text:
      In re José G. Izquierdo Stella.

      Número: TS-2007

      Resuelto: 7 de junio de 2005

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías.
   RESOLUCIÓN

Habiendo transcurrido el término de suspensión de tres meses del ejercicio de la abogacía del Sr. José G. Izquierdo Stella, decretado mediante opinión per curiam y sentencia de 28 de julio de 2004, y en vista de que la Oficina de Inspección de Notarías nos ha informado que aprobó la obra notarial el 28 de febrero de 2005, se accede a la Mo-ción de Reinstalación de éste al ejercicio de la abogacía y de la notaría a partir de la notificación de la presente resolución.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Héctor A. Costa del Moral.

      Número: TS-3078

      Resuelto: 10 de junio de 2005

      Israel Pacheco Acevedo, secretario ejecutivo del Fondo de Fianza Notarial del Colegio de Abogados; Howard A. Smith, médico del Hospital Ryder Memorial, Inc.
   per curiam:

Ante la falta de pago por el Ledo. Héctor A. Costa del Moral de la prima de su fianza notarial, el pa-sado 18 de febrero de 2005 emitimos una resolución en la que le concedimos un término de veinte días para mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría. Esa resolución fue enviada al abogado por correo certificado.

El licenciado Costa del Moral no contestó, por lo que el 31 de marzo de 2005 le concedimos un plazo final de diez días para cumplir con esa orden. Además, dispusimos que la notificación de esa nueva resolución se llevara a cabo a través de la Oficina del Alguacil del Tribunal.

Dicha notificación personal se realizó el 21 de abril de 2005. Según consta del diligenciamiento, el licenciado Costa del Moral fue localizado en una institución para pa-cientes de condiciones que afectan sus facultades mentales. Posteriormente, por conducto del Alguacil del Tribunal, recibimos una misiva de un médico de dicha institución. Ese doctor informa que el licenciado Costa del Moral en efecto reside en la institución y que se encuentra bajo tratamiento médico por razón de una condición per-manente y degenerativa. El médico concluye, entre otras cosas, que el padecimiento del licenciado Costa del Moral le incapacita para administrar sus bienes.

rH

En el ejercicio de nuestra función reguladora de la profesión de la abogacía, y de acuerdo con nuestro Regla-mento, en ocasiones nos hemos encontrado ante la nece-sidad de suspender a algunos letrados por razón de su sa-lud mental. Al así actuar, hemos buscado proteger al público de los efectos nocivos de tener un representante legal que, por su condición mental, no está capacitado para llevar a cabo su labor competentemente. La suspensión de un abogado en esas circunstancias también abona al buen funcionamiento de nuestro sistema judicial y a los mejores intereses de la clase togada en general. A esos efectos, he-mos expresado que cuando se suspende a un abogado por razón de incapacidad mental, dicha separación no consti-tuye un desaforo, sino una medida de protección social. In re Mundo Rodríguez, 146 D.P.R. 639 (1998); In re Pérez Santiago, 144 D.P.R. 376 (1997); In re Rodríguez Álvarez, 133 D.P.R. 358 (1993); In re Suárez Burgos, 108 D.P.R. 1 (1978).

En atención a lo anterior, hemos suspendido a abogados por razón de incapacidad mental cuando, por ejemplo, su-fren de una adicción a alguna sustancia controlada —In re Gómez Morales, 124 D.P.R. 383 (1989) — o de desórdenes psiquiátricos —In re Melecio Morales, 121 D.P.R. 161 (1988)— incluyendo esquizofrenia y otras condiciones —In re Miranda Cruz, 116 D.P.R. 709 (1985)— ciertos tipos de demencia —In re Pérez Santiago, supra— y trastornos de-presivos causados por la dependencia alcohólica. In re Mundo Rodríguez, 131 D.P.R. 713 (1992).

En la mayoría de las ocasiones en que, como medida de protección social, nos vemos obligados a suspender a un abogado que se encuentra incapacitado mentalmente, lo hacemos luego de llevar a cabo un procedimiento disciplinario especial en el que un Comisionado Especial —nombrado específicamente para esa tarea— recibe prueba de un panel de psiquiatras que ha examinado al abogado en cuestión. Regla 15(c) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A. En esos casos, el procedimiento se realiza como respuesta a una preocupación sobre la capacidad mental del abogado que surge en el contexto de otro procedimiento disciplinario o de la conducta desplegada por el letrado ante los tribunales. Regla 15(c) y (g) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra. A modo de ejemplo, véanse: In re Melecio Morales, supra; In re Mundo Rodríguez, supra (resueltos bajo disposición análoga del derogado Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.RR.A. Ap. I-A); In re Pérez Santiago, supra.

No obstante, ese trámite se vuelve innecesario cuando la incapacidad mental del abogado queda acreditada por el hecho de mediar una declaración judicial de incapacidad o por estar recluido en un hospital u otro tipo de institución de cuido de enfermos mentales. Así, la Regla 15(b) de nuestro Reglamento, supra, dispone:

(b) Si un(a) abogado(a) fuere declarado(a) incapaz judicial-mente o fuere recluido(a) por incapacidad en una institución para enfermos mentales, probado el hecho, el tribunal le sus-penderá del ejercicio de la profesión mientras subsista su enfermedad.

En In re Gómez Vázquez, 145 D.P.R. 382 (1998), utilizamos esta regla para suspender indefinidamente a un abogado que llevaba varios años padeciendo de Alzheimer y al que un tribunal competente había declarado incapaz y le había nombrado tutor. Ante el hecho que ya mediaba declaración de incapacidad, suspendimos al licenciado Gómez Vázquez sin necesidad de trámite ulterior alguno. Allí expresamos que

[c]uando la condición, mental, física o emocional de un abo-gado no le permite ejercer cabal y adecuadamente todas las funciones y los deberes propios de la práctica de la abogacía, es menester suspender indefinidamente del ejercicio de la pro-fesión legal al letrado mientras subsista su incapacidad (citando a In re Lanauze Ortiz, 114 D.P.R. 682 (1983)). íd., pág. 383.

f-H í — i

En este caso ha quedado debidamente probado que el Ledo. Héctor A. Costa del Moral reside en una institución para el cuido de pacientes con condiciones que afectan sus facultades mentales. Fue allí donde el Alguacil de este Tribunal lo localizó y pudo diligenciar nuestra Resolución de 31 de marzo de 2005. Además, un médico de la susodicha institución se ha comunicado con nosotros y nos ha confir-mado por escrito que el abogado está recluido allí y que está incapacitado.

Ante la realidad de que el Ledo. Héctor A. Costa del Moral sufre de una condición que afecta su capacidad mental y que se encuentra recluido por ello en una institución para el cuido de ese tipo de padecimiento, corresponde, de acuerdo con la Regla 15(b) de nuestro Reglamento, supra, suspender al abogado indefinidamente de la abogacía y la notaría. En este caso, al igual que en los antes reseñados, la suspensión no debe considerarse un desaforo sino una medida de protección social.

El Alguacil de este Tribunal se incautará inmediata-mente de la obra y del sello notarial del Sr. Héctor A. Costa del Moral para el trámite correspondiente por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.

      C1) La Regla 15(a) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dispone:
      “La incapacidad mental, definida como una condición mental o emocional tal que impida al(a la) abogado(a) asumir competente y adecuadamente la representa-ción legal de sus clientes o que le impida mantener el patrón de conducta profesional que debe observar todo(a) abogado(a), será causa de suspensión indefinida del(de la) abogado(a) incapacitado(a).”

       En este caso el abogado fue reinstalado condicionalmente a la abogacía en In re Gómez Morales, 146 D.P.R. 837 (1998), y relevado de cumplir con las condiciones y reinstalado a la notaría en In re Gómez Morales, 158 D.P.R. 663 (2003).

       Tras escuchar la prueba pericial del panel de psiquiatras sobre la salud mental del abogado, el Comisionado Especial rinde un informe que utiliza este Tribunal para determinar si procede la suspensión por razón de incapacidad mental. Regla 15(a) y (g) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra.


text:
      In re Integración de Salas de Verano.

      Número: ES-2005-8

      Resuelto: 10 de junio de 2005
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 4(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.RR.A. Ap. XXI-A, se constituyen las siguientes Salas de Verano para funcionar durante el receso:

Del 1ro de julio al 15 de agosto de 2005

Hon. Francisco Rebollo López, presidente

Hon. Liana Fiol Matta

Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez

Del 16 de agosto al 30 de septiembre de 2005

Hon. Federico Hernández Denton, presidente

Hon. Jaime B. Fuster Berlingeri

Hon. Efraín E. Rivera Pérez

Los Presidentes de Sala quedan facultados para susti-tuir a los Jueces que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración y, asimismo, para convocar al Pleno del Tribunal cuando sea necesario.

El Tribunal continuará emitiendo y certificando opinio-nes y sentencias durante este periodo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Emilio Pena Fonseca et al., demandantes y recurridos, v. Emibel Pena Rodríguez et al., demandados y recurridos, el Departamento de la Familia y la Procuradora Especial de Relaciones de Familia, peticionarias.

      Número: CC-2005-356

      Resuelto: 15 de junio de 2005

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general, abogado de la parte peticionaria; Emilio Pena Fonseca, abogado de la parte recurrida; Carlos Pérez Rodríguez, abogado del De-partamento de la Familia.
   La Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

El caso de epígrafe es secuela de nuestro dictamen anterior en Pena v. Pena, 152 D.P.R. 820 (2000). Allí resolvi-mos que los menores cuya custodia era objeto de litigio debían someterse a unas pruebas sicológicas adicionales a las ya efectuadas, a realizarse por un perito privado, si se demostraba que éstas eran necesarias y si el tribunal de instancia, en el ejercicio de su discreción, las ordenaba. La controversia en esta ocasión gira en torno a si se estableció la necesidad de las pruebas y si el foro de instancia abusó de su discreción al denegarlas. Veamos.

