text:
    Domínguez, Demandante y Apelante, v. Porto Rico Railway Light & Power Company, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 944.

    Resuelto originalmente en junio 28, 1913.
    Resuelto en reconsideración en noviembre 19, 1913.
    Negligencia — Ferrocarriles—Cruces por Una Carretera Pública. — De acuerdo con el artículo 12 de la ley No. 64 do 1911, las compañías de ferrocarriles están obligadas a colocar barreras o cadenas u otros medios adecuados de piroteeeión en todos los cruces por una carretera pública insular.
    Id. — Guardabarreras—Noscitur a Sociis. — De acuerdo con el principio nosoitur a sociis las palabras “u otros medios adecuados de protección” empleadas en el artículo 12 de la ley No. 64 de 1911, han de entenderse en el sentido de que estos mfedios adecuados de protección han de ser de naturaleza pare-cida a las barreras o cadenas y que produzcan análogos resultados, y por lo tanto, la sustitución de cadenas o barreras por una persona empleada por una compañía como guardabarrera para dar aviso con una bandera a los transeúntes, de la aproximación de un tren, no es un medio adecuado de pro-tección análogo a la barrera o cadena exigida por la ley.
    Id. — Ferrocarriles.—El incumplimiento por una compañía de ferrocarriles del artículo 12 de la ley No. 64 de 1911, sustituyendo las barreras o cadenas por una persona para dar aviso con una bandera a los transeúntes, constituye una negligencia per se.

    Id. — Pasos a Nivel por las Carreteras Públicas. — Los pasos a nivel por las carreteras públicas no pertenecen exclusivamente a las compañías’de ferro-carriles que por ellos cruzan, sino que a su uso tienen igual derecho los que transitan por ellos, por lo que habiendo visto la guardabarrera que el auto-móvil no obedecía sus señales, no debió dar vía franca al tren.
    Id. — Chauffeur de un Automóvil — Pasajero.—Como regla general la negligencia del conductor no es imputable a un pasajero cuando no tenía el gobierno sobre aquél.
    MOCIÓN SOBRE RECONSIDERACIÓN DE SENTENCIA.
    Id. — Reconsideración de Sentencia — Guardabarreras—Paso a Nivel — Pasa-jero de un Automóvil. — Pedida por la parte apelada la reconsideración de la sentencia dictada en este caso en junio 28, 1913, se resolvió: que las palabras 1 ‘ sitio del cruce ’ ’ empleadas en la primera opinión no se refieren únicamente al punto donde la vía férrea cruza la carretera, sino que com-prenden las inmediaciones de él y que el demandante no fue negligente porque no viera hasta el momento de entrar en el cruce las señales que se le hacían para que se detuviera, ya que aún cuando tuvo oportunidad de verlas, no -se demostró que las vió a tiempo de evitar el accidente, y porque no tenía el deber de estar pendiente del conductor del vehículo.
    Id. — Negligencia de la Guardabarrera — Acto de Negligencia de un Empleado del Demando no Alegado en la Demanda — Negación General de Negli-gencia en la Contestación. — Aun cuando en la demanda no se alegó que el demandado fuera culpable de negligencia por haber la guardabarrera dado vía franca al tren sin que el automóvil en que viajaba el demandante hubiera obedecido las señales que se le hacían para que se detuviera, sin embargo, como el demandado negó que el accidente se debiera a culpa o negligencia de sus empleados, y la prueba practicada sin objeción de la demandada demostró que la guardabarrera ejecutó dicho acto, este tribunal pudo en su opinión objeto de esta reconsideración hacer la declaración que hizo con respecto a este particular.
    Id. — Defensas no Alegadas en la Demanda. — No habiendo sido alegada por la demandada en su contestación como defensa el hecho de' que no hubo tiempo suficiente para hacer parar el tren después que se observó que el chauffeur desatendía las señales de la guardabarrera, ni habiendo sido tal hecho materia de prueba, no tenía necesidad esta corte de considerar esa cuestión en su opinión.
    Id. — Deber de la Guardabarrera de no dar vía Franca al Tren. — El caso de Robinson v. Western Pacific R. R. Co., 48 Gal., 409, sostiene la doctrina do que es el deber de la guardabarrera no dar vía franca a un tren cuando cric a un camino público basta que los vehículos hayan obedecido las señales de detención.
    Id. — Palta de Alegación en la Demanda de Negligencia por Parte del De-mandado — Negación General de Negligencia en la Contestación. — Aún cuando la defaianda en este caso no contiene alegación alguna de culpa o negligencia de la demandada, cuya omisión no fué excepeionada por la de-mandada en la corte inferior, sino que por el contrario negó en su contesta-ción a la demanda la existencia de culpa o negligencia por sus empleados, este tribunal en apelación no tenía que considerar la excepción alegada por pri-mera vez en esta corte de que la demanda no aducía hechos bastantes para constituir una causa de acción, porque la negación de negligencia alegada en la contestación a la demanda subsana la omisión de tal alegación en la demanda.
    Id.- — Noscitur a Sociis — Medios Adecuados para Impedir el Paso por un Cruce de Ferrocarril. — No es.forzada ni perjudicial la interpretación dada al artículo 12 de la ley No. 64 de marzo 9, 1911, en la opinión emitida en este caso en jnnío 28, 1913, en el sentido de declarar que una guardabarrera no es un medio adecuado equivalente a las barreras y cadenas para impedir el paso por un cruce de ferrocarril, por el hecho de que sostenga la deman-dada que no conoce otros medios equivalentes a las puertas y barreras.
    Los hechos están expresados en las opiniones.
    Abogados del apelante: Sres. Francisco Gonzales, Juan B. Iluyhe y Garlos Travecier.

    Abogado de la apelada: Sr. J. Henri Brown.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey

emitió la opinión del tribunal.

La presente apelación fué establecida por el demandante contra la sentencia pronunciada por la Corte de Distrito de Hnmacao, qne declaró sin lugar su demanda, en la que recla-maba que la corporación Porto Rico Railway, Light & Power Company le pagase determinada cantidad de dinero- como indemnización de los daños y perjuicios qne sufrió a conse-cuencia de nn choque ocurrido entre el automóvil en que via-jaba y nn tren de dicha demandada.

De los hechos declarados probados por la corte y del exa-men qne hemos hecho de la exposición del caso, podemos llegar a las conclusiones de qne el demandante Jesús Domín-guez, comerciante de Hnmacao, el día 6 de noviembre de 1911 tomó asiento como pasajero en Caguas en nn automóvil qne con otras personas había de conducirlo a San Juan, mediante el pago de cierta cantidad; que dicho demandante viajaba con frecuencia por la carretera qne de Caguas conduce a San Juan; que no conocía al chauffeur qne había de conducir el automóvil que aliquiló; que la línea férrea de la demandada cruza dicha carretera insular con un paso a niv.el en un sitio cercano a Caguas, en el que si bien existen postes con anun-cios que dicen “Ojo al tren,” “Párese,” “Mire,” “Oiga,” “Railroad Crossing,” no tiene barreras ni cadenas, aunque hay una persona empleada por la demandada como guarda-barrera, con el fin de hacer señales a los transeúntes cuando se aproximan los trenes y también para hacer señales a éstos respecto al paso por ese cruce; que al llegar a ese sitio el automóvil en que viajaba el demandante la guardabarrera le hizo señas con una bandera roja para que se detuviera, mientras con otra verde daba paso libre al tren; que en aquel sitio estaba detenida una calesa; que el chauffeur del auto-móvil no lo detuvo y continuó su marcha desviándose hacia el lado izquierdo de la carretera, la que en ese sitio tiene unos diez metros de ancho y cruzó la vía en el momento en que llegaba un tren, por el que fué alcanzado y de cuya colisión, ocurrida a eso de las tres y media de la tarde, resultó el demandante con varios golpes y heridas; que el automóvil llevaba puesta la capota pero no las cortinas; que ese día el demandante, no siendo aún la hora oficial de llegar el tren a Caguas, cogió el automóvil para llegar más pronto a San Juan, donde había ido muchas veces en automóvil desde Ca-guas; que el demandante no tiene ningún defecto en los ojos ni en los oídos y cuando llegaban al paso a nivel vió una mujer con bandera, la que levantó en el mismo momento en que el automóvil entraba en el cruce; que por preponderancia de prueba la corte inferior declaró probado que el tren antes de llegar al cruce tocó el pito y la campana; que en el sitio en que se halla ese paso a nivel hay un cerrito al lado derecho de la carretera en la dirección de Caguas a San Juan, que en aquella época estaba sembrado de cañas, que impedía ver un tren que viniera de Río Piedras para Caguas, y que antes ele llegar el automóvil a la vía, la guardabarrera. le hizo-señas con la bandera sin conseguir detenerlo.

Los fundamentos que tuvo la corte inferior para pronun-ciar la sentencia absolviendo a la demandada de la reclama-ción que se le hizo, fueron que no existió negligencia por parte de la demandada al no haber colocado en ese sitio barreras ni cadenas,. toda vez que tenía una guardabarrera, la que cumplió con su deber de avisar al automóvil; que el chauffeur fue negligente y que también lo fué el demandante, porque conociendo aquel sitio peligroso, y pudiendo ver y oir, nada hizo para evitar que el automóvil entrase en la vía.

Como la negligencia es la consecuencia del incumplimiento de algún deber, veamos cuál era el de la corporación deman-dada con respecto al sitio en que ocurrió el accidente, por cuyos perjuicios reclama el demandante.

En 9 de marzo de 1911 la Legislatura de Puerto Rico aprobó una ley que empezó a regir el mismo día de su apro-bación, que es la número 64 de las de ese año, referente a la reglamentación de los transportes que se hagan por ferro-carril, en la que por su artículo 12 se dice lo siguiente:

“Artículo 12. — Toda compañía de ferrocarril de ser-vicio público queda por la presente obligada a establecer y conservar barreras o cadenas u otros medios adecuados de protección en todos los cruces de las carreteras públicas insulares y demás cruces públicos que el Consejo Ejecutivo designare. Cualquier compañía de ferrocarril que deje de establecer y conservar las barreras o cadenas en los cruces que por esta ley se requieren y en los demás cruces cuya construcción y conservación se ordenare por el Consejo Ejecutivo, será culpable de delito menos grave (misdemeanor) y convicta que fuere ante una corte de jurisdicción competente, será multada con una suma que no exceda de $100 por cualquiera de dichas faltas.”

Como en ese cruce o paso a nivel por una carretera pública insular no tenía la corporación demandada barreras ni cade-nas, pero tenía empleada una persona con el fin de avisar por medio de una bandera de color la proximidad de los trenes a los que por la carretera transitasen, hemos de considerar si al utilizar ese empleado en sustitución de las barreras y cadenas cumplió con el precepto de la ley que le permite utilizar también cualquier otro medio adecuado de protección.

La barrera y la cadena son los medios que se utilizan para cerrar e impedir el paso por algún sitio y cuando se emplean en un cruce o paso a nivel de un ferrocarril, producen el resultado de cerrar y obstaculizar el paso por la vía. Colo-cada la barrera o la cadena, es materialmente imposible tran-sitar por el cruce a menos que sea rota o se salte y por con-siguiente es un medio de tal naturaleza, que una vez colocado oportunamente impide los accidentes y colisiones, que es el fin perseguido por la ley al ordenar su colocación. Según se dice en el caso de Chicago and Alton R. R. Co. v. Wise, 206 Ill., 453, 69 N. E., 500, confirmado en 106 Ill. App., 174, las barreras requeridas por el estatuto tienen el objeto no sólo de servir de aviso sino también-son un medio de obstrucción material. Por tanto, al exigir la ley que en los cruces por carreteras públicas insulares se pongan barreras o cadenas o cualquier otro medio adecuado de protección, fia de entenderse que estos medios adecuados de protección ban de ser de natura-leza parecida a las barreras o cadenas, para producir análo-gos resultados a los que intentó el legislador con la barrera o la cadena. Según la regla noscitur a sociis cuando' las pala-bras de determinada significación de la ley van seguidas de otras de sentido más general que no son tan específicas y limitadas, la palabra o palabras generales deberán ser inter-pretadas en el sentido de que son aplicables a las personas o las cosas de igual clase según se designan las mismas en la determinada palabra o palabras, a menos que aparezca que la intención del legislador ba sido distinta. En los si-guientes casos, palabras de sentido general ban sido inter-pretadas de ese modo. Miller v. State, 23 N. E., 95; People v. Richards, 18 N. Y., 142; McGaffin v. City of Cohoes, 30 Am. Rep., 309.

Aplicando estos principios al caso presente, debemos lle-gar a la conclusión de que una persona empleada como guarda-barrera por la corporación demandada para dar aviso con Tina bandera a los transeúntes de la aproximación de un tren, no es un medio adecuado de protección similar o análogo a la barrera o cadena exigida por la ley, ya que no produce el efecto de obstaculizar ni impedir materialmente la entrada ■en la vía. Así pues, la corporación demandada en la fecha en que ocurrió- el accidente no había cumplido con el deber que le impuso la ley de colocar en ese sitio, barreras, cade-nas o cualquier otro aparato análogo a ellas para protección de los transeúntes, lo que constituye una negligencia per se por haber dejado de cumplir con ese precepto estatutorio. 33 Cyc., 968, y casos citados en la nota No. 8.

Además de esto, los pasos a nivel por las carreteras públi-cas no pertenecen exclusivamente a las compañías de ferro-carriles que por ellos cruzan, sino que a su uso tienen igual derecho los que transitan por ella, por lo que habiendo visto la guardabarrera que el automóvil no obedecía a sus señales, no debió dar vía franca al tren, sino hacerle señas de que se detuviese, porque el tren no debía cruzar la vía en ese sitio hasta tanto que los vehículos que se aproximaban al cruce hubieran obedecido a sus señales, dado que no se habían puesto en ella los aparatos requeridos por la ley. Robinson v. Western P. R. Co., 48 Cal., 409 y casos que cita.

En vista de lo que hemos expuesto, hubo negligencia por parte de la corporación demandada y al sostener lo contrario la corte inferior cometió error.

El chauffeiír que conducía el automóvil conocía ese sitio por llevar algunos meses viajando con su carro, sabía que no tenía barreras ni cadenas, por lo que al acercarse a aquel sitio debió haber sido precavido y prudente, debió detener su carro para ver y oir o ponerlo a una marcha tan reducida que pudiera ■detenerlo en cualquiér momento, y el no haber tomado esas precauciones constituye negligencia por su parte, de tal suerte, que si hubiera procedido como un hombre prudente el accidente no hubiera podido tener lugar a pesar de la negli-gencia de la demandada, por lo que, no obstante ésta, la causa próxima de la colisión ocurrida fue el haber entrado el auto-móvil en la vía sin tomar esas precauciones.

Expuesto lo que precede, veamos si la negligencia del chauffeur puede sufrirla el demandante que era un pasajero en su vehículo y le impide recobrar los daños que sufrió.

Mientras la regla general establecida por las decisiones en Inglaterra fue que la negligencia del conductor sería imputada a un pasajero en accidentes causados por la negli-gencia de un tercero a la cual contribuyó el conductor, y que ésta doctrina fue adoptada por unas pocas decisiones ingle-sas y americanas, sin- embargo, tales decisiones han sido ex-presamente rechazadas luego en Inglaterra y desaprobadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Little v. Hackkett, 116 U. S., 366; 6 S. Ct., 391; 29 L. ed., 652, siendo hoy la regla general, que la negligencia del conductor no será imputada al pasajero cuando no tenía gobierno sobre dicho conductor. Es cierto, según sostiene la corte inferior, que como excepción a esa regla general la negligencia del conductor puede ser imputada al pasajero, cuando teniendo éste oportunidad de descubrir y evitar el peligro mediante el ejer-cicio de un cuidado ordinario no lo descubre o evita, mas para, que podamos llegar a la conclusión de que la negligencia del chauffeur que conduce un automóvil pueda ser imputada al pasajero que viaja en un asiento de la parte trasera, es nece-sario que el demandado pruebe que las circunstancias fueron tales que el apelante tenía el deber de estar atento durante el viaje al paso a nivel existente en la carretera. No cree-mos que el solo hecho de que el demandante conocía la exis-tencia de tal paso a nivel le impuso el deber de estar atento a él y de avisar al conductor del automóvil. El apelante aun-que viajaba con un chauffeur, desconocido para él, tenía dere-cho a esperar que fuera precavido y prudente como la mayo-ría de los hombres y a confiar en su habilidad en el manejo del carro, siendo por otra parte muy difícil en tal clase de vehículos, conocer en un momento determinado, si un peligro puede evitarse o nó con la rapidez en la marcha. El apelante comenzaba su viaje con ese chauffeur y no se ha demostrado que basta el momento del choque por el que reclama, hubiera ocurrido algo que pusiera en duda su pericia o su prudencia. No creemos que el apelante estaba obligado a vigilar todos los peligros que podían existir en el camino, ni aun los que conocía, y que debiera llamar la atención sobre ellos en cada caso al conductor. Tampoco creemos que la regla de que el pasajero pudo ver y oir sea tan estricta que necesariamente haya de deducirse siempre que el pasajero vió y oyó, si nose prueba que en efecto miraba hacia el sitio peligroso.

En vista de las circunstancias de este caso, tal como apa-recen de los hechos antes expuestos y de la naturaleza del vehículo en que viajaba el apelante, somos de opinión que no puede serle imputada la negligencia del conductor y que al hacerlo así la corte inferior cometió-error.

La sentencia debe ser revocada y concederse un nuevo juicio.

Revocada ordenándose la celebración de un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: .'Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.

PeesbNtada mooión de reconsideración por la parte ape-lada fue denegada en noviembre 19, 1913, por medio de la si-guiente opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Aldrey.

El apelado y demandado ha solicitado de nosotros que reconsideremos la sentencia que hemos dictado resolviendo definitivamente este caso. Consideraremos la moción en sus distintos fundamentos por el mismo orden en que han sido-alegados.

Como primer motivo se alega que la sentencia se funda en una equivocación respecto a los hechos probados, por las siguientes razones:

(a) porque la sentencia parte del supuesto equivocado de que la guarda barrera no hizo señales al automóvil hasta que éste llegó al.paso a nivel; y

(b) porque sostiene también equivocadamente, que el de-mandante no vió las señales ele la guardabarrera hasta que llegó al cruce.

Respecto al apartado (a) diremos que la opinión que se escribió en este caso no dice que la guarda barrera no hiciera señales al automóvil hasta que éste llegó al mismo cruce como parece entender la parte peticionaria. Lo que hemos dicho es que las señales fueron hechas cuando el automóvil llegó al sitio del cruce, palabras que no se refieren únicamente al punto donde la vía férrea cruza la carretera, sino que com-prenden las inmediaciones de él. Además, para desarrollar las conclusiones a que llegamos en la opinión, es indiferente que la guardabarrera hiciera las señales al automóvil antes de llegar éste al cruce o cuando llegó al mismo sitio del paso a nivel, pues si hemos declarado que el demandante no fué negligente, fué porque él no vió las señales hasta el momento de entrar en el cruce, porque no tenía el deber de estar pen-diente del' conductor del vehículo y porque aun cuando tuvo oportunidad de ver las señales, no se demostró que las vió a tiempo de evitar el accidente.

En el segundo motivo de reconsideración se interesa que eliminemos de la opinión la declaración de que la guarda barrera, empleada de la demandada, fué culpable de negli-gencia al dar vía franca al tren sin que el automóvil en que viajaba el demandante hubiera obedecido las señales qu.e se le hacían para que se detuviera y para ello se alega:

(a) que ese pronunciamiento no fué objeto de alegación;

(&) que no consta qufe hubo tiempo suficiente para hacer parar el tren después que se observó que el chauffeur desatendía las señales de la guarda barrera; y

(c) porque el caso de Robinson v. Western Pacific Railroad Company, que se cita en la opinión, no sostiene la doc-trina de que sea el deber de la guardabarrera no dar vía franca al tren cuando cruza un camino público basta que los ■ ■vehículos hayan obedecido las señales de detención.

Respecto al particular letra (a) si bien ño fué objeto de alegación en la demanda ese acto dé negligencia, sin embargo, como la demandada negó que el accidente se debiera a culpa o negligencia de sus empleados, tal alegación planteaba la cuestión de si en verdad existió o nó culpa o negligencia en ellos y toda vez que .de la prueba practicada sin objeción de la parte demandada resultó que la guarda barrera dió vía franca al tren al mismo tiempo que hacía señales al automóvil para que se detuviera, pudimos hacer la declaración cuya eli-minación se pretende. En cuanto a la razón consignada bajo la letra (b) como no fué defensa alegada por el demandado ni fué materia de prueba, no tuvimos necesidad de considerar esa cuestión; y en cuanto al particular letra (c) si bien el caso de Robinson v. Western Pacific Railroad Company, 48 Cal., 409, no emplea las mismas palabras que nosotros, sin embargo, llega a las mismas conclusiones que hemos estable-cido. Ese caso se refiere al accidente sufrido por una mujer al cruzar una vía férrea por detrás de un tren que estaba detenido en el cruce de un calle pública y en él dijo la corte que “si hubieran algunas personas por delante de una loco-motora próxima a partir, la campana les anuncia que dejen la vía, pero si no la dejan, no está justificado el maquinista en dirigir su máquina sobre ellas,” lo cual equivale a decir, haciendo aplicación de la anterior doctrina al presente caso, que un empleado como guardabarrera no debe dar vía franca a un tren para cruzar la carretera pública, cuando observa que un automóvil que se dirige hacia el cruce de la vía no ha atendido sus señales de detenerse. También declaró que “de-bería haber sido situado un hombre donde pudiera ver los raí-les en la dirección en que el tren había de moverse para que, a su señal de que la vía estaba franca, el maquinista pudiera liacer anclar su máquina.” T más adelante se dijo en. la misma opinión que “a menos que se declare que un viandante estaba impedido de usar aquella porción de la calle mientras el tren estaba detenido cerca de ella, es menester concluir que la demandante estaba justificada en creer que podía cruzar la vía con seguridad cuando intentó hacerlo.”

El tercer apartado expone como motivos para la recon-sideración interesada, que se ba dejado de resolver la cues-tión suscitada por la demandada, tanto en esta corte como en la inferior, respecto a la falta de hechos en la demanda que determinen una causa de acción, toda vez que no contiene alegación alguna de culpa o negligencia de la demandada. Tal excepción no fué alegada en la corte inferior y por pri-mera vez se propuso en el alegato presentado por la deman-dada en la apelación. La contestación de la demandada negó la existencia de culpa o negligencia de sus empleados.

Según dijimos en el caso de Olivieri v. Mck. Jones, 17 D. P. R., 1163, los casos resueltos en 110 Cal., 169; 99 Cal., 259 y 113 Cal., 532, sientan la doctrina de que “ cuando un demandante procede a la celebración del juicio, y se dicta sentencia a su favor, si la demanda carece de alguna alega-ción que se expresa en la contestación a la demanda, se estima que las omisiones de la demanda han quedado, después del juicio, subsanadas o suplidas por la contestación. Esto equi-vale a una renuncia o a no poder ir contra sus propios actos. ’r

El último de esos casos, que es el de Vance v. Anderson,, dice que si bien en la obra “Pomeroy on Remedies,” sec. 579, se opina que la regla antes mencionada debería ser limitada a casos en que la contestación alegue afirmativamente el hecho-que omitió la demanda, aunque algunas veces se lia aplicado cuando la contestación simplemente contenga una negación de los hechos que debieron ser afirmados por el demandante, sin embargo, declara la corte que la práctica en California ha sido considerar las negaciones expresas como suficientes para curar el defecto de la demanda. De acuerdo, pues, con esa jurisprudencia, al negar expresamente la contestación la falta de culpa o negligencia de sus empleados, subsanó la omi-sión de tal alegación en la demanda e hizo innecesario con-siderar esa excepción.

El apartado cuarto de la moción alega qne la interpreta-ción qne Remos dado al artículo 12 de la ley número 64, de acnerdo con la doctrina de noscitur a sociis, infringe:

(a) el principio de qne los estatutos penales deben inter-pretarse estrictamente, resolviéndose cualquier ambigüedad a favor del supuesto infractor;

(b) la regla de que los estatutos deben interpretarse de manera que sus palabras no queden sin sentido y que la inter-pretación que Remos dado a las palabras “otros medios ade-cuados” en el sentido de “medio para cerrar e impedir el paso por un cruce de ferrocarril” dejan sin efecto las pala-bras de la ley, por cuanto en la práctica de ferrocarriles no se conocen otros medios para obstaculizar el paso sino las barreras y cadenas;

(e)'porque la demanda no alega una violación del esta-tuto por cuanto no se alegó ni probó que el cruce esté en una carretera pública insular y tampoco que en aquel sitio no exis-tieran barreras o cadenas.

Respecto al extremo letra (a) no podemos, sin violentar la ley, declarar que una guardabarrera sea un medio adecuado equivalente a las barreras y cadenas, por lo que la interpre-tación dada al estatuto no es forzada y perjudicial; respecto al particular (6) la alegación de que la demandada no conoce otros medios de obstaculizar el paso por una vía que las barre-ras y las cadenas, no es suficiente para llegar a la conclu-sión de que en realidad no existan tales medios; y respecto al particular (c) la pruebá demostró que en el sitio en que ocurrió el accidente la vía de la demandada atraviesa la carre-tera pública insular que une a Caguas eon San Juan y también que allí no existían entonces cadenas ni barreras.

.Entendemos por lo expuesto que no Ray motivos para reconsiderar la sentencia, y la moción por tanto debe ser •denegada.

Denegada la moción de reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de esta moción.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNTB Sr. HerNÁNdez

license: Public Domain

text:
    Sánchez, Peticionaria y Apelante, v. Calderón, Opositor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gfuayama.
    No. 1002.
    Resuelto en noviembre 21, 1913.
    Administración Judicial de Bienes de un Difunto — Requisitos de la Soli-citud — Affidavit Defectuoso — Interes de la Parte Promovente. — De acuerdo con los artículos 23 y 24 de la Ley de Procedimientos Legales Espe-ciales de marzo 6, 1905, no puede decretarse la administración judicial de los' bienes de un finado a instancia de una hermana natural, cuando no hay pruebas de tal parentesco, ni se alega en la solicitud que, según los informes y creencia del peticionario, el difunto no dejó testamento válido, ni se espe-cifica la procedencia y fundamento de tales informes‘y creencia, y cuando el juramento de la solicitud no está redactado de acuerdo con los preceptos del artículo 118 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Administración Provisional de los Bienes de un Difunto — Declaración de Oficio por la Corte — Conocimiento de los I-Ieohos que Justifican esa Declaración. — De acuerdo con los artículos 21 y 22 de la Ley de Procedi-mientos Legales Especiales de marzo 6, 1905, las cortes de distrito están en el deber de dispensar su acción protectora a los bienes de finados sin dejar herederos conocidos, y puede decretar de oficio la administración provisional de tales bienes para evitar que desaparezcan, y poco importa que el conoci-miento de tales hechos le haya sido dado a la corte por persona en cuya compañía vivía la finada o por otra persona que se dice ser hermana natural de la misma, y.que presentó moción pidiendo la administración judicial de los bienes- de su difunta hermana.
    Id. — Nombramiento de Administrador sin Fianza — Notificación al Fiscal del Distrito. — Al decretar una corte do oficio la administración provisional de los bienes de un finado debe exigir al administrador la prestación de una fianza y el fiscal del distrito debe tener conocimiento de esos procedimientos para el caso de que El Pueblo de Puerto Rico tenga derecho a la herencia.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. G. Dommguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. F. Gervoni Gely.

   El Juez PresideNTB Sr. HerNÁNdez

emitió la opinión del tribunal.

En instancia jurada de 21 de febrero del corriente año, 1913 suscrita por Jacinta Sánchez bajo dirección de letrado, solicitó ésta de la Corte de Distrito de G-nayama el nom-bramiento de administrador temporal de los bienes de su difunta hermana natural Juana Sánchez en favor de Ramón Lebrón, Juez Municipal de Patillas, con relevación de fianza, ordenándole procediera desde luego a formar inventario de los bienes de la difunta, a cuyo fin alegó que la Juana Sánchez falleció en el pueblo de Patillas en 25 de junio de 1912, sin otorgar testamento y sin dejar ascendientes ni descendientes legítimos ni naturales, ni naturales reconocidos, siendo su única heredera la peticionaria, cuya declaratoria de tal se haría oportunamente, y que habiendo vivido Juana Sánchez en concubinato con Juan Calderón, éste, con grave perjuicio de la única legítima heredera, había malbaratado todo el dinero que dejara la difunta, ascendente a más de $100, y se encontraba en posesión de todos los bienes que pertenecían a la misma, los que se negaba a entregar a la peticionaria, consistiendo esos bienes en una casita de madera, ganado vacuno y de cerda, aves de corral, muebles y otros artícu-los, todo con valor superior a $500.

El juramento de la anterior solicitud aparece redactado en la forma siguiente:

“Jurada y suscrita la precedente solicitud hoy día de la fecha ul supra (febrero 21 de 1913) por la peticionaria que dice ser mayor de edad, vecina de esta ciudad (Guayama), de estado doméstica. E. S. Mestre, secretario de la corte.”

El Juez por orden del mismo día 21 de febrero, nombró a Don Ramón Lebrón, Juez Municipal de Patillas, adminis-trador temporal de los bienes pertenecientes- al intestado de Juana Sánchez, previniéndole procediera a la formación de un inventario de los mismos, como así lo verificó Lebrón en 4 de marzo siguiente, y disponiendo que Juan Calderón, con-cubino de la finada, fuera citado para que compareciera ante la corte en 4 de marzo, con el fin de resolver lo que procediera en cuanto a nombramiento de administrador permanente.

En 8 de marzo citado, presentó Juan Calderón moción a la corte con súplica de que fuera desestimada la petición de administración judicial y se le restituyeran los bienes ocu-pados porque el juramento de la peticionaria Jacinta Sánchez, era defectuoso y porque la Sánchez como hermana de la falle-cida Juana, del mismo apellido, carecía de personalidad para solicitar la administración judicial de los bienes de la finada, según el artículo 23 de la ley sobre Procedimientos Legales Especiales, aprobada en marzo 6, 1905.

Yista y discutida la anterior moción de impugnación, la Corte de Guayama, por orden de 13 de junio de 1913, declaró sin lugar la petición de administración judicial de Jacinta Sánchez y dispuso que.los bienes ocupados a Juan Calderón le fueran restituidos, sin especial condenación de costas.

Contra esa orden interpuso la representación de Jacinta. Sánchez recurso de apelación para ante esta Corte Suprema,, sometido a nuestra consideración y decisión después de corri-dos los trámites legales.

El capítulo 4o. del Título I de la Ley de Procedimientos. Legales Especiales de que se deja hecho mérito, regula en sus artículos 21 y 22 la administración de los bienes de fina-dos sin parientes conocidos o sea cuando falleciere cualquier persona con testamento o abintestato, con bienes, sin dejar cónyuge que viviera en su compañía ni ascendientes o des-cendientes, o parientes colaterales dentro del cuarto grado, estableciento una administración provisional o interina que el juez acuerda de oficio sin necesidad de gestión de parte inte-resada, para asegurar los bienes del difunto, mientras que el capítulo 5o. del mismo título en sus artículos 23 al 34 regula la administración judicial de los bienes de un finado cuando» ésta se solicita por alguna ele las personas que designa el ci-tado artículo 23 y en la forma que estatuye el mismo artículo.

Según el artículo 23, la administración judicial de los bie-nes de la finada Juana Sánchez no pudo decretarse a virtud de la petición que para ello hizo Jacinta, del mismo apellido, a la Corte de Distrito de Guayama, pues la instancia no llena los requisitos que exige el mismo artículo bajo el número 2, o sea que en caso de fallecimiento abintestato se hará constar que, según los informes y creencia del peticionario, el difunto no dejó testamento válido, especificándose la procedencia y fundamento de tales informes y creencia; y aunque aparece jurada, no lo ha sido en la forma que establece el Código de En-juiciamiento Civil en su artículo 118, preceptivo de que “en todos los casos de alegaciones juradas, la declaración escrita jurada de la parte deberá afirmar que le consta por propio conocimiento que es cierto lo alegado, excepto en cuanto a las materias que en dicha declaración manifieste conocer por su ' información o, creencia, en cuyo caso expresará que las cree ciertas. ’ ’

Tampoco ha venido a los autos justificación alguna de que Jacinta Sánchez sea hermana natural, según alega, de la finada Juana Sánchez y mientras falte tal prueba no puede reputársele parte interesada al efecto de pretender que los bienes de la persona de quien se dice heredera abintestato, queden sujetos a una administración judicial.

