author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Crehore, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota clei Registrador de la Pro-piedad de Guayama, denegando la inscripción de una escritura de arrendamiento de condominios.
    No. 337.
    Resuelto en noviembre 20, 1917.
    Expediente Posesorio — Bienes Privativos — Manifestaciones en el Escrito Inicial — Presunción de Bienes Gananciales. — Varias personas acredita-ron su derecho de posesión en concepto de dueños de cierta finca rústica y lo inscribieron en el registro. Dos de esas personas eran casadas y mani-festaron que habían adquirido su derecho a título de herencia. Se resolvió: que esa sola manifestación hecha en un expediente posesorio, no era bastante para destruir la presunción, de gananciales que dichos bienes tenían por haber sido adquiridos en constante matrimonio.
    Arrendamiento — Bienes Gananciales — Consentimiento Expreso. — Cuando se arrienda un bien inmueble perteneciente a una sociedad de gananciales, por término-de diez y siete años, se necesita él consentimiento de ambos socios.
    Abogados del recurrente: Sres. José Tous Soto y José. C. Ramos.

    El registrador recurrido Sr. Augusto Malaret, compareció en nombre propio.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 3 de junio de 1917 once personas condueñas de nueve vigésimas.partes de la hacienda “Carmen,” situada en Salinas, comparecieron ante el notario público José Tons Soto, por medio de apoderado, y arrendaron sus condominios a Charles ,L. Crehore por término de diez y siete años. Pre-sentada la escritura en el registro, el registrador denegó su inscripción en cnanto a los condominios pertenecientes a dos de los condueños, a saber: Federico y Elena Antoni Anto-netti que inscribieron su derecho originalmente “a virtud de expediente posesorio tramitado en la Corte Municipal de Salinas, siendo el estado civil de ambos el de casados, por no comparecer ahora sus respectivos consortes a prestar el debido consentimiento.” La nota del registrador, que es de fecha agosto 30, 1917, abarca otros extremos, pero sólo el expresado fue objeto de este recurso según se consignó en el escrito interponiéndolo de 23 de agosto de 1917.

El registrador en su escrito de septiembre 16, 1917, cita en apoyo de su negativa el caso de Delgado v. Registrador, 22 D. P. R. 125 y el recurrente sostiene en su alegato de 9 de octubre, 1917, que la jurisprudencia invocada por el regis-trador no es aplicable porque si bien consta del registro que al inscribir su derecho Federico y Elena Antoni Antonetti eran casados, también consta del mismo que lo adquirieron por herencia, tratándose en tal virtud nó de bienes ganan-ciales, sino privativos.

Según consta de una certificación expedida por el regis-trador, los indicados condueños inscribieron sus condominios en el registro, siendo casados, a virtud de un expediente pose-sorio en cuyo escrito inicial se consignó que los habían adqui-rido a título de herencia. Tal manifestación hecha en un expediente de tal clase, no es bastante para destruir la pre-sunción de gananciales que tienen los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges en constante matrimonio, de acuerdo con la ley y la repetida jurisprudencia de esta corte.

En el caso de Besprés v. El Registrador, 14 D. P. R. 621, la corte, por medio de su presidente Quiñones, dijo: “* * * con arreglo al artículo 1322 del Código Civil vigente, ‘se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mien-tras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer’; y * * * no pudiendo estimarse como prueba concluyente del título de adquisición de unos inmuebles las declaraciones hechas por uno de los cónyuges en un infor-mativo posesorio en perjuicio de los derechos que sobre dichos bienes pueden asistirle al otro cónyuge que no tuvo inter-vención en el informativo; mientras no se pruebe de una manera fehaciente la efectividad de dicho título debe estarse» al precepto del artículo citado del código y estimarse por consiguiente de la sociedad conyugal los bienes inscritos a virtud del expresado informativo.”

Igual doctrina se sostuvo en el caso de Boscio v. El Registrador, 14 D. P. R. 624 y se ratificó en el de Delgado, supra. En este ultimo caso, la corte, por medio del Juez Asociado Wolf, se expresó así: “El objeto del procedimiento (expe-diente posesorio) es sencillamente el de acreditar el título posesorio del peticionario. La presunción de que los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales no puede ser contradicha en un procedimiento en el cual no es parte la esposa y en el que el fin manifiesto es establecer la pose-sión. Dicha, posesión puede ser declarada a favor de uno u otro de los esposos, bien que los bienes sean gananciales o privativos. La jurisdicción del juez no va más allá de la declaración del título posesorio. La acción de un peticionario en lo que respecta a los derechos del otro esposo constituye res inter alios acta y no puede tener efecto obligatorio.” Delgado v. Registrador, 22 D. P. R. 125, 127.

Por virtud de todo lo expuesto es necesario concluir que del registro no consta de modo decisivo que los condominios arrendados por Federico y Elena Antoni Antonetti les perte-nezcan exclusivamente. Tal como se verificó la inscripción, dejó subsistente la presunción de que dichos bienes son ga-nanciales y siendo esto así estuvo justificado el registrador al negarse a inscribir el contrato de arrendamiento por tér-mino de diez y siete años por ellos celebrado sin el consen-timiento expreso de sus respectivos consortes-. Véase el párrafo último del artículo 159 del Código Civil revisado y la decisión dé esta corte en R. Fabián & Cía. v. Registrador de San Juan, 22 D. P. R. 801.

Debe confirmarse la nota recurrida en la parte en que lo ha sido.

Confirmada la nota recurrida en la parte en ,qu.e lo ha sido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Plutchison.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ambert, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en causa por delito de infracción al artículo 162 del Código Penal.
    No. 1196.
    Resuelto en noviembre 20, 1917.
    Delito Contra el Derecho Electoral — Derecho Electoral — Inscripción sin Tener la Edad. — Una persona que sea menor de edad a la feolia de unas elecciones generales en esta Isla, que se inscriba en las listas que con-tienen los nombres de los electores capacitados para votar en dichas elec-ciones, comete el delito que prevé y castiga el artículo 162 del Código Penal.
    Id. — Id.—Votación el Día de las Elecciones. — Para que el delito cometido por una persona que se inscribe sin tener derecho a ello se entienda con-sumado, no es necesario que dicha persona vote el día de las elecciones.
    Id. — Suspensión de las Elecciones. — La alegación de que el acusado no co-metió delito alguno porque cuando las elecciones generales que debieron celebrarse en esta isla el 7 de noviembre de 1916 tuvieron lugar ya el acu-sado había cumplido veintiún años, no tiene mérito alguno porque la ley del Congreso por virtud de la cual fué trasferida la celebración de dichas elec-ciones se promulgó con posterioridad a la inscripción del acusado, o sea, a la violación consciente de la ley por parte del mismo.
    Abogado del apelante: Sr. José de J. Esteves.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Ignacio Ambert fué acusado por el Fiscal porque el día 3 de julio de 1916 en Manatí que forma parte del Distrito Judicial de Arecibo, P. B., concurrió ante la Junta de Ins-cripciones para el Precinto de Manatí y allí y entonces volun-tariamente se hizo inscribir en el Begistro de Electores del Municipio de Manatí, sabiendo que no tenía derecho a tal inscripción por no tener la edad de 21 años o más que la ley exige para ser elector el día que estaba señalado para cele-brarse unas elecciones generales en Puerto Bico, o sea el 7 de noviembre de 1917.”

El acusado hizo la alegación de no culpable y en el acto del juicio ambas partes aceptaron como probado “que- Ignacio Ambert, el acusado, el día a que se refiere la denuncia se inscribió en un precinto electoral de Manatí y que tendría el día 7 de noviembre de 1916, el día de las elecciones en Puerto Eico, la edad de veinte años nueve meses.”

La corte declaró culpable al acusado y lo condenó a sufrir cuatro meses de cárcel y a pagar las costas. T contra esa sentencia, se interpuso el presente recurso de apelación.

Sólo existe una cuestión a resolver en este asunto. Se lia resuelto por esta corte que comete el delito previsto y castigado en el artículo 162 del Código Penal aquella persona que se inscribe en las listas electorales sin tener derecho a ello porque en la fecha fijada por la ley no alcanzaría la edad de veinte y un años exigida por .la misma ley para poder votar en Puerto Eico. (Véase el caso de El Pueblo v. García, 23 D. P. R. 730.) En tal virtud habiéndose admitido que el acusado el 7 de noviembre de 1916 sólo tendría veinte años nueve meses, es bien claro que cometió el delito que se le imputó y por el cual fué castigado.

Pero se alega que las elecciones fijadas por la ley porto-rriqueña para el 7 de noviembre dé 1916 fueron suspendidas por acta del Congreso de los Estados Unidos de 8 de sep-tiembre de 1916, y que cuando dichas elecciones se celebraron ya el acusado era mayor de edad, no habiendo por tanto come-tido delito alguno. .

Á nuestro juicio „es insostenible la contención del acu-sado. La Ley del Congreso se decretó en septiembre de 1916 y el acto realizado por el acusado lo fué el 3 de julio de 1916; esto es cuando estaba en todo su vigor el estatuto que fijaba las elecciones generales para el 7 de noviembre de 1916. La violación consciente de la ley que la misma ley castiga, quedó totalmente realizada el 3 de julio de 1916. Para que el delito cometido por una persona que se inscribe sin tener derecho a ello se entienda consumado, no es necesario qué dicha persona vote en efecto el día de las elecciones. La actuación del Con-greso suspendiendo las elecciones fijadas para el 7 de noviem-bre de 1916, fué posterior a la perpetración del delito y ajena por completo a la voluntad del acusado.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Larregui, Demandante y Apelado, v. Betancourt, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre divorcio; moción de traslado.
    No. 1688.
    Resuelto en noviembre 20, 1917.
    Divorcio — Traslado del Pleito — Pobreza-—-Comparecencia General — Sumi-sión. — La presentación en pleito de divorcio de una solicitud para litigar in forma pauperis conjuntamente con una moción de traslado y contestación a la demanda, aun cuando la solicitud se haya colocado en primer términs en orden de, tradición y que estuviere fechada con un día de antelación a los demás documentos, no constituye una comparecencia general y sumisión que caiga dentro de la letra, ni dentro del espíritu del artículo 77 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil.
    Id.- — -Id.-—Domicilio—Cuestión de Hecho. — Cuando en un pleito de divorcio y a los efectos de una moción de traslado la esposa demandada presenta una declara-ción de méritos bajo juramento en la que hace constar que su domicilio está en sitio distinto al en que fué presentada la demanda, sin que aparezca que los cónyuges tengan en realidad distintas residencias materiales; esto es, sin demostrarse que el marido demandante tenga otro domicilio que no sea el de la esposa, y especialmente cuando hay indicaciones en los autos de que el esposo reside - en el mismo distrito que la esposa, tal manifestación es una de hecho y no de derecho.
    Abogado de la apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogados del apelado: Sres. Francis & Soto y Carmelo Honoré.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este caso inició en la Corte de Distrito de Guayama un pleito de divorcio contra su esposa. La apela-ción interpuesta lo lia sido contra nna orden denegando nna moción en la qne se interesaba el traslado del caso de la Corte de Distrito de'Gnayama para qne el juicio se celebrara en la de San Jnan. Los fundamentos en qne descansa la orden de la corte por la qne se deniega el traslado solicitado, son: (1) qne pnesto qne la apelante presentó en primer término una moción de insolvencia para litigar como pobre ello cons-tituye nna comparecencia general y sumisión ante la Corte de Distrito de Guayama, y (2) qne la apelante demostró en debida forma qne fuese residente de San Jnan.

El expediente ni muestra con precisión la fecha en qne se radicó la moción de traslado, ni tampoco la fecha en qne la solicitud de declaración de insolvencia para litigar como po-bre fuese archivada. La solicitud para litigar como insolvente aparece antes de la moción de traslado, a pesar de qne la fecha de la solicitud para litigar in forma pauperis es posterior a la de la moción de traslado. La corte dice qne el primer paso dado por el apelante fné el de solicitar el per-miso para litigar in forma pauperis. Es más qne probable qne tanto la solicitud, como la moción y contestación de la apelante se radicaron todas al mismo tiempo. Si estos docu-mentos fueron presentados conjuntamente, entonces carece de importancia el qne la solicitud para litigar in forma pau-peris se haya colocado en primer término en orden de tradi-ción en la Corte de Distrito de Guayama. Todos ellos fueron presentados con el propósito de que fuesen considerados con-juntamente. Bajo el supuesto de qne la solicitud para litigar in forma pauperis estuviese fechada con un día de antelación, no puede decirse que constituya una comparecencia, sino más bien una petición para que se le permita a la parte peticio-naria comparecer y litigar sin necesidad de satisfacer ,las costas que se irroguen. No es un paso en el pleito que caiga bajo las disposiciones del artículo 77 del Código de Enjui-ciamiento Civil. Aun cuando se considerase como compare.-ceneia el único paso dado por la demandada fué el de pedir el traslado del pleito, precisamente el caso exceptuado en el citado artículo 77. Nosotros entendemos que la solicitud para litigar in forma pauperis no cae ni dentro de la letra, ni dentro. del espíritu del citado artículo 77 de nuestro vigente Código de Enjuiciamiento Civil.

La corte inferior al denegar la moción de traslado dice que la presunción es de que la esposa vive donde reside su esposo. Sin embargo, la esposa demandada en este caso pre-sentó una declaración jurada de méritos en la que hace cons-tar que su residencia es la de San Juan.' Esta manifestación podría ser una conclusión de derecho si en realidad de verdad ella y su esposo tuviesen distintas residencias materiales. Nos inclinamos a creer que esta manifestación de la deman-dada es una manifestación de hechos a menos que se hubiera en alguna forma demostrado que su. marido tuviese otro domicilio que no fuese el de San Juan. Pudiérase sacar una inferencia de esta naturaleza de la presunción de que las partes en un pleito residen en el sitio en que éste se radica. En este caso, sin embargo, en el juramento de la demanda se hace constar que el marido reside accidentalmente en Grua-yama. Esto no lo dice ante un notario de Gruayama, sino ante un notario de San Juan.

Pero aun hay algo más que aparece del récord que indica que la mujer ha hecho una manifestación de hecho cuando dijo que vive en San Juan. En su declaración jurada mani-fiesta que un pleito anterior fué iniciado en su contra en San Juan y aquí resuelto a su favor en septiembre 20 de 1916. El presente pleito fué incoado en enero de 1917. Es de pre-sumirse que las partes vivían en San Juan a la época en que se dictó la sentencia y nada hay que revele que cambiaran luego de domicilio. Ambas partes prestaron su declaración jurada ante' el propio notario en San Juan. El diligencia-miento de la citación con copia de la demanda a la demandada se llevó a cabo en San Juan. Los abogados residen en San Juan. ^La demanda se ha fechado en San Juan para Grua-yama; y según ya hemos visto, el demandante sólo reside accidentalmente en Gruayama.

Ahora, si hubiese tenido la corte dadas respecto al domi-cilio de la demandada en San Jnan pudo haber dado los pasos precisos para cerciorarse de la verdad. El expediente en su totalidad nos revela que ambas partes residen en San Juan. Creemos que la moción de la demandada se ajusta suficiente-mente a las disposiciones de la ley, aunque hubiera sido mucho mejor si ella en su declaración jurada hubiese hecho constar que su marido estaba domiciliado en San Juan.

La orden apelada debe ser revocada y ordenarse el tras-lado solicitado.

Revocada la resolución apelada y ordenado el traslado del pleito.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asocíalo Sr. del Toro,

text:
    Santiago, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama, inscribiendo con defecto subsanable una escritura de hipoteca voluntaria.
    No. 335.
    Resuelto en noviembre 23, 1917.
    Hipoteca Voluntaría-Comparecencia del Acreedor — Poder—Defecto Subsa-nable. — Según la doctrina del artículo 138 de la ley hipotecaria, las hipotecas voluntarias pueden constituirse válidamente no sólo por convenio de las par-tes, sino por la exclusiva voluntad del dueño de los bienes sobre que las mismas se constituyen, sin necesidad de que conste la aceptación de la persona a cuyo favor impone el gravamen, razón por la que no constituye de-fecto subsanable el hecho de no acreditarse cumplidamente en la escritura presentada para su inscripción en el registro que la persona que en la misma compareció como apoderado del acreedor tenía en efecto tal earáctér.
    Abogado del recurrente: Sr. Manuel A. Rivera.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El registrador recurrido, Sr. Augusto Malaret, compare-ció en nombre propio.

El Juez Asocíalo Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso los dueños de varias fincas rústicas constituyeron hipotecas voluntarias sobre las mismas en garantía de cierto préstamo. Al otorgamiento de la escri-tura comparecieron en persona los dueños de las fincas hipo-tecadas y por medio de apoderado el acreedor hipotecario. En la escritura se consignó que el apoderado del acreedor lo era por virtud de documento público, pero no se transcribió éste. Tampoco se acompañó cuando la escritura de hipoteca se presentó para .su inscripción en el registro.

El registrador inscribió la escritura de hipoteca, pero “haciéndose constar el. defecto subsanable de no haber acre-ditado Don Florencio Santiago Rivera, su carácter de apo-derado de la Señora Santiago Rivera.” T contra esa cali-ficación del registrador, se interpuso el presente recurso gubernativo. /

A nuestro juicio tiene razón el recurrente. Véase lo que ha resuelto la Dirección General de los Registros de España sobre la materia:

“*■ # * según la doctrina del * * * artículo .138 de la Ley Hipotecaria, las hipotecas voluntarias pueden constituirse vá-lidamente, no sólo por convenio entre las partes, sino por la exclu-siva voluntad del dueño de los bienes sobre que las mismas se cons-tituyan, sin necesidad de que conste la aceptación de la persona a cuyo favor se impone este gravamen;” Resolución de 25 de junio de 1877.
“■* * '* a tenor-de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley Hipotecaria y la doctrina consignada en Resolución de 25 de junio de 1877, no es necesario que concurra al otorgamiento de la escritura de hipoteca la persona a cuyo favor se constituye, y por tanto ha de ser también inscribible la que ha motivado el presente recurso, aun en el supuesto de que los que intervienen en nombre del Banco de Castilla no hubiesen acreditado en forma legal su personalidad;” Resolu-ción de 29 de diciembre de 1880.
* * en dichas resoluciones se sienta la doctrina de que, con arreglo al artículo 138 de la Ley Hipotecaria, no es necesario que concurra al otorgamiento de la escritura de hipoteca la persona a cuyo favor se constituye, añadiéndose en la última que la escritura-es inscribible, aun en el supuesto de no estar bien acreditada la re-presentación de quién comparece a aceptar la hipoteca en nombre de una corporación acreedora:” Resolución de 28 de noviembre de 1893.

El documento hubiera quedado sin duda redactado en forma más completa si se hubiera transcrito en él el poder-o la parte necesaria del mismo, pero la omisión de que se ha hecho mérito, tomada en consideración la naturaleza del contrato otorgado, no puede calificarse de defecto subsana-ble, atendido el concepto de tal calificación de acuerdo con lo prescrito en ia Ley Hipotecaria.

Es cierto que se ha resuelto repetidas veces (véanse entre otras las resoluciones de la Dirección General de los Regis-tros de España de 11 de noviembre de 1880 y 3 de enero de 1893, y el caso de Fano v. El Registrador, 15 D. P. R. 335), que es necesario que el apoderado presente el poder en el registro o que el poder o la cláusula pertinente del mismo se incluya en la escritura en forma debida, pero ha sido en casos en que el registrador tenía necesidad de examinar las facul-tades del apoderado para concluir si eran o no suficientes para otorgar el contrato cuya inscripción se solicitaba. -Y en este caso que pende ante nosotros la escritura de hipoteca pudo otorgarse y hubiera sido inscribible prescindiendo en absoluto del acreedor hipotecario. No teniendo, pues, el registrador que investigar las facultades del apoderado, debió limitarse a inscribir el documento sin consignar la existencia del defecto apuntado.

Debe revocarse la nota recurrida en la parte en que lo ha sido.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado A1-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Montalvo, Demandante y Apelado, v. Montalvo et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre filiación.
    No. 1647.
    Resuelto en noviembre 23, 1917.
    Filiación — I-Iijos Naturales — Nacimiento del Demandante. — No es' un error perjudicial en pleito sobre reconocimiento de hijo natural, el admitir una certificación de muy poca o ninguna fuerza probatoria en sí misma, para acreditar la, fecha del nacimiento del demandante, cuando existen otras pruebas más que suficientes que establecen dicho hecho.
    Id. — Enmiendas a la Demanda en el Acto del Juicio. — No es demasiado tarde liara el demandante enmendar su demanda en el acto del juicio, en el sen-tido de incluir la frase “j se halla en la posesión continua del estado de hijo natural" y permitirle la corte aducir prueba adicional en apoyo do la en-mienda, cuando no ha concluido su caso el demandante.
    Id. — Enmiendas a la Demanda Después de Presentada Excepción Perento-ria de Palta de Hechos y Moción de Non-Suit. — Después de concluido sn caso el demandante, los demandados excepcionaron la demanda por no alegarse en ella hechos suficientes para constituir una causa de acción, esto es, por no alegarse que la madre natural y el padre putativo del demandante al tiempo de la concepción, podían casarse con dispensa o sin ella, y al mismo tiempo presentaron uno moción de non-smt por falta de prueba sobre ese particular. El demandante entonces pidió permiso para enmendar su de-manda y ampliar su prueba, que la corte le concedió, negando simultánea-mente. la excepción y moción de los demandados. Se resolvió: que si bien hubiera sido más lógico sostener primero la excepción perentoria y conceder luego la moción del demandante, no existe regla alguna que obligue al juez inferior a resolver la moción de non-smi antes de considerar la cuestión de la enmienda, y que habiéndose concedido el permiso para enmendar y para ampliar la prueba, la suficiencia de los -hechos previamente probados con-virtióse en una mera cuestión académica.
    Enmienda a la Demanda — Discreción Judicial. — Las cortes de primera ins-tancia por lo general están investidas de amplia discreción en cuestiones de enmiendas a la demanda en el acto del juicio y ampliación de 'la prueba sobre el particular, que debe ser liberalmente ejercitada para bien de la justicia, y siempre que se ejercita sin perjuicio de los derechos sustanciales de las liartes, las cuestiones técnicas de mero procedimiento han de recibir escasa consideración en apelación. ’
    Filiación — Reconocimiento por un Menor — Dispensa Legal. — Un menor puede reconocer a un hijo natural y la dispensa mencionada en el artículo 139 del Código Civil no es necesariamente la dispensa legal eu puro tecnicismo del derecho canónico o del Código Civil.
    Id. — Dispensa Legal — Hijo Concebido Fuera de Matrimonio. — No solamente en el caso de la formal autorización a que se refiere el artículo 45 del Código Civil Español en que el padre de una persona sujeta a tutela releva a ésta de la incapacidad para contraer matrimonio autorizando éste en testamento o escritura pública, se encuentra un hijo que haya sido concebido fuera de ma-trimonio, dentro de la definición qne da el código del hijo natural, sino que, aun de otro modo, dada la posibilidad de tal “dispensa,” debe ésta presu-mirse, y los términos en que se halla redactado el código deben interpretarse de modo que se incluyan todos aquellos casos en los cuales pudiera haber desa-parecido el impedimento legal.
    Filiación — Posesión he Estado de Hijo Natural. — La posesión de estado a que se refiere el Código Civil, consiste en el concepto público en que fué tenido el hijo en relación a su padre natural, cuando este concepto se forma por actos directos del mismo padre o de su familia, demostrativos de un verda-dero reconocimiento perfectamente voluntario, libre y espontáneo, puesto que el referido cuerpo legal no autoriza la pesquisa de la paternidad ni impone consiguientemente tal reconocimiento contra la voluntad del padre, sin que aparte de eso, sea preciso se haga tan ostentosamente como si fuera un hijo legítimo, habida cuenta de las ideas y consideraciones que xiuedan existir en las relaciones sociales; quedando por lo tanto la misión de los tribunales, dentro de esta doctrina, reducida a apreciar en cada caso la índole, trascendencia y alcance de los actos de reconocimiento atribuidos al padre natural o a su familia.
    Ahogados de los apelantes: Sres. Angel Arroyo Rivera, y Benjamin J. Horton.

    Abogado del apelado: Sr. José Benet.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

“No tan lento como la majestad camina, tomada por me-dida y unidad de movimiento; no tan rauda como la legen-daria Holganza Olímpica pudiera rondar, con su amplia ves-tidura intocada por el viento, de placer en placer. * * fué el desarrollo de este pleito en la corte inferior, aunque los procedimientos del juicio vacilaron a veces en su marcha, un poco más de lo que la anterior cita parece indicar. Real-mente, de no haber los abogados de los demandados hecho en la corte inferior oportunas y provechosas sugestiones seña-lando los fatales defectos de que adolecían las alegaciones, y las deficiencias de la prueba, adicionada a todo esto la bené-vola actitud de un tolerante juez sentenciador, el resultado final hubiera sido'de lo más desastroso para el demandante. Llamamos la atención sobre este punto, no tanto con ánimo de censura como por lo notable de la ilustración que se nos pre-senta así del riesgo que debe evitarse por el demandante como la labor que puede economizárseles a todas las partes inte-' resadas, incluyendo a las. cortes, con la hábil preparación de un cago meritorio antes de entrar en juicio.

El demandante introdujo su prueba en 25 de enero de 1916,' suspendiéndose el juicio hasta el 4 de febrero, y mediante es, tipulación de las partes volvióse a posponer hasta el día 9 de febrero del propio año. Los demandados excepcionaron la demanda, el día últimamente mencionado, por falta de causa de acción y presentaron una moción de non suit, y la corte después de oir los informes de los letrados se reservó su re-solución hasta febrero 15 del mismo año. El día 11 se oyó a las partes sobre si se le permitía o no al demandante en-mendar su demanda después de cerrado su caso, y la corte también se reservó su opinión sobre este punto. En 28 de febrero presentó el demandante una moción por escrito pi-diendo permiso para enmendar, acompañada de una copia de su proyecto de primera demanda enmendada. En 21 de marzo se ordenó otra vista para marzo '24,-fecha en que la corte de-claró sin lugar la excepción previa general y la> moción de non suit, admitió la demanda enmendada, y concedió al de-mandante permiso para que adujese prueba adicional en apoyo de la enmienda. La cuestión que dejó perplejo al juez sen-tenciador no fué la de si procedía o no conceder una enmienda a la demanda para conformarla con la prueba, sino más bien sobre si, en el ejercicio de una sana discreción se puede per-mitir a su demandante, que ya ha cerrado su caso sin haber alegado en su demanda ni probado en juicio hechos suficientes a constituir una causa do acción, enmendar su demanda a fin de que aparezcan alegados los elementes esenciales omi-tidos en la demanda original con el propósito de introducir prueba en apoyo de semejantes alegaciones nuevas.

Entonces los demandados solicitaron se les concediese un término de (!iez días para enmendar su contestación, que les fué concedido. La contestación enmendada fué presentada en 81 de marzo.

Volvió a llamarse el caso para juicio el día 4 de mayo, y entonces se presentó una nueva excepción previa fundada en que la demanda, enmendada no aducía hechos bastantes para constituir una cansa, de acción. La corte después de haber oído los informes de las partes sostuvo la excepción previa y volvió a conceder al demandante permiso para en-mendar, dando a los demandados permiso para contestar, y señaló el día 9 de mayo para la vista del caso.

En 5 de mayo se radicó la segunda demanda enmendada, y la corte entonces prorrogó el término para contestar hasta el 12 de mayo, para cuya fecha se volvió a señalar el juicio del caso.

El juicio se terminó definitivamente en 16 de mayo, dic-tándose. sentencia en 28 de agosto de 1916, por la que se declaraba al demandante-apelado hijo natural de Juan José Emiliano Monialvo y Bermudez, con los demás pronuncia-mientos en casos de esta, naturaleza.

Se han señalado los errores siguientes:

Io. La corte erró al admitir la certiñeación de nacimiento de Emilio Gonce, otorgada en 28 de enero de 1916, en la cual se hacía cons-tar que había nacido en 6 de mayo de 1893.
2o. La corte cometió error al admitir la enmienda solicitada por el demandante de enmendar el Párrafo IV de su demanda en el sen-tido de incluir la frase “y se halla en la .posesión continua del estado de hijo natural.”
3o. La corte erró al admitir como prueba la fe de baustismo de un tal Emilio, hijo de Agripina González.
4o. La corte erró al declarar sin lugar la primera moción de non-suit y la excepción previa general.
5o. La corte erró al-declarar con lugar la moción del demandante pidiendo permiso para enmendar su demanda y para ampliar su prueba, y permitiendo y admitiendo la prueba ofrecida para ampliar su caso el demandante.
6o. La corte erró, al declarar que Emilio Montalvo Bermúdez po-día casarse con Agripina Gonce allá en 1892 al 1893 sin autorización y consejo paterno de ambos.
7o. La corte erró al declarar que Agripina Gonce podía contraer matrimonio en el 1892 al 1893 siendo sólo de 18 años de edad.
8°. La corte erró al declarar sin. lugar la última moción de non-suit y excepción previa general.
9o. La corte erró al declarar al demandante Mjo natural recono-cido de Emilio Montalvo Bermúdez basada en una prueba que era lo suficientemente robusta para sostenerla.
10°. La corte erró manifiestamente en la apreciación de la prueba.

Nos inclinamos a convenir con los apelantes en que la corte erró' al admitir la certificación de nacimiento; pero este documento — de muy poca o ninguna .fuerza probativa en sí mismo, aunque fuese admisible — fué un detalle omisible com-parado con la prueba oral y demás prueba, que fué más que suficiente para establecer, aproximadamente al menos, la fecha del nacimiento. , El error, si existió, no fué perjudicial.

Los apelantes en su segundo señalamiento de error sur-gieren que la enmienda citada expone simplemente una con-clusión de derecho, y que en todo caso la moción para enmen-dar fué tardía. Parece que la cuestión apuntada sobre tal fraseología, no fué levantada en la corte inferior. El deman-dante no había concluido aún, cuando propuso la enmienda, como sucede en el quinto señalamiento, y no se ha hecho gran esfuerzo para demostrar, ni vemos nosotros, por qué la mo-ción fué presentada demasiado tarde.

Los apelantes, al discutir el tercer señalamiento de error, asumen que la prueba documental del bautismo fué un cer-tificado expedido por el párroco, lo que el apelado dice ser una hipótesis equivocada, debido, como lo sugiere el deman-dante, a que los abogados que tramitaron la apelación no fueron los que intervinieron en el juicio. El apelado dice que el párroco fué llamado a declarar y presentó los libros. originales del archivo parroquial, siendo ofrecido como prueba el asiento del bautismo del demandante y admitido para esta-blecer, no la fecha del nacimiento sino el hecho del bautismo verificado por un sacerdote a presencia de los padrinos, a fin de corroborar el testimonio de ciertos testigos que habían declarado con referencia a este particular.

Sobre este punto, del expediente sencillamente aparece lo siguiente:

“El demandante ofreció como prueba la partida de bautismo del demandante y los demandados se opusieron a la admisión de dicho documento, alegando que no es admisible como prueba en un pleito de filiación la partida de bautismo y por el fundamento de que, aun cuando el documento aparecía con un sello de rentas internas adhe-rido al mismo, la firma que lo autorizaba no estaba debidamente autenticada y que la corte no podía tener conocimiento judicial de la firma de un párroco y por el fundamento también de que en dicho documento aparecía la persona bautizada como .hijo de una llamada Agripina González y la prueba demostraba que el demandante era hijo de Agripina Gonce. La corte admitió en prueba el documento opinando que: ‘El Registro de la Iglesia era un registro oficial antes del registro civil, pero después del registro civil ya es un registro particular; que se pueden probar los actos trayendo aquí los libros, pero no por medio de certificaciones; antes de existir el registro eivil,. ya entonces el verdadero registro civil eran los libros de la Iglesia, pero después ya dejó de ser esa prueba del estado civil de uno, y si se quiere probar el hecho del bautismo se pueden traer los libros con la persona que los tenga bajo su custodia. Los deman-dados tomaron excepción.’ ”

En esto no encontramos que se liaya cometido grave error alguno. Iturrino v. Iturrino, 24 D. P. R. 467; Delannoy v. Blondet, 22 D. P. R. 237; Figueroa v. Diaz, 19 D. P. R. 717.

El cuarto error se refiere a un incidente mencionado ya. Después de haber concluido el demandante su caso, los de-mandados .excepeionaron la demanda por no alegarse en ella Hechos suficientes para constituir una causa de acción, por cuanto en la demanda no se alegaba que la madre y el padre putativo del demandante al tiempo de la concepción “podían casarse con dispensa o sin ella”; y al propio, tiempo pre-sentaron una moción de nonsuit por falta de prueba sobre este particular. El demandante inmediatamente presentó una moción oral pidiendo permiso para enmendar la demanda y ampliar su prueba, solicitud que luego se reprodujo por es-crito acompañada de una copia de su proyecto de demanda ■enmendada, según se ha hecho constar anteriormente. Al parecer, ni el demandante ni la corte jamás abrigaron duda alguna respecto a los méritos legales en puro tecnicismo sobre la cuestión así levantada por los demandados, aunque el juez sentenciador tuvo grandes dudas sobre si tenía o no facul-tades para permitir, dadas las circunstancias del caso, la en-mienda propuesta. Aunque la corte al conceder la moción del demandante simultáneamente declaró sin lugar la excepción previa y la moción de non-suit, la opinión sobre la cual se funda su orden trata solamente la cuestión de la enmienda propuesta y re-apertura del caso, lo que claramente aparece haber sido el punto único a que prestó su atención el juez sentenciador.- Sin duda alguna habría sido más lógico sos-tener primero la excepción, previa y conceder luego la moción del demandante. Yerdaderamente, lo inadvertido de esta de-cisión se ve luego por la circunstancia de que, en una sesión subsiguiente, se volvió a presentar la misma excepción y fue declarada con lugar, concediendo en seguida la corté, a su propia iniciativa, al demandante permiso para enmendar, resolución a la cual los demandados también tomaron excep-ción, pidiendo después permiso y prórroga para contestar, lo que les fué concedido por la corte. No conocemos regla alguna que obligue al juez inferior a resolver la moción de nonsuit antes de considerar la cuestión de la enmienda; y, habiéndose concedido el permiso para enmendar y el permiso para ampliar la prueba, la suficiencia de los hechos previa-mente probados convirtióse en una mera cuestión académica.

Se ha dicho lo suficiente para demostrar que la enmienda a, que se refiere el quinto señalamiento de error no exponía ninguna causa de acción completamente nueva sino que sen-sillamente suplía la omisión, aparentemente por descuido, de un pequeño elemento, esencial al caso del demandante. Las cortes de primera instancia por lo general están inves-tidas de una amplia discreción en cuestiones de esta natu-raleza, la que debe ser liberalmente ejercitada para bien de la justicia, y siempre que se ejercite sin perjuicio de los derechos sustanciales de las partes, las cuestiones técnicas de mero procedimiento lian de recibir escasa consideración en apelación. Aun cuando la imposición de términos y condi-ciones razonables en la mayoría de los casos habría de con-ducir a qne se tuviese mayor cuidado en las alegaciones y en la presentación de la prueba, y aun cuando el abogado del demandante en este caso apenas si se hubiera podido quejar de haber adoptado la corte inferior la medida que acabamos, de sugerir, no encontramos que haya cometido falta alguna la corte inferior al conceder al demandante permiso para enmendar su demanda y ampliar su prueba. Cualquiera otra línea de conducta hubiese dado por resultado dilaciones, in-convenientes y gastos, si no en definitiva, un extravío de la' justicia.

El artículo 119 del Código Civil, vigente en Puerto Rico a la fecha del nacimiento del demandante, define los hijos naturales en la siguiente forma:

“Son hijos naturales los nacidos, fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos pudieron casarse sin dispensa o con ella.”

Un menor puede reconocer a un hijo natural. 1 Manresa, 3a. Edición, 564.

La dispensa mencionada en el artículo que acabamos de citar no es necesariamente la dispensa legal en puro tecni-' cismo del derecho canónico o del Código Civil. Según el artículo 45, citado por los apelantes,

“Les está prohibido el matrimonio:
“1°. Al menor de edad que no haya obtenido la licencia, y ál mayor que no haya solicitado el consejo de las. personas a quienes corresponde otorgar una y otro en los casos determinados por lá ley.
“3°. Al tutor y sus descendientes con las p.ersonas que tenga o haya tenido un guarda hasta que, fenecida la tutela, se aprueben las cuentas de su cargo; salvo el caso de que el padre de la persona su-■jeta a tutela hubiese autorizado el matrimonio en testamento o es-critura pública.”

El impedimento entre tutor y pupila no es legalmente dis- • pensable. Solamente el padre del jjupilo podía relevar a las partes de esta incapacidad, arvtorizando el matrimonio “en testamento o escritura pública.”. Sin embargo, Manresa sos-tiene que no solamente en el caso de esta formal autorización se encuentra un liijo, que liaya sido concebido fuera áel ma-trimonio, dentro de la definición que da el código de un bijo natural pero aun de otro modo, dada la posibilidad de tal “dispensa,” debe ésta presumirse y los términos en que se baila redactado el código deben interpretarse de modo que se_ incluyan todos aquellos casos en los que pudiera baber desa-parecido el impedimento legal. Comentarios al Código Civil, por Manresa, Tomo I, página 535. De ser sana esta propo-sición las cuestiones levantadas bajo el sexto y séptimo erro-.res quedan concluyentemente resueltas.

Los argumentos presentados bajo el octavo y noveno errores se refieren sólo a la suficiencia de la prueba.

En la última demanda enmendada se alegaba, entre otras cosas, lo siguiente:

“Primero. Que desde mediados del año 1891 basta fines del año 1895, la madre de este demandante, Agripina Gonce, vivió en con-cubinato y bajo el mismo techo, sin interrupción, con Don Juan José Emiliano Montalvo y Bermúdez, vecino que fue de la ciudad de Ma-yagüez y generalmente conocido por Emilio Montalvo, siendo ambos -solteros, sin que les uniera parentesco alguno de consanguinidad, o •de afinidad, habiendo procreado de dicha unión un hijo, que es el ■demandante, que nació en la ciudad de Mayagüez, P. R., el día 6 do mayo de 1893; y tanto su madre Agripina Gonce como su padre natural Juan José Emiliano Montalvo y Bermúdez, mencionados, al tiempo de-la concepción de este demandante allá por el mes de agosto del año 1892, y además con anterioridad y con posterioridad a esa fecha, estaban ambos en actitud de poderse casar sin dispensa.
Segundo. Que el citado Juan José Emiliano Montalvo y Bermúdez conocido por Emilio Montalvo, autorizó a este demandante a usar su propio nombre, atendió debidamente al demandante como padre, proveía a sus necesidades desde el momento de su nacimiento, pa-gaba su educación, y tanto privada como públicamente lo tuvo siem-pre por hijo suyo, y ofreció siempre reconocerlo como tal hijo; y siem-pre ofreció llevar a cabo su propósito atendiendo al sostenimiento y educación de dicho demandante hasta el momento de su fallecimiento.
Guarió. Que el demandante siempre se' condujo, tanto 'en público como en privado, como hijo del citado Emilio Montalvo, fallecido, usó siempre su nombre en público y en privado y se hallaba en la' posesión continua del estado de hijo natural de su citado padre, y le interesa probar su filiación por los medios: que le concede la ley. ’ ’

Aun cuando la prueba respecto a estos particulares úo es tan concluyente (¡orno desearse pudiera, sin embargo, si la corte inferior crdyó las declaraciones de los testig-os del demandante — como evidentemente las creyó — existe suficiente prueba para sostener la sentencia. La declaración de Agri pina Gronce parece haber sido en extremo franca, tiene otros indicios de veracidad, está corroborada en sus detalles esen-ciales, y cubre el caso por' completo. •„

La cuestión-levantada bajo el décimo error está resumida en la proposición de (pie la corte inferior confundió la cues-tión de la posesión de estado de hijo natural, que depende del propósito de un padre de poner a su prole en estado de hijo natural, con la de la paternidad, cuya investigación estaba prohibida por el Código Español.

El Tribunal Supremo de España, en su sentencia de 26 de junio de 1903, volumen 95 de la Jurisprudencia Civil, caso No. 194, página 1021, ha emitido la siguiente doctrina, que citamos del sumario:

“Que la posesión de estado a qtie se refiere el número dos del artículo 135 del Código Civil consiste en el concepto público en que es tenido un hijo en relación a su padre natural; cuando este concepto se forma por actos directos del mismo padre o de su familia, demos-trativos de un verdadero reconocimiento perfectamente voluntario, libre y espontáneo, puesto que el referido cuerpo legal no autoriza la pesquisa de la paternidad, salvo lo dispuesto en el Código Penal, ni impone consiguientemente 'tal reconocimiento contra la voluntad del padre, sin que aparte de esto sea preciso se haga tan ostentosa-mente como si fuera un hijo legítimo, habida cuenta de las ideas y consideraciones que puedan existir en las relaciones sociales; que-dando por lo tanto la misión de los tribunales, dentro de esta doc-trina, reducida a apreciar en cada caso la índole, trascendencia y al-canee de los actos de reconocimiento atribuidos al padre natural o a su familia.
“Que ‘las circunstancias de cada caso son las que ban de deter-minar el alcance y trascendencia de los actos significativos y demos-trativos de la posesión continua del estado de hijo natural.’’

Un detenido estudio de todos los autos a la luz de la doc-trina citada, nada revela que nos demuestre que se baya come-tido error alguno que motive la revocación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Benítez Sugar Company, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la anotación de un contrato de refacción agrícola.
    No. 331.
    Resuelto en noviembre 27, 1917.
    Refacción Agbíoola y Molienda de Cañas — Inscripción Previa — Título del Terrateniente — Arrendamiento.—Si bien de acuerdo con la sección 14 de la Ley No. 37, de marzo 10, 1910, sobre refacción agrícola y molienda de cañas, no se requiere la previa inscripción de la finca en el registro de la propiedad es necesario, entre otras cosas, que el terrateniente justifique de alguna ma-nera su título a la tenencia de la finca. Así, en el presente caso, no es ins-cribible la escritura qrablica aclarando y ratificando el contrato privado sobre refacción y molienda en la que el terrateniente bace constar que lo es en concepto de arrendatario, también por contrato privado por no haberse jus-tificado que exista en realidad este contrato.
    Abogado del recurrente: Sr. Francisco González.

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Gr. Descartes, com-pareció por escrito en nombre propio.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 30 de diciembre de 1916 el Sr. Oliver Shaw y la Be-nitez Sugar Company celebraron nn contrato sobre siembra y molienda de cañas y refacción, el cnal hicieron constar en doenmento privado de la misma fecha, insertando en dicho documento nn contrato de arrendamiento • también' privado, celebrado entre Práxedes Brignoni, dueño del terreno en que se iban a sembrar las cañas, y el Sr. Shaw, que contra-taba con la Benitez Sugar Company.

Con fecha 12 de junio de 1917, don José J..Benitez Díaz, como Presidente de la Benitez Sugar Company, y el Sr. Shaw, y su esposa doña Inés Brignoni, por su propio derecho, com-parecieron ante el Notario de Humacao, Francisco González Fagundo, y aclararon y ratificaron el contrato de fecha 30 de diciembre de 1916, otorgando la escritura No. 159, a la cual se unió el documento privado antes referido.

Al presentarse estos documentos en el Registro de la Propiedad de Humacao, fué denegada la inscripción por las siguientes razones, a saber:

‘ ‘ Denegada la anotación del contrato contenido en este doenmento, por resultar que no se ha justificado fehacientemente el derecho de propiedad de la finca a favor de don Práxedes Brignoni, ni el de arrendamiento de Don Oliver Shaw, * * * ’ ’

El recurrente sostiene que, de 'acuerdo con la sección 14 de la Ley No. 37 de marzo 10 de 1910, no se' requiere la previa inscripción de la finca que ha de gravarse. La mencionada sección reza como sigue:

“Sección 14. — Contra un título anotado, con arreglo a esta Ley, no podrá prevalecer ningún título o documento no anotado o inscrito anteriormente en el registro de la propiedad o en el de contratos agrícolas.
“A las anotaciones y notas marginales en el registro de. contra-tos agrícolas serán aplicables los preceptos de la Ley. Hipotecaria, en cuanto no se opongan a los de la presente; pero en ningún caso se exigirá, para estas anotaciones, la previa inscripción de la finca en el registro de la propiedad.”

Ya hemos visto en el caso’de la Fajardo Sugar Company v. El Registrador de Humacao, que cuando el dueño ofrece el contrato para su anotación que tal anotación debe hacerse siguiendo estrictamente la letra de la ley.

La pretensión del recurrente podría prevalecer si el dueño de la finca fuera la parte realmente interesada, y quizá no estaría justificado el registrador al denegar la anotación si una persona demostrara debidamente que fuese el arrenda-tario de alguien que diere a entender ser el dueño, especial-mente si el arrendatario alegase además que el. dueño ca-recía de título inscrito.

Ninguna de estas cuestiones se levantan realmente en este caso, puesto que tal documento no se llegó a presentar. Todo lo que llegó a manos del registrador fué un documento privado, subsiguientemente ratificado por una escritura, en la que el propio. Oliver Shaw hace constar que es arrendatario de Práxedes Brignóni, y él, Oliver Shaw, transcribió en dicho documento privado el arrendamiento que le hizo Práxedes Brignóni. Este último no compareció ante el Notario a ra-tificar el contrato de arrendamiento.

Bajo estas circunstancias, estimamos de aplicación al presente caso la doctrina sentada en el de la Porto Rico Leaf Tobacco Company v. El Registrador de Guayama, 24 D. P. R. 891, 894, en el que sostuvimos:

“Ciertamente que para las anotaciones de contratos agrícolas en el registro destinado al efecto, no es necesaria la previa inscripción de la finca en el registro de la propiedad, como así lo dispone la sección 14 de la Ley No. 37 de 10 de marzo de 1910, cuya sección no fué en-mendada por la Ley posterior No. 59 de 9 de marzo de 1911, y con ello se' propuso el legislador favorecer el desarrollo del crédito territorial y facilitar la contratación sobre frutos a los terratenientes que carecieran de título inscribible. Pero no cabe sostener que inscrita una finca en el registro de la propiedad a nombre de persona deter-minada pueda otra celebrar sobre ella contrato de préstamo con la garantía de sus productos con carácter de arrendatario o usufruc-tuario, sin justificar ese carácter y la extensión del misiiio. Puede suceder muy bien que el contrato garantizando la refacción con frutos de una finca que posea un terrateniente como arrendatario .o usu-fructuario, se opongan la extensión y el alcance de las facultades con-cedidas: al terrateniente en cualquiera de' los conceptos indicados-De abí la necesidad de que el registrador conozca cuáles son esas facultades mediante el examen del documento demostrativo del arren-damiento o del usufructo, cuando tal documento existe, como en el presente caso, sin que basté una mera referencia al mismo. En todo caso bastará la conformidad manifiesta del dueño de la finca con la garantía que ofrezca el arrendatario o usufructuario.
“La anterior doctrina se desprende de la misma ley No. 37 al ordenar en su sección 3a. que cualquier terrateniente a título de dueño, poseedor, arrendatario o usufructuario. de fincas rústicas podrá ve-rificar con terceras personas el contrato de refacción agrícola defi-nido en la sección Ia. de dicha ley; pero si el terrateniente lo fuese a título de arrendatario u otra forma temporal de usufructo, el con-trato de refacción no podrá extenderse más allá del término y condi-ciones fijados al 'derecho del arrendatario o usufructuario sobre la tierra. ¿ Cómo puede saber el registrador que el terrateniente a tí-tulo de arrendamiento o usufructo no se ha extendido más allá del término y condiciones fijados a su derecho?”

El recurrente trata de distinguir el precitado caso del que nos ocupa diciendo que la finca objeto de aquél estaba inscrita a nombre de otra persona, y que en la opinión parece también que se dice que el objeto de la presentación del arrendamiento era ver si el contrato de refacción excedía de los términos del arrendamiento.

■ Pero si se examina la citada sección. 14, se verá que las disposiciones de la Ley Hipotecaria, en todo cuanto no estén en conflicto con las de la citada Ley de Refacción Agrícola, serán de aplicación respecto a las anotaciones y notas mar-ginales que se hicieren en el registro de la propiedad.

Aunque expresamente la Ley No. 37 excluye la necesidad de la previa inscripción, necesariamente, por tanto, incluye muchas otras cosas, y una de,ellas es la de que cuando una persona pretende ser terrateniente de determinado predio está obligado a justificar de alguna manera su título a la tenencia del predio. Esta disposición ha sido dictada’ en beneficio de los dueños, que de otro modo pudieran ver im-pugnados sus propios contratos de refacción por otra persona que alegase ser el terrateniente, — en otras palabras, aun cuando estamos obligados a seguir la ley, y especialmente su sección 14, por la que no se exige la previa inscripción, sin embargo en otros respectos nos sentimos obligados a seguir el espíritu de la Ley Hipotecaria para proteger a los terceros.

Respecto a la sugestión que se nos lia beclio de que la . decisión arriba citada sólo requiere la necesidad de examinar el contrato de arrendamiento para ver si excede de los tér-minos en él fijados, creemos que es evidente que antes de examinarse cualquier contrato de arrendamiento debe demos-trar la persona que presenta tal contrato de arrendamiento sii condición de terrateniente. En otras palabras, de que existe en realidad tal contrato de arrendamiento.

La sección 3a. de la ley dispone que cuando el terrate-niente sea un arrendatario el contrato de refacción no se . extenderá más allá del término fijado en el mismo, y por su-puesto el registrador está obligado a examinar y ver si existe tal exceso, y creemos que la decisión del caso de la Porto Rican Leaf Tobacco Company, supra, hace indispensable la presentación del contrato de arrendamiento.

Creemos en este caso que el registrador debió liaber ex-presado su nota denegatoria de una manera un poco más amplia. No hemos considerado la- cuestión de falta de tí-tulo en favor de Práxedes Brignoni, porque esa cuestión no se le planteó al registrador por no habérsele' presentado el contrato de arrendamiento.

Respecto a la nota del registrador denegando la anota- . ción por falta de título en favor de Práxedes Brignoni, dicha nota debe ser revocada, pero respecto a la falta de prueba dél derecho a la tenencia de la finca por el Sr. Oliver Shaw dicha nota debe ser confirmada.

Confirmada la. nota recurrida, pero revocán-dola en cuanto a la no justificación del de-recho de propiedad de Práxedes Brignoni.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Pfesidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


text:
    Fajardo Sugar Company, Recurrente, v. El Registrador de Humacao, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Humacao denegando la anotación de un con-trato de refacción agrícola.
    No. 333.
    Resuelto en noviembre 27, 1917.
    Refacción Agrícola — Inscripción Previa de la Finca — Presentación del Tí-tulo de Adquisición. — Para la anotación en el registro de un contrato de reiacción agrícola, en el que el cultivador de cañas o “colono” a que se refiere la sección 14 de la Ley de 10 de marzo de 1910, declara ser dueño de la finca objeto del .contrato, no es necesario que el documento revele que la finca no está previamente inscrita o que, en su defecto, el título de adqui-sición sea presentado.
    Abogado del recurrente: Sr. Luis Muñoz Morales..

    El registrador recurrido, Sr. Francisco Gr. Descartes, com-pareció por escrito en nombre propio.
   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Trátase de un contrato de refacción agrícola presentado para su anotación en el registro, en el que el cultivador de las cañas o “colono,” declara ser el dueño de la finca objeto del contrato. Parece que este caso cae de lleno dentro de las disposiciones de la sección 14 de la. Ley de 10 de marzo de 1910, que reza como sigue:

“A las anotaciones y notas marginales en el registro d-e contratos agrícolas serán aplicables los preceptos de la Ley Hipotecaria, en cuanto no se opongan a los de la presente; pero en ningún caso se exigirá, para las anotaciones la previa inscripción de la finca en el registro de la propiedad.”

El registrador sostiene que el documento debe revelar que la finca objeto del contrato no estaba previamente ins-crita, o en su defecto que el título de adquisición debía ser presentado. La razón natural apoya la doctrina mantenida por el registrador, pero creemos que el presente es un caso en que es de perfecta aplicación aquella máxima ita lex scripta est. La legislatura, según lo dejamos indicado en el caso de la Porto Rican Leaf Tobacco Company v. El Registrador, 24 D. P. R. 891, 894, favorece esta clase de contrato, y aun cuando esta política mantenida por la legislatura pueda acarrear algunos inconvenientes, no nos restá a nosotros ni al registrador otra cosa que seguir estrictamente la ley.

La nota del registrador debe ser revocada y la anota-ción Lecha de conformidad.

Revocada la nota recurrida y ordenada la ano-tación solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sresi Presidente Hernández y Asociado Al-drey no interviniéron.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Villegas, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito dé San Juan, Sección Ia., en causa por hurto de menor cuantía.
    No. 1188.
    Resuelto en noviembre 27, 1917.
    Hurto — Hallazgo de Cosa Perdida. — En este caso el denunciante perdió cierto número de patos, y denunció el hecho a la policía. Posteriormente encontró tres de los patos en poder de otra persona, quien los había comprado al acusado, y los cuales identificó porque uno de ellos tenía una marca y los demás eran de la misma raza. El denunciante y un policía declararon que el acusado les dijo que los había encontrado en una quebrada y creyó que eran del monte. El acusado declaró negando que hubiera hecho esas manifesta-ciones e insistió en que había comprado a un muchacho tres huevos de patos e hizo una detallada relación de cómo sacó los patos de los mencio-nados huevos. Se resolvió: que la manera en que dichos patos se desapa-recieron y fueron encontrados por el acusado está de tal modo envuelta en duda, que es imposible estimar este caso como comprendido en el artículo 433 del Código Penal.
    Id. — Posesión de Objetos Robados; — Presunción—Manifestaciones Incon-' GRüentes — Corpus Delicti. — El hecho de que una persona acusada <le hurto ' incurra en manifestaciones incongruentes al explicar la posesión de deter-minados objetos recientemente robados puede ayudar a establecer una pre- ■ sunción de conexión entre el acusado y un delito imputádole, pero es nece-sario también que haya prueba independiente de la existencia del corpus delicti.

    Abogado del apelante: Sr. Marcelino Romany.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Los liechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Bernardo Rosa perdió diez y seis o veinte patos pequeños. No tenía seguridad de la fecha en qne se le desaparecieron, ni hizo relación alguna sobre la manera en qne los tenía ni las circunstancias bajo las que se le desaparecieron. De-nunció el hecho de la pérdida de sus patos a un policía, y posteriormente él mismo encontró tres patos, qne según ten-dió a demostrar la prueba, eran del número de los 16 o 20 que se habían desaparecido. Uno de ellos tenía una marca, qne ’Rosa reconoció, y los demás los identificó como de la misma raza. Los tres patos fueron encontrados en posesión de un tal G-uzmán qne se los había comprado al acusado Villegas. G-uzmán dice que vió a Villegas criarlos. Villegas dijo tanto al testigo Rosa como al policía, según declaración de ambos, que él los había encontrado en la que-brada y creyó que eran del monte j le dijo al policía que no lo denunciara. Villegas declaró • negando que hubiera dicho a ninguno de dichos dos testigos qne hubiese encontrado los patos en la quebrada. Por el contrario insistió en que ha-bía comprado a un muchacho tres huevos de patos, e hizo una detallada relación de cómo sacó los patos de los men-cionados huevos.

El apelante insiste en que no ha habido prueba demos-trativa del animus furandi. El Fiscal descansa en la pre-sunción de que la posesión de bienes recientemente robados, unida a otras circunstancias, puede conectar a un acusado con el delito impntádole, y cita en apoyo de sn teoría del caso la doctrina sentada en el caso del Pueblo v. Laureano, 20 D. P. R. 8. Las circunstancias adicionales que se alegan concurrir en el presente caso son las manifestaciones incon-gruentes del acusado.

En el caso de Mason v. State, 171 Ind. 78, 16 Am. & Eng. Annotated Cases, 1212, se cita de la obra de Wills, en materia de Evidencia Circunstancial, lo siguiente:

“Raras veces, sin embargo, tiene el jurado que determinar el efecto de la evidencia de la simple posesión reciente de objetos ro-bados; por la propia naturaleza del caso, el hecho de la posesión está acompañado generalmente de otras circunstancias corroborantes o que explican la de la presunción. Si la parte ha escondido la pro-piedad; si negare que estuviese en posesión de la misma, y se des-cubriere luego la falsedad de sú negativa; si no pudiere revelar el modo y forma en que llegó a posesionarse de la misma; si diere ex-plicaciones falsas, increíbles o incongruentes del modo y forma en que adquirió la misma, como por ejemplo, que la encontró, o que se la dió o vendió un extraño, o que' la dejaron en su casa; si hubiere dispuesto o tratado de disponer de la misma a un precio bajo fuera de toda razón; si se hubiere ocultado o tratado de escapar de la acción de la justicia; si se encontraren en su poder otros objetos robados, o herramientas propias para verificar escalamientos o cualesquiera otros instrumentos de delito; si fuere visto cerca del sitio a la hora o ;nomento en que se realizó el hecho; o si algún artículo que le perte-nezca se encontrare en o cerca del lugar en que se cometió el hurto, como a la misma hora más o menos en que se realizó el delito; si correspondiere la impresión de sus zapatos u otros artículos de vestir' con las marcas o señales dejadas por los ladrones; si hubiere tra-tado de hacer desaparecer alguna marca o señal de identidad que tuvieren los artículos robados, o tratado de corromper o sobornar a las partes o funcionarios de la justicia, éstas y toda otra circunstan-cia por el mismo estilo, se consideran justamente como que arrojan luz y explican el hecho de la posesión, y hacen moralmente cierta la conclusión de que semejante posesión sólo puede atribuirse a un origen delictivo, y no puede explicarse de otro modo.”

Es cierto que el hecho de dar dos. explicaciones incon-gruentes pueda ayudar a establecer la presunción debatida, pero creemos que la cita en su totalidad nos revela que se dá por sentado que ha habido prueba independíente do la existencia del corpus delicti. En realidad de verdad, la pre-sunción de la conexión con el delito surge del hecho de que hayan sido recientemente robados los objetos encontrados en poder del acusado. En el caso de El Pueblo v. Carrillo, 24 D. P. R. 632, 634, sostuvimos, apoyados en las autorida-des que allí citamos, que el corpus delicti puede ser demos-trado mediante prueba circunstancial. En el presente caso se descansa en el hecho de la posesión de los objetos per-didos no sólo como vía de conexión entre el acusado y el delito imputádole, sino que parcialmente también para de-mostrar que el delito de hurto se ha cometido. Es probable que sea culpable el acusado, o que al menos tenga la con-ciencia de su culpabilidad, pero la ley exige certeza y • no creemos que el corpus delicti estuvo suficientemente demos-trado. Los patos pueden vagar. Si hubiera habido alguna evidencia independientemente del hurto, o alguna evidencia tendente a demostrar el que dichos patos fueron cogidos bajo circunstancias sospechosas, habríamos llegado a una distinta conclusión. Si, en realidad de verdad, hubiera habido al-guna descripción del vecindario, o de la manera en que tenía los patos, esto podría haber sido suficiente. El querellante tenía 16 o 20 patos, y no se ha aportado la más mínima prueba respecto a qué se hicieron los demás, fuera de los tres que aparecieron haber estado en posesión del acusado.

El Fiscal insiste en que por virtud del artículo 433 del Código Penal era deber del acusado buscar al dueño de los patos. Dicho artículo reza como sigue:

“Art. 433. — La persona que encontrare alguna cosa perdida, bajo circunstancias que le dieren indicio de su legítimo dueño, o le faci-litaren el medio de averiguarlo, y se apropiare el hallazgo, bien para su uso particular, bien para el de otra persona, sin haber practicado las diligencias del caso para encontrar al dueño y devolverle su pro-piedad, será culpable de hurto, y será castigada con la pena corres-pondiente.”

No se aportó prueba alguna de circunstancias que le dieran al acusado indicio de, o facilitaren • el medio de averiguar, quién fuese el legítimo dueño de dichos patos. No se probó porqué sitio pasaba la quebrada, o a qué distancia pasaba respecto a la casa del querellante. La manera en que dichos patos se desaparecieron y fueron encontrados por el acusado está de tal modo envuelta en una nube de dudas que es imposible que pueda estimarse este caso como uno de los comprendidos en el citado artículo 433.

No estamos dispuestos a sostener la sentencia de convic-ción con la prueba aportada, y por tanto dicha sentencia debe ser revocada.

Revocada la sentencia apelada y absuelto el acusado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Sk. Hutchison

text:
    Texidor, Recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección 1a., Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sección Ia., denegando la cancelación de írn censo.
    No. 339.
    Resuelto en noviembre 30, 1917.
    Censos — Cancelación de Oficio — Asientos no Tomados de Lqs Antiguos Li-bros — Reconocimiento por el Recurrente. — No procede la cancelación, a mera instancia del recurrente, fundada sola y exclusivamente en las disposi-ciones del artículo 397 y'siguientes de la Ley Hipotecaria y en la Real Orden de 8 de mayo de 1894, de un censo que aparece en las distintas ins-cripciones de una finca y que ba sido reconocido por el recurrente por haber quedado en su poder por consecuencia de dicho censo una suma de dinero que se dedujo del precio de la venta, cuando el asiento cuya cancelación se pide no fué tomado directamente de los antiguos libros ni hecho por el registrador a su propia iniciativa sino que fué el resultado del deliberado, solemne y mutuo reconocimiento por parte de vendedores y compradores / en los varios documentos que forman la cadena de títulos de la propiedad.
   Los hechos están expresados en la opinión.

Abogado del recurrente: iSr. Enrique Campillo.

El registrador interino recurrido Sr. Manuel Paz Urdaz compareció en nombre propio.

El Juez Asociado Sk. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En la primera inscripción de la casa No. 7, calle del Cristo, de esta ciudad de San Juan, que la originó una escritura de fecha 4 de marzo de 1871, se liace constar que dicha finca está sujeta a los gravámenes siguientes, (la bastardilla es nuestra):

“A una hipoteca por seiscientos setenta y ocho pesos sesenta y seis centavos moneda extranjera a favor de Don Benito María Oso-rio, la cual grava una parte, sin determinar la que sea, y consta inscrita al folio diez y siete vuelto, número cuarenta y tres del litro diez y ocho antiguo: a otra hipoteca por mil cuarenta escudos a favor de Don Francisco Antonio Fernández, afectante a dos partes de esta finca, sin determinarlas, inscrita al folio setenta y siete vuello, número ciento cincuenta y ocho del libro veinte antiguo; a un embargo trabado por el Alcalde Mayor contra Don Rafael Margarv, no consta por qué cantidad, e inscrito al folio veinte y uno, número cuarenta y uno del Ubro veinte y uno antiguo; a una fianza para garantir el manejo que tuvo Don Francisco Gutiérrez, como colector de la Mesa Capitular, hasta en cantidad de tres mil cuatrocientos cuarenta escudos setenta y cuatro. céntimos, afectante a dos duodé-cimas partes, sin determinarlas, inscrita al folio sesenta y uno, nú-mero ciento diez y ocho, del libro veinte y tres antiguo; a otra hi-poteca a favor de Don Joaquín Maldonado por ciento setenta y siete pesos treinta y tres centavos sobre la sexta parte de esta finca, ins-crita al 'folio setenta y tres vuelto, número ciento cuarenta y uno del libro veinte y ocho antiguo; y por fin, a cinco mil seiscientos cincuenta escudos de censo, sin que se exprese a favor de quién, no constando de una manera conocida inscrito con anterioridad en este Registro; pero los reconoce el título ahora presentado, sin que de una manera clara aparezca afecta a ninguna otra obligación.”

El propio asiento revela que en 1871 el comprador retuvo en su poder $470.83 de los $2,191.21 del precio de venta para cubrir el gravamen representado por el censo pendiente supra-mencionado y que el vendedor recibió $1,720.37.

También aparece de la certificación expedida por el re-gistrador qne las demás menciones de gravámenes relacio-nadas en la propia inscripción, salvo la qne se refiere al censo, Rabian sido cánceladas según el registro.

En el mes de marzo de 1917, en la escritura otorgada a favor de la esposa del recurrente, hicieron constar las partes de nna manera solemne qne sobre esta finca, además de una hipoteca por $4,000, existe un censo a favor de quien esté inscrito por 1,650 escudos de la moneda antigua, en referen-cia a la fecha de la escritura.” El propio título contiene además la cláusula siguiente:

“Segunda. — Verifícase esta compraventa por el convenido precio de doce mil dólares que el comprador le entrega al vendedor en este acto después de deducir los cuatro mil dólares de la hipoteca y tres mil dólares que deja por los censos, siendo la entrega de un mon-tante líquido de cinco mil dólares que -en mi presencia se entregan en billetes de banco de cien dólares cada uno, de cuya entrega doy fe. ’ ’

Inscrita la referida escritura, el recurrente varios meses después solicitó del registrador cancelase la mención que se hace en las distintas inscripciones de dicha finca del censo antes indicado, basándose en el artículo 397 y siguientes de la Ley Hipotecaria y la Eeal Orden de 8 de mayo de 1894.

La nota puesta al pie de dicha solicitud por el registrador dice textualmente como sigue:

“No practicada operación alguna con el precedente documento por no ser la mención del censo, cuya cancelación se pide, de las que deba cancelarse de oficio, según la Real Orden de 8 de mayo de 1894, toda vez que los sucesivos compradores de la finca gravada, incluso la solicitante, han reconocido el censo de referencia por haber quedado en su poder parte del precio por consecuencia de dicho censo, y también porque la mención fue tomada del título, que originó la inscripción primera, y no de los antiguos libros del registro, como requiere la citada Real Orden.-”

El artículo 397 de la Ley Hipotecaria trata del término, método y efecto del traslado de los asientos de los libros, antiguos a los modernos.

La Beal Orden de 8 de mayo de 1894, entre otras cosas, disponía—

“Que terminado el plazo señalado para solicitar las traslaciones, los asientos de derechos reales de los libros antiguos no trasladados, no se mencionarán en las inscripciones nuevas que se hagan, cance-lándose de oficio, terminado dicho plazo, las menciones que también de oficio se hubieran hecho en los libros modernos de asiento de los expresados derechos reales consignados en los antiguos, siempre que su traslación nó "haya sido expresamente solicitada por los in-teresados dentro del plazo legal.”

Según se indicó en el caso que motivó el recurso de Caso v. El Registrador, 6 D. P. R. (2a. Ed.) 155, la intención que trasciende de la disposición que se acaba de citar fué de una manera más clara expresada en la Real Orden de 18 de junio de 1895, que dispone que “sólo son cancelables"las men-ciones de oficio que se hubiesen tomado directamente de los libros antiguos.”

En el presente caso,. como aparece suficientemente de los hechos anteriormente relacionados, el asiento, cuya can-celación se pide., no fué ni tomado directamente de los an-tiguos libros ni hecho por el registrador a su propia inicia-tiva sino que fué el resultado del deliberado, solemne y mutuo reconocimiento de dicho censo por parte de vendedores y compradores en los varios documentos que forman la cadena de títulos empezando por la escritura de 1871 y terminando con la de marzo de 1917, el comprador en cada caso, inclusive la dueña actual, se reservó una suma de dinero, que se dedujo del precio de venta, a fin de cubrir el gravamen pen-diente que representa el consabido censo.

Vistas todas las circunstancias del caso creemos que el registrador tuvo perfecta razón cuando denegó la cancela-ción de los asientos en question a mera instancia del recu-rrente, fundada sola y exclusivamente en las disposiciones de la Ley Hipotecaria y la Real Orden supra-mencionada.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado AL drey no intervinieron.


text:
    Torruellas, Demandante y Apelada, v. Ferrer, Demandada, y Colón, Administrador Judicial, Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en procedimiento sobre aprobación de cuentas de un ad-ministrador judicial en pleito sobre cobro de pesos.
    No. 1624.
    Resuelto en noviembre 30, 1917.
    Administración Judicial — Aprobación de Cuentas — árbitros — Decisión So-bre Toda la Controversia. — Cuando en un procedimiento sobre aprobación <de cuentas de un administrador judicial la eorte nombra un árbitro, no para que decida el caso sobre "toda la controversia''' según el artículo 210 del ■Código de Enjuiciamiento Civil, sino para que investigue los hechos y emita iun dictamen con sus recomendaciones; y el administrador no toma excep-ción del dictamen del árbrito, que, aun cuando halló probado entre otras cosas el saldo reclamado eon arreglo a copias sustituías de las cuentas ren-didas, declinó considerar la cuestión de la aprobación o desaprobación de dichas cuentas, sino que lo consiente tácitamente al aeudir a la corte soli-citando se dicte sentencia, no puede sostenerse que la corte carecía de fa-cultades para dictarlas no aprobando las cuentas presentadas.
    Id. — Id.'—Presunción por Palta de Oposición — Negligencia.—No puede re-levarse a un administrador judicial de bienes inmuebles embargados, de acuerdo con la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha dormido sobre sus derechos por más de 33 años desde que el demandante desistió del pleito y fueron presentadas las cuentas y comprobantes de la administración, y des-pués de extraviadas éstas, de las consecuencias naturales de su propia lata ■culpa {gross laches), con una simple moción interesando la aprobación do sus cuentas, basada sola y exclusivamente en la teoría de una presunción técnica en su favor que surge de la facultad del demandante en un pleito antiguo de hacer oposición en tiempo hábil a'dichas cuentas. Yigilaniilms et non dormienlibu» jura suhveniunt.

    Abogado del apelante: Sr. Juan Hernández López.

    Abogado de la ajielada: Sr. Francisco Parra.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En el 1895 en un pleito seguido contra la 'Sucesión de Don Carlos Pages y Maristani en cobro de la suma de 8,000 pesos, fué nombrado Don Ovidio Colón administrador, judicial de ciertos inmuebles embargados.

En el 1900 se exigió a Colón presentase sus cuentas, lo que verificó mostrando, a más de otra deuda, un saldo a su favor de algo más de 5,500 pesos. La corte ordenó se uniesen a los autos las cuentas, habiéndose notificado al abogado de la demandante,

En el 1901 la demandante obtuvo permiso, previa moción al efecto, para desistir del pleito, levantándose el embargo trabado.

Aparentemente no se dió ningún paso ulterior por nin-guna de las partes interesadas liasta el 1914 en que Colón presentó una moción haciendo constar los antecedentes y solicitando se dictase una orden resolviendo lo que se esti-mase oportuno en bien de la justicia.

La corte, fundada en la facultad que le confiere' el artí-culo 205 del Código de Enjuiciamiento Civil, dictó la si-guiente orden:

“La corte, después-de haber oído en sesión pública dicha moción y la oposición que a ella hiciera el abogado Señor Parra. Capó, en representación de Doña Asunción Torruella Rivera, y después de considerar debidamente los alegatos de ambas partes, en cuanto a la cuestión previa, o sea, si ha caducado o no la instancia en dicho procedimiento, para pedir la aprobación de las cuentas del adminis-trador judicial; resuelva, por la presente, que en este caso no son de aplicación los artículos 410 y 419 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española respecto a la caducidad de la -instancia, y, por tanto, que el Administrador Judicial Ovidio Colón Zayas tiene derecho a pedir el arreglo final de sus cuentas como administrador en dicho pleito. Al mismo tiempo, y para poder resolver la moción en sus méritos tratándose, como se trata, del examen de largas cuentas, siendo necesario conocer la liquidación final para poder resolver sobre su aprobación o no aprobación; y debido al abundante trabajo en los asuntos corrientes de esta corte que no han permitido ni per-miten al juez de la misma, personalmente, estudiar dichas cuentas para resolver lo que se interesa: la corte cree firmemente que en este, caso procede nombrar ufi árbitro para examinar’ dichas cuentas y hacer la liquidación de las mismas, presentando, después, su dictamen a la corte,1 para ésta resolver sobre la aprobación de las mismas. Por tanto: de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 205 del 'Código de Enjuiciamiento Civil, la corte, por la presente, dispone un arbitraje para los fines arriba indicados y ordena se notifique esta resolución a las partes interesadas, o a sus abogados, requirién-doles, al mismo tiempo, para que, si vieren convenirles, propongan a la corte el nombre de alguna o algunas personas para de entre ellas elegir la que haya de nombrarse como árbitro para el arreglo y li-quidación de dichas cuentas. XJna vez elegido y nombrado dicho ár-bitro, deberá prestar el juramento de desempeñar bien y fielmente su cometido y'luego se le entregarán por el secretario, todas las cuentas y antecedentes y documentos relacionados con las mismas, que se en-cuentren unidas a los autos o en el archivo de esta corte; pudiendo dicho árbrito oir a las partes, si fuere necesario, para la mejor li-quidación de dichas cuentas, y debiendo presentar su decisión por escrito a la corte, dentro de los veinte días después de haber llegado a la liquidación de dichas cuentas, con el correspondiente informe.”

El' informe, del árbitro contiene 18 resultancias de he-chos específicos, y las siguientes conclusiones de derecho:

“Io. La autenticidad de la copia de cuentas generales admitida para sustituir: primero, el trozo de cuenta parcial- perdido, y segundo, el original de la cuenta general también perdido; ha sido verificada de acuerdó con el artículo 87 de la Ley de Evidencia, por affidavit del administrador don Ovidio Colón ¡Zayas, que fué el que entendió en y ordenó la confección de dichas cuentas. 2°.' La admisibilidad de dicha copia para los dos objetos de sustitución indicados se basa en el artículo 344 del Código de Enjuiciamiento Civil. 3o. El abo-. gado de .don Juan Estapé y doña Asunción Torruella, presentó al árbitro las siguientes alegaciones contenidas en el escrito marcado ‘Exhibit Número uno,’ (a) que el árbitro no debe considerar las cuentas existentes hasta que el señor Colón no cumpla la orden del juez sobre presentación de cuentas completas con todos sus compro-bantes necesarios; (ó) que aun considerando las existentes el árbitro no debe, tomar acción sobre ellas hasta que no se completen; (c) cpie no se pueden aprobar cuentas sin los debidos-comprobantes y en los autos no existen; pues los que se alegan como tales, no lo son. Las dos primeras alegaciones han sido desestimadas por haber llegado el árbitro a la conclusión contenida en el hecho número ‘doce’ de este informe. La tercera alegación ha sido desestimada por no estar dentro de las facultades del árbitro la aprobación de las cuentas. Y en cnanto a la suficiencia de los comprobantes existentes, en vista de los affidavits marcados con los números 2, 3 y 4 los cree el árbitro suficientes,• siendo de aplicación el artículo 7 del Código Civil.”'

El resultando o lieelio 12°. a que se refiere el árbitro como fundamento para desestimar las dos primeras alegaciones de oposición que aparecen del “Exhibit No. 1,” dice así:

“12°. No existen en los autos estas cuentas generales ni sus com-probantes, pero en vista de las precedentes constancias oficiales y-falta de prueba en contrario, el árbitro llega a la conclusión de que dichas cuentas finales fueron presentadas con sus comprobantes y que se han perdido.”

El presente recurso de apelación se ha interpuesto contra una orden de lá corte negándose á aprobar las' cuentas, la • cual reza en parte como signe:

“La corte, después de haber estudiado detenidamente este caso, todos los antecedentes del mismo que ha podido encontrar, y 'todas las actuaciones que en el mismo se han llevado a cabo, es de opinión que no existen comprobantes suficientes para que la corte pudiera dictar una resolución aprobando las cuentas que interesa el compare-ciente Ovidio Colón Zayas, por no haberse presentado a la conside-ración del árbitro, ni de esta corte, todos los comprobantes, libros de contabilidad y demás documentos, libretas o papeles en los cuales pudiera haberse hecho constar la marcha de dicha administración; por lo que la corte en definitiva resuelve lo siguiente: Que no debe aprobar, y por la presente no aprueba las referidas cuentas presen-tadas por el Administrador Ovidio Colón y Zayas, quedando las partes en libertad de ejercitar su derecho, si alguno tuvieren, en el tiempo, forma, vía y corte correspondientes.”'

Se lian señalado los errores que siguen:

“La resolución de la corte es contradictoria e incongruente y no guarda relación, ni es conforme con las resultancias de hecho y conclusiones de derecho formuladas - por el árbitro en su informe o decisión, y en tal concepto dicha resolución apelada infringe las disposiciones del Capítulo IY, Título IX del Código de Enjuicia-miento Civil y especialmente los artículos 205, 206, 209, 210 y 211 de dicho Código de Enjuiciamiento Civil.
“Comete error del derecho la corte de distrito en su resolución apelada, al no aplicar debidamente los preceptos de la Ley de En-juiciamiento Civil española aplicables al caso, que rigió para las islas de Cuba y Puerto Rico, aprobada por Real Decreto de 1885.”

El argumento del apelante respecto al primer error ale-gado se basa principalmente en lo preceptuado en el artí-culo 220 del Código de Enjuiciamiento Civil, que dispone: “La decisión arbitral sobre toda la controversia deberá pre-valecer como decisión de la corte, y presentada que fuere al secretario de la misma, se procederá a dictar sentencia de igual modo que si el pleito hubiera sido juzgado por la corte”; y deja de observar por completo el hecho de que no se hizo referencia en este caso respecto a “toda la contro-versia.” Aun cuando la-aludida orden contiene algunas va-gas expresiones que podrían dar lugar a argüir sobre este X)articular, sin embargo, tomada en su totalidad, plenamente demuestra que la idea que tuvo in mente el juez fue la de que se investigasen los hechos y se emitiese un dictamen con sus recomendaciones. Así lo entendió el árbitro, halló probado entre otras cosas el saldo de la suma que se le adeu-daba al apelante con arreglo a las copias sustitutas de las-cuentas rendidas en 1900, y expresamente declinó considerar la cuestión ele la aprobación o desaprobación de dichas cuen-tas. * El apelante no tomó excepción alguna a esta decisión (ruling) sino que tácitamente la consintió al acudir a la corte solicitando se dictase sentencia. La decisión de la corte no pone en tela de' juicio la autenticidad o admisibilidad de las copias sustitutas de las cuentas extraviadas, ni las re-sultancias de hecho a que llegó el árbitro respecto al saldo que resultó en favor del apelante de la faz de dichas copias. Es cierto que el árbitro expresa una opinión desnuda de fundamentos respecto a la suficiencia de ciertos affidavits en lugar de los comprobantes extraviados, pero él hace esto incidentalmente, inmediatamente después de declinar por falta de autoridad para considerar los méritos de la única cuestión envuelta en este caso que pudiera girar sobre' este punto. La corte de distrito a la luz de los Lechos estimados por probados y conclusiones de derecho sometidas por el árbitro sencillamente resolvió sobre los méritos de la contro-versia, cuya decisión Se había reservado por completo en la orden de referencia, la que cuidadosamente evadió el ár-bitro que comprendió claramente el alcance de sus facultades. Dadas las circunstancias del caso, la cuestión planteada por el apelante de que la corte carecía de facultades para hacer lo que hizo no puede sostenerse.

Se arguye, bajo el segundo motivo de error, que los dos principios fundamentales que informan los artículos 1012 al 2014, ambos inclusives, de.la Ley de Enjuiciamiento Civil es-pañola, son: primero, que si no se hiciere oposición a la.s cuentas, serán éstas aprobadas, y, segundo, que si fueren impugnadas 'en tiempo hábil, se sustanciará la impugnación p'or los trámites establecidos para los incidentes. Los artí-culos en que descansa su teoría rezan como sigue:

“Art. 1012. — Todas las cuentas del administrador, inclusa la final, serán puestas de manifiesto a las partes en la escribanía, cuando cese en el desempeño de su cargo, por un término común, que el juez señalará según la importancia de aquéllas.
“Art. 1013. — Pasado dicho término sin hacerse oposición a las (iuentas, o al desestimar los reparos que se hubieren alegado, el juez dictará auto aprobándolas, y declarando exento de responsabilidad al administrador. En el mismo auto el juez cancelará la hipoteca que el administrador hubiere' constituido, o mandará devolverle la fianza que hubiere presentado.
“Art. 1014. — Si las cuentas fueren impugnadas cm tiempo hábil, se sustanciará la impugnación con el cuentadante por los trámites establecidos para los incidentes.
“Contra el auto que ponga término al incidente de cuentas, pro-cederá la apelación en ambos efectos. Contra el que pronuncíe la Audiencia se dará el recurso de casación.”

Haya o no prescrito el derecho del administrador para pedir, mediante moción al efecto, la aprobación de sus cuení tas, según lo ha sugerido la apelada, formen o no, según arguye el apelante, las cuentas que se le adeudan a un admi-nistrador judicial de una finca embargada que se le hayan irrogado con ocasión y durante dicha administración, parte de las costas del pleito desistido con las costas al demandante, y como tales no comprendidas dentro del estatuto de pres-cripción — constituya o no “tiempo hábil” para la interposi-ción de la oposición un período razonable o indefinido de tiempo, — empiece o no a contarse el término para la indi-cación de la oposición desde la fecha en que se pieséntaron las cuentas y se dió traslado de las mismas a la parte con-traria, o desde la fecha en que se dicte una orden por la corte fijando “un plazo comúii para todos” (orden que no llegó a dictarse ni a pedirse en este caso), no estamos dis-puestos a sostener que el apelante después de haber dormido sobre sus derechos, si algunos hubo tenido, por más de 13 años desde que se abandonó el pleito en el que se le nombró administrador, y después de haberse extraviado tanto las cuentas que él mismo presentara con anterioridad al desis-timiento y los comprobantes que se alegan ser justificativos de dichas cuentas, pueda relevársele de las consecuencias na-turales de su propia lata culpa (gross laches) con una simple moción interesando la aprobación de sus cuentas basada sola y exclusivamente en la teoría de una presunción técnica en su favor que surge de la facultad del demandante en un pleito antiguo de hacer oposición en tiempo hábil a dichas cuentas. Vigilantibus et non dormientibus jura subvenmnt.

Lñ sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.

Los Jueces Srcs. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.


text:
    Atlas Commercial Company, Demandante y Apelada, v. Gómez et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 1613.
    Resuelto en noviembre 30, 1917.
    Compraventa Mercantil — Comisión Mercantil — Cuenta Corriente Ilíquida— Mandato o Comisión — Interpretación de Contrato. — En este caso se alegó que el contrato objetó del pleito era uno de comisión mercantil y de cuenta corriente ilíquida, y se resolvió que la corte inferior lo interpretó bien al estimarlo de compraventa mercantil aunque basta cierto punto y hasta una claramente mareada extensión parece que en el asunto se envuelve un ele-mento constitutivo de .mandato o comisión; y que cualquier duda, que haya podido existir respecto a cómo debía entenderse el documento original quedó esclarecida por la interpretación práctica que le dieron las partes mediante su propia conducta.
    Abogado de los apelantes: Sr. Manuel A. Martines.

    Abogado de la apelada: Sr. Gustavo Rodrigues.

   Los hechos están expresados en la opinión.

El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante-apelada, que de aquí en adelante llama-remos . demandante, después de haberse apelado de la sen-tencia de la corte municipal y celebrado un juicio de novo en la de distrito, obtuvo una sentencia en contra de los deman-dados-apelantes, que de ahora en adelante llamaremos de-mandados, por virtud de una cuenta abierta después de ha-berse otorgado un contrato, entre la 'demandante, como com-pareciente de la primera parte, y los demandados, como com-parecientes de la segunda parte, lo pertinente del cual reza como sigue:

“Que tienen convenido entre sí un contrato de compraventa de gomas y tubos para automóviles de la marca ‘Ehrestone’ para dedi-carse los comparecientes de la segunda parte a la reventa de los mis-mos, dentro del Distrito de Guayama, y lo hacen constar mediante el presente otorgamiento, en las formas que explican las cláusulas siguientes:
“Primera: Los comparecientes,- Don Ricardo A. Gómez y Don Arturo Gervanio López y G-iraud, se comprometen a comprar a la Compañía ‘Atlas Line’ gomas y tubos de la marea ‘Firestone’ por valor de dos mil DOLLARS en el término de un año, a contar desde. esta fecha, que es el término de duración de ’este contrato.
“Segunda: Si en el término del primer trimestre los coin pare-cientes de la segunda parte venden gomas'y tubos por valor de mil DOLLARS, se comprometen a aumentar el importe de sus compras a la Atlas Line hasta la suma de tres mil dollars.
“Tercera: Se conviene expresamente que la Atlas Line conce-derá a los comparecientes de la segunda parte un descuento sucesivo de un diez y de un dos y medio por ciento sobre toda compra no menor de quinientos dollars; debiendo en este-caso las mercancías com-pradas ser puestas en el puerto de Arroyo, C. I. P\ o sea corriendo el importe del flete y seguro por cuenta de la Atlas Line.
‘ ‘ Cuarta: En el caso de que las compras sean por cantidad menor de quinientos dollars, los efectos comprados se despacharán en las oficinas de San Juan o Ponce, y el flete y seguro serán en este caso por cuenta de los comparecientes de la segunda parte; siendo cla-ridad que mientras exista la línea de carros de lá Atlas Line entre San Juan y Ponce, vía Guayama, los efectos serán conducidos por los carros de dicha línea gratuitamente; siendo entendido que en el caso de estas compras por cantidad menor de quinientos dollars los comparecientes de la segunda parte tendrán derecho a lina co-misión de un diez por ciento sobre el precio de la lista consumidores.
“Quinta: Es claridad que los pueblos del Distrito de Guayama comprendidos dentro del negocio aquí establecido son los siguientes: Guayama, Arroyo, Salinas, Santa Isabel, Cayey, Aibonito, Barran-quitas, Cidra, y Patillas; quedando convenido que todo artículo de los comprendidos en este contrato que la Atlas Line venda en dichos pueblos no podrá serlo a otro precio que el de reventa, debiendo la Atlas Line acreditar en la cuenta de los comparecientes de la se-gunda parte la diferencia entre dichos precios y los convenidos pri-vadamente entre las partes aquí contratantes; siendo claridad que' esta cláusula no,será aplicable a los casos de ventas hechas directa-mente fuera del mencionado distrito.
“Sexta: Las ventas que la Compañía Atlas Line haga a la Com-pañía Central Aguirre, a Mister Robert S. Prescott, y al Departa-mento de Riego de Puerto Rico, se entienden excluidas de este con-trato a-los efectos de la comisión del diez por ciento en él estipulado.
“Séptima: La Compañía Atlas Line garantiza las gomas exte-riores a que este contrato se refiere por-un recorrido de tres mil qui-nientas millas;y siendo también claridad que dichos comparecientes de la segunda parte, durante el término de este contrato y de su prórroga, si la hubiere, no podrán vender otras gomas y tubos que no sean de la marca ‘Firestone,’
“Octava: Los comparecientes de la segunda parte tendrán siem-pre un depósito de gomas y tubos no menor de mil dollars; com-prometiéndose dichos señores a satisface^ toda orden adicional y las ventas incluidas dentro del total del depósito, en el improrrogable término de treinta días; entendiéndose que la cuantía del depósito aquí establecido estará sujeta al hecho de que la Atlas Line tenga suficiente existencia para cubrir las ventas que efectúen los com-parecientes de la segunda parte.
“Novena: Los comparecientes de la segunda parte se compro-meten a tener aseguradas contra incendios las existencias de su es-tablecimiento local en cantidad suficiente para responder del im-porte de los efectos que tengan en- depósito, remitidos por la Atlas’ Line; a cuyo efecto deberán endosarle la póliza correspondiente.
“Décima: Es expresamente convenido que si los comparecientes de la segunda parte se constituyen en sociedad, los derechos nacidos de este contrato se extenderán a la entidad que formen; estable-ciéndose, además, que en todo caso toda goma remitida por la Atlas Line que permanezca en el establecimiento de los comparecientes de la segunda parte o de la sociedad que formalicen por un período de tres meses se considerará como vendida.”

Sólo dos errores señalan los apelantes: (a) Que la sen-tencia es contraria a la prueba; y (6) que la sentencia es contraria a derecho.

El argumento presentado para sostener ambos errores se basa en la teoría de que se trata de un contrato de “comi-sión mercantil” y de una cuenta corriente ilíquida.

Creemos que la corte interpretó bien el contrato al es-timarlo de compraventa mercantil, aunque hasta cierto punto, y hasta una claramente marcada extensión, parece que en el asunto se envuelve un elemento constitutivo de mandato o comisión. Pero cualquiera duda que haya podido existir respecto a cómo debía entenderse el documento original ha quedado esclarecido por la interpretación práctica que le han dado las partes mediante su propia conducta. Gile v. In terstate Motor Car Company, 84 L. R. A. (N. S.) 1915 B, 109 y notas.

La cuenta cubre un período 'que se extiende desde 12 de junio de 1913 basta el 2 de abril de 1914 y revela una deuda total de $4,482.57 y abonos montantes a $3,989.40, dejando un saldo a favor de la demandante por $493.11, por cuya suma de dinero se dictcj sentencia.

Toda factura iba acompañada de su correspondiente bor-deró, y seguida de un estado general de cuentas. También, en 3 de enero de 1914, los demandados pidieron y obtuvieron el día 6 un estado detallado de su cuenta, al que los deman-dados no presentaron oposición alguna basta después de no-tificados, en 6 de marzo, de que no estaba la demandante dispuesta a esperar más y de que quería se liquidase la cuenta dentro de la semana que finalizó el 14 de marzo. El último día en que vencía el plazo fijado, se levantó por los deman-dados una cuestión sobre una goma (tire) o dos y volvieron a pedir otra cuenta detallada con el fin de verificar la ale-gada diferencia y pidieron un poco más de tiempo.

La teoría de una cuenta ilíquida basada sola y exclusi-vamente en la vaga reclamación de la posible diferencia supra-mencionada, formada prácticamente en el umbral de la corte al que estaban a punto de ser citados los demandados, y después de un reconocimiento tácito de la deuda consig-nado en numerosas cartas que se cruzaron las partes por varios meses, haciendo pequeños abonos, dando cumplimen-tadas excusas y haciendo muchas promesas, sin mencionar ni siquiera un sólo artículo de diferencia, es completamente demasiado tenue para que reciba detenida consideración.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y del Toro.'

Los Jueces Sres. Presidente Hernández y Asociado Ai-drey no intervinieron.