text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; María Collazo de Calaf, et al., interventores.
    Núm. 43.
    Sometido: Febrero 14, 1947.

      Resuelto: Marzo 12, 1947.

      Hon. Procurador General Interino, Luis Negrón Fernández (A.D. Marchand Paz, Procurador General Auxiliar, en el alegato), abo-gados del peticionario; D. Guerrero Noble, abogado de los inter-ventores.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En cuatro querellas radicadas ante el Tribunal de Con-tribuciones de Puerto Rico, los querellantes alegaron que al determinarse el ingreso neto para la imposición de la con-tribución sobre sus ingresos, el Tesorero- se negó a conce-derles una deducción para el año 1932, montante a la suma de $54,462.64, por concepto de la depreciación sufrida du-rante dicho año en las propiedades de la Central Monserrate. de la cual son condueños. Las cuatro querellas fueron so-metidas conjuntamente mediante una estipulación por la cual se admitió que los querellantes por inadvertencia no carga-ron en sus libros en el año 1932 la depreciación de las pro-piedades que usaron en ese mismo año de 1932 en la Central Monserrate, ni hicieron figurar, en sus declaraciones sobre impuesto del año 1932, la depreciación sufrida por tales propiedades. El Tesorero aceptó que las propiedades detalladas en el informe del inspector de contribuciones por el año contributivo de 1933, tomado como base para deter-minar y conceder depreciación por ese año, son las mismas que fueron usadas por los querellantes en la Central Mon-serrate durante el año de 1932; y que la depreciación su-frida por esas propiedades durante el año 1932, calculada a los tipos aceptados y usados por el Tesorero de Puerto Bico, asciende a $54,462.64.

El Tribunal de Contribuciones dictó resolución en favor de los querellantes y en contra del Tesorero, declarando que aquéllos tenían derecho a deducir de sus ingresos para el año 1932 la cantidad reclamada por concepto de depreciación, de acuerdo con la doctrina sentada por este Tribunal en Loíza Sugar Co. v. Domenech, Tes., 44 D.P.R. 556, 559.

La resolución le fue notificada al Tesorero y éste inter-puso el presente recurso de certiorari. La moción de deses-timación radicada por los interventores fue declarada sin lugar por resolución de 31 de enero de 1947, 66 D.P.R. 898. Procederemos ahora a considerar y resolver el caso en sus méritos.

La Ley de Contribuciones sobre Ingresos núm. 74 de 1925 (pág. 401), la cual regía en el año 1932, disponía:

“Sección 16. — (a) Al computar el ingreso neto se admitirán como deducciones:
# # # # * #
íf(8) Una concesión razonable por el agotamiento, desgaste y de-terioro de propiedad usada en la -industria o negocio incluyendo una concesión razonable por propiedad obsoleta.”

Los reglamentos promulgados por el Tesorero para po-ner en vigor la referida Ley de Contribuciones sobre Ingre-sos (Arts. 129 y 130 de los reglamentos federales y 33 revi-sados) disponían, como requisito para admitir la deducción por concepto de depreciación que ésta fuera cargada o eli-minada en los libros del contribuyente, durante el año, de modo que constituya una obligación contra el activo de la corporación.

En Loíza Sugar Co. v. Domenech, Tesorero, supra, la corporación demandante no consignó en sus libros la canti-dad que reclamaba por concepto de depreciación, en la forma requerida por los reglamentos. Interpretando la Ley y los reglamentos aplicables al caso, como lo son al presente, este Tribunal, apoyándose en jurisprudencia de cortes federa-les () resolvió:

“Aunque la corporación apelada no consignara en sus libros los $104,220.04 para depreciación de sus propiedades en la forma reque-rida por los reglamentos federales sino en una cuenta llamada de ganancias y pérdidas, no obstante, tiene derecho a que dicha cantidad sea deducida para fijar el ingreso neto sobre el cual la contribución sobre ingreso debe ser impuesta, pues hechos verdaderos más bien que constancias de los libros son los que dan derecho a la deducción.
C 1 # '/? # * Í&
“El gobierno no puede inventar ingresos a base de errores en la forma de llevar los libros el contribuyente porque la imposición y la determinación del ingreso neto tributable descansa en hechos ciertos y no en teorías, tecnicismos o entradas en libros de conta-bilidad. ’ ’

En su obra “Depreciación, Principios y Aplicaciones”, pág. 502, el Profesor Earl A. Saliers, de la Universidad de Yale, dice:

"Menoscabo en el valor de la propiedad a causa de agotamiento, desgaste y deterioro en el curso del negocio es un hecho real, ya esté o no evidenciado por asientos en los libros.
& # •:;< * #
"Cuanto se dice en el párrafo anterior al efecto de que ia de-ducción por depreciación debe ser cargada antes de que pueda ser rebajada no quiere decir que la depreciación habida durante un año pueda cargarse al ingreso de otro año a los fines de la contribución sobre ingresos; tampoco significa que el dejar de rebajar la depre-ciación antes de cerrar las cuentas para el año impedirá que el contri-buyente a la larga haga la rebaja. Quiere decir que si el contri-buyente por inadvertencia deja de hacer los asientos correspondientes en sus libros antes de cerrarlos para el año durante el cual ocurrió la depreciación, y omite hacer la correspondiente deducción del in-greso bruto en su planilla para ese año, él puede abrir de nuevo sus libros, efectuar los asientos adecuados de reajuste en ellos y presentar una planilla enmendada demostrativa de la verdadera deducción por depreciación, siempre que no se pruebe la existencia de mala te o negligencia crasa en la preparación de su planilla 'original y en la manera en que él llevaba sus libros.”

En el presente caso no existe controversia alguna en cuanto a los hechos esenciales. El Tesorero ha admitido como hechos ciertos que las propiedades usadas por los que-rellantes en la Central Monserrate durante el año 1933, so-bre las cuales se les concedió depreciación por ese año, son las mismas usadas por los querellantes durante el año de 1932; y que la depreciación sufrida por esas propiedades durante 1932 asciende a la suma de $54.462.64 que se re-clama. El Tesorero tío ha alegado en forma alguna la exis-tencia de mala fe por parte de los querellantes, ni tampoco que éstos dejaran intencionalmente de consignar en sus libros el montante de la depreciación con el propósito de defraudar al gobierno o a alguna otra persona, lo que equivale a ad-mitir que la omisión se debió a una mera inadvertencia. Siendo esto así, creemos que es aplicable la doctrina sentada en Loíza Sugar Co. v. Domenech, Tes., supra. Es cierto que en el citado caso la contribuyente no hizo constar la depre-ciación'en la “Cuenta de Keserva”, ni tampoco la abonó directamente a la cuenta de las propiedades, pero la hizo cons-tar en una cuenta especial que llamó “de explotación”, mien-tras que en el presente caso los querellantes se olvidaron por completo de hacer anotación alguna en sus libros. 'Empero, esa diferencia que hemos apuntado no sería, a nuestro- juicio, suficiente para justificar la aplicación al caso de autos de una regla distinta a la que establecimos en el caso de Loíza Siujar Company.

Con posterioridad a nuestra decisión en Loíza Sugar Company v. Domenech, la Legislatura por la Ley núm. 31 de 1941 ((1) pág. 479) enmendó la sección 32 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, la cual quedó redactada, en lo pertinente, como sigue:

“Sección 32. — (a) Al computar el ingreso neto de una corpora-ción o sociedad sujeta a la contribución impuesta por la Sección 28, se admitirán como deducciones:

# * # •» «= «• »

(6) Una concesión razonable por el agotamiento, desgaste, dete-riorio de propiedad usada en la industria o negocio, incluyendo una concesión razonable por la obsolecencia, pero no se concederá deduc-ción alguna bajo este inciso, a menos que el agotamiento, desgaste, deterioro o depreciación aparezca claramente en los libros de la con-tribuyente como sufridas durante el año contributivo, en aquellos casos en que la contribuyente lleve libros. Disponiéndose, que ello no implica que el Tesorero continúe obligado a aceptar las pérdidas consignadas en los libros en este concepto; ...”

No siendo aplicable la ley en su forma enmendada a los hechos de este caso, no expresaremos opinión alguna en cuanto a su significado y alcance.

Por las rasiones expuestas opmamos qqae el Tribunal de Contribuciones no cometió él error que se le imputa y que la resolución recurrida, dictada en febrero 18 de 1945, debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder disintió.

        (1)Chattanooga Sav. Bank v. Brewer, 9 Fed. 2d. 982; Haugh & Keenan Storage & Transfer Co. v. Heiner, 20 Fed. 2d 921; Doyle v. Mitchell Bros. Co. 247 U.S. 179, 62 L. Ed. 1054; Southern Pacific R. R. Co. v. Muenter, 260 Fed. 837; Baldwin Locomotive Works v. McCoach, 221 Fed. 59.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PresideNte Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Gonzalo Ramos González, acusado y apelante.
    Núm. 11749.
    Sometido: Febrero 12, 1947.

      Resuelto: Marzo 13, 1947.

