author: El Juez Asociado Señor Texidor, JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY

text:
    Joaquín Máquez, et als., demandantes y apelados, v. Junta Insular de Elecciones, demandada y apelante y Manuel Pereyó, et als., interventores y apelantes.
    No. 4928.

    Sometido: Noviembre 15, 1929.

      Resuelto: Mayo 23, 1930.

      íl. Martínez Nadal y Bolívar Pagan, abogados de los interventores-apelantes; Honorable Attorney General Jamies B. Beverley y To-más Torres Pérez, Subproourador, abogados de la Junta Insulai' de Elecciones; Arturo Aponte y P. Gallardo Díaz, abogados de los apelado’s.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso Joaquín Márquez y otros presentaron una petición de certiorari, en la que alegaron, entre otros extre-mos necesarios, que la Junta Insular de Elecciones de Puerto Rico había eliminado y excluido de las listas de electores de Humacao los nombres de- 256 personas que aparecían inscri-tas, y tal exclusión se bizo a virtud de sentencia de la corte municipal de Humacao en cada caso; que en las elecciones del 6 de noviembre de 1928, esos 256 excluidos, intentaron votar y votaron en Humacao, alegando no baber sido ex-cluidos, cuando en realidad lo estaban, valiéndose de affidavits, y sus votos no fueron contados, siendo las papeletas corres-pondientes recusadas y protestadas; que la Junta Insular de Elecciones al hacer el escrutinio contó y adjudicó al par-tido Socialista Constitucional las 256 papeletas de voto de los individuos antes referidos, produciéndose así a favor de los candidatos de dicho partido una mayoría de 43 votos sobre los demandantes, candidatos del partido adverso Álianza Puertorriqueña; que la Junta Insular de Elecciones, al hacer el citado escrutinio carecía de facultades o autoridad para contar esos votos de personas que se habían excluido de las listas de electores; y pidieron auto para que la junta demandada remitiera las listas de votantes de Humacao, hojas de cotejo, papeletas protestadas y que se contaron en el escru-tinio; y que se comunicara a la junta que el escrutinio efectuado no era final mientras pendía este caso; y en defi-nitiva se anulara lo actuado por la demandada en cuanto a la adjudicación al partido Socialista Constitucional, de los votos que aparecían en las papeletas protestadas.

La orden se dictó de acuerdo con la petición, para que se remitiera a la corte la documentación indicada; y la Junta Insular de Elecciones la cumplió.

Manuel Pereyó y otros, candidatos para alcalde el primero y los demás para miembros de la Asamblea Municipal de Humacao, solicitaron, y obtuvieron, intervención en el pro-ceso ; y contestaron, alegando: que las exclusiones de los 256 individuos a que se refiere la demanda eran nulas por serlo las órdenes expedidas por la Corte Municipal de Hu-macao, por haberse celebrado las vistas de los casos de ex-clusión el día 27 de julio de 1928, que era día de fiesta legal, y porque la corte no adquirió jurisdicción porque nunca) fueron legalmente citados los electores interesados; que los electores eliminados votaron bajo affidavit porque sus nom-bres habían sido eliminados ilegalmente, y el escrutinio fué hecho de acuerdo con la ley; y negaron otros extremos de la demanda. Presentaron también una moción to quash, basada en que en la petición no hay hechos suficientes para la causa de acción;' que la Junta Insular no tuvo autoridad para rechazar los votos mediante affidavit, y resolver en cuanto a la capacidad de los electores; que se pretende revisar la actuación, de las juntas de colegios electorales de Humacao; y que la corte no tiene poder para fijar el resultado de las elecciones.

La corte, m bcmk, decidió las cuestiones planteadas, y declaró con lugar la petición de certiorari, anulando1 el escru-tinio general practicado por la Junta Insular de Elecciones el 12 de diciembre de 1928, en cuanto a las del precinto electoral de Humacao, celebradas el 6 de noviembre de 1928, en lo que se refiere a la adjudicación hecha al partido Socia-lista Constitucional de 203 papeletas de individuos que vo-taron bajo affidavit en varios precintos, y cuyos nombres habían sido excluidos de las listas, anulándose la certifica-ción de tal escrutinio, y ordenándose su rectificación para no contar ni adjudicar las papeletas protestadas. La sentencia qs de fecha 11 de febrero de 1929; y contra ella se interpuso apelación, por los interventores. Tratamos del caso No. 4928 de este tribunal.

Los interventores-apelantes han señalado cinco errores. Para los fines de esta decisión consideramos de conveniencia copiar aquí el señalamiento. Es así:

‘£ PRIMER Error : — La Corte ele Distrito de San Juan cometió error en la sentencia dictada en este caso, al declarar que en el recurso de certiorari, provisto en la sección 89 de la vigente Ley Electoral, po-dían ventilarse las eualificaeiones de lo's electores y la legalidad de los votos recusados.
“SeguNbo Error: — La Corte de Distrito de San Juan cometió' error én la sentencia dictada en este caso, al declarar que en el re-curso de certiorari provisto en la sección 89 de la vigente Ley Electoral, podían ventilar'se actuaciones de funcionarios u organismos aje-nos a la Junta Insular de Elecciones.
‘‘ Tercer Error : — La Corte de Distrito de San Juan cometió error en la sentencia dictada en este caso, al declarar que las 201 papele-tas, objeto del litigio en este caso, eran papeletas protestadas.
‘ ‘ Cuarto Error : — La Corte de Distrito de San Juan cometió error en la ’sentencia dictada en este caso, al declarar que la Junta Insular de Elecciones no debió haber contado las 201 papeletas recusadas,, objeto de este j)leito.
‘1 Quinto ERROR: — La Corte de Distrito de San Juan cometió error en la sentencia dictada en este caso al declarar que las sentencias de la Corte Municipal de Humacao, eliminando a los 201 electores objeto de e'ste pleito, eran sentencias válidas y legales.”

Parece que deben ser tratadas preferentemente aquellas-materias que se relacionan en alguna forma, con la jurisdic-ción. El quinto señalamiento de error en este caso, merece tal preferencia. Copiamos de nuevo su texto:

‘ ‘ Quinto EbboR : — La Corte de Distrito de San Juan cometió error en la sentencia dictada en este caso, al declarar que las sentencias de la Corte Municipal de Humacao, eliminando a los 201 electores objeto de este pleito, eran sentencias válidas y legales.”

Las partes, ante la corte a quo, estipularon (Pág. 66 y 67, T. E.) afirmando como un liecbo que los juicios para ex-clusión se celebraron el día 27 de julio de 1928. Ese becbo aparece también de una certificación del juez municipal.

No acertamos a comprender por qué razón se nos argu-menta acerca del precepto del artículo 32 de la Ley Electoral como estaba en 1919. En este mismo alegato de los inter-ventores se cita en diversas ocasiones la Ley Electoral en-mendada; y en las enmiendas introducidas por Ley No. 1, de 1924, el artículo 32, en la parte necesaria en este caso, quedó enmendado así:

‘‘La fecha para las vistas de apelaciones de las decisiones de la Junta.Insular de Elecciones por las cortes municipales y de paz, según están autorizadas por esta Sección, no excederá del primer día de agosto del año en que fueron dictadas, y las cortes por las euale's fueron oídas dichas- apelaciones rendirán sus decisiones a más tardar el quince de agosto de dicho año; Disponiéndose, sin embargo, que las vistas y decisiones de apelaciones, según se autoriza y requiere anteriormente por esta Sección, podrán celebrarse y rendirse en los easo's correspondientes a las inscripciones y elecciones de 1924, hasta el 15 de agosto y primero de. septiembre -de dicho año, respectiva-mente.

=* * * # # * * >>

La cita de la ley de 1919 que fijaba la vista de esos, casos en otros términos, es totalmente errónea.

¿En qué forma se ha seguido el] procedimiento por la Corte Municipal de Humacao? Este es un extremo interesante, que no debemos dejar de discutir y resolver.

En estos casos, un elector reclama de la Junta Insular de Elecciones que se eliminen de las listas de electores de Hu-macao, determinados nombres, porque los que los llevan carecen de todas o de algunas de las condiciones requeridas por la ley para ser tales electores. La junta siguió el pro-cedimiento legal, y dentro de él, denegó las exclusiones soli-citadas. Entonces el promovente apeló para ante la Corte Municipal de Humacao. Esta, en fecha 20 de julio de 1928 fijó la sesión del día 24 de los mismos mes y año para lectura de un calendario de aquellos casos en apelación; y se ordenó que copia de esa orden fuera fijada por el márshal en el sitio destinado a edictos, para que llegara a conocimiento de los abogados y el público en general. En la sesión del día 24 de julio de 1928, se hizo el señalamiento de todos los casos en lista del número 1 al 301 para la sesión del día 27 de los mismos mes y año; y los demás para el 28; y al final del documento en que se hacen tales señalamientos se lee lo que sigue:

“Una copia de esta lista de señalamiento deberá ser fijada por el Marshal de esta Corte en el sitio destinado a edictos y otra copia de-berá ser remitida a cada uno de los representantes locales de los dos partidos políticos principales. Humacao, P. R., julio 24 de 1928. Firmado: Miguel A. Burset, Juez Municipal.”

Al pie se dice:

“Recibí una copia para uso de la sección No. 23 del Partido So-cialista. Firmado: Joaquín A. Burset, Vocal.
“Recibí una copia para uso del Partido Unión de P. R., julio 24, 1928. Firmado: Roeafort, Pres.”

