text:
      In re Richard Rodríguez Vázquez, querellado.

      Número: CP-2007-5

      Resuelto: 16 de junio de 2009

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, parte querellante; Daisy Calcaño López y José R. Castro Acevedo, abogados de la parte querellada; Richard Rodríguez Vázquez, pro se; Crisanta González Seda, comisionada especial.
   per curiam:

Nos corresponde atender una querella contra un abogado a quien se le imputa haber incurrido en actos que violaron el Art. 3.2(a) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de Ética Gubernamental), 3 L.P.R.A. sec. 1822(a). Estas violaciones ocurrieron como consecuencia de unas actuaciones llevadas a cabo mientras éste disfrutaba de los beneficios de una licencia sindical con sueldo en su puesto de oficinista en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y no en el ejercicio de la profesión legal.

Por entender que la actuación del querellado se apartó de las normas éticas que rigen el ejercicio de la profesión, resolvemos que su conducta infringió el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

l-H

El Ledo. Richard Rodríguez Vázquez (querellado) fue admitido a la práctica de la abogacía el 13 de enero de 1992 y al ejercicio del notariado el 1 de abril de 1992. Este ocupó varias plazas de trabajo en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Fondo) desde 1976. Laboró en diversos puestos, desde Conserje hasta Oficinista; sin embargo, nunca ejerció como abogado en dicha corporación.

Al momento de los hechos que originan este procedimiento disciplinario, el querellado era el presidente de la Hermandad de la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado (Unión). Bajo su presidencia, se creó Jaca Travel, Inc. como una entidad para dar servicio a los unionados. Jaca Travel, Inc. era una agencia de viajes para la venta de pasajes y excursiones, y comenzó operaciones en febrero de 1998 desde las oficinas de la Unión. El querellado era también el presidente de dicha agencia de viajes, que tenía como objetivo el generar ingresos adicionales para la Unión.

Para la fecha de los acontecimientos aquí relatados, el Fondo, en acuerdo con la Unión, aportaba fondos públicos anualmente para auspiciar actividades deportivas, culturales y sociales de los empleados unionados. La Unión había planificado una excursión para los empleados unionados del Fondo y sus familiares, que se llevaría a cabo en febrero de 1998. En enero de ese mismo año, dos agencias de viajes presentaron cotizaciones para la actividad. Posteriormente, en febrero, Jaca Travel, Inc. presentó una cotización más baja, por lo que finalmente se le adjudicó el contrato para dar sus servicios en la actividad.

El Fondo desembolsó, mediante un cheque, la cantidad de seis mil cuatrocientos cincuenta dólares a nombre de Jaca Travel, Inc. para los gastos de la referida actividad. De la cantidad total para la actividad resultó un sobrante, cuyo monto exacto no fue establecido, excepto que fue no menor de tres mil dólares. El querellado y el Sr. Teddy Del Valle Hernández, delegado de la Unión para ese entonces, abrieron dos cuentas en el Banco Popular, a nombre de cada uno, por la cantidad de mil quinientos dólares varios días después de la referida actividad y utilizaron dicha cantidad para gastos personales.

El 6 de diciembre de 2001, el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la Oficina de Etica Gubernamental (O.E.G.) presentó una querella contra el licenciado Rodríguez Vázquez, imputándole infracciones al Art. 3.2(a), (c) y (h) de la Ley de Ética Gubernamental. Así mismo, se le imputó violaciones al Art. 6(A)(1), (6) y (7), (D), (E) y (H) del Reglamento de Ética Gubernamental, Reglamento Núm. 4827 del Departamento de Estado de 20 de diciembre de 1992.

El Oficial Examinador que evaluó el caso en la O.E.G. encontró probado que el querellado se apropió ilegalmente de mil quinientos dólares pertenecientes a Jaca Travel, Inc., negocio perteneciente a la Unión. No obstante, recomendó el archivo de la querella debido a que entendió que la O.E.G. no tenía jurisdicción en el caso, ya que el abogado no estaba ejerciendo funciones como servidor público por estar disfrutando de una licencia sindical.

El Ledo. Hiram R. Morales Lugo, Director Ejecutivo de la O.E.G., en el ejercicio de su facultad legal y reglamentaria, acogió y adoptó las determinaciones de hechos esbozadas por el Oficial Examinador y su apreciación de la prueba. No obstante, no adoptó la totalidad de las conclusiones de derecho de éste, pues concluyó que la Ley de Ética Gubernamental aplica a los funcionarios públicos, aunque éstos estén acogidos a una licencia administrativa.

La O.E.G. concluyó que el querellado se apropió ilegalmente de parte del dinero sobrante de Jaca Travel, Inc. —mil quinientos dólares— los que depositó en una cuenta que abrió para esos fines y utilizó dicho dinero para sus gastos personales. En consecuencia, determinó que el querellado violó el Art. 3.2(a) de la Ley de Ética Gubernamental, supra, por lo que le impuso una multa de cuatro mil quinientos dólares. Además, nos remitió el expediente, lo que dio lugar a este procedimiento disciplinario.

Con relación a la resolución de la O.E.G. que impuso al aquí querellado la multa de cuatro mil quinientos dólares, es preciso señalar que éste presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, el cual fue desestimado por falta de jurisdicción. Ante esto, la resolución de la O.E.G. advino final y firme, y el querellado pagó la sanción impuesta.

Como consecuencia del referido que nos hiciera el Director Ejecutivo de la O.E.G., el 10 de noviembre de 2006 emitimos una orden al Procurador General de Puerto Rico (Procurador) para que éste evaluara la alegada conducta del aquí querellado a la luz de los cánones de ética profesional. Así las cosas, el 4 de abril de 2007, el Procurador presentó una querella sobre conducta profesional contra el Ledo. Richard Rodríguez Vázquez. La querella presentada imputa al abogado una violación al Canon 38 del Código de Etica Profesional, supra.

El 15 de noviembre de 2007 emitimos una Resolución para referir el caso a una Comisionada Especial (Comisionada). La Comisionada sometió su informe el 11 de agosto de 2008. Después de haber aquilatado la prueba, la Comisionada determinó que el querellado se apropió ilegalmente de parte del dinero sobrante. Además, concluyó que la actuación de éste constituyó una violación al Canon 38, supra.

En su defensa ante la Comisionada, el querellado señaló que la determinación que hizo la O.E.G. de que él se apropió del dinero sobrante de la actividad se fundamentó en el hecho de que él decidió no testificar en la vista ante el Oficial Examinador en cuanto al origen del dinero depositado. Sin embargo, aunque en la resolución de la O.E.G. ciertamente se comentó el silencio del aquí querellado, que incluso se utilizó para reforzar la evidencia presentada en esa instancia, se presentó prueba adicional, clara, robusta y convincente en apoyo de que se cometió la apropiación. Además, durante el procedimiento con la Comisionada, el querellado tuvo la oportunidad de controvertir el valor de la evidencia directa y circunstancial al sentarse a declarar, y decidió no hacerlo. Tal evidencia demuestra que el querellado abrió dos cuentas, en concierto y común acuerdo con otra persona, con el dinero que sobró de los fondos asignados por el Fondo, para una actividad de los empleados unionados y que no le pertenecían, ni al señor del Valle Hernández.

El querellado no devolvió al fondo de Jaca Travel, Inc. o al fondo de la Unión la cantidad de mil quinientos dólares que, conforme a la determinación de la O.E.G. y de la totalidad de la prueba ante nuestra consideración, depositó en una cuenta personal e invirtió en gastos personales.

Debidamente sometido el caso a nuestra consideración, procedemos a resolver.

II

A. Reiteradamente hemos establecido que todo asunto relacionado con la reglamentación del ejercicio de la abogacía es un poder inherente de este Tribunal. Sin embargo, este poder no está supeditado al resultado de un proceso criminal. Como secuela de lo anterior, hemos resuelto que los procedimientos disciplinarios ante este Tribunal son independientes de las acciones legales, ya sean criminales o civiles, que se deriven de la misma relación de hechos.

En cuanto a la carga probatoria requerida en un proceso disciplinario, resolvimos que el criterio a utilizarse es el de la prueba clara, robusta, convincente y no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas.

B. El Código de Ética Profesional establece las pautas mínimas que deben guiar a los abogados en la práctica de su profesión. Por consiguiente, todo abogado debe actuar a un nivel superior y no al margen de éste.

La naturaleza pública que reviste la práctica de la abogacía requiere una estricta observancia y reglamentación. Como es sabido, distinto quizás a otras profesiones, la práctica de la abogacía conlleva una seria y delicada función ciudadana, pues representa servicio, ética y ejemplo.

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los abogados la obligación de esforzarse por exaltar la dignidad y el honor de la profesión, y evitar la apariencia de conducta impropia. Este canon, en lo pertinente, dispone lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. ...
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. ... 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38.

De igual forma, hemos enfatizado reiteradamente que todo abogado habrá de desempeñarse con dignidad y alto sentido del honor, aunque ello implique ciertos sacrificios personales. Además, deberá conducirse en forma digna y. honorable, tanto en la vida privada como en el desempeño de su profesión.

La responsabilidad moral y ética que rigen nuestra ilustre profesión, obliga a todo abogado a examinar su comportamiento continuamente. En ese contexto, hemos insistido en que los abogados son el espejo donde se refleja la imagen de la profesión. Por tal razón, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen.

Del mismo modo, es doctrina firmemente establecida en nuestra jurisdicción que un abogado puede ser suspendido o desaforado por actuaciones que no necesariamente surjan de la actividad profesional; basta con que éstas afecten las cualidades morales del querellado o que lo hagan indigno de pertenecer al foro.

C. En varias ocasiones hemos sostenido que un abogado que labore en el servicio público puede ser sancionado por actos que, además de ser violatorios del Código de Etica Profesional, también constituyan una violación a la Ley de Etica Gubernamental. Examinemos algunos de nuestros pronunciamientos.

En In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001), determinamos, entre otras cosas, que viola el deber de conducirse en forma digna y honorablemente, y el de evitar la apariencia de conducta profesional impropia aquel abogado que devengue ingresos de un municipio por servicios legales no prestados. En esa ocasión, suspendimos al licenciado por el periodo de tres meses por haber practicado activa y copiosamente la abogacía en horas laborables.

Por otro lado, en In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005), un abogado, quien entonces ocupaba un puesto de abogado a jornada completa en la División Legal de la Administración de Derecho al Trabajo, representó durante horas laborables a un ciudadano particular ante los tribunales del país en asuntos no relacionados con sus deberes oficiales. El abogado cobró salarios y recibió beneficios indebidamente por unos servicios que, si bien eran su responsabilidad, nunca rindió.

Aunque el abogado incurrió en una conducta constitutiva de violación al Canon 38, éste aceptó su responsabilidad y sólo invirtió una cantidad reducida de horas laborables (9 horas). Por lo cual, aunque concluimos que las gestiones del abogado fueron patentemente contrarias a los postulados éticos que gobiernan la profesión y lesionaron la dignidad de su ministerio, éste sólo fue censurado. Ambos casos trataban de violaciones al Art. 3.2(c) de la Ley de Ética Gubernamental, supra, y al Canon 38 de Ética Profesional, supra.

Con este marco jurídico, analizamos la controversia ante nos.

III

A. En su defensa, el querellado menciona la determinación de “no causa” para arresto que se hiciera ante la presentación de cargos criminales por estos hechos y de la que el Ministerio Público no recurrió en alzada. También cuestiona que la prueba para demostrar la conducta imputada no fue clara, robusta y convincente. Sin embargo, ambas defensas no tienen méritos.

Como ya expresamos, es norma clara que el proceso disciplinario es independiente de cualquier acción legal que surja de los mismos hechos. Nuestro poder disciplinario no está subordinado al resultado de un proceso criminal. Además, evaluada la evidencia, surge de forma clara, robusta y convincente que el querellado incurrió en la conducta imputada. Veamos.

B. Al convertirse en abogado, el 13 de enero de 1992 el querellado se comprometió a cumplir con sus obligaciones éticas como letrado, independientemente de las obligaciones que asumió como presidente de la Unión en 1996. Fue su decisión el no solicitar un ascenso como abogado en el Fondo, para el cual laboraba desde la década de 1970. Permaneció en una posición de oficinista, que le permitía ser oficial de la Unión y disfrutar de una licencia con sueldo.

Independientemente de esa decisión, cualquier conflicto que pudiera existir entre sus obligaciones éticas como presidente de la Unión y su profesión, debieron resolverse cumpliendo, en realidad y en apariencia, con los cánones de ética de la profesión que escogió y juró defender.

La prueba evaluada demuestra, sin lugar a dudas, que el querellado era el presidente de la Unión y, a la vez, intervenía en las decisiones relativas a la entidad que se creó, Jaca Travel, Inc. Dicha prueba establece el conocimiento y la participación del querellado en la actividad que origina este asunto.

Además, quedó claramente establecido que el querellado, varios días después de la actividad, abrió una cuenta personal junto a su compañero de trabajo, el señor Del Valle Hernández, por la cantidad de mil quinientos dólares cada cuenta. Ambos utilizaron el dinero para sus gastos personales. El dinero utilizado consistió en el sobrante de los fondos asignados por el Fondo para una actividad de los empleados unionados, y que claramente no pertenecía ni al querellado ni a su compañero.

Por tal razón resolvemos que, al así actuar, el licenciado Rodríguez Vázquez se apartó del deber de esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y la dignidad de su profesión. No cumplió, además, con el deber de evitar la apariencia de conducta impropia que exige el Canon 38 de Etica Profesional, supra.

Cuando un abogado comienza en el servicio público, debe regirse con la misma responsabilidad ética y moral que fundamentan su profesión. Actuar en violación a los principios éticos del servicio público pone en riesgo la estabilidad del fundamento moral del Estado y lesiona la confianza del pueblo en sus instituciones. Dichas actuaciones son motivos suficientes para que este Tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de reglamentar la profesión, encamine un procedimiento disciplinario.

El querellado tiene la obligación de conducirse a tenor con los cánones de ética y tiene que velar por que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de impropiedad. Por lo tanto, el querellado debió anticipar y evitar el conflicto de intereses que creó al así actuar, aun cuando haya sido de apariencia. Así se lo exige el cumplimiento con el Canon 38.

C. Reiteramos la norma establecida por este Tribunal, en la que sostenemos que un abogado que labore en el servicio público puede ser sancionado por actos que, además de que violen el Código de Etica Profesional, también constituyan una violación a la Ley de Etica Gubernamental. Extendemos dicha norma, al caso ante nos, donde los hechos que dieron lugar al procedimiento disciplinario no surgen por causas relacionadas con el ejercicio de su profesión. Sin embargo, hemos resuelto que el Código de Ética Profesional aplica aun en los casos de letrados que no estuviesen realizando funciones como abogados. El querellado, al ser abogado, debió regirse por los cánones de ética profesional, aunque no estuviese practicando la profesión. Más aún, cuando su conducta trastoca la función primordial del abogado en servir a la sociedad y lacera la honrosa práctica del servicio público.

IV

Hemos expresado que, al determinar la sanción disciplinaria que aplique al abogado querellado, podemos tomar en cuenta varios factores. Entre éstos se encuentran la reputación del abogado en su comunidad, su historial previo, si es su primera falta, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que medió en su actuación, el resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones —ya bien atenuantes o agravantes— que medien de acuerdo con los hechos.

En este caso reconocemos como atenuantes que el licenciado Rodríguez Vázquez pagó una multa administrativa ascendente a cuatro mil quinientos dólares a la O.E.G. y que es su primera falta ética. Sin embargo, el querellado nunca devolvió el dinero apropiado ilegalmente, aunque la prueba demuestra que nunca se le ha cobrado ni ha expresado un genuino arrepentimiento por sus actuaciones.

No obstante, la conducta altamente censurable del querellado relatada, nos obliga a tomar medidas disciplinarias contra él. Estimamos que el licenciado Rodríguez Vázquez debe responder por sus actuaciones. Procede, como sanción disciplinaria, tres meses de suspensión del ejercicio de la abogacía, efectivo a partir de su notificación. Le apercibimos para que en el futuro se ciña estrictamente a las disposiciones de los cánones de ética profesional; de lo contrario, seremos más rigurosos.

El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y del sello notarial del abogado suspendido y deberá entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías. El Tribunal, además, impone al Ledo. Richard Rodríguez Vázquez el deber de notificar a todos sus clientes de su presente inhabilidad para seguir representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país. Además, deberá certificarnos, dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de esta opinión “per curiam”, el cumplimiento de estos deberes notificando también al Procurador General.

Se dictará Sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

       El Art. 3.2(a) dispone: “Ningún funcionario o empleado público desacatará, ya sea personalmente o actuando como servidor público, las leyes en vigor ni las citaciones u órdenes de los Tribunales de Justicia, de la Rama Legislativa o de las agencias de la Rama Ejecutiva que tengan autoridad para ello.” 3 L.P.R.A. see. 1822(a).

       Delegado de la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado (Unión) y protagonista de los hechos que hoy evaluamos. El Senado de Puerto Rico le concedió inmunidad criminal y administrativa.

       El querellado fue objeto de un procedimiento criminal de causa probable para arresto (Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II) sobre estos mismos hechos y se determinó “no causa”. El Ministerio Público no fue en alzada.

       3 L.P.R.A. sec. 1822(a), (c) y (h).

       Resolución de 21 de octubre de 2002 de la Oficina de Ética Gubernamental, O.E.G. v. Richard Rodríguez Vázquez, caso Núm. 02-16. En esta Resolución se citaron como fundamentos la jurisprudencia de este Tribunal: Negrón Soto v. Gobernador, 110 D.P.R. 664 (1981); Zavala Vázquez v. Mun. de Ponce, 139 D.P.R. 548, 553 (1995), eln re Corona Muñoz I, 141 D.P.R. 640, 642 (1996). Estos casos sostienen que las licencias laborales no desvinculan al empleado de la naturaleza de su empleo.