      Juan Figueroa Rivera, abogado del apelante; Ron. Procurador General Interino, Luis Negrón Fernández, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PresideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado y convicto por una infracción de la Ley núm. 31 de abril 29 de 1943 (pág. 83), “consistente en que siendo dueño de un establecimiento comercial (cafe-tín) ... no tenía expuesta al público la lista de precios de los artículos allí existentes, a sabiendas de que tenía que ex-poner dicha lista de precios máximos de acuerdo con lo es-tipulado por la O.A.P.”

En la misma fecha se formuló otra denuncia contra el mismo acusado apelante por otra infracción de la citada ley, consistente en haber permitido “que su hermano Manuel Bamos, vendiera dos botellas de cerveza pequeñas marca India a Pedro Casanova, de Cataño, y le cobrara por las mismas la cantidad de 40 centavos a sabiendas que el pre-ció estipulado por la O.A.P. es para venderse a 15 centavos cada botella.”

Vistos ambos casos conjuntamente, la Corte de Distrito de Bayamón declaró al acusado culpable de las dos alegadas infracciones, condenándole por la primera a una multa de $50 y por la segunda a dos meses de cárcel. El presente recurso lia sido interpuesto contra ambas sentencias, ale-gándose como único señalamiento que la corte sentenciadora erró en la apreciación de la prueba en ambos casos.

La prueba en cuanto a la primera alegada infracción es contradictoria. La presentada por el fiscal, a la cual dió crédito la corte inferior, es a nuestro juicio suficiente para sostener la acusación que se hizo al apelante de no haber tenido el día de autos expuesta al público la lista de precios máximos aprobada por la O.A.P. La sentencia impuesta al apelante por esta infracción debe ser confirmada.

La prueba aducida por el Fiscal para sostener la acusación de que el acusado, por medio de su hermano, vendió dos botellas de cerveza a un precio mayor que el autorizado por la O.A.P. es suficiente. La prueba del Fiscal tendió a demostrar que la cerveza había sido vendida en el establecimiento del acusado al precio de 20 centavos la botella; y que los compradores consumieron la cerveza de pie frente al “bar” del establecimiento y bebiéndola directamente de la botella, sin que el establecimiento les suministrara servicio alguno.

La defensa presentó prueba tendiente a sostener que la cerveza había sido vendida y servida a los consumidores, no en el “bar” o mostrador del establecimiento y sí en uno de los reservados; y que se les sirvió fría y en vasos. Alegó el acusado que la O.A.P. autorizaba el precio de 20 centavos por botella cuando la cerveza se servía en vasos y en los re-servados del establecimiento; y 15 centavos por botellas cuando el establecimiento no daba servicio. Como se ve, la evidencia es contradictoria y no podemos decir que la corte inferior errara al resolver el conflicto en contra del acusado,

toda vez que la evidencia creída por la corte es suficjente para demostrar que la cerveza fue vendida y consumida en el “bar”, sin que el establecimiento prestara servicio alguno a los consumidores.

No erró la corte inferior al declarar al acusado culpable. Empero, tomando en consideración las circunstáncias espe-ciales del caso, opinamos que la sentencia de dos meses de prisión es excesiva y debe ser modificada en el sentido de condenar al acusado al pago de una multa de $50 o en su defecto a un día de cárcel por cada dólar que deje de satis-facer.

Por las razones expuestas, se confirma la sentencia re-currida dictada por la Corte de Distrito de Bayamón en el caso criminal núm. 7522 de dicha Gorfe.

La sentencia dictada en el caso criminal núm. 7523 de la misma, corte, de fecha 23 de agosto de 1946, modificada en el sentido indicado, será confirmada.


author: El Juez Asociado Seño» Todd, Jr.,

text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Wirshing & Co., S. en C., interventora.
    Núm. 109.
    Sometido: Diciembre 3, 1946.

      Resuelto: Marzo 13, 1947.

      Ron. Procurador General Interino, Luis Negrón Fernández y Elmer

      Toro Lucchetti, Procurador General Auxiliar, abogados del peti-cionario; Vicente Zoyas Pizarro, abogado de la interventora, que- ' reliante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Seño» Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

"Wirshing & (Jo., S. en C., sociedad civil, agrícola e industrial con carácter comanditario, y con oficina prindpal en Juana Díaz, Puerto Rico, el 22 de diciembre de 1944- in-trodujo en Puerto Rico un arrancador eléctrico para una bomba de guarapo instalada en la fábrica de azúcar de su planta industrial, el cual constituía maquinaria esencial para el funcionamiento de la misma. El Tesorero de Puerto Rico' le impuso arbitrios sobre diebo arrancador, los cuales fueron pagados por la interventora bajo protesta en 5 de marzo de 1945 y el 19 de marzo solicitó del Tesorero el reintegro de los mismos. No fue hasta el primero de octubre del mismo año que el Tesorero denegó el reintegro. Acudió entonces la interventora ante el Tribunal de Contribuciones alegando, en síntesis, que los arbitrios impuestos son ilegales porque el arrancador eléctrico extá exento del pago de ai’bitrios bajo la sección 16(6) de la Ley de Rentas Internas, adicionada por la Ley número 77 de 9 de mayo de 1944 (pág. 167). El Tribuna] de Contribuciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción porque fue incoado el 19 de octubre de .1945, o sea, siete meses después de la fecha del requerimiento de pago y para poder acudir al Tribunal de Contribuciones te-nía que hacerlo dentro de treinta (30) días a partir de la fecha del pago. La interventora entonces presentó una mo-ción de reconsideración alegando haber sido inducida a error por resoluciones anteriores del Tribunal de Contribuciones revocadas por dicho tribunal en P. R. Iron Works, Inc. v. Tesorero, resuelto el día 3 de julio de 1946, invocando la regla seguida en Mayagüez Light, Power & Ice Co. v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 30. El Tribunal declaró con lugar la moción de reconsideración y dictó resolución final al efecto de que habiendo demostrado la prueba que la pieza envuelta en el caso era para ser usada en maquinaria esencial para el funcionamiento de la planta industrial de la contribuyente, y que habiendo resuelto anteriormente la misma cuestión favo-rablemente a la contención de la contribuyente en el caso de Cia. Cervecera de Puerto Rico v. Tesorero, A-44, procedía declarar con lugar la querella en todas sus partes, orde-nando en su consecuencia al Tesorero el reembolso de los ar-bitrios, más los intereses a razón del seis (8) por ciento anual desde la fecha de la radicación de la instancia. Expe-dimos el auto do certiorari a petición del Tesorero para re-visar esta resolución.

Alega el peticionario que el Tribunal de Contribuciones cometió tres errores. Los dos primeros son iguales a los discutidos y resueltos a favor del contribuyente en el caso de Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, Crown Beverages, Inc., interventora, núm. 126, ante, pág. 57, y, por tanto, procede desestimarlos. Veamos el tercer señalamiento que dice así:

“El Honorable Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico erró al ordenar al Tesorero de Puerto Rico el pago de intereses al seis (6) por ciento anual, por tratarse de una acción establecida contra El Pueblo de Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley núm. 169 de 1943, la cual no contiene disposición alguna autorizando la impo-sición de intereses a El Pueblo de Puerto Rico, ni contiene asignación alguna para el pago de dinero del Tesorero por concepto de inte-reses. ’ ’

La interventora admite en su alegato que el tribunal inferior erró al conceder intereses sobre la suma cuya devolución ordenó desde la fecha de la radicación de la querella pero sostiene que la resolución recurrida debe modifL carse concediendo dichos intereses únicamente desde la fecha en que se dictó la resolución. Para llegar a esta conclusión arguye que la sección 4 de la Ley número 169 de 1943 dis-pone que:

“Todos los procedimientos ante el Tribunal, incluyendo la presen-tación y admisión de prueba, se regirán por las reglas del Tribunal las que serán aprobadas por el Gobernador de Puerto Rico y, en su defecto, por las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil o de las Reglas de Procedimiento que promulgue el Tribunal Supremo de Puerto Rico . ” (Bastardillas nuestras.)

y que disponiendo el artículo 341 del Código de Enjuicia-miento Civil que “El secretario incluirá en el registro de la sentencia* los intereses correspondientes a la misma desde la fecha en que se dictó ...” constituye un deber ministerial del secretario del Tribunal de Contribuciones incluir dichos intereses ya que el artículo 341 no hace excepción en cuanto a acciones entabladas en contra de El Pueblo de Puerto Rico.

No tiene razón la interventora. Los términos en que está redactada la sección 4 de la Ley número 169 de 1943, supra, claramente demuestran que la intención legislativa al hacer supletorias a las reglas aprobadas por el Tribunal de Con-tribuciones, las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil o de las Reglas de Procedimiento que promulgó este Tribunal Supremo, los limitó “a todos los procedimien-tos ante el Tribunal, incluyendo la presentación y admisión de prueba.” Específicamente los limitó a cuestiones de pro-cedimiento. No hizo extensiva cualquier, disposici6n.de ca-rácter sustantivo que pudiera estar comprendida en el Có-digo de Enjuiciamiento Civil como lo es la concesión de in-tereses a que se refiere el artículo 341, supra. Como dijimos en el caso de Franceschi, Ex parte, 53 D.P.R. 75, citado por la interventora, “ . . . el derecho a . . . intereses ha sido creado por el artículo 341 citado ...” de manera que no puede sostenerse que sea una mera cuestión de procedimiento.

Si la Ley número .169 de 1943 no concede intereses de clase alguna al contribuyente triunfante, como admite la in-terventora, no procedía su concesión, ni desde la fecha de la radicación de la querella ni desde la fecha en que se dictó la resolución recurrida, ya que el contribuyente no puede recobrar intereses a menos que exista una ley que expresa-mente autorice su pago. Union Central Life Ins. Co. v. Gromer, 20 D.P.R. 86; West India Oil Co. v. Benitez Castaño, Admor., 51 D.P.R. 273; Fajardo Sugar Co. v. Richardson, 7 P. R. Fed. Rep. 154; Sunny Brook Distillery Co. v. U. S., 48 F.2d 976, en el que se dijo, a la página 981: “La concesión de intereses en contra del gobierno es una cuestión de privilegio, manifiestamente restrictiva, nunca se presume, y no debe concederse a menos que clara y específicamente se autorice.” Al mismo efecto véanse U. S. v. North Carolina, 136 U.S. 211; U. S. v. Goltra, 312 U. S. 203; Rosenman et al. v. U. S., 323 U. S. 658.

En el caso de Salthouse v. Board of Commissioners, 224 Pac. 70, los hechos eran iguales a los del caso de autos. Se dictó sentencia por la suma de la contribución reclamada sin intereses, pero se insertó un disponiéndose al efecto de que la sentencia devengaría intereses desde la fecha en que se dictó. La corte resolvió lo siguiente, página 73:

“El condado no es responsable por intereses sobre su obligación, pues un estatuto que en términos generales requiere el pago de inte-reses no es aplicable al estado o al condado a menos que expresa-mente así lo disponga. (Cita.) El estatuto dispone que todas las sen-tencias devengarán intereses. (Cita.) No habiendo referencia al-guna al estado o al condado, ellos están por implicación exceptuados de que se les aplique la regla general.”

En el caso de Schlesinger v. State, 218 N. W. 440, se citó con aprobación la doctrina del caso-de Salthouse y se dijo, además, que “los casos que se acaban de citar se basan en la mundialmente reconocida regla de que un estado sobe-rano no puede ser demandado en sus cortes, a menos que su consentimiento sea concedido por ley.”

Dehe modificarse la resolución recurrida eliminando la concesión de intereses y así modificada, se confirma.

El. Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Oscar Alvarez Soto, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1203.
    Sometido: Enero 13, 1947.

      Resuelto: Marzo 13, 1947.

      Andrés Mena, abogado del recurrente;, el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El Pueblo de Puerto Rico se adjudicó en subasta por contribuciones un solar y casa pertenecientes, aparentemente, a la sociedad de gananciales que el recurrente tenía con su esposa. Posteriormente el recurrente por derecho propio y como padre con patria potestad sobre su hija menor no emancipada, tomó a préstamo a Librada Rodríguez la suma de $337.86 para poder redimir la propiedad. Redimió la pro-piedad inscribiéndose ésta a su nombre. A tenor con la de-claratoria de herederos hecha con motivo del fallecimiento de la esposa del recurrente, se inscribió la propiedad a nombre del recurrente como cónyuge viudo y de su hija menor antes mencionada en la proporción de una mitad indivisa para cada uno. Esta inscripción se hizo dos meses después de que el recurrente otorgara una escritura ante notario por la que vendía a Librada Rodríguez (a) por derecho propio la mitad indivisa que tenía en la propiedad por la suma de $250 y (b) como padre con patria potestad sobre sn menor bija, por la snma de $250, la mitad indivisa que tenía su hija menor en la propiedad. Decía la escritura que el tras-paso de estas participaciones se hacía por vía de transacción en evitación de pleitos y reclamaciones que pudieran perju-dicar a su hija menor por la deuda contraída con la señora Rodríguez para pagar el precio de redención de la finca.

M recurrente presentó este recurso para revisar la nota del registrador denegando la inscripción de la referida es-critura de transacción por el fundamento de que el padre de la menor no había dado cumplimiento a las disposiciones del artículo 159 del Código Civil referente a la enajenación o gravamen de bienes de menores. Alega el recurrente que apareciendo de dicha escritura que la consideración para la transacción en cuanto a los bienes de la menor se refería fue de $250, no precisaba la autorización judicial para la misma, por cuanto el padre puede, de acuerdo con el artículo 1710 del Código Civil, transigir sobre bienes de los hijos bajo su patria potestad si el valor del objeto sobre el que recae la transacción no' excede de $500.

No es necesario detenernos a analizar (a) si el padre tomó el dinero a préstamo sin la previa autorización judicial y (b) la posible nulidad de su actuación si no obtuvo dicha autorización. F. Zayas, S. en C. v. Torres, 51 D.P.R. 796. Hechos similares a los del presente caso fueron considera-dos por este Tribunal en Acosta v. Registrador, 29 D.P.R. 9, como constitutivos de una venta y no de una transacción. De igual manera que el caso de Acosta, independientemente de la fraseología empleada, los hechos demuestran una venta en la que la compradora canceló, como parte del precio de venta, la deuda que con ella tenía contraída la menor.

Procede la confirmación de la nota recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Felipe Díaz Rivera, acusado y apelante.
    Núms. 11703 y 11704.
    Sometidos: Febrero 12, 1947.

      Resueltos: Marzo 18, 1947.

      J. Acosta Acosta, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino, Luis Negrón Fernández y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

lili acusado apelante solicita la reconsideración de la sen-tencia que dictamos el 24 de febrero de 1947, por la cual confirmamos las dictadas por la Corte de Distrito de Baya-món, con fecha 30 de septiembre de 1946, en los dos casos mencionados en el epígrafe. En la moción de reconsidera-ción se llama nuestra nuestra atención hacia el hecho de que eu el segundo señalamiento el apelante alegó como un error cometido por la corte inferior, “el haber negado el juez de la corte inferior el derecho del abogado del acusado a argu-mentar su caso,” privando así al acusado de su derecho constitucional a estar debidamente representado por abo-gado, lo que incluye el derecho a que el abogado informe oralmente sobre los méritos del caso.

Por haber sido incluido dicho señalamiento en el refe-rente a la imputación que hacía el apelante al juez senten-ciador, de haber actuado movido por pasión, prejuicio y par-cialidad, no tomamos en consideración dicho señalamiento pues en verdad el mismo constituye un error de derecho más bien que una demostración de pasión, prejuicio o parcialidad.

Examinado el récord taquigráfico de dichos casos, los cua-les fueron vistos conjuntamente, encontramos que el inci-dente en que se basa este señalamiento ocurrió del modo si-guiente :

'‘Ledo. Aeosta Acosta: Queremos informar el caso.
Hon. Juez: No. Esto es un caso ‘misdemeanor’, si va a hacer un discurso para esto. Ese es un cuento viejo. Eso no es la pri-mera vez que se hace . . .
Ledo. Acosta Acosta: Pero este no es un cuento viejo.
Hon. Juez: Pero no he creído ninguno de los testigos de descargo ■ — al único es al policía. La Corte lo declara culpable de un delito de portar armas y le impone tres meses de cárcel y lo declara culpable del delito de portar armas de fuego sin registrar y le impone dos meses de cárcel.”

En el caso de Pueblo v. Vargas, 44 D.P.R. 157, se pre-sentó a la consideración de este Tribunal una situación idén-tica a la que se nos presenta en este caso. Allí, como aquí, la Corte de Distrito de Ponce se negó a permitir que el abo-gado del acusado argumentara su caso. El Fiscal de esta Corte Suprema se adhirió al recurso; y al revocar la sen-tencia y ordenar la celebración de un nuevo juicio esta Corte, por voz de su Juez Presidente Sr. Del Toro, se expresó así, copiando del sumario:

‘‘El derecho de todo acusado a estar asistido de abogado para su defensa, incluye la argumentación del caso por el abogado. Ne-garlo constituye error perjudicial que da lugar a la revocación.”

El Fiscal 'de este Tribunal, habiendo sido notificado con copia de la moción de reconsideración, ha radicado un in-forme sometiendo la cuestión a la decisión del Tribunal “de-conformidad con las circunstancias que rodean el caso.”

Es indudable que las cortes tienen poder para limitar de una' manera razonable y de acuerdo con las circunstancias de cada caso, el tiempo durante el cual los abogados deberán presentar sus argumentos sobre los méritos del caso, pero el negar en absoluto al abogado de un acusado el derecho a argumentar el caso oralmente, antes de dejarlo sometido de-finitivamente a la decisión del tribunal, constituye un error grave y perjudicial a los derechos del acusado y es suficiente, a nuestro juicio, para justificar la revocación de la sentencia.

Por las razones expuestas, procede que reconsideremos y dejemos sin efecto la sentencia que dictamos el 24 de fe-brero de 1947 y que se revoquen las sentencias apeladas y se devuelvan los casos a la Corte de Distrito de Bayamón para la celebración de un nuevo juicio.


text:
      In re Manuel Cruz Horta, querellado.
    Núm. 69.
    Sometido: Marzo 7, 1947.

      Resuelto: Marzo 20, 1947.

      Manuel Cruz Horta, pro se; F. García Quiñones y Garlos H. Juliá, .abogados del querellado; J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En marzo 28 de 1938, el abogado querellado' a nombre y en representación de Pablo Meléndez, como demandante, ra-dicó ante la Corte de Distrito’ de San Juan una demanda para el cobro de nn pagaré por la suma de $900, que se ale-gaba había sido suscrito y entregado por el demandado Ro-mualdo Rivera al demandante. Anotada la rebeldía y dic-tada sentencia en contra del demandado, habiendo renun-ciado éste su derecho de apelación libróse orden para la eje-cución de la sentencia y se procedió a embargar y vender en pública subasta una casa valorada en la suma de $3,000, per-teneciente por partes iguales al demandado Romualdo Rivera y a su ex esposa Celia Olmedo Wood. La finca fue adjudi-cada a Philip El Koury por la suma de $500.

Eñ julio 14 de 1938, Celia Olmedo Wood radicó demanda contra Meléndez, Rivera y El Koury, solicitando la nulidad de todas las actuaciones en el pleito de Meléndez contra Rivera. Se basaba la demanda en que el pagaré se había si-mulado con el fin de defraudar a Celia Olmedo Wood, divor-ciada de Romualdo Rivera, privándola de su participación en los bienes gananciales. La corte de distrito dictó senten-cia decretando la nulidad de todas las actuaciones; y traído el caso en apelación ante este Tribunal Supremo, en mayo 21 de 1945 dictamos sentencia confirmando la recurrida. Véase: Olmedo v. Rivera, 65 D.P.R. 49. En la opinión emitida en dicho caso, dijimos:

"... Este caso está plagado de fraude y lo referiremos al Fiscal de esta Corte para que determine si el abogado que representó a Rivera cuando se fraguó y consumó el elaborado plan aquí envuelto actuó impropiamente.”

En noviembre 5 de 1946, el Fiscal formuló una querella contra el abogado Manuel Cruz Horta, imputándole, en sín-tesis :

1. Que mientras el abogado querellado representaba ante la Corte de Distrito al demandante Pablo Meléndez, en la acción contra Romualdo Rivera sobre cobro del pagaré, tam-bién prestaba servicios como abogado al demandado en dicha acción Romualdo Rivera, en relación con el mismo asunto.

2. Que el querellado intervino a sabiendas y voluntaria-mente en la realización del plan para defraudar a Celia. Ol-medo Wood, "cuando con su anuencia y gestión activa tra-mitó en forma acelerada los distintos pasos judiciales - ante la Corte”.

Alegando que el primer cargo constituye una infracción a los cánones de ética profesional-y el segundo una conducta inmoral e impropia, el fiscal solicitó se dictara sentencia dis-poniendo la separación del querellado del ejercicio de la abo-gacía y de la'práctica del notariado en Puerto Rico.

En la vista celebrada el 7 de marzo de 1947 el Fiscal pre-sentó prueba testifical, y documental para sostener las ale-gaciones de la querella. El querellado declaró extensamente explicando al Tribunal todas y cada una de sus actuaciones en relación con el cobro del pagaré otorgado por Romualdo Rivera a favor de Meléndez y negando enfáticamente que en momento alguno él tuviera conocimiento o motivos para sos-pechar que el pagaré fuese simulado.

No creemos necesario hacer una exposición detallada de lo declarado por cada uno de los testigos. Bastará decir que la prueba ofrecida por el Fiscal, considerada en conjunto, es a nuestro juicio insuficiente para sostener la querella. Pro-céde, por lo tanto, desestimar la querella en todas sios par-tes y exonerar al querellado.


text:
      In re Pablo Andino Espejo, querellado.
    Núm. 67.
    Sometido: Marzo 4, 1947.

      Resuelto: Marzo 21, 1947.

      Pablo Andino pro se; Alfonso Miranda y Angel B. Suárez, abogados del querellado; Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Por sentencia dictada en junio 15 de 1945, este Tribunal ordenó la separación del abogado Pablo Andino Espejo del ejercicio de la abogacía y en su consecuencia también del notariado por el término de dos años. Véase: In Re Andino, 65 D.P.R. 136.

Examinados los protocolos notariales del querellado' por el juez de distrito Sr. La Costa, encontró éste numerosas irregularidades en dichos protocolos las cuales hizo constar específicamente en un informe oficial que lia sido sometido a nuestra consideración como parte de la querella en el pre-sente caso.

Las irregularidades enumeradas en la querella han sido establecidas por la prueba. Muchas de ellas fueron corre-gidas oportunamente por orden del juez de distrito que exa-minó los protocolos. Ninguna de ellas envuelve la comisión de fraude o delito alguno, ni se ha demostrado que persona alguna haya sido perjudicada por la falta de cuidado por parte del notario. No creemos necesario hacer una exposi-ción detallada de las numerosas irregularidades que apare-cen en los protocolos notariales del querellado. Bastará de-cir que todas ellas pudieron ser corregidas disciplinariamente por los jueces que inspeccionaron los protocolos.

El notario querellado se ha hecho acreedor a nuestra cen-sura por no haberse ajustado estrictamente a los preceptos de la Ley Notarial en cuanto a la forma y manera en que deben hacerse y guardarse los protocolos. La. observancia de esos preceptos es necesaria para mantener en alto el pres-tigio de la profesión notarial y hacerla digna de la confianza y respeto públicos.

El querellado ha hecho entrega al Secretario de este Tribunal de los sellos de rentas internas que por error de cálculo dejó de cancelar en algunas escrituras. La prueba no de-muestra que el querellado incurriera en esas pequeñas omi-siones eon el propósito de Inorarse. Los sellos serán entre-gados al Archivero General del Distrito para qne los fije y cancele en los documentos correspondientes.

No siendo ninguno de los cargos formulados contra el querellado de suficiente importancia para justificar su sepa-ración del ejercicio de la abogacía y de la práctica del nota-riado, la querella debe ser declarada con lugar, limitándonos a censurar, como ya lo hemos hecho, la conducta del quere-llado.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Domingo Santiago Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 11722
    Sometido: Marzo 13, 1947.

      Resuelto: Marzo 24, 1947.

      Celestino Triarte, F. Fernández Cuyar, H. González Blanes, E. Báez García y Juan Pedroza, Jr., abogados del apelante; IT on. Procu-rador General Interino, Luis Negrón Fernández y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.:

emitió la opinión del tribunal.

'Versa este recurso sobre sentencia condenando - al acu-sado por el delito de abandono de menores. Sostiene el ape-lante, en el’ iónico error señalado, que la prueba presentada es insuficiente para sostener la convicción. Veamos la prueba.

La de cargo consistió en la declaración de la madre del menor, Aurea Esther Torres, y las de Ramón Torres Ortiz, Angela Rivera e Ismael Ortiz.

Aurea Esther Torres declaró que es soltera y tiene un hijo llamado Domingo Alexis Torres; que conoció al acu-sado Domingo Santiago Rivera desde antes de las elecciones de 1944, pero que para esa época fue que se dirigió a ella, se hizo amistoso con ella, formó amistad con ella con in-terés; que la enamoraba durante tres meses y ella lo aceptó; que lo atendió; que ella vivía con una hermana suya en el campo y luego en casa de otra hermana en el pueblo de San Germán; que el acusado vivió con ella, no como amigo, sino con interés y que de ese interés nació el niño; que el acusado es el padre del niño pero no le pasa nada -para sus alimentos, ropa, etc., desde que nació que le envió diez dó-lares con su padre (de la testigo); que ella vivió'con el acu-sado en casa de su cuñado Juan María Ruberté y en la casa de otro cuñado en San Germán; identificó un retrato del acu-sado que éste le había regalado en noviembre de 1944. En el contrainterrogatorio declaró que vivió con el acusado en las casas de sus dos hermanas, una en el campo y otra en el pueblo; que ella era señorita y viviendo en la casa de su cuñado Ruberté fué que dejó de serlo en enero de 1945 pues el acusado la desgració en el balcón y luego continuó viviendo con ella durante tres meses; que luego se mudó al pueblo; que su hermana y su esposo sabían que ella se quería con el acusado.

Los demás testigos de cargo tendieron a confirmar la de-claración de la denunciante únicamente en cuanto a que ella vivió con sus dos hermanas y que el acusado la visitaba y salía con ella y además que el acusado le envió diez dólares cuando ella estaba en el hospital y que antes de dar a luz también le había dado dinero para que se preparara. Ninguno de es-tos testigos, sin embargo, declaró que el acusado viviera en concubinato con la denunciante. Nada hay en la prueba que demuestre la fecha en que nació el niño.

La prueba de la defensa. tendió a demostrar que la de-nunciante salía con distintos hombres y frecuentaba un ca-fetín en San Germán y el acusado negó haber tenido rela-ciones carnales' con ella en fecha alguna o que le hubiera dado dinero.

Arguye el apelante que de acuerdo con lo resuelto en Pueblo v. Rotger, 55 D.P.R. 139, ratificado en Pueblo v. Cáceres, 65 D.P.R. 368, la prueba en este caso es insuficiente. Tiene razón.

En el caso de Pueblo v. Rotger, supra, resolvimos que:

“ ‘No apareciendo de la prueba que al tiempo de la concepción de la niña el acusado viviera en concubinato con la denunciante, ni apareciendo tampoco que en fecha determinada comprendida dentro del período de gestación hubiesen tenido ellos relaciones sexuales, tenemos que convenir con el fiscal de este tribunal que la prueba no demuestra más allá de duda razonable la paternidad de la niña en el apelante. La declaración de la denunciante es perfectamente compatible con la existencia de relaciones iniciadas después de la concepción de la niña.’ ”

En el caso de autos la prueba de cargo, creída por la corte .sentenciadora, a lo sumo tendió a demostrar que el acusado • tuvo relaciones carnales con la denunciante durante tres me-ses, comenzando en enero de 1945. Esta prueba no demues-tra que el menor sea hijo del acusado pues no apareciendo la fecha en que nació dicho menor no puede determinarse que dentro del período de gestación hubiera la denunciante tenido relaciones sexuales con el acusado. En la denuncia tampoco se alegó dicha fecha. El hecho de que aparezca alegada en el requerimiento que se hizo al acusado en la corte municipal en los procedimientos previos establecidos por la ley, no habiéndose probado en el juicio de este caso ante la corte inferior, no es suficiente para dejar establecido ese hecho esencial.

Procede la revocación de la sentencia apelada y la abso-lución del acusado.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Prensa Insular de Puerto Rico, Inc., y Antonio Ayuso Valdivieso, peticionarios, v. Rafael de J. Cordero, Auditor de Puerto Rico, demandado.
    Núm. 429.
    Sometido: Febrero 24, 1947.

      Resuelto: Marzo 26, 1947.

      Antonio Ayuso Valdivieso, pro se; Miguel Guerra-Mondragón y Guillermo Ginlrón Ayuso, abogados de los peticionarios; Hon. .Pro-curador General Interino Luis Negrón Fernández, Garlos Santana Becerra y J. Rivera Barreras, Procuradores Generales Axixiliares, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La jurisdicción original de este Tribunal ha sido invocada por la corporación doméstica Prensa Insular de Puerto Pico, Inc. y por Antonio Ayuso Valdivieso, en solicitud de un auto perentorio de mandamus dirigido contra el Contador de Puerto Rico para que les xiermita inspeccionar ciertos records y documentos que obran en su poder por razón de su cargo.

Prensa Insular de Puerto Rico, Inc. es dueña de y pu-blica el diario “El Imparcial”, periódico de circulación general en toda la isla de Puerto Rico. Antonio Ayuso Val-divieso es abogado, periodista, contribuyente al Tesoro Insular por razón de bienes inmuebles, presidente de la indi-cada Corporación y director de “El Imparcial”. Como tal director, tiene a su cargo la política editorial e informativa del referido diario.

El 2 de febrero último Ayuso Valdivieso, en su carácter de contribuyente, de presidente de Prensa Insular de Puerto Rico, Inc. y de director de “El Imparcial”, solicitó por es-crito del Contador de Puerto Rico, Sr. Rafael de J. Cordero, que le informara: (a) si Concrete Industries Inc. y Caguas Development Co. habían vendido materiales de construcción a El Pueblo de Puerto Rico, a algún Municipio o a cualquiera Autoridad, Agencia o Dependencia del Gobierno Insular; y (b) que en caso de haberse verificado tales ventas de mate-riales de construcción, se sirviera especificar cantidades, fe-chas e importes de las ventas,-y que por ser dicha informa-ción para fines de publicidad y de interés público, se sirviera suministrarla a la mayor brevedad posible.

Alegaron los demandantes que tienen especial interés y derecho a obtener tales informaciones para mantener-'a los ciudadanos de Puerto Rico enterados de las erogaciones que se hacen con los fondos públicos en todos sus pormenores y, de encontrar que existen irregularidades o normas inadecua-das en el gasto de los dineros públicos, orientar la opinión pública a través de editoriales y abogar por la adopción de sanas medidas legislativas y administrativas que redunden en beneficio de los fondos públicos de Puerto Rico y de su mejor administración.

- No contestó el Contador y el 6 de febrero último, Ayuso Valdivieso, por conducto del notario J. Pedro - Miranda, lo requirió para que le permitiese examinar los libramientos y comprobantes de pago, las facturas y otros documentos re-lacionados con las transacciones llevadas a cabo desde el 17 de abril do 1945 hasta el 6 de febrero de 1947 entre el Go-bierno de Puerto Rico, sus Agentes, Municipios, etc., y las firmas Concrete Industries, Inc. y Caguas Development Co. Manifestó el Contador al Notario que no estaba dispuesto a mostrar documento alguno a Ayuso Valdivieso ni a nin-guna otra persona que no estuviera directamente interesada en el mismo, a menos que mediara orden de una corte. Eué entonces qne los peticionarios recurrieron a este Tribunal en solicitud de un auto perentorio de mandamus.

Considerando . que el demandado es un alto funcionario del Gobierno de Puerto Pico y que de no asumir esta corte jurisdicción original el remedio que pudieran obtener los pe-ticionarios podría resultar académico por tardío, expedimos el auto alternativo. Mun. de Quebradillas v. Sec. Ejecutivo, 27 D.P.R. 147. Posteriormente, pero antes de que compare-ciera el demandado, radicaron los peticionarios una demanda complementaria en la que, sustancialmente, alegaron que des-pués de radicada la demanda original, se presentaron varias denuncias por libelo contra Ayuso Valdivieso; que uno de los denunciantes es el Contador de Puerto Rico; y, que el peticionario Ayuso Valdivieso necesita inspeccionar los do-cumentos a que se contrae la demanda original, no solamente para proseguir su campaña periodística, sí que también para preparar su defensa en los citados casos de libelo.

Compareció el demandado aceptando haber recibido la carta de 2 de febrero último y haber sido requerido por el notario J. Pedro Miranda y alegó ciertas defensas, las cua-les discutiremos en el curso de esta opinión.

I

Como primera cuestión alega el demandado que este Tribunal carece de jurisdicción sobre la materia. Su defensa de falta de jurisdicción la deriva del art. 20 de la Ley Orgánica, que en lo pertinente prescribe:

"El Contador llevará las cuentas generales del Gobierno, será el custodio de ellas y conservará los comprobantes que a ellas perte-nezcan. Su jurisdicción sobre las cuentas, bien sean de fondos o de propiedades, y sobre todos los comprobantes y expedientes corres-pondientes a las mismas, será exclusiva . . .
“Las decisiones del Contador serán finales, a no ser que de ellas apele la parte perjudicada o el jefe del departamento interesado, dentro de un año, en la forma que se prescribe más adelante. El Contador tendrá, excepto en los casos que se determinan más adelante, la misma autoridad que confiere la ley al Contralor O-eneral de los Estados Unidos,” . . . (Bastardillas nuestras.)

Arguye el demandado que el art. 161 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos autorizó a los jefes de de-partamento del Gobierno Federal a promulgar reglamentos no inconsistentes con la ley, para el gobierno de sus respec-tivos departamentos, la conducta de sus funcionarios y em-pleados y la custodia, uso y conservación de los records, papeles y propiedades pertenecientes a dichos departamen-tos; que el art. 46 del Título 31 del Código de los Estados Unidos declara aplicables al cargo de Contralor General to-das las leyes que se refieran a la administración de los de-partamentos hasta donde fuere posible; ■ que haciendo uso de la autoridad conferídales por la ley, tanto los jefes de departamento como el Contralor General de los Estados Unidos, han aprobado reglamentos relativos a la exhibición de documentos y expedición de copias certificadas, en los cua-les, de tal modo restringen el examen de los documentos y la expedición de copias certificadas, que prácticamente los hacen inaccesibles al público. Invoca varios casos de funcio-narios inferiores de los distintos departamentos que, habiendo sido citados como testigos para que produjeran en la corte documentos oficiales de su departamento, en obediencia a tales reglamentos, se' negaron a producirlos sin el consenti-miento de su jefe o a declarar sobre información adquirida por ellos con motivo de su cargo; y que habiendo sido cas-tigados por desacato fueron puestos en libertad a través de procedimientos de hábeas corpus por el fundamento de que, teniendo tales reglamentos fuerza de ley, los tribunales no tenían jurisdicción para castigarlos por haber actuado en obediencia a dichos reglamentos. Concluye, entonces, el de-mandado, que teniendo él tan amplio poder de reglamenta-ción, su facultad para permitir la exhibición de documentos y la expedición de copia de los mismos es tan discrecional, que las cortes no pueden intervenir con su actuación.

La falacia de este argumento se .advierte al considerar que la facultad que para reglamentar concede a los jefes de departamento el art. 161 de los Estatutos Revisados de Es-tados Unidos está condicionada a que la reglamentación no sea inconsistente *con la ley. No abrigamos duda que el Con-tador tiene facultad para reglamentar la expedición de co-pias de documentos y la inspección de éstos de manera ra-zonable, de suerte que no se perjudiquen la buena marcha y el orden de su oficina. Pero su facultad para reglamentar está limitada por el art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil que concede a todo ciudadano el derecho “a inspeccio-nar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo .expresamente dispuesto en contrario por la ley”, y también por el 410 dispositivo de que “todo funcio-nario público bajo cuya custodia obrare algún documento público, está en la obligación de facilitar, al requerírsele, co-pia certificada del mismo mediante pago de los derechos le-gales correspondientes ...” (Bastardillas nuestras.)

