text:
    José J. Gómez, demandante y apelado, v. Lucila Trujillo, demandada y apelante.
    Núm. 8240.

    Sometido: Noviembre 6, 1941.

      Resuelto: Noviembre 13, 1941.

      Bubón efe Ochoteco y Otero Suro efe Otero Suro, abogados de la ape-lante ; C. triarte, F. Fernández' Ouyar, II. González Blanes y F. Alvarado, Ir., abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso de divorcio instado por el marido en contra de la mujer, fallado por la corte de distrito declarando roto y disuelto el vínculo matrimonial.

El marido alegó que fue abandonado por su mujer desde mediados de 1936 y, además, que su mujer lo había injuriado y tratado cruelmente. Negó la demandada ambas imputa-ciones. Pué el pleito a juicio. El Juez Berga ante quien se celebró, dejó de existir y el caso pasó al juez en comisión J. A. González, quien apreció la evidencia como sigue:

“Hemos leído cuidadosa y detenidamente toda la evidencia prac-ticada por ambas partes, y después de estudiar las declaraciones de los testigos, y especialmente los testimonios del propio demandante y de la propia demandada, estamos firmemente convencidos de que tanto legalmente como moralmente al demandante le asiste la razón. Surge de toda la prueba la existencia de una intolerable situación dentro del hogar creada mayormente por las intransigencias, violen-cias y el carácter irascible y tempestuoso de la demandada. Las declaraciones de la parte demandada y de los testigos por ella pre-sentados no solamente son en su gran mayoría poco dignas de cré-dito, en vista de la improbabilidad de que sucediesen los hechos en la forma por ellos puesta de relieve, aunque en muchos detalles corroboran las declaraciones categóricas de los testigos de la parte demandante. Surge con gran fuerza de una lectura serena, fría e imparcial de la prueba aducida el hecho evidente y obvio de una imputación injustificada de relaciones impropias entre el demandante y la testigo Elena Lewis. Si bien toda la teoría de la parte deman-dada gira alrededor de estas supuestas relaciones, la evidencia carece en alto grado de poder persuasivo y no nos convence de la realidad de estas relaciones. Prácticamente podemos concluir que tal im-putación carece de base y no está sostenida por la prueba.
‘ ‘ Con excepción de lo declarado por la propia demandada, y ello en forma tal que no podemos darle crédito, los hechos puestos' de relieve por la evidencia del demandante no fueron seriamente impug-nados. La agresión que describió en forma desinteresada, clara y categórica el policía insular Angel Porrero, ocurrida en una calle pública, cuando la demandada abofeteó al demandante en forma inu-sitada y sin justificación de clase alguna; las palabras ofensivas, insultantes e injuriosas proferidas por la demandada al demandante delante de don Luis Noble, propietario de un establecimiento de me-cánica en la Avenida Fernández Juncos, y el hecho de haberse tenido que lanzar el demandante por una ventana de su propia casa huyendo del acometimiento intentado por la demandada con un revólver, acompañado de la intención expresada de matar al demandante, todo esto escuchado por dicho testigo Noble; el acometimiento ocurrido también en público, cerca del cine Puerto Rico, acompa-ñado también de palabras ofensivas e injuriantes, sobre el cual de-claró el testigo Domingo Rivera Rivera; el abandono de hogar que hizo la demandada llevándose sus hijos, yéndose para la casa de la Sra. Caballero, quien declaró también que dicha demandada le había manifestado definitivamente que no quería volver a vivir con el de-mandante, que éste fué a buscarla y ella le repitió que no quería vivir más con él; todos estos hechos, independientemente de los evidenciados por la declaración del propio demandante, revelan un trato cruel continuamente administrado por la demandada al deman-dante e injurias de carácter grave reiteradamente proferidas tanto en público como en privado, aun en la presencia de los hijos del matrimonio. Es fácil explicarse la actitud del demandante, quien se vió obligado a irse a vivir a casa del Sr. Fernández Abarca, no obstante tener su propio hogar, para evitar que sus hijos sufrieran las consecuencias de la actuación de la demandada.
“Revela la prueba, por otro lado, que el demandante es un hombre formal, serio y cumplidor de sus deberes. No solamente surge de una alegación específica de la contestación (defensa especial marcada IV) que el demandante siempre ha atendido a los gastos de la alimentación de la demandada y de sus hijos y a todas sus otras necesidades materiales, si que de la prueba resulta que la casa donde viven todos los componentes de la familia menos el propio demandante, es propiedad de éste y en adición a ello, el demandante le pasaba $20 semanales y luego $12 semanales a la demandada y a sus hijos. Resulta claro además, y ello es lógico y fácil de creer, que los reiterados actos de agresión, tanto de hecho como de palabra, de la demandada para con el demandante han enfermado a éste su sistema nerviso y como consecuencia le han afectado en su peculiar trabajo en los talleres de la Casa Abarca, el cual requiere un pulso muy sereno y poco nervioso. La evidencia al efecto de que el de-mandante se ha visto obligado a acudir frecuentemente al Auxilio Mutuo, un hospital, para ser tratado de los nervios, debido a 'los actos de la demandada, no fué en forma alguna contradicha. En la declaración de la demandada encontramos un dato sumamente sig-nificativo y que ilustra casi gráficamente la actitud mental de dicha parte. Refiriéndose al demandante, dice: ‘Él es muy necesario para la alimentación de mis hijos.’ (Itálicas nuestras.) Ciertamente no revela esta afirmación la existencia del ‘amor entrañable que siempre lia profesado y continúá profesando’ la demandada al de-mandante, como lo alega en su contestación. La necesidad que tenía la demandada del demandante no estribaba más que en la alimen-tación de los hijos.
“Damos entero crédito a las declaraciones obviamente desinte-resadas del policía insular Angel Borrero y del Sr. Luis Noble, y asimismo creemos el testimonio del demandante. Los actos de agre-sión, los insultos, las malas palabras y las ofensas en público, en privado y delante de los hijos, han quedado, a nuestro juicio, debi-damente probados, y así también el hecho de que todo ello era reiterado y constante así como su efecto perjudicial en la salud del demandante y en su eficiencia para el trabajo. No tenemos duda alguna de que la conducta entre las partes es tal que hace intolerable la vida conyugal, y especialmente el daño mayor de esta intolerable situación recaerá en los hijos menores.”

Y aplicó la ley y la jurisprudencia, así:

“Se ha resuelto que el uso sistemático y continuado de lenguaje soez,' blasfemo y áspero por parte del marido en presencia de la mu-jer y dirigido a ella que le cause sufrimiento mental y que pueda convertirse en un daño permanente para su salud le da derecho a que se decrete el divorcio a su favor. Axtmayer v. Ortiz, 19 D.P.R. 499. El mismo derecho tiene naturalmente el marido en igualdad de circunstancias. 'En dicho caso de Axtmayer, nuestro Tribunal Supremo, explicando los requisitos de la prueba en estos casos, se ha expresado en la siguiente forma:
“‘Al determinar cuál es la conducta que generalmente puede constituir crueldad por parte de cualquiera de los esposos debemos tener en cuenta las disposiciones de los estatutos y las circunstancias de cada caso en particular, teniendo siempre en consideración las condiciones físicas y morales de las partes así como el carácter y condición social de las mismas. Por lo menos debe probarse que la conducta entre las partes es tal que hace intolerable la vida conyugal ; y que aunque en algunos estados no es necesario probar que realmente ha habido daño corporal o temor de que se cause, sin embargo, la conducta debe ser de tal naturaleza que destruya la tranquilidad de espíritu y felicidad de la parte agraviada, de manera tal que perju-dique a su salud o anule enteramente los fines legítimos del matri-monio.’ (Páginas 501, 502.)
“No puede haber duda razonable alguna de que, dadas las cir-cunstancias de este caso en particular y tomadas en consideración las condiciones físicas y morales de ambas partes, así como su carácter y condición social, la conducta de la demandada destruyó la tran-quilidad de espíritu, la felicidad, la eficiencia y aun en parte la salud del demandante. Si bien es cierto que la mera aspereza de lenguaje, el mal genio o el rigorismo de carácter que no perjudica o quebrante la salud, no es un fundamento suficiente para justifi-car el trato cruel a que se refiere el artículo 96, inciso cuarto de nuestro Código Civil (Edición 1930), en el presente caso no sola-mente han concurrido estos extremos, si que también los que ante-riormente hemos enumerado, y todos juntos determinan el trato cruel e injurias graves justificativas del derecho del demandante a que se-decrete el divorcio a su favor. No se trata de lenguaje ofensivo o insultante usado en una sola ocasión aislada, en unión con el aban-dono evidenciado por la prueba toda. Figueroa v. Pierluisi, 25 D.P.R. 496.”

No conforme la demandada, apeló. Señala en su alegato dos errores, cometidos por la corte el primero al apreciar la evidencia y el segundo al decretar el divorcio sin causa sufi-ciente para ello.

Como el juez que falló el pleito no fue el que intervino en el juicio, nos encontramos en las mismas condiciones en que él se encontrara para apreciar y pesar la evidencia. Nuestra conclusión es distinta. A nuestro juicio la demanda debe ser declarada sin lugar.

Creemos que puede admitirse que quedó probado que una noche del año 1936, en Santurce, entre' la farmacia Olimpo y el teatro Paramount, en la acera, el policía insular Angel Borrero vió cuando la demandada se acercó al demandante y diciéndole que debía estar en su casa, lo acometió y agredió, que el policía intervino y el demandante le dijo que se trataba de su esposa, a quien montó en un auto que había al frente, retirándose los dos en él; que cierta tarde de dicho año Luis Noble fue a la casa de los esposos Grómez-' Trujillo llamado por el esposo para encargarle la reparación ele su auto y cuando Gómez pidió a su esposa la llave ella le dijo que la buscara él, tratándolo de sinvergüenza y cana-lla, y que Noble no queriendo oír más se fué, y que en otra ocasión estando Noble una noche en la calle vió a Gómez salir corriendo de su casa y oyó a la señora Trujillo que decía “párate ahí, que te voy a matar”; que en otra noche del 1936 estando Domingo Rivera parado frente al cine Puerto Rico vió a Gómez sólo, recostado en la verja, cuando se le acercó la señora Trujillo y le dijo, “¿Qué tú haces1 ahí, zángano? ¿Por qué no te vas para mi casa?”; que Rivera intervino aconsejando a Gómez que no hiciera caso y que varias personas presenciaron el incidente; que una noche Lucila Trujillo se presentó con sus cuatro hijos en casa de Sixta Caballero porqiíe había tenido un disgusto con su esposo, diciéndole que no quería volver a vivir con él, que Gómez fué a buscarla, y que estuvo allí cuatro días al cabo de las cuales volvió a la casa de su esposo.

T puede admitirse además que .no hay prueba de que el marido cometiera adulterio y que es cierto que marido y mujer vivían separados desde hacía más de un año cuando la demanda se interpuso.

Pero si todos esos hechos se examinan a la luz de lo que demuestra la prueba de la demandada, tendrá que concluirse necesariamente que no existe el abandono del marido por parte de la mujer y que si bien ésta realizó actos indebidos en las ocasiones indicadas, lo fué pasionalmente, excitada por la conducta incorrecta de su esposo en sus relaciones con otra mujer.

Examinemos en primer término el alegado abandono. Contestando a preguntas de su abogado, el propio marido declaró en el juicio: “¿Usted dice que lo botaron de su casa? R. — Sí, señor. . . . Eso fué allá por' el 1936. Mi señora me dijo que si yo no me iba, ella se iba; me dejó una carta donde me decía ... la carta la cogió ella y la destruyó . . . cuando me dejó el papel, se fué para casa de Sixta Caballero . . . Fui a suplicarle que viniera, que yo me iba, y dijo que no, que cuando fuera que no estuviera yo en casa y yo le dije Vayan para que vean cómo está la casa que yo me voy en seguida’ y entonces le hablé a don Eamón Fernández y me dijo‘bueno, vente para acá’ . . . Le pasaba para'alimentos $20, luego le he estado pasando $12.”

