author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Medina, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Guayama denegando la inscripción de una escri-tura de venta de finca rústica.
    No. 283.
    Resuelto en julio 5, 1916.
    Sociedades Civiles — Bienes Sociales — Compraventa—Firma Social — Acuerdo de los Directores — Facultades del Presidente. — Cuando en un contrato de sociedad se acuerda que una junta de directores tendrá el manejo de los-bienes sociales, aunque se autoriza al presidente para usar la firma de la sociedad, no tiene facultades para vender los bienes de ella sin acuerdo de los directores, porque no se le otorgó esa facultad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. G. Domínguez Rubio.

    El registrador recurrido Sr. Rafael Tirado Verrier com-pareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública de 10 de julio de 1911 varias per-sonas constituyeron la sociedad civil denominada “Cidra Land Company” para dedicarse a la instalación y desarrollo de toda clase de industrias así como a cualquiera otra clase de especulación con tales industrias relacionada, y para ope-rar asimismo en todos los ramos de industria y ganadería, y acordaron que podrían celebrar contratos de compras, ven-tas, arrendamientos, refacciones y demás indispensables o convenientes para su desarrollo y desenvolvimiento; rela-cionaron el capital que aportaría cada socio en los plazos y forma que tuviera a bien determinar la junta de directores de la sociedad; acordaron repartir entre ellos las ganancias y pérdidas; que la sociedad tendría tiempo ilimitado y es-taría gobernada por seis directores o gerentes elegidos de su seno por mayoría de votos, y que dichos directores desem-peñarían las funciones correspondientes a sus respectivos cargos; designaron las personas que como presidente, vice-presidente, tesorero, secretario y vocales, constituirían el comité o junta de directores durante el primer año, o sea, desde julio de 1911 hasta julio de 1912, y con respecto al presidente y vice-presidente se dice en la cláusula duodécima lo siguiente: “El presidente, y en sus ausencias y enferme-dades el vice-presidente, llevarán la firma de la sociedad, y están, por tanto, autorizados para cumplir los acuerdos de la sociedad, suscribir cuantos documentos públicos y privados sean indispensables tanto de compras, ventas, arrendamien-tos, refacciones, y cualesquiera otros actos de riguroso do-minio, como los demás encaminados a los fines para los cuales la sociedad se constituye.”

En 15 de julio de 1911, el presidente de diclia sociedad “Cidra Land Company” vendió en nombre'de ella a Mode-rado Medina un predio de terreno por precio recibido y, presentado este título en el Registro de la Propiedad de G-uayama, el registrador se negó a inscribirlo fundándose en que no se acreditaba el acuerdo y autorización de la junta de directores de la sociedad para la venta de la finca, contra cuya negativa interpuso el comprador el presente recurso gubernativo con súplica de que la revoquemos y ordenemos ]a inscripción del documento.

La única cuestión, pues, a resolver es si el presidente de la “Cidra Land Company” estaba autorizado para vender en nombre de dicha sociedad por sí solo, sin mediar acuerdo de la junta de directores.

Aun cuando el recurrente sostiene que su contrato es inscribible porque estando autorizado el presidente para usar la firma de la sociedad sus facultades no están limitadas pol-los acuerdos que tomara la junta de directores, sin embargo, enten demos que tal como está redactada la cláusula duodé-cima que hemos transcrito la facultad del presidente para usar la firma social está subordinada a los acuerdos de la sociedad, y se considera ■ que es una consecuencia de ellos pues al expresarse que tendrá la firma de la sociedad se dice a continuación: “Y, por tanto, para cumplir los acuerdos de la sociedad, suscribir cuantos documentos públicos y priva-dos sean indispensables, tanto de compras, ventas * * *,” lo que expresa que el uso de la firma es como consecuencia de los acuerdos que se tomen por la sociedad. El presidente no es el gerente de la sociedad sino uno de los miembros que constituyen la .junta directiva encargada de la agencia y go-bierno de la sociedad, y si bien se faculta al presidente para usar la firma de la sociedad, no se le han dado facultades para vender los bienes de ella. La junta de directores es la que tiene .el manejo de los bienes sociales y su presidente sólo tiene la de representar a la sociedad en los contratos ■que acuerde la junta de directores.

En consecuencia, procedió correctamente el registrador ni negarse a inscribir esa venta en las condiciones en que se verificó, y su negativa debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso.-ciados Wolf, del Toro y HutcMson.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Aldbey,

license: Public Domain

text:
    González, Demandante y Apelado, v. Vilella et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagiiez en pleito sobre nulidad e injunction.

    No. 1425.
    Resuelto en julio 5, 1916.
    Excepciones Previas — Indebida Acumulación de Acciones — Súplica de la De-manda — Alegaciones de la Demanda. — Cuando en la súplica de la demanda se solicitan dos remedios, el segundo para el caso de que el primero no pros-pere pero las alegaciones de ella se refieren únicamente a uno sólo, no procede la excepción de indebida acumulación de acciones.
    Nulidad de Créditos — Precio Aparente y Simulado — Fraude—Causa de Ac-ción. — Alegando la demanda que el precio del contrato fué aparente y simu-lado para defraudar al demandante, aduce causa de aeeión para obtener su nulidad.
    Id— Prelación de Créditos — Fraude—Terceros.—La' alegación de que uno de los demandados intenta hacerse adjudicar los únicos bienes que tiene el otro demandado y traspasarlos a tercera persona inocente, es suficiente para demos-trar que no podrá cobrarse de ellos el demandante.
    Id. — Pagaré Simulado — Examen de las Pruebas. — Examinadas las pruebas en este caso se resolvió que no hubo error al estimar el juez inferior que el pagaré de que se trata fué simulado y falso por no mediar causa para su otorgamiento.
    Apelación — Sentencia—Fundamentos de la Sentencia — Errores sin Impor-tancia. — El recurso de apelación no se da contra los fundamentos de la sen-tencia sino contra la sentencia misma, y cuando está sostenida por los hechos y la ley, carece de importancia el error en que haya podido incurrir el juez ■sentenciador con la cita de preceptos legales no aplicables.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Angel Á. Vázquez.

      Abogado del apelado: Sr. Leopoldo Feliú.

   El Juez Asociado Se. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Ignacio González presentó demanda en la Corte de Dis-trito de Mayagüez contra José I. Eivera, Modesta Eivera y contra Luis Vilella en la que expuso que siendo acreedor de los dos primeros demandados por tres pagarés vencidos ascendentes a $351.67 los demandó en la Corte Municipal de-Mayagüez en 31 de diciembre de 1914, y que allá por el día 15 de enero de 1915 obtuvo el embargo de varios condomi-nios que describe, ascendentes a $3,090.82 que pertenecen a sus deudores, sin que el embargo fuera inmediatamente inscrito en el registro de la propiedad, en cuyo pleito com-parecieron los demandados radicando una solicitud con mo-tivo del emplazamiento y cuyo pleito está aún pendiente; que dichos dos demandados, que son marido y mujer, se-confabularon con el otro demandado Luis Vilella para obs-taculizar el cobro de su crédito con cuyo objeto allá por el día dos de enero de 1915 extendieron cierto supuesto pagare suscrito aparentemente con fecha 31 de enero de 1914 por los esposos a favor de Vilella con vencimiento para el día 31 de diciembre del mismo año por la cantidad también apa-rente de $2,150 con más intereses al 1 por ciento mensual hasta su pago y que para llevar a efecto la confabulación se hicieron demandar por Vilella en la Corte de Distrito-de Mayagüez en 13 de enero de 1915, y al día siguiente Vile-lla les embargó los mismos bienes que el demandante le había embargado, sin que los esposos deudores se defendieran del pleito de Vilella y se dejaron condenar en rebeldía, siendo-Vilella amigo íntimo de dichos esposos, y que para la eje-cución de la sentencia se había anunciado la venta en pública subasta de esos condominios los cuales trata Vilella de adqui-rir para transferirlos luego a tercera persona inocente y colocarlos de esa manera fuera del alcance del demandante.

Con tales hechos y otros que no es necesario exponer en este momento, solicitó la expedición de un injunction pre-liminar y que en definitiva se declarase simulado, falso y fraudulento el pagaré otorgado por los esposos demandados, a favor de Vilella y se anulase también el procedimiento' seguido para su cobro, el embargo que en el mismo trabó y su inscripción en el registro de la propiedad y que se dejen dichos condominios libres de toda carga o gravamen prove-niente de dicho pleito, y que en defecto de lo anterior se declare que el crédito del demandante relacionado en la de-manda y el embargo que trabó sobre los mencionados bie-nes en el pleito que sigue en la Corte Municipal de Maya-güez para su cobro tiene prelación y preferencia para su pago e inscripción en el registro sobre el crédito y embargo' de Luis Vilella y que en consecuencia el embargo del deman-dante se anote en el registro con prelación y preferencia al de Luis Vilella.

Esa demanda fué excepcionada por Luis Vilella alegando que se acumularon indebidamente las acciones de nulidad y de prelación de créditos y además que la demanda no aduce hechos para determinar una causa de acción. Al propio tiempo contestó la demanda alegando materia nueva.

Celebrado el juicio, el Juez de Distrito de Mayagüez dictó-sentencia declarando que el pagaré suscrito por los esposos, demandados a favor de Vilella es nulo y también lo es el procedimiento seguido para su cobro y la sentencia que en el mismo se dictó, el embargo y el mandamiento de ejecu-ción que se libró y nula también la anotación que de él se-hizo en el registro de la propiedad cuya cancelación ordena,, disponiendo también que los condominios referidos queda-sen sujetos al pago del crédito del demandante, prohibiendo-asimismo a los demandados que. ejecuten acto alguno para, el cobro de dicho pagaré.

Interpuesto recurso de apelación contra esa sentencia por Luis Vilella, los motivos de error en que lo funda son que debieron haber sido sostenidas sus excepciones a la demanda y que hubo error al declarar que el pagaré era nulo, falsoy simulado, j asimismo al dar aplicación en este caso a los artículos 1258, inciso 5°., 1261 y 1264 del Código Civil.

Examinemos lo que a la indebida acumulación de accio-nes hace referencia.

Aun cuando en la súplica de la demanda se solicitan dos remedios, el segundo para el caso ‘de que el primer no pros-pere, no podemos decir que en verdad se ejercitan dos accio-nes porque todas las alegaciones de la demanda 'se refieren únicamente a la acción de nulidad del pagaré suscrito a favor de Vilella y del pleito que originó, sin que hayan alegacio-nes para la acción de prelación de créditos por lo que la ex-cepción no está dirigida contra los hechos de la demanda sino contra la súplica de ella. La excepción ha de dirigirse ■contra los hechos aducidos en las alegaciones pues general-mente la súplica no es de gran importancia.

El error que se atribuye a la corte inferior por no haber sostenido la excepción de que los hechos de la demanda no son suficientes para justificar la acción de nulidad se funda en primer término en que alegándose una confabulación de los demandados, no se expresa que el demandado Vilella tenía conocimiento de que en la corte municipal se estaba tramitando el pleito del demandante, ni que estuviera ente-rado de que José I. Rivera y su esposa eran deudores de González, alegaciones que estima necesarias para imputar a todos los demandados actos de confabulación para defraudar al demandante.

Si bien es cierto que no se alega expresamente que Vile-lla sabía que el demandante en este caso tramitaba un pleito para cobrar de los citados esposos, sin embargo, como se alegó que el precio del contrato entre los -demandados fué aparente y simulado para defraudar al demandante, se adujo causa de acción porque lo que es simulado es falso. Rivera v. Rivera (pág. 172).

También se sostiene que puesto que el crédito de Vilella es por $2,150 y los bienes embargados ascienden a $3,090.82, quedaba un remanente para que González pudiera cobrar los $351.67 que reclama, y que como lo embargado cubre con ex-ceso las reclamaciones de ambos embargantes, resulta de la faz de la demanda que no existe perjuicio alguno para el deman-dante González y, por tanto, que no tiene cansa de acción para demandar, ya que no hay alegación alguna de que tales bienes no cubran los créditos porque se han depreciado o por cualquier otro motivo. Como existe en la demanda la alegación de que Yilella intenta hacerse adjudicar los bie-nes para traspasarlos a tercera persona inocente y colocar-los fuera del alcance del demandante, creemos que esto es bastante para demostrar que no podría el demandante co-brarse su crédito de dichos bienes.

Asimismo se sostiene que la alegación de fraude está limi-tada a deducciones y suposiciones y que de acuerdo con el caso de Martínez v. Jiménez, 21 D. P. R. 209, para que una demanda por fraude sea suficiente es necesario que los hechos que se aleguen sean de tal naturaleza que puedan justificar una sentencia condenatoria.

El caso que cita la parte apelante no tiene aplicación al presente. Entonces se dijo: “La única alegación de fraudo en la simulación de la deuda de Jiménez a Torres está hecha en tales términos que más bien parece una suposición del demandante que su afirmación de fraude, deduciéndola de que no parece racional y lógico que se hiciera un préstamo sin interés y sin garantías.” El presente caso no se halla en esas condiciones porque no existen suposiciones como en aquél, sino afirmaciones de que los demandados se confabu-laron para defraudar al demandante y que simularon un pagaré cuyo precio es aparente.

¿Hubo error al estimar el juez inferior que el pagaré en cuestión fué simulado y falso por no mediar causa para su otorgamiento?

Sostiene el apelante que el juez sentenciador llegó a la conclusión de que el pagaré de Yilella es falso y simulado porque apreció la prueba con prejuicio y parcialidad, pero no encontramos nada en la prueba que demuestre esa afir-maeión, ni tampoco en el alegato se trata de demostrárnoslo, toda vez qne después de enunciada esa afirmación, sin argu-mentarse, se limita el apelante a considerar si la prueba es o no suficiente para sostener la conclusión de la corte, por lo que a este último particular limitaremos nuestra opinión.

La prueba presentada en. el juicio fué documental y de testigos.

Según la prueba documental, el embargo del demandante González en su pleito contra los esposos Rivera para cobro de tres pagarés se verificó y notificó el 2 de enero de 1915; el día 12 pidieron los esposos demandados la nulidad del em-plazamiento ; el día 15 se libraron los mandamientos al regis-trador de la propiedad para la anotación del embargo de González y dos días antes — esto es, el 13 de enero — pre-sentó Vilella su demanda para cobrar los $2,150 del pagaré, y en ese mismo día se embargaron a instancia de Vilella va-rios condominios de los demandados, que son los mismos quo liabía embargado González, y dictada sentencia en rebeldía de los demandados el 25 de enero se anunció la venta de los citados condominios para el día 26 de marzo siguiente.

La prueba testifical consistió en las declaraciones de los demandados Luis Vilella, José Ignacio Rivera, Modesta Rivera y del demandante Ignacio González.

El conjunto de las declaraciones de los demandados es que hacía años que tenían cuentas pendientes y que el pagaré de $2,150 es el resumen de ésas cuentas; que ni el deman-dado Vilella ni los esposos llevaban nota de las distintas cantidades que originaron ese pagaré a pesar de que Vile-lla és un hombre de fortuna, que tiene cuentas para sus haciendas pero no para los préstamos que hace. En la decla-ración de Vilella se expone que ese crédito contra los espo-sos no lo declaró, como tal al hacer su planilla de ingresos para la contribución de rentas, a pesar de que sabe que hay que hacer constar los ingresos de la persona que la llena y lo que se derive por concepto de intereses, y que al llenar la planilla para la contribución directa no incluyó tampoco esa obligación porque la conceptúa poca comparada con lo que tenía en otros años; que tiene amistad con dichos espo-sos, que no acostumbra poner en los pagarés el tipo de inte-res pero que lo hizo constar en el de los Rivera porque es lo corriente y que si bien ha tenido pleitos pero no por de-mandas en cobro de pesos porque nunca ha tenido que deman-dar a nadie porque siempre ha llegado a transacciones. El interrogatorio de este testigo fué extenso.

El demandante Ignacio González declaró que en el mes de noviembre de 1914 fué a casa de Rivera a recordarle que en diciembre vencían sus pagarés por si quería abonár-selos en café o en dinero, porque no podía esperarle más tiempo, y que entonces el demandado Rivera le dijo que no tenía dinero para pagarle y que se lo prorrogara por otro año pues él no le debía a nadie más y al manifestarle que le era imposible la prórroga le repitió que nq le debía a nadie y que tenía con qué responder; que después que le entregó los papeles a su abogado, el demandado se presentó en su casa como desafiándolo, a lo que le contestó que él le había advertido que si no le pagaba iba a proceder, y al día siguiente se presentó otra vez el demandado en su estableci-miento suplicándole que ya que le había embargado le hiciera el favor de esperar porque tenía esperanzas de conseguir el dinero y no lo hiciera gastar nada más; habló con la persona de quien le dijo Rivera que iba a obtener dinero y como aquélla le dijo que no se lo daría entonces llamó otra vez a Rivera y le dijo que lo estaba engañando, a lo que le con-testó que ño se apurara que para el próximo sábado él había hablado a una señora y le pagaría, por lo que el demandante, creyendo en eso avisó a su abogado para que esperara y no hiciera más gastos, pero a los cuatro o cinco días se enteró en el registro c!e que Vilella le había embargado y estaba inscribiendo el embargo en aquel momento, y habiendo visto al demandado en la plaza, éste le dijo: “Tocayo, ¿por qué-me mira mal?” y al contestarle el testigo que porque era un hombre que no tenía palabra porque le había suplicado-que lo esperara y mientras, tanto se había puesto de acuerdo con Yilella y con otro para embargar sus bienes y dejarlo burlado, le contestó Rivera: “Yo tengo que defender el pan de mis hijos, porque si usted se ha tirado contra mí yo tengo que defenderme;” que el demandado no salía de su tienda mientras no le embargó el Sr. Yilella pero que después que le embargó no volvió más a ella y se reía por la calle.

Tal es, en resumen, la prueba practicada que llevó al juez sentenciador a la conclusión de que el pagaré era simulado y falso para defraudar los derechos del demandante en el pleito qué seguía contra los esposos Rivera, y para llegar a ella declara la corte inferior en su opinión que ha tenido en cuenta el testimonio de los propios demandados, los cua-les presentados como testigos del demandante, intentaron ex-plicar las transacciones entre ellos habidas y que se impug-nan en este litigio, lo que hicieron de un modo tan vago, eva-sivo e inverosímil, que unidos sus testimonios a los demás hechos y circunstancias aportados por el demandante con su evidencia documental, no le ha quedado duda de que en efecto hubo en este caso claramente una conspiración por parte de los demandados para los fines que expresa en sus conclusiones de hecho.

En vista de la prueba que se presentó en el juicio, no cree-mos que el juez cometiera error al llegar a la conclusión de que se había simulado un pagaré para perjudicar al deman-dante. La prueba documental en este caso no era suficiente por sí sola para llegar a esa conclusión, pero es una circuns-tancia muy notable, que de ella se desprende la premura con que Yilella practicó su embargo y el no haber hecho objeción a su pleito los otros demandados cuando el de Gon-zález lo detenían con procedimientos interlocutorios; pero si a esa prueba circunstancial se añade lo que resulta de las declaraciones de los testigos, principalmente de la de Yilella y de la de González, y de las manifestaciones que según él le hizo José I. Rivera, y que éste no contradijo, así como del hecho poco probable de que hombres que llevan cuentas entre sí por grandes cantidades las dejen únicamente a la memoria; y también que el demandado Yilella no hizo en sus planillas la declaración del crédito que reclamó luego a los esposos Rivera, podemos concluir que existe una prueba suficiente y fuerte para llegar a la conclusión de que los demandados simularon un pagaré para impedir al demán-date el cobro de su crédito, con mayor razón cuando el cré-dito de Vilella abarcaba casi el valor de los únicos bienes que tenían sus supuestos deudores; prueba que cumple con los requisitos que hemos dicho deben existir cuando se trata de probar el fraude.

En cuanto al otro error por las citas que hace la corte inferior de los artículos del Código Civil que antes hemos mencionado, si bien no tienen relación con casos como el pre-sente en que se trata de nulidad, siendo aquéllos para los casos de rescisión, sin embargo, como los recursos no se dan contra los fundamentos de la sentencia sino contra la sen-tencia misma, siendo sostenible la declaración de nulidad por todo lo que hemos expuesto, importa poco que el juez hiciera citas indebidas de otros preceptos si en efecto está soste-nida por los hechos y por la ley.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: íáres. Presidente Plernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Hutchison no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

text:
    Martínez, Demandante y Apelante, v. Trujillo & Mercado, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    No. 1372.
    Resuelto en julio 6, 1916.
    DaSos y Perjuicios — Ley Común — Responsabilidad del Principal — Actos del Empleado. — El precepto del artículo 1804 del Código Civil vigente es muy liareeido al principio de la ley común relativo a que el principal solamente puede ser responsable por los actos de su empleado dentro de los límites o alcanee de su empleo.
    Id. — Escopeta—Responsabilidad del Principal — Deber del Empleado — Conse-cuencia Natural y Probable — Transgrésores.—Cuando en una reunión de trabajadores en una finca o hacienda uno de éstos pregunta al guarda o vigilante de ella, mientras la volteaba portando una escopeta que le había sido entregada por su principal, si sería capaz de matar a un tranagresor que tratara de hurtar un pedazo de caña, y para demostrar cómo lo haría, carga la escopeta y al cerrarla se dispara y mata instantáneamente a uno de ■ dichos trabajadores, el principal no es responsable del acto de su empleado, porque no era parte de sus deberes hacer tal demostración, ni el accidente sería la consecuencia natural y probable de la entrega del arma.
    Los heelios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Eduardo Flores Colón.

    Abogado de la apelada: Sr. A. F. Castro.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Las alegaciones esenciales de la demanda presentada en este caso fueron las siguientes:

Que la demandante es mayor de edad, viuda, vecina de Guayanilla y la madre legítima de Tomás Rodríguez, de quien dependía para su sustento y que la demandada es una so-ciedad agrícola domiciliada en la ciudad de Ponce, Puerto Pico.

Que el 4 de septiembre de 1914, la demandada Trujillo & Mercado tenía como encargado de la vigilancia de su hacienda “Rufina,” a un tal Ramón Correa, quien como guardián vigilante tenía el deber de usar y portar una escopeta que le babía suministrado la demandada.

Que en dicho día 4 de septiembre de 1914, el guardián vigilante de la liaeienda “Rufina” mientras volteaba y vigi-laba la mencionada liacienda se encontró con algunos traba-jadores y al preguntarle uno de éstos si era capaz de matar a nn hombre por nn pedazo de caña, se puso a cargar la escopeta para demostrar a dichos trabajadores como haría si encontraba a nna persona sustrayendo caña; y que al ir a cerrarla, no pndiendo cerrarse la escopeta por estar en estado inservible, dióle con tanta fuerza que ésta disparó, haciendo blanco en Tomás Rodríguez y causándole la muerte instantáneamente.