Desde su principio este procedimiento parece poco en acuerdo con el espíritu de la ley. En primer lugar no resulta, la necesidad de que el aviso de lectura para señalamiento se haga por fijación de copia de la orden en la tabla de edictos.

O hay que notificar a las partes, o no hay qne hacer notifi-cación. Si lo primero, la forma acordada no es la legal; si lo segando, lo hecho no pasa de ser una redundancia.

Pero se lee ese calendario qne contiene cerca de seis-cientos casos de apelación; y se señalan 301 de ellos para nn solo día, el 27 de julio, tres días después del en que se hace el señalamiento. El plazo no puede ser más corto. Tres días en los que cada uno de los qne constituyen ese medio millar de electores ha de preparar su defensa, y ha de recoger la prueba necesaria para tal fin.

Hay algo que no queremos pase como desapercibido. De los señalamientos se hace notificación, pero ja quién? -¿Es acaso a aquellos cuyo derecho se va a discutir? No; se entrega una copia al representante del Partido Socialista, y otra al del Partido Unión de Puerto Rico. Estos señores, cualquiera que pueda ser su interés en la contienda electoral, no representan, ante el tribunal, a los electores cuya exclusión se solicita. Nadie puede afirmar que ellos tengan esa repre-sentación. Notificarles del señalamiento es algo que no tiene justificación dentro del procedimiento.

Puede aquí afirmarse que, lejos de seguirse en ese proce-dimiento regla alguna de las de la ley procesal, han quedado prácticamente violadas todas las garantías que ella presta a un ciudadano para defenderse. T no es ése el fin que per-sigue la Ley Electoral, cuando dispone, en su artículo 32, que los casos de apelación “serán oídos de acuerdo con las reglas de evidencia y procedimientos judiciales que rigen en casos civiles!”

No vemos en qué se ajustó la Corte Municipal de Humacao a los procedimientos en casos civiles.

De la decisión en el caso Padilla v. Corte de Paz, 35 D.P.R. 301, tomamos el siguiente párrafo: '

“Claro está que se trata de un procedimiento rápido, sumarísimo, pero ello no quiere decir que pueda -condenarse a una persona sin saber siquiera que ha sido demandado, sin habérsele servido una copia fiel de la demanda, con sólo habérsele citado en forma tan confusa que má's bien podía desprenderse que se le llamaba como testigo y no como parte en el procedimiento. El legislador tuvo buen cuidado de disponer, como liemos visto, expresamente en la ley electoral ‘que dichos casos serán oídos de acuerdo con las reglas de evidencia y procedimientos judiciales que rigen en caso's civiles.’ Ello admite, dadas las circunstancias especiales concurrentes, una reducción al límite de los términos, la mayor simplicidad posible en los procedi-mientos, una excesiva rapidez en las vistas y resoluciones, pero ello no puede admitir que se prescinda por completo de conceder su día en corte a la parte interesada.”

No importa que alguna cuestión no haya sido suscitada por la apelante. Ello no puede limitar el campo de acción del tribunal. La ley de 12 de marzo de 1903, para transformar el Tribunal Supremo en corte de apelación, contiene una sección (1141 de los Estatutos Revisados de Puerto Rico) que es como sigue:

“Que el Tribunal Supremo de Puerto Rico constituirá de aquí en adelante un Tribunal de Apelación y no un Tribunal de Casación. En sus deliberaciones y fallos en todos los asuntos, tanto en lo civil como en lo criminal, dicho Tribunal no se limitará solamente a in-fracciones de la ley o quebrantamientos de forma, según fueren señalados, alegados o salvados por los litigantes, o según se hiciera constar en sus exposiciones y excepciones sino que con el más alto fin de justicia, el Tribunal puede también entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa tal como aparecieren en autos, conside-derando en igual forma sus méritos para la mejor administración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras.”

Es de la mayor importancia ese precepto legal, que per-mite prescindir de algún tecnicismo, para que el tribunal tenga una amplia esfera de acción, y pueda desembarazada y libremente llegar a la mayor realización del derecho.

A nuestro entender, no hubo en este caso un emplaza-miento formal a las partes. Se notificó a los partidos polí-ticos, no a los electores interesados. Y así podida quizá decirse que a esos juicios fueron los partidos, no los electores de cuya exclusión se trataba.

Es algo que no debe quedar sin consideración el hecho del enorme número de señalamientos fijados para cada día. Para el 27 de julio de 1928, se hicieron 301 señalamientos. Los juicios habían de empezar a las 9 de la mañana; hemos de conceder a la realidad el que se suspendieran a las 12 del día, se siguieran a la 1 p. m., y continuaran hasta las 7 p. m. Serían así tres horas de la mañana, y seis horas de la tarde. Fijando para cada caso diez minutos, que es lo menos que puede fijarse, los 301 casos señalados exigirían cincuenta horas y diez minutos; esto es, 41 horas y 10 minutos en exceso de las nueve antes calculadas. En el terreno de la realidad uo cabía esperar que se celebraran en un solo día y en la forma usual estos 301 juicios; y debemos y podemos concluir que el señalamiento era irregular y anómalo.

Pero hay otro extremo que merece toda atención. La parte interventora alega que los juicios para exclusiones se celebraron en un día de fiesta 'legal, en que no podían ser válidamente celebrados.

La Eesolución Conjunta No.- 45, de 24 de julio de 1923 en su artículo 1, dice-.

“Sección 1. Por 1a, presente se declara día de fiesta oficial y legal en Puerto Rico el día 27 de julio de 1923, y de cada año siguiente, y durante dicho día permanecerán cerrada's todas las oficinas públicas insulares y municipales.”

Requiere el desarrollo de este extremo para su resolución, la cita de otros textos legales.

Los artículos 10 y 11 del Código de Enjuiciamiento Civil, dicen así:

“Artículo 10. Las cortes deberán celebrar sesión y despachar los asuntos judiciales en cualquier día, exceptuándose lo dispuesto en el artículo siguiente.
“Artículo 11. No podrá actuar ninguna corte, ni despachar nin-gún asunto judicial, los domingos, el primero de enero, el cuatro de julio, el día de Navidad, el de dar gracias, y el día en que tenga lu-gar una elección general, a no ser para lo siguiente:
‘ ‘ 1. Para dar instrucciones a un jurado, a petición de éste, cuando ¡estuviere deliberando sobre el veredicto;
“2. Para recibir el veredicto de un jurado, o para disolver ésto;
“3. Para actuar un juez en una causa o procedimiento criminal; Disponiéndose, que en pleitos civile's podrán dictarse y ejecutarse ór-denes de arresto; dictarse y notificarse autos de embargo, ejecucio-nes, injunctions y autos prohibitorios, entablarse procedimientos para recobrar la pose'sión de propiedad mueble, y promoverse pleitos en cualquier día para obtener cualquiera de esos autos y procedimien-tos.”

El artículo 387 del Código Político, es como sigue;

“Artículo 387. Los días de fiesta, en el sentido de este Código, son: los domingos, el primero de enero, el día veinte y dos de fe-brero, el día veinte y dos de marzo, el Yierne's Santo, el día 30 de mayo, el cuatro de julio, el veinte y cinco de julio, el primer lunes de septiembre, que será conocido como el día de la fiesta del trabajo, el día veinte y cinco de diciembre, todos los días en que se celebren elecciones generales en la isla y cada día fijado por el Presidente de los Estado's Unidos, por el Gobernador de Puerto Rico, o por la Asam-blea Legislativa, para la celebración de día de ayuno, día de acción de gracias o día de fiesta. Siempre que cualquiera de dichos días ocurriere en domingo, será día de fiesta el lunes siguiente.”

Para los fines de esta resolución, es conveniente distinguir, como lo liace el mismo Código de Enjuiciamiento Civil, las diversas actuaciones de las cortes; las Ray que pueden llevarse a cabo sin necesidad de abrir la corte, y tener a ésta en. sesión pública; y las bay que requieren la sesión en corte abierta y con la presencia de funcionarios como el secretario y el mársbal. Esta diferencia se nota especialmente en los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del citado código procesal, que hablan de la celebración de sesiones, y el mismo artículo 11, ya citado, y el 22, que trata las facultades de los jueces en sus despachos.

La Resolución Conjunta No. 45 de 1923, imperativa en su texto y en su espíritu, provee que las oficinas públicas insulares y municipales queden cerradas en la fecha que marea la Resolución misma. La primera consecuencia lógica que puede extraerse de este precepto legal, es que toda actuación judicial que requiera la apertura de corte, y la pú-blica sesión, es imposible conforme a ley, y sería nula por ir contra lo en la ley ordenado.

Y éste es el caso de la sesión pública, en corte abierta, tenida por la Corte Municipal de Humacao el 27 de julio de 1928, para oír los casos de exclusión de electores.

Una lógica interpretación nos lleva a declarar qne por la Eesolución Conjunta No. 45 de 1923, no se ha hecho otra cosa que añadir un día festivo oficial y legal a los que ya aparecían en leyes anteriores como el Código de Enjuiciamiento Civil.

Se ha discutido mucho acerca de los días hábiles, y los no hábiles para actuar, citados en la jurisprudencia de los distintos Estados, bajo el nombre latino “dies non juridicus La jurisprudencia está muy lejos de ser uniforme.

En el caso Havens v. Stiles, 101 Am. St. Rep. 195, 8 Idaho, 250, 67 Pac. 919, la cuestión resuelta fué con relación a presentación de una demanda y libramiento de citación y emplazamiento un domingo; y se decidió que esos actos eran ministeriales. Pero lo que más importa de esta decisión es esto: en el estatuto allí.aplicado, se encuentra una sección o artículo 3866, que dice:

"No podrá actuar ninguna corte,.ni despachar ningún asunto judicial, en domingos, en primero de enero, en el cuatro de julio,, en día de Navidad o día de acción de gracias, o en día en que se cele-bren elecciones generales, a no ser para lo siguiente:
‘11. Para dar instrucciones a un jurado, a petición de éste, cuando-estuviere deliberando sobre el veredicto;
“2. Para recibir el veredicto de un jurado, o para disolver éste;.
"3. Para actuar un juez en una causa o procedimiento- criminal;, disponiéndose, que en pleito's civiles podrán dictarse y ejecutarse ór-denes de arresto; dictarse y notificarse autos de embargo, ejecucio-nes, injunctions y autos prohibitorios.”

El precepto, esencialmente es el mismo en nuestro código..

En la decisión que citamos (Havens v. Stiles) encontra-mos lo que sigue:

"En el caso de Whipple v. Hill, 36 Neb. 724, 38 Am. St. Rep. 742, 55 N. W. 227, 20 L.R.A. 313 — una decisión muy instructiva — so interpreta un estatuto bastante similar al nuestro. La opinión dice-así: ‘La sección 9, Capítulo IV, de los-Estatutos Compilados dispone-que e! primer lujies del mes de septiembre de cada año será en lo ■sucesivo conocido como Día del Trabajo y se considerará como fe's-tivo en igual forma y con el mismo alcance que los días de fiesta provistos en la sección 8, Capítulo 41, de los Estatutos Compilados de 1887. Si 'se hace referencia al calendario se verá que el primer •día de septiembre de 1890, en que se libró la orden de embargo de ■que se trata, era lunes; por tanto, de acuerdo con la disposición anterior, era un día público o de fiesta legal. La objeción al libra-miento de la orden de embargo en este caso el Día del Trabajo se basa en la sección 28, Capítulo 19, de los Estatutos Compilado's, la •que declara que: 'No podrá actuar ninguna corte ni despachar nin-gún asunto judicial en un domingo o día de fiesta legal, a no ser para lo siguiente: 1. Para dar instrucciones a un jurado que esté •deliberando sobre el veredicto que ha de rendir. 2. Para recibir el veredicto de un jurado o para disolver a éste. 3. Para actuar en una causa o procedimiento criminal. 4. Para expedir o denegar un injunction preliminar o interdicto prohibitorio.’
“La Legislatura, a virtud de ]a sección citada, ha prohibido que las cortes del estado se abran o despachen algún asunto judicial salvo en ciertas excepciones bien definidas, en cualquier día que el estatuto ha declarado día público o de fie'sta legal. Debe notarse que la prohi-bición del estatuto, en lo relativo al despacho de asuntos en días fes-tivos, se refiere a actuaciones que, por su naturaleza, son puramente judiciales, y que no es aplicable a aquellas actuaciones que 'son me-ramente ministeriales. El lenguaje de la sección es claro y libre de ambigüedad y no debe ser extendido mediante interpretación judicial más allá del significado claro de las palabras usadas. Si hubiese sido la intención de la legislatura prohibir a las cortes o a los fun-cionarios judiciales que ejecutaran actos ministeriales durante los días festivos, habría usado palabras adecuadas para expresar tal in-tención. Si el despacho de todo asunto legal estuviera prohibido en tales día's, como ocurre en algunos estados, deberíamos admitir que la orden de que se trata sería nula; pero el estatuto deja de dispo-ner tal cosa. ‘Lo que la ley prohíbe es que las cortes actúen y des-pachen asuntos judiciales en días festivo's.’ Esta intención es ma-nifiesta. ’ ’

Es evidente que la corte atendió a la distinción entre las funciones y actuaciones judiciales que requieren se abra la corte y se constituya ésta en sesión, y aquéllas en las que no se requieren tales condiciones, declarando que la prohibición del estatuto se refiere a actos puramente judiciales, y no a los ministeriales.

Se cita por la parte apelada la decisión en el caso Pueblo v. Díaz, 33 D.P.R. 494. Los casos no son iguales. En aquél pudo decirse, con razón, que la proclama del Gobernador tenía el alcance de una recomendación; en el presente se trata de una ley, cuyo precepto para que el día de que se habla sea, legal y oficialmente, de fiesta, es de carácter imperativo..

En el caso Ex-Parte Dal Porte, 244 Pac. 355, decidido por la Corte Suprema de California en 24 de febrero de 1926,. encontramos lo que sigue:

“La Sección 134 del Código de Procedimiento Civil de California’ estatuye que ninguna corte, a excepción de la Corte Suprema, debe-hallar'se abierta para el despacho de asuntos judiciales en cualquiera de los días de fiesta mencionados en la sección diez excepto para los siguientes fines (se mencionan). La Sección 10 del Código de En-juiciamiento Civil, después de su enmienda en 1925, es en su texto como 'sigue:
“ ‘Días de fiesta, en la acepción de este Código, lo son todos Ios-domingos y cualesquiera otros días que se especifiquen o designen como festivos en el Código Político del Estado de California.’ ”

En la- decisión que comentamos se dice que antes de, esa enmienda de 1925,- la sección 10 del Código de Enjuiciamiento-Civil era esencialmente la misma Sección 10 del Código-Político en la que se designaban: los días festivos, y se esta-blecía que lo eran los sábados después de mediodía; pero en el año citado se enmendó en la forma que queda copiada. En-el caso que comentamos se decidió que el sábado por la tarde era de fiesta legal y día no hábil, y la sentencia dictada en ese día, nula; pero sin que ello quitara jurisdicción a la corte-para seguir actuando en el caso.

Es indudable que fué la voluntad de la Legislatura crear un día festivo, y que las palabras “fiesta legal y oficial” tienen un claro significado, y no se refieren a las'oficinas administrativas. En un día de fiesta legal no pueden actuar las cortes, salvo en aquello que les estuviera expresa y clara-mente permitido por la ley misma; su actuación es por excep-ción, lo que confirma la regla de que no pueden realizarla más que en los días no festivos. Y si se requiere para actuar, que se abra la corte, y se lleve a efecto una sesión pública habiendo una ley que ordene lo contrario, entonces la prohibi-ción es más clara y más fuerte.

Es de la mayor importancia para los fines de este razona-miento la consideración de los artículos 388 y 389 del Código Político de Puerto Rico. El texto legal es como sigue:

“Artículo 388. El tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse se computará excluyendo el primer día e inclu-yendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido.
“Artículo 389. Cuando algún acto haya de ejecutarse bajo la ley o en virtud de contrato en un día señalado, y tal día ocurriere en día de fiesta, dicho acto podrá realizarse en el próximo día de trabajo, teniendo el mismo efecto que si 'se hubiera realizado en el día señalado.”

Es evidente la intención del legislador con respecto a la consideración de los días festivos; en ellos no se pueden realizar válida y eficazmente otros actos que los que de una manera expresa hayan sido señalados por la ley; los demás deben transferirse o posponerse, y el mismo artículo 388 que señalamos, les da eficacia cuando se llevan a cabo en el día siguiente, lo mismo que si lo hubieran sido en el día señalado.

Se presenta a nuestro estudio un problema nacido de la doctrina jurídica sostenida por muchos tribunales de los Estados Unidos. Se ha mantenido que, aunque el juicio se celebre en un día festivo, si el acusado no hizo protesta alguna o no presentó objeción, no hay nulidad alegable en apelación. Se ha declarado en algunos casos que aunque es error en una corte estar abierta y funcionar en día festivo, si inadvertidamente lo hiciera sin que las partes presenten objeción, el fallo debe considerarse como registrado en día judicial o Jhábil.

Conocemos la jurisprudencia de lo estados de la Unión y la tendencia de la misma a declarar, como se ha hecho, que aun cuando los juicios se celebren un día festivo, si las partes interesadas en él no objetan a la irregularidad de su celebra-ción y renuncian así al privilegio de oponerse a la misma, tal renuncia surte el efecto de impedir la anulación del acto.

En el caso presente no babía la posibilidad de que el juez inadvertidamente celebrara juicio en un día que era festivo. La legítima autoridad, o sea, la Legislatura de Puerto Eico, Labia decretado una ley de carácter general y obligatorio ordenando que las oficinas públicas permanecieran cerradas en la fecha que allí se designa, todos los años, y realmente prohibiendo toda actuación oficial en ese día, ya que se de-claraba como festivo oficial y legalmente.

Surge aquí el problema acerca de la renuncia de los inte-resados a cualquier objeción nacida de la vigencia de esa ley. Opinamos que no hubo renuncia eficaz.

¿Pudo expresa o tácitamente renunciar el abogado Sr. Bolívar Pagán a la objeción basada en la falta de emplaza-miento y a la nacida de la celebración del juicio en un día festivo ?

Hemos dicho antes que aquí no había un emplazamiento a los interesados personalmente. La notificación se hizo a los partidos políticos por medio de sus jefes o representantes.

El abogado Sr. Bolívar Pagán en su declaración dijo que no se le había llamado por los interesados en aquellos casos de exclusión ni había convenido con ellos en su defensa, salvo los casos de Salvá, Maldonado y algún otro; dijo que-en aquellos casos él como miembro de la Junta Insular de Elec-ciones y como líder político tenía interés y por eso intervenía en ellos; pero negó que los intersados contrataran personal-mente con él para su defensa y hasta afirmó que Salvá, como líder político, le había hablado de que algunos de los inte-resados no estaban conformes con su representación; insistió en no haber sido llamado ni requerido por las partes e hizo comentarios con respecto a situaciones que surgieron y a motivos que le indujeron a intervenir. La corte entendió que esta prueba era débil y que esa sola evidencia no era la clara, convincente, concluyente, fuerte y positiva que se necesitaba para demostrar qne Bolívar Pagan no fue el abogado de las partes interesadas.

Para que el abogado represente a un cliente, y pueda por él actuar, pedir o renunciar, es necesario que exista la rela-ción entre aquél y el segundo, con carácter profesional. Así lo expresa la jurisprudencia constante. Y así se dice que el contrato consiste en la mera oferta o petición por parte del cliente, y la aceptación o asentimiento por parte del abogado ; que debe existir un convenio actual, expreso o tácito; y que el mero becho de que uno actúe como abogado por otro, no crea, por sí solo, la relación de abogado y cliente, aunque establece una fuerte presunción. Yéase 6 Corpus Juris, 630 y 631, párrafo 124. Es también cierto que, a menos que un estatuto requiera que la autoridad del attorney se evidencie por escrito, en un caso ordinario su posición como oficial del tribunal hace innecesario que él pruebe la autorización. Y así parece también de las decisiones de este tribunal en los casos Claudio v. Palacios, 29 D.P.R. 825, Aparicio v. Christiansen, 23 D.P.R. 493, y Franceschi v. Sepúlveda, 27 D.P.R. 118, en que se reconoce la presunción de representación.

En nuestro derecho el contrato entre abogado y cliente tiene el doble aspecto de locación de servicios (que no es nece-sario estudiar aquí con detenimiento), y de mandato. Como en todo contrato, la relación o el nexo se establecen por el consentimiento, la existencia del objeto del convenio, y la causa del mismo. Y el consentimiento debe aparecer de los actos de oferta y aceptación.

Ni en las secciones 151 a 160 de' la Compilación de 1911,. ni en la Ley No. 38 de 1916 determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abogado en Puerto Rico, encon-tramos algo que rija específicamente el establecimiento de la relación contractual entre abogado y cliente. Abora bien; no puede olvidarse que la jurisprudencia, por regla general, se refiere a casos en que el interesado en un asunto ataca la certeza del becbo de que el abogado que apareció defendién-.dole haya sido tal abogado suyo; y en esos casos es lógico que se requiera una prueba más fuerte para destruir la pre-sunción de debida representación. En este litigio, no son los electores excluidos los que objetan; son los candidatos que aparecen derrotados. No creemos que los casos sean iguales.

Hay becbos que nos pueden conducir a la verdad esencial, que en más de una ocasión no es igual a la verdad procesal. Había aquí unas elecciones pendientes, y en ellas el natural deseo de los contendientes de que triunfaran los partidos políticos a que ellos pertenecían. No puede afirmarse que los que están en esa lucha sean siempre muy cuidadosos en la elección de medios y remedios; los errores y las rápidas determinaciones se suceden en esos casos. Así, aquí la cita-ción de los interesados fué prácticamente suprimida, y quizá se creyó que bastaba citar a los jefes locales de los partidos en lucha; legalmente, éste no era el procedimiento a seguir. Los jefes políticos, no los interesados, llevaron la dirección del proceso, y ellos intervinieron trayendo abogados, y presen-tándose ante la corte. A la citación irregular, sigue la in-tervención, irregular también, de los que la recibieron. Y los verdaderamente interesados, con escasas excepciones, no toman una parte activa en los procedimientos. La afirmación hecha por el testigo Bolívar Pagán en el sentido de que él intervenía como miembro de la Junta Insular, no tiene con-firmación ni en los hechos, ni en las posibilidades de derecho, ya que no aparece delegación alguna, ni legalmente él podía intervenir en tal representación. La que hizo de que inter-venía como leader político, está dentro de todas las proba-bilidades lógicas. Nos hallamos frente a una realidad, de la que no podemos prescindir.

Si el Sr. Bolívar Pagán intervino, como ha afirmado, sin contradicción, como jefe político, o por cualquier motivo que no fuera el mandato directo, expreso o tácito, de los electores interesados, él no era su abogado por razón de un convenio con ellos; y ellos no pudieron, ni de una forma expresa y clara, ni por interpretación, renunciar a las objeciones contra la jurisdicción, o contra la indebida actuación de la corte municipal.

No creemos de interés el becbo de que dos días después el mismo abogado representara a todos o a parte de los inte-resados en un procedimiento de certiorari; la representación pudo obtenerse en ese tiempo. Aparte de que ése no es el punto en discusión.

De acuerdo con estos razonamientos, debe revocarse la sentencia apelada, y declarar 'válido el escrutimo generad hecho por la Junta Insular de Elecciones el 12 de diciembre de 1928, en el precinto electoral de Eumacao, en cuanto a la adjudicación hecha por dicha Junta al partido socialista constitucional de las 203 papeletas o votos de que en este caso se trata, haciéndose las declaraciones en consecuencia con respecto a la certificación de escrutinio, y declaración del resultado de la elección.

OPINIÓN DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. ALDREY

De acuerdo con la Ley Electoral, el término para solicitar la exclusión de personas que figuren como electores en las listas de la Junta Insular de Elecciones estará comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de cada .año en que Sé celebren elecciones y esas peticiones deberán ser resueltas por la- Junta Insular de Elecciones a más tardar el 30 de junio de cada año de elecciones. Esas resoluciones pueden ser apeladas presentando escrito en tal sentido a la Junta Insular de Elecciones, la que remitirá las diligencias prac-ticadas a la corte municipal para ante la cual se apelare, la que oirá el asunto de nuevo y señalará uno o más días consecutivos para la vista de tales apelaciones, no debiendo exceder la vista de ellas del 1 de agosto y sus decisiones tienen que ser rendidas a más tardar el 15 de agosto.

Para las elecciones de 1928 fueron negadas por la Junta Insular de Elecciones las exclusiones de sus listas de 596 elec-tores del distrito de Humacao y contra esas resoluciones fueron establecidos otros tantos recursos de apelación; y'Id. Corte Municipal de Humacao señaló el 27 de julio para la vista de 301 de esas apelaciones y las 295 restantes para el día 28 de julio. De las 596 apelaciones las sentencias de la corte municipal ordenaron la exclusión de 256 electores, los que fueron borrados de las listas por la Junta Insular tra-zando una línea roja sobre sus nombres y poniendo nota al margen de haber sido excluidos por sentencias de dicha corte. Los 340 casos restantes o fueron desistidas las peticiones de eliminación o fueron declaradas sin lugar. De los 256 elec-tores así eliminados, 203 votaron en las elecciones jurando que eran electores, y habiendo sido contados esos 203 votos por la Junta Insular en el escrutinio que hizo, fué interpuesto este recurso de certiorari para que se le ordenase que no contase esos votos; recurso que fué resuelto definitivamente por la Corte de Distrito de San Juan por sus tres jueces a favor de los peticionarios y entonces se interpuso esta apela-ción contra esa sentencia.

Del único caso orignal de la corte municipal que fué pre-sentado en este recurso, que es el No. 158 contra Oatalino García, aparece que fué señalado para ser visto el 27 de julio y que la sentencia fué dictada el 31 de julio. También aparece que el caso 311 contra el elector Germán Figueroa García fué señalado para el 28 de julio pero que por con-venio de los abogados de las partes su vista tuvo lugar el 27 de julio. A pesar de que los juicios fueron señalados para días distintos, las partes estipularon que los 256 casos se hallaban en las mismas condiciones que el de Oatalino García, que fué señalado para el 27 de julio. La mayoría del tribunal en su opinión hace una operación aritmética para llegar a la conclusión de que no hubo tiempo material para celebrar los juicios en cada día; pero lo cierto es que los juicios fueron celebrados sin protesta alguna de las partes en la corte municipal y sin alegación en contra en el certiorari en la corte de distrito ni en esta apelación; y sabemos que el número de los señalados para el día 27 fué aumentado por convenio de las partes con otro del día 28, lo que contradice la idea de que eran demasiados señalamientos para un día. Quizás fueron desistidas algunas peticiones o tal vez los juicios fueron celebrados por grupos de cuestiones, conm por ejemplo los de las personas empleadas en la misma factoría, hacienda o finca si se les recusaba por carecer de domicilio. El hecho cierto es que los juicios se celebraron.

Es cierto que la corte municipal ordenó la citación de los partidos políticos para los juicios y que no consta en los autos que los demandados fueran citados y emplazados, pero también lo es que las respectivas sentencias dicen que los demandados fueron defendidos por el abogado Sr. Bolívar Pagán, declaración que puede ser controvertida. Es asimis-mo cierto que el abogado que defendió a esos electores declaró en el recurso de certiorari que si bien los defendió no estaba autorizado por ellos para representarlos en esos juicios y que compareció, según dijo unas veces, por ser uno de los miem-bros de la Junta Insular, y según otras, por el interés político que tenía en esas apelaciones. Como miembro de la Junta Insular no pudo comparecer porque no demostró que estu-viera autorizado por la- junta, ni ésta era parte necesaria en esas apelaciones, pues la contienda es entre el elector inscrito y el que solicita su exclusión, no teniendo otro objeto la noti-ficación de las apelaciones a la junta que el darle aviso de que la exclusión que negó de determinado elector estaba pendiente de decisión judicial. También en los pleitos ordinarios se notifica la apelación al secretario de la corte, y tal notifica-ción no lo convierte en parte en el recurso ni tampoco a la corte cuya resolución o sentencia es apelada. Ni el interés político del abogado en el asunto le daba derecho a intervenir en esos juicios sin permiso de la corte, el que no fué soli-citado y obtenido. Para destruir la presunción de que el abogado estaba autorizado por los demandados para repre-sentarlos y defenderlos que surgió de la declaración de las sentencias sé necesita prueba clara y convincente. La corte inferior que oyó declarar al abogado Bolívar Pagán entendió que esa prueba era débil y que esa sola evidencia no era la clara, convincente, concluyente, fuerte y positiva que se nece-sitaba para demostrar que él no fué abogado de los deman-dados, y no la tuvo en cuenta para su sentencia, ya que de otro modo hubiera dictado su fallo en términos distintos. En el caso de Sucn. Lluveras v. Sepúlveda, 20 D.P.R. 293, se citó con aprobación el caso resuelto por la Corte Suprema de California, San Francisco Savings Union v. Long, 123 Cal. 107, 113, en el que su Juez Asociado Sr. Temple se expresó así:

“Se presume siempre basta tanto se pruebe lo contrario, que un abogado está debidamente autorizado para comparecer y representar a cualquiera de las partes por quien asume su representación. Esta confianza que eon'stituye la base fundamental de todo el procedimiento judicial de este país, descansa no solamente en la creencia que existe del honor y honradez del abogado, sino también en el hecho de ser nn funcionario de la corte que ha prestado juramento. No podría existir una infracción más abierta del cumplimiento de. los deberes de un abogado, que el comparecer a sabiendas y voluntariamente a nom-bre de una parte en una acción ’sin habérsele autorizado para ello. Y esto es así principalmente si. la persona a nombre de quien se ha hecho la comparecencia sin su consentimiento, no ha sido notificada, sin saber tampoco que se ha tratado de obtener sentencia contra ella. . .”

En vista de lo expuesto, de que ninguno de los electores ha impugnado la defensa que el abogado hizo de ellos, de que las sentencias en que se dice él compareció en nombre de los demandados no pueden ser atacadas en procedimiento colateral, como se hace en este caso, de que algunos de los demandados estuvieron presentes en el juicio y de que dos días después ese abogado interpuso un recurso de certiorari a nombre de esos demandados, diciendo ahora que tampoco fué autorizado por ellos, llego a la conclusión, con la corte inferior, de que dicho abogado tenía la representación de los demandados en el juicio en la corte municipal. De otro modo tendría que concluir que el abogado se tomó represen-taciones que no le fueron dadas. Aunque los demandados 310 hubieran sido citados y emplazados para los juicios, la comparecencia por ellos por el abogado hace innecesaria tal citación y subsana su omisión.

Veamos la cuestión de ser festivo el 27 de julio, día en que se celebraron algunos de esos juicios.

El Código Político del año 1902 dice en su artículo 387 lo siguiente:

“Los'días de fiesta, en el sentido de este Código, son: los domin-gos, el primero de enero, el día veinte y dos de febrero, el día veinte y dos de marzo, el Viernes Santo, el día 30 de mayo, el cuatro de julio, el veinte y cinco de julio, el primer lunes de septiembre, que será conocido como el día de la fiesta del trabajo, el día veinte y cinco de diciembre, todos los días en que se celebren elecciones gene-rales en la i'sla y cada día fijado por el Presidente de los Estados Unidos, por el Gobernador de Puerto Pico, o por la Asamblea Legis-lativa, para la celebración de día de ayuno, día de acción de gracias o día de fiesta. Siempre que cualquiera de dichos días ocurriere en domingo, será día de fiesta el lunes siguiente.”

Como consecuencia de ese precepto dispone el artículo 388 del mismo código que el tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse, se computará excluyendo el primer día e incluyendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido. Posterior-mente, en el año 1904, el Código de Enjuiciamiento Civil dispuso lo que sigue:

“Art. 10. Las cortes deberán celebrar se'sión y despachar los asuntos judiciales en cualquier día, exceptuándose lo dispuesto en el artículo siguiente.
“Art. 11. No podrá actuar ninguna corte, ni despachar ningún asunto judicial, los domingos, el primero de enero, el cuatro de julio, el día de Navidad, el de dar gracias, y el día en que tenga lugar una elección general, a no ’ser para lo siguiente:
“1. Para dar instrucciones a un jurado, a petición de éste, cuando estuviere deliberando sobre.el veredicto;
“2. Para recibir el veredicto de un jurado, o para disolver éste;
“3. Para actuar un juez en una causa o procedimiento criminal; Disponiéndose, que en pleitos civiles podrán dictarse y ejecutarse ór-denes de arre'sto; dictarse y notificarse autos de embargo, ejecucio-nes, injunctions y autos prohibitorios; entablarse procedimientos para recobrar la posesión de propiedad mueble, y promoverse pleitos en cualquier día para obtener cualquiera de esos autos y procedimien-tos.”

Más tarde nuestra Legislatura en su Resolución Conjunta No. 45 de 24 de julio de 1923 declaró día de fiesta oficial y legal en Puerto Rico el día 27 de julio de 1923, y de cada año siguiente, y que durante dicho día permanecieran cerradas todas las oficinas públicas insulares y municipales.

El domingo es día festivo y de descanso por su natura-leza en todo el mundo cristiano desde el tiempo del emperador Constantino, siendo otros días festivos por declaración de la Legislatura o del poder ejecutivo. Respecto a los días fes-tivos que no son domingos existe gran disparidad en las de-cisiones de los tribunales de los Estados Unidos en cuanto a si son días non juridicus o• inhábiles para actuar los tribu-nales a menos que tengan una declaración expresa en ese sentido. Así, se ha dicho en el caso de State v. Soper, 148 Mo. 217, citado en 10 L.R.A. (N. S.) 791, nota primera, que on ausencia de un estatuto conteniendo una disposición man-datoria prohibiendo a los jueces de las cortes oír y resolver asuntos en días legales festivos, los procedimientos en tal día no son nulos; y en el de Web v. State, Tex. Crim. App. 40 S. W. 989, citado también en el libro mencionado, se dice que una acusación presentada el 22 de febrero no es nula aunque el estatuto dispone que sea un día festivo y que per-manezcan cerradas todas las oficinas públicas. En el de El Pueblo v. Díaz, 33 D.P.R. 499, este tribunal citó el de Richardson, et al. v. Goddard, et ah, 64 U. S. 43, y 29 C. J. 763, y declaramos que no eran nulas ciertas actuaciones para la constitución de un jurado en un día en que el Gobernador ordenó el cierre de todos los departamentos y oficinas pú-blicas y la.cesación de todos los trabajos y negocios públicos, porque el Gobernador no tiene facultad para alterar los días fijados por la ley como inhábiles para los tribunales y que su proclama era solamente una recomendación. Existen otros muchos casos en términos idénticos que no citaremos por lo que luego diremos.

En vista de que los días festivos declarados por nuestro Código Político lo son en el sentido de ese código, que no trata de los tribunales de justicia; de que eLCódigo de En-juiciamiento’ Civil es posterior al Código Político; que sólo declara días non juridicus seis de los muchos días que el Código Político señala como festivos; y del criterio divergente de otros tribunales de los Estados Unidos, he tenido muchas dudas respecto a si el 27 de julio es un dies non para- actuar los tribunales, y no habiendo podido llegar a una conclusión firme en ese sentido aceptaré la de los cuatro jueces de la mayoría en esta cuestión, o sea, de ser dicho día inhábil para los tribunales, teniendo en cuenta también que no me parece razonable que pueda haber días festivos para una rama del gobierno que no lo sean para otra.

A pesar de lo dicho precedentemente, entiendo que no deben ser declaradas nulas las sentencias de exclusiones dic-tadas por la corte municipal de Iiumacao que motivaron esta apelación, por lo siguiente.

Parece ser que el hecho de practicarse actuaciones judi-ciales en días festivos no las convierte en nulas, pues hay decisiones en ese sentido en varios casos con respecto al 4 de julio, a los sábados por la tarde y al Día del Trabajo, pero, no necesito decidir esta cuestión ahora porque mi punto de vista es que no habiéndose opuesto los demandados por su abogado en la corte, municipal a que los juicios fuesen cele-brados el 27 de julio, no pueden alegar ahora que sean nulos. En 25 R.C.L. 1447 se dice que en casos criminales el acusado está impedido de alegar que el juicio se celebró en un día fes-tivo cuando deja de objetar, citando los casos de State v. Duncan, 118 La. 702, 10 L.R.A. (N. S.) 791, y el de Michel v. Boxholm, 128 Io. 706, 5 Ann. Cases 918; y en 29 C. J. 766 se consigna que cuando la corte, aunque esté prohibido que tra-mite asuntos judiciales en día festivo (holiday) celebra un juicio sin objeción, el caso no será revocado en apelación, aunque es error celebrar juicios en tal día, citando el caso de State v. Whitman, 49 Wash. 1, 17 L.R.A. (N. S.) 257.

En el caso de State v. Duncan, sufra, se trataba de una condena en día festivo en causa por asesinato y la corte de-claró que el fallo no era nulo porque el juicio se celebró sin objeción del acusado, citando a 1 Bishop Crim. Law, párrafo 996; State v. Rose, 114 La. 1062, 38 So. 858; State v. Jackson, 3 La. Ann. 96; State v. White, 52 La. Ann. 206, y State v. Arbuns, 105 La. 730, y las decisiones en esos casos citados.

En ese caso de Duncan se menciona el de Re Bonerman; y en el voto disidente que bubo no se trató esa cuestión.

También en el caso de State v. Whitman County, supra, se oyó alguna prueba en un día festivo y la corte se negó a anular el fallo diciendo:

‘ ‘ Indudablemente 'sería erróneo en una corte estar abierta y resolver asuntos judiciales en un día festivo, y asumimos que ningún juez en este Estado lo hará a sabiendas. Si, por cualquiera cau^a, uno lo hiciera inadvertidamente sin que las partes hicieran objeción, el fallo deberá ser considerado como registrado en día judicial y esta corte, ciertamente, no declarará tal fallo nulo a petición de un litigante que consintió y que objetó por primera vez en apelación o por auto de certiorari. Aunque no hemos encontrado un caso idéntico a éste, los anteriores principios han sido substancialmente reconocidos por otras cortes y por esta corte.”

En ese caso se citan los siguientes para sostener la resolu-ción: el de Duncan, supra; Ehrlisch v. Pike, 53 Misc. 328, 104 N. Y. Sup. 818; Houston, etc. W. T. R. Co. v. Harding, 63 Tex. 162; Bardley v. Claudon, 45 Ill. App. 326; Latta v. Cattawba Electric Co., 146 N. C. 285, y otros más. En 63 Texas 163 se resolvió que un día de fiesta legal (holiday) no es necesariamente día non juridicus y que el haberse prac-ticado pruebas en un pleito el día primero de enero no anula el fallo, pero que si era nulo el apelante tenía el privilegio de haberse opuesto a que su asunto fuese considerado en ese día y debió haberlo alegado antes de que el juicio fuera cele-brado, o por lo menos baber solicitado que se dejase sin efecto el fallo después de ser dictado, y que era demasiado tarde bajo esas circunstancias objetar por primera vez en apelación. Y en 34 Cal. App. 384 se declaró que si bubo error en celebrar un juicio en día festivo el demandado no puede alegar ese error porque su abog’ado estuvo en la corte y abandonó su objeción, y se citan varios casos de California. No be encon-trado caso alguno en que habiendo sido tratada esa cuestión baya sido resuelta de manera distinta.

Entiendo que la doctrina declarada por esas decisiones es justa y que debemos seguirla, pues no es razonable que una persona acuda sin objeción a un juicio en día festivo espe-rando tener éxito y que cuando vea frustradas sus esperanzas alegue después en apelación o- en un certiorari que la actuación de la corte es nula por baber tenido lugar en día festivo. En el caso presente no consta de los autos ni se dice en ninguna parte que se hiciera objeción alguna por ese motivo,, ni en ellos se dice siquiera que la objeción fué hecha. Hay muchos actos que se realizan contra lo dispuesto en las leyes, que, sin embargo, quedan convalidados por falta de objeción en tiempo oportuno.

Réstame decir que en este caso y en cualquier caso que ocurra lo mismo habrá sido inadvertida la actuación de la corte, porque de otro modo no es lógico suponer que la corte y los abogados hayan querido trabajar en un día festivo. Uno, solo de los casos citados habla de inadvertencia al cele-brar un juicio en día festivo, pero los demás se limitan al mero hecho de haberse celebrado en días de esa clase.

En resumen: no habiendo demostrado el abogado Bolívar Pagán que su comparecencia en los casos a que se refiere este certiorari no fuera hecha a nombre de los demandados, y no habiendo hecho objeción en nombre de ellos a que la vista de esos casos se celebrara el 27 de julio, día festivo, entiendo que no son nulos esos fallos y que debe ser confir-mada la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wole,

license: Public Domain

text:
    Ex parte José Alvaro Salvá, a nombre de Santiago Cruz y Otros, peticionario-apelante, y El Pueblo de Puerto Rico, opositor-apelado.
    No. 3814.

    Sometido: Junio 21, 1929.

      Resuelto: Mayo 23, 1930.

      .Bolívar Pagán, abogado del apelante; Benjamín Guerra Mondragón y José E. Figueras, abogados de El Pueblo, opositor y apelado.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este procedimiento de bábeas corpus las partes inte-resadas trataron de determinar la probable suficiencia de la evidencia para mantenerlos encarcelados por el delito- de baber votado en las últimas elecciones sin estar debidamente auto-rizados para ello. La prueba de El Pueblo dependió de una. sentencia de la corte municipal de Humacao declarando inca-pacitadas a dichas partes interesadas. La petición de excar-celación fue presentada al Juez Presidente Sr. del Toro-actuando individualmente, y se apela del fallo emitido por él. El Juez Presidente, después de considerable vacilación, según revela su opinión, resolvió que en un auto de bábeas corpus no pueden impugnarse los procedimientos válidos prima facie-de una. corte municipal. Sin' embargo, este tribunal, inclu-yendo al Juez Presidente Sr. del Toro, en un litigio indepen-diente ba llegado a la conclusión de que los procedimientos-llevados a cabo por la corte municipal fueron enteramente-nulos e ineficaces y que dicha corte, podría decirse, carecía de-jurisdicción para excluir a los peticionarios. Joaquín Márquez et als. v. Junta Insular de Elecciones, resuelto en el día. de boy, ante, página 1.

Nos referimos a esa opinión para una exposición más completa de la ley y de los hechos aquí envueltos.

Cuando, para los fines de una convicción, un eslabón esen-cial en la cadena de evidencia queda totalmente destruido y no existe posibilidad de tal convicción, procede el auto de-habeas corpus.

La sentencia apelada debe ser revocada, se exonera a los peticionarios y se cancelan las fianzas prestadas.

El Juez Presidente Señor del Toro no intervino. El Juez Asociado Señor Aldrey disintió.


author: IEl Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan y José Maldonado, acusados y apelantes.
    No. 4049.

    Sometido: Febrero 18, 1930.

      Resuelto: Mayo 23, 1930.

      I¿. Rivera Zayas, abogado del apelante José Maldonado; R. A. Gó-mez, abogado de El Pueblo, apelado.
   IEl Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Maldonado y José Maldonado apelan de la sentencia que los condena como reincidentes en el delito de vender leche adulterada. Juan Maldonado no ha presentado alegato de errores ni asistió a la vista de este recurso personalmente ni por ahogado.

José Maldonado alega como único motivo para sostener su apelación que la corte inferior erró al declararlo culpable sin suficiente prueba, en cuanto a la adulteración de leche y en cuanto a su participación en la venta.

Los dos acusados admitieron en el acto del juicio que la leche estaba adulterada con agua, pero como preguntado un testigo cuál era el por ciento contestó que el 6 por ciento, dice el apelante que como la norma permitida en la leche es el 88 por ciento de agua, 1a. admisión de los acusados de que la leche en este caso tenía un 6 por -ciento de agua no cons-tituye admisión de culpabilidad pues la leche que tiene un 6 por ciento de agua no está adulterada. Considerándose pura la leche que tiene un 88 por ciento de agua es claro que al admitirse que la leche estaba adulterada con agua en uu 6 por ciento es porque tenía ese exceso sobre el máximum de agua que la leche puede contener para ser considerada pura, por lo que existió prueba de que la leche estaba adulterada.

Veamos el otro extremo de la insuficiencia de la prueba' con respecto a la culpabilidad de Juan Maldonado.

Dos inspectores de Sanidad declararon que al tomar 1a. muestra de leche que resultó adulterada a Juan Maldonado, éste les manifestó que la leche que estaba repartiendo a domicilio era de José Maldonado; y dice el apelante que con esa manifestación hecha por Juan Maldonado fuera de su presencia no puede ser condenado, citando el caso de El Pueblo v. Turull, 27 D.P.R. 620, en el que revocamos la sentencia y absolvimos al apelante porque se demostró que la leche adulterada era propiedad de otra persona que la vendía por su cuenta, después de haberla comprado a Turull.

Si sólo hubiera'en contra de José Maldonado la manifes-tación que fuera de su presencia hizo Juan Maldonado a los inspectores debería ser absuelto, pero en este caso no hay solamente esa manifestación sino también que el apelante aceptó en su declaración en el juicio que entregaba diaria-mente cierta cantidad de leche de su puesto a Juan Maído-nado para que la vendiera ganándose dos centavos por litro y que la botella de la cual fue tomada la muestra que resultó adulterada tenía en su tapa el nombre de José Maldonado, por lo que estimamos que la prueba fué suficiente para su condena.

La sentencia apelada delie ser confirmada en cuanto a José Maldonado y con respecto a Juan Maldonado su apela-ción dele ser desestimada.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Aquilina Villanueva Carballo, demandante y apelada, v. Juan Suárez Pérez y su Esposa Mercedes Zengotita, demandados y apelantes.
    No. 4693.

    Sometido: Junio 18, 1929.

      Resuelto: Mayo 23, 1930.

      Delm (& La Costa, abogados de lo's apelantes; M. A. Martínez Dávila, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso tiene doble aspecto. Los ape-lantes insisten en que la médula de la acción ha de hallarse en ciertas alegaciones relativas a amenazas, dolo, coacción y fraude. La apelada aleg’a que la acción es principalmente una en cobro de dinero recibido por¡ la parte demandada sin. título o derecho alguno, y pagado por la demandante equi-vocadamente. Desde uno u otro punto de vista, la, demanda aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. Para los fines de esta opinión, la segunda de estas teorías puede considerarse como un fundamento alternativo o como una segunda causa de acción en que la demandante ha inten-tado fundarse en caso de que deje de establecer la primera, de acuerdo con la regla familiar que exige prueba clara y con-vincente de fraude.

Los apelantes dicen que la corte de distrito erró: primero, .al concluir que los supuestos amenazas, dolo, fraude y coac-ción quedaron probados; segundo, al concluir que el deman-dado Suárez Pérez cobró indebidamente a la demandante la suma de $1,875, y al condenar a dicho demandado al pago de esa cantidad, con intereses al tipo legal desde abril 18, 1925, y al conceder las costas a la demandante; y, tercero, al dictar sentencia a favor de la demandante.

La tercera de estas tres contenciones, según se desarrolla en el alegato de los apelantes, es un corolario de la primera. A menos que la segunda contención sea claramente correcta, la primera llega a ser académica.

Los artículos 1796 y 1797 del Código Civil leen como sigue:

“Artículo 1796. Cuando se recibe alguna cosa que no había de-recho a cobrar, y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla.
“Artículo 1797. El que acepta un pago indebido, si hubiera pro-cedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos o debidos percibir cuando la co'sa recibida los produjera.
“Además responderá de los menoscabos que la cosa haya sufrido por cualquiera causa, y de los perjuicios que se irrogaren al que la ■entregó, hasta que la cobre. No se prestará el caso fortuito cuando hubiese podido afectar del mismo modo a las cosas hallándose en poder del que las entregó.”

Con el fin de garantizar una sentencia pendiente de ejecu-ción, un administrador judicial hipotecó tres fincas, “A,” “B” y “C.” En una partición posterior de la herencia, la finca “C” fué adjudicada a G-umersindo Palú, como.albacea, con el fin de satisfacer esa hipoteca. Al mismo tiempo, se ad-judicó a la aquí demandante Aquilina Villanueva Carballo, un condominio pro indiviso de las tres cuartas partes de la finca “B.” Falú entonces vendió la finca “C,” juntamente con otra, a Juan Suárez Pérez, aquí demandado. Algunos meses después, Suárez Pérez instó acción contra Aquilina Villanueva en cobro del importe de un pagaré que le babía sido endo-sado por la persona a cuyo favor se otorgó, así como en cobro de varias otras sumas de dinero que alegaba haberle prestado a la dicha Aquilina Villanueva. Ella entonces traspasó a Suárez Pérez su condominio pro indiviso de las tres cuartas partes en la finca “B.”

La escritura especifica un precio de $4,500. Hace refe-rencia a un gravamen hipotecario en descubierto sobre la finca por la suma de $2,500 más intereses al 12 por ciento, y asevera que la vendedora se obligaba a pagar tres cuartas partes de esa suma además de una proporción similar en concepto de intereses y contribuciones, o, en otras palabras, la suma de $1,875 de capital e intereses vencidos, en adición de su parte de las contribuciones por pagar. De los $4,500, la vendedora, una viuda analfabeta, sólo recibió $1,500 en efectivo en el momento de efectuarse la enajenación. Suárez Pérez se hizo cargo del pago de la hipoteca que pesaba sobre las tres cuartas partes de la finca objeto de la venta, así como de sus intereses y las contribuciones, y renunció a cualquier reclamación contra la vendedora por concepto de ese gravamen.

De conformidad con los términos de la aludida hipoteca por $6,000, se hizo a la finca marcada con la letra “A” responsable de la suma de $1,500, a la marcada con la letra ‘•B” de $2,500, y a la marcada con la letra “C” de $2,000. Esta hipoteca, la adjudicación de la finca “G” a Gumersindo Falú a fin de que pagara ese gravamen, y la enajenación de la finca “C” hecha por Falú a favor de Suárez Pérez, fueron inscritas en el registro de la propiedad unos ocho meses antes de que Suárez Pérez adquiriera la participación de la viuda en la finca “B”.

Gumersindo Falú, pocos días o pocas semanas después de haber adquirido la finca “C” a un precio de $6,000, a con-dición de que satisficiera una obligación en descubierto asu-mida por él, vendió esa finca a Suárez Pérez por la cantidad de $3,400. Al mismo tiempo, Falú vendió a Suárez Pérez otra finca que no está identificada por la prueba que tenemos ante nos. Ni el precio total de la compra ni el de la finca no identificada fian sido revelados por los autos en el presente caso. De dicho total, cualquiera que fuese, Suárez retuvo $3,500 para satisfacer gravámenes hipotecarios que pesaban sobre las dos fincas. El asiento en el registro demuestra que, a tenor de una cláusula contenida en la escritura, la hipoteca sobre la finca “C” era por $2,000, e identifica la misma como la responsabilidad proporcional de esta finca bajo la hipo-teca de $6,000 primeramente mencionada. La diferencia sin explicar que existe entre la tasación de la finca al tiempo de ser adquirida por Falú y el precio especificado en la escritura de enajenación a favor de Suárez Pérez excede sólo por $100 el principal del gravamen hipotecario que pesaba sobre la finca “B” como responsabilidad proporcional de esta finca en la obligación total de $6,000 asumida por Falú. Además, según indica la apelada, esta diferencia sin explicar, al ser agregada a los $3,500 que Suárez retuvo del precio total de la compra, hace una monta de $6,100, o sea, $100 más que el importe de la obligación asumida por Pérez a cambio de la adjudicación que se le hizo de la finca “C”. Incidental-mente, la diferencia entre los $3,500 retenidos por SuáreZ Pérez y los $2,000 de la hipoteca original, resulta ser la cantidad exacta de la responsabilidad proporcional de la finca “A” en la deuda total de $6,000, que era el capital de la hipoteca original de que se hizo cargo Suárez Pérez al ad-quirir la finca “O”.

Cuando la' viuda vendió su condominio pro indiviso en la finca “B” a Suárez Pérez, éste insistió en que se insertara una cláusula redactada por él de su puño y letra y entregada por él al notario. Dice así:

“ (f) — Sigue manifestando doña Aquilina Villanueva, que si con motivo de la partición de biene's relictos al fallecimiento de Manuel Falú Benitez, resultare cualquier otra propiedad gravada para el pago de la hipoteca a que se ha hecho mención en esta escritura, re-nuncia por la presente a favor de su comprador señor Juan Suárez Pérez, de cualquier derecho que pudiera tener sobre la misma.”

De suerte que aparece en forma bastante clara que Suárez Pérez tenía conocimiento real, así como implícito, del becbo de que el título de Palú sobre la finca “C” dependía del cumplimiento de la obligación contraída por él al tiempo de adquirirla.

El tenedor de la hipoteca por $6,000 no fué parte en la escritura de partición, y, desde luego, no estaba obligado por los términos y condiciones de ese instrumento. En 3o que a él se refería, las fincas £ÍA” y “B” continuaron sujetas al gravamen hipotecario en caso de que él optara por ejecutarlo al. dejar Palú de satisfacer la hipoteca. En lo concerniente a Palú y las otras partes de la escritura de partición, éstas quedaron relevadas de toda responsabilidad personal; las fincas “A” y “B” quedaron liberadas de todo gravamen y el título de Palú sobre la finca “O” quedó sujeto a la condi-ción de que pagara la hipoteca de $6,000. El no podía exo-nerar esa finca de la carga así impuéstale, a no ser efectuando tal pago. Suárez Pérez recibió su título de la finca “C” de Palú sujeto a la misma condición en que Palú lo había adqui-rido. Si, después de la compra hecha por Suárez Pérez, debía ser éste el que cumpliera esa condición o Palú, es cuestión que carece de importancia. Si Suárez Pérez no tenía conocimiento de esa condición al tiempo de adquirir de I-'alú, lo obtuvo plenamente cuando con posterioridad adquirió el condominio de la viuda sobre la finca “B”.

La escritura otorgada por la viuda a Suárez Pérez de-muestra que ella misma creía que era personalmente respon-sable de $1,875, que no adeudaba. No es probable que ella hubiese permitido a Suárez Pérez retener $1,875' del precio de la compra a fin de pagar nna denda previamente asumida por Falú si ella hubiese sabido que Falú o Suárez Pérez estaban en primer término obligados a satisfacer esa deuda.

Es muy de concebirse que Suárez Pérez, al tiempo de efectuar la compra de Falú, no asumiera responsabili-dad personal alguna por los $4,000 originalmente garan-tizados por las hipotecas otorgadas sobre las fincas “A” y “B”. Si Suárez Pérez hubiera retenido los $1,875 como un depósito para resguardarse de cualquier posible pérdida por dejar Falú de satisfacer alguna parte de la obligación hipo-tecaria original — por la cual él seguía siendo responsable — , liabríase presentado un caso algo distinto. El no tenía de-recho a retener el dinero bajo el entendido con la vendedora de que lo hacía con el objeto de pagar una obligación personal de ella, cuando él sabía que no existía tal obligación. El actuó de mala fe dentro del significado del artículo 1797, supra, ya fuera o no culpable de cualquier simulación fraudu-lenta.

El juez de distrito no cometió error al llegar a la con-clusión de que el demandado Suárez Pérez le había cobrado' a la demandante indebidamente la suma de $1,875, ni al con-denar a la parte demandada al pago de dicha suma más intereses al tipo legal. No hubo abuso de discreción al con-ceder las costas a la demandante.

No es necesario discutir la prueba relativa a simulación, coacción y dolo.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    José Cardona Piquet, peticionario y apelante, v. El Juez Municipal de Aguadilla e Isidro Quiñones Vidal, demandados y apelados.
    No. 5084.

    Sometido: Marzo 19, 1930.

      Resuelto: Mayo 26, 1930.

      A. García Ducós, abogado del apelante; J. Ver ay Jr.} abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

De las actuaciones en este caso, aparece que Isidro Qui-ñones Vidal siguió ante la corte municipal de Aguadilla un pleito contra José Cardona Piquet en cobro de cantidad; el demandado fue emplazado; no alegó; se anotó su rebeldía, y se dictó sentencia condenándole a pagar la suma reclamada;. firme la sentencia, se pidió su ejecución; y en ese trámite compareció el demandado con una moción jurada en la que alegaba que cuando se le emplazó acudió al demandante, y éste le dijo que al seguir el pleito su finalidad no fué otra que la de garantizarse por medio del embargo, pero que estaba conforme con prorrogar la obligación; que ésta en realidad estaba a favor de Doña Teresa Gréigel, madre polí-tica del demandante, la que babía aceptado prorrogarla y tomar otra obligación; que el demandado tenía buena de-fensa; y que invocaba la discreción de la corte, de acuerdo con el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, para que se abriera la rebeldía, y se le admitiera la contestación que acompañaba. Asimismo unió una declaración jurada, en apoyo de algunas alegaciones de su moción. Se oyó ésta en corte, presentando el demandante en oposición, y ambas partes declaraciones juradas. T la corte municipal resolvió dene-gando la moción. Entonces el demandado presentó a la corte de distrito de Aguadilla petición de certiorari, contra el Juez Municipal de Aguadilla e Isidro Quiñones Vidal, y pidió a la corte que en definitiva anulara la resolución en que se le denegó la apertura de rebeldía y admisión de su contes-tación. Se libró el auto, y comparecieron las partes. Real-mente no se sabe por qué el demandante en el caso principal pidió' que se le permitiera intervenir. Si la copia de la petición es exacta, el certiorari se pedía contra “Juez Municipal de Aguadilla e Isidro Quiñones Vidal,” y sería claro que la persona que figura como uno de los demandados no tenía que pedir intervención, siendo ’ perfecto su derecho a estar en el caso. La corte de distrito resolvió el caso anu-lando el auto expedido, y disolviendo un injunction- que había decretado. Y contra esa sentencia se ha interpuesto esta apelación.

El apelante Cardona Piquet, señala tres errores. El primero por haberse permitido intervenir a Quiñones Vidal; el segundo por no haber aceptado la corte cierta evidencia oral, que se había presentado- en la corte municipal; y el tercero por haber declarado la corte que la municipal de Aguadilla no había incurrido en error de procedimiento, y que se trata de una cuestión de discreción.

Pidiera o no Quiñones Vidal la intervención en la vista del certiorari, es evidente que siendo el demandante en el caso de que se trata, él tenía el derecho de ser una parte •en el proceso, y de ser oído contra la petición. Esto parece tan claro, que no precisa que anotemos autoridades en apoyo ele lo que declaramos.

En cuanto a admisión de la prueba oral que se había, presentado ante la corte municipal, la regla en procedimiento de certiorari, es que el return (como lo había aquí) contiene la prueba.

“Excepto cuando el estatuto prescribe o la práctica autoriza lo contrario, la regla general es que al determinarse si una corte inferior tiene o no jurisdicción y procedió en debida forma al resolver la cuestión recurrida, la corte superior está limitada a considerar los autos elevados a virtud del mendamiento expedido, donde el error, de existir, debe aparecer.” 11 C. J. 199, párrafo 355 y nota's.

En algunos estatutos se ha admitido, más o menos directa-mente, la introducción de prueba alimbde. Pero nunca puede traerse prueba que desnaturalice el recurso, y consienta que se intente revisar la apreciación de la prueba por el inferior.

En el caso Padilla v. Corte de Paz, 35 D.P.R. 301, se dijo:

“El caso concreto sometido a nuestra consideración y resolución no es en verdad uno de los certioraries especiales a que acabamos de referirnos. Si la Corte de Distrito de Mayagüez pudo expedirlo lo fué a virtud de los podere's que otorga la ley general de 1904 (Comp. 1911, sees. 1349 a 1353), sobre la materia. Siendo ello así y apare-ciendo que la corte admitió prueba fuera del diligenciado, es necesa-rio reconocer que el error alegado existe. Ahora bien, dicho error no es, a nuestro juicio, perjudicial, porque del diligenciado por sí solo surge la falta de jurisdicción de la Corte de Paz de Maricao sobre la per'sona del peticionario, como veremos en seguida ál con-siderar el segundo de los errores señalados.”

Y se citó el caso Stump v. San Luis Obispo County, 131 Cal. 364, 63 Pac. 663, en el que se sostuvo que

“. . . El auto diligenciado constituye la contestación, así como la prueba y el caso se celebra por virtud del mismo, a menos que mediante moción se presente una contestación adicional o enmen-dada.”

Bebe en esta ocasión, recordarse lo dicho por este tribunal en el caso Pabón v. Juez Municipal de Juana Días et al., 30 D.P.R. 474.

“Por razón de la materia o cuantía del pleito original el deman-dado tuvo la oportunidad para pre'sentar la apelación ante esta cortea la reclamación del demandante excedía de $300 lo que no hacía final la resolución de la Corte de Distrito de Ponce y estuvo a la disposición del demandado la vía expedita para probar la suficiencia de aquella resolución interponiendo una segunda apelación para ante esta corte. Si sostuviéramos que la resolución de la corte de distrito en apelación de la corte municipal denegando la apertura de una “rebeldía es ape-lable, entonce's habíamos de llegar a la conclusión que el demandado había tenido a su alcance el recurso ordinario de ápelación. Y a esta conclusión es que hemos llegado. Porque sea o no apelable la orden de la corte municipal denegando la apertura de la rebeldía, e3 lo cierto que la resolución de la corte de distrito, en apelación de aquella orden, era apelable por tratarse de una sentencia final, y para mejor ilustración de este caso hacemos referencia a la doctrina ya sentada por esta corte en el caso de Hernaiz Targa & Co. v. Vivas, 20 D.P.R. 106. Resulta pues que el demandado tuvo a su disposi-ción utilizar el recurso ordinario de apelación y es imputable a él su falta de diligencia de no haber hecho uso del mismo, ya que la cuantía del asunto civil iniciado en la corte municipal le permitía, apelar de la resolución de la corte de distrito confirmando la resolución de la primera. El caso de Gibron v. Superior Court, 83 Cal. 643, declara que la orden dejando sin efecto una rebeldía es apelable. Pero este caso procede de una corte superior y podía dudarse de que el caso no fuera perfectamente aplicable ya que estamos tratando de una re-solución procedente de una corte municipal. E'stas dudas quedan aclaradas en el caso de Reggan v. Justice’s Court, 75 Cal. 253. La acción fué comenzada en una corte de paz. Esta corte de paz tenía jurisdicción sobre la materia y la persona demandada. Ante ]a misma se presentó por el demandado la moción solicitando la aper-tura de la rebeldía; la moción fué denegada y en seguida fué inter-puesto un recur'so de certiorari en la corte superior. El auto se ex-pidió y después de la vista de] caso se dejó sin efecto el auto prelimi-nar y el demandado estableció la correspondiente apelación ante la Corte Suprema. En la opinión de la corte se dice:
“ ‘Nada encontramos en el récord que demuestre que la corte no siguió estrictamente las facultades que la ley le confiere. Si al ha-cerlo así, se cometió algún error, no está dentro del alcance de un recurso de certiorari para revisarlo. Dicho recurso solamente se ex-pide en casos en que la corte inferior, junta o funcionarios que ejer-cían funciones judiciales, ha excedido su jurisdicción y no existe-apelación ni otro remedio sencillo, pronto y adecuado.’ ”

En lo que toca al tercer señalamiento, es indudable que las facultades que a una corte se dan por el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, son a ejercer en su dis-creción. Es cierto que la resolución de la corte municipal de Nguadilla no puede recomendarse por su claridad, ni por el razonamiento; pero, aun prescindiendo de sus frases acerca de los contradictorio de la prueba, la discreción estaba bien ejercitada, y no bubo abuso de ella. T en esas condiciones el fundamento de la sentencia apelada, es sólido, y no- puede atacarse como erróneo. De todas formas, no es el razona-miento de una sentencia la materia apelable.

D[ebe confirmarse la sentencia apelada.