text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Narciso Gómez, acusado y apelante.
    No. 4886

      Nota: Véase la opinión de la mayoría en la página 340.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

En este caso el acusado admitió claramente haber dado muerte al interfecto. Por tanto, a menos que la prueba ofrecida por el pueblo demostrara alguna justificación él es-taba obligado a presentar prueba tendente a demostrar la defensa propia de que babla la opinión de la mayoría. Des-pués de eso, desde luego, el jurado no debió baber condenado si tenía duda razonable sobre la culpabilidad de Gómez. Sin embargo, el jurado no estaba obligado a creer las manifes-taciones del acusado. Dicbo cuerpo legal tenía entero de-recho a creer que la prueba no demostraba que el apelante actuó en defensa propia. La cuestión de duda razonable in-cumbía al jurado y no a las cortes. Pueblo v. Colón, 42 D.P.R. 53. Las instrucciones no han sido atacadas y no puedo ver' por qué el jurado no tenía perfecto derecho a rendir un veredicto de homicidio voluntario, tal cual lo hizo. De los hechos de este caso me es imposible llegar a la conclusión de que el jurado debió tener duda razonable. El pueblo pre-sentó un caso prima facie de culpabilidad bajo el artículo 236 del Código de Enjuiciamiento Criminal o bajo algún otro precepto. Ese artículo a mi juicio no quedaría conver-tido en letra muerta si la sentencia de la corte inferior hu-biera sido confirmada.

Estoy autorizado para decir que el Juez Asociado Sr. Aldrey está conforme con este voto disidente.


source: Caselaw Access Project

author: JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

license: Public Domain

text:
    Castor Colón, demandante y apelante, v. Plazuela Sugar Company, demandada y apelada.
    No. 6154

      Nota: Véase la opinión de la mayoría en la página 871.

   OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR WOLE

En general estoy de acuerdo con la opinión disidente emi-tida por el Juez Asociado Sr. Aldrey. Tengo alguna duda respecto a la cita que se hace de los casos de la Iglesia Católica v. Combate Tobacco Corp., 42 D.P.R. 376, y Alvares, v. Municipio, 43 D.P.R. 521, en los cuales disentí. En otras palabras, dudo si el mero conocimiento de la existencia de los rieles obligaría a un adquirente -a investigar. Además, me pregunto si el conocimiento de la existencia material de un escrito que trata de crear una servidumbre, sin que exista una inscripción, beneficiaría a un supuesto predio dominante en perjuicio de un comprador o de otra persona en igual posición.


author: JUEZ ASOCIADO SEÑOR ALDREY

text:
    No. 6329

    María Puig Viuda de Chandri, por sí y a nombre de sus menores hijos José y María Chandri Puig, demandantes, apelantes y apelados, v. Ramón Sotomayor, y su esposa Concepción Flores Solá y Juan Solá González y su esposa Manuela Flores Solá, demandados y apelados los dos primeros.

      Nota: Véase la opinión de la mayoría en- la página 454.

   VOTO DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SEÑOR ALDREY

No estoy conforme con la opinión de la mayoría del tribunal en este caso por los motivos que expuse para disentir en el de Fernández v. Luyando, 46 D.P.R. 689.


text:
    The Shell Co. (Porto Rico) Ltd., aplte., v. Buxó Vda. de Patxot, et al., apldas.
    No. 6768.
    Sometido: Julio 23, 1934.

      Resuelto: Julio 24, 1934.
   Solicitada la desestimación del presente recurso por no haberse notificado la apelación a una parte en el procedi-miento, la apelante se opuso alegando no haber base ante el tribunal para poder decidir si la persona dejada de no-tificar era o no una parte contraria.

Ante el tribunal sólo había, además de la moción de des-estimación y de la oposición a la misma, copia certificada de una llamada “segunda demanda” — de la que aparecía que se trataba de un cobro de dinero por el procedimiento ejecutivo sumario dirigido contra la deudora hipotecaria y los actuales dueños de la finca que de ella adquirieron — y del escrito de apelación.

No hallándose el tribunal con esos únicos elementos ante sí en condiciones de decidir si la parte a quien se dejó de notificar era o no una parte adversa, bajo las circunstan-cias, y siguiendo la práctica adoptada en otros casos, entre ellos el de Urrisa v. Negrón, 21 D.P.R. 439, desestimó la moción sin perjuicio de que se reprodujera una vez perfec-cionada la apelación con el archivo de la transcripción de autos.


text:
    No. 6287.
    Delannoy, aplte., v. Sucn. Cividanes, etc., aplda.
    C. D. Guayama.
    Junio 30, 1934.
   Por los motivos expresados en la opinión emitida en el -caso nú-mero 6244, Mateo Ortiz v. La Sucesión de don Boque Stella, etc., resuelto en el dia de boy, se revoca la sentencia dictada en el caso de epígrafe por la Corte de Distrito de Guayama en diciembre 5, 1932, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la referida opinión.


text:
    No. 6293.
    Vázquez y Otro, apltes., v. Sucn. Santos, aplda.
    C. D. Guayama.
    Junio 30, 1934.
   Por los motivos expresados en la opinión emitida en el caso 6244, Mateo Ortiz v. La Sucesión de don Roque Stella, etc., resuelto en el día de boy, se revoca la sentencia dictada en el caso de epígrafe por la Corte de Distrito de Guayama en enero 30, 1933, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la referida opinión.


author: Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

text:
    No. 929.
    Mattei, recurrente, v. Registrador, recurrido.
    Julio 11, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Por los motivos consignados en la opinión emitida con fecha 3 de julio de 1934 en el recurso No. 926, titulado Yictoriomo Soler Gon-zález v. Begistrador de la Propiedad de San Germán, se revoca la nota recurrida del Registrador de la Propiedad ya referido, de fecha 12 de junio del corriente año.


text:
    No. 59.
    Rosario, peticionario, v. Corte Municipal, y Trigo, Juez, dmdos.
    Julio 18, 1934.
   Vista nuestra resolución de hoy en el caso No. 295 de El Pueblo de Puerto Bico contra, la Corte de Distrito de Humacao, Eon. B. Ar-jona Siaca, Juez, sobre Mandamus, se hace definitivo el auto inhibi-torio que a instancia de Carmelo Rosario libramos contra la Corte Municipal de Caguas por su Juez Especial Luis C. Trigo, Juez Municipal General, para que se abstenga de continuar los procedimien-tos en dicho caso seguido por denuncia contra Carmelo Rosario por delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes en la persona de Luis Arroyo.


text:
    No. 6051.
    Bianchi, aplda., v. Domenech, Tes., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 23, 1934.
   Se declara con lugar la moción sobre modificación de sentencia oída hoy con asistencia de las partes, y en su consecuencia se mo-difica la sentencia dictada por este Tribunal en junio 26, 1934, la cual deberá leer como sigue:

"Por los fundamentos consignados en la anterior opinión, se modifica la. sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez ©n marzo 21, 1932, quedando sin efecto la misma en cuanto al pronunciamiento de costas y honorarios, de ahogado, y así modificada se confirma dicha sentencia en sus demás particu-lares.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.”


text:
    No. 6101.
    Bianchi, apldo., v. Domenech, Tes., aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Julio 23, 1934.
   Se declara con lugar la moción sobre modificación de sentencia oída hoy con asistencia de las partes, y en su consecuencia se modi-fica la sentencia dictada por este tribunal en junio 26 de 1934, la cual deberá leer como sigue:

"Por los fundamentos consignados en la anterior opinión, se modifica la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en abril 25, 1932, quedando sin efecto la misma en cuanto al pronunciamiento de costas y hono-rarios de abogado, y así modificada se confirma dicha sentencia en sus demás particulares.

El Juez Asociado Sr. Córdova Dávila no intervino.”


text:
    No. 5428.
    Marchán y Martínez, apldos., v. Moczó y Fernández, apltes.
    C. D. San Juan.
    Septiembre 29, 1934.
   Por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 5369, Francisco Marchán Sicardó y José Martinez Llonin v. Bernardo Fernández Porrero, resuelto en el día de hoy, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en septiembre 9, 1929.


text:
    No. 5707.
    Esteves, aplte., v. Municipio de Aguadilla, apldo.
    C. D. Aguadilla.
    Septiembre 29, 1934.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el caso número 5706, Compañía Industrial de Aguadilla, Inc. v. El Municipio de Aguadilla, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Aguadilla en el caso de epígrafe, con fecha 13 de marzo de 1931.


text:
    No. 6842.
    López, apldo., v. Quiñones, etc., dmdos. y González, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 5, 1934.
   Resultando académica la resolución de este caso ya que lo que se pide al Tribunal en la moción que se le presentara cuando estaba en vacaciones, es la suspensión de una subasta que habría de cele-brarse eu octubre 19 último; no lia lugar.


author: Juez Asociado Sr. "Wolf.)

text:
    No. 96.
    Ex Parte Felton, peticionario.
    Noviembre 12, 1934.
   (Por la Corte a propuesta del

Juez Asociado Sr. "Wolf.)

Por Cuanto, el peticionario ha presentado una solicitud jurada, alegando que es graduado de la Universidad de Nebraska, no sola-mente en su rama académica sino en la de leyes, alegando además que ba practicado por más de un año en la Corte Suprema del Es-tado de Nebraska e igualmente por más de un año en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, requisitos exigidos por la ley 78 de 1928.

Por Cuanto, tales alegaciones aparecen satisfactoriamente proba-das.

Por tanto, y apareciendo que la Universidad de Nebraska es acre-ditada, se admite al peticionario al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, sin examen, y se le autoriza a prestar juramento tan pronto como baya sido debidamente endosado por la Comisión de Reputación.


text:
    No. 6025.
    Brockway Motor Truck Corp. of Porto Rico, aplda., v. Colón y Lorenzi, apltes.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 15, 1934.
   Por los fundamentos consignados en la opinión emitida en el caso No. 6024, Brockway Motor Truck Corp. of Porto Pico, demandante-apelada, v. Garlos R. Colón Rosich, demandado-apelante, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en el presente caso con fecha 1 de mayo de 1931.


author: Juez Presidente Sr. del Toro.)

text:
    No. 6566.
    Central Eureka, Inc., aplda., v. Fajardo, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Diciembre 14, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Celebrada la vista de estas apelaciones el 13 de diciembre actual con asistencia de los abogados de ambas'partes, examinada la trans-cripción de los autos y estudiados los alegatos presentados, no apa-reciendo que la corte de distrito dejara de apreciar debidamente to-das las circunstancias que concurren ni menos que abusara de su discreción al fijar en quinientos dólares la cuantía de los honorarios de abogado, se declaran sin lugar ambas apelaciones quedando así confirmada la resolución recurrida que dictó la Corte de Distrito de Mayagüez el 7 de noviembre de 1933.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    No. 6448.
    Rivera, aplte., v. National Fire Insurance Co., representada por su agente S. V. L. Lippitt, aplda.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 14, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por CUANTO, los únicos errores señalados por el apelante son que:

"1. La corte corte cometió error manifiesto en la apreciación de la prueba ya que seta comprobó todos los hechos esenciales de la demanda del demandante.
“2. La corte se excedió en el uso de su poder discrecional al imponer las costas al demandante.”

PoR Cuanto, el alegato del apelante, examinado a la luz de la relación del caso y opinión del juez de distrito, copia certificada de la cual nos ba sido suministrada por la parte apelada — no habiéndose incluido en los autos elevados por el apelante — no demuestra error manifiesto en la apreciación de la prueba, ni abuso de discreción en la imposición de las costas, y

Por cuanto, las conclusiones de hecho a que llegó el juez de dis-trito están ampliamente sostenidas por la prueba, según se desprende del análisis de ésta contenido en el alegato de la parte apelada.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en febrero 25, 1932.


text:
    No. 938.
    Federal Intermediate Credit Bank of Baltimore, et al., recurrentes, v. Registrador, recurrido.
    Enero 16, 1935.
   Por los motivos consignados en la opinión emitida en el día de hoy en el recurso gubernativo No. 940, Sotero León León y Monserrate Rivas, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido, se confirma la nota recurrida del Registrador de la Propiedad de Guayama de fecha 5 de noviembre de 1934, y con de-volución de la documentación presentada, comuniqúese.

recursos de certiora^-i v autos inhibitorios denegados por la 'corte DURANTE EL PERÍODO QUE CUBRE EL PRESENTE TOMO


text:
    No. 973.
    Santos, peticionaria, v. Corte de Distrito de Ponce, dmda.

    Septiembre 29, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, un auto de certiorari fué expedido en este caso como resultado de los hechos alegados en la solicitud, demostrativos de cier-tos supuestos errores de procedimiento cometidos por la corte de dis-trito y de una supuesta falta de jurisdicción en ésta; y

Por cuanto, ante los hechos revelados por el return, comprensivo del récord completo de lo que ocurrió anté la Comisión de Indemni-zaciones a Obreros y ante la corte de distrito, quedan subsanados los defectos del recurso de revisión y desvanecidos los supuestos errores de procedimiento y la supuesta falta de jurisdicción:

PoR tanto, se anula el auto expedido y se ordena la devolución a la corte de distrito de los autos originales elevados a este Tribunal de acuerdo con lo dispuesto en dicbo auto.

Por la Corte, a propuesta de sus distintos jueces, se declaró no haber lugar a expedir el auto solicitado en los siguientes casos:

Certioraries: Nos. 980, 981, 982, 983, 984, 987, 988, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1005.

Autos inhibitorios: No. 62.


text:
    Nos. 6290 y 6291.
    Carreras, apldas. v. Brunet, aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 22, 1934.
   Las Mismas v. Copeland, aplte. — C. D. San Juan. Reivindicación de in-mueble. Noviembre 22, 1934.

Por cuanto, en su alegato original la parte apelante llamó la atención de esta Corte bacia el becbo de que el alegato de la ape-lante dejaba de cumplir en varios particulares con el Reglamento de este Tribunal.

Por cuanto, dicha parte apelada presentó anteriormente una mo-ción de desestimación que fué declarada sin lugar por el fundamento de que la apelación no era frívola.

Por cuanto, las apeladas en aquel entonces no volvieron a llamar la atención de la Corte sobre los otros motivos de su moción de des-estimación.

Por Cuanto, el becbo de que el alegato deje de cumplir con el Reglamento no priva a este Tribunal en casos extraordinarios de en-trar en los méritos a pesar de la existencia de uno o varios defectos, especialmente cuando esta Corte creyó, como aquí, que el recurso era meritorio.

Pior cuanto, considerando otra vez el caso por sus méritos que-damos con el criterio de que las apeladas dejaron de identificar sus alegadas fincas con las que posee la parte demandada apelante.

Por tanto, se declaran sin lugar las mociones de reconsideración.


author: Juez Asociado Sr. Hutcbison.)

text:
    No. 6636.
    Sucn. Franceschini, etc., aplte. v. Domenech, Tes., apldo.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 24, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutcbison.)

Por cuanto, la apelante en su moción sobre reconsideración ba so-licitado que dejemos sin efecto la sentencia dictada en este caso en septiembre 29 del año en curso y en su lugar se dicte otra revocando la de la corte inferior, devolviendo el caso a ésta para ulteriores pro-cedimientos e insiste en que bemos incurrido en los siguientes errores, a saber:

“1. Al sostener que la demanda en el presente caso no pone en tela de juicio la validez de la reclamación del gobierno contra el deudor hipotecario.
“2. Al afirmar que la demandante ni siquiera alega en su escrito de demanda que el colector se negó rotundamente a aceptar el pago de parte de las contribu-ciones solamente.
"3. Al decir que la demandante no alega en su escrito-de demanda, ninguna amenaza por parte del colector de rentas internas al efecto de que trataría de vender los bienes libres de gravámenes, no obstante el pago parcial si se efec-tuaba el mismo.
“Al sostener que la teoría do la demanda paraee ser que si las contribu-ciones no se hubiesen pagado en su totalidad, el resultado inevitable hubiese sido la venta de los bienes libres de gravámenes.
“5. Al establecer que por el hecho de no ser los apelantes los dueños de la finca en cuestión no les cobija el concepto ‘contribuyente’ contenido en la Ley No. 8 de abril 19 de 1927, y por lo tanto, quel no tenían el derecho a utilizar ese estatuto para recobrar las contribuciones que pagaron bajo protesta.”

Por cuanto, el único señalamiento de error en el alegato de la apelante especificaba que “La Corte de Distrito de Ponce cometió error al declarar que un acreedor hipotecario que paga al colector de rentas internas contribuciones adeudadas por la finca hipotecada, ante la evidencia de que ésta va a ser vendida por dicho funcionario en pública subasta para el cobro de aquéllas, no es un contribuyente a los efectos de la Ley No. 8 de 1927.”

Por cuanto, la misma demandante en su moción ante la corte de distrito solicitando la reconsideración de dicha resolución declarando con lugar una excepción previa, invocó el artículo 333 del Código Político para demostrar que era un contribuyente, dando lugar así a la mención de dicho artículo en nuestra opinión, mención de la cual la apelante ahora también se queja.

PoR Cuanto, el eje de nuestra decisión en este caso fué el hecho, según criterio nuestro, de que la sucesión demandante no era un con-tribuyente dentro del significado de la ley autorizando el cobro y la devolución de contribuciones pagadas bajo protesta, debiéndose en-tender los hechos relacionados en el tercer párrafo de la opinión úni-camente en relación con la cuestión principal y no como una expre-sión de opinión sobre cuál sería el efecto de tales hechos, siendo la sucesión demandante un contribuyente.

PoR Cuanto', tampoco fué nuestra intención poner en tela de jui-cio la suficiencia de los hechos expuestos en la demanda por sí solos o con otros no tan claramente expresados para constituir una buena causa ele acción, sea lo que sea, siempre que no fuese la acción sobre ■cobro y devolución de contribuciones autorizada por la ley invocada por la sucesión demandante en su demanda en este caso.

Bob cuanto, los supuestos errores números uno al cuatro inclusi-ves, si existen, no serían suficientes para dejar sin efecto la sentencia ya dictada.

P'OB CuaNto, no estamos convencidos de la existencia del quinto error especificado.

Poe Cuanto, tampoco poníamos en tela de juicio el derecho de la sucesión demandante para ejercer su. acción sobre preferencia de créditos bajo la Ley No. 8 de abril 19 de 1927, enmendada por la Ley No. 11 de abril 18 de 1928, si bien no estábamos ni estamos to-davía convencidos de que la demandante podía exigir la devolución de las contribuciones pagadas bajo protesta, o en tal acción o en la presente, considerada como tal acción, si así pudiera ser considerada, cuestión ésta no discutida ni resuelta en nuestra opinión por no estar comprendida en el único señalamiento de error, supra.

Bob cuanto, no.tenemos ningún criterio cerrado sobre la cuestión últimamente indicada y a pesar de todo lo que hemos expresado, es-tamos dispuestos a oír a ambas partes nuevamente sobre este extremo, discutido ya pero no extensamente desarrollado por la apelante en su alegato.

Pob tanto, se señala el lunes día 21 de enero para una vista de la moción sobre reconsideración que antecede, especialmente en cuanto a la cuestión últimamente indicada.

Por la Corte, a propuesta de sus distintos jueces, se declaró no haber lugar a las reconsideraciones solicitadas en los siguientes casos:

Nos.: 3C), 942(), 995(), 5444, 5600, 6082, 6114, 6152, 6175, 6218, 6269, 6270, 6290, 6291, 6318, 6324, 6332, 6348, 6378, 6456, 6466, 6471, 6527, 6549, 6555, 6626, 6684, 6696, 6749, 6764.

      (1) Apelación contra decisión de una Asamblea Municipal en caso de impeachment.

      (2) Oertiorari.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    No. 6613.
    Vázquez Prada, aplte., v. Martinó, apldo.
    C. D. Bayamón.
    Junio 25, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Vista la moción de la parte apelada y la certificación del secre-tario en propiedad de la Corte de Distrito de Bayamón;

Vistos la oposición de la parte apelante y los juramentos del ape-lante y de Andrés Aybar Muñoz, y vista también la certificación en sentido contrario suscrita por el subsecretario de la ameritada Corte de Distrito, tendente a probar que en 13 de febrero no existía en autos constancia alguna del achivo de la notificación de la sentencia;

Se declara por abora sin lugar la desestimación solicitada, sin perjuicio de que la parte apelada, si así conviene a sus derechos-, reproduzca su moción con prueba en apoyo de la misma.


text:
    No. 6595.
    González, et al., apltes., v. González, apldos.
    C. D. Humacao.
    Junio 28, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

PoR cuanto, la parte apelada solicita la desestimación del recurso porque el alegato de la parte apelante no se ajusta a las reglas de esta Corte;

Por Cuanto, ambas partes fueron oídas en la vista de la moción reconociendo la apelante la existencia de los defectos apuntados por la apelada y presentando luego otro alegato en que dice corregirlos;

Por Cuanto, la parte apelada se opone a la admisión del nueva alegato sosteniendo que contiene los mismos defectos qUe el anterior ; y

Por cuanto, examinado el nuevo alegato por nosotros mismos creemos que aunque no podría presentarse como un modelo de ajuste a las reglas de este Tribunal, es suficiente:

Por tanto, el Tribunal, en el ejercicio de su discreción, permite la sustitución del primitivo alegato por el últimamente presentado y declara sin lugar la moción de desestimación.


text:
    No. 6650.
    Garzot y Fernández, apldas., v. Garzot y Fuertes, apldos. y The National City Bank of New York, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 7, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, la corte de distrito sostuvo una excepción previa por falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción, in-terpuesta a una demanda en intervención y en su consecuencia dictó sentencia declarando sin lugar dicha demanda.

Por cuanto, los demandados apelantes han solicitado la desesti-mación de la presente apelación por los motivos y fundamentos si-guientes :

"I. Porque segün consta y aparece del documento que como réeord en apela-ción en este caso se ha radicado en este Tribunal por el apelante, el mismo no ha sido certificado por abogado alguno de la demandada y apelada United Porto Riean Sugar Go., (of P. R.)
“II. Porque asumiendo que tal documento sea y constituya el récord en ape-lación en este caso, aparece del mismo que el aviso de apelación no so notificó a dicha demandada y apelada;
“III. Porque aun cuando tal documento sea y constituya el tal réeord, en este Tribunal, aparece del mismo claramente que esta apelación es frívola y carece de todo mérito por los siguientes motivos:
“(1) Porque descansando el apelante sus alegados derechos de gravamen refaccionario, en un simple endoso que alega que le fué hecho de ciertos pagarés que representa también un préstamo refaccionario, que se impuso mediante escri-tura pública, tal endoso, por ministerio de la ley, no le transmitió al apelante el tal gravamen ni derecho alguno al mismo, en perjuicio de estos apelados, dueños de las fincas en que existían y habrían de existir, las cañas de azúcar que se alegan afectadas a tal gravamen y los cuales no intervinieron en el contrato en que se impuso este último;
“(2) Porque rescindido judicialmente, por sentencia firme, el arrendamiento de las fincas en que existían y habrían de existir tales cañas de azúcar, a virtud del cual se poseían dichas fincas por el deudor, quedó por ello y por ministerio de la ley extinguido el tal alegado gravamen, en cuanto afecta y se relaciona con estos apelados y a los mismos pueda perjudicar:
“(3) Porque el apelante fué hecho parte en esta acción indebida e ilegal-mente por cuanto que se autorizó su intervención en este litigio, cuando ya me-diaba sentencia final y firme en el mismo, rescindiendo dicho arrendamiento, ordenando la entrega de las fincas a los arrendadores y declarando ser de la propiedad de éstos las antes expresadas cañas de azúcar.”

Por Cuanto, habiendo sido eliminada como parte en el presente litigio la United Porto Rican Sugar Co., (of P. R.) a instancias de los demandados en el pleito original, ahora promoventes en la mo-ción sobre desestimación, con el consentimiento de la interventora, ahora apelante y con la anuencia y conformidad de la misma United Porto Rican Sugar Co., (of P. R.), no era necesario que la trans-cripción de autos fuese certificada por abogado alguno de dicha cor-poración.

PiOR Cuanto, en tal virtud no era necesario tampoco que e] escrito de apelación fuese notificado a dicha corporación.

PoR Cuanto, aparte de que no aparece de la faz de la demanda en intervención los hechos indicados en los incisos segundo y tercero del tercer fundamento de la moción, aparte de que la última de esas dos cuestiones no fué levantada en la corte de distrito ni fué ape-lada la resolución admitiendo la demanda en intervención y aparte de que la sentencia invocada por los promoventes fué una sentencia en rebeldía dictada contra Garzot & Fuertes, Inc., uno sólo de los varios demandados originales, y por discutible y dudosa que sea la cuestión principal planteada por la interventora apelante, no nos pa-rece claramente frívola.

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6727.
    Garzot de Fernández, et al., apldas., v. Garzot & Fuertes, et al., apldos., y National City Bank of New York, aplte.
    C. D. Humacao.
    Julio 9, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Yista la moción que antecede sobre desestimación de la presente apelación, examinada la estipulación radicada el día 18 de junio pró-ximo pasado, se aprueba ésta y por los motivos expresados en la resolución dictada en el caso No. 6650 en julio 7, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6781.
    In re testamentaría de doña Carmen Nadal Freyre Viuda de Del Moral. Micaela del Moral de Domínguez, aplte.
    C. D. Ponce.
    Noviembre 5, 1934.
   Llamado este caso para la vista de la moción de desestimación de los herederos peticionarios, presentes los abogados de dichos here-deros y de la opositora Micaela del Moral, el de los peticionarios in-formó sobre la moción de suspensión que había radicado en el día de hoy. El de la opositora impugnó dicha moción y entonces el de los herederos peticionarios desistió no sólo de su moción de suspen-sión si que de su moción de desestimación, teniéndolo la corte por desistido.


text:
    No. 6834.
    Sellés, Casas & Co., Sucs., S. en C., Tercerista, apelada, v. Santini Fertilizer Co., et al., apldos., Roldán, et al., Fiadores apltes..
    C. D. San Juan.
    Diciembre 18, 1934.
   A la moción de la parte apelada sobre nueva vista de su moción de desestimación, habiéndose radicado después de resuelta la dicha moción de desestimación, no ha lugar.


text:
    No. 6807.
    Busquets, et al., apltes., v. Corte Municipal de San Juan, Sección Segunda, y Sucn. Riera, apldos.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 18, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. "Wolf.)

Por ouaNto, la Corte Municipal de San Juan resolvió un proce-dimiento de desahucio en contra del demandado apelante y ordenó su lanzamiento;

Por Cuanto, se presentó un recurso de certiorari ante la Corte de Distrito de San Juan, alegándose varios errores de procedimiento;

Por Cuanto, al momento de oír la moción de desestimación pre-sentada en este caso la parte apelante no había radicado su alegato ni oposición alguna a dicha moción;

Por cuanto, cuando se presenta una excepción previa a la de-manda la regla es que la resolución de tal excepción no envuelve cuestión de jurisdicción o procedimiento y la parte apelante no nos convence de que cae fuera de dicha regla;

Poe CUANTO, la corte inferior se fundó también en que el recurso de certiorari no es el modo de revisar una sentencia dictada por una Corte Municipal cuando procede el recurso de apelación, y la parte apelante deja de convencernos de que la ameritada corte de distrito está equivocada en este caso;

Por tanto, a instancias de la parte apelada se desestima el re-curso interpuesto por los peticionarios.


author: Juez Asociado Sr. Plutehison.)

text:
    No. 6564.
    Salas, apldo., v. Belaval, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 16, 1935.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Plutehison.)

Vistas las dos mociones que anteceden con la asistencia de ambas partes, — examinado el escrito de oposición, habiendo el apelante ex-plicado hasta cierto punto la supuesta falta de diligencia; habién-dose también radicado la transcripción de autos dentro del tiempo fijado para ello; habiendo radicado su alegato el mismo día de la vista de las dos mociones para desestimar, dentro de la última pró-rroga concedida para ello; no habiéndonos convencido la- parte pro-movente de que la preparación de una sola transcripción para las dos apelaciones en un caso como el presente no sea la práctica buena y correcta, y no apareciendo claramente frívola cualquiera de las dos apelaciones interpuestas contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en junio 30, 1933 y contra la resolución dic-tada por dicha corte en 19 de febrero de 1934, no ha lugar a las desestimaciones solicitadas.

Los siguientes casos fueron desestimados por haberse allanado la parte apelante a la desestimación solicitada por la parte apelada.

Nos. 6748, 6750, 6773 y 6861.


text:
    No. 6625.
    Santini Fertilizer Co., aplte., v. Dávila, apldo.
    C D. Humacao.
    Junio 21, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Por cuanto, en 6 de octubre de 1932 la parte demandante esta-bleció recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao en este caso, y el día 14 de dicho mes la corte, a solicitud de la demandante, ordenó al taquígrafo que pre-parase la transcripción de la evidencia;

Poe Cuanto, la referida demandante satisfizo con anticipación $200 al mencionado funcionario por el importe de su trabajo, ha-biéndose concedido una prórroga de sesenta días para radicar la trans-cripción de evidencia, que expiró en 2 de enero de 1933, sin que se radicara en esta feeba la transcripción referida,;

PoR Cuanto, la demandada apelada solicita la desestimación del recurso interpuesto, alegando que aunque se han concedido nuevas prórrogas por la corte inferior no se puede dar vida legal a una prórroga concedida después de vencido el plazo original;

Por Cuanto, la parte apelante admite que la segunda prórroga se solicitó después de vencido el término; pero alega que estaba en la creencia de que la prórroga vencía en 13 de enero de 1933 y no el día 2 de dicho mes, y que por esta razón se solicitaron sucesivas pró-rrogas por el taquígrafo que fueron concedidas por la corte hasta que finalmente se radicó la transcripción de evidencia en el mes de sep-tiembre de 1933;

Por cuanto, la parte apelante alega que no sólo pagó anticipa-damente al taquígrafo lo que éste pedía para la preparación de la transcripción de la evidencia, sino que además, allá para fines de agosto y en vista de la enfermedad continuada del taquígrafo que le imposibilitaba para hacer el trabajo, pagó a éste una bonificación adi-cional de $125 para que con la ayuda de otro taquígrafo pudiera hacer el trabajo, ya que su estado físico no le permitía hacerlo por sí solo;

Por cuanto, se alega que se trata en este caso de un pleito de importancia donde hay cuestiones importantes de hecho y de derecho a resolver por el tribunal, y se ofrece en prueba de este aserto la transcripción de evidencia que ya está radicada en la secretaría de este tribunal;

Por cuanto, no puede decirse que la parte apelante no ha sido diligente en la tramitación del recurso interpuesto, y se trata ade-más de un caso meritorio:

Por tanto, se concede a la demandante apelante un nuevo tér-mino de treinta días para radicar la transcripción de evidencia en la corte inferior y someterla nuevamente a la aprobación del juez, y una vez aprobada archivarla en la secretaría de este tribunal.


author: Juez Asociado Sr. Aldrey.)

text:
    No. 6626.
    Armour Fertilizer Works, aplda., v. Abella Bastón, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 11, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por cuanto, se nos pide que desestimemos la apelación interpuesta en este caso:

BoR Cuanto, el demandado apeló el 12 de febrero, 1934, de la sen-tencia dictada contra él:

Poe cuanto, no ba -vencido la prórroga que la corte inferior ha concedido al apelante para que presente el pliego de exposición del caso para su apelación:

P.OR cuanto, el tiempo transcurrido desde que la apelación fue interpuesta no demuestra que el apelante haya sido negligente en la tramitación de su recurso:

Por cuanto, también se funda la solicitud de desestimación en la frivolidad de la apelación:

Por cuanto, carecemos de base para decidir la frivolidad alegada porque no tenemos ante nosotros la demanda y la contestación ni la prueba, pues si bien la apelada nos ha presentado una transcripción de ella hecha por el taquígrafo, no está aprobada por la corte sen-tenciadora :

Por tanto, no ha lugar a desestimar esta apelación.


text:
    No. 6764.
    Morales, apldo., v. Cortés, aplte.
    C. D. San Juan.
    Julio 18, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, se pide la desestimación de este recurso por no ges-tionar el apelante la aprobación de la, transcripción de evidencia;

Por cuanto, el Juez que presidió la vista no era el titular sino un juez sustituto de la Corte de Distrito de Humaeao;

Por cuanto, de las certificaciones ante nos aparece que el apelante hizo varias gestiones para obtener la aprobación de la transcripción de evidencia la que está ahora en manos del Juez sustituto mencio-nado;

Por cuanto, no hay en los autos ninguna comprobación por parte del apelante de que el recurso es frívolo:

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestimación radi-cada por la parte apelada.


text:
    No. 6797.
    Burgos, aplda., v. Crespo, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Noviembre 6, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

A la moción de la parte apelada solicitando la desestimación del recurso por falta de gestión, apareciendo de los autos que se ha radi-cado una transcripción del récord dentro de término, no ha lugar.


text:
    No. 6887.
    Pereira, aplda., v. Ayuso, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 18, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Vista la moción de la apelada para que desestimemos esta apela-ción por tardanza del taquígrafo que asistió al juicio en la corte inferior en preparar la transcripción de la evidencia para la apelación y teniendo en cuenta los motivos expuestos con juramento por el ta-quígrafo para no baber becho la transcripción de la evidencia antes del 17 del corriente en que la presentó, no lia, lugar a desestimar esta apelación.


text:
    No. 6134.
    Fix, apldo., v. Castro, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 18, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

PoR CUANTO, con fecha 10 de enero de 1932 el demandante-ape-lante radicó en la secretaría de este Tribunal los autos del presente ^ caso;

PoR cuanto, en 19 de julio del año en curso venció la sexta pró-rroga concedida a dicho apelante para radicar su alegato;

PoR cuanto, aunque a veces ha sido la práctica de esta Corte no desestimar apelaciones en que, como ocurre en el presente caso, la parte apelante al celebrarse la vista ya ha radicado su alegato, sin embargo, examinando tal alegato se ve en seguida que el señalamiento de errores deja de concretarse a las cuestiones de hecho o de derecho en que descansa el apelante, y no es suficiente excusa para una dila-ción tan prolongada que el abogado del apelante y su familia hayan estado enfermos.

Por tanto, se desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada en 24 de septiembre de 1931 por la Corte de Distrito de San Juan en el caso de epígrafe.


text:
    No. 6834.
    Sellés, Casas & Co., Sucs., S. en C., Tercerista, aplda., v. Santini Fertilizer Co., Inc., et al., apldos., Roldán Velázquez, et al., Fiadores, apltes.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 18, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Por Cuanto, la apelada Santini Fertilizer Co., Inc., solicita la des-estimación del recurso interpuesto porque desde 19 de septiembre de 1934, en que fué radicado, los apelante no han notificado su inten-ción de archivar la exposición del caso ni han solicitado transcrip-ción de evidencia, ni han realizado gestión alguna para perfeccionar su apelación;

Por Cuanto, los apelantes alegan que la apelación de la sentencia no se basa en prueba documental o testifical, sino en la transcripción de autos que en su oportunidad radicarán ante este Tribunal dentro de las prórrogas que les han sido concedidas;

Por tanto, se declara sin lugar la moción solicitando que se des-estime el recurso.

Bn los siguientes casos, a propuesta de sus distintos jueces, la corte desestimó los recursos por el fundamento arriba expresado:

Nos. 6637, 6684, 6738, 6740, 6777, 6787, 6812, 6813, 6824, 6825, 6841, 6844, 6856, 6883, 6894, 6917.


author: Juez Asociado Sr. Hutebison.)

text:
    No. 6743.
    Bank of Nova Scotia, apldo., v. Lawton, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 30, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutebison.)

Por Cuanto, el apelante en oposición a la moción que antecede alega que la presente apelación no es frívola sino meritoria “ya que entre otros errores que a juicio del apelante ban sido cometidos por la corte sentenciadora, figuran:

‘ ‘ (A) Que la corte erró al declarar sin lugar las excepciones previas for-muladas por el demandado-apelante en su escrito del 7 de enero, 1933, y repro-ducidas como defensa especial en la contestación a saber:
“1. Que existe una indebida acumulación de acciones en cuanto que se ha acumulado en una misma demanda una aeeión para el cobro de un pagaré con otra acción para obtener la ejecución de una prenda, las cuales no son acumu-lables conforme a las disposiciones del artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil, ni afectan o se refieren ambas acciones a los dos demandados en el pleito.
“2. Que existe una indebida acumulación de partes demandadas, ya que si-guiendo la demandante entre otras acciones, una acción para ejecutar una prenda entregada o constituida por el demandado Charles E. Lawton solamente, el otro demandado Enrique Adsuar, quien no entregó ni constituyó esa prenda, conforme a las alegaciones de la demanda, no tiene interés en esa acción, y no debe ser incluido como demandado.
"3. Que la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa, ya que habiéndose acumulado en una misma demanda una acción para el cobro de un pagaré, con otra para obtener la ejecución de una prenda, de ser estas acciones acumula-bles, deben exponerse separadamente.
“4. Que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción contra el demandado Enrique Adsuar en cuanto a la acción que se ejercita para obtener la ejecución de una prenda.
‘ ‘ 5. Que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción contra el demandado Enrique Adsuar para obtener una sentencia en su contra en cuanto a la acción que se ejercita para el cobro de un pagaré, y en lo que concierne a la solidaridad imputada y solicitada.
“6. Que la demanda no aduce hechos para constituir una causa de acción contra el demandado Enrique Adsuar.
“(B) Que la sentencia dictada es contraria a la prueba.”

P.or Cuanto, el demandado ahora apelante, que no asistió al jui-cio, lia dejado de indicar motivo alguno para demostrar que la sen-tencia apelada es contraria a la prueba; y,

PoR Cuanto, resultando por su faz claramente frívola la dicba apelación no bastan los casos de Siaca v. Brunet, 13 D.P.R. 157; Ortiz v. Comisión de la Policía Insular, 40 D.P.R. 166, y Plankinton v. Hildebrand, 61 N. W. 839, citados por el apelante para demostrar que es meritoria. (Véase National City Bank v. Corte de Distrito de San Juan, ante pág. 128 y casos allí citados.)

Por tanto, se declara con lugar la moción arriba mencionada y se desestima por frívola la apelación interpuesta contra la sentencia de la Corte de Distrito de San Juan fechada 9 de febrero de 1934.


text:
    No. 6728.
    Albert E. Lee, Receiver de la United Porto Rican Sugar Co., (P. R.), dmte.-aplte., v. National City Bank of New York, dmdo.-aplte. y Garzot, et al., apldos.
    C. D. líumaeao.
    Julio 7, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción sobre desestimación que antecede, apareciendo que el síndico demandante y ahora apelante, al radicar su demanda de interpleader actuó de acuerdo con instrucciones recibidas del Juez de la Corte Federal, instrucciones dadas por dicho juez después de oídas todas las partes interesadas, y por tanto que la presente apelación, por lo menos en cuanto atañe al pronunciamiento de la sentencia ape-lada que condenó a dicha demandante en costas, no es tan clara-mente frívola que debamos anticipar el resultado de una vista del caso en su fondo, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6482.
    Rivera et als., apldas., v. Domenech, Tes., aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 21, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Por Cuanto, la Comisión Industrial de Puerto Rico dictó una re-solución concediendo a las peticionarias, en su carácter de beneficia-rías de la obrera María Rivera, una indemnización montante a la suma de mil dólares, habiéndose presentado al Tesorero de Puerto Rico el comprobante de pago de dicha indemnización por la referida suma, debidamente certificado;

Por cuanto, habiéndose negado el Tesorero a satisfacer dicha suma se solicitó y obtuvo de la Corte de Distrito un auto de mandamus dirigido al funcionario aludido para que inmediatamente sa-tisfaga el importe de dicha reclamación, con cargo a los fondos ge-nerales correspondientes a indemnizaciones a obreros;

Por cuanto, la parte demandada aceptó todos los hechos de la demanda, alegando como única razón para no verificar el pago que el accidente en virtud del cual se concedió una indemnización de mil dólares corresponde al año fiscal 1931-32, debiendo pagarse esta obli-gación con cargo al referido año fiscal, toda vez que no existen fon-dos suficientes en diebo año para cubrir la referida reclamación, no pudiéndose pagar la misma con cargo a otros años fiscales anteriores o posteriores al año 1931-32;

PoR cuanto, en vista de esta admisión de la parte demandada la corte inferior declaró con lugar la solicitud y expidió, según dijimos antes, el auto de mandamus solicitado;

Por cuanto, las demandantes ban solicitado que se desestime el recurso de apelación por frívolo;

Por tanto, vista la opinión emitida por esta corte en el caso de López de la Rosa v. Domenech, 47 D.P.R. 226, se declara con lugar la moción sobre frivolidad y se desestima el recurso interpuesto.


author: Juez Asociado Sr. “Wolf.)

text:
    No. 6749.
    Feliciano, apldo., v. López, etc., aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 13, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. “Wolf.)

Por Cuanto, examinadas la moción de desestimación de la parte apelada así como la oposición del apelante y las partes del récord a •que se refieren los litigantes no estamos convencidos de que la ape-lación sea claramente frívola;

Por Cuanto, aún en el supuesto de que la incapacidad permanente del apelado se probó a satisfacción de la corte inferior tenemos la duda a pesar del convenio de las partes si en un recurso de mandamus el peticionario puede traer ante el juez por primera vez prueba de tal incapacidad permanente:

Por tanto, no ha lugar a la desestimación solicitada.


text:
    No. 6880.
    E. Franklin & Cía., aplda., v. Fernández y Collado, haciendo negocios bajo el nombre de Empresa Arcofer, apltes.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 14, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por Cuanto, la parte apelada pide la desestimación de este re-curso por frívolo;

Por cuanto, para discutir tal cuestión tuvo que entrar en el exa-men de la prueba presentada en juicio;

Por Cuanto, no tenemos ante nosotros una certificación de la prueba presentada en la corte inferior, no siendo suficiente para los fines de la desestimación que la moción esté jurada.

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestimación.


text:
    No. 6805.
    Orcasitas, apldo., v. Hernández, et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Diciembre 18, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Vista la moción del apelado para que desestimemos por frívola esta apelación y no teniendo ante nosotros todos los documentos ne-cesarios para resolver la cuestión propuesta, no ba lugar a acceder' a lo solicitado.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos jueces, la corte desestimó, por frívolos, los recursos interpuestos.

Nos. 6452, 6481, 6504, 6505, 6506, 6770, 6792, 6793, 6794, 6817.

En los siguientes casos, a propuesta de sus distintos jueces, la-, corte se negó a desestimar, por frívolos, los recursos, por no apa-recer que claramente lo fueran, no habérsele convencido o estar con-vencida de, o demostrádosele, la supuesta frivolidad.

Nos. 6471, 6557, 6665, 6688, 6746, 6764, 6791, 6797, 6805, 6819,. 6872, 6881.


text:
    No. 6653.
    Benítez Rexach, como Manager del Escambrón Beach Club, aplte., v. Pillado, apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 13, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Celebrada la vista de la moción para desestimar y apareciendo' que el apelante no ha radicado alegato a pesar de que la última pró-rroga que tenía para presentarlo venció en junio 18 de 1934, se de-clara con lugar la moción y por tanto se desestima la apelación esta-blecida en este caso contra sentencia dictada por la Corte de Distrito' de San Juan en febrero 12, 1934.


text:
    No. 6735.
    Nadal Vda. de Del Moral, etc., aplda., v. Domínguez, aplte.
    C. D. Mayagüez.
    Diciembre 12, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vista la moción que antecede con la asistencia de ambas partes,, habiendo la parte apelante explicado satisfactoriamente la demora en la presentación de su alegato, el cual ha sido radicado ya en la se-cretaría de este Tribunal, no ha lugar a la desestimación solicitada..


text:
    No. 6816.
    López Vda. de Alvarez, aplte., v. Franquis, apldo.
    C. D. Humaeao.
    Noviembre 13, 1934.
   (Por la Corte, a, propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, en este caso se dictó sentencia por la Corte de Dis-trito de Humaeao en junio 30, 1934 habiéndose notificado la misma, al abogado de la demandante con fecha 11 de julio 1934.

Por Cuanto, el demandado alega que la apelación se estableció-el 17 de agosto, 1934 y por el contrario la demandante sostiene que ella apeló el día 11 de agosto de diebo año.

BoR Cuanto, el hecbo cierto es que el 11 de agosto de 1934 el abogado de la parte apelante estando enfermo, por conducto de un mecanógrafo mandó equivocadamente por correo la notificación de apelación al secretario de la corte de distrito de San Juan en vez de dirigirla al secretario de la corte de distrito de Humacao.

Por Cuanto, el 17 de agosto de 1934 las partes firmaron una es-tipulación para tramitar la apelación mediante exposición del caso.

BoR cuanto, el becbo de mandar la apelación al secretario de la corte de distrito de Humacao no es prueba de su actual recepción por tal secretario pues la ley exige que el apelante pruebe que el secretario recibió la apelación dentro del término fijado por el esta-tuto.

Por Cuanto, según los becbos de este caso por culpa del abogado de la parte apelante o por error el escrito de apelación no hubiera podido llegar a manos del secretario de la corte sentenciadora den-tro del término que dipone la ley.

Por cuanto, ni el becho de estar enfermo el abogado de la parte apelante ni ninguna otra causa semejante es suficiente disculpa por la razón de que el término es fatal y esta corte carece de discreción para permitir una apelación fuera de término.

Por cuanto, por otra parte, el apelante admitió que la sentencia le fué notificada el día 11 de julio de 1934 y que apeló el día 11 de agosto de 1934 lo cual equivale a admitir que radicó la apelación fuera de término pues los 30 días contados a partir de la notifica-ción del escrito de apelación vencieron el 10 y no el 11 de agosto de 1934 ya que el mes de julio tiene 31 días.

Por tanto, se declara con lugar la moción del apelado y en su consecuencia se desestima la apelación establecida en este caso contra sentencia dictada por la corte de distrito de Humacao en julio 30, 1934.


text:
    No. 6837.
    Rubio, aplda., v. Calderón, et al., apltes.
    C. D. Humacao.
    Noviembre 27, 1934.
   Celebrada la vista de la moción para desestimar y apareciendo de la certificación acompañada que la apelación se estableció ocho días después de vencido el término y que por otra parte los apelantes han dejado de consignar en la Secretaría de la Corte Sentenciadora fianza a satisfacción del Tribunal para responder al demandante de daños y perjuicios y de las costas del recurso; vistas las secciones 11 y 12 de la Ley de Desahucio aprobada en marzo 9 de 1905, se desestima la apelación establecida en este caso contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao en septiembre 15, 1934.


text:
    No. 6909.
    Ascencio, aplte., v. Martínez y Casanova, apldos.; El Pueblo de Puerto Rico, Interventor y apldo.
    C. D. San Juan.
    Enero 16, 1935.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

A las mociones de los demandados apelados y del interventor ape-lado de diciembre 21, 1934, y enero 9, 1935, respectivamente, solici-tando la desestimación del recurso de apelación interpuesto por el demandante en este caso, vistas con la sola asistencia del abogado de los demandados apelados, apareciendo de las dichas mociones y de los documentos a la primera acompañados que la sentencia ape-lada se dictó el 10 de noviembre de 1934 y se notificó a la parte per-didosa el 15. del propio mes y año quedando en ese mismo día ar-chivada con los autos copia de la notificación, y apareciendo además que el escrito de apelación se radicó el 17 de diciembre siguiente, cuando ya había transcurrido el término de un mes que fija la ley para establecer la apelación, contado a partir de la fecha del archivo de la notificación con los autos, se desestima, por falta de jurisdic-ción, el recurso.


text:
    No. 6901.
    Alvarez, apldo., v. Rossi, aplte.
    C. D. San Juan.
    Enero 16, 1935.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Vistas las dos mociones que anteceden y apareciendo que el es-crito de apelación fué radicado fuera de tiempo, de acuerdo con la constante jurisprudencia de este Tribunal aplicando la sección 2 de la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, enmendatoria del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, no ha lugar a la moción del ape-lante solicitando oportunidad para presentar prueba sobre la fecha del recibo de la notificación de la sentencia, y se desestima por falta de jurisdicción la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en 13 de octubre de 1934.


text:
    No. 6779.
    Cantero Fernández & Co., Inc., en sindicatura, aplda., v. Gran Logia de Distrito No. 41, etc., apltes.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 6, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

Por cuanto, entablado un pleito en cobro de dinero en la Corte de Distrito de San Juan por la demandante contra la demandada, ésta radicó una moción eliminatoria que, una vez vista, fué declarada sin lugar; y

PoR cuanto, la demandada apeló de la resolución de la Corte y la demandante solicita la desestimación del recurso por no ser ape-lable la resolución recurrida, habiéndose celebrado la vista de la mo-ción el 5 de noviembre actual con la sola asistencia de la parte de-mandante y apelada:

Poe tanto, visto el art. 295 del Código de Enjuiciamiento Civil que establece los casos en que procede el recurso de apelación para ante esta Corte Suprema de sentencias y resoluciones de las Cortes de Distrito y no estando éste comprendido en ninguno de ellos, debe declararse y se declara con lugar la moción y en su consecuencia se desestima el recurso.

(C) Desistimientos

(a) CASOS EN QUE SE TUVIERON POR DESISTIDOS A DOS APELANTES, A SU PROPIA INSTANCIA, DE DOS RECURSOS INTERPUESTOS

Nos. 989 (), 5493, 5791, 6107, 6116, 6140, 6413, 6539, 6561, 6616, 6617, 6634, 6643, 6664, 6669, 6704, 6705, 6723, 6741, 6742, 6765, 6789, 6790, 6799, 6801, 6808, 6818, 6826, 6829, 6832, 6834, 6838, 6848, 6864, 6889, 6897, 6918.

        i1) Oertiorari.


text:
    No. 5502.
    Pueblo, apldo., v. Urdaz, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Julio 23, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, los únicos señalamientos de errores son:

“1. Erró el Hon. Juez de la Corte de Distrito de Arecibo al apreciar la prueba y declarar al acusado culpable del delito imputádole, negándole el be-neficio de la duda que confesó existía en su ánimo.
“2. Erró la Corte de Distrito de Arecibo al considerar y tener en cuenta para la resolución del caso dos declaraciones escritas prestadas por testigos de El Pueblo ante el Juez de Paz de Hatillo, que se encontraban unidas al expe-diente y las que no habían sido presentadas en evidencia ni eran admisibles.”

Por Cuanto, después de practicada la prueba ocurrió el incidente siguiente:

“Abogado Sr. Pérez Casalduc. Es mi caso. Y, sometemos el caso de por-tar armas con la misma prueba de este caso de acometimiento y agresión grave.
‘ ‘ Hon. Eiscal. Conforme.
“Ambos letrados argumentaron.
“Abogado Sr. Pérez Casalduc. Quiero que conste, que la corte ha dicho que lo que le convence de la veracidad de los testigos de cargo son dos decía-raciones prestadas por los testigos dadas el día después del hecho que decla-raron lo misino.
“Hon. Juez. La corte liaee constar que la convencen las declaraciones de los testigos prestadas aquí, pero como ha insistido la defensa en que el arma no lia sido ocupada, la corte expresa al abogado, ex-parte, que si alguna duda tuviera de las declaraciones de los testigos prestadas en sala, esa duda queda desvanecida por la circunstancia, de que estando el caso fresco en la mente de los testigos, las declaraciones prestadas al día siguiente fueron las mismas.
“Abogado Sr. Pérez Casaldue. Y que esas declaraciones que están en autos no fueron sometidas en evidencia.’’

PoR cuanto, de lo transcrito no se desprende claramente que el juez de distrito tuviera verdadera duda respecto a la culpabilidad del acusado y menos que tuviera una duda razonable en cuanto a tal culpabilidad.

Boa cuanto, la sentencia por su faz está basada en la prueba practicada durante el juicio y según las manifestaciones del juez de distrito arriba expresadas lo que le convenció fué dicha prueba, no apareciendo de otro modo que dicho juez considerara seriamente o tomara en cuenta para la resolución del caso las dos declaraciones escritas prestadas por testigos de El Pueblo ante el juez de paz.

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo, P. R., con fecha 13 de octubre de 1933, en el caso de epígrafe.


text:
    No. 5543.
    Pueblo, apldo., v. Orellana, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Noviembre 10, 1934.
   Apareciendo de la moción del Fiscal y certificación acompañada que el acusado cumplió la sentencia apelada, archívese el presente recurso.


text:
    No. 5552.
    Pueblo, apldo., v. Vargas, aplte.
    C. D. Aguadilla.
    Noviembre 12, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por Cuanto, Manuel Vargas, apeló de la sentencia que le condena a pagar una multa por haberse dedicado en diciembre de 1933 al negocio de ómnibus de motor (guaguas) sin haberse provisto de una patente creditiva de haber pagado $2.50 que como arbitrio municipal fijó la Asamblea Municipal de Aguadilla en su ordenanza aprobada el 19 de abril de 1933 para fijar el tipo de contribución por con-cepto de patentes de industrias y comercio durante el año económico de 1933-34.

Por Cuanto, en el caso de El Pueblo v. Irizarry que resolvimos el 6 de junio de 1934, 46 D.P.R. 898, hemos declarado por los mo-tivos que allí expusimos que las asambleas municipales no pueden imponer esa clase de contribución, por lo que el apelante no puede ser condenado por la infracción que se le imputó:

Por taNto, debemos revocar la sentencia apelada y dictar otra •en su lugar, como la pronunciamos, absolviendo a Manuel Vargas de la denuncia que se le hizo en este caso.


text:
    No. 5570.
    Pueblo, apldo., v. Ríos, aplte.
    C. D. Guayama.
    Diciembre 18, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Visto el presente recurso con la sola asistencia del fiscal, exami-nados los dos alegatos y apareciendo que no existe el único error se-ñalado o sea que “La Hon. Corte de Distrito de Guayama erró al dictar sentencia condenatoria en este caso, por ser la misma contraria •a los hechos y a la ley”, se confirma la sentencia apelada que dictó Ja Corte de Distrito de Guayama en 5 de abril de 1934.

RECONSIDERACIONES DENEGADAS BOR LA CORTE DURANTE EL PERÍODO Q.UE CUBRE EL PRESENTE TOMO

Por la corte, a propuesta de sus distintos jueces, se declaró no haber lugar a las reconsideraciones solicitadas en los siguientes casos:

Nos. 5135, 5511, 5519, 5541, 5548, 5592 y 5646.


text:
    No. 5481.
    Pueblo, apldo., v. Díaz, aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 12, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, esta apelación se interpuso en 6 de julio de 1933 y -en 22 de noviembre de 1934 esta corte dictó una orden para que la parte apelante expusiese las razones para no desestimar el recurso interpuesto;

Por cuanto, el acusado, que ha presentado ya su alegato, solicita que el recurso continúe tramitándose, y el fiscal no ha expuesto razón alguna para que no se acceda a lo solicitado;

Por tanto, se ordena que continúe la tramitación del recurso in-terpuesto.


text:
    Nos. 5235, 5236 y 5237.
    Pueblo, apldo., v. Sierra (a) Luis Dalta, acusado, aplte.
    C. D. San Juan.
    Diciembre 12, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Por cuanto, la apelación en estos casos se interpuso en 27 de agosto de 1932 y en 20 de marzo de 1932 esta corte, después de citar al apelante para que expusiese las causas por las cuales no debía des-estimarse la apelación, oído su informe, dispuso que continuase la-tramitación de estos recursos;

Por CUANTO, dictada una nueva orden para mostrar causa y se-ñalado el día 10 del corriente mes para la vista del mismo, compa-reció el apelante manifestando que babía radicado su alegato, que su apelación es meritoria y que en la misma se discuten importantes cuestiones de derecho, y solicitando que se continuase la tramitación de los recursos, a cuya solicitud se opuso el fiscal;

PoR tanto, teniendo en cuenta que no se ha solicitado la deses-timación de los recursos de apelación en estos casos y las razones aducidas por la parte apelante, se accede a lo solicitado y se ordena que continúe la tramitación de los recursos interpuestos.


text:
    No. 5491.
    Pueblo, apldo., v. Quirós, aplte.
    C. D. Bayamóm
    Diciembre 12, 1934.
   (Por lq, Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Pos cuanto, esta apelación se interpuso en 4 de abril de 1934 y en 22 de noviembre del mismo año esta corte dictó una orden para que la parte apelante expusiese las razones para no desestimar el recurso interpuesto;

PoR Cuanto, el acusado solicita que en vista de la importancia del caso apelado, de que se trata de una sentencia que le condena a diez y seis años de presidio y de que ha radicado su alegato, se le permita continuar tramitando el recurso de apelación y el fiscal na ha expuesto razón alguna para que no se acceda a lo solicitado;

Por tanto, teniendo en cuenta la radicación del alegato y las ra-zones aducidas por el acusado, se accede a lo solicitado y se ordena que continúe la tramitación del recurso interpuesto.


text:
    No. 5559.
    Pueblo, apldo., v. Jiménez, acusado y aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 12, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, esta apelación se interpuso en 6 de diciembre de 1933 y en 22 de noviembre de 1934 esta Corte dictó una orden para que la parte apelante expusiese las razones para no desestimar el recurso interpuesto;

Por Cuanto, el acusado, que ha presentado ya su alegato, solicita que el recurso continúe tramitándose, y el fiscal no ha expuesto ra-zón alguna para que no se acceda a lo solicitado;

Por tanto, se ordena que continúe la tramitación del recurso in-terpuesto.


text:
    No. 5352.
    Pueblo, apldo., v. Coto, conocido por Yoyo, acusado y apelante.
    C. D. Ponce.
    Julio 3, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Yista la moción de El Pueblo de Puerto Rico y la oposición del apelante y visto también el señalamiento de errores en el alegato ya presentado por este último, la corte, en ejercicio de su discreción, declara sin lugar la moción de desestimación basada en la falta de alegato.


text:
    No. 5408.
    Pueblo, apldo., v. Morales y Roque, acusados y aplte. el primero.
    C. D. Humacao.
    Julio 11, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por cuanto, el Fiscal pide la desestimación de este recurso por falta del alegato del apelante, quien en el acto de la vista lo ofreció al Tribunal, pidiendo permiso para que quede en los autos.

Por Cuanto, en la vista el fiscal manifestó que además la apela-ción era frívola, aunque tal no era el fundamento de la moción.

Por cuanto, examinados los autos y el alegato parece que es ma-teria de discusión si fué el apelante mismo, más bien que su em-pleado, quien voluntariamente ofreció en venta la leche adulterada.

Por cuanto, un examen ligero de la prueba hace surgir la duda de si el gobierno probó claramente que el acusado tuvo intervención en la venta u ofrecimiento en venta de la leche adulterada, cuando el mismo empleado declaró que él compró la leche independiente-mente :

Por tanto, ejercemos nuestra discreción y permitimos el archivo del alegato, autorizando la continuación del recurso.


text:
    No. 5495.
    Pueblo, apldo., v. Ramos, acusado aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 30, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Por cuanto, en mayo 3 de 1934 el Fiscal solicitó la desestimación de la apelación alegando que el legajo de la sentencia fué radicado en 7 de abril de 1934 y que la transcripción de evidencia en dicho caso fué radicada el día 7 del mismo mes, habiendo expirado el tér-mino de veinte días concedido por el Reglamento sin que el apelante hubiese radicado su alegato;

Por Cuanto, esta Corte, en 21 de mayo de 1934, luego de vista la moción de desestimación con la comparecencia del Fiscal, concedió a solicitud del apelante un nuevo término de veinte días para radi-car su alegato;

PoR CUANTO, en 30 de octubre de 1934 el Fiscal radicó una mo-ción solicitando nuevamente la desestimación de la apelación porque el acusado dejó transcurrir la última prórroga, que venció el día 8 de julio de 1934, sin haber presentado su alegato y sin que se hu-biese concedido otra prórroga por este tribunal;

Pos CUANTO, ese mismo día el acusado radicó su alegato en este Tribunal;

Por tanto, se declara sin lugar la moción de desestimación, y se reinstalan los casos Nos. 5592 y 5519, por tratarse de hechos atribui-dos al acusado que ocurrieron simultáneamente y por haberse esta-blecido estos recursos de apelación basándolos en la misma transcrip-ción de evidencia.


text:
    No. 5655.
    Pueblo, apldo., v. Torres, acusado y aplte.
    C. D. Ponce.
    Diciembre 18, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Presidente Sr. del Toro.)

A la moción del Fiscal solicitando la desestimación del recurso por no haberse presentado en tiempo el alegato del acusado apelante, ha-biendo en consideración el hecho de haberse dirigido la notificación da haber quedado la transcripción radicada a la Penitenciaría de Pío Piedras donde, según la propia transcripción, se encontraba recluido el acusado, cuando es lo cierto que donde está recluido es en la Cár-cel del Distrito de Ponce, no ha lugar, concediéndose al dicho acu-sado apelante un nuevo término que vencerá el 7 de enero de 1935 para presentar su alegato.


text:
    No. 5588.
    Pueblo, apldo., v. Archilla, acusado y aplte.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 6, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)

Por cuanto, en 19 de febrero de 1934 Manual Archilla Colón fué declarado culpable de un delito de abuso de confianza y condenado a la pena de treinta dólares de multa o en su defecto un día de cár-cel por cada dólar que dejara de satisfacer;

Por cuanto, en la misma fecha apeló el acusado de la sentencia y la corte, previa solicitud, ordenó la preparación de la transcrip-ción de evidencia, y en 21 de marzo de 1934 el acusado solicitó y obtuvo de la corte una prórroga de treinta días, habiéndosele exi-mido del pago de los derechos que determina la ley para la trami-tación de la apelación interpuesta;

Por cuanto, según la certificación que obra en autos, expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan en 21 de mayo de 1934, no se ba presentado nueva moción de prórroga ni radicado en la corte inferior la transcripción de evidencia ni ningún otro es-crito que formalice la apelación;

PüR CUANTO, si bien es cierto que en 8 de septiembre de 1934 se radicó en este tribunal la transcripción de evidencia, el acusado no ba expuesto ninguna razón para explicar por qué dejó de presentar ante la corte inferior una moción de prórroga, permitiendo que ven-ciera la que le fué concedida por dicbo tribunal, sin que se baya solicitado de esta corte la concesión de un nuevo término;

Piob Cuanto, en 9 de julio de 1934 el Fiscal solicitó la desesti-mación de esta apelación por encontrarse en completo abandono y por no haberse cumplido con las disposiciones del artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal, enmendado en 18 de abril de 1925;

PoR tanto, se desestima el recurso interpuesto por el referido acusado.


text:
    No. 5090.
    Pueblo, apldo., v. Soto, acusado y aplte.
    C. D. Arecibo.
    Diciembre 3, 1934.
   Celebrada boy la vista de la moción de desestimación presentada por el Fiscal de este Tribunal, sólo compareció el abogado Luis Janer, Fiscal Auxiliar, y apareciendo de la moción y certificación acompa-ñada que el apelante no ba becbo gestión alguna para perfeccionar el recurso desde el día 8 de marzo de 1933 en que le fué concedido por este Tribunal un nuevo término para radicar la exposición dsl caso, se declara con lugar la moción y en su consecuencia se deses-tima, por abandono, la apelación establecida contra sentencia dictada en este caso por la Corte de Distrito de Arecibo.

Los siguientes casos fueron desestimados por el fundamento ex-presado :

Nos. 5101, 5451, 5482, 5505, 5506, 5507, 5512, 5517, 5519, 5520, 5541, 5542, 5544, 5545, 5546, 5547, 5554, 5555, 5561, 5571, 5572, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5584, 5585, 5586, 5587, 5592, 5594, 5598, 5602, 5604, 5605, 5608, 5609, 5611, 5613, 5619, 5620, 5623, 5625, 5628, 5633, 5635, 5637, 5650, 5653, 5654.


text:
    No. 5503.
    Pueblo, apldo., v. Martínez, acusado y aplte.
    C. D. Guayama.
    Julio 3, 1934.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Aldrey.)

Por Cuanto, el Fiscal de este Tribunal Supremo nos pide que des-estimemos la apelación interpuesta por el acusado contra la sentencia condenatoria dictada contra él, porque el escrito de apelación no fué notificado al Fiscal;

Por CUANno, el apelante se opone a esa solicitud alegando que por estar preso no le fué posible tomar la firma del Fiscal en el original del escrito de apelación, entendiendo que lo baria el secretario de la corte, pero que hizo esa notificación por correo;

PoR Cuanto, el secretario de la corte no tiene el deber de hacer tal notificación y no se nos ha presentado prueba alguna de que dicha notificación fué hecha por correo;

P.OR cuanto, no constando que el Fiscal fué notificado de esta apelación carecemos de jurisdicción para conocer de ella;

Por tanto, por el motivo expresado se desestima la presente ape-lación interpuesta contra la sentencia de 6 de octubre de 1933.

Los siguientes casos fueron desestimados por el fundamento ex-presado :

Nos. 5501C), 5504, 5509, 5510, 5518, 5522, 5523, 5538, 5539, 5540, 5549, 5560, 5581, 5582, 5589, 5590, 5591, 5595, 5597, 5599, 5600, 5606, 5607, 5616, 5629, 5632.

      (*) Desestimada la apelación en cuanto a uno de los apelantes.


text:
    No. 5636.
    Pueblo, aplte., v. Vergara, acusado y apldo.
    C. D. San Juan.
    Noviembre 6, 1934.
   Por cuanto, en 16 de noviembre de 1933 se celebró ante un ju-rado un juicio contra Ricardo Vergara por un delito de asesinato y después de terminada la prueba de la acusación la defensa solicitó que la corte instruyera al jurado para que rindiera un veredicto ab-solutorio ;

Por cuanto, la corte, de conformidad con lo solicitado, ordenó la absolución perentoria de dicho acusado, habiendo el jurado ren-dido un veredicto de acuerdo con la orden de la corte;

Por cuanto, el Fiscal Sr. Romaní interpuso recurso de apelación contra la orden referida y el acusado, por conducto de sus abogados, solicita que se desestime el recurso interpuesto entre otras razones porque la cuestión que plantea El Pueblo de Puerto Rico resulta aca-démica, toda vez que el acusado no podría ser sometido a un nuevo juicio por el mismo delito en el caso de que se revocara la orden apelada;

Por tanto, de acuerdo con la opinión emitida por esta corte en los casos de El Pueblo v. Cabrera, 47 D.P.R. 185, y El Pueblo v. Noonan, 46 D.P.R. 724, se declara con lugar' la moción y se deses-tima el recurso interpuesto.

(C) DESESTIMIENTOS

(a) CASOS en que se tuvieron por desistidos a los apelantes, a su PROPIA INSTANCIA, O PORQUE SE ALLANARON A LA DESESTIMACIÓN SOLICITADA POR EL RISCAL, DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS.

Nos. 42, 5565, 5566, 5567, 5568, 5593, 5601, 5603, 5610, 5612, 5614, 5615, 5617, 5618, 5621, 5622, 5624, 5626, 5627, 5640, 5657, 5662, 5685, 5687, 5700.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Rosario Garzot de Fernández, Matilde Garzot de Fernández, Faustino Fernández Rodríguez y Angel Fernández Ortiz, demandantes y apelados, v. Garzot & Fuertes, Rosario Aguayo de la Fuente Vda. de Garzot, United Porto Rican Bank y United Porto Rican Sugar Company of Porto Rico, demandados y apelante el penúltimo.
    No. 6796.

    Sometido: Enero 14, 1935.

      Resuelto: Enero 23, 1935.

      Francisco González, Jr., abogado del apelante; Leopoldo Feliú, abo gado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Como en este caso la sentencia fue dictada sobre las alegaciones, el legajo necesario para nuestra consideración del mismo lo constituirían la demanda, la contestación, la sentencia en sí, el escrito de apelación y la certificación de los autos. Los apelados, que fian solicitado la desestimación del recurso, dicen que la transcripción no podía posiblemente exceder de cincuenta páginas.

El escrito de apelación fué radicado el 21 de julio de 1934. Al presentarse la moción, Rabian transcurrido más de cuatro meses a partir de dicha fecha y más de cinco meses desde que se dictó la sentencia. La parte apelante obtuvo de-este tribunal varias prórrogas. Las razones aducidas para solicitarlas fueron poco satisfactorias, dados los pasos real-mente sencillos necesarios para perfeccionar la apelación que tenemos ante nos. Los apelantes sostienen que están en tiempo, toda vez que la última prórroga no había expirado al presentarse la moción. De conformidad con nuestro regla-mento y discrecionalmente, no estamos limitados por prórro-gas ex parte cuando el apelante sin causa que realmente le justifique se ha tomado más de noventa días para preparar los autos. Véase la regla 59.

El recurso debe ser desestimado por falta de gestión.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    El Banco de Puerto Rico, como liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco del Moral y su esposa Rosa Torrellas Guerrero, demandados y apelantes. El Mismo v. Los Mismos. El Mismo v. La Mercantil Moral & Cía., S. en C., demandada y apelante.
    Nos. 6906, 6907 y 6908.

    Sometidos: Enero 21, 1935.

      Resueltos: Enero 24, 1935.

      J. Sabwter j J. Alemañy Sosa, abogados de los apelantes; García Méndez & García Méndez, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación de estos tres recursos por no ser apelables las resoluciones recurridas.

La cuestión envuelta en todos es la misma. El Banco de Puerto Rico, como liquidador del Banco Comercial de Puerto Rico, inició contra Francisco del Moral y su esposa y Moral y Co. S. en C. tres procedimientos ejecutivos sumarísimos en cobro de créditos garantizados con hipotecas.

Ordenado y practicado el requerimiento de los deudores y no satisfechas las deudas, el 20 de febrero de 1934 se ordenó la venta en pública subasta de las fincas hipotecadas.

Y así las cosas, el 17 de marzo de 1934 los deudores pre-sentaron en los tres procedimientos mociones de suspensión e intervención. Alegaron la falsedad de los títulos del acreedor. Se opuso éste y la corte finalmente, el 31 de julio de 1934, desestimó las mociones y en su consecuencia declaró no haber lugar a la suspensión. Los deudores apelaron para ante este tribunal.

La ley aplicable está contenida en el artículo 175 del Re-glamento de la Ley Hipotecaria que en lo pertinente dice:

“Los procedimientos sumarios a que se refiere esta Sección, no podrán suspenderse por medio de incidentes ni por otro alguno, a instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de ningún otro que se presente como interesado, salvo en los siguientes casos:
“Io. Si se justificare documentalmente la existencia de un pro-cedimiento criminal por falsedad del título hipotecario en cuya virtud se proceda, en que se haya admitido querella o dictado1 auto de pro-cesamiento.
“2o. Si se interpusiere una tercería de dominio, acompañando inexcusablemente con ella título de propiedad de la finca de que se trate, inscrito a favor del tercerista con fecha anterior a la inscrip-ción del crédito del ejecutante y no cancelado en el Registro.
‘13o. Si se presentare certificado del Registrador, expresivo de que-dar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los Registros en donde se haya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus causantes o eausahabientes, acreditándose también dacumentalmente el título de transmisión en su caso.
“En el primer caso, subsistirá la suspensión hasta que termine la causa criminal, pudiéndose reanudar entonces el procedimiento si no quedase declarada la falsedad.
“En el segundo caso, subsistirá hasta el término del juicio de tercería.
“En el caso tercero, el Juez convocará a las partes a una compa-recencia, debiendo mediar cuatro días desde la citación; oirá a las partes, admitirá los documentos que presenten, y acordará en forma, de auto lo que estime procedente dentro de segundo día.
“Será apelable en ambos efectos este auto cuando ordenare la suspensión. ’ ’

Es terminante. Sólo cabe apelar cuando se decreta la suspensión. Aquí se negó. La apelación no existe.

Los deudores sostienen, impugnando las mociones de desestimación, que:

“El estado de derecho actual hace anacrónicos los requisitos exigi-dos por el artículo 175 del Reglamento de la Ley Hipotecaria para obtener la suspensión del procedimiento ejecutivo sumario por el fundamento de falsedad del título, debido a las disposiciones del Art. 2o. del Código de Enjuiciamiento Civil, que establece indepen-dencia absoluta en el ejercicioi de las acciones civil y criminal, según la jurisprudencia de esta Hon. Corte Suprema en los casos de Zalduondo vs. Sánchez, 15 D.P.R. 231 y Guzmán vs. Vidal, 19 D.P.R. 841. Igualmente la disposición de dicho artículo 175 de que el auto que se dicte en el procedimiento de suspensión sólo será ape-lable si decreta la suspensión, es también anacrónica por conceder a una parte un derecho que niega a la otra y ser contraria a lo es-tablecido por nuestra Carta Orgánica y la Constitución de los Esta-dos Unidos que reconoce igual oportunidad a todas las partes ante la Ley.”

La primera cuestión que se suscita va a los méritos de los recursos. No cabe considerarla ya que el único motivo alegado para pedir la desestimación, es que las resoluciones de que los deudores se quejan no son apelables.

La segunda se formula limitándose los deudores á esta-blecer una conclusión legal sin razonamiento ni cita de auto-ridades que la sostengan. No se nos ha convencido de que la concesión del recurso de apelación sólo en el caso de que se ordene la suspensión, sea contraria a nuestra Carta Orgá-nica y a la Constitución de los Estados Unidos. A nuestro juicio está en armonía con la rapidez del procedimiento que es uno de los propósitos esenciales de la ley especial sobre la materia, sin que ello quiera decir que el deudor quede huérfano de todo remedio para defender sus derechos.

Deben desestimarse los recursos.


text:
    Benjamin J. Horton, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 941.

    Sometido: Noviembre 24, 1934.

      Resuello: Enero 25, 1935.

      José Saiater, abogado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En el caso civil No. 17090 seguido por Benjamin J. Horton en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Desideria Torres viuda de Mari, dicha corte dictó una .orden que dice:

“'OedeN.' — -Vista la moción que antecede y los méritos de la misma, y apareciendo del récord que Andrés Orsini y Rodríguez fué advertido por los edictos que se publicaban que si no reclamaba sus derechos el día de la subasta se procedería a cancelar en el Registro de la Propiedad su anotación de embargo, y toda vez que el importe de la subasta verificada por el demandante Benjamin J. Horton no .fué suficiente a cubrir su reclamación, la CORTE ordena al Secretario que expida un Mandamiento dirigido al Registrador de la Propie-dad de San Germán, a fin de que este funcionario proceda a cance-lar totalmente en sus libros la anotación de embargo existente sobre la finca rematada a favor de Andrés Orsini y Rodríguez, y que se cancele asimismo cualquier anotación que originara el contrato agrí-cola que motivó la acción No. 17,162 de esta propia Corte de Distrito, y cuyo contrato se constituyó por affidavit No. 1118 de fecba 2 de abril de 1930 ante el Notario Emilio Forestier Gregory. Mayagíiez, P. R., octubre 9, 1934. Firmado: Charles E. Foote, Juez de Distrito. ’ ’

En cumplimiento de la misma, el secretario de la corte expidió nn mandamiento dirigido al registrador de la pro-piedad de San Germán en el que se transcribe íntegra la orden, se describe la finca de que se trata y se requiere a dicho funcionario para que proceda a practicar la cancela-ción ordenada.

Y presentado el mandamiento en el registro a los solos efectos de la cancelación del embargo, causó la siguiente nota:

“deNEgado el documento que precede, sólo en cuanto a la cancelación del embargo trabado por Andrés Orsini, de que se solicitó ins-cripción por no aparecer aún inscrita la finca subastada a nombre de Benjamin J. Horton, sin que tampoco se haya traído a la vista la correspondiente escritura de venta judicial o los documentos objeto del procedimiento, como complementarios, por lo menos, a dicho man-damiento de cancelación, justificativos de tales importantes antece-dentes, a fin de ser calificados juntamente con dicho mandamiento para venir en conocimiento si en los procedimientos seguidos por el Marshal en dicha subasta, fueron observadas las formalidades de Ley, toda vez que no prevalece la presunción legal de que todo ello se haya hecho en debida forma, sino que incumbe al comprador en dicha subasta probarlo al Registrador con documentos auténticos, D.P.R. tomo 21, página 554, y además porque tales antecedentes de-ben constar en el Registro para conocimiento y garantía de compra-dores subsiguientes, D.P.R. tomo 22, páginas 339, 755 y 758; D.P.R. tomo 1, página 278, D.P.R. tomo 36, página 316, TOMÁNDOSE en su lugar ANOTACIÓN PREVENTIVA. . .”

No conforme Benjamin J. Horton, interpuso el presente recurso gubernativo.

Hemos examinado las decisiones invocadas por el Registrador para sostener sn nota. La del tomo I debe estar equivocada, pnes la que aparece a la página citada no guarda relación con el caso. A las páginas 287 y 462 del tomo I de las Decisiones de Puerto Rico, por Castro, se encuentran los casos de Catalán v. Uriarte et al. y Criado v. Battistini, respectivamente, que interpretan el artículo 83 de la Ley Hipotecaria, pero que no resuelven en verdad la exacta cuestión envuelta en este caso, como tampoco la resuelven las otras decisiones citadas ya que aquí no se trata de la inscripción de una venta judicial sino de la cancelación de un embargo anotado en el registro.

La Ley Hipotecaria en su indicado artículo 83 prescribe:

“Si constituida, una inscripción o anotación por providencia judicial convinieren válidamente los interesados en cancelarla, acudirán al Juez o al Tribunal competente por medio de un escrito manifes-tándolo así, y después de ratificarse en su contenido', si no hubiese ni pudiese haber perjuicio para tercero, se dictará providencia or-denando la cancelación.
“También dictará el Juez o el Tribunal la misma providencia cuando sea procedente, aunque no consienta en la cancelación la persona en cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o anotación.
“Si constituida la inscripción o anotación por escritura pública procediere su cancelación y no consintiere en ella aquél a quien ésta perjudique, podrá el otro interesado demandarlo en juicio declara-tivo.”

Anotado el embargo por providencia judicial, pudo, pues, ordenarse su cancelación por la propia autoridad judicial, como aquí se bizo. El registrador no sostiene que la corte actuara sin jurisdicción. Cree al parecer que no puede can-celar sin que antes se baya inscrito la venta judicial y sin tener a la vista los documentos que le permitan formar juicio acerca de la legalidad o ilegalidad de los procedimientos que culminaron en la venta en pública subasta.

No tiene razón a nuestro juicio. El recurrente no estaba obligado a inscribir primero la escritura de compra de la finca de que se trata. Se dirigió a la corte dentro del pleito que iniciara contra el dueño de la misma y le pidió que orde-nara específicamente la cancelación de cierto embargo que sobre la finca pesaba y la corte juzgando los méritos de su petición accedió a lo solicitado.

“El artículo 18 de la Ley Hipotecaria”, dijo esta corte por medio del Juez Presidente Sr. Hernández en el caso de Ramírez v. Registrador, 16 D.P.R. 348, “otorga a los regis-tradores la facultad de calificar bajo su responsabilidad, y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscrip-ción o anotación, todos los documentos expedidos por la auto-ridad judicial; pero dicba facultad no les autoriza examinar los fundamentos de las resoluciones judiciales, ni apoyarse en la apreciación que bagan de la legalidad de esos funda-mentos para el efecto de denegar la inscripción o anotación, por más que les sea permitido considerar si se ban dictado con la necesaria competencia en el correspondiente juicio.”

Esa doctrina ha sido seguida en repetidos casos. Debe revocarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Corcova Dávila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Humberto Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 5652.

    Sometido: Enero 23, 1935.

      Resuelto: Enero 25, 1935.

      José E. Seganra y F. Colón Gordiani, abogados del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Corcova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se formuló la siguiente denuncia:

“Yo, Manuel Parody Sánchez, vecino de Guaynabo, calle de José Ricardo Carazo, de treinta y un años formulo denuncia contra Humberto Rodríguez hoy día 26 de enero de 1934 por delito de Infrac-ción a las ordenanzas municipales cometido de la manera siguiente: Que en 26 de enero de 1934 y en el Bo. Pueblo, de Guaynabo, P. R., del Juzgado de Paz de Guaynabo, dentro del Dto. Mpal. de Río Piedras que pertenece al Dto. Judicial de Bayamón, el referido acusado Humberto Rodríguez de una manera ilegal, voluntaria y a sabiendas, y siendo dueño de la guagua C-328, se dedicaba en dicha guagua a la venta ambulante de galletas, y dulces sin pagar el ar-bitrio correspondiente al municipio de Guaynabo, P. R.; según se especifica en el apartado 11 de la ordenanza No. 91 de dicho Mu-nicipio. Hecho contrario a la Ley.”

Celebrado el juicio de esta causa en apelación procedente del juzgado municipal de Guaynabo, el acusado fue condenado a pagar una multa de $10 y las costas y en defecto de pago a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejase de satis-facer.

Se alega que la corte inferior cometió error al declararse con jurisdicción y capacidad para oír el caso en apelación y se arguye que según la denuncia los hechos fueron ejecuta-dos dentro del distrito municipal de Río Piedras que no está dentro del distrito judicial de Bayamón. La verdad es que la denuncia no es todo lo clara que fuera de desear y que su lectura no deja de originar cierta confusión. Arguye el Fiscal que Guaynabo pertenece al distrito judicial de Ba-yamón, cuya corte, y no la de San Juan, es la llamada a conocer de este caso y que la denuncia, al decir como dice, que Guaynabo está dentro del distrito municipal de Río Piedras y que pertenece al distrito judicial de Bayamón, ha establecido con claridad las distintas jurisdicciones municipal y de distrito en lo judicial, del pueblo de Guaynabo. La denuncia en realidad lo que dice es que el distrito municipal de Río Piedras pertenece al distrito judicial de Bayamón. No hay coma alguna después de la palabra “Piedras” en la querella que lia sido elevada a este tribunal, y hay que llegar forzosamente a la conclusión de que se está diciendo en la referida denuncia que el distrito municipal de Río Piedras pertenece al distrito judicial de Bayamón. Y no es ésta la verdad, aunque admitamos que se omitió inadvertidamente la palabra judicial, porque el distrito judicial municipal de Río Piedras pertenece en parte al distrito judicial de San Juan y en parte al de Bayamón.

Sin embargo, aunque la denuncia adolece de falta de cla-ridad, no es necesario resolver si es o no bastante para de-terminar la jurisdicción de la corte, porque examinando la prueba vemos que no ha quedado demostrado que en 26 de enero de 1934 se dedicase el acusado a la venta ambulante de galletas y dulces en la jurisdicción de Guaynabo. El tes-tigo Manuel Paredes, recaudador auxiliar del municipio de Guaynabo, declara que denunció a Humberto Rodríguez por-que varias veces le salió a cobrar a los que iban a vender el pan por allí el pago del arbitrio impuesto por una ordenanza municipal, y que entonces le dijeron que ellos no pagaban nada porque no eran dueños del pan, que ese pan era de Humberto Rodríguez y que se vendían galletas, dulces y pan; que el acusado tiene su fábrica en Oataño. Adolfo Salgado, testigo de la defensa, declaró que el acusado pagaba en Oa-taño un arbitrio de $12.50 trimestrales por la panadería y $2.50 por la dulcería. El acusado manifestó que tenía una fábrica de pan, galletas y dulces, que pagaba estos arbitrios en Oataño, que vende en toda la costa hasta Fajardo y que no puede decir que hubiese vendido en Guaynabo el día 26 de enero, porque él no andaba en la guagua que reparte el pan; que no paga nada por vender en Guaynabo, Fajardo, etc.

Como se verá, el acusado admitió que vendía pan en toda la costa hasta Fajardo y que no paga arbitrio alguno en Guaynabo; pero no se demostró que el día 26 de enero de 1934, como se alega en la denuncia, se hubiese dedicado a la venta de galletas y dulces en la jurisdicción de G-uaynabo.

Bebe-revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan López y otros, acusados y apelantes.
    No. 5550.

    Sometido: Enero 15, 1935.

      Resuelto: Enero 30, 1935.

      B. Rivera Zayas, abogado de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

El policía insular Anacleto Soto formuló denuncia ante la Corte Municipal de Cabo Rojo contra Jnan López y veinte y una personas más que se nombran imputándoles la comi-sión de una infracción a la Ley del trabajo, de 1902, cometida en el barrio de Llanos Costas el 21 de enero de 1934, como sigue:

. . ilegal, intencional y criminalmente, a sabiendas allí y entonces, obrando conjuntamente y de común acuerdo, armados de garrotes y machetes penetraron en la finca de Miguel Carlo y por medio de amenazas e intimidación amenazando agredir'y pegar a los ordeñadores de vacas Antonio Rosa, Sandalio Padilla, Manuel Dá-vila y Elide Rodríguez que efectuaban el trabajo de ordeño de va-cas en dicha finca si continuaban su trabajo, impidieron que dichos ordeñadores ejercieran su oficio como tales ordeñadores.”

Condenados los acusados por la corte municipal, apelaron a la del distrito, Mayagüez, donde juzgados de nuevo fueron también condenados, excepto uno que había fallecido, y no conformes recurrieron para ante este tribunal. En su ale-gato señalan la comisión de dos errores. Sostienen por el primero que la denuncia no contiene hechos suficientes para constituir el delito que se les imputa y por el segundo la in-suficiencia de la prueba.

Argumentando el primer señalamiento expresa el distinguido abogado de los apelantes que la conducta delictuosa que trata de sancionar la Ley relativa al trabajo, aprobada en 1902, envuelve por su propia definición estatutaria un delito de conspiración y que toda denuncia o acusación fundada en dicha ley debe cumplir con los requisitos que son esenciales al delito de conspiración de acuerdo con nuestro Código Penal y la jurisprudencia de Puerto Rico y de los Estados Unidos sobre la materia.

Y basándose en ello sostiene que no alegándose en la de-nuncia que los acusados se pusieran de acuerdo o actuaran de común acuerdo para impedir, obrando conjuntamente, que los ordeñadores ejercieran sus oficios como tales, no imputa la conspiración. Cita los casos de Pueblo v. Pérez, 27, D.P.R. 752 y Pueblo v. Torrellas 10 D.P.R. 542.

No estamos conformes. La Ley relativa al trabajo, fué aprobada en marzo 1,1902, Comp. 1911, p. 341. Por su sección primera consagra el derecho que tienen las personas emplea-das en cualquier ocupación, oficio, arte industrial, mecánico o manual, para reunirse ordenada y pacíficamente y coope-rar para obtener alza en el tipo de jornales o de su remu-neración, o mantener a la misma altura dicho tipo, y para organizar asambleas o uniones de industriales, obreros o braceros con el fin de mejorar las condiciones mentales y materiales de los miembros de las mismas por medios legales y pacíficos, y por su sección segunda prohibe, castigándolo como delito menos grave, el uso de fuerza, violencia, inti-midación o amenaza, o cualquiera forma de coerción por parte de cualquier persona o personas asociadas entre sí, contra cualquiera otra u otras personas, ya sea con el objeto de impedir que libremente ejerzan sus empleos, profesiones u oficios, ya con el de influir en el precio o remuneración que se les paga por su trabajo.

Se trata, pues, de algo distinto de la conspiración que prevé y castiga el Código Penal en sus artículos 62 y 63, de algo que tiene vida por sí mismo y que puede perpetrarse tanto por varias personas asociadas como por una sola persona, siendo esto último imposible en cuanto al delito de conspiración que requiere siempre la existencia de dos o más personas para que pueda cometerse.

Y examinada la denuncia únicamente a la luz de la ley relativa al trabajo, no hay duda alguna que contiene hechos suficientes para constituir el delito que trató de imputar y que imputó a los acusados.

No existe el primer error. Tampoco el segundo. La prueba no revela es cierto un acto de extraordinaria gravedad y ello explica que el juez sentenciador condenara a cada uno de los acusados a diez dólares de multa que es el mínimum de la pena fijada por la ley. Pero la prueba demuestra por entero la comisión del delito. Pone de manifiesto que los acusados entraron armados de pedazos de palo y uno de ellos de un machete en la finca de Miguel Cario donde estaban ordeñando las vacas varios-de sus trabajadores y, según las palabras textuales del primer testigo de cargo, Anastacio Rivera, “dijeron que con qué permiso se estaba ordeñando en la vaquería y yo les dije que con el permiso de don Miguel Cario, y entonces nos dijeron que no ordeñá-ramos más porque nos entraban a leña, y nosotros cogimos miedo y no seguimos ordeñando.”

Es cierto que el ordeñado de las vacas continuó, pero fué después de algunas lloras cuando llegó la policía que fué enviada a buscar al pueblo, y es cierto también que los acu-sados no agredieron a los que trabajaban en el ejercicio de un derecho y en el cumplimiento de un deber, pero los ame-nazaron y amedrentaron de tal modo que desistieron de seguir su trabajo renovándolo sólo cuando se sintieron pro-tegidos por la policía.

La circunstancia de que todos los testigos que declararon directamente contra los acusados fueron los propios empleados de Cario, no es suficiente por sí sola para dejar de dar crédito a sus testimonios. Independientemente se demostró el haberse avisado a la policía y el haber ésta acudido al lugar del suceso. Nada tuvo que hacer la Policía con los acusados porque éstos se habían ya retirado, pero el hecho de que fué avisada y acudió queda en pie.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidestte Señor del Toro,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eliezer Jiménez, acusado y apelante.
    No. 5559.

    Sometido: Enero 24, 1935.

      Resuelto: Enero 30, 1935.

      Leopoldo Tormes García, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal j Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidestte Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte Municipal de Orocovis el policía insular José I. Díaz presentó denuncia contra Eliezer Jiménez impután-dole la comisión de un delito de acometimiento y agresión grave consistente en liaber acometido y agredido en dicho pueblo en la noche del 26 de agosto de 1933 con la intención de causarle grave daño corporal a una mujer, Juana María Eivera.

La corte declaró culpable al acusado quien no conforme apeló para ante la Corte del Distrito, Ponce. Celebrado el juicio de nuevo, volvió a ser condenado el acusado que apeló entonces para ante este tribunal alegando error en la apre-ciación de la prueba. Sostiene que de ella resulta que estuvo justificado en la violencia que ejerció contra la dicha Juana María Rivera de acuerdo con la ley.

La evidencia fué contradictoria y el conflicto resuelto en contra del acusado. La agredida era su esposa que vió que con él iba otra mujer, su querida, con la cual se trabó de palabras y al tratar de pasar a los hechos el acusado las separó, agrediendo entonces innecesariamente a su esposa.

Esta versión, creída por la corte, encuentra apoyo en la delaración del policía denunciante. Otras declaraciones son confusas y llamada a la silla de testigos Juana María Rivera por la defensa, manifestó que era ella la que había agredido a su esposo a quien hubiera matado aquella noche junto con la otra mujer. La corte no dió crédito a su testimonio. Conocedora del corazón humano, concluyó que aun después de ofendida y agredida, faltaba a la verdad por salvar a su esposo, y no se lia demostrado que al actuar así cometiera error alguno.

Es cierto que la propia ley que castiga el delito de acometimiento — Ley de 1904, Comp. 1911, pág. 948 — prescribe que la violencia contra una persona no constituirá acometimiento ni acometimiento y agresión entre otros casos cuando se emplea en defensa propia o en defensa de otra persona contra la violencia ilegal ejercida contra ella o su propiedad, pero se cuida de prescribir también que sólo podrá emplearse el grado de fuerza que fuere necesario para realizar dichos fines. Secciones 2, No. 6, y 3 de la ley.

Y aquí si bien la violencia que pudo emplear el acusado para separar las dos mujeres estaría justificada, la que em-pleó inmediatamente después, según la prueba creída por la corte, contra una de ellas, su esposa, no tiene justificación y constituye un claro acto delictivo prescrito y castigado en la ley, aquél que se imputó y por el cual fué condenado el acusado.

Debe confirmarse, la sentencia recurrida.