En relación con la cuestión jurisdiccional, también invoca el demandado el caso de Abueva v. Wood, 45 Jur. Fil. 643 (1924). Allí se trataba de una solicitud de mandamus pre-sentada por varios miembros de la Comisión de Independen-cia de Filipinas contra el Gobernador de Filipinas, el Con-tador y otras personas que siendo miembros de dicha Comi-sión, lo eran a la vez de la Legislatura de Filipinas. Inte-resaban los recurrentes que los recurridos les exhibieran y les permitieran examinar todos los resguardos y demás prueba documental que tuvieren en su poder, demostrativos de los desembolsos y gastos hechos por la Comisión de In-dependencia. Alegaron que los comprobantes originales se hallaban en poder de Paciano Dizon, como Auditor Insular Interino y que los duplicados de esos comprobantes estaban en poder de los funcionarios de la Comisión recurridos, y que, tanto éstos como el Gobernador y el Auditor, se negaban a permitir que los recurrentes examinasen dichos comproban-tes. Se hacen otras alegaciones que no son pertinentes a la cuestión que vamos a disentir. Los recurridos impugnaron la facultad de la corte para expedir el auto de mandamus y en lo que respecta a su jurisdicción sobre el Auditor, dijo el Tribunal:

“Con respecto a la jurisdicción del Tribunal para obligar al Auditor Insular Interino, Sr. Dizon, que cumpla con lo pedido en la solicitud, puede decirse que el Auditor de las Islas Filipinas, según la ley, tiene (a) jurisdicción exclusiva sobre las cuentas del Gobierno y antecedentes o medios relacionados, y (5) facultad y autoridad para examinar, de acuerdo con la ley y reglamentos administrativos, todos los desembolsos de fondos o efectos pertenecientes al Gobierno, o rete-nerlos a nombre del mismo o de las provincias o municipios, y conser-var los comprobantes con aquéllos relacionados. La Ley Jones dis-pone, además, que las resoluciones. del Auditor serán definitivas y concluyentes para las ramas ejecutivas del Gobierno, excepto que puede apelarse por éstas o por el jefe del departamento correspon-diente dentro de, un año al Gobernador General, apelación que ex-pondrá específicamente el acto determinado del Auditor contra el cual se ha objetado, expresando las razones y autoridades para que se revoque su resolución. La ley también dispone que en caso de que no haya acuerdo entre el Gobernador General y el Auditor, se con-ceda otra apelación para ante el Secretario de Guerra, cuya decisión sobre la cuestión planteada será final y concluyente. (Ley del Con-greso de 29 de agosto de 1916, artículos 24 y 25, tomo 12, Leyes Públicas, págs. 25A-255.)
“En virtud de dichas disposiciones de la Ley Jones, la resolución del Auditor es final, a menos que se presente apelación dentro del plazo marcado. La decisión del Auditor es definitiva a menos que se revoque o modifique en la forma que la ley dispone, y los tribunales carecen, por tanto, de jurisdicción para intervenir o modificar su resolución sobre estas cuestiones. La jurisdicción administrativa del Auditor sobre las cuentas, ya se trate de fondos o efectos, y todos los comprobantes y documentos con ellos relacionados, será exclusiva. La jurisdicción del Auditor al examinar y liquidar cuentas es exclusiva, ya se trate de fondos o efectos, y todos los comprobantes y docu-mentos con ellos relacionados, y su resolución o su liquidación de tales rentas y cantidades recibidas y desembolsos hechos es firme y concluyente, a menos que se interponga una apelación dentro del plazo de -un año. Teniendo el Auditor jurisdicción concluyente y firme, excepto en caso de apelación, para examinar todas las cuentas de gastos de fondos públicos del Gobierno de Filipinas, parece que la conclusión razonable debe, ser declarar que tiene, al menos, ciertas facultades discrecionales para dictar una conclusión independiente y no coartada. El Departamento Legislativo del Gobierno de los Es-tados Unidos en las Islas Filipinas no habría declarado que las deci-siones del Auditor son firmes a menos que se interponga apelación contra ellas sin tratar de darle una discreción ilimitada en cuanto a los mismos. (Lamb contra Phipps, 22 Jur. Fil., 471; State v. Babcock, 22 Neb., 38.)
“Sin discutir más las cuestiones presentadas, opinamos, y así lo declaramos, que carecemos de facultades y de jurisdicción para con-ceder el remedio solicitado;” . . . (págs. 670-71).

El demandado pone gran énfasis en el caso de Ahueva por tratarse de una interpretación de la Carta Orgánica de Filipinas, cuyas disposiciones respecto al Contador son si-milares a las contenidas en la nuestra. El hecho de que la jurisdicción del Contador sobre las cuentas y sobre todos los comprobantes y expedientes correspondientes a las mismas sea exclusiva, no significa que el Contador sea un funciona-rio que esté por encima de la ley. Cf. Municipality of Río Piedras v. Serra, Garabís & Co., 65 F.2d 691, 693 (1933). La exclusividad de su jurisdicción en relación con la custo-dia' de cuentas y comprobantes, es con respecto a los demás departamentos del Gobierno, de suerte que sea el Contador el único funcionario bajo cuya custodia y responsabilidad se hallen todas las cuelitas del Gobierno y sus correspondientes comprobantes, de ese modo evitando que dichas cuentas y comprobantes se encuentren dispersos por los distintos de-partamentos.

Es verdad que el art. 20 de la Ley Orgánica prescribe que las decisiones del Contador serán finales, a menos que de ellas apele la parte perjudicada o el jefe del departamento interesado, dentro de un año, en la forma que se prescribe en el art. 21. () Pero esas decisiones que tienen carácter de finales son, según el art. 21, las que puedan recaer en la li-quidación de una cuenta o reclamación. Aun la decisión del Gobernador confirmando o revocando la del Contador en tales casos, está sujeta “a cualquier derecho de acción que en contrario pueda disponerse por ley.” (Bastardillas nuestras.) Pero en el caso que nos ocupa, donde no se trata de liqui-dación de cuentas, sino de inspección de documentos, no es de aplicación lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica. Consecuentemente, los demandantes no están obli-gados a seguir el procedimiento administrativo a que alude el Tribunal Filipino. El razonamiento en que descansa la de-cisión del caso de Ahueva no nos convence y con la mayor deferencia a dicho tribunal, no estamos dispuestos a seguirla. No vemos por qué razón este Tribunal carece de jurisdic-ción para obligar, por auto de mandamus, al Contador de Puerto Rico, como a cualquier otro funcionario público, a cumplir con un deber ixnpuéstole por ley.

II

Arguye el demandado que el derecho que el art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil concede a todo ciudadano de inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público, es un derecho abstracto; que no existe en Puerto Rico ninguna ley que imponga al demandado el deber de permitir tal inspección y que no sólo precisa qué exista el deber, sino que ese deber sea especialmente impuesto al demandado por razón de su cargo. Decir que existe un derecho sin un deber correlativo es sencillamente un contrasentido. Si no existe nn deber no pnede haber nn derecho, porque todo derecho necesariamente conlleva la existencia de nn deber. Como ha dicho nn eminente jurista:

“Los derechos y deberes son necesariamente correlativos. No pnede existir nn derecho sin nn deber correspondiente, o nn deber sin nn correspondiente derecho, como no pnede existir nn esposo sin nna esposa o nn padre sin nn hijo, porque todo deber constituye una obligación hacia alguna persona o personas a cuyo favor, por lo tanto, surge un derecho correlativo. Y a la inversa, todo derecho debe ser nn privilegio contra alguna persona o personas sobre quienes, por lo tanto, se impone un deber correlativo. Todo derecho o debér entraña nn vinculum juris o nexo de obligación legal, por la cual dos o más personas quedan obligadas mutuamente. No puede existir un deber sin que exista alguien a quien se le deba; no puede haber un derecho sin que exista alguien de quien pueda redamarse y no puede existir un daño sin que haya alguien que lo hubiere sufrido, es decir, cuyo derecho haya sido violado.” Salmond on Jurisprudence, (9a. ed. 1937) see. 72, pág. 291.

Pero es que el deber de permitir la inspección no sólo ■existe como un deber correlativo al derecho de inspección concedido por el art. 409, sí que también surge implícito del deber que impone al demandado el art. 410() de expedir copias certificadas previo pago de los correspondientes de-rechos. La existencia de ese deber claramente impuesto por la ley, conlleva implícitamente el derecho no menos claro de los demandantes a solicitar tales copias. Pero para hacer uso de ese derecho necesitan los demandantes examinar pre-viamente los documentos, pues, ¿cómo han de determinar qué copias son las que van a pedir? A este efecto, al de-clarar con lugar un auto perentorio de mandamus contra el Auditor de Cuentas del Estado para que permitiera al de-mandante inspeccionar ciertos comprobantes en poder del de-mandado por razón de sn cargo, dijo la Corte Suprema de Vermont:

“ ... Además, somos de opinión que la existencia de este dere-cho [de inspección] con respecto a comprobantes, archivos, pape-les y documentos en la oficina del Auditor de Cuentas está implícitamente reconocido por la referida ley de 1904, toda vez que el inteligente ejercicio a cabalidad de este derecho está supe-ditado al derecho de inspección para determinar cuáles son los records y documentos de que se desean copias. En Alabama se ha decido que un estatuto similar que exige al Auditor del Estado, a petición y previo pago de los derechos fijados por la ley, a suministrar copia certificada de cualquier documento que deba archivarse en su oficina, implica que hay un derecho previo a ver el documento, porque ¿ cómo, pregunta la corte, podría de otro modo saberse ■ si dicho documento habrá de ser de alguna utilidad? Brewer v. Watson, 61 Ala. 310.” Clement v. Graham, 63 A. 146, 153 (1906).

Para que el derecho a la inspección pueda reclamarse por mandamus no precisa una ley que expresamente imponga al demandado el deber de permitirla, como una obligación com-prendida en las atribuciones de su cargo. () Basta que exista el derecho por parte de los demandantes para que ipso fado surja el deber por parte del demandado impuéstole implíci-tamente por el art. 409 del Código de Enjuiciamiento Civil que creó el derecho que reclaman los demandantes.

En el famoso caso de Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (U. S. 1803), refiriéndose a la naturaleza del auto de mandamus, se dijo por el Giran Juez Presidente:

“Blactstone, en el tercer volumen de sus Comentarios, pág. 110, define el mandamus como 'una orden expedida por la corte de King’s

Bench a nombre del Rey, y dirigida a cualquier persona, corporación o corte inferior de justicia dentro de los dominios del Rey, requi-riéndoles a hacer alguna cosa en particular que en dicha orden se especifica, la cual corresponda a su cargo y deter, y que la corte de King’s Bench haya previamente determinado o por lo menos pre-sumido que está en consonancia con el derecho y la justicia’

Interpretando esa definición de Blackstone, que en lo per-tinente es igual a la disposición contenida en el art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, dijo el Tribunal:'

“Estas circunstancias ciertamente concurren en este caso . . .
“Es verdad que el mandamus aquí solicitado no es para la eje-cución de un acto cuyo cumplimiento expresamente imponga el estatuto.
“Es para la entrega de un certificado de nombramiento sobro lo cual las leyes del Congreso guardan silencio. No consideramos que esta circunstancia afecte el caso. Ya se ha dicho que el peticionario tiene un derecho legal adquirido a ese certificado de nombramiento, del cual el ejecutivo no puede privarlo. El peticionario ha sido nom-brado para un cargo del cual no puede ser removido a voluntad del Ejecutivo; y habiendo sido así nombrado, tiene derecho ai certifi-cado de nombramiento que el Secretario ha recibido del Presidente para uso del peticionario. 'En verdad, la ley del Congreso no ordena al Secretario de Estado enviar el certificado de nombramiento al peti-cionario; pero ha sido puesto en sus manos para la persona que tiene derecho al mismo y no tiene más derecho a retenerlo el Secre-tario de Estado que ninguna otra persona . . .
“Este es, entonces, un caso claro de mandamus, bien sea para entregar el certificado de nombramiento o una copia del mismo . . . ” (Bastardillas nuestras.)

Esa fia sido la Constante interpretación que este Tribunal fia dado al art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil. Desde el año 1917 en que se decidió el caso de Cintrón v. Berrios, 24 D.P.R. 721, se fia venido utilizando el remedio de mandamus en infinidad de casos de reposición a cargos públicos de que ilegalmente habían sido privados los respec-tivos demandantes, a quienes no hubiera podido hacerse jus-ticia si hubiéramos seguido la interpretación restringida que ahora propone el demandado'.

III

Contrario a la máxima latina ubi jus ibi remedium, puede existir el derecho de inspección sin que exista un remedio para hacer valer ese derecho. Esto es así porque el art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil exige, como condición para la expedición del auto de mandamus, que el que lo solicite tenga un interés especial, distinto del interés general que pueda tener cualquier ciudadano en el derecho que reclama. De ahí que una persona que por mera curiosidad desee inspeccionar un documento público, no puede recurrir al remedio de mandamus. Bend Pub. Co. v. Haner, 244 Pac. 868 (Oregon 1926); Pressman v. Elgin, 50 A.2d 560 (Md.1947).

El demandado invoca el caso de Lutz v. Post, 14 D.P.R. 860, para sostener que en esta jurisdicción se ha resuelto que los directores de periódicos considerados como una clase, no tienen un interés especial en la obtención de eojúas de do-cumentos públicos que le da derecho a solicitar un auto de mandamus para obtenerlas. Se dijo en dicho caso:

“i,Tienen los directores de periódicos, considerados como una clase determinada, más derechos que otros ciudadanos con respecto a los archivos ele las oficinas públicas? Opinamos que no. Y si no lo tienen, entonces el peticionario en el presente caso-, no tiene más interés en la materia de que se trata en este pleito, que cualquier otro ciudadano de Ponce o de Puerto Rico.
“Sí * * ® # * *
"Ciertamente, un interés general como el que cualquier ciudadano de la Isla podría tener en el asunto, no es suficiente para dar a una persona el derecho de entablar un pleito de mandamus en un caso como el que ante nos pende; y si los directores de periódicos, consi-derados como una clase, tienen derechos o intereses especiales en tales casos, no se nos ha señalado ningún texto ni decisión que sostenga semejante principio; ni hemos podido encontrar autoridad alguna en ese sentido, en ninguno de los libros de textos legales que hemos po-dido consultar en la diligente investigación practicada desde que este asunto fué sometido a nuestra consideración” . . . (págs. 874-5).

Eso se dijo por este Tribunal en 1908, pero-veinte años después, el Tribunal Supremo de Michigan, en el caso de Nowack v. Fuller, 219 N.W. 749 (1928), 60 A.L.R, 1351, en que se trataba de nn mandamus interpuesto por el editor de un periódico contra el Auditor General del Estado, para que se obligase a éste a permitir la inspección de ciertos do-cumentos públicos, al referirse al interés especial del peti-cionario que le daba derecho a recurrir al auto de mandamus, dijo lo siguiente:

"Aparte de su interés público, su petición demuestra que lia sido obstaculizado y perjudicado en su negocio por la negativa del deman-dado a permitirle inspeccionar los documentos de su oficina. Este es un interés especial. ¿Es este interés suficiente para darle derecho al auxilio de esta corte por medio de un auto de mandamus! Opi-namos que sí. El demandante es administrador y editor de un pe-riódico que se publica y circula en Michigan. El demandante vende las noticias al público por medio de su periódico. En una manera propia y legal, él tiene un derecho a publicar asuntos de interés público. Los ciudadanos y contribuyentes de este Estado están inte-resados en saber si los negocios públicos están debidamente adminis-trados. Negándose al demandante acceso a los documentos públicos para el propósito de conseguir tal información, se le priva de dere-chos legales para cuya protección tiene derecho a recurrir al auto de mandamus. Es el claro deber del Auditor General exhibir sus documentos oficiales a cualquier ciudadano de Michigan que desee inspeccionarlos con cualquier objeto apropiado y lícito en circuna taneias que no perjudiquen los asuntos oficiales”.

Al mismo efecto, véanse Holcombe v. State, 200 So. 739 (Ala. 1941); Bend Pub. Co. v. Haner, supra; Seaton, The Rights and Privileges of the Press, sección 10, pág. 16; Thayer, Legal Control of the Press, (1944) pág. 134.

El derecho de la prensa a inspeccionar documentos pú-blicos ha progresado mucho desde 1908, en que se resolvió el caso de Luts, supra. Probablemente los Jueces que inter-vinieron en su decisión no lo hubieran resuelto ahora, en lo que a este punto concierne, en la forma en que lo hicieron hace más de 38 años.

Dada la conclusión a que llegamos con respecto al interés especial que, como dueños y editores de “El Imparcial”, tie-nen los demandantes en el presente caso, no es necesario resolver si la mera condición de contribuyentes les da derecho al mandamus.- Cf. Buscaglia, Tes. v. Corte, 64 D.P.R. 11.

IV

Arguye también el demandado que el auto de mandamus no debe expedirse en este caso porque los demandantes debieron solicitarlo como relatores por conducto del Procurador General.

Nunca, que sepamos, se ha expedido en esta jurisdicción un auto de mandamus a petición de un relator por conducto del Procurador General. Y esto es así, porque el art. 651 del Código de Enjuiciamiento Civil expresamente dispone que el auto de mandamus puede ser expedido a petición (on the information) de la parte especialmente interesada (beneficially interested).() Union Pacific R. R. Co. v. Hall et al., 91 U. S. 343 (1875); Pressman v. Elgin, supra.