Que el guardia vigilante de la hacienda “Rufina,” Ramón Correa, no sabía manejar una escopeta y al tratar de demos-trar cómo había que hacer para ahuyentar a los ladrones, descuidada y negligentemente la hizo disparar, causándole la muerte a Tomás Rodríguez.

Que la demandada conocía la ignorancia del vigilante Correa, en el trabajo que se le había encomendado, y tenía conocimiento de que dicho Correa no .sabía la manera de hacer funcionar una escopeta.

Que la escopeta suministrada por .Trujillo & Mercado a su vigilante Correa, para el desempeño de su cargo y ejer-cicio de su ocupación, era una escopeta descompuesta, en mal estado, e inservible para el uso destinado.

Que el accidente sucedió como consecuencia del acto del vigilante de la hacienda “Rufina,” y del descuido, culpa y negligencia de la demandada en tener un empleado incom-petente y en darle a éste -una escopeta inútil e inadecuada para el ejercicio de su empleo, y sin falta ni' negligencia por parte de Tomás Rodríguez.

La demandante reclama la suma de $10,000 por daños y perjuicios.

Se presentó una excepción previa que fué declarada con lugar por la corte, y subsiguientemente la corte dictó sen-tencia a favor de la demandada.

El artículo 1804 del Código Civil, dispone, entre otros particulares, que los dueños o directores de un establecí-miento o empresa son responsables por los perjuicios causa- ' dos por sus dependientes en el servicio de los ramos en que éstos últimos estuvieren empleados, o con ocasión de sus fun-ciones.

Alega la apelada que la muerte de Tomás Bodríguez no fué causada por Ramón Correa mientras éste actuaba en algún ramo del servicio para el cual había sido empleado, puesto que no era parte de sus deberes hacer una demostra-ción de la clase a que se refiere la demanda.

El precepto del artículo 1804, a que hemos hecho refe-rencia, es muy parecido al principio de la ley común relativo a que el principal solamente puede ser responsable por los actos de su empleado dentro del alcance de su empleo, y ambas partes han invocado la jurisprudencia de la ley común.

Debe notarse que la demanda en este caso ha sido esta-blecida en parte en la suposición de que Trujillo & Mercado era responsable, por haber dado a su empleado una escopeta en estado inservible; y en parte por la teoría de que la de-mandada era responsable, porque el empleado era incompe-tente y no sabía la manera de hacer funcionar una escopeta, y también y tal vez principalmente, porque el guardia Correa, fué negligente al usarla.

Con respecto al empleado y estado inservible de la esco-peta, a menos que fuera parte de su obligación el mostrarla o usarla en relación con Tomás Rodríguez, o que la entrega de la escopeta tuviera alguna otra relación de causa con el accidente, no podemos ver la responsabilidad de la deman-dada. El accidente de ningún modo fué la consecuencia natural y probable de la entrega de la escopeta. Este no es un caso como aquel en que el padre, por ejemplo, que se le hace responsable por los actos de negligencia de un niño que es irresponsable, a quien no se le debe confiar un arma peli-grosa. Cuando un padre confía o permite que un arma de esta clase vaya a manos de un niño irresponsable, general-mente el padre es responsable de las consecuencias. 29 Cyc. 1666, 38 Cyc. 454, 455, y nota 9; 29 Cyc. 492. No existe in-dicación alguna en la demanda de que Correa fuera irres-ponsable, sino meramente que era incompetente y no sabía usar armas de fuego. De igual modo no fué la teoría de la demanda, y los becbos probados no demuestran que la causa natural y probable del accidente fué la incompetencia de Correa en el conocimienta, uso y manejo de armas de fuego, sino que la causa del accidente fué la demostración que hizo que no pudo prever. No es necesario que perdamos mucho tiempo en considerar ninguna de estas teorías, porque el caso depende más o menos directamente del hecho de si Co-rrea actuaba dentro de los límites de su empleo. .

En el caso de Marrero v. López et al., 15 D. P. R. 766, se confirmó la sentencia de la corte inferior, estando dividido el criterio de este tribunal respecto a la cuestión de si po-díamos tomar conocimiento de los hechos del juicio, de la exposición que aparecía en la opinión de la corte sentencia-dora. En aquel caso el Juez Asociado Sr. MacLeary emitió un voto concurrente haciendo un examen de los hechos. Era de opinión dicho juez de que cuando un mayordomo que es-taba volteando la finca de la cual estaba encargado le pidió a un muchacho un poco de agua a lo que éste se negó siendo agolpeado por el primero, y al correr fué herido por un dis-paro hecho por el mayordomo, no estando comprendido tal acto en el límite de los deberes del mayordomo, ni en el orden de los negocios de su principal y fuera del alcance de sus facultades, no obligaba a su- principal. En la página 753 de esa opinión se transcribe una parte que ha sido muy citada, del caso de Stone v. Hills, 45 Conn. 44, 29 Am. Rep. 636, a saber:

“La regla es de que por todo acto ejecutado por un empleado, obe-deciendo las órdenes o instrucciones formales del principal, o desem-peñando los negocios del principal, dentro de la esfera de su cometido, y por actos en cualquier sentido autorizados, explícita o implícita-mente por el poder que se le-haya conferido, teniendo en consideración la naturaleza de los servicios que se le exigen, las instrucciones reci-bidas y las circunstancias en las cuales se cometió el acto, el principal es responsable; por actos que se separan de estas condiciones, el empleado sólo es responsable.”

Varias autoridades fueron también citadas por' el Juez Asociado Sr. MacLeary, para demostrar que cuando un em-pleado se aparta del curso de su empleo, aunque realmente esté empleado entonces en el desempeño de los deberes de su principal, el principal no es responsable.

Se ha resuelto varias veces que el principal no es respon-sable por el acto de su guardia disparando a los transgre-sores, Holler v. Ross, 23 L. R. A. 943; Robards v. P. Bannon Sewer Pipe Co., 18 L. R. A. (N. S.) 923; Conchin v. El Paso & Southwestern R. R. Co., 28 L. R. A. 88; Magar v. Hammond, 3 L. R. A. (N. S.) 1038; 26 Cyc. 1541, pero en cambio cuando se dan instrucciones específicas al guardia para ahu-yentar a los transgresores y él se excede un tanto en sus facultades, se ha hecho responsable al principal, como lo demuestran las autoridades que preceden inmediatamente.

Cuando a un muchacho que era el agente de su padre se le ordenó que regara el césped puso la manguera sobre un caballo de tal modo que éste salió corriendo causando ave-rías al coche, no se consideró que el padre era responsable por su hijo menor de edad. Evers v. Krouse, 66 L. R. A. 592. En ese caso se hace referencia a la decisión del caso de Holler v. Ross, 68 N. J. L. 324, 59 L. R. A. 943. En otro caso era el deber del maquinista de una locomotora sonar su pito en cierto lugar. El tocó el pito pero lo sonó tan maliciosa y violentamente que espantó a un caballo. Se hizo responsable a la compañía por el acto del maquinista, por el principio de que el principal es responsable por los daños que provengan de un acto ejecutado por su empleado dentro de los límites del empleo de este último, sin que sea nece-sario tener en cuenta si el acto fué realizado negligentemente o siquiera maliciosamente. Bittle v. Camden & Atlantic R. Co., 55 N. J. L. 615, 23 L. R. A. 283.

En el caso de Ploof v. Putnam, 26 L. R. A. (N. S.) 251, se liizo responsable al dueño de nna isla por el acto del que la cuidaba al abandonar los cables de nn barco que había buscado refugio en el muelle debido a una tormenta, aunque no se le dieron instrucciones expresamente de que así lo hiciera, y la corte resolvió también que era inmaterial si el acto fué ejecutado negligente o voluntariamente, si no se ejecutó para algún fin útil del vigilante. Uno de los hechos del caso fué que al vigilante se le manifestó que el deman-dado no quería que la gente atara cables al muelle.

Soderlund v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Ry. Co., 13 L. R. A. 1193, fué un caso en el cual una partida de seis o siete hombres, incluyendo al demandante, estaban ocupados en hacer reparaciones a una vía de ferrocarril y el apelante facilitaba teresinas para ir y venir del trabajo. Al tiempo del accidente los demás miembros de la dotación llevaban las teresinas con tanta velocidad, que el demandante perdió el control de las barras del manubrio y se cayó del carro. No había necesidad de correr la teresina tan rápidamente, y eso se hizo irreflexivamente, de broma y por su propia diversión, aunque el demandante les había dicho que no fueran tan de prisa. En este caso como en el de New Jersey en el cual el maquinista tocó su pito, se resolvió que era parte del deber dedos otros trabajadores correr la teresina y que el deman-dado era responsable.

Garretzen v. Duenckel, 50 Mo. 104; 11 A. R. 405, fué un caso en que el demandado tenía una tienda de escopetas y había dado órdenes terminantes a uno de sus dependientes de no cargar ninguna escopeta. Un comprador se negó a comprar una escopeta, a no ser que se probara. El depen-diente trató de cargarla, casualmente disparó, e hirió al de-mandante. La corte resolvió que el dueño del estableci-miento era responsable.

En el caso de Doran v. Thomsen, 19 L. R. A. (N. S.) 338. la corte resolvió que el mero hecho de proporcionar facili-dades a un empleado no hacía responsable al principal. El caso fué uno en el cual sé declaró que una hija había tenido dereclio a sacar el automóvil ele su padre. Mientras bacía esto, descuidadamente estropeó a otra persona y se sostuvo que el padre no era responsable. Ella no estaba ocupada en el negocio de su padre ni se le entregó la máquina de modo especial. La teoría de poner un aparato peligroso en manos de una persona incompetente fué negada expresamente.

En el caso de Chesapeake and Ohio Ry. Co. v. Dixon, 179, U. S. 131, que lia sido citado por el apelante, la corte cita con aprobación lo siguiente del caso de Pollock sobre Daños, (Amer. ed. 89, 90), a saber:

“Soy responsable por los perjuicios causados por mi empleado o agente, no porque esté autorizado por mí o me represente personal-mente, sino porque está ocupado de mis negocios y estoy obligado a ver que mis negocios se lleven a cabo con el debido miramiento a la seguridad de otras personas.”

En la nota al caso de Ritchie v. Waller, 27 L. R. A. 161, era la opinión del comentarista de que sólo recientemente se había determinado debidamente la responsabilidad. El principal, dice el comentarista, no tiene en todos los casos que garantizar la conducta de su empleado, pero si el efecto probable de su falta de cuidado ya por la naturaleza peli-grosa de los instrumentos confiados al empleado, o por el carácter exigente de sus deberes, será un grave daño a ter-ceras personas, tiene que ser como un asegurador.

Ahora bien, aunque creemos que en este caso podría tal vez suponerse que Correa actuaba en interés de su principal, ejecutó sin embargo ese servicio de un modo tan ex-traordinario que su acto no estaba dentro de la previsión de ninguna persona prudente. Trujillo & Mercado no pudieron tener ninguna idea de que al ser preguntado su empleado por un trabajador si era capaz de matar a un tranagresor, que dicho sirviente hiciera una demostración de lo que haría o podía hacer. Era imposible para cualquier hombre razo-nable prever que un empleado hiciera esto. Sabemos, desde luego, que si en realidad estas personas hubieran sido trans-¿'resores y si las instrucciones específicas de Correa hubieran .sido de ahuyentar a los transgresores a toda costa, o hasta algo menos, que su forma descuidada de manejar la escopeta podría en circunstancias imaginables haber hecho responsable a su principal. En la demanda, sin embargo, no se alegan instrucciones o deberes específicos fuera del hecho de que era el deber de Correa usar y portar una escopeta. Los trabajadores de modo alguno fueron transgresores, ni existe nada en la demanda que sugiera que estos trabajadores, o cualesquiera otros, era probable que fueran transgresores. jSTo tenemos idea de lo que pretendió hacer Correa después de haber cargado su escopeta, pero ciertamente que no fue su intención disparar a un espectador sin culpa. Apreciadas todas las circunstancias, no podemos ver que el demandado tenía algún deber para con el público en lo que respecta a proteger al mismo contra el acto inesperado de su agente. La causa próxima del accidente fué la demostración arbitraria loor parte del agente del.demandado. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Maldonado, Demandante y Apelante, v. Ramos et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre reivindicación.
    No. 1463.
    Resuelto en julio 7, 1916.
    Posesión en Concepto de Dueño — Expediente Posesorio — Buena Pe — Justo Título. — La posesión que se acredita siguiendo el procedimiento mareado en la Ley Hipotecaria, se inscribe en el registro sin perjuicio de tercero que tenga mejor derecho a la propiedad, y el que adquiere del que de tal modo aparece como dueño en el registro, se expone a que surja en el futuro el ter-‘•cero que demuestre su mejor derecho, pero tal riesgo se corre solamente mientras la prescripción no haya convalidado los derechos del adquirente. Una vez que Ran pasado diez años entre presentes o veinte entre ausentes, el comprador, si actuó de buena fe, tiene un título superior a cualquier otro que pueda presentarse. Artículos 1858 y 1859 del Código Civil Revisado.
    Id. — Prescripción—Buena Pe — Terceros—Mejor Derecho a la Propiedad.— En este caso se probó que D. D. y F. promovió ante el tribunal competente en 15 de abril de 1898 un expediente para acreditar a su favor la posesión en concepto de dueño de la finca reclamada por la demandante; que aprobada el expediente en agosto 28, 1898, se inscribió en el registro de la propiedad en septiembre 29 del mismo año; que en 3 de septiembre de 1898, D. D. y F. vendió por escritura pública que se inscribió en el registro, la dicha finca a P. A.; que P. A. la poseyó pública y pacíficamente, con buena fe, y la vendió luego, en 1914, a los demandados. Se resolvió: que los demandados pudieron alegar, como alegaron, con éxito, el título de prescripción en una acción reivin-dicatoría establecida contra ellos por persona que jamás se ausentó de Puerto Rico.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. Martines 'Nadal.

    Abogados de los apelados: Sres. José y Manuel Tous Soto.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn pleito sobre reivindicación. María Lo-reto Maldonado Colón alegó en sn demanda qne era dneña, a título de herencia de su padre Bruno Maldonado, de cierta finca rústica de veinte y cinco cuerdas que ocupaban ilegal-mente los demandados. Estos contestaron negando ciertos hechos de la demanda, alegando como materia nueva que Bruno Maldonado había vendido la finca de que se trata en 1888, y como defensa especial la prescripción.

En el acto del juicio se practicó prueba documental y testifical por ambas partes y el 3 de diciembre de 1915 la corte dictó sentencia a favor de los demandados y en contra de la demandante. T contra esa sentencia interpuso la demandante el presente recurso de apelación.

Con respecto a la venta de la finca de 1888 por el padre de la demandante a Dionisio Durán, la prueba resultó con-tradictoria. Unos testigos afirmaron que tal venta se llevó a efecto. Otros que Bruno Maldonado se limitó a arrendar su finca. Según se desprende de la relación del caso y opi-nión de la corte sentenciadora, el conflicto no fué por ella resuelto expresamente. La corte basó sn fallo en la defensa especial de los demandados.

Se probó en efecto en el acto de la vista que Dionisio Durán y Figueroa promovió ante el extinguido juzgado de primera instancia de Ponce el 15 de abril de 1898 un expe-diente para acreditar a su favor la posesión de cierta finca rústica de 25 cuerdas, situada-en el barrio de “Montes llanos,” lugar del “Seto,” del término municipal de Ponce, o sea de la misma finca que reclama la demandante como suya. El expediente se aprobó por auto judicial de 28 de agosto de 1898 y se inscribió en el registro el 29 de septiem-bre del mismo año. El 3 de septiembre de 1898 Dionisio Durán por escritura pública vendió la finca con pacto de retro a Pedro Auffant, venta que quedó consumada según nota puesta en el registro el 19 de diciembre de 1902. Auf-fant poseyó la finca pública y pacíficamente, con buena fe y por virtud del título de compra expresados y en 1914 la vendió por escritura pública a los demandados quedando ins-crita la venta en el registro de la propiedad el 18 de junio de 1914. Ni la demandante ni su causante Bruno Maído-nado se ausentaron jamás de la Isla de Puerto Rico. La demanda de reivindicación se interpuso el 1 de junio de 1915.

No bay cuestión en verdad con respecto a la buena fe de Auffant y al tiempo durante el cual poseyó la finca que vendiera a los demandados, pero la apelante sostiene que el título por virtud del cual adquirió Auffant no es el “justó título” que la ley exige para que pueda adquirirse por pres-cripción. La contención del apelante ba sido resuelta en sen-tido contrario por esta misma Corte Suprema en el caso de Teillard v. Teillard y otros, 18 D. P. R. 562, citado por la corte sentenciadora.

Auffant no compró a una persona, que simplemente hu-biera estado en posesión de la finca, sino a un poseedor que mediante un expediente tramitado de acuerdo con la ley babía acreditado el becbo de la posesión en concepto de dueño. Desde 1898 la posesión de la finca con buena o mala fe quedó acreditada judicialmente e inscrita en el registro a favor de Dionisio Dnrán. Desde ese mismo año, actuando de buena fe y adquiriendo de quien no sólo estaba en posesión material de la finca como dueño, si que también babía acreditado tal liecbo de conformidad con la ley, entró a poseer Auffant y estuvo poseyendo por unos diez y seis años basta que en 1914 vendió a los demandados.

Entiéndese por justo título, (art. 1853 del Código Civil), el que legalmente basta para transferir el dominio o dere-cho real de cuya prescripción se trate, y a nuestro juicio, el título que ostentaba Duran cuando vendió a Auffant era aparentemente un justo título bastante para transferir el dominio de la finca vendida.

Se dirá que la posesión en tales casos consta inscrita sin perjuicio de tercero de mejor derecho. En efecto eso es así y todo el que adquiere de aquel que ostenta un título posesorio tramitado según la Ley Hipotecaria, se expone a que surja en el futuro ese tercero que demuestre un mejor derecho a la propiedad que se le vendiera. Pero tal riesgo sólo se corre mientras la prescripción no haya convalidado los derechos del adquirente. Una vez que han pasado diez años entre presentes o veinte entre ausentes, el comprador, si actuó de buena fe, tiene un título superior a cualquier otro que pueda presentarse. Artículos 1858 y 1859 del Código Civil.

Por virtud de lo expuesto y sin necesidad de que entre-mos a discutir las excepciones tomadas por la demandante mientras se practicaba la prueba, por carecer dichas excep-ciones de importancia, opinamos que debe confirmarse la sen-lencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Cubille, Demandante y Apelada, v. De la Cruz, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponee en pleito sobre reivindicación.
    No. 1480.
    Resuelto en julio 7, 1916.
    Reivindicación — Declabación Vaga. — En una acción de reivindicación, cuando la prueba en su conjunto convence que el demandante y su causante poseyeron la finca en concepto de dueños por el período de tiempo que la ley exije y que reunieron en ellos todos los títulos de la finca, nada afecta al éxito de la misma que el actor sea en su declaración algo vago con respecto a si ad-quirió por compra o si así lo hizo su causante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. R. Sánchez Montalvo.

    La apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del. tribunal.

Después de la consideración que hemos hecho de los autos de este caso, que es una acción 'de reivindicación, somos de opinión de que existe prueba suficiente para demostrar que Carmen Cubille poseyó la finca en cuestión por más de treinta años y que la corte estuvo justificada en dictar sentencia a su favor. Sostiene la apelante- que la demandante se encon-traba allí como una mera arrendataria, pero creemos que la prueba demuestra, aunque no tan satisfactoriamente como debiera serlo, que la demandante y su madre antes que ella, poseyeron la finca en concepto de dueñas por el período de tiempo que la ley exige. Importa muy poco que la deman-dante sea algo vaga en su declaración con respecto a si ella adquirió parte de la finca por compra a su hermana, o si así lo hizo su madre, puesto que toda la prueba nos convence, como convenció a la corte sentenciadora, de que la deman-dante reunió en ella todos los títulos de dicha finca. Otros errores fueron alegados. Uno relativo a la falta de identi-ficación de los recibos de contribuciones, pero creemos que la descripción en unión de la manifestación hecha por la demandante, identificaron suficientemente los recibos. Des-pués de presentada toda la prueba, la apelante bizo alusión a ésta porque tendía a demostrar que la demanda no expre-saba una causa de acción. La mejor 'contestación es que en la demanda se describía la finca y que la demandante tenía el dominio absoluto de la misma. Los demás errores se refieren a la consideración que se hizo de la prueba y a la opinión de la corte y no es necesario que sean discutidos.

Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison

text:
    Rivera et al., Demandante y Apelado, v. Negrón, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre reivindicación de propiedad inmueble.
    No. 1413.
    Resuelto en julio 7, 1916.
    Prescripción — Compraventa — Dueño Distinto del Vendedor — Poseedor de Buena Pe. — De acuerdo con la Orden General Judicial No. 82, de 7 de abril de 1899 y el artículo 1858 del Código Civil Revisado, no se adquiere el domi-nio por prescripción cuando antes de expirar el plazo señalado para prescribir el poseedor tiene conocimiento de que el inmueble por él adquirido pertenece a dueño distinto de su vendedor, por haber dejado de ser poseedor de buena fe.
    Buena Pe — Presunción Juris Tantum. — La presunción de buena fe es juris tmvtum y, por lo tanto, puede ser rebatida.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Martinez Dávila.

    Abogado del apelado: Sr. José G. Torres.

   El Juez Asociado Sr. Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia dictada en la corte inferior se basó en una opinión que fue emitida por el juez sentenciador, la cual en tanto es jjertinente a cualquier cuestión qne necesitemos con-siderar en este caso, dice lo siguiente:

“La presente es nna acción reivindicatoría, ejercitada por Rafael, Julia y Antonia Rivera, representada esta última por su padre Delfín Rivera Meléndez. Los demandantes reclaman veinte cuerdas de terreno que se describen en la demanda con sus eolindaneias, radi-cadas en el municipio de Corozal. Este terreno se compone de dos predios de once cuerdas uno y nueve el otro, colindantes entre sí, encontrándose inscritos ambos en- el registro de la propiedad. El demandado alega que únicamente posee una finca de veinte cuerdas radicada en el barrio .de Cibuco, jurisdicción de Corozal y según resulta de la prueba esta finca comprende los dos predios descritos en la demanda y reclamados por los demandantes. Demuestra la prueba que el demandado al comprar la finca, tuvo conocimiento de que ésta pertenecía a unos menores y que desde el año 1905 se vienen practicando gestiones por Delfín Rivera y otras personas cerca del referido demandado para obtener la 'devolución del terreno en litigio, haciéndosele saber que este terreno pertenecía a los demandantes. Estos .predios fueron arrendados por Delfín Rivera a Mateo Andreu, cuando sus bijos, los hoy demandantes, eran todos menores de edad. Rivera se ausentó para Morovis donde estuvo enfermo por algún tiempo, y cuando regresó a la finca encontró a Jésús Negrón pose-yéndola a título de dueño según se ha demostrado con la prueba testifical. Negrón dice que compró a Mateo Andreu, pero como no se ha demostrado que Delfín Rivera hubiese vendido esta finca debi-damente autorizado, al referido Andreu, esta venta no puede tener efecto legal alguno contra los demandantes, estando el demandado obligado a devolver la finca a sus dueños si no la ha adquirido por prescripción. Jesiis Negrón alega la prescripción a su favor basán-dose en el artículo 1858 del Código Civil Revisado y la Orden General Judicial número 82 de 7 de abril de 1899. De acuerdo con la Orden General citada, y el Código Civil, Jesús Negrón no ha adquirido el dominio de la finca que posee por la prescripción porque, según hemos declarado, tuvo conocimiento antes de expirar el plazo señalado para la prescripción, de que la finca pertenecía a los demandantes * * *. Dice Manresa en la página 834, del tomo 12 de sus Comentarios al Código Civil, que el poseedor de buena fe deja de serlo desde el momento en que tiene conocimiento de que el inmueble por él adqui-rido pertenecía a otro dueño distinto de su vendedor. Desde luego, que la buena fe se presume; pero como se trata de una presunción juris tantum que puede ser rebatida y en este caso lo ba sido satis-factoriamente, entendemos que el demandado está obligado a devolver la finca a los demandantes, únicos y legítimos dueños de ella.”
*******

Los siguientes errores fueron alegados, a saber:

(a) La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, cometió error en la apreciación de la prueba al declarar probado, en su opinión, que los demandantes identificaron la finca cuya reivindica-ción solicitan.
(b) La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, cometió error al declarar que el demandado-apelante Jesús Negrón era un poseedor de mala fe y que por consiguiente no podía alegar que la acción ejercitada por los demandantes estaba prescrita.”

De nada serviría que luciéramos un examen extenso de toda la prueba con el objeto de demostrar que ninguna de las dos alegaciones puede ser sostenida. Hemos examinado cui-dadosamente los autos y no vemos que exista un error tan manifiesto que exija la revocación de la sentencia.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


text:
    Neumann, Demandante y Apelante, v. Trujillo et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre nulidad de contratos y devolución de rentas.
    No. 1374.
    Resuelto en julio 10, 1916.
    Demanda — Causa de Acción — Hechos de la Demanda. — Los hechos alegados en una demanda son los que determinan la causa de acción que de ellos surja y no el nombre que le den las partes.
    Id. — Súplica de la Demanda. — Aunque generalmente la súplica de una demanda no es de gran importancia, sin embargo puede alguna ven servir para conocer el propósito o fin que persigue el demandante.
    Nulidad de Venta — Venta de Bienes Gananciales sin el Consentimiento del Cónyuge — Reivindicación.—Cuando presentada una demanda para que se declare la nulidad de venta de ciertos condominios lieelia al demandado pdr la esposa del padre de la demandante por tratarse de la venta de un bien ganancial sin el consentimiento del esposo, y para que se condene al deman-dado a reintegrar a la sucesión de que la demandante es parte en la posesión de dielios condominios y también a pagar a la demandante determinada can-tidad de dinero como eondueña de la participación que en los condominios tenia su padre, se ejercita en ella la acción reivindicatoría y también la de nulidad de título.
    Reivindicación — Liquidación de la Sociedad Oonvugal- — Palta de Hechos Determinantes de Causa de Acción — Bienes Gananciales. — Cuando un demandante ejercitando la acción reivindicatoría funda su derecho en una participación hereditaria en los bienes de su padre, sin alegar que se haya practicado la liquidación de la sociedad de gananciales, la demanda no aduce hechos determinantes de una causa de acción. No es título bastante para fundar la acción reivindicatoría la adquisición de bienes durante la sociedad conyugal porque sin preceder a la liquidación del haber común no puede afir-marse la existencia del sobrante que corresponde por mitad a los cónyuges.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: iSres. Gustavo Rodríguez y José G. Torres.

    Ahogado de los apelados: Sr. Antonio F. Castro.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Adela Neumann, una de las herederas de Eduardo Neu-mann, presentó en la Corte de Distrito de Ponce demanda qne tituló de nulidad y en la qne exponiendo entre otros hechos qne la esposa de Neumann adquirió durante su ma-trimonio con éste, por título de compra, dos condominios en dos haciendas los que vendió en 1906 sin el consentimiento de su marido a la sociedad Trujillo Mercado ■& Cía. perte-neciendo ahora a otra sociedad denominada Trujillo y Mercado y especificando la cantidad que esos condominios- han producido desde la venta y que de ella le corresponde deter-minada porción en su carácter de condueña de la participa-ción que correspondía en los condominios a su padre Eduardo Neumann, termina con la súplica de qne se declare la nulidad de la venta hecha por la esposa y sus sucesivas transmisiones y que se condene a la sociedad Trujillo y Mercado a rein-tegrar a la Sucesión de Eduardo Neumann en la posesión ele dichos condominios y también a pagar a la demandante determinada cantidad de dinero en su carácter de. heredera de Neumann como parte de los productos de esos condominios.

Excepcionada la demanda por Trujillo y Mercado y otros por el fundamento de que no aduce hechos determinantes de causa de acción la sostuvo el juez y dictada sentencia deses-timando la demanda apeló de ella la parte demandante.

La controversia de las partes en este recurso ha versado sobre la clase de acción que se ejercita en la demanda, pues mientras la apelante sostiene que no ejercita acción reivin-dicatoría sino la de nulidad, sostiene por el contrario la parte apelada que la acción 'es la de reivindicación y que no puede deducirse por la demandante sin que antes se prac-tique la liquidación de la sociedad de gananciales de Neu-mann y se le adjudiquen a sus herederos esos condominios.

Para decidir esa cuestión hemos de tener’ en cuenta que los hechos alegados en una demandaron los que determinan la clase de acción que de ellos surge y no el nombre que le den las partes. The Juncos Central Co. v. Rodríguez, 16 D. P. R. 308.

Aunque la parte apelante para apoyar su afirmación sos-tiene que su acción de nulidad surge de su alegación de haber vendido la esposa sin consentimiento del marido bienes in-muebles que 'adquirió por compra siendo casada y que no alega la propiedad y dominio de la cosa que fue objeto de la venta, alegación que es indispensable en las acciones rei-vindicatorías, sin embargo si se tratara únicamente de una-acción de nulidad no hubiera alegado la parte demandante lo que han producido esos condominios desde que fueron vendidos por la esposa y que le corresponde determinada cantidad de ellos, como condueña de la participación que en los condominios tenía su padre, y, por tanto, en sus frutos; y si bien es cierto que no alega expresamente que la Sucesión de Neumann es dueña de dichos condominios, esto se des-prende de los hechos que alega, pues al expresar qne la esposa de' Neumann adquirió los condominios siendo casada con él, por título de compra, y que los vendió en 1906 sin el consen-timiento de su marido, claramente está alegando que esos bienes pertenecen a la sociedad conyugal, a pesar de esa venta, ya que lo adquirido por cualquiera de los cónyuges por título oneroso, como es el de compra, se entiende adqui-rido para la sociedad conyugal, y que es nula la venta de bienes inmuebles de la sociedad conyugal hecha por uno de los consortes sin el consentimiento expreso del otro, por dis-ponerlo así el artículo 159 del Código Civil vigente en el año 1906. Aunque generalmente la suplica de una demanda no es de gran importancia, sin embargo puede ' algunas veces servir para conocer el propósito y fin que persigue el deman-dante, y si en este caso no hubiera querido la demandante ejercitar la acción reivindicatoria, no hubiera pedido del tribunal que la sociedad Trujillo y Mercado, actual poseedora de esos condominios, se los reintegrase a la Sucesión de Neu-mann y que además los demandados, excepto los coherederos, paguen a la demandante cierta cantidad de dinero por los frutos de esos condominios.

Así, pues, opinamos que la demandante ejercita la acción reivindicatoria y también la de nulidad del título de los de-mandados, aunque ésta no es necesaria para que aquélla pu-diera prosperar, porque el título no nace de la declaración de nulidad ya que es preexistente al que ostentan los deman-bados. Sentencias del Tribunal Supremo de España de 17 de enero de 1889 y 13 de febrerq de 1892.

En cuanto a la acción reivindicatoria no aduce la demanda hechos determinantes de causa de acción, pues no alegándose que se haya practicado la liquidación de la sociedad de ga-nanciales de Neumann y su esposa y que esos condominios se adjudicaron a los herederos del marido, no puede la suce-sión de éste pretender que el tribunal los mande entregar a su sucesión, ni tampoco los productos de ellos, y mucho menos que a la demandante se le entregue determinada cantidad de éstos por su participación hereditaria en ellos. En los casos de Sucesión Nieves v. Sucesión Sánchez y de Sucesión Morales v. Kieckoefer, 17 D. P. R. 872 y 929, respectivamente, se citó con aprobación la sentencia del T. S. de España de 11 de mayo de 1889 en la que se dijo: “no es título bastante para fundar la acción reivindicatoría la adquisición de bienes durante la sociedad conyugal, porque sin preceder la liqui-dación del haber común, no puede afirmarse la existencia de un sobrante que corresponde por mitad a los cónyuges.”

Pero si bien la demandante no alega hechos suficiente para la acción reivindicatoría, creemos que su alegación es suficiente para pedir y obtener la nulidad del título con que poseen los demandados. Ella con los otros herederos que han sido demandados por no querer reunírsele en la demanda son los representantes legales de Neumann y como tales tienen acción para pedir la declaración de nulidad de la venta hecha sin su consentimiento por la esposa, de bienes que apa-recen adquiridos para la sociedad conyugal. Destruido el título de los demandados podrán aportar el de adquisición por la esposa a la liquidación de gananciales y en su día la persona o personas a quienes se adjudiquen esos condominios podrán reivindicarlos.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser revocada debiendo continuar los procedimientos.

Revocada la sentencia apelada, debiéndose continudr los procedimientos de acuerdo con la ley. ■

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    Wantzelius, Oliver & Co., Demandante y Apelada, v. G. Corrada & Co., Demandada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre resolución ele contrato e indemnización de daños y perjuicios.
    No. 1422.
    Resuelto en julio 10, 1916.
    Daños y Perjuicios — Incumplimiento de Contrato — Comerciantes—Reventa.— En este caso fué celebrado un contrato para la venta de café que debía ser entregado en diciembre de 1914 en que ambas partes eran comerciantes. El contrato no fué cumplido y se pidieron daños y perjuicios consistentes en lo dejado de ganar por virtud de reventa concertada a un precio mayor que el de venta. El demandado alegó que sólo era responsable de aquellos daños que regularmente pudieran ser previstos. Se resolvió: que siendo ambas partes comerciantes, el demandado pudo prever de acuerdo con el artículo 1074 del Código Civil, que el demandante había comprado para revender, por lo que fué confirmada la sentencia en favor del demandante.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. José y Manuel Tous Soto.

