author: El Juez PresideNte Señor del Toro,*

text:
    Roig Commercial Bank, demandante y apelado, v. Sucesión de E. Lugo Viña, compuesta de Lucía R. Vda. de Lugo Viña, Eduardo, Aurora, Andrés y Lucía Lugo Viña, demandada y apelante.
    No. 3621.

    Visto: Abril 13, 1925.

      Resuelto: Abril 21, 1925.
    1. Apelación y Error — Requisitos t Procedimientos para Elevar el Caso— Notificación de Apelación — Forma.—Si bien una apelación debe propia-mente interponerse por medio de un escrito” dirigido a la parte contraria y al secretario de la corte notificándoles que el apelante apela- de la sentencia, sin embargo, cuando claramente aparece del documento notificado y archivado, titulado "moción de apelación", que la apelación se interpuso, esto es suficiente.
    2. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar el Caso — ■ Notificación de Apelación — Remisión por Correo. — El affidavit de haberse remitido copia del escrito de apelación por correo debe expresar en qué oficina-de correos se depositó el sobre conteniendo dicha copia; sin embargo, la apelación no será desestimada si ese hecho puede deducirse implícitamente del affidavit.

    3. Apelación y Error — Requisitos y Procedimientos para Elevar el Caso— Fundamentos de la Desestimación — Defectos en los Procedimientos a Revisar. — Cuando el escrito de apelación se remite por correo y el affidavit del diligenciamiento no expresa que se pagó franqueo alguno en la copia que se envió a la parte contraria, el apelante ha dejado de probar la notifi- . caeión, y la apelación será desestimada por .falta de jurisdicción.
    Moción sobre desestimación de apelación presentada por el apelado.

      Con lugar.

      Manuel F. Bossy, abogado de los apelantes; González. Fagundo & González, Jr., abogados del apelado.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,*

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación de este recurso de apelación porque el escrito interponiéndolo no se dirigió al Secretario de la corte; porque no se dice en qué oficina de correo se depositó la copia enviada a la parte contraria, ni tampoco qne fuera debidamente franqueada, y porque es frívola.

En efecto el escrito de apelación archivado no se ajiista a la práctica seguida en Puerto Rico que es la reco-mondada en. todos los formularios que hemos consultado y la que está en armonía con el texto inglés del artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Civil. (Comp. 1911, p. 865). En vez de archivarse una notificación al Secretario de la Corte y al ahogado de la parte contraria, se presentó un escrito titulado “Moción de Apelación.” El escrito en forma de notificación es importante porque llama directa-mente la atención al funcionario y a la otra parte sobre la materia. Sin embargo, como de la “moción” a que nos he-mos referido aparece sin lugar a dudas de ningún género, que la apelación se interpuso, no creemos que la forma irregular del escrito, por sí sola, deba dar motivo a la desesti-mación del recurso.

La diligencia de notificación dice:

“Yo, el abajo firmado, declaro: que soy el abogado defensor de doña Lucía Ldssy viuda de Lugo Viña, apelante en este caso, y hoy he puesto en el buzón del correo de esta ciudad, un sobre con-teniendo una copia de esta moción de apelación, dirigida al abogado del demandante señor Francisco González Fagundo que tiene su ofi-cina en Humacao, con el objeto de notificarle dicha apelación.'— (Fdo.) Manuel F. Lossy.
“Suscrito y jurado por Manuel F. Lossy, abogado mayor de edad y vecino de aquí a quien conozco personalmente.
“San Juan, 27 marzo 1925. — (Fdo.) Edo. Pérez Casalduc, Se- , cretario de la Corte.
“Por: J. E. Gelpí, Sub-Sec.”

Aunque'no se consigna expresamente como debiera el nom-bre de la oficina de correo en que el sobre se depositó, se deduce que fué la de San Juan. Tampoco procede, pues, por tal motivo, la desestimación.

En cuanto al franqueo ni se expresa, ni hay base para deducir que fué pagado. Para que se entienda hecha la “remisión por correo” la ley exige ele modo terminante que el sobre se franquee. Artículo 322 dél Código de En-juiciamiento Civil. (Comp. 1911, p. 907, see. 5366.)

Es el deber del apelante demostrar por sí mismo que su apelación fue debidamente interpuesta. De otro modo no surgiría de los autos la jurisdicción de esta corte. Para que una apelación se entienda debidamente interpuesta es necesario que se notifique al Secretario de la corte y al abo-gado o abogados de la parte o partes contrarias. Aquí consta que la apelación se notificó al Secretario pero no a la parte contraria porque habiéndose escogido el medio de la remisión por correo no consta que el sobre fuera fran-queado.

Siendo ello así, no apareciendo que esta corte haya adqui-rido jurisdicción, debe desestimarse el recurso.

Aunque dada la anterior conclusión no es necesario resolver si existe o no el otro motivo de desestimación alegado, a saber: que la apelación es frívola, deseamos consignar que del estudio que fiemos fieefio nos inclinamos a creer que el recurso carece de todo fundamento sólido.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesidente Señob del Toiío,

license: Public Domain

text:
    Manuel Falú Benítez, demandante y apelado, v. Dámasa y Estebanía Agricolt, Julio Gautier, conocido por Falú, y Heriberto Torres Solá y su Esposa Coral Capó Amadeo, demandados y apelantes las dos primeras.
    No. 3472.

    Visto: Febrero 10, 1925.

      Resuelto: Abril 21, 1925.
    3. Sentencias — Oqsa Juzgada Mes Judieaia — Identidad de Partes t de Oosas_ La defensa de cosa juzgada no queda establecida, en un pleito para rectificar cierta escritura de entrega de legado, por prueba de un pleito anterior de reivindicación entre algunas de las partes que envolvía la misma propiedad, ya que debe existir identidad de cosas, personas de los litigantes y calidad en que lo fueron.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San Juan), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      M. Tons Soto, abogado de las apelantes; Manuel F. Rossy, abogado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señob del Toiío,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado Manuel Falú, casado con María Benitez, adquirió en el pueblo de Río Piedras una casa enclavada en un solar de veinte y cinco metros treinta centímetros de frente por veinte y un metros cuarenta centímetros de fondo, justificó su dominio e inscribió su título en el registro de la propiedad.

En- el mismo solar fabricaron los esposos Falú-Benítez otra casa que fué habitada por el matrimonio, muriendo en ella la esposa bajo testamento en 1919. En la casa vivían también las demandadas Agricolt y Julio Grautier de quien trae causa el otro demandado Torres Solá.

En el testamento de la Sra. Benitez aparecen l§,s siguien-tes cláusulas:

“Segunda: Manifiesta al mismo tiempo estar casada en la ac-tualidad con don Manuel Falú, y que al contraer matrimonio ambos, nada aportaron al mismo, ni han adquirido bienes con posterioridad, que deban aplicarse al patrimonio particular de cada uno, y por lo mismo son gananciales, todos los que aparezcan a su fallecimiento.
“Tercera: Declara que carece de descendientes y ascendientes que deban heredarla forzosamente.
“Cuarta: Lega a Dámasa j Estebanía Agricolt, en unión de su ahijado e hijo de crianza, Julio Gautier conocido por Julio Falú, toda entera, la casa que habita juntamente con el solar donde está enclavada, y que en su mitad tanto de la casa como del solar, per-tenecen a su esposo; siendo las dimensiones de la casa las siguientes: 24 pies 9 pulgadas de frente, por 49 pies 4 pulgadas de fondo, y las del solar, las que aparecen en la escritura de su adquisición.”

En 1920 procedió Falú a entregar el legado y en la escri-tura otorgada ante el notario Torres Solá se describió la finca legada, así:.

“Solar radicado en la calle del Ferrocarril del pueblo de Río Piedras, compuesto de veinticinco metros treinta centímetros de frente por veintiún metros cuarenta centímetros de fondo, o sean quinientos cuarenta y un metros cuadrados con euarentidós centí-metros, en el que se encuentra enclavada una casa de madera > J

Antes, en 1919, Falú vendió a José Garrido la casa pri-mitiva que contenía el .solar de que se trata con las tierras en que estaba enclavada, comprendiendo la descripción de éstas la mitad del solar.

Gautier, uno de los legatarios, vendió sus- derechos y ac-ciones a Torres Solá, el notario que otorgó la escritura de entrega de legado, y las Agricolt y Torres Solá entablaron demanda de reivindicación contra Garrido. Falú fué citado de evicción y no compareció. Ambas partes hicieron una es-tipulación sobre la prueba describiéndose el solar en que es-taba enclavada la casa legada como de veinte y cinco metros de frente. De la estipulación no surge clara la exis-tencia de la otra casa enclavada en el mismo solar. La corte falló el pleito declarando la demanda con lugar.

Garrido demandó entonces a Fallí en rescisión del con-trato de compraventa e indemnización de daños y perjuicios y obtuvo sentencia favorable. Apeló Falú y la sentencia fué confirmada por esta Corte Suprema. Garrido v. Falú 32 D.P.R. 668.

Este pleito que ahora está sometido a nuestra decisión se inició por Falú contra las Agricolt y Torres Solá en soli-citud de que se ordenara la rectificación de la escritura de entrega de legado describiendo el solar en que está encla-vada la casa como una mitad del comprado por los esposos Falú-Benítez, dejando así la otra mitad para la otra casa que en él existe. Se pidió además que se condenara a los demandados al pago de daños y perjuicios y costas del li-tigio. Se anotó la rebeldía de Torres Solá. Contestaron las Agricolt. Fué el pleito a juicio y la corte ordenó la rectifi-cación solicitada y el pago de las costas.

No conformes las demandadas Agricolt apelaron para ante esta corte señalando en su alegato cinco errores que pueden reducirse a dos: error al desestimar la defensa de cosa juzgada y error al apreciar las pruebas.

Sostienen las apelantes que la cuestión suscitada en este pleito quedó definitivamente juzgada en el pleito seguido por G-arrido contra ellos y Torres Sola en el cual fué citado de eviceión Falú.

Realmente no se concibe que Falú no aceptara la con-tienda en aquel pleito, pero su falta, origen de trastornos y perjuicios evidentes, no tiene tanta trascendencia.

Para que exista la cosa juzgada, “es necesario que en-tre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron,” dice el artículo 1219 del Código Civil. (Comp. 1911, p. 766, see. 4325.) Véanse también los artículos 59, 61 de la Ley de. Evidencia, Comp. 1911, sees. 1427, 1429, el caso de Conde v. Falú, 30 D.P.R. 47, 56, y los en él citados .donde se estu-dia ampliamente la materia de cosa juzgada.

Si bien ambos pleitos, giran alrededor del solar de que se trata, no son los mismos todos los litigantes y las accio-nes ejercitadas son distintas, no habiendo cometido por tanto la corte sentenciadora 'el error que se le atribuye.

Tampoco erró la corte al apreciar la prueba. La cláu-sula del testamento que contiene la descripción de la casa legada era confusa en cuanto a que no contenía ella misma la extensión del solar y al referirse al título original de ad-quisición pudo inducir a error al notario que otorgó la es-critura de entrega de legado, pero no a las partes realmente interesadas que conocían la realidad de las cosas. Las Agri-eolt y Gautier vivían en una de las casas y sabían de la existencia de la otra casa y de una cerca dividiendo el solar en dos y de la venta de Falú a Garrido. La declaración de Gautier es terminante.

La sentencia de la corte se ajusta a los hechos y ala ley? y debe, en tal virtud, confirmarse.


author: El Juez Asooiado Señor JIutohison,

text:
    Armstrong Hermanos, demandante y apelada, v. John M. Turner, demandado y apelante.
    No. 3000.

