author: El Juez Asociado Señor IíutchisoN,

text:
    Rafael S. Baquero Guidinza, recurrente, v. El Registrador de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    No. 675.
    Sometido: Marzo 9, 1927.

      Resuelto: Abril 22, 1927.
    1. Servidumbres — Creación, Existencia y Terminación — Personas que Pueden Crearlas — Dueños de Una Propiedad — Servidumbre Sobre Finca a Favor de Otras, del Mismo Dueño, Segregadas de Aquélla. — El dueño de una propiedad puede segregar e hipotecar dos predios y constituir una servidumbre sobre el resto de la propiedad a favor de las fincas así segregadas e hipote-cadas sin que ello viole los artículos 536 y 553, inciso 1, del Código Civil.
    2. Servidumbres — Creación, Existencia y Terminación — En General. — La cláu-sula tendente aquí a crear una servidumbre, en cuanto revela tal intención <de crearla, se resolvió: que si bien podría equivaler a un signo aparente, no podía limitarse en sus efectos legales el status de un signo aparente anterior al traspaso de cualquiera de los predios sirviente o dominante por haberse determinado la naturaleza y alcance de la carga que por ella se intentaba crear y haberle puesto su modificación o extinción fuera del poder o control del dueño.
    Nota de A. Malaret, R. (San Juan), denegando inscripción de nna servidumbre.

      Revocada.

      F. Soto Gras, abogado del recurrente; el registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor IíutchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

El dueño de una propiedad suburbana, con el fin de obte-ner un préstamo, segregó e hipotecó dos parcelas o predios en la misma escritura, en consideración al contrato y como parte y condición del mismo, constituyó “a perpetuidad” una servidumbre predial “positiva y discontinua” sobre el resto de dicha propiedad a favor de las fincas hipotecadas.

Después de la constitución formal de la servidumbre en cuestión, la escritura dispone lo siguiente:

“Dicha servidumbre consistirá en una calle para el libre uso y disfrute en la entrada y salida de los predios dominantes y que ocu-pará toda la extensión del predio sirviente, comenzando en su eolin-dancia este y terminando en su conlindancia oeste.
“Los dueños del predio sirviente aquí otorgantes convienen y se obligan a levantar o remover en su oportunidad la parte de edifi-cación que ocupa parte del predio sirviente, de modo que en ningún momento ni por ninguna razón dicha edificación constituya un obs-táculo o impedimiento al libre uso o disfrute de la servidumbre o calle convenida.
“A los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad las partes valoran esta servidumbre en cien dólares.”

El registrador de la propiedad se negó a practicar ope- . ración alguna en cuanto a la servidumbre, fundándose en que la misma no podía ser constituida por el deudor hipote-cario como dueño de ambas fincas. En apoyo de esta cali-ficación, el registrador ahora alega que de acuerdo con los términos expresos del artículo 536 del Código Civil “la ser-vidumbre se ha de constituir sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño”; que si se ofre-ciera alguna duda a este respecto la misma quedaría aclarada por el artículo 553 del mismo código que dispone:

“Las servidumbres se extinguen: 1. Por reunirse-en una misma persona la propiedad del predio dominante y la del sirviente”;

que al bacer referencia la Ley a los dueños de ambos predios, sólo se contrae al dueño del dominio, con exclusión de cual-quier otro interés o derecho en la propiedad; que en el pre-sente caso lo más que puede admitirse es que de acuerdo con las disposiciones del artículo 548 existe entre las parce-las segregadas y el resto de la propiedad en cuestión “un signo aparente de servidumbre” que puede dar lugar en su oportunidad a una servidumbre si uno de los predios fuese enajenado, pero sin que tenga efecto obligatorio anticipada-mente, por la razón de que dicho artículo hace depender la conversión del “signo” en servidumbre, en ausencia de opo-sición por parte de cualquiera de los dueños al tiempo del traspaso; que la servidumbre es un contrato, según se infiere del artículo 553, el cual dispone que se extinguirá por la re-dención convenida entre el dueño del predio dominante y del sirviente, y siendo un contrato bilateral no es posible hablar de acuerdo alguno, tratándose de un solo dueño; que en el presente caso, siendo el gravamen voluntario, necesita cons-titución y aceptación; que el acreedor hipotecario cuyo con-trato constituye la consideración de la supuesta servidumbre “no es una base cierta” en la situación, pues dicho acreedor no puede reputarse como dueño del alegado predio domi-nante que ni siquiera posee; que sólo tiene un derecho futuro a que esa finca sea enajenada para hacer efectivo su grava-, men, y que el dominio puede llegar a ser de él o de otro, o también puede cancelarse la hipoteca sin necesidad de efec-tuar la enajenación, con lo cual no quedaría'cumplido el re-quisito que exige la ley para constituirse la servidumbre; que en este último caso, asumiendo la existencia de la servi-dumbre, no habría entonces base para darla por extinguida, porque no consta de una manera terminante que la servidum-bre se extinga con el crédito hipotecario, no estando enton-ces comprendida dentro de las disposiciones del artículo 553, supra; y que no estando claramente definidas y determina-das la creación y extensión de la servidumbre, el asiento re-ferente a la misma sería nulo por falta de certeza respecto al carácter y a la extensión del derecho, tal como lo exige el inciso 2 del artículo 9, y por virtud de la disposición expresa contenida en el artículo 30.

El artículo 536 no dice que el predio dominante deba pertenecer a otro dueño al tiempo de crearse la servidumbre. La reunión a que hace referencia el artículo 553 es una reunión absoluta, sin restricción, e incondicional. El dueño del predio sirviente no tendría derecho a la cancelación de un asiento demostrativo de la existencia de una servidumbre, a menos que hubiere disposición o convenio a tal respecto, inmediatamente de haberse adquirido el predio dominante por escritura de compra venta que contenga una cláusula referente al retracto, cuando el vendedor reembolse el precio más los intereses correspondientes, — o al hacerse tal adquisición sujeta a una hipoteca independientemente de los derechos del acreedor hipotecario y de los compradores en perspectiva en una venta en pública subasta para ejecutar la hipoteca. La ley en cuanto a la extinción por reunión, así como a la cuestión referente a la diversidad de dueños que ya hemos mencionado, prevé el dominio completo y absoluto. En uno u otro caso, ese derecho puede existir en estado incipiente hasta que ocurra algún acontecimiento futuro, aunque el privilegio de usar o ejercer el mismo puede ser diferido y hacerse depender de la ocurrencia de tal acontecimiento. Desde luego que hay ciertas distinciones, pero éstas surgen de la diferencia inherente entre la naturaleza del asiento original y la de la cancelación de una inscrip-ción, y nada tiene qne ver con la naturaleza del dominio.

El contrato que aliora tenemos bajo nuestra consideración es algo más que un mero equivalente del signo aparente a que se refiere el artículo 548 del Código Civil. El signo aparente no se convierte en una servidumbre, como alega el registrador, al enajenarse cualquiera de los predios mencionados en el artículo 548. La servidumbre preexistente, latente y potencial establecida por el dueño de ambos predios al ser traspasado cualquiera de ellos, continúa existiendo activa y pasivamente, “a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o. se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.” La quasi-servidumbre envuelta en tal traspaso surge de un convenio implícito fundado en la existencia del signo aparente como prueba de tal convenio, y por consiguiente, de una forma de título. El documento que tenemos a la vista, en cuanto revela la intención de parte de los deudores hipotecarios de crear una servidumbre, puede equivaler a un signo aparente, pero no puede limitarse en sus efectos legales al status de un signo aparente anterior al traspaso de cualquiera de los predios de referencia. Hasta el momento de dicho traspaso, el signo aparente está sujeto al control absoluto dehdueño de ambas fincas y puede ser removido o destruido a voluntad de éste. La escritura otorgada por los deudores hipotecarios en el presente caso por causa buena y de valor, fijó y determinó definitivamente la naturaleza y alcance de la carga que se intentaba crear y puso su modificación o extinción fuera del poder o control de dichos deudores hipotecarios. El acreedor que se deshizo de su dinero en consideración del aumento en valor de la propiedad hipotecada para garantizar el préstamo con motivo de la servidumbre de paso convenida como parte del contrato, obtuvo un derecho adquirido como comprador en perspectiva, y a beneficio de todos los fntnros comprado-res de la finca hipotecada, en caso de qne la misma se ven-diera en pública snbasta para satisfacer el crédito. La cláu-sula tendente a constituir una servidumbre era tan obliga-toria para los deudores hipotecarios desde el momento de firmarse la escritura, como la obligación de pagar la deuda a su vencimiento. Cuando se otorgó la escritura conte-niendo dicha cláusula se constituyó la servidumbre en cues-tión como una carga existente sobre el predio sirviente y como un derecho existente a favor del predio dominante, que redundaba en beneficio de todos los dueños posteriores del mismo, aunque tales dueños posteriores no pudieran go-zar del privilegio de ejercer ese derecho, antes de adquirir el dominio absoluto del predio dominante, y áunque tal de-recho nunca pudiera convertirse en su goce y ejercicio abso-luto.

Para los fines de esta opinión, puede admitirse que al cancelarse la hipoteca la cláusula que creó la servidumbre práctica y sustancialmente equivaldría a un signo aparente o que la situación resultante sería análoga a un signo apa-rente antes de enajenarse una de las propiedades por el dueño de ambas, o después de la adquisición de cualquiera de ellas por el dueño de la otra. De todos modos, la can-celación en el registro de un asiento de la existencia de una servidumbre junto con la cancelación de la hipoteca, si se hace a petición del deudor hipotecario y el dueño de ambas fincas, no podría perjudicar a nadie, y no vemos razón al-guna por la cual no deba cancelarse el asiento en tales cir-cunstancias a petición de la parte directamente interesada o permitirse que permanezca el asiento en el registro a op-ción de tal parte a beneficio de futuros dueños del predio dominante, en caso de un traspaso posterior del dominio. Pero la resolución de esta cuestión no está necesariamente envuelta en el presente caso, y por consiguiente, la dejare-mos para el futuro.

• Galindo y Escosura discuten una situación algo similar en el tomo 1 de su Legislación Hipotecaria, página 423, de donde copiamos lo siguiente:

“Para imponer servidumbres sobre un fundo indiviso se necesita el consentimiento de todos los copropietarios; si bien la concesión hecha por alguno o algunos queda en suspenso basta que todos la otorguen, y obliga a aquél o a aquéllos y a sus sucesores a no impedir el ejercicio del derecho concedido. (Art. 597.) En su virtud, si los que hubieren hecho la concesión adquiriesen todo el predio, y su adquisición constare en el Registro, bastaría aquel título para ins-cribir la servidumbre.
“¿Y sería inscribible aquella concesión, aun antes de que el con-cedente adquiera toda la finca?
“Si se atiende a que hay ya una verdadera limitación del dominio, parece que debe inscribirse con sujeción a lo que previene el art. Is del Regí.; pero si se tiene en cuenta que la persona a cuyo favor se constituye no adquiere un derecho perfecto, digámoslo así, puesto que queda en suspenso, parece que no debe inscribirse.
“Nuestra opinión es favorable a la inscripción, porque si bien es cierto que el ejercicio del derecho queda en suspenso, al fin y al eabo es un derecho, y derecho real, puesto que según dicho art. 597, obliga a los sucesores del eoncedente, aunque lo sean a título particular; y si no se inscribe, no puede perjudicar a tercero, y sería ineficaz esa prescripción del Código. Todo puede concillarse, cui-dando de que en el asiento se exprese que queda en suspenso la constitución de la servidumbre hasta que consientan en ella todos los partícipes.”

Debe revocarse la nota recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

license: Public Domain

text:
    Amalia Vahamonde Viuda de Pérez, demandante y apelada, v. Joaquín L. Miró y Roberto H. Todd, demandados y apelantes.
    No. 4165.

    —Sometido: Marzo 23, 1927.

      Resuelto: Abril 22, 1927.
    1. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que nio Están en Béoord— Alcance y Contenido del Récord — Alegaciones—Alegaciones Enmenda-das. — Una demanda original así aomo una primera demanda enmendada pue-den considerarse (ser) parte de' los autos de apelación para determinar si las enmiendas introducen o no una nueva o distinta causa de acción al discu-tirse excepción previa que levante tal cuestión.
    2. Apelación y Error — Récord y Procedimientos que no Están en Récord— Defectos, Objeciones, Enmiendas y Corrección — Corrección en el Supremo — Eliminación de Constancias del Récord. — Cuando en incidente so-bre corrección de autos se solicita la eliminación de ciertas constancias del récord y la cuestión levantada es una para ser determinada en los méritos del caso, no ha lugar a la moción de corrección solicitada.
    Moción sobre corrección de autos en apelación.

      Sin lugar.

      De la Torre & Ramírez y José Martínez Dávila, abogados de la ape-lada; Carmelo Sonoré, abogado de los apelantes.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió lá opinión del tribunal.

Amalia Vahamonde demandó a Joaquín L. Miró y Roberto H. Todd en cobro de dos pagarés por $500 cada uno. Los demandados excepcionaron la demanda alegando, entre otros fundamentos, la prescripción de la acción. Artículo 950 del Código de Comercio.

La demandante, despnés de enmendar por primera vez su demanda y cuya eliminación se pidió por los demandados por no haberse obtenido el permiso de la corte ni haberse resuelto las excepciones presentadas, radicó, previo permiso de la corte, una segunda demanda enmendada que notificó a los demandados en noviembre 16, 1926. En noviembre 29 1926, la demandante solicitó del secretario que hiciera cons-tar la rebeldía de los demandados y registrar sentencia por no haber dichos demandados excepcionado ni contestado en el término que' concede la ley. La rebeldía fué entonces anotada y registrada sentencia de acuerdo con la súplica de la demanda.

La demandante ahora pide, y éste es el objeto del pre-sente incidente sobre corrección de autos, que se eliminen del récord las siguientes constancias: demanda original, ex-cepciones previas a la misma, primera demanda enmendada y moción para eliminar, aduciéndose como fundamento que la segunda demanda enmendada reemplaza a las alegaciones anteriores, careciendo ella de todo objeto en la apelación.

Los demandados se opusieron, alegando, entre otros mo-tivos, que si se eliminasen aquellas actuaciones, ellas no po-drían demostrar el error que imputan a la corte interior en sentido de haber permitido enmiendas que implican una nueva causa de acción o un cambio substancial en las alega-ciones.

En cuanto a los efectos de una demanda enmendada en relación con la original, la jurisprudencia es clara y dice lo siguiente:

“Cuando se radica y notifica una demanda enmendada, la de-manda original deja de surtir efecto alguno como pliego de alega-ciones. Pero una demanda original no queda reemplazada a todos los fines por una demanda enmendada, y aquélla puede ser conside-rada como parte de los autos del caso con el fin de demostrar cuándo fué comenzada la acción y de determinar si la enmienda introdujo o no una nueva o distinta causa de acción, al discutirse una excep-ción previa que levanta tales cuestiones, üna demanda enmendada basada en la misma causa de acción se retrotrae a la fecha de fia radicación de la demanda original en tanto en cuanto se refiere al estatuto de prescripción de acciones.” 3 Estee’s Pleadings, pág. 113.

Siendo, por tanto, el punto levantado por los demandados una cuestión legal para determinarse en los méritos del caso, la moción de la demandante debe declararse sin lugar.


author: El Juez Asociado Señok Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ramón Cardona, acusado y apelante.

      No. 2877.
    Visto: Enero 27, 1927.

      Resuelto: Abril 22, 1927.
    1. Derecho Penal — Pallo (Judgment), Sentencia y Auto de Prisión (Commitment) Final — Deber del Tribunal al Dictar Sentencia — Término Dentro del Cual Debe Pronunciarse Sentencia. — Una corte de distrito, al cele-brar un juicio de novo, no está sujeta f,al límite fijado por el inciso 4 del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal' para el período dentro del cual debe dictar sentencia.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de dos Fundamentos de División — Necesidad de que las Cuestiones se Presenten en la Corte Inferior. — Cuando después de un juicio de novo en caso criminal procedente en apelación de una corte municipal la corto señala día para dictar sentencia más allá del término esta-tutorio, la sentencia no es nula y, aunque estuviera viciada de nulidad, no será revocada en apelación cuando la cuestión se levanta por primera vez en el Supremo.
    3. Let de Bentas Internas — Procesos t Castigos — Evidencia—Prueba Incri-Minatoria — En General. — El1 hecho de encontrar en poder de un comerciante al por menor cigarros por los cuales no se bayan pagado derecho alguno, fabricados por el acusado, es una circunstancia incriminatoria tendente a conectar al acusado con la comisión del delito imputádole.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito de infracción a la Ley de Arbitrios, con costas.

      Con-firmada.

      José Lids B. Cando abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue sentenciado en dos ocasiones, primero en la corte municipal'y luego en la corte de distrito después de celebrarse el juicio de nuevo, por infracción a la Ley de Arbitrios.

El inciso 4 del artículo 29 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que un juez de paz dictará su fallo dentro de las 24 boras de celebrado el juicio. La teoría del ape-lante es que la corte de distrito está sujeta a la misma regla al celebrar un juicio de nuevo, por la razón de que al ejer-cer jurisdicción apelativa el juez de distrito no puede dictar un fallo que no pudo ser dictado por. la corte municipal. 24 Cyc. 750.

En respuesta el fiscal cita los casos de El Pueblo v. Sánchez, 16 D.P.R. 718; Ex-parte Bermúdez, 8 D.P.R. 24; El Pueblo v. Rivera, 13 D.P.R. 199; El Pueblo v. Negroni, 13 D.P.R. 203, y El Pueblo v. Varela, 25 D.P.R. 394. No necesi-tamos resolver por abora si estos casos son o no terminantes sobre las cuestiones discutidas en los alegatos.

En el presente caso la sentencia de la corte de distrito fue dictada unos tres o cuatro días después de celebrado el juicio de novo. Tanto el apelante como el fiscal-de la Corte Suprema parecen haber pasado por alto la dispo-sición expresa contenida en el inciso 5 del artículo 29, supra, al efecto de que la corte de distrito dictará sus sentencias dentro del segundo día de celebrado el juicio de nuevo.

“En muchas jurisdicciones las leyes disponen que cuando un juez celebra un caso sin la ayuda del jurado, debe dictar sentencia inme-diatamente o dentro de determinado período de tiempo después de sometérsele el caso, generalmente dentro de cuatro días, aunque dicho período varía en las distintas jurisdicciones. Según la mayoría de las autoridades, un estatuto de esta naturaleza es imperativo y cuando un juez deja de cumplir con el mismo y dieta sentencia en fecha posterior, la sentencia dictada es nula. El fin claro de tal dis-posición es hacer que la controversia sea resuelta prontamente, mien-tras las partes están presentes, a fin de que no se véan en la nece-sidad de tener que asistir a la corte para saber el resultado y para que puedan dar los pasos necesarios que el caso requiera. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, las leyes referentes al tiempo den-tro del cual debe dictarse sentencia por un tribunal de derecho, han sido interpretadas en el sentido de que son directivas solamente, y se ha resuelto que son válidas las sentencias dictadas después de expirado el término fijado por la ley. Este punto de vista se basa en el fundamento de que ya que no se ha fijado pena alguna por infringir el estatuto, no es de presumirse que fuera la intención de la legislatura hacer que las partes incurrieran en los gastos que ocasiona un nuevo juicio, por el mero hecho de que el juez deje de cumplir con la ley. Otras cortes, adoptando una regla más liberal, han resuelto que el juez puede tener el caso bajo su conside-ración durante un tiempo razonable; pero aún tales cortes decla-ran que el receso debe ser hasta determinado período de tiempo y fijando el lugar en que se dictará la sentencia, a fin de que las partes puedan estar presentes, si así lo desean, para saber el resul-tado al tiempo de dictarse el fallo, permitiéndoseles así tomar los pasos precedentes para proteger sus intereses, y que debe anotarse en el registro una resolución, según se exige cuando el juez concede suspensiones, cuando se hacen tales suspensiones con el consenti-miento de las partes, o por alguna causa antes del comienzo del juicio. Se ha resuelto frecuentemente que el límite fijado por la ley para el período dentro del cual un juez debe dictar sentencia se fija para conveniencia de las partes y para proteger sus derechos y que se puede renunciar al cumplimiento del mismo.” 16 R. C. L, 386, sección 64.

Los autos del presente caso contienen copia de un asiento practicado en las minutas del día 14 de mayo, 1925, el cual expresa que el caso se vio en la fecha últimamente mencio-nada; que el acusado compareció por su abogado y en persona; que habiéndose leído la acusación, el acusado hizo la alegación de no culpable, y se adujo prueba por ambas par-tes, quedando el caso sometido a la corte y concluso para sentencia, y que el juez señaló el día 18 de mayo a las nueve de la mañana para dictar sentencia.

Parece que no se hizo objeción alguna al curso seguido por el juez sentenciador, ni se anotó excepción.

De igual modo, se dictó sentencia y se impuso la pena el día 18 de mayo, sin que el acusado formulara objeción o ex-cepción alguna.

