text:
    Salvador Perales Miranda, demandante y apelante v. Celestino Perales Miranda, demandado y apelado.
    Núm. 8663.

    — Sometido: Diciembre 8, 1943.

      Resuelto: Febrero 17, 1944.

      Federico García Veve, abogado del apelante; Francisco. Torres Aguiar, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación entablado contra sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan en un pleito de reivindicación, a favor del demandado. La opinión de la corte de distrito dice como sigue:

“Salvador Perales solicita se condene a su hermano Celestino a que le restituya cierta parcela de terreno, y una pequeña casa de madera que en ella enclav'a, alegando Salvador ser su dueño, y que. Celestino la detenta sin título alguno. Celestino alega ser condueño de. la propiedad.
“De la prueba aparece que la. Iglesia Católica, dueña de cierto solar que lleva el número 404 en el plano de urbanización de la finca Capetillo en Río Piedras, lo arrendó. Desconocemos los términos del contrato de arrendamiento. Antonio Rosado adquirió por cesión los derechos del arrendatario. Celestino era empleado de Rosado, se enteró de. que Rosado deseaba ceder sus derechos al solar, y vender una casa de madera en él enclavada (la que hoy ocupa el deman-dado), se lo hizo saber a Salvador, y el 7 de febrero de 1936 se ■otorgó un documento suscrito ante notario según el cual Rosado ven-día la casa, y cedía sus derechos como arrendatario del solar, a Salvador, por el precio de $225, que se dice en el documento recibió •el vendedor antes de su fecha. Poco después vino Celestino a ocu-par la casa, la cual lia mejorado. Posteriormente, Salvador edificó otra casa, y un ranchón, en el solar. Cuando Celestino levantó unas columnas de concreto, con intención de añadir un segundo piso a la casa que ocupa, se opuso Salvador, y surgió la 'desavenencia entre los hermanos que ha culminado en este pleito. El 10 de octubre de 1940, o sea, después de iniciada la disputa, Salvador adquirió el dominio del solar de la Iglesia Católica.
“Existe un conflicto directo en la prueba en cuanto a la parti-cipación de Celestino en el contrato de febrero 7 de 19.36. La prueba del demandante Salvador es al efecto de. que él fué el único com-prador, y el que pagó la totalidad del precio de venta. La prueba del demandado Celestino es al efecto de que él satisfizo la mitad del precio, en el entendido de que sería condueño de la casa de madera y .de los derechos de arrendamiento en el solar. No ha sido fácil la resolución de este conflicto. Nos inclinamos a creer la prueba del demandado a este respecto, principalmente a base de la declaración de Antonio Rosado, testigo aparentemente desintere-sado, y quien declaró en forma, que merecía crédito. Así resuelto el conflicto, resulta que Celestino es condueño de una mitad pro indivisa de la casa que existía, en el solar, y de los derechos que confería e.l contrato de arrendamiento, y que Salvador es dueño en pleno dominio del solar.
“Al adquirir Salvador el dominio del Solar, pudo dar por ter-minado en cuanto a Celestino se refiere, el contrato de arrenda-miento (artículo 1461, Código Civil, Ecl. de. 1930), pero no aparece que así lo hubiese hecho. Su demanda no se basa en esa teoría. Por otra parte, desconocemos los términos del contrato de arrenda-miento, por lo que no podemos determinar los derechos del deman-dante y demandado de acuerdo con dicho contrato. En esa situación, y en vista de que el demandado es dueño en común pro indiviso de la casa que ocupa, es claramente, improcedente una sentencia condenándole a restituir la casa, o la parte del solar que ocupa la casa, al demandante.
“Por los motivos expuestos, debe dictarse sentencia declarando sin lugar la demanda., con las costas.”

Al resolver la moción de reconsideración radicada por el demandante, la corte de distrito se expresó así:

“Se nos pide la reconsideración de nuestra sentencia de abril 6 de 1942, pero lo que en esencia se solicita es la aclaración de ciertos conceptos de la opinión en que se basó la sentencia. Como dijimos en la opinión, el demandante demostró ser único dueño del solar. El demandado es condueño, junto con el demandante de la casa que en dicho solar posee el demandado. En nuestra opinión no pre-tendimos resolver, ni resolvimos, que el demandado tenga derecho alguno en el solar. Lo controversia giró en torno a la casa iónica-mente, y la resolvimos a favor del demandado por estimarlo con-dueño de la misma.’’

La única cuestión substancial envuelta en este caso es el alegado error de la corte de distrito al pesar la prueba. Sin embargo, éste es un caso típico de conflicto de prueba. La corte inferior dió crédito a la del demandado, que fué corro-borada por Antonio Rosado, ministro protestante, y vendedor de la casa y del arrendamiento aquí envueltos. Bajo tales circunstancias, no estaríamos justificados para intervenir con la sentencia dictada por la corte de distrito.

La sentencia y la resolución apeladas serán confirmadas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor SNyder

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Filomeno González Alvarez y Julio González Alvarez, acusados y apelantes.
    Núm. 10310.

    — Sometido: Febrero 1, 1944.

      Resuelto: Febrero 17, 1944.
   El Juez Asociado Señor SNyder

emitió la opinión del tribunal.

Filomeno González Alvarez y Julio González Alvarez apelan de una sentencia condenando al primero, como dueño, y al segundo como agente, por tener en su posesión y ofrecer para la venta y consumo humano leche adulterada, en vio-lación de la sección 1, Ley número 77, Leyes de Puerto Rico, 1925 (pág. 559).

Los apelantes señalan dos errores: (1) errónea'aprecia-ción de la prueba; (2) hacer caso omiso de la doctrina establecida en Pueblo v. Almodóvar, 56 D.P.R. 534, la que, de aplicarse a los hechos de este caso, traería como conse-cuencia la absolución de los apelantes.

Filomeno González es dueño y explota una vaquería en Isabela. El día en cuestión, Julio González, actuando como agente de su hermano Filomeno, le entregaba a una señora, en un restaurante en Aguadilla, un porrón lleno de leche de vaca, cuando apareció un Inspector de Sanidad y tomó una muestra de dicha leche, la que al analizarse demostró que estaba adulterada con agua en un 14 por ciento. El porrón estaba rotulado: “Leche pura de vaca de Filomeno González, Barrio Guayabo, Isabela, Puerto Rico.” Los acusados admiten que la leche era para el consumo humano. Al ser sorprendido, Julio G'onzález, informó al Inspector que acababa de comprar a Cecilio Cortés la leche en cuestión para poder contar con suficiente leche para completar los ajustes. Julio sugirió que el Inspector buscara a Cortés con el fin de que le tomara una muestra de la leche. Pero el Inspector no pudo encontrar a Cortés.

La única porción de la prueba arriba reseñada, que con-trovertieron seriamente los apelantes fué en cuanto al sitio donde se entregaba la leche a la señora. Julio afirma que esto ocurrió frente, en vez de dentro del restaurante. El resto de la prueba de los apelantes fué al efecto de que la leche no se ofrecía allí en venta; que la señora no efectuó pago alguno por la misma; y que la leche adulterada proce-día de Cortés y no de la producción regular de la vaquería.

La contención de que la leche aquí envuelta no se ofrecía en venta, carece de fundamento. [1] La admisión de Julio González de que compró y suministró la leche a los ajustes era suficiente para sostener esta acusación, prescindiendo de la fecha en que se pagara por la leche. (Pueblo v. Zapata, 54 D.P.R. 145.) [2] En verdad, el que se realice de hecho una venta no es un elemento esencial del delito aquí envuelto (Pueblo v. Morillo, 50 D.P.R. 737; Pueblo v. Acosta, 56 D.P.R. 138, 140).

Y aun si asumiéramos que los acusados el día en que se tomó la muestra ni habían adulterado la leche ni sabían que estaba adulterada, tales hechos no constituyen una defensa bajo el estatuto de que aquí se trata (Pueblo v. Cartagena et al., 37 D.P.R. 457; Pueblo v. Román, 60 D.P.R. 637).

Toda vez que el porrón llevaba el nombre de la vaquería de Filomeno González (Pueblo v. Calderón, 17 D.P.R. 484), y toda vez que se admitió que Julio actuaba como agente de Filomeno González, no se cometió error al condenar a ambos por el delito aquí envuelto (Pueblo v. Rubio, 53 D.P.R. 562; Pueblo v. Morales, 47 D.P.R. 762).

La regla establecida en el caso de Pueblo v. Almodóvar, supra, no es de aplicación a los hechos de este caso.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Snyder

text:
    Agustina Mangual, por sí y en su carácter de madre con patria potestad y en representación de sus menores hijas Josefa Antonia e Inés María Mangual y Mangual, demandantes y apelantes, v. Municipio de Añasco, demandado y apelado.
    Núm. 8738.

    — Sometido: Diciembre 17, 1943.

      Resuelto: Febrero 17, 1944.

      Amador Ramírez Silva, abogado de las apelantes; Ildefonso Freyre, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Snyder

emitió la opinión del tribunal.

La viuda e hijos de Eladio Mangual instituyeron este pleito de daños y perjuicios por la muerte de Mangual debido a la alegada negligencia del Municipio de Añasco. Los de-mandantes han apelado de la sentencia dictada por la corte de distrito a favor del demandado.

Nos remitimos primeramente a la contención de que la corte inferior cometió error al apreciar la prueba. La prueba de ambas partes era al efecto de que .Mangual caminaba por una carretera de Añasco y fue eloctrocutado al hacer contacto con un alambre eléctrico de alta tensión.

Sin embargo, existió conflicto en la prueba en cnanto a la manera en que Mangual hizo contacto con el alambre. La prueba de los demandantes fué que Mangual regresaba a su casa por la carretera; que se echó hacia la orilla para de-fenderse de un camión que venía en dirección contraria a excesiva velocidad; que la velocidad del camión aparente-mente movió el alambre que se había roto, caído y estaba colgando de un árbol; y que al pasar el camión, el alambre le cayó encima a Mangual quien lo agarró en un vano intento de apartarlo del cuerpo.

Por otro lado, Julio Angel Montalvo, empleado del deman-dado, declaró que al ser informado de que se había roto un alambre, se personó en al sitio del suceso; que vió un grupo de personas en dicho sitio; que les gritó que no tocaran el alambre, que estaba en una zanja; que Mangual contestó, “Eso no hace nada”, tocó el alambre con su mano izquierda e instantáneamente fué electrocutado. La declaración de Montalvo fué corroborada por otros testigos que también eran, excepto uno, empleados del demandado.

No tenemos duda de que bajo la regla establecida en Rosado v. Ponce Railway & Light Co., 18 D.P.R. 609, Orta v. P. R. Railway, L. & P. Co., 36 D.P.R. 743, y Sucn. Matheu v. Municipio, 56 D.P.R. 539, los demandantes podrían invocar la doctrina de res ipsa loquitur en este caso. Pero como dijimos en Hermida v. Feliciano, 62 D.P.R. 55, res ipsa loquitur es meramente una regla de evidencia. En el pre-sente caso desempeñó el papel de prueba de negligencia por parte del demandado. Nuestra dificultad aquí estriba en que la corte inferior dió crédito a la prueba de que Mangual deliberadamente se metió en el asunto y tocó el alambre para demostrar que era inofensivo. Ciertamente tal conducta, de haberse observado, fué negligencia contribuyente que basta-ría para impedir se recobraran daños. La corte de distrito resolvió que se observó dicha conducta. Toda vez que la prueba sobre este punto fué contradictoria, está fuera de nuestra incumbencia intervenir con dicha conclusión de hecho de la corte inferior.

