author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Presidente Señor Hernández Denton,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Eugenio González Cardona, recurrido.

      Número: CC-2004-792

      Resuelto: 17 de marzo de 2006

      Roberto Sánchez Ramos, procurador general, abogado de El Pueblo; Jorge Gordon Méndez, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

En el presente caso, el Sr. González Cardona solicitó la supresión de unos comprobantes de retención de contribu-ción sobre ingresos (formulario W-2) por entender que és-tos fueron obtenidos en contravención a la protección cons-titucional contra registros y allanamientos irrazonables. Alegó, en síntesis, que los referidos comprobantes fueron obtenidos en virtud de cierta información que el Estado obtuvo mediante la realización de un registro ilegal. En vista de ello, adujo que la información en cuestión consti-tuía un “fruto del árbol ponzoñoso” inadmisible en los tribunales.

El foro de instancia suprimió los comprobantes basán-dose en que el señor González Cardona no tenía una expec-tativa razonable de intimidad sobre ellos. Inconforme, el Procurador General acudió ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia, pues entendió que la referida información estaba vinculada con el anterior registro ilegal y que, por lo tanto, era un fruto del árbol ponzoñoso.

El Ministerio Público acudió ante nos para solicitar la revocación del dictamen emitido por el foro apelativo. Luego de examinar detenidamente el asunto, este Tribunal se encuentra igualmente dividido en cuanto a cuál es el curso decisorio correcto en el caso de autos. Por ende, se expide el auto, se confirma el dictamen del Tribunal de Ape-laciones y se devuelve el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Her-nández Denton emitió una opinión disidente, a la cual se unieron las Juezas Asociadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Hernández Denton,

a la cual se unieron las Juezas Aso-ciadas Señora Fiol Matta y Señora Rodríguez Rodríguez.

Por entender que, contrario a lo resuelto en la sentencia emitida por este Tribunal, se debió proveer al Ministerio Público la oportunidad de acreditar que la evidencia objeto de controversia era admisible conforme a la doctrina de descubrimiento inevitable, disentimos.

I

Como parte de una investigación contra el Sr. Eugenio González Cardona por posibles violaciones a la Ley de Con-tribución sobre Ingresos,() el Departamento de Hacienda (Hacienda) emitió un requerimiento de documentos (subpoena duces tecum) a la Cooperativa de Ahorro y Cré-dito Hermanos Unidos (Cooperativa). El propósito de dicha actuación era obtener ciertos documentos relacionados con las cuentas bancarias del señor González Cardona. Hacienda emitió el requerimiento sin haber obtenido una or-den judicial para ello y sin notificárselo al señor González Cardona. La Cooperativa entregó los documentos solicitados.

Entre los documentos obtenidos por Hacienda se encon-traban varios cheques emitidos a favor del señor González Cardona por su antiguo patrono, Thomas & Betts Caribe, Inc. A consecuencia de ello, Hacienda requirió a Thomas & Betts, Inc., mediante subpoena duces tecum, copia de los comprobantes de retención de ingresos del señor González Cardona de 1989 a 1996. Dicho requerimiento tampoco contó con una orden judicial que lo autorizara y no fue notificado al señor González Cardona.

Así las cosas, en junio de 1997 se presentaron cargos contra el señor González Cardona por infracción a la See. 145(c) de la Ley de Contribución sobre Ingresos. Oportuna-mente, mediante moción al amparo de la Regla 234 de Pro-cedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la defensa solicitó la supresión de la evidencia obtenida mediante los reque-rimientos de evidencia emitidos por Hacienda. Funda-mentó la petición en que, en conformidad con lo resuelto por nosotros en RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 D.P.R. 424 (1996), la información había sido obtenida mediante un registro y allanamiento irrazonable en contravención al Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ya que no se le notificó al señor González Cardona ese requerimiento.

El foro de instancia suprimió la evidencia relacionada con las cuentas bancarias, mas no los comprobantes de re-tención por entender que el señor González Cardona no podía tener una expectativa razonable de intimidad sobre ellos. Dicho dictamen fue confirmado por el foro apelativo. Ambas partes recurrieron ante nos. En esa ocasión decidi-mos revisar la resolución recurrida con el único propósito de determinar si la norma que establecimos en RDT Const. Corp. v. Contralor I, supra, debía aplicarse retroactiva-mente. En Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R. 765 (2001), resolvimos dicha interrogante en la afirmativa y, por ende, concluimos que la información obtenida de la Cooperativa debía ser suprimida. Devolvimos el caso al foro de instancia para la continuación de los procedi-mientos.

Luego de iniciado nuevamente el proceso en contra del señor González Cardona, la defensa solicitó la supresión de los comprobantes de retención obtenidos mediante el subpoena duces tecum que Hacienda le cursara a Thomas & Betts, Inc. Argumentó, en síntesis, que la evidencia cons-tituía un fruto del árbol ponzoñoso pues fue adquirida en virtud de los documentos que Hacienda obtuvo ilegalmente mediante el requerimiento emitido a la Cooperativa. El Mi-nisterio Público se opuso y adujo que los comprobantes de retención eran admisibles pues, tratándose de documentos gubernamentales, el señor González Cardona no poseía una expectativa razonable de intimidad sobre ellos.

El Tribunal de Primera Instancia ordenó la supresión de la evidencia en cuestión. Inconforme, el Ministerio Pú-blico acudió ante el Tribunal de Apelaciones en donde re-produjo, en síntesis, los mismos planteamientos que esbozó ante el foro de instancia. El foro apelativo consideró que aplicaba al caso la doctrina de los frutos del árbol ponzo-ñoso y, por lo tanto, confirmó la determinación recurrida.

Aún inconforme, el Ministerio Público acude ante nos para solicitar que revoquemos al foro apelativo y decrete-mos que los comprobantes de retención son admisibles, ya que el señor González Cardona no tenía expectativa de in-timidad alguna sobre ellos. Emitimos una orden para mos-trar causa por la cual no debíamos revocar la determina-ción del Tribunal de Apelaciones.

Este Tribunal, por encontrarse igualmente dividido, confirmó el dictamen del foro apelativo. A pesar de lo anterior, entendemos que el Tribunal de Apelaciones erró al suprimir la evidencia incautada sin permitirle al Ministe-rio Público acreditar que los comprobantes en cuestión eran admisibles conforme a la doctrina de descubrimiento inevitable. Veamos.

HH HH

A. La Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a las personas contra registros, allana-mientos e incautaciones irrazonables. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por su parte, con-tiene una disposición análoga en su Art. II, Sec. 10, supra.

Estas cláusulas constitucionales protegen el derecho de intimidad del individuo en tanto le garantiza estar libre de intrusiones gubernamentales irrazonables con su persona, su hogar, sus papeles y otros efectos. Evidencia obtenida en contravención a esta disposición es inadmisible en los tribunales.

Dicha protección sólo se activa cuando los agentes gu-bernamentales han realizado un “registro” en sentido constitucional. Esto ocurre únicamente cuando la persona que alega la violación alberga una expectativa razonable de intimidad sobre la evidencia registrada. RDT Const. Corp. v. Contralor I, supra. Véase, también, Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). Conforme a esta doctrina, no basta que el individuo subjetivamente albergue una expec-tativa de intimidad, sino que dicha expectativa debe ser objetivamente aceptada por la sociedad como razonable. Pueblo v. Loubriel, Suazo, 158 D.P.R. 371 (2003). Véase, también, C.H. Whitebread y C. Slobogin, Criminal Procedure: An Analysis of Cases and Concepts, Nueva York, Ed. Foundation Press, 2000, pág. 135.

Como consecuencia de ello, se ha reconocido que ciertas actividades gubernamentales no activan la protección constitucional contra registros irrazonables, ya que no existe expectativa razonable de intimidad sobre la materia investigada. Así, por ejemplo, no se activa la cláusula cons-titucional cuando la evidencia es ocupada en un “campo abierto” o cuando la evidencia ocupada ha sido aban-donada. Véase E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, pág. 347. Por último, también hemos señalado que un individuo no tiene expectativa razonable de intimidad frente a una entidad gubernamental en relación con el pa-radero de documentos emitidos por esa misma entidad. Véase a Pueblo v. Loubriel, Suazo, supra.

La determinación de la existencia de una expectativa razonable de intimidad que active la protección de la cláu-sula constitucional es una cuestión de umbral a ser deter-minada antes de entrar a considerar si la intervención gu-bernamental fue razonable. Por otro lado, una vez se constata la existencia de dicha expectativa, es necesario compararla con el interés que la actuación gubernamental pretendía adelantar. A mayor expectativa de intimidad, mayor ha de ser el interés que debe tener el estado para justificar su intervención. Véase Chiesa Aponte, op. cit, pág. 347.

B. La protección contra registros y allanamientos irra-zonables concedida por nuestra Constitución es de “factura más ancha” que la otorgada en virtud de la Constitución federal. Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 D.P.R. 526 (2003). Véase también E.L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65. (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 83 (1996). Esto responde a que, en la zona del derecho de in-timidad, nuestra constitución concede más derechos que su homologa federal. RDT Const. Corp. v. Contralor I, supra.

Al respecto, hemos concedido mayor protección en las instancias siguientes: (1) registro de vehículo como incidental a un arresto, Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988); (2) registro de la persona como incidental a un arresto, Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976); (3) inter-ceptación de comunicaciones telefónicas, P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983), y (4) incautación de docu-mentos privados sometidos a la custodia de instalaciones bancarias, RDT Const. Corp. v. Contralor I, supra.

Este último caso resulta particularmente pertinente para resolver la controversia que tenemos ante nos. Allí expresamente rechazamos la norma federal de United States v. Miller, 425 U.S. 435 (1976), mediante la cual se es-tablecía que una persona que voluntariamente entrega sus documentos a una institución bancaria pierde cualquier expectativa legítima de intimidad sobre ellos. Amparándo-nos en la factura más ancha de nuestra Constitución con-cluimos, contrario a lo resuelto en United States v. Miller, supra, que los clientes de los bancos “tienen una expecta-tiva legítima de que [la institución] no ... divulgará [la] información a terceros sin su consentimiento”. RDT Const. Corp. v. Contralor I, supra, pág. 438. Por tal razón, le re-conocimos legitimación activa a los depositantes para cues-tionar la legalidad de un subpoena duces tecum emitido por la Oficina del Contralor, en el que solicitaba al banco la entrega de cierta información sobre sus cuentas privadas.

Resolvimos, por consiguiente, que la persona cuya cuenta se pretende investigar debe ser notificada de la or-den de requerimiento de documentos para que tenga la oportunidad de cuestionar la legalidad de la intervención gubernamental. Posteriormente aclaramos que la entidad investigadora puede prescindir de realizar la notificación siempre y cuando haya obtenido una orden judicial para registrar los documentos bancarios en cuestión. RDT Const. Corp. v. Contralor II, 141 D.P.R. 861, 864 (1996). Por úl-timo, también hemos precisado que el caso es distinto cuando los documentos solicitados por el Estado fueron emitidos por el propio Gobierno. En estos casos, como se-ñalamos anteriormente, el individuo no puede cuestionar la actuación gubernamental, pues no posee una expecta-tiva razonable de intimidad sobre dichos documentos. Véase a Pueblo v. Loubriel, Suazo, supra.

C. En virtud de la doctrina de los frutos del árbol pon-zoñoso, la protección contra registros irrazonables acarrea no sólo la inadmisibilidad de la evidencia ilegalmente ocu-pada, sino también la de cualquier prueba estrechamente vinculada con la intervención ilegal inicial. Véase a Pueblo v. Serrano, Serra, 148 D.P.R. 173, 189 (1999). La doctrina tiene el propósito de asegurar que el efecto disuasivo de la regla de exclusión no sea socavado mediante la admisibili-dad de evidencia que es un fruto de una intervención ilegal previa. Whitebread y Slobogin, op. cit., pág. 37.

La referida doctrina puede, incluso, culminar en la ex-clusión de evidencia que, a pesar de haberse procurado le-galmente, está de algún modo vinculada a una previa ac-tuación ilegal del Estado. Lo contrario fomentaría “la violación de la protección contra registros irrazonables (mediante la realización de un arresto ilegal, por ejemplo) con la esperanza de obtener evidencia de otra manera ad-misible (una confesión subsiguiente [siguiendo los paráme-tros de Miranda])”. (Traducción nuestra.) Whitebread y Slobogin, op. cit., pág. 37.

Por otro lado, un fruto es admisible cuando se cumple con los requisitos de cualquiera de las tres doctrinas si-guientes: (1) doctrina del vínculo atenuado, (2) doctrina de la fuente independiente y (3) doctrina del descubrimiento inevitable. La primera permite que se admita como eviden-cia aquella prueba cuyo vínculo con la conducta ilegal es tan atenuado que ya no está maculada por la ilegalidad inicial. El ámbito de aplicación de la doctrina del vínculo atenuado depende de tres factores, a saber: (1) el propósito y la intensidad de la conducta ilegal, (2) la “proximidad temporal” entre la conducta ilegal y la obtención del fruto, y (3) la existencia de circunstancias o eventos intervento-res entre la ilegalidad inicial y la obtención del fruto. Véanse: Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975); Whitebread y Slobogin, op. cit., págs. 39-40. Cada uno de los factores es importante, mas ninguno de ellos por sí solo resulta deter-minante para establecer la admisibilidad de la evidencia.

La regla de exclusión tampoco aplica cuando el Estado demuestra que la evidencia fue obtenida en virtud de una fuente independiente de la intervención ilegal. El propósito de admitir evidencia que cumple con los requisitos de esta doctrina es asegurar que “el ministerio público no sea puesto en peor posición [que en la que estaba previo a la intervención ilegal] sencillamente por razón de una previa actuación estatal ilegal”. (Traducción nuestra.) Murray v. United States, 487 U.S. 533, 539 (1988). Cuando la eviden-cia es obtenida mediante una fuente independiente a la actuación ilegal, no hay “mácula” alguna que atenuar y, por lo tanto, la prueba incautada es admisible ya que, es-trictamente, no constituye un fruto del árbol ponzoñoso. Véase Chiesa, op. cit., pág. 319. Véase, también, Whitebread y Slobogin, op. cit., pág. 42.

Los frutos también son admisibles cuando la prueba cuya supresión se solicita inevitablemente hubiese sido des-cubierta sin tomar en cuenta la información obtenida me-diante el registro ilegal. Al igual que la doctrina de fuente independiente, el propósito de la regla de descubrimiento inevitable es evitar poner al Estado en peor posición de la que estaba antes de la actuación ilegal. Véanse: Nix v. Williams, 467 U.S. 431 (1984); Chiesa, op. cit., págs. 321-325. La doctrina de descubrimiento inevitable constituye una variación de la regla de la fuente independiente. 3 LaFave, Israel and King, Criminal Procedure Sec. 9.3(e)(1999). Se diferencia de ella, no obstante, en cuanto la cuestión central no es si el Estado obtuvo la evidencia mediante una fuente independiente, sino si inevitable-mente la hubiese obtenido a pesar de la previa intervención ilegal. LaFave, Israel and King, supra; Nix v. Williams, supra.

Para que se admita evidencia conforme a la doctrina de descubrimiento inevitable es necesario que el estado de-muestre que cumplió con los criterios siguientes: (1) que el Gobierno estaba realizando una investigación legal que se-guramente hubiera producido la misma evidencia que fue obtenida como fruto de la intervención ilegal, (2) que la investigación era conducida por agentes distintos a los que cometieron la ilegalidad y (3) que la investigación estaba llevándose a cabo con anterioridad a la actuación ilegal. Véanse: Whitebread y Slobogin, op. cit., pág. 46; U.S. v. Rullo, 748 F.Supp. 36 (D. Mass. 1990). Por otro lado, la información también debe ser admitida cuando se logra demostrar que la evidencia seguramente hubiese sido ob-tenida posteriormente en virtud de algún procedimiento estandarizado o rutinario.() LaFave, Israel and King, supra, Sec. 11.4.

Por último, sólo nos queda señalar que la doctrina de los frutos del árbol ponzoñoso opera de forma distinta depen-diendo del tipo de fruto obtenido. Es por ello que el análisis varía según el fruto de la actuación ilegal sea una confe-sión, una identificación o el descubrimiento de un testigo. Véanse: LaFave, Israel and King, supra, Sec. 11.4(b)-11.4(j); Whitebread y Slobogin, op. cit., págs. 39-42. Así, usualmente se admite la evidencia cuando el fruto es el descubrimiento de un testigo ya que, como señaló el Tribunal Supremo federal, “los testigos no son como revólveres o como documentos que permanecen ocultos a la vista hasta que uno rebusca en un sofá o abre un gabinete para alma-cenar efectos”. (Traducción nuestra.) United States v. Ceccolini, 435 U.S. 268, 276 (1974). Esto se debe a que, en muchas ocasiones, los testigos están disponibles para ser cuestionados en cualquier momento e, incluso, cooperan voluntariamente con la investigación estatal. La conse-cuencia de ello es que se torna mucho más fácil probar que los agentes de todas maneras hubiesen conocido de la iden-tidad del referido testigo.

A la luz de esta normativa, pasemos a examinar el caso ante nos.

hH h-1

El Ministerio Público alega que los comprobantes de re-tención de contribución sobre ingresos son admisibles, ya que el señor González Cardona no tenía una expectativa razonable de intimidad sobre ellos. Aduce, por lo tanto, que la actuación gubernamental no constituyó un “registro” susceptible de activar la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. No le asiste la razón.

Si bien es cierto que, conforme a lo resuelto por nosotros en Pueblo v. Loubriel, Suazo, supra, el señor González Car-dona no tiene expectativa legítima de intimidad respecto a un formulario W-2 cuando es solicitado por Hacienda, no es menos cierto que el Estado obtuvo la información sobre sus ingresos en virtud de que descubrieron la identidad de su patrono mediante el subpoena duces tecum que ilegal-mente le cursaron a la Cooperativa. Por ello, el descubri-miento de la identidad del patrono del señor González Car-dona constituye un fruto del árbol ponzoñoso.()

Por otro lado, la defensa alega que el foro apelativo ac-tuó correctamente al suprimir la evidencia, pues en el caso de autos no se satisfacían los requisitos de ninguna de las tres excepciones a la doctrina de los frutos. Tampoco le asiste la razón.

El fruto en este caso es el descubrimiento de la identi-dad del patrono del señor González Cardona. Según hemos explicado, cuando el fruto obtenido es la identidad de un testigo generalmente se admite la evidencia en virtud de la doctrina de descubrimiento inevitable. Ello porque los tes-tigos están disponibles para ser cuestionados en el mo-mento en que el Estado lo requiera como parte de su investigación. Por otro lado, la identidad de un testigo es considerablemente más difícil de ocultar que otro tipo de evidencia como armas, drogas o documentos. Por ende, es posible que en el caso de autos Hacienda eventualmente hubiese descubierto la identidad del patrono. Dicho dato sería obtenible mediante técnicas tan sencillas como pre-guntarle a amigos o familiares cercanos al señor González Cardona acerca de cuál fue su lugar de trabajo para las fechas en cuestión. En fin, es probable que el aparato in-vestigativo del Estado hubiese producido dicha informa-ción en un período relativamente corto de tiempo.

Por último, no nos cabe duda de que en el caso de autos el Estado cumplió con dos de los tres criterios requeridos para establecer la excepción de descubrimiento inevitable. El primer criterio se satisface ya que, como acabamos de señalar, el Gobierno estaba realizando una investigación mediante la cual seguramente hubiese conocido de la iden-tidad del patrono. De otra forma, el tercer criterio también se cumplió ya que la investigación estatal contra el señor González Cardona estaba llevándose a cabo con anteriori-dad a la actuación ilegal. Sólo nos queda determinar si la referida investigación era conducida por agentes distintos al que ilegalmente le cursó el subpoena duces tecum a la Cooperativa. A pesar de que del expediente surge que la División de Evasiones Contributivas estaba a cargo de in-vestigar el caso, no nos es posible determinar si algún agente distinto al que actuó ilegalmente colaboró con la referida investigación.

Por ende, contrario a lo resuelto en la sentencia emitida por este Tribunal, devolveríamos el caso al foro de instan-cia para proveerle al Ministerio Público la oportunidad de establecer que seguramente hubiesen descubierto la iden-tidad del patrono mediante una investigación llevada a cabo por un agente distinto al que emitió el requerimiento ilegalmente.

      (1) Los cargos en el caso de autos son presentados al amparo de la derogada Ley de Contribuciones sobre Ingresos. Dicha ley fue sustituida por el Código de Rentas Internas de 1994. Sin embargo, la referida legislación establece que la antigua ley sigue vigente para los períodos contributivos previos a 1995. Véase 13 L.P.R.A. sec. 8008.

      (2) Nos referimos a procedimientos estandarizados como registros de inventario, registros en aeropuertos o registros en las fronteras.

      (3) Sería un error considerar que el fruto en este caso fueron los formularios W-2, ya que el Estado nunca hubiese podido obtenerlos a no ser por el descubrimiento de la identidad del patrono producto del requerimiento que ilegalmente le cursaron a la cooperativa. Por tal razón, el verdadero fruto es la identidad del patrono y los comprobantes de retención son, por así decirlo, un “fruto del ñuto”.


source: Caselaw Access Project

author:
      (Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Jueza Asociada Señora Fiol Matta, Juez Asociado Señor Re-bollo López,

license: Public Domain

text:
    Autopistas de Puerto Rico y Compañía, S.E., peticionaria, v. Autoridad de Carreteras y Transportación, recurrida.

      Número: CC-2004-534

      Resuelto: 17 de marzo de 2006

      Lino Saldaña y Bárbara M. Rivera Sánchez, abogados de la parte peticionaria; Luis A. Rivera Cabrera, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

La Autoridad de Carreteras y Transportación (recurrida o Autoridad) contrató los servicios del bufete Greenberg & Traurig, establecido en Estados Unidos, para que le brin-dara consejería legal en cuanto a la negociación del con-trato de concesión para la construcción de la Ruta PR-66. El abogado encargado de ofrecer el asesoramiento fue el Sr. Gary M. Epstein, quien está admitido a ejercer la abogacía en el estado de Florida, pero no así en Puerto Rico.

La Autoridad sostuvo negociaciones con Autopistas de Puerto Rico y Compañía, S.E. (peticionaria o Autopistas de Puerto Rico) en cuanto al mencionado contrato de concesión. En 1997, luego de cuatro años de negociación, Autopistas de Puerto Rico presentó una demanda por da-ños contra la Autoridad por ésta haber terminado las ne-gociaciones de manera alegadamente unilateral. Como parte del descubrimiento de prueba en este caso, Autopis-tas de Puerto Rico le solicitó al Tribunal de Primera Ins-tancia que le ordenara a la Autoridad entregar copia de todas las comunicaciones cursadas entre ésta y su asesor legal, el señor Epstein, relacionadas con las negociaciones del contrato de concesión. La Autoridad se opuso a esta solicitud invocando el privilegio de abogado-cliente estable-cido en la Regla 25 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Auto-pistas de Puerto Rico, por su parte, alegó que el privilegio abogado-cliente no protege las comunicaciones hechas a abogados que no están admitidos a practicar en Puerto Rico. Según su criterio, la aplicación de la norma de inter-pretación restrictiva en cuanto al alcance de los privilegios, establecida en la Regla 35 de Evidencia, supra, lo prohíbe.

El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista, luego de la cual ordenó a la Autoridad que presentara to-dos los documentos alegadamente privilegiados para exa-minarlos en cámara. Una vez cumplida la orden, el Tribunal de Primera Instancia determinó que los documentos solicitados estaban cobijados por el privilegio abogado-cliente. Inconforme con esta decisión, la peticionaria acu-dió al Tribunal de Apelaciones, que confirmó al Tribunal de Primera Instancia. De esta determinación recurre ante no-sotros Autopistas de Puerto Rico para señalar que el foro apelativo erró al resolver que el privilegio abogado-cliente protege las comunicaciones en controversia y al permitir que el tribunal de instancia determinara que todos los do-cumentos sometidos estaban protegidos por el privilegio, sin hacer un desglose de las comunicaciones y la razón por la cual éstas eran privilegiadas.

Luego de examinar detenidamente el asunto, este Tribunal ha acordado confirmar el dictamen del Tribunal de Apelaciones y devolver el caso al foro de instancia para que se continúe con los procedimientos.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Jueza Aso-ciada Señora Fiol Matta emitió una opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López emi-tió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— O —

Opinión concurrente emitida por la

Jueza Asociada Señora Fiol Matta,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Rodrí-guez Rodríguez.

Coincido en que debemos confirmar al Tribunal de Ape-laciones en este caso, pero entiendo que no debemos des-aprovechar la oportunidad para expresarnos sobre el al-cance del privilegio abogado-cliente en nuestra jurisdicción y resolver si están protegidas las comunicaciones hechas por un cliente a un abogado no admitido a practicar en Puerto Rico, pero sí admitido a la jurisdicción donde tiene su despacho. Por esta razón, formulo la presente opinión concurrente. Entiendo, por las razones que expongo a con-tinuación, que las comunicaciones antes mencionadas es-tán protegidas por el privilegio abogado-cliente establecido en el Regla 25 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

I — I

Los hechos pertinentes del presente caso no están en controversia. La Autoridad de Carreteras y Transportación (recurrida o Autoridad) contrató los servicios del bufete Greenberg & Traurig, establecido en Estados Unidos, para que le brindara consejería legal en cuanto a la negociación del contrato de concesión para la construcción de la Ruta PR-66. El abogado encargado de ofrecer el asesoramiento fue el Sr. Gary M. Epstein, quien está admitido a ejercer la abogacía en el estado de Florida, pero no así en Puerto Rico.

La Autoridad sostuvo negociaciones con Autopistas de Puerto Rico y Compañía, S.E. (peticionaria o Autopistas de Puerto Rico) en cuanto al mencionado contrato de concesión. En 1997, luego de cuatro años de negociación, Autopistas de Puerto Rico presentó una demanda por da-ños contra la Autoridad por ésta haber terminado las ne-gociaciones de manera alegadamente unilateral. Como parte del descubrimiento de prueba en este caso, Autopis-tas de Puerto Rico le solicitó al Tribunal de Primera Ins-tancia que le ordenara a la Autoridad entregar copia de todas las comunicaciones cursadas entre ésta y su asesor legal, el señor Epstein, relacionadas con las negociaciones del contrato de concesión. La Autoridad se opuso a esta solicitud invocando el privilegio de abogado-cliente estable-cido en la Regla 25 de Evidencia, supra. Autopistas de Puerto Rico, por su parte, alegó que el privilegio abogado-cliente no protege las comunicaciones hechas a abogados que no están admitidos a practicar en Puerto Rico. Según su criterio, la aplicación de la norma de interpretación res-trictiva en cuanto al alcance de los privilegios, establecida en la Regla 35 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, lo prohíbe.

El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista, luego de la cual ordenó a la Autoridad que presentara to-dos los documentos alegadamente privilegiados, para exa-minarlos en cámara. Una vez cumplida la orden, el Tribunal de Primera Instancia determinó que los documentos solicitados estaban cobijados por el privilegio abogado-cliente. Inconforme con esta decisión, la peticionaria acu-dió al Tribunal de Apelaciones, que confirmó al Tribunal de Primera Instancia. De esta determinación recurre ante no-sotros Autopistas de Puerto Rico para señalar que el foro apelativo erró al resolver que el privilegio abogado-cliente protege las comunicaciones en controversia y al permitir que el tribunal de instancia determinara que todos los do-cumentos sometidos estaban protegidos por el privilegio, sin hacer un desglose de las comunicaciones y la razón por la cual éstas eran privilegiadas.

r*H HH

Para resolver los planteamientos que han hecho ambas partes a lo largo de este pleito debemos evaluar si las co-municaciones entre la Autoridad y su asesor legal, quien no está admitido a ejercer la abogacía en Puerto Rico, son materia privilegiada al amparo de la Regla 25 de Eviden-cia, supra. En lo referente al privilegio abogado-cliente esta regla establece que:

(A) Según usadas en esta regla, las siguientes expresiones tendrán el significado que a continuación se indica:
(1) Abogado. — Persona autorizada o a quien el cliente razo-nablemente creyó autorizada a ejercer la profesión de abo-gado; incluye a la persona así autorizada y a sus asociados, asistentes y empleados de oficina.
(2) Cliente. — Persona natural o jurídica que, directamente o a través de representante autorizado, consulta a un abogado con el propósito de contratarle o de obtener servicios legales o consejo en su capacidad profesional; incluye al incapaz que consulta él mismo a un abogado o cuyo tutor o encargado hace tal gestión con el abogado a nombre del incapaz.
(3) Comunicación confidencial. — Aquella comunicación ha-bida entre un abogado y su cliente en relación a alguna ges-tión profesional, basada en la confianza de que no será divul-gada a terceras personas, salvo a aquellas que sea necesario para llevar a efecto los propósitos de la comunicación.
(B) Sujeto a lo dispuesto en esta regla, el cliente, sea o no parte en el pleito o acción, tiene el privilegio de rehusar reve-lar, y de impedir que otro revele, una comunicación confiden-cial entre él y su abogado. El privilegio puede ser invocado no sólo por el poseedor del privilegio que es el cliente, sino tam-bién por una persona autorizada a invocarlo en beneficio de éste, o por el abogado a quien la comunicación fue hecha si lo invoca a nombre de y para beneficio del cliente.
(C) No existe privilegio bajo esta regla si:
(1) Los servicios del abogado fueron solicitados u obtenidos para permitir o ayudar a cualquier persona a cometer o pla-near la comisión de un delito, un acto torticero o un fraude.
(2) La comunicación es pertinente a una controversia entre los herederos del cliente ya fallecido, independientemente de que las reclamaciones provengan de un testamento o de suce-sión intestada o de transacción entre vivos.
(3) La comunicación es pertinente a una controversia rela-tiva a una violación por el abogado del cliente de rm deber que surja de la relación abogado-cliente.
(4) La comunicación es pertinente a una controversia rela-tiva a un documento en que intervino el abogado en calidad de notario.
(5) La comunicación es pertinente a una materia de común interés para dos o más clientes del abogado, en cuyo caso un cliente no puede invocar el privilegio contra los otros dos.
(D) Cuando dos o más personas se unen como clientes de un mismo abogado en cuanto a un asunto de interés común entre ellas, ninguna de ellas podrá renunciar al privilegio sin el con-sentimiento de las otras.

A pesar de que la regla es clara y contempla una amplia gama de situaciones, ésta no resuelve de su faz la contro-versia ante nuestra consideración. Por esta razón es nece-sario que interpretemos la citada Regla 25 de Evidencia y establezcamos su alcance. Al así hacerlo, debemos tener presente la norma de interpretación restrictiva del alcance del privilegio abogado-cliente que establecimos en Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862 (1962). En ese caso señala-mos que “la interpretación de los preceptos que consagran el carácter privilegiado de estas comunicaciones [debe ser restrictiva, y] la prueba debe admitirse a menos que esté claramente comprendida dentro de la exclusión del estatuto”. Íd., pág. 871. Esta norma de interpretación está consagrada actualmente en nuestra Regla 35 de Evidencia.() Su fundamento radica en que no se debe limi-tar innecesariamente el acceso de los juzgadores a eviden-cia pertinente. Por eso sólo se debe excluir el contenido de una comunicación si es claro que está dentro de las comu-nicaciones que la regla de exclusión pretende proteger.

Para poder establecer si las comunicaciones entre la Au-toridad y el señor Epstein están protegidas por la política a la que responde el privilegio establecido por la Regla 25 de Evidencia, debemos entender el propósito de la regla y su trayectoria en nuestra jurisdicción.

hH

El privilegio abogado-cliente es el más antiguo de los privilegios reconocidos en el common law. E.L. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio: Reglas de Eviden-cia de Puerto Rico y federales, República Dominicana, Pu-blicaciones JTS, 1998, T. I, See. 4.4, pág. 218. Se encuentra tan arraigado este privilegio en la tradición del derecho probatorio angloamericano, del cual se deriva el nuestro, que las reglas y la doctrina reconocen pocas excepciones a su aplicación en comparación con las reconocidas para otros privilegios. Esto responde, a su vez, a la fuerte polí-tica pública a favor del privilegio abogado-cliente.

Las reglas que protegen las comunicaciones entre abo-gado y cliente tienen por objetivo el fomentar la represen-tación legal efectiva. El reconocimiento del privilegio abo-gado-cliente pretende promover la relación de confianza que debe existir entre el abogado y su cliente, de modo que la preparación para el juicio y la eventual representación legal sean adecuadas. Al excluir del juicio y del descubri-miento de prueba las comunicaciones que hace el cliente a su abogado se propicia que el cliente haga a su abogado un recuento fiel y exacto de los hechos y de las controversias por las cuales busca consejería legal. Esto desalienta los litigios carentes de méritos y facilita la labor del abogado de brindar una asesoría correcta. Es por esta razón que el poseedor del privilegio es el cliente y no el abogado, contra-rio a lo que sucede con la doctrina de la labor de represen-tación legal (work product). El objetivo del privilegio es que el cliente tenga la confianza de decirle a su abogado la verdad de los hechos, de forma que se facilite una sana administración de la justicia. Precisamente por esta aspi-ración es que el reconocimiento del privilegio se antepone usualmente a la norma que favorece un descubrimiento de prueba amplio. Véanse: The Attorney-Client Privilege and the Work-Product Doctrine, 2da ed., [s.l.], American Bar Association, 1989, págs. 1-3; S. Bradford, Conflict of Laws and the Attorney-Client Privilege: A Territorial Solution, 52 U. Pitt. L. Rev. 909, 913-915 (1991); Lugo Ortiz v. Ferrer, supra, pág. 871.

Por otro lado, una comunicación debe estar protegida por el privilegio abogado-cliente, si además de haberse en-tablado entre las personas que señala la regla, cumple con los cuatro requisitos siguientes:

(1) la comunicación se hace dentro de un marco de ex-pectativa de confidencialidad;

(2) la confidencialidad es un elemento esencial en el mantenimiento de la relación entre las partes;

(3) la relación es reconocida socialmente como merece-dora de ser protegida, y

(4) el menoscabo de la relación por el descubrimiento de las comunicaciones sería mayor que el beneficio que repre-sentaría su divulgación. Véase 8 Wigmore on Evidence Sec. 2285, pág. 527 (1961).

En síntesis, si una comunicación entre un abogado y un cliente cumple con estos cuatros criterios, ésta debe estar protegida por el privilegio abogado-cliente, ya que así se promueven los intereses tutelados por la regla de exclusión. No hay duda de que las comunicaciones sosteni-das entre la recurrida y el señor Epstein cumplen con los cuatro requisitos mencionados. El problema en este caso es si el señor Epstein está dentro de la acepción de la palabra "abogado” de nuestra regla.

IV

En lo referente a quien puede ser considerado como abo-gado para propósitos del privilegio, la Regla 25 de Eviden-cia, supra, establece tres posibilidades: (1) que el abogado esté admitido al ejercicio de la profesión; (2) que se trate de un empleado del abogado, o (3) que sea una persona que el cliente razonablemente cree está autorizada a ejercer la profesión de abogado. La regla no requiere expresamente, como no lo requería la regla anterior,() que el abogado esté admitido a ejercer la profesión en nuestra jurisdicción. Tampoco el historial de la regla actual muestra que esa hubiese sido la intención del comité encargado de su redac-ción al crearla ni de la Asamblea Legislativa al aprobarla. Los borradores y proyectos que antecedieron a la actual regla recogían la norma de las Uniform Rules of Evidence, hoy establecida en la mayor parte de los estados de Esta-dos Unidos.() Esta norma protege no sólo las comunicacio-nes abogado-cliente cuando efectivamente se trata de un abogado, sino también las comunicaciones que se hacen a personas que el cliente entendió, razonablemente, que eran abogados admitidos a practicar la profesión de la abo-gacía en la jurisdicción de origen del cliente o en otra jurisdicción.()

Consta en el historial legislativo que las primeras ver-siones de la Regla 25 de Evidencia, supra, no se aprobaron porque la Asamblea Legislativa no tuvo tiempo para estu-diar y considerar las reglas propuestas.() Por otro lado, los comentarios a la Regla 25 preparados por el Secretariado de la Conferencia Judicial, tanto para el proyecto de reglas como para la versión aprobada por la Asamblea Legisla-tiva, no indican la razón por la cual no se incorporó en el proyecto final y en la eventual regla la versión que recogía la norma de las Uniform Rules of Evidence y que aparecía en el Informe de la Comisión de Reglas de Evidencia de la Conferencia Judicial de Puerto Rico de 1977.() Específica-mente, no surge de dichos comentarios la intención de ex-cluir las comunicaciones realizadas con abogados no admi-tidos a nuestra jurisdicción del privilegio abogado-cliente. Por el contrario, se puede colegir del proyecto presentado en 1978 que el cambio obedeció a la intención de simplifi-car la redacción finalmente aprobada y adoptar la norma de mayor amplitud. En efecto, cuando se sometió el pro-yecto final se simplificó la redacción de la regla en su totalidad. Por otra parte, en los comentarios a la Regla 25 preparados por el Secretariado de la Conferencia Judicial, tanto para el proyecto de reglas como para la versión apro-bada por la Asamblea Legislativa, se incluyeron como dis-posiciones similares o relacionadas a nuestro privilegio de abogado-cliente, las Reglas Uniformes de Evidencia, las Reglas de Evidencia de California, el Código Modelo de Evidencia y el Proyecto de las Reglas de Evidencia de 1958, todos los cuales reconocen la aplicación de este privilegio a las comunicaciones entabladas con abogados no admitidos a la jurisdicción de origen del cliente.() Todo lo anterior es indicativo de que la variación en el texto aprobado no tuvo la intención de limitar la norma contenida en los proyectos anteriores. El proyecto de Reglas de Evidencia preparado por la Conferencia Judicial en 1991 tampoco propuso mo-dificación alguna en este sentido.()

Al sopesar lo anterior junto con la claridad del inciso (C) de la Regla 25, que establece las cinco circunstancias espe-cíficas en las cuales no aplicará el privilegio, concluimos que la limitación que propone la peticionaria sería ajena al propósito de proteger al cliente, privilegiando la comunica-ción de éste con su abogado. Abonan a nuestra conclusión el hecho de que el cliente es el poseedor del privilegio y los comentarios a la Regla 25 preparados por el Secretariado de la Conferencia Judicial, que señalan que el propósito de este inciso “es restringir expresamente el privilegio en los casos indicados”.()

Por otro lado, si acudiéramos al derecho comparado, en-contraríamos que en el common law el privilegio abogado-cliente aplica aun cuando se trate de una comunicación con alguien que no esté autorizado a ejercer la profesión, a me-nos que el cliente conozca de esa situación. Se entiende que sería contrario al propósito de la regla imponerle al cliente la obligación de averiguar si su abogado estaba autorizado a ejercer como tal antes de comunicarse con él. Los tribu-nales de otras jurisdicciones han sostenido la aplicación del privilegio en casos similares a éste, y han preferido penalizar de otro modo el brindar asesoría legal sin estar admitido a la práctica en la jurisdicción. Véanse: Powell v. Western Illinois Elec. Co-op., 536 N.E.2d 231 (1989); Georgia-Pacific Plywood Co. v. United States Ply. Corp., 18 F.R.D. 463, 465 (D. N.Y. 1956); 2 Witkin, California Evidence Sec. 101, pág. 354 (4ta ed. 2000).()

Nos parece un contrasentido proteger las comunicacio-nes entabladas con alguien que el cliente creyó razonable-mente que era abogado, pero no lo es, como expresamente dispone la Regla 25, y no proteger las comunicaciones es-tablecidas con quien sí lo es, aunque esté autorizado a ejer-cer en una jurisdicción distinta a la nuestra. Igualmente, contradeciría el propósito y la razón de ser del privilegio negarle protección a las comunicaciones efectuadas entre la recurrida y su abogado en este caso, por el sólo hecho de que la recurrida realizó la consulta desde Puerto Rico con su abogado radicado en Florida, quien le respondió desde allá, aunque la comunicación se recibió en nuestro país. Si la recurrida se hubiese trasladado al estado de Florida, donde está admitido a la práctica su abogado, no hay duda de que las comunicaciones serían privilegiadas.() El no reconocer la aplicación del privilegio en este caso atentaría contra la certeza que requieren los clientes de que las co-municaciones establecidas con su abogado o con la persona que creen autorizada para ejercer la abogacía estarán pro-tegidas, y por lo tanto, atenta contra el privilegio mismo. Más aún, negaría la realidad actual de la comunicación digital y extrajurisdiccional, y de la globalización econó-mica y cultural.

El mandato de interpretación restrictiva del alcance de los privilegios no significa que éstos deben interpretarse en contraposición a la política pública que los inspira. Con-cluir que las comunicaciones establecidas entre la recu-rrida y su asesor legal en este caso no están cobijadas por el privilegio abogado-cliente sería ir contra la política pú-blica a la que responde esa norma. Es claro que la situa-ción ante nosotros está dentro del grupo de comunicaciones que pretende proteger la política pública de la regla de exclusión del privilegio abogado-cliente. Por lo tanto, resol-vería que las comunicaciones hechas por la recurrida al señor Epstein están protegidas por el privilegio abogado-cliente.

Resolvería además que el Tribunal de Apelaciones no erró al permitir que el Tribunal de Primera Instancia de-terminara que todos los documentos sometidos estaban protegidos por el privilegio sin desglosar las comunicacio-nes y sin expresar la razón por la cual cada una era privilegiada. La determinación sobre si una comunicación está protegida por un privilegio le corresponde exclusiva-mente al juez de instancia, al amparo de la Regla 9(A) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. El tribunal de instancia exa-minó cada uno de los documentos para los que la recurrida invocó el privilegio de abogado-cliente antes de resolver que todas las comunicaciones estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente. El tribunal no estaba obligado a dar a la peticionaria una lista de las comunicaciones con la razones por la cuales éstas eran privilegiadas. Más aún, si lo hubiera hecho se hubiera derrotado el propósito de la regla. El procedimiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia fue adecuado para proteger tanto el derecho de la peticionaria a realizar un descubrimiento de prueba apropiado como para salvaguardar la confidencialidad de las comunicaciones privilegiadas. Por otro lado, la peticio-naria no nos ha puesto en condiciones para concluir que el tribunal erró en su apreciación.

V

Por todo lo anterior, resolvería que las comunicaciones hechas por la recurrida al señor Epstein, abogado admitido a la jurisdicción del estado de Florida, aunque no a nuestra jurisdicción, están protegidas por el privilegio abogado-cliente. Del mismo modo, resolvería que no erró el Tribunal de Apelaciones al permitir que el Tribunal de Primera Ins-tancia determinara que todos los documentos sometidos estaban protegidos por el privilegio sin hacer un desglose de las comunicaciones y la razón por la cual eran privilegiadas. Confirmaría la determinación del Tribunal de Apelaciones y devolvería el caso al Tribunal de Primera Instancia para que se continuara con los procedimientos.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

No podemos suscribir y endosar con nuestro voto la po-sición que sostiene la mayoría en el presente caso. Ello, en primer lugar, por entender que ésta contradice claramente el mandato de interpretación restrictiva de los privilegios contenidos en las Reglas de Evidencia, al extender su al-cance a unas comunicaciones hechas por un cliente a un abogado no admitido a ejercer la profesión legal en Puerto Rico. Dicha interpretación, como veremos, no está contem-plada en nuestras Reglas de Evidencia.

Por otro lado, la interpretación laxa que se hace en la opinión concurrente —al extender el privilegio en contro-versia— tiene consecuencias no previstas por la mayoría, las cuales resultan perjudiciales para el abogado puertorriqueño. Basta con decir que la protección que brinda la aplicación del privilegio en esta situación fo-menta el que cualquier abogado, proveniente de cualquier país o jurisdicción, podrá ser contratado para brindar ase-soría legal en Puerto Rico sobre cualquier materia del Derecho. Esta persona, indirectamente, estará practicando la profesión de abogado en nuestro país sin haber sido ad-mitido como tal por este Tribunal.

Esta lamentable situación constituye un serio atentado contra el abogado puertorriqueño, el cual posee, cuando menos, iguales destrezas y conocimiento respecto al Dere-cho que debe ser aplicado en nuestra jurisdicción. La ac-tuación mayoritaria menosprecia a quienes, día a día, dig-namente batallan por ganarse la vida ejerciendo noblemente la profesión de abogado en esta bendita tierra nuestra.

H — 1

Los hechos del presente caso, en apretada síntesis, son los siguientes: Autopistas de Puerto Rico y Compañía, S.E. (Autopistas) fue seleccionada por la Autoridad de Carrete-ras y Transportación (Autoridad) para la construcción de la Ruta PR-66. Ambas entidades comenzaron las negociacio-nes pertinentes en cuanto al contrato de concesión de la mencionada Ruta PR-66 entre 1991 y 1992. Durante el curso de éstas, la Autoridad contrató los servicios del bu-fete Greenberg Taurig del estado de la Florida y recibió asesoría de uno de sus abogados, el Sr. Gary M. Epstein, quien es abogado admitido a ejercer la abogacía en el es-tado de Florida. Epstein no está admitido a ejercer la abo-gacía en Puerto Rico.

Así las cosas, Autopistas presentó en 1997 una demanda en daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de San Juan, contra la Autoridad. En la referida demanda alegó, en síntesis, que la Autoridad ha-bía terminado las negociaciones de forma unilateral, de mala fe y de forma arbitraria y caprichosa. Durante la etapa de descubrimiento de prueba, Autopistas solicitó que la Autoridad le entregase todas las comunicaciones habi-das entre ésta y el Sr. Gary M. Epstein, relativas a las negociaciones entre la Autoridad y Autopistas sobre el con-trato de concesión para la construcción y operación de la Ruta PR 66 y su terminación en 1997.

La Autoridad reclamó el privilegio abogado-cliente en cuanto a dichas comunicaciones y alegó que éstas se lleva-ron a cabo en el contexto de una consulta legal y con la confianza de que no serían divulgadas. Celebrada una vista, el foro primario ordenó a la Autoridad a presentar todos los documentos sobre los cuales reclamó el privilegio para examinarlos en cámara. Tras examinarlos, el referido foro determinó que estaban cobijados por el privilegio abogado-cliente. De la anterior determinación, Autopistas acudió en revisión al Tribunal de Apelaciones. El foro ape-lativo intermedio confirmó la decisión del tribunal de instancia.

Inconforme, Autopistas acudió, mediante un recurso de certiorari ante este Tribunal. Alega, en síntesis, que el foro apelativo intermedio incidió: al resolver que el privilegio abogado-cliente aplicaba a las comunicaciones de índole legal entre la Autoridad y Gary M. Epstein, en vista que éste no estaba autorizado a ejercer la profesión de abogado en Puerto Rico y la Autoridad tenía conocimiento de ello, y al interpretar la Regla 25 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, de forma favorable a la existencia del privilegio, y no en forma restrictiva, según establece la Regla 35 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

I — I HH

Luego de un recuento de la trayectoria del privilegio abogado-cliente, la opinión concurrente emitida funda-menta su errónea conclusión expresando que “[e]l mandato de interpretación restrictiva del alcance de los privilegios no significa que éstos deben interpretarse en contraposi-ción a la política pública que los inspira. Concluir que las comunicaciones establecidas entre la recurrida y su asesor legal en este caso no están cobijadas por el privilegio abo-gado-cliente sería ir contra la política pública a la que res-ponde esa norma”. Opinión concurrente, págs. 373-374.

Nada más lejos de la realidad jurídica. Veamos.

HH H-i

Los privilegios reconocidos en nuestro derecho probato-rio operan como reglas de exclusión de evidencia. Como tales, su fundamento “ ‘es totalmente independiente, y de ordinario antagónico, de la búsqueda y consecución de la verdad, propósito cardinal del derecho probatorio. Se ex-cluye materia privilegiada por consideraciones de política pública, para adelantar valores o intereses sociales ajenos o antagónicos a la búsqueda de la verdad, tan fundamental para la más justa adjudicación de las controversias judicia-les’". Ortiz v. Meléndez, 164 D.P.R. 16, 28 (2005), citando a E.L. Chiesa, Tratado de derecho probatorio: Reglas de Evi-dencia de Puerto Rico y federales, República Dominicana, Ed. Corripio, 1998, T. I, págs. 185-186. Por esta razón, expresa el profesor Chiesa, es que “[l]os privilegios deben surgir de la ley, bien de la Constitución, de reglas de evi-dencia o de leyes especiales”. Chiesa, op. cit., pág. 188.

Sobre los privilegios, expresamos en Pueblo v. De Jesús Delgado, 155 D.P.R. 930 (2001), que todo proceso judicial tiene el fin esencial de descubrir la verdad de lo acontecido, razón por la cual no debe exceptuarse o excluirse la debida exposición de los hechos pertinentes, salvo que exista un interés superior o de mayor jerarquía para la sociedad o para la persona que se interpongan a ese fin. Por ello, el legislador concibió y codificó los privilegios como una excep-ción, una regla de exclusión de evidencia, ya que éstos —aunque ciertamente obstaculizan, en algunas circuns-tancias, el esclarecimiento de la totalidad del cuadro tácti-co— protegen otro fin de mayor trascendencia. Dicho de otro modo, los privilegios, por su naturaleza y función, im-piden el descubrimiento de ciertos actos, hechos o comuni-caciones por existir intereses en conflicto que intervienen con esa búsqueda exhaustiva de la verdad. Id.

En consideración a lo anterior, y conforme a la Regla 35 de Evidencia, ante,() este Tribunal reiteradamente ha ex-presado que los privilegios deben interpretarse de forma restrictiva. Véase Pueblo v. De Jesús Delgado, ante. Dicha interpretación restrictiva tiene el obvio propósito de fomen-tar el descubrimiento de la verdad en todo procedimiento judicial. No hay duda de que “la tendencia moderna en el ámbito del procedimiento civil es a facilitar el descubri-miento de prueba de forma tal que se coloque al juzgador en la mejor posición posible para resolver justamente”. E.L.A. v. Casta, 162 D.P.R. 1, 9 (2004). Véase Ward v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 865, 867 (1974). “A esos efectos, hemos expresado que un amplio y adecuado descubri-miento de prueba antes del juicio facilita la tramitación de los pleitos y evita los inconvenientes, las sorpresas y las injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio.”()

Debido a ello, existen únicamente dos limitaciones fun-damentales al descubrimiento: (1) no puede descubrirse materia privilegiada, según los privilegios que se recono-cen en las Reglas de Evidencia, y (2) la materia por descu-brirse tiene que ser pertinente al asunto en controversia. Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Vincenti v. Saldaña, 157 D.P.R. 37 (2002).

rv

Sabido es que será materia privilegiada aquellas comu-nicaciones hechas entre el cliente y su abogado referente al asunto objeto de la representación legal, hechas con la con-fianza de que no serán divulgadas, es decir, hechas dentro del marco de la confidencialidad. A esos efectos, dispone la Regla 25(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, que el cliente tiene el privilegio de rehusar revelar, y de impedir que otro revele, una comunicación confidencial entre él y su abogado.

Ciertamente, como se expone en la opinión concurrente, el privilegio abogado-cliente es el más antiguo de los privi-legios reconocidos en el common law. A esos efectos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó en Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 389 (1981), que

... the attorney-client privilege is the oldest of the privileges for confidential communications known to the common law.() Its purpose is to encourage full and frank communication between attorneys and their clients and thereby promote broader public interests in the observance of law and administration of justice. The privilege recognizes that sound legal advice or advocacy serves public ends and that such advice or advocacy depends upon the lawyer’s being fully informed by the client.

Por otro lado, el privilegio abogado-cliente está dirigido a permitir que el abogado obtenga toda la información ne-cesaria para una adecuada representación. A esos efectos, expresamos en Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862 (1962), que los estatutos que protegen las comunicaciones privile-giadas entre abogado y cliente tienen por objeto fundamental fomentar la relación de confianza entre ambos y propi-ciar así que el cliente haga un recuento fiel y exacto de los hechos cuando requiere consejo legal. Indicamos, además, que una relación abogado-cliente completa ayuda a des-alentar los litigios carentes de méritos y estériles en cuanto a sus resultados y que, frente a la política pública de evitar pleitos innecesarios, se encontraba la necesidad de que ante el juzgador se presenten todos los hechos per-tinentes que conduzcan a ayudarle a formar un juicio pon-derando todos los elementos de prueba disponible. En aten-ción a ello, expresamos que “la interpretación de los preceptos que consagran el carácter privilegiado de estas comunicaciones es restrictiva, y que la prueba debe admi-tirse a menos que esté claramente comprendida dentro de la exclusión del estatuto”.() Íd., pág. 871.

Debido a lo anteriormente expresado, para que se pueda reconocer el carácter privilegiado de estas comunicaciones, debe estar claro que están excluidas por la regla. La pre-gunta es, en consecuencia: ¿están claramente comprendi-das, dentro de la Regla 25, ante —para efectos del recono-cimiento del privilegio— las comunicaciones hechas entre un cliente y un abogado no admitido a ejercer la profesión en Puerto Rico? Contestamos en la negativa; veamos por qué.

Para efectos de la Regla 25 de Evidencia, ante, abogado es aquella persona autorizada o a quien el cliente razona-blemente creyó autorizada a ejercer la profesión de abo-gado; incluye a la persona así autorizada y a sus asociados, asistentes y empleados de oficina.

Por otro lado, la referida regla define cliente como aque-lla persona natural o jurídica que, directamente o a través de un representante autorizado, consulta a un abogado con el propósito de contratarle o de obtener servicios legales o consejo en su capacidad profesional; incluye al incapaz que consulta él mismo a un abogado o cuyo tutor o encargado hace tal gestión con el abogado a nombre del incapaz.

Ciertamente, en cuanto a quién puede ser considerado “abogado” para propósitos del privilegio, la Regla 25, ante, establece las tres posibilidades siguientes: (1) el abogado admitido al ejercicio de la profesión; (2) sus asociados, asis-tentes o empleados, y (3) la persona que el cliente razona-blemente crea que está autorizada a ejercer la profesión de abogado, aun cuando no lo esté.

Vemos, pues, que la Regla 25, ante, no indica de forma específica si el privilegio abogado-cliente cobija a abogados admitidos a jurisdicciones fuera de Puerto Rico.

Como bien se señala en la opinión concurrente,() los proyectos de reglas de evidencia de los años '50, los cuales no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, propo-nían una regla que específicamente extendía el privilegio a abogados admitidos a otras jurisdicciones. Los menciona-dos proyectos disponían que:

“Abogado” significa una persona autorizada, o aquélla a quien el cliente razonablemente creyere que está autorizada, a ejer-cer la profesión en Puerto Rico o en cualquier estado o nación, donde la ley reconociere un privilegio contra la revelación de comunicaciones confidenciales entre cliente y abogado; e in-cluye no solamente a la persona así autorizada sino también a sus asociados, sus asistentes y sus empleados de oficina.() (Énfasis nuestro.) Borrador del Proyecto de Reglas de Eviden-cia de 1954, pág. 43.

Se desprende de la regla propuesta una definición abar-cadora de quién se considera abogado para fines de la ex-tensión del privilegio. Ello no obstante, el proyecto de re-glas finalmente aprobado por la Asamblea Legislativa limitó esta definición y eliminó aquella parte que extendía el privilegio a abogados admitidos en cualquier estado o nación donde la ley reconociese el privilegio.()

No se trata entonces, como se expresa en la opinión con-currente, pág. 371, que “el cambio obedeció a la intención de simplificar la redacción finalmente aprobada ...”. Dicho razonamiento no tiene lógica alguna. Por qué eliminar una definición que, sin margen a dudas, reconocía el privilegio aun cuando se trataba de abogados admitidos fuera de Puerto Rico, y sustituirla por una que no los incluye expre-samente? La contestación a esta interrogante es sencilla', la intención del legislador fue excluir del privilegio a todo abogado no admitido a ejercer la profesión en Puerto Rico.

La mejor evidencia de lo anteriormente expresado es que las disposiciones probatorias que sirvieron de modelo para la redacción de la regla, como las Reglas Uniformes de Evidencia y las Reglas de Evidencia de California, sí tienen una amplia definición de abogado para efectos del reconocimiento del privilegio. Así, la Regla 502(a)(3) de las Reglas Uniformes de Evidencia definen abogado como una persona admitida a ejercer la profesión en cualquier estado o nación.( ) Idéntica definición se encuentra en el Código de Evidencia del estado de California.()

Al eliminarse este amplio concepto de nuestro ordena-miento probatorio, resulta mandatoria la conclusión de que fue la intención de la Asamblea Legislativa que únicamente estuvieran cobijadas por el privilegio aquellas comunica-ciones confidenciales hechas entre el cliente y el abogado admitido a ejercer la profesión en Puerto Rico. Por consi-guiente, somos del criterio que la Regla 25 de Evidencia, ante, aplica únicamente cuando se trata de un abogado admitido por este Tribunal a ejercer la profesión de abo-gado en Puerto Rico y no en ningún otro lugar.

Y es que no puede ser de otra forma. Las Reglas de Evidencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico apli-can en Puerto Rico. Por esa razón, éstas se interpretan y se aplican dentro de los linderos territoriales de la Isla de Puerto Rico. Por ello, cuando la Regla 25 define al abogado como aquella persona admitida a ejercer la profesión, así sin decir más, necesariamente se refiere al abogado admi-tido a ejercer la profesión en Puerto Rico.

Ello es lo que claramente se desprende de una lectura de la referida disposición estatutaria. Si la Asamblea Le-gislativa hubiese querido extenderlo a abogados admitidos en otras jurisdicciones, así lo hubiese plasmado expresa-mente, tal y como lo han hecho las otras jurisdicciones que sí han establecido la norma de extender el privilegio a abo-gados admitidos a ejercer la profesión en cualquier estado o nación.() Tampoco podemos perder de vista que, por im-perativo de las propias Reglas de Evidencia, los privilegios deben interpretarse de forma restrictiva y que debe recha-zarse su aplicación en todo caso que no esté claramente comprendido por las reglas.

V

Tampoco es correcto el razonamiento contenido en la opinión concurrente en cuanto a que “[n]os parece un con-trasentido proteger las comunicaciones entabladas con al-guien que el cliente creyó razonablemente que era abo-gado, pero no lo es, como expresamente dispone la Regla 25, y no proteger las comunicaciones establecidas con quien sí lo es, aunque esté autorizado a ejercer en una jurisdicción distinta a la nuestra”. Opinión concurrente, pág. 373.

El supuesto reconocido en la referida Regla 25, ante, aplica a casos en que el cliente se asesora legalmente con una persona que creyó razonablemente que era abogado au-torizado a ejercer en Puerto Rico, pero que resultó no serlo. Sobre este particular, explica el profesor Chiesa que es su-ficiente con que el cliente tenga base razonable para creer que está tratando con una persona autorizada a ejercer la abogacía en Puerto Rico, aunque ese no sea en realidad el caso. No es suficiente una creencia que no sea razonable, sin motivos fundados que justifiquen tal creencia. Chiesa, op. cit., pág. 221.

Este supuesto no aplica a las circunstancias del pre-sente caso. La Autoridad no contrató una persona dentro de nuestra jurisdicción creyendo que era abogado autori-zado a ejercer en nuestra jurisdicción y que finalmente re-sultó no serlo. La Autoridad buscó asesoría legal de un abo-gado teniendo pleno conocimiento que no estaba autorizado a ejercer la profesión de abogado en Puerto Rico. Se trata de una situación de hechos distinta a la contemplada en la referida regla. En otras palabras, la Autoridad sabía espe-cíficamente que el señor Epstein sólo estaba admitido a ejercer la profesión en el estado de la Florida. En vista de ello, somos del criterio de que no aplica al presente caso la situación contemplada en la Regla 25, ante, en la que, en protección del cliente, se reconoce el privilegio en situacio-nes en que el cliente tiene base razonable para creer que está tratando con una persona autorizada a ejercer la pro-fesión legal en Puerto Rico.

VI

En fin, opinamos que las comunicaciones habidas entre la Autoridad de Carreteras y Transportación y el Sr. Gary M. Epstein no están protegidas por el privilegio abogado-cliente. La decisión en contrario, emitida por una mayoría de los integrantes del Tribunal, no sólo es jurídicamente errónea, sino que es injusta y nociva a los mejores intereses del abogado puertorriqueño —el cual con miles de sacrifi-cios labora afanosamente para poder ganarse el sustento de su familia— al privarlo de ganarse unos honorarios por una asesoría para la cual está plenamente capacitado.

Es por ello que disentimos; en consecuencia, revocaría-mos la determinación del Tribunal de Apelaciones y orde-naríamos al tribunal de instancia que entregue, a Autopis-tas de Puerto Rico y Compañía, S.E., el contenido de dichas conversaciones para ser examinadas.

      (1) La Regla 35 de Evidencia establece que “[l]as Reglas 25 a 32 se interpretarán restrictivamente en relación a cualquier determinación sobre la existencia de un privilegio”. 32 L.P.R.A. Ap. IV.

      (2) La Ley de Evidencia establecía en sn Art. 40, en lo pertinente, lo siguiente:
      “No se podrá examinar a una persona como testigo en los casos siguientes:
      “2. Un abogado no podrá, sin el consentimiento de su cliente, ser examinado con referencia a ninguna comunicación hecha por éste a aquél, ni al consejo que le hu-biera dado respecto a la misma en el curso de su gestión profesional; ni podrá un secretario, taquígrafo o escribiente de abogado, ser examinado, sin consentimiento de su principal, con referencia a algún hecho cuyo conocimiento hubiere adquirido como tal empleado; mas este párrafo no será aplicable a una acción entre el abogado y su cliente, en la que se ventilare la existencia, cuantía, validez, y circunstancia de un convenio sobre pago de honorarios; pero ninguna comunicación será privilegiada bajo este párrafo, si se hubiere hecho con el propósito de trasmitirse a cualquiera persona cuyo interés fuese contrario al del cliente, o con el fin de cooperar a un crimen o fraude que a la sazón estuviere en vías de perpetración o meditándose.” 32 L.P.R.A. sec. 1734 (ed. 1968).

      (3) Por ejemplo, California, Florida, Hawaii, Kansas, Louisiana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Oregon, South Dakota, Texas, Wisconsin, Alabama, Montana y Oklahoma han adoptado la norma que protege las comunicaciones entabladas entre abogados o personas que el cliente pueda pensar que son abogados admitidos a practicar la profesión de la abogacía en la jurisdicción de origen del cliente o en otra jurisdicción.

      (4) En la década del '50, estos proyectos supeditaban la aplicación del privilegio a comunicaciones con abogados de otras jurisdicciones a que se reconociera en el lugar de procedencia del abogado un privilegio similar al de abogado-cliente de nues-tra jurisdicción. Las reglas disponían, en lo pertinente:
      “ ‘Abogado’ significa una persona autorizada, o aquélla a quien el cliente razo-nablemente creyere que está autorizada, a ejercer su profesión en Puerto Rico o en cualquier estado o nación, donde la ley reconociere un privilegio contra la revelación de comunicaciones confidenciales entre cliente y abogado; e incluye no solamente a la persona así autorizada sino también a sus asociados, sus asistentes y sus empleados de oficina.” Borrador del Proyecto de Reglas de Evidencia de 1954, pág. 43. Véanse, además: Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia, adoptadas el 13 de enero de 1958 y remitidas a la Asamblea Legislativa el 5 de febrero de 1958, pág. 26; Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia, adoptas el 20 de no-viembre de 1959 y remitidas a la Asamblea Legislativa el 23 de noviembre de 1959, pág. 26.
      Por su parte, las versiones de la década del '70 no supeditaban a ningún requi-sito la aplicación del privilegio a comunicaciones establecidas con abogados de otras jurisdicciones. La primera regla propuesta en la década del '70 disponía, en lo per-tinente:

        “Según se usa en este Artículo, ‘abogado’ significa una persona autorizada, o que el cliente razonablemente crea que está autorizada, para practicar la abogacía en cualquier estado o nación.” Informe de la Comisión Reglas de Evidencia de la Con-ferencia Judicial de Puerto Rico, 1977, pág. 157.

      (5) Véanse: Ley Núm. 83 de 23 de junio de 1958, Leyes de Puerto Rico, pág. 199; Informe Parcial del Comité de Evidencia al Comité Directivo de la Conferencia Judicial, 1973, pág. 2.

      (6) Véanse: Proyecto Reglas de Evidencia del Secretariado de la Conferencia Judicial, 1978, págs. 111-113; Reglas de Evidencia para el Tribunal de Justicia, 1979, págs. 44-45; Comentarios a la Regla 25 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

      (7) Véanse: Proyecto Reglas de Evidencia del Secretariado de la Conferencia Judicial, 1978, pág. 113; Reglas de Evidencia de 1979, pág. 45.

      (8) Véase Proyecto de Reglas de Evidencia, Conferencia Judicial Tribunal Supremo de Puerto Rico, 1991, pág. 57.

      (9) Véanse: Proyecto Reglas de Evidencia del Secretariado de la Conferencia Judicial, 1978, pág. 113; Reglas de Evidencia para el Tribunal de Justicia, 1979, pág. 45; Comentarios a la Regla 25 de Evidencia, supra.

      (10) Sabemos que para evitar la práctica ilegal de la abogacía, ésta se penaliza como delito. Véase 4 L.P.R.A. sec. 740. La mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos han resuelto que no se debe penalizar al cliente por la conducta posiblemente impropia de su abogado al practicar donde no debe. Véanse: 24 Wright and Graham, Federal Practice and Procedure Sec. 5480, pág. 252 (1986); Louisell and Muller, Federal Evidence, Vol. 2, pág. 521 (1978); 7 Cal. L. Rev. Comm. Reports 1 (1965) Desde el punto de vista de política pública, sancionar a los abogados es una mejor práctica, ya que puede servir como disuasivo para que éstos no practiquen donde no están autorizados, mientras que sancionar a sus clientes sólo debilita la confianza de éstos en la profesión.

      (11) La norma en el common law, del cual proviene nuestro derecho probatorio, protege las comunicaciones en este supuesto. Véase 8 Wigmore on Evidence Sec. 2300, pág. 580 (1961).

      (1) La referida regla dispone que las Reglas 25 a 32 de Evidencia, 4 L.P.R.A. Ap. IV, se interpretarán restrictivamente con relación a cualquier determinación sobre la existencia de un privilegio.

      (2) E.L.A. v. Casta, 162 D.P.R. 1, 9 (2004), citando a Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994), y a Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959).

      (3) Citando a 8 Wigmore on Evidence Sec. 2290 (1961).

      (4) Citando a People v. Donovan, 369 P.2d 1 (Cal. 1962); Greyhound Corporation v. Superior Court, 364 P.2d 266 (Cal. 1961); In re Richardson, 157 A.2d 695 (N.J. 1960).

      (5) Véase opinión concurrente, pág. 10 esc. 4.

      (6) Véase Proyecto de Reglas del Comité Consultivo sobre las Reglas de Eviden-cia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 1954.

      (7) Véase Proyecto Reglas de Evidencia del Secretariado de la Conferencia Judicial, 1978, pág. 111.

      (8) «a lawyer’ is a person authorized, or reasonably believed by the client to be authorized, to engage in the practice of law in any state or nation.”

      (9) Véase West’s Ann. Cal. Evid. Code Sec. 950.

      (10) Tomando los estados mencionados en el esc. 3 de la opinión mayoritaria, son ejemplos de esta norma California, Florida, Hawai, Kansas, Lousiana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Oregon, South Dakota, Texas, Wisconsin, Alabama, Montana y Oklahoma.


author: per curiam:

text:
      In re Juan Carlos Ríos Pérez.

      Número: AB-2005-12

      Resuelto: 24 de marzo de 2006

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, y Noemí Rivera De León, procurador general auxiliar, querellantes; Hon. Carlos de J. Rivera Marrero, juez superior, Sala de Bayamón; Juan C. Ríos Pérez, abogado querellado que comparece por derecho propio.
   per curiam:

Juan Carlos Ríos Pérez fue admitido al ejer-cicio de la profesión el 15 de enero de 1987.

El 14 de diciembre de 2004 el juez superior Carlos De J. Rivera Marrero refirió a nuestra atención siete documen-tos para que a base de ellos determinásemos si el licen-ciado Ríos Pérez había incurrido en violaciones a los Cáno-nes 1, 9, 12, 18 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. El 18 de marzo de 2005 remitimos este asunto al Procurador General de Puerto Rico para la co-rrespondiente evaluación e informe.

Desde el 23 de marzo de 2005 hasta el 22 de junio de ese año el Procurador General realizó varias gestiones para comunicarse con Ríos Pérez, recabándole que enviara sus comentarios en torno a los documentos remitidos por el juez Rivera Marrero. Todas las gestiones fueron infructuosas. Ríos Pérez no contestó ninguna de las tres cartas sobre este asunto que le envió el Procurador General por correo certificado con aviso de recibo.

Así las cosas, el 30 de junio de 2005 el Procurador General compareció ante nos y mediante un informe nos ex-puso el incumplimiento de Ríos Pérez relatado en el pá-rrafo anterior. En atención a la referida comparecencia del Procurador General, el 28 de julio de 2005 emitimos una resolución, que se le notificó personalmente, mediante la cual le concedimos un término a Ríos Pérez para expre-sarse sobre el Informe del Procurador General. Se le aper-cibió que su incumplimiento con lo dispuesto en dicha re-solución conllevaría severas sanciones disciplinarias.

Ríos Pérez entonces compareció ante nos y solicitó una prórroga de treinta días para contestar la resolución referida. El 6 de octubre de 2005 le concedimos la prórroga. Han pasado más de cuatro meses desde que venció la pró-rroga para responder a nuestra Resolución de 28 de julio de 2005 sin que haya comparecido ante nos para cumplir con lo que se le había requerido.

J — H

Reiteradamente hemos resuelto que los abogados tienen la obligación de responder diligentemente a los re-querimientos de este Tribunal en relación a una queja pre-sentada en su contra. Hemos indicado que el incumpli-miento con esta obligación acarrea la imposición de las más severas sanciones. In re García Enchautegui, 164 D.P.R. 740 (2005); In re Lind Casado I, 164 D.P.R. 513 (2005); In re Quiñones Cardona, 164 D.P.R. 217 (2005); In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. 586 (2005); In re Sarillo Ascar, 163 D.P.R. 445 (2004).

Igualmente hemos reiterado que los abogados deben atender diligentemente los requerimientos del Procurador General en relación con la investigación de quejas presentadas contra ellos, y que no hacerlo constituye de por sí una violación a la ética profesional que acarrea graves sanciones. In re Ortiz Álvarez, 163 D.P.R. 245 (2004); In re Vilanova Alfonso, 159 D.P.R. 167 (2003).

En el caso de autos, Ríos Pérez desatendió los requeri-mientos del Procurador General en tres ocasiones. Incum-plió también con su obligación de responder diligente-mente a una orden nuestra, a pesar de que incluso le concedimos una prórroga para hacerlo. Es evidente de todo lo anterior que Ríos Pérez no tiene interés en continuar siendo miembro de la abogacía en Puerto Rico. Por ende, se decreta la separación inmediata e indefinida de Juan Carlos Ríos Pérez del ejercicio profesional. Se le impone a Juan Carlos Ríos Pérez el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, de devol-verles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados y de informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per puriam”y sentencia. Finalmente, el Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y del sello notarial del abogado suspendido y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Jorge Moreno Franco.

      Número: TS-8398

      Resuelto: 24 de marzo de 2006
   RESOLUCIÓN

Se toma conocimiento de que Jorge Moreno Franco no está interesado en reactivarse al ejercicio de la abogacía y se le da de baja permanentemente de esta profesión.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Lcda. María Milagros Charbonier Laureano, Lcdo. Thomas Rivera Schatz y Lcdo. Aníbal Vega Borges.

      Número: AB-2004-248

      Resuelto: 24 de marzo de 2006

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general, peticionario; Enrique L. Piñeiro, querellante; Antonio M. Sagardía y Harry N. Padilla Martínez, abogados de Thomas Rivera Shatz y de Aníbal Vega Borges, respectivamente, querella-dos; María Milagros Charbonier Laureano, querellada.
   RESOLUCIÓN

El 22 de octubre de 2004 el Sr. Enrique Piñeiro presentó ante este Tribunal una queja contra los Ledos. María M. Charbonier Laureano, Tomás Rivera Schatz y Aníbal Vega Borges. Alegó en ésta que los querellados, durante la pa-sada campaña electoral, le imputaron públicamente a él y a su esposa, la Sra. Claribel Rivera Jiménez, ex agente del Negociado de Investigaciones Especiales, tener vínculos con el bajo mundo al cual le “vendían” información. El que-joso imputó que tales expresiones eran violatorias de los Cánones 5 y 29 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Oportunamente, referimos la queja al Procurador General para que realizara una investigación y sometiera un informe.

El Procurador General nos ha solicitado que autorice-mos su inhibición en el caso de referencia. Esbozó para su solicitud tres fundamentos, a saber: primero, que fue ante un oficial examinador de la Oficina del Procurador General donde se condujo la vista administrativa relacionada con la destitución de la señora Rivera Jiménez; segundo, que al presente hay pendientes en dicha oficina dos procesos ape-lativos relacionados con la destitución, y tercero, que la queja instada se refiere a hechos relacionados con el des-empeño de ex funcionarios del Departamento de Justicia.

En virtud de lo anterior y para “evitar cualquier apa-riencia de parcialidad o impropiedad”, el Procurador General solicitó “que el Tribunal Supremo atienda esta queja sin la intervención de esta Oficina”. Adujo que “podría exis-tir un potencial conflicto entre nuestra función como repre-sentante de los intereses del Estado ... y nuestro deber de investigar a los querellados ...”. El Procurador General in-timó que podría configurarse una apariencia de “incompa-tibilidad de funciones” entre su rol como abogado postu-lante en los casos que se encuentran a nivel apelativo en su Oficina y sus funciones como funcionario investigativo de este Tribunal.

Por las razones que pasamos a discutir, denegamos la petición del Procurador General.

I — 1

La Oficina del Procurador General se creó en virtud de la Ley Núm. 7 de 15 de mayo de 1959 y está adscrita al Departamento de Justicia. Son dos las funciones principa-les de esta Oficina; por un lado, es la entidad gubernamen-tal que representa al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y funcionarios ante los tribunales ape-lativos de Puerto Rico y Estados Unidos. De otra parte, la Oficina tiene la encomienda de llevar a cabo “las investiga-ciones que le solicite el Tribunal Supremo ... con relación a quejas y procedimientos disciplinarios contra abogados y notarios”. Art. 62 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004 (3 L.P.R.A. sec. 294n). Es decir, esta Oficina es el “brazo investigativo” de este Tribunal en casos de conducta profesional. Véase In re Ortiz Álvarez, 163 D.P.R. 245 (2004); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495, 498 (1991); In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814, 816 (1984).

Ese rol investigativo es de tal importancia para este Tribunal que no hemos vacilado en sancionar severamente al abogado que desatienda los requerimientos del Procurador General en los procesos disciplinarios. In re Ortiz Álvarez, ante; In re Albizu Merced, 136 D.P.R. 126, 132 (1994); In re Pagán Ayala, ante. Así, hemos dispuesto que hacer caso omiso de los requerimientos de dicha oficina tiene un efecto disruptivo sobre nuestra función reguladora de la profesión, por lo que debe ser sancionado. In re Ortiz Álvarez, ante.

El rol que desempeña la Oficina del Procurador General en este aspecto es de vital importancia para que este Tribunal pueda descargar adecuadamente su facultad inhe-rente de reglamentar la profesión legal. Es por ello que se ha indicado que

[e]n [esta área], el Procurador General goza de un margen de independencia de la Rama Ejecutiva de Gobierno. Al des-cargar su responsabilidad como “brazo investigativo” del Tribunal Supremo, el Procurador General sólo puede actuar con-forme el propio Tribunal Supremo le ordene y conforme disponen los Cánones de Etica, con total independencia y en abstracción de cualquier otra consideración. (Enfasis nuestro.) A. Rodríguez Rodríguez, Abogando ante el Tribunal Supremo: deberes y obligaciones de la Oficina del Procurador General, 62 (Núm.1) Rev. Jur. U.P.R. 87, 95-96 (1993).

Es decir, el Procurador General se convierte, fundamen-talmente, en un funcionario de este Tribunal en funciones investigativas.

No hay duda entonces de que en esta esfera del queha-cer de dicha oficina, la encomienda del Procurador General es delicada y sensitiva. Para el efectivo descargue de esa labor, la oficina destaca varios de los sobre treinta aboga-dos que la componen, para atender exclusivamente los asuntos relacionados con la conducta profesional de abogados. Rodríguez Rodríguez, supra, pág. 90. Como re-sultado de esta estructura interna administrativa, los Pro-curadores Generales Auxiliares que atienden los asuntos de conducta profesional no participan en otros asuntos que se tramitan en dicha oficina. Es decir, de ordinario, el abo-gado que atiende casos de conducta profesional no se in-miscuye en los asuntos de naturaleza penal o civil que se tramitan en la oficina y viceversa. íd. En ese sentido, la Oficina del Procurador General no opera como un grupo homogéneo de abogados que representan un mismo cliente —el Estado y sus funcionarios— y comparten información “confidencial” pertinente a la representación que asumen.

Este rol singular y esencial del Procurador General en los procesos disciplinarios nos lleva a concluir que las ra-zones invocadas por el Procurador para inhibir su oficina en la querella de epígrafe son insuficientes en derecho. No se configura incompatibilidad de funciones alguna como in-tima el Procurador, entre su rol como abogado apelativo del Gobierno y sus funcionarios, y su rol como brazo investiga-tivo de este Tribunal. Tanto la Ley Orgánica del Departa-mentó de Justicia como los dictámenes de este Tribunal reconocen ambos roles.

Como oficial investigador del Tribunal en los asuntos relacionados con la reglamentación de la práctica de la abogacía, el Procurador General responde a las directrices de este Tribunal con “independencia y en abstracción de cualquier otra consideración”. Rodríguez Rodríguez, supra, págs. 95-96. En este campo, el Procurador General no opera como un funcionario de la Rama Ejecutiva cuyos in-tereses debe adelantar.

Por otro lado, y como ya apuntamos, la estructura orga-nizativa de la Oficina, donde las responsabilidades de los Procuradores Generales Auxiliares están segregadas de or-dinario por áreas de trabajo, sirve de mecanismo profilác-tico para evitar cualquier asomo de “parcialidad o impropiedad”. El Procurador General puede, además, si así lo estima necesario, tomar todas las medidas internas adi-cionales que correspondan para aislar aún más las funcio-nes de aquellos funcionarios que tramiten los asuntos éti-cos del quehacer diario de la oficina. Por ende, acceder a la petición del Procurador General tendría serias repercusio-nes sobre la tramitación de los asuntos de conducta profe-sional que lleva a cabo este Tribunal.

A la luz de lo anterior, no procede relevar a la Oficina del Procurador General del cumplimiento de su obligación como brazo investigador de este Tribunal en la tramitación de la querella de epígrafe.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: PER CURIAM:

text:
      In re José R. Torres Zayas, querellado.

      Número: AB-2003-278

      Resuelto: 21 de marzo de 2006

      José Luis Mendoza Santiago, quejoso; José R. Zayas, abogado querellado que comparece por derecho propio.
   PER CURIAM:

1 — 1

El 24 de diciembre de 2003 el Sr. José Luis Mendoza Santiago presentó queja ante este Tribunal contra el Ledo. José R. Torres Zayas. Alegó haber contratado al licenciado Torres Zayas con el propósito de obtener asesoramiento legal sobre una acción por despido injustificado. El señor Mendoza Santiago le entregó al licenciado Torres Zayas documentos pertinentes al caso y un cheque de tres mil dólares como adelanto de honorarios de abogado. Según el señor Mendoza Santiago, el cheque fue cobrado el 14 de abril de 2003 y, a pesar de sus reiterados intentos por co-municarse con el licenciado Torres Zayas, éste nunca se volvió a comunicar con él.

A raíz de la queja presentada, la Secretaria de este Tribunal envió una carta de 24 de febrero de 2004 al licen-ciado Torres Zayas. La carta fue devuelta por el correo. El 4 de marzo de 2004 se notificó personalmente al licenciado Torres Zayas sobre la queja presentada y se le concedió un término de diez días para que la contestara. Ante el incum-plimiento del licenciado Torres Zayas, el 8 de julio de 2005 dictamos resolución en la que le concedimos un término adicional de diez días para que contestara. Además, le apercibimos de que su incumplimiento podría conllevar sanciones disciplinarias severas, incluso la suspensión del ejercicio de la profesión. Dicha resolución fue notificada personalmente al licenciado Torres Zayas.

El 1 de agosto de 2005 el licenciado Torres Zayas solicitó un término adicional de veinte días para cumplir con lo ordenado por este Tribunal. El 23 de agosto de 2005 dicta-mos resolución mediante la cual concedimos el término adicional solicitado. En clara violación a nuestras órdenes, el licenciado Torres Zayas aún no ha comparecido ante este Tribunal.

II

Reiteradamente hemos resuelto que los abogados tienen el ineludible deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal. El incumplimiento con nuestras órdenes en el trámite de una queja constituye una falta ética separada e independiente de los méritos de ésta. In re Marrero Luna, 166 D.P.R. 578 (2005).

El Canon 12 del Código de Ética Profesional exige “desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución” de las causas. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Además, el Canon 9 requiere que todo abogado observe “para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Hemos señalado que “ [e] 1 compromiso de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, para lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas sino a la jurisdicción disciplinaria de este foro”. In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128, 135 (1997). Continuamente “he-mos sido enérgicos al señalar que no toleraremos la incomprensible y obstinada negativa de un miembro de nuestro foro de cumplir con las órdenes de este Tribunal. La indiferencia de un abogado en responder a las órdenes de este Tribunal en la esfera disciplinaria acarrea severas sanciones ...”. (Cita omitida.) In re Melecio Morales, 144 D.P.R. 824, 826 (1998).

El Ledo. José R. Torres Zayas fue notificado personal-mente de que se había presentado una queja en su contra y le fue requerida una contestación. A pesar de incumplir con lo solicitado, mediante la Resolución de 8 de julio de 2005 le concedimos un término adicional para contestar y lo apercibimos de las consecuencias de incumplir con nuestra orden. Posteriormente le concedimos prórroga según solici-tada y aún así continuó ignorando nuestros requeri-mientos.

El incumplimiento del licenciado Torres Zayas con las órdenes de este Tribunal demuestra una actitud de dejadez y falta de diligencia que no tienen cabida en esta profesión. La indiferencia ante nuestro apercibimiento de imponerle severas sanciones, evidencia que no le interesa continuar ejerciendo la profesión.

Por los fundamentos antes expuestos, decretamos la suspensión indefinida del Ledo. José R. Torres Zayas del ejercicio de la abogacía y la notaría. Le imponemos al Ledo. José R. Torres Zayas el deber de notificar a todos sus clien-tes de su inhabilidad para seguir representándolos, de de-volverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados y de informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá certificarnos dentro del término de treinta días, a partir de la notificación de la presente, el cumpli-miento de estos deberes. El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y del sello notarial de José R. Torres Zayas y entregarlos a la Oficina de Inspección de Notarías para que lleve a cabo el examen e informe correspondiente.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: PER curiam:

text:
      In re Juan Carlos Grau Díaz.

      Número: TS-8527

      Resuelto: 29 de marzo de 2006

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Juan C. Grau Díaz, abogado querellado que comparece por derecho propio.
   PER curiam:

f — I

El Ledo. Juan Carlos Grau Díaz fue admitido al ejercicio de la profesión el 14 de enero de 1987.

El 23 de agosto de 2004 la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías nos sometió un informe en el que detalló una serie de deficiencias serias que existían en la obra notarial de Grau Díaz. El 3 de diciembre de 2004 emi-timos una resolución y le concedimos un término a Grau Díaz para corregir las deficiencias notariales referidas.

Varias semanas luego de haber vencido el término con-cedido a Grau Díaz sin que hubiese cumplido con lo dis-puesto en nuestra Resolución de 3 de diciembre de 2004, compareció ante nos y solicitó una prórroga. El 15 de marzo de 2005 le concedimos la prórroga solicitada.

Así las cosas, el 13 de mayo de 2005 le concedimos una segunda prórroga a Grau Díaz para cumplir con la resolu-ción pendiente, luego de que éste la solicitara por no haber podido cumplir con el término anterior.

Entonces, el 25 de agosto de 2005, compareció la Direc-tora de la Oficina de Inspección de Notarías para informar-nos que a pesar de las dos prórrogas que le habíamos con-cedido a Grau Díaz para ello, éste no había realizado gestión alguna para corregir las deficiencias notariales en cuestión. En vista de ello, el 31 de octubre de 2005 le con-cedimos un término final a Grau Díaz para cumplir con lo dispuesto en nuestra Resolución de 3 de diciembre de 2004, y le apercibimos que su incumplimiento con este término final conllevaría severas sanciones, incluso su separación del ejercicio de la abogacía.

A pesar del apercibimiento, Grau Díaz no cumplió. Com-pareció ante nos tardíamente y nos informó, entre otras cosas, que se encontraba residiendo y trabajando fuera de Puerto Rico. Solicitó otra prórroga más para cumplir con la obligación notarial que tenía pendiente, la cual le concedi-mos mediante la Resolución de 23 de diciembre de 2005.

La cuarta prórroga venció hace más de dos meses y no hemos sabido nada más de Grau Díaz.

hH h-H

Reiteradamente hemos resuelto que los abogados tienen la responsabilidad de cumplir diligentemente las órdenes y requerimientos de este Tribunal. Hemos insistido una y otra vez que el incumplimiento con este deber conllevará la suspensión del ejercicio profesional. In re Ríos Pérez, 167 D.P.R. 386 (2006); In re García Enchautegui, 164 D.P.R. 740 (2005); In re Lind Casado I, 164 D.P.R. 513 (2005); In re Quiñones Cardona, 164 D.P.R. 217 (2005); In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. 586 (2004); In re Surillo Ascar, 163 D.P.R. 445 (2004).

En el caso de autos, Grau Díaz ha fallado crasamente con el deber aludido. Sus continuos incumplimientos con los numerosos requerimientos de este Tribunal reflejan que no le interesa continuar ejerciendo la abogacía. Por ende, se le suspende indefinidamente del ejercicio de la abo-gacía y la notaría. Se le impone a Juan Carlos Grau Díaz el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para seguir representándolos, de devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados y de infor- mar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá acre-ditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión per curiam y su sentencia. Finalmente, el Al-guacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y el sello notarial del abogado suspendido y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.