text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, Etc., demandado.
    Núm. 1.

    — Sometido: Noviembre 29, 1943.

      Resuelto: Febrero 2, 1944.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodrigues Ramos y M. Ve-lázquez Flores, Procurador General Auxiliar, abogados del peti-cionario; J. J. Ortiz Alibrán, R. B. Pérez Mercado y M. Reyes Serrano, abogados del interventor, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

El día 15 de enero de 1941 la Puerto Rico Reconstruction Administration vendió, por escritura pública otorgada ante el notario R. B. Pérez Mercado, una finca de 104.94 cuerdas radicada en los barrios Pueblo y Palma, de Arroyo, a Samuel Martín. A pesar de que en dicha escritura se hizo constar que la venta tenía carácter retroactivo al 30 de diciembre de 1940, no se hizo entrega material de la finca por la vendedora al comprador hasta el 25 de enero de 1941 y además no fué hasta el 12 de febrero de 1941 que se inscribió el traspaso en el Registro de la Propiedad de Guayama.

J£1 16 de octubre de 1941 el Tesorero de Puerto Rico tasó la finca en $27,680 a los efectos de la imposición de la con-tribución sobre la propiedad correspondiente al año 1941-42 y notificó dicha valoración al' comprador Samuel Martín. Apeló entonces el Sr. Martín -para ante el Tribunal de Con-tribuciones alegando, 1, que la propiedad está exenta de contribuciones sobre la propiedad para el año 1941-42 por-que en enero 15, 1941, la finca pertenecía al Gobierno de los Estados Unidos que estaba en posesión de la misma; 2, que la tasación adolecía del defecto de no ser uniforme, y 3, que el justo valor de la misma era de $20,980. Contestó el Te-sorero negando que la finca estuviera exenta de contribucio-nes y en contrario alega que fué vendida el 15 de enero de 1941 con carácter retroactivo dicha venta al 31 de diciembre de 1940 y por tanto el dueño era Samuel Martín y no el Go-bierno de los Estados Unidos. Empero, el Tesorero aceptó en "una estipulación que la escritura de venta no fué inscrita en el Registro hasta el 12 de febrero de 1941. En la vista celebrada ante el Tribunal de Contribuciones se probó por el querellante que no fué hasta el 25 de enero de 1941 que la Puerto Rico Reconstruction Administration autorizó al comprador. Martín a tomar posesión de la finca vendida y que en efecto fué en dicha fecha que tomó posesión. (Véase la carta de 25 de enero de 1941 dirigida al Sr. Martín por el Sr. Francisco Colón Moret, Jefe, División de Servicios de la Central Lafayette, a nombre del Sr. Fairbanks, Adminis-trador de dicba Central (Exhibit A, querellante) y además la declaración del Sr. Colón ante el Tribunal de Contribuciones en la cual expresamente dijo que él entregó la finca al Sr. Martín el 25 de enero y que antes de dicha fecha el Sr. Mar-tín no estaba en posesión ((T. de E., págs. 16-17) corrobo-rando así la declaración del propio querellante (T. de E., pág. 25, 27, 33)).

Además en el Exhibit “A” mencionado, se hace constar expresamente “Sírvase tomar nota de que en adelante todos los cargos de dicha parcela serán por su cuenta”. Esta prueba del querellante no fue contradicha en forma alguna por el Tesorero.

El Tribunal de Contribuciones dictó sentencia declarando con lugar la querella y como consecuencia resolvió que la finca del querellante, está exenta de tasación a los efectos del pago de contribuciones' sobre la propiedad para el año 1941-42. Para revisar dicha sentencia interpuso el Tesorero de Puerto Eico el presente recurso de certiorari de acuerdo con la Ley núm. 169 de 1943 (pág. 601) y como único error cometido por el Tribunal de Contribuciones, alega:

. Que a pesar de que el señor Samuel Martín no tomó pose-sión efectiva del inmueble hasta el 25 de enero, sin embargo, habién-dose otorgado la escritura de compraventa en 15 de enero, desde esa fecha en adelante, él era el único y legítimo dueño del inmueble en cuestión. La consumación del contrato se llevó a cabo mediante el otorgamiento de la escritura de compraventa entre el adquirente y el trasmitente. ”

El artículo 298 del Código Político, en lo perti-nente, dispone:

“Que todos los bienes raíces serán tasados en el municipio en que estuvieren ubicados, para imponerles contribución, a nombre de la persona que fuere dueño de los mismos o que estuviere en posesión de ellos el día quince de enero, y la persona en cuyo nombre apare-cieren inscritos en dicha fecha será tenida por dueño legítimo de dichos bienes. . .”

Sostiene el peticionario que el dueño de la finca vendida el 15 de enero de 1941 lo era el comprador Samuel Martín,, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1351 del Có-digo Civil, que dispone que: “Cuando se haga la venta me-diante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujera claramente lo contra-rio,” y que, por lo tanto, no es de aplicación la frase final del artículo 298 del Código Político, supra, al efecto de que “la persona en cuyo nombre aparecieren inscritos en dicha fecha (15 de enero) será tenida por dueño legítimo de dichos bienes.”

No tiene razón, a nuestro juicio, el peticionario. En el caso de Emanuelli v. Cadierno, 50 D.P.R. 134,. interpretandoy aplicando el artículo 1351, supra, se resolvió, ratificando anterior jurisprudencia del caso de López v. Lizardi, 27 D.P.R 755, que “Otorgada una escritura pública de compra-venta, existe la presunción juris tantum de la entrega. En-el orden normal de las cosas, la presunción es la realidad misma. Pero si surge un caso contrario en la realidad, la entrega simbólica reconocida en el segundo párrafo del ar-tículo 1365 del Código Civil (ahora 1351) no decide final-mente la cuestión.” Refiriéndose entonces a la prueba adu-cida en el caso, se dijo a la página 144:

“Y aquí la evidencia practicada produce la convicción de que-de hecho el solar que da a la carretera jamás le fué entregado por el demandado a la demandante, ni ésta tomó posesión material ni disfrutó de él en modo alguno, motivo por el cual no podemos estar conformes con el juez sentenciador en que, en cuanto a ese solar se refiere, se trate de un contrato verdaderamente consumado y per-fecto. . (Bastardillas nuestras.)

Habiendo demostrado la prueba en el caso de autos que a Samuel Martín no se le dió posesión de la finca hasta el 25 de enero, no fué hasta dicha fecha que el contrato quedó consumado aun cuando se hubiera perfeccionado al otorgarse la escritura en enero 15. Artículo 1339 Código Civil; Varcárcel v. Sancho Bonet, Tesorero, 61 D.P.R. 213. Tenemos que convenir, por lo tanto, que no erró el tribunal inferior al resolver que el dueño de la finca el 15 de enero de 1941 lo era, de acuerdo con el artículo 298 del Código Político, supra, “la persona en cuyo nombre aparecieren inscritos en dicha fecha” o sea la Puerto Rico Reconstruction Administration, y que, por tanto, la finca estaba exenta del pago de contribuciones para el año 1941-42.

En el caso de Asociación de Maestros v. Sancho Bonet, Tesorero, 54 D.P.R. 536, citando extensamente de la obra de Cooley on Taxation, volumen 3, pág. 2138, sección 1062, sos-tuvimos la contención del Tesorero de Puerto Rico al efecto de que de conformidad con el artículo 298 del Código Polí-tico, supra, “cualquier cambio que haya en el dominio o en la naturaleza contributiva de la propiedad con posterioridad al 15 de enero, aunque ocurra antes del primero de julio, cuando vence el primer semestre de la contribución, no afecta la responsabilidad del dueño que figuraba como tal en enero 15.”

En dicho caso la situación era a la inversa de la que pre-senta el de autos. El comprador era el que estaba exento del pago de contribuciones y resolvimos que “En casos de ventas a compradores que de por sí están exentos del pago de contribuciones, se ha resuelto que el dueño del terreno al tiempo de la tasación (15 de enero) es personalmente res-ponsable del pago de las contribuciones impuestas sobre el mismo. .(citas.)” (Paréntesis nuestro.)

El hecho de que en la escritura se le diera carácter re-troactivo a la venta al 31 de diciembre de 1940 no tiene efecto legal alguno en cuanto a la cuestión envuelta en este recurso.

Bebe declararse sin lugar el recurso y anularse el auto expedido.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Fuentes, acusado y apelante.
    Núm. 10265.

    — Sometido: Enero 18, 1944.

      Resuelto: Febrero 4, 1944.

      F. García Quiñones, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Interino Señor Travieso

emitió la opi-nión del tribunal.

El apelante fué convicto de nn delito de violación y con-denado a la pena de seis años de presidio. Basa su recurso de apelación en diez señalamientos de error, los cuales con-sideraremos en el mismo orden en que aparecen formulados en el alegato.

1. En el primero se alega que la corte inferior erró al declarar sin lugar la excepción perentoria, basada en la alegación de que en la acusación se imputa la comisión de dos delitos distintos, el de “ataque para cometer violación” y el de “violación”.

No existe el alegado error. La acusación, en lo que es pertinente, lee así:

“. . . ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, atacó a la niña menor de catorce años de edad, nombrada. . . con la intención de violarla, y valiéndose de la fuerza y de la violencia, realizó con ella un acto de sexual intercourse o concúbito sexual, sin el consen-timiento y contra la voluntad de la mencionada niña. . . , quien allí y entonces no era la esposa del acusado.”

El ataque para cometer violación está necesariamente comprendido dentro del delito de violación. No es posible imputar a una persona la comisión de un delito de violación, cuando el acto ña sido realizado por medio de fuerza y vio-lencia, sin imputarle al mismo tiempo que atacó a la ofen-dida con la intención de violarla. Del mismo modo, cuando en una acusación por asesinato se dice que el acusado atacó a su víctima con la intención premeditada de privarle de ,1a vida y que le bizo un disparo de revólver que le ocasionó la muerte, no se está imputando al acusado la comisión de dos delitos y sí solamente el de asesinato. Y esto es así porque el atentado para cometer nn delito cualquiera se funde con el delito que se intentó cometer tan pronto como éste ha que-dado consumado. No hay duplicidad en la acusación en este caso. Pueblo v. Vega, 20 D.P.R. 298, 300; People v. Tyler, 35 Cal. 553; De Beny v. State, 99 Tenn. 208; People v. Pia, 14 C. A. 131, 111 Pac. 105.

2-3. Estos dos señalamientos envuelven una sola cuestión, o sea, si la corte inferior erró al admitir como parte del res gestae la declaración de la madre de la niña ofendida. Para poder resolverla se hace necesario que hagamos un resumen de lo declarado por la niña y por la madre.

En la fecha en que fué ultrajada, la niña tenía trece años de edad y vivía con sus padres y hermanitos en una habita-ción de una casa en el barrio ‘'La Perla”, en San Juan. En una habitación contigua, separada por un tabique, vivía el acusado, a quien la niña conocía de vista. Declaró la niña que mientras ella se encontraba bañándose, estando.su mamá y hermanito en el patio, el acusado penetró en su habitación. Ella trató de gritar, pero el acusado le tapó la boca y la llevó por la fuerza a su habitación y la tiró en la cama, amena-zándola para que no gritara, diciéndole que tenía un puñal. Después de describir con lujo de detalles el acto realizado sobre su persona por el acusado, continuó la niña declarando que el acusado la amenazó diciéndole que sería peor para ella si le decía.algo a sus padres; que el día de autos fué la pri-mera vez que el acusado le habló a ella; que el acusado vi-vía en su habitación con una señora que él tenía, pero que ella se disgustó con él y se fué; que después del suceso -ella volvió a ver al acusado de lejos y él le hacía señas para que se callara; que no dijo nada a su mamá hasta seis días des-pués porque le tenía miedo al acusado, pues éste la amena-zaba; que fué su mamá la primera persona a quien contó lo que le había ocurrido.

La madre de la perjudicada declaró que el día del su-ceso vió al acusado asomado a la ventana de su habitación, mientras ella se encontraba en el patio, a donde había ido en lo que su hija se bañaba; que cuando regresó a la casa encontró a la hija sentada en un rincón, leyendo y mirando unos cuadros; que ese día y los siguientes la vió triste, pero no la vió llorar; que el 6 de julio mojó una ropa de la niña y al encontrarla manchada de sangre le preguntó qué le ha-bía sucedido y ella entonces le contó. La testigo relató lo que le había contado su hija, en los mismos términos en que la niña declaró en el acto del juicio, y añadió que su hija después de contárselo todo le encargó que no dijese nada porque el acusado la había amenazado con un puñal.

El Dr. Antonio Martínez Alvarez declaró en cuanto al estado en que encontró los órganos sexuales de la niña en el examen por él practicado el día 8 de julio; que la niña es-taba desflorada y que la desfloración tenía más o menos como diez días, encontrándose en período de cicatrización.. La edad de la niña fué establecida por la certificación de su na-cimiento y por la declaración de la madre.

Independientemente del relato hecho por la niña a la ma-dre, cinco días después del suceso, la declaración de la ma-dre y la del médico son, a nuestro juicio, suficientes para corroborar el testimonio de la ofendida en cuanto al ataque criminal de que fué víctima.

La regla que permite la admisión de la queja de la ofen-dida, en corroboración de su testimonio o como parte del res gestae, no es una regla inflexible. Su aplicación con mayor o menor rigidez depende de las circunstancias especiales de cada caso. Cuando, como en el caso de autos, la ofendida es una niña de solamente trece años de edad, legalmente inca-paz para consentir el acto carnal realizado sobre su persona, y su silencio durante los cinco días siguientes es la conse-cuencia directa del miedo producido en su ánimo por las amenazas del autor del ultraje, el relato hecho por ella a la madre al enterarse ésta por el descubrimiento de las man-chas de sangre que algo anormal le había ocurrido a la niña,, es legalmente admisible. 44 Am. Jur., Rape, see. 84, pág. 955, nota 16. Que la niña guardó silencio por temor a las amenazas que en el acto de la violación y posteriormente le hiciera el acusado, se desprende de la súplica que hizo ella a la madre, después de relatarle lo que le ha ocurrido, para que no dijera nada a nadie pues el acusado la ha amenazado' con un puñal.

4 — -6. El cuarto, el quintó y el sexto señalamientosestán relacionados con el incidente que vamos a exponer y resolver.

Terminada la presentación *de evidencia por ambas par-tes, solicitó la defensa que se hiciera retirar al jurado. Ex-cluido éste, la defensa solicitó la absolución perentoria del acusado, por el fundamento de que no se había presentado prueba alguna de que la niña ultrajada no fuera la esposa del acusado. La corte declaró con lugar la moción “en el sentido de que se instruya al jurado que la prueba no es suficiente de acuerdo con la ley”. Entonces el Fiscal, ale-gando que la propia defensa había reabierto el caso al hacer su moción después de haber anunciado que había terminado su prueba y que estaba listo para informar al jurado, pidió a la corte que le permitiera presentar evidencia para probar que la joven ofendida no era esposa del acusado. Se opuso la defensa, la corte concedió el permiso y la defensa anotó su excepción.

Llamada a declarar de nuevo la ofendida, a preguntas-del fiscal contestó que conoce al acusado y que éste no es esposo suyo. La defensa presentó entonces una moción para que se declarase un “mistrial”, la que fue denegada, anotán-dose una excepción.

Somos de opinión que la corte inferior no abusó de su discreción al permitir que la niña agraviada declarase que el acusado no era su esposo. Si algún error cometió fue el de declarar que la prueba originalmente presentada por el fiscal era insuficiente en cuanto a ese extremo de la acusa-ción.

La inexistencia de la relación marital entre la agraviada y el acusado, siendo como es una proposición negativa, puede ser establecida por prueba indirecta o circunstancial. La mejor prueba de que una mujer es la esposa de un hombre es el certificado de matrimonio expedido por autoridad com-petente. Para probar que no lo es basta la declaración de la mujer, si ésta es creída por el jurado. Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16. En su primera declaración la niña agraviada dijo que conocía al acusado “de vista”; que el día del su-ceso fué la primera vez que el acusado le habló a ella y que antes de ese día él nunca la había molestado; que ella vivía con sus padres y hermanitos y continuó viviendo con ellos después del suceso; y que el acusado vivía en su habitación con su esposa, la cual se había ido en esos días porque ha-bían peleado. Ese testimonio tiene a nuestro juicio mayor valor probatorio que la simple declaración posterior de que el acusado no era su esposo. A todo esto podríamos agre-gar, que siendo la ofendida una niña de trece años de edad, legalmente incapacitada para contraer matrimonio, debe pre-sumirse que no lo ha contraído; y, además, que aun cuando se probara que lo había contraído, ese matrimonio sería nulo. Artículos 68 a 70 del Código Civil.

La declaración adicional de la ofendida fué en realidad prueba acumulativa, pues el hecho de que la niña no era la esposa del acusado estaba ya suficientemente establecido. El error, si alguno fué cometido, en nada pudo perjudicar al acusado.

7-10. Los cuatro señalamientos restantes están relacionados con las instrucciones dadas al jurado.

Se queja el apelante de que la corte al instruir al jurado sobre el testimonio de la niña hizo un análisis de dicho tes-timonio de carácter argumentativo. Alega además, que la corte dió lugar a que el jurado creyese que con el testimo-nio de la perjudicada bastaba para condenar al acusado.

Hemos examinado las instrucciones. No encontramos en ellas comentarios o argumentos sobre la evidencia presen-tada que puedan ser considerados como perjudiciales a los derechos del acusado o que sostengan la alegación de que él juez demostrara pasión o prejuicio en contra del acusado. El resumen que de toda la prueba hizo la corte se ajusta a lo que aparece en la transcripción de evidencia. Y en cuanto a la segunda parte de este señalamiento, encontramos que la instrucción dada por la corte al efecto de. que “en procesos por este delito el acusado no puede ser declarado culpable con la sola declaración o testimonio de la mujer agraviada, a menos que su declaración se corrobore con alguna otra prueba”, es suficiente para demostrar que el alegado error no fue cometido.

En las instrucciones sobre la regla del res gestae no encontramos nada que se aparte de las normas establecidas por la jurisprudencia sobre la materia. No erró la corte al instruir al jurado que no es necesario en todos los casos que las manifestaciones de la ofendida hayan sido hechas inmediatamente ; y que cuando la ofendida ha tardado en relatar lo ocurrido por temor a las amenazas que le ha hecho el ofensor, el tiempo transcurrido no impide que la declaración sea admisible. Pueblo v. Arenas, 39 D.P.R. 16; Pueblo v. Blanco, 40 D.P.R. 130, y Pueblo v. Vázquez, 40 D.P.R. 258.

Siendo la prueba de cargo suficiente para sostener el ve-redicto del jurado y no habiéndose cometido error alguno perjudicial a los derechos del apelante, la sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Snydeb

text:
    Compañía de Ferrocarriles de Puerto Rico, demandante y apelada, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núm. 8739.

    — Sometido: Noviembre 23, 1943.

      Resuelto: Febrero 7, 1944.

      Hon. 'Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y Carmen B. Hernández, Oficial Jurídico, abogados del apelante; Mariano Acosta Velarde, Federico Acosta Velarde y Donald R. Dexter, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Snydeb

emitió la opinión del tribunal.

La apelada, después de pagar bajo protesta la cantidad de $1,365.62 en concepto de arbitrios sobre importaciones de piezas y accesorios para la construcción y reparaciones de vagones de ferrocarril, instituyó este pleito en .solicitud de la devolución de la cantidad pagada. La corte -de distrito declaró sin lugar la excepción previa interpuesta por el Te-sorero. Este último presentó una moción solicitando se dic-, tase sentencia, y aliora apela de dicba sentencia.

El asunto aquí envuelto es una simple cuestión de de-recho. ¿Dispone el párrafo 8 del artículo 16 de la Ley de Rentas Internas de Puerto Rico (Ley núm. 85, Leyes de Puerto Rico, 1925, pág. 585, según fué enmendada por la núm. 158, Leyes de Puerto Rico, 1941, pág. 949) la imposi-ción de dichos arbitrios? Los fundamentos que alega el Te-sorero en apoyo de una contestación afirmativa a esta pre-gunta fueron recientemente rechazados por esta Corte en un caso en que se trataba sustancialmente del mismo problema (Puerto Pico Iron Works Inc. v. Tesorero, decidido en 25 ele enero de 1944, 62 D.P.R. 868). A ningún fin práctico se llegaría con repetir en el presente caso nuestras conclusio-nes ya expuestas en el de la Porto Rico Iron Works Inc.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado SeñoR De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Báiz Miró, acusado y apelante.
    Núm. 10267.

    — Sometido: Enero 15, 1944.

      Resuelto: Febrero 9, 1944.

      Celestino Iriarte, F. Fernández Cuyar y H. González Flanes, aboga-dos del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado SeñoR De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue acusado de dos delitos de atentado a la vida. Como los delitos imputados tuvieron lugar en el mismo acto, como resultado de la misma contienda, los dos casos fueron vistos y juzgados por la misma prueba. Fué hallado culpable de atentado a la vida en un caso y de acometimiento y agresión en el otro, y sentenciado a cuatro años de presi-dio con trabajos forzados y seis meses de cárcel, sin costas, respectivamente.

El único error que señala el apelante es el haber transmitido el juez inferior la siguiente instrucción:

“La teoría de la defensa, según se nos anuncia, es de defensa propia. Toda persona, por regla general, que es agredida injustifi-cadamente, tiene el derecho de defensa propia, o sea el derecho de repeler esa agresión injustificada de que ha sido objeto, con la fuerza que sea necesaria para repelerla. En circunstancias normales una bofetada, justifica otra bofetada en defensa propia, si la primera fué injustificada. Desde luego, las circunstancias pueden ser fuera de lo normal. El acusado no nos ha dicho al declarar que él temiera por su vida en momento alguno, n'i tampoco nos ha dicho que temiera sufrir grave daño corporal; no nos ha dicho por qué fué que usó la cuchilla; él dice que Juan Ramos-lo tenía agarrado por un brazo y que Pedro Cruz le había dado 'un puñetazo. " Ahora bien, si el acusado estaba libre de culpa y si con motivo de esas actuaciones que nos ha dicho él de Juan Ramos y de Pedro Cruz, él sintió razo-nablemente que estaba en peligro inminente de muerte o de sufrir grave daño corporal, entonces tenía derecho a utilizar los medios que fueran necesarios para evitar esa muerte o ese grave daño corporal.”

Arguye el apelante que esa instrucción es errónea por-que dió a entender al jurado que para que el acusado pu-diese invocar la defensa propia precisaba que hubiese decla-rado que al atacar a la víctima él temía perder su vida o recibir grave daño corporal.

Esa instrucción, considerada aisladamente, .es errónea en cuanto al punto señalado por el acusado, porque la existen-cia de dicho temor podría surgir, sin que tuviera que decirlo el acusado, de las circunstancias del caso; pero dicha ins-trucción fué dejada sin efecto por la instrucción especial que a petición de la defensa transmitió el juez al jurado, a saber:

“A solicitud de la defensa, amplío mis instrucciones, instruyén-doles, señores del Jurado, que para concluir ustedes si el acusado tenía un temor razonable de sufrir grave daño corporal, no es nece-sario que él declare que tenía ese temor; pueden concluir los señores del Jurado si él tenía ese justificado temor por las circunstancias de la prueba practicada.”

Alega también el apelante que el juez perjudicó sustancialmente sus derechos al transmitir erróneamente al jurado que el acusado no les había dicho por qué fué que usó la cuchilla con que se realizó el delito.

Es cierto que el juez hizo esa errónea manifestación al jurado, pero con ello no perjudicó al acusado porque antes, al hacer el resumen de la prueba presentada por una y otra parte, refiriéndose a la del acusado, mientras exponía al ju-rado la versión que de la pelea había hecho el acusado, dijo que éste había dicho que Juan Kamos lo había agarrado fir-memente por un brazo y por el cuello, y que mientras estaba asido, llegó Pedro Cruz y le dió un puñetazo por el cuello; “que en esto se levantó Vilanova y se le venía encima y que entonces él, mientras estaba asido el brazo izquierdo por Juan Ramos, sacó la sevillana que llevaba en el bolsillo tra-sero derecho del pantalón, la abrió y cortó a Vilanova y al abrir la cuchilla Pedro Cruz- se retiró; que Juan Ramos no lo soltó y que después que él hirió a Vilanova entonces Juan Ramos lo soltó y que entonces vino Pedro Cruz y se le aba-lanzó encima al acusado y que el acusado entonces cortó a Pedro Cruz así y lo hirió en un costado.” Esta minuciosa explicación que dió el' juez al jurado sobre lo que declaró el acusado acerca del punto en cuestión, en adición al hecho de que el jurado oyó declarar eso mismo al acusado, impidió que pudiera creer el jurado que el acusado no había expli-cado por qué usó la cuchilla. El error del juez existió, sin duda, pero no se nos ha probado que pudiera haber perju-dicado los derechos sustanciales del acusado.

Procede por lo expuesto confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoh SnydeR

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arturo Medina Ascencio, acusado y apelante.
    Núm. 10281.

    — Sometido: Diciembre 16, 1943.

      Resuelto: Febrero 9, 1944.

      Juan Nevaras Santiago, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señoh SnydeR

emitió la-opinión del tribunal.

Arturo Medina fué denunciado ante la corte municipal por portar un arma prohibida en violación de la Ley núm. 14, Leyes de Puerto Bico, 1924 ((2) pág. 115), Sesión Ex-traordinaria. En apelación ante la corte de distrito, fué nuevamente convicto y sentenciado a treinta días de cárcel. El caso se encuentra ante nos en apelación contra dicha sen-tencia.

El apelante señala dos errores: (1) existía una duda ra-zonable en cuanto a su culpabilidad, y la corte de distrito, por lo tanto, cometió error al declararlo culpable; (2) la corte inferior cometió error al no declarar que el acusado portaba el arma ‘ en ocasión de su trabajo. y mientras lo desempeñaba”. Como los dos errores alegados se refieren a la suficiencia de la prueba, los discutiremos conjuntamente.

Miguel Serrano, policía insular, declaró que había sorprendido al apelante y a varios jugando “a la orida del camino” un juego conocido por Monte, y que el apelante tenía un cuchillo en la mano. Durante el contrainterrogaíorio y el interrogatorio redirecto, contestó, de manera confusa y contradictoria, preguntas sobre si el acusado fue detenido con el cuchillo en sus manos mientras se encontraba en el solar de su casa o en el camino.

Sin embargo, Santos Almodóvar, otro policía, claramente declaró que el episodio sucedió en el camino público como a las 10:30 p. m. Agregó que cuando la policía llegó, el acu-sado tiró el cuchillo al suelo.

El apelante llamó a Serrano como testigo suyo, y éste declaró sobre la buena reputación de aquél en la comunidad. Sobre los hechos ofreció sólo su propia declaración al efecto de que el día en cuestión regresaba después de desempeñar su ocupación diaria de cortar yerba para las vacas de un tal Lino Cepeda; que cuando llegó al frente de su casa, la po-licía acababa de detener a varios hombres que estaban ju-gando y también lo arrestaron a él; que el cuchillo fué ocu-pado en su persona mientras se hallaba en el solar de su casa, adyacente al sitio de la jugada.

La prueba del fiscal, de ser creída por la corte inferior era suficiente para justificar una convicción por el delito im-putado. En ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad, o error manifiesto, aceptamos el criterio de la corte inferior al resolver conflictos en la prueba como los que encontramos en este caso. (Pueblo v. Díaz, 62 D.P.R. 499).

El hecho de que uno de los testigos del fiscal vacilara al declarar sobre el lugar del delito no creó, por sí mismo, una duda razonable que como cuestión de derecho nos obligue a revocar la sentencia de culpabilidad (Véase Pueblo v. Monroig, 58 D.P.R. 102; Pueblo v. Delerme, 51 D.P.R. 519).

De la misma manera, de toda la prueba y de las circuns-tancias concurrentes, no surge error que dé lugar a la revo-cación de la sentencia de la corte de distrito en cuanto a que, como cuestión de hecho, cuando se arrestó al acusado éste no portaba el cuchillo “por razón de o mientras desempeñaba” su empleo.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Mariano Berríos Lebrón, acusado y apelante. El Mismo v. El Mismo.
    Núms. 10253 y 10254.

    — Sometidos: Diciembre 7, 1943.

      Resueltos: Febrero 9, 1944.

      Cruz Ortiz Stella, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, aboga-dos de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

Estos dos casos se encuentran ante nos en apelación contra sentencias dictadas por la corte de distrito condenando al acusado a pagar una multa de $10 en cada caso por el delito de daños maliciosos y por infracción al artículo 517 del Código Penal. Las denuncias eran al efecto de que el acusado babía cortado y se había llevado unos árboles de guaba y arbustos de café que crecían en terreno propiedad d.e la testigo denunciante. Uno de los errores alegados fueque la prueba no era suficiente para sostener la sentencia.

Los casos se vieron conjuntamente ante la corte inferior. Una de las testigos denunciantes, Enriqueta Morales, declaró que su familia había venido originalmente a vivir en la finca en cuestión como agregados; que por un convenio verbal su padre había comprado esta parcela a Antonio Berrios, hermano del acusado; que el derecho de su familia a poseer la parcela está en litigio en la actualidad; y que, como se alega en las denuncias, el acusado entró en la propiedad, cortó los árboles de guaba y de café que crecían allí plantados y se los llevó.

La declaración del acusado fue al efecto de que éste y Otros herederos de su padre eran los dueños de la parcela; que su padre no la había vendido; y que la familia Morales todavía eran agregados de dicha finca y estaban ahora recla-mando el título de la propiedad bajo la teoría de que la ha-bían poseído durante cierto tiempo.

Los hechos en este caso no justifican la convicción por los delitos imputados. El requisito de que el delito se cometa con malicia y voluntariamente nunca se probó. Al contra-rio, la cuestión es claramente una que envuelve sencillamente una disputa tona fide en cuanto al título de la parcela. í£La maquinaria de la ley penal no puede invocarse propiamente para el resarcimiento de un daño meramente privado.”

No debe interpretarse como que resolvemos que el mero ipse dixit de un acusado al efecto de que tiene algún interés en el título del terreno, sería suficiente para absolverlo en todos los casos por los delitos que aquí se le imputan. Pero si de la propia prueba de los testigos denunciantes surge,, como en estos casos, que la actuación del acusado estaba pre-dicada en una reclamación del título sobre el cual existe una legítima controversia, las partes deben obtener el resarci-miento de tales daños como se alegan en estos casos, me-diante una acción civil. Resolver lo contrario, equivaldría a convertir una acción penal en nna acción para dirimir el tí-tulo o el derecho a la posesión de la propiedad. Ésta es nna doctrina bien establecida qne este Tribunal ha seguido en varios casos. Pueblo v. González et al., 15 D.P.R. 696; Pueblo v. Maldonado, 15 D.P.R. 776; Pueblo v. Reyes et al., 24 D.P.R. 168; Pueblo v. Galeno, 61 D.P.R. 406.

Se revocarán las sentencias de la corte de distrito y se substituirán por otras que absolverán al acusado.

        (1) El artículo 517 lee en. parte que "Incurrirá en ‘misdemeanor’ toda persona que voluntariamente cometiere cualquiera de las siguientes violaciones: 1. Cortar, destruir o dañar cualquiera clase de bosques o madera quese hallare •o creciere en terrenos de otra persona ...”

      (2) Hughes v. State, 103 Ind. 344, citado en Pueblo v. Reyes et al., 24 D.P.R. 168, 171.


text:
    Rodrigo Morales Rosario, peticionario y apelante, v. Sixto M. Saldaña, Jefe de la Penitenciaría Insular, demandado y apelado.
    Núm. 8808.

    — Sometido: Diciembre 10, 1948.

      Resuelto: Febrero 9, 1944.

      Bodrigo Morales Bosario compareció por su propio derecho; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribnnal.

El apelante, quien está cumpliendo una sentencia de quince años de presidio con trabajos forzados por un delito de escalamiento en primer grado, en grado de reincidencia, solicitó de la corte de distrito un auto de hábeas corpus, ale-gando que la referida sentencia es nula y sin valor alguno -toda vez que durante el juicio no había sido representado por ahogado. Esta es una apelación contra la sentencia de la corte de distrito anulando el auto expedido.

La contención del apelante es que el abogado que le nombró la corte de distrito para defenderlo no tuvo suficiente tiempo de prepararse para el juicio. Del récord surge que el secretario de la corte de distrito notificó al acusado que el 10 de junio de 1937 la corte de distrito había nombrado al abogado Román Díaz Collazo para que defendiera al apelante; que el 15 de junio el secretario le envió otra carta notificando al acusado que el abogado César Andréu Ribas había sido nombrado por la corte de distrito como su •abogado en sustitución de Díaz Collazo; y que Andréu Ribas de hecho lo defendió en el juicio que se celebró el 21 de .junio de 1937.

La única base posible para la contención del acusado al ■efecto de que su abogado no tuvo suficiente oportunidad de prepararse para el juicio fué una manifestación de la corte inferior en relación con una cuestión preliminar de derecho levantada por el abogado del acusado. La corte de distrito hizo el siguiente comentario:

“Entiende la corte que es tardía la cuestión. No es culpa del abo-gado que ha sido nombrado en estos momentos. La corte deniega la moción.”

Poco después, Andréu Ribas manifestó también lo si-guiente :

“Para que aparezca claro, quiero hacer constar que este acusado está defendido por este abogado, que se hizo cargo del asunto momen-tos antes de comenzarse el juicio, por nombramiento de oficio de la ■ corte, y en cumplimiento del deber que se le impone en estos casos. ’ ’

Ninguna de estas manifestaciones está necesariamente en ■contradicción con el récord, que demuestra que Andréu real-mente fué nombrado seis días antes del juicio. Y, de cual-quier modo, el récord, como lo demuestra la carta del secre-tario, debe prevalecer sobre estas manifestaciones incidenta-les e informales hechas en el curso de nna disensión entre-el juez y el abogado. Además, es importante indicar que en ningún momento durante el juicio afirmó el abogado del ape-lante que no estaba preparado para proseguir con el caso.

De igual manera, no sostiene el récord la contención del apelante de que se le obligó ir a juicio sin dársele una opor-tunidad razonable para citar a los testigos. El récord de-muestra que el abogado del apelante hizo una vigorosa de-fensa del acusado, demostrando que estaba bien familia-zado con los hechos del caso. Se trajeron tres testigos y de-clararon a favor del acusado. Y en ningún momento durante el juicio solicitó el apelante, bien que se citaran otros testi-gos o que se suspendiera el caso a fin de darle la oportuni-dad de traer otros testigos.

Estamos satisfechos con que los hechos del presente caso lo coloquen dentro de la doctrina establecida en Avery v. Alabama, 308 U. S. 444, y López v. Saldaña, 60 D.P.R. 312. De conformidad con dichos casos, resolvemos que bajo las cir-cunstancias aquí descritas no se privó al apelante de su de-recho constitucional de asistencia de abogado.

El apelante alega una cuestión adicional que también es insostenible. Afirma que la sentencia declarándolo convicto por un delito subsiguiente es nula por el fundamentode que su primera convicción era por hurto menor, un misdemeanor. Basa su posición en la teoría de que el artículo 56 del Código Penal es aplicable a su caso. Pero el artículo 57 expresamente dispone que “Todo reo convicto de hurto de menor cuantía ... si cometiere cualquier delito después de dicha convicción, será castigado según se expresa a conti-nuación: ... Si el subsiguiente delito fuere de tal natura-leza que en primera convicción aparejaría pena de presidio temporal, dicho reo será castigado con pena de reclusión temporal en su grado máximo, convicto que fuere del delito por primera vez.” Toda vez que el artículo 410 dispone que “El delito de escalamiento en primer grado se castigará con pena de presidio de uno a quince años”, la sentencia conde-nando al apelante a quince años de presidio fné correcta.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.

El Juez Asociado Sr. De Jesús se inhibió.


text:
    G. Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., recurrida; José Torres Camacho, obrero lesionado.
    Núm. 279.

    — Sometido: Diciembre 13, 1943.

      Resuelto: Febrero 9, 1944.

      Joaquina Pérez Cordero, Ángel de Jesús Platos y Joaquín Correa Suá-rez, abogados del recurrente; Virgilio Brunet y José L. Novas, abogados del obrero lesionado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el Administrador del Fondo del Seguro del Estado resolvió que el obrero aquí envuelto no fué lesionado mientras se encontraba en el curso de su empleo. El obrero apeló para ante la Comisión Industrial. El 17 de marzo de 1942 se celebró una vista del caso ante el Comisionado León Parra. El 15 de abril de 1942 el Comisionado León Parra cesó en su cargo sin radicar ante la Comisión su decisión, etc., según se provee en el artículo 10, Ley núm. ■ 45, Leyes de Puerto Rico, 1935 ((1) pág. 251). No hubo estipulación o convenio de las partes en cuanto a someter el caso a los Comisionados que no habían oído la prueba. Sin embargo, con la oposición del Administrador del Fondo, los Comisio-nados Paz Gránela y Herrero dictaron una decisión en el caso basada en el récord de la prueba, y resolvieron que la lesión había sido recibida en el curso del empleo. El Comi-sionado Soldevila, quien había sustituido a León Parra, disintió por el fundamento de que el artículo 10 impedía que se dictara decisión bajo tales circunstancias. Expedimos el auto al solicitar el Administrador se revisara el caso.

La parte pertinente del artículo 10 lee como sigue:

“Si el caso fuere señalado para ser oído por un Comisionado, la vista tendrá lugar en la localidad donde baya ocurrido el accidente o en cualquier otro sitio que la Comisión' Industrial designare, y la decisión del Comisionado, junto con una exposición de la evidencia, y sus conclusiones sobre los hechos y el derecho, y otras materias per-tinentes a la cuestión planteada ante él, será radicada en la Comi-sión Industrial para su decisión. . .”

Se admite que después de presidir la vista en el presente caso, el Comisionado León Parra no radicó decisión, exposi-ción de la evidencia, conclusiones sobre los hechos y conclu-siones de derecho algunas. No obstante el obrero insiste en que el no haberse cumplido con las disposiciones del artículo 10 no era impedimento para que la Comisión resolviera el caso por el récord. En síntesis, su posición es al efecto de que el artículo es permisivo más bien que mandatorio.

Puede ser que la Legislatura, de haberlo elegido así, pudo haber dispuesto que la Comisión podía decidir el caso por el récord en ausencia del Comisionado que oyó la prueba y en ausencia de su informe sobre el caso. En verdad, aun como lee la ley actualmente, los otros Comisionados, una vez que el informe y la decisión del Comisionado que oyó la prueba se radicaran, pueden, a base de la prueba tomada, rechazar la decisión de este último (Ortiz v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 278). La regla en relación con agencias administrativas, en síntesis, no es tan rígida como la que se lia aplicado a los tribunales (United States v. Nugent, 100 F. (2d) 215 (C.C.A), 6th, 1938); el becho de que el funcio-nario que decide el caso no esté presente durante la vista ante un tribunal administrativo no es por sí solo fatal al procedimiento (véase Luce & Co. v. Junta de Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452, 478, et seq.; opinión concurrente del Juez Presidente Wolfe en Crow v. Industrial Commission, 140 P. (2d) 321 (Utah., 1943); Gellhorn, Administrative Law,. Cases and Comments, 2. ¿Tiene el Funcionario que Oye la Prueba que Ser el Mismo que Decida el Caso, o Puede una Persona Recibir la Evidencia y Otro Considerarla?, págs. 736-51). Toca a la Legislatura determinar, como una cues-tión de flexibilidad administrativa, cuán lejos desea ir en tales cuestiones — siempre que no se niege el debido procedi-miento. La dificultad con la posición del obrero en este caso es que la Legislatura ha dispuesto afirmativamente que to-dos los documentos en cuestión “serán” radicados por el Comisionado que oyó el caso. No nos impresiona, bajo las circunstancias de este caso específico, el argumento de que la Legislatura usara la palabra “será” y no “deberá”. Clara-mente la Legislatura quiso dar a toda la Comisión el bene-ficio de las conclusiones del funcionario que oyó la prueba, antes de que la Comisión resuelva el caso. Por tanto no es importante en este caso el que la Comisión, como liemos visto, tenga el poder de revocar al Comisionado ante quien se vió el caso en primera instancia. Lo importante es que la Le-gislatura ha insistido en que ninguna decisión de la Comi-sión deberá dictarse a menos que y hasta que todos los da-tos indicados se radiquen ante ella por el funcionario que vió el caso. Creemos que ésa es una regla sabia. Es de gran ayuda — y algunas veces indispensable — para un cuerpo que va a emitir una resolución el tener las conclusiones del fun-cionario que oyó la prueba. Pero aun si no aprobáramos la regla, no tendríamos poder para intervenir. La Legislatura ha actuado sobre una materia que cae dentro de su exclusiva competencia.

No tenemos duda de que las partes pueden estipular bajo las circunstancias aquí envueltas el someter el caso a Id Co-misión por el récord. En cuanto a tal extremo, los requisi-tos del artículo 10 no son jurisdiccionales. Pero son man-datories en cuanto a la Comisión; y a menos que las partes no los renuncien, la Comisión debe cumplir con los mismos.

No podemos ver la pertinencia del artículo 6(b) de la Ley núm. 45 aquí envuelta. El artículo 10, que dispone que “Ninguna de las partes tendrá derecho a una segunda vista sobre cuestiones de hechos” de igual manera no tiene rela-ción a los peculiares hechos de este caso. La alegada vista celebrada en este caso ha demostrado ser infructuosa. Las partes tienen derecho a una vista que la Comisión debe pro-porcionarles ahora (cf. Cordero v. Comisión Industrial, 62 D.P.R. 143).

El caso de Crow v. Industrial Commission, supra como ya se ha indicado, es de aplicación y llega a la misma con-clusión a que se llega en el presente caso. (Véase también, United States v. Perkins, 79 F. (2) 533 (C.C.A. 2nd. 1935).) El caso de Farran v. Curtis Pub. Co., 120 A. 544 (Pa., 1923) llega a un resultado opuesto, pero el estatuto allí envuelto aparentemente no contenía disposición mandatoria alguna como la que existe en nuestro estatuto.

La resolución de la Comisión Industrial será revocada y se devolverá el caso para ulteriores procedimientos ante la Comisión no inconsistentes con esta opinión.

      (1) Dicho artículo dice en parte que “La vacante o ausencia de uno de sus miembros no entorpecerá el derecho de los dos restantes a ejercer todos los debe-res y poderes eonferídosles por esta Ley.”


text:
    Banco Popular de Puerto Rico, como Liquidador del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Pico, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. B. Marrero Ríos, Juez Interino, demandada.
    Núm. 1552.

    — Sometido: Diciembre 8, 1943.

      Resuelto: Febrero 9, 1944.

      Damián, Monserrat, Jr., Gabriel de la Haba y Rafael Baragaño, Jr., abogados del peticionario; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y R. Rivera Zayas, abogados de los miembros de la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico ha es-tado bajo liquidación en la Corte de Distrito de San Juan durante algunos años, de conformidad con la Ley núm. 17, Leyes de Puerto Rico, 1933, El peticionario, Banco Popular de Puerto Rico, ha sido el liquidador estatutario desde el 1937 hasta la fecha. El 23 de junio de 1942 el peticiona-rio radicó una moción en los procedimientos de liquidación solicitando que se vendieran en pública subasta el remanente de los activos del Banco Territorial. Luego de la debida no-tificación y de celebrarse una vista, no-habiéndose radicado oposición alguna a la moción, se ordenó, se publicó y se ce-lebró la referida subasta pública. Más tarde, por moción radicada por el peticionario, y después de una vista sobre la misma, el 7 de enero de 1943 la corte de distrito dictó una resolución aprobando, con algunas excepciones de poca im-portancia, la venta del remanente de los activos. Contra esta resolución no se entabló recurso de apelación alguno.

El 5 de agosto de 1943 el peticionario radicó una moción solicitando de la corte de distrito (a) que aprobara su in-forme final de la liquidación del Banco Territorial, y (&) que relevara y descargara al peticionario de toda ulterior res-ponsabilidad, en relación con los procedimientos de liquida-ción. Antes de que la corte inferior dispusiera de esta mo-ción, los miembros de una Comisión Especial Investigadora de las Instituciones Bancarias en Proceso de Liquidación, de la Cámara de Representantes, por conducto del Procurador General, radicaron una moción fechada el 13 de octubre de 1943 ante la corte de distrito alegando que la referida Co-misión, de conformidad con una resolución de la Cámara, es-taba investigando la subasta aquí envuelta, y rendiría a la Cámara un informe de dicha investigación con el fin de “so-meterlo a la consideración de esta Honorable Corte como fuente de información y material de investigación, antes de que esta Corte arribe a conclusiones finales sobre el informe y las cuentas presentadas por el liquidador.” La moción, co-piaba lo siguiente de la resolución creando la comisión inves-tigadora, “la creencia de que hubo cierta anormalidad e irre-gularidad, festinación y falta de claridad en la adjudicación que se hizo al venderse en pública subasta ciertos créditos y obligaciones a cobrar pertenecientes al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico' valorados nominalmente en aproxi-madamente $420,000, cuya subasta tuvo lugar allá por el día 30 de octubre de 1942, la cual se efectuó por una suma que escasamente cubre el 2 por ciento de dicho valor nominal.” La moción finalizaba como sigue:

“7. Que los peticionarios estiman esencial para la mejor adminis-tración y desempeño de la función judicial en este caso, que esta Honorable Corte tenga a su disposición todos los informes y datos que la Comisión Especial Investigadora de la Cámara baya recogido en la amplitud de las audiencias públicas, a fin de que la resolución judicial no resulte incongruente con el resultado de la investigación legislativa, en perjuicio y detrimento de los intereses públicos en-vueltos.
“Pob TANTO, vuestros peticionarios respetuosamente sugieren y suplican:
“(a) Que esta Honorable Corte se sirva diferir la resolución sobre el informe final de la liquidación del Banco Territorial & Agrí-cola de Puerto Rico hasta que la Comisión Especial Investigadora de la Cámara rinda su informe y copia del mismo se someta a esta Honorable Corte, sin perjuicio de dar por terminada la liquidación, a fin de evitar que se continúen haciendo para ello gastos innece-sarios. ...”

La corte de distrito celebró una vista y oyó prueba sobre esta moción. El 12 de noviembre de 1943 la corte de dis-trito dictó una resolución que dice en parte como sigue:

. “PoR Cuanto: esta Corte no tiene dudas de que el informe de la citada Comisión Investigadora la ayudará grandemente en las conclusiones a que habrá de llegar al aprobar finalmente la liquida-ción del Banco Territorial y Agrícola ni de que todo ello redundará en beneficio de la comunidad en general por haber tenido el Banco que fué objeto de liquidación innumerables depositantes de escasos recursos;
“Por cuanto: el informe de la ameritada Comisión Investiga-dora, según la prueba testifical aducida, quedará terminado y copia del mismo será sometido a esta Corte antes de cuatro meses, a partir del 27 de octubre último;
“Por tanto : se declara con lugar la anterior moción radicada por los Sres. Pinero, Quiñones, Ellsworth, Nevares Santiago y Reguero González y en su virtud difiérase la resolución de esta Corte sobre el informe final de la liquidación del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico hasta que la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Representantes de Puerto Rico arriba nombrada, rinda su informe y someta copia del mismo a esta Corte, sin perjuicio de dar por terminada la liquidación.”

A solicitud del Banco Popular para que se dictara un certiorari expedimos el auto con el fin de-revisar esta reso-lución en los méritos, en vista de la alegación de que la re-solución infringía la doctrina constitucional en cuanto a la separación de poderes (Ley núm. 32, Leyes de Puerto Rico, 1943, pág. 85).

La doctrina de la separación de poderes, tal como ha sido declarada originalmente en las constituciones Federal y Estatales, y tal como se ha aplicado a situaciones específicas que han surgido durante los últimos ciento cincuenta años, ha sido alguna que otra vez entendida imperfectamente. Es fácil para los teóricos políticos afirmar locuazmente que la división de los poderes gubernamentales consiste de lo siguiente : la rama legislativa inicia la política, la ejecutiva la pone en ejecución, y la judicial resuelve las controversias que surgen de la misma. Pero esto dista mucho de ser la contestación a los múltiples problemas engendrados por esta doctrina gubernamental. Sólo define en vez de resolver los problemas realmente difíciles.

Corriendo el riesgo de repetir lo que es obvio, es salu-dable recordar el génesis de la doctrina de la separación de poderes. “Con razón justificada fue que los americanos, ba-sados en la experiencia, casi en seguida que se declaró la in-dependencia, establecieron por escrito normas de gobierno o constituciones y usaron como base la separación de poderes y como portada una declaración de derechos. Desde el prin-cipio hasta la revolución las colonias habían estado sujetas a un gobierno completamente centralizado, sin distribución de poderes, y sabían lo que significaba esta clase de gobierno. . . No es de extrañarse el que se implantara en América esta doctrina y se incluyera en la declaración de derechos, des-pués de la independencia, cuando se leen las leyes despóticas, que intervenían con toda clase de conducta, creencia y ense-ñanza del individuo, por las cuales continuamente eran cul-pables las legislaturas coloniales, o las leyes legalizando tes-tamentos rechazados por las cortes, fijando la administración de herencias particulares, la suspensión del término prescrip-tivo a un litigante en un caso específico y al eximir a cual-quier persona de responsabilidad por nn delito específico por el cual se hubiera procesado a sns vecinos, de las cuales es-tán llenos los libros de leyes coloniales.” (Pound, Administrative Law, págs. 51, 52, 54.)

“La subestructura de la nueva nación fue una división tripartita de los poderes gubernamentales, cuyo fin primordial fue, en síntesis, asegurar la libertad del individuo contra la opresión de cualquier rama.” (Landis, Constitutional Limitations on the Congressional Power of Investigation, 40 Harv. L. Eev. 153, 4.) “La doctrina de la separación de poderes se adoptó por la Convención de 1787 no con el fin de fomentar la eficiencia pero sí para impedir que se ejercitara un poder arbitrario. El propósito no fue evitar fricciones, pero, mediante la fricción inevitable incidental a la distribu-ción de los poderes gubernamentales entre tres ramas, sal-var al pueblo de la autocracia.” (Brandéis, J., disintiendo en Myers v. United States, 272 U. S. 52, 293.)

No se puede negar que el amplio principio de la sepa-ración de poderes ha sido un factor vital en la conserva-ción de nuestras libertades desde su adopción por los Padres de la Patria (Founding Fathers). Pero algunas veces han surgido dificultades debido a la confusión de pensa-miento en cuanto a dos problemas causados por el hecho de la existencia de ramas -gubernamentales separadas pero de igual calibre.

En primer lugar, muchos han pasado por alto el hecho de que la separación absoluta nunca ha existido y nunca se pretendió que existiera. En verdad, Madison escribió en El Federalista que algunos se oponían a la Constitución por la única razón de que no disponía para una verdadera separa-ción de poderes. Pero, como observó Madison, la frase “separación de poderes” es cierta sólo en parte. Nunca se pretendió que cada una de las ramas gubernamentales fun-cionara en un vacío, completamente independiente y alejada de las otras. Más bien lo que la Constitución protegía fue descrito como signe: “La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, bien de una, algunas o muchas personas, y ya sea por herencia, nombramiento propio o electivo, puede declararse con razón que es la definición exacta de la tiranía.” (El Federalista (editado por Lodge), pág. 300 — bastardillas nuestras.) En verdad se ha sugerido que la confusión engendrada por el uso de la frase “separación de poderes,” puede disiparse describiendo el principio como la “separación de funciones últimas”. (Herwitz y Mulligan, The Legislative Investigating Committee, 33 Col. L. Rev. 1, 7.) Sea ello como fuere, a los tribunales les concierne más el significado legal y de hecho del principio en vez de una selección entre breves des-cripciones competidoras. Y no se puede afirmar con dema-siado énfasis que las ramas gubernamentales están tan in-terrelacionadas en sus funciones como son independientes entre sí. En la frase de Madison, los poderes gubernamen-tales han sido mezclados en vez de separarse. Sostenía que se exigía solamente un grado de separación y que este grado sólo se podía asegurar relacionando y mezclando las ramas. Beard, en La República, pág. 190, describe la intervención y balance (checks and balances) que de ello resulta como una clase de equilibrio dinámico.

Seguidamente se recuerdan ejemplos que ilustran esta tesis. El ejercicio de una “función legislativa última” — la de hacer las leyes — está sujeto típicamente al veto del eje-cutivo. El Presidente puede ser residenciado por la Cámara de Representantes y destituido por el Senado. Todos los ejecutivos subalternos que sirven bajo el Presidente son las criaturas del Congreso. No obstante el Congreso no tiene poder ejecutivo propiamente dicho en el sentido de que puede dirigir la actuación de funcionarios ejecutivos sobre una base diaria. El Congreso tiene el poder de asignar fondos y de declarar guerras; pero el ejecutivo gasta el dinero y sos-tiene las guerras. El Presidente conduce las relaciones ex-tranjeras. Sin embargo, todos los tratados requieren la ra-tificación del Senado. Los jueces son nominados por el Pre-sidente, confirmados por el Senado y están sujetos a resi-' dencia por la Cámara de Representantes. El Presidente ejercita la alta función judicial envuelta en el poder del per-dón. Y las cortes, al pasar sobre la constitucionalidad y el significado de las leyes, concurren en la tarea de dar forma a la legislación. Un reconocimiento completo de la mezcla e interrelaeión de los poderes gubernamentales ha surgido con la creación de juntas y comisiones que (a) promulgan reglamentos que en efecto son legislación, (b) aplican leyes y con ello ejercitan funciones ejecutivas y (c) deciden casos específicos, ejercitando de esta manera poderes judiciales o cuasi judiciales.

Pero no es suficiente que se conozca el limitado grado de separación envuelto en la separación del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Nos queda un segundo problema — ¿qué-.es el poder legislativo, ejecutivo o judicial? El poder legis-lativo, por ejemplo, no es una frase hecha ni un concepto-que se define por sí mismo. Una demostración obvia es el poder de una de las cámaras de la Legislatura, en ayuda de sus funciones para hacer las leyes, bajo ciertas circunstan-cias, de procesar y castigar por desacato. (Jurney v. MacCracken, 294 U. S. 125; McGrain v. Daugherty, 273 U. S. 135, 171-3.) A primera vista parece que tal poder es sin duda alguna uno de naturaleza judicial. Pero decir que un poder de la legislatura es judicial.,sólo conduce a confusión. Después de todo, caracterizar tal poder es sólo declarar el resultado y deja inarticulado el razonamiento necesario para llegar a tal resultado. Por tanto, debemos echar a un lado-la descripción y examinar cada situación, determinando en un caso específico (1) si la función específica ha sido expre-samente asignada por la Constitución a la rama guberna-mental que trata de ejercitarla, o (2) si su ejecución por tal rama es un incidente necesario para otras funciones expre-samente conferídasle. Y al determinar esta última cuestión el hecho de que una rama pudiera usar los métodos, técnica y equipo tradicionalmente usados por otra rama, es irrele-vante. Es decir, la citación de testigos, la práctica de prueba y aun la decisión final de la controversia por la Legislatura en un procedimiento de desacato no es en manera alguna una derogación de la doctrina de la separación de poderes. Como ya se ha indicado, “tanto en las cortes como en las legislaturas, el ejercicio de tal poder no es propósito fundamental de su creación, sino subsidiario a la realización de tal propósito. Les proporciona el poder de funcionar como' cortes o como legislaturas. Designar tal poder como ‘poder-judicial’ o ‘poder legislativo’ erróneamente implica su eje-cución exclusiva por uno u otro organismo gubernamental,, o, si permite su ejecución por ambos, implica en un caso una excepción al carácter general del poder ejercitado por tal rama gubernamental. Es correcto, sin embargo, darle al poder el carácter de subsidiario a la ejecución de un poder-mayor o más comprensivo para el cual se creó la institución,, bien sea la corte o la legislatura. Ambas instituciones, ya imitándose una a la otra o por falta de inventiva ulterior,, ban adoptado el mismo recurso — encarcelamiento sumario— para llevar a cabo los propósitos fundamentales de su exis-tencia. La sanción judicial para la ejecución de tal poder por la legislatura, descansa en el reconocimiento de la nece-sidad de que el proceso legislativo funcione.” (Landis, supra, a la pág. 158.)

Vemos por tanto que el uso de la técnica judicial no es-tatal a la ejecución por la Legislatura de una función incidental a y en ayuda de la labor de legislar. El factor primordial es que el propósito último sea legislativo. De la misma manera, esto se ha reconocido en una situación rela-cionada cuando la legislatura ha tratado en vano de asignar a las cortes deberes no judiciales, dándole la forma de téc-nica judicial a ser usada en la ejecución de tales deberes no-judiciales. Cardozo, con su acostumbrada facilidad de ex-presión, expone las objeciones constitucionales a tal práctica.. Al declarar nula una ley, hablando por la Corte de Apela-ciones de Nueva York, en el caso de In re Richardson, 160 N. E. 655 (N. Y., 1928), indica que bajo tal práctica un juez (págs. 657, 9) “ ... se convierte en el delegado del gober-nador en ayuda de un acto ejecutivo, la remoción de un fun-cionario público. Matter of Guden, 171 N. Y. 529, 64 N. E. 451. Tan pronto se le ordena, abandona el juez su labor de-juzgar, y emprende otro trabajo, el de explorar y aconsejar. Sus conclusiones al ser hechas no tendrán ninguna autori-dad de sentencia. Usando la frase de Bacon, ellas no ‘ex-pondrán la regla o la sentencia.’ No serán preliminares o auxiliares de una regla o sentencia a ser pronunciada por la rama judicial en alguna de sus divisiones. Sólo serán un mero consejo al Gobernador, quien puede adoptarlas, modi-fiearlas o rechazarlas en total. Desde los comienzos de nues-tra historia, se ha seguido el principio de que el Ejecutivo o la Legislatura no tienen poder inherente para asignar al poder judicial funciones administrativas, excepto cuando son razonablemente incidentales en el desempeño de sus deberes .judiciales. People v. Hall, 169 N. Y. 184, 62 N. E. 170; Matter of State Industrial Commission, 224 N. Y. 13, 16, 119 N. E. 1027. Las exigencias gubernamentales han hecho necesa-rio que se liberalice una mera adhesión doctrinaria a un principio tan flexible y práctico, que es grandemente una •cuestión de juiciosa aproximación, como la de la separación •de poderes. La elasticidad no significa que lo que es la esen-cia de la función judicial pueda ser destruido, convirtiendo el poder para decidir en una débil oportunidad para consul-tar y recomendar (c/. Frankfurter y Landis, Power of Congress, etc.; A Study in the Separation of Powers, 37 Harvard Law Review, 1010, 1020). ... No hay duda de que •existen zonas periféricas en que lo judicial y lo administra-tivo se confunden entre sí. C. W. Pound, The Judicial Power, 35 Harv. L. R. 787, 789. También otros ejemplos pueden citarse. Greater N. Y. Charter, §1534; Mitchel v. Cropsey, 177 App. Div. 663, 164 N.Y.S. 336. El centro puede ser puro cuando la frontera es incierta.”

En resumen, el método no es tan importante como la ac-tuación última a realizarse por una rama gubernamental que utiliza un método específico para obtener los datos sobre los cuales basar su actuación.- Y la diferencia cardinal entre la actuación final de las tres ramas del gobierno, cada una ac-tuando dentro de su esfera, siempre ha sido razonablemente clara. Una excelente exposición a este efecto se encuentra en Ex parte Battelle, 277 P. 725 (Calif. 1929), a la pág. 731, que dice como sigue:

A • • También creemos oportuno expresar en este punto de nues-tra investigación que, por costumbre general, adherida más o menos rígidamente, cada investigación oficial, desde épocas lejanas, ha hecho uso de métodos de procedimiento parecidos a aquellos que rigen en los tribunales judiciales. Esto es debido a que, en el orden de las cosas, como lo lia demostrado la experiencia bumaua, se ba probado-que tales métodos proporcionan el método más seguro de llegar a la verdad del asunto específico envuelto en la investigación. Sin embargo, no puede decirse que cuerpos legislativos o agencias admi-nistrativas u organizaciones municipales o funcionarios ejecutivos-por el mero becho de que empleen métodos de procedimientos pare-cidos a aquellos empleados o exigidos en los tribunales judiciales, estén dedicados al ejercicio de - una función judicial o invadiendo el área asignada exclusivamente a la rama judicial del gobierno estatal. Ha habido alguna confusión en las decisiones judiciales refiriéndose a esta cuestión, cuya disipación está fuera de los límites de la presente investigación, pero no sería impropio en este momento referimos-ai comentario de Cooley en su obra Sobre Limitaciones Constitu-cionales, en el que después de revisar muchas autoridades, llega a la conclusión de: ‘Que aquello que distingue un acto judicial de uno legislativo es que el primero es la determinación de lo que la ley actual es en relación con alguna cosa existente que se hizo o que sucedió, mientras que el segundo es una predeterminación de lo que la ley será para la reglamentación de todos los casos futuros cubier-tos por sus disposiciones.’ En la opinión,del Juez Holmes en el comparativamente reciente caso de Prentis v. Atlantic Coast Line Co., 211 U. S. 210, 29 S. Ct. 67, 53 L. Ed. 150, se dice lo siguiente: Nina investigación judicial indaga, declara y pone en vigor las res-ponsabilidades tales como existen sobre hechos presentes o pasados y bajo las leyes que. se supone que ya existen. Éste es su propósito y su fin. La legislación, por" otra parte, mira hacia el futuro y cambia las condiciones existentes, creando una nueva regla que se aplicará a todas o a alguna parte de las que están sujetas a su poder. Que los métodos de una se parezcan a los de otra en el curso de sus respectivas pesquisas, teniendo las dos diferentes fines en mente, no es el factor importante o determinante, toda vez que la misma consideración fundamental opera para guiar los pasos de ambas en cuanto al procedimiento.”

Al disponer en la Carta Orgánica el gobierno propio para Puerto Rico, el Congreso usando el lenguaje más amplio y ‘Comprensivo que pudo hallar (Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253), sabiamente siguió la pauta general de la separa-ción de poderes encontrada en las constituciones Federal y Estatales (Título 48 U.S.C.A. Secciones 771, 811, 861). Por tanto, enfocamos el problema específico levantado por el pre-sente caso con los mismos postes indicadores ya referidos; es decir, (1) la separación de poderes no impide la acción conjunta de las tres ramas coordinadas e iguales del gobierno, que son tan dependientes entre sí como independientes, y (2) no hay usurpación del poder judicial simplemente porque la legislatura, en el curso de una investigación en ayuda de sus funciones legislativas, utiliza los métodos de las cortes.

Limita considerablemente la cuestión envuelta en este caso el indicar al comienzo que el peticionario admitió en la vista oral que la resolución que autoriza la investigación aquí envuelta, es válida por sí misma. Por tanto el peticio-nario en efecto ha abandonado la alegación hecha en su pe-tición de certiorari de que la investigación no podría tener fin o propósito práctico, por el fundamento de que la legis-latura no podía anular, mediante legislación, la subasta que se investiga.

No tenemos duda de que el peticionario ha hecho una ad-misión correcta. Desde tiempo inmemorial, el poder de la rama legislativa del gobierno para practicar investigaciones en apoyo de sus funciones legislativas,- nunca ha sido ata-cado con éxito. “El negarle [a la legislatura] poderes para compenetrarse de los hechos, equivale a exigirle que propor-cione el remedio en la oscuridad.” (Landis, Constitutional Limitations on the Congressional Power of Investigation, supra, a la pág. 209). Estaría de más decir que la reglamen-tación e inspección de las operaciones de los bancos es una materia válida de legislación. En el pasado nuestra legis-latura ha demostrado ampliamente su interés en que se apruebe una legislación adecuada para este campo. (Ley núm. 18, Leyes de Puerto Pico, Sesión Extraordinaria, 1923; Leyes núms. 2, 17, 55, Leyes de Puerto Pico, 1933; Ley núm. 180, Leyes de Puerto Pico, 1942.) Y, como hemos visto, no es censurable el hecho de que, en el curso de una investiga-ción para obtener informes sobre los cuales basar su legis-lación, la legislatura use una técnica utilizada más común-mente por las cortes.

Tampoco es fatal a la validez de la Resolución núm. 13 el que omita decir que la investigación en cuestión se prac-tica en ayuda de las funciones legislativas. El único requi-sito que se exige de esta resolución es que pueda tener un fin legítimo. De ser esto así, las cortes están obligadas a presumir que ése fué el propósito de la actuación legislativa. Esto se ha establecido en el caso de McGrain v. Daugherty, supra, en el cual se empleó el siguiente lenguaje para una situación similar (págs. 177, 178): “Es cierto que la reso-lución que ordena la investigación no dice expresamente que se aprobó en ayuda de la legislación; pero sí demuestra que la materia a investigarse .... era una que estaba sujeta a legislación y que recibiría gran ayuda material de los infor-mes que la investigación estaba supuesta a producir. ... El único propósito legítimo que el Senado pudo tener al ordenar la investigación fué el obtener ayuda para la legislación; y creemos que la materia envuelta era de tal índole que debe presumirse que éste era el verdadero propósito. Hubiera sido mejor un reconocimiento expreso de la cuestión; pero en vista de la materia específica envuelta esto no era indispensable.”

Sin embargo, aparentemente el peticionario alega que la resolución en efecto ha sido invalidada por alegados defectos e impropiedades en la moción del 13 de octubre de 1943 y en la resolución del 12 de noviembre de 1943 declarándola con lugar. No podemos convenir con tal posición. “La fórmula para la validez de un estatuto es lo que razonablemente puede hacerse de acuerdo con el mismo, y no lo que se ha hecho bajo dicho estatuto.” (In re Richardson, supra, a la pág. 661). Por tanto, pasaremos a la petición y a la resolución declarándola con lugar para determinar, no si la resolución y la investigación que se practica de conformidad con la misma son ilegales, sino determinar si la resolución de la corte inferior era impropia.

Aquí también las partes no difieren sustancialmente en su afirmación de la regla de derecho pertinente. Mientras asume la posición de que la investigación es válida, sujeta a la limitación de que la legislatura no puede por un mero fíat legislativo revocar o anular la orden judicial aprobando la venta en cuestión, el peticionario admite que siendo válida la investigación, nada hay que impida a la corte inferior, al considerar cuestiones ante ella, de tener acceso a los hechos que la Cámara de Eepresentantes pueda incidentalmente desarrollar al realizar su investigación. “Puede admitirse que el Congreso no tiene autoridad para obligar la prestación de testimonio con el fin de ayudar en la prosecución de pleitos pendientes; pero la autoridad de dicho cuerpo, directamente o a través de sus comités, a exigir testimonio pertinente en ayuda de su propio poder constitucional, no está limitada porque la información que se pretende obtener pueda también usarse en tales pleitos.” (Sinclair v. United States, 279 U. S. 263, 295). Ciertamente aquellos bajo investigación no pueden decir, por ejemplo, que es la exclusiva prerrogativa y deber de la rama ejecutiva del gobierno el perseguir el fraude. En verdad, si la legislatura se cruza de brazos bajo tal teoría, y si las cortes rechazan tal oferta, ello constitui-ría un abandono del deber de parte de ambos basado en una-aplicación no existente de la doctrina de la separación de po-deres.

Por tanto, la cuestión ante nos se contrae finalmente a determinar la manera mediante la cual la corte de distrito puede usar el informe que la Comisión se propone someter. El peticionario tiene razón al sostener que la corte de distrito no está obligada a aceptar los hechos y conclusiones de la Comisión legislativa. Nadie ha levantado la cuestión, y por tanto hemos asumido que al practicar la liquidación de un banco insolvente bajo la Ley núm. 17, Leyes de Puerto Rico, 1933, una corte de distrito ejercita “el poder judicial”. En su consecuencia, el permitir que la legislatura o una comisión de una de sus cámaras dicte a una corte el resultado a que deba llegar al decidir cuestiones específicas ante la corte en cualquier etapa de la liquidación aquí envuelta, sería permitir a la legislatura usurpar una función que ha sido otorgada a las cortes. Aquí no nos encontramos en una de las “zonas periféricas” que preocuparon a Cardozo en el caso de In Re Richardson, supra, “en la que lo judicial y lo administrativo se mezclan entre sí.” Este caso cae dentro del “centro puro” del poder -judicial, lejos de la “incierta frontera” donde otras ramas del gobierno se encuentran. Añadimos, para ser justos con la Comisión y su abogado, que ellos no han asumido una posición contraria ante esta corte. Ellos admiten enseguida que el propósito primordial de la Resolución núm. 13 es en ayuda de funciones legislativas, y que cualesquiera hechos descubiertos por la Comisión serán presentados a la corte de distrito solamente, citando el lenguaje de su alegato, “a fin de que le sirva de fuente de información para la investigación que ha de realizar la Corte como requisito de la función judicial”.

De igual manera, las partes no están muy apartadas en cnanto a la admisibilidad en evidencia de tal informe. El peticionario parece preocuparse de que bajo la resolución del 12 de noviembre de 1943 de la corte de distrito el informe pudiera ser (a) admitido en evidencia y (b) no tuviera opor-tunidad para refutar o explicarlo. El informe propiamente dicbo no sería admisible en evidencia, toda vez que necesa-riamente no habría sido desarrollado bajo todas las salva-guardas tradicionales de un estricto procedimiento judicial (Thad Benson Carter v. Kubler, U. S. , 12 U. S. L. W. 4004, 5, resuelto por la Corte Suprema Nacional en noviem-bre 8, 1943; Mayagüez Sugar Co. v. Tribunal de Contribuciones, 60 D.P.R. 753, 766-7). Pero una vez más el Procu-rador General, como abogado de la Comisión, inmediatamente admite el punto en cuestión. Dice su alegato: “Debemos presumir que la corte inferior al recibir el informe lo utili-zará como fuente informativa para ampliar la investigación si fuese necesario y nada más.” Por razones que no nos conciernen en este caso, información no disponible a la rama ejecutiva del gobierno algunas veces es descubierta más efec-tivamente mediante investigación legislativa (Cf. Sinclair v. United States, supra). En verdad, tales circunstancias pre-sentan una demostración dramática del ya indicado engranaje e interdependencia de' las diferentes ramas gubernamentales, que se exige en beneficio de todo el pueblo. Pero una vez que tal informe se trasmita a las cortes y al ejecutivo, cada uno sabrá cómo cumplir su respectiva función.

La resolución del 12 de noviembre de 1943, analizada final-mente, es comparativamente inocua. Dispone la suspensión durante cuatro meses de la resolución a la moción del peti-cionario de 5 de agosto de 1943, solicitando aprobación de las cuentas finales y descargo de responsabilidad, en vista de la declaración de que para dicha fecha — 27 de febrero de 1944 — el informe de la Comisión legislativa sería radicado ante dicha corte de distrito. No podemos ver el perjuicio indebido que sufrirá el liquidador en retardar por cuatro meses con el fin de recibir este informe, esta ultima gestión formal en un procedimiento de liquidación que se ha conti-nuado durante once años.

Claramente hacemos constar que la posposición aquí en-vuelta descansaba en la discreción de la corte de distrito. La Comisión no tenía derecho para exigir tal actuación. Pero la corte, de creerlo aconsejable, tenía poder, como parte del procedimiento judicial, para así actuar cuando se lo solici-tara la Comisión legislativa. Y en ausencia de que se abu-sara de tal discreción — cosa que no existe en este caso — esta Corte no intervendrá en contra de tal actuación de la corte inferior.

Quizá no hubiera surgido la controversia que ahora pende ante nosotros si la corte inferior hubiera dicho explícita-mente de qué manera iba a usar el informe cuando lo reci-biera. Sin embargo, la resolución guarda silencio en cuanto al uso que se dará al mismo. Pero subsiste el hecho de que las partes están sustancialmente de acuerdo en que la corte inferior de ninguna manera estará obligada por los hechos y conclusiones del informe. El origen de las dificultades sur-gidas en este caso quizá pueda encontrarse en la fraseología de la moción de la Comisión de fecha 13 de octubre de 1943. No puede negarse que dicha moción se redactó en un len-guaje poco afortunado al indicar que el informe se propor-cionaría a la corte “a fin de que la resolución judicial no resulte incongruente con el resultado de la investigación legislativa”. Pero queda el hecho de que tanto la súplica de esta moción como la orden que se dictó sobre la misma no contienen tal lenguaje. Solamente se solicitó — y la- corte sencillamente ordenó — que el informe se radicara en corte. Por tanto no puede haber queja justificada en cuanto a la parte dispositiva de la resolución. Nada hay en ella que obligue a la corte a hacer otra cosa que la que ya hemos dicho puede hacer — recibir el informe y, mediante sus pro-pios procedimientos, desarrollar en un procedimiento de novo los hechos, con todas las salvaguardas tradicionales en nn pleito. Una vez qne los hechos son desarrollados ante la corte de distrito de esta manera, la corte descartará el informe qne nunca técnicamente sería admitido en evidencia, y pesará la evidencia realmente admitida y rendirá sn propia sentencia independiente sobre los hechos y la ley, sin tomar en cuenta las conclusiones de la Comisión legislativa. Toda vez qne el Procurador General no está en desacuerdo con esta posi-ción, la controversia se reduce al temor de parte del peti-cionario en cuanto a que la corte de distrito no comprenda y respete las limitaciones necesarias de su propia resolución. Eso sería una asunción gratuita que no estamos dispuestos a hacer. Al contrario, la corte inferior tiene derecho a la presunción de que ella usará el informe, de usarlo, solamente de la manera aquí reseñada.

La resolución de la Cámara revela que le preocupaba la venta del remanente de los activos del Banco Territorial. Si dicha orden de la corte se dictó impróvidamente, era una cues-tión a determinarse en apelación, lo que el Tesorero y otras partes interesadas no hicieron. Bajo qué circunstancias y bajo qué clase de procedimiento, si alguno, dicha resolución puede en el futuro ser atacada, es una cuestión que no está ante nos y por tanto no expresamos opinión alguna sobre la misma.

Dos cuestiones de procedimiento quedan por resolver. El Procurador General alega que el peticionario, como liquidador estatutario de un banco insolvente, no tiene derecho para levantar la cuestión aquí envuelta. Descansa en el caso de 8. Rosemblum Inc. y Hernández, Admor. Jud., 44 D.P.R.. 790. Dicho caso se distingue fácilmente. Allí resolvimos que en un procedimiento similar el síndico no tenía derecho de apelación cuando la resolución de la corte de distrito envol-vía solamente una cuestión de preferencia entre acreedores. Pero aquí los intereses del propio liquidador están envueltos directamente, toda vez que la cuestión es la aprobación de sus cuentas finales y si se le releva de ulterior actividad y responsabilidad. Su derecho a terminar su encomienda de liquidador está en disputa. Bajo tales circunstancias no es posible convenir con la contención del Procurador General de que el peticionario no tiene interés en la resolución del 12 de noviembre de 1943.

De la misma manera, el peticionario alega que el Procurador General no puede representar válidamente la Comisión legislativa. La Resolución núm. 13 expresamente autoriza el nombramiento de abogado. Hubiera sido más propio si la Comisión hubiera nombrado su propio abogado, particularmente porque tales investigaciones algunas veces se practican contra las actuaciones ejecutivas (Cf. Sinclair v. United States, supra; United States v. Smith, 286 U. S. 6). Pero eso es un asunto que descansa en la absoluta discreción de la rama legislativa. Nada hay que impida a la legislatura el utilizar en una situación como ésta los servicios de un abogado que corrientemente trabaja para la rama ejecutiva. En verdal, cuando la legislatura, concluyendo que no se investiga la conducta de funcionarios ejecutivos, lo suficientemente para justificar que se excluya a los funcionarios ejecutivos legales de la misma, opta por funcionar de esta manera, se nos presenta aun más otro ejemplo de la actuación gubernamental conjunta que expone claramente la estructura del gobierno como tupida telaraña.

El auto de certiorari será anulado.

      (1) "Si examinamos las constituciones de los diversos estados, encontramos que, no obstante los términos enfáticos y en algunas ocasiones absolutos mediante los cuales se lia establecido este axioma, no hay un solo caso en el cual las varias ramas del poder han sido . mantenidas absolutamente separadas y distintas. El estado de Nueva Hampshire, cuya constitución fué la última que se redactó, pa-rece que se percató completamente de la imposibilidad e inconveniencia de evitar cualquier posible mezcla de estas ramas, y ha limitado la doctrina declarando 'que loa poderes legislativo, ejecutivo y judicial se mantendrán tan separados o independientes de cada uno de ellos como permita la naturaleza de un gobierno libre; o como pueda ser compatible con esa cadena de conexión que ciñe toda la estructura de la Constitución en un vínculo indisoluble de unidad y armonía.
      " a menos que estas ramas estén relacionadas y mezcladas de tal modo que se confiera a cada una un control constitucional sobre las otras, el grado de separación que requiere la máxima, como esencial para un gobierno libre, no puede nunca mantenerse debidamente en la práctica. ” (El Federalista (editado por Lodge, págs. 303, 8.)

      (2) Holmes lo ha expresado así:
      “Las grandes disposiciones de la Constitución no establecen y dividen los campos en blanco y negro. Se encuentra que aun las más específicas terminan en la penumbra fundiéndose gradualmente de un extremo a otro.No parece necesitarse argumentación para demostrar que no importa cómo las disfracemos por medio de palabras disimuladoras no podemos obtener la distinción entre fun-ciones legislativas y ejecutivas con precisión matemática y dividir las' ramas en compartimientos impenetrables, . . . ,; (Holmes, J., disintiendo en Springer v. Philippine Islands, 277 U. S. 189, 209, 211).

      (3) Para discusiones adicionales de la línea divisoria entre el poder judicial j el legislativo o ejecutivo, véanse People ex rel. Leaf v. Orvis, 30 N. E. (2) 28 (Ill., 1940); Coleman v. Miller, 307 U. S. 433 (1939); Nashville, C. & St. L. Ry. v. Wallace, 288 U. S. 249 (1933); Opinion of the Justices, 179 A. 344 (N.H. 1935); Tutun v. United States, 270 U. S. 568 (1926); Gellhorn, Oases on Administrative Law, págs. 3A-159.

      (4) Las Actas de la Cámara de Representantes de la sesión celebrada el 15 de abril de 1943 dicen en parte como sigue:
      “Resolución de la Cámara número 13. El señor Piñero presenta la Reso-lución de la Cámara núm. 13 cuyo título y texto, copiados al pie de la letra, leen como sigue:

        “ 'Para ordenar una investigación del estado de la liquidación de los bancos Territorial y Agrícola de Puerto Rico y Comercial de Puerto Rieo, y especial-mente de los procedimientos seguidos para la venta en pública subasta de los Créditos y Obligaciones a cobrar del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico; para designar una Comisión de esta "Cámara para llevar a cabo dicha in-vestigación y rendir informe a esta Cámara, autorizar el nombramiento del personal necesario, y para otros fines.
      '' 'Por cuanto: Es de interés piúblieo todo lo que se relaciona con la liqui-dación de los Bancos Territorial y Agrícola de Puerto Rico y Comercial de Puerto Rieo, porque en dichas instituciones bancarias habían depositadas fuertes sumas que representaban el capital de numerosas personas de la clase media y de las clases humildes de Puerto Rico,
      '' 'Por cuanto: El cierre de dichos dos Bancos ocasionó grave crisis eco-nómica y en muchos casos la ruina a un gran número de habitantes de Puerto Rico.
      ' ‘ ' Por cuanto : Existe la creencia de que hubo cierta anormalidad, irregu-laridad, festinación y falta de claridad en la adjudicación que se hizo al venderse en pública subasta ciertos créditos y obligaciones a cobrar pertenecientes al Banco Territorial y Agríeola de Puerto Rico, valorados nominalmente en aproximada-mente cuatrocientos veinte mil dólares, cuya subasta tuvo lugar allá por el día 30 de oetubre de 1942, la cual se efectuó por una suma que escasamente cubre un dos por ciento de dieho valor nominal.
      " 'Por tanto: Eesuélvase por la Cámara de Eepresentantes de Puerto Eieo:
      " ‘Primero: Nombrar una Comisión compuesta de cinco representantes para que investigue los procedimientos relacionados con la venta en pública subasta de los créditos y obligaciones a cobrar pertenecientes a los referidos báñeos Territorial y Agrícola de Puerto Eieo y Comercial de Puerto Eico, y particularmente la subasta de bienes valorados en aproximadamente cuatrocientos veinte mil dó-lares que tuvo lugar allá por el día 30 de oetubre de 1942, la eual se efectuó por una suma que escasamente cubre un dos por ciento de dielio valor nominal.
      " ‘Segundo: Para llevar a cabo ampliamente los fines y propósitos de la investigación que por esta Eesolución se ordena, la referida Comisión de Eepre-sentantes tendrá poder para celebrar vistas públicas, aún después de terminada la presente sesión anual ordinaria de la Legislatura de Puerto Eieo; citar tes-tigos y hacerlos comparecer; "tomar juramentos, usar empleados de la Cámara de Eepresentantes como el personal auxiliar que considere necesario para poder llevar .a efecto tal investigación. Se autoriza, además, a dicha Comisión a utilizar los servicios de un abogado que le asesore en la labor de estudio y análisis de los procedimientos en virtud de los cuales fueron subastados los referidos créditos.
      '' ‘Tercero: Dicha Comisión rendirá a esta Cámara de Eepresentantes un informe detallado del resultado de su investigación al iniciarse la próxima Asam-blea Ordinaria de la Legislatura de Puerto Eico, y, de ser posible, en cualquier sesión extraordinaria que se celebre después de levantados los trabajos de la presento sesión.,’
      "Debidamente secundada por el señor Negrón López, dicha Eesolución os sometida a votación y aprobada por unanimidad.
      "A.moción del señor Negrón López se incluye al Banco Industrial de Puerto Eico entre las instituciones a ser investigadas por la Comisión cuyo nombramiento se dispone en el inciso primero de la parte resolutiva de la Eesolución que aeaba de ser aprobada.
      "A moeión del señor Valiente se acuerda por unanimidad incluir en la in-vestigación a ser realizada a todos los bancos que actualmente están en proceso de liquidación.
      "El señor Presidente designa a los señores Piñero, Quiñones, Ellsworth, Ne-varez Santiago y Eeguero González, para que constituyan la Comisión Especial Investigadora de las instituciones banearias en proceso de liquidación.’’

       La fragilidad del argumento en contrario se demuestra aún más convin-centemente cuando recordamos que la Cámara de Representantes o toda la Le-gislatura están en libertad de rechazar el informe de la Comisión.