author: En Juez Asociado Señor Tódd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Quintín Garay Resto, acusado y apelante.
    Núm. 12418.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 5, 1947.

      Benjamín y Alvaro Ortiz, abogados del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández, y J. Rivera Barreras, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   En Juez Asociado Señor Tódd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Quintín Garay Kesto fué acusado ante la Corte de Dis-trito de Humacao de un delito de violación, convicto por un jurado y sentenciado por la corte a cumplir de ocho a quince años de presidio con trabajos forzados. Apeló el acusado y en este recurso alega que la corte inferior erró: (1) al per-mitir al testigo perito, Dr. Baúl Yumet, declarar que hubo violencia al ocurrir la penetración sexual; (2) al permitir la declaración de varios testigos de cargo cuyos nombres no apa-recen al dorso de la acusación; (3) al permitir que el testigo Joaquín Mendoza declarase que el acusado no había dicho nada cuando el testigo le dijo “Dése por arrestado por vio-lación”; (4) al permitir al testigo Otilio Encarnación decía-rar sobre una conversación que tuvo con el acusado, y (5) al no permitir que el testigo, Juan Sánchez Caballero, decla-rase sobre manifestaciones que le hizo la perjudicada, Antonia Rivera Orozco.

El primer señalamiento se basa en el hecho de haber declarado el perito médico, Dr. Yumet, que al examinar a la presunta perjudicada, al día siguiente de ocurridos los hechos, encontró que además de una laceración reciente del Trim en, “el hecho de que hubo desgarre del periné, demuestra que hubo violencia al consumarse el hecho.”

Arguye el apelante que esta manifestación del perito in-vadió las funciones del jurado, que era el llamado a resolver si la presunta perjudicada fué violada por medio de la fuerza, y de amenazas como se alegó en la acusación, o si el acto sexual se realizó voluntariamente, como alegó el acusado. No tiene razón el apelante. Esta manifestación del perito.no debe considerarse aisladamente sino en relación con toda su declaración y de ella aparece que explicó en detalle el mo-tivo de su conclusión al decir que según su opinión, cuando hay desgarre en el periné como consecuencia del acto sexual, es porque ha habido violencia; que cuando el acto es volun-tario y siendo la mujer virgen, existe laceración del himen, pero nunca del periné.

Se trata de la declaración de un perito en la cual expuso una opinión no sólo como consecuencia del examen físico que' realizó en la persona de la presunta perjudicada, sino tam-bién' como resultado de su experiencia como médico. Tanto esa opinión, como la totalidad de la declaración, estaba su-jeta, como la de cualquier otro testigo, a ser aceptada o no por el jurado, según la credibilidad que le mereciera, espe-cialmente cuando otro perito médico presentado por el acu-sado expresó una opinión distinta. Pueblo v. Sutton, 17 D.P.R. 345; Pueblo v. Bonellí, 19 D.P.R. 69; Puéblo v. Dones, 56 D.P.R, 211.

La teoría expuesta por el apelante de que al admitir como prueba la opinión de un perito estaría éste invadiendo las funciones del jurado, “usurping tlie function of the jury”, lia sido criticada por los tratadistas y rechazada por los tribunales precisamente por el hecho primordial de que el ju-rado no está obligado a aceptar como cierta la opinión del ■perito. . Véase 1 Greenleaf on Evidence 551; 7 Wigmore on Evidence 17, sec. 1920; Grismore v. Consolidated Products, 5 N.W.2d 646, (Iowa 1942); Anotación en 78 A. L. E. 755. Refiriéndose a dicha frase dice Wigmore:

“Con esta frase quiere hacerse implicar una impropiedad moral o una táctica injusta al expresar el testigo una opinión.
“En este aspecto la frase es tan engañosa, así como tan errónea, que debe ser enteramente repudiada. Es una mera pequeñez de retórica hueca. No existe razón alguna para la regla, porque el tes-tigo al expresar su opinión no está tratando de ‘usurpar’ la fun-ción del jurado, ni podría si lo deseara. No está tratando de hacerlo, porque su error (si fuera uno) consiste meramente en ofrecer al jurado prueba que no debía recibir; y él no podría usurparla aun-que quisiera, porque el jurado puede rechazar su opinión y aceptar cualquier otro punto de vista, y ningún poder legal, ni aún una orden del juez, podría obligarlo a aceptar la opinión del testigo en contra de la propia.”

A nuestro juicio la declaración del Dr. Yumet era admi-sible y no invadió función alguna del jurado, quien tuvo la oportunidad de aceptarla o rechazarla al apreciar toda la prueba del caso. Este peritq se concretó a expresar una opi-nión, la cual fue contradicha por otro perito, al efecto de que, al consumarse el hecho, es decir el acto sexual en sí, hubo-violencia, pero no se refirió a la forma o manera en que el apelante actuó, es decir, si éste usó de la fuerza o de ame-nazas para vencer la resistencia de la perjudicada, antes de ■consumarse el delito imputado. La modalidad de éste, se-gún la acusación, fué que el acusado, “por medio de la fuerza y amenazas de grave e inmediato daño corporal, acompaña-das de la aparente aptitud para ejecutarlas, y contra la vo-luntad de ella y venciendo la resistencia que ésta opuso,” tuvo contacto carnal con Antonia Rivera Orozco. El Dr. Yumei, on ,su declaración, no. se refirió a ninguno de estos particulares, sino que al “consumarse el hecho”, hubo vio-lencia.

La consumación de un hecho, en su acepción forense en el derecho penal, significa: “uno de los estados de los delitos que se realiza cuando el culpable ha ejecutado todos los actos para producir, como resultado, la infracción a la ley penal, en forma voluntaria y consciente.” Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas. Y si de acuerdo con el ar-tículo 257 del Código Penal, “Cualquiera penetración sexual, por leve que fuere, bastaría para consumar el delito,” for-zoso es concluir, que la frase usada por el perito, Dr. Yumet, al referirse a la forma en que, según sú opinión, se consumó ,el hecho, no pudo perjudicar al apelante.

No se cometió el primer error señalado y tampoco el segundo, pues hemos resuelto repetidamente que el permi-tir que en el juicio declaren testigos cuyos nombres no figu-ran al dorso do la acusación, cae dentro de la discreción de la corle sentenciadora y que no intervendremos en apelación en ausencia de un abuso de dicha discreción. Pueblo v. Kent, 10 D.P.R. 343; Pueblo v. Alméstica, 18 D.P.R. 320; Pueblo v. Dones, 56 D.P.R. 211; Pueblo v. Berenguer, 59 D.P.R. 81 —y en el'presente caso se demostró que el.fiscal por moción radicada y notificada al abogado del acusado varios días antes del juicio solicitó se citara a los testigos cuyos nombres no constaban al dorso de la acusación.

El tercer señalamiento' se refiere al hecho de haber admitido la corte que el policía que arrestó al acusado declarase que al decirle al acusado “Dése por arrestado por violación, ’ ’ el acusado no contestó nada. Sostiene el apelante que el permanecer callado cuando fue arrestado no constituye una admisión do su parte.

Asimismo arguye, en cuanto al cuarto señalamiento, que no constituye una admisión el haberle dicho en el cuartel el acusado al policía Otilio Encarnación, después de haber ne-gado los hechos, que “Si la prueba es muy fuerte, mi señora es tan buena conmigo que ella estaría dispuesta a divorciarse para yo casarme con la muchacha.”

Si bien en cuanto a estas palabras del testigo Encarna-ción no aparece del récord que el acusado las objetara o ex-cepcionara su admisión, no tenemos duda de que eran admi-sibles, así como la frase señalada en el tercer error, ya que tanto las palabras constituían admisiones del acusado y su silencio al ser informado de que se le arrestaba por el delito de violación, también era admisible para que el jurado tomara en consideración su actitud al permanecer callado. No cons-tituye el silencio de una persona al ser acusada de babor co-metido un delito, prueba propiamente dicba, del delito en sí, el cual debe ser establecido por prueba directa o circunstan-cial, sino que más bien la declaración del testigo es admitida, como se dijo en el caso de McCormick v. State, 194 N.W. 347, 351 (Wis. 1923),” . . . con el fin de permitir al jurado enten-der qué contestación el acusado debió haber hecho a tales imputaciones, y la conducta y contestación de una persona de ordinaria prudencia bajo las mismas o similares circunstancias. ’ ’

El último error señalado se refiere al hecho de no haber permitido la corte inferior que el testigo de la defensa, Juan Sánchez Caballero, declarase sobre manifestaciones que le hizo la perjudicada, Antonia Bivera Orozco.

