author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Ramírez v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro- . piedad de Mayagüez.
    No. 90.
    Resuelto en marzo 16, 1911.
    Inscripción — Dueño del Inmueble — Cancelación.—A los efectos de la Ley Hipotecaria, se considera dueño del inmueble o derecho real a la persona lúe lo tenga inscrito a su favor en el registro, y por consiguiente, presen-tada para su inscripción una escritura 'de cesión y cancelación de un crédito hipotecario inscrito a favor de persona distinta de las .que otorgan dicha • cesión o cancelación, procede denegar su inscripción aunque tal transmisión y cancelación sean de fecha anterior a la del documento que motivara la inscripción del crédito a favor de dicha persona.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte apelante, compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura de 5 de noviembre de 1890, Don Teodoro Fo-restier compró a las hermanas Doña María Antonia y Doña Isabel Cuebas Mangual una finca rústica, cuyo precio de 2,600 pesos había de ser satisfecho en varios plazos y por los cuales constituyó hipoteca a favor de sus vendedoras, siendo este gravamen inscrito con fecha 5 de septiembre, de 1896 al folio 224 vuelto, ñuca número 1225, inscripción 3a. del tomo 32 de la ciudad, en el Registro de la Propiedad de Mayagüez.

Don Teodoro Forestier vendió esa finca a Don José Macias Irizarry por escritura de 9 de abril de 1895 y en la inscripción cuarta que motivó, se lee en la sección de cargos de dicha inscripción lo siguiente:

“Aparece afecta a las cargas que resultan de las inscrip-ciones anteriores y si bien en el documento de venta que moti-va esta inscripción, se consigna que por escritura de seis de abril de mil ochocientos noventa y cinco, ha sido totalmente cancelado el gravamen que, según el título del Señor Fores-tier, aparece impuesto sobre esta finca para responder del precio en venta de la misma; del registro no aparece que se haya hecho constar la cancelación.”

Según la inscripción 5a., Don José Macias la vendió a Don Guillermo Quiñones por escritura de 26 de octubre de 1896; y por muerte de este señor pasó a ser propiedad de su viuda Doña Josefa Rosado, según la inscripción 6a., en virtud de adjudicación que se le hizo por escritura de 8 de enero de 1908 y.esta señora la dió en arrendamiento a Don Blas Ramí-rez por término de cinco años, según la inscripción 7a. moti-vada por la escritura de 24 de octubre de 1908.

En cuanto al crédito hipotecario, después de la inscripción tercera a favor de las hermanas Cuebas Mangual, nada nuevo aparece del registro hasta que por la inscripción décima se hizo constar que a Don Ramón Yrizarry Ursulich correspon-día por herencia de su hijo Víctor Ramón Irizarry Cuebas, una participación indeterminada que éste tenía en el crédito hipotebario, por la suma de 2,600 pesos de la moneda circu-lante en la época de su constitución.

La inscripción undécima de fecha 3 de junio de 1910, se hizo con vista de la escritura de 4 de mayo del mismo año, de la que 'aparece que en el pleito seguido ante' la corte municipal de • Mayagüez por Don Rogelio Martínez Castro contra Don Ramón Irizarry y Doña María Antonia' Cuebas de Iri-zarry obtuvo el demandante sentencia contra los demanda-dos por cierta cantidad de dinero y en cumplimiento de'una orden para ejecución de la sentencia, el marshal de dicha norte, por designación del demandante, embargó todo el dere-cho, título e interés que los demandados. pudieran tener en el crédito hipotecario por $2,600 constituido por Don Teo-doro Forestier, de que hemos hecho mención y anunció su venta en subasta pública en la que fué único postor Don Rogelio Martínez a quien fué vendido por los quinientos dollars que ofreció y se le otorgó escritura por el marshal.

Cuatro meses después de esta inscripción a favor de Mar-tínez, o sea en 18 de octubre de 1910, se presentó en el regis-tro la escritura de 6 de abril de 1895, en la que, según la ano-tación letra B, Don Domingo Escott, en concepto de socio gestor de la mercantil J. D. Barbena y Ca., y además como apoderado de los esposos Don Ramón Ypizarry y Doña Ma-ría Antonia Cuebas, manifiesta que de los plazos de la hipo-teca constituida por Forestier a favor de las hermanas Cue-bas Mangual, a que se contrae la inscripción tercera, fueron satisfechos por el deudor a sus acreedores en sus respectivos vencimientos los tres primeros-: que otro plazo correspon-diente al año 1892 fué cedido por Doña María-Antonia Cue-bas y Don Ramón Irizarry en concepto, este último, de here-dero de su hijo Víctor Ramón, habido con Doña Isabel Cue-bas, a la sociedad J. D. Barbena y Ca. según escritura pú-blica; y que habiendo el Señor Forestier satisfecho, el im-porte del pazo cedídoles, le otorgaron los Señores J. D. Bar-bena y Ca. escritura de cancelación con fecha 10 de mayo de 1893; que por otra escritura de 10 de mayo de 1892 los acree-dores Señora Cuebas y Señor Irizarry, cedieron los dos pla-zos vencederos en 1893 y 1894 a Don Tomás G-rau, quien a su vez en 26 de julio de 1894 los cedió a la expresada mer-cantil, por todo lo que el Señor Don Domingo Escott, en su •carácter de apoderado de los esposos Irizarry Cuebas y como socio de J. D. Barbena y Ca. cancela totalmente la referida hipoteca.

La. inscripción del preinserto documento fué negada en 16 de noviembre de 1910 por el registrador, por el defecto’ de que el crédito hipotecario que se cancela no se halla ins-crito a nombre de los esposos Irizarry-Cuebas ni de la mer-cantil J. D. Barbena y Ca. y sí a favor de Don Rogelio Mar-tínez y Castro; tomó anotación preventiva de cancelación por 120 días y consignó además el defecto snbsanable de no acom-pañarse para su. calificación los documentos justificativos de la personalidad que ostentaba Escott.

Todo lo hasta ahora consignado consta de una certifica-ción librada por dicho registrador con referencia a sus libros.

Pasado algún tiempo más, fueron presentados al Regis-tro los siguientes documentos notariales:

(а) Escritura de 8 dé marzo de 1892 por la que Doña Máría Antonia Cuebas, soltera y Don Ramón Irizarry, viudo, la primera por su derecho y el segundo en concepto de heredero de su hijo Víctor Ramón habido con Doña Isabel Cuebas premuerta al hijo que la heredó, ceden y tras-pasan a la mercantil J. D. Barbena y Ca. un plazo por $500 vencedero en diciembre de ese año, de la deuda hipotecaria de Porestier.

, La inscripción de este documento fué. negada en 9 de fe-brero del año en curso y en su lugar se hizo la anotación letra C, por el defecto, de estar inscrita la totalidad del cré-dito a favor de Don Rogelio Martínez Castro, persona dife-rente de los cedentes y hallarse preventivamente cancelado el crédito, así como por el defecto subsanable de no determi-narse las colindancias de la finca.

(б) Otra copia notarial de la escritura de 13 de abril de 1891, por la que la mercantil J. D. Barbena y Ca. prorroga su sociedad por tres años más. De este documento hizo el registrador referencia en la anotación letra C.

(c) Escritura de 10 de mayo de 1893 en la que la mer-cantil J. D. Barbena y Ca. por su gestor Don Domingo Es-cott manifiesta, que por escritura de 8 de mayo de 1892, que es el documento letra A, Doña María Antonia Cuebas y Don Ramón ■ Irizarry, como heredero éste de su hijo, le cedieron un plazo de $500 vencedero en diciembre de 1892 de su cré-dito hipotecario contra Forestier, procedente de' la venta a plazos becha en 1890; y por haberle satisfecho Forestier los 500 pesos del plazo cedido, le otorgan carta de pago y presta su conformidad para la cancelación parcial de la hipoteca por tal plazo.

La: inscripción de este documento fué negada por' el regis-trador en 9 de febrero del corriente año y en su lugar tomó ¿notación preventiva y para ello se fundó en las mismas ra-zones que tuvo con el documento reseñado con la letra A.

En vista de la negativa del registrador consignada- al pie de esos tres documentos, Don Blas Ramírez en 17 de febrero último, ha interpuesto contra ellas el presenté recurso gubernativo para que sé dejen sin efecto y se ordene al regis-trador que verifique la inscripción de la cesión y cancelación •del crédito hipotecario a que los mismos se refieren.

La cuestión que se plantea por el presénte recurso es, si el registrador debe inscribir a favor de' J. D. Barbena y Cá. la cesión que en 1892 le hicieron Doña María Antonia Cue-bas.y Don Ramón Irizarry de un plazo de su crédito hipote-cario contra Forestier, y también la carta de pago y cancela-ción parcial de hipoteca que por ese plazo otorgó la mer-cantil césionaria en 10 de mayo de 1893, a pesar de que cuando esos documentos fueron presentados al registro, ya estaba inscrita a favor de Don Rogelio Martínez la totalidad de tal crédito hipotecario.

Como cuando se presentaron los tres documentos referi-dos al registro résultaba de los libros de éste que el crédito hipotecario no pertenecía ya a Doña María Antonia Cuebas y a Don Ramón Irizarry sino en su totalidad a Don Rogelio Martínez a cuyo favor estaba inscrito, y por consiguiente, era ■el acreedor hipotecario, porque para la Ley Hipotecaria sólo es dueño el que tenga inscrito su derecho, procedió acerta-■damente el registrador al denegar las inscripciones solicita-das, toda vez que cualquier cesión o carta de pago que no .-apareciera otorgada por la persona que, según sus libros del registro, fuera dueña del crédito hipotecario, no puede ser .ins-crita, de conformidad con el artículo 17 de la Ley Hipoteca-ria y aunque tal trasmisión y cancelación sean de fecha anterior al documento inscrito en el registro.

El precepto legal citado es terminante respecto a este particular y se funda en el principio “prior tempore, potior jure,” e impedía la inscripción interesada por el recurrente,, porque aún suponiendo que en la época del otorgamiento de-tales documentos hubieran podido y debido inscribirse, el transferente, perdió, según el registro, sus facultades domini-cales y nó es posible inscribir en perjuicio del que se apre-suró a asegurar su derecho.

Por tanto, mientras no se cancele la inscripción de Don Eogelio Martínez habrá un obstáculo, legal para hacer las ins-cripciones que se interesan.

Por las razones expuestas, somos de opinión que lá resolu-ción del registrador denegando las inscripciones de las tres, citadas escrituras debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

' El Juez Asociado Sr. MacLeary, no intervino en la reso-lución de .este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Jijez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

license: Public Domain

text:
    Franceschi v. Vaillant.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 510.
    Resuelto en marzo 20, 1911.
    Gestión, de-Negocios en Comisión — Responsabilidad del Comisionista para con ' el Comitente. — El comisionista que en el desempeño de su gestión se sujete-a las instrucciones recibidas del comitente, quedará exento de toda respon-1 "sabilidad-para con él.
    Id. — Óblisación del Comitente. — El comitente está obligado a satisfacer al comisionista, mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos, con el interés legal desde el día en que los hubiere hecho hasta ' su total reintegro. •- ■

      Apelación. — Errores que no afecten los derechos substanciales de las partes, no pueden constituir motivo de revocación de la sentencia apelada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Julio M. Padilla.

    Abogado del apelado: Sr. Francisco Parra.

   El Jijez PresideNte Sr. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Ponce presentó demanda en 19 de noviembre de 1908, Cándido José , Franceschi contra Felipe Yaillant, con súplica de que previos los trámites legales se dictara sentencia condenando al de-mandado a devolver al demandante la suma de ochocientos dollars con sn interés legal, desde el mes de julio de 1907, hasta el día de la devolución, y a pagarle seiscientos dollars más como indemnización de daños y perjuicios, con las costas del pleito a cargo del demandado.

Alega el demandante para fundamentar su acción los si-guientes hechos:

Io. Que a fines de julio del año 1907, el demandado, agente de negocios con casa abierta en la Playa de Ponce, se compro-metió a encargar, desde luego, a una fábrica de Nueva York una machina o tren de caballitos, que había de entregar al demandante dentro del término usual que son tres meses, por precio convenido de setecientos dollars y cien dollars más para cubrir otros gastos.
2o. Que las dos partidas expresadas, total ochocientos dollars, fueron puestas por el demandante a disposición del demandado en el mes de julio citado.
3o. Que el demandado no entregó al demandante la machina o tren de caballitos, ni le devolvió los ochocientos dollars -reci-bidos, causándole así perjuicios consistentes, no solo en el interés legal de dicha cantidad desde su recibo hasta su devo-lución, sino en la pérdida del beneficio de seiscientos dollars que hubiera obtenido con la machina dando funciones para el público y ganando cincuenta dollars' mensuales durante doce meses de trabajo.

Al contestar la demanda alegó el demandado como primera defensa, que por orden y cuenta del demandante Franceschi había establecido ante corte competente en la ciudad de New York una acción civil contra un señor A. Obregon, agente allí de una fábrica de machinas (hand poiver gallery), para que le entregara uno de esos aparatos'que el demandado por orden del demandante había encargado al expresado agente desde el mes de julio de 1907, o en su defecto le devolviera la canti-dad de ochocientos dollars que el demandante entregó al de-mandado con orden de que los girara al Obregon. al fin indi-, cado, como así lo hizo, estando aun pendiente de resolución la acción ejercitada.

Como segunda defensa, el demandado negó los hechos Io. y 3o. de la demanda, y aceptó el 2°., haciendo constar que la cantidad de $800 le fue entragada por el 'demandante para ser enviada al ya citado A. Obregon de New York, cuya remisión tuvo lugar el 23 de julio de-1907 en un giro de los señores Eamón Cortada, y Ga. Sues, a cargo de Kountze Bros., ban-queros de New York.

Al mismo tiempo' el demandado formuló contra-demanda para que el demandante fuera condenado a pagarle la suma de ciento cincuenta y seis dollars noventa y cinco centavos, con el interés legal desde el momento del desembolso de dicha suma.

Los hechos fundamentales de la contra-demanda son los siguientes:

Io. Que hacia el mes de julio de 1907 el demandante soli-citó y obtuvo del demandado, comisionista con casa abierta en la Playa de Ponce, sus servicios de tal para que pidiera a un señor A. Obregon, agente de New York de una fábrica de machinas, uno de esos aparatos, cuyo precio de setecien-tos dollars había fijado de antemano Obregon, con quien venía entendiéndose el demandante, pues era completamente desconocido para el demandado. .
2o. • Que el demandado se obligó a hacer el pedido por me-dio de su agencia y a desembarcar y entregar el aparato solicitado en el caso de que fuera enviado a esta Isla, habién-. dole entregado el demandante para ser girada a Obregón la •cantidad de' ochocientos dollars, setecientos, precio de la machina, y ciento para los gastos, cuyo giro hizo en la forma expresada anteriormente.
3o. Que no habiendo dado cumplimiento Obregon al pedido que se le había hecho, el demandante ordenó al demandado que entablase por medio de sus abogados en New York una acción contra Obregon en reclamación de la machina pedida o de la cantidad -girada, corriendo por cuenta de Franceschi los gastos del pleito; y en cumplimiento de dicha orden la acción fue entablada ante una corte competente, estando aún pendiente la reclamación.
4o. Que con motivo del negocio el demandado ha hecho desembolsos por.cuenta del demandante (en comisión de giro, cable, poder, abogados) y devengado premios por comisión, ascendentes a ciento cincuenta y seis dollars noventa y cinco centavos, que el demandante no ha satisfecho en todo ni en parte al demandado.

A la contestación del demandado opuso el demandante como excepciones, la de que la primera y segunda defensa establecidas en dicha contestación, no exponen hechos sufi-cientes para constituir una oposición a la demanda, y la de que la segunda defensa, en la parte relativa a la alegación segunda de la demanda, es dudosa.

En cuanto a la contra-demanda alegó el demandado que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción, y que la última alegación de la misma es dudosa, por no fijarse con precisión si la suma de ciento cincuenta y seis dollars que se reclama comprende únicamente los premios por comisión, o si también se extiende a los otros desembolsos que se indican.

Las excepciones previas a las dos defensas de la contesta-ción y a la contra-demanda fueron declaradas sin lugár por orden de la corte de 24 de febrero de 1909; y entonces, al contestar Cándido José Franceschi la contra-demanda, negó todas y cada una de las alegaciones contenidas en el escritoen que había sido formulada.

Celebrado el juicio, la corte dictó sentencia en 17 de sep-tiembre- de 1909, registrada en 27 de octubre siguiente, cuya, parte dispositiva dice así:

“Y por tanto debe declarar y declara sin lugar la demanda y con. lugar la contra-demanda; y en consecuencia ordena que el demandado en este pleito señor Felipe Yaillant recobre del demandante señor' Cándido José Franceschi la suma de setenta y cuatro dollars que le-reclama el señor Yaillant en concepto de desembolsos hechos por éste con motivo del negocio mediado entre ambos y a que se refiere la ac-ción presente para la compra de una machina de caballitos interesada. ' por el demandante señor Franceschi, y las gestiones del demandado-Vaillant para que le fuera restituida a éste la suma previamente pa-gada o la entrega de la machina pedida; pudiéndose dictar en tiempo-si fuere necesario, sin más requisito, orden de ejecución para la efec-tividad de esta sentencia y el pago de costas causadas en este pleito y que con tal motivo se conceden, a cuyas costas se condena al deman-dante señor Franceschi.”

Contra esa sentencia interpuso el demandante recurso de-apelación para ante esta Corte Suprema, alegando como mo-tivos que la corte cometió error al declarar sin lugar la de-manda con infracción del artículo 264 del Código de Comercio, que debió aplicar y no aplicó al presente caso, prescindiendo de la preponderancia de la prueba favorable al demandante, y que también erró al declarar, con lugar la contra-demanda, sin que el contra-demandante hubiera probado las alegaciones de ella, infringiendo así el exioma jurídico; “actore non pro-bante, reus est absolvendus.”

No vemos que se haya cometido la infracción del artículo-264 del Código de Comercio.

Las alegaciones de ambas .partes combinadas con el resul-tado de las pruebas, demuestran que Cándido José Franceschi hizo remesa a Felipe Yaillant de ochocientos dollars, sete-cientos para pagar el precio de un tren de caballitos que por cuenta del primero había de encargar a New York el segundo, y cien pesos más para gastos, cuyas partidas recibió Vaillant en el mes de julio de 1907, habiendo/ girado a New York su monta.nt.ft de ochocientos dollars, que allí fue percibido por A. Obregon, a quien hizo el encargo del expresado tren de caballitos, sin que éste le diera cumplimiento a pesar de haber recibido el dinero.

Que el pedido del tren de caballitos había de hacerse por Vaillant a Obregon, sin que se dejara en libertad a Vaillant ' para hacerlo a otra pérsona y que Vaillant recibió los ocho-cientos dollars para ser remesados, desde luego, a Obregon en pago adelantado del encargo hecho, aparece justificado por el testimonio del mismo Vaillant y de su dependiente Domingo Marrero, por más que Franceschi sostenga en su declaración, que no indicó a Vaillant la persona a quien debía hacer el encargo ni le ordenó que remitiera el dinero a persona alguna, pues se limitó a entregárselo para que hiciera el pedido. En corroboración 'de los testimonios de Vaillant y de Marrero viene el contenido de la carta que en 23 de julio de 1907 dirigió Vaillant a Obregon haciéndole el pedido del tren de caballitos en nombre de Franceschi, y remitiéndole un giro a su favor por valor de ochocientos dollars para cubrir dicho pedido, en cuya carta hace referencia Vaillant a otra de 29 de junio anterior que dirigió Obregon a Franceschi ofreciéndole por sete-cientos- dollars una galería de caballitos, según el tipo del diseño que le enviaba. A la carta de Vaillant a Obregon hay que agregar otra dirigida por Vaillant en 26 de octubre de 1908' a sus agentes en New York, Melchior Armstrong y Des-sau, que contiene la siguiente cláusula: Por lo que pueda serles útil sobre el negocio Obregon que se debate, les diré que el Sr. Franceschi tiene carta de la fábrica que representa el señor referido, en la cual le contestan al hacerles el pedido que se dirigiera a su representante para■ todo.

Ante esas cartas y las declaraciones de Vaillant y Marrero no cabe afirmar como afirma la parte recurrente* qne fia sido infringido el artículo 264 del Código de Comercio,- qne dice así:

“El comisionista que, habiendo recibido fondos'para evacuar un encargo, les diere inversión o destino distinto del de la comisión, abo-nará al comitente el capital y su interés legal, y será responsable desde el día en que los recibió, de los daños y perjuicios originados'a conse-cuencia de haber dejado de cumplir la comisión, sin perjuicio de la acción criminal a que hubiere- lugar. ’ ’

El comisionista Vaillant dió a los ochocientos dollars qne le remitió Franceschi, el destino qne éste le indicó, envián-dolos a Obregon para pago del precio y gastos del tren de caballitos qne en nombre de Franceschi le pedía, y al valerse de Obregon para el cumplimiento del encargo y al hacerle la remesa de los ochocientos dollars, se atuvo, según el'resultado de las pruebas, a las instrucciones de Franceschi; por lo que, además de no haber sido infringido el artículo citado del Código de Comercio, se ha dado debida aplicación por la corte inferior al 254 del mismo Código, preceptivo de que el comi-sionista que en el desempeño de su encargo se sujete a las instrucciones recibidas del comitente, quedará exento de toda responsabilidad para con él.

En cuanto a que la corte inferior cometiera error al de-clarar con lugar la contra-demanda, sin estar justificadas las alegaciones de ella", aparece de las pruebas que Franceschi, en carta de 7 de marzo de 1908, encarecía a Vaillant anulara el pedido del tren de Caballitos, según en carta anterior le había indicado, e hiciera además las gestiones hpcesarias para que le fuera devuelta la cantidad de ochocientos dollars anticipada para el pedido; que para recuperar dicha cantidad, Vaillant envió a los Sres. Melchior Armstrong y Dessau una orden a cargo de Obregon que fué protestada por falta de pago, según lo comunicó Vaillant a Franceschi en carta de julio 20 de 1908; que en 4 de septiembre del mismo año Vaillant escribió a Franceschi manifestándole que como ya sabía, Melchior Armstrong y Dessau, de New York, eran los encargados de llevar la acción judicial por medio de sus abogados contra Obregon, y babía recibido carta de dichos señores con copia de otra de los abogados, pidiéndole cincuenta dollars para empezar el pleito, como también pedían las copias de cartas de Obregon y sn traducción al inglés, cuya traducción estaba ya lista para enviarla por el correo próximo y costaba veinte dollars; que según declara Vaillant, mandó cincuenta pesos a los abogados de acuerdo con Franceschi para el pleito que habían de sos-tener contra Obregon, pagó al Notario Gustavo Rodríguez cinco dollars para el otorgamiento del poder, y diez y nueve o veinte dollars a Mr. Lee, por la traducción de las cartas; y que examinados Rodríguez y Lee, confirman lo dicho por Vaillant.

De los méritos probatorios expuestos resulta que Vaillant desembolsó por cuenta de Franceschi para gestionar la devo-lución de los ochocientos dollars remesados a Obregon, cin-cuenta dollars para abogados, cinco para pago de derechos notariales y diez y nueve para traducción de cartas, cuyas partidas dan el total de setenta y cuatro dollars a cuyo pago es condenado Franceschi a virtud de la reconvención del demandado.

Según el artículo 278 del Código de Comercio, el comitente está obligado a satisfacer al comisionista, mediante cuenta justificada, el importe de todos sus gastos y desembolsos, con el interés legal desde el día en que los hubiere hecho hasta su total reintegro.

Cierto es que la cuenta justificada de esos gastos no ha sido pasada por el comisionista al comitente; pero la falta de esa cuenta se ha suplido por pruebas aportadas al juicio, sin oposición del demandante; y de esas pruebas resulta la obligación de pago que por la sentencia se impone al deman-dante.

Se ha alegado también como motivo del recurso, que la cor-te cometió error al dictar la orden de 24 de febrero de 1909, declarando sin lugar las excepciones opuestas a la contesta-ción y a.la contra-demanda; pero como ese error, si existió, visto el resultado de las pruebas, no afecta a los derechos sus-tanciales del demandante, kuelga discutirlo, pues no daría lugar a la revocación del fallo, según el artículo 142 del Código de Enjuiciamiento Civil. • ' " ■■

Por las razones expuestas, entendemos que procede lá con-firmación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Wolf y del Toro.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y Aldrey, no inter-vinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Sánchez v. Negrón.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 586.
    Resuelto en marzo 20, 1911.
    Ejecución de Sentencia. — La suspensión de una ejecución de sentencia a instan-cias de una persona que no es parte en el procedimiento, sin la presenta-ción de una demanda, sin citación y audiencia de las partes en el pleito, sin prestación de fianza, y sin que se alegue ni demuestre que el' peticionario carece de otro recurso adecuado y eficaz,- es un procedimiento .contrario a la ley.
    Pastes — Intervención.—Sólo las partes demandantes y demandadas pueden gestionar en los pleitos de acuerdo con la ley y las reglas de las cortes, y si una persona que no sea parte en el pleito o procedimiento, tiene algún in-terés en el asunto objeto del mismo, puede.intervenir en dicho .pleito o pro-cedimiento antes del juicio, acogiéndose al trámite autorizado por el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los hechos están expresados en. la opinión.
    Abogado del apelante :■ Sr. Simón Largó. ■

    Abogado del apelado: Sr. Antonio Suliveres.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió 'la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación contra una orden mandando suspender'la ejecución de -una sentencia. En la Corte de Distrito de Arecibo se siguió un pleito por Joaquín Sánchez Chirino contra Manuel Negrón y Colón, en cobro de nn crédito hipotecario por $3,600 de capital, con más los inte-reses y costas, por los trámites del procedimiento ordinario. Emplazado el demandado, no contestó, y anotada sn rebeldía, se dictó contra él sentencia. Decretada la ejecución de la sen-tencia, se sacaron a pública subasta los bienes hipotecados y en el mismo día en qne debían ser vendidos, compareció Sil-vano Negrón y Negrón ante dicho Juez de Distrito de Are-cibo en sn despacho y presentó una moción jurada y acompa-sada de tres escrituras públicas, alegando qne era dueño, con sn derecho inscrito en el registro de la propiedad, de una snb-hipoteca por la suma de 335 pesos de capital y 150 pesos más para costas en caso de reclamación judicial, constituida por el demandante Sánchez sobre el crédito hipotecario qne trataba de percibir 5 qne tenía establecida demanda en la corte municipal para el cobro de dicha srib-hipoteca, y que si se permitía la celebración del remate, tal acto equivaldría a la destrucción de los bienes hipotecados con respecto al peti-cionario, y suplicando finalmente que se ordenara la suspen-sión inmediata de la subasta. Así lo hizo el juez, sin oir a las partes en el pleito, por medio de la siguiente orden contra la cual se ha interpuesto el presente recurso de apelación.

“Vista la precedente petición y los documentos que se acompañan, se ordena al marshal la suspensión del remate que ha de tener efecto en el día de hoy, y notifíquese a los interesados.”

El apelante alega que se han infringido en este caso la sección 16 (a) de la ley sobre tercerías, Leyes 1908, página 49, el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento. Civil y el artículo 17 del Código Civil revisado.

Un simple examen de los procedimientos, demuestra que la corte inferior no se ajustó al resolver la petición de Sil-vano Negrón y Negrón, ni a la letra, ni al espíritu de la ley.

Sólo a las partes demandantes y demandadas les es per-mitido gestionar en los pleitos de acuerdo con la ley y las reglas de las cortes, y el procedimiento para que personas extrañas que estén realmente interesadas puedan intervenir en los litigios antes de la celebración del juicio, está regulado por el artículo 72 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Para casos especiales o extraordinarios, la ley establece procedimientos adecuados; pero paralizar de una manera definitiva, como se ha becbo en el presente caso, la ejecución de una sentencia, a petición de una persona que no es parte en el procedimiento, sin la presentación de una demanda, sin citación ni audiencia dé las partes en el pleito, sin presta-ción de fianza y sin que- se alegue y demuestre que se carece, de otro recurso propio y eficaz, no sólo no está autorizado por la ley, sino que es contrario a la ley.

En tal virtud, el recurso debe declararse con lugar y 1a, orden apelada debe revocarse, devolviéndose el caso a la Corte de Distrito de Arecibo para procedimientos ulteriores no inconsistentes con esta opinión.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciado Sr. Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. MacLeary y Aldrey, no inter-vinieron en la resolución de este caso.


author: El Jxjbz PeesideNte Se. HebNÁNdez,

text:
    Sucesión Morales v. Kieckoefer et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 650.
    Resuelto en marzo 21, 1911.
    Costas — Honorarios de Abosado. — En todo pleito o procedimiento en que se concedan las costas a una parte, si la materia litigiosa excede de quinientos dollars dicha parte tendrá derecho a que se le abone, por la parte condenada, el importe de los honorarios devengados por su ahogado, los. que serán con-cedidos disereeionalmente por el juez, según el grado de culpabilidad de la parte condenada a su pago, y en caso de impugnación, la corte, previa audien-cia y pruebas de las partes, dictará su resolución.
    Id. — Alegaciones.—Aunque la demanda original en el caso de autos, se hubiera presentado con anterioridad al Io. de enero de 1909, en que empezó a regir la ley sobre costas de marzo 12, 1908, esa demanda fué sustituida por otra en-mendada de fecha posterior a aquella fecha, y tal demanda enmendada fué la que debió originar el pleito por contener en sus alegaciones hechos deter minantes de la acción ejercitada, de donde se deduce que la condena de, honorarios tuvo lugar en pleito que debe considerarse iniciado después que comenzó a regir la ley regulando la impugnación de costas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Cay. Coll y Cuchí.

    Abogado de los apelados: 8r. Antonio Sarmiento.

   El Jxjbz PeesideNte Se. HebNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

„ Con fecha 9 de agosto de 1910, el abogado Antonio Sar-miento, en representación de Mannel Paniagna, presentó al Secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, Sección 2a., memorandum de las costas, a cuyo pago, según afirma, fueron condenados los demandantes por resolución de dicha corte de 30 de julio anterior, dictada en el caso arriba expresado, comprendiendo aquel memorandum dos partidas, una de tres dollars sesenta y cinco centavos por honorarios del secretario, y otra de ciento cincuenta dollars por honorarios del letrado, total ciento cincuenta y tres dollars con sesenta y cinco centavos.

Los demandantes impugnaron tal memorandum de costas, alegando que el pleito había sido iniciado antes del año 1908, sin que le fueran aplicables las enmiendas de la ley relativas a costas, y que éstas únicamente se imponían a los litigantes temerarios.

A la impugnación hecha contestó Paniagua, que aunque el pleito se iniciara antes del año 1908, la última demanda que anuló todo lo anterior, fue presentada con fecha posterior al primero de enero de 1909, y que cuando ocurre el caso de que el demandante separa de su demanda a cualquiera de los demandados, la condena de costas se impone por precepto terminante de la ley.

La corte inferior dictó resolución en 30 de noviembre de 1910, que copiada a la letra dice así:

■•‘‘No-es-la.opinión de la corte que la ley de 12 de marzo de 1908,' sobre costas y honorarios, se aplique exclusivamente a juicios entabla-dos después del primero de enero de 1909, sino a los juicios'en los ■cuales la corte de distrito dicte sentencia definitiva después de tal fecha.
“La cuenta de los honorarios no parece excesiva. Es verdad que no se puede decir que los demandantes hayan sido en alto grado teme-rarios, pero sí se puede decir que cuando se entabla un pleito contra un demandado y se declara que no hay causas de acción, el demandado, después de sentencia definitiva, debe cobrar la suma por honorarios de abogado.
1 ‘ Se declara sin lugar la impugnación de costas. ’ ’

Contra la orden que se deja transcrita interpuso la repre-sentación de la parte demandante recurso de apelación para ante esta Corte' Suprema, citando como infringida la ley de 12 de marzo de 1908, por estimarla inaplicable al pleito de que se trata, iniciado el 7 de septiembre de 1906.

El artículo 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la ley aprobada en 12 de marzo de 1908, que comenzó a regir en Io. de enero de 1909, dispone que en todos los casos en que en,un pleito o procedimiento se concedan las costas a una parte, si la materia litigiosa excede de $500, tendrá derecho a que se le abone por la parte condenada el importe de los honorarios devengados por su abogado, costas y honorarios que serán concedidos discre-eionalmente por el juez, según el grado de culpabilidad de la parte- condenada por la sentencia; y el artículo 339 del mismo código, tal como quedó enmendado por la ley citada, precep-túa que en caso de impugnación del memorandum de costas, la corte señalará día para la vista, después de cuyo acto en .que se practicarán las pruebas pertinentes que las partes pro-pongan, dictará su resolución.

■ Ignoramos si las partes propusieron pruebas o nó, pues nada nos dice sobre ello la transcripción de autos; y por tanto, toda duda sobre la fecha en que verdaderamente comenzó el pleito debe resolverse en sentido favorable a la resolución apelada.'

Tal como ha venido el récord, es de presumirse que si se presentó la demanda en 7 de septiembre de 1906, según afirma la parte apelante, esa demanda fue sustituida por otra enmendada de fecha posterior al Io. de enero de 1909, según sostiene la parte apelada, cuya demanda posterior fué la ■que debió originar el pleito por contener en sus alegaciones hechos determinantes de la acción ejercitada; y ante esa pre-sunción, debemos aceptar que la condena de honorarios tuvo lugar en pleito que debe considerarse iniciado a los efectos del recurso después que comenzó a regir la ley aprobada en 12 de marzo de 1908:

Siendo ello así, se hace ocioso discutir, y decidir si la ley citada debe aplicarse a los pleitos comenzados antes de la vigencia de dicha ley; y por las razones expuestas, la orden apelada que dictó la Corte de Distrito de San Juan en 30 de noviembre del año próximo pasado debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey. '

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

text:
    Lamb & Co. en Liquidación v. Fantauzzi Hermanos en Liquidación.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 623.
    Resuelto en marzo 21, 1911.
    Jtjicio Ejecutivo — Acción Personal — Acción Reivindicatoría. — La acción que concedía el artículo 1477 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, en rela-ción con el juicio ejecutivo "para el cobro de cantidades líquidas en dinero efectivo o especie, es una acción personal en que puede discutirse la validez de la obligación y recobrarse lo que en juicio ejecutivo hubiere obtenido el ejecutante, sin que por ningún concepto pueda ser considerada como acción real reivindicatoría, porque su objeto no era la reclamación de determinado bien inmueble, sino discutir la cuestión de si se debía o nó la deuda recla-mada en el ejecutivo.

      Id._Cosa Juzgada. — Para el ejercicio de la acción personal a que se refiere el párrafo anterior, no es necesario pedir y obtener la nulidad de los títulos ad-judicados por la sentencia, pues la acción no se dirige contra los bienes, ni tampoco la nulidad del procedimiento ejecutivo, pues la sentencia dictada en éste no producían la excepción de cosa juzgada.
    Prescripción — Alegaciones—Excepción Previa — Palta de Causa de Acción por Estar Prescrita la Acción. — Cuando de la faz de la demanda aparece la prescripción de la acción, dicha prescripción puede alegarse por virtud de una excepción previa general, al efecto de que la demanda no contiene hechos suficientes para constituir una causa de acción, por el fundamento de que ésta se halla prescrita, sin que sea necesario en tal caso especificar el artí-culo de la ley que determina la prescripción, pues este requisito sólo se exige en la contestación.
    Id. — Cuando en la excepción previa se ha especificado el artículo de la ley en que se apoya la prescripción de la acción, y tal artículo no es el aplicable, sino otro distinto, no procede sostener la excepción, por no haber tenido oportuni-dad, el demandante, de defenderse de una controversia que no se planteó, debiendo concederse permiso al demandado para que presente nueva ex-cepción de prescripción fundada en el artículo aplicable al caso. - Id, — Sentencia.—Declarada con lugar una excepción previa, y no habiendo el demandante enmendado la demanda, el demandado tiene derecho a que se dicte sentencia definitiva, no estando obligado a notificar al demandante la moción solicitando el pronunciamiento de tal sentencia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Rafael López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Luis Muñoz Morales.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los Señores Lamb y Compañía en liquidación, presentaron en la Corte de Distrito de Guayama nna demanda de fecha 20 de enero de 1910, dirigida contra los Señores Fantanzzi Her-manos en liquidación, titulada de “Reivindicación y devolu-ción de bienes ilegal y fraudulentamente rematados” y en la que sustancialmente expusieron lo siguiente:

Io. Que durante el año 1893 los demandados, del comercio de Arroyo, hoy en liquidación, a pretexto de cobrar de Lamb y Cía. del comercio dé Arroyo y de Saint Thomas, un saldo privado de cuenta corriente, ejecutaron, embargaron y se ad-judicaron la hacienda “Cuatro Calles,” cuya propiedad tenían inscrita los ahora demandantes, usando para conseguirlo como título ejecutivo cierto crédito hipotecario constituido en 1886, que estaba novado y extinguido.
2o. Que el título expresado había sido legalmente novado y extinguido o pagado de antemano con el producido de plantaciones de cañas y con los arrendamientos de la citada hacienda.
3o. Que los ahora demandados, antes de proceder a la refe-rida ejecución depreciaron y arruinaron la finca.
4o. Que el procedimiento ejecutivo instado por Fantauzzi Hermanos contra Lamb y Cía. se siguió sin oposición y en ausencia de éstos y con ciertos vicios en el procedimiento como la falta de firma del escribano y otros que relaciona y no son del caso consignar ahora; resultando de todo, que en 16 de octubre de 1893, se decreta la adjudicación a Fantauzzi Her-manos de los bienes embargados a Lamb y Cía.,'para pago de principal y costas.
5o. Que desde 1893 hasta ahora los gestores de Lamb y Cía. han' estado ausentes en el extranjero y solo durante pocos días ■estuvieron en esta isla en 1899.

. . Con tales hechos concluyeron pidiendo que por vía de reivindicación se condenara a los demandados a restituir y ■devolver a los demandantes la hacienda ‘ ‘ Cuatro Calles ’ ’ con sus frutos, sin perjuicio de las liquidaciones y pago de cuentas ■correspondientes entre las partes y las costas.

Los demandados opusieron a esa reclamación dos excep-ciones: la de falta de hechos para determinar la cansa de acción reivindicatoria que se ejercita; y la de que de la propia demanda aparece que han transcurrido más de cuatro ¿ños desde que se adjudicó la finca reclamada; y por tanto, está prescrita la acción de nulidad, según los artículos 1301 del antiguo Código Civil y 1268 y 1840 del revisado, por lo que se pidió que. sosteniéndose las excepciones se declarara sin lugar la demanda con costas.

En 6 de septiembre de 1910 resolvió el juez sosteniendo las ■excepciones y en 12 del mismo año los demandados solicitaron de la corte que toda vez que no había concedido permiso a los demandantes para enmendar, ni éstos lo habían solicitado, die-tara sentencia, moción que no aparece notificada a los deman-dantes.

El juez de distrito de dicha corte, fundándose en su reso-lución a las excepciones, en la moción de los demandados y en que los demandantes no habían ejercitado su derecho a en-mendar dentro de las 24 horas que para ello concede la regla 7a. de las de la corte y en que tampoco hasta esa fecha habían ofrecido enmendar ni habían solicitado autorización para ha-cerlo, dictó sentencia en 14 de septiembre de 1910, que fue registrada el mismo día, declarando sin lugar la demanda con todas las peticiones en ella contenidas y con imposición de-costas a los demandantes.

De esta sentencia interpusieron apelación los demandantes para ante este tribunal y es la que pende ahora de resolución.

Los fundamentos que tuvo el juez inferior para la resolu-ción de las excepciones y que motivó la sentencia fueron,- que-no se aducían hechos bastantes para ejercitar una acción real reivindicatoria y que la acción para pedir la nulidad del título de los demandados estaba prescrita, ya se haga aplicación del artículo 1268 del Código Civil revisado, como del 1865 del mismo texto, de acuerdo con las reglas generales establecidas para la prescripción. Leída detenidamente la demanda, pronto se observa que aun cuando titula su acción como de “Reivindicación y devolución de bienes ilegal y fraudulenta-mentes rematados” los hechos de la alegación y aún la súplica de la misma, convencen de que no se ejercita la acción reivin-dicatoria ordinaria, común o genérica, como acertadamente sostienen los apelantes en su alegato, sino la acción que con-cedía el artículo 1477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vi-gente en la fecha en que tuvieron lugar los hechos objeto de-este pleito, que es distinta de la acción real reivindicatoria.

El Título XV de esa antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, regulaba el procedimiento para el cobro de cantidades líquidas en dinero efectivo y también para el de cantidades líquidas en especie, pero computándola a metálico, siempre que estuvieren vencidas y. que excedieren de mil pesetas.

Era un procedimiento ejecutivo y sumario para hacer efec-tivas esas clases de créditos y en consideración a esto, es que-el artículo 1477 disponía lo siguiente:

“La sentencia dictada en los juicios ejecutivos no producirán la ex-cepción de cosa juzgada, quedando a salvo su derecho a las partes para promover el declarativo sobre larmisma cuestión.”

De suerte que como esta disposición legal concedió úna acción a las partes para promover el declarativo sobre la misma cuestión, es claro y evidente que, de acuerdo con él los Sres. Lamb y Cía. tenían acción para promover el juicio de-clarativo sobre lo que fué objeto de aquel, juicio sumario'; y como en él se reclamó un crédito que dió lugar a la sentencia por virtud de la cual se vendieron bienes de dichos señores para satisfacerla y como ellos ahora alegan que aquel crédito estaba novado, extinguido y pagado, es indudable que tenían el derecho que le concedió dicho precepto para demostrar en el juicio declarativo que por las razones que alegan tal crédito contra ellos, era ineficaz e inválido y no debía producir su con-dena y venta de sus bienes y para que como consecuencia de una sentencia favorable se les devolviese lo que sus ejecutan-tes habían obtenido y los perjuicios que les hubieren irrogado al utilizar un título ineficaz.

No era propiamente una acción real reivindicatoría, para perseguir los bienes muebles o inmuebles que hubieran sido ejecutados y rematados para el pago de la deuda, sino sen-cillamente, como hemos dicho, para discutir la validez de la obligación y recobrar lo que por la sentencia obtuvieron los ejecutantes.

Siendo, pues, una acción de esa naturaleza, la demanda con-tiene hechos bastantes para determinar una causa de acción, si no está prescrita, ya que alega la tramitación y resolución de aquel ejecutivo y que el crédito reclamado, no se-debía en virtud de novación y pago. ■

Para ejercitar esa acción no era necesario pedir y obtener la nulidad de los títulos adjudicados por la sentencia, ya que la acción no era directa contra los bienes, ni tampoco la nuli-dad del procedimiento, que no concedía aquella ley y cuyo principio aplicaron las sentencias del Tribunal Supremo de España de veinte y ocho de abril de 1876, seis de mayo y ca-torce de diciembre' de 1891. Por consiguiente, no bay acción alguna de nulidad de título que esté prescrita.

Hemos dicho antes que tal acción no era la real reivindica-toría, común o genérica, como alegan los apelantes; y no lo es, porque no se concedía para reclamar determinado bien in-mueble sino para discutir la cuestión de si se debía o nó la deuda reclamada y para en este último caso obtener la devolu-ción de lo pagado y las costas y perjuicios. Por consiguiente, no era una acción real, sino personal, que la ley concedía a ambas partes.

< Los demandados no alegaron la prescripción de la acción que en realidad se ejercita, sino que estimando aducida la de nulidad del título de adjudicación de la hacienda ‘ ‘ Cuatro Calles,” alegaron la prescripción de ésta, a cuyo fin señalaron determinada y concretamente el artículo 1301 del Código Civil antiguo, concordante con el 1268 del revisado; y como ninguno de estos preceptos son aplicables a este caso, debió también desestimarse esa excepción.

Es cierto que cuando de la faz de la demanda, aparece la prescripción de la acción, ésta puede ser sostenida por excep-ción bajo el fundamento de que no aduce hechos bastantes para determinar una causa de acción porque se halla prescrita, sin que sea necesario en tal caso especificar el artículo de la ley que la ampara, ya que este requisito exigido por el artículo 128 del Código de Enjuiciamiento Civil, igual al 458 del de California, se refiere al caso de que la prescripción de la ac-ción se alegue como defensa al contestar la demanda. (Véase Brown v. Martin, 25 Cal., 82, y William v. Bergin, 116 Cal., 56.)

Pero cuando en la excepción se ha especificado, como en el caso presente, el artículo de la ley en que se apoya la excepción de prescripción de la acción, y tal artículo no es el aplicable, sino otro distinto, no sería justo sostener en tales condiciones la excepción bajo ese otro precepto, porque no fue propuesta la cuestión de acuerdo con él y los demandantes no tuvieron oportunidad de defenderse de una controversia que no se le planteó, en cuyo caso debe desestimarse la excepción. (Bank v. Wickersham, 99 Cal., 655.)

T aunque la regla general es que la prescripción debe ser alegada en la primera oportunidad, sin embargo, puede y debe concederse permiso para presentar otra excepción de pres-cripción cuando de no hacerse así resultaría un grave perjuicio o injusticia para los demandados, quienes si bien alegaron oportunamente esa excepción, citaron con error el precepto legal aplicable.

En el acto de la vista alegaron los apelantes que la sen-tencia se convirtió en definitiva ’ sin que se les notificara la moción que para ello hicieron los demandados. Habiendo sido declarada con lugar por la corte la excepción previa, y no ha-biendo enmendado la demanda, la sentencia fné una conse-cuencia necesaria. (Vega y otros v. Rodríguez y otros, fallado por este tribunal en 6 de marzo de 1911, y Capó v. Capó, resuelto en 7 del mismo mes y año.)

Somos, pues, de opinión que las excepciones de falta de hechos en la demanda para determinar una causa de acción y la de prescripción por el fundamento legal en que ha sido fundada, deben ser desestimadas y revocada la sentencia, sin costas, ordenando que se conteste la demanda, sin perjuicio de-permitir cualquier otra alegación compatible con la justicia.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez Asociado Se. Aldkey,

text:
    El Pueblo v. Vázquez (a) Pepín.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Gruayama..
    No. 333.
    Resuelto en marzo 23, 1911.
    Multa — Prisión Subsidiaria en Defecto de Pago. — La prisión subsidiaria por defecto del pago de multa, en los casos en que el acusado ha sido condenado-también a prisión, es ilegal.
    Los'hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. C. Domínguez Rubio.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Aldkey,

emitió la opinión del tribunal. La Corte de Distrito de Gruayama al resolver en apela-ción procedente de la Corte de Paz de Gruayama una denun-cia contra José Vázquez (a) Pepín, dictó sentencia en 16 de enero de 1911, declarándole culpable del delito de portar armas prohibidas, y le condenó a cincuenta dollars de multa, y treinta días de cárcel, ordenando que se le redujera a pri-sión hasta que la multa sea satisfecha, debiendo también ex-tinguir la pena de cárcel impuéstale.

De esa sentencia apeló el acusado para ante esta Corte Suprema en la que no presentó exposición del caso, pliego de excepciones ni alegato de errores, y por tanto, sólo tenemos para resolver su apelación, la transcripción de los autos y el informe del Hon. Fiscal de este Tribunal, en el que se soli-cita que se modifique la sentencia apelada, en la parte que condena al acusado a sufrir prisión en defecto del pago de la multa.

Como la acusación no es defectuosa y faltando la exposi-ción del caso y el pliego de excepciones, hemos de presumir que aquélla fué probada y que se siguió un juicio regular de acuerdo con la ley, la única cuestión que se presenta a nues-tra consideración es si es legal la parte de la sentencia que ordena la prisión del acusado en defecto del pago de la multa que le impuso, cuando forma parte de la misma, condena una prisión, además de la multa.

En el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. José Puente Durán, resuelto por este Tribunal Supremo en 17 de febrero de 1908, fué ampliamente estudiada esta cuestión y se resol-vió ser ilegal la prisión por falta de pago de la multa cuando el sentenciado también lo babía sido a prisión.

Esa sentencia y opinión son aplicables a este caso y apli-caremos la doctrina que allí se expuso.

En consecuencia, la sentencia debe ser. confirmada, menos en el particular mencionado de sufrir prisión en defecto del pago de la multa.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no intervino en la reso-lución de este.caso.


author: El Juez Asociado Su. Aldbey,

text:
    El Pueblo v. Villafaña.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de ^Distrito de Humacao.
    No. 323.
    Resuelto en marzo 24, 1911.
    Denuncia — Excepción Previa — Infracción de la Ley de Farmacia. — En este caso se presentó la siguiente denuncia: Yo, A. R. eto'. formulo denuncia contra R. Y. por delito de infringir la Ley de Farmacia, (sección 18), cometido de la manera siguiente: Que en 20 de Junio de 1910 y en la calle del Conde de Mirasol, del Distrito Judicial.el citado' individuo tenía en los aparadores de su establecimiento mercantil los si-guientes ártíeulos en contravención con lo dispuesto en la Ley de Farmacia: Una caja de agua de Carabaña; 10 libras de ho'ja de sen; etc. Que los mencionados artículos se ofrecían en venta al público. En apelación se resolvió:

    (o) Que en- la forma en que apareee redactada esa acusación no imputa al acu-sado delito alguno, por el cual pueda y deba ser castigado, ya que faltan en ella requisitos esenciales para que pueda comprenderse que se imputa la comisión de un delito;

      (6) Que en ella sólo se atribuye al acusado el hecho de ofrecer en venta los refe-ridos artículos, lo que no constituye delito sin la concurrencia de algún otro hecho que lo convierta en un acto penable, siendo necesaria su alegación; (c) Que si el hecho imputado al acusado infringía la Ley de Farmacia, debió ale-garse que no estando autorizado para ejercer la profesión de farmacia, ven-día o tenía a la venta dichos artículos, no siendo suficiente alegar que con-travenía la Ley de Farmacia, porque 'ésta es una conclusión legal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. M. Tous Soto.

    Ahogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Su. Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte Municipal de Yieques se presentó denuncia contra el acusado, que fué luego vista en apelación ante la Corte de Distrito de Humacao en donde el acusado formuló una excepción previa, que no consta de la transcripción de los autos cual fuera, ni su resolución, pero que indudablemente fué desestimada, por cuanto dicha corte de distrito dictó sen-tencia en Io. de noviembre de 1910, declarando al acusado culpable del delito de infringir la ley de Farmacia de 1906 y lo condenó a pagar una multa de cincuenta dollars y en su defecto la pena de cincuenta días de prisión en la cárcel del distrito y también a pagar las costas.

Contra esa sentencia apeló el acusado para ante esta Corte Suprema, en la que no presentó exposición del caso, pliego de excepciones, ni alegato de errores.

El informe emitido por el Hon. Fiscal de esta corte, lo fué en el sentido’ de que se confirmara la sentencia.

En la transcripción de los autos encontramos que la de-nuncia jurada fué en este caso la siguiente:

“Denuncia: Corte Municipal de Yieques, P. R. Estados Unidos de América. El Presidente de los Estados Unidos. El Pueblo de Puerto Rico v. Rafael Villafaña. Yo, A. Ramírez Rivera, P. I., vecino de Yieques, P. R., calle de San Francisco, de 24 años, formulo denuncia contra Rafael Yillafaña por delito de infringir la Ley de Farmacia, (Sección 18), cometido de la manera siguiente: Que en 20 de junio de 1910 y en la calle del Conde de Mirasol, del Distrito Judicial Municipal de Yieques, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de Humacao, P. R., el citado individuo tenía .en los aparadores de su establecimiento mercantil los siguientes artículos, en contravención con lo dispuesto en la Ley de Farmacia: Una caja de agua de car abaña, 22 botellas de agua de car abaña, 10 libras de hoja de sen, 2 galones de aceite de castor, 10 libras de aceite de almendras. Que los mencio-nados artículos se ofrecían en venta al público. Que como este hecho es contrario a la ley, se lo comunico para los fines de justicia, siendo testigos Serafín López, placa No. 609. (Firmado) A. Ramírez Rivera, L. Corpl., I. P., denunciante.”

En la forma en que esta acusación ha sido redactada, no imputa al acusado delito alguno por el cual pueda y debe ser castigado, ya que faltan en ella requisitos esenciales e indispensables para que pueda comprender cualquiera persona de regular inteligencia que se imputa la comisión de un delito.

En ella sólo se atribuye al acusado el hecho de ofrecer en venta en su establecimiento mercantil los artículos que en la misma se relaciona, lo que siendo cierto no constituye delito alguno penable por nuestras leyes vigentes, sino concurre al-gún otro hecho que lo convierta en delito y que, por consi-guiente, haría necesaria su alegación.

Si como el denunciante entiende y afirma, el hecho que im-putó al acusado infringía la Ley de Farmacia, debió expresar el hecho por el cual el acusado, expendiendo tales artículos desobedecía esa ley y por consiguiente, que no estando autori-zado para ejercer la profesión de farmacia, los vendía o lo tenía a la venta, pero no ha podido consignar, como lo hizo, que el acusado contravenía la Ley de Farmacia, porque esta es la conclusión legal a que debe llegar el juez en vista de la exposición de los hechos que se atribuyan al acusado.

Ya esta Corte Suprema, en el caso de El Pueblo de P. R. v. Ruis y otros, resuelto en 21 de mayo de 1906 dijo lo siguiente:

“No pretendemos que una denuncia contenga todos y cada uno de los elementos de una verdadera acusación, pero sí debe contener una y otra aquello que es esencial para que se conozca con claridad cuál es el delito imputado a fin de que el acusado prepare su defensa sin dudas ni vacilaciones de ningún género.
'‘Todo caso en que tenga boy jurisdicción el juez municipal, debe empezar por denuncia jurada del denunciante o de la autoridad o funcionario que tenga conocimiento del caso, o que haya arrestado al acusado. • Así lo preceptúa el artículo 22 del Código de Enjuicia-miento Criminal, reformado por la ley aprobada en doce de marzo de mil novecientos tres.
'' ‘ El artículo 23 de dicho Código dice así:
‘ ‘ Toda declaración jurada contendrá, tan detalladamente como sea posible, la naturaleza del delito y las circunstancias que hayan con-currido en su perpetración * * *.
“Ese precepto se ha infringido en la denuncia que'estamos exami-nando, porque el artículo 299 del Código Penal especifica los juegos que son punibles y en dicha denuncia no se expresa cuál es el juego-que se jugaba, es decir, si era faro, monte, ruleta, etc., sin que pueda ser suficiente al propósito de la ley, la expresión de que fué ‘sorpren-dida una jugada a lo prohibido’ como únicamente se dice en la de-nuncia. Esa frase es más bien una apreciación que pudo ser errónea, puesto que podían estar los acusados jugando un juego lícito y creer el denunciante de buena fe que ese juego lícito estaba prohibido. Era indispensable, como dice la ley, que en la denuncia se hubiera expre-sado con los detalles posibles la naturaleza del delito y las cincunstan-cias que concurrieron en su perpetración y no habiéndose hecho así, la denuncia debió ser rechazada porque no se imputó delito alguno a los individuos a que se refería.
“Robustecen estos razonamientos el caso de El Pueblo v. Carroll, 80 Cal., página 153 y el de El Pueblo v. Cosset, 93 Cal., página 641, a los cuales se refirió también el Juez Sr. Wolf, en su opinión emitida en el caso número 31 que se falló por este Tribunal Supremo en veinte y cinco de febrero de mil novecientos cinco, de El Pueblo de Puerto Rico v. J. T. Ramsey y otros por juegos prohibidos.”

Estamos en un todo conforme con las consideraciones con-signadas en esa opinión.

Si se estimaran buenas y suficientes acusaciones con mani-festaciones ■ como la de que los acusados jugaban a lo pro-hibido, sin decir cuál era el juego a que se dedicaban, o con la de que “Vendían ciertos artículos en contravención a la Ley de Farmacia,’’, quedaría la libertad y tranquilidad de un ciudadano, a la apreciación más, o menos errónea que de la ley hubiera formado el denunciante. '

Los hechos esenciales de la acusación no pueden ser omiti-dos en una denuncia, y es indispensable en casos como el de que ahora nos ocupamos, el afirmar que se ejercía la profe-sión de farmacia sin licencia para ello, que es lo que castiga esa ley, por lo que faltando ese requisito es defectuosa y no imputa delito alguno al acusado.

Resolvemos este caso por la denuncia en sí misma, sin que se entienda por esto que aceptamos ni rechazamos el que pueda castigarse de acuerdo con la ley citada el vender u ofre-cer en venta los artículos que en la denuncia se relacionan, pues no es punto que necesitamos considerar y resolver ahora en vista de lo defectuosa de la acusación.

Por las razones consignadas, debe revocarse la sentencia apelada con las costas de oficio.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no tomó parte en la resolución de este caso.


text:
    Cardé v. Echeandía.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 666.
    Resuelto en marzo 24, 1911.
    Apelación — Transcripción de Autos — Legajo de la ■ Sentencia. — En los casos en que el demandado no hubiere contestado la demanda, la citación y la de-claración jurada o prueba de su notificación al demandado, forman parte del legajo de la sentencia, y si dichos documentos no se incluyeren en la trans-cripción de autos que se presente a los efectos de una apelación, ésta será desestimada.
    Id. — Anotación de Rebeldía.- — La anotación del secretario al dorso de la de-manda, expresiva de que fué registrada la rebeldía del demandado, sin in-cluir en la transcripción la citación y prueba de su notificación, no consti-tuye un suficiente cumplimiento de las disposiciones del No. 1 del artículo 235 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Abogados de la parte apelante: Sres. Beichard' & Reichard.

    Abogado de El Pueblo: Sr. Jesús M. Bossy, Fiscal.

   Resolución del tribunal:

No habiéndose dado cumplimiento por parte del apelante a lo que determina el artículo 299, en relación con el número 1 del artículo 233 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que este último dispone que en los casos en que el deman-dado no hubiere contestado la demanda, la citación y la de-claración jurada o prueba de su notificación al demandado forman parte del legajo de la sentencia y dichos documentos no se han incluido en la transcripción de autos presentada en el caso arriba expresado, pues sólo aparece en ella la de-manda y la diligencia del secretario al efecto de que fue registrada la rebeldía del demandado, lo que no constituye un suficiente cumplimiento de las disposiciones del artículo 233 citado. Yisto lo dispuesto en el artículo 303 del mismo Código y el 60 del Reglamento de este tribunal.

Se desestima la apelación interpuesta por la representa-ción de la parte demandante en el caso arriba expresado contra, la sentencia pronunciada por la Corte de Distrito de Agua-dilla con fecha 16 de diciembre de 1910. Y remítase copia de esta resolución a dicha corte de distrito para su conoci-miento y efectos procedentes.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no intervino en la reso-lución de este caso.


text:
    Román v. El Registrador de La Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan, Sec. Ia.
    No. 84.
    Resuelto en marzo 24, 1911.
    Cancelación — Facultades del Obispo Católico como Representante de la Iglesia. — La Comunidad Religiosa de las Monjas Carmelitas tiene como único jefe al Prelado Diocesano, o sea al Obispo Católico de Puerto Rico, que es el supremo administrador de sus bienes, y, según la doctrina sentada en el caso de Jones, Ohispo, etc., v. TSl Registrador de la Propiedad, pág. 224, a dicho Prelado Diocesano compete la cancelación de los gravámenes constitui-dos a favor de la referida comunidad, sin que por ello deba entenderse que esté autoriíado para dar a dichos bienes inversión extraña a los fines de la Comunidad Religiosa a que pertenecen.
    Los beckos están expresados en la opinión.
    Abogado de los recurrentes: Sr. José G. Torres.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad de San Juan, sección Ia., la escritura número 102, so-bre redención de censos, otorgada por el Obispo de Puerto Rico a favor de Manuel y Mercedes Román y Soliveras el 17 'de septiembre de 1910 ante el Notario Público José Gr. Torres, el Registrador se negó a ello por medio de la siguiente nota que lia sido recurrida para ante esta Corte Suprema.

“No admitida la inscripción del precedente documento, por no hallarse inseritcs les censos que se redimen a favor de la Iglesia Cató-lica de Puerto Rico en cuya representación los cancela el otorgante. No se ha extendido anotación preventiva por aparecer que el defecto procede del registro y no del título. San Juan, Puerto Rico, 22 de noviembre de 1910. El Registrador, José S. Belaval.”

Los censos cancelados por la escritura fuerón uno por cien pesos de la capellanía que disfrutó el Presbítero Pimentel y otro por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, once centavos a favor del Convento de las Reverendas Madres Monjas Carmelitas de- esta Capital, y ámbos estaban constituidos so-bre la casa número 29 de la calle de Alien, antes Fortaleza, de San Juan, Puerto Rico.

El Obispo de Puerto Rico, Monseñor W. A. Jones, com-pareció en representación y como Jefe de la Iglesia Católica de esta Isla y declaró haber recibido la suma de dos mil dollars, valor actual de los expresados censos y réditos pendien-tes de pago en la fecha de la escritura, y otorgó, en su conse-cuencia, formal carta de pago y, en la representación con que compareció, se declaró reintegrado del valor de dichos censos y sus réditos, los redimió totalmente, dejó la finca acensuada libre de toda responsabilidad por los indicados conceptos y consintió en que se hiciera en el Registro la consiguiente ano-tación de cancelación o redención. Todo así consta del docu-mento público presentado para su inscripción en el registro.

Expuestos los anteriores hechos, se concluye fácilmente que este caso debe regirse en cuanto se refiere al censo de la capellanía que disfrutó el Presbítero Pimentel por los prin-cipios establecidos en la opinión de esta corte emitida por el Juez Presidente.Hernández en el de El Iltmo. Señor Obispo Católico de Puerto Rico, Señor William A. Jones, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, sección 1a., decidido el 14 de febrero actual.

Por lo que atañe al censo a favor del convento de las Mon-jas Carmelitas, no puede alegarse que éstas y sólo éstas pue-den enajenar y administrar sus bienes; pues a diferencia de otras comunidades religiosas existentes en la Isla, tienen como único jefe al Prelado Diocesano o sea al Obispo Católico de Puerto Rico, quien es el supremo administrador de sus bienes, como lo es, según la ley Canónica, de todos los bienes ecle-siásticos situados en su diócesis, salvo que, por derecho especial estén fuera de su jurisdicción, excepción que no encontra-mos en el presente caso, sin que por ello entendamos que el Obispo Católico pueda dar a dichos bienes inversión extraña a los fines de la comunidad religiosa a que pertenecen.

El recurso debe declararse con lugar y revocarse la nota recurrida, ordenándose la inscripción solicitada.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


text:
    Rivera v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Caguas.
    No. 94.
    Resuelto en marzo 24, 1911.
    Inscripción — Capacidad de los Otorgantes. — Los registradores tienen el deber de calificar la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de la escritura que para su inscripción se le presente, y si de ésta aparece que el vendedor es de estado viudo, y del registro no consta su estado- civil, no pudiendo el registrador calificar la capacidad de dicho vendedor por no poder determinar si adquirió la finca siendo casado, procede denegar la inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Vicente F. Rodrigiiez Ortiz.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Presentada para su inscripción en el- Registro de la Pro-piedad de Caguas la escritura núm. 27 otorgada en Coamo el 19 de febrero de 1891, ante el notario público Felipe Rodrí-guez, por José Antonio Ayala y Rodríguez, como apoderado de su padre Antonio Ayala y Rodríguez, y Leandro Ramos, sobre venta de una finca rústica, el registrador se negó a ello por medio de la siguiente nota, contra la cual se interpuso el presente recurso gubernativo.

“No admitida la inscripción del precedente documento por el de-fecto insubsanable de no constar del registro el estado civil del vende-dor Don José Antonio Ayala y Rodríguez, y resultando del título que dicho vendedor es de estado viudo, no se puede calificar la capacidad del expresado vendedor, pues pudiera ocurrir, como es más probable, que dicba finca la hubiese adquirido siendo casado, en cuyo caso el contrato de venta que se trata de inscribir sería nulo; habiéndose extendido en su lugar anotación preventiva por ciento veinte días al folio 211 del'tomo 19 de Barros, finca número 1175 anotación letra A., con el defecto además subsanable de no describirse en el título por sus cuatro puntos cardinales las dos porciones de terreno .que se tratan de agrupar. ’ ’

Estudiado cuidadosamente el caso, opinamos que la ne-gativa está bien fundada.

El artículo 18 de la Ley Hipotecaria impone al registrador el deber de calificar bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras.

Varia es la interpretación que se fia dado a la frase por lo que resulte de las escrituras empleada en el artículo 18 de la ley, dice Galindo en su Legislación Hipotecaria, tomo 2°., página 10, para determinar a qué datos se lia de ceñir el regis-trador al calificar el documento, o la capacidad de los otor-gantes de aquéllas: y luego expresa su opinión, robustecida por resoluciones de la Dirección General de los Registros, en los siguientes términos:

“Para nosotros con la frase por lo que resulte de las escrituras,, sólo quiso la ley evitar que el registrador juzgase por noticias parti-culares, de la capacidad de los otorgantes, y aunque de ciencia propia le constase la inexactitud contenida en el documento, y así lo confirman las resoluciones de 4 de mayo de 1883 y 18 de junio de 1898; pero esto no quiere decir que en todo caso el registrador haya de tener por probada la capacidad de los otorgantes, sólo porque el notario la afirme. V. Resolución de 30 de marzo de 1898, declarando que aunque el notario afirme que, a su juicio, tiene capacidad un viudo para vender una finca, el registrador puede y debe estimar no inscribible la escritura, si resulta del registro que tal finca la adquirió siendo casado, a título oneroso.”

Si en el presente caso el vendedor tiene realmente capa*-eidad para otorgar la escritura, será bien fácil demostrarlo. Y Tina .vez destruido el obstáculo legal que existe, la inscrip-ción se verificará sin dificultad alguna.

El recurso debe declararse sin lugar y confirmarse la nota recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


author: El Juez Asociado Se. MacLeaey,

text:
    Ponce & Guayama Railroad Company v. Antonetti et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 622.
    Resuelto en marzo 27, 1911.
    Alegaciones — Excepción Previa — Jurisdicción—Traslado de Causa. — Si la corte tiene jurisdicción sobre la materia del pleito, y los demandados pre-sentan excepción previa alegando falta de jurisdicción sobre la persona de los demandados, por residir éstos en otro distrito, dicha excepción debe de-sestimarse, pues el recurso adecuado, con arreglo al Código de Enjuiciamiento Civil, es solicitar el traslado de la causa a la Corte correspondiente, y al no hacerlo así, los demandados quedan sometidos a la jurisdicción de la corte.
    Los hechos están expresados en la opinión. -
    Abogados del apelante: Sres. Coll Cuchí Hermanos.

    Abogado del apelado: Sr. José Tous Soto.

   El Juez Asociado Se. MacLeaey,

emitió la opinión del tribunal.

No hay más que una cuestión en el presente caso y es ésta: % Incurrió el Tribunal sentenciador en error, al declarar que tenía jurisdicción sobre los demandados, no obstante la excep-ción, alegando falta de jurisdicción?

La acción tiene por objeto, someter ciertos terrenos, per-tenecientes a los demandados, a la expropiación forzosa, con el fin de construir un ferrocarril. En la demanda se expresa el domicilio de los demandados, ninguno de los cuales reside dentro del Distrito Judicial de Ponce. Los demandados for-mularon excepción contra la demanda, alegando la falta de competencia de la corte.

Este mismo caso fué sometido a este tribunal, mediante un auto de certiorari, durante un término anterior; y en dicta ocasión fué planteada y resuelta la misma cuestión. En el dictamen, emitido en 20 de junio de 1910, el juez presidente, hablando a nombre del tribunal, se- expresó en los siguientes términos:

“Pero entrando a discutir en el fondo la cuestión debatida, enten-demos que la Corte de Distrito de Ponce tiene jurisdicción para conocer del pleito de expropiación forzosa promovido por la Ponce and Guayama Railroad Company, por razón de la materia y de las personas de los demandados; por razón de la materia, porque los pleitos de expropiación forzosa están sometidos por la ley a las cortes de distrito, que son cortes de jurisdicción general; y por razón de los demandados, porque habiendo comparecido éstos voluntariamente ante la corte de Ponee, esa comparecencia equivale a la diligencia de su citación personal y entrega de la -copia de la demanda, habiendo adqui-rido, por tanto, la corte jurisdicción sobre ellos. Tan es así que, según el artículo 77 del Código de Enjuiciamiento Civil, los demandantes quedaron sometidos a la corte de Ponce por el mero hecho de acudir a ella interponiendo la demanda, y los demandados por el hecho de no haber solicitado que el juicio se celebrara en la corte correspon-diente.
“Antonio y Fernando Ahumada v. Emilio del Toro, Juez de la Sección 1a. de la Corte de Distrito de San Juan. 18 de noviembre de 1908.
“El artículo 82 del Código citado ordena que si el distrito en que se establece la demanda no es el en que deba seguirse el juicio, podrá, sin embargo, continuarse en aquél, a menos que el demandado al com-parecer a contestar o. a formular excepciones, presente una declaración jurada y fundada y pida por escrito que el juicio se celebre en el dis-trito correspondiente.
“Los demandados en el presente caso no han solicitado el traslado del juicio en los términos prevenidos por la ley, y por tanto, puede con-tinuarse en el Distrito de Ponce, no obstante radicar en el de Gua-yama el terreno a que se contrae la expropiación solicitada, y no obstante la falta de vecindad y residencia en aquel distrito por parte de los demandados. ’ ’

La corte tenía jurisdicción sobre la materia litigiosa y la excepción, alegando falta de jurisdicción sobre las personas de los demandados, fuá debidamente desestimada; porque los demandados, después de haber sido citados en debida forma, comparecieron ante el tribunal, y no solicitaron el traslado de la causa a otra Corte, lo cual era el remedio ade-cuado, con arreglo a nuestra ley, y no una. excepción previa, alegando falta de jurisdicción, que era el medio empleado por los apelantes.

Toda vez que nuestra ley es distinta de las de otros Esta-dos, las resoluciones dictadas en estos últimos, no pueden to-marse como precedentes que deban seguirse por nuestros tribunales.

Se sostiene, por los apelantes, que el -dictamen transcrito, y que fue- emitido en el presente caso, al ser sometido a nues-tra consideración, en un procedimiento de certiorari, no debe seguirse, porque era un obiter, dictum. Quizás no era necesa-rio para la decisión del certiorari, y puede considerarse como un obiter en dicho procedimiento. Pero el referido dictamen fué seguido y tácitamente aprobado en el caso de Fajardo v. Tió, resuelto en 24 de febrero último, y es correcto en su argumentación, y nos vemos obligados a adoptarlo en este caso. .De modo que, cualquiera que fuera el carácter que dicho dictamen haya tenido hasta ahora, ya no es una decisión que carezca de apoyo.

Toda vez que la corte tenía jurisdicción, y no se practica-ron diligencias adecuadas para privarla de la misma, no hubo error en sostener la jurisdicción y dictar la sentencia, la cual debe confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no intervino en la resolución de este caso.


text:
    Rivera et al. v. Pérez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Gruayama.
    No. 632.
    Resuelto en marzo 27, 1911.
    Apelación — Pruebas.—Si todas las pruebas practicadas ante la corte inferior, no se hubieren incluido en la exposición del caso, ni total, ni substaneialmente, no teniendo el tribunal, para juzgar el caso, los mismos elementos que sir-vieran de base a la corte inferior para dictar la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Nuevo Juicio — Notificación de su Presentación. — Una moción de nuevo juicio no puede considerarse, si el promovente ha dejado de consignar, en la noti-ficación de su intención de presentarla, en qué documentos habrá de fundar la moción, esto es, si en declaraciones juradas, en los autos del pleito, en las minutas de la corte, pliego de excepciones, o exposición del caso.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. G. Domínguez RiRio.

    Abogados de los apelados: Sres. Luis Muñoz Morales y José G. Ramos.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso sobre reivindicación de finca rústica e in-demnización por daños y perjuicios. La demanda se pre-sentó originalmente en la Corte Municipal de Gruayama dictán-dose sentencia en contra de los demandantes. Estos apela-ron para ante la corte del distrito y celebrado el juicio de novo, la corte dictó sentencia también en contra de los demandantes. Solicitada la celebración de un nuevo juicio, se desestimó la petición por orden de 22 de septiembre de 1910. Contra esta orden y contra la sentencia dictada el 13 de junio de 1910, se interpuso el presente recurso de apelación.

Los demandantes alegaron, en resumen, que son dueños de cierta finca rústica de diez cuerdas de terreno, sita en el barrio de Palmas del municipio de Gruayama, por haberla ad-quirido el demandante Rivera por compra a los hermanos Mares González y otros, hecha constar en escritura pública otorgada el 17 de abril de 1909 e inscrita en el registro de la propiedad, y la demandante Martina de Santiago por heren-cia de su madre Inés Marés y González, constando también inscrito su derecho en el registro de la propiedad; que el de-mandado Pedro Pérez, sin título alguno se apropió de la des-crita finca, la cultiva y disfruta de sus productos, y la posee y detenta contra la voluntad de los demandantes, y que los daños y perjuicios que ha ocasionado el demandado a los de-mandantes ascienden a más de doscientos dollars.

El demandado negó en su contestación la certeza de los hechos consignados en la demanda y alegó, en resumen, como materia nueva, que es dueño' con su derecho inscrito en el registro de la propiedad, de una finca rústica de 135 cuerdas radicada en los barrios del Carmen y Palmas de la municipa-lidad de Gfuayama; que la finca que los demandantes alegan que les pertenece, no colinda por el Norte con Sanguinetty, pues esta colindancia es una de las del Norte de la finca del demandado; que el demandado y sus antecesores en el do-minio de la finca de 135 cuerdas, dentro de la cual, en su extre-mo Norte, alegan los demandantes que se encuentra la suya de diez cuerdas, la han poseído con buena fe y justo título por un período de más de diez años; que los demandantes nun-ca han poseído el inmueble que reclaman, y que ni ellos, ni sus causantes han estado ausentes de Puerto Rico.

En el acto del juicio, la parte demandante'presentó como pruebas, la escritura de 17 de abril de 1909 a que se refiere la demanda; el nombramiento de defensor de la demandante Martina de Santiago hecho a favor del otro demandante Rivera ; una certificación librada por el secretario de la corte de distrito relativa al derecho de la demandante Martina de Santiago y Marés como heredera de Pedro Marés, y una escritura de cesión de derechos a la herencia de Pédro Marés otorgada por Máximina Marés a favor de Adolfo Rivera ante el Nota-rio Capó el 5 de octubre de 1907.

En la exposición del caso preparada a los efectos de la apelación, sólo se menciona la dicha prueba documental. Ni se incluyen íntegros los documentos, ni siquiera se copian sus cláusulas esenciales. Examinada la transcripción de los autos en su totalidad, tampoco aparecen incluidos en forma alguna los expresados documentos. En tal virtud, no habiendo los apelantes presentado una transcripción completa que permita a esta Corte Suprema juzgar el caso con los mismos elementos que sirvieran de base al tribunal inferior para dictar la sen-tencia apelada, ésta debe confirmarse.

No obstante lo defectuoso de la transcripción, fiemos estu-diado cuidadosamente las cuestiones legales suscitadas por ambas partes y estamos convencidos de que se fia fiecfio por la corte inferior cumplida justicia en este caso. Aun acep-tando que los documentos presentados por los demandantes probaran que ellos tenían derechos a la propiedad de cierta finca de diez cuerdas, es muy dudoso que demostraran, apre-ciados en relación con las otras pruebas, que tal finca está actualmente en posesión del demandado, y en el caso de que se llegara a la conclusión de que la finca de diez cuerdas es-taba dentro de la de 135 poseída por el demandado, la prueba documental y de testigos, aportada por éste, demostraría que había adquirido el dominio sobre la misma por prescripción.

Examinemos la apelación en cuanto a la solicitud de nuevo juicio.

Dictada sentencia el 13 de junio de 1910, los demandantes, el 21 de junio de 1910, hicieron al secretario y al demandado la siguiente notificación:

“Sírvase tener presente que el demandante en este caso, solici-tará de la Hon. Corte de Distrito la concesión de un nuevo juicio, en el pleito, arriba titulado, basado en nuevas pruebas que ba descu-bierto con posterioridad a la fecha en que se dictó la sentencia y que por más diligencias que-se hicieran con anterioridad al día del juicio, no pudieron ser descubiertas. Esta notificación que también se hace a la parte contraria, se verifica de acuerdo con. lo preceptuado en el Artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente.”

Luego los dichos demandantes, el 29 de junio de 1910, pre-sentaron a la corte, la siguiente moción:

1 ‘ Comparece el demandante y por su abogado expone: Que basado en los artículos 220 y 221, número 3 del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, solicita la concesión de un nuevo juicio en el asunto arriba titulado. ’ ’

La anterior moción, con copia de tres affidavits qne se unieron a la misma, se notificó al demandado, quien por medio de sn abogado, el Io. de julio de 1910, presentó una moción para que se rechazara la solicitud de nuevo juicio, Io. porque la notificación no se hizo de acuerdo con la ley; 2o. porque la moción de nuevo juicio no expresa los fundamentos por los cuales se solicita la concesión; 3o. porque si se trata de nue-vas pruebas, no se expresa la importancia de éstas, ni en qué consistió la diligencia empleada para obtenerlas antes del juicio; 4o. porque los affidavits no se ajustan a la ley; 5o. por-que la nueva evidencia que se ofrece es acumulativa; y 6o. por-que, aun aceptando como ciertos los hechos consignados en los affidavitsson de índole tal que no variarían el fallo dic-tado.

Considerado el caso, la corte en 22 de septiembre de 1910, resolvió no haber lugar a tomar en consideración la moción de nuevo juicio.

