author: El Juez Asociado Señor Hutchison

text:
    Manuel González Martínez, demandante y apelado, v. Carmela Marvel, demandada y apelante.
    Núm. 8055.

    Sometido: Enero 24, 1940.

      Resuelto: Abril 4, 1940.

      José G.'Aponte y Tibaldo Aponte, abogados de la apelante; F. Rovira Calimano y F. Beiró Rovira, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

Carmela Marvel era y es dueña de una casita que fue construida en una pequeña porción de terreno que linda por tres lados con una parcela mayor de la cual formaba y forma parte y por el otro con la carretera que conduce de G-uayama a Salinas. Apela de una sentencia que ordenó su lanza-miento, dictada en un procedimiento de desahucio.

El demandante era el dueño del terreno. Alegó: que sin su autorización y por mera tolerancia la demandada ocupaba el terreno en que la casa está enclavada; que la demandada no pagaba renta alguna y ocupaba la finca en precario.

La demandada negó la alegación relativa a que ella poseía sin autorización alguna y — como dueña de la casa adquirida por compra en abril de 1928 a Antonio Rivera, quien había construido la misma con dinero de su propio peculio y quien había estado en la posesión quieta, pública y pacífica de la misma como dueño de ella por espacio de más de quince años — alegó en su contestación que tenía autorización expresa del dueño y el derecho de usufructuar el terreno en que estaba ubicada la casa. La demandada negó que su posesión fuera por mera tolerancia del dueño o que ocupara el terreno en precario; e insistió en que tenía el usufructo y posesión por expresa autorización del dueño de la finca y que poseía la casa como dueña de la misma.

Los testigos del demandante declararon que la demandada era dueña de la casa en que vivía y que no pagaba canon o merced algunos. Uno de dichos testigos declaró que la demandada había vivido allí alrededor de catorce años y que antes de eso la casa había pertenecido a un caminero. El fínico testigo del demandante a quien se preguntó si el deman-dante había autorizado la construcción de la casa, no sabía si la misma había sido edificada con o sin autorización del demandante.

Los testigos de la demandada declararon en parte como sigue:

José María ANGELÍ:
Identificó un documento fechado abril 24, 1928, por el cual y mediante el pago de la suma de $77.00, Carmela Marvel adquirió por compra de Antonio Rivera una casa de madera techada de zinc. Antonio Rivera era caminero. Trabajaba en el gobierno. El do-cumento fué redactado por un hijo del testigo y suscrito en presen-cia del testigo y de Manuel Torres, quien también firmó en presencia del testigo. La casa estaba ubicada en terrenos de don Manuel Gon-zález. El dinero fué pagado en billetes de a peso, estando el testigo presente.
La venta fué de la casa solamente. Don Manuel no estuvo pre-sente.
El testigo conocía la casa. El caminero la vivía. El testigo no sabía quién la construyó ni cuándo. Rivera le dijo al testigo que la casa pertenecía a él y que radicaba en terrenos de don Manuel Gon-zález. El testigo había conocido la casa por espacio de diez o doce años, primero, porque el caminero la vivía y más tarde debido a la venta y a que el testigo pasaba por allí con frecuencia.
Carmela Marvel ocupaba la casa con su esposo e hijos. Había vivido en ella siempre desde que la compró. El caminero — hasta donde el testigo había podido observar — había vivido en la casa du-rante dos o más años antes de la venta. Pudo haber vivido allí durante un período más largo. Carmela Marvel había ampliado la casa después de haberla adquirido. Era una casa pequeña cuando ella la compró. Para la fecha del juicio era bastante cómoda y te-nía luz eléctrica y balcón.
EugeNia Rodríguez:
Antonio Rivera era su esposo. No eran casados. Habían vivido en terrenos de don Manuel González. Cuando la testigo se fué a vivir con Antonio Rivera éste tenía una casita de paja. El había vivido allí durante algunos años con Gabriela Paduani. Cuando la testigo se fué a vivir con él, éste dejó a Gabriela. Él le dijo a la testigo que había vivido en la casita con Gabriela por espacio de ocho años. Antonio Rivera y Gabriela habían construido la casita de paja. Se les quemó. Con la ayuda del Sr. Carpenter, adminis-trador de la Central Aguirre, ellos construyeron una nueva casa' — la que más tarde vendieron a doña Carmela. La casa nueva era de madera y zinc. La testigo y su marido vivieron seis años en esta casa nueva — desde 1922 a 1928. Durante ese tiempo Rivera no fué molestado en la posesión de la casa. El era un caminero que estaba al servicio del gobierno de Puerto Rico en obras públicas. Don Manuel González nunca fué donde ellos ni les interrumpió en la pose-sión de la casa. La vendieron a Carmela Marvel por $77.00. Con ese dinero adquirieron otra casa en el barrio Borinquen del muni-cipio de Salinas: Antonio Rivera murió en el año del ciclón de San Felipe, 1928, después de venderse la casa. Carmela había vi-vido la casa desde que la compró.
En la repregunta manifestó:
Ellos construyeron la nueva casa en el mismo sitio. Sabían que el terreno pertenecía a don Manuel. Rivera construyó con permiso de él. Rivera era caminero y don Manuel le había concedido el sitio. La testigo sabía que don Manuel le había dado permiso a Rivera porque Rivera se lo había dicho. Sabía que e] terreno no era de ellos. Vivieron unos tres años en la casa nueva. La habían cons-truido en 1925, más o menos inmediatamente después de haberse quemado la otra. Rivera dijo que don Manuel le había dado per-miso desde la época en que se construyó la primera casa. La testigo no sabía si Rivera le había pedido permiso a don Manuel para cons-truir la nueva casa. Don Manuel no intervino con nada. Benigno Patino era el mayordomo. Él vivía en Besosa, cerca de allí y pasaba a veces por aquel lugar. Construyeron la casa nueva y don Manuel ni siquiera pasó por allí.
En el examen redirecto:
Don Manuel les ayudó en la reconstrucción de la casa con “el permiso nada más del solar que Rivera tenía antecedente”. No le prohibió al caminero que fincara su casita porque ya le había dado el permiso para construir la primera. Él no intervino en la fabrica-ción de la segunda casa. Ellos no le pidieron permiso y él tampoco se lo dió por habérselo dado antes para la construcción de la primera casita.
Agustín de Jesús:
Era agente especial del Departamento del Trabajo y miembro de la Cámara de Representantes por el Distrito de Salinas y Guayama. Había conocido a Carmela Marvel durante 18 años. Conoció a Antonio Rivera, que era el caminero encargado de cierta sección de la carretera núm. 3, desde Besosa hasta un punto que quedaba cerca a la escuela del Coquí, parte en Salinas y parte en Guayama. Rivera tenía un rancho de paja a la orilla de la carretera en una finca que se decía pertenecía a don Manuel González, pero que el testigo no lo sabía. La casa estaba allí en 1917. Fué destruida por un incendio en 1922. Para aquel entonces Rivera era miembro de la unión agrícola que tenían en Aguirre y fué a solicitar la cooperación para construir una nueva casa de madera; construyó la casa nueva con la cooperación. Carmela Marvel le compró la casa nueva a Rivera. Desde que Carmela compró la casa hasta el momento del juicio no había sido molestada en su posesión. Ella la había reparado, le sacó un colgadizo y le construyó el balcón. Al tiempo del juicio valía como $400. Rivera nunca había estado empleado con González ni había sido medianero suyo. Siempre había trabajado con el go-bierno insular como caminero. En unión a Juan García, superin-tendente a cargo del distrito, él solicitó permiso para construir el rancho de paja y Manuel González se lo había concedido.
En la repregunta:
Con anterioridad al pleito de desahucio don Manuel nunca re-quirió a Carmela Marvel para que le entregara la posesión. El tes-tigo con frecuencia visitaba la casa y la gente del vecindario le informaban todos sus problemas. Fué Juan García, encargado del distrito, quien habló con don Manuel González en 1922.
ÜABMELA MaBVEL:
Había conocido a don Manuel González por espacio de 20 anos. Adquirió la casa de Antonio Rivera por $77. Vivió en ella durante más de diez años, o sea desde que la compró. El documento fué suscrito en la tienda de José María Angelí. El contó el dinero. La testigo sabía en aquella época que el terreno pertenecía a don Manuel González. La casa era propiedad de Antonio Rivera, el ca-minero. El vivía en ella cuando la compró. La testigo sabía que él había vivido en la casa cuatro años antes de eso. Anteriormente él tenía una casita de paja. La testigo había pasado por aquel lugar con frecuencia. A ella nunca se le había molestado en la posesión hasta el momento en que se entabló el pleito de desahucio. La testigo había ampliado la casa. Nadie se opuso a que ella hiciera las am-pliaciones. Don Manuel pasaba por allí casi todas las semanas y nunca le dijo nada. La testigo no pidió permiso para hacer las reparaciones. Antes de comprar la casa, la testigo le pidió permiso a don Manuel, le preguntó si podía comprarla. Él le dijo que podía comprarla y que pidiera buenos papeles para que no hubiera alega-ciones. La testigo entendió que por buenos papeles él quería decir que ella debía pedir escritura cuando comprara la casa.
En la repregunta manifestó:
Que pidió permiso para comprar la casa porque Rivera le había dicho que la casa estaba enclavada en terrenos de don Manuel y que ella debía primero hablar con él. Entonces fué que habló con él y él le dijo: "Cómprala y pide buenos papeles.” Sabía que el terreno no le pertenecía a ella. Cuando le pidió permiso a don Manuel para adquirir la casa, Pepe García estaba presente, pero no quiso decir nada.

f

No se ofrecieron testigos de refutación. El testimonio incontrovertido de los testigos de la demandada estableció hechos que son suficientes para hacer caer el presente caso dentro de la doctrina sentada en los de Ermita de Nuestra Señora del Rosario v. Collazo, 41 D.P.R. 596, y Rivera v. Santiago, ante pág. 381.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse sin lugar el procedimiento de desahucio.

El Juez Asociado Sr. Wolf está conforme con la revo-cación por el fundamento de que la sentencia de la corte inferior no hizo disposición alguna en favor de la demandada ni proveyó nada para determinar el presente valor de la casa, todo ello de acuerdo con el artículo 18 de la ley de desahucio.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe, De Jesús

license: Public Domain

text:
    Arturo Manuel Valiente Díaz, por su propio derecho y como defensor ad litem de María Valiente Díaz, demandante y apelante, v. Dr. Honorio F. Carrasquillo, demandado y apelado.
    Núm. 7587.

    Sometido: Marzo 27, 1940.

      Resuelto: Abril 4, 1940.

      M. Guzmán Texidor, abogado de los apelantes; Antonio SuMveres, Jr., abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señoe, De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura número 81 del 7 de agosto de 1928 ante el notario don Miguel Marcos Morales, José Leoncio Valiente, por sí y en representación de sus hijos menores de edad Arturo Manuel y María Valiente Díaz, previa la correspon-diente autorización judicial que le concedió la Corte de Dis-trito de Guayama, constituyó primera hipoteca a favor del Dr. Honorio F. Carrasquillo sobre una finca rústica propie-dad de los menores, radicada en Cayey, en garantía de un préstamo por la cantidad de $5,000, y créditos accesorios para intereses, costas y honorarios de abogado en caso de ejecu-ción. Fué condición del préstamo que los intereses se paga-rían por anualidades adelantadas el 7 de agosto de cada año, y no habiendo los deudores satisfecho los intereses correspon-dientes al año y medio anterior al 24 de febrero de 1933, en dicha fecha instó el acreedor Carrasquillo procedimiento ejecu-tivo en cobro del crédito, en la Corte de Distrito de Guayama, procedimiento que culminó con la adjudicación de la finca hipotecada al acreedor, el 30 de agosto de 1934. (Exposición del caso, pág. 69.)

Habiendo llegado a su mayor edad Arturo Manuel Va-liente, en el año 1935 instituyó este pleito por su propio derecho y además como defensor ad litem de su hermana menor de edad María Valiente Díaz, interesando que se anule el procedimiento ejecutivo que les privó de la referida finca, alegando como motivos de nulidad:

(A) Que no se dió cumplimiento al artículo 169 del Regla-mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, porque no se acompañó con el escrito inicial copia certificada de la orden de la Corte de Distrito de Gruayama autorizando al padre de los menores a constituir en representación de ellos la hipoteca que motivó el procedimiento, ni tampoco se trans-cribió en la escritura de hipoteca la referida orden de autori-zación judicial, y que, por consiguiente, no teniendo ante sí la corte la orden sobre autorización judicial, carecía de jurisdicción para despachar el auto de requerimiento.

(B) Que los' ahora demandantes fueron privados de su propiedad sin el debido procedimiento de ley, porque no figu-raron como demandados en el procedimiento ejecutivo hipo-tecario.

Se alega además en la demanda una segunda causa de acción en la que los demandantes reclaman los daños y per-juicios que alegan haber sufrido con motivo del procedimiento ejecutivo hipotecario.

Desestimada la demanda luego de un juicio en sus méritos, interpusieron los demandantes el presente recurso.

(A) Es verdad, conforme resulta de los autos, que no se acompañó al escrito inicial del procedimiento ejecutivo copia certificada de la orden autorizando al padre de los demandantes para constituir la hipoteca en cuestión, pero no es menos cierto que en el escrito inicial se expresó lo siguiente:

“Por escritura núm. 81 otorgada en Cayey a 7 de agosto de 1928, ante el notario Miguel Marcos Morales, José Leoncio Valiente, por sí y en nombre y representación de sus menores hijos bajo su patria potestad, Arturo Manuel y María Valiente Díaz, y debidamente autorizado por la Hon. Corte de Distrito de Guayama en su resolu-ción de 31 de julio de 1928 para el préstamo e hipoteca a que nos. re-ferimos ...”

Tratándose como se trata en este caso de una autoriza-ción concedida por la propia corte que expidió el auto de requerimiento, y expresándose en el escrito inicial la fecha de dicha orden, sustancialmente se cumplió con el estatuto, pues la corte tenía acceso al expediente y si quería compro-bar la existencia y términos de dicha orden judicial, qne estuvo en poder del Registrador y sin la cual no se hubiera inscrito la hipoteca, fácil le hubiera sido al juez examinarla, lo mismo que si físicamente hubiese sido unida a los autos. Id cerium est quod certum reddi potest.

Los demandantes no nieg’an que la autorización existió ni impugnan su suficiencia, habiéndose ofrecido y admitido en evidencia una copia certificada de la referida orden de auto-rización judicial. (Exposición del caso, págs. 70-74.)

El apelante invoca el caso de Marqués v. Sucn. de Pedro Giusti, Inc., 47 D.P.R. 19, en el cual este tribunal, por mayo-ría de sus jueces, revocó una sentencia que sostuvo la insuficiencia de una demanda de nulidad de procedimiento ejecutivo, en la que como causa de nulidad se alegaba que la copia de la escritura de hipoteca que se presentó con el escrito inicial no tenía la firma de uno de los testigos. Se resolvió por este tribunal:

“Para resolver excepciones previas opuestas a la demanda hay que tomar como ciertos los hechos en ella alegados, por lo que la corte inferior tuvo que tener por cierto, y también nosotros para resolver esta apelación, que la escritura que se presentó para el procedimiento ejecutivo que se trata de anular no tiene la firma de-uno de los testigos, como se alega en la demanda. La falta de esa firma hace nula la escritura de hipoteca como documento público, por declaración de la ley. Y como ese documento fué el presentado al tribunal en el ejecutivo y como en él tuvo que fundarse necesaria-mente para ordenar el requerimiento de pago y la subasta de la finca objeto del ejecutivo, hay que llegar a la conclusión de que ese pro-cedimiento ejecutivo es nulo, por lo que la demanda aduce causa de acción.
“La copia certificada por el notario tiene la presunción de ser correcta, pero aunque estuviera equivocada por haber omitido la firma del testigo Alfredo Yera, no por eso dejaría de ser nulo el ejecutivo porque el documento que sirvió de base al tribunal para ordenar el ejecutivo fué un documento en que no constaba la firma de un testigo.”

Sin que se entienda que el juez que suscribe está conforme con la opinión de la mayoría en el citado caso, a pesar del respeto que le merecen los magistrados que la sustentaron, sostenemos que dicho caso no es de aplicación al presente. Allí se resolvió que el procedimiento ejecutivo era nulo por que era nula la escritura que tuvo ante sí el juez que expidió el requerimiento de pago. En el caso de autos la escritura de hipoteca es válida. No se acompañó una copia certificada de la orden autorizando la transacción; pero tanto en el es-crito inicial como en la escritura de hipoteca expresamente se consignó que el padre de los menores había sido debida-mente autorizado para ello por la propia corte a la cual se acudía, y en uno y otro documentos se consignó la fecha de la orden, constando además de la nota del Registrador al calce de la copia de la escritura, que para la inscripción ha-bía tenido a la vista otro documento, que necesariamente de-bió ser la orden de autorización, sin la cual no hubiera po-dido practicar la inscripción.

(B) El escrito inicial, que equivale a la demanda en un pleito ordinario, fue dirigido contra José Leoncio Valiente, “por sí y en nombre y representación de sus menores hijos Arturo Manuel y María Valiente Díaz,” lo cual equivalía a dirigir el pleito contra Arturo Manuel y María Valiente, menores de edad, y José Leoncio Valiente, por sí y en representación de sus dos indicados hijos. A nuestro juicio, se trata de una mera cuestión de forma que no afecta ni pudo afectar los derechos sustanciales de estos demandantes, máxime cuando la orden de requerimiento fué diligenciada por el márshal en la siguiente forma:

1 ‘ CERTIFICO: Que en cumplimiento del presente mandamiento li-brado por la Hon. Corte de Distrito del Distrito Judicial de Gua-yama, P. R., en fecha 24 de febrero de 1933, procedí a cumplimentar el mismo y lo cumplimenté en el pueblo de Cayey, P. R.; el día 11 de marzo de 1933, requiriendo personalmente a los demandados- José Leoncio Valiente, por sí y en representación de sus menores hijos Arturo Manuel y María Valiente Díaz, y a Arturo Manuel Valiente Díaz y a María Valiente Díaz, entregándoles y dejando en su poder personalmente a cada uno de ellos, una copia de la demanda, copia de la escritura de constitución de hipoteca, copia de la certificación del Registrador de la Propiedad de Guayama, copia de la orden de la corte y copia de este mandamiento, para que en el término de treinta días a contar de la fecha de este requerimiento, paguen al deman-dante Dr. Honorio Fernando Carrasquillo las sumas que se recla-man en el mandamiento y en la demanda, apercibiéndolos al mismo tiempo de que si así no lo hicieren, se procederá a la venta de los bienes hipotecados.
“Guayama, P. R., a 11 de marzo de 1933.”

No existiendo, a nuestro juicio, los dos únicos motivos de nulidad alegados en la demanda, procede desestimar el re-curso y confirmar la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señok De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Granado Pereira, acusado y apelante.
    Núm. 8077.

    Sometido: Abril 8, 1940.

      Resuelto: Abril 15, 1940.

      M. Cruz Iíorta, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Rafael Granado Pereira fué convicto de infracción a la Ley de Automóviles y el 25 de octubre de 1938 sentenciado por la Corte de Distrito de San Juan a cumplir ocho meses de cárcel. Apeló el día siguiente para ante este tribunal y el 26 de enero último el Fiscal de esta Corte Suprema soli-citó la desestimación del recurso por abandono. A la moción de desestimación acompañó el fiscal una certificación expe-dida por el secretario de la corte inferior el 27 de junio de 1939, de la que resulta que el 22 de noviembre de 1938 se con-cedió al acusado apelante una prórroga de treinta días para radicar la transcripción de evidencia, sin que desde dicha fecha hasta que se expidió la certificación hubiera radicado ninguna otra solicitud de prórroga ni presentado'transcrip-ción de evidencia ni exposición del caso. Más de tres meses después de radicarse la moción de desestimación, el 29 del mes pasado, el acusado presentó una moción en la que soli-cita se ordene la reinstalación del caso en la corte inferior y la celebración de un nuevo juicio. En dicha moción se ex-pone que el taquígrafo que tomó las notas taquigráficas fa-lleció (sin expresar la fecha), y que por ese motivo no puede prepararse una transcripción de evidencia ni puede tampoco prepararse el pliego de excepciones y exposición del caso que en sustitución de la primera permite el artículo 356 del Código de Enjuiciamiento Civil, porque el abogado Gustavo Cruzado Silva, que lo representó en el juicio, no recuerda la evidencia presentada. Se anuncia como exhibit, pero no se acompaña, una declaración jurada del abogado Cruzado Silva, y aunque el abogado que suscribe la moción expresa que en su opinión el acusado tiene una defensa meritoria, tampoco se exponen los hechos de los cuales este Tribunal pueda apreciar tales méritos.