       Resolución de 21 de octubre de 2002 de la Oficina de Ética Gubernamental, OEG v. Richard Rodríguez Vázquez, Caso Núm. 02-16.

       Véase el esc. 1.

       La resolución señala lo siguiente: “Los principios contenidos en el Artículo 6(A)(6), (D) y (E) del Reglamento de Ética Gubernamental violados por el querellado se encuentran subsumidos en la disposición estatutaria del Artículo 3.2(a) de la Ley. Por lo cual, en el ejercicio de nuestra discreción, imponemos una sola multa por violación al Artículo 3.2(a).” Resolución de la O.E.G., pág. 18 esc. 14.

       Mediante Sentencia de 11 de febrero de 2005, determinamos que el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para entender el asunto.

       El Procurador General alega en este cargo que:

        “El Ledo. Richard Rodríguez Vázquez incurrió en conducta en violación al Canon 38 de los de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38, el cual dispone, entre otras cosas, que el abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. Dicho Canon también establece que, por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en fot'ma digna y honorable.” (Enfasis suplido.) Querella, pág. 1.

       Ciertamente, ni la Oficina de Ética Gubernamental (O.E.G.) ni la Unión requirieron a éste que devolviera el dinero.

        In re Deynes Soto, 164 D.P.R. 327, 334 (2005); In re Peña Peña, 153 D.P.R. 642, 649 (2001).

        In re Deynes Soto, supra, pág. 335; In re Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994).

        In re Deynes Soto, supra; In re Peña Peña, supra, pág. 650.

        In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).

        In re Nogueras Cartagena, 150 D.P.R. 667, 674 (2000); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).

        In re Nogueras Cartagena, supra.

        In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138, 144 (2005); In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. 586 (2004); In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810, 811 (1984).

        In re Quiñones Ayala, supra; In re Cuyar Fernández, 163 D.P.R. 113, 117 (2004).

        In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533 (2001); In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555, 562 (1993); In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4, 12 (1977).

        In re Silvagnoli Collazo, supra; In re Irizarry, González, González Rucci, 151 D.P.R. 916 (2000).

        In re Quiñones Ayala, supra; In re Cuyar Fernández, supra; In re Cintrón Colón, 161 D.P.R. 778 (2004); In re Silvagnoli Collazo, supra; In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542 (2000); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313, 319 (1974).

        Colegio de Abogados de P.R. v. Barney, 109 D.P.R. 845, 848 (1980); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 255-256 (1961).

       Véanse: In re Silvagnoli Collazo, supra; In re Quiñones Ayala, supra.

        In re Deynes Soto, supra.

        In re Díaz Ortiz, 150 D.P.R. 418, 427 (2000); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Julio Garriga Villanueva, recurrido, v. Municipio de San Juan, peticionario.

      Número: CC-2008-330

      Resuelto: 17 de junio de 2009

      Simone Cataldi Malpica y Eliezer A. Aldarondo López, abogados de la parte peticionaria; Nydia E. Rodríguez Martínez, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión, nos corresponde determinar si el alcalde del Municipio de San Juan, Hon. Jorge Santini Padilla, podía delegar al Comisionado de Policía y Seguridad Pública del municipio algunos de sus poderes al amparo de la Ley de la Policía Municipal, Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 1061 et seq. De contestar dicha interrogante en la afirmativa, debemos resolver si, a la luz de las facultades delegadas al comisionado, éste podía expulsar a un miembro de la Policía Municipal de San Juan por incurrir en una falta grave. Por entender que el alcalde tenía la facultad de delegar ciertas funciones al comisionado, que la actuación del comisionado se ajustó a los poderes delegados por el alcalde y que no se violó el debido proceso de ley en el procedimiento de expulsión antes mencionado, revocamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en este caso.

I

El Sr. Julio Garriga Villanueva se desempeñaba como agente de la Policía Municipal de San Juan cuando se presentó una querella disciplinaria en su contra por hechos ocurridos en septiembre de 2006. Según la querella y las declaraciones hechas por los perjudicados y testigos, el señor Garriga Villanueva y el Sr. Alberto Viera Solía, en su capacidad de agentes de la Policía Municipal de San Juan, intervinieron con unos ciudadanos que se encontraban en las afueras de un negocio localizado en el área de Caparra Terrace en horas de la madrugada porque alegadamente detectaron un fuerte olor a marihuana en el lugar. Supuestamente, luego de registrar a los tres jóvenes allí presentes y de no encontrar evidencia de delito alguno, ambos agentes comenzaron a agredirlos con las manos, a patearlos y a golpearlos con un bate y otros instrumentos.

Ante estos hechos, los jóvenes presentaron una querella contra ambos agentes. Oportunamente, la División de Inspección y Asuntos Disciplinarios del Departamento de Policía y Seguridad Pública del Municipio de San Juan notificó al señor Garriga Villanueva sobre la querella presentada en su contra. A tales efectos, se le indicó que se realizaría una investigación sobre los hechos alegados en ésta y que se le citaría para que proveyera su versión de lo sucedido.

Luego de varios meses, se sometió el informe de la investigación realizada por la Oficial Investigadora, Sgto. Jeannette Salgado Torres, y se notificó formalmente al señor Garriga Villanueva de los cargos en su contra, apercibiéndole de la intención de expulsarlo. En esencia, se le formularon unos cargos por incumplir con los deberes y las responsabilidades que le impone el Reglamento de la Policía Municipal de San Juan y por incurrir en faltas graves al utilizar violencia injustificada y agredir a los jóvenes, entre otros cargos. La formulación de cargos se realizó mediante una carta firmada por el entonces Director Interino del Departamento de Policía y Seguridad Pública del Municipio de San Juan, Col. Adalberto Mercado Cuevas.

Posteriormente, a instancias del querellado, se celebró una vista administrativa en la División de Inspección y Asuntos Disciplinarios del Departamento de Policía y Seguridad Pública del Municipio de San Juan ante la Oficial Examinadora, Tnte. María Rivera Rivera. Esta emitió una resolución en la que recomendó la expulsión del señor Garriga Villanueva. Su recomendación fue acogida por el coronel Mercado Cuevas, quien, en su carácter de Comisionado de Policía y Seguridad Pública del Municipio de San Juan, formalmente expulsó al señor Garriga Villanueva mediante una carta en febrero de 2007. De la referida carta se infiere que la actuación del comisionado respondió a la delegación que le hiciera el alcalde mediante la Orden Ejecutiva JS-149, Serie 2004-2005, de 16 de marzo de 2005.

Inconforme con tal determinación, el señor Garriga Villanueva apeló oportunamente su expulsión ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA). La CIPA celebró la correspondiente vista y emitió una resolución en julio de 2007 en la que revocó la expulsión del señor Garriga Villanueva. En síntesis, dicha agencia razonó que, según la Ley de la Policía Municipal, el comisionado es quien tiene la facultad de formular los cargos por faltas graves a los miembros del cuerpo policiaco, mientras que al alcalde le compete resolver el caso e imponer la sanción correspondiente. Por tal razón, determinó que la delegación de poderes que hiciera el alcalde al comisionado, a los efectos de permitirle expulsar a miembros de la Policía Municipal de San Juan, fue contraria a la ley.

Insatisfecho con la decisión de la CIPA, el Municipio de San Juan presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Dicho foro resolvió que la delegación realizada por el alcalde estaba permitida por la Ley de la Policía Municipal, en virtud de una enmienda introducida por la Ley Núm. 533 de 30 de septiembre de 2004. No obstante, el foro apelativo concluyó que el hecho de que hubiera sido el comisionado quien firmara tanto la formulación de cargos como la expulsión, constituía una violación al debido proceso de ley, ya que tal proceder convertía al comisionado en “juez y parte” en el procedimiento seguido contra el señor Garriga Villanueva. En vista de ello, confirmó la decisión de la CIPA y sostuvo la revocación de la expulsión.

Ante esta decisión del Tribunal de Apelaciones, el Municipio de San Juan acude a nosotros y solicita que revoquemos la sentencia emitida por dicho foro. Alega que el alcalde Santini Padilla había realizado una delegación válida de poderes al comisionado, según lo autoriza la Ley de la Policía Municipal. Por lo tanto, aduce que la expulsión del señor Garriga Villanueva fue realizada conforme a derecho. Añade, además, que el procedimiento seguido cumplió con el debido proceso de ley exigido en estos casos. Por su parte, el señor Garriga Villanueva expuso que la Ley de la Policía Municipal exigía que fuera el alcalde quien autorizara la expulsión.

Visto el recurso, expedimos el auto solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. La Ley de la Policía Municipal se adoptó en 1977 para autorizar a los municipios a establecer cuerpos policiales locales que, en coordinación con la Policía Estatal, ayudaran a controlar la actividad delictiva, a proteger la vida y la propiedad, y a mantener la seguridad pública. Así, pues, dicha ley establece los poderes, las facultades y las funciones que se confieren a los cuerpos de policía municipales, así como algunos aspectos de su organización y funcionamiento interno. A través de los años, dicha ley ha sido objeto de varias enmiendas ante el deseo de los legisladores de ampliar las facultades de los agentes y atemperar los cuerpos de policía municipales a la reglamentación vigente de la Policía Estatal. Por ello, es necesario que analicemos el historial de las enmiendas a la ley y el desarrollo de ciertas disposiciones aplicables al caso de autos.

En un principio, cuando se aprobó la ley en 1977, se estableció que la autoridad superior en cuanto a la dirección del cuerpo policiaco residiría en el alcalde, pero la dirección inmediata y la supervisión estaría a cargo de un comisionado designado por éste. Véase See. 4 de la Ley Núm. 19, supra, 21 L.P.R.A. sec. 1064. Entre las facultades conferidas al alcalde, como autoridad máxima de la Policía Municipal, se encontraba la de adoptar un reglamento que estableciera la organización y administración del cuerpo y regulara las obligaciones, las responsabilidades y la conducta de los miembros, entre otros asuntos. Véase See. 5 de la Ley Núm. 19, supra, 21 L.P.R.A. sec. 1065.

En cuanto al procedimiento aplicable a los asuntos disciplinarios relacionados con faltas graves (las cuales el reglamento establecería), esta ley dispuso que el comisionado debía preparar un informe sobre las imputaciones hechas a un guardia querellado y que, luego de analizar el expediente y dar al querellado la oportunidad de ser oído, formularía los cargos correspondientes, resolvería el caso e impondría la sanción que estimase necesaria, que podría ser incluso la expulsión permanente del cuerpo. Véase See. 10(a)-(e) de la Ley Núm. 19, supra, 21 L.P.R.A. see. 1070(a)-(e). Es decir, aunque el alcaldé era quien en última instancia tenía a su cargo el cuerpo de la Policía Municipal, la ley delegaba en el comisionado algunas funciones inmediatas sobre el manejo de éste, particularmente en cuanto a la autoridad disciplinaria sobre los agentes municipales.

Gran parte de las disposiciones de la Ley Núm. 19, supra, fueron modificadas tras la aprobación de la Ley Núm. 45 de 22 de mayo de 1996 (Ley Núm. 45). El objetivo principal de dicha ley fue otorgarles a los agentes municipales las mismas facultades que poseían los agentes de la policía estatal en cuanto a su carácter de agente del orden público, siempre que cumplieran con ciertos requisitos. Véase Ex-posición de Motivos de la Ley Núm. 45 (1996 Leyes de Puerto Rico 125).

La Ley Núm. 45 introdujo también varios cambios relacionados con las facultades de los comisionados. A esos efectos, enmendó la referida Sec. 10 para establecer que, en casos de policías municipales que incurrieran en faltas graves, el comisionado prepararía un informe completo al alcalde sobre las imputaciones hechas contra el agente. A base de este informe y del expediente de la querella, y luego de proveer al agente querellado la oportunidad de ser oído, el alcalde resolvería el caso e impondría la sanción correspondiente. De hecho, se especificó que el comisionado entregaría al querellado la decisión que se tomase y que ésta debía contener la firma del alcalde. Véase Art. 10 de la Ley Núm. 45, supra, 21 L.P.R.A. see. 1070. Es decir, la Ley Núm. 45 traspasó a los alcaldes la facultad de tomar la decisión final sobre los asuntos relacionados con la disciplina de los policías municipales. Al decretar que sería el alcalde quien resolvería el caso y requerir que la notificación de la decisión contuviera la firma de éste, la Asamblea Legislativa limitó el poder del comisionado sobre los asuntos disciplinarios concernientes a los policías municipales.

Precisamente, así lo reconocimos en Ortiz v. Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609 (2006), al resolver que el esquema impuesto por la Ley Núm. 45 otorgaba al alcalde el poder absoluto como autoridad nominadora de la Policía Municipal de San Juan. Además, luego de analizar las disposiciones de la Ley Núm. 45, determinamos que ésta no permitía al alcalde delegar sus facultades al comisionado, como en efecto había ocurrido en dicho caso. Por ello, sostuvimos que las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 45 otorgaron exclusivamente al alcalde el poder disciplinario sobre los miembros de la Policía Municipal y, en efecto, limitaron la autoridad del comisionado al no permitir siquiera que el alcalde delegara tales funciones.

Ahora bien, previo a nuestra decisión en Ortiz, la Ley de la Policía Municipal fue objeto de enmiendas nuevamente al aprobarse la Ley Núm. 533 de 30 de septiembre de 2004 (Ley Núm. 533). El propósito principal de esta ley fue establecer un sistema uniforme de rangos, ascensos y cadena de mando para los cuerpos de policía municipales. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 533 (2004 (Parte 3) Leyes de Puerto Rico 3532). Sin embargo, dicha ley también introdujo un cambio significativo a la See. 4 de la Ley de la Policía Municipal, supra, al añadir que “\p]ara cumplir con lo establecido en esta Ley, el alcalde podrá delegar en el Comisionado todas o algunas de las funciones aquí reservadas al primero”. (Énfasis suplido). Art. 2 de la Ley Núm. 533 (21 L.P.R.A. see. 1064). Así, pues, se flexibilizó el esquema directivo del cuerpo de la Policía Municipal al autorizar al alcalde la subdelegación de sus funciones en el comisionado. Es decir, a pesar de que la Ley Núm. 533 no introdujo cambio alguno al esquema de autoridad establecido en la Ley Núm. 45 en cuanto a los asuntos disciplinarios por faltas graves, la referida enmienda autoriza al comisionado a ejercer cualquiera de las funciones disciplinarias que la propia Ley de la Policía Municipal, en su Sec. 10, supra, le reserva al alcalde, siempre que éste haga la delegación correspondiente. Véanse: Sees. 4 y 10 de la Ley Núm. 19, supra.

Según fue presentado originalmente, el proyecto no incluía esa autorización al alcalde para delegar sus funciones al comisionado. Véase P. de la C. 3094 de 17 de octubre de 2002. No obstante, el texto del proyecto de ley se enmendó para incluir dicha frase y así fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado. De hecho, resulta importante señalar que en el historial legislativo del referido proyecto obra una comparecencia de la entonces Administradora Interina de la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (OCALARH), que ex-presa reservas sobre la autorización al alcalde de delegar en el comisionado todas o algunas de las facultades que la ley le otorga. Específicamente, OCALARH señaló que la facultad de destituir a un empleado debía recaer en la autoridad nominadora que en el caso de la policía municipal era el alcalde, y recomendó que se hiciera una aclaración a tales efectos. Véase Carta de la Oficina Central de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos de 28 de junio de 2004, Historial Legislativo, P. de la C. 3094 de 17 de octubre de 2004. A pesar de ello, la Asamblea Legislativa rechazó la recomendación de OCALARH y aprobó el proyecto con la enmienda que permite al alcalde la referida delegación de funciones. Por lo tanto, es evidente que la intención legislativa fue conferir al alcalde la facultad de delegar sus funciones en el comisionado.

Con estos preceptos en mente, pasemos a analizar concretamente la controversia ante nuestra consideración.

B. El Municipio de San Juan alega que la expulsión del señor Garriga Villanueva del cuerpo de la Policía Municipal fue efectuada conforme al derecho vigente. Según el municipio, el Comisionado de Policía y Seguridad Pública del Municipio de San Juan tenía la autoridad para resolver el caso y expulsar al señor Garriga Villanueva, ya que el alcalde había emitido una orden ejecutiva en la que le delegaba dicha función disciplinaria. Por su parte, el señor Garriga Villanueva argumenta, y así lo entendió la CIPA, que la delegación de poderes que puede hacer el alcalde al comisionado se refiere sólo a aquello que tenga que ver con el sistema de rangos y mérito que se introdujo mediante las enmiendas de la Ley Núm. 533, supra. No le asiste la razón.

En materia de interpretación de las leyes, el Art. 14 del Código Civil establece que “[c]uando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 31 L.P.R.A. sec. 14. Cuando el lenguaje de la ley es claro, su propio texto es la mejor expresión de la intención legislativa. Depto. Estado v. U.G.T., 173 D.P.R. 93 (2008); Ortiz v. Municipio San Juan, supra, pág. 617; Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155, 164 (2000). De igual forma, cuando nos disponemos a analizar una enmienda a una ley, debemos asumir que la intención de la Asamblea Legislativa fue modificar el ordenamiento existente para añadir o eliminar derechos. Ortiz v. Municipio San Juan, supra, pág. 617.

En este caso, el lenguaje claro de la ley autoriza al alcalde a delegar todas o algunas de sus facultades al comisionado para cumplir con lo allí establecido. Resulta evidente, pues, que no se quiso limitar las funciones que podía delegar el alcalde a unos u otros asuntos ni imponer excepciones o limitaciones a dicha facultad, sino que se extendió a cualquiera de las funciones que le fueron asignadas por la ley.

Aunque ciertamente el propósito principal de la Ley Núm. 533 fue establecer un sistema de rangos y mérito en los cuerpos de policía municipales, el lenguaje añadido a la See. 4, supra, en cuanto a las facultades del comisionado, no limita de manera alguna las facultades que le puede delegar el alcalde. Si el legislador hubiese querido limitar las facultades que el alcalde podía delegar al comisionado a sólo aquellas relacionadas con el sistema de rangos, así lo hubiese indicado en la See. 7 de la ley, 21 L.P.R.A. see. 1067, que es la que dispone lo pertinente a ese sistema. Véase 21 L.P.R.A. sees. 1067—1067a. No obstante, decidió autorizar al alcalde a realizar la referida delegación mediante la enmienda incluida en la See. 4, que contiene a grandes rasgos las funciones del comisionado. 21 L.P.R.A. see. 1064.

Precisamente amparado en la letra de la ley, el alcalde del Municipio de San Juan emitió la orden ejecutiva el 16 de marzo de 2005, en la que delegó en el Comisionado de Policía y Seguridad Pública la facultad de “fir-mar terminaciones de períodos probatorios, formulaciones de cargo [s] por violaciones al Reglamento de la Policía Municipal de San Juan, cesantías o determinaciones finales de cargos por faltas leves y faltas graves a miembros del Cuerpo de la Policía Municipal de San Juan”. Véase Orden Ejecutiva Núm. JS-149, supra.

De la referida orden ejecutiva se desprende claramente que el alcalde decidió hacer uso de la facultad que le otorga la See. 4 de la Ley de la Policía Municipal, supra, y transfirió al comisionado las funciones relacionadas con los procedimientos disciplinarios que le confiere la Sec. 10 de dicha ley, supra. Así, pues, el coronel Mercado Cuevas quedó facultado para resolver el caso contra el señor Garriga Villanueva por las faltas graves que se le imputaron y, luego de seguir el procedimiento dispuesto, determinar que la sanción correspondiente era la expulsión. Consideramos que la acción del comisionado estaba dentro de las facultades que el alcalde le delgó, por lo que su actuación fue conforme a derecho.

En su comparecencia ante nos, el señor Garriga Villanueva señala que este Tribunal resolvió en Ortiz v. Municipio San Juan, supra, que la Ley de la Policía Municipal facultaba sólo al alcalde a resolver los casos disciplinarios contra miembros de la Policía Municipal, por lo que éste estaba impedido de delegar tal función en el comisionado. Sin embargo, como señalamos anteriormente, a pesar de que el caso Ortiz se resolvió luego de la aprobación de la Ley Núm. 533, los hechos que dieron lugar a ese caso ocurrieron antes de su aprobación, cuando aún estaba vigente la Ley Núm. 45. Es por ello que resolvimos que el alcalde no podía delegar su autoridad disciplinaria en el comisionado. No obstante, también advertimos que la Ley Núm. 533 había modificado lo concerniente a la subdelegación de poderes del alcalde al comisionado. Véase Ortiz v. Municipio San Juan, supra, pág. 619 esc. 3.

Aún así, el señor Garriga Villanueva alega que en dicho caso añadimos que “[s]i podemos concluir razonablemente que la Asamblea Legislativa tuvo la intención de que una función particular fuera realizada por la persona designada en la ley debido a sus capacidades o cualidades especiales, la subdelegación de dicha función ser[ía] inválida”. Ortiz v. Municipio San Juan, supra, pág. 620 esc. 4. Esta expresión no varía en nada nuestra conclusión en el caso de autos. En primer lugar, debemos señalar que en aquella ocasión hicimos tal aclaración precisamente para resolver que, de acuerdo con la Ley Núm. 45, el alcalde no podía delegar sus poderes porque la intención legislativa fue conferirle exclusivamente dichas facultades. Según el ordenamiento entonces vigente, la actuación del alcalde fue inválida. En segundo lugar, nada de lo dispuesto en la ley y sus enmiendas nos lleva a concluir que se delegó dicha función al alcalde por poseer capacidades o cualidades especiales que impiden que sea otro funcionario autorizado por éste quien lleve a cabo y resuelva los procedimientos disciplinarios contra los miembros de los cuerpos de policía municipales. Dichas funciones se delegaron por su carácter de autoridad nominadora, mas como concluimos anteriormente, se autorizó que pudiera subdelegarlas en el comisionado para que éste pudiera llevarlas a cabo en su lugar. Véase See. 4 de la Ley Núm. 19, supra.

En vista de todo lo anterior, concluimos que la delegación realizada por el alcalde Santini Padilla al comisionado para resolver los casos disciplinarios de los policías municipales de San Juan fue correcta, conforme a la letra clara de la Ley de la Policía Municipal.

III

Ahora bien, en este caso el Tribunal de Apelaciones concluyó que a pesar de que el comisionado tenía la facultad de expulsar al señor Garriga Villanueva en virtud de una delegación válida de poderes por parte del alcalde, dicha expulsión había sido errónea por no cumplirse con los requisitos mínimos del debido proceso de ley en cuanto a un adjudicador imparcial. Luego de analizar el asunto detenidamente, concluimos que incidió el foro apelativo al resolver así.

Es norma firmemente arraigada en nuestro ordenamiento jurídico que, previo a interferir con los intereses propietarios o libertarios de un ciudadano, el Estado debe cumplir con las exigencias del debido proceso de ley. Véase Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. El concepto debido proceso de ley tiene dos vertientes: la sustantiva, que se refiere a la validez de las leyes que implementa el Estado en cuanto a su protección de los derechos de los ciudadanos, y la procesal, que se enfoca en garantizar un proceso justo y equitativo ante acciones estatales que interfieran con intereses privados. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640 (2008); U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 D.P.R. 611, 616-617 (1998); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 887— 888 (1993).

En el ámbito de los empleados públicos, hemos reconocido que aquellos que hayan adquirido un interés propietario en su puesto están cobijados por las garantías del debido proceso de ley, en su vertiente procesal, previo a ser destituidos o separados de su empleo. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 618; Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227, 241 (1992); Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499, 519-521 (1990). Es por esto que en nuestra jurisdicción de ordinario se requiere la celebración de una vista informal antes de destituir a un empleado público, que deberá incluir una notificación adecuada de los cargos en su contra y una descripción de la prueba que posee el patrono. De igual forma, dicha vista le proveerá una oportunidad al empleado de presentar su versión de los hechos. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., supra, pág. 618; Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215, 222 (1995); Torres Solano v. P.R.T.C., supra, págs. 526-527. Véase, además, Cleveland Bd. of Ed. v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985).

En su alegato ante nosotros, el señor Garriga Villanueva expone, escuetamente y sin fundamento jurídico alguno, que en los procedimientos administrativos que se llevan a cabo por el comisionado, éste es juez y parte, por ser quien formula los cargos e investiga al querellado. Sin embargo, no argumenta señalamiento alguno de prejuicio o parcialidad por parte de dicho funcionario. Según dispone la See. 5 de la Ley de la Policía Municipal, supra, el alcalde tiene la facultad de adoptar un reglamento que disponga sobre los asuntos organizacionales, administrativos y disciplinarios, entre otros asuntos, del cuerpo de la Policía Municipal. 21 L.P.R.A. see. 1065. En el caso del Municipio de San Juan, mediante la Ordenanza Núm. 11, Serie 2002-2003 (P. de O. Núm. 10, Serie 2002-2003), aprobada el 2 de octubre de 2002, se adoptó el Código de Seguridad Pública del Municipio de San Juan, el cual contiene, en su Capítulo IV, el Reglamento de la Policía Municipal de San Juan.

En dicho reglamento, el Art. 4.16 dispone todo lo relacionado con las acciones disciplinarias contra los miembros de la Policía Municipal. En cuanto al procedimiento a seguir, el Art. 4.16(c) establece que el comisionado iniciará una investigación dentro de los 10 días de presentada la querella. De ser necesario, se procederá a realizar una formulación de cargos, los cuales contendrán una relación de los hechos que dan base a la querella, así como las faltas que se imputan. En dicha formulación de cargos se advertirá al agente querellado de su derecho a solicitar una vista administrativa dentro de los 15 días siguientes, la cual se celebrará ante un oficial examinador designado por el comisionado. Durante la vista, el querellado tendrá derecho a presentar prueba a su favor y comparecer asistido de abogado. Luego, se tomará la acción disciplinaria correspondiente, advirtiéndole al querellado de su derecho de apelar tal decisión ante el organismo apelativo administrativo correspondiente.

En el caso del señor Garriga Villanueva, dos días luego de presentada la querella en su contra el Director Interino de la División de Inspección y Asuntos Disciplinarios del Departamento de Policía y Seguridad Pública del Municipio de San Juan, Tnte. Rodolfo Martí Saurí, notificó al agente sobre la querella, el inicio del proceso de investigación y su oportunidad de exponer su versión de los hechos. Más adelante, se sometió el informe de la investigación realizada por la sargento Salgado Torres. En vista de ello, se entregó al señor Garriga Villanueva un documento en el que se le formularon los cargos correspondientes según los hechos relatados en la querella y se le imputaron unas violaciones a varias faltas graves. Además, se le notificó sobre la intención de expulsarlo del Cuerpo de la Policía Municipal y se le apercibió de su derecho de solicitar una vista administrativa. El documento de formulación de car-gos fue firmado por el coronel Mercado Cuevas.

Oportunamente, el señor Garriga Villanueva solicitó una vista, la cual se celebró ante la oficial examinadora, teniente Rivera Rivera. En esta vista, el querellado optó por no presentar prueba alguna su favor, y meramente se limitó a alegar —a través de su representación legal— que las imputaciones eran falsas y que había una investigación pendiente ante el Negociado de Investigaciones Especiales, por lo que solicitó que se le permitiera permanecer en el empleo hasta tanto culminara dicha investigación. Concluido el procedimiento, el 22 de febrero de 2007 se le notificó la resolución final, firmada por el coronel Mercado Cuevas en su carácter de Comisionado del Departamento de Policía y Seguridad Pública, en la cual se le expulsó del Cuerpo de la Policía Municipal de San Juan.

Contrario a lo que señala el Tribunal de Apelaciones, es evidente que las diferentes etapas del proceso disciplinario contra el señor Garriga Villanueva se llevaron a cabo por distintos funcionarios de la Policía Municipal. Por ello, es inmeritorio el argumento de que fue el propio comisionado el que realizó la formulación de cargos, la investigación y la adjudicación. La investigación fue realizada por una agente de la Policía Municipal y la formulación de cargos la firmó el comisionado a base de dicha investigación. De otra parte, la vista administrativa se celebró ante una oficial examinadora, la cual hizo su recomendación al comisionado. Fue éste, en virtud de la ley, el reglamento y la delegación que le hiciera el alcalde, quien tomó la determinación final a base de los resultados de la investigación y de las recomendaciones de los funcionarios de la Policía Municipal autorizados por él para llevar a cabo esas funciones.

En cuanto a la conclusión del foro apelativo de que el comisionado es “juez y parte” y que, por ello, no es un adjudicador imparcial, sostenemos que el esquema de funciones de la Policía Municipal de San Juan no presenta problema alguno con relación a la separación de funciones de investigar, acusar y decidir. Véase D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, Sec. 4.4, págs. 193-194. Del expediente surge que fueron distintos funcionarios los que intervinieron en cada una de las etapas del proceso. Dichos funcionarios recomendaron el curso a seguir al comisionado, quien tomó la decisión final, según autorizado por el alcalde y el ordenamiento jurídico vigente. En ausencia de imputaciones de prejuicio y parcialidad por parte de cualquiera de estos funcionarios, concluimos que el señor Garriga Villanueva tuvo un adjudicador imparcial en la persona del Comisionado de Policía y Seguridad Pública del Municipio de San Juan.

En el caso de autos se cumplió con el debido proceso de ley exigido en casos de empleados públicos. Ello es así ya que el señor Garriga Villanueva fue notificado adecuadamente de los cargos en su contra, se le proveyó una copia de la prueba obtenida por el municipio y se le dio la oportunidad de ser oído en una vista informal, en la que optó por no presentar prueba. Por lo tanto, es innegable que el Municipio de San Juan ofreció al señor Garriga Villanueva las garantías mínimas que exige el debido proceso de ley en este contexto.

En vista de todo lo anterior, resolvemos que la expulsión del señor Garriga Villanueva del Cuerpo de la Policía Municipal de San Juan fue realizada correctamente, en conformidad con la Ley de la Policía Municipal y el Reglamento de la Policía Municipal de San Juan, y salvaguardando los derechos que le garantiza el debido proceso de ley.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, con firmamos la expulsión del señor Garriga Villanueva del Cuerpo de la Policía Municipal de San Juan.

Se dictará Sentencia de conformidad.

       Cuando se adoptó la ley en 1977, ésta disponía que se conocería comúnmente como Ley de la Guardia Municipal. Sin embargo, entre las enmiendas realizadas a través de la Ley Núm. 45 de 22 de mayo de 1996, se incluyó un cambio en el nombre del estatuto para conocerlo como Ley de la Policía Municipal.

       Los hechos del caso Ortiz v. Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609 (2006), ocurrieron antes de aprobación de la Ley Núm. 533 de 30 de septiembre de 2004, por lo que, a pesar de haberse resuelto en el 2006, la ley aplicable era la Ley Núm. 45, supra.

       En esta Orden Ejecutiva, el alcalde Santini Padilla utilizó el Art. 3.009(x) de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (Ley de Municipios Autónomos), 21 L.P.R.A. sec. 4109(x), como base legal de la delegación de poderes en el comisionado. No obstante, en el 2006 resolvimos el caso Ortiz v. Municipio San Juan, supra, y aclaramos que dicho artículo de la Ley de Municipios Autónomos no autoriza al alcalde a realizar tal delegación, ya que los asuntos disciplinarios relacionados con los cuerpos de policía municipales se rigen por la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 1061 et seq. Así, pues, el alcalde Santini Padilla emitió una segunda Orden Ejecutiva el 6 de junio de 2007 sólo para aclarar que la autoridad de delegar funciones en el comisionado surgía de la Ley Núm. 533, supra, y no de la Ley de Municipios Autónomos. Véase Orden Ejecutiva JS-228, Serie 2006-2007. A pesar de que la Orden Ejecutiva JS-149 en la que el alcalde hizo la delegación en el comisionado se promulgó citando la disposición legal incorrecta, lo importante es que en efecto haya tenido la autoridad legal para hacerlo. En este caso, la Orden Ejecutiva fue emitida en marzo de 2005, luego de la vigencia de la Ley Núm. 533, supra, que lo autorizó a esto. Por lo tanto, a pesar de citar la disposición legal equivocada, la Orden Ejecutiva JS-149 fue una delegación válida de poderes por parte del alcalde al comisionado.

       Debemos aclarar que dicha determinación fue tomada por el foro apelativo motu proprio, pues el señor Garriga Villanueva no había impugnado el procedimiento llevado a cabo en su contra ni había reclamado violación alguna al debido proceso de ley. Además, en ningún momento el señor Garriga Villanueva ha impugnado los méritos de los cargos en su contra ante este Tribunal ni ante los foros inferiores. Su ataque al procedimiento se ha enfocado enteramente en la capacidad del funcionario que lo resolvió. En vista de ello, no consideraremos los hechos particulares imputados en la querella.

       El Art. 4.16(a)(5) autoriza al comisionado a nombrar un funcionario que tenga la facultad para investigar y hacerle recomendaciones en cuanto a la acción disciplinaria a tomarse contra el agente querellado.


author: per curiam:

text:
      In re Roberto Vélez Báez, querellado.

      Número: CP-2007-11

      Resuelto: 23 de junio de 2009

      Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, Maite D. Oronoz Rodríguez y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradoras generales; Roberto Vélez Báez, pro se; Wilfredo Robles Carrasquillo, comisionado especial.
   per curiam:

Nos corresponde atender una querella contra un abogado que instó una demanda por un pagaré extraviado sin incluir a una parte que le constaba que alegaba ser la portadora del referido pagaré. Por entender que la actuación del querellado ocasionó atrasos y dilación en la tramitación del asunto y que indujo a error al tribunal al utilizar una falsa relación de los hechos en su demanda, resolvemos que su conducta infringió los Cánones 12 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

I

El licenciado Roberto Vélez Báez (licenciado Vélez Báez) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1973 y prestó juramento como notario el 24 de julio de 1973. Sobre la gestión profesional del licenciado Vélez Báez se han presentado dos quejas relacionadas con el mismo trámite. Procedemos a resumir brevemente lo que imputan ambas quejas.

A. AB-2005-111

El 4 de mayo de 2005 el Hon. Héctor Cordero Vázquez, entonces Juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guaynabo, refirió ante este Foro una Orden en la que nos solicitó que revisáramos la conducta profesional del licenciado Vélez Báez con relación a los casos Yiraida Berríos Álvarez v. John Doe, et al., D2CD-2002-0675, y Jacqueline Álvarez Pérez v. Yiraida Berríos Álvarez, D2CD-2004-0607. Según surge del Informe del Procurador General, entre las conclusiones de derecho a las que arribó el juez Cordero Vázquez se encontraban, a saber:

La Demanda sobre Pagaré Extraviado en controversia fue presentada el 23 de noviembre de 2002. Mucho antes de esa fecha la Sra. Jacqueline Álvarez Pérez, por conducto de su abogado, había notificado a la Sra. Yiraida Berrios Álvarez que ella era la tenedora y portadora del pagaré hipotecario suscrito el 6 de junio de 1997. De igual forma la Sra. Yiraida Berrios Álvarez, por ella y por conducto de su abogado, remitieron cartas a la Sra. Jacqueline Álvarez Pérez requiriéndole información sobre el pagaré. A pesar de esto la Sra. Yiraida Berrios Álvarez y su abogado le representaron al Tribunal que desconocían el paradero del pagaré, que siempre lo tuvieron en su posesión y que el mismo se le había extraviado a la demandante. A esos efectos, Yiraida Berrios Alvarez identificó a la parte demandada como John Doe, Jane Doe y Richard Roe por alegadamente desconocerse su identidad para cumplir con el requisito procesal y no incluyó ni notificó de forma alguna a la Sra. Jacqueline Álvarez Pérez como parte demandada. Para que este Tribunal hubiése [sic] adquirido jurisdicción, la Sra. Yiraida Berrios Álvarez debió haber informado que sospechaba que existía una posibilidad de que una persona, en este caso la Sra. Jacqueline Álvarez Pérez, poseía el referido pagaré para luego notificarle conforme lo establece las Reglas de Procedimiento Civil. Al no hacerlo privó a la portadora del pagaré, la Sra. Jacqueline Álvarez Pérez de un debido proceso de ley y a este Tribunal de adquirir jurisdicción sobre ella. El único remedio que poseía la Sra. Jacqueline Álvarez Pérez era radicar el relevo de sentencia, tal como lo hizo, tan pronto tuvo conocimiento de lo sucedido. Dicha solicitud no tenía que ser hecha dentro de los seis (6) meses de la sentencia debido a que una parte indispensable, lo cual era la Sra. Jacqueline Álvarez Pérez, no fue emplazada. Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, supra. Por lo tanto, y a tenor con las anteriores determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, el Tribunal declara nula la Sentencia emitida en el presente caso condenando a la Sra. Yiraida Berrios Álvarez al pago de costas y honorarios de abogado que oportunamente sean fijados por el Tribunal correspondiente a esta etapa de los procedimientos. (Énfasis en el original.)

Conforme a lo anterior, el Procurador General coincidió con el juez Cordero Vázquez en cuanto a que el licenciado Vélez Báez indujo a error al tribunal sobre su alegado desconocimiento de quién, en efecto, tenía el pagaré en su poder.

B. AB-2005-181

El 12 de agosto de 2005 la señora Jacqueline Álvarez Pérez (señora Álvarez Pérez) presentó una queja contra el licenciado Vélez Báez en la que alegó que éste sabía, previo a presentar la Demanda de Pagaré Extraviado, que ella era la portadora de dicho documento. La señora Álvarez Pérez incluyó con su queja una copia de una carta del 18 de octubre de 2001 en la que el licenciado Vélez Báez le exigía una explicación de porqué el pagaré se encontraba en su posesión. Por tal motivo, la señora Álvarez Pérez afirmó que el licenciado Vélez Báez sabía que era ella quien tenía el pagaré, máxime cuando dicha carta fue remitida mucho antes de haberse instado la demanda en cuestión.

Argüyó la señora Álvarez Pérez que, debido a la conducta impropia del licenciado Vélez Báez, se involucró en pleitos legales que le habían costado mucho tiempo y dinero y que le habían causado angustias innecesarias.

Así las cosas, el 17 de enero de 2006 el Procurador General presentó una Moción en Solicitud de Consolidación y Prórroga, en la que nos solicitó la consolidación de ambas quejas por tratarse de los mismos hechos contra el mismo abogado. El 25 de mayo de 2006 ordenamos que se consolidaran ambas quejas y concedimos término a la Oficina del Procurador General para que emitiera el informe correspondiente.

El 6 de julio de 2006 la Oficina del Procurador General presentó su informe para someter a la consideración de este Tribunal la conducta en que incurrió el licenciado Vélez Báez en su gestión profesional. Recibido el informe, el 12 de enero de 2007 ordenamos presentar la querella correspondiente. El 3 de mayo de 2007 el Procurador General instó una querella contra el licenciado Vélez Báez, imputándole cargos por violaciones a los Cánones 12 y 35 del Código de Ética Profesional, supra.

El 7 de junio de 2007 el licenciado Vélez Báez presentó su contestación a la querella. Sobre el primer cargo presentado en su contra, el licenciado Vélez Báez indicó que no incluyó a la señora Alvarez Pérez como parte en el pleito ya que, supuestamente, ésta nunca manifestó de forma fehaciente y cierta que era la poseedora del pagaré. Explicó el licenciado Vélez Báez que, al no tener un documento que le indicara de forma absoluta que ésta era la poseedora, decidió no incluirla en la Demanda presentada.

Sobre el segundo cargo, el licenciado Vélez Báez expresó que nunca, en sus treinta y cuatro años en la profesión, había actuado de manera impropia. En cuanto a esto último, es menester señalar que, contrario a lo que indica el licenciado Vélez Báez, en In re Vélez Báez, 128 D.P.R. 509 (1991), este Tribunal amonestó y sancionó al licenciado por violar el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, por no informar que un caso pendiente ante nosotros había sido desistido por una transacción judicial ante el Tribunal de Primera Instancia.

Luego de los trámites de rigor, designamos al Hon. Wilfredo Robles Carrasquillo, ex Juez Superior, como Comisionado Especial para atender el procedimiento de autos. Tras celebrar una vista evidenciaría, el Comisionado Especial rindió su informe, en el que determinó que, analizada la prueba documental y testifical, el licenciado Vélez Báez había incurrido en la conducta imputada.

Sometido el caso ante nuestra consideración, y contando con el beneficio del informe del Comisionado Especial y del Procurador General, así como con la contestación del licenciado Vélez Báez, resolvemos.

II

Reiteradamente hemos señalado que los cánones de ética profesional establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño de su delicada e importante labor. In re Matos González, 149 D.P.R. 817 (1999); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).

En particular, el Canon 12, supra, impone al abogado el deber de tramitar las causas de forma responsable, con puntualidad y con diligencia. Sobre el particular, establece que

[e]s deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de sus causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 12.

Los abogados son una parte esencial del proceso de impartir justicia y, como tal, tienen la ineludible éneomienda de desempeñar su labor con la mayor diligencia, responsabilidad e integridad. In re Rodado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003); In re Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 308 (1998); In re Córdova González, 135 D.P.R. 260 (1994). En reiteradas ocasiones hemos hecho hincapié en que el Canon 12, supra, impone a los abogados la obligación de ser diligentes y responsables en la tramitación de los casos que le son encomendados, evitando entorpecer su resolución.

De otra parte, hemos resuelto que el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, impone a los abogados un deber general de ser sinceros y honrados para con sus representados y sus compañeros abogados, así como para con los tribunales. Véanse, además: In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002); In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re Franco Rivera y Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993). Añade el precepto que no es sincero ni honrado utilizar medios incompatibles con la verdad ni se debe inducir a error al juzgador utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Dichos deberes se exigen en aras de preservar el honor y la dignidad de la profesión, ya que el compromiso del abogado con la verdad es siempre incondicional. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006). La verdad es un atributo inseparable del ser abogado, y sin ésta, la profesión jurídica no podría justificar su existencia. In re Busó Aboy, 166 D.P.R. 49 (2005).

Igualmente, todo miembro de la clase togada debe exhibir una conducta que exalte el honor y la dignidad de su profesión, tanto en la vida privada como en el desempeño de su profesión. Por esto, al atender los méritos de una acción disciplinaria, es indispensable evaluar si la conducta que se le imputa al abogado le hace indigno de pertenecer al foro. In re López González, 171 D.P.R. 567 (2007); In re Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769 (2003).

De otra parte, es norma claramente establecida que el criterio probatorio a utilizarse en procedimientos disciplinarios es el de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas. In re Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001). Este criterio requiere una carga probatoria más fuerte que la mera preponderancia de la prueba, ya que en estos procesos está en juego el título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a ganarse su sustento. Id. Aun cuando no se puede definir de manera precisa, la prueba clara, robusta y convincente ha sido descrita como aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una convicción duradera de que las contenciones fácticas son altamente probables. In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246 (2006); In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005).

La Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, establece que le corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una vista para recibir la prueba. Por lo tanto, sus determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia. Ahora bien, de igual manera hemos resuelto que, aunque este Tribunal no está obligado a aceptar el Informe del Comisionado Especial nombrado para atender una querella contra un abogado, sino que puede adoptar, modificar o rechazar tal informe, de ordinario sostiene las conclusiones de hecho de un Comisionado Especial, salvo que se demuestre prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210 (2007); In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86 (1998); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).

Con estos preceptos en mente, atendemos la controversia ante nuestra consideración.

III

Previo a analizar con especificidad los cargos que se imputan al licenciado Vélez Báez, veamos algunas de las conclusiones de hechos que surgen del informe que nos sometiera el Comisionado Especial y que completan el cuadro fáctico de este caso.

La señora Berrios Álvarez llegó a la oficina del licenciado Vélez Báez y le expresó que tenía un compañero que le había vendido un apartamento. Según la Escritura que examinó el licenciado Vélez Báez, la propiedad tenía una hipoteca por aproximadamente unos treinta y cuatro mil dólares que la señora Berrios Álvarez asumió en la compraventa. Al momento de suscribirse la Escritura, la señora Berrios Álvarez y su compañero, a insistencias de este último, acordaron hacer un pagaré al portador para alegadamente proteger la propiedad de ocurrirle algún accidente a ésta.

Surge de la Escritura de Compraventa y Constitución de Hipoteca, Núm. 32, de 6 de junio de 1997, que la señora Berrios Álvarez adquirió el apartamento en cuestión mediante una compra que realizara a Warehouse Incorporated, representada por su presidente Miguel Ángel Álvarez Pérez, por la cuarenta mil dólares, de los cuales la vendedora (Warehouse Incorporated) recibió nueve mil dólares. Los restantes treinta y un mil dólares quedaron aplazados en cuanto a su pago y garantizados mediante la constitución de una hipoteca sobre el apartamento. Lo anterior, representado por un pagaré al portador por la suma de treinta y un mil dólares e intereses al nueve punto setenta y cinco por ciento anual hasta su total pago, que vencería a su requerimiento.

Ajuicio del Comisionado Especial, el pagaré al portador al que se refiere la Escritura antes mencionada es el mismo pagaré objeto de la controversia ante nos. De igual manera, el Comisionado Especial señaló que de las determinaciones de hechos que hiciera el juez Cordero Vázquez en su Resolución original surgía que el pagaré se le había entregado al Sr. Miguel Ángel Álvarez Pérez, quien lo cedió varios meses después a su hermana, la señora Álvarez Pérez.

La necesidad de cancelar el gravamen (pagaré) para hacer una transacción con el apartamento fue lo que alegadamente motivó a la señora Berrios Álvarez a requerir los servicios del licenciado Vélez Báez. Según el recurso instado ante el tribunal y la interpretación que le dio dicho foro a la controversia traída a su consideración, la señora Berrios Álvarez siempre tuvo en su poder el pagaré hasta el momento en que se le extravió.

El Comisionado Especial estableció como hecho cierto que, antes de presentar la demanda, el licenciado Vélez Báez le preguntó a la señora Berrios Álvarez cuál había sido el trámite con el pagaré y si no tenía idea de quién lo tenía, a lo que esta contestó en la negativa. Sin embargo, posteriormente la señora Berrios Álvarez le informó a éste que había una persona que decía tener el pagaré. Trascendió luego que esa persona era la señora Álvarez Pérez.

Conforme a lo anterior, el Comisionado Especial concluyó que el licenciado Vélez Báez no incluyó a la señora Álvarez Pérez como demandada, aun cuando tenía conocimiento previo a la presentación de la acción de que ésta alegó en algún momento ser la tenedora, poseedora o portadora del pagaré. Incluso, éste le requirió el pago del mismo. Este hecho fue admitido por el propio licenciado Vélez Báez.

A su vez, surgen de la evidencia tres cartas cursadas entre las partes en las que se hace referencia al pagaré. En una primera carta dirigida a la señora Berrios Álvarez, suscrita el 2 de abril de 2001, la representación legal de la señora Álvarez Pérez le requirió el pago del pagaré y le apercibió que, de no realizar el pago, se verían obligados a tramitar la reclamación por vía del tribunal. El 10 de agosto de 2001 la señora Berrios Alvarez le contestó dicha comunicación a la señora Alvarez Pérez, indicándole que desconocía la forma en que había llegado dicho pagaré a su poder y que no llevaría a cabo ninguna gestión sobre éste hasta tanto no le demostrase la razón por la cual lo tenía. Así las cosas, existe una tercera carta, de 18 de octubre de 2001, en la que el licenciado Vélez Báez le indicó a la señora Alvarez Pérez que su dienta (la señora Berrios Alvarez) le había solicitado en varias ocasiones el pagaré y que desconocía cómo éste había llegado a sus manos.

Luego de esta última misiva, el licenciado Vélez Báez trató de comunicarse con la señora Alvarez Pérez, pero las gestiones fueron infructuosas. Alegadamente, esto provocó que tanto él como la señora Berrios Alvarez concluyeran que la señora Alvarez Pérez no tenía el pagaré en su poder y que se presentara la demanda de pagaré extraviado sin incluir a esta última.

Ciertamente, luego de un análisis ponderado de la controversia de autos, es forzoso concluir que no procede la alegación que hiciera el licenciado Vélez Báez a los efectos de que no tenía la certeza absoluta de que la señora Alvarez Pérez alegaba poseer el pagaré en cuestión. Las cartas que le enviaran tanto la señora Berrios Alvarez como el licenciado Vélez Báez a la señora Alvarez Pérez, en la que le inquirían sobre el paradero del mencionado pagaré, son evidencia suficiente de que ambos sabían que, a lo mínimo, existía una posibilidad de que la señora Alvarez Pérez tuviera el pagaré en su poder. No hay duda que la señora Alvarez Pérez era parte indispensable en el pleito incoado y el no incluirla como parte demandada no sólo afectó sus derechos e intereses, sino que la obligó a presentar una solicitud de relevo de sentencia. Ello causó dilaciones innecesarias en la tramitación del caso. Más aún, es en esa omisión donde estriba la falsa representación de los hechos que le hiciera el licenciado Vélez Báez al tribunal. Dicho proceder es altamente reprochable y contraviene la conducta que se espera de los abogados en el ejercicio de su profesión.

Como mencionáramos, es deber de los abogados actuar con diligencia y quien presenta una demanda sin tener toda la información necesaria para poder determinar si existe o no una causa de acción no cumple con dicha encomienda. De igual manera, si un abogado llega a la conclusión de que la demanda que ha instado no tiene mérito, luego de haberla presentado, lo correcto y ético es informarlo al cliente y renunciar formalmente a la representación legal. Cuando un abogado escoge ignorar el curso procesal de un caso, quebranta su deber de defender al cliente. Esta desidia indudablemente causa perjuicio a los derechos del cliente. Dicha actuación es ilícita y atenta contra los principios más básicos del Código de Ética Profesional. In re Flores Ayffán I, 170 D.P.R. 126 (2007).

Al igual que el Comisionado Especial, creemos que la prueba presentada demuestra una falta de diligencia y cuidado de parte del licenciado Vélez Báez para con su cliente y el tribunal. En el despliegue de dicha conducta, el licenciado Vélez Báez incurrió en violaciones a los Cánones 12 y 35 del Código de Ética Profesional, supra.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, suspendemos al Ledo. Roberto Vélez Báez del ejercicio de la abogacía por el término de cuatro meses y se dicta sentencia en conformidad con lo aquí dispuesto.

Se le impone al abogado querellado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar con su representación y devolverles los expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos no realizados. Deberá también informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país. De igual forma, dichas gestiones deberán ser certificadas a esté Tribunal dentro de un término de treinta días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y Sentencia.

       El Procurador General presentó los cargos siguientes:
      “CARGO I
      “En el desempeño de sus funciones, el Ledo. Roberto Vélez Báez incurrió en conducta en violación al Canon 12 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 12, el cual dispone que es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución.
      “CARGO II
      “En el desempeño de sus funciones, el Ledo. Roberto Vélez Báez incurrió en conducta en violación al Canon 35 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35, el cual dispone, entre otras cosas, que la conducta de todo miembro de las profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o el derecho. Además, dispone que todo abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar a los testigos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas.” Querella, pág. 1.

       De las mismas determinaciones de hechos que emitiera el juez Cordero Vázquez surge que el Sr. Miguel Angel Álvarez es hermano de la Sra. Jacqueline Álvarez Pérez y compañero de la Sra. Yiraida Berrios Álvarez.


text:
      In re Madeline Colón Bermúdez.

      Número: TS-10149

      Resuelto: 25 de junio de 2009

      Amarilys González Alayón, abogada de la peticionaria; Lourdes I. Quintana Lloréns, directora de la Oficina de Inspección de Notarías.
   RESOLUCIÓN

Examinadas la Moción Solicitando se Amplíe Resolución, el Informe sobre Estado de Obra Notarial Incautada, la Moción Informativa Relacionada con Solicitud de Reinstalación a Notaría, y la Moción en Cumplimiento de Resolución, se reinstala a la Leda. Madeline Colón Bermúdez al ejercicio de la notaría.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Peter Calderón Meléndez.

      Número: TS-7432

      Resuelto: 26 de junio de 2009

      Peter Calderón Meléndez, pro se.

   RESOLUCIÓN

El pasado 3 de abril de 2009 suspendimos a Peter Calderón Meléndez del ejercicio de la abogacía por su incumplimiento con el pago de la cuota de colegiación y con nuestros requerimientos.

El señor Calderón Meléndez ha comparecido ante nosotros para informar que ha pagado la referida cuota de colegiación, y así lo acreditó el Colegio de Abogados. El señor Calderón Meléndez también notificó su nueva dirección, por lo que se accede a su solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo