author: El Juez Asociado Señoe Tbxidok,

text:
    Dr. Gustavo Muñoz Díaz, peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandada.
    No. 710.

    Sometido: Mayo 5, 1930.

      Resuelto: Junio 8, 1931.

      L. Llorens Torres, abogado del peticionario; González Fagimd-o & González Jr., abogado del ejecutante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señoe Tbxidok,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro Sola Colón presentó ante la Corte de Distrito de Humacao una demanda contra Gustavo Muñoz Díaz y su es-posa Inocencia Pené, en cobro de crédito hipotecario, por el procedimiento ejecutivo sumario de la Ley Hipotecaria, acompañando a su demanda varias escrituras y una certifi-cación del registro de la propiedad de acuerdo con lo reque-rido por la legislación vigente en estos procedimientos. Pi-dió el requerimiento de pago con apercibimiento de subasta. La corte ordenó tal requerimiento, que se llevó a cabo por el mársbal con relación a Gustavo Muñoz Díaz. Comparecie-ron los demandados y formularon la excepción previa de no aducir la demanda hechos suficientes para determinar la causa de acción ejercitada. Se oyó por la corte la excep-ción, y se resolvió declarándola sin lugar. Vencido el tér-mino del requerimiento, la corte a petición de la parte de-mandante decretó y ordenó la subasta de las fincas hipote-cadas.

La parte demandada presentó moción para corregir la minuta en el sentido de que lo que había quedado sometido era una moción para que se eliminara la excepción previa, y en suspenso el procedimiento, y nula la resolución de la corte desestimando la excepción previa. La corte dictó re-solución declarando que no había lugar a considerar la ex-cepción previa por ser ella improcedente en un ejecutivo su-mario, de acuerdo con el artículo 175 del reglamento de la 'Ley Hipotecaria.

En 17 de marzo de 1930, la parte demandante pidió de nuevo la subasta, a lo que accedió la corte. Y en 11 de abril de 1930, se formuló la petición de certiorari acerca de la que resolvemos.

En general, puede decirse que el fundamento principal de esta petición es la inconstitucionalidad del regla-mentó de la Ley Hipotecaria, alegada por la parte peticio-naria.

El ataqne más grave que se hace a la validez del Regla-mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, es que no fué sometido al Consejo de Estado, y que este requisito era constitucionalmente necesario.

Como este extremo ha sido propuesto con gran habilidad, y a primera vista impresiona fuertemente, precisa entrar en su estudio con todo interés y detenimiento.

¿Qué misión tenía el Consejo de Estado, en relación con los reglamentos y con las instrucciones generales?

Sin remontamos a la primitiva constitución del Consejo, ni a la historia de los organismos que le precedieron, encon-tramos en la ley de 17 de agosto de 1860, un artículo, el 45, que dice:

“Art. 45. — El Consejo de Estado será oído necesariamente y en pleno:
“1. — Sobre los reglamentos e instrucciones generales para la apli-cación de las leyes y cualquiera alteración que en ellos haya de hacerse.

La ley de reorganización del Consejo de Estado, es de fecha 5 de abril de 1904.

La audiencia del Consejo de Estado era, por este artículo que citamos, necesaria. ¿Pero lo era para que los reglamen-tos o las instrucciones tuvieran validez? Para contestar esta pregunta es necesario ver qué efectos producía la opi-nión del Consejo de Estado.

El artículo 65 de la ley que venimos citando dice así:

“Art. 65. — En los Reales Decretos y órdenes que el Gobierno expidiere conformándose con el Consejo de Estado, reunido en pleno o en Secciones, se expresará esta circunstancia, y cuando no se con-formase, se usará la fórmula ‘Oído el Consejo pleno u oído el Con-sejo en Sesión de. .

Por lo que aparece claramente de este precepto legal, el Consejo no dejó de ser lo que históricamente había sido: un cuerpo de consulta, al que el Gobierno atendía, o no, sin que el informe favorable o adverso limitara la facultad del Eje-cutivo para poner en vigor el reglamento. Es un cuerpo que asesora y opina, pero que no puede hacer efectivos su con-sejo o su opinión.

La constitución española de 1812, en su artículo 171, es-tablecía en el Eey la facultad de expedir los decretos, regla-mentos e instrucciones que considerase necesarios para la ejecución de las leyes. Esa misma facultad o poder aparece en el número Io. del artículo 47 de la Constitución española de 1837, y en el mismo número del artículo 45, de la de 1845. Más marcada todavía aparece esa facultad en el ar-tículo 75 de la Constitución de la misma Nación, del año 1869, en que se lee:

“Art. 75. — Al Rey corresponde la facultad de hacer reglamen-tos para el cumplimiento y aplicación de las leyes, previos los re-quisitos que las mismas señalen.”

Y en la Constitución de 1876, vigente cuando se aprobaron la Ley Hipotecaria de que se trata, y el Reglamento para su ejecución, encontramos el número Primero del artículo 54, que como facultad del Rey fija lo siguiente:

“Primero. — Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que sean conducentes para la ejecución de las leyes.”

Notamos que esta Constitución, ley suprema de la nación, y posterior a la ley de 17 de ag’osto de 1860, que reorganizó el Consejo de Estado, da al Rey la facultad o poder de ha-cer los reglamentos, sin cortapisas o limitaciones de nin-guna clase. De forma que entendemos que constitucional-mente no sería nulo reglamento alguno publicado por un Real Decreto, aunque no hubiera sido oído el Consejo de Estado. Más aún; siendoi éste un cuerpo meramente consultivo, como lo era desde su organización, su voto en contra del regla-mento no tendría fuerza para anularlo.

El reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria para las provincias de Ultramar, era válido, obligatorio y eficaz, con su simple aprobación y expedición del Real De-creto. Esto no obstante se publicó con esta fórmula:

“Se aprueba el adjunto Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria de las provincias de Ultramar el cual regirá con ca-rácter de provisional hasta que, oído el Consejo'de Estado, se dicte el definitivo.”

¿Anula esto el reglamento? Entendemos y decidimos que no. Aunque para, nosotros es perfectamente clara la fa-cultad del Monarca, en aquella época, para dictar los regla-mentos, y aunque concediéramos alguna eficacia a la audien-cia del Consejo de Estado, entendemos que nunca pudo ha-ber duda de la facultad de dictar un reglamento de vigencia provisional, y que este carácter de provisional no tenía en ley alguna, limitación de tiempo. Y así llegó ese reglamento hasta la guerra con los Estados Unidos y la ocupación y po-sesión de Puerto Pico por el G-obierno de los Estados Uni-dos, en vigor definitivamente, según entendemos, o provisio-nalmente, según no tendríamos inconveniente en conceder para los fines de la argumentación.

En 13 de julio de 1898, el Presidente de los Estados Uni-dos se dirigió al Secretario de la Guerra, en una comunica-ción de la que copiamos el siguiente párrafo:

“Aunque ios poderes del ocupador militar son absolutos y supremos y operan inmediatamente sobre el estado político de los habi-tantes, las leyes municipales del territorio conquistado, como las que afecten los derechos particulares del ciudadano y sus bienes y pro-vean la penalidad por la comisión de delitos, se considerarán que continúan en vigor en tanto en cuanto sean compatibles con el nuevo estado de cosas, hasta que sean suspendidas o substituidas por el ocupador y en la práctica no son generalmente abrogadas. sino que se permite que continúen en vigor y que sean administradas por los tribunales corrientes, tal cual estaban antes de la ocupación. Esta luminosa práctica debe seguirse en cuanto fuere posible en la pre-sente ocasión. Los jueces y los demás funcionarios relacionados con la administración de justicia pueden, si aceptan la supremacía de los Estados Unidos, continuar administrando las leyes ordinarias del país, como las leyes de persona a persona, bajo la supervision del comandante en jefe americano. La .Guardia Civil nativa en tanto fuere práctica será conservada. La libertad del pueblo a dedicarse a sus faenas ordinarias será limitada solamente cuando sea necesa-rio hacerlo así.”

Este documento fué publicado en Puerto Rico. En la Orden General No. 1, de 18 de octubre de 1898, encontramos el siguiente párrafo:

“IX. — Las leyes provinciales y municipales, hasta donde afecten la determinación de derechos privados, correspondientes a individuos o propiedades serán mantenidas en todo su vigor, a menos que no resulten incompatibles con el cambio de condiciones realizado en Puerto Rico, en el cual caso podrán ser suspendidas por el Jefe del Departamento. Dichas leyes serán administradas materialmente, tales como existían antes de la cesión a los Estados Unidos. A este fin los jueces y demás funcionarios relacionados con la administración de justicia que juren fidelidad a los Estados Unidos, administrarán las leyes del país, en lo relativo a asuntos entre particulares; pero en los casos en que se negasen a prestar dicho juramento de fideli-dad, o que delinquiesen en sus funciones o en otra forma el Jefe del Departamento ejercerá su derecho a destituirlos y nombrar a otros en su lugar. Para cooperar a la ejecución de las leyes pro-vinciales y municipales, se conservarán los actuales organismos de Orden Público y Policía, hasta donde sea practicable y necesario, siempre que la lealtad de éstos a los Estados Unidos quede asegu-rada. ’ ’

En la ley para organizar temporalmente el gobierno civil de Puerto Rico, y proveer rentas y otros propósitos, que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 12 de abril de 1900, encontramos una sección, la 8, que lee:

“Que las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, continuarán vigentes, excepto en los casos en que sean alte-radas, enmendadas o modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta ley comience a regir, y en todo aquello en que las mismas no resulten incompatibles o en conflicto con las leyes estatutorias de los Estados Unidos no inaplicables localmente, o con las presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Rico, o por una ley del Congreso de los Estados Unidos. . .”

En estado o condición de régimen definitivo, o en calidad aun de provisional, encontró esa ley al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria para Ultramar; y así le dió toda la eficacia, toda la fuerza necesaria para continuar ri-giendo en Puerto Rico como una verdadera ley, mientras no fuera derogada; y así lo lia tenido en su consideración el poder legislativo de Puerto Rico, introduciendo en él enmien-das como las de las leyes de 7 de marzo de 1912, 3 de diciembre de 1917, la número 21 de 1923 y otras, que parten de la consideración de la existencia y vigencia de ese regla-mento.

Sin dar a este dato más valor que el que realmente tiene, conviene recordar la comunicación del Secretario de la Guerra de los Estados Unidos a la Cámara de Representantes en fecha 25 de febrero de 1909, en la que, respondiendo a la resolución de la Cámara de 6 de enero del mismo año, por la que se le requirió para que trasmitiera a aquel cuerpo colegislador, para su información, las leyes y ordenanzas, y las órdenes y decretos militares que afectaban a Puerto Rico, y a que se refiere la sección 8 del acta aprobada por el Con-greso en 12 de abril de 1900, a que antes aludimos, el citado secretario incluye en esa legislación el reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria de Ultramar.

En orden de importancia sigue a la cuestión que dejamos tratada, la referente a la interpretación que por el peticionario se da a los artículos 133 de nuestra Ley Hipotecaria, y 175 del Reglamento para su ejecución.

El artículo 133 de la ley, es como sigue:

“No se suspenderá en ningún caso el procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero, si no estuvieren fundadas en un título anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor o del tercer poseedor, ni por la declaración de quiebra, ni por el concurso de acreedores de cualquiera de ellos.”

El 175 del reglamento, así:

“Los procedimientos sumarios a que se refiere esta sección, no podrán suspenderse por medio de incidentes ni por otro alguno, a instancia del deudor, del tercer poseedor, ni de ningún otro que se presente como interesado, salvo en los siguientes casos:
“1. Si se justificare documentalmente la existencia de un proce-dimiento criminal por falsedad del título hipotecario en cuya virtud se proceda, en que se haya admitido querella o dictado auto de pro-cesamiento.
“2. Si se interpusiere una tercería de dominio, acompañando inex-cusablemente con ella título de propiedad de la finca de que se trate, inscrito a favor del tercerista con fecha anterior a la inscripción del crédito del ejecutante y no cancelado en el registro.
“3. Si se presentare certificado del registrador, expresivo de que-dar cancelada la hipoteca en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica de la escritura pública de cancelación de la misma, con la nota de presentación en alguno de los registros en donde se haya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o por sus causantes o causahabientes, acreditándose también documentalment^ el título de transmisión en su caso.
“En el primer caso, subsistirá la suspensión hasta que termine la causa criminal, pudiéndose reanudar entonces el procedimiento si no quedase declarada la falsedad.
“En el segundo caso subsistirá hasta el término del juicio de tercería.
“En el caso tercero, el juez convocará a las partes a una com-parecencia, debiendo mediar cuatro días desde la citación: oirá a las partes, admitirá los documentos que presenten, y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro de segundo día.
“Será apelable en ambos efectos este auto cuando ordenare la suspensión.
“Todas las demás reclamaciones que puedan formular, así el deudor comp los terceros poseedores y los demás interesados, incluso las que versaren sobre nulidad del título o.de las actuaciones, o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio plenario que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento ejecutivo. La compe-tencia para conocer de este juicio declarativo se determinará por las reglas ordinarias.
“Al tiempo de interponer la demanda, según el párrafo prece-dente, o durante el curso del pleito, podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia, con retención del todo o una parte de la cantidad que por el procedimiento ejecutivo deba entregarse al ejecutante. .

La parte promovente sostiene que dado el texto del ar-tículo 133 de la ley, en todos los que no sean los cuatro ca-sos allí citados, se puede suspender el procedimiento ejecu-tivo sumario. Recuerda que .en la precedente Ley Hipoteca-ria se establecía que el demandado en procedimiento ejecu-tivo hipotecario podrá formular .las'once defensas que para el procedimiento o juicio ejecutivo permitía la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil Española. En realidad lo más im-portante que encontramos en la anterior Ley Hipotecaria en materia de procedimiento es el artículo 141, cuyo texto es:

“Art. 141. — Al vencimiento del plazo para el pago de la deuda, el acreedor podrá pedir que se despache mandamiento de ejecución contra todos los bienes hipotecados, estén o no en poder de uno o varios terceros poseedores; pero éstos no pueden ser requeridos ai pago, sino después de haberlo sido el deudor y no haberlo realizado. Cada uno de los terceros poseedores si se opusiere será considerado como parte en el procedimiento respecto de los bienes hipotecados que posea, y se entenderá siempre con el mismo y el deudor todas las diligencias relativas al embargo y venta de dichos bienes de-biendo el tercer poseedor otorgar 1a. escritura de venta u otorgarse de oficio en su rebeldía. Será Juez o Tribunal competente para conocer del- procedimiento el que lo fuese respecto del deudor. No se suspenderá en ningún caso el procedimiento ejecutivo por las re-clamaciones de un tercero, si no estuvieren fundadas en un título anteriormente inscrito, ni por la muerte del deudor o del tercer poseedor, ni por la declaración de quiebra, ni por el Concurso de acreedores de cualquiera de ellos.”

Parece que tuviera entonces el deudor las defensas a que se alude por el promovente, dentro del procedimiento ejecu-tivo. Estas eran, según el artículo 1462 de la Ley de En-juiciamiento Civil para Cuba y Puerto Rico, las siguientes;

1. Falsedad del título ejecutivo o del acto que le hubiera dado fuerza de tal.

2. Pago.

3. Compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva.

4. Prescripción.

5. Quita 'o espera.

6. Pacto o promesa.

7. Palta de personalidad en el ejecutante o en su Procurador.

8. Novación.

9. Transacción.

10. Compromiso de sujetar la decisión del asunto a árbitros o amigables componedores, otorgado con las solemnidades prescritas en esta ley.

11. Incompetencia de jurisdicción.

Y prevenía el mismo artículo que:

“Cualquiera otra excepción que competa al deudor se reservará para el juicio ordinario, y no podrá impedir el pronunciamiento de la sentencia de remate.”

Por el momento debemos observar que la afirmación que bace el peticionario con relación a las once defensas, no puede sostenerse de una manera definitiva. Después de en-trar en vigencia la Ley .Hipotecaria, y visto el artículo 141, no es dudoso que la excepción de quita o espera no tiene efi-cacia alguna para suspender el procedimiento. La de com-promiso de sujetar la decisión del pleito a árbitros o ami-gables componedores, no tendría boy fuerza alguna. Las de falsedad del título y de pago aparecen reconocidas en el re-glamento de la Ley Hipotecaria, y no las ba perdido el deu-dor, ni las ba interpuesto. Las de novación, transacción, y pacto o promesa de no pedir, no podrían, dentro de la Ley Hipotecaria, tener vida legal contra tercero a menos que esas alteraciones del primitivo contrato, aparecieran inscritas de acuerdo con el artículo 144 de la misma ley, y entonces, for-zosamente resultarían de la certificación del registrador, do-cumento que se ba de acompañar al escrito inicial del pro-cedimiento, y que ba de tener presente el Juez para ordenar la expedición del requerimiento.

De todas formas, la excepción presentada no era ninguna de las once defensas de que babla la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua; el peticionario siguió, para excepcional', el procedimiento actual. Convenimos en que no era lógico se-guir otro; pero no nos parece que pueda hacerse arma de las excepciones del antiguo procedimiento, ni argumentar fundándose en ellas.

Como se encontraba el procedimiento en las antiguas leyes Hipotecarias y de Enjuiciamiento Civil, el cobro de un crédito hipotecario sufría sus dilaciones y entorpecimientos; tenía las incertidumbres y producía las angustias que parecen ser desgraciada secuela de cualquier litigio. Se necesitó establecer algo que llevara esas angustias e incertidumbres a su mínima expresión; no por crear una clase privilegiada de acreedores, sino por razón de la importancia del crédito territorial. De todo esto responde el siguiente párrafo de la exposición que precede al proyecto de ley que se presentó en las cortes el 26 de mayo de 1893, y cuyo proyecto fué luego nuestra Ley Hipotecaria:

“Pero donde la voz de la experiencia se ha dejado oír con mayor fuerza contra la ley, demandando remedio pronto, es en lo referente al procedimiento para hacer efectivos los créditos hipotecarios. Su complicación abrumadora, la inseguridad del éxito y su coste incalculable, retraen al capital o sugieren condiciones usurarias; la venta a retro viene sustituyendo al préstamo, para suprimir todo procedi-miento c'on daño del terrateniente; se estipulan intereses que tripli-can el capital prestado, y tal vez, empleando otras fórmulas, se su-jeta con responsabilidades penales al deudor, convirtiendo la santi-dad de las leyes escritas para castigar delitos en vil instrumento de la codicia contra el infortunio. Emplea estas artes la desconfianza, porque el procedimiento legal no satisface las exigencias razonables de la contratación, y a cortar la raíz de estos males, proporcionar a la tierra el capital que necesita, y dar al prestamista seguridades de pronto y fácil cobro, se consagra la reforma de mayor transcendencia que propone el Gobierno, suprimiendo trámites que, sin garantía positiva de los derechos, ahoga los más sagrados. La previa tasa-ción, la fijeza en la competencia judicial para las diligencias pre-cisas, la supresión de todo pleito, un Solo requerimiento y la su-basta inmediata, son las bases de la nueva legislación; suprímense juicios, exclusiones, exhortos, mandamientos de embargo de lo que está ya hipotecado, incidentes, subastas simultáneas y tantas otras barreras atravesadas en la senda del crédito territorial con noble ánimo, en las que sólo tropieza realmente la buena fe.”

A evitar esa abrumadora complicación, ese coste de los pleitos, esa inseguridad, productores de un retraimiento de capital, o de simulaciones de contratos en los que el presta-mista para asegurarse, tendía a aprisionar al prestatario, vino el procedimiento rápido y sumario que se creó en esta Ley Hipotecaria, en el que se empieza por suprimir la de-manda ritual y formularia, para sustituirla por un escrito inicial, se continúa por permitir que el requerimiento se baga al que en cualquier concepto legal se baile al frente de la finca, cuando el deudor no reside en el lugar en que aquélla radique, o no se sepa su domicilio, se suprimen contestacio-nes e incidentes, y basta se elimina la sentencia, ya que la orden que se dicta es un requerimiento de pago, y.no una definición de derechos. Se concibe, puesto que la deuda está reconocida, la garantía subsistente, el valor de los bienes so-bre que pesa la garantía fijada de antemano, y por acuerdo de los interesados, y realmente no quedan extremos de posi-ble discusión y de obstáculo al procedimiento, salvo los tres casos de que bace mérito el artículo 175 del Reglamento.

No bay contradicción alguna entre la ley y su reglamento. Es más, en el último párrafo del artículo 128 de la ley en-contramos lo que sigue:

“En el Reglamento para la ejecución de esta ley se determina-rán los demás pormenores a que ha de ajustarse este sumario pro-cedimiento. ’ ’

Por cuyas palabras se ba creado por la misma ley toda la autoridad necesaria en el regimentó en lo que afecta a este procedimiento.

La ley ba dado los términos generales, y el reglamento no bace otra cosa que seguir, en el desarrollo de los detalles el pensamiento y el espíritu de aquélla. De abí que en los artículos 168 a 176 inclusive, se establecen por el reglamento la forma y requisitos del escrito inicial, competencia, resolu-ción del juez, etc.; y entre otros extremos indispensables, los necesarios a evitar, que el procedimiento que se intenta sea sumario, se convierta en un juicio declarativo corriente, o en el mejor de los casos, en un juicio ejecutivo. Por esa ra-zón no se admite la discusión del título, la certeza, cuantía, extinción de la deuda, que la ley reserva expresamente a un juicio plenario, garantizado por la concesión de medidas ase-guratorias de la efectividad de la sentencia, como se ve de los párrafos del artículo 175 del reglamento ya citados.

En el caso de Giménez v. Brenes, 10 D.P.R. 128, este tribunal sostuvo la vigencia de la Ley Hipotecaria y su regla-mento, de acuerdo con la Ley Orgánica votada por el Con-greso de los Estados Unidos en 12 de abril de 1900; y dijo:

"La sección octava de dicha Ley Orgánica declaró vigente esa Ley Hipotecaria y ese Reglamento y por Consiguiente implícitamente reconoció el Congreso que no podía derogarse ninguno de sus artícu-los sino por una ley especial com'o lo dispone el artículo 413 ya citado. He modo que toda la Ley Hipotecaria y con ella esa forma expresa de derogación tenía la indiscutible autoridad que le da nues-tra Constitución votada por el Congreso de los Estados Unidos.”

En el mismo caso se sostuvo que el procedimiento especial para el cobro de créditos garantizados con hipotecas está vigente basta el requerimiento de pago al deudor, y no en la vía de apremio, o sea en cuanto a la forma de la venta de la finca gravada; y esta doctrina se confirmó en el caso Banco Territorial y Agrícola v. Erwin, 10 D.P.R. 412.

En el caso Enrique Cueto v. La Corte de Distrito de San Juan, 37 D.P.R. 244, se resolvió que en un juicio ejecutivo hipotecario no es procedente una contestación y contrade-manda sobre hogar seguro; y se dijo:

“ . . . los demandados no tienen derecho a presentar en este pro-cedimiento ejecutivo hipotecario su alegación de contestación ni de contrademanda, por no referirse a ninguna de las cuestiones que están autorizadas en este procedimiento y por tanto no puede resol-verse en él si en la finca hipotecada está constituido el hogar seguro de l'os demandados ni si el ejecutante está obligado a respetarlo. La alegación de los demandados requiere una contestación, la cele-bración de un juicio y una sentencia resolviendo la cuestión pro-puesta por los demandados, o sea un juicio ordinario dentro de un procedimiento especial y sumario, lo que pugna con la naturaleza del juicio ejecutivo hipotecario y está en contra del artículo 175 citado. ’ ’

En estas condiciones, el juez que se niega a permitir la discusión de excepciones previas, o contestaciones u objecio-nes que no estén expresamente consentidas por el artículo 175 del reglamento, para ejecución de la Ley Hipotecaria está en lo correcto; y ni extralimita su jurisdicción, ni comete error de procedimiento que autorice el auto final de revisión por certiorari.

Debe declararse sin lugar el recurso, anulándose el auto dictado.

El Juez Asociado señor Hutcbison está conforme con el resultado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Texidor,

license: Public Domain

text:
    S. Kaplan & Co., demandante y apelada, v. Julián S. Hawayek, demandado y apelante.

      No. 5158.

    Sometido: Abril 23, 1930.

      Resuelto: Junio 8, 1931.

      B. Rivera Zayas, abogado del apelante; Henry G. Molina, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso dice así:

“Comparece la demandante por su abogado que suscribe y ex-pone:
“Que allá por el mes de diciembre de 1927 la demandante en-tregó al demandado dos (2) sortijas de brillantes por- el precio es-estipulado de $759.20 para ser pagadas por el demandado a la deman-dante en caso de quedarse c'on dichas prendas.
“Que el demandado se quedó con las prendas por un término mucho mayor de- un término razonable, o sea, de lo acostumbrado en esta clase de negocios, per'o no ha pagado a la demandante el precio estipulado en dichos brillantes, con excepción de $118.00, que-dando a deber, por tanto, a la demandante la suma de $641.20.
“Que el demandado no ha pagado a la demandante dichos $641.20 a pesar de los numeros'os requerimientos de la demandante a ese efecto.
“P:OR todo lo cual, se suplica a a Corte se sirva condenar al ■demandado a pagar a la demandante la suma de $641.20 con inte-reses a razón del 6 por ciento anual desde diciembre, 1927, más las costas de esta acción.”

El demandado presentó la excepción previa de falta de hechos suficientes, y la contestación, al- mismo tiempo.

El caso se oyó por la corte que dictó sentencia en el fondo, condenando al demandado a pagar a la demandante $429.20 de principal, intereses legales y sin especial condena de cos-tas. Ni en la opinión, ni en la sentencia encontramos nada que resuelva la excepción de falta de hechos suficientes para determinar causa de acción.

Ha apelado el demandado. No hay en el caso transcrip-ción de evidencia, ni exposición del caso.

El error qué a la sentencia sé señala por el apelante, es así:

“La Corte erró al declarar con lugar la demanda y sostener im-plícitamente que la demanda expone una causa de acción contra el demandado. ’ ’

Argumentando su caso el apelante sostiene que según la demanda aparece, la exigibilidad del precio en esta compraventa depende de una supuesta costumbre que no se alega en la demanda de una manera específica en cuanto a los actos en que consista, y los caracteres que tenga para ser, si posible, norma jurídica, así como el conocimiento de la misma por el demandado. Sostiene asimismo que de la demanda se desprende que la compraventa fué hecha bajo condición suspensiva; que si no se alegan los hechos deter-minantes del carácter jurídico de la costumbre, no cabe pro-barlos en juicio sin perjudicial sorpresa del demandado.

La argumentación del apelante en este sentido es fuerte y digna de consideración. Si se hubiera alegado solamente una costumbre, no tendríamos duda alguna para resolver; pero el demandante alega que el demandado se quedó con .las prendas por un tiempo mucho mayor de un término ra-zonable y en ese sentido, teniendo que considerarse admi-tido por la excepción previa este hecho, la demanda es sufi-ciente. En lo que toca a la sentencia, no teniendo ante nos-otros las pruebas, la presunción es de haberse probado su-ficientemente los hechos alegados en la demanda.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Patria Monserrate Lezcano, menor, representada por su padre con patria potestad Manuel Lezcano, demandante y apelada, v. Sucesión de Tomás C. Sifonte, compuesta de la viuda Soledad S. de Sifonte, y los hijos menores Francisca, Tomás, y Soledad María Sifonte Santos, representados por su dicha madre, demandados y apelantes.
    No. 5157.

    Sometido: Mayo 1, 1930.

      Resuelto: Junio 9, 1931.

      B. Arrache Battistini y F. Cadilla, abogados de los apelantes; Luis Mercader, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la corte de distrito de Arecibo, se formuló por Pa-tria Monserrate Lezcano, menor, representada por su padre con patria potestad Manuel Lezcano, una demanda contra la Sucesión de Tomás C. Sifonte, compuesta de la viuda Sole-dad S. de Sifonte y los hijos menores Francisca, Tomás y Soledad María Sifonte Santos, en la que esencialmente se alegaba que la menor demandante tenía en el Banco Territorial y Agrícola,, Sucursal de Arecibo, cierta suma en cuenta de ahorros, y de ella, por medio del padre de la demandante,, prestó a Tomás C. Sifonte, mil dollars que el prestatario se-oblig'd a devolverla en todo el año 1925, lo que no hizo, ni pagó o devolvió parte alguna de la cantidad; y que fallecido' el dicho Sr. Sifonte, le sucedieron como herederos los de-mandados, quienes tampoco han pagado la suma citada, ni. parte alguna de ella; y pidió se condenara a los demanda-dos al pago.

La parte demandada opuso excepción previa que se de-claró sin lugar; y luego contestó la demanda, negando los hechos esenciales de ella, y presentando una defensa especial: la de que al radicarse la demanda, la demandante era, y lo es al tiempo de la contestación, menor de edad, y sin capacidad legal para comparecer sin un tutor o un defensor nombrado por la corte.

El caso fué a juicio; y la corte dictó sentencia a favor de la demandante, con costas a los demandados. Estos ape-laron, y señalan cuatro erfores en la sentencia.

El primero de los errores señalados se refiere a haberse admitido por la corte la declaración de Providencia Díaz Lienza, madre de la demandante, en cuanto en esa declaración se trata de transacciones con el padre de los demandados. El argumento legal se sostiene sobre la base de la ley de marzo 10, 1904, página 121 de las de ese año, cuyo artículo o sección 3 tiene el siguiente texto:

“En las demandas por o en contra de los albaceas testamenta-rios, administradores o tutores en las cuales pueda dictarse senten-cia a favor o en contra de ellos como tales, ninguna de las partes podrá declarar c'ontra la otra en lo referente a transacciones con, o relaciones hechas por el testador, intestado o pupilo, a menos que fuere llamad'o a declarar por la parte contraria; y las prescrip-ciones de esta Sección se aplicarán a todas las demandas por o ten contra de los herederos y representantes legales de un finado, que ,se suscitaren de transacciones habidas con éste.”

j Providencia Díaz Lienza no es una de las partes en el caso; ni siquiera la representante legal de su hija, la de-mandante, que está representada por su padre con patria potestad. La circunstancia de que la suma de que se trata fuere regalada por ella a su hija, y puesta a nombre de ésta en su cuenta de ahorros en el Banco Territorial está per-fectamente explicada; y no da a la declarante el carácter de parte en el caso, que se ha instituido, se ha tramitado, y se ha decidido, por Patria Monserrate Lezcano.

La decisión en el caso Wilcox v. Axtmayer et al. (23 D.P.R. 343) que se cita por el apelante no le es en realidad favorable. Allí se discute y resuelve si una parte en un pleito contra los herederos de un finado puede declarar res-pecto a ciertos extremos, sin ser llamado como testigo por la otra parte. No es éste el caso actual.

Él segundo error señalado se refiere a la apreciación de la prueba por la corte inferior.

' Hemos examinado en la transcripción de la evidencia los testimonios de Providencia Díaz Lienza, Enrique Alcaraz y Carmen Sifonte, y la documental presentada. La parte de-mandada presentó un testigo, Fernando Rivera. De esa prueba aparece la justificación de la demanda. El juez la apreció debidamente. Las deducciones que de parte de los testimonios, no de su conjunto, extrae la apelante, nos pa-recen forzadas.

En cuanto a la capacidad de la demandante para ser tal parte, ella está representada por su padre con patria potestad, y eso es todo lo necesario para que pueda actuar como demandante; la demanda pudo ser más clara; pero después de la prueba presentada, cualquier deficiencia de ex-presión quedó curada.

Por lo que se refiere a la imposición de costas a los demandados, no encontramos en ella error alguno. La corte actuó rectamente; los demandados, por lo que aparece de la prueba y del récord, habían procedido con temeridad.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Octavio Sánchez, acusado y apelante.
    No. 4450.

    Sometido: Junio 5, 1931.

      Resuelto: Junio 9, 1931.

      F. Gallardo■ Dftaz, abogado del apelante; R. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Octavio Sánchez e Ismael Avilés fueron denunciados por haber alterado la paz pública con una riña que tuvieron en una calle de Humacao y ambos fueron condenados por la corte municipal de dicha ciudad. Octavio Sánchez apeló de la sentencia para la corte de distrito, la que también lo condenó y entonces interpuso este recurso de apelación, que funda en haber cometido error la corte al declararlo culpable de dicho delito.

La única prueba presentada en el juicio fué la declara-ción de un policía insular quien dijo que cerca de él se cru-zaron unas palabras entre Octavio Sánchez e Ismael Avilés, sin que dijera cuáles fueron, y que habiendo agredido Ismael a Octavio éste le cayó encima como un león y le dió al otro y pelearon después. Según lá denuncia, Octavio re-sultó con una contusión en la barbilla.

En vista de esa prueba solicitó la defensa de Octavio Sánchez que fuera absuelto perentoriamente, fundándose en nuestras decisiones en los casos de El Pueblo v. Torres, 18 D.P.R. 933, y del Pueblo v. Franquis, 24 D.P.R. 615, pero a pesar de que el Fiscal del Distrito se allanó a esa preten-sión la corte inferior la negó y dictó sentencia condenatoria diciendo que creería aplicable esa jurisprudencia si no fuera porque el policía declaró que Octavio se tiró encima del otro como un león, agrediendo a Ismael no sólo para repeler la agresión sino para castigar la ofensa del que le atacó.

En los casos antes mencionados hemos declarado que no altera la paz pública maliciosa y voluntariamente la persona que siendo agredida por otra repele la agresión y surge así una riña no provocada por él, que es aplicable a los hechos de este caso; sin que la opinión del testigo de que Octavio se lanzó sobre su agresor como un león sea obstáculo a la aplicación de tal doctrina, pues no parece razonable que una persona agredida haya de repeler con tranquilidad una agre-sión.

La sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al apelante.


author: El Juez üsociado ¡Señor Aldrey,

text:
    Miguel Meléndez Muñoz, demandante y apelado, v. Junta Examinadora de Contadores Públicos, demandada y apelante.
    No. 4943.