Independientemente de lo prescrito en el artículo 356 del Código citado, en el supuesto de que tuviéramos discreción para conceder el remedio que se solicita, el acusado no nos ha presentado un caso digno de que ejercitemos esa supuesta discreción a su favor. Resulta de los autos, como hemos visto, que el 26 de octubre de 1938 se radicó el escrito de ape-lación y que desde el 22 de noviembre del mismo año, en que el acusado solicitó y obtuvo la prórroga de treinta días antes aludida, no verificó gestión alguna para mantener viva su apelación, no siendo hasta el 17 de febrero de 1940, más de un año después de haber expirado el término para radicar la transcripción y cerca de un mes después de haber solicitado el Fiscal de este Tribunal la desestimación del recurso, que el acusado solicitó en la corte inferior la concesión de un nuevo juicio so pretexto de que la muerte del taquígrafo le impedía preparar una transcripción, transcripción que no po-día presentar por haber expirado desde el 26 de diciembre de 1933 la única prórroga que solicitó y se le concedió a ese efecto.

En tales circunstancias, procede denegar la moción soli-citando el nuevo juicio y reinstalación del caso, y de acuerdo con la solicitud del Fiscal, ordenar la desestimación del re-curso por abandono.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    Ramón Morán & Co., peticionaria, v. Corte de Distrito de San Juan, Hon. C. Llauger Díaz, Juez, demandada.
    Núm. 1186.

    Sometido: Enero 8, 1940.

      Resuelto: Abril 18, 1940.

      C. Iriarte, F. Fernández Guyar y II. González Blanes, abogados de la peticionaria; Ilon. Procurador General George A. Malcolm (Enrique Campos del Toro, Procurador General Interino, en el alegato) y M. Rodríguez Ramos, Procurador General Auxiliar, abogados del Interventor, El Pueblo de Puerto Pico, demandante en el pleito principal.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

EN MOCIONES DE RECONSIDERACIÓN

Éste es nn caso de certiorari resuelto en noviembre 22, 1938, en que interviene El Pueblo de Puerto Rico. Ramón Morán & Co. v. Corte, 55 D.P.R. 637.

En noviembre 29, 1939, el interventor pidió a esta corte que reconsiderara su decisión y amplió su petición el 11 de diciembre siguiente. Se fundó en que habiéndose resuelto el caso de Porto Rico Fertilizer Co. v. Domenech, 50 D.P.R. 405, el 23 de julio, 1936, lo en él decidido con respecto al fun-cionario a quien correspondía iniciar el pleito que autoriza la sección 57(6) de la Ley núm. 74 de 1925' (pág. 401, 515), constituía la ley a que tenía que ajustarse el Tesorero al radicar su demanda contra la peticionaria, de acuerdo con la jurisprudencia establecida en el caso de A. Cuesta & Cía. v. Sancho, Tesorero, 54 D.P.R. 87, y en que un estudio de la propia ley núm. 74 de 1925 demuestra que estuvo acertada esta corte en el dicho caso de Porto Rico Fertilizer v. Domenech, supra, al resolver que era el Tesorero de Puerto Rico el que debía demandar ante las cortes el cobro de la contri-bución de que se trata, motivo por el cual no debió rectificar sí que ratificar su criterio. Oída la peticionaria, se opuso por escrito. Su oposición razonada revela un amplio y cui-dadoso estudio.

La cuestión de si correspondía al Tesorero de Ruerto Rico iniciar el pleito que autoriza la sección 57(6) de la Ley núm. 74 de 1925 no era la fundamental a resolver en el caso de Porto Rico Fertilizer Co. v. Domenech, Tesorero, supra. Lo allí indicado fue una mera manifestación que se hizo en el curso de la opinión, una conclusión a que se llegó sin haberse el particular discutido siquiera' entre las partes, y el alcance que debe darse a tales expresiones del criterio judicial lo fija la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de Cohens v. Virginia, 6 Wheat. 264, 399. Al emitir la opinión de la Corte su Juez Presidente Sr. Marsliall, se ex-presó así:

“Es máxima establecida que no debe ser ignorada el que las manifestaciones de carácter general que se insertan en cualquier opi-nión, deben ser consideradas en relación con el caso en el cual son hechas tales manifestaciones generales. Si van más allá del caso, pueden ser respetadas, pero no deben determinar la sentencia de una acción subsiguiente, cuando el mismo punto es sometido para ser resuelto. La razón de esta máxima resulta obvia. La cuestión que en realidad se halla ante la corte es investigada cuidadosamente y considerada en toda su extensión. Otros principios que pueden servir para ilustrarla son considerados en su relación con el caso decidido, pero su posible relación cpn todos los otros casos es rara vez total-mente investigada.”

En cuanto al segundo fundamento, debemos decir que el ulterior estudio de la ley a la luz de la jurisprudencia que hemos hecho lo que demuestra es que la cuestión al ser resuelta como la fundamental en este caso de certiorari, lo fue correctamente.

Se hace gran fuerza por el interventor en la semejanza que existe entre los preceptos de la ley insular de contribu-ción sobre ingresos — núm. 74 de 1925 — -y la federal sobre la materia y en que en los reglamentos dictados por las auto-ridades administrativas para la ejecución de las mismas se asigna al Tesorero de la isla y al Comisionado de Rentas In-ternas federal respectivamente el deber de entablar el pleito.

Sin embargo, no obstante ser ello así y no obstante ha-berse enmendado luego la propia ley federal de 1924 en lo pertinente, como sigue: “El Comisionado podrá, dentro del año a partir de la fecha en que la decisión se rinda, comen-zar un procedimiento en corte para el cobro de cualquier parte del montante no concedido por la junta (Sección 283(j) de la Ley de Rentas de 1926, 44 Stat. 63)”, la Corte de Circuito de Apelaciones del Octavo Circuito, en el caso de St. Louis Union Trust Co. v. United States, 82 F. (2d) 61, resolvió:

“¿Fué la acción debidamente instituida a nombre de los Estados Unidos ?
“La acción fué iniciada de acuerdo con el artículo 288 (j) de la Ley de Rentas Internas (Revenue Act) de 1926, 44 Stat. 63, que contiene las siguientes palabras: ‘El Comisionado podrá, dentro de un año a contarse desde el día en que se emita el fallo, comenzar un procedimiento en corte para el cobro de cualquier parte de la cantidad no concedida por la junta.’ La apelante alega que este contexto requiere que la acción sea entablada a nombre del Comi-sionado. Creemos que esta contención es insostenible. Las palabras citadas meramente autorizan al Comisionado para instruir un pro-cedimiento en corte para el cobro de la cantidad.
“El artículo 919 de los Estatutos Revisados (28 U.S.C.A., sección 732) es pertinente. Establece: ‘Artículo 919. — Todas las acciones entabladas para recobrar derechos, impuestos o contribuciones o para poner en vigor cualquier penalidad o confiscación provista por alguna ley con respecto a importaciones o -tonelaje o sobre el registro e inscripción o matrícula y concesión de licencia de embarcaciones, o a las rentas internas o a los impuestos directos, y toda acción prove-niente de las leyes postales, deberán entablarse a nombre de los Estados Unidos.’
“Los artículos 3213 y 3214 de los Estatutos Revisados (26 U.S. C.A. No. 1640, 1644, 1645 (a, c)) son aplicables por analogía. El último de ellos lee en parte como sigue: ‘Artículo 3214. — Ninguna acción para recobrar impuestos, o alguna multa, penalidad, o confis-cación será entablada a menos que el Comisionado (de Rentas In-ternas) autorice o sancione los procedimientos. 26 U.S.C.A., sección 1640.’
“Este último artículo, a nuestro juicio, expresa el claro propó-sito de la segunda oración del artículo 283 (j).
“Además, el Comisionado no era la parte realmente interesada; él no era, bajo dicho artículo, un funcionario dedicado al cobro. Era simplemente una especie de inspector para determinar la nece-sidad del litigio. Véanse U. S. v. Gordin (D. C.) 287 F. 565; Attorney General v. Rumford Chemical Works (C. C.) 32 F. 608, 623.
“El artículo 283 (j) no modificó la ley general que exige que los pleitos para el cobro de contribuciones sean iniciados a nombre de los Estados Unidos. El artículo simplemente conservó los respecti-vos derechos existentes del contribuyente y del Gobierno.
“Resolvemos que la acción fué debidamente instituida a nombre de los Estados Unidos.’’

Las mociones de reconsideración del interventor deben pues declararse sin lugar.


author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobo

text:
    Gerardo Torres, demandante y apelante, v. Ramón Fernández Pérez, demandado y apelado.
    Núm. 7807.

    Sometido: Noviembre 9, 1939.

      Resuelto: Abril 18, 1940.

      F. Fernández Cuyar, abogado del apelante; Angel A. Vázquez, abo-gado del apelado.
   El Juez Pbesidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

Gerardo Torres demandó a Eamón Fernández en reclama-ción de doce mil ochocientos dólares por daños y perjuicios. Trabada la contienda, fué el pleito a juicio. El trece de mayo de 1938 la corte dictó sentencia declarando la demanda sin lugar con. costas pero sin incluir honorarios de abogado por entender que no trabo temeridad en la prosecución del li-tigio. El demandante apeló.

Los hechos en que basó sn acción se exponen en su de-manda, en resumen, como sigue:

El demandante y su esposa con sus tres hijos habitaban uno de los apartamientos de la casa número 37, Calle General Contreras, San Juan, P. R., propiedad del demandado, desde octubre 31, 1934.

El 16 de julio de 1937 al intentar la esposa del deman-dante subir por una escalera de madera instalada en el patio para beneficio de los inquilinos, el tercer escalón de la misma cedió al peso de su cuerpo, cayendo sobre el piso de concreto del patio y sufriendo la fractura conminuta del fémur iz-quierdo, y otras severas contusiones.

El accidente se debió a la exclusiva culpa, descuido y omi-sión del demandado que teniendo previo conocimiento del mal estado de la escalera omitió hacer en ella las necesarias re-paraciones. La escalera estaba construida en forma peli-grosa debido al ángulo y altura de escalón a escalón. La madera de éstos, especialmente la del tercero, estaba po-drida.

Por su contestación aceptó el demandado la existencia de la escalera pero negó que estuviera instalada para beneficio de los inquilinos, alegando que daba acceso a la azotea y no formaba parte del apartamiento, habiéndose construido úni-camente para ser usada para reparaciones de la azotea, todo lo cual conocían la señora Ortiz y el demandante, a quienes ¡además prohibió su uso.

Aceptó que en la fecha fijada la Sra. Ortiz intentó subir por la escalera, pero alegó que realizó tal acto a sabiendas He que no podía hacerlo.

Negó la caída de la Sra. Ortiz y sus consecuencias, y negó que en caso de haber ocurrido, se debiera a su culpa y negli-gencia, debiéndose por el contrario a la culpa y descuido de la Sra. Ortiz.

Negó que tuviera conocimiento del mal estado de la esca-lera, y alegó que jamás fue notificado de desperfecto alguno en la misma.

Gomo defensa especial alegó que el demandante “no tiene capacidad legal para demandar como representante de socie-dad conyugal alguna, en virtud de que de la faz de la de-manda no aparece que el día del accidente reseñado en el hecho 3 de la demanda él estuviera casado con María Luisa Ortiz; que la demanda no aduce hechos suficientes que den derecho al demandante para establecer la demanda de este pleito.”

La vista duró dos días, realizándose en otro la inspección ocular.

Pesando la evidencia aportada por ambas partes, en su relación de hechos y opinión, dijo la corte sentenciadora:

“La casa núm. 37 de la calle General Contreras de esta Ciudad, está dividida en tres apartamientos con frente todos a la citada calle. Al fondo de la casa existe un pequeño patio con piso de cemento, al cual tienen acceso el apartamiento del centro y el de la derecha entrando. En este patio existe una escalera de madera que conduce a la -azotea de una pequeña construcción de concreto armado o pie-dra, más baja que el resto de la casa. Sobre esta primera azotea bay otra escalera que conduce a la azotea principal propiamente dicha.
“La casa pertenece en la actualidad y pertenecía el 16 de julio del año pasado al demandado Ramón Fernández, quien a su vez la 'hubo de Cruz Rivera Meléndez, su anterior dueño. Cuando la propiedad pertenecía a Rivera, el demandante y 'su familia vinieron a ocupar el apartamiento del centro en concepto de arrendatarios y al adquirirla Fernández continuaron ocupándolo en el mismo concepto, luego de llenar los requisitos de fianza exigidos por el nuevo dueño.
“Desde los tiempos en que Rivera poseía la casa, existía en ella la escalera de madera -antes mencionada, y al adquirirla Fernández la dejó en el mismo sitio.
“El 16 de julio del año pasado, la esposa del demandante se dispuso a subir a la azotea con el objeto de tender a secar ciertos trajes de baño de sus niños. En los momentos en que descansaba un pie en el tercer escalón y levantaba el otro para ponerlo en el cuarto, se desprendió un pedazo del borde exterior del tercer escalón, motivando la caída de la señora. Como resultado de la caída sobre el piso de cemento, sufrió la fractura conminuta del fémur izquierdo inmediatamente por debajo de los procánteres, con desplazamiento de los fragmentos, severas contusiones en el brazo izquierdo y varias otras en distintas partes del cuerpo.”

Luego, basándose en la inspección ocular, describe la esca-lera, así:

. tiene ocho escalones. Su-base está empotrada en el piso de concreto del patio, y su parte superior descansa sobre el borde del pretil de la azotea, sin sujeción alguna. Al lado derecho su-biendo tiene una baranda que consiste de una alfajía de una pulgada de espesor por tres de ancho, que va de un poste de madera en la base de la escalera a otro similar en el pretil de la azotea. Este pasama-nos se mueve fácilmente y no tiene la necesaria resistencia debido a la distancia existente entre uno y otro poste y al espesor de la alfajía. La escalera tiene una inclinación tan fuerte y los escalones son tan estrechos, que no puede bajarse de frente sino de espaldas, como si se tratara de una escalera de mano. La estructura de la escalera es tan deficiente que requiere gran cuidado al colocar el pie en los-esealones, pues siendo tan estrechos como son se corre el peligro de descansar el cuerpo sobre la punta del pie y sufrir una caída. En el borde exterior del tercer escalón, equidistante de sus extremos, falta una pequeña faja de madera que mide siete pulgadas de largo por una de ancho. Pudimos observar señales de haber sido partido con un arma cortante el extremo izquierdo del hueco así producido; pero esta circunstancia no arroja ninguna luz sobre el caso, porque si bien el demandante continuó ocupando el apartamiento algún tiempo después del accidente, es también cierto que lo desocupó más tarde volviendo así a la posesión del demandado, sin que po-damos determinar si el corte en cuestión fué hecho antes o después del accidente, ni la persona que lo hiciera. Este tercer escalón está algo podrido por debajo hacia el borde exterior, pero cortando una sección longitudinal en el borde del escalón en controversia, pudi-mos comprobar que aunque la parte inferior estaba podrida, la superior no lo estaba. La base de la escalera está en buen estado y sus escalones incluyendo el tercero no dan ,1a impresión de estar podridos, y en efecto no lo están, excepto la parte inferior del borde de dicho escalón.”

Dispone entonces de la defensa especial alegada en la contestación declarándola sin lugar por entender que la de-manda aduce hechos suficientes y que el demandante tiene capacidad para demandar como representante de la sociedad conyugal por los daños y perjuicios sufridos por ésta a vir-tud del accidente ocurrido a su esposa — lo que es conforme a la repetida jurisprudencia de esta Corte sobre el particular —y entra de lleno en el estudio de los hechos y la ley, como sigue:

“La acción establecida por el demandante surge de los artículos 1444 y 1446 del Código Civil (ed. 1930) que en lo pertinente dis-ponen :
“ 'Art. 1444. — El arrendador está obligado:
“ '1. — .
“ ‘2. — A hacer en ella durante el arrendamiento todas las repa-raciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada.
“ ‘Art. 1446. — Si el arrendador o el arrendatario no cumplieren las obligaciones expresadas en los artículos anteriores, podrán pedir la rescisión del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato subsistente.’
“Que la lesionada se cayó de la escalera y sufrió así la fractura del fémur, es un hecho fuera de toda controversia. Discrepan las partes solamente en cuanto a la causa inmediata de la caída, pues mientras la lesionada indica como causa del accidente el haberse roto el escalón, y la estructura peligrosa de la escalera, el deman-dado la atribuye a haber resbalado al colocar negligentemente el pie en el escalón
“No tenemos evidencia alguna que sostenga la contención del demandado. En cambio, la declaración de la lesionada, el defecto en el borde del escalón, según aparece de las fotografías, de los planos presentados y de la inspección ocular, sostienen la versión de la lesionada, que aceptamos como cierta por no haber sido controver-tida ni existir razón o motivo alguno para rechazarla.
“Ahora bien, ¿revela la evidencia que el arrendador tenía cono-cimiento de que la escalera estaba podrida y por consiguiente requería reparaciones ? La prueba no sostiene esa alegación de la demanda. ’ ’

Analiza los testimonios de la lesionada y del demandado, transcribiendo parte de los mismos, y agrega y concluye:

“ Cuando el 19 de abril último tuvimos la oportunidad de exa-minar la escalera con motivo de la inspección ocular, pudimos observar que no presentaba indicio alguno de estar podrida o de amenazar ruina. Si ésa era la situación el mes pasado, claro está que el día del accidente acaecido a la Sra. Torres, allá por el 16 de julio de 1937, tampoco podía dar señales de necesitar reparaciones y eviden-temente cuando ocurrió la caída de la niña varios meses antes del 16 de julio de 1937, muchas menos probabilidades existían de que' la Sra. Torres pudiese sospechar siquiera que la escalera necesitase reparaciones. Además, si el demandado a requerimiento de la le-sionada hizo reparaciones de relativa importancia, tales como cambio de pisos, etc., muy fácil le hubiera sido cambiar uno o más escalones si se le hubiese pedido y si en efecto hubiera sido necesaria tal re-paración. Estas consideraciones, independientemente de las con-tradicciones, evasivas y vacilaciones de la lesionada al declarar sobre este extremo, nos obligan a dirimir el conflicto de la evidencia a favor del demandado, dándole entero crédito a su declaración y a la de Carmona en lo que a este punto respecta.”

Resuelto de tal modo el conflicto de la evidencia, examina la responsabilidad que pudiera recaer sobre el demandado a virtud de la defectuosa construcción de la escalera, y lo exo-nera de ella, así:

“. . . . la escalera existía con sus defectos de construcción no solamente cuando el demandante arrendó el apartamiento a Rivera, el anterior dueño, sino al renovar el contrato con el demandado Sr. Fernández, y siendo ello así, no es éste responsable de tales defectos de construcción que conocía el inquilino al celebrar el contrato y que no obstante conocerlos, aceptó el apartamiento en esas condiciones. A ese efecto dice Manresa comentando el Art. 1554 del Código Civil Español, igual al 1444 del nuestro (ed. 1930) :
“ ‘Lo mismo el que toma fincas en arrendamiento que el que las compra, debe apreciar si le conviene o no, y una vez vistas y convenidos los contratantes, cumple el arrendador con entregar la cosa en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato. . . . ’ 10 Manresa, Código Civil Español (2a. ed.) 515.”

Y continúa diciendo:

“Resulta, pues, evidente, que el demandado no es responsable por los defectos de construcción de la escalera. Veamos si lo es por no haber reparado el escalón.
“Llegamos anteriormente a la conclusión de que el demandado .no fué advertido o notificado de la necesidad de reparaciones en la escalera,-y que por consiguiente no tenía conocimiento de que ésta estuviese en mal estado. Partiendo de esa premisa, determinaremos si es o no responsable del accidente sufrido por la lesionada. Sostiene el demandante, y a ese efecto cita algunos casos resueltos en distin-tas jurisdicciones de los Estados Unidos, incluyendo a Louisiana, y el caso de Roa v. Puig et al., 19 D.P.R. 386, que el arrendador es responsable del accidente causado por falta de necesarias repara-ciones, aunque nada se le haya advertido acerca del particular.
“Rigiéndonos como nos regimos por el Código Civil, debemos recurrir a esa fuente antes que a ninguna otra para determinar si en efecto el demandado es responsable del accidente, no habiendo recibido notificación alguna para que haga reparaciones. Como diji-mos anteriormente, el Artículo 1444 del Código Civil (ed. 1930) im-pone al arrendador la obligación de hacer en la cosa objeto del contrato, durante el arrendamiento, todas las reparaciones necesarias a fin de conservarla en estado de servir para el uso a que ha sido destinada. Pero esta obligación por parte del arrendador está com-plementada con el deber correlativo del arrendatario expresado en el Art. 1449 del mismo Código, que refiriéndose a las obligaciones del arrendatario dice así:
“ 'También está obligado a poner en conocimiento del dueño, con la misma urgencia, la necesidad de todas las reparaciones com-prendidas en el'número dos del Art. 1444.’
“De manera que el Art. 1449 de modo expreso impone al arren-datario el deber de notificar al arrendador la necesidad de las repa-raciones. Es verdad que en el caso de Roa v. Puig, supra, a manera de dictum se sostiene que el propietario no puede alegar que no fué notificado por el inquilino de las condiciones en que se encontraba la cosa arrendada, porque la ley no exige tal notificación; pero como resulta claramente del Art. 1449 en relación con el 1444 del Código Civil, tal dictum es erróneo y contrario a los preceptos del Có-digo. . .