Y

Por último, alega el demandado que no procede la expedición del auto de mandamus porque él había dado traslado de las cuentas y comprobantes relacionados con la Concrete Industries, Inc. al Procurador General por orden del cual el Fiscal de Distrito de San Juan estaba practicando una investigación. Opinamos que ésta no es una excusa suficiente para impedir al demandado cumplir su deber de permitir a los demandantes examinar los documentos en cuestión. Dichas cuentas y comprobantes, por ministerio de la ley, están en todo momento bajo el control y custodia del demandado como Contador de Puerto Eieo y fácil le será hacer los arreglos pertinentes con el Fiscal, si es que todavía no se ha terminado la investigación, para que le permita a los demandantes hacer la inspección y tomar las notas que interesan. Collins v. State, 143 S.W.2d 1.

Somos de opinión qne los demandantes tienen de-recho al auto perentorio de mandamus que solicitan para que se les permita inspeccionar y tomar notas de los compro-bantes y demás documentos mencionados en el Acta Notarial extendida por el notario J. Pedro Miranda el 6 de fe-brero último; pero los demandantes están en 'el deber de someterse a la supervisión razonable del demandado o sus agentes o empleados para garantizar la seguridad de dichos documentos, y a cualquier otra medida razonable que les im-pusieren, a los efectos de no perjudicar la labor de su oficina. Direct Mail Service v. Registrar of Motor Vehicles, 5 N.E.2d 545, 547 (Mass. 1937).

No tienen derecho los demandantes, sin embargo, a obli-gar ah Contador de Puerto Pico a que les suministre la in-formación que le’pidieron en su carta de 2 de febrero último. El demandado no tiene el deber de hacer tal búsqueda y suministrar esa información a petición de ciudadanos pri-vados, a menos que se soliciten copias certificadas de deter-minados documentos, previo pago de los derechos correspon-dientes. Art. 410 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Procede, por lo expuesto, declarar con lugar la demanda y dictar el auto perentorio de mandamus.

      (1)E1 art. 21 de la Ley Orgánica prescribe:

        “Cualquier persona perjudicada en la liquidación de su menta o reclama-ción por la acoión o decisión del Contador, podrá, dentro do un año, entablar una apelación por escrito ante el Gobernador, en la cual expondrá específicamente la resolución particular, contra la que apela, tomada por ol Contador, y las ra-zónos y autoridades on que se apoya para pedir la revocación de dicha 'decisión. La decisión del Gobernador en tal caso será definitiva, con sujeción al derecho de aeoión que en contrario pueda disponerse por ley”. (Bastardillas nuestras.).

      ,(2)E1 art. 410 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe:
      ■■''Todo funcionario público bajo cuya custodia obrare algún documento, publics', crió on Ir. obligación do facilitar, al requerírsele, copia certificada del mismo, mediante el pago de los derechos lógales correspondientes, y dicha copia será admisible como evidencia en los mismos casos y con igual efecto, que el escrito original.”

      (3)E1 art. 649 del Código do Enjuiciamiento Civil prescribe:
      "El auto de mandamus es un auto altamente privilegiado dictado por el Tribunal Supremo de la' Isla, o por las Cortes de Distrito de Puerto Rico, a nombro de El Pueblo de Puerto Bico, y dirigido a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría, dentro de su jurisdicción, requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto re exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo.” (Bastardillas nuestras.)

      (4)La palabra “information” y la frase “'beneficially interested” de la ver-sión inglesa aparecen incorrectamente traducidas en la versión española que usa la palabra “informes” y “parte beneficiada e interesada.”


author: El Juez Asociado Siíñor Todd, Jb,.,

text:
    Juan Vázquez Velázquez, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Juan Fonseca de Jesús, lesionado.
    Núm 372.
    Sometido: Febrero 24, 1947.

      Resuelto: Marzo 26, 1947.

      C. H. Julia, abogado del recurrente; Herminio A. Concepción, abo-gado del obrero lesionado.
   El Juez Asociado Siíñor Todd, Jb,.,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Fonseca de Jesús, obrero lesionado, a enyo favor se dictó resolución por la Comisión Industrial de Puerto Rico, solicita desestimemos este recurso por haber sido estable-cido por el patrono, Juan Vázquez Velázquez, fuera de tér-mino y carecer, por tanto, este Tribunal de jurisdicción. Veamos los hechos.

lia Comisión Industrial dictó resolución contra el recu-rrente el día 30 de agosto de 1946 siendo notificadas las par-tes el día 5 de septiembre. El 16 de septiembre el patrono solicitó la reconsideración la cual fué declarada sin lugar por resolución del día 20 de noviembre y notificada el mismo día a las partes.

Ann cuando la ley no provee un recurso de apelación en estos casos, el patrono radicó ante la Comisión Industrial un escrito de apelación el día 22 de noviembre de 1946. Esto no obstante el 20 de diciembre de 1946 el patrono radicó ante la Comisión una segunda moción solicitando la reconsidera-ción de la resolución original y de la denegatoria de la re-consideración anterior, y la Comisión, el 27 de diciembre de 1946, dictó resolución diciendo: “A la segunda moción de reconsideración de 20 de diciembre de 1946, radicada por el patrono, fuera del término que concede la Ley a tal fin, wo HA LUGAR.”

El 10 de enero de 1947 fué que el patrono radicó su pe-tición en este Tribunal Supremo solicitando la revisión de las tres resoluciones dictadas por la Comisión Industrial.

El recurrente, en oposición a la desestimación solicitada, alega, primero, que por el hecho de haber este Tribunal ex-pedido el auto en este caso ordenando a la Comisión que en-viara los autos originales del caso no procede que ahora des-estimemos el recurso, y, segundo, que habiendo estado au-sente de Puerto Rico el abogado del patrono cuando la Co-misión Industrial notificó la resolución de 20 de noviembre de 1946, no fué hasta el 20 de diciembre, cuando ya había regresado, que recibió dicha notificación y radicó su segunda moción de reconsideración, y, tercero, que su recurso es me-ritorio pues “si bien es cierto que solamente se entiende (sic) revisar cuestiones de hecho ... no es menos cierto que es muy manifiesto el error de apreciación cometido por (la) Comisión Industrial . . .

Los dos primeros motivos de oposición carecen de méritos. El hecho de que este Tribunal haya expedido el auto de revisión no implica que cualquier parte interesada nos llame la atención hacia el hecho de que carecemos de jurisdicción para seguir conociendo del caso. Podríamos, motu proprio, plantear la cuestión jurisdiccional y oír a las partes antes de resolverla. Tampoco la ausencia de Puerto .Rico del abogado del recurrente, cuando fué notificado de la resolución el 20 de noviembre de 1946, puede excusarle de dar cumplimiento a los términos señalados por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley número 45 de 18 de abril de 1935),() la cual, en sus artículos 10, párrafo segundo, y 11 (según enmendado por la Ley número 121 de 2 de mayo de 1940), dispone lo siguiente:

- ‘‘Artículo 10.— * * * * ’ * *
“Si el caso fuero señalado para ser oído por un Comisionado, la vista tendrá lugar en la localidad donde haya ocurrido el accidente o en cualquier otro sitio que la Comisión Industrial designare, y la decisión del Comisionado, junto con una exposición de la evidencia, y sus conclusiones sobre los hechos y el derecho, y otras materias pertinentes a la cuestión planteada ante él, será radicada en la Co-misión Industrial para su decisión; Disponiéndose, que la Comisión podrá motu proprio, o a solicitud de parte interesada, reconsiderar sus decisiones; Y disponiéndose, además, que en este último caso la petición de reconsideración deberá presentarse dentro de los diez días a contar de la fecha en que el interesado reciba la notificación de la decisión de la Comisión.
“Artículo 11. — Cualquiera parte interesada podrá presentar co-pias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial, de acuerdo con esta Lev, contra la cual se haya radicado petición de revisión y haya recaído resolución de ésta, de la que podrá solici-tarse revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico dentro del tér-mino de quince (15) días después de su notificación; Disponiéndose, que dicha revisión solamente podrá concederse sobre cuestiones de derecho o apreciación de prueba cuando ésta sea de carácter pericial. ’;

Habiendo la Comisión Industrial denegado la primera moción de reconsideración del patrono el 20 de noviembre do 1946 y notificado al patrono y su abogado el mismo día, es obvio que la segunda moción de reconsideración presentada por el patrono el 20 de diciembre de 1946 lo fué después de haber expirado el término de diez días que le concede el artículo 10, supra, para solicitar reconsideración y asimismo que la solicitud de revisión radicada en este Tribunal Supremo el 10 de enero de 1947 lo fué cuando ya había expirado el término de quince días especificados en el artículo 11, supra, y, en su consecuencia, forzoso es concluir que no erró la Comisión Industrial al denegar la segunda mo-ción de reconsideración y, además, que habiéndose interpuesto el presente recurso cincuenta y un días después de notificado el abogado del patrono de la resolución de noviembre 20 de 1946, carecemos de jurisdicción para continuar conociendo del mismo por ser firmes las resoluciones dictadas por la Comisión Industrial.

Procede anular el auto expedido y desestimar el recurso.

      (1)E1 hecho de que, erróneamente, radicara un escrito de apelación ante la Oomisión Industrial no tuvo efecto legal alguno ya que la ley no autorizó tal recurso. El propio recurrente así debió comprenderlo cuando ninguna gestión ulterior realizó en relación con dicho escrito de apelación.