Pero aunque esa administración no puede decretarse a moción de Jacinta Sánchez, bien puede decretarse de oficio en virtud del conocimiento que por la propia Jacinta Sánchez ha tenido la autoridad judicial de Guayama de que Juana Sán-chez ha fallecido abintestato, quedando sus bienes en poder de Juan Calderón que no tiene derecho a heredarlos. Jacinta Sánchez acaso sea hermana natural de la Juana, pero no ha venido a los autos justificación de ese hecho, de que deriva su capacidad la peticionaria y la autoridad judicial está en el deber de dispensar su acción protectora a los bienes de la finada para evitar que desaparezcan o sufran menoscabo con perjuicio’ de los llamados a heredarlos y quizás del mismo Pneblo de.Puerto Pico a quien en ultimo término la ley reco-noce ese derecho.

Al presente caso son de aplicación los artículos 21 y .22 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, por tratarse al parecer de nna persona que ha fallecido sin testamento y sin dejar cónyuge legítimo que viviera en su compañía o ascendientes o descendientes o parientes colaterales dentro del 4o. grado, con justificación de su parentesco, y haber tenido conocimiento de esos hechos la autoridad judicial del distrito, importando poco al caso que ese conocimiento le fuera dado por persona en cuya compañía, vivía la finada o por quien se dice hermana natural de la misma.

La orden que dictó la Corte de Distrito de Guayama en 21 de febrero último nombrando a Don Bamón Lebrón, admi-nistrador temporal de los bienes pertenecientes al abintes-tato de Juana Sánchez con relevación de fianza, cuya orden dejó sin efecto por la posterior de 13 de junio, se ajusta a los preceptos de los artículos 21 y 22 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, qhe) repetimos, son aplicables al pre-sente caso, si bien Lebrón a quien el juez eximió de toda fianza debe prestar garantía suficiente para responder del fiel cum-plimiento de su cargo, siendo su deber, según el texto del artí-culo 22, además de los que ,1a ley impone a los administra-dores, instruir los procedimientos necesarios para determi-nar los herederos y si dejaren de comparacer, entregar lo que reste de los bienes después de pagar las deudas de la finada y los gastos de la administración a la Tesorería de Puerto Bico para su debida aplicación. El Fiscal del Distrito de Guayama debe tener conocimiento de esos procedimientos para la debida notificación al Attorney General, quien será parte en ellos para la determinación de los herederos.

En dichos procedimientos puede justificar Jacinta Sánchez cómo cualquiera otra persona el derecho hereditario de que se crea asistida respecto de los bienes de la finada Juana Sánchez.

Por las razones expuestas, opinamos que procede la revo-cación de la orden apelada de 13 de junio último y qne se sos-tenga la primera de 21 de febrero del corriente año, menos en cuanto se exime al administrador temporal Don Ramón Lebrón de la prestación de toda fianza, debiendo proceder el juez con arreglo a los principios establecidos en .esta opinión.

Revocada la orden apelada, declarando vigente la orden anterior, nombrando un administra-dor temporal, y. devuelto el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    Pérez Villamil et al., Demandantes y Apelados, v. Romano et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de ia Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia.
    Estipulación para que se tenga a los apelantes por desisti-dos de la apelación interpuesta para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
    No. 878.
    Resuelto en noviembre 21, 1913.
    Apelaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos — Desistimiento de la Parte Apelante — Cancelación de la Fianza — Jurisdicción de Este Tribunal. — Interpuesta apelación para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos contra una sentencia de este tribunal, y aprobada la fianza para suspender la ejecución de la sentencia, carece este tribunal de jurisdicción paz’a tener a la parte apelante por desistida de la apelación interpuesta y para cancelar la fianza prestada, cuya función corresponde a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
    Los beclios están expresados en la resolución.

      Abogado de los apelados: Sres. José de Guzmán Benitez, José Martinez Dávila y Francisco de la Torre.

    Abogados de los apelantes: Sres. Bosch S Soto.

   RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL.

Por cuanto ambas partes ban presentado una moción el 13 de noviembre corriente en la cual de común acuerdo ale-gan baber llegado a una transacción y piden que se tenga por desistidos a los demandados y apelantes de la apelación inter-puesta para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, contra la sentencia dictada por esta corte en este caso el 27 de junio de 1913, y además para que se comunique a la corte sentenciadora dicho desistimiento y se cancelen las fianzas prestadas y se devuelvan los documentos que utilizó dicha parte para constituirlas.

Por cuanto con fecha 7 de julio de 1913 fue admitida la apelación interpuesta en este caso por la parte demandada, para ante l'a Corte Suprema de los Estados Unidos, habiendo sido aprobadas las fianzas para costas y para obtener la sus-pensión de la ejecución de la sentencia en los días 8 de julio y 22 de agosto de 1913, respectivamente, y habiéndose expe-dido con fecha 23 de agosto último mandamiento a la corte sentenciadora ordenando la suspensión de la ejecución de la sentencia ■ dictada en este caso, careciendo este tribunal, por tanto, de jurisdicción para desestimar esta apelación o para tener a la parte demandada por desistida de la misma, y como consecuencia para cancelar dichas fianzas y comuni-car a la corte inferior el desistimiento.

Por tanto visto el caso de Draper v. Davis, 102 U. S., 370, y la práctica seguida por este tribunal en los casos de Elzaburu v. Chavez et al., resuelto en marzo 4, 1913, (pág. 172); Sucesión Orrah v. Sucesión Polanco, 16 D. P. R., 738 y Torres v. Lothrop Luce & Company et al., 16 D. P. R., 180; se declara no haber lu-gar a tener a los demandados y apelantes por desistidos de la apelación interpuesta por los mismos en este caso para ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, ni a cancelar las fianzas prestadas a los efectos de la apelación interpuesta, sin perjui-cio de que ejerciten tales derechos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En cuanto a la devolución a dicha parte de los documentos que utilizó para constituir las fianzas des-pués que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya admitido el desistimiento de la parte apelante, se autoriza al secretario de esta corte para que devuelva a los demanda-dos los documentos ■ que solicitan, debiendo éstos presentar copia simple de los mismos para la debida constancia en autos.

Denegada la moción por falta de jurisdicción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de esta moción.


author: El Juez Asociado Su. del Toko

text:
    Alvarez, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    Recukso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Ia.
    No. 163.
    Resuelto en diciembre 1, 1913.
    Venta con Pacto de Betro y Arrendamiento — Consumación de la Venta Fun-dada en Falta de Paso de los Cánones — Manera de Demostrar el Incum-plimiento de la Condición. — Si bien en términos generales sólo es necesario .que no aparezca cumplida en el registro la condición impuesta en un contrato de venta con pacto de retro, para que el registrador, a instancia de la parte interesada, proceda, a anotar la consumación de la venta, sin embargo, en casos como el presente en que se trata de un contrato de venta de un inmueble con pacto de retro y a la vez de arrendamiento y en el que se hace depender la consumación de la venta del pago de los arrendamientos, hecho este que, por regla general, no se consigna cada vez que se realiza en el registro, es conveniente que la falta de cumplimiento de la condición no sólo aparezca del registro si que también se acredite de algún otro modo, por ejemplo, por medio de un escrito jurado por el peticionario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    El recurrente compareció en nombre, propio.

      El recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Su. del Toko

emitió la opinión del tribunal.

El 16 de junio de 1912 comparecieron ante notario público Doña Sofía Rufat viuda de Marquez y Don Isidoro Alvarez Gronzález y la primera vendió con pacto de retro al segundo dos fincas rústicas, que el segundo en el mismo acto arrendó a la primera, pactándose que “si transcurrieren 15 días des-pués del vencimiento de cualquier trimestre, sin satisfacerse al arrendador las rentas devengadas, se considerará, por este heclio, vencido desde luego el término prefijado para redimir las. fincas, adquiriendo el arrendador el absoluto dominio de las mismas.”

La escritura pública otorgada fué inscrita en el Registro' de la Propiedad de San Juan, Sección Ia., con respecto a una de las fincas vendidas situada en Río Piedras, y el 3 de octu-bre de 1913, fué presentada de nuevo en el registro acompa-ñada de un affidavit en el cual se bacía constar que Doña. Sofía Rufat no liabía satisfecho ninguno de los cánones del arrendamiento, habiendo transcurrido más de tres trimes-tres sin que la repetida señora hubiera efectuado el pago. Esta nueva presentación se hizo con objeto de que el regis-trador anotara la .consumación de la venta. El registrador se negó a ello por medio de la siguiente nota contra la cual se interpuso el presente recurso gubernativo.

“No admitida la nota de consumación de venta que se solicita, porno haberse acreditado que la vendedora Doña Sofía Rufat viuda de Márquez, haya dejado de satisfacer las mensualidades del arrenda-miento señaladas en la escritura, según la resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 28 de junio último, número 148, y si bien se presenta un affidavit suscrito por el comprador Don Isidoro Alvarez, este documento no se considera bastante a los fines indicados; y exten-dida en su lugar nota preventiva por el término legal al margen de la inscripción 4a. de la finca número 1295 al folio 72 vuelto del tomo 25 de Río Piedras. San Juan, Puerto Rico y octubre 16 de 1913.”

El caso decidido por esta Corte Suprema el 28 de junio de 1913 a que se refiere el registrador, fué el de Rosado v. El Registrador, (pág. 972). La recurrente había com-prado con pacto de retro y arrendado al vendedor ciertas fincas, conviniéndose en que si vencidas tres mensualidades, consecutivas no fueren puntualmente satisfechas, se conside-raría vencida la obligación total del contrato y con derecho la compradora a pedir que se anotara en el registro la con-sumación de la venta. Posteriormente, según constancia del registro, el derecho a retraer se transfirió a otra persona. Del expediente no aparecía la forma en que la peticionaria había solicitado la anotación de la consumación de la venta, y esta Corte Suprema, atendidas todas las circunstancias del caso y no constando en forma alguna que la recurrente acre-ditara la fálta de cumplimiento de la condición por parte de la persona que sustituyó en sus derechos al primitivo ven-dedor y arrendatario, confirmó la nota recurrida por virtud de la cual el registrador se había negado a consignar la con-sumación de la venta.

Corno puede verse, si bien este caso que resolvemos guarda estrecha relación con el resuelto en 28 de junio de 1913, difie-ren las circunstancias concurrentes en los mismos. En el de Rosado no constaba claramente la forma en que se había soli-citado la nota de consumación, ni se acreditó la falta de cum-plimiento de la condición resolutoria. En este consta con toda claridad la manera en que se ha solicitado la consuma-ción y se ha acreditado además la falta de cumplimiento de la condición, no sólo por no aparecer del registro satisfechos los arrendamientos dentro del plazo fijado en el contrato, si que también por medio de un escrito debidamente jurado.

Si1 aplicamos la doctrina consignada en las resoluciones de la Dirección Greneral de los Registros de España de 28 de junio de 1881 y 5 de noviembre de 1883, y la opinión del comentarista Galindo, tomo 1, pág. 633, de su Legislación ILipotecaiia, podría decidirse que sólo es necesario que no aparezca cumplida en el registro la condición, para que el registrador a instancia de la parte interesada proceda a ano-tar la consumación. Sin embargo, en casos como el presente y el de Rosado v. El Registrador, (pág. 972), en que se trata de contratos de venta con pacto de retro y -a la vez de arrendamiento en los cuales se hace depender la consumación de la venta del pago de los arrendamientos, hecho este último que por regla general no se hace constar cada vez que se realiza en el registro, es conveniente que la falta de cumplimiento de la condición no sólo aparezca del registro sino que también se acredite de algún otro modo, y el de un escrito jurado por el mismo peticionario nos parece apropiado y suficiente.

Por las razones expuestas debe revocarse la nota recu-rrida y ordenarse al registrador que proceda a verificar la anotación solicitada.

Revocada.

' Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    González et al., Demandantes y Apelantes, v. López et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de . Distrito de San Juan, Sección Ia., en un caso sobre nulidad de declaratoria de herederos.
    No. 998.
    Resuelto en diciembre 1, 1913.
    I-Iijos Naturales — Reconocimiento Solemne — Constancia Auténtica y Feha-ciente. — Para que el reconocimiento de un hijo natural se entienda realizado y surta todos sus electos legales, es necesario que se haga de una manera solemne por el padre con la firme voluntad de realizarlo y que quede de él la debida constancia auténtica y fehaciente.
    Id. — Actos del Padre Tendentes a Establecer su Paternidad — Necesidad del Ejercicio de la Acción de Filiación. — Cuando el padre realizaba actos ten-dentes a establecer su paternidad que por sí solos no constituían un reconocí-miento solemne y de los que no quedaba, constancia auténtica y fehaciente, bajo las leyes de Toro; cuando ocurrían los casos del artículo 137, bajo-el Código Civil antiguo y cuando se realizan los del artículo 189 del vigente Código Civil Revisado, entonces debía y debe ejercitarse la acción de filiación y el reconocimiento debía y debe constar por la ejecutoria solemne de un tribunal competente.
    Id. — Partidas de Bautismo y de Matrimonio — Valor Probatorio de las Mis-mas. — Las partidas de bautismo y de matrimonio prueban la .administración del bautismo y la celebración del matrimonio en las fechas que expresan, pero no prueban la veracidad de las manifestaciones que en ellas se insertan respecto de la filiación del bautizado o casado.
    Id. — Partidas de Bautismo — Documento Público. — La constancia puesta al pie de una partida de bautismo por el cura párroco después del cambio de sobe-ranía y la separación de la Iglesia del Estado, en el sentido de que ante él compareció el supuesto padre del bautizado y' expresó su voluntad de reco-nocerlo como hijo, sólo tiene el carácter de documento privado, y no puede considerársele como constancia auténtica y fehaciente del reconocimiento, y tal reconocimiento por sí- solo no da derecho al reconocido a pedir la nulidad de la declaratoria de herederos de su supuesto padre por no haber sido él incluido en la misma.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. José G. Torres.

    Abogado de los apelados: Sr. Rafael López Landrón.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito sobre nulidad de. declaratoria de here-deros. Ana González viuda de López, en su calidad de madre con patria potestad sobre sus hijos menores de edad nombra-dos Ana María y Ramón López y González, y además por su propio derecho, entabló demanda en la Corte de Distrito de San Juan, sección primera, contra Ramona López y los meno-res Miguel, Lucía, Dolores, Julia, Conrado, Francisco y Jorge López y Ortiz, alegando lo que sigue:

Io. Que con fecha 14 de noviembre de 1912, la misma corte de distrito había declarado a los demandados únicos y uni-versales herederos de su padre natural Manuel López Martínez.

2o. Que dicho Manuel López Martínez tuvo y dejó otro hijo natural reconocido llamado Juan Ramón López y Ramírez, el cual murió 10 meses después del padre y dejó, de su matrimonio con la demandante, dos hijos menores qne están bajo la patria potestad de la dicha demandante, y

3o Que no habiéndose incluido en la declaratoria de herederos de Manuel López Martínez a su nombrado hijo natural reconocido Juan Ramón López Ramírez, ni en su repre-sentación a su vinda e hijos indicados, la declaratoria hecha no comprendió, como debió comprender, a todos los herederos de Manuel López Martínez y era por consiguiente nula.

Los demandados contestaron la demanda aceptando la alegáción primera y negando las alegaciones segunda y tercera.

Señalado día para la vista solo compareció la parte demandante. Practicada la prueba, la corte la estimó insufi-ciente y por tal motivo declaró la demanda sin lugar por sentencia registrada el 28 de marzo de 1913, contra la cual se interpuso el presente recurso de apelación.

Veamos cuál fué la prueba que la corte consideró insuficiente. Consistió en documentos y en declaraciones de testigos. Los documentos fueron:

(a) Certificación del Registro Civil de Toa Alta creditiva del matrimonio celebrado el 29 de mayo de 1909, entre Juan Ramón López y Ramírez, y Ana Liboria González y López. En ella figura López como hijo legítimo de Manuel López Martínez.

(b) Otra certificación del Registro civil de Toa Alta creditiva de la defunción de Ramón López Ramírez, ocurrida en dicho pueblo el 9 de septiembre de 1911. En ella se hace constar que López se hallaba casado, al morir, con Ana González y López.

(c) Otra certificación del Registro Civil de Toa, Alta cre-ditiva de la muerte de Manuel López Martínez, haciéndose constar que a su muerte se hallaba en estado de soltería; y

(d) una certificación de la partida bautismal del niño Juan Ramón. El bautizo se celebró en la parroquia de Vega Alta el 22 de febrero de 1884 y se consignó que el bautizado era hijo natural de María Rosario Ramírez. Al pie de la inscrip-ción se hizo constar años después lo qne sigue:

‘ ‘ Certifico que en esta fecha se ha presentado a este despacho parro-quial el señor don Manuel López Martínez, natural de Toa Baja, y me ha declarado ser de su voluntad reconocer al joven Juan Ramón por su legítimo hijo. Y para mayor autenticidad firmo la presente junto con los testigos en la parroquia de Yega Alta 'a ocho de septiembre de mil novecientos seis. El Cura, Elíseo Echevarría. Teodomiro Ra-mírez. Ramón Orsini. Enrique Yega. Jacinto Seijo.”

Los testigos manifestaron: ■

1. Marcelino Franco, que estaba encargado del archivo parroquial de Yega Alta, y que la certificación de la partida de bautismo, documento letra D, que se le presentaba, era exactamente igual a su original obrante al folio 204 del libro décimo de bautismos de Yega Alta;

2. Teodomiro Ramírez, que presenció el reconocimiento a que se refiere la constancia que se hizo al pié del documento letra D;

3. Ramón Orsini, lo mismo que el anterior, y

4. Ana Gnzález, que era la viuda de Juan Ramón López, que tuvo con él dos hijos nombrados Ana María y Ramón, que conoció al padre de su esposo, Don Manuel López Martínez, el cual era ciego y no sabía firmar.

Para apreciar el valor de la prueba en este caso es nece-sario fijar bien la clase de acción que se ejercita en el mismo. Si el pleito versara sobre filiación, esto es, si la parte deman-dante pidiera que se declarara que Juan Ramón López había sido reconocido como hijo natural por su padre Manuel López Martínez, la prueba sería suficiente, y si la acción se había ejercitado dentro del tiempo que la ley concede o nó habién-dose ejercitado dentro de tal tiempo no se hubiera alegado la prescripción por la parte demandada, procedería una sen-tencia favorable al demandante. Pero el pleito no versa sobre tal extremo. La parte demandante asume que Juan Ramón López no sólo era un hijo natural de Manuel López que tenía derecho a ser reconocido como tal, sino que había sido ya reconocido en debida forma. T siendo esto así, varían las circunstancias, y la prueba suficiente para el primer caso,, resulta insuficiente para sostener el segundo.

Esta Corte Suprema en repetidas decisiones, alguna de las cuales ha sido confirmada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha resuelto que el hijo natural deriva su derecho del reconocimiento y que para que el reconocimiento' se entienda realizado y surta todos sus efectos legales, es. necesario que se haga de un manera solemne por el padre con la firme voluntad de realizarlo y que quede de él la debida constancia auténtica y fehaciente. T que cuando el padre realizaba actos tendentes a establecer su paternidad que jpor sí solos no constituían un reconocimiento solemne y de los que no quedaba constancia auténtica y fehaciente, bajo las leyes de Toro; cuando ocurrían los casos del artículo 137,, bajo el Código Civil antiguo, y cuando se realizan los del artículo 189 del Código Civil revisado, entonces debía y debe ejercitarse la acción de filiación y el reconocimiento debía y debe constar por la ejecutoria solemne de un tribunal competente. Véanse los casos de Gual v. Bonafoux, 15 D. P. R., 545; Amsterdam et al. v. Puente et al, 16 D. P. R., 555;, Puente et al v. Puente et al., 16 D. P. R., 582; Matienzo v. Morales et al., 16 D. P. R., 588; Rijos v. Folgueras, 16 D. P. R., 624; Jesús v. Sucesión Pérez Villamil, 18 D. P. R., 403.

Los documentos marcados con las letras a, b, c y d soto demuestran cumplidamente que en las fechas indicadas en los mismos tuvieron lugar: a, el matrimonio de la demandante con Juan Ramón López Ramírez; b, la defunción de Juan Ramón López; c, la de Manuel López Martínez y el, el bautismo de Juan Bamón Bamírez. Los demás hechos que en ellos se hacen constar podrían tener algún valor, proba-torio unidos a otras pruebas en algunos casos, pero nunca podrían ser considerados por sí solos como prueba plena de su existencia. A este respecto esta Corte Suprema en el caso de Aguayo et al. v. García, 11 D. P. R., 274, 285, decidió “que-las partidas de bautismo y de matrimonio liacen fé del hecho qne motiva sn otorgamiento y de la fecha de éste, o sea, de la administración del bautismo y de la celebración del matri-monio, en las fechas qne expresan; pero no de la veracidad de las manifestaciones qne en ellas se inserten respecto de la filiación del bautizado o casado.”

T en cnanto a la constancia que figura al pié de la partida de bautismo del niño Juan Ramón, relativa a su reconoci-miento como hijo legítimo (sic) de Manuel López Martínez, para juzgar su valor probatorio debe atenderse a su fecha. Esta es la del 8 de septiembre de 1906, cuando ya estaba en todo su vigor en Puerto Rico la soberanía americana. Sepa-rada bajo tal soberanía la Iglesia del Estado, no puede reco-nocérsele autenticidad de documento público u oficial al otor-gado ante un sacerdote. De-ahí que la constancia puesta por el Cura de Vega Alta sólo tenga el carácter de documento privado y por tanto, que no pueda considerársele como la cons-tancia auténtica y fehaciente del acto realizado, que la juris-prudencia exige.

En apoyo de lo expuesto en el párrafo que antecede, citaremos los casos de Sucesión Díaz v. Sucesión Díaz, 17 D. P. R., 57, en el que esta Corte resolvió, que a los efectos de probar la filiación natural no es suficiente “la mera afirmación del párroco de que el mismo padre dispuso que se consignara en la partida bautismal que el bautizado era su hijo natural,” y el de Rodríguez v. Rodríguez et al., 18 D. P. R., 440, en el que se decidió que “el reconocimiento de un hijo natural hecho en cédula testamentaria que no ha sido elevada a escritura pública, no puede producir efecto alguno en una acción de nulidad de declaratoria de herederos ejercitada bajo la base de existir reconocimiento consignado en documento público, carácter que por sí no tiene la cédula testamentaria.”

A virtud de todo lo expuesto se concluye que procedió de acuerdo con la ley y la jurisprudencia el juez sentencia-dor al estimar insuficiente la prueba aportada por la parte demandante, para sostener sus pretensiones, y en su conse,-cuencia, que debe declararse sin lugar el recurso interpuesto y confirmarse la sentencia apelada.

G onfirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado .Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    Del Pilar, Demandante y Apelante, v. Vélez, Demandado, y Cardona., Interventor y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en un caso sobre cobro de pesos.
    No. 1004.
    Resuelto en diciembre 2, 1913.
    Sociedades Mercantiles — Personalidad de los Socios — Créditos de la Socie-dad. — Un socio de una sociedad mercantil no' tiene personalidad para cobrar en su nombre propio, para sí mismo, como individuo particular, un crédito de la sociedad de la cual es socio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Mercader.

    Abogados del interventor: Sres. Beichard y Reichard.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo del Pilar presentó demanda en la Corte de Distrito de Aguadilla contra Pedro Vélez Acevedo, en cobro de 600 pesos procedentes de provisiones que el demandante ven-diera al demandado en su establecimiento mercantil. El demandado fué emplazado debidamente y como no contestara ■dentro del tiempo que se le concedió al efecto, se anotó su rebeldía a instancia del demandante.

José Cardona Piquet solicitó que se le permitiera inter-venir en el pleito acompañando una demanda en la cual ale-gaba que el demandado Yélez le debía la suma de $516.66; qup para el cobro de dicha suma había entablado demanda y reembargado los bienes del" demandado Yélez ya embargados por el demandante del Pilar; qne el demandante del Pilar no ejercía el comercio en nombre propio; qne el demandado Vélez sólo debía la suma de $200 no al demandante personal-mente sino a la mercantil de qne formaba parte el deman-dante y que giraba bajo la razón de “E. del Pilar & Hermano,” y que la demanda de del Pilar contra Vélez era el resultado de una confabulación para defraudar al interventor Cardona Piquet.

La corte permitió que se radicara la demanda de intervención. El demandado Vélez no la contestó y se ánotó también su rebeldía a instancia del interventor. El demandante del Pilar opuso a la demanda de intervención las excepcio-nes de existencia de otra acción pendiente entre las mismas partes y por la misma causa y de falta de hechos suficientes para determinar una causa de acción. Las excepciones fue-ron desestimadas por la corte, por resolución de 9 de abril de 1913, y el demandante entonces contestó la demanda de intervención negando que el interventor Cardona fuera acree-dor del demandado Vélez; aceptando qne Cardona había demandado a Vélez en cobro de $516.66; que había reembar-gado los mismos bienes embargados por el demandante del Pilar y que el demandante del Pilar no ejercía el comercio a nombre propio, pero que era en realidad el director y casi absoluto dueño de la mercantil E. del Pilar & Hermano y que entabló la demanda con el consentimiento de su socio y hermano, y negando la existencia de la confabulación entre el demandante del Pilar y el demandado Vélez para defraudar al interventor Cardona. ,

Señalado día para la vista comparecieron el demandante del Pilar y el interventor Cardona y por orden de la corte, el demandante del Pilar presentó primero su prueba y luego presentó la suya el interventor Cardona. Declarado el juicio concluso para sentencia, ésta se dictó por la corte el 1 de mayo de 1913 y se registró en igual fecha, declarando “sin lugar la demanda y que el demandado Pedro Vélez Acevedo vaya libre de toda responsabilidad por el concepto por el cual lia sido demandado. Se declara asimismo sin lugar la demanda de intervención opuesta a las pretensiones del demandante por no haberse justificado ninguna de las alegaciones esen-ciales consignadas en la misma, y en su consecuencia que demandante y demandado queden libres de toda responsa-bilidad por el concepto en que fueron demandados por el interventor sin hacerse especial condenación de, costas. • Se ordena además que la cantidad depositada en secretaría como producto del precio de la venta-en pública subasta de'los bienes fungibles que fueron objeto de embargo y del remate, queden a la libre disposición de su legítimo dueño, dejándose también sin efecto el embargo trabado en los demás bienes del demandado.”

El interventor cuya demanda fué finalmente desestimada como hemos visto, se conformó al parecer con la sentencia. El demandante del Pilar interpuso contra ella el presente recurso de apelación.

En su alegato la parte apelante promueva y argumenta con habilidad varias cuestiones relativas a la improceden-cia de la demanda de intervención, al procedimiento seguido y a la práctica de las pruebas. A nuestro juicio no es nece-sario entrar en la consideración y resolución de esas cues-tiones, ya que la demanda de intervención fué desestimada finalmente y la sentencia apelada en cuanto al demandante Eduardo del Pilar, se sostiene por el motivo fundamental en que claramente la basó el Juez de Distrito de Aguadilla.

Prescindiendo en absoluto de los procedimientos que tuvieron lugar con motivo de la intervención de Cardona Piquet y limitándonos a la demanda y a la prueba aportada por el mismo demandante, resulta: que la demanda fué interpuesta por Eduardo del Pilar contra Pedro Vélez Acevedo y que la prueba demuestra que Pedro Vélez Acevedo nada debía a Eduardo del Pilar, sino a la mercantil Eduardo del Pilar & Hermano. Véanse las declaracionés obrantes, a los folios 27, 28, 29 y 30 de la transcripción. La prueba no sostuvo, pues, la demanda y ésta fué propiamente declarada sin lugar, absolviendo la corte al demandado de toda responsabilidad por el concepto por el cual había sido demandado.

Eduardo del Pilar como individuo, y la mercantil Eduardo del Pilar & Hermano de la cual es socio Eduardo del Pilar, son dos personas distintas. Eduardo del Pilar no tenía per-sonalidad para cobrar en su propio nombre, como individuo particular, un crédito de la sociedad de la cual era socio. La sociedad tenía reconocida por la ley su personalidad y era la única que podía cobrar el crédito a no ser que se Rubiera desprendido de él válidamente transfiriendo sus derechos a otra persona, hecho que no ocurrió en el presente caso.

En tal virtud, debe declararse sin lugar el recurso y con-firmarse la sentencia apelada.

C onfirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados "Wolf y Aldrey. .

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. "Wole

text:
    Fradera, Demandante y Apelado, v. Morales et al., Demandados, y Apelantes el Primero.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez..
    No. 997.
    Resuelto en diciembre 2, 1913.
    Cortes de Distrito — Apelaciones Procedentes de las Cortes Municipales— Sentencias Definitivas. — La sentencia dictada por tina corte municipal que tiene por objeto poner término al pleito y que contiene las palabras "sin especial-condenación de costas” constituye una sentencia definitiva para los electos de conferir jurisdicción en grado de apelación a la corte de distrito correspondiente.
    Cortes de Distrito — Apelaciones Procedentes de las Cortes Municipales-— Juicios “de Novo.” — Apelada una sentencia dictada por’una corte municipal para ante la corte de distrito correspondiente, ésta debe de proceder a celebrar el juicio "de novo,” de acuerdo con la ley de marzo 11, 1908, página 124, y cuando, como en el caso de autos, se deelaia sin. lugar por la corte de dis-trito una excepción previa a la demanda formulada en la corte municipal, debe de exigir al demandado que conteste la demanda y no devolver el easo a la corte municipal para ulteriores procedimientos, sobre todo teniendo en cuenta que de acuerdo con la sección á de dicha ley, únicamente la sentencia que dicte la corte de distrito es la que ha de remitir a la corte municipal para su ejecución en esta última.
    Desestimación de Apelación — Apelaciones en Casos Originados en las Cortes Municipales — Sentencias Definitivas. — La resolución dictada por una corte de distrito en grado de apelación en un easo procedente de nna corte municipal, desestimando una excepción previa a la demanda y devolviendo el caso a la corte inferior, para ulteriores procedimientos, no constituye una sen-tencia definitiva apelable para ante esta Corte Suprema, y una apelación inter-puesta contra tal resolución debe ser desestimada por esta corte por falta de jurisdicción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Luis Montalvo Guenard.

    Abogado del apelante: Sr. Benito Forés.

   El Juez Asociado Se. "Wole

emitió la opinión del tribunal.

Victoria Fradera presentó una demanda en la Corte Municipal de San Germán sobre nulidad de venta, adjudicación de bienes y otros extremos. El demandado formuló excep-ciones previas a la referida demanda que fueron declaradas con lugar por la corte. Apelado el caso a la corte distrito presentó el demandado nna moción para qne se desestimaba la apelación por el fundamento de que la corte no había dic-tado sentencia definitiva sobre las excepciones previas. El demandante entonces archivó en la corte de distrito una copi'a certificada de la sentencia que había dictado la corte municipal, cuya moción fue declarada sin jugar por la corte des-' pues de considerar dicha sentencia.

El demandado 'ha interpuesto recurso de apelación par'a ante esta corte y alega que la referida sentencia de la corte municipal no es definitiva, puesto qne no se hizo ningún pro-nunciamiento sobre costas. La supuesta resolución de l'a corte municipal tuvo por objeto poner término al caso y con-tenía además las palabras “sin especial condenación de cos-tas.” Esta fné nna sentencia suficiente para conferir juris-5 dicción a la corte de distrito en una apelación procedente de la corte municipal.

Además, la Corte de Distrito de Mayagüez después de declarar sin • lugar la moción presentada para desestimar la apelación, pasó a considerar la excepción previa que se for-mulo en la corte municipal, la que desestimó, pero en vez de ordenar al demandado que formulara su contestación devol-vió el caso a dicha- corte municipal para que se siguieran los procedimientos. En una apelación contra sentencia dictada por la corte .municipal, la corte de distrito adquiere jurisdic-ción y deberá .proceder a dictar sentencia definitiva. El jui-cio ante la corte de distrito es de novo. La corte municipal ha perdido su jurisdicción y todos los demás procedimientos deben tener lugar ante la corte de distrito.

En relación con esto debemos citar la ley de marzo 11, 1908, Leyes de la Sesión de 1908, página 124, a saber:

“Sección 3. — La corte de distrito anotará la causa en el calendario o lista de señalamientos de pleitos civiles que hayan-de verse oportuna-mente, conforme a las disposiciones de la ley. y al reglamento judicial para el regimen del calendario. Al anunciarse la vista de la apelación el tribunal, a instancia del apelante, revisará y tomará en consideración 5 cualesquiera providencias, resoluciones o autos por los cuales se cre- ' yere aquél perjudicado. Eesueltas que fueren estas cuestiones, se ^procederá a la vista de la causa;-a menos-que la corte estimare que la demanda o contestación está sujeta a excepción previa, y en tal caso, la corte, a su arbitrio, podrá, permitir que se enmiende dicha demanda o contestación. • Una vez dispuesto el pleito para la”vista, se tramitará como nuevo juicio, rigiendo para el mismo todas las disposiciones y reglamentos judiciales que afecten a la vista de pleitos originalmente entablados ante las cortes de distrito. Si el demandante dejare de comparecer ante, la corte, de distrito, ésta desestimará la demanda por abandono de acción, 3^ dictará sentencia a favor del demandado, impo-niendo las costas al demandante.”
‘ ‘ Sección 4. — El secretario de dicha Corte de distrito remitirá copia eertiñcada de la' sentencia a la corte municipal contra la cual se hubiere interpuesto recurso de apelación. ■ De - allí en adelante toda la tramitación.para hacer efectiva la sentencia se llevará en- la.corte municipal, como si dicha sentencia hubiere originado en ella.1 ’

Este tribunal al considerar una apelación interpuesta en cansa criminal, El Pueblo v. Laviosa, 13 D. P. R., 210, se expresó en los siguientes términos:

“En el caso de que se trata, el tribunal de distrito, al igual de lo que a las mismas cortes ba sucedido en otros casos, parece baber tenido un concepto equivocado de sus funciones, y haberse considerado como una corte de revisión y apelación, es decir, dicho tribunal parece haber creído que -tenía autoridad y que le incumbía examinar, revisar o corregir, y luego revocar o confirmar las sentencias de los tribunales inferiores, o sean las cortes municipales y juzgados de paz Tales no son las atribuciones del tribunal de distrito en casos de esta índole. Está bien establecido por la ley, que en tales casos la corte de distrito debe proceder a juzgar la causa nuevamente, sin hacer caso del juicio celebrado ni de la prueba practicada en la corte municipal. ” '

Y en el caso de Matos Hnos. & Ca. v. Ortiz, (pág. 77), dijimos:

“Aunque es cierto según alega el apelante que las cortes munici-pales tienen jurisdicción para resolver casos en que la suma envuelta es menor de $500, y que esa jurisdicción no es concurrente, sin embargo, como en el presente caso la corte municipal de Yaueo había resuelto que la sociedad demandante no tenía ninguna reclamación que hacer con arreglo a la ley, el único remedio que le quedaba a dicho demandante era el de la apelación, y según la ley que regula las apela-ciones de las cortes municipales a las de distrito en asuntos civiles, el caso debía celebrarse de nuevo en dicha corte de distrito.* La corte de distrito adquirió jurisdicción sobre todo' el caso y tenía' facultades para proceder precisamente del mismo modo que hubiera procedido la corte municipal en el pleito original. Por tanto, al desestimar la corte la excepción previa tenía facultad para obligar al demandado a pre-sentar su contestación, como lo hizo en definitiva.” *

Este razonamiento es aplicable al caso de autos, pero el estatuto resulta aún más claro, puesto que no solamente prescribe que el juicio sea de novo, sino que se regirá por todas las disposiciones y reglamentos judiciales que afecten a la vista de pleitos originalmente entablados ante las cortes de distrito. La única sentencia que se remitirá a la corte municipal de acuerdo con la sección 4a., es la sentencia definitiva que dicte la corte de distrito y que lia de ejecutarse en la corte municipal como si fuera dictada por esta última corte.

No habiendo procedido en realidad la corte de distrito a dictar sentencia definitiva sino a enviar nuevamente el caso a la corte municipal, no puede estimarse que exista una sen-tencia final contra la cual pueda interponerse válidamente recurso de apelación para ante esta Corte Suprema. En tal virtud, careciendo de jurisdicción esta corte, debe desesti-marse el recurso establecido, y devolverse el caso a la corte de distrito para ulteriores procedimientos.

Debe desestimarse la apelación.

Desestimada la apelación por falta de jurisdic-ción y devuelto el caso a la corte de distrito para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado .Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.


text:
    López, Peticionario, v. Sucesión López Martínez et al., Demandados.
    Petición para que este tribunal apruebe la exposición del caso.
    No. 17.
    Resuelto primeramente sin opinión en noviembre 5, 1913.
    Resuelto en reconsideración en diciembre 5, 1913.
    La petición fué denegada en noviembre 5, 1913, por aparecer de los autos que la sentencia en este caso descansa en una resolución declarando con lugar las excepciones previas a la demanda y no constar la necesidad de que se redacte y apruebe un pliego de exposición del caso, y fundado en el caso do Sucesores de José Martinez v. Tomás Vávila Sr Go., 17 D. P. R., 1008.
    MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN.
    Apelación_Transcripción de Autos — Mociones Sobre Eliminaciones, Anula-ciones de la Rebeldía, Prórrogas, Enmiendas y Otras Semejantes. — En un caso como el presente en que no se ha celebrado juicio ni se ha presentado prueba, sino que se apela de una sentencia fundada en una resolución decla-rando con lugar unas excepciones previas a la demanda, y en que. se han presentado mociones sobre eliminación de ciertas partes de la demanda en-mendada, anulación de la rebeldía del demandado, y otras más de esta natu-raleza, que necesariamente forman parte de los autos en la corte inferior, es evidente que para los efectos de la apelación las únicas constancias necesarias eran la demanda enmendada, las excepciones previas, la resolución de las mismas y la sentencia desestimando la demanda, y en el caso de que fueran necesarias otras, todas formaran parte de los autos.
    Id. — Término para Presentar la Transoripoión de Autos — Reglas de Esta Corte. — El Código de Enjuiciamiento Civil tal como fué aprobado en 1904, no fijaba el término para presentar en esta corte la transcripción de autos a los efectos de una apelación y de acuerdo con la regla 40 del reglamento de este tribunal, aprobado en diciembre 24, 1908, la transcripción de autos debe radicarse dentro del término de 30 días a contar desde la fecha de la apro-bación de la exposición del caso o pliego de excepciones, y en el caso de que no se preparen éstos documentos, dentro de 30 días a contar desde la fecha en que se radicó en la corte inferior el escrito de apelación.
    Id. — Transcripción de Autos — Término para Presentar la Transcripción de Autos Cuando no ha Habido Juicio ni Pruebas — Enmienda del Artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil. — El término de 30 días señalado en el último párrafo del artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil enmen-dado por la Ley No. 70 de marzo 9, 1911, para presentar en esta corte la transcripción de autos, se refiere a los casos en que ha habido juicio y pruebas y necesidad de preparar una exposición del caso, pero no dispone nada acerea de dicho término para los casos en que no ha habido juicio ni pruebas ni exposición del caso, y entonces rige el término de 30 días señalado por la regla 40 del reglamento de este tribunal, que en esa parte no ha sido derogada por dicha enmienda.
    Id. — Exiosioión del Caso Cuando no ha Habido Juicio ni Pruebas. — tínica-mente euanuo ha habido juicio y se ha presentado prueba es que es indispensable preparar una exposición del caso, pero no cuando se trata de una apelación contra una sentencia desestimando una demanda en virtud de excepciones previas formuladas contra la misma en que no ha habido tales trámites.
    Abogado del peticionario: Sr. Hugh B. Francis.

   La parte demandada no compareció.

Presentada moción de reconsideración, fné resuelta en diciembre 5, 1913, por medio de la siguiente opinión del tribunal emitida por el Juez Asociado Sr. Wolf.

El día 16 de enero de 1912, el demandante, Arturo López Díaz, presentó una demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra la Sucesión de Antonio López Martínez. La demanda fué enmendada en 3 de febrero de 1912, y compa-recieron luego los diferentes demandados ante la corte en distintas feelias, solicitando la eliminación de ciertas partes de la demanda enmendada. En 25 de marzo de 1912, compa-recieron algunos de los demandados y pidieron a la corte que desestimara la demanda. En Io. de abril, 1912, fué ano-tada la rebeldía de la sucesión demandada a petición de la parte demandante. El día 11 de abril de 1912, la parte deman-dada presentó una moción solicitando que se abriese la rebel-día, cuya moción fué declarada con lugar. En 25 de abril del mismo año algunos de los demandados formularon una excepción previa a la demanda que fué declarada con lugar por la corte, dando al demandante un plazo de 20 días para enmendar su demanda. Otras mociones, procedimientos y enmiendas semejantes tuvieron lugar en el caso basta el día 9 de agosto de 1913, en que la corte declaró con lugar la excep-ción previa y ordenó que se registrara una sentencia. Tales son los hechos relativos a los procedimientos seguidos ante la corte inferior con anterioridad a la sentencia, según han sido alegados por el peticionario en el presente caso. Es de presumirse que todas estas actuaciones se llevaron a cabo por escrito como exige la ley, y consistieron en mociones, excep-ciones previas y enmiendas que necesariamente forman parte de los autos en la corte inferior. Además, es evidente que los únicos procedimientos necesarios para una apelación fue-ron la última demanda enmendada, la excepción previa for-mulada a la misma, la resolución de la corte sobre esta excep-ción y la sentencia final desestimando la demanda. Pero aun cuando hubieran sido necesarios algunos de los procedimien-tos anteriores, todos formaban parte de los autos.

El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito en 9 de agosto de 1913. Presentó entonces varias mociones a la referida corte solicitando prórroga del término para presentar la exposi-ción del caso, que siendo meramente formales fueron con-cedidas. El peticionario alega además que se señaló el día 14 de octubre de 1913, para la aprobación de dicha exposición del caso; que en ese día comparecieron ambas partes oponién-dose el demandado a que se aprobara dicha exposición, y en 24 de octubre, 1913, la corte dictó su resolución rehusando aprobar dicha exposición del caso y dando como razón que no procedía la aprobación de una exposición del caso por tratarse de una apelación interpuesta contra una resolución sobre una excepción previa en que no se practicó prueba al-guna. Compareció entonces el demandante y apelante ante esta Corte solicitando de la misma que aprobara la referida exposición del caso. Dicha exposición se componía de una relación de las mociones, órdenes, excepciones previas, enmien-das y otros procedimientos semejantes que dieron origen a la sentencia de agosto 9 de 1913.

En 5 de noviembre de 1913, este tribunal dictó una reso-lución declarando sin lugar la solicitud presentada, por la autoridad del caso de Sucesores de José Martínez v. Tomás Dávila y Ca., citado en 17 D. P. R., 1008, y el caso pende ante este tribunal a virtud de una moción sobre reconsideración.

Al aprobarse en el año 1904 el Código de Enjuiciamiento Civil, no existía en dicho código ningún precepto que fijara el término dentro del cual debía presentarse a esta Corte la transcripción de autos en apelación, por lo que este tribunal, haciendo uso ele sus facultades, que le confiere la ley, subsanó dicha omisión con la regla 50 de su Reglamento, aprobado en lp. de noviembre de 1904. Subsiguientemente la corte adoptó nuevas reglas, quedando regulada la cuestión por la regla 40. Esta regla sin sus adiciones, es como sigue:

‘ ‘ Cuando se interponga recurso de apelación contra sentencia defi-nitiva, el apelante presentará al Secretario del Tribunal Supremo una transcripción de los autos dentro de los 30 días siguientes a la apro-bación por parte del tribunal sentenciador, de la exposición de los hechos, pliegos de excepciones o exposición del caso, si los hubiere, o si no se hubiere presentado a su debido tiempo ninguna exposición de hechos, pliegos de excepciones ni exposición del caso, entonces den-tro de los 30 días después de haberse presentado el escrito de apela- ción; y dicha transcripción contendrá una copia del escrito de apela-ción, del legajo de la sentencia, y de la exposición de los hechos, plie-gos de excepciones o exposición del caso, si los hubiere, en que se funda el apelante. Cualquiera exposición que se haya utilizado en una moción solicitando un nuevo juicio, o que haya sido aprobada después de la resolución de tal moción, cuando ésta se haya hecho, basándola en las minutas del tribunal; o.cualquier pliego de excep-ciones que haya sido aprobado o utilizado en una moción solicitando un nuevo juicio, puede utilizarse en la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva, así como también contra la orden con-cediendo o denegando un nuevo juicio.”

En 9 de marzo de 1911, la Legislatura aprobó una ley por virtud de la cual quedó enmendado el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil. El párrafo primero de este artículo, dice lo siguiente:

“Artículo 299. — Archivada que sea una apelación contra una sen-tencia de una corte de distrito, la parte apelante, dentro de los 10 días siguientes a su archivo o de la prórroga que en su caso se le conceda por la corte, deberá presentar a ésta, entregando a la vez copia a la parte contraria, un pliego en el que hará constar las excep-ciones tomadas durante el curso del caso y una exposición de éste.”

Los otros párrafos del referido artículo enmendado Lacen referencia a los documentos que deben incluirse en la expre-sada exposición.

El último párrafo del mencionado artículo, es como sigue:

‘‘ Constituirá el récord de una apelación, la certificación que librará el secretario del tribunal a quo o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación. Dicha certifi-cación deberá ser archivada en la secretaría de la Corte Suprema den-tro de los 30 días siguientes al en que se haya aprobado el pliego de excepciones y exposición del caso, con la constancia de haberse entre-gado a los abogados de las partes apeladas una copia literal de la misma, certificada por el abogado del apelante.”

De una lectura que se baga del párrafo primero de la demanda, creemos que es evidente que la Legislatura tuvo pre-sente las excepciones qne necesariamente habían de tomarse para llevar a los autos ciertos hechos o pruebas que indispen-sablemente no constituían parte de los mismos. Las pala-bras son “haciendo constar las excepciones tomadas durante el curso del caso y una exposición de éste.” Las palabras del párrafo segundo son “en ese pliego se expondrán todos los antecedentes del litigio y pruebas practicadas o presen-tadas entonces. ’ ’ Es evidente que al hacer referencia la Legis-latura a “litigio” y “pruebas” tuvo presente la vista del pleito, pues dicho artículo 299 continúa expresando la forma en que habrá de prepararse ésta prueba. El artículo supone en su totalidad la existencia de una controversia entre las partes, en la que todas las cuestiones que pudieran suscitarse entre estas sobre los hechos que hayan sido discutidos en rela-ción con la prueba presentada durante el juicio, quedan arre-gladas por la corte. Pero con respecto a los casos en que no. ha habido juicio ni prueba, el artículo 299 enmendado-guarda tanto silencio como lo hacía anteriormente el Código de Enjui-cimiento Civil. En él no se fija término alguno para la pre-sentación de la transcripción de autos en este tribunal, en los casos en que se dicta sentencia sobre las excepciones previas o las alegaciones. El caso de Sucesores de José Martínez y Ca. v. Tomás Dávila y Ca., arriba citado, fué uno en el cual los apelados presentaron una moción para que la corte desestimara el caso, por haber dejado los apelantes de presen-tar un.pliego de excepciones y exposición del casó como lo exige el artículo 299 enmendado, del Código de Enjuiciamento Civil, resolviendo entonces este tribunal en favor del ape-lante, que no puede exigirse a éste la presentación de una exposición del caso o pliego de excepciones, cuando no hay necesidad de archivar ninguno para perfeccionar su apela-ción, como sucede cuando se dicta sentencia sobre las alega-ciones o excepciones previas.

Según ya hemos indicado tanto en ésta como en otras opi-niones, el objeto del pliego de excepciones o exposición del caso es hacer que formen parte de los autos ciertas pruebas y hechos que de otro modo no formarían parte del legajo de la sentencia. No puede suponerse que al aprobar la Legis-latura una ley determinando la forma en que el apelante debe hacer constar en los autos las excepciones “tomadas” du-rante'el curso de los procedimientos, tuviera por objeto faci-litarle el medio de prorrogarle el término para la apelación. Ya resolvió este tribunal que no podía invocarse el artículo en contra del apelante para obligarle a presentar una expo-sición del caso, y por igual razón no puede preparar de modo arbitrario una exposición del caso que responda a sus fines, cuando no es necesaria dicha exposición para que pueda estar en condiciones de tramitar su apelación. Por tanto, como la ley guarda silencio sobre este particular relativo al tiempo en que debe archivarse la apelación .en este tribunal, cuando no existe exposición del caso o pliego de excepciones, la regla No. 40 de este tribunal tiene aún fuerza de ley. No existe absolutamente nada en la ley de marzo 9, • 1911, que sea incompatible con esta regla en este respecto. El objeto de la regla 40 fué el de fijar el tiempo para la presentación de la transcripción de autos en apelación. Al señalar el tér-mino dentro del cual deben enviarse los autos a este tribunal cuando se ha presentado una exposición-del caso, la Legisla-tura conservó el mismo que el fijado por la regla de la corte. Esta regla aun está en vigor y debieron haber sido remitidos los autos a esta corte dentro de los 30 días de haberse registrado la apelación. Véase también el caso de Rojas v. Porto Rico Motor Co., (pág. 815).

Los artículos 218 y 219 del Código de Enjuiciamiento Civil y los 64 y 65 de las Reglas de este tribunal, también muestran que el momento en que este tribunal u otro juez deberá intervenir en la aprobación del pliego de excepciones es cuando hay algo para ser aprobado por el juez o persona que conoce del caso. Se excluyen los casos como el presente en que los autos propiamente dichos muestran todos los pro-cedimientos, pues la parte puede obtener una transcripción de tales procedimientos mediante certificación del secreta-rio y sin la intervención del juez. La moción sobre reconsi-deración debe ser denegada.

Denegada la moción de reconsideración.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Aldrey.

Los Jueces Presidente Sr. Hernández y Asociado Sr. Mac-Leary, no tomaron parte en la resolución de esta moción.


author: El Juez Asociado Se. Wole

text:
    Vázquez, Recurrente, v. El Registrador, Recurrido.
    ReouRso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de' G-uayama.
    No. 162.
    Resuelto en diciembre 5, 1913.
    Ventas Judiciales — Cumplimiento de Sentencias Dictadas pob las Cortes' Municipales — Requisitos que Debe Tener la Escritura de Venta pob el Marshal. — Cuando el marshal de una corte municipal otorga escritura de venta para cumplimentar una sentencia dictada por una corte municipal, el notario ante quien se otorga la escritura debe transcribir la sentencia en la misma e insertar además aquellas constancias de los autos que demuestren que la corte adquirió jurisdicción sobre la persona del demandado para dictar dicha sentencia, y en el caso de que la escritura no contenga esas inserciones, el comprador debe presentar al registrador certificación del secretario de la corte municipal de las ■•constancias del pleito necesarias para justificar dichos extremos, pues sin requisitos de esa naturaleza la escritura no es inscribible.
    Id. — Sentencias Dictadas pob las Cortes Municipales — Presunciones.—No siendo las cortes municipales cortes de registro las sentencias que dictan no tienen a su favor la presunción de que han sido dictadas con jurisdicción para ello, sino que por el contrario es necesario probar que existió dicha jurisdicción cuando se trata de inscribir en el registro una escritura de venta otorgada por el marshal de una corte municipal en cpmplimiento de una sen-tencia, no siendo suficiente la presentación del mandamiento de ejecución ni de la sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Vicente F. Rodrigues Ortiz.

    El recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

Habiendo obtenido Félix Vázquez Ortiz una orden de eje-cución de sentencia en la Corte Municipal de Cayey contra la Sucesión de Enrique Domínguez, procedió a embargar una linca de la propiedad de dicha sucesión. Anunciada a su debido tiempo la subasta de la finca por el marshal, fue vendida la.misma por éste al peticionario. La escritura otor-gada por el márshal se presentó al Registrador de la Propie-dad de Gfuayama y fué inscrita pero haciéndose constar el defecto subsanable de no acreditarse que las personas que componían la Sucesión de Enrique Domínguez hubieran sido citadas y emplazadas, ni en qué forma se verificó la citación como exigen los artículos 89, 92 y 96 del Código de Enjuicia-miento Civil; no constando tampoco que dichos demandados se sometieran a la jurisdicción de la referida corte municipal.

Alega el recurrente que la ley no exige que se consignen las formas y trámites en la orden de ejecución para que se dicte sentencia. Tal vez el recurrente tiene razón al hacer esta alegación y probablemente. la venta hecha en este caso es perfectamente válida y susceptible de ser probada de tal modo su validez; pero la cuestión que ha de resolverse cuando están envueltos los derechos de terceras personas es si el registrador tiene derecho a exigir al recurrente que pruebe’ su título.

Ya hemos resuelto en el caso de Carbonell v. El Registrador, 16 D. P. R., 440, que cuando se obtiene úna sentencia en rebeldía y la venta se verifica de conformidad con la misma, estará justificado el registrador al negar la inscripción de la escritura si no ha quedado probada la forma en que se ob-tuvo la sentencia en rebeldía. En el caso de referencia la corte tuvo oportunidad de expresar que el notario pudo haber consignado lo omitido en la sentencia, o sea el modo como se obtuvo la rebeldía. Aunque el recurso que ahora consideramos no es un caso en el que conste que se ha dic-tado sentencia en rebeldía, no existe, sin embargo, prueba alguna de cómo adquirió jurisdicción la corte municipal para dictar sentencia contra los demandados, ni contiene la escri-tura la copia de la sentencia, así como tampoco algo que de-muestre que se ha celebrado un juicio o que los demandados se hayan sometido a la jurisdicción, de la corte. No existen presunciones en favor de las sentencias de las cortes munici-pales por no ser éstas cortes de registro. Galpin v. Page, 98 Wallace, 365, 366; Hahn v. Kelly, 34 Cal., 391; 94 Am. Dec., 742; McDonald v. Prescott, 90 Am. Dec., 517, 519. Cuando la sentencia se obtiene en una corte de jurisdicción limitada, y. como en este caso, se trata de adquirir un título contra todo el mundo, la persona que solicite la inscripción de su título tendrá la obligación de probar no solamente la venta verificada en pública subasta, sino también la facul-tad que tenía el marshal para llevar a cabo dicha venta. Esa prueba, tratándose de una corte municipal no resulta de la mera presentación de la orden de ejecución, ni siquiera de la sentencia misma, sino que debará probarse asimismo la jurisdicción que tenía la corte para dictar dicha sentencia. En otras palabras, en el caso concreto sometido a nuestra consideración debe probarse que la corte adquirió jurisdic-ción sobre las personas de los demandados.

Por consiguiente, cuando el márshal otorga escritura de venta a un comprador, generalmente el notario debe incluir la sentencia en la escritura, mostrando además que la corte municipal tenía jurisdicción para dictarla. Y no apareciendo de la referida escritura dicha jurisdicción, los hechos rela-tivos a la misma deberán acreditarse mediante prueba de otra procedencia, quizás por la certificación del secretario de la corte municipal.

Debe confirmarse la nota recurrida.

C onfirmada.

. Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary no tomó parte en la reso-lución de este caso.