    Visto: Diciembre 20, 1923.

      Resuelto: Abril 21, 1925.
    1. APELACIÓN Y ERROR — REVISIÓN—CUESTIONES DE HECHO, VEREDICTOS Y CON-CLUSIONES — Apreciación de la Prueba. — Cuando considerada en apelación la prueba, ésta demuestra claramente' que la corte inferior no incurrió en error al apreciarla, y que si alguno bubo no es perjudicial ni tan manifiesto en un sentido que requiera la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    2. Apelación y Error — Revisión — Errores no Perjudiciales — Evidencia no Considerada que no Afecta el Resultado del Caso. — No comete error el juez inferior que pasa por alto o no toma en consideración cierta prueba, cuando la misma no afecta el' resultado del caso.
    3. Apelación y Error — Revisión—Alcance y Extensión en General — Cues-tiones Legales que no Afectan la Cuestión Principal Envuelta en el Caso. — El Tribunal Supremo no considerará cuestiones legales que, además de no haber sido ampliamente desarrolladas y discutidas en el alegato, no afectan la cuestión principal envuelta en el caso.
    SENTENCIA de M. Rodríguez Serra, J. (Segundo Distrito, San Juan),, declarando con lugar la demanda, con costas,

      Confirmada..

      Daniel F. Kelley, abogado del apelante; Jacinto Texidor, abogado' de la apelada.
   El Juez Asooiado Señor JIutohison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado establece apelación contra una sentencia que declara rescindido un contrato de compravente mercan-til y le condena al pago de daños y perjuicios, y alega que la corte inferior cometió los siguientes errores:

“1. La corte de distrito erró al estimar probado que la venta de harina a Armstrong Hermanos fue hecha por John M. Turner por su propia cuenta y no como agente de la Blish Milling Company.
“2. La corte de distrito cometió error al considerar que la única evidencia que se presentó para probar que Armstrong Hermanos sabían que John M. Turner actuó como agente de la Blish Milling Company fue la declaración de Rafael Pujáis Cario.
“3. La corte de distrito erró al no estimar probado que en su carta de 8 de junio de 1920 John M. Turner hizo saber a Armstrong Hermanos que en la venta actuó como agente de la Blish Milling Company.
“4. La corte de distrito cometió error al no estimar establecido por la prueba en conjunto que John M. Turner actuó como agente de la Blish Milling Company.
“5. La corte de distrito cometió error al .no considerar probado que Aurelio Christian actuó como factor, agente, empleado o repre-sentante de Armstrong Hermanos con autoridad bastante para efec-tuar la compra.
“6. La corte de distrito erró al no estimar probado que Aurelio Christian era un perito que por razón de su oficio conocía fácilmente los defectos aparentes y ocultos de la harina de trigo.
“7. La corte de distrito cometió error al no declarar que por la evidencia en conjunto quedó demostrado que Aurelio Christian ha-bía tenido una oportunidad para examinar bien la harina y que la examinó.
“8. La corte de distrito erró al no estimar probado que la com-pra hecha por Aurelio Christian en representación de Armstrong Hermanos fué una compra hecha a la vista.
“9. La corte de distrito erró al no considerar probado que la harina enviada a Armstrong era la misma que examinó Aurelio Christian en representación del comprador.
“10. La corte de distinto cometió error al estimar probado que John M. Turner vendió a Armstrong Hermanos la harina como ha-cina superior.
“11. La corte de distrito erró al considerar probado que John M. Turner vendió los sacos de harina como conteniendo 200' libras netas, y que éstos estaban faltos de peso.
“12. La corte de distrito cometió error al estimar probado que la harina vendida contenía grandes grumos, muchos gusanos y gor-gojos.
“13. La corte de distrito erró al declarar que la carta de junio 8 de 1920 de John M. Turner a Armstrong Hermanos decía que la harina había salido de sus almacenes en buen estado, porque Turner se refería a la condición de los sacos y,no de la harina.
“14. La corte de distrito erró al permitir a los testigos Matías Enseñat, Pedro Juan Bonnin y Rafael Collazo Torres declarar como peritos.
“15. La corte de distrito cometió error al incluir en su senten-cia como daños y perjuicios la supuesta cantidad que Armstrong Hermanos alegaron que dejaron de ganar en la venta de la harina.
“16. La corte de distrito cometió error al no declarar que la ley y los hechos estaban a favor del demandado y al no dictar sentencia a su favor.”

Lo que la corte declaró probado fué que el demandado Turner no hizo saber claramente a Armstrong Herma-nos que él actuaba en representación de la compañía d'el molino, y los aritos no revelan nn error tan manifiesto en este sentido que requiera la revocación de la sentencia ape-lada.

El segando señalamiento de error es técnicamente correcto pero considerada en conjunto la opinión emitida por el juez sentenciador, establece claramente que la prueba, pasada por alto o no tomada en consideración por él, no hubiera afectado al resultado del caso, aun cuando se le hubiera llamado la atención hacia el hecho de no mencionarse o discutirse la misma.

[1] La corte inferior cita correctamente la carta de junio 8 y llama la atención de que ni siquiera en. esa comunicación dice Turner precisamente que actuaba como comisionista. Esa circunstancia se menciona en relación con el hecho de que la anterior cuenta suministrada a Armstrong Hermanos por los empleados de Turner, y el conocimiento, nada contenían que indicase la representación. Toda vez que la carta fué escrita en contestación a un telegrama y carta de Armstrong Hermanos negándose a aceptar la harina, y solicitando la devolución del precio de venta, el error si alguno hubo, no era perjudicial. Cualquier información allí contenida por inferencia o de otro modo en cuanto a la relación de principal y agente, llegaba muy tarde, y la conclusión afirmativa en favor del demandado sobre este punto no hubiera mejorado su caso.

Por iguales o semejantes razones el cuarto señalamiento no requiere detenida consideración.

[1] El quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo señalamientos dependen del octavo, y después de una cuidadosa consideración de toda la prueba no podemos decir que el juez sentenciador claramente incurrió en error al apreciar la evidencia en relación con la prueba documental.

Uiia prolongada discusión de toda la prueba, la cual en conjunto deja mucho que desear, no tendría fin práctico al-guno. Tal vez hubiera sido más fácil confirmar la senten-cia a favor del demandado; y es difícil evitar la sospecha de que si el demandado hubiera vivido hasta la fecha del juicio el resultado en la corte inferior podría haber sido distinto.

Pero sea esto como fuere, la falta de peso parece ser caso tan indiscutible como insignificante cuando fue compa-rada con la cantidad realmente entregada; y no existe base adecuada en los autos que sostenga la alegación de que la rebaja en el precio tuvo por objeto cubrir algún déficit en el peco, así como cualquier deterioro en la calidad.

Por tanto, se hace inevitable la confirmación de la sen-tencia apelada, prescindiendo del mérito que puedan tener los señalamientos restantes, con la posible excepción del de-cimoquinto señalamiento.

La teoría del señalamiento a que acabamos de referirnos no rechaza aparentemente la pérdida de futuras ganancias como medida adecuada de daños y perjuicios en caso de indemnización, pero niega el derecho a recobrar daños por defectos ocultos inherentes al artículo vendido y desconocidos del vendedor. El razonamiento, si lo entendemos, parece aceptar por inferencia o deducción, o al menos no niega en sus términos, que el demandado sería responsable por los daños provenientes de la rescisión del contrato por falta de peso, si la alegación del apelante de que tal supuesto déficit estaba cubierto por la rebaja en el precio fuera sostenible.

De todos modos, el razonamiento del apelante en manera alguna es cabal sobre este punto, y no disponemos de tiempo alguno para hacer un examen independiente de cuestiones que no han sido ampliamente desarrolladas y discutidas en el alegato. Mencionamos esto no con un espíritu de crítica sino simplemente para circunscribir el alcance de nuestra decisión aquí como precedente, y para evitar un posible mal entendimiento en este sentido. La cuantía de los daños re-sultantes de la pérdida de futuras ganancias en el pre-sente caso claramente que no es tan grande que compense a im abogado por una gran pérdida de tiempo y trabajo en •el estudio y preparación de cuestiones legales más o me-nos dudosas y complicadas que no afectan a la cuestión principal.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

text:
    Francisca Albina Matías y Lorenzo, demandante y apelada, v. Alfredo Rafucci Bayron, demandado y apelante.
    No. 3361.

    Visto: Diciembre 11, 1924.

      Resuelto: Abril 21, 1925.
    1. Apelación y Error — Señalamiento de Errores — Cuestiones Resueltas Des-files de Interpuesta la Apelación. — El Tribunal Supremo no considerará errores señalados por el apelante cuando se refieran a cuestiones resueltas por el tribunal inferior después de interpuesta la apelación.
    2. Tutor y Pupilo — Nombramiento, Capacidad y Término del Cargo — Nombra-miento a Menor Emancipado por Razón de Matrimonio. — Procede el nom-bramiento de tutor especial a un menor emancipado por razón de matrimonio a fin de que otorgue o niegue su consentimiento en los casos fijados pol-la ley.
    3. Tutor y Pupilo — Nombramiento, Capacidad y Término del Cargo — Nombra-miento a Solicitud de un Menor Emancipado por Razón de Matrimonio. — ■ Nombrado un tutor a solicitud de un menor emancipado por razón de matri-monio, aunque de los términos en que se hiciera el nombramiento pudiera entenderse que se designó un tutor general, el nombramiento no es nulo ya que lo menos está comprendido en lo más.
    4. Memores — Propiedad y Traspasos — Menor Emancipado — Autorización Ju- , dicial para Vender. — Un menor emancipado por razón de matrimonio no necesita autorización judicial para vender una finca de su propiedad.
    5. Tutor y Pupilo — Nombramiento, Capacidad y Término del Cargo — Inscrip-ción del Nombramiento en el Recistrio de Tutelas. — No es necesario inscribir en el registro de tutelas el nombramiento de tutor especial de que habla el artículo 309 del Código Civil.
    SentbnCia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Revocada, declarando sin lugar la de-manda, sin costas.

      Reichard & Reichard, abogados del apelante; García Méndez & Gar-cía Méndez, abogados de la apelada.
   El Juez Pbesidente Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Solicítase en este pleito la nulidad de nn nombramiento de tntor, la inexistencia de la venta de nna finca rústica, la entrega de diclia finca, la restitución de cuatro mil dólares de frutos percibidos y el pago de las costas del ^litigio.

Alegó el demandado por vía de excepción previa que la demanda no aducía hechos suficientes, y su excepción fué declarada sin lugar, concediéndosele diez días para que con-testara la demanda.

Notificado el demandado de la resolución de la corte, solicitó su reconsideración, dejando transcurrir el tiempo que se le había concedido sin archivar su contestación. Pi-dió la demandante y obtuvo que se anotara la rebeldía del demandado y celebrado el juicio en ausencia de éste, la corte, el 4 de febrero de 1924, dictó sentencia declarando la demanda con lugar.

El 12 de febrero solicitó el demandado que se le eximiera de los efectos de la sentencia y el 8 de marzo siguiente apeló de ella para ante este tribunal. El once del propio marzo, la corte se negó a eximir al demandado de los efec-tos do la sentencia, y tramitada la apelación, eleváronse fi-nalmente los autos, celebrándose la vista del recurso con la sola asistencia del abogado de la parte apelada.

De acuerdo con lo solicitado por la parte apelada, dejaremos de considerar los errores que señala el apelante en relación con la apertura de rebeldía. Aquí se apeló de la sentencia y, como hemos visto, la negativa de la corte a eximir al demandado de los efectos de la sentencia se decretó después de interpuesta la apelación.

Los hechos tales como resultan de las alegaciones de la demanda y de las pruebas practicadas por la demandante, son así:

Por escritura pública otorgada el 4 de marzo de 1902 Pedro Badillo vendió una finca situada en Aguada de treinta y una y media cuerdas de terreno a la menor Francisca Al-bina Matías y Lorenzo — la demandante — representada por su padre, por la suma de $242.10, inscribiéndose la compra en el registro de la propiedad.

El 23 de abril de 1915 la dicha Francisca Albina Matías y Lorenzo siendo arm menor y hallándose emancipada por razón de matrimonio, presentó una solicitud jurada en la Corte de Distrito de Aguadilla que, copiada a la letra, en lo pertinente, dice:

“Que es menor de 21 años, según comprueba con la partida de nacimiento que se acompaña, de la que resulta que su edad es 19 años y medio. — 2. Que se emancipó al contraer matrimonio con Anastaeio Carrero, pero habiendo éste fallecido en- 10 de octubre último, quedó viuda y sin ninguna persona que la represente por "ser huérfana de padre y madre, carecer de abuelos y hermanos vi-vos mayores de edad. — 3. Que desde el fallecimiento de su esposo,, ha tenido grandes dificultades y trastornos en la administración de sus bienes, pues los pocos parientes que tenía sólo han procurado explotarla y careciendo ella de capacidad y experiencia, resulta que ha contraído deudas, tiene varias reclamaciones pendientes, estando embargada la finca de su propiedad y de no intervenir una persona capacitada y con autoridad legal pronto quedará totalmente insolvente, perdiendo lo poco que pueda salvar de los bienes que posee. — 4. Que por tales- razones desea y cree necesaria en vista que es una menor de 21 años, que se le nombre un tutor a pesar de es-tar emancipada, a fin de que dicho tutor le procure arreglar los asuntos y reclamaciones que tenga pendientes y salvárle todo lo po-sible de su caudal. — 5. Que los bienes que posee son únicamente una finca de 31 y media cuerdas, en el barrio de Río Grande de Aguada, valorada en setecientos dólares. — 6. Que don Rafael Ferrer, comer-ciante, propietario y vecino de esta ciudad es persona de toda con-fianza y capacitado enteramente por su rectitud, probidad y expe-riencia para desempeñar el cargo de tutor de la exponente, siendo su deseo sea nombrado dicho Ferrer para tal cargo, con relevación de fianza. — Por lo expuesto suplico a la Hon. Corte que después de cumplidas todas las formalidades legales dicte resolución nombrando tutor de la promovente Francisca Albina Matías Lorenzo a don Rafael Ferrer, con relevación de fianza y con los demás pronuncia-mientos de la Ley.”

El 1 de mayo de 1915 la corte resolvió la solicitud así:

“. . . . se resuelve nombrar tutor dativo de dicha peticionaria a don Rafael Ferrer, vecino de esta ciudad, casado, comerciante y propietario, a fin de que represente a dicha menor, que es viuda" y carece de padres, abuelos paternos y maternos y de hermanos ma-yores de edad que puedan llevar su representación, para que con arreglo a la Ley complete su personalidad en todos aquellos asun-tos en que dicha menor no pueda hacerlo personalmente, en juicio y fuera de él, con las demás facultades en derecho necesarias, de-biendo dicho tutor prestar fianza por la suma de 500 dollars y prestar el juramento de ley, y hecho todo esto se resolverá lo de-■más que fuere procedente.”

El 4 de mayo de 1915 el tutor nombrado prestó la fianza exigida por la corte. El propio día aparece presentada una moción por los abogados a nombre de la peticionaria y el tutor haciendo constar que los bienes de la pupila consis-tían en la finca descrita en la solicitud. Archivado el jura-mento de aceptación del cargo por parte del tutor, la corte dictó el 6 de mayo, una resolución que dice:

“Habiendo el tutor nombrado D. Rafael Ferrer prestado la fianza que se le señaló y el juramento de ley, se le defiere el cargo confiriéndole las facultades ,en derecho necesarias para que pueda representar a su pupila en juicio y fuera de él, así como en todos aquellos asuntos en que dicha pupila no pudiere con arreglo a la ley hacerlo por sí; inscríbase esta tutela en el libro de Tutelas a cargo del- 'Secretario de esta Corte, librándose el oportuno manda-miento. ’ ’

La tutela quedó inscrita el'11 de mayo de 1915.

La escritura en que consta la venta cuya declaración de inexistencia se solicita no se aportó como prueba, constando de una certificación expedida por el registrador de la pro-piedad de Aguadilla, en relación con ella, lo que sigue:

“Que por escritura-número cincuenta de fecha siete de mayo de mil novecientos quince, ante el Notario Arturo Reichard del Valle, la descrita finca, .... fué vendida a Alfredo Rafuchi y Bairón, quien es su actual dueño, por la suma de un mil dolars, de los cuales el comprador se reservó ciento sesenta dolars para pagarlos a Don Alfredo Blasco y así cancelar el embargo trabado sobre la misma finca, según la anotación letra ‘A.’ — 4. Que en la escritura de venta o sea la número cincuenta citada, compareció Francisca Albina Ma-tías como menor emancipada por el matrimonio y asistida y con el expreso consentimiento de su tutor don Rafael Ferrer Solano, siendo la referida Francisca Albina Matías en la fecha del otorgamiento de la escritura de venta al señor Rafuchi, de estado viuda, de diez y nueve y medio años de edad, propietaria y vecina de Aguadilla.”

¿Procedía el nombramiento de tutor? En el caso de que procediera, ¿se trata de un tutor general o de uno especial? ¿Era necesaria la autorización judicial que para la venta de bienes de menores exige la ley? ¿Pudo actuar válida-mente el tutor sin estar inscrito su nombramiento en el re-gistro de tutelas? Yeámoslo.

Dice el artículo 309 del Código Civil Revisado, tal como quedó enmendado en 1906 (Leyes de 1906, p. 24), Comp, de 1911, página 662, “El menor, sea varón o hem-bra, queda de derecho emancipado por el matrimonio. No •obstante, para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles o tomar dinero a préstamo necesitará el menor emancipado por razón del matrimonio el consentimiento de su padre, en su defecto, el de su madre, y, en su caso, el de su tutor.”

La emancipación por razón de matrimonio está recono-cida y regulada por la ley. El título XI del libro I del Código Civil trata de la Emancipación y de la Mayor Edad. La emancipación carece de antecedentes romanos y la omi-ten las Partidas. “Según la ley 47 de Toro,” dice la En-ciclopedia Jurídica Española, volumen XI, página 350, “la emancipación por el matrimonio era en todas las cosas para siempre. T la ley 48 (S* tit. Y, lib. X Nov. Recop.), dis-puso que ‘de aquí adelante el fijo o fija, casándose e velán-dose, se ayan para sí el usufructo de todos sus bienes ad-venticios, puesto que (aunque) sea vivo su padre, el cual sea obligado a gelo restituir, sin le quedar parte alguna del usufructo dellos.’ Pero las leyes de Toro no fijaron la edad en que el marido podía administrar los bienes matri-moniales ; lo cual vino a determinar, completando así la doc-trina de dichas leyes, una pragmática de Felipe IY, que es la ley 7% tit. II, lib. X de la Novísima Recopilación, que la señaló en dieciocho años, quedando, no obstante, sujeta a notables limitaciones la capacidad jurídica del que no había cumplido los veinticinco.

“Hoy, según el Código Civil, el matrimonio produce de derecho la emancipación, y por consiguiente el menor de edad puede regir su persona y bienes como si fuera mayor, y administrar los bienes de la sociedad conyugal, no ha-biendo pacto en contrario, con más los parafernales que ante notario le hubiere entregado la mujer para que los ad-ministre, todo ello con las siguientes restricciones.”

El carácter de la emancipación es permanente e irrevocable. “El hijo' emancipado,” dice la obra citada en el mismo volumen, página 349, “no vuelve ya a la patria po-testad, por regla general, aunque cese la causa de la eman-cipación. El artículo 319 del Código Civil, separándose en ello de la legislación anterior, que sometía nuevamente al hijo al poder del padre cuando incurría en ingratitud grave respecto de éste deshonrándolo malamente de palabras o de fecho (ley 19, tit. XyiII, Part. 4s-), declara que ‘concedida la emancipación, no podrá ser revocada’; y aunque el pre-cepto se refiere indudablemente a la emancipación volunta-ria, según advierte la palabra concedida, el principio de irre-vocabilidad alcanza a los otros dos modos de emancipar, por la mayor edad o por el matrimonio, fuera de los casos de nulidad de éste por motivos que demuestren no haber te-nido lugar la celebración del mismo, o de su anulación por mala fe de los contrayentes o de uno de ellos, en cuyos su-puestos, según la doctrina del artículo 69 del Código sobre efectos civiles del matrimonio declarado nulo, queda sin efecto la emancipación, para ambos o para el que obró con mala fe, renaciendo la potestad del padre o de la madre respectivos, si no ha llegado el hijo a emanciparse por la mayor edad.”

Existe variación entre los preceptos del Código Civil Revisado y los del Código Civil antiguo en materia de emancipación pero en su esencia, en el aspecto que estudia-mos, son similares. El menor qneda emancipado para regir sn persona y bienes, pero para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles o tomar dinero a préstamo necesita el con-sentimiento de sn padre, en sn defecto, el de sn madre, y, en sn caso, el de sn tutor.

A virtud de lo expuesto y examinado el título X del Có-digo Civil, se concluye que en casos de esta naturaleza pro-cede el nombramiento de un tutor únicamente para que otorgue o niegue sn consentimiento en los casos fijados por la ley, siendo en tal virtud el nombrado un tutor especial y no el general que prescribe el estatuto. El legislador lo llamó tutor como pudo llamarlo defensor o de otro modo.

El objeto de la tutela en general, dice el art. 237 del Có-digo Civil, es í£la guarda de la persona y bienes, o solamente de los bienes, de los que no estando bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por sí mismos.” Esas perso-nas incapaces las nombra la misma ley — artículo 238 del Código Civil — y entre ellas no figuran los emancipados. A éstos se les considera capaces de gobernarse a sí mismos.

El menor emancipado por razón de matrimonio está au-torizado por el artículo 310 del Código Civil a comparecer en las cortes de distrito representando sus derechos. Así lo hizo la menor de que se trata en este caso archivando el escrito que insertamos en los comienzos de esta opinión. Analizado ese escrito y las resoluciones de la corte a que dió origen, existe una verdadera confusión con respecto a si lo que se pidió y obtuvo fue el nombramiento del tutor general a que se refiere el título X del Código, o el especial de que trata el título XI que' era el que en verdad procedía. De todos modos, un tutor fué designado recayendo el nom-bramiento en la persona recomendada por la menor, confi-riéndosele al nombrársele y al deferírsele el cargo luego de prestados el juramento y la fianza, más facultades de las que en verdad estaba llamado a ejercer. Lo menos está comprendido en lo más y habiéndose manifestado en el es-crito inicial y luego en otro específico que los únicos bienes de la menor consistían en la finca de que se trata, expre-sándose en la petición que había deudas y reclamaciones pendientes estando embargada la repetida finca, y la necesi-dad de que interviniera una persona capacitada y con auto-ridad legal para que la menor no perdiera lo poco que podía salvar de sus bienes, el tutor nombrado estaba autorizado para prestar el consentimiento para 'la venta de la finca en cuya operación intervino personalmente la menor emanci-pada que ahora pide que se declare inexistente. De acuerdo con la ley en casos de esta naturaleza el que verdaderamente contrata es el propio menor emancipado personalmente, compareciendo al acto el padre, la madre o el tutor a los únicos efectos de dar su consentimiento.

