author: PER CURIAM:

text:
      In re Elfrén García Muñoz, querellado.

      Número: CP-2005-3

      Resuelto: 3 de abril de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, y Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, parte querellante; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial; Elfrén García Muñoz, pro se.

   PER CURIAM:

I

A. El Ledo. Elfrén García Muñoz fue admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico en mayo de 1980 y al ejercicio del notariado en agosto del mismo año. El 26 de enero de 1999, la Oficina del Procurador General presentó ante este Tribunal un informe sobre cierta conducta del licenciado García Muñoz que se alegaba podría ser violatoria de varios cánones del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. En marzo de 1999 ordenamos la presentación de querella en este caso. No obstante, antes de que se presentara la misma, el Procurador General solicitó la paralización del procedimiento disciplinario hasta tanto recayera sentencia en un caso que se ventilaba ante el Tribunal de Primera Instancia que se relacionaba con uno de los asuntos éticos que se traían a nuestra atención.

Concluido el proceso ante el foro de instancia, reanudamos los procedimientos disciplinarios, y en febrero de 2005 le ordenamos al Procurador General que presentara la correspondiente querella. La querella presentada imputó cuatro cargos por violaciones a los Cánones 19, 20 y 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Veamos por separado en qué consistieron los cargos imputados al licenciado García Muñoz por el Procurador General.

Primer Cargo:

En el primer cargo se alegó que el licenciado García Muñoz había violado el Canon 19 del Código de Ética Profesional (Canon 19 de Ética Profesional) por no haber mantenido informado a su cliente y aquí querellante, el señor Epifanio de Jesús González, de varios incidentes de importancia que se suscitaron en tres pleitos que el licenciado García Muñoz atendía para el señor de Jesús. Los casos en cuestión eran: Epifanio de Jesús González v. Norat González, CD 97-016; Epifanio de Jesús González v. Empresas Tito Castro, CM 97-38, y Epifanio de Jesús González v. Autoridad de Carreteras, CD 94-0630. Todos ellos presentados ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Coamo, subsección de distrito.

El primero de los casos (Norat González), se relacionaba con una demanda en cobro de dinero instada contra el señor Félix Norat González, quien tenía un contrato de arrendamiento sobre un local comercial propiedad del señor de Jesús. Se adujo en la querella que el licenciado García desistió del pleito sin perjuicio, sin haberlo consultado previamente con su cliente.

En el segundo caso, contra las Empresas Tito Castro, se alegó que el abogado no mantuvo informado a su cliente de que había recibido un cheque de parte de las Empresas Tito Castro transando la reclamación en su contra. Como tampoco le informó ni le consultó a su cliente que iba a firmar el cheque librado a nombre del señor de Jesús, depositarlo en su cuenta personal y luego enviarle al señor de Jesús un cheque personal por una cantidad menor al cheque emitido originalmente, ya que dedujo del mismo la cantidad de $550 como pago por sus honorarios de abogado. La transacción en cuestión había sido por la cantidad de $1,550.

Finalmente, en lo que concierne al tercer caso, contra la Autoridad de Carreteras y Transportación, se alegó que el abogado no había informado a su cliente que había recaído sentencia adversa en su contra ante el foro primario, que había apelado la misma exitosamente ante el foro apelativo intermedio y que la parte perdidosa había acudido ante este Tribunal. El señor de Jesús dijo desconocer todos estos trámites y que se enteró de los mismos casualmente.

Segundo Cargo:

El segundo cargo imputó violación al Canon 20 del Código de Etica Profesional (Canon 20 de Etica Profesional) porque el licenciado García se negó a entregarle al querellante el expediente del caso instado contra el señor Norat González cuando le fue requerido, hasta tanto se le pagasen unos honorarios que alegadamente se le adeudaban.

Tercer Cargo:

El tercer cargo imputó violación a la relación fiduciaria entre abogado-cliente contenida en el Canon 23 del Código de Etica Profesional (Canon 23 de Etica Profesional). Se alegó que el licenciado García Muñoz endosó y depositó en su cuenta personal un cheque a nombre de su cliente proveniente de la transacción del litigio en el caso contra las Empresas Tito Castro, reteniendo para sí parte del dinero en concepto de honorarios de abogado; todo ello contrario a los dictámenes de este Tribunal. Se alegó también que la transacción de este litigio no fue consultada con su cliente.

Cuarto Cargo:

Finalmente, el Procurador General imputó en la querella presentada que el licenciado García incurrió en violación al Canon 23 de Etica Profesional al adquirir un interés en el objeto del litigio del pleito en cobro de dinero instado contra el señor Norat González. Específicamente, se adujo que el licenciado García Muñoz había arrendado a su cliente el local comercial sobre el cual se litigaba.

B. Presentada la querella, en junio de 2005 designamos a la Leda. Ygrí Rivera de Martínez Comisionada Especial en este caso para que recibiera la prueba y rindiera el correspondiente informe con sus recomendaciones. Luego de los trámites de rigor, la vista en su fondo quedó pautada para el 28 de marzo de 2006.

Previo a la vista en su fondo, el licenciado García Muñoz aceptó varios de los cargos imputados. Específicamente, aceptó respecto al Primer Cargo, el hecho de no haberle informado al querellante de la transacción del pleito instado en contra de las Empresas Tito Castro. Aceptó también que no informó que había recibido el cheque transaccional. Además, el licenciado García Muñoz aceptó los Cargos Segundo y Tercero. El Cuarto Cargo se negó, como también se negó lo relacionado con las gestiones hechas en los otros dos pleitos que se incluyeron en el Primer Cargo. El licenciado García solicitó las indulgencias del Tribunal por su conducta.

Así las cosas, para la vista en su fondo lo único pendiente era lo relacionado con los casos instados en contra del señor Norat González y la Autoridad de Carreteras que se incluyeron en el Primer Cargo; así como lo relativo al Cuarto Cargo y el interés adquirido en el local arrendado al señor Norat. Llegada la fecha de la vista y antes de comenzar con la misma, se anunció que el querellado aceptaba el Cuarto Cargo.

El 10 de noviembre de 2006, la Comisionada Especial rindió un extenso informe en el que concluyó que los cargos pendientes quedaron plenamente probados. Sostuvo, además, que en relación con los cargos aceptados por el licenciado García Muñoz, la prueba que obraba en autos también sostenía la comisión de las violaciones éticas.

La Comisionada Especial indicó que en relación con el Cargo Primero —donde se imputó violación al Canon 19— la prueba demostró que la alegación de que el licenciado García había desistido del pleito contra el señor Norat sin el consentimiento de su cliente quedó plenamente probada. Específicamente apuntó que “[n]o se presentó constancia alguna que reflejara, la fecha o el momento o la forma o manera en que el querellado le informó al quejoso de su intención de desistir”. Informe de la Comisionada Especial, pág. 18.

Así también quedó probado que el querellado no le informó a su cliente de las instancias procesales acaecidas en el litigio contra la Autoridad de Carreteras. Como indicamos, en este pleito originalmente recayó sentencia en contra del señor de Jesús, la cual se apeló exitosamente ante el foro apelativo intermedio. La Comisionada Especial apuntó en su informe que el licenciado García, en la vista en su fondo, indicó que él le había informado a su cliente de las incidencias del pleito, aunque no “cuando él quería”. Añadió que el licenciado García acotó en su defensa que los procedimientos “fueron muy rápidos” y no pudo informarle a su cliente cuando él quería. La Comisionada concluyó expresamente que no le mereció credibilidad el testimonio del querellado. De esta forma, los dos asuntos que se iban a ventilar en la vista en su fondo quedaron probados a satisfacción de la Comisionada Especial.

Esta indicó además en su informe que, referente al Segundo Cargo, relacionado con la negativa del licenciado García Muñoz de entregarle a su cliente el expediente del caso en contra del señor Norat González hasta tanto se resolviera el asunto de los honorarios de abogado alegadamente adeudados, existía abundante prueba para que el cargo se sostuviera. Hizo especial mención de una carta que le remitiera el licenciado García Muñoz a su cliente de fecha 3 de diciembre de 1997, donde se indicó lo siguiente:

Usted me solicita que renuncie al caso y le entregue el expediente para usted continuar con las gestiones, pero como usted comprenderá, hasta tanto no resolvamos lo de los honorarios no puedo desprenderme del caso.
Lo invito a que dialoguemos sobre mis honorarios y una vez se me cancelen los mismos no tendré ninguna objeción en que contrate otro abogado, de otra formai, el expediente permanecerá en la Oficina del suscribiente. (Enfasis nuestro.) Informe de la Comisionada Especial, pág. 5.

Como se indicó previamente, el licenciado García aceptó el cargo imputado.

Respecto el Tercer Cargo, relacionado con el pleito contra las Empresas Tito Castro, la Comisionada Especial concluyó que la prueba demostró que el cheque en cuestión aparecía librado a nombre del querellante, señor Epifanio de Jesús González, y “[a]lguien aparecía firmando con su nombre, siendo el cheque luego depositado en la cuenta personal del querellado”. Informe de la Comisionada Especial, pág. 19. Como indicamos ya, el querellado aceptó el cargo, mas señaló que “actuó de buena fe y sin ánimo de retener los bienes que no le pertenecían”. íd., pág. 20. Solicitó las excusas del Tribunal. El Procurador General solicitó de la Comisionada Especial que este cargo se considerara como un agravante. Por su parte, el quejoso indicó que el hecho de que admitió el mismo y reconoció su responsabilidad debe tomarse como un atenuante al momento de fijar la sanción que corresponda.

Finalmente, sobre el Cuarto Cargo, donde se imputó violación al Canon 23 de Etica Profesional por haber adquirido el querellado interés en un local que era objeto de la acción en cobro de dinero entre el señor de Jesús y el señor Norat González, el mismo fue aceptado por el querellado al inicio de la vista en su fondo y la Comisionada Especial nos indicó que de la prueba en autos surge que, en efecto, se incurrió en la conducta imputada.

Evaluada la totalidad de la prueba, la Comisionada Especial concluyó que todos los cargos quedaron probados, por lo que se incurrió en las violaciones éticas imputadas. En específico indicó en su informe lo siguiente, que citamos extensamente por su importancia:

A tenor de las determinaciones de hechos que anteceden, puede afirmarse sin duda alguna que los hechos demuestran que todos los cargos se sostienen y así también las violaciones éticas a los Cánones 19, 20 y 23 de los de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C 19, 20 y C 23. El querellado incurrió en conducta muy seria, grave y lamentable. Tres de los cargos, el Núm. II, el Número III y el Número IV fueron aceptados por él, así como el inciso 2 del Cargo I también fue aceptado. No obstante, había una prueba muy amplia que así lo demostraba en cada uno de ellos y en los dos incisos del Cargo I (incisos 1 y 3) que fueron negados por el querellado. No tenemos la más leve duda de que todas las violaciones éticas imputadas al querellado fueron cometidas por éste.
El querellado ha pedido disculpas a este Honorable Tribunal con la súplica de que se tome ello como un atenuante. Por otra parte, el Procurador General solicita que se tome como un agravante para el Cargo III la retención de los quinientos cincuenta ($550.00) dólares de la totalidad de mil quinientos ($1,500.00) dólares del cheque, a espaldas del cliente y dándose el elemento de que firmó por el cliente, todo ello bajo la justificación de que se trataba de honorarios de abogado.
Del análisis de los hechos surge que no fue una mera retención de fondos, lo cual, por sí solo, es una violación ética, sino que el cheque a nombre de su cliente, proveniente de la transacción del pleito contra las Empresas Tito Castro, fue endosado y depositado en la cuenta personal del abogado, desconociendo el cliente todo lo ocurrido y particularmente ignorando que alguien había firmado por él. Coincidimos con la recomendación del Procurador General de que las circunstancias particulares de, este cargo, por su gravedad, constituyen un agravante. (Enfasis nuestro.)

El informe, con las conclusiones antes señaladas, le fue "notificado a las partes el 14 de diciembre. El 26 de diciembre el licenciado García Muñoz reaccionó al mismo. En su escrito solicita nuevamente las excusas del Tribunal.

II

La abogacía cumple una función social de notable importancia en nuestra sociedad por su aportación imprescindible a la realización de la Justicia. Así, quienes tienen el privilegio de ser miembros de tan exalta cofradía, tienen una responsabilidad ineludible de actuar siempre acorde a los más rigurosos principios éticos.

El Canon 19 de Ética Profesional le impone a todo abogado el deber ineludible de mantener informado a su cliente de todo asunto importante que surja durante la tramitación de su causa. Esta exigencia es elemento imprescindible en la relación fiduciaria que existe entre abogado y cliente.

En este caso quedó demostrado que el querellado no le informó a su cliente de la sentencia que recayó en su contra en el caso instado contra la Autoridad de Carreteras, así como tampoco le advirtió de los recursos instados a nivel apelativo luego de que recayera sentencia. Ciertamente no puede haber información más importante para un cliente que conocer de un dictamen adverso en su contra.

De otra parte, y como ya señalamos, la Comisionada Especial informó que a base de la prueba presentada y la credibilidad que la misma le mereció, quedó probado que el licenciado García no le notificó a su cliente que se proponía presentar una moción de desistimiento voluntario sin perjuicio en la demanda que se había instado en contra del señor Norat González.

La conducta del licenciado García Muñoz en la tramitación de los casos antes mencionados es seria y re-vela un claro incumplimiento con el mandato contenido en el Canon 19 de Etica Profesional. Reiteradamente hemos expresado que el abogado debe mantener informado a su cliente de las gestiones que lleva a cabo durante la tramitación de un litigio. In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436 (2001); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987). Hemos sostenido que dictada una sentencia en un caso que pone fin, parcial o totalmente a la causa de acción, es obligación del abogado informar a su cliente sobre lo acaecido. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978). La conducta incurrida por el licenciado García es claramente contraria al tenor literal del Canon 19 y a nuestros pronunciamientos sobre el alcance del mismo.

Por otro lado, el Canon 20 de Ética Profesional exige que cuando un abogado ha comparecido ante un tribunal en representación de un cliente, no puede ni debe renunciar a la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista razón justificada para ello. Al hacerse efectiva su renuncia, el abogado tiene el deber ineludible de hacerle entrega a su cliente del expediente del caso, así como de todo aquel documento en su poder relacionado con el pleito.

En el caso de autos, el señor de Jesús González le solicitó la renuncia al licenciado García Muñoz en el pleito que se ventilaba en contra del señor Norat González el 26 de noviembre de 1997. El 3 de diciembre de 1997 el licenciado García Muñoz le remitió la carta antes citada a su cliente, en la que condicionaba la entrega del expediente a que le satisficieran los honorarios adeudados. Con su acción, por demás contumaz, el licenciado García Muñoz impidió que otro abogado asumiera la representación legal del señor de Jesús González.

Hace casi cuarenta años dejamos establecidos que en Puerto Rico el abogado no tiene un gravamen sobre el producto de una sentencia obtenida, aun cuando medie controversia respecto a determinados honorarios. Cornier v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 253 (1968). Además, el ex-pediente de un caso le pertenece al cliente y una vez el abogado concluye las gestiones para lo cual fue contratado, surge la obligación de entregar dicho expediente a su cliente de inmediato y sin dilación alguna. In re Ortiz Morales, 166 D.P.R. 105 (2005); In re Avilés Vega, 141 D.P.R. 627 (1996).

El abogado no puede retener como rehén un expediente hasta que se le satisfagan sus honorarios como si éstos fueran una recompensa para liberar el expediente. “Esta norma es corolario de la libertad de selección que tiene todo ciudadano de encomendar a un abogado una gestión profesional, y de estimarlo conveniente, retirarle la misma; en última instancia la protección y búsqueda de la justicia no puede estar sujeta ni detenerse por el fundamento de no haberse satisfecho los honorarios pactados.” In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 599 (1975). Como indicamos al inicio, el licenciado García Muñoz aceptó que violó el Canon 20 de Etica Profesional y existe, además, abundante prueba en autos que corrobora la violación ética.

El Canon 23 de Ética Profesional, dispone, entre otras cosas, que la naturaleza fiduciaria de las relaciones entre el abogado y su cliente exige que las mismas se asienten sobre la honradez absoluta y total transparencia, particularmente cuando de asuntos de índole económica se trate. El abogado debe dar pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con los suyos ni permitir que se mezclen. “La retención de cualquier cantidad de dinero, perteneciente a sus clientes, trastoca e infringe los postulados del canon 23 del Código de Etica Profesional, ante, y demuestra un menosprecio hacia sus deberes como abogado.” In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687, 693 (2001).

En In re Vázquez O’Neill, 121 D.P.R. 623, 628 (1988), sostuvimos que la retención de fondos pertenecientes a sus clientes por el abogado amerita una sanción, aunque éste los hubiera devuelto, o aun cuando los hubiera retenido sin la intención de apropiárselos. Así también la dilación en la devolución es igualmente reprochable, por lo que amerita se tomen medidas disciplinarias contra el abogado que así actúe. In re Álvarez Aponte, 158 D.P.R. 140, 146-147 (2002); In re Rivera Irizarry, supra. Hemos caracterizado como graves estas desviaciones de los estándares éticos exigibles; las cuales están reñidas con las normas que deben informar la vida profesional de un abogado.

En cuanto a este cargo y la violación al Canon 23 de Etica Profesional de acuerdo con los hechos relatados, el licenciado García Muñoz aceptó haber infringido el mismo. La Comisionada Especial concluyó que de la forma como quedó probado este cargo era evidente que no se trataba de “una mera retención de fondos”, lo cual de suyo era suficiente para imponer una sanción disciplinaria; sino también, que se trató de' un cheque girado a nombre del cliente, proveniente de una transacción que éste desconocía que se había logrado, que fue endosado sin saber el cliente por quién, y depositado en la cuenta del abogado. En atención a lo cual ésta concluyó que ante la gravedad de los hechos, el mismo constituye un agravante. Compartimos la apreciación de la Comisionada Especial.

Finalmente, el Procurador General imputó violación al Canon 23 de Etica Profesional por el interés que había adquirido el querellado en el local perteneciente a su cliente objeto de una acción en cobro de dinero contra el señor Norat González. La Comisionada Especial concluyó que no había duda de que el licenciado García Muñoz adquirió tal interés mientras el litigio contra Norat González estaba pendiente. El querellado aceptó también ese cargo.

En In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840, 857 (1993), indicamos que una de las modalidades del Canon 23 es que “un abogado no debe adquirir interés o participación alguna en bienes o derechos que estén en litigio o que pueden ser objeto de litigo entre la parte que el abogado representa y la parte contraria”. Esta prohibición persigue prevenir aquellos conflictos de intereses que pudieran interferir con el ejercicio de un juicio profesional independiente por parte del abogado a quien el cliente encomendó su representación. Véanse: Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 D.P.R. 772 (1981); In re Cepeda Parrilla, 108 D.P.R. 353 (1979).

III

A la luz de la discusión que antecede, es evidente que la actuación del licenciado García Muñoz acusa graves desviaciones de las normas éticas exigibles a todo miembro de la clase togada. Su conducta no es aislada, sino que revela un patrón de descarrío ético que lacera la buena imagen de la profesión legal, además de afectar a quien fue su cliente.

Por las razones antes expresadas, se separa indefinidamente y de forma inmediata a Elfrén García Muñoz del ejercicio de la abogacía. Si bien, de ordinario, hemos considerado como elemento mitigante que el querellado haya aceptado la gran mayoría de los cargos imputados en su contra —In re Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 340, 345 (2002)— tal y como ha ocurrido en este caso, la gravedad que reflejan las actuaciones de García Muñoz, y considerando como agravante a su conducta el haber depositado en su cuenta un cheque transaccional dirigido a su cliente para de ahí “cobrar” los honorarios que alegadamente se le adeudaban sin la anuencia o conocimiento de éste, exige la imposición de tan severa sanción.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López hace constar que, no obstante estar conforme con la opinión per curiam, limitaría la sanción impuesta a un (1) año de suspensión.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Carlos A. Vilches López, querellado.

      Número: AB-2006-83

      Resuelto: 4 de abril de 2007

      Maite D. Oronoz Rodríguez, subprocuradora general, y Reinaldo Campos del Valle, procurador general auxiliar; Eneida Castillo Méndez y Enid Ortiz Castillo, querellantes; Carlos Alberto Ruiz, abogado de la parte querellada; Carlos A. Vilches López, pro se.

   per curiam:

Nos corresponde atender una querella contra un abogado que aceptó la representación legal de unos clientes para instar una demanda en daños y perjuicios que posteriormente fue desestimada por inactividad e incumplimiento con las órdenes del tribunal, sin que tal hecho fuera informado a sus clientes. Por considerar que la actuación del querellado se apartó de las normas éticas que rigen el ejercicio de la profesión, resolvemos que su conducta infringió los Cánones 9, 12, 18, 19 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

I

El querellado Carlos A. Vilches López (Vilches López) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 1 de noviembre de 1978 y al ejercicio del notariado el 22 de noviembre de 1978.

La Sra. Eneida Castillo Méndez y la Sra. Enid Ortiz Castillo (las querellantes) contrataron los servicios de Vilches López para que las representara en una reclamación de daños y perjuicios a causa de un accidente automovilístico en el que ellas y un menor sufrieron daños ascendentes a $726,000. Al momento de la contratación, las querellantes le adelantaron la cantidad de mil dólares para dar inicio al litigio.

Vilches López presentó la demanda ante el tribunal y diligenció los emplazamientos. No obstante, no hizo ninguna gestión oficial adicional. Como consecuencia de ello, el tribunal dictó una orden mediante la que le impuso sanciones. Al enterarse las querellantes de dicha orden, acudieron a la oficina de Vilches López para obtener una explicación. Este les informó incorrectamente que todo estaba bien y que sólo se trataba de una sanción económica que él mismo costearía. Posteriormente, y ante el persistente abandono del caso por parte de Vilches López, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso según la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, por inactividad e incumplimiento con las órdenes del tribunal. Vilches López no notificó a las querellantes de dicha sentencia de archivo.

Así las cosas, las querellantes decidieron acudir al tribunal en donde, para sorpresa, advinieron en conocimiento de que su caso había sido desestimado. Como consecuencia, acudieron a la oficina de Vilches López para solicitar la entrega del expediente del caso. Ante la insistencia de las querellantes, Vilches López entregó el expediente incompleto. Finalmente, pidió disculpas y solicitó una oportunidad para presentar unas mociones.

Como consecuencia de lo anterior, las querellantes presentaron la queja de epígrafe en la que alegaron que Vilches López presentó una demanda y no hizo gestión oficial alguna, dejándolas sin causa de acción para reclamar por los daños sufridos a causa del accidente automovilístico. Además, sostuvieron que Vilches López no las mantuvo informadas del status del caso y les creó falsas expectativas. Por otro lado, indicaron que Vilches López mintió ante este Tribunal al alegar que no había conseguido representación legal para el procedimiento disciplinario, cuando en realidad sí tenía abogado y éste estaba negociando un acuerdo transaccional con las querellantes.

Por su parte, Vilches López compareció ante este Tribunal y aceptó que cometió las faltas imputadas y atribuyó el incumplimiento con su deber ético al hecho de que su esposa había fallecido recientemente. Admitió que no hizo ninguna gestión adicional a la de presentar la demanda y gestionar los emplazamientos, por lo que la demanda se desestimó exclusivamente por su negligencia; que incumplió con su deber de mantener informadas a las querellantes en todas las etapas del pleito, y que les informó que su reclamación resultaría en indemnización económica. Ex-presó, además, su disposición para someterse al procedimiento disciplinario que este Tribunal estimara conveniente.

El Procurador General sometió ante nuestra consideración el Informe relativo a la referida queja contra Vilches López. En el mismo concluyó que se justificaba el inicio de un procedimiento disciplinario por entender que la conducta de Vilches López violentó los Cánones 9, 12, 18, 19, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Sometido el caso, estamos en posición de resolver.

II

En el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, se establece que es deber de todo abogado defender los intereses de su cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad, y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general es-time adecuada y responsable. Justamente, el deber ético exige actuar con el más alto grado de diligencia y competencia posible. In re Ortiz López, 170 D.P.R. 833 (2007); In re Ortiz Morales, 166 D.P.R. 105 (2005). Por ende, sostenemos que todo abogado tiene la obligación de atender los intereses de sus clientes desplegando la mayor diligencia, celo y cuidado en los asuntos que le han sido encomendados. In re Laborde Freyre, 149 D.P.R. 59 (1999). Así, por ejemplo, constituye una violación a los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, supra, cuando un abogado retiene una suma de dinero que se le entregó en concepto de honorarios sin realizar la gestión a la cual se comprometió. In re Arroyo Ramos, 159 D.P.R. 284 (2003); In re Rivera Carmona, 114 D.P.R. 390 (1983).

De acuerdo con lo anterior, un abogado no debe asumir la representación legal de un cliente cuando es consciente de que no puede rendir una labor idónea y competente. Esto incluye las situaciones en las que el estado anímico del abogado lo incapacita para atender el caso. In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984). En consecuencia, un abogado que acepta un caso y luego no demuestra la competencia y diligencia que se le exige en el ejercicio de la abogacía infringe su deber ético. Dicho de otro modo, la desidia, despreocupación, inacción y displicencia como patrón de conducta violenta las disposiciones del Código de Ética Profesional. In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770 (1994); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).

Entre las conductas que contravienen los principios establecidos en el Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra, se encuentran: (1) no comparecer a los señalamientos del tribunal; (2) no contestar los interrogatorios sometidos; (3) no informar a las partes sobre la presentación de un perito; (4) desatender o abandonar el caso; (5) permitir que expire el término prescriptivo o jurisdiccional de una acción; (6) cualquier tipo de actuación negligente que pueda conllevar o, en efecto, resulte en la desestimación o archivo del caso. In re Collazo I, 159 D.P.R. 141 (2003). Así, hemos enfatizado que desatender o abandonar un caso infringe el principio de diligencia recogido en el citado Canon 18. In re Ortiz López, supra; In re Roca Rosselli, 164 D.P.R. 380 (2005); In re Díaz Santiago, 164 D.P.R. 41 (2005). Por lo tanto, un abogado no debe desatender un litigio al extremo de que por su inactividad se archive el mismo, lo cual, de ordinario, acarrea, cuando menos, una suspensión del ejercicio de la profesión. In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985).

De otra parte, no mantener informado al cliente constituye uno de los ejemplos más claros de violación al deber de representar al cliente con fidelidad, lealtad y diligencia. In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978). El Canon 19 del Código de Etica Profesional, supra, en lo pertinente dispone que “[e]l abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. Tal deber es indispensable para el bienestar de la relación abogado-cliente, la cual se caracteriza por ser de la mayor confianza. In re Hernández Nazario, 159 D.P.R. 63 (2003). Precisamente, hemos resuelto que una sentencia de archivo, que pone fin a la causa de acción, es uno de los asuntos que el abogado debe informar inmediatamente a su cliente. In re Cardona Ubiñas, 146 D.P.R. 598 (1998); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984). Tal omisión podría conllevar la suspensión del ejercicio de la abogacía. In re Ortiz Velázquez, 145 D.P.R. 308 (1998); In re Maduro Classen, 142 D.P.R. 611 (1997).

Cónsono con los deberes mencionados anteriormente, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone como requisitos que el abogado actúe con sinceridad y honradez ante los tribunales y con sus clientes. Ello se exige para preservar el honor y la dignidad de la profesión, ya que el compromiso de un abogado con la verdad debe ser siempre incondicional. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006). Tal deber se infringe con el simple hecho de faltar a la verdad, independientemente de los motivos que tenga el abogado. In re Astacio Caraballo, 149 D.P.R. 790 (1999).

Por su parte, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, establece que los abogados tienen la obligación de observar una conducta de mayor respeto hacia los tribunales. Es inherente a tal deber atender pronta y diligentemente las órdenes del tribunal y comparecer a los señalamientos judiciales relacionados con la tramitación de las causas de sus clientes. In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623 (2001). De igual forma, según el Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, a los abogados se les requiere comparecer y atender las órdenes del tribunal. Dicho deber es extensivo a todas las etapas del litigio para no causar dilaciones indebidas en la tramitación y solución de los casos. In re Rodríguez Villalba, 160 D.P.R. 774 (2003).

En conclusión, reiteramos que un abogado que acepta un caso y no demuestra la competencia y diligencia que exige la profesión, y no mantiene al cliente informado de los desarrollos del caso, incurre en violación seria de la ética profesional. In re Verdejo Roque, 145 D.P.R. 83 (1998). Asimismo, desatender las órdenes del tribunal y no comparecer a las vistas pautadas constituye una falta de respeto al tribunal porque infringe los deberes éticos consagrados en los Cánones 9 y 12 del Código de Ética Profesional, supra.

Ill

En el presente caso, Vilches López admitió que fue negligente en la tramitación del pleito de las querellantes al no realizar ninguna gestión ulterior a la presentación de la demanda y el diligenciamiento de los emplazamientos. Asimismo, aceptó haberse ausentado de las vistas y no haber contestado las órdenes del tribunal. Además, reconoció no haber informado a las querellantes de la desestimación de su caso. No cabe duda de que las actuaciones de Vilches López se caracterizaron por un alto grado de descuido y negligencia en el desempeño de sus funciones como abogado, violando de esa manera los deberes establecidos en los citados Cánones 9, 12, 18, 19 y 35 del Código de Ética profesional.

Pese a lo anterior, hemos reconocido ciertos criterios atenuantes que podemos considerar a la hora de disciplinar a un abogado. Así, por ejemplo, hemos señalado que la reputación del abogado en la comunidad, el historial previo, la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento pueden ser factores a considerar para imponer una sanción menos severa. In re Bryan, Vargas, 150 D.P.R. 1 (2000). En este caso, precisamente, Vilches López pidió disculpas y expresó su sincero arrepentimiento. Además, intentó indemnizar a las querellantes por los daños que su negligencia les pudo causar. Finalmente resulta importante el hecho de que la acción fue presentada nuevamente y culminó en una transacción a favor del menor. Todos estos elementos, sin duda, afectan nuestra determinación con respecto a la medida disciplinaria aplicable a Vilches López. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005); In re Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180 (1986).

En atención a todo lo anterior, suspendemos a Vilches López del ejercicio de la abogacía por el término de tres meses por su desidia en el ejercicio de la profesión. Se le apercibe de que su incumplimiento con los deberes éticos en el futuro puede conllevar una sanción más severa. El Alguacil General de este Tribunal deberá incautarse de la obra y sello notarial de Vilches López y entregarlos a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará la sentencia correspondiente.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez hace constar que está sustancialmente de acuerdo con la ponencia, pero estima que la suspensión debe ser por sólo un (1) mes.


text:
      In re Ramón Flores Castro.

      Número: TS-4213

      Resuelto: 4 de abril de 2007

      Marla D. Ríos Díaz, directora interina de la Oficina de Inspección de Notarías; Ramón Flores Castro, pro se.

   per curiam:

Ramón Flores Castro fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1973 y al de la notaría el 10 de agosto del mismo año.