Esta corte ha ido considerablemente lejos para sostener sentencias a favor de los demandantes en casos de electrocu-ción provenientes de contacto con alambres de alta tensión pertenecientes a empresas que se dedican al suministro de energía eléctrica al público. Un ejemplo notable es el re-ciente caso de Sucn. Matheu v. Municipio,, supra. Pero no estamos llamados a examinar de nuevo abora el lenguaje empleado en dicho caso, particularmente a las págs. 547, 48, toda vez que el caso de Matheu, por sus hechos, se distingue fácilmente del presente. Allí la corte inferior resolvió que el alambré obstruía la carretera por la que transitaba el finado y que por tanto no era culpable de negligencia contri-buyente al tratar de apartarse de su ruta. Aquí nos encon-tramos que la corte de distrito le da crédito a la prueba de que el finado voluntariamente abandonó su ruta para tocar el alambre de alta tensión simplemente para demostrar que era inofensivo. (cf. Dunagan v. Appalachian Power Co., 11 F. (2d) 65, (C.C.A., 4th, 1926) ).

En vista del resultado a que hemos llegado, no hay nece-sidad de entrar de lleno en la conclusión de la corte de distrito de que de todos modos el pleito debió haberse entablado contra El Pueblo de Puerto Pico más bien que contra el Municipio de Añasco.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


text:
    Agustín Valiente Granda, recurrente v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1136.

    — Sometido: Enero 17, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      E. Martínez Rivera y Luis Blanco Lugo, abogados del recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez PResidente. Interino SeñoR Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En septiembre 27 de 1932, la Corte de Distrito de San Jnan decretó la administración judicial y la liquidación del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico; y en mayo 10 de 1937 designó al Banco Popular de Puerto Rico para actuar como Trustee y Liquidador del activo y pasivo del Banco en liquidación.

En enero 7, 1943, la corte instruyó al Banco Liquidador para que adjudicara y transmitiera a favor de Agustín Va-liente G-randa, el aquí recurrente, ciertos créditos propiedad del Banco en Liquidación, entre los cuales figuraba el crédito hipotecario contra Macario Rivera y esposa, objeto del pre-sente recurso. El referido crédito fué formalmente cedido al recurrente por el Banco Liquidador, por escritura pública de julio 23 de 1943, la cual fué aceptada y confirmada por el Consejo de Directores de dicho Banco. Presentada dicha escritura para su inscripción, al Registrador. recurrido la denegó mediante la nota siguiente:

“Denegada la inscripción del precedente documento por resultar que la cesión y traspaso del crédito hipotecario perteneciente al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, Sucursal de Caguas, por la suma de veinte mil DÓLARES, dentro del capital de cincuenta y seis mil DÓLARES garantizados con la hipoteca, se ha verificado por el Liquidador Banco Popular de Puerto Rico, con manifiesta extra-limitación de las facultades que como tal liquidador le confiere la Ley: (b) que la subasta verificada por el Marshal de la Corte de Distrito de San Juan el veintisiete de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos a instancia del liquidador, del crédito perteneciente' al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, se llevó a efecto actuando el liquidador sin facultades para ordenarla y por tanto sin autoridad ni jurisdicción el Marshal para llevarla a, efecto: (c) que la Corte de Distrito de San Juan, no tenía jurisdicción para dictar su resolución final de enero siete de mil novecientos cuarenta y tres en el caso civil número 17,493 sobre Administración Judicial, por virtud de la cual ordenó la adjudicación del crédito en Corte abierta a favor de Agustín Valiente Granda e instruyó al liquida-dor el Banco Popular de Puerto Rico la trasmisión del mismo eré-dito al señor Valiente en substitución de Gonzalo Aponte; y que todos esos actos y contratos realizados se llevaron a efecto sin el consentimiento y con perjuicio de los acreedores y accionistas del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico en liquidación, no cons-tando de los documentos presentados que hayan sido citados y oídos en defensa de sus respectivos derechos, tomándose anotación pre-ventiva por el término legal a favor de don Agustín Valiente Granda allí donde indica la nota al margen de la descripción de las fincas que comprende este documento. Oaguas, a doce de noviembre de 1943. (firmado) L. Abella. Registrador. Dros. cancelados $71.00. Nos. 1 y 5 del Arl. y O. P.”

En apoyo de su recurso el recurrente alega;

(а) Que la nota recurrida sólo contiene conclusiones de ley sin base o apoyo alguno en los documentos presentados.

(б) Que de los documentos presentados aparece la capa-cidad del Banco Liquidador para realizar el traspaso del crédito a favor del recurrente.

(c) Que la Corte de Distrito de San Juan tenía jurisdic-ción para ordenar el traspaso, sin que esté permitido al Registrador calificar la justicia o el error de la resolución judicial ordenando el traspaso. (Fortis v. Registrador, 43 D.P.R. 94 y Sucesión Estrella v. Registrador, 41 D.P.R. 756).

(d) Que en el supuesto de que fuera requisito previo al otorgamiento de la escritura la citación de los accionistas y acreedores del Banco en liquidación, de la propia resolución de la Corte aparece que tal citación se hizo.

En defensa de su nota, el registrador recurrido alega:

1. Que la cesión del crédito hipotecario se ha verificado por el Banco liquidador con manifiesta extralimitación de las facultades que como tal liquidador le confiere la ley y en contravención de lo dispuesto en el párrafo 3o. de la sección 37 de la “Ley de Bancos” de Puerto Rico. (Comp. Est. Rev. y Códigos, 1941, pág. 1143.) Sostiene el Registrador que la cesión de crédito en cuestión no es un acto de liquidación y sí un nuevo contrato para cuya validez se requiere la auto-rización del Tesorero de Puerto Rico.

2. Que ni de la escritura de cesión ni de la resolución final dictada en enero 7, 1943 aparece cuál fué el procedi-miento seguido y por virtud del cual el márshal vendió el crédito al recurrente; que de los documentos presentados se deduce que la subasta de los créditos fué verificada por el márshal a instancias del banco liquidador; y que la confir-mación por la corte fué solicitada para convalidar la actua-ción ilegal del márshal.

3. Que la Corte de Distrito de San Juan actuó sin juris-dicción al dictar su resolución final de enero 7 de 1943, inva-diendo las facultades conferidas por la ley al márshal como funcionario ejecutivo de la corte. Basa el recurrido esta contención en que a su juicio la corte de distrito, después de haberse negado a confirmar la adjudicación hecha por el márshal a favor de Gonzalo Aponte, por no considerar razo-nable el precio ofrecido por éste, debió ordenar la celebración de una nueva subasta, en vez de ordenar como ordenó en aquel mismo acto al liquidador que transmitiera los créditos al recurrente señor Valiente, quien encontrándose allí pre-sente ofreció la suma de ocho mil dólares. Alega además el recurrido, que la corte no tuvo en cuenta al aprobar la cesión que no se trataba de la realización de títulos mobilia-rios y créditos de difícil o dudoso cobro y sí de un crédito por $20,000 garantizado con hipoteca sobre catorce fincas debidamente inscritas.

4. Que del registro aparece que el crédito en cuestión fué constituido por Macario Rivera y esposa para garantizar a varios acreedores de la firma Macario Rivera y Hermanos el pago de sus créditos por un total de $56,000; que entre esos acreedores figuraba el Banco Territorial y Agrícola con un crédito de $20,000 y doce acreedores más hasta el completo de los $56,000; que en el convenio de espera y en la inscrip-ción de la hipoteca se hizo constar que la garantía, aun cuando constituida a favor del Banco Territorial, Sucursal de Caguas, “se ha otorgado para garantizar el pago de las obligaciones contraídas por la firma Macario Rivera y Her-manos a los señores relacionados anteriormente en esa ins-cripción.” Sostiene el registrador, qne por virtud de las estipulaciones consignadas en la escritura de hipoteca, los acreedores personales de la firma Macario Rivera y Herma-nos se convirtieron, en unión del Banco Territorial y Agrí-cola, en acreedores hipotecarios de Macario Rivera; que el Banco, al aceptar tal encomienda, contrajo implícitamente-la obligación de pagar hasta donde fuere posible, a los otros acreedores, sus respectivos créditos llegado el momento de-hacer efectiva la garantía hipotecaria; y que esos doce-acreedores que lo son de Macario Rivera y señora, como-deudores hipotecarios, no fueron notificados de la cesión del crédito hipotecario, pues aún cuando en la orden de la corte se expresa que José María del Valle compareció a la vista como Presidente del Comité de Acreedores del Banco Territorial, dicho señor del Valle no ostentaba lá representación de los acreedores hipotecarios de Macario Rivera.

En los casos de Fortis v. Registrador y Sucesión Estrella v. Registrador, citados por el recurrente, se resolvió que cuando la corte de distrito ha dictado una resolución, ésta debe ser tenida por buena y suficiente si la corte tenía jurisdicción y el procedimiento seguido fué el marcado por la ley; y que al hacer su calificación, el registrador puede opinar en cuanto a esos dos particulares, más no así en cuanto a la justicia o error de la resolución, que están fuera de su autoridad y su criterio. Veamos, pues,.si el registrador se ha apartado en este caso de la regla sentada por dicha jurisprudencia.

La primera objeción del registrador carece de méritos. El párrafo 3o. de la sección 37 de la Ley de Bancos, en que la misma se' basa, dice' así:

“Durante el período de liquidación de un banco, su administra-ción dejará de hacer nuevos contratos y obligaciones, a menos que sea autorizado para ello por el Tesorero de Puerto Rico, quedando limitadas sus facultades, en calidad de liquidadora, a percibir los créditos, a extinguir las obligaciones que vayan Venciendo y a reali-zar las operaciones que estuvieren pendientes.”

El citado precepto legal no es aplicable cuando se trata, como en el caso de autos, de la administración judicial y liquidación de un banco bajo la dirección de un Síndico nombrado por la corte de distrito, de acuerdo con las dispo-siciones de las secciones 30 y 31 de la misma Ley de Bancos. Las disposiciones de la sección 37 son aplicables cuando se trata de la disolución de un banco por acuerdo de dos ter-ceras partes' de las acciones representativas de su capital. Es en ese caso que se necesita la autorización del Tesorero para la celebración de nuevos contratos.

Tampoco son sostenibles las objeciones segunda y tercera del registrador. Tanto éste como nosotros debemos presumir, en ausencia de prueba en contrario, que los procedimientos seguidos ante la corte de distrito y por virtud de los cuales se trasmitió al recurrente el crédito en cuestión, se ajustaron a los requisitos legales.

El registrador recurrido no ha llamado nuestra atención hacia estatuto alguno que requiera que la cesión o venta de bienes o créditos pertenecientes al pasivo de un banco en liquidación debe ser hecha mediante subasta pública. No existiendo un estatuto que en términos expresos disponga la forma y manera en que el Síndico de un banco en liquidación deberá hacer la venta de los bienes o créditos bajo su cus-todia, la doctrina aplicable es la que sostiene que la corte de distrito, como Corte de Equidad, no está limitada en sus facultades por regla alguna y tiene amplia facultad para actuar en la forma que a su juicio sea la más adecuada para la protección de todas las partes interesadas. Es cierto que por regla general los Síndicos disponen de los bienes me-diante subasta pública. Empero, se ha sostenido que cuando lo considera conveniente para los intereses de las partes y para los bienes en fideicomiso, la corte está facultada para ordenar al Síndico que disponga de los bienes mediante venta privada, o para aceptar una oferta hecha directamente a la corte, o para ratificar una venta ya hecha. Véanse: Clark on Receivers, Vol. I, §509 (a), pág. ,689; Central National Bank et at v. Hohlfeld Manufacturing Co. 132 Atl. 286, y el artículo 186 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933. De la resolución de la corte aparece que las adjudicaciones fueron hechas por el márshal en subasta celebrada el 27 de noviembre de 1942.

El Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, Sucursal de Caguas, tenía un interés de $20,000 en la totalidad del crédito hipotecario constituido a su favor por Macario Rivera y esposa. Y ese interés de $20,000 es el único que la corte de distrito, por medio de su Síndico, podía vender y vendió al aquí recurrente. En cuanto a los $36,000 restantes, que representan el total de los créditos de los otros doce acreedores, el Banco Territorial era simplemente un depositario o Trustee de dichos doce acreedores, El interés de éstos en el crédito hipotecario no puede desde luego ser cedido a nadie sin su consentimiento. Además, no siendo las participaciones de dichos doce acreedores en el crédito hipotecario parte de los bienes del Banco en liquidación, la corte de distrito no tendría jurisdicción para ordenar su venta sin el consentimiento de los interesados.

La contestación a la objeción formulada por el registra-dor consta en la misma escritura de cesión otorgada por el banco liquidador a favor del recurrente y presentada para su inscripción. En el párrafo quinto de dicha escritura las partes contratantes convienen “que la cesión que aquí se for-maliza entre los otorgantes no ■ se extiende a los demás cré-ditos garantizados también por el gravamen hipotecario aquí relacionado.” Esa estipulación es a nuestro juicio suficiente para dejar a salvo el derecho de los otros doce acreedores hipotecarios, y no era por tanto necesario que se les notificase la venta o cesión de la parte de dicho crédito que correspon-día por su propio derecho al Banco en liquidación.

De la resolución final dictada por la corte de distrito aprobando la cesión del crédito al recurrente, copia de la cnal figura entre los documentos presentados al registro, consta que fueron notificados el Procurador General de Puerto Rico y José María del Valle, en su carácter de Presidente del Comité Interventor de Acreedores y Accionistas del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, para ser oídos sobre los particulares contenidos en la solicitud del Liquidador para la confirmación de las adjudicaciones. Si los derechos de los accionistas o acreedores del banco en liquidación han sido en modo alguno lesionados, ya porque el precio aceptado por la corte haya podido ser inadecuado o por cualesquiera otras razones, es a los tribunales de justicia a quienes corresponde protegerlos, y no al registrador.

La nota recurrida debe ser revocada y ordenarse al Re-gistrador que inscriba a favor del recurrente la 'participación que en el crédito hipotecario correspondía al Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, Sucursal de Gaguas.


text:
    Sucn. Avelino Portela, compuesta por su viuda Gloria Morales y sus hijos menores Jorge y Gloria Portela Morales, representados por ésta, peticionarios, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, y El Fondo del Estado, representado por su Administrador R. Atiles Moréu, asegurador.
    Núm. 294.

    — Sometido: Febrero 14, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      M. Rivera de la Vega, abogado de la recurrente; Son. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y G. Benitez Gautier, Pro-curador General Auxiliar, y Angel de Jesús Matos, J. Correa ■ Suárez, Joaquina Pérez Cordero y A. Bandín del Manzano, abo-gados los cuatro últimos del Pondo del Estado, abogados todos de dicho Pondo.
   El Juez Presidente Inteeino Señob Teavieso

emitió la opinión del Tribunal.

En la petición radicada por la viuda e hijos del obrero fallecido, se alega que el obrero Avelino Pórtela, residente en San Jnan, fue contratado por la Arundel Corporation para trabajar en la construcción de una base naval para el Gobierno de los Estados Unidos; que el sitio en donde se construía dicha base era insalubre e infestado de mosquitos; y que en julio 9 de 1941, mientras trabajaba en dicha obra, Avelino Pórtela sufrió la picadura de un mosquito y contrajo malaria que le causó la muerte.

La resolución del Administrador del Fondo declarando que el caso no era compensable fué confirmada por la Comi-sión Industrial. Solicitada y denegada la reconsideración, los peticionarios establecieron el presente recurso. Para sos-tenerlo alegan que la Comisión erró al resolver que de acuerdo con las disposiciones de la Ley nnm. 45 de 1935 ((1) pág. 251) el presente caso no es compensable.

La Comisión declaró como hechos probados que Avelino Pórtela vivía en Vieques, salvo salidas temporeras, y que para la fecha de su muerte hacía seis u ocho meses que •estaba viviendo en Vieques; que Pórtela trabajó solamente •durante dos meses para Arundel Corporation, en el barrio Ventana, en Vieques, y que su trabajo era el de “timekeeper” o escribiente; que el 8 de julio Pórtela se sintió en-fermo, con escalofríos y fiebre y lo mandaron a su casa en •el pueblo de Vieques y de allí lo llevaron a Humaeao, en donde falleció. Declaró el Dr. Davis que él babía becho el •examen de la sangre del obrero y comprobó que se trataba •de un caso positivo de malaria; que atribuye la enfermedad a la picada de mosquitos porque esa es una región palúdica •donde bay muchos mosquitos; que Vieques está incluido en la zona malárica del Este y que “nadie puede decir en qué .sitio y a qué hora le picó el anofeles que le causó la malaria; ’ ’ y que Pórtela era residente de Vieques.

El Dr. García Estrada, como testigo del Administrador •del Fondo del Estado, declaró que la malaria no es una •enfermedad ocupacional, excepto en ciertos casos, dentro de los cuales no está comprendido el de autos. Y en apoyo de su tesis, citó el párrafo siguiente de la obra de Kessler, Edi-•eión de 1941, página 526:

“Diez y Cioffi han discutido si la malaria no debería ser con-siderada como una enfermedad industrial, o por lo menos clasificada •como un accidente, cuando en el curso de una ocupación el obrero está expuesto a la infección malárica. Desde el momento, sin embargo, en que los trabajadores no estuvieron más expuestos que los otros habitantes de la región, la malaria no podría ser considerada como una enfermedad ocupacional.”

Después de considerar la evidencia practicada, la Comisión llegó a la siguiente conclusión:

“Apareciendo del testimonio ofrecido durante el acto de-la vista •que la malaria, fuera benigna o maligna, no puede ser considerada como enfermedad ocupacional en Puerto Rico y menos en la zona del este, considerada como palúdica; y resultando asimismo de la evidencia que no se puede determinar si en verdad la malaria fue contraída mientras el obrero trabajaba para el patrono, Arundel •Corporation, o en otro sitio distinto a aquél, y en otro tiempo anterior al 8 de julio de 1941 y que la causa de la muerte, según la certifica el doctor Pressley, fue la de pulmonía doble, nos vemos' obligados a concluir que la-decisión del Administrador, del Fondo del Seguro del Estado, de enero 16 de 1942, es correcta y debe ser confirmada.”

La jurisprudencia que hemos examinado -sostiene que el daño o accidente sufrido por un obrero es compensable-cuando ha sido causado por razón de la existencia de un peli-gro constante, inherente a y peculiar del sitio en donde el empleado estaba obligado a realizar su trabajo. Kimbol v. Industrial Acc. Co., 173 Cal. 351; 27 Cal. Jur. §76, pág. 364. Para que el accidente sea compensable es necesario que exista una clara relación de causa y efecto' entre el empleo y el daño sufrido por el obrero.

La Corte Suprema de Massachusetts en el caso de In re McNicol, 215 Mass. 497, 498, L.B.A. 1916A, 306, explica en forma muy comprensiva cuándo es que un accidente debe ser considerado como proveniente del empleo. Dicha corte se expresó así:

“Un daño proviene del empleo cuando resulta aparente a una mente racional, después de considerar todas las circunstancias, que existe una conexión causal entre las condiciones bajo las cuales debe realizarse el trabajo y el daño resultante. De acuerdo con esta regla, si puede verse que el daño lia resultado de un incidente natural al trabajo y que ha sido contemplado por una persona razo-nable familiarizada con toda la situación, como resultado de la expo-sición ocasionada por la naturaleza del empleo, entonces el daño proviene del empleo. Pero excluye un daño que no puede en jus-ticia ser relacionado con el empleo como una causa próxima con-tributiva y que resulta de un peligro al cual el trabajador estaría igualmente expuesto fuera de su empleo. El peligro causante del daño debe ser peculiar al trabajo y no un peligro común a la vecin-dad. Debe ser incidental a la naturaleza del negocio y no inde-pendiente -de la relación de patrono y empleado. No es necesario que baya sido previsto o esperado, pero después del suceso debe aparecer que el daño tuvo su origen en un riesgo relacionado con el empleo y que provino del mismo como una consecuencia racional.”

En el caso de autos, el obrero residía en el pueblo de Vieques, comprendido dentro de la zona malárica del Este, y allí estuvo expuesto al igual que todos los demás miembros de aquella comunidad al peligro de contraer malaria como consecuencia de las picaduras de los mosquitos. Es cierto que la prueba demostró que en el sitio en donde se estaba construyendo la base había mosquitos, pero también demostró que los había en toda la zona de Vieques. [3] Era a los peticionarios a quienes incumbía probar que el obrero había estado por razón de su empleo sometido a una expo-sición excepcional; y la prueba ni siquiera demostró que Avelino Pórtela fuese picado por un mosquito mientras se encontraba trabajando en el sitio donde se construía la base. No habiéndose establecido afirmativamente la relación de causa y efecto entre el empleo y la enfermedad contraída por el obrero, no erró la Comisión Industrial al resolver que los peticionarios no tenían derecho a compensación. Véase: 27 Cal. Jur. secs. 93 y 94, págs. 395 a 397; San Francisco v. Industrial Acc. Com., 183 Cal. 273.

Bebe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la reso-lución recurrida.


text:
    Américo Miranda, peticionario, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. R. La Costa, Jr., Juez, demandada.
    Núm. 1542.

    — Sometido: Noviembre 15, 1943.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      Bubón & Ochoieco y Otero Sur o & Otero Suro, abogados del peti-cionario; Ilarizell, Kelley & Hartzell, abogados del interventor, demandado en el pleito principal.
   El Juez Presideette Interino Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Menéndez Ramos, dueño de una casa en Miramar, Santurce, la dió en arrendamiento a José María Jarabo, me-diante contrato verbal de mes a mes, por un canon de $75 mensuales. En junio 7, 1943 Menéndez vendió la casa al peticionario Miranda, quien ni reconoció ni renovó el contrato de arrendamiento. En julio 6, 1943 Miranda pidió a Jarabo que le entregase la casa, alegando que la necesitaba para vivienda de su familia, y le devolvió el giro por los $75 de la renta del último mes. Negóse Jarabo a desocupar la casa y entonces Miranda interpuso demanda de desahucio en precario ante la Corte de Distrito de San Juan. En su contestación, Jarabo negó que él estuviera ocupando la casa precariamente; alegó su contrato con Menéndez; y como defensa especial, que el demandante habita en la actua-lidad una casa de su propiedad, y que lo ha sido dentro del año anterior al comienzo de la acción de desahucio.

La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y el demandante interpuso el presente recurso de certiorari. Por considerar que la cuestión envuelta es de gran interés público, el suscribiente, como Juez de Turno, expidió el auto, y el caso fué visto ante el tribunal en pleno.

' Los fundamentos del presente recurso son:

Io. Que la Ley número 14 de 21 de noviembre de 1941 (Leyes de 1941, Sesión Especial, pág. 45) no es aplicable a los casos de desahucio en precario ni tampoco a aquellos en qne no existe relación contractual alguna entre el propie-tario y el ocupante del inmueble, ni a los casos de compra de finca arrrendada en que el adquirente opta por no reco-nocer el contrato no inscrito celebrado por el ocupante con el anterior dueño.

2o. Que la citada ley le priva de su propiedad sin el debido procedimiento de ley, le niega la igual protección de las leyes y menoscaba la validez de los contratos, todo ello en violación a los preceptos estatuidos por los párrafos 1 y 5 del artículo 2 de nuestra Carta Orgánica.

3o. Que la citada ley tiene por objeto enmendar las sec-ciones 2, 6, 9, y 17 de la Ley de Desahucio y ni su- título expresa dicho objeto, ni se ha publicado en su totalidad ni decretado nuevamente, la parte de la referida ley que apa-rentemente se trató de enmendar, todo ello en contravención a lo dispuesto por nuestra Ley Orgánica en los párrafos 8 y 9 de su artículo 34.

