source: Caselaw Access Project

author: La Jueza Asociada Señora Fiol Matta Juez Presi-dente Señor Hernández Denton.

license: Public Domain

text:
    Hatillo Cash & Carry e Isidro Rosa, peticionarios, v. Administración de Reglamentos y Permisos, recurrida; Pueblo International, LLC, peticionario, v. Administración de Reglamentos y Permisos, recurrida.

      Números: CC-2004-633, CC-2004-637

      Resueltos: 27 de mayo de 2008

      Ángel M. Bonnet Rosario, abogado de Hatillo Cash & Carry e Isidro Rosa, peticionarios; Alberto Ornar Jiménez Santiago, Evelyn Meléndez Figueroa y Fernando J. Bonilla, abogados de Pueblo International, LLC, peticionario; Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Javier E. Rosario Pérez, procurador general auxiliar, Maite D. Oro-noz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocura-doras generales, abogados de la Administración de Regla-mentos y Permisos, recurrida; Juan C. Salichs Pou y Luis E. Migenis López, abogados de Walmart Puerto Rico, Inc., concesionaria.
   La Jueza Asociada Señora Fiol Matta

emitió la opinión del Tribunal.

El caso ante la consideración de este Tribunal requiere que nos expresemos sobre la relación entre la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permi-sos, y las facultades que la ley guarda para ambas agencias. Además, reiteramos la importancia de ceñirse a lo aprobado en la consulta de ubicación, para asegurar que los procesos administrativos de otorgamiento de permisos para -un proyecto de desarrollo realmente implanten la po-lítica pública adoptada por la Junta de Planificación.

I

El 28 de mayo de 1987, la Junta de Planificación (JP) recibió una consulta de ubicación que proponía un proyecto comercial en el municipio de Hatillo en un distrito de zoni-ficación R-l. Según el plano sometido a la JP, el centro comercial ocuparía un área superficial de sesenta mil pies cuadrados. Este proyecto proponía un “área rentable” de cincuenta mil quinientos pies cuadrados en un edificio principal, de los cuales veinte mil pies cuadrados se reser-varían para establecer un supermercado. Según el memorial explicativo, el resto del área se ocuparía con los nego-cios siguientes: “[t]ienda de zapato, joyería, tienda de telas, tienda de ropa de hombre, [b]outique y tienda de variedades”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 201. Además, de los planos consta una estructura accesoria de dos mil quinientos pies cuadrados para la ubicación de un banco y dos estructuras adicionales de tres mil quinientos pies cuadrados, cada una para negocios de comida ligera. El 2 de septiembre de 1987, la JP emitió una resolución en la que permitió el uso de los terrenos según los parámetros de un distrito C-4, pero dejó en suspenso la aprobación del proyecto y sú consulta de ubicación, hasta tanto se le pre-sentara un informe para mostrar la. viabilidad del pro-yecto, utilizando los criterios siguientes:

1. Un área de mercado más reducida, debido a que el pro-yecto es de carácter comunal y obviamente no va a tener el nivel de captación que ellos aíegan.
2. La viabilidad de los “fast foods” es necesario considerarla separadamente del análisis del centro comercial.
3. Una vez considerado lo anterior, deben incluirse las variables según se indican a continuación:
a. Población e ingreso del área de mercado en ambos análisis.
b. Costo por concepto de alimentos y de comidas ligeras de la clientela a servir (“fast foods” solamente).
c. Demanda actual y potencial (hasta 1990) en ambos análisis.
d. Oferta actual y futura de los negocios existentes y aprobados por la Junta de Planificación análogos a los inclui-dos en el proyecto en ambos análisis.
e. Determinación del déficit de oferta comercial en el área de mercado en ambos análisis.
4. En la determinación de la viabilidad económica de los “fast foods” será muy importante la consideración de la variable “flujo vehicular” para fines del análisis. (Enfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 197-198.

El Departamento de Comercio sometió posteriormente un informe en el que evaluaba la viabilidad del proyecto objeto de consulta. Su preocupación principal giraba en torno al área de mercadeo, ya que el proyecto era dema-siado extenso, y recomendó que éste se limitara a un total de 56,900 pies cuadrados. Según el resumen del informe recogido en la Resolución de la JP de 16 de junio de 1988, el endoso del proyecto, tal como se propuso, era contin-gente a la denegación de la consulta de otro centro comer-cial de tipo regional en Hatillo, consulta Núm. 87-05-1501-JPU, que supliría las necesidades de toda la región. Asimismo, el Departamento de Comercio recomendó que “se limite la construcción del proyecto objeto de consulta a 56,900 pies cuadrados [y que se distribuya el espacio en] facilidades comerciales vecinales ... traslado de negocios [hasta] 19,000 pies cuadrados, negocios de comidas ligeras ... [y] espacio para oficinas”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 190. Además, recalcó “que los 19,000 pies cuadrados se consideraran [sic] siempre y cuando se utili-cen para traslado de negocios operando en Hatillo”. Id.

Luego de celebrar una vista pública, la JP aprobó la Consulta de Ubicación Núm. 87-05-0898-JPU para el pro-yecto “La Ceiba Shopping Mall”. Según las determinacio-nes de hecho de la resolución, se describió con más detalles los tipos de negocios que ocuparían los locales del centro comercial. Particularmente se dispuso:

Los comercios a establecerse son la relocalización del Super-mercado Rosas con un área de 20,000 pies cuadrados, una tienda Pitusa de 10,000 pies cuadrados, un “laundry”, joyería, revelado de fotos, tienda de ropa de hombre, tienda de ropa de mujer, tienda de telas, tienda de zapatos de hombre y mujer, la Farmacia Dortas (relocalización) y oficinas. (Énfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 188.

La aprobación de la consulta de ubicación se acordó to-mando en consideración “las proyecciones poblacionales y ... la disponibilidad de los terrenos apropiados para la construcción ... en el área que comprende el proyecto pro-puesto ... [y la viabilidad del] desarrollo de los terrenos anteriormente descritos para el uso propuesto”. (Enfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 191. Además, dispuso que la construcción del centro de merca-deo debería estar en “real y efectiva construcción” dentro de treinta meses desde que se notificara la aprobación de la consulta. La resolución disponía que transcurrido este término, sin que el proyecto estuviera en real y efectiva construcción, cualquier solicitud de prórroga se tenía que presentar ante la JP para extender la vigencia de la consulta. La solicitud debía presentarse treinta días antes de la fecha de expiración de la última aprobación y señalar los motivos para la petición. Además, requeriría evidencia del progreso en la preparación de los documentos que se deben presentar para cumplir con la consulta aprobada.

El 25 de abril de 1989, el promovente presentó, tardía-mente, un desarrollo preliminar para la consideración de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe). Así, pues, el 26 de octubre de 1989, la JP emitió otra resolución reabriendo el caso y autorizando la consulta de ubicación según los mismos términos y condiciones, ya que la pri-mera quedó archivada al haber transcurrido los seis meses de su vigencia sin que la parte promovente presentara el desarrollo preliminar ante ARPe. En la misma resolu-ción, la JP advirtió que “el proyecto deberá estar en real y efectiva construcción antes del 8 de febrero de 1991”. (Én-fasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 184.

Así las cosas, el 18 de julio de 1991, ARPe autorizó el desarrollo preliminar del centro de comercial descrito a continuación:

De acuerdo a la información suministrada por la parte peti-cionaria, se propone la construcción de ... una [sic], el edificio principal, que incluye un supermercado con 30,000 pies cua-drados, un área comercial para variadas oficinas y comercios de 20,000 pies cuadrados; dos, un edificio para banco de 3,000 pies cuadrados; tres, un comercio “fast food” de 3,500 pies cua-drados y un cuarto edificio para “fast food” para un “Burger Kang” de 3,500 pies cuadrados; todo para un total de construc-ción de estructuras de 60,000 pies cuadrados. (Enfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 80.

Como parte de la resolución, se dispuso específicamente que “[s]e deberá cumplir con todo lo dispuesto por la Junta de Planificación de Puerto Rico, en su resolución de la Con-sulta de Ubicación Número 87-05-0898-JPU”. íd., pág. 81. Además, para su aprobación, dispuso que “[l]os usos a es-tablecerse en este proyecto estarán en conformidad con las disposiciones del Reglamento de Zonificación, para un Dis-trito de Zonificación (C-4), según lo dispuesto en los seña-lamientos y recomendaciones establecidas por la Junta de Planificación de Puerto Rico en la consulta de referencia”. (Énfasis nuestro.) íd., pág. 84. El permiso tenía vigencia de un año, durante el cual se debían certificar los planos de construcción. De no hacerse así, el caso quedaría automá-ticamente archivado y se entendería desistido por el promovente.

Finalmente, el 2 de marzo de 1998, el promovente pre-sentó ante ARPe una “Solicitud de Permiso de Urbaniza-ción”, con el propósito de obtener un permiso de movi-miento de tierra para la construcción de las obras pluviales necesariás para canalizar escorrentías en un área de se-senta mil pies cuadrados del centro comercial. Ésta fue aprobada el 30 de marzo de 1998.

Posteriormente, ARPe recibió una solicitud para la aprobación de un desarrollo preliminar alterno, la cual concedió el 20 de marzo de 2000 a través del Permiso Núm. 00DL8-00000-00115. Según los planos y los datos recogidos en el Anejo I del permiso, además de la reubicación de los lotes comerciales, los cambios consistían en edificar 34,950 pies adicionales como parte del mismo proyecto. ARPe aprobó el permiso, pero dispuso en dicho anejo lo siguiente:

Se autoriza desarrollo preliminar alterno para rearreglo [sic] de ubicación de los edificios y facilidades del “Centro Comer-cial La Ceiba” manteniendo la capacidad y densidad comercial según autorizado por la Junta de Planificación. (Énfasis nuestro.) Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 180.

También consta en dicho anejo que

... aunque en los planos se ubican edificios con cabida o área mayor a los 60,000 pies cuadrados autorizados por la Junta de Planificación, reconoce la parte promovente/proyectista que para lo adicional deberá obtener la correspondiente autoriza-ción enmendada por parte de la Junta de Planificación. Id.

En el permiso de urbanización que ARPe otorgó el 30 de noviembre de 2000, se aclaró que el área de construcción de la edificación autorizada es de sesenta mil pies cuadrados. Este permiso se enmendó el 21 de octubre de 2003, sólo para que constara que el edificio que habría de construirse se denominaría “supermercado Amigo”. Asi-mismo se reiteró que “la cabida de construcción del ante-proyecto aprobado se mantiene según la aprobación original ... [y que el] proyecto del Supermercado futuro ... constará de 30,000 pies cuadrados de construcción”. Apén-dice de la Petición de certiorari, pág. 125.