La corte consideró que con la declaración de este testigo se trató de impugnar la declaración de la perjudicada en cuanto a que ella no quiso irse en el vehículo del testigo cuando éste se detuvo al lado de la guagua del acusado, en la cual, según la prueba de cargo ocurrieron los hechos. Aceptando, sin resolverlo, que se cometiera este error, somos de opinión que el mismo no fué perjudicial al acusado. La prueba de cargo, creída por el jurado, fué de tal naturaleza, que aun aceptando la declaración del testigo Sánchez, a nues-tro juicio el jurado hubiera rendido el mismo veredicto.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PiíesideNte Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    Dolores Araújo Vda. de Salgado, peticionaria, v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, interventor.
    Núm. 162.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 9, 1947.

      Félix Ochoteco, Jr., y Luis E. Bubón, abogados de la peticionaria; Ron. Procurador General Luis Negrón Fernández, y J. Rivera Barreras, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor, querellado en el pleito principal.
   El Juez PiíesideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

La peticionaria, única y universal heredera de su difunta bija, radicó ante el Tesorero de Puerto Rico la Notificación de Defunción, requerida por la ley a los fines de la computa-ción y liquidación de la contribución de herencia. El 13 de diciembre de 1945 el Tesorero le notificó que la contribución que le había sido impuesta montaba a $5,853.18, enviándole al mismo tiempo una relación de los bienes dejados por la causante y la valoración de los mismos. En diciembre 31 de 1945 la contribuyente impugnó la liquidación que le había no-tificado el Tesorero, por haberse cometido un error de suma. Admitido y subsanado el error, en enero 14 de 1946 el Teso-rero dejó sin efecto la notificación original y remitió a la contribuyente una nueva notificación, con instrucciones de ate-nerse al contenido de la misma. En enero 38 de 1946 la con-tribuyente solicitó una vista administrativa, la cual le fué concedida, .celebrándose la misma en los días 21 y 26 do fe-brero, 1946. En agosto 13 de 1946 el Tesorero dictó su reso-lución sosteniendo ía tasación. En septiembre 4 de 1946 la peticionaria pagó la suma de $1,904.11, como importe de la parte de la contribución con la cual estaba conforme y en septiembre 25 de 1946 radicó su querella ante el Tribunal de Contribuciones alegando, en síntesis, que el Tesorero im-puso la contribución a base de una tasación de los bienes re-lictos ascendente a la suma de $81,731.85; que en vez de to-mar como base para la imposición del tributo el valor real de los bienes que integran el caudal hereditario, a la fecha del fallecimiento de la causante (julio 8, 1945), el Tesorero dió a dichos bienes una valoración que excede al valor real y efectivo de los mismos que en la indicada fecha era la suma de $36,516.85; y, por lo tanto, que la contribuyente no está obligada, a pagar el exceso que indebidamente lo exige el Te-sorero de Puerto Eico.

En diciembre 20 de 1946 el Tesorero solicitó la desestima-ción de la querella alegando que el Tribunal de Contribucio-nes carecía de jurisdicción por no haberse radicado la quere-lla dentro del término prescrito por la ley. El 25 de marzo de 1947, el Tribunal de Contribuciones, basándose en1 lo re-suelto por este Tribunal en Del Toro v. Tribunal de Contribuciones, 65 D.P.R. 63, resolvió que carecía de jurisdicción, por cuanto “si bien el pago de la parte de la contribución con la cual se estaba conforme fué efectuado el día 5 de sep-tiembre de 1946, la querella no fué archivada en nuestra Se-cretaría hasta el día 25 de septiembre de 1946, o sea después de transcurridos más de treinta (30) días a partir de la fe-cha de la notificación de la resolución administrativa que so-bre el asunto recayera por parte del Tesorero do Puerto Rico.” La contribuyente nos pide ahora que anulemos dicha resolución y devolvamos el caso al Tribunal inferior para que conozca del mismo en sus méritos.

Es cierto que en Del Toro v. Tribunal de Contribuciones, supra, resolvimos que el artículo 7 de la Ley de Contribuciones Sobre Herencias, enmendado por la Ley núm. 20 de 1941 — que concedía al contribuyente que no estuviere conforme con la valuación o el cómputo notificádosle por el Tesorero un término de noventa días a partir de la fecha de la notificación, para pagar la parte de la contribución con la cual estuviere conforme; y un término adicional de treinta días, a partir de la fecha de dicho pago, para radicar su ape-lación ante el Tribunal de Apelación de Contribuciones — ha-bía sido derogado por estar en conflicto con la sección 3() de la Ley núm. 169 de 15 de mayo de 1943 (pág. 601) creando el Tribunal de Contribuciones de Puerto Pico, aprobada con posterioridad a la sección 7 de la Ley de Contribuciones So-bre Herencias, en la que se dispone que todos los recursos que deban sustanciarse ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Pico, incluyendo los casos de contribuciones sobre herencias, se iniciarán mediante instancia jurada de la parte interesada, la cual deberá ser formulada “dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la notificación que a la misma haga el Tesorero de Puerto Pico.” Resolvimos, ade-más, que no existiendo conflicto alguno entre el requisito de la sección 7 de la Ley de Contribuciones sobre Herencias, so-bre el pago de la contribución no impugnada y las disposi-ciones de la Ley núm. 169 de 1943, el pago de la parte de la contribución con que estuviere conforme la parte recurrente es requisito esencial para que el Tribunal de Contribuciones pueda adquirir jurisdicción, debiendo hacerse el pago dentro del término de treinta días que para la apelación concede la sección 3 de cliclia ley y presentarse junto con la querella el recibo acreditativo de dicho pago.

Empero, con posterioridad a nuestra decisión de mayo 28 de 1945 en Del Toro v. Tribunal de Contribuciones, supra, la Legislatura, evidentemente al darse cuenta de que por errbr o inadvertencia las disposiciones del artículo 7 de la Ley de Contribuciones Sobre Herencias habían quedado implícitamente derogadas por estar en conflicto con las de la sección 3 la Ley núm. 169 de 1943, procedió a aprobar la Ley núm. 303 de 12 de abril de 1946, pág. 783, para regir inmediatamente después de su aprobación, con efecto retroactivo al 22 de marzo de 1946. De acuerdo con los términos del artículo 7 de dicha ley, a partir del 22 de marzo de 1946 toda persona que deseaba apelar de la imposición de una contribución de herencia debía (1) dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se le notificare la contribución, pagar la parte de ésta con la cual estuviere conforme y (2) dentro de los treinta días siguientes a dicho pago radicar su apelación contra la parte con la cual no estuviere conforme, “por medio de la querella dispuesta por la Ley creando dicho Tribunal de Apelación de Contribuciones.” Esa era la ley vigente en septiembre 4 de 1946, cuando la contribuyente aquí peticionaria pagó la parte de la contribución con la cual estaba conforme. La contribuyente tenía treinta días a partir de ese día 4 de septiembre de 1946 para radicar su querella ante el Tribunal de Contribuciones; y por lo tanto la radicación de la querella en 25 de septiembre de 1946 fué hecha dentro del término legal.

En mayo 14 de 1947 la Legislatura aprobó la Ley núm. 432 (Leyes de ese año, pág. 883) por la cual se enmendó el artículo 7 de la citada ,Ley núm. 303 de 12 de abril de 1946, el cual quedó redactado así:

“Artículo 7. — Cuando una persona afectada por la valuación o el cómputo antes referido, no estuviere conforme con cualesquiera de ellos, o cuando por cualquier motivo creyere que no debiera pagar total o parcialmente la contribución de herencia que a base de tales valuación y cómputo lo notificare el Tesorero y deseare apelar para, ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Pico, deberá dentro de los treinta (30) días siguientes a la feolia en que el Tesorero le notificare la contribución, (1) pagar la parte de la contribución con que estuviere conforme, y (2) radicar su querella ante el Tribunal, de Contribuciones de Puerto Eieo acompañada del recibo provisional correspondiente; Disponiéndose, que éste no adquirirá jurisdicción a menos que (1) el pago de la contribución no impugnada se hubiere realizado dentro del plazo de treinta (30) días antes expresado, y (2) el recibo provisional de dicho pago con su copia certificada se hiciere formar parte de la querella. Si la decisión del Tribunal de Contribuciones, o, en apelación de éste, la decisión de la Corte Su-prema fuere adversa al querellante, dicha decisión ordenará el pago do la contribución impugnada, o la parte de ella que a juicio del Tribunal o la Corte debiera pagarse, con intereses a razón del 8 por ciento anual computados desde la fecha ¿n que expire el término de ciento ochenta (180) días con que contaba el contribuyente para pagar la contribución. Si, en grado de apelación, la decisión de la Corte Suprema fuere favorable al querellante, dicha decisión dispondrá que se devuelva a éste la parte de la contribución ilegal-mente cobrádale bajo la decisión del Tribunal de Contribuciones, con intereses al seis (6) por ciento anual sobre la suma a ser devuelta, computados desde la fecha del pago de la parte de la contribución impugnada. ’ ’

La sección 5 de la misma ley dispone que por ser ésta de carácter urgente y necesaria, entrará en vigor inmediata-mente después de su aprobación, “pero por existir una emer-gencia para ello, sus disposiciones serán efectivas retroacti-vamente al día 22 de marzo de 1946”. Basándose en esa disposición sobre retroactividad de la citada Ley, arguye el Tesorero que la contribuyente estaba obligada a (1) hacer el pago de la parte de la contribución con la cual estaba con-formo, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el Tesorero le notificó la contribución; y (2) radicar, dentro de ese mismo término, su querella ante el Tribunal de Con-tribuciones. La contención del Tesorero es insostenible. Conviene hacer constar que cuando el Tribunal de Contribu-ciones dictó su resolución de 25 de marzo de 1947, declaran-dose sin jurisdicción por haberse radicado la querella des-pués de transcurridos más de treinta días a partir de la fecha de la notificación de la decisión administrativa del Tesorero, la ley entonces vigente era la 303 de abril 12 de 1946 que concedía a la contribuyente noventa días para efectuar el pago y treinta días a partir de la fecha del pago para radi-car la querella. Esa ley, a la cual se ajustó estrictamente la querellante, derogó las leyes anteriores y restableció los tér-minos de noventa días para hacer el pago y treinta días más para apelar, dejando sin efecto al hacerla inaplicable nues-tra decisión en Del Toro v. Tribunal de Contribuciones. Se-ría a todas luces absurdo, injusto y arbitrario si resolviéra-mos que al apelar para ante el Tribunal de Contribuciones en 25 de septiembre de 1946, la contribuyente debió hacer caso omiso de la ley entonces vigente, la núm. 303 de 1946, que le concedía noventa días para pagar parte de la contribución y los treinta días siguientes al del pago para apelar, y que debió tramitar su recurso de conformidad con la Ley núm. 433, la cual fue aprobada el 14 de mayo de 1947, más de dos meses después de dictada por el Tribunal de Contribuciones la resolución objeto de este recurso. No podemos convenir con el Tesorero en que la Legislatura tuviera la intención-de privar de su derecho de apelación para ante el Tribunal de Contribuciones a aquellos contribuyentes que ya lo habían ejercitado al amparo de la legislación anterior. Como diji-mos en Central Aguirre v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 268, 274, “es nuestro deber interpretar los estatutos-, razonablemente y evitar hasta donde fuere posible que sur-jan serias cuestiones constitucionales.” La interpretación, del estatuto de acuerdo con la contención del Tesorero levan-taría una seria cuestión constitucional. Véase: Mason v. White Star Bus Line, Inc., 53 D.P.R. 337.

La resolución recurrida será anulada y se devolverá él caso al Tribunal de Contribuciones para que conozca del mismo en sms méritos.

        (1)“Sección 3. — El Tribunal funcionará con carácter cuasi judicial y ten-drá facultad para dictar las reglas que estime necesarias para regular sus proce-dimientos, las cuales deberán ser publicadas, para conocimiento general, antes de entrar en vigor en dos o más diarios de los de mayor circulación en Puerto Rico, pudiendo enmendarse únicamente mediante el mismo procedimiento.
      “Todas las acciones, recursos o procedimientos que deben substanciarse ante el Tribunal do Contribuciones de Puerto Rico se iniciarán mediante instancia jurada de la persona o entidad recurrente, formulada en nombre propio o por medio de representante legal debidamente autorizado, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la notificación que a la misma haga el Tesorero do Puerto Rico, en cualquiera de los siguientes casos: ... (2) valoración hecha para fines de contribución de herencia y liquidación correspondiente de la parti-cipación do cada heredero en el caudal hereditario así como del importe de la contribución a pagarse en cada caso de contribución de herencia ...”

        “Artículo 3. — Toda ley, resolución, o parte de las mismas, que esté en con-flicto con la presente, queda por ésta derogada.” (Ley núm. 169 de 1943.)


author: El Juez Asociado Señoe De Jesús

text:
    Andrés Flores, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, P. R., recurrido.
    Núm. 1224.
    Sometido: Noviembre 3, 1947.

      Resuelto: Diciembre 9, 1947.

      •■José Rosario Gelpí, abogado del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señoe De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El 25 de noviembre de 1937 Ernesto Flores Rodríguez y su esposa Amada Bulls constituyeron hipoteca, que se inscri-bió en el Registro de la Propiedad, sobre una finca urbana ■en garantía de dos pagarés al portador por $2,500 cada uno, a vencer el 25 de noviembre de 1939.

El 22 de junio de 1938 Amada Bulls falleció ab intestato y fueron declarados únicos y universales herederos- de ella sus hijos Ana Nereida, Pedro Ernesto, Nora Catalina, Roberto, Elmo y Noé y el cónyuge superstite en la cuota usu-fructuaria que determina la ley.

Por escritura núm. 14 de 19 de enero de 1947 Roberto Plo-res Bulls cedió a su padre Ernesto Flores Rodríguez sus derechos en la herencia de su madre Amada Bulls. En la inscripción de dicho documento se hizo constar lo siguiente;

“ . . el citado Roberto Plores Bulls . . . cede, renuncia y tras-pasa, transfiere y trasmite, a título de venta, real y efectiva, a favor •de Ernesto Plores Rodríguez, . . . 'toda su participación hereditaria, ■esto es, todo el derecho, acción, participación, titulo e interés que tiene y pueda tener y le corresponda y pueda corresponderle en toda clase de bienes dejados a su muerte por su finada madre Doña Amada Bulls Irizarry, ya sean bienes inmuebles o raíces, muebles, semo-vientes, frutos y cosechas, créditos hipotecarios . . . dejados por la causante a su fallecimiento, ...” (Bastardillas nuestras.)

Posteriormente, por escritura de 15 de marzo de 1947, ante el notario José Rosario Grelpí Boscli, los herederos Ana Nereida, Noé, Nora y Elmo Flores Bulls vendieron a su padre sus derechos y acciones sobre la citada finca urbana. En la inscripción de dicho documento se consignó:

“Angel Morales ... en su carácter de apoderado de Noé Flores Bulls, . . . ; Nora Flores Bulls,' . . . ; Nereida Flores Bulls, . . . ; Elmo Flores Bulls, . . . venden a favor de Ernesto Flores Rodrí-guez, . . . todos los derechos y acciones, participación y condominios que los citados vendedores tienen sobre la finca de este número . . . ” (Bastardillas nuestras.)

Dueño así de su mitad de gananciales y de cinco sextas partes de la.otra mitad de la finca, el citado Ernesto Flores Rodríguez, por escritura de igual fecha, ante el mismo nota-rio, procedió a cancelar la referida hipoteca consignando en la escritura lo siguiente:

“Cuarto: Hace constar el Sr. Flores Rodríguez que nunca dichos vales hipotecarios fueron cedidos, endosados, ni traspasados a persona alguna, habiéndolos conservado siempre en su poder y de-seando cancelar los mismos a los efectos de que se cancele totalmente la hipoteca que figura inscrita en el Registro de la Propiedad y a la que se ha hecho referencia, procede a cancelar y cancela dicha hipo-teca y al efecto entrega al notario autorizante ambos vales hipoteca-rios y éste a presencia del otorgante y de los testigos inutiliza los mismos tachando los nombres de los deudores y poniendo a través de la cara impresa de ambos vales la palábra ‘Cancelado’ queriendo y consintiendo el otorgante, que por el Registrador de la Propiedad de San Germán se haga la cancelación total del referido crédito hipo-tecario. ’ ’

El mismo día y ante el mismo notario, Ernesto Flores Rodríguez, asistido de su esposa Teresa Cruz Vega,- por sí y como apoderado de su hijo Pedro Ernesto Flores Bulls, vendió la finca a Andrés Flores por el precio de $12,000, ex-presándose que de dicha suma correspondían $1,000 a Pedro Ernesto Flores Bulls. Se consignó, además, que la venta incluía el derecho de usufructo vidual que correspondió a Ernesto Flores Rodríguez.

Presentadas en el Registro las dos escrituras últimamente mencionadas, se inscribió la de compraventa a favor de An-drés Flores, consignándose al calce de dicha escritura que la finca se hallaba afecta a la citada hipoteca; y en cuanto a la de cancelación, se denegó la inscripción por los motivos expuestos en la nota recurrida, a saber:

"Denegada la cancelación a que se contrae el precedente docu-mento por observarse que según consta de su correspondiente inscrip-ción en el Registro, la hipoteca cuya cancelación se solicita garantiza dos pagarés, ambos transferibles por endoso () sin que se haya acre-ditado que dichos pagarés hayan sido endosados„o transferidos en forma legal a favor del compareciente Ernesto Plores Rodríguez quien los suscribió siendo casado con su primera esposa Amada Bulls, sin que hayan consentido en dicha cancelación los causahabientes o herederos de la mencionada Amada Bulls, tomando en su lugar anotación preventiva por el término 'legal a favor del mencionado Ernesto Plores Rodríguez, al folio 201 del tomo 62 de Cabo Rojo, finca número 2496 por nota al margan, de su inscripción 4a. San Germán a 16 de septiembre de 1947. (Pdo.) Juan Juan Toro, Re-gistrador. ’ ’

En la hipótesis de que los pagarés al portador, que nunca fueron puestos en circulación, representen algún crédito a favor de las personas que los expidieron o de sus herederos, nos enfrentaríamos con el hecho de que todos los herederos de Amada Bulls con excepción de Redro Ernesto Flores Bulls, al ceder o vender a Ernesto Flores Rodríguez todo el interés que pudieran tener en la referida finca, necesarianaetne tras-mitieron cualquier derecho que hubieran podido tener en re-lación con dichos pag*arés. Eliminados esos cinco herederos, las únicas personas con posible interés en dichas obligaciones al portador eran Ernesto Flores Rodríguez y su hijo Pedro Ernesto Plores Bulls.

Así simplificado el problema, la cuestión a resolver es si Ernesto Flores Rodríguez tenía facultad para cancelar los pagarés sin el concurso de Pedro Ernesto Flores Bulls.

El artículo 79 de la Ley Hipotecaria (según fué enmen-dado por la Ley núm. 18 de 9 de julio de 1936, tercera sesión extraordinaria, pág. 145), prescribe:

“Art. 79. — Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso, la can-celación total:
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“2. -Cuando se extinga también por completo el derecho ins-crito,.- . ”
Y dice el artículo 132 del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria:
“Art. 132. — Se considerará extinguido el derecho real inscrito para los efectos del número 2 del mismo artículo 79:
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‘ ‘ Segundo. — !* * * * * '* *
“En el caso previsto por el segundo -apartado del Artículo 153() de la,Ley, cuando el derecho se extingue por voluntad del mismo deudor, siempre que no haya dispuesto de los títulos endosables o al portador o los haya readquirido por tradición o endoso de la persona a cuya orden fueron transferidos. ’ ’

De conformidad con los -preceptos legales citados, no ha-biendo dispuesto el deudor de los títulos al portador,-puede considerar.se extinguido el derecho de hipoteca a voluntad del deudor y solicitar éste su cancelación. Esto nos lleva a considerar qué valor, si alguno, tenían para los dueños de la finca estas obligaciones al portador al ser canceladas por Ernesto Plores Rodríguez cerca de nueve años después de su vencimiento.

Discutiendo esta cuestión dice Morell:

•. . . En nuestro derecho, deudor y acreedor no pueden ser una misma persona, y el propietario de una finca no puede tener sobre ella hipoteca a su favor. Confundidos en una sola entidad los derechos y las obligaciones, la.hipoteca existirá inscrita, pero por nadie puede hacerse efectiva, hasta que mediante la entrega del valor de pocos, muchos o todos los títulos, existan terceros, y con ellos ■ créditos exigibles y acreedor. Mientras los expresados títulos sigan en poder del que .aspira a ser deudor, como aún nada debe, nada puede exig’írsele, ni nada puedo exigirse por él, y la hipoteca a nadie puede beneficiar.” Comentarios a la Legislación Hipotecaria, t. 4 (2da. ed. 1930) págs. 270-1.

Tanto de acuerdo con nuestra Ley Hipotecaria que con-sidera extinguida la hipoteca a voluntad del deudor cuando los pagarés, ya sean al portador o trasmisibles por endoso, no han sido puestos en circulación, como bajo la teoría ex-puesta por Morell, el resultado a que hemos de llegar en el presente caso será el mismo: Que los pagarés ningún valor representan para los dueños de la finca, y por consiguiente, la cancelación de la hipoteca a nadie puede perjudicar. Por el contrario, beneficiaba a los condueños eliminar el gravamen aparente que existía en el Registro, para de ese modo vender la finca libre del mismo. Siendo ello así, cualquiera de los condueños que tuviese en su poder los pagarés en cues-tión podía concurrir -ante un notario y dando cumplimiento al artículo 82, último apartado, de la Ley Hipotecaria (según fué enmendado por la Ley núm. 22 de 7 de julio de 1923, pág.' 219), otorgar la correspondiente escritura de cancelación.

Procede la revocación de la nota recurrida y ordenar la ■inscripción de la cancelación.

      R)El Registrador incurro en manifiesto error al calificar de "pagarés trans-misibles por endoso" las obligaciones al portador que suscribieron Ernesto Flores Rodríguez y su esposa Amada Bulls. El pagaré trasmisible por ondoso so expido a la orden de determinada persona, quien para trasmitir el crédito repre-sentado por el pagaré, necesita endosarlo. El pagaré al portador, como su nombro indica, no se expide a la orden do determinada persona y la mora tra-dición del documento trasmite el crédito sin que su tenedor necesite acreditar cómo lo adquirió.

      (2)B1 segundo apartado del artículo 153, según, fué enmendado por la Ley núm. 33 de 7 de marzo de 1912, pág. 70, dice:
      “Tales obligaciones podrán ser constituidas por el dueño de una finca o derecho, sin determinación -específica del nombre del acreedor, otorgándolas gené- . ricamente a la orden de la persona a cuyo favor puedan ser transferidos o endosados los títulos quirografarios por el hipotecante;”


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jesús Abréu Benítez y José I. Velázquez, acusados y apelantes.
    Núm. 12619.
    Sometido: Noviembre 10, 1947.

      Resuelto: Diciembre 12, 1947.

      Ángel Roberto Díaz y R. Rivera Zagas, abogados de los apelantes; Ron. Procurador General Luis Negrón Fernández, y J. Rivera Barreras y Alberto Picó Santiago, Fiscal y Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, respectivamente, abogados de El Pueblo, ape-lado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes fueron denunciados por infracción a la Ley núm. 31 de 29 de abril de 1943 (pág. 83). Consistió la in-fracción en que el 9 de agosto de 1946, voluntaria y malicio-samente, vendieron a Roberto Cruz una libra de arroz al pre-ció de once centavos, el cual excede, según la denuncia, del precio máximo (nueve centavos) fijado por la sección 4.4 cdel Segundo Reglamento de Precios Máximos Revisado, núm. '183, expedido por el Administrador de la Oficina de Admi-nistración de Precios^) La corte inferior sentenció a cada uno de ellos a pagar una multa de $100 y a cumplir tres me-:ses de cárcel.

Los apelantes arguyen que la citada Ley núm. 31 de "29 de abril de 1943 es inconstitucional. Pero es innecesario considerar esta cuestión porque la misma fué ampliamente discutida y resuelta adversamente a la contención de los ape-lantes el 25 de noviembre último, en el caso de Pueblo v. Ramón Camacho García et al., ante, pág. 788.

La otra contención de los apelantes, a pesar de que aparentemente va encaminada a atacar la suficiencia de la denuncia, en realidad, como muy bien apunta el fiscal de este Tribunal, tiene por objeto atacar la suficiencia de la prueba.

El récord de este caso revela que en la fecha que se alega en la denuncia Roberto Cruz fué al establecimiento del acu-sado Jesús Abréu Benitez, del cual es dependiente el otro acusado, y pidió una libra de arroz; que en el establecimiento sólo había arroz en paquetes de dos libras; que el depen-diente abrió un paquete y le vendió la libra de arroz cobrán-dole once centavos y que inmediatamente el comprador se dirigió al Cuartel de la Policía a denunciar el caso.

La cuestión a resolver es determinar si estos hechos son constitutivos de delito. El Reglamento que se alega fué in-fringido (Exhibit 1 del Pueblo), en lo pertinente, dice:

“OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PRECIOS DIVISIÓN DE INFORMACIÓN
San Juan, P. ít.
“Precios Máximos al consumidor de algunos de los productos de mayor consumo controlados por la O.A.P.
“8 de agosto de 1946.
■“Producto Precio al consumidor
¡í« * =» # * ■ * =»
¿a%. # * * m &
“Arroz (a granel)_$.09 Ib.
“(en paquetes todas las mareas importadas: que no exceda del 4 por ciento de granos partidos.
( i 5$ # .íft
“Paquetes de 2 lbs_'- 21”

Se observará que el Reglamento, tal y como estaba re-dactado cuando se cometió la alegada infracción, al fijar el precio máximo del arroz a granel, no especifica calidad. El precio máximo de todo arroz a granel, no importa la propor-ción de granos partidos que pueda contener, es el de nueve centavos la libra. En cambio, cuando el Reglamento se re-'fiere al arroz en paquetes, al fijar su precio determina que la proporción de granos partidos no deberá exceder del 4 por ciento. De suerte que del citado Reglamento, no resulta que la circunstancia de bailarse el arroz en paquetes sirviera de base para fijar su . precio, sino más bien la calidad del ar-tículo. Además, en ninguna parte del Reglamento, ni tácita ni expresamente, se prohíbe el abrir un paquete para vender parte de su contenido.

Arguye el fiscal que en todo caso los apelantes infringie-ron la citada sección 4.4 al vender la libra de arroz en once centavos en vez de diez centavos y medio, que es el precio que le correspondería por ser la mitad del fijado para el paquete de dos libras. No podemos convenir en que al co-brar los acusados once centavos por una libra de arroz de paquete, volimtaria y maliciosamente infringieron el Regla-mento, pues es costumbre corriente en el comercio en tales casos, que el medio centavo que no puede devolverse al com-prador lo retenga el comerciante.

Si en verdad la Oficina de Administración de Precios tuvo en mente otra interpretación para su citado Reglamento, no logró expresarla claramente y no debe castigarse a un individuo por no haber adivinado el propósito que se tuvo en mente y no llegó a expresarse al redactar el Reglamento. A este efecto, el artículo 26 de la Ley de Evidencia (artículo 388 del Código de Enjuiciamiento Civil), prescribe:

“En la interpretación de nn estatuto o documento, el ministerio del juez es simplemente averiguar y declarar lo que textualmente y [o] en substancia contiene, no insertar lo que se hubiere omitido, ni omitir lo que se hubiere insertado; y cuando contuviere varias dis-posiciones o extremos, se adoptará la interpretación que, de ser posi-ble, diere efecto a todos.” (Materia en corchetes nuestra.)

Resultando que los apelantes no cometieron el delito que se les imputa en la denuncia, procede revocar la sentencia y absolverlos.

El Juez Presidente Señor Travieso no intervino.

El Juez Asociado Señor Snyder está conforme con el re-sultado.

      (1)Bs conveniente consignar que la Ley núm. 31 de 1943 (pág. 83) en su artículo 2, declara delito menos gravo (misdemeanor) toda infracción de cualquier reglamento, orden o lista de precios promulgado o adoptado por la Oficina de Administración do Precios, bajo la autoridad de la Ley de Emergencia de Control de Precios de 1942, tal como lia sido enmendada y fija la pena por la infracción do diclio reglamento, orden o lista de precios.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    Emilio Ocasio Solís y Asamblea Municipal de Carolina, querellantes y apelados, v. Federico Cordero, Alcalde Municipal de Carolina, querellado y apelante.
    Núm. 18.
    Sometido: Diciembre i, 1947.

      Resuelto: Diciembre 12, 1947.

      Rafael Rivera Zayas y Rubén Gazíambide Arrillaga, abogados del apelante; Rafael Rodríguez Erna y R. García Mújica, abogados, respectivamente, de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La Asamblea Municipal de Carolina, que se compone de once miembros, residenció a Federico Cordero, alcalde de dicho Municipio, a virtud de seis cargos que le fueron for-mulados por Emilio Ocasio Solis, Tesorero Municipal, y, des-pués de celebrada la vista correspondiente y declarar, por votación de seis a cinco, probados tres de dichos cargos, con igual votación, lo destituyó. Apeló el alcalde para ante este Tribunal y en el escrito conteniendo los fundamentos de he-chos y de derecho radicado, hace diez señalamientos de error.

De prosperar el segundo o el tercero sería, a nuestro jui-cio, innecesario entrar a considerar los demás, ya que ha-biendo sido la votación de seis Asambleístas a favor de des-tituir al alcalde y de cinco en contra, la descalificación de uno o dos de ellos sería suficiente para anular la resolución recaída. Veamos, pues, dichos señalamientos, que dicen así:

“SeguNdo Error : La Asamblea Municipal de Carolina cometió error al adoptar la resolución destituyendo de su cargo al querellado con el voto del asambleísta Guillermo Rodríguez, no obstante haber estado impugnando este asambleísta y haber él manifestado expre-samente su propósito de condenar al querellado antes de empezar a practicarse la prueba en apoyo de los cargos.
“En la votación final de la moción para destituir al querellado, el resultado de la misma fué de seis asambleístas a favor y cinco en contra de la destitución, habiendo el asambleísta emitido su voto a favor de que se destituyera al alcalde querellado después de haberse negado a inhibirse a petición del querellado apelante, privando a éste de un juicio justo e imparcial.
"TeroeR error: La Asamblea Municipal de Carolina, cometió error al adoptar la resolución destituyendo de su cargo al quere-llado con el voto de la asambleísta Manuela Betancourt de Conde, no obstante haber presentado prueba el querellado del prejuicio de dicha asambleísta, negándose al querellado al intervenir la mencio-nada asambleísta un juicio justo e imparcial. ’ ’

Al comenzar la vista de los cargos, el Lie. Bubón Gaztambi.de Arrillaga, abogado del querellado, solicitó permiso de la Asamblea para bacer unas preguntas a los asambleístas “a íos fines de examinarlos sobre su actitud mental y su situación en el presente caso a ver si hay absoluta imparcialidad.” Concedido el permiso, al interrogar al asambleísta Guillermo Bodríguez, ocurrió lo siguiente, según aparece de las páginas 12 a 15 de la transcripción de evidencia:

“P. ¿Ud. conoce algunos de los hechos de los cargos que so van a ventilar en esta noche?
“R. Yo tengo unos cargos en mi poder.
“P. ¿Tiene opinión formada sobre estos cargos?
“R. Sí, señor.”
“P. ¿Si tiene opinión formada sobre la culpabilidad, cuál es la opinión?
“R. La opinión que tengo es señor que tengo unos cargos jurados ante mi poder y leídos a un público. Cargos que tienen referencia con los intereses municipales y que soy un hombre' que desde el mo-mento que acepté mi posición fué conociendo los derechos que me correspondían para con los tesoros de ‘El Pueblo de'Puerto Rico’ y Ud. sabrá que la única arma que tienen los intereses de Puerto Rico es una Asamblea y por lo tanto yo voto contra el alcalde.
“P. ¿Va a votar contra él?
‘‘R. Sí, señor, por esas cuestiones.
‘‘R. El licenciado no me dejó terminar.
“Sr. Presidente: ¿El Sr..Rodríguez ya terminó su contestación?
“R. Sí, señor.
“Sr. Presidente: Los asambleístas pueden y deben contestar las preguntas del Ledo. Arrillaga. Puede continuar el Ledo. Arrillaga.
“P. ¿Decía Ud. que no lo babía dejado terminar?
“Ledo. Rivera Zayas: ÍJl contestó que babía terminado.
“P. ¿Decía que tenía ya la mente hecba en relación con los car-gos? ¿Que tenía idea formada sobre los cargos?
“R. Decía yo que soy hombre responsable en cnanto a la posición qne ocupo — mi posición como asambleísta.
“P. ¿Dentro de esa honorabilidad, dentro de esa altura de mira suyas yo quiero saber específicamente, .con absoluta claridad, si Ud. tiene o no la idea de que ese señor es culpable?
“R. Es que eso está escrito ya.
“P. Yo quiero saber si ha decidido que Cordero es culpable. Yo le pregunto si es cierto o no que Ud. tiene la idea de que el Alcalde Cordero es culpable.
“R. Yo lo creo culpable.
“P. ¿De buena fe?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Por qué razón?
“R. Por los cargos.” (Bastardillas nuestras.)

De la página 15 a la 58 de la transcripción, aparece el interrogatorio a que fueran sometidos los demás asambleís-tas y en la 59 vuelve el Lie. Gaztambide a interrogar al Sr. Guillermo Rodríguez en esta forma:

“P. Sr. Guillermo Rodríguez, ¿después de su contestación al interrogatorio del abogado del Sr. Cordero está dispuesto a inhibirse o quiere entender en el caso?
“R. No quiero inhibirme. ¿Qué significa esa palabra?
“P. Inhibirse significa abstenerse de actuar. No actuar.
“R. Yo debo actuar.
“P. ¿Quiere ver los cargos?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Tiene interés en verlos?
“R. Sí, señor.
“P/. ¿Tiene gran interés?
“B. Sí, señor.
“P- Nada más.”

No fué basta este momento que el Lie. Coll Moya, uno de los abogados del querellante, interrogó al asambleísta Ro-dríguez en esta forma:

“P.-jBl Sr. Rodríguez podría decirme si una vez vistos los cargos, o sea, una vez que pasaran los testigos por esa silla y dijeran lo que tengan que decir con referencia a esos cargos y una vez que se terminara la investigación, podría llegar a una decisión imparcial de si el alcalde es o no responsable?
”B. Sí, señor.
“P. ¿Ud., si no se prueba que sean ciertos los cargos, si no hay prueba suficiente demostrativa de la culpabilidad del alcalde lo pon-dría absuelto?
“R. Seguro, absuelto.
“P. ¿Si se prueba que son ciertos condenaría?
“R. Sí, señor, es mi deber.
* # * # * &
“P. ¿Está en condiciones mentales de rendir un veredicto de acuerdo únicamente con la prueba que desfile?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Si esa prueba fuera una prueba débil que no probara los cargos absolvería al Alcalde?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Si fuera fuerte condenaría?
“B! Sí, señor.
“P. ¿Su decisión dependería de la prueba?
“E. De la prueba nada más.”

Preguntado de nuevo por el Lie. Gaztambide dijo:

“P. ¿Sr. Rodríguez, por qué Ud. primero, a preguntas del abo-gado, dijo que tenía su criterio decidido de que iba a condenar a Federico Cordero y ahora cambia la opinión?
“R. Eso íué basándome a esto. (Muestra los cargos).
“P. ¿Ud. me dijo a mí que lo iba a condenar como quiera? ¿Es cierto que ha cambiado porque aquí compañeros asambleístas le dijeron que cambiara?
“B. Yo no he hablado con ninguno.
“P. ¿Sr. Rodríguez, es cierto o no es cierto que además de la calor y de esto y lo otro, el Sr. Landráu le dijo que de acuerdo con la prueba?
“R. Así era mi veredicto. Yo le dije, no me dejó terminar y yo le iba a decir de acuerdo con la prueba.
“P. ¿El señor le dijo antes de que Ud. lo dijera que era de acuerdo con la prueba?
“R. Si él lo dijo no bice caso.
“P. ¿El lo dijo primero que Ud.?
“R. ¿Cuándo fué eso?
“P. Cuando yo le Mee la pregunta originalmente que Ud. con-testó que estaba dispuesto a condenar, interrumpió el compañero Coll Moya y el Sr. Juan Trujillo y en ese momento, cuando empezamos a disentir el compañero Coll Moya y yo, el Sr. Landráu le dijo: “di que de acuerdo con la prueba. ’ ’
“R. Yo bablé con la señora en cuanto a la calor. En cuanto al . Sr. Landráu yo le dije no me ha dejado terminar. Entonces Ud. me dijo terminó y yo dije yo sí.
* # *
“P. ¿Después de todo ese incidente el compañero abogado Ro-dríguez Erna no le dió instrucciones?
“R. No.
“P. ¿El señor que está sentado al lado del Sr. Coll Moya no vino donde Ud.?
“R. Conmigo no habló. El estaba hablando ahí con Oscar. Con-migo no.” (Bastardillas nuestras.)

Terminado'* este interrogatorio prestaron declaraciones bajo juramento los Lies. Graztambide y Eivera Zayas, abo-gados del querellado, en esta forma:

“Rubén Gaztambide Arrillaga:
(Declara Bajo Juramento)
“Me llamo Rubén Gaztambide Arrillaga. Soy abogado. Bajo juramento prestado ante esta Asamblea declaro que vi en el momento en que el Sr. Landráu, vi y oí debo decir, que el Sr. Landráu le aconsejaba al Sr. Guillermo Rodríguez, Asambleísta Municipal, que declarara que resolvería de acuerdo con la prueba. Juro también que vi cuando la Sra. Manuela Betancourt de Conde lo hizo. Que no puedo jurar lo del compañero Rodríguez Erna porque eso no lo vi yo. Lo vió el compañero Rivera Zayas. Nada más.”
‘ ‘Rafael Rivera Zayas
“ (Declara Bajo Juramento)
“Me llamo Rafael Rivera Zayas: soy uno de los abogados del querellado en este caso. Aseguro y juro que durante el receso de la Asamblea el Asambleísta Sr. Landráu y el compañero Rodríguez Erna hablaron con el Asambleísta Rodríguez y le dijeron que debía declarar que actuaría de acuerdo con la prueba. Me levanté y le dije al compañero Rodríguez Erna que yo lo sentía y que tenía que aclarar esa cuestión en el récord.”
“REPREGUNTADO POR EL:
“Ledo. Coll Moya:
“P. ¿Sabe si el Sr. Rodríguez oyó esa manifestación?
“R. No me cabe duda alguna porque tiene buen oído.
“P. ¿Cómo sabe que oyó, Ud. es médico?
“R. No, señor.
“P. ¿Es abogado?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Cómo sabe que oyó?
“R. Porque lie hablado con el Sr. Rodríguez y me consta que oye perfectamente bien porque me ha contestado a lo que le he ha-blado y estando tan cerca de las personas que mencioné, del compa-ñero Rodríguez Erna y del Asambleísta Landráu, tuvo que oirlos.
“P. ¿Cree que debió haber oído?
“R. No. Es observación.
“P. ¿Sabe que se hicieron esas manifestaciones?
“R. Observación mía por el sentido de la vista y por el auditivo que lo tengo mejor todavía.”

A su vez, el Lie. Rodríguez Erna, abogado del querellante, declaró:

“P. ¿Oyó lo que expresó el compañero Rivera Zayas?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Es cierto que le llamó la atención de que no debía dar ins-trucciones al Sr. Asambleísta?
“R. Sí, señor.
“P. ¿Cuando el compañero Rivera Zayas le habló, Ud. estaba dando instrucciones a los asambleístas?
“R. No, señor.
“P. ¿Qué le contestó Ud. al compañero Rivera Zayas?
“R. Yo no recuerdo si le hice alguna manifestación. Si la hice fué en el sentido negativo.
“P. ¿No le dijo al Sr. Rivera Zayas que no le estaba dando ins-trucciones?
“R. Creo que le dije que no le estaba dando instrucciones. Ase-guro que no le estaba dando instrucciones a este señor que no co-nozco. ’ ’

Como puede verse, el interrogatorio al asambleísta Ro-dríguez consta de dos partes, primera, aquella en que cate-góricamente manifestó que tenía opinión formada sobre los cargos; que iba a votar en contra del querellado; que en cuanto ala culpabilidad del querellado “eso está escrito ya”; que él lo creía culpable; y, la segunda, aquella en que, ha-biendo transcurrido todo el tiempo necesario para llevarse a efecto el interrogatorio de los demás asambleístas y des-pués de haber manifestado el Sr. Rodríguez que no deseaba inhibirse en el caso, declaró que lo que quiso decir anterior-mente estaba sujeto a lo que demostrara la prueba. Y es en relación con esta segunda actitud del asambleísta Rodríguez que declaran bajo juramento los abogados G-aztambide y Rivera Zayas, al efecto de que oyeron .cuando al asambleísta Rodríguez, dudante un receso, se le aconsejó que dijera que actuaría “de acuerdo con la prueba.”

Hemos resuelto que impugnado un Asambleísta Municipal y solicitada su inhibición del conocimiento de unos cargos formulados al alcalde por estar prejuiciado, si la prueba de-muestra que dicho asambleísta, debiendo inhibirse, no lo hace, puede este Tribunal revocar la resolución de la Asamblea si estima que el querellado ha sido en realidad perjudicado por el prejuicio o parcialidad que dicho asambleísta pudo haber tenido contra él. Asamblea Municipal v. González, Alcalde, 55 D.P.R. 542.

En cuanto al asambleísta Rodríguez la prueba de su pre-juicio consistió, como hemos visto, en su propia declaración. Ninguna prueba mejor podía presentarse, pues, como diji-mos en el caso de González, supra, “La prueba de manifes-taciones que otras personas hayan hecho debe ser robusta y rodeada de circunstancias que garanticen su autenticidad, pues es muy fácil imputarle a otro cualquier manifesta-ción ...” (Bastardillas nuestras.) Aquí no se trata de ma-nifestaciones de otras personas sino del mismo asambleísta quien se encarga de demostrar su prejuicio.

No tenemos duda de que las contestaciones dadas por el asambleísta Rodríguez al interrogatorio a que fue sometido primeramente, demuestran, lo que ellas mismas dicen, a saber, que él tenía opinión formada sobre los cargos, que se proponía votar en contra del querellado, que su culpabilidad “estaba escrita ya’^) y que él consideraba al alcalde culpable. Es cierto que más tarde, trató de variar sus afirma-ciones diciendo que resolvería el caso de acuerdo con la prueba, pero si tomamos en consideración las declaraciones de los abogados Gaztambide y Rivera Zayas en cuanto a lo ocurrido durante un receso de la Asamblea, no podemos dar crédito a la afirmación tardía de dicho asambleísta. La de-cisión de la Asamblea, a virtud de una votación de seis a cinco, demuestra la importancia que, en este caso específico, tenía el hecho de que la intervención de cada uno de los asambleístas al actuar como juez en el caso estuviera libre de toda clase de prejuicios. No empece el esfuerzo que hace el apelado para querer demostrar que las contestaciones da-das por el Sr. Rodríguez se debieron a su falta de prepara-ción académica, debemos presumir que él entendía las pre-guntas que se le hacían y que las contestó a sabiendas del significado de sus propias palabras.

Arguye, además, el apelado que si la prueba presentada filé suficiente para sostener los catgos, la actuación del asam-bleísta Rodríguez no pudo perjudicar al querellado. Pero es que quien tiene que resolver, en primera instancia, si la prueba es o no suficiente, es precisamente la Asamblea Municipal, y si uno de sus miembros, cuyo voto fué decisivo en el caso, ja había formado opinión y afirmado que conside-raba culpable al querellado, que eso “estaba escrito ya”, su intervención tuvo necesariamente que ser perjudicial al que-rellado. No se trata aquí de una situación como la que sur-gió en el caso de González, supra, en que la prueba de pre-juicios filé de referencia y de dudosa credibilidad, sino de una admisión terminante del asambleísta de su prejuicio contra el querellado.

En cuanto al tercer error señalado, si bien hubo prueba de que la Asambleísta, Sra. Conde, públicamente manifestó que la Asamblea destituiría al querellado por los cargos for-mulados, ella negó haber hecho tal manifestación y afirmó siempre que los resolvería de acuerdo con la prueba qué se . presentara.

Somos de opinión que habiéndose demostrado que el Asambleísta, Sr. Guillermo Rodríguez, debió inhibirse en este caso y no lo hizo, su intervención en el mismo perjudicó al querellado, ha resolución de la Asamblea Municipal desti-tuyendo a! querellado Federico Cordero como Alcalde de Carolina, debe ser revocada.

El Juez Presidente Sr. Travieso no intervino.

      (1)La frase “Estaba escrito”, como locución, significa “Así lo tenía dis-puesto la Providencia” — Diccionario Lengua Española de la Real Academia' Española.


author: El Juez Asociado Señoh MabreRO

text:
    Sergio S. Peña Almodóvar, querellante y apelante, v. Rafael Torrech, Jr., Alcalde del Municipio de Bayamón, querellado y apelado.
    Núm. 9506.
    Sometido: Noviembre 7, 1947.

      Resuelto: Diciembre 12, 1947.

      Gilberto Concepción de Gracia j José L. Feliú Pesquera, abogados del apelante; José R. Fournier, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoh MabreRO

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha 30 de enero del año en curso la Corte de Dis-trito de Bayamón anuló el auto de certiorari por ella expe-dido contra Rafael Torrech, Jr., en su carácter de Alcalde del Municipio de Bayamón.

El peticionario alega en apelación que dicha corte come-tió error (1) al “sostener que hasta tanto la Asamblea Municipal de Bayamón actúe rechazando o confirmando un nombramiento, el alcalde tiene poder para retirar, dejar sin efecto o anular cualquier nombramiento hecho por él y al afirmar que esta facultad no está limitada por lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Municipal vigente”, y (2) al “im-poner el pago de costas al querellante.”

De los autos surge que en 27 de agosto de 1946 el querellado designó al Dr. Sergio S. Peña Almodovar para el cargo de Director de Beneficencia del Municipio de Bayamón, que el nombramiento comenzó a regir el mismo día, y que en 18 de noviembre siguiente se dirigió el recurrido al Dr. Peña indicándole que “no habiendo la Hon. Asamblea Municipal de Bayamón confirmado su nombramiento a esta fecha, el mismo es de carácter de receso, lo que me faculta por ley a retirarlo en cualquier momento, por lo cual dejo sin efecto dicho nombramiento.”

No asiste la razón al peticionario. Provee el artículo 28 de la Ley núm. 53 de 28 de abril de 1928 (pág. 335), según fué enmendado por la Ley núm. 253 de 1 de abril de 1946 (págs. 505, 515), que el Director de Beneficencia es nno de los funcionarios administrativos municipales y que “El Al-calde podrá nombrar los funcionarios administrativos cuando la Asamblea Municipal no estuviere en sesión, y dichos fun-cionarios desempeñarán sus cargos hasta que se reúna la Asamblea Municipal en sesión ordinaria o extraordinaria y confirme sus nombramientos.”

La facultad de designar los funcionarios que junto a él asumen las responsabilidades del gobierno que dirige es una de las más altas prerrogativas concedidas al alcalde, y si bien bajo el precepto estatutario ya copiado él es la persona autorizada para nombrar a los funcionarios administrativos municipales, sin embargo, cuando al hacerse una nominación, como ocurre en este caso, la Asamblea Municipal no está en sesión, el funcionario designado desempeñará su cargo, hasta que la Asamblea actúe. La nominación por el alcalde es tan sólo el paso inicial y la designación queda consumada cuando la misma es confirmada por la Asamblea y el nombramiento es extendido por el alcalde.() Una nominación de esa natu-raleza ha sido siempre calificada como un nombramiento de receso. Y es principio generalmente conocido que un nom-bramiento de receso antes de ser confirmado por el cuerpo legislativo llamado a actuar en relación con el mismo puede ser retirado en cualquier momento por el poder nominador. Tan palmaria nos parece la cuestión que consideramos inne-cesario citar jurisprudencia en apoyo de nuestro aserto. La situación es enteramente análoga a aquélla que surge cuando estando la Asamblea Legislativa en receso el Gobernador hace un nombramiento que requiere el consejo y consenti-miento del Senado. Broadwater v. Booth,, 180 S.E. (W.Va.) 180, 181. Bajo estas circunstancias, es indiscutible que el alcalde recurrido podía retirar la nominación hecha a favor del peticionario.

Tanto en la corte inferior como ante este Tribunal el apelado ha insistido en que el recurso instado por el Dr. Peña ha debido ser desestimado, ya que no procede el auto de certiorari para revisar la actuación de un alcalde al separar de su cargo a un funcionario municipal. No conocemos en verdad ninguna ley o precepto estatutario que autorice el recurso de certiorari para revisar semejante actuación de un ejecutivo municipal. Reiteradamente este Tribunal ha decidido lo contrario. Fernández Vanga v. Pavía, 42 D.P.R. 768, y casos citados a la página 774. () Sobre este particular dispone el artículo 29 de la Ley Municipal, según fué enmendado por la Ley núm. 288 de 9 de abril de 1946 (págs 675, 679) que “Los funcionarios administrativos y empleados municipales sólo podrán ser removidos de sus puestos por el alcalde, y de esta decisión podrán apelar en un solo efecto, el funcionario o empleado perjudicado para ante la corte de distrito correspondiente,.y de la sentencia que dictare la corle de distrito resolviendo las cuestiones planteadas, no podrá apelar ninguna de las partes.” (Bas-tardillas nuestras.) Siendo ello así, el auto de certiorari no debió ser librado por la corte inferior.

Ahora bien, en lo que concierne al segundo error señalado, la cuestión es tan clara que apenas requiere comentarios. Bastará que repitamos lo dicho sobre el particular en Colón v. Asociación Cooperativa Lafayette, ante, págs. 271, 272, a saber: “A partir de la vigencia de la Ley núm. 94 de 11 de mayo de 1937 (pág. 239), la imposición de costas contra la parte perdidosa es imperativa.” El peticionario parece haber confundido la condena al pago de honorarios de abogado con la imposición de costas. Para los primeros se requiere que haya habido temeridad. No así para la condena en costas.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

      (1)Véanse Brumby v. Boyd, 66 S.W. (Tex.) 874, 877; McQuillin, Municipal Corporations, vol. 2, revisado, segunda edición, sección 484, pág. 175.

        (*)Cf. Peña v. Flores, 58 D.P.R. 772.


author: El Juez PeesideNte Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Horacio Ortíz Altuna, acusado y apelante.
    Núm. 12732.
    Sometido: Noviembre 13, 1947.

      Resuelto: Diciembre 19, 1947.

      Frank Torres, abogado del apelante; Hon. Procurador General Luis Negrón Fernández, j J. Rivera Barreras y Alberto Picó Santiago, Fiscal j Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, respectivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez PeesideNte Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Este caso se originó mediante denuncia jurada ante la Corte Municipal de Juana Díaz, alegándose en ella que el acusado apelante Horacio Ortiz Altuna es padre del menor Horacio Rodríguez, y como tal, se lia negado y se niega a proveerle desde hace más de tres años los alimentos pres-critos en el artículo 263 del Código Penal vigente.

El día 25 de octubre de 1946 se celebró la vista del caso en grado de apelación en la Corte de Distrito de Ponce y el acusado fué declarado culpable y sentenciado a un mes de cárcel, pero se dispuso que dicha sentencia quedaría en sus-penso a condición de que el acusado pase al menor la cantidad de $5 semanales.

Señala el acusado cuatro errores que a su juicio cometió la corte inferior, de los cuales los dos primeros van dirigidos a la apreciación que de la prueba hizo la corte inferior.

Alega el acusado apelante que la corte erró al resolver, como resolvió, que la ley y los hechos están en contra del acusado, movida por pasión, prejuicio y parcialidad y que cometió error al aplicar la ley a los pocos hechos probados en este caso. En apoyo de su contención, el acusado alega que es indispensable probar la paternidad a la luz de los requisitos del artículo 125 del Código Civil de Puerto Rico, ed. de 1930, antes de recurrir al castigo de alimentos o cárcel y que el ministerio fiscal no probó su caso, según la jurisprudencia sentada en el caso de Vázquez v. De Jesús, 65 D.P.R. 900.

La única testigo de El Pueblo lo fué Pura García, abuela del menor Horacio Rodríguez, cuyo abandono se alega. Esta declaró que su hija Carmen María Rodríguez, madre del me-nor, murió hace más de tres años; que al morir, su hija vivía con ella, pero anteriormente había vivido con. el acusado; que su hija y el acusado vivían como marido y mujer en una habitación en la Calle de la Cruz en Juana Díaz; que viviendo con el acusado su hija quedó encinta, y estando em-barazada el acusado ingresó en el ejército; que el niño nació en 1941, después de ingresar el acusado en el ejército; que cuando el niño tenía alrededor de ün año un mes de edad, su hija se-fué a vivir con ella por encontrarse abandonada; y que el acusado, mientras estuvo en el ejército le daba dinero a su hija de su bolsillo, pero que en la actualidad no le pasa cantidad alguna al menor, quien vive con la testigo.

La defensa solicitó la absolución perentoria del acusado por el fundamento de que no se habían probado los hechos de la acusación y porque la prueba aducida por El Pueblo no era suficiente para condenar al acusado por el delito que se le imputaba. Dicha moción fué declarada sin lugar. La prueba de descargo, consistente en las declaraciones de Zoilo Mendoza, Luis Magín, Gabriel Torres y Celedonio Bonilla, tendió a demostrar que Carmen María Rodríguez vivía en la Calle de la Cruz, de Juana Díaz, en una habitación que le tenía alquilada Zoilo Mendoza; que ésta fué expulsada por Mendoza de dicha habitación porque “tenía un radio, celebraba fiestas y entraba y salía mucha gente de allí”; que el acusado ingresó en el ejército el 27 de marzo de 1941 y fué licenciado el día 9 de diciembre de 1945; que el acusado nunca fué visto visitando la habitación de la madre del menor, ni que tuviese relaciones con ella de clase alguna; que Celedonio Bonilla tuvo relaciones íntimas con Carmen María para marzo de 1941 y no notó entonces que ésta estuviera encinta y que para fines de 1941 ella vivía en concubinato con Félix Pérez, pero que para esta fecha ya había nacido el niño.

La corte inferior, una vez practicada la prueba, concluyó que “Aquí ha declarado la abuela de ese niño y diee que su hija salió de su casa con este señor con quien vivió; que viviendo con él dió a luz y cuando el niño estaba grandecito, ingresó en el Ejército de los Estados Unidos y nunca más ha provisto nada para la alimentación de ese hijo; que calando vivió con ella le daba algo, y aun después del Ejército le daba algo de su bolsillo a ella, ya que no le pasaban el che-que que el Gobierno tiene asignado para los hijos. La abuela dice que en vista de que no le pasaba, le mandó recados para que le pasara y entonces en definitiva lo llevó a la Corte, A los fines de la moción de nonsuit hay prueba de que este acusado es el padre de ese niño, que no lo ha alimentado y que se niega a darle los alimentos. Yo, como dije, había es-tudiado con gran detenimiento esta prueba, y yo creo que la misma establece de manera clara que el acusado es culpable y no tengo duda de que no lo sea. ”

La prueba fué contradictoria y la Corte a quo dió entero crédito a aquélla ofrecida por El Pueblo. Siendo ésta sufi-ciente, a nuestro juicio, para sostener la convicción, y no habiéndose demostrado la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad por parte del juez sentenciador, no intervendre-mos en la apreciación que de dicha prueba hizo la corte inferior. Pueblo v. Méndez, ante, pág. 824.

Se queja el apelante de que ha sido condenado con el único testimonio de la denunciante Pura García. Ya hemos resuelto que en casos por abandono de menores el testimonio de un solo testigo, de ser creído, basta para condenar sin necesidad de que esté corroborado. Pueblo v. Bernabé, 63 D.P.R. 400; Pueblo v. Cáceres, 65 D.P.R. 368.

En cuanto a la contención del acusado de que hay que . probarse, en un caso como el de autos, la paternidad a la luz de los requisitos del artículo 125 del Código Civil, citando el caso de Vázquez v. De Jesús, ésta carece de méritos. Dicho caso no es criminal, como el que nos ocupa, sino civil. Sobre este particular, en el caso de El Pueblo v. Rodriguez, ante, pág. 735, dijimos:

“En verdad, la prueba requerida en casos de filiación debe ser y es distinta a la exigida en aquéllos en que tan sólo se reclaman alimentos para un menor. En los primeros es indispensable dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 125 del Código Civil... Empero, en casos de alimentos o de abandono y descnido de menores, conforme ya Remos dicho y según ha sido resuelto por este Tribunal en los numerosos casos ya citados, basta con que haya prueba de la pater-nidad para que el derecho a los alimentos sea indubitado, siempre que se demuestre además, por supuesto, que el menor tiene necesidad de ellos y que el padre está en condiciones de suministrárselos.”

Véase, además, a este mismo efecto el caso de El Pueblo v. López, ante, pág. 780.

No se han cometido los dos primeros errores. Como tercer señalamiento el acusado apelante alega que “La Corte erró ah admitir incondicionalmente testimonio oral para pro-bar la muerte de la madre del menor — sin que el ministerio fiscal primeramente probara y justificara la no existencia de la partida de defunción certificada expedida por el Re-gistro Demográfico Insular. Igualmente erró la corte a quo al admitir, como admitió en evidencia, a pesar de la objeción del denunciado, la partida eclesiástica del nacimiento del niño cuya paternidad se investiga, sin que el Fiscal hubiera en primer término justificado o explicado legalmente la no exis-tencia de la partida de nacimiento certificada, expedida y auto-rizada por el Registrador Demográfico Insular.”

Indiscutiblemente la mejor evidencia, para probar la muerte de un ser humano lo es el certificado *de defunción, pero esto no significa que se excluya cualquier otra prueba tendiente a demostrar ese hecho. Puede probarse la muerte por cualquier otra prueba directa. En el presente caso Puta García declaró que vió a su hija muerta y estuvo en su en-tierro, de modo que esta evidencia es admisible como prueba directa del hecho del fallecimiento.

Discutiremos ahora la segunda parte de este señalamiento. Arguye el apelante que la jurisprudencia establece el modo y manera que debe 'seguirse para probar los documentos oficiales y cita en apoyo de su argumento el artículo 431 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933.

La partida de bautismo aquí aludida fué presentada en evidencia luego de haber declarado la abuela del menor al efecto de que el niño era hijo de Carmen María Bodríguez, nacido como consecuencia de las relaciones de ésta con el acusado y que el niño había nacido en 1941. Con la oposición de la defensa se admitió la partida de bautismo en evidencia. El hecho esencial en este caso, o sea, el nacimiento del menor como fruto de las relaciones de Carmen María y el acusado, fué establecido por el testimonio de Pura García. Acep-tando, sin resolverlo, que la partida de bautismo no era admi-sible, su admisión no fué perjudicial puesto que, como hemos dicho, hubo prueba adicional, a la cual la corte dió crédito, que tendía a probar los mismos hechos a que se refería la partida de bautismo. Pueblo v. Méndez, supra; Pueblo v. Avilés, 66 D.P.R. 290. Tampoco se han cometido estos errores.

Procede confirmarse la sentencia apelada.