author: El Juez Asociado Sr. HtjtchisoN,

text:
    Mora, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas denegatoria de cancelación .de crédito mencionado.
    No. 444.
    Resuelto en marzo 23, 1920.
    Adjudicación para Pago de Bajas — Condominio—Cancelación.—Una adjudi-cación de cierta suma de dinero en una finca para el pago de las bajas y i costas de una testamentaría constituye un derecho de condominio y no un . „ gravamen que pueda cancelarse por el hecho de residir en una sola persona los conceptos de deudor y acreedor; por lo que, para inscribir la totalidad de la finca a favor de tai persona, es necesario inscribir previamente dicho derecho de condominio a favor de la adjudieataria y de sus posteriores dere-ehohabientes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr, A. Mena.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. HtjtchisoN,

emitió la opinión del tribunal.

Parece que el Estado adquirió de algún modo un con-dominio en cierta finca y lo vendió a un tal Ulises Jordá y Maymí dejando a salvo los derechos y acciones que corres-pondían a doña Victoria Maymí por la adjudicación que a •ella se le hizo en dicha finca por la suma de mil pesos para pago de bajas y costas causadas en la testamentaría hecha a la muerte de don Sebastián Jordá; que doña Victoria fa-lleció y en la divisoria de los bienes que dejó se les adju-dicó el crédito sobre el inmueble a su hija Matilde Larder Maymí, quien lo cedió a Manuel Ovalle; que Ovalle a su vez •cedió el referido crédito a Francisco Lelg*aclo, quien falleció ¡sin disposición testamentaria; que Rafael Delgado, después de hecha la declaratoria de herederos lo cedió a Gerónimo Matanzo y Matanzo a Nicolás Morera, quien de este modo ■vino a ser el dueño de toda la finca que está actualmente inscrita en el registro a favor del apelante Manuel Mora y Ruiz.

i La escritura otorgada por Matanzo a favor de Morera fue presentada en el registro de la propiedad por Mora en unión de otras escrituras que constituían la cadena del título arriba reseñado, solicitándose la cancelación de la mención del crédito en el registro, mediante nota marginal por con-fusión de derechos. La referida cancelación fue denegada por el registrador, por las razones siguientes:

“Porque no apareciendo del registro previamente inscrito dicho gravamen mencionado en la referida inscripción 19 constituido a favor de Victoria Maymí, mediante la hijuela de adjudicación del mismo por fallecimiento de la primera, no cabe considerar que Ni-colás Morera Roselló, último concesionario en la cadena de títulos de cesión de dicbo gravamen por la referida adjudieataria Matilde Harder Maymí que arriba se menciona, reuniera en sí al adquirir también la finca según consta de la inscripción 8 de la misma, los dos' caracteres de acreedor y deudor, y que proceda abora a solici-tud del actual dueño del inmueble Manuel Morera Ruiz la cancela-ción de dicha mención por confusión de derechos, ya que ni el de Morera Roselló ni el de sus causantes constan inscritos previamente en el registro. Para cancelar esa obligación es indispensable o eje-cutoria en que así se ordene o el consentimiento de la persona a cuyo favor está constituida o el de sus causa habientes o represen-tantes legítimos, no siendo bastantes los documentos ni el escrito presentado, de acuerdo con los artículos 20, 29 y 82 de la Ley Hipo-tecaria. Se hace constar el defecto subsanable de no expresarse la medida superficial del solar.”

Insiste el' recurrente en que el registrador cometió los siguientes errores:

“Primero: Estimar que el crédito de mil pesos, mencionado como gravamen de la casa del recurrente, no quedó extinguido por confu-sión de derechos, al adquirir don Nicolás Morera Roselló, dueño del mismo, el inmueble gravado, por no aparecer dicho gravamen pre-viamente inscrito en el registro.
“Segundo: Estimar que de acuerdo con los artículos 20, 29 y 82 de la Ley Hipotecaria, para cancelar la mención que interesa el re-currente no son suficientes los documentos presentados a tal fin por éste. ! ;
“Tercero: Estimar que existe el defecto subsanable de no ex-presarse la medida superficial del solar.”

La alegación del recurrente tal como la resume, es la siguiente: Que si el derecho mencionado a favor de la señora Maymí se considera como un gravamen del inmueble, quedó extinguido por confusión de derechos al adquirir el inmueble el citado Nicolás Morera, toda vez que- éste era el dueño del gravamen constituido sobre dicho bien y era imposible que subsistieran en él los dos opuestos caracteres de acreedor y deudor; y si se considera como representativo de un con-dominio por la suma a que ascendía al adquirir la finca el señor Morera desapareció como entidad independiente, para refundirse en otra unidad de un orden superior, o sea en el pleno dominio de la misma -finca perteneciente a dicho dueño, por lo cual en ambos supuestos dicho crédito quedó extinguido por ministerio de la ley.

El artículo 1160 del Código Civil revisado, en el cual se funda el recurrente, prescribe que “quedará extinguida la obligación desde que se reúnan en una misma persona los conceptos de acreedor y de deudor.” Y cita el apelante el tomo 3 de Galindo, página 87 para sostener la proposición de que el artículo 20 de la Ley Hipotecaria sólo exige la previa inscripción en el caso de enajenación o gravamen, a diferencia de la mera cancelación. La proposición es lógica en teoría pero inaplicable a los hechos de este caso, pues en el presente caso nos encontramos frente a una comunidad y una serie de traspasos más bien que con una confusión de derechos entre deudor y acreedor.

De verificarse la cancelación solicitada la verdadera his-toria del título del recurrente, en tanto proviene de doña Victoria Mavmí sería más o menos obscura, si no incompleta y no aparecería del registro toda la verdad respecto al particular, pues resultaría que el condominio que anteriormente poseía Victoria Mavmí ha sido extinguido, cuando la verdad es que tal condominio solamente ha pasado a poder del dueño del otro condominio, revistiéndole así de un título a toda la propiedad. Existe cierta diferencia entre lo que es la ex-tinción de un derecho y la enajenación de un derecho real, si bien, desde luego, la escritura produce el efecto de la ex-tinción del derecho del vendedor.

El recurrente pretende en efecto que aparezca de la ins-cripción que él es el dueño de toda la propiedad sin pre-sentar para ser inscrita la prueba de su título a una parte de la misma; y mientras no se presente de tal modo dicha prueba, no está el registrador en la obligación de ir más allá de lo necesario en su examen para resolver que está en-vuelta la cuestión de un traspaso de dominio a diferencia de Tina mera cancelación de nn derecho inscrito de propiedad. Una cuestión algo semejante fue considerada y resuelta en el caso de Maldonado v. El Registrador, 25 D. P. R. 838.

La simple lectura del sumario del caso de Janer v. El Registrador, 18 D. P. R. 7, también citado por el registra-dor será bastante para probar que no existe conflicto alguno entre la doctrina sentada en dicho caso y la conclusión a que aquí hemos llegado. La resolución ele la Dirección General de los registros, de noviembre 5 ele 1883 y el Eeal Decreto de abril 12 de 1884, son igualmente inaplicables.

Toda vez que la discusión hecha en el tercer señalamiento se limita a la proposición de que no es un requisito indispensable para la cancelación el no expresarse la medida superficial, no tenemos necesidad de discutir ahora la cuestión que de tal modo fué levantada.

La nota del registrador debe ser confirmada.

Confirmada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

license: Public Domain

text:
    Dávila, Recurrente, v. El Registrador de Caguas, Recurrido.
    Eeotjeso gubernativo interpuesto contra nota del Eegistrador de la Propiedad de Caguas denegatoria de inscripción de declaración de herederos.
    No. 443.
    Resuelto en marzo 25, 1920.
    Facultades de los Registradores para Rectieioar Asientos — Rectificación de Asientos en los Libros del Registro — Error de Concepto. — En el pre-sente caso el registrador hizo en sus libros la inseripeión de un documento y firmó el asiento después de lo cual y por vía 'de rectificación extendió nota marginal denegando la inseripeión del mismo documento. Recurrida la nota se resolvió: que el registrador no pudo por sí solo hacer la rectificación del asiento porque carecía de facultades para anularla sin el concurso y confor-midad del interesado, por ser facultad' privativa de los tribunales según el. artículo 256 de la Ley Hipotecaria, pues no se trataba de corregir alguno de los errores materiales a que so refiere el artículo 254 de dicha ley sino un error de concepto que anulaba el derecho inscrito.

      Inscripción del Derecho Hereditario — Extensión del Derecho — Liquidación Previa de la Sociedad de Gananciales. — A falleció estando casado en le-gítimas nupcias con B, que tenía inscrita una finca adquirida durante el matrimonio de ambos. Un hijo del primer matrimonio de A, que con ca-torce hijos más fué declarado heredero abintestato de A, presentó la decla-ración de herederos al registrador solicitando la inscripción de su derecho hereditario en cuanto a una treintava parte indivisa de la finca antedicha. Recurrida la nota por la cual solamente se inscribió a favor del recurrente su derecho hereditario indiviso, se resolvió: de acuerdo con la doctrina del caso de Capó v. Fernández, 27 D. P. R. 321, que el registrador cometió error-ai no inscribir la extensión del derecho tal como le fué pedido por el inte-resado sin que para esto fuera necesaria la previa liquidación y partición de la herencia, pues cuando no hay testamento la ley fija en iguales partes la-extensión del derecho de los herederos.
    Resoluciones Ex parte Firmes. — Una resolución sobre declaratoria de herede-ros dictada por una corte de distrito en procedimiento ex parte sin oposi-ción, es firme desde el momento en que se dieta, según la ley 11 de marzo de 1918.
    Defecto Subsanable — Circunstancias Personales. — Si puede considerarse como un defecto el no constar en la declaratoria de herederos las circunstancias personales de los herederos tal defecto queda subsanado si en la solicitud que presenta el heredero al registrador pidiendo la inscripción de su dere-cho constan tales circunstancias.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. A. Mena.

    El registrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Jesús María Dávila Maldonado solicitó y obtuvo de la Corte de Distrito de Humacao que lo declarase heredero abin-testato, en unión de' catorce hermanos más, de su padre Ne-mesio Dávila.y Villafañe, apareciendo de dicha declaratoria que la segunda esposa del causante es Agustina Carrión Cruz, conocida por Rosario Carrión Cruz. Presentado ese docu-mento en el Registro de la Propiedad de Caguas con un escrito a nombre de Jesús María Dávila Maldonado en el que se hace constar que es mayor de edad, viudo, propieta-rio y vecino de G-urabo y en el que se pide sea inscrito su derecho hereditario en cuanto a una treinta-ava parte indi-visa de la finca No. 305, folio 77 del tomo 6o. de Gurabo ad-quirida por Rosario Carrión y Cruz durante su matrimonio con Dávila Yillafañe por título de compra, aparece al pie de la declaratoria de herederos extendida una nota de ha-berse hecho la inscripción del documento en cuanto al dere-cho hereditario indiviso del heredero Jesús María Dávila Maldonado con los defectos subsanables de no ser firme la resolución, de no constar las circunstancias personales de los herederos y de no determinarse de una manera fehaciente la extensión del derecho cuya inscripción se solicita. Esta nota está fechada el 8 de octubre de 1919 y no está firmada por el registrador pero tiene adherido el documento un papel que parece estuvo pegado encima de dicha nota, en el cual apa-rece otra de igual fecha, firmada por el registrador, negando la inscripción del documento porque la finca objeto del de-recho hereditario cuya inscripción se solicita no aparece ins-crita a favor de su causante Nemesio Dávila Yillafañe y ha-ciendo constar como defectos subsanables los mismos de la nota que no está firmada.

Interpuesto recurso gubernativo por Jesús María Dávila, para mejor resolverlo, pedimos al registrador que nos en-viara certificación literal de todas las inscripciones y ano-taciones hechas en la finca en cuestión y de ella resulta que la finca la compró Rosario Carrión Cruz, representada por su esposo Nemesio Dávila Yillafañe, según la inscripción segunda; que la inscripción tercera se hace a favor de Jesús María Dávila Maldonado en cuanto al derecho hereditario indiviso que adquiere en la finca por título de herencia in-testada paterna, con los defectos subsanables que antes he-mos mencionado y con vista de la declaratoria de herederos, estando firmada esta inscripción por el registrador de la propiedad el día 8 de octubre de 1919; inscripción que tiene una nota marginal de la misma fecha firmada también por el registrador que dice: “Por rectificación de la inscripción tercera”, y en la que se lee que “equivocadas en la inscrip-ción tercera las palabras ‘inscribo a favor de Jesús María Dávila el derecho hereditario indiviso que en esta finca ad-quiere por título de herencia intestada paterna,’, pues en vez de proceder la inscripción del documento objeto de dicho asiento lo que procede es su denegación, y existiendo aun el título en el registro procedo a rectificar dicho asiento en la forma siguiente: * * * Después de esto, la nota marginal contiene la negativa de inscripción a que antes hici-mos referencia.

Como se ve el registrador hizo en sus libros la inscrip-ción solicitada por el recurrente y firmó el asiento después de lo cual y por vía de rectificación consignó en la nota marginal la negativa de inscripción del mismo documento, rec-tificación que por sí solo no podía h§icer el registrador por-que habiendo verificado la inscripción en sus libros a favor de Jesús María Dávila carecía de facultades para anularla sin el concurso y conformidad del interesado, por ser facul-tad privativa de los tribunales según el artículo 256 de la Ley Hipotecaria pues no se trataba de corregir alguno de los errores materiales a que se refiere el artículo 254 de dicha ley sino un error de concepto que anulaba el derecho inscrito. Bolivar v. El Registrador, 13 D. P. R. 375.

Por consiguiente, tomando como base la inscripción ter-cera hecha por el registrador veamos ahora si, como sos-tiene el recurrente, la inscripción debió hacerse no en cuanto al derecho hereditario indiviso sino en cuanto a una treinta-ava parte, como le pidió, por ser quince los herederos del marido y corresponder las otras quince partes a la esposa por tener el concepto de ganancial la compra que hizo siendo casada.

De acuerdo con lo que resolvimos en el caso de Capó v. Fernández Navas, 27 D. P. R. 321, al recurrente corresponde una treinta-ava parte ele la finca comprada por la sociedad de gananciales de que formó parte su padre porque desde el mismo momento de sú muerte sus derechos se trasmitieron a sus herederos, aunque no aparezca liquidada la sociedad de gananciales y aunque la herencia no haya sido partida, porque no existiendo testamento la ley fija en partes iguales la extensión del derecho ele cada heredero.

Por ese fundamento la inscripción debió ser hecha, como pidió el recurrente, en cuanto a una treinta-ava parte, y por él también no es sostenible'el defecto subsanable consignado en la inscripción de no determinarse de una manera feha-ciente la extensión del derecho del peticionario.

El otro defecto subsanable de no ser firme la resolución sobre declaratoria de herederos tampoco es sostenible, por-que dictada en un expediente ex parte tramitado sin oposi-ción, fué firme desde el momento en que se dictó, de acuerdo con la Ley No. 20 de 11 de marzo de 1918.

Eesta el defecto subsanable de no constar las circunstan-cias personales de Jos herederos y aun cuando éstas no apa-recen de la declaratoria hecha por el juez era suficiente con la manifestación del heredero que solicitó la inscripción a su favor hecha en el escrito presentado al registrador res-pecto a sus condiciones personales.

La nota recurrida debe ser revocada en cuanto solo ins-cribió el derecho hereditario del recurrente y en- cuanto a los defectos subsanables que consignó, y en su lugar debe hacerse la inscripción en cuanto a una treinta-ava parte in-divisa de la finca a favor del recurrente.

Revocada la nota recurrida.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: En Juez Asociado Se. Aldeey,

text:
    Cruz, Demandante y Apelante, v. Municipio de Mayagüez, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre reclamación de daños y perjuicios por ne-gligencia.
    No. 2114.
    Resuelto en marzo 25, 1920.
    Prueba Contradictoria. — Prejuicio.-—Cuando la prueba es contradictoria el Tribunal Supremo no irá contra la apreciación que de la misma baya becbo la corte sentenciadora a no ser que se demuestre que actuó movida por pasión, prejuicio, parcialidad o manifiesto error.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de la apelante: Sr. L. Montalvo Guenard.

    Abogados del apelado: Sres. Amadeo Nazario y P. Fa-jardo.

   En Juez Asociado Se. Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante demandó al Municipio de Mayagüez recla-mándole cinco mil dólares de indemnización por los perjui-cios que alegó haber sufrido como consecuencia de una caída que sufrió y que le causó una herida en la frente y la rotura del hueso del brazo derecho, producida al pasar de noche por encima de una plancha vieja de hierro que los emplea-dos de la demandada colocaron sobre una excavación que hicieron en la acera de una calle de Mayagüez, sin que colo-caran luz ni señal alguna para evitar -el paso de la gente sobre dicha plancha.

La sentencia recaída en el pleito declaró sin lugar la de-manda y en la opinión que para fundamentarla escribió el juez expone que habiéndole inspirado más crédito los testi-gos del-demandado que los de la demandante, decidía el con-flicto de la evidencia en favor de la parte demandada.

La evidencia fué en efecto contradictoria en cuanto a la causa del accidente que sufrió la demandante pues mientras sus testigos declararon que para tapar el hoyo que había sido hecho en la acera para colocar una boca de incendio se puso una plancha de hierro en malas condiciones y que allí no fué colocada luz para avisar el peligro, los testigos de la demandada afirmaron lo contrario.

No se alega en esta apelación que el juez decidiera el conflicto de la evidencia influido por pasión, prejuicio o par-cialidad, y como del examen que hemos hecho de las pruebas no podemos declarar que cometiera error al negar crédito a los testigos de la demandante y al concedérselo a los de la demandada, debemos aceptar su conclusión respecto a las pruebas, ele acuerdo con nuestra 'constante jurisprudencia sobre el particular, y, siendo razonable el cuidado tomado por la demandada para prevenir accidentes a los viandantes, debemos confirmar la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia, apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison.


author: El Juez Asociado SR. del Toro,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelante, v. Gutiérrez, Acusado y Apelado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en causa por hurto de mayor cuantía.
    No. 1472.
    Resuelto en marzo 26, 1920.
    Apelación — Ordenes Inapelables. — Una resolución de una corte de distrito de-clarando con lugar una excepción previa formulada por el acusado y conce-diendo al Fiscal diez días para enmendar su acusación, sin que conste que se dictara sentencia, no es final y no cabe, por tanto, apelar do ella, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

    Abogado del apelado: Sr. A. García Fucos.

   El Juez Asociado SR. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada acusación por el fiscal imputando a Alberto Gutiérrez la comisión de un delito de hurto de mayor cuan-tía, el acusado formuló contra ella excepción perentoria. La corte sostuvo la excepción en los siguientes términos:

“La corte, luego de oir dicha excepción y los argumentos orales de las partes, la declaró con lugar en cuanto a que la acusación debe decir, donde fueron robados los objetos, el número de rollos, valor de cada uno y valor total de los mismos, concediendo al Fiscal diez días de término para que pueda enmendar dicha acusación.”

' No conforme el fiscal apeló para ante esta Corte Suprema y la primera cuestión que debemos considerar es esta: ¿Es apelable la orden de la corte, dados los términos en qne está redactada? Es indudable qne la ley, artículo 348 del Código de .Enjuiciamiento Criminal, autoriza al ministerio público para apelar contra una providencia desestimando la acusa-ción y contra una sentencia a favor del acusado en virtud de excepción previa opuesta a la acusación, habiendo la ju-risprudencia de California decidido que una orden sosteniendo una excepción es una sentencia final de la cual puede ape-larse, pero aquí el hecho de haberse concedido al fiscal diez días para enmendar la acusación y la circunstancia de ser la acusación en verdad susceptible de enmienda, hacen va-riar el aspecto del caso.

No estando, pues, la orden apelada taxativamente com-prendida dentro de las prescripciones del citado artículo 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal, puesto que ni se desestimó por ella la acusación, ni constituye una sentencia a favor del acusado en virtud de excepción previa, no cabe apelar contra la misma y en su consecuencia debe desesti-marse el recurso interpuesto.

Desestimada la apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Aldkey, JUEZ PRESIDENTE SEÑOR ' HERNANDEZ.

text:
    Vidal & Cía., S. en C., Demandante y Apelada, v. The American Railroad Company of P. R., Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce en pleito sobre daños y perjuicios.
    Nos. 1918, 1919 y 1920.
    Resuelto en marzo 26, 1920.
    Transporte de Mercancías por Ferrocarril — Keglamento de la Ley de Poli- , cía de Ferrocarriles, Artículo 145. — El artículo 145 del reglamento para la ejecución de la ley de policía de ferrocarriles no es de aplicación a casos en que las mercancías entregadas para transportar, cuyo importe se reclama, han sido destruidas por incendio.
    Id. — -'Porteador — Besponsabilidad por Mercancías Becibidas para Transpor-TAR — CÓDIGO DE COMERCIO, ARTÍCULOS 361, 362 Y 363, EEGLAMENTO DE LA Ley de Policía de Ferrocarriles, Artículo 139. — De acuerdo con los ar-tículos 361, 362 y 363 del Código de Comercio, el porteador responde de pér-didas o menoscabos de las mercancías que se le entreguen para transportar por ferrocarril, a menos que pruebe que la destrucción o menoscabó se de-bió a caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas, pudiendo sin embargo probar el cargador que tales hechos ocurrieron por negligencia del porteador o por haber dejado de tomar las precauciones que el uso tiene adoptadas entre personas diligentes; pero para casos de incen-dio, según el artículo 139 del Reglamento de la ley de policía de ferrocarri-les, deberá el porteador probar que ni fué ocasionado por la imprudencia o descuido de sus empleados ni por la insuficiencia o mala condición de los me-dios de transporte.
    Id. — Fuerza Mayor — Oaso Fortuito. — Entiéndese “por fuerza mayor el aconte-cimiento que no hemos podido precaver ni resistir, y por caso fortuito el su-ceso inesperado o la fuerza mayor que no se puede precaver ni resistir.
    Id. — Incendio de Mercancías Entregadas a un Ferrocarril para Transpor-tar. — Aunque el incendio puede ser considerado como caso fortuito o fuerza mayor, sin embargo, no todo incendio tiene ese carácter sino cuando no se pudo precaver ni resistir. El incendio ocurrido en mercancías entregadas a un porteador para su transporte y cuyas causas se desconocen, no puede ser considerado como fuerza mayor o caso fortuito porque no puede determi-narse si pudo ser precavido o resistido.
    Id. — Reclamaciones por Pérdidas de Mercancías Transportadas — Alegación de Negligencia del Porteador es Innecesaria. — En las reclamaciones por pérdida o menoscabo de las mercancías entregadas para transportar no es necesario alegar que la pérdida o deterioro fué causado por la negligencia del porteador, sino que fueron entregadas y no devueltas o que lo han sido con daño, así como su valor, para que surja el derecho a reclamar su importe.
    Id.- — -Reglamento de la Ley de Policía de Ferrocarriles. — Los artículos 138 y 139 del Reglamento para la ejecución de la ley de policía de ferrocarriles promulgado en febrero de 1888 están vigentes porque no son contrarios a las instituciones americanas ni están derogados por ley alguna.
    Id. — Consejo Ejecutivo de Puerto Rico — Regulación de la Responsabilidad de Compañías de Transporte — Pérdidas >o Averías de 'Mercancías Transporta- . das.- — La Ley Foraker no autorizaba al extinguido Consejo Ejecutivo d® Puerto Rico para determinar y regular la responsabilidad de las compañías de transporte por las pérdidas o averías de las mercancías recibidas para transportar, por lo que, el artículo 139 del reglamento para la ejecución de la ley de policía de ferrocarriles no pudo ser derogado por la regla 16 del reglamento aprobado por el extinguido Consejo Ejecutivo de Puerto Rico en mayo 7, 1907.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    .Abogados* de la apelante: \Sres. G. H. Moscoso, F. G. Pé-rez Almiroty y E. Acuña.

    ■Ahelgado de la apelada: Sr. J. Tous Soto.

   El Juez Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

En la madrugada del 31 de agosto de 1916 ocurrió un incendio en un almacén que The American Railroad Company of Porto Rico tiene en la ciudad de Ponce para su negocio de transporte de pasajeros y mercancías por ferro-carril. El friego se comunicó a tres vagones que estaban in-mediatos al almacén y que con otros más ocupaban las líneas que hay entre el almacén y la estación y fueron destruidas las mercancías que en ellos habían pertenecientes a las so-ciedades The Porto Rico Drug Company, Homar Colón y Cía. S. en C. y Vidal y Compañía S. en C. quienes deman-daron a The American Railroad Company of Porto Rico reclamándole el pago del valor de dichas mercancías alegando que por su negligencia se había quemado el almacén y que por ella se había comunicado el fuego a los vagones car-gados con sus mercancías. En los tres pleitos fué dictada sentencia condenando a la demandada a pagar determinadas cantidades y en todos interpuso la parte perjudicada por las sentencias recurso de apelación que fué argumentado conjun-tamente ante nosotros como de igual modo fueron celebrados los juicios en la corte inferior.

Como el juez inferior en la opinión que para los tres casos escribió para fundamentar sus sentencias declaró probados todos y cada uno de.los hechos alegados en la demanda y esenciales para constituir la causa de acción que se ejercitaba y expuso, además, que se fundaba en la regla 11 del regla-mentó y tarifas de la compañía demandada, en el artículo 145 de la Ley de Policía de Ferrocarriles que consideró vi-gente, en los artículos 361, 362 y 363 del Código de Comercio, en los artículos 138 y 139 del reglamento de la Ley de Po-licía de Ferrocarriles y muy especialmente en la sentencia' del Tribunal Supremo de España de 7- de octubre de 1899, alega ahora la parte apelante como motivos de error de las sentencias, los siguientes:

1º. Error de ley por aplicación indebida al caso de autos, en que se reclama el valor de mercancías destruidas por in-cendio, del artículo 145 del reglamento de la Ley de Policía de Ferrocarriles, que se refiere taxativa y terminantemente a la sustracción y deterioro ele efectos entregados para su transporte, ya provenga el daño ele actos de los empleados o de los extraños concurrentes a sus oficinas.

2º. Igual error de ley al estimar vigente en- la actualidad y aplicar a este caso disposiciones del reglamento- de la Ley de Policía de Ferrocarriles que lia sido derogada.

3º. Error por falta de aplicación al caso del reglamento y tarifa para el transporte de pasajeros, carga y mensajería de la American Railroad Company of Porto Rico, aprobado por el Consejo Ejecutivo el día cinco de mayo de 1907, cuyo artículo 16 exime de responsabilidad en todo daño ocasionado por incendio.

4º. Igual error por infracción de la estipulación del con-trato que exime a la compañía de responsabilidad por daños debidos a acontecimientos imprevistos o inevitables: estipu-lación expresamente aceptada por los demandantes, entre las varias que obran al dorso de cada declaración de expedición por ellos suscritas.

5º. Igual error al estimar la corte como fundamento de responsabilidad para la compañía la ausencia en las decla-raciones de expedición de las letras “E. D.” o de las frases ‘£ a riesgo del dueño ’ ’, • exigidas por la regla 11 de su cla-sificación de mercancías, siendo así que aquellas letras y fra-ses son exigidas a los cargadores como requisito formal para disfrutar del beneficio de las tarifas reducidas.

6º. Igual error por aplicación indebida al presente caso de la doctrina legal que consagra la sentencia del Tribunal Supremo ele España de-7 ele octubre ele 1899, al amparo de leyes no vigentes en esta isla.

7º. Error de becho al declarar por el resultado de la evi-dencia que el incendio de agosto de 1916, causa inmediata de los daños perseguidos, se originó por la negligencia de la compañía.

8º. Igual error al declarar también que por la negligencia de la demandada el incendio se trasmitió del almacén en que se originó a los vagones que guardaban las mercancías des-truidas.

Aunque la corte inferior cita el artículo 145 como de la Ley de Policía de Ferrocarriles esto lia sido sin duda una equivocación, -pues dicha ley no contiene tal número en su articulado .y evidentemente se refiere al 145 del reglamento para la ejecución de la Ley de Policía de Ferrocarriles.

En el primer motivo de error alegado se limita la parte, apelante a sostener que el artículo 145 citado por el juez, y que es del reglamento, no tiene relación alguna con los casos de destrucción por incendio como es el que nos ocupa, sino que se refiere a los casos de responsabilidad por sustracción de las mercancías o de deterioro de ellas.

El artículo 145 (Compilación, Estatutos Revisados 9034) dice así:

“Artículo 145.' — Las empresas serán siempre responsables de la sustracción y deterioro de los efectos que se les hayan entregado, ya provenga el daño de sus mismos empleados o de los extraños que concurran a sus oficinas.”

El precepto citado no tiene aplicación al caso presente en que las mercancías cuyo importe se reclama han sido destrui-das por incendio, pues se refiere a los casos de sustracción, concepto que entraña la idea de pérdida por hurto o robo y que es distinto del de destrucción por incendio. Para casos como el que nos ocupa existen otras disposiciones en el mismo reglamento.

Al tratar el Código de Comercio de 1885 de los contratos mercantiles de transporte terrestre .dispone en su artículo 355 que la responsabilidad del porteador comenzará desde' el momento en que reciba las mercancías, disposición que tam-bién hallamos en el artículo 114 del reglamento para la eje-cución de la Ley de Ferrocarriles, promulgados éstos en 1888, Compilación de los Estatutos Revisados página 1374; y co,n respecto a esa responsabilidad dice lo siguiente el Código de Comercio:

“Artículo 361. — Las mercaderías se transportarán a riesgo y ven-tura del cargador, si expresamente no se hubiere convenido lo con-trario. ’ ’
“En su consecuencia, serán de cuenta y riesgo del cargador to-dos los daños y menoscabos que experimenten los géneros durante el transporte, por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas.”

La prueba de estos accidentes incumbe al porteador,

“Artículo 362. — El porteador, sin embargo, será responsable de las pérdidas y averías que procedan de las causas expresadas en el artículo anterior, si se probare en su contra que ocurrieron por su negligencia o por haber dejado de tomar las precauciones que el uso tiene adoptadas entre personas diligentes, a no ser que el cargador hubiese cometido engaño en la carta de porte, suponién-dolas de género o calidad diferentes de los que realmente tuvieren. # * * >>
“Artículo 363. — Fuera de los casos descritos en el párrafo se-gundo del artículo 361, el porteador estará obligado a entregar los efectos cargados, en el mismo estado en que, según la carta de porte, se hallaban al tiempo de recibirlos, sin detrimento ni menoscabo al-guno y no haciéndolo, a pagar el valor que tuvieren los no entre-gados en el punto donde debieran serlo y en la época en que corres-pondía hacer su entrega. * ® ”

Examinados estos preceptos' se ve que aunque parecen sentar la regla de que el cargador asume los riesgos do sus mercaderías, salvo pacto en contrario, sin embargo lo que hacen es declarar la regla contraria o sea que el porteador responde de las pérdidas o menoscabos de las mercancías que se le entreguen para transportar a menos que pruebe que la destrucción o menoscabo de ellas se debe a caso for-tuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas, no obstante lo cual todavía será responsable si el cargador prueba que tales Lechos ocurrieron por negligencia del por-teador o por haber dejado de tomar las precauciones que el uso tiene adoptadas entre personas diligentes. De acuerdo, pues, con ellos, basta haber hecho la entrega de mercancías para transporte para que el porteador esté obligado a in-.demnizar por su pérdida o menoscabo si no prueba que ocu-rrieron por algunas de las causas que la eximen de respon-sabilidad.

Aunque el incendio puede ser considerado como fortuito o fuerza mayor, sin embargo no todo incendio tiene ese ca-rácter, sino cuando no se pudo precaver ni resistir. Según Eseriche en su Diccionario de Legislación, “Fuerza mayor es el acontecimiento que no hemos podido precaver ni re-sistir; como por ejemplo la caída de un rayo, el granizo, la inundación, el huracán, la irrupción de enemigos, el acome-timiento de ladrones: TNs major est, dice Cayo, ea quae con-silio humano ñeque provider i ñeque vitar i potest, “y es caso fortuito el suceso inesperado o la fuerza mayor que no se puede precaver ni resistir; Ley 13, T'it. 33, Part. 7o. Tales son las inundaciones, torrentes, naufragios, incendios, rayos, violencias, sediciones populares, ruinas de edificios causadas por alguna desgracia imprevista y otros acontecimientos se-mejantes”. No todo incendio es caso fortuito, dijo el Tribunal (Supremo de- España en su sentencia de 7 de octubre de 1899, por lo que el incendio ocurrido e:.i mercancías en-tregadas a un porteador para su transporto y cuyas causas se desconocen no puede ser considerado como fuerza mayor o caso fortuito porque no puede determinarse si pudo ser precavido o resistido.

Por su parte el reglamento citado de ferrocarriles con-tiene las siguientes disposiciones:

“Artículo 138. — La prueba de los casos de fuerza mayor corres-ponde a la empresa, y mientras no la verifique, quedará subsistente su responsabilidad.
Artículo 139. — No se tendrá por caso de fuerza mayor el robo sino cuando la empresa baga constar que hizo cuanto le fue posible para impedirlo; tampoco el incendio, si no prueba que ni fue oca-sionado por la imprudencia o descuido de sus empleados ni por 3a insuficiencia o mala condición de los medios de transporte.”

Un examen comparativo de estos últimos preceptos con los anteriores del código demuestra que tanto el 138 como el 362 establecen la regla de que la prueba de los casos de fuerza mayor corresponde al porteador, y que el 139 aclara que el incendio no será considerado como fuerza mayor si el porteador no prueba que no fué ocasionado por su im-prudencia o descuido, cambiando así la regla del artículo 362 según la cual probado por el porteador un caso fortuito o de fuerza mayor queda exento de responsabilidad si no prueba el cargador (pie ocurrió por su negligencia o descuido. De acuerdo, pues, con dicho reglamento, posterior al código, en caso de incendio no le basta al porteador probar que fué debido a un caso de fuerza mayor sino que tiene que probar además (pie no fué ocasionado por la imprudencia o descuido de sus empleados ni por la insuficiencia o mala condición de los medios de transporte. Por consiguiente, de acuerdo con el Código de Comercio y con el reglamento citado lo primero que tiene, que probar el porteador para estar exento de res-ponsabilidad es que el incendio fué debido a fuerza mayor o a caso fortuito.

Como consecuencia de lo que llevamos diclio y toda vez que la responsabilidad del porteador no surge de las dispo-siciones del Código Civil sobre culpa y negligencia sino del Código de Comercio y del reglamento a que venimos refi-riéndonos que le imponen responsabilidad por las mercan-cías que se le entreguen para, transporte si no prueba el caso fortuito, la fuerza mayor o el vicio y naturaleza propio de las cosas, en las reclamaciones por pérdida o .menoscabo de las mercancías no es necesario alegar que fueron motivados por la negligencia del porteador sino que fueron entregados y no devueltos o que lo han sido con daño, así como su valor, para que surja el derecho a reclamar su importe o el de su- menoscabo. En esta forma se estableció la demanda en el caso que hemos citado del Tribunal Supremo de España, que se halla en el tomo 88, página 28 de la Jurisprudencia Civil.

Sostienen sin embargo los apelantes en el segundo mo-tivo de su recurso'que los artículos 138 y 139 del reglamento citado no están en vigor porque en 1902 el Procurador General’de esta Isla, Pión. James S. Piarían, basándose en que los poderes de inspección, vigilancia y policía de los ferro-carriles son de necesaria existencia en relación con el interés de la seguridad pública estima vigentes las disposiciones de dichas leyes aun cuando subordinadas a las facultades del Consejo Ejecutivo en materia de franquicias, privilegios v concesiones y sujetas a las enmiendas y reglamentaciones que acordase el poder legislativo: en que cuando se hizo la compilación de los estatutos revisados de 1911, al insertarse en el apéndice la ley y el reglamento de policía de ferroca-rriles se hizo constar que se publicaba porque pudiera ser que estuvieran en vigor ciertas disposiciones de ellos aun-que algunas de las otras han sido sustituidas por leyes apro-badas’ por la Asamblea Legislativa o son incompatibles con ciertas leyes de los Estados Unidos aplicables a Puerto Rico; en que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico en 1914 resolvió en un pleito de Amos Robles contra American Railroad Company of Porto Rico que le Ley de Policia de Ferrocarriles en vigor bajo la soberanía de Es-paña es incompatible con .las instituciones americanas; en que, aparte de esos precedentes y de las razones que los fun-damentan, hay que proclamar la derogación de tales leyes porque la Asamblea Legislativa de esta Isla y el Consejo Ejecutivo en ejercicio de las atribuciones que les confiriera la Ley Foraker tienen legislado especial y señaladamente sobre todas las materias concernientes a ferrocarriles en las leyes referentes a porteadores públicos en 1907, en la de corporaciones de servicio público en 1908, en la de regu-lación de transporte por ferrocarril en 1911, y en una infi-nidad de ordenanzas, reglas y tarifas, y que en todos esos cuerpos legales, a continuación de los preceptos que los in-tegran, en su totalidad distintos o contradictorios de la Ley de Policía de Ferrocarriles antigua va la cláusula deroga-toria general de toda ley o parte de ella opuesta a la misma.

Es cierto que muchas de las disposiciones de la Ley de Ferrocarriles y de su reglamento son incompatibles con nues-tras instituciones políticas actuales pero hay muchas dispo-siciones de la ley, como la que se refiere a la responsabi-lidad de las compañías de transporte en cuanto al cuidado y responsabilidad de los efectos que se le entregan, que no ofrecen dificultad alguna en su aplicación y así el Sr. Harían estimó vigente la ley aunque subordinándola a las faculta-des del Consejo Ejecutivo en materia de franquicias, privi-legios y concesiones y sujeta también a las enmiendas y re-soluciones del poder legislativo. En cuanto a la cita que hace del funcionario que llevó a efecto la recopilación de los Estatutos Revisados se ve que admite que la ley puede estar en vigor en algunas de sus disposiciones, y con respecto a la del caso de Amos Robles, se sostiene en esa sentencia que en cuanto sean aplicables los antiguos reglamentos se con-siderarán como principios que regulan la negligencia bajo la actual soberanía.

En cuanto a las leyes mencionadas por el apelante como posteriores y contrarias a dicha ley y reglamento nada con-tienen sobre responsabilidad de las compañías de ferroca-rriles por la falta de entrega de las mercancías que se le confíen y, por tanto, no la modifican ni derogan. Así, pues, los artículos 138 y 139 del reglamento citado, promulgado en febrero de 1888 para la ejecución de la Ley de- Policía de Ferrocarriles y contenido en los Estatutos Revisados, seccio-nes 9027 y 9028 no están derogadas por las leyes citadas por el apelante.

El tercer motivo de error alegado se funda en que la corte inferior dejó de aplicar la regla 16 de un reglamento aprobado por el Consejo Ejecutivo en 7 de mayo de 1907 que produjo como prueba y según la cual las compañías ferro-viarias no son responsables de las pérdidas o averías que sufran las mercancías en casos de incendio, excepto cuando resulte por sü negligencia, regla que ( sostiene el apelante modiiica y deroga el artículo 139 del reglamento para la eje-cución de la Ley de Policía de Ferrocarriles porque no im-pone a las compañías el deber de probar que no incurrió en negligencia y restablece el precepto del artículo 362 del Código de Comercio que impone esa prueba al cargador, porque la regla 16 signe el principio general de que liay que probar la negligencia de la parte contra quien se reclama.

La admisión de esa regla como prueba fué objetada pol-las partes demandantes, entre otros motivos, porque el Con-sejo Ejecutivo no tenía facultad para legislar sobre respon-sabilidad de las- compañías y creemos que la parte apelada tuvo razón en este particular porque la facultad que la sec-ción 32 de la Ley del Congreso de los Estados Unidos de 12 de abril de 1900, conocida como Ley Foraker concede al Consejo Ejecutivo para la concesión de franquicias; dere-chos y privilegios o concesiones de carácter público o cuasi público no lo autorizaba para determinar y regular la res-ponsabilidad ele las compañías por las pérdidas o averías de las mercancías, porque esta facultad estaba reservada a la Asamblea Legislativa y por tanto el artículo 139 litado no pudo ser enmendado por el Consejo Ejecutivo restable-ciendo de ese modo el artículo 362 del Código de Comercio.

El cuarto motivo de error se funda en que la corte inferior dejó de aplicar una de las condiciones del contrato de expedición que aparece al dorso de la carta de porte se-gún la cual la compañía no será responsable por accidentes o demoras ocurridos por acontecimientos imprevistos e ine-vitables, alegando la apelante que lo imprevisto es el caso fortuito, el suceso inopinado que no se puede prever ni re-sistir y entre ellos el incendio. Esto es cierto, pero también lo es que esa condición no es otra cosa que la reproducción de la disposición legal según la que las compañías no res-ponden en esos casos cuando prueban el caso fortuito ■ o la fuerza mayor, por lo que la cuestión quedó reducida a deter-minar si los probó, como luego veremos.

Quinto error: Se apoya en liaber fundado la corte inferior sus sentencias en la ausencia de las declaraciones de expedición de las palabras “a riesgo del dueño”, que se sustituyen por las letras “R. D.” exigidas por la regla E. de su reglamento sobre clasificación de mercancías.

Se dice en esa regla que como se concede a la compañía el derecho de fijar un límite de responsabilidad por la carga que se le entregue para transportar con tal que establezca para su transporte tarifas reducidas, siempre que la expe-dición se haga a riesgo del dueño en cuanto a pérdidas o averías y corriendo el remitente todo riesgo en el transporte, excepto el que pueda ocurrir por negligencia de la compa-ñía; a fin de poder disfrutar de dichas tarifas reducidas tendrá el remitente o su autorizado representante que es-tampar y firmar de su puño y letra en la declaración de expedición y en el talón o resguardo o “bill of lading” o en ambos, que se dan al entregar toda carga, las palabras “se hace la expedición a riesgo del dueño * * * ” lo que pondrá a la compañía a cubierto de toda responsabilidad en caso de ocurrir lo que se provee en la nota.

Como los remitentes en estos casos no estamparon sus firmas en las cartas de expedición haciendo constar que la remisión se hacía a riesgo del dueño, ni constan en ella las letras “R. D.”, es claro que no asumieron los riesgos a que dicha regla se refiere, en cuanto a estos casos. Así, pues, esa. cláusula contractual debió tenerse en cuenta porque de-muestra la falta de aceptación de todo riesgo que no sea por negligencia y que la compañía está obligada a responder sin tal limitación.

Sexto error: Se funda en que se hizo por la corte inferior aplicación indebida de la doctrina legal de un fallo del Tribunal Supremo de España de 7 de octubre de 1899.

En esa sentencia se declara la responsabilidad de la com-pañía por mercancías averiadas por incendio ocurrido en un vagón donde se transportaban y se funda en el artículo 362 del Código de Comercio y en el artículo 139 del regla-mentó para la ejecución ele la Ley de Policía de Ferroca-rriles. En ella se declara, además, que no todo incendio es caso fortuito y que la compañía debe probar que no ocurrió por su culpa o negligencia ni por la insuficiencia o mala cali-dad de los medios de transporte; y el motivo que tiene el apelante para sostener que no es de aplicación a estos casos es porque entiende que los preceptos legales que cita ban sido modificados en esta Isla.

No es sostenible este motivo de error porque según lie-mos dicho antes la materia de responsabilidad en caso de pérdidas o averías de mercancías, consignada en el artículo 362 del Código de 'Comercio, y en el artículo 139 del regla-mento antes mencionado no ha sido modificado por ninguna ley posterior.

Como resumen de las cuestiones que hemos considerado en los precedentes motivos de error podemos concretar la cuestión de derecho que de ellos surge diciendo que, en el estado actual de nuestras leyes no basta que ocurra un in-cendio que destruya o averíe mercancías que se hayan en-tregado a una compañía de ferrocarriles para su transporte para que esté exenta de responsabilidad, sino que tiene que probar sus causas para poder deducir de ellas que constitu-yeron un caso fortuito o de fuerza mayor, porque no pudie-ron ser precavidas ni resistidas, y que no fueron debidas a imprudencia o descuido de sus empleados ni a la insuficiencia o mala condición de los medios de transporte; negaciones que tienen que probarse por evidencia de ordinaria aten-ción y cuidado de una persona diligente en ocasiones pare-cidas. Lehman Sterm & Co. v. Morgans L. & T. R. & S. S. Co., 70, L. R. A. 564.

Expuesto todo lo que precede podemos examinar los dos últimos motivos de los recursos que se fundan en que la corte inferior cometió error de hecho al estimar que el fuego se inició por negligencia del apelante y que también por ella se comunicó a los vagones que estaban cargados con las mer-cancías cuyo importe reclaman los apelados.

Ambas partes litigantes presentaron evidencia testifical con respecto al incendio, siendo la de los demandantes la siguiente:

Eleno Torres era sereno de la estación del ferrocarril de Ponce cuando ocurrió el incendió y tenía obligación de lla-mar por teléfono cada media bora al despachador de trenes de la estación de Mayagüez; dice que la compañía tenía antes un telefonista para la noche pero que entonces solo lo había de día y se iba a las nueve de la noche; que esa noche a las dos llamó a Mayagüez y después que le contestaron salió para fuera y vió un humo que salía por la parte de atras del almacén, fue hacia él y notó que salía del almacén,; que le dió la vuelta luego encontrando cerradas las puertas exte-riores y también la puerta de llave; que enseguida fué al teléfono y comunicó el incendio al cuerpo de bomberos, avisó también a Mayagüez y se dirigió a sacar una máquina para salvar algunos vagones que habían allí; llegó con la má-quina pero como hay un trecho regular ele la estación a la casa de máquinas en lo' que fué y volvió ya el fuego estaba arriba y ardía el techo del almacén; que pegaron la máquina y sacaron algunos vagones que todavía no estaban con fuego; que la compañía había dado órdenes de que hubieran má-quinas con presión durante la noche y en aquella la había con presión regular; que no tardó mucho en volver porque enseguida que fué llamó al sereno del depósito de máquinas que todavía no había notado el fuego, llegó en eso un ma-quinista llamado Betancourt, cogió la máquina y salieron para fuera porque de la estación a la casa de máquinas es algo lejos y que aunque fué corriendo se tardó algún tiempo, como quince minutos en lo que salió con la máquina y cogieron los vagones; que el jefe de la estación era G-elabert y el de trans-porte Rivera; que el testigo era el único que había en la estación vigilando y que cuando iba al teléfono nadie que-daba en la vigilancia, pues en aquel tiempo estaban arre-glando la estación; que fué despedido de su empleo a los dos o tres días del incendio suponiendo que fué por él.

Dario Suárez, era el jefe de la detective de Ponce en aquella nodie y dice que no se había acostado todavía y cuando llegó el fuego ya estaba el almacén completamente quemado; que según fué la alarma fué llegando mucha gente y por mucha diligencia que hicieron el fuego se propagó a unos vagones que estaban al lado del almacén; (pie había un sereno que no sabía dar explicación; después llegaron el jefe de la estación y otro jefe más; que cuando él llegó todavía no se habían incendiado los vagones; que las má-quinas tardaron en llegar como treinta o treinta y cinco minutos y salvaron algunos vagones pero otros se quemaron; que cuando llegó al fuego estaba concretado al almacén que estaba todo incendiado por dentro; no sabe la hora exacta a que llegó, pero sabe que la alarma del fuego fué de dos y media a tres de la mañana y se enteró de ella estando en la plaza de las Delicias de Ponce;-que fué en coche hacia el fuego y tardaría en llegar como dos o tres minutos; que habían vagones entre el almacén y la estación.

Lucas Alvarez, estaba empleado en el ferrocarril en Ponce como telefonista; en la fecha del incendio prestaba servicios solamente de día hasta las nueve de la noche y el otro tele-fonista había sido suprimido; que al sereno se le había'im-puesto la obligación de llamar por teléfono al despachador de Mayagüez cada media hora; que después que sale el último tren a las nueve de la noche no tiene el testigo servicio alguno que hacer con respecto a trenes; que el testigo se ha dormido algunas veces cuando prestaba servicios de noche y que la llamada que tiene que hacer el sereno era para que no se durmiera; que después que se retiraba a las nueve de la noche no había más servicio de trenes.

Luis de Jesús, es farmacéutico y en aquella fecha era gerente de una de las sociedades demandantes; dice que .fué al incendio a eso de las dos o dos y media de la mañana; cuando -llegó empezaban a caer las paredes del almacén y comenzaban a quemarse algunos vagones; que se perdió bas-tante tiempo porque parece que no había gente experta en desconectar los vagones que allí habían; que luego llegaron máquinas más de media hora después que él llegó allí.

Pedro Bimclc, jefe de bomberos de Ponee en aquella noche, dice que el fuego fué como a las dos de la mañana y llegó de los primeros, siendo ya entonces el almacén pérdida total; que había un gran .número de vagones no solo los que esta-ban pegados al almacén sino en otras líneas; que tuvieron mucho trabajo en llegar al sitio del fuego para hacer las tomas de agua; que combatieron primero a los vagones,por-que el edificio era ya pérdida total; que trataron de auxi-liar los vagones; que en el momento del fuego no había má-quinas pues si las hubieran habido se hubieran salvado los vagones; que cuando llegó ya habían cogido fuego tres va-gones que estaban contiguos al almacén; que una máquina tardó en llegar como media hora y la otra estaba levantando vapor por lo que calcula que como una hora después de empezado el fuego llegaría la máquina y como media hora después de haber llegado él; calcula que el fuego tendría como quince o veinte minutos cuando él llegó al sitio por-que en el aviso del parque de bomberos siempre transcurre como un cuarto de hora y cuando llegó al fuego ya el alma-cén era pérdida total; que como el Parque de Bomberos tiene teléfono tan pronto avisan un incendio lo llaman primera-mente a él y después a los demás oficiales; que llegaron dos máquinas a prestar auxilio, primero una y después la otra, pero cuando llegó la máquina ya no había para qué, ya el fuego estaba localizado; que esa noche no habían máquinas con fuego levantado; que sacaron a mano algunos vagones que pesaban treinta y cuatro y treinta y cinco mil libras; que en cada línea de vagones habían como seis, ocho o diez; que habían muchos vagones y no sabe cuanto tiempo tardaron en avisarle desde el parque de bomberos, pero que avisan enseguida; calcula que el fuego empezaría media hora antes de llegar él; que cuando llegó vio humo y había mucha llama; que no tardó más de diez minutos en llegar; que si hubiera habido una máquina la hubiera dedicado a sacar los vagones que estaban contig’uos al almacén sin ser necesario sacar antes otros vagones porque allí bay desvíos;" que habían va-gones como los que estaban contiguos al almacén que al-canzaban casi aj. mismo depósito de las máquinas por lo que se hubieran podido sacar esos vagones y entonces trabajarse mejor; que se quemaron tres vagones que estaban contiguos al almacén y con los carbonizados cree que seis o siete, pero no sabe el número exacto; que en el parque de bomberos hay siempre guardia de noche que a la voz de fuego sale con las bombas, hace sus establecimientos de toma de agua y cuando llega el personal regresa al parque.

Por su parte la demandada presentó también prueba de los siguientes testigos:

Juan Rodríguez Cintrón, empleado de la compañía como despachador de trenes de Mayagüez, tenía entre otros de-beres el de que los empleados de las estaciones estuvieran en sus puestos;'que el sereno de Ponce, Eleno Torres, tenía instrucciones de llamarlo a él cada media hora'a Mayagüez para conocer que no se dormía; que la noche del incendio en Ponce lo llamó Eleno Torres después de las doce o la una de l'a mañana pero no recuerda la última vez que lo llamó antes de tener noticias del incendio, pero cada media hora llamaba; que le avisó del incendio por teléfono; que durante toda esa noche Eleno Torres llamó porque sabía que si no lo hacía lo podía despachar al otro día; que en el mes de agosto después de las nueve de la noche no había más trenes en Ponce hasta la madrugada.

Angel Rivera, empleado de la demandada tenía a su cargo el tráfico de Ponce y dice que entre el almacén y la estación hay siete vías; que supo del fuego 'como a las dos y media de la mañana estando en su casa distante de la estación como ochocientos metros; que no estaba esa noche en la estación porque no era tiempo de zafra; al saber del fuego fué en-seguida a la estación y encontró el fuego, a los bomberos y al personal con una máquina pegada muy lejos en un tren que había y detrás estaba un tren con petróleo; ayudó, a sacar el tren de petróleo porque contenía un vagón con ga-solina y quiso quitar la carga peligrosa para después ir a las otras vías; que se quemaron totalmente tres vagones y otros dos se quemaron algo, estando los tres primeros junto a las puertas del almacén; que los bomberos tenían la man-guera por encima de los vagones echando agua; que desde su casa tardaría en llegar al sitio del fuego como diez mi-nutos o más; que le avisó su esposa cuando pasaron los bom-beros; que todo el personal de las máquinas y algunos con-ductores duermen al lado del almacén en una casa que hay allí y estaban allí esa noche; qxie había dos serenos, uno en el taller y otro en la estación; que para salir una máquina del taller tenía que ir en dirección a “Tallaboa” para cambiar las agujas; que cuando llegó estaba todavía el almacén en pie pero todo incendiado; que las paredes del almacén ca-yeron sobre los vagones y tres de ellos cogieron fuego; que en uno de ellos había una motocicleta y cree que el vapor hizo explotar la gasolina y el fuego entonces tomó más in-cremento; que habían siete vías estando en la quinta el tren de petróleo que sacaron y la sexta también se quitó que era donde estaba el tren; que llegó en el momento que el personal de máquinas estaba trabajando y sacando el tren con petróleo.

Antonio Vázquez, es peón del almacén del ferrocarril y el jefe era Octavio Wys y su ayudante Marín; que el día del incendio trabajó hasta las cinco y media de la tarde y luego cerró todas las puertas del almacén, quedando abierta la que tiene llave, la que cierra el jefe del almacén y luego entrega la llave al jefe de estación; que cuando el testigo cerró las puertas que le correspondían no olía a quemado; que el almacén estaba medio de carga y consistía en ferre-tería y en tres cajas que habían de paso.

Ernesto Gelabert era el jefe de la estación y vivía a cinco minutos de ella porque estaban pintando la estación y no podía vivir allí entonces con la familia; que el jefe del almacén Wys cerraba y le llevaba la llave que conser-vaba el testigo hasta el día siguiente; que tuvo con o cimiento del incendio cuando estaba casi extinguido por completo; que aquella tarde Wys le entregó la llave; que el testigo salió a las diez de la noche de la estación para su casa y no ocurría nada anormal en el almacén; que lo revisó todo antes de irse; que cuando le entregaban la llave del almacén no siempre iba a revisar si las puertas estaban, cerradas y esa tarde no lo hizo, pues algunas veces ciaba sus vueltas pero no siempre.

Modesto Eosa es sereno de máquinas por la noche ,en la estación de Ponce y dice que supo del fuego cuando el sereno de línea se lo avisó; que esa noche había tres máquinas en el depósito y estaban bajo presión; que enseguida preparó una máquina que salió como quince o veinte minutos des-pués, pues como tiene cincuenta libras de presión enseguida salieron a cog’er el material que había en la línea; que lo primero que hicieron fue coger los coches y unos pipotes que habían con petróleo y los pusieron en la línea general; que el sereno le abría las agujas para entrar y salir y el testigo y el maquinista movían la máquina; que trabajó con-tinuamente saliendo de una vía y entrando en otra; que es-taban ellos tres pero fue llegando gente después que habían sacado los pipotes y vagones; que cuando le entregan las máquinas se levanta el fuego y siempre se sostiene la pre-sión con cincuenta o sesenta kilos y que cuando hay que salir se riega el fuego enseguida y tardan en levantar vapor como quince minutos pero puede salir con cincuenta kilos.

Juan Betancourt os maquinista de la demandada y estaba en Ponce la noche del incendio durmiendo en la casa que Jes tiene la compañía a cuarenta metros del almacén; dice que sintió tres tiros de revolver, se levantó y abrió la puerta y enseguida la llama se le tiró encima porque era cerca y entonces gritó a los demás que estaban durmiendo para que se levantasen y se fue corriendo hacia el depósito donde es-taban las máquinas para poder salvar los vagones que es-taban en las líneas; que encontró la máquina de reserva, que es la de maniobras, y dos máquinas más; al llegar al depósito de máquinas encontró al sereno que estaba prepa-rando una máquina; que cuando concluyen e] servicio por la tarde se deja el fuego de las máquinas en reserva para que se. encuentre en cualquier momento en que se necesite porque se les deja a las máquinas 150 ó 175 libras de modo que por la mañana amanezcan con 50, 75 ó 100 libras; que las máquinas en el transcurso de la noche tienen vapor y tienen que amanecer con él; que cuando iba corriendo para allá el sereno ele la estación iba delante y le dijo que pre-parara las agujas para poder sacar el tren correo y unos vagones que habíán con petróleo; que sacaron los coches y los vagones y los llevaron detrás del taller y regresaron para sacarlos del fuego y los corrieron como quince o veinte metros donde los alcanzaran las mangueras de los • bomberos; que cuando llegó la máquina tenía 75 libras de presión y para mover basta solo con 25 por lo que salieron enseguida sin tener que levantar vapor; que cuando llegaron los bom-beros había sacado los vagones de petróleo y el tren correo; que los vagones ele petróleo estaban en la cuarta vía frente al almacén y el tren de pasajeros en la quinta y las líneas sexta, séptima y octava estaban con vagones; que cuando llegaron los bomberos enseguida trabajaron pero no se po-dían quitar los vagones que estaban al lado del almacén y tres o cuatro cogieron fuego pero todos los demás que co-rrían peligro fueron sacados; que cuando llegaron los bom-beros estaban cogiendo fuego los vagones; que no llevó esos vagones hacia Guayama porque no podía pasar por debajo del fuego y porque no había donde llevarlos ni con qué apa-garlos; que solamente habían las mangueras que llevaron los bomberos; que obró por su cuenta mientras llegaron los bom-beros pero después éstos tomaron la dirección; que cuando lle-garon los bomberos ya había allí una máquina de (pie pu-dieran disponer; que para llegar al sitio en que se quema-ron los vagones había antes que sacar todo el material que estaba al lado de allá.

De toda esa prueba resulta que si bien la apelante to-maba algunas precauciones para vigilar las mercancías que se le entregaban para transportar y para prestar auxilio en caso necesario con sus locomotoras, sin embargo no ba podido probar la causa inicial del incendio que tuvo lugar en su almacén en el que existían algunas mercancías y que luego se comunicó a los vagones en que estaban cargadas las mercaderías pertenecientes a los apelados, que fueron destruidas y cuyo importe reclaman, por lo que, de acuerdo con los principios de derecho que liemos consignado, no po-demos estimar que probó la apelante un caso fortuito o de fuerza mayor que la exima de responsabilidad en estos casos y por tanto que la corte inferior cometiera error, al conde-narla con esa prueba a pagar las cantidades especificadas en' las respectivas sentencias.

Las sentencias apeladas deben ser confirmadas.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández disintió.

OPINIÓN DISIDENTE DEE

JUEZ PRESIDENTE SEÑOR ' HERNANDEZ.

Se trata de exigir responsabilidad al. porteador como con-secuencia de un contrato de transporte en que los géneros no fueron entregados a sus dueños, por haber sido destrui-dos por causa de ■ incendio de los vagones del ferrocarril donde estaban.

El incendio no se originó en los vagones sino en un al-macén del porteador desde el cual se comunicó a aquellos. No fué el incendio un accidente del transporte sino del in-cendio del almacén y por tanto la responsabilidad del por-teador no es principal sino accesoria de la responsabilidad que pudiera ser exigible al responsable del incendio del al-maeén por eul])a o negligencia. Esa responsabilidad no se regula por los preceptos del Código de Comercio ni de la Ley de Policía de Ferrocarriles y ’reglamento para su eje-cución, si es que ley y reglamentos están vigentes, sino por la Ley Común o sea por los preceptos del Código Civil apli-cables al caso. La culpa o negligencia deben probarse no por el porteador sino por los que reclaman la indemnización, como ya lo exige el precepto general de derecho sustantivo y adjetivo que imponen al demandante la obligación de pro-bar su acción.

El artículo 139 del reglamento para la ejecución de la Ley de Policía de Ferrocarriles preceptivo de que no se ten--drá por caso de fuerza mayor el incendio, si el porteador no prueba que ni fué ocasionado por la imprudencia o descuido de sus empleados ni por la insuficencia o mala condición de los medios de transporte, caso de ser aplicable, sería una excepción al precepto general anteriormente expresado, y por tanto la interpretación estricta, siendo aplicable úniea--mente cuando el incendio se originara en los vagones con-ductores de las mercancías y no cuando el incendio originado en un almacén independiente se comunicó a los vagones.

La sentencia del Tribunal Supremo de España de 7 de octubre de 1899 no es de aplicación al presente caso, puesto que ella se refiere a un incendio que tuvo su origen en un vagón de la compañía porteadora y no en otro lugar inde-pendiente.

Y es de notar que el artículo 361 del Código de Comercio' se contrae a los daños y menoscabos que experimenten los géneros durante el transporte.

Por las razones expuestas disiento de la opinión de esta Curte Suprema y opino que deben revocarse las sentencian apeladas. ■


text:
    The Porto Rico Drug Company, Demandante y Apelada, v. The American Railroad Company, Demandada y Apelante. Homar Colón & Cía., Demandante y Apelado, v. The American Railroad Company, Demandada y Apelante.
    Apelaciones procedentes de la Corte de Distrito de Ponce en pleitos sobre daños y perjuicios.
    Nos. 1918 y 1919.
    Resueltos en marzo 26, 1920.
    Resueltos por los fundamentos del caso No. 1920, Vidal Sr Cía., S. en G., v. The American Railroad Company de marzo 26, 3920 (pág. 204).
    Abogados de las apelantes: Sres. F. G. Pérez Almiroty y G. E. Hoscoso.

    Abogados de las apeladas: Sres. A. F. Castro y J. Tons Soto.

   Confirmadas las sentencias apeladas.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-dre3r y Hutchison.

El Juez Presidente Sr. Hernández disintió.


author: El Juez Presidente Sr. Hernández,

text:
    Llompart et al., Peticionarios, v. La Corte de Distrito de Humacao, Demandada.
    Solicitud para que se expida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Humacao en un procedimiento ejecutivo hipotecario.
    No. 269.
    Resuelto en marzo 26, 1920.
    Certiorari. — Cuando expedido el auto de certiorari, del récord elevado no aparece diáfano el derecho (clear right) que asiste al peticionario para obtener el remedio que solicita, procede anular el auto expedido.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los peticionarios: Sres. M. Tons Soto y Rafael Arce.

    Abogado del demandado: Sr. Francisco González.

   El Juez Presidente Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

lístá sujeto a nuestra revisión el procedimiento original seguido en la Corte de .Distrito de Humacao por Antero, Natalio, Andrea y Concepción Llompart y Pereira contra Isolina Díaz y Bodríguez sobre cobro de crédito hipotecario, procedimiento elevado a esta Corte Suprema a virtud de recurso de certiorari ejercitado por los demandantes Llom-part y Pereira contra el juez de dicha corte para que se declare nula la orden que dictó en 8 de diciembre de 1919 por la que dejó sin efecto orden anterior de 18 de octubre del mismo año, ordenando el requerimiento de pago de la demandada Díaz Bodríguez.

En la demanda inicial del procedimiento, su fecha 8 de octubre de 1919, alegan los demandantes que por escritura pública de 28 de mayo de 1902 inscrita en el Begistro de la Propiedad de Caguas, Juana Borrás y Grinard hipotecó a favor de Jaime Llompart y Prats una casa de su propiedad en garantía de un préstamo de $2,000 a pagar en 28 de mayo de 1907 a razón de $400 anuales, garantizando además la misma hipoteca los intereses de dicha cantidad al 1 por ciento mensual hasta la suma de $1,200, y $100 más para reintegro de gastos judiciales; que Jaime Llompart falleció en 19 de diciembre de 1905 habiendo sido declarados herederos del mismo por resolución de la Corte de Distrito de Humacao de 2 de abril de 1919 sus cuatro hijos legítimos naturales re-conocidos, los demandantes, quienes inscribieron en el ex-presado registro su derecho hereditario; que Isolina Díaz Bo-dríguez en virtud de sucesivos traspasos lleg'ó a ser dueña de la finca hipotecada, por escritura pública de 19 de julio de 1911; que la suma prestada y sus intereses no fueiun opor-tunamente satisfechos; que la casa de que se trata está su-jeta además a-una primera hipoteca ele la que actualmente es cesionario Pedro Orcasitas Muñoz, y a un embargo a favor de Celestino Solá Bodríguez; que la suma adeudada as-ciende a $3,200, a saber, $2,000 de capital y $1,200 de inte-reses; y que los demandantes se sujetan a indemnizar cuan-tos daños y perjuicios irrogaren a la deudora o a terceros interesados por malicia o negligencia en la fiel exposición de los hechos.

La demanda concluye con la súplica de que Isolina Díaz Rodríguez sea requerida para que en el término de treinta días a contar desde la fecha del requerimiento, pague a los demandantes la cantidad de $2,000 por capital y $1,200 de intereses, con más $100 como reintegro de costas y que de no verificar el pago se proceda por el marshal a vender la finca hipotecada, notificándose la ejecución a Pedro Orca-sitas Muñoz y a Celestino Solá.

A la demanda se acompañaron el título de constitución de la hipoteca con nota de su inscripción en el registro de la propiedad, y una certificación librada en 24 de septiem-bre de 1919 por el Registrador de la Propiedad de Paguas, de la cual según afirman los demandantes aparecen los ex-tremos relacionados en el inciso 3o. del artículo 169 del re-glamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

La Corte de Humaeao por orden de diez y ocho do octubre de 1919, ordenó el requerimiento, de pago en los términos solicitados, y verificado el requerimiento, la reque-rida Isolina Díaz Rodríguez radicó moción en 29 de noviem-bre de 1919 para que fuera reconsiderada y dejada sin efecto la orden de 18 de octubre, por el fundamento principa] de que existía pendiente en apelación ante esta Corte Buproina otro pleito entre las mismas partes sobre cobro de la misma hipoteca, a cuya moción se opuso la representación de ios demandantes invocando el artículo 175 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

La Corte de Iíumacao por orden de ocho de dieiem- . bre de 1919 declaró con lugar la moción y dejó sin efecto la orden de .18 de octubre por entender que el artículo 375 dél Reglamento de la Ley Hipotecaria no era de aplicación estricta a un caso como el presente ni había ley ni jurispru-dencia que permitiera seguir dos procedimientos distintos para el cobro de una misma deuda.

Esa es la orden que los peticionarios solicitan se anule, dejando en toda su fuerza y vigor el auto de 18 de octubre de 1919.

No dudamos que contra esa orden de 8 de diciembre de 1919, pudieron ejercitar los peticionarios recurso de apela-ción, pues ella equivale a la orden que originariamente hu-biera denegado el requerimiento de pago, la cual hubiera sido apelable según el apartado 2o. del artículo 170 del Reglamento de la Ley Hipotecaria.

Pero aunque el recurso de apelación no es obstáculo al de certiorari cuando éste es más adecuado, rápido y eficaz para los fines de la justicia, nos abstenemos de resolver si la orden cuya nulidad se pide fué dictada con infracción del artículo 375 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, pues nada, adelantaríamos con ello toda vez que en el caso hay envueltas otras cuestiones legales merecedoras de considera-ción y estudio antes de establecer la improcedencia de la men-cionada orden.

Kn o! récord (pie original tenemos a la vista, falta copia literal de la resolución por 'la que los peticionarios fueron declarados herederos de Jaime Llompart, documento muy importante por las consecuencias a que puede dar lugar la declaratoria de ser herederos de Llompart sus cuatro hijos ilegítimos naturales reconocidos, los peticionarios; y la cer-tificación del Registrador de la Propiedad ele Caguas acom-pañada a la demanda no contiene copia, literal de los gra-vámenes a que está afecta la finca hipotecada ni de las ins-cripciones de trasmisión de dicha finca a favor ele terceros. Tampoco la demanda enumera las razones jurídicas deter-minantes de la certeza, la subsistencia y la exigibiliclad del crédito y ele la competencia de la corte, requisitos todos que deben llenarse entre otros al promover el procedimiento hipo-tecario, según ordena el artículo 169 del reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

Aunque las cuestiones legales envueltas en la falta de cumplimiento de los requisitos expresados con relación al auto revocatorio del de requerimiento de pago' a Isolina Díaz Ro-drígnez, no lian sido debidamente argumentadas ante esta corte, han surgido dudas en nuestro ánimo, ante el examen del'récord, sobre si el requerimiento de pago fné ordenado o no con razón derecha, y a los peticionarios les incumbía mostrar claramente su derecho. En ausencia de una con-vicción de que a los peticionarios les asiste un derecho diá-fano (clear right) y teniendo en cuenta (pie el auto de cer-tiorari no es de procedencia obligatoria (writ of right) sino que la corte está investida de discreción judicial para conce-derlo o rehusarlo según lo exigiera la justicia en cada caso, procede anular el expedido en diciembre 19, 1919, devolvién-dose a la corte de Humacao los procedimientos originales elevados, para fines no inconsistentes con esta opinión.

Anulado el auto expedido.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: En Juez Asociado Sr. "Worn?,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Avenau, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce, en causa por infracción al artículo 300 del Código Penal.
    No. 1485.
    Resuelto en marzo 29, 1920.
    Juegos Prohibidos — Interpretación de la Palabra "Casa” tal como se usa en el Artículo 300 del Código Penal. — Imputarle al acusado cuyo rom-toe es Cruz Avenau que permitía juegos prohibidos "en un cafetín de Cruz Avenau,” es lo mismo que imputarle que los permitía en una casa de su propiedad. La palabra "casa”, como se usa en el artículo 300 del Código Penal, es un término genérico que prácticamente comprende todo lugar ce-rrado donde los hombres pueden reunirse y sentarse, especialmente, si tiene un techo. TJn cafetín es solamente una denominación especial de una casa.
    Juego Prohibido en la Casa del Acusado — Prueba Contradictoria — Aprecia-ción de Prueba.' — Si aun cuando la prueba sea contradictoria, la del Pueblo tiende a establecer prima facie que en una casa del aeusado se llevaba a cabo un juego prohibido y que el acusado derivaba una ganancia de tal juego, para que el Tribunal Supremo vaya contra la apreciación que de tal prueba hizo la corte inferior, es preciso demostrar que ésta actuó movida por pre-juicio, pasión o parcialidad, o con manifiesto error.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del apelante: Sr. L. Tormes.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   En Juez Asociado Sr. "Worn?,

emitió la opinión del tribunal.

Cruz Avenan fue declarado culpable del delito prescrito en el artículo 300 del Código Penal, o sea “el permitir que se juegue, lleve a cabo o dirija un juego prohibido en alguna casa de su pertenencia,” habiendo apelado contra dicha sen-tencia. Alega ahora, en primer lugar, que en la denuncia no se imputó la comisión de un delito público, puesto que el juego tuvo lugar en un cafetín de Cruz Arnau mientras que el estatuto exige que el juego haya tenido lugar o haya sido dirigido “en alguna casa de su pertenencia o que tuviera al-quilada” una persona. El uso de la preposición “de” describe suficientemente la pertenencia a falta de una petición solicitando más detalles. La palabra “casa”, como se usa en el artículo 300, es un término genérico que prácticamente comprende todo lugar cerrado donde los hombres pueden reunirse y sentarse, especialmente si tiene un techo. Un ca-fetín es solamente una denominación especial de una casa. La palabra “cafetín”, tal como se usa en Puerto Rico, prác-ticamente significa cualquier pequeño lugar donde se ven-den refrescos y cosas por el estilo. La denuncia era sufi-ciente. El segundo error alegado se refiere a la prueba.

La prueba no es muy robusta, pero un policía declaró haber sorprendido una jugada de monte que se llevaba a cabo y vió que se recogía un barato, el cual se colocaba en un potecito donde había otro dinero. El sorprendió a los jugadores. Verdad es que no tuvo gran oportunidad de ob-servar muchas de las jugadas, pero se le permitió declarar sin objeción (con excepción de que no era la mejor prueba) que algunos de los jugadores habían sido arrestados y decla-rados culpables. Las condenas surgieron en el examen ele la defensa sin objeción alguna. La prueba contraria fué que se jugaba a los dóminos y que los 29 centavos ocuparlos por el policía no era ningún barato sino el cambio de un dollar gastado en refrescos. Aunque liubo contradicción se esta-bleció un caso prima fade de estarse llevando a cabo un juego prohibido del cual el acusado derivaba una ganancia y que tal juego prohibido tuvo lugar en una casa del acu-sado y apelante.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Sb. del Tono,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Nigaglioni, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ppnce en causa por infracción a la ley de arbitrios.
    No. 1484.
    Resuelto en marzo 29, 1920.
    Sobreseimiento del Proceso — Juicio Rápido — Justa Causa para el Aplaza-miento. — Examinadas todas las circunstancias que concurrieron en este caso y que se exponen en la opinión, se resolvió: que existió una justa causa para la no celebración del juicio dentro del período de ciento veinte días que fija la ley.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. L. Torres Gran.

    Abogado del apelado: Sr. J. E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Asociado Sb. del Tono,

emitió la opinión del tribunal.

La denuncia, base de esta causa, se presentó en la Corte Municipal de Yauco, P. B. Fué condenado el acusado y apeló para ante la Corte de Distrito de Ponce. Se radica-ron los autos en la corte de apelación el 9 de julio de 1919, y el acusado, el 12 de diciembre de 1919, solicitó el sobre-seimiento de la misma por no haberse celebrado el juicio dentro ele los ciento veinte días que fija la ley. Artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

La corte declaró sin lugar la moción de sobreseimiento porque si bien era verdad que habían transcurrido más de ciento veinte días contados a partir del 9 de julio,, había exis-tido una justa cansa para la no celebración del juicio, a saber: (pie el 10 de julio entró la corte a celebrar juicios por jurado terminando el 29 del propio mes; que en los' me-ses de agosto y septiembre la corte estuvo en vacaciones, de acuerdo con la ley, y que al reanudar sus sesiones en octubre, la corte comenzó a celebrar los juicios en pleitos civi-les sometidos a su decisión, permaneciendo ocupada constante-mente hasta que inició el término criminal y tocó el turno, en diciembre, a la causa de que se trata aquí.

A nuestro juicio, sumadas todas las circunstancias que concurren en este caso, es necesario reconocer que existió en verdad la justa causa que requieren la ley y la jurispru-dencia. Véanse los casos de El Pueblo v. Díaz, 5 D. P. R. 414; People v. Henry, 77 Cal. 445; People v. Camilò, 69 Cal. 540.

E] hecho aislado de que la corte hubiera estado en va-caciones, no hubiera sido suficiente por si solo: los días que las cortes de distrito permanezcan en vacaciones, aunqfie dichas vacaciones estén autorizadas por la ley, no pueden descontarse del término que la misma ley fija para la cele-bración de los juicios en causas criminales concretando así el derecho al juicio rápido que tienen-todos los ciudadanos en esta isla. Tampoco la celebración de asuntos civiles hu-biera sido suficiente por si sola. El hecho de estar la corte enteramente dedicada a otras causas criminales, hubiera bas-tado por si mismo.

Repetimos que es el conjunto de las circunstancias que concurren en este caso lo que nos lleva a apreciar la exis-tencia de la justa causa. Convenimos en que las cortes de distrito, especialmente algunas de ellas, en el .ejercicio de su jurisdicción original y de apelación tanto en lo civil como en lo criminal, son tribunales muy ocupados, pero, sus jue-ces deben fijar sus términos de tal modo que las causas cri-minales se señalen dentro ele los cuatro meses marcados por la ley. Si para ello es necesario dar preferencia a lo criminal, la preferencia estará justificada.

Desestiniada la moción de' sobreseimiento, el acusado se declaró culpable de la infracción a la Ley de Arbitrios que se le imputaba en la denuncia y la corte le impuso una multa de cien dólares y en defecto de pago un día de cárcel por cada dollar que dejare de satisfacer, no excediendo la pri-sión de treinta días.

En el informe que presentó a esta Corte Suprema el fiscal pide que se modifique la sentencia apelada conformán-dola a los términos de la ley ele 8 de abril de 1916 para enmendar la sección 54 del Código de Enjuiciamiento Criminal, sustituyendo las palabras “no excediendo la prisión de 30 días”, por estas otras: “no excediendo la prisión de 90 días.”

Por las mismas razones que' se han expuesto en el caso de El Pueblo v. Nicot que acaba de decidirse, no nos senti-mos inclinados a resolver la cuestión suscitada por el fiscal.

En su alegato el apelante se limita a discutir la cues-tión del sobreseimiento, que hemos ya decidido, y habiendo examinado la denuncia y la ley aplicable y no encontrando que se haya cometido error alguno, la sentencia condena-toria dictada debe confirmarse.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso: ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Pbesidente Se. Heeítández,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Santiago, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. en causa por hurto de menor cuantía.
    No. 1468.
    Resuelto en marzo 29, 1920.
    Conocimiento Judicial — Funcionario Capacitado para Tomar Juramentos.— En el presente caso la denuneia formulada ante la Corte Municipal de Maya-güez aparece jurada ante “3?. Soufüront * * * de la Corte Municipal de * * ” -Objetada por el acusado por no aparecer jurada ante funciona-rio competente, se resolvió: que tanto dicha corte como la de distrito que conoeió del caso de novo podían tomar en consideración judicial si E. Sou-füront era funcionario capacitado para tomar juramento y que habiéndolo estimado así, al apelante incumbía demostrar lo contrario.
    Hukto — Elemento Esencial del Delito de Hurto. — En el delito de hurto el apoderamiento de la cosa sustraída es el elemento esencial, sin que 'sea nece-sario el aprovechamiento de la misma.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Angel A.- Vázquez.

    Abogado del apelado: Sr. José E. Figueras, Fiscal.

   El Juez Pbesidente Se. Heeítández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por el de-nunciado Abraham Santiago contra sentencia que en grado de apelación y mediante celebración de nuevo juicio dictó la Corte de Distrito de Mayagüez en 22 de diciembre de 1919 condenándole como culpable del delito de hurto de me-nor cuantía a noventa días de cárcel, con abono de la pri-sión sufrida, y pago de las costas.

Alega el apelante como motivos del recurso: Primero, que la corte erró al desestimar la moción del acusado en que solicitaba éste el archivo de la denuncia "por no apare-cer jurada ante funcionario competente; Segundo, que la corte erró al desestimar la excepción perentoria de que la denuncia era insuficiente para imputar al acusado la comi-sión del delito de hurto.

Para la consideración de los errores apuntados estima-mos conveniente insertar íntegra la denuncia, la que textual-mente dice así:

•“Corte Municipal de Mayagüez, P. R. — Estados Unidos de Amé-rica. El Presidente de los Estados Unidos, S. S. — El Pueblo de Puerto Rico vs. Abraham Santiago.—Yo, Luis Bravo, vecino de Ma-yagüez, calle Barcelona, de 32 años, formulo denuncia contra Abraham Santiago por delito hurto menor cometido de la manera que sigue: Que en octubre 22, 1919, hora 6 p. m. en el barrio Cerróte de Las Marías, del Distrito Judicial Municipal de Mayagüez, el ci-tado Abraham Santiago voluntaria, maliciosa y criminalmente pe-netró en los terrenos de la hacienda Constancia” de la cnal soy dueño, y allí y entonces se apropió para sí y con el propósito de utilizarlo en su propio beneficio, de un almud y medio de café va-lorado $2 con la intención de defraudarme en esa suma, no habién-dolo realizado por haber sido sorprendido por el capataz Maximino Suárez; siendo testigos: Maximino Suárez, Manuel Muñoz Yélez, Pedro Nieva y Juan Cortés. — (Firmado) L. Bravo, Denunciante.— Jurada ante mí hoy 23 octubre de 1919. — -(Firmado) F. Souffront, -de la Corte Municipal de_”

Del pliego de exposición del caso aparece que ciertamente el apelante opuso a la denuncia la excepción de que- no apa-recía jurada ante funcionario competente pues si bien el ju-ramento fué prestado ante F. Souffront, de la Corte Municipal, no se expresa qué clase de funcionario es ni de qué corte, ignorándose por tanto si Souffront es funcionario ca-pacitado para recibir juramentos. También aparece que el apelante alegó contra la denuncia la excepción de que en ella no se le imputaba la comisión de un delito de hurto, de acuerdo con el artículo 426 del Código Penal, pues falta la alegación esencial de que el acusado sustrajera bienes muebles de la propiedad del denunciante, y por el contrario hay la alegación de que el acusado no pudo realizar el hecho.

El primer error apuntado es insostenible. La denuncia fué hecha en la Corte Municipal de Mayagüez que origina-riamente conoció del caso y tanto dicha corte como la de dis-trito, según el artículo 3’6, párrafo 5o. de la Ley de Eviden-cia, podían tomar en consideración judicial el hecho de si Souffront, ante quien fué jurada, era funcionario capacitado para recibir' juramentos. El Juez de la Corte de Mayagüez lo estimó así, y al apelante incumbía demostrar lo contra-rio. El Pueblo v. Carrasquillo, 22 D. P. R. 137.

Por lo que atañe al segundo error apuntado, opinamos que los hechos relatados en la denuncia constituyen la co-misión de un delito de hurto puesto que en ella se asegura que el denunciado penetró maliciosa y criminalmente en los terrenos ele la hacienda “Constancia” y se apropió para si y con el propósito de defraudar al denunciante de almud y rnedio de café valorado en $2. Y aunque en la misma de-nuncia se dice que la intención de defraudar no se realizó por haber sido sorprendido el denunciado, esa circunstan-cia no quita a los hechos el carácter de delito de hurto pues el apoderamiento de la cosa sustraída es el elemento esen-cial de dicho cielito, sin que sea necesario el aprovechamiento de la misma. El Pueblo v. Martín, 26 D. P. R. 648.

Es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    Majehns, Demandante y Apelante v. Padín, Demandado y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, en pleito sobre confesoria de servidum-bre.
    No. 1995.
    Resuelto en marzo 30, 1920.
    Servidumbre de Luces y Vistas — Reivindicación—Acciones Compatibles. — El lieelio de que un demandante tenga establecida ante otra corte una acción para reivindicar cierta faja de terreno donde alega que el demandado tiene cons-truido parte de uno de los muros de su casa, no le impide establecer otra acción encaminada a obtener el cierre de ciertas ventanas abiertas en un muro de la propia casa del mismo demandado, que se levanta dentro del solar perteneciente al demandado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. F. Soto Gras.

    Abogado del apelado: Sr. A. Agosto.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión .del tribunal.

Se trata de un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Primera, que declaró sin lugar la demanda interpuesta por Simeón Majenhs contra Joaquín Padín sobre acción confe-soria de servidumbre.

Majenhs alegó que era dueño de una finca urbana solar y casa, situada en el barrio de Puerta de Tierra, de la ciu-dad de San Juan, colindando con otra finca urbana, casa’ y solar, del demandado; que la casa del demandado constaba de una planta baja y otra alta, construidas de cemento, y medía veinte metros de frente por diez y siete de fondo, y que en dicha casa, en la pared que colinda con el deman-dante, el demandado tenía abiertas diez ventanas con luces y vistas directas sobre el inmueble del demandante, a pesar de que dicha pared distaba menos de dos metros del solar del demandante, habiéndose negado el demandado a cerrar las ventanas mencionadas no obstante haber sido requerido para ello por el demandante.

Contestó el demandado la demanda, alegando, entre otras, la siguiente defensa:

“Segunda. — Este demandado también alega, que ante la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., que es una corte de jurisdicción limitada, se sigue actualmente bajo el No. 6159 un pleito por el propio demandante arriba mencionado contra este demandado, en el que ejercita la acción reivindicatoría, reclamando como suya la faja de terreno donde se encuentra edifi-cada la pared de cemento, en la que están abiertas las 10 ventanas que dicho demandante Simeón Majenhs trata de cerrar por este pleito; y este demandado alega que dichos hechos son un impedi-mento (sloppel) para que dicho demandante pueda también ejerci-tar esta acción.”

Fue el pleito a juicio. Se practicó la prueba y la corte, como hemos dicho, declaró sin lugar la demanda. La corte no analizó la prueba a los efectos de resolver el pleito en su fondo, limitándose a apreciar la existencia de la defensa del demandado que dejamos transcrita, y a este respecto se expresó, en su opinión, así:

“El demandante Simeón Majenhs ha puesto en litigio la pro-piedad de un pedazo de terreno que él dice ser suyo y estar deten-lado por -Joaquín Padín; ese terreno, alega el demandante, es parte del solar de 378 metros cuadrados que él compró. En su demanda ante la Corte Municipal de San Juan, alega Majenhs que Padín ha construido un edificio del que forma parte una pared de cemento que se encuentra sobre la faja de terreno que el demandante alega ha sido detentado por Padín. En esta pared se hallan (y de esto no tiene duda la corte) las ventanas que ahora, en este caso, se pide sean cerradas. Pero en su demanda ante esta Corte sostiene el de-mandante Majenhs que Padín, en su finca propia, ha construido un edificio, en una de cuyas paredes se han abierto las ventanas cuyo cierre definitivo se pide. La situación que se crea el mismo deman-dante, con estas afirmaciones incompatibles, es extraña. La corte no podría seguir al demandante en esa situación, viéndolo ahora afirmar, en cuanto al terreno en que está la pared con las ventanas, algo distinto de lo que afirma en su demanda ejercitando la acción i eivindicatoria. Ni puede la corte en un pleito sobre servidumbre, decidir por incidencia la cuestión de propiedad de una faja de te-rreno, cuestión sometida a otra corte por el mismo demandante.
“Y mientras esa cuestión de propiedad es pendiente en otra corte, ésta no puede decir que el demandante Majenhs haya probado la propiedad del solar de 378 metros cuadrados que como suyo alega; y falta la base primera para ejercitar la acción que Majenhs ha promovido en este caso.
“Tal como, por los actos del demandante, ha quedado la situa-ción de las fincas, no es posible que la corte dé por probado que, en todo caso, las ventanas o huecds a que la demanda se refiere, se hayan abierto sin respetar la distancia de que habla el artículo 589 del Código Civil de Puerto Eico.
“Los preceptos legales aplicables al caso, son los artículos 536, 543, 588 y 589 del Código Civil de Puerto Eico. Y la doctrina legal, la de sentencia de la Corte Suprema de Puerto Rico en 18 de oc-tubre de 1912, caso Díaz v. Guerra, 18 D. P. R. 819, y la del Tribunal Supremo de España, de fecha 27 de marzo de 1895; en esta última se declara que la acción negatoria de servidumbre solo compete al que por título legal pertenezca la finca sobre la que se pre-tenda imponer un gravamen a favor de otra finca o persona. Y en la de nuestra Corte Suprema se hace una declaración esencial-mente idéntica.
Debe desestimarse la demanda, declarándose sin lugar, e imponerse las costas al demandante. Así lo ordena la corte, en méritos de esta opinión. ’ ’

Hemos estudiado cuidadosamente las alegaciones y las pruebas y estamos conformes con el apelante en que la corte de distrito erró al desestimar la demanda por el motivo in-dicado.

Á nuestro juicio pueden subsistir independientemente el pleito iniciado en la corte municipal y el entablado en i a corte de distrito.

Es cierto que en la corte municipal el demandante re-clama del demandado la propiedad de una faja de terreno de 32 metros y 13 centímetros cuadrados, alegando que en esa faja, el demandado levantó una pared y una cerca, pero se especifica que fué una pared de siete metros y 65 centí-metros de extensión que era parte de un edificio, y si se compara esa descripción con la del edificio, que contienen tanto la demanda de la corte municipal como la de la’corte de distrito, se verá, que restan cerca de diez metros al edi-ficio por su fondo, en cuyos diez metros están las ventanas cuyo cierre se solicita- por la demanda entablada en la corte de distrito.

Y que esto es así, resulta de la prueba testifical presen-tada. El ingeniero Ferrer practicó una mensura del terreno y afirmó bajo juramento en el juicio que el solar del deman-dante “colinda con el muro en el cual están abiertas las ven-tanas”, coincidiendo la línea divisoria precisamente con la cara este del muro de la casa del demandado, cuya casa tiene otro cuerpo posterior, estando las ventanas en la parte de-lantera, y dijo además el perito que le faltaba al demandante una faja do un metro 53 centímetros de ancho en todo el fondo de su solar. Y el demandante, declarando como su propio testigo, bajo juramento, en el acto de la vista, aclaró que sobre los metros de terreno que le faltaban había edifi-cado “un pedazo de casa y a la parte de alante una verja”, existiendo en ese pedazo edificado solo unos huecos, estando las ventanas en la parte del fmdo más cercana al frente.

Siendo ello así, es claro que la corte erró al desestimar la demanda. Aquí el demandante ejercita sn acción única-mente para el cierre de ciertas ventanas con luces directas a su finca, que están abiertas en el muro del edificio del de-mandado que se levanta en el límite de su solar que colinda con el del' demandante. En el pleito seguido en la corte mu-cipal el demandante reclama la propiedad de una faja de terreno ocupada por el demandado con una parte de su edi-ficio de unos siete metros y con una cerca. Ambos pleitos pueden, pues, subsistir independientemente.

A llora bien, como la corte de distrito no apreció la prueba a los efectos de decidir la cuestión envuelta en su fondo, creemos que no debe este tribunal resolver en definitiva el pleito, sino devolverlo a la diclia corte do distrito para ulte-riores procedimientos no inconsistentes con esta opinión. Y así se acuerda.

Revocada la sentencia recurrida y devuelto él caso para ulteriores procedimientos.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, Aldrey y Hutchison.