author: El Juez Asociado Sb. Wole,

text:
    Alvarado, Demandante y Apelado, v. Torres et al., Demandados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de G-uayama en pleito sobre reivindicación.
    No. 2470.
    Resuelto en febrero 6, 1922.
    Eeivindicación- — Doble Venta de Finca no Inscrita — Contrato VIlido. — Pro-bado que el demandado en reivindicación hizo un compromiso de compra de la finca en disputa, que tomó posesión de la misma y entregó parte del pre-cio al vendedor con anterioridad a la venta que hiciera éste por escritura pública de la misma finca al demandante, debe concluirse: que el hecho de que el demandado no ostente título escrito no impide declarar que se trata de una doble venta, porque los contratos son válidos cualquiera que haya sido la forma de su celebración, por lo que es de aplicación el principio de que el primero en tiempo es primero en derecho.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los-apelantes: Sr. F. Navarro Ortiz y C. Domínguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. M. Quzmán Tecoidor.

   El Juez Asociado Sb. Wole,

emitió la opinión del tribunal. En las dos cortes donde fue oído este caso el demandante y primitivo demandado alegaban cada uno ser dueño de cierta propiedad adquirida de Domingo Martínez, a quien subsiguientemente se hizo parte en el pleito.

La Corte Municipal de Cayey, donde fué establecida la acción, resolvió que el demandado Basiliso Torres se hallaba legalmente en posesión de la finca a virtud de un contrato de compraventa y que el contrato era obligatorio entre las partes cualquiera que fuese la forma en que se hubiere hecho, a tenor de lo preceptuado en el artículo 1245 del Código Civil.

■ En apelación la Corte de Distrito de Gfuayama declaró probado, entre otras cosas, que los hechos no constituían un caso de doble venta en que se habían otorgado dos escritu-ras, traspasándose así el título a dos personas diferentes, sino más bien un compromiso de venta en el cual se dió dinero a, cuenta pero respecto al cual el contrato no se había perfeccionado, toda vez que no se había pagado el total de la deuda- (sic), ni otorgado el título de compraventa, dictando la corte sentencia a favor del demandante.

Alega el apelante varios fundamentos de error, pero el apelado, como ocurre con marcada frecuencia, no ha radi-cado alegato.

La primera serie de errores alegados por el apelante se refiere a la cuestión de jurisdicción de la corte de distrito, toda vez que Domingo Martínez no fué debidamente notifi-cado de la apelación contra la sentencia de la corte municipal. Tenemos la idea de que el vendedor Domingo Mar-tínez era parte adecuada, pero no necesaria para resolver el conflicto existente entre las dos personas que se supone compraron a él, pero como el caso ha de revocarse por otros fundamentos y no estamos satisfechos con la argumentación respecto a este particular del caso, no resolveremos en defi-nitiva si tal vendedor es parte necesaria en un pleito como el presente.

En el juicio apareció que el demandado Basiliso Torres Laborde hizo un compromiso de compra a Domingo Martí-nez y dicho Torres pagó $315 a cuenta de dicha venta y entró en posesión de la propiedad; que el compromiso de venta así como el hecho de entrar en posesión tuvieron lugar con anterioridad a la supuesta venta al demandante.

No estamos conformes con la corte de distrito, y sí lo estamos con la corte municipal. Una venta entre partes es perfectamente válida en cualquier forma en que Raya sido hecha de acuerdo con el artículo 1245 del Código Civil, en armonía con las decisiones de esta corte en los casos de Torres v. Tons, 24 D. P. R. 462; Boneta v. Boneta, 27 D. P. R. 690; Cintrón v. Fernández, 22 D. P. R. 483; Rosado v. Rosado, 17 D. P. R. 478; y las sentencias -de la Corte Suprema de España de fechas octubre 19, 1901, julio 1, 1901 y mayo 11, 1903. El juicio demostró una doble venta y el muy cono-cido principio legal que aquél que es primero en tiempo es primero en derecho, es de aplicación.

Debe revocarse la sentencia apelada y dictarse otra a favor del demandado Basiliso Torres.

Revocada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Rosa, Demandante y Apelante, v. Seise, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2498.
    Resuelto en febrero 6, 1922.
    Jurisdicción por Eazón de la Cuantía — Excepción Previa de Palta de Juris-dicción. — Alegándose en una, demanda que las ganancias de una sociedad disuelta cuya liquidación se pide importan $2,000 de cuya suma corresponde al demandante el 20 por ciento, o sea $400, es preeiso concluir que la corte de distrito carecía de jurisdicción para conocer del pleito, aún cuando en su alegato exprese el demandante que en la liquidación pudo haberle corres-pondido más de $500.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Fres. M. Tons Soto y V. M. Fer-nández.

      Abogados del apelado: Sres. L. Mimos Morales, L. Villa-ronga y P. G. Quinones.

   El Juez Asociado Sr. Wolf,

emitió la opinión del tribunal. La Corte de Distrito de San Jnan, Sección Primera, de-claró con lugar una excepción previa a la demanda formu-lada en este caso y el demandante apeló alegando en opo-sición al demandado que la demanda determinaba una cansa de acción y que como la suma cuyo pago se ordenara podría ser más de $500, que la Corte de Distrito de San Juan tenía jurisdicción.

Nos referiremos primero a la cuestión de jurisdicción. El demandante alegó la constitución de una sociedad mer-cantil entre Epifanio Eosa y José Mercedes Seise, la diso-lución actual o liquidación de dicha sociedad que fue solici-tada, y el no verificarse el pago al demandante de la suma debídale.

Sostiene el apelante que en la liquidación él pudo haber obtenido más de $500 pero creemos que está obligado por las alegaciones y reclamación hecha en su demanda. En la demanda se alega que las ganancias fueron de $2,000 y el demandante tenía derecho al veinte por ciento de las mismas, o como se ha alegado a $400 con intereses. Esta suma en conjunto era menor de $500. La demanda también se titu-laba en “Cobro de Dinero.” Bajo estas circunstancias, no reclamándose en la demanda más de $500, la Corte de Dis-trito de San Juan carecía de jurisdicción.

Por tanto, será innecesario examinar el otro fundamento de excepción previa, debiendo confirmarse la sentencia ape-lada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Presidente Sr. del Toro,

text:
    Masa, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Eecueso gubernativo contra nota del Eegistrador de la Pro-piedad de Cagnas denegatoria de inscripción de nna es-critura de derecho de homestead.

    No. 507.
    Resuelto en febrero 9, 1922.

      Homestead — Hogar Seguro — Inscripción del Derecho de Homestead. — Para quo sea inscribible en el registro de la propiedad el derecho de homestead recono-cido por la Ley de marzo 12, 1903, deberá aparecer de la escritura en que se constituye, el parentesco o relación de dependencia existente entre el jefe de familia otorgante y las personas que con él Tesiden en la propiedad de que se trata. Requisito tanto más .esencial cuando* el que constituye el de-recho es una mujer soltera, como sucede en este caso.
    Jsb de Familia, Según la Let de Homestead. — Cualquier persona de uno u otro sexo puede ser el jefe de una familia y no es necesario que sea casada siendo suficiente que exista relación de dependencia respecto a tal persona por parte de alguno de los que constituyen la familia.
    Familia, Según la Let de Homestead. — La mera totalidad de individuos en una misma casa, no es suficiente para que se entienda constituida una familia. Debe existir un estado de dependencia dentro de la ley, como padre e hijo menor, marido y mujer, tutor y pupilo, amo y sirviente, u otra relación. El deber de suministrar protección es punto a dilucidar.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la recurrente: Sr. A. L. Lopes.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 5 de julio de 1921 Juana Masa Torres, mayor de edad, soltera, propietaria y vecina de Aguas Buenas, Puerto Eico, compareció ante notario público y otorgó una escritura en la que expuso que era dueña de una finca rústica de nueve cuerdas radicada en el barrio de Jagüeyes del Municipio de Aguas Buenas, y, copiando textualmente del documento, ‘‘ que sobre la expresada finca no pesan gravámenes de ninguna clase; que la misma tiene un precio de quinientos dólares; y que la citada compareciente doña Juana Masa Torres, se halla ocupando esa finca, como su residencia y la de sus fa-miliares; por lo cual, ha acordado constituir y por la pre-sente escritura constituye derecho legal de homestead (ho-gar seguro) dentro y de acuerdo con el derecho concedido por una ley titulada £Ley para definir el homestead (hogar seguro) y para exentuarlo de una venta forzosa,’ aprobada en nueve (sic) de marzo de mil novecientos tres; ajustán-dose dicho derecho de homestead a las disposiciones conte-nidas en dicha ley, y deseando se inscriba en el registro de la propiedad.”

Presentada la escritura en el registro, el registrador se negó a inscribirla “por lo que respecta al carácter de homestead que se trata de imprimir a la finca comprendida en este título, por observar que de acuerdo con la ley para definir el homestead de marzo 12 de 1903, interpretada a la luz del derecho americano # * * debiera probarse el grado de parentesco de las personas que viven en compañía de doña Juana Masa Torres, que es soltera, para establecer la dife-rencia entre una familia ideal o ficticia y una familia de exis-tencia real, según se ha resuelto en el caso de Linton v. Crosby, 56 Ia. 386 y en el caso de Bosquett v. Hall, 90 Kentucky 566, reportados en R. C. L. 13, 544 y 552.”

No conforme Juana Masa Torres, interpuso contra la ne-gativa del registrador el presente recurso gubernativo.

Sostiene la recurrente en primer término que el registra-dor actuó sin jurisdicción porque de acuerdo con la ley él sólo puede calificar la legalidad de las escrituras y la capa-cidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas es-crituras y por lo tanto no puede exigir “la comprobación me-diante evidencia de los hechos relatados en la escritura.”

Si las palabras “ debiera probarse el grado de parentesco * '* * ” usadas por el registrador en su nota significaran que el registrador aspiraba a que se le presentara evidencia independiente sobre tal extremo, estaríamos conformes con la recurrente; pero a nuestro juicio no es ese el alcance de la nota. Puede deducirse que el registrador sostiene que del mismo documento o de los mismos documentos que se le pre-senten debe resultar el grado de parentesco para poder resolver si debe o no inscribir el derecho de que se trata. T para esto está facultado el registrador de acuerdo con la propia ley invocada por la recurrente. Artículo 18 de la Ley Hipotecaria.

Veamos, pues, si por los términos del documento presen-tado en el registro resulta o no constituido legalmente el bogar seguro de que se trata en este caso.

Dice R. C. L.:

“La palabra ‘homestead’ (bogar seguro) tiene una significación tanto popular como legal. En su sentido popular significa el lugar del bogar — la residencia de la familia; representa la morada en la cual reside la familia, con las usuales y corrientes dependencias in-cluyendo toda clase de accesorios necesarios o convenientes al uso de la familia y los terrenos usados con tal fin. Aún cuando esta palabra es casi tan antigua como el idioma inglés, su empleo en el sentido legal es bastante moderno y peculiarmente americano. Se-gún ba sido empleada en los varios Estados la palabra ‘homestead’ puede definirse en el sentido de significar no solamente la propiedad —inmueble—ocupada como bogar, sino también el derecho a estar exenta de ejecución y venta obligatoria. En este sentido el ‘homestead’ es el terreno que no excede de la cantidad prescrita en el cual está situada la morada, residencia, habitación o domicilio del dueño de la misma y de su familia, e incluye la casa de vivienda como parte indispensable.” 13 R. C. L. 540.

En Puerto Eico existe una ley vigente sobre la materia desde 1903. La sección 1 de la misma expresa en lo perti-nente, lo que sigue:

“Que todo jefe de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de ‘homestead’, hasta el valor de quinientos dollars ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edificios con-tenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o en otra forma, y estuviere ocupado por él o ella como residencia; * '* * ”.

¿Qué se entiende por familia y qué por jefe de familia dentro del espíritu de la ley sobre bogar seguro ? La propia obra que acabamos de citar, resume la jurisprudencia así:

“Aunque en su sentido más lato la palabra ‘familia’ comprende todos los moradores de una casa que se encuentran bajo el gobierno común de una persona y en este sentido dicha palabra es sinónima de ‘casa,’ tiene una significación más restringida y limitada y se emplea para indicar el linaje de los antepasados, o dependientes en un sentido legal o moral, y frecuentemente se ha declarado que para constituir una familia dentro del significado de las leyes de ‘homestead’ la mera totalidad de individuos en la misma casa no es sufi-ciente. Debe existir un estado de dependencia dentro de la ley, si no en realidad, por parte de algunos de aquellos que constituyen la familia o algún otro miembro de la familia a quien la ley designa por su jefe y esta dependencia debe resultar como cuestión legal de la relación existente entre las partes, ya sean padre y menor de edad, marido y mujer, tutor y pupilo, principal y sirviente, u otra rela-ción. El deber de suministrar protección es también el punto a dilucidar.” 13 R. C. L. 552.
“Cuando una persona dirige, administra y gobierna los asuntos concernientes a una casa, tal persona es, en el sentido más amplio, el jefe de la familia y todos los que residen en la casa son miembros de la familia, pero para que una persona se constituya en jefe de familia, dentro del significado de la Ley de ‘Homestead’, deberá exis-tir un estado de dependencia legal o real respecto a tal persona por parte de algunos de aquellos que constituyen la familia.” 13 R. C. L. 556.
“La palabra ‘jefe de familia’ (householder) se ha definido que es el jefe, amo o persona que está a cargo de y suministra lo nece-sario a una familia y no tiene aplicación a los miembros subordi-nados o moradores de la casa.” 13 R. C. L. 559.
“Cualquier persona de uno y otro sexo puede ser el jefe de una familia y no es necesario que el jefe de familia sea casado con tal que exista dependencia respecto a tal persona por parte de alguno de los que constituyen la familia.” 13 R. C. L. 562.

Si volvemos ahora a la escritura, veremos que si bien en ella se expresa que la finca está ocupada por la recurrente “como su residencia y la de sus familiares” no se fija el grado de parentesco ni se dice que exista relación de depen-dencia alguna entre esos familiares y la recurrente y esto era tanto más necesario en este caso cuanto que la recu-rrente es una mujer soltera.

No resultando, pues, que se trate de una verdadera fami-lia, dentro del significado de la ley sobre bogar seguro, ni que la recurrente sea el jefe de ella, estuvo justificado el registrador al negarse a inscribir el documento y su nota debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, • Aldrey y Hutcbison.


author: El Jtjez PeesideNte Se. del Toso,

text:
    Marín, Peticionario, v. Hon. Angel Acosta Quintero, Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, Demandado.
    Solicitud para que se espida un auto de certiorari contra “La Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez, Pión. Angel Acosta Quintero, Juez,” en un pleito sobre cobro de daños y perjuicios.
    No. 332.
    Resuelto en febrero 9, 1922.

      Certiorari — Discreción Judicial. — Siendo, como es, en gran manera discrecional la expedición del auto de certiorari, la moción de un interventor para que se anule nn auto expedido, también va dirigida a la discreción del tribunal y será concedida b negada de acuerdo con tal principio.
    Id. — Partes Demandantes en Recurso de Certiorari. — No es fundamento bas-tante para anular un auto de certiorari expedido a petición de un fiador que solidaria y mancomunadamente con otro prestó fianza para el levantamiento de un embargo decretado para asegurar la efectividad de una sentencia, el techo de que la expedición del auto no haya sido pedida por ambos fiadores, cuando resulta que solamente se embargaron bienes al fiador peticionario y todo induce a creer que dicho fiador es el único realmente interesado en la cuestión que suscita.
    Id. — Id.—Si bien el auto de certiorari para corregir procedimientos judiciales debe dirigirse contra la corte inferior, el hecho de que tal práctica no se haya observado en este caso, no es motivo bastante para anular el auto expedido y acatado por la corte contra la cual debió expresamente dirigirse. Simple-mente procede la corrección del título.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. L. Feliú.

      Abogado de la parte contraria: Sr. M. Acosta Velarde.

   El Jtjez PeesideNte Se. del Toso,

emitió la opinión del tribunal.

Manuel Marín presentó una solicitud en esta Corte Su-prema para que se expidiera un auto de certiorari dirigido contra “La Corte de Distrito del Distrito Judicial de Maya-giiez, P. R., Hon. Angel Acosta Quintero, Juez,” a fin de que se anulara cierta orden dictada por la dicha corte.

Se alegó en la solicitud, en resumen, que en un pleito-seguido por Angel Acosta Quintero contra Eugenio Lecompte y Genaro Cortés sobre daños y perjuicios todavía pendiente en la Corte de Distrito de Mayag'üez, el demandante aseguró la efectividad de la sentencia mediante embargo de bienes de los demandados que se dejó luego sin efecto a virtud de fianza prestada por el peticionario Manuel Marín y por Blas Ramírez; que el demandante obtuvo sentencia a su favor por $1,204; que el 2 de agosto de 1921 el peticionario “fue notificado de un escrito llamado emplazamiento, librado en el ya mencionado pleito principal, a instancia del deman-dante y al cual se acompañó copia de dicha instancia o soli-citud del demandante, en la cual se requería a este recurrente y a su co-fiador Blás Ramírez, para que expusieran en dicha corte de distrito, por qué causa no habrían de estar obliga-dos por la sentencia dictada y registrada por la misma corte en Io. de abril de 1921 a favor de dicho Angel Acosta Quin-tero y contra dichos Genaro Cortés y Eugenio Lecompte, por las ya ameritadas sumas, conforme a las disposiciones de ley sobre estos casos, por no haberse satisfecho la expre-sada sentencia, parcial ni totalmente, por dichos demanda-dos, en el ameritado pleito principal;” y que el Io. de sep-tiembre de 1921, mediante orden dictada por el juez especial Bryan, se decretó el aseguramiento del pago de la sentencia mediante embargo de bienes del peticionario .y el co-fiador Ramírez.

El peticionario sostuvo que la orden de septiembre 1°., 1921; fué dictada sin jurisdicción y en contra de las leyes 'de procedimiento sobre la materia: Primero, porque dicha orden fué dictada sin que estuviera radicada, ni en trámite, acción alguna en la cual se reclamara el cumplimiento dé ninguna obligación. Segundo, porque la solicitud del deman-dante en el pleito principal para someter a los fiadores a la responsabilidad que emanaba de la fianza que habían pres-tado para levantar el embargo, no constituye una demanda, ni tampoco se instó acción alguna al radicaría en la expre-sada corte recurrida. Y tercero, porque, conforme a la ley de aseguramiento de efectividad de sentencia, únicamente puede decretarse este remedio incidental en aquellos casos en que se hubiera radicado una demanda. El recurso del demandante en la acción principal era simplemente el for-mular una solicitud a la corte, como en efecto y en realidad lo hizo, pero tal solicitud no crea ni establece una acción nueva e independiente de la principal que pendía entonces ante la misma corte, y en la cual se había dictado ya sen-tencia.

Esta Corte Suprema ordenó la expedición del auto en la forma ordinaria y el auto en efecto fué expedido y dirigido contra él “Hon. Angel Acosta Quintero, Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayaguez.”

En el día señalado para la vista comparecieron el peti-cionario por su abogado y Angel Acosta Quintero, deman-dante en el pleito sobre daños y perjuicios, que había soli-citado intervenir en el procedimiento, también por su abo-gado, y el interventor presentó una moción para que el auto expedido fuera eliminado y declarado sin lugar. La moción fué discutida y el tribunal la tomó bajo su consideración sus-pendiendo la vista del caso en su fondo.

Los fundamentos que adujo el interventor fueron: 1, que el peticionario no había cumplido con la sección 69 del Re-glamento de este tribunal; 2, que no se ha hecho parte del procedimiento al co-fiador Ramírez, y 3, que el auto fué diri-gido no contra la corte de distrito, sino contra Angel Acosta Quintero, Juez de la Corte de Distrito de Mayagiiez, no siendo Acosta Quintero el juez que conoció del asunto y sí Bryan nombrado juez especial para intervenir en el caso por inhi-bición del juez propietario que era el demandante en el pleito de daños y perjuicios.

1. Examinadas las copias simples de los documentos que el peticionario entregó a la parte interesada o sea al deman-dante en el pleito sobre daños, interventor en el certiorari, se concluye sin esfuerzo alguno que el peticionario no cum-plió debidamente con la regia 69 invocada del Reglamento de este tribunal que dispone entre otras cosas que “será el de-ber del peticionario a cuyo favor se dicte la orden, entregar o hacer que se entregue a dicha parte, o partes interesadas, una copia certificada de la declaración jurada y del auto que fundado en ella se expida, de la misma manera que ha de entregarlos al demandado a que se haga referencia en la de-claración jurada, y dicho peticionario deberá presentar y en-tregar en la oficina del Secretario de este tribunal, la prueba de la entrega de los expresados documentos.”

Ahora bien, como el interventor no sólo se manifestó en el acto de la vista perfectamente enterado de todos los pro-cedimientos, sino que archivó un escrito de “contestación, oposición y excepción previa a la solicitud” acompañado de un alegato en apoyo del mismo y dijo además que estaba listo para seguir adelante, opinamos que no ha lugar por tal motivo a anular el auto que se ha expedido. Véase el caso de González et al. v. Benitez Flores, Juez de Distrito de San Juan, 29 D. P. R. 301, y la jurisprudencia que, tal como apa-rece condensada en 11 C. J. 191, párrafo 334, es como sigue:

“Desde el momento que la expedición del auto del ‘certiorari’ es en gran manera discrecional, una moción para desestimar la solici-tud y anular el auto expedido (motion to quash), va dirigida a la discreción de la corte y será concedida o negada de conformidad.”

2. Cita el interventor en apoyo del segundo de sus mo-tivos, las siguientes autoridades:

“Las personas conjuntamente afectadas por la decisión de la corte inferior deben establecer su recurso conjuntamente, a menos que haya una separación; pero una sola puede establecer el recurso mediante demostración de que su codemandado es incapaz para con-sentir o está ausente del Estado, y renunciados los errores por una, el procedimiento puede continuar a nombre de la otra.”
“Así, cuando existe una sentencia contra dos'demandados con-juntamente, ellos no sólo pueden sino que deben solicitar juntos el auto.” 11 C. J., pág. 142, sec. 118.
“La razón por la cual a uno de dos demandados conjuntamente no se le permite solicitar el auto por sí sólo, sin citar al otro deman-dado y obtener una orden concediendo una separación, es que, si esto no se hiciera, el otro demandado retendría su derecho a solicitar otro auto y estaría así en posición de hostigar al demandante. ’ ’ Hulick v. Casler, 57 N. J. L. 621, 31 A. 223; citado en 11 C. J. pág. 142.

La regla es clara y ha sido bien expuesta y razonada, pero el peticionario sostiene que en realidad de verdad el único fiador interesado es el peticionario. Los fiadores no se obli-garon solo mancomunadamente, sino principal y separada-mente también, y fué al fiador peticionario al único a quien se embargaron bienes para hacer efectiva la sentencia.

Siendo ello así, opinamos que tampoco es bastante este fundamento para anular el auto expedido.

3. El auto fué en verdad mal dirigido. Se expidió contra el “Hon. Angel Acosta Quintero, Juez de la Corte de Dis-trito de Mayagüez.” La solicitud estaba titulada de modo correcto. La corte de distrito, la verdadera parte deman-dada, figuraba en primer término y luego el nombre del juez.

“La corte,” dice Corpus Juris, “es el único demandado necesario en un procedimiento para revisar una orden suya, y no es bastante con que el auto vaya dirigido al juez de la corte. El procedimiento en su totalidad está dirigido al tribunal, junta o funcionario que se alega haberse excedido en su jurisdicción o poderes legales y ordinariamente estos son considerados demandados adecuados en el record.” 11 C. J., página 143, sección 120.

Y Cyc, se expresa como sigue:

“Un auto para revisar los procedimientos de una corte inferior debe ir dirigido a la corte y no al juez de la misma, pero si el pro-cedimiento fué seguido ante el juez como funcionario entonces es propio dirigirlo a él. Si se pretende no sólo revisar los procedi-mientos de cortes inferiores sino también atacar derechos adquiridos mediante las actuaciones de éstas, el auto puede ser dirigido a aque-llas personas que reclaman tales derechos.” 6 Cyc. 797.

Puede también consultarse a 3 Estee’s Pleadings, pági-nas 773 y 774, párrafos 5369 y 5370, y a 2 Sutherland, Code Pleading Practice and Forms 1366, 1378, 1379 y 1380.

El primer caso de certiorari que aparece en las decisio-nes de esta Corte Suprema solicitado después de la vigencia de la ley de 1904 autorizando su expedición, figura en el tomo 6, página 202, segunda edición, y se tituló Fernández v. La Corte de Distrito. También el segundo está dirigido exclu-sivamente contra la corte, 7 D. P. R. 576. En el volumen 8, página 288 consta un procedimiento de certiorari titulado: “Arpin v. Del Toro, Juez de Distrito.” Luego pueden en-contrarse otros del. mismo modo. La buena práctica es dirigir el auto contra la corte o junta con cuyos procedimientos deba intervenirse. No solo así lo establece la jurispruden-cia, sino que se deduce de los propios términos de la ley. Leyes de 1904, página 123, Comp, de 1911, página 292. La inclusión además del nombre del juez de la corte sujeta a dicho juez directamente al procedimiento, no es contraria a la regla establecida y ha sido además la práctica de esta corte por muchos años. Los autos, pues, deberán continuar expidiéndose contra la corte y contra el juez de la misma.

Ahora bien, el error cometido ¿vicia de nulidad al proce-dimiento? Entendemos que no. El auto de hecho llegó a la propia corte de distrito y ésta remitió sin dificultad los pro-cedimientos, y así las actuaciones que se intenta corregir están ante nosotros y no debemos dilatar por más tiempo nuestra intervención definitiva. El título del procedimiento deberá ser corregido.

Por virtud de todo lo expuesto y en el ejercicio de nues-tra discreción, opinamos que la moción del interventor debe ser declarada sin lugar, el título del procedimiento corregido y señalarse nuevo día para la vista del recurso en su fondo.

Sin lugar la moción para eliminar, debiendo corregirse el título de los procedimientos así: “Manuel Marín, peticionario v. La Corte de Distrito de Mayagüez, Son. Angel Acosta Quintero, Juez.”

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutcbison.


author: El Juez Peesidehte Se. del Tobo,

text:
    Pérez Hermanos, Demandante y Apelante, v. Arenas, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Primer Distrito, en pleito sobre cobro de saldo de cuenta (mociones sobre corrección de autos y eliminación.)
    No. 2551.
    Resuelto en febrero 9, 1922.
    Corrección de Autos en Apelación — Interpretación de las Reglas 55 y 56 del Reglamento del Tribunal Supremo. — Los errores susceptibles de co-rrección en esta Corte Suprema de acuerdo con las secciones 55 y 56 de su Reglamento, son los que puedan haberse cometido en las copias y que apa-rezcan evidentes, o aquéllos que consistan en omisiones de partes del docu-mento original — exposición o pliego aprobados — de los autos en general que forman parte del legajo de la sentencia o de algún otro documento indepen-diente y debidamente autenticado propio o necesario para la apelación; pero no es invocando tales reglas como podría eliminarse una prueba que se in-cluyó en la exposición del caso preparada por el apelante, que la parte con-traria permitió sin objeción alguna que quedara incluida y que el juez sen-tenciador certificó que era correcta.
    Id. — Regla General. — -La regla general es que un caso o exposición de hechos en apelación no puede ser enmendado o alterado en la corte de apelación, porque esa corte debe recibir y actuar sobre el caso aprobado tal como viene de la corte inferior, tomándolo como la expresión de la absoluta verdad. Pero la corte puede, si se le pide, conceder un tiempo razonable para solicitar una corrección de la corte inferior. En algunas jurisdicciones si cualquiera de las partes se siente perjudicada por la inserción u omisión de materias en la exposición tal como fué aprobada por el juez sentenciador, puede solicitar, mediante petición a la Corte Suprema, establecer una exposición adecuada, respecto a» dichas materias.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. A. Agosto.

    Abogado del apelado: Sr. José de Guzmán Benitez.

   El Juez Peesidehte Se. del Tobo,

emitió la opinión del' tribunal.

La parte demandada y apelada archivó dos mociones que se vieron conjuntamente el 6 de febrero actual. Una sobre adición de la transcripción y otra sobre eliminación de cierto documento contenido en la misma. La parte demandante y apelante se allanó a la primera y se opuso a la segunda.

1. No hay duda alguna que la transcripción puede y debe adicionarse en este caso con la copia certificada acompañada a la moción, contentiva de la resolución que expresa los fun-damentos que tuvo el juez sentenciador para decidir el caso en la forma en que lo hizo.

2. En la moción sobre eliminación se alega textualmente: “Que por error o inadvertencia, sin duda, se ha hecho figu-rar en el record de esta apelación la copia de una cuenta que aparece del folio 2 al folio 4, la que no fué presentada como prueba, según resulta de la misma exposición del' caso preparada por el apelante.” La moción no está jurada. .•

El apelante al oponerse a la eliminación sostuvo que esta corte en el estado en que se encontraba el procedimiento no tenía jurisdicción para acordar lo que se pedía por el ape-lado.

Los artículos 55 y 56 del Reglamento de este tribunal que tratan sobre corrección de autos, dicen así:

“55. Con objetó de corregir algún error o defectos de las copias de los autos (transcript of record) cualquiera de las partes puede proponer lo mismo por escrito, en moción presentada al Secretario; y si hubiera causa suficiente, el tribunal dictará resolución orde-nando que el secretario o funcionario que deba hacerlo, remita a este tribunal copia certificada del todo o parte de los autos, según se le exija, o dicha certificación podrá presentarse sin que sea nece-sario ordenarlo.”
“56. Si el abogado de la parte contraria estuviere ausente o si se discutieren los hechos del error o defecto alegado, la proposición escrita deberá acompañarse de una declaración jurada por la que conste que tal error o defecto existe, a menos que con ella se pre-sente copia certificada de las omisiones cometidas.”

Basta la simple lectura de dichos artículos para com-prender el alcance de los mismos. Las exposiciones del caso se preparan como se preparó ésta en la corte sentenciadora. En' su preparación intervienen, como intervinieron en ésta, las partes interesadas, y finalmente son aprobadas, como ésta fué aprobada, pqr el juez que decidió el litigio que cer-tifica además su corrección, de acuerdo con la ley. Una vez aprobadas y certificadas, no deben ni pueden ser alteradas en esta Corte Suprema sin la intervención del juez senten-ciador. Los errores que aquí se corrigen por medio de mo-ción son los que puedan haberse cometido en las copias y que aparezcan evidentes, o aquellos que consistan en omi-siones de partes del documento original — exposición o pliego aprobados — , de los autos en general que forman parte del legajo de la sentencia o de algún otro documento indepen-diente y debidamente autenticado propio o necesario para la apelación, como sucede en el caso de la petición del mismo apelado sobre adición de los autos que acabamos de estudiar.

No es por medio de la moción sobre corrección de autos que autorizan las reglas de esta corte como podría eliminarse una prueba que se incluyó en la exposición del caso prepa-rada por el apelante, que la parte contraria permitió sin objeción alguna que quedara incluida, y que el juez senten-ciador certificó que era correcta. Para tales casos, que sólo muy raras veces se concibe que puedan ocurrir, la ley otorga recursos apropiados.

“La regla general,” dice Corpus Juris, “es que un caso o ex-posición de hechos en apelación no puede ser enmendado o alterado en la corte de apelación, porque esa corte debe recibir y actuar sobre el caso aprobado tal como Tiene de la corte inferior, tomándolo como la expresión de la absoluta verdad. Pero la corte puede, si se le pide, conceder un tiempo razonable para solicitar una corrección de la corte inferior. En algunas jurisdicciones si cualquiera de las partes se siente perjudicada por la inserción u omisión de materias en la exposición tal como fue aprobada por el juez sentenciador, puede solicitar mediante petición a la Corte Suprema, establecer una exposición adecuada respecto a dichas materias.” 4 C. J., see. 2035, pág. 371.

Además examinada la exposición no resulta de ella que la prueba de que se trata no fuera presentada y admitida. Se presentó y admitió un libro de cuentas y de ese libro se' tomó y transcribió lo pertinente al caso.

Por virtud de todo lo expuesto debe declararse con lugar la moción sobre adición y sin lugar la moción eliminatoria.

Con lugar la moción sobre corrección de autos y denegada la moción sobre eliminación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez PresideNte Se. del ToRo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Souffront, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Segunda, en causa por ataque para cometer ho-micidio.
    No. 1824.
    Resuelto en febrero 16, 1922.
    juicio — Suspensión del Juicio por Ausencia del Abosado — Discreción Judicial. — No constituye abuso de disereeión el negar la suspensión del juicio a causa de ausencia del abogado del acusado cuando no apareee una escusa razonable para tal auseneia.

      Evidencia — Bes Gestee. — Evidencia demostrativa de que cuando el acusado estaba realizando el delito de atentado a la vida imputádole, hirió mortalmente a otra persona que acudió en auxilio del perjudicado, es admisible como parte de la res gestes.

    ATENTADO A LA VlDA-JUICIO POR JURADO — INSTRUCCIONES-VEREDICTO VÁLIDO.En un juicio por atentado a la vida la corte dió instrucciones al jurado so-bre tall delito, sobre el de ataque con intención de cometer homicidio, y so-bre el de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes. Bendido un veredicto de "culpable de homicidio frustrado," que fué declarado erró-neo por la corte, las instrucciones fueron reiteradas sin hacerse referencia entonces al delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, y el nuevo veredicto fué: "culpable de ataque con intención de cometer homicidio." Se resolvió: que expresando claramente el primer veredicto el pensamiento del jurado, el omitir instruirlo nuevamente sobre acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, no vicia de nulidad el nuevo ve-redicto rendido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: Sres. J. B. Huylce y G. Iriarte, Jr.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez PresideNte Se. del ToRo,

emitió la opinión del tribunal.

Arturo Soüffiront fué acusado como autor de un delito de atentado a la vida perpetrado en la persona de Pedro A. Reinosa. Hizo la alegación de inocente y vista su causa ante un jurado, éste le declaró culpable de un delito de ataque para cometer homicidio, condenándole luego la corte a sufrir dos años de presidio con trabajos forzados.

No conforme el acusado interpuso el presente recurso de apelación. No presentó alegato. Al acto de la vista del recurso compareció por medio de su abogado quien informó ampliamente insistiendo en que el juicio en la corte de dis-trito debió ser suspendido y en que la corte erró al admitir prueba relacionada con otro acto imputado al acusado. El abogado no dejó nota escrita de los errores señalados,, ni memorándum de autoridades si es que citó alguna durante su informe. Esta es una práctica enteramente errónea.

1. Hemos examinado la acusación y es bastante. En el momento de llamarse la causa para juicio, se leyó el siguiente telegrama recibido el mismo día: “Imposibilitado asistir hoy juicio Soüffiront suplico suspensión vista. Celestino Iriarte, Jr., abogado del acusado.” Basándose en ese telegrama, el acusado, por medio del abogado Jnan B. Huyke, pidió a la corte la suspensión de la vista. El fiscal se opuso y la corte sostnvo su oposición porqne no se expresaba en la petición cansa alguna que justificara la ausencia del abogado. El jui-cio siguió adelante y el acusado estuvo en él representado por el abogado Sr. Huyke. Basta la simple exposición de esos becbos para concluir que la corte no abusó de su poder discrecional al resolver la cuestión planteada. “La ausencia del abogado,” dice Corpus Juris, “es una excusa poco favo-recida por las cortes como motivo de suspensión * * * . Especialmente cuando no aparece una excusa razonable para tal ausencia.” 13 C. J. 144.

2. El liecbo concreto imputado al acusado consiste en ha-ber acometido y agredido a Pedro A. Beinosa con el pro-pósito de asesinarlo infiriéndole una herida de carácter grave en la. región lumbar izquierda. Al declarar ciertos testigos refirieron que mientras tal hecho ocurría, intervino otra persona en pro de Beinosa y entonces el acusado hirió también a esa otra persqna que murió a consecuencia de las heridas. El acusado por su abogado se opuso a que se permitiera de-clarar sobre tales hechos y la corte desestimó su oposición, tomando excepción el acusado a la regla de la corte. Sin citar, si no recordamos mal, ley o jurisprudencia aplicables, insistió el acusado en el acto de la vista de este recurso en que la corte había errado al proceder de tal modo.

El hecho de herir a la otra persona era distinto, pero estaba tan enlazado con el que se persigue en esta causa que bien pudiera considerársele como parte de la res gestae. Véase 22 C. J. 443, 454 y siguientes. La otra persona inter-vino en favor de Beinosa. Según el propio Beinosa cuando él gritó acudió la otra persona y dijo: “No atropelles al an-ciano, al viejo Beinosa, y entonces parece ser que le dió una estocada al otro, dice, ‘toma, tú que eres joven.’ ” Se acu-saba a Souffront de haber acometido y agredido con inten-ción de asesinar y era pertinente probar todas las circuns-tancias adecuadas que rodearon el becho a fin de poder pe-netrar con más seguridad en el estado mental del acusado.

3. Se presentó una moción de nuevo juicio alegando que el veredicto era contrario a las pruebas, que la corte instruyó erróneamente al jurado y que se obligó al acusado a entrar a juicio indefenso.

La prueba es contradictoria. Un testigo de la defensa aseguró que fue otra persona, nombrándola, la que hirió a Reinosa. Este dijo que fué el acusado. Hubo otros extre-mos importantes en que la contradicción resultó manifiesta, pero habiendo el jurado decidido el conflicto en contra del acusado sin que se haya demostrado que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometiera un error ma-nifiesto, como tantas veces hemos resuelto, su decisión no debe ser alterada.

La corte dió amplias instrucciones al jurado y le explicó que no sólo podía declarar culpable al acusado del delito de atentado a la vida, sino del de ataque con intención de come-ter homicidio y del de acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes. Sucedió que el jurado, presentó un ve-redicto de “culpable de homicidio frustrado.” El fiscal estimó erróneo dicho veredicto y solicitó que la corte instruyera nuevamente al jurado. La defensa se opuso. La corte, de acuerdo con el artículo 288 del Código de Enjuiciamiento Criminal, instruyó al jurado en el sentido de que su vere-dicto era erróneo, refiriéndose de nuevo a los delitos de aten-tado a la vida y ataque con intención de cometer homicidio y omitiendo referirse entonces al de acometimiento y agre-sión. Volvió a deliberar el jurado y presentó un veredicto de culpable de ataque con intención de cometer homicidio.

La corte actuó correctamente. El jurado no pudo ser in-ducido a error. El primer veredicto expresaba ya su pen-samiento claro. El error era simplemente de palabras. Bajo tales circunstancias, no era necesario insistir en la instruc-ción sobre acometimiento y agresión.

En cnanto a la indefensión del acusado, ya dejamos ex-puesto que la suspensión no se pidió debidamente y abora agregamos que los autos demuestran que el acusado fué de-bidamente defendido por el abogado Sr. Huyke que no sólo repreguntó a los testigos del fiscal y tomó las excepciones a su juicio pertinentes, sino que introdujo toda la prueba de la defensa.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Hutcbison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez PResidente Sr. del Tobo,

text:
    Gandía, Demandante y Apelado, v. Stubbe, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre nulidad de contrato.
    No. 2486.
    Resuelto en febrero 16, 1922.
    Juicio — Suspensión del Juicio — Discreción Judicial — Enfermedad de un Miembro de la Familia del Abosado. — Además de las causas que puedan señalarse expresamente en el estatuto, las cortes tienen poder inherente para suspender los juieios por otras causas que en el ejercicio de su discreción es-timen procedentes. La súbita y grave enfermedad de miembros de la fa-milia del abogado de una de las partes, es una causa justa de suspensión, tomándose las medidas oportunas para ocasionar el menor perjuicio posible a la parte contraria.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. José de Guzmán Benitez.

    Abogados del apelante: Sres. C. Coll Cuchi y G. Cruzado Silva.

   El Juez PResidente Sr. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, dictada en 28 de octubre de 1920 en contra del de-mandado. La vista del recurso se celebró el 3 de febrero actual.

El primero .de los errores alegados por el demandado-apelante es el siguiente:

“La corte cometió un abuso de discreción al no suspender la vista de este juicio el día 20 de julio de 1920, produciendo tal abuso de discreción la indefensión del Sr. Stubbe.”

Aparece de los autos lo que sigue:

“Día 20 .de julio de 1920. — Sesión de la mañana. — Compareció en corte abierta el abogado don Cayetano Coll Cuchí, en represen-tación del demandado en este caso, e hizo la siguiente moción oral:
ooll : Antes de empezar la sesión voy a hacer una moción. Voy a solicitar la suspensión del juicio oral en este caso señalada para las dos de la tarde de hoy, muy en contra de mi voluntad pero por dos causas justificadas que estaban fuera de mi alcance ni espe-raba que ocurrieran. Una es la enfermedad repentina del Sr. Stubbe ocurrida ayer. La corte la considerará y procederá como mejor lo entienda. Y otra es que mi señora y un hijo mío están muy graves en el Hospital Presbiteriano y no podría por tanto atender a este juicio oral ni es posible que examine los testigos. Tengo un hijo si se muere o no se muere.
“ ‘juez: La corte resolverá esta tarde la moción, pero de todas maneras debe venir preparado para las dos.
! ‘ ‘ ooll : Si la corte la resolviera en contra no podría entrar en juicio oral porque me sería imposible entrar en juicio muñéndoseme un hijo.
“ ‘juez: Son dos abogados los que intervienen, el Sr. Coll y el Sr. Cruzado.
“ ‘ ooll : Yo soy el único. El Sr. Cruzado deseo hacer constar que es un empleado de mi oficina y actúa con tal carácter, sin que tenga conocimiento absoluto como abogado de estas cuestiones.
“ ‘juez: Aparece firmando todos los escritos y aparece como abo-gado del record.
“ ‘ gold : Si la corte cree que es de conciencia y de moral profe-sional obligarme a entrar en juicio así, la corte resolverá.
“ ‘juez: La corte resolverá a las dos de la tarde.’ ”

En la sesión de la tarde compareció el demandante y por medio de su abogado se opuso a que el juicio fuera suspendido. El taquígrafo tomó sus palabras. Se han trans-crito y ocupan desde la página 2 a la 6 de la exposición del caso.

Finalmente la corte resolvió la cuestión planteada así:

“juez: Esta mañana se presentó una moción oral solicitando la suspensión de este juicio, alegándose que uno de los testigos se en-cuentra enfermo, sin que se Raya presentado bajo affidavit conforme a lo que prescribe la Ley de Procedimientos Civiles, o sea la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo cual la corte la declara sin lugar.
“Se presentó también una solicitud de suspensión alegando el abogado que no puede asistir al juicio por estar su señora enferma y también uno de sus Rijos. La corte, entendiendo que esta causa o motivo no está comprendido en ninguno de los articulados de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declara sin lugar.”

La enfermedad de la esposa y del hijo del abogado del demandado no fueron negadas. Todo demuestra que era cierta y qup se trataba de algo que ocurrió súbitamente. Al terminar la corte de pronunciar su resolución, el abogado Cruzado Silva, se expresó así:

“Con la venia de la corte. Yoy a consignar, a nombre del com-pañero Coll y CucRí, su más formal protesta a que el caso presente se vea Roy día en que el demandado se encuentra desprovisto de de-fensa alguna y de medios de defensa, por los motivos de encontrarse enfermo recluido en cama, y por el motivo también de que su abo-gado defensor, Sr. Coll y Cuchí, está impedido de asistir a la vista porque a estas horas tiene en el Hospital Presbiteriano de Santurce a su esposa gravemente enferma después de haberse realizado en ella una operación de carácter grave, y un hijo que está más de la muerte que de la vida. Por esas consideraciones respetuosamente formulamos nuestra protesta de que se celebre el juicio en contra del demandado Stubbe en el día de hoy.”

El juicio siguió adelante en ausencia del demandado prac-ticándose la larga prueba incluida en las seiscientas treinta: y tres páginas de la exposición del caso. La corte, como liemos dicho, falló en favor del demandante.

Con su acostumbrada precisión y extensión Corpus Juris resume la jurisprudencia sobre la materia y de ese resumen transcribimos los párrafos que signen:

“La facultad de conceder o negar una suspensión es inherente a todas las cortes, y necesaria para los fines de la justicia y para im-pedir demoras. También la facultad es a veces conferida expresa-mente por el estatuto, pero, por lo menos en algunas jurisdicciones, un estatuto relativo a suspensiones es considerado no como la fuente originaria de la facultad sino como la prescripción de determinados requisitos para la aplicación de la misma.” 13 C. J. 123, sec. 2.
“Es una regla general que el conceder o denegar una moción de suspensión descansa en la sana discreción de la corte sentencia-dora; y que una corte de apelación no intervendrá en el ejercicio de esa discreción a menos que la acción de la corte sentenciadora sea' manifiestamente errónea y constituya un claro abuso de discreción. Sinembargo, la discreción de la corte sentenciadora en este particular no es arbitraria, sino una discreción judicial, regulada y re-gida por reglas legales/y para ser ejercitada con vista a los dere-chos manifiestos de las partes y a la prevención de injusticia y opre-sión, y en este sentido está sujeta a revisión. ” 13 C. J. 123, 124, sec. 4.

Hemos estudiado cuidadosamente la cuestión planteada a la luz de los hechos ocurridos y de la jurisprudencia apli-cable y a nuestro juicio el error cometido por la corte es evidente -más bien que por abuso de discreción, por haberse negado a ejercitar la discreción que tenía para juzgar la-segunda de las causas alegadas para pedir la suspensión.

Al referirse a la enfermedad de la esposa y del hijo del abogado de la parte demandada, la corte expresó que el hecho no estaba comprendido en el Código de Enjuiciamiento Civil como una causa para pedir la suspensión y negó ésta. Acep-tando que no lo estuviera, la corte, eso no obstante, tenía poder inherente para suspender la vista juzgando si el mo-tivo alegado era o no suficiente por sns propios méritos.

Que la enfermedad de ún miembro de la familia del abo-gado de una de las partes puede y debe ser motivo de sus-pensión es evidente. Véase 13 C. J. 145. Claro es que debe tratarse de un caso excepcional. Los abogados son general-mente hombres acostumbrados a las luchas morales, fuertes y decididos. Son combatientes que defienden las causas o los intereses que se le confían prescindiendo de asuntos per-sonales o de familia, pero hay relaciones estrechas y momen-tos supremos que no deben ser ignorados por las cortes, y así cuando un abogado él mismo comparece en corte abierta y se dirige como en este caso a la conciencia de la corte y le dice que su esposa operada y su hijo moribundo requie-ren su presencia y no existe la más leve sombra de duda sobre la certeza de tal hecho, la corte debe dejar libre al abogado de su compromiso ante ella, garantizando desde luego el derecho de la otra parte. El juicio pudo transfe-rirse para una fecha inmediata. Si existían testigos cita-dos por la otra parte y dicha otra parte había incurrido en gastos, pudo imponerse como condición para la suspensión que esos gastos fueran satisfechos por la parte solicitante, pero la suspensión debió haberse decretado.

Siendo el expuesto el criterio que del caso hemos for-mado, procede, sin necesidad de considerar los otros errores, la revocación de la sentencia y la concesión de un nuevo juicio.

Revocada la sentencia apelada y ordenado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Aldrey y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la vista de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Ríos, Acusada y Apelante.
    Apelaoi-ÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por infracción a la sección 61 de la Ley de Ar-bitrios.
    No. 1820.
    Resuelto en febrero 20, 1922.
    Apelaciones Criminales para Ante Cortes de Distrito — Juicio de Novo — De-nuncia. — Cuando se apela para ante la corte de distrito una sentencia dic-tada en causa criminal, la denuncia original sigue siendo la base del proceso en el juicio da novo, por lo cual no es necesario que esté jurada por el fiseal.
    Preguntas Capciosas — Discreción Judicial. — A pesar de la regla general que prohíbe las preguntas capciosas, el permitirlas o no descansa en gran parte en la discreción de la corte sentenciadora, la cual puede, tanto en casos cri-minales como en casos civiles, permitir que se hagan a un testigo cuando lo crea necesario o conveniente, o negarse a permitirlas cuando las circuns-tancias no parezcan exigir esa forma de examen; y en ausencia de un palpable abuso de discreción que acarree perjuicios a la parte que se queja, no puede sostenerse que el error cometido sea motivo de revocación de la sen-tencia.
    Presentación de Prueba — Discreción Judicial.' — Las cortes tienen facultad dis-crecional para permitir a una parte la presentación de evidencia después de manifestar que su prueba había terminado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de la apelante: Sr. J. Valldejuli.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Justa Ríos fué acusada de tener en su poder como guar-dián del mismo, un alambique para destilar alcohol sin estar inscrito en la Tesorería de Puerto Rico. Fué condenada por la Corte Municipal de Aguadilla. Apeló a la corte de distrito y fué también condenada, apelando entonces para ante este tribunal. En su alegato señaló la comisión de cua-tro errores, consistentes en que la denuncia no estaba jurada por el fiscal, en que se permitió hacer preguntas sugestivas al fiscal, en que se permitió introducir en forma irregular cierta prueba y en que se condenó a la acusada basándose en una prueba insuficiente.

1. El primer error no existe. La apelante fné acnsada mediante denuncia presentada en la corte municipal y las denuncias no necesitan estar firmadas ni juradas por el fiscal. Cuando la causa se apela, sigue siendo la denuncia en el nuevo juicio que se celebra en la corte de distrito, la base del proceso. Véase el artículo 103 del Código de Enjuicia-miento Criminal.

2. Aparece de los autos lo que sigue:

“El fiscal bizo al testigo la siguiente manifestación: ‘Allá en esa fecba 25 de enero de 1921, tuvo que intervenir con ella (la de-nunciada) con algún motivo?’ En este acto el abogado defensor se opuso a tal manera de preguntar al testigo por ser inadecuada y constituir lo que se llama un leading question. El fiscal replicó que tenía que referirse a la fecba. Volvió a interrogar. ‘¿Tuvo que in-tervenir con la acusada ese día?’ La defensa se opuso a tal pre-gunta. La corte la admitió y tomó excepción la defensa.”

En su alegato insiste la apelante en que la pregunta per-mitida era capciosa. En el caso de Stringfellow v. State, 26 Miss. 157, la corte dijo:

“Una pregunta capciosa ha sido definida como una que directa-mente sugiere la contestación que se desea, o que comprende un hecho material y hace posible una contestación mediante un simple nega-tivo o 'afirmativo, aunque ni uno ni otro sea directamente sugerido: 2 Phill. Ev. 401; 1 G-reenl. 553. Pero en el examen de un testigo, si el objeto fuere dirigir su mente del modo más expedito a lo que es material, y si la pregunta propuesta se relacionare meramente con materia de introducción, no debe objetarse a ella, aunque por su forma sea capciosa. Por tanto no raras veces es materia de gran dificultad distinguir entre aquellas preguntas que no deben permi-tirse porque son capciosas y aquéllas que lo son en forma pero en efecto sólo tienden a llevar la mente del testigo a la materia objeto de investigación.” 59 Am. Dec. 248-249. Véase la nota al caso de Turney v. State en 47 Am. Dec. 82.

Aplicada la anterior jurisprudencia, la pregunta de que se trata podría calificarse de capciosa puesto que pudo con-testarse con una afirmación o una negación, pero claramente se observa que se trató de dirigir la mente del testigo del modo más expedito a lo que era material o sea a lo que hu-biera ocurrido entre el testigo y la acusada.

Bajo tales circunstancias la pregunta era admisible y aunque pudieran existir dudas con respecto a la absoluta propiedad de la misma, el error que pudo haberse cometido no sería bastante para basar en él la revocación de la sen-tencia apelada. No aparece perjuicio alguno para la acu-sada, ni puede sostenerse que la corte abusara en todo caso de su discreción.

“A pesar de la regla general contra las preguntas capciosas,” dice Cyc, “la cuestión está en gran parte dentro de la discreción de la corte sentenciadora, la cual puede, tanto en casos criminales como en casos civiles, permitir que se bagan a un testigo tales preguntas cuando ella lo crea necesario o conveniente, o negarse a permitirlas cuando las circunstancias no parezcan exigir esa forma de examen,y en ausencia de un palpable abuso de discreción que acarree per-juicios a la parte quejosa, no puede sostenerse, sobre la decisión de la corte sentenciadora permitiendo preguntas capciosas, la existen-cia de error que sea motivo de revocación.” 40 Cyc. 2427-2429.

3. Consta también de los autos lo que sigue:

“En este momento el fiscal manifestó a la corte que su prueba había terminado, que estaba conclusa o como dijo textualmente: Ter-minada la prueba del fiscal. Luego manifestó lo siguiente: Ahora presento como prueba la certificación del Tesorero de Puerto Rico, firmada José E. Benedicto y con un sello correspondiente, creditiva de que ese aparato no se halla inscrito en la Tesorería a nombre de Justa Ríos * * *.
“Abogado defensor: Me opongo a la admisión de esa prueba o sea que se admita como prueba documental en este caso la certifi-cación que presenta el fiscal, expedida por el Tesorero de Puerto Rico con respecto -a la inscripción del alambique que es objeto de este proceso. Porque el fiscal no ha tratado de probar con los tes-tigos del Pueblo que ellos inquirieron de la denunciada el hecho de la inscripción o no inscripción de dicho aparato. — Que no aparece de la prueba testifical que se solicitara la licencia que ella tuviera de dicho alambique, y que el presentar esta prueba documental a la al-tura en que está el proceso, sin haber establecido su eoneeción con el caso, implica una sorpresa para la acusada y para la corte, supli-cando por tanto no se admita dicha prueba por haber sido presen-tada a destiempo y de una manera irregular. — Juez: La corte declara sin lugar la moción del compañero. — La defensa tomó excepción.”

Insiste la apelante en sn alegato en qne una vez qne el fiscal anunció qne había terminado sn prueba no tenía ya derecho a presentar la certificación. Aceptando que el fiscal diera por terminada la prueba, aún así la corte tenía dis-creción para actuar en la forma en que lo hizo, y no pode-mos ver que abusara de su poder discrecional en este caso. Véase El Pueblo v. Julián, 18 D. P. R. 940.

Refiriéndose a este error la apelante dice: “Además erró la corte al admitir una certificación negativa del Tesorero de Puerto Rico para expedir la cual no está autorizado por la ley * * Esta objeción no fué levantada debida-mente en la corte de distrito. No se dió oportunidad al juez que dirigía el juicio para considerarla y de acuerdo con prin-cipios bien establecidos no debe ser tenida en cuenta ahora por esta Corte Suprema. Véase el caso de Falero el ál. v. Falero, 15 D. P. R. 118, 123.

4. La prueba fué completamente contradictoria. La de cargo, consistente en las declaraciones de dos policías insu-lares y en la certificación a que acabamos de referirnos, sos-tiene que el alambique de que se trata fué ocupado por los policías en el momento mismo en que la acusada saliendo de su casa trataba de esconderlo en “una mancha de gandules” y en que la acusada no tenía inscrito el alambique a su nom-bre en la Tesorería de Puerto Rico. La de descargo tiende a presentar a la acusada como una víctima de los policías. Imputa a éstos que cuando penetraron en el patio de la casa de la acusada ya llevaban el alambique y se empeñaron en que la acusada les dijera de quién era y al ella decirles que no sabía la denunciaron.

El juez sentenciador que vió y oyó declarar a los testigos creyó a los del fiscal y no habiéndose demostrado que actuara movido por pasión, prejuicio o parcialidad^ o que cometiera manifiesto error, su decisión debe ser sostenida. Y decidido el conflicto de la evidencia de tal modo, no hay duda que la prueba era bastante.

Procede la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado SR. Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Méndez, Acusado y Apelante.
    Apelacióh procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla, en causa por acometimiento y agresión simple.
    No. 1871.
    Resuelto en febrero 25, 1922.
    Acometimiento y Agresión — Prueba Admisible. — En un caso de acometimiento y agresión la admisión de prueba sobre el estado de salud de la víctima al tiempo de celebrarse el juicio, en relación con 'los golpes recibidos, no cons-tituye un error perjudicial al aeusado.
    Id. — Alegaciones-—-Prueba.-—-La admisión de prueba sobre hechos alegados en la denuncia, cuando a ésta no se ha hecho objeción por el aeusado, no puede considerarse como un error perjudicial.
    Id. — Discreción Judicial. • — • Las cortes tienen poder discrecional para volver a abrir un caso y permitir al demandante presentar prueba, después de haberse presentado una moción de nonsuit.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. J. B. .García Méndez.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado SR. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Eduardo Méndez fue declarado culpable en la Corte de Distrito de Aguadilla de un delito de acometimiento y agre-sión simple.

Varios son los errores que han sido alegados. Después de discutir los dos primeros señalamientos de error dice muy propiamente el apelante que no afectaban a la esencia de la causa y'Creemos que no perjudicaron en absoluto aún siendo erróneos. Uno de estos alegados errores fué que la corte permitió al perjudicado declarar que todavía estaba sufriendo de la hincada. Dado el carácter grave e injustificado de ía agresión no podía perjudicar al apelante el becbo de que se permitiera manifestar al muchacho que todavía se encontraba sufriendo de la hincada. De igual manera era un error que no perjudicaba, de serlo, permitir a un testigo declarar que él vió los golpes que se dieron al perjudicado después del accidente. Aunque las circunstancias agravantes no depen-dían de la. naturaleza de los golpes sufridos, sin embargo en la denuncia se mencionaban sin que se hubiera formulado objeción y asimismo se permitió a un médico declarar en cuanto a estos golpes también sin hacerse objeción. Cree-mos en lo que respecta a este testigo que no hubo error ni prejuicio.

El fiscal inadvertidamente terminó su caso sin probar la fecha y lugar del delito y las circunstancias agravantes, y el apelante presentó una moción de non suit. El fiscal pre-sentó entonces una moción para que se citara a cierta persona que decía era la verdadera persona denunciante. La corte declaró sin lugar la moción de non suit y permitió de-clarar al alegado testigo. Esta situación ha sido precisa-mente considerada en nuestra decisión en el caso de El Pueblo v. Hernández, resuelto en diciembre 13, 1921, (pág. 21) en donde dijimos lo siguiente:

“Pero de todos modos, cualquier duda que hubiera habido sobre la jurisdicción de la corte quedó desvanecida por la explicación que dió el testigo Ázpurúa después de presentada la moción de non suit. Y no cometió error la corte al admitir que Azpurúa declarara cuando la moción de non smt había sido ya presentada, pues tenía poder discrecional para proceder así. El Pueblo v. Julián, 18 D. P. R. 940; 16 C. J., páginas 870 y siguientes.”

Con esto quedan resueltos los señalamientos tercero y cuarto.

El quinto señalamiento es asimismo ineficaz para el ape-lante. Un testigo prestó juramento por la mañana y se le permitió sin embargo declarar por la tarde del mismo día. Habiendo jurado declarar la verdad en el caso por la ma-ñana no babía necesidad de tomarle juramento otra vez por la tarde.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia a/pelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y HutcMson.


author: El Juez Asociado Sb. Wolf,

text:
    Delgado, Demandante y Apelante, v. Díaz, Demandada y Apelada.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre indemnización de daños y perjuicios.
    No. 2404.
    Resuelto en febrero 25, 1922.
    Apreciación de Prueba por el Tribunal Supremo.- — Cuando la eorte inferior tuvo ante sí por efecto de una estipulación, meramente las declaraciones de testigos como fueron reproducidas de otro caso y no a los testigos mismos, el Tribunal Supremo está en las mismas condiciones que la eorte de distrito para apreeiar la prueba.
    Negligencia — Automóvil—Velocidad Excesiva. — Cuando algún viandante apa-rece en el camino frente a un chauffeur el deber de éste es controlar de tal modo su máquina como lo exijan las circunstancias y no tiene ningún dere-cho a confiar en su habilidad para pasar.
    Id. — Cuantía de los Dañíos — Cortes y Honorarios. — Probado que la causa in-mediata del accidente fué la negligencia del chauffeur, y que el niño a causa del daño sufrido en una pierna quedaría más o menos imposibilitado para poder dedicarse a un trabajo estable, una sentencia por $3I,000 con costas y honorarios de abogado es razonable.
    Los beclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Muñoz Morales.

    Abogado de la apelada: Sr. L. Llorens Torres.

   El Juez Asociado Sb. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, exi-mió a la apelada del pago de daños y perjuicios con motivo de las lesiones cansadas al apelante, cuyas lesiones se alega que se debieron a la negligencia del chauffeur de la apelada mientras guiaba un automóvil.

La apelada iba en el automóvil al momento de ocurrir el accidente.

La corte fué de opinión de que el accidente se debió a la súbita desviación en el camino, de dos niños que estaban delante del automóvil, lo que dió lugar a que el chauffeur chocara con el demandante.

El apelante insiste en que la causa próxima del accidente fué la gran velocidad que llevaba el automóvil en una carre-tera ancha y recta teniendo amplias oportunidades para ver hacia adelante.

Según entendemos la prueba, varios niños se encontraban hacia el centro de la carretera, e hicieron un esfuerzo por librarse del automóvil y al tratar el chauffeur de no chocar con ellos cogió al demandante, que era otro niño. La cues-tión sin embargo que se nos presenta, es si el automóvil no iba tan rápidamente que era imposible para el chauffeur tener sobre su automóvil el control que la ley exige. ‘No hubo prueba de negligencia contributoria.

Ocurre generalmente cuando tenemos que revisar la prueba, que la corte inferior ha estado en mejoras condicio-nes de resolver el conflicto entre los testigos de una y otra parte y juzgar de su veracidad. Esta apelación presenta un aspecto completamente distinto. Toda la prueba respecto a'la forma en que ocurrió el accidente fué, mediante estipu-lación, una transcripción de la prueba de otro caso. En otras palabras, la corte inferior tuvo ante sí meramente las decla-raciones de los testigos como fueron reproducidas del otro caso y no a los testigos mismos. Ni fué tampoco el anterior caso juzgado en la misma corte, ni por el juez que la presidía en este caso. Por tanto, tal como la prueba mera-mente aparecía de los autos, estamos en la misma condición para apreciar los hechos que la que tuvo la corte inferior.

La prueba así presentada es robusta y convincente en cuanto a que el chauffeur de la apelada iba con una veloci-dad muy exagerada; que los niños a quienes el chauffeur trató de no golpear pudieron ser vistos claramente, y se infiere necesariamente que si al verlos hubiera reducido su velocidad en vez de tratar de no chocar con ellos probable-mente el accidente no hubiera ocurrido. Cuando alguien apa-rece en el camino frente a un chauffeur su deber es contro-lar de tal modo su máquina como lo exijan las circunstan-cias. La ley, como ha sido expuesta en el caso de El Pueblo v. Blandford, 23 D. P. R. 625, es de aplicación. Un chauffeur no tiene ningún derecho a confiar en su habilidad para poder pasar. La prueba tiende a demostrar que no solamente hubo exagerada velocidad, sino que ésta excedía al límite fijado. Por tanto, debe revocarse la sentencia y dictarse otra a favor del demandante.

Hemos dicho que la prueba del accidente fue tomada de otros autos, pero en este caso se presentaron testigos para probar la naturaleza de los golpes y la cuantía de los daños y perjuicios. El niño sufrió un daño en una pierna, el cual los peritos declaran que quedaría más o menos incapacitado para poder dedicarse a un trabajo estable. Por tanto, fija-mos los daños y perjuicios en la suma de $3,000 con costas y honorarios de abogado.

Revocada la sentencia apelada y condenada la demandado-apelada a pagar tres mil dólares de indemnización, con costas y honorarios de abogado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente del Toro y Aso-ciados Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se. del Tobo,

text:
    Schluter, Demandante y Apelado, v. Fernández, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan, Sección Segunda, en pleito sobre cobro de dinero.
    No. 2454.
    Resuelto en marzo 6, 1922.
    Compraventa Mercantil — HaSos .o Menoscabo de las Mercaderías Tendidas.— Vendidos por la demandante al demandado varios tercios de jamones, el comprador se hizo cargo de la mercancía y procedió a su reventa. Reali-zados estos actos, encontró que muehos de los jamones estaban podridos y basándose en ello se negó a pagar dentro del plazo estipulado el precio de la mercancía. Se demostró que al vendedor no le constaba que los jamo-nes en el acto de la venta estuvieran podridos, si es que lo estaban, sabiendo únicamente que eran viejos, hecho que fué tomado en consideración para fijar el precio. El comprador, según propia confesión se aprovechó por lo menos de un veinte por ciento de los jamones. Bajo esas circunstancias se resolvió: que no erró la corte de distrito al aplicar a este caso el ar-tículo 3'33 del Código de Comercio y al declarar en su consecuencia la de-manda con lugar.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. J. Sifre, Jr.

    Abogado del apelante: Sr. D. Monserrat, Jr.

   El Juez Peesidente Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Versa este pleito sobre cobro de dinero procedente de la venta de once tercios de jamones. Ambas partes son comer-ciantes de la plaza de San Jnan, P. B., y la sentencia se dictó en contra del demandado, que estableció el presente recurso de apelación señalando la comisión de cinco errores, a saber:

“Io. La corte inferior cometió error al no declarar, de acnerdo con la prueba practicada en el juicio, que el demandante Tendió al demandado once tercios de jamones frescos, en buen estado y de buena calidad.
“2o. La corte inferior cometió error al declarar que de acuerdo con la pruéba practicada en el juicio, no se había probado que los jamones estuvieran en mal estado antes o en el momento de la venta.
“3o. La corte inferior cometió error al no declarar de acuerdo con la prueba practicada, que el demandante al hacer la venta de referencia sabía y le constaba que dichos jamones estaban en malas condiciones y que no eran frescos.
“4o. La corte inferior cometió error al no aplicar al presente caso lo dispuesto en el artículo 434 del Código de Comercio.
“5o. Y por último la corte inferior cometió error al declarar vá-lido y existente un contrato nulo por ser contrario al orden público. ’ ’

1. Los tres primeros errores se refieren a la apreciación de las pruebas por parte de la corte sentenciadora. Esta se expresó así:

“Un examen de toda la evidencia nos conduce a estimar proba-dos los siguientes hechos:
“Demandante y demandado son comerciantes establecidos en esta ciudad. El día 28 de mayo de 1919 hicieron un contrato de compra y venta mercantil; el demandado, movido por oferta de la deman-dante suscribió una factura en cuya virtud compró a la demandante once tercios de jamones, a veinticinco dollars quintal y un precio total para los once tercios, de $1,079.50.
“Al firmar la factura supo el comprador que la mercancía estaba en el almacén de la vendedora y a petición suya fué dejada allí a su disposición y por su cuenta. El comprador extrajo la mercancía de dicho almacén entre los días 4 y 8 de junio de 1919 y la depositó, parte en su propia oficina y parte en el almacén de Luiña, Murías & Compañía.
“El día 3 de ese mismo mes y año la demandante giró contra el demandado por el importe total del precio de la venta, el cual giro fué aceptado por el demandado, comprometiéndose a pagarlo el vein-tiocho de-junio de dicho año.
“Luego los jamones resultaron averiados. Con fecha 17 de junio 1919, el demandado escribió una carta a la demandante participán-dole que los jamones estaban en mal estado y que sus clientes se los devolvían.
“El demandado declaró que dos días después de la compra, rea-lizó algunas reventas; que no recibió quejas de sus clientes hasta después de haber extraído toda la mercancía del almacén de la de-mandante y que tan pronto recibió esas quejas, notificó personalmente a la demandante y luego lo hizo por escrito.
“En una carta 19 de junio 1919, presentada en evidencia por el demandado, replica éste a la demandante que él no compró los ja-mones para acelerar su venta y que no podría recibir en cortos días las quejas de sus clientes. Es evidente que si bubo alguna notifi-cación personal de las averías ocurrió poco antes del referido día 17, en que se hizo la primera notificación por escrito. Fue, pues, alrededor del día 17 de junio de 1919, cuando las averías fueron descubiertas por el demandado.
“A partir de dicho día se cruzan las partes varias cartas sobre el asunto y llegando el vencimiento del giro, el demandado se negó a pagar, y todavía no ha pagado su importe.
“El demandado alega, en su contestación, que al tiempo de la entrega ya estaban los jamones en mal estado y este hecho le cons-taba a la demandante y, no obstante, ello, a sabiendas, y con el único fin de engañar' y defraudar al demandado, se los entregaron como jamones frescos y de buena calidad. Examinada la prueba no apa-rece ninguna tendente a probar esta alegación.
“Lo único que se ha demostrado es que esa partida de jamones había sido consignada por la casa embarcadora para la mercantil Forteza Hermanos, de Vega Baja, la cual rehusó aceptarla por haber llegado fuera del tiempo convenido. Existe también una carta de la demandante en la cual admite que los jamones no eran frescos; pero todos los testigos de la demandante afirman que estaban en buenas condiciones y que sólo hacía diez o doce días que habían lle-gado de New York.
“La corte no puede darle a la palabra ‘frescos,’ en el sentido negativo en que la usa la demandante, más alcance que el de su significación ordinaria y corriente; es decir, que los jamones no eran de reciente fabricación, lo cual en ninguna forma implica que estu-viesen en mal estado.
“No se ha demostrado que los jamones estuvieran en mal estado antes o en el momento de la venta, ni que en los menoscabos sobre-venidos interviniera dolo o negligencia por parte de la demandante.
“Tampoco se ha demostrado que las averías ocurrieran durante el corto tiempo que los jamones estuvieran depositados en el almacén de la demandante, una vez efectuada la venta, ni que dichas averías se produjeran por malicia o negligencia de la demandante, en el cum-plimiento de sus obligaciones como depositario.”

Hemos examinado cuidadosamente las pruebas practica-das y aunque el caso a veces parece dudoso, no estamos en condiciones de afirmar que la corte sentenciadora errara al decidirlo en contra del demandado. Además, la posición asu-mida por el demandado al negarse a pagar en su totalidad el precio de los jamones es inconsistente con su propia prueba. Analizando su declaración y aceptando sus propias manifes-taciones como la verdad en el caso, se concluye que los ja-mones no sólo le fueron vendidos y dejados a su disposición en el lugar y tiempo convenidos, sino que se le entregaron habiendo él dispuesto de ellos y habiéndose aprovechado de un veinte o un veinticinco por ciento de los mismos.

2. El artículo del Código de Comercio a que se refiere el apelante en su cuarto señalamiento de error, no es el 434, sino el 342, que dice así:

“Arfi 342. — El comprador que no haya hecho reclamación alguna fundada en los vicios internos de la cosa vendida, dentro de los treinta días siguientes a su entrega, perderá toda acción y derecho a repetir por esta causa contra el vendedor.”

Las partes no citan ni hemos podido encontrar nosotros jurisprudencia concreta interpretativa del anterior precepto legal, pero claramente se deduce que aquí no se trataba de defectos internos. Si los jamones estaban podridos, el olor mismo y su apariencia externa hubieran denunciado su estado de descomposición. Pero de todos modos aunque el hecho de haberse vendido los jamones en tercios de madera y cada jamón en sí cubierto de tela, permitiera aplicar el artículo de que se trata, es lo cierto que, como sostiene en su alegato el apelado, el demandado no hizo nunca una reclamación con-creta y formal y procedió a revender los jamones como suyos.

3. No bay base para poder sostener que exista el quinto error. Sería necesario declarar probado que a sabiendas y con el propósito de defraudar al demandado, el demandante le vendió podrida la mercancía de que se trata. Es evidente que el demandante sabía que los jamones eran viejos, pero esto no quiere decir que supiera que estaban podridos. Tal circunstancia se apreció para bajar unos seis dólares en el precio corriente de cada quintal.

En resumen, tal como fué planteada la cuestión ante la corte de distrito, creemos que fué debidamente resuelta, no incurriendo en error dicha corte al aplicar como aplicó el artículo 333 del Código de Comercio, que dice así:

“Los daños y menoscabos que sobrevinieren a las mercaderías, perfecto el contrato y teniendo el vendedor los efectos a disposición del comprador en el lugar y tiempo convenidos, serán de cuenta del comprador, excepto en los casos de dolo o negligencia del ven-dedor. ’ ’

Procede, en tal virtud, la confirmación de la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Pbesidente Sb. del Tobo,

text:
    Wiscovich, Recurrente, v. El Registrador de San Germán, Recurrido.
    Recurso gubernativo interpuesto contra nota del Registrador de la Propiedad de San Germán denegatoria de inscripción de un expediente posesorio.
    No. 500.
    Resuelto eu marzo 6, 1922.
    Expediente Posesorio — Personas con Derecho a Tramitarlo. — Los poseedores que carecieren de un título escrito inscribible de dominio, pueden recurrir al medio supletorio que fija la Ley Hipotecaria en su artículo 390 para inscri-bir su derecho en el registro.
    Id. — Asiento Contradictorio. — Cuando la posesión o el dominio de una finca consta inscrito en el registro a favor de una persona distinta del actual po-seedor y a éste le es imposible, difícil o costoso adquirir de ella un título escrito inscribible, dicho actual poseedor puede recurrir también al medio supletorio que fija el artículo 390 de la Ley Hipotecaria, debiendo seguirse en tal caso desde el principio el procedimiento fijado en el artículo 393 de la indicada ley.
    Id. — Pago de Contribuciones. — Aunque exista discrepancia entre los heehos con-signados en la certificación expedida por el Tesorero para acreditar el pago de la contribución y los hechos que es necesario probar de acuerdo con la ley, si a virtud de la otra prueba que se practique queda explicada satisfac-toriamente dicha discrepancia, no debe, por tal motivo, negarse la inscripción del expediente en el registro.
    Id. — .Citación de la Persona a cuyo Pavor Esté Inscrita la Pinga o de sus Herederos.- — En el caso del artículo 393 de la Ley Hipotecaria, bien cuando se devuelve el expediente a la corte por haber encontrado el registrador el asiento contradictorio, ya cuando el hecho de la contradicción se establece desde el principio, debe citarse personalmente a la persona a cuyo favor aparece hecho el asiento contradictorio, y si ha muerto, a sus herederos. .Cuando no se pueda acreditar debidamente quiénes son éstos para citarlos personalmente, debe citárseles por medio de edictos. Este último requisito no fué cumplido en este caso y por ello se confirmó la nota del registrador que negó la inscripción del expediente.
    Los hechos están, expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. J. 8abater.

    El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Pbesidente Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Arturo Wiscovich inició en la Corte de Distrito de Maya-güez un expediente para acreditar la posesión de una finca de cerca.de dos cuerdas situada en el barrio de Pedernales del municipio de Cabo Rojo, que había adquirido por com-pra, constante en escritura pública, a doña Asunción Blanch, el 4 de agosto de 1920. En la solicitud’ expuso el peticio-nario que el motivo por el cual recurría al procedimiento autorizado por la Ley Hipotecaria era que la finca figuraba inscrita en el registro a nombre de Patxot Castelló y Com-pañía, inscripción que estaba en contradicción con la posesión actual de la finca por parte del peticionario,

Tramitado el expediente, la corte lo resolvió de confor-midad, y presentado en el Registro de la Propiedad de San Germán, fué calificado como sigue:

“Denegada la inscripción del expediente que precede- * * * por las razones siguientes:
“Ia. No haberse acreditado que el promovente paga la contribu-ción a título de dueño, pues de la certificación unida al expediente consta que paga la contribución la Sucesión de Agustín Castelló por una finca de dos cuerdas en el barrio de Pedernales de Cabo Rojo, y la que es objeto del mismo compuesta de una cuerda y media y una cuarta de cuadro, fué adquirida por dicho promovente de doña Asunción Blanch y Camps por la escritura arriba citada en la que consta también que esta señora la adquirió en fecha bastante remota por compra, siendo viuda, a la mercantil ‘Patxot, Castelló y Cía.,’ representada por su liquidador Agustín Castelló y Busquet, resul-tando, por tanto, que la finca no aparece amillarada ni paga la con-tribución por ella a título de dueño el promovente ni ninguno de sus causantes.
“2a. Porque apareciendo del registro que la finca objeto de dicho expediente contradictorio está inscrita por título de dominio a favor de los mencionados Patxot, Castelló y Cía. del comercio de Maya-güez, no consta que éstos hayan sido citados de acuerdo con el ar-tículo 393 de la Ley Hipotecaria en sus apartados 2 y 3. Y si bien-alega el promovente en el escrito inicial que la referida mercantil fué liquidada quedando como liquidador un socio gestor Agustín Castelló a quien se adjudicó la predicha finca por cuya razón basta citar a los que se suponen ser sus eausahabientes, digo, herederos y que se mencionan en dicho escrito, no resulta acreditado en este expediente original la muerte del referido Agustín Castelló ni la de su hijo Gerardo Castelló y Camps, ni la cualidad de ser los citados los verdaderos y únicos herederos de aquéllos.
“Y 3a. porque estando inscrito en el registro el dominio de dicha finca a favor de la mencionada mercantil en virtud de escritura pú-blica, es nula en derecho y no puede producir efectos legales la can-celación de dicha inscripción ordenada por la corte en este caso, toda vez que no lo ha sido en el procedimiento debido con audiencia de la repetida mercantil o de sus derechohabientes, ni tampoco ha sido ordenada por providencia ejecutoria contra la cual no se halle pen-diente recurso de apelación, todo a tenor de lo dispuesto en el ar-tículo 82 del mencionado cuerpo legal.”

No conforme Wiscovich., interpuso el presente recurso gu-bernativo.

La primera cuestión que surge es la ele si puede instarse y resolverse un expediente posesorio en la forma y con el alcance que se instó y resolvió en este caso.

Por diversas causas, era lo cierto que cuando se implantó en España el sistema hipotecario que aún rige en Puerto Rico, muchos propietarios carecían de título eficaz para inscribir en el registro sus derechos, y deseando el legislador qne pu-dieran hacerlo, ideó los expedientes posesorios y de dominio de qne tanto nso se ha hecho y se signe haciendo en esta Isla. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861. 5 Morell, Legislación Hipotecaria, 437.

Dice la ley qne “a los propietarios qne carecieren de título escrito de dominio, cualquiera qne sea la época en qne tuviere lugar su adquisición, se les concede la facultad de inscribir su derecho, justificando previamente su posesión ante el juez * * *Artículo 390 de la vigente Ley Hipotecaria. Luego señala la misma ley los trámites que deben seguirse en la instrucción del expediente y prescribe en el artículo 393 lo que sigue:

"Art. 393. — Los registradores, antes de inscribir alguna finca o derecho en virtud de las informaciones prescritas en los tres ar-tículos anteriores, examinarán cuidadosamente el registro, para ave-riguar si hay en él algún asiento relativo al mismo inmueble que pueda quedar total o parcialmente cancelado por consecuencia de la. misma inscripción.
"Si hallaren algún asiento de adquisición de‘dominio o posesión no cancelado que esté en contradicción con el hecho de la posesión justificada por la información judicial, suspenderán la inscripción, harán anotación preventiva si la solicita el interesado, y remitirán copia de dicho asiento al juez que haya -aprobado la información.
"El juez, en su vista, y con citación y audiencia de las personas que por dicho asiento puedan tener algún derecho sobre el inmueble, confirmará o revocará el auto de aprobación, dando conocimiento en todo caso de la providencia que recayese al registrador, a fin de que en su vista lleve a efecto la inscripción o cancele la anotación preventiva. ’ ’

Aplicando estrictamente los anteriores preceptos al caso concreto que consideramos, tendríamos que decidir en primer lugar que teniendo como tiene el peticionario un título es-crito de dominio, no está autorizado para acogerse al medio supletorio de que se trata, y que el párrafo segundo del ar-tículo 393 presupone un expediente ya instruido que se lleva al registro y que se devuelve para que se siga entonces el procedimiento a que se refiere el párrafo tercero del mismo precepto legal.