1 — I

Los hechos de este caso y su curso procesal son intrica-dos y lamentables. Se enfrentan aquí, en un agrio proceso de privación de custodia y patria potestad, unos abuelos y los padres biológicos de los menores. El pleito se inició en 1996 mediante la presentación de una demanda por los aquí recurridos, Emilio Pena Fonseca y Elizabeth Rodrí-guez Rivera (esposos Pena-Rodríguez o demandantes), re-clamando para sí la custodia de sus nietos por alegado mal-trato y negligencia. La demanda se instó en contra de los padres de los menores, la hija de los esposos Pena-Rodrí-guez, Emibel Pena Rodríguez, y su esposo, Samuel Capó Gómez (esposos Capó-Pena). Se alegó que el señor Capó Gómez era un mal ejemplo para sus hijos y les maltrataba; contra la madre se adujo que ésta nada hacía para prote-ger a los menores. Se solicitó entonces que se les privara permanentemente de la custodia, tutela y de la patria po-testad de sus tres hijos menores, y que la custodia de éstos se les concediera a los abuelos matemos, los esposos Pena-Rodríguez.

Los demandados contestaron la demanda negando lo alegado y reconvinieron. En la reconvención, alegaron que el pleito instado era un intento de los demandantes de aco-sarlos y acusarlos falsamente para privarlos de sus hijos.

Durante el proceso de descubrimiento de prueba, los es-posos Pena-Rodríguez solicitaron tomar unas deposiciones a varios funcionarios del Departamento de la Familia que habían intervenido en el caso. Además, solicitaron que los menores fueran sometidos a evaluaciones sicológicas, por peritos privados contratados por la parte demandante, adi-cionales a las que ya se habían llevado a cabo. El Tribunal de Primera Instancia denegó ambas peticiones y el foro apelativo intermedio enmendó dicho dictamen, autori-zando que los menores se sometieran a unas pruebas sico-lógicas adicionales, pero confirmando la denegatoria de la toma de deposiciones. Las partes afectadas por la determi-nación del foro apelativo acudieron ante nosotros.

Consolidados los recursos instados y evaluados los plan-teamientos de las partes, revocamos mediante sentencia la determinación del foro apelativo. Específicamente, dispusi-mos en nuestra sentencia lo siguiente:

[R] evocamos la sentencia del Tribunal de Circuito de Apela-ciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para los procedimientos correspondientes. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia determinará si la información que ha de ser obtenida mediante la toma de deposiciones es necesaria para la resolución de la controversia, y si la divul-gación de dicha información no milita contra los mejores inte-reses de los menores. De concluir que la información es nece-saria, y que su divulgación no atenta contra los mejores intereses de los menores, el tribunal determinará la informa-ción sobre la cual los funcionarios pueden ser depuestos. De lo contrario, el tribunal denegará la toma de las deposiciones. En segundo lugar, previa evaluación psicológica de los menores por un perito del tribunal, el Tribunal de Primera Instancia permitirá, a su discreción, evaluaciones psicológicas adiciona-les realizadas por peritos privados, de así solicitárselo la parte interesada y demostrar su necesidad. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Pena v. Pena, ante, pág. 822.

Devuelto el caso al foro de instancia, éste prosiguió su curso accidentado. En junio de 2001 se celebró una vista de seguimiento, y de la minuta que se preparó se desprende que sobre las evaluaciones solicitadas por el demandante, el tribunal dispuso que las llevaría a cabo el Programa de Relaciones de Familia del tribunal. Señaló, además, que habría de nombrar un perito y que ello no era óbice para que, de estimarlo necesario, las partes hicieran lo propio para su asesoramiento. Además, autorizó la toma de las deposiciones.

Posteriormente, en junio de 2002, los esposos Pena-Rodríguez presentaron una moción ante el tribunal de ins-tancia solicitando nuevamente que se les permitiera some-ter a los esposos Capó-Pena y a los menores a unas evaluaciones sicológicas por un perito privado.

La solicitud de evaluación de los esposos Capó-Pena obedecía a que, alegadamente, el estado mental de éstos estaba en controversia, por lo que se solicitaba que se per-mitiera dicho examen de acuerdo con la Regla 32.1 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Por otro lado, la soli-citud de evaluación sicológica de los menores obedecía a la necesidad de determinar qué efecto había tenido sobre los menores el alegado maltrato al que los sometían sus padres. Se indicó en dicha moción que los informes y las evaluaciones hechas hasta ese momento contenían hallaz-gos y recomendaciones incongruentes, sin especificar en qué consistían tales incongruencias. Finalmente, se anun-ció que la Dra. Carol Romey serviría como perito de la parte demandante.

A dicha solicitud se opuso la Procuradora Especial de Relaciones de Familia del Departamento de Justicia bajo el fundamento de que a los menores ya se les había sometido a una batería de exámenes sicológicos, por lo que era inne-cesaria otra evaluación.

El 7 de agosto de 2002 el tribunal de instancia denegó la solicitud, indicando que ya los demandados habían sido evaluados por los peritos del tribunal. Nótese que la orden del tribunal se refiere a los demandados y nada dice sobre los menores.

El 14 de agosto de 2000, la parte demandante presentó una moción titulada Moción Urgente Solicitando Reconsi-deración de la Orden que Deniega a la Parte Demandante la Evaluación de la Parte Demandada por Peritos Privados (Moción Urgente). En esta moción los demandantes argu-mentaron, exclusivamente, sobre la necesidad de que se les permitiera evaluar a los esposos Capó-Pena.

Así las cosas, el 15 de agosto de 2000, en una vista de seguimiento celebrada en el tribunal de instancia, la repre-sentación legal de los demandantes le informó al tribunal que se proponía impugnar el informe social presentado, pero que necesitaría un período de quince días para pre-sentar sus objeciones. El tribunal accedió a dicha petición.

Ese mismo día, y mediante moción al tribunal, se in-formó que los esposos Pena-Rodríguez habrían de impug-nar también los siguientes informes, a saber: el informe sicológico preparado por la Dra. Mari Gloria Hamilton, pe-rito sicóloga nombrada por el tribunal; los informes socia-les del Centro Génesis, institución privada contratada por el Departamento de la Familia; los informes del Dr. José Torres, perito siquiatra nombrado por el tribunal, y los in-formes de las trabajadoras sociales del Programa de Rela-ciones de Familia del tribunal. Se informó en dicha moción que la doctora Romey necesitaba revisar el expediente del tribunal donde constaban los informes antes mencionados, para rendir su informe a la parte demandante. Se solicitó, por lo tanto, que se dictara una orden que autorizara el acceso de la doctora Romey al expediente del tribunal.

Con posterioridad a dicha vista, el 9 de septiembre de 2002, el tribunal acogió los planteamientos de la parte de-mandante contenidos en la Moción Urgente del 14 de agosto y autorizó las evaluaciones de los esposos Capó-Pena por la doctora Romey. Luego de varias mociones de la parte demandante, en diciembre de 2002 el tribunal auto-rizó el acceso al expediente del caso, solicitado para la doc-tora Romey.

Para el 2003 constan en el expediente varias mociones de la parte demandante en las que solicita del tribunal que notifique la orden de citación de los esposos Capó-Pena para ser evaluados por la doctora Romey. Así también, surge del expediente que el demandante, licenciado Pena Fonseca, ahora representándose a sí mismo y a su esposa, solicitó la recusación del juez de primera instancia que ha-bía atendido el caso desde temprano. Por otro lado, no hay en el expediente indicio alguno de que la doctora Ro-mey revisara los informes sometidos al tribunal por los dis-tintos peritos, según le fue autorizado en diciembre de 2002.

En febrero de 2004 el caso fue reasignado a un nuevo juez, quien citó a las partes para una vista de seguimiento. El 27 de abril de 2004 se celebró la vista. En ésta el tribunal indicó que ya que la parte demandante no había some-tido al tribunal las áreas que pretendía impugnar de los informes sometidos en este caso en el término que le fue concedido para ese propósito, se denegaba la solicitud de evaluación sicológica a los menores.

Por otro lado, el 9 de junio de 2004 el tribunal de ins-tancia dictó una orden en la cual dispuso que se actualiza-ran los informes preparados por los trabajadores sociales. El tribunal razonó que ello era necesario para tener ante sí “el mayor cúmulo de datos para cumplir su obligación de garantizar el bienestar de los menores envueltos”. Apén-dice, pág. 486. Procedió, además, a denegar una petición tanto del demandante, licenciado Pena Fonseca, como de la parte demandada de representarse a sí mismos.

Inconforme, la parte demandante acudió en alzada ante el Tribunal de Apelaciones. Entre los errores señalados se cuestionó que no se le permitiera evaluar sicológicamente a los menores. El tribunal apelativo revocó al tribunal de instancia. En su sentencia concluyó que no había razón alguna para que dicho foro denegara la solicitud de evalua-ción de los menores la cual, según el foro apelativo, había sido autorizada en la orden del 9 de septiembre de 2002. El tribunal apelativo intermedio autorizó que se efectua-ran las pruebas sicológicas privadas a los menores por en-tender que ello no era contrario a sus mejores intereses y a su bienestar, y que, por el contrario, negarlas “equival [ía] a denegarles [a la parte demandante] la oportunidad de im-pugnar el testimonio pericial”. Apéndice, pág. 21.

Inconforme con la determinación del Tribunal de Apela-ciones, la Procuradora Especial de Relaciones de Familia acudió ante este Tribunal. En su escrito planteó el error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al permitir la evaluación sico-lógica de unos menores por parte de peritos privados contra-tados por la parte demandante, a pesar de que no se demostró una clara necesidad de llevar a cabo el mismo, basado ello en que el realizado por el perito del tribunal fuese insuficiente, inadecuado o que dicho perito no poseía el conocimiento o me-dios para efectuar el examen necesario. Petición de certiorari, pág. 9.

El 27 de abril de 2005 le concedimos a la parte recurrida un término de cinco días para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones. Ésta compareció el pasado 4 de mayo de 2005 conforme le fuera ordenado.