José María Jarabo no es un poseedor de la finca en precario. Él tomó posesión y estuvo disfrutando el inmueble por virtud de un contrato con el anterior dueño de la finca, que por no estar inscrito en el registro de la propiedad expiró tan pronto como Miranda adquirió la casa, quien rehusó asumir la continuación del arrendamiento. Manresa, Comentarios Ley de Enjuiciamiento Civil, Ed. 1910, tomo 6, pág. 27. Sosa v. Río Grande Agrícola Co., (1911), 17 D.P.R. 1149, 1152; Rourke v. Pacheco, (1912), 18 D.P.R. 981, 984; López v. Central Eureka, Inc., (1919), 27 D.P.R. 291, 293 et seq.; Cuesta v. Ortiz, (1921), 29 D.P.R. 494, 496 et seq.; Angleró v. Fernández, (1922), 31 D.P.R. 262, 264; Arrache et al., v. Carlsson, (1924), 33 D.P.R. 250, 255; Flores v. Delgado, (1925), 34 D.P.R. 778, 779, 780. Al mismo efecto dispone el Código Civil (Ed. 1930) en la primera parte de su artículo 1461 que, “El comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo vigente al verificarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto en la Ley Hipotecaria. ’ ’

En sus comentarios al artículo 1571 del Código Civil Es-pañol, qne es el equivalente del 1461 del nuestro, dice Manresa:

“El Código en este artículo lia instituido evidentemente una causa más de desahucio, causa que no arranca de hecho u omisión del arrendatario como las demás que hemos examinado, sino del acto de traslación de dominio realizado por el arrendador, que al engen-drar una nueva relación jurídica, ejerce positiva influencia sobre la antes existente por razón de los principios en que. cada una se funda y del objeto común sobre que recaen, que es la finca arren-dada.” Manresa, tomo 10 (Ed. 1908) pág. 637.

El artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. 1933) en su forma original disponía:

“Procederá el desahucio contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios, los administradores, encargados, porteros o guardas, puestos por el propietario en sus fincas, y cualquiera otra persona que detente la posesión material o disfrute precariamente, sin pagar canon o merced alguna.”

Es evidente, pues, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1461 del Código Civil y el artículo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil, el demandante Miranda tendría el derecho indiscutible de desahuciar a Jarabo como detentador de la posesión del inmueble.

¿Cuál es el efecto de la Ley número 14 de 1941 sobre el derecho del demandante a recobrar la posesión de su finca?

La citada ley enmendó el artículo 621 del Código .de Enjuiciamiento Civil, supra, añadiéndole lo siguiente:

“Disponiéndose, sin embargo, que no se declarará con lugar acción alguna para recobrar la posesión de un inmue-ble ocupado para fines de residencia en las zonas urbanas de un municipio o del Gobierno de la Capital de Puerto Rico, excepción hecha de una acción para recobrar dicha posesión por el fundamento.” y a continuación se enumeran los casos en que procede el desahucio. Estos podemos resu-mirlos como sigue:
(а) Cuando vencido el término del contrato resulta inde-seable por razones de orden moral que el ocupante con-tinúe en la posesión del inmueble.
(б) Cuando el propietario procura de buena fe recobrar todo o parte del inmueble para residencia de él o de. su fami-lia, siempre y cuando que dicho propietario habite una casa que no es.de su propiedad.ni lo ha sido dentro del año anterior al comienzo de la acción.
(r) Cuando el propietario desea demoler el local con el fin de edificar una nueva construcción.

Añade la ley, que no se expedirá orden de lanzamiento en las acciones para recobrar la posesión de nn inmueble por el fundamento de haber vencido el término del arriendo a menos que el demandante pruebe que la acción es una de las mencionadas en las excepciones antes enumeradas.

El lenguaje del estatuto es claro y terminante. Prohíbe que se declare con lugar cualquier clase de acción que tenga por objeto recobrar la posesión de una casa ocupada para fines de residencia y situada dentro de las zonas urbanas de los Municipios o de la Capital de Puerto Rico, excepto en aquellos casos en que el demandante alegue y pruebe que su demanda está basada en una o más de las excepciones reco-nocidas por el mismo estatuto.

En el presente caso el demandante Miranda formuló una demanda en la que se limitó a alegar que él adquirió la casa por compra a Menéndez Kamos; que el demandado detenta la posesión y disfrute de la finca en precario, sin contrato y sin pagar canon o merced alguna; que el demandado ocupa la casa como residencia para sí y su familia, y se ha negado a desalojarla. No alegó el demandante que deseara el in-mueble para residencia de él o de su familia. Empero, el demandado alegó en su contestación, como defensa especial, que Miranda “habita en la actualidad una casa de-su pro-piedad y que lo ha sido dentro del año anterior al comienzo de esta acción”. La acción fué comenzada el 4 de agosto de 1943. La corte inferior declaró probado el hecho de que el peticionario vive en nna casa, qne aunque no es de su pro-piedad, lo era el día 11 de mayo de 1943, o sea dentro del año anterior al comienzo de la acción de desahucio. Siendo ello así, la corte inferior no erró al resolver que la demanda en este caso no está comprendida dentro de las excepciones establecidas por el estatuto y que lo procedente era declararla sin lugar.

La segunda cuestión que debemos resolver es la de si la Ley número 14 de 21 de noviembre de 1941 viola las disposiciones de los párrafos 1 y 5 del Artículo 2 de la Carta Orgánica, o sea si priva al demandante de su propiedad sin el debido procedimiento de ley o le niega la protección igual de las leyes, o si en alguna forma menoscaba la validez de algún contrato.

De acuerdo con la “Declaración de Principios” que sirve de preámbulo a la citada ley, el propósito que tuvo el legis-lador al aprobarla fué el de proteger a las personas que durante la presente emergencia pública se encuentran vi-viendo con sus familias en casas arrendadas, impidiendo que los dueños de dichas casas, “aprovechándose de las condi-ciones mundiales prevalecientes, del programa de defensa nacional de Estados Unidos y de la emergencia proclamada por el Presidente”, impongan a sus inquilinos contratos injustos, irrazonables y abusivos. La clara intención del legislador fué proteger en su posesión a todo el que ocupa una casa arrendada para vivir en ella con su familia, impi-diendo que se le exija la entrega de esa posesión con el pro-pósito de exigirle el pago de un canon de arrendamiento más alto o de arrendar la finca a cualquier otro inquilino que estuviere dispuesto a pagar -un canon mayor. La ley excluye expresamente aquellos casos en que el desahucio se basa en la falta de pago del canon estipulado.

Que la ley fué concebida con el solo propósito de hacer frente a la emergencia existente como consecuencia de la actual guerra en que se encuentra envuelta la humanidad entera, resulta evidente de la disposición contenida en el último párrafo de la sección 1 de la ley, al efecto de qne ésta estará en vigor solamente hasta el 30 de junio de 1944.

Durante la pasada G-nerra Mundial muchas ciudades, tanto americanas como europeas, se confrontaron con el problema de congestión de viviendas que trajo consigo el rápido au-mento de la población debido a la afluencia de trabajadores y otras causas y que fue agravado con la suspensión de las cons-trucciones. A tal extremo llegó la situación agravada por los cánones de arrendamiento que imponían los propietarios de casas de alquiler a sus inquilinos que fue preciso que el estado interviniera para evitar que peligrasen el bienestar, la moral y la salud públicos. Así, casi todas las naciones civilizadas, aprobaron legislación tendente a reglamentar los contratos de alquiler de viviendas. (Véase al efecto 32' Am. Jur. 865, sees. 1035 y 1036; Block v. Hirsh, (1920) 256 U. S. 135, 155.) En España, entre otras naciones, se aprobó a tal efecto un Eeal Decreto prorrogando obligatoriamente los contratos de arrendamiento de fincas urbanas en poblaciones de más de 20,000 almas, (R. D. de 21 de junio de 1920, “Enci-clopedia Jur. Esp., Apéndice 1920, pág. 71) y en Estados Unidos se aprobaron dos leyes, una del Congreso reglamen-tando los alquileres en el Distrito de Columbia conocida como la “Ball Rent Law” (Act of October 22, 1919, c. 80, Title II. — “District of Columbia Rents,” 41 Stat. 297 et seq.) y la otra de la Legislatura del Estado de Nueva York conocida como la “September Housing Laws” (People v. La Fetra, (1921) 130 N. E.- 601, 603) (cc. 942-953, Laws of New York of 1920, pp. 2477 et seq.) reglamentando los alquileres en las poblaciones de más de 1,000,000 de habitantes y sus alrede-dores.

En Puerto Rico, desde comienzos de la guerra actual se creó una situación parecida en las condiciones' de vivienda, y nuestra Legislatura, se vió precisada a intervenir para poner coto a una situación que amenazaba seriamente la salud, la moral y el bienestar público y a tal efecto, haciendo uso de su poder de reglamentación (police power) aprobó una serie de leyes entre las cuales está la número 14 de 1941, que nos ocupa. Casi todas estas leyes se basaron en las aprobadas por el Congreso y la Legislatura de Nueva York durante la pasada Guerra, a las cuales nos hemos referido anteriormente.

Al redactar lá Ley número 14 de 1941, el legislador tomó como modelo los estatutos que con idénticos propósitos aprobaron el Congreso Nacional y la legislatura del estado de New York. La constitucionalidad del primero de dichos estatutos fue sostenida en Bloch v. Hirsh, 256 U. S. 135, 65 L.Ed. 865 y la del segundo en Marcus Brown Co. v. Feldman, 256 U. S. 170, 65 L.Ed. 877. Conviene que hagamos un estu-dio detenido de estas dos decisiones para que podamos darnos cuenta exacta de su aplicabilidad al presente caso.

En el primero de dichos casos, Hirsh entabló demanda para recobrar la posesión del sótano y primer piso de un edificio en 'Washington que Block continuaba ocupando des-pués de haber expirado su contrato de arrendamiento. Hirsh compró el edificio cuando el arrendamiento estaba aún en vigor y notificó a Block requiriéndole para que le entregase la posesión del local en la fecha en que debía expirar el arrendamiento. Negóse Block a entregar el local, invocando la sección 109 de la Ley de octubre 22, 1919, Cap. 80, título 2. “District of Columbia Bents” (41 Stat. at L. 297, 298, 301) que reconoce el derecho del arrendatario a continuar ocupando la propiedad arrendada, no obstante haber expi-rado el término del arrendamiento, siempre que pague el canon convenido y cumpla las condiciones fijadas en el con-trato de arrendamiento. La misma sección dispone que el dueño tendrá derecho a reclamar la posesión del edificio, siempre que lo haga de buena fe y para en realidad ocuparlo él mismo o su esposa, hijos o dependientes, debiendo notifi-car por escrito al arrendatario, con treinta días de antelación. Hirsh reclamó la posesión para sn propio uso, pero se negó a dar los treinta días de aviso, alegando qne el estatuto era anticonstitucional porque le privaba de su propiedad sin el ■debido procedimiento de ley y no para un uso público. Así lo sostuvo la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Y al revocar su decisión, la Corte Suprema Federal, por voz del Juez Sr. Holmes, se expresó así:

“Indudablemente, es cierto que una declaración legislativa de beebos que son materiales solamente como fundamento para la pro-mulgación de una regla de derecho, por ejemplo, que cierto uso es de carácter público, puede no ser considerada como concluyente por las cortes. (Citas.) Pero una declaración hecha por una legisla-tura con relación a condiciones públicas que, por necesidad y por ■deber, está obligada a conocer, merece por lo menos gran respeto. En este caso, el Congreso hizo constar un hecho públicamente noto-rio y de carácter casi mundial. Que la emergencia, declarada por el estatuto existía debe ser asumido, y la cuestión es si el Congreso era incompetente para hacerle frente en la forma en que lo han hecho la mayor parte de los países civilizados del mundo.
“La proposición general que debe ser sostenida es que las cir-cunstancias han investido el arrendamiento de edificios en el Dis-trito de Columbia de un interés público tan grande que justifica su regulación por medio de una ley. Evidentemente, las circuns-tancias pueden cambiar con el tiempo o diferir en el espacio, hasta el punto de. investir con ese interés público aquello que en otros tiempos y en otros sitios sería un asunto de puro interés privado. (Citas.)
“. . . Estos casos bastan para establecer la regla de que una necesidad pública justificará el qne la legislatura restrinja los dere-chos de propiedad sobre la tierra, hasta cierto punto sin compen-sación ... El Congreso ha hecho constar el indiscutible embarazo del gobierno y el peligro a la salud pública dentro de las condiciones prevalecientes. El espacio en "Washington está necesariamente, mo-nopolizado por unos pocos dueños, y el arrendamiento de partes de ese espacio es un negocio como otro cualquiera. El albergue es nece-sario para la vida. ' Están presentes todos los elementos de un inte-rés público que justifican algún grado de control público. La única cuestión que nos parece abierta a discusión es la de si el estatuto va demasiado lejos. . .
“. . . El punto principal en contra ele la ley es que se le per-mite. a los arrendatarios continuar en posesión por el mismo canon de arrendamiento que han estado pagando, a. menos que dicho canon sea modificado por la comisión establecida por la misma ley, y queen esa forma el uso de la tierra y el derecho del dueño a hacer lo-que le plazca con su propiedad y a celebrar los contratos que quiera,, quedan suprimidos. Empero, si el interés público ha quedado esta-blecido, la reglamentación de ios cánones es la primera forma en que ese interés se hace sentir, y la validez de esa reglamentación ha quedado sentada desde Munn v. Illinois, 94 U. S. 113, 24 L. ed. 77. La reglamentación ha sido aprobada y está justificada solamente como una medida provisional. (Citas.) Una limitación en cuanto al tiempo, para hacer frente a una situación anormal pasajera, puede muy bien justificar una ley que no podría ser-sostenida como un cambio permanente.
“La ley provee los medios para garantizar al dueño una renta razonable. Puede asumirse que la interpretación de “razonable”' le privará, en parte, por lo menos, de. la oportunidad de aprove-charse del repentino influjo de gente en 'Washington, motivado pol-las necesidades del gobierno y la guerra, y en esa forma de un derecho usualmente incidental a las propiedades favorablemente-situadas, — de una parte del valor de su propiedad según se define-en International Harvester Co., v. Kentucky, 234 U.S. 222, 58 L. ed.. 1887. (Otras citas.) Pero aunque es injusto perseguir con enér-gicas denuncias esos beneficios derivados de una desgracia nacional,, la política de limitarlos ha sido englobada en la facultad de impo-ner contribuciones y ha sido aceptada. Va, si acaso, un poco más-lejos que la restricción impuesta al dueño de dinero por las más debatibles leyes contra la usura. La preferencia que se da al arren-datario en posesión es un incidente casi necesario de la política pública, y es tradicional en la ley inglesa. Si el arrendatario que-dase sujeto a la facultad del arrendador para desahuciarlo, los esfuer-zos para limitar las exigencias del arrendador fracasarían.”

En Brown Holding Co. v. Feldman, la Corte Suprema Federal sostuvo la validez constitucional del estatuto de Nueva York (Chapters 942 and 947, Laws of New York, 1920), que es idéntico al nuestro, excepto en cuanto dispone, como condición adicional para que el dueño de una casa pueda recuperar la posesión de la misma para usarla como residencia para él y su familia, que el demandante esté habi-tando nna casa que no es de sn propiedad ni lo ha sido dentro del año anterior al comienzo de la acción. Nos toca ahora resolver si esa cláusula adicional viola en modo alguno los derechos reconocidos al peticionario Miranda por las citadas disposiciones de nuestra Ley Orgánica.

El propósito evidente del legislador, al adicionar al esta-tuto de Nueva York la disposición que estamos considerando, fué proteger al arrendatario en posesión, cuyo contrato hu-biere terminado por expiración del plazo del arrendamiento o por la negativa del nuevo dueño a reconocerlo, contra cualquier plan o subterfugio a que pudiera recurrir el nuevo dueño del inmueble para hacer ilusoria la protección del estatuto y burlar el propósito fundamental de una ley de carácter provisional aprobada para hacer frente a la situa-ción anormal y de emergencia creada por la actual guerra. Por eso no le bastó al legislador establecer el requisito de que la' reclamación de la posesión del inmueble para ser usado como vivienda, sea hecha de buena fe. Fué más allá y exigió como demostración de esa buena fe, que el dueño demandante no esté en el momento de radicar su demanda habitando una casa de su propiedad o que lo fué durante el año anterior a la fecha en que se inició la acción de desahucio.

La Ley número 14 aprobada en 21 de noviembre de 1941 empezó a regir inmediatamente después de su aprobación y estaba por tanto vigente en las fechas en que ocurrieron los hechos que han motivado este procedimiento.

De acuerdo con la certificación expedida por el Registra-dor de la Propiedad de San Juan ofrecida en evidencia por el demandado Jarabo y erróneamente excluida por la corte inferior, el peticionario Miranda compró en noviembre 19 de 1940 un solar en el Condado y allí edificó una casa residen-cial que fué inscrita a su nombre mediante escritura de fecha febrero 20 de 1941. En mayo 11 de 1943, Miranda vendió la casa y solar a Walter Tischer, pero continuó residiendo en la casa y residía aún en ella en la fecha en qne compró la ocnpada por Jarabo — -junio 7, 1943 — y en la fecha en que radicó la demanda de desahucio — agosto 4 de 1943.

No encontramos razón alguna para sostener que como consecuencia del requisito adicional de nuestro estatuto se priva al Sr. Miranda de su propiedad sin el debido procedi-miento de ley. En mayo 11 de 1943, estando vigente la ley que analizamos y en toda su plenitud la emergencia que dicha ley trata de conjurar, Miranda era dueño de una casa resi-dencial que ocupaba con su familia. El sabía — o debió saber — que si compraba una casa que estaba ocupada por un arrendatario, éste no podría ser desalojado porque la ley que estamos considerando le concede el derecho a continuar en la posesión de la casa durante el período de la emergencia declarada por la misma ley. Para Miranda no existía pro-blema alguno. El y su familia ocupaban como dueños la casa que ahora ocupan como arrendatarios. Y debemos suponer que si la vendieron fue con el propósito de realizar una ganancia, pues es de general conocimiento que en tiem-pos de emergencia como el presente el valor de todas las edificaciones aumenta considerablemente. La situación en que ahora se encuentra el peticionario es consecuencia directa de su propio acto. Y no habiéndose cumplido los requisitos que fija el estatuto para que el peticionario pueda, como nuevo dueño de la propiedad, exigir que se le entregue la posesión, no erró la corte inferior al declarar sin lugar la demanda de desahucio. Si la acción de desahucio pudiese prosperar bajo circunstancias como las del presente caso, el propósito fundamental de la ley quedaría burlado y tendríamos que de-clarar que nuestra legislatura es impotente para remediar una situación de emergencia como la presente.

El tercer error señalado por el recurrente carece, en nuestra opinión, de méritos. En el mismo se circunscribe a afirmar que no existe legalmente el artículo 621 del Código de Enjuiciamiento Civil (Ed. 1933) y que por tal razón no pudo ser enmendado por la Ley número 14 de 1941.

Según el propio recurrente en su alegato (página 27):

“Para el mes de marzo de 1933, la Comisión Conjunta Codifi-cadora tiene ya listo el nue.vo Código de Enjuiciamiento Civil y la Legislatura, por la Ley número 6 de 31 de marzo de 1933, dicta las reglas para la impresión del nuevo Código. Dispone la ley, en su parte pertinente, lo que sigue:
“ Sección 1. — La Comisión Conjunta Codificadora de la Legisla-tura de Puerto Rico, queda por la presente autorizada para ajustar a las' siguientes reglas, el Código de Enjuiciamiento Civil, ya ter-minado por dicha Comisión:
“ ‘Regla 1. — .
“ ‘Regla 2. — .
“ ‘Regla 3. — . .......
“ ‘Regla 4. — .
“ ‘Regla 5. — La Ley de Procedimientos Legales Especiales apro-bada en 1905, con todas sus enmiendas hasta 1932, formará el título XVI del nuevo Código de. Enjuiciamiento Civil debiendo renumerar sus artículos para acoplarlos al Código, pero conservando la nume-ración que tenían en la ley original, y anotándolos con la Juris-prudencia de Puerto Rico desde el tomo 1 al 44 de las Decisiones del Tribunal Supremo. También se hará constar la equivalencia de cada artículo a la Ley de Enjuiciamiento Civil Española.
“ ‘Regla 6. — . . . . . . . . ’ ”

Es cierto que la Legislatura no incluyó expresamente en dichas reglas la Ley de Desahucio de 9 de marzo de 1905, pero fué indudablemente una omisión de la Legislatura. De-cimos esto por creer que la Ley número 6 de 1933 (Leyes de 1932-33, pág. 195), lo que hace es autorizar la publicación de un trabajo que ya había terminado la Comisión Codificadora y al efecto establece la ley una serie de reglas de forma, de carácter directivo que deberán observarse al publicar el código. Aún admitiendo que la Ley de Desahucio fuera incluida en el Código ilegalmente por la Comisión Codifica-dora el hecho cierto es que existe una Ley de Desahucio en Puerto Pico que no ha sido derogada y que la intención de la Legislatura al aprobar la Ley número 14 de 1941 fué enmendar el artículo 2 de dicha ley que aparece en el Código de Enjuiciamiento Civil bajo el artículo 621.

En tercer lugar, si la Comisión no estuvo autorizada por la Legislatura para incluir en el Código la Ley de Desahucio, su actitud fue ratificada implícitamente por la Legislatura al aprobar la Ley número 14 de 1941 enmendatoria del ar-tículo 621 del Código.

Por las razones expuestas procede declarar sin lugar el recurso y anularse el auto expedido.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel A. Serrano, acusado y apelante.
    Núm. 10123.

    — Sometido: Diciembre 1, 1943.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      M. García González, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué sentenciado a cuatro años de presidio con trabajos forzados por nn delito de atentado a la vida come-tido en Fajardo el 30 de diciembre de 1941 en la persona de Benigno Santiago Barreto. Alega el apelante qne el vere-dicto no está sostenido por la prueba; pero un examen del récord demuestra qne la evidencia fné contradictoria y qne -existió prueba incriminatoria contra el acusado, que fué ■creída por el jurado y que es suficiente para sostener la sen-tencia.

