le pague seiscientos dólares por daños y perjuicios y las costas.

Contestó el demandado aceptando varios hechos de la demanda, negando otros y alegando, en resumen, que el márslial entregó al demandante la totalidad de la finca arrendada y en tal virtud que no detenta porción de terreno alguna del demandante.

Fué el pleito a juicio. El demandante presentó una larga prueba documental, pericial y testifical. El demandado se limitó a presentar la declaración del marshal que actuó en relación con la ejecución de la sentencia de desahucio. La corte tomó bajo su consideración el caso y lo resolvió a favor del demandante en cuanto a la reivindicación. En cuanto a los daños y perjuicios declai’ó que la prueba no era lo sufi-cientemente clara y concreta para dictar una sentencia con-denatoria. Parece conveniente transcribir una parte de la opinión en que la sentencia se basa. Dice:

“La corte, por la apreciación, que ba hecho de toda la prueba en este caso, testifical, documental y pericial, considera que el de-mandante ha probado satisfactoria y concluyentemente .... que el demandado José del Carmen Santiago le detenta una parcela de terreno de 8:83 cuerdas, según fué descrita por el perito J. Elias Cordero y está señalada en blanco en el plano levantado por éste y admitido en evidencia, y que dicha detentación por parte del de-mandado la es sin título alguno, estando éste, por el contrario, a favor y en poder del aquí demandante Antonio Berlingeri, el cual ha quedado debidamente probado, habiéndose identificado la men-cionada parcela tanto por la prueba pericial y documental yu men-cionadas, como por la de los demás testigos del demandante, quienes le merecieron entero crédito a la corte.”

No conforme el demandado interpuso este recurso de ape-lación señalando como único error que la prueba fué indebida-mente apreciada.

Hemos estudiado dicha prueba y a nuestro juicio sostiene la sentencia recurrida. Nótanse algunas contradicciones en los títulos y en las cabidas de algunas de las porciones que formaron la finca principal, y en la de la porción luego segregada y arrendada, pero todo se explica debidamente por el perito ingeniero que levantó el plano que se introdujo como prueba y especialmente por las manifesta-ciones precisas y convincentes de varios testigos vecinos por muchos años del lugar y propietarios colindantes que se re-firieron a caminos y quebradas que demarcan' la propiedad reclamada de tal modo que no puede confundirse con otra alguna. Frente a esa prueba, la vaga declaración del márshal que fué por primera vez' al sitio y que no puede precisar lo que en realidad de verdad entregó, no tiene peso alguno.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidents Señor del Toro,

text:
    Elisa Ruiz y Merlo, y María Luisa, Herminia, Rosaura, María Aurora y Elisa María Rodríguez y Ruiz, demandantes y apelantes, v. La Sociedad Agrícola de Mario Mercado e Hijos, demandada y apelada.
    No. 4504.

    Visto: Junio 27, 1928.

      Resuelto: Julio 18, 1928.

      López de Tord & Zayas Bizarro, abogados de las apelantes; Tous Soto & Zapater, abogados de la apelada.
   El Juez Presidents Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Doña Elisa Ruiz y Merlo y sus bijas María Luisa, Herminia, Rosaura, Elisa María y María Aurora Rodríguez y Ruiz demandaron en la Corte de Distrito de Ponce a la Sociedad Agrícola Mario Mercado e Hijos reclamando el cumplimiento de cierto contrato y el pago de cierta cantidad como frutos y rentas de las dos fincas a que se refería el contrato.

Alegaron, en resumen, que el 16 de abril de 1920, por escritura pública, vendieron a la demandada determinada finca rústica sita en el término municipal de Guayanilla; que una de las condiciones del contrato hecha constar en la escri-tura fué la de que la demandada procedería inmediatamente a segregar de la finca que adquiría dos lotes, uno de media cuerda conteniendo una casa de vivienda y varias otras edi-ficaciones y otro de cincuenta cuerdas “que era aquella parte de la finca vendida que quedaba a la orilla izquierda de la carretera que de Ponce conduce a Yauco, quedando el resto de la finca a la parte derecha de dicha carretera; siendo entendido que dichas dos porciones de terreno serían entre-gadas a las demandantes por la sociedad demandada como parte y consideración del contrato de compraventa que antes se ha relacionado y sin que tuvieran que pagar precio al-guno ; ’ ’ que las demandantes han requerido a la demandada a que procediera inmediatamente a la segregación y si bien la demandada ha practicado por su cuenta la medición, se ha negado y se sigue negando a otorgar la escritura de segregación traslativa del título á los demandantes, negán-dose también a pagar canon o merced por la posesión inde-bida en que se encuentra; que la demandada ha percibido la totalidad de los frutos y rentas producidos por los lotes en cuestión desde abril de 1920, que se calculan en unos qui-nientos dólares anuales.

La demandada formuló excepciones previas alegando que la demanda no exponía hechos suficientes; que se habían aemimlado indebidamente dos acciones, nna sojbre cumpli-miento de contrato y otra ex-delicio, y que la acción por daños y perjuicios estaba prescrita de acuerdo con el artículo 1869, No. 2, del Código Civil. Presentó además una moción para que se expusieran separadamente las dos causas de acción.

La corte de distrito en una sola resolución dijo que pro-cedía exponer separadamente las dos causas de acción, y que procedía además declarar con lugar la excepción de indebida acumulación porque una acción era ex-contractu y otra exdelicto, citando los casos de Buxó et al. v. Martínez, 18 D.P.R. 1035, y Porto Rico v. Emmanuel, 235 U. S. 251, y declarar de igual modo con lugar la excepción de prescripción. Nada expresó en relación con la excepción general de falta de hechos.

Pidieron reconsideración las demandantes, se opuso la de-mandada y la corte declaró sin lugar la reconsideración con-cediendo a las demandantes diez días para enmendar su de-manda. Dentro del término concedido se archivó la demanda enmendada. Es la' misma esencialmente. Sólo varía en que expone separadamente las dos causas de acción.

La demandada excepcionó la demanda enmendada, así:

"En cuanto a la demanda en totalidad:
"1. — Indebida acumulación de acciones.
"Que lian sido indebidamente acumuladas dos causas de acción: una (primera causa de acción) originada en contrato, o sea otorga-miento de escritura de segregación y traspaso de dominio, sin pre-cio. Otra (segunda causa de acción) ex delictu o fundada en tort, daños y perjuicios, montantes a la renta de los bienes retenidos originada por la percepción ilegal de las rentas producidas por las dos parcelas de terreno que la sociedad debió trasmitir y no tras-mitió a las demandantes.
"En cuanto a la segunda causa de acción.
"2.- — Falta de hechos para constituirla, porque no aparece el fundamento de la acción, esto es, porqué,la sociedad no podía per-cibir los frutos de las dos parcelas. Porqué la actora tiene derecho a percibir dichos frutos.
"3. — Falta de causa de acción por haber prescrito la acción de acuerdo con el artículo 1869, número 2 del Código Civil, por tra-tarse de tina acción de daños y perjuicios, por percepción ilegal de frutos, originada en la supuesta culpa o negligencia de la deman-dada de haberse apropiado ilegalmente dichos frutos que se suponen pertenecientes a la actora.”

La corte declaró otra vez con lugar las excepciones de indebida acumulación y falta de hechos por prescripción. Parece conveniente transcribir su razonamiento en cuanto a la indebida acumulación. Es así:

“Se han separado las causas de acción, pero de las alegaciones contenidas en cada una de ellas no puede la corte llegar a otra con-clusión que no sea la de que dichas causas no son acumulablés en este pleito, pues la primera es ex contractu y la segunda ex delicto, según.ya dijimos en la resolución anterior. De acuerdo con el con-trato la obligación de la demandada era segregar y otorgar escri-tura de ciertas parcelas a favor de las demandantes, sin mediar precio, pues esa era una de las condiciones del contrato. De éste no se desprende, según las alegaciones de la demanda, de que exis-tiera la obligación de entregar frutos, sino que éstos se reclaman y exigen debido a la detentación que de las parcelas ha hecho la demandada. Es una acción que no se deriva del contrato, sino de culpa y que nace del hecho ilegal de haberse apropiado la demandada los frutos.”

En este estado el procedimiento se presentó una estipu-lación por las partes por virtud de la cual ambas consignaron que la verdadera controversia entre ellas se refería a la segunda causa de acción ya que la demandada estaba con-forme en que procedía la primera.

La corte dictó sentencia condenando al demandado a otorgar la escritura de segregación en la forma establecida en el contrato y declarando prescrita la segunda causa de acción. Y contra esa sentencia interpusieron las deman-dantes el presente recurso de apelación.

En su alegato sostienen que la corte erró al resolver que se habían acumulado indebidamente dos acciones y al declarar prescrita la reclamación de frutos y rentas. La parte de-mandada no formuló alegato ni compareció al acto de la vista, pero a fin de dar color a su teoría hemos transcrito sus excepciones y lo esencial del razonamiento de la corte inferior.

A nuestro juicio las acciones ejercitadas son perfecta-mente acumulables de acuerdo con lo prescrito en él artículo 104, Nos. 1 o 2, a saber:

“Art. 104. — El demandante podrá acumular varias acciones en una misma demanda, cuando todas se derivan de:
“1. Contratos, expresos o tácitos.
“2. Reclamaciones para recobrar determinada propiedad inmue-ble con o sin resarcimiento de perjuicios por retención de la misma, ■o por daños causados en ella y por sus rentas y utilidades.”
* =» * # * • •

Por virtud del contrato celebrado las partes demandantes tenían derecho a que la demandada segregara inmediatamente las dos porciones de terreno de que se trata y se las entregara otorgando la correspondiente escritura. La demandada no cumplió. Siguió en la posesión de los lotes y disfrutó de sus productos y rentas. Su obligación es entregar los lotes con las rentas y productos percibidos a partir de la celebración del contrato que reconoció el derecho de propiedad en las demandantes.

Citaremos al propio comentarista Scaévola que es el que invoca la corte sentenciadora. Glosando el artículo 1095 del Código Civil antiguo, igual al 1062 del revisado, en parte, dice:

“El derecho del acreedor a los frutos de la cosa, desde que nace la obligación de entregarla, es nuevo en el código. La regla dé de-recho establecida en la legislación antigua no concede los frutos sino desde la mora, del deudor. Pero ésta es una consecuencia natural del derecho de dominio nacido del consentimiento de los contratan-tes o de la disposición de la ley, en que se funda la obligación de entregar; y el Código, si no lógico en sus palabras, lo es en su pen-samiento. El acreedor es el propietario; el deudor disfruta de la mera tenencia; corresponden, pues, a aquél todos los productos y accesorios de la cosa, como, según veremos en seguida, le afectan las pérdidas y menoscabos naturales. La disposición es análoga a la del art. 1,468, según el cual todos los frutos corresponden al com-prador desde el día en que se perfecciona el contrato, y a la del art. 1,770, a cuyo tenor las cosas que se retienen en depósito han de ser devueltas con todos sus frutos, productos y accesorios.” 19 Comentarios al Código Civil. Q. Mucius 'Seáevola, 408.

Ese derecho a reclamar los frutos y las rentas surge del contrato mismo, es parte del derecho dominical que en el con-trato se reconoce. La acción para reclamarlo es, pues, ex-contractu, a menos que concurrieran circunstancias especiales que cambiaran su naturaleza, como sucedió en el caso de Busó v. Martínez, 18 D.P.R. 1035 citado por la corte sentenciadora.

En ese caso la opinión de esta corte no fue unánime., El Juez Asociado Sr. McLeary emitió la de la mayoría. Parte del resumen dice:

“Cuando se vende una finca de 15 cuerdas bajo colindancias y por precio alzado, y el comprador, al tomar posesión de la finca se encuentra con que tiene 125 cuerdas e instruye un espediente de dominio para inscribir dicho exceso a su favor, la acción derivada de tales actos es una acción ex-delictu, pues dichos actos del compra-dor no constituyen una infracción del contrato de venta, sino que son actos independientes que nada tienen que ver con el contrato de venta.
“Examinada la demanda presentada en el caso de autos a la luz de los principios aplicables al caso, es indudable que los perjui-cios reclamados en la misma se derivan de la culpa o negligencia previsto en el artículo 1803 del Código Civil.”

En el caso de Porto Pico v. Emmmmel, 235 U. S. 251 la reclamación de daños y perjuicios se basó en que el Pueblo de Puerto Eico, por medio de su agente el Tesorero de la isla, había ordenando indebidamente la inscripción a su favor de ciertas tierras pertenecientes al demandante. Se recono-ció que el Pueblo no había percibido frutos ni rentas. T la corte dijo que en caso de existir la acción, surgiría a virtud de los artículos 1803 y 1804 del Código Civil, esto es, por culpa o negligencia, y la declaró prescrita por el transcurso de un año.

Se trataba, pues, en ambos casos, de situaciones distintas. En ellos se concluyó qne la acción surgía del artículo 1803-, Aquí surge de los artículos 361, 365 y 1062 del Código Civil que establecen:

“Art. 361. Pertenecen al propietario:
“1. Los frutos naturales.
“2. Los frutos industriales.
“3. Los frutos civiles.
“Art. 365. Los frutos de la cosa no pertenecen al simple po-seedor y deben ser devueltos juntamente con la cosa al propietario-de la misma que la reclama, a menos que la posesión hubiese sido tenida de buena fe.
“Art. 1062. El acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla. Sin embargo, no ad-quirirá derecho real sobre ella hasta que le haya sido entregada.”

Siendo ello así, no sólo era perfectamente acumulable la segunda causa de acción a la primera, si que también es necesario concluir que el estatuto de prescripción que se aplicó — artículo 1869, No. 2, que fija el término para el ejer-cicio de la acción en un año — , lo fué erróneamente.

Parece convenifente transcribir lo que sigue de dos deci-siones judiciales basadas en preceptos de ley similares a los que rigen en Puerto Rico, una de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un caso procedente de Louisiana, y otra de la Corte Suprema del estado de Louisiana.

La primera dice:

“Resta por considerar la cuestión relativa a la prescripción. Se alega como error el no haberse declarado que el caso había pres-crito, cuestión que se suscitó en oposición a la reclamación de to-das las rentas y utilidades que se habían acumulado durante más de tres años con anterioridad a la fecha en que se entabló la acción. El Código Civil enumera como una de las causas de acción que es7 tán sujetas a prescribir a los tres años ‘las acciones por el retraso en el pago de arrendamiento, anualidades y pensiones alimenticias, ó del alquiler de muebles o inmuebles.’ (Artículo 3503.) ‘En general, todas las acciones personales excepto las arriba enumeradas, prescriben a los diez años,' si estuviere presente el acreedor, y a los veinte años, si estuviere ausente.’ (Artículo 3508).
“Estos artículos no gobiernan el presente caso. Ellos se refie-ren a acciones- que la parte tenía el derecho legal de entablar. No son aplicables a derechos como el -presente, que resultan de la de-terminación de otra acción. Hasta tanto se resolviera el pleito principal, no había aquí ninguna causa de acción para recobrar las utilidades no percibidas por el dueño (mesne profits). No podía sostenerse una acción especial para recobrarlas hasta que se- deter-minara judicialmente el título de la propiedad. Este caso más bien se rige por el capítulo que trata ‘Del derecho de accesión respecto al producto de los bienes:’
“ ‘Las producciones de la tierra, ya sean espontáneas o indus-triales, pertenecen al propietario por accesión.’
“ ‘Los frutos de la cosa pertenecen al dueño de la misma, aun cuando hayan sido producidos mediante la industria y el trabajo de una tercera persona o por semillas regadas por ella, previo reem-bolso por el dueño de los gastos en que esa tercera persona haya incurrido. ’
“ ‘Los frutos de la cosa no pertenecen al simple poseedor, y de-ben ser devueltos juntamente con la cosa al propietario que la re-clama, a menos que la posesión hubiese sido tenida de buena fe.’
“Estrictamente hablando, no sólo no había causa de acción, sino que tampoco había derecho a las rentas no percibidas por el dueño hasta tanto se dictara sentencia en el pleito original.
“No se nos ha llamado la atención hacia ningún artículo del có-digo que limite a tres años la reclamación de las utilidades. Por el contrario, las reglas del derecho civil y los principios generales de la jurisprudencia de equidad sostienen que no existe tal límite. Se observará que esta cuestión no envuelve la concesión de mejoras. Ese punto ha sido resuelto ya, y la demandada ha sido indemni-zada por las mejoras y construcciones hechas por ella durante ese. término. Ahora estamos tratando de determinar si la recuperación de las rentas y ganancias que se ha ordenado sean pagadas ha de limitarse en la forma que el demandado exige.
“Justiniano expone la regla así:
“ ‘ Si un hombre comprare, o adquiriere por algún otro medio lícito, terrenos de otra persona a quien él considerare como el verdadero dueño, cuando en realidad no lo era, es naturalmente ra-zonable que los frutos que hubiere cosechado debido a su cuido y cultivo, le pertenezcan; y, por tanto, si después apareciere el ver-dadero dueño a reclamar sus tierras, no puede ejercer acción alguna contra el poseedor tona fide por los frutos consumidos. Pero esta exención no se le concede a aquel que a sabiendas tiene la posesión de la propiedad de otro, y, por tanto, está obligado a satisfacer to-Ras las utilidades no percibidas por el dueño, además de entregar las tierras.’
“Peere Williams sienta la regla en equidad, así:
“ ‘Cuando una persona está en posesión de tierras pertenecien-tes a un menor, y éste, al llegar a su mayoridad, justifica su título, ■él puede recobrar en equidad los beneficios producidos por la finca ■desde la fecha en que surgió su título, y no desde la radicación del pleito solamente. Así, el demandado debe hacer una liquidación de las ganancias desde la fecha en que nació el título del demandante, .y no desde la radicación del pleito solamente, cuando el demandado .ha ocultado las escrituras y documentos que justifican el título del demandante. ’
“En el caso de Dormer vs. Fortescue, Lord Hardwicke dice:
“ ‘Hay varios casos en que la corte decreta la liquidación de las rentas y ganancias desde la fecha en que surgió el título, como por ejemplo,' cuando hay un fideicomiso y un título en equidad mera-mente, o cuando una viuda sólo reclama su derecho de viudedad {dower), pero necesita la ayuda de las cortes de equidad para de-terminar las tierras, caso en el cual la corte le concederá las ga-nancias no sólo desde la fecha de la radicación de la demanda, sino desde el tiempo en que nació su título.’
“En el caso que estuvo ante él, decretó la liquidación, fundado en estos principios, por un término de quince años.
“La presente acción fué iniciada por la Sra. Gaines hace cerca de diecisiete años. Era una reclamación en equidad solicitando la determinación de las tierras, la liquidación de las rentas y utilida-des, y cualquier remedio adecuado. Después de muchas tribulacio-nes, ella ha logrado que se decrete la liquidación, y el demandado ha apelado de este extremo. Creemos que no ha prescrito el dere-cho a reclamar las rentas y ganancias, y que su concesión fué he-cha propiamente.” New Orleans v. Gaines, 82 U. S. 624.

T la segunda expresa:

“Como un poseedor de mala fe, Morefield es responsable de los productos y rentas de la finca desde la fecha en que- la poseyó por compra; y el derecho del verdadero dueño en una acción para re-clamar y recobrar las rentas, no puede estar sujeto a la prescrip-ción de uno o tres años alegada en apelación por el demandado.
“La prescripción de tres años que él invoca, es aplicable a accio-nes basadas en contratos de arrendamiento o locación, pero no lo es a la obligación impuesta por la ley al poseedor de mala fe de reins-talar al dueño legítimo todos los productos de la finca de que fué privado durante la posesión del demandado, ya sea la mala fe dé' éste de carácter moral, o meramente legal o implícito.
“Este principio ha sido reconocido, reafirmado y consagrado por una línea ininterrumpida de decisiones, desde los más remotos tiem-pos de nuestra jurisprudencia hasta el presente. Donaldson vs. Hull, 7 N. S. 112; Williams vs. Booker, 12 R. 256; Rhodes vs. Hooper, 6 An. 356; Lowry, Curator, vs. Erwin, 6 R. 211 (39 Am. Dec. 556); Hill vs. Bowden, 35 An. 258; Walworth vs. Stevenson, 24 An. 253.” Walling Heirs vs. Morefield, 40 La. 801.

La sentencia apelada debe revocarse en cuanto declaró sin lugar la segunda cansa de acción y el pleito devolverse a la corte de distrito de sn origen para ulteriores procedimientos no inconsistentes con, esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Aybar, acusado y apelante.
    No. 3121.

    Visto: Abril 19, 1927.

      Resuelto: Julio 18, 1928.

      Genaro Altiery, José R. García, Bolívar Pagan y V. M. Fernández, abogados del apelante; José F. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Mayagüez fué presentada una denuncia que en apelación fué resuelta por la Corte de Dis-trito de Mayagüez condenando a Julio Aybar por el delito de libelo a la pena de $90 de multa y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejase de satis-facer. Contra esa. sentencia interpuso Julio Aybar el pre-sente recurso de apelación.

La denuncia imputó a Julio Aybar que siendo editor del periódico “Unión Obrera” que se publica en San Juan pu-blicó en él una correspondencia de María Y. Alfonso de la cual forman parte los siguientes párrafos:

“Como es usted periodista que con valentía combate los abusos, no tengo miedo hacerlo sabedor de un repugnante abuso cometido por los policías insulares Luis Montero Cintrón y Jaime Almodo-var destacados en esta ciudad. El hecho es el siguiente: Yo soy una infeliz que vive en compañía de un hijo de 24 años de edad que está paralítico y vivimos de un negocio con el cual le manda-mos a otro hijo que tengo en San Juan, aves, huevos, mangoes y con la ganancia de eso vivimos pobres, pero honradamente.
“Y se da el caso que el sábado por la tarde se apersonaron en mi casa dichos policías con un mandamiento de registro en mi mo-rada que era falso; suponiendo que vendíamos ron. Mi hijo, inútil al notar y que el mandamiento era falso, pues no estaba firmado por Juez alguno, se opuso al registro y fué atropellado villanamente, procediendo los policías al registro y en el forro del catre que tenía $400 que acababa de recibir de San Juan se apoderó de ellos el po-licía Luis Montero Cintrón.
‘ ‘ De estos hechos he dado cuenta al fiscal y al juez, y al Attorney General y se lo participo a usted para que lo ponga en conocimiento del coronel de la policía.
“Tengo muchos testigos de la desaparición de los 400 dollars. Don Julio, esto me recuerda criando la policía asaltó la Federación Libre no recuerdo en qué pueblo y se llevaron el dinero que encon-traron perteneciente a las uniones. Yo creo que si hay justicia dichos policías serán separados del cuerpo para honor de esa institu-ción. ’ ’

En .apoyo de s.u recurso alega el apelante que la denuncia no le imputa delito.

Como se ve por lo transcrito de la publicación se imputa al policía insular Luis Montero Cintrón que en ocasión de hacer un registro en la casa de María Y. Alfonso suponiendo que vendía ron dicho policía se apoderó de $400 que había en el forro de un catre: palabras que no contienen la imputa-ción de un delito de turto, de acuerdo con lo resuelto en el caso de El Pueblo v. Echevaría, 29 D.P.R. 208, ya que dicho policía ha podido apoderarse de ese dinero en cumplimiento de algún deber oficial o para entregarlo a algún tribunal; y como no dice la publicación que él se apropió dicho dinero en cuyo caso hubiera imputado en su faz un delito de hurto, era necesario que la denuncia contuviera un innuendo expli-cativo de que las palabras imputadas a ese policía tendían a establecer que él se apropió ese dinero.

En defecto de tal innuendo la denuncia no imputa al ape-lante el delito de libelo y por este motivo la sentencia apelada debe ser revocada y ab suelto el denunciado.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


text:
    Modesto Rosa, peticionario, v. La Corte de Distrito de San Juan, Hon. Carlos Llauger Díaz, Juez, demandado.
    No. 617.

    Visto: Mayo 28, 1928.

      Resuelto: Julio 18, 1928.

      Angel A. Vázquez, abogado del peticionario; Adrián Agosto> abo-gado del interventor, demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En una corte municipal de San Juan fué presentada una demanda en reclamación de $75 y la corte señaló el día para la comparecencia de las partes de acuerdo eon la Ley No. 10 de 1921 estableciendo un procedimiento especial para recla-maciones que no excedan de $100. El demandado contestó y formuló contrademanda, para que el demandante y contra-demandado le pagase la cantidad de $150. La corte municipal dictó sentencia .condenando al contrademandado y de-mandante a pagar al demandado y contrademandante la can-tidad de. $125 y contra ella estableció el demandante recurso de apelación para ante la corte de distrito en la que pre-sentó doce días después 'una transcripción de los autos, cer-tificada por los abogados de las partes. El día que estaba señalado para verse el juicio de nuevo en la corte de dis-trito el demandado presentó moción a dicba corte solicitando que desestimase la apelación por carecer de jurisdicción para conocer de ella por no haber sido presentados en la expresada corte los autos originales de la corte municipal. Oídas las partes sobre esa moción quedó pendiente su resolución siendo luego declarada sin lugar, el mismo día, por el fundamento de que existiendo una contrademanda por más de $100 el caso había quedado’ fuera de los procedimientos de la ley de 1921 y también del procedimiento para la apelación en esos casos.

Convenimos con la corte inferior en la conclusión a que llegó en este caso, pues el procedimiento especial y la manera de tramitar la apelación regulada por la ley antes citada tuvo por objeto juicios y apelaciones rápidas en los casos en que la cuantía reclamada en la demanda no exceda de $100 j pero cuando por virtud de una contrademanda que es conse-cuencia de la demanda se reclama una cantidad superior a $100, entonces ya no existe en el litigio entre, las partes una cuantía de $100 o menos sino superior, y por tanto el caso queda fuera do la especialidad de dicha ley y no es necesario que los autos originales! de la corte municipal se radiquen en el tribunal dentro de cinco días de interpuesta la apelación contra la sentencia.

Por lo expuesto el auto de certiorari expedido debe ser amblado.


text:
    Sobrinos de Ezquiaga, demandante y apelante, v. Sucn. de Frank Bond Hatch, demandada; Teodoro Vidal Sánchez, tercerista y apelado.
    No. 4087.

    Visto: Mayo 13, 1927.

      Resuelto: Julio 18, 1928.

      M. Martínez Dávila, abogado-de la apelante; O. B. Frazer y B. Castro Fernández, abogado del tercerista apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

La sociedad mercantil Sobrinos de Ezquiaga demandó el 2 de mayo de 1925 a Frank B. Hatch, reclamándole el pago de $5,737.28, sus intereses legales y las costas alegando que como consecuencia del crédito que la demandante concedió al de-mandado y por concepto de materiales que le ha suministrado para construcciones era en deberle varias partidas de dinero, una por saldo liquidado de conformidad de cuenta corriente entre ellos y tres má!s por giros que aceptó y no pagó. En la misma fecha obtuvo que la corte decretase el embargo de bienes del demandado para asegurar la cantidad reclamada más mil dólares para intereses y costas y, después de muerto Hatch el 7 del mismo mes de mayo y ser substituido en el pleito por su viuda Oarmen Hernández, el día Io. de julio el marshal embargó ■ $6,737.28 del dinero qne el admi-nistrador judicial de la' sucesión Hatch tenía en un banco. En ese día fué dictada sentencia a favor de Sobrinos de Ezquiaga.

El 21 de agosto siguiente Teodoro Vidal Sánchez presentó demanda de tercería contra Sobrinos de Ezquiaga y contra la sucesión de Hatch con el fin de que se declarase que los $6,737.28 embargados por Sobrinos de Ezquiaga le pertenecen exclusivamente y1 para ello alegó que el 3 de febrero de 1924 celebró Hatch un contrato con El Pueblo de .Puerto Rico obli-gándose a construir un edificio en Puerta de Tierra, de esta ciudad, para la Escuela de Medicina Tropical, constituyéndose el tercerista en fiador de que Hatch cumpliría ese .contrato y pagaría todos los materiales usados en dicho edificio y tam-bién toda cuenta para trabajos efectuados en él: que Hatch empezó la obra pero en 12 de abril enfermó gravemente sin poderla continuar y en ese estado de gravedad quedó hasta que murió el 7 de mayo siguiente: que cuando Hatch empezó la obra celebró un contrato con el tercerista obligándose éste a suministrar a Hatch de mes en mes todo el dinero que necesitase para esa obra y comprometiéndose Hatch a en-dosar y entregar al tercerista en pago de las sumas que le adelantase todos los cheques dados a él por El Pueblo de Puerto Rico por las certificaciones mensuales de dicha obra: que al encontrarse Hatch incapacitado para la construcción de la obra el Comisionado del Interior requirió al tercerista como fiador de Hatch para que se hiciera cargo de dicha obra y completase el edificio, por lo que el tercerista se hizo cargo de continuar esa obra: que desde el I. de abril de 1925 hasta el 30 de dicho mes el tercerista refaccionó a Hatch y gastó en la obra $6,450.24: que a tres personas que con-trataron con Hatch el suministro de piedra, materiales y mano de obra para plomería e instalación eléctrica se le deben desde que el tercerista so hizo cargo de la obra hasta el 30 de abril de 1925 la cantidad de $2,816.43 que el terce-rista está obligado a pagar de acuerdo con su garantía, y que con la anterior cantidad suman $9,266.67: que el Io. de mayo de 1925 el Gobierno Insular expidió un cheque a favor de Hatch por $8,318.33 por trabajos hechos en esa obra durante el mes de abril anterior, cuyo contrato estaba cumpliendo el tercerista, cantidad que no pertenece a Hatch ni a su su-cesión sino al tercerista de acuerdo con su contrato con Hatch antes aludido: que el administrador judicial de la sucesión Hatch cobró ese cheque y depositó el dinero en un banco: que Sobrinos de Ezquiaga embargó $6,737.28, parte del im-porte de ese cheque, sin que la reclamación que tratan de asegurar sea por materiales suministrados para dicha obra ni por trabajos efectuados en ella: y que la totalidad de la cantidad procedente del cheque del gobierno^pertenece al tercerista.

Sobrinos de Ezquiaga se opusieron a la demanda de ter-cería y celebrado el juicio fué dictada sentencia declarando que los $6,737.28 embargados por ellos son de la exclusiva pertenencia del tercerista: que el embargo trabado sobre ellos debe ser levantado y que esa suma quede expedita y a la libre disposición de Vidal. De esa sentencia apeló la expresada mercantil.

Los hechos que se probaron en el juicio son substancialmente los mismos que fueron alegados en la demanda de tercería así como que el importe de ese cheque cobrado por el administrador era la única cantidad ingresada en la cuenta de administración judicial cuando el embargo fué hecho, por lo que la cuestión fundamental a resolver es si es correcta la sentencia apelada declaratoria de que la cantidad embargada por Sobrinos de Ezquiaga es de la exclusiva propiedad del tercerista Vidal y que por tanto debe quedar a su libre disposición.

Si bien en el contrato privado celebrado entre Teodoro Vidal y Hatch presentado como prueba éste se comprometió con aquél a entregarle todos los cheques que El Pueblo de Puerto Rico librase a su favor por trabajos hechos en la expre-sada obra, o sea el dinero de esos cheques, en consideración a que Vidal le entregaría de mes en mes todo el dinero que necesitase para la edificación, lo cierto es que el cheque de primero de mayo librado por el Gobierno Insular a favor de Hatch por las obras realizadas durante el mes de abril no llegó nunca a poder de Vidal y que después de la muerte de Hatch el dinero de ese cheque fue ingresado en la cuenta del administrador judicial de la sucesión en un banco. Vidal tenía derecho de acuerdo con su contrato con Hatch a que éste le entregase dicho cheque, pero mientras así no se hiciera continuaba Hatch siendo dueño de él y del dinero que repre-sentaba, y como hecho pudo cobrarlo a pesar de su obliga-ción para Vidal., La obligación de Hatch para con Vidal de entregarle el cheque (léase dinero) no quedaba cumplida hasta que verificase su entrega. Por esto, el dinero repre-sentado por este cheque era propiedad de Hatch cuando murió y no de Vidal, pasando luego a los bienes de su suce-sión representada por el administrador judicial y por ese contrato no llegó a ser propiedad de Vidal. Por consi-guiente, el dinero proveniente de ese cheque no era de Vidal por el concepto expresado cuando fue embargado por Sobrinos de Ezquiaga: y el hecho de que Hatch se hubiese compro-metido con Vidal a endosarle esos cheques no convertía ese dinero en propiedad de Vidal mientras no le fuera endosado, no creaba a favor de Vidal un gravamen al cual tuviera que estar sujeto el embargo que hizo Sobrinos de Ezquiaga, ni convirtió a Vidal en dueño en equidad o en cesionario del mismo. Mientras el cheque .o su importe no fuese entregado a Vidal éste sólo tenía una acción personal contra Hatch para que él cumpliese su contrato.

Independientemente de lo antes dicho la cuestión puede considerarse bajo otro aspecto.

Dispone el Código Civil lo siguiente:

“Art. 1171. — Las obligaciones pueden modificarse:
“1. Variando su objeto o sus condiciones principales.
“2. Substituyendo la persona del deudor.
“3. Subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.
“Art. 1178. — Se presumirá que bay subrogación:
“1. Cuando un acreedor pague a otro acreedor preferente.
“2. Cuando un tercero, no interesado en la obligación, pague con aprobación expresa o tácita del deudor.
“3. Cuando pague el que tenga interés en el cumplimiento de la obligación, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda,”

Como liemos visto Hatch, tenía el compromiso con El Pueblo de Puerto Eico de construir esa escuela, compromiso que estaba garantizado por Teodoro Vidal como fiador de Hatch para esa obra. Hatch ejecutó la obra hasta fines dé marzo en que como consecuencia de un choque de automóvil tuvo una congestión cerebral que lo incapacitó para conti-nuarla y que le produjo la muerte el siete de mayo siguiente; y como consecuencia de la paralización de esa obra por la enfermedad de Hatch el Comisionado del Interior requirió al fiador Vidal para que la continuase pues en otro caso la seguiría por cuenta de Vidal, por lo que éste se hizo cargo de la construcción desde principios de abril haciendo los gastos ascendentes durante ese mes a $9,266.67. Por consi-guiente, como Teodoro Vidal tenía interés en el cumplimiento de la obligación de su fiado Hatch, al cumplir por él se subrogó en los derechos que surgían en favor de Hatch contra El Pueblo de Puerto Rico como consecuencia del cumpli-miento del contrato y por tanto a que le fuera entregado el dinero correspondiente a las obras de dicho mes ejecutadas por el fiador. Por esto y por virtud de los artículos 1171, No. 3°., y 1178, No. 3o, del Código Civil citado, el dinero pagado por El Pueblo de Puerto Eico por las obras ejecu-tadas durante el mes de abril con un cheque que espidió a nombre de Hatch pertenece a Vidal como subrogado en los derechos de su fiado. El caso de Prairie State Bank v. U. S., 164 U. S. 227, es similar al presente, pues habiendo contra-tado una persona con el gobierno de los Estados Unidos la construcción de una aduana y habiendo otra persona garan-tizado como fiador que esa obligación sería cumplida, el con-tratista hizo un convenio con un banco para que le facilitase el dinero necesario para esa obra y autorizó por escrito al banco para recibir del gobierno de los Estados Unidos el pago de la cantidad que tuviera reservada por esa obra. Des-pués el contratista no cumplió su contrato de la obra y su fiador cumplió por él, sin tener conocimiento del contrato de su fiado con el banco. Entonces el banco y el fiador del con-tratista establecieron pleitos separados para obtener la can-tidad que el gobierno tenía retenida y se resolvió que por la doctrina de subrogación el. fiador tenía derecho a dicha can-tidad y que el banco no lo tenía porque el primero al hacer los pagos relevó al contratista de su obligación para el cum-plimiento de la cual el fiador estaba obligado por su fianza mientras que el banco no tenía obligación alguna. El caso que ahora resolvemos es aun más fuerte que el que citamos porque en éste el dinero del banco fué dado para la cons-trucción mientras que en el presente el dinero que cobra Sobrinos de Ezquiaga no fué dado para la construcción de la escuela y es reclamado por otros conceptos. Pueden verse también los casos In re Fowble, 213 Fed. 676; Hardway v. National Surety Co., 211 U. S. 552; y Henningsen v. U. S. Fidelity & Guaranty Co. of Baltimore, 208 U. S. 404.

Por la razón última' expresada la sentencia apelada debe Ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Eneglotaria Medicine Co., demandante y apelante, v. Manuel Sosa López, demandado y apelado.
    No. 4085.

    Visto: Mayo 24, 1927.

      Resuelto: Julio 19, 1928.

      Leopoldo Feliú, abogado de la apelante; M. Benitez Flores, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan rehusó expedir un injunction preliminar para restringir al demandado- que con-tinuara usando cierto diseño o rótulo que envolvía princi-palmente el uso de las palabras “Alcoholado Porto Rico,” pero no emitió opinión alguna. Se apeló.

La demanda en lo esencial alega: que allá; por el año 1923 la demandante comenzó a manufacturar en los Estados Unidos continentales y a vender en Puerto Rico un alcoholado o “bay rum” preparado conforme a una receta de la deman-dante, y que con el fin de identificar el artículo en el mercado, adoptó un rótulo para ser adherido a los frascos en los que se envasaba, el producto, en qu'e aparecía la frase “Alcoholado Porto Rico,” constituyendo la palabra “Porto Rico” el principal nombre y medio de su identificación; que desde aquella fecha la demandante ha venido vendiendo en Puerto Rico dicho producto, abriendo y fomentando este mercado en el que era entonces desconocido, hasta que sus ventas alcanzaron la considerable suma de 3,000 gruesas de frascos, que repre-senta una venta anual de 144,000; que el demandado desde 1924, sin el consentimiento de la demandante y con el único propósito de aprovecharse del crédito y fama adquiridos por el producto de la demandante, comenzó a vender en Puerto Rico y está aún vendiendo en esta Isla otro alcoholado o “bay rum” con un color que no puede distinguirse del pro-ducto de la apelante, y envasado en frascos, a los que se ad-Mere im rótulo en el que se designa tal producto con el nombre “Gloria de Puerto Rico” con la palabra “Alcoholado” inme-diatamente debajo de dicho nombre, induciendo así al publico a comprar ese producto en la errónea creencia de que está adquiriendo el mismo de la demandante; que el propósito del demandado al poner en tal condición su producto en el mercado era hacer la competencia al producto de la deman-dante, logrando de este modo realizar ventas por la cantidad de 300 gruesas al año que representa un valor de $14,000; que el demandado ha realizado estos actos sabiendo que la demandante fué la primera en emplear la palabra “Porto Rico” para identificar su producto; que intenta y se pro-pone continuar haciendo tales ventas y que en ejecución de su propósito en diciembre 29 de 1925 dicho demandado trató de registrar en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Rico, como marca de fábrica suya, un rótulo o diseño conteniendo la frase “Gloria de Puerto Rico,” “Alcoholado,” la que fué denegada por dicho funcionario, por tener la demandante en su rótulo estampada la palabra “Porto Rico” registrada en la Oficina de Patentes de Washington y por ser la deman-dante la primera en adoptar tal palabra.

El demandado negó los hechos esenciales de la demanda y alegó como defensa: que allá por el mes de mayo de 1924 este mismo caso fué objeto de una demanda de injunction por la demandante contra el mismo demandado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, en cuya acción, después de varios incidentes, el juez de dicha corte declaró que el rótulo que últimamente usaba el demandado en su alcoholado “Gloria de Puerto Rico” no infringía el derecho de la demandante, ni afectaba el rótulo que ella usa en su alcoholado “Porto Rico” y que el uso del mismo no viola el injunction que había dictado dicha corte.

El primer señalamiento de error dice así:

“Que la Corte cometió error al denegar nuestra moción elimina-toria de ciertas partes de la contestación y nuestra moción para que se decretara el injunction preliminar por las alegaciones.”

Por varios motivos, incluyendo la muerte del Juez Franco Soto y la aglomeración de asuntos en nuestro calendario, la' resolución de este caso lia sido demorada por largo tiempo, En mudaos respectos las cuestiones principales levantadas son nuevas en esta jurisdicción, pero como estamos de acuerdo con la apelante acerca de ellas, aro prestaremos ex-tensa atención a las cuestiones de alegaciones y procedi-miento levantadas. •

La apelante insiste en que tenía derecho a una sentencia sobre las alegaciones. La teoría era que la forma de la negación en cada uno de ciertos párrafos de la demanda admitía la certeza, de la alegación en ellos contenida y que en otros párrafos de la contestación el demandado había incurrido en negative pregnants con el mismo resultado. La demandante tiene bastante razón.

Una contestación que dice “Niego por falta de suficiente información/' o palabras similares, por lo general sería in-suficiente. Esto es cierto especialmente cuando una demanda contiene varias alegaciones.

De igual modo alegar una serie de hechos distintos sin negar directamente los hechos de la demanda, puede envolver una negative pregnant y tal situación surgió en gran parte en la contestación radicada en este caso. 1 Sutherland, Code Pleading, Practice and Forms, ed. 1910, sección 421 et seq.

Oreemos que la corte erró al no hacer que las alegaciones (pleadings) fuesen modificadas a instancia de la demandante. Nada hizo el apelado o la corte para simplificar las cuestiones en controversia.

No sin dejar de tener considerables dudas, ya que había serias cuestiones de derecho y cuestiones mixtas de hecho y de derecho envueltas y una cuestión de res adjudicate/, levantada, creemos que la demandante no sufrió verdaderos perjuicios. Necesariamente tenía que celebrarse una vista. La corte oyó la prueba de ambas partes. Las alegaciones sugirieron sitúa-dones qne quizá merecían la celebración de nna vista, y la verdadera controversia qnedó presentada. Decimos esto con la reserva de qne nuestra resolución respecto a la falta de perjuicio no debe servir de precedente para otro casó. Hemos sido inducidos a llegar a tal resolución porque, como liemos dicho, convenimos casi enteramente con la apelante en las cuestiones principales.

Sin embargo, cuando el apelado insiste, cQnforme lo hace en su alegato, en que la demandante y apelante dejó de probar ciertas alegaciones que fueron negadas insuficiente-mente, tenemos la idea de que la demandante tenía derecho a descansar en los hechos alegados en la demanda, que fueron negados tan insuficientemente. Por tanto, no tenemos duda de que la parte principal del rótulo de la demandante eran las palabras ‘‘Alcoholado Porto Pico,” a pesar del hecho de que otros diseños y símbolos eran usados y de que el alcoholado de la demandante era conocido y usado desde 192E con el nombre de “Alcoholado P'orto Rico.”' Igualmente, que dicho alcoholado era vendido en Puerto Rico prácticamente desde esa época. Además, esos hechos aparecen suficiente-mente de toda la prueba.

En. este estado del caso creemos conveniente decir que para los fines de la competencia ilegal en el comercio no existo diferencia alguna entre las palabras “Porto Rico” y “Puerto Rico.” Ellas caerían bajo la doctrina, de idem sonan$.< XJn comprador en perspectiva, además, usa su vista más bien que su oído y nadie que no esté versado en sutilezas lingüis-ticas distinguiría los dos nombres. “Puerto Rico” es el nombre correcto de esta Isla en español, pero la palabra “portorriqueño” describe correctamente a un nativo de la isla. Para fines comerciales de esta índole, y existiendo un libre intercambio ilimitado entre los Estados Unidos y esta Isla, ambos nombres son idénticos.

Como lema de la discusión de la alegación de re's' adjudi-vata, deseamos manifestar que como regla muy general* sujeta tal vez a limitadas excepciones, nadie puede impedir absolutamente a otras personas que usen palabras que des-criban sus productos o un término geográfico como “Porto Rico.” Las excepciones son más aparentes que reales. Una palabra como “Vichy” está sujeta a ser apropiada exclu-sivamente, si nadie en la ciudad de ese nombre se dedica a la venta de aguas minerales a excepción de la persona que solicita protección. Luego no puede haber la adquisición del derecho a una marca de fábrica en el sentido estricto. Por ejemplo, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos se neg'aría a registrar como marca de fábrica un término- geográ-fico, e igualmente hubiese rehusado registrar un término como “Vichy.” Sin embargo, las cortes darán, protección contra una competencia ilegal al dueño "de un producto que para identificarlo usa como nombre comercial (trade name) un término geográfico. En ese caso las cortes dicen que la palabra ha adquirido un significado secundario. Más ade-lante nos extenderemos sobre estas consideraciones.

Las Cortes Federales impedirán infracciones de las lla-madas estrictamente marcas de fábrica, pero no darán pro-tección contra competencia ilegal en el comercio, a menos que tales cortes adquieran jurisdicción por haber diversidad de ciudadanía.

La demanda radicada ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico ha sido copiada en los autos del presente caso. Esta demuestra que la demandante registró una marca de fábrica en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, la que consistía de varios diseños y principalmente de un dibujo de un panorama, aunque inclu-yendo las palabras “Alcoholado Porto Rico” como parte de la descripción de todo el rótulo. La marca de fábrica fue registrada más bien sobre toda la descripción contenida en el rótulo o sobre parte del mismo, que . sobre las palabras “Alcoholado Porto Rico,” las que por sí solas no eran sus-ceptibles de ser registradas en la Oficina de Patentes. La teoría principal del litigio ante la Corte Federal era qne el demandado había infringido la marca de fábrica. Esto más bien perjudica qne favorece la cansa del demandado de qne de los antos aparece qne la Corte Federal dictó nn anto de injunction contra el demandado sobre ciertos extremos. Una lectura de la demanda y de la opinión del Juez Sr. Wells nos convence de que la Corte Federal adquirió y tuvo juris-dicción solamente por el fundamento de la supuesta infrac-ción de una marca de fábrica en su sentido técnico. Se dic-tó una orden de injunction contra .el demandado y éste pos-teriormente modificó el rótulo que usaba. Luego, cuando la demandante trató de obtener nuevos injunctions o aun un pro-cedimiento de desacato, la Corte de Distrito de los Estados Unidos resolvió, en efecto, que el demandado 'había modifi-cado suficientemente su marca de fábrica, y que no había habido otra infracción ni violación de injunction alguno. El litigio fué entablado y sostenido sobre la teoría de que se había infringido una marca de fábrica. Aunque se habla de la competencia ilegal en el comercio, de estar envuelta esta cuestión, no forma parte de la verdadera controversia. La jurisdicción de la Corte Federal no dependía en absoluto de la diversidad de ciudadanía, a pesar de que tal diversidad fué mencionada.

Aparentemente la Corte Federal no concedió indemniza-ción alguna por concepto de daños y perjuicios, y el injunction fué expedido únicamente con respecto a la infracción de aquella parte inscribible del rótulo o diseño de la demandante. Hasta qué punto la demandante podría obtener un injunction contra el demandado para impedir el uso de las palabras “Porto Rico” o “Puerto Rico” en la venta de alcoholado, fué una cuestión que no estuvo realmente ante la Corte Federal, a pesar de que se ordenó entre otras cosas que el de-mandado cambiara en el rótulo que usaba el sitio de las palabras “Puerto Rico.” Bajo estas circunstancias resol-vemos que las dos causas de acción eran distintas; que el litigio mmca adquirió una forma tal en la Corte Federal que impidiera a la demandante de solicitar un remedio por la competencia ilegal, que es el objeto del pleito que tenemos ante nuestra consideración.

Sujetos a la posibilidad de ser corregidos durante la vista final, los hechos principales alegados en la demanda quedaron establecidos, a saber:

Que allá por el año 1923, la demandante comenzó a fabri-car y vender en esta Isla un alcoholado o bay rum con el nombre de “Alcoholado Porto Rico” impreso o exhibido en el rótulo que se adhería a las botellas en que se envasaba el producto, el que se fabricaba conforme a una receta perte-neciente a la demandante; y que el alcoholado de la deman-dante es preparado y fabricado por la Eneglotaria 'Medicine Co. en la ciudad de Nueva York.

Que en aquel entonces (1923) el producto era descono-cido en Puerto Rico, y la apelante inició una campaña para abrir j asegurar el mercado aquí, continuando dicha campaña hasta que se radicó este pleito; y como resultado de la misma, la demandante obtuvo grandes ventas.

Que el producto ora conocido por el público como “Porto Rico” o “Alcoholado Porto Rico.”

Que si bien el demandado trató de usar o vender su alco-holado marca “Gloria de Puerto Rico” en fecha anterior, sin embargo, no entró activamente en el mercado hasta alre-dedor del mes de octubre de 1925; que el alcoholado del de-mandado no se fabiica en Puerto Rico, sino que es preparado o fabricado por la Fratello Chemical Co., en la ciudad de Cleveland, Ohio.

Que el envase usado por el demandado para la venta de su producto es substancialmente del mismo tamaño y forma que los del envase utilizado por la demandante; que -no se puede hacer una distinción entre el color del líquido conte-nido en las botellas, a menos que se haga un examen muy minucioso, colocando las botellas una al lado de la otra, pero que aun así, hay que fijarse con un poco ele detenimiento para poder notar la diferencia; que las botellas son tapadas casi exactamente en la misma forma, con una substancia plástica amarilla que se puede desprender o rasgar fácil-mente; que las palabras “Porto Pico” aparecen en el rótulo del alcoholado del demandado con una relación prominente a la palabra “Alcoholado”; que la única diferencia existente entre los dos rótulos con respecto a las palabras “Porto Rico”, “Puerto Rico”, o “Alcoholado”, es que la deman-dante ha colocado las palabras “Alcoholado Porto Rico” en la parte inferior del rótulo, mientras que el demandado ha colocado las palabras “Gloria de Puerto Rico” en la parte superior, y las repite en el centro del mismo debajo del sol naciente, seguidas en ambos casos por la palabra “Alcoho-lado”; que el colorido general de ambos rótulos es lo sufi-cientemente parecido para "engañar a una persona que no tenga experiencia con cualquiera de los dos frascos, o que no los tenga juntos uno al lado del otro, a pesar de que ambos diseños son enteramente distintos y de que existe marcada diferencia entre los colores; que si una persona que usara el “Alcoholado Porto Rico” se lo mostrara casualmente a alguien y se lo recomendara, la persona a quien se le hizo la recomendación fácilmente podría ser engañada al solicitar “Alcoholado Porto Rico”; que en el rótulo original usado por el demandado antes de los procedimientos habidos en la Corte Federal se usaban las palabras “Puerto Rico” un poco más abajo, y que el demandado se vió obligado a dejar de usar tales palabras en el sitio que había elegido.

Como una inferencia adicional de hecho, aunque corriendo el riesgo de que incurramos en repeticiones, estamos conven-cidos de que el producto del demandado con su envase y ró-tulo, si bien podría distinguirse al ser colocado junto al rótulo usado por la demandante, no es lo suficientemente dis-tinto para impedir que el público consumidor fuera engañado y creyera que lo que compraba era el producto de la deman-dante, cuando en realidad lo que adquiría era el producto del demandado. Desde luego que una persona que conociera muy bien una u otra marca no sería engañada.

Además, estamos convencidos por la prueba de la deman-dante, por los procedimientos en la Corte Federal, por los procedimientos en la Secretaría Ejecutiva de Puerto Pico, y significativamente también por la declaración y la conducta del demandado en la silla testifical, que el demandado se propuso deliberadamente imitar el producto de la deman-dante. Los procedimientos habidos en la Corte 'Federal de-muestran que el rótulo original del demandado era, entonces mucho más parecido al usado por la demandante, y de ahí que tuvieran lugar en dicha corte los procedimientos de injunction y de desacato. Esos procedimientos en la Corte Federal son prueba robusta de la intención del demandado de imitar el producto de la demandante. No importa que el demandado entrara en esta competencia por haber sido o no 'aconsejado que tenía derecho a hacerlo así. El letrado que representa actualmente al demandado y apelado, según él mismo indicó, no lo representó en las primeras etapas de la competencia.

No obstante, estamos convencidos de que el abogado está errado en un número de cuestiones relativas a lo quei consti-tuye competencia ilegal en el comercio. Igualmente está equivocado cuando dice que la frase “competencia ilegal” fué usada primeramente ante esta corte. Esas palabras fueron claramente mencionadas por el abogado de la apelante en uno o más de sus informes ante la corte de distrito. Desde luego que si los hechos revelaran un caso de compe-tencia ilegal, el dejar de caracterizar las actividades del demandado como tales no puede afectar la decisión del caso.

Antes de entrar a discutir los aspectos legales del caso, es conveniente decir que la demandante inscribió su marca de fábrica en la oficina de Patentes de los Estados Unidos, sin especial mención del uso de las palabras “Alcoholado Porto Rico.” Según hemos indicado, estas palabras no eran propiamente inscribibles, y como una marca de fábrica es-tricta no podían recibir protección alguna ni la recibieron en la Corte Federal. Sin embargo, en realidad de verdad, — ■ y este hecho es importante — el producto de la demandante era conocido con el nombre de “Alcoholado Porto Rico”; por tanto, la inscripción en la Oficina de Patentes, o los pro-cedimientos en la Corte Federal o en la Secretaría Ejecutiva no tienen gran importancia respecto a si estas palabras lle-garon a ser o no el nombre comercial de la demandante. Según sostuvo el letrado de ésta durante el juicio por varias ocasiones, su cliente descansaba en sus derechos “consuetu-dinarios” o de costumbre.

El apelado está en verdad en lo cierto al sostener que en general nadie puede obtener un derecho absolutamente exclu-sivo de apropiarse de un nombre descriptivo o geográfico para sus artículos. Canal Co. v. Clark, 13 Wall. 311, es uno de los casos principales sobre esta cuestión. Según dice el sumario, nadie puede aplicar el nombre de un distrito o de un país a un artículo de comercio bien conocido, y obtener tal derecho exclusivo a esa designación para impedir que otras personas que residan en el distrito o que trafiquen en ar-tículos similares procedentes de tal distrito usen exactamente la misma designación.

En el caso de Buzby v. Davis, 150 Fed. Rep. 275, 10 A. & E. Cas. 68, la corte resolvió, citando nuevamente del sumario, lo siguiente:

“Admitiendo, sin resolverlo, que la palabra 'Keystone’ es un término geográfico y que no es susceptible de ser monopolizado como marea de fábrica, sin embargo, su uso por parte de un fabri-cante en su nombre comercial o en sus productos, para ofrecerlos como los de otro fabricante, puede constituir competencia ilegal y dar derecho a este último a que se le conceda un injunction y a ser indemnizado por daños y perjuicios.”

La corte cita numerosos casos en que se dice que los términos geográficos no pueden ser monopolizados como mareas de fábrica, y luego dice prácticamente lo que hemos copiado del sumario, citando además nn gran número de casos. En nna nota sobre diebo caso el comentarista dice lo si-guiente :

"Sin embargo, la regla anterior está sujeta a la excepción de que cuando un’ nombre geográfico ba sido usado en relación con cierta clase de negocios en forma tal que indique no sólo el lugar en que se fabrica el producto, sino también el nombre del fabricante o productor y la excelencia del mismo, entonces el nombre ha ad-quirido una significación secundaria tal que da derecho a la persona que lo ha usado a ser protegida en el uso de la palabra mediante el recurso de injunction para impedir que otros utilicen ese nombre en forma tal que induzca a error a los compradores respecto al verda-dero origen o calidad de la cosa producida o vendida, o que per-mita que esas personas ofrezcan sus productos como los de la persona que anteriormente usaba el nombre.”

Esa nota es muy -minuciosa y abarca toda clase de casos, muchos de ellos aplicables a los hechos del caso que tenemos ante nuestra consideración.

En otra parte del texto se dice:

"Cuando un término geográfico ha llegado a ser el nombre co-rriente (short name) por el cual el público generalmente conoce los productos de determinada persona, procede un injunction para im-pedir el uso de ese término por otra persona en forma tal que se engañe al público.”

En el texto se cita también el caso de Siegert v. Gandolfi 149 Fed. 100, en que la corte resolvió que si el término geográfico se había convertido en una designación secundaria para el producto de determinado fabricante, ese término te-nía tanto derecho a que se le diera protección como cualquier nombre arbitrario o de fantasía que se pudiera haber esco-gido.

También s£ citaron casos en que se resolvió que cuando el artículo a que se aplica un término geográfico, es el pro-ducto de un lugar determinado, ese término no puede ser usado como nombre comercial por una persona con exclusión de aquellas que son dueñas de productos similares en el mismo lugar, pero que procede un injunction para impedir que aún una persona residente use un nombre geográfico cuando el mismo es posteriormente usado por otra persona en tal forma que le permita engañar al público y ofrecer su producto como el de la primera persona que usó el nombre.

El resultado final de toda la jurisprudencia, es, podría decirse, que el demandado sólo puede usar un término como “Porto Rico" en relación con su alcoholado, si al presentar su producto al público, hace constar con absoluta claridad que el mismo no es el del demandante. Cuando una persona fabrica un producto especial cpmo el “Alcoholado Porto Rico”, cualquier fabricante posterior de alcoholado está en el deber ineludible de impedir que su producto se confunda con el del primer fabricante.

Uno de los casos más interesantes demostrativos del límite hasta dónde llegan los tribunales es quizás el dé Singer Sewing Machine Co. La patente de la máquina de coser había expirado desde hacía mucho tiempo. Uno de los prin-cipios de la ley de patentes es que cuando el dérecho al monopolio ha expirado, el público tiene un derecho absoluto a fabricar y vender el artículo que anteriormente estaba patentizado. No obstante, la Singer Sewing Machine Co. continuó fabricando máquinas de coser, y la corte resolvió que el público tenía derecho a vender máquinas de coser “Singer” y de designarlas con ese nombre, pero que, sin embargo, los fabricantes de dicha máquina tenían ciertos derechos, y que una persona que vendiera una máquina de coser marca “Singer” debía distinguirla de la máquina “Singer” original y hacer saber al público que el sitio en que se fabricaba era distinto, o que los fabricantes eran otros, y ello claramente. Singer Sewing Machine Co. v. June Manufacturing Co., 163 U. S. 169. El decreto de la corte fué en el sentido de que el demandado se abstuviera de usar la palabra “Singer” o cualquier palabra equivalente en anuncios relativos a máquinas de coser, a menos que hiciera constar claramente y sin lugar a dudas que las má-quinas eran fabricadas por el demandado, distinguiéndolas de las máquinas de coser fabricadas por la Singer Sewing-Machine Go., y, además, que se abstuviera de usar la palabra “Singer” en cualquier cliché o diseño, a menos que clara-mente y sin lugar a dudas especificara que tales máquinas eran fabricadas por el demandado, etc.

French Republic v. Saratoga Vichy Spring Co., 191 U. S. 427 es otro caso en que se demostró cómo los términos geográ-ficos pueden ser protegidos. La corte dijo:

“Es cierto que el nombre es geográfico; pero los nombres geo-gráficos con frecuencia adquieren un significado secundario que in-dica no solamente el sitio en que se fabrica o produce el artículo, sino también el nombre del fabricante o productor y la excelencia de la cosa fabricada o producida, lo que permite que el dueño baga uso del derecho exclusivo de tal nombre contra cualquier otra persona que no trafique dentro de los mismos límites geográficos; y también aun contra esas mismas personas si el nombre es usado fraudulentamente con el fin de engañar a los compradores respecto al verdadero origen del artículo, o si se ofrecen los productos de una persona como los de otra.”

La apelante también citó otro número de casos qne tienen relación con la cuestión envuelta, pero hemos creído conve-niente citar principalmente las decisiones de la Corte Su-prema de los Estados Unidos. Otras citas que tratan sobre esta materia pueden hallarse en las notas sobre los casos de Dyment v. Lewis 26 L.R.A. (N. S.) 73-77, y W. R. Lynn Shoe Co. v. Auburn-Lynn Shoe Co., 4 L.R.A. (N. S.) 960.

Las anteriores consideraciones abarcan las cuestiones tratadas en el alegato del apelado, quien no nos ha citado caso alguno, excepto uno de California, Burke v. Cassin, 45 Cal. 467. Según sugiere ese caso, la situación legal tal vez sería algo distinta si las palabras “Porto Pico” hubiesen sido identificadas con la producción, fabricación o venta de alcoholado, pero aún tal situación no podría ayudar al de-mandado en el presente caso en vista de los hechos que ya hemos reseñado. Podríamos decir incidentalmente que si bien respetamos la jurisprudencia de California, en una cuestión de esta clase otros precedentes son igualmente apli-cables. En el caso de Burke v. Cassin, si bien las palabras “Schiedam Schnapps” no podían estar sujetas a apropiación exclusiva fué expedido un injunction por razones similares a las que liemos indicado.

Entre otras cosas, el demandado alega que no se pueden apropiar los términos geográficos, y dice que si fuera así no podría comprender cómo el “New York Tribune”, el “New York Times” y el “New York Herald” podrían publicarse al mismo tiempo. Desde luego que en la ciudad de Nueva York cualquier persona, tiene derecho a usar ese nombre para un periódico. Los periódicos no tratan de ofrecer fraudu-lentamente sus ediciones como pertenecientes a otras em-presas; por el contrario, hacen todo esfuerzo posible para distinguirlas. Si un periódico comenzara a ofrecer sus edi-ciones como pertenecientes a otro, las cortes inmediatamente impartirían protección al invocarse su jurisdicción. En la nota sobre el caso de Buzby v. Davis, 10 A. & E. Ann. Cas., supra, pueden hallarse casos en que las palabras “St. Louis,” “Southwestern,” “Chicago,” “Minneapolis,” “California,” y “New York” han sido protegidas.

Las anteriores consideraciones* cubren el otro señalamiento de error presentado por la apelante.

Nos sentimos obligados, por tanto, a resolver que el de-mandado es culpable de competencia ilegal en el comercio, y que la demandante tiene derecho a un injunction preliminar más o menos sujeto a la discreción de la corte, en la forma de la orden de entredicho originalmente dictada en este caso. Debe revocarse la resolución apelada, librarse un auto de injunction preliminar contra el demandado mediante la pres-tación de una fianza adecuada que deberá ser fijada por la corte inferior, y devolverse el caso para ulteriores procedi-mientos no incompatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    José Pérez Barros, como Administrador Judicial de los bienes de la Sucesión de Jacinto Pérez Barros, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 4187.

    Visto: Noviembre 16, 1927.

      Resuelto: Julio 19, 1928.

      Alemañy & Ramírez, abogados del apelante; Attorney General, George C. Butte y Jose F. Figueras, Fiscal del Supremo, aboga-dos del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 329 en parte, y el 330 del Código Penal leen así:

“Artículo 329. Todo lo que fuere perjudicial a la salud, inde-coroso u ofensivo a los sentidos, o que obstruyere el libre goce de alguna propiedad de modo que estorbare el bienestar de toda una sociedad o vecindario, o un gran número de personas .... consti-tuye un estorbo público.” (Leyes de 1912, página 103).
“Artículo 330. Toda persona que mantuviere un estorbo pú-blico, o cometiere algún acto constitutivo de lo mismo y para lo cual no se hubiere prescrito determinada pena, o que voluntariamente dejare de cumplir algún deber legal, relacionado con la remoción de un estorbo o daño público (nuisance), será reo de ‘misdemeanor.’ ”

Los artículos 31 y 32 de la “Ley para reorganizar el ser-vicio de Sanidad,” (Leyes de 1912, página 126) leen en parte como sigue:

“Artículo 31. — En caso de que el dueño, agente o inquilino de una propiedad donde existe un daño o estorbo público, dejare de hacerlo desaparecer o abatir dentro de un plazo razonable después que se haya hecho debidamente la notificación para la ejecución de la obra, se faculta por la presente a las autoridades sanitarias para remover o abatir el daño o estorbo a expensas de dicho dueño, agente o inquilino, y la parte interesada será informada debidamente de los gastos en que se hubiere incurrido con tal motivo, y reintegrará el importe de los mismos a las autoridades de sanidad .... Esta acción, sin embargo, no relevará de responsabilidad a cualquier dueño, agente o inquilino por infracción de las disposiciones de los reglamentos sanitarios ....
“Artículo 32. — Toda persona cuya propiedad haya sido injusta o ilegalmente destruida o dañada por obligar a la observancia de alguna orden, reglamento, ordenanza, o por acto alguno ejecutado por el Servicio de Sanidad, o por sus empleados o agentes, exentos de- responsabilidad personal, podrá sostener la acción correspondiente contra el Gobierno de Puerto Eieo para recobrar los daños y per-juicios consiguientes ...”

José Pérez Barros, un administrador judicial, entabló una acción bajo la autoridad de la lej'' últimamente mencionada. para resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados por la destrucción por los funcionarios de la Sanidad de dos casas pertenecientes a la Sucesión de Jacinto Pérez Barros.

La corte inferior, después de celebrar un juicio sobre los ¡méritos, llegú a la conclusión, entre otras cosas, de que la propiedad en cuestión era en realidad un estorbo público, y de que el administrador judicial había recibido un aviso razonable de ello.

Las dos casas daban a diferentes calles, y sólo estaban separadas por un tabique. Detrás, había, un patio cubierto-Una de estas casas había sido utilizada anteriormente como tienda, y la otra, como residencia. El patio probablemente formaba más bien parte de la residencia que de la tienda. La evidencia no es del todo clara en cuanto a este extremo. Ambas casas habían estado desocupadas por unos seis u ocho meses antes del acontecimiento que dió lugar a la pre-senté contienda.

Hubo prueba tendente a demostrar que el patio estaba poco más o menos abierto al público, y que había sido usado en algunas ocasiones por muchachos y adultos indis-ciplinados como una letrina improvisada. No aparece con qué frecuencia y hasta qué límite se usaba el patio con tal fin. No hay indicación al efecto de que cualquiera de los vecinos fuera molestado alguna vez por las moscas, los olores ofensivos, o alguna otra cosa.

Algunas declaraciones también.señalaron la presencia de ratas o la existencia de guaridas de ratas debajo del piso de concreto del comedor que daba al patio. De conformidad con los reglamentos sanitarios, un piso de concreto debe extenderse por lo menos doce pulgadas bajo la superficie de la tierra.

El funcionario de sanidad que dió cuenta del estorbo no recomendó la acción drástica adoptada por el Departamento de Sanidad. Este empleado admite sin vacilación que las condiciones que motivaron la queja pudieron haber sido corregidas fácilmente. La única dificultad en lo concerniente a poner el sitio a prueba de ratas — dice—era que hubiera habido que traer arena y cemento desde una distancia considerable; Aparte de esto — nos dice — todo lo que se nece-sitaba era un poco de trabajo de carpintería. No era nece-saria prueba alguna para demostrar esto. Cualquier persona que fuera provista de un martillo, de clavos y de algunas tablas, pudo haber clausurado la entrada dentro de pocas horas a lo sumo.

El administrador judicial admite que se le había dicho que no arrendara la casa que había sido utilizada para tienda hasta tanto se pusiera a prueba de ratas. La única notifi-cación formal hechale fue un requerimiento perentorio en el sentido de que debía destruir las dos casas dentro de cinco días. En respuesta a esto, él ofreció efectuar todas las reparaciones que fueran necesarias de acuerdo con los planos y condiciones que el Departamento de Sanidad pres-cribiera. Por lo menos, el administrador envió dos tele-gramas solicitando un término razonable para hacer tales reparaciones. No hubo respuesta a ninguno de estos tele-gramas. Pero, al expirar los cinco días, cuatro hombres, bajo la dirección del oficial de sanidad local, empezaron a destruir las dos casas.