El 11 de enero de 2007, la Directora Interina de la Oficina de Inspección de Notarías trajo a nuestra atención el estado de la notaría del licenciado Flores Castro. Según los informes y documentos correspondientes, los Protocolos de Flores Castro para 1999, 2001 y 2003 fueron aprobados con deficiencias. En efecto, según surge de un escrito del propio notario, éste tuvo que otorgar numerosos instrumentos públicos nuevos para subsanar los múltiples errores cometidos en muchos documentos anteriores. De la deficiente obra notarial aludida resalta particularmente una escritura sobre testamento abierto de 1999, en la cual el notario no da fe de la capacidad legal de la testadora. Ello, claro está, hace nulo el testamento en cuestión, según lo dispuesto en el Art. 636 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2152, y la jurisprudencia pertinente. Véanse: Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 D.P.R. 403 (2003); Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 D.P.R. 565 (1979).

La grave falta aludida en el párrafo anterior no pudo ser subsanada mediante la autorización de un nuevo testamento debido a que falleció la testadora.

También resalta otra escritura de testamento del 2003, en la cual se identificó de forma dual al testador. Tampoco pudo ser subsanada porque falleció el testador.

Por todo lo anterior, el 2 de febrero de 2007, mediante Resolución, le concedimos un término al notario para ex-presarse con respecto al informe de la Oficina de Inspección de Notarías presentado ante nos el 11 de enero de 2007, y referido antes. Flores Castro compareció el 23 de febrero de 2007 y, en esencia, alegó que las faltas en las que incurrió fueron involuntarias; por inadvertencia; que la situación le ha ocasionado “gran preocupación y males-tar emocional”; que en casi todos los casos no se le ha causado daño a ningún otorgante, y que en el caso del testamento de 1999, aunque ha sido demandado por familiares de la testadora, su compañía de seguro está atendiendo el asunto y “se trabaja en la transacción permisible”.

I

Reiteradamente hemos resuelto que por la esencia pública de su función, los notarios están llamados a ser sumamente cautelosos en el ejercicio de su práctica. Deben cerciorarse siempre de que los documentos públicos que autorizan cumplan con todas las formalidades de la ley. In re Bryan, Vargas, 150 D.P.R. 1 (2000); In re Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999); In re Rodríguez Báez, 129 D.P.R. 819 (1992).

Anteriormente hemos resuelto también que corresponde suspender al notario del ejercicio de la notaría cuando su obra notarial refleja una serie de deficiencias de naturaleza seria y de carácter continúo y repetitivo, sobre todo cuando algunas de éstas son tan graves como para afectar la eficacia del documento mismo. In re Madera Acosta, 144 D.P.R. 743 (1998).

En el caso de autos, surge claramente de la obra notarial en cuestión una conducta profesional descuidada. Muchos de los documentos públicos de este notario han estado afectados por deficiencias. Si bien ha logrado subsanar casi todos, lo anterior no impide que se imponga una sanción disciplinaria, sobre todo cuando en el caso de las dos escrituras de testamento referidas, la subsanación no ha sido posible. Véase In re Flores Torres, 125 D.P.R. 159 (1990).

Vistas las sanciones impuestas en In re Madera Acosta, supra, e In re Colón Rivera, 165 D.P.R. 148 (2005), que son pertinentes aquí, se dictará sentencia para suspender al Ledo. Ramón Flores Castro del ejercicio de la notaría por el término de un (1) año y hasta que otra cosa disponga este Tribunal. El Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra y del sello notarial del abogado suspendido y los entregará a la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Transamerica Occidental Life Insurance Company y Orlando Rodríguez Álvarez, recurridos, v. Vanya Febles Gordián, en representación de su hijo menor de edad G.R.R.F., peticionarios.

      Número: CC-2006-176

      Resuelto: 10 de abril de 2007

      Edilbelto Berrios Pérez, del bufete Berrios & Longo, abogados de Vanya Febles Gordián, peticionaria; Isabel López Rivera, abogada del menor G.É.R.F., peticionario; Jorge Bermúdez Torregrosa, del bufete Cuevas Kuilam & Bermúdez, abogado de Transamerica Occidental Life Insurance Company, recurrida; José A. Cuevas Segarra, abogado de Orlando Rodríguez Alvarez, recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En 1998, Fernando Rodríguez suscribió un contrato de seguro con Transamerica Occidental Life Insurance Company (TOLIC) para adquirir una póliza de seguro de vida por un millón de dólares. En la referida póliza, Rodríguez designó como beneficiario, entre otros, a su hijo G. Rodríguez en un treinta y ocho por ciento del monto total de la mencionada póliza. En la póliza se hizo la salvedad de que las cantidades que correspondieran a beneficiarios menores de edad se mantendrían en un trust que sería administrado por el Sr. Orlando Rodríguez Álvarez, hermano del asegurado, hasta que el menor alcanzara los veinticinco años de edad. La nota dispone específicamente: “Children’s Benefit in trust with Orlando Rodríguez Álvarez, brother of the insured, until beneficiaries age 25”. Apéndice de la Solicitud de certiorari, pág. 239.

Antes de morir, Fernando Rodríguez otorgó un testamento ológrafo en el que reiteró su voluntad de que los beneficios de la póliza se mantuvieran en un fideicomiso, el cual sería administrado por la Sra. Neyda Pumarejo o, en su defecto, por el mismo fiduciario, esto es, Orlando Rodríguez Álvarez, que nombró en la nota antes mencionada. En dicho documento dispuso, en lo pertinente:

En mi seguro de vida hay cuatro beneficiarios con sus porcientos específicos del total de los beneficios. La primera, Neyda Pumarejo Cintrón, recibirá su porción una sola vez. Los otros tres beneficiarios, mis hijos [G.R.R.F.], Mayra Luz Rodríguez Lugo y Fernando Roberto Rodríguez Lugo, recibirán su porción del seguro como sigue: El dinero será depositado en certificados de ahorros garantizados por el FDIC, cuya institución emitidora será elegida por los administradores que se designan más adelante. De los intereses que generen la porción de cada cual[,] le será pagado de la manera siguiente, mensualmente: Hasta los 10 años: Mil dólares Hasta los 15 años: Mil trescientos dólares Hasta los 20 años: Mil quinientos dólares Hasta los 25 años: Mil ochocientos dólares Si los intereses no fueran suficientes, el faltante le será pagado del principal disponible de su porción. Si hubiera un sobrante de los intereses, el mismo se re-invertirá a nombre de quien tuvo el sobrante. La administración de los dineros de los seguros, su inversión y distribución, serían administrados por Neyda Pumarejo Cintrón. Si ésta se incapacitara o renunciara a dicha representación o muriera, la administración pasará a Orlando Rodríguez Álvarez. ... El balance que pueda haber en la cuenta de lo recibido por el seguro de cualquiera de mis hijos, les será entregado para ser usado a su sola discreción al cumplir estos 25 años. La palabra seguro en este testamento significa cualquier seguro que pague beneficios por mi muerte, cuyas porciones en cada póliza serán porcentualmente iguales a los mismos beneficiarios, según consten designados en la póliza que por un millón de dólares mantengo a esta fecha y cuyo agente productor fue Adriano Valle Poza, aunque en cualquier otro seguro no aparezca designación de beneficiarios ni porcientos. ... Se aclara que la palabra administrador, como utilizadas en las páginas uno, dos y tres de este documento, significa además un fiduciario, que tendrá, entre otras, la obligación de velar que los dineros bajo su control no sean utilizados como colateral para tomar préstamo alguno o para cualquier otro uso que no sea el aquí designado.

Cuatro años más tarde, Fernando Rodríguez falleció. Como consecuencia, tanto Orlando Rodríguez como la madre del menor, Sra. Vanya Febles Gordián, reclamaron los beneficios de la póliza del seguro de vida en nombre del menor, G.R.R.F. El 13 de septiembre de 2002 TOLIC presentó una demanda de interpleader bajo la Regla 19 de Procedimiento Civil, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, solicitando que se le ordenara a los dos interesados litigar entre sí el derecho a recibir el beneficio en nombre del menor y consignó en el tribunal la suma de $388,043.51, la cual incluye el treinta y ocho por ciento correspondiente al menor y los intereses acumulados hasta ese momento.

El litigio conllevó una complicada serie de incidentes que incluyeron una anterior comparecencia ante el Tribunal de Apelaciones. Una vez regresó el caso ante la Sala Superior de San Juan, ésta dictó una sentencia sumaria parcial en la cual determinó que el fideicomiso constituido por Rodríguez era válido, puesto que no se regía por el Código Civil sino por la reglamentación concerniente al área de los seguros. Por lo tanto, el foro de instancia entendió que las instrucciones allí impartidas eran obligatorias para la compañía de seguro. Así, indicó que la validez de las instrucciones del asegurado, relativas al fideicomiso, no dependen de las normas del fideicomiso del Código Civil. De igual forma, dicho foro declaró bien hecha la consignación de TOLIC, pero le impuso el pago del interés legal desde el momento de la consignación hasta la fecha de la sentencia.

Insatisfecha con la decisión, Vanya Febles Gordián, a nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, acudió ante el Tribunal de Apelaciones. En su recurso de apelación señaló, en síntesis, que el fideicomiso que designa a Orlando Rodríguez Álvarez como fiduciario es inválido por no haberse establecido mediante escritura pública. Por su parte, TOLIC acudió al Tribunal de Apelaciones y cuestionó la imposición del pago de intereses computados desde la consignación hasta la fecha de la sentencia. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos.

El foro apelativo intermedio modificó en parte la sentencia sumaria parcial que dictó el Tribunal de Primera Instancia. Resolvió, en síntesis, que TOLIC no estaba obligada al pago de intereses desde la consignación hasta la sentencia, y confirmó el dictamen recurrido en cuanto a los restantes extremos.

Inconforme con el dictamen anterior, Febles Gordián, en representación del menor G.R.R.F., acudió —mediante un recurso de certiorari— ante este Tribunal y le imputó al foro apelativo intermedio haber errado

... al determinar que el fideicomiso en el seguro de vida fue confirmado en el testamento ológrafo y que éste fue oportuna y debidamente protocolizado para establecer que el fideicomiso ya consta en escritura pública.
... al establecer que la póliza y el testamento ológrafo se complementaban y establecer que tal complemento creó el fideicomiso, llamando al testamento “complemento testamentario del seguro”.
... al determinar que el testamento podía disponer del beneficio de la póliza de seguro ya que tal beneficio es un bien como otro cualquiera.
... al determinar que la consignación de TOLIC estuvo bien hecha desde el depósito de los fondos. Solicitud de certiorari, pág. 13.

El 5 de mayo de 2006 expedimos el recurso. Contando con la comparecencia de las partes y estando en posición de resolver el recurso presentado, procedemos a así hacerlo.

f-H

A. El Código Civil establece que “[e]l fideicomiso es un mandato irrevocable [en] virtud del cual se trasmiten determinados bienes a una persona, llamada fiduciario, para que disponga de ellos conforme lo ordene la que los trasmite, llamada fideicomitente, a beneficio de este mismo o de un tercero llamado fideicomisario”. 31 L.P.R.A. see. 2541. Este mandato puede establecerse para cualquier fin que no contravenga la ley o la moral pública. 31 L.P.R.A. see. 2547. Un fideicomiso puede constituirse sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, presentes o futuros. 31 L.P.R.A. see. 2544. El fideicomitente puede crear el fideicomiso para cualquier fin y bajo cualesquiera términos o condiciones que no infrinjan la ley o la moral pública o que no se prohíban específicamente por la ley. 31 L.P.R.A. see. 2562. “El fideicomiso puede constituirse por testamento, para que tenga efecto después de la muerte del fideicomitente, o por acto inter vivos.” (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 2542. Contrario a lo anterior, el Código Civil especifica que “[e]l fideicomiso inter vivos debe constituirse por escritura pública”. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 2543.

Los contornos de la figura del fideicomiso están claramente definidos. La dificultad que encierra la referida figura estriba en el hecho de que el fideicomiso puertorriqueño es una institución muy particular que incorpora los principios del trust anglosajón e intenta armonizarlos con nuestra tradición civilista. Álvarez v. Srio. de Hacienda, 78 D.P.R. 412 (1955), en reconsideración Álvarez v. Srio. de Hacienda, 80 D.P.R. 16 (1957). No obstante, las lagunas inherentes a la adopción de esta figura de origen mixto en nuestra jurisdicción, según reconoció este Tribunal en Dávila v. Agrait, 116 D.P.R. 549, 565 (1985), permite que nos enriquezcamos de su acervo cultural y jurídico, pues “[s]u armonización!,] conforme a los preceptos del Derecho [C]ivil[,] no puede constreñir la institución que se quiso integrar”. Por lo tanto, debemos nutrirla de la flexibilidad que caracteriza al trust anglosajón, abandonando los criterios de rigidez e inmovilidad de la fiducia romana. Dávila v. Agrait, ante.

B. Una vez aclarados estos aspectos relativos a la figura en controversia, debemos destacar algunos principios generales del derecho de seguros. El contrato o póliza de seguro de vida es un contrato entre una persona y un asegurador que provee para el pago de una suma específica de dinero al beneficiario designado en la póliza al morir el asegurado. El interés asegurable es la vida del asegurado. M. Jasper, Insurance Law, Oceana Publications, 1988, Cap. 2. Véase, además, Art. 4.020 del Código de Seguros de Puerto Rico (Código de Seguros), 26 L.P.R.A. see. 402.

Es menester señalar que el contrato de seguro, así como todo tipo de contrato, constituye ley entre las partes, siempre que concurran los elementos esenciales para su validez. Gen. Accid. Ins. Co. P.R. v. Ramos, 148 D.P.R. 523 (1999). El Art. 11.250 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1125, dispone que los contratos o pólizas de seguros deben interpretarse de forma global, a base de la totalidad de los términos y las condiciones. González v. Universal Solar, 167 D.P.R. 82 (2006); Molina v. Plaza Acuática, 166 D.P.R. 260 (2005); López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562 (2003); Soc. de Gananciales v. Serrano, 145 D.P.R. 394 (1998); Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521 (1991). Así, cuando los términos de la póliza son claros, específicos y libres de ambigüedades, las partes tienen que atenerse a lo allí dispuesto y no se admitirá una interpretación que vulnere el claro propósito y la voluntad de las partes. Molina v. Plaza Acuática, ante.

Para atender las controversias planteadas en el caso ante nuestra consideración resulta pertinente un breve análisis de cómo se han atendido situaciones similares en el derecho anglosajón. En Broga v. Rome Trust Co. of Rome, 272 N.Y.S. 101 (1934), se consideró testamentario un fideicomiso sobre el dinero de una póliza de seguro de vida a pesar de que éste se creó mediante un instrumento distinto a un testamento. Ello significa que en el derecho anglosajón un fideicomiso testamentario puede crearse cuando su propósito no es transferir la propiedad del fideicomiso durante su vida, sino que tenga efecto al momento de la muerte, independientemente del instrumento que se utilice para su constitución. Roberts v. Taylor, 300 F. 257, 260-261 (9no Cir. 1924). Véase, además, Vigil v. Sandoval, 741 P.2d 836 (App. 1987). Las disposiciones en fideicomisos consideradas testamentarias son las que no tienen intención de hacer una transferencia en vida. Williams v. Thrasher, 62 F.2d 944 (5to Cir. 1933).

h-1 i—I

A. Con el anterior marco doctrinal en mente, pasamos a atender la controversia que nos atañe. En esencia, debemos resolver si es válido el fideicomiso establecido por Rodríguez a favor del menor Gabriel Rodríguez.

Mediante los primeros tres señalamientos de error, Febles Gordián —en representación de su hijo menor de edad Gabriel Rodríguez— alega que el fideicomiso constituido por Rodríguez es inválido. Sostiene que el foro apelativo erró al determinar que el testamento ológrafo confirmó la validez del fideicomiso por haberse subsanado la falta de escritura pública con la protocolización del documento. Argumenta, además, que su validez no se puede basar en una alegada complementación entre el seguro de vida y el testamento. Asimismo, aduce que no es correcto en derecho señalar que el monto del seguro de vida es un bien del que Rodríguez podía disponer por medio de un testamento.

En específico, la peticionaria Febles Gordián alega que el fideicomiso establecido por el padre de su hijo G.R.R.F. no tiene validez por tratarse de un fideicomiso ínter vivos que requería la forma de escritura pública. Señala que, en todo caso, de tratarse de un fideicomiso mortis causa, éste tampoco sería válido puesto que Rodríguez no podía disponer del monto de la póliza del seguro de vida en el testamento, ya que éste no forma parte de la herencia.

Debemos señalar, en primer lugar, que el Código de Seguros no dispone nada sobre la validez de un fideicomiso establecido en un contrato de seguro. En consecuencia, debemos acudir, de forma supletoria, a las disposiciones del Código Civil que regulan la materia. Como vimos antes, dicho cuerpo legal requiere que los fideicomisos ínter vivos se constituyan mediante escritura pública. El Código Civil también regula los fideicomisos mortis causa. Al respecto, el Código Civil establece que “puede constituirse [un fideicomiso] por testament[o p]ara que tenga efecto después de la muerte (Énfasis suplido.) 31 L.RR.A. see. 2542.

En el caso de autos, aun cuando el fideicomiso se constituyó inicialmente en la póliza del seguro de vida, lo cierto es que Rodríguez reiteró su voluntad al respecto mediante un testamento ológrafo válido. El testamento otorgado contiene todos los elementos para que se entienda configurado el fideicomiso: (1) un fideicomitente (Rodríguez); (2) que transmite unos bienes (monto de la póliza); (3) a un fiduciario (Orlando Rodríguez, en ausencia de la Sra. Neyda Pumarejo); (4) para que los administre conforme las instrucciones allí vertidas en beneficio de un fideicomisario (sus hijos, entre ellos, G.R.R.F.).

Contrario a lo que sostiene la peticionaria Febles Gordián, el hecho de que el monto de la póliza no forme parte del caudal, no impide que un causante disponga del mismo en un testamento válido. En numerosas instancias se ha reconocido la validez de disposiciones testamentarias no relacionadas al patrimonio del causante. Así, por ejemplo, Puig Brutau reconoce que la definición usual del término “testamento” —el acto mediante el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos (Art. 616 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2121)— es apenas una elemental aproximación al concepto. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. V, Vol. II, pág. 5. Para el referido tratadista, el testamento “es ... preponderante [mente,] aunque no exclusiva [mente], un acto de disposición de bienes; ... [s]in embargo, también puede contener declaraciones de carácter no patrimonial, incluso de manera exclusiva”. (Enfasis suprimido.) Id., pág. 10. Puig Brutau, incluso, reconoce que el testamento puede contener una disposición para variar la designación de un beneficiario de un seguro de vida. Id., pág. 11.

El Prof. Efraín González Tejera coincide con dicha posición cuando expresa que “[un] testamento no sólo puede referirse a disposiciones patrimoniales, sino también a relaciones de carácter no patrimonial, como el nombramiento de tutores, de albaceas, de contadores-partidores, reconocimiento de hijos naturales, instrucciones relacionadas con funerales y entierro, etc.”. E. González Tejera, Derecho de Sucesiones, San Juan, Ed. U.P.R., 2002, T. II, pág. 9.

El fideicomiso puede constituirse “por testamento, sin prescribir que éste deberá ser abierto, —el único que se otorga por escritura pública— queda claramente implícito que el fideicomiso puede constituirse por cualquier otra clase de testamento ... incluso cuando la particular clase no requiera la escritura pública”. L.F. Sánchez Vilella, El Fideicomiso Puertorriqueño III, 37 (Núm. 3) Rev. C. Abo. P.R. 417, 427 (1976). Véase además García v. Rexach, 65 D.P.R. 526 (1945). De acuerdo con lo anterior, resulta forzoso concluir que el fideicomiso en controversia, tal como se constituyó en el testamento ológrafo, tiene validez en nuestro ordenamiento jurídico.

B. Ahora bien, el recurso ante nos requiere que nos pronunciemos en cuanto a la validez del fideicomiso tal como se constituyó en la póliza del seguro de vida. En este punto, debemos aclarar que —contrario a lo que concluyó el foro apelativo— de entenderse que el fideicomiso es ínter vivos, de ninguna manera se hubiera podido subsanar la ausencia del requisito de escritura pública con la mera protocolización del testamento ológrafo. El acta de protocolización no es el vehículo correcto para elevar a público un documento privado suscrito en Puerto Rico. Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 D.P.R. 215 (1963). Para ello se requiere el cumplimiento con la Regla 26 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, la cual dispone que al elevar un documento privado a público se tiene que acudir ante un notario público y redactar nuevamente el contrato privado en el que conste la existencia previa del documento, lo cual aquí no ha ocurrido. En consecuencia, de entenderse que el fideicomiso es de carácter ínter vivos, no tendría validez bajo nuestro ordenamiento.

No obstante, el mandato expresado por Fernando Rodríguez en la póliza de seguro no puede ser considerado un fideicomiso ínter vivos, sino un fideicomiso mortis causa, puesto que tendría efecto a su muerte. En vista de ello, debemos aplicar las disposiciones aplicables a los fideicomisos mortis causa.

Como hemos señalado antes, el Código Civil dispone que el fideicomiso puede constituirse por testamento para que tenga efectos después de la muerte. (Enfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 2542. De la naturaleza permisiva de esta redacción podemos colegir que esta disposición no representa una limitación a la posibilidad de que se realice válidamente de otra forma que no sea un testamento, sobre todo si tomamos en cuenta que, acto seguido, el Código establece con carácter mandatario el requisito de escritura pública para los fideicomisos ínter vivos. 31 L.P.R.A. see. 2543.

No existe nada en nuestro ordenamiento que impida que el fideicomiso mortis causa, que se hace para que tenga efectos después de la muerte del fideicomitente, se haga a través de un mecanismo legal distinto al testamento. De hecho, ajustándonos a las expresiones de la doctrina, entendemos que no se debe restringir el marco de aplicación de la figura, cuando la misma ha sido acogida, precisamente, por la valiosa flexibilidad que se le reconoce.

Más aún, no es difícil encontrar estudiosos de la materia que hayan anticipado la posibilidad de que disposiciones sobre fideicomisos puedan incluirse en un contrato de seguro de vida. Se puede constituir un fideicomiso “cuando quien toma un seguro de vida y se ha reservado la facultad de cambiar [el] beneficiario, indica al ya designado que conserve póliza e indemnización en trust a favor de un tercero”. (Enfasis en el original.) R. Batiza, El Fideicomiso: teoría y práctica, 4ta ed. rev., México, Ed. Porrúa, 1980, pág. 181. De hecho, Batiza entiende que “[d]ebe estimarse además como testamentario el fideicomiso constituido en acto que no sea precisamente un testamento, pero cuyos efectos hayan de surtirse después de la muerte del constituyente”. Batiza, ante. Esto ilustra la flexibilidad que la doctrina es capaz de otorgarle a la figura del fideicomiso.

Conforme a lo anterior, la naturaleza del seguro de vida hace viable que se admita la validez de un fideicomiso en él constituido si cumple con las disposiciones legales aplicables. Sabido es que este tipo de seguro constituye un acuerdo en el que la compañía de seguros se obliga a pagar cierta cantidad de dinero a la(s) persona(as) nombrada(as) como beneficiaria(s) cuando se produzca la muerte del asegurado. Véanse: 26 L.P.R.A. see. 402 y 26 L.P.R.A. see. 102. Siendo así, no cabe duda de que el contrato de seguro de vida representa el tipo de negocio que adquiere vida a la muerte del interesado. Por ende, y visto que la disposición sobre fideicomisos mortis causa no parece ser limitativa, entendemos que el fideicomiso constituido en la póliza del seguro de vida en el presente caso es válido en derecho.

C. Finalmente, atendemos el último señalamiento de error. La peticionaria Febles Gordián aduce que no procedía eximir a TOLIC del pago de intereses desde la fecha de la consignación del dinero del menor hasta la fecha en que se dictó la sentencia. Su argumento se basa en la disposición del Código Civil que establece que la obligación subsiste mientras el acreedor no haya aceptado la consignación o no haya recaído la declaración judicial de que está bien hecha. Art. 1134 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3184. No le asiste la razón a la peticionaria.

La consignación es “el depósito judicial ... de la cosa debida. Se pone la cosa bajo el poder de la autoridad judicial, que la retendrá y pondrá a disposición del acreedor”. (Énfasis suprimido.) J. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, Programa de Educación Continua, Universidad Interamericana, 1997, pág. 186. Esta figura “produce la extinción de la obligación; y es una forma de pago de la mismá cuando no se cuenta con la voluntad del acreedor”. R. Bercovitz y Rodríguez Cano, y E. Valladares Rascón (comentaristas), en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1991, Art. 1.181, T. XVI, Vol. 1, pág. 297.

Dicha figura está regulada por los Arts. 1130 al 1135 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3185 a 3189. Mientras que el Art. 1130 dispone que la consignación libera de responsabilidad al deudor "cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar”, el Art. 1134 del Código Civil dispone que

[h]echa debidamente la consignación, podrá el deudor pedir al tribunal o juez que mande cancelar la obligación.
Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación, o no hubiere recaído la declaración judicial de que está bien hecha, podrá el deudor retirar la cosa o cantidad consignada, dejando subsistente la obligación. 31 L.P.R.A. see. 3184.

Si bien la referida disposición legal dispone que el deudor no queda liberado de su obligación hasta la declaración judicial de corrección, ello no implica que esté obligado al pago de intereses desde el momento de la consignación hasta que recaiga dicha declaración. Una cosa es la liberación formal de la obligación, que surge como consecuencia del contrato, y otra, el requisito del pago de intereses. “[L]a doctrina española coincide en que la eficacia retroactiva de la consignación bien hecha alcanza hasta el momento en que tuvo lugar la práctica del depósito” (Enfasis en el original.) Vélez Torres, ante, pág. 189.

El hecho de que el tribunal a quo haya tardado en declarar correcta la consignación, no debe ser causa para imponerle a un deudor el pago de intereses por una suma que entregó conforme lo exige nuestro ordenamiento. Si, bajo esas circunstancias, se impusiera el pago de intereses desde la fecha de la consignación, desvirtuaríamos el propósito mismo de la Regla 19 de Procedimiento Civil, 34 L.P.R.A. Ap. III, que permite la litigación de partes adversas y que representa una de las instancias de mayor utilidad de la figura de la consignación. Véase Art. 1130 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3180.

La determinación judicial lo que hace “es decíarar que la consignación está bien hecha, reconociéndole los efectos liberatorios que perseguía el deudor desde que depósito la cosa, por lo tanto debe surtir efectos desde [ese] momento”. Vélez Torres, ante, pág. 189. Concluimos, pues, que aunque la liberación formal del deudor depende de que el tribunal determine que la consignación está bien hecha, el pago de intereses a partir de la consignación no procede si, en efecto, se declara su corrección. Resolvemos que en casos como el presente, donde se declara correcta la consignación, se “retrotraen los efectos del pago al momento del depósito de la cosa ...”. Bercovitz y Rodríguez Cano, y Valladares Rascón, ante, pág. 299.

III

De acuerdo con los fundamentos antes expresados, pro-cede la confirmación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en el presente caso, aun cuando por fundamentos distintos.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       El trust es análogo al fideicomiso, según discutido más adelante.

       “Todas aquellas personas que tuvieren reclamaciones contra el demandante podrán ser unidas como demandadas y requerírseles para que litiguen entre sí dichas reclamaciones, cuando las mismas fueren de tal naturaleza que el demandante estaría o podría estar expuesto a una doble o múltiple responsabilidad. No será motivo para objetar a la acumulación el que las reclamaciones de los distintos reclamantes a los títulos en los cuales descansan sus reclamaciones no tengan un origen común o no sean idénticos sino adversos e independientes entre sí, o que el demandante asevere que no es responsable en todo o en parte de lo solicitado por cualquiera de los reclamantes. Un demandado que se hallare expuesto a una responsabilidad similar puede obtener el mismo remedio a través de una reclamación contra coparte o reconvención. Las disposiciones de esta regla suplementan y no limitan la acumulación de partes permitida en la Regla 17.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

       Véanse, además: A.W. Scott, 1>msís and the Statute of Wills, 43 (Núm. 4) Harv. L. Rev. 521 (1930); O.L. Browder, Giving or Leaving-What is a Will?, 75 (Núms. 5 & 6) Mich. L. Rev. 845 (1977); H.W. Ballantine, When are Deeds Testamentary?, 18 (Núm. 6) Mich. L. Rev. 470 (1920).

         Como bien es sabido, el producto de una póliza no es parte del caudal relicto. Vélez et al. v. Bristol-Myers, 158 D.P.R. 130 (2002).

       “El notario podrá elevar a escritura pública un documento privado cuyo contenido es materia de contrato.
      “En tal caso, el notario podrá optar por redactar nuevamente el contrato privado, pero hará constar en la escritura la existencia previa del documento privado.
      “Podrá optar, además, por unir el contrato privado a la escritura que autoriza sin redactarlo nuevamente. En tal caso el notario relacionará el contrato privado, dará fe de haberlo leído, de haber aceptado su redacción, del número de folios de que consta éste, y de que su texto se incorpora como si estuviere transcrito, de todo lo cual los comparecientes en su presencia lo ratifican y firman el original de la escritura.
      “En ambos casos será indispensable que comparezcan al acto todas las partes que intervinieron en el documento privado o, en su defecto, sus herederos, representantes legales o voluntarios a prestar su consentimiento.
      “El notario cumplirá, además, con todas las formas y solemnidades que requiere la autorización de una escritura pública.” 4 L.P.R.A. Ap. XXIV, R. 26.


text:
      In re Designación de la Lcda. Sandra I. Velázquez Gómez como Compiladora y Publicista de Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

      Número: EN-2007-01

      Resuelto: 11 de abril de 2007
   RESOLUCIÓN

Se designa a la Leda. Sandra I. Velázquez Gómez como Compiladora y Publicista de Jurisprudencia del Tribunal Supremo. La licenciada Velázquez Gómez ejercerá administrativamente cualquiera otra función que le asigne el Juez Presidente y el Tribunal Supremo. Esta designación tendrá efecto el 18 de abril de 2007.

La licenciada Velázquez Gómez desempeñará sus funciones de acuerdo con las disposiciones que regulan el funcionamiento de la Oficina de la Compiladora y Publicista de Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

0Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Accumail de Puerto Rico, Inc., recurrida, v. Junta de Subastas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados et al., peticionarios.

      Números: CC-2006-497 CC-2006-500

      Resueltos: 12 de abril de 2007

      Ricardo E. Carrillo Delgado, abogado de Caribbean Forms Manufacturing, peticionaria; Pedro Santiago Rivera y Mitchelle Camacho Nieves, de Reichard & Escalera, abogados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, peticionaria; Roberto O. Maldonado Nieves, abogado de Accumail de Puerto Rico, Inc., recurrida.
   per curiam:

Nos corresponde determinar si actuó correctamente el Tribunal de Apelaciones al revocar una determinación de la Junta de Subastas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (Junta de Subastas), mediante la cual se le concedieron a Caribbean Forms Manufacturing (C.F.M.) los trabajos de facturación y correspondencia general, y a Accumail de Puerto Rico, Inc. (Accumail) los trabajos relacionados con el informe de calidad de agua. Mediante el referido dictamen, el foro apelativo dejó sin efecto la adjudicación hecha a favor de C.F.M. y le concedió todos los trabajos incluidos en la subasta a Accumail, aun cuando esta entidad había sido declarada no responsiva por la Junta de Subastas en cuanto a ciertos renglones. Por entender que la Junta no abusó de su discreción en las adjudicaciones realizadas reinstalamos su dictamen y, en consecuencia, revocamos la decisión del Tribunal de Apelaciones.

I

Los hechos de este caso no están en controversia. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) invitó al público a participar de una subasta para la contratación de servicios de preparación e impresión de facturas, avisos y correspondencia en general. El pliego de subasta detallaba los requisitos que debían cumplir los licitadores al presentar sus ofertas, entre ellos, detallar un costo fijo total a base de un sistema de facturación mensual y otro a base de un sistema bimensual. Es decir, se exigía que el licitador ofreciera dos cotizaciones para los servicios en cuestión, a saber, una primera cotización basada en servicios rendidos seis veces al año, y otra basada en servicios ofrecidos doce veces al año. En el servicio de informes de calidad de agua, sin embargo, se requería una sola cotización basada en un sistema anual.

El pliego de especificaciones también requería que el licitador presentara una declaración jurada en la que informara si había sido convicto o si se había declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en el Art. 3 de la Ley Núm. 458 de 29 de diciembre de 2000, según enmendada, o si se encontraba bajo investigación en algún procedimiento legislativo, judicial o administrativo en cualquier país.

A la referida subasta comparecieron Accumail, C.F.M., Moore Wallace y Evertec. Evaluadas las ofertas, la Junta de Subastas adjudicó a favor de C.F.M. todos los trabajos relacionados con la impresión de facturas y trabajos de correspondencia. La decisión de la Junta se basó en el hecho de que —en cuanto a los servicios mencionados— C.F.M. fue el único postor responsivo. De otra parte, la Junta le adjudicó a Accumail los informes de calidad de agua, ya que fue el postor más bajo y en ese renglón sí fue responsivo.

Inconforme con la decisión, Accumail presentó ante la Junta de Subastas una moción de reconsideración. Adujo que su propuesta fue responsiva y que cualquier duda que la misma hubiese generado quedó aclarada con una llamada telefónica que le hizo la propia Junta. En la referida llamada, se le preguntó a representantes de Accumail si el precio cotizado era para el sistema de facturación mensual o para el bimensual. La respuesta de Accumail fue que era el mismo precio independientemente de que el servicio fuera mensual o bimensual. Accumail alegó que, aclarado ese detalle, el precio ofrecido era más bajo que el de C.F.M. Además, sostuvo que C.F.M. incumplió con los requisitos del pliego de especificaciones al no informar que uno de sus oficiales corporativos enfrentaba una investigación en el foro federal por un alegado esquema de fraude.

La Junta de Subastas acogió la moción de reconsideración, pero confirmó la adjudicación hecha a favor de C.F.M. en cuanto a los servicios señalados. La Junta indicó que la llamada que le hizo a Accumail no podía tener el efecto de subsanar su incumplimiento con las especificaciones del pliego de subastas. Además, la Junta entendió que tomar en cuenta la “aclaración” hecha por Accumail en la conversación telefónica atentaría contra los principios de sana administración que rigen los procesos de subastas.

En cuanto al alegado incumplimiento de C.F.M. por no informar en la declaración jurada que uno de sus oficiales estaba siendo investigado, la Junta de Subastas indicó que ni la Ley Núm. 458, supra, ni el pliego de subastas contienen tal exigencia. Señaló que, más bien, el requisito aplica cuando es la entidad licitadora quien ha sido convicta, se ha declarado culpable o está sujeta a investigación.

Insatisfecha aún, Accumail acudió ante el Tribunal de Apelaciones, el cual revocó la determinación. Dicho foro concluyó que no existía razón para que la Junta no considerara la propuesta de Accumail a la hora de adjudicar los servicios que le concedió a C.F.M., ya que mediante la llamada telefónica se subsanó la imprecisión del precio cotizado. Por otro lado, el foro apelativo determinó que C.F.M. incumplió con las especificaciones de la subasta al no indicar en la declaración jurada si alguno de sus oficiales corporativos se encontraba bajo investigación.

De esta decisión acuden ante nos la A.A.A. y C.F.M. mediante recursos independientes que fueron eventualmente consolidados. En esencia, las entidades peticionarias alegan que el foro apelativo incidió al determinar que la Junta de Subastas debió considerar a Accumail para los trabajos que le adjudicó a C.F.M. porque el defecto en el precio cotizado quedó subsanado con la información provista en la conversación telefónica. Por otro lado, aducen que dicho foro erró al concluir que C.F.M. incumplió con las especificaciones de la subasta porque no informó en la declaración jurada que a uno de sus oficiales corporativos lo estaba investigando el foro federal.

Examinadas las peticiones presentadas, le ordenamos a Accumail mostrar causa por la cual no debemos revocar el dictamen del foro apelativo. Accumail compareció oportunamente. Con el beneficio de sus respectivas posiciones, procedemos a resolver.

II

A. Sabido es que la legislación que regula la contratación de servicios para el Gobierno y las subastas gubernamentales busca proteger los intereses del pueblo procurando conseguir los precios más bajos posibles; evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia; el descuido al otorgarse los contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento. Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771 (2006). Para cumplir con estos propósitos, se fomenta la competencia libre y transparente entre el mayor número de licitadores posible. íd.

De acuerdo con el requisito de transparencia en los procesos de subasta, hemos expresado que el elemento de secretividad en la etapa anterior a la apertura de las licitaciones resulta indispensable para que el trámite sea de competencia efectiva y honesta. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 D.P.R. 836 (1999). Una vez se han abierto las propuestas, todos los postores conocen las cotizaciones de sus competidores, lo que permite que los más poderosos económicamente tengan la oportunidad de reducir sus precios y eliminar a sus contendientes. íd. Ello, naturalmente, no debe ocurrir, ya que puede crear competencia desleal en el proceso de licitación. Id.

B. En conformidad con los preceptos mencionados, la A.A.A. promulgó el Reglamento Núm. 2732 de 14 de noviembre de 1980 (Reglamento), el cual establece las nor-mas para la adjudicación de subastas de la A.A.A. El mismo dispone que la Junta de Subastas tiene la facultad para rechazar cualquier propuesta que no cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de subastas. Asimismo, la See. 610.317 de este Reglamento indica, entre otras cosas, que toda oferta que se someta de forma condicionada, de manera tal que modifique las condiciones originalmente estipuladas o que sea insuficiente, será rechazada por la Junta como non responsive. La referida sección también aclara que no se permiten modificaciones a las licitaciones después de la hora fijada para abrirlas.

Por otra parte, la See. 610.318 del Reglamento dispone que mientras se estudian las ofertas, el personal se abstendrá de comunicarse con los postores, a menos que sea para solicitar información suya o aclarar cualquier asunto que no esté claro en la propuesta. Sobre este particular, en el pliego de especificaciones de la subasta que nos ocupa se indicó que la A.A.A. se reservaba el derecho de exigir de los licitadores las aclaraciones necesarias, siempre que no se haya encontrado evidente incumplimiento por parte del licitador y que el requerimiento no altere las condiciones básicas de la propuesta.

C. Finalmente, conviene tener presente que las agencias gozan de una amplia discreción al evaluar las distintas propuestas sometidas en una subasta. Ello porque “ ‘[l]a agencia, con su vasta experiencia y especialización, se encuentra, de ordinario, en mejor posición que nosotros para determinar el mejor licitador, tomando en consideración los factores esgrimidos tanto por la ley como su Reglamento de Subastas”. Empresas Toledo v. Junta de Subas tas, supra, pág. 779, citando a A.E.E. v. Maxon, 163 D.P.R. 434, 444 (2004).

De hecho, en reconocimiento de lo anterior, hemos establecido consistentemente que un tribunal no debe sustituir el criterio de la agencia, sino que debe tener deferencia a las determinaciones de hecho que hace el organismo administrativo, así como a su interpretación de las leyes y los reglamentos que inciden en su funcionamiento, siempre que sean razonables. Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116 (2000). Por lo tanto, la revisión judicial de este tipo de actuación se debe limitar a evaluar la razonabilidad de la decisión recurrida, la cual deberá ser sostenida a menos que se demuestre que es arbitraria o caprichosa. Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005).

Según este marco normativo, procedemos a resolver si erró el foro apelativo al determinar que la Junta de Subastas debió adjudicarle a Accumail los trabaios concedidos a C.F.M.

III

La Junta de Subastas había adjudicado a favor de C.F.M. los servicios de facturación y correspondencia porque entendió que fue el único postor responsivo en cuanto a esos servicios. Al examinar la tabla presentada por la Junta de Subastas en la carta de adjudicación, nos percatamos de que, en efecto, el único postor responsivo en todos los aspectos incluidos en la subasta fue C.F.M. Tanto Accumail como Moore Wallace y Evertec fueron declarados no responsivos en varios renglones.

Ahora bien, a pesar de ello, Accumail alega que su oferta debió considerarse responsiva porque el precio cotizado fue aclarado en la llamada telefónica que le hizo la Junta, así como en una carta posterior. Entendemos, sin embargo, tal como lo afirmó la Junta de Subastas, que la información vertida por Accumail en la llamada telefónica y en la carta enviada con posterioridad no podía tener el efecto de convertir en responsiva una oferta que originalmente no lo era. Aunque la Junta se reservó el derecho de solicitar a los licitadores ciertas aclaraciones, lo cierto es que —conforme al Reglamento y al pliego de especificaciones— esas aclaraciones no podían considerarse si el licitador incumplió o si la aclaración alteraba las condiciones básicas de la propuesta.

