text:
    Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, representada por el Honorable Secretario de Transportación y Obras Públicas, peticionaria, v. Adquisición de 780.6141 Metros Cuadrados de Terreno, etc., Wilfredo Cardona Figueroa y otros, parte con interés; Banco Popular de Puerto Rico, interventor.

      Número: CC-2004-241

      Resuelto: 28 de junio de 2005

      Rubén E. Alayón Del Valle, abogado de la parte peticionaria; Wilfredo Cardona Figueroa, Fernando J. Valderrábano y Grace Santana Balado, abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez

emitió la opi-nión del Tribunal.

El presente recurso nos permite resolver si un acreedor hipotecario —parte con interés en una acción sobre expro-piación forzosa— tiene derecho a litigar frente al Estado la cantidad consignada en el tribunal como justa compensación. Contestamos en la negativa.

El acreedor hipotecario tan sólo puede recobrar del fondo de compensación aquella parte en que se haya lesionado o afectado su interés en la propiedad expropiada. El titular de un derecho de garantía real sobre un inmueble expropiado sólo tiene derecho a ser citado y oído para que reclame del fondo de compensación la parte correspondiente a su acreencia, si hubiera lesión a la garantía del crédito.

El 28 de marzo de 2000, la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (Autoridad) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una petición de expropia-ción forzosa sobre un predio de terreno sito en Arroyo, con cabida de 780.6141 metros cuadrados. Dicho terreno fue expropiado con el propósito de realizar mejoras a la Carre-tera Núm. 3 que transcurre de Guayama a Patillas.

La parcela expropiada se segregó de una finca principal radicada en el barrio Ancones de Arroyo con una cabida de 2,000 metros cuadrados, inscrita en el Registro de la Pro-piedad a favor de los esposos Wilfredo Cardona Figueroa y Elba Aquino Vega.() Como justa compensación, la Autori-dad consignó en el tribunal la cantidad de $97,207. Se in-cluyeron en la demanda, como partes con interés, a los dueños de la finca, así como a los deudores hipotecarios.

El 14 de abril de 2000, el foro de instancia emitió una resolución en la que traspasó a la Autoridad el título de dominio absoluto sobre la propiedad en controversia.

El Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular o Ban-co), acreedor hipotecario de la finca expropiada,() presentó el 15 de agosto de 2000 su contestación a la petición de expropiación. En ésta negó que la suma consignada por la Autoridad fuese una compensación justa y razonable para la adquisición de la propiedad. Además, adujo tener dere-cho a recibir intereses sobre la diferencia entre la cantidad consignada y la que en su día determinase el tribunal como justa compensación.

Así las cosas, el 30 de noviembre de 2000, el tribunal de instancia dictó una orden en la que expresó: “nada que proveer por el momento en cuanto al derecho del acreedor hipotecario.”() Un año más tarde, en noviembre de 2001, el tribunal señaló una vista sobre el estado de los procedi-mientos para el 19 de febrero de 2002. El tribunal aperci-bió a las partes que debían comparecer con sus respectivos representantes legales, peritos tasadores e informes de va-loración del referido terreno. A tales efectos, el Banco Popular sometió una moción en la cual informó al tribunal que se encontraba haciendo gestiones para contratar un perito tasador con el propósito de cumplir con su orden. El dueño registral no compareció al tribunal a impugnar la justa compensación.

En esta ocasión, el Tribunal de Primera Instancia, me-diante Orden de 16 de enero de 2002, le informó al Banco que su derecho en este pleito se limitaba a reclamar del fondo de compensación la parte proporcional de su acreencia. Añadió que no tenía que contratar un perito para litigar el asunto de la compensación, pues ese derecho es inherente del titular de la propiedad —en este caso los señores Cardona Figueroa y Aquino Vega— y no del acree-dor hipotecario.

A modo de reconsideración, el Banco presentó una mo-ción en la cual alegó que sostuvo conversaciones con el dueño de la propiedad —Cardona Figueroa— y que éste le había expresado su total desinterés en comparecer al pre-sente litigio. Explicó que Cardona Figueroa había presen-tado ante el tribunal federal una petición para acogerse al Capítulo 7 de la Ley de Quiebras, y había obtenido un des-cargo de deuda conforme permite la legislación federal de quiebras. Asimismo, le informó al tribunal que había pre-sentado una acción en cobro de dinero contra Cardona Figueroa y otros, en la que solicitaba la ejecución de la hipo-teca que gravaba el bien expropiado. Por todo lo cual, Banco Popular entendió que poseía legitimación activa para presentar prueba en torno al valor en el mercado del inmueble o, en la alternativa, invocó la doctrina constitu-cional que confiere legitimación activa a favor de terceros.

Luego de varios trámites procesales que no es necesario comentar, el 14 de febrero de 2002 el tribunal de instancia emitió una orden en la que dispuso, en parte: “[e]l acreedor no puede convertirse en titular registral [; t]iene derecho a ser citado y oído para que reclame del fondo de compensa-ción la parte proporcional de sus acreencias, si hubiera le-sión en la garantía de créditos .”() Posteriormente, el 15 de marzo de 2002, el tribunal dejó sin efecto su determinación inicial y permitió al Banco Popular litigar la justa compen-sación para cubrir el monto de su acreencia.

El 4 de junio de 2002, la Autoridad solicitó la reconside-ración de la anterior determinación. Alegó que el Banco Popular era un mero acreedor cuyo derecho se limitaba a cobrar su acreencia del fondo de compensación. En oposi-ción a la moción de reconsideración, el Banco Popular ar-gumentó que esta moción fue tardía y solicitó una vista evidenciaría con el propósito de determinar la justa com-pensación del inmueble expropiado. Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto su Orden de 15 de marzo de 2002 y mantuvo vigente la orden original que impedía al Banco Popular litigar la cuantía consignada como justa compensación. El tribunal finalmente dictó sen-tencia en la que declaró la cantidad consignada por la Au-toridad como la justa compensación por la expropiación del terreno.

Ante esta última determinación, el Banco Popular recu-rrió al entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. El tribunal apelativo intermedio concluyó que el foro de ins-tancia erró al negarle al Banco Popular el derecho a ser oído y determinó que dicha parte tenía derecho a litigar el valor de la suma consignada como justa compensación por la parcela de terreno expropiada. El foro apelativo inter-medio indicó, específicamente, que el Banco tenía derecho a “litigar la valoración del inmueble expropiado, hasta el monto de su acreencia, para propósitos de la justa compensación”.() Señaló también lo siguiente:

Por otro lado, debemos señalar que, según el expediente del caso, el predio expropiado por la Autoridad de Carreteras tiene una cabida de 780.6141 metros cuadrados, mientras que la propiedad de los esposos Cardona Aquino, de la cual se se-gregó el referido predio con fines de expropiación, tenía una cabida de 2,000 metros cuadrados. En vista de que el solar expropiado formaba parte de uno de mayor cabida, el Tribunal de Primera Instancia debe determinar qué efecto, si alguno, tuvo en el valor del remanente de la finca el hecho de la expro-piación y, para ello, el Banco Popular podrá expresarse y pre-sentar prueba a [ejstos efectos. Además, el foro a quo debe tener en cuenta que el monto de la acreencia del Banco Popular en la finca de mayor cabida ascendía a $425,000 según el asiento del Registro de la Propiedad del 28 de jimio de 1985. (Énfasis nuestro. )()

Inconforme, la Autoridad presentó un recurso de certio-rari ante nosotros, en el que señaló la comisión de los erro-res siguientes:

Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al revocar la Sen-tencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan decretando que la justa compensación por el terreno expropiado es [de] $97,207.00.
Erró el Tribunal de Circuito de Apelaciones al decretar que el acreedor tiene derecho a litigar la justa compensación en con-travención a las disposiciones de la ley de expropiación forzosa y la jurisprudencia interpretativa del Honorable Tribunal Supremo.

Inicialmente denegamos la expedición del recurso pre-sentado, mas dictamos, en reconsideración, una orden de mostrar causa de por qué no se debía expedir el auto y revocar la determinación del tribunal apelativo. Ambas partes han comparecido, y estando en posición de resolver, lo hacemos conforme intimamos.

I-H h-H

Por estar íntimamente ligados los errores antes mencio-nados, los discutiremos en conjunto. La controversia medu-lar del caso de epígrafe requiere que se determine si el acreedor hipotecario puede litigar frente al Estado la can-tidad consignada por éste como justa compensación en un proceso de expropiación forzosa, en una especie de subrogación en los derechos del dueño de la propiedad expropiada. Veamos.

Hemos expresado reiteradamente que el poder de expropiación del Estado es un atributo inherente a su poder soberano y, como tal, de superior jerarquía a todos los derechos de propiedad. E.L.A. v. Registrador, 111 D.P.R. 117 (1981); E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501, 536 (1967); Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74 D.P.R. 961 (1953); Autoridad Sobre Hogares v. Corte, 68 D.P.R. 54 (1948); McCormick v. Marrero, Juez, 64 D.P.R. 260 (1944). Esta facultad soberana exige para su ejercicio el pago de la justa compensación y que el proceso se lleve a cabo conforme dispone la Ley de Expropiación Forzosa de 1903 (32 L.P.R.A. sec. 2901 et seq.). Véanse: Art. II, Sec. 9, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Art. 282 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1113. Véase, además, E. Freund, The Police Power, Public Policy and Constitutional Rights, Chicago, Callaghan & Company, 1904, pág. 541.

El procedimiento de expropiación es de naturaleza civil y aparece descrito detalladamente en la Ley de Expropiación Forzosa de 1903 y en la Regla 58 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. El procedimiento se inicia mediante la presentación de la correspondiente demanda, la cual “podrá ir dirigida contra los dueños de la propiedad, sus ocupantes y todas las demás personas con derecho o interés sobre la misma; o podrá ir dirigida contra la propiedad en sí”. 32 L.P.R.A. sec. 2905. Véanse: Regla 58.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; E.L.A. v. Registrador, ante. Las partes con interés se notifican “a los fines del derecho que puedan tener a la compensación que se fije por el valor de la propiedad expropiada ...”. (Enfasis nuestro.) 32 L.P.R.A. sec. 2905.

La notificación a la parte con interés se da en función y para propósitos de que éstas puedan recuperar del fondo de compensación la porción correspondiente al interés que tengan sobre el bien expropiado. Así, por ejemplo, se ha señalado lo siguiente:

All persons who have or claim any interest in the deposit should be served with the motion and have an opportunity to be heard on the matter of equitable distribution of the deposit. (Énfasis nuestro.) H.T. Dolan, New Federal Procedure in Condemnation Actions, 39 Va. L. Rev. 1071, 1079 (1953). Véase, además, H.D. Teague, Condemnation of Mortgaged Property, 44 Texas L. Rev. 1535 (1966).

El interés particular que posea una persona o un acree-dor, sin embargo, no lo faculta para exigir que la compen-sación consignada sea suficiente para satisfacer el monto total de ese interés o de su crédito. Véase nuestra discu-sión, infra.

Una vez presentada la declaración de adquisición y consignado el importe estimado como justa compensación, “el gobierno es investido del título” sobre la propiedad. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, ante, págs. 970-971. El título que se adquiere no se deriva del dueño anterior, sino que es un título nuevo, independiente y absoluto, el cual dimana de la facultad del soberano. íd. El ejercicio del poder de expropiación forzosa extingue todos los derechos anteriores sobre la propiedad.

Habida cuenta de lo anterior, la inscripción que se haga del dominio a favor del Estado se hará libre de todo gravamen. Los gravámenes que afecten la propiedad, previo a su expropiación,

... se transfieren al fondo estimado para justa compensación, el cual sustituye al inmueble en lo que respecta a las reclamacio-nes del anterior dueño y de los acreedores, ...ya dicha indem-nización se extiende a la hipoteca”, por lo menos hasta el límite del gravamen. (Énfasis nuestro.) E.L.A. v. Registrador, ante, pág. 120.

El Art. 161(2do) de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. sec. 2557, precisamente reconoce que la hipoteca se ex-tiende a las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por expropiación forzosa del bien hipotecado; efectuándose así la subrogación real, al quedar sustituido el inmueble por el fondo de justa compensación. L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002, pág. 546; R. Roca Sastre y L. Roca-Satre Muncunill, Derecho Hipoteca-rio, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, T. V, 1997, págs. 278-279 (“la expropiación extingue todas las cargas y derechos anteriores sobre el bien expropiado, los cuales se convierten ...en derechos sobre el justo precio” (énfasis en el original suprimido, énfasis suplido y escolio omitido)); A. López y López y V. Martés Penadés, Derechos reales y derecho in-mobiliario registral, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994, pág. 724 (“en estos supuestos la garantía real inmobiliaria se transforma en una garantía real (pignoraticia) sobre el im-porte de las indemnizaciones debidas o concedidas al pro-pietario ...”)•

Así, el dueño en pleno dominio y las partes con interés sobre el bien expropiado, incluyendo, claro está, al acreedor hipotecario, “recobran de dicha compensación el mismo interés proporcional que tenían en la propiedad ex-propiada”, por lo que éstos tienen entre sí unos derechos respecto a la justa compensación. Pueblo v. McCormick, Alcalde & Co., 78 D.P.R. 939, 946 (1956). Véase Roca Sastre, op. cit., pág. 279. En este proceso las partes con interés, incluyendo el dueño de la propiedad, tienen la oportunidad de ser oídos por el tribunal en relación con sus respectivas reclamaciones contra el fondo. Pueblo v. Registrador, 64 D.P.R. 130, 137-138 (1944). Le corresponderá al tribunal hacer la distribución correspondiente adjudicando los derechos que a cada cual le correspondan en la cantidad depositada. Adm. de Terrenos v. Nerashford Dev. Corp., 136 D.P.R. 801, 811 (1994).

Las partes con interés no tienen un derecho de crédito frente al Estado y éste “no está obligado a pagarle a cada parte interesada la porción que le corresponde de la compensación depositada”. Adm. de Terrenos v. Nerashford Dev. Corp., ante, pág. 811. Solamente, y en ocasión de incumplir con su obligación de hacer un esfuerzo razonable por incluir en el pleito a todas las partes con interés legí-timo sobre el inmueble expropiado, es “que surgiría una obligación directa del Estado hacia la parte no incluida y, a[u]n así, dicha obligación sería subsidiaria a la que tienen el resto de las partes compensadas hacia la parte olvidada”. Íd., pág. 811 esc. 6. El “gobierno no tiene interés como tal en la distribución de la compensación pagada a los varios reclamantes”. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, ante, pág. 971.

HH HH HH

La Ley de Expropiación Forzosa de 1903 y la Regla 58 de Procedimiento Civil, ante, exigen, como hemos visto, que inicie un procedimiento judicial para expropiar o adquirir cualquier propiedad para uso público y que pague el Estado una justa compensación. En ese procedimiento es el titular del dominio quien tiene el derecho a formular sus defensas y objeciones, tanto al carácter público del uso a que se destinará la propiedad como a la cuantía declarada como justa compensación. E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 D.P.R 573, 579 (1962). Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 1082.

Cuando se cuestione la cantidad depositada como justo precio, el “dueño, ... aunque nominalmente aparezca como demandado, ocupa en realidad la posición de demandante, y como tal dehe probar su derecho a recobrar una cantidad mayor que la consignada ... como valor de la propiedad y de los daños (Énfasis nuestro.) Pueblo v. García, 66 D.P.R. 505, 508 (1946). Es al dueño de la propiedad a quien le incumbe entonces cuestionar la cantidad depositada como justa compensación y presentar la evidencia correspondiente sobre el valor en el mercado del inmueble expropiado. E.g., Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1, 11 (1962); Canino v. Tribl. de Expropiaciones, 70 D.P.R. 152 (1949). En igual sentido, Ralph v. Hazen, 93 F.2d 68, 70 (Cir. D.C. 1937) (“It should be remembered that the burden of proving value in condemnation proceedings is upon the property owner ...”); U.S. v. 69.1 Acres of Land, 942 F.2d 290, 292 (4to Cir. 1991); U.S. v. 4.0 Acres of Land, 175 F.3d 1133, 1140 (9no Cir. 1999). En los estados, véanse: Albahary v. City of Bristol, 853 A.2d 577, 585 (Conn. 2004); City of Devils Lake v. Davis, 480 N.W.2d 720, 725 (N.D. 1992); Conner v. Board of County Com’rs, Natrona, 54 P.3d 1274, 1284 (Wyo. 2002); City of Sierra Vista v. Cochise Enterprises, 697 P.2d 1125 (Ariz. Ct. App. 1984); State Dept. of Highways v. Donnes, 711 P.2d 805 (Mont. 1985); State D. of Trans. & Dev. v. Estate of Clark, 432 So.2d 405, 408 (1983). Además, véase 12 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 3054, pág. 261 (1997) (“The payment of estimated compensation into the court with a condemnation proceeding is nothing more than compliance with the constitutional rights of the landowner”).

La justa compensación a que tiene derecho el dueño del predio expropiado es “el valor en el mercado de la finca, sin tomar en consideración las cargas reales o gravámenes que afecten a la finca”. (Enfasis nuestro.) Adm. de Terrenos v. Nerashford Dev. Corp., ante, pág. 807. En este caso, expresamente adoptamos el método de “valor en el mercado” —conocido como “undivided fee rule”— para fijar el justo valor. () Se considera justa una compensación que refleje el valor en el mercado de la finca, libre ésta de car-gas o gravámenes. E.L.A. v. Fonalledas Córdova, ante, pág. 579; ELA v. Sucn. Gautier, 81 D.P.R. 580 (1959); Pueblo v. García, ante. Véanse, además: 4 Nichols on Eminent Domain Sec. 12.01, págs. 12-02 a la 12-32 (1989, 1998); R.A. Epstein, Takings: Private Property and the Power of Emi nent Domain, Cambridge, Harvard U. Press, 1985, págs. 182-183.()

Por lo tanto, en esa determinación, los gravámenes hipotecarios que pesan sobre la finca son elementos inconsecuentes o exógenos al cálculo. Un tribunal, por lo tanto, al pasar juicio sobre la suficiencia de la cantidad consignada por el Estado como justo valor, no deberá considerar los gravámenes que pesan sobre la finca. Ello responde al principio fundamental de que la compensación que el Estado paga es por la finca expropiada, no por los diferentes intereses que pesan sobre ella. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, ante; Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 D.P.R. 301, 306 (1978); E.L.A. v. Sociedad Protectora, 100 D.P.R. 844, 849 (1972). Véase, además, Nichols on Eminent Domain, ante, Vol. 4, Sec. 12D.02[4], pág. 12D-69 (2002).

No obstante lo anterior, los derechos del acreedor hipotecario en un proceso de expropiación forzosa no están desprovistos de protección, pues como ya señalamos, al ex-tinguirse las cargas que pesan sobre el inmueble, éstas se convierten en un derecho sobre el fondo de compensación, es decir, sobre el justo precio. Rivera Rivera, op. cit.; Roca Satre, op. cit.; Protection of Mortgagee’s Investment When the Security is Condemned in New York, 36 Fordham L. Rev. 586 (1968).

Por otro lado, cuando como en este caso se expropia sólo una parte de la finca gravada con una hipoteca,() el acreedor hipotecario podrá reclamar del fondo de justa compensación aquella cantidad en que se haya perjudicado su garantía y el gravamen subsiste sobre el remanente del terreno. Nichols on Eminent Domain, ante, Vol. 4, Sec. 12D.02[4], pág. 12D-72 (2002); Swanson v. United States, ante. El acreedor puede satisfacer del fondo de justa com-pensación sólo la porción de su lesión atribuible a la finca expropiada.()

La norma anterior es consecuente con el principio de indivisibilidad de la hipoteca, el cual postula que la hipoteca subsiste íntegra sobre cualquier parte de los bienes que se conserven, aunque el restante haya desaparecido. Art. 173 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2569. Véase, también, Rivera Rivera, op. cit, págs. 490-494.

La finalidad de la hipoteca es garantizar o asegurar la satisfacción de un crédito dinerario mediante la realización del valor del bien dado en hipoteca. Desaparecida la hipoteca por motivo de la expropiación del bien dado en hipoteca, esa garantía real se convierte, mediante subrogación real, en un interés sobre el fondo de compensación. Si el fondo resulta insuficiente para satisfacer la totalidad del crédito, el acreedor tiene derecho a reclamar el balance de su acreencia a través de los procedimientos legales correspondientes. Cabe apuntar, finalmente, que aun cuando el procedimiento de expropiación forzosa afecta la garantía real del acreedor hipotecario, lo cierto es que no afecta su acreencia, la cual permanece incólume.

> hH

Conforme lo antes expuesto, y aplicando la normativa discutida a los hechos de este caso, es incuestionable que el Banco Popular, como acreedor hipotecario del inmueble ex-propiado, tenía que ser notificado del proceso de expropia-ción forzosa instado por la Autoridad. Su participación en el proceso de expropiación se extiende, exclusivamente, a reclamar del fondo de justa compensación la parte propor-cional que le corresponda como resultado de la lesión su-frida en su garantía, luego de la expropiación. Ello, en vir-tud de que la expropiación conllevó la extinción de la garantía real que gravaba el inmueble y, mediante subro-gación real, el gravamen del Banco se transfirió al fondo de justa compensación.

Resolvemos, por lo tanto, que el Banco como acreedor hipotecario no tiene derecho a litigar frente a la Autoridad el monto consignado por ésta como justa compensación. Ese es un derecho que le corresponde al titular del dominio del inmueble expropiado. La participación del Banco se cir-cunscribe, como indicamos, a reclamar del fondo de com-pensación hasta el monto de la lesión sufrida por su garan-tía, y no más. Esta lesión deberá quedar establecida ante el foro de instancia antes de éste autorizar cualquier desem-bolso del fondo de compensation()

Por lo tanto, la orden dictada originalmente por el Tribunal de Primera Instancia en ese sentido fue correcta, por lo que la determinación en contrario del tribunal apelativo intermedio debe ser revocada.

Ciertamente, como indicamos ya, la extinción de la ga-rantía no supone la desaparición o extinción de la acreen-cia; el Banco siempre tendrá a su disposición todos los me-canismos disponibles para reclamar de sus deudores el monto total de la deuda que éstos tienen para consigo, si es que la cantidad que le corresponda de la justa compensa-ción, si alguna, resulte insuficiente a la luz de la lesión sufrida por la garantía.

Por su parte, la Autoridad sólo tiene la obligación de depositar la justa compensación, correspondiente al valor en el mercado de la propiedad expropiada como si ésta es-tuviera libre de cargas y gravámenes. Dicha cantidad, en-tonces, se debe distribuir entre los dueños regístrales —los esposos Cardona Figueroa y Aquino Vega— y las partes con interés en proporción a sus respectivos intereses. En este proceso las partes pueden levantar todos los reclamos que entiendan les asisten sobre el fondo de compensación.

V

Por los fundamentos expuestos en la opinión que ante-cede, a la cual se hace formar parte integral la presente disposición, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de Pri-mera Instancia para que continúen los procedimientos acordes con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

      (1) Este inmueble consta inscrito en el Registro de la Propiedad de Arroyo, Sec-ción de Guayama, Finca Núm. 1439, folio 206 del Tomo 52. Su descripción es la siguiente:
      “RÚSTICA: Parcela de terreno radicada en el Barrio Ancones de Arroyo, com-puesta de una cabida de 2,000.00 metros cuadrados, en colindancias por el: NORTE y OESTE: en 50.00 y 40.00 metros respectivamente, con la finca principal de la cual se segrega, por el SUR, en 50 metros, con la parcela ‘B’ dedicada a uso público que la separa de la Carretera Estatal # 3 y por el ESTE: en 40.00 metros con un camino vecinal.”

      (2) La finca principal de donde se segregó la parcela expropiada estaba gravada por dos hipotecas: una, por la cantidad de $425,000, con intereses al 8.75% anual, en garantía de pagaré a favor de Banco Popular de Puerto Rico; otra, por la suma de $100,000, con intereses al 8% anual, en garantía de pagaré a favor de Ford Motor Credit Company of Puerto Rico.

      (3) Véase Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 135.

      (6) Íd.

      (4) Véase Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 163.

      (5) Véase Apéndice del Recurso de certiorari, pág. 23.

        (7) Ya en Pueblo v. Huyke, 70 D.P.R. 754, 757 (1950), habíamos indicado que el valor de la finca expropiada era “el precio que un comprador en una venta no forzada estaría dispuesto a pagar y aquél en que un vendedor, en las mismas circunstancias, estaría dispuesto a vender, consideradas las condiciones en que se halle el terreno en la fecha de la expropiación, y el uso más productivo a que el dueño pudiere dedicarlo dentro de un futuro razonable cercano”.

      (8) Véanse, además: Bailey v. United States, 325 F.2d 571 (1er Cir. 1963); United States v. Katz, 213 F.2d 799 (1er Cir. 1954); United States v. Ham, 187 F.2d 265 (8vo Cir. 1951); St. Joe Paper Co. v. United States, 155 F.2d 93 (5to Cir. 1946); United States v. 12 Tracts of Land, Comprising 50.07 Acres, 268 F. Supp. 125 (D.C. N.D. 1967).

      (9) Véanse, sobre este particular: 2 Nichols on Eminent Domain Sec. 5.03[6] [c], págs. 5-156 a 5-164 (2003); H.D. Teague, Condemnation of Mortgaged Property, 44 Texas L. Rev. 1535 (1966); Notas, Condemnation — The Mortgagee’s Interest in the Condemnation Award For a Partial Taking of the Mortgaged Property, 4 (Núm. 2) Texas Tech. L. Rev. 405 (1973).

      (10) El acreedor hipotecario no puede pretender que ha de recibir la totalidad del fondo de compensación, así como tampoco obtener el importe total del proceso de ejecución de hipoteca instado sobre el remanente de la propiedad, salvo, claro está, que demuestre que ello es necesario para cubrir la totalidad de la deuda.

      (11) Según se desprende del expediente, en la vista celebrada el 27 de agosto de 2002, la representación legal de la Autoridad de Carreteras y Transportación argu-mentó ante el tribunal que el remanente de la parcela expropiada era suficiente para garantizar la acreencia de Banco Popular. Si se logra probar ese hecho por prepon-derancia de la prueba, al Banco Popular no le corresponde recobrar porción alguna del fondo de compensación, ya que su garantía no fue lesionada por la expropiación.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Rafael Quiñones Ayala, querellado.

      Número: AB-2004-253

      Resuelto: 30 de junio de 2005

      Salvador Antonetti Stutts, procurador general; Bjram Morales Lugo, director ejecutivo de la Oficina de Etica Guber-namental; Margarita Carrillo Iturrino y Mario A. Rodrí-guez Torres, abogados del querellado.
   PER CURIAM:

H-H

El 9 de diciembre de 2003, el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la Oficina de Ética Gu-bernamental (O.E.G.) presentó una querella contra el Ledo. Rafael Quiñones Ayala (querellado), imputándole in-fracciones a los Arts. 3.2(c) y 3.4(d) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985,() según enmendada, conocida como la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como a los subincisos (2), (3) y (4) del Art. 13(C) del Reglamento de Ética Gubernamental.()

En síntesis, la O.E.G. alegó que durante los meses de junio, julio y agosto de 2003() el querellado, quien enton-ces ocupaba un puesto de abogado a jornada completa en la División Legal de la Administración de Derecho al Trabajo (A.D.T.), representó durante horas laborables a un ciuda-dano particular ante los tribunales del país en asuntos no relacionados con sus deberes oficiales como servidor pú-blico, anteponiendo de esta forma los intereses de su repre-sentado a los del Estado. Sostuvo, además, que el quere-llado certificó en las hojas oficiales de asistencia de la A.D.T. que durante las fechas en controversia había estado ocupado en asuntos inherentes a su cargo, cuando en rea-lidad ejercía la profesión de abogado en su carácter privado. Finalmente, planteó que el licenciado Quiñones Ayala cobró salarios y recibió beneficios indebidamente por servicios que, si bien eran su responsabilidad, nunca rindió.

El 18 de diciembre de 2003 la O.E.G. presentó una que-rella enmendada en la que reiteró sus alegaciones contra el querellado y le atribuyó, además, una violación a los subin-cisos (1), (3), (4) y (6) del Art. 6(A) del Reglamento de Ética Gubernamental.() Luego de varios incidentes procesales, el 13 de febrero de 2004, el licenciado Quiñones Ayala pre-sentó su contestación a la querella enmendada.

Durante la fase de descubrimiento de prueba, las partes lograron un Acuerdo de Transacción, en el cual el quere-llado admitió que cometió las infracciones imputadas en la querella, obligándose a pagar una multa administrativa de dos mil ochocientos dólares.() El referido acuerdo fue pre-sentado ante la O.E.G. el 17 de junio de 2004 y, al día siguiente, la Oficial Examinadora designada suscribió una orden mediante la cual refirió el expediente del caso a la consideración del Director Ejecutivo de la O.E.G. y reco-mendó favorablemente el acuerdo transaccional sometido.

Tras varios incidentes procesales, el 29 de septiembre de 2004 el Ledo. Hiram R. Morales Lugo, Director Ejecu-tivo de la O.E.G., dictó una resolución() para aprobar el Acuerdo de Transacción presentado por las partes y aceptó, además, la suma de dos mil ochocientos dólares consignada por el querellado en pago de la sanción administrativa impuesta. De igual forma, nos refirió el asunto para que determináramos las posibles violaciones del querellado a la ética profesional.

El 4 de noviembre de 2004 la O.E.G., por conducto de su Director Ejecutivo, presentó ante nos una queja juramen-tada() contra el licenciado Quiñones Ayala en la cual le imputó una violación al Canon 38 del Código de Ética Pro-fesional,() a la luz de nuestros pronunciamientos en In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001). La queja está fundada en los mismos hechos previamente investigados y adjudicados por la O.E.G. mediante su Resolución de 29 de septiembre de 2004.

El licenciado Quiñones Ayala presentó su contestación a la queja de epígrafe el 27 de enero de 2005. Argüyó que al realizar las gestiones a favor del señor Rodríguez Rivera ante el Tribunal de Primera Instancia, no medió ánimo de lucro personal ni recibió compensación alguna, puesto que el representado era su amigo y vecino. Destacó que había invertido menos de nueve horas laborables en dichas ges-tiones; sin embargo, admitió que incurrió en un error de juicio al así proceder.

En cuanto a las hojas oficiales de asistencia se refiere, manifestó que no había tenido la intención de defraudar al erario al cumplimentarlas. En ese sentido, señaló que las hojas de asistencia en controversia habían sido completa-das “en bloque” y que, al llenarlas, solamente cotejó el ca-lendario de trabajo preparado en su oficina, olvidando ano-tar las gestiones que había efectuado en beneficio de su amigo durante las mañanas del 24 de junio y el 15 de julio, y en la tarde del 1ro de agosto de 2003. Sostuvo que, de haberlas recordado, las habría consignado en sus hojas de asistencia y, además, hubiera efectuado las correspondien-tes deducciones a las horas trabajadas en las referidas fechas.

De otra parte, y contrario al criterio expresado por la O.E.G. en su queja, el licenciado Quiñones Ayala argüyó que el caso In re Silvagnoli Collazo, supra, es distinguible de la situación fáctica ante nos. Sostuvo, además, que al evaluar la queja instada en su contra debíamos tomar en consideración, entre otras, las circunstancias siguientes: (i) que éste admitió haber cometido las infracciones imputa-das en la querella presentada por la O.E.G.; (ii) que satis-fizo en su totalidad la multa administrativa que se le im-puso a raíz de esas infracciones; (iii) que fue sancionado administrativamente por la A.D.T. por los mismos hechos, al ordenarse su suspensión de empleo y sueldo por un tér-mino de quince días; (iv) que su patrono, además, le des-contó tres días de su licencia regular por vacaciones, a pe-sar de que las gestiones realizadas a favor del señor Rodríguez Rivera no excedieron de nueve horas laborables, y (v) que acató el dictamen de su patrono y, luego de cum-plida la sanción administrativa, decidió renunciar a su em-pleo en la A.D.T.() Por último, el licenciado Quiñones Ayala manifestó estar “real y sinceramente” arrepentido de las actuaciones por las que ahora se le pretende sancionar disciplinariamente, las cuales “acepta y repudia”.

El 29 de marzo de 2005, el Procurador General presentó su informe. Indicó que, a la luz de los hechos aquí no con-trovertidos y de lo resuelto por esta Curia en In re Silvagnoli Collazo, supra, existe base para imputarle al quere-llado “una posible violación” al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

El 24 de mayo de 2005 emitimos una resolución() en la cual le concedimos al licenciado Quiñones Ayala un tér-mino de veinte días para expresarse respecto al informe sometido por la Oficina del Procurador General. Éste com-pareció, en cumplimiento con nuestro requerimiento, el 2 de junio de 2005. Se reiteró en sus planteamientos anterio-res: aceptó haber incurrido en una violación al Canon 38, supra, y manifestó su sincero arrepentimiento por ello. Igualmente, suplicó nuestra lenidad al castigarle por la falta cometida.

h-H h-H f — H

La práctica de la abogacía está revestida de un alto interés público que requiere de una estricta observancia y reglamentación. () Distinto quizás a otras profesio-nes, esa práctica conlleva una seria y delicada función ciu-dadana, pues representa servicio, ética y ejemplo.()

En cuanto a los deberes de exaltar el honor y la dignidad de la profesión, y de evitar la apariencia de una conducta impropia, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. ...
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida pri-vada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.

En repetidas ocasiones, este Tribunal ha advertido que por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen.()

De igual forma, reiteradamente hemos enfatizado que todo abogado habrá de desempeñarse con dignidad y alto sentido del honor, aunque eso implique ciertos sacrificios personales.() Además, deberá conducirse en forma digna y honorable, tanto en la vida privada como en el desempeño de su profesión.()

IV

En la queja juramentada presentada ante nos, la O.E.G. le imputa al licenciado Quiñones Ayala una infracción al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, de acuerdo con nuestros pronunciamientos en In re Silvagnoli Collazo, supra. Por su parte, el querellado admite haber incurrido en la falta imputada, pero sostiene que el citado caso es “distinguible” de la situación fáctica que hoy nos ocupa.

En In re Silvagnoli Collazo, supra, resolvimos, entre otras cosas, que viola el deber de conducirse digna y honorablemente y de evitar la apariencia de conducta profesional impropia, aquel abogado que devenga ingresos de un municipio por servicios legales no prestados.

Como parte de su acuerdo con la O.E.G. para transigir la querella administrativa() en su contra, el licenciado Quiñones Ayala admitió haber cometido las faltas allí im-putadas y, con ello, haber devengado ingresos de la A.D.T. por servicios no prestados; lo que implica, invariable-mente, el cobro indebido de fondos públicos. De igual forma, en su comparecencia ante nos, el licenciado Quiño-nes Ayala acepta que violó las disposiciones del Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. El precepto al que hacemos referencia le imponía al querellado el deber de preservar, en todo momento, el honor y la dignidad de su profesión, y el de evitar la apariencia de conducta profesio-nal inadecuada.()

Las gestiones del licenciado Quiñones Ayala, indepen-dientemente de que fueran en beneficio de su amigo y ve-cino, y que sólo consumieran un término de horas labora-bles relativamente corto, fueron patentemente contrarias a los postulados éticos que gobiernan esta comprometida pro-fesión y lesionan la dignidad de su ministerio.

Al determinar la sanción disciplinaria que habrá de imponerse a un abogado que haya incurrido en conducta antiética, podemos tomar en cuenta los factores siguientes: (i) la buena reputación del abogado en la comunidad; (ii) su historial previo; (iii) si ésta constituye su primera falta y si alguna parte ha resultado perjudicada; (iv) la aceptación de la falta, y su sincero arrepentimiento; (v) si se trata de una conducta aislada; (vi) el ánimo de lucro que medió en su actuación; (vii) resarcimiento al cliente, y (viii) cualesquiera otras consideraciones, ya bien atenuantes o agravantes, que medien de acuerdo con los hechos.()

En el presente caso reconocemos que si bien el licen-ciado Quiñones Ayala incurrió en una conducta constitu-tiva de violación al Canon 38, supra, no es menos cierto que, al así proceder, invirtió una cantidad reducida de horas laborables —nueve específicamente— para atender los asuntos legales de un ciudadano particular. Por ende, no estamos frente a un abogado que haya practicado activa y copiosamente la abogacía en horas laborables, tal como ocurrió en In re Silvagnoli Collazo, supra.() Además, es de rigor subrayar que el querellado no recibió compensación económica de parte del señor Rodríguez Rivera por las ges-tiones que realizara en su defensa.

También debemos tomar en consideración que el licen-ciado Quiñones Ayala alcanzó un acuerdo transaccional con la O.E.G., aceptando su responsabilidad por las infrac-ciones imputadas, y que satisfizo en su totalidad la multa administrativa que le impusieron. Asimismo, éste fue ob-jeto de una sanción administrativa de parte de su antiguo patrono, la cual acató cabalmente. Por último, el quere-llado, además de aceptar haber incurrido en conducta pro-fesional impropia, ha mostrado, en varias ocasiones, un ge-nuino arrepentimiento por sus actuaciones y las repudia.

V

En virtud de los fundamentos que preceden, concluimos que el licenciado Quiñones Ayala infringió, con su con-ducta, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, al atender la práctica privada de la abogacía durante horas laborables, en vez de cumplir con los deberes oficiales de su puesto en la División Legal de la A.D.T. Sin embargo, su actuación no reviste la gravedad de lo sucedido en In re Silvagnoli Collazo, supra, y en vista de las circunstancias atenuantes aquí presentes, limitamos la sanción disciplina-ria a una censura enérgica. No obstante, se le apercibe al querellado que en el futuro deberá dar fiel cumplimiento a los cánones del Código de Ética Profesional que rigen la profesión de la abogacía o, de lo contrario, será objeto de sanciones disciplinarias más severas.

Se dictará sentencia de conformidad. Notifíquese personalmente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) El Art. 3.2(c) de la referida ley dispone lo siguiente:
      “[N]ingún funcionario o empleado público utilizará los deberes y facultades de su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener, directa o indirectamente para él, para algún miembro de su unidad familiar, ni para cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley.” 3 L.P.R.A. sec. 1822(c).
      Por su parte, el Art. 3.4(d) del citado estatuto establece lo siguiente:
      “[N]ingún funcionario o empleado público a jornada completa podrá, durante horas laborables, representar, asesorar o servir como perito a personas o entidades privadas en litigios, vistas, audiencias públicas o cualquier asunto ante tribunales de justicia, organismos cuasi judiciales y agencias administrativas.” 3 L.P.R.A. sec. 1824(d).

      (2) En lo aquí pertinente, el Art. 13(C) del Reglamento de Ética Gubernamental, relativo a las actividades incompatibles con el empleo, establece lo siguiente:
      “[Njingún funcionario o empleado público aceptará otro empleo, ni se dedicará a cualquier actividad comercial, profesional o de otra naturaleza, en las siguientes circunstancias:
      “2) Cuando interfiera o razonablemente se pueda esperar que influya en el desempeño de sus funciones oficiales.
      “3) Cuando le impida prestar una jomada completa de trabajo a la agencia.
      “4) Cuando traiga descrédito a la agencia o al Gobierno.” Reglamento Núm. 4827 de la Oficina de Ética Gubernamental de 23 de noviembre de 1992, pág. 15.

      (3) Específicamente durante los días 24 de junio, 15 de julio y 1 de agosto de 2003, fechas en las que éste compareció ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en representación del Sr. Carlos Rodríguez Rivera en asuntos de natu-raleza penal.

      (4) En lo pertinente, la citada disposición reglamentaria establece lo siguiente:
      “Todo servidor público deberá:
      “(A) Evitar tomar cualquier acción, esté o no específicamente prohibida por este Reglamento, que pueda resultar en o crear la apariencia de:
      “1) Usar las facultades de su cargo, propiedad o fondos públicos para un fin privado.
      “3) Impedir o entorpecer la eficiencia y la economía gubernamental.
      “4) Perder su completa independencia o imparcialidad.
      “6) Afectar adversamente la confianza del público en la integridad y hones-tidad de las instituciones gubernamentales.” Reglamento Núm. 4827, supra, pág. 5.

      (5) Ambas partes acordaron que, en vista de la difícil situación económica que atravesaba el licenciado Quiñones Ayala, éste habría de hacer un pago parcial inicial de mil cuatrocientos dólares al momento de suscribir el acuerdo. El balance pen-diente de la multa sería satisfecho en dos plazos adicionales de setecientos dólares cada uno, a ser consignados en la Secretaría de la O.E.G. los días 18 de julio y 18 de agosto de 2004, respectivamente.

      (6) El archivo en autos de una copia de la notificación de dicha resolución a las partes se efectuó el 30 de septiembre de 2004.

      (7) Junto a la referida queja juramentada, el Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental acompañó una copia certificada del expediente del caso Oficina de Ética Gubernamental v. Rafael Quiñones Ayala, Núm. 04-51, según obra en la Secretaría de la referida agencia gubernamental.

      (8) 4 L.P.R.A. Ap. IX. Este canon se refiere a la preservación del honor y la dignidad de la profesión de la abogacía.

      (9) El querellado renunció a su puesto en la Administración del Derecho al Trabajo el 21 de marzo de 2004, para ser efectiva el 15 de abril del mismo año.

      (10) Notificada a las partes el 25 de mayo de 2005.

      (11) Véanse: In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. 586 (2005); In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814, 815 (1984).

      (12) Véanse: In re Cuyar Fernández, 163 D.P.R. 113 (2004); In re Cintrón Colón, 161 D.P.R. 778 (2004); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 613 (1993).

      (13) Véanse: In re Cuyar Fernández, supra; In re Cintrón Colón, supra; In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001); In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542 (2000); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313, 319 (1974).

      (14) Véanse: In re Silvagnoli Collazo, supra; In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555, 562 (1993).

      (15) Véanse: In re Silvagnoli Collazo, supra; In re Irizarry, González, 151 D.P.R. 916 (2000).

      (16) Caso Núm. 04-51.

      (17) Véanse: Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Silvagnoli Collazo, supra.

      (18) Véanse: In re Montalvo Guzmán, 164 D.P.R. 806 (2005); In re Martínez Lloréns, 158 D.P.R. 642 (2003); In re Vélez Barlucea, 152 D.P.R. 298, 310-311 (2000); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998).

      (19) El abogado que allí sancionamos dedicó 226.25 horas laborables de su em-pleo como asesor del Municipio de Ponce para atender casos privados, obteniendo una remuneración económica sin prestar servicio alguno a su patrono.


author: per curiam:

text:
      In re Walter Colón Rivera.

      Número: TS-10878

      Resuelto: 30 de junio de 2005

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Pedro Malavet Vega, abogado del querellado; Walter Colón Rivera, querellado.
   per curiam:

El 18 de junio de 2004 la Oficina de Inspec-ción de Notarías presentó ante este Tribunal un informe sobre el estado de la notáría del Ledo. Walter Colón Rivera. Tras varios trámites para subsanar las deficiencias seña-ladas, el 24 de mayo de 2005 la oficina sometió una Moción en Cumplimiento de Orden en Torno a la Comparecencia del Ledo. Colón Rivera, de 23 de julio de 2004, en la cual éste se expresó sobre las deficiencias señaladas e informó de las gestiones realizadas para corregirlas. El licenciado Colón Rivera compareció nuevamente el 5 de junio de 2005. Esta vez compareció representado por abogado.

La Oficina de Inspección de Notarías señala que de las cuatro deficiencias que el licenciado Colón Rivera no ha logrado subsanar, dos son insubsanables. Respecto a otra, discrepa del criterio del licenciado Colón Rivera, quien opina que no se configura defecto alguno.

La consideración del expediente y las alegaciones de la Oficina, junto a las comparecencias del Ledo. Walter Colón Rivera, nos llevan a ordenar su suspensión de la práctica notarial por un término de tres meses. Decretamos esta medida de carácter temporero movidos por el convenci-miento de que no hubo en el ánimo del notario intención de subvertir su función y que, según explica en su última com-parecencia, “en el proceso aprendió y aclaró todas sus du-das sobre la conducta a seguir y ... reorientó su práctica ... hasta el punto de que sus protocolos posteriores al año en que surgieron los problemas, han cumplido bien y fiel-mente con las normas notariales y han sido debidamente aprobados por la Oficina de Inspección de Notarías”. Com-parecencia del querellado, reaccionando al informe final de la Oficina de Inspección de Notarías, págs. 1-2.

i — i

La Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq.), le impone al notario una función dual. Por un lado, sirve como agente instrumental del documento notarial; por el otro, es un profesional del Derecho con el deber de asesorar y aconsejar legalmente a los otorgantes. In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555 (1993).

El abogado notario representa la fe pública. Es el testigo por excelencia que da forma al convenio entre las partes. Como tal, tiene el deber afirmativo de dar fe ex-presa “de su conocimiento personal de los otorgantes o, en su defecto, de haberse asegurado de su identidad” por los medios establecidos en la ley. Además, deberá dar fe de la capacidad legal de los comparecientes para otorgar el acto o contrato de que se trate. Art. 15 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2033(e).

Como parte de su función, el notario tiene el deber de asesorar y advertir sobre los aspectos legales del instru-mento que ante él se otorga y que autoriza. El notario no es un simple observador de un negocio que se otorga ante él. Su función no se limita a cerciorarse de la identidad de las partes y de la autenticidad de sus firmas. El notario os-tenta una función pública que “trasciende la de un autó-mata legalizador de firmas y penetra al campo de legalidad de la transacción que ante él se concreta”. In re Colón Ramery, supra.

La labor notarial debe ser ejercida con sumo esmero, cuidado y celo profesional, cumpliendo estrictamente con la Ley Notarial y con los cánones del Código de Ética Profesional. In re Pizarro Colón, 151 D.P.R. 94 (2000); In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).

Dentro de estos parámetros normativos, examinemos lo sucedido en este caso.

r — i HH

De los informes que constan en autos se desprende que en la Escritura sobre Testamento Abierto de 3 de julio de 1997, el notario no dio fe de conocer al testador y no pudo corregir esta deficiencia, ya que al momento de la inspec-ción el testador ya había fallecido. En su más reciente com-parecencia, el notario explica que

... tal hecho no había producido daño alguno. Los herederos tramitaron la correspondiente declaratoria de herederos y se dividieron la única propiedad existente .... Dicho error no se ha vuelto a cometer y el notario tiene perfectamente clara la necesidad de hacer constar dicho conocimiento en los docu-mentos testamentarios. Comparecencia del querellado, reac-cionando al informe final de la Oficina de Inspección de Nota-rías, págs. 7-8.

Por otra parte, en la Escritura Núm. 45 sobre Compra-venta de 14 de noviembre de 2001 (folio 201), el compare-ciente Lalo José Martínez Cardona enajenó un bien inmue-ble perteneciente a los menores de edad José Martínez Rojas y José Enrique Martínez Rojas, por la suma de $30,000, sin obtener una autorización judicial previa. Tam-poco se justificó la capacidad representativa para compare-cer en nombre de los menores. En su comparecencia, el notario informó que gestionó y obtuvo en el caso Núm. BEX 2003-0032 una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 4 de marzo de 2004, que impartió su aproba-ción a la venta de los bienes y “ratific[ó] en todas sus par-tes” la Escritura Núm. 45 de 14 de noviembre de 2001. Indica que luego autorizó la Escritura Núm. 25 de 7 de julio de 2004, sobre Ratificación, en la cual comparecieron los padres de los menores para ratificar la transacción, anexándole a ésta la mencionada resolución.

El notario hace hincapié en que a la fecha de la escri-tura original, el menor de los jóvenes involucrados en esta situación “iniciaba estudios universitarios”. Además, in-forma que los menores, dos de ellos actualmente mayores de edad, y el menor de ellos de 20 años, “declararon en la vista de autorización judicial y fueron representados por una procuradora de menores. Así lo dice expresamente la Resolución del Juez Superior Rubén Darío Bonilla del 4 de marzo de 2004, ya enviada a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías (Directora de la Oficina) y a este Honorable Tribunal ...”. Comparecencia del querellado, re-accionando al informe final de la oficina de Inspección de Notarías, pág. 5. En la Resolución indicada se informa lo siguiente:

1) La residencia de los menores se vendió porque estaba de-teriorada y no habían recursos económicos para repararla.
2) El dinero producto de esta venta fue utilizado para la re-paración de otra residencia propiedad de los padres de los me-nores de edad, ubicada en la Calle Betances #10 en Coamo, Puerto Rico.
3) Mediante escritura de Donación #43 con fecha de 23 de septiembre de 2003 ante el notario Walter Colón Rivera, el Sr. Lalo José Martínez Cardona dona su parte ganancial de dicha residencia a sus hijos Lalo José Martínez Rojas, José Enrique Martínez Rojas e Irmaris Martínez Rojas.
4) Se presentó un documento de tasación de dicha residencia preparado por el tasador Humberto Martín Martínez, licencia #749, en la cual la propiedad donada tasa la cantidad de $55,000.00.
5) Los jóvenes Lalo José y José Enrique están de acuerdo que se le haya incluido a su hermana Irmaris en dicha donación.
6) Los solares en los que se encuentran ambas propiedades, tanto la vendida propiedad de los menores como la donada que pertenecía a Lalo José Martínez Cardona, pertenecen al Mu-nicipio de Coamo, por lo que no se vislumbran problemas ante el Registro. Comparecencia del querellado, reaccionando al in-forme final de la Oficina de Inspección de Notarías, págs. 5-6.

En su decisión, el Tribunal de Primera Instancia señala que

[p]onderada la prueba y contando con la aprobación y con-sentimiento de la [P]rocuradora de la [F]amilia[,] este Tribunal encuentra que la venta de la propiedad perteneciente a los menores de edad se hizo en el mejor bienestar de los mismos y en vista de que ellos no fueron afectados [,] imparte su aproba-ción y ratifica en todas sus partes la escritura de compraventa #45 del 14 de noviembre de 2001 ante el Notario Walter Colón Rivera. Resolución de 4 de marzo de 2004, pág. 2.

La Oficina de Inspección de Notarías (Oficina) sostiene que según nuestro ordenamiento y la jurisprudencia que lo interpreta, la escritura original otorgada en ausencia de autorización judicial es insubsanable. Por su parte, el no-tario argumenta que los casos citados por la Directora de la Oficina son distinguibles del de autos. Aduce que en el caso F. Zayas, S. en C. v. Torres, 51 D.P.R. 796 (1937), la inten-ción de defraudar a los menores era evidente, contrario a lo sucedido en el caso de los menores Martínez Rojas. Asi-mismo entiende que In re López Olmedo, 125 D.P.R. 265 (1990), por tratarse de una sentencia, no constituye prece-dente, como tampoco lo son las distintas opiniones concu-rrentes y disidentes allí emitidas, en las que se basa el Informe de la Oficina.

No tenemos que resolver esta controversia sobre la cual, según resalta una de las opiniones concurrentes en In re López Olmedo, supra, pág. 293, “no hay unanimidad de criterios en este Foro apelativo”, para resolver en torno a la conducta del notario al autorizar la escritura original de compraventa. Coincidimos con la Oficina en cuanto a que la compraventa de los bienes en este caso requería obtener una autorización judicial previa, para que el notario pu-diera autorizar el negocio. Al no hacerlo así, el notario in-cumplió con un precepto fundamental en el ejercicio de su función: “dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos ... que ante él se realicen.” Art. 2 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2002. Véase In re Jiménez Brackel, 148 D.P.R. 287 (1999).()

H — 1 HH HH

Por último, la Oficina trajo a nuestra atención el asiento 1844 del Registro de Testimonios del notario, sobre jura-mentación de traspaso y título de vehículo de motor. En éste, el notario anota que Ángel Caraballo firma por José Burgos Avilés para traspasar el vehículo a Elizabeth Rosa Vélez. Aduce la Oficina que:

Desde el punto de vista notarial, es imprescindible, en este tipo de declaraciones juradas la comparecencia personal y el conocimiento de los firmantes. Por tal motivo, que alguien firme por quien aún figura como titular del vehículo sin que se haga constar la documentación que evidencie su capacidad re-sulta, a nuestro entender, contrario a la garantía de legitimi-dad y confianza pública que la intervención notarial brinda en tales casos. Tal garantía requiere “que los notarios observen escrupulosamente el mandato de ley sobre comparecencia y conocimiento de los otorgantes, particularmente en instancias de traspasos de licencias de vehículos de motor”. In re Florentino Machargo Barreras, Opinión Per Curiam del 16 de marzo de 2004. Estado de la Notaría del Ledo. Walter Colón Rivera Notario Número 10,878, pág. 11.

Aunque acepta que “este tipo de práctica de alguna ma-nera se salva en el Registro de Vehículos de Motor del De-partamento de Obras Públicas”, la Oficina insiste en que “en cuanto a la responsabilidad del notario y la mejor prác-tica notarial, no es suficiente dar fe del conocimiento personal de un firmante, sino también de la capacidad o ca-rácter en que firma”. Estado de la Notaría del Ledo. Walter Colón Rivera Notario Número 10,878, pág. 13.

Respecto a esto, el notario explica lo siguiente:

El señor Ángel Caraballo acostumbraba adquirir vehículos re-poseídos por instituciones bancarias, obtenía de las mismas los documentos necesarios de traspaso y luego vendía los mismos. En la fecha indicada, el propietario verdadero, que era Ángel Caraballo, suscribe un documento de traspaso de título a favor de Elizabeth Rosa Vélez. En la notificación con-tenida en el índice [NJotarial se hace constar que quien firma es el señor Ángel Caraballo, según obra en el anejo II de la Moción de la Hon. Directora. En la indicada comparecencia de la Hon. Directora, parece implicarse que el vendedor firmante no tenía autoridad para hacerlo. Esto es un error. Se trata de una práctica legal, común y corriente del tráfico de automóvi-les, toda vez que las entidades que embargan el vehículo no pagado no siempre pueden conseguir que los dueños anterio-res comparezcan para la firma del traspaso. El notario se ase-guró completamente de que el compareciente era el propietario real y estaba autorizado por el banco para realizar el traspaso. (Énfasis suplido.) Comparecencia del querellado, reaccionando al informe final de la Oficina de Inspección de Notarías, pág. 8.

Hemos constatado que en su primer informe, de 15 de junio de 2004, la Oficina reconoce que “Caraballo tenía au-torización escrita y era dueño para todos los efectos de esos vehículos, de acuerdo a declaraciones juradas en la que el propietario deudor le cedía sus derechos al banco y el banco mediante declaraciones juradas cedía sus derechos al señor Caraballo. En todos y cada uno de los testimonios se le requería esa documentación y entonces se procedía a fir-mar por el que aparecía en la licencia que ya no era el dueño”. (Énfasis suplido.) Estado de la Notaría del Ledo. Walter Colón Rivera Notario Número 10,878, pág. 4. Ade-más, en ese informe se establece, en una nota al calce, que “el notario acompañó copia de documentos acreditativos de la cesión de derechos al señor Caraballo”. (Énfasis suplido.) Íd., pág. 4 esc. 2.

Podemos estar de acuerdo en que el notario debió hacer constar lo anterior con mayor claridad en el documento notarizado y en la notificación mediante el índice, pero nos parece evidente que no hacerlo fue más bien un error de expresión y no un acto impropio o ilegal.

Considerado todo lo anterior, se dictará sentencia me-diante la cual se suspenderá al Ledo. Walter Colón Rivera del ejercicio de la notaría por el término de tres meses y hasta que otra cosa disponga este Tribunal. Se ordena a la Oficina del Alguacil que incaute su obra notarial para el trámite de rigor correspondiente por la Directora de la Ofi-cina de Inspección de Notarías.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) El Código Civil, en su Art. 1211 (31 L.P.R.A. sec. 3376), establece:
      “Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste debidamente autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal.
      “El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.”
      El Art. 158 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 616, establece:
      “El ejercicio de la patria potestad no autoriza a ninguno de los padres para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de dos mil (2,000) dólares, pertenecientes al hijo, y que estén bajo la administración de ambos o de cualquiera de ellos, sin previa autorización de la Sala del Tribunal [de Primera Instancia] en que los bienes radiquen, previa comprobación de la necesidad o utilidad de la enajenación o del gravamen, y de acuerdo con lo dispuesto en la ley referente a procedimientos legales especiales.”


text:
    Diosdada Polanco López, querellante, v. Cacique Motors, First Bank Puerto Rico, recurridos, y El Departamento de Asuntos del Consumidor, peticionario.

      Número: CC-2002-894

      Resuelto: 30 de junio de 2005

      José A. Maisonet Trinidad, abogado de la parte peticionaria; Antonio Rodas Viñas y Teresa Jiménez Melénaez, abogados de la parte recurrida.
   per curiam:

El Departamento de Asuntos del Consumi-dor (D.A.Co.) nos solicita que revisemos una sentencia del Tribunal de Apelaciones mediante la cual se dejó sin efecto una decisión de la agencia, que ordenó la resolución de un contrato de compraventa de un vehículo de motor usado. Debemos determinar si, tal y como resolvió el tribunal a quo, para que proceda la resolución del contrato corres-ponde a la parte compradora demostrar que el vehículo adolecía de los defectos al momento de la compraventa o si basta con el estándar de prueba establecido por este Tribunal para los vehículos nuevos, que sólo exige que el com-prador demuestre que al momento de la compraventa el vehículo funcionaba normalmente. Resolvemos que el es-tándar jurídico para resolver un contrato de compraventa de vehículos de motor nuevos es igualmente aplicable a los vehículos usados, por cuanto procede revocar la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y confirmar la reso-lución de D.A.Co.

I

La Sra. Diosdada Polanco López compró un vehículo de motor usado a Cacique Motors (Cacique) el 22 de agosto de 2001. El precio de venta del vehículo fue de $7,500, del cual se pagó un pronto de $2,500 y se financió el monto restante a través de Firstbank de Puerto Rico (First Bank). Al mo-mento de la compraventa, el vehículo había recorrido 65,851 millas, por lo que el vendedor le otorgó a la compra-dora un mes de garantía o mil millas, lo primero que ocu-rriera, conforme requiere el Reglamento de Vehículos de Motor del Departamento de Asuntos del Consumidor.() Art. 24 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 4797 de 30 de septiembre de 1992 (Reglamento).

Alegadamente, para el mes de septiembre de 2001 la señora Polanco notó fallas en la transmisión del vehículo y procedió a comunicarlas al vendedor para que fueran reparadas. El concesionario, por su parte, negó responsabilidad.() En el mes de diciembre de 2001, a pesar de haberse corroborado el defecto mediante una prueba de carretera, Cacique le notificó a la compradora que no asu-miría los costos de reparación por haberse vencido ya el término de garantía. El vendedor se ofreció a reparar el vehículo sólo si la compradora asumía los costos. El vehí-culo fue llevado al Garaje Rubén, donde permaneció por varios meses con la transmisión desmontada, dado que la señora Polanco no podía pagar la reparación. Finalmente la compradora pagó $300 por la labor de desmontar la transmisión y se llevó el vehículo a su casa sin reparar, utilizando una grúa.

Así las cosas, en enero de 2002 la señora Polanco pre-sentó una querella ante D.A.Co., en la cual solicitó la reso-lución del contrato. D.A.Co. inspeccionó el vehículo y llevó a cabo una vista administrativa. En mayo de 2002 D.A.Co. emitió una orden en la que decretó la resolución del con-trato de compraventa. En síntesis, determinó que la que-rellante no habría adquirido el vehículo de conocer que éste adolecía de defectos mecánicos; que el defecto hacía el vehículo impropio para su uso, y que, según las disposicio-nes del Código Civil sobre saneamiento por vicios ocultos en la compraventa, Arts. 1373 a 1388 (31 L.P.R.A. secs. 3841 a 3856), procedía la resolución del contrato de compraventa. Ordenó al concesionario que recogiera el ve-hículo, reembolsara el pronto y las mensualidades pagadas y relevara a la querellante del contrato de financiamiento con Firsitbank.

Inconforme con la determinación administrativa, Caci-que solicitó una oportuna revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Adujo que D.A.Co. había errado al ignorar su propio Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor y al no reconocer el acuerdo de garantía pactado entre las partes. El foro intermedio revocó a D.A.Co. por entender que la determinación administrativa fue arbitraria y capri-chosa, ya que el defecto en la transmisión surgió luego del mes de la compraventa; que la agencia no hizo determina-ciones sobre las millas corridas al momento de identifi-carse el desperfecto, y que ante los hechos que obran en el expediente era improcedente determinar que los defectos del vehículo fueron preexistentes a la compraventa. El Tribunal de Apelaciones indicó en su sentencia también que en los casos de vehículos de motor con vicios ocultos, le corresponde “al comprador demostrar que el vehículo que compró tenía el vicio oculto desde antes de la compraventa y que la parte querellada tuvo oportunidad de corregir el defecto pero no lo corrigió o no pudo corregirlo”.

D.A.Co. acudió ante nosotros de la determinación del foro apelativo. Nos señaló que, contrario a la apreciación del Tribunal de Apelaciones, no corresponde al comprador el peso de probar que el vehículo tenía el vicio antes de la compraventa, sino que basta con que el comprador pruebe que el vehículo comprado funcionaba normalmente. Expe-dimos el recurso de certiorari y con el beneficio de la com-parecencia de ambas partes pasamos a resolver.

HH h — I

Mediante el Art. 3 de la Ley Orgánica del Depar-tamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. sec. 341b), se creó a D.A.Co. con el propósito principal de vindicar, proteger e implementar los derechos de los consumidores. Posteriormente, en virtud de la Ley de Garantías de Vehículos de Motor, Ley Núm. 7 de 24 de septiembre de 1979 (10 L.P.R.A. sec. 2051 et seq.), se promulgó el Reglamento como mecanismo para proteger adecuadamente a los consumidores de Puerto Rico en la adquisición de vehículos de motor; asegurarles que estos vehículos sirvan los propósitos para los cuales fueron ad-quiridos, y que reúnan las condiciones necesarias para ga-rantizar al comprador la protección de vida y propiedad. Art. 2 del Reglamento, supra. El Reglamento también pro-curó prevenir las prácticas ilícitas en las ventas de vehícu-los de motor. Íd.

Este Reglamento aplica a toda persona —natural o jurídica— que se dedique a la venta de vehículos de motor nuevos o usados en Puerto Rico (Art. 3 del Reglamento, supra) y se debe interpretar liberalmente a favor del consumidor (Art. 4 del Reglamento, supra). Es evidente que el Reglamento abarca tanto los vehículos de motor nuevos como los usados; en efecto, una lectura de éste claramente lo refleja. Tiene disposiciones específicas dirigidas a cada uno de ellos.

En lo que nos ocupa —los vehículos de motor usados— el Art. 24.1 del Reglamento, según renumerado, dis-pone que

[t]odo vendedor de vehículos de motor usados, concederá ga-rantía, en piezas y mano de obra. Si el comprador desea dicha garantía, la misma será por escrito y conforme a lo establecido en este Reglamento. Esta garantía será a base del millaje re-corrido y según la siguiente escala: ... c) Más de 50,000 millas hasta 100,000 millas —un (1) mes o mil (1,000) millas, lo que ocurra primero. Enmienda Núm. 1 al Reglamento de Garan-tías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 5361 del Depar-tamento de Asuntos del Consumidor de 12 de enero de 1996.

En su próximo inciso el referido artículo provee, como excepción, que la disposición anterior no aplicará cuando el vendedor y el comprador hayan llegado a un acuerdo me-diante el cual el consumidor renuncie de forma consciente, informada y por escrito de su derecho a la correspondiente garantía. Art. 24.2 del Reglamento.

En lo que respecta a los defectos del vehículo, si el comprador así lo desea, D.A.Co. tiene la potestad de decretar la resolución del contrato o reducir proporcionalmente su precio de venta —de acuerdo con las disposiciones del Código Civil— en aquellos casos en que el vendedor tuvo oportunidad razonable para reparar los defectos mas no quiso o no pudo repararlos. D.A.Co. determinará caso a caso lo que constituye una “oportunidad razonable”. Art. 27.3 del Reglamento, Enmienda Núm. 2 al Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 5303 del Departa-mento de Asuntos del Consumidor de 31 de octubre de 1996.

Por otro lado, en su Art. 35, el Reglamento preceptúa que nada de lo dispuesto en él limita el derecho del consumidor a ejercer cualquier acción que le reconozcan las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como las acciones de saneamiento por evicción o vicios ocultos, y la acción redhibitoria que reconoce el Código Civil para los contratos de compraventa de bienes muebles. Enmienda Núm. 2 al Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 5303 de 31 de octubre de 1996. En consecuencia, las determinaciones de D.A.Co. relacionadas con estos asuntos deben ser cónsonas con los artículos del Código Civil sobre las acciones de saneamiento en la compraventa. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387 (1999).

Nuestro Código Civil dispone que todo vendedor está obligado a la entrega y al saneamiento de la cosa vendida. Art. 1350 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3801. Este deber de saneamiento, que complementa el deber de la entrega, garantiza al comprador que el vendedor responderá de la posesión legal y pacífica de la cosa comprada y de los vicios o defectos ocultos que tuviese. Art. 1363 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3831. El comprador adquiere la cosa para utilizarla según lo estime mejor. Esta finalidad se vería malograda si entregado el objeto, su adquirente se viera privado de la cosa o simplemente no pudiera aplicarla a los usos a los que la había intencionado. I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Madrid, Ed. Bosch, 2000, T. 7, pág. 391.

En el derecho de contratos se conoce este deber de garantía como “saneamiento por evicción” (perturbación jurídica del derecho adquirido) o “saneamiento por vicios ocultos” (perturbación económica de la posesión de la cosa). Domínguez v. Caguas Expressway Motors, supra; Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971). El sanea-miento por vicios ocultos contempla situaciones en las que posterior a la entrega se evidencian en la cosa defectos intrínsecos que exceden las imperfecciones menores que cabe esperar normalmente en un producto determinado. D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., 105 D.P.R. 80 (1976).

De acuerdo con la doctrina, para que proceda una acción de saneamiento por vicios ocultos han de coincidir los requisitos siguientes: que la cosa adolezca de un vicio oculto que no sea conocido por el adquirente al momento de la compraventa; que el vicio sea de tal gravedad que haga la cosa impropia para el uso a la que se destina o disminuya notablemente su valor de manera que el comprador no habría adquirido la cosa de haberlo conocido; el defecto debe ser preexistente a la venta, y la acción debe ejercitarse dentro del plazo legal de seis meses contados desde la entrega de la cosa vendida. Arts. 1373 y 1379 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3841 y 3847. Véanse, también: Domínguez v. Caguas Expressway Motors, supra; D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., supra; Pérez v. VPH Motor Corp., 152 D.P.R. 475 (2000). Hemos resuelto que dicho plazo comienza a transcurrir no desde la fecha de perfección del contrato, sino desde el momento en que cesan las gestiones de inteligencia entre las partes. Ferrer v. General Motors Corp., supra; Casa Jaime Corp. v. Castro, 89 D.P.R. 702 (1963).

En casos de saneamiento por vicios ocultos, el Código Civil dispone que el comprador puede optar entre desistir del contrato, abonándose los gastos pagados, o reducir el precio en una cantidad proporcional, a juicio de peritos. Art. 1375 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3843. La primera opción, denominada acción redhibitoria, representa la restitución in integrum, ya que coloca a las partes en la misma condición en la que se hallaban antes de la compraventa. La segunda, conocida como acción quanti minoris, conlleva la restitución del precio percibido en pro-porción a la pérdida de valor en la cosa, a consecuencia del defecto. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1970, T. XXIII, págs. 195-197. Por último, dispone el Có-digo que en caso de que el vendedor conociera del defecto oculto y no lo comunicara al comprador, el último tendrá derecho también a reclamar en concepto de daños y perjuicios. Art. 1375 del Código Civil, supra.

En cuanto a la magnitud del defecto que da lugar a una acción redhibitoria, hemos interpretado que no se requiere que éste imposibilite el uso de la cosa, sino que basta con que merme notablemente su valor. D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., supra. Además, como antes mencionamos, el defecto ha de ser oculto al momento de la compraventa. Esta es una cualidad relativa, ya que no se trata de que el defecto quede oculto en sentido literal, sino que lo sea para el comprador, atendiendo sus características individuales. Esto significa que no será responsable el vendedor por los vicios ocultos cuando el comprador sea un perito que debiera fácilmente conocer los defectos por razón de su ocupación u oficio. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. 1, pág. 338.

La determinación sobre la magnitud del defecto es una cuestión de hecho, por cuanto el foro de instancia está en mejor posición para hacer esta apreciación que los foros apelativos. Sólo se justifica la intervención con la determinación del juzgador ante ausencia de prueba o error manifiesto en su apreciación. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, supra; García Viera v. Ciudad Chevrolet, Inc., 110 D.P.R. 158 (1980); D.A.C.O. v. Marcelino Mercury, Inc., supra.

En ocasiones anteriores habíamos tenido la oportunidad de evaluar acciones por vicios ocultos cuando el objeto de la compraventa es un vehículo de motor. Véanse, entre otros: Berríos v. Courtesy Motors of P.R., Inc., 91 D.P.R. 441 (1964); Ferrer v. General Motors Corp., supra; García Viera v. Ciudad Chevrolet, Inc., supra; Domínguez v. Caguas Expressway Motors, supra. En estos ca-sos hemos resuelto que el paso inicial consiste en determi-nar si los defectos de que adolece el automóvil constituyen un vicio oculto, sea redhibitorio o cuantiminoso. García Viera v. Ciudad Chevrolet, Inc., supra. En Ferrer v. General Motors Corp., supra, reconocimos que, por lo general, el comprador de un vehículo de motor no es un perito en me-cánica automotriz. Siendo así, requerirle al comprador, lego en materia de mecánica, que pruebe exactamente qué piezas son las defectuosas sería imponerle una carga de prueba injusta. Allí resolvimos que ante esta situación, el comprador no perito sólo está obligado a demostrar que al momento de la compraventa el automóvil funcionaba nor-malmente, y que el vendedor no quiso o no pudo corregir el defecto a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo.

El concesionario recurrido nos invita a distinguir la jurisprudencia existente del caso que nos ocupa basado en el hecho que en cada uno de los casos citados el objeto de la compraventa fue un vehículo de motor nuevo y no usado. No encontramos fundamento legal alguno que sostenga esa contención; como tampoco aduce alguno el concesionario. Ni el Código Civil ni el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor apoyan esa distinción. Analizada la doctrina, resalta con meridiana claridad que no es la naturaleza del bien, sino la naturaleza del defecto lo que debe ser considerado en una acción redhibitoria. Incluso, surge claramente del Reglamento que éste aplica tanto a los vehículos nuevos como a los usados. Exigir un estándar de prueba más oneroso al comprador de un vehículo usado —que el que se le exige al comprador de un vehículo nuevo— en nada aporta al propósito del Reglamento de proteger adecuadamente a los consumidores y prevenir las prácticas ilícitas en la compraventa de vehículos de motor. En consecuencia, reiteramos que el comprador de un vehículo de motor —sea éste nuevo o usado— al reclamar por vicios ocultos, sólo estará obligado a demostrar que el automóvil funcionaba normalmente al momento de la compra y que el vendedor no quiso o no pudo corregir el defecto, a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo.

HH HH H — I

A la luz del anterior trasfondo jurídico, procede analizar si en este caso se cumplen los requisitos para que proceda una acción redhibitoria. Según las determinaciones de he-cho de D.A.Co., fue alrededor de un mes posterior a la com-praventa que la señora Polanco notó los defectos mecánicos en la transmisión. No hay nada en el expediente que indi-que que la compradora fuera una experta mecánica que hubiese detectado el defecto con facilidad. Tampoco surge del expediente que Cacique conociera del defecto y hubiera actuado de mala fe. Por otro lado, la compradora probó a satisfacción de D.A.Co. que el automóvil funcionaba nor-malmente al momento de la compraventa. Por ende, razo-nablemente podemos concluir que el defecto mecánico constituyó un vicio oculto desconocido tanto para el vende-dor como para la compradora.

El defecto fue de naturaleza tal que imposibilitó el uso del vehículo para el cual la compradora lo había intencio-nado, al punto que el automóvil tuvo que ser transportado en grúa a la residencia de la peticionaria. Según determinó D.A.Co., al momento de presentarse la querella, el vehículo llevaba más de cinco meses sin que se pudiera utilizar. La agencia determinó, también, que la señora Polanco no ha-bría comprado el automóvil de haber conocido que adolecía del defecto. De otro lado, no cabe duda que la compradora instó su querella dentro del plazo dispuesto por ley. Por último, el vendedor tuvo una oportunidad razonable de co-rregir el defecto, más en todo momento se negó a hacerlo, alegando que la garantía había vencido.

Ante la evidencia que obra en el expediente, entendemos que D.A.Co. actuó dentro de sus prerrogativas administrativas. Reiteradamente hemos resuelto que las decisiones de los organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial. Utilizando un criterio de razo-nabilidad, los tribunales apelativos no deben interferir con estas determinaciones cuando están sostenidas por eviden-cia sustancial que obre en el expediente. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 D.P.R. 200 (1995). Las determinaciones de hecho de las agencias administrativas tienen a su favor una presunción de corrección que no debe ser descartada a menos que no se presente evidencia suficiente para derrotarlas. Otero v. Toyota, supra. Por tratarse de un caso de vicios ocultos, independientemente de la garantía de servicio pactada en-tre las partes, D.A.Co. podía, conforme al Art. 27 del Re-glamento, supra, ordenar la resolución del contrato de compraventa. Además, nada hay en el expediente que nos permita concluir que la señora Polanco tuviera la intención de renunciar a la acción redhibitoria que le asiste bajo el Código Civil y que el Reglamento le reconoce. Erró el foro apelativo intermedio en intervenir con la determinación administrativa y al no prestarle la debida deferencia a las determinaciones de D.A.Co.

Por los fundamentos antes expuestos, procede la revoca-ción de la sentencia del Tribunal de Apelaciones y la reins-talación de la resolución de D.A.Co.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) El Art. 24 del Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, Reglamento Núm. 4797 de 30 de septiembre de 1992, provee sobre el término y la naturaleza de la garantía en los vehículos de motor usados, de acuerdo con el millaje recorrido al momento de la compraventa.

      (2) Del expediente no surge la fecha específica en la que se notó el fallo mecánico ni la fecha en la que se le reclamó a Cacique Motors (Cacique) por los defectos del vehículo. Según señala Cacique, la señora Polanco primero les notificó los defectos en noviembre de 2001, ya vencida la garantía pactada. Este hecho no fue refutado por la querellante.