Sostiene que tanto Manresa como la Enciclopedia Jurí-dica Española guardan absoluto silencio sobre el particular, y cita de 24 Scaevola, Código Civil, 516, y de 9 Martínez Ruiz, Código Civil, 565, et seq., algunos párrafos que sostienen a su juicio su criterio, y prosigue:

“En el caso de Roa v. Puig, supra, no era necesario el aviso al ■dueño o arrendador, porque del mismo aparece que un año antes de la caída de la viga que causó el accidente, se había desprendido otra, de lo cual tuvo conocimiento el arrendador-. Claro es, que en tales condiciones el arrendador estaba suficientemente notificado y no tenía necesidad de que el arrendatario le comunicase lo que ya él sabía.
“En el caso de Miranda v. Méndez, 50 D.P.R. 850, en que estaba envuelta la responsabilidad del arrendador por los perjuicios sufridos por el arrendatario por dejar de hacer las necesarias reparaciones, se demostró plenamente que la demandante había notificado al agente o administrador del arrendador del mal estado en que se hallaba la escalera que motivó el accidente. A ese efecto se dice en la página 855 de la opinión:
“ ‘La escalera estaba en malas condiciones, la demandante lo no-tificó al demandado, éste prometió repararla y fué dilatando la re-paración. ’
“Tanto el caso de Roa v. Puig como el de Miranda v. Méndez, son perfectamente distinguibles del que nos ocupa, porque en el primero el arrendador tenía conocimiento de los desperfectos por el accidente que había ocurrido antes del que motivó el pleito, y en el segundo por haber sido expresamente notificado por el arrendatario y haber prometido hacer las reparaciones aplazando éstas y dando lugar con ello a que ocurriera el accidente.
“Si bien en el caso de Louisiana titulado Estes v. Aetna Casualty & S. Co., 157 So. 395, se sostiene la responsabilidad del arrendador por defecto de reparaciones aunque no haya sido notificado de la necesidad de las mismas, tal responsabilidad está fundada en el Art. 2695 del Código Civil de dicho Estado, que dice así:
“ ‘El arrendador garantiza al arrendatario contra todos los vicios y defectos de la cosa, que puedan impedir su uso, aún en el caso de que él nada sepa de la existencia de tales vicios y defectos a la fecha en que se celebró el arrendamiento, y aunque tales defectos hayan surgido después del arrendamiento, siempre que los mismos no hayan sido causados por la falta o culpa del arrendatario, y si cual-quier daño sufriera el arrendatario como resultado de tales vicios y defectos, el arrendador estará obligado a indemnizárselos.’
“La misma regla impera en Francia, basada en el Art. 1721 del Código Civil francés, sustancialmente idéntico al 2695 de Luisiana. Pero como hemos visto, en Puerto Rico no existe tal precepto, . .

El apelante señala en su alegato dos errores, cometidos el primero a su juicio por la corte sentenciadora al desesti-mar la demanda basada únicamente en que no hubo eviden-cia para sostener la alegación de que el arrendador tenía previo conocimiento del mal estado de la escalera, y el se-gundo cometido también a su juicio por la dicha corte al deci-dir que el demandante venía obligado a notificar al deman-dado el mal estado de la escalera para que surgiera su res-ponsabilidad en relación con el mismo.

Con respecto al primer error bastará decir que si bien al estudiar la evidencia hemos encontrado en las declaracio-nes de algunos testigos manifestaciones que podrían inducir-nos a concluir que el demandado conocía la exacta condición de la escalera, no las estimamos suficientes para sustituir nuestro juicio por el del juez sentenciador.

La consideración del segundo señalamiento de error envuelve la del problema fundamental a resolver en el recurso partiendo de las alegaciones, de la evidencia y de los hechos declarados probados por el juez sentenciador.

Dicho problema puede formularse así: ¿Está obligado el demandado, dueño de la casa de que se trata, que la dividió en apartamientos, alquilándolos a varias personas — una de ellas el demandante — -y que mantuvo en su patio al aire li-bre una escalera de madera por la cual subían los inquilinos a una azotea a tender ropas y para otros usos, está obligado, repetimos, a conservar dicha escalera en condiciones de se-guridad y si no lo hace a responder de los daños que uno de dichos inquilinos — la esposa del demandante — sufrió al caer de la escalera por hallarse podrido el borde inferior ex-terno de uno de sus escalones, aunque el inquilino no le hu-biera notificado, ni él tuviera conocimiento actual de dicha condición?

Si en Puerto Rico estuviera vigente como en Luisiana el precepto legal que transcribe en su opinión la corte de dis-trito, no habría cuestión. El problema hubiera estado re-suelto de antemano en sentido afirmativo por el propio le-gislador.

Sin embargo, si bien no se encuentra en nuestro Código Civil precepto tan terminante como el de Luisiana, dicho Código contiene además de los artículos relativos a las obli-gaciones mutuas de arrendador y arrendatario en el contrato de arrendamiento que citó, interpretó y aplicó la corte de distrito, otro dentro de cuyo amplio marco encuadra a nues-tro juicio la relación jurídica que surge de los hechos de este caso. Nos referimos a su artículo 1802 que prescribe: ‘ ‘ El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño cau-sado.” Código Civil de Puerto Rico, ed. 1930, pág. 372.

Con la mente sin duda puesta en ese precepto fué que esta corte dijo en el caso de Roa v. Puig et al., 19 D.P.R. 386, 392:

“El primer señalamiento de error se refiere a la conclusión a que ha llegado la corte sentenciadora con respecto a la negligencia de la apelante, en no ejecutar las obras necesarias de reparación en la casa ocupada por la apelada, con el fin de impedir la caída de la viga de dicha casa que tuvo lugar el día 14 de abril de 1911. Los autos demuestran claramente que no se hicieron las obras necesarias e in-dican suficientemente que fué por esto que la viga se desprendió y probablemente debido a las continuas lluvias se cayó de su sitio en el techo. El estatuto, artículo 398 del Código Civil, exime al dueño de responsabilidad por tales accidentes en los casos de fuerza mayor, pero no creemos que este caso esté comprendido en esa excepción. Si este accidente hubiera sido causado por un terremoto o por un rayo u otro fenómeno natural que raras veces ocurre, entonces la apelante hubiera quedado exenta de responsabilidad. Pero, por los resultados naturales que lleva consigo el tiempo de los trópicos a los cuales estamos sometidos en este clima, no puede hacerse excepción, y re-sulta por tanto la responsabilidad del dueño. Tampoco puede alegar la propietaria que no fué notificada por el inquilino de las condi-ciones en que se encontraba la casa. La ley no exige tal notificación y en el presente caso el mal estado de las vigas no era perceptible a simple vista. El apoderado, teniendo en cuenta el incidente ocurrido en septiembre del año anterior, debió estar sobre aviso y haber ordenado oportunamente un reconocimiento en forma de la vigue-ría del techo para llevar a. cabo las reparaciones que las circuns-tancias exigieran, librando así a su principal de cualquier imputación de culpa o negligencia. Por consiguiente, debemos llegar a la con-clusión de que el primer pronunciamiento de error que ha sido presentado por la apelante carece de fundamento.”

T aplicándolo expresamente fue que resolvió años más tarde en el de Pérez v. Gandía, 32 D.P.R. 562, 564, lo que sigue:

“Discutiendo el primer error sostiene el apelante que no se alega en la demanda la existencia de contrato alguno válido entre deman-dante y demandado y que en el caso de que pudiera deducirse la existencia del contrato de arrendamiento no se alega el pago de] pre-cio, ni que el arrendatario pusiera en conocimiento del arrendador la necesidad de hacer reparaciones en la casa arrendada.
“Opinamos que el error no existe. La responsabilidad del de-mandado para con la demandante no se deriva de ningún contrato celebrado directamente con ella. Se alega en la demanda la exis-tencia de un contrato de arrendamiento entre el demandado, dueño de la casa, y Conrado Rosario. La alegación de que la demandante 'estuviera, haciendo vida matrimonial con Rosario,’ era innecesaria. Rosario tenía derecho a recibir huéspedes, visitas, en la casa que para vivir alquiló. Cualquier persona pudo entrar en ella dentro del curso ordinario de los negocios. Y para con todos tenía el dueño obligaciones. El dueño estaba en el deber de conservar la casa en condiciones habitables y si teniendo conocimiento de su mal estado negligentemente dejó de corregir el defecto, es responsable del daño que con ello pudiera haber ocasionado. Su responsabilidad surge del quasi contrato a que se refiere el artículo 1803 del Código Civil en los siguientes términos: ‘El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.’
“Basta lo anteriormente' expuesto para concluir que no eran necesarias las alegaciones del pago del precio y de la notificación por parte del arrendatario al arrendador del defecto existente. Se alegó en debida forma el conocimiento del defecto por parte del arrenda-dor a virtud de la notificación que le hicieran las autoridades sani-tarias, y su negligencia al dejar de corregirlo.”

No se nos ha convencido de que el criterio de esta corte sea erróneo y de que debamos rectificar en el sentido de que este caso debe regularse exclusivamente por los preceptos del Código Civil relativos al arrendamiento sin que puedan apli-carse los referentes a las acciones que surgen a virtud de culpa o negligencia. Al contrario, un estudio más amplio nos lleva a ratificar nuestra opinión.

“La obligación que recae sobre el dueño de un edificio bajo el artículo 2332 del Código Civil de responder de los daños a la persona que los sufra por la negligencia de dicho dueño al no mantener su edificio en 'buenas condiciones, lo es ex delicto”, se dijo en Klein v. Young, 111 So. 495; y en Schoppel v. Daly, 36 So. 322, se expresó: “La existencia de relaciones contractuales entre dos partes no es impedimento al derecho de acción por daños y perjuicios ocasionados pen-diente el contrato y con él conectados, aunque el contrato pueda afectar más o ménos los derechos y obligaciones de las partes.”