Es bien claro que los apelantes no cumplieron estricta-mente en este caso con los requisitos exigidos por el artículo 223 del Código de Enjuiciamiento Civil, al no manifestar al Secretario y no notificar a la parte contraria si su moción de nuevo juicio se haría mediante declaraciones escritas y jura-das, o fundándose en los autos y.legajos del pleito, o en las minutas de la corte, o en un pliego de excepciones, o en una exposición del caso, y que en su consecuencia la resolución de la corte de distrito negándose a considerar tal moción, está fundada suficientemente en una interpretación estricta de la ley •

“Una moción para nuevo juicio no puede considerarse cuando la notificación de la intención de presentarla no con-signa en qué se basará la moción, si en affidavits, minutas de la corte, pliego de excepciones, o exposición del caso, como requiere la sección 650 del Código de Enjuiciamiento Civil.” <112 Cal., 587.)

“Pero cuando la notificación de la intención de solicitar un nuevo juicio, no establece que la moción se basará sobre affidavits, es impropio presentar affidavits, y si se presentan los mismos deben excluirse del récord.” (Storer v. Heitfeld, 17 Idaho, 114.)

Aíin cuando la solicitud de nuevo juicio se hubiera con-siderado, al resolverla por sus méritos, procedería declararla sin lugar. Hemos examinado cuidadosamente los affidavits y la prueba testifical de los demandantes incluida en la expo-sición del caso, y estamos enteramente conformes con el de-mandado en que la evidencia que se ofrecía era meramente acumulativa y en que de haberse presentado y admitido no hubiera variado la sentencia dictada.

La orden y senténcia recurridas deben confirmarse.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no intervino en la reso-lución de este caso.


author: El Juez PeesileNte Se. HeeNÁNDez,

text:
    Banco Territorial y Agrícola v. Gill, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 67.
    Resuelto eu marzo 27, 1911.
    Cumplimiento de Sentencia — Rendición de Cuentas — Forma en Que Deben 'Producirse. — Ordenada por sentencia ejecutoria, la rendición de cuentas por una parte, debe ésta producirlas detalladas y justificadas, es decir, no sólo conteniendo todas las operaciones de cobro o de pago, con expresión del concepto de cada partida o asiento, sino que además deben estar acompa-ñadas de los respectivos comprobantes que un diligente administrador suele recoger y conservar.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del peticionario': Sr. Juan Ouzmán Benitez.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Rafael López Landrón.

   El Juez PeesileNte Se. HeeNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan por Margarita y Eulalia Ciutrón y 1a. Sucesión de José F. Cintrón, contra el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, sobre rendición de cuentas y otros, extremos, dictó sentencia esta Corte Suprema con fecha 24 de junio de 1909, resolviendo recurso de apelación interpuesto-contra la dictada por la corte inferior, y por aquella sentencia se confirmó el pronunciamiento que contenía la ape'ada, y que ordenaba al demandado rindiera a los demandantes cuenta detallada y justificada de la administración de la hacienda “Laura” desde 30 de junio de 1902 hasta 19 de mayo de 1906.

Para cumplir el pronunciamiento antedicho produjo el Banco Territorial y Agrícola cuentas de la administración de la hacienda “Laura,” que empiezan en 30 de junio de 1902 con un saldo a su favor de $14,606.69, y terminan en 19 ele mayo d© 1906 con un saldo también a su favor de $22,724.37; y entonces la parte contraria presentó moción a la corte en que por el fundamento de que las cuentas presentadas sólo eran una. copia incompleta de los libros mercantiles del banco sin com-probante ni justificante alguno, y sin relación a las distintas partidas de bienes recibidos bajo inventario al encargarse-de la administración de la hacienda “Laura,” pedía se orde-nara al demandado rindiera la cuenta detallada y justificada, de la administración de la “Laura,” y sus pertenencias, según se había dispuesto por sentencia ejecutoria, presentando al efecto el inventario con arreglo al cual el banco se hizo cargo-de la administración, así como el respectivo legítimo compro-bante original de cada asiento.

Dicha moción fué declarada con lugar por orden de 19 de-marzo del año próximo pasado, y ello dió lugar a que la repre-sentación del Banco Territorial y Agrícola acudiera a esta Corte Suprema en solicitud de auto de certiorari, para que, revisados los procedimientos de la corte inferior, se declare que las cuentas lian sido producidas en forma debida, y que los demandantes deben' presentar los reparos justificados que tengan que liacer para que entonces el banco presente los com-probantes de las partidas objetadas, y se resuelvan las cues-tiones que se susciten con motivo de dichos reparos en la for-ma que proceda.

Fué expedido el auto de certiorari, y de las alegaciones del peticionario y de las actuaciones originales que han venido a esta corte en cumplimiento de dicho auto, resulta que los pro-cedimientos han sido llevados por la corte inferior en los tér-minos expuestos.

Las cuentas de administración de la hacienda “Laura,” durante el tiempo marcado .por la sentencia de cuya ejecución se trata, no han sido presentadas en forma debida, pues tales cuentas deben ser detalladas y justificadas, es decir, no sólo deben contener todas las operaciones de cobro o de pago con expresión del concepto de cada partida o asiento, sino que además deben estar acompañadas de los respectivos compro-bantes que un diligente administrador • suela recoger y con-servar, cuyas formalidades no se han llenado en el presente caso; y por tanto, el Juez de la Corte de Distrito de San Juan, al dictar la orden de 19 de marzo de 1910, no hizo más que velar por el exacto cumplimiento de la sentencia, proveyendo de conformidad con lo ejecutoriado.

Esta corte no puede en un recurso de certiorari variar los términos de la sentencia ejecutoria pronunciada, como lo haría, si declarara que las cuentas han sido presentadas en forma debida no obstante su falta de comprobantes, según solicita el banco peticionario.

Presentadas que sean las cuentas con "los comprobantes que fueren menester y examinadas por los demandantes, éstos podrán ejercitar los derechos que les asistan, si algunos tienen, y entonces será llegado el momento de dictar las resoluciones que la ley aconseje, mediante los trámites legales necesarios, como ya digimos en la opinión qne 'sirvió de fundamento a nuestra sentencia.

No encontramos en los procedimientos de la Corte de Dis-trito de San Juan razón alguna que nos autorice para anu-larlos,'y en su virtud procede se devuelvan los autos a dicha corte dejándola en libertad para proceder como si no se hu-biera expedido el auto de certiorari.

Sin Lugar.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf y del Toro.

El Juez Asociado Sr. Aldrey, no intervino en la reso-lución de este caso.


author: . El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    El Pueblo v. Daniel.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 317.
    Resuelto en marzo 27, 1911.
    Apelación — Pruebas Contradictorias. — La apreciación de la corte inferior en los casos de pruebas contradictorias debe ser aceptada por el tribunal de apelación, a no ser que se demuestre que dicha corte aetuó movida por pa-sión, prejuicio o parcialidad, o que incurriera en manifiesto error.
    Sentencia en Causas Criminales. — En las causas criminales, el cumplimiento de la sentencia no debe dejarse a voluntad del acusado, sino que, si el acusado fuere condenado a multa, debe imponerse la prisión como pena subsidiaria, en defecto de pago, a razón de un día por cada dollar que dejare de satisfacer.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogado del apelado: Sr. Jesús M. Bossy. Fiscal.

   . El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante Obdulio Daniel fue denunciado por Luis San-quírico, Jefe de Distrito de la Policía Insular, imputándole la comisión del siguiente hecho, constitutivo de un delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes: •‘‘Que en 26 de septiembre de 1910, y como entre 9 y 10 p. m., y en la calle de Comercio, Bayamón, del Distrito Judicial Municipal de Bayamón, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, este acusado, en momentos en que le interrogaba, con motivo de una investigación que practicaba, ilegal y vo-luntariamente y con intención de cansarme daño, me acome-tió y agredió, dándome un golpe con el puño. ’ ’

Celebrada la vista, se practicaron las pruebas, consistentes en la declaración del denunciante y del detective Vallés por parte de la acusación, y en las declaraciones de los testigos Pérez y Rodríguez y en la del acusado por parte de la defensa.

Examinada la prueba en su totalidad, no existe controver-sia con respecto a haberse presentado el Oficial de la Policía Sanquírico y el detective Vallés en la panadería del acusado, con objeto de verificar el testimonio del muchacho Rosales, presunto autor de un delito de hurto, sobre el hecho de haber dado al acusado Daniel setenta y cinco pesos hurtados; pero sí existe controversia en cuanto a los actos realizados por Daniel, pues mientras los testigos de la acusación tienden a probar que Daniel se molestó con Sanquírico al manifestarle éste lo. ocurrido e hizo ademán de agredirlo y le agredió dán-dole en una mano, los de la defensa tienden a demostrar que si bien Daniel se violentó en aquel acto, no fué con la policía, sino con el muchacho Rosales.

Este conflicto de la prueba fué resuelto por la corte sen-tenciadora que escuchó declarar a los testigos y que pudo ver-los y juzgarlos personalmente, en contra del acusado, y tal re-solución no debe alterarse, yá que no se ha demostrado la exis-tencia de ningún error manifiesto, ni que la dicha corte sen-tenciadora actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad.

La sentencia dictada por la corte de distrito, condena a Daniel a cincuenta dollars de multa y costas o a un mes de cárcel. Tal sentencia alternativa que deja a la voluntad del acusado la eVcción de la pena, debe modificarse de acuerdo con lo repetidamente resuelto por esta Corte Suprema, fiján-dose como principal la pena de multa y como subsidiaria la de cárcel, esto es, un día de cárcel por cada dollar que dejare de satisfacer, no excediendo en su totalidad la prisión de treinta días.

Así modificada, debe .confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y Aldrey.


text:
    Gandía v. Pizá Hermanos, S. en C.
    APELACIÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    Moción para que se desestime la apelación.
    No. 683.
    Resuelto en marzo 28, 1911.
    Apelación Desestimación. — Aunque el término de treinta días para presentar la transcripción de autos es bastante y dentro de él debe aquélla presentarse, sin embargo, habiendo demostrado el apelante una buena y justa causa para que esta corte use de su facultad discrecional y le permita substanciar la apelación, cuál es la de que habiendo vencido el término un día sábado, pre-sentó la transcripción el lunes siguiente, actuando el apelante en la creencia de que ,era válida una prórroga que para ello le concediera la corte inferior, pioce.de denegar la moción sobre desestimación de la apelación.
    Abogado del apelante: Sr. Juan Hernández López. ■

    Abogado del apelado: Sr. Antonio Sarmiento.

   Habiendo este Tribunal examinado lá moción del apelado para que .se desestime la apelación interpuesta, y la contes-tación del apelante con los documentos acompañados, y ha-biendo considerado además los informes de los abogados de ambas partes en el acto de la vista y consultado las autori-dades por ellos invocados;

Apareciendo que si bien a juicio de esta Corte, el térmi-no de treinta días fijado en sus regias para presentar las transcripciones de autos, es bastante y debe cumplirse estric-tamente, venciendo dicho término en el presente caso el sabado once del actual, y habiéndose presentado la transcrip-ción el lunes siguiente actuando el apelante en la creencia de que era válida la prórroga que había solicitado en tiempo .y que le había concedido, aunque sin autoridad legal para ello, la Corte de Distrito;

En tal virtud, visto l'O dispuesto en la regla 58 del Regla-mento vigente de este tribunal y existiendo una buena y justa causa para ello, la corte, en el ejercicio de su discreción, resuelve no haber lugar a desestimar la apelación interpuesta en este caso, la que continuará tramitándose con la mayor actividad hasta dictar la resolución firme que proceda.

Sin lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández, y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.

El Juez Asociado, Sr. Aldrey, no tomó parte en la reso-lución de este caso.