author: El Juez Asociado Señor "Wolf, JUEZ ASOCIADO SR. TEXIDOB

text:
    Pascasio Oxios y Ortiz, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido; José Acosta y Valenciano, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce, recurrido.
    Nos. 726 y 725.

    Sometidos: Junio 23, 1928.

      Resueltos: Abril 8, 1929.

      Herminia y Leopoldo Tormes, abogados de los recurrentes; el regis-trador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

José Acosta y Valenciano, y Pascasio Oxios y Ortiz constituyeron una 'sociedad regular colectiva el 12 de marzo de 1924, en la ciudad de Ponce. Ninguna otra persona for-maba parte de dicha sociedad. Cada una de las personas ' citadas era socio gestor de la firma, y no había ningún otro socio de clase alguna.

El 28 de febrero de 1928, a nombre de la sociedad, Pas-casio Oxios y Ortiz, como gestor, traspasó al otro socio, José Acosta y Valenciano, algunos bienes inmuebles perte-necientes a la citada razón social. El mismo día dicho José Acosta y Valenciano, como socio gestor, traspasó a su socio Pascasio Oxios y Ortiz otros inmuebles pertenecientes a dicha entidad. Fué una operación simétrica y recíproca, en virtud de la cual se trató de traspasar, o realmente se tras-pasaron ciertos inmuebles pertenecientes a la sociedad, de la sociedad a estas dos personas, cada una de las cuales era socio gestor, y no estando la sociedad constituida por nin-guna otra persona.

El registrador se negó a inscribir en cada caso la escri-tura de enajenación, por nota cuya parte substancial en el caso No. 725 lee así:

, “Denegada la inscripción del precedente documento por aparecer que el comprador es uno de los socios gestores de la- vendedora Mer-cantil Oxios y Acosta, y según prescribe el art. 1597 del Código Civil, apartado ‘Primero,’ que todos’los socios se consideran apoderados, y el art. 1362 del citado Código Civil, en su apartado ‘Segundo’ pro-híbe a los mandatarios adquirir bienes de cuya administración o ena-jenación estuvieren encargados, resultando en este caso que el com-prador adquiere por compra dos ñucas y'otra más, respecto a la cual no se solicitó inscripción perteneciente a la vendedora Oxios y Acosta, de cuya mercantil es gestor también el comprador señor Acosta, to-mándose en su lugar anotación por 120 días, donde se indica en las-notas puestas al margen de cada uua de las fincas ‘Tino’ y ‘Dos’ del documento. No tienen cargas.

El artículo 1362 del Código Civil dispone:

“No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:
“1. El tutor, los bienes de la persona o personas que estén bajo su tutela.
“2. Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enaje-nación estuviesen encargados.
“3. Los albaceas, los bienes confiados a su cargo.
“4. Los empleados públicos, los bienes del Pueblo de Puerto Rico, de los municipios, de los pueblos y de los establecimientos también públicos, de cuya administración estuviesen encargados.
“5. Los jueces, individuos del ministerio fiscal, secretarios de tribunales y juzgados y oficiales de justicia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el tribunal, en cuya jurisdicción o terri-torio ejercieran sus respectivas funciones, extendiéndose esta prohibi-ción al acto de adquirir por cesión.
“Se exceptuará de esta regla el caso en que se trate de acciones hereditarias entre coherederos’ o de cesión en pago ele créditos, o de garantía de los bienes que posean.
“La prohibición contenida en este número 5 comprenderá a los, abogados respecto a los bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión y oficio.” ¡

Aceptaremos por el momento, de conformidad con el re-gistrador y los recurrentes, que el socio gestor de una socie-dad es o puede ser uno de los agentes que caen dentro de la sanción del artículo 1362. En lo que respecta a la admi-nistración de la sociedad, en verdad está dotado de todas las facultades inherentes en un apoderado.

El recurrente en cada caso, sin embargo, insiste en que las únicas personas interesadas lo son los dos socios, quienes comparecieron en la escritura asistidos de sus respectivas esposas; que lo que trataban de hacer era reducir el capital de la sociedad: que cada uno de ellos estaría impedido de ne-gar la validez de la enajenación, y que ninguno de ellos podía solicitar su nulidad; que interpretar dicho artículo en.la forma en que lo hace el registrador haría que el artículo 1362 fuese inconstitucional, porque ello conduciría a resulta-dos absurdos y cita el caso de Church of the Holy Trinity v. United States, 143 U. S. 457. Los recurrentes citan varios casos para demostrar que cuando una interpretación condu-ciría a resultados absurdos, debe aceptarse cualquiera inter-pretación razonable que conserve, más bien que destruya, la ley. Citando varios comentarios de Manresa, los recurrentes dicen o admiten en efecto, que si uno de los socios se opu-siera, una enajenación de esta clase no podría hacerse, pero que aquí las partes interesadas han prestado su consenti-miento. Todo este razonamiento tiene peso.

Los recurrentes dicen más particularmente que en cada caso la sociedad es la que vende, y que, por tanto, la tran-sacción no debe ser considerada como una en que un agente adquiere los bienes de su mandante. Creemos que los recu-rrentes están en lo cierto. En el caso de Ledesma v. Agrait, 19 D.P.R. 566, resolvimos que algunas de las ventas efectua-das en contravención con el artículo 1362 eran meramente ■anulables y que luego el mandante, con conocimiento de todos los elementos esenciales del contrato, podía ratificar el acto de su agente.

Para conveniencia en la discusión, consideraremos crono-lógicamente algunos de los casos de esta corte en que se fian discutido principios similares.

En el caso de Alvarez v. Riera, 20 D.P.R. 324, José Di-mas Eiera, como apoderado de la sociedad, vendió todos los derechos y acciones. El pleito tuvo por objeto anular el documento y la corte inferior dijo que la acción había pres-crito en vista del término de prescripción de cuatro años fijado por el artículo 1268 del Código Civil, y esta corte-resolvió citando el caso de Ledesma v. Agrait, supra, que la prohibición de la ley hacía que el contrato fuera meramente revocable y que por tanto podía ser ratificado. Eesolvimos, además, citando de la Corte Suprema de España, que era necesario instituir una acción de nulidad.

Cortijo v. Registrador de la Propiedad, 21 D.P.R. 490, fué un caso en que resolvimos que una cancelación de hipo-teca otorgada por el marido era absolutamente válida en cuanto a él y a sus herederos, pero que podía ser ratificada por la esposa. Después de citar los principios expuestos en el caso de Ledesma, resolvimos que si un contrato partici-paba de todas las condiciones expresadas en el artículo 1228 del Código Civil, no era, excepto en ciertos casos, absoluta-mente nulo. Decidimos, además, que la prohibición del ar-tículo 1362 del Código Civil era tan fuerte como la conte-nida en el artículo 1328. Quiñones v. Registrador de la Propiedad, 20 D.P.R. 507, y Caballero v. Pomales, 17 D.P.R. 719, fueron otros casos citados en el de Cortijo al efecto de que actos anulables de un tutor o de un esposo podían ser ratificados.

Carrasquillo v. Bertrán, 26 D.P.R. 582, fué un caso rela-tivo a un contrato celebrado por un menor. Después de resolverse que solamente el menor puede instituir un pro-cedimiento de nulidad de contrato contra el cesionario, la corte dijo: “Pero si en vez de eso, por su espontánea volun-tad, ya en su mayoría de edad, reconoce la existencia del acto y lo confirma, tal confirmación es todo lo que se nece-sita para que el acto nulo quede convertido en válido de acuerdo con- lo dispuesto en los artículos 4, 1228, 1277, y 3278 del Código Civil,” citando autoridades.

En Silva Hermanos v. Registrador de San Juan, 28 D.P.R. 177, al discutir la venta efectuada por un principal a un agente, dijimos:

“ . . . pero de-todos modos tal compra no es nula de acuerdo con el No. 2do. del Artículo 1362 del Código Civil porque como dijo este Tribunal Supremo en el caso de Mancheño v. Le Brun, 14 D.P.R. 482, arguyendo bajo la base de una venta otorgada por el mandante a su mandatario, ‘desde el momento en que el mismo mandante vende esos bienes a su mandatario hace cesar el mandato dado y, recupera el poder de vender y de administrar que había otorgado, desapareciendo así el motivo legal de la incapacidad.’ Esa prohibición de la ley ha sido siempre interpretada restrictivamente por oponerse a la libertad de contratación, es ratificable el contrato y prescriptible la acción para pedir su nulidad, habiendo transcurrido en este caso veinte y siete años desde su otorgamiento. Bengoa v. El Registrador, 14 D.P.R. 109; Ledesma v. Agrait, 19 D.P.R. 566; Turner v. El Registrador, 22 D.P.R. 573; Seoane v. El Registrador, 23 D.P.R. 813; Castelló v. Pérez, 23 D.P.R. 770.”

Mancheño v. Le Brun et al., supra, fué un caso impor-tante, escrito por el Juez Asociado Sr. Figueras, en el que resolvimos que:

“Hemos visto ya que Paz con capacidad legal y a nombre de ‘Sucesores de L. Sarria’ vendió esos bienes a Le Brun por escritura pública de 22 de -abril de 1904 y desde el momento en que el mismo mandante vende esos bienes a su mandatario, liace cesar el mandato dado y recupera el poder de vender y de administrar que había otorgado, desapareciendo así el motivo legal de la incapacidad que consiste, según Q. Mucius Scaevola, tomo 23, página 403, en el que' el mandatario .forma con el mandante una sola ‘persona jurídica, y si no existiera tal prohibición para comprar resultaría que los manda-tarios podrían venderse y comprarse una misma cosa a sí propios, desapareciendo o confundiéndose los conceptos de cedente y de cesio-nario en la compra-venta. ’ ”

Just v. Just, 32 D.P.R. 248, envolvía la cuestión de matri-monios anulables. Eesolvimos que el matrimonio en dicho caso podía ser ratificado al igual que cuando una pupila se casaba con un tutor antes de aprobarse las cuentas de la tutela.

Vargas v. Cruz, 32 D.P.R. 27, fué un caso en que resol-vimos que el contrato en cuestión no podía ser ratificado debido a la política de la ley. Citamos el caso de Ledesma v. Agrait, supra, y dijimos que la cuestión de si un contrato podía ser ratificado o no, dependía de la naturaleza del con-trato.

De estas citas es evidente que la cuestión de si un con-trato puede ser ratificado, o aun inscrito, depende de la natu-raleza esencial del contrato. Hemos resuelto específicamente que cuando un mandante le vende a su agente, el contrato no solamente ha quedado ratificado, sino' que la prohibición desaparece; que el mandato deja de existir. No sólo Ledesma v. Agrait sino todos los demás casos demuestran que la prohibición contenida en el artículo 1362 no es absoluta. El contrato que tenemos bajo nuestra consideración es uno en que todas las partes interesadas han prestado su consen-timiento.

El artículo 1360 del Código Civil lee así:

“Podrán celebrar el contrato de compra y venta todas las perso-nas a quienes este código autoriza para obligarse, salvo las modifica-ciones contenidas en los artículos siguientes.”

El artículo 1597, en su inciso 1, dispone:

“Todos los socios se considerarán apoderados, y lo que cualquiera de ellos hiciere por sí solo obligará a la sociedad; pero cada uno po-drá oponerse a las operaciones de los demás antes que hayan produ-cido efecto legal.”

Por tanto, cualquier socio puede efectuar una venta, a menos que le esté prohibido por el artículo 1362. El socio que efectúa una venta es el agente o apoderado que actúa de conformidad con el artículo 1597, inciso 1. La prohibi-ción contenida en el artículo 1362, por consiguiente, se ex-tiende a él. Es la persona a que hace referencia el artículo 1597, inciso 1. El socio adquirente no es un agente de la sociedad, según el artículo- 1597, inciso 1, ya que no está realizando ningún acto a nombre de la sociedad.

El espíritu del artículo 1597, inciso 1, es dar vida a la sociedad y hacer que ella sea responsable al mundo en general de cualquiera de los actos de sus socios gestores. Nada hay en dicho artículo que impida que un socio adquiera bienes pertenecientes a la sociedad, con el consentimiento de los demás socios. Si se examina el artículo 1362 se notará que su espíritu es impedir fraudes y en determinado caso proteger a los mandantes o al público de actos torticeros de sus agentes. Nunca fué la intención de la Legislatura im-pedir que una razón social, cuando todos los socios dan su consentimiento, haga lo que crea más conveniente para sus propios intereses en cualquier forma, según provee el ar-tículo 1360, supra. No hay indicación alguna de fraude y los registros públicos no deben cerrarse debido a tal posibi-lidad.

Según el artículo 2 de la Ley Hipotecaria, todas las ena-j enaciones de bienes deben ser inscritas. La sociedad en cuestión, en este caso está absolutamente impedida en lo que a cualquiera de los dos socios individuales se refiere, de ne-gar tal enajenación. No bay ningún interés público que sea superior al derecho que tienen los individuos de otorgar sus propios contratos. Según el artículo 4' del Código Civil, todos los derechos son renunciables. Eliminando la cues-tión de fraude, nadie en el mundo.tiene derecho a dudar la validez de la enajenación hecha en este caso.

La mera posibilidad de que una enajenación se efectúe posiblemente en fraude de acreedores, no es suficiente para impedir la inscripción. El fraude no se desprende de la faz del documento y el registrador no basa su negativa en el fundamento de fraude. Si la posibilidad de que una enaje-nación fuese fraudulenta fuera motivo para denegar la ins-cripción, entonces la enajenación más inocente efectuada por un comerciante o cualquiera otra persona, estaría tal vez sujeta a demoras y negativas. El fraude nunca se presume sino que la presunción es que un contrato ha sido efectuado de buena fe.

En adición a la posibilidad de que tal interpretación es-tricta del artículo 1362 conduciría a resultados absurdos, también existe el principio de que la enajenación de bienes debe ser sin restricciones hasta que aparezca una razón en contrario.

Si cualquiera de estos socios instituyera un pleito ante la corte de distrito para obligar a la sociedad a reconocerle su título, nadie podría ser oído en oposición a dicho pleito. Ninguna persona tendría suficiente interés en el litigio para oponerse al mismo. Parecería indisputable que si un con-trato nulo por falta de consentimiento de las partes puede ser ratificado, entonces un contrato puede ser otorgado por todas las partes que intervienen en él directamente.

Debe revocarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Sr. Texidor disintió.

OPINION DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. TEXIDOB

Disiento de la opinión y de la resolución en estos dos casos.

El artículo 1362 del Código Civil establece una incapa-cidad para comprar. No se trata de las incapacidades ge-nerales para contratar, sino de una especial para el con-trato de compraventa, y dentro de él, especialísima, pot cuanto se refiere, no a los dos contratantes, sino al posible comprador tan sólo.

A mi entender, no es dudoso que el socio gestor de una sociedad, civil o mercantil, es un mandatario de la misma. Y de aquí la afirmación de que él se baila comprendido en la incapacidad para comprar los bienes que están bajo su administración. El precepto legal, al establecer la incapa-cidad dice:

“Art. 1362. — No podrán adquirir por compra, aunque sea en su-basta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia:
* ■ * * ■» « # #
“2. — Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enaje-nación estuviesen encargados.”

Ni aún mediando la solemnidad de una subasta judicial, cabe que el mandatario adquiera por compra esa clase de bienes.

Quizá cuando se trata de un contrato de mandato, pura-mente voluntario, la circunstancia de que sea el mandante el que venda a su mandatario, dé a éste la capacidad para comprar. El mandato, según el artículo 1635 del Código Civil, cesa cuando cesa la voluntad del mandante. Si éste no quiere ser representado en un acto o contrato, y recobra su personalidad jurídica para efectuarlo, es indudable que mientras él está realizando tal acto, o perfeccionando o con-sumando tal contrato, no bay justificación para que otra persona le represente; y entonces, el mandatario ba dejado de ser tal, y la incapacidad para comprar, que precisamente se funda en ese carácter, y en el beclio de estar adminis-trando aquellos bienes, desaparece, porque ban desaparecido las bases, carácter de mandatario, y sujeción de los bienes a su administración.

Pero en este caso, la gestión en la sociedad mercantil, o en la civil, no es algo que nace solamente del arbitrio de los contratantes: el mandato aquí está determinado por la ley, ya que no puede existir sociedad alguna sin gestores o ad-ministradores. Y ese mandato no crea sólo una relación entre los socios, sino una multitud de relaciones con respecto a terceros. No cesa aquí el mandato como en el caso a que antes aludo; sino solamente en los casos de disolución de la sociedad, y en los de destitución de los gestores. De no ser así, el gestor y administrador de la sociedad, es siempre su mandatario; y en ese concepto nó puede adquirir por com-pra los bienes de cuya administración se baila encargado.

Es importante el becbo a que se refiere el artículo 1362, al decir: “los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen encargados.” La administración de esos bienes es uno de los fundamentos principales de la incapacidad. Mientras los bienes se bailen bajo la administración de los gestores, éstos no pueden adquirirlos. Y la sociedad, como entidad legal, tendrá la propiedad o la posesión de esos bienes, pero no tiene la administración de otra manera que no sea por medio de los gestores.

Las ventas de que en estos casos se trata son nulas, porque falta en ellas el comprador, ya que no puede serlo el que como tal aparece.

Deben confirmarse las notas recurridas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pbesideute Señob del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Antonio Vázquez Bruno y José Martínez Llonín, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 748.

    Sometido: Febrero 20 1929.

      Resuelto: Abril 9, 1929.

      Heriberio Torres 8olá, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Pbesideute Señob del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El 10 de abril de 1928 comparecieron ante notario público José Alsina, José Martínez Llonín y José Monzón, y otor-garon la escritura número 16 por virtud de la cual el pri-mero vendió al segundo cierta finca de ochenta cuerdas si-tuada en el barrio de Cupey de la jurisdicción de Río Pie-dras. En la escritura se hizo constar que sobre dicha finca pesaba una hipoteca de $3,500 a favor del Federal Land Bank of Baltimore, Porto Rico Branch, hallándose además afecta a un embargo por $550.00 a favor de Pedro Orea-dlas, a otro embargo por $253.50 a favor de Juan .Suárez, a un arrendamiento sobre diez y ocho cuerdas a favor de Agustín Dávila y al aviso de la demanda presentada por Pedro Orcasitas contra José Monzón y José Alsina sobre nulidad de la venta de la propia finca por Monzón a Alsina. El otro compareciente José Monzón otorgó lo que sigue, que fué aceptado por las partes:

Cuarto. — El señor José Monzón manifiesta que, estando enterado del pleito sobre nulidad de la venta que él hiciera al señor José Al-sina, según se ha referido en el hecho segundo de esta escritura, y del fallo de la Corte de Distrito de San Juan declarando con lugar dicha demanda de nulidad, desea, por medio de esta escritura, con-firmar la venta que hiciera al señor José Alsina, ratificar ésta que hace el señor Alsina al señor Martínez Llonín, y, además, vender al señor Martínez Llonín, desde este momento, dicha finca descrita en esta escritura, renunciando todos sus derechos y acciones sobre la misma a favor del señor Martínez Llonín, actuales y futuros, tal como resulta de cualquier pleito pendiente, todo por el precio de seis mil dólares.”

La escritura se presentó en el registro y se inscribió sin dificultad el 22 de mayo de 1928, en cuanto a la venta de Alsina a Martínez Llonín.

El 11 de abril de 1928, también por escritura - pública, Martínez Llonín vendió la finca adquirida a Antonio Vázquez Bruno, inscribiéndose de igual modo esta nueva transferen-cia en el registro.

Así las cosas, la sentencia declarando nula la venta de Monzón a Alsina quedó firme por haberse desestimado la apelación contra ella establecida. Libróse el oportuno man-damiento y el registrador no sólo canceló la inscripción a favor de Alsina si que también las inscripciones a favor de Martínez Llonín y Vázquez Bruno.

Entonces Martínez Llonín y Vázquez Bruno presentaron de nuevo en el registro las escrituras de 10 y 11 de abril de 1928, pidiendo al registrador “que, o rectificándose el asiento de cancelación hecho en la inscripción undécima de dicha finca, o haciéndose una nueva inscripción a virtud de los títulos que se acompañan y haciéndose las inscripciones pre-vias que fueren procedentes con arreglo a la ley, se inscriba por ese registro, o se deje subsistente la inscripción undé-cima a favor del compareciente Antonio Vázquez Bruno, de la finca No. 951, * * * ”

El registrador negó lo solicitado por una serie de moti-vos que consignó al pie de ambas escrituras. No conformes los interesados acudieron ante este tribunal en súplica de que se ordenen nuevas inscripciones a sn favor, sujetas a los embargos y anotaciones existentes en el registro.

Las notas del registrador son demasiado largas para ser transcritas. Cita muchas resoluciones de la Dirección General de los Registros e insiste repetidamente en que no puede calificarse ni inscribirse más de una vez un mismo documento, con excepción de los bien conocidos casos que expresa.

Estamos enteramente conformes en que las inscripciones a favor de Alsina, de Martínez Llonín y de Vázquez Bruno fueron debidamente canceladas y en que por tanto no pue-den revivirse. Si nada adquirió Alsina de Monzón nada pudo trasmitir a Martínez Llonín ni éste a Vázquez. Los propios recurrentes no insisten en este aspecto del problema.

La cuestión a estudiar y a resolver es si proceden las nuevas inscripciones a virtud de los mismos documentos.

Todo depende del alcance que se dé a lo contratado por José Monzón en la escritura de abril 16, 1928.

No hay duda alguna que la pendencia del pleito de nuli-dad no impedía la venta de la finca. Se vendía y se com-praba sujeto a las resultas del pleito. Eso es todo.

La nulidad de la venta de Monzón a Alsina se pidió y obtuvo sobre la base de que fué hecha en fraude de acreedo-res. El crédito del demandante consta anotado en el regis-tro. El demandante no reconocía como dueño a Alsina sino a Monzón y la corte le dió la razón. Si ello es así, los de-rechos adquiridos por Martínez Llonín y Vázquez Bruno de Alsina fueron los 'que cayeron por su base a virtud de la sentencia de nulidad, pero no los que pudieron adquirir de Monzón.

Eliminando de la cláusula 4a. transcrita lo referente a la confirmación y ratificación de la venta a Alsina, queda la venta directa del propio Monzón a Martínez Llonín. ¿Por qué no darle efecto a esa parte del contrato? .

El contrato fué calificado e inscrito solamente en cuanto a la venta de Alsina a Martínez Llonín. Ahora se presenta para que se califique e inscriba en cuanto a la venta de Monzón a Martínez Llonín. La* otra escritura sigue la suerte de la primera.

Como la sentencia de nulidad queda acatada, como los derechos del acreedor o acreedores quedan perfectamente ga-rantidos y como debe tenderse a dar vida a los contratos, creemos que la nota debe ser revocada y ordenarse al regis-trador que proceda a calificar los documentos en el sentido indicado y a inscribirlos en el caso de que no advierta algún, defecto fundamental que lo impida.


author: El Juez Presidente Señoe, del Tobo,

text:
    The Texas Company (Porto Rico), Inc., demandante y apelante, v. Julio Gómez, demandado y apelado.
    No. 4557.

    Sometido: Enero 31, 1929.

      Resuelto: Abril 10, 1929.

      Enrique Campillo, abogado de la apelante; J. Iglesias de la Cruz, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señoe, del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Establecida apelación por la demandante contra la sen-tencia dictada en contra suya por la Corte Municipal de San Juan, el demandado pidió a la corte de distrito que desestimara el recurso. Oídas las partes y practicadas las pruebas ofrecidas por las mismas, la corte de distrito de-claró la moción con lugar. No conforme la demandante, in-terpuso la presente apelación.

La desestimación se basa en que la sentencia de la corte municipal se dictó el 30 de julio, 1927, y la notificación de apelación a la parte contraria se hizo el 23 de agosto, 1927, archivándose el escrito en la secretaría de la corte el 4 de octubre siguiente.

La parte demandada alega que se le notificó el escrito de apelación el 23 de agosto. La parte apelante sostiene que la notificación se le hizo el .23 de septiembre. Aceptando lo que sostiene la propia parte apelante entendemos que debe confirmarse la resolución apelada.

Es cierto que la parte demandada no notificó como debió haberlo hecho a la parte demandante la sentencia que en contra de ésta se dictara, (Rodríguez v. Corte Distrito Mayagüez, 31 D.P.R. 300), pero si la propia parte deman-dante se dió expresamente por notificada en una determi-nada fecha, notificando en ella de su determinación a la parte contraria, desde esa fecha comienza a correr el término para apelar. La ley aplicable dice:

“Sección la. — Cuando'una corte municipal hubiere dictado sen-tencia en un asunto civil, resolviéndolo definitivamente, cualquiera de las partes que se creyere perjudicada, podrá interponer recurso de apelación para ante la corte de distrito del distrito judicial en que radicare la corte municipal. Se formalizará la apelación notificán-dola por escrito al secretario de la corte municipal, dentro de los diez días siguientes al en que se hubiere notificado la sentencia a la, parte contra la cual se hubiere dictado, o a su abogado, y entregando igual notificación dentro del mismo término a la parte contraria, o a su abogado.” Ley No. 13, 1917.

T la manera como se dió expresamente la parte apelante por notificada, haciendo actualmente la notificación a la parte contraria el 23 de septiembre, fué así:

“Apelación. — Comparece la demandante en el caso de epígrafe representada por su abogado Enrique Campillo, y ante ésta Iíon. Corte, respetuosamente expone y alega:
“Que se da por notificada de la sentencia dictada en este caso, y no estando conforme con la misma, apela de ella, para ante la Hon. Corte de Distrito de San Juan.
“San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 1927. (Fdo.) Enrique Campillo, abogado de la demandante. — Notificado con copia boy día 23 de septiembre de 1927. Por José Iglesias La Cruz. (Fdo.) Rafael Pesquera, abogado del demandado.”

Habiendo, pues, actuado en la forma en que lo hizo la parte apelante el 23 de septiembre de 1927, el término de diez días para apelar vencía el 3 de octubre siguiente. El 4 era demasiado tarde para interponer el recurso.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro, El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Ernesto Fernando Schlüter, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido.
    No. 758.

    Sometido: Marzo 20, 1929.

      Resuelto: Abril 10, 1929.

      E. Campos del Toro, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad de G-uayama una escritura otorgada por el már-slial del distrito a favor de E. P. SeRlüter por virtud de la cual el primero vendía al segundo cuatro fincas que el se-gundo Rabia rematado por precio de $190, el registrador exigió de SeRlüter que depositara en sellos de rentas inter-nas la suma de $16 en vez de la de $3.75 que Rabia depo-sitado, porque a su juicio no debía tomarse, a- los efectos de calcular los derechos de inscripción, como el justo valor de las fincas el precio del remate, sino otro que aparecía de la propia escritura. No conforme SeRlüter interpuso el pre-sente recurso gubernativo de acuerdo con la sección 24 de la ley asignando sueldos a los registradores, etc., de 1904, tal como quedó enmendada por la Ley No. 39 de 1928, Leyes de 1928, p. 233, que dice:

“Sección 24. — El importe do los derechos que el arancel señala por los diversos servicios, se depositarán en los sellos de rentas in-ternas correspondientes, en la forma que esta Ley dispone, cuando se presente cualquier documento para ser inscrito o anotado o cuando se solicite cualquier certificación, y el registrador fijará y cancelará los correspondientes §, los servicios que hubieren sido prestados y devolverá sin inutilizarlos al interesado los sellos que en su caso no fueren necesarios usar. Si resultare que al irse a practicar la ope-ración en el registro se requiriese por el registrador mayor canti-dad de derechos que la depositada en sellos por el interesado, el re-gistrador requerirá al interesado para que deposite la diferencia y si éste no hiciere el depósito, dentro del término que duren los efec-tos del asiento de presentación, el registrador suspenderá la inscrip-ción o anotación por medio de nota fundada que extenderá al margen del asiento de presentación. Esta nota durará ciento veinte días y de ella podrá recurrirse para ante el Tribunal Supremo utilizando el recurso establecido en la Ley sobre recursos contra las resolucio-nes de los registradores de la propiedad, aprobada en marzo 1 de 1902. Si la nota se- revoca, el registrador procederá a inscribir o anotar el documento y si se confirma, el interesado para conseguir la inscripción o anotación deberá depositar la diferencia en sellos exigida por el registrador.”

Para sostener su criterio invoca el recurrente el No. 7 de la sección 22, de la indicada ley de 1904, tal como fue en-mendada por la Ley No. 32 de 1917, Leyes de 1917, Yol. II, p. 315, que dice:

“Para el efecto de graduar los honorarios, se entiende por valor de los que están gravados con hipotecas, el precio por el que se trans-mitan, más el que represente las hipotecas cuando queden subsis-tentes. ” ■

Contesta el registrador refiriéndose a todos los números de la sección y haciendo resaltar que en todas partes la ley habla del valor de las fincas y no del precio de la trasmisión.

Y así es en efecto. Comentando preceptos similares, dice Morell en el tomo 5, págs. 324 y 325 de su obra sobre Legis-lación Hipotecaria, en parte, ló que sigue:

“Gomo expresa el art, 343 de la Ley, el Registrador debe perci-bir sus honorarios, atendiendo al valor de las fincas o derechos que se transmitan o a que las operaciones que deban practicar se refieran. Al efecto, y según Ja regla general 7a. del Arancel, el Registrador debe en principio atenerse a lo que resulte del título respectivo, te-niendo, no obstante, el derecho de comprobar si el valor que en el título figura es el verdadero. .
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“Ahora 'bien, el Registrador, no tiene obligación de aceptar los valores fijados en los documentos por los interesados, puede com-probar esos valores, aun en lás compraAi-entas, excepción hecha de los contratos verificados previa subasta judicial en los que debe servir de base el importe del rematé, como declaró la Resolución de 29 de marzo de 1889. ”

La resolución de la Dirección G-eneral de los Eegistros citada, en lo pertinente, expresa:

“ . . . segundo, que están sujetos a comprobación todos los con-tratos de compraventa, excepción hecha de los verificados previa su-basta, judicial, en los que debe fijar el Registrador sus honorarios, tomando como tipo el que hubiere servido para el remate; ...”

¿Qué* resulta én este caso del título? Aparece en efecto que el márshal vendió las cuatro fincas de que se trata por el precio de $190, pero aparece también del acta de subasta en él transcrita que tres de las fincas subastadas estaban valoradas en $600,.$1,400 y $4,500. Tomando como base esos valores bizo su cálculo provisional el registrador.

A este respecto parece conveniente transcribir lo que sigue del alegato del registrador:

“ ... el registrador ignora la existencia de los gravámenes ins-critos sobre los bienes a que se refiere el recurrente. No fia exami-nado aún el registro. Sólo ha tomado en consideración el documento. Sin embargo, si al examinarse el registro, el recurrido encontrase que los gravámenes existentes sobrepasan el valou confesado de los inmuebles, en tal cuautía que determine una alteración en los- dere-chos hasta ahora calculados, entiende el recurrido que su deber será alterar el cálculo hecho y exigir la diferencia antes de inscribir.’1

El recurrente en su alegato sostiene que la finca por él adquirida lo fue sujeta a gravámenes “que exceden al valor que tienen los referidos bienes hoy en día.”

Tal manifestación es demasiado general. ■ Será muy fácil fijar con exactitud los gravámenes que aparezcan del registroy entonces hacer el cálculo definitivo teniéndolos en cuenta porque en verdad si se adquiere una finca gravada el valor de esa finca para el comprador sólo es el que resta después de deducidos los gravámenes, siguiendo el criterio susten-tado por esta Corte en el caso de Vilella v. Registrador, 38 D.P.R. 987. Entre tanto, la actitud adoptada por el regis-trador, es la prudente.

Por virtud de todo lo expuesto se concluye que el regis-trador no está obligado a aceptar como la única base para calcular los derechos el precio del remate, existiendo como existe en el título otro muy superior, debiendo el registrador al hacer el cobro definitivo proceder a deducir del precio que ha fijado los gravámenes que puedan existir en el registro.

Se confirma la nota recurrida.

En RECONSIDERACIÓN, Jumo 26, 1929.

El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este recurso gubernativo- se confirmó la nota re-

currida pero expresándose al final de la opinión que el re-gistrador debería deducir el valor de los gravámenes de la finca, a los efectos de fijar en. definitiva los derechos de inscripción. Se citó el caso de Vilella v. Registrador, 38 D.P.R. 987.

En cnanto a la resolución de esta Corte fue comunicada al registrador, este funcionario solicitó que dicha manifesta-ción final fuera reconsiderada por ser contraria a lo dis-puesto en el númer 7 de la sección 22 de la Ley fijando sueldos a los registradores, tal como quedó enmendada por la Ley No. 32 de 1917 y por la No. 87 de 1925, a saber:

“Número 7. — Para el efecto de graduar los honorarios, se en-tiende por valor de las que están gravadas con hipotecas, el precio '.por el que se trasmitan, más el que representen las hipotecas cuando queden subsistentes; Disponiéndose, que cuando se divida en varias una finca gravada con hipotecas subsistentes, se entenderá por valor de dichas fincas divididas, el precio por el que se transmitan, más el que represente el importe de dichas hipotecas distribuido entre las mismas. ’ ’

Tiene razón el registrador.

El citado caso de Vilella Vélez v. Registrador, supra, acaba de ser interpretado y aplicado por esta Corte en el de Somohano v. Registrador, decidido el 21 de junio actual, (post) así:

“En el caso de Vilella Vélez v. El Registrador de Mayagüez, 38 D.P.R. 987, resolvimos que la intención de la ley era que el com-prador pagara sobre la base del precio realmente trasmitido, así como también por el valor de las hipotecas existentes, pero no estuvimos conformes en que debía resolverse que el precio de la compra inclu-yera el supuesto valor del terreno en el mercado, y que entonces se agregara el valor de las hipotecas, toda vez que tal procedimiento equivaldría a exigir que el comprador pagara honorarios dos veces sobre el valor de las hipotecas. En el presente caso el comprador tiene que pagar sobre la base del precio trasmitido y del valor de las hipotecas, que es lo equivalente del valor que se supone tenga el terreno en el mercado.”

A virtud de lo expuesto, deben reconsiderarse los dos párrafos finales de la opinión emitida el 10 de abril último y sustituirse por el precepto legal transcrito y los demás del arancel que sean aplicables, y la jurisprudencia sentada en. los casos de Vilella Vélez y Somohano, supra.


author: En Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Raimundo Miranda, peticionario y apelante, v. El Municipio de Aguadilla, opositor y apelado.
    No. 4386.

    Sometido: Abril 17, 1928.

      Resuelto: Abril 10, 1929.

      F. A. González Suárez, abogado del apelante; Augusto Reichard, abogado del apelado.
   En Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Raimundo Miranda instó un procedimiento para estable-cer su título sobre cierta casa y solar ubicados en el muni-cipio de Aguadilla.

El municipio compareció y se opuso, alegando que el solar en cuestión formaba parte de un predio mayor que había sido cedido al municipio tres años antes de su comparecen-cia, de acuerdo con las disposiciones de la Ley autorizando al Comisionado del Interior para traspasar al municipio de Aguadilla una parcela de terreno en la calle - del Comercio, frente a la escuela Stalil, y para otros fines,” aprobada el 3 de agosto de 1923, leyes de ese año, página 633.

La petición estaba fechada el 2.1 de junio de 1926, y en la oposición interpuesta por el municipio se alega que dicha petición fue radicada el 22 de junio.

El peticionario descansaba en una cadena de títulos que se inició con una escritura otorgada por un marshal y que abarcaba un período de más- de diez y siete años. También se alegaba la buena fe y la posesión previa por un dueño anterior que se prolongó por un período adicional de quince años con anterioridad a la fecha de la escritura otorgada por el márshal.

Por tanto, no había transcurrido el término total de treinta y dos años al tiempo del decreto legislativo en que se funda el municipio. Pero el artículo 1858 del Código Civil lee así:

“El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título.”

La prueba aducida durante el juicio no reveló becho al-guno fuera de las alegaciones. Sin embargo, las escrituras presentadas por el peticionario bastaban para probar un tí-tulo adquirido por prescripción que se liabía convertido en dominio unos seis años antes de ser aprobada la ley autori-zando el traspaso al municipio.

La única prueba de título del municipio fué una certifi-cación expedida por el registrador de la propiedad. Apa-rece de esta certificación que la finca descrita en la ley apro-bada por la Legislatura había sido inscrita a nombre del municipio al presentarse una declaración escrita redactada por el alcalde y certificada por el secretario en la forma que proveen los artículos 31 et séq. del Reglamento de la Ley Hipotecaria. Si era o no necesaria la proyectada enajena-ción por parte del Comisionado del Interior para investir de título al municipio, es cuestión que no es necesario deci-dir definitivamente por ahora. De su faz, la ley meramente autoriza y dispone que el Comisionado del Interior efec-túe una enajenación. El municipio debía pagar una causa (consideration) de un dólar, y todos los gastos que la ope-ración irrogare. Se dispuso expresamente que los terrenos deberían dedicarse a fines públicos, y que si tal cosa dejaba de hacerse, entonces revertirían al Pueblo de Puerto Rico. No hay prueba de que el Comisionado del Interior hiciera enajenación alguna, ni de que el municipio efectuara algún pago. Nada hay que indique que se hubiera dedicado, o es-tuviera por dedicarse, la propiedad a fines públicos.

Cualquier documento que hubiese podido otorgar el Co-misionado del Interior de acuerdo con las disposiciones de la ley en cuestión, hubiese sido a lo sumo una escritura traspasando únicamente el derecho que El Pueblo de Puerto Rico pudiera tener sobre los terrenos (quit-claim deed). La inscripción de ese documento no le hubiera conferido al municipio ningún derecho, título o interés que no poseyera El Pueblo de Puerto Rico en agosto 3 de 1923. Tampoco la inscripción de la certificación espedida por el alcalde y visada por el secretario le impartió fuerza adicional alguna al título del municipio.

La ley se cuida de indicar que treinta y seis casas están enclavadas en los terrenos que iban a ser traspasados al municipio. Ella dispone que el municipio indemnizará a los dueños de estas casas cuando se les exija que dejen el te-. rreno a disposición del municipio. Esta ley no trata de privar a tales dueños o a persona alguna de cualquier dere-cho, título o interés que puedan haber adquirido sobre los terrenos en cuestión mediante prescripción o en alguna otra forma.

La corte inferior desestimó el procedimiento fundándose en que el título de bienes inmuebles no puede ser adquirido mediante prescripción contra los Estados Unidos o El Pueblo de Puerto Rico. La teoría del juez sentenciador fue que la propiedad en cuestión había pasado de la corona de España a los Estados Unidos de acuerdo con el Tratado de París, y de los Estados Unidos al Pueblo de Puerto Rico por virtud de las distintas leyes del Congreso a que hacen referencia los casos de El Pueblo v. Dimas, 18 D.P.R. 1061; y El Pueblo v. Municipio de San Juan, 19 D.P.R. 656. Esta teoría asumió que hasta el momento del cambio de soberanía, la corona de España jamás se había desprendido de su título sobre el predio de terreno ahora en controversia. Pero no hay base satisfactoria alguna para tal conclusión en el pre-sente caso.

La ley describe una faja de terreno que linda por el po-niente con la zona marítima y por el sur con el “Cañito.” Tal descripción no prueba que el'terreno quede sumergido bajo el agua cuando la marea está alta, o de que sea un man-giar, o de que haya sido saneado. La casa del apelante está enclavada en el ángulo sudeste del predio reclamado por el municipio, a unos 47 metros de la zona marítima, y ocupa un solar que linda por el sur con el “Cañito” y poí el este con la calle Betances. El mero hecho de que el solar linde en un lado con el “Cañito” y se halle a 47 metros de la zona marítima, no lo hace formar parte de terre-nos de dominio público. En ausencia de algo que demuestre que los terrenos en controversia pertenecían a la corona de España durante el cambio de soberanía, no surge la cuestión de si puede o no adquirirse un título por prescripción contra El Pueblo de Puerto Rico.

El peticionario estableció un caso prima facie de posesión por prescripción durante un término de más de treinta años, y de posesión de buena fe y con justo título durante la mayor parte de ese tiempo. Su título por prescripción, de acuerdo con el artículo 1858 del Código Civil, había sido perfeccionado antes de que el municipio adquiriera interés alguno en la parcela mayor que éste ahora reclama. La ley de la Legislatura autorizando al Comisionado del Interior a traspasar una faja de terreno que no se había demostrado que pertenecía al Pueblo de Puerto Rico al tiempo' de esa autorización, no interrumpió el transcurso del período esta-tutorio que aún no había expirado, ni despojó al peticiona-rio de un título previamente adquirido.

El abogado del apelado invocó la doctrina de una doble venta, según se expone en el artículo 1376 del Código Civil, que lee .así:

“Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la propiedad se transferirá a la persona que primero baya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble.
“Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que. antes la baya inscrito en el registro.
“Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión; y faltando ésta, a quien pre-sente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe.”

Si ninguna de las dos escrituras está inscrita, el compra-dor que primero Raya tomado posesión se convierte en el dueño de la finca. La preferencia así adquirida no queda afectada por la inscripción posterior de una enajenación a favor del otro comprador. Eso es así especialmente cuando la posesión del primer ocupante se ha convertido en un título mediante prescripción antes de efectuarse la inscripción. Lichauco v. Berenguer, 39 Jurisprudencia Filipina, pág. 657

Debe revocarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señob Texidob,

text:
    Clemente Falero, peticionario, v. La Corte de Distrito de Humacao, Hon. Gabriel Castejón, Juez, demandado.
    No. 650.

    Sometido: Marzo 25, 1929.

      Resuelto: Abril 10, 1929.

      F. Cervom abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señob Texidob,

emitió la opinión del tri hunal.

Clemente Falero fué arrestado en 6 de mayo de 1928, Rajo la imputación de un delito de asesinato en primer grado.

El Fiscal del Distrito de Humacao presentó en 30 de enero de 1929, ante la corte de distrito, la acusación contra Falero, por el citado delito de asesinato en primer grado; y al día siguiente pidió, _y obtuvo, el sobreseimiento y ar-chivo de esa acusación. El mismo día 31 de enero de 1929 presentó el fiscal ante la corte, una nueva acusación contra •Clemente Falero, por asesinato en primer grado. El acu-sado pidió el sobreseimiento, fundando su petición en que habían transcurrido más de doscientos días desde la fecha ■en que fue detenido por el. delito que se le imputa, sin que se presentara la acusación, y en que la ahora presentada lo fue sin permiso de la corte. Esta negó el sobreseimiento, y contra su resolución se ha presentado el recurso de certio-rari que resolvemos.

Como dato de interés para el caso, es de notar'se que según alegó el mismo Falero ante la corte de distrito de Humacao, en su moción para sobreseimiento, en febrero 13 dé 1929, el acusado se hallaba en libertad bajo fianza, desde el mes de junio de 1928, sin que se precise el día.

El texto del artículo 452- del Código de Enjuiciamiento Criminal es' claro. El auto de sobreseimiento imposibilita la formación de nuevo proceso por el mismo delito, en los casos.de delito monos grave; pero no en los casos de delito grave o felony. El artículo no fija condición alguna para la incoación de nuevo proceso, o presentación de acusación.

Hemos estudiado la resolución de la corte, que se ajusta a la ley y a la interpretación que de ella se ha hecho por este tribunal.

En el caso El Pueblo v. Rivera, 7 D.P.R. 332, este tribunal declaró que la desestimación de una acusación en los casos de felony o delito grave, no constituirá un obstáculo para una nueva acusación.

En el caso El Pueblo v. Barbosa, 34 D.P.R. 112, ha de-terminado este tribunal con toda claridad la diferencia que hay entre los casos de sobreseimiento (artículos 448 y 452 del Código de Enjuiciamiento Criminal) y los de desestima-ción de la acusación. Después de copiar el artículo 452 que citamos, se dice en la opinión que la ley no exige orden de la corte para la nueva acusación; y se determhia la existencia de una diferencia entre el sobreseimiento y la desestimación. Do único que se exige a la nueva acusación es que se presente antes de que prescriba el delito, o mejor, el derecho a perse-guirlo.

La resolución de la corte de distrito, perfectamente funda-mentada, es correcta, y no podemos revocarla.

Debe declararse sin lugar la petición, y anularse el auto dictado, con devolución a la corte de distrito de los autos del caso.


author: El Juez Asociado Señor Tbxidor,

text:
    Estate of Harry A. McCormick, y José L. Berríos, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    No. 754.

    Sometido: Marzo 27, 1929.

      Resuelto: Abril 23, 1929.

      H. Torres Sola, abogado de los recurrentes; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Tbxidor,

emitió la opinión del tribunal.

Don Enrique A. McCormick falleció en San Juan, P. R., bajo testamento abierto, en el que instituyó herederos vo-luntarios, por no tenerlos forzosos, e hizo varios legados. En ese testamento nombró como albacea a su esposa doña Dolores Alcaide y Baiz y a don Carlos J. Torres, confirién-doles amplias facultades para administración, y las de ena-jenar y gravar los bienes de su herencia.

Los albaceas, en representación del Estate of Harry A. McCormick y Hartman, y la viuda doña Dolores Alcaide y Baiz como partícipe por gananciales, y cuota usufructuaria, vendieron a don José L. Berrios, por escritura de 18 de mayo de 1928, ratificada por otra de 13 de agosto de 1928, varias fincas rústicas en término de Yabucoa, quedando parte del precio aplazado representado por dos pagarés, garanti-zados por una hipoteca sobre una de las fincas vendidas. Se llevó al Registro de la Propiedad de Humacao esa docu-mentación, con la copia fehaciente del testamento, y las car-tas testamentarias, y los derechos de inscripción, y se solicitó ésta. El registrador de la propiedad inscribió en parte, y denegó la inscripción en cuanto a una finca de 195 cuerdas en el barrio G-uayabota, de Yabucoa, otra de 44 cuerdas en el mismo barrio y un condominio en otra de 112 cuerdas en el mismo barrio, por no acreditarse que se haya pagado a al Pueblo de Puerto Rico la contribución de herencia, o que exista la exención; y en cuanto a las otras tres, por el mismo defecto, y por no aparecer inscritas a nombre del causante, ni de otra persona. Esta nota fué puesta al pie del testa-mento de McCormick. Y en cuanto a las escrituras de 18 de mayo y 3 de agosto de 1928, el registrador inscribió en cuanto a la compraventa, respecto a la. participación que por gananciales pueda corresponder a doña Dolores Alcaide y Baiz en la finca de 195 cuerdas, y denegó en cuanto al resto de la finca, y las otras tres, incluyendo el usufructo de la señora Alcaide, por no estar inscritas las fincas a favor de dicha señora y el Estate de Harry A. McCormick, ni de otra persona; y tomó la anotación. Y en cuanto a la hipoteca por el precio aplazado, puso una nota de denegación, con-cordante con la puesta en lo que atañe a la compra-venta.

Contra esas notas, de fecha 20 de febrero de 1929, se ha interpuesto este recurso, aunque no contra la negativa a ins-cribir las otras fincas y condominio que no se hallan inscri-tos a favor del causante, y sí sólo en lo que toca a la finca de 195 cuerdas, vendida a Berrios.

De acuerdo con la jurisprudencia de este tribunal, en los casos Sucesores de L. Villamil & Co. v. El Registrador, 16 D.P.R. 759, y Vilella v. Registrador, 36 D.P.R. 795, es inclu-dable que cuando los albaceas tienen la facultad extraordi-naria para vender bienes inmuebles, no es precisa, en la venta, la intervención de los herederos voluntarios. En la última de esas decisiones se trata el aspecto jurídico del cargo de albacea, y la tan debatida cuestión de si es el alba-cea un mandatario del testador, o lo es de los herederos; y se cita la opinión de Manresa en el sentido de que el albacea representa la personalidad del testador. ■ El Juez Asociado que suscribe, tiene el concepto de que el albacea representa la personalidad del testador; pero en cuanto a la extensión de sus facultades, en cuanto a los límites de esa represen-tación, tiene la grave duda de si ellas pueden ir más allá de lo que requiere el ejercicio de un cargo que tiene la caracte-rística esencial de ser puramente testamentario, y por con-siguiente de si es, o no, necesario distinguir entre las fun-ciones y los actos testamentarios, o con la testamentaría re-lacionados, y los que no lo son. Pero ésta es materia que no afecta, ahora, a la decisión: y en lo que sólo el deseo de salvar una opinión legal, autoriza a hacer esta disgresión.

La parte recurrente establece el problema en términos análogos a éstos: facultados los albaceas para enajenar, los actos o contratos que en ese sentido realicen, son enajena-ciones del mismo testador; y por ello no vienen sujetos a la contribución de herencia.

Declaramos que cualesquiera que sean las facultades del albacea, ellas no pueden ser ejercitadas más que previa la ocurrencia de un suceso, la muerte del testador, que les da ese carácter de albaceas; y durante la vigencia de un testa-mento que sólo por la muerte del testador empieza a tener efecto, lo mismo en cuanto a las instituciones y legados, que en cuanto a los nombramientos de albaceas y contadores. Muerto el testador, y mientras los herederos se constituyen en tales por la aceptación, la herencia ha surgido, y se halla en un estado de proindivisión, pero sin que ello signifique que no es herencia, y sin que- ello perjudique el derecho y señorío de los herederos sobre los bienes de la misma. La antigua jurisprudencia española sostuvo que las disposiciones testamentarias adquieren toda su eficacia desde la muerte del testador; y desde entonces pasa el señorío de las cosas u los herederos o legatarios llamados a su obtención (Sen-tencia del Tribunal Supremo de España de 20 de noviembre de 1878). Y asimismo en la del citado tribunal de 28 de febrero de 1879, se dijo que el señorío de las cosas heredi-tarias no divididas pertenece en común a los coherederos. El Código Civil Español en su artículo 657, (del que es tra-sunto el 665 de nuestro código) declara que los derechos a la sucesión de una persona se trasmiten desde el momento de su muerte. Y ésa es la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo de España en la de 8 de marzo de 1899, y en la de 20 de marzo de 1916. Y ésa es la doctrina reco-nocida y sustentada por este Tribunal Supremo de Puerto Rico, especialmente en el caso Velilla v. Pizá et al., 17 D.P.R. 1112. En el aspecto subjetivo de la herencia, tanto la ley como la interpretación auténtica, reconocen el principio de que el carácter de heredero nace con la muerte del testador, y desde ella. Y en el aspecto objetivo, la herencia como conjunto de bienes, derechos y obligaciones, nace en ese mo-mento qúe hemos indicado. Muerto el causante su acción espiritual y su acción material sobre derechos, obligaciones y bienes no existe; pero la herencia está ahí, viva como uni-versalidad, y esperando sólo el momento en que la aceptación primero y la partición después, singularicen e individualicen bienes, y derechos, obligaciones y deberes. Por eso el alba-cea actúa dentro del concepto de herencia, y no absolutamente como si el testador estuviera vivo, ya que estándolo, el alba-cea no sería tal, ni siquiera en el nombre.

Si el albacea vende bienes, es indudable que el trueque • de valores que es esencial a la venta, no se va a reflejar en beneficio del causante, que no existe, sino en el de la heren-cia, a donde va el producto de la venta, producto que bene-ficia a los herederos, que sólo en' ese concepto pueden par-ticipar en él. Y si el precio va a la herencia, como equiva-lente de los bienes vendidos, herencia es, y sujeta a -las res-ponsabilidades de tal. De otra manera sería fácil eludir el pago de la contribución de herencia haciendo que fel albacea vendiera los bienes, y sosteniendo la teoría de que la venta era como si la hubiera hecho el mismo testador; aunque olvidando que el precio de la venta,' queda.

El artículo 379 del Código Político prohibe a los notarios que expidan, autoricen o certifiquen instrumento alguno de sentencia, división o distribución, enajenación o hipoteca de bienes; a menos de presentárseles el recibo de la contribución por herencia. Y el artículo establece también la misma li-mitación en cuanto a los registradores. En el caso presente el registrador,encuentra’que tal pago no se justifica; y se ve en el caso de denegar la inscripción, denegación que está perfectamente justificada.

Las notas recurridas deben ser confirmadas, y se con-firman.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Aldbey, JUEZ ASOCIADO SR. WOLP

text:
    Stubbe Bros., Inc., recurrente v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.
    No. 750.

    Sometido: Marzo 6, 1929.

      Resuelto: Abril 24, 1929.

      Enrique Rincón, abogado del recurrente; el registrador 'recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señob Aldbey,

emitió la opinión-del tribunal.

En un pleito iniciado por Stubbe Bros, fueron embarga-das ciertas plantaciones de cañas y el remanente que pu-diera corresponder a su demandado en una plantación de cañas afecta a un contrato de refacción agrícola. Presen-tado mandamiento en el registro de la propiedad para que en él fuese anotado ese embargo fué negada su anotación el 8 de septiembre de 1928, cuya negativa fué notificada al interesado el 24 de noviembre del mismo año. No interpuso recurso contra esa negativa y pasados los veinte días que fija la ley para establecerlo fué presentado por segunda vez el mismo documento, sin otros, en diclio Begistro para su anotación, siendo nuevamente negada el 5 de enero de 1929 y después de su notificación fué interpuesto este recurso gu-bernativo.

Habiendo sido consentida la primera negativa de anotación no podemos resolver la segunda, que es una reiteración de la primera, según hemos resuelto en los casos de Barreras v. El Registrador, 15 D.P.R. 856; Behn v. El Registrador, 21 D.P.R. 513; Córdova v. El Registrador, 22 D.P.R. 412, y El Pueblo v. El Registrador, 22 D.P.R. 803.

Cuando se solicitó por segunda vez la anotación del embargo en el registro de la propiedad se pidió también que fuese anotado en el registro de refacciones agrícolas a su cargo, lo que negó el registrador fundándose en que la anotación del embargo debe hacerse en el registro de la propiedad y no en el de contratos agrícolas. Esta negativa es asimismo objeto de este recurso. '

En cuanto a ella citan los recurrentes como infringidas las secciones 8, 10 y la 14 en sus incisos primero y segundo de la ley de 10 de marzo de 1910, enmendada en 1911 y 1925, sobre préstamos agrícolas.

Esta ley no ba sido infringida por el registrador porque ni en las secciones citadas por los recurrentes' ni en las otras se dispone que sean anotados en el registro de contratos agrícolas creado por dicha ley Jos embargos que se hagan en plantaciones de cañas; ni el objeto de ella es para anotar esos embargos sino para la anotación de los contratos agrí-colas de refacción y de molienda de cañas que celebren los: agricultores.

Dicen los recurrentes que su embargo es anotable en el registro de contratos agrícolas en cuanto al remanente que pueda corresponder a su demandado en una plantación de cañas que tiene afecta a un contrato de refacción porque el inciso segundo de la sección 14 de la ley de contratos agrí-colas dispone que serán aplicables a ella los preceptos de la Ley Hipotecaria en cuanto no se opongan a la misma, y por-que según el No. 2o del artículo 42 de la Ley Hipotecaria podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos dere-chos en el registro público correspondiente los que con arre-glo a derecho obtuvieren a su favor mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces del deudor.

Al decir la Ley Hipotecaria que los embargos pueden ser anotados en los registros públicos correspondientes se refiere a los registros de la propiedad donde corresponda hacer la anotación puesto que para tales registros fué hecha esa ley y no para otros registros, y mucho menos para registros-que entonces ni existían, como el de contratos agrícolas, y porque la misma ley se refiere a embargos hechos en bienes-raíces del deudor, por lo que de tal precepto no puede surgir el derecho que alegan tener los recurrentes para que su embargo sea anotado en el registro de contratos agrícolas.

El recurso contra la primera nota denegatoria de anota-ción de 5 de enero de 1929 debe ser desestimado y la otra nota negando la anotación en el registro de contratos agrí-colas debe ser confirmada.

El Jnez Presidente Sr. del Toro no intervino.

El Jnez Asociado Sr. Wolf disintió.

OPINIÓN DISIDENTE EMITIDA POR EL

JUEZ ASOCIADO SR. WOLP

Si bien mi disentimiento no aparece en todos los casos citados en la opinión qne antecede, sí consta en varios de ellos. No recnerdo por qné no aparece la disención en todos esos casos. Nnnca be quedado convencido de qne al no inter-poner recurso gubernativo, la persona qne desea inscribir un documento consienta el estado del registro. No bay res adju-dicata, toda vez que no se ban determinado los derechos en un caso o controversia. Si la persona-qne se proponía ins-cribir el documento no apeló de la nota anterior, al presentar el documento nuevamente y pagar los sellos correspondientes al Gobierno, debiera tener derecbo a (pie esta corle revise el caso, o aun a que se haga la inscripción por haber revo-cado este tribunal un caso similar o por haber el registrador cambiado de criterió'. No debiera ser necesario presentar un procedimiento ante una corte si la cuestión puede ser resuelta administrativamente.


author: El Juez Asociado Señor Alduey,

text:
    Antonio L. López, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 756.

    Sometido: Marzo 25, 1929.

      Resuelto: Abril 24, 1929.

      El recurrente, abogado, compareció por su propio derecho; El Regis-trador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Alduey,

-emitió la opinión- del tribunal.

En el Registro de la Propiedad de Caguas fue presen-tada copia notarial de una escritura pública otorgada por el Mársbal de la Corte de Distrito de Humacao y por Rufo Reyes como mandatario verbal de Antonio L. López por la cual el primero vende al señor López representado por Reyes una finca urbana; apareciendo de ese documento que en pleito establecido por Isabel Polanco Santiago contra la Sucesión de José Garrido Parizo, compuesta por su viuda María Puig y por sus herederos desconocidos demandados bajo el nombre de John Doe y Richard Roe, se siguieron los trámites regulares y después de haber sido debidamente em-plazados los demandados la corte dictó sentencia a favor de la demandante; y que siendo firme la sentencia el mársbal vendió para sn cumplimiento la finca antes mencionada en pública subasta.

El registrador se negó a inscribir esa venta a favor del comprador López por los motivos siguientes:

“Denegada la inscripción de este documento, y tomada en su lu-gar anotación preventiva por el término legal de 120 días a favor de Antonio L. López al Folio 230 del Tomo 137 de Caguas; Finca número 3342, anotación letra ‘C/ por observarse que del documento no consta si la sentencia fué dictada en rebeldía o no, ni consta cómo ni en qué forma fueron emplazados los demandados, ni qué personas fueron las emplazadas, ni cómo ni cuándo fueron notificados los de-mandados de la sentencia, máxime cuando dichos demandados son entre otros los herederos desconocidos de José Garrido, figurados en la demanda con los nombres de John Doe y Richard Roe, para poder determinar si la corte actuó con jurisdicción sobre las personas de-mandadas; que no consta en qué fecha ni en qué periódico fueron publicados los edictos anunciando la subasta; y que la finca objeto de anotación, que es la descrita en primer término, no se halla ins-crita sino en cuanto a una mitad a favor de María Puig o sea la viuda de 'Garrido y anotada preventivamente la otra mitad a favor de Antonio Garrido y Vicente Farizo y de la misma María Puig en cuanto a la cuota usufructuaria, y aunque de un escrito que se acompaña de fecha diez y seis de enero de 1929 suscrito en Caguas por J. B. Delfaus, se solicita se tenga como parte de los documentos presenta-dos, los documentos presentados con otras escrituras similares por Don Jacinto Polanco Santiago, aunque el Registrador no está obli-gado a buscar antecedentes en los récords de otras fincas, los -refe-ridos documentos son una certificación expedida en cinco de septiem-bre de 1928 por A. Ramírez, Jr., Secretario de la Corte de Distrito de Humacao, creditiva de que en el pleito civil número 11602 seguido en la Corte de Distrito de Humacao por Isabel Polanco Santiago contra José Garrido Farizo, hoy su Sucesión compuesta de su viuda María Puig y John Doe y Richard Roe, herederos desconocidos, com-parecieron voluntariamente a la vista del caso María Puig como viuda de José Garrido y Antonio Garrido y Vicenta Farizo como herederos de José Garrido y otra certificación expedida en 31 de agosto de 1928 por el mismo funcionario creditiva de que en el expediente sobre declaratoria de herederos de José Garrido, por orden de la misma. fecha 31 de agosto de 1928 fueron declarados únicos y universales herederos de José Garrido a sus legítimos padres Antonio Garrido y Vicenta Farizo y la viuda María Puig en la cuota usufructuaria en-tendemos que al celebrarse la vista del pleito que culminó en la venta de la finca referida, la corte no pudo tener como únicos y universales herederos de José Garrido, a las personas que voluntaria-mente comparecieron como herederos de José Garrido, pues no ha-biendo ni testamento ni declaración judicial de herederos, la sucesión desconocida ha debido ser notificada por edictos tanto del emplaza-miento como de la notificación de la sentencia y que una declaratoria de herederos a posteriori no corrige el defecto de no haberse cumplido en el procedimiento las prescripciones legales; dicha anotación se practicó con el Defecto Subsanable de no haber sido aceptado el con-trato en forma legal; por no haberse acreditado el carácter de man-datario verbal que ostenta Don Rufo Reyes al representar al señor •López, comprador, en el acto del otorgamiento de dicho documento.”

Contra esa negativa de inscripción lia interpuesto el com-prador López el presente recurso gubernativo, y aunque sólo se nos ha presentado la expresada escritura, sin embargo, consideraremos también los documentos a que hace referencia el registrador en su nota porque los ha tomado en cuenta para su calificación.

Como son varias las razones dadas por el registrador para negarse a inscribir la escritura que motiva este recurso, las clasificaremos por números para nuestro estudio y de-cisión.

Primero: Se niega por observarse que del documento no consta si la sentencia fue dictada en rebeldía o no, ni cómo ni en qué forma fueron emplazados los demandados, ni qué personas fueron las demandadas.

De los otros documentos a que hace referencia el regis-trador aparece que seguido el pleito .que originó la subasta ) venta que se trata de inscribir por Isabel Polanco contra la Sucesión de José G-arrido y Farizo compuesta por su viuda María Puig y por sus herederos desconocidos deman-dados bajo los nombres de John Doe y Richard Roe compa-recieron en el juicio voluntariamente María Puig como viuda de José Garrido Farizo y Antonio Garrido y Vicenta Farizo como herederos de aquél, así como que Antonio Garrido y Vicenta Farizo, como padres de José Garrido Farizo han sido declarados judicialmente sus únicos y universales here-deros y la viuda María Puig por su cuota usufructuaria.

En vista de tales documentos esas tres personas son las únicas que tienen interés en la herencia de José Garrido y Farizo y como comparecieron en el pleito voluntariamente en el día del juicio del mismo la corte adquirió jurisdicción sobre ellos y la sentencia no fue dictada en su rebeldía, resul-tando por consiguiente que no era necesario acreditar en el registro quiénes fueron emplazados en el pleito ni la forma en que lo fueron, porque aunque no existiese declaración judicial de herederos cuando el juicio fué celebrado, la corte pudo tener a esas personas como tales herederos para ese pleito según hemos declarado en el caso de Morales v. Landrau, 15 D.P.R. 782, y en los posteriores de Soriano v. Rexach, 23 D.P.R. 582, y Fortis v. Fortis, 25 D.P.R. 76.

Segundo: Se funda también el registrador en que no consta cuándo fueron notificados los demandados de la sentencia, pero esto no es necesario que se acreditase porque se trata de una sentencia en ejecución.

Tercero: Por no constar en qué fecha ni en qué periódicos fueron publicados los edictos anunciando la subasta es otra de las razones expuestas para negar la inscripción, pero ya hemos resuelto en el recurso de Manrique v. Registrador de Guayama, 33 D.P.R. 545 y 1019, que los defectos que puedan tener tales edictos no son constitutivos de defecto insubsanable' ni subsanable, por lo que no puede impedir la inscripción en el caso presente el que no conste la fecha de la publicación de los edictos anunciando la subasta ni el periódico en que fueron publicados.

Cuarto: Es el último defecto insubsanable consignado por el registrador que la finca no se halla inscrita sino en cuanto a una mitad a favor de María Puig y anotada preventivamente la otra mitad a favor de Antonio- Garrido y Vicenta Farizo y de la misma María .Puig en cuanto a la cuota usufructuaria; y alega el recurrente que su título es inscribible en cuanto a la mitad que tiene inscrita María Puig. Así es en efecto, pues estando inscrita una mitad de la finca a favor de María Puig no existe obstáculo en el re-gistro para que la compra hecha por el recurrente sea ins-crita en cuanto a esa mitad.

Como defecto subsanable consignó el registrador el “no haber sido aceptado el contrato en forma legal, por no haberse acreditado el carácter de mandatario verbal que ostenta don Bufo Eeyes al representar al señor López, comprador, en el acto del otorgamiento de dicho documento.”

Ha sido resuelto en varias ocasiones por este tribunal que constituye defecto subsanable la falta de presentación del poder de un compareciente para aceptar la escritura a nombre de un comprador. Tobacco Co. v. El Registrador, 13 D.P.R. 195; Gutiérrez v. El Registrador, 14 D.P.R. 617; Maestre v. El Registrador, 14 D.P.R. 683; Purcell v. El Registrador, 14 D.P.R. 752; y Colón v. El Registrador, 18 D.P.R. 125.

Por consiguiente debe ordenarse la inscripción del título del recurrente en cuanto a la mitad de la finca que está ins-crita a favor de María Puig, en cuyo extremo debe ser revo-cada la nota recurrida.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Julio Biaggi Esbri, peticionario, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Charles E. Foote, Juez, demandado.
    No. 656.

    Sometido: Abril 19, 1929.

      Resuelto: Abril 25, 1929.

      Arjona & Arjona, abogados del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce resolvió que podían con-cederse honorarios de abogado pendente lite en una acción de divorcio. El esposo demandado radicó un certiorari ante este tribunal y alega, entre otras cosas, que la forma ade-cuada de obtener honorarios de abogado pendente lite es mediante un procedimiento independiente por litis expensas: que en vista de la forma del procedimiento seguido por los abogados, la decision en este caso caería dentro de las dis-posiciones del capítulo III, título Y del Código Civil, y espe-cialmente dentro del artículo 168 del mismo, el cual lee así:

“Si la mujer no contase con suficientes recursos propios para vi-vir durante el juicio, la corte de distrito ordenará al marido que le pase una pensión alimenticia en proporción a los bienes de éste.”

Y el marido demandado dice además que por virtud del artículo 170 del Código Civil no procede una apelación de las decisiones de la corte bajo dicho capítulo LEI.

Siempre hemos tenido la idea de que el derecho a obtener honorarios de abogado contra una parte contraria es un derecho que el cliente tiene; y, además, que tratándose de una esposa, tal derecho puede ser ejercido de conformidad con el capítulo III. Ora pueda considerarse o no la conce-sión de honorarios de abogado directamente como parte de los alimentos en su sentido corriente, la corte necesariamente está autorizada para mantener in esse el litigio, cuando la esposa alega no sólo el derecho al divorcio sino también que se le concedan los medios necesarios para vivir. No puede sostenerse el litigio sin abogados, y, por tanto, los honorarios de "abogado pendente lite son directa o indirectamente una de las medidas provisionales necesarias en una acción de divorcio. Necesariamente, si estamos en lo cierto respecto a esto, la concesión de honorarios de abogado cae dentro de la sana discreción de la corte sentenciadora, no es apelable, y, tampoco procedería el recurso de certiorari.

Por otra parte, si la concesión de honorarios de abogado no debe considerarse en Puerto Pico como parte de los ali-mentos de la esposa, entonces no importa cuál sea la actua-ción de los abogados, la concesión de tales honorarios es un procedimiento independiente dentro del pleito de divorcio y final para los fines de apelación. En otras palabras, proce-dería una apelación de una resolución fijando honorarios de abogado. Si procede el recurso de apelación, entonces el certiorari no es el remedio adecuado.

Sin embargo, según hemos dicho, nos inclinamos hacia el criterio de que los honorarios de abogado pueden obtenerse bajo el capítulo III, supra.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Ex Parte Guido Carreras, peticionario-apelado y El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelante; Lora Shadurskaya, interventora-apelante.
    No. 3408.

    Sometido: Abril 26, 1928.

      Resuelto: Abril 25, 1929.

      Tmís Llorens Torres, abogado del peticionario; el apelante no com-pareció en forma alguna; Feliú & La Costa, abogados de la inter-ventora.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Dos demandantes instituyeron un procedimiento contra Guido Carreras en cobro de una suma de dinero. Durante el desenvolvimiento del caso, los demandantes solicitaron y obtuvieron una orden de arresto contra el demandado, fun-dándose en que éste se disponía a abandonar la isla, que ocultaba sus bienes en otra parte y carecía de dinero con que pagar el importe de la deuda. Tal arresto está justifi-cado, por sus términos, por los artículos 144 et seq. del Có-digo de Enjuiciamiento Civil. Se presentó una petición de habeqs corpus individualmente al Juez Presidente de este Tribunal a fin de obtener la libertad de la persona así arres-tada. Se expusieron varios fundamentos para la excarcela-ción, pero el principal motivo aducido es que el artículo 144, supra, está en contravención con la Carta Orgánica de Puerto Rico, la que proliibe la encarcelación por deudas. El Juez Presidente, al terminarse la vista celebrada ante él, así lo re-solvió. El presente recurso lia sido interpuesto contra esa decisión.

Hemos llegado más y más al convencimiento de que siempre que se pueda obtener la intervención de una- corte' de distrito, los letrados deben abstenerse de radicar peticiones de habeas corpus ante los magistrados de esta corte, ora individual o colectivamente. No sólo están los jueces de las cortes de distrito en mejor posición de citar testigos y de oírlos, si que también las decisiones que finalmente emitan pueden ser revisadas por este tribunal en pleno. Es mucbo'más conveniente para la jurisprudencia de esta corte que tengamos la cooperación de todos los jueces que la com-ponen, y cualquier duda que tuviera alguno de ellos puede frecuentemente ser resuelta. Según dijo el Juez Presidente en relación con otra petición presentádale,

“Claro es que bay casos excepcionales y que para algo se otorgó el poder a cada juez, pero deseamos llamar la atención de la aboga-cía sobre el particular. Si existe alguna circunstancia que requiera la intervención inmediata de uno de los jueces de la Corte Suprema, a él debe acudirse, pero en casos corrientes debeiúa procederse de tal modo que quedaran libres todos los jueces del tribunal para interve-nir en la apelación si hubiere necesidad de establecerla.” No. 3814 Ex Parte José Alvaro Salvá, resuelto el 15 de marzo de 1929.

Los artículos 143 y 144 del Código de Enjuiciamiento Civil leen como sigue:

“Artículo 143. Ninguna persona podrá ser arrestada en un pleito civil, excepto en los casos prescritos en este código.
“Artículo 144. El demandado puede ser arrestado como a con-tinuación se dispone, en los casos siguientes:
“1. En una acción en cobro de dinero o por el importe de los perjuicios ocasionados en un pleito motivado por contrato expreso o tácito, cuando el demandado estuviese para irse de la Isla de Puerto Rico con intención de defraudar a sus acreedores, o cuando la acción es por ofensa voluntaria a la persona, o a su reputación, o daño a la propiedad, sabiendo que ésta pertenece a otro.
“2. En una acción por. dinero o propiedad malversados, o frau-dulentamente mal aplicados, o aplicados para su propio uso por un funcionario público, o por un funcionario de una corporación, o apo-derado, factor, corredor, agente o empleado, mientras dure su em-pleo como tal, o por cualquiera otra persona con capacidad fidueiai’ia.
“3. En una acción para recobrar la posesión de propiedad mueble injustamente retenida cuando la propiedad o parte de ella ha sido ocultada, trasladada o enajenada para impedir que se encuentre, o que el márshal se incaute de ella.
“4. Cuando el demandado ha sido culpable de fraude al contraer la deuda o la obligación que motiva la acción; o de ocultar la pro-piedad o disponer de ella, por cuya razón de retenerla, detentarla, o apropiársela, se ejercita la acción.
“5. Cuando el demandado ha trasladado o dispuesto de su pro- • piedad, o está para hacerlo, con intención de defraudar a sus acree-dores, declarándose fraudulentamente insolvente.”

Un examen de estos artículos revela inmediatamente el hecho de que en todo caso en que está autorizado un arresto, algo más que la existencia de una deuda ha intervenido en la conducta de la persona contra quien se trata de obtener el arresto. En este caso, el demandado, según se alega, tra-taba de abandonar la isla, colocándose a sí mismo, de ser ciertas las alegaciones, en la categoría de un deudor fugi-tivo. En los demás casos, algún fraude o algún acto volun-tario autorizan el arresto. La expedición de una orden de arresto nunca depende de una mera deuda. La actuación del deudor no sólo es un acto torcitero, sino que se asemeja al campo del mens rea, de no penetrar en él. Su actuación es un delito o cuasi-delito. La Legislatura así lo ha decre-tado al aprobar el estatuto.

El caso no es nuevo en los anales de la jurisprudencia. Un gran cúmulo de ella ha sido revisado en una nota sobre el caso de Carr v. State, 106 Ala. 35, 34 L.R.A. 634. En general, el derecho al arresto depende de la constitución del estado en particular. Véase también 5 O.J. 438. Alabama estaba envuelto en el caso de Carr v. State, supra. Se pre-sentó una acusación contra un banquero por recibir fondos siendo insolvente. La Corte Suprema resolvió que la Cons-titución, distinta a la de otros estados, no excluía el fraude, mientras que anteriormente la constitución del estado de Alabama así lo hacía. Por la historia de la Constitución de ese estado, la corte resolvió que no podía sostenerse la con-dena. Puede decirse que Alabama es la excepción que con-firma la regla. De igual modo, pueden hallarse casos en que se sostiene que no pueden castigarse los actos cometidos de buena fe por un deudor insolvente; o sea, mientras el deudor generalmente trata de rehabilitarse. En el caso Ex Parte King, 102 Ala. 182, citado en una nota que aparece al pie de 34 L.R.A. 660, se sostuvo una condena por estafar a un hostelero, manifestando la corte que la encarcelación se debía no a la deuda que la persona había contraído con el propietario o a fin de que la pagara, sino para castigarla por el daño que había ocasionado.

Si bien en algunos estados hay disposiciones constitucio-nales específicas' que exceptúan el fraude de la prohibición de arresto por deuda, en otras la excepción surge de la his-toria de la prohibición misma. En Connecticut, por ejemplo, la prohibición era enteramente estatutoria, pero original-mente se excluyó el fraude de su esfera. El estado de Georgia aparentemente razonó en la forma en que lo hicimos nosotros al decir que el fraude es una excepción.

Hemos seguido el estatuto de California, pero en Puerto Rico tenemos una disposición constitucional distinta que no exceptúa el fraude; y, por tanto, puede hacerse distinción, de los casos de ese estado, según lo hizo el apelado ante esta corte.

El caso no es nuevo en este tribunal. En el caso de Monllor v. Acosta, 27 D.P.R. 102, dijimos:

“La única otra cuestión es que el arresto fué de prisión por deuda y por tanto en violación de la Ley Jones. La corte inferior resolvió esta' alegación con decir que no era un arresto sino solamente un re-medio provisional (mesne process), y hace referencia a 3 Oye 398-99. El apelante nos cita el tomo 2 de R.C.L., página 482 y el 34 de L.R.A., página 634. Estas citas muestran que los estatutos como el pre-sente deben ser interpretados estrictamente, pero no impiden que el brazo fuerte de la ley detenga a los deudores que huyen para eludir el pago de sus deudas.”

Yéase también el caso de El Pueblo v. Jiménez, 31 D.P.R. 351. Sin embargo, en Monllor v. Acosta no entramos muy de lleno en la cuestión ahora levantada, y el Juez Presi-dente se creyó en libertad de dar una nueva interpretación, a este precepto de la ley. Si bien nuestra decisión pudo estar equivocada, no podemos convenir con la parte apelada en que era un obiter dictum.

Con el mayor respeto a la opinión del Juez Presidente, llegamos a la conclusión de que por virtud de la historia de la disposición que estamos considerando, los casos de fraude no caen dentro de la prohibición de arresto por deuda, y que el precepto contenido en las distintas constituciones era meramente declaratorio de la ley; en otras palabras, que las cortes hubieran exceptuado el fraude aun si las. consti-tuciones no lo hubiesen hecho. ’Las disposiciones del artículo 144 del Código de Enjuiciamiento 'Civil son un resumen, acep-tado casi universalmente, de las excepciones. Este artículo ha permanecido en nuestros estatutos desde el 1904, y no ha habido controversia respecto al mismo en ningún otro caso que el citado. El Congreso no lo ha puesto en tela de juicio. Tenemos, pues, aquí una aquiescencia legislativa absoluta.

Otra cuestión de falta de jurisdicción alegada merece alguna consideración. Queda cubierta por la manifestación de que si una persona que no tiene residencia o domicilio en Puerto Rico contrae una deuda aquí, y trata de abandonar el país con el propósito de defraudar a alguien, cae dentro de las disposiciones del estatuto. Podría levantarse oportunamente una cuestión de hecho ante la corte sentenciadora.

La alegación de haberse tenido la intención de defraudar fue suficientemente expresada.

Debe revocarse la resolución apelada, y la Corte de Dis-trito de San Juan o el márshal de la misma quedarán en libertad de dar los pasos ulteriores que fueren necesarios.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Sucesión de Simplicio Nazario, demandante y apelante, v. Comisión de Indemnizaciones a Obreros de Puerto Rico, demandada y apelada.
    No. 4394.

    Sometido: Abril 25, 1928.

      Resuelto: Abril 26, 1929.

      López de Tord c& Zayas Bizarro, abogados de la apelante; Son. Attorney General James B. Beverly, y J. A. López Acosta y Emilio de Aldrey, Sub-Procuradores, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El artículo 2 de la Ley de Indemnizaciones a Obreros, tal como fué enmendada en el año 1921, Leyes de ese año, página 473, dispone, entre otras cosas, que dicha ley “será aplicable a un patrono que emplee a cualquier obrero o empleado cuyo jornal no excediere de mil quinientos ($1,500) dólares anuales, computado por mensualidades.”

La Comisión de Indemnizaciones a Obreros denegó una reclamación de indemnización entablada como consecuencia de la muerte de un empleado, fundándose en la teoría de que éste, al tiempo de su muerte, recibía un salario en exceso del límite estatutorio. La corte de distrito estuvo de acuerdo con este criterio y confirmó la decisión de la Comisión.

Simplicio Nazario, el empleado en cuestión, era un agente viajero. En 1920 percibía un sueldo de $25 semanales, de los cuales tenía que pagar los gastos de hotel. Viajaba en un automóvil perteneciente a su patrono, quien sufragaba los gastos de gasolina, llantas nuevas y todo lo demás rela-cionado con la conservación del automóvil. La política de exigir que los agentes viajeros paguen sus gastos personales de sus propios salarios se seguía con la intención de estimu-larlos a economizar.

Nazario vivía en Ponce y suministraba a su esposa y fa-milia diez y oclio o veinte dólares a la semana de su esti-pendio semanal. A causa del aumento en las tarifas de los hoteles se le hizo imposible atender a sus gastos de viaje con lo que le sobraba. En julio de 1920 trató este asunto con sus superiores, y debido al aumento en los gastos de hotel, se le aumentó el sueldo a treinta dólares semanales. En aquel entonces se le negó un aumento similar por lo me-nos a otro empleado, por el fundamento de que éste perma-necía más tiempo en Ponce, y al salir de la ciudad, sus viajes eran más cortos.

Considerada la prueba en su totalidad, no deja lugar a dudas de que la intención al hacerse el aumento de sueldo fué que éste sirviera como una dieta. La prueba sobre este punto no está contradicha y no fué puesta en duda por el juez sentenciador.

La cuestión dudosa en la corte inferior fué que la par-tida de treinta dólares a la semana aparece como un sueldo semanal en los libros de la mercantil, sin que haya asiento alguno separado u otra indicación específica de que parte de esa cantidad fuese para cubrir gastos de viaje, — que los testigos hablan uniformemente de un sueldo y de un aumento en el mismo, — y que ciertos casos en que descansan los abo-gados de la Comisión han resuelto que casa y comida, la-vado, el uso de uniformes y tal vez el alquiler de casa están incluidos en la expresión ‘ ‘ sueldo o salario ’ ’ al tomarse como base para computar la cantidad de la compensación. Pero hay una marcada diferencia entre estas cosas y los gastos de viaje incurridos en el curso ordinario de los negocios del patrono.

Casa y comida, lavado y alquiler de casa son cosas que forman parte del costo ordinario de la vida cotidiana, pecu-liarmente personales del empleado. Representan un equiva-lente en valor monetario recibido por él. No están relacio-nadas con los negocios del patrono en forma alguna distinta esencialmente al pago de salarios. Un aumento de sueldo en lugar de cualesquiera de estas cosas, o basado en forma general en el aumento del costo de la vida, mucho menos de-jará de ser parte de los sueldos pagados a los empleados. En el caso de un agente viajero a sueldo, que sea casado y tenga bogar y familia, la diferencia entre el costo de vivir en su projjia casa y hospedaje en un hotel mientras está viajando representa dinero gastado en el curso ordinario de los nego-cios de su patrono, por cuenta de éste y para su beneficio, más bien que una compensación por servicios prestados por el agente viajero. El salario es una asignación periódica que se hace como una compensación por servicios prestados o por un trabajo corriente. El reembolso de gastos incu-rridos por cuenta del patrono, para su beneficio y en el curso ordinario de sus negocios, no es ni salario ni sueldo, según se usan tales palabras al fijarse el límite máximo en la Ley de Indemnizaciones a Obreros. Sostener lo contrario no es-taría en armonía con el espíritu y fin de la ley. El mero hecho de que los testigos hablaran del dinero recibido por Nazario como salario y de que las sumas totales pagádasle semanalmente. aparecieran en los libros de su patrono como-sueldo no puede cambiar la verdadera naturaleza de porción alguna del dinero así pagado y recibido como dieta o como reembolso parcial por gastos de viaje.

Toda la prueba tiende a la conclusión de que el llamado aumento en el salario fué un cálcrilo muy conservador de Ios-gastos adicionales en que incurriera Nazario mientras estaba ausente de su hogar. En verdad no hay razón alguna para creer que él podía ahorrar de tal aumento lo suficiente para hacer que la remuneración realmente recibida por sus servi-cios llegara al máximo estatutorio.

La sentencia apelada debe ser revocada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió. Los Jueces, Sres. Presidente del Toro y Asociado Aldrey no intervinieron. (Véase el prefacio.)


author: El Juez Asociado Señor Iexidor,

text:
    Juan Solá González, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 752.

    Sometido: Marzo 18, 1929.

      Resuelto: Abril 26, 1929.

      A. L. López, abogado del recurrente; el registrador recurrido com-pareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Iexidor,

emitió la opinión del tribunal.

Juan Sola González y su esposa Manuela Flores, siguie-ron ante la Corte de Distrito de Humacao nn pleito, civil No. 11619, contra Isabel Polanco y la Sucesión de José Ga-rrido Farizo, compuesta, por lo que aparece de la relación en los documentos presentados, de Antonio Garrido Barto-lomé, Vicenta Farizo y María Puig. F1 objeto del litigio fué una indemnización de daños y perjuicios.

De las constancias, insertas en copia en la escritura a que. este recurso se refiere resulta que en 14 de diciembre-de 1927, y a virtnd.de moción para pronunciamiento de sen-tencia, y de una estipulación de las partes,- hecha constar en. el récord taquigráfico, la corte aprobó la transacción efec-tuada por las partes, y dictó sentencia, dando por desistida a la parte demandante, .por la suma de ‡1,500 (sic) que a esa parte debía pagar el administrador judicial de los bienes del difunto José Garrido Farizo, y además por el usufructo de un solar en la calle de Acosta en Caguas. Firme esa sen-tencia, los demandantes pidieron y obtuvieron una orden de ejecución, que se copia en la escritura de que se trata aquí, y por la que se dispuso que el Mársbal de la Corte de Dis-trito de Humacao hiciera que se satisfacieran las sumas de $1,500, intereses y costas, en bienes de la propiedad personal del deudor, y si no hubiere propiedad personal bastante, en la real.

Según se dice en la escritura cuya inscripción se intentó, el Marshal procedió a publicar edictos en el periódico “La Democracia,” para la venta de los bienes embargados pre-viamente; y en la fecha señalada procedió a la de una casa en Caguas, que se describe en el acta de subasta que se copía en la dicha escritura. Adjudicó la casa a don Juan Solá González y doña Manuela Flores Solá; y otorgó la escritura, por ante el notario Francisco Gonzáles, Jr., en 9 de julio de 1928. Presentada en el registro de la propiedad la primera copia de esa escritura y solicitada su inscripción, el regis-trador puso la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento y tomada en su lugar anotación preventiva por el término legal de 120 días, a favor del comprador don Juan Solá González, al folio 126 del tomo 131 de Caguas, finca No. 1013 triplicada, anotación letra ‘d,’ por observarse que la sentencia que motivó la orden de ejecución fue dictada a virtud de transacción de cierto pleito, no constando del documento si en dicho pleito fueron debidamente emplazados los de-mandados, y sobre todo siendo una parte demandada la sucesión de José Garrido Farizo, que se dice compuesta de su viuda María Puig y de Antonio Garrido y Vicente Farizo, no hay constancia en el do-cumento que acredite que esas personas constituyeran en la época de la sentencia la sucesión de José Garrido, ni a qué personas se hizo ■el emplazamiento para poder determinar si la corte actuó con-juris-dicción, y ordenándose por la referida sentencia que por el adminis-trador judicial de los bienes de José Garrido se pagasen los mil qui-nientos dollars, montante de la sentencia, no consta que baya sido notificada dicba sentencia a diebo administrador judicial para que efectuase el pago, y además, la finca ejecutada no se baila aún ins-crita a favor de la sucesión demandada; cuya anotación se practicó con el defecto subsanable de no haber sido aceptado el contrato en forma legal, por no haberse acreditado el carácter de mandatario verbal de don Rufo Reyes, para representar a don Juan Solá Gon-zález,' en el acto del otorgamiento del documento que precede.”

Contra esta nota se ha interpuesto el presente recurso.

Antes de entrar en la consideración de otros motivos, debe hacerse constar que el recurrente expresamente acepta (página 6 de su alegato) la falta de previa inscripción de la finca a favor de los herederos demandados, y la de no haberse aceptado la escritura legalmente.

La falta que el registrador encuentra de- que de la escritura no consta si en el pleito fueron debidamente emplazados los demandados, no lo es, si a los documentos que en la escritura se insertan, nos atenemos. Resulta de ellos que los herederos de José Garrido Farizo, se hallan ante la corte, por medio de un administrador judicial, quien ha actuado en la transacción. La presunción es la de que la ley ha sido observada y cumplida, y se ha seguido su curso ordinario-, en el nombramiento y actuación del administrador. No es necesario que se presente al registro el récord completo de cada caso, y se someta al juicio del registrador la total actuación de la corte. Si de los documentos presentados aparece que la corte actuó fuera de jurisdicción, o que el procedimiento no fué el que la ley determina, el registrador puede denegar la inscripción; pero no hay que olvidar que el artículo 18 de la Ley Hipotecaria no convierte a los registradores en jueces de los jueces; y su texto indica hasta dónde van las facultades del funcionario que preside el registro. La calificación de las escrituras y documentos se hace, como dice el primer párrafo de ese artículo “por lo que resulte de las mismas escrituras” (cursivas nuestras). Y la de documentos judiciales sigue la regla general. En el artículo 65 de la misma Ley Hipotecaria, se definen las faltas como sigue:

“Serán faltas subsanables las que afectan a la validez del mismo título, sin producir necesariamente la nulidad de la obligación, en él constituida.
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“Serán faltas no subsanables las que produzcan necesariamente la nulidad de la obligación. ...”

Y aun más claro es el artículo 110 del reglamento:

“Art. 110. — Para distinguir las faltas subsanables de las que no lo sean, y hacer o no en su consecuencia una anotación preventiva, según lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la ley, atenderá el re-gistrador a la validez de la obligación consignada en el título. Si ésta fuese nula por su naturaleza, condiciones, calidad de.las perso-nas que la otorguen u otra causa semejante, independiente de su forma extrínseca, se considerará la falta como no subsanable. Si la obligación fuese válida, atendidas las circunstancias dichas, y el de-fecto estuviese tan sólo en la forma externa del documento que la contenga, y que. se pueda reformar o extender de nuevo a voluntad de los interesados en la inscripción, se tendrá "por subsanable la falta. ’ ’

Si la obligación, como aparece del título, es nula, la cali-ficación es la de insubsanable. Pero nótase que lia de aparecer del título. Es distinto el derecho a calificar y de-negar la inscripción de lo que aparece por sí nulo, del de-recho a dudar, y a solicitar investigaciones en un caso en que del documento presentado no resulta la nulidad.

Estas declaraciones no se hallan en pugna con las que ha hecho este tribunal en otros casos.

En el caso Colón v. Registrador, 22 D.P.R. 546, este tribunal confirmó la doctrina por la que el registrador debe calificar, en cuanto a legalidad y capacidad, por lo que re-sulte de las mismas escrituras, atendiendo no sólo a la de compraventa, sino también a los poderes que se le acom-pañan.

En el caso González v. Registrador, 23 D.P.R. 806, se es-

tableció el alcance de las facultades del registrador para ca-lificar las resoluciones judiciales, limitándolas al examen de la naturaleza de la resolución, la acción y el procedimiento, y a considerar si el tribunal actuó con jurisdicción; citándose los casos Crehore v. Registrador, 22 D.P.R. 640, Ortiz v. Registrador, 22 D.P.R. 339, y otros.

Más aún se limitan esas facultades en las decisiones en Delgado v. Registrador, 25 D.P.R. 486, y Virella v. Registrador, 25 D.P.R. 757. En el primero, el registrador en su nota se refirió a que los testigos en un expediente posesorio no acreditaron documentalmente su calidad de propietarios; y este Tribunal declaró, de acuerdo con la Dirección de Re-gistros de España, que la apreciación de la calidad y cir-cunstancias de los testigos es algo que no compete al regis-trador, sino al juez. Y en el segundo caso se declaró que el registrador no tiene autoridad para calificar los fundamen-tos de la resolución judicial.

En el caso de Caballero v. Registrador, 35 D.P.R. 617, si bien se confirmó la nota recurrida,- se declaró por este Tribunal que el registrador no. tiene facultad para revisar cues-tiones de liecbo o de derecho resueltas por la corte. Y esta doctrina concuerda con la sentada en el caso.Cintrón v. Registrador, página 805 y siguientes del mismo tomo, en que se sostuvo que la calificación del registrador alcanza a si el juez era o no competente por la materia, naturaleza y efecto de la resolución, y si ésta se dictó en el juicio correspon-diente y previos los trámites de ley necesarios para la vali-dez del título.

Tratando esta materia el Sr. Morell, en su obra “Legis-lación Hipotecaria,” tomo 2, página 246, volumen XX, Biblioteca Jurídica de Autores Españoles, dice:

“Bu las sentencias que son ejecutorias, constando este extremo, no cabe, pues, calificación por los Registradores, debiendo éstos li-mitarse a cumplirlas, (resoluciones de 8- de junio de 1905, 23 de fe-brero de 1906, y 30 de abril de 1909) a no tratarse de simples de-fectos de forma o de obstáculos que nazcan del Registro (resolucio-nes de 20 de octubre de 1899 y 5 de julio de 1900 y sentencia de 23 de julio de 1914).”

Parece que lo que se cita como sentencia de 23 de julio de' 1914, es una resolución de la Dirección General de Re-gistros, en la que se determina que en cuanto a providencias que tengan carácter de ejecutorias, no es permitido a los registradores calificar los fundamentos de las mismas, aun-que sí examinar la naturaleza del procedimiento y oponer los obstáculos que provengan del registro en cuanto a ter-ceros.

Por estas razones estimamos que la nota del registrador, en cuanto se refiere a que no consta del pleito el debido em-plazamiento de unos demandados que, según las constancias de la escritura están ante la corte, y en cuanto a que del documento no conste que esas personas constituyen la suce-sión de José Garrido, ■ debe revocarse.

Es cierto que del documento no aparece que el administrador haya sido notificado de la sentencia. Pero es también cierto que del mandamiento aparece que la sentencia es firme, lo que no puede ocurrir sin que haya precedido la notificación a las partes; fuera de que la sentencia se dictó por virtud de transacción entre las partes, y sin desviarse de dicha transacción.

Se revoca la nota del registrador que es objeto de este recurso, menos en lo que se refiere a la falta de previa ins-cripción de la finca y a la subsanable de no aceptación por el interesado.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.