Pero la jurisprudencia lia ampliado de tal modo el alcance de la Ley Hipotecaria en relación con los espedientes pose-sorios a los efectos de dar cumplimiento a los propósitos del legislador, que es necesario reconocer que estuvo justificado el peticionario en este caso al presentar su escrito inicial en la forma en que lo hizo. Esta misma corte ha resuelto que las palabras “título escrito de dominio” usadas en el artículo 390, siopra, quieren decir “título escrito inscribible de domi-nio,” y refiriéndose al artículo 402 de la Ley de España, equivalente al 393 de la nuestra, dice Martínez Moreda en el tomo segundo de sus comentarios, páginas 38 y siguientes:

“Dispone el párrafo segundo del artículo 402 que los registra-dores suspenderán la inscripción de la posesión si hallasen algún asiento de adquisición de dominio no cancelado que esté en contra-dicción con el hecho de la posesión justificada por el expediente judicial.
“Este precepto es una aplicación de los principios capitales que se derivan de los artículos 20 y 77 de la Ley Hipotecaria, consis-tentes en que nadie puede inscribir un derecho sino recibiéndolo de la persona que lo tenga inscrito, y que la inscripción sólo se extin-gue en cuanto a tercero por su cancelación o por la inscripción de la transferencia del derecho registrado. En virtud, pues, de esta doctrina general, la ley no puede permitir que se inscriba la pose-sión de una finca a nombre de distinta persona de la que aparece dueña según el registro.
“Pero el mismo artículo 402 aplica los referidos principios de modo distinto a como generalmente se aplican, pues que no exige ni escritura de cancelación o transferencia, ni ejecutoria, ni declara-ción de la ley para que el dominio inscrito quede cancelado mediante la inscripción de posesión acreditada en el expediente judicial, sino que es suficiente, según el párrafo tercero, que se dé vista del expe-diente y de la copia del expresado asiento de dominio a la persona interesada en él o a sus herederos, y si de esta audiencia no resultase que alguno se opusiere, confirmará el juez el auto aprobándolo, pro-cediéndose después a inscribir la posesión. Como para proceder a la ratificación del auto antes dictado, si no hubiere oposición, no se señalan hoy reglas que especialmente determinen los trámites, se arregla el procedimiento según lo dispuesto para los espedientes de jurisdicción voluntaria.
“Dicho esto, pasamos a contestar la pregunta diciendo que se en-tenderá que un asiento de dominio contradice el hecho de la posesión en todo caso; porque siempre el interesado en que se inscriba el es-pediente judicial de posesión es persona distinta del dueño del domi-nio inscrito, porque es lógico que éste no propusiera la información de lo que ya tiene inscrito.
“Algunos han creído que no hay contradicción cuando consta ser dueño en el registro el mismo de quien el poseedor dice haber adquirido la finca que pretende inscribir a virtud del espediente, y que en ese caso no procede dar audiencia a aquél; pero a esta doc-trina se oponen las resoluciones de 30 de enero de 1880 y de 3 de junio de 1881, y con razón, porque de ser así, se daría lugar a frau-des, toda vez que sería posible inscribir una posesión falsa contra el dueño a quien no se oyera.
“En su consecuencia, se puede establecer esta regla general: el registrador, siempre que halle algún asiento de dominio no cancelado en los libros antiguos o modernos a nombre de distintas personas del poseedor, deberá suspender la inscripción pedida, a tenor de lo dis-puesto en el párrafo segundo del artículo 402 de la ley. Este prin-cipio es aplicable también al caso en que sólo esté hecho el asiento de presentación del título anterior al posesorio que se intente ins-cribir.”

Y G-alindo, después de estudiar con amplitud el referido artículo 402, dice:

“Por Res. de 5 Jun. 1893, se ha declarado que dada audiencia en el expediente posesorio a las personas a cuyo favor existan asien-tos contradictorios a la posesión que se pretenda inscribir, y habiendo manifestado su conformidad, está fielmente observado el artículo 402, y no es preciso que se remita copia de tales asientos al juzgado, puesto que ya fueron oídos los interesados.
“El párrafo 3o. del artículo 402, es aplicable aún en el caso de que se acredite haber fallecido la persona a cuyo favor aparezca ins-crito el dominio, porque tal párrafo se refiere no a ella precisamente, sino a los que pudieran tener interés. En este caso se citará a los herederos personalmente, si son conocidos, y si no por edictos, como dispuso la Res. de 16 octubre 1866, respecto a los ausentes o cuyo paradero se ignore, interesados en un asiento de dominio que impida inscribir la posesión.” 4 Galindo Legislación Hipotecaria, 620.

Véase también Morell, Legislación Hipotecaria, tomo 5, páginas 448 y siguientes.

En el caso de Toro v. Registrador de Mayagüez, 25 D. P. R. 472, se decidió que el artículo 393 de la Ley Hipotecaria se contraía a las informaciones posesorias y no era aplicable a las de dominio.

Expuesto lo que antecede, procederemos al examen de las cuestiones concretas suscitadas por el registrador.

La primera se refiere al pago de la contribución. El cer-tificado que se presentó babla de una finca de dos cuerdas, situada en Pedernales, Cabo Pojo. El expediente de una finca de cuerda y media y una cuarta de cuadro, situada en Pedernales, Cabo Rojo. La contribución aparece pagada to-davía en 1919 a 1920 a nombre de la Sucesión Agustín Cas-telló. En el escrito inicial se expone que 'Wiscovich compró a doña Asunción Blanch en 1920 y en la escritura de venta dice la vendedora que adquirió la finca en 1902 por escritura formalizada en 1920. La compra la hizo a don Agustín Cas • telló como liquidador de la mercantil Patxot, Castelló y Cía. Parece que hubo un gran abandono explicable por el hecho de que no obstante haberse adquirido la finca en 1902, no se formalizó la escritura de adquisición hasta 1920 y ya no hubo tiempo para variar el nombre del contribuyente en la Te-sorería.

Por virtud de lo expuesto, nos inclinamos a creer que no existe el primer defecto apuntado por el registrador.

Veamos los defectos señalados con los números dos y tres. Ambos se refieren a la citación de la persona a cuyo favor aparece hecha la inscripción contradictoria. Creemos que el registrador está en lo cierto. Ya que se ha dado una inter-pretación tan liberal al artículo 393; ya que se acepta que el mismo expediente original para acreditar la posesión puede servir para cumplir con los requisitos exigidos para qne pueda inscribirse el posesorio no obstante la inscripción anterior contradictoria, es necesario que conste con absoluta claridad el consentimiento de la persona a cuyo favor apa-rece el referido asiento o que se le citó en forma debida, y aquí no existe tal constancia.

La inscripción en el registro aparece como se lia dicbo a favor de Patxot, Castelló y Compañía. En el auto apro-batorio el juez dice que Patxot, Castelló y Compañía fue liquidada por escritura pública en 1889 quedando el socio gestor Agustín Castelló becbo cargo del activo y pasivo de la compañía y por tanto como único representante y liqui-dador de la misma. Esa escritura no forma parte del ex-pediente ni se presentó al registrador. Parece que el juez siguió en su auto las palabras usadas en su escrito inicial por el peticionario, escrito que ni siquiera está jurado.

Basándose en que Castelló quedó convertido en el único dueño y en que murió, se cita a sus herederos nombrándolos el propio peticionario. No se llevó ante la corte más que la simple afirmación del peticionario en relación con este im-portante extremo.

Sostiene en su alegato el peticionario que él no está obli-gado a presentar a la corte la declaración de herederos. Es-tamos conformes, pero cuando no es posible acreditar cum-plidamente al tribunal quiénes son los herederos por tal me-dio o por otro de igual valor, entonces no puede aceptarse la simple indicación de la parte interesada, sino que debe recurrirse al medio que la ley señala, o sea, a la citación por edictos, lo que no se hizo en este caso.

Por virtud de lo expuesto, debe confirmarse la nota re-currida.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.


text:
    Martínez, Peticionario y Apelante, v. Juez Municipal de Mayagüez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez, en procedimiento de certiorari.

    No. 2634.
    Resuelto en marzo 6, 1922.

      Certiorari — Apelación—Desestimación de Apelación por Frívola. — Dietada sen-tencia en un caso de desahucio en contra del demandado, éste no puede pres-cindir del recurso ordinario de apelación y escoger el “certiorari” porque a su juicio es más rápido y eficaz, para pedir que se anule la sentencia.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Otero Rivera.

    Abogado del apelado: Sr. O. Altiery.

   El Juez Presidente Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La parte apelada solicita la desestimación del recurso interpuesto por ser frívolo. .Y tiene razón a nuestro juicio.

Se trata de un pleito de desahucio seguido en la Corte Municipal de Mayagüez. Se dictó sentencia declarando con lugar la demanda el seis de diciembre de 1921 y el deman-dado dos días después presentó una solicitud en la corte del distrito pidiendo que se declarara nula dicha sentencia. Oí-das las partes, la corte desestimó la solicitud “por cuanto teniendo el solicitante un remedio eficaz, beneficioso y rápido en ley, como era el recurso de apelación contra la sentencia a tenor de lo dispuesto en las secciones 10 y 11 de la Ley sobre Procedimiento de Desahucio, no procede la concesión del auto.”

Insiste el apelante en que el recurso de certiorari era más rápido y eficaz. Puede admitirse que era más rápido y fá-cil, pero esa admisión habría que hacerla en todos los casos y entonces el recurso ordinario de apelación quedaría total-mente sustituido por el extraordinario de certiorari. Y esa no fué en modo alguno la intención del legislador.

El apelante trata de presentar el caso como uno en que la corte municipal actuó sin jurisdicción. De los autos re-sulta que la demanda de desahucio se basaba eu falta de pago del canon del arrendamiento. Se citó a las partes para la primera comparecencia que marca la ley. Compareció el demandado y alegó la excepción previa de que existía pen-diente otra acción entre las mismas partes y por las mismas causas y formuló una contestación en la que expresa que ha-bía celebrado un contrato de arriendo con G-enaro Balzac, representante de la demandante y con él había convenido "en que la suma de doce dólares que la demandante tenía en su poder para responder de los alquileres se aplicara al pago de los del mes que venció el 25 de octubre y que para el pago de los del mes que venció el 25 de noviembre el demandado había depositado en la secretaría de la corte otros doce dó-lares. La demanda se interpuso el 2 de diciembre de 1921 y en ella se alegó que el demandado no había pagado los alquileres correspondientes a los meses vencidos el 25 de oc-tubre y el 25 de noviembre últimos. Así las cosas, la de-mandante solicitó que se dictara sentencia y la corte la dictó sin aguardar a la segunda comparecencia.

.¿Actuó por ello sin jurisdicción la corte? ¿Se trata de una sentencia nula por haber sido dictada en violación del trámite marcado por la ley? La cuestión es digna de estu-dio. Quizás la corte debió considerarla y resolverla por sus propios méritos, pero de todos modos no vemos que abusara de su poder discrecional y ya hemos dicho muchas veces que el auto de certiorari no es de procedencia obligatoria.

Por virtud de todo lo expuesto, debe desestimarse, por frívola, la apelación interpuesta.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, Aldrey y Hutchison.