De modo que aparece que la corte inferior actuó dentro de la regla de que el período estatutorio prescrito para dic-tar sentencia puede ser prorrogado por virtud de una orden dictada en presencia de las partes y consignada en las mi-nutas, — admitiendo, para los fines de la argumentación, pero sin que lo resolvamos, que la disposición en cuestión deba ser considerada como imperativa más bien que directiva cuando se trata de la resolución de casos criminales por una corte de distrito después de un juicio de novo procedente en apelación de una corte municipal.

Pero, sea ello como fuere, la cuestión que ahora trata de levantar el acusado es demasiado tardía cuando se presenta por primera vez en apelación. Véase 8 Cal. Jur. 448-453, par. 468-470; así como las notas contenidas en A.S.R., L.R.A. y Ann. Cas., citadas en apoyo de la manifestación final contenida en el extracto de 16 R.C.L., supra.

El apelante insiste además en que el juez de distrito cometió error al apreciar la prueba, y que la sentencia es contraria a la misma.

Para los fines de esta opinión, puede admitirse que por lo menos uno de los dos testigos principales del fiscal era un cómplice, y que la declaración del otro, a saber, la esposa del alegado cómplice, no fué del todo desinteresada. Pero la posesión de parte del supuesto cómplice de cigarros clan-destinos Pechos en la fábrica del acusado no sólo es admitida por la teoría del caso sostenida por el acusado, sino que ha sido establecida independientemente como un hecho por la prueba de la defensa. Esa prueba, de ser cierta, explica además cómo los cigarros llegaron a manos del testigo principal del fiscal. Pero la corte inferior no estaba obligada a aceptar esta explicación. Evidentemente, el juez sentenciador no creyó la prueba del acusado sobre este extremo. El hecho de que se encontraran en poder de un comerciante al por menor cigarros por los cuales no se había pagado derecho alguno, fabricados por el acusado, era una circunstancia incri-minatoria tendente a conectar al acusado, con la comisión del delito ■ imputádole.

Tomándolo todo en consideración, no nos es posible con-venir con el apelante en que la conclusión a que llegó la corte inferior debe ser variada.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoh Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sergio Plata, acusado y apelante.
    No. 3079.
    Sometido: Febrero 28, 1927.

      Resuelto: Abril 25, 1927.
    .1. Derecho Penal — Juicio—Curso del, y Forma en que se Conduce el Juicio en General — Abogado Defensor para Personas Acusadas de Delito Grate —En General. — Generalmente cuando una persona permite que su caso se vea sin estar- representada por abogado, debe atenerse a las consecuencias como cualquier otro litigante.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Béoobd y Procedimien-tos que no Están en Récord — Omisiones en el Récord — Transcripción de la Evidencia — Concesión de Término para Elevarla al Supremo.— Cuandoi un acusado no tiene abogado y, por estar en la cárcel, no puede comparecer para proseguir su apelación, e ignora el hecho de que puede soli-eitar prórrogas, el Supremo puede, en el ejercicio de su discreción, conce-derle tiempo para elevar y unir al transcript de autos la transcripción de la evidencia.
    Moción solicitando permiso para elevar la transcripción de la evi-dencia.

      Con lugar.

    El propio apelante compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoh Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Sergio Plata, el apelante, fné convicto en la Corte de Distrito de San Juan por el delito de escalamiento en primer grado y sentenciado a cumplir dos años de presidio. Apeló oportunamente y solicitó de la corte que ordenara al taquígrafo transcribir sus notas taquigráficas para usarlas en el resurso de apelación. En 27 de noviembre de 1926 la corte ordenó al taquígrafo que transcribiera dichas notas en el término de veinte días. Nada se hizo después, ni se so-licitó una prórroga, y en 20 de diciembre de 1926 fué ele-vada la transcripción de los autos a esta Corte sin que con-tuviera la prueba aducida en el juicio. El apelante no tuvo abogado que le representara en la corte inferior ni lo tiene ahora y solicita de esta corte le conceda tiempo para elevar la transcripción de la evidencia.

Generalmente cuando una persona permite que su caso se vea sin estar representado por abogado, debe atenerse a las consecuencias como cualquier otro litigante. La ley exige que un apelante prosiga sus casos y obtenga prórrogas, si fueren necesarias. Sin embargo, este apelante estaba en la cárcel y no podía comparecer ante la corte para proseguir su apelación y desde luego ignoraba el hecho de que debía solicitar prórroga. Ordinariamente veinte días debe ser un tiempo suficiente, pero los taquígrafos de la Corte de Distrito de San Juan trabajan casi todo el tiempo.

Bajo las circunstancias, estamos dispuestos a ejercer nues-tra discreción y concederemos al apelante treinta días para elevar la transcripción de la evidencia en este caso y para obtener las órdenes necesarias de la Corte de Distrito de San Juan.


author: El Juez Asociado Señor Aldeey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Juan Andrés Llorens, acusado y apelante.
    No. 3127.
    Visto: Marzo 30, 1927.

      Resuelto: Abril 25, 1927.
    1. Armas — Portar Armas Prohibidas — Proceso y Castigo — Evidencia—Su Su-ficiencia — Prueba de la Portación del Arma. — Probado que una persona, al llegar a un sitio en que luego saca un arma prohibida, iba por un camino vecinal, hay que concluir que portaba tal arma cuando iba por el camino.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Récord y Procedimien-tos que no Están en Récord — Cuestiones a Revisar — Constancias que no Aparecen del Récord en General. — Si un delito menor está, comprendido en otro mayor por el cual fué acusado y absuelto el acusado, es cuestión que no puede considerarse cuando en los autos no existe constancia alguna de tal acusación y absolución.
    3. Derecho Penal — “Former Jeopardy" — Necesidad de que los Delitos Sean Idénticos — Delitos Varios, Parte de la Misma Transacción — Asesinato y Otros Delitos.. — El delito de portar armas prohibidas no está compren-dido (merged) en el delito mayor de asesinato.
    4. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revtsión—Cuestiones Discrecionales — En General — Negativa a Suspender la Sentencia. — Si una corte ha hecho o. no mal uso de su discreción al no- suspender la ejecu-ción de su sentencia, es cuestión que no puede resolverse cuando de los autos no aparece constancia- alguna respecto a la edad del acusado y a su uo con-vicción anterior de delito alguno.
    Sentencia de Charles E. Foote, J. (Mayagiiez), condenando al acu-sado por delito de Portar Armas.

      Confirmada.

      Nazario & García Méndez, abogados del apelante: José E. Eigueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Al terminarse el juicio en este caso la Corte de Distrito de Mayagiiez declaró que la prueba justificaba que el acusado portaba un cuchillo, que es un arma prohibida, en un camino público, un camino vecinal, y dictó sentencia condenatoria, contra la cual el acusado ha interpuesto esta apelación ale-gando como primer motivo de su recurso que la corte inferior cometió manifiesto error en la apreciación de la prueba y al condenarle por ella.

Entre el apelante Juan Andrés Llorens y Enrique Qui-ñones existían diferencias por una colindancia de sus respec-tivas fincas y estando un agrimensor haciendo la mensura de ellas llegó a aquel sitio el apelante, y habiendo surgido una discusión entre ellos con respecto a uno de los puntos de las fincas, Llorens sacó de su persona un cuchillo de más de nueve pulgadas de largo.

El alegato del apelante tiende principalmente a demostrar que Llorens estaba en terreno de su finca cuando sacó el arma e hizo uso de ella y que por eso no debió ser condesado, con lo que parece estuvo conforme la corte inferior, pues no lo condenó por portar un arma prohibida en aquel sitio, sino por portarla en un camino público.

De la prueba resulta que Llorens llegó al sitio de la colindancia en discusión por un camino público pues así lo declaran los testigos del fiscal y hasta el propio apelante, quien declarando en el juicio, dijo que iba por el camino que va del barrio del Rosario a San Germán, a la salida de su casa; y habiéndose probado que al llegar el apelante al sitio en que luego sacó un arma prohibida iba por un camino» vecinal hay que llegar a la conclusión de que portaba el armas, cuando iba por el camino y por tanto que la corte no cometió» el error que se le atribuye.

El segundo motivo del recurso es que la corte inferior debió declarar comprendido (merged) el delito de portar arma prohibida en el del delito mayor de asesinato por el cual fué acusado y absuelto el ahora apelante, pero en estos autos no existe constancia alguna de tal acusación y absolu-ción por lo que no estamos en condiciones de considerar tal cuestión, aparte que ya ha sido resuelta en contra de la eon-tensión del apelante en el caso de Ex parte Torres, 11 D P R 101.

En igual condiciones se halla el tercero y último motivo del’recurso en el que se alega que la corte inferior hizo mal nso de sn facultad discrecional al no suspender da ejecución de su sentencia de acuerdo con la Ley No. 19 de 1914, pág. 157, por tratarse de un delito menos grave, tener el apelante más de sesenta años de edad y no haber sido con-victo anteriormente de delito alguno, porque si bien esas manifestaciones las hizo el abogado del apelante a la corte inferior nada encontramos en estos autos que comprueben tales afirmaciones, aparte de que siendo discrecional esa fa-cultad conferida por la ley no se ha demostrado que hiciera un mal uso de ella.

Confirmada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Andréu, Aguilar & Co., Inc., demandante y apelada, v. Ramón Rodríguez, Jr., y Ramón Rodríguez, demandados y apelantes.
    No. 3958.
    Visto: Diciembre 17, 1926.

      Resuelto: Abril 26, 1927.
    Alegaciones — Defectos y Objeciones, Renuncia (Warner) r Subsanaoión eos. Veredicto o Sentencia — Defectos u Omisiones Curadas por la Contesta-ción y las Pruebas — Insuficiencia de la Demanda — En General. — Cuando en demanda en cobro de unos pagarés no existe alegación alguna respecto a la entrega, tal omisión queda subsanada por la contestación si en ella se acepta que los demandados suscribieron aquéllos y de ella se deduce que fueron entregados como precio de una transacción.
    .Sentencia de Domingo Sepulveda, J. ('San Juan), declarando con lugar demanda en cobro de dinero, y sin lugar la contrademanda, con costas.

      Confirmada.

      Juan B. Soto, abogado de los apelantes; Manuel Cmz 'Soria, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Andreu, Aguilar y Co., una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico, demandó a Ramón Rodríguez, Jr., y a Ramón Rodríguez en cobro de pesos. Alegáronse en la demanda ocho causas' de acción basadas en ocho pagarés por setenta y cinco dólares cada uno.

Los demandados excepcionaron la demanda por falta de hechos suficientes para constituir una causa de acción y por indebida acumulación de acciones.

No consta en la transcripción de los autos archivada a los efectos de la apelación cómo se resolvió la excepción, pero debió serlo declarándola sin lugar cuando cerca de un mes después aparece la contestación de los demandados. Contiene este documento una negación de todos y cada uno de los hechos alegados en la demanda y materia nueva alegada como defensa en oposición a la demanda.

Fue el pleito a juicio. La parte demandante se limitó a presentar como prueba los ocho pagarés suscritos por los de-mandados. Los demandados no se opusieron a la admisión de dichos pagarés y presentaron como su único testigo a uno de ellos mismos, Ramón Rodríguez, que declaró que los pa-garés procedían de la venta de un automóvil al demandado Ramón Rodríguez, Jr., que este demandado dejó de hacerlos efectivos y el demandado declarante, que los había garanti-zado, intervino, llegando a un acuerdo con los demandantes en el sentido de que dichos demandantes recibirían de nuevo el automóvil vendido más cinco pagarés suscritos por el decla-rante de treinta dólares cada uno y devolverían los pagarés, y que el automóvil fué devuelto y recibido, pero no los ocho pagarés. Presentaron entonces los demandantes prueba tes-tifical y documental en contra de la novación del primitivo contrato origen de los ocho pagarés y volvió a declarar el demandado Rodríguez ratificando sus anteriores manifesta-ciones.

Así quedó el caso sometido a la corte de distrito que lo resolvió en contra de los demandados por sentencia basada en una relación del caso y opinión que contiene un análisis cui-dadoso de la prueba.

No conformes los demandados, establecieron el presente recurso de apelación. Sólo levantan en su alegato un error, a saber: la insuficiencia de la demanda, que argumentan así:

“De la simple lectura de dicha demanda, se desprende que el ■demandante ejercita en la misma ocho causas de acción, que cada una de esas causas de acción está fundada en un pagaré respecto al cual sólo se alega en la demanda: “que en el día 26 de agosto de 1924, los demandados suscribieron a favor de la demandante, Andreu, Aguilar & Co., Inc., un pagaré que copiado literalmente dice así: (A continuación se copia el pagaré.) En ninguna parte de dicha demanda aparece la alegación de que los pagarés que en ella se transcriben o cualquiera de ellos, fuera entregado por los de-mandados a la demandante. Las ocho causas de acción están ale-gadas en términos exactamente iguales, conteniendo todas las mis-mas omisiones y naturalmente los mismos defectos. En otras pala-bras: omitiéndose en todas hechos esenciales a la existencia de una causa de acción.
“Este Tribunal Supremo en el caso de Schluter & Co., Suers., vs. González, 34 D.P.R. 303, así lo resolvió, fundándose en el art. 80 de nuestra Ley de Evidencia y en la doctrina expuesta y sostenida en 3 R.C.L. 859 y 31 D.P.R. 856.”

En su alegato la parte apelada admite la insuficiencia de la demanda, pero sostiene que el defecto fué curado por la contestación, invocando la doctrina del caso de Porto Rico Benevolent Society v. Municipio de Ponce, 28 D.P.R. 824 que resuelve que:

“Las admisiones contenidas en una contestación subsanan cual-quier defecto de que pudiera adolecer la demanda.”

En efecto la tercera defensa de la contestación copiada a la letra en lo pertinente dice:

“Segundo: Que en el mes de septiembre de 1924, la demandante vendió a los demandados un automóvil marca ‘Studebaker.’
“TERCERO: Que en pago de dicho automóvil los demandados subscribieron a favor de la demandante, los ocho pagarés que se transcriben en la demanda.
“CUARTO: Que con posterioridad a la compraventa de dicho au-tomóvil, la demandante, y los demandados convinieron en que aqué-lla devolvería a éstos los ocho pagarés transcritos en la demanda, y éstos en cambio entregarían a la demandante el referido auto-móvil más cinco pagarés de $30.00 cada uno.
“Quinto: Que de acuerdo con lo convenido, los demandados entregaron a la demandante el susodicho automóvil y la requirieron para que la demandante procediera a entregar los ocho pagarés mencionados en la demanda, y a aceptar los cinco pagarés de $30.00 cada uno, arriba aludidos.
“Sexto: Que la demandante, después de tener en su posesión el automóvil sobredicho ha rehusado entregar los ocho pagarés trans-critos en la demanda y a aceptar lo's cinco pagarés de $30.00 cada uno, a que se ha hecho referencia.”

Por el hecho tercero se ve que los demandados aceptaron expresamente que subscribieron los pagarés en que se basa la demanda y de los hechos cuarto y siguientes se deduce en forma tan clara y terminante que no sólo los suscribieron sino que los entregaron a los demandantes como el precio de una transacción real y positiva, que creemos que ello constituye una innegable admisión de la existencia del hecho que faltaba alegar en la demanda para que las causas de acción en la misma ejercitadas fueran completas.

Siendo ello así, resuelto en tal sentido el único error en que se basa el recurso, debe éste declararse sin lugar y con-firmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor del Tono,

text:
    Ricardo Marrero García y su Esposa Doña Fermina Matos Colón, demandantes y apelantes, v. Sucesión de Wenceslao Marrero, Compuesta de su Viuda Librada Tórres y sus Hijos Juan, Miguel y Ricardo Marrero y Marrero, y Alfredo, Mercedes, Amelia, Constanza, Wenceslao, Emilia, Armida y Librada Marrero y Tórres, Estos Cinco Ultimos Menores de edad, representados por su Madre la Repetida Librada Tórres, demandados y apelados.
    No. 4009.
    Visto: Diciembre 14, 1926.

      Resuelto: Abril 26, 1927.
    1. Apelación y Error — Alegatos—Exposición o Señalamiento de Errores-Omisión de Señalamiento Separado de Errores.' — Cuando el alegato del apelante no contiene un señalamiento separado de errores como exigen las reglas de la corte, la apelación puede desestimarse por tal motivo.

      2. Hipotecas — Pago, Cumplimiento de Condiciones, Cancelación y Carta de Pago — Htjlidad de. Escritura de Cancelación — Acción—Apelación—Beso-’ lución y Disposición del Caso — Confirmación.—En el caso de autos se pidió la declaración de nulidad de cierta escritura de cancelación de hipo-teca. Analizada la prueba se concluyó que xdebía confirmarse la sentencia que declaró sin lugar la demanda porque la de los demandantes era incon-gruente con su teoría del caso y porque la propia de los demandantes com-pletada por la de los demandados, demostraba la existencia de la cancelación.
    Sentencia de Luis Samalea-, J. (Areeibo), declarando sin lugar de-manda sobre inexistencia de contrato'y otros extremos.

      Confir-mada.

      Luis Mercader, abogado de los apelantes; Herminio Miranda y G. Cruzado Silva, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

Ricardo Marrero y su esposa demandaron a la Sucesión de Wenceslao Marrero compuesta de su viuda y de diez hijos algunos de los cuales son menores de edad, pidiendo a la corte que declarara nula cierta escritura de cancelación de hipoteca otorgada por ellos mismos y que condenara a los demandados al pago de la deuda original.

Alegaron los demandantes haber vendido en el año de 1909 dos fincas a Wenceslao Marrero, causante de los demandados, en dos mil quinientos dólares, de los cuales Marrero pagó quinientos de contado, hipotecando las propias fincas para responder de los dos mil restantes; que Marrero murió en 1912 sin haber satisfecho su deuda; que en 1916 los deman-dantes fueron requeridos por el notario Cordero Rodríguez, a nombre de la Sucesión de Wenceslao Marrero, para recibir el importe de la hipoteca y ellos, bajo la promesa formal de que se les pagaría su crédito, firmaron una escritura dándolo por recibido y cancelando en su virtud el gravamen, sin que después la sucesión cumpliera su promesa, negándose por el contrario, sosteniendo haberla pagado según reza la indicada escritura.

Contestaron los demandados aceptando ciertos hechos de la demanda y negando lo relativo a la falsedad de la escritura de carta de pago y cancelación dé hipoteca que sostuvieron era la expresión de la verdad de lo ocurrido.

Fue el pleito a juicio. . Ambas partes practicaron pruebas y la corte exponiendo los fundamentos de su sentencia en una cuidadosa opinión, declaró la demanda sin lugar, con costas.

No conformes los demandantes apelaron. Su alegato es largo y confuso. No contiene un señalaminto separado de errores como exigen las reglas de este tribunal. Ello sería bastante para desestimar la apelación. Sin embargo, liemos estudiado cuidadosamente las alegaciones y las pruebas y creemos que bajo cualquier aspecto que el caso se considere sólo cabe resolverlo en contra de los demandantes y apelantes. Ni siquiera es necesario entrar en el examen de la prueba de los demandados. Basta analizar la de los demandantes.

De la demanda parece deducirse que los demandantes fueron engañados. En el juicio presentaron como prueba un documento privado firmado" en 1916 por los demandados ma-yores de edad en el cual reconocen estos deberles cuatro mil quinientos pesos que se comprometían a pagar en plazos anua-les de doscientos cincuenta pesos cada uno. La prueba no es congruente con la demanda. Fué por ello objetada. El juez la aceptó para resolver su admisión definitiva al decidir el caso. No lo bizo así, pero no le dió el valor probatorio que pretendían los demandantes, pues aceptó como cierta la ex-plicación de los demandados, a saber: que dicho documento se firmó el mismo día que la escritura de carta de pago y can-celación de hipoteca consignando en él una deuda simulada para que el demandante Marrero que era padre político de la viuda de Wenceslao y abuelo de los otros demandados, los demandara y embargara las fincas caso de que los otros acree-dores de la sucesión al saber que las dichas fincas quedaban libres de la hipoteca que sobre ellas pesaba les reclamaran judicialmente sus créditos.

Y no solamente deja dicha prueba de estar enteramente conforme con las alegaciones de la demanda si que también con la misma declaración del propio demandante Marrero en el acto del juicio.

Si la teoría de los demandantes expresada por sn abogado en el juicio al presentar el documento privado de que se trata era cierta, entonces lo que se Rizo fué sencillamente sustituir la obligación de pagar dos mil dólares en plazos anuales de quinientos contraída por el causante de los demandados, por la de pagar cuatro mil quinientos en plazos anuales de dos-cientos cincuenta, contraída directamente por los demandados. La cancelación quedaba explicada. Eso no obstante, trató de sostener el demandante Marrero que firmó engañado la escri-tura de cancelación.

Parece conveniente indicar que se notan contradicciones fuertes en la prueba misma de los demandantes. Por ejemplo el propio demandante Marrero, declaró: “Yo firmé la escri-tura creyendo que era el convenio de la rebaja a doscientos cincuenta pesos. . . Yo firmé en lo que me leyeron; firmé el convenio de haberle hecho a esta señora, de quinientos pesos dejar a doscientos cincuenta pesos: eso fué lo que firmé.” Preguntado: “¿pero la otra escritura de haberle hecho el pago no la firmó?”, contestó: “No, señor.” Yuelto a pre-guntar: “¿Ni se la leyeron?”, contestó: “Nada.” Mientras que su hijo, Gfumersindo Marrero, presentado por los deman-dantes como testigo, declaró así: “P. ¿Estaba en su casa el día que se firmó esa escritura de carta de pago? — Estaba en casa cuando fué el notario. P. ¿Oyó leer la escritura?— Estaba presente el mismo notario. P. ¿La leyó? — Sí, señor. P. ¿Su padre firmó esa escritura? — La firmó.

Pero aceptando a los fines de este caso simplemente que el documento privado pudiera admitirse como prueba, en-tonces ¿a qué anular la escritura de carta de pago y con-denar a los demandados a pagar la deuda de acuerdo con el contrato original, si el mismo documento revela que la carta de pago fué cierta y no medió engaño sino que lo que se réalizó fué un nuevo contrato?

Si el documento privado es cierto entonces de la propia prueba de los demandantes resulta que su acción es otra que la ejercitada, si los demandados de jar orí de cumplir con la obligación que ellos mismos se impusieron y que los deman-dantes aceptaron.

Pero el pleito fue más lejos. Los demandados practicaron también su prueba. La viuda demandada y uno de los hijos mayores también demandado declararon que su causante pagó algo de los dos mil dólares antes de morir y ellos satisficieron el resto, siendo la escritura de cancelación la consecuencia del pago como ella misma dice y no la de un nuevo convenio de pagar en forma distinta la misma deuda. Explicaron el otorgamiento del documento privado en la forma que dejamos expuesta.

El juez sentenciador dió entero crédito a sus manifesta-ciones y expresamente consignó que no creía las del deman-dante Marrero. T nada hay en los autos que demuestre que actuara movido por pasión o prejuicio o que cometiera error manifiesto.

Al contrario, todo induce a creer que los hechos ocurrieron como los narran los demandados. De otra suerte tendría que concluirse no sólo que los demandados se negaban a pagar una deuda que reconocieron en un documento privado sino que el notario que otorgó la escritura pública se había puesto de acuerdo con ellos para cometer un verdadero fraude.

En el acto del juicio no declaró el notario, pero sí su escri-biente Heraclio Medina que estuvo en la casa de los deman-dantes con el notario y el abogado Sr. Edwards. Sostiene en un todo a los demandados.

Presentóse además por los demandados como prueba cierto pleito iniciado por el propio demandante Marrero contra ellos en cobro de dinero. Se alegó en la demanda que los deman-dados debían los dos mil pesos que su causante dejó de pagar a virtud del contrato que ya conocemos. Ninguna referencia se hizo al nuevo contrato constante en el documento privado! Los demandados contestaron negando. Y el pleito terminó a virtnd del desistimiento del propio demandante.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Juan Ledux, demandante y apelante v. María Delgado, demandada y apelada.
    No. 4041.
    Visto: Marzo 17, 1927.

      Resuelto: Abril 26, 1927.
    1. Divorcio — Causas—Trato Cruel e Injurias Graves — Actos de Violencia de un Cónyuge. — Un solo aeto de violencia puede dar lugar al divorcio.
    2. Divorcio — Jurisdicción, Procedimientos y Remedio — Apelación—Disposición del Caso — Ooneirimación de la Sentencia Apelada. — Si bien un solo acto de violencia podría dar lugar al divorcio, sin embargo, cuando los autos no demuestran que se esté en tal caso, procede confirmar la sentencia que declare sin lugar demanda basada, entre otras cosas, en un solo acto violento.
    Sentencia de Miguel A. Muñoz, J. (San Juan), declarando sin lugar demanda de divorcio, con costas.

      Confirmada.

      Manuel F. Bossy, abogado del apelante; Acuña & Janer, -abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Ledux presentó demanda de divorcio contra María Delgado. La corte dictó sentencia a favor de la demandada. Las supuestas causas de divorcio fueron expuestas en el párrafo cuatro de la demanda como sigue:

“Que desde hace algunos años, surgió una incompatibilidad de caracteres, entre marido y mujer, debido al genio raro y anómalo de ésta que se propuso no relacionarse con su marido para nada, sin dirigirle la palabra por ningún concepto, contestándole acremente a las pocas preguntas que él le hacía, sobre asuntos del matrimonio, por ese motivo él dejó de hablarle para evitar disensiones y frecuentes disgustos motivados sobre todo en la acerba censura con que ella criticaba todo lo que se relacionaba con su' marido y empleando fre-cuentemente palabras duras y groseras contra él en su misma pre-sencia. Que estos llegaron a tal extremo, que un día María le- tiró un plato de comida a su marido, dándole con él y derramándose en el suelo. Esto determinó la resolución del marido de irse del hogar conyugal a donde no ha vuelto a vivir, porque le era imposible entenderse con su mujer, la cual estaba cada vez mas irascible y exasperada.1 ’

.En la demanda también se alegaba qne ellos contrajeron matrimonio el día 23 de noviembre de 1918, pero no expresaba la fecha en que el esposo abandonó el bogar conyugal.

La prueba presentada por el esposo a lo sumo tendía a demostrar que los disgustos entre el marido y la mujer en que se suponía que ella usó lenguaje grosero al dirigirse a a él, tuvieron lugar antes del año 1924, cuando él abandonó el bogar marital. El supuesto incidente de arrojarle un plato de babicbuelas a su marido fué lo único que tuvo lugar poco antes de dicho abandono.

Además del marido hubo un testigo que declaró respecto a haberle tirado ella con un plato de habichuelas, pero eviden-temente la corte inferior no dió crédito a la declaración de este testigo. La corte dijo que este testigo no merecía mucho crédito.

Por otra parte, según indicó la corte, los testigos de la demandada declararon terminantemente que nunca ocurrió lo declarado por los testigos del demandante. Uno de los tes-tigos de la demandada fué la madre del mismo demandante, quien había vivido durante años con los jóvenes esposos. Ella le dió los más fervientes consejos a su nuera y negó especí-ficamente, no habiéndose hecho objeción alguna a su declara-ción, que ésta jamás hubiese arrojado con un plato de habi-chuelas a su esposo. Igualmente un hermano del demandante declaró que la conducta de la esposa siempre había sido ejemplar.

Aún si la corte inferior hubiese llegado a una conclusión distinta, estaríamos convencidos de que el demandante no probó su caso de divorcio. Con la resolución de la corte inferior y su relación de la prueba aducida sería imposible revocar este caso.

El apelado también alega que según la constante jurisprudencia de esta corte, un solo acto de violencia no justifica la concesión del divorcio. Si bien es posible imagi-narse casos en que un solo acto de violencia podría dar lugar al divorcio, los autos que tenemos a la vista no demuestran que es éste tal caso.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Sbñob Aldbby,

text:
    Miguel Vargas, demandante y apelante, v. Esperanza Cruz Vélez, demandada y apelada.
    No. 3983.
    Visto: Febrero 4, 1927.

      Resuelto: Abril 26, 1927.
    1. Apelación y Error — Señalamiento j>e Errores — Omisión de Señalar Deter-minado Error, y Efecto. — El Supremo prescindirá en apelación de aquellas cuestiones levantadas por las alegaciones, de las cuales el propio apelante baya prescindido en su alegato.
    2. Sentencia — Acción de Nulidad — Causa de Acción — En General. — El que una corte haya resuelto erróneamente una moción de reconsideración presen-tada en un pleito, no es motivo para anular la sentencia dictada en el mismo.
    3. Apelación y Error — Bevisión—Alcance y Extensión en General — En General. — Si una solicitud de sentencia por abandono se ha hecho' o no antes de vencerse el término para enmendar la demanda según se alega, es cuestión que importa poco decidir cuando la corte la ha dictado después de vencido el término y se íunda para ello en dicho vencimiento.
    4. Sentencia — Acción de Nulidad — Causa de Acción — En General. — No hay base para una acción de nulidad de sentencia por abandono fundada en que aquélla se dictó antes de vencerse el término para enmendar cuando aparece que la sentencia se dictó después de vencido el término y ella está basada en el vencimiento del .mismo.
    SENTENCIA ele Charles IS. Foote, J. (Mayagüez), declarando con lugar excepción previa contra la demanda, desestimándose ésta, con costas.

      Confirmada.

      Arjona <& Arjona, abogados del apelante; José Sabater, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Sbñob Aldbby,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación fia sido interpuesta por el demandante contra sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez que de-claró sin lugar su demanda después de sostener la excepción previa opuesta a ella por la demandada fundada en que no aduce becbos determinantes de causa de acción.

! La demanda qne da origen a esta apelación tiene por objeto qne se anule la sentencia dictada en otro pleito y para ello se alega qne el demandante estableció el otro pleito en la misma corte de distrito contra la misma demandada en el qne se ordenó por la corte el 30 de septiembre de 1922 la eliminación de ciertos particulares de la demanda y concedió un término de veinte días para enmendarla: que el deman-dante pidió a la corte el 14 de octubre siguiente que reconsi-derase dicha resolución: que en 6 de noviembre de 1922 la corte negó dicha moción por entender que carecía de juris-dicción para resolverla: que antes de dictarse esa resolu-ción la demandada solicitó de la corte el 25 de octubre que dic-tase sentencia disponiendo el archivo del pleito porque la de-mandante no había enmendado su demanda, habiendo transcu-rrido los veinte días que a ese efecto se le concediera contados desde el 3 de octubre en que su abogado fué notificado de dicha resolución: que la corte, el 20 de noviembre de 1922, declaró con lugar dicha moción por no haber sido enmendada la demanda dentro de los veinte días concedidos ni en ninguna otra fecha, sin que hubiese solicitado prórroga, y ordenó el archivo definitivo del asunto: que los veinte días concedidos para enmendar la demanda vencían el 28 de octubre: que el día 30 de septiembre en que la corte dictó su resolución sobre eliminación era el último del término de agosto y septiembre de la corte y habiendo sido notificado de ella el demandante el 3 de octubre su moción de reconsideración fué presentada en tiempo y al no resolverla la corte por entender que carecía de jurisdicción para considerarla por haber sido presentada después del término en que fué dictada privó al demandante de su derecho a que fuese considerada: y que la sentencia decretando el archivo del caso fundada en el abandono de la acción por el demandante es nula porque la corte no tenía poder para ordenarlo; porque no fué dictada en corte abierta, y porque el juramento que prestó el juez para desem-peñar su cargo es nulo. Tal es la demanda que fué presen-tada en julio de 1925.

El único motivo de error alegado ahora por el apelante es por haber declarado la corte inferior que la demanda de este pleito no aduce hechos determinantes de causa de acción, declarándola, en su consecuencia, sin lugar.

El apelante en su alegato para fundamentar su motivo de error prescinde de las alegaciones de la demanda referentes a que la corte no tenía poder para dictar sentencia por abandono de la acción en el pleito anterior: de que aquella sentencia sea nula por no haber sido dictada en corte abierta: y de que el juramento del juez que la falló sea nulo. Por eso nosotros prescindiremos de tales cuestiones y nos limitaremos a las dos que expone para sostener que su demanda es suficiente, a saber: P la relativa a no haber considerado la corte en el pleito cuya sentencia trata de anular la moción de reconsideración de la resolución ordenando eliminaciones en la demanda primera: 29 la de haberse dictado sentencia por abandono sin haber transcurrido los veinte días que la corte concedió para enmendar la demanda.

Para poder atacar el apelante la sentencia dictada en su anterior pleito alega en éste que aquélla es nula porque la corte se declaró sin jurisdicción para resolver su moción para que reconsiderase la orden por la cual decretó la eliminación de ciertos particulares de la demanda porque no fué presentada dentro del término de la corte en que fué dictada, lo que dice fué un error porque tenía la jurisdicción que se negó.

En el caso de Rexach v. Comisión de Indemnizaciones, 31 D.P.R. 17 ha declarado este tribunal que el derecho de soli-citar una reconsideración no es concedido por el estatuto sino una cuestión de gracia que depende grandemente de la vo-luntad de la corte para corregir cualquier error cometido por inadvertencia y que no tiene el efecto de prorrogar el término para apelar. Por consiguiente, no existiendo derecho alguno estatutario que autorice la presentación de tal moción no puede alegarse como motivo de nulidad el que haya sido resuelta erróneamente, aunque ese error sea el de no creerse la corte con jurisdicción para resolverla, y por tanto la alega-ción a que nos referimos no expone causa de acción en la demanda de este pleito.

El otro punto alegado por el apelante es que la sentencia declarando abandonada la acción en el anterior pleito es nula porque la demandada la solicitó antes de vencer los veinte días que el demandante, entonces, tenía para enmendar su demanda; pero importa poco decidir si la moción de la demandada en aquel pleito fué hecha tres días antes de vencer dichos veinte días, que según el apelante vencían el 28 de octubre, porque lo cierto es que la corte dictó la sentencia por abandono mucho tiempo después, el 20 de noviembre siguiente, fundándose en que estaba vencido el término concedido para enmendar y en que no se había solicitado prórroga del mismo. En una apelación en el caso anterior, Vargas v. Cruz, 32 D.P.R. 456, esta corté dijo que una moción para eliminar ciertos particulares de una demanda es semejante a una excepción previa especial y que de ser declarada con lugar el demandante debe enmendar su demanda, o, de otro modo, se dictará sentencia a favor del demandado, teniendo facultades la corte para ordenar el archivo definitivo del caso.- Por lo expuesto se ve que tampoco la alegación de la demanda a que venimos refiriéndonos aduce causa de acción.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gregorio Santiago Cruz, acusado y apelante.
    No. 2992.
    Visto: Enero 21, 1927.

      Resuelto: Abril 26, 1927.
    1. “Indictment” y Acusación — Mociones para Eliminar (to Quash), para De-sestimar y Excepción Perentoria — Moción para Desestimar la Acusa-ción — Tiempo para Presentarla. — La cuestión relativa a que una acusación fundada esté firmada por im fiscal auxiliar como fiscal de un distrito judicial y no como tal fiscal auxiliar, es una que, afectando a la forma de la aem-saeión, debe levantarse mediante moción antes del juicio.
    2.' Píscales de Distrito (District asid Prosecuting Attorneys) — Assistant Fiscajl de Distrito — Facultades—Presentación de Acusación Bajo su Propia Firma. — Atendido el objeto de la firma del fiscal en la acusación — dar vera-cidad a la existencia de una acusación fundada por el gran jurado — un fiscal auxiliar podría certificar una acusación fundada, especialmente cuando de 3a faz de la acusación no aparece nada que demuestre quién presentó la qiruebss al gran jurado.
    3. Derecho Penal — Evidencia -¡- Admisiones, Declaraciones y Referencia (Hearsay)- — Admisiones Hechas por el Acusado — Admisibilidad en General. — Objetada la admisión de ciertas admisiones hechas por el acusado por haberse permitido mencionar otros incidentes que envolvían delitos distinto» al que se ventilaba', tal admisión no es errónea cuando la prueba demuestra que si bien las admisiones del acusado no constituían parte del res gestae. eran 'la continuación de un relato tendente a traer a luz cuanto el acusado-había dicho al tiempo de hacerlas.
    4. Violación — Proceso y Castigo — Evidencia—Corroboración de la Declara-ción de la Ofendida — Admisiones del Acusado Com©' tal Corroboración.— Las admisiones hechas por un acusado respecto a su partieipación en la co-misión del delito son por sí mismas una corroboración de la declaración da-la perjudicada.
    5. Dbrecího Penal — Apelación y Error y Certiorari — Señalamiento de Erro-res y Alegatos — De los Alegatos — Especificación de Errores — -Errores al Instruirse al Jurado — Especificación de los Defectos en las Ins-trucciones Dadas. — La corte no revocará por supuestos errores cometidos á& instruirse al jurado cuando el acusado, al oponerse a las instrucciones, ra-indica específicamente sus defectos ni demuestra que se cometiera error ©■ perjuicio.
    Sentencia de Roberto H. Todd, Jr., J. (Ponce), condenando al acu-sado por delito de violación, con costas.

      Confirmada.

      Leopoldo 'formes, abogado del apelante; José E. Eigueras, abogado-de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En 22 de mayo de 1926 Gregorio Santiago Crnz fue con-victo del delito de violación en la Corte de Distrito de Ponce y sentenciado a snfrir ocho años de presidio. El primer error señalado por el apelante es frívolo, fné renunciado y carece de fundamento.

El gran jurado declaró la acusación fundada- El apelante se queja de que ésta fuera firmada por Pedro Podrí-guez Serra como fiscal del distrito judicial de Ponce, cuando en realidad de verdad Rodríguez Serra no era el fiscal de dicha corte sino el fiscal auxiliar; y que como tal fiscal auxiliar no tenía derecho a presentar una acusación al gran jurado o a suscribirla.

El apelante trata de distinguir este caso del de El Pueblo v. Arzola, 35 D.P.R. 733, en vista de que en dicho caso la objeción fué hecha por. primera vez en esta corte.

Como este supuesto error hubiese sido uno de forma y no de fondo (El Pueblo v. Brau, 27 D.P.R. 779, y El Pueblo v. París, 25 D.P.R. 111, y citas), debió levantarse mediante moción presentada antes del juicio. El Pueblo v. París, supra. En el presente caso se había tomado juramento al jurado antes de hacerse la objeción. Como funcionario de la corte, el abogado de la defensa no debe hacer que el gobierno incurra en gastos de citar los señores del jurado y los testigos por una mera cuestión de forma, sino que debe levantarse tal cuestión antes del juicio.

El caso de El Pueblo v. Arzola, supra, no fué resuelto solamente por el fundamento de que la cuestión fué levantada demasiado tarde. Dicha opinión resuelve completamente la contención del apelante y no es necesario repetir su razonamiento íntegramente.

La objeción allí levantada en parte fué que Pedro Rodrí-guez Serra no tenía autoridad para presentar.una acusación al gran jurado o para firmarla. De la faz de la acusación no aparecía nada que demostrara quién presentó la prueba al gran jurado. Pudo ser el fiscal mismo.

EL objeto de la firma del fiscal en la acusación es dar veracidad a la existencia de una acusación fundada. Tenemos ideas de que la corte puede valerse de otros medios para averiguar si una acusación ha sido hallada fundada y de que, arm si un fiscal auxiliar fuese reducido a la categoría en que lo coloca el apelante, podría certificar una acusación fundada.

Además, nos inclinamos a creer que el archivo por el secretario de una acusación fundada era prueba prima facie de su existencia y que el apelante, al tener algún derecho, debió alegar en alguna forma que no existía tal acusación fundada.

El acusado hizo admisiones de su participación en la comisión del delito, al padre de la perjudicada y a un policía. El apelante se queja de la admisión de esta prueba, principalmente por el fundamento de haberse permitido a los testigos mencionar otros incidentes que quizá envolvían delitos distintos al que se ventilaba. Sin embargo, la prueba demostró que si bien las admisiones del acusado prácticamente no constituían parte del res gestae, eran, no obstante, la continuación de un relato tendente a traer a la luz cuanto el acusado había dicho al tiempo de hacer tales admisiones. Esto resuelve el segundo y tercer señalamiento de error.

Estas admisiones eran por sí mismas una corroboración de la declaración de la perjudicada y no podemos convenir con el apelante en que la declaración de ella no fué corroborada. La corte, en efecto, dijo al jurado que no era necesario que la declaración de la perjudicada fuera corroborada en su totalidad, pero que era suficiente si se presentaba un detalle que relacionara suficientemente al acusado con el delito imputádole. Además, el acusado al oponerse a las instrucciones al jurado no indicó específicamente a la corte sus defectos. La verdadera actitud de la defensa durante el juicio no es obtener un nuevo juicio fundado en los supuestos errores, sino obtener la absolución haciendo que la corte indique al jurado el aspecto legal del caso. Esto no se hace oponiéndose generalmente a una instrucción sobre la necesidad de corroboración. No hallamos que se haya cometido error ni perjuicio.

En su quinto señalamiento de error el apelante se queja de que la corte se negara, de acuerdo con el art. 162 de la Ley de Evidencia, a instruir al jurado como sigue: “. . . El testimonio de un cómplice deberá mirarse con desconfianza, y la evidencia que resulte de la admisión oral de una de las partes, con cautela. . .” No bailamos que la súplica escrita de la defensa esté copiada en los autos. Sin embargo, apa-rece suficientemente que el abogado defensor solicitó de la corte que instruyera al jurado que las admisiones del acusado fueron miradas con sospecha. La Ley de Evidencia, supra, no dice tal cosa, y según los becbos que presenta este caso, no bailamos que se baya cometido perjuicio alguno por baber dejado la corte de instruir al jurado, que las admisiones orales de una de las partes deben ser miradas con cautela. Los abogados deben ser específicos o deben demostrar que ba habido perjuicio cuando desean que esta corte revoque un caso por haberse cometido supuestos errores al instruir al jurado.

Hubo prueba directa y circunstancial para demostrar que el acusado usó fuerza contra la perjudicada, o que la amenazó. Esto resuelve el sexto señalamiento.

Se presentó suficiente prueba al jurado y la sentencia debe ser confirmada.


author: El Juez- PkesideNte Señok del Toko,

text:
    Sinforiano Burgos Santos, recurrente, v. El Registrador de Caguas, recurrido.
    No. 677.
    Sometido: Marzo 28, 1927.

      Resuelto: Abril 27, 1927.
    1. Registros de la Propiedad — En General. — En el registro debe constar la his-toria clara de las fincas, de sus transferencias y transformaciones.
    2. Inscripciones — Escritura Sobre Rectificación de Finca — Denegatoria de Inscripción — En General. — Guando los datos proporcionados por un intere-sado no son bastantes para que la transformación, de una finca resulte elara del registro, procede denegar la inscripción de la finca así transformada.
    3. Inscripciones — Escritura Sobre Rectificación de Finca Inscrita — inscrip-ción por Menor Superficie que la Verdadera. — No existe regla que per-mita, ni la buena práctica aconseja, la inscripción de una finca por menos superficie de la verdadera para poderse acoger al límite permitido: si la diferencia es mayor al límite, debe recurrirse a los medios supletorios que la ley autoriza.
    Nota de Lemuel Márquez, E. (Caguas), denegando inscripción de escritura de rectificación de finca rústica.

      Confirmada.

      V. Polanco de Jesús, abogado del recurrente; el Registrador recu-rrido compareció por escrito.
   El Juez- PkesideNte Señok del Toko,

emitió la opinión del tribunal.

Sinforiano Burgos compareció ante el notario público Valentín Polanco de Jesús y le manifestó que era dueño de cierta finca rústica situada en el barrio de Collores, de Barros, de noventa y dos cuerdas, describiéndola; que de ella segregó veintiséis cuerdas que vendió a Valentín Burgos, sin des-cribirlas, y diez y nueve cuerdas veinticinco céntimos que vendió a Monserrate Arroyo, sin describirlas tampoco; que las restantes cuarenta y seis cuerdas setenta y cinco céntimos fueron mensuradas por el ingeniero Juan R,. López, de acuerdo con los colindantes, levantándose un plano y averiguándose entonces que en vez de 46.75 existían sesenta y tres cuerdas, describiéndolas; que siendo el exceso más del veinte por ciento, procedía a hacer una nueva descripción de la finca con sólo el veinte por ciento de exceso a fin de que pudiera inscri-birse en el registro y lo hizo, resultando entonces la finca de cincuenta y seis cuerdas trece centavos de otra.

Con las manifestaciones de Burgos levantó el notario la escritura No. tres otorgada en Ciales el día 3 de enero de 1927. El documento se presentó para su inscripción en el registro y la inscripción fué negada. No conforme Burgos recurrió para ante este tribunal.

A nuestro juicio tiene razón el registrador. Los motivos de su nota denegatoria están bien fundados. En el registro debe constar la historia clara de las fincas, de sus transfe-rencias y transformaciones, y los datos proporcionados por la parte interesada no son bastante para que la transforma-ción de la finca de que se trata en este caso resulte clara.

En primer lugar se dice en la escritura que la mensura se practicó de acuerdo con los colindantes levantándose por el ingeniero un plano y ni siquiera el plano se presentó en el registro.

Eii segundo lugar de las dos segregaciones hechas con ante-rioridad a la mensura sólo una consta inscrita en el registro. De la segunda sólo se sabe por las manifestaciones del otor-gante que se segregaron y vendieron a Monserrate Arroyo diez y nueve cuerdas veinte y cinco céntimos. Su descrip-ción no consta.

En tercer lugar un examen de las colindancias revela verdaderas diferencias, como sostiene el registrador, que no se explican de modo alguno. Por ejemplo, la colindancia natural de la finca de 92 cuerdas por el Este con el río Ma-trullas desaparece en la finca de 63, ó 56.3 a los efectos de la inscripción. El hecho podría explicarse a virtud de las segregaciones, pero se da en la finca resultante de la mensura como colindante por el Este a Ceferino Rosario que no es ni Valentín Burgos ni Monserrate Arroyo compradores de las porciones segregadas. Valentín Burgos aparecía en la finca de 92 cuerdas como colindante por el Oeste y sigue apareciendo así en la de 63, pero Monserrate Arroyo no aparece como colindante por ninguno de los vientos. En la colindancia Norte de la finca de 63 cnerdas figuran dos colindantes más que en la de 92, en la Sur tres más, y dos menos y uno más en la Oeste. Ya hemos indicado el cambio que se observa en la colindancia Este.

Sostiene el apelante que no está obligado a explicar esas variaciones.

Es cierto que generalmente tales variaciones no se explican, bastando decir que colindaba antes con A y ahora con B, o con A, B, y C, lo que ni siquiera se hace en este caso. Pero la explicación es necesaria aquí porque si la práctica y la jurisprudencia han permitido la inscripción de pequeños ex-cesos, llegándose hasta el veinte por ciento, lo ha sido bajo la base de que las colindancias sean las mismas. De otra suerte podrían agruparse fincas no inscritas a fincas ya ins-critas alegando un error en la mensura de la finca inscrita, lo que constituiría una clara violación de la letra y el espí-ritu de la Ley Hipotecaria.

Además, como sostiene el registrador no lia citado el recu-rrente ni aparentemente existe regla alguna que permita, ni la buena práctica aconseja que se baga una inscripción como la que el recurrente pretende, esto es, por menos superficie de la que realmente existe para poderse acoger a lo permitido. Si la diferencia es mayor, debe recurrirse a los medios suple-torios que la misma ley autoriza.

El argumento de que si se tomara como base la cabida de la primitiva finca entonces el exceso revelado por la mensura no llegaría al veinte por ciento, se vuelve contra el recurrente, pues, como sostiene el registrador en su alegato, “si ba sido medida sólo una parte no constituye evidencia dicba mensura de la cabida de lo que no ba sido medido, antes bien, cabe la presunción de que lo que sobre en el resto de la finca que fué mensurado, le falte a la cabida de los predios segregados que no ban sido medidos.”

No debe olvidarse que son las solas manifestaciones de la parte interesada la única base para realizar en el registro el importante cambio que se solicita.

Si lo que dicba parte interesada manifestó es lo cierto, le será muy fácil' acreditarlo con la claridad debida. Eso es todo lo que pretende el registrador y, en tal virtud, su negativa a inscribir debe confirmarse.


author: El Juez Presidente Señor del Tobo,

text:
    West India Oil Co., demandante y apelada, v. J. Diego Tormos y Luis A. Teissonniere, Haciendo negocios bajo el nombre de Tormos y Teissonniere, demandados y apelantes.
    No. 4114.
    Visto: Marzo 16, 1927.

      Resuelto: Abril 28, 1927.
    1. Alegaciones — Alegación (Plea) o Contestación, Contra-demanda y Afeida-■vit de Defensa — ‘ ‘ Traverses ’ ’ o Negativas y Admisiones — Negativas Ge-nerales. — Una negativa general bajo el código levanta una controversia en cuanto a cada una de las alegaciones materiales del demandante.

      2. CORPORACIONES — EXISTENCIA OOEPORATIVA Y ‘ ‘ FRANCHISE> ’ — IMPEDIMENTO PAEA Negar su Existencia Ooeboeativa — Personas que Contratan con la Cor-poración. — Una paite que contrata con una corporación no ya una vez sino realizando una serie de transacciones que dan por resultado-una deuda cuyo saldo se redama en el pleito, está impedida de negar la existencia de dicha corporación.
    3. Alegaciones — Alegación (Tlea) o Contestación, Contra-demanda y Affidavit de Defensa — ' ‘ Traverses ’ > o Negativas y Admisiones — Admisiones en las Alegaciones en General — Efecto—Aceptación de la Personalidad con que Unió es Demandado. — Cuando los demandados aceptan la persona-lidad con que son demandados, liberan al demandante de la obligación de probarla en juieio.
    Sentencia de Angel Acosta, J. (Ponce), declarando con lugar de-manda sobre cobro de dinero, con costas.

      Confirmada.

      López de Tord <& Zayas Pizarro, abogados de los apelantes; la parte apelada no compareció.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La West India Oil Co., una corporación autorizada para hacer negocios en Puerto Pico, demandó a J. Tormos Diego y Luis A. Teissonniere haciendo negocios bajo el nombre de “Tormos y Teissonniere,” en cobro de $2,011.80, procedentes de gasolina, gas, aceite y otros efectos vendidos por la deman-dante a los demandados.

Los demandados Tormos y Teissonniere el 17 de marzo de 1925 comparecieron por su abogado P. Manuel Toro y alegaron por vía de excepción previa que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Luego aparece un escrito firmado por los abogados López de Tord y Zayas Pizarro suplicando que se les tenga como abogados de récord del demandado Teissonniere.

Señalado el 4 de mayo de 1925 para la vista de la excepción previa, fué ésta declarada sin lugar el 7 del propio mes y año, notificándose la resolución a los abogados López de Tord y Zayas Pizarro y F. Manuel Toro.

El 18 de mayo contestó la demanda el demandado Teisson-niere, “como socio de Tormos y Teissonniere,” por medio de sus abogados López de Tord y Zayas Pizarro, interponiendo Tina negativa general a todos y cada uno de los hechos de la demanda.

Aparece seguidamente copiada en la transcripción una moción que dice:

“Comparece ante la Hon. Corte, la parte demandada, represen-tada actualmente por su gestor J. Tormos Diego, y respetuosamente solicita se dicte sentencia a favor de la demandante, por ser cierta la cantidad que- se reclama en la demanda. ’ ’
“Ponce, P. R., marzo 30 de 1926.
(f.) J. Tormos Diego,
Gestor. ’ ’

El 14 de mayo de 1926 se celebró el juicio declarando por la demandante los testigos Oscar Eocafort y Francisco Mon-taner, Jr. La corte dictó sentencia en contra de los deman-dados el 2 de agosto de 1926.

El 30 de agosto “la demandada en este caso Tormos y Teis-sonniere por su socio Luis Antonio Teissonniere” apeló de la sentencia, señalando luego en su alegato la comisión de cinco errores: La parte demandante y apelada no presentó alegato, ni compareció a la vista del recurso.

En su primer error se refiere la apelante a una moción de non suit que no consta de los autos que fuera presentada a menos que se tome como tal las manifestaciones del ahogado del demandado solicitando que se declarara sin lugar la de-manda por no haberse probado la personalidad de la deman-dante ni la de la demandada, después de haber expresado: “Nosotros no tenemos prueba.” La misma cuestión de la falta de prueba de la personalidad de las partes, se levanta por el segundo error.