Hubo prueba tendente a demostrar que el oficial de sani-dad local había hablado de tiempo en tiempo con el adminis-trador judicial, respecto a las condiciones de la propiedad, y que el administrador otras tantas veces le había mani-festado que la sucesión no tenía fondos, y que había sugerido que se avisara a los dueños en España. No se pretende alegar que se le notificara en ocasión alguna al administrador judicial, bien verbalmente o en alguna otra forma, que a menos que se corrigieran las condiciones sanitarias del local dentro de un término razonable, o dentro de un tiempo de-terminado que no fuera el plazo de cinco días que ya hemos aludido, se demolerían las casas. El oficial sanitario que dió cuenta de la situación a la oficina principal, manifestó franca • mente, al ocupar la silla de los testigos, que se le hubiera dado tal aviso y oportunidad a cualquier otro propietario o agente delincuente que no fuera José Pérez Barros.

Bajo las circunstancias, se infiere como lógica secuela que, en caso de que alguna otra persona hubiese delinquido, al dejar tal dueño o agente de actuar, el Departamento de Sanidad se hubiese conformado con clausurar la entrada al patio cubierto, y con cargar los gastos originados a la cuenta de la sucesión. Pero, sea ello como fuere, la mera exasperación de parte del oficial de sanidad local, aun cuando su paciencia fuera puesta, a prueba lastimosamente, no puede excusar ni el lieclio de que se dejara de darle propio aviso en la forma exigida por la ley, ni el que se ocasionara más daño que el razonablemente necesario para abatir el estorbo en cuestión.

Nada bay en este caso sobre que basar una conclusión racional de quo era necesaria la destrucción de las dos casas, o de cualquiera de ellas, para abatir el estorbo. El oficial de sanidad en cuyo informe se fundó la actitud asumida por el Departamento, admite libremente, como hemos indicado antes, que el estorbo pudo haber sido abatido rápidamente a un costo ínfimo de parte del administrador judicial. El oficial de sanidad fué el testigo principal del demandado, y su declaración sobre este extremo no ha sido contradicha por la de ninguno de los otros testigos. Lo que el administrador judicial pudo haber hecho tan fácilmente, también pudo haberlo hecho, y debió hacerlo, el Departamento de Sanidad.

Desde luego que no queremos significar con esto que in-cumbía al departamento reparar la propiedad o poner a prueba de ratas el piso del comedor, si podía evitarse la necesidad de ponerlo a prueba de rátas demoliendo y remo-viendo el concreto o valiéndose de algún medio más sencillo. Sin embargo, muy poco hincapié se hace acerca de las guari-das de ratas,' y el elemento de tiempo no fué un factor im-portante en este aspecto de la situación, según lo indica la falta de un límite de tiempo en la condición impuesta origi-nalmente, a saber, que la casa debía ponerse a prueba de ratas antes de poderse volver a usar como tienda. De todos modos, lo cierto es que “el poder para abatir cualquier estorbo debe ser ejercido estrictamente con arreglo al esta-tuto,” y que el ejercicio de ese poder no puede estar justi-ficado cuando “la medida adoptada rebasa el límite de lo necesario para remover la condición ofensiva.” 29 C. J. pág. 268. párrafo 83.

Esto debe ser así especialmente cuando, como en está-jurisdicción, cualquier gasto necesario en que incurran las-autoridades sanitarias se hace un gravamen sobre la pro-piedad, y el dueño o agente es criminalmente responsable, después de dársele un aviso adecuado, si voluntariamente deja de abatir un estorbo dentro de un tiempo razonable; y cuando, como en el presente caso, la propiedad en cuestión pertenece a los herederos ausentes de un dueño fallecido, y vale muchas veces más que cualquier gasto de esa naturaleza.

En este caso jamás se le dió un aviso adecuado al admi-nistrador judicial. No se le concedió oportunidad alguna para abatir el estorbo en cualquiera otra forma que no fuera la destrucción completa, inmediata, y enteramente innece-saria de las dos casas, o por lo menos, no se le ofreció tal oportunidad como una alternativa para efectuar la demo-lición por las autoridades sanitarias. Que el medio de que echó mano el departamento rebasaba en gran escala el límite de lo que era necesario para abatir el estorbo, no sólo es evidente, si que también ha sido abiertamente admitido por el testigo principal del demandado, cuya declaración sobre este extremo no ha sido contradicha por la de ninguno de los otros testigos, según ya hemos indicado.

La prueba del demandante indica que las dos casas pu-dieron repararse y pintarse a un costo máximo de quinientos o seiscientos dólares, antes de ser desmanteladas por el De-partamento de Sanidad, y que la mayor parte de este cálculo sería destinada a la pintura. El trabajo de carpintería en-vuelto no hubiera ascendido a más de ciento cincuenta dó-lares. Esa prueba, que permanece incontrovertida, deja poco lugar a dudas de que, al tiempo del juicio, la restaura-ción de las casas hubiese costado no menos de ochocientos a mil dólares.

En la súplica de la demanda se pedía la cantidad de mil quinientos dólares, con interés al tipo legal desde la fecha de radicación, más las costas y honorarios de abogado,

Bebe revocarse la sentencia recurrida, y en .su lugar, este tribunal dictará -sentencia -a 'favor ¡del demandante por la suma de ochocientos dólares, con interés al tipo legal desde el 5 de septiembre de 1924, sin especial condena de costas.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


text:
    Körber & Co., demandante y apelada, v. Martha F. Caul, demandada y apelante.
    No. 4250.

    Visto: Junio 7, 1928.

      Resuelto: Julio 19, 1928.

      O- B. Frazer j R. Castro Fernández, abogados de la apelante; Jaime Sifre Jr. y Diego O. Marrero, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del bunal.

La demanda en este caso fue radicada en diciembre de 1922. Después de haberse declarado sin lugar una excep-ción previa, la demandada contestó en febrero de 1923. En el mes de septiembre, y próximo a dar comienzo el juicio, el abogado de la demandada solicitó la suspensión del mismo, retirándose del caso al declarársele sin lugar su moción. Entonces la demandante presentó su prueba en ausencia de la demandada, y la corte dictó sentencia a favor de la de-mandante el 18 de septiembre.

Posteriormente, la demandada utilizó los servicios de otro abogado, obtuvo una resolución dejando sin efecto la senten-eia, y, el 28 de septiembre, radicó una contestación enmendada y una contrademanda.

Comenzaron entonces ciertas gestiones tendentes a una transacción. Nada bay que demuestre por cuánto tiempo se prolongaron esas gestiones. Nada bay que indique que fue-ran abandonadas definitivamente en momento alguno antes del próximo paso dado en el pleito por la corte, de propia iniciativa.

El 4 de febrero de 1927, el juez de distrito dictó una orden para que las partes mostraran causa por la cual no debía decretarse el archivo de la acción por abandono.

En respuesta de esta orden, el letrado de la demandante adujo una explicación más o menos perfunetoria, en forma de moción, la que no fue acompañada de una declaración jurada ni de documento alguno, y, el 19 de febrero, el pleito fué archivado.

El abogado de la demandante entonces presentó una mo-ción de reconsideración y pidió que se reinstalara el caso. La moción iba acompañada de una declaración jurada ten-dente a explicar y excusar la demora.

La demandada apela de una resolución dejando sin efecto la orden de sobreseimiento y archivo y reinstalando el caso.

Aparece de la declaración jurada sobre que se basó la resolución apelada, que en julio de 1924 el abogado de la demandante se vió obligado a acompañar a su esposa en un viaje a Rochester, Minnesota, con el fin de someterla a una operación quirúrgica, y no volvió a Puerto Rico hasta octu-bre de ese año; que a su regreso, el abogado halló que era necesario prestar inmediata atención a otros asuntos de mayor urgencia; que él mismo se enfermó entonces, y que esa situación continuó hasta mayo del siguiente año, en que se vió imposibilitado de atender a sus asuntos profesionales o de negocios, y obligado a abandonar su bufete durante más de un año; que reanudó su, trabajo pocos meses antes de la fecha de la orden para mostrar causa; que el declarante había pasado tres meses de su ausencia en el Norte, y un período similar en Aibonito y en la Central Carmen, de Yega Alta; que esta ausencia prolongada de su oficina ocasionó una gran acumulación de trabajo que requirió su atención constante desde la fecha de su regreso a la oficina; que no pudo confiarle el asunto a ninguno de los ahogados de su oficina, por ser el deponente el tínico familiarizado con el mismo, y que en su opinión, Korber & Co. tiene una buena causa de acción contra la demandada.

Si ios abogados de la contrademandante hubiesen pedido el señalamiento de la excepción previa y de la moción para eliminar la contrademanda, y, después de haberse resuelto estas cuestiones, hubieran insistido en la celebración del juicio sobre los méritos del caso, la demandante, desde luego, se habría visto precisada, a fin de obtener una serie de sus-pensiones, a dar una explicación más fuerte que la que ofre-ció en su moción de reconsideración y apertura del caso. En verdad, el abogado de la demandante tendría poca razón! para quejarse si la corte inferior hubiese denegado la moción tiltim amento aludida. Evidentemente, sin embargo, había cir-cunstancias atenuantes, y un juez de distrito tiene una dis-creción muy amplia en asuntos de esta índole. Además, esa discreción siempre debe ejercerse en bien de la justicia subs-taucial, y a favor del juicio sobre los méritos, en caso de que haya seria duda en cuanto a si a una parte debe dársele la oportunidad de ser oída.

Tomándolo todo en consideración-, y especialmente la reso-lución anterior dejando sin efecto la sentencia original dic-tada a favor de la demandante, la radicación posterior de una contestación enmendada, de una contrademanda, de una excepción previa a tal contestación y de una moción para mostrar0 causa, no encontramos que el juez de distrito in-curriera en un abuso de discreción tan clara que justifique la revocación.

Bebe confirmarse la resolución apelada.