    Abogado de la apelada: Sr. A. F. Castro.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso no existe verdadera discusión sobre los he-chos, pero la apelante insiste en que admitiendo que ella hubiera dejado de cumplir con su contrato, solamente era responsable»por la diferencia en el precio que tenían en el mercado los artículos que se convino en vender y no por ninguna suma adicional. La apelada, sin embargo, presentó prueba tendente a mostrar que celebró un contrato con la apelante para la entrega de café en diciembre de 1914, y que dicha apelada tenía celebrado otro contrato sobre entrega de café en Génova a un precio más alto. La corte dictó sen-tencia a favor de la demandante y apelada.

La apelante cita el artículo 1074 del Código Civil con el objeto de demostrar que solamente debe hacérsele respon-sable por los daños y perjuicios que regularmente pudieron ser previstos y no por aquellos que surgen de un contrato desconocido .que existe entre la apelada y una mercantil en Genova. El artículo 1073 del Código Civil dispone lo rela-tivo a la ganancia dejada de obtener, cuando en relación con el artículo 1074 dichas ganancias pueden ser previstas. La apelada, sin embargo, llama la atención hacia el hecho de que ambas partes eran comerciantes y que la apelante pudo prever que la apelada celebró un contrato de compra-venta con el objeto de revender, con cuya alegación esta-mos de acuerdo. Véase en cuanto al particular a Sánchez Román, 4 Derecho Civil, página 295, citado por ambas partes.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey j Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Trucharte, Demandante y Apelante, v. Figueroa, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre injunction para recobrar posesión de propie-dad inmueble.
    No. 1494.
    Resuelto en julio 10, 1916.
    Injunction para Recobrar Posesión de Propiedad Inmueble — Derecho de Po-sesión — Actos Recientes de Posesión — Violencia.-—No piiede alegarse de-recho alguno a la posesión, ni invocarse la ley de injunction para recobrarla contra el verdadero dueño de una finca por actos recientes de posesión a menos que transcurra el tiempo necesario; ni puede un administrador o mayordomo basar su derecho en el*de su principal, cuando la prueba acredita que éste no tenía tal derecho sino únicamente el haber entrado violentamente en la finca dicho administrador o mayordomo por varios días y haber sem-brado el terreno con ayuda de peones.
    Id, — Tolerancia.—De acuerdo con el artículo 446 del Código Civil, el poseedor por actos meramente tolerados no puede utilizar los interdictos de retener o de recobrar, a menos que transcurra- el tiempo necesario de posesión.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Muñoz & Brown.

    El apelado no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este fné nn injunction para recobrar la posesión de parte de nn terreno por virtud de la ley No. 43, aprobada en marzo 13, 1913. La teoría que sustenta la demanda parece ser la de que Pablo Trucbarte era administrador o mayordomo de cierta finca perteneciente a sus mandantes Doña Adelaida Olivieri, Don Evaristo Freiría y Don Luis Muñoz Morales, finca que se describe en la demanda. Se alega además en la demanda que el demandado penetró violentamente en la parte de la propiedad que estaba administrando el deman-dante y puso una cerca alrededor de ella y le privó de la posesión de la referida porción, que el dicho demandante ha-bía limpiado y acondicionado un mes antes y sembrado de café y plátano.

La corte dictó sentencia a favor del demandado. La prueba demuestra que el demandado estaba en posesión de la finca en cuestión y en realidad ésta pertenecía al deman-dado hasta mayo 5, 1915, en que el demandante penetró en dicha finca y la sembró. El demandado colocó su cerca alre-dedor del terreno en 26 de junio, 1915. De manera que la única'posesión física que puede alegar el demandante es entre mayo 5 y junio 26, 1915. Los únicos actos de posesión del demandante Trucharte fueron los de ir a la finca en cues-tión por varios días y sembrar el terreno con la ayuda de sus peones. En estas condiciones la corte inferior se hizo a sí misma la pregunta de si el demandante había adquirido, alguna vez la posesión de la finca en cuestión lo que resol-vió en sentido negativo, en vista de los artículos 446, 447, 461 y 462 del Código Civil, basándose principalmente en el artículo 446, el cual es como sigue:

"Artículo 446. — Los actos meremente tolerados y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión.”

y cita también la corte a Manresa, Comentarios al Código Civil, tomo 4, página 209, y tomo 8, página 379 y siguientes, para demostrar que el tenedor por actos meramente tolera-dos no puede utilizar los interdictos de retener o de reco-brar, y que tiene que transcurrir algún tiempo razonable antes de que se considere que una persona está en posesión. Esta nos parece una sana doctrina.

Los apelantes citan a su vez a Manresa, tomo 4, pági-nas 213, 214 y 233, que son todos comentarios al equivalente del artículo 446 del Código Civil, y el tomo 6 de Manresa, Comentarios al Código de Enjuiciamiento Civil, páginas 136, 141. Á nuestro juicio, sin embargo, el razonamiento de Man-resa milita en contra de la teoría de los apelantes. Cree-mos que él estaba reconociendo el derecho de tenedores por actos violentos contra terceros pero no en cuanto a la persona que tenía un derecho actual para entrar. En la página 214 hace notar expresamente la distinción y dice que la ley, cuando la persona que perturba o arrebata la posesión obra en virtud de un derecho que le corresponde, no considera esto una perturbación contra uno que posee violentamente.

Además, creemos que en este caso la demanda demues-tra que la demandante se basaba en el derecho de posesión de sus principales y como la prueba acredita que no .tenían tal derecho, como no sea por su misma entrada violenta en mayo 5, 1915, opinamos que no tiene que hacer reclamación alguna a la posesión y no puede invocar la ley No. 43, que substituye al antiguo interdicto de la ley civil.

La sentencia debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


text:
    Monclova, Demandante, Apelante y Apelado, v. Rexach, Demandado, Apelado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo en pleito sobre nulidad de expediente posesorio y sn ins-cripción en el registro.
    Nos. 1479 y 1481.
    Resuelto en julio 10, 1916.
    Nulidad de Expediente Posesorio — Expediente Posesorio — Dominio—Pres-cripción — Descripción de la Finca. — No es bastante alegación del dominio en una acción sobre nulidad de expediente posesorio y su inscripción en el registro expresar que porque el demandante posee una casa en la finca en cuestión cree tener un título por prescripción, sin alegar la naturaleza de la prescripción, ni describir la finca suficientemente.
    Demanda — Alegaciones—Relación con Otros Pleitos. — Una demanda debe ba-sarse en los méritos de sus propias alegaciones y no en su relación con otros pleitos.
    Honorarios de Abogado — Cuantía Litigiosa — Corte de Distrito — Hecho Cierto. — No debe concederse honorarios de abogado cuando no consta la cuantía de la materia litigiosa, ni que ésta exceda de quinientos dólares, aun cuando la acción se entable en una corte de distrito. Antes de que una corte tenga derecho a conceder honorarios de abogado debe aparecer como un hecho cierto que la suma envuelta excede de quinientos dólares.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del demandante: Sr. Luis Freyre Barbosa.

    Abogado del demandado: tSr. Juan Hernández López.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Ambas partes en la sentencia dictada en este caso han interpuesto apelación. La apelación del demandante tiene el número 1479, y la del demandado el número 1481. No podemos convenir con el demandante y apelante en qne es suficiente alegación del dominio en nna acción sobre nulidad ■de expediente posesorio y sn inscripción en el registro, decir que porque tiene nna casa en la finca en cuestión creía y cree ■que tiene un título por prescripción. No fue alegada la na-turaleza de la prescripción, ni se describió la finca suficiente-mente y creemos qne la corte inferior estuvo justificada en declarar con lugar la excepción previa presentada a la de-manda. La demanda debe basarse en los méritos de sus. propias alegaciones y no en su relación con otros pleitos. No vemos razón alguna para que sea modificada la sentencia en ¿anto era adversa al demandante.

La corte al dictar sentencia concedió costas, pero no-honorarios de abogado, porque no constaba cuál era la cuan-tía de la materia litigiosa ni que ésta excedía de quinientos, dólares. No creemos que se demostró que la suma envuelta excedía de' quinientos dólares y no importa que la acción-hubiera sido establecida en la corte de distrito. El mero-establecimiento de una acción no demuestra que la suma en controversia estaba comprendida dentro de la jurisdicción de la corte, o sea, que era mayor de quinientos dólares. Antes de que la corte tenga derecho a conceder honorarios debe-aparecer como un hecho cierto, que la suma envuelta es mayor-de quinientos dólares. Pero no estamos convencidos de que hubo tal temeridad por parte del demandante que justifique la concesión de honorarios. La sentencia apelada también debe ser confirmada en cuanto a este particular.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. The Mayagüez Fruit Packing Company, Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa por infracción de la Ley de Corporaciones Pri-vadas.
    No. 1044.
    Resuelto en julio 11, 1916.
    Infracción Ley de Corporaciones Privadas — Corporaciones Privadas — Infor-mes Anuales de las Corporaciones — Nombres de los Directores — Desa-cato. — Cuando se imputa a una corporación privada el liaber descuidado o dejado de presentar en la oficina del Secretario de Puerto Bico el informe anual a que se refiere la sección 25 de la Ley de Corporaciones Privadas de 1911/según fué enmendada en 1913, la inserción en la acusación de los nom-"bres de sus directores es conveniente porque si la falta se cometió debe el juez saber quiénes la componen para compelerlos mediante apercibimiento de desacato a que presenten el informe.
    iD.-yrPROCEDIMIENTOS CONTRA LAS CORPORACIONES-DILIGENCIAS PRELIMINARES-Acusación Suficiente.- — No hay precepto alguno que disponga que en una acusación en que se impute a una corporación el haber dejado de cumplir un requisito que ordena la ley, se haga constar haberse practicado las diligencias preliminares a que se refieren los artículos 453 a 458 del Código de Enjuicia-miento Criminal. Una acusación es buena cuando en términos claros imputa 'la comisión de un hecho penable.
    Id. — Facultades de los Fiscales de Distrito — Auxiliares del Attorney General. — Siendo los fiscales de distrito auxiliares del. Attorney General, y disponiendo sólo la ley que .este funcionario hará que se instituya una acción contra la corporación sin determinar que sea él quien la presente, aquéllos tienen facultades para instituirla.
    Id. — Acción Penal — Acción Civil o Administrativa.- — Cuando los heehos impu-tados a una corporación son la infracción de un deber impuesto por la ley, como es en este caso el dejar de presentar su informe, que se eastiga con multa, después de obtenida su convicción es de naturaleza penal y no civil o administrativa.
    Id. — Acusación contra una Corporación — Directores—Representantes Le-gales. — Como los directores de una corporación son sus representantes legales, presentada una acusación contra la corporación está dirigida contra las per-sonas que la representan legalmente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de la apelante: Sres. Feliú é Ale-mañy y José Sabater.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación “Mayagüezí Fruit Packing Co.” apelante en este recurso fné acusada en la Corte de Distrito de Maya-güez en los siguientes términos:

“El Fiscal formula acusación contra la ‘Mayagüez Fruit Packing-Oo.’ que es una corporación privada y domiciliada en Mayagüez, compuesta de Juan Caneio Ortiz (Presidente), Leopoldo Felíu (Se-cretario), William Falbe (Tesorero), y José Roger Betancourt y José Roger Martínez (Vocales), por un misdemeanor o sea la infracción a la sección 25 de la ley titulada ‘Ley para poner en vigor una Ley de Corporaciones Privadas’ y según fué enmendada por la Ley No. 12, aprobada en marzo 10 de 1913 (Leyes de 1913, página 57), cometido como sigue:
“Que durante el transcurso del año 1915, y no más tarde del día 15 de marzo del citado año, y hasta enero 20 del corriente año 1916, la citada corporación privada ‘Mayagüez Fruit Packing Co.’ que es una corporación privada, debidamente organizada y autorizada para hacer negocios y actuar en Puerto Rico, teniendo su domicilio en Mayagüez, territorio de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, P. R., y en donde actúa para los fines de su creación, los miembros de la misma y en especial su Presidente Don Juan Cancio Ortiz,- con facultades para aceptar avisos de demandas y notificaciones, y representar a dicha corporación privada, ilegal y negligentemente, han descuidado y dejado de presentar en la oficina del Secretario de Puerto Rico, y en la del Tesorero de Puerto Rico, durante y desde el día primero de enero de 1915, al -día 15 de marzo del mismo año 1915, el informe anual, autorizado por las firmas de su presidente u otro oficial o de los directores de la corporación, expresando las informaciones y requisitos expresados en la sección 25 de la Ley No. 30 de 1911, poniendo en vigor una Ley de Corpora-ciones Privadas, y según fué enmendada a su vez por la Ley No. 12, aprobada en 10 de marzo de 1913, y lo que aun no ha hecho dicha corporación privada ‘Mayagüez Fruit Packing Co.’ a pesar de los requerimientos que se le han hecho a tal objeto.
“Este hecho es contrario a la ley para tal caso prevista y a la paz y dignidad de El Pueblo de Puerto Rico. (Firmado) Angel Acosta, Fiscal -del Distrito.
“La acusación que antecede está basada en el testimonio de tes-tigos examinados bajo juramento, creyendo solemnemente que existe justa causa para presentarla al tribunal. (Firmado) Angel Acosta, Fiscal de Distrito.
“Jurada y suscrita ante mí hoy día 3 de febrero de 1916. (Fir-mado) Francisco Azúar, Secretario Corte de Distrito.”

La sentencia apelada condenó a dicha corporación a pagar al Pueblo de Puerto Eico cincuenta dólares de multa más las costas y ordenó a los directores y oficiales de la misma Juan Cancio Ortiz, presidente; Leopoldo Felíu, secretario; William Falbe, tesorero; José Roger Betancourt y José Roger Martínez, vocales, que dentro del término de cinco días pro-duzcan el informe al Secretario de Puerto Rico apercibido de ser castigados por desacato a. la corte si no lo verifican y dispuso además que por su secretario se libren los opor-tunos mandamientos para satisfacer la sentencia.

No existe en la transcripción exposición del caso ni pliego de excepciones porque como expone la parte apelante su ape-lación no descansa en cuestiones de prueba, pero sí una mo-ción según la cual los acusados en la acción pidieron a la corte inferior que la arcliivara por los siguientes motivos:

“Io. Porque los hechos que se expresan en la dicha denuncia no constituyen delito ni acto alguno por el cual estos acusados puedan ser procesados y castigados en derecho.
“2o. Porque el Fiscal de este distrito no tiene autoridad, facul-tades ni personalidad alguna, por ministerio de la ley, para instituir ni proseguir esta acción.
“3o. Porque aun cuando la acción que aun cuando los hechos expresados en dicha denuncia dieran origen a alguna acción, ésta no sería nunca una acción de naturaleza criminal.
“4o. Porque cualquier derecho de acción que pudiera corresponder a El Pueblo de Puerto Rico por los hechos que se expresan en dicha denuncia, está ya prescrita.”

En el alegato de la apelante se sostiene que la corte inferior cometió los siguientes errores:

“1. Que la corte erró al desestimar nuestra anoción de sobresei-miento y archivo de la acción o causa.
“2. Que la corte erró al declarar culpable a la acusada del su-puesto delito imputádole en dicha acusación.
“3. Que la corte erró al condenar a la acusada al pago de cin-cuenta dólares de multa.
“4. Que la corte erró asimismo al ordenar a Juan Cancio Ortiz, Leopoldo Felíu, William Falbe, José Roger Betancourt y José Roger Martínez, directores de la acusada, que radicaran en la Secretaría de Puerto Rico, en el término de cinco días, el inforane a que se refiere la sentencia, y
“5. Que igualmente erró- la corte al imponer las costas a la acusada. ’ ’

Argumentando esos motivos de error se expone con res-pecto al de no haberse declarado con lugar su moción de sobreseimiento y archivo de la causa, que los hechos expre-sados en la acusación no constituyen delito ni acto alguno que pueda ser castigado, porque la violación de la ley se imputa directamente a los miembros.de la corporación y en especial a su presidente Juan Cancio Ortiz y que la única persona responsable sería, de acuerdo con la ley, la corpo-ración, como entidad jurídica, porque ella es la que tiene que presentar esos informes y no sus directores que sólo tienen que firmarlos y llenar los demás requisitos, de la ley. Sin embargo, la acusación está dirigida contra la corpora-ción y ésta es la condenada a pagar la multa. La inserción en la acusación de los nombres de sus directores era conve-niente porque si la falta se cometió debe el juez saber quié-nes la componen para compelerlos mediante apercibimiento de desacato a que presenten los informes, según se ordena en la ley.

Se sostiene también que la acusación es insuficiente por-que no expresa que se baya cumplido con los artículos 453 a 458 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Estos artícu-los se refieren a las diligencias preliminares a la presen-tación de acusaciones contra corporaciones pero no bay pre-cepto alguno que disponga que en la acusación se baga cons-tar que tales diligencias se practicaron. Una acusación es buena cuando en términos claros imputa la comisión de un becbo penable.

En cuanto al segundo fundamento de la moción, como la lejr dispone que el Attorney General liará que se instituya una acción contra la corporación, sin disponer que sea él quien la presente, y. como los Fiscales de los distritos son auxiliares de aquel funcionario, podemos presumir que la acusación se presentó por su orden.

Se sostuvo en el tercero que aun cuando los beclios rela-cionados dieran origen a una acción, no sería de naturaleza penal, sino civil o administrativa.

Como los becbos imputados son la infracción de un deber impuesto por la ley a las corporaciones, que se castiga con umita, después de obtenida su convicción, entendemos que es de naturaleza penal, teniendo también en cuanta el inte-rés que tiene la sociedad en que las corporaciones suminis-tren ciertos datos para proteger en sus intereses a todos los que la componen.

Respecto al cuarto motive de la moción, que es la pres-cripción, nada se dice en el alegato.

Siendo, pues, suficiente la acusación, no cometió error la corte inferior al dictar sentencia condenatoria basándose en ella.

Tampoco bubo error al disponer la sentencia que los direc-tores presentaran el informe exigido por la ley, error que funda el apelante en que no podía dictarse tal orden contra ellos porque la acusación se dirigió únicamente contra la corporación.

Sin tener en cuenta ahora que el presidente compareció en el juicio, como los directores de una corporación son sus representantes legales, dirigida una acusación contra la cor-poración no bay duda que se dirige contra las personas que la representan legalmente y, por tanto, no puede sostenerse que la corte no tuviera jurisdicción sobre ellos como tales directores para hacerles cumplir los deberes de su cargo.

Por último se alega error en la imposición de las costas. Nos bastará decir que las costas se impusieron a la corpo-ración y sosteniéndose la sentencia era procedente esa con-dena.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. The Juncos Central, Co., Acusada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnniacau en cansa por-infracción del artículo 332 del Código Penal.
    No. 908.
    Resuelto en julio 11, 1916.
    Corporaciones — Comparecencia Especial — Juicio de Novo — Jurisdicción—Su-misión. — Cuando una corporación es acusada en una corte municipal y apela a la de distrito, aun cuando no fuera debidamente citada en aquella corte, su comparecencia en la de distrito, que no sea especial para impugnar la juris-dicción constituye una sumisión. La moción para que se desestime la denuncia debe hacerse antes de la comparecencia, correspondiendo a la acusada demos-trar que la corte municipal no había adquirido jurisdicción.
    Salud y Seguridad Públicas — Alegaciones Esenciales — Abastecimiento.—Es una de las alegaciones esenciales en una denuncia por infracción del artículo 3'32 del Código Penal, expresar que se tomó agua de determinado cuerpo des-tinado al abastecimiento de los habitantes de alguna ciudad, villa o muni-cipalidad.
    Id. — Lugar de la Comisión del Delito — Excepción de Ambigüedad. — En este caso se expresa en la denuncia que la acusada contaminó “las aguas del Río Grande de Gurabo que se hallaban destinadas al abastecimiento de los habitantes de dicha municipalidad.” Se resolvió: que si bien sólo se em-plean las palabras “dicha municipalidad,” como el nombre que precede inmediatamente en orden gramatical a dichas palabras es el de “Gurabo,” y el Inspector de Sanidad de Gurabo fué quien formuló la denuncia, a falta de excepción por ambigüedad en cnanto al particular, no puede levantarse la cuestión por primera vez en apelación de que las palabras “dicha muni-cipalidad” se refieran a “ Juncos” también mencionado en la denuncia.
    Id. — Contaminación de Aguas — Admisiones de Agentes. — Cuando se imputa a Aína corporación dedicada a la elaboración de azúcar de caña el hecho de haber contaminado las aguas de un río que se hallaban destinadas al abaste-cimiento de los habitantes de una municipalidad haciéndolas impropias para el consumo público, echando en ellas desperdicios, residuos y mieles, las admi-siones de un ingeniero agente de la corporación dentro del alcance de su empleo no están sujetas a objeción.
    Municipalidades — Conocimiento Judicial. — Las cortes de Puerto Rico pueden tomar conocimiento judicial de las distintas municipalidades de la isla refe-ridas en una denuncia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. Francisco González.

    Ahogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En éste caso se formuló denuncia ante la Corte Municipal de San Lorenzo contra la Juncos Central Co. por infracción del artículo 322 del Código Penal. En la apelación la Corte, de Distrito de Humacao declaró culpable a la acusada.

El primer error que ha sido alegado se refiere a la nega-tiva de la corte a sobreseer la causa. La acusada es una corporación y alega que no fué citada o emplazada debida-mente. No aparece de los autos si la corporación promovió o no alguna cuestión como ésta en la corte municipal, o si por el hecho de comparecer la acusada ante aquella corte y defenderse, renunció a cualquier cuestión relativa al empla-zamiento o citación. Nos inclinamos a creer que si no se hizo tal sumisión o renuncia, la acusada podría suscitar la cues-tión en la apelación a la corte de distrito, siempre que no hubiera adoptado ninguna medida incompatible con la adqui-sición de jurisdicción por las cortes. Tenemos duda de si la nueva apelación de una sentencia dictada contra la corpo-ración daría jurisdicción a la corte de distrito en apelación si la acusada no fué debidamente citada o emplazada. Sin embargo, somos de opinión de que cualquier comparecencia en la corte de distrito que no sea la comparecencia especial para impugnar la jurisdicción sería una sumisión. No vemos nin-guna razón para distinguir este caso de un caso civil en que es emplazada una corporación. Recientemente hemos exami-nado tal cuestión, Aparicio Hermanos v. H. C. Christianson & Co., 23 D. P. R. 493.

En este caso, el día que filé señalado para juicio, y no antes, el demandado hizo una comparecencia general y pre-sentó una moción para que se desestimara la demanda. Creemos que la moción no estaba en debida forma y fué pre-sentada demasiado tarde, puesto que al hacerse la moción ya se había sometido la acusada. Debe también notarse que no se mostraron hechos para sostener la moción y después de la apelación y de la comparecencia del demandado, tenía éste el deber de demostrar que la corte municipal no había adquirido jurisdicción.

Generalmente la mera apelación a la corte de distrito se. considera como una comparecencia general. 3 Cyc. 510, 2 B. O. L. 334, pero como esta acusada es una corporación y el caso es criminal, nada decimos sobre el particular.

El tercer señalamiento alega que existe desacuerdo entre cierta prueba admitida por la corte y los hechos denunciados {variance). La denuncia fué como sigue:

“Yo, Joaquín Sánchez de la Rosa, Inspector de Sanidad de Gu-rabo, P. R., formulo denuncia contra The Juncos Central Co., repre-sentada por Mr. Tomás Subirana, por delito contra la salud y seguri-dad pública, infracción al artículo 332 del Código Penal, cometido do la manera siguiente: que en mayo 4 de 1914, y en el barrio de Gurabo Abajo de Juncos, P. R., del Distrito Judicial Municipal de San Lorenzo, que forma parte del Distrito Judicial Insular de TIumacao, P. R., la mencionada denunciada, dedicada a la elaboración de azúcar de caña, e incorporada bajo las leyes de Puerto Rico, por mediación de su manager general Mr. Tomás Subirana o por medio de cualquier otra persona, empleado o peón actuando bajo las órdenes y dirección de dicho manager, contaminó ilegalmente y a sabiendas las aguas del Río Grande de Gurabo que se hallaban destinadas al abasteci-miento de los habitantes de dicha municipalidad haciéndolas inten-cional y maliciosamente impropias para el consumo público. La contaminación de estas aguas se realizó echando las mieles y residuos en un gran deposito o tanque en la tierra al oeste de la factoría y permitiendo que tales mieles y residuos salgan de dicho tanque por una compuerta de madera especialmente construida para el Río de Gurabo digo abril (?) tal compuerta y echar tales desperdicios, resi-duos y mieles en las avenidas del Río de Gurabo, que discurriendo por una zanja, van a desembocar- en una corriente de aguas que pro-vienen de la central mencionada, y unidos estos desperdicios, mieles y residuos ya aludidos a las aguas de esta corriente, van a caer al río, donde han contaminado las aguas del Río de Gurabo, en la fecha indicada, con notorio perjuicio del público.”

El artículo 332 del Código Penal dispone lo siguiente:

“Toda persona que arrojare el cadáver de algún animal, o los despojos o inmundicias de algún matadero, corral o carnicería, en cualquier río, caño, charco, depósito, corriente, callejón carretera o vía pública, o cualesquiera restos o despojos de animal, u otros des-perclicios, a la orilla de algún río, charco, lago o depósito de donde se toma agua para el abastecimiento de los habitantes de alguna po-blación o municipio, de modo que las filtraciones de tales despojos o desperdicios puedan contaminar el agua tomada de dicho río, charco, lago o depósito, o de cualquier otro modo contaminare dicha agua, incurrirá en misdemeanor, y convicta que fuere será castigada con pena de cárcel por un término máximo de un año o multa máxima de mil dólares o ambas penas, a discreción del tribunal.”

Tiene razón la apelante al expresar que es una alegación esencial de una denuncia de acuerdo con este artículo decir que se saca 'agua de determinado cuerpo de agua para el abastecimiento de los habitantes de alguna ciudad, Aúlla o municipalidad. Sostiene que en la denuncia se alega que los habitantes de Juncos se perjudicaron, mientras que la prueba demuestra que los perjudicados fueron los habitantes de Gu-rabo. Si se examina la denuncia se verá que no se menciona directamente ninguna municipalidad, sino que las palabras usadas son “dicha municipalidad.” En la denuncia aparece el nombre “Gurabo” por lo menos tres veces. No se deter-mina especialmente ningún sitio como municipalidad, ni si-quiera a Juncos. La corte podía tomar conocimiento judicial •de que Gurabo, Juncos, San Lorenzo y Humacao referidos todos en la denuncia eran municipalidades. El nombre que precede inmediatamente en orden gramatical a las palabras “dicha municipalidad,” es la palabra “Gurabo,” y es el inspector de sanidad de Gurabo, Puerto Rico, el que formula la denuncia. Como la corte y también la acusada conocerían el curso de la corriente del Río Grande.de Gurabo, no vemos que haya habido error ni perjuicio. En el juicio no se su-girió que la denuncia era vaga y ambigua en cuanto a este particular. El cuarto señalamiento de error se refiere a la misma cuestión.

El segundo y quinto señalamientos hacen referencia a las admisiones de un ingeniero que fueron presentadas como prueba. La acusada alegó que él no era un funcionario de la corporación acusada cuyas admisiones podían obligar a clielia acusada. No liay duda alguna de que el- ingeniero era agente de la compañía y creemos que toda la prueba tendía a mostrar que las manifestaciones del ingeniero se refirieron a cuestiones dentro del alcance de su empleo y, por tanto, que no estaban sujetas a objeción.

Hay también un señalamiento respecto al peso y suficien-cia de la prueba, pero creemos que quedó suficientemente pro-bado que la corporación realmente contaminó dichas aguas del modo y forma descritos en la denuncia.

Ni nada en la prueba nos inclina a intervenir con.la dis-creción de la corte al imponer la multa de $1,000. Debe confirmarse la sentencia.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sfes. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Cruz, Promovente y Apelada, v. Santiago, Opositor y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en un espediente de dominio.
    No. 1458.
    Resuelto en julio 13, 1916.
    Expediente de Dominio — Reglas de Interés Público. — Las reglas establecidas para la instrucción de los expedientes de dominio deben cumplirse estricta-mente por ser de interés público.
    Id. — Escrito Inicial — Bienes Adquiridos por Título de Herencia — Oausaha-bientes. — Adolece de defecto sustancial la información practicada para acre-ditar el promovente de ella el dominio de bienes inmuebles adquiridos de sus padres por título hereditario, sin alegar en el escrito inieial del procedimiento quiénes eran los causahabientes de sus padres ni que aquél era el único here-dero, requisito indispensable para la citación de los causahabientes en el primer caso o para prescindir de ella en el segundo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Yvrdán Dávila.

    Abogado de la apelada: Sr. Eduardo Flores Colón.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 4 de mayo de 1915 promovió Isabel Crnz y Luciano ante la Corte de Distrito de Ponce expediente ex parte No. 4515 para justificar el dominio de una finca rús-tica situada en el barrio de Yabncoa Alta del término municipal de Peñnelas, alegando al efecto que la había adquirido por herencia de sus padres Eleuterio Cruz y Antonia Luciano fallecidos, respectivamente, en 1893 y 1896, quienes la pose-yeron por más de cuarenta años.

La expresada corte por orden de la misma fecha dispuso fuera notificado el Fiscal del distrito de la instrucción del expediente y se citara personalmente' a los anteriores due-ños de domicilio conocido y por edictos a los anteriores due-ños de paradero desconocido, a las personas ignoradas, a las que tuvieran cualquier derecho real sobre la finca, y a todas las que se consideraran perjudicadas con la inscripción de dominio solicitada, por término de 60 días, después de lo cual se oiría la información testifical ofrecida.

Juan de Dios Santiago y Mestei en escrito de junio 23, 1915, se opuso a la declaratoria de dominio solicitada, por el fundamento de que él había adquirido la finca de Isabel Cruz y Luciano desde Io. de agosto de 1903 en que entró en posesión de la misma, habiendo sido esa posesión a título de dueño, pública, pacífica y no interrumpida.

Agrega el opositor que anteriormente bajo el No. 2939 había radicado en la secretaría de la corte solicitud igual para acreditar a su favor el dominio de la finca de que se trata.

Se señaló para la vista del caso el día 17 de enero de 1916 y en ese acto convinieron expresamente las partes en que habiendo como había dos expedientes de dominio sobre la misma finca se celebrara la vista del caso No. 4515 en la inteligencia de que esa resolución sería extensiva al otro caso No. 2939.

Practicadas las pruebas propuestas por ambas partes la corte dictó sentencia en 28 de enero citado por la cual declara sin lugar la oposición de Juan de Dios Santiago Mestei y justificado el pleno dominio de la finca a favor de Isabel Cruz Luciano, ordenando que una vez firme la sentencia se expida copia de la misma a la interesada para la inscripción en el registro, y decretando el sobreseimiento del expediente número 2939 por Juan de Dios Santiago Mestei, sin especial condenación de costas.

La expresada sentencia lia sido apelada para ante esta Corte Suprema por Juan de Dios Santiago y Mestei, y entre otras razones alegadas para sostener la revocación de la sen-tencia apelada invoca la' de no haberse expresado en el escrito inicial del expediente promovido por Isabel Cruz y Luciano quiénes fueran los causahabientes de Eleuterio Cruz y Antonia Luciano, o si no los había, requisito indispensable para dar cumplimiento al artículo 395 de la Ley Hipotecaria.

Dicho artículo previene en su regla Ia. que en el escrito inicial del procedimiento se pida que con citación de aquel de quien procedan los bienes, o de su causahabiente y del ministerio fiscal, se admitan al promovente las pruebas y se declare su derecho; y la regla 2a. del mismo artículo ordena que el juez dará traslado del escrito al ministerio fiscal, citará a aquel de quien procedan los bienes o a su causahabiente si fuera conocido, y a los que tengan en esos bienes cualquier derecho real.

Examinado el escrito inicial del expediente promovido por Isabel Cruz y Luciano, encontramos que ésta alega haber adquirido la finca por título hereditario de sus padres Eleu-torio Cruz y Antonia Luciano pero no dice que fuera única heredera de éstos, para que así pudiera prescindirse 'de la citación de los causahabientes de Eleuterio Cruz y Antonia Luciano, pues siendo ella la única heredera holgaría esa cita-ción por la ficción legal de que causante y causahabiente son una sola persona.

Habiendo la posibilidad de que Isabel Cruz y Luciano no sea única heredera de Elenterio Cruz y Antonia Luciano, nauy bien puede suceder que baya quienes se crean con dere-cho a la herencia de aquéllos, y a esos indudablemente inte-resaría la citación de los causahabientes de Eleuterio Cruz y Antonia Luciano. Calderón et al. v. García, 14 D. P. R. 420 y 431.

La alegación que hemos examinado no fué hecha por la parte opositora en la corte inferior sino por primera vez ante esta Corte Suprema, y por tratarse de un defecto esen-cial hemos tenido que examinarla y resolverla.

Las reglas- establecidas para la instrucción de los expe-dientes de dominio deben cumplirse estrictamente por ser de interés público. Ex parte Perrier, y del Rosario, 20 D. P. R. 128 y 130. La Ley Hipotecaria previene que sea citado aquel de quien proceden los bienes o su causahabiente, según deja-mos consignado,' y no puede excusarse el cumplimiento de semejante precepto sino en el caso de que no haya térmi-nos hábiles para ello, como sucedería en el caso de que el promovente que alega para la adquisición título hereditario, fuera el único heredero del causante, lo que no aparece ale-gado en el presente caso.

Por la razón expresada, y sin considerar los demás moti-vos del recurso, es de revocarse la sentencia apelada, sin perjuicio de que Isabel Cruz Luciano justifique el dominio que alega con sujeción a los preceptos de la Ley Hipotecaria.

Revocada la sentencia apelada sin perjuicio de que la peticionaria justifique el dominio que ■ alega con sujeción a los preceptos de la ley hipotecaria.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.