Del pliego de especificaciones de la subasta que nos ocupa se deduce que los licitadores tenían que ofrecer una cotización para cada sistema y que ellos mismos tenían que hacer el cálculo del precio cotizado a base de unas cantidades estimadas. Accumail, sin embargo, hizo caso omiso de estas pautas y no ofreció un precio para cada sistema ni hizo el cálculo correspondiente. Más bien, se limitó a indicar que cobraría cierta cantidad por factura enviada, sin indicar a cuánto ascendía su propuesta total y sin especificar para cuál de los sistemas era el precio ofrecido. Resulta claro, por lo tanto, que la Junta de Subastas no podía tomar en cuenta la información ofrecida a través de la llamada telefónica, toda vez que Accumail no había cumplido con las especificaciones de la subasta y su “aclaración” sobre el precio cotizado implicaba una alteración a las condiciones básicas de la propuesta. Más aún, tal como sostuvo la Junta, considerar la aclaración hecha por Accumail y, a partir de ella, declarar responsiva su oferta, hubiera atentado contra la transparencia del proceso y los principios de libre competencia. Ello en vista de que Accumail tuvo la ventaja de conocer los precios ofrecidos por cada uno de los licitadores antes de hacer su “aclaración” de que el precio ofrecido aplicaba tanto al sistema mensual como al bimensual. Siendo así, entendemos que la Junta no abusó de su discreción al concluir que Accumail fue un postor no responsivo en cuanto al renglón relacionado con los servícios de facturación y correspondencia y, por ende, al no adjudicarlos a su favor.

Analizamos ahora la segunda controversia que presentan los recursos de los peticionarios. Estos plantean que erró el foro apelativo al concluir que C.F.M. incumplió con las especificaciones de la subasta porque no informó en la declaración jurada que uno de sus oficiales estaba sujeto a una investigación en el foro federal.

IV

La Ley Núm. 458, supra, dispone que ningún jefe de agencia gubernamental o instrumentalidad del Gobierno, corporación pública, municipio, o de la Rama Legislativa o Rama Judicial adjudicará subasta o contrato alguno para dar u ofrecer servicios o vender o entregar bienes a persona natural o jurídica que haya sido convicta o se haya declarado culpable en el foro estatal o federal, en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos de América o en cualquier otro país, de ciertos delitos constitutivos de fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos públicos allí enumerados. 3 L.RR.A. see. 928.

Mediante la aprobación de la citada Ley Núm. 458, el legislador pretendió dotar de herramientas al Gobierno para velar por el uso adecuado de los fondos públicos cuando contratistas privados realizan servicios, proyectos, obras o suministran bienes en consideración al pago de dichos fondos. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 458, supra. Dicha ley se creó también con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción y proteger la integridad y el uso óptimo de los recursos fiscales del Estado. Id.

Por otro lado, mediante la Ley Núm. 428 de 22 de septiembre de 2004 se enmendó la Ley Núm. 458, supra, para incluir que toda persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación de una subasta o del otorgamiento de algún contrato con cualquier agencia o instrumentalidad gubernamental, corporación pública o municipio para dar u ofrecer servicios o vender o entregar bienes, someterá una declaración jurada ante notario público en la que informará si ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la citada Ley, o si se encuentra bajo investigación en algún procedimiento legislativo, judicial o administrativo, ya sea en Puerto Rico o en cualquier otro país. Si la información fuese en la afirmativa, deberá especificar los delitos por los cuales fue hallado culpable o hizo la alegación de culpabilidad. 3 L.P.R.A. sec. 928f.

Dicha enmienda responde al interés de que la entidad de gobierno conozca de antemano cualquier conducta previa de los posibles contratantes en cuanto al uso y manejo de fondos públicos. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 428, supra. Dicha medida responde, además, al hecho de que resulta oneroso imponerle al jefe de agencia o instrumentalidad del Gobierno, corporación pública o municipio la responsabilidad de corroborar el expediente criminal de cada persona que pretende participar en la adjudicación de una subasta o en el otorgamiento de un contrato. Id.

De las disposiciones aludidas se deduce que la obligación de indicar en la declaración jurada la existencia de una convicción, declaración de culpabilidad o proceso investigativo recae sobre la persona que participa en una subasta o en el otorgamiento de un contrato con un jefe de agencia o instrumentalidad del Gobierno, corporación pública o municipio. De allí surge, además, que lo que tiene que certificar la entidad licitadora (sea persona natural o jurídica) es si ella ha sido convicta o se ha declarado culpable de haber cometido uno de los delitos especificados en la ley, o si se encuentra sujeta a algún proceso de investigación. La Ley Núm. 458, supra, según enmendada, no obliga a que la entidad licitadora, en caso de que sea una persona jurídica, exprese si alguno de sus oficiales se encuentra en alguna de estas circunstancias. Dicha obligación tampoco surge del pliego de especificaciones de la subasta que nos concierne. En vista de ello, no se puede decir que C.F.M. tenía la obligación de incluir dicha información en la declaración jurada.

Conforme a lo anterior, concluimos que erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que C.F.M. incumplió con los requisitos de la subasta y, a base de ello, adjudicar todos los trabajos a favor de Accumail, aun cuando la Junta de Subastas declaró a esta entidad como no responsiva en cuanto a varios renglones.

V

Por los fundamentos que preceden, expedimos el auto solicitado, revocamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones y reinstalamos la determinación de la Junta de Subastas de la A. A. A.

Se dictará la sentencia correspondiente.

       Caribbean Forms Manufacturing (C.F.M.) también señala que el foro apelativo incidió al no considerar sus argumentos sobre la incapacidad de Accumail para proveer los servicios de preparación e impresión de facturas, avisos y correspondencia en general. No obstante, no habremos de pronunciamos en cuanto a la procedencia de esa alegación, ya que ese asunto no se planteó ante la Junta de Subastas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.


text:
      In re Luis A. Ortiz López.

      Número: TS-10039

      Resuelto: 17 de abril de 2007

      Luis E. Rodríguez Lebrón, director ejecutivo del Programa Pro-Bono, Inc.; María de Lourdes Rodríguez, oficial investigadora de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Luis F. Camacho, abogado del querellado; Luis A. Ortiz López, pro se.

   RESOLUCIÓN

Mediante una opinión per curiam y sentencia de 22 de diciembre de 2006, suspendimos al peticionario, Sr. Luis A. Ortiz López, del ejercicio de la abogacía y la notaría por el término de tres meses por deficiencia en el desempeño de la profesión legal. La suspensión no tuvo carácter inmediato y se le notificó mediante un diligenciamiento personal el 27 de diciembre del mismo año.

El término de diez días que dispone nuestro reglamento para solicitar reconsideración de la Sentencia venció el 12 de enero de 2007, por lo que ésta advino final y firme a partir del 16 de enero del mismo año (el 1, 8 y 15 de enero de 2007 fueron días feriados).

Surge del expediente de la querella (CP-2005-7) que el 17 de enero de 2007 se notificó la referida Opinión y Sentencia —final y firme— a las entidades pertinentes, entre éstas, el Colegio de Abogados, el Hon. Procurador General y el Departamento de Estado, además de notificarse al propio querellado y a los querellantes. El 29 de enero de 2007, el señor Ortiz López presentó en nuestra Secretaría una moción de reconsideración tardía. Mediante Resolución de 2 de febrero de 2007, notificada el 6 de febrero, la denegamos con un “no ha lugar”.

Posteriormente, el 12 de febrero de 2007, el señor Ortiz López presentó una segunda moción de reconsideración. Ésta fue declarada “no ha lugar”, con un “aténgase a lo resuelto”. La resolución a esos efectos tiene fecha de 21 de febrero de 2007 y fue notificada el 22 del mismo mes y año.

El 26 de marzo de 2007, el señor Ortiz López compareció ante nos e indicó que la suspensión de tres meses se cumplía el 27 de marzo de 2007, por lo que nos solicitó que lo reinstaláramos al ejercicio de la profesión legal.

Habida cuenta de que la suspensión del ejercicio de la abogacía y la notaría se hizo efectiva el 16 de enero de 2007, al advenir final y firme nuestra Sentencia disciplinaria, no es sino hasta el 15 de abril de 2007 que se cumplen los tres meses de la suspensión decretada.

Por lo tanto, examinada la “Moción solicitando reinstalación” al ejercicio de la profesión legal presentada por el señor Luis A. Ortiz López, se ordena su reinstalación, efectivo el 16 de abril de 2007.

Notifíquese por telefax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton hubiera ordenado su reinstalación efectivo el 27 de marzo de 2007.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Iván M. Flores Ayffán.

      Número: TS-9812

      Resuelto: 19 de abril de 2007

      Salvador J. Antonetti Stutts, procurador general, Noemí Rivera de León, procuradora general auxiliar, y Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, parte querellante; Enrique Rivera Santana, comisionado especial; Rafael A. García López, abogado del querellado; Iván M. Flores Ayffán, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Solicitando Reinstalación al Notariado, presentada por el Ledo. Iván M. Flores Ayffán, se ordena su reinstalación al ejercicio de la notaría, efectiva el 1 de mayo de 2007.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia.

      Número: EC-2007-01

      Resuelto: 24 de abril de 2007
   RESOLUCIÓN

El 24 de enero de 2006, mediante la Resolución Núm. EC-2006-01, este Tribunal reactivó el Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, con la encomienda de evaluar las Reglas de Evidencia a la luz de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 24 et seq. Además, se le encomendó al Comité enmarcar los trabajos en el desarrollo de un proyecto moderno de Reglas de Evidencia que esté dirigido principalmente a agilizar los procedimientos judiciales.

El 10 de abril de 2007, el Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia hizo la entrega formal de su informe final. Dado ello, este Tribunal tiene por cumplida la tarea que le fuera delegada al Comité y acepta el Informe de Reglas de Derecho Probatorio presentado.

El Tribunal remite el Informe al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial para su difusión y análisis correspondiente. Se instruye a la Directora del Secretariado, Leda. Lilia M. Oquendo Solis, a tomar las medidas necesarias para conceder a la comunidad jurídica y a la ciudadanía la oportunidad de examinar el informe y a so-meter sus recomendaciones para la consideración del Tribunal una vez concluido el proceso de evaluación.

Finalmente, el Tribunal agradece a las personas siguientes que fungieron como miembros del Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia la excelente labor realizada y la agilidad y rapidez con que se efectuaron los trabajos:

Hon. Luis Rivera Román, presidente
Ledo. Ernesto L. Chiesa Aponte
Hon. Bruno Cortés Trigo
Ledo. Rolando Emmanuelli Jiménez
Ledo. Alberto Ornar Jiménez Santiago
Ledo. Ricardo Ramírez Lugo
Ledo. Francisco Rebollo Casalduc
Leda. Heidi Rodríguez
Ledo. Heriberto Sepúlveda Santiago
Leda. Vivian Neptune
Ledo. Fernando Luis Torres Ramírez
Ledo. Enrique Vélez Rodríguez

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo