text:
    Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, peticionario v. Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, demandado; Ochoa Fertilizer Corporation, interventora.
    Núm. 83.

    Sometido: Junio 17, 1946.

      Resuelto: Diciembre 3, 1946.

      II on. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández (E. Campos del Toro, ex Procurador General, en el alegato), y Elmer Toro Lucchetti, abogado éste del Departamento de Justicia, abogados todos del peticionario; Guillermo E. González, abogado de la in-terventora, querellante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Ochoa Fertilizer Corporation (a la cual llamamos Ochoa) organizó en el año 1937 una corporación subsidiaria deno-minada Puerto Rico Phosphate and Acid- Works, Inc. (en adelante denominada P. R. Phosphate) para dedicarse a la manufactura de ácido sulfúrico y superfosfatos. La compa-ñía creada emitió acciones comunes y libró pagarés los que pasaron a Ochoa, a cambio de las maquinarias y equipo de la planta que Ochoa había adquirido para la manufactura y elaboración de dichos productos. La P. R. Phosphate soli-citó de la Comisión de Servicio Público que se eximiera del pago de contribuciones la industria nueva establecida por ella. a tenor con la Ley.94 de 14 de mayo de 1936 ((1) pág. 495). Después de celebrada la vista pública correspondiente dicha exención fué concedida por la Comisión y aprobada por el Gobernador. Posteriormente se construyeron plantas adicionales para la manufactura de ácido muriático y sulfato de potasa y a petición de la P. R. Phosphate dichas plantas (edificios, maquinarias, derechos y privilegios) también fue-ron declaradas en junio 5 de 1940 exentas como industria nueva del pago de contribuciones. Las exenciones conce-didas excluyeron expresamente “cualquier contribución que ■esté impuesta o se imponga por ley sobre el producto o los productos terminados de esta industria.”

En noviembre de 1942 la P. R. Phosphate solicitó de la Oomisión de Servicio Público se traspasaran a Ochoa las exenciones concedidas y en diciembre 29 de dicho año' dicho traspaso fuá aprobado por la Comisión de Servicio Público.*' En 1943 quedó disuelta la corporación subsidiaria. ,

En 2 de septiembre de 1944 Ochoa ordenó a la P. R. Iron Works, representantes en Puerto Rico de la White Motor Oo., de Estados Unidos, un truck tractor para ser entregado F.A.S. en Nueva York por el precio de $3,650. El truck fue entregado al barco San Luzon en Nueva York y consignado a la orden de “The White Motor Co.” con notificación de avisar a su llegada a la Phosphate & Acid Works-Ochoa 'Fertilizer Corp. El conocimiento fué endosado a Ochoa por la P. B. Iron Works, Inc., siendo retirado el camión del muelle por Ochoa.

El Tesorero de Puerto Bico impuso sobre el truck' arbi-trios con penalidades e intereses ascendentes a $1,059.47 a la P. B. Iron Works los cuales fueron pagados bajo protesta por Ochoa quien entonces radicó querella contra el Tesorero ante el Tribunal de Contribuciones solicitando la devolución de la suma pagada bajo protesta. Visto el caso, el Tribunal de Contribuciones falló a favor de la querellante y para revisarlo expedimos, a solicitud del Tesorero, auto de cer-tiorari. Sostiene el peticionario qiie el Tribunal de Contri-buciones erró (a) al resolver que la exención de contribucio-nes concedida a la Puerto Bico Phosphate, en armonía con la Ley núm. 94 de 14 de mayo de 1936, podía ser transferida a. Ochoa al traspasarse las propiedades de la primera a la segunda y quedar consolidadas las dos corporaciones, toda vez que de acuerdo con la citada Ley núm. 94 de 1936, la Comisión de Servicio Público no tiene facultad para ordenar el traspaso de una exención de contribuciones concedida por concepto de industria nueva a una planta industrial; (b) al resolver que el traspaso de la exención en el presente recurso era válido no obstante no haber sido aprobado por el Gober-nador de Puerto Bico; (c) al resolver que las contribuciones por concepto de arbitrios están incluidas dentro de la exen-ción contributiva concedida, y (d) al resolver que, si bien la importadora había sido realmente la propia embarcadora y no Ochoa, no procedía la imposición y cobro de los arbitrios sobre el camión debido a qne la entidad que finalmente lo adquirió y usó en Puerto Bico, o sea, Ochoa, estaba exenta del pago de arbitrios.

Tiene razón el peticionario al sostener que la regla general establecida es al efecto de que una exención contributiva no es transmisible. Esto es así, sin embargo, cuando la exención concedida es un privilegio personal y su traspaso no lia sido autorizado por ley, pero no cnando la exención es nn privilegio qne se concede a la propiedad y forma parte de la misma. Cooley, en su obra Taxation, expone la doctrina diciendo:

“La inmunidad contributiva es unas veces un privilegio perso-' nal y otras un privilegio anexado a la propiedad como perteneciente a la misma. Si es un privilegio personal, no puede ser transferido sin expresa autorización legal. Cuando está anexado a la propiedad se traspasa con la propiedad como parte de la misma.” Yol. 2, See. 718, pág. 1508.

El mismo autor dice que el privilegio concedido a la pro-piedad no pasa, “por su propia fuerza y sin dirección legis-lativa con la propiedad a que fué concedido.” Ob. cit. pág. 1508. Empero, la jurisprudencia ha sostenido que cuando la intención legislativa es clara la exención es transmisible. Así en el caso de Memphis & Little Rock Railroad Company v. Railroad Commissioners, 112 U. S. 609, se resolvió, citando del sumario, que: “Un estatuto eximiendo a una corporación del pago de contribuciones confiere un privilegio únicamente a la corporación especificada, y el derecho no se transmite a su sucesora a menos que la intención del estatuto a ese efecto sea claro y expreso,” diciéndose en el curso de la opinión que la regla “se basa en una obvia política pública que considera tales exenciones como una derogación de la autoridad soberana ... y por lo tanto no debe extenderse más allá de la concesión exacta y expresa, interpretada striciissimi j%iris.”

En el caso de autos se trata de una exención contributiva concedida a una industria nueva, a virtud de la Ley 94 de 14 de mayo, de 1936. La ley en sn artículo 3 dispone que: “Las industrias nuevas a quienes se conceda exención de contri-buciones, sus edificios, maquinarias, materiales y en general todos los bienes, derechos y privilegios pertenecientes a dichas industrias, que sean imperiosamente necesarios para su trabajo y funcionamiento, estarán exentas de contribuciones por el período de tiómpo que fijare la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico .’ . .” (Bastardillas nuestras.) Dicha exención, de acuerdo con el artículo primero'‘de la ley, se hace “con el propósito de proteger y estimular el naci-miento de las mismas.” A nuestro juicio el legislador ex-presó claramente su intención al efecto de que la Comisión de Servicio Público puede conceder en estos casos no una exención ■ como privilegio a la persona, bien sea natural o jurídica, que por primera vez establece una industria en Puerto Rico, sino a la industria nueva con todas sus pro-piedades necesarias para el desarrollo de la misma y exclu-yendo únicamente las contribuciones sobre el producto ter-minado. El fin es estimular en Puerto Rico no sólo que se establezcan nuevas industrias tan necesarias para la economía del país sino proteger su desarrollo.

En el caso de Robertson v. Mississippi Packing Co., 98 So. 539, 540, en el cual los becbos eran parecidos al de autos y el que se resolvió a base de un estatuto similar al nuestro la corte concluyó que la exención era transmisible. Los be-cbos envueltos en este caso eran los siguientes: La Natcbez Packing Company, organizada en 1910, construyó en 1911 una planta con el fin de enlatar carnes y consiguió la exención contributiva y comenzó a trabajar. Al año y meses después ■fue hipotecada la planta y posteriormente la compañía fue declarada insolvente y ejecutada la hipoteca. La Mississippi Packing Co. adquirió en 1914 la planta del acreedor hipote-cario y la rehabilitó para comenzar de nuevo a enlatar carnes. Solicitó una exención contributiva por otros cinco años. La corte de Mississippi sostuvo que si bien la compañía no tenía derecho a solicitar una nueva exención, sin embargo lo tenía a continuar exenta por el resto del tiempo, hasta los cinco años, que faltaba para expirar la exención concedida a la firma que obtuvo la exención originalmente. En otras pa-labras, que los tres años y medio de exención que la anterior compañía no había aprovechado se transmitían con la pro-piedad a la nueva compañía. La corte usó el siguiente ra-zonamiento: £íLa Legislatura tuvo en mente, al aprobar este estatuto, no a los accionistas o dueños de la empresa, ni a los oficiales y empleados que operaban la misma. El pen-samiento controlador fué estimular el establecimiento en este estado de cierta clase de manufacturas y otras empresas. Con el fin de inducir a su establecimiento, se les concedió una exención de contribuciones por cinco años. Esa fué la con-sideración ofrecida por el estado para el beneficio público que estaba supuesto a fluir del establecimiento y operación de dichas empresas.

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“La Natchez Packing Company tenía derecho a la exen-ción desde la fecha de sus cláusulas de incorporación, 21 de febrero de 1910, por un período de cinco años, que por tanto, terminaba en febrero 21 de 1915, y el apelado, como dueño de esa planta, tiene derecho al beneficio de esa exención hasta esta última fecha.”

Esta misma doctrina fué ratificada en el caso de Gully v. Wilmut Gas & Oil Co., 165 So. 620. Allí se dijo, y citamos del sumario: “Cuando una corporación tiene derecho a estar exenta del pago de contribuciones por ser una.empresa nueva de utilidad pública, el comprador de la propiedad de esa cor-poración, vendida en ejecución de hipoteca, tiene derecho a una exención similar por el balance del período de cinco años de exención.” (Bastardillas nuestras.)

En el caso de P. R. American Sugar Refinery, Inc. v. Tesorero, 46 D.P.R. 602, citado por el Tribunal de Contribu-ciones, se asumió, sin resolverlo, que ciertos bienes, que go-zaban de exención contributiva, traspasados por la Sucesión de J. Serrallós a una corporación subsidiaria suya, continua-ban exentos. Es cierto que la exención fue concedida bajo la Ley núm. 92 de 1917 (apéndice, pág. 15), según fué enmen-dada por las Leyes núms. 16 de 1925 (pág. 133), 10 de 1927 (pág. 431) y 40 de 1930 (pág. 315), pero aquella l’ey, al igual que la presente, guardaba silencio en cuanto a si eran trans-misibles las exenciones contributivas y sólo disponía que las exenciones a industrias nuevas seríán aprobadas por la Co-misión de Servicio Público.

Somos de opinión qué bajo los términos de1 la ley en vigor la exención concedida a los bienes de la P. R. Phosphate podía ser traspasada a la Ochoa y que el tribunal inferior no cometió el primer error señalado.

Sostiene el apelante en su segundo señalamiento que la Comisión de Servicio Público no podía aprobar el traspaso de la exención contributiva sin que, a su vez, el Gobernador la aprobara. La Ley núm. 94 de 14 de mayo de 1936 guarda silencio en cuanto a este extremo. En su artículo tercero, que es donde habla de la aprobación por el Gobernador a las exenciones concedidas por la Comisión, nada dice en cnanto a los traspasos. La Ley núm. 70 de 1917 ((2) pág. 433), que es la que prescribe y define las facultades y deberes de la Comisión de Servicio Público, en su artículo 58 establece: “Las franquicias, derechos, privilegios y concesiones que se otorgaren por la mencionada Comisión no tendrán efecto hasta que fueren aprobadas por el Gobernador, y serán informadas al Congreso.” No hay duda de que al aprobarse la Ley núm. 94 de 1936 la Legislatura tuvo presente esta disposición que no es otra cosa que un cumplimiento con lo ordenado en el artículo 38 de la Carta Orgánica, y así lo hizo constar. Sin embargo, ¿existía algún precepto estatu-tario que requiriera la aprobación del Gobernador del tras-paso de un privilegio o concesión como lo es una exención de contribuciones? Opinamos que no. La Ley 70 de 1917, en su artículo 55 así lo establece al decir: “Ninguna venta, traspaso, compra, adquisición, aceptación o tenencia, ya sea en absoluto dominio o en pignoración directa o indirecta de cualesquiera franquicias, derechos, privilegios o concesio-nes, otorgada para usos públicos o cuasi-públicos, tendrá efecto hasta que fuere aprobado por la Comisión.” (Bas-tardillas nuestras.) No se menciona para nada al Goberna-dor en los casos de traspasos de privilegios o concesiones y opinamos que es suficiente la aprobación del traspaso hecho en este caso por la Comisión de Servicio Público para que éste sea válido.

En cuanto al tercer error señalado, es cierto, como arguye el Tesorero, que una exención de contribuciones por lo general no se extiende a arbitrios, pero también lo es el hecho de que “esta regla no es absoluta y depende de las circunstancias de cada caso en particular.” State ex rel. Missouri Portland Cement Co. v. Smith, Auditor, 90 S. W.2d 405, 407. En el caso de autos el propio lenguaje de la ley justifica incluir los arbitrios entre las contribuciones de las cuales está exenta la apelada. Yeamos por qué:

La ley establece expresamente que no estarán incluidas en la exención que se concede a industrias nuevas ni la contribución sobre ingresos ni la cuota correspondiente a indemnizaciones a obreros. Pudo el legislador excluir en igual forma los arbitrios y el hecho de no haberlo hecho puede interpretarse que fué su intención que estuvieran incluidos en la exención. Eefuerza esta conclusión el hecho de que en la sección cuatro de la ley se establece “que el municipio en el cual radique dicha nueva industria vendrá obligado a reconocer tal exención; y, en su consecuencia, estará impedido de cobrar a dicha nueva industria licencias, patentes, arbitrios municipales o cualquier otra contribución municipal, . . (Bastardillas nuestras.) Al prohibir la Legislatura a los municipios cobrar sus arbitrios es un in-dicio fuerte de que consideraba a la nueva industria exenta de pagar los insulares, al disponer que las únicas contribu-ciones que no estaban incluidas en la excención eran la con-tribución sobre ingresos y las cuotas correspondientes a la Ley de Indemnizaciones a Obreros.

. Otro factor que indica que ésa fue la intención legis-lativa es la sección sexta de la ley que dispone que: “La concesión del privilegio de exención de contribucines, según por esta ley se determina, no afectará el fago de los arbitrios sobre bebidas alcohólicas cuando la nueva industria a quien se otorgue tal exención sea una dedicada a la manufactura de bebidas alcohólicas. En este caso los dueños de la indus-tria vendrán obligados al pago de los arbitrios antes men-cionados, a pesar de la exención conoedídales(Bastardi-llas nuestras.)

El hacer el legislador una excepción en relación con un arbitrio en particular, tiende a demostrar que todos los demás arbitrios están incluidos en la exención conributiva. Expresó su intención de que el arbitrio sobre bebidas al-cohólicas fuera pagado y no los demás.

El caso de E. Solé & Cía. v. Sancho Bonet, Tes., 53 D.P.R. 762, citado por el peticionario, no es aplicable a los hechos del de autos y es fácilmente distinguible. En aquél se resol-vió que la exención concedida a la demandante sólo incluía la industria de fabricación de chassis de automóviles y ha-biendo la prueba demostrado que ella no se dedicaba a dicha fabricación .el Tesorero podía cobrarle el arbitrio correspon-diente a ciertos chassis importados, resolviéndose, además, que en todo caso, no procedía el remedio de injunction para impedir el cobro de dichos arbitrios sino que la demandante debió haber pagado los mismos bajo protesta y haber recla-mado su devolución y en dicho pleito haber planteado la cuestión de la supuesta exención.

En cnanto al último señalamiento de error, si bien es cierto qne el tribunal inferior resolvió qne' la importadora del camión fné la propia embarcadora, la White Motor Company, al mismo tiempo resolvió qne “la entidad qne finalmente lo adquirió y usó en Puerto Rico lo fné una qne estaba exenta del pago de arbitrios.” Como hemos dicho antes el camión fué entregado al vapor San Luzon en Nueva York y consignado a la orden de la White Motor Company con notificación de avisar a su llegada a Puerto Rico a la Phosphate & Acid’Works-Ochoa Fertilizer Corporation y el conocimiento fué efectivamente endosado a Ochoa por la P. R. Iron Works, Inc. siendo retirado el camión del muelle por Ochoa. Estos hechos fueron alegados y probados por la peticionaria. Bajo nuestra decisión en West India Oil Co. v. Tribunal Contribuciones, 65 D.P.R. 76, la conclusión a que llegó el tribunal inferior es correcta.

En el caso de Hooven & Allison Co. v. Evatt, 324 U. S. 652, los hechos demostraron que la peticionaria recibió del ex-tranjero ciertas fibras con las cuales fabricaba cables y sogas. Dichas fibras venían consignadas a la orden del agente del productor en Estados Unidos con aviso de “Notificar a la Hooven & Allison Co.” Bajo estos hechos la Corte Suprema Nacional resolvió, a la página 664, que: “Es suficiente, para los fines presentes, que la mercancía en este caso fué impor-tada; y que el peticionario fué la causa eficiente de su im-portación, el propósito y efecto de la cual era la adquisición de la mercancía por la peticionaria para manufacturarla en productos terminados. Concluimos que la peticionaria fué la importadora, y que la mercancía en sus manos tenía de-recho a la inmunidad contributiva constitucional, la cual sobrevivió la entrega aquí de las importaciones.”

En el caso de autos, habiendo sido Ochoa la causa de que el camión se importara para ella dedicarlo a la industria que estaba exenta es ella la importadora de acuerdo con la doctrina expuesta.

Bebe anularse el auto expedido y confirmarse la resolución recurrida.

El Juez Asociado Sr. Snyder, ann cuando ausente en los Estados Unidos, está conforme con el resultado.

       En lo pertinente, la resolución de la Comisión dictada el 29 de diciem-bre do 1938, dice así:

        . que la indmiria establecida por la peticionaria Puerto Bico Phosphate & Acid Works, Inc. para la manufactura y elaboración de ácido sulfúrico y superfosfatos, constituye una industria nueva en Puerto Bico, con relación a la cual dicha peticionaria tiene derecho a exención de eon-tribueiones bajo las disposiciones de la ya mencionada Ley núm. 94 de mayo 14, 1936, y en su virtud esta Comisión de Servicio Público por la presonto declara exentas de toda clase de contribuciones y derechos de licencias, patentes y arbitrios municipales, y de toda otra contribución municipal, y por el período de diez años, así como también todos los edificios, maquinarias, materiales, terrenos y en general todos los bienes, derechos y privilegios pertenecientes a la peticionaria y que sean impe-riosamente necesarios para su trabajo y funcionamiento con relación a la elaboración y manufactura de los ya mencionados productos o sustancias, todo lo que determinará el Tesorero de Puerto Bico previa declaración de la peticionaria.” .

       Esta segunda exención se concedió "por el tiempo que falta para el vencimiento de la exención” concedida en diciembre 29 de 1938.

       Se ha dielio que el concepto de inmunidad contributiva anexa a una propiedad es puramente metafísieo ya que '"La concesión es a una persona en relación con una cosa, y se dice que se adhiere a la misma sólo cuando por sus términos la concesión puede traspasarse con la cosa y pasa como un incidente con el título a cada dueño sucesivo. Tiene que haber siempre una persona (natural o jurídica) capacitada no sólo para recibir título sino tam-bién de aceptar las condiciones que lo acompañan y que constituyen la exen-ción; de lo contrario las condiciones llegan a sor imposible y nulas.” Louisville Nashville R. R. Co. v. Palmes, 109 U. S. 244, 255.

       La ley disponía que entre otras empresas aquellas plantas que se dedi-caran a la industria de enlatar carnea “que estuvieran siendo establecidas o que se establecieran en el futuro por el Estado . . . estarán exentas de toda contribución del Estado, condado, y levee por un término de cinco años.”


source: Caselaw Access Project

author: Per Curiam.

license: Public Domain

text:
    F. Rodríguez Hermanos & Compañía, demandante, apelante y apelada, v. Encarnación Aboy Vda. de Cintrón, demandada, apelada y apelante.
    Núm. 9176.

    Sometido: Diciembre 2, 1946.

      Resuelto: Diciembre 3, 1946.

      Miranda <& Miranda Esteve, abogados de la apelante apelada; la demandada, apelada y apelante, no compareció a la vista de la moción.
   Per Curiam.

La demandante apelante solicitó la recon-sideración dé la sentencia dictada en este caso por varios motivos. Resolvimos oír a las partes sobre la cuestión de que “no constituyen gastos necesarios para la conserva-ción del inmueble ni para obtener sus frutos la cantidad de $1,944.45 pagada por la demandada a su apoderado para sueldo, gastos de oficina, etc. en adición a los $3,875.82 paga-dos al cobrador,” contenida en dicba moción. A la vista • señalada sólo compareció la demandante apelante.

Visto el artículo 384 del Código Civil dispositivo de que el poseedor de mala fe “sólo tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos necesarios hechos para la conservación de la cosa” y no siendo el pago de sneldo a nn apoderado y los gastos de oficina, en adición a la compensación satisfecha al cobrador, gastos necesarios para la conservación del inmue-ble poseído de mala fe por la demadada, procede declarar y se declara con lugar la reconsideración solicitada en cuanto a dicho particular debiendo entenderse modificada la senten-cia apelada al efecto.

Se declara sin lugar la moción de reconsideración en cuanto a los demás particulares solicitados.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Monserrate Toro Santana, acusado y apelante.
    Núm. 11658.

    Sometido: Diciembre 3, 1946.

      Resuelto: Diciembre 3, 1946.

      Jorge Díaz Cruz, abogado del apelante; Eon. Procurador General Interino Luis Negrón Fernández y Joaquín Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

En la denuncia en este caso-se imputó al acusado Mónse-rrate Toro Santana una infracción de la sección 4 de la Ley húm. 25 de 17 de julio de 1935 ((2) pág. 153), que declara estorbo público los juegos denominados Boli-Pool, Bolita, etc., ■consistente dicha infracción en que “se le ocuparon, en mo-mentos que los transportaba o conducía en la mano 52,200 quintos de boli-pool o bolita, . . .”. Fué convicto, en grado apelativo, por la Corte de Distrito de Ponce y, sentenciada a pagar una multa de $50 y las costas, apeló para ante esta Corte Suprema.

El segundo error señalado es al efecto de que la corte inferior erró en la apreciación de la prueba y estimar la misma suficiente para condenar. El fiscal de esta Corte, en su alegato, se'fia allanado a la revocación solicitada por el apelante por considerar que este error fué cometido. Veamos.

El artículo 4 de la ley antes mencionada dispone, en lo pertinente, que “Toda persona que fuere sorprendida por-tando o conduciendo- cualquier papeleta, billete, t'ichet, libreta, lista de números o implementos, a sabiendas de que se uti-lizan o están utilizando para los juegos ilegales de la ‘bolita’,, ‘boli-pool’, etc.”, convicta que fuere de dicho hecho podrá ser castigada en la forma que dicho artículo provee.

La declaración del único testigo de cargo en este caso fué al efecto de que al allanar la casa de Marcelo Santana en Yauco “. . . sorprendimos a este joven (el acusado) en uno de los cuartos de su casa que manipulaba allí billetes de boli-pool o boletos de una lotería clandestina que se juega en Puerto Rico con las últimas tres cifras del premio mayor de la Lotería de Santo Domingo; los echaba dentro de un maletín, ...” Que' el acusado “bregaba con la bolita y la echaba dentro de un maletín. ’ ’

Esa fué toda la prueba de cargo en relación con el’delito imputado. A nuestro juicio es claramente insuficiente.- El hecho de que el dueño de la casa, al declarar como testigo de defensa, dijera que él no sabía como habían llegado esos boletos o papeletas a su casa, no justificaba a la corte inferior a concluir como lo hizo al dictar sentencia, de que fué el acusado quien llevó dicho material a la casa de Marcelo Santana.

Los verbos “portar” y “conducir” usados en el artículo cuarto, supra, significan “llevar o traer” y “llevar, trans-portar de una parte a otra,” respectivamente, según el Dio-cionario de la Lengua Española publicado por la Real Academia. La modalidad especificada en dicho artículo cuarto, por tanto, es distinta a la del artículo tercero de la misma ley que trata sobre la “manipulación” de los juegos antes mencionados.

En el caso de Pueblo v. Portalatín, 63 D.P.R. 641, resolvi-mos, citando del sumario, que “Prueba que sólo demuestra que el acusado se dedicaba a la venta de tickets del juego de iboli-pool’ no sostiene una acusación por explotar y manipu-lar dicho juego. La incongruencia entre la acusación y la prueba, siendo fatal, basta para absolver al acusado.” Y en el curso de la opinión, después de analizar la prueba, dijimos a la página 643: “La prueba que acabamos de ex-poner no sostiene la acusación, pues aceptándola como cierta, los hechos que se imputan al acusado no constituyen una infracción a la sección 3. Lo que de dicha prueba resulta es que el acusado, al igual que los dos testigos antes men-cionados, infringió la sección 4 de la Ley, toda vez que uno y otros se dedicaban a la venta de tickets de ‘boli-pool.’ ”

En el caso de autos, la declaración del único testigo de cargo, aún aceptándola como cierta, es insuficiente para dejar demostrado que el acusado portaba o conducía los billetes de “boli-pool” en violación al artículo cuarto de la Ley ya que, según resolvimos en el caso de Pueblo v. Sálabarría, 57 D.P.R. 130, 133: “La letra clara de la ley no deja dudas de que la mera ocupación de los implementos en una casa, habitación, etc., no es suficiente para sostener una sentencia por infrac-ción a dicha ley.” (Bastardillas nuestras.) Tampoco puede constituirla del imputado delito de portar o conducir dichos implementos la mera ocupación de los billetes dentro de una casa por el hecho de que el acusado los estuviera metiendo dentro de un maletín.

Debe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Travieso'

text:
    José R. Martínez Rodríguez, demandante y apelante, v. The Federal Land Bank of Baltimore, demandado y apelado.
    Núm. 9363.

    Sometido: Noviembre 14, 1946.

      Resuelto: Diciembre 5, 1946.

      E. Pérez Casalduc, abogado del apelante; Frank Martínez, Sebas-tián García Díaz, M. García del Rosario y Miguel Santoni, abo-gados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso'

emitió la opinión del tribunal.

En 24 de septiembre de 1929, el demandante adquirió por compra a la sociedad Norberto García, S. en C., un condo-minio equivalente a tres cuartas partes proindivisas en una finca que se encontraba afecta a una hipoteca constituida por uno de los anteriores dueños del inmueble a favor de The Federal Land Bank of Baltimore. En la escritura se hizo constar que el comprador se reservaba $6,077.04, como parte del precio de compra, para pagar la parte que le correspon-día en la hipoteca.

En la demanda interpuesta por el comprador José R. Martínez, en contra del Banco, para recobrar daños y per-juicios de acuerdo con el artículo 169 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, se alega que el 10 de agosto de 1932 el Banco inició un procedimiento sumario para la ejecución del crédito hipotecario; que después de haber transcurrido el término concedido a los demandados en el requerimiento de pago, el Banco radicó una moción en la que hizo constar que en la escritura por la cual José R. Martínez adquirió la finca, hipotecada se estipuló que el adquirente se reservaba cierta cantidad de dinero para hacer pago del crédito hipotecario, razón por la cual debía ser notificado del procedimiento; que la corte ordenó que se notificara al adquirente de la finca, orden que fué cumplida por el márshal en 21 de enero de 1933, entregando al aquí demandante una copia del escrito inicial, del mandamiento del secretario y del requerimiento de pago; que dos días después de haber sido así notificado el demandante, el Banco solicitó de la corte que ordenase la venta en pública subasta de la finca hipotecada, por haber transcurrido los 30 días concedidos a los que figuraban como demandados para pagar las sumas reclamadas, sin que así lo hubieran hecho; que dos días más tarde la corte ordenó la venta, la que tuvo lugar el 27 de febrero de 1933, siendo adjudicada la finca al Banco ejecutante por la suma de $500 para abonar al importe de su reclamación; que en virtud de dicho procedimiento el demandante fué privado y desposeído de su condominio desde el 6 de abril de 1933; que el Banco tuvo conocimiento de la adquisición hecha por el demandante el mismo día que se otorgó la escritura, por ser el notario que autorizó la misma, en aquellá fecha, abogado y agente del Banco en Arecibo y, además, porque la sociedad vende-dora le puso en conocimiento de la venta el mismo día del otorgamiento de la escritura; que las actuaciones del Banco ejecutante fueron actos maliciosos y negligentes que han ocasionado al demandante daños y perjuicios por valor de $70,000.

Contestó el Banco negando específicamente los hechos esenciales expuestos én la demanda y cómo defensas espe-ciales alegó: (a) que el demandante nunca inscribió en el registro su supuesto derecho dominical y que en consecuen-cia, habiendo sido notificado con treinta y tres días de anti-cipación al de la venta en pública subasta, se le dió el aviso y la oportunidad a que hubiera tenido derecho en el caso de que hubiese sido el dueño del condominio; (b) que el de-mandante- es culpable de falta de diligencia (laches), pues habiendo sido notificado del procedimiento en el año 1933 no tomó acción alguna para proteger su alegado derecho hasta octubre de 1944 en que radicó su demanda; (c) que el demandante hizo una renuncia (waiver) de su derecho, si alguno tenía, en abril de 1933; y (d) que la demanda no aduce hechos suficientes para constituir causa de acción. El Banco demandado interpuso además una reconvención por un total de $15,614.65.

En la vista celebrada ante la corte inferior las partes ad-mitieron que la escritura por la cual el demandante adquirió el condominio de % partes de la finca ejecutada nunca fue inscrita en el Registro de la Propiedad.

El presente recurso ha sido interpuesto por el demandante contra la sentencia por la que se declaró sin lugar la de-manda, con las costas al demandante. La única cuestión a resolver es si la corte sentenciadora erró al resolver que procedía declarar sin lugar la demanda por aparecer de la prueba que el título de adquisición del demandante no había sido inscrito; y que por esa circunstancia — la falta de ins-cripción del título — el Banco ejecutante no estaba obligado a solicitar y obtener una orden para qne el demandante' fuese requerido al pago del crédito hipotecario.

La cuestión ha sido levantada ante esta Corte en numerosas ocasiones, resolviéndose en Torres v. Lothrop, Luce & Co. et al., 16 D.P.R. 180 (231 U.S. 171) que el acreedor que ejecuta solamente tiene que prestar atención al deudor que figura en el registro, no importa el conocimiento que dicho acreedor tuviera de convenios celebrados entre el deudor y otra persona. En Federal Land Bank v. Registrador, 42 D.P.R. 284, el registrador se. había negado a inscribir el título de un adquirente en subasta celebrada en un procedimiento sumario, por la razón de que el ejecutante sabía que la finca había pasado a tercera persona, la cual no había sido requerida de pago, por lo que, a juicio del registrador, el título resultaba nulo. En dicho caso, como en el presente, el adquirente no fué requerido de pago, pero fué notificado por el márshal con copia de la demanda. Al revocar la nota recurrida dijimos:

“Llegamos a la conclusión de que bajo el dicho artículo 170, las únicas personas con derecho al requerimiento son aquéllas que tienen sus títulos inscritos. En lo que a las demás respecta, una simple notificación de los procedimientos es bastante.Es cierto que el acreedor que tenía conocimiento de la venta no podía perfeccionar su título sin dar algún aviso al comprador, pero las únicas personas con derecho a un requerimiento en forma son las que tienen sus fincas inscritas. Ojeda v. El Registrador de Guayama, 39 D.P.R. 239. En lo que atañe a cualquier persona, los requisitos de notificación y de oportunidad de ser oída son cumpli-dos suficientemente con la entrega de copia de la demanda.” ’

La misma doctrina fué aplicada en los casos de Dalmáu v. Rivera, 48 D.P.R. 331 y Armoni v. Sucesión Nadal, 59 D.P.R. 640;

El demandante en este caso fué notificado con copia de ■ la demanda 37 días antes de la fecha en que se llevó a efecto la venta en pública subasta de la finca hipotecada. Tuvo amplia oportunidad para pagar la suma adeudada al Banco o para ejercitar cualquier acción que fuere procedente para la protección de su alegado derecho; y nada hizo. Si algún daño ha sufrido el demandante, ese daño ha sido resultado directo de su inactividad y no el de acto u omisión alguno por parte del Banco ejecutante. No erró la corte inferior al declarar sin lugar la demanda.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


author: El Juez Asociado Señor de Jesús

text:
    Amelia Costas Ferrer, sustituída por Josefa María Francisca, Águeda Aurora Carolina, Álvaro y Amelia Santaella Costas, demandantes, apelados y apelantes, v. G. Llinás & Co., S. en C., y Jorge Llinás Morell, demandados, apelantes y apelados.
    Núm. 9285.

    Sometido: Mayo 3, 1946.

      Resuelto: Diciembre 5, 1946.

      Rafael Hernández Matos, abogado de los demandantes, apelados y apelantes; Luis López de Victoria y Arturo Ortiz Toro, abogados de los demandados, apelantes y apelados.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un pleito sobre nulidad de procedimiento eje-cutivo y otros extremos. La demandante obtuvo del Banco Crédito y Aborro Ponceño, sucursal de Yauco, un préstamo de $3,000. La operación se realizó el 1ro. de mayo de 1928 con la garantía de Gr. Llinás & Co., S. en C., suscribiéndose por la demandante, aquel mismo día, un pagaré por dicha cantidad, vencedero el 1ro. de noviembre de 1928, con inte-reses al tipo de 10 por ciento anual. La demandante sólo recibió $2,850 porque el Banco descontó por adelantado los intereses hasta noviembre 1ro., 1928. Un día después de re-cibido el préstamo, la deudora convino con la fiadora en que ésta pagaría al Banco la obligación de $3,000 a su vencimiento y además le suministraría dinero para la refacción de la finca que más adelante se menciona, hasta completar la can-tidad de $4,000. El mismo día, es decir, el 2 de mayo de 1928, la deudora otorgó una escritura ante el notario Luis L. Yor-dán Dávila en la que confesó que con anterioridad a la fecha de su otorgamiento había recibido de G-. Llinás & Co., S. en O., en distintas partidas, en calidad de préstamo, la cantidad de $4,000 y para garantizar esa suma y además $500 para intereses y $300 para costas y honorarios de abogado, cons-tituyó hipoteca sobre una finca rústica de su propiedad, radicada en el barrio Collores de Juana Díaz. Se convino en la escritura que la cantidad prestada devengaría intereses a razón de 10 por ciento anual desde la fecha de su otorga-miento hasta su completo pago y que la demora, tanto en el pago del capital como en el de sus intereses, devengaría también intereses al 10 por ciento anual. Asimismo se esti-puló que los $4,000 se pagarían en la siguiente forma: En el mes de diciembre de 1928 la cantidad de $2,000 y los inte-reses correspondientes y en diciembre de los dos años si-guientes $1,000 y sus respectivos intereses

No habiéndose satisfecho el primer plazo a su vencimiento, G. Llinás & Co., S. en C., instó nn procedimiento sumario ejecutivo el 19 de julio de 1929 para cobrar dicho plazo y sus intereses. En el escrito inicial se reclamaron $2,000 de capital, $270 de intereses (sobre $4,000 desde mayo 2 hasta el 31 de diciembre de 1928) más $125.48 por intereses de mora sobre .$2,270 desde el 1ro. de enero hasta el 19 de julio de 1929, fecha en que se radicó el procedimiento, o sea un total de $2,395.48 más $300 por concepto de costas y honorarios de abogado. El procedimiento culminó con la venta judicial de la finca a Jorge Llinás Morell, socio de la acreedora, por la suma de $100 que entregó al márshal en el acto- de la subasta el 11 de septiembre de 1929 y desde esa fecha el comprador se halla en su posesión.

Basándose en varios de los alegados motivos de nulidad, entre ellos, por haberse vendido la finca para pagar a la acreedora cantidades que Amelia Costas Ferrer no le debía y consecuentemente no podían estar hipotecariamente garan-tizadas, el Í6 de marzo de 1945 la corte a qtio dictó sentencia declarando nulo el procedimiento -ejecutivo, ordenando la restitución de la finca a la demandante y condenando a Jos demandados solidariamente al pago de los frutos producidos o debidos producir, debiendo la demandante a su vez pagar el importe del crédito hipotecario con sus intereses y las demás cantidades a cuyo resarcimiento tienen derecho los demandados Deducidas esas sumas-los demandados fue-ron condenados a pagar $13,659.88 por concepto 'de frutos y a devolver a la demandante 75 acciones del Federal Land Bank of Baltimore que había ésta adquirido del referido Banco al .obtener el préstamo de $7,500 y que luego babía transferido a Jorge Llinás.

I

Al considerar el alegado motivo de nulidad consistente en baber cobrado cantidades que no estaban hipotecariamente garantizadas, precisa tener, en cuenta, que aunque en la escritura de hipoteca la deudora confesó haber recibido en distintas' partidas la cantidad de $4,000, de la propia escritura y de la contestación a la demanda surge que esa suma incluye la cantidad de $3,000 correspondiente al pagaré que G-. Llinás & Co., S. en C., se obligó a' satisfacer por la deudora a su vencimiento el 1ro. de noviembre de 1928 y que en los $1,000 que alegaron los demandados le habían entregado para refacción están incluidos $620.18 que es el mon-tante de diez cheques que la demandante recibió de Gr. Llinás & Co., S. en C., para ese objeto.

Si bien la demandante admitió en sn demanda que en adición a los $3,000 del pagaré había recibido los $1,000 co-rrespondientes a la refacción, en el curso del juicio presentó evidencia sin oposición de la parte contraria tendente a pro-bar que por concepto de refacción sólo había recibido la cantidad de $620.18, montante de los cheques relacionados en la nota 5 y que al otorgarse la escritura de hipoteca no debía a Gr. Llinás & Co., S. en C., ninguna otra cantidad. En su consecuencia, solicitó y obtuvo permiso para enmendar su demanda para conformarla con la prueba. Sobre este particular el demandado Jorge Llinás, llamado como testigo de la demandante, declaró que al otorgarse la escritura de hipoteca la ahora demandante estaba adeudando a Gr. Llinás & Co., S. en C., un crédito por $695 procedente de un con-trato anterior de refacción más $75 que había entregado al Dr. Santaella como apoderado de la ahora demadante. El Dr. Santaella y Carlos Pierantoni, por el contrario, declararon que la ahora demandante nada debía a Gr. Llinás & Co., S. en C., con anterioridad a la fecha en que se otorgó la escri-tura de hipoteca. El juez de la corte inferior, apreciando esa evidencia, no dió crédito al testimonio de Jorge Llinás y declaró probado que al iniciarse el procedimiento, lo adeu-dado por la ahora demandante por concepto de capital, eran $3,620.18 o sea los $3,000 del pagaré más los $620.18 de los diez cheques relacionados en la nota 5.

Arguyen los demandados que la corte inferior erró al declarar probado que al iniciarse el procedimiento ejecutivo,, la deudora hipotecaria sólo debía a la acreedora la cantidad de $3,620.18 y al no declarar que los $4,000 fueron completa-dos con los $695, y los $75 del cheque mencionados anterior-mente. Aceptan, sin embargo, que los $620.18 están incluidos en la cantidad de $1,000 que alegaron haber entregado para refacción. Si a los $695 procedentes del supuesto contrato anterior de refacción sumamos los $620.18 y los $75 antes mencionados, inmediatamente veremos que lo entregado para refacción según los demandados, debió ascender a $1,390.18 y si a esta cantidad agregamos los $3,000 del pagaré, el resultado será que al finalizar el mes de septiembre de 1928 la ahora demandante debió estar adeudando a la acreedora hipotecaria la cantidad de $4,390.18, es decir $390.18 en exceso de la garantía hipotecaria.

Examinadas las condiciones de la escritura de hipoteca y la conducta observada por G-. Llinás &¡ Co., S. en C., en sirs transacciones con la deudora demostrativas todas de un celo extraordinario en la protección de sus intereses, se hace difícil creer que la acreedora le diera la cantidad de $390.18 en exceso de la garantía hipotecaria. Bastará decir que no sa-tisfecha con la garantía que le brindaba la finca hipotecada, la acreedora hizo poner una condición en la escritura de hipoteca, a virtud de la cual, la deudora quedaba obligada a entregarle la cosecha del café que produjese la finca au-mentando de ese modo la garantía con el precio del producto y terminantemente se prohibió a la deudora vender la cosecha a otras personas que quizás podrían darle mejor precio; se estipuló también en la escritura que si la deudora vendía la finca la deuda quedaba ipso facto vencida y la acreedora en aptitud de proceder a la ejecución; que cualquier dilación en el pago de un plazo y los intereses, no debía entenderse como una prórroga; y por último, que el mismo día de la subasta Jorge Llinás, socio de la acreedora, se trasladó a la finca para embargar dentro del mismo procedimiento una pequeña partida de ganado que allí tenía la ahora demandante. El propósito de ese embargo era aplicar el producto del ganado a la deficiencia que resultó en el cobro de la hipoteca al pagar Llinás por la finca la cantidad antes mencionada. Todas ■esi as circunstancias y el hecho de que la sociedad demandada, quien trajo sus libros a la corte en cumplimiento de una ci-tación duces tecum no los presentara en evidencia para probar la deuda de $695, indudablemente debieron influir mucho en la apreciación de la evidencia por parte del juez de la corte inferior. No estamos convencidos de que la apreciación que hizo la corte de la prueba sobre este particular sea errónea.

Toda vez que al iniciarse el procedimiento ejecutivo la ahora demandante, conforme declaró probado la corte, sólo debía a los demandados, por concepto de capital, la cantidad de $3,620.18 y en el procedimiento ejecutivo se cobraron intereses sobre un capital de $4,000, es claro que dicho procedimiento se instó en cobro de una cantidad mayor que la (pie realmente debía la ahora demandante y garantizaba la hipoteca. ■ Por consiguiente el procedimiento ejecutivo quedó, por ese motivo, viciado de nulidad. Torres v. Fernández, 65 D.P.R. 622, 627; Figueroa v. Boneta, 58 D.P.R. 811; Vázquez vda. McCormick v. Gutiérrez, 52 D.P.R. 170; Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, 42 D.P.R. 655 y Santos v. Crédito y Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 946.

Además, ya hemos visto que la finca hipotecada fué ven-dida para el pago de $2,000 del primer plazo, $270 de intereses (sobre $4,000 desde el 2 de mayo hasta el 31 de diciembre de 1928) más $125.48 por intereses de mora al 10 por ciento sobre $2,270 desde el 1ro. de enero hasta el 19 de julio de 1929, fecha en que se radicó el procedimiento ejecutivo, inás $300 de honorarios de abogado. Eepitiendo el cálculo que hizo la acreedora para computar los intereses desde el 2 de mayo hasta el 31 de diciembre de 1928 inmediatamente advertiremos que la acreedora partió de la base de que los $4,000 garantizados con la hipoteca los había recibido la deudora en su totalidad el 2 de mayo de 1928, y que no de-dujeron los $150 de intereses del pagaré de $3,000 que la deudora satisfizo al Banco por adelantado al recibir el prés-tamo. Tampoco tuvieron presente que la totalidad de los $620.18 importe de los cheques relacionados en la nota 5, no fué recibida por la deudora el día 2 de mayo de 1928. De los cheques resulta que la deudora recibió $50 el 31 de julio de 1928, $365.18 en distintas partidas en el mes de agosto y $205 en varios días del mes de septiembre de 1928. Siendo ello así, ¿cómo podía la acreedora cobrar intereses desdo el mes de mayo sobre estos $620.18 que entregó varios meses después de esa fecha? El error al calcular los intere-ses sobre los $620.18 desde el 2 de mayo de 1928 hasta diciembre 31 de 1928 necesariamente tuvo por resultado que la acreedora cobró intereses que no se le adeudaban y esa cir-constancia bastaría también para sostener la conclusión de la corte anulando el procedimiento ejecutivo. Torres v. Fernández, supra; Figueroa v. Boneta, supra; Vázquez vda. McCormick v. Gutiérrez, supra; Martorell v. Crédito y Ahorro Ponceño, supra y Santos v. Crédito y Ahorro Ponceño, supra.

II

Pero los demandados alegaron ciertas defensas y debemos discutirlas. La primera es que el demandado Jorge Llinás Morell adquirió la finca por prescripción por haberla poseído en carácter de dueño, pública, pacíficamente y sin interrupción desde el 11 de septiembre de 1929, sin haberse ausentado de la isla de Puerto Rico. Siendo ello así, como la demanda solicitando la nulidad del procedimiento ejecutivo fué radicada el 7 de agosto de 1941, habían transcurrido en esa fecha cerca de doce años desde que el demandado empezó a poseer la finca. Como su posesión fué pública, pacífica, ininterrumpida y con justo .título, ese lapso de tiempo hubiera sido suficiente para adquirirla por prescripción ordinaria si hubiera existido buena fe. Pero en el presente caso no existió buena fe por parte de los demandados. El propio Jorge Llinás declaró que cuando se otorgó la escritura de hipoteca actuaba él como gestor de la acreedora y que más tarde fué tal socio y estuvo perfectamente enterado de los negocios de G. Llinás & Co., con Amelia Costas Ferrer hasta que la finca le fué adjudicada. Consideradas estas circunstancias no erró la corte inferior al desestimar la defensa de prescripción.

La segunda defensa, o sea la de que el demandado Jorge Llinás desconocía los defectos de sn título y por consiguiente es un tercero dentro de las disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Código Civil de Puerto Rico, lia sido ya discutida al considerar la primera defensa. La tercera, al efecto de que la ahora demandante ratificó y aprobó con su conducta el ejecutivo sumario, es también insostenible. El hecho de que la demandante no impidiese a Jorge Llinás, después de habérsele adjudicado la finca, hacer abonos a la hipoteca del Federal Land Bank of Baltimore; el no haber pagado ella cantidad alguna después de haber perdido la finca y el hecho de que la demandante para evitar que Gr. Llinás & Co., S. en C., siguiese persiguiendo otros bienes de ella para recobrar el déficit de la sentencia transfiriese a Jorge Llinás el certificado de 75 acciones del Federal Land Bank of Baltimore que como dueña de la finca hipotecada poseía, no constituye ratificación de un procedimiento inexistente como lo fué el ejecutivo sumario. Pero en la hipótesis de que dicho procedimiento fuese ratificable, de ese sólo hecho no surge claramente la intención de ratificar. Finalmente la contención de que la acción de nulidad del procedimiento ejecutivo está proscrita por haber transcurrido más de cuatro años desde que terminó ese procedimiento no merece seria consideración. Bastará decir que no se trata de anular un contrato anulable. La acción va dirigida contra un procedimiento inexistente.

III

Sostenida la sentencia en cuanto anuló el procedimiento ejecutivo y ordenó la restitución de la finca con la devolución de los frutos producidos o debidos producir, corresponde ahora determinar si erró la corte a quo al fijar el valor de éstos.

Los frutos que de acuerdo con la sentencia deben devolver los demandados son los producidos por la caña de azúcar, el café y las chinas.

Gaña de Azúcar

Como producto líquido de la caña de azúcar la añora demandante reclamó en sus demandas original y complemen-taria la cantidad de $40,600. La corte le concedió por este concepto $22,557.32 Para obtener ese resultado la corte tuvo en cuenta las liquidaciones de caña rendidas por. las centrales a Jorge Llinás desde el año 1930-31 hasta 1943, las cuales, incluyendo $8,009.26 que Jorge Llinás recibió por concepto de pagos de beneficios bajo la Ley Costigan-Jones y la titulada “Sugar Act of 1937”, ascendieron a $77,025.98. Pero como en el año 1930-31 Jorge Llinás tuvo pérdidas en la caña montantes a $1,499.44 y los gastos necesarios para la pro-ducción de ese- rendimiento bruto ascendieron, según declaró probado la corte, a $52,967.72, sumando estas dos últimas cantidades, darán un total de $54,467.16, y restando ésta del beneficio bruto, o sea $77,025.98, tendremos que el producto líquido de la caña de azúcar desde 1930-31 hasta 1942-43 montó a $22,558.82. Parece pertinente aclarar que para fijar los gastos de producción en $52,967.72 la corte descansó en la declaración de Francisco Colón Moret, perito de la deman-dante. Los demandados atacan la conclusión de la corte sobre este punto, fundándose en que no debió dar crédito a esta declaración por estar basada en la opinión del perito sobre lo que debió costar la producción de la caña en cuestión considerando la calidad del terreno, cantidad de caña culti-vada cada año, precio de jornales, abonos, etc. y no en records exactos de lo realmente gastado. El mero hecho de que el perito no pueda basarse en records exactos no hace inadmisible esa evidencia. El peso probatorio de esa decla-ración dependerá especialmente del crédito que a la corte merezca el perito por sus conocimientos en la materia por la oportunidad que éste tuviera para poder emitir una opinión con conocimiento de causa y por la forma en que declare. 2 Wigmore, Evidence (3ra. ed'. 1940) sección 677. Veamos los motivos que tuvo la corte para dar entero crédito a la declaración del perito Colón Moret.

“En cuanto a la caña cosechada en la finca hemos tomado para computar tonelaje y lo pagado por ellas, exclusivamente los datos que resultan de las liquidaciones de las centrales que obran en poder del propio demandado Llinás Morell y que produjo en corte a virtud de la citación ‘subpoena duces tecum’ librada a petición de la parte demandante. Toda vez que dicho codemandado no presentó como evidencia los ‘pay rolls’ de los distintos años, las facturas de abonos y demás materiales usados en la siembra, recolección y cultivo de caña, en la consideración de los gastos necesarios para dichas aten-ciones descansamos en el extenso y detallado testimonio del perito Francisco Colón Moret cuya vasta experiencia profesional y estudios en la materia fue aceptada por la parte demandada. La declaración de. Jorge Llinás Morell, en parte evasiva, en nada nos ayudó en este aspecto de gastos, cuando él, mejor que nadie, ha tenido que estar en conocimiento de todos los gastos y expendios necesarios en dicho cul-tivo. Para beneficio del propio codemandado Jorge Llinás Moreil, no tomamos en consideración los gastos anuales en las plantaciones de cañas, que bajo la solemnidad del juramento, él informó en su Declaración de Nómina al Fondo del Seguro del Estado, en varios años, y que se comparan en los gastos dados por el perito Colón Moret en la siguiente forma:
Año Declaración de Llinás Testimonio de Colón Moret Diferencia
1940-41 $2, 781. 00 $4, 825. 00 $1, 044. 00
1939-40 1, 796*58 6,'313. 51 4, 516. 92
1938-39 1, 629. 86 4, 211. 53 2, 581. 67
1937-38 1, 631. 43 4, 711. 36 3, 079. 93
1936-37 1, 478. 27 4, 743. 51 3, 265. 24
1935-36 2, 052. 39 3,151. 75 1, 099, 36
TotaL. $15, 587.12
“D-e modo que hay una diferencia substancial de nada menos que $15,587.12, entre los gastos dados bajo juramento por Jorge Llinás Morell y los dados por el perito Francisco Colón Moret.
“Es curioso hacer notar que en las declaraciones de nóminas que dicho codemandado hizo para el Fondo del Seguro del Estado, ante el Notario Luis López de Victoria, después de haber sido emplazado en este pleito de nulidad, para el año 1942-43 (Exhibit 30, Dte.) para plantaciones de caña, consignó: $9,913.97, cuando-en este año cultivó 58 cuerdas de retoños y dejó de cortar de 20 a 25 cuerdas de cañas; y para el año 1941-42 (Exhibit 31, Dte.) consignó $6,973.00 para el cultivo de retoños; en la declaración que bajo juramento hizo un mes antes de ser emplazado, sólo consigna $2,781.00 para esas mismas 58 cuerdas de cañas. No obstante haber hecho un gasto tan extraordinario para el año 1941-42, expuso también, bajo jura-mento, en el párrafo PRIMERO de su Contestación a la Demanda Com-plementaria que tuvo una ganancia de $32.86 en las cañas.”

Café

Por concepto de café la corte concedió a la demandante la cantidad líquida de $7,485.57 que se descompone así: 16,960.57 producto líquido del café desde 1930 hasta 1943, más $525 importe del subsidio que los agricultores de café recibieron del Gobierno durante los años 1939-41. Refirién-dose a lo producido por el café, dijo la corte inferior:

“Desde el año 1930 el codemandado Jorge. Llinás Morell ha culti-vado de 15 a 20 cuerdas de café en la finca, o sea un promedio de 17ys cuerdas; con el ciclón bajó la producción; en 1930 se cosecharon 15 quintales 36 libras de café; y en 1931, 39 quintales con treinta libras. (Contestación a la Demanda párrafo cuarto, 2a. Causa). Luego se normalizó el rendimiento, teniendo las variaciones propias del cultivo do este producto; el rendimiento promedio en esa zona es de 3 quin-tales por cuerda. (Declaración de Tiburcio Lloréns) y con un cul-tivo- especial y científico llegaría a 6 quintales por cuerda. (Decla-ración de Juan Adrover, perito en café, de los demandados.) El gasto promedio por quintal de café desde su cultivo hasta ponerlo en el mercado es de $8.50. (Declaración de Tiburcio Lloréns Torres, agricultor por más de 40 años en esa zona cafetalera; tuvo arrendada la finca de este .pleito cuando ella perteneció a su hermano Luis Llo-réns Torres, y sus fincas de café colindan con la de este pleito y por muchos años compró sus cosechas de chinas).' Lo producido o debido producir en café por dicha finca, desde el 1930 hasta el 1943, ambos años inclusive, tomando en consideración una cosecha promedio de 52.50 quintales anuales y su precio en el mercado dados por los tes-tigos Ramiro Colón y el propio Jorge Llinás Morell, es como sigue:
"Año Quintales Precio Quintal Producido Gastos Beneficio
1930 15.56 $30. 00 $466. 80 $132. 26 $334. 54
1931 39.30 30. 00 1179. 00 434. 05 744. 95
1932 52.50 17. 67 927. 68 446. 25 481. 43
1933 52.50 16. 74 878. 85 446. 25 432. 60
1934 52.50 18. 25 958.13 446. 25 511. 88
1935 52.50 13.11 688. 28 446. 25 242. 03
1936 52.50 14. 84 779.10 446. 25 332. 85
1937 52.50 15. 71 824. 78 446. 25 378. 53
1938 52.50 17. 55 921. 38 446. 25 475.13
1939 52.50 15. 74 826. 35 446. 25 380.10
1940 52.50 18. 40 966. 00 446. 25 519. 75
1941 52.50 18. 76 984. 90 446. 25 538. 65
1942 52. 50 23. 50 1233. 75 446. 25 787. 50
1943 52.50 23. 75 1246. 87 446. 25 800. 63
$6960. 57
“Durante los anos 1939, 1940 y 1941 los agricultores de café reci-bieron subsidios del gobierno; en el primero de esos años cinco centavos por libra cosechada; en el segundo, 3 centavos; y en el tercero, 2 centavos. El subsidio por esos tres años en total, sobre la base de una producción anual promedio de 52.50 quintales, alcanza a $525, que recibió o debió haber recibido el codemandado Jorge Llinás Mo-rell, lo que eleya el beneficio líquido del café cosechado por él en dicha finca a $7,485.57.”

Chinas

Por concepto de chinas la corte concedió a la demandante durante los años antes mencionados la cantidad de $4,320 más $262.50 que recibió Jorge Llinás por conservación de suelos o sea $4,582.50.

Fundamentando esta conclusión la corte dijo:

“El ciclón de San Felipe hizo poco daño a la siembra de chinas de la finca. (Declaración de Tiburcio Lloréns.) Las chinas son de buena calidad y se han vendido cuando hay buen precio para ellas, o sea de febrero en adelante; generalmente se vende el cosecho en los árboles y es por cuenta del comprador la cogida y transportación; en la limpieza y poda del ehinal so ha gastado de $40 a $50 anuales; hasta el 3930 daba un promedio de 150,000 chinas; de, 1930 a 1940 de 100,000; en 1940 hubo oferta de $350 por el cosecho y fué recha-zada esa oferta; se venden de $3 hasta $5 millar; en 1944 se vendió por $500; las chinas de esa finca se venden en unión a las de otra colindante que posee la mercantil 6. Llinás y Compañía, S. en C., que representa una sexta parte de la cosecha de ambas fincas; es decir, las de la finca de este pleito rinden cinco sextas partes y la otra una sexta parte (declaraciones do Tiburcio Lloréns, Jorge Llinás Morell y Marcelino Anadón). Las chinas de la finca de este caso sin incluir las de la otra finca dieron en 1944 un rendimiento líquido de $288, luego de descontar el gasto anual en limpieza y poda (declara-ción de Jorge Llinás Morell) desde el 1930 hasta marzo de 1944, lian dado o debido dar un rendimiento líquido de $4,320.
“Por conservación de suelos el codemandado Jorge Llinás Morell ha recibido dentro del programa ‘Agricultural Conservation Program’, la suma de $262.50. (Contestación a la Demanda, párrafo Séptimo (e), Ira. Causa de Acción)”.

A nuestro juicio no erró la corte a quo al conceder a la demandante $22,558.82 por concepto de caña de azúcar, $7,485.57 por café y $4,582.50 por chinas. Todo ello totaliza $34,626.89. Empero la corte inferior, al sumar las tres par-tidas concedidas por concepto de frutos, expresó que totali-zaban $35,884.67, cuando en realidad ascienden a $34,626.89. Siendo ello así, la conclusión de la corte sobre este punto debe modificarse en consecuencia.

IV

Como al anularse el procedimiento ejecutivo se restablece el crédito hipotecario, veamos en primer término qué cantidad adeuda la demandante a la demandada G-. Llinás & Co., S. en C.:

Por concepto de capital_$3, 620.18
Intereses al 10 por ciento anual sobre $3,000 desde no-viembre 1ro. hasta diciembre 1ro., 1928_ 50. 00
Intereses sobre las cantidades representadas por los 10 cheques a razón de 10 por ciento desde que fueron res-pectivamente entregados a la demandante basta el 31 de diciembre de 1928_,_■_ 20. 90
Intereses al 10 por ciento sobre el capital prestado o sea $3,620.18 desde el 1ro. de. eidero de 1929 basta la fecha de la sentencia el 16 de marzo de. 1945, o sea 16 años,
2 meses y 15 días_ 5, 867. 73
Total adeudado por la demandante a G. Llinás & Co., S. en C., por concepto de capital e. intereses_,_ $9, 558. 81

Y como el que recibe los frutos producidos por un po-seedor, aunque éste lo sea de mala fe, debe reembolsar los gastos necesarios para producirlos, art. 382, Código Civil, así como los de conservación de la cosa poseída, art. 384, Código Civil, procederemos a determinar lo que por ambos conceptos la demandante viene obligada a pagar al poseedor Jorge Llinás Morell:

Por concepto de contribuciones pagadas sobre la finca— $1, 877. 36 Por capital e intereses pagados sobre la bipoteca de $7,500
al Federal Land Bank of Baltimore hasta el 25 de oc-tubre de 1945__ — .- 7, 617. 26
Por gastos en construcción de caminos para la finca- 3,170. 60
Total adeudado por la demandante a Jorge Llinás Morell $12, 665. 22

Como la demandante tiene derecho a recibir de los deman-dados solidariamente la cantidad de $34,626.89 y éstos deben recibir de ella la cantidad de $22,224.03 — o sea $9,558.81 G. Llinás & Co., S. en C., y $12,665.22 Jorge Llinás — deducidas estas cantidades la demandante deberá recibir de los deman-dados la cantidad de $12,402.86.

Y

Arguyen también los demandados que la corte inferior declaró nulo el pacto de anatocismo, es decir el de pagar intereses de intereses, además de que los condenase a pagar honorarios de abogado por la cantidad de $5,000.

En la demanda se alegó que G. Llinás & Co., S. en C., es una sociedad mercantil y ese hecho fue expresamente aceptado en la contestación. Establecido que la demandada G. Llinás & Co., S. en C., es una sociedad mercantil, el préstamo que ésta hizo a la demandante es de carácter mercantil a tenor con el art. 229 del Código de Comercio, que en lo pertinente prescribe:

“Art. 229. — Se reputará mercantil el préstamo, concurriendo las circunstancias siguientes:
“1. Si alguno. de los contratantes fuere comerciante.
“2.

Siendo mercantil el préstamo que G. Llinás & Co., S. en C., hizo a la demandante, es de aplicación al mismo el art. 235 del Código de Comercio que dice así:

“Art. 235. — Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contraíanles podrán, sin embargo, capitalizar los inte-reses líquidos y no satisfechos, que, como aumento de capital, deven-garán nuevos réditos.” (Bastardillas nuestras).

Pero como en el presente caso los contratantes en ningún momento han capitalizado los intereses líquidos y no satis-fechos, tenemos que concluir que la corte inferior actuó correctamente al no conceder a la acreedora intereses de intereses.

Los demandados también señalan como error el habérseles condenado a pagar $5,000 por concepto de honorarios de abogado. Del récord resulta que el abogado de la demandante condujo su caso con notable habilidad y sus actuaciones durante el curso del juicio revelan que hizo un cuidadoso estudio de las cuestiones envueltas. Pero considerada la naturaleza de las cuestiones suscitadas y todas las circunstancias concurrentes, opinamos que esta partida debe reducirse a la cantidad de $2,500 que nos parece razonable

VI

La demandante a su vez señala como error el no haber condenado la corte a los demandados al pago de daños triples. Basa su contención en que una vez adjudicada la finca al demandado Jorge Llinás Morell, éste tomó posesión de ella sin que la corte hubiese expedido una orden de posesión dirigida al márshal. En efecto, la evidencia demuestra que no se expidió tal orden, pero ello no obstante, el márshal, aunque sin autorización legal, fué con dicho demandado a la finca y le hizo entrega de la misma. Invoca la demandante el art. 281 del Código de Enjuiciamiento Civil, pero ese precepto legal no es de aplicación al presente caso. El referido artículo confiere a la corte de instancia la facultad discrecional de imponer la penalidad de daños triples cuando el demandado causa daños por razón de ocupación violenta o de usurpación de algún edificio o cualquier predio cultivado. Gwinn v. Goldman, 134 P.2d 915 (Cal. 1943); San Francisco & Suburban Home Bldg. Society v. Leonard, 119 Pac. 405 (Cal. 1911); 12 Cal. Jur. 629, sección 32. Ya hemos visto que el demandado pacíficamente tomó posesión de la finca y no aparece del récord que ni siquiera haya sido molestado en el disfrute de la misma hasta que se radicó este pleito para anular el procedimiento ejecutivo. Dentro de las circunstancias concurrentes no podemos convenir en que la corte a quo hiciera mal uso de su discreción al negarse a conceder tales daños.

Señala también como error la demandante el haber la corte concedido intereses sobre las cantidades representadas por los 10 cheques desde sus respectivas fechas. Descansa su tesis en que, según ella, los $620.18 no constituían una cantidad líquida y por consiguiente no devengaban interés hasta la fecha de la sentencia que decretó la nulidad del procedimiento ejecutivo. No tiene razón la demandante. Ella se obligó a pagar intereses sobre la parte de la deuda dedicada a refacción lo mismo que sobre los $3,000 con que había de satisfacerse el pagaré. Si en vez de entregarle los $620.18 en distintas partidas, la demandante hubiera recibido un cheque por $620.18 el 2 de mayo de 1928, no pretendería que esa cantidad constituía una deuda ilíquida, y por lo tanto, que no devengaba intereses. La circunstancia de haberse entregado en distintas partidas no hacen menos ciertas dichas cantidades, las cuales devengan el interés convenido desde que respectivamente fueron recibidas. Las decisiones cita-das por la demandante en apoyo de su tesis se refieren a casos de daños y perjuicios en los cuales la suma a pagar por el demandado no quedó fijada hasta que la corte dictó sentencia determinando el montante de los daños.

Señala además, como error, la demandante, la concesión de intereses a la demandada hasta la fecha de la sentencia y el no haber concedido frutos a la demandante antes de 1930-31 ni con posterioridad al año 1943. De acuerdo con el art. 384 del Código Civil, el poseedor de mala fe abonará los frutos percibidos y los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir; pero, tanto los unos como los otros, deben ser objeto de prueba y en el presente caso la demandante se limitó a probar los frutos percibidos desde 1930-31 hasta el 1943 y no encontramos que haya presentado evidencia de los percibidos o podidos percibir con anteriori-dad al año 1930-31 y con posterioridad al 1943. El caso de Pontón v. Sucrs. de Huertas González, 46 D.P.R. 789 contem-pla circunstancias extraordinarias de equidad que no concu-rren en el presente caso. Allí los demudantes pidieron que se anulara el procedimiento ejecutivo hipotecario seguido contra ellos por los demandados y que se les devolviese el valor de la finca adjudicada, pero no solicitaron pronuncia-miento alguno por concepto de frutos percibidos o podidos percibir. De la prueba resultó que el capital de la hipoteca era $4,500 y que los demandados con posterioridad a la ad-judicación de la finca, la vendieron por $8,500 e inmediata-mente empezaron a disfrutar de los beneficios de esa cantidad. Resolviendo las reconvenciones de los demandados, dijo este Tribunal:

“No hay eluda alguna de que anulado el ejecutivo hipotecario queda subsistente el crédito asegurado con la hipoteca. Que los de-mandados tienen derecho a recobrar los $4,500 que prestaron a los demandantes una vez que les reintegren el valor de la finca ya que ésta no puede devolverse, es evidente. Lo que sí creemos que no tienen derecho a percibir son las costas y honorarios de abogado, ni los intereses, ya que no es posible dejar de tomar en consideración que lo i honorarios se devengaron en un procedimiento nulo y que la finca pasó a sus manos indebidamente y la vendieron por $8,500, de cuya cantidad han venido beneficiánddse desde que la percibieron. De acordarles tal derecho se les estaría reconociendo un doble bene-ficio ya que sólo se les condena al reintegro del valor de la finca sin frutos o intereses. El pronunciamiento debe quedar redactado reco-nociendo a los demandados el derecho a cobrar de los demandantes $4,500 que los demandados descontarán de los $8,500 que deben sa-tisfacer a los demandantes.” (págs. 797-8).

Y en Crespo v. Schluter, 58 D.P.R. 834, también invocado por la demandante, este Tribunal entendió qne la situación era semejante a la del caso de Pontón, supra, y aplicó la misma doctrina con respecto a intereses.

En el presente caso la demandante reclamó frutos y pre-sentó evidencia en apoyo de su reclamación, pero por razones que no constan del récord, no tuvo a bien reclamar los percibi-dos o podidos percibir antes del 1930-31, ni después de 1943. No vemos razón alguna para impedir a los demandados que obtengan el pago de los intereses del capital adeudado desde que fué entregado basta la fecba de la sentencia.

YII

Procede abora considerar el recurso de apelación que contra la resolución aprobatoria del memorándum de costas radicó la demandante. Dicba apelación se circunscribe a aquella parte de la resolución que negó por completo la 'partida de $500 reclamada por concepto de honorarios del perito Francisco Colón Moret, por su asistencia a la corte durante tres días como perito de la demandante. Se invoca el caso de Durán v. Sucn. Durán, 55 D.P.R. 633. En efecto resolvimos allí que no erró la corte inferior al aprobar una partida de $100 por concepto de honorarios de un perito calígrafo. Con posterioridad al caso de Durán, supra, resolvimos el de Colón v. Central Cambalache, 65 D.P.R. 156, en el cual hicimos un estudio del art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, según fué enmendado por la Ley núm. 94 de 11 de mayo de 1937 (Léyes de 1936-37, pág. 239), lle-gando a la conclusión de que sólo tienen el concepto de costas los gastos o desembolsos claramente comprendidos en los distintos incisos del art. 327. Los peritos, como testigos que son, están comprendidos en el inciso 3 que fija en $2 su com-pensación por cada día de asistencia a la corte. Se observará que fuera de ese inciso, no caben los peritos en ninguno otro, pues para que pudieran considerarse comprendidos en el in-ciso 6 como pretende la demandante, precisaría que sus hono-rarios fuesen un desembolso sujeto a arancel, y no lo son. Por consiguiente, considerando al perito Colón Moret como-testigo regular y habiendo él asistido a la corte durante tres días, la partida de $500 debe ser aprobada por $6' sola-mente

Procede, por lo expuesto, revocar la resolución aprobatoria del memorándum de costas en la parte en que fué apelada, es decir, en cuanto denegó totalmente la partida de $500 por concepto de honorarios del perito Francisco Colón Moret, y en su lugar dictar otra resolución aprobando dicha partida por la cantidad de $6. Y en lo que a la sentencia respecta, debe modificarse en el sentido de condenar a los demandados solidariamente a pagar a la demandante la cantidad de $12,402.86 en ves de $13,659.89 y reducir a $2,500 la condena de honorarios de abogado. Así modificada se confirma.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

       El contrato de hipoteca contiene otras condiciones a que no hacemos re-ferencia por ser innecesario a los efectos de esta opinión.

      Como parte del preeio el comprador también se hizo cargo de satisfacer al Federal Land Bank of Baltimore una primera hipoteca a que se hallaba afecta la -finca, por el importe de $7,500 de un préstamo por 20 años con intereses al 6 por ciento anual y dos créditos adicionales do $1,125 para intereses y $500 para costas, gastos y honorarios de abogado, respectivamente.

      Do esas cantidades nos ocuparemos más adelante en'el curso de esta opinión.

      No obstante esa confesión, en la cláusula 11 de la misma escritura se expuso lo siguiente:
      “Décima-primera: Se establece por las partes contratantes para la debida claridad, que la sociedad acreedora ‘G. Llinás y Compañía, S. en C.’, en virtud de todo lo consignado en la presente escritura, y de la hipoteca en ella consti-tuida, se compromete, a pagar directamente, a su vencimiento, el vale que por la suma de tres mil dollars tiene firmado Doña Amelia Costas Ferrer, por medio de su apoderado el compareciente Don Alvaro Santaella, a favor de Don Carlos Pierantoni, para veneer el día primero de noviembre del corriente año mil nove-cientos veinte y ocho, cuyo vale está garantizado por la referida sociedad G. Llinás y Compañía, S. en C., la cual sociedad releva desde ahora de toda respon-sabilidad y del pago de dicho vale, a los expresados Doña Amelia Costas Ferrer y Don Carlos Pierantoni, y renuncia a toda reclamación.”
      También en los párrafos 7 y 8 de la Contestación se dice lo siguiente:

        “Séptimo: Del hecho séptimo de la demanda aceptan los demandados que G. Llinás y Compañía, S. en C., convino con la demandante en hacerse cargo del pago de la deuda de $3,000 adeudados por la demandante al Crédito y Ahorro Ponceño, Sucursal Yaueo, y en completarle en dinero efectivo su deuda en cuenta corriente hasta la suma de $1,000 lo cual elevaría la deuda de la demandante para con G. Llinás y Compañía, S. en C., a la suma de $4,000, estipulándose inte-reses sobre’ esa deuda al 10 por ciento anual;

        “Octavo: Del hecho octavo de la demanda aceptan los demandados, que en 2 de mayo de 1928 el Doctor Alvaro Santaella Costas, hijo de la aquí deman-dante y como apoderado de ella y Jaime Castañer Garau como socio gestor de G. Llinás y Compañía, S. en C., otorgaran la escritura número 32 ante el Notario don Luis Yordán Dávila a los efectos de formalizar el convenio relatado en ®1 hecho séptimo precedente y garantizar el pago de dichos $4,000 y sus intereses en la forma preconvenida, con segunda hipoteca sobre la descrita finca; y que el apoderado Sr. Alvaro Santaella Costas declaró y confesó que su mandante estaba adeudando a G. Llinás y Compañía, S. en G., la cantidad de $4,000; niegan que en realidad no hubiera recibido de G-.. Llinás y Compañía, S. en C., dicha cantidad pues la había recibido en la forma convenida y explicada en el hecho precedente o sean $3,000, que G. Llinás y Compañía, S. en C., se obligó a pagar por cuenta de la aquí demandante al Crédito y Ahorro Ponceño, Sucursal Yauco, más el balance resultante de la liquidación de la cuenta corriente do la aquí demandante, y la deficiencia hasta cubrir la suma de $1,000 en efectivo a dispo-sición de la demandante, efectivo del que dispuso y tomó la demandante opor-tunamente. ’ ’

      La siguiente es una relación de los referidos cheques con sus cuantías respectivas y fechas de expedición:
      "En julio 31 de 1928_ $50.00
      "En agosto 9 de 1928- 50.00
      "En agosto 16 do 1928- 50.00
      "En agosto 22 de 1928_ 75.00
      "En agosto 30 de 1928_ 75.00
      "En agosto 30 de 1928_ 115.18
      "En Sept. 7 de 1928_ 80.00
      "En Sept. 20 de 1928_ 50.00
      "En Sept. 24 de 1928_L_ 42.00
      "En Sept. 26 de 1928_ 33.00
      Total_$620.18 ”

      EI último cheque para refacción lle^va fecha 28 de septiembre de 1928.

      Los demandados presentaron unas cartas de G-. Llinás & Co., S. en C., y las contestaciones de Carlos Pierantoni tendentes a probar que la ahora deman-dante aceptó que debía a <J. Llinás & Co., S. en O., la cantidad de $4,000; pero como los demandados no lograron probar que Pierantoni era apoderado de Amelia Costas Ferrer, estas cartas fueron admitidas solamente para contradecir a Pie-rantoni en cuanto declaró que al establecerse el procedimiento ejecutivo G. Llinás & Co., S. en C., no había hecho previamente gestiones de cobro cerca de su deu-dora.

      Los intereses sobre $4,000 al 10 por ciento anual desde el 2 de mayo de 1928 hasta el 81 de diciembre de 1928, es decir, 7 meses 29 días, importan a $265.50. Se observará que la acreedora erró en $4.50 al calcular estos intereses y así lo admitió en su alegato.

      La escritura de venta judicial otorgada por el marshal constituyó justo título porque dicha escritura legalmente bastaba para transferir el dominio de la finca — art. 1852, Código Civil, ed. 1930. También dicho título es verdadero y válido (Art. 1853, Código Civil) jorque no se trataba en este caso de una venta simulada y por no ser nula la escritura por falta de capacidad en el marshal. o en el comprador y reunir el contrato las condiciones exigidas por el art. 1213 del Código Civil. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, t. 12, pág. 839 et seq.

      La cantidad correcta debe ser $22,558.82.

      Las liquidaciones correspondientes a los tres primeros años se expidieron a nombre de G-. Llinás & Co., S. on C.

      "De la prueba resulta que Francisco Colón Moret se ha dedicado al cultivo de caña desde el año 1924; que ha poseído fincas de su propiedad y las ha cul-tivado; que ha sido Jefe do Cultivo y Consultor Agríeola de varias centrales entre ellas, Mereedita, Yabueoa, Pasto Viejo, Coloso y Lafayette; que ha estado en esas actividades durante 24 años y está familiarizado con el costo de cultivo y producción de la caña de azúcar, especialmente en zonas similares a las de la oomarca donde radica la finca que motiva este pleito.

      Los demandados señalan otros errores, entre ellos el de que las cantidades recibidas por razón de subsidios pertenecen a Jorge Llinás y no a la demandante, a pesar de que se resuelva que él es un poseedor de mala fe, errores que no dis-cutiremos por entender que carecen de mérito, y de discutirlos, extenderíamos in-necesariamente esta opinión.

      E1 art. 281, idéntico al 735 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, dice así:'
      “Si una persona redamare daños y perjuicios por razón de ocupación vio-lenta o de usurpación de algún edificio o de cualquier predio cultivado, podrá obtener una sentencia por el triple del importe de los daños verdaderos que aquélla determine ’ \

       El concepto de frutos podidos percibir lo explica Manresa én los siguien-tes términos:
      “Los podidos percibir, son los que debiera haber producido la cosa. Según Goyena, al comentar el art. 431 del proyecto de Código de 1851, comprendía dicha palabra tanto los frutos que el propietario o poseedor de mejor derecho hubiera podido hacer producir a la cosa, como los que pudo aprovechar el po-seedor vencido, aunque no hubiera podido percibirlos el propietario. El artículo 455 del Código vigente no va tan allá. Sólo habla de los frutos que el poseedor legítimo, o sea el poseedor de mejor derecho vencedor en el juicio, hubiera po-dido percibir si hubiera estado la cosa en su poder. De notar es que dicho ar-tículo habla de frutos podidos percibir y no podidos producir, lo cual podrá ser lo mismo, pero comunica cierta generalidad al precepto, haciéndole aplicable lo mismo a los frutos naturales que a los civiles. Las rentas, pensiones e intereses que por negligencia del poseedor no pueden ya reclamarse, son indudablemente frutos podidos percibir. Los frutos perdidos por culpa del mismo antes de per-cibirse, son también podidos pereibir. Lo mismo si sembró diez debiendo som-brar veinte, si percibió quince siendo treinta el producto medio de la cosecha en un año dado, etc. Para que puedan llamarse los frutos podidos percibir, ha de mediar culpa, abandono o negligencia en el poseedor.” (Manresa, Comentarios al Código Civil Español, t. 4, págs. 259 y 260).

      En lo pertinente el art. 327 del Código do Enjuiciamiento Civil, dice así:
      "La parte a cuyo favor se dicte cualquier sentencia o resolución final le serán concedidas las costas, las cuales comprenderán los siguientes desembolsos:
      "1. Cualquier cantidad pagada al secretario de la corte o a cualquier marshal de distrito;
      "2. Lo desembolsado por copias auténticas de escrituras y certificaciones del registro de la propiedad o de cualesquiera otros records oficiales, que hayan sido admitidos en evidencia;
      "3. Dos (2) dólares por cada testigo y por cada día de asistencia a la corte, más millaje para ida y vuelta a su residencia;

        “4. Lo pagado al taquígrafo de la corte para transcripción de cualquiera prueba testifical o procedimiento habidos en corte abierta, si dicha transcripción es ordenada por la corte;

        “5. Cinco (5) dólares como honorarios de notario y justo valor del trabajo taquigráfico en la toma de cualquier deposición que fuera admitida en evi-dencia; y •
      “6. Cualquier otro desembolso necesariamente hecho con relación a la tra-mitación del caso, que la corte crea propio, y que estuviere sujeto a arancel.”

       El caso de Durán v. Sucn. Durán, 55 D.P.R. 633, debe entenderse revo-cado en euanto a este punto.


author: El Juez Presidente Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santiago Díaz Rodríguez, acusado y apelante.
    Núm. 11597.

    Sometido: Noviembre 7, 1946.

      Resuelto: Diciembre 9, 1946.

      Juan B. Soto, abogado del apelante; Hon. Procurador General Inte-rino Luis Negrón Fernández y J. Correa Suárez, Fiscal Auxiliar del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Santiago Díaz Rodríguez, acusado de un delito de atentado a la vida y convicto de acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes, fué sentenciado a un año de cárcel y apeló para ante este Tribunal, basando su, recurso en cinco señalamientos de error, de los cuales discutiremos solamente los dos primeros.

Sostiene el apelante que la corte inferior erró al no instruir al jurado en cuanto a lo que constituye un arma mortífera en el sentido legal, limitándose a decirle que. el jurado debe determinar si el arma era mortífera o no.

En la acusación se alega y la prueba así lo sostiene, que el acusado acometió y agredió a Víctor Rivera con un cu-chillo, infiriéndole varias heridas graves. Una de ellas había seccionado el lóbulo inferior de la oreja izquierda; y otra, en medio de ia región cervical, tenía unas tres pulgadas de largo y un cuarto de pulgada de profundidad. El cuchillo era el mismo que usaba el acusado en su negocio de matar cerdos y venta de chicharrones y los llamados ‘ícuchifritos”.

El apelante cita en apoyo de su contención la siguiente regla:

“El jurado debe ser correctamente instruido en cuanto a la natu-raleza, elementos e ingredientes del delito. ... La Corte debería también definir y explicar el significado de estos varios términos, cuando fuere necesario. En el juicio de un acometimiento y agre-sión eon un arma mortífera o peligrosa, la corte debería definir el significado de estos términos, a menos que el instrumento lo sea per se o como cuestión de derecho.” (5 C.J. 797, párr. 346.)

Hemos leído cuidadosamente las instrucciones de la corte inferior en cuanto al delito de acometimiento y agresión eon circunstancias agravantes y encontramos que en ellas se sigue sustancialmente el lenguaje del estatuto. El artículo 237 del Código Penal (Ley de marzo 10, 1904, pág. 41) dispone en su párrafo 6 (sección 6 de esta Ley), que todo acometi-miento y agresión será considerado con circunstancias agra-vantes : “7. Cuando se infiere una herida grave a la persona agredida” y “8. Cuando se cometiere con armas mortíferas en circunstancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar”.

La evidencia demostró que el cuchillo con el cual se agredió a Rivera era un arma mortífera per se o sea un arma que podía ocasionar la muerte o producir grave daño corporal. Pueblo v. Rivas, 16 D.P.R. 611; Pueblo v. Oriols, 27 D.P.R. 208 y Pueblo v. Chardón, 44 D.P.R. 529. Si algún error co-metió la corte sentenciadora fué el de no haber resuelto como cuestión de derecho que el arma empleada por el agresor era mortífera per se. La corte prefirió dejar al jurado la deter-minación de si el arma era mortífera o capaz de producir grave daño 'corporal y de eso no puede quejarse el acusado apelante.

Al instruir al jurado en cuanto a la alegada defensa propia, la corte sentenciadora se expresó así:

“La ley es al efecto que una persona que se ve agredida por otra, tiene el derecho a ejercitar tanta fuerza como sea posible para repeler la agresión. La ley no autoriza la inflicción de mayor daño que el necesario para repeler la agresión. De ahí que una agresión con las manos no justifique a una persona más débil recurrir a armas mortíferas capaces de matar o mutilar.”

Arguye el apelante que la precedente instrucción es erró-nea en cuanto a las palabras que aparecen en bastardillas, “porque la diferencia de edad, salud y fuerza puede hacer que una bofetada dada por un hombre a otro, cause al último grave daño personal y aun la muerte.”

Aun cuando la referida instrucción no es técnicamente correcta, el error no pudo en manera alguna perjudicar al acusado. El uso de armas mortíferas para rechazar una simple agresión no está ordinariamente justificado, pero pu-diera suceder que el uso de tal arma fuese necesario para impedir un daño inminente, como cuando existe una gran disparidad entre la fuerza física de las partes. 5 C. J. 748, párr. 235. De la evidencia presentada en el juicio no aparece que el agredido Víctor Rivera fuese físicamente más fuerte que su agresor, el acusado. La prueba de cargo, creída por el jurado, demuestra que fué el acusado quien provocó el encuentro al dar una bofetada a Rivera; y que el acusado persiguió a Rivera, cuando éste trataba de buir, agrediéndole con el cuchillo. No se ofreció prueba alguna tendiente a demostrar que Rivera tuviese arma alguna con la cual hu-biese podido causar daño corporal al acusado. Véase: Pueblo v. Sutton, 17 D.P.R. 345.

Los señalamientos restantes carecen de méritos y, por tanto, nos abstendremos de discutirlos. Solamente diremos en cuanto al quinto, que a nuestro juicio la corte inferior no abusó de su discreción al imponer la pena de un año de cárcel, la que dada la gravedad de los hechos consideramos razo- . nable.

La sentencia recurrida debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.


text:
    Pablo Pedraza, demandante y apelante, v. Genaro González Rodríguez y Zenona del Valle Rosario, demandados y apelados.
    Núm. 9317.

    Sometido: Mayo 8, 1946.

      Resuelto: Diciembre 13, 1946.

      J. Calasanz Rivera, abogado del apelante; "Francisco González, Jr., abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La segunda demanda enmendada radicada en este caso en el año 1940 (la original se había radicado nueve años antes, o sea, en 1931) alega tres causas de acción, a saber:

La primera, que el demandante es dueño, libre de cargas, de una finca rústica en el barrio Espino, de San Lorenzo, la cual se describe; que doña María Pedraza de la Cruz, dueña entonces de la finca, se la había arrendado en 1904 al demandado Genaro González por el resto de su vida, me-diante el canon anual de $150; que en 1905 doña María vendió la finca a su hermano Narciso Pedraza, conocido por Mauricio Pedraza, con la condición de que respetara el arrenda-miento mientras viviera la vendedora y con la obligación por parte del demandado de seguir pagando las contribuciones; que el demandado siguió, cumpliendo el contrato en todas sus partes hasta el año 1914 cuando instituyó un expediente de dominio, a espaldas de Narciso Pedraza, poniendo la finca de referencia como bienes gananciales de él y de su esposa, inscribiendo como consecuencia la finca a su nombre en el Registro de la Propiedad de Caguas. Se alega que dicho expediente es nulo porque no fué citado el verdadero dueño anterior Narciso Pedraza y tampoco las personas que apa-recían en la solicitud como dueños anteriores, ni sus eausaha-bientes; que no se publicaron los edictos en forma legal, como fuera ordenado por la corte, y porque no se unió a los autos el récord taquigráfico del expediente y no dictaminó el fiscal; no habiéndose acreditado, además, mediante prueba testifical correspondiente, los hechos en que se basa la soli-citud.

En la segunda causa de acción se aleg*a que los deman-dados vienen poseyendo la finca en contra de la voluntad del demandante negándose a restituir y entregar dicha posesión, y en la tercera se expone que el demandante ha sufrido daños y perjuicios por la suma de $3,750, que la finca tiene un valor de $4,000, sin incluir las edificaciones hechas por el deman-dado. Termina la demanda solicitando la nulidad del expe-diente de dominio, que se declare dicha finca como de la única y exclusiva propiedad del demandante y se condene a los demandados a pagar $5,000 de daños y perjuicios.

Los demandados contestaron negando los hechos esencia-dales de la demanda, en cada una de sus causas de acción, y alegando como defensa que los demandados han poseído la finca durante más de veinte años con buena fe, justo título y sin interrupción alguna, habiendo adquirido el dominio de dicha finca por prescripción y siendo los únicos dueños de la misma.

La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y en la opinión que emitió hizo constar que el expediente de dominio tramitado por Genaro González no era nulo ya que el que diligenció la citación a los anteriores due-ños de la finca hizo constar que sólo había citado a Toribio, Pedro, Eustaquio y Josefina González por ser los “dueños co-nocidos, ignorándose las personas sucesoras y el domicilio de los demás anteriores dueños que aparecen de la moción ini-cial . . que es de tenerse en cuenta que se publicaron edictos para notificar a las personas desconocidas que pudie-ron tener algún interés en el caso y entre éstas se encuentran los ■ causahabientes de los cuales se ignoraba su paradero; que los edictos publicados cumplen con los requisitos del artículo 395 de la Ley Hipotecaria; que de la prueba practi-cada en relación con el expediente de dominio aparece que el promovente poseyó la finca por veinticinco o treinta años; que en el presente caso la prueba del demandante al efecto de que María de la Cruz Pedraza vendió la finca a Narciso Pedraza en el 1905 no le ha merecido crédito.

Debido a la conclusión a qne hemos llegado en cnanto a que el demandante no probó sn título a la'finca, no es nece-sario qne entremos a considerar y resolver los once errores señalados por el apelante en este recurso.

El título que alega el apelante tener es un documento privado en el cual aparece Narciso Pedraza vendiéndole la finca en el año 1930 y en el que se hace constar que la adquirió de María de la Cruz Pedraza, también por documento privado, en el año 1905. Narciso Pedraza falleció antes de la celebración del juicio en este caso y el único testigo que declaró sobre esta transacción fué el demandante. Su declaración no mereció crédito a la corte inferior y resumiendo la prueba, en relación con las alegaciones de la demanda, hizo constar en su opinión lo siguiente:

"La única prueba de que, María de la Cruz Pedraza, conocida por María Pedraza Cruz, había vendido a Narciso Pedraza, cono-cido por Mauricio Pedraza, es la propia declaración del demandante Pablo Pedraza, quien testifica que para esa fecha tenía diecisiete años de edad y en un viaje que hizo de Salinas al Barrio Espino de San Lorenzo, donde vivía María de la Cruz Pedraza, asistió a la referida venta, prueba que la Corte estima insuficiente en sí por el carácter de la misma, siendo como lo era el demandante, un muchacho de diecisiete años de edad para la fecha de la pretendida venta y a la vez el interesado en esta acción.
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"Las alegaciones de la demanda establecen que en 1904 los deman-dados entraron en posesión de la finca que se describo en dicha demanda y que en 1914 éstos instruyeron el expediente de domi-nio del que se solicita la nulidad y que los demandados cumplieron con el convenio que se alega había hecho con Mauricio Pedraza hasta el 1916. Así las cosas, no es hasta el 20 de enero de 1931 que se radica la primera demanda enmendada, sin alegarse cómo es que el demandante ha venido ha (sicf ser dueño de la finca, habiéndose otor-gado el documento extrajudicial de venta y que es el exhibit Núm. 1 del demandante, en octubre de 1930 y reconocidas las firmas en 16 de mayo de 1931.
"¿Por qué Mauricio Pedraza, desde el año 1916 que dejó de cumplir el demandado Jenaro González Rodríguez con el convenio celebrado dejó pasar hasta octubre de 1930, o sean, catorce años, sin reclamar nada contra éste y permitió que aquél continuara en la posesión pacífica sin llevarlo a los Tribunales para reclamar su heredad? ¿Por qué Pablo Pedraza, el demandante en esta acción, con conocimiento según el contrato de venta de los hechos con motivo de los cuales Jenaro González entró en posesión de dicha finca, com-pró sin exigir la entrega material de la misma?
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“Desde el 1904 en que entró en posesión de la finca Jenaro González hasta enero 20 de 1931, han transcurrido más de veinte años que los demandados han estado en posesión de dieha finca en concepto de dueños y sin interrupción alguna, pues de la prueba no aparece que los demandados fueran inquietados en dicha pose-sión hasta la radicación de esta acción en enero 30 de 1931, pudiendo aplicarse la teoría del caso de Juarbe v. Pérez, 42 D.P.R. 367.
“La corte entiende que en la tramitación del expediente de domi-nio del que se solicita la nulidad en este caso se han observado los requisitos que exige el artículo 395 de la Ley Hipotecaria y que el Juez que intervino en la aprobación del mismo estimó la prueba testifical ofrecida suficiente para ello; que no procede la acción reivin-dicatoría en este caso como consecuencia de la nulidad solicitada porque ésta no nace de la pretendida nulidad sino de un contrato de venta, estimando la corte, a la vez, que no se han probado a satisfacción, el hecho de que el demandante haya comprado para sí el inmueble motivo de esta acción, ...”

Hemos resuelto <£ue el testimonio positivo de un testigo no contradicho, sobre un hecho determinado, debe merecer crédito a la corte a menos que su versión sea físicamente imposible, inverosímil o que por sus contradicciones o su conducta en la silla testifical, se haga indigno de crédito. Caballero v. González, 53 D.P.R. 539; Navarro v. Compañía Azucarera “El Ejemplo”, 53 D.P.R. 726, y Planellas v. Sucesión Planellas, 59 D.P.R. 372. En el caso de autos la corte inferior no dió crédito a la declaración del demandante en cuanto a que María de la Cruz Pedraza hubiera vendido la finca a Narciso Pedraza en el año 1905 en documento privado en presencia del demandante.

Somos de opinión que la corte inferior no erró al llegar a esta conclusión. Dada la naturaleza de la acción ejerci-tada y el tiempo transcurrido desde la alegada adquisición por Narciso Pedraza de la finca en 1905 Rasta el 1930 en que se la vendió al demandante, sin que en ningún momento Narciso Pedraza tomara posesión ni iniciara acción judicial alguna en contra del demandado cuando éste dejó de cumplir el alegado contrato de arrendamiento desde el 1916, son he-chos que tachan de inverosímil la declaración del demandante especialmente tomando en consideración el hecho de que cuando declaró en 1942 se estaba refiriendo a una transacción que ocurrió en el año 1905, o sea, unos treinta y siete años antes y cuando él contaba diecisiete años de edad. Bajo las circunstancias concurrentes la corte no estaba obligada a dar crédito a su declaración y al documento privado otorgado por Narciso Pedraza a su favor y, en su consecuencia, no probó el demandante que tuviera un título superior al de los demandados quienes a la fecha en que se interpuso la de-manda estaban en posesión de la finca desde hacía más de veinte años, y habían inscrito el dominio desde'el año 191A

Bebe confirmarse la sentencia apeloAa.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

       Es de notarse que la demanda no contiene alegación alguna en cuanto a la forma en que el demandante adquirió la finca que reclama. Empero el demandante presentó prueba de ese hecho y puede considerarse enmendada la demanda en cuanto a dicho hecho.


text:
    Valentín Polanco de Jesús, demandante y apelante, v. Alfredo Cortés y Lorenza Rosario, demandados y apelados.
    Núm. 9353.

    Sometido: Noviembre 4, 1946.

      Resuelto: Diciembre 16, 1946.

      L. Mercader, abogado del apelante; Ángel Rivera Colón, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Este tribunal modificó y confirmó la sentencia de la Corte de Distrito de Arecibo dictada en este pleito sobre reclama-ción de rentas que debió haber percibido la acreedora hipo-tecaria mientras- estuvo en posesión de una casa. Polanco v. Cortés, 65 D.P.R. 861. La parte demandada consignó enton-ces en la corte inferior la cantidad de $480 en pago de la sentencia. El demandante impugnó la cuantía de la consig-nación por no haberse incluido los intereses al 6 por ciento anual desde la fecha en que la corte de distrito dictó la sentencia original. Se opusieron los demandados y alegaron que sólo tenían que consignar los intereses desde la fecha de la sentencia dictada por esta Corte Suprema y la corte los sostuvo, basándose en el caso de Ruberté v. Am. R. R. Co., 53 D.P.R. 186. El demandante apeló de la resolución de la corte y en este recurso alega que la corte infringió el artículo 341 del Código de Enjuiciamiento Civil, según interpre-tado en Franceschi, Ex Parte, 53 D.P.R. 75.

En el caso de Franceschi, Ex Parte, supra, resolvimos, a la página 79, que “De conformidad con las disposiciones expresas del artículo 341, los intereses que el secretario ha de incluir en la sentencia por él registrada serán pagaderos-‘desde la fecha en que se dictó,’ y no desde la fecha en que pueda ser confirmada o modificada, y así modificada, confir-mada por este Tribunal en apelación. Es un caso claro de lex script a.” Confirmamos esta doctrina en Concepción v. Latoni, 63 D.P.R. 693.

El caso de Ruberté v. American Railroad Co., supra, en que fundamentó la corte inferior su resolución, es clara-mente distinguible del de autos. En él se revocó la sentencia dictada por la corte inferior y se dictó una sentencia distinta por este Tribunal y resolvimos, y citamos del sumario, “que los intereses sobre esta sentencia se computan a partir de la fecha en que fué dictada y no de aquélla en que la corte inferior dictó la suya.” En el caso de autos modificamos y confirmamos la sentencia después de modificada y, por tanto, cae de lleno dentro de lo establecido, en los casos de Franceschi, Ex Parte, supra, y Concepción v. Latoni, supra.

Debe revocarse la resolución de la Corte de Distrito de Arecibo declarando bien hecha la consignación y en su con-secuencia dictarse otra ordenando la consignación de intere-ses al tipo legal del 6 por ciento anual devengados desde la fecha en que se dictó la sentencia original, o sea, desde el día 31 de octubre de 1944, hasta aquél en que se verifique el pago.

El Juez Asociado Sr. Snyder no intervino.

       En lo pertinente el artículo 341 dispone que "El secretario incluirá en el registro de la sentencia, los intereses correspondientes a la misma desde la fecha en que se dictó, . . (Bastardillas nuestras.)