Evaluados detenidamente los escritos de las partes, el expediente ante nuestra consideración, así como también el voluminoso expediente del Tribunal de Primera Instan-cia, resolvemos conforme intimamos. Veamos entonces.

I — l HH

De ordinario, la decisión de privar a un padre o a una madre de la custodia y patria potestad de su hijo es una de las más delicadas y, en ocasiones, angustiosas a que se en-frenta un magistrado; a la vez, es una de las decisiones de mayor trascendencia para el futuro de ese menor. Cuando la decisión tiene como fundamento alegados malos tratos a ese menor, aquello que se supone grave de suyo, se torna en algo aún más complejo.

La determinación de a quién le corresponde la custodia de un menor está precedida de un análisis objetivo y sereno de todos los hechos que rodean la controversia ante la consideración del magistrado; tiene como norte, ex-clusivamente, garantizar y proteger el mejor interés y bienestar de ese menor. Santana Medrano v. Acevedo Oso rio, 116 D.P.R. 298, 301 (1985). Véanse, además: Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495, 508 (1978).

Aun cuando el derecho de un progenitor a tener consigo a sus hijos es de superior jerarquía éste tiene que ceder ante la facultad de parens patriae del Estado de salvaguardar y proteger el bienestar del menor. Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R. 16 (2005). Véase, además, D.T. Kramer, Legal Rights of Children, 2da ed., Colorado, McGraw Hill, 1994, Sec. 2.04, pág. 39. La función de parens patriae del Estado, delegada en los tribunales, se ejerce precisamente determinando a quién le corresponde la custodia del menor en su resguardo. Cualquier “conflicto que un tribunal entre intereses ajenos y el mejor interés de un menor se debe resolver a favor del menor”. Ortiz v. Meléndez, ante, pág. 10. Véanse: Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 D.P.R. 418, 431 (1989); Rodríguez v. Gerena, 75 D.P.R. 900, 901-902 (1954).

Un tribunal, enfrentado a un litigio donde se dilucida la custodia, patria potestad o las relaciones paternofiliales, no puede actuar livianamente. De ahí que debe contar con la información más completa y variada posible para resolver correctamente. Es por ello que hemos dispuesto que en casos de esta naturaleza, el tribunal puede “ordenar la comparecencia de cuanta persona entienda pueda ayudarle en el descargo de su delicada misión y puede, asimismo, ordenar aquellas investigaciones de índole social que entienda procedentes y convenientes”. Santana Madrono v. Acevedo Osorio, ante, pág. 301. Véase Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573, 578 esc. 4 (1961).

En esta tarea el tribunal puede también, a su dis-creción, buscar la asistencia de peritos en la conducta hu-mana que le sirvan de herramienta para facilitar la com-prensión de los asuntos ante su consideración, así como facilitar la correcta solución de éstos. E.g.: San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704 (1983); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975), Véase, además, Regla 59 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Este perito asistirá al juzga-dor de los hechos, proveyéndole la información sicológica que sea relevante para atender y resolver las controversias legales ante la consideración del magistrado. Véase Gould, Scientifically crafted child custody evaluations part one: A mode for interdisciplinary collaboration in the development of psychological questions guiding court-ordered child custody evaluations, 37 Fam. & Conciliation Courts Rev. 64, 68 (1999).

El perito seleccionado por el tribunal, actuando bajo su control, será “el medio más efectivo para llegar al conocimiento de la verdad”. Bahr v. Am. Railroad Co., 61 D.P.R. 917, 926 (1943). Pues, como acertadamente apuntamos en Centeno Alicea v. Ortiz, 105 D.P.R. 523, 525 (1977), donde una abuela y una madre litigaban la custodia de un menor, “[l]os peritos de la demandante, como generalmente ocurre cuando son peritos de parte, favorecen la posición de la demandante, y los de la demandada favorecen la posición de ésta”. Por el contrario, el perito nombrado por el tribunal, por su imparcialidad, se convierte en un valioso recurso para informar con objetividad sobre los factores sicológicos, emocionales o sociales que inciden sobre las controversias legales. Debemos recordar, sin embargo, que en última instancia “la responsabilidad y la capacidad para adjudicar un pleito de custodia descansa, no en los peritos, sino en los tribunales”. Ortiz v. Meléndez, ante, pág. 25.

Con marcada frecuencia en casos de custodia, los meno-res involucrados son sometidos a pruebas sicológicas du-rante la litigación del caso por peritos contratados por las partes. Véanse: K.D. Katz, Allegations of Abuse in Child Custody and Visitation Proceedings, en Child Custody and Visitation Law and Practice, [s.1.3, Mathew Bender, 1995, Vol. 5, Sec. 31.06[1], págs. 31-142. (“Evaluations are routinely done in contested custody cases even when there are no accusations of child maltreatment”); D.W. Shuman, Psychiatric and Psychological Evidence, 2da ed., Colorado, Shepard’s McGraw Hill, 1995, Sec. 13.02, pág. 13.4 (“Although psychiatric and psychological testimony is not required in custody and visitation proceedings, this is the proceeding in which such evidence is most frequently used”).

En Otero v. Delbrey, 144 D.P.R. 688 (1998), reconocimos que un tribunal, en el ejercicio de su discreción, puede ordenar exámenes físicos o mentales a menores de edad en procesos de naturaleza civil relativos a su custodia y patria potestad, cuando se demuestre una necesidad clara para ello. En dicha ocasión intimamos lo que ahora resolvemos, a saber: que tales exámenes pueden ser auto-rizados discrecionalmente debido a los estrechos vínculos sanguíneos que existen entre los menores y las partes, y porque una de éstas tiene la custodia física o control directo del menor.

Además, no podemos perder de vista que en estos casos se dilucidan asuntos de vital importancia para un menor, que requieren del tribunal la ponderación de factores delicados, sutiles y, en muchas ocasiones, conflictivos. En ese sentido entonces, mientras mayor información esté disponible para el tribunal —así como para las partes— más informada y justa será la decisión que se tome. Los tribunales tienen el poder inherente para tomar las medidas que entiendan necesarias para cerciorarse que los casos se resuelven correctamente.

De otra parte, hemos resuelto que conforme la facultad de parens patriae del tribunal, éste puede ordenar la comparecencia de todas las personas que le puedan servir de ayuda para descargar su delicada responsabilidad, incluso ordenar “[las] investigaciones de índole social que entienda procedentes”. Santana Madrano v. Acevedo Osorio, ante, pág. 301. Si ello es así, también puede, al amparo de tal facultad, ordenar que los menores involucrados se sometan a evaluaciones sicológicas o siquiátricas cuando las circunstancias lo ameriten.

Ahora bien, esta facultad discrecional debe ejercerse juiciosamente. En Otero v. Delbrey, ante, pág. 701, puntualizamos la importancia de que, en su determinación, el tribunal sopese “los efectos adversos que pueda te-ner [en] la intromisión personal ... dicho examen”. Véase, además, Pueblo v. Arocho Soto, 137 D.P.R. 762 (1994).

Así pues, cuando una parte interese que peritos privados sometan a unos menores a evaluaciones sicológicas o siquiátricas adicionales a las ya efectuadas por el perito del tribunal, la parte solicitante tiene que demostrar, como cuestión de umbral, una necesidad clara que justifique las pruebas adicionales. Otero v. Delbrey, ante. Establecida la clara necesidad para las pruebas, entonces el tribunal debe sopesar los intereses de quien peticiona, frente al derecho a la intimidad de esos menores. En ese ejercicio, el tribunal deberá sopesar, entre otros, los factores siguientes: la naturaleza del examen solicitado y lo invasivo de éste; la edad del menor involucrado; el efecto o la carga emocional o física que el examen o evaluación adicional conllevará para el menor; el valor probatorio que ese testimonio pericial tendrá sobre la controversia legal planteada ante el tribunal y la evidencia disponible a las partes y al tribunal en ese momento. State Ex Rel. Melanie Kaye P. v. MacQueen, 484 S.E.2d 635, 637 (W. Va. 1997). En el contexto de derecho penal véanse, en igual sentido: People v. Lopez, 800 N.E.2d 1211 (Ill. 2003); Bartlett v. Hamwi, 626 So.2d 1040 (Fla. App. 4 Dist. 1993); State v. Delaney, 417 S.E.2d 903 (W. Va. 1992); People v. Chard, 808 P.2d 351 (Colo. 1991); State v. Ramos, 553 A.2d 1059 (R.I. 1989); Moor v. State, 709 P.2d 498 (Alaska App. 1985); Lanton v. State, 456 So.2d 873 (Ala. Cr. App. 1984). Véase, además, J. Atkinson, Modern Child Custody Practice, [sd.], Mathew Bender, 2da ed., Vol. 2, Sec. 13-1, págs. 13-1 a 13-4.

Adviértase que, en gran medida, lo que se desea es minimizar cualquier efecto perjudicial que las constantes evaluaciones en casos de esta naturaleza tienen sobre los menores. No podemos abstraemos de la realidad de que estos casos están matizados por una fuerte carga emocional que afecta no tan sólo a las partes, sino también, y sobre todo, a los menores involucrados. De esta forma, lo-gramos establecer un adecuado balance entre el interés de las partes de llevar a cabo su descubrimiento de prueba y el derecho a la intimidad de los menores. En última ins-tancia, el derecho a descubrimiento de prueba de una parte no puede satisfacerse a costa de la salud emocional de un menor. Por otro lado, cabe recordar que un tribunal está facultado para, discrecionalmente, limitar el número de peritos que pueden ser presentados por las partes. Regla 55 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

Aclaramos que las partes siempre pueden, como en efecto ha ocurrido en este caso, contratar los peritos que entiendan necesario para que les asesoren durante estos procesos.

Conforme el marco doctrinal antes descrito es que pro-cede evaluar si la parte demandante ha probado la necesi-dad clara de efectuar pruebas sicológicas adicionales a los menores objeto de esta contienda y si constituyó un abuso de discreción la negativa del foro de instancia a ordenarlo. Veamos entonces.