La prueba del fiscal puede resumirse así: en el año 1941 ■el acusado prestaba servicios como cabo de la Policía Insular en la ciudad de Fajardo, y allá para el 27 de mayo del mismo año fué al colmado restaurante del perjudicado, en la misma ciudad, y le suplicó le prestase veinticinco dólares. El perjudicado accedió y le entregó un cheque por dicha .suma, ofreciendo el acusado devolvérsela a razón de cinco ■dólares mensuales. El acusado no se ocupó de hacer abono ■alguno a la cuenta, y el 22 de diciembre del mismo año el perjudicado le requirió para que le pagase lo que le debía. El acusado se molestó, contestándole así: “No tenga cuidado ■que voy una noche de éstas a saldarle su cuenta,” replicán-dole el perjudicado, “No se moleste, que yo vengo a cobrarle una cosa justa, un compromiso que usted hizo conmigo y yo buenamente se lo di.” (T. de R.., pág. 19.) En la noche del día de autos el acusado llegó al éstablecimiento del perju-dicado, donde se hallaba éste en unión de varios amigos tomando licor sentados alrededor de una mesa, y se unió a ellos, tomando algunas copas, y como el acusado manifes-tará que deseaba tomar un licor más fuerte, el perjudicado indicó a su hijo, un muchacho, que le preparase algo al cabo, y el muchacho preparó una bebida y se la sirvió. El acusado la rehusó y dió un empujón al muchacho, diciéndole algunas palabras groseras, con motivo de lo cual el muchacho se echó a llorar. Uno de los presentes llamó la atención al cabo sobre su conducta impropia para con el muchacho, diciéndole que él debía darle una satisfacción al muchacho, contestán-dole el acusado que él no daba satisfacciones a chiquillos. Intervino entonces el padre, el perjudicado, y dirigiéndose al acusado le dijo que aquél era su hijo y que debía tratarlo-con más consideración. Al hacérsele esta indicación el acu-sado repitió que él no daba ninguna excusa, a lo que replicó el perjudicado, “Usted es un abusador.” En ese momento el acusado cogió su revólver y, empujando al perjudicado, lo-derribó, haciéndole un disparo mientras aquél estaba en el suelo. El perjudicado trató de protegerse colocándose entre-la máquina registradora y la vidriera, haciéndole el acusado un segundo disparo y lanzándose el perjudicado al suelo-para evitar ser herido. A la sazón llegaron unos policías y el acusado les ordenó que arrestaran al perjudicado. Uno-de ellos lo agarró para arrestarlo, preguntándole el perjudi-cado que por qué razón lo iba a arrestar, que si el policía estaba loco. Replicó el policía que él tenía que obedecer-órdenes, y en ese momento el acusado cogió el roten y le dió el primer golpe en la cabeza, hecho lo cual los policías empujaron al perjudicado y el cabo le infirió otro golpe, ordenando a la vez a la policía, “Echen ese bandido para la cárcel.” Al salir del establecimiento le dió otro golpe pol-la espalda. Los policías se detuvieron entonces y el cabo les dijo, “¡Bah! Este asunto ya está todo terminado. Para la cárcel con este bandido.” Mientras los guardias sujetaban al perjudicado, el acusado repetía los golpes por la espalda; y al pasar frente a la entrada.de la residencia del perjudi-cado, volvió a darle dos golpes más y lo arrastraron hasta la esquina del Banco de Nova Scotiá, frente a la farmacia de Rafael Emmanuelli y a la tienda de Natalio G-arcía. Allí volvió el acusado a darle otro macanazo que le privó del conocimiento, volviendo en sí el perjudicado cuando ya se encontraba en el Hospital de Distrito, donde quedó recluida por espacio de nueve o diez días.

El doctor Salvador Bousquet, que en aquella fecha ejer-cía en el Hospital de Distrito de Fajardo, declaró que el perjudicado fué conducido al hospital la noche del 30 de diciembre de 1941, siendo atendido por un interno; y que al día siguiente él lo examinó y encontró que presentaba dos heridas: una en la región frontotemporal derecha de dos y media pulgadas de largo, producida con un instrumento de hierro o con un palo, y otra también de dos y media pul-gadas de largo en la región occipital izquierda; que el pa-ciente tenía una presión arterial tan alta que le hizo pensar en una posible fractura del cráneo, por lo que ordenó le tomasen una radiografía, la que demostró dos fracturas lineales del cráneo, en la región parietal izquierda una, y la otra se extendía de la región parietal a la región occipital izquierda, midiendo de dos y media a tres pulgadas cada una de ellas. A preguntas del fiscal declaró que no recordaba si tenía contusiones en la espalda.

La prueba de cargo con respecto a lo sucedido en el colmado restaurante está corroborada por las declaraciones de las personas que se hallaban allí en el momento del suceso, y en cuanto a lo que sucedió frente a la Farmacia Emanuelli, el farmacéutico Rafael Emmanuelli declaró que en la madrugada del 30 al 31 de diciembre de 1941 se hallaba durmiendo en su casa, que es de altos, y oyó unos gritos en la calle; que se asomó por una ventana y observó que dos policías y el acusado llevaban arrestado a Benigno Santiago Barreto, y que mientras iba bajo arresto, el acusado por detrás le infería varios golpes con una macana; que el oía que Benigno Santiado Barreto decía, “¡Que me van a matar, ay, bendito!” y el acusado le decía ciertas palabras indeco-rosas que no es necesario repetir.

La prueba del acusado tendió a demostrar la defensa propia, pero el jurado no la creyó, y al así proceder no podemos sostener que actuó movido por pasión o prejuicio, o que ’ incurriera en manifiesto error.

Se presume que toda persona prevé las consecuencias naturales de los actos que a sabiendas realiza. Consideradas la naturaleza del arma que innecesariamente utilizó el acu-sado, un revólver; las heridas inferidas con el roten al perjudicado en el cráneo, cualquiera de las cuales pudo causarle la muerte; y considerando además que no hubo notable provocación por parte del perjudicado, y que las circunstancias que concurrieron en la comisión del delito fueron de tal naturaleza que demuestran en el acusado un corazón pervertido y maligno, es claro, a nuestro juicio, que si el perjudicado como consecuencia de la agresión hubiese muerto dentro del año y un día de recibidas las heridas, el acusado hubiese incurrido en el delito de asesinato. Mas como el acusado tuvo la suerte de que el perjudicado no murió a pesar de las crueles y repetidas agresiones de que fué objeto, el delito que cometió y fué imputado al acusado es el de atentado a la vida, previsto y castigado por el artículo 218 del Código Penal.

Se queja el acusado de que la corte, después de haber presentado el fiscal su teoría del caso al jurado y de haber comenzado a declarar su primer testigo, permitió al fiscal retirar a dicho testigo y ampliar la exposición de su teoría, manifestando al jurado que había olvidado decirles que iba a presentar como móvil del delito el hecho de que el acusado debía veinticinco dólares al perjudicado, que éste se los había cobrado y que aquél, molesto por ello, ejercitó una venganza sobre el que le había hecho el favor de prestarle el dinero. Se queja además el acusado de que la corte admitió con su oposición el cheque debidamente endocaso por el acusado y cobrado por la persona a quien él lo endosó.

La dirección de los procedimientos durante el juicio está encomendada al juez y éste, en su discreción y en bien de la justicia, puede permitir cualquier alteración en el orden de conducir los procedimientos, siempre que con ello no se perjudiquen los derechos sustanciales de las partes. Es verdad que el artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Criminal (ed. 1935), en su apartado tercero prescribe que después que el fiscal inicia el juicio expresando oralmente ante el jurado o la corte, según el caso, la naturaleza del delito que intenta probar, las circunstancias en que se come-tió y los medios de prueba de que intenta valerse para justi-ficar la acusación o denuncia, ofrecerá y practicará la prueba que tenga en apoyo de dicha denuncia o acusación. Pero ningún precepto legal conocemos, ni lo ha citado el apelante, que prohiba que luego de hacérsele varias preguntas intro-ductorias al primer testigo de cargo, el fiscal solicite y obtenga de la corte permiso para retirar provisionalmente al testigo y amplíe la exposición de la teoría del caso al ju-rado, agregando un medio más de prueba de que intente valerse para sostener la acusación o denuncia.

Aunque la prueba de móvil es más necesaria en caso de prueba circunstancial, nada impide que se use y a veces es conveniente presentarla en casos de prueba directa como el presente, en que la conducta del acusado es tan cruel y está tan desprovista de provocación que puede poner en duda la declaración de los testigos de cargo. Cf. Pueblo v. Carreras, 62 D.P.R. 156, 101 hecho de que durante la noche de los sucesos nada se dijera respecto a la deuda de veinticinco dólares que el acusado tenía con el perjudicado, no impide que el acusado, en todo o en parte, hubiese realizado los actos que se le imputan movido por rencor o el deseo de venganza con motivo de habérsele cobrado dicha deuda. Generalmente el acusado trata de ocultar el móvil que lo impulsa a cometer un delito, pues si así no lo hiciera, a menudo facilitaría considerablemente su convicción. No podemos, pues, convenir con la defensa en que erró la corte al admitir el cheque en evidencia, habiendo sido como fué debidamente identificado.

Por último la defensa trata de imputar conducta impropia al fiscal porque al terminar la presentación de su prueba, pero antes de que la defensa expusiese su teoría del caso al jurado, dirigiéndose a la corte, dijo:

“Con i a cenia de. la corte y muy respetuosamente, debidamente identificado producimos en evidencia el cheque éste.”

La defensa manifestó que se oponía solamente por ser con-sistente con su objeción anterior a la ampliación de la teoría del fiscal, y por ser consistente también con su moción para que se eliminase aquella parte de la declaración del perju-dicado que se refería al préstamo de veinticinco dólares. La corte admitió el cheque en evidencia. Solicitó reconsidera-ción la defensa en cuanto a las tres resoluciones relacionadas con el cheque, es decir, lo sucedido con respecto a la amplia-ción de la teoría del fiscal, la negativa de la corte a eliminar la parte de la declaración del perjudicado referente al prés-tamo, y la que admitió el cheque en evidencia.

La corte denegó la reconsideración y tomó excepción la defensa. Fué entonces que el fiscal dijo:

“Yo quiero hacer constar en récord que el requerimiento de. cobro de estos $25 fué hecho el día 22 de diciembre y los hechos que moti-van este caso ocurrieron el día 30 del mismo mes y del cobro de la deuda el día 30 es que el acusado, molesto, con coraje . .

Con motivo de la transcrita manifestación, la defensa presentó a la corte inferior una moción solicitando se decla-rase un mistrial, alegando que el fiscal se había referido ante el jurado a hechos que no habían sido probados. Como la corte declaró sin lugar la moción, sostiene ahora la defensa que incurrió en error al denegar la moción solicitando se declarase un mistrial.

De la declaración de Benigno Santiago Barreto (T. de E., pág. 19), se infiere que el acusado se molestó cuando el 22 de diciembre el perjudicado le requirió para que le pagase lo que le debía; pero no aparece del récord que el día treinta, al entrar el acusado al establecimiento del perjudicado., mani-festase en alguna forma que estuviese molesto. En cuanto a la transcrita manifestación del fiscal, ésa era un comenta-rio legítimo hecho por el fiscal sobre aquella parte de la declaración del perjudicado al efecto de que el acusado se molestó el 22! de diciembre cuando le cobró la deuda. Si el acusado se molestó cuando se le cobró la deuda el 22 de diciembre y no volvió al establecimiento del perjudicado basta el día treinta, conforme había anunciado antes, el fiscal podía inferir que el acusado estaba aún molesto, aunque ocultase su actitud mental.

No encontramos que se haya cometido error que perjudi-que los derechos sustanciales del acusado, por lo que procede confirmar la sentencia apelada.


text:
    Inocencia Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    Núm. 1139.

    — Sometido: Febrero 7, 1944.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      Bubón tf Ochoteco y Otero Buró c§ Otero Stiro, abogados de la re- . cúrrenteel registrador recurrido- compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Emilia Cajas Cals falleció en San Lorenzo bajo el si-guiente testamento cerrado, que fné debidamente protocoli-zado por orden de la Corte de Distrito de Humacao:

“En nombre de la Santísima Trinidad y de la Santísima Virgen bago boy mi testamento a favor de Ynoceneia Rodríguez qe. se lo merece por sus servicios pa. conmigo en muchos años, siendo esta mi última voluntad. Sólo poseo una casa en Oaguas, Calle Cor-chado número 10, esquina a Celis Aguilera, tasada en tres mil pesos, y dispongo qe. se venda dicha casa pa. entregarle a Ynoceneia Rodríguez mil pesos, o más si se puede, después de pagar los gas-tos de mi última enfermedad y de mi entierro; de modo qe. a ella dejo cuanto puedo; también dispongo qe. todos los demás objetos q. me pertenecen como alguna qe. otra prenda, muebles, ropa, imáge-nes, piano (si existe el qe. tengo para esa fecha), todo sea pa. ella; pero sí le encargo qe. al morir yo me mande decir una misa de un peso y en esa fecha todos los meses; pero rezada y en el mes dé noviembre además de esa mía, cinco misas más por las almas de papá, mamá, mis hermanos, Catana Santa María y Genara Cal-das, mientras pueda pagarlas y cuando no pueda qe. procure ir a oírlas y nos las aplique. — Tengo qe. advertir otra cosa qe. también deseo cumplir en conciencia y es: qe. mi pariente. Ulpiano Casal me paga hace algún tiempo las contribuciones de mi casa y me ha prestado algunas cantidades de dinero, lo cual hago constar; pero no puedo precisar con exactitud a cuánto aseiente; pero qe-, como confío en su honradez qe. él vea de acuerdo con el Rev. Padre Olalla y con Ynocencia cómo pueda cobrar mi deuda, o lo qe. pueda según alcance; pues él nunca me ha cobrado; pero yo cumplo con mi deber.— (Firmado) Emilia Cajas Cals. — Sn. Lorenzo, enero 23, 1941.”

Una copia de la escritura de protocolización del testa-mento, acompañada del certificado de defunción de la testa-dora y del recibo de contribución de herencia, fue presentada en el Registro de la Propiedad de Caguas interesando que el dominio de la casa legada en el testamento fuese inscrito a favor de la legataria Inocencia Rodríguez.

El Registrador denegó la inscripción, extendiendo al calce de la copia certificada de la escritura la nota que en lo perti-nente dice:

“Denegada la inscripción solicitada a virtud del precedente docu-mento, con vista de otros, porque de acuerdo con el testamento de Emilia Cajas Cals, la finca a que se refiere el mismo deberá ser vendida para pagar a doña Inocencia Rodríguez, una vez deducidas del producto de la venta ciertas deudas de. la testadora, la suma de mil pesos, o más si se puede, siendo por tanto dicha Inocencia Rodríguez una legataria en cuanto se refiere a ese bien inmueble y heredera sólo en cuanto a determinados bienes muebles relacionados en el testamento, tomando en su lugar anotación por 120 días.” (Bastardillas nuestras.)

Como- muy bien dice el registrador, Inocencia Rodríguez tiene el concepto de legataria en cuanto a la casa respecta y el de heredera en lo que se refiere a los bienes muebles que se mencionan en el testamento. Sin embargo, no podemos convenir con el registrador en cuanto sostiene que la casa tenga que ser vendida necesariamente, y que siendo Inocencia Rodríguez una legataria no puede inscribirse dicha propiedad a su favor, sujeta desde luego al pago de las deu-das a que se refiere el testamento. El propio registrador admite en su alegato “que se ve claramente que la voluntad de la testadora fue legar a dicha Inocencia Rodríguez el remanente del producto de la venta de la casa referida.” Si vendida la casa y pagadas las deudas, el remanente del precio deberá pasar a Inocencia Rodríguez, ¿en que se vio-lenta la intención de la testadora si Inocencia Rodríguez paga las deudas y retiene la propiedad de la casa? Siendo ése el propósito de la testadora, puede considerarse el legado como de cosa determinada, y es de aplicación entonces lo dicho por Morell al referirse a esta clase de legados:

“Después de todo, el legatario de cosa determinada tiene, con arreglo al Código, el derecho de propiedad sobre ella. ¿Cabe un derecho real más eficaz que esa propiedad que se le otorga en prin-cipio? ¿Por qué no permitir la inscripción en la forma condicional procedente? La anotación ni puede asegurar más su derecho ni es forma adecuada al efecto. Los derechos reales, condicionales o no, llevan en su propia naturaleza su más preciada garantía. ’ ’ 3 Morell, Legislación Hipotecaria, 128, 129.

Inscribiéndose la finca sujeta al pago de las deudas de la testadora, los derechos de los acreedores quedan perfec-tamente protegidos, y una vez acreditado en legal forma el pago de dichas deudas, cumplida así la condición impuesta por la testadora, el dominio del inmueble queda inscrito a favor de la legataria libre de la aludida condición.

Parece aplicable al presente caso por analogía lo dicho a la página 131 de la obra y tomo antes citados:

“La resolución de 28 de abril ele 1876 declara que reunidas las cualidades de herederos y legatarios en unas mismas personas, y consintiendo todos en que cada cual tome posesión como legatario de los lotes o bienes legados, ni hace falta anotación preventiva ni previa entrega, pudiéndose inscribir desde luego los legados.”

Procede a nuestro juicio revocar la nota recurrida y orde-nar la inscripción a favor de Inocencia Rodrigues del dominio de la finca legada, sujeto a la condición del pago de las deudas mencionadas en el testamento.


author: El Juez As-ociado Señor De Jesús

text:
    Fruto Ramos Torres, demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico y El Municipio de Caguas, demandados y apelados.
    Núm. 8657.

    — Sometido: Noviembre 12, 1943.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      lí. Cuevas Zequeira, abogado del apelante; Hon. Procurador General Interino M. Rodríguez Ramos y A. E. Franco Cabrero, Procura-dor Auxiliar, abogados del Tesorero apelado; Abelardo Román Pont y Federico E. Virella, abogados del Municipio apelado.
   El Juez As-ociado Señor De Jesús

emitió la opinión del J‘ rümnal.

La cuestión envuelta en este recurso es la constituciona-lidad de la Ley nnm. 174 de 13 de mayo de 1941, () que impuso una contribución de dos por ciento sobre el valor de los solares que el municipio de Caguas cedió en usufructo a vecinos de aquella ciudad. El caso fué sometido por esti-pulación a base de los liechos alegados en la demanda y en la contestación. La corte de distrito de San Juan dictó una sentencia declaratoria sosteniendo la constitucionalidad de la ley. La contención del contribuyente apelante está pre-dicada: (a) en que la ley en cuestión niega a los contribu-yentes usufructuarios de solares de la ciudad de Caguas la igual protección de las leyes, por cuanto no imponiéndose esa contribución sobre solares cedidos en usufructo en otros municipios de la Isla de Puerto Eico, se crea un discrimen en contra de los usufructuarios de solares de Caguas, y que por tal circunstancia la referida Ley núm. 174 carece del requisito de uniformidad exigido por el párrafo 22 del artículo 2 de la Ley Orgánica; (ó) en que dicha ley infringe el párrafo 5 del artículo 2 de la Ley Orgánica porque menos-caba el valor de los contratos originalmente celebrados entre el municipio de Caguas y los usufructuarios de solares, toda vez que según el demandante impone a los usufructuarios condiciones distintas de las pactadas al celebrarse el contrato de usufructo entre el municipio de Caguas y dichos usufruc-tuarios; y (c) en que dicha ley es confiscatoria porque en el supuesto de que los usufructuarios de solares no pudieran satisfacer el tributo que la ley impone, dichos usufructuarios tendrían que responder del mismo con su propiedad particular, que podría ser embargada y vendida en pública su-basta para el pago de dicha contribución, no obstante haber sido adquirido el usufructo de dichos solares sin habérsele impuesto como condición el pago de tributo alguno.

Los solares afectados por la Ley núm. 174 los adquirió el Municipio de Caguas en parte por donación de una parcela de terreno de ochenta y una cuerdas que le fué hecha en el año 1819 para la fundación de la ciudad, y los demás los adquirió el municipio por compra en distintas ocasiones. Hasta la fecha en que se aprobó la citada ley dichos solares no habían pagado contribuciones. Estimó la Asamblea Legislativa que era conveniente y justo que esos solares compartiesen con la propiedad privada el sosteni-miento del gobierno municipal de Caguas y dispuso la con-tribución especial que ya conocemos. Prescribió en el ar-tículo 3 de la ley que el producto de esa contribución lo invertiría y dedicaría el Municipio de Caguas única y exclu-sivamente a la construcción, reparación, alineación, embreado, arbolado, conservación y sostenimiento de calles de la zona urbana de Caguas y a mejoras, reparación, conservación y sostenimiento del Parque Palmer de dicha ciudad. De suerte que la contribución en controversia es de carácter local y para beneficio exclusivo de una área determinada, la zona urbana del Municipio de Caguas.

La Ley Orgánica no prohíbe a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la aprobación de leyes especiales. Por el contrario, el artículo 37 prescribe que la autoridad legislativa se extenderá a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean legalmente inaplicables, y en el artículo 2 la propia Ley Orgánica dispuso que “Todo dinero que se recaude por contribución impuesta o fijada para un fin especial, será considerado como un fondo especial en el Tesoro, y desem-bolsado para, dicho fin únicamente, a no ser cuando medie la aprobación del Presidente de los Estados Unidos. Y en el caso de Puerto Rico v. Shell Co., 302 U. S. 253, 261, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, después de refe-rirse a la sección 32 de la Ley Foraker y a la 37 de nuestra vigente Ley Orgánica, comentando sobre los amplios pode-res que la Ley Orgánica concede a nuestra Asamblea Legis-lativa, dice:

“El propósito perseguido por la Ley Foraker y por la Ley Orgá-nica fué conceder a Puerto Rico completos poderes de propia deter-minación local, con una autonomía semejante a la de los estados y territorios incorporados. [Citas.] ... El poder de imponer con-tribuciones y el de aprobar y hacer cumplir leyes, y otros poderes característicamente gubernamentales, fueron concedidos. Y en lo que concierne a asuntos locales, como ya hemos demostrado con respecto a territorios continentales, le fueron concedidos poderes legislativos, casi tan amplios, si no tan amplios, comd los ejercitados por las legislaturas estatales.”

Más recientemente, en el caso de Puerto Rico v. Rubert Co., 309 U. S. 543, el mismo tribunal, ratificando lo dicho en el caso de Puerto Rico v. Shell Co., supra, por voz de su Juez Asociado Sr. Frankfurter se expresó así:

“La amplitud de la Autonomía local conferida por el Congreso a la Asamblea Legislativa fué elucidada tan recientemente y de manera tan completa en Puerto Pico v. Shell Co., . . . que es inne-cesario repetirlo ahora. Bastará decir que la opinión en aquel caso enfatizó la amplitud del poder que el Congreso concedió a Puerto Rico al prescribir en la §37 de la Ley Orgánica de 1917 que ‘la autoridad legislativa ... se aplicará a todos los asuntos de carác-ter legislativo que no sean localmente inaplicables.’ ” (Pág. 547.)

Sostiene el apelante que como la contribución especial se impuso exclusivamente a los usufructuarios de solares de la zona urbana del Municipio de Caguas, y no a los usufructuarios de solares de los otros municipios, dicha legislación no es uniforme y constituye un discrimen contra los usufructuarios de los solares de la zona urbana del Municipio de Caguas, privándoles así de la igual protección de las leyes.

Establecido que la autoridad legislativa conferida por el Congreso a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico es casi tan extensa, si no tan extensa, como la autoridad de las legislaturas de los estados, si logramos demostrar que éstas pueden ejercer y como cuestión de hecho ejercitan el mismo poder que por la Ley núm. 174 ejercitó la Asamblea Legis-lativa de Puerto Rico, no habrá duda alguna de que la ley impugnada es constitucional.

En el caso de Ft. Smith Light Co. v. Paving Dist., 274 U. S. 387, la Asamblea Legislativa de Arkansas pasó una ley imponiendo a la apelante, una compañía de tranvías urbanos, la obligación de pavimentar aquella parte de ciertas calles de la ciudad de Fort Smith, Arkansas, comprendida entre sus railes. La ley se aplicaba exclusivamente a la compañía apelante, a pesar de que en el Estado de Arkansas habían otras compañías de tranvías urbanos. Fort Smith Light and Traction Company, al cobrársele de acuerdo con la misma ley el importe de dicha pavimentación por no haberla hecho ella, alegó, como lo hace el aquí apelante, que como habían otras compañías de tranvías urbanos en el Estado, algunas-de las cuales operaban sus tranvías bajo permisos indetermi-nados igual que el de la apelante, los cuales no les exigían pavimentar calles, la ley en cuestión le negaba la igual pro-tección de las leyes. Resolviendo la contención de la ape-lante, dijo el tribunal.

“La Enmienda Catorce no prohíbe legislación por el mero hecho de que sea especial, o esté limitada en su aplicación a una deter-minada subdivisión geográfica o política del estado. [Numerosas chas;.] Si un estado puede delegar en un municipio el poder de requerir pavimentación de calles a un tranvía urbano, [cita], no comprendemos por qué razón, por medio de una ley de la Asamblea Legislativa no pueda el estado exigir igual requisito limitándolo a un solo municipio.
“Nada encontramos en el récord que nos permita -decir que la legislación que ahora nos ocupa fuere innecesariamente arbitraria o irrazonable, o que justifique desechar el criterio de la corte estatal quo sostuvo su íazonabilidad.” (Págs. 301, 392.)

Véase al mismo efecto la obra del Profesor Charles K. Burdick, The Law of the American Constitution, pág. 595, sección 280.

A nuestro juicio las autoridades citadas demuestran sin lugar a dudas que nuestra Asamblea Legislativa, al igual que la de los estados, puede ejercitar válidamente la facultad que ejercitó en la referida ley.

Es evidente que las personas afectadas por la contribu-ción especial se han de beneficiar con la mejora que habrán de tener las calles y el Parque Palmer de la ciudad de Ca~ guas. Además la contribución es uniforme para todos los usufructuarios, quienes pagarán por dicho concepto el dos por ciento del valor de sus respectivos solares.

De los autos no aparece que el Municipio de Caguas, al recibir la donación de las ochenta y una cuerdas de terreno de que hemos hecho mención, y mucho menos al ceder el usufructo de los solares, lo hiciera sujeto a la condición de que dichos solares estarían exentos de contribución. Pero asumiendo, a los efectos del argumento solamente, que tal condición pudiera limitar el amplísimo poder que hemos visto tiene nuestra Asamblea Legislativa para imponer con-tribuciones, no vemos cómo la Ley núm. 174 que nos ocupa, puede menoscabar condiciones que no existen en el contrato de usufructo, a menos que se quiera incurrir en el manifiesto absurdo de sostener que dicha contribución equivale a un canon de arrendamiento de dichos solares.

Finalmente sostiene el apelante que la Ley núm. 174 es confíscatoria porque si deja de pagar la contribución por ella impuesta -se expone a que su propiedad particular sea vendida en pública subasta para pagarla. Bastará decir que ese es el riesgo a que se expone todo contribuyente y no por ello podrá decirse que la contribución sea confíscatoria.

Procede por lo expuesto la confirmación de la sentencia.

      (1) La referida ley, en lo pertinente, dice así:
      "Artículo 1. — Por la presente se autoriza e impone una contribución por el uso de todo solar cedido en usufructo por el Municipio de Caguas en su zona urbana. Esta contribución especial por el uso de los solares será del dos (2) por ciento del valor tasado de los mismos según la tasación que hará el Tesorero de Puerto Rico, y será pagada por los usufructuarios a beneficio del Municipio de Caguas para los fines que adelante se expresan; Disponiéndose, que no se inter-pretará esta Ley en el sentido de privar a los contribuyentes de la exención con-cedida a los mismos en las leyes sobre contribución sobre la propiedad. La con-tribución se impondrá sobre el exceso del valor de cada solar, después de descontar la exención que le concede la ley a los contribuyentes, a monos que tal exención haya sido descontada ya al computar la contribución sobre otras propiedades.. Si el valor del solar no excediera de la exención y ésta no se ha computado ya en la imposición de otras eontübueiones, el usufructuario no tendrá que pagar la con-tribución que se impone en la presente.
      "Artículo 2.- — El Tesorero de Puerto Rico procederá a hacer una tasación general de los solares del Municipio de Oaguas, en la zona urbana, que hayan sido cedidos en usufiueto, e impondrá y cobrará la contribución sobre el valor tasado de los mismos; tal como se dispone en la presente, a beneficio del Municipio de Oaguas, por el año 1941-42 y cada año subsiguiente; y del producto de la contri-bución, retendrá para el Tesoro Insular un cinco (5) por ciento de la misma para cubrir los gastos de tasación de los solares y la imposición y cobro de la contribución, y el noventa y cinco (95) por ciento de la misma lo remesará al Municipio de Caguas, mensualmente, según se vaya recaudando, sin que pueda el Tesorero hacer retenciones de esta contribución.
      "Artículo 3. — El producto de esta contribución lo invertirá y dedicará el Municipio de Caguas única y exclusivamente a la construcción, reparación, alinea-ción, pavimentación, embreado, arbolado, conservación y sostenimiento de calles de la zona urbana de Caguas y a mejoras, reparación, conservación, y sosteni-miento del Parque Palmer de Caguas. El producto de la contribución ingresará ■en un fondo especial que no podrá ser usado para otros fines..
      "Artículo 4. — El Municipio de Caguas, por ordenanzas de la Asamblea Municipal aprobadas por el Alcalde, aplicará el producto de la contribución perió-dicamente, según vaya ingresando.”


text:
    Pedro J. Ramírez Jusino, demandante, contrademandado y apelante, v. Camila Ramírez Ramírez, demandada, contrademandante y apelada.
    Núm. 8702.

    — Sometido: Noviembre 16, 1943.

      Resuelto: Marzo 6, 1944.

      José B. Gelpí, abogado del apelante; José Sabater y Vicente Palés Matos, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso es si la demanda aduce hechos constitutivos de causa de acción o si no aducién-dolos es susceptible de enmienda. La acción se tituló “Li quidación de sociedad de gananciales” y sustancialmente se alega: (pie el demandante y la demandada contrajeron matrimonio el 27 de diciembre de 1923, disuelto por sentencia firme de divorcio dictada el 8 de noviembre de 1940; y que la demandada aportó al matrimonio los bienes que figuran en un inventario preparado por el demandante, transcrito en la demanda, en el cual expone el demandante el valor que según él tenían dichos bienes al tiempo de contraerse el ma-trimonio y el que tenían a la fecha de su disolución. Asi-mismo se hace figurar en. el referido inventario una relación de los bienes adquiridos durante el matrimonio, con el precio de compra, así como las mejoras y construcciones llevadas a cabo por el demandante en los bienes privativos de la demandada. También figuran en el inventario los frutos, rentas y beneficios producidos por los bienes privativos y gananciales durante el matrimonio. Se alega además que los bienes de la sociedad de gananciales, luego de deducidas las deudas de dicha sociedad que se detallan en el inventario y ascienden a $5,881.85, tienen un valor líquido de $333,971.76, del cual alega el demandante le corresponde la mitad,, o sea $166,985.88, capital que se alega se halla en poder de la demandada; y qne ésta se niega a proceder a la liquidación de la sociedad de gananciales y a pagar al demandante sn participación en la misma, habiendo sido inútiles todas las gestiones practicadas por el demandante para qne la deman-dada proceda a entregarle sn referida participación, bien en dinero, ya en bienes de la sociedad de gananciales. Alegó además el demandante qne en adición a los bienes de qne se ha hecho referencia, existen las cuotas de azúcar asignadas a las diferentes fincas privativas de la demandada y a las adquiridas por la sociedad de gananciales; qne dichas cuotas fueron asignadas durante el matrimonio, y que la mitad del valor de ellas, según el demandante, es de $23,000, cuya can-tidad reclama como suya. Termina la demanda con súplica, qne literalmente dice:

“En mérito de lo alegado, el demandante suplica a la Hon. Corte se sirva disponer, on su día y mediante los trámites legales, la liqui-dación y división de la extinguida sociedad de gananciales existente entre el demandante y la cierno,ndada, condenando a ésta a entregar al demandante la suma reclamada de $166,985.88 que le corresponde en la misma y a cedeide al demandante la mitad de las cuotas de azúcar adquiridas durante la sociedad de gananciales a que so ha hecho mención en el párrafo undécimo de la demanda o, en su defecto, a pagarle $23,000, valor de. las mismas, y si no lo hiciere, que la Corte adopte los medios legales para dicha liquidación y entrega al demandante de su mitad indivisa en la iotaUdacl de los tienes gananciales, condenando, además, a la demandada si se opu-¡den- a er.ta demanda, en costas y en una cantidad razonable para honorarios de abogado del demandante.” (Bastardillas nuestras.)

Habiendo interpuesto la demandada excepción previa de insuficiencia de hechos constitutivos de causa de acción, la corte inferior declaró con lugar la excepción y, considerando que la demanda no era susceptible de enmienda, de su pro-pia iniciativa dictó la sentencia apelada.

Tanto la corte inferior como la parte apelada sostienen que la demanda es insuficiente porque el propio demandante fué quien preparó el inventario y porque el demandante solicitó se le entregase en dinero la cantidad que estimó era el valor de su participación en dicha sociedad, y no la participación indivisa que le correspondía en los bienes gananciales. >

A nuestro juicio el hecho de que el demandante trans-criba en la demanda lo que él cree es un inventario y avalúo de los bienes gananciales, no perjudica su causa de acción. Para que sea posible la liquidación de la sociedad de ganan-ciales es necesario que existan bienes gananciales, y es una manera de alegar la existencia de tales bienes acompañar la demánda de una relación de los mismos, de su valor y de las deudas de la sociedad de gananciales, ya que con arreglo al artículo 1322 del Código Civil (ed. 1930), lo que se divide por mitad entre marido y mujer, o sus respectivos herederos, es el remanente líquido de los bienes gananciales. El hecho de que figure ese inventario como parte de la demanda no implica que necesariamente la corte haya de aceptarlo como correcto y base en él su decisión a los efectos de determinar la participación de los socios en la extinguida sociedad con-yugal. El propio demandante en la súplica de su demanda, como hemos visto, pide a la corte se sirva disponer en su día y mediante los trámites legales la división de la extinguida sociedad de gancmoiales, y más adelante sigue suplicando que en defecto de pago de las cantidades reclamadas, la corte adopte los medios legales para dicha liquidación y entrega al demandante de su mitad indivisa en la totalidad de los bienes gananciales.

El solicitar alternativamente la cantidad que el deman-dante cree es el valor de su participación o en su defecto la mitad indivisa de los bienes gananciales, tampoco perjudica su causa de acción. No necesitamos citar autoridades para sostener que la súplica de una demanda no afecta la causa de acción. Es deber de la corte dar al demandante un re-medio que sea consistente con las alegaciones, con tanta mayor razón en el presente caso cuanto que el demandante así lo solicita. Él no pide expresamente que se nombre un contador partidor, pero al solicitar que la corte adopte los medios legales para la liquidación y entrega al demandante de su mitad indivisa en la totalidad de los bienes, está soli-citando de la corte implícitamente el nombramiento de un contador partidor para que proceda al inventario, avalúo y liquidación de la sociedad de gananciales, de conformidad con la ley. No debemos perder de vista que el artículo 122 del Código de Enjuiciamiento Civil (ed. 1933), vigente cuando se dictó la sentencia apelada, prescribía que “Al considerar una alegación para determinar sus efectos, de-berá interpretarse con liberalidad, a fin de asegurar absoluta justicia entre las partes. ’ ’ Parece conveniente, dado el resul-tado a que fiemos de llegar en este caso, referirnos a las Reglas de Enjuiciamiento Civil actualmente en vigor núms. 8(f) y 81(b), que prescriben:

“8(f) Interpretación de las Alegaciones. — Todas las alegaciones se interpretarán con el propósito de hacer justicia sustancial.”
‘‘81(6) Denominación o Súplica Erróneas. — -Cualquier defecto en la denominación de. la acción ejercitada o en la súplica del reme-dio solicitado, no será óbice para que la corte, descartando el error así cometido, conceda el remedio que proceda de acuerdo con las ¿legaciones y la prueba.”

Por lo expuesto, procede revocar la sentencia apelada y devolver él caso a la corte inferior para ulteriores procedi-mientos no inconsistentes con esta opinión.