author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    In re Flgueroa Maestre, Querellado.
    Queja presentada por el. Attorney General de Puerto Rico para que sea separado el querellado del ejercicio de su profesión de abogado.
    No. 8.
    Resuelto en mayo 8, 1914.
    Abogados — Disbarment—Referee Nombrado por la Corte Para Oír la Prueba. — Habiendo solicitado el Fiscal el nombramiento de un Referee para oir la prueba que se presentara en este caso, y no habiendo hecho oposición alguna el querellado, el tribunal lo nombró.

      Id. — Disbarment—Actos de un Abogado Suficientes Para Separarlo del Ejercicio de su Profesión de Abogado. — Examinada la prueba presentada en este caso se resolvió que los siguientes heehos, suficientes para privarle del ejercicio de su profesión de abogado, habían quedado plenamente probados':
    1. Que el- querellado, sin el consentimiento de su cliente el demandante, transó un pleito sobre indemnización de daños y perjuicios, recibiendo de los demandados en concepto de precio de la transacción la cantidad de $150, la cual se apropió, negándose a entregarle a su cliente la mitad de dicha suma, que según el convenio celebrado entre ellos al cliente le correspondía la mitad de lo que se recobrara, sirviendo de base dicha transacción para la sentencia que dictó la corte inferior contra los demandados por dicha suma.
    2. Que habiendo convenido el querellado con un cliente suyo en entablar una acción de divorcio le aconsejó que traspasara su finca a un tercero para que después de decretado el divorcio volviese la finea a él previo el pago de sus honorarios; que varias veces el querellado trató de obtener la firma de la esposa de su cliente para el traspaso de dicha finea, a lo cual ella siempre se negó y el querellado con el fin de cobrar sus honorarios hizo que -su cliente le firmara un pagaré por la suma de $141.66 a favor de un tercero, cuyo pagaré fué escrito por el mismo querellado y la firma de dicho docu-mento fué reconocida por su elienfe ante el mismo querellado como notario público; que el pagaré fué endosado a un tercero y éste de acuerdo con un modelo preparado por el querellado presentó una demanda en cobro de dicho pagaré contra el cliente del querellado y embargó la finca, habiendo sido redactado el mandamiento de embargo por el mismo querellado y éste acom-pañó al marshal a,la finca para practicar el embargo, el cual se suspendió a instancia del mismo querellado, y entonces éste fué a la casa de su cliente y le hizo firmar una escritura juntamente con la esposa haciéndoles ver que era un documento para levantar el embargo, cuando en realidad de verdad era la venta de la finea al tenedor del pagaré por la cantidad de $400 que nunca recibieron su cliente ni la esposa, y posteriormente el querellado pir-mutó dicha finca por un autómovil valorado en $300 y después cambió éste por una pareja de caballos que luego vendió a otra persona.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogados del Pueblo: \Sres. Wolcott E. Pitldn, Jr., Attorney General de Puerto Rico y Charles E. Foote, Fiscal del Supremo.

    Abogados del querellado: Sres. Jacinto Texidor y Manuel Benitez Flores.

    Referee nombrado por el tribunal: Sr. Martin Travieso, Jr.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El Attorney G-eneral de Puerto Rico. compareció solici-tando que el Letrado Francisco Figueroa Maestre fuera sepa-rado del ejercicio de la profesión de abogado, por razón de los siguientes cargos:

Primer cargo. — Que en ana acción civil por daños y per-juicios entablada en la Corte Municipal de Bayamón por Ceferino Bonbome contra Francisco Alamo y de Armas, Carmelo Rodríguez y Ensebio Villegas, y apelada para ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección Primera, dictóse sentencia el día 11 de marzo de 1912 a favor del demandante y en contra de los demandados, por la suma de ciento treinta y dos dollars, cincuenta y dos centavos, en virtud de una transacción convenida entre los demandados y el Licenciado Francisco Figueroa Maestre, abogado del de-mandante Ceferino Bonbome.

Que el día 10 de marzo de 1912 el Licenciado Figueroa Maestre, como abogado del demandante y en representación del mismo, recibió de Eusebio Villegas y de Carmelo Rodrí-guez la suma de ciento cincuenta dollars en pago y satisfac-ción completa de la sentencia dictada por la referida Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en contra de los Sres. Rodríguez y Villegas.

Que después del día 10 de marzo de 1912, en tres distin-tas ocasiones, Ceferino Bonbome se avistó con el Licenciado Figueroa Maestre para reclamar- la parte que le correspon-día de la cantidad que dicbo Figueroa Maestre babía recibido de los Sres. Villegas y Rodríguez en pago de la sentencia dic-tada a favor del demandante por la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, recibiendo por respuesta del Licen-ciado Figueroa Maestre una rotunda negativa de baber reci-bido cantidad alguna y la amenaza de llevarle a los tribunales si persistía en el cobro.

Segundo cargo. — Que allá por el mes de enero de 1913, en la Jurisdicción de Bayamón, el Licenciado Francisco Figueroa Maestre, Francisco Des Cboudens y Carlos Nieves, voluntaria, ilegal, corrupta, fraudulenta y criminalmente conspiraron, se combinaron, se asociaron y se pusieron de acuerdo para estafar y defraudar en sus bienes a Carolina Hernández, esposa de Leocadio Pintado, en la siguiente forma:

Leocadio Pintado, casado con Carolina Hernández, se avistó con el Abogado Francisco Figueroa Maestre para enta-blar divorcio contra su esposa; que a fin de no tener que darle a su mujer, Carolina Hernández, la mitad de sus bienes, por ser gananciales, el abogado Francisco Figueroa Maestre le aconsejó que traspasara sus bienes antes de iniciar el divor-cio, para así no tener que darle nada a su mujer; y que por su mediación en el asunto y en el divorcio le cobraría $141.66; que aceptada la combinación por Leocadio Pintado, éste firmó un pagaré por valor de $141.66 a favor de Carlos Nieves, amigo del Figueroa Maestre, reconociendo por él deber a Carlos Nieves la citada suma que debía pagar en 31 de diciem-bre de 1912, y firmand.o el pagaré con feclia 10 de enero de 1912; que a fin de poder presentar la demanda para el cobro del citado pagaré y solicitar con ella el aseguramiento de sen-tencia sin necesidad de fianza, con fecha 6 de febrero de 1913, después de vencido el documento, aparece Leocadio Pintado, siguiendo las instrucciones de Figueroa Maestre, recono-ciendo ante él en su carácter de notario, la autenticidad de la firma estampada en el citado pagaré otorgado a favor de Carlos Nieves. Que al día siguiente, o sea el 7 de febrero, Carlos Nieves, de acuerdo con sus asociados Figueroa Maes-tre y Francisco Des Cboudens, endosó el citado pagaré por valor recibido al susodicho Francisco Des Choudens, y ese mismo día Francisco Des Choudens entabla demanda ante la Corte Municipal de Bayamón contra Leocadio Pintado en cobro de la citada suma de $141.66, solicitando embargo de bienes del demandado en aseguramiento de sentencia.

Que con fecha 8 de febrero del mismo año el secretario libró copia de la orden de aseguramiento librada por el Hon. Juez de la Corte Municipal de Bayamón, y al día siguiente 9 de febrero el Francisco Figueroa Maestre, en represen-tación de Francisco Des Choudens, requiere al márshal de la Corte Municipal para que le acompañe a efectuar el embargo; que el marshal, en cximplimiento de su deber, se tras-ladó con el abogado Francisco Figueroa Maestre a la pro-piedad de Leocadio Pintado, radicada en el barrio de Cerro Gordo de la Jurisdicción de Bayamón, compuesta de siete cuerdas y setenta y cinco céntimos de otra, con dos casas y un rancho en ellas enclavadas. Que una vez allí comenzó las diligencias de embargo y sin terminarlas el márshal, a virtud de orden del Francisco Figueroa Maestre, éste invita a Leocadio Pintado y a Carolina Hernández para que al día siguiente concurrieran a su oficina para suspender y arreglar el embargo.

Que a virtud de esta invitación acudieron los citados cón-yuges Pintado y la Hernández, al bufete del abogado Figueroa Maestre y allí y entonces, haciéndoles creer que iban a firmar un documento para levantar el embargo, les hizo firmar una escritura de venta otorgada ante él como nota-rio público de la finca que poseían en el barrio de Cerro Gordo a favor de Francisco Des Choudens.

Que. una vez traspasada la finca con engaño, dolo y frau-dulentamente, el mismo Francisco Figueroa Maestre se la ofreció en venta a. Bartolomé Joy, quien después de verla la compró por un automóvil valorado en $300, de cuyo automó-vil se apropió Figueroa Maestre, quedando despojados los cónyuges' Carolina Hernández y Leocadio Pintado de la finca de siete cuerdas setenticinco céntimos, con sus dos casas y el rancho en ellas enclavadas.

Dicho Letrado fué debidamente notificado para que com- ' pareciera el 9 de junio de 1913, en cuyo día presentó excep-ciones previas contra la querella, que fueron desestimadas. Anteriormente, o sea el 6 de junio de 1913, el Fiscal de este tribunal presentó una moción solicitando que en atención al gran número de testigos que habían de ser examinados se nombrara un referee. Al ser desestimadas las excepciones y en vista de que el demandado.no presentó contestación ni objeción, ni se opuso al nombramiento del referee, se designó el abogado Sr. Martín Travieso como referee para que oyera la prueba que fuera presentada pqr ambas partes y la remi-tiera a esta corte con sus conclusiones sobre el resultado de la misma.

Después de varias tardanzas inevitables, se presentó el informe del referee en esta corte, y después de haberse con-cedido tiempo razonable para la presentación de los alega-tos, quedó el caso definitivamente sometido a nuestra con-sideración.

De los autos consta que además de la prueba testifical y documental presentada al referee, también se presentaron alegatos ante él.

En el informe del referee se declara probado en cuanto al primer cargo, que Ceferino Bonhome empleó al querellado para que entablara una acción por lesiones sufridas por Bon-home en una de las lanchas pertenecientes a los demandados, conviniendo en pagarle al querellado en concepto de honora-rios el 50 por ciento de la cantidad que se recobrara; que el querellado entabló la acción en la corte municipal de Baya-món a nombre del demandante contra Rodríguez, Villegas y Alamo; que el juicio se celebró ante la corte municipal sin estar presente el demandante, y sin haberse presentado nin-gún testigo en su favor, por lo cual se dictó sentencia en su contra, la cual fué 'apelada por el citado Figueroa Maestre a nombre del demandante Bonhome para ante la Corte de Distrito de San Juan, pidiendo un embargo contra las lan-chas de los demandados, a pesar de que él sabía que no tenía prueba para sostener la demanda; que después de señalado el caso en la corte de distrito el querellado entró en negocia-ciones con dos de los socios de la sociedad demandada, Ville-gas y.Rodríguez, con el fin de obtener una transacción del pleito pendiente; que habiendo obtenido dicha transacción, los demandados Villegas y Rodríguez el 10 de marzo de 1912, por documento otorgado ante el Notario Artemio P. Rodrí-guez, convinieron en que se dictara sentencia en contra de ellos por dos dos-terceras partes de la cantidad reclamada, o sean $132.56; que esta transacción se hizo por el querellado sin el consentimiento previo de sn cliente; que en pago de las dos-terceras partes de la suma reclamada, y por cnyo montante con costas se registró sentencia con el consenti-miento de la parte demandada, los demandados Villegas y Rodríguez dieron al querellado y él recibió la suma de $150 por la cnal el qnerells.do les entregó nn recibo firmado por él, habiéndose efectuado el pago y el otorgamiento del recibo, el mismo día que se firmó la transacción, o sea el 10 de marzo de 1912, en casa de Carmelo Rodríguez, y después que el notario que dió fe de la transacción se había marchado; que al día siguiente de celebrada la transacción y de pagada dicha cantidad de dinero, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia contra Villegas y Rodríguez por la suma de $132.52 y desestimó la demanda en cuanto al otro demandado Alamo; que el querellado fué requerido varias veces por su cliente Ceferino Bonhome para que le pagara la mitad que le corres-pondía de la suma que recibió, o sea $75.00 y que el querellado se negó a ello alegando que no había recibido nada y contes-tando al ser preguntado acerca del recibo que había firmado, que dicho recibo era un documento falso.

Hemos examinado cuidadosamente la prueba practicada y opinamos que sostiene las anteriores conclusiones del referee, excepto en cuanto al hecho del embargo de las lan-chas que en vez de solicitarse en la corte de distrito, es lo cierto que se solicitó en la corte municipal. Este detalle carece de importancia, a nuestro juicio, a los fines de la apre-ciación del cargo imputado al querellado.

El referee en sus conclusiones no have deducción alguna del hecho de haber entregado el querellado después de ter-minada la vista, la cantidad de $75 al referee para que se la entregara a su cliente Ceferino Bonhome, pero sin embargo el referee declara que el primer cargo ha sido por completo probado.

El querellado no niega haber otorgado el recibo ni que se dictara sentencia a favor de su cliente, pero sostiene que que este recibo era un convenio efectuado entre él y Rodrí-guez y Villegas con el fin de salvar la responsabilidad de los fiadores de la fianza de embargo, pnes el querellado se había constituido personalmente responsable para con dichos fiadores. Tanto para nosotros como para el referee, es difí-cil comprender la necesidad de un trámite tan intrigado cuando un simple convenio para desestimar el pleito sin cos-tas o cualquier otro convenio privado hubiera sido suficiente. En vista de la sentencia dictada y del otorgamiento del recibo,, el peso recayó sobre el querellado para explicar la existencia de tales sentencia y recibo. Sus propias manifestaciones, sin corroboración satisfactoria son demasiado inverosímiles para que nos convenzan. Aun aceptando su teoría no había necesidad de que otorgara ese recibo. El querellado sostiene que celebró este complicado arreglo tal como quedó finalmente consumado, con el consentimiento y aprobación de su cliente, pero éste nos hace una historia completamente distinta que en lo esencial no tiene nada de improbable y que está soste-nida por el resto de la prueba. Villegas y Rodríguez, según sostiene el querellado, se contradicen cada uno en su testi-monio, y ambos entre sí, pero aunque hay contradicciones en su testimonio en cuanto a épocas y sitios y forma de pago, éstos son perfectamente claros y convincentes en cuanto al punto principal, o sea, que ellos pagaron al querellado la suma de $150, importe de la reclamación de su cliente contra ellos. Para que pudiera creerse que los hechos no han sucedido tal y como han sido demostrados por los testigos del Gobierno, sería necesario que Bonhome, Villegas y Rodríguez, delibe-radamente se hubieran combinado y confabulado para per-judicar al querellado. Esta teoría no está sostenida ni aún por el mismo querellado, aunque ataca la veracidad de los. testigos. No hay nada que demuestre un motivo para la exis-tencia de esta confabulación; esto es más señalado.en el caso de los testigos Villegas y Rodríguez. Pero además no pode-mos permanecer ciegos ante el hecho de haber entregado el querellado la suma de $75 al referee para que este a su vez la entregara a Bonhome. No es posible que aceptemos las. manifestaciones del querellado cuando sostiene qne la entrega de este dinero fné nn acto de mera magnanimidad.

Con respecto al segundo cargo el referee declaró probado lo siguiente:

Io. Que Leocadio Pintado, dueño de una finca de 7% cuer-das, en el barrio de Cerro G-ordo, solicitó los servicios del querellado para que le arreglara una cuestión pendiente con una vecina por motivos de colindancias, y al mismo tiempo para que lo divorciara de su esposa Carolina Hernández. Las diferencias con la colindante quedaron arregladas amis-tosamente.

2o. Que con respecto al divorcio de Pintado, el querellado le aconsejó que traspasara su finca a un tercero en lo que pasaba la cuestión del divorcio, para que después la finca volviese de nuevo a su poder, previo el pago de los honora-rios convenidos con el querellado, montantes a una tercera parte del valor de la finca.

3o. Que con el fin de obtener la firma de' Carolina Her-nández, necesaria para el traspaso de los bienes de Pintado, el querellado estuvo dos o tres veces en casa de la Carolina Hernández y pidióle la firma una vez diciéndole que era para el divorcio, y otra, diciéndole que era para vender la finca, y que Carolina Hernández ‘se negó a firmar, diciendo que no quería vender su terreno, que era lo único que tenía para man-tener. cuatro hijos.

. 4o. Que el querellado, con el fin de cobrar sus honora-rios, y con el propósito de llevar a cabo el traspaso de bienes que había aconsejado a Pintado, hizo que éste firmara un pagaré por la suma de $141.66 a favor de Carlos Nieves, a quien Pintado no conocía ni debía nada. El pagaré fué otor-gado el día Io. de febrero de 1913, pero se hizo con fecha 10 de enero de 1912, para vencer el 31 de enero de 1913. El documento fué escrito de puño y letra del querellado.

Que el documento se hizo con el objeto de presentar una demanda en cobro del mismo, embargar la finca, y conseguir así el traspaso que no se_ había podido llevar a cabo por la-negativa de Carolina Hernández a firmar cualquier docu-mento que la privase de su propiedad.

Que con el objeto de poder conseguir un embargo de la finca sin necesidad de prestar fianza, el querellado requirió a Pintado para que reconociera la autenticidad de su firma al pie del pagaré simulado, el cual reconocimiento se hizo ■ante el propio querellado en su carácter de notario público, el día 6 de febrero, 1913.

Que al día siguiente, Carlos Nieves, a favor de quien se había otorgado el pagaré, lo endosó por valor recibido a Francisco Des Choudens, quien el mismo día 7 de febrero pre-paró una demanda en cobro del pagaré, siguiendo un formu-lario de demanda, que le facilitara el querellado. El mismo día el demandante Des Choudens solicitó embargo preventivo de la finca de Leocadio Pintado, el cual fué decretado por la corte.

El mandamiento expedido por la Corte al márshal fué redactado y escrito de su puño y letra por el querellado, quien a preguntas del referee admitió haber hecho dicho manda-miento, aunque antes había declarado que no había tomado participación alguna en el pleito en cobro del pagaré, por tratarse de un asunto contra su cliente Pintado.

5o. Que el querellado fué a buscar y acompañó al már-shal de la Corte Municipal de Bayamón para practicar el embargo de las propiedades de Pintado; y que la diligencia de embargo fué suspendida a instancia del querellado, a quien el márshal obedecía, apesar de que el querellado manifestó que no era abogado del demandante Des Choudens y que no había tomado parte en dicho pleito.

Que suspendido el embargo por orden del querellado, éste aconsejó a Pintado y a su esposa que fueran al día siguiente a su bufete para levantar el embargo, lo cual ofrecieron hacer.

Que al día siguiente, Pintado y su esposa fueron al bufete del querellado con el propósito de levantar el embargo, y una vez allí el querellado les presentó un documento para que lo firmaran; que Carolina Hernández, esposa de Pintado, firmó el documento que le presentó el querellado, sin serle leído, sin conocer su contenido y en la creencia de qne lo que firmaba era necesario para librar su propiedad del embargo practicado el día anterior, que el documento así firmado era en efecto una escritura por la cual Pintado y su esposa ven-dían a Francisco Des Cboudens la finca, por la suma de cuatro-ciento dollars, que se confesaban como recibidos, pero que en realidad nunca fueron recibidos por los dueños de la pro-piedad; y que Carolina Hernández nunca convino en vender su propiedad a Des Cboudens, ni a ninguna otra persona.

El referee cree que Pintado firmó la escritura de venta a Des Cboudens, conociendo su contenido y con el propósito de privar a su esposa de su participación en la finca, pero no con la intención de que la propiedad pasara a ser de Des Cboudens como dueño absoluto de ella.

6o. Que una vez adquirida la propiedad por Des Cboudens el querellado empezó inmediatamente a bacer gestiones para traspasarla a un tercero, y la ofreció en venta a Bartolomé Joy, el cual convino en aceptar la propiedad a cambió de un automóvil, que fue valorado por el querellado y por Joy en la suma de $300; y que por fin la finca fue cedida por Des Cboudens a Joy a cambio del citado automóvil.

7°. Que adquirido el automóvil por Des Cboudens, el que-rellado bizo gestiones, para salir del automóvil, y por fin lo ■cambió a Bafael González por una pareja de caballos y una •calesa, valorado todo en $150; y que los caballos fueron ven-didos por Des Cboudens a un tal Bossy por la suma de $120.

La consecuencia de todos los becbos probados es que Carolina Hernández y su esposo ban sido despojados de su pro-piedad, sin el consentimiento de la primera, y en violación del convenio becbo con el segundo al efecto de que una vez divorciada, la finca volvería a ser de él, mediante el pago de una tercera parte al querellado, por sus honorarios.

El referee cree que el querellado es responsable del des-pojo realizado, pues todo el procedimiento seguido para lle-varlo a efecto fué aconsejado por él y bajo su dirección.

El abogado del querellado sostuvo aute el referee que no se probó que Pintado solicitara los servicios del querellado para el pleito de divorcio. La declaración de Carolina Her-nández dice que Figueroa Maestre le pidió su firma para el divorcio,, y tenemos además la declaración dudosa de Pin-tado. .Desde luego que estas manifestaciones son negadas por el querellado pero no puede prestarse gran atención a su negativa, dado el juicio que fiemos formado de su declaración con respecto a los fiecfios del primer cargo formulado contra él. Pero la cuestión del divorcio carece de importancia y fiemos de considerar que lo esencial del segundo cargo contra el querellado es el fraude perpetrado contra Carolina Her-nández. Se puede admitir, como sostiene el querellado, que Pintado en realidad le adeudara al querellado cierta suma por servicios prestados antes y que fiabía de prestarle des-pués.

■Sostiene también el querellado que Pintado quería vender sus bienes para pagar a Figueroa Maestre la cantidad que le debía. Plasta aquí podemos aceptar las manifiesta-ciones del querellado, pero al mismo tiempo la prueba de-muestra que Pintado creyó que él fiabía de recibir algún bene-ficio para sí, en contra de su esposa, al efectuarse esa venta. También podemos creer que Figueroa Maestre envió a Pin-tado adonde Des Cfioudens, pero, desde este momento en adelante la prueba es convincente en el sentido de que Figueroa Maestre dirigió y dominó todas las negociaciones. Cuando se le preguntó por primera vez al querellado acerca del embargo trabado sobre las tierras de Pintado, negó que fiubiera tenido participación alguna en él, pero después con-fesó que él era quien fiabía preparado los documentos para Des Cfioudens.

Si Pintado en realidad debía algo al demandado, lo cual no es improbable, lo recto hubiera sido que el querellado le exigiera un pagaré, aun quizás una hipoteca, a su favor por la cantidad adeudada, y en lugar de ésto, se extiende un pagaré con fecha atrasada, en el que no figura Des Cfioudens como acreedor, sino nn empleado suyo llamado Nieves. To-das estas operaciones fneron innecesariamente complicadas.

Parece absurdo a los abogados del querellado el suponer que los becbos se desarrollaran en la forma en que los testi-gos del gobierno ban tratado de demostrar, pero es un ab-surdo aún mayor y basta una imposibilidad humana, el seguir y creer el desarrollo de los sucesos como los ba pintado el querellado.

El querellado parece sostener que Des Cboudens iba a comprar la finca de Pintado y babía de constituirse en fia-dor de la deuda que el citado Pintado tenía con el querellado! Para convencerse uno de lo absurdo de estas manifestaciones no bay más que leer la declaración de Des Cboudens. La declaración del testigo demostró que sólo conocía algunos be-cbos superficiales, pero en las repreguntas demostró un cono-cimiento y una memoria en contradicción con el carácter de fiador que él asumía desempeñar. Toda la prueba demuestra que Des Cboudens ocupaba el puesto de Figueroa Maestre y que actuó bajo sus órdenes,

Los procedimientos que siguieron demostraron con mayor claridad aun la realidad de los becbos. La venta de la finca aparece baber sido becba a Des Cboudens, y sin embargo su administración y dominio por parte del querellado se tras-luce en todos los traspasos que siguieron, a saber, en la per-muta de la finca por el automóvil, en la permuta del automó-vil por la calesa y los caballos, y finalmente, en la realización de los mismos en metálico. Es innecesario que revisemos toda la prueba. Hay en ella alguna contradicción, pero la veracidad parece estar de parte de los testigos del Gobierno, y no a favor del querellado. Si no se hubiere perpetrado fraude alguno, no hubiera habido necesidad de emplear méto-dos tan tortuosos para conseguir fines tan sencillos.

Los abogados del querellado comentaron el hecho de que sería absurdo el que una persona fuera tan tonta como Carolina Hernández, creyendo que firmando un simple papel levan-taba el embargo, pero el mársbal se encontraba en la finca de la sociedad de gananciales de Pintado y su. esposa practi-cando el embargo, y desistió de hacerlo al ruego del quere-llado, y puede ser que ella, una, mujer que no sabía escribir, se impresionara y ofuscara por el hecho de estar el márshal allí y por los actos de su marido y del querellado, hasta tal punto que estuviera dispuesta a hacer todo lo que se le pidiera para librar la propiedad.

No encontramos nada en el resto de la prueba que demues-tre que los hechos son distintos de los que el referee declaró probados, y después de haber examinado detenidamente toda la prueba practicada, expresamente aceptamos sus conclu-siones de hecho como si fueran nuestras, con la excepción que indicamos al discutir el primer cargo.

El querellado en su alegato ataca la conducta del Fiscal de esta corte. Sostiene él que el Fiscal era su enemigo pero no encontramos nada en los autos que justifique esa suposi-ción. El querellado hizo que el Fiscal declarara y en esa forma aceptó su credibilidad. La queja en particular se dirije a la forma en que se tomaron las declaraciones preliminares de los testigos por dicho Fiscal. El querellado sostiene que el Fiscal demostró parcialidad en la elección de los testigos y en poner por escrito las manifestaciones de los testigos o en dejar de hacerlo. Generalmente la elección de sus tes-tigos está bajo el control del Fiscal y no encontramos prueba alguna de parcialidad ni de conducta indebida por parte de dicho funcionario en este caso, pero aun en el supuesto de que hubiera existido, era necesario que se estableciera por medio de un procedimiento especial de carácter administra-tivo o de otra naturaleza dirigido contra el Fiscal. La prueba de esa indebida conducta para nada influiría en la determina-ción de la veracidad de las cuestiones de hecho planteadas entre El Pueblo de Puerto Eico y el querellado para oir las cuales se nombró al referee.

Alega el querellado que no es al referee a quien toca resolver este caso, sino a la corte, y en eso estamos de acuerdo con él. La orden nombrando al referee se hizo sin oposición alguna por parte del qnérellado, y eii dieta orden se comi-sionó al referee para recibir la prueba que le presentaran ambas partes y para remitirla a esta corte con sus conclu-siones sobre el resultado de la misma. Na estamos obligados a seguir las conclusiones del referee y si lo temos tecto, es porque la prueba las justifica ampliamente.

Estos son cargos gravísimos que afectan la naturaleza esencial de las relaciones entre un abogado y su cliente, y al público, que por razón de la naturaleza complicada de la sociedad y el origen complicado de algunos de nuestros más preciados derectos, están a merced de un cuerpo de peri-tos experimentados a los cuales se les conoce en el mundo con el nombre de abogados. Debe ser objeto de satisfacción para la sociedad en general y especialmente para el foro el que se pueda casi universalmente depositar la. confianza en un abogado para que proteja a las personas indefensas con las cuales está ligado por relaciones profesionales. Tal vez pu-diéramos imaginarnos aunque no excusar a un abogado que necesitado de dinero retuviera indefinidamente el de su cliente, pero nunca a uno a quien después de pedírsele la devo-lución del dinero, no solamente se niega á pagarlo, sino que trata de zaterir a su cliente acusándolo de perjuro e impu-tando a otros testigos una conducta tal que los haría perju ros y conspiradores. Podríamos también imaginarnos un letrado que llevado por el celo hacia su cliente pudiera enga-ñar a otra persona o al tribunal. Su conducta sería mala, pero aún así estaría actuando por una idea equivocada de los intereses de su cliente; pero en este caso tenemos a un letrado que no solamente engaña y defrauda a una mujer indefensa para enriquecerse sino que se vuelve contra su mismo cliente por despreciable que sea y lo despoja de su propiedad. La sociedad debe estar protegida contra letrados como el querellado, y aunque sintamos pena como la senti-mos hacia la persona en particular, creemos que no podemos ejercitar discreción alguna teniendo en cuenta los techos, y habiendo sido probados ambos cargos, el querellado debe ser privado del ejercicio de su profesión. El abogado Figueroa Maestre ejerce también funciones notariales, y para acor-dar lo que proceda acerca de si por el mero becbo de ser sepa-rado del ejercicio de su profesión de abogado debe cesar igual-mente en el ejercicio de las funciones notariales, procede se le baga saber que comparezca ante esta Corte Suprema a mostrar razones si es que las tiene, en virtud de las cuales pueda continuar ejerciendo el cargo de notario, no obstante cesar en el ejercicio de su profesión de abogado.

Decretada la separación del querellado del ejercicio de su profesión de abogado y expe-dida orden para que muestre las razones por las Guales no deba ser separado del ejercido de su profesión notarial como consecuencia de lo anterior. ■

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Plernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Llull, Recurrente, v. El Registrado de la Propiedad, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Aguadilla denegando la inscripción de una escri-tura de hipoteca voluntaria.
    No. 179.
    Resuelto en mayo 9, 1914.
    Mandato' — Hipoteca Otorgada por Mandatario para Garantizar una Deuda— Ambigüedad de la ClAusula Relativa al Recibo del Dinero. — Cuando, como en el caso de autos, un mandatario otorga una escritura de hipoteca para garantizar una deuda resultando de la cláusula pertinente de la escritura de hipoteca la ambigüedad de si la deuda fué contraída por el mandante o por el mandatario, sin que éste tuviera poder expreso para tomar dinero a préstamo a nombre de su mandante, ni para confesar deudas, procede denegar la inscripción de la escritura por el defeeto de ambigüedad.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. José de Diego.

      El Registrador Sr. Rafael Tirado Yerrier compareció por escrito en nombre propio.
   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión envuelta en este recurso es si el mandatario estaba autorizado para otorgar la escritura cuya inscripción fué denegada por' el Registrador de la Propiedad de Agua-dilla.

Como a la escritura se le dió el nombre de hipoteca volun-taria y como uno de los fundamentos de la denegatoria de inscripción es que el mandatario no estaba autorizado para tomar dinero a préstamo, creimos que el recurso entrañaba la misma cuestión que se resolvió en el recurso gubernativo de Villar v. El Registrador de la Propiedad, 17 D. P. R., 434, en el cual dos de los jueces de este tribunal disintieron, pero un examen detenido del expediente en el presente recurso nos lleva a la conclusión de que ambos son distintos.

La nota recurrida del registrador en su parte pertinente, dice así:

“Denegada la inscripción de la hipoteca de que trata el prece-dente documento, porque por la ambigüedad de la cláusula cuarta del contrato que lo motivó, y la que es esencial, no puede determi-narse, fuera de toda duda, si el recibo de la suma objeto de la hipo-teca, se hizo por Doña Balbina del Carmen Rodríguez y Díaz, o por su apoderado Don Juan Pedro Mata y Rodríguez en cuyo caso la hipoteca garantiza un préstamo hecho a éste para la poderdante, y por carecer el poder que al Señor Mata y Rodríguez otorgara la Señora Rodríguez y Díaz dé facultad para tomar dinero a préstamo; tomándose anotación preventiva que ordena la ley por el término legal a favor de Don Alejo Llull y Nebot, a, folio 139, del tomo 10a. de Aguada, finca número 321. Cuadruplicado, inspección 11a. practicada con vista del poder de referencia, que es de fecha diesi-seis de diciembre de mil novecientos siete ante el notario de esta ciu-dad Don Arturo Reichard del Valle. ”

La cláusula cuarta de la escritura objeto de discusión en este recurso, dice así:

‘ ‘ Don Juan Pedro Mata y Rodríguez en su carácter de apoderado de su señora madre Doña Balbina del Carmen Rodríguez, confiesa que dicha mandante se halla adeudando a Don Alejo Llull y Nebot, la suma de mil dollars, la cual recibió desde antes de este acto,i para varias atenciones, y que se compromete devolver el día veinte y seis de diciembre del año mil novecientes catorce, sin premio ni interés alguno. ’ ’

Abora bien, aun cuando el Registrador en parte deniega, la inscripción solicitada por el motivo de 'que el apoderado no estaba autorizado para tomar dinero a préstamo, sin embargo, el verdadero fundamento de la negativa de inscripción es la ambigüedad de la cláusula cuarta del contrato. Tal vez si el único fundamento de la denegatoria de Inscripción Ru-biera sido la falta de facultades en el mandatario para tomar dinero a préstamo la cuestión a resolver Rubiera sido seme-jante a la que decidimos en el recurso gubernativo de Villar v. El Registrador, 17 D. P. R., 434, pero en este caso la duda estriba en si el dinero fué recibido por el mandante o por su mandatario.

El poder otorgado al mandatario en este recurso no con-fiere en términos expresos facultad al mandatario para tomar dinero a préstamo y tenemos que recurrir al mismo poder para examinar si contiene facultades para reconocer deudas, contraídas por el mandante.

El párrafo pertinente de la escritura de poder es el si-guiente :

“Que confiere poder generalísimo a su hijo Don Juan Pedro Mata y Rodríguez, casado, mayor de edad, y vecino de Aguada para que en su nombre y representación administre los bienes que posee y pueda adquirir en lo sucesivo, recaude sus rentas y productos, haga con-tratos de arrendamiento en relación a ellos, efectúe cobros, pudiendo entablar y defender ante los tribunales cualquier pleito que crea pro-cedente y haga y practique las gestiones de un celoso y entendido administrador. Para que pueda otorgar en su representación escri-turas de venta, compra e hipoteca, pague deudas y contribuciones, transija créditos y pleitos en su representación y ejecute toda clase de actos que se relacionen con sus bienes' en la misma forma y con todos los poderes y autoridades con que pudiese llevarlos a cabo la poderdante Señora Rodríguez, debiendo tener todos los actos que eje-cute el apoderado Señor Juan Pedro Mata, la misma fuerza y vali-dez que si hubiesen sido ejecutados por la señora Rodríguez.”

Como puede verse, dicho párrafo no confiere autorización expresa al mandatario para reconocer deudas y como la cláusula cuarta de la escritura de hipoteca voluntaria puede por su ambigüedad aplicarse a una deuda contraída por la mandante Doña Balbina del Carmen Rodríguez y Díaz, es consecuencia que debe confirmarse la nota del Registrador por el fundamento de adolecer de ambigüedad la cláusula cuarta de dicha escritura de hipoteca voluntaria.

Aun en el supuesto de que los términos en que está redac-tada dicha cláusula cuarta tengan únicamente aplicación a un préstamo contraído por el mandatario, como así sostiene el recurrente, debe prevalecer la doctrina sentada en el re-curso gubernativo de Villar v. El Registrador, 17 ,D. P. R., 434, al efecto de que a menos que expresamente se faculte, el poder para hipotecar no implica facultad para tomar dinero a préstamo, pero de cualquier modo siendo ambigua la cláusula cuarta ya mencionada, la nota del registrador debe confirmarse.

Confirmada la nota recurnda.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.


author: El Juez PsesideNte Sb. HerNÁNDez,

text:
    Santiago et al., Demandantes y Apelantes, v. Noa et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre reivindicación de condominio de finca urbana e indemnización de perjuicios.
    Moción de la parte apelante para que se reconsidere la reso-lución de marzo 18, 1914, desestimando la apelación, y para que se restablezca ésta.
    No. 1120.
    Desestimada la apelación en marzo 18, 1914.
    Denegada la reconsideración en mayo 9, 1914.
    Transcripción de Autos — Radicación Fuera de Término — Defecto Jurisdic-cional.- — La omisión de radicar en tiempo oportuno la transcripción de autos no es un defecto jurisdiccional.

      Desestimación de Apelación — Reconsideración de la Resolución — Excusas Inadmisibles. — Desestimada una apelación por no haberse radicado la trans-cripción de autos en tiempo oportuno este tribunal no haría uso de su facultad discrecional, en el supuesto de que la tuviera, para reconsiderar dicha resolución y restablecer la apelación, a menos que se alegaran razones poderosas para ello, siendo inadmisible la excusa de que la transcripción de autos no fué presentada a causa del estado nervioso en que se encontraba el abogado de los apelantes por razón de asuntos personales de familia, y por haberse perdido con tal motivo la transcripción de autos preparada.
    Abogados — Actos t Omisiones que Afectan al Oliente. — Los actos y omisiones de un abogado en el ejercicio de su profesión afectan al cliente.
    Desestimación de Apelación — Reconsideración de la Resolución — Affidavit de Méritos. — Guando se solicita la reconsideración de una resolución deses-timando una apelación alegando que existen buenos motivos en derecho para sostener el recurso, debe presentarse un affidavit de méritos para jus-tificar dicha alegación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Eugenio Benitez Cas-taño y Savage & Francis.

    Abogados del apelado: Sres. Alvarez Nava y Dominguez.

   El Juez PsesideNte Sb. HerNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal con motivo de la reconsideración solicitada.

A virtud de moción de la parte apelada de 6 de marzo último, -este tribunal, por resolución del 18 del mismo mes desestimó el recurso de apelación interpuesto en el caso arriba expresado porque habiendo sido aprobada la exposición del caso en 12 de enero del corriente año, y habiéndosele conce-dido a la parte apelante en 11 de febrero siguiente una pró-rroga de cinco días para presentar la transcripción de autos, ésta no había sido radicada después de vencida dicha pró-rroga.

La moción de desestimación fué notificada al abogado dé la parte contraria Don Eugenio Benitez Castaño en el mismo día de su fecha, y al propio letrado fué notificada en 10 de marzo otra moción de la parte apelada acompañando certi-ficación del secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., justificativa de hechos alegados en la moción, cuya vista tuvo lugar en 16 de marzo sin asistencia de la parte apelante.

Los abogados Savage y Francis en representación de los apelantes lian presentado moción en 22 de abril, en que piden reconsideremos la resolución de 18 de marzo y se ordene la inclusión del recurso en el calendario de la corte, a cuyo fin alegan que los abogados Socorro y Anderson llevaron suce-sivamente en la corte inferior la defensa de los demandantes apelantes basta el día 18 de septiembre de 1913 en que se encargó de ella el Licenciado Eugenio Benitez Castaño, quien siguió representándolos basta la fecba de la resolución cuya reconsideración se solicita; que el licenciado Eugenio Beni-tez bizo la exposición del caso y preparó la transcripción del récord que fué terminada a mediados de Febrero del co-rriente año; que por esa fecba, según informes de los deman-dantes apelantes, el estado nervioso del abogado Benitez Cas-taño, debido a asuntos particulares, era tal que no podía lle-var sus asuntos profesionales con la atención requerida, igno-rándose el paradero del original de la transcripción del récord, pues sólo ba podido encontrarse una copia incompleta de ella; que los demandantes apelantes no tuvieron noticia de la resolución desestimando el recurso basta el sábado 28 de marzo en cuyo día hablaron sobre el particular con los abo-gados Savage y Francis, habiendo aceptado éstos su repre-sentación el lunes 30 del propio marzo; ‘que inmediatamente se preparó la transcripción del récord, la que fué certificada por el secretario de la Corte, de Distrito de San Juan en 4 de abril; que desde que los abogados Savage y Francis acep-taron la representación de los demandantes apelantes han tratado de conseguir una declaración jurada de Benitez Cas-taño sobre los motivos por los cuales dejó pasar el término para la presentación de la transcripción del récord, sin que hayan podido conseguirla; que los apelantes tienen buenos motivos en derecho para sostener su apelación.

A la moción de reconsideración se acompañan la copia incompleta de la transcripción de autos según fué encontrada, la transcripción de autos certificada por el secretario de la Corte de Distrito de San'Juan en 4 de abril, y dos declara-ciones juradas de Juan Bonifacio de la Cruz Barbosa, uno. de los demandantes, y' Alfredo Fortuno, esposo de María Teresa Alejandrina Barbosa, también demandante, estando ambos conformes en que el día 28 de marzo fué que tuvieron conocimiento de que la apelación babía sido desestimada. La transcripción de autos certificada sólo comprende cuarenta y ocho páginas.

Afirma Juan Bonifacio de la Cruz Barbosa que en el mismo día 28 de marzo consultó con los abogados Savage y Francis quienes le prometieron investigar el asunto en las primeras boras del lunes 30 de marzo en cuyo día se encargaron del caso y les fueron entregados todos los documentos que por orden del Juan Bonifacio habían sido recibidos del Abogado Benitez Castaño, habiéndose hecho con toda prisa la trans-cripción del récord por no haber encontrado Benitez Castaño más que una copia carbón incompleta de la transcripción que él había preparado.

Alfredo Fortuño expresa en su declaración jurada que tuvo conocimiento por su cuñado Juan Bonifacio de la deses-timación de la apelación; que a principios de marzo le mos-tró Don Eugenio Benitez Castaño un legajo de papel dicién-dole que era la transcripción del récord, ya lista para pre-sentar, y que. dentro de 15 días también estaría listo su ale-gato; y que el mismo Benitez Castaño le informó que se le había pasado el término para la presentación de la trans-cripción del récord debido a su estado nervioso a consecuen-cia de asuntos personales de familia.

Ante las alegaciones hechas por la representación de los de-mandantes apelantes y documentos tendentes a comprobarlas, no nos sentimos inclinados a acceder a la reconsideración solicitada.

El artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmen-dado por la Ley No. 70 de 1911, prescribe que la certifica-ción a que se refiere deberá ser archivada en la secretaría de la Corte Suprema dentro de los treinta días siguientes al en que se haya aprobado el pliego de excepciones y la expo-sición del caso, con la constancia de haberse entregado a los abogados de las partes apeladas uña copia literal de la misma. certificada por el abogado de la apelante. T el artículo 303 del Código de Enjuiciamiento Civil estatuye que deberá deses-timarse la apelación cuando la parte apelante deje de pre-sentar la transcripción de autos o de cumplir los requisitos que exigen las leyes y reglamentos vigentes en materia de apelaciones.

Entendemos que la omisión de radicar en tiempo opor-tuno la transcripción de autos no afecta a la jurisdicción de este tribunal, pero aunque tal omisión no sea un defecto ju-risdiccional, son tan claros y terminantes los preseptos legales anteriormente citados que si tuviéramos facultad discrecio-nal para prescindir en algún caso del cumplimiento estricto de dichos preceptos, no la ejercitaríamos en favor de los de-mandantes apelantes, por faltar como faltan razones sufi-cientemente poderosas a excusarles de la omisión de la pre-sentación de la transcripción de autos en el término señalado por la ley.

Propiamente la única excusa alegada es la de que a pesar de haber sido terminada la transcripción de autos desde me-diados de febrero último no fué presentada por el abogado de los apelantes, Benitez Castaño, a causa del estado ner-sioso en que se encontraba por asuntos personales de fami-lia, habiéndose perdido dicha transcripción y héchose nece-saria la preparación de otra nueva.

Esa excusa no es admisible si se considera en sí misma, pues los actos y omisiones de un abogado en el ejercicio de su profesión afectan al cliente. La moción de desestima-ción de apelación fué notificada al abogado Benitez Castaño en 6 de marzo, y a pesar de haberse celebrado la vista de ella diez días después, no compareció al acto ni alegó causa alguna para que se suspendiera si estaba impedido para asis-tir a ella. Tampoco se cuidó durante ese lapso de tiempo de preparar y archivar la transcripción de autos en la secre-taría de esta Corte Suprema. Ocurre además que la trans-cripción del récord estaba ya certificada por el secretario de la Corte de Distrito de San Juan en 4 de abril, y sin embargo no fné archivada en la secretaría de esta corte basta el 22 del mismo mes, o sea, 18 días después.

Tampoco ban presentado los apelantes affidavit de méri-tos para justificar que tienen buenos motivos en derecho para sostener su apelación según alegan.

No procederíamos en justicia si accediéramos a la pre-tensión de los demandantes apelantes, y acaso lastimaríamos los derechos de la parte demandada apelada.

Procede desestimar la reconsideración pedida.

Denegada la reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Ex parte Díaz Collazo, Peticionario.
    Solicitud para ser admitido al ejercicio de la abogacía sin examen.
    Moción de reconsideración.

    No. 11.
    Resuelto en mayo 9, 1914
    Habiendo presentado el peticionario solicitud para ser admitido al ejer-cicio de la iirofesión, abogado sin examen, fué ésta denegada por resolución de mayo 1, 1914, y solicitada reconsideración de dicha resolu-ción, fué ésta denegada por resolución de mayo 9, 1914.
    Abogados — Admisión Sin Examen — Interpretación Restrictiva de la Let. — ■ La seeeión 4 de la ley de marzo 8, 1906, enmendada por ley de marzo 14, 1907, página 165, autorizando la admisión de un abogado al ejercicio de la profesión sin examen en los casos expresamente designados, debe ser interpretada restrictivamente por ser una excepción a la regla general vigente de que sólo podrán ser admitidos a postular como abogados los que demuestren su suficiencia mediante examen.
    Id. — Admisión Sin Examen — .Ejercicio Activo de la Procesión Durante Dos Años — Prueba Insuficiente. — De acuerdo con la seeeión 4 de la ley de marzo 8, 1906, enmendada por ley de marzo 14, 1907, página 165, para que un abogado pueda ser admitido al ejercicio de la profesión sin examen, es necesario, éntre otros requisitos, que pruebe satisfactoriamente que ha trabajado activamente como abogado durante dos años o más, incluyendo por lo menos un año de ejercicio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, por lo que no es suficiente la prueba si no se refiere a trabajos en dichos dos años y sí solo a un período de ellos, o si se refiere a trabajos hechos por el peticionario en asuntos cuya representación también tenía otro abogado y en los cuales la intervención del peticionario pueda haber sido meramente nominal.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    El peticionario compareció por escrito en nombre propio;
   Por manto la sección 4 de la ley de 8 de marzo de 1906, determinando reglas para el ejercicio de la profesión de abo-gado en Puerto Rico, tal como quedó enmendada en 14 de marzo de 1907, página 165, nos faculta para que podamos, admitir a ejercer ante los tribunales de esta Isla, sin sufrir examen, a los abogados admitidos a postular ante el Tribunal Supremo de cualquier Estado o Territorio de los Estados Unidos, o en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, que hubiesen estado ocupados activamente en el ejercicio de la abogacía durante dos años o más, inclu-yendo por lo menos un año de ejercicio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, y que nos presenten prueba satisfactoria de tal extremo, entre otros que exige la ley;

Por cuanto el citado precepto debe aplicarse de manera estricta por ser una excepción de la regla general vigente de que sólo podrán ser admitidos a postular como abogados los que demuestren su suficiencia mediante examen;

Por cuanto, de acuerdo con la ley, es necesario que se nos presente prueba satisfactoria por la. cual podámos llegar a la conclusión de que la persona que solicita que la admitamos a ejercer como abogado, sin sufrir el examen exigido como regla general, ha trabajado activamente como abogado du-rante el período de dos años, por lo que no es suficiente la prueba si no se refiere a trabajos en dichos dos años y sí sólo a un período de ellos;

Por cuanto la prueba que nos presenta el peticionario no demuestra que haya trabajado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico por dos años o más, sino qne ha hecho algún trabajo, sin que podamos apreciar por ella si comenzó a trabajar hace dos años o con posterio-ridad, pudiendo más bien deducirse esto último;

Por cuanto cuando se nos pide una admisión sin examen, no nos satisface por regia general la prueba de haber tra-bajado en asuntos cuya representación también tenía otro .abogado, pues nos asalta la duda de si la intervención del peticionario es meramente nominal y al solo efecto de pre-sentarnos prueba de que ha trabajado en determinados asuntos.

Por tanto vista la moción de reconsideración y los jura-mentos con ella presentados, no ha lugar a modificar nuestra resolución del día primero del mes en curso.

Denegada la reconsideración solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Subís, Demandante y Apelante, v. Quiñones et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en un caso sobre reivindicación de finca rústica.
    Moción del apelado El Banco de Puerto Rico para eliminar de la traducción de la transcripción de autos preparada a los efectos de la apelación para ante la Corte Suprema ■ de los Estados Unidos, la parte de la exposición del caso traducida.
    No. 439.
    Rsuelto en mayo 18, 1914.
    Apelación a la Corte Suprema de los Estados Unidos — Traducción Sólo de una Paute de la Exposición del Caso Aprobada por el Tribunal Sen-tenciador — Eliminación de la Misma. — Cuando una parte al preparar la traducción de la transcripción de autos a los efectos de una apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos sólo traduce aquella parte de la exposición del caso aprobada por el tribunal sentenciador que conviene a su derecho, y no la exposición íntegra, procede la eliminación de la parte incluida. • ■
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogados del apelante: iSres. Fernando Vázquez y Hugh B. Francis.

    Abogado de El Banco de Puerto Rico: Sr. Antonio Sar-miento.

    Abogado de Francisco P. Quiñones: Sr. Benito Forés.

   ' RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL.

Por cuanto, el apelado, el Banco de Puerto Rico, ha pre-sentado moción para que se eliminen de la traducción de la transcripción de autos los documentos comprendidos desde el folio 93 al 115, por ser una parte solamente de las pruebas presentadas en el juicio e incluidas en la exposición del caso aprobada por el tribunal sentenciador.

Por cuanto, dichos folios comprenden los siguientes docu-mentos :

1. Affidavit' de Femando Vázquez para demostrar que la cuantía litigiosa excede de $5,000 (folio 93),

2. Escrito de Federico Philippi, promoviendo expediente posesorio de parte de la Hacienda Imiza, ante el Juez de Primera Instancia de San Germán (folios 94 a 98);

3. Certificación del Registrador de la Propiedad de San Germán de 18 de Febrero de 1908 (folios 99 a 103);

4. Certificación del Escribano de Cámara de la Real Au-diencia, de la sentencia dictada en los autos sobre concurso voluntario de acreedores de los Hermanos Suris (folios 104 a 106);

5. Escritura de 5 de mayo de 1889 otorgada por Federico Philippi ante el Notario José R. Nazario de Figueroa, sobre agrupación de fincas (folios 107 a' 115);

6. Declaración de Federico Philippi (folios 112 a 115);

7. Cuenta de Schulze & Co., de mayo 25, 1894.

Por ouaNto la prueba relacionada anteriormente sólo cons-tituye una fracción de la aportada al juicio por ambas partes, y que consta en la exposición del caso.

Por tanto, no estando permitido a las partes el traducir solamente la parte de la prueba que a su derecho convenga, se declara con lugar la moción del apelado, y en su virtud se ordena la eliminación de los documentos relacionados ante-riormente, con excepción del affidavit de Fernando Vázquez de febrero 14, 1914, relativo al montante de la cuantía liti-giosa en este pleito.

Concedida la moción de eliminación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la reso-lución de esta moción.


author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Hermida y Palos, Demandantes y Apelantes, v. Gestera, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte ele Distrito de San Juan, Sección Ia., contra orden levantando un embargo en una acción sobre cobro de pesos.
    No. 1110.
    Resuelto en. mayo 18, 1914.
    Aseguramiento de Sentencia' — Orden Anulando un Embargo y Admitiendo un Depósito en Metílico en su Lugar — órdenes Apelables. — La orden de una corte dejando sin efecto el embargo practicado sobre una finca en aseguramiento de la eficacia de una sentencia y permitiendo al deudor que consigne en metálico en la corte el importe del capital reclamado, tiene el alcance de una orden anulando un embargo a los efectos del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil'y es apelable para ante este tribunal.
    Id. — Embargo Para Asegurar el Pago del Capital, Intereses, Costas y Honorarios de Abogado — Facultades del Mírshal. — Cuando el deman-dante solicita una orden de embargo para asegurar el pago del capital con intereses, costas y honorarios de abogado y la corte decreta dicho embargo, es mejor práctica que el secretario en la orden de embargo haga constar las sumas expresadas en la solicitud de embargo o en la demanda por cada uno de dichos conceptos, y euando en dicha ordéh se hace referencia a la

      demanda en la cual se reelaman dichas sumas, el márshal tiene facultades para practicar el embargo por una cantidad que cubra no solamente el capital, sino los intereses con costas y honorarios de abogado.
    Id. — Embargo Para Asegurar el Pago del Capital, Intereses y Honorarios de Abogado.- — De acuerdo con la ley de marzo 1, 1902, sobre aseguramiento de sentencias, puede decretarse un embargo para asegurar el pago del capital con los intereses y costas y honorarios de abogado cuando la parte así lo pide, y si el deudor desea levantar el embargo sobre bienes inmuebles y sustituirlo por un depósito en dinero en efectivo debe depositar una cantidad suficiente para cubrir todas las sumas reclamadas en la demanda, inclu-yendo honorarios de abogado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los apelantes: tSV. A. J. Amadeo.

    Ahogados del apelado: Sres. Bosch y Soto.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Después de haber presentado los demandantes sn demanda en la Corte de Distrito de San Jnan hicieron una solicitud de aseguramiento de sentencia o lo.que en la ley americana se conocería come un embargo con anterioridad a la senten-cia. Toda esta cuestión está regulada por la ley de marzo 1, 1902, Leyes de 1902, página 178, “Estatutos Devisados” de ese año, secciones 369 a la 386 inclusive. A esta ley se le hicieron ligeras enmiendas en el año 1903, pero éstas no se relacionan especialmente con el presente caso.

Se alega en la solicitud de aseguramiento que los deman-dantes habían establecido la acción en cobro de la suma de ochocientos dólares, con intereses legales desde enero 1908, más doscientos cincuenta dólares para honorarios de abo-gados, costas y gastos del juicio. Y los demandantes funda-ron sus alegaciones en las secciones 1, 2, 4 y 5 de la ley de marzo 1, 1902, a que ya se ha hecho referencia. Los peticio-narios suplicaron a la corte que dictara una orden de embargo contra los bienes del demandado en cantidad suficiente para responder de las sumas reclamadas, o en otras palabras, de la cantidad de ochocientos dólares de capital, con interés legal desde enero 1, 1908, más doscientos cincuenta dólares por honorarios de abogado, la costas y gastos del juicio. Esta solicitud fué presentada el día 16 de diciembre, 1913.

En 18 de diciembre de 1913, la corte dictó una orden en la cnal declaró qne la corte accedía a lo solicitado previa prestación de fianza por la snma de doscientos dólares para responder de los daños y perjuicios qne pndieran ocasionarse al demandado con motivo del aseguramiento pedido. Enton-ces presentaron los demandantes nna moción o dieron instruc-ciones al márshal para qne procediera a embargar cierta finca propiedad del demandado, radicada en Puerta de Tierra de conformidad con la orden de embargo, la qne según alega-ron fné acompañada a la moción. En la copia de la orden librada por el secretario de la corte de distrito se disponía qne por cnanto los demandantes habían presentado nna mo-ción .de aseguramiento de sentencia, y por cnanto la corte había dictado una orden para qne se verificara dicho embargo después de prestada la fianza, se ordenaba al márshal qne procediera a embargar toda la propiedad del demandado o aquella parte de la misma suficiente a cubrir la snma de ochocientos dólares con * * * centavos qne se reclamaba en la demanda y las costas; conteniendo la copia de dicha orden otras formalidades que no se relacionan con este caso. El día 19 de diciembre de 1913, el márshal archivó en la corte su certificado de diligenciamiento del referido mandamiento en el cnal expresaba qne había embargado nna finca perte-neciente al demandado, radicada en Puerta de Tierra. Esta era la misma finca que se describió en la moción o en las ins-trucciones qne fueron dadas al márshal. Y en 18 de diciem-bre el referido márshal entregó un mandamiento al registra-dor de la propiedad, en el cnal declaraba qne en cumplimiento de nna orden de embargo dictada por el juez de la corte de distrito, había embargado la finca qne describía, en Puerta de Tierra, y notificó al registrador qne el embargo se practicó para responder de la snma de ochocientos dólares de capital, doscientos ochenta y cuatro dólares para intereses, y dos-cientos cincuenta dólares para costas, gastos y honorarios de abogado. De conformidad con este aviso el registrador de la propiedad procedió a hacer anotación en sus libros.

En 23 de enero presentó el demandado nna moción para levantar el embargo. En la moción se expresaba qne se babía trabado un embargo y qne la snma reclamada en este caso ascendía a ochocientos dólares, por lo qne se snplicó a la corte qne dejara sin efecto el embargo practicado y se ordenara la cancelación de su inscripción en el registro de la propie-dad por haber consignado en la corte el demandado la can-tidad de ochocientos dólares. En sn virtnd, en 23 de enero 1914, la corte de distrito de San Jnan dictó nna orden en la qne se declaraba qne el demandado había consignado en la secretaría de la corte la snma de ochocientos dólares supli-cando éste al propio tiempo qne se dejara sin efecto el embargo. Por tanto, la corte ordenó qne quedara sin efecto dicho embargo, debiendo cancelar el registrador de la pro-piedad la anotación eme se había hecho de dicho embargo. Contra esta orden de 23 de enero, 1914, interpusieron los de-mandantes recurso de apelación.

De los autos no aparece si la moción solicitando qne se per-mitiera hacer la consignación fué hecha en nn procedimiento ex parte, o si también fueron oídos los demandantes, pero a falta de prueba en contrario tendremos qne admitir que la cuestión fué debidamente sometida a la consideración de la corte inferior, puesto qne los demandantes tenían derecho a ser oídos.

Alega el apelado qne este tribunal carece de jurisdicción para resolver la apelación por no estar comprendida la orden apelada en ninguno de los preceptos del artículo 295 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil. El apelado conoce el precepto legal qne autoriza la apelación contra cualquier orden anu-lando o negándose a anular un embargo, pero alega que la orden apelada no constituía sino una mera modificación del embargo, la que no anuló o dejó sin efecto el embargo hecho anteriormente. Sostiene que habiéndose hecho la consigna-ción en este caso por virtud de la sección 15 de la ley de marzo 1, 1902, dicha orden era simplemente modificando la forma del embargo y disponiendo la suspensión del mismo. Tam-bién se ba alegado que la ley de marzo 1, 1902, no incluye intereses y honorarios y por tanto que el caso no varía por el hecho de que solamente se hubiera consignado la suma de ochocientos dólares sin consignar a la vez otra suma suficiente a cubrir los intereses y las costas.

Según los términos de la orden dictada en enero 23, 1914, el embargo quedó sin efecto. Si las palabras tienen alguna significación el embargo quedó anulado por virtud de dicha orden. Una fianza que responda al-mismo fin no deja embar-gada la finca. Esta queda necesariamente exenta del embargo. Además, la orden de embargo de acuerdo con sus tér-minos comprendía sumas diferentes y distintas a la de ocho-cientos dólares consignados por el demandado. La consigna-ción hecha por el demandado se fundó en una razón distinta de la que tuvieron los demandantes al hacer el embargo. Examinado el caso desde cualquier punto de vista somos de opinión de que la orden de la corte anuló el embargo y era apelable.

Parece que el apelado alega que la consignación de ocho-cientos dólares sustituye para todos los efectos cualquier re-clamación de la demanda. De todos modos el apelado insiste en que ninguna de las secciones de la ley de marzo 1, 1902, autoriza un embargo para el cobro de intereses y honorarios de abogado.

Se alega incidentalmente que al proceder el márshal a hacer el embargo de toda la finca por la suma del capital, intereses, costas y honorarios se excedió en sus atribucio-nes, pero si se examina la orden expedida por el secretario se verá que en ella se ordenó al márshal que embargara bie-nes suficientes a cubrir la suma de ochocientos dólares y cos-tas, pero también se alude en ella a la suma reclamada en la demanda. Para ser más preciso el secretario debió haber incluido todas las sumas mencionadas en la solicitud o en la demanda, pero en la forma en que estaba no creemos que el márshal quedara limitado en sus facultades a la orden formal que se le entregó, cuando también esa orden hacía referencia a la demanda y habiendo además la corte conce-dido en su orden de diciembre 18, 1913 la moción sobre ase-guramiento como en ella se solicitaba, en la cual se trataba de asegurar no solamente el capital- sino también los inte-reses y honorarios. ' El secretario no se ajustó estrictamente a la orden de la corte pero no había absolutamente nada en sn orden que limitara las facultades del marshal y éste estuvo suficientemente autorizado por virtud de la orden de la corte' concediendo la moción de aseguramiento en la forma solici-tada. Creemos que el embargo hecho por el mársbal era sufi-ciente'a cubrir intereses y costas si es que dichos intereses 'y costas pueden ser cobrados por medio de un embargo de conformidad con la ley de marzo 1, 1902,

Alega el apelado haciendo referencia especialmente a la cuestión de honorarios tal como ahora se encuentran pres-critos en la ley, que éstos solamente se han venido cobrando desde 1908.

Las secciones 1, 2 y 3 de la Ley de marzo 1, 1902, son las siguientes:

“Sección 1. — Toda persona que demandare en juicio el cumpli-miento de una obligación, podrá obtener una resolución del tribunal que conociere de la demanda, adoptando las medidas procedentes, según los casos, para asegurar la efectividad de la sentencia que haya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejercitada.
“See.ción 2.- — El aseguramiento de la sentencia se ajustará a las reglas siguientes:
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(5) Si la obligación fuere de pagar una suma de dinero, el ase-guramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deudor para responder de las sumas reclamadas.
“ (g) En los casos precedentes, si se reclamaren daños y per-juicios, el aseguramiento podrá comprender, además, el embargo de bienes del demandado, en cantidad bastante a responder de los daños y perjuicios reclamados.
“ (h) En lo no previsto en las reglas precedentes, el tribunal dis-crecional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia.”
“Sección 3. — Ningún aseguramiento de sentencia podrá decretarse sin la presentación de la correspondiente demanda, y de la solicitud de aseguramiento, con expresión de sus fundamentos de liecbo y de derecho. ’ ’

En la moción de aseguramiento presentada por los deman-dantes solamente se hace mención específica del párrafo (b) de la sección 2 de la ley. Quizás si se considera técnicamente .el párrafo (b) solamente comprende la suma del capital y los intereses y no los honorarios, pero nos inclinamos' a creer que si bien el pago de honorarios es una cuestión discrecio-nal en la corte, constituye sin embargo una obligación por parte de una persona de igual modo que cualquiera infrac-ción de los derechos de otra persona puede hacer responsa-ble a un demandado en una reclamación por daños y pe qui-cios que han sido o nó liquidados. De cualquier modo la corte tenía discreción de acuerdo con el párrafo (h) para incluir casos que no han sido prescritos de modo específico en otras partes de la ley de marzo 1,1902. La ley en su totalidad tiene por objeto proteger a los demandantes en cualquier recla-mación que puedan tener contra el demandado y la recla-mación de los honorarios en que han incurrido por haber te-nido que acudir a la corte ha sido reconocida específicamente por la legislatura en la ley de 1908. Creemos que cuando se presenta a la corte la debida solicitud y se presta según sea el caso la correspondiente fianza, debe dicha corte dic-tar una orden de embargo que comprenda todas las sumas reclamadas en una demanda. En este caso la corte en reali-dad lo hizo así y el único error que se cometió fué el de haberse dejado sin efecto el embargo al hacerse la consignación por una suma menor que todas las reclamadas por los deman-dantes. Por estas razones debe revocarse la orden dictada en 23 de enero, 1914, y continuar el caso de conformidad con los fundamentos de esta opinión.

Revocada la orden apelada debiendo continuar la tramitación del caso de acuerdo con esta opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. HntcMson no formó parte del tribunal en la vista de este caso. ■


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Falagán, Demandante y Apelado, v. Aran et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en nn caso sobre tercería de dominio de bienes inmuebles e injunction.

    No. 987.
    Resuelto en mayo 19, 1914.
    Tercería de Bienes Inmuebles- — -Embargo en cobro de Costas — Contrato . Celebrado en Eraude de Acreedores. — Embargada una finca como de la propiedad de determinada persona para el cobro de costas, si la finca embar-gada fué vendida legalmente, antes del embargo, a otra persona, ésta puede pedir el levantamiento del embargo por medio de un procedimiento de tercería.
    Id. — Contrato Celebrado en Eraude de Acreedores. — La acción de rescisión de un contrato celebrado en fraude de acreedores, es subsidiaria, pudiendo ejercitarse solamente cuando el demandado carece de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr; José Sabater.

    Abogado de los apelantes: Emilio Arán y Alejandrina Blanco Bamírez: Sr. José Benet.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Falagán Lobato presentó demanda en la Corte de Distrito de Mayagüez contra Emilio Arán Cuascú, Ale-jandrina Blanco Bamírez y Agustín Hernández Mena, ale-gando, en resumen, que era dueño de cierto condominio én una finca rústica, por haberlo comprado a su dueño anterior el demandado Hernández Mena, y que los demandados Arán y Bamírez habían embargado dicho condominio como si fuera aún de la propiedad de Hernández Mena, a los efectos del cobro de ciertas- costas al pago de las cuales fué condenado el repetido Hernández Mena. Basándose en tales Lechos, que se narran con la extensión debida en la demanda, el de-mandante suplicó a la corte que dictara sentencia ordenando el levantamiento de los embargos practicados, y declarando que el condominio en cuestión pertenecía exclusivamente al demandante.

El demandado Hernández Mena se allanó a la demanda, y los -demandados Arán y Blanco formularon contra ella va-rias excepciones, que fueron declaradas sin lugar, y la con-testaron finalmente aceptando algunos de sus Lechos, negando otros, y alegando como materia nueva que si bien era cierto que el demandante Falagán había adquirido del demandado Hernández Mena el condominio embargado, lo había sido en fraude de los demandados Arán y Blanco que eran acreedores legítimos del demandado Hernández Mena. Los repetidos demandados Arán y Ramírez solicitaron la desestimación de la demanda y la declaración de que el condominio embar-gado era de la propiedad del demandado Agustín Hernández ■ Mena.

Señalado día para la vista, ambas partes practicaron su prueba, y la corte dictó finalmente su sentencia declarando con lugar la demanda. Contra dicha sentencia los deman-dados Arán y Blanco interpusieron el presente recurso de apelación.

Por virtud de las alegaciones y las pruebas quedó plena-mente establecido que la venta del condominio de que se trata hecha por Agustín Hernández Mena a Francisco Falagán Lo-bato, se llevó a efecto por escritura pública otorgada el 7 de abril de 1911, y que los mandamientos de embargo se ano-taron en el Registro de la Propiedad de San Germán el 27 de julio de 1912, cuando aún el condominio aparecía inscrito a favor de Agustín Hernández Mena.

Los demandados Arán y'Ramírez, presentaron prueba ten-dente a demostrar el fraude que habían alegado en la mate-ria nueva de su contestación. El juez sentenciador, anali-zándola, se expresa como sigue:

“Toda la evidencia presentada por los demandados referidos, ten-dente a probar la simulación de la mencionada escritura, no es bas-tante, legalmente, a juicio de la corte, para llegar a la conclusión, legal, de que ha habido simulación o fraude en el otorgamiento de dicha escritura, y que tal traspaso de bienes fuera hecho con la inten-ción de burlar o defraudar a los acreedores de Agustín Hernández Mena, para que no pudieran éstos cobrar las costas a que aqiiél fué condenado. La prueba de los demandados Arán Cuascú y Blanco Ra-mírez, ha sido toda ella circunstancial, y, aunque levanta sospechas sobre la escritura de 7 de abril de 1911, la corte no considera bastante dicha evidencia, para llegar, legalmente, a la conclusión de que la escritura referida es fraudulenta y simulada.”

Además, aún en el caso de que pudiera concluirse que la prueba demostraba la existencia de la simulación de la venta que aparece hecha por la escritura, de 7 de abril de 1911, y aún en el de que la petición de los demandados Arán y Ramí-rez pudiera declararse con lugar en un pleito de esta natu-raleza y en la forma en que se hizo, nos encontraríamos que, en esencia, la que ejercitaron los dichos demandados fué una acción de rescisión de un contrato celebrado en fraude de acreedores, y como dicha acción, según terminantemente prescribe el artículo 1261 del Código Civil, es subsidiaria y no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio, y como en este caso los demandados Arán y Ramírez no pro-baron que no pudieran cobrar su deuda del propio deudor Agustín Hernández Mena, y, por el contrario, cierta escritura presentada en el acto de la vista por el demandado Hernán-dez Mena, tiende a probar que era dueño de una finca rús-tica situada en el término municipal de Manatí, se llegaría siempre a la conclusión de que debía desestimarse la soli-citud de los demandados Arán y Ramírez.

Debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sen-tencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutcbison no formó parte del tribunal en la vista de este caso.


text:
    Calzada, Demandante y Apelado, v. Pagán, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre otorgamiento de escritura, mensura y deslinde de finca y otros extremos.
    No. 1098.
    Resuelto en mayo 19, 1914.
    Venta de la Mitad de una Finca — Mensura y Deslinde de la Misma — Sen-tencia Aprobando el Deslinde Sin Oír a la Parte Demandada. — El demandado vende al demandante la mitad de una finca obligándose a otor-garle escritura después de mensurada y deslindada. El demandante exige el cumplimiento de este contrato y en el acto del juicio ambas partes con-vienen en que se nombre, un ingeniero para hacer dicha mensura y deslinde y la corte suspende el juicio y aprueba dicho convenio decretando que “una vez practicada la mensura y deslinde y aclaradas las cuestiones^ debatidas" en el caso, ordenaría la entrega al demandante del terreno correspondiente y el otorgamiento de la escritura. Guando fué a practicarse el deslinde el demandado mostró su inconformidad con la colindancia sur de la finca tal como la aceptaba' el ingeniero. Este presentó su informe, y la corte, con la conformidad del demandante y sin oir al demandado, lo aprobó y dictó sentencia a favor del demandante. Se resolvió, que atendidas las circuns-tancias . del caso, debía revocarse la sentencia apelada para que la corte oyera a ambas partes con respecto al informe del ingeniero y si alguna lo impugnaba le diera oportunidad para defender sus derechos.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. José G. Torres.

    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., por virtud de la cual se aprobó cierto deslinde practicado y se ordenó al demandado y apelante que entregara al deman-dante y apelado la mitad de cierta finca rustica de acuerdo con el indicado deslinde, y que otorgara la correspondiente escritura.

En la demanda se alega, en resumen:

1. Que en 6 de agosto de 1912 el demandado José Pagán vendió privadamente al demandante José -Calzada, la mitad de una finca de noventa cuerdas, que se describe.

2. Que dicha venta se hizo por $1,500 recibidos, compro-metiéndose el vendedor a otorgar escritura tan pronto se hi-ciera la mensura y deslinde, siendo convenido que el terreno del demandante debía entregarse en la colindancia sur de la finca, y.debiendo descontarse al demandante un pedazo de terreno ocupado por Alejo Matos en la parte de la finca que ha de reservarse al demandado.

3. Que la mensura y deslinde se obligó a verificarlos el demandado y que el demandante ha estado y está dispuesto a reintegrarle la mitad de los gastos que originen. Y que no obstante los requerimientos que el demandante ha hecho al demandado, éste se ha negado a cumplir lo convenido.

La demanda termina suplicando a la corte que condene al demandado a cumplir lo pactado verificando el deslinde y mensura de la finca, otorgando la correspondiente escri-tura y rindiendo cuenta de los productos del predio, impo-niéndole además las costas y honorarios de abogado.

En su contestación el demandado reconoció la existencia del contrato alegado en la demanda y consignó que si el des-linde no se había llevado a efecto, era porque el demandante se negaba a la mensura y deslinde de toda la finca, queriendo que se le mensurara y deslindara solamente la mitad que había comprado.

El demandado formuló además reconvención y pidió a la corte que ordenara el deslinde de la totalidad de la finca etc.

Señalado día para la vista, ambas partes comparecieron y leyeron sus respectivas alegaciones “y cuando iba el deman-dante a presentar su prueba, una y otra parte convinieron en qué un perito que lo sería el Ingeniero Don Antolín Nin, men-surara y deslindara la finca de noventa cuerdas más o menos, según aparece descrita en el becbo primero de la demanda enmendada, que acepta el demandado, y que se divida para entregar la mitad al demandante, bacia la parte sud o sea colindando con Francisco Calzada antes Ramón Rola, y des-contando el pedazo de terreno que en la parte norte ocupa Alejo Matos, el cual quedará como propiedad de éste; y que una vez liecba la mensura y deslinde y aclaradas las cues-tiones debatidas en este pleito, ordene la corte la entrega a Calzada del terreno que le corresponde y Pagán le otorgue la oportuna escritura.” Transcripción, pág. 12.

Por virtud de tal convenio, la corte de distrito, con feclia 2 de mayo de 1913, dictó la siguiente resolución: “Que se proceda a la mensura y deslinde de la finca de noventa cuer-das más o menos tal como aparece descrita en el beelio pri-mero de la demanda, aceptado por el demandado. Que la cabida que resulte se divida, deslindando la mitad al deman-dante en la parte sur o sea colindando con Francisco Calzada, antes Ramón Rola y descontando a Calzada la porción que en la parte norte ocupa Alejo Matos, que quedará como pro-piedad de éste; y una vez practicada la mensura y deslinde y aclaradas las cuestiones debatidas en este caso,, la corte ordenará que se entregue al demandante la cantidad de te-rreno correspondiente y el otorgamiento de escritura. ’f Transcripción, pág. 13.

En vista de lo convenido y resuelto, se suspendió el jui-cio y las partes quedaron encargadas de comunicar su comi-sión al Ingeniero Sr. Nin. Así lo hicieron en efecto y, según aparece de la exposición del caso, a fines de julio de 1913,' entregó el expresado ingeniero en la secretaría de la corte un plano de la finca propiedad de Don José Pagán, Don José Calzada y Don Alejo Matos, en el barrio Hato Puerco, de Loíza, acompañado de una certificación en la cual dice el Señor Nin, qne la finca linda al norte con terrenos de la Sucesión Calzada, al este con Don Juan López de Victoria, y el río, al sur con Ramón Rola, hoy Francisco Calzada, y al oeste con la Sucesión Febres-, que se constituyó en ella acompañado de los Señores Calzada y Pagán, y tomó como base la descrip-ción de la finca, el plano de la finca de Francisco Calzada, antes Rola, levantado por el Agrimensor Abino Pérez, en 28 febrero 1898, y el testimonio de Calzada, Pagán y Albendoz, colindantes; que al reconocer los linderos quiso Pagán que se extendiera el trabajo de mensura a otros terrenos fuera de'los límites indicados, y habiéndole manifestado el inge-niero que debía ceñirse a la orden de la corte, se' ausentó Pa-gán del campo, y que dentro de la colindancias del plano que ha levantado hay una superficie de 26 hectares y 60 áreas, que son 67 cnerdas con 56 céntimos, de las cuales correspon-den a Calzada 23 con 78 al sur de la finca o sea la mitad del total menos las 10 cuerdas que ocupa Alejo Matos al norte; y a Pagán, 33 con 78 al norte de la finca.

Presentada la certificación del Ingeniero y el plano levan-tado por el mismo, la corte, con la conformidad del deman-dante, y sin oir al demandado, aprobó el deslinde y dictó la sentencia a que nos hemos referido anteriormente y contra la cual se interpuso la presente apelación. Y el apelante sos-tiene que al proceder así, la corte se separó de la regla fijada por ella misma, con la conformidad de ambas partes, en la orden de 2 de mayo de 1913.

En la transcripción se incluye la certificación del Inge-niero y el plano. En la certificación se hacen constar los he-chos que expusimos anteriormente tomándolos de la exposi-ción del caso. No se acompañaron a ella los antecedentes que tuvo en cuenta el ingeniero, ni los informes que recibió de los colindantes. De la certificación y del plano resulta que la finca en vez de 90 cnerdas sólo tiene 67.56, y que colinda en la actualidad por el norte con una Sucesión Calzada, y por el sur, qne es precisamente el lado' de donde debía tomarse el terreno para el demandante José Calzada, eon nn Francisco Calzada.

Habiendo en consideración todas estas circunstancias y teniendo en cuenta los términos en que está redactada la orden de mayo 2, 1913, opinamos que el pleito, después de presen-tado el informe del ingeniero, no quedó en verdad enteramente concluso para sentencia. Antes de dictarla, el juez de distrito debió haber oído a ambas partes con respecto al informe pre-sentado, y si alguna lo impugnaba, haberle dado oportunidad para defender sus derechos de acuerdo con la ley.

La sentencia debe revocarse y el caso devolverse a la corte de distrito para ulteriores procedimientos no incon-sistentes con esta opinión.

Revocada la sentencia con devolución del caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos de acuerdo con la opinión.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y 'Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en lá vista de este caso.


text:
    In re Figueroa Maestre, Querellado.
    Orden para mostrar razones por las cuales el querellado no deba ser separado del ejercicio de su profesión notarial por haber sido privado del ejercicio de su profesión de abogado en mayo 8, 1914.
    No. 8.
    Resuelto en mayo 19, 1914.
    Disbarment — Notarios—Separación del Ejercicio de la Profesión Notarial como Consecuencia de haber sido Privado del Ejercicio de la Profesión de Abogado. — Habiendo si-do separado el querellado del ejercicio de su pro-fesión de abogado por sentencia de mayo 8, 1914, y habiéndose expedido orden contra él para que compareciera a alegar las razones que tuviera para que no fuera separado del ejercicio de su profesión notarial como consecuencia de la anterior sentencia, se resolvió, que de acuerdo con la sección 2 de la Ley Notarial de marzo 8, 1906, tal como ha sido enmendada por leyes de febrero 29, 1912 y No. 15 de marzo 10, 1914, sólo pueden ejercer la pro-fesión notarial aquellos que hayan sido admitidos a ejercer como abogados, y careciendo por tanto el querellado de dicho requisito por haber sido separado del ejercicio de su profesión de abogado en virtud de la sentencia dictada por esta corte en mayo 8 corriente, se deereta la separación del mismo del ejercicio de su profesión notarial.
    Los hechos están expresados en la resolución.
    Abogados del Pueblo: Sres. Wolcott H. Pitkm, Jr., Attorney General de Puerto Pico, y Charles E. Foote, Fiscal del Tribunal Supremo.

   El querellado Francisco Figueroa Maestre

compareció en nombre propio.

. Por cuanto, con fecha 8 de mayo corriente, este tribunal •dictó sentencia en este caso separando al querellado del ejer-cicio de su profesión de abogado a partir de dicha fecha y ordenó que compareciera el querellado ante el tribunal el •día 18 del corriente, para mostrar razones si las tuviere, para que no se dicte una orden decretando que debe cesar en el •ejercicio de sus funciones notariales por el mero hecho de haber sido separado del ejercicio de su profesión de abogado.

Por cuanto, expedida la orden para que el querellado com-pareciera a alegar dichas razones, compareció éste en el día indicado alegando que no tenía razón alguna que oponer a •que se dictara dicha orden.

Por cuanto, el querellado ha venido ejerciendo funciones notariales desde el 1 de febrero de 1911, según consta en el libro Registro de Notarios que se lleva en la secretaría de ■este tribunal, y en los documentos presentados como prueba en este caso.

Por cuanto, de acuerdo con la sección 2 de la Ley Notarial de marzo 8, 1906, tal como ha sido enmendada por leyes •de febrero 29, 1912, y No. 15 de marzo 12, 1914, sólo pueden ejercer la profesión notarial aquellos que hayan sido admi- • tidos a ejercer como abogados, y careciendo por tanto el peticionario de dicho requisito, por haber sido separado del ejercicio de su profesión de abogado en virtud de la senten-cia dictada por este tribunal el 8 de mayo corriente,

Pos, tanto, por la presente se decreta la separación del querellado del ejercicio de su profesión notarial borrándose 'su nombre del Registro de Notarios, debiéndose hacer entrega de su protocolo notarial al Archivero General del Distrito de San Juan, dentro del término de 3 días. Llévese cons-tancia de esta resolución al expediente personal del intere-sado; notifíquese a las partes y comuniqúese a las Cortes de Distrito de la Isla, y al Secretario de Puerto Rico, y al Archivero General del Distrito de San Juan.

Decretada la separación del querellado del ejercicio de su profesión notarial.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no formó parte del tribunal en la vista de este caso, ni intervino en esta resolución.


text:
    Zuazo, Promovente y Apelada, v. Molina et al., Opositores y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Areeibo en un expediente de dominio.
    Moción de la parte apelada para que se reconsidere la reso-lución de esta corte de abril 29, 1914, denegando una mo-ción para desestimar la apelación.
    No. —
    Resuelto en reconsideración en mayo 22, 1914.
    Desestimación de Apelación — Reconsideración de la Resolución Denegando la Desestimación — Alegación de Nuevos I-Iechos en la Reconsidera-ción. — Denegada una moción para que se desestime una apelación no puede pedirse la reconsideración de dicha resolución alegando nuevos hechos que no fueron expuestos en dicha moción.
    Los 'hechos están expresados en la resolución.
    Abogado de la apelada: Sr. Valentin Polanco de Jesús.

   Por cuaNto la parte apelada presentó moción acompañada de una certificación del Secretario de la Corte de Distrito de Arecibo, para qne se desestimase esta apelación porque en el escrito de apelación no constaba qne la parte contraria fuera notificada del mismo, y. porque no se babía preséntado en la corte inferior un proyecto de exposición del caso.

Por cuanto dicba moción fue dénegada en resolución de esta corte de 29 de abril último por no estar justificado satis-factoriamente si la parte apelada fué o nó notificada del es-crito de apelación, y por no ser la falta de presentación del proyecto de exposición del caso por sí sola motivo bastante para desestimar una apelación.

Por cuanto la parte apelada ba solicitado reconsideración de la anterior resolución acompañando nueva certificación más expresiva del Secretario de la Corte de Distrito de Árecibo para justificar la falta de notificación del escrito de apelación, y alegando también otro tercer motivo para la desestimación del recurso, a saber, la no presentación en esta Corte Suprema de la transcripción del récord dentro del término señalado por la ley.

Por cuanto una moción de reconsideración ba de discutirse y resolverse teniendo en cuenta lo alegado y probado al dic-tarse la resolución de cuya reconsideración se trata, sin que sea permitido variar los términos del debate judicial por medio de nuevas alegaciones y pruebas, como sucede en el presente caso. ' *' •

Por cuanto la resolución de 29 de abril último se ajusta a las alegaciones y pruebas que mostraban los autos en la fecba en que fué dictada.

Por tanto, visto el caso de Oronoz Rodón v. Montalvo et al., resuelto en 28 de abril próximo pasado.

Se desestima la moción de reconsideración sin perjuicio del derecho qne asista a la parte apelada para presentar nueva moción de desestimación del recurso con notificación a la parte contraria.

Denegada la reconsideración solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no tomó parte en la reso-lución de esta moción.