    Sometido: Enero 17, 1930.

      Resuelto: Junio 10, 1931

      Attorney General James B. Beverley y B. Cordovés Arana, Subpro-curador, abogados de la apelante; L. Muñoz Morales y M. Marcos Morales, abogados del apelado.
   El Juez üsociado ¡Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En 13 de mayo de 1927 fue aprobada la Ley No. 42, página 235 del tomo de leyes de ese año, por la cual se reglamentó la práctica de la contabilidad pública en esta Isla y se creó una Junta Examinadora de Contadores Pú-blicos compuesta por tres personas que tengan certificados de contador público autorizado, expedidos de acuerdo con las. leyes de cualquier Estado de la Unión, y que bayan ejercido como tales por un período de tiempo no menor de cinco años. Esa junta está facultada por dicha ley para expedir título de contador público autorizado (certified public accountant), cuyo título abreviado es £<C. P. A.,” a la persona que se examine ante ella y apruebe el examen prescrito por la misma ley,- y también para expedirlo sin examen, diciendo la ley a este respecto en su artículo 8 lo. siguiente:

“La junta eximirá de examen a cualquier persona de buena con-ducta moral, que sea ciudadano de Puerto Rico y esté en posesión de sus derechos civiles, que tenga más de veintiún años de edad y que haya practicado por no menos de cinco años con antelación a la apro-bación de esta Ley, como contador, jefe de contabilidad o auditor con alguna o varias firmas o corporaciones de reconocida importancia a juicio de la junta o con el Gobierno Insular o con municipios, de pi'imera clase, o que haya ejercido por no menos de cinco años como, contador público o profesor de contabilidad avanzada, y que presente su solicitud a la Junta Examinadora de Contadores dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que entre en vigor esta Ley, acompa-ñando los derechos que dispone el Artículo 5, así como también los documentos necesarios que acrediten su derecho a que se le exima de examen de acuerdo con las disposiciones de este Artículo.”

Según ese precepto puede la junta expedir título sin examen en los siguientes casos: (a) a la persona que haya practicado por no menos de cinco años como contador, jefe de contabilidad o auditor con alguna firma o firmas o corpo-raciones de reconocida importancia a juicio de la junta; (b) que haya practicado con el Gobierno Insular o con muni-cipios de primera clase; (c) que haya ejercido por no menos de cinco años como contador público o profesor de conta-bilidad avanzada.

En esa ley. no se dispone como en su similar No. 31 del mismo año referente a ingenieros qne, a menos que exista prueba en contrario, la junta aceptará como evidencia ¡satis-factoría la declaración jurada expresada en la solicitud, y por el contrario ordena que con la solicitad de exención de examen se acompañarán los documentos necesarios que acre-diten el derecho de exención interesado.

Acogiéndose a lo dispuesto en el artículo octavo de esa ley, Don Miguel Meléndez Muñoz presentó a la Junta Exa-minadora de Contadores Públicos una solicitud jurada para que le expidiese el título de contador público sin examen, exponiendo en ella, en lo pertinente abora, que trabajó como contador en la sucursal de Cayey de Tbe P. R. Leaf Tobacco Co. desde 1906 a 1908; como contador de Modesto Munitiz, en Cayey, de 1908 a 1911; como contador-secretario de “Cayey Light & Ice Co.,” en Cayey, desde 1915 a 1919; como contador de la firma “R. Ortiz y Ca.,” en Cayey, desde 1911 a 1925; y como gerente y jefe de contabilidad del banco ‘1 Crédito y Aborro Ponceño ” en su sucursal de Cayey, desde 1919 a 1927. Con la petición acompañó una declaración jurada de Diego Capó según la cual el Sr. Meléndez ejerció las funciones de gerente y jefe contador de la sucursal en Cayey del banco Crédito y Aborro Ponceño desde Io. de noviembre de 1919 basta noviembre de 1927.

La junta examinadora negó la petición de exención de examen por no reunir los requisitos exigidos por el artículo '8 de la expresada ley.

En vista de esa negativa el Sr. Meléndez solicitó de la junta que reconsiderase la expresada resolución y expuso que de 1899 a 1906 estuvo empleado en la casa de comercio de Don Modesto Munitiz en Cayey, consistiendo su trabajo en establecer un sistema de contabilidad para las operaciones de dicho establecimiento comercial y abrió libros de conta-bilidad consistentes en el Borrador, Diario Mayor, Cuentas Corrientes, Caja y demás auxiliares necesarios, así como los de Inventarios y Balances; cuyos libros llevó personalmente basta 1904 y desde esa fecba basta 1906, como jefe de con-tabilidad inspeccionó y dirigió las operaciones que se asen-taban en los libros, excediendo el volumen de los negocios de esa casa mercantil en ese período de $350,000 ; y que el ramo de comercio era compraventa de provisiones, mercancías secas, venta de letras de cambio y refacción agrícola; que de 1904 a 1906, en adición al trabajo con Munitiz, fue director de la compañía de transporte público constituida por los señores Anacleto Agudo, Adrián Pérez, José Ramírez Muñoz, Francisco Fernández Nava y Santori; estableciendo un sistema de contabilidad apropiado a ese negocio y llevando los libros personalmente; que de 1906 a 1908 trabajó con la sucursal en Cayey de la corporación The P. R. Leaf Tobacco Co., siendo su trabajo anotar las operaciones que esa com-pañía hacía en el distrito, llevando libros del sistema de contabilidad de esa corporación, donde se anotaban las cuentas de refacción y las de g'astos de administración; que de 1908 a 1911 estableció un sistema de contabilidad para la mercantil en Cayey “R. Ortiz Co.,” y abrió sus libros de contabilidad; casa que hacía operaciones anualmente por $100,000; que de 1916 a 1919 ejerció las funciones de secre-tario-contador de la corporación “Cayey Light & Ice Co.” con domicilio en Cayey, estableciendo un sistema de conta-bilidad adecuado para ella; que de 1919 a 1927 estuvo em-pleado con el Banco Crédito y Ahorro Ponceño en su sucursal de Cayey, teniendo a su cargo la gerencia, dirección, inspec-ción y administración de todas sus operaciones en Cayey y pueblos limítrofes de Cidra y Aibonito, siendo el jefe de la contabilidad e inspeccionando los asientos que se hacían en los libros y rindiendo diariamente a la Dirección del banco balances de las operaciones realizadas y llevando personal-mente la dirección de toda la contabilidad; que de 1919 a 1927, además de sus servicios a la sucursal del banco, se dedicó públicamente a la profesión de contador público y jefe de contabilidad, con oficina abierta separada, del banco y anunciándose como tal; que inspeccionó y dirigió la contabilidad de varias casas de comercio como la de “Aponte y Sobrino,” de Cayey; inspeccionó la contabilidad de R. Ortiz y Ca., que era nna oasa importadora, y la de Aragunde y Ca., que tenía nn volumen superior a $100,000, así como la de Peláez e Hijo, de Cayey; que abrió un sistema de conta-bilidad a la corporación “Cayey Industrial Corporation” y que compareció en la Corte de Distrito de G-uayama decla-rando en varios pleitos como jefe de contabilidad del Crédito y Aborro Poneeño, como experto en la contabilidad, respecto a operaciones asentadas en los libros de dicho banco. También consignó en la solicitud de reconsideración que ha hecho estudios de contabilidad, que ha estado constantemente desde 1899 ejerciendo la profesión de contador, tenedor de libros y jefe de contabilidad, con oficina en Cayey, siendo llamado por diversas casas de comercio para examinar sus sistemas de contabilidad y que está dispuesto a presentar la evidencia que la junta exija si no estimare suficiente la pre-sentada. Con la solicitud de reconsideración acompañó de-claración jurada de Aponte. & Sobrino por José D. Aponte, R. Ortiz y Ca., por Pedro Quintana, Aragunde & Ca., por Angel Aragunde, y A. Peláez e Hijo, por Aureliano Peláez, en las que se manifiesta que todo lo que dice la solicitud en cuanto a práctica y trabajo que ha hecho el Sr. Meléndez como contador público y Jefe de contabilidad es cierto, que han utilizado los servicios del Sr. Meléndez en la forma que dice su petición y que lo han conocido siempre como un con-tador público en Cayey.

La petición de reconsideración fue negada por la junta por no encontrar fundamento para revocar su decisión anterior, que se basó en no considerar la junta de reconocida importancia, desde el punto de vista de la contabilidad, a las firmas con las cuales el peticionario manifiesta en su solicitud jurada que ha tenido experiencia en el ramo de contabilidad.

Después de la última negativa acudió el Sr. Meléndez a la Corte de Distrito de San Juan solicitando que librara un auto de mandamus contra la mencionada junta obligándola a que le expidiese el título sin examen, fundándose en que la junta, sin causa justificada y en violación de su deber, se niega a expedirle el título de contador público y en que sin citar al peticionario y sin darle audiencia sé ba negado a cumplir el deber que le impone la ley, sin discreción alguna, de expedirle el título una vez probadas con declaraciones juradas las condiciones establecidas por la ley y que la reso-lución de la junta es caprichosa y arbitraria.

Libró la corte un auto condicional de mandamus, que fue contestado por la junta oponiéndose a él, y el día de su vista fueron presentadas como prueba las dos peticiones antes reseñadas y los documentos con ellas acompañados, de que hemos hecho mención. También se presentaron dos certifi-caciones que no hemos mencionado porque la corte inferior reconoce' que las admitió indebidamente y por- esto no las tuvo en cuenta para su fallo. Como prueba testifical fué presentada la declaración de Don Antonio R. Hernández, uno de los tres miembros de la junta demandada, quien, en re-sumen, declaró que antes de empezar a resolver las solici-tudes de exención la junta tomó un acuerdo definiendo e interpretando lo que a juicio de ella es una firma de reco-nocida importancia, por el cual hizo constar que la palabra “importancia,” que se usa en la ley, significa la importancia de las firmas o corporaciones desde el punto de vista de la contabilidad y no del capital o estado financiero; que el Banco Crédito y Ahorro Ponceño tiene un capital como de un millón y medio de dólares y es depositario del Gobierno Insular y Municipal; que no conoce a la corporación Porto Rican Leaf Tobacco Co., que se dedicaba a cultivar tabaco y cree que ha vendido sus terrenos; que la junta para su resolución no tuvo en cuenta el capital de las firmas sino la contabilidad de ellas; que la junta puede apreciar la ciase de contabilidad de cada casa, prescindiendo del capital; que el sistema de contabilidad de las casas con las cuales trabajó el Sr. Meléndez era simple; que la jnnta no conocía el sistema de contabilidad de esas casas pero sabía poco más o menos qné clase era porque tienen en cuenta la naturaleza del negocio; que bay casas de comercio que tienen conta-bilidad complicada pero no eran de esa clase con las que trabajó Meléndez porque lo que en ellas se llevaba era tene-duría de libros corriente; que no examinaron la contabilidad de esas casas de comercio; que el negocio de la casa Munitiz era acarreto de mercancías entre Cayey y San Juan; que no ba examinado la contabilidad de la Porto Rican Leaf Tobacco Co. pero que a las sucursales se les da la pauta para sus libros por la casa principal y tienen el trabajo marcado; que técnicamente, para saber el sistema de contabilidad de una casa no bay necesidad de ir allá, poco más o menos se sabe; que la contabilidad de la sucursal en Cayey del Cré-dito y Aborro Ponceño es distinta de la de Ponce porque en las sucursales no se llevan ciertos libros ni se tienen que lesolver ciertos problemas de contabilidad; que no sabe qué sistema de libros usan las mercantiles Munitiz y Ca., Aponte & Sobrino, A. Peláez e Hijo y R. Ortiz y Ca. porque no los ha examinado ni tampoco los otros miembros de la junta, que él sepa; que la junta no reconoce como de importancia a las sucursales porque su contabilidad está trazada por la oficina principal; y que ban concedido licencias sin examen a otras personas.

Terminada esa vista la corte de distrito dictó sentencia haciendo definitivo el auto de mandamus y contra ella inter-puso la junta el presente recurso de apelación.

Los fundamentos que tuvo la corte inferior para la resolución que ba sido apelada son: que la ley impone a la junta el deber ministerial de expedir títulos sin examen en los casos en ella mencionados, sin que el hecho de que esté facultada para determinar la importancia de las firmas o corporaciones con quienes el solicitante hubiere practicado convierta el acto de eximir de examen y expedir el título, que es ministerial, en discrecional; en que se probó la im-portancia de las firmas con quienes practicó el peticionario bajo el punto de vista de la contabilidad; y en que la deman-dada admitió que el peticionario es un contador y jefe de con-tabilidad con más de cinco años de práctica.

El deber de la junta apelante impuesto por la ley en su artículo 8 no es ministerial puesto que deja a su juicio determinar si las firmas o corporaciones con las cuales ha practicado la persona que solicita la expedición de título sin examen son de reconocida importancia. Así lo resolvimos en el caso de Salgado v. Junta Examinadora de Contadores Públicos, 41 D.P.R. 739. Se ha decidido que cuando un funcionario tiene facultades para considerar prueba y luego resolver, el deber es judicial o cuasi judicial y por tanto discrecional. Sweney v. Young (1925) 131 A. 153; Goldsmith v. Clabauch, 6 F. (2d.) 94, 55 App. D. C. 346. La junta está- facultada para resolver si la práctica alegada es de contador, de jefe de contabilidad o auditor, así como acerca de la importancia de las firmas con las cuales se ha trabajado. La ley dejó a la junta que creó el resolver esas cuestiones de carácter técnico. Por consiguiente, el deber de la apelante es discrecional y no meramente ministerial.

A nuestro entender.la petición de mandamus no alega que lá junta abusara de su poder discrecional pues descansa en la teoría de que con la petición y documentos acompañados a ella debió la junta expedirle el título que solicitó y que no lo hizo, sin citarlo y oírlo y faltando al deber ineludible que tenía de expedirlo, pero trataremos ese aspecto del caso toda vez que la corte ha resuelto que se probó que el apelado reúne las condiciones requeridas para que el título que interesa se le expida.

La junta no tenía que citar y oír al peticionario para resolver su solicitud porque la ley exige que la persona que interese el título sin examen acompañará con su solicitud los documentos necesarios que acrediten su derecho, y con la petición y los documentos es qne la junta lia de resolver; ni tiene tampoco el deber de expresar al peticionario la prueba que es necesaria para resolver el caso. ■ El apelado presentó los documentos que él consideró necesarios y la junta no niega que trabajara con las firmas que dice, sino que ellas no son d!e reconocida importancia en cuanto a contabilidad.

La declaración del testigo.Sr. Hernández, única adicional a los documentos acompañados con la solicitud y con la de reconsideración, no destruye la apreciación que bizo la junta de que no eran de importancia a los efectos de la contabilidad las firmas con las cuales trabajó el apelado, pues ese testigo declaró en resumen que las dos sucursales con las que trabajó el peticionario no son de importancia para los efectos de la contabilidad porque en cuanto a ellas son dirigidas por las oficinas principales por lo que no tienen que resolver pro-blemas de contabilidad, y porqne en cuanto a las otras firmas se dedicaban a un solo negocio y no necesitaban contabilidad complicada, bastándoles con. la simple teneduría de libros.

En la primera solicitud se refirió el apelado a servicios del apartado que fiemos marcado como (a), o sea, como con-tador, jefe de contabilidad o auditor de firmas de reconocida importancia, pero en la reconsideración que interesó parece referirse también al apartado (c) o sea el fiaber ejercido como contador público por no menos de cinco años.

En la solicitud de reconsideración no dice el peticionario que ejerciera como contador público, que son las palabras de la ley, pero aparte de esto, por su contexto se refiere a los cargos que desempeñó en las referidas firmas, pues dice que desde 1899 basta el presente (1928) fia ejercido la pro-fesión de contador, tenedor de libros y jefe de contabilidad, que es la misma práctica requerida con firmas de reconocida importancia en el apartado (a).

Está equivocada la afirmación que fiace la corte inferior de que la junta aceptó en su contestación a la petición de mandamus que el peticionario es un contador y jefe de con-tabilidad con más de cinco años de práctica, pues tal hecho íué negado en las siguientes palabras: “niega . . que el peticionario baya practicado como contador público por más de cinco años.”

No encontrando que la junta apelante cometiera abuso de discreción al negar la petición del apelado, debemos revocar la sentencia apelada y dictar otra declarando sin lugar el auto de mandamus que solicitó el apelado, sin especial con-dena de costas.


author: El Jijez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Marcos Calderón de la Concha; Juana Rita Calderón Rivera; Carmelo, José Antonio y Emilia Calderón Reyes; Rita y María Concepción González Calderón; Enrique, María Isabel y María Teresa González Jiménez, demandantes y apelantes, v. Las Sucesiones desconocidas de Javier Zequeira Benítez, y otras; Matilde Vega Jiménez Vda. de Sanjurjo; Angela y María Asunción Corali Sanjurjo Vega y La Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia, demandadas y apeladas.
    No. 4850.

    Sometido: Marzo 6, 1930.

      Resuelto: Junio 10, 1931.

      B. Sancho Bonet, abogado de los apelantes; Monserrat & Monserrat, abogados de la apelada Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia.
   El Jijez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

La corte de distrito declaró que la parte demandada en una acción reivindieatoria babía adquirido el título a la finca en litigio por prescripción, y se señala esto como error.

En 1874 doña Rita de la Concha, esposa de don Félix Calderón, compró los terrenos ahora en controversia. Tu-vieron cuatro hijos, Marcos, Pedro, José Antonio e Isabel María. Pedro falleció en abril de 1876, dejando nna hija menor de edad, Juana Rita. Alrededor de un mes después, doña Rita y su esposo fallecieron ab intestato, dejando como herederos a sus tres hijos Marcos, José Antonm e Isabel María Calderón de la Concha, y a la nieta, Juana Rita Cal-derón Rivera. Isabel María era la esposa de Rodolfo González.

En 1888, Javier Zequeira Benitez, alegando que había adquirido la propiedad de Rodolfo González en 1881, obtuvo un título posesorio que inscribió en el registro de la pro-piedad en 1889. En marzo de 1890, Zequeira vendió a José Martínez Pérez, quien reconoció la existencia de una hipo-teca a favor de la menor Juana Rita Calderón Rivera. En abril de 1890, Martínez Pérez otorgó hipoteca a favor de Miguel Portero para garantizar un préstamo de $1,000'.

En un instrumento notarial fechado abril 1, 1890, Mareos Calderón de la Concha, que a la sazón tenía 29 años de edad, consignó que en un documento privado suscrito en 1876, él, menor de edad para aquel entonces, y su hermano José Antonio, y su hermana Isabel Calderón, voluntaria-mente habían reconocido a Rodolfo González como dueño de la propiedad adquirida por Rita de la Concha en 1874, habían admitido la compra por González de esa propiedad en vida de doña Rita, habían explicado la falta de otorgamiento de la escritura de traspaso como debida a la muerte repentina de doña Rita, seguida inmediatamente por la de su esposo, y habían asentido en la posesión quieta, pacífica y no inte-rrumpida de González y en el pago de las contribuciones por él como dueño desde el tiempo de tal compra. En el mismo documento Marcos Calderón renunció a cualesquier derechos que pudieran emanar del hecho de que era un menor al tiempo de otorgarse el documento privado de 1876, ratificó ese es-crito, y reconoció la validez del traspaso hecho por Rodolfo González a Javier Zequeira Benitez y del por Zequeira Benitez a José Martínez Pérez.

En octubre de 1891, Martínez Pérez le vendió a José Fernández Villamil, con sujeción al pacto de que si dentro del término de un año se restituía el precio al comprador, éste retrovendería la finca. Esa escritura fué inscrita dentro del mismo mes y año, y la consumación de la venta se bizo objeto de una nota marginal a instancia de un dueño posterior en febrero de 1900.

En diciembre de 1898, Juana Bita Calderón, entonces de veinte y tres años, recibió, en presencia de notario, de la Muda de José Fernández Villamil la cantidad de la ñipo-teca aludida en la enajenación ñecña por Zequeira a favor de Martínez Pérez, y consintió en que se cancelara la hipo-teca, que lo fué en el registro de la propiedad.

Posteriormente, después de una serie de traspasos, la finca fué comprada por Matilde Vega en marzo de 1902. TJnos dos años antes, el título posesorio se había convertido, por decreto judicial, en uno de dominio. En enero y febrero de 1907, la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia, aquí demandada, adquirió de doña Matilde y de sus hijos, herederos del difunto esposo de aquélla.

La presente acción fué comenzada en diciembre de 1925, más de diez y ocho años después de la adquisición de la finca por la demandada, y más de treinta y cinco años de efectuada la enajenación por Zequeira a favor de Martínez Pérez. La demandada ya había adquirido el título a la finca, tanto a virtud de posesión por más de diez años de buena fe y so color de título, como por posesión durante más de treinta años, con o sin buena fe o justo título, a menos que el transcurso de este período estatutorio hubiese sido interrumpido por un pleito entablado en 1906 por Juana Báta Calderón y Eivera. Parece que el expediente de esa acción se ha perdido, y no fué presentado en evidencia en el curso- del juicio de este caso.

El secretario de la corte de distrito libró una certificación acerca de la existencia de cierto asiento en un registro de su secretaría en el sentido de que en marzo de. 1906 se radicó por Miguel Guerra, abogado de la parte actora, la demanda en la acción reivindicatoría titulada Sucesión de Pedro Luis Calderón de la Concha, demandante, v. Los Herederos de José J. Sanjurjo, demandados; que Manuel F. Rossy era el abogado de la parte demandada; que en marzo 29, se archivaron siete emplazamientos diligenciados; que los demandados excepcioaaron el 9 de abril; que en agosto Io. se radicó moción pidiendo señalamiento de la excepción previa; que en septiembre 21 la corte la resolvió; que en febrero 25, 1907, la corte nuevamente consideró una excep-ción previa; y que en marzo 20, 1908, el caso fué desestimado por abandono. Una copia certificada de la sentencia ex-presa que el 8 de abril, 1907, el letrado de la parte deman-dada solicitó en corte abierta que se tuviera a la demandante por desistida de su acción; y que los abogados de ambas partes anunciaron que estaban listos para discutir la moción, que fué argumentada el mismo día. Esa sentencia dice haber sido dictada en marzo 31, 1907, y haber sido registrada en el libro de sentencias el Io. de junio. Se refiere a una opinión que se dice haber sido archivada por el juez de distrito como expresiva de las razones por las cuales se desestimó el caso por abandono.

De la declaración del secretario de la corte de distrito, prestada durante el juicio del caso de autos, con el registro de casos civiles en sus manos, tomamos el siguiente ex-tracto :

“P. ¿Cuál es el segundo asiento que le sigue? R. Dice así: ‘Marzo 28, 1906, taquígrafo, tres dólares.’ — P. ¿Cuándo se devolvie-ron los mandamientos diligenciados según dice abí? R. Después hay un asiento que dice: ‘ Marzo 29, 1906, emplazamientos tres cincuenta. ’ —P. ¿Es decir que aparecen los mandamientos devueltos. R. No puedo decir si son devueltos o no, dice: ‘Marzo 28, 1906, 7 man-damientos.’ Juez: ¿Son devueltos, o expedidos? R. No puedo de-cirle cuál era la costumbre en esa época. Juez: En las leyes de 1904, el Código de Enjuiciamiento Civil, había una ley de arancel, y ahí consta todo eso, lo que se cobraba por radicar la demanda. Se ba-cía un depósito de diez dólares por conveniencia de los secretarios, y de ahí se iba gastando y luego se liquidaba.”

Félix Vega Nevares, quien actuó como apoderado de su hija Matilde Vega en la enajenación de la finca a la aquí demandada, declaró como testigo de los demandantes en el presente caso: que un comité representando la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia, el presidente don Avelino Vicente, el ahogado Wenceslao Bosch, y otras per-sonas, lo visitaron un día de enero de 1907 y le preguntaron si el testigo estaba dispuesto a vender la finca; que el testigo les manifestó que tenía poder de su hija, y le pidieron el precio, fijándolo él en $5,500, pero advirtiéndoles que unos dos meses antes, Juana Rita Calderón había instado- pleito en la corte de distrito contra la hija del dicente; que el abogado Wenceslao Bosch repuso que la acción pendiente no era un obstáculo, porque en su opinión estaba prescrita por el transcurso de los años, pero que podrían depositarse $1,100- en corte para atender a las resultancias del pleito ; y que la Sociedad Española de Auxilio Mutuo efectuó el de-pósito.

Los artículos 1851, 437, 1846 y 1847 del Código Civil leen como sigue:

“Artículo 1851. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueño de ella, y podía transmitir su dominio.”
“Artículo 437. La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba.”
“Artículo 1846. La interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al poseedor, aunque sea por mandato de tribunal o juez incompetente.
“Artículo 1847. Se considerará no hecha y dejará de producir interrupción la citación judicial:
“1. Si fuere nula por falta de solemnidades legales.
“2. Si el actor desistiere de la demanda o dejare caducar la ins-tancia.
“3. Si el poseedor fuere absuelto de la demanda.”

Según demuestran los incisos segundo y tercero del ar-tículo 1847, la interrupción civil a que se refiere el 1846 de-pende de que el demandante prosiga su pleito liasta una terminación victoriosa. 12 Manresa 802, 804. Una acción sin éxito, que no resulte en cambio alguno de posesión, no interrumpe el transcurso del período estatutorio. El resul-tado es el mismo, ya desista voluntariamente el demandante, o se le desestime su acción por abandono. 2 C. J. 109, see. 166.

La tentativa infructuosa de Juana Rita Calderón, de recobrar una participación pro indivisa de la propiedad no interrumpió la posesión adversa de la demandada ni la de su causante, Matilde Vega. La posesión de la demandada y de aquéllos de quienes arranca su título, comenzando con la inscripción de un título posesorio de Javier Zequeira Benitez y extendiéndose a través de un término de treinta y siete años, se babía convertido en pleno dominio antes de iniciarse el presente litigio.

El efecto de una acción anterior sobre la buena fe de la demandada, es cuestión distinta, pero en este caso también convenimos con la corte inferior en que la prueba de ios demandantes no fué suficiente para controvertir la presunción de buena fe.

Puede admitirse que la demandada fué colocada en una situación inquisitiva al enterarse del pleito pendiente cu'ando iba a comprar la propiedad. No podemos asumir que sus pesquisas hubieran revelado algo más de lo que los deman-dantes lograron probar en el juicio del presente caso.

La venta de Javier Zequeira Benitez a Martínez Pérez fué un “justo título” dentro del significado del artículo 1858 del Código Civil. Teillard v. Teillard, et al., 18 D.P.R. 562. Cuando Juana Rita Calderón entabló su pleito diez y seis años después de la fecha de esa venta, Matilde Vega y sus causantes ya habían adquirido el título por prescripción. Durante todo ese tiempo, nada había en el registro de la propiedad que acusara defecto alguno en el título, el que en 1900 se había convertido en uno de dominio. La buena fe de los adquirentes sucesivos a través de ese período a duras penas puede ponerse en duda.

Cuando la demandada compró la propiedad, tenía todos los motivos para creer que Matilde Vega era dueña de la misma, y que tenía una buena defensa en el pleito iniciado por Juana Bita Calderón. El hecho de que retuviera parte del precio de la venta y la depositara ínterin se determinase definitivamente ese pleito, no monta a evidencia de mala fe. El título por prescripción, cuando se propugna como defensa, debe ser alegado y establecido. El depósito era meramente un estímulo para la propia presentación de una ¡buena defensa y una precaución ordinaria contra el posible fracaso en establecerla, a falta de tal incentivo, después del traspaso de la finca. La misma demandada, pues, era un poseedor de buena fe y con justo título desde la fecha en que compró, y había perfeccionado ese título por prescripción mucho antes de iniciarse el presente litigio.

En vista de las conclusiones a que ya hemos llegado, no necesitamos considerar otros extremos discutidos en el ale-gato de los apelantes, ni queremos que se entienda estamos considerando cuestiones no suscitadas por esa parte.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Guillermo Ortiz Guzmán, demandante y apelado, v. Ramón Aguilú, Tesorero Municipal de Coamo, demandado y apelante.
    No. 5425.

    Sometido: Junio 3, 1931.

      Resuelto: Junio 10, 1931.

      E. Ramos Antonim, abogado del apelante; Leopoldo Tormes y Manuel A. Rivera, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal..

La parte demandada en nn procedimiento de mandamus apela de una sentencia adversa, y dice que la corte de dis-trito erró al desestimar una moción para anular el auto. Tal como se presenta la cuestión en el alegato del apelante, no demanda seria consideración.

Puede admitirse que el juez de distrito erró, tal como se alega en el segundo señalamiento, al declarar nulas ciertas reglas relativas a contabilidad municipal; pero de esto no se sigue que la sentencia deba revocarse.

La tercera contención es qne la corte de distrito erró al declarar sin lugar una defensa especial basada en un defecto de partes demandadas. La argumentación del apelante en apoyo de esta contención no revela cuándo o cómo se alegó la defensa especial de que se trata ni cuándo ni cómo fné desestimada por el juez de distrito.

La cuarta contención es que la corte de distrito erró al admitir prueba contraria a ciertos recibos previamente introducidos en evidencia por el demandado, y contraria a las reglas concernientes a ¡la contabilidad, municipal. En ninguno de los extractos del récord taquigráfico consignados en el alegato del apelante bailamos error que justifique la revocación.

El quinto señalamiento es que la corte erró al admitir prueba sobre la teoría de que un mcmdamus es un procedi-miento en equidad. El error, de haberse cometido, era ino-fensivo.

El sexto señalamiento es que la corte de distrito erró al declarar que la evidencia aducida en el juicio era suficiente para sostener la sentencia dictada. La argumentación del apelante deja de establecer el punto así presentado.

El séptimo señalamiento se dirige a la cuestión de costas, pero no bailamos abuso de discreción en lá concesión becba.

La contención final es que la sentencia es ineficaz por serle imposible al demandado cumplirla. La teoría del demandado parece ser la de que le es imposible entregar un cheque que fué presentado por él como prueba y está ahora bajo la custodia de la corte. Si la corte de distrito hubiera negado una moción para que se ordenara al secretario la devolución de ese cheque al demandado* con el fin de que pudiera entregárselo al demandante, según lo exigía el auto de mcmdamus, la teoría del apelante sería algo más plausible.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Pbesidente Seítob del Tobo,

text:
    Porto Rico Distilling Co., demandante y apelada, v. Sergio Seijo y Francisco Miranda, como Alcalde y Tesorero, respectivamente, del Municipio de Arecibo, demandados y apelantes.
    No. 5414.

    Sometido: Abril 22, 1931.

      Resuelto: Junio 10, 1931.

      Cayetano Coll Cuchí, abogado de los apelantes; Feliú <& La Costa, abogados de la apelada.
   El Juez Pbesidente Seítob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El municipio de Arecibo aprobó una ordenanza imponiendo un arbitrio municipal de medio centavo por cada litro de alcohol etílico que se produjera o manufacturara dentro del término municipal y disponiendo la forma de su cobro. El Consejo Ejecutivo de la Isla resolvió que aprobaría la orde-nanza siempre que se modificara reduciendo el impuesto a un centavo por galón.

La demandante, que es una corporación que se dedica en el dicbo municipio de Arecibo a elaborar y manufacturar alcohol etílico para fines medicinales, científicos e indus-triales, bajo la Ley Nacional de Prohibición, inició este pleito ante la corte del distrito en solicitud de que se decla-rara nula e ilegal la ordenanza, expidiéndose un injunction prohibiendo su' ejecución pendente lite.

Contestó el municipio demandado. Trabada la contienda, fúé el pleito a juicio, y la corte lo resolvió por sentencia favorable a la demandante. No conforme el demandado in-terpuso el presente recurso de apelación.

A nuestro juicio la sentencia apelada es la única que podía dictarse examinados los hechos envueltos a la luz de la ley y la jurisprudencia establecida en los casos de Fantauzzi v. Municipal Assembly, 295 Fed. 503 y Cami v. Central Victoria, 268 U. S. 469, aplicados por esta Corte Suprema en los de Fajardo Development Co. v. Camacho, 35 D.P.R. 355 y M. Mercado e Hijos v. Lluberas, 37 D.P.R. 316. Citamos de este último:
“.,. . de acuerdo con la decisión de la Corte de Cir-cuito de Apelaciones, fortalecida por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Central Victoria v. Cami, 265 U. S. 577, creemos que una vez que nuestra Legislatura establece el derecho de imponer contribución sobre determinado negocio o indus-tria no se puede imponer ninguna otra contribución ni directa ni in-directamente sobre tal negocio. Véase también el caso de The Fajardo Development Company v. Camacho, 35 D.P.R. 355. La idea expresada claramente por estas opiniones es que un municipio puede imponer una contribución solamente cuando las contribuciones so-bre tal negocio no han sido ya determinadas por nuestra Legisla-tura.”

Bastará recordar el propósito de la ordenanza, esto es, la imposición de nn arbitrio de nn centavo por cada galón de alcohol fabricado en Arecibo," y la sección 84 de la Ley de Rentas qne dispone:

“Sección 84. — Cada tres meses toda persona dedicada a cual-quiera de las octopaciones o negocios relacionados en esta sección pa-gará por cada fábrica, sitio, establecimiento comercial o industrial, la contribución por concepto de licencias respectivamente prescrita a saber:—
“1. Destilador de alcohol o espíritu destilado para fines medici-nales, industriales o científicos, primera clase, ciento cincuenta (150) dólares; etc.
I ¡ * * * * * * *
“8. Fabricantes de perfumería con alcohol, primera clase, cin-cuenta (50) dólares; etc.
<<* ******
“13. Plantas desnaturalizantes, cincuenta (50) dólares.”

De acuerdo con la jurisprudencia citada cuando el legis-lador municipal actuó, ya el campo había sido cubierto por el legislador insular y en tal virtud estaba impedidlo de hacerlo.

Otros motivos que se alegan en la demanda y que analizó la corte de distrito en su opinión, militan también en contra de la validez de la ordenanza de que se trata, pero como el expuesto es suficiente, es innecesario extendernos en su con-sideración.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Wolf no intervino.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Jenaro Pedro Bermúdez y Negrón, conocido por Antonio Bermúdez, promovente y apelado, v. Ramiro W. Morales, opositor y apelante.
    No. 5492.

    Sometido: Junio 5, 1931.

      Resuelto: Junio 12, 1931.

      M. A. Mcurtínez Dávila y A. Porrata Doria, abogados del apelante; J. A. Hernández Pérez, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de septiembre de 1925 Jenaro Pedro Bermúdez presentó en la Corte de Distrito de Guayama una petición sobre declaratoria de dominio de nna finca de' cuarenta cnerdas situada en el barrio de Tanrel del municipio de Arroyo. Se ordenó la tramitación del expediente de acuerdo con la ley, y publicados los edictos compareció Ramiro W. Morales alegando que la finca de cuarenta cuerdas de que se trata forma parte de, otra de mayor cabida reclamada por él en un litigio que seguía contra Jenaro Bermúdez sobre nulidad de expediente posesorio y reivindicación, y en tal virtud oponiéndose a la declaración de dominio solicitada. El expediente quedó así convertido en pleito.

Enmendó el peticionario su solicitud pidiendo que se cítara de nuevo no sólo al anterior dueño si que también a Adolfo Porrata de quien adquirió la finca el Gobierno de España en ejecución administrativa en 1891. El anterior dueño fué citado, mas no el Sr. Porrata ni sus herederos, por no habérseles podido encontrar. Instó el peticionario entonces que apareciendo la finca inscrita a nombre de Porrata y a fin de poder cancelar la inscripción, se emplazara' a Porrata de acuerdo con la ley. Invocó el caso de Canino v. Registrador, 31 D.P.R. 434. Accedió la corte.

Así las cosas, fué el pleito a juicio y la corte lo falló en favor del promovente. Su sentencia se basa en una cuidadosa opinión en la que después de relacionarse las ale-gaciones y las pruebas aportadas por una y otra parte, se declaran probados los siguientes hechos:

‘! Que la finca cuyo dominio se trata de inscribir fué originalmente inscrita por título de dominio en el año 1880 a favor de don Adolfo Porrata Valencia quien la hubo por compra a don José Santiago el día 11 de diciembre de 1879; que el Superior Gobierno de España hubo dicha finca de don Adolfo Porrata Valencia en procedimiento de ejecución llevado a cabo administrativamente en cobro de la fianza que dicho señor Porrata Valencia constituyó por hipotecas sobre esta finca y otra de su propiedad para garantir a don Ildefonso Aguado en el cargo de Contador de la Administración Local de Rentas de las Aduanas de Humacao y Arroyo; que en procedimientos posteriores y en virtud de venta en subasta pública dicha finca pasó a don José L. Berrios en 18 de octubre de 1893; que don José L. Berrios ven-dió sus derechos y acciones en dicha finca a don Jenaro Bermúdez por escritura otorgada ante el notario José Mariano Capó en marzo 24 de 1894; que don Jenaro Bermúdez la poseyó basta el día 3 de julio de 1924 que bizo cesión de la misma al promovente, Jenaro Pedro Bermúdez Negrón, conocido per Antonio Bermúdez, en virtud de permuta, según escritura otorgada ante el Notario Tomás Bernar-dini de la Huerta, y desde esa fecha ba venido poseyéndola el pro-movente. ’ ’

De la declaración de hechos probados dedujo la corte de acnerdo con la ley y la jurisprudencia, que la finca en cues-tión pertenecía al promovente. La opinión termina así:

“Si alguna duda tuviéramos en cuanto a los fundamentos para determinar la razón entre las alegaciones del promovente y las del opositor, se desvanecería con la declaración del testigo Juan Bautista Pérez, de 80 años de edad, traído por el opositor, y quien dice que esa finca fué vendida por José de Santiago a Felipe de Jesús y que este último, o sus familiares, la devolvieron a José de Santiago, por-que él se volvió loco y no pudo pagarla, corroborando así un hecho esencial de la prueba del promovente en cuanto a que fué José de Santiago el primer poseedor y no Felipe de Jesús como ba preten-dido probar el opositor quien, por tanto, no ba demostrado de modo que satisfaga a la corte la razón que tenga para intervenir con la pretensión de que no se conceda al promovente el derecho que soli-cita. La prueba documental del promovente es clara en demostrar cómo la finca objeto de esta información ba venido cambiando de dueño por vía de honestas transacciones, basta llegar al promovente, por un período de tiempo que alcanza a 46 años.”

Dos son los errores que señala el apelante, a saber: que erró la corte al declarar que el promovente había probado su posesión de la finca por más de treinta años y al resolver que su posesión no había sido interrumpida.

Discutiendo el primer error sostiene el apelante que la prueba documental presentada se refiere a otra finca y que en todo caso estando la finca inscrita no procede el expediente de dominio.

Se nota, en verdad, en las descripciones que de la finca contienen los documentos, algunas diferencias, una muy pequeña en la cabida y otras en las colindancias. La de la cabida no tiene importancia y las de las colindancias se explican por haber variado los dueños de los predios colin-dantes. Un estudio cuidadoso convence al juzgador de que se trata de la misma finca.

En cuanto a la no procedencia del expediente de dominio, creemos que el caso de Canino, swgra, invocado, resuelve la cuestión dando la razón a la corte. En él se. estableció la siguiente jurisprudencia:

“En la tramitación de un expediente de dominio puede obtenerse la cancelación de un asiento contradictorio de posesión sin que sea necesario acudir al procedimiento que determina el artículo 393 de la Ley Hipotecaria, siempre que en el expediente de dominio fueren citados los interesados o sus eausababientes a quienes la cancelación pudiera perjudicar.”

T aquí se citó a los interesados de conformidad con la ley.

Lo normal es que cuando una finca esté inscrita, no se acuda al medio supletorio del expediente de dominio que autoriza la Ley Hipotecaria, pero cuando se trata de casos como éste en que la inscripción data de 1880' y hubo luego tan variadas trasmisiones, difíciles de reconstruir total-mente para ser inscritas, se está justificado en acudir al dicho medio supletorio. Dijo esta corte en el caso de Wiscovich v. Registrador, 30 D.P.R. 127:

“Cuando la posesión o el dominio de una finca consta inscrito en el registro a favor de una persona distinta del actual poseedor y a éste le es imposible, difícil o costoso adquirir de ella un título escrito inscribible, dicho actual poseedor puede recurrir también al medio supletorio que fija el artículo 390 de la Ley Hipotecaria, debiendo seguirse en tal caso desde el principio el procedimiento fijado en el artículo 393 de la indicada ley.”

Argumentando el segundo señalamiento de error sostiene el apelante que la posesión del promovente fué interrumpida por el pleito a que se refiere el opositor entablado en 1920 y pendiente aún.

En primer lugar la prueba demuestra que no se trata de la misma finca, pero aunque se tratara, la prueba siempre demostraría que a la fecha de 1920 en que se inició el pleito ya había el causante del promovente ganado un buen título de dominio sobre la finca adverso al del apelante, por- pres-cripción extraordinaria.

Con respecto a que el promovente no puede alegar buena fe porque compró en 1924 después de iniciado el pleito, bastará decir que en cuanto a él no puede tomarse ni siquiera en consideración el pleito a los efectos de la interrupción de la prescripción, por no haberse anotado la demanda inicián-dolo en el registro. Dice el artículo 91 del Código de En-juiciamiento Civil:

“Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de pose-sión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presen-tar la demanda, y el demandado al tiempo de presentar la contesta-ción o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar para su anotación al registrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o contestación, y la descripción de la propiedad en litigio. Sólo desde el día de la pre-sentación del aviso para ser anotado se considerará que el compra-dor o la persona que adquiera un gravamen sobre la propiedad liti-giosa, tiene conocimiento, para los efectos legales, de la acción pen-diente contra las partes designadas por sus nombres verdaderos.”

Para una ilustración mayor sobre la materia.de la inte-rrupción del término necesario para prescribir, véase la deci-sión de esta corte en el caso de Calderón v. Sucn. Zequeira decidido en el día 10 de junio actual {ante, pág. 414).

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Wolf,

text:
    Justina Rentas, en su carácter de madre con patria potestad sobre sus menores hijos Manuel Leopoldo, Josefa y Antonio Pou Rentas, demandante y apelada, v. José Pou Gómez, demandado y apelante.
    No. 5427.

    Sometido: Marzo 12, 1931.

      Resuelto: Junio 12, 1931.

      Felipe Colón Díaz, abogado del apelante; B. Atiles Moren, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

José Pon Gómez era el padre de ciertos Rijos naturales a quienes reconoció. Al tiempo de instarse este litigio, estaba casado con una mujer que no era la "madre de dichos hijos naturales. La madre de los aludidos hijos, Justina Rentas, entabló pleito para obligar al citado* José Pou Gómez a que pasara alimentos a los ameritados hijos. Justina Rentas interpuso este procedimiento en su carácter de madre natural con patria potestad sobre dichos menores. Se presentó la debida objeción de que la patria potestad no correspondía a Justina Rentas, sino al padre natural, José Pou Gómez. La objeción fue sostenida, y nadie pone ahora en tela de juicio lo acertada de esa decisión.

Entonces la corte actuó tratando* de remediar la situación de la demandante. Usó de su discreción para nombrar a Justina Rentas como defensora de los hijos naturales, y así permitió que prosiguiera el litigio. El demandado in-sistió en que el pleito debía ser archivado; que debía ins-tarse uno nuevo en el cual figurara la madre como tutora de los hijos naturales, haciéndole al demandado la debida noti-ficación. La corte declaró sin lugar la objeción y el deman-dado anotó excepción. .

Hemos examinado la demanda, y no hallamos que en forma alguna fuese radicada a nombre de los menores. Fué claramente entablada a nombre de Justina Rentas en su carácter de madre con patria potestad. Los hijos tal vez, y casi seguramente, tenían una causa de acción contra su padre, pero la demanda no fué interpuesta a nombre de ellos.

De varias decisiones de este tribunal es evidente que una demanda entablada a nombre de cierto demandante no puede ser enmendada para iniciar una acción que en alguna forma corresponda al demandante original. J. Ochoa & Hno. v. González Clemente, 29 D.P.R. 1015; Bernabé v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 723.

Aun si el presente fuese considerado como un pleito entablado por los menores, el procedimiento fué irregular e inadecuado. El artículo 57 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone:

“Cuando se nombre defensor, el nombramiento deberá hacerse como sigue:
“1. Cuando el menor es demandante, a petición de éste, si tu-viere catorce años cumplidos; y si tuviere menos edad, a petición de un pariente o amigo del menor.
“2. Cuando el menor es demandado, a petición del mismo, si tu-viere catorce años cumplidos, y presentare dicha petición dentro de los diez días de hecha la citación; si fuere menor de catorce años, o dejare de presentar la petición como queda dicho, entonces a solici-tud de cualquiera otra parte en el litigio entablado, o de un pariente o amigo del menor.
# $ 4¡f * % * »X< 9 9

Dos de los menores pasaban de catorce años de edad, no radicaron petición alguna, ni comparecieron en corte. Uno de los menores tenía doce años, y aun en ese caso no se siguió el estatuto. Que debe seguirse el procedimiento es la inevitable inferencia de las siguientes autoridades: Johnston v. Southern Pacific Co., 150 Cal. 535; Skinner v. Knickrehm, 10 Cal. App. 596; Bancroft’s Code Eemedies, 6534, párr. 4847, notas 20 y 1.

Debe revocarse ha sentencia y declararse sin lugar la> demanda.


author: El Juez Asociado Seño» Texidok,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Cedeño, acusado y apelante.
    No. 4232.

    Sometido: Diciembre 11, 1930.

      Resuelto: Junio 12, 1931.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; B. A. Gómez, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Seño» Texidok,

emitió la opinión del tribunal.

Una ley, la número 25, de 11 de junio de 1921, Asamblea Legislativa de Puerto Pico, regula el peso de los bollos de pan para el consumo público estableciendo como tipo el de una libra, o 453 gramos, y determinando que sólo podrán fabricarse y tener para la venta, vender o exhibir bollos de peso de; una libra o 453 gramos, y sus múltiplos y frac-ciones, de media libra, 226 gramos, y un cuarto de libra, 313 gramos; estatuye además que el pan que se exhiba, ofrezca o venda sea envuelto en una bolsa de papel, y lleve un rótulo claro e inteligible, en castellano, con el peso correcto y el nombre del fabricante; y crea una penalidad por la infracción de las disposiciones de la misma ley.

El apelante en el presente caso fue acusado porque, siendo dueño de un 'establecimiento para la confección y ■venta de pan, exhibía para fines de venta bollos de pan faltos de peso, de los que se tomaron diez, que pesados en balanza standard del Negociado de Pesas y Medidas, dieron 408, 410, 433, 395, 421, 408, 425, 406, 406 y 406 gramos.

El acusado formuló excepción perentoria que fué declarada sin lugar; siguió el juicio, y se dictó por la Corte de Dis-trito de San Juan, sentencia declarándolo culpable e impo-niéndole una multa de diez dollars o un día de cárcel por cada dollar que dejare de pagar, y las costas. Contra esa sentencia ba apelado el acusado.

El error señalado por el apelante se funda en que la ley aplicada al caso es inconstitucional por imponer a los vendedores de pan restricciones ilógicas e irrazonables que violan la enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos, y lo es asimismo la circular No. 80, Eeglamento de esa ley, al fijar en 15 gramos la tolerancia de diferencia de peso.

Base de la argumentación del apelante es la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Jay Burns Baking Co. et al v. Charles W. Bryan, 264 U. S. 504.

El estatuto de que se trató en el caso Burns Baking Co. fué uno de Nebraska, cuyas secciones 2 y 3 copiamos:

“See. 2. — Pan, modelos de pesos. — Todo bollo de pan fabricado u obtenido para fines de venta, vendido, expuesto u ofrecido a la venta en el Estado de Nebraska tendrá los siguientes pesos ‘avoirdupois,’ media libra, una libra, una y media libras, y también múl-tiplos exactos de una libra y ningunos otros pesos. Todo bollo de pan será becbo de harina pura y de ingredientes sanos y estará exento de substancia nociva o deletérea. Cuando se cuezan bollos mellizos o múltiplos, los pesos aquí especificados serán aplicables a cada uno de los bollos mellizos o múltiplos.
“See. 3. — Tolerancia, cómo se determina. — Una tolerancia a razón de dos onzas por libra en exceso de los modelos de pesos aquí fijados será permitida y ninguna más, disponiéndose que los pesos modelos aquí prescritos serán determinados haciendo un promedio del peso de no menos de veinticinco bollos de cualquier unidad y tal promedio no será menor que el mínimo ni mayor del máximum prescrito por esta ley. Todos los pesos serán determinados en el lugar donde el pan sea fabricado o cocido y serán aplicables durante, un período de por lo menos veinticuatro horas después de cocerse el pan. Dispo-niéndose que pan introducido a este estado deberá ser pesado en el sitio en que es vendido o expuesto a la venta.”

En el curso de la opinión encontramos que fué un ele-mento a considerar el de la imposibilidad de encontrar exactos peso y medida en la fabricación del pan, y que lo fueron asimismo las especiales condiciones de temperatura y humedad prevalecientes en el Estado de Nebraska en ciertas épocas. La corte dijo:

“Las partes presentaron mucha prueba sobre la cuestión de si es posible a los panaderos cumplir con la ley. Un número de cosas contribuye a hacer inevitables variaciones en los pesos de bollos de pan al tiempo de cocerse y después de cocidos. El agua contenida en el trigo, en la harina, en la masa y el pan, inmediatamente des-pués de cocerse varía substancialmente y está fuera del dominio de los panaderos. Gluten es un elemento importante en la harina, y harina rica en gluten exige que se agregue más agua para la fabri-cación de pan y produce mejor pan que la harina que tiene poco gluten o de inferior calidad. No pueden lograrse pesos y medidas exac-tos en la fabricación de pan. Pérdidas en peso mientras se mezcla la masa, durante la fermentación y mientras el pan está en el horno, varían y no pueden ser evitadas o completamente controladas. En la fabricación de pan no se sigue una regla o fórmula inflexible. Hay muchos elementos variables. Pan hecho de buena harina pierde más peso por evaporación o humedad después de cocido que pan fa-bricado de harinas inferiores. Las pruebas de los demandados fue-ron hechas principalmente con bollos envueltos en tal forma que la evaporación era retardada; y se demostró que con tales envolturas pueden ser evitadas las variaciones en peso prohibidas. Por otra parte, la prueba establece claramente que hay períodos en que la ,, evaporación bajo circunstancias ordinarias de la temperatura y de la humedad prevalecientes en Nebraska excede la tolerancia prescrita y hace imposible cumplir con la ley sin envolver los bollos de pan o sin emplear otros medios artificiales para impedir o retardar la eva-poración. Y la prueba indica que estos períodos son de tal frecuen-cia y duración que el poner en vigor las penalidades prescritas para las infracciones sería una carga intolerable para los fabricantes de pan para la venta.”

Encontramos que nuestro estatuto no es igual al de Nebraska. En el nuestro bay una sección o artículo, número 3, que se lee así:

“Sección 3. — Siempre que se venda o se ofrezca o exhiba para la venta un bollo de pan, el rótulo expresivo del peso correcto de dicho bollo, indicará además el precio del bollo o unidad tipo, seguido de las palabras ‘la libra,’ y el precio de dicho bollo, el cual será la misma parte proporcional del precio de la unidad tipo, como el peso del bollo de pan en cuestión es del peso de la unidad tipo; Dispo-méndose, ...”

Dada esa forma de expresarse el estatuto, vese con faci-lidad que, si bien bay que llevar a cabo el trabajo de pesar el pan, y de fijar en la envoltura los precios de la unidad tipo y del bollo, según su peso, no es un imposible lo que se requiere del industrial, ni aun puede tal exigencia califi-carse de irrazonable. El' caso presente no es el de Burn Baking Co. v. Bryan, ni tiene parecido a este último. Allí era evidente la imposibilidad de cumplir el precepto legal;, aquí es perfectamente claro que puede cumplirse; y que la Legislatura pudo dentro de los preceptos constitucionales y en ejercicio de su poder, dictar la ley que dictó, protegiendo el derecho del pueblo.

Por las razones expresadas debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Nicolás Ortiz Lebrón, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 834.

    Sometido: Febrero 12, 1931.

      Resuelto: Junio 15, 1931.

      L%ds E. Diibón y B. Sánchez Castaño, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El recurrente Don Nicolás Ortiz Lebrón se comprometió por escritura pública a entregar a Don Felipe Rivera Zayas y su esposa Doña Concepción Mendoza Dávila basta la can-tidad de $2,240 para siembra, cultivo y recolección del tabaco que habrían de sembrar en finca de su propiedad, cuya can-tidad le iría entregando de acuerdo con las necesidades y gastos del cultivo y en la forma y manera que de mutuo acuerdo conviniesen. En esa escritura Don Felipe Rivera Zayas por sí y como apoderado de su esposa constituyó un gravamen refaccionario sobre todo el tabaco que se cosechase durante el año 1931, comprometiéndose a devolver dicho dinero el día 30 de junio de 1931 con intereses en caso de mora al doce por ciento anual y $300 que se calcularon para costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclaiha-ción judicial. Y en el mismo documento constituyó el Sr. Rivera Zayas hipoteca sobre- dos fincas del matrimonio a favor del Sr. Ortiz Lebrón.

Presentado ese contrato en el registro de la propiedad fue inscrita la hipoteca pero la inscripción del contrato de refacción agrícola fué neg’ada porque el poder otorgado por Doña Concepción Mendoza Dávila a favor de su esposo no contiene cláusula alguna que expresamente faculte y auto-rice a éste para la celebración de contratos agrícolas, y por observarse, además, que no se consigna cantidad alguna específica para los intereses de mora.

Esa resolución motiva el presente recurso gubernativo en el que reconoce el recurrente que el marido necesita poder expreso de su consorte para gravar dichas plantaciones por tener éstas el carácter de bienes inmuebles según el No. 2 del artículo 335 del Código Civil y pertenecer a la sociedad de gananciales, pero alega que el poder conferido por Doña Concepción Mendoza Dávila a su esposo lo faculta expresa y específicamente para gravar las plantaciones, pues en dos de sus cláusulas se dice lo siguiente:

‘ ‘ Cuarto: Para que tome a préstamo las cantidades que crea ne-cesarias para la debida administración y funcionamiento de dichas propiedades de la sociedad de gananciales entre ambos existente, y la refacción de los frutos de las mismas, por el término, interés y con-diciones que le parezcan razonables.
‘ ‘ Quinto: Para que en garantía de las deudas de dicha sociedad de gananciales, ya contraídas o que se hayan de contraer en el fu-turo, constituya hipotecas o cualesquiera otros gravámenes sobre los bienes inmuebles de tal sociedad de gananciales, o sobre los frutos de dichos bienes, según fuere procedente, por el tiempo y condicio-nes que estime convenientes.”

Según esas cláusulas la mujer confirió poder a su marido para tomar a préstamo la refacción de los frutos de sus fincas y para constituir hipoteca o cualesquiera gravámenes sobre los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales o sobre los frutos de dichos bienes.

Dice el registrador, y es cierto, que los mandatos deben ser interpretados restrictivamente y que en los poderes ex-presos deben consignarse la clase de actos para los cuales se faculta al apoderado, pero en este caso el poder faculta expresamente a Don Felipe Rivera Zayas para constituir hipotecas o cualesquiera otros gravámenes sobre los frutos de los bienes de la sociedad conyugal; palabras que son bastantes para el acto realizado por el marido de gravar el tabaco que se sembrara, aunque no diga que lo autoriza para gravar los bienes en un contrato de refacción, pues esa facultad está conferida al autorizarlo' para tomar dinero a préstamo para refacción de los frutos y para gravar éstos, ya que tales actos son las características dél contrato de refacción agrícola.

Con respecto a la negativa de inscribir la garantía por intereses de mora nos parece que el registrador está en lo cierto.

En el registro deben aparecer responsabilidades con-cretas, y no es suficiente la de qne los. intereses serán del 12 por ciento cuando, como en este caso, no se sabe las cantidades que cada vez, serán entregadas, si al vencimiento del contrato de préstamo se babrá agotado o no el crédito y por tanto se ignoraría su saldo en el registro. Tampoco aparece del contrato de refacción el tiempo en que habrán de incurrir en mora los obligados. Un caso idéntico es el de The United Porto Rican Bank v. Registrador,, 38 D.P.R. 350.

La nota recurrida debe ser revocada en cuanto niega la inscripción del contrato, la que debe hacerse, y confirmarse en cuanto a la no inscripción de intereséis de mora.