Los peticionarios, Hatillo Cash & Carry y Pueblo International, LLC, solicitaron intervenir en los procesos administrativos. Por su parte, Walmart Puerto Rico, Inc. (Walmart) también solicitó una intervención. Todas las in-tervenciones se declararon “con lugar” y ARPe le notificó a los interventores mediante copia de la enmienda expedida el 21 de octubre de 2003. Ambos peticionarios solicitaron la reconsideración del permiso. Particularmente, Hatillo Cash & Carry alegó, entre otras cosas, que el permiso no procedía porque excedía los parámetros autorizados por la JP y porque ARPe había actuado al margen de las disposi-ciones establecidas por la JP en la Consulta de Ubicación. ARPe declaró “sin lugar” las mociones de reconsideración el 14 de enero de 2004. Dos días después, ARPe aprobó el permiso de construcción para el área del supermercado.

Inconforme con las determinaciones de ARPe, Hatillo Cash & Carry y Pueblo International, LLC presentaron sendos recursos de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Luego de varios incidentes procesales, el foro apelativo determinó que ARPe había actuado dentro de sus facultades otorgadas por ley. Los peticionarios recurrieron oportunamente ante nosotros de sus respectivas sentencias. El 29 de octubre de 2004 expedimos y consoli-damos ambos recursos de certiorari. Walmart presentó su alegato en noviembre de 2005 y ARPe compareció en cum-plimiento de orden en diciembre del mismo año. Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, pasamos a resolver.

HH HH

La Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico (Ley Orgánica de la JP) establece los propósitos generales por los cuales se creó la agencia. Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. see. 62 et seq.). Particularmente, el Art. 4 dispone que el propósito primordial de la JP es:

... guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coor-dinado, adecuado, económico, el cual, de acuerdo con las ac-tuales y futuras necesidades sociales y los recursos humanos, ambientales, físicos y económicos, hubiere de fomentar en la ' mejor forma la salud, la seguridad, el orden, la convivencia, la prosperidad, la defensa, la cultura, la solidez económica y el bienestar general de los actuales y futuros habitantes, y aque-lla eficiencia, economía y bienestar general social en el proceso de desarrollo en la distribución de la población, en el uso de las tierras y otros recursos naturales, y en las mejoras públicas que tiendan a crear condiciones favorables para que la socie-dad pueda desarrollarse integralmente. 23 L.P.R.A. sec. 62c.

Para que la JP pueda dedicar sus esfuerzos a las determinaciones de la política pública y a las estrategias del desarrollo físico, económico y social del país, la Legislatura delegó en ARPe. el velar por el cumplimiento de las leyes y los reglamentos y llevar a cabo los asuntos operacionales correspondientes. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 D.P.R. 521, 550 (2002); The Richards Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23, 31-32 (1978). Así pues, la Ley Orgánica de la Administración de Recursos y Permisos define las facultades y funciones de la agencia. Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 71 et seq.) Destacamos particularmente el in-ciso (p) del Art. 5, que impone a ARPe el deber de

[a]plicar y velar el cumplimiento de sus propios reglamentos, de los Reglamentos de Planificación que haya adoptado o adopte la Junta de Planificación de Puerto Rico para el desa-rrollo, subdivisión y uso de terrenos y para la construcción y uso de edificios, así como el cumplimiento de toda ley estatal, ordenanza, o reglamentación de cualquier organismo gubernamental. 23 L.P.R.A. sec. 71d(p).

Asimismo, la Ley Orgánica de la JP permite delegar ciertos asuntos a ARPe, limitado exclusivamente a aquello que la misma ley dispone. El Art. 11, en su inciso (19), permite, en lo pertinente:

(19) Delegar en la Administración de Reglamentos y Permi-sos deberes y responsabilidades que, en ley o de acuerdo a los Reglamentos de Planificación, se reservaron a la Junta en los siguientes casos ... o determinaciones en los que medien cua-lesquiera de las siguientes condiciones:
(i) que la estructuración o decisión a adoptarse no re-quiera implantar una política general o una definición de po-lítica pública, por haber sido éstas ya establecidas o adoptadas por la Junta;
(ii) que la Junta determine, a la luz de la función de dicha Administración, que pueden resolverse los casos o adoptarse las determinaciones con más celeridad o eficiencia por la Ad-ministración. (Énfasis nuestro.) 23 L.P.R.A. sec. 62j.

Cada paso para lograr la aprobación de un proyecto de desarrollo ante estas agencias tiene su propósito particular. Es mediante estos procesos de planificación que la JP establece la política pública encomendada en su ley orgánica y ejerce sus facultades reglamentarias de zonificación y planificación de usos de terrenos. A.R.Pe. v. Rivera, 159 D.P.R. 429, 438 (2003); López v. Antonio Roig Sucrs., Inc., 157 D.P.R. 187 (2002); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70 (1999). Según el Reglamento para Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, una consulta de ubicación es el procedimiento ante dicha agencia

... para que evalúe, y decide según estime pertinente, sobre propuestos usos de terrenos que no son permitidos ministe-rialmente por la reglamentación aplicable en áreas zonifica-das pero que las disposiciones reglamentarias proveen para que se consideren [o][e]n áreas no zonificadas. See. 2.00(7) del' Reglamento para Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento Núm. 5244 del Departamento de. Estado, 27 de diciembre de 1994 (23 R.P.R. see. 650.225).

Con este mecanismo, la JP hace determinaciones de po-lítica pública mediante los procesos de adjudicación. En general, esta práctica administrativa la hemos reconocido desde Ruiz Hernández v. Mahiques, 120 D.P.R. 80, 85-86 (1987). En otras ocasiones hemos resuelto que, para regla-mentar a través de un proceso adjudicativo, la agencia debe emitir decisiones detalládas, razonadas y fundamen-tadas disponibles al público para que sirvan de guía y pue-dan ser revisadas por un tribunal para limitar la discreción de la agencia. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105, 138 (2002).

La evaluación de una consulta de ubicación es un proceso que debe integrar todos los elementos de planificación, incluyendo la viabilidad del proyecto propuesto, según se describe en la consulta de ubicación. El Reglamento Núm. 2433, aprobado como extensión enmendada a la Resolución JP-191 de 14 de junio de 1978, para interpretar y enmendar ciertas disposiciones del Reglamento Núm. 4 de Zonificación, establece la necesidad de evaluar y estudiar los factores siguientes al considerar una consulta de ubicación:

... las condiciones geográficas, las necesidades comerciales del área, la mejor utilización de los terrenos, las implicaciones del proyecto en los sistemas de transportación, los efectos sobre el crecimiento urbano, la conservación de los terrenos agrícolas, suministro de agua y energía eléctrica, facilidades portuarias, descarga de efluentes e impacto en el ambiente. Resolución Núm. 2433, supra, pág. 4.

La consulta de ubicación, una vez aprobada por la JP, también es un elemento esencial en la toma de decisiones de otras agencias. A esos efectos, la consulta es la descripción de un proyecto de desarrollo particular propuesto para un área específica, que provee el marco de referencia en el cual las demás agendas deben medir la viabilidad del proyecto para la aprobación de sus respectivos permisos. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, pág. 85. Por esto es importante que los permisos posteriores se mantengan en el marco de lo aprobado por la JP en función de sus facultades para guiar la política pública en el orde-namiento territorial.

El Reglamento de Zonificación de Puerto Rico, o Reglamento de Planificación Núm. 4, autoriza los cam-bios en los mapas de zonificación a través de una consulta de ubicación. En particular dispone que “la parte interesada podrá iniciar el procedimiento de cambio en el mapa de zonificación sometiendo una copia del permiso de uso certificado y autorizado por la Administración de Reglamentos y Permisos como evidencia de que el mismo se construyó y se autorizó conforme a las disposiciones de la consulta”. See. 4.06(4) del Reglamento Núm. 6211 de 5 de noviembre de 2000 (23 R.P.R. see. 650.1650(6)). Así, una vez finalizado el proceso del otorgamiento de los permisos y construido el proyecto, la aprobación de la consulta conlleva cambios en los mapas de zonificación. Por eso, todos los elementos del proyecto propuesto, y su relación entre sí y su contorno, son considerados y ponderados por la JP antes de emitir su aprobación. De esta forma, los cambios significativos al proyecto, durante la etapa de solicitud de permisos ante ARPe, pueden alterar la integridad de la planificación que se procura a través del mecanismo de la consulta de ubicación. Por consiguiente, son cambios significativos aquellos que hubieran afectado la decisión original de la agencia, entre éstos, cambios en la extensión del proyecto propuesto o de la parcela en la que se propone ubicarlo. Estos son factores importantes que la JP toma en cuenta al momento de evaluar toda consulta de ubicación. No hay duda, pues, de que cuando se manifiesten cambios significativos en el proyecto propuesto, tales como la exten-sión del proyecto o su localización, hay que someterlo a una nueva evaluación. 3 Yorkley, Zoning Law and Practice 4th, Sec. 20-3, pág. 20-14 (2007). Véase, también, T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra.

En Puerto Rico, le corresponde a la JP llevar a cabo esa evaluación y determinar si lo que procede es una enmienda a la consulta original o la presentación de una nueva consulta. A esos fines, el Reglamento Adjudicativo de la JP, supra, dispone:

De surgir la necesidad de hacer cambios a un proyecto que alteren la consulta aprobada vigente, se deberá someter una solicitud de enmienda a la Junta explicando en detalle la na-turaleza de la enmienda y la razón para la misma, así como toda documentación (nuevos planos, estudios, etc.) pertinente y necesaria para que la Junta pueda tomar la determinación correspondiente. ... Como resultado de la evaluación de los cambios propuestos y dependiendo de la naturaleza y magni-tud de los mismos con relación a la consulta original, la Junta podrá requerir la radicación de una nueva consulta y el cobro correspondiente. Sección 7.02 del Reglamento Adjudicativo, 23 R.RR. see. 560.235.

El desarrollo preliminar es un trámite que se da ante ARPe después de aprobada la consulta de ubicación por la JP, mediante el cual “se obtiene la aprobación de la representación gráfica ... de la forma en que quedarán ur-banizados los terrenos”. (Énfasis suplido.) Diccionario Técnico de los Reglamentos de la JP, Reglamento Núm. 7360, 11 de diciembre de 2008, pág. 46. Según la naturaleza del proyecto, la representación debe mostrar la ubicación y or-ganización del desarrollo, incluyendo todo uso propuesto, íd. Asimismo, el término uso se define como “el propósito para el cual la estructura o edificio fue diseñado, es usado o se pretende, usar”. Diccionario Técnico de los Reglamentos de la JP, supra, pág. 127.

Los permisos que otorga ARPe, tales como el de desarrollo preliminar y el permiso de urbanización, son fases en un proceso posterior a la probación de la consulta de ubicación que permite a la agencia concretar los detalles del desarrollo, supervisar la utilización de ciertos materiales y autorizar el movimiento de terreno, entre otros asuntos. Precisamente, esta es la etapa que tanto la JP como ARPe definen como la “fase operacional”.

La importancia social de la ordenación territorial se reconoció en Estados Unidos a principios del siglo XX como un medio para controlar el desparrame urbano y las condiciones insalubres de las comunidades en las áreas urbanas densamente pobladas. Así, la zonificación sirvió de herramienta para limitar el uso de la tierra con el objetivo de lograr un uso más eficiente y para implementar una planificación sistemática e integrada que asegure la seguridad, la salubridad, el desarrollo y el bienestar general del país y de la comunidad. 1 Anderson’s American Law of Zoning 4th Sec. 1.14, pág. 21 (1996). La forma como se logra una planificación que asegure estos valores para la sociedad es mediante el estudio de varios factores poblacio-nales, como son las necesidades actuales y futuras de la comunidad y del país, el crecimiento poblacional proyec-tado, los índices económicos, la existencia y el estado de los sistemas de sanidad y transportación y de instalaciones recreativas, el uso actual del suelo, entre otros. Anderson’s, supra, Sec. 1.03, pág. 7. El poder de zonificar complementa el poder de planificar, ya que a través de la zonificación, el Estado regula el uso de la propiedad y pone en práctica la política pública y los principios de lá planificación que guiarán del desarrollo armonioso del país.

En fin, la planificación es un ejercicio integrador que busca salvaguardar el bienestar social y económico del país. Así se plasma en las leyes habilitadoras de la JP y de ARPe. Es por eso que hemos resuelto que una declaración de impacto ambiental, como instrumento de planificación, tiene que integrar todas las etapas o fases del desarrollo de. un proyecto. Colón Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R. 724, 779-780 (2000). Este enfoque responde a que una agencia no podrá tomar las decisiones que le incumben, ejercer sus facultades y aplicar su pericia eficientemente si no se le presenta el proyecto en su totalidad y de forma integrada. Por eso, aunque la consideración de un proyecto por las agencias de planificación se den en distintas etapas y cada una de ellas resulte en la expedición de determinado permiso hasta obtener, finalmente, la autorización para un uso particular, no se trata de procesos separados y distintos, sino que son partes integrales de la autorización de: un mismo proyecto. La misión y el deber ministerial de la agencia —a la que se le haya encomendado alguna o algunas etapas , en la consideración de un proyecto— es siempre evaluar la viabilidad del desarrollo particular en su totalidad. Por tal razón, ni el promovente ni la agencia podrá fraccionar un proyecto presentado a ésta para su consideración.

Antes de examinar en detalles la controversia que nos ocupa, debemos recordar que las decisiones de las agencias administrativas merecen la deferencia de los tribunales. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2004); P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269 (2000). Sin embargo, los tribunales pueden revocar la determinación de una agencia y sustituir su criterio, si la agencia ha actuado de forma ilegal, arbitraria o caprichosa de manera que su decisión constituya un abuso de discreción. Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 707 (2004); Rebollo v. Yiyi Motors, supra. Por otro lado, la See. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 2175, claramente dispone que las conclusiones de derecho de una agencia son revisables en su totalidad.

1 — I 1 — l

El Tribunal de Apelaciones determinó que ARPe no se extralimitó de sus facultades cuando aprobó el desarrollo alterno del proyecto, porque no otorgó el permiso para aquella parte del proyecto que excedía los sesenta mil pies cuadrados autorizados por la JP en la consulta de ubicación. Concluimos que erró el foro apelativo, pues con su actuación ARPe, en realidad, evaluó y tomó decisiones sobre la construcción de un proyecto distinto al que fue aprobado por la JP, actuación que pretendió subsanar alu-diendo a un proceso de "enmienda de autorización” por la JP que era improcedente.

El proyecto original, sometido ante la JP en 1987, vis-lumbraba un centro comercial de sesenta mil pies cuadra-dos con unos lotes reservados para ciertos tipos de tiendas, el cual la JP aprobó, considerando la realidad socio-econó-mica del área donde se ubicaría. Este proyecto proponía la relocalización de un supermercado existente (Rosas) en un espacio de veinte mil pies cuadrados. Cuando se presentó el proyecto ante la consideración de ARPe, el promovente ya había alterado la configuración del proyecto en el desa-rrollo preliminar al abandonar la relocalización del super-mercado existente para proponer la ubicación de un super-mercado nuevo (Supermercado Amigo). Con el desarrollo preliminar alterno, otra vez se pretendió modificar el pro-yecto para reubicar los espacios comerciales y reconceptua-lizarlo como parte de un centro comercial mucho más ex-tenso, añadiéndose unos 34,950 pies cuadrados al área total a desarrollar. Evidentemente, ya para el 2000, los planos presentados ante ARPe en la solicitud del desarrollo preliminar alterno se referían a un proyecto completamente distinto al que fue considerado y aprobado por la JP. Estos cambios al proyecto original no solamente alteraron la na-turaleza del proyecto final, sino que, además, pueden ha-ber alterado las consideraciones de viabilidad en las que se fundó la determinación de la JP al aprobarlo.

El que ARPe haya aprobado solamente la fracción del proyecto que cumplía con los límites aprobados en la con-sulta de ubicación, no subsana su actuación ultra vires. La realidad es que la JP nunca estudió el proyecto sometido a ARPe. Por eso no tuvo la oportunidad de evaluar su viabi-lidad e impacto. Recordemos que cuando la JP aprobó la consulta de ubicación, tomó en cuenta información sobre un proyecto comercial específico, motivado por unos facto-res socio-económicos determinados y las necesidades parti-culares de la población que hacían viable el desarrollo para el lugar donde se ubicaría. Asimismo consideró los comen-tarios y endosos de agencias y entidades, como el Departa-mento de Comercio, que se fundamentaban en un análisis del proyecto según presentado originalmente. Al aprobar una fracción de otro proyecto como si se tratara del que fue originalmente adoptado por la JP y continuar emitiendo sobre la marcha permisos para un proyecto a todas luces distinto, ARPe actuó contra la razón de ser de su creación y de los poderes que le fueron delegados en la restructura-ción de la JP en 1975.

La JP es el organismo director del desarrollo ordenado de nuestro país y solamente a ésta le incumben las determinaciones de política pública, de tal modo que no son delegables. ARPe no puede arrogarse estas funciones, aunque entienda que su intervención acelera los procesos de aprobación de los permisos, considerando que ARPe se creó para que la JP pueda dedicar sus esfuerzos a las determinaciones de política pública y las estrategias de desarrollo físico, económico y social del país. En ñn, a ARPe solamente le incumben los asuntos operacionales, con el propósito directivo de velar por el cumplimiento de las leyes y los reglamentos aprobados por la JP. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra; The Richards Group v. Junta de Planificación, supra.

Reiteramos la norma de Colón Cortés v. Pesquera, supra, según la cual los proyectos no pueden fraccionarse para lograr la aprobación de permisos, porque esta actuación priva a las agencias concernidas de evaluar correctamente los factores necesarios y las consecuencias de los proyectos ante su consideración. En este caso, la aprobación parcial por ARPe del proyecto mediante el desarrollo preliminar alterno tuvo el efecto de fraccionar el proyecto ante su consideración en detrimento de la facultad de la JP de ordenar integradamente la planificación de este país.

Además, las alteraciones al proyecto presentadas ante ARPe resultaron en cambios significativos que podrían ha-ber variado la determinación original de la JP de aprobar la consulta de ubicación. Por eso, la JP debe evaluar el proyecto para determinar la procedencia de una nueva con-sulta de ubicación o una enmienda a la original, según su deber de ordenar la planificación integrada tomando en cuenta la totalidad de proyecto propuesto. Por último, el cumplimiento de los acuerdos que recoge la JP en la con-sulta de ubicación es un requisito para la validez de los permisos posteriores. De suma importancia son también las condiciones establecidas en la consulta.

Por todo lo antes dicho, procede revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y devolver el caso a la JP para que evalúe el proyecto conforme a las normas aplicables. Aten-didas las circunstancias particulares de este caso, mante-nemos la vigencia de los permisos otorgados por ARPe hasta tanto la JP evalúe el proyecto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton emitió una opinión disidente y concurrente. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurre sin opinión escrita.

Opinión disidente y concurrente emitida por el

Juez Presi-dente Señor Hernández Denton.

Aunque coincidimos con la determinación tomada por este Tribunal respecto a devolver el caso a la Junta de Planificación para que la agencia evalúe el proyecto en controversia y determine si procede una enmienda a la consulta de ubicación o la presentación de una nueva con-sulta, disentimos de la parte III de la opinión por entender que la norma allí establecida limita indebidamente la fa-cultad de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) para evaluar y conceder los permisos que se ajus-ten a lo aprobado previamente por la Junta de Planificación:

H — i

De entrada, diferimos de la opinión del Tribunal en tanto concluye que, con sus actuaciones, ARPe intervino con un asunto que no es de su incumbencia; a saber, la toma de decisiones que involucran la implantación de una política pública sobre planificación, cosa que le atañe a la Junta de Planificación. En primer lugar, es preciso subra-yar que —según surge de la propia opinión del Tribunal— durante la concesión de los permisos por parte de ARPe, la agencia reiteró que sus autorizaciones estaban supedita-das a lo aprobado por la Junta de Planificación. Tanto en la aprobación del desarrollo preliminar como en la aproba-ción del permiso de urbanización, ARPe hizo constar que el desarrollador debía cumplir con lo establecido en la con-sulta de ubicación autorizada por la Junta de Planificación.

Igual determinación tomó ARPe respecto a la solicitud para la aprobación del desarrollo preliminar alterno pre-sentada por el desarrollador, la cual disponía, entre otras cosas, un aumento de 34,950 pies cuadrados en el área superficial del proyecto. A pesar de esta solicitud, la apro-bación de ARPe no incluyó el exceso de la cabida. Por el contrario, una vez más, ARPe expresó que la aprobación de la solicitud estaba sujeta a lo autorizado por la Junta de Planificación e, incluso, le advirtió al desarrollador que para obtener la aprobación del área adicional debía acudir a la Junta de Planificación. De este modo, contrario a lo que concluye la opinión del Tribunal, ARPe no se arrogó las facultades que le competen a la Junta de Planificación, pues reconoció que era esta última quien debía evaluar el excedente de la cabida en controversia, y se ciñó en su aprobación a lo que la agencia autorizó mediante la con-sulta de ubicación. Por otro lado, no vemos cómo la actua-ción de ARPe redundó en un fraccionamiento, pues, a fin de cuentas, del expediente ante nuestra consideración surge un dato importante que la mayoría omite: que el Supermercado Amigo fue construido y se encuentra ope-rando desde el 2004, y que, después de todo, el desarrolla-dor construyó dentro de la cabida aprobada por la Junta de Planificación.

En segundo lugar, entendemos que la Mayoría omite ha-cer una distinción fundamental al determinar que ARPe se extralimitó al evaluar y tomar decisiones sobre el proyecto, “actuación improcedente que pretendió subsanar alu-diendo a un proceso de ‘enmienda de autorización’ por la JP”. Estamos contestes con la opinión del Tribunal res-pecto al hecho de que ARPe no podía aprobar los 34,950 pies cuadrados adicionales propuestos por el desarrollador, pues ello hubiese sido contrario a los parámetros adopta-dos por la Junta de Planificación al autorizar la consulta de ubicación. No obstante, el hecho de que el desarrollador haya presentado su solicitud con un exceso de cabida no implica que ARPe estuviese impedida de evaluarla. Preci-samente, por éste incluir un área superficial adicional a la originalmente contemplada, dicha agencia se limitó en su aprobación a los parámetros establecidos por la Junta de Planificación. Ello, a nuestro juicio, no atenta contra nues-tro ordenamiento jurídico ni representa una actuación ultra vires por parte de la agencia.

Más bien, la determinación a la cual llega hoy la opinión del Tribunal, a los efectos de catalogar la actuación de ARPe como ultra vires porque evaluó el proyecto en contro-versia, atenta contra la economía procesal y es contraria al deber de dicha agencia de trabajar integradamente como el brazo operacional de la Junta de Planificación. No pode-mos perder de vista que el Art. 5(r) de la propia Ley Orgá-nica de ARPe, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, dispone que dicha agencia deberá “[e] stablecer [un] estrecho enlace y coordinación con la Junta de Planificación ... para lograr que la política pública ambiental, y asimismo la política pública sobre el desarrollo económico, social y físico de Puerto Rico ... se estructuren mediante el esfuerzo integral de todos los organismos gubernamentales, para proveer el máximo beneficio a la comunidad puertorriqueña”. 23 L.P.R.A. sec. 71d(r). Lamentablemente, la visión que hoy adopta la opinión del Tribunal sobre la relación entre las dos agencias es contraria al mandato estatutario y limita indebidamente las facultades de ARPe.

La determinación del Tribunal tampoco le hace justicia al conocido principio de que las agencias administrativas son quienes poseen la pericia o el expertise para evaluar los asuntos que les han sido encomendados. Por ello, en reite-radas ocasiones hemos reafirmado que, a la luz de dicha pericia y experiencia, las decisiones de las agencias admi-nistrativas gozan de una presunción de corrección y merecen amplia deferencia. Véanse: Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 130 (1998). No obstante, la opinión del Tribunal deja a un lado, ese reconocido axioma del derecho administrativo y, en su lugar, le resta herramientas a la agencia para atender los asuntos ante su consideración en el mejor ejer-cicio de su discreción.

Por otro lado, tampoco podemos avalar la conclusión de que la sustitución de la relocalización de un supermercado existente por el Supermercado Amigo abone al alegado he-cho de que el proyecto que tuvo ARPe ante sí era total-mente distinto al que evaluó la Junta de Planificación. Si bien es cierto que el proyecto originalmente propuesto dis-ponía la relocalización de un supermercado existente y que al ser presentado ante ARPe —por razones que no se des-prenden del expediente— se alteró la propuesta original para ubicar el Supermercado Amigo, opinamos que este asunto puede ser atendido por la Junta de Planificación mediante una enmienda a la consulta de ubicación. A nues-tro juicio, en casos como el de autos lo procedente es que el desarrollador presente un nuevo estudio de mercado o cualquier otro documento mediante el cual, conforme a la Sec. 4.02 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación, Reglamento Núm. 6031 de 12 de noviembre de 1999, la Junta de Planificación pueda cer-ciorarse del carácter viable de la ubicación del negocio en la zona concernida. De esa forma, la agencia podría estar en la posición de reevaluar el asunto y resolver lo que pro-ceda en derecho.

En fin, creemos que resulta innecesario limitar, como lo hace la Mayoría de este Tribunal hoy, la facultad de ARPe para aprobar los permisos de construcción que se ajustan a lo autorizado por la Junta de Planificación. Nótese que, a fin de cuentas, la opinión del Tribunal llega a la misma conclusión a la que llegó ARPe: que el asunto debe diluci-darse ante la Junta de Planificación. Según indicamos, ARPe dispuso que, para el pietaje en exceso propuesto por el des arrollador, éste debía obtener la autorización de la Junta de Planificación. Es decir, ARPe nunca aprobó la au-torización, sino que refirió el asunto a la agencia corres-pondiente, igual que lo hace la opinión del Tribunal hoy.

No obstante lo anterior, el Tribunal —contradictoria-mente— rechaza la actuación de ARPe y la describe como “improcedente”. A nuestro juicio, lo que es verdaderamente improcedente es la decisión que adopta hoy este Tribunal respecto a la determinación de ARPe. No entendemos cómo este Foro —después de haberle dedicado varios años a la consideración de los recursos en controversia— pretende ponerle punto final al asunto mediante un curso de acción que nada abona a lo que ya decidió ARPe. Por ello, enten-demos que el proceder del Tribunal, después de todo, no es sino un acto de futilidad.

II

Por todo lo anterior, concurrimos con la determinación del Tribunal de devolver el asunto a la Junta de Planifica-ción para que dicha agencia evalúe el proyecto en cuestión, pero disentimos de la norma hoy establecida por este Tribunal, por entender que ésta limita indebidamente las fa-cultades de ARPe.

       La razón que se dio para no presentar a tiempo el desarrollo preliminar era que no se había podido firmar el préstamo de construcción por problemas con la inscripción de las fincas. La consulta mantuvo su vigencia hasta el 5 de junio de 1990, ya que se notificó el 5 de diciembre de 1989.

       Véanse: Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 79 (2000); Junta de Planificación v. J.A.C.L., 109 D.P.R. 210, 214 (1979).

       La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Administración de Regla-mentos y Permisos (Ley Orgánica de ARPe) reconoce el cúmulo de las funciones operacionales que recaen sobre la JP, que impide que la agencia pueda desempeñar su función primaria de orientar y coordinar el desarrollo integral de Puerto Rico. Así, dispone:
      “A tenor con lo anterior y para fortalecer el proceso de planificación integral, haciendo a su vez más eficiente su instrumentación, se crea una Administración de Reglamentos y Permisos cuya función básica será ejecutar las funciones operaciona-les que al presente desempeña la Junta y aplicar y velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos de planificación, permitiendo a la Junta de Planificación que dedique todos sus esfuerzos y recursos a su función esencial de integrar y coordinar la formulación e implementación de las políticas y estrategias del desarrollo físico, económico y social de Puerto Rico.” Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (1975 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 234).

       Además, el Art. 16 de la Ley Orgánica de ARPe establece, en lo pertinente, que “[no] se expedirá ningún permiso de construcción, o de uso, para ningún edificio o estructura ... que esté en conflicto con las recomendaciones de la Junta de Plani-ficación de Puerto Rico pertinentes al plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico, el Programa de Inversiones de Cuatro Años y los Planes de Uso de Terrenos”. 23 L.P.R.A. sec. 71o.

       En Puerto Rico, hemos reconocido expresamente la naturaleza cuasijudicial de los procesos de aprobación de las variaciones en uso y las consultas de ubicación. López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958). La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico define el término re-glamento como “cualquier norma o conjunto de normas de una agencia que sea de aplicación general que ejecute o interprete la política pública o la ley”. Sec. 1.3 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2102(0. Así, en Luán Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533, 545-546 (1990), establecimos que el proceso de plánificar y zonificar es un proceso cuasilegislativo y reglamentario. La “adjudicación”, por otro lado, se define como “el pronunciamiento mediante el cual la agencia determina derechos, obligaciones o privilegios que co-rrespondan a una parte”. 3 L.P.R.A. sec. 2102(b). Cuando la JP determina aprobar una consulta de ubicación o una variación en uso, la agencia está ejerciendo sus facultades para determinar la política pública y guiar el desarrollo ordenado del país, pero, además, está adjudicando los derechos de las partes. Por eso, la agencia, al aprobar una consulta de ubicación o una variación en uso, está reglamentando a través de un proceso cuasijudicial y adjudicativo. La mayoría de jurisdicciones en Estados Unidos reconocen la naturaleza cuasijudicial de este tipo de determinación de las agencias de planificación. 3 Yorkley, Zoning Law and Practice 4th Sec. 20-16, pág. 20-69, y Sec. 21-1, pág. 21-7 (2007).

       En ARPe, por ejemplo, la consulta de ubicación es indispensable para que la agencia pueda autorizar la construcción del proyecto y abundar sobre los pormenores del desarrollo propuesto, a base de las facultades encomendadas por ley en su pericia. Por eso, las disposiciones de la Consulta de Ubicación que aprueba la Junta de Planificación (JP) establecen los parámetros que ARPe debe seguir al considerar los permisos siguientes. En este caso, la resolución de la JP en 1988 dispuso: “Se utilizarán los parámetros de diseños conforme a un Distrito de Zonificación C-4.” Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 194.

       Yorkley esboza este criterio al referirse a las variaciones en la ordenación territorial. Sin embargo, es igualmente aplicable a la consulta de ubicación. La con-sulta de ubicación se diferencia de una variación en el uso, porque el mismo regla-mento de planificación hace una determinación previa sobre las situaciones en las que se podrá dispensar de aplicar la zonificación para aplicar otra en particular. La variación se prevé como un mecanismo para salvaguardar la constitucionalidad de los reglamentos de planificación y zonificación, creando una forma de exceptuar la aplicación del reglamento, adjudicándolo caso a caso cuando se justifique. Véase T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 117 (1998).

       Véase el Reglamento para la Certificación de Proyectos de Construcción, Reglamento Núm. 12 de Planificación de ARPe, según enmendado el 8 de mayo de 1984, aplicable al caso de autos. El primer Reglamento Adjudicativo de la JP se aprobó en 1989 y, por lo tanto, no aplicaba en este caso.

       La fase operational es aquella parte de la función de revisión de proyectos que comprende, entre otros, aplicar y velar por el cumplimiento de las leyes y los reglamentos promulgados para el uso, el desarrollo y la subdivisión de los terrenos, así como para la construcción de edificios y estructuras. Art. 3 de la Ley Orgánica de la JP, 23 L.P.R.A. sec. 62b(f), y Art. 3 de la Ley Orgánica de ARPe, 23 L.P.R.A. see. 71b(Z).


text:
      In re Segismundo López Montalvo.

      Número: TS-12,898

      Resuelto: 27 de mayo de 2008

      Segismundo López Montalvo, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción de Reinstalación a la profesión de

abogado presentada en este caso, se reinstala inmediata-mente al Ledo. Segismundo López Montalvo al ejercicio de la abogacía.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secre-taria del Tribunal. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez se inhibió.

(.Fdo.) Dimarie Alicea Lozada

Secretaria del Tribunal Supremo Interina


author:
(.Fdo.) Dimarie Alicea Lozada
      Secretaria del Tribunal Supremo Interina
     Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    César Rivera González, recurrido, v. PR Retail Stores, Inc. h/n/c Pitusa Tiendas por Departamentos, peticionario.

      Número: CC-2008-63

      Resuelto: 28 de mayo de 2008

      Ismael E. Marrero, abogado de la parte peticionaria; José Martínez Custodio, abogado de la parte recurrida.
   RESOLUCIÓN

Atendida la solicitud de certiorari presentada por la parte peticionaria, “no ha lugar”.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado Señor Rebollo Ló-pez emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez expediría.

(.Fdo.) Dimarie Alicea Lozada

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

La Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece, en lo pertinente, que la firma de un abogado en un escrito equivale “a certificar el haber leído el escrito; que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia [el escrito] está bien fundado; y que [dicho escrito] no ha sido interpuesto para causar demora u opresión”. Esta disposición reglamentaria establece, además, que la “violación voluntaria de esta regla por parte de un abogado dará lugar a la imposición de sanciones en su contra”. (Én-fasis suplido.) Id.

Si la mera firma de un abogado en un escrito establece, por decirlo así, una “presunción” de que el abogado está actuando con honestidad, corrección y de buena fe, ¿qué significado o consecuencias debe tener la situación en que un abogado afirma ante el tribunal, bajo juramento, que no recibió determinada correspondencia?

Al contestar esta interrogante, debe mantenerse pre-sente que si el abogado miente a esos efectos, bajo jura-mento, en un escrito que presenta ante el tribunal, no sólo podrá ser sancionado desde un punto de vista ético, sino que también podrá ser acusado y convicto del delito de perjurio. Ello, a nuestro juicio, no sólo hace más creíble y confiable la afirmación realizada por el abogado, en esta clase de situación, sino que constituye una prueba sufi-ciente para rebatir la presunción que establece la Regla 16(24) de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. TV, a los efectos de que “una carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida en su oportunidad”.

Así, lamentablemente, no lo entiende una mayoría de los integrantes del Tribunal al denegar el recurso de certio-rari presentado por la peticionaria PR Retail Stores, Inc. Es por ello que disentimos.

I

El recurrido, César Rivera González, presentó una de-manda por despido injustificado ante la Sala Superior de Utuado del. Tribunal de Primera Instancia. El 31 de mayo de 20.07, el tribunal de instancia dictó sentencia en la que declaró “con lugar” la demanda. Esta sentencia fue notifi-cada a las partes el 4 de junio de 2007. El 11 de junio de 2007, la peticionaria PR Retail Stores, Inc. presentó dos mociones: una de reconsideración y otra de determinacio-nes de hechos adicionales. Según surge del expediente, el tribunal de instancia denegó ambas mociones, notificando dicho dictamen el 31 de agosto de 2007.

El 10 de octubre de 2007, la representación legal del demandante recurrido envió una carta al abogado de la peticionaria PR Retail Stores, Inc. para solicitar el pago del importe de la sentencia. Mediante esta carta, la peti-cionaria supuestamente tuvo conocimiento, por primera vez, de la denegatoria de sus mociones. Ese mismo día pre-sentó ante el tribunal una moción urgente para una nueva notificación. El tribunal de instancia, expresando que am-bas mociones habían sido resueltas el 27 de agosto de 2007 y notificadas el 31 de agosto de 2007, declaró “sin lugar” la moción de una nueva notificación.

Posteriormente, la peticionaria presentó una “Moción al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil”, en la cual solicitó que se dejara sin efecto la notificación del 31 de agosto de 2007. En la moción incluyó una declaración ju-rada del Ledo. Ismael E. Marrero, representante legal de la peticionaria, alegando que.nunca recibió la notificación de la resolución mediante la cual se denegaron ambas mociones. El tribunal de instancia declaró “no ha lugar” la moción de relevo de sentencia, según los fundamentos siguientes:

1. La notificación del Tribunal se envió a la dirección de récord.
a) Todas las notificaciones anteriores fueron recibidas.
2. La notificación no fue devuelta por el servicio postal.
3. Presunción de que una carta dirigida y .cursada por co-rreo debidamente, fue recibida en su oportunidad. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 43.

Inconforme, la peticionaria acudió al Tribunal de Apela-ciones mediante un recurso de certiorari. Ese foro se negó a expedir el auto solicitado.

Mediante el recurso, la peticionaria recurre ante este Foro para alegar que el Tribunal de Apelaciones erró

... al resolver que la presunción que establece la Regla 16(24) de Evidencia de Puerto Rico, no fue rebatida con la declaración jurada sometida por la parte demandada; y en tal forma, permitir el quebrantamiento del debido procedimiento de ley. Petición de certiorari, pág. 3.

II

Una presunción es “una deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos en la acción”. 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 13(A). En cuanto al efecto de una pre-sunción en un caso civil, la Regla 14 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, establece:

En una acción civil, una presunción impone a la parte contra la cual se establece la presunción el peso de la prueba para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la parte contra la cual se establece la presunción no ofrece evidencia para demostrar la no existencia del hecho presumido, el juz-gador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se presenta evidencia en apoyo de la no existencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir la presunción debe persuadir al juzgador de que es más probable la no existencia que la existencia del hecho presumido.

La Regla 16(24) de Evidencia, supra, contiene algunas de las presunciones permitidas en nuestro ordenamiento jurídico. En lo pertinente, establece “[q]ue una carta diri-gida y cursada por correo debidamente, fue recibida en su oportunidad”. Id.

Por su parte, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, provee un mecanismo para que una parte pueda solicitar el relevo de una sentencia, resolución u or-den en su contra, siempre que se cumpla con una de las causales allí enumeradas y se presente dentro de un tér-mino de seis meses de haberse registrado la sentencia.

Al momento de evaluar la procedencia de la moción, el tribunal tiene el deber de tomar en consideración ciertos criterios inherentes a la regla, entre estos: (a) si el peticio-nario tiene una buena defensa en sus méritos; (b) “el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud del relevo[; (c)] el perjuicio que sufriría la parte contraria si se concede el relevo[,y (d)] el perjuicio que sufriría la parte promovente de no ser concedido el remedio solicitado(En-fasis suplido.) Pardo v. Sucn. Stella, 145 D.P.R. 816, 825 (1998).

III

La moción de relevo, presentada al amparo de las dispo-siciones de la citada Regla 49.2 por la parte peticionaria en el caso, cumple de forma cabal con, por lo menos, tres de los cuatro criterios que debe considerar un tribunal al resolver esta clase de moción, conforme la jurisprudencia de este Tribunal. Pardo v. Sucn. Stella, ante. Es un hecho incontrovertible que no transcurrió mucho tiempo entre la orden emitida y la presentación de la solicitud del relevo. En segundo término, la parte demandante no sufre perjui-cio real alguno si se concede dicha solicitud, ya que, si le asiste la razón, eventualmente le será concedida a nivel apelativo. Por último, no hay que abundar mucho sobre el perjuicio que sufre la parte peticionaria si se confirma la denegatoria de su moción de relevo.

De otra parte, no podemos pasar por alto, u obviar, las muchas circunstancias que pueden ocurrir, respecto al en-vío de la correspondencia, que impiden que ésta llegue a su destino; sobre todo cuando consideramos que el factor hu-mano está presente. Meramente a manera de ejemplo, po-demos señalar: la falta de envío por personal del propio tribunal; el extravío por el propio sistema de correo; el de-pósito de la correspondencia en un apartado, oficina o re-sidencia equivocado, etc.

Es por ello que, respecto a la presunción establecida por la Regla 16(24) de Evidencia, supra, creemos que la decla-ración jurada del abogado de la peticionaria, a los efectos de que nunca recibió la notificación, es suficiente para re-batir la presunción establecida por la disposición regla-mentaria.

¿De qué otra manera puede probarse que no se recibió la correspondencia? Esto es, la conclusión no puede ser de otra manera. Determinar que la afirmación hecha por un abogado, bajo juramento, de que no recibió una correspon-dencia es insuficiente para rebatir la presunción que esta-blece la antes citada Regla 16(24) de Evidencia, supra, equivale a devaluar a la honrosa profesión de la abogacía’, sobre todo cuando consideramos que se trata de un compa-ñero que ha practicado la profesión por treinta y ocho años.

No podemos suscribir tal actuación. Es por ello, repeti-mos, que nos vemos en la obligación de disentir vehementemente.

         Como es sabido, y conforme lo establece la Regla 43.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, una moción de determinaciones de hechos adicionales interrumpe el término para apelar.

       En la fecha cuando se notificó la resolución del tribunal, denegatoria de la moción bajo la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 .L.P.R.A. Ap. IL, comenzó a decursar, nuevamente, el término que tenía la parte peticionaria para revisar la sentencia.

       Resulta procedente señalar que el profesor Rafael Hernández Colón —en su tratado sobre Derecho Procesal Civil: Práctica Jurídica de Puerto Rico, San Juan, Ed. Michie, 1997, See. 4809, pág. 306— al comentar sobre las “otras razones” que justifican la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia que esta-blece la citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil, específicamente señala que incluirá la “circunstancia en que se encuentra una parte que no pueda apelar por haber transcurrido el término, pero pueda demostrar fehacientemente ... que, como cuestión de hecho, no fue notificada de la misma dentro del término para apelad’. (Énfasis suplido.)
      Dicho argumento o razonamiento se aplica, por analogía, a la situación que plantea este caso.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Gabriel A. Pepín Cortés y otros, recurridos.

      Número: CC-2007-371

      Resuelto: 29 de mayo de 2008

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, abogado de la parte peticionaria; Ana L. González Cabrera y Frankie Gutiérrez Sierra, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión nos corresponde determinar si la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, concede un derecho de exclusión automática del público de la sala de vista preliminar cuando el Ministerio Público se propone presentar el testimonio de un agente encubierto que aún se encuentra en funciones. Analizada esta interro-gante, concluimos que, si bien la disposición presenta una limitación al acceso del público en tales circunstancias, ella no procede de forma automática.

I

Los hechos del caso no están en controversia. Contra los recurridos se presentaron múltiples denuncias por viola-ciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular y a la Ley de Sustan-cias Controladas de Puerto Rico. Hechas las correspon-dientes determinaciones de causa probable para arresto, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, emitió una resolución en la que dividió a los imputados en cinco grupos, según las fechas cuando alegadamente se co-metieron los delitos, y señaló a cada grupo una fecha para la celebración de la vista preliminar.

Semanas después, el día de la celebración de la vista preliminar para los grupos I y II, el Ministerio Público se proponía presentar el testimonio de un agente encubierto, quien al parecer es el testigo principal de cargo en los casos de epígrafe. A tales efectos, el Ministerio Público solicitó, al amparo de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que se desalojara al público de ía sala para que el tribunal determinara si era necesario celebrar la vista preliminar en privado para proteger la identidád y seguridad del agente encubierto, quien alegadamente te-mía por su seguridad porque continuaba desempeñándose como tal en otras investigaciones. Los abogados de la de-fensa se opusieron a la solicitud, alegando que a sus repre-sentados les asistía el derecho a la vista preliminar pública. Tras examinar los argumentos de las partes, el foro de instancia denegó la solicitud del Ministerio Público por entender que era tardía.

Sin embargo, luego de un receso, el Ministerio Público insistió en su solicitud. Reiteró su preocupación por la se-guridad del agente y por la integridad de las investigacio-nes en curso en las que éste aún trabajaba. Además, adujo que no existe un término para solicitar que la vista preli-minar sea privada y que fue ese mismo día que supo que el agente aún tenía investigaciones pendientes y que temía por su seguridad. El Ministerio Público explicó que sólo ofrecería el testimonio del supervisor del agente encubierto para que el tribunal hiciera la determinación correspon-diente, por lo que la vista de necesidad solicitada no dila-taría los procedimientos. No obstante los fundamentos es-bozados, el tribunal se reafirmó en su decisión y ordenó dar comienzo a la vista preliminar. En vista de ello, el Minis-terio Público solicitó que el tribunal emitiera su decisión por escrito para así acudir ante el Tribunal de Apelaciones.

A pesar de lo anterior y aun cuando el Ministerio Pú-blico informó no estar preparado sin el testimonio del agente encubierto, el tribunal insistió en la celebración de la vista preliminar. Procedió entonces a llamar la prueba correspondiente, no sin antes imponerle una sanción de quinientos dólares a cada fiscal por entender que no esta-ban preparados.

Ante esta situación, el agente encubierto entró a sala cubriendo su rostro con una capucha negra y escoltado por varios agentes. Acto seguido, el tribunal le inquirió si es-taba dispuesto a testificar sin la máscara, a lo cual el agente respondió en la negativa, debido a que temía por su vida. En vista de lo anterior, el foro de instancia determinó que existía una ausencia total de prueba y que, por lo tanto, no había causa probable para acusar a los imputa-dos de los grupos I y II. Entendió, además, que la solicitud del Ministerio Público sólo pretendía dilatar los procedi-mientos, ya que varias semanas atrás se habían acordado, con la anuencia del Ministerio Público, las fechas para ce-lebrar las vistas preliminares.

Por otro lado, días antes de la fecha señalada para la celebración de la vista preliminar correspondiente al grupo III, el Ministerio Público presentó una moción en la que, igual que en el caso de los grupos I y II, solicitó al foro de instancia que al inicio de la vista preliminar llevara a cabo una vista de necesidad para determinar si procedía la ex-clusión del público de la sala debido a la presentación del testimonio del agente encubierto. La defensa de los impu-tados se opuso a la solicitud del Ministerio Público, ale-gando que la naturaleza del procedimiento era pública, que los imputados tenían el derecho a un juicio justo e impar-cial y que el público tenía derecho a observar los procedimientos. A su vez, sostuvieron que la solicitud del Ministerio Público era tardía y que no les había sido notificada.

En esta ocasión, el tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público de celebrar una vista de necesidad para determinar si procedía excluir al público del procedimiento por causa del testimonio del agente encubierto. Para ello, el Ministerio Público presentó el testimonio del agente Fé-lix Disdier González, quien al momento de su declaración trabajaba en la División de Drogas y Narcóticos de Caguas y aparentemente fungía como persona contacto con el tes-tigo encubierto. El agente declaró que el testigo encubierto se encontraba en funciones y realizaba investigaciones y transacciones relacionadas con el trasiego ilegal de sustan-cias controladas en el área de Caguas. Declaró, además, que el testigo había recibido amenazas en casos anteriores.

Tras escuchar este testimonio, el Tribunal de Primera Instancia determinó que no se justificaba la celebración de la vista preliminar en ausencia del público y la pospuso. El foro de instancia fundamentó su decisión en el derecho del acceso del público a la vista preliminar. Consideró, ade-más, el hecho de que en las denuncias figuraba el nombre del agente encubierto, por lo que su identidad y descripción física —según infirió el tribunal— ya habían sido reveladas.

Inconforme con las determinaciones anteriores, el Pro-curador General acudió al Tribunal de Apelaciones en re-cursos separados. Sostuvo que, en el caso de los grupos I y II, el tribunal de instancia erró al sostener que las deter-minaciones de no causa probable para acusar estaban fun-damentadas en una ausencia total de prueba y al determi-nar que la solicitud del Ministerio Público para celebrar la vista preliminar con exclusión del público era tardía. Por otro lado, en el caso del grupo III, el Procurador alegó que el foro de instancia erró al fundamentar su decisión en el derecho de acceso del público al juicio y no en el derecho del acusado a un juicio público. En ambos casos, el Procu-rador General argüyó que el tribunal erró al ignorar el lenguaje de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra, que permite la exclusión del público en la vista preli-minar en casos como el de autos.

El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos y, luego de los trámites de rigor, confirmó las determinacio-nes recurridas. En urna sentencia escueta, el foro apelativo —sin distinguir las circunstancias particulares de cada re-curso— concedió deferencia a los argumentos del Tribunal de Primera Instancia, consistentes en que la solicitud del Ministerio Público fue tardía y en que la prueba no esta-bleció los hechos necesarios para justificar la exclusión. El foro apielativo acogió, además, la inferencia del tribunal de instancia a los efectos de que tanto la identidad como la descripción física del agente habían sido reveladas ante-riormente, porque su nombre aparecía en las denuncias.

Insatisfecho con la determinación del Tribunal de Ape-laciones, el Procurador General acude ante nos mediante un recurso de certiorari y arguye —en esencia— que basta con que el Ministerio Público indique que se propone pre-sentar el testimonio de un agente encubierto para que el tribunal excluya al público de la sala de vista preliminar. Expone, además, que a los imputados no les asiste un de-recho constitucional a la vista preliminar pública y que éstos tienen la carga de demostrar que la celebración de la vista, o parte de ésta en privado, comprometería su dere-cho a un juicio justo e imparcial. Finalmente, aduce que no hay base para sostener que el Estado reveló la identidad del agente encubierto.

Por su parte, el recurrido Félix García Toledo, quien es parte del grupo III y único imputado que ha comparecido ante nosotros, alega que el Ministerio Público pretende convertir las disposiciones de la citada Regla 23(c) en una “patente de corso” para permitir la celebración de la vista preliminar en privado cada vez que el Estado se proponga presentar el testimonio de un agente encubierto. Lo anterior, según García Toledo, no considera que existe un dere-cho del acceso a la vista preliminar a favor del público y de la prensa, ni su derecho a que la vista preliminar sea pública. Sostiene, además, que como la norma general es la apertura de la vista preliminar, la parte que interese limi-tar el acceso a ésta —en este caso el Ministerio Público— deberá demostrar las razones que así lo justifiquen. Según García Toledo, el Ministerio Público no cumplió con lo anterior durante la vista de necesidad celebrada en el caso del grupo III.

. Examinada la petición de certiorari presentada por el Procurador General, acordamos expedir. Con el beneficio de los argumentos de las partes, procedemos a resolver.

II

Como es sabido, nuestro ordenamiento reconoce como un derecho fundamental el de todo acusado a que el juicio que se celébre en su contra sea público. Este derecho proviene, expresamente del Art. II, Sec. 11, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, y de la Enmienda Sexta de la Constitución de EE.UU.

Sin embargo, el acusado no es el único acreedor del derecho fundamental a un juicio público, pues la ciudadanía y la prensa también pueden invocarlo para lograr el acceso a. dicho procedimiento. A diferencia del derecho a un juicio público que cobija al acusado, el derecho del público y de la prensa es más bien un derecho constitucional implícito, que encuentra su fundamento en los derechos a la libre expresión, asociación y libertad de prensa, garantizados por la Séc. 4 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, y por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como en el derecho de acceso a la información en manos del Estado, el cual hemos reconocido en nuestra jurisdicción como corolario del derecho a la libre expresión. Véanse: López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 228 (1987); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.PR. 477, 488 (1982). Véanse, a modo ilustrativo: Globe Newspaper Co. v. Superior Court, 457 U.S. 596 (1982); Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 (1980); Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal pe nal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, Secs. 13.1-13.2, págs. 185-205.

El carácter fundamental del derecho del acceso a los juicios penales a favor del público y de la prensa ha dado lugar a que se extienda este derecho a etapas anteriores al juicio. Específicamente, se ha reconocido que el derecho del acceso alcanza procedimientos como la vista preliminar. Press-Enterprise Co. v. Superior Court, 478 U.S. 1 (1986) (Press-Enterprise II). Cónsono con lo anterior y según Press-Enterprise II, en El Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993), el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional nuestra anterior Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra, la cual disponía que la vista preliminar sería privada, a me-nos que al comenzar ésta el imputado solicitara lo contrario. De esta manera, se dejó sin efecto el dictamen emitido en El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 D.P.R. 356 (1992). Véase, a modo ilustrativo, Rivera-Puig v. GarcíaRosario, 983 F.2d 311 (1er Cir. 1992).

A la luz de lo resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la Asamblea Legislativa enmendó la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra, mediante la Ley Núm. 197 de 12 de agosto de 1995 para disponer que, como regla general, la vista preliminar será pública. De esta forma, la actual Regla 23(c), supra, dispone, en lo pertinente:

La vista preliminar será pública a menos que el magistrado determine, previa solicitud del imputado, que una vista pú-blica acarrea una probabilidad sustancial de menoscabo a su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial, y que no hay disponibles otras alternativas menos abarcadoras y razo-nables que una vista privada para disipar tal probabilidad. En tales casos, la decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma precisa y detallada.
También se podrá limitar el acceso a la vista preliminar cuando el magistrado determine, previa solicitud a tales efec-tos, que tal limitación es necesaria para proteger cualquier otro interés de naturaleza apremiante y que no existen otras alternativas menos abarcadoras y razonables. La decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma precisa y detallada.
Se dispone que el magistrado deberá limitar el acceso a la vista preliminar, previa solicitud del fiscal, en aquellos casos en que éste interese presentar el testimonio de un agente en-cubierto o un confidente que aún se encuentre en funciones o cuando esté declarando la víctima de un caso de violación o actos impúdicos o lascivos. (Énfasis suplido.)

Claramente, del texto transcrito se colige que, como re-gla general, la vista preliminar es de carácter público. No obstante, el precepto enumera expresamente cuatro excep-ciones a dicha norma, a saber: (1) para proteger el derecho constitucional del imputado a un juicio justo e imparcial; (2) cuando la vista privada sea necesaria para proteger cualquier otro interés de naturaleza apremiante; (3) cuando el Ministerio Público interese presentar el testimo-nio de un agente encubierto o un confidente que aún se encuentre en funciones, y (4) cuando esté declarando la víctima de un caso de violación o de actos impúdicos o lascivos. En los primeros dos casos, la regla exige una de-terminación previa por parte del tribunal sobre la necesi-dad de la limitación al acceso del público y sobre la dispo-nibilidad de otras alternativas menos abarcadoras que la vista privada. Tal determinación, según lo exige el propio estatuto, debe fundamentarse de forma precisa y detallada.

Ahora bien, el sentido literal de los incisos (3) y (4) pa-rece sugerir que no se requiere una determinación previa sobre la necesidad de la limitación del acceso del público ni sobre la disponibilidad de otras alternativas menos abarcadoras. Amparándose en ello, el Procurador General alega, en esencia, que la Regla 23(c), supra, establece un derecho automático a favor del Estado que lo faculta a ex-cluir al público de la sala de vista preliminar cada vez que se proponga presentar el testimonio de un agente encubierto. Aduce que basta con que el Ministerio Público exprese que dicho agente testificará, para que el tribunal deba excluir al público de la sala. No estamos de acuerdo.

De un examen de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 197, supra, notamos que la Asamblea Legislativa expresó cuál era el objetivo de sus enmiendas a la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra:

Resulta imprescindible atemperar las disposiciones de la Re-gla 23 con la reciente determinación del Tribunal Supremo Federal para evitar la situación de que diferentes jueces puedan darle diferente interpretación a dicha decisión. Las enmiendas incorporadas al estatuto tienen el propósito de aclarar el al-cance de la determinación jurisprudencial, brindando así uni-formidad en el procedimiento criminal. (Enfasis suplido.) 1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 976, 977.

En iguales términos se consignó la intención legislativa en el último párrafo de la Exposición de Motivos:

Las enmiendas incorporadas a la Regla 23 tienen el propó-sito de atemperar dicha disposición legal con la reciente deter-minación del Tribunal Supremo Federal al establecerse que las vistas preliminares serán .de naturaleza pública y disponerse las circunstancias excepcionales cuando podrán ser privadas. (Enfasis suplido.). Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 978.

Precisamente, como se discutirá más adelante, la deci-sión a la que alude la Exposición de Motivos, así como otras determinaciones anteriores del Tribunal Supremo federal, establecen el requisito de una determinación judicial previa a la exclusión del público de la sala de vista preli-minar, compatible con evaluar si existe un interés apre-miante que sólo puede ser protegido con la vista en privado.

No obstante lo anterior, debemos reconocer que cierto aspecto de la Exposición de Motivos refleja que la Asam-blea Legislativa consideró que la seguridad de los agentes encubiertos que se encuentren en funciones al momento de testificar en la vistá preliminar constituye un interés apre-miante que justifica —sin ulterior consideración— el cierre de la vista preliminar. En este sentido, se expresó que:

Es necesario también proteger la integridad física y emocio-nal de los agentes encubiertos y confidentes quienes al mo-mento de prestar testimonio en vista preliminar todavía se desempeñan en esas funciones. A estos efectos expresamente se exceptúan de la naturaleza pública de la vista los casos de agentes encubiertos y confidentes quienes al momento de decla-rar en la vista preliminar se estén desempeñando en esas funciones. (Enfasis suplido.) Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 978.

No cuestionamos que lo anterior pueda ser un interés apremiante del Estado. La limitación del acceso a la vista preliminar podría ser necesaria para proteger la vida misma de estos ciudadanos, a quienes hemos reconocido como un arma de investigación necesaria para esclarecer la comisión de ciertos delitos que se distinguen por su característica esencial de la clandestinidad. Si no se contara con este método de investigación, muchos de estos delitos permanecerían impunes. Pueblo v. Carballosa y Balzac, 130 D.P.R. 842, 851 (1992); Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 730 (1961). Véase Valle v. E.L.A., 157 D.P.R. 1, 21 (2002).

Ahora bien, no podemos desvincúlar las enmiendas realizadas a la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra, del problema que el legislador pretendió remediar: la inconstitucionalidad de una regla de exclusión automática del público de la sala de vista preliminar. Por lo tanto, aunque reconocemos la distinción hecha por el legislador en cuanto a los agentes encubiertos que aún se encuentran en funciones, debemos tener presente el propósito que en principio guió a la Asamblea Legislativa al aprobar dicha ley, para así imprimirle efectividad a su espíritu. Véanse: Otero de Ramos v. Srio. de Hacienda, 156 D.P.R. 876, 883 (2002); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 D.P.R. 530, 538 (1999); 31 L.P.R.A. sec. 19. En este sentido, aunque como regla general los términos obligatorios como “deberá” se interpretan de forma tal que ordenan algo y los términos potestativos como “podrá” de forma tal que concedan dis-creción, hemos dispuesto que los primeros pueden leerse como los segundos, haciendo directivo lo que es aparente-mente mandatorio, para conformar el lenguaje del estatuto con el propósito legislativo. Consejo Arqueológico v. Mun. de Barceloneta, 168 D.P.R. 215 (2006); Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 158 (1967).

Por otro lado, refrendar la tesis del Ministerio Público y decretar automáticamente la celebración de la vista preli-minar en privado cuando se fuese a presentar el testimonio de un agente encubierto, que aún se encuentre en funcio-nes, pondría la citada Regla 23(c) al margen de los precep-tos constitucionales aplicables. De esta forma, nuestra ta-rea en el caso de autos consiste en armonizar la regla en controversia con la normativa constitucional pertinente. Véanse: Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 405 (1990); Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610 (1981). Veamos.

III

El derecho a un juicio público a favor de la ciudadanía y la prensa no es absoluto, pues puede encontrar su límite en intereses gubernamentales apremiantes que justifiquen la celebración de la vista o parte de ésta en privado. No obstante, por tratarse de un derecho fundamental, la consideración de un posible cierre de la vista preliminar debe ser evaluada restrictivamente a favor del acceso, mediante un escrutinio estricto. Para que la limita-ción sea posible, se requiere demostrar que ésta es necesa-ria para salvaguardar un interés gubernamental apre-miante y que la exclusión haya sido estrechamente diseñada (narrowly tailored) para servir a dicho interés. Véase, a modo ilustrativo, Globe Newspaper Co. v. Superior Court, supra. En este sentido, existe una presunción de apertura de los juicios penales, la cual —según hemos vis-to— se extiende a la etapa de la vista preliminar. De ahí que quien pretenda derrotar dicha presunción deberá sa-tisfacer el escrutinio siguiente establecido por el Tribunal Supremo federal y que hoy adoptamos:

La presunción de apertura puede superarse sólo por un in-terés apremiante basado en una determinación de que el cie-rre es esencial para preservar valores superiores y que está estrechamente diseñado para servir dicho interés. El interés debe ser articulado por el tribunal, junto con determinaciones suficientemente específicas, de manera que un tribunal apela-tivo pueda juzgar si la orden de cierre fue adecuada. (Traduc-ción nuestra). Press-Enterprise Co. v. Superior Court of California, 464 U.S. 501, 510 (1984) (Press-Enterprise I).

Asimismo, dicho criterio ha sido extendido por el Tribunal Supremo federal a aquellos casos en los que —au-sente un reclamo del derecho de acceso por parte del público o la prensa— es el acusado quien se opone al cierre del pro-cedimiento, al amparo de su derecho explícito a un juicio público. Así lo resolvió dicho foro en Waller v. Georgia, supra, en el contexto de un procedimiento anterior al juicio, tras concluir que el derecho a un juicio público de la Sexta Enmienda, se extiende a las vistas de supresión de evidencia. Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró sus decisiones previas sobre la apertura de los procedimientos penales a la luz del derecho de acceso de la Primera Enmienda, y sostuvo lo si-guiente:

[E]l análisis en estos casos se ha basado en gran medida en la Primera Enmienda. Sin embargo, no cabe duda que el dere-cho explícito del acusado bajo la Sexta Enmienda no es menos protector del juicio publico que el derecho implícito de acceso del público y la prensa bajo la Primera Enmienda. El propó-sito principal de un procedimiento penal debe ser juzgar al acusado' justamente y nuestra jurisprudencia ha sido uni-forme al reconocer que la garantía de juicio público es una creada para el beneficio del acusado. (Traducción y énfasis nuestros, y citas omitidas.) Waller v. Georgia, supra, pág. 46.

Así, en vista del propósito que persigue la garantía del derecho a un juicio público, en aquellos procedimientos de nuestro ordenamiento procesal penal en los que se haya reconocido la existencia de un derecho de acceso a favor de la ciudadanía y de la prensa —como es el caso de la vista preliminar— también habrá cabida para que el acusado invoque su propio derecho a un juicio público según la See. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, y la Sexta Enmienda de la Consti-tución de Estados Unidos. Claro está, en ese análisis cobra particular importancia la semejanza del procedimiento en cuestión con el juicio. A tales efectos, citando a Waller v. Georgia, supra, el profesor Chiesa señala que el derecho explícito a juicio público

... se extiende no sólo al acto del juicio propiamente dicho sino también a otros procedimientos criminales que participan de una naturaleza similar al juicio. Queda incluido el derecho a vista pública de supresión de evidencia, así como, al menos, vista pública en todo procedimiento al cual haya ún derecho de acceso por parte del público en general. (Enfasis nuestro y ci-tas omitidas.) Chiesa Aponte, op. cit., pág. 202.

Del mismo modo, el profesor La Fave, a la luz de Waller v. Georgia, supra, comenta: “También se ha resuelto que [la garantía de la Sexta Enmienda] se extiende a ciertos pro-cedimientos anteriores al juicio, como las vistas de supre-sión de evidencia, que se asemejan al juicio.” (Enfasis suplido.) 6 LaFave, Israel and King, Criminal Procedure 3rd Sec. 24.1, págs. 301-302 (2007).

En Waller v. Georgia, supra, al evaluar la controversia ante su consideración, el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinó la naturaleza del procedimiento cuya apertura se reclamaba. El Tribunal le confirió importancia al hecho de que frecuentemente las vistas de supresión de evidencia se parecen a un juicio, pues los testigos declaran bajo juramento, los abogados exponen sus argumentos y el resultado frecuentemente depende de una evaluación de cuestiones de hecho. Waller v. Georgia, supra, pág. 47. Incluso, se reconoció que én ocasiones la vista de supresión podría ser el único juicio que se celebre, pues luego de ésta el acusado podríá hacer una alegación preacordada con Fiscalía y declararse culpable. Id.

Precisamente, este criterio de similitud al juicio fue el que posteriormente llevó al Tribunal Supremo de Estados Unidos a concluir en Press-Enterprise II que existe un derecho de acceso del público a las vistas preliminares que son suficientemente parecidas al juicio (sufficiently like a trial). Press-Enterprise II, pág. 12. Este pronuncia-miento, según indicamos, se hizo extensivo a las vistas pre-liminares de nuestra jurisdicción en El Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, supra. Allí, el Tribunal Supremo federal consideró que la vista preliminar en Puerto Rico es lo suficientemente parecida a un juicio, como para que se deba permitir el acceso del público y de la prensa a ésta. El Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, supra, págs. 149-150.

Cónsono con lo anterior, concluimos que el imputado puede invocar su derecho a un juicio público mediante la Sec. 11 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, supra, o según la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, para oponerse a un intento de cierre de la vista preliminar por parte del Ministerio Público. Por ende, ante el reclamo del imputado de su derecho a un juicio público, toda solicitud de cierre de la vista preliminar deberá evaluarse restrictivamente a favor de su apertura, según un escrutinio estricto. De esta manera, adoptamos los requisitos siguientes esbozados por el Tribunal Supremo federal en Waller v. Georgia, supra, pág. 48: (1) la parte que interese el cierre de la vista deberá exponer un interés apremiante; (2) el cierre no será más amplio que lo necesario para proteger dicho interés; (3) el tribunal deberá considerar alternativas razonables al cierre, y (4) el tribunal deberá realizar determinaciones adecuadas para sostener el cierre.

Ciertamente, en conformidad con los requisitos que aquí adoptamos, no cabe duda de que la posibilidad de un decreto automático que ordene el cierre de la vista preliminar según la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra, no encuentra apoyo en nuestro ordenamiento constitucional. Es profusa la jurisprudencia norteamericana que valida la limitación del acceso del público durante el juicio cuando el Ministerio Público se propone presentar el testimonio de un agente encubierto, para preservar la seguridad o identidad de dicho agente. Véase, a modo ilustrativo, Anotación, Exclusion of Public from State Criminal Trial to Preserve Safety or Confidentiality of Undercover Police Officer Witness, 100 A.L.R.5th 171 (2002). No obstante, existe un consenso en ella sobre el hecho de que, a la luz de Waller v. Georgia, supra, la limitación del acceso del público no puede ser automática. Id.