HH HH HH

La parte demandante, ahora recurrida, ha esgrimido distintas justificaciones para las pruebas que ha solicitado. Inicialmente, adujo que éstas eran necesarias para auscul-tar cómo el alegado maltrato de los padres de los menores les ha afectado. Además, ha planteado que los informes periciales sometidos ante el tribunal de instancia son incongruentes.

Como indicamos anteriormente, los menores en este caso han sido evaluados ya por trabajadores sociales del Programa de Relaciones de Familia del tribunal, por la si-cóloga, Dra. Mari Hamilton, por el siquiatra, Dr. José Torres, y por personal del Centro Génesis, contratado por el Departamento de la Familia. Además, el Departamento de la Familia ha mantenido a la familia Capó-Pena en un plan de servicios, el cual incluye la supervisión del traba-jador social José A. Cosme Tañón, quien ha rendido infor-mes periódicos desde el 2002 hasta el presente. Es evi-dente de lo anterior que los menores en este caso, al igual que todo su contorno familiar, han sido evaluados extensamente.

La alegación conclusiva que estos informes son incon-gruentes e irreconciliables, sin más, es insuficiente para determinar que se cumplió con el requisito de umbral de probar la clara necesidad de los exámenes adicionales. No se ha indicado en qué consisten tales incongruencias y cómo los informes son irreconciliables entre sí.

Por otro lado, aun si se mostrara que se cumple con el requisito de umbral de clara necesidad, porque se requiere auscultar mediante los exámenes solicitados cómo se han afectado los menores por la alegación de maltrato, al apli-car los criterios antes mencionados a la luz de la totalidad del expediente, no procede autorizar las evaluaciones. Ac-tuó correctamente el Tribunal de Primera Instancia.

No hay duda que las pruebas solicitadas se refieren a asuntos que ya han sido examinados por varios especialis-tas en conducta humana. Muy poco pueden abonar estos nuevos exámenes al conocimiento que ya se tiene sobre el estado emocional de los menores y su entorno familiar. No hay duda que los exámenes solicitados supondrán una carga emocional pesada y una intromisión adicional en la intimidad de estos menores. Adviértase que estamos ante unos menores que durante los últimos nueve años —más de la mitad de sus vidas— han estado sometidos a conti-nuos exámenes sicológicos y evaluaciones sociales, así como a la incertidumbre de saber quién velará por ellos. Además, es evidente que el foro de instancia cuenta con vasta y variada información sobre distintos aspectos de la vida de estos menores, de sus padres y su entorno familiar y social, como para poder tomar una decisión informada sobre su custodia y patria potestad. Estos informes, a su vez, están disponibles a todas las partes.

Resumimos, los recurridos no han demostrado que la nueva evaluación sicológica sea claramente necesaria “ni que los beneficios que [se] obtendría sobrepasarían las con-secuencias perjudiciales que ello pudiera ocasionar a los menores, que ya han estado sometidos a un sinnúmero de evaluaciones periciales”. Otero v. Delbrey, ante, pág. 704. No constituyó un abuso de discreción la denegatoria del tribunal de instancia.

No dudamos que los abuelos maternos han actuado en todo momento movidos por una genuina preocupación so-bre el bienestar y la salud de sus nietos. Sin embargo, per-mitir que estos menores se sometan a una batería de prue-bas adicionales, no tan sólo les afectará emocionalmente sino que dilatará aún más un proceso que, bajo cualquier óptica, ya se ha dilatado demasiado. La tardanza en la so-lución final de este caso, que según se desprende de los autos es claramente imputable a todas las partes involu-cradas, poco abona a sanar las heridas que el pleito ha generado. Con demasiada frecuencia, las controversias so-bre custodia se convierten en batallas encarnizadas entre las partes y en lidia pericial interminable, al punto que todos los involucrados pierden de vista que quien más se peijudica es aquel a quien se desea proteger. Véase Katz, op. cit., Sec. 31.05. El tribunal debe velar, en la medida de lo posible, que ello no ocurra.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que no constituyó un abuso de discreción denegar la solicitud de la parte demandante recurrida de someter a los menores a pruebas sicológicas adicionales por no haberse demostrado la clara necesidad para éstas. Habida cuenta de lo anterior, se revoca la determinación del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos acorde con lo aquí expresado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera disintió sin opinión escrita.

      0 Los demandados están casados entre sí y han procreado tres niños, a saber: a C.A.C.P., nacido el 11 de agosto de 1992; a S.E.C.P., nacido el 5 de junio de 1993, y a M.A.C.P., nacido el 11 de marzo de 1995.

       A través de los años, ocho jueces han intervenido en este caso.

       En varias mociones al tribunal, la parte demandante señaló que el protocolo seguido por la Dra. Carol Romey le requiere que antes de evaluar a unas personas, debe revisar todos los informes que sobre éstas se han rendido. Ello, para no sentirse influenciada por el contenido de los informes al entrevistar a los evaluados. Lo cierto es, sin embargo, que la parte demandante había presentado al tribunal que el pro-pósito de revisar los informes era para impugnarlos y que la doctora Romey pudiera rendir su informe.

       De dicha determinación la parte demandante acudió ante el Tribunal de Apelaciones, quien confirmó al foro de instancia. Posteriormente, acudió ante noso-tros, y el 27 de abril de 2005 denegamos la expedición del recurso instado.

      6) Esta conclusión del Tribunal de Apelaciones es claramente errónea. La orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 9 de septiembre de 2002 fue para autorizar la evaluación sicológica de los esposo Capó-Pena, no de los menores.

       El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado que la relación pater-no-filial está protegida constitucionalmente por el derecho a la libertad de la Deci-mocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Stantosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 754-755 (1982). Véase, además, Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985).

       El profesor Chiesa nos advierte sobre este mismo asunto cuando nos indica que “el problema central del testimonio pericial es la parcialidad que lo caracteriza .... Las partes presentan a sus peritos para adelantar el resultado querido; así lo permite el sistema adversativo”. E.L. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio: reglas de evidencia de Puerto Rico y federales, [s. 1.], [s. Ed.], 1998, T. 1, págs. 584-585.

       Esta práctica, sin embargo, es objeto de crítica en la doctrina ante la ausen-cia de evidencia empírica que sustente su utilidad. El profesor Shuman nos señala sobre este asunto, en particular, lo siguiente:
      “The thrust of this criticism is that no empirical data exists to demonstrate the usefulness of psychological theory in child custody determinations, that ambiguous psychological theories are often used as excuses for bad legal decisions, and that, at best, testimony based on psychological theory is simply common sense and a superfluous use of experts.” D.W. Shuman, Psychiatric and Psychological Evidence, 2da ed., Colorado, Shepard’s McGraw Hill, 1995, Sec. 13.02, pág. 13.5. Véase S. Rush Okpaku, Psychology: Impediment or Aid in Child Custody Cases, 29 (Núm. 5) Rutgers L. Rev. 1117, 1140 (1976) (“Empirical findings directly or indirectly relevant to questions for which judges deciding difficult cases need answers are virtually non existent”).
      Otros, sin embargo, sostienen lo contrario. D. Knowlton, Psychology Evaluations of Children: their Place in the Courtroom, 66 (Núm. 4) N.D. L. Rev. 673, 685 (1990) (“The psychological evaluation of children for court proceedings can provide substantial information useful in determining the best interests of the child. Psychologist can provide specific data regarding a child’s cognitive and personality functioning that can help the court understand the special characteristics and needs of the child”).

       Adviértase que la Regla 32.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que un tribunal puede ordenar un examen físico o mental solamente cuando: (1) el examen solicitado se refiere a una parte en el pleito, y (2) está en controversia el estado físico o mental de esa parte.

      l0) Del expediente del caso surge que, con posterioridad a los informes someti-dos por la Dra. Mari Hamilton y el Dr. José Torres, se reportó un incidente de vio-lencia doméstica en el matrimonio Capó-Pena; surge también que el señor Capó aceptó haber utilizado drogas. Habida cuenta de lo anterior, si el tribunal entiende, en el ejercicio de su discreción, que dichos informes deben ser actualizados, podrá ordenar que así se haga pero cerciorándose que ello se hace en un término razona-blemente corto.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    José M. Álvarez de Choudens y otros, demandantes y recurridos, v. Germán Rivera Vázquez y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CC-2002-571

      Resuelto: 17 de junio de 2005

      Israel Delgado Ramos y Michel Godreau, abogados de la parte peticionaria; Néctor Robles Abraham, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Para principios de 1993, José Álvarez de Choudens, Edwin Córdova Torres y Armando Passalacqua Alonso mos-traron interés en adquirir unos cinco mil metros cuadrados de terreno de una finca principal, de mayor cabida, ubi-cada en el barrio Montones del Municipio de Las Piedras, con el propósito de establecer y construir dos estableci-mientos de comida rápida en dicho predio. Luego de soste-ner conversaciones a esos efectos con el Sr. Germán Rivera Vázquez, dueño de la referida finca, las partes otorgaron un contrato de opción de compra el 6 de julio de 1993.

Conforme el contrato otorgado, el precio total de la com-pra y venta sería de $600,000. El precio pactado por la opción fue $60,000, que habrían de ser pagados de la ma-nera siguiente: (a) $20,000 al firmar el contrato de opción; (b) $20,000 el 30 de septiembre de 1993, y (c) $20,000 al conseguirse los permisos para la segregación del terreno()

Los compradores, además, estaban obligados a gestio-nar los permisos ante la Junta de Planificación para el cambio de zonificación de zona industrial a zona comercial.() Una vez obtenido el referido cambio de zonifi-cación, con el propósito de poder llevar a cabo el contrato de compraventa, el señor Rivera Vázquez estaría obligado a hacer los trámites ante la Administración de Reglamen-tos y Permisos (A.R.Pe.) para obtener el permiso de segre-gación de los cinco mil pies cuadrados de terreno de la finca principal.

El 14 de octubre de 1994, los señores de Choudens, Cor-dova y Passalacqua, luego de haber pagado $40,000 del contrato de opción, obtuvieron a nombre del señor Rivera Vázquez una consulta de ubicación de la Junta de Planificación. () En virtud de la referida consulta, se logró el cambio de zonificación del terreno de zona industrial a zona comercial. Conforme a ello, Rivera Vázquez procedió, entonces, a obtener los permisos correspondientes y a lle-var a cabo la segregación del terreno objeto del contrato de opción()

Una vez terminadas todas las gestiones para llevar a cabo la segregación, el señor Rivera Vázquez requirió a los demandantes recurridos el pago de los restantes $20,000 del contrato de opción para poder culminar con la compra del terreno. Los demandantes recurridos confrontaron pro-blemas económicos que no le permitieron cumplir con el pago del último plazo de $20,000.

En el entretanto, el 19 de abril de 1995, de Choudens, Córdova y Passalacqua suscribieron una carta contrato con Caribbean Restaurant, Inc. (Burger King) con el propósito de establecer un negocio de comida rápida en el terreno de Rivera Vázquez. De igual forma, el 3 de mayo de 1995 hi-cieron lo propio con Southamerican Restaurant Corp. (Church’s).

Conforme a los términos establecidos en dichas cartas, Burger King y Church’s se comprometían con de Choudens, Córdova y Passalacqua a que, una vez ellos ad-quirieran el terreno del señor Rivera Vázquez y prepara-ran los planos de construcción con los permisos guberna-mentales correspondientes, las partes suscribirían un contrato de arrendamiento para establecer los negocios de comida rápida en dicho predio()

Mientras tanto, de Choudens, Córdova y Passalacqua sostenían conversaciones con Rivera Vázquez con el propó-sito de llegar a un acuerdo en sustitución del anterior. Luego de varias reuniones, las partes llegaron a un nuevo acuerdo.

Este nuevo acuerdo consistía en que de Choudens, Cór-dova y Passalacqua le entregarían a Rivera Vázquez los planos y las cartas compromisos de Burger King y de Church’s que ya tenían para la construcción y operación de los establecimientos de comida rápida a cambio de la can-tidad de cien mil dólares. A tales fines, las partes suscribie-ron un segundo contrato el 5 de julio de 1995. La cantidad de $100,000 pactada incluía la devolución de los $40,000, pagados al señor Rivera Vázquez en concepto del contrato de opción anterior y el pago adicional, por Rivera Vázquez, de $60,000, correspondientes al precio fijado por el pro-yecto gestado por de Choudens, Córdova y Passalacqua.

Luego de firmado el referido contrato, Rivera Vázquez se dirigió a las oficinas del arquitecto Augusto Gautier Mayoral para revisar los planos del proyecto. Gautier Mayoral era el arquitecto de Burger King y de Church’s. Éste le había preparado a de Choudens, Córdova y Passalacqua unos planos para la consulta de ubicación de 1994. Rivera Vázquez se enteró en ese momento que los planos existen-tes eran sólo esquemáticos y no finales de construcción. En vista de ello, el señor Rivera Vázquez contrató los servicios del arquitecto Gautier Mayoral para que preparara los pla-nos finales de construcción y gestionara los permisos gu-bernamentales correspondientes. Los honorarios acorda-dos fueron $25,000.

Así las cosas, el 25 de agosto de 1995 de Choudens, Cór-dova y Passalacqua lograron transferir las cartas compro-miso de Burger King y de Church’s a nombre de Rivera Vázquez. En virtud de ello, el 25 de septiembre de 1996 Rivera Vázquez suscribió unas escrituras públicas de con-tratos de arrendamiento con Burger King y Church’s por un término de veinte años,() con dos períodos de renova-ción de cinco años cada uno.() Rivera Vázquez se negó a pagarle a de Choudens, Córdova y Passalacqua la cantidad acordada en el contrato suscrito el 5 de julio de 1995, no obstante los requerimientos que estos últimos le hicieron a esos efectos.

Ante esta situación, José Álvarez de Choudens, Edwin Córdova Torres y Armando Passalacqua Alonso presenta-ron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, una demanda de cobro de dinero por incum-plimiento de contrato contra Germán Rivera Vázquez, su esposa Ana Celia Rodríguez Meléndez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. Los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua reclamaron al señor Rivera Vázquez el pago de la suma de $100,000 en cumpli-miento de la carta contrato suscrita entre ellos el 5 de julio de 1995.

Rivera Vázquez contestó la demanda y presentó una reconvención. Alegó, en síntesis, que el contrato del 5 de julio de 1995 no era válido, porque hubo vicio en el consentimiento. Adujo que de Choudens, Córdova y Passa-lacqua lo engañaron, ya que le habían hecho creer que los planos que tenían eran finales, cuando no lo eran. Solicitó al tribunal que declarara que el acuerdo suscrito el 5 de julio de 1995 no era legalmente exigible y que ante el ale-gado incumplimiento de de Choudens, Córdova y Passala-cqua con el contrato de opción suscrito el 6 de julio de 1993, declarase su resolución, así como la retención de los $40,000 recibidos en virtud de éste. Solicitó, además, que se le indemnizara por los daños causados por de Choudens, Córdova y Passalacqua por sus actos negligentes, falsos y engañosos. ()

Luego de celebrado el juicio en su fondo, el tribunal de primera instancia emitió una sentencia. () Mediante ésta, concluyó que, según la intención de las partes, el contrato suscrito el 5 de julio de 1995 se refería a los planos perti-nentes, indispensables y necesarios para el establecimientos de los restaurantes de comida rápida y no meramente a planos esquemáticos. En consecuencia, declaró “sin lugar” la demanda presentada y “con lugar” la reconvención, im-poniéndole a los demandantes recurridos el pago de vein-ticinco mil dólares en compensación por los gastos en que incurrió Rivera Vázquez en la obtención de los planos re-queridos para la construcción del proyecto. De igual ma-nera, le impuso a los demandantes el pago de diez mil dó-lares en concepto de honorarios de abogado por temeridad. No obstante, el foro de instancia se negó a concederle da-ños a Rivera Vázquez por el fundamento de que la prueba presentada a esos efectos era especulativa.

Inconformes con la referida sentencia, el 13 de agosto de 2001 de Choudens, Córdova y Passalacqua presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones ale-gando, en síntesis, que erró el Tribunal de Primera Instan-cia al declarar “sin lugar” la demanda como consecuencia de haber errado al interpretar las cláusulas del contrato, a pesar de que eran claras y no dejaban dudas sobre la in-tención de los contratantes. En específico, sostuvieron que, a lo sumo, lo que procedía era reducir la cantidad de $25,000 de la suma de dinero reclamada por ellos.

De Choudens, Córdova y Passalacqua presentaron ante el foro apelativo intermedio una moción para someter un proyecto de exposición narrativa para la consideración de dicho tribunal. Rivera Vázquez se opuso a éste, propo-niendo uno propio. Ante el desacuerdo de las partes, el Tribunal de Apelaciones ordenó a de Choudens, Córdova y Passalacqua que procedieran a obtener una exposición na-rrativa aprobada por el Tribunal de Primera Instancia.

En fiel cumplimiento a la orden del Tribunal de Apela-ciones, de Choudens, Córdova y Passalacqua sometieron una propuesta de exposición narrativa ante el Tribunal de Instancia. Dicho foro, luego de recibir la correspondiente oposición de la parte contraria, acogió y autorizó como ex-posición narrativa el contenido de un escrito sometido por Rivera Vázquez titulado “Memorando sobre la prueba desfilada”.()

El 22 de abril de 2002, sin que de Choudens, Córdova y Passalacqua presentaran la exposición narrativa, el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución, en la que les or-denó someter la exposición narrativa según intimado y les advirtió que de no cumplir procedería a resolver el recurso sin considerar los errores señalados que requerían la eva-luación de prueba. El 29 de abril de 2002, de Choudens, Córdova y Passalacqua presentaron un escrito al Tribunal de Apelaciones, acogiendo la exposición narrativa pro-puesta por Rivera Vázquez el 9 de octubre de 2001 ante el foro apelativo intermedio.

Finalmente, el 29 de mayo de 2001, mediante sentencia a esos efectos, el Tribunal de Apelaciones revocó el dicta-men recurrido. En virtud de ello, el foro apelativo interme-dio declaró “con lugar” la demanda y condenó a Rivera Vázquez a satisfacer la suma de $100,000 a de Choudens, Córdova y Passalacqua. Redujo de dicha cantidad la suma de $25,000 como compensación por los gastos adicionales en que incurrió Rivera Vázquez para la preparación de los planos finales de construcción. Fundamentó su determina-ción en que el contrato suscrito por las partes el 5 de julio de 1995 era válido y exigible, ya que no hubo error en el consentimiento. Aun cuando reconoció que los demandan-tes incumplieron en cuanto a los planos finales de cons-trucción, entendió que ese incumplimiento fue defectuoso, por lo que procedía aplicar la doctrina de la exceptio non rite adimpleti contractus, reduciendo en la proporción co-rrespondiente la reclamación contractual.

Rivera Vázquez presentó, oportunamente, una solicitud de reconsideración, alegando, en síntesis, que el Tribunal de Apelaciones había emitido su sentencia sin haber tenido ante sí la exposición narrativa de la prueba según apro-bada por el Tribunal de Instancia. Alegó, además, que el incumplimiento de la entrega de los planos terminados de construcción no es una parte reducida de la prestación, sino que constituyó un incumplimiento total de su obliga-ción contraída el 5 de julio de 1995, ya que las cartas com-promisos de Burger King y de Church’s no tenían ningún valor.

El 24 de junio de 2002, el Tribunal de Apelaciones de-claró “sin lugar” la solicitud de reconsideración de Rivera Vázquez. Razonó que estaba facultado para considerar los señalamientos de error relacionados a la apreciación de la prueba, ya que la exposición narrativa presentada por los apelados había sido acogida por la parte apelante. Asi-mismo, se fundamentó en que las cartas compromisos, al igual que los planos, eran parte integral del contrato, por lo que entendía que hubo un incumplimiento parcial de las prestaciones pactadas.

Inconforme con la determinación, Rivera Vázquez recu-rrió ante este Tribunal —vía certiorari— imputándole al foro apelativo intermedio, en síntesis y en lo pertinente, haber errado al considerar los méritos del recurso de ape-lación sin tener ante su consideración la versión oficial de la exposición narrativa de la prueba, en violación a lo dis-puesto en la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y de la Regla 20 del entonces vigente Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 1996 (4 L.P.R.A Ap. XXII-A). Alegó, además, que el foro apelativo interme-dio erró al determinar que no hubo un incumplimiento total de las prestaciones por parte de los demandantes recu-rridos para con los demandados peticionarios, privándolos así de su facultad de dar por resuelto el vínculo contractual.

El 27 de septiembre de 2002 denegamos el recurso de certiorari. No obstante, luego de examinar una solicitud de reconsideración presentada oportunamente por el peticio-nario, el 28 de febrero de 2003 expedimos el recurso.

Contando con la comparecencia de todas las partes y estando en posición de resolver el recurso presentado, pro-cedemos a así hacerlo.

HH

Como es sabido, cuando en un recurso de apelación se ha señalado algún error relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante tiene que presentar una exposición narrativa de la prueba para que de esta manera el tribunal apelativo pueda cumplir cabalmente con su función revisora.() Regla 54.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681 (2004); Hernández v. San Lorenzo Const., 153 D.P.R. 405 (2001); Pueblo v. Calderón Hernández, 145 D.P.R. 603, 605 (1998).

En cuanto al uso de los mecanismos disponibles a las partes para presentar ante el foro apelativo intermedio la prueba testifical que tuvo ante sí el Tribunal de Primera Instancia, la Regla 54.2 de Procedimiento Civil, según enmendada, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone tres mecanismos para lograr el fin reseñado, a saber, la exposición estipulada de la prueba, la exposición narrativa y la transcripción de evidencia.

De estos tres mecanismos, la referida disposición reglamentaria promueve principalmente el uso de la exposición estipulada de la prueba testifical. A esos efectos se expresa en la regla que “la exposición narrativa procederá solamente en ausencia de una exposición estipulada y tras la autorización previa del Tribunal de Apelaciones”. (Énfasis suplido.) Regla 54.2 de Procedimiento Civil, ante. De igual forma, se establece que

...la transcripción procederá solamente cuando la parte que la interese demuestre al Tribunal de Apelaciones que no es po-sible preparar una exposición narrativa o estipulada, o que la exposición narrativa aprobada no expone adecuadamente la prueba oral, a pesar de las objeciones o enmiendas presenta-das oportunamente ante el Tribunal de Instancia. (Énfasis suplido.) Íd.

Para la consecución de una exposición estipulada de la prueba testifical, la Regla 54.2(c) de Procedimiento Civil, ante, dispone, en lo pertinente, que:

(c) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación del escrito de apelación o de la solicitud de certiorari, la parte apelante o peticionaria preparará y someterá al Tribunal de Circuito de Apelaciones un proyecto de exposición narrativa de la prueba oral pertinente al recurso, con una moción en la que justificará la necesidad de que el tribunal considere la prueba oral para la adecuada disposición del recurso. Notificará copia de la moción y del proyecto de exposición narrativa a la parte apelada o recurrida.
Durante los veinte (20) días siguientes, las partes harán esfuerzos, mediante comunicaciones y reuniones entre ellas, para lograr una exposición estipulada, tomando como base el proyecto de exposición narrativa de la parte apelante o peticionaria.
Si transcurridos dichos veinte (20) días no se produce una exposición estipulada, la parte apelada presentara dentro de los diez (10) días siguientes su oposición a la moción y al pro-yecto de estipulación de la parte apelante, en la cual señalará específicamente y en detalle, con referencia a la prueba pre-sentada, sus objeciones al proyecto de la parte apelante y las razones que le impiden llegar a una exposición narrativa estipulada. De lo contrario se podrá tomar el proyecto de la parte apelante como la exposición narrativa de la prueba oral. (Enfasis suplido.)

De la referida disposición reglamentaria surge que, en aquellos casos en que sea necesario presentar ante el foro apelativo intermedio un proyecto de exposición narrativa de la prueba oral desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones puede utilizar tal proyecto, aceptado por la parte apelada, como exposición estipulada de la prueba oraZ.()

I — H

En el presente caso, el peticionario argumenta que el Tribunal de Apelaciones erró al considerar los méritos del recurso de apelación sin tener el beneficio de la exposición narrativa de la prueba aprobada por el Tribunal de Pri-mera Instancia. No le asiste razón.

Luego de examinar el expediente del caso de autos, ve-mos que en un principio hubo unos desacuerdos y objecio-nes en cuanto a los proyectos de exposición narrativa de la prueba sometidos por las partes al Tribunal de Apelaciones. Dicha situación llevó al foro apelativo inter-medio a ordenar a de Choudens, Córdova y Passalacqua a que sometieran una exposición narrativa de la prueba de-bidamente aprobada por el Tribunal de Primera Instancia conforme a la Regla 20 del entonces vigente Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 1996.

No habiendo de Choudens, Córdova y Passalacqua pre-sentado la exposición narrativa según ordenado, el 22 de abril de 2002 el Tribunal de Apelaciones les ordenó que procedieran a someter en un término de siete días la expo-sición narrativa aprobada por el Tribunal de Primera Ins-tancia, y les advirtió que de no cumplir, no iba a revisar los errores relacionados con la apreciación de la prueba. Los demandantes recurridos comparecieron ante el Tribunal de Apelaciones el 29 de abril de 2002, acogiendo la exposición narrativa de la prueba presentada por el demandado ape-lante el 9 de octubre de 2001.

La actuación de los demandantes recurridos tuvo el efecto de lograr una estipulación en cuanto a la exposición de la prueba oral. Al existir desde ese momento, pues, una exposición estipulada de la prueba, se tornó innecesario que el Tribunal de Apelaciones esperara que el Tribunal de Instancia elevara la exposición narrativa de la prueba aprobada. Realmente nos resulta difícil entender la posi-ción asumida por el peticionario en este caso, cuando la exposición narrativa de la prueba utilizada por el Tribunal de Apelaciones fue la que él mismo sometió ante ese foro el 9 de octubre de 2001.( )

Reconocemos que la responsabilidad de presentar la exposición narrativa de la prueba ante el Tribunal de Apelaciones recae, de manera principal, en la parte apelante. No obstante, no vemos razón por la cual el Tribunal de Apelaciones no pueda tomar como exposición es-tipulada un proyecto de exposición narrativa presentado por la parte apelada y luego acogida por la parte apelante. Sería absurdo exigirle en este caso al Tribunal de Apelacio-nes que tenga que esperar por la exposición narrativa apro-bada por el foro de instancia, cuando las partes se han puesto de acuerdo en cuanto a ésta.( ) Ello en atención a la preferencia que nuestro ordenamiento le otorga a la figura de la exposición estipulada frente a la de la exposición na-rrativa o, incluso, a la transcripción de la prueba.() Srio. del Trabajo v. Puig Abraham, 158 D.P.R. 263 (2002).

Concluimos, pues, que actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al tomar el proyecto presentado por los de-mandados apelantes el 9 de octubre de 2001 como la expo-sición estipulada de la prueba oral, acogido posteriormente por la parte contraria.

I-H I — i hH

Hemos reiterado en numerosas ocasiones que en Puerto Rico rige el principio de la libertad de contratación, según el cual las partes contratantes pueden establecer los pactos, las cláusulas y las condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713 (2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001); Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157 (1994); Plaza del Rey, Inc. v. Registrador, 133 D.P.R. 188 (1993); Casiano, Jr. v. Borintex Mfg. Corp., 133 D.P.R. 127 (1993).

Sabido es que a partir del perfeccionamiento de un contrato, las partes quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias que se deriven de éste, ello conforme a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375; Trinidad v. Chade, ante.

De esta manera, cuando un contrato es legal, válido y carente de vicios del consentimiento, constituye la ley entre las partes y debe cumplirse a tenor de éste. Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994; Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579, 593 (1991); Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345 (1984). Es por ello que el Art. 1054 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3018, sujeta a aquellos que de alguna manera contravengan sus obligaciones a la indemnización por los daños y peijuicios causados. Bajo dicho supuesto, todo incumplimiento contractual dará lugar a un resarcimiento.

Las acciones ex contractu se basan en el quebrantamiento de un deber que surge de un contrato ex-preso o implícito, y tienen por objeto que se cumplan las promesas sobre las cuales las partes otorgaron su consentimiento. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712 (1992); Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 125 D.P.R. 410, (1990); Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711, (1987); Mejías v. López, 51 D.P.R. 21, 26 (1937). Por ende, para que proceda esta acción tiene que haber habido un acuerdo de voluntades que genere una obligación, situación o estado de derecho resultante de un convenio y que haya creado unas expectativas a base de las cuales actuaron las partes. Trinidad v. Chade, ante.

En el caso de las obligaciones recíprocas, como es el contrato aquí en controversia, el Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3052, provee:

See. 3052. Derecho de resolver obligaciones recíprocas
La facultad de resolver las obligaciones se entiende implí-cita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere con lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

De la referida disposición estatutaria surge que ante un incumplimiento de una obligación bilateral, el perjudicado puede optar entre exigir el cumplimiento de la obligación o su resolución, y en ambos casos, si tal incumplimiento ha tenido repercusiones en su patrimonio de forma desfavorable, puede reclamar el resarcimiento por los daños ocasionados.

En cuanto a la resolución del contrato, hemos indicado que la referida disposición estatutaria establece una condición resolutoria tácita en todo contrato bilateral que opera ex propio vigore. Constructora Bauzá, Inc. v. García López, ante. En consecuencia, si uno de los contratantes incumple, el otro puede darlo por resuelto sin necesidad de que un tribunal así lo declare. Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521 (1983); Sucn. Escalera v. Barreto, 81 D.P.R. 596 (1935).

Cuando nos enfrentamos a un cumplimiento parcial o defectuoso, en principio, se justifica el ejercicio de la acción de resolución..No obstante, en la doctrina civilista se entiende que el ejercicio del derecho de resolución no debe ser utilizado en todas las situaciones, ya que la buena fe en la contratación puede imponer alguna moderación a este resultado. L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed. rev., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. II, págs. 226-227; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. I, Vol. 2, págs. 126-127.

Dicho de otra manera, únicamente si el cumplimiento parcial o defectuoso implica la frustración de la finalidad contractual para la parte perjudicada procederá, entonces, la resolución del contrato. Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 227; Puig Brutau, op. cit., pág. 127. En los demás ca-sos, en que la prestación se ha efectuado parcialmente o resulta defectuosa, será procedente exigir el cumplimiento total o libre de defectos y, en los casos en que proceda, una reducción proporcional del preeio.() Id.

Por otro lado, y como señaláramos, el Art. 1077 del Código Civil, ante, reconoce de igual forma que ante el incumplimiento de una obligación recíproca, la parte perjudicada puede exigir su cumplimiento. De esta manera, el Código Civil consagra el principio general que postula que en las obligaciones bilaterales ninguna de las partes puede demandar el cumplimiento de la obligación contraria sin cumplir u ofrecer el cumplimiento de la obligación propia. En otras palabras, si el que incurre en incumplimiento exige la satisfacción de la prestación debida, la otra parte puede oponer la defensa del contrato incumplido. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 D.P.R. 733, 742 (1987).

Este principio general en materia de contratos recíprocos es conocido en la doctrina civilista como la ex-cepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus). Constructora Bauzá, Inc. v. García López, ante. Esta excepción de contrato no cumplido se fundamenta en la regla de la ejecución simultánea de las obligaciones recíprocas. Art. 1053 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3017; Puig Brutau, op. cit., pág. 115.

Existe una modalidad de la excepción de con-trato no cumplido que la jurisprudencia y la doctrina civi-lista han reconocido como la “excepción de contrato no cumplido adecuadamente” o “excepción de falta de cumpli-miento regular”, denominada en latín como la exceptio non rite adimpleti contractus.() Sentencia del Tribunal Supremo español de 3 de marzo de 1991 (Repertorio Aran-zadi, Núm. 3304); Sentencia del Tribunal Supremo español de 17 de abril de 1976 (Repertorio Aranzadi, Núm. 1811); Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 227; Puig Brutau, op. cit., pág. 116. Esta excepción aplica en el caso que una de las partes haya cumplido la prestación de forma parcial o defectuosa sin ajustarse debidamente a lo que exige el vín-culo obligatorio.

En Martínez v. Colón Franco, Concepción, 125 D.P.R. 15, 32-33 (1989), y en Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 D.P.R. 616, 630-631 (2000), este Tribunal tuvo la ocasión de expresarse en torno a esta figura jurídica. Ex-presamos en los referidos casos que la modalidad de excep-tio non rite adimpleti contractus era una defensa oponible a un demandante que ejecuta su prestación de forma par-cial o defectuosa, y que le permite al demandado reducir el importe de lo no realizado o en atención a lo llevado a cabo defectuosamente. Las antes reseñadas expresiones no son enteramente correctas.() Reexaminamos, en consecuencia, el trasfondo doctrinal de esta figura jurídica.

La exceptio non rite adimpleti contractus es una defensa disponible al demandado, oponible al demandante que pretende exigir el cumplimiento de una obligación a pesar de que él ha cumplido parcial o defectuosamente con su prestación. El efecto o consecuencia primordial de la aplicación de la excepción es que el demandado no estará obligado a cumplir con su parte hasta tanto el demandante cumpla con su prestación totalmente o libre de defectos. Véanse: Díez-Picazo y Gullón, op. cit., págs. 227-228; Puig Brutau, op. cit., pág. 116; Espín Cánovas, op. cit..

Ahora bien, no todo supuesto de cumplimiento parcial o defectuoso puede tener el efecto de liberar al demandado de cumplir con su prestación. El demandado no podrá invocar con éxito la doctrina en los casos en que la aplicación de la “exceptio non rite adimpleti contractus” puede resultar contraria al principio de buena fe en la contratación. D. Espín Cánovas, La excepción de incumplimiento contractual, 17 An. Der. Civ. 543, 568 (1964).

Así, por ejemplo, si la causa del incumplimiento parcial o defectuoso se debe a la conducta del demandado, resulta obvio que no se puede invocar la excepción. Tampoco se podrá invocar con éxito la excepción si el demandado admitió la contraprestación sin reserva ni protesta alguna cuando pudo comprobar los defectos, ya que iría contra sus propios actos. Díez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 227; Puig Brutau, op. cit., pág. 116. En estos casos es que el tribunal deberá reconocer una disminución proporcional del precio, en razón de lo no cumplido o de los defectos en la prestación.

En virtud de lo antes expuesto, aclaramos y resolvemos que la defensa de “exceptio non rite adimpleti contractus” puede ser invocada por el demandado en los casos en que el demandante pretende exigir el cumplimiento de una obligación a pesar de que él ha cumplido parcial o defectuosamente con su prestación, y su efecto será que el demandado no estará obligado a cumplir con su parte hasta tanto el demandante cumpla con la suya. No obstante, en los casos en que la aplicación de la “exceptio non rite adimpleti contractus”puede resultar contraria al prin- cipio de la buena fe contractual, el demandado no podrá invocar la excepción exitosamente. En esos casos procede reducir el importe de lo no realizado o en atención a lo llevado a cabo defectuosamente.

IV

En la controversia hoy ante nuestra consideración debe-mos determinar, en primer lugar, si los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua incurrieron en un in-cumplimiento total en relación con el contrato suscrito con el señor Rivera Vázquez el 5 de julio de 1995 y, en segundo término, el efecto de dicho incumplimiento sobre el vínculo contractual. Veamos.

De entrada, señalamos que constituye jurisprudencia reiterada que, en lo que respecta a la evaluación de prueba documental, este Tribunal está en idéntica situación que los tribunales de instancia (Trinidad v. Chade, ante; Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989)), razón por la cual en el presente caso estamos en la misma posición que el foro de instancia para evaluar la “carta contrato” de 5 de julio de 1995. Veamos.

El contrato suscrito por las partes en este caso expresa lo siguiente:

5 de julio de 1995
Sr. Germán Rivera
Las Piedras, Puerto Rico
Estimado señor Rivera:
Sirve la presente para notificarle que aceptamos su oferta de compra del proyecto Fast Food aprobado en la consulta de ubi-cación 94-50-0124-JUP.
La misma consiste de devolver los $40,000 de la opción de com-pra y $60,000.00 por el proyecto. Nosotros le daremos los pla-nos que tenemos y compromisos con Caribbean Restaurant, Inc. (Burger King) y Southamerican Restaurant Corporation (church).
Para beneficio de todos es necesario acelerar la transacción ya que Burger King y Church quieren construir este año.
Esta negociación fue discutida a través de Córdova con Usted. Apéndice, Exhibit XIII, pág. 60.

Un examen de dicha carta contrato nos convence que estamos ante un contrato bilateral en donde los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua se comprometieron a cumplir con dos cosas: a entregar las cartas compromisos de Burger Kang y de Church’s, y a entregarles los planos del proyecto para que Rivera Vázquez pudiera establecer los negocios de comida rápida en su terreno. Por su parte, Rivera Vázquez se comprometió a devolver los $40,000 que los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua le habían entregado en virtud del contrato de opción de 6 de julio de 1993 y pagar $60,000 por el proyecto, para un total de $100,000.

En el caso de autos, los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua le entregaron a Rivera Vázquez las cartas compromisos y unos planos que les había preparado el ar-quitecto Augusto Gautier Mayoral. Estos planos no eran planos finales de construcción, aprobados por las agencias gubernamentales correspondientes, que le permitiera a Rivera Vázquez comenzar con la construcción del proyecto inmediatamente. Esta es la razón por la que Rivera Váz-quez se niega a pagar el dinero, ya que él entiende que los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua incumplie-ron el contrato; que al indicarle que le iban a entregar “los planos que tenemos”, necesariamente se referían a los pla-nos finales de construcción. Por su parte, los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua argumentan que la frase “los planos que tenemos” se refería a los planos es-quemáticos que ellos tenían en su poder.

El Tribunal de Primera Instancia, luego de celebrar el juicio en su fondo y de escuchar los testigos de ambas par-tes, concluyó que Rivera Vázquez contrató con el entendi-miento implícito que los planos que se le ofrecían en dicho contrato eran planos de construcción finales y no meros planos esquemáticos; ello en vista de que se requería la construcción inmediata de los locales en controversia.

Sabido es que un tribunal apelativo no deberá, de ordinario, intervenir con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad que ha realizado el juzgador de los hechos, salvo que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Hernández v. San Lorenzo Const., ante; Rolón v. Charlie Rental Car, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999); Huertas v. Cía. Fomento Recreativo, 147 D.P.R. 12, 31 (1998); López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857, 864 (1997). En el presente caso no existe ninguna de estas situaciones, por lo que no hay razón alguna para intervenir con la apreciación de la prueba oral que hiciera el foro de instancia.

El peticionario Rivera Vázquez argumenta que el Tribunal de Apelaciones erró al determinar que los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua cumplieron parcial-mente con sus obligaciones contractuales ya que, aunque no entregaron los planos finales de construcción, transmi-tieron a Rivera Vázquez los compromisos que ya habían obtenido de Burger King y Church’s. De igual manera, ar-gumenta que el foro apelativo intermedio erró al aplicar la doctrina de exceptio non rite adimpleti contractus y proce-der a reducir el importe de lo pactado en $25,000 por el costo de preparación de los planos finales.

Rivera Vázquez entiende que el incumplimiento de los recurridos fue total, ya que la finalidad del contrato era la entrega de los planos finales de construcción del proyecto, y que las cartas compromisos de Burger King y Church’s no tenían valor alguno, por lo que estaba facultado a no cumplir con su prestación y dar por resuelto el vínculo contractual. En la alternativa en que se determine que hubo incumplimiento parcial, el peticionario entiende que la excepción de cumplimiento parcial o defectuoso (exceptio non rite adimpletis contractus) sólo aplica cuando la parte incumplida es de poca importancia en comparación con la prestación principal. Conforme a ello, argumenta que el incumplimiento de la entrega de los planos finales de cons-trucción es la parte esencial y que la transferencia de las cartas contratos no tenían valor alguno.

En lo que respecta a su alegación de incumplimiento total del contrato, no podemos suscribir la posición del peticionario. Las cartas contratos, al igual que los planos de construcción, eran parte integral del contrato. Decir que las cartas contratos carecían de valor es negar el hecho que al día de hoy Rivera Vázquez está generando cuantiosos ingresos en virtud del contrato de arrendamiento-producto de dichas cartas compromisos que lograron los recurridos con Burger King y Church’s;() compromiso que ellos logra-ron, además, se le transfiriera a Rivera Vázquez. En vista de ello, forzoso es concluir que los señores de Choudens, Córdova y Passalacqua cumplieron parcialmente con el contrato al entregar a Rivera Vázquez los compromisos con Burger King y Church’s.

Ahora bien, ¿qué efecto tuvo ese incumplimiento parcial de los recurridos sobre el vínculo contractual? En primer lugar, como indicáramos anteriormente, cuando estamos ante un incumplimiento parcial o defectuoso, la resolución del vínculo contractual sólo procederá cuando se haya frus-trado la finalidad contractual para la parte perjudicada. Díez-Picazo y Gullón, op. cit, pág. 227; Puig Brutau, op. cit., pág. 127.

El peticionario Rivera Vázquez argumenta, repetimos, que la finalidad del contrato era la adquisición de los pla-nos de construcción finales. No estamos de acuerdo. La fi-nalidad del contrato era cederle a Rivera Vázquez todo lo necesario para establecer los negocios de comida rápida en su terreno. Conforme a ello, los señores de Choudens, Cor-dova y Passalacqua le vendieron a Rivera Vázquez los com-promisos con Burger King y Church’s, y los planos del proyecto. Ambas cosas, los compromisos y los planos, eran esenciales para el establecimiento del proyecto.

En virtud de lo antes expuesto, concluimos que en este caso no procede declarar la resolución del contrato suscrito por las partes el 5 de julio de 1995. La finalidad contractual no fue frustrada ya que, no obstante el incumpli-miento parcial en que incurrieron de Choudens, Córdova y Passalacqua, Rivera Vázquez pudo lograr su propósito de establecer los negocios de comida rápida en su terreno.

De igual forma, Rivera Vázquez no podía invocar con éxito la defensa de la exceptio non rite adimpleti contrac-tus, ya que éste admitió la prestación ejecutada parcial-mente, al aceptar las cartas contratos de Burger King y Church’s. Una persona no puede aceptar lo que le con-viene, lucrarse con ello y luego descartar lo que no le gusta. Rivera Vázquez no cumple con el requisito de buena fe para poder invocar exitosamente la excepción.

Permitirle a Rivera Vázquez invocar la defensa de ex-ceptio non rite adimpleti contractus sería ir contra el prin-cipio de buena fue que se aplica a toda contratación. La buena fe, como sabemos, es un principio general del dere-cho que permea todo nuestro ordenamiento jurídico y que goza de firme arraigo.() Conforme a ello, procede que se reduzca el importe de lo pactado a $75,000, ello en virtud de los $25,000 que tuvo que pagar Rivera Vázquez por los planos finales de construcción.

V

En virtud de lo antes expuesto, procede confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      () Los $60,000 del contrato de opción formaban parte de los $600,000.

      (2) Este cambio de zonificación era necesario para establecer los negocios de comida rápida en el terreno.

      (3) El número de consulta es 94-50-0124-JPU.

      (4) La aprobación de la segregación fue mediante resolución emitida por Admi-nistración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) el 22 de diciembre de 1994, en el caso Núm. 95-50-HPL-349.

      (5) Las cartas compromisos contenían las cláusulas generales por las cuales Burger Kang y Church’s otorgarían el contrato de arrendamiento. Asimismo, éstos se comprometían a hacerse cargo de la construcción de los establecimientos de comida rápida.

      (6) Conforme a los términos del contrato, el señor Rivera Vázquez devengaría por cada contrato de arrendamiento con Burger King y Church’s una renta de $36,000 anuales con una renta adicional equivalente al 4.5% en exceso de $800,000 de ventas anuales. Estos términos eran los mismos que se habían acordado en las cartas compromisos que Choudens, Córdova y Passalacqua le habían entregado al señor Rivera Vázquez conforme al contrato suscrito el 5 de julio de 1995.

      (7) Burger King y Church’s comenzaron sus ventas en septiembre de 1997.

      (8) Luego de varios trámites procesales, el 2 de noviembre de 1999, Rivera Váz-quez solicitó autorización al foro de instancia para presentar una “Segunda Recon-vención Enmendada” en la cual solicitó del tribunal que declarara la novación extin-tiva del contrato de opción celebrado entre las partes el 6 de julio de 1993 en virtud del contrato suscrito el 5 de julio de 1995. Además, solicitó que declarara que de Choudens, Córdova y Passalacqua incumplieron el contrato suscrito el 5 de julio de 1995 al no entregar los planos finales de construcción, por lo que él no les adeudaba cantidad alguna de dinero. Asimismo, solicitó que condenara a de Choudens, Cór-dova y Passalacqua solidariamente al pago de $211,000 por las daños causados por el incumplimiento del contrato.

      (9) En el juicio en su fondo declaró por la parte demandante reconvenida el Sr. Edwin Córdova Torres y el Sr. Aniceto Solares Rivero, vicepresidente ejecutivo de Burger King. Por la parte demandada reconveniente, el señor Rivera Vázquez, el Sr. Reynaldo Rosario Agosto y el arquitecto Augusto Gautier Mayoral.

      (10) Este memorando sobre la prueba desfilada es igual al proyecto de exposición narrativa presentado anteriormente por Rivera Vázquez. No obstante, del expediente en autos no surge las razones por las que esta exposición narrativa de la prueba no fue elevada al Tribunal de Apelaciones.

      (11) Esta norma se fundamenta en la doctrina claramente establecida por este Tribunal en cuanto a que un tribunal apelativo no intervendrá con las determinacio-nes de hechos ni con la adjudicación de credibilidad que hizo el juzgador de los hechos, salvo que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Hernández v. San Lorenzo Const., 153 D.P.R. 405 (2001); Rolón v. Charlie Rental Car, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999); Huertas v. Cía. Fomento Recreativo, 147 D.P.R. 12, 31 (1998); López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857, 864 (1997).

      (12) En el nuevo Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, aprobado el 20 de julio de 2004, se eliminó el orden de prelación en cuanto a los mecanismos para la reproducción de la prueba. No obstante, en las reglas permanece el interés de que durante el proceso apelativo se utilice el mecanismo que demuestre mayor celeridad. In re Aprobación Reglamento T.A., 162 D.P.R. 444 (2004). Véanse los Comentarios de la Regla 76.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones en In re Aprobación Reglamento T.A., ante, pág. 553.

      (13) Más difícil se nos hace entender la posición del peticionario, cuando el pro-yecto de exposición narrativa presentado el 9 de octubre de 2001 ante el Tribunal de Apelaciones es el mismo que fue aprobado por el Tribunal de Primera Instancia el 25 de enero de 2002.

      (14) Esta interpretación también es cónsona con el nuevo Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 2004, que promueve el mecanismo que demuestre mayor cele-ridad en el proceso. Véase Comentarios a la Regla 76 en In re Aprobación Regla-mento T.A., ante, pág. 550.

      (15) Recordemos que las reglas deben interpretarse de modo que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (16) El Prof. José Ramón Vélez Torres nos señala al respecto:
      “... Igualmente, cuando el cumplimiento parcial no supone incumplimiento ab-soluto, debe moderarse el impulso a la hacia la resolución, pues podría ocurrir una injusticia cuando se opte por la resolución. Quizás, en estos casos sirva mejor un remedio que logre el balance contractual sin llegar al extremo. En cada caso debe siempre atenderse a si la prestación parcial o defectuosa, y aún la hecha con retraso, implican la frustración de la finalidad contractual de la parte perjudicada.” (Citas omitidas.) J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: derecho de obligaciones, 2da ed., San Juan, Ed. U.I.A.P.R., 1997, págs. 76-77.

      (17) También se le conoce como la “doctrina del cumplimiento parcial o defectuoso”. D. Espín Cánovas, La excepción de incumplimiento contractual, 17 An. Der. Civ. 543, 568 (1964).

      (18) Véase, a esos efectos, la opinión concurrente emitida por el entonces Juez Asociado Federico Hernández Denton en Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 D.P.R. 616 (2000). Véase, también, M.J. Godreau Robles, Análisis del término 2000-01 del Tribunal Supremo de Puerto Rico: derecho de obligaciones y contratos, 71 Rev. Jur. U.P.R. 383, 387 (2002).

      (19) El Sr. Aniceto Solares, vicepresidente de Burger King, declaró que los ingre-sos totales de Rivera Vázquez en concepto de renta sobre el predio donde se cons-truyó finalmente el negocio de comida rápida, para los primeros dos años, totalizaron $160,269.48 y que se proyectaba un aumento en los ingresos para los años futuros. Cabe señalar que eso no incluye los ingresos generados por el contrato con Church’s.

      (20) Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522 (1997); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989); Catalytic Ind. Maint. Co. v. F.S.E., 121 D.P.R. 98 (1988); H.U.C.E. de Ame. v. V. & E. Eng. Const., 115 D.P.R. 711 (1984); Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585 (1981).