author: El Juez Asociado SeñoR Córdova Dáyila,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Telmaín Escalera, José de Jesús Guadalupe y Amalio Rivera Mojica, acusados y apelantes los dos primeros.
    No. 4967.

    Sometido: Abril 6, 1933.

      Resuelto: Julio 19, 1933.

      W. L. Newsom, abogado de los apelantes; José B. Quiñones, Fiscal General y B. A. Gómez, Fiscal del Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado SeñoR Córdova Dáyila,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Telmaín Escalera, José de Jesús Guadalupe y Amalio Rivera Mojiea fueron condenados a tres meses de cárcel por la Corte Municipal de Humacao. Se les acusó de haber in-fringido el artículo 328 del Código Penal. En apelación, Amalio Rivera Mojiea fué absuelto, y los otros dos acusados declarados culpables por la Corte de Distrito de Humacao y condenados a $100 de multa cada uno o en defecto de pago, a un día de cárcel por cada dólar que dejasen de satisfacer, no pudiendo exceder la prisión de noventa días. En el re-curso de apelación interpuesto por los acusados para ante esta corte se señalan tres errores. Los dos primeros se basan en haber declarado la corte inferior sin lugar las excep-ciones perentorias presentadas por los acusados y en haber desestimado una moción solicitando la absolución perentoria, después de practicada la prueba del Pueblo. Las excepciones perentorias presentadas por los acusados en la corte inferior son las siguientes:

“1. — Que la acusación no contiene una exposición de los actos constitutivos del delito alegado en lenguaje claro y conciso y co-rriente y no está redactada en tal modo que cualquier persona de inteligencia común pueda entenderla, y por lo tanto no se ajusta en su fondo a los requisitos establecidos en el artículo 71 del Código de Procedimiento Criminal.
“2. — Que dicha acusación no se ajusta-en su fondo a los requi-sitos establecidos en los artículos 72 y 73 del Código de Enjuicia-miento Criminal.
“3. — Que en dicha acusación se imputa más de un delito, toda vez que se alega que los acusados voluntariamente chocaron la re-ferida máquina con el automóvil descrito en la acusación, que es un delito no comprendido en el referido artículo 328 del Código Penal.
“4. — ’Que en dicha acusación los hechos alegados no constituyen infracción alguna del referido artículo 328 del Código Penal, por-que no se alega-que los acusados estaban encargados del todo o en parte del deber de despachar o dirigir los movimientos de la refe-rida locomotora, ni tampoco se alega que dichos acusados son culpa-bles de ‘gross negligence or carelessness’.”

Los acusados argumentan conjuntamente todas estas ex-cepciones que se refieren al primer error y que están íntima-mente relacionadas con el segundo. Se trata en este caso de una denuncia presentada por un agente de la Policía Insular en la cual se dice que:

“ ... en 3 de enero de 1932 (a las 3 p. m.) y en la carretera No. 28, Sección Las Piedras,-P. R., dentro del Distrito Judicial Municipal de Humaeao, P. R., que a la vez forma parte del Distrito Judicial del mismo nombre, allí y entonces, los acusados Juan Tel-maín Escalera, Amafio Rivera Mojica y José de Jesús Guadalupe, mientras trabajaban como maquinista, chuchero y fogonero, respec-tivamente, de la máquina de tracción número 5, propiedad de la Central Juncos, debido a la poca prudencia y circunspección que tuvieron al cruzar un desvío que atraviesa la carretera insular nú-mero 28 y en el cual no había guardabarreras, voluntariamente cho-caron la referida máquina con el automóvil número P-2452 guiado por el chatoffeur Prudencio Sánchez Vélez que en ese momento ca-minaba por la carretera con dirección de Naguabo para Juncos co-rriendo a moderada velocidad, tocando bocina y por su correspon-diente derecha, resultando de dicho choque el automóvil completa-mente destrozado y los pasajeros José Texidor Just con heridas y contusiones de alguna gravedad, de lo que fué atendido en el Hospital Municipal de Oaguas por el Dr. Jenaro Barreras, y los pasa-jeros Zoilo Dueño, Antonio López Quiñones y José Jiménez Matta con heridas y contusiones de carácter leve.”

Arguyen los acusados que los tedios no aparecen alega-dos en lenguaje conciso y corriente de tal modo que cualquier persona de inteligencia común pueda entenderlos conforme a lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

El artículo 328 del Código Penal, tal y como fné enmen-dado en 1916, dice así:

“Todo conductor, maquinista, guardafreno, guardaaguja, u otra persona encargada del todo o en parte de cualquier vagón, locomo-tora, tren de ferrocarril, automóvil o embarcación y cualquier des-pachador de trenes (train dispatcher), telegrafista, jefe de estación o cualquier otra persona encargada del todo o en parte del deber de despachar o dirigir los movimientos de dicho vagón, locomotora, tren de ferrocarril, automóvil o embarcación, que por imprudencia te-meraria o descuido, lo dejase o hiciese chocar con otro vagón, loco-motora, automóvil o embarcación, tren o cualquiera otro objeto o cosa, ocasionando de este modo la muerte de una persona, incurrirá en pena de presidio por un término máximo de cinco años.
“Si como consecuencia del choque resultase daño para alguna persona, dicho conductor, maquinista, guardafreno, guardaaguja, u otra persona, incurrirá en pena de cárcel por un término máximo de dos años, o multa máxima de mil dollars, o en ambas penas a discreción de la Corte.”

Este artículo originalmente castigaba con pena de presidio a todo conductor, maquinista, etc., u otra persona encargada del todo o en parte de cualquier vagón, etc., que voluntaria-mente o por descuido lo dejare o hiciese chocar con otro vagón, locomotora, tren u otro objeto cualquiera ocasionando de este modo la muerte de una persona.

En 1908 las palabras “voluntariamente o por descuido” fueron sustituidas por las palabras “impericia, negligencia o descuido”, y en 1916 el. mismo artículo quedó enmendado, siendo una de dichas enmiendas sustituir las palabras “im-pericia, negligencia o descuido” por las palabras “impru-dencia temeraria o descuido.”

Arguyen los acusados que en este caso la denuncia está enteramente huérfana de una alegación de imprudencia teme-raria o descuido, que es sin duda alguna un requisito indispensable para que se pueda imputar una violación del artículo 328 del Código Penal.

De acuerdo con este artículo el delito puede cometerse por imprudencia temeraria o por descuido. En el caso de El

Pueblo v. del Valle, 32 D.P.R. 155, esta corte dijo que el ar-tículo, en la forma en que ha sido enmendado, establece dos formas de comisión del delito, una por imprudencia teme-raria y otra por descuido, y que cualquiera de ellas que se impute es bastante.

En la presente denuncia se alega que debido a la poca prudencia y circunspección que tuvieron los acusados al cruzar un desvío, voluntariamente chocaron la máquina con el automóvil guiado por Prudencio Sánchez Vélez. Enten-demos que dentro de esta alegación puede probarse la im-prudencia temeraria o descuido de que habla el artículo 328 del Código Penal. Para saber hasta qué grado fué poca la prudencia y la circunspección, es necesario conocer los hechos. Todo depende de la prueba. La prudencia y la circunspec-ción pueden ser tan pocas y ejercitadas en tan mínimo grado que constituyan imprudencia temeraria. La alegación es bastante. Toca a la corte apreciar la evidencia y decidir si dentro de esta alegación ha habido o no imprudencia teme-raria o descuido, o si no se ha probado ninguna de las moda-lidades del delito.

En la Enciclopedia Jurídica Española, tomo 18, pág. 517, se define así la imprudencia temeraria: “Falta de previsión de los riesgos más naturales e inmediatos de los propios actos, capaces de producir daños a las personas y en las cosas. La imprudencia temeraria, cuando estos daños llegan a veri-ficarse, hace incurrir en responsabilidad criminal; pues aunque falte en la producción del evento dañoso la malicia o estado de espíritu delictivo del agente, el temerario impru-dente revela ser un sujeto peligroso, de temibilidad notoria, en quien, mediante la pena, se hace necesaria la reeducación de la atención y de las facultades asociativas, orígenes ambas de su defecto psico-físico.”

La jurisprudencia americana se ajusta a esta definición. La falta de previsión no implica necesariamente su ausencia completa y absoluta, sino aquella falta de la previsión reque-rida dentro de las circunstancias.

Se liace también la alegación de que los acusados chocaron voluntariamente la máquina con el automóvil. En un acto negligentemente ejecutado no interviene como una cuestión de hecho la voluntad; pero si el cuidado ejercitado se reduce a un grado mínimo o si la negligencia es de tal naturaleza que adquiere el carácter de temeraria, entonces, desde el punto de vista legal, el acto surte el mismo efecto que si hubiese sido voluntario. Un acto producido por la voluntad tiene carácter positivo, mientras que un acto que surge de la negligencia tiene carácter negativo. Ambas cosas son incompatibles; pero puede decirse, sin reñir con la lógica y girando en el campo de la compatibilidad, que una persona que actúa negligente y descuidadamente en el desempeño de funciones que requieren previsión y prudencia para evitar posibles daños a terceras personas, al extremo de incurrir en negligencia crasa o imprudencia temeraria, está ejecutando voluntariamente un acto peligroso y censurable, a sabiendas de las consecuencias que puedan resultar de su imprudencia e imprevisión. En la denuncia se alega que debido a la poca prudencia y circunspección, los acusados voluntariamente chocaron la máquina con el automóvil. Se está diciendo que esta prudencia y circunspección fueron tan pocas que pro-dujeron un choque ocasionado por un acto de imprudencia voluntariamente ejecutado.

En el caso de Helme v. Great Western Milling Co., 185 Pac. 512, resuelto por el Segundo Distrito de la Corte de Apelaciones, División Segunda, de California, se define la negligencia crasa como sigue:

“Negligencia crasa es la falta completa de cuidado, o el ejercicio de un grado tan pequeño de cuidado que justifique la creencia de que hay una completa indiferencia con respecto al interés y bienes-tar de los demás. Es aquella completa falta de cuidado que ori-gina una presunción de indiferencia consciente hacia las consecuen-cias. Implica una total despreocupación de las consecuencias, sin hacer ningún esfuerzo para evitarlas . . . Mientras en un caso de negligencia crasa varios términos han sido usados para expresar el estado mental del actor, la idea que se trata de demostrar es que el acto ejecutado u omitido fué omitido o ejecutado voluntaria e in-tencionalmente. 20 R. C. L. 23. En Astin v. Chicago, etc., Co., supra, la Corte Suprema de Wisconsin dice que la negligencia crasa no está caracterizada por inadvertencia, sino ‘por una ausencia de cualquier cuidado de parte de una persona que tenga un deber que ejecutar para evitar ocasionarle daño a los derechos personales o de propiedad de otro, actuando descuidada o maliciosamente, o de-jando de evitar, por omisión, la realización del daño y poniendo de relieve una tan completa despreocupación de las consecuencias que sugiere algún grado de intención para causar tal daño.”

En Shumacher v. St. Louis & S. F. R. Co., 39 Fed. 174, 177, se define lo que constituye falta de cuidado y se dice con respecto a la negligencia crasa:

”... Un acto caracterizado por un alto grado de negligencia o como familiarmente se dice ‘negligencia crasa’, equivale a un acto voluntario. Cuando el peligro es muy grande y el cuidado para prevenir el desastre muy pequeño, o ninguno en absoluto, la negli-gencia de una parte viene a ser un acto voluntario como una cues-tión de derecho. El deber más grande de un hombre es proteger la vida humana o la persona de un ser humano. Nunca se ejecuta este deber para escapar responsabilidad hasta que se ha ejercitado todo el cuidado posible dentro de las circunstancias. La ley dice si el manejo de estos carros, después que el demandante fué descu-bierto en uno de ellos en una posición de peligro en tiempo opor-tuno para haber prevenido el daño, fué caracterizado como negli-gencia crasa, esto es equivalente a un daño intencional.”

Alegan los acusados que la denuncia no contiene ninguna alegación específica en el sentido de que los acusados estaban encargados en todo o en parte de despachar o dirigir los movimientos de la máquina. En la denuncia se alega que los acusados, mientras trabajaban como maquinista, chuchero y fogonero de la máquina de tracción No. 5, chocaron volun-tariamente, al cruzar el desvío, con el automóvil. Esta alega-ción, por lo menos en lo que se refiere al maquinista, es bastante para sostener la acusación. Es el maquinista quien gobierna y dirige la máquina. TJna persona que trabaja como maquinista y que desempeña las funciones propias y usuales de su ocupación, está gobernando y dirigiendo el movimiento de la máquina donde trabaja. No ocurre así con el fogonero. De sus funciones no se deduce que tenga alguna interven-ción en el gobierno o dirección de la máquina, y en la de-nuncia no bay ninguna alegación que pueda servir de base para determinar su responsabilidad dentro de los preceptos del artículo 328 del Código Penal.

Conviene tener en cuenta que la denuncia ba sido presentada por un agente de la Policía Insular y no por un fiscal. Este tribunal ba decidido en repetidas decisiones que no se exige la misma precisión en las denuncias que se pre-sentan a las cortes inferiores por misdemeanor que en las acusaciones formuladas en las cortes de distrito por felony. Pueblo v. Cordero, 27 D.P.R. 329; Pueblo v. Aranda, 12 D.P.R. 313; Pueblo v. Bonilla, 13 D.P.R. 41; Pueblo v. Fontana, 16 D.P.R. 656; Pueblo v. Muñoz, 22 D.P.R. 383; Pueblo v. Ferrer, 43 D.P.R. 987.

La denuncia tal y como está redactada no aduce becbos suficientes para constituir un delito contra el fogonero y contra el cbucbero, que fué absuelto por la corte de distrito. En cuanto al maquinista, si las alegaciones de la denuncia resultan sostenidas por la prueba, la sentencia de la corte inferior debe ser confirmada.

Alegan los apelantes que la teoría original del ar-tículo 328 fué incluir solamente vehículos que conduzcan pa-sajeros y que debe alegarse en la denuncia la clase de vehículo, que debe ser uno de los enumerados en dicho artículo. Aña-den los acusados que en este caso se menciona una máquina de tracción y que esta máquina no es uno de los vehículos que menciona el artículo 328 ni es tampoco una máquina que se usa para la conducción de pasajeros. No estamos con-formes con la interpretación que dan los apelantes al referido artículo. De acuerdo con el mismo, cuando por imprudencia temeraria o descuido uno de los vehículos mencionados se dejase o hiciese chocar con otro vagón, etc., la persona en-cargada en todo o en parte del deber de despachar o dirigir los movimientos de dicho vehículo incurrirá en responsabi-lidad criminal. En este caso se alega en la denuncia que como consecuencia del ¿hoque el automóvil resultó comple-tamente destrozado y los pasajeros heridos, de alguna gra-vedad unos y levemente otros. El propósito de la ley no es proteger exclusivamente a los pasajeros que viajan en el ve-hículo que produce el choque, sino también a los que viajan en el vehículo objeto de dicho choque, y a cualquier otra persona que pierda la vida o sufra daños como consecuencia del mismo. Los apelantes sostienen que el artículo 328 se refiere únicamente a trenes de pasajeros o a aquellos vehí-culos que conducen pasajeros. La ley habla de vagón, loco-motora, tren de ferrocarril, automóvil, embarcación, sin es-pecificar que ellos sean de pasajeros, y no parece razonable darle una interpretación tan restringida a un estatuto apro-bado con el propósito de castigar actos de imprudencia te-meraria o descuido que ocasionen la muerte o produzcan daño personal.

Alega por último la defensa que la corte inferior erró en la apreciación de la prueba. El accidente ocurrió en un desvío conocido con el nombre de “Sanabria”, que cruza la carretera No. 28 entre Naguabo y Juncos. Desde la Central Juncos a la Central Pasto Viejo hay una vía general que, al comenzar, partiendo de la Central Juncos, se encuentra a relativa distancia de la carretera, a la cual se acerca gra-dualmente hasta correr en líneas paralelas. El desvío co-mienza como a 55 metros de dicha carretera, la cual atraviesa, internándose en un callejón que, a juzgar por el plano que presentó como prueba la defensa, tiene una extensión de más de 200 metros de longitud. El maquinista y acusado Juan Telmaín Escalera, declara que salió con su máquina de la Central Juncos y penetró en el desvío Sanabria, cruzando la carretera, donde dejó a Amafio Rivera para que hiciera las señales con un banderín colorado cuando el testigo tocase el pito. La máquina arrastraba un vagón, destinado a carbón, que los testigos designan con el nombre inglés de “tender”. Según declara el acusado, tomó el desvío y cruzó la carretera para coger unos vagones, internándose en el callejón como unos setenta y cinco o cien metros hasta cerca de una grúa, donde pegó los vagones a la máquina. Desde allí contra-marchó para llegar al punto de partida. Al volver hacia atrás y cruzar nuevamente la carretera fue que ocurrió el accidente. Cuando tomó el desvío y atravesó la carretera para coger los vagones, la máquina iba al frente y el “tender ’ ’ o carbonera detrás. Cuando eontramarchó, después de pegar los vagones, la máquina quedó colocada entre los vagones y el “tender”, de espaldas a la carretera. Sigue declarando el testigo que cuando sintió el macetazo que sacó el “tender” como a tres pies de la vía, fue que vió el carro con el cual se produjo el choque. Manifiesta el acusado que tocó el pito cuatro veces para avisarle a Amalio Rivera que iba a pasar; que Amalio estaba haciendo señales;. que en su marcha hacia atrás no podía mirar más que el centro de la vía, porque allí la máquina sigue una curva; que cuando Amalio sintió el pito lo llamó, dándole paso en la carretera; que tocó el pito como a quince metros del paso a nivel; que no le mostró la bandera al policía porque no lo exigió.

Hemos examinado cuidadosamente el testimonio de este testigo, por tratarse de la persona que guiaba la máquina. Según declara el ingeniero y testigo de la defensa, Rafael Delgado Márquez, y demuestra el plano admitido como prueba, la carretera es completamente recta. Una persona colocada en el paso a nivel puede ver a larga distancia cual-quier carro que se aproxima. El accidente ocurrió en las horas del día, como a las tres de la tarde. Si Amalio Rivera, como dice el maquinista, quedó colocado en la carretera y prestó atención a su cometido, tuvo que ver necesariamente el carro que se aproximaba. El maquinista declara que tocó el pito a quince metros de distancia del paso a nivel. Por des-pacio que caminara la locomtora esta distancia es excesiva-mente corta para dar aviso de la aproximación de un tren. Este aviso debe ser oportunamente dado para que pueda surtir sus efectos y evitar cualquier accidente. Hay que tener en cnenta qne según la prueba había cañas a uno y otro lado de la vía al llegar a la carretera, que estas cañas estaban de corte y que la locomotora tenía que cruzarlas al aproxi-marse a la carretera. No se ha probado que Amalio Rivera hiciera señal alguna. Este testigo no fué llamado a declarar por la defensa, a pesar de que su testimonio tenía una gran importancia, contentándose con la declaración del maquinista. Se produjo la declaración de Pedro Roig, encargado del ferro-carril de la demandada, para desacreditar el testimonio del chauffeur Prudencio Sánchez Yélez, que guiaba el carro contra el cual se produjo el choque. Este testigo declara que a raíz del accidente preguntó al chauffeur del carro si había visto el hombre que estaba haciendo señales y que éste con-testó que “efectivamente estaba un hombre con un banderín rojo en la mano, pero que él, creyendo que era un pasajero que lo mandaba parar, no le hizo caso, cuando de momento se encontró con la máquina, y por el impulso que traía el carro no le fué posible aguantarlo.” El chauffeur Prudencio Sán-chez declaró que no habló con Pedro Roig y negó las mani-festaciones que se le atribuyen. El fiscal llama lg, atención hacia el testimonio del policía José R. Betancourt, quien de-claró que preguntó a los acusados, a raíz del accidente, si te-nían una bandera roja, contestándole: “No la tenemos, pero las máquinas todas usan banderas.” Se olvida el fiscal de que esta parte de la declaración del policía Betancourt fué eliminada a petición del abogado de la defensa, quien en-tonces la consideró inmaterial, y que no podemos, por lo tanto, tomarla en consideración. Este testimonio, sin embargo, es innecesario. La corte inferior, al dictar su sentencia de culpabilidad, demuestra que no dió crédito a la declaración del acusado Juan Telmaín Escalera y nosotros creemos que no estuvo desacertada en su conclusión.

Ha quedado demostrado por la prueba de ambas partes que la máquina caminaba de espaldas a la carretera cuando ocurrió el accidente. El maquinista ha debido proceder con cautela, y tomar las precauciones requeridas en estos casos para evitar accidentes. En el caso de Carreño v. Rusell & Co., 32 D.P.R. 269, esta corte dijo lo signiente:

“Un examen de los autos revela que el chauffeur de la deman-dante no fné en verdad todo lo diligente que debió, pero revela tam-bién una negligencia crasa por parte de la demandada al entrar en el paso a nivel manejando el maquinista - de espaldas a la carretera sin colocar las cadenas existentes o ya que no se colocaban, sin cer-ciorarse de si en ese momento atravesaba o no alguna persona, animal o máquina.”

Copiamos del syllabus aprobado por la Corte Suprema de Minnesota en el caso de Klotz v. Winona & St. R. R. Co., 71 N. W. 257:

“Cuando un tren y su máquina son empujados bacia atrás por sobre un cruce de una carretera, la compañía ferroviaria debe adop-tar precauciones extraordinarias, a fin de no lesionar a las personas que legalmente caminen por la vía; y esta regla es especialmente aplicable cuando el cruce se usa poco frecuentemente, y a horas irre-gulares, como un desvío.”

Cita la Corte Suprema de Minnesota en dicho caso la obra de Lawson “Rights, Remedies and Practice at Law”, tomo tercero, sección 1187, donde se sienta la regla de qne “cuando un tren está marchando hacia atrás, o vagones son empujados por una locomotora, deben tomarse precauciones extraordi-narias a fin de evitar accidentes en los cruces”, y añade:

‘1 Citamos estas autoridades como demostrativas de hasta qué punto algunos tribunales eminentes han ido al exigir de las compañías fe-rroviarias un sumo grado de diligencia y de cuidado mientras dan contramarcha a sus máquinas y vagones por cruces de carreteras en ciudades o villas populosas. En ‘Elliot on Railroads’ (tomo 3, Sec. 1162) se dice que hay muchos casos en que sólo cabe una inferencia razonable, y la corte puede declarar, como cuestión de ley, que cons-tituye negligencia hacer caminar hacia atrás a un tren en una ciu-dad populosa, por un cruce donde sea probable que haya gente, sin dar aviso o adoptar otras precauciones; pero él cree que es ir muy lejos decir que dar contramarcha a un tren es negligencia per se bajo todas las circunstancias, y que no es negligencia si se toman las precauciones adecuadas; siendo una cuestión de hecho para el jurado la de si se han tomado tales precauciones por la compañía, y de si usó el cuidado razonable bajo las circunstancias.”

En el caso de Bowles v. Chesapeake & O. R. Co., 57 S. E. 131, 132, la Corte Suprema de Apelaciones de West Virginia se expresó en los siguientes términos:

“Cuando un tren empuja vagones sobre una vía pública, de no-che, ¿no se requiere diligencia? Es mucho más peligroso que cuando la máquina va delante. No nos sentimos inclinados a decir que el aviso estatutario mediante campana o pito sería adecuado cuando se trata de un tren que está dando contramarcha a través de un cruce. Eso es para un tren que lleva la locomotora en la delantera. Entonces el aviso está en la primera pieza que se aproxima, mien-tras que, cuando el tren camina hacia atrás, es muy distinto. La campana o pito distante ofrecería muy poca seguridad. En Wood on Railroads, sección 1517, se dice: ‘No es necesariamente negligen-cia de parte de una compañía ferroviaria dar contramarcha o des-viar sus vehículos en un cruce con la carretera, ni hacer flying switches allí. Tiene perfecto derecho a hacer tal uso de esa parte de la vía, siempre que se adopten las precauciones adecuadas para la seguridad de las personas que transiten por el cruce. Pero como materia de conocimiento común, esa práctica es peculiarmente peli-grosa, y crea, por tanto, un deber en la compañía de ejercer un cui-dado extraordinario. Debe haber abundante aviso, no sólo mediante las señales acostumbradas de campana y pito, sino que debe haber un abanderado cerca de la vía o un vigilante en el vagón más pró-ximo para avisar a los viandantes que estén cerca. En éste, como en otros casos, la medida exacta del deber de la compañía, y la cues-tión respecto a si ha sido o no cumplido, incumben al jurado, si bien cuando se hace un flying switch en un cruce, sin hacer notificación alguna, ni colocar un guardián o abanderado que dé aviso, puede resolverse como cuestión de ley que la compañía fué negligente.1 En Elliot on Railroads, sec. 1162, se dice que con frecuencia se ha re-suelto que hacer que un tren camine hacia atrás por un cruce sin dar aviso ni mirar, es negligencia per se: que ésa es- una proposi-ción correcta en muchos casos, pero no en todos. Sin embargo, ad-mite que, a menos que se tomen precauciones adecuadas, constituye negligencia, y si han sido o no adoptadas es cuestión que el jurado debe determinar. Es ésta una materia muy importante para la se-guridad del público, para la preservación de la vida humana, con la cual no debe compararse el aumento en el costo del cuidado que ba de observar la compañía. La precaución debe ser razonable y adecuada en cada caso en particular. El caso de Vance v. Railway, 53 W. Va. 338, 44 S. E. 461, sostiene este criterio.”

En las decisiones anteriormente citadas se habla de las precanciones que deben adoptarse por las compañías ferro-viarias al dar contramarcha o desviar sns vehículos en nn cruce con la carretera. Esta jurisprudencia demuestra que debe ejercitarse un cuidado extraordinario. No hay duda de que estas maniobras son en extremo peligrosas y de que tanto la compañía ferroviaria, dueña del vehículo y sus vías, como las personas mencionadas en el artículo 328, están obligadas a adoptar las precauciones debidas para evitar accidentes. Si el conductor, maquinista, guardafrenos, guardaagujas u otra persona encargada del todo o en parte del vehículo, sin adoptar las precauciones que la prudencia aconseja, deja chocar dicho vehículo con otro vehículo o cualquier otro objeto o cosa, por imprudencia temeraria o por descuido, esta persona que de este modo actúa incurre en responsabilidad criminal de acuerdo con el artículo 328 del Código Penal que expresamente así lo determina.

Se hace hincapié por la defensa en la declaración de José Texidor, testigo de El Pueblo, que viajaba en el automóvil que chocó con la locomotora. El chauffeur Prudencio Sánchez declara que vió la máquina por primera vez cuando salió de la pieza de caña; que todo fué cuestión de momento; que la máquina no se podía ver porque las cañas cubrían uno y otro lado, y que cuando la vió, usó el freno de momento “para evitar el peligro, pero ya la máquina había ocupado el sitio. ’ ’ El testigo José Texidor declara que vió la máquina por pri-mera vez en el momento que salió; que transcurrieron al-gunos segundos; que fué una cosa de momento. Luego, a preguntas de la defensa, este testigo dice que cuando vió por primera vez la máquina estaba a una distancia de 25 ó 30 pies; que el chauffeur aplicó los frenos como a 25 pies. Según la prueba el automóvil caminaba a una velocidad de veinticinco millas por hora. Arguye la defensa que si el automóvil caminaba a esta velocidad, pudo pararse no a nna distancia de veinticinco o treinta pies, sino de cinco o diez pies y entiende que del testimonio de Texidor se deduce que el chauffeur caminaba a una gran velocidad y que insistió en cruzar la carretera sin tratar de enfrenar el automóvil, o que, de ser cierto que dicbo automóvil caminaba a veinticinco millas por bora no pudieron pararlo porque los frenos es-taban malos.

A nuestro juicio estos becbos, en la forma en que han sido expuestos, no relevan de responsabilidad al maquinista, si los becbos alegados en la denuncia han sido probados. La sentencia dictada por la corte inferior demuestra que juzgó probados los referidos hechos. Consideramos acertada la apreciación de la prueba y opinamos que debe confirmarse la sentencia a/pelada en lo que se refiere al acusado Juan Telmam Escalera y declararse absuelto al fogonero José de Jesús Guadalupe.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Aldrey disintieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Cókdoya Dávila,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Estrella, acusado y apelante.
    No. 4603.

    Sometido: Junio 6, 1933.

      Resuelto: Julio 19, 1933.

      Arturo Aponte, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Cókdoya Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Estrella, acusado de un delito de homicidio volun-tario, fue declarado culpable por un jurado y condenado a siete años de presidio por la Corte de Distrito de Humacao. Según la acusación, el referido Juan Estrella voluntariamente y en ocasión de una súbita pendencia, dió muerte ilegal al ser humano Matilde López, infiriéndole una herida en el cuello con un instrumento cortante que le produjo la muerte.

No conforme el acusado con la sentencia dictada interpuso el presente recurso de apelación atribuyendo a la corte inferior varios errores cometidos, según se alega, al trasmitir sus instrucciones al jurado. Se señala como primer error la instrucción de la corte sobre la supuesta fuga de Juan Es-trella. Se alega que no hubo prueba alguna de fuga y que la corte, no obstante, sometió al jurado la siguiente instruc-ción;

“Se declaró por un testigo que el acusado huyó cuando cayó al suelo herido Matilde López. La corte instruye a los señores del ju-rado que esto por sí solo no demuestra la existencia de un hecho, pero debe o puede ser tenido en consideración por el jurado, a los efectos de juzgar toda la situación ocurrida en el momento de los hechos, ya que es difícil pensar que una persona que no tiene culpa alguna huya, mientras que es más prohable, más creíble y más ra-zonable que huya una persona que tiene culpa, salvo que hayan otras circunstancias o algo que pueda influir en esa persona que la obli-gue independientemente de su culpa a huir; situación que dehe ser considerada y resuelta por el jurado en relación con dicha declara-ción. ’ ’

Tiene razón la defensa en cuanto a la prueba se re-fiere. Ningún testigo declaró que el acusado huyera. Hemos examinado cuidadosamente las declaraciones de los- testigos y únicamente fiemos encontrado la evidencia que pasamos a mencionar, que a nuestro juicio no puede considerarse como una fiuída ni justifica la instrucción sometida por la corte inferior al jurado. Se le preguntó a Santos López, hermano del interfecto, qué le pasó a Matilde y contestó:

“Que se fué así de lado y ahí yo grité: ‘Ay, que mataron a mi hermano.’ (P.) ¿Qué hizo Juan Estrella? Se fué como para la casa, porque fué así en el batey.”

Conviene tener en cuenta que la muerte ocurrió en el batey de una casa donde se estaba bailando.

El testigo Tiburcio López, hermano también del interfecto, dice que le metió dos palos a Juan Estrella en la cabeza, y entonces se fué, sin decir para dónde. Luego, a preguntas de la defensa, declara que no sabe si el acusado recibió alguna herida en el cuello, que él se fué de allí y no lo vió.

Esta es la única prueba que ha podido inducir a la corte inferior a decir erróneamente que hubo un testigo que de-claró que el acusado huyó. Sin embargo, aunque tenemos forzosamente que convenir en que no ha debido someterse al jurado la instrucción mencionada, la verdad es que en este caso, dada la naturaleza de la prueba, no vemos que se hayan perjudicado sustancialmente los derechos del acusado. Se acusa a Juan Estrella de haber dado muerte a Matilde López, en una súbita pendencia. La prueba del pueblo tiende a demostrar que allá por el último día del año de 1930, siendo, aproximadamente las once de la noche, un grupo de personas-se dirigía a casa de don Juan López, con el propósito de pasar allí algunas horas cantando y bailando. Parte de las per-sonas que formaban el grupo penetró en el interior de la casa y parte se quedó en el batey. Llegó después Matilde López. El acusado al verlo se dirigió a él y llamándole “bribón” se le tiró encima y le infirió una herida en el cuello que le produjo la muerte. El testimonio del acusado .tiende a demostrar que Matilde López apareció dando vivas al Año Nuevo y diciendo: “¿Qué bandolería es esa que ustedes tienen ahí?”; que Flor López, hermano de Matilde, le contestó: “Ya tú vienes con tus pocas vergüenzas,” y le dió un palo; que Matilde se volvió para donde estaba Flor y se tropezó con el testigo, y aquí se empuñaron; que al empuñarlo Ma-tilde tenía un arma y le infirió una herida al testigo en el cuello; que éste lo empuño y le cortó nuevamente en una mano; que recibió tres heridas y que Matilde tenía una navaja en la mano; que el testigo era más fuerte que Matilde y lo dominó, y al dominarlo trató de que lo soltara; que como el testigo se lo llevó en fuerza, le pegó las manos de él con las suyas y que cuando recibió la herida lo soltó; que res-balaron y parece ser que ahí se cortó; que el testigo no tenía armas.

Esta es la prueba de la defensa, la declaración del propio interesado. La herida inferida a Matilde López tenía, según declara el facultativo que practicó la autopsia del cadáver, nueve pulgadas de longitud y se extendía casi de un hombro a otro. En su testimonio parece dar a entender el acusado que el interfecto se produjo la herida en la lucha cuando se le pegó el hierro que tenía y “le pegué las manos de él con las mías.” Luego, a preguntas de la defensa, dice que en la lucha que tenían resbalaron y parece ser que ahí se cortó. No creyó el jurado al testigo. No es de suponerse que habría sustentado una opinión diferente si no se hubiese sometido la instrucción basada en que hubo un testigo que dijo que el acusado huyó. La naturaleza de la prueba nos induce a pensar que el jurado hubiese llegado a la misma conclusión en ausencia de la instrucción que le fue sometida errónea-mente por la corte. De acuerdo con la ley esta corte no anulará la sentencia del tribunal inferior a menos que el error que de los autos resulte tundiere a perjudicar los. derechos de cualquiera de las partes y se hubiere interpuesto la de-bida excepción en el tribunal sentenciador. Aparte de que no creemos que se haya ocasionado un perjuicio sustancial a Juan Estrella con la instrucción sometida al jurado sobre la supuesta huida, entendemos que la defensa debió haber llamado la atención de la corte inferior acerca de este error para que dicha corte hubiese tenido la oportunidad de corre-gir y subsanar la equivocación.

Es verdad que el acusado excepcionó en términos ge-nerales todas las instrucciones; pero no es menos cierto que señaló especialmente determinadas instrucciones y que no mencionó en ningún sentido las palabras de la corte poniendo en labios de un testigo la afirmación de que el acusado huyó. No se le dió, por tanto, oportunidad al tribunal inferior para rectificar el error de acuerdo con la jurisprudencia sentada constantemente por esta corte y que aparece resumida en el caso de El Pueblo v. Ramón Maldonado que acabamos de decidir (ante pág. 417).

Blashfield, en su obra “Instrucciones al Jurado”, tomo primero, página 795, dice que es una regla general que los errores basados en las instrucciones no deben ser conside-rados en apelación a menos que se le haya llamado la atención a la corte inferior. La razón de esta regla es ofrecer a la corte sentenciadora la oportunidad de corregir los errores en que ha incurrido por inadvertencia, obviando así las dila-ciones y gastos de una apelación, y para evitar que una parte especule, dejando que el caso vaya al jurado, a pesar del error, sabiendo que si el veredicto es adverso puede obtener sn revocación en apelación. La forma adecuada de salvar las cuestiones que quieran discutirse en la corte de apelación es llamando la atención de la corte inferior con respecto a los errores en que se supone ba incurrido a fin de que los corrija. Si insiste en la instrucción sometida, la parte debe tomar excepción. Esta regla, según Blasbfield, se aplica lo mismo a los casos civiles que a los criminales. En Puerto Rico ya esta Corte Suprema ha sentado la doctrina a seguir, de acuerdo con la ley relativa a la revocación de sentencias en causas criminales, aprobada en mayo 30 de 1904. Se deses-tima el primer error.

Se alega por la defensa que la corte inferior cometió error al llamar en sus instrucciones “víctima” al interfecto, y se copia en apoyo de esta contención un párrafo de la opinión emitida por la Corte Suprema de California en el caso de People v. Williams, 17 Cal. 143, que dice así:

“La palabra ‘víctima’ en la conexión en que aparece es una ex-presión descuidada, calculada, aunque indudablemente sin intención, para crear prejuicios contra el acusado. Parece asumir que el in-terfecto fue ilegalmente muerto, cuando la cuestión en controversia era el carácter de la muerte. No estamos dispuestos a criticar con mucha escrupulosidad el lenguaje usado, con el fin de revocar una sentencia de esta clase, pero es aparente que en un caso en que hay conflicto de prueba, aun una expresión equívoca del juez puede ser fatal para el prisionero. Cuando se califica al acusado de víctima se crea naturalmente la impresión de que algún poder o dominio ile-gal se ha ejercido sobre su persona. Y es ésta una expresión equi-valente a caracterizar al acusado como un criminal. La corte no debe directa o indirectamente asumir la culpabilidad del acusado, ni emplear frases equívocas que puedan producir tal impresión. La experiencia de los abogados demuestra la prontitud con que un ju-rado frecuentemente se penetra de las intimaciones de la corte y la gran atención que se presta a las opiniones y sugestiones del juez presidente, especialmente en un caso en que la prueba está muy ba-lanceada, cuando los jurados pueden descargar sobre la corte la res-ponsabilidad de una decisión de la controversia. Una palabra, una mirada o un tono, puede algunas veces, en tales casos, ser de una influencia gránele o dominante. Nunca es excesiva la cautela de un juez en un caso criminal para evitar intervenir con las conclusiones del jurado sobre los hechos, porque de estos hechos, bajo nuestro sistema, es el jurado juez exclusivo. Nada más lejos de nuestro ánimo que intentar censurar al ilustrado juez de la corte inferior por estas observaciones; pero la importancia de esta cuestión y la involuntaria expresión apuntada sugieren la oportunidad de las mismas. ’ ’

En el caso de California la corte sentenciadora llamó “Ms victim” al interfecto, como si éste fnese la víctima del acu-sado. En nuestro caso la corte habla de la lucha sostenida por Juan Estrella con “la víctima”, y repite estas palabras al relatar la prueba de la defensa y hablar de la lucha del acusado con Matilde López. Hay cierta diferencia entre una instrucción y otra. En el caso de California se usa la ex-presión “su víctima”, es decir, la víctima del acusado; en nuestro caso se usa únicamente la palabra “víctima”. Es-tamos muy lejos de impartir nuestra aprobación al uso de la palabra mencionada. Creemos que la corte inferior la empleó sin intención de crear prejuicios contra Juan Estrella. La palabra “víctima”, en su sentido general, no implica culpa o intención criminal de parte de la fuerza que inter-viene para ocasionar la muerte, o grave daño personal, a la persona a quien se da este calificativo. Esta palabra se usa con frecuencia para calificar a las personas que han resultado sacrificadas o seriamente perjudicadas en un suceso ocasio-nado por la mano del hombre o por cualquier otra fuerza ajena a su intervención. Llamamos “víctimas” a los seres humanos sacrificados en un terremoto, en un ciclón, en una inundación, y también solemos decir que una persona es víctima de sí misma o de las circunstancias, y aun aplicamos a veces este calificativo al que sufre una desgracia o se ve sometido a una penosa tribulación espiritual. Como ya dijimos antes, convenimos en que la corte sentenciadora no ha debido usar esta palabra en sus instrucciones, pero no pode-mos considerar el uso de la misma como un error fundamental que apareje la revocación de la sentencia. En el caso de People v. Williams, supra, no se revoca la sentencia porque la corte inferior nsara la palabra “víctima”. El tribunal de apelación hace constar especialmente qne se revoca la sen-tencia de la corte inferior por el último error analizado en la opinión emitida en dicho caso, qne se refiere a la negativa de la corte a someter al jurado una instrucción solicitada por el acusado.

El tercer error atribuido a la corte inferior consiste en haber omitido la declaración del testigo Basilio Delgado en el resumen que hizo al jurado de la prueba de cargo. En sus instrucciones el juez no hace mención específica del tes-timonio de cada testigo separadamente. Resume la prueba en términos generales. Nada dice, sin embargo, con respecto a la declaración de Basilio Delgado, quien declaró que Ma-tilde López llegó dando vivas al Año Nuevo, que Flor, su hermano, dijo: “Ahí viene Matilde como siempre, con un palo;” que Matilde se le fué encima a Flor, y éste se tapó con Juan Estrella y entonces Matilde se agarró con Juan. Este testigo declaró ante el juez de paz y en su declaración anterior no menciona a Flor López ni habla, por consiguiente, de que se cambiaran palabras ofensivas entre él y su hermano Matilde. Dijo entonces que Matilde López llegó dando vivas al Año Nuevo y allí se formó una discusión entre él y Juan Estrella, que Matilde y Juan se agarraron y el declarante oyó la voz de Santos López que dijo: “Mataron a mi hermano;” que vió a cada uno de los dos heridos y que no vió arma en las manos de Matilde. Entendemos que la defensa, si creyó que la declaración de Basilio Delgado podría beneficiar al acusado, debió solicitar de la corte que instruyera al jurado sobre el testimonio de este testigo. Las instrucciones dadas al jurado no deben ignorar o excluir ninguna de las cuestiones en controversia, teorías o defensas presentadas por las ale-gaciones y la evidencia. Sin embargo, creemos que si la defensa adopta una actitud pasiva y silenciosa, sin llamar la atención a la corte para que subsane las omisiones en que haya podido incurrir, la sentencia dictada no debe revocarse, a menos que se trate de una cuestión fundamental que per-judique sustancialmente los derechos del acusado.

Se alega que la corte erró al instruir incorrectamente al jurado sobre la defensa propia. La instrucción que sirve de base a este error dice así:

“La corte desea informar a los señores del jurado que para que exista la defensa propia se necesita que la persona que mata tenga en su mente la creencia razonable de que él va a morir si no mata, o de que va a recibir un grave daño personal, o está expuesto a un grave daño personal; pero por una mera sospecha no está justifi-cada la defensa propia. Se necesita que efectivamente exista ese peligro y que la persona que invoca la defensa propia a su favor crea que existe también ese peligro, y cuando crea eso, no debe usar más defensa que la necesaria para evitar el peligro. Desde luego, que antes de matar está en la obligación de recurrir a todos los me-dios posibles a su alcance para evitar matar, sin que sea necesario que corra o que huya, pero cualquier medio que esté a su alcance, que no sea producir la muerte del otro, debe primero ser ejercitado y utilizado por el que invoca a su favor la defensa propia, antes de que esté autorizado legalmente a matar, y sólo se debe recurrir a matar en defensa propia cuando ya todos los demás medios se han utilizado en la evitación de la muerte. El jurado debe, para juz-gar circunstancia, para juzgar este hecho, tener en cuenta todas las circunstancias y las condiciones del caso.”

Se arguye que de acuerdo con las palabras del juez se necesitan dos elementos para justificar la defensa propia: primero, que efectivamente exista el peligro, no admitiéndose que tal peligro sea aparente, sino real y efectivo; y segundo, que la persona que invoca la defensa propia no actúe hasta que todos los demás medios hayan sido utilizados. En sus instrucciones dice la corte que para que exista la defensa propia basta que la persona que mata tenga en su mente la creencia razonable de que va a morir si no mata, o de que va a recibir un grave daño personal, pero luego dice que se necesita que efectivamente exista el peligro. Aun cuando la defensa tenga razón en sus objeciones con respecto al informe de la corte al jurado sobre defensa propia, con-sideramos que esta instrucción no tiene la importancia qne se le atribuye en este caso especial en qne el propio acusado, lejos de admitir que diera muerte a Matilde López, declara que no tenía armas y que Matilde se hirió a sí mismo cuando se le pegó su propia navaja en la lucha y resbalaron, y y parece ser que ahí se cortó. No es éste el caso de una persona que alega haber matado para defenderse porque se creyera en peligro de muerte o de grave daño corporal. El acusado, en su testimonio, no toma como defensa para de-fenderse el peligro real o aparente, desde el momento en que no admite haber matado. El testimonio del acusado le hu-biese eximido de responsabilidad de haber sido creído por el jurado, ya que sus palabras tienden a demostrar que no fue autor de la muerte de Matilde López. El jurado, apre-ciando toda la prueba practicada, rindió, sin embargo, un veredicto de culpabilidad.

Se alega por último que la corte erró al actuar en sus instrucciones movida por parcialidad, prejuicio y pasión contra el acusado. El informe de la corte inferior al jurado no constituye un modelo de instrucción. Algunos errores se han cometido y ya los hemos señalado en esta opinión. Sin embargo, no creemos que la corte inferior haya actuado movida por parcialidad, prejuicio o pasión contra el acusado, después de haber estudiado en su totalidad todas las ins-trucciones sometidas al jurado.

Debe confirmarse la sentencia apelada.