Estamos conformes con la parte apelante en que es una regla bien establecida que “una negativa general pone en controversia cada hecho incluido en las alegaciones de la petición que el demandante está obligado a probar para recobrar, (21 R.C.L. 566), o como dice 31 Cyc. 195, “una negativa general bajo el Código levanta nna controversia en cnanto a cada nna de las alegaciones materiales del demandante,” pero no lo estamos en qne se baya dejado de probar aqní la personalidad de las partes.

En el acto del jnicio Oscar Rocafort declaró qne era el “manager de la West India Oil Co., en Ponce,” y qne la “firma Tormos y Teissonniere, o ellos individnalmente, tenía negocios comerciales con la West India Oil Co.,” qne “cogían para la venta gasolina, aceite, o sea petróleo y todos sns productos,” qne “ellos (los demandados) mensualmente reciben un statement; en ese statement ellos tienen qne decir si han recibido la mercancía qne figura en la relación y ellos siempre estuvieron de entera conformidad,” qne habló personalmente con Teissonniere y con Tormos en relación con el asunto y qne ellos le dijeron “hombre, qne ellos nos deben esa cantidad y qne deseaban pagárnosla.” En parecidos términos se expresó el otro testigo Francisco Montaner, Jr., empleado de la West India Oil Oo.

Las declaraciones de ambos testigos fueron plenamente creídas por la corte. No fueron impugnadas por la parte demandada. Y ellas demuestran qne dicha parte está impe-dida de negar la existencia de la demandante desde el mo-mento que con ella contrató no ya nna vez sino realizando una serie de transacciones qne dieron por resultado final la deuda cuyo saldo se reclama en este pleito.

En cnanto a la personalidad con qne fueron demandados Tormos y Teissonniere, ellos mismos la aceptaron ex-presamente en los diferentes documentos a qne hemos hecho referencia, y, por tanto, liberaron a la demandante de la obligación de probarla en el jnicio.

El tercer error se funda en qne la corte dió valor pro-batorio a la declaración de Rocafort no obstante aparecer de la misma qne no tenía conocimiento directo de los hechos a qne se refirió.

Si bien Rocafort declaró que los efectos fueron comprados cuando él no estaba desempeñando el cargo de “manager”, de la oficina de la demandante en Ponce es lo cierto que declaró también sin objeción que “estos señores,” los demandados* “llevaron cuenta abierta por mí antes de yo marcharme . . y mi sucesor actuaba con los mismos poderes que yo,” y que sus manifestaciones estaban basadas en los libros de la de-mandante.

El cuarto error que se imputa a la corte sentenciadora es el de haber dado también crédito a la declaración del otro-testigo Montaner cuando él no intervino en la transacción.

Su declaración demuestra todo lo contrario. Bastará transcribir los siguientes extremos de la misma: “Pues ellos* los demandados, tomaron petróleo y sus productos, esto es* gasolina, aceite y grasas lubricantes para detallar en su garage en la calle del Comercio. . . . En esa época está-bamos el Sr. Davis y yo personalmente” al frente de la ofi-cina de la demandante.

El quinto y último error se formula así:

“La Corte de Distrito de Ponee, cometió error al declarar con lugar la demanda no obstante no haberse probado por la parte deman-dante la venta y la entrega de la mercancía que dió origen a la referida deuda, siendo la sentencia dictada en este caso contraria a la prueba y a la ley.”

La prueba aportada en el juicio fué en verdad la menos que puede presentarse en un caso de esta naturaleza seguramente debido a la confianza que la demandante tenía en su caso desde el allanamiento de uno de los socios, pero habiendo dado come dió la corte entero crédito a las declaraciones de los dos tes-tigos de la demandante y no habiendo el demandado Teis-sonniere impugnado dichas declaraciones, no puede sostenerse que la sentencia dictada sea contraria a la prueba y a la ley.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Pbesidente Senos, del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Anastasio Gutiérrez, acusado y apelante.
    No. 3128.
    Visto: Febrero 18, 1927.

      Resuelto: Abril 28, 1927.
    1. Desacato — Autoridad para Castigar y Procedimientos para Ello — Procedi-mientos Sumarios — Desacato por Perjurio — Intervención Fiscal en los Procedimientos — -Necesidad de la Misma. — En los procedimientos sumarios de desacato por perjurio cometido en corte abierta, el fiscal debe intervenir y ofrecer la prueba de la acusación.
    2. Desacato — Autoridad para Castigar t Procedimientos para Ello — Procedi-mientos Sumarios — Desacato por Perjurio — Intervención Fiscal en los Procedimientos — Necesidad de la Misma. — En los procedimientos sumarios de desacato por perjurio cometido eu corte abierta, al investigar el juez el caso en sí mismo, debe oir no sólo las declaraciones de la defensa sino las de la acusación.
    Sentencia de Angel Acosrka, J. (Mayagüez), condenando al acusado por delito de perjurio en corte abierta, sin costas.

      Revocada.

      Angel A. Vázquez, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Pbesidente Senos, del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso de desacato por perjurio cometido en corte abierta y la cuestión a decir es si se siguió o no el procedimiento marcado por la ley especial sobre la materia.

Anastacio Gutiérrez, el acusado, compareció a declarar como testigo 'en cierto caso de asesinato que se celebraba en la Corte de Distrito de Mayagüez. El juez que dirigía el juicio estimó que G-utiérrez babía declarado falsamente y dictó una orden decretando su arresto y fijando determinado día para que compareciera a mostrar las causas que tuviese para no ser castigado por desacato.

Hasta aquí el procedimiento seguido está de acuerdo con lo prescrito en la Ley No. 41 de 1911 proveyendo un castigo sumario para los perjurios cometidos en corte abierta.

Llegado el día de la comparecencia el juez abrió el acto explicando detalladamente lo ocurrido en el juicio en que había declarado el acusado y manifestando que había quedado convencido de la falsedad de su declaración y preguntó final-mente al acusado “¿Quiere practicar prueba sobre ese particular?” Por medio de su abogado el acusado contestó afir-mativamente y ofreció como prueba su propia declaración.

Acto seguido la corte declaró al acusado culpable y le impuso quince días de arresto en la cárcel del distrito. No consta que el fiscal interviniera en el procedimiento.

Después de establecer en su sección primera la citada Ley No. 41 de 1911, el procedimiento relativo a la orden para mostrar causa dice:

“El acusado dentro del plazo que la Corte fijare, presentará su defensa contra dicha citación, la Corte oirá las declaraciones de la acusación y de la defensa, y después de practicadas las pruebas, pro-nunciará sentencia en el caso.”

En el Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255, esta corte interpretando la Ley No. 41 de 1911, se expresó así:

“Estudiando en su totalidad la ley de que se trata, se observa que hay dos momentos en que se mueve y actúa la conciencia del juez. Es el primero cuando al prestar su declaración en el juicio, queda el juez convencido de que el testigo es un perjuro. Entonces es el deber del juez, a moción propia, ordenar el arresto del testigo, fijando día para la comparecencia, y es el segundo cuando el juez habiendo ya actuado, se dispone a investigar el caso en sí mismo, oyendo no sólo las declaraciones de la defensa, sino las de la acusa-ción. ’ ’

No es necesario decir más. La ley y la jurisprudencia favorecen al apelante. Así lo reconoce el propio fiscal de esta Corte en su alegato. Debió intervenir en el procedi-miento el fiscal y ofrecer la prueba de la acusación. Entonces esta Corte hubiera tenido un récord que investigar. Si todo queda guardado en la conciencia del juzgador original ¿a qué la apelación que la misma ley concede? Se trata de un pro-cedimiento sumario, es verdad, en el que hay que reconocer en toda su extensión el principio de que el juez de distrito se encuentra en mejores condiciones que los jueces de apela-ción para apreciar la prueba, pero ello no quiere decir que pueda prescindirse de aportar la prueba que sirve de base a la sentencia dejando de ella la debida constancia en los autos.

Debe revocarse la sentencia recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Hernández y Francisco Oms, acusados y apelantes.
    No. 3111.
    Visto: Marzo 8, 1927.

      Resuelto: Abril 28, 1927.
    1. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Horma del Remedio, Ju-risdicción y Derecho de Revisión — Decisiones Sujetas a Revisión — En General. — La decisión de una corte de distrito revocando resolución apelada por la que se declaró con lugar una excepción perentoria contra la acusación devolviendo la causa para ulteriores procedimientos, no es apelable por el acusado para ante el Supremo.
    2. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Poema del Remedio, Ju-risdicción y Derecho de Revisión — Naturaleza del Remedio. — La apela-ción es un derecho esta-tutorio.
    Moción sobre desestimación de apelación, entablada ésta contra resolución de Angel Acosta, J. (Mayagüez), que declaró sin lugar excepciones perentorias contra la acusación.

      Desestimada la apelación.

      Angel A. Vázquez, abogado de los apelantes; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

Juan Hernández y Francisco Oms fueron acusados por el Fiscal del Distrito de Mayagüez en la corte municipal de dicha ciudad, porque siendo secretario de mesa el primero e inspector el segundo de cierto colegio electoral del precinto de Maricao en las últimas elecciones generales celebradas en Puerto Rico, faltaron a sus deberes marcando ilegal y criminalmente ciertas papeletas.

Por vía de excepción perentoria los acusados alegaron que la acusación no contenía hechos suficientes para imputar un delito público y que la acusación comprendía más de un delito.

La excepción fué declarada con lugar. Apeló el fiscal para ante la corte de distrito y ésta revocó la resolución de la corte municipal y devolvió la causa para ulteriores pro-cedimientos.

No conformes con la decisión de la corte de' distrito, los acusados establecieron el presente recurso de apelación.

El fiscal de esta corte levanta en su alegato una cuestión previa, a saber, la de si el recurso establecido está o no auto-rizado por la ley, y sostiene que no lo está.

Cita el fiscal el artículo 347 del Código de Enjuiciamiento Criminal que expresamente determina los casos en que puede apelar un acusado, a saber:

l&wkey;De una sentencia condenatoria definitiva.

2.- — De una providencia denegando una petición para la cele-bración de nuevo juicio.

3. — De una providencia dictada después del fallo que afecte los derechos sustanciales de la parte.

La decisión apelada no es en verdad una sentencia con-denatoria definitiva, ni menos una providencia denegando la celebración de un nuevo juicio. Tampoco es una providencia dictada después de sentencia que afecte los derechos sustan-ciales de la parte.

Ningún otro precepto legal autoriza el recurso. La apelación es un derecho éstatutorio. Siendo ello así, no estando autorizado expresamente por la ley el recurso establecido, sólo cabe una resolución: desestimarlo.