author: El Juez Asociado Seño®, Snydek

text:
    Central Victoria, Inc., demandante y apelante, v. Rafael Buscaglia, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    Núm. 8920.

    — Sometido: Junio 8, 1944.

      Resuelto: Julio 3, 1944.

      Cayetano Coll y Cuchí y Cayeta/no Coll Pujol, abogados de la ape-lante; Ron. Procurador General Interino Jesús A. González y A. E. Franco Cabrero, Procurador Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Snydek

emitió la opinión del tribunal.

La sección 1 de la Ley número 267, Leyes de Puerto Rico, 1938 (pág. 516), que entró en vigor el 15 de mayo de 1938, imponía un impuesto de rentas internas “de un cuarto (%) de centavo por cada galón de miel que se fabrique, venda, consuma, se introduzca o de otro modo se disponga para el consumo en Puerto Rico . . .

Esta es una apelación contra sentencia de la corte de dis-trito desestimando la demanda de la actora para que se le reembolsara la suma de $1,538.12 que el Tesorero le cobró, alegando que la demandante la debía, en virtud de dicha ley, por la venta de más de 600,000 galones de miel.

Las mieles en cuestión ya habían sido fabricadas cuando entró a regir la Ley número 267 el 15 de mayo de 1938. Sin embargo, el Tesorero alegó con éxito ante la corte inferior que dichas úneles se vendieron después del 15 de mayo de 1938, y que dichos impuestos habían sido por tanto correcta-mente cobrados.

Este caso se rige por los términos de un contrato escrito otorgado por la demandante, como vendedora, y otra corporación, como compradora, que dice en parte como sigue:

“Sección I. Cantidad. La Vendedora conviene en vender y en-tregar a la Compradora, y ésta conviene en comprar y pagar a la Vendedora a los precios y de acuerdo con los términos más adelante especificados, toda la producción de mieles finales de la Vendedora en sus factorías conocidas como Central 'Carmen’, Central ‘San Vicente’, Central ‘Victoria’ y Central ‘Coloso’, de la zafra de 1938, exceptuando una reducción hasta el veinte (20) por ciento de la pro-ducción de mieles así usadas o vendidas por estas centrales para con-sumo local en la Isla de Puerto Rico.
“Sección II. Calidad. La calidad de la miel será tal como sale de la centrífuga libre de adulteración, y sin que se le añada agua, vapor, cal, o cualquier sustancia extraña. Las mieles tienen una ga-rantía que no será menor de 43 Baume u 82 Brix.
‘ ‘ Sección III. Entrega. La entrega será hecha en los barcos que suministrará la Compradora, el primer cargamento a empezar car-gando en San Juan y/o Mayagüez, Puerto Rico, y terminando en ciialquiera de dichos puertos a opción de la Vendedora, durante marzo de 1938, y los subsiguientes cargamentos en abril, mayo y junio de 1938, con 15 días de aviso anticipado por parte de la Vendedora. En caso de que la Compradora no disponga de los vapores para recibir-las mieles dentro del tiempo arriba especificado, se hará el pago a la 'Compradora por los cargamentos mencionados contra depósito por la Vendedora del correspondiente recibo de depósito . . .

Sección IV. Precio. Cuatro y un cuarto (4% centavos) centavos por cada galón de vino americano F.O.B. barco en San Juan y/o Mayagüez. En caso de que la miel entregada demuestre estar bajo o sobre 52 Azúcares Totales por el Método Clerget, entonces el precio será aumentado o reducido, según fuere el caso, en tal propor-ción del precio fijado de 4^ centavos como la que tenga el exceso o la reducción en grado o fracciones de grado, en relación con 52. Se sobreentiende que F.O.B. quiere decir las mieles entregadas a bordo del barco. Cualquier gasto de embarque, almacenaje o contri-buciones o gastos incidentales al embarque de estas mieles en el vapor será por cuenta de la Compradora.

“Sección V. Análisis. Una muestra representativa al momento de bombear el cargamento será tomada de la tubería del muelle en Puerto Rico. Si la Compradora no tiene disponibles los barcos para recibir las mieles dentro del tiempo arriba fijado, las muestras repre-sentativas de las mieles depositadas en los tanques de José Roma-guera e Hijos en San Juan y/o en Mayagüez, .serán tomadas por los representantes de la Compradora y Vendedora. En cualquiera de estos casos, estas muestras serán selladas cuidadosamente y divididas en tres grupos, uno a enviarse a la Compradora, uno a la Vendedora y el restante a la New York Sugar Trade Laboratory Inc. El promedio de los dos análisis más cercanos será tomado como el aná-lisis final.
(i * * * * #
“Sección VII. Seguro Marítimo. La Compradora se hará cargo del mismo, la prima a ser pagada por la Compradora.
‘' Sección VIII. Pagos. Serán efectuados como sigue: Noventa y cinco (95%) por ciento contra documentos de embarque total, o la entrega del correspondiente Recibo de Depósito (en caso de que la Compradora no pueda suministrar el barco a tiempo), y el balance tan pronto como el análisis final haya sido determinado y en ningún caso después de transcurridos treinta días desde la fecha en que se ha enviado cada cargamento o que se han tomado las muestras en los tanques de Romaguera.”

La demandante probó sin duda alguna que las mieles en-vueltas en este caso se fabricaron antes del día 15 de mayo de 1938. Pero no podemos aceptar su contención de que la venta de las mismas también se había consumado totalmente antes de dicha fecha. Por el contrario, es inevitable la con-clusión de que la venta propiamente dicha, bajo un contrato como éste en que se vende parte de toda la producción de mieles de una central durante una temporada futura, tiene lugar al entregársele las mieles de que se trata al comprador o a su representante. Y aquí tales entregas se hicieron en fechas posteriores al 15 de mayo de 1938. Las ventas, como transacciones sujetas a contribución, tuvieron lugar por lo tanto, después de la vigencia de la Ley número 267 impo-niendo un tributo a la venta de mieles.

Si conviniésemos con la apelante en que, para fines contri-butivos, la venta de las mieles aquí envueltas tuvo lugar en la fecha en que firmó el contrato para vender parte de sus mieles cuando las fabricase en una fecha posterior, exigiría que’ revocáramos las opiniones de esta corte al efecto de que la transacción sujeta a contribución clasificada como una “venta” tiene lugar bajo las circunstancias de este caso al entregársele la mercancía al comprador o a su representante. {López y Morán v. Sobs. de Ezquiaga, 34 D.P.R. 79; West India Oil Co. (P.B.) v. Tesorero, 54 D.P.R. 732; Monagas v. Central Eureka, Inc., 41 D.P.R. 803). No vemos razón al-guna para revocar dichos casos, y en vista del hecho de que se admite que la entrega al comprador de conformidad con el contrato aquí envuelto tuvo lugar después de la vigencia de la ley, se impuso correctamente la contribución sobre dichas transacciones como ventas.

Sin examinar la cuestión de si el contrato escrito podía variarse oralmente, nada encontramos en el récord que justi-fique la contención de la apelante de que, aun asumiendo la regla como la hemos expuesto, se hicieron arreglos orales a virtud de los cuales las entregas ya se habían efectuado por la vendedora a una tercera persona que representaba a la compradora, con anterioridad a la fecha de la vigencia de la ley contributiva.

La sentencia de la corte de distrito será confirmada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor de Jesús

license: Public Domain

text:
    Ex Parte Francisco Mercado, peticionario y apelante.

      Núm. 8901.

    — Sometido: Mayo 17, 1944.

      Resuelto: Julio 8, 1944.

      José C. Jusino, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abo-gados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué recluido en la cárcel municipal de Baya-món a virtud de un auto de prisión librado por el fiscal de distrito para responder del cargo de infracción al artículo 471 del Código Penal. En la misma fecha de su detención el apelante radicó en la corte inferior una petición de hábeas ;corpus fundada en los siguientes motivos: (a) que él no ha-bía infringido ningún estatuto penal; (b) que no se había presentado contra él ninguna denuncia o acusación a virtud de la cual pudiese ser privado de su libertad; y (c) falta de causa probable para su detención.

Después de celebrada la vista y recibida la evidencia que adujo el fiscal, la corte inferior estimó que existió causa pro- • bable para la detención y anuló el auto, permaneciendo el ape-lante en libertad bajo fianza.

Los fundamentos (a) y (6) alegados en la petición de hábeas corpus carecen de méritos: el primero porque el recurso de hábeas corpus no procede para determinar la culpabilidad o inocencia del detenido; y el segundo, porque para que el fiscal pudiese ordenar el arresto del apelante no era necesario que previamente hubiese radicado una acusación contra él, siempre que la radicase en el término de sesenta días desde la detención. Artículo 448, Código de Enjuicia-miento Criminal.

Así, pues, nos limitaremos a determinar si existió o no evidencia demostrativa de causa probable para la detención. A esos efectos, la evidencia presentada por el fiscal debe ser considerada como cierta.

El precepto legal cuya infracción se imputa al acusado es el artículo 471 del Código Penal, que prescribe

“Toda persona que habiendo vendido, permutado o enajenado cualquier propiedad, mueble o inmueble, o interés en ella, o que des-pués de haber otorgado alguna obligación o convenio para la venta de dicha propiedad, voluntariamente y con la intención de defraudar a anteriores o subsiguientes compradores volviera a vender, permutar o enajenar la misma propiedad o cualquier parte de ella, o interés en la misma, o que voluntariamente y con la intención de defraudar a anteriores o subsiguientes compradores otorgase a favor de otra persona cualquiera obligación o convenio para vender, permutar o enajenar la misma propiedad o cualquier parte de ella, o interés en la misma, a título oneroso, incurrirá en pena de presidio por un tér-mino'de uno a diez años.” (Bastardillas nuestras.)

La evidencia que presentó el fiscal para demostrar la exis-tencia de cansa probable puede sintetizarse así: Los berma-nos Francisco e Irma Schettini Schroder eran dueños de una finca urbana radicada en Martín Peña, término municipal de Río Piedras, la cual debía por concepto de contribuciones la cantidad de $114.77. El Colector de Rentas Internas de Río Piedras siguió procedimiento de apremio contra la referida propiedad, adjudicándose ésta por la cantidad adeudada al único postor, el apelante, a cuyo nombre se expidió el corres-pondiente certificado de venta el 4 de diciembre de 1940 (exhibit 3 del fiscal).

Antes de que expirase el año que el artículo 348 del Código Político fija para ejercitar el derecho de redención, Francisco Schettini Schroder, en sn nombre y en el de sn citada her-mana, encomendó al abogado Marcilio Carrasquillo la reden-ción de la finca, y a ese efecto le entregó la cantidad de dos-cientos dólares. Después de repetidas gestiones el abogado Carrasquillo logró encontrarse con el apelante y convino con él la redención de la propiedad. El propio apelante computó la cantidad que se le adeudaba y recibió del abogado Carras-quillo la suma de $174.55 por dicho concepto. Al requerirlo Carrasquillo para que endosara el certificado de venta, mani-festó que no lo tenía allí,' que más tarde se lo entregaría, ex-tendiendo y entregándole un recibo por la citada cantidad (exhibit 2 del fiscal), el cual literalmente dice:

“Recibí del Ledo. Carrasquillo la suma de $174.55 por cuenta de Irma y Francisco Schettini para redención casa Parada 27, Santurce.
“Junio 25, 1941. (Firmado) Francisco Mercado.”

Nó hay controversia alguna en cuanto a que la casa a que se refiere el recibo arriba transcrito es la misma que adquirió el apelante a virtud del certificado de venta.

Declaró el abogado Carrasquillo acerca de los distintos requerimientos que hiciera al apelante para que le entregase el certificado de venta, y de los pretextos y evasivas de este último para eludir su entrega. Declaró además que habién-dose encontrado posteriormente con el apelante en la Corte de Distrito de Bayamón, le exigió el certificado, el cual le fue entregado, pero que al requerirle que extendiese el endoso correspondiente, el apelante rehusó hacerlo so pretexto de que se estaba celebrando en la corte, en aquellos momentos un juicio que exigía su presencia en la sala de sesiones, pero ofreció hacer el endoso a la mayor brevedad; que Carras-quillo dejó el certificado de venta y el recibo firmado por Mercado en poder del abogado José B. Fournier, de Baya-món, con encargo de que obtuviese el endoso; que pasó algún tiempo sin tener noticias de las gestiones encomendadas a Fournier, hasta que se enteró de que el apelante, después de haber expirado el término para la redención, por escritura de 5 de octubre de 1942 ante el notario José C. Jusino (exhibit 4 del fiscal) había vendido la finca por la cantidad de mil quinientos dólares a Sixto Pesante, mayor de edad, casado con Quintina Cardona, cirujano menor y vecino de Río Pie-dras. Fué entonces que dió cuenta al fiscal.

Arguye el apelante que el artículo 471 de nuestro Código Penal no contempla una transacción como la descrita en el presente caso; que ese precepto legal lo que prohíbe es que una propiedad o parte de ella que haya sido previamente vendida, permutada o enajenada, sea otra vez vendida, per-mutada- o enajenada a otra persona con el propósito de de-fraudar al primero o al posterior comprador; y que la reden-ción de una propiedad adquirida en subasta pública para el cobro de contribuciones no es tal venta, permuta o enajena-ción, porque según alega, al redimirse esa propiedad se presume que el título siempre ha permanecido en la persona a quien pertenecía al verificarse la venta para el cobro de con-tribuciones. En apoyo de su tesis, invoca el apelante algunos casos de California interpretativos del artículo 533 del Código .Penal de aquel Estado, el cual, alega el apelante, es igual al 471 del nuestro. Los referidos casos no son de aplicación, porque si se comparan los dos artículos, inmediatamente se advertirá que el 471 tiene un ámbito mayor que el 533. El 471 no sólo incluye la venta, permuta o enajenación de cual-quier propiedad mueble o inmueble, si que también la de cual-quier interés en ella, interés que no está incluido en el artículo 533 del Código Penal de California. Es innegable que el comprador de bienes vendidos para el cobro de contribucio-nes, antes de expirar el año de redención sin que ésta se hu-biere verificado, tiene por lo menos un interés en dichos bie-nes. Colón v. Rivera, 61 D.P.R. 560, y Rivera v. Colón, 62 D.P.R. 51, 54. Si antes de haber expirado el año de reden-ción el apelante recibió el importe de ésta, obligándose a en-dosar el certificado de venta, y mediante evasivas y pretextos logró que expirase el año desde que se había extendido el cer-tificado sin haberlo endosado, vendiendo luego a- otra persona la misma propiedad, en la cual ya él no tenía interés alguno por haberlo enajenado a favor de Francisco e Irma Schettini Schroder — aceptando, repetimos, como cierta esa eviden-cia a los efectos de determinar la causa probable — , tenemos que concluir que el apelante defraudó a los anteriores dueños de la finca y que el caso está comprendido dentro de las dispo-siciones del artículo 471 del Código Penal.

El abogado del apelante pone gran énfasis en la regla de interpretación al efecto de que los estatutos penales deben ser interpretados estrictamente a favor del acusado. A este efecto, conviene repetir aquí lo dicho por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de United States v. Giles, 300 U.S. 41, 48:

“La regla frecuentemente invocada al efecto de que los estatutos penales deben ser estrictamente interpretados, no requiere que a las palabras de la ley se les dé el significado más restringido o que la evidente intención del legislador sea menospreciada {disregarded). United States v. Corbett, 215 U. S. 233, 242.”

El caso de Balasquide v. Luján, 45 D.P.R. 563, invocado por el apelante para sostener que no es admisible en evidencia el recibo por él firmado en el cual acreditó haber recibido de Carrasquillo, por cuenta de Francisco e Irma Schettini, el precio de la redención, no es aplicable al de autos. En aquel caso se trataba de un procedimiento de mandamus instituido contra el secretario-auditor y el alcalde-tesorero del Municipio de Cataño para que expidiesen los libramientos y certificaciones de pagos de salarios devengados por el anterior secretario-auditor, los cuales salarios habían sido traspasados al demandante. El documento donde se acreditaba el traspaso era un documento privado, y este tribunal sostuvo, citando con aprobación el caso de Valladares v. Berrios, Auditor, 38 D.P.R. 682, que sólo podían reconocerse los traspasos por los auditores municipales cuando constasen en documen-tos auténticos, y no siendo un documento auténtico el presen-tado por el demandante en aquel caso para acreditar el tras-paso, no era admisible en evidencia.

Opinamos que en el presente caso la prueba del fiscal demuestra la existencia de causa probable para la detención del apelante. No erró, por tanto, la corte sentenciadora al denegar el auto de fiábeas corpus.

Procede confirmar la resolución apelada.

       Apareciendo que la edieión española no es una correcta traducción de la inglesa, hemos prescindido de ella, siendo nuestra la traducción que aparece en el texto de esta opinión.

      'El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obli-garse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.” Artículo 1206, Código Civil.


author: El Juez Asociado Señob de Jesús

text:
    Ramona Colmenero, demandante y apelante, v. Epifanio Fernández Vanga, Jaime Sifre Dávila y Rafael Balseiro Ramos, demandados y apelados.
    Núm. 8828.

    — Sometido: Mayo 16, 1944.

      Resuelto: Julio 10, 1944.

      Dianiel Pellón la Fuente y Manuel García Cabrera, abogados de la apelante; Dubón <& Ochoteco, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Aurea Balseiro Dávila falleció en esta ciudad el 26 de octubre de 1938 bajo testamento ológrafo que otorgó el 25 de junio del mismo año. A su fallecimiento no dejó herederos forzosos. Nombró albaceas a los apelados, prorrogándoles el plazo del albaceazgo a cinco años a partir de la fecha de su muerte. • Constituyó un gran número de legados en dinero e inmediatamente después, en el párrafo siguiente de su testa-mento, instituyó por sus únicos y universales herederos a al-gunos de los legatarios, redactando la institución de herederos en los siguientes términos:

“En el remanente de todos mis bienes, derechos y acciones, tanto presentes como futuros, instituyo y nombro por mis únicos y uni-versales herederos a mi hijo de crianza Rafael Yachier Sauble, a mi hermana Mercedes Balseiro Dávila, a mis sobrinos José A. Bal-seiro Ramos, Juan Ramón Balseiro Ramos y Rafael Balseiro Ramos y a mi hermana Ana María Balseiro Dávila, por partes iguales.”

Ascendieron los legados a $1,499,000. Esa suma incluye los legados que por las cantidades que se expresan a conti-nuación de sus nombres hiciera a las personas que instituyó por herederos: Rafael Yachier Sauble, $200,000 con carácter preferente; Mercedes Balseiro Dávila, $100,000; Ana María Balseiro Dávila, $100,000; los sobrinos de la testadora, José A. Balseiro Ramos, Juan Ramón Balseiro Ramos y Rafael Balseiro Ramos, $200,000 cada uno, totalizando los legados de los herederos la suma de $1,000,000.

Antes de vencer los cinco años a que fuera prorrogado el albaceazgo, y a pesar de no haberse liquidado todavía la herencia, la demandante exigió de los albaceas el pago de su legado en dinero montante a $40,000. Al rehusar ellos el pago, la demandante el 2 de diciembre de 1940 inició este pleito en la corte inferior solicitando sentencia que condenase a los demandados a pagarle su legado, ya en metálico ó en bienes de la herencia, con intereses legales desde la presen-tación de la demanda, más costas, gastos y honorarios de abogados.

Para demostrar que la herencia contaba con fondos sufi-cientes para el pago de su legado, alegó que su activo ascen-día a $1,124,944.67; que las bajas sin incluir los legados suma-ban $337,925.68 y que el residuo, $787,018.99, bastaba para pa-gar los legados, que según ella por cierta circunstancia a que luego nos referiremos, habían quedado reducidos a $568,000, y que aun después de pagados quedaría un remanente de $219,018.99 para ser distribuido entre los herederos.

Contestaron los demandados oponiéndose a las pretensio-nes de la demandante y, entre otros motivos para que se deses-timase la demanda, alegaron que existía una inofieiosidad de dichos legados por la cantidad de $930,904.94, sin incluir en dicha suma lo que eventualmente tuviese que pagarse por concepto de contribución sobre herencia.

Fue el caso a juicio y se desestimó la demanda con impo-sición de costas a la demandante.

El inventario practicado por los albaceas, admitido en evi-dencia sin oposición de los demandados, reveló que el activo de la herencia ascendió, conforme alegó la demandante, a $1,124,944.67, y que las deudas, sin incluir los legados ni lo que el Tesorero reclama por contribución de herencia, suma-ban $337,925.68.

Discutiremos ahora la reducción que hace la demandante en el montante de los legados.

Arguye ella que como los legatarios que fueron instituidos herederos aceptaron la herencia pura y simple, su calidad de herederos los hace • responsables de las deudas hereditarias a la vez que su calidad de legatarios los convierte en acree-dores de la herencia, y que por consiguiente los legados de los herederos, por ser éstos acreedores y deudores de la he-rencia a la vez, quedan extinguidos por confusión de defechos.

Generalmente el heredero voluntario que acepta la heren-cia pura y simple, y a la vez es legatario, corre el riesgo de perder la herencia y el legado y aún el de responder con sns bienes propios hasta donde fnere necesario, si el caudal here-ditario no cubre la totalidad de las bajas. Esto es así por-que el heredero al aceptar la herencia pura y simple, como continuador de la personalidad de su causante, no sólo ad-quiere los derechos de éste, si que también asume sus obliga-ciones. A este efecto prescribe el artículo 957 del Codigu Civil:

“Por la aceptación pura y simple, o sin beneficio de inventario,, quedará el heredero responsable de todas las cargas de la herencia, no sólo con los bienes de ésta, sino también con los suyos propios.”

Como dice Manresa, comentando el artículo 1003 del Có-digo Civil español, idéntico al 957 del nuestro:

‘ ‘ Esto podría estimarse que no es justo, porque cuando nada queda al heredero, nada debe quedar a los legatarios. Pero tiene una expli-cación racional.
“En primer término, el heredero es libre para aceptar en la forma que quiera o para no aceptar. Si su aceptación es pura, no puede quejarse, pues que voluntariamente contrae las obligaciones que a esa forma de aceptación impone la ley.” 7 Manresa, Comentarios al Código Civil, pág. 392.

Puede el heredero evitar esa situación aceptando la heren-cia a beneficio de inventario, y de esa forma no queda obligado a pagar las deudas y demás cargas de la herencia sino hasta donde alcancen los bienes de' la misma. Artículo 977, Código Civil.

La regla general que acabamos de exponer tiene su excepción, que nace de la voluntad expresa o tácita del testador. Conforme prescribe el artículo 624 del Código Civil, en la interpretación de los testamentos debe prevalecer la voluntad del testador, y para determinarla no sólo debe atenderse al sentido literal de sus palabras, sino a lo que resulte del contexto del testamento. Examinémoslo, pues, para determinar si de acuerdo con la voluntad de la testadora el aceptar los herederos la herencia pura y simple les hace responsables con sns propios legados del pago de los demás legados.

Al constituir los legados, se expresa la testadora en los si-guientes términos:

“(1) Lego a mi hijo de crianza Rafael Vachier Sanble la suma de doscientos mil dólares, con carácter ele legado preferente. (2) Lego a mi hermana Mercedes Balseiro Dávila la suma de cien mil dólares. (3) Lego a mi hermana Ana María Balseiro Dávila la-suma de cien mil dólares, siendo mi voluntad expresa en cuanto a este legado que mi hermana Ana María sólo podrá disponer durante-su vida de la renta y usufructo de la expresada cantidad y que al ocurrir su fallecimiento dichos cien mil dólares pasen íntegros en pleno dominio a mis herederas que más adelante designo, por partes iguales. (4) Lego a mis sobrinos José A. Balseiro Ramos, Juan Ra-món Balseiro Ramos y Rafael Balseiro Ramos la suma de doscientos mil dólares para cada uno. [Siguen otros legados.]” (Subrayado-nuestro.)

Estos legatarios son los parientes más próximos de la tes-tadora: su hijo de crianza, sus hermanas y sus sobrinos. Son ellos los herederos instituidos en la cláusula que sigue inme-diatamente después de la que' se refiere a los legados, la cual empieza con las palabras: “En el remanente de todos mis bienes, derechos y acciones.”

No pudo ser la voluntad de la testadora que los derechos de estos herederos, sus más próximos parientes, entre los cua-les se halla su hijo de crianza, queden supeditados a los de los demás legatarios que no están unidos a la testadora por vínculos tan fuertes.

Considerado el contexto del testamento a la luz de éstos hechos, somos de opinión que cuando la testadora instituyó a estos herederos en el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones, fué su voluntad que sus derechos hereditarios fuesen los que pudieren existir luego de satisfacerse todos los legados. Véase por analogía la sentencia del Tribunal Supremo de España de 19 dé diciembre de 1924 (164 J. C. 748), citada en el alegato de los apelados, la cual se halla transcrita en la Enciclopedia Jurídica Española en su apéndice del año 1925, tomo, segundo, página 706.

Revelando el inventario que el activo de la herencia ascendió a $1,124,944.67, las deudas a $337,925.68, y los lega-dos a $1,499,000, fácil es concluir que, independientemente de lo que en todo caso habrá de pagarse por concepto de contri-bución sobre herencia, existe la inoficiosidad de legados que alega la parte demandada, y no pudiéndose pagar en su tota-lidad el legado de la demandante hasta que no se liquide la herencia, y no pudiéndose ésta liquidar mientras no se re-suelva en definitiva el litigio que relacionado con la misma está pendiente ante el Tribunal de Contribuciones de Puerto Rico, somos de opinión que la corte sentenciadora actuó con arreglo a derecho al desestimar la demanda.

Procede la confirmación de la sentencia.

      Es bueno tener presente que si bien el legatario es un acreedor de la liereneia, su crédito es una deuda voluntaria que asume el acreedor por mera gra-tuidad y que por consiguiente, al obligarse a su pago puede hacerlo con las con-diciones que estime conveniente imponer.

      La testadora no sólo declara preferente el legado de su hijo de crianza,, si que expresa en el mismo testamento su acendrado cariño y gran preocupación, por el porvenir de él cuando dice:
      "Suplico encarecidamente a todos mis herederos y legatarios . . . muy es-pecialmente que atiendan y ayuden en todas las medidas de sus fuerzas a mi hijo de crianza Rafael Vachier Sauble y a éste le recomiendo y pido la mayor-obediencia y respeto a sus tías, tíos y tutores."


text:
    G. Atiles Moréu, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, recurrida, y Alfredo Fernández, obrero lesionado.
    Núm. 318.

    — Sometido: Junio 5, 1944.

      Resuelto: Julio 10, 1944.

      Hon. Procurador General Interino M. Rodrigues Ramos y G. Benitez Gautier, Procurador General Auxiliar, y Joaquina Pérez Cordero, Angel de Jesús Matos, Joaquin Correa Suárez y A. Sandin del Manzano, abogados los cuatro últimos del Fondo del Estado, abo-gados todos del recurrente; E. Cornier, abogado del obrero lesio-nado.
   El Juez Asociado Señor de Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Fernández, caminero al servicio del Departa-mento del Interior, falleció a consecuencia de un accidente que sufrió mientras se hallaba en el tramo de carretera que le había sido asignado. Informado el accidente al Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado, negó compensación a sus dependientes porque el accidente, según el Adminis-trador, no surgió en el curso ni con motivo de las funciones del obrero como peón caminero.

Apelado el caso para ante la Comisión Industrial, resolvió que el obrero perdió la vida el 29 de junio de 1942 por un accidente que le provino de un acto o función inherente a su empleo, en el curso de éste y como consecuencia del mismo.

El Administrador interpuso entonces el presente recurso.

Discutiendo la evidencia, la Comisión recurrida se expresó en los siguientes términos:

“La prueba es contradictoria, pues mientras unos testigos presen-ciales declaran que el peón caminero estaba persiguiendo una vaca en el trozo de carretera que a él se le había encomendado, y en cuyo momento fué arrollado por un camión, otros testigos presenciales declararon que el peón caminero fué a subirse al camión, y que cuando éste comenzó a caminar el peón caminero resbaló y fué arrollado por otro camión que venía detrás. Aun asumiendo que el peón ea-minero hubiese tratado de abordar el camión en el mismo trozo de carretera donde estaba obligado a vigilar y cuando dicho camión es-taba parado, no nos parece que dicho acto pueda considerarse como una imprudencia temeraria. El hecho de que al empezar a caminar el camión el peón caminero resbalara y en ese momento fuese arrollado por otro camión que venía detrás, no creemos tampoco que eso fuese una imprudencia temeraria, y sí más bien un accidente inesperado y desgraciado.
“Creemos que en este caso que estamos resolviendo el peón cami-nero podía utilizar un camión en el trozo de carretera que le estaba •encomendado por el Departamento del Interior de Puerto Rico para cumplir cualesquiera de las obligaciones que le imponen la ley y los reglamentos a los peones camineros. Como dijimos antes, asumiendo •que el peón caminero fué a subir a un camión en el mismo sitio donde trabajaba y que al empezar a correr dicho camión él resbalara y ca-yera y en ese momento fuese arrollado por otro camión que venía detrás, no constituye, a nuestro juicio, imprudencia temeraria, ni lo desvía del curso natural de sus funciones como peón caminero. Esto es, como hemos dicho, asumiendo que el peón caminero abordó el camión. Mas asumiendo que el peón caminero fué arrollado mien-tras cumplía con sus deberes como tal al tratar de sacar de la carre-tera donde trabajaba una vaca que estaba suelta, entendemos asimismo que el accidente le ocurrió al empleado en el curso de su empleo y como consecuencia del mismo.
“La prueba ofrecida en la vista pública tal y como la hemos ana-lizado, nos lleva a la conclusión de que en este caso el peón caminero perdió la vida por un accidente que le provino de un acto o función inherente a su empleo y que le ocurrió en el curso de éste y como consecuencia del mismo.” (Bastardillas nuestras.)

Es deber de la Comisión — especialmente en casos como éste en que se presentan dos teorías contradictorias en cuanto a la forma en que lia ocurrido un accidente — resolver el con-flicto de los hechos a favor de una u otra parte. Ese es el propósito de la ley. Es deber que no puede eludir la Comi-sión teniendo en cuenta que, de conformidad con la sección 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, en los recursos que se interpongan ante este tribunal para revisar sus resoluciones, estamos obligados a aceptar sus con-clusiones de hecho limitándonos exclusivamente a revisar cuestiones de derecho, excepto cuando se trate de apreciación de prueba de carácter pericial.

Salta a la vista en este caso la necesidad de qne la Co-misión hiciera sns conclusiones de hecho. La teoría de los dependientes del caminero, de ser cierta, tendería a de-mostrar que el accidente que sufrió el obrero provino de un acto o función inherente a su empleo, ocurrido en el curso de éste y como consecuencia del mismo. Por el contrario, ía teoría del Administrador, de ser aceptada como cierta, no demostraría por sí sola que el accidente es compensable. Para fortalecer esa teoría de modo que tienda a demostrar que el áecidente es compensable, la Comisión se ve obligada a recu-rrir a conjeturas y especulaciones que no están sostenidas por la prueba, cuando dice en su opinión:

“Creemos que en este caso que estamos resolviendo el peón cami-nero podía utilizar un camión en el trozo de carretera que le estaba encomendado por el Departamento del Interior de Puerto Rico para, cumplir cualesquiera de las obligaciones que le imponen la ley y los reglamentos a los peones camineros.”

De la evidencia no resulta que cuando el caminero abordó el camión lo hiciera para cumplir obligación alguna impués-tale por la ley o los reglamentos. Ningún testigo declaró a dónde se dirigía el caminero al abordar el vehículo, ni con qué fin lo hizo.

De la resolución de la Comisión no aparece cuál de las dos teorías es la cierta, pues asume una y otra para concluir erróneamente, a nuestro juicio, que ya fuera una u otra la verdadera, el accidente es compensable. La resolución recu-rrida no nos pone en condiciones de resolver este caso, pues en verdad no podemos saber cuáles son los hechos que estimó probados la Comisión.

Consideradas esas circunstancias, procede revocar la re-solución recurrida y devolver el caso a la Comisión Industrial para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta opinión.

       Véase el caso de Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 62.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

text:
    F. Olazábal & Compañía, S. en C., peticionaria, v. La Corte de Distrito de Bayamón, por su Juez Hon. Emilio S. Belaval, demandada.
    Núm. 6.

    — Sometido: Junio 1, 1944.

      Resuelto: Julio 10, 1944.

      Bubón & Oehoteco y Rivera Zoyas & Rivera Cestero, abogados de la peticionaria; Oriiz Toro & Ortiz Toro y H. Ramos Mimoso, abo-gados de los interventores, demandantes en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión primordial envuelta en este recurso es resolver si, como sostuvo la corte inferior esta Corte Suprema “ ... no tenía autoridad para fijar el carácter retroactivo o prospectivo de la aplicación en Puerto Rico de la decisión en el caso de West Coast Hotel v. Parrish, 300 U.S. 379, según lo hizo en el caso de Irizarry v. Rivera Martínez, 56 D.P.R. 532.” Escuetamente expuestos los hechos son los siguientes:

Elisa Torres y otras trabajadoras, radicaron ante la Corte Municipal de Bayamón una demanda al amparo de la Ley núm. 45, aprobada el 9 de junio de 1919 (pág. 201) sobre salario mínimo para mujeres, contra F. Olazábal & Compañía, S. en C. en reclamación de $8,157.40, por concepto de salarios devengados y no pagados por labores de costura a domicilio; la demandada formuló excepciones previas y una moción eli-minatoria contra la demanda, solicitando en la referida mo-ción que se eliminasen todas las reclamaciones por concepto de salarios devengados con anterioridad. al 19 de abril de 1940 por el fundamento de haber sido realizadas dichas la-bores por contratos celebrados cuando no regía en Puerto' Pico dicha ley sobre salario mínimo. La corte municipal de-' claró con lugar la moción eliminatoria y para revisar está actuación las demandantes radicaron nna petición de certio-rari ante la Corte de Distrito de Bayamón y expedido el auto y oídas las partes la corte dictó sentencia por la que dejó' sin efecto la resolución dictada por la corte municipal y de-' volvió el caso a dicha corte para ulteriores procedimientos. Fué entonces que F. Olazázal >& Compañía, S. en C. radicó' ante esta corte nna petición de certiorari bajó la Ley núm. 32 de 1943 (pág. 85) y expedimos el auto por estar envuelta-una cuestión de gran interés público.

La historia judicial en cuanto a la constitucionalidad de la Ley núm. 45 de 1919 es bien conocida. En el caso de El Pueblo v. Álvares, 28 D.P.R. 937 (1920) se resolvió, por primera vez, que la ley era constitucional y aplicable al tra-bajo realizado por pesadas; en el de El Pueblo v. P. R. American Tobacco Co., 29 D.P.R. 397 (1921), se ratificó áu constitucionalidad y resolvió que era aplicable al trabajo re-alizado por ajuste. Tres años después esta corte, sintiéndose obligada a seguir la decisión de la Corte Suprema Nacional en el caso de Adkins v. Children’s Hospital, 261 U. S. 525, resolvió en el de El Pueblo v. Laurnaga & Co., 32 D.P.R. 831 (1924), que la ley era anticonstitucional y nula.

El 29 de marzo de 1937 — la fecha es importante a los éfec'-' tos del caso de autos — la Corte Suprema Nacional resolvió el caso de West Coast Hotel Company v. Parrish, 300 U. S. 379, a virtud del cual revocó el de Adkins, supra, y sostuvo la validez constitucional de una ley del Estado de Washington que fijaba el salario mínimo para las mujeres y menores de edad. Surgió entonces en Puerto Rico el caso de Irizarry v. Rivera Martines, 56 D.P.R. 519 (1940) en el cual estaban envueltas, no sólo la cuestión de la constitucionalidad de la Ley 45 de 1919, sino también si era aplicable al trabajo a domicilio realizado por las mujeres. La Corte de Distrito de San Juan in bank había resuelto, 1, que la ley era constitu-cional de acuerdo con el caso de West Coast Hotel v. Parrish, supra; 2, que la ley no era aplicable al trabajo a domicilio, y 3, que la declaración de estar vigente la ley no tiene efecto retroactivo en cuanto pueda afectar contratos y derechos adquiridos al amparo de la decisión de El Pueblo v. Laurnaga & Co., supra. En apelación esta corte confirmó la sentencia en cuanto a los puntos 1 y 3 y la modificó en cuanto al segundo, resolviendo en su lugar que la ley “es aplicable al trabajo a domicilio con el mismo vigor y efecto que lo es el trabajo en talleres o factorías ’ ’ y como consecuencia revocó el caso de El Pueblo v. Laurnaga, supra.

La contención de la peticionaria F. Olazábal & Compañía, es que habiendo quedado en suspenso la efectividad de la Ley núm. 45 de 1919, desde el año 1924 en que se resolvió el caso de Pueblo v. Laurnaga, hasta el 19 de abril de 1940 en que se resolvió el de Irizarry v. Rivera Martínez, los contratos cele-brados por ella con sus trabajadoras a domicilio, aun cuando no se ajusten a la Ley núm. 45 de 1919, son válidos, ya que de acuerdo con el propio caso de Irizarry se sostuvo que la vigencia de nuevo de dicha ley no tenía efecto retroactivo. Empero la corte inferior sostuvo: “Que la Ley 45 de 9 de junio de 1919, volvió a entrar en vigor el día 29 de marzo de 1937, fecha en que se rindió la decisión por la Corte Suprema de' Estados Unidos del caso .de West Coast Hotel v. Parrish . . .” y “Que por tratarse de una cuestión constitucional federal la Corte Suprema de Puerto Rico no tenía autoridad para fijar el carácter retroactivo o prospectivo de la aplica-ción de esta decisión en Puerto Rico, según lo hizo en el caso de Irizarry v. Rivera Martínez”, supra (bastardillas nues-tras).

En el caso de Irizarry v. Rivera Martínez, supra, al trátar esta cuestión, a las páginas 532-3, se dijo lo siguiente:

“La última cuestión que debemos considerar y resolver es: ¿Desde qué fecha debe surtir efecto la declaración de que la Ley de salario mínimo es constitucionalmente válida y aplicable tanto al trabajo en el taller como al trabajo a domicilio?
“Sostiene la representación del Comisionado demandado que la ley debe considerarse en vigor desde el 1 de abril de 1937, a virtud de la sentencia dictada por la Corte Suprema Federal en West Coast Hotel Co. v. Parrish, revocando el caso de Adkins, que sirvió de base a esta Corte Suprema para su decisión en el caso de El Pueblo v. Laurnaga, supra.

Sosteniendo la contención de los demandantes la corte senten-ciadora resolvió ‘que la declaración de estar vigente dicha ley no tiene efecto retroactivo en cuanto pueda afectar contratos y derechos adquiridos al amparo de la decisión de El Pueblo v. Laurnaga & Co,, S. en C., supra.’

“La decisión de la corte inferior en cuanto a. ese extremo se ajusta a derecho. Como regla general, cuando una decisión de un tribunal superior es revocada, la revocación implica que la decisión revocada nunca existió. No puede por tanto alegarse ningún derecho como adquirido al amparo de la decisión revocada. La regia tiene sin embargo una excepción bien establecida y reconocida por los tribunales federales y estatales, y es la siguiente:
“ ‘Cuando un estatuto ha sido interpretado en determinado sen-tido por el tribunal más alto del estado y al amparo de«esa interpre-tación se han celebrado contratos y se han adquirido derechos, tales contratos y derechos adquiridos no pueden ser perjudicados por un cambio en la interpretación mediante una subsiguiente decisión.’ 7 R.C.L. 1010.
“La aplicación de dicha regla al caso de autos nos parece ser justa y equitativa. Las partes actuaron y contrataron al amparo de la decisión de esta corte en el caso de Laurnaga, por la que se declaró inválida y anticonstitucional la ley que fija el salario mínimo. Al celebrar el contrato ele trabajo, ni los patronos ni las obreras tu-vieron en mente el salario mínimo fijado por una ley que había sido anulada por una sentencia del más alto tribunal insular. Sería in--justo bajo tales circunstancias obligar ahora a los patronos a pagar la diferencia, si alguna hubiere, entre los salarios actualmente pagados y los fijados por la ley. Véanse: 85 A.L.R. 262; y 43 F. (2d) 513, 516.’’

La corte inferior en su opinión sostiene que esta conclu-sión es errónea porque al dictaminar esta corte sobre una cuestión constitucional, al amparo de nuestra Carta Orgánica, no actúa como lo hace una corte, estatal de última instancia sobre leves de carácter substantivo, sino que actúa como una corte territorial intermedia cuyas decisiones pueden ser revi-sadas y revocadas, tanto por la Corte de Circuito de Ape-laciones, como por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sostuvo, por tanto, que ni la Corte de Distrito de San Juan ni esta Corte Suprema podían darle efecto retroactivo o pros-pectivo a la decisión del caso de Parrish, supra, y que tan pronto el mismo fué resuelto el 29 de marzo de 1937 implí-citamente quedó revocado el caso de Pueblo v. Laurnaga, y la ley de salario mínimo era obligatoria para todos desde esa fecha.

La peticionaria, por' su parte, afronta y contesta en su alegato la cuestión según planteada y resuelta por la corte inferior citando, 1, lo dicho por esta corte en el caso de Irizarry, supra, y 2, la jurisprudencia general sobre el hecho de que los tribunales de última instancia estatales al revocar anteriores decisiones suyas pueden establecer el efecto pros-pectivo de la última decisión cuando ésta pueda afectar con-tratos y derechos adquiridos a virtud de sus decisiones ante-riores, ya que, en el ejercicio de este poder no hay envuelta cuestión constitucional alguna, según resolvió la Corte Su-prema federal en el caso de Great Northern Railway Company v. Sunburst Oil & Refining Company, 287 U.S. 358.

Para sostener su conclusión la única autoridad citada por la corte inferior es el caso de González v. Bowie, 123 F.(2d) 387 en relación con el de Calaf v. González, 127 F.(2) 935. La Corte Federal de Puerto Eico había declarado-que la Ley de Normas Eazonables del Trabajo (Fair Labor Standards Act) no era aplicable a los obreros que trabajaban en las centrales durante la época muerta. En el caso de Bowie, supra, la Corte de Circuito revocó dicha decisión. Surgió entonces el caso de Calaf v. González y se alegó ante la Corte de Circuito que la opinión en el caso de Bowie, supra, debía aplicarse prospectivamente porque los demandados confiaron en la regla de propiedad establecida por la corte inferior, y en cuanto a esto resolvió la Corte de Circuito a la página 938:

“Consideramos esta posición insostenible. Con anterioridad a nuestra decisión en dicho caso (el de Bowie) no se había hecho in-terpretación alguna en cuanto a la aplicabilidad de la Ley sobre Normas Razonables de Trabajo a hechos de esta clase excepto la decisión de la corte de distrito. La corte de distrito no es, en sen-tido alguno, una corte de última instancia. Aunque las sentencias de dicha corte son merecedoras de gran peso, están sujetas a apela-ción y revocación. Esto es especialmente cierto en el caso de autos donde la controversia es sin duda una de interpretación estatutaria. ’ ’

No vemos la similitud que pueda haber entre lo resuelto en el caso de Calaf, supra, y la situación legal planteada en el de autos. Ciertamente lo resuelto por la Corte de Distrito federal de Puerto Rico en el caso de Bowie interpretando el alcance de la Ley sobre Normas Razonables del Trabajo no podía considerarse como regla de propiedad algnna ya que no se trataba de un caso revocando una decisión anterior de la misma corte y estableciendo como consecuencia la vigencia prospectiva de sus efectos, y, aunque lo hubiera sido, la de-cisión en el caso de Bowie, estaba sujeta a revocación, como lo fué, por la Corte de Circuito y, como dijo esta última, dicha corte de distrito no es “en sentido alguno una corte de última instancia”. Por el contrario esta Corte Suprema sí es una corte de última instancia ya que nosotros determinamos el alcance e interpretación de la ley local. Es cierto que nues-tras decisiones en materias constitucionales y en sentido limi-tado en los demás casos están sujetas a revisión y revo-cación por la Corte de Circuito y la Corte Suprema Nacional, empero, ésa no es la situación que confrontamos en el pre-sente caso.

Esta Corte, siguiendo la pauta de la Corte Suprema Na-cional, declaró anticonstitucional la Ley de Salario Mínimo para mujeres y luego, siguiendo la nueva pauta sentada por dicha corte, la declaró constitucional. Nuestra ley, como tal, no estaba envuelta en forma alguna ni en el caso de Adkins ni en el de Parrish, supra, y no podemos aceptar, por tanto, que la declaración de constitucionalidad de la ley del Estado de Washington en el caso de Parrish tenga el efecto de privar a esta corte del poder de determinar, una vez revocado el caso de Pueblo v. Laurnaga, la cuestión local en cuanto a desde qué fecha debía considerarse vigente nuestra ley de salario mínimo, en tanto en cuanto pueda afectar contratos y derechos adquiridos bajo dicha decisión. Esta determina-ción no envuelve cuestión constitucional alguna, según ha re-suelto la Corte Suprema Nacional en el caso de Sunburst Oil & Ref. Co., supra, cuando por voz del Juez Asociado Sr. Cardozo se expresó en esta forma a las páginas 364-5:

. . El presente es un caso donde una corte se ha negado a considerar su fallo con carácter retroactivo, y se asume la novel actitud de que esa negativa infringe la Constitución de los Estados Unidos.
“Opinamos que la constitución federal nada tiene que ver con la cuestión. Al establecer los límites de adhesión a precedentes un estado puede elegir por sí mismo entre el principio de operación-prospectiva y el de aplicación retroactiva. Puede decir que las de-, cisiones de su más alto tribunal, a pesar de haber sido luego revoca,-das, no obstante constituyen la ley para transacciones intermedias. En verdad ha.y casos que insinúan muy liberalmente (cita) que el estado debe darles tal efecto; pero nunca se ha dudado de que puede' tratarlas de este modo a su antojo, siempre que con ello se evite la injusticia o la opresión. (Citas). Por otro lado, puede adherirse' al antiguo dogma de que la ley declarada por sus cortes tenía una existencia Platónica o ideal antes del momento de su declaración,, en el cual caso la declaración desacreditada se considerará como que nunca existió, y la declaración reconsiderada será tenida como la ley original. (Citas). La alternativa es la misma ya proceda la cues-t-ión envuelta en la nueva decisión del derecho común (cita) o del' estatutario. (Citas). La elección que haga cualquier estado puede determinarse por la filosofía jurídica de sus jueces, del concepto que tengan del derecho, su origen y naturaleza. Revisamos, no la sabi-duría de su filosofía, sí que la legalidad de sus actuaciones.”

En nuestra opinión, una cosa es la declaración de consti-tucionalidad que esta corte pueda hacer de un estatuto nues-tro, cuya decisión puede ser revisada en apelación, y otra distinta es la decisión de esta corte en cuanto al carácter prospectivo o retroactivo de nuestra posterior decisión. En; este último caso no hay cuestión constitucional alguna en-vuelta. Además, de hecho nuestra decisión en el caso ’ de. Irizarry v. Rivera Martines, supra, nunca fué apelada.

Nos damos cuenta de que la cuestión del efecto retroac-tivo o prospectivo de una segunda decisión revocando una anterior es una de las más complicadas y debatidas. Así lo hace constar la propia Corte- Suprema Nacional en él casó' de Chicot County Dist. v. Bank, 308 U.S. 371 (1939) y la cuestión en general lia sido objeto de disensión y estudio por varios comentaristas. El caso expuesto por el Juez Hughes es aun más fuerte pues él trata de la existencia de una ley, que ha sido declarada inconstitucional, como un “hecho efectivo”. Empero, la regla prevaleciente es que corres-ponde a la corte de última instancia determinar cuál es la regla que desea aplicar. Localmente ya esta corte en el caso de Irizarry v. Rivera Martinez, supra, expresó su criterio y no se .nos ha convencido de que debamos variar lo que en dicho caso resolvimos. Por el contrario, sería injusto e inequita-tivo resolver ahora, en el año 1944, que los contratos celebra-dos desdé el año 1937 hasta el año 1940 no estaban cubiertos por lo que en dicho año de 1940 resolvimos en el caso de Irizarry y qne por el contrario la peticionaria estaba obligada desde el año 1937, en que se resolvió el caso de Parrish, a considerar válida nuestra ley sobre salario mínimo para los mismos.

Se declara con lugar el recurso, se anula la sentencia dic-tada por la Corte de Distrito de Bayamón el día 10 de febrero de 1944 en el caso civil número 2698 de Elisa Torres et al. v. Corte Municipal de Bayamón, sobre certiorari, y se devuelven los autos a dicha corte para que dicte resolución de confor-midad con esta opinión, y a su vez remita el caso a la Corte Municipal de Bayamón para que celebre el juicio en su fondo y dicte la sentencia que proceda.

      Es obvio que la corte inferior lo que debió haber dictado en este caso es una resolución y no una sentencia.

       Corte de Distrito de San Juan ai resolver el caso de Irizarry v. Rivera Martínez en agosto 18, 1937, expresamente dijo:
      “Por consiguiente, el caso de Laurnaga se halla en manifiesto conflicto con el de West Coast Motel Co. v. Parrish, resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Mas, como este último tribunal es de jerarquía superior a nuestra Corte Suprema, claro está que el conflicto no puede legalmente subsistir y por lo tanto, el caso de Laurnaga ha quedado implícitamente revoeado por la última decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
      “Empero alegan los demandantes que para que reviva la Ley de Salario Mínimo, es necesario que el caso de Laurnaga sea revocado por nuestro Tribunal Supremo o por la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito.

        "Sostienen además los demandantes, que mientras dicho caso no sea de ese modo revocado, el precedente establecido es obligatorio para nosotros y en su consecuencia que no podemos declarar constitucional la Ley de Salario Mínimo por impedírnoslo la referida decisión.
      “En cuanto al primer punto, bastaría replicar que lo más incluye lo menos y que si el Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Corte de Circuito de Apela-ciones pueden revocar el caso de Laurnaga, con mucha más autoridad puede hacerlo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que es superior a uno y otro,'tanto más cuanto se trata, como en este caso, de un tribunal territorial como es la Corte Suprema de Puerto Rico. (Choate v. Speneer, 20 L.R.A. 242— 430.)
      í t -X- «■ * * -» * -X. ->:
      “Pasando ahora al segundo punto, es decir, a la aseveración que hacen los demandantes al efecto de que el caso de Laurnaga nos obliga a que no podemos ir contra su doctrina, bastaría decir que como corte de jurisdicción original general no debemos actuar como autómatas en la aplicación de la ley y en el estudio de los precedentes.”

       Véase Castro v. Junta de Comisionados de San Juan, resuelto por la Corte Suprema Nacional el 29 de mayo de 1944.

       El Juez Presidente Huglies en dicho caso, si bien lo limitó al resolverlo a una cuestión de res judicata que había envuelta en el mismo, se expresó a la pág. 374 en esta forma:
      '‘Las cortes inferiores han actuado bajo la teoría de que la Ley del Con-greso habiendo sido declarada inconstitucional, no era una ley; que era ineficaz, que ni confería derechos ni imponía obligaciones y que por tanto no constituía una base para el decreto que se ataca. (Citas). Sin embargo, es bien claro que tales manifestaciones generales en cuanto al efecto de la determinación de inconstitucionalidad, deben considerarse con reservas. La existencia propiamente dicha de un estatuto, con anterioridad a tal determinación, es un hecho efectivo y puede tener consecuencias de las cuales no debe razonablemente hacerse caso omiso. dSTo puede siempre borrarse el pasado con una nueva declaración judicial. El efecto del fallo posterior en cuanto a la invalidez deberá considerarse en varios aspectos — con respecto a relaciones particulares, individuales y corpo-rativas y conducta particular, privada y oficial. Es necesario el examen de cuestiones de derechos que se alega han sido adquiridos, de status, de deter-minaciones anteriores las cuales se creyeron definitivas y se actuó de conformidad con ellos, do política pública a la luz de la naturaleza tanto del estatuto como de su aplicación anterior. Dichas cuestiones caen dentro de las más difíciles de cuantas ocupan la atención de los tribunales, estatales y federales, y de numerosas decisiones se desprende el hecho de que una declaración general de un principio 'de absoluta invalidez retroactiva no puede justificarse. Sin intentar revisar los diferentes tipos de casos en que las consecuencias de un fallo contra la validez han sido' determinadas en relación con las circunstancias específicas de transac-ciones verificadas en el pasado, limitamos propiamente nuestra consideración a la cuestión de res judicata, tal como viene ahora ante nos. ’ ’

       Véase Freeman “Retroactive Operation of Decisions” en 18 Col. Law Rev. 230; von Moschzisker (‘Stare Decisis in Courts of Last Ressort”, 37 Harv. L. Rev. 409; Frank W. Grinell: “Stare Decisis and the Supreme Court of the the United States”, 27 J. Am. Jud. Soc. 183 (abril 1944); y anotaciones en 42 Yale Law Journal 779, 48 Harv. L. Rev. 1271.

       El caso de autos se distingue del de Compañía Popular de Transporte v. Corte, 63 D.P.R. 121, 131, porque en este último la corte municipal ya había dic-tado sentencia y correspondía a la corte de distrito continuar conociendo del caso en apelación, en un juicio de novo; mientras que en el de autos la corte municipal lo único que lia resuelto es una moción eliminatoria y fué para revisar esa resolución que se acudió al recurso de certiorari.


text:
    Américo Colón, peticionario, v. Hon. R. Agraít Aldea, Juez, Corte de Distrito de Arecibo, Sección Primera, demandado.
    Núm. 1568.

    — Sometido: Junio 19, 1944.

      Resuelto: Julio 10, 1944.

      Efraín Ramírez Ramírez, abogado del peticionario; Eduardo Péresí Oasalduc, abogado de la demandada en el pleito principal.
   El Juez Asociado Señor Todd, Jr.,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia por la Corte de Distrito de ArecibOj en apelación de la Corte Municipal, en un caso sobre recla-mación de salarios, el demandante apeló de dicha sentencia para ante esta Corte Suprema. La naturaleza del trabajo realizado por el demandante se expone en la querella en esta, forma: “Que la querellada contrató los servicios de este querellante como peón en la casa de uno de sus Jefes de Campo y éste prestó dichos servicios como se fijan a con-tinuación”.

El demandante solicitó de la corte inferior que ordenara al taquígrafo la preparación de la transcripción de evidencia para perfeccionar su recurso y entonces la corte dictó una orden ol 20 de mayo de 1944 que dice así:

“Lamentamos no poder dar la orden para la transcripción, porque según la ley de salarios, sólo hay derecho a una apelación en caso ¿fe obraros agrícolas, y no podríamos obligar al taquígrafo a trabajar en una transcripción si la misma ley niega el derecho de apelación." (Bastardillas nuestras.)

A solicitud del demandante expedimos un auto de certio-rari para revisar esta actuación de la corte inferior. La demandada en el caso apelado fué notificada del auto y de la petición y no compareció a la vista ni ha radicado oposición, alguna.

Las cortes de distrito no tienen facultad para negar a un litigante el derecho que les concede la ley de obtener los documentos necesarios, previo el pago de los derechos correspondientes, para perfeccionar una apelación establecida para ante esta corte, En el caso de autos uno de los hechos en controversia es precisamente si los salarios reclamados son de naturaleza agrícola o no. La propia corte inferior al de-sestimar la demanda no resolvió expresamente .que los sala-rios reclamados eran agrícolas, sino que se limitó a decir en su opinión lo siguiente:

“Resultando de la prueba practicada que el trabajo del deman-dante por el cual reclama indemnización de boras extras, no consistía en servicios que prestara exclusivamente a la Central Cambalache, sino que realizaba trabajos de sirviente de un mayordomo de la Central, en asuntos particulares de la familia como la compra de frutos en el mercado, y resultando de la prueba que el demandante se dedicaba, también, a cuidar vacas de su propiedad y a traer y vender leche de esas vacas a la ciudad de Arecibo, y resultando además que el sueldo convenido no era por horas, sino a base de una cantidad por semana, y que el demandante gozaba de otros benefi-cios proporcionados por la Central, como casa, agua y luz gratis para él y su familia, la Corte entiende que no procede cobrar horas extras, que tampoco se probaron en forma convincente, pues no podrían determinarse debido a la forma mixta de trabajo que hacía el de-mandante, ocupándose no sólo del trabajo de atender caballos de la Central, sino de asuntos propios del mayordomo, y de asuntos per-sonales suyos.”

La determinación, por tanto, que hizo la corte inferior en la orden negando la transcripción de evidencia, de que se trata ( de un caso de reclamación de salarios agrícolas, no está sos-tenida por su opinión al resolver el caso. Y aunque sí lo estuviera, tampoco correspondía a la corte de distrito resolver si el caso es apelable o no para ante esta Corte Suprema, cf. Rivera v. Martínez, 27 D.P.R. 475.

Se anula la orden dictada -por la Corte de Distrito de Arecibo el 20 de mayo de 1944, y se devuelven los autos del. caso Civil núm. 5514, Américo Colón v. Central Cambalache, a dicha corte, para ulteriores procedimientos.


author: El Juez Asociado Señor Todd, JR.,

text:
    Luis G. Lloréns Delgado, demandante y apelante, v. La Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce, etc., demandada y apelada.
    Núm. 8874.

    — Sometido: Mayo 5, 1944.

      Resuelto: Julio 10, 1944.

      B. Hernández Matos, abogado del apelante; Erasto Arjona Siam, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Todd, JR.,

emitió la opinión del tribunal.

La cuestión fundamental que debemos resolver en este recurso es si la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce (a la cual nos referiremos en lo sucesivo como “la Junta”), tiene facultad para otorgar un contrato de arren-damiento de servicios por un término de cuatro años, sin la aprobación por la Asamblea Municipal de Ponce del sueldo fijado en dicho contrato.

La Junta fue creada a virtud de una franquicia concedida en 20 de noviembre de 1911 al Municipio de Ponce por el antiguo Consejo Ejecutivo, intitulada “An ordinance granting to the Municipality of Ponce, Porto Bico, authority to construct, maintain and operate a pier, on the shore of Ponce habor, at Peñoncillo Point.’

El 3 de enero de 1941 la Junta estaba compuesta por los siguientes miembros: Eugenio Le Compte, Arturo Castro, Jr., Teodoro Hoscoso, Eafael Ángel Torres y Guillermo Cor-tada. En esa fecha la Junta y el demandante, Luis G. Llo-réns Delgado, que desde varios meses antes venía desempe-ñando el cargo de Superintendente del Muellé, celebraron un contrato; 'elevado a escritura pública, mediante el cual Lloréns se comprometió a desempeñar la misma plaza de Superinten-dente durante un período de cuatro años, a vencer el día 3 de enero de 1945, por la compensación de $100 quincenales. Para el día 30 de junio de 1941, habían expirado los términos por los cuales habían sido nombrados Le Compte, Castro, Jr„ y Moscoso, por lo que el gobernador de Puerto Rico, con arreglo a las disposiciones de la franquicia, había extendido nombramiento a favor de Juan Cabrer, Juan Rniz Mora (miembros de la Asamblea Municipal de Ponce) y de Ismaro Torruella, comerciante, a recomendación de dicha Asamblea. La Junta, así reorganizada, el 30 de junio de 1941 tomó un acuerdo a virtud del cual declaró vacante el cargo de Superin-tendente de dicho muelle, y dejó cesante al demandante a partir del día Io. de julio de 1941. Lloréns prestó sus servicios como Superintendente, recibiendo quincenalmente la suma de $100 hasta que fué separado de su cargo en 30 de Junio de 1941, y luego demandó a la Junta reclamando $8,400 en concepto de daños y perjuicios por violación del contrato. No hay nada en la prueba presentada que demuestre que la Asamblea Municipal de Ponce tuviera conocimiento del con-trato celebrado por la Junta con Lloréns y tampoco prueba alguna que demuestre que' la Junta sometiera a la Asamblea Municipal, para su aprobación, el sueldo fijado a Lloréns por cuatro años. El presupuesto del Muelle para el año fiscal 1940-41 fué enviado a la Asamblea Municipal para su api*o-baeión el 12 de julio de 1940 — cerca de seis meses antes de otorgarse el contrato entre la Junta y Lloréns el 3 de enero de 1941 — y no hay prueba alguna de que fuera aprobado por la Asamblea. En dicho presupuesto la partida para pago de “Personal del Muelle”, aparece aprobada en $13,500, sin especificar los sueldos. El presupuesto del Muelle para el año fiscal 1941-42 fué sometido por la Junta a la Asamblea Municipal el 25 de junio de 1941 y aprobado por la Asamblea al día siguiente para comenzar a regir el Io. de julio y eri él se especifica el “Personal de plantilla” comenzando con “Un Jefe de Muelle e Inspector de Obras” con un sueldo de $195 mensuales.

La corte inferior desestimó la demanda y el apelante en este recurso alega que erró, 1, al resolver que la Junta está subordinada al Municipio de Ponce y por tanto afectada al resultado de las elecciones generales; 2, al resolver que la Junta que otorgó el contrato era una entidad distinta a aquélla que lo quebrantó y que ésta no estaba obligada por el contrato; 3, al resolver que el contrato nunca fué perfec-cionado por no haber sido aprobado por la Asamblea Municipal; 4, al resolver que el contrato privó a la Junta sucesora de la facultad de cambiar el personal del Muelle; y 5, al resolver que el contrato está en pugna con la franquicia, la, política pública y con una sana administración pública.

No hemos de seguir al apelante en la discusión ex-tensa y separada que hace en su alegato de cada uno de los errores señalados. Ta hemos dicho que la cuestión fundamental envuelta es una: si la Junta tenía poder para otorgar el contrato por cuatro años sin la aprobación de la Asamblea Municipal del sueldo fijado al apelante. Nos confrontamos inmediatamente con el alcance de la sección 9 de la franquicia, supra, en cuanto a las limitaciones que impone a la Junta.'

Un análisis detenido de dicha sección demuestra que aqn cuando se le concedieron poderes amplios y generales para “administrar, operar y conservar” el Muelle de Ponce y que dichos “poderes y deberes” serían similares a los de uná “junta de directores de una corporación comercial ordina-ria”, se especifica que “no tendrá derecho a conceder ningún derecho o privilegio especial a nadie”. Inmediatamente se especifica que la Junta tendrá derecho a “emplear aquel personal, que a su juicio sea necesario para operar debidamente dicho muelle y de fijar y determinar la compensación de todos los empleados, además de los ingresos y gastos- estimados para fines administrativos.” Empero, “esta suma total”, es decir, la compensación de todos los empleados más el esti-mado de ingresos y gastos, “será sometida a la Asamblea Municipal para su aprobación y en caso de que el presupuesto no sea aprobado por la Asamblea Municipal, será sometido al Consejo Ejecutivo para su decisión y ajuste, siendo su ac-tuación final.” (Bastardillas nuestras.) Se dispone, ade-■más, que “los sueldos del personal . . . serán pagados por el tesorero municipal” ya que todos los ingresos del muelle deben “ser entregados (por la Junta) a dicho tesorero -municipal todos los días.” Por último dicha sección provee -la forma en que se distribuirán los ingresos netos 'del muelle, después de pagarse los sueldos y gastos de operación, con la intervención del tesorero municipal y de la Asamblea Municipal y si existe algún “sobrante se pondrá a la disposición de la Asamblea Municipal para ser legalmente empleado ■y gastado en aquellas mejoras de la ciudad que se estimen nece-sarias.”

¿Puede sostenerse, como sostiene el apelante, que la Junta bajo estas disposiciones, es una entidad completamente autó-noma e independiente de la Asamblea Municipal? Si además de las limitaciones anteriormente reseñadas tomamos en con-sideración la forma en que se nombran sus miembros — dos ' asambleístas municipales y otro miembro recomendado por la Asamblea Municipal — la pregunta debe contestarse en la ne-gativa, La intención del Consejo Ejecutivo al conceder esta franquicia de carácter especial al Municipio de Ponce fué la de crear en ella una Junta que administrara, bajo la super- ' visión de la Asamblea Municipal en cuanto a la aprobación de todo sueldo pagado o gasto incurrido, el muelle que se'iba 'a construir. Es cierto que la Junta tiene completo control de la administración del muelle (que es una dependencia municipal) y para ello puede seleccionar, nombrar y fijarle los sueldos a sus empleados, empero todo ello con una limitación muy importante; que dichos sueldos tienen que ser sometidos, en un presupuesto anual, a la aprobación de la Asamblea ' Municipal. En el caso de autos la prueba demostró que esto nunca se hizo. En el correspondiente al año 'fiscal 194GMtl no pudo haberse hecho porque a la fecha en que se sometió ' el presupuesto de la Junta a la Asamblea no existía contrato ■ alguno- con el apelante y en el del año 1941-42 porque ya la Junta, según reorganizada, había suprimido el cargo.

El apelante, al contratar con la Junta, se presume que conocía la autoridad limitada de ésta para otorgar el contrato, pues la franquicia creando la Junta implícitamente formaba parte del contrato. Siendo esto así, somos de opinión que la corte inferior no erró al resolver que la Junta carecía de poder para, otorgar un contrato por cuatro años. Es más, la misma franquicia al conceder amplia facultad a la Junta para administrar los asuntos del muelle implícitamente prohibe que se delegue en otra persona esos poderes, en la forma en que se pretendió hacer en el contrato con el apelante, a quien se concedía el poder de hacer nombramientos de empleados y el de pagarles sus sueldos, facultad ésta exclusiva de la Junta. De hecho lo que se pretendió hacer fué atar las ma-nos a la nueva Junta durante cuatro años.

El apelante a través de su alegato trata de demos- ’ trar que la actuación de la Junta fué inspirada por motivos políticos y arguye que en la administración del Muelle de Ponce no deben prevalecer motivaciones de carácter político y que las mismas no deben ser amparadas por la cortes. No tiene gran fuerza persuasiva la posición que asume el ape-lante. Tomamos conocimiento judicial de que en noviembre de 1940 se celebraron elecciones generales en Puerto Rico y que como consecuencia de ellas en el mes de enero de 1941 ocurrió un cambio total en la administración municipal de Ponce. Siendo esa la situación, al demandante, que traba-jaba en el muelle de Ponce, sin contrato alguno, se le ofreció por la Junta saliente y aceptó un contrato por cuatro años— basta enero de 1945 — a sabiendas del cambio ocurrido en la administración del Municipio de Ponce, hecho que, necesa-riamente, a virtud de la franquicia, tenía que ocasionar un cambio de la mayoría de los miembros de la Junta. Basta exponer los hechos para que ellos sean suficiente contesta-ción al alegado prurito de saneamiento político expuesto por el apelante.

Es cierto que la Junta es una de carácter continuo y que la sustitución de unos miembros por otros no hace que la Junta, como tal, sea una distinta. Esto no significa, sin embargo, que los miembros de la Junta en determinada fecha puedan, por sus actuaciones, continuar de hecho dominando y controlando la administración del muelle de Ponce en tal forma que conviertan en letra muerta durante cuatro años los poderes concedidos por la franquicia a la Junta. El contrato otorgado en enero de 1941 a favor del apelante tiene este alcance y no erró la corte inferior al sostener que está en contra “de la franquicia, de la política pública y de la más sana administración, ya que la Junta es un organismo creado para un fin público.”

Esta conclusión está ampliamente sostenida por la prepon-derancia de la jurisprudencia. No consideramos necesa-rio, a los fines de este caso, entrar a considerar y resolver el alcance del poder gubernamental o de propiedad que pueda estar envuelto en la actuación de la Junta al otorgar el con-trato. Limitamos nuestra decisión a los hechos específicos de que, 1, la Junta no podía contratar con el apelante por cuatro años porque el sueldo fijado en el contrato necesitaba la apro-bación de la Asamblea Municipal anualmente y dicho sueldo nunca fue aprobado; y 2, la Junta que existía en enero de 1941 no podía privar de los poderes que para administrar el muelle le concede la franquicia a la Junta que durante cuatro años sucesivos pudiera existir de acuerdo con las va-riaciones que en sus miembros pudieran ocurrir.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

       La sección 9 de dicha franquicia, que es la primordialmente envuelta én este recurso, lee como sigue:
      “Section 9. — That the pier to be constructed and operated by virtue of this ordinance shall be managed by a board, whose management, qualifications and tenure of office shall be as hereinafter set forth. Said board shall be known as the Board of Management and shall have complete control of the management, operation and conservation of the pier structure, and so far as not incompatible with the terms of this ordinam.ee, or with the terms of any mortgage or bonded indebtedness to which the pier structure may be subjected, shall have powers and duties similar to a board of directors in an ordinary commercial corporation, but shall have no right to sell, lease or mortgage said pier without the consent of the Municipal Council, and shall have no right to grant any special rights or privileges to any one.

        “Said board shall have the right to employ such personnel, as in its judgment may be necessary properly to operate said pier and whmf, and to fix and determine the compensation of all employees, as well as the total estimated receipts and expenses for administrative purposes, and this total amount shall be submitted for the approval of the Municipal Coumoil; and in the event that the budget is not so approved_ by the Humcipal Council, it shall be submitted to the Executive Council for decision and adjustment, the action of which shall be final.

        < ( * * * * * * * *
      “The Harbor fees, etc., and warehouse fees, and all other receipts accruing on account of said pier, wharf and warehouse, as fixed by the board of management and approved by the Executive Council, shall be collected by the board of management or ite assistants, employees, etc. and twned over to the municipal treasurer every day. The salaries of the personnel and running expenses of said pier, wharf and warehouse, shall he paid by the municipal tresawer upon vouchers signed by the manager and countersigned by the secretary of the board of management, with the right of the board of management to.intervene at any time.

        “The net receipts from the operation of the wharf, pier and warehouse, after paying salaries and operating expenses, shall be set aside by the board of management. and the municipal treasurer to pay the annual interest and establish the annual proportion of the smiting fund of the municipal loan effected from the People of Porto Pico, for the purpose of building and constructing this improvement, and after such applications to pay interest and establish the sinking fund then the board of management, with the approval of the municipal council, may apply such portion of or the balance remaining as may be necessary for the repair and upkeep of the pier and appurtenances thereto, and to removing any obstacles to the free use of the pier. After such application has been made, the remainder shall be placed at the free disposal of the municipal council and shall be lawfully applied and expended in such other city improvements as may be deemed necessary.

      "The board of management hereinbefore provided for shall consist of five members to be appointed by the Governor with the advice and consent of the Executive Council, two of whom shall be members of the Municipal Council, and the other three representative business men resident within Municipal District of Ponce, one of whom shall be selected by the Governor from 'a list of nine men recommended by the Municipal Coimdl. The two members appointed from the municipal Council shall hold office for four years, and the other three members for two years. Said board of management, one or all, may be removed at any time by the Governor of Porto Eico for just cause, such action by the Governor being final. In ease of death, disabiltiy, resignation or removal before the expiration of a term of office a substitute shall be appointed by the Governor, as above provided, to complete the unexpired portion of said term of office." (Bastardillas nuestras.)

       Entre los servicios encomendados al Sr. Lloréns a virtud de la cláusula primera del contrato, están los siguientes:
      “Don Luis G. Lloréns Delgado por la presente se compromete y obliga a prestar sus servicios personales como Superintendente del Muelle Municipal de Ponce, teniendo a su cargo la dirección inmediata del movimiento de carga y -desearga de dicho Muelle Municipal de Ponce, la conservación de la estructura 5el Muelle y todos sus implementos, el nombramiento y pago de empleados para la carga y descarga de vapores, y demás deberes y obligaciones necesarias para la mejor administración de los negocios a que se dedica el Muelle Municipal de JPonce.” (Bastardillas nuestras).

       El acuerdo de la Junta.no se refería al cargo de Superintendente, exclu-sivamente, sino que incluía trece puestos adicionales y dice, en lo pertinente así:
      “Que a los fines de llevar a cabo una reorganización total de los negocios del Muelle, se tome el acuerdo por esta Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce, de declarar vacantes en el día de hoy las siguientes plazas de Plantilla y que este acuerdo se haga público para conocimiento de todas las per-sonas interesadas:
      1. Superintendente
      2. Cajero
      3. Subadministrador
      4. Tenedor de Libros.
      5. Listero
      6. Guarda almacén
      7. Celador mayor
      8.Inspector de carga
      '9. Practicante
      10. Mecánico
      11. Portero
      12. Dos watchmen

      13. Dos bax’renderos aux.
      14. Un watchman diurno.
      “ Discutida la moción del Sr. Ruis Mora, es aprobada por tres votos en favor y uno en contra, el del Sr. Cortada. ’ ’

       Véase la anotación en 70 A.L.K. 794, especialmente a las páginas 799 a. 802.


author: El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Torruella Cortada, acusado y apelante.
    Núm. 10441.

    — Sometido: Junio 7, 1944.

      Resuelto: Julio 10, 1944.

      Rafael Hernandez Matos, abogado del apelante; R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Todd, Je.,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Ponce, en grado apelativo, declaró culpable a Rafael Torruella Cortada de una infracción a la Ley núm. 17 de 1931, en relación con el artículo 36 del Código Penal, consistente, según la denuncia en que “ilegal y volun-tariamente, actuando como Administrador del Muelle Municipal de Ponce, creado a virtud de una ordenanza o fran-quicia otorgada por el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico al Gobierno Municipal de Ponce, y en representación de la Junta de Gobierno del referido muelle municipal de Ponee, quien es 'el patrono de los obreros cuyos servicios utiliza, allí y entonces, ayudó a descontar y descontó el diez por ciento (10%), de los salarios devengados por los obreros, para ser pagado a otra persona.”

Sentenciado a pagar una multa de $50 ó en su defecto a sufrir un día de cárcel por cada dólar que dejare de satis-facer, el acusado entabló el presente recurso en el que alega que la corte inferior erró “al dictar sentencia en este caso condenando al acusado, porque no se probó al acusado los Lechos que se le imputan en la denuncia.”

Las secciones 1, 5, 6 y 7 de la Ley núm. 17 “Para Reglamentar el Contrato de Trabajo, garantizar el salario del obrero, imponer ciertas penalidades por la violación de la misma, y para otros fines”, aprobada el 17 de abril de 1931 disponen lo siguiente:

“Sección 1. — En todo contrato celebrado con obreros se pagarán los salarios de éstos, exclusivamente en moneda legal de Estados Uni-dos de América y si por convenio especial, por costumbre o por cual-quier otro motivo percibiere, antes de la fecha regular del pago de su salario, un anticipo en metálico, será legal que el patrono des-cuente dicho anticipo. Si en un contrato de trabajo celebrado se estipulare que todo o parte de los salarios, se pagasen en otra forma que en metálico, será nulo tal contrato en todo lo referente a la pro-mesa o compromiso de que se paguen los salarios en otra forma que en moneda legal dé Estados Unidos de América.
“Sección 5. — En el caso de que el patrono o su apoderado haga un anticipo en moneda legal de los Estados Unidos de América al obrero, tendrá derecho a descontar esta suma del salario de éste. Sin embargo, ninguna retención de salarios podrá exceder del total de la suma adelantada. Ningún patrono podrá descontar por nin-gún motivo parte del salario que devenguen los obreros para ser. pagado a otras personas, salvo en los casos previstos en esta sección.
“Sección 6. — Se' entiende por patrono, a los efectos de esta Ley, al que utiliza o se aprovecha del trabajo de un obrero, mediante el pago de un salario. Se entiende por obrero al que percibe el jornal o salario por su trabajo.
“Sección 7. — -La infracción a cualquiera de-las disposiciones de la presente Ley, constituirá un delito menos grave (misdemeanor); y la reincidencia en la infracción de cualquiera de sus disposiciones se castigará con una pena mínima de cincuenta (50) dólares de multa o treinta (30) días de cárcel.”

Sostiene el apelante qne no siendo él el patrono de los., obreros qne trabajaban en el Mnelle de Ponee, ya qne él.-., actuaba sólo como Administrador del Mnelle, para qne pn-., diera hacérsele responsable como mandatario o agente de la Jnnta Administrativa del Mnelle de Ponce, qne era el ver- ; dadero patrono, debió probarse qne existía un acuerdo de ¡ dicha Junta autorizando u ordenando los descuentos en los salarios de los obreros. Esta cuestión carece de méritos.

La prueba demostró, más allá de toda duda razonable, que-. el apelante como Administrador del Mnelle dió órdenes al pagador Sr. Sanes, para que descontara el 10 por ciento' de los salarios de los obreros; que aquellos obreros que se opo-nían al descuento eran despedidos y no se les daba más tra-, bajo; que al actuar en esta forma el apelante hacía constat-que no estaba autorizado a darle trabajo a quien no pagaba----el 10 por ciento que se le descontaba. Después de haber sido convicto el apelante en la corte municipal, se planteó ante la Junta Administrativa del Muelle por uno de sus miembros, S.r. .Castro, Jr., si procedía que se suspendiera de empleo y sueldo al apelante. Del acta de la sesión de la Junta cele-brada el 23 de mayo de 1940, aparece que ocurrió lo siguiente:

“El asunto es ampliamente debatido, participando en la discu-sión del mismo todos los miembros de la Junta, después de lo cual se acordó por unanimidad dejar el asunto pendiente de consideración ulterior, sujeto al curso que este caso tome en lo futuro, por estar süb-júdióe.
“Cuando la Junta se disponía a suspender la sesión, el Superin-tendente, Sr. Torruellas Cortada solicitó ser oído y explicó que la sentencia dictada en contra suya por el Juez Bartolomei era injusta y esperaba así demostrarlo en la corte de distrito en donde tenía la seguridad de que sería absuelto. Siguió explicando el Sr. Torruellas que era cierto que él había ordenado el descuento del 10 por ciento a’los trabajadores, pero que ello se debía a que había recibido ins-trucciones en ese sentido de la Junta Administrativa que regía para la fecha en que se hicieron los descuentos.
“La Junta se dio por' enterada y tomó conocimiento de las ma-nifestaciones del Superintendente, después de lo cual dió por ter-minada la sesión.”

Del Acta de la sesión de la Junta celebrada el 27 de mayo de 1940, aparece que al aprobarse el acta anterior se hizo constar lo siguiente:

“1. — Se aclara el párrafo final del acta del día 23 de mayo de 1940 en lo que se refiere a las manifestaciones del Sr. Torruella Cor-tada en relación con el descuento del 10 por ciento a los trabaja-dores, y se hace constar que dichas manifestaciones no fueron to-madas taquigráficamente ni fueron entregadas a la Junta manuscritas por el Sr. Torruella Cortada.” •

No obstante la negación absoluta que hizo el apelante al declarar en su propia defensa al efecto de que durante .los ocho años que desempeñó el cargo de Administrador del Muelle de Ponce' nunca oyó siquiera hablar de que a l'ós obreros se les descontara el 10 por ciento de sus. salarios,, él mismo presentó como prueba una carta que le fué dirigida en septiembre 12 de 1938 por el Presidente de la Unión de Trabajadores de Muelles Núm. 18, Playa de Ponce, y la cual' indica que el apelante tenía conocimiento no sólo del descuento de 10 por ciento sino de los fines políticos para los cuales se bacía.

Se probó, además, que como consecuencia del descuento •del 10 por ciento que se bacía en sus salarios, los obreros del muelle se declararon en huelga, teniendo que intervenir para solucionarla un comité de mediación. Toda la prueba demos-tró que los descuentos se hacían por el pagador siguiendo instrucciones del apelante y que cuando los obreros compare-cían ante él para protestar les decía que si no estaban con-formes no se les daría más trabajo, como en realidad se hizo con muchos obreros, al extremo de que para conseguir tra-bajo de nuevo daban un nombre distinto al suyo propio. La-prueba en este caso demuestra que la situación que prevalecía en el Muelle de Ponce en relación con el descuento del 10 por ciento en los salarios de los obreros se debía a la inter-vención de la política partidista en la administración del mue-lle bajo la dirección del apelante.

No obstante estos hechos probados, sostiene el apelante qne no habiéndose probado que existiera un acuerdo oficial de la Junta, que constara en sus actas, ordenándole a él hacer los descuentos, él podría ser culpable de cualquier otro delito pero no de una violación a la Ley núm. 17 de 1931. Pretender que un organismo oficial adopte un acuerdo -de esa naturaleza.' y lo haga constar en sus actas, es absurdo. No debe preten-derse que en esa forma se haga constar una actuación que implica la violación de una ley.

Arguye, además, el apelante que las palabras contenidas en la sección 5, supra: “Ningún patrono podrá descontar por ningún motivo parte dél salario que devenguen los obreros para ser pagados a otras personas, salvo en los casos previstos en esta sección”, leídas conjuntamente con la definición de la palabra “patrono” consignada en la sección 6}1 demuestran que la prohibición va dirigida únicamente contra, el patrono (en este caso la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce) y no contra sus empleados o subalternos. Somos de opinión que esta interpretación' restringida y limitada no está justificada a la luz de la intención evidente de. nuestra Legislatura al aprobar dicho estatuto.

Si se analiza detenidamente la sección 5 de la ley, se verá, que dispone que cuando el patrono o su apoderado, haga un anticipo en moneda legal al obrero, tendrá derecho (o sea, el patrono o su apoderado tendrá derecho) a descontar dicho anticipo del salario del obrero. Luego, en la tercera oración se dice que “salvo en los casos provistos en esta sección” o' sea, salvo en el caso de que se haya hecho el mencionado anti-cipo por el patrono o su apoderado, no podrá el patrono des-contar por ningún motivo parte del salario que devenguen los obreros para ser pagados a otras personas. Para que la primera, oración pueda ser consistente con la tercera, no tenemos duda de que.debemos interpretar la palabra “pa-trono” usada en dicha tercera oración como “patrono o su apoderado”. La definición que se hace de la palabra “pa-trono ” en la sección 6 no significa qne tanto éste como sn apo-derado no sean responsables de la violación de la ley de acuerdo con la sección 7, supra.

. En el caso de U. S. v. Laudani, resuelto por la Corte Su-prema de los Estados Unidos en enero 3 de 1944, estaba en-vuelta fia interpretación. de un estatuto que prohibía que se indujera a un trabajador en una obra federal a dar cualquier parte de la compensación a que tenía derecho bajo su con-trato de trabajo mediante fuerza, intimidación, amenaza de despedirlo de su empleo o en cualquier otra forma. El acu-sado alegó que la ley únicamente era aplicable a los patronos y que siendo él un capataz y no habiéndose alegado que actuó' como agente del patrono, la acusación no aducía hechos sufi-cientes.- La corte de distrito resolvió que la ley era aplicable a un capataz y un jurado condenó al acusado. En apelación la. corte de circuito revocó la sentencia. Empero, por certiorari concedido, la Corte Suprema Nacional a su vez revocó a la de Circuito, diciendo:

“Creemos que la rendición bajo, coacción de salarios por los em-pleados a instancias del capataz de la compañía que tenía autoridad de su patrono para emplearlos y despedirlos, no puede decirse que no tenga relación con o efecto en sus contratos de empleo, especial-mente cuando, como se alega, la rendición de los salarios fué indu-cida por la amenaza expresa del capataz de despedir a todos los em-pleados que no accedieran a su exigencia. El llevar a efecto tal amenaza contra los empleados que se negaron a pagar hubiera inme-diata y completamente terminado sus contratos. No encontramos nada en la ley que sugiera que, bajo estas circunstancias, deba feos-' tenerse que un capataz no viola sus preceptos -meramente por el he-cho de que él no esté en aquella relación con los empleados que -la corte de circuito caracterizó como “relación contractual” (pmníy of contract).”
“El propósito de la ley bajo consideración es extender pro-tección no sólo a la forma legal de los contratos de trabajo sino a-los derechos substantivos de los trabajadores para que reciban de* hecho el beneficio de la escala de salarios que el Congreso ha provisto-para ellos. El mal que se trató de evitar fué la privación injusta de la compensación completa del trabajo. . . ”

La Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso de United States v. Raynor, 302 U.S. 540, al exponer el alcance de la regla sobre interpretación estricta de estatutos penales, dijo:

“No olvidamos la regla saludable que requiere una interpreta-ción escrita de estatutos penales. Ninguna regla de interpretación, sin embargo, requiere que un estatuto penal sea restringido y tergi-versado (distorted) con el fin de excluir una conducta que la inten-ción legislativa claramente demuestra está incluida en su alcance. Tampoco requiere ninguna regla que a la ley se le dé el ‘significado más limitado’ (narrowest meaning).”

No pudo ser la intención de la Legislatura conceder inmu-nidad a una persona como el apelante que, investido de auto-ridad aparente, o de autoridad real, como él declaró ante la Junta, para actuar a nombre de su patrono, realizó el acto delictivo más eficazmente que lo podía realizar su patrono, ya que la Junta, como tal, no era la que intervenía directa-mente con los obreros y el pago de sus salarios. De acuerdo con la prueba en este caso, desde luego, tan responsable era la Junta como el apelante y ambos pudieron haber sido de-nunciados. Bajo los hechos probados, relevar al apoderado de responsabilidad equivaldría a quitarle al estatuto gran parte de su poder coercitivo, pues éste podría ser evadido por medio de la fácil estratagema de dar órdenes secretas al apoderado que actúa, y desmentir y negar públicamente tal autoridad. No debemos hacer ineficaz la protección con-tenida en la sección 5, supra, en favor de una regla general cuya aplicación en este caso no puede justificarse.

Bebe confirmarse la sentencia apelada.

       En la “Legislación Social de Puerto Rico” publicada por el Departa-mento del Trabajo, al transcribirse esta Ley se hace el siguiente comentario:
      “El texto de esta ley es sustancialmente idéntico al de la Ley No. 91, aprobada en 1917 y promulgada por el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico el 31 de marzo de 1919 en virtud de una decisión dictada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso del Municipio de Quebradillos v. Secretario Ejecutivo (27 D.P.R. 147). La Ley No. 91 fué posteriormente declarada nula por la Corte de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito en ©1 caso de Puerto Rico Telephone Co. v. People of Puerto Rico (47 Fed. 2d. 484). En 1931 la ley fué reenactada en la forma que aparece en esta compilación, sin otras alternaciones que la enmienda del título, la eliminación de la sección 5 y una nueva numeración del articulado.
      “Es por esta razón que anotamos la jurisprudencia sentada por nuestro Supremo Tribunal de Justicia con" respecto a la Ley No. 91 como de estricta aplicación a la Ley No. 17 de 1931.

       Al interpretar las secciones 1 y 6 de la Ley de 1919, idénticas a las sec-ciones 1 y 5 de la Ley de 1-931, esta Corte, en el caso de El Pueblo v. P. R. American Tobacco Co., 30 D.P.R. 796, 7, dijo:
      “Claramente se deduce de la lectura de la ley que su propósito principal fué garantizar el salario del obrero evitando cualquier combinación que pudiera mer-marlo, y así, en su sección primera, dispone que dicho salario deberá pagarse exclusivamente en moneda legal, pudiendo sólo descontarse los anticipos en metá-lico que- se hubieren heeho y siendo nula cualquier estipulación que pueda acor-darse en relación con el pago en cualquier otra forma que no sea en dinero.

        ."En la seoción sexta vuelve el legislador sobre la cuestión de los anticipos que so llagan al obrero y do ni#cío terminante prescribe qne: ‘Ningún patrono podrá descontar por ningún motivo parte del salario que devenguen los obreros ' para ser pagada a otras personas, salvo en los casos previstos en esta sección.”-La prohibición es absoluta. Sólo cabe descontar cuando se lia hecho un anticipo al obrero. Si se descuenta en cualquier otra forma o por cualquier otro motivo, , se incurre en la infracción de la ley que está castigada como delito menos grave por la sección octava de la misma. El pago debe ser hecho al obrero y con él ’ liquidarse el anticipo si se le hizo alguno. No .se puede descontar para pagar a otras personas, no importa lo bueno de los motivos que se tengan para ello.” y a la página 801:
      "... Cada trabajador es dueño de y debe recibir todo lo que gana sin estar sujeto a extrañas presiones que lo obliguen a ceder parte de su jornal involunta-riamente, y para que este propósito pudiera cumplirse y la ley no resultar-a ilu-soria, la proMbiein impuesta por la misma tenia que ser como fuá genen'dl, abso-luta. El pago debe hacerse al obrero y con él liquidarse el descuento de lo que en metálico se le hubiere adelantado. Si el trabajador por su propio acuerdo, a virtud de un estudio reflexivo de los bienes que de ello podría derivar o de las buenas obras que para con sus compañeros con ello podrían realizarse, quiere' desprenderse de parte del producto de su trabajo y entregarlo a determinada, persona, asociación o unión, no hay poder alguno que se lo impida. Pero debe haéerlo él personalmente. Ese es el estado actual de nuestra legislación sobre la materia.” (Bastardillas nuestras.) -.

       Los poderes de esta Junta están contenidos en la sección 9 de la fran-quicia concedida por el Consejo Ejecutivo al Municipio de Ponee para construir un muelle y la cual hemos transcrito íntegra en la opinión en el caso de Lloréns v. Junta Administrativa del Muelle de Ponce, pág. 940 ante. u.

       "Playa de Ponce, P. E. — Septiembre 12, 1938. Sr. Eafael Torruellas Cortada, Supt. Muelle Municipal, Ponce, P. E.
      "Muy señor mío: Según reunión citada por el-Sr. José Tormos Diego, que se llevó a cabo en la oficina del Muelle Municipal de Ponce con los representantes de la Unión No. 18, y donde se discutió el descuento del 10 por ciento, el señor Alcalde de una manera drástica se manifestó que los trabajadores tenían que dar el 10 por ciento obligatorio o de lo contrario no trabajarían más en ese departamento. A esto manifestó el Sr. Vicente Torres que como fué acuerdo de darle el 2 y medio por ciento a la Unión del 10 por ciento que se descontaba a los trabajadores y esto se hizo público allá en el mes de diciembre cuando se discutían los convenios.
      "Nosotros estábamos dispuestos a darle el siete y medio por ciento al partido político para la amortización de su deuda, pero como no fué aceptado por el Sr. Tormos Diego porque sus aspiraciones eran que los trabajadores tenían que dar el 10 por ciento completo para la política.
      "Estos son los motivos de que los trabajadores reunidos en asamblea acor-daron definitivamente no permitir más descuento del 10 por ciento. Nosotros hacemos responsable al Sr. José Tormos Diego de todo lo que ha sucedido por su manera drástica para con los trabajadores. Atentamente, (Edo.) Juan V. Morales, Presidente." (Bastardillas nuestras.).

       Véase al mismo efecto el caso de United States v. Corbett, 215 U. S. 233, 242, del cual hemos citado en el de Ex parte, Francisco Mercado, resuelto ante pág. 913.