Así, pues, resulta forzoso concluir que en los casos en que el imputado invoque su derecho a un juicio público, para oponerse a una solicitud del Estado hecha al amparo de la referida Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, para presentar en privado el testimonio de un agente encubierto que aún se encuentra en funciones, se requerirá una consideración previa del tribunal para dilucidar la necesidad de tal solicitud. Esa consideración consistirá en una vista de necesidad, en la cual el Ministerio Público deberá demostrar que el agente encubierto aún se encuentra en funciones y que la limitación al acceso del público a la vista preliminar es la alternativa menos abarcadora para proteger su seguridad. De tratarse de un agente encubierto que no se encuentra en funciones, el Ministerio Público deberá demostrar que existe un interés apremiante que justificaría su solicitud, como lo podría ser preservar la seguridad física o emocional del agente y que la limitación del acceso del público no será más amplia de lo necesario para proteger ese interés.

En la vista de necesidad que celebre el tribunal de ins-tancia podrán tomarse en cuenta factores como los siguien-tes: (1) si el agente encubierto continúa trabajando en investigaciones de esa naturaleza; (2) si continúa traba-jando en los casos o las investigaciones relacionadas al caso objeto de la vista de necesidad; (3) si su identidad ha sido revelada; (4) las medidas o precauciones que ha to-mado el Estado para preservar la identidad y seguridad del agente; (5) si el agente ha recibido amenazas, y (6) si el agente teme por su vida o su seguridad física o emocional o la de su familia. Para demostrar lo anterior, el testimonio del agente en cuestión durante la vista de necesidad no será necesario, aunque nada impide que ese agente compa-rezca a declarar en la referida vista. Véase, a modo ilustra-tivo, Anotación, supra, y casos allí citados.

Resolvemos, además, que la solicitud del Ministerio Pú-blico deberá estar fundamentada y, salvo justa causa, de-berá formularse y notificársele al imputado dentro de un término de tiempo razonable antes de la celebración de la vista preliminar, de modo tal que la solicitud no dilate los procedimientos ante el tribunal.

Considerada la solicitud del Ministerio Público, el tribunal deberá fundamentar su decisión con determinaciones precisas y detalladas. De decretar que procede la limita-ción al acceso del público, el tribunal deberá exponer las razones que justifiquen que el cierre no será más amplio de lo necesario para proteger el interés del Ministerio Público, como lo sería el cierre parcial de la vista, sólo durante el testimonio del agente en cuestión.

Aclarado lo anterior, pasamos a disponer concretamente del caso ante nuestra consideración.

IV

En el caso de autos, el Ministerio Público se proponía presentar el testimonio de un agente encubierto en dos vistas preliminares. A tales efectos, solicitó al Tribunal de Pri-mera Instancia que celebrara una vista de necesidad en ambos casos para que el foro primario determinara si pro-cedía su solicitud. En el caso de los grupos I y II, según explicamos, el tribunal de instancia se negó a conceder la solicitud del Ministerio Público por entender que era tardía. En consecuencia, al amparo del fundamento de au-sencia total de prueba, resolvió que no existía caúsa probable para acusar a los imputados de dichos grupos.

Creemos que, al así actuar, el Tribunal de Primera Ins-tancia excedió los límites de su discreción. Por un lado, la causa de la alegada ausencia total de prueba fue provocada por el propio tribunal, que insistió en que el Ministerio Público presentara sus testigos, a pesar de que éste solicitó presentar la prueba en privado. A su vez, dicho foro con-cluyó que la solicitud en cuestión era tardía, aun cuando el Ministerio Público mostró justa causa para haberla pre-sentado el mismo día de la vista; a saber: que en ese mo-mento supo del hecho de que el agente encubierto aún te-nía investigaciones pendientes y que temía por su seguridad. Ante tales circunstancias, el foro de instancia debió, al menos, evaluar la petición del Ministerio Público para determinar su procedencia, mediante la celebración de la vista de necesidad solicitada.

Por otro lado, en el caso del grupo III, el tribunal de instancia sí celebró una vista de necesidad para dilucidar la solicitud del Ministerio Público, pero determinó que ésta era improcedente a la luz del testimonio ofrecido por el agente Disdier González y por considerar que, de todas maneras, la identidad y descripción física del agente encu-bierto en controversia habían sido reveladas, puesto que su nombre aparecía en las denuncias.

Aunque reconocemos que el tribunal de instancia actuó correctamente al celebrar la vista, ese foro primario no fundamentó, de forma precisa y detallada, las razones para denegar la solicitud del Ministerio Público, lo que nos im-pide pasar juicio sobre la corrección de su determinación. Por lo tanto, procede que el tribunal dilucide nuevamente la solicitud del Ministerio Público, lo que deberá hacer me-diante la celebración de una nueva vista de necesidad.

Por otro lado, respecto a la inferencia hecha por el tribunal de instancia sobre el hecho de que tanto la identidad como la descripción física del agente encubierto en cuestión fueron reveladas, creemos que, en las circunstancias de este caso, ésta no procedía.

Un examen de los autos originales del caso de epígrafe revela que a través del procedimiento judicial se han con-signado varios nombres con apellidos distintos para el mismo agente encubierto. Mientras que en las denuncias consta un nombre, en las resoluciones de no causa en vista preliminar emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en los casos de los grupos I y II consta otro. Lo mismo ocurre con una resolución posterior que emitió el tribunal de instancia en la que reafirmó su determinación de no causa en dichos casos. Aunque le corresponde al foro de instancia evaluar este asunto en la vista de necesidad, en el caso de autos no procedía su inferencia sólo a base de la información incluida en la denuncia.

Asimismo, creemos que la presencia de dos nombres con apellidos distintos para un mismo agente encubierto es in-dicativo del esfuerzo realizado por el Ministerio Público para proteger la identidad de su testigo. En este sentido, debe tomarse en cuenta que no es práctica ajena a los agentes encubiertos el asumir distintos nombres para pre-servar adecuadamente su identidad y proteger la efectivi-dad de sus investigaciones. Por ello, ni el Tribunal de Pri-mera Instancia ni el Tribunal de Apelaciones tenían motivos suficientes para inferir —del hecho de que se con-signó un nombre en las denuncias— que la identidad del agente encubierto en controversia fue revelada y, mucho menos, su descripción física.

V

Por los fundamentos que anteceden, revocamos el dicta-men del Tribunal de Apelaciones. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que celebre las vistas de necesidad correspondientes, de forma compatible con los pronunciamientos esbozados en esta opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Los imputados recurridos aquí son: Gabriel Pepín Cortés, Josian Navarro Fernández, Joel Baerga Ortiz, Reynaldo N. Díaz Hernández, Jaime J. Vega Medina, Félix García Tbledo, Juan C. Sánchez Rodríguez y Ornar Pérez Fonfrías.

       Sobre el alcance del derecho de acceso a otros procedimientos anteriores al juicio, véanse, a modo ilustrativo: Waller v. Georgia, 467 U.S. 39 (1984) (vistas de supresión de evidencia); Press-Enterprise Co. v. Superior Court of California, 464 U.S. 501 (1984) (Press-Enterprise I) (voir dire o selección del Jurado).

       Tal es el caso de la Regla 131 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que dispone que, en casos de delitos sexuales, el tribunal podrá excluir al público del juicio durante el testimonio de la víctima, previa la celebración de una vista en privado para dilucidar la necesidad de proveerle a la víctima esta protección. Simi-larmente, la Regla 21 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, que regula el procedimiento para la admisibilidad de prueba sobre la conducta o el historial sexual de la víctima del delito de violación o su tentativa, dispone la celebración de una vista privada en la cual se permitirá el interrogatorio a la perjudicada sobre la evidencia propuesta por el acusado. Véase, además, la Regla 154.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

       Similares requisitos adoptamos en Fulana de Tal v. Demandado A, 138 D.P.R. 610 (1995), para justificar una limitación del derecho del acceso del público y la prensa a los procedimientos civiles.
      Cabe señalar que los requisitos esbozados en Press-Enterprise I fueron reafir-mados en Press-Enterprise Co. v. Superior Court, 478 U.S. 1, 13 (1986) (Press-Enterprise ID, donde se enfatizó la necesidad de que el tribunal realice determina-ciones específicas (specific, on the record findings) para justificar la limitación al derecho de acceso. A tales efectos, en ese caso se resolvió que si el interés apremiante que se invoca para justificar una solicitud de cierre de la vista preliminar es el derecho del acusado a un juicio justo, es necesario que el tribunal realice determina-ciones específicas que demuestren que: (1) existe una probabilidad sustancial de que el derecho del acusado a un juicio justo se perjudique por la publicidad que el cierre prevendría, y (2) que las alternativas razonables al cierre no pueden proteger ade-cuadamente el derecho del acusado a un juicio justo. Id., pág. 14.

       En Waller v. Georgia, supra, pág. 43, a pesar de la oportuna objeción de los acusados, el tribunal de-instancia accedió al cierre de la vista de supresión de evi-dencia solicitado por el fiscal, quien adujo que, según un estatuto del estado de Georgia, la publicación de la prueba en controversia la haría inadmisible en los procedimientos posteriores. Tras la confirmación de esta determinación por parte del Tribunal Supremo de Georgia, el Tribunal Supremo federal revocó, resolviendo, se-gún señalamos, que el derecho a un juicio público de la Sexta Enmienda alcanza las vistas de supresión de evidencia.

       Para llegar a tal conclusión, el Tribunal Supremo federal consideró varios factores, entre ellos: que la vista preliminar se celebra ante un magistrado neutral; el imputado tiene derecho a la asistencia de un abogado, a contrainterrogar los tes-tigos en su contra y a ofrecer prueba a su favor, y no está presente un jurado. Se señaló, además, que en una cantidad sustancial de los casos criminales, la vista preliminar provee la única oportunidad para que el público observe el sistema judicial penal. El Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, supra, pág. 150.
      Debemos recalcar que, ya que el único propósito al destacar estas característi-cas propias de la vista preliminar fue reconocer la existencia del derecho de acceso del público y de la prensa al procedimiento, Ello de ninguna forma implica que este Tribunal se distancie de la norma firmemente establecida a los efectos de que la vista preliminar no es un “mini juicio” ni un juicio preliminar. Pueblo v. Soler, 163 D.P.R. 180, 192 (2004); Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 D.P.R. 363, 375 (1999).

       La norma que adoptamos es igualmente aplicable a aquellos casos en los que el Ministerio Público interese presentar el testimonio de un confidente que aún se encuentre en funciones o el testimonio de la víctima de un caso de violación o actos impúdicos o lascivos, según ló dispone la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra.

       Incluso, como mencionamos, el tribunal de instancia impuso una sanción de quinientos dólares a cada fiscal. Aunque entendemos que dicha sanción es improce-dente, el Procurador General no la cuestiona en su petición de certiorari, por lo que no intervendremos con ésta.