text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Félix Calderón Parrilla, acusado y apelante.
    Núm. 5906.

    Sometido: Junio 12, 1936.

      Resuelto: Julio 8, 1936.

      Félix Ochoteco, Jr. y Francisco Vizca/rrondo, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación formulada contra el acusado apelante, por el delito de asesinato genérico, lee así:

“....El referido acusado Félix Calderón Parrilla, en época anterior a la presentación de esta acusación, o sea allá por el día 20 de marzo de 1934, y en Carolina, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., allí y entonces, de una manera ilegal y voluntaria, con malicia premeditada y expresa y firme y deliberado propósito de matar y demostrando tenér un corazón pervertido y ma-ligno, dió muerte ilegal al ser Rumano Justo Maldonado Guzmán, al cual le acometió y agredió con un revólver, que es un arma mortífera, infiriéndole varias heridas de bala, de carácter grave, y a conse-euene'a de dichas heridas de bala recibidas, falleció el mencionado Justo Maldonado Guzmán, el día 20 de marzo de 1934, en Carolina, y que tales heridas fueron inferidas por el acusado Félix Calderón Parrilla al hoy interfecto Justo Maldonado Guzmán, con la intención de matarlo.”

Vista la causa, el jurado rindió su veredicto declarando al acusado culpable de asesinato en segundo grado. Presentada moción para la concesión de un nuevo juicio, fué declarada sin lugar, y posteriormente la corte dictó sentencia imponiendo al acusado la pena de 16 años de presidio. Contra esa senten-cia se lia interpuesto el presente recurso.

Se alega como un error fundamental de la corte inferior el haberse negado a dar al jurado las siguientes instrucciones solicitadas por la defensa:

“1. — Homicidio voluntario es privar de la vida a un ser humano en una súbita pendencia, o arrebato de cólera.
“2. — Si ustedes, caballeros del Jurado, tienen duda razonable a si el acusado cometió asesinato u homicidio voluntario, debéis de rendir un veredicto de homicidio voluntario.
“3. Si tenéis duda a si hubo o no hubo arrebato de cólera, tal duda debe de resolverse a favor del acusado, y por tanto, a favor de la existencia de tal arrebato de cólera.
“4. — El arrebato de cólera es un estado de ánimo a ser determi-nado únicamente por ustedes, caballeros del Jurado.
“5. — Señores, si ustedes tienen duda a si el acusado cometió ase-sinato en segundo grado, u homicidio, debéis declarar al acusado culpable de homicidio, ya que si tenéis duda de que el acusado cometió o no asesinato, deben declararlo culpable de homicidio.”

Las instrucciones fueron denegadas por el motivo de que la corte entendía que no había prueba que justificara una ins-trucción sobre el delito de homicidio voluntario.

Las dos cuestiones que debemos considerar en el presente recurso pueden formularse así:

Ia. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias puede la corte, en un caso de asesinato, negarse a dar instrucciones sobre los elementos constitutivos del delito de homicidio volun-tario ?

2a. ¿Hubo en el caso de autos tal carencia de prueba sobre los elementos del homicidio, que justificara la resolu-ción denegatoria de las instrucciones propuestas por la defensa?

En el caso de Mow v. People, 31 Colo. 351, 72 Pac. 1069, como en el caso de autos, la corte inferior no dió ins-tracción alguna al jurado acerca del delito de homicidio vo-luntario. Al confirmar la sentencia por asesinato en segundo grado, la corte dijo:

“El próximo punto que consideraremos es la contención del abo-gado de los apelantes de que la corte erró al instruir al jurado que su veredicto debería ser o bien de culpable de asesinato de primer o de segundo grado o de no culpable. La objeción específica que se alega es que en las instrucciones se dejó fuera de consideración una instrucción con respecto al delito de homicidio voluntário. Existen dos razones por las cuales esta objeción no está bien fundamentada. En primer lugar, no hay una partícula de testimonio que hubiera justificado al jurado para declarar a los acusados culpables de homicidio, en uno u otro grado .... El juez que presidió la vista no estaba obligado a instruir al jurado sobre una cuestión no envuelta en el caso.”

En Demato v. People, 49 Colo. 147, Am. Ann. Cases, 1912A, p. 783, se resolvió:

“Está bien sentado que cuando en un proceso por asesinato no hay evidencia por la que un jurado estuviese justificado en declarar al acusado culpable de homic'dio voluntario, el juez sentenciador no está obligado a dar instrucciones sobre ese delito. ’ ’

En Crawford v. People, 12 Colo. 290, 20 Pac. 769, la corte revocó lá sentencia por asesinato, por haberse negado el juez sentenciador a dar instrucciones sobre homicidio voluntario, diciendo:

“Itriste algún conflicto en las opiniones judiciales con referencia al deber de la corte de instruir al jurado acerca de los diferentes grados de homicidio. 'Ciertas autoridades parecen sostener que en tales casos la ley relativa a todos los grados incluidos en la acusación debe ser dada, sin tener en cuenta la evidencia ante el jurado. Pero un cuidadoso estudio de la materia nos lleva a la conclusión de que la siguiente regla está sostenida por una gran preponderancia de auto-ridades: Cuando existe alguna evidencia cualquiera que tienda a establecer un determinado grado estatutario de homicidio criminal, y la corte rehúsa instruir al jurado con respecto a ese particular, se comete un error; pero, si hay una carencia total de evidencia reía-tiva al grado del delito que no fué tomado en consideración, las ins-trucciones no pueden ser impugnadas con éxito por causa de tal omi-sión. (Numerosas citas.)
“Pero cuando lia habido una reyerta, y cuando se ha alegado la defensa propia, la corte ejercita una prerrogativa excesivamente pe-ligrosa al negarse a dar instrucciones sobre los delitos inferiores, al igual que sobre los más graves, comprendidos en la acusación. El juez debería estar absolutamente seguro de que existe una carencia absoluta de evidencia relativa al grado o grados del delito que han sido omitidos.
“La negativa ele la corte inferior a no instruir al jurado en este caso sobre el homicidio voluntario, fué un error. De acuerdo con el estatuto, al acusado en un¡ caso criminal se le permite declarar como testigo, y tan pronto como ocupa la silla testifical todas las reglas ordinarias de evidencia le son aplicables. Puede ser sometido a re-preguntas, su declaración puede ser- impugnada, las circunstancias bajo las cuales declara pueden ser consideradas, y el perjurio que pudiere cometer puede ser descubierto con igual facilidad que en el caso de otros testigos. El jurado ha de darle a su testimonio el cré-dito y el peso que en su opinión, y bajo todas las circunstancias, me-rezca. Puede el jurado aceptarlo como verdadero o rechazarlo como falso. Pero, por increíble, o falto, de razón que parezca tal testimo-nio, el acusado tiene derecho a una instrucción sobre la hipótesis de que pueda ser cierto. People v. Keefer, 65 Cal. 232; State v. Banks, 73 Mo. 592.”

Y en el mismo caso que acabamos de citar, la corte, des-pués de hacer un resumen de la declaración del acusado en su propia defensa, dijo:

“Concurrieron circunstancias tendientes a provocar un súbito arrebato de cólera. Si esas circunstancias equivalían a la ‘provocación estatutaria, o provocaron la cólera que el estatuto califica como irresistible, no era cuestión para ser resuelta por la corte. El testimonio del acusado demuestra la existencia de una cólera violenta, y, si hu-biera sido aceptado como cierto, podría haber inducido al jurado a dictar un veredicto de homicidio voluntario.
“No decimos que óse debiera haber sido el veredicto o que el ju-rado hubiera dado otro distinto si hubiese sido debidamente ins-truido. Lo que decimos es que no había una carencia absoluta de prueba tendiente a establecer el delito de homicidio voluntario, y que el acusado tenía derecho a una instrucción con referencia a ese delito. Es claramente imposible para nosotros sostener que el error así cometido no ha sido perjudical.”

Véanse: 13 Cal. Jur. 612, párr. 1; 13 R.C.L. 787, 791, 792; Jones v. State, 26 S. W. 1082; Johnson v. State, 5 L.R.A. (N. S.) 809 y nota; Lewis v. State, 231 S. W. 113.

La Corte Suprema Federal lia tenido ante sí esta misma cuestión en los casos de Sparf & Hansen v. United States, 156 U. S. 51, y Stevenson v. United States, 162 U. S. 313, 40 L. Ed. 981. Al revocar la sentencia en el último caso citado, por el motivo de haberse denegado una instrucción al jurado sobre el delito de homicidio, dijo la corte:

“La cuestión es si la corte erró al denegar la instrucción pedida. No es necesario que la evidencia en cuanto al homicidio sea incontro-vertida o concluyente sobre esa cuestión; mientras haya alguna evi-dencia sobre la materia, es al jurado a quien corresponde determinar el peso de esa prueba. Si había alguna evidencia que tendía a de-mostrar la existencia de hechos que pueden traer el delito dentro del grado de homicidio, entonces era al jurado a quien incumbía decir si la evidencia era cierta y si probaba que el delito era homicidio en vez de asesinato .... La evidencia podría aparecer ante la corte como simplemente abrumadora para probar que la muerte fué en rea-lidad un asesinato y no un homicidio voluntario o un acto realizado en defensa propia, y sin embargo, mientras haya alguna evidencia pertinente a la cuestión de homicidio, la credibilidad y fuerza de esa evidenc:a. debe ser para el jurado y no puede ser decidida por la corte como una cuestión de derecho.”

Esta Corte Suprema ha dado cuidadoso estudio a esta misma cuestión en varios casos que examinaremos breve-mente.

En Pueblo v. Crespo, 21 D.P.R. 308, se dijo:

“Es verdad, como dice el fisal en varias partes de su alegato, que el acusado no pidió instrucciones específicas para el jurado, pero esta Corte s:guiendo el Código de Enjuiciamiento Criminal nunca ha dudado en examinar las instrucciones al jurado para ver si se lia cometido algún error sustancial. Opinamos que existe el error fundamental en no dar instrucciones con respecto al asesinato en segundo grado y al homicidio .... Bajo cualquier aspecto del caso, teniendo en cuenta las circunstancias particulares en que ocurrió la muerte el acusado tenía derecho a que se instruyera al jurado con respecto a los grados inferiores.”

Véase también: El Pueblo v. Roldán, 27 D.P.R. 789.

En Pueblo v. Rodríguez Dapena, 35 D.P.R. 431, la única prueba importante fué la confesión escrita del acusado, rela-tando cómo había dado muerte a su esposa y al amante de ésta y describiendo la riña entre él y el amante antes de que el acusado hiciera los disparos. Al revocar la sentencia, esta corte dijo:

“Dados los hechos, era de la incumbencia del jurado el decir si la muerte ilegal tuvo lugar eu una súbita pendencia o arrebato de cólera. A pesar del hecho de que el acusado vino armado y muy enfurecido a la casa de su esposa, correspondía al jurado resolver si la muerte fué producida por un arrebato de cólera. El dejar de ins-truir al jurado acerca del homicidio fué un error y el fiscal está conforme con esta conclusión.”

También se revocó por igual motivo la sentencia de asesi-nato en segundo grado en el caso de El Pueblo v. Fernández, 49 D.P.R. 586, diciendo:

“No importa lo increíble que pueda parecer determinada evidencia al juez que dirige la celebración de un juicio por jurado. No es a él sino al jurado al que corresponde decidir sobre el crédito que deba darse a los testigos. No es posible sostener en este caso la falta de existencia de prueba que sostenga una instrucción sobre homicidio, y el negarse a darla bajo esas circunstancias, constituye un error perjudicial.15

Veamos ahora si en el caso de autos se apartó la. corte sentenciadora de la regia establecida por la jurisprudencia que hemos citado.

Hemos hecho un cuidadoso estudio de la evidencia pre-sentada por el fiscal y por la defensa. De toda ella re-sultan como hechos indiscutibles los siguientes:

El acusado y el interfecto trabajaban como listeros en una colonia de cañas de la Loíza Sugar Company. Ambos eran amigos. El acusado era superior, en categoría y sueldo, al interfecto.

Con motivo de haber sufrido el acusado una operación quirúrgica en sus órganos genitales, el interfecto en varias ocasiones dió bromas al acusado, diciéndole en presencia'de otras personas que él, el acusado, era un “mariquita”, un “maricón” y un “capao”. El acusado en todas esas oca-siones protestó en forma correcta de las bromas de su amigo, llamándole a éste la atención y rog’ándole que se abstuviese de desacreditarle en esa forma. En ninguna de las ocasiones en que el interfecto hizo tales imputaciones al acusado en presencia de otras personas, trató el acusado de rechazar la ofensa agrediendo a su detractor.

El día 20 de marzo de 1934, como a las 3:30 de la tarde, en momentos en que el acusado y el interfecto se encontraban solos en la pequeña oficina donde acostumbraban trabajar juntos, surgió una discusión entre ambos con motivo de ha-= berse negado el occiso a obedecer ciertas órdenes del acusado. Declara éste, que él volvió a suplicarle al interfecto que se abstuviera de provocarle diciéndole esas palabras ofensivas; que entonces el interfecto volvió a repetirle las mismas frases injuriosas, y que al oírlas el acusado perdió la paciencia, cogió el revólver que estaba en una tablilla y le disparó sin darse cuenta de lo que bacía. El acusado ba admitido que bizo los dos disparos mientras el interfecto estaba trabajando sentado en su escritorio, de espaldas bacia él, sin poder verle cuando se acercaba revólver en mano; y que le disparó a una distancia de un pie y medio a dos pies. Inmediatamente después del suceso, el acusado voluntariamente confesó a va-rias personas que acudieron al sitio que él era el que babía dado muerte a Justo Maldonado, dictándoles: “Lo bice por-que me traía molesto; tuve que hacerlo porque me traía molesto.”

Y al ser interrogado por el testigo Carlos Bird, tenedor de libros de la Loíza Sugar Company, sobre los móviles del crimen, el acusado le dijo que el interfecto venía molestándolo mucho diciendo cosas impropias que afectaban su honradez como hombre. . Al replicarle Bird que ése no era motivo para matar a un hombre en la forma en que- lo babía hecho, el acusado contestó que tenía motivos muy poderosos y lo había hecho bajo esa impresión, que no podía permitir que ningún hombre le dijera esas cosas; y al preguntarle Bird que cómo había realizado el crimen, el acusado le dijo que se levantó de su asiento y fue en puntillas y lo mató, disparándole por la espalda. Declaró además el testigo Bird que el acusado le dijo que la noche anterior al día del suceso, el interfecto le había increpado con palabras deshonestas para su honradez y que a él naturalmente le molestaron, y que pensó en ma-tarlo pero que no tenía valor para hacerlo en esos momentos; que le daba pena porque lo apreciaba y no quería pelearle de frente; que mientras estuvo como compañero en la oficina él no pudo hacer nada, que esperó qtie saliera el personal.

Todos los testigos están contestes en el hecho de que al llegar al sitio encontraron el cadáver de Maldonado sentado frente a su mesa de trabajo, con el lápiz en la mano y la cabeza reclinada sobre la lista de pago en que trabajaba en el momento de ser sorprendido por la muerte.

La declaración del acusado en cuanto a las repetidasi pro-vocaciones que le hiciera el interfecto y en cuanto a la dis-cusión acalorada ocurrida entre el interfecto y el acusado momentos antes del suceso, ha sido corroborada por las de-claraciones de varios testigos.

El informe médico revela que el cadáver presentaba dos heridas de bala, ambas en la región posterior cervical, una a la derecha y otra a la izquierda, teniendo esta última ori-ficio de salida en la región sigomática. Ambas heridas eran mortales por necesidad.

Arguye el Ministerio Público que la corte inferior proce-dió correctamente al negarse a dar instrucciones sobre el ho-micidio voluntario, por no existir pruebas que justifiquen tales instrucciones; que las propias frases del acusado “tuve que hacerlo porqire me traía molesto”, no solamente no prue-ban el arrebato' de cólera, sino que constituyen una prueba más del asesinato; que la situación de ánimo del acusado al realizar la muerte no era otra que una de venganza, de rencor, de ensañamiento; que ese estado de ánimo no fué obra del momento, sino que venía preparándose desde antes, buscando la oportunidad para saciar el rencor; que la decla-ración del perito médico y del testigo Carlos Bird, revelan que los disparos, fueron hechos por la espalda, yendo el acu-sado en puntillas hasta colocarse a una distancia de dos pies de su víctima, por la espalda, sin que la víctima tuviese opor-tunidad de enterarse del ataque o de defenderse.

Aceptamos como sólida y bien fundada la argumenta-ción del Ministerio Público. Considerada cuidadosamente la prueba de la defensa, no se desprende de ella la existencia del arrebato de cólera que la ley considera suficiente para dis-minuir la gravedad del delito. La forma y manera en que, según la propia confesión del acusado se cometió el delito, esperando que saliesen de la oficina las demás personas que allí había, yendo sigilosamente a herir a su víctima por la espalda y haciéndole no uno sino dos disparos dirigidos desde muy corta distancia a la base del cráneo del occiso, son incompatibles con la existencia de aquel estado pasional del ánimo, que nubla el entendimiento e inhibe la razón.

La corte inferior estuvo justificada al denegar las instruc-ciones solicitadas por la defensa.

Es éste uno de esos casos, desgraciadamente frecuentes, en que la víctima labró su propia muerte y la desgracia de su agresor, por su insistencia en molestar y provocar a éste hasta el punto de obligarle a pensar y ejecutar, como único plan para asegurar su tranquilidad, la supresión del provocador. La ley no puede autorizar a nadie a hacerse justicia por su propia mano. Nuestras leyes proveen remedios adecuados, a los que pudo y debió recurrir el acusado para protegerse contra las provocaciones y calumnias de su víctima.

El apartado 4 del artículo 237 de nuetro Código Penal provee:

“4. — Ninguna provocación verbal será causa suficiente para dar lugar a un acometimiento y agresión, pero el uso de palabras ofensi-vas o injuriosas podrá alegarse como prueba para la disminución del castigo que apareje el delito.”

Creemos que tomadas en consideración las circunstancias especiales de este caso, la pena de dieciséis años de presidio impuesta por la corte inferior resulta excesiva y que debe ser reducida a la pena de diez años de presidio con trabajos for-zados, que es la pena mínima que autorizada ley.

Y con esa modificación, se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Félix Calderón Parrilla, acusado y apelante
    Núm. 5907.

    Sometido: Junio 12, 1936.

      Resuelto: Julio 8, 1936.

      F. Ochotcco, Jr. y Francisco Vizcarrondo, abogados del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Se acusó al apelante de un delito de portar armas prohibi-das, un revólver, sobre su persona. El caso fué sometido a la corte inferior por la prueba practicada en el caso criminal núm. 5906, incoado contra el mismo acusado por un delito de asesinato cometido el día 20 de marzo de 1934, haciendo uso del mismo revólver que se alega portaba ilegalmente. Sentenciado a la pena de tres meses de cárcel, el apelante in-terpuso el presente recurso.

Alega el apelante que la sentencia de la corte inferior es contraria a derecho; que de la prueba aparece que el revólver usado para dar muerte a Justo Maldonado fué tomado por el acusado de una tablilla donde lo guardaba en su propia oficina; que en la fecha a que se refiere la acusación, el acusado desempeñaba el puesto de listero y celador de la colonia Machicote, de la Loíza Sugar Company, y que en los momentos en que ocurrieron los hechos se encontraba en funciones de su cargo, en su oficina, en terrenos de dicha colonia.

El acusado declaró en el acto del juicio que él era listero y celador de la colonia; que tenía el revólver con el fin de velar los intereses de la compañía y de la oficina. Su decla-ración no fué corroborada por los demás testigos. El testigo Perfecto Fernández, Jefe de la Oficina de la Loíza Sugar Company y jefe superior del acusado, al ser preguntado sobre si sabía cuáles eran las obligaciones del acusado como jefe de la oficina, respondió: “Tenía que salir al campo a apuntar el tiempo y el personal que trabajaba, y después venir a la oficina a hacer los ticket's y dar toda la informa-ción. ’ ’

El presente- no puede ser considerado como similar al caso de El Pueblo v. Bosch, 43 D.P.R. 742. En dicho caso se ad-mitió como un hecho probado que el acusado había estado em-pleado como celador de la finca durante más de veinte años y que estaba autorizado por sus patronos para portar un revólver. Esta corte- resolvió que un mayordomo o celador está en su propia finca mientras actúa como tal mayordomo o celador, y por tanto comprendido dentro de las disposicio-nes del inciso 5 de la sección 5 de la Ley núm. 14 de 25 de junio de 1924, (pág. 114), titulada “Ley Prohibiendo Portar Armas”, que excluye de la prohibición legal, la portación de armas dentro de la propia casa o finca.

La prueba demuestra claramente que el acusado poseía y portaba un revólver y que hizo uso de él para dar muerte a Justo Maldonado. Carece de importancia el hecho de que el acusado mientras estaba en la oficina guardaba el revólver en una tablilla, donde lo tenía a su alcance y disposición, en vez de llevarlo sobre su persona. De todos modos, en el mo-mento en que sigilosamente caminaba hacia donde estaba su víctima, para hacerle dos disparos por la espalda, el acusado que había tomado el revólver de la tablilla era portador ilegal de an arma prohibida; y también lo era cuando, después de asesinar a Justo Maldonado corrió a ocultar el arma homicida arrojándola dentro de una letrina.

Creemos que la corte inferior no erró, ni en la apreciación de la prueba ni en la aplicación de la ley al declarar culpable al acusado.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    José Caballero Medina, demandante y apelante, v. Zenón Díaz Varcárcel, Heriberta Silva Urbino y Manuela Jubes Viuda de López, demandados y apelados, y Santos Sanchidrián Jiménez, codemandado.
    Núm. 6652.

    Sometido: Junio 15, 1936.

      Resuelto: Julio 8, 1936.

      B. E. Blondet y José E. Segwi'ra, abogados del apelante; H. Torres Sold y Harry B. Lienza, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 4 de mayo último esta corte habiendo en consideración que la transcripción de los autos había sido radicada desde enero 25, 1935, y que aún no había archivado el apelante su alegato, señaló la audiencia del 25 de mayo, 1936, para que la dicha parte apelante mostrara razones para que no se desestimara el recuro. No concurrió el apelante y la corte desestimó la apelación por abandono.

Poco después de dictada la resolución, el mismo día 25 de mayo, se radicó en la secretaría de la corte una moción del apelante pidiendo que se le concediera un plazo de dos días para radicar su alegato que no había podido terminar por encontrarse su abogado enfermo. Y dos días después en efecto dicha parte presentó un alegato acompañado de otra moción pidiendo que se dejara sin efecto la resolución de mayo 25, 1936.

Se ordenó al apelante que notificara su moción a las partes contrarias y éstas se opusieron por escrito haciendo énfasis en las dilaciones habidas, en el estado de derecho creado por la resolución desestimatoria y en la frivolidad del recurso en sus méritos.

Se creó en efecto un estado de derecho por virtud de la resolución de mayo 25, 1936, pero es un estado que puede alterarse si la justicia lo exige. La desestimación se decretó a virtud del aparente abandono en que la parte apelante tenía su apelación, pero si dicha parte convenciera al tribunal de que la apariencia no era en verdad la realidad, el tribunal podría dejar sin efecto su resolución y ordenar que continuara la tramitación del recurso para ser resuelto por sus méritos.

Veamos si esa demostración se ha hecho. De los autos resulta que la sentencia recurrida se dictó hace más de tres años, el 24 de febrero de 1933, declarando la demanda sin lugar. Interpuesta apelación por el demandante el 7 de marzo, 1933, los demandados apelados, en marzo 23, 1934, pidieron a esta corte que desestimara el recurso por no haberse radicado aún en ella la transcripción. Ambas partes fueron oídas y la moción de los apelados se declaró sin lugar en abril 6, 1934.

Hasta enero 25, 1935, no quedó archivada la transcripción, y como la parte apelante no presentara su alegato, en marzo 21, 1935, la corte señaló el 8 de abril siguiente para que ex-pusiera razones para la no desestimación del recurso por abandono. Pidió la parte que se transfiriera la audiencia para otro día y la corte accedió, no apareciendo de los autos que se tomara acción alguna hasta más de un año después o sea en mayo 4, 1936, en que volvió a fijarse un día para oír a la parte apelante para que expusiera razones para la no deses-timación y ocurrió lo que ya dejamos expuesto.

Bajo esas circunstancias, tratándose de un abandono tan dilatado, no nos sentimos justificados en ejercitar nuestra discreción en favor del apelante, tanto más cuanto que exa-minado ligeramente el alegato que acompaña a su moción de mayo 27 último en relación con la opinión en que se funda la sentencia recurrida, no surge que se baya cometido ningún manifiesto error.

En tal virtud debe declararse sin lugar la moción del ape-lante, quedando subsistente la resolución desestimatoria de mayo 25, 1936.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Molina Rivera, acusado y apelante.
    Núm. 6174.

    Sometido: Junio 18, 1936.

      Resuelto: Julio 8, 1936.

      Server o O’Neill Torres, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Tobo,

emitió la opinión deJ tribunal.

El Fiscal del Distrito de Arecibo formuló acusación contra Juan Molina Rivera y Juan Molina Jr., imputándoles la co-misión de un delito de adulteración de leche, con carácter de subsiguiente en cuanto a Juan Molina Rivera, por haber sido anteriormente condenado por sentencia firme por otro delito de adulteración de leche.

En noviembre 25, 1935, se celebró el juicio y los acusados fueron declarados culpables y condenados a penas autorizadas por la ley.

No conforme Juan Molina Rivera apeló. Sostiene en su alegato que:

“En este caso no se ofreció prueba alguna demostrativa de que el acusado apelante, Juan Molina Rivera, tuviese leche en expendio público para consumo humano, siendo éste un requisito indispensable en casos de esta índole.
“De la prueba practicada por el acusado apelante como descargo, aparece probado hasta la saciedad que Juan Molina Rivera estaba desligado de ese negocio desde hacía más de dos años, pues se probó que el .verdadero dueño de ese depósito había sido siempre Agustín Collazo.”

Hemos examinado la evidencia y es terminante con respecto a la venta de leche adulterada hecha a -varias personas en un depósito públióo por Juan'Molina, hijo de Juan Molina Rivera, el apelante, estando la licencia del depósito a nombre de éste. Siendo ello así, debe sobreentenderse que la venta se hacía para el consumo humano.

En cuanto a la directa culpabilidad del apelante, bastará transcribir lo que dice el juez de distrito en su sentencia, basándose en un examen correcto de la prueba, a saber:

“La defensa se hizo principalmente a nombre de Juan Molina Rivera, y al efecto se introdujo cierta prueba tendente a demostrar que si bien la licencia estaba a nombre de Juan Molina Rivera, él se había desligado por completo del negocio hacía como dos años y que su hijo Juan Molina, Jr., era el que se entendía con dicho negocio y el que realmente actuaba eoino dueño y recibía los beneficios deri-vados de la leche.
“Al terminarse la prueba do la defensa la Corte tenía alguna pequeña duda, no de que Juan Molina Rivera no-fuera el verdadero dueño del depósito, sino de qué- hubiera estado en tal forma desli-gado del negocio que humanamente fuera injusto Condenarlo' por falta de la acción u omisión criminal, como elementos esenciales del delito.
“No obstante, declaró después como contraprueba el Inspector Ernesto Acevedo, que al implantarse los nuevos reglamentos él noti-ficó a Juan Molina Rivera quien se dió por notificado sin manifestar en forma alguna que el depósito no fuera suyo, y que para la época de la denuncia Juan Molina Rivera estaba a menudo en el depósito y que algunas veces despachaba el padre y otras veces atendía al depósito el hijo. Con esa declaración unida a la demás prueba y al hecho de que Juan Molina Rivera es el que tiene la licencia a su favor, era imposible absolver al acusado, sobre todo, de un delito en que la salud del pueblo está de por medio.”

Debe confirmarse la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez PresidbNtb Señor Del Toro,

text:
    Julio Solla, demandante y apelante, v. Petra B. Viuda de Marín, L. Alvarez y Rafael Ruiz, demandados y apelados.
    Núm. 7336.

    Sometido: Junio 22, 1936.

      Resuelto: Julio 8, 1936.

      M. Benitez Flores, abogado del apelante; II. Buscaglia, abogado de los apelados.
   El Juez PresidbNtb Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Se pide la desestimación de este recurso por frívolo.

Los autos demuestran que dictada sentencia condenando en costas al demandante, los demandados Alvarez y Ruiz pre-sentaron un memorándum reclamando diez dólares por con-cepto de honorarios del Secretario y trescientos cincuenta por el de honorarios de abogado.

El demandante impugnó la primera partida por excesiva y la segunda por excesiva y por no estar justificada, alegando además que la corte carecía de jurisdicción para conocer y resolver la reclamación. No argumenta sus contenciones.

Incluido el asunto en el calendario y llamado para vista sólo compareció el demandante por su abogado. Pidió que se desestimara el memorándum por la falta de comparecencia de la parte que lo presentara. Durante la misma sesión dicha parte por su abogado pidió a la corte que no accediera a la petición de desestimación por ser su propósito proseguir el asunto pidiendo a su vez que éste pasara al Juez de Jesús que era el que había dictado la sentencia. La corte resolvió ambas peticiones, como sigue:

"La falta de comparecencia de los demandados, al ser llamado para vista el memorándum, no produce necesariamente su desestima-ción cuando se demuestra el propósito de seguir adelante el proce-dimiento, y por cuanto el memorándum ni la impugnación se han considerado por el tribunal,
"Se declara no haber lugar a la desestimación solicitada y se ordena que el memorándum y su impugnación queden pendientes de nuevo señalamiento que podrá hacerse en calendario especial para ante el juez sentenciador.”

En el nuevo día señalado, las partes comparecieron y “sometieron el memorándum de costas presentado y su im-pugnación, sin ofrecimiento alguno de prueba.” Y la corte puso término al asunto por medio de la siguiente resolución:

"Visto el memorándum de costas presentado por los demandados y vista la impugnación radicada por el demandante, la corte, teniendo en cuenta el trabajo realmente realizado por el abogado de los deman-dados, la cuantía envuelta y la naturaleza del caso, reduce la partida de honorarios de abogado de $350 a $200, y aprueba el memorándum de costas por la cantidad total de $210. Notifíquese.”

No conforme el demandante, interpuso el presente recurso de apelación.

¿Es frívolo? A nuestro juicio lo es porque ¿qué otra-resolución podrá dictarse que no sea la de la confirmación de la resolución apelada siendo las resultancias de autos las que dejamos expuestas?

No tenemos el beneficio de una contestación por escrito a la moción de desestimación. Nos parece recordar que oralmente se refirió el abogado del apelante en el acto de la vista de la moción a los antecedentes del caso para sostener la falta de jurisdicción que alegara, y a la no presentación de prueba por parte de los demandantes de los honorarios reclamados.

Veamos los antecedentes. Constan de nuestra decisión en el caso de Solla v. Alvarez, 49 D.P.R. 120. Esta corte confirmó la sentencia de la corte de distrito apelada decla-rando la demanda sin lugar por falta de hechos suficientes para establecer una causá de acción y por el fundamento-adicional de que la corte carecía de jurisdicción, y dijo:

“Aún en la hipótesis de que existiese causa de acción contra los demandados, la ausencia de jurisdicción es a nuestro juicio clara, porque los fiadores no pueden ser responsables por una cantidad mayor de $200, que fué la fianza exigida por la corte municipal para decretar el embargo. Esta cantidad está fuera de la jurisdicción de la corte de distrito. En cuanto a la Sra. Petra B. Vda. de Marín, no se ha establecido controversia alguna entre ella y el demandante, porque no ha sido parte en este litigio ni ha comparecido, ni existen probabilidades de su coijipareeencia. El hecho de que se reclame una suma mayor de $500 y que se haga figurar en la demanda a una persona que nunca ha estado bajo la jurisdicción de la corte, no puede conceder jurisdicción a dicho tribunal sobre la persona de los demandados que en ningún caso serían responsables por una suma superior al importe de la fianza.”

El hecho de que una corte de distrito desestime una de-manda por falta de jurisdicción, no implica que carezca de ella para condenar al demandante a pagar al demandado las costas que le hubiera ocasionado con motivo del litigio y para fijar luego dentro del procedimiento apropiado el mon-tante de dichas costas. Carece, pues, de mérito la contención del apelante sobre falta de jurisdicción.

Tampoco lo tiene la de falta de prueba de los honorarios. El memorándum está jurado de acuerdo con la ley y se presentó dentro del pleito a los efectos del cumplimiento de uno de los pronunciamientos de la sentencia dictada en •el mismo. De suerte que sin necesidad de prueba adicional, la corte contaba con elementos ante ella para resolver la cuestión planteada. Es cierto que en algunas ocasiones se introduce prueba pericial sobre el valor de los honorarios, pero tal prueba no es imprescindible.

Eesta sólo la cuestión de la cuantía de los honorarios. Debe quedar en pie la fijada por la corte. Examinados los autos del pleito elevados con motivo de la apelación anteriormente establecida contra la sentencia final dictada en el mismo, no resulta excesiva.

Debe declararse con lugar la moción y desestimarse el recurso.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
      Carmen, Braulio, Santos y Ana Elba Ponce, representados por su padre con patria potestad Antonio Ponce, peticionarios, v. Corte de Distrito de Mayagüez, Hon. Ricardo A. Gómez, Juez Sustituto de dicha Corte, demandada.
    Núm. 1065.

    Somtido: Enero 27, 1936.

      Resuelto: Julio 8, 1936.

      Virgilio Brunet, abogado de los peticionarios; F. Manuel Toro, abo-gado de la interventora Russell & Co., Suers., S. en C., demandante en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinion del tribunal. Oscar Ponce, conocido por Oscar Bamos, murió en un ac-cidente el día 15 de julio de 1932. Su patrono y propio ase-gurador, Bussell & Company, aceptó que el accidente fue uno que daba al empleado el derecho a recibir compensación de conformidad con la Ley de Indemnizaciones a Obreros de 1928 (Ley núm. 85, pág. 631). A fin de determinar quiénes eran los beneficiarios - de acuerdo con el párrafo tercero de la Ley 85 de 1928, y tan sólo para dicho fin, se celebró una vista ante la Comisión Industrial el 11 de marzo de 1933. El pro cedimiento quedó abierto para la presentación, por los su-puestos beneficiarios, de cierta prueba documental adicional-demostrativa de que ellos eran los verdaderos herederos por dependencia del empleado muerto e igualmente para demos-trar que él verdadero nombre del empleado era Oscar Ponce, esto último, no como cuestión indispensable, sino como cues-tión que era prudente aclarar para fines de identificación. Los peticionarios trataron de hacer esto, y el 16 de junio de 1933, la Comisión resolvió que ellos eran los herederos y be-neficiarios del empleado y les concedió $1,500. La Corte de Distrito de Mayagüez, en revisión, anuló esta resolución por el motivo específico de que la Comisión Industrial carecía de facultad para determinar quiénes eran los herederos por de-pendencia de un empleado fallecido, citando el caso de Anacleto Santiago v. Comisión Industrial, aparentemente de la Corte de Distrito de Mayagüez, como autoridad y como parte de su opinión. La corte también resolvió que la comisión no tenía autoridad para determinar los grados de- parentesco. La decisión de la corte de distrito ordenaba que se devolvieran a la comisión los autos del caso a los efectos de ley.

Dos días más tarde, o sea en 6 de abril de 1934, los peticio-narios, acompañando a ella una declaración judicial de he-rederos del empleado que habían obtenido y una resolución judicial sobre el verdadero nombre del finado, radicaron una nueva moción ante la Comisión solicitando que se les decla-rara beneficiarios de acuerdo con la ley. El patrono se opuso a esta moción, insistiendo en que la Comisión Industrial carecía de jurisdicción para considerarla, toda vez que la de-cisión de la corte de distrito era definitiva y no podía ser re-visada a no ser mediante certiorari por la Corte Suprema de Puerto Rico.

El 18 de enero de 1935, a moción del patrono, la corte inferior explicó, o trató de explicar, su resolución de abril 4, 1934, resolviendo que la misma tenía el efecto de una dispo-sición definitiva del asunto y que los autos habían sido de-vueltos a la comisión para que fuesen archivados permanen-temente. Probablemente antes de que se le notificara de hecho está actuación explicativa de la corte de distrito, o quizá a pesar de lá misma, la comisión, el 21.de” enero de 1935 y a tenor de los documentos presentádosle, ubi supra, por segunda vez declaró que los peticionarios eran los bene-ficiarios del empleado muerto y les concedió una compensación de $1,500. Una moción de reconsideración fué presentada, pero la misma fué retirada antes de que la comisión actuara sobre ella. En revisión para ante la Corte de Distrito de Mayagíiez, dicha corte, con fecha 6 de diciembre de 1935, ánuló y revocó la segunda resolución de la comisión y de-volvió los autos para que fueran permanentemente archi-vados.

Toda vez que esta sentencia de diciembre 6, 1935, forma la base del presente recurso de certiorari, analizaremos su razonamiento. La corte consideró dos cuestiones:

1. ¿Tenía la Comisión Industrial jurisdicción para dicta-minar por segunda vez?

2. Si la tenía, ¿siguió el procedimiento fijado por la ley?

En cuanto al primer punto, la corte inferior resuelve que la comisión carecía de jurisdicción. • Ella da énfasis a la primera resolución de la corte y a su explicación de enero 18, 1935, al efecto de que resolvió el caso permanentemente. La corte inferior igualmente cita el párrafo 15 de la ley de 1928, supra, cuya última oración lee:

“Las decisiones! de la corte tendrán el mismo efecto que una sen-tencia dictada en juicio, pero no se dará apelación contra dicha sentencia. ’ ’

La decisión última fué que a los peticionarios asistía sola-mente el recurso de certiorari contra la primera resolución y que habiendo dejado de valerse del mismo, no podían volver a la Comisión Industrial y «lograr que ésta actuara nueva-mente.

Así, pues, del razonamiento de la corte inferior es evi-dente que ella consideró que la primera resolución disponía definitivamente del asunto. El proceder de los peticionarios al acudir de nuevo a la comisión era el natural. La corte, al momento de dictar su primera decisión, únicamente tenía ante sí la cuestión relativa a la identidad de los beneficiarios. Halló que la entidad administrativa al determinar los here-deros había actuado sin facultad e indicó hasta cierto punto cómo tal falta podía'ser subsanada. La corte originalmente nada resolvió al efecto de que la comisión había agotado sus poderes. En nuestra opinión, por tanto, el único efecto que la primera resolución de la corte inferior tuvo, o pudo tener, fué negarles indemnización a estos peticionarios si dejaban de probar su identidad ante la comisión de una manera más formal. Con una posible excepción, nada hay en la ley que prohiba a un beneficiario presentar prueba judicial de su calidad de heredero para subsanar el único defecto a que está sujeta su reclamación. La interpretación posterior de la corte sobre el efecto de su resolución, sin embargo, no estuvo jus-tificada debido a que todo el caso originalmente no había estado ante ella, sino meramente-una cuestión aislada de de-recho, o sea la facultad de la comisión para determinar quiénes son los herederos. Parecería que la comisión no estaba revi-sando la resolución de la corte de distrito o actuando en viola-ción de la misma. Por el contrario, trataba de seguir la su-gestión hecha por la corte.

La supuesta excepción, a que nos referimos, la constituye el artículo 20 de', la ley, supra, que lee:

“En cualquier caso en que fuere necesario determinar los here-deros de un obrero fallecido, la Comisión lo comunicará inmediata-mente al Attorney General para que ante la corte de distrito que corresponda, por el fiscal de la misma o cualquier oficial jurídico facultado para actuar como fiscal, practique todas las diligencias procedentes hasta obtener la declinatoria de herederos del obrero fallecido, remitiéndola a la Comisión; Disponiéndose, que esta clase de expedientes serán tramitados con toda urgencia por las cortes sin ne-cesidad de incluirse en el calendario especial; y Disponiéndose, ade-más, que no se cobrará por la corte ni por sus funcionarios, costas ni derecho alguno por la tramitación y aprobación de tales expe-dientes, ni por las certificaciones que se libren para uso de la comi-sión. Los encargados del registro civil expedirán gratis todas las certificaciones que fueren necesarias al propósito indicado.”

A nuestro juicio, esta disposición existe puramente para la protección y conveniencia de litigantes pobres, que constitu-yen la mayoría de lós reclamantes bajo la ley de indemniza-ciones a obreros. No impide que los reclamantes obtengan su propia declaración de herederos si ellos optan por pagarla.

Se descansa en! parte en la siguiente sección:

“Sección 13. — Si se radicare una petición de revisión de acuerdo con la sección precedente, la Comisión Industrial oirá a las partes, y la evidencia pertinente, y podrá revisar la decisión en todo o en parte, o podrá devolver el caso al Comisionado para nuevas investi-gaciones de hechos, y radicará su decisión en el expediente, notifi-oando a las partes. Ninguna parte tendrá derecho a una- segunda vista sobre cuestiones de hechos.”

La corte da énfasis a la última oración y sostiene que su precepto fue infringido. Sin considerar la ambigüedad de la sección, no hubo claramente una segunda vista sobre los hechos. La cuestión, de haberla, fue una de derecho, puesto que el hecho de quiénes constituían los herederos no podía ser determinado por la Comisión. El artículo necesa-riamente se refiere a cuestiones de hecho sobre las cuales la comisión tiene jurisdicción.

En lo atinente a la objeción de que a Russell & Company no se le dió la oportunidad de atacar la admisibilidad de los documentos presentados, uno podría decir que la firma fué notificada de la moción presentada por los peticionarios y meramente atacó la jurisdicción de la Comisión para consi-derarla. Su admisibilidad pudo haber sido resuelta por la corte de distrito, de haberle llamado la atención Russell & Company sobre el particular.

La ley quizá pudo ser redactada en forma distinta y dar a la comisión poderes más amplios, mas creemos que cuando un caso de esta naturaleza va ante ella, luego de la Comisión haber concedido una indemnización, una corte de distrito tiene facultad plenaria para ver que los verdaderos herederos reciban el beneficio de la compensación. Este es el espíritu de la ley.

La resolución de diciembre 6,1935, debe ser anulada y de-volverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado- Señor Wolp,

text:
    Sucesores de Huertas González, demandante y apelante, v. Crispiliano Rosario y su esposa Petrona Ramos Pagán, Flor y Nicomedes Ramos, demandados y apelados.
    Núm. 7118.

    Sometido: Enero 21, 1936.

      Resuelto: Julio 14, 1936.

      José C. Jusino, abogado de la apelante; José Ruis de Val, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado- Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Para justificar su acción de desahucio la demandante alegó su dominio, describió la finca y adujo que los demandados estaban detentando la posesión y disfrutando precariamente dicha propiedad.

Además de una excepción previa, los demandados alegaban tener el dominio de la propiedad en controversia por haberla heredado directamente de su¡ padre. Dando color a la recla-mación de la demandante, los demandados alegaron que el su-puesto título de la demandante dependía de una presunta venta en ejecución de sentencia obtenida en cierto procedi-miento, en que se habían publicado edictos para notificar a los demandados. La contestación también alegaba en efecto que a pesar de que los demandados estaban en la posesión material de la propiedad al principio del procedimiento arriba mencionado, la demandante publicó edictos contra los here-deros desconocidos del deudor fallecido.

Incidentalmente, la supuesta venta fué realizada por el marshal de la Corte Municipal de Río Piedras y los deman-dados sostenían que él no tenía jurisdicción para ello. Esto dependería hasta cierto punto de si el procedimiento ero uno en ejecución de hipoteca o una acción personal, cosa que pasa-remos después a considerar.

La Corte de Distrito de Bayamón, donde este pleito de desahucio fué iniciado, resolvió que como la demandante ad-mitió que los demandados estaban en posesión bajo título, estos últimos no estaban detentando la posesión precaria-mente.

Examinando el récord, se hace evidente que la ac-ción instada en la Corte Municipal de Bayamón no fué una en ejecución de hipoteca, a pesar de mencionarse una hipoteca. Una corte municipal no tiene jurisdicción para ejecutar una hipoteca. Fué una ácción en cobro de dinero cuya demanda aducía que el mismo estaba garantizado con una hipoteca. La Corte Municipal de Bayamón, por lo tanto, nunca adquirió jurisdicción sobre las personas de los demandados. Es in-dudable que el alegado título de la demandante en este caso surgió por razón de la venta que siguió al embargo para ase-gurar la efectividad de la sentencia.

La apelante insiste en que la Corte Municipal de Ba-yamón tuvo jurisdicción para emitir su sentencia por razón del embargo contemporáneo de propiedad inmueble efectuado por la apelante. La sentencia en realidad no excedió apa-rentemente del valor de la propiedad. En otras palabras, la apelante procedía in rem para obtener una sentencia contra los apelados. Dudamos algo que la apelante siguiera el procedimiento trazado para cuando uno intenta obtener una sentencia in rem, y esta duda es fortalecida por el becho de que el embargo fué nominalmente uno para asegurar la efectividad de una sentencia. Se acepta, sin embargo, que la propiedad embargada estaba situada, no en el distrito judicial de Bayamón, sino en el de San Juan, y por consiguiente no pudo liaber un-procedimiento in rem contra dicba propie-dad dentro del distrito judicial de Bayamón.

La apelante impugnó el derecho de los demandados a atacar la suficiencia de la sentencia de la Corte Municipal de Bayamón dictada en favor de la apelante. Esta última sostiene que dicba sentencia no puede ser atacada colateralmente. Los apelados, más o menos fundándose .en el principio de debile fundamenhm failit opus, dicen que si dicba sentencia, fué nula por falta de la debida notificación, el título de la apelante también lo fué. Estas alegaciones en sí levantan un conflicto de título suficiente, y aún si estuviésemos equivocados respecto a la jurisdicción de la Corte Municipal de Bayamón, el pleito de desahucio no es el lugar adecuado para determinar dicho conflicto.

Es innecesario considerar la reclamación de bogar seguro.

La sentencia debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    C. E. Deming, como cesionario de National Surety Company, demandante y apelado, v. Marcial Suárez Suárez, demandado y apelante.
    Núm. 7236.

    Sometido: Enero 27, 1936.

      Resuelto: Julio 14, 1936.

      G. Goll Cuchí, abogado del apelante; Besosa & Besosa, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Según se desprende de la demanda C. E. Deming era el cesionario de la National Surety Corporation y la National Surety Corporation- era la cesionaria de la National Surety Company, siendo todas ellas entidades distintas. Marcial Suárez y Suárez, según la referida demanda, adeudaba a la National Surety Company, la suma de $800' por concepto de primas sobre una fianza prestada por ella al referido Suárez, y ésta .es precisamente la obligación que fué sucesivamente transferida y que luego se hizo objeto de este litigio. El de-mandado fué notificado del emplazamiento y no contestó, y a instancias del demandante O. E. Deming el secretario de la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en rebeldía por la suma de $800 más intereses, gastos y costas. Esta sen-tencia estaba fechada octubre 9, 1935.

El 7 de noviembre de 1935 el demandado radicó una mo-ción solicitando la apertura de la rebeldía, fundándose en varias razones que allí se aducían y que na es necesario considerar, y por otros motivos que figuraban en la contes-tación jurada acompañada a la moción. Esta contestación admitía específicamente el otorgamiento de una fianza por la National Surety Co. a favor de Suárez, pero alegaba que la misma lo fué en su carácter de administrador de la sucesión de Herminio Suárez. El demandado también admitió que no había pagado las referidas primas y negaba que debiera suma alguna, y más específicamente, “por falta de información”, que la National Surety Company hubiera transferido el cré-dito a la National Surety Corporation o que esta última lo hubiera traspasado a C. E. Deming.

En 29 de noviembre de 1935 la Corte de Distrito de San Juan, “con vista de la evidencia presentada por el deman-dante, y de la contestación del demandado ’ ’, declaró sin lugar la moción por ser enteramente frívola. El demandado pre-sentó una moción de reconsideración que fué denegada el 17 de diciembre del mismo año. Se apeló nominalmente tanto de la resolución de noviembre 29 que se negó a abrir la re-beldía como de la orden de diciembre 17 declarando sin lugar la reconsideración. Se trata ahora de una moción para deses-timar el recurso por frívolo.

Varias cosas han sido sugeridas por el apelante que no creemos necesario considerarlas, pues creemos en resumen que se admite, o por lo menos ésa es nuestra opinión, que el secretario de la Corte de Distrito de San Juan estuvo plena-mente justificado al dictar sentencia en rebeldía y qne los procedimientos, de su. faz, justificaban tal sentencia.

Quizá si tuviéramos ante nos un caso de sentencia sobre las alegaciones luego de haberse contestado, podríamos tener algunas dudas. La mayor parte de la demanda fué admitida y la única cuestión seria planteada en la contestación se re-fería a las dos cesiones mencionadas en la demanda. Lo que la contestación decía a este respecto fué: “El demandado, por falta de información, niega los hechos relacionados en el párrafo octavo de la demanda;...” Estamos dispuestos a resolver que esta contestación era insuficiente, mas no es necesario que basemos nuestra decisión en este solo motivo. Véase Nelson v. Murray, 23 Cal. 338.

Dado el hecho de haberse registrado sentencia en rebeldía, era necesario que el demandado presentara prueba satisfactoria de que tenía una defensa meritoria. Las defen-sas suscitadas por la contestación fueron frívolas, toda vez que el demandado era personalmente responsable de la fianza suministrádale, independientemente de la reclamación que hu-biera podido tener contra la sucesión de Herminio Suárez. Nada hay en los autos, fuera de la manifestación vaga que aparece en la contestación, que nos convenza de que la obli-gación de la National Surety Company no fué debidamente traspasada. Las palabras de la contestación ‘ ‘ El demandado, por falta de información, niega lós hechos relacionados en el párrafo octavo de la demanda; y muy especialmente niega que la National Surety Company vendiera y traspasara a la National Surety Corporation el crédito que se reclama, o que lo vendiera a C. E. Deming,. o a cualquier otra persona,...” no suplían el affidavit de méritos que haría que la corte inferior o este tribunal dudaran de que C. E. Deming fuera el verdadero poseedor de la obligación.

Debe desestimarse el recurso por frívolo.

Lós jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    José Oller Oller, demandante y apelado, v. Segundo Cadierno, demandado y apelante.
    Núm. 6698.

    Sometido: Junio 15, 1936.

      Resuelto: Julio 14, 1936.

      Monsorrat ■<& Monserrwt, abogados del apelante; Angel A. Vázquez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante ba radicado una moción de reconsideración basada en gran parte en la opinión disidente del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila. Indudablemente que la palabra “administrador” es lo suficientemente amplia para que incluya a un apoderado; más bay necesariamente un gran número do administradores que no son apoderados. Un administrador puede ser un apoderado, y muebo más, pero muchos administradores no son en absoluto apoderados, como indicaba nuestra opinión principal. No vemos razón alguna para variar la opinión de esta Corte a ese respecto.

El apelante insiste en que la corte inferior no tenía derecho a fijar las rentas adeudadas por el demandado apelante en la suma de $110 mensuales; que este hecho alegado en la demanda fué negado en la contestación y que el caso debió haber ido a juicio sobre esta controversia. Debido a las supuestas admisiones de la contestación, la corte no creyó necesario oír evidencia sobre este punto. Todo el asunto giró sobre la interpretación hecha por la corte de la contestación como constituyendo' una negativa en el sentido de que envol-vía un afirmación (negative pregnant).

Las palabras textuales de la demanda eran:

“En 15 de noviembre de 1929, en que la finca del ahora deman-dante, antes descrita, fue adjudicada por el Marshal al ahora de-mandado Segundo Cadierno Rodríguez, dicha finca produjo, ha de-bido producir y ha continuado produciendo una renta mensual de $110.00. De esas rentas se ha apropiado para sí el ahora demandado Segundo Cadierno Rodríguez, con absoluta exclusión del demandante; y por los tres años tres meses comprendidos entre el 15 de noviembre de 1929 y el 14 de ¡febrero de 1933, tales rentas montan a $4,290.”

Las palabras específicas de la contestación fueron:

“Asimismo niega que desde el 15 de noviembre de 1929 en que la finca objeto del sumario hipotecario arriba relacionado fue adjudi-cada por el Márshal al entonces demandante ejecutante Segundo Ca-dierno, dicha finca produjo, ha debido producir, y ha continuado produciendo una renta mensual de $110.00; y asimismo niega que por los tres años tres meses comprendidos entre el 15 de noviembre de 1929 y el 14 de febrero de 1933, tales rentas montan a $4.290. ’ ’

Así pues, se verá que la contestación, en sus términos ad-mitía una renta de cualquier suma menor a $110 al mes y de una deuda en algo menor a la suma total reclamada. En otras palabras, el importe de la reclamación en su totalidad no fue negado.

La contención del apelante, o por- lo menos una de sus citas, es al efecto de que la admisión se hace por algo menos de la suma reclamada, pero que el importe exacto debe ser probado. Las otras citas, a nuestro juicio, no son aplicables. Ahora bien, la práctica de las cortes en general es que una cláusula de la contestación que constituya una negativa que envuelve una afirmación equivale a una admisión de la ale-gación de la demanda, porque, según puede decirse, no se ha negado ninguna parte específica de dicha alegación y, con-forme dicen las cortes, no se suscita ninguna controversia. Ronning v. Way, 18 Cal. App. Rep. 527; Preston v. Central Cal. etc. Irr. Co., 11 Cal. App. 190; “Bancroft’s Code Pleading”, Vol. I, sec. 405, 406, y casos citados en las notas; 21 Cal. Jur. 154, sec. 105 y 106, pág. 157.

El demandado que por astucia o ignorancia hace uso de una negativa que envuelve una afirmación debe sufrir las consecuencias de su acto. De vez en cuando el demandado puede evitar tal penalidad mediante una negación suficiente en otra parte de su contestación u obteniendo permiso de la corte para enmendar. El demandado no hizo ni lo uno ni lo otro.

La moción dehe ser declarada sin lugar.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señob Woi/f,

text:
    Arturo Hau Salguero, demandante y apelado, v. Rafael Julio Irizarry y su esposa Epifania Aguilar y Montalvo, demandados y apelantes.
    Núm. 6888.

    Sometido: Enero 16, 1936.

      Resuelto: Julio 14, 1936.

      Gilberto López de Victoria, abogado dé los apelantes; Oscar Soiif-front, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señob Woi/f,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es nn pleito para recobrar la suma de $1,381.66 con intereses. Por razón de las admisiones del demandado la, controversia durante el juicio se limitó a la cuantía de los intereses adeudados al demandante. Éste presentó cuentas y su bijo ofreció testimonio tendente a demostrar la suma exacta reclamada. El demandado ocupó la silla testifical para negar las declaraciones del Mjo del demandante y trató de demostrar que una cuenta rendida por el demandante mismo era por una suma menor. La Corte de Distrito de Mayagüez creyó las manifestaciones del hijo del demandante, no dió crédito a las del demandado Irizarry, y dictó sentencia en favor del demandante por la suma probada por éste durante el juicio.

El único punto a considerar en esta apelación frívola es la presentación anterior de una cuenta a los demandados por una cantidad menor. En realidad el demandante así lo hizo, mas aparece claramente de la prueba que la cuenta ren-dida lo fué para el año 1932 y que se adeudaban intereses adicionales correspondientes a períodos no incluidos en dicho año, todo lo cual fué demostrado por la prueba general ofre-cida por el demandante en el juicio.

En lo demás, no hallamos error en la resolución del conflicto de la prueba ni en el hecho de que el demandante no diera aviso alguno antes de radicar el litigio. El argumento fué que la obligación principal tenía una fecha fija que posteriormente se permitió que continuara a la deriva, pero en estas cuestiones la radicación de la demanda es suficiente requerimiento.

La corte impuso propiamente las costas. La sentencia debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Cóñdova Dávila y Travieso no intervinieron.


author: El Juez Asociado SeñoR Hutchison,

text:
    Luis Alberto Mestres, demandante y apelante, v. Ramón Díaz Román, demandado y apelado.
    Núm. 6862.

    Sometido: Febrero 14, 1936.

      Resuelto: Julio 14, 1936.

      Edtiardo Pérez Casalckoc, abogado del apelante; Antonio Suliveres Rivera, abogado del apelado.
   El Juez Asociado SeñoR Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En procedimiento ejecutivo sumario el acreedor adquirió en la subasta pública la finca hipotecada. El deudor entonces instó el presente recurso de nulidad por haberse dejado de publicar el edicto de la subasta prescrito por el estatuto. El edicto se había publicado en un periódico dentro del distrito, una vez por semana, por un período más corto que el exigido por. la ley. Dos copias del mismo, habían sido fijadas en dos sitios públicos en la municipalidad en que la finca estaba ubi-cada y una en la población en que habría de venderse. La corte de distrito admitió que la fijación de estos avisos en sitios públicos y la publicación de los mismos en nn periódico era insuficiente, más resolvió que el efecto combinado de estas dos tentativas infructuosas de cumplir con los requisitos al-ternativos estatutarios era suficiente para cumplir con dichos requisitos. No podemos estar de acuerdo con este criterio. El apelado admite que el juez de distrito estuvo equivocado, pero insiste, en que el resultado fue correcto, toda vez que la fijación en un sitio público del aviso en la municipalidad en que la finca iba a venderse y la fijación de otros dos avisos en el pueblo en que la propiedad estaba situada era suficiente aviso.

La sección 6 de la “Ley relativa a las sentencias y la manera de satisfacerlas”, aprobada el 9 de marzo de 1905 (Código de Enjuiciamiento Civil, edición de 1933, pág. 122), lee así:

“La propiedad inmueble embargada en virtud de cualquier orden de ejecución será vend'da en pública subasta en la forma dispuesta por la ley para venta de propiedad personal sujeta a ejecución.”

El inciso 1 del artículo 251 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que “si los bienes fueren susceptibles de dete-rioro se fijarán avisos escritos, anunciando la fecha y lugar de la venta, en tres sitios públicos del distrito o de la ciudad en que ha de celebrarse, por un tiempo razonable, habida consideración del carácter y naturaleza de los bienes.” El método provisto por el inciso 2 para otros bienes muebles en la versión inglesa lee: “... .by posting a similar notice particularly describing the property, for twenty days, in three public places' of the precinct or city where the property is situated, and also where the property is to be sold, or publishing a copy thereof once a week for the same period, in some newspaper published in the district, if there be one.” Las palabras “by posting a similar notice particularly describing the property, for twenty days, in three public places of the precinct or city where the property is situated, and also, where the property is to be sold”, aparecen en la versión española así: “se fijará por espacio de veinte días, en tres sitios públicos del distrito o ciudad en que se hallaren los bienes, el aviso, describiéndose en él aquéllos detalladamente con expresión del lugar en que haya de celebrarse la venta.”

Nuestro Código de Enjuiciamiento Civil ha sido tomado de Idaho, y el artículo 251 es una adaptación de la sección 4482 de los Códigos Revisados de Idaho (edición de 1908). El texto inglés debe prevalecer. Ríos v. Ríos, 15 D.P.R. 372; Manrique de Lara v. Registrador, 23 D.P.R. 864; Leyes de Puerto Rico de 1917, tomo 2, pág. 210 (Ley núm. 8).

El apelante se funda principalmente en el caso de Lawton v. Porto Rico Fruit Exchange, 42 D.P.R. 291, para sostener su contención de que la palabra “precinct”, que figura en el inciso segundo del artículo 251, traducida como “distrito” en la versión española, significa el distrito judicial más amplio que marca la jurisdicción territorial de una corte de distrito. El caso de Lawton no es autoridad para tal contención. Allí este tribunal asumió, sin resolverlo definitivamente, que bastaba fijar en sitios públicos avisos en el distrito judicial municipal en que la finca estaba situada. Si la suficiencia de tal aviso hubiera sido impugnada fundándose en que sólo dos de los cinco avisos fijados en el distrito judicial municipal habían sido puestos en el municipio en que radicaba la finca, el resultado quizá pudo ser distinto. El caso no puede considerarse en el sentido de que resuelve definitivamente que cuando el municipio en que la finca está situada y el municipio en que la propiedad ha de ser vendida, están ambos dentro del distrito judicial municipal, la fijación de tres avisos en el municipio en que la propiedad ha de venderse, y de solamente dos avisos en el pueblo en que la finca radica, cumple con el requisito estatutario. Mucho menos puede decirse que el caso justifique la conclusión de que los requisitos estatutarios son cumplidos al fijarse dos avisos dentro del distrito judicial municipal en que la finca está situada, y otro aviso en la puerta del edificio de la corte de distrito en el municipio en que la finca ha de venderse, cuando tal municipio no está dentro del distrito judicial municipal en que la finca radica.

La palabra “precinct” que figura en el Código de Idaho parece haberse sustituido por la palabra “township” en la sección 692 del Código de California. Es una pena que la legislatura insular no suprimiera la palabra “precinct” del Código de Idaho o no sustituyera por ella una palabra más específica. En Puerto Rico la palabra “precinto” al no interpretarse literalmente en el sentido de que significa un “precinto electoral” que es nuestro único precinto eo nomine, debe entenderse que significa a lo sumo un “municipio.” No puede ampliarse para que incluya los distritos judiciales mayores.

En Sargent v. Shumaker, 193 Cal. 122, 125, la Corte Suprema de California dijo (bastardillas nuestras):

“El estatuto exigía (Código Civil, sección 2924) y la escritura de fideicomiso proveía, que debía fijarse un aviso de la venta en perspectiva ‘en la forma y' por un período no menor que el exigido por la ley para ventas en ejecución de bienes inmuebles.’ Así, pues, se nos refiere al artículo 692 del Código de Enjuiciamiento Civil, que prescribe la forma en que se publicarán los avisos de subasta. Como dicho artículo existía en la época que aquí nos concierne, el mismo proveía que el aviso se daría en la forma siguiente:
“ ‘1. — Si los bienes fueren susceptibles de deterioro se fijarán avisos escritos, anunciando la fecha y lugar de la venta, en tres sitios públicos del pueblo o ciudad en que ha de celebrarse ....
“ ‘2. — Si se tratare de otra propiedad personal, se fijará un aviso similar en tres sitios públicos del pueblo o ciudad en que ha de cele-brarse la venta,...
“ ‘3. — Si se tratare de bienes inmuebles se fijarán avisos similares, describiendo detalladamente la propiedad, por término de 20 días, en tres sitios públicos del pueblo o ciudad en que la propiedad esté situada, así como también en que haya de venderse la propiedad, y publicando copia del mismo .... ’
“Es obvio que las disposiciones del inciso tercero de dicho ar-tículo deben haberse intentado que cubran y sean aplicables a dos situaciones distintas, una, cuando la propiedad está situada en el mismo pueblo o ciudad en que ha de venderse, y la otra cuando la propiedad está situada en un pueblo o ciudad y ha de venderse en algún otro pueblo o ciudad. La contensión del querellado es que el artículo exige el mismo requisito relativo a la fijación de avisos en ambas situaciones, y que el mismo debe ser interpretado en el sentido de que exige en uno u otro caso la fijación de cuatro avisos, tres de los cuales deben ser fijados en tres sitios públicos dentro del pueblo o ciudad en que la finca está radicada, y el cuarto, en el lugar (que-riendo decir con ello en el lugar específico) en que la finca ba de venderse. Los apelantes, por otra parte, sostienen que el artículo debe interpretarse cual si leyera del modo siguiente: ‘...fijando avisos. .. por término de 20 días en tres sitios públicos del pueblo o ciudad en que la propiedad está situada, y en tres sitios públicos del pueblo o ciudad en que la misma ha de venderse’, y que. el efecto de dicho artículo, cuando la propiedad está situada en un pueblo o ciudad y ha de venderse en otro, es exigir la fijación de seis avisos en tres sitios públicos de cada uno de dichos pueblos o ciudades, y que el efecto de dicha sección cuando la propiedad ha de venderse en el mismo pueblo o ciudad, es exigir simplemente la fijación de tres, avisos en tres sitios públicos dentro de tal pueblo o ciudad. El querellado replica que el adoptar semejante interpretación equivaldría a legislación judicial, puesto que ello necesita que se agreguen al artículo palabras que no fueron puestas en él por la Legislatura. Sin embargo, esta crítica es igualmente aplicable a la interpretación sustentada por el querellado. Es evidente' que el contexto del inciso tercero aparece en forma eondensada al comparársele con el de los incisos 1 y 2, cada uno de los cuales es completo en su faz. Ha de llegarse a la misma conclusión cuando se considera que el inciso 3 debe haberse intentado para que tenga aplicación a cada una de las dos situaciones distintas arriba enunciadas. Nuestro objetivo debe ser entonces determinar la intención legislativa y en esta tentativa podemos considerar no solamente el texto sino también el contexto, y todo esto a la luz del fin que inspiró las disposiciones que se hallan bajo nuestra consideración.
“Es regla elemental en la hermenéutica de estatutos que debe darse algún efecto a cada una de sus palabras, si ello es razonablemente posible, y la palabra ‘también’ es de importancia evidente a este respecto. El significado primordial de la misma y el significado en que se le usa más corriente es ‘de igual manera’ o ‘del mismo modo’. (Véase 1 Words & Phrases, segunda serie, pág. 196; 1 Works & Phrases, pág. 359, y casos allí citados.) Se verá, pues, que es una palabra de referencia que dirige nuestra atenóión a aquello que le precede. En la forma en que aquí se le usa tiene concordancia con la fijación de avisos, y las únicas especificaciones respecto a la forma de publicar tales avisos que han de hallarse en el contexto, que le antecede, y que podrían adoptarse haciendo tal referencia, son la» palabras ‘por término de 20 días’ y ‘en tres sitios públicos del pueblo o ciudad.’ Parece, pues, razonable colegir que la palabra ‘también’ fue aquí usada como un sustituto breve para la repetición de lasi dos frases. Esta conclusión aparece tanto más probable cuando se con-sidera que las-disposiciones de los incisos 1 y 2 arriba citados pueden ser consideradas en el sentido de que evidencian una determinación legislativa de que en lo atinente a la publicación de avisos, la fija-ción de ellos en tres sitios públicos dentro de un pueblo o ciudad es suficiente para notificar a los habitantes del mismo.”

Nuestra conclusión es que las palabras “and also where the property is to be sold”, usadas en el inciso 2 del texto inglés del artículo 251, deben ser interpretadas como que sig-nifican “y en tres sitios públicos del precinto o ciudad en que haya de celebrarse la venta,” y que la palabra “precinto” debe interpretarse como que significa “municipalidad”.

La sentencia apelada debe ser revocada y devolverse el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    Juana, Fausto y Ramona Rucabado y Vázquez, e Isabel García de Quevedo y Rucabado, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, recurrido.
    Núm. 977.

    Sometido: Julio 10, 1936.

      Resuelto: Julio 14, 1936.

      Monserrat & Monserrat, abogados de los recurrentes; el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Travieso,

emitió la opinión del tribunal.

Los recurrentes fueron declarados únicos y universales herederos de doña Mercedes Rucabado y Vázquez, quien fa-lleció el día 2 de. mayo de 1935, siendo viuda del doctor José Chacar Parladé, fallecido el 9 de enero de 1925.

Durante su matrimonio con el Dr. Chacar, la causante ad-quirió a su nombre dos fincas urbanas, una consistente en casa y solar de 311.37 metros cuadrados y la otra en solar de 692.63 metros cuadrados, ambas radicadas en el barrio de Miramar en Santurce.

En 9 de junio de 1936, los recurrentes solicitaron del re-gistrador recurrido la inscripción a su favor de las dos fincas que aparecían inscitas a nombre de la causante. Y en apoyo de su contención de que las dos fincas habían sido adquiridas con peculio propio y privativo de doña Mercedes Rucabado y Vázquez y que por tanto pertenecían en su totalidad a los herederos recurrentes, presentaron éstos una copia legalizada del testamento abierto del Dr. Chacar, otorgado el 25 de fe-brero de 1914, ante el Notario Luis Muñoz Morales, cuya . cláusula quinta lee así:

‘ ‘ Quinto. — Que hacia el año mil novecientos siete la actual esposa del compareciente, doña Mercedes Rucabado Vázquez, adquirió por herencia de su padre don Francisco Rucabado, la cantidad de diez mil dollars que le fué adjudicada en efectivo, según consta en las operaciones de aquella testamentaría; y con ese dinero ha adquirido su esposa un solar marcado con el número ciento cincuenta de la manzana (D) de la finca llamada ‘Miramar’ del barrio de Santurce de este término municipal, y sobre cuyo solar edificó luego dos casas, una de maderas y la otra de cemento, según resulta de las escrituras otorgadas a su favor por doña Avelina Alvarez Colón, don Pedro Falú y don Tomás Vázquez ante el notario don Damián Monserrat en veintisiete de febrero de mil novecientos nueve, veinte y nueve de julio de mil novecientos nueve, y ocho de febrero de mil nove-cientos once, respectivamente, y que figuran inscritas en el Registro de la Propiedad de esta Ciudad.
1 ‘ Que durante este matrimonio no se ban adquirido bienes ningunos a título oneroso por ninguno de los dos cónyuges, y, por tanto no existen gananciales.
"Que con las rentas del capital de la esposa y con el producto del trabajo del testador se ban atendido a todos los gastos de la sociedad conyugal, y a los del bijo del testador don Jaime, que vive en su compañía.”

En 19 de junio de 1936, el registrador recurrido denegó la inscripción solicitada, en cuanto a la mitad de las dos men-cionadas fincas, poniendo al pie de la solicitud la siguiente nota:

"InscRito este documento, con vista de otros, y por ellos, a favor de los herederos en él declarados, sin perjuicio de tercero, la mitad indivisa que por gananciales correspondía a la causante en un solar de 311.37 metros cuadrados, con casa, en la Avenida Miramar, San-turce Sur, y en otro solar de 589 metros cuadrados, con casa, en la misma Avenida, y en cuanto a una participación de $510.20 en el valor de $12,000.00 de la totalidad de la casa número 62 de la calle de la Luna, de esta Ciudad, a los folios 88, 223 y 220, tomos 8 y 5 de Santurce Sur y 106 de esta Capital, fincas números 318, 198 y 1200, inscripciones 2a., 4a. y 9a., respectivamente; habiéndose denegado en cuanto a la otra mitad de las otras dos primeras fincas citadas, por pertenecer la totalidad de las mismas a los cónyuges Mercedes Ru-cabado Vázquez y José Chacar Parladé, por título oneroso, sin que se baya acreditado el carácter de privativo con que se dice las ad-quirió dicha Mercedes Rucabado Vázquez, extendiendo, en su lugar, anotación preventiva legal de 120 días, a favor de dichos herederos, en las propias inscripciones 2a. y 4a. expresadas. ’ ’

Sostienen los recurrentes que el registrador incurrió en error al no considerar como prueba suficiente la copia del testamento del Dr. Cliacar, en el que éste hace constar de una manera clara y terminante que las dos fincas fueron adqui-ridas como bienes privativos de su esposa.

En defensa de su nota, alega el registrador recurrido que las dos fincas fueron adquiridas, como bienes de la sociedad conyugal, estando la adquirente casada con el Dr. Chacar, sin que al hacer la adquisición se hiciera mención alguna de que eran propiedad privativa de la esposa adquirente; que según el propio testamento presentado, el testador Dr-. Cha-car declaró por su único y universal hederero a su hijo Jaime Chacar Roses, habido en su primer matrimonio con doña María Ana Rosa Roses y Font; que se denegó la inscripción de una mitad de las fincas, por pertenecer éstas a ambos cónyuges, a título oneroso, sin que se acreditara el carácter privativo de su adquisición; que con posterioridad a la muerte de ambos cónyuges no se ha llevado a efecto acto alguno en que haya intervenido el heredero del doctor Chacar, para ra-tificar lo dicho por su padre en su testamento; y que es su opinión que las manifestaciones del esposo testador deben ser corroboradas y debidamente acreditadas en el registro, lo que no se ha hecho en el caso de autos.

Nuestro Código Civil, ed. de 1930, contiene las siguientes disposiciones:

“Artículo 1301. — Son bienes gananciales:
“1. — Los adquiridos por título oneroso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comu-nidad, bien para uno solo de los esposos.
“2.— ........
“3. — - ........
“Artículo 1307. — Se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido o a la mujer.”

Según las constancias del Registro, las fincas pertenecían a ambos cónyuges, por título oneroso. No aparece del re-gistro que se hiciera mención del alegado hecho de que las fincas fueran adquiridas por la esposa a título lucrativo. Los recurrentes trataron de controvertir la presunción que esta-blece el artículo 1307 del Código Civil, supra, con las mani-festaciones hechas por el esposo en su testamento, al efecto de que las fincas habían sido adquiridas por su esposa con su propio peculio.

Las declaraciones de la cláusula Quinta del testamento, supra, consideradas como admisiones en contra del interés del que las hace, son admisibles como un principio de prueba, pero como ellas pueden perjudicar a los herederos o acreedo-res del que las hiciera, sostenemos que deben ser corrobora^-das por otra evidencia o ratificadas por los interesados para que ellas puedan servir de base para la trasmisión del dominio de la otra mitad de las fincas. Véanse: Manresa, vol. 9, págs. 614-620; Feliú v. Registrador, 16 D.P.R. 766; Fuentes v. Registrador, 27 D.P.R. 596; Flores v. Registrador, 31 D.P.R. 125, y Alum v. Registrador, 37 D.P.R. 894.

Debe confirmarse la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Peesidente Señob Del Tobo,

text:
    Pablo Cepeda, Juan García y Manuel Sanjurjo, peticionarios y apelantes, v. Andrés A. Lugo, en su carácter de Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, Puerto Rico, querellado y apelado.
    Núm. 7245.

    Sometido: Marzo 13, 1936.

      Resuelto: Julio 14, 1936.

      D. Guerrero Noble, abogado de los apelantes; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Peesidente Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Éste es un caso de hábeas corpus en apelación, procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Los peticionarios ape-lantes fueron acusados de un delito, de uso ilegal de explosi-vos previsto y castigado en el artículo 11 de la Ley núm. 67 de mayo 13, 1934 (pág*. 459), reconocieron haberlo come-tido y la corte; los condenó a sufrir la pena de cinco años de cárcel con trabajos forzados. Días después presentaron ante la propia corte de Distrito su solicitud de hábeas corpus por los siguientes fundamentos:

1. Porque la Ley núm. 67 de 1934 es inconstitucional por-que contiene, más de un asunto bajo un mismo título, ya que en su artículo once incluye la reglamentación del uso ilegal de explosivos y la castiga como delito sin haberse' expresado dicho asunto en su título; porque impone multas excesivas y castigos crueles e inusitados, y porque, el poder legislativo invade el judicial al ordenar a éste que imponga a los con-victos trabajos forzados no obstante tratarse de nn delito menos grave;

2. Porqne la sentencia es defectuosa ya que no determina que los trabajos forzados a que castigó a los peticionarios lo sean en obras públicas, y

3. Porque el mandamiento dirigido al alcaide y a virtud del cual se les retiene en prisión no es copia certificada de la sentencia.

La solicitud se tramitó de acuerdo con la ley. En una ra-zonada opinión la corte de distrito concluyó que la ley impug-nada era constitucional y la sentencia válida, pero que el mandamiento librado para la ejecución de la sentencia era erróneo. Dictó la siguiente

“ Sentencia. — Por los fundamentos expresados en la relación del caso y opinión unida a los autos y que se hace formar parte de la presente, se declara con lugar la petición de hábeas corpus radicada por los peticionarios y se ordena sean puestos en libertad, sin perjuicio de que por el Secretario se expida un nuevo mandamiento de encar-celación conteniendo una copia literal y certificada de la sentencia dictada el 15 de agosto último en el caso criminal núm. 10078, diri-gida al Alcaide de la Cárcel de Distrito de San Juan, bajo cuya autoridad dicho funcionario mantendrá a los peticionarios bajo su custodia hasta que hayan extinguido la sentencia impuéstales en dicho caso criminal núm. 10078. Regístrese y notifíquese. ’ ’

No conformes los peticionarios con la parte de la sen-tencia que ordena la expedición de un nuevo mandamiento, apelaron y en su alegato sostienen por entero su posición ante la corte sentenciadora, deteniéndose principalmente en la exposición de sus argumentos en pro de la anticonstitu-cionalidad de la ley por cuya infracción fueron castigados.

El título de la diclia Ley núm. 67 de 1934, expresa:

“Ley para reglamentar la manufactura, posesión, almacenaje, transporte, venta o donación de explosivos en Puerto Rico, definiendo los delitos, estableciendo penas, declarando una emergencia, y para otros fines.”

Y la sección de la misma por virtud de la cual se castigó a los peticionarios apelantes, dice:

“Artículo 11. — Uso Ilegal. — Castigos.—Toda persona que use dinamita u otro explosivo ilegalmente con el propósito de bacer daño corporal, o de aterrorizar o asustar a cualquier persona, o para hacer daño o destruir cualquier propiedad, o para hacer daño a la misma en cualquier forma, podrá ser castigada, convicta que fuere, a pagar una multa de no menos de doscientos cincuenta (250) dólares, ni de más de cinco mil (5,000) dólares; o a sufrir cárcel con trabajos forzados por un término que no sea menos de un año ni que exceda de veinte años.” Leyes de 1934, p. 469.

Se alega que disponiendo como dispone nuestra Carta Or-gánica en su sección 34 que “no se aprobará ningún proyecto de ley (39 Stat. at Large, Part I, Chap, 145, p. 951), con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto,” precisa concluir que la sección 11 de la Ley núm. 67 de 1934 es nula porque la misma se refiere a un asunto no comprendido en el título de la ley.

La alegación se ilustra con varias citas entre ellas la del caso de Hronek v. People, 8 L.R.A. 837, 838, en el que se atacó como contraria a un precepto constitucional igual al nuestro una ley sobre explosivos y en el que la Corte Su-prema del Estado de Illinois resolvió:

‘ ‘ Se sostiene que el estatuto en que se basa la acusación es incons-titucional toda vez que el mismo viola la sección 13 del artículo cuarto de la Constitución del Estado, que provee que ‘no se aprobará ningún proyecto de ley que contenga más de un asunto, el cual deberá ser expresado en su título.’ La objeción específica es que su título ex-presa dos asuntos distintos. La objeción carece de mérito. La ley tiene por título ‘ley para reglamentar la manufactura, transporte, uso y venta de explosivos, y para castigar el uso indebido de los mismos.’ La reglamentación del uso conlleva necesariamente el derecho a castigar el uso indebido. ‘Reglamentar’ significa ajustar mediante regla o reglamentación; y cualquier tentativa de fijar reglas para la manufactura, transporte, uso y venta de explosivos que no pres-criba también castigo para la infracción de tales reglas y reglamentos sería necesariamente imperfecta. El título no incluye ni expresa dos asuntos distintos, puesto que el castigo por el uso indebido surge necesaria y legítimamente- del objeto principal o sustantivo expresado en el título, es decir, para reglamentar el uso etcétera de explosivos. No es necesario que el título exprese todas las divisiones menores del asunto general a que se refiere la ley; y es suficiente si.expresa el asunto general de la ley y se considerará que todas las subdivisiones menores germanas al asunto general están incluidas en el mismo. Mas si el título expresa aquellas subdivisiones menores que sin estar expresadas se considerarían como incluidas dentro del asunto general, tal expresión no hará que el título viole la disposición constitucional. Plummer v. People, 74 Ill. 361; Fuller v. People, 92 Ill. 182; Magner v. People, 97 Ill. 320; Cole v. Hall, 103 Ill. 30; Prescott v. Chicago, 60 Ill. 121; Potwin v. Johnson, 108 Ill. 71; Timm v. Harrison, 109 Ill. 593; Hawthorn v. People, Id. 302; People v. Wright, 70 Ill. 389; Virden v. Allan, 107 Ill. 505.”

Se sostiene que la'Corte Suprema de Illinois pudo llegar a la conclusión a que llegara porque en el título de la ley que interpretó constaba la regulación “del uso” que no consta en la ley de Puerto Rico.

En el caso de Posados v. Warner B. & Co., 279 U. S. 340, 343, procedente de Filipinas, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en parte, dijo:

“Y en apoyo de la sentencia inferior se sostiene que la disposi-ción que fija una contribución a los dividendos sobre acciones viola la cláusula del párrafo tercero de la Carta Orgánica que declara: ‘No se aprobará ningún proyecto de ley que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título.’
“La Ley núm. 2833 tiene por título: ‘Ley para establecer la contribución sobre ingreso, para fijar otras disposiciones en relación con la misma, y para enmendar ciertas secciones de la Ley núm. 2711. ’ La Corte Suprema insular resolvió que el asunto de la ley no fué adecuadamente expresado toda vez que una contribución sobre divi-dendos sobre acciones es una sobre el capital, mientras que el título especificaba solamente la contribución sobre ingresos. Pero a nuestro juicio ésa es una interpretación demasiado estricta. Disposieiom s substancialmente iguales a la arriba enunciada pueden hallarse en muchas constituciones estaduales. El fin es impedir que se incluyan materias incongruentes y no relacionadas con la ley en la misma medida legislativa y para evitar inadvertencias, reservas y fraude en la legislación. Cuando los proyectos de ley cumplen tales requisitos, sus títulos sirven convenientemente para informar a los legisladores y al público en general de los asuiitos de que se trata. Las cortes hacen cumplir estrictamente tales disposiciones en los casos que caen dentro de las razones en que se fundan. Pero como la libertad reque-rida o conveniente para el ejercicio de manera efectiva del poder legislativo no debe ser perturbado innecesaria o ligeramente, las cortes hacen caso omiso de meras inexactitudes de palabra, resuelven las dudas en favor de la validez de la ley y sostienen que, para justificar el dejar sin efecto los estatutos por no haberse cumplido con la regla, la violación debe ser sustancial y clara. Louisiana v. Pilsbury, 105 U. S. 278, 289. Montclair v. Ramsdell, 107 U. S. 147, 153. Read v. Plattsmouth, 107 U. S. 568, 578. City of South St. Paul v. Lamprecht Bros. Co., 88 Fed. 449, 451. Johnson v. Harrison, 47 Minn. 575. Cooley’s Constitutional Limitations (7th ed.) p. 202 et seq. Sutherland, Statutory Construction (2d ed.) pars. Ill, 115-118.”

Aplicado el precepto constitucional de que se trata al caso concreto que estamos considerando, a la luz de esa jurispru-dencia, creemos que debe concluirse que no tienen razón los apelantes. Cierto que la cuestión hubiera sido más clara si el estatuto puertorriqueño sobre explosivos hubiera usado en su título la misma fraseología que el de Illinois, pero ha-biendo empleado como empleó la palabra “posesión”, esta-mos conformes con el Fiscal en que es susceptible de dársele la misma interpretación que si se hubiera empleado la pa-labra “uso”.

Posesión significa goce y uso, manejo y disfrute de alguna cosa. “Uso de armas” dice la Enciclopedia Jurídica Espa-ñola, vol. 30, p. 570, “equivale al derecho de poseer y en su caso, usar el arma.” Possessio est usus rei cum ejfectu sivi eam habendi (Muhlenbruch).” Enciclopedia Jurídica Espa-ñola, vol. 25, p. 156.

Además, cuando en el título de la ley se dijo “definiendo delitos” y “estableciendo penas”, los legisladores'quedaron avisados del pleno alcance de la misma. Lo que se definió luego en la sección once como delito no fué algo distinto de la materia fundamental — reglamentación de explosivos — tra-tada por la ley, sino que está en estrecha relación con ella.

Tampoco puede sostenerse que la Ley núm. 67 de 1934 impone castigos crueles e inusitados o multas excesivas.

Cierto que la multa que establece puede subir basta cinco mil dólares, pero también lo es que puede limitarse a doscien-tos cincuenta. Cierto que el término de prisión que fija puede llegar basta veinte años, pero también lo es que puede quedar en uno. La discreción del juez es amplísima y se confiere para ser ejercida en armonía con la gravedad del acto delic-tivo perpetrado. El uso de explosivos con el propósito de causar daño corporal o de aterrorizar a cualquier persona o para bacer daño o destruir cualquier propiedad puede lle-varse a efecto bajo circunstancias que revistan una gravedad tal que justifiquen la imposición del máximum fijado por la legislatura sin que el castigo resulte desproporcionado al acto delictivo. Además una multa de cinco mil dólares no es en sí misma excesiva y la prisión con trabajos forzados por veinte años no constituye por sí sola tampoco castigo cruel o inusitado.

La Corte Suprema de los Estados Unidos por medio de su Juez Presidente Puller en el caso In re Kemmler, 136 U. S. 436, 446, se expresó así:

“La disposición referente a castigos crueles e inusitados fué tomada de la bien conocida ley del parlamento de 1688, titulada ‘Ley para declarar los derechos y libertades de los súbditos, y disponiendo la sucesión de la corona’, en la cual, después de relatar varios funda-mentos de agravio, y entre otros que ‘fianzas excesivas ban sido exigidas de personas envueltas en casos criminales, para evadir el beneficio de las leyes hechas para la libertad de los súbditos; y multas excesivas han sido impuestas; e infligidos castigos crueles e ilegales’, se declara que ‘no se exigirán fianzas excesivas, ni se im-pondrán multas desproporcionadas ni castigos crueles e inusitados’. Stat. 1 W. & M. c. 2. Esta Declaración de Derechos se refiere a actos de los departamentos ejecutivos y judicial del gobierno de In-glaterra; pero el texto en cuestión usado en la constitución del estado de Nueva York fué intentado particularmente para que operara contra la legislatura del estado a cuyo control estaba limitado casi totalmente el castigo del delito. De aquí que, si el castigo prescrito para una ofensa contra las leyes del estado era manifiestamente cruel e inusitado, como ser quemado en la picota, crucificado, descuartizado por una rueda, u otros por el estilo, sería el deber de las cortes decidir que tales penalidades están dentro de la prohibición constitucional. Y creemos esto igualmente cierto en cuanto a la Enmienda Octava .en su aplicación al Congreso.
“En Wilkerson v. Utah, 99 U. S. 130, 135, el Juez Sr. Clifford, al emitir la opinión de la Corte refiriéndose a Blackstone, dijo: ‘La -dificultad acompañará al esfuerzo para definir con exactitud el alcance fie la disposición constitucional, que dispone que no se infligirán -castigos crueles e inusitados; pero puede afirmarse que castigos de tortura tales como los mencionados por el comentarista a que nos hemos referido, y todos los otros en la misma línea de crueldad inne-cesaria, están prohibidos por esa enmienda de la constitución.5 Los castigos son crueles cuando envuelven tortura o una muerte lenta; pero la pena de muerte no es cruel, dentro del significado de esa palabra- como se usa en la Constitución. Ella implica allí algo in-humano y bárbaro, algo más que la mera extinción de la vida."

No vemos, por último, que la imposición de trabajos forzados en un caso castigado con cárcel constituya una invasión de los poderes judiciales por parte de la Legislatura.

Es cierto que castigado el delito de que se trata con pena de cárcel puede calificarse de menos grave (misdemeanor) de acuerdo, con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Código Penal; que la sección 3 de la ley de 8 de marzo de 1906 (artículo 324 Código Enjuiciamiento Criminal, ed. 1935) prescribe que si una persona fuere convicta de delito menos grave (misdemeanor) y sentenciada a cárcel la corte a su arbitrio puede disponer que se le ponga a trabajar en obras públicas durante el período de su encarcelamiento, y que la sección 11 de la Ley núm. 67 de 1934 no deja discreción al tribunal debiendo imponerse trabajos forzados en todos ios casos;

Pero también lo es que por el hecho de haber dictado la primera ley general, no agotó la Legislatura su poder de cas-tigar en la forma que estimare justa cualquier delito. La primera ley contiene una regla aplicable a todos los casos. La segunda una especial aplicable al caso específico para el cual fué! dictada;

La corte de distrito actuó, pues, correctamente. Dió la razón a los apelantes en aquello que la tenían y se la negó en cuanto a sus peticiones que no estaban bien fundadas. La apelación debe ser en tal virtud declarada sin lugár quedando confirmada la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Córdova Dávila y Travieso no intervinieron.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Silvano Rivera González, acusado y apelante.
    Núm. 5945.

    Sometido: Julio 13, 1936.

    Resuelto: Julio 14, 1936.

      G. Concepción de Gracia, abogado del apelante; R. A. Gomes, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este casó El Pueblo de Puerto Rico por su fiscal soli-citó la desestimación del recurso porque vencida desde el 8 de febrero, 1936, la última prórroga que se concediera, al ape-lante para presentar su alegato no lo babía he'ebo aún a la fecba de la moción, junio 15, 1936.

El 13 de julio actual se llamó la moción para la vista. Comparecieron ambas partes. Él acusado por su abogado alegó que por razones de enfermedad babía dejado de archivar su alegato y solicitó para ello la concesión de un nuevo' tér-ibind. Sé opuso' el fisfeal.

Examinados los autos encontramos que se trata de una causa seguida en la Corte de Distrito de San Juan a virtud de acusación del fiscal del distrito contra Silvano Rivera. Gon-zález imputándole la comisión de un delito de portar armas prohibidas porque “allá por el día ,24 de octubre de 1935, y en Río Piedras,... ilegal, voluntaria y maliciosamente, por-taba sobre su persona, con fines de ofensa y defensa, un re: volver ...

En el día señalado — noviembre 6, 1935 — se llamó la causa para juicio. Compareció el acusado representado por su abo-gado y, según rezan los autos, “hizo la alegación de culpable; retirando la de inocencia que prestara al leérsele la acusa-ción.”

La corte en tal virtud lo declaró culpable del delito de portar armas y le impuso tres meses de cárcel. Acto se-guido el acusado apeló para ante este tribunal.

De la exposición de hechos que antecede no surge la más leve justa causa para la concesión del nuevo término soli-citado. Al contrario, lo que surge es que se trata de una apelación frívola interpuesta con el propósito de dilatar la ejecución de la sentencia.

Debe declararse* con hogar la moción del fiscal y desesti-marse por abandono el recurso.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.