La autorización judicial no es necesaria. Manresa en el tomo 2 (2da. ed.), página 683 de sus Comentarios, dice:

“¿Bastará el consentimiento del padre, madre o tutor para la validez de los actos o contratos antedichos que celebre el menor emancipado, o será necesaria además la autorización judicial? El art. 317, que estamos comentando, sólo exige aquel consentimiento, y por consiguiente, él solo basta, y no es necesaria la aprobación ni la licencia judicial para la validez del acto o contrato. En los ca-sos en que el código ha estimado necesario este requisito, lo ordena expresamente, como puede verse en los artículos 164, 188, 225, 1361 y otros, cuyos casos son distintos del actual; y como para éste no exige dicho requisito el presente artículo, es indudable que no es necesario para la validez del acto o contrato, y que basta el con-sentimiento del padre, madre o tutor.
“En apoyo de la doctrina expuesta, sobre ser innecesaria en es-tos casos la autorización judicial, concluiremos citando la resolución de la Dirección General de los Registros de 3 de junio de 1890.”

Resta sólo considerar la cuestión relativa al registro del nombramiento en el libro registro de tutelas. Si el fin de nuestra decisión fuera imponer un castigo a los que dirigieron este asunto, no vacilaríamos un momento en confirmar la sentencia apelada. Era tan fácil haber presentado una petición inicial concreta invocando el artículo 309 del Código Civil y sobre todo después de dictada la orden de 6 de mayo en los términos en qne aparece y existiendo como existía el artículo 243 del Código Civil, qne no se con-cibe qué se actuara sin registrar previamente el nombra-miento, fuera o no el registro necesario, como se fiizo unos días después. Pero nuestra misión no es castigar sino in-terpretar la ley tal como la entendemos y así aplicarla al caso que se somete a nuestra consideración.

Después de un estudio detenido, sostenemos qne no es necesario el registro del nombramiento del tutor especial de que babla el artículo 309 del Código tantas veces citado y por lo tanto que basta el nombramiento y el discerni-nimiento para que pueda entrar a desempeñar el cargo.

El artículo 243 del Código que exige el registro de la tu-tela como condición previa al desempeño del cargo, se re-fiere a la tutela en general. Forma parte del título X del libro I del Código. Nada dispone el legislador en el título XI del propio libro al referirse al tutor llamado a dar o ne-gar su consentimiento al emancipado, con respecto al regis-tro. La parte apelada en su extenso alegato no fia citado precepto alguno concreto o jurisprudencia aplicable y los comentaristas que fiemos consultado nada dicen sobre el particular.

Siendo ese el caso, no alegándose fraude y fundada la nulidad pedida y decretada exclusivamente en que no se fia-bía nombrado el tutor que exije la ley y en que si se esti-mara que se fiabía nombrado su nombramiento no fiabía sido inscrito cuando la escritura de venta se otorgó; apa-reciendo que el nombramiento del tutor se fiizo y que el re-gistro no era necesario, caen por su base la demanda y la sentencia, debiendo revocarse la última y declararse sin lu-gar la primera, sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Franco Soto, disintió.


author: El Juez Asociado SeñoR Wole,

text:
    José Joaquín Vives y García y Orozco y Luisa Vives y Capó, demandantes y apelantes, v. Los Socios Desconocidos de la Extinta Sociedad Sucn. Amorós Hnos., Rafael Amorós Alsina; La Sucn. de Guillermo McCormick, Etc.; La Sucn. de Juan Carlos McCormick, Etc.; A. Hartman & Co.; La Sucn. de Francisco y José Ramón Vives Rivera; Ramón y Consuelo Vives Rivera; Ana Orozco Vda. de Cestero y la Sociedad Luce & Co., representada por W. M. Wood., demandados y apelados.
    No. 3379.

    Visto: Diciembre 18, 1924.

      Resuelto: Abril 23, 1925.
    1. Sentencias — Alegación y Prueba de Sentencia como Impedimento (Estop-pel) o DeeensA' — Sentencia Anterior Dictada no Sobre los Méritos.— Una acción que no ba sido resuelta en su íondo, sino a virtud de sentencia dictada por no haberse enmendado la demanda dentro del término concedido luego de haberse declarado con lugar una excepción previa que no afectaba los méritos del caso, no puede producir el efecto' de cosa juzgada.
    2. Sentfncias — Alegación y Prueba de Sentencia como Impedimento (Estop-pel) o Defensa- — Modificación de Doctrina en que se Basó la Sentencia Anterior no Destruye la Oosa Juzgada. — Existiendo entre dos acciones los requisitos todos que integran la cosa juzgada, el hecho de que la doctrina a virtud de la cual fué desestimada la primera acción sea más tarde modifi-cada por el Tribunal Supremo, no puede destruir la excepción do cosa juzga dá.
    3. Marido y Mujer — Bienes Gananciales — -Derecho del Cónyuge Superviviente a Vender su Participación- — Derechos del Comprador en su Carácter de Tercero Hipotecario. — Tienen el carácter de terceros hipotecarios y por tanto dereeho a lo que se infiere de los artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria aquellos que adquieren de uno que compró de persona que del registro tenía capacidad para vender, cuando del mismo registro no constan afirmativa y claramente los hechos que se alegan para solicitar la nulidad de dichas com-praventas.

      4. Descendencia y Distribución — Derechos y Besbonsabilidades de los Here-deros — Venta Hecha por Heredero o Esposo Superviviente. — Un heredero o esposo superviviente puede traspasar su participación en una propiedad sin haberse hecho la liquidación o partición de hereneia.
    5. Prescripción — Justo Título — Cuándo nio Surge a Pavor de Persona que Adquiere. — A los efeetos de la prescripción adquisitiva, cuando del registro consta afirmativa y claramente un hecho, no surge un justo título a favor de la persona que adquiere.
    SENTENCIA de (?. Castejón, J. (Guayama), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Celestino Domínguez Rubio, abogado del apelante; José y M. Tons 8oto, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado SeñoR Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Como en la opinión emitida por escrito por la corte inferior los hechos principales están bien resumidos y la ley, según la entendemos, en lo principal está bien presentada, reproducimos la referida opinión. Dice así:

“La acción ejercitada en este caso es una sobre nulidad de com-praventas y reconocimiento de condominios y otros extremos, a la que sirven de base como hechos esenciales los siguientes:
“Que doña Isabel Rivera Texidor casada con don Juan Vives de la Rosa era dueña de la mitad de la hacienda ‘Esperanza’ sita en barrio Machete de Guayama la que se describe en la demanda, habiendo adquirido dicho condominio en la forma siguiente: dos sextas partes por herencia de sus abuelos Jacinto Texidor Mayor y Casimira Moreno y otra sexta parte por compra a su hermana Vi-centa Rivera Texidor por escritura de tres de febrero de 1854.
“Que las adquisiciones de tales condominios lo fueron siendo la . referida doña Isabel Rivera casada con su esposo don Juan Vives de la Rosa.
‘ ‘ Que al ^adquirir dicha porción de terreno doña Isabel Rivera, existía en dicha hacienda solamente un pequeño trapiche de bueyes y una azucarería pequeña, todo de escaso valor, habiéndose hecho durante la posesión por parte de los esposos Vives Rivera en dicha finca mejoras en la misma (que se describen) lag cuales en cuanto a la mitad de la finca tienen un valor de treinta mil dólares.
“Que pocos días después del fallecimiento de don Juan Vives de la Rosa su viuda doña Isabel Rivera sin haberse practicado la división del caudal relicto, desprovista de título de propiedad y por medio de su apoderado José Vives Rivera vendió a la mercantil Amorós Hermanos la referida mitad de la finca en cuestión y en-tre ella el condominio de una sexta parte que pertenecía a la socie-dad de gananciales, cuya venta tuvo lugar por escritura de siete de abril de 1892 y se inscribió en el registro de la propiedad no obs-tante aparecer de las inscripciones la adquisición por la poderdante en estado casada y su venta siendo viuda, habiéndose hecho cons-tar además en la escritura y en la inscripción la existencia de me-joras sobre dicho fundo.
“Que por escritura de cinco de junio de 1902 la extinguida so-ciedad Amorós Hermanos adjudicó a su socio don Rafael Amorós Alcina la referida hacienda ‘Esperanza’ y éste a su vez y en escri-tura de 11 de júlio de 1906 vendió dicha propiedad a don Juan Carlos y don Guillermo McCormick quienes tenían conocimiento de que existía una reclamación sobre dicha finca por parte de la su-cesión de don Juan Vives de la Rosa.
“Que fállecido don Guillermo McCormick su sucesión en unión del otro condómine don Juan Carlos McCormick traspasaron la pro-piedad y posesión de la hacienda ‘Esperanza’ a la sociedad A. Hart-, mann & Co. por escritura de 25 de agosto de 1910 a quienes cons-taba también la reclamación de la sucesión Vives.
“Que don Ramón, don José y doña Consuelo Vives Rivera, miembros de dicha sucesión otorgaron una escritura de transacción a favor de Hartmann & Co’. renunciando todas las acciones reales y personales que pudieran tener o eorresponderles como herederos de don Juan Vives de la »Rosa sobre dicha hacienda ‘Esperanza’ compareciendo también doña Ana García de Orozco madre del en-tonces menor José Joaquín Vives García y Orozco demandante en este caso y que por escritura de 20 de junio de 1920 Hartmann & Co. vendió dicha finca a Luce & Co., S. en C.
“Se alega además por el demandante el fallecimiento de doña Isabel Rivera, así como las personas que forman su sucesión o sean sus hijos Luis Francisco, Juan José Ramón, Ramón y Consuelo de los cuales fallecieron siendo solteros sin sucesión Francisco y José habiendo también fallecido Juan y Luis formando la sucesión de éstos respectivamente sus hijos José Joaquín Vives García y Orozco y Luisa Vives Capó los actuales demandantes, viviendo actualmente Ramón y Consuelo Vives Rivera hechos partes demandadas en la presente acción.
“La demanda termina con la súplica de que se declaren nulas todas las trasmisiones de la hacienda ‘Esperanza’ a partir de la venta hecha por doña Isabel Rivera Texidor a la mercantil Amo-rós Hermanos y la escritura de transacción de ciertos herederos a que ya nos hemos referido y en su virtud se condene a Luce & Co. a reconocer a favor de los demandantes un condominio en la hacienda ‘Esperanza’ equivalente a dos sextas partes del total de la misma y a más una parte igual de las mejoras hechas en la ameri-tada propiedad.
“Comparecieron a contestar la demanda la sucesión de don Guillermo y don Juan Carlos McCormick y las sociedades Hartmann & Co. y Luce & Co., S. en C.
“La contestación niega los hechos de la demanda con excepción del marcado con el número 17 que se refiere a la adquisición de la hacienda ‘Esperanza’ por parte de Luce & Co., S. en C., y como defensa alegan los demandados las siguientes:
“Excepción previa general de falta de hechos fundada en la prescripción de la acción de nulidad y a más en la prescripción ad-quisitiva.
“La defensa de tercero hipotecario en favor de Luce & Co. y la defensa de cosa juzgada (res judicata).
“Las pruebas presentadas por las partes en este caso son de carácter documental en su mayoría pues declaró únicamente por parte de los demandantes la señora doña Dolores Capó viuda de Vives.
“Tal prueba está formada por una certificación del Registro de la Propiedad contentiva de todos los asientos existentes en el mismo y relativos a la hacienda ‘Esperanza’, certificaciones de defunción de doña Isabel Rivera Texidor, Juan Vives de la Rosa, Luis, Juan y Francisco Vives y Rivera y las de nacimiento de José Joaquín Vives y Careía de Orozco y Luisa Engracia Gumersinda Isabel Vi-ves Capó, los demandantes en este pleito, y a más certificación del matrimonio de Juan Vives de la Rosa con doña Isabel Rivera Texi-dor celebrado en seis de septiembre de 1852, así como certificación de ciertas constancias de los pleitos resueltos entre las propias pai-tes y marcados con los números 253 y 3270 del Registro de causas, civiles.
“Consideraremos primero las cuestiones legales antes de entrar' en el fondo de esta cuestión si bien alteraremos el orden en que las mismas han sido planteadas.
“Tercero hipotecario. — La contención en este caso estriba en el conocimiento que según los datos del registro pudieran tener los ad-quirentes de doña Isabel Rivera en cuanto al carácter de los bienes objeto de la transacción.
“El demandante sostiene que del registro aparece que doña Isabel Rivera al adquirir el condominio de su hermana hecho ocurrido en tres de febrero de 1854 era ya casada con don Juan Vives de la Rosa.
“Este hecho ha sido probado ante nosotros por el acta de matri-monio de dichos esposos el cual tuvo lugar en seis de septiembre de 1852.
“Pero si examinamos la primera inscripción en el Registro re-lativa á la finca ‘Esperanza’ veremos que tal extremo no aparece de la misma.
“En ella no hace constar que los esposos Vives Rivera son due-ños de la ‘Esperanza’ y la forma de adquisición de las participa-ciones de, doña Isabel y entre ellas las del condominio de una sexta parte adquiridas de su hermana Vicenta en tres de febrero de 1854 pero en modo alguno aparece el estado civil de doña Isabel Rivera en esta época o sea a la fecha de la adquisición.
“En cuanto al extremo de que doña Isabel Rivera vendió dicho condominio en estado de viudés, (véase la inscripción II), tampoco consta de la misma el referido extremo habiéndolo omitido el Re-gistrador al expresar el estado civil de doña Isabel Rivera al hacer la trasmisión.
“Pero aún en el supuesto caso de que en el registro constara el estado civil de doña Isabel Rivera al hacer la adquisición así como al trasmitir en venta tal condominio tendríamos serias dudas si ese hecho de por sí serviría como una suficiénte notificación al tercero sobre el carácter de gananciales de tal propiedad.
“Los siguientes artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria son como sigue:
“ ‘(6717) Artículo 33.- — La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.’
“ ‘(6718) Artículo 34. — No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para ello no se invali-darán en cuanto a tercero, una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro. ’
“Los tratadistas de derecho hipotecario Sres. Galindo y Esco-sura al interpretar la parte final del citado artículo 34 de la Ley Hipotecaria se expresan así:
“ ‘Mas no basta que en los libros conste la causa de la nulidad o de la rescisión;, ha de aparecer claramente, como dice la Ley, co-rrespondiendo apreciar esta circunstancia a los tribunales que resuel-van el litigio.” (Comentarios a la Legislación hipotecaria por Ga-lindo y Escosura, tomo' 2 pág. 369.)
“El Tribunal Supremo de España en su sentencia de 20 de diciembre de 1904 al considerar una cuestión análoga a la presente sostiene entre otras la siguiente doctrina:
‘y porque sería además contradictorio ,de los principios que in-forman en Ley Hipotecaria obligar a los terceros a hacer un estudio jurídico acerca de las condiciones de determinados bienes, cuando esta condición se puede y debe hacer constar expresa y terminan-temente por la persona a quien interese.' (J.C. 99 pág. 688)..
“Nuestra Corte Suprema ha sostenido el propio criterio en va-rias decisiones de las que citamos las siguientes:
“ ‘Una persona que adquiere de otra cuyo título está inscrito en el Registro está protegida, a no ser que exista un claro defecto en el Registro de la Propiedad. El Pueblo vs. Riera, 27 D.P.R. 1’; Sánchez vs. Hartzell, et al. 26 D.P.R. 684.
“ ‘La Corte inferior hace cierta insistencia en cuanto a la dife-rencia que existe entre las palabras "aparezcan” y "resulten”, tal como se usan "en el referido artículo. Entendemos que las dos pa-labras son sinónimas para los fines de esta ley, criterio que está ro-bustecido por el hecho de que en la traducción hecha por el Depar-tamento de la Guerra, la palabra "resultar” ha sido traducida por "appear.” ’
(Ayllón v. Ojeda, 28 D.P.R. 67).
" ‘Nulidad que no resulla claramente del Registro. — Tercero.— No constando de la inscripción de la finca'de cuya reivindicación se trata que al adquirirla el causante del demandante estuviera casado, el hecho de que la inscripción de una hipoteca constituida al año siguiente de la adquisición aparezca que dicho causante era -casado, no es un aviso suficiente a los terceros de que lo hubiere estado al tiempo de la adquisición. El actual poseedor y su antecesor com-praron la finca de persona que según el registro tenía capacidad y si por no' haber sido también demandada la sucesión de la es-posa del primer adquirente es nula la compra que de la finca hi-ciera en subasta pública la persona de quien trae su derecho el actual poseedor, no resultando tal nulidad claramente del registro no puede afectar al actual poseedor, que es un tercero.’ (Menéndez v. Cobb, 28 D.P.R. 775.
"En conclusión es nuestra opinión que la sociedad Luce & Go., S. en C., así como sus causantes con excepción de Amorós Herma-nos que tratara directamente con doña Isabel Rivera tienen el ca-rácter de terceros hipotecarios cuyos derechos no pueden ser inva-lidados en modo alguno a virtud de las nulidades solicitadas en este caso.
“Res judicata: — Esta es otra de las excepciones alegadas por los demandados comparecientes, la cual reconoce como base dos pleitos tramitados y resueltos con anterioridad por esta corte, siendo éstos los marcados con los números 3270 y 253.
[1] "En cuanto al primero diremos que a nuestro entender el mismo no sostiene la excepción de causa juzgada (res judicata) pues el mismo no fué resuelto en su fondo sino a virtud de una sentencia dictada en razón a que los demandantes no enmendaron su demanda dentro del término que a dicho efecto se les concediera luego de haberse declarado con lugar una excepción previa cuyo fundamento fué el no aparecer de la demanda la liquidación de la so-ciedad de gananciales tratándose en la acción de reclamar bienes pertenecientes a dicha entidad jurídica.
[2] “Respecto al segundo pleito la consideramos bien fundada por concurrir entre "él y el que nos ocupa las tres identidades de personas, causas y cosas exigidas por el artículo 1217 del Código Civil, y el haber sido resuelto por sentencia en su fondo.
“Los demandantes alegan en contra de tal excepción el hecho de que este pleito se establece bajo una nueva teoría distinta a la que sirviera de base al anterior.
“Nosotros entendemos que no es así, que la teoría es la misma en un caso que en otro y que el único que pudiera favorecer a los demandantes es el hecho de que la doctrina a virtud de la cual fué desestimada la primera acción fué más tarde modificada por la Corte Suprema.
“Pero tal hecho a nuestro juicio en modo alguno puede des-truir dicha excepción ya que éste equivaldría a sostener que el he-cho de modificarse una doctrina por los tribunales de última instan-cia produciría el efecto de revivir las andones ya resueltas al am-paro de la jurisprudencia que en aquel entonces regía y estaba ad-mitida como buena, es decir, dar a conceder un efecto retroactivo a las nuevas teorías para aplicarla a casos resueltos en fecha en que la misma aún no existía. La modificación de una ley nunca tiene efectos retroactivos sino se le concede expresamente y apli-cando igual criterio a la jurisprudencia veremos que no procede aplicar las nuevas teorías a casos que fueron resueltos con anterio-ridad a la promulgación de las mismas.
“Aparte que en el orden jurídico esto daría lugar a una gran perturbación ya que resurgirían nuevamente pleitos ya resueltos por sentencias definitivas.
“Prescripción adquisitiva. — Fundan tal excepción los demandados comparecientes en que han poseído con justo título, buena fe y pú-blicamente por un espacio de más de veinte años la hacienda ‘Esperanza’ y por tanto el condominio que se reclama.
“Los demandantes en contra de esta excepción alegan que la única prescripción que podría alegarse por los demandados es la extraor-dinaria pero no la ordinaria y en su apoyo citan el caso de nuestra Corte Suprema de Capó v. Fernández, 27 D.P.R. 726, pero enten-demos que este caso no es de aplicación al presente pues en aquél se trataba de demandados que no tenían justo título lo cual no ocu-rre en esta acción en que Luce <fc Co., S. en C., ostenta un título debidamente inscrito en el Registro.” (Citando casos.)
“Entendemos que la defensa de prescripción en favor de Luce & Co., S. en C., está sostenida en este caso por los beebos y la Ley aplicable al mismo.
“La excepción de prescripción extintiva de la acción de nulidad no ha sido sostenida en su alegato por los demandados y no creemos por tanto tomarla en consideración.
“En cuanto a las mejoras la prueba resulta tan débil que cree-mos inútil hacer ninguna clase de consideración respecto a las mis-mas, pudiendo decir lo propio en cuanto a la nulidad de la escri-tura de transacción hecha por parte de ciertos herederos de doña Isabel Rivera a favor de la mercantil Hartmann & Go. en favor de cuya nulidad existe absoluta carencia de prueba.
“Por lo expuesto somos de opinión que procede dictar una sen-tencia en este caso declarando sin lugar la demanda sin especial condena de costas.”

Por conveniencia en la. consideración trataremos primero el tercer señalamiento de error relativo a cosa juzgada. Esta defensa, de estar bien propuesta, es fundamental en cualquier caso. Convenimos con el razonamiento de la corte inferior y no vemos que sea necesario agregar nada al mismo.

El primer señalamiento de error se refiere a la defensa de terceros de acuerdo con la ley hipotecaria. El juez de la corte de distrito hizo constar que cuando Isabel Rivera y Texidor, abuela de los demandantes adquirió una sexta parte de la finca “Esperanza” la escritura que se le dió no contenia ninguna manifestación de ser ella casada, por lo menos nada se hizo constar en el registro acerca de tal estado de matrimonio. Los apelantes llaman fuertemente la atención hacia el hecho de que en el mismo día después del traspaso a Isabel Rivera Texidor ésta aparece como esposa de Juan Vives de la Rosa y se convierte en fiadora de él en una fianza de tutor, o algo parecido. Los apelantes dicen lo siguiente:

“No es lógico pensar que la doncella que iba a contraer matri-monio si pensamos que este acto se celebró después de la adquisición de febrero 3 estuviera en dicho día en sus últimos momentos de soltería preparándose para una boda que debió ser rumbosa ya que su esposo ostentaba el título de noble y así mismo lista para firmar escrituras de adquisiciones de derechos y a las pocas boras de ca-sada constituía fianzas a favor de su esposo.”

Convenimos con los apelantes en que existió una razona-ble probabilidad de que en febrero 3 de 1852 Isabel Rivera estaba realmente casada con el abuelo de los demandantes, pero debe recordarse que estamos ahora tratando no de pro-babilidades sino de una presunción. Una presunción no es un hecho final pero exime a la persona que alega la verdad de la misma de presentar prueba. El peso de. la prueba para establecer lo contrario incumbe a la otra parte. Para invocar una presunción el que la sugiere no puede descan-sar en una probabilidad sino que debe presentar un hecho cierto. Esto es exactamente lo que el artículo 1217, del Có-digo Civil prescribe, a' saber:

"Artículo 1217. — Las presunciones no son admisibles sino cuando el hecho de que han de deducirse esté completamente acreditado.” (Comp. 1911, p. 766, See. 4323.)

Cerca de cuarenta años después de la fecha en que Isabel Rivera aparecía adquiriendo esta propiedad mediante compra de su hermana, Amorós Hermanos compraron la "Esperanza” a Isabel Rivera. No vemosi, cuando entramos en el campo de las presunciones, que existía ninguna necesi-dad para que Amorós Hermanos investigaran fuera del re-gistro para cerciorarse si Isabel Rivera era o no casada. Sin embargo, supongamos que semejante deber recayera en Amorós Hermanos. Subsiguientemente hubo varios traspa-sos de esta propiedad antes de ser adquirida por Luce & Co., los actuales dueños. Convenimos enteramente con la corte inferior en que para Luce & Co. no podía aparecer clara-mente del registro que la sexta parte de la propiedad "Esperanza” que Isabel Rivera adquirió de su hermana no era propiedad privativa de la referida Isabel Rivera, y el caso de Menéndez v. Cobb, 28 D.P.R. 775, es especialmente apli-cable.

Intencionalmente decimos que Luce & Co. no tenía noti-cia de que la propiedad inscrita a nombre de Isabel Rivera como una propiedad privativa no era en verdad tal propie-dad privativa. Existe otra presunción en la ley. Cuando una persona, hombre o mujer, comparece en una escritura adquiriendo una propiedad, a falta de algo que demuestre lo contrario, se presume que dicho adquirente ha quedado convertido en dueño de la dicha propiedad. Esto es fundamental. Por tanto, la obligación recae en la parte contra-ria de demostrar que no es una propiedad privativa de la parte que la adquiere. Esta obligación puede cumplirse de-mostrando un estado de matrimonio, pero como hemos indi-cado, esto debe hacerse con precisión.

Isabel Rivera adquirió una propiedad en el año 1852. Ella la compró a su misma hermana. Cada una de ellas evi-dentemente era heredera de un caudal considerable. Existe una razonable probabilidad de que Isabel Rivera era dueña de otras propiedades heredadas de sus padres además de la porción de dos sextas partes de la “Esperanza-” Somos más bien de parecer de que' si existe alguna probabilidad de que Isabel Rivera era casada, hay quizás una probabili-dad más fuerte de que la propiedad adquirida por ella en 1852 era su propiedad privativa adquirida con su propio dinero. Si abandonamos el campo de las presunciones para entrar en el de las probabilidades, estaríamos convencidos de que la porción de una sexta parte de la “Esperanza” pertenecía exclusivamente a Isabel Rivera.

Debemos seguir investigando. Creemos que si hubiera existido una presunción en el año 1852 de que la porción de una sexta parte de la “Esperanza” era propiedad ganan-cial, se logró destruir la presunción. Por más de cincuenta años esta sexta parte fue tenida como propiedad privativa de Isabel Rivera por todo el mundo. La historia de la finca “Esperanza” según consta de las .varias inscripciones en el registro indica que una mitad de la “Esperanza” aparecía pertenecer a Juan Vives -en concepto de bienes gananciales y la otra mitad, o sea, dos sextas partes de una sexta parte, constaba que pertenecía a Isabel Rivera. Repetidas veces el hecho de que Isabel Rivera era la dueña de una mitad de la finca “Esperanza” fué reconocido por todas las personas que tuvieron que ver con ella, su esposo, algunos de sus hijos, varios acreedores hipotecarios y cesionarios. Después de tal lapso de tiempo los apelantes no pueden descansar en una probabilidad para invocar una presunción, lo con-trario de lo cual ha sido reconocido tan constantemente.

La prescripción extraordinaria no fué alegada en este caso. Sin embargo, la primitiva vendedora fué Isabel Rivera quien estuvo en reconocida posesión en el año 1854 y vendió en 1892. Luce & Co. adquirió en 1920. Ellos tie-nen derecho por lo menos a lo que se infiere de los artícu-los 33 y 34 de la Ley Hipotecaria (Comp. 1911, p. 1121, sees. 6717 y 6718) y pueden afirmar que la naturaleza ga-nancial de esta porción de una sexta parte no constaba cla-ramente del registro. No hemos podido entender entera-mente las alegaciones del apelante de que Isabel Rivera vendió esta propiedad en el año 1892 inmediatamente des-pués de la muerte de su esposo y antes de que los bienes gananciales hubieran sido liquidados. En vista de las ante-riores consideraciones la cuestión es de poca importancia. Es evidente, sin embargo, que Isabel Rivera hubiera tenido derecho a una mitad de dicha porción de una sexta parte de la “Esperanza” y podía traspasarla inmediatamente. En ningún momento resolvió este tribunal que un heredero o esposo superviviente no podría traspasar la participación que le pertenece inmediatamente después del fallecimiento del marido o causante. Lo más que se resolvió en nuestras anteriores decisiones fué que para reivindicar la parte re-damada debe precisarse mediante una liquidación, partición o algo semejante. Desde las decisiones en el caso de Capó v. Fernández et seq., aún mas claro que un heredero o esposo superviviente puede traspasar su participación en una propiedad sin tal liquidación o partición.

No estamos conformes con la corte inferior en cuanto al segundo señalamiento de error, o la prescripción ordina-ria de diez años. Si los apelantes hubieran tenido razón al decir que el carácter ganancial de esta finca constaba en el registro, entonces los demandados no tendrían nn justo título. Cuando del registro consta claramente un hecho la persona que adquiere no puede obtener nn justo título. Este es uno de los fines mismos de un sistema de registro. Al revocar el caso de Ayllón v. Ojeda, 28 D.P.R. 67, la Corte de Circuito de Apelaciones entendió que los defectos de la falta de fianza, juramento e inscripción constaba del registro. Esta corte y la Corte Suprema de los Estados Unidos fundaron la teoría de un justo título en el hecho de que estos defectos no constaban de tal modo. Si cons-taban, no podía surgir justo título.

Con esta excepción convenimos con el razonamiento de la Corte inferior y debe confirmarse la sentencia.


author: El Juez Asociado SeñOR FbaNoo Soto,

text:
    Víctor Honoré y Garau, demandante y apelado, v. Hipólito Vargas, demandado y apelante.
    No. 3479.

    Visto: Marzo 3, 1925.

      Resuelto: Abril 24, 1925.
    1. Desahucio — Desahucio en Precario — Procedencia del Mismo — Desahucio contra un Esposo, Siendo la Esposa Condueña de la Pinca de que se Trata. — No procede el desahucio contra un esposo que vive en unión de su esposa y disfrutando de la posesión material de una casa enclavada en la linea de que se trata, cuando la esposa es eondueña de dicha finca y ella no se ha hecho parte en el procedimiento de desahucio ni ha intervenido en el mismo.
    2. Desahucio — Desahucio en Precario — Procedencia del Mismo — Disfrute de Posesión Material — Conflicto de Derechos. — Cuando las alegaciones de un demandado no están desprovistas de todo fundamento y existe un principio do evidencia que aparentemente demuestra que su posesión no es en precario, el conflicto que se levanta debe ventilarse en un juicio ordinario y no dentro de los límites del procedimiento de desahucio.
    SENTENCIA de Angel Acosta, J. (Mayagüez), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Revocada, declarándose sin lugar la de-manda, sin costas.

      Alemañy & Ramírez, abogados del apelante; Angel A. Vázq%iez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeñOR FbaNoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una acción posesoria de desahucio, alegándose como causa para obtener el lanzamiento del demandado que éste ocupa en precario cierta casa enclavada en una finca de 26 cuerdas a que se refiere la demanda, sin pagar canon, o merced alguna, esto es, por la mera tolerancia del deman-dante.

El demandado contestó negando los hechos esenciales de la demanda y alegó como defensas especiales, las siguientes:

“I. Que clon Manuel de Jesús Rivera y Ramírez y doña Eugenia Ramírez contrajeron matrimonio en el pueblo de Cabo Rojo, el día 2 de julio de 1870.
"II. Que durante su estado matrimonial con doña Eugenia Ra-mírez o sea en el año 1872, don Jesús Rivera y Ramírez compró & doña María Acevedo de Ramírez la finca que se describe en el he-dió primero de la demanda, en la que 'se encontraba la casa que se relaciona en la descripción de dicha finca.
"III. Que doña Eugenia Ramírez, cuyo segundo apellido es Acevedo, falleció abintestato en el pueblo de Cabo Rojo, el día 20 de mayo de 1894, y por orden de esta Hon. Corte de Distrito de Maya-g.üez, dictada en el caso civil No. 10,328, sobre declaratoria de he-rederos de dicha finada, declaró únicos y universales herederos de dicha finada, a sus legítimos hijos nombrados Gavino Eduvigis, Lorenzo, Eugenia María Justa, Juan de Mata y Nieasio Rivera y Ra-mírez, y al cónyuge viudo don Manuel de Jesús Rivera y Ramírez, en la cuota usufructuaria que determina la ley, en fecha 8 de fe-brero de 1924.
"IV. Que al tiempo del fallecimiento de dicha finada, la referida finca formaba parte de los bienes de la sociedad de gananciales que tenía ella constituida con su esposo don Manuel de Jesús Rivera y Ramírez, y con motivo de su muerte se trasmitió su derecho en dicha finca, que era por una mitad proindivisa de la misma, a sus herederos, los que actualmente son sus dueños y poseedores.
■ “Y. Que el demandado, en unión de su esposa doña Eugenia María Justa Rivera y Ramírez, ocupa una de las casas que radican en dicha finca, como condueños que son de la misma, por ser su es-posa hija legítima y una de las herederas de la finada doña Eugenia Ramírez y Acevedo, la que en unión de su esposo don Manuel de Jesús Rivera y Ramírez formaban la sociedad de gananciales a quien pertenecía totalmente dicha finca.”

El demandado presentó su prueba.y ella tendió a esta-blecer todas las alegaciones de su defensa. Hubo prueba asimismo de que Manuel de Jesús Rivera y Ramírez con-trajo segundas nupcias en 1899 con Candelaria Ramírez y Montalvo y que en 1906 inscribió la finca mediante informa-ción de dominio, consignándose claraménte en el expediente que la había adquirido en 1872 por compra a María Acevedo Ramírez. No obstante, aparece la segunda esposa prestando su consentimiento a las varias transacciones que Rivera hizo con la finca, incluso la constitución de cierta hipoteca a favor del demandante y que culminó -con el remate y la adjudicación de dicha finca al mismo demandante.

Ahora bien, las dos cuestiones que debemos considerar son las siguientes: ¿cabría desahuciar al demandado por el hecho de tratarse de bienes en que tiene interés su esposa, siendo privativos de la misma j>or no haberse hecho esta última parte en el procedimiento ni haber intervenido en el mismo? Y negada esta proposición, ¿la prueba del deman-dado ofrece algún principio de evidencia que aparentemente demuestre que su posesión no es en precario?

En cuanto a lo primero, no estando la esposa separada del marido, viviendo unidos, disfrutando de la posesión material de la casa enclavada en la finca, si asumiéramos que por no haber sido parte. en el procedimiento o intervenido en el mismo la esposa, el desahucio no podría decretarse contra ella, sería absurdo, desde luego, que la orden de lanzamiento se ejecutara desalojando solamente al esposo de la finca, pues esto envolvería la separación material de un matrimonio que solamente puede realizarse por la muerte o por causas que especifica la ley. Y si por' otro lado a las alegaciones y pruebas del demandado no se le diera' ningún valor, la sentencia decretando el desahucio se ejecutaría no obstante contra la esposa.

“Al ejecutar un auto para dar posesión, el funcionario está au-torizado y obligado a poner en posesión al demandante haciendo desalojar al demandado y a todas las personas que estén en pose-sión y tengan intereses comunes con él o cuyos derechos en la pro-piedad dependen de, o estén subordinados a, sus derechos, tales como los miembros de su familia, huéspedes, • agentes, criados y otras por el estilo, pero no a una persona que no sea parte ni tenga intereses comunes con una parte. La adecuada ejecución del auto requiere también que se retiren de la propiedad los bienes muebles del de-mandado.” 36 C.J. 671.

Y la nota 91 de la misma página, letra (a), dice:

“(a) ‘Privies’ son aquellas personas que están en posesión como representantes, sucesores o causahabientes de una parte en virtud de algún derecho adquirido después de comenzado el pleito. Lancaster v. Borkowski, 179 Wis. 1, 190 NW. 852. Las personas que están en posesión de la propiedad antes de comenzarse la acción, alegando tener el derecho a la posesión, y que no son incluidas como partes en el pleito, no pueden ser desalojadas por virtud del auto. Lancaster v. Borkowski, supra.”

Respecto a los efectos de la prueba, lia sido la constante y uniforme jurisprudencia de este tribunal que cuando las alegaciones de un demandado no están desnudas de toda prueba, existiendo un principio de evidencia que aunque aparente, indica que su posesión no es la de precario sino de dueño, se levanta un conflicto que lia de ventilarse en los amplios trámites de un juicio ordinario y no dentro de los estrechos límites del procedimiento sumario de desahucio. Torres et al. v. Pérez, 18 D.P.R. 573; Gandía v. Gabán, 22 D.P.R. 833; Casanovas y Co. v. Ramírez, 25 D.P.R. 625; Nazario v. Almodóvar et al., 26 D.P.R. 329; Sucesión Colón v. Colón et al., 27 D.P.R. 87; Fajardo Sugar Co. v. Torres, 27 D.P.R. 364; Andino v. Canales, 27 D.P.R. 282, y Rosado et al., v. Delgado, 29 D.P.R. 91.

En el presente caso, examinada la prueba, hemos llegado a la conclusión de que las alegaciones del demandado no están desprovistas de todo fundamento,-y sin que tengamos que afirmar nada en cuanto a sus méritos, el conflicto apa-rente que levanta es más bien para que se ventile y decida dentro de la amplitud del juicio ordinario.

Por las razones expuestas debe revocarse la sentencia de la corte inferior y dictarse otra declarando sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas.

El Jnez Asociado Señor Wolf, disintió.


author: El Juez Asoctado Señoe Franco Soto,

text:
    Octavio Wys, demandante, apelado-apelante, v. Rito Maldonado, demandado, apelante-apelado.
    No. 3473.

    Visto: Marzo 11, 1925.

      Resuelto: Abril 24, 1925.
    1. Negligencia — Negligencia Oontributoria — Negligencia en la Causa Pró-xima que Produce un Accidente. — No comete error una corte inferior que, con vista de las alegaciones del demandado, encuentra culpable al demandante en parte de negligencia y no en el todo de la causa próxima que produjo el accidente. ■
    2. Sentencia — Casos Contenciosos — Congruencia con las Diligencias, Alega-ciones, Pruebas y Veredictos y Conclusiones — Congruencia con las Alegaciones. — No comete error una corte que. al reconsiderar su sentencia, declara que existió negligencia contributors por parte del demandante, cuando el demandado alegó que la causa del accidente fué la negligencia de aquél, sin que pueda el demandante alegar sorpresa, por estar suficientemente avi-sado, ante tal alegación, de la contención del demandado.
    3. Negligencia — Negligencia Oontributoria — Negligencia Concurrente del Demandante y Demandado. — No comete error alguno el tribunal inferior que encuentra que demandante y demandado tuvieron parte de culpa en un accidente, cuando la prueba en conjunto tiende a establecer que realmente existió tal culpa.
    Sentbnoia de B. Días Cintrón, J. (Ponce), declarando sin lugar la demanda y contrademanda, sin costas.

      Confirmada.

      Carlos Brunet del Valle, abogado del demandante, apelado-apelante; Domingo Sepúlveda, abogado del demandado, apelante-apelado.
   El Juez Asoctado Señoe Franco Soto,

emitió la opinión del trn bunal.

Este es un pleito que se originó en la Corte Municipal de Ponce y en el cual demandante y demandado se recla-man recíprocamente daños y perjuicios a consecuencia de un accidente ocurrido entre dos vehículos de motor.

El demandante alegó que la causa del accidente se de-bió única y exclusivamente a la negligencia del demandado, y esta parte no sólo niega ese hecho esencial de la demanda sino qne a sn vez estableció nna contrademanda en la qne imputa al demandante toda la cnlpa del suceso- y reclama el valor de ciertos desperfectos sufridos en sn máquina por efectos del choque.

En 21 de mayo de 1924 la corte inferior en grado de apelación dictó sentencia declarando con lugar la demanda y sin lugar la contrademanda.

En 26 de mayo de 1924 el demandado solicitó la reconsi-deración de dicha sentencia y el juez inferior, después de un estudio más cuidadoso- de la evidencia, reconsideró su sentencia declarando entonces sin lugar la demanda y sos-teniendo su pronunciamiento anterior en cuanto a la contra-demanda.

Las dos partes no conformes apelaron de la sentencia ^ y alegan que la corte inferior cometió error en la aprecia-ción de la prueba, señalando además el demandante como error, haber reconsiderado dicha corte la sentencia por fun-damentos que no aparecen de la moción de reconsideración.

El motivo para reconsiderar su sentencia la corte inferior descansa en declarar qiie existió negligencia contribu-toria por' parte del chauffeur del demandante y sostiene esta parte que no alegándose ese motivo por el demandado en sus alegaciones, era una sorpresa para ella, que en nin-gún momento pudo prepararse para descubrir los funda-mentos de la resolución enmendando la sentencia. La con-tención del demandante se basa esencialmente en que la ale-gación de negligencia contributoria admite' la negligencia por parte del demandado. Esta parece ser la regia cuando se presenta como única defensa, pero otras autoridades sos-tienen que tal defensa no es inconsistente con la negativa de negligencia por parte del demandado. 20 R.C.L. 107.

En este caso el demandado tanto en la contestación como en la contrademanda alega que la negligencia del chauffeur del demandante fue la única causa determinante del acci-dente, y no parece lógico' sostener que dentro de esa impu-tación exclusiva de negligencia al demandante, éste no estu-viera suficientemente avisado de la contención del deman-dado. La corte inferior, por consiguiente, no cometió error •con vista de las alegaciones del demandado, al encontrar «falpable al demandante en parte de negligencia y no en el todo de la cansa próxima que produjo él accidente.

En cuanto a los Lechos hemos examinado cuidadosamente la prueba y ella en conjunto tiende a establecer, como en-contró la corte inferior, que realmente demandante y de-mandado contribuyeron con su parte de culpa en el acci-dente y uno ni otro no pueden quejarse de sus consecuencias.

La sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.


author: En Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Harry F. Besosa, demandante y apelante, v. Norwich Union Fire Insurance Society, Ltd., demandada y apelada.
    No. 3341.

    Visto: Febrero 5, 1925.

      Resuelto: Abril 24, 1925.
    X, Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hechos, Veredictos y Con-clusiones — Conclusiones sobre la Evidencia — Evidencia Contradictoria. Cuando la prueba es contradictoria y el tribunal inferior resuelve el conflicto do la misma, debe confirmarse la sentencia recurrida a monos que se do-muestre que bubo pasión, prejuicio, parcialidad o manifiesto error por parte del juzgador.
    Sentencia de Charles IS. Foote, J. (Primer Distrito, San Juan), declarando sin lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      José Martínez D avila, abogado del apelante; Guerra-Mondragón & Soldevila, abogados de la apelada.
   En Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de cobro de dinero por servicios prestados. Alegó el demandante:

fC Primero. — Que el demandante es mayor de veinte y un años de edad, abogado en ejercicio y vecino de esta ciudad y la deman-dada es una corporación debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Inglaterra, siendo sus agentes en esta ciudad los señores J. Oclioa & Hno.
“Segundo. — Que Mr. William Hare como administrador para los Estados Unidos de la corporación demandada, confirió al demandante la representación de dicha compañía para que en su carácter de abogado gestionase de los Sres. J. T. Silva & Co. el pago de la suma de doce mil setecientos treinta y ocho dollars, cuarenta y nueve centavos que dichos señores adeudaban a la demandada.
“Tercero. — Que el demandante aceptó la representación de la demandada y por medio de gestiones privadas, primero y luego judi-ciales obtuvo el pago de la expresada suma de doce mil setecientos treinta y ocho dollars, cuarenta y nueve centavos.
“Cuarto. — Que fué convenido entre el demandante y el Sr. William Hare que el primero cobraría por sus servicios profesiona-les, el quince por ciento de la cantidad cobrada sin litigio y el veinte y cinco por ciento si había necesidad de proceder judicialmente.
“Quinto. — Que el demandante cobró seis mil setecientos treinta y ocho dollars, cuarenta y nueve centavos sin necesidad de acudir a los tribunales, y los seis mil dollars restantes mediante la interpo-sición de la correspondiente demanda.
“Sexto. — Que la demandada se niega a pagar al demandante el importe de sus honorarios ascendentes a la suma de dos mil qui-nientos diez dollars, setenta y siete centavos.”

Y contestó la demandada:

“Niega, a excepción del hecho primero, todas y cada una de Jas alegaciones esenciales contenidas en la demanda.
“Expone, como defensa especial:
“Que si el contrato a que la demanda se refiere es de noviembre de 1917, fecha en que se celebró uno entre el demandante, la deman-dada y J. T. Silva & Co., en tal contrato la demandada no empleó al demandante como abogado ni se obligó a pagarle cantidad alguna, sino que el demandante fué designado depositario (trustee) para cobrar y recibir de J. T. Silva & Co. la cantidad de seis mil dólares ($6,000) y entregarla a la demandada; pero no se le contrató para actuar como abogado en ningún momento.
“Que él demandante aceptó el encargo de que habla el hecho anterior y que su intervención en el asunto fué motivada por el interés que en el mismo tenía la National Surety Co., compañía de fianzas de la que a la sazón era agente el demandante.
“Que aun cuando el demandante hubiera tenido, como abogado, la representación de la demandada (y ésta repito que no lo utilizó como tal abogado) la acción del demandante ha prescrito por mi-nisterio de la ley, conforme al art. 1868, inciso 1, del Código Civil.”

Trabada así la contienda fné el pleito a juicio. La prueba del demandante, examinada aisladamente es bastante. No contiene evidencia escrita del contrato de remuneración, pero sí oral.-' La prueba de la demandada contradijo la del demandante no en cuanto a la existencia de los servicios, pero sí en cuanto a su obligación de remunerarlos. La corte resolvió el conflicto en favor de la demandada por sentencia registrada el 7 de marzo de 1924, y contra ella interpuso el demandante el presente recurso de apelación.

Hemos examinado la transcripción y no nos encontramos en condiciones de poder afirmar que la corte sentenciadora abusara de su discreción al apreciar la prueba. Esto bas-taría para confirmar la sentencia, si no se levantara la si-guiente cuestión por el apelante en su alegato, que requiere algún estudio:

“Y para terminar, aun admitiendo que no existió convenio o con-trato expreso entre las partes, de servicios profesionales; que no existió convenio de mandato; que no existió convenio para la re-muneración de los servicios profesionales que el demandante Besosa prestó a la demandada Norwich, habiéndose probado sin duda al-guna que el demandante prestó valiosos servicios a la demandada, y ésta los aceptó, según admite la misma Hon. Corte de Distrito de San Juan en su opinión, es aplicable el art. 1486 del Código Civil, enmendado por la ley de 24 de febrero de 1906.” (1906, p. 22.)

La parte apelada responde:

Ahora, en este recurso de apelación, el demandante pretende variar por completo la teoría del caso. Se entabló la demanda para el cumplimiento de un supuesto contrato de servicios profesionales. En la acción ejercitada se exige, por un abogado que se dice fué contratado como tal para que prestara ciertas gestiones profesiona-les, el pago de su remuneración preconvenida mediante acuerdo verbal. ■ El demandante y apelante, en estos momentos, cuando ya ha pasado el juicio, alega que aun cuando no existiera el convenio ex-preso de servicios profesionales la corte de distrito ha debido seña-larle y obligar a la demandada a pagarle una suma en compensa-ción de los servicios prestados. Mal podía hacer eso el tribunal a quo, y menos podrá hacerlo esta Hon. Corte, cuando la teoría del caso ha sido la de un contrato cuyo cumplimiento se reclama y cuando nunca estuvimos ante una demanda de quantum, meruit. ¿Cuándo alegó el apelante que, si bien actuó como trustee, él tenía derecho a la indemnización de sus servicios y que éstos razonable-mente valían determinada suma? ¿Cuándo se oyó a la apelada y se le dió oportunidad para defenderse de tales alegaciones y probar que, en caso de haberse prestado servicios realmente profesionales, no podían tasarse los mismos por más de cierta cantidad? Ni aun en el juicio celebrado en la corte inferior podía el demandante levan-tar semejante cuestión, por estar fuera de la controversia. La de-mandada se preparó para defenderse, y se defendió con buen éxito porque la razón le asistía, de una reclamación nacida de un con-venio expreso.”

Hemos examinado las autoridades citadas por ambas par-tes en apoyo de sus respectivas contenciones y a la luz de ellas estudiado .los hechos de este caso y creemos que téc-nicamente tiene razón la parte apelada.

Pero hay más. La contención del demandado en el pleito íué más allá de una negativa del pacto de remuneración. Aceptó la intervención del demandante en su asunto y la prestación de sus servicios, pero explicó la posición asumida por el demandante que no llevaba consigo el cobro de hono-rarios aunque no se hubiera pactado. Parece conveniente transcribir el párrafo que sigue de la opinión del tribunal sentenciador:

“Y la corte, después de considerar detenidamente la prueba pre-sentada y las alegaciones hechas, encuentra probado lo siguiente: Que si bien es cierto que el demandante recibió las cantidades que menciona en la demanda para la demandada, de la sociedad J". T. Silva & Co., y que pagó las mismas a la demandada, su actuación, sin embargo, en este asunto, lo fue únicamente en su calidad de de-positario (trustee); que no existió nunca convenio o contrato de servicios profesionales entre el demandante y la demandada. ’ ’

Siendo ello así, aunque entráramos en el análisis de la prueba para ver si se habían prestado servicios que justi-ficaran una sentencia favorable al demandante por el mé-rito de los mismos, tendríamos que resolver el caso en contra suya.

Una de las pruebas que sirvió de base a la corte senten-ciadora es la carta que sigue:

“New York, April 13tb, 1918. — Mr. Harry F.. Besosa, San Juan, Porto Rico. — Dear Sir: I acknowledge receipt of your letter of tbe 25th ultimo and enclosure being check for $750.
“I am glad to note you think that Silva is coming to his sense and that he has paid on account $1,000. In reference to your retention of twenty-five per cent of this amount for your fees I would say that this does not appear to be in order to me. The agreement which was entered into between the firm of J. T. Silva & Co., Succrs. S. en C., by the acting partner of that firm, yourself an myself provided that you should be appointed trustee for the collection of the note being the amount of money owing the Norwich Union. I believe that if you will examine that document you will see clearly from a legal standpoint that no fees are due you from the Norwich Union. The Norwich- Union simply has consented to become the beneficiary under a trust created by the Silva firm. This was clearly understood because I warned you at the meeting when the agreement was signed that it would be necessary for you to look to the Silvas for your, fees and to this warning you made no objection. Under these circumstances I will ask that you kindly send me the $250 which you have retained together with any further collection. If after the completion of your trust and the payment to the Norwich Union of $6,000 you cannot collect a fair compensation from the 'Silvas I shall be glad to recommend to the Head Office that they consider favorably an equitable compensation to you on their part. — Yours truly, — -William'Hare, Manager.”

Si lo dicho es cierto, y la corte estimó que lo era, no sólo no se pactó el pago de honorarios sino qne se estipuló que los honorarios serían pagados por otra persona, prome-tiéndose únicamente al demandante una recomendación de una consideración favorable para fijar una compensación equitativa, en el caso de que esa otra persona no cumpliera.

En tal virtud la situación legal después de considerada la cuestión del quantum meruit, es la misma que la que en-contramos al principio: una prueba contradictoria, resuelto el conflicto a favor del demandado,. sin que se haya demos-trado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte del juzgador, debiendo en su, consecuencia confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez PREsidente Señor del Toro,

text:
    Central Pasto Viejo, Inc., demandante y apelada, v. Arturo Aponte, Jr., demandado y apelante.
    No. 3588.

    Visto: Marzo 9, 1925.

      Resuelto: Abril 24, 1925.
    1. Apelación y Error — Transcripción del Récord — Doble Apelación.. — Aunque es mejor práctica que, en casos do apelaciones dobles, ambas partes convengan en someter sus apelaciones basadas sobre la misma transcripción del récord, cada apelante tiene derecho a someter una transcripción por separado si así lo desea, y en casos de doble apelación contra la misma sentencia, el Tribunal Supremo no obligará a un apelante a someter su apelación basada en la transcripción radicada por el otro.
    Mooión de RECONSIDERACIÓN de resolución declarando no haber lu-gar a otra en que se solicitó que el legajo de la sentencia y la transcripción de la evidencia archivada en otra apelación for-men parte de los autos a los efectos de decidir la apelación.

      Sin lugar.

      Carlos Travecier, Fernando Gallardo y Arlitro Aponte, Jr., aboga-dos del apelante; Henry G. Molina, abogado de la apelada.
   El Juez PREsidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En esta apelación interpuesta por el demandado compa-reció/ el demandante el 14 de marzo último y joidió que el legajo de la sentencia y la transcripción de la evidencia archivados en otra apelación por él establecida contra la misma sentencia, se hicieran formar parte de los autos y sirvieran de base para la decisión del recurso, no obstante reconocer que la parte apelante venía tramitando una trans-cripción del record a los efectos de su apelación en la corte de distrito. La apelación interpuesta por el demandante lo fué contra la sentencia en cuanto le perjudicaba por no ha-berle concedido todo lo que solicitó en su demanda; la del demandado contra “(1) aquella parte de la sentencia que resolvió que la demandante no había comprado al deman-dado 320 quintales de azúcar de la zafra de 1920, a razón de $18.50 quintal; (2) aquella parte de la sentencia que de-claró sin lugar y desestimó la reconvención del demandado.”

La petición del apelado fue declarada sin lugar' por or-den de marzo 17, 1925, y ahora comparece de nuevo dicho apelado solicitando del tribunal que reconsidere su regla y resuelva de conformidad con lo pedido al principio.

• Cita el demandado y _ apelado lo dicho por la Corte de Circuito del Primer Circuito de los Estados Unidos en el caso de Gandía v. Porto Rico Fertilizer Co., 291 Fed. 23, a saber:

“Hay otra cuestión que es digna de consideración. Estas ape-laciones fueron traídas aquí mediante traducciones y transcripcio-nes independientes del mismo record de la corte inferior. No com-prendemos cómo los abogados permiten que se imponga a las par-tes esa carga adicional cuando una traducción y transcripción ser-viría para todos los fines. El gasto de elevar un caso a una corte de apelaciones dentro de la práctica federal vigente es en sí dema-siado considerable, y debe hacerse todo esfuerzo razonable por evi-tar cualquier gasto innecesario.”

Las mismas consideraciones podrían aplicarse, sin duda, a este caso. Hubiera sido mucho más fácil para las partes, los abogados, la corte sentenciadora y esta Corte Suprema que ambas apelaciones se tramitaran conjuntamente. Tiempo y dinero se habrían economizado y no se hubiera dado el caso de haberse celebrado ya la vista de uno de los recursos cuando la transcripción en el otro aún no ha sido radicada en esta Corte Suprema. Tal práctica no debe seguirse.

No obstante lo anteriormente expresado, la corte estima que no debe reconsiderar su orden de marzo 17, 1925.

En primer lugar sólo ha comparecido una de las partes interesadas. En segundo lugar esa parte ha hecho dema-siado tarde su solicitud. Y en tercer lugar y especialmente es lo cierto que la parte apelante en uso de un derecho que le reconoce la ley está tramitando su récord con la interven-ción de la corte sentenciadora que de acuerdo con el estatuto y la constante jurisprudencia de este tribunal es la llamada a, impartir su aprobación a las exposiciones del caso en las apelaciones que contra sus sentencias se establezcan.

Generalmente .una transcripción completa puede servir de base para todos los recursos que puedan interponerse contra una sola sentencia. Pero en Puerto Pico esa trans-cripción puede estar formada por el legajo de la sentencia y una transcripción de las notas taquigráficas, método es-cogido por la parte aquí apelada al tramitar ,1a otra apela-ción, o en vez de la transcripción íntegra de las notas ta-quigráficas, puede prepararse una narración de la -parte de la prueba que sea realmente necesaria, método más cientí-fico que parece que fué el seleccionado por la parte apelante en este caso.

Además- no puede perderse de vista la intervención de la corte sentenciadora: Al examinar la exposición, o la transcripción de las notas del taquígrafo, su mente'está fija en la apelación que se interpone y ella puede considerar que un récord que sería completo para someter al Supremo la apelación de una parte de la sentencia, no lo sería para so-meter la apelación que pudiera interponerse contra otra parte de la misma sentencia. Todas esas consideraciones y otras más- que pudieran exponerse nos llevan a concluir que es en’ la corte de distrito donde deben hacerse todas estas gestiones y estipulaciones tendentes a normalizar el perfec-cionamiento de las apelaciones, y no en esta'Corte Suprema.

En cuanto a la dilación que aquí se observa, creemos que la parte apelada pudo impedirla. Si las gestiones que ahora está haciendo las hubiera hecho en la corte de.distrito desde el principio o por lo- menos en cuanto su transcripción es-tuvo aprobada, seguramente que una sola transcripción se hubiera elevado o la segunda e'staría desde hace tiempo ar-chivada pudiendo haberse celebrado el mismo día la vista de ambos recursos según la práctica de este tribunal se-guida en todos los casos en que es advertido a tiempo por las partes interesadas.

No ha lugar a la reconsideración.