Lo que vamos a transcribir de la prueba de la deman-dada, entrando de lleno en el examen de la otra causa de acción — trato cruel e injurias graves — explica la actitud asumida por el demandante.

La primer testigo llamada a declarar fué Elena Lewis, la amiga del marido. Dijo que hacía bastante tiempo que conocía a Gómez quien le fué presentado por unos cuantos amigos en un paseo en San Juan; que no conoce a su esposa ni sabe si es casado; que durante tres años ha salido varias veces con él.

Se le presentó un retrato y lo reconoció como el suyo, explicando que lo había perdido con otros de sus familiares que tenía en una cartera que desapareció de su casa hacía cosa de un año. No sabe si el retrato estuvo en manos de Gómez.

Seguidamente compareció Angeles Gómez, hija del matri-monio Gómez-Trujillo, cajera del establecimiento mercantil “La Bayamonesa”. Manifestó que vivía con su mamá y sus cuatro hermanos. Su padre no vivía con ellos desde hacía tres años. Los visita a menudo. Durante el primer año a veces dormía en la casa.

Se le pidió que explicara por qué su padre no vivía con ellos y dijo: “Mi padre tenía una amiga ... Y a mi madre no le agradaba que él estuviera saliendo con tanta frecuen-cia con esa amiga, y empezaban a discutir por eso; y un día mi madre salió con la señora Gestero ... y volvió mi padre y mi madre, los dos se encerraron en el cuarto y des-pués mi madre salió, se metió con nosotros en la sala, y él le pegó delante de nosotros.”

Esa misma noche se fueron a casa de Sixta Caballero. Al volver a su casa, sus padres siguieron viviendo juntos, pero como su padre continuaba saliendo con su amiga, se suscitaban siempre discusiones. “Entonces mi padre se fué. Hasta ese tiempo mi padre había sido un padre modelo. Nos llevaba a pasear. Siempre salíamos con él. Desde que cono-ció a Elena Lewis no hubo paz.”

Trinidad Cestero declaró que conocía desde 1935 a los esposos Gómez-Trujillo a quienes visitaba. “Vivían felices,' un hogar que yo envidiaba . . . porque salían siempre jun-tos, y cuando no (él) se quedaba en la casa.” La felicidad no duró “pues él (Gómez) tenía gran amistad con el esposo mío, salían juntos, y una noche tuvo oportunidad de conocer (en el Nilo) a una amiga, que la presentó el esposo mío, que andaba como amiga de él, Elena Lewis.”

Cuando Gómez se fué de la casa, ella “lo llamó y le dijo que no se fuera . . . porque ella (la esposa) le dijo que él (Gómez) se quería ir . . . Lo aconsejó recordándole que tenía hijas señoritas y hacía falta en su casa, y que des-pués de vivir tantos años felices, ella (la esposa) lo quería mucho y sufría por su ausencia.”

Refiriéndose a la noche en que ocurrió el incidente refe-rido por el policía Borrero, dijo que salió con la esposa de Gómez y otra señora para la farmacia de Blanco y como la esposa viera el auto de Gómez frente al Paramount se montó en él, quedándose allí, siguiendo ella con la otra señora, y que luego encontró a la esposa en su casa llorando porque Gómez le había pegado.

José Gómez, de catorce años, hijo del demandante y de la demandada, fué el siguiente testigo. Declaró que su padre no vivía en su casa desde hacía tres años. El juicio se celebró en 1939. Reconoce un reloj que su padre había usado por muchos años y le regaló. Tenía en la tapa de atrás el retrato que Elena Lewis admitió que era el de ella y dijo que se le había perdido. Asegura que su padre le pegaba a su mamá. Se refiere específicamente a la noche en que su mamá y ellos — los hijos — se fueron de la casa, y dice: “Ellos llegaron de la calle. Mi papá y mamá y se encerraron en el cuarto; al rato mi mamá salió corriendo, entonces yo cogí el revólver y lo llevé a casa de la señora Cestero y ella lo guardó.” El revólver se lo dió su mamá. Ésta, en su decla-ración, explica lo del revólver, así: “El revólver estaba en un closet y cuando lo vi a él que abrió el closet, me imaginé que iba a cogerlo para usarlo, y entonces yo le quité el revól-ver y abrí la puerta y se lo di al nene y el nene salió corriendo con él.”

Eosalía Maysonet, una señora que vivía al frente de los esposos Gómez-Trujillo y que tuvo amistad con ellos por once años, manifestó que “ellos vivían muy bien basta allá tres años, que no están de acuerdo.” Las divergencias surgieron “porque él se enamoró de la señora Elena que está aquí.” Fueron muchas veces las que los vió juntos.

Por último Lucila Trujillo declaró que llevaba veinte y tres años de casada con el demandante y tenía cuatro hijos y una de crianza, “la mayor tiene 19 años; la segunda, Josefina, 17; el tercero, José, 14; y el más pequeño, Gustavo, 12, y la niña que hemos criado, 17.” Viven en la calle Silva, 13, desde el 1928. Antes vivieron ocho años en la parada 15, y con anterioridad en la Marina, frente a los talleres de Abarca. Cuando se casó su esposo trabajaba con Abarca y sigue trabajando en la actualidad. El tomó una habita-ción fuera de la casa el 13 de junio de 1936. Lo 'demás lo siguió.haciendo en la casa por un año. Luego se fué defini-tivamente . . . parece que a él le molestaba que yo le dijera que no me gustaba verlo andando con esa mujer, Elena Lewis.

“Antes su conducta era ejemplar. Imagínese, si él era bueno yo tenía que ser mejor.”

Cuando supo de sus relaciones, “le dije a mi esposo que yo estaba enterada que él salía con esa señora y que le había ofrecido casarse con ella; y entonces yo le dije qne me pare-cía qne los años qne llevávamos de casados eran ranchos, qne teníamos hijos grandecitos ya qne necesitaban de él . . . Sil primero decía qne a mí no me faltaba nada, qne él seguiría siendo igual; qne él no faltaba a sn casa, y qne yo no debía intervenir en los asuntos de él fuera de la casa; pero des-pués decía que a mí no me importaba y qne él podía hacer todo lo que le diera la gana y tener todas las qne él qui-siera. ’ ’

No obstante todo lo ocurrido la demandada alegó en sn contestación y declaró en el juicio qne deseaba que sn esposo volviera a su hogar porque lo seguía queriendo.

El testimonio es extenso. Difícil de resumir. Es cierto que cuando el abogado de la parte contraria le pregunta sobre los varios incidentes que tuvo con su esposo en la casa y fuera de la casa, se observa que elude toda responsabilidad y tiende a aminorarlos. Oculta, sin duda, entonces, parte de la verdad, innecesariamente a nuestro juicio porque aun lle-vados esos incidentes a su extremo mayor, no revelan un alma cruel, sino falta de control, apasionada, que sin deli-berada maldad va más lejos de lo que debe desesperada a virtud de la conducta del esposo.

No puede afirmarse en verdad que éste llegara a. cometer adulterio, pero sí puede concluirse que su conducta fué capaz de producir en el ánimo de su esposa los trastornos que produjo, y por tanto que debe-sufrir las consecuencias de sus actos y no aprovecharse de ellas para destruir el hogar que con su esposa formara.

El bienestar de los individuos y de las sociedades exige la preservación del hogar. Casos existen en que ello no es posible y el propio legislador se ha encargado de fijarlos. Entre ellos se encuentran los del abandono y trato cruel e injurias graves, pero el abandono no quiere decir simple-mente la separación. Quiere decir la voluntad firme y deli-berada de abandonar. Y el trato cruel y las injurias graves sólo existen cuando revelan el propósito dañado y persistente de herir, de amargar; no cuando se originan en momentos de súbita pasión.

A nuestro juicio, como ya dijimos, el divorcio no procede. No hay motivo justificado para que. el esposo en contra de la voluntad de su mujer, obtenga una sentencia declarando roto y disuelto el vínculo matrimonial que a ella lo une. Su hogar lo espera. Vuelva a ser el mismo de antes y al cabo de los años se sentirá agradecido al tribunal que no le con-cedió su petición.

Su sitio está al lado de la compañera que cuando comenzó a trabajar rudamente como mecánico, compartió con él estre-checes y sufrimientos. Sus hijos están clamando por su buen ejemplo que será su mejor guía. Que la prosperidad que lo llevó al parecer a la obtención de automóviles, y a diversiones y amistades peligrosas, no siga perturbando su mente y en vez de envolverlo por completo en su torbellino, sirva para-consolidar su hogar, robustecerlo y prepararlo para cuando las fuerzas para el trabajo falten.

La jurisprudencia con respecto a lo que se entiende por abandono y trato cruel e injurias graves como causas de divorcio, es clara, terminante. La propia que anota el juez sentenciador sostiene el criterio que hemos aplicado. Fué invocada erróneamente. Véanse además en cuanto al aban-dono los casos de Moll v. Llompart, 17 D.P.R. 694, Arce v. Lebis, 50 D.P.R. 899 y los en ellos citados, y en cuanto al trato cruel y las injurias graves, los de Fernández v. Hernández, 8 D.P.R. 237, Galip v. Drag, 28 D.P.R. 818, Figueroa v. Pierluisi, 25 D.P.R. 496, Manich v. Quero, 38 D.P.R. 93 y los en ellos citados.

Debe dedararse con lugar el recurso y revocarse la sen-tencia apelada, dictándose otra desestimando la demanda con costas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Del Toro

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Pueblo Rico, demandante y apelado, v. Juan Cardona Adames, acusado y apelante.
    Núm. 8877.

    Sometido: Noviembre 7, 1941.

      Resuelto: Noviembre 14, 1941.

      Diego F. Ramos, abogado del apelante; Ilon. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gomen, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nn caso de hurto menor en el que se sostiene que la denuncia no imputa al acusado la comisión del delito por el que se le persiguió y condenó.

La denuncia se formuló ante la Corte Municipal de Are-cibo. Fue la causa en apelación ante la del distrito, y lla-mada para la celebración del nuevo juicio que ordena la ley, el acusado presentó una excepción perentoria alegando que según resultaba de la faz de la denuncia los hechos impu-tádosle no constituían delito piíblico porque no se expresaba que los bienes hurtados pertenecían a otra persona, nom-brándola, y porque en la hipótesis de que se alegara que la persona perjudicada lo era M. Blanco & Co., debió alegarse la personalidad jurídica de ésta.

La excepción fué declarada sin lugar y, celebrado el jui-cio, la corte dictó sentencia declarando al acusado culpable del hurto menor, imponiéndole un mes de cárcel, con costas.

Es contra esa sentencia que se interpuso el presente recurso de apelación. El apelante ha presentado dos exten-sos alegatos. Insiste en ellos, con cita de jurisprudencia, sobre los puntos levantados en su excepción previa. Creemos que no le asiste la razón.

Dice la denuncia, en lo pertinente:

“. . . El referido acusado, Juan Cardona Adames, allí y entonces —un día de enero 1941, calle José de Diego, de Arecibo — ilegal, vo-luntaria y maliciosamente, y con la intención criminal de privar a su legítimo dueño del libre goce de su propiedad para lucrarse en su propio beneficio, sustrajo de la casa comercial de esta plaza pro-piedad del Sr. M. Illanco & Co. 27 pantalones khaki gabardina valo-rados en $32.60, llevándoselos consigo para lucrarse en su propio beneficio, privando de esta manera a su legítimo dueño del libre goce de su propiedad. ...”

Y la ley infringida es como sigue:

“Hurto (larceny) es el acto de sustraer, con intención criminal, bienes muebles o semovientes, pertenecientes a otra persona.” Art. 426 del Código Penal, ed. 1937, igual al 484 del de California.”

No hay duda de que la denuncia pudo redactarse mejor, de que pudo imputarse el delito con mayor perfección en menos palabras, pero tal como está, es suficiente. Alega que una propiedad mueble — 27 pantalones caqui gabardina valo-rados en $32.60 — fué sustraída por el acusado con intención criminal del establecimiento comercial de M. Blanco & Co., privándose de su propiedad a su dueño.

Lo importante en un caso de hurto es que la propiedad pertenezca a otra persona, natural o jurídica, esto es, que no sea del acusado, y que éste la sustraiga con la intención criminal de privar de ella a su dueño, lo que surge con toda claridad de la denuncia en este caso.

El nombre del dueño se expresa para certeza mayor y a los fines de identificar el hecho que constituye el delito, para que el acusado- pueda protegerse contra otra acusación por ese mismo delito. (People v. Mills Sing, 183 P. 865, 869, y People v. Nunley, 75 P. 676.) Y aquí además de alegarse la fecha y el sitio en que se cometió el delito y de descri-birse la propiedad hurtada, se expresa que se sustrajo “de la casa comercial de esta plaza propiedad del Sr. M. Blanco & Co.”, pudiendo inferirse de ello que el dueño de la mer-cancía — los 27 pantalones — lo era el del establecimiento de donde se sustrajo, o sea M. Blanco & Co. Pero aunque así no fuera, el acto imputado se identifica con tal seguridad, que el acusado queda protegido contra cualquier otra acusa-ción que por el mismo delito pudiera formulársele.

En cuanto a que aun aceptando que la acusación alegara que M. Blanco & Co. eran los dueños de la propiedad hurtada, la denuncia siempre sería insuficiente al dejar de expresar los nombres de sus socios, citando a Wharton’s Grim. Lato, sec. 1833, bastará decir que ese requisito no es necesario en Puerto Rico donde, como se dijo en Quintana Hnos. & Co. v. Ramírez & Co., et al., 22 D.P.R. 761, 770:

“La sociedad es una persona jurídica distinta de las personas naturales de los socios que la forman. Tal persona jurídica tiene, de acuerdo con la ley, sus derechos y sus obligaciones y uno de esos derechos consiste en adquirir, poseer y disfrutar bienes materiales. Los bienes adquiridos por la sociedad a la sociedad pertenecen y no individualmente a ninguno de los socios. Los socios tienen un in-terés en el capital social, pero tal interés sigue el destino de la so-ciedad. Sólo cuando ésta se disuelva y liquide, es que los socios adquirirán individualmente para sí lo que les corresponda.”

Pero aunque así no fuera nunca se trataría de un defecto fatal, según fué resuelto en People v. Goggins, 80 Cal. 229.

Debe declararse no haber lugar al recurso y confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    Juan Román Reyes, peticionario y apelante, v. La Corte Municipal de Arecibo, Hon. Fermín V. Cachola, Juez, demandada.
    Núm. 8317.

    Sometido: Noviembre 4, 1941.

      Resuelto: Noviembre 14, 1941.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Esteban Susoni Lens, abogado de los demandados en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Anita Natal y Francisco Medina mancomunada y soli-dariamente suscribieron un pagaré a la orden de Juan-Román Reyes por la cantidad de $100 de principal, más intereses a razón del 9 por ciento anual, obligándose también expresa-mente al pago de las costas, gastos y honorarios de abogado en caso de reclamación judicial.

Vencida la obligación el primero de enero de 1940 y no satisfecha, su tenedor, el 25 del mismo mes, radicó demanda para su cobro en la Corte Municipal de Arecibo. Alegó entre otras cosas que contrató los servicios del abogado Sr. Mer-cader para dicho pleito en la cantidad de $62, y terminó soli-citando sentencia por $162, con los intereses correspondientes.

Anotada la rebeldía de los demandados, el Secretario con fecha 24 de febrero de 1940, registró una sentencia en rebel-día cuya parte dispositiva dice así:

“Por tanto, se dicta la misma condenando solidariamente a los demandados a pagar al demandante la suma de $162, e intereses al 9 por ciento anual hasta su total pago;”

En ejecución de dicha sentencia, el Márshal de la Corte Municipal de Manatí embargó cierta finca de los demandados radicada en aquel municipio y fijó día para su venta en pública subasta, la que fué dejada sin efecto al interponerse por los demandados una reclamación de homestead que luego fué denegada por la Corte Municipal de Arecibo, señalándose nuevamente la subasta. Radicaron entonces los demandados otra moción en la misma corte, solicitando que se declarase nula e inexistente la sentencia en rebeldía, por carecer el secretario de jurisdicción para fijar honorarios de abogado cuando dicta obligación, como en el presente caso, no está representada por una suma líquida, citando en apoyo de su proposición el caso de Martínez v. Figueroa, 50 D.P.R. 951. En la misma moción solicitaron los demandados la suspen-sión de la nueva subasta basta tanto se resolviese en defi-nitiva sobre la nulidad e inexistencia de la ameritada senten-cia.

Sin oír al demandante y sin exigir fianza a los demanda-dos para responder de los daños que pudieran irrogarse al primero, se decretó la suspensión en los términos solicitados pos los demandados, señalándose día para oír a las partes sobre la cuestión de la nulidad e inexistencia.

A fin de revisar dichos procedimientos seguidos en la Corte Municipal de Arecibo, recurrió el demandante Juan Román Reyes a la corte de aquel distrito, interesando un auto de certiorari que fué expedido, recayendo una sentencia el 19 de diciembre de 1940, cuya parte dispositiva dice así:

“Se ordena a la Corte Municipal de Arecibo, Hon. Fermín V. Cachola, Juez, que proceda a terminar los procedimientos en el caso civil número 535, ordenando que prosiga la ejecución con una nueva subasta para vender la finca de los demandados por una suma en ejecución de $100 y los intereses al 9 por ciento anual basta su total pago, que fué el capital e intereses convenidos y objeto de la senten-cia, y que del producto de dicho remate se pague únicamente al de-mandante la suma de $100 y los intereses al 9 por ciento anual, sin incluir la cantidad de $62 de honorarios y gastos, porque el Secre-tario no podía ministerialmente dictar sentencia por esa suma, no habiendo en el pagaré ninguna cantidad específica para el pago de costas y honorarios, ni existiendo memorándum presentado por la parte demandante dentro del término de ley.”

Fué contra la referida sentencia que interpuso Juan Román Reyes este recurso de apelación. Fundamentándolo imputó a la corte inferior dos errores, a saber:

(1) Al declarar con lugar el auto de certiorari y extrali-mitarse en sus facultades al corregir el fallo de la corte municipal que no había sido apelado; y

Al no declarar que la solicitud de hogar seguro hecha por los demandados y la resolución del Juez° Municipal denegándola, convalidaron la sentencia en rebeldía.

Es verdad que dicha sentencia era firme por no haberse interpuesto hasta entonces recurso alguno contra ella; pero no es menos cierto que la validez y existencia de dicho fallo se hallaban en controversia a virtud de la moción de los demandados que motivó la suspensión de la segunda subasta. Si la sentencia era inexistente como sostenían los demandados, claro es que podía ser atacada en cualquier' .tiempo bien directa o ya colateralmente, y siendo ello así, de ser inexistente tal sentencia procedería impedir su ejecución. Por consiguiente actuó con arreglo a derecho la corte de distrito al entrar a considerar si dicha sentencia era o no inexistente.

No habiéndose estipulado en el pagaré una cantidad líquida para honorarios de abogado, carecía de jurisdicción el secretario de la corte municipal para incluir en la sentencia en rebeldía una cantidad determinada y líquida por concepto de tales honorarios. Martínez v. Figueroa, supra; Rivera v. Corte, 44 D.P.R. 817; De León v. Pérez, 54 D.P.R. 215. Véase también Zaragoza v. Santiago, 51 D.P.R. 532.

La circunstancia de haber reclamado el demandante la cantidad de $62 por el concepto indicado, no convirtió en una suma líquida la obligación de pagar honorarios de abogado, pues no podía el demandante por su sola cuenta verificar tal liquidación, y no siendo líquida la obligación, era a la corte exclusivamente a quien incumbía fijar su cuantía.

Ahora bien, el hecho de que el secretario carezca de jurisdicción para incluir en la sentencia la partida de honorarios no afecta sus demás pronunciamientos, siendo válido el fallo por el principal de la obligación, $100, con sus intereses, por ser aquella una cantidad líquida, y de fácil determinación los intereses mediante una simple operación aritmética. De la Torre v. National City Bank of New York, 91 F. (2d) 399, 404. Pero el demandante tenía derecho a una cantidad razonable por concepto de honorarios de abogado por haberse obligado los demandados a pagarlos. Por con-siguiente, erró la corte de distrito al privar al demandante de ese derecho cuando ordenó a la corte municipal que expi-diese una nueva orden de ejecución eliminando totalmente la partida de honorarios y limitando la sentencia al principal del pagaré y sus intereses. Lo procedente era, conforme se resolvió en el caso federal últimamente citado, devolver los autos a la corte municipal para que dejase sin efecto el pro-nunciamiento de honorarios de abogado hecho por el secre-tario y para que los fijase entonces la corte municipal previa audiencia de las partes.

Como el defecto de la sentencia en rebeldía era de carácter jurisdiccional, el hecho de que los demandados no hubiesen apelado de la sentencia y hubiesen reclamado el derecho de homestead no podía suplir la falta de jurisdicción que sólo puede conferirla la ley y nunca los litigantes.

Tampoco convalidó la sentencia en rebeldía en cuanto a dicha partida respecta, la resolución de la corte municipal que denegó el alegado derecho de homestead, pues si bien en el último párrafo de dicha resolución el juez municipal declaró: “esta corte deja en pie y con todos sus efectos lógales la sentencia dictada, . . . decretando que no existe hogar seguro en la finca embargada por el demandante,” tal declaración se refería exclusivaimente al efecto que sobre dicha sentencia hubiese podido tener la reclamación de homestead, pero no estaba entonces en controversia ni se refería el Juez en aquellos momentos a la cuestión de falta de jurisdicción por parte del secretario para fijar honorarios de abogado. Aunque hubiera sido su intención convalidarla, la convalidación no hubiera sido efectiva, pues lo inexistente no es susceptible de ratificación. Sólo podía hacerse por la corte un nuevo pronunciamiento sobre el particular luego de oír a las partes.

Procede, por lo expuesto, revocar la sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo de 19 de diciembre de 1940 y en su lugar ordenar que se devuélvan los autos a la Corte Mum-cipal de Arecibo, por conducto de la corte de dicho distrito, para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    Celia Olmedo Woods, demandante y apelada, v. Romualdo Rivera, Pablo Meléndez y Philip El Koury, demandados y apelantes.
    Núm. 8363.

    Sometido: Noviembre 10, 1941.

      Resuelto: Noviembre 17, 1941.

      E. Martínez Rivera, abogado de los apelantes; Miguel Olmedo, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Los Lechos y antecedentes de este caso, son como signe:

En julio 14, 1938, Celia Olmedo radicó una demanda contra el que fué su esposo, Romualdo Rivera, y contra Pablo Meléndez y Philip El Koury, solicitando la nulidad de una sentencia obtenida por Meléndez contra Rivera, en una acción sobre cobro de un pagaré; y la nulidad de la venta de un inmueble hecha para satisfacer la sentencia dictada contra Rivera. Las alegadas causas de nulidad fueron: (a) que habiendo quedado disuelta la sociedad de gananciales entre Celia Olmedo y Romualdo Rivera, antes de que se iniciara la acción contra Rivera, no se pueden vender bienes ganan-cíales para satisfacer la sentencia, sin hacer parte deman-dada a la esposa, cosa qne no se hizo; (b) qne el pagaré en qne se basó la acción contra Rivera era simulado; y (c) que el procedimiento seguido fué el resultado de una conspira-ción entre los tres demandados para defraudar a Celia Olmedo de la mitad que le corresponde en la finca ejecu-tada, la que fué adjudicada al demandado El Koury. En diciembre 30, 1938, la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia desestimando la demanda. Apeló la demandante. Y habiéndose negado la corte inferior a aprobar la expo-sición del caso sometida por la apelante, acudió ésta ante nos en solicitud de que aprobásemos dicha exposición. En diciembre 18 de 1940 esta Corte Suprema resolvió no apro-bar la exposición del caso, pero reservó a la demandante apelante el derecho a solicitar de la corte inferior la con-cesión de un nuevo juicio. Solicitado éste oportunamente, la corte inferior lo concedió por resolución dictada en abril 3, 1941. Apelaron los demandados de la resolución conce-diendo el nuevo juicio y también de otra resolución dictada on la misma fecha, por la que se ordena al registrador de la propiedad que reinstale la anotación de lis pendens que había sido cancelada por orden de la misma corte. En abril 21, 1941, la corte inferior concedió al taquígrafo 20 días para la preparación de la transcripción de la evidencia. A petición del taquígrafo y sin que éste alegase causa o motivo para ello, la corte inferior concedió cinco prórrogas de treinta días cada una, haciendo constar al aprobar la última en septiembre 17 de 1941 “que no se concederán nuevas prórrogas a no ser por motivos justificados, a juicio de esta corte.” Desde esa fecha en adelante, la corte inferior ha seguido prorrogando el término, por el alegado motivo de encontrarse enfermo el taquígrafo que actuó en el acto de la vista de la moción de nuevo juicio.

En sus oposiciones a la concesión de nuevas prórrogas y en la moción que ahora formula para que el presente recurso sea desestimado por ser frívolo y por no haber sido proseguido con la debida diligencia, la parte apelada insiste en que no bay evidencia alguna que transcribir y alega que en la vista de la moción de nuevo .juicio sólo se presentaron a la consideración de la corte los documentos obrantes en el expediente del caso, sin que se practicara prueba testifical alguna; y que esos documentos pueden ser copiados por cualquier mecanógrafo en muy pocas boras, no siendo nece-sario por tanto esperar a que el taquígrafo lo baga cuando recupere su salud.

A nuestro juicio procede la desestimación del recurso por ser éste frívolo e interpuesto con el propósito de dilatar y obstaculizar la vista del caso en sus méritos.

En la resolución concediendo el nuevo juicio la corte inferior se expresó así:

“Réstanos considerar si la demandante nos ha presentado un caso con méritos suficientes para justificar se celebre un nuevo juicio. Sólo tenemos ante nos las alegaciones, la moción de nuevo juicio, parte de la prueba documental, y la transcripción de parte de la evidencia de los demandados. La lectura de las declaraciones de los demandados Meléndez y Rivera (el demandado El Koury no declaró), y de la opinión de la corte, es suficiente para indicar que la deman-dante bien pudo obtener del Tribunal Supremo la revocación de la sentencia, y que por lo tanto, ya que es imposible la apelación al Tribunal Supremo, debe dársele a la demandante la oportunidad de un nuevo juicio. Además, de las alegaciones aparece que, aun cuando no hubiese mediado fraude o simulación, la venta judicial a El Koury es nula en tanto en cuanto pueda afectar los intereses de la demandante, ya que ella no fué parte en la acción promovida por Meléndez, ni podía Rivera representarla a ella ni a la sociedad de gananciales, disuelta con anterioridad como resultado del divorcio de los cónyuges.” Bastardillas nuestras.

La razón fundamental que tuvo esta corte, al reservar a Celia Olmedo el derecho a solicitar de la corte inferior la concesión de' un nuevo juicio, fué, que habiendo inter-venido en el juicio dos taquígrafos y tomado cada uno de ellos una parte distinta de la evidencia, al fallecer uno de dichos taquígrafos sin haber podido transcribir sus notas, a la apelante se le hizo absolutamente imposible presentar la transcripción de evidencia necesaria para perfeccionar su apelación. Hizo la apelante cuanto le fué posible dentro de las circunstancias del caso. Obtuvo una transcripción de la parte de la evidencia tomada por el taquígrafo sobreviviente, y preparó una exposición del caso, sometiéndola a la apro-bación de uno de los jueces de la corte inferior, quien se negó a aprobarla. Esta Corte Suprema se negó igualmente a darle su aprobación, pero considerando que sería injusto privar a la apelante del derecho que la ley le concede a toda parte para que la sentencia que contra ella se dicte pueda ser revisada en apelación por esta Superioridad, le reservó a dicha parte el derecho de acudir a la corte inferior en solicitud de nuevo juicio.

La corte inferior, como hemos visto, opinó que la parte de prueba documental y la transcripción parcial de eviden-cia que le fueron presentadas"eran suficientes “para indicar que la demandante bien pudo obtener del Tribunal Supremo la revocación de la sentencia.” Aun cuando al examinar la prueba que tuvo ante sí la corte inferior nos viésemos obli-gados a diferir de su opinión en cuanto a la suficiencia de la evidencia, siempre tendríamos ante nuestra vista como una incógnita imposible de eliminar la evidencia tomada y no transcrita por el difunto taquígrafo, la cual podría bastar para llevar a nuestro ánimo la convicción de que la corte inferior erró al desestimar la demanda. Fué la imposibili-dad absoluta de reproducir esa prueba la que nos indujo a reservar a la demandante el único camino que le quedaba para poder tener su día en corte, el nuevo juicio.

Somos de opinión que la corte inferior no erró al con-ceder el nuevo juicio y que siendo ese supuesto error la base de este recurso, el mismo debe ser desestimado por frívolo.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    Monserrate Rivera, demandante y apelada, v. Salvio Durán Vázquez, Juan José Gerardino y Joaquín Ortiz, demandados y apelantes los dos últimos.
    Núm. 8225.

    Sometido: Junio 16, 1941.

      Resuelto: Noviembre 18, 1941.

      Felipe Colón Díaz, abogado de los apelantes; Francisco Capó Pagan, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso nos lia sido sometido mediante moción para que el mismo sea desestimado por causa de frivolidad.

Monserrate Rivera demandó ante la Corte de Distrito de Ponce a Salvio Durán y a sus dos fiadores Juan J. Gerardino y Joaquín Ortiz, para recobrar la suma de $1,561.09 por concepto de daños y perjuicios eausádosle por el embargo indebido de sus bienes en un pleito sobre nuli-dad de testamento incoado por Durán contra dicha deman-dante y aquí apelada. Dicho pleito fué fallado a favor de la demandada Monserrate Rivera, siendo confirmada la sen-tencia por esta Corte Suprema en julio 30 de 1938. Véase Durán v. Sucesión Durán, 53 D.P.R. 750.

La Corte de Distrito de Ponce dictó sentencia, por la cual condenó a los demandados G-erardino y Ortiz, manco-munada y solidariamente, a pagar a la demandante Monse-rrate Rivera una indemnización de $970.28, más $150 por concepto de honorarios de abogado. Es contra esa sentencia que los demandados han interpuesto el presente recurso, en el que imputan a la corte sentenciadora la comisión de los siguientes errores:

“1. Cometió error la Corte de Distrito de Ponce al declarar, como declaró, sin lugar nuestra moción solicitando un bill of particulars.
“2. Erró la corte inferior al declarar con lugar la demanda, concediendo a la demandante la cantidad de $1,159.37, por ser con-traria a la evidencia documental presentada por la parte demandada y, además, por ser contraria a la ley sobre intereses que rige en Puerto Rico.
"3. Erró la corte inferior al concederle a la parte demandante una cantidad mayor que la propuesta por los demandados a la deman-dante en nuestra moción de transacción.
“4. Erró igualmente la corte' inferior al concederle a la parte demandante honorarios de abogado.”

En la demanda radicada por Monserrate Rivera, ésta alegó que en la fecha en que se practicó el embargo del dinero depositado a su nombre en el banco, ella tenía concertada una operación para colocar $2,000 en hipoteca sobre bienes inmuebles, a un tipo de interés no menor de 12 por ciento anual; y que'dicha operación no pudo llevarse a cabo por causa del embargo. Los demandados solicitaron que se ordenase a la demandante que revelase el nombre de la persona a quien se iba a hacer el préstamo y el inmueble sobre el cual habría de constituirse la hipoteca. La corte inferior denegó la moción por entender que los informes solicitados constituían “materia evidenciaría impropia de una alega-ción.”

La concesión o denegación de una moción solicitando un pliego de especificaciones es una cuestión que cae dentro de la sana discreción de la corte. 49 C.J. see. 887, pág. 625. Como regia general, una parte litigante no puede ser obli-gada a descubrir la evidencia de que intenta valerse, ni tam-poco el nombre de los testigos que piensa presentar. 49 C. J., see. 900, pág. 637.

En el caso de autos, los demandados fueron suficiente-mente informados por la demanda de la naturaleza de los daños que la demandante alegaba haber sufrido como con-secuencia del embargo ilegal de su dinero. El nombre de la persona a quien se iba a hacer el préstamo y la finca que el prestatario habría de dar en garantía no eran datos absolutamente necesarios para que los demandados pudiesen contestar la demanda. En el acto del juicio, según consta de la transcripción de la evidencia, se probó que la persona con quien se había contratado el préstamo era Manuel Sol-devila Ferrer y se identificaron las fincas que habían de ser hipotecadas. Los demandados tuvieron la oportunidad de repreguntar al testigo y de controvertir sus manifestaciones.

El error, si alguno se hubiere cometido, no fué perjudi-cial a los demandados y es frívolo.

La cantidad concedida como indemnización fué la de $970.28, y no la de $1,159.37 como erróneamente se alega en el segundo señalamiento.

La ley vigente en marzo 31 de 1933, fecha en que se practicó el embargo y cuando la señora Eivera concertó con el señor Soldevila el préstamo de $2,000 al 12 por ciento anual, era la titulada “Ley sobre fijación de interés en toda clase de obligaciones,” aprobada en primero de marzo de 1902 y enmendada por la de 12 de marzo de 1903.- Dicha ley permitía la contratación de préstamos a un tipo de interés no mayor de 12 por ciento anual. La ley núm. 5 aprobada en 17 de agosto de 1933, enmendó la del primero de marzo de 1902, reduciendo a 9 por ciento y 8 por ciento el tipo de interés, según la cuantía de la obligación. Dicha ley, aun cuando empezó a regir inmediatamente después de su apro-bación, no puede ser aplicada a una obligación contraída con anterioridad a dicha fecha. No erró, pues, la corte inferior al computar los daños sufridos por la demandante, tomando como base el tipo de 12 por ciento estipulado.

Los dos xíltimos señalamientos carecen en absoluto de méritos. La proposición de transacción hecha por los demandados durante la pendencia del pleito, no obliga en nada a la demandante. Ésta no aceptó dicha oferta de transacción y obtuvo una sentencia por cantidad mayor que la que le fué ofrecida. Véase: artículo 313 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La corte sentenciadora tiene la facultad discrecional necesaria para imponer a la parte perdidosa el pago de honorarios de abogado. La suma concedida en este caso es a nuestro juicio razonable. No encontramos justificación alguna para sostener que la corte inferior abusara de su discreción.

El recurso debe ser desestimado por ser frívolo.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señor, Travieso

text:
    Francisco G. Planas, demandante y apelante, v. Ana Chambers, demandada y apelada.
    Núm. 8358.

    Sometido: Noviembre 13, 1941.

      Resuelto: Noviembre 18, 1941.

      Diego O. Marrero, abogado del apelante; Henry G. Molina, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor, Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Francisco G-. Planas radicó demanda de divorcio por abandono contra su esposa Ana Chambers, alegando que él es vecino de San Juan y que “la demandada reside actual-mente en la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América.” La demanda fué radicada y el emplazamiento expedido el 25 de octubre de 1939. El mismo día, el marshal de la Corte de Distrito de San Juan devolvió el emplazamiento, haciendo constar en el certificado de diligenciamiento que “el presente emplazamiento no ha sido notificado a la demandada Ana Chambers, porque ésta no está actualmente residiendo en la Isla de Puerto Pico, y según la mejor información obtenida, la cual creo cierta, esta demandada se encuentra en la ciudad de Nueva York.”

El mismo día 25 de octubre de 1939, el demandante soli-citó y obtuvo una orden para la citación de la demandada por medio de edictos. Alegó en su moción “que le consta de propio conocimiento que la demandada no se encuentra residiendo aquí e ignora sn residencia, pero sabe que reside en Nueva York.” Publicados los edictos, anotada la rebel-día y visto el caso, sin la comparecencia de la demandada, en 30 de enero de 1940 la corte inferior dictó sentencia a favor del demandante.

En octubre 31 de 1940 la demandada Ana Chambers radicó una moción solicitando se dejase sin efecto la sentencia dictada en su contra y se le permitiera radicar una contes-tación a la demanda. Alegó en su moción, que ella nunca fue emplazada,- que no se le envió copia de la demanda ni del emplazamiento, a pesar de que el demandante sabía y conocía la residencia de la demandada en Nueva York para la fecha en que se tramitaba el procedimiento; que es falsa la alegación del demandante de que él ignoraba la residen-cia de la demandada en Nueva York, por cuanto para esa fecha el demandante enviaba regularmente todas las sema-nas a la demandada, por conducto de su hijo Prank Planas Chambers, quien trabajaba en San Juan, la suma de $35, de los cuales diez eran para su hija; que el fin que se pro-puso alcanzar el demandante al no notificar a la demandada, fué el de obtener el divorcio a espaldas de la demandada, sin que ésta tuviera oportunidad de defenderse; que es falso que la demandada no residiera con el demandante por haberse negado a vivir con él o que la demandada hubiera abando-nado el hogar o se hubiera negado a regresar al mismo para convivir con su esposo; que para la fecha en que se radicó la demanda en este caso, se hallaba pendiente ante la misma corte otra acción de divorcio entre las mismas partes, y que eso no obstante el demandante ignoró la acción ya pendiente para iniciar una nueva acción por una causal de divorcio distinta; que- el demandante ha actuado de mala fe, apro-vechándose de la ausencia de la demandada para obtener el divorcio a sus espaldas.

En su oposición a la moción, el demandante negó todas aquellas, alegaciones en las que se le imputa mala fe, y como materia nueva alegó que desde su regreso a la Isla en marzo de 1940, la demandada solamente demostró tener interés en que el demandante se obligase por medio de un documento a pasarle una pensión durante su vida y la del demandante; que el demandante dió instrucciones a su abo-gado para que preparase dicho documento; que el docu-mento fué preparado, pero la demandada nunca se presentó a firmarlo; que el demandante no volvió a saber de ella basta que fué notificado de la moción para dejar sin efecto la sentencia; y, por último, que descansando en la sentencia de divorcio, el demandante contrajo matrimonio con Ligia Laforet Carbonell.

En noviembre 28, 1940, la corte inferior, después de oír ia prueba de una y otra parte, dictó su resolución dejando sin efecto la sentencia de divorcio, por entender que la misma es nula por haber sido dictada sin que la corte hubiese adquirido jurisdicción sobre la persona de la demandada, y, además, porque las circunstancias exigen que se dé a la demandada una oportunidad de contestar la demanda, para lo cual se concedió a ésta un término de diez días.

No conforme, el demandante interpuso el presente re-curso, y para sostenerlo alega que la corte inferior erró:

Io. Al resolver que en octubre 25, 1939, el demandante conocía la dirección de la demandada en New York, y que ocultó ese hecho a la eor-te para no tener que notificar por correo a la demandada.

2o. Al resolver que la sentencia de divorcio es nula por falta de jurisdicción sobre la demandada.

.3°. Al abusar de la discreción que le concede el artículo-140 del Código de Enjuiciamiento Civil no teniendo en cuenta al dejar sin efecto la sentencia, que el demandante había contraído nuevas nupcias.

Haremos un resumen de la prueba testifical que consideramos pertinente para la decisión de la única cuestión envuelta en el presente recurso, o sea la de si la corte inferior abusó o hizo buen uso de su discreción al decretar la nulidad de la sentencia.

Declaró en primer término la demandada, y dijo:

Que vivió en Puerto Pico hasta el 27 de agosto, 1939, fecha en que se fué a Estados Unidos por encontrarse muy enferma; que mientras estuvo en Nueva York su esposo, ■el demandante, continuó pasándole $25 semanales, los que le enviaba por conducto de su hijo; que regresó a Puerto Pico en marzo 28, 1940; que en ese mes de marzo fué que ■•supo por primera vez que su esposo se había casado y que fue su hija la que llevó la noticia al hospital; que en Nueva York residía con su hermana en Jackson Pleights, L. I., y que su esposo conocía a su hermana y había estado en su casa muchas veces; que en ocasiones anteriores ella vivió con su tía, Mrs. Lizzie O’Brian, en 60 Brooklyn Place, Brooklyn, también conocida por su esposo; que no es cierto que durante los últimos cinco años ella se haya negado a vivir con su esposo; que ella siempre se cuidó de la casa y de los hijos; que fué él quien abandonó el hogar en septiembre 17, 1934, diciendo que no volvería más, y ella siguió en la casa con sus dos hijos; que desde esa fecha él no volvió más a la casa; que no puede decir si estaría dispuesta a vivir otra vez con su esposo, pues éste ha estado viviendo con otra mujer durante cinco años.

Francisco J. Planas, hijo del demandante, declaró: que él no ha intervenido en la controversia entre sus padres, por ser una cuestión muy delicada para él; que después que su mamá se embarcó para Nueva York, su papá le entregaba todos los viernes $35 para que se los enviase a su mamá y él se los enviaba; que su padre sabía que ella estaba en Nueva York; que el demandante estaba informado de la enfermedad de su esposa por las cartas que recibía; que en todo ese tiempo su padre no le dijo que hubiera presen-tado otra demanda de divorcio, y que él se enteró del divor-cio por una crónica social de un periódico en la que se decía que su padre se había casado. Repreguntado por la defensa, contestó: que su padre sabía que su mamá estaba en Nueva York y sabía hasta donde vivía, “porque en repetidas oca-siones yo le dijo que ella vivía con su hermana en Nueva York, con la hermana de mi mamá.”

El artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil pro-vee, entre otras cosas, lo siguiente:

“Cuando por cualquier causa la citación en una demanda no se hubiese hecho al demandado en persona, podrá la corte, en la forma que estimare justa, permitir que dicho demandado o su representante legal, en cualquier tiempo dentro del año de pronunciado el fallo en ella, la conteste tal como se interpuso.”

La corte inferior declaró como hecho probado que en la fecha en que el demandante juró que “la demandada no se encuentra residiendo aquí e ignora su residencia,” dicho demandante sabía cuál era el sitio donde residía su esposa en la ciudad de Nueva York. Las declaraciones de la de-mandada y de su hijo, a las que la corte inferior dió entero crédito, son ampliamente suficientes para sostener las con-clusiones de la corte inferior. Aceptado, pues, el hecho de que el demandante ocultó a la corte inferior el conocimiento que tenía de la dirección o residencia de su esposa en New York, con el propósito de que la orden de publicación de edictos no incluyese el requisito de notificación a la deman-dada por correo, la corte inferior procedió correctamente al declarar que la notificación por edictos era nula y que la corte carecía de jurisdicción para dictar la sentencia de divorcio..

El caso de Ligare v. California Southern Railroad Company, 76 Cal. 610, 18 P. 777, citado por el apelante en apoyo de su contención de que no era necesario el envío de una copia del emplazamiento por correo a la demandada, no es aplicable al caso de autos, por envolver una situación enteramente distinta a la del presente caso. En el caso citado se impugnó la suficiencia del affidavit que sirvió de base a la publicación de edictos, por dos motivos, (a) insu-ficiencia en cuanto a las alegaciones sobre las diligencias practicadas para encontrar al demandado dentro del estado, y (h) que en'el affidavit no se alegaba que el sitio de resi-dencia del demandado no era conocido por el demandante. En cnanto al primer punto se resolvió que el affidavit era suficiente para sostener la inferencia de que se liabía actuado con la debida diligencia. En cuanto al segundo, se sostuvo que no era necesario que en el affidavit se hiciera constar si la residencia del demandado era o no conocida por el demandante, pues ése es un requisito que debe cumplirse solamente cuando se trate de un demandado no residente o ausente. Véanse: Ricketson v. Richardson, 26 Cal. 153, 154, y artículos 94 y 95, Código de Enjuiciamiento Civil.

En el caso de autos, encontrándose la demandada en Nueva York en la fecha en que se solicitó la publicación de edictos, era necesario que el demandante hiciese constar en su declaración si conocía o le era desconocida la residencia de la demandada. Juró el demandante falsamente que igno-raba la residencia de su esposa, y al hacerlo así vició de nulidad la orden de publicación de edictos y todo lo actuado por virtud de la misma.

Consideramos igualmente inaplicable el caso de Day v. Nottingham, 66 N. E. 998, decidido por la Corte Suprema de Indiana. Dicho caso más bien sostiene las contenciones de la parte aquí apelada y la resolución recurrida. Bastará que citemos el siguiente párrafo :

“El cuarto párrafo de la petición del apelante solicita que se deje sin efecto la sentencia en el procedimiento de divorcio por el fundamento de que la demandante en dicho procedimiento fué culpable de fraude al engañar o confundir a la corte mediante declara-ciones falsas en el affidavit por ella presentado al efecto de que la residencia de su esposo le era desconocida. Aun cuando por regla general es contrario a la política de la ley intervenir con las sen-tencias dictadas en procedimientos de divorcio, sin embargo, todavía reconocemos la bien sentada doctrina de que un decreto o sentencia en tales casos puede, en un procedimiento directo para tal fin, ser dejado sin efecto o anulado a petición de la parte perjudicada, cuando la sentencia ha sido obtenida por fraude de la parte a cuyo favor fué dictada, o cuando dicha parte ha sido culpable de fraude o engaño al impedir que su adversario o adversaria fuera notificado de la pendencia de la acción según lo requiere la ley, o de impedir su comparecencia en el procedimiento o en la defensa de la acción. Este derecho es concedido en algunos casos a la parte perjudicada aun cuando el demandante en el procedimiento de divorcio hubiere fallecido o hubiese contraído nuevas nupcias. Pero en tales casos la corte debe ser extremadamente cautelosa en el ejercicio de su fa-cultad para anular la sentencia, y la solicitud de anulación debe -ser hecha a tiempo, y debe presentar un caso fuerte de fraude, para justificar la intervención de la corte para dejar sin efecto la sen-tencia. ’J

En el citado caso la corte de apelación sostuvo la sen-tencia de la corte inferior negándose a dejar sin efecto la sentencia de divorcio, basándose en que si bien era cierto que la demandante había jurado falsamente que no conocía la residencia de su esposo, dicha declaración no afectó en manera alguna los derechos del demandado, quien durante todo el procedimiento de divorcio había sido un residente dentro del Estado de California.

Considerados detenidamente todos los hechos y circuns-tancias de este caso somos de opinión que la corte inferior hizo el debido uso de su discreción, concedídale por el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, al dejar sin efecto la sentencia de divorcio.

El hecho de que el demandado haya contraído nuevas nup-cias, hecho que no aparece sostenido por evidencia alguna, no es por sí solo suficiente para autorizar una. revocación de la sentencia recurrida. Si la corte no adquirió jurisdicción sobre la persona de la demandada, por razón de la falsa declaración hecha por el demandante, éste no puede mediante su matrimonio conferir a la corte la jurisdicción que origi-nalmente no tuvo.

La resolución recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Manuel García, acusado y apelante.
    Núm. 8835.

    Sometido: Noviembre 18, 1941.

      Resuelto: Noviembre 25, 1941.

      J. Valldejuli Rodríguez, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Formulada denuncia contra José Manuel García por portar sobre su persona un arma prohibida- — un revólver— ante la Corte Municipal de San Juan, fué condenado, y cele-brado nuevo juicio ante la corte del distrito a virtud de apelación, volvió a serlo. Apeló de nuevo para ante este tribunal, señalando como único error el cometido a su juicio por la corte sentenciadora al apreciar la prueba.

Terminada la práctica de la evidencia, dijo la defensa: “Ese es el caso. Lo sometemos”, y agregó el Fiscal: “Sometido.” La corte se expresó entonces como sigue:

“La corte en este caso entiende que el acusado es culpable del delito de portar armas prohibidas. Tanto por los méritos de la prueba de el Pueblo como por el conjunto de toda la prueba de la defensa ha llegado a la conclusión de que el acusado es culpable de una infracción a la Ley de Portar Armas y le impone tres meses de cárcel y costas. La corte no cree en la teoría de la defensa de que el acusado portaba el arma incidentalmente. Yo puedo ser dueño de un arma y otra persona portarla ilegalmente.”

Hemos examinado la transcripción y los alegatos de una y otra parte y creemos que debe confirmarse la sentencia.

Parece cierto que el revólver no era del acusado, pero éste pudo tomarlo del sitio donde se encontraba y portarlo por su propia cuenta para fines de ofensa y defensa. El hecho es que se le encontró sobre su persona, tras una riña. La corte no estaba obligada a creer la explicación que le diera acerca de haber tomado el arma de la oficina en que estaba para entregarla a su jefe en la calle. Tampoco la declaración del chófer del jefe en igual sentido. Sin crédito esos testimonios, quedó en pie el hecho de la portación con todas sus consecuencias. El recurso no procede.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez PbesideNte Señob Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Pacheco, acusado y apelante.
    Núm. 8860.

    Sometido: Noviembre 14, 1941.

      Resuelto: Noviembre 25, 1941.

      E. Acosta Bomenech, abogado del apelante; Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PbesideNte Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

El Fiscal del Distrito de San Juan formuló acusación contra Miguel Pacheco, imputándole un delito de portar armas prohibidas porque en Río Piedras, el 14 de octubre 1940, ilegal, voluntaria y maliciosamente llevaba sobre su persona con fines de ofensa y defensa, un cuchillo, arma con la cual podía causarse daño corporal.

Compareció el acusado al acto del juicio asistido de abo-gado. Se le leyó la acusación y ambas partes estipularon someter el caso por la misma prueba practicada en otro de felony en el mismo -día, y la corte, basándose en dicha prueba, declaró al acusado culpable del delito de portar armas que se le imputaba y lo condenó a dos meses de cárcel sin costas.

No conforme, apeló. Señala tres errores como cometi-dos por la corte al dictar una sentencia que no se ajusta á derecho ni está sostenida por la prueba, al condenarlo en contra del veredicto del jurado en el caso de felony y al actuar movida por pasión y prejuicio.

Examinemos el primer error. La prueba de cargo en el caso de atentado a la vida seguido contra el mismo acusado con la cual se sometió éste de portación de arma prohibida, comienza por la declaración del médico cirujano Dr. Fernando Asencio que atendió a José Alvarez. Expresa que tenía dos heridas, una punzante en el lado izquierdo del vientre y otra también punzante en el espacio intercostal que penetró los tejidos del pulmón, que pudieron producirse “por un punzón, o un puñal o un arma blanca de poca hoja.”

Llamado seguidamente Alvarez declaró que el 14 de octu-bre 1940 “subía con unos encargos ... y unos cuantos me ponían nombres . . . Miguel Pacheco cogió un guineo y me lo metió por la boca ... y después me tiró un puazo por aquí (señalando) y otro por aquí (señalando) y unos mucha-chos me llevaron al hospital.” Pacheco “tenía el cuchillo en la mano.” Le tiró “con el puñal dos veces, una por el vientre y otra por el costillal.” Dijo que era “casi ciego de nacimiento, por nn ojo no veo y por el otro nn chispito” y que se ocupaba “de vender mi recado para no pedirle nn centavo a nadie.” Aseguró que conocía al acusado y a re-preguntas del abogado de éste sobre si lo conoció porque lo oía hablar, respondió, “Sí, por el habla, y porque tenía la púa en las manos y me apretó por el cuello cuando el gui-neo.”

Claudina Alvarez dijo: “Yo lo que vi fué que Celín lo detuvo (a Alvarez) y se empujaron los dos y el Sr. Pacheco le cayó encima y se emburujaron los tres y el señor Pacheco lo cortó”, no sabe con qué.

Pablo Batista explica cómo" “el ciego”, Alvarez, fué pro-vocado por unos muchachos y cómo intervino el acusado diciéndole, “Toma, ciego, come guineo y el ciego lo botó porque estaba con coraje y entonces Celín (un muchacho que andaba con el acusado) le quitó las piedras de las manos y se emburujaron a pelear Celín y el ciego y como Celín estaba borracho se caía y Miguel Pacheco estaba más arriba y entró con ellos a la lucha y ... el ciego salió con dos heri-das.” No vió armas en manos de ninguno.

Angela Nieves vió a José Alvarez “que venía de una tienda con unos encarguitos” y a Celín y a Pacheco que “estaban borrachos y le ponían nombres a José Alvarez, y Pacheco le decía: ‘Toma, Canela, come guineo.’ Celín estaba más borracho y José Alvarez se dobló a coger dos piedras para tirarles y el señor Celín lo aguantó y como estaba muy borracho se vino al piso y entonces el señor Pacheco brincó y lo cortó por el estómago.” Se le pre-guntó: “¿Cómo era el arma?” y contestó: “Un cuchillo tendría que ser.” Se. pidió la eliminación de la contesta-ción y fué decretada y entonces respondió al juez que no vió el arma.

Roberto Díaz presenció la escena del guineo y luego la pelea pero no sabe quién hirió a Alvarez.

Juan Cintrón vió a Pacheco con otro compañero, en estado de embriaguez, “y el ciego llevaba un paquete en las manos y Pacheco le dijo: ‘come guineo’ y el señor Pacheco tenía una cuchilla en las manos y el otro ag’arró al cieg’o ... y el ciego se cayó al suelo y al caerse agarró una piedra . . . y vino el señor Pacheco y le tiró y lo cortó por aquí en el estómago y en la espalda.”

La defensa le preguntó por el arma y contestó, “Él tenía una cuchilla. P. ¿Cuchillo o cuchilla1? E. Es lo mismo.”

La prueba de la defensa consistió en la declaración del testigo Cesáreo Suárez y en la del acusado.

El testigo declaró:

“Resulta que para ese día en la calle Palma esquina de León yo estaba jugando dómino con Miguel Angel y con Ernesto Rodríguez y yo presencié desde la esquina que había una conglomeración de gente y yo dije: Qué pasará. Entonces los tres fuimos para arriba y encontramos que Francisco Rodríguez alias Celín estaba agarrado con José Alvarez, el ciego, y resulta que Miguel Pacheco intervino para poner la paz entre ellos y al intervenir estaba el padre de José Alvarez y el hermano allí, uno con una daguita como de 10 pulga-das y el otro con una cuchilla en las manos y que a no ser por Juana la India hubiese ese muchacho cortado a Miguel Pacheco. Eso es lo que yo presencié.”

Y dijo el acusado:

“Acababa de almorzar y fui para allá y me encontré con Celín y estábamos parados en un kiosko y subía el ciego con unos paque-tes en la mano y había unos muchachos tirándole chupones y poniéndole nombres y el ciego venía hablando malo de los que le ponían nombres y yo compré un centavo de guineos y partí el guineo por la mitad y le di al ciego y él no lo quería coger y lo cogió y se lo comió y acabando de comerse el guineo llegó Celín, que estaba bebiendo y dijo: 'Qué pasa.’ 'Tú eres uno’, dijo el ciego y ahí se empuñaron y cayeron allí y entonces yo me metí a desapartarlos y yo me caí junto con ellos y entonces pude levantar al ciego y seguí con él para arriba y como yo había visto a un hermano del ciego y al padre también, yo seguí para allá y entonces cogieron al ciego y se lo llevaron al hospital. . . . — Sr. Juez: P. — ¿Quién hirió al ciego?. — R.—Yo no vi — P.—¿Usted no sabe quién hirió al ciego?'— R. — No, señor.”

La transcripción termina así:

“DefbNSA: Hemos terminado. — Sr. Juez: ¿Ese es el caso?— DefeNSA: Sí, señor.' — Sr. Juez: (Da -las instrucciones al Ju-rado.) — (Después de retirarse el Jurado a deliberar.) ¿Se so-mete el caso de Portar Armas por la misma prueba? — Defensa: Sí, señor. — Sr. Juez: La corte resolverá.' — Defensa: Ibamos a pre-sentar una moción de nonsuit en cuanto al caso de Portar Armas, porque no se ba establecido que el acusado portara una de las armas que especifica la ley y vamos a pedir el archivo y sobreseimiento del caso de portar armas por falta de prueba. — Sr. Juez: La corte re-solverá después del veredicto del Jurado. — Sr. Juez: (Después de leído el veredicto en el caso de Atentado a la Vida.) En cuanto al delito de portar armas, la corte por la apreciación de la prueba, declara convicto y culpable al acusado Miguel Pacheco de un delito de portar armas prohibidas y lo sentencia a cumplir dos (2) meses de cárcel.”

. A nuestro juicio surge claramente de la evidencia que dejamos resumida que el acusado portaba un arma capaz de inferir daño corporal, que es lo que exige la ley. See. 1, ley núm. 14, 1924, pág. 115; Código Penal, ed. 1937, pág. 407. ¿Era un cuchillo como especifica la acusación?

“Punzón, puñal o arma blanca de poca hoja” deduce el facultativo que era a virtud de las heridas que produjo; el acusado “tenía el cuchillo en la mano”, dice el herido, y luego, que le tiró “con el puñal”, que más tarde llama “púa”; “lo cortó” manifiesta Claudina Alvarez, y Pablo Batista, “salió con heridas”; a Angela Nieves, que vió cuando el acusado “brincó y cortó” al ciego, no se le per-mitió que dedujera con “un cuchillo tendría que ser”; Roberto Díaz testifica sobre el hecho de las heridas pero no vió el arma y Juan Cintrón que había declarado que el acusado tenía una cuchilla en las manos, al pedirle la defensa que precisara si era cuchillo o cuchilla, contesta, “Cuchillo o cuchilla, es igual.”

Diferencias existen en verdad entre un cuchillo, una cuchilla, un puñal y un punzón, y no puede negarse que la evidencia practicada se presta a interpretaciones varias. Sin embargo, como es robusta y convincente en el sentido de que el acusado portaba un arma blanca prohibida, por débil que sea en cuanto a que esa arma blanca fuera un cuchillo, puede y debe considerarse suficiente. La teoría de la de-fensa no consistió en que el arma con que la herida se cau-sara no fuera de las que la ley prohíbe; consistió en que el acusado no portaba arma alguna, siendo su única interven-ción en el suceso la de poner la paz entre las partes con-tendientes.

La sentencia no es, pues, contraria a derecho y está sos-tenida por la prueba. No se cometió el primero de los señalamientos de error.

Tampoco se cometió el segundo porque el juez no estaba obligado por el veredicto absolutorio del jurado en el caso de felony, sino por la propia apreciación que hiciera de la prueba.

“El hecho de que el acusado ha sido absuelto del delito de atentado a la vida, en nada puede afectar la conclusión a que llegara el juez en su apreciación de la prueba res-pecto al de portar armas”, dijo esta corte recientemente en Pueblo v. Correa, 59 D.P.R. 262, 263.

Y tampoco fué cometido el tercero y último de los seña-lamientos de error. A él refiriéndose dice en su alegato el apelante:

“Al resolver el jurado absolviendo al acusado del delito de atentado a la vida, la corte mostró un manifiesto grado de contra-riedad y procedió inmediatamente, sin considerar la moción de nonsuit presentada por la defensa en cuanto al caso de portar armas (página 39 Transcript), a dictar sentencia condenando al acusado a cumplir dos meses de cárcel por dicbo delito; mostrando el juez sentenciador un profundo desagrado e inquietud mental así como una pasión manifiesta contra el acusado.”

Nada consta de los autos cou respecto al “profundo des-agrado e inquietud mental” del juez sentenciador, ni sobre su “manifiesta pasión en contra del acusado.” Lo que surge es su desacuerdo con el Jurado, plenamente justifi-cado por el examen de la prueba.

Si algo trascendió quizá del alma al rostro del juez sen-tenciador con motivo del veredicto absolutorio ■ del Jurado, fué seguramente la inevitable reacción de una conciencia honrada frente a la consumación de una injusticia notoria. Y ello jamás podría servir de base para la revocación de una sentencia basada en los becbos y en la ley.

Debe declararse sin lugar él recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Sr. Todd, Jr., no intervino.


author: El Juez Asociado Señok Teavieso

text:
    Marcial Ríos de Jesús, demandante y apelado, v. Claudia Lafosse, demandada y apelante.
    Núm. 8226.

    Sometido: Noviembre 7, 1941.

      Resuelto: Noviembre 25, 1941.

      Dubón & Ochoteco, abogados de la apelante; Luis Vergne Ortiz, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señok Teavieso

emitió la opinión del tribunal.

El 25 de noviembre de 1936, la Corte de Distrito de San Juan declaró disuelto el vínculo matrimonial existente entre el demandante y la demandada y concedió a ésta la custodia de la niña María Esther Ríos Lafosse, hija de ambos.

En agosto 26, 1939, el padre de dicha menor radicó ante la Corte de Distrito de Bayamón una solicitud de hábeas corpus, en la que pidió se dictase una orden para que la menor quedara bajo su patria potestad y cuidado. La soli-citud se basó en las siguientes alegaciones:

Que a pesar de habérsele concedido la custodia de la niña, la demandada no hizo gestiones para que le fuera entregada y la dejó en poder de su padre, el demandante, hasta agosto 13, 1939, en cuya fecha la demandada, acompañada de un policía, se personó en casa del demandante y obligó a éste a entregarle la niña; que desde la fecha en que nació, la niña ha vivido bajo el cuidado de su padre, de su abuela paterna y de varias tías paternas, quienes han vivido a su lado; que la demandada no ha sentido nunca por la niña el verdadero afecto de madre, pues tan pronto se divorció se embarcó para Estados Unidos sin despedirse de su hija, sin tomarse interés por ella durante el tiempo que estuvo ausente; que la demandada no reúne las condiciones morales necesarias para poder educar debidamente a su hija; que la demandada tiene a la menor detenida y privada de su liber-tad, y no permite que el demandante tenga acceso a ella; que la demandada no está en condiciones económicas para poder atender debidamente a la menor; que la niña no come, está perdiendo peso, no siente afecto por la madre y se siente como una prisionera; y, por último, que el bienestar físico, intelectual y moral de la niña requiere que sea devuelta a la custodia de su padre.

Contestó la demandada y alegó:

Que al decretarse el divorcio, no teniendo ni él ni ella recursos económicos para mantener a la menor, convinieron en que” ésta quedara en poder de la abuela basta que mejo-rase la situación económica del demandante; que encontrán-dose abora la. demandada en condiciones de poder mantener a su bija, y teniendo sobre ella el derecho de patria potestad por virtud de la sentencia de divorcio, la ba recuperado y la tiene en su residencia; que se ba becbo cargo de su bija porque ésta se bailaba en un estado de absoluto abandono; que es su propósito llevarse a la menor a New York, donde podrá ser educada y tener el afecto de su madre; que el demandante es persona de malas costumbres y con su con-ducta da malos ejemplos a su bija.

Celebrada la vista y oída la prueba testifical de una y otra parte, la corte inferior dictó su resolución, declarando con lugar el recurso y entregando la menor a su padre, sin perjuicio del derecbo de la madre a visitarla. No conforme la demandada, apeló. Señala como errores cometidos a su juicio por el tribunal inferior, (a) baber considerado como factores determinantes de la custodia de la menor, la incli-nación y apego de la niña por su padre y sus familiares; (b) haberle negado a la madre la custodia de su bija, por-que aquélla proyectara trasladarse a trabajar en New York; (c) baber resuelto que no creía aconsejable cambiar el status de la niña, por razón de ignorar la suerte que ésta correría, en atención a que la menor ba estado en el domicilio de la madre solamente un mes; y (d) baber resuelto que el bien-estar- y felicidad de la menor requieren que ésta quede bajo la custodia de su padre. Consideraremos los cuatro seña-lamientos conjuntamente.

Después de descartar, por considerarlas apasionadas, las imputaciones de conducta inmoral que recíprocamente se hicieran el demandante y la demandada, procedió la corte sentenciadora a considerar la evidencia y a formular las siguientes conclusiones:

“Ahora bien, la menor de que se trata la dejó voluntariamente la madre demandada bajo la custodia del padre peticionario mien-tras éste vivía en Cataño en compañía de su madre Dolores de Jesús y de sus hermanas Carmen-Belén y Dolores Ríos, cuando la niña tenía entre siete meses y un año y medio de edad, y desde entonces y hasta el 13 de agosto de 1939 que la niña tenía ocho años y meses permaneció siempre bajo la custodia del padre, al cuidado y en la compañía de éste y de su abuela y tías paternas mencionadas. Siete años más o menos vivió la niña huérfana del calor, caricias y cui-dados de la madre porque ésta así lo quiso voluntariamente. Por esto, cuando la niña alcanzó el juicio y comenzó a raciocinar conoció por madre a su abuela Dolores de Jesús y por sus hermanas a sus tías Carmen-Belén y Dolores Ríos. Durante ese tiempo la madre siempre permaneció alejada de la hija; raras veces la veía-y su re-lación con ella era breve. Después que ella obtuvo la patria potestad y custodia de la niña a virtud del decreto de divorcio, se embarcó para Estados Unidos sin ocuparse- de la custodia y cuidado de la niña, y cuando regresó, ocho meses después, tampoco lo hizo. Ahora, o sea el 13 de agosto de 1939, la madre demandada se trajo consigo a la niña con el propósito de trasladarse en su compañía a la ciudad de New York, alojarse allá en la casa de su tía Sabina Viera y tra-bajar en una colocación. Este propósito de la madre demandada nos parece una aventura que la niña no debe correr para su educa-ción y mejor bienestar. Bajo el gobierno y dirección del padre y los cuidados y atención de la abuela y tías paternas, esta niña ha permanecido durante su corta vida en condiciones relativamente buenas, gozando del cariño de todos ellos, y el padre le ha prestado lo necesario para su subsistencia en forma relativamente suficiente con arreglo a sus medios y recursos de obrero de oficio; ha sido cui-dada celosamente y ella, la niña, se ha sentido feliz en tal grado que se niega a separarse de ellos y permanecer al lado de la madre. No parece prudente y menos aconsejable que aquel status de la niña permanezca cambiado ya sea para mantenerla en el que se encuentra actualmente al lado de la madre en el poblado ‘Amelia’ de G-uaynabo y que desconocemos porque solamente data de un mes a la fecha de la vista de este caso, ya para llevarla a New York y ponerla allí, como tiene que suceder, al cuidado de no se sabe qué persona des-conocida mientras la madre trabajará separada de la niña para ga-nar su subsistencia y la de ésta; sobre todo cuando no tenemos, duda de que los esfuerzos del padre peticionario para obtener la custodia y cuidado de la niña se deben y están inspirados en la consideración y deseos que tiene por su bienestar y felicidad.
“En vista de las circunstancias especiales del caso creemos no sentirnos obligados a dictar ninguna orden coercitiva por la que el mero derecho legal de patria potestad de la madre pueda reco-nocérsele contra la inclinación manifiesta de la niña y su razonable elección para que vuelva donde se encontraba. La madre deman-dada renunció voluntariamente al cuidado de la niña cuando ésta estaba muy pequeñita y la dejó bajo el cuidado y gobierno del padre y de la abuela, y la consecuencia natural e inevitable ha sido que esta niña, que no conoce a otros padres o protectores, que de vez en cuando y por corto tiempo ha estado relacionada con su ma-dre, y por unos siete años se ha apegado tanto a su padre, a suí abuela y a sus tías como también éstos a ella, que ha considerado a su madre como una persona particular a quien llama Claudia y no mamá, y no quiere permanecer a su lado; entendemos que aun-que ella no ha llegado a una edad de discreción legal, es lo sufi-cientemente inteligente para que en cierto modo pueda dejársele hacer su elección en la cuestión de su convivencia que afecta tan profundamente a sus sentimientos e intereses; y habiéndola escuchado en el día de la vista y apreciando su inclinación y sentimientos estamos convencidos que no sería sino un acto de extrema crueldad espi-ritual dejarla desprendida del único hogar que siempre ha conocido, aun cuando sea con el propósito de mantenerla bajo el cuidado de su propia madre. Entendemos también que los intereses materia-les de esta niña dejándola donde estaba antes y que es donde quiere ella permanecer estarán más seguros y mejor garantizados, pues no tenemos duda que tendría asegurado además el cuidado y cus-todia de su padre, la protección de sus familiares paternos, comn la tuvo siempre hasta que la madre demandada la sacó del poder del padre peticionario. Véase In re Gates, 95 Cal. 461.
“Al considerar la cuestión del bienestar y felicidad de esta niña hemos tenido muy en cuenta la conducta del padre y de la madre hacia ella como factor importante para la determinación de su custodia; y por el resultado de toda la prueba nos parece que el medio ambiente favorable al bienestar moral y material y felicidad de la niña está en el hogar donde se encontraba antes de llevársela consigo la madre demandada, en cuyas circunstancias especialmente nos fundamos para determinar su custodia, ya que la patria.potes-tad como el derecho de la madre a la custodia de la hija a virtud del decreto de divorcio están subordinados a la sana discreción de la corte en el ejercicio de su facultad como parens patriae. Chabert v. Sánchez, 29 D.P.R. 241; Babá v. Rodríguez, 36 D.P.R. 502; Blanco v. Hernández, 32 D.P.R. 22, y Ex Parte Maldonado, 42 D.P.R. 867.”

Creemos innecesario hacer aquí un resumen de la prueba. La hemos examinado cuidadosamente y opinamos que ella es suficiente para justificar las conclusiones a que llegó la corte sentenciadora.

El- caso de In re Gates, 95 Cal. 461, citado por la corte inferior, presenta una situación muy parecida a la del caso de autos. La madre de una niña de 10 años de edad alegó que su hija estaba ilegalmente en poder de un Sr. Eldridge, quien se opuso a la petición de hábeas corpus, alegando que él tenía derecho a la custodia de la niña por virtud de una orden judicial por la que se le nombró tutor de la menor. La Corte Suprema de California declaró sin lugar la petición, expresándose así:

“Los hechos revelados por la petición, la contestación, y la evi-dencia presentada en la vista, me han convencido de que la orden nombrando al Sr. Eldridge tutor de la niña es nula por falta de jurisdicción, y que la peticionaria es la persona que tiene derecho a su custodia. Empero, en vísta de las circunstancias especiales del caso, no me creo obligado a dictar una orden coercitiva mediante la cual el mero derecho legal de la peticionaria pueda hacerse valer en contra de la manifiesta inclinación y razonable preferencia de la niña para permanecer donde ahora se encuentra. La peticiona-ria renunció voluntariamente la custodia de su hija cuando ésta te-nía apenas un año de edad, y desde que la niña cumplió los dos años la dejó bajo el cuidado y control exclusivos del señor y de la señora Eldridge, siendo esta última hermana del padre de la niña. La natural e inevitable consecuencia ha sido que esta niñita, no co-nociendo otros padres o protectores, y no habiendo visto a su madre más que dos veces en cerca de nueve años, se ha apegado profunda-mente a su tía y tío, lo mismo que ellos a ella, y ha llegado al punto de considerar a su madre como una extraña. Aun cuando ella no ha llegado a los años de la discreción legal, es lo suficientemente inteligente para que pueda confiársele en cierto grado la elección en un asunto que afecta tan profundamente sus sentimientos y sus intereses; y habiéndola examinado privadamente, estoy convencido de que sería nada menos que un acto de crueldad arrancarla del único hogar que ella ha conocido, aun cuando fuera con el propósito de colocarla bajo el cuidado de su propia madre. Sus intereses ma-teriales serán protegidos dejándola donde ella está y ba elegido quedarse. ’ ’

En el caso de autos se probó que la demandada abandonó el bogar de su esposo como cuatro años antes del divorcio; que el día en que abandonó el bogar, la demandada fué a ver a la abuela paterna de la niña y le dijo que fuera a recoger a la pequeña, que a la sazón tenía siete .meses de nacida; que la abuela la recogió y la niña enfermó porque no teniendo a la madre para que le diese el pecbo, fué nece-sario darle lecbe; que avisada la madre de que la niña babía estado muy enferma con motivo del cambio de lecbe, ni siquiera entró a verla; que desde que se la entregó a la abuela, la demandada fué- a ver a la nena de vez en cuando, pero no se ocupó más de ella.

En el citado caso In re Oates, supra, la contienda sobre la custodia de la niña se trabó entre la madre, que la babía abandonado cuando tenía menos de un año, y los tíos, que la dieron bogar y cariño y estaban en mejores condiciones que la madre para poder seguir manteniéndola y educándola. La razón fundamental que tuvo la corte para dejar la niña en poder del tío y tutor fué que el bienestar de la niña esta-ría así mejor garantizado.

En Chabert v. Sánchez, 29 D.P.R. 241, la custodia de una niña menor de seis años de edad fué reclamada por el padre. La niña se encontraba en poder de personas muy estimables, quienes atendían debidamente a su bienestar, sin que dichas personas y la menor estuviesen unidos por lazo alguno de consanguinidad o afinidad. La corte de distrito denegó la solicitud de bábeas corpus. Esta Corte Suprema revocó la sentencia y devolvió el caso para ulteriores procedimientos, dejando sentada la doctrina de que “Aunque los padres tienen generalmente derecho a la custodia de sus menores hijos, tal derecho no es absoluto y una petición de bábeas corpus para obtener la custodia de un hijo menor, que es, por su naturaleza, un remedio en equidad, está dirigido a la sana discreción del tribunal, dentro de cuya discreción el factor principal a considerar es el bienestar del menor.”

En Blanco v. Hernández, 32 D.P.R. 22, la custodia del niño fue reclamada por la madre, a quien le había sido con-cedida por sentencia de divorcio. El padre se apoderó del menor y la madre radicó el hábeas corpus. Se resolvió, que la presentación de la sentencia de divorcio era suficiente para establecer un caso prima facie a favor de la madre peticionaria, y que era al padre a quien incumbía probar que las circunstancias habían cambiado desde la fecha de tal sentencia. 'La sentencia en favor de la madre fué con-firmada por no haber probado el padre que el bienestar del menor estaría más garantizado si se le entregara a él su custodia.

En Babá v. Rodríguez, 36 D.P.R. 502, el padre solicitó mediante hábeas corpus la posesión de su hija legítima de 16 años de edad, quien había abandonado la casa paterna para refugiarse en la de su abuela materna. La corte inferior, tomando en consideración la conducta corrupta e im-propia del padre para con su hija, resolvió que el bienestar de la niña requería que se la dejara al lado ele su abuela. Al confirmar la sentencia por la cual se negó al padre la custodia de la niña, este tribunal, por voz de su Juez Aso-ciado Sr. Wolf, se expresó así:

“El apelante mismo entabló este recurso. Si bien el juez que suscribe, en el caso Ex parte Chabert, 30 D.P.R. 765, expresó algunas dudas, éste es el caso llamado a disipar dudas, y ha llegado a la conclusión de que en Puerto Rico el bienestar de un niño puede ser investigado en un procedimiento de hábeas corpus entablado por el padre. No hay nada en ningún código en Puerto Rico que im-pida tal determinación. Un tribunal es el parens patriae y puede cuidar de los intereses de un niño y protegerlo. Resultaiña penoso hacer que esta niña volviera al lado de su padre, aunque fuese tem-poralmente. ’ ’

En el caso de Ex parte Maldonado, 42 D.P.R. 867, la sentencia de divorcio había concedido la custodia de Jos hijos g] padre. Por acuerdo entre las partes los hijos quedaron con la madre. Pasaron seis años sin que el padre demos-trara interés alguno en el bienestar de los menores. La corte de distrito declaró sin lug*ar la petición de habeas corpus radicada por el padre, y esta corte confirmó la senten-cia, diciendo:

“El juez de distrito no erró al sostener que la patria potestad y el derecho del padre a virtud del decreto de divorcio estaban igual-mente subordinados a la sana discreción de la corte en el ejercicio de su facultad como parens patriae. (Citas.) No hubo abuso de discreción en el caso de autos.”

A nuestro juicio, la corte inferior hizo buen uso de su discreción al conceder al padre la custodia de la menor. Después de considerar los hechos y circunstancias del caso, no tenemos dudas en cuanto a que la niña estará mejor cuidada por su padre, su abuela y sus tías paternas, quienes desde que tenía siete meses y hasta que les fué arrebatada por la madre le dieron albergue, alimentos y cariño. La madre, por el contrario, durante esos ocho años no demos-tró tener interés alguno en su hija y contribuyó con su indi-ferencia a que la niña la considere como una extraña, hasta el punto de preferir seguir viviendo en el hogar de su padre. Éste ha demostrado durante ocho años que es capaz de man-tener y educar a su hija debidamente. En lugar de esa seguridad, la madre le ofrece una aventura, un viaje a Nueva York, donde ella espera encontrar trabajo para poder sos-tenerse a sí misma y a su hija.

No encontramos justificación alguna para intervenir con la discreción de la corte inferior. La resolución recurrida debe ser confirmada.


text:
    María Vélez Vda. de Alicea, demandante y apelada, v. Luisa Orozco Vda. de Pool, demandada y apelante.
    Núm. 8091.

    Sometido: Noviembre 4, 1941.

      Resuelto: Noviembre 25, 1941.

      B. Ramírez Patón, abogado de la apelante; Alejandro Laviour, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal. •

La demandante alegó en su demanda que el día 27 de septiembre de 1936, en momentos en que ella bajaba de una casa en donde se le había contratado como cocinera, fné atacada por un perro policía perteneciente a la demandada, quien lo tenía bajo sn posesión y custodia, permitiendo que anduviese suelto y sin bozal; que el perro la lanzó al pavi-mento y le infirió varias mordeduras y arañazos en la pierna izquierda; que con motivo de dichas heridas, la demandante se vió obligada a guardar cama durante más "de un mes, ha quedado coja, se encuentra imposibilitada para trabajar y ha sufrido y sufre intensas crisis nerviosas, etc.; y, por último, que los daños por ella sufridos ascienden a la suma de $2,385, por la que pide sentencia en contra de la deman-dada.

Anotada la rebeldía de la demandada y visto el caso sin su comparecencia, la corte inferior dictó sentencia conde-nando a la demandada al pago de $250 como compensación, más las costas, sin incluir honorarios de abogado. Contra esa sentencia la demandada interpuso el presente recurso, basándolo en los siguientes señalamientos de error;

“1. La corte erró al colocar sobre la apelante la responsabilidad de los daños causados por el perro que mordió a la apelada y al condenar a la apelante a pagar indemnización como compensación de dichos daños.
“2. La corte erró al declarar sin lugar la moción sobre recon-sideración de sentencia presentada por la apelante.
“3. La corte erró en su apreciación de la prueba aportada por la apelada.
“4. La corte erró al fallar este asunto declarando con lugar la demanda y concediendo costas a la apelada.”

Los discutiremos conjuntamente, pues todos se refieren a la suficiencia de la evidencia y a su apreciación por la corte sentenciadora.

Examinando la evidencia ofrecida por la demandante, el juez sentenciador llegó a las siguientes conclusiones:

‘ ‘... De las alegaciones y de la prueba practicada,' resulta lo siguiente: la demandante es una mujer como de 48 a 50 años de edad de oficio lavandera y cocinera; penetró.en el patio de la casa de la demandada en donde fué atacada por un perro sufriendo mordeduras y arañazos en la pierna izquierda; de estas mordeduras fué asistida por una nurse y por el Dr. Soto Rivera, en el Hospital Municipal de-Río Piedras. La nurse, que se llama Felicita González, compareció en la segunda vista de este caso y declaró que aplicó a la demandante una inyección de suero antitetánico, y que tanto el precio de la in-yección como los honorarios por aplicarla fueron satisfechos por doña Luisa, no dijo el apellido; cuando aplicó la inyección la de-mandante tenía la pierna hinchada y con marcas de haber sido mordida; no conoce a'doña Luisa ni sabe quién es.
® * * * * * «
"Los testigos Juan Guadalupe y Rita Escobar presenciaron cuando el perro atacó a la demandante y cuando alguien la separaba de ser atacada y vió también que el perro fúé introducido en la casa de la demandada después del accidente. Por último, en la sesión del día 23 de junio compareció doña Luisa Orozco como testigo de la demandante y en sustancia declaró recordar que en el patio de su casa un perro mordió a una señora, pero manifestó que el perro no era de su propiedad, que era un perro que apareció en su casa rea-lengo, que se iba y volvía; entiende que era de unos vecinos vene-zolanos, pero admite que el perro iba con frecuencia a su casa y allí en algunas ocasiones le ciaban alimentos. Declaró también ser cierto que ordenó se pusiera una inyección antitetánica a la señora mordida, la que pagó más bien como una obra de caridad; que la señora estaba enferma y no le pidió nada; que fué el abogado quien a los 11 meses de ocurrido el accidente estuvo en su casa a pedir que le diera algo, y a pregunta del mismo abogado manifestó que en ese caso, es decir, 11 meses después el perro estaba en aquella ocasión en su casa.
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A nuestro juicio, la evidencia es ampliamente suficiente para sostener las conclusiones de la corte inferior. La declaración de la demandada, quien como es natural era una testigo hostil a la demandante, produce en nuestro ánimo la impresión de que la demandada era en realidad la dueña de aquel perro que once meses después del accidente aparecía aún en la sala de su casa.

En Gigante v. Alvares, 48 D.P.R. 498, los hechos eran muy parecidos a los del caso de autos. Y aplicando el artículo 1805 del Código Civil, resolvimos que aun cuando el demandado Alvarez no fuese el dueño del perro, bastaba que le tuviera y le albergara en su casa para hacerle responsable de los perjuicios causados a la demandante. Véanse: Martínez Ruiz, “Interpretación al Código Civil” (Ed. 1908) vol. 11, pág. 149; Redinger v. Crespo, 18 D.P.R. 108; y Torres v. Dávila, 47 D.P.R. 315.

Opinamos que la sentencia recurrida se ajusta a la ley y a la jurisprudencia y debe por lo tanto ser confirmada.