Además, las circunstancias peculiares de este caso tales como surgen de la demanda, de la contestación, de la evidencia y de los hechos declarados probados por la corte sentenciadora, demuestran que el demandante no tenía la posesión exclusiva de la escalera sino meramente el derecho a su uso junto con los inquilinos de otro apartamiento, quedando el dueño en su posesión y control, habiéndose resuelto por las cortes del continente en situaciones semejantes lo que sigue:

“La responsabilidad del arrendador por los daños personales sufridos por los inquilinos y por las otras personas que estén rela-cionadas con éstos, debido al estado deficiente de los alrededores, pasillos, escaleras, etc., que están bajo el dominio del primero, está basada en el deber, impuéstole con motivo de la posesión y dominio que él tiene, de ejercer el debido cuidado para mantener en estado’ de seguridad esas partes del edificio, y el incumplimiento de’'ese deber es, desde luego, lo que constituye negligencia de parte suya.” 25 A.L.R. 1292.
“La segunda cuestión es si la escalera aquí envuelta cae fuera de esa regla por el hecho de que la misma era utilizada conjunta-mente por dos inquilinos en vez de por un gran número de ellos; y somos del criterio que no está fuera de esa regla. Fundándose la regla en consideraciones prácticas, la misma no debe limitarse me-diante distinciones técnicas. A nuestro juicio ella se aplica en casos de escaleras corrientes utilizadas por unos cuantos inquilinos al igual que en casos en que son usadas por muchos.” Flanagan v. Welch, 107 N.E. 979.

La regia se expone en el Restatement of the Law of Torts, en el volumen segundo, página 976, que trata sobre “Negligence”, así:

“El poseedor de terrenos que cede en arrendamiento parte de los mismos y continúa en posesión de cualquier otra parte que el arrendatario tenga derecho a usar como dependencia de la parte cedídale, debe responder al arrendatario y a aquellas otras personas que legalmente se encuentren en la finca con consentimiento del arrendatario o subarrendatario de los daños personales sufridos por éstos por razón del estado peligroso de aquella parte del terreno que está bajo el dominio del arrendador, si este último mediante el ejer-cicio de cuidado razonable pudo haber determinado dicha condición y el riesgo irrazonable que la misma envolvía y pudo haber eliminado tal riesgo.” Sección 360.

La .jurisprudencia ha resuelto de modo terminante que no es necesario que se demuestre que el dueño tiene conoci-miento actual del defecto. Gill v. Middleton, 105 Mass. 477; Watkins v. Goodall, 138 Mass. 533; Readman v. Conway, 126 Mass. 374; Looney v. McLean, 129 Mass. 33; Lindsey v. Leighton, 22 N.E. 901.

Si mediante el cuidado necesario que estaba obligado a tener, el defecto hubiera podido descubrirse y ese cuidado razonable no se tuvo, el dueño es responsable.

Y aquí en verdad tratándose como se trataba de una es-calera construida de madera desde hacía años — ya estaba en el patio cuando el demandado compró la casa — expuesta a la acción destructora de los elementos, especialmente del agua, el demandado tenía el claro deber de examinarla o hacerla examinar dentro de períodos de tiempo razonables, a fin de cerciorarse de si se encontraba en condiciones de seguridad para su uso.

De haber cumplido con su deber, se hubiera enterado ne-cesariamente del defecto, y siendo ello así puede imputársele conocimiento constructivo del mismo. Conociéndolo, no lo reparó. Su negligencia es evidente y la responsabilidad que de ella se deriva inevitable.

“La experiencia común del hombre nos enseña que el deterioro que sufrió la madera debe haberse extendido durante un período considerable de tiempo; y en vista del hecho de que el deterioro se notaba más en la parte superior o en descubierto de la balaustrada y que el estado de la misma era tal que cuando se hacía presión contra ella la madera se salía de los clavos y se desmoronaba, apare-cería claramente que el jurado, compuesto de hombres razonables, propiamente pudo haber resuelto que una inspección corriente y cuidadosa hubiera revelado el defecto en la balaustrada con tiempo suficiente para hacer las reparaciones antes de que la demandante sufriera las lesiones. En su consecuencia, no vacilamos en resolver que la prueba era enteramente suficiente para imputar conocimiento implícito y oportuno del estado defectuoso de la balaustrada por la parte demandada en forma tal que pueda imputársele negligencia el dejar de repararla o reconstruirla.” Bleisch v. Helfrich, 6 S. W. (2d) 978.

Habiendo en consideración todo lo expuesto, debemos concluir que el error señalado fué cometido y que no siendo como no era necesaria la notificación al dueño por parte del inquilino ni la demostración de que el dueño tenía conoci-miento actual del defecto para exigirle responsabilidad por el accidente ocurrido a causa del mismo, la demanda debió declararse con lugar. No lo fué y la sentencia dictada debe revocarse.

Ordena la ley que cuando este tribunal revoque una sen-tencia debe como regia general dictar la que debió haber dic-tado la corte de distrito y a ese efecto pide el apelante a esta corte que ordene al demandado que le pague aquella cantidad que tenga a bien determinar de acuerdo con la prueba que sobre daños y perjuicios se practicó, en concepto de indem-nización por las lesiones personales sufridas por su esposa, imponiendo además al demandado el pago de las costas in-cluyendo una suma razonable para honorarios de su abo-gado.

Sabemos que el demandante reclamó doce mil ochocien-tos dólares. La cantidad a primera vista parece excesiva. “Como resultado de la caída sobre el piso de cemento”, la demandante, declaró probado la corte sentenciadora, “sufrió la fractura conminuta del fémur izquierdo inmediatamente por debajo de los procánteres, con desplazamiento de los frag-mentos, severas contusiones en el brazo izquierdo y varias otras en distintas partes del cuerpo.”

Sin detenernos en una exposición minuciosa, habidas en consideración las circunstancias que concurren y siguiendo las normas de casos semejantes, nos parece razonable como indemnización la suma de dos mil dólares. El trabajo del abogado del apelante fué intenso y revela un detenido y aca-bado estudio de los hechos y la ley. Creemos que deben concederse como honorarios quinientos dólares.

Bebe dictarse la sentencia consiguiente.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Francisco Pacheco, demandante y apelante, v. Plazuela Sugar Co., demandada y apelada.
    Núm. 7758.

    Sometido: Mayo 9, 1939.

      Resuelto: Abril 18, 1940.

      Luis Mercader, abogado del apelante; G. Zeno Sama, abogado de la apelada.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Hutchison

emitió la opinión del tribunal.

En acción negatoria de servidumbre, Francisco Pacheco alegó ser dueño de un condominio indiviso en una parcela de terreno en el barrio Islote del Municipio de Arecibo, que se describe con un área de cinco cuerdas, lindante al norte por la zona marítima, al sur y oeste con Matilde Rojas y al este con Antonia Campos. También alegó que la demandada, Plazuela Sugar Company, dueña de un ferrocarril privado, sin el consentimiento del demandante babía fijado vías férreas de este a oeste a través de dicha finca y cruzaba la misma periódicamente con sus trenes.

La demandada negó que hubiera colocado sus vías a tra-vés de la finca descrita en la demanda o que corriera sus' trenes por las mismas. Alegó que sus vías habían sido pues-tas en su propia finca en una faja de terreno adquirida por compra a Matilde Rojas en 20 de diciembre de 1918, situada en el barrio Islote de Arecibo, que medía 326 metros de largo por 8 metros de ancho, o sea 2,608 metros cuadrados, lin-dante al norte y sur con la finca de que había sido segregada, perteneciente para aquel entonces. a Matilde Rojas, por el este con terrenos de Bonocio Campos y por el oeste con Blas Rojas. La demandada también alegó que Matilde Rojas posteriormente, en marzo 12 de 1925, segregó y vendió a Cruz, Francisco, María y Antonio Pacheco la parcela que se describe en la demanda, situada a ambos lados de la faja ante-riormente vendida a la demandada; pero que este hecho no se hizo constar en la escritura de enajenación a los Pacheco, no obstate saber éstos que la faja por espacio de muchos años había sido propiedad de la demandada. Ésta negó otra alegación de la demanda al efecto de que el demandante había solicitado de la demandada que descontinuara la explotación de sus trenes a través de esta finca. Alegó que el deman-dante no podía suplicar a la demandada que levantara las vías de una finca que era de la exclusiva propiedad y per-tenencia de ella y que la había venido poseyendo por más de 18 años quieta, pública y pacíficamente, con buena fe y justo título.

El demandante apelante sostiene que la corte de distrito cometió error;

Al admitir la escritura que en 1918 hiciera Matilde Rojas, a pesar de haber sido inscrita en 1937, cuando ya el demandante Pacheco, desde el 1925, había adquirido e inscrito las cinco cuerdas libres de gravamen.
Al admitir como evidencia un plano que dijo haber preparado el testigo Julio Rodríguez; en 1937.
Al declarar que el demandante debía probar que era condueño de la faja de terreno de que alega la demandada ser dueña.
Al declarar que la corporación demandada probó ser dueña de ]a faja de terreno, por donde pasa la vía, a pesar de haber alegado que tal parcela forma parte íntegra de las cinco cuerdas adquiridas que fueron inscritas antes de que lo hiciera la demandada, infringiendo así el artículo 1362 del Código Civil (edición de 1930).
Al declarar que el demandante no es un tercero por el hecho de ser nieto de Matilde Rojas y porque el título de la demandada fué otorgado antes que el del actor; y además porque las vías eran os-tensibles a la vista al comprar el demandante y sus hermanos en dichas cinco cuerdas.
Al interpretar la doctrina del tercero jurisprudencial, dándole un alcance que no tiene, y mucho menos para aplicarla al caso presente.
Al menospreciar la doctrina del caso de Martínez v. Central Cambalache, 48 D.P.R. 216, ratificada en 86 F. (2d) 37; y al apli-car en cambio la doctrina de “actual notice” del de Colón v. Plazuela Sugar Co., 47 D.P.R. 871, desechada por el caso de Martínez.
Al pesar la evidencia de este caso, estableciendo juicios contrarios a la ley y al no imponer las costas a la demandada.

Antes de ofrecerse en evidencia el plano mencionado en el segundo señalamiento, Julio Rodríguez, ingeniero de transportación, declaró, sin objeción por parte del demandante, substancialmente lo siguiente:

El testigo había trabajado para la Plazuela Sugar Co. durante más de 34 años. Conocía a Francisco Pacheco y a sus hermanos. Estos tenían una finca de cinco cuerdas en el barrio Islote de Are-cibo lindante al norte con la zona marítima; por el oeste con Ma-tilde Rojas y por el este con Antonia Campos. Conocía la finca porque con frecuencia pasaba por allí y porque estaba en el centro de una finca de Matilde Rojas. Las cinco cuerdas están atravesadas de este a oeste por una faja de 326 metros de largo por ocho metros de ancho perteneciente a la Plazuela Sugar Co. y por la vía de la Plazuela Sugar Co. La vía ha estado allí desde 1908. La Plazuela Sugar Co. había adquirido esa faja de Matilde Rojas en 1918 por la suma de $400. La faja lindaba por el sur con Matilde Rojas; por el norte con Matilde Rojas; por el este con Blas Rojas y por el oeste con Bonocio Campos 1ro. La finca de los Pacheco tenía de 50 a 60 metros de ancho. La faja de la Plazuela medía 326 metros de largo. La Plazuela Sugar Co. había estado en posesión de esa faja desde 1907, y desde 1918 también la había ocupado. A la Plazuela Sugar Co. nunca se .le había molestado en su posesión. El testigo puso la vía sobre esa faja de terreno. Él tenía licencia como inge-niero de transportación, expedídale por el Gobierno de Puerto Rico. La parcela de cinco cuerdas no estaba dividida, aunque los Pacheco tenían un entendido entre sí y cada uno de ellos tenía un pedazo. Las cinco cuerdas están atravesadas por la faja de la Plazuela Sugar Co. La finca de los Pacheco está a ambos lados de esa faja. La faja, al momento del juicio, lindaba al norte con Diego Campos, los hermanos Pacheco, Bonocio Campos 2do., Antonia Campos, Francisca Campos y Antonia Campos Rojas; por el sur con Emeteria Campos, los hermanos Pacheco, Bonocio Campos 2do., Antonia Campos, Francisca Campos y Antonia Campos Rojas; por el este con Blas Rojas; y por el oeste con Bonocio Campos 1ro.

El testigo entonces identificó como hecho por él un plano que mostraba la faja perteneciente a la Plazuela Sugar Co., la finca de los Pacheco y toda aquella parte de la propiedad que había pertenecido a Matilde Rojas. La demandada ofre-ció el plano como prueba para demostrar la ubicación de la finca. El demandante se opuso fundado en que el plano tenía relación con la escritura de 1918, que fue inscrita en 1937 cuando el demandante y sus hermanos eran dueños de la parcela de cinco cuerdas, conforme demuestra la decía-ración del testigo qne había preparado el plano. La corte dijo qne admitía el plano con el solo propósito de qne el testigo ilustrara gráficamente la forma como él localizó la faja de terreno objeto de la servidumbre qne se discute, mas no para determinar títulos de propiedad alguna sobre la finca. No bailamos qne la corte cometiera error al así resolver. Sea ello como fuere, el plano nada agregó al testimonio ya admitido sin objeción del demandante y el error, de haberlo, no fué perjudicial.

El artículo 1362 del Código Civil (edición 1930) lee así:

“Si una misma cosa se hubiese vendido a diferentes comprado-res, la propiedad se transferirá a la persona que primero haya tomado posesión de ella con buena fe, si fuere mueble.
“Si fuere inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que antes la haya inscrito en el registro.
‘ ‘ Cuando no haya inscripción^ pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea primero en la posesión; y faltando ésta, a quien presente título de fecha más antigua, siempre que haya buena fe.

Para los fines de esta opinión podría admitirse que en el presente caso hubo una doble venta de la faja adquirida por la Plazuela Sugar Co. en 1918.

Los hermanos Pacheco habían cultivado la finca con ante-rioridad a la fecha en que adquirieron las cinco cuerdas en 1925. Tenían conocimiento expreso del hecho de que la vía de la Plazuela Sugar Co. atravesaba la finca.

En Colón v. Plazuela Sugar Co., supra, este tribunal dijo:

“El criterio sostenido por el Tribunal Supremo de España nos parece justo y razonable, porque se ajusta a las realidades de la vida e interpreta con cierta flexibilidad los preceptos de la Ley Hipote-caria sin quebrantar los principios en que la misma se inspira. Estamos de acuerdo con el Sr. Morell en que un signo aparente de servidumbre no siempre significa que la servidumbre ha quedado legalmente constituida, puesto que puede fundarse en una mera tolerancia; pero entendemos que ese signo aparente es bastante para poner sobre aviso a todo el que trate de llevar a cabo alguna nego-ciación con el supuesto predio sirviente para que actúe con cautela y procure cerciorarse de la verdad. La investigación es muy sen-cilla y fácil, porque aun en caso de que el dueño del predio sirviente ocultase la información, no la ocultaría el dueño del predio domi-nante, quien, por otra parte, estaría impedido de volver sobre sus propios actos si se negase a descubrir la verdad.
& * * & * # *
“No bay duda de que los rieles tendidos sobre su propiedad en forma de vía están indicando ostensiblemente el paso por la misma de locomotoras. ¿Constituyen estos rieles un signo aparente de la probable existencia de una servidumbre? Opinamos que sí. Des-cartando la prescripción y los elementos que intervienen para darle vida, sobre lo cual no queremos adelantar juicio alguno, esos rieles únicamente podrían estar allí por el consentimiento o la mera tole-rancia del dueño del predio sirviente o en virtud de título. Abora bien, si éstos son los becbos, si ésta es la realidad palpable para todo el que tenga el propósito de adquirir el inmueble, ¿no parece natural y razonable que procure cerciorarse de la verdad antes de cerrar la negociación?
“La jurisprudencia americana sostiene que el comprador de un inmueble que está sujeto a servidumbre tiene conocimiento de la misma siempre que sea aparente mediante una inspección ordinaria de la propiedad. Y considera que es sana la regla que sostiene que los signos visibles indicando la servidumbre o el conocimiento real de algún becho que indique su existencia generalmente pone al comprador sobre aviso para que trate de inquirir, debiendo conside-rarse que si no inquiere, la investigación, en caso de haberse llevado a cabo, hubiese descubierto la verdad. Notas, 41 A.L.R. 1442, 74 A.L.R. 1250.”

No bailamos que la doctrina del caso, de Colón fuera des-cartada'en el de Martínez v. Central Cambalache, supra. Ella fué seguida y reafirmada en el caso de Félix del Llano & Cía. v. Plasuela Sugar Co., 55 D.P.R. 583.

Los dos primeros párrafos del sumario del caso de Quintana v. La Capital de Puerto Rico, 51 D.P.R. 106, leen así:

“Aquél que compre de quien aparezca como dueño en el registro con conocimiento de una venta anterior no inscrita, no es un com-prador o tercero de buena fe.
“Aquél que adquiera con conocimiento de la existencia de una venta y títulos anteriores a favor de otra persona, no puede derro-tax a ésta bajo el párrafo segundo del artículo 1362 del Código Civil (ed. 1930) obteniendo una escritura e inscribiéndola antes que el otro. ’ ’

Hace más de treinta años que en el caso de Ramos v. Orcasitas, 14 D.P.R. 68, 79, este tribunal, hablando por voz del Juez Pigneras, se expresó así:

“Es verdad que Q. Mucius Scaevola en su Jurisprudencia del Código Civil dice que sin honrada intención no es factible acogerse al premio que el artículo 1473 del Código Civil otorga al primero de los dos compradores de una misma cosa raíz que llega primero al registro de la propiedad.
“Esa opinión nos causa respeto por ser moralizadora, pero no resulta de autos que aquí se haya procedido sin honrada intención por los que al registro llegaron primero.”

De la opinión emitida en el caso de Yee v. Frank L. Strong Mach. Co., 37 Jurisprudencia Filipina 672, 676, 678, tomamos •el siguiente extracto:

“Se ha insinuado que, puesto que el artículo 1473 del Código Civil requiere ‘buena fe’, en términos expresos, en lo que se refiere a la ‘posesión’ y ‘título’, pero no expresa requisito alguno en cuanto a la ‘buena fe’ en relación con la ‘inscripción’ de la propiedad en el registro, debe presumirse que la buena fe no constituye un requisito esencial de la inscripción para que produzca los efectos que este artículo ha previsto. No podemos estar conformes con esta preten-sión. No ha podido ser la intención del legislador la de fundar el derecho de prelación garantido por este artículo del Código en la inscripción del dominio de mala fe. Si se diera tal interpretación al texto de este artículo se abrirían las puertas al fraude y a la con-fabulación. Los documentos públicos no pueden convertirse en ins-trumentos de fraude y de opresión por parte de aquel que de mala fe obtiene la correspondiente inscripción. La fuerza y efecto atri-buidos por la ley a la inscripción en los registros públicos presupone la buena fe del que obtiene tal inscripción; y los derechos creados por la ley, que están fundados en la inscripción en un registro pú-blico, no pueden derivarse ni se derivan de una inscripción de ‘mala fe’ en beneficio de la persona que en tal forma obtiene la inscripción.
“Interpretando el segundo párrafo de este artículo del Código, el Tribunal Supremo de España ha declarado en su sentencia de 13 de mayo de 1908, que:
“ ‘Este precepto ba de entenderse siempre sobre la base de la buena fe prescrita en el párrafo 1ro., por lo que, apreciado que los segundos compradores que inscribieron tenían conocimiento de la venta anterior, ha de resolverse la cuestión por el párrafo siguiente.’ (Nota 2, art. 1473, Código Civil, Medina y Marañón, edición de 1911.)
“ ‘Si bien el artículo 1473, en su segundo párrafo, establece la preferencia para el título traslativo de dominio del inmueble prime-ramente inscrito, este precepto ha de entenderse siempre sobre la base de la buena- fe prescrita en el párrafo primero, por no poderse entender que el legislador haya querido borrar y sancionar la mala fe sólo por el cumplimiento de una mera formalidad que ni en las verdaderas cuestiones entre terceros prevalece en determinados ca-sos.’ (Nota 2, art. 1473, Código Civil por la redacción de la Revista de los Tribunales, décimatercera edición.)
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“El que compra bienes inmuebles sabiendo que el vendedor tiene un título defectuoso o que carece de título, no puede alegar que ha adquirido el derecho de propiedad de buena fe por lo que respecta al verdadero dueño del terreno o del que tiene una participación en él; y debe aplicarse este mismo principio al que está enterado de hechos que le obligarían a hacer las pesquisas e investigaciones que fueren necesarias para descubrir los defectos de que adolece el título del vendedor. El comprador no puede cerrar los ojos a hechos que pondrían en guardia a un hombre razonable y alegar después que obró de buena fe, en la creencia de que el título del vendedor care-cía de defectos. El mero hecho de negarse a creer en la existencia de tales defectos, o el de cerrar voluntariamente los ojos ante la posibilidad de que el título del vendedor adoleciera de algún defecto, no le convertirá en comprador de buena fe a título oneroso, si pos-teriormente resultara que el título adolecía en realidad de defectos, y constase que estaba enterado de la existencia de los mismos hasta tal punto que le hubiese hecho descubrirlos si hubiese procedido con la cautela que puede razonablemente exigirse a un hombre prudente en análoga situación. La buena fe, o la falta de buena fe, es, en último término, cuestión de intención; pero para determinar la intención que uno tiene en un momento dado, nos vemos forzosa-mente supeditados a las pruebas relativas al modo de proceder y a los actos externos mediante los cuales únicamente pueden determi-narse con seguridad los’ actos internos. Así es que la ‘honradez en la intención’, ‘la intención lícita y honrada’, que constituyen la buená fe, presuponen 'estar ajeno al conocimiento y a las circunstancias que deben ponernos en el terreno de la investigación’, de lo que re-sulta que la prueba de que ba existido tal conocimiento desvirtúa la presunción de buena fe que los tribunales siempre suponen en de-fecto de prueba en contrario. 'La buena- fe o la ausencia de ésta no constituye un hecho visible ni tangible que pueda verse o palparse, sino que es, más bien, un estado o condición del ánimo, del cual sólo puede formarse juicio por motivo de signos reales o ficticios.’ (Au-toridades) . ’ ’

Francisco Pacheco debió estar sobre aviso al tener cono-cimiento de la existencia de la vía de la Plazuela Sugar Co. sobre el terreno al tiempo en que él adquirió la propiedad. No podía cerrar sus ojos con respecto a cosas que herían la retina del observador más casual y más tarde invocar con éxito el segundo párrafo del artículo 1362 del Código Civil para destruir el título que la Plazuela Sugar Co. tenía sobre el terreno en el cual fué colocada su vía. Ningún adquirente de terrenos que han sido objeto de ventas anteriores, que no sea también un comprador inocente, puede escudarse tras la letra de la ley.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf disintió.


author: El Juez Asociado Señob De Jesús

text:
    Lorenzo Ferrer, en su carácter de padre con patria potestad sobre su menor hijo Arturo Ferrer, demandante y apelante, v. Julio Rivera y Delfina Hernández, demandados y apelados.
    Núm. 8021.

    Sometido: Abril 4, 1940.

      Resuelto: Abril 18, 1940.

      J. G. Rivera, abogado del apelante; E. Acosta Domenech, abogado de los apelados.

       Nota: Véase ei prefacio.

   El Juez Asociado Señob De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Lorenzo Perrer, en su carácter, de padre con patria potes-tad sobre el menor Arturo Perrer, instó este pleito en la Corte Municipal de Caguas en reclamación de los daños y perjuicios que alegó haber sufrido dicho menor al ser mor-dido por un perro propiedad del demandado Julio Rivera. Visto el caso en apelación en la Corte de Distrito de Huma-cao, se desestimó la demanda y al fundamentar la sentencia el juez de la corte inferior se expresó en los siguientes tér-minos :

"La Corte opina, por la apreciación que pudo hacer del perro, que no se trata de un animal vicioso, feroz y bravo. Es verdad que, tanto la prueba del demandante como la de los demandados, es uniforme en cuanto al hecho de que el niño Arturo Ferrer recibió dos heridas con motivo de una mordedura del perro de Julio Rivera. A juicio nuestro la única cuestión a resolver es si hubo negligencia o no de parte de los demandados en relación con las medidas que pudieron haber tomado para evitar que este perro mordiese a Arturo Ferrer. La costumbre prevaleciente entre nuestros campe-sinos es la de tener uno de estos animales para la defensa y cuido del hogar y de' la propiedad. Por regla general, estos animales son mansos e inofensivos mientras nadie intenta invadir los terrenos o el hogar de su amo. Tan pronto como alguien logra hacerlo, se revela en ellos el instinto feroz, que los lleva a veces a sacrificar sus vidas en la defensa de aquello que, instintivamente, consideran que deben defender. Por el conocimiento que tiene la Corte de cómo son estos animales, sus costumbres y hábitos, llega a la conclusión de que la teoría de los demandados, o sea, la de que Arturo Ferrer, acompañado de otro niño, corría detrás de una gallina por entre una tala (sic) de tabaco, y que en esas condiciones el animal le mordió, atacándole por la espalda, considera que no ha habido culpa o negli-gencia alguna por parte de los demandados, y que, al suceder los hechos, se debió única y exclusivamente al acto de este niño de me-terse en una propiedad ajena en circunstancias naturales, pero no autorizadas por la ley. El niño pudo haber pedido permiso al dueño de la finca para perseguir al animal que era de la propiedad de su padre, e indudablemente no hubiera sucedido lo que aconteció.
“Opina la Corte que el hecho ocurrió dentro de la propiedad de los demandados, que íué un accidente desgraciado, pero que éstos no son, a la luz del derecho, responsables de los daños y perjuicios que recibiera el menor Arturo Ferrer.”

Los párrafos transcritos de la opinión de la corte inferior claramente demuestran que el juez no tuvo en cuenta la jurisprudencia constante de este tribunal sobre la materia ni el precepto expreso del artículo 1805 del Código Civil (ed. 1930) equivalente al 1905 del español, que literalmente dice así:

“El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo-cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniere de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido.”

De acuerdo con este precepto no es necesario probar negli-gencia por parte del dueño del animal ni tampoco que éste sea un animal “vicioso, feroz y bravo.” La responsabilidad del demandado está predicada en el solo hecho de poseer el animal y solamente constituye una defensa que el daño haya sido causado por fuerza mayor o por culpa del que lo hubiese sufrido.

Interpretando el artículo 1905 del Código Civil español, la Corte Suprema de España, en su sentencia de 19 de octu-bre de 1909, se expresó en los siguientes términos:

“El artículo 1905 no consiente otra interpretación que la que clara y evidentemente se deriva de sus términos literales, bastando, según el mismo, que un animal cause perjuicio para que nazca, la responsabilidad del dueño, aun no imputándose a éste ninguna clase de culpas o neglieencia habida, sin duda, cuenta por el legislador de que tal concepto de dueño es suficiente para que arrostre las consecuencias favorables o adversas de esta clase de propiedad, salvo la excepción en el mismo contenida, y esto, ya sean perjuicios infe-ridos en las cosas, ya con más razón en las personas, por su mayor transcendencia, sin que a ello obste el resultado de la causa criminal, por ser en uno y otro caso distinto el aspecto de la responsabilidad. ’ ’

En el caso de Gigante v. Alvarez, 48 D.P.R. 498, 507, se transcribe con aprobación el siguiente párrafo del notable comentarista del Código Civil español, Sr. Martínez Ruiz, en el que se exponen con claridad los fundamentos en que descansa la responsabilidad impuesta por la ley al dueño del animal. Dice así:

"El que posee o se sirve de un animal para su utilidad o recreo, viene obligado a ejercer sobre él la vigilancia y cuidado necesarios para evitar que cause daño a tercero. Peyó no es ésta la conside-ración que sirve de fundamento al Código para imponer al poseedor del animal la obligación de indemnizar el daño que ocasione,'y a la que se refiere el artículo 1905. Por el solo hecho de la posesión presume la ley el consentimiento tácito del poseedor de responder de todas sus consecuencias, ya que no se le oculta a éste la ineficacia relativa al cuidado y vigilancia de seres irracionales. Y en virtud de esta presunción le hace responsable de cuantos perjuicios y daños cause el animal, aunque se le escape o extravíe; es decir, aún encon-trándose en condiciones que le impidan hacer la vigilancia a que está obligado, cuya falta no es, por consiguiente, la causa de la obli-gación que contrae de indemnizar el daño. Como se ve por la simple lectura de este artículo, el código ha prescindido de la distinción, que admitían las partidas, entre animales fieros y mansos, siendo, por tanto, igualmente aplicables a unos que a otros la prescripción que este artículo contiene.” Tomo II, pág. 149.

Véase la interpretación que este tribunal ña dado al ar-tículo 1805 del Código Civil, en los casos de Torres v. Dávila, 47 D.P.R. 315; Troche v. Matos, 52 D.P.R. 282; Osorio v. Taboada, 52 D.P.R. 806, y el más reciente de De Jesús v. Arzuaga, 53 D.P.R. 522.

La prueba es contradictoria con respecto al sitio en que fué mordido el niño. Según los demandantes, el daño fué causado mientras el niño transitaba por un camino veci-nal por donde tenía que pasar para llegar a su propia casa. Eesulta además de la prueba no controvertida del deman-dante, que en ocasiones anteriores el perro, babía mordido a dos muchachos de la vecindad, de apellido Muñoz, y el pro-pio demandado admitió en su declaración que Lorenzo Ferrer y otras personas le habían aconsejado que amarrase el perro, pero que no lo amarró hasta después de presentarse este pleito.

La prueba de los demandados, consistente en las decla-raciones de su yerna María Rivera y su hijo Andrés Rivera, presume que el niño fué mordido cerca de la casa del deman-dado, declarando la primera de los dos testigos que no vió el momento en que fué mordido y que cuando llegó ella el perro se había marchado del sitio, pero que el niño cayó cerca de la cocina de la casa del demandado. El otro testigo Andrés Rivera, tampoco vió el momento preciso en que el niño fué mordido. Declaró que lo había visto acompañado de otro niño corriendo por una plantación de tabaco y que al llegar a la casa de su padre Julio Rivera encontró al niño mordido por el perro, manifestándole María Rivera que lo había mordido cerca de la casa.

Sea como fuere, ya hubiese sido mordido el niño en el camino vecinal, ya en la finca del demandado, éste, en todo caso, es responsable del daño causado por su perro, pues no existe prueba de que el niño hubiere estado ilegalmente en la finca del demandado ni revela la prueba que el daño fué causado por fuerza mayor o por la culpa del niño. Siendo ello así, el caso no está comprendido en las dos únicas excep-ciones que determina el artículo 1805 del Código Civil.

La prueba del demandante no fué controvertida en cuanto a los daños sufridos, pero habida cuenta de la naturaleza de las heridas y de que no produjeron incapacidad alguna, estimamos los mismos en la cantidad de $100.

Procede, por lo expuesto, revocar la sentencia apelada y en su lugar dictar la que debió haber dictado la corte inferior, condenando a los demandados a pagar al demandante, en su carácter de padre con patria potestad sobre el menor Arturo Ferrer, la caA%tida,d de $1QQ, más las costas, sin incluir honorarios de abogado.

El Juez Asociado Sr. Hutchison está conforme con el resultado.