text:
    No. 5639.
    Pueblo, apldo. v. Bilbrau, aplte.
    -C. D. Guayama.'
    Abril 1, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   Por cuanto, Demetrio Bilbrau fué acusado por el Fiscal de la' Corte de Distrito de Guayama de un delito de atentado a la vida contra la persona del policía insular Rufino Rodríguez;

Por cuanto, celebrado el juicio ante un jurado se probó que dicho policía había recibido dos heridas de bala de revólver, una en un muslo y otra en.la cara que le rompió la mandíbula inferior del lado derecho, que era sumamente grave;

Por -cuanto, la prueba aportada en el juicio fué contradictoria; apareciendo de la del fiscal que el acusado hizo tres disparos de re-vólver contra el expresado policía;

Por cuanto, el veredicto del jurado declaró culpable al acusado del delito de acometimiento y agresión con agravantes y la corte Je impuso la pena de un año seis meses de cárcel; -

Poe cuanto, en la apelación que lia interpuesto Demetrio Bilbrau alega que el ver edicto es contrario a la prueba y que la pena im-puesta es excesiva;

Bob cuanto, no encontramos motivo para declarar que el jurado erró al resolver el conflicto de la evidencia dando crédito a la prueba del fiscal;

Poe cuanto, dadas las circunstancias de este caso no es excesiva la pena impuesta al apelante;

PoR tanto, debemos declarar sin lugar este recurso de apelación y confirmar, como confirmamos, la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    No. 5744.
    Pueblo, apldo. v. Cabilla, aplte.
    C. D. Arecibo.
    Abril 12, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutcliison.)
   Siendo el único error señalado por el apelante el de que la corte de distrito cometió manifiesto error al apreciar la prueba, exami-nado éste a la luz de los alegatos y no existiendo a nuestro juicio tal error, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Arecibo en octubre 8, 1934.


text:
    No. 5722.
    Pueblo, apldo. v. Otero, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Abril 17, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Presidente Sr. del Toro.)
   Por cuanto, acusado Julio Otero de haber acometido y agredido a José Claudio, fué condenado por la Corte Municipal de Vega Baja y habiendo apelado para ante la Corte de Distrito de Bayamón, ce-lebrado el juicio de nuevo, la Corte lo declaró culpable y le impuso cincuenta dólares de multa;

Por cuanto, no conforme, apeló para ante este Tribunal Supremo señalando como único error en su alegato el cometido a su juicio por la Corte de Distrito al apreciar la prueba; y

Por cuanto, la prueba practicada no se ha elevado a este Tribunal, no habiendo el acusado apelante colocado a esta Corte en con-diciones de resolver si el error señalado fué o no cometido;

Por tanto, se declara no haber lugar al recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Bayamón el 10 de diciembre de 1934.


text:
    No. 5723.
    Pueblo, apldo. v. Otero, aplte.
    C. D. Bayamón.
    Abril 17, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Jue^ Presidente Sr. del Toro.)
   Por cuanto, acusado Julio Otero de portar un revólver, arma prohibida, fué condenado por la Corte Municipal de Vega Baja y habiendo apelado para ante la Corte de Distrito de Bayamón, cele-brado el juicio de nuevo, la Corte lo declaró culpable y le impuso treinta días de cárcel;

Por cuanto, no conforme, apeló para ante este Tribunal Supremo señalando como único error en su alegato el cometido a su juicio por la Corte de Distrito al apreciar la prueba; y

Por cuanto, la prueba practicada no se ha elevado a este Tribunal, no habiendo el acusado apelante colocado a esta Corte en con-diciones de resolver si el error señalado fué o no cometido;

PoR tanto, se declara no haber lugar al recurso y se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Bayamón el 10 de diciembre de 1934.


text:
    No. 5644.
    Pueblo, apldo. v. Irizarry, aplte.
    C. D, Ponce.
    Mayo 3, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, en la Corte de Distrito de Ponce, Enrique Irizarry Irizarry fué acusado de asesinato en segundo grado y luego de un juicio por jurado se le condenó por el delito de homicidio voluntario y se le sentenció a tres años de presidio;

Por cuanto, visto el récord del caso, los alegatos de ambas par-tes y el informe oral del Fiscal de esta Corte, y apareciendo que el juicio se celebró ante un jurado, que tuvo ante sí bastante prueba tendente a demostrar que el acusado atacó y ¿lió muerte voluntaria-mente a Silvestre Rodríguez;

Pon cuanto, el único error alegado en apelación es que el acu-sado actuó en defensa propia, contención que también fué presen-tada en la corte inferior;

Pob cuanto, la única prueba en apoyo de la teoría de- la defensa consistió en el testimonio del propio acusado, que el jurado tuvo de-recho a no' creer, especialmente en vista de la prueba presentada por El Pueblo;

Por cuanto, el apelante no nos convence de que hubo error, pa-sión o prejuicio en el veredicto del jurado;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en el caso de epígrafe con fecha 21 de noviem-bre, 1933.


text:
    No. 5645.
    Pueblo, apldo. v. Irizarry, aplte.
    C. D. Ponce.
    Mayo 3, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Wolf.)
   Por cuanto, el presente recurso de portar armas fué sometido al juez de distrito por la misma prueba presentada en el caso 5644 contra este mismo acusado por el delito de asesinato en segundo grado, visto poco antes;

Poe cuanto, en éste el apelante descansa exclusivamente en el mismo razonamiento aducido en el referido caso;

Por cuanto, la prueba tiende a demostrar que el acusado salió de su establecimiento portando un revólver en la mano;

Por tanto, se confirma la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en el caso de epígrafe con fecha 21 de noviembre, 1933.

(B) Desestimaciones.

(a) EN GENERAL.


text:
    No. 5684.
    Pueblo, aplte. v. Reyes, apldo.
    C. D. Arecibo.
    Abril 17, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Hutchison.)
   Vista la moción que antecede, atendidos los fundamentos de la misma y el allanamiento del fiscal auxiliar en el acto de la vista, se desestima la apelación interpuesta por el Pueblo de Puerto Rico contra la resolución de la Corte de Distrito de Arecibo de 21 de sep-tiembre de 1934, la cual decreta el archivo y sobreseimiento de la causa. ■


text:
    Nos. 5676, 5677 y 5678.
    Pueblo, aplte. v. Central Alianza, aplda.
    C. D. Arecibo.
    Abril 29, 1935.
   A moción de desestimación presentada por la parte apelada, vista en el día de hoy con asistencia e informe de los abogados de ambas partes, apareciendo que la apelación no ha sido interpuesta por la entidad a la que la ley le reconoce el derecho para establecerla, visto lo resuelto por esta Corte en los casos de Ex parte Gotay, 37 D. P. R. 472 y 473; Pueblo v. González, 38 D. P. R. 1043; y Pueblo v. Ríos, 48 D. P. R. 1011, se declara la moción con lugar y en su consecuen-cia se desestima el recurso.


text:
    No. 5705.
    Pueblo, aplte. v. City Delivery Express, Inc., aplda. Pueblo, aplte. v. Central Cambalache, aplda.
    —C. D. Arecibo.
    Abril 29, 1935.
    No. 5706.
    C. D. Arecibo.
    Abril 29, 1935.
   A la moción de desestimación presentada por la parte apelada, vista en el día de hoy, con asistencia e informe del Fiscal Auxiliar por El Pueblo, apareciendo que la apelación no ha sido interpuesta por la entidad a la que la ley le reconoce el derecho para establecerla, visto lo resuelto por esta Corte en los casos de Ex Parte Gotay, 37 D. P. R. 472 y 473, Pueblo v. González, 38 D. P. R. 1043, y Pueblo v. Ríos, 48 D. P. R. 1011, se declara la moción con lugar y en su consecuencia se desestima el recurso.

(6) FALTA DE ALEGATO O PRESENTACIÓN DEL MISMO FUERA DEL TÉRMINO.

Los siguientes casos fueron desestimados por el fundamento ex-presado :

Nos. 5368, 5596, 5648, 5649, 5651, 5655, 5658, 5659, 5660, 5661, 5663, 5664, 5668, 5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674, 5675, 5679, 5680, 5682, 5688, 5689, 5690, 5691, 5693, 5694, 5697, 5707, 5710, 5718, 5719, 5721, 5724, 5738, 5748, 5749, 5750, 5751, 5753, 5754, 5756, 5758, 5760, 5765, 5766, 5769, 5770, 5772, 5773, 5775, 5777, 5778, 5779, 5780, 5786, 5790, 5791, 5792, 5799, 5812, 5666.

(c) FALTA DE DILIGENCIA O BUENA FE EN LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO.


text:
    No. 5841.
    Pueblo, apldo. v. Ríos, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 26, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Aldrey.)
   PoR cuanto, presentada en la Corte de Distrito de San Juan acusación contra Dolores Ríos -Meléndez por delito subsiguiente de escalamiento en primer grado, el acusado se declaró culpable de ese delito y solicitó que se dictase sentencia, lo que bizo la corte conde-nándole a quince años de presidio con trabajos forzados;

Poe cuanto, el acusado apeló esa sentencia el 14 de diciembre de 1934 para ante nosotros sin que desde entonces baya becbo ges-tión alguna para tramitar su recurso, siendo éste el motivo alegado por el fiscal de este Tribunal para que desestimemos esta apelación;

Poe cuanto, el apelante nos ha presentado un escrito en forma de carta en la que expone que se confesó eidpable del delito de que se le acusó creyendo que el tribunal sería benévolo al imponerle la pena, pero se la impuso demasiado fuerte, y solicita que se le dé oportunidad de presentar su alegato o para designar un abogado que lo defienda;

Pob cuanto, lo expuesto por el apelante no es motivo suficiente para que este recurso continúe;

Poe tanto, por falta de gestión del apelante en este recurso, se desestima la apelación que interpuso contra la sentencia dictada en este caso el 26 de noviembre de 1934.

Los siguientes casos fueron desestimados por el fundamento ex-presado :

Nos. 5726, 5729, 5730, 5732, 5733, 5734, 5736, 5740, 5741, 5763, 5764, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5843, 5844, 5845, 6960, 6961.

(d) FALTA U OMISIÓN -DE NOTIFICAR EL ESCRITO DE APELACIÓN AL APELADO.


text:
    No. 5806.
    Pueblo, apldo. v. Rodríguez, aplte.
    C. D. San Juan.
    Junio 10, 1935.
    (Por la Corte, a propuesta del Juez Asociado Sr. Córdova Dávila.)
   Por cuanto, en 26 de febrero de 1935 apeló el acusado de la sen-tencia dictada en el presente caso, sin que fuese notificado el Fiscal, por cuyo motivo se pide la desestimación del recurso;

Por cuanto, aun no ha expirado el tiempo fijado por la ley para que pueda apelarse de la sentencia dictada y el acusado alega que ha enviado una nueva apelación a la Corte de Distrito, con copia notificando al Fiscal;

Por tanto, se desestima el recurso interpuesto en 26 de febrero de 1935, por no haber sido debidamente notificado el ministerio pú-blico, sin perjuicio alguno para el nuevo recurso que se dice enta-blado dentro del tiempo que la ley prescribe y con el requisito de haberse notificado al Fiscal.

Los siguientes casos fueron desestimados por el fundamento ex-presado :

Nos. 5683, 5704, 5713, 5714, 5715, 5717, 5727, 5728, 5731, 5735, 5742, 5745, 5746, 5747, 5759, 5793, 5794, 5795, 5804, 5805, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5813, 5814, 5815, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5847.

(e) FALTA DE JURISDICCIÓN.

En general. Véase B (a), Casos Nos. 5676, 5677, 5678, 5705 y 5706.


text:
    No. 5641.
    Pueblo, aplte. v. Ríos, apldo.
    C. D. San Juan.
    Abril 11, 1935.
   Por cuanto, el escrito de apelación en este caso copiado a la letra dice: “Escrito de Apelación. — Sr. Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Criminal, y abogados del acusado. ■ — Por la presente les comunico, que apelo para ante la Honorable Corte Suprema de Puerto Rico, de la providencia de esta corte, de fecha 16 de julio de 1934, y por virtud de la cual se concede al acu-sado en este caso, la celebración de un nuevo juicio. — San Juan, Puerto Rico, julio 18, 1934.— (Fdo.) M. Romany, Fiscal del Dis-trito ’ ’;

Por cuanto, el art. 348 del Código de Enjuiciamiento Criminal que fija los casos en que el Pueblo de Puerto Rico puede apelar’ en asuntos criminales para ante esta Corte Suprema comienza diciendo: “An appeal may be taken by The People” y el 352 expresa: “An appeal taken by ‘The People’ ” y esta Corte Suprema en el caso de Gotay, Ex parte, y El Pueblo, 37 D. P. R. 472, decidió que: “Para que una apelación establecida para ante el Tribunal Supremo de la decisión de uno de sus jueces en un caso de hábeas corpus se en-tienda interpuesta a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, no basta que apele el Fiscal del Tribunal Supremo. Es necesario 'que al ape-lar exprese que lo hace a nombre de El Pueblo de Puerto Rico”, de-cisión que fué citada y aplicada para desestimar la apelación por no haberse establecido a nombre de El Pueblo de Puerto Rico en el caso de El Pueblo v. González, et al., 38 D. P. R. 1043, en el que el recurso se interpuso en los siguientes términos: “El fiscal les no-tifica a ustedes que no estando conforme con la resolución de la corte. . . apela de dicha resolución. . y

Por Cuanto, examinado el escrito de apelación en este caso a la lu2¡ de la ley y de la jurisprudencia citadas, se concluye que no es suficiente para conferir jurisdicción a esta Corte;

Por tanto, debe desestimarse y se desestima el recurso, devol-viéndose la causa a la Corte de Distrito de su origen para qtie con-tinúe en ella actuando lo mismo que si el recurso no hubiera sido entablado.

(C) Desistimientos.

(a) CASOS EN QUE SE TUVIERON POR DESISTIDOS A DOS APELANTES, A SU PROPIA INSTANCIA, O PORQUE SE ALLANARON A LA DESESTIMACIÓN SOLICITADA POR EL FISCAL, DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS.

Nos. 5681, 5686, 5701, 5702, 5703, 5707, 5709, 5712, 5739, 5752, 5755, 5761, 5762, 5781, 5789, 5796, 5797, 5827.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    María Teresa Hernández, conocida por María Teresa Méndez, demandante y apelada, v. María Pérez Ortiz, demandada y apelante.
    No. 7086.

    Sometido: Julio 22, 1935.

      Resuelto: Noviembre 5, 1935

      Angel Fiol Negrón, abogado de la apelante; Miguel Báhamonde y B. Hernández Matos, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wole,

Tenemos ante nos una moción para desestimar el recurso de apelación por frívolo. La apelada llama nuestra atención hacia el hecho de qne el caso fue juzgado por sus méritos y por la prueba ofrecida, y que no obstante, la apelante nada ha hecho para incorporar la prueba aducida en el juicio. La acción en controversia era una de filiación y la corte dictó sentencia en favor de la demandante. Podemos asumir con la apelada que los hechos tendentes a demostrar que la de-mandante fue debidamente reconocida por su padre fueron probados durante el juicio, es decir, que el padre y la madre de la demandante vivían juntos en concubinato, que ambos estaban en condiciones de contraer matrimonio, y que el padre, después de ocurrir la muerte de la madre, se llevó a la niña a vivir con él.

Dando algún color al recurso de apelación de la demandada, la apelada admite que el ataque de la primera se dirige a la capacidad de la demandante para instituir el litigio. La apelada era menor al tiempo en que contrajo matrimonio, pero mayor de 18 años. La teoría de la demanda es que la demandante se emancipó con el matrimonio. El consentimiento pana casarse le fué dado por la demandada en el pleito de filiación, o sea la viuda del padre de la demandante.

Uno de los motivos principales de la apelada es que la apelante estaba impedida de oponerse a este recurso toda vez que ella prestó su consentimiento al matrimonio. Somos de opinión de que como esta última no tenía derecho a dar tal consentimiento, no surgió impedimento alguno. No bailamos impedimento en equidad (equitable estoppel).

Por otra parte, aunque la demandada puede tener algún interés económico, no tiene derecho a acudir ante la corte para impugnar la validez del matrimonio. El artículo 111 del Código Civil (edición de 1930) prescribe las personas que pueden, atacar la validez del matrimonio, y ella no es una de éstas. Véase Just v. Just, 30 D.P.R. 755, 32 D.P.R. 248. Véase también el artículo 116 del Código Civil (edición de 1930).

Sin embargo, aun suponiendo que la apelante tuviera interés para atacar la validez del matrimonio, ella no tenía derecho a tal cosa en un procedimiento colateral de filiación en que accidentalmente se le hace parte por ser la viuda del padre de la demandante. Bruns v. Cope, 182 Ind. 289, 295, 105 N. E. 471, 473; Carter v. Green, 64 S. W. (2d) 1069; In re De Coma’s Estate, 176 A. 192, 13 N. J. Misc. 41.

Debe desestimarse el recurso por 'frívolo.


text:
    Crédito y Ahorro Popular, demandante y apelado, v. Blanca Mariani de Molini, y los herederos de Alfonso Bartoli, etc., demandados y apelantes.
    No. 6394.

    Sometido: Junio 13, 1934.

      Resuelto: Noviembre 5, 1935.

      González Fagundo & González, Jr., abogados de los apelantes; F. Za-pater', abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinion del tribunal.

Antonio Molini Buiz adeudaba al Crédito y Aborro Popular la suma de $12,290.92, pagadera en distintos plazos. Vanas pérsonas convinieron. en servir cié fiadores, y en lo que al banco se refería, en ser responsables solidariamente. El contrato contenía cláusulas según las cuales el deudor per-dería todo derecho a utilizar los plazos al no cumplir ciertas condiciones. Según el banco el derecho a utilizar estos pla-zos en realidad fue perdido y la corte así lo resolvió. Se señala como error el haberse reducido el término concedido por el contrato original. Se ataca la capacidad del deman-dante para demandar. Se hizo un tercer señalamiento de error que era claramente insuficiente. De igual modo el cuarto señalamiento estaba incompleto.

El artículo 1096 del Código Civil dispone:

‘ ‘ Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:
“1. Cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda,
“2. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido.
“3. Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garan-tías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desapare-cieran, a menos que sean inmediatamente substituidas por otras nuevas e igualmente seguras.”

El primer señalamiento de.error lee así:

“Erró la corte al estimar que el deudor y los fiadores habían perdido el derecho a utilizar el plazo convenido para el pago de da deuda. ’ ’

Al igual que lo hemos dicho en muchos otros casos, duda-mos que este señalamiento sea suficientemente específico.

No podemos convenir con los apelantes en que el artículo 1096 se refiere a insolvencia tan sólo para deudas no garan-tizadas. El contexto del artículo puede fácilmente referirse a deudas parcialmente garantizadas o a aquéllas en que el acreedor, aunque está aparentemente garantizado, se fundó en la solvencia del deudor. Consideraciones similares son aplicables a la indicación de que en el presente caso el acree-dor obtuvo aparentemente buenas hipotecas para gran parte de la deuda. Tampoco es la posición afectada por el hecho de que al ser la deuda pagada por el deudor y por un fiador, el acreedor exoneró de responsabilidad ciertas cosas que originalmente servían de garantía.

Por tanto, al demostrarse la insolvencia del deudor éste perdió todo derecho a utilizar los plazos, y la sentencia debe ser confirmada. Más adelante comentaremos la alegada cuestión de insolvencia.

La señora Alfonsa Bartoli convino en asegurar una casa incluida en la hipoteca. No lo hizo así. Esto está cubierto por el inciso 2 del artículo 1096 que lee así:

“Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:
“1. ......
“2. Cuando 110 otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido. ’ ’

Los apelantes nuevamente insisten en que este artículo se refiere a deudas no garantizadas y sostienen que aquí la deuda lo estaba. Hubo, según ya se. ha dicho, una promesa clara de asegurar la propiedad. Es cierto que en muchas hipotecas existe la cláusula de que se perderá todo derecho a utilizar los plazos si el deudor deja de asegurar la propiedad, pero el artículo 1096 sustituye un convenio expreso. El hecho de que el deudor convino en responder de daños y perjuicios no, era un caso de eccpressio unms.

En lo-que se refiere a Blanca Mariani, la otra-fiadora, la corte resolvió que el derecho a utilizar los plazos se había perdido por haber dejado de inscribir su título, con el resultado de que la hipoteca no pudiera inscribirse. Besolvemos que el haber dejado de inscribir su participación hizo disminuir la garantía. Por esta- omisión la hipoteca era prácticamente inexistente.

Como las dos garantías restantes fracasaron, el acreedor tenía derecho a cobrar su deuda sin determinar la insolvencia del deudor. Sin embargo, se desprendía esta condición. Convenimos necesariamente con los apelantes en que el deudor tenía el título de varias propiedades, así como del remanente (equities) en las mismas, pero el hecho de qne tu-viera bienes no afectaría la cuestión de insolvencia a menos que estas supuestas propiedades fuesen realizables. Según el Código Civil, a diferencia de la ley de quiebras, surge un es-tado de insolvencia cuando el deudor no está en condiciones de afrontar sus obligaciones corrientes. La corte y el ape-lado quedaron convencidos de que el pasivo excedía del ac-tivo, y los apelantes no nos demuestran lo contrario.

El segundo .señalamiento de error es como sigue:

“Erró la corte al estimar que el Crédito y Ahorro Popular tenía capacidad legal para incoar este pleito.”

En relación con el mismo el apelado dice:

“1. — Que el Pueblo de Puerto Rico es el único con autoridad para impedir, mediante quo warranto, que la demandante use una franquicia de que carece.
“2. — Que los demandados que contrataron con la demandante están impedidos de impugnar su personalidad legal.
“3. — Que no se alega en la demanda ningún negocio de banca efectuado por la actora, ni se trata de hacer efectivo ningún acto o contrato bancario, sino una hipoteca para garantizar una deuda preexistente.
“4. — Que el contrato en cuestión fué otorgado, como se reconoce pór las demandadas-apelantes, antes de transcurrir el período de seis meses desde que entró en vigor la ley de Bancos y cuando era in-discutible la personalidad para otorgarlo de la actora. Véase artículo 4, inciso último, Ley de 18 de (septiembre) de 1923 (Sesión extraor-dinaria, página 83, infra).
“La ley de Bancos no prohíbe ni podría prohibir, sin invadir derechos constitucionales de la actora, que ésta haga efectivas obli-gaciones válidas y exigibles contraídas a su favor con anterioridad a la vigencia de la ley de Bancos, a pretexto de que dicha deman-dante no puede legalmente funcionar como un banco. La presenta-ción de una demanda, el ejercicio de una acción no es una operación bancaria. Aun llegando al extremo de sostener que la no reincor-poración de la institución bancaria produjera ipso facto su disolu-ción (que la ley no lo determina así) la entidad bancaria tendría acción, en liquidación, en período de disolución, para ejercitar ac-ciones en cobro de lo que se le adeude, para hacer efectivas todas las obligaciones a su favor. Lo único que se le prohibiría es efectuar nuevas operaciones. Pero éste no es el caso. La Sociedad Anónima no queda disuelta, continúa su existencia, su personalidad jurídica, pero queda impedida de realizar nuevas operaciones de naturaleza bancaria, pero no otros negocios, 'que no sean de banca, aun siendo nuevos. En nuestro caso la operación de que se trata, ni es nueva, ni es de banca. Véase Código de Comercio sobre facultades de las Sociedades Anónimas en liquidación, artículos 238 y 228 que dicen:
“ ‘Artículo 238. — En las Compañías anónimas en liquidación continuará, durante el período de ésta, observándose las disposiciones de sus estatutos en cuanto a la convocación de sus juntas generales, ordinarias y extraordinarias, para dar cuenta de los progresos de la misma liquidación, y acordar lo que convenga al interés común.
“ ‘Artículo 228. — Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los socios administra-dores para hacer nuevos contratos y obligaciones, quedando limitadas sus facultades, en calidad de liquidadores, a percibir los créditos de la compañía, a extinguir las obligaciones contraídas de antemano, se-gún vayan venciendo, y .a realizar las operaciones pendientes. ’ ’ ’

El tercer señalamiento reza así:

‘ ‘ Erró la corte al admitir en evidencia los exhibits del demandante mareados con los números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 y 26.”

Este señalamiento es claramente insuficiente y no necesita ser discutido.

El cuarto señalamiento lee:

‘‘Erró la corte al permitir al abogado del Crédito y Ahorro Popular hacer al testigo Antonio Molini Ruiz preguntas tendentes a aclarar las certificaciones del Tesorero de Puerto Rico presentadas como exhibits y también la escritura número 97 de constitución de hipoteca. ’ ’

El apelado dice:

“Los fines que persigue el art. 25 de la Ley de Evidencia en relación con el 101 de la misma es salvaguardar los derechos de las partes contratantes, según fué resuelto por esta Hon. Corte Suprema en el caso de Marxuach v. Acosta 39 D.P.R. 973. El fin que per-sigue la citada disposición legal, es evitar que en un contrato escrito celebrado debidamente, la presunción es que ese contrato contiene todas las condiciones del mismo y 'que no puede traerse evidencia alguna ele las condiciones del convenio fuera de lo contenido en el mismo.
“La objeción heelia por la parte contraria a la pregunta hecha al testigo, fué inmaterial e impertinente toda ve'z que dicha pregunta tendía a identificar una finca relacionada en la certificación o docu-mento que se le mostró.”

Convenimos con el apelado en la disensión de los señala-mientos segundo y cuarto, y la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor HutcMson está conforme con el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

text:
    Raúl Asencio, demandante y apelado, v. Sucesión de Quintin Rodríguez Cruz, demandada y apelante.
    No. 7110.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Resuelto: Noviembre 6, 1935.

      P. N. Colberg, abogado de la apelante; B. del Toro Soler, abogado , del apelado. .
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de Mayagüez dictó sentencia en contra de la sucesión de Quintín Rodríguez Cruz. No con-forme con esta sentencia algunos miembros de la sucesión ■radicaron im escrito de apelación en la secretaría de la Corte -de Distrito de Mayagiiez. La parte apelada solicitó qne se ■desestimase este recurso, porque su abogado no había sido •debidamente notificado. Se alega, entre otras' razones, que la notificación se hizo por correo y que carece de validez, por residir los abogados de ambas partes en el mismo pueblo, -que es Cabo Rojo. La parte apelada está en lo cierto. Ha declarado este tribunal que cuando el abogado de la parte contraria tiene oficina abierta en la misma ciudad en que reside el abogado de la parte apelante, y se notifica la ape-lación de una sentencia por correo, procede la desestimación del recurso porque en tales circunstancias la notificación debe hacerse personalmente o en alguna de las otras formas que establece el artículo 320 del Código de Enjuiciamiento Civil. De acuerdo con el artículo 321 del Código de Enjuiciamiento Civil, la remisión por correo tendrá lugar cuando la persona -que hace la notificación y el notificado residen en distintos puntos. Esta corte ha interpretado la frase “distintos pun-ios” en el sentido de no incluir residencia en el mismo pueblo o el mismo municipio. Quintero v. Morales, 19 D.P.R. 1183; Gascón v. Alvarez 28 D.P.R. 362; Marxuach v. Acosta, 35 D.P.R. 636. Véase también Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889.

Arguye el abogado del apelante que utilizó el correo x>ara hacer la notificación, porque el apelado se negó a firmarla. No existe ningún precepto legal que exija la fir-ma de la notificación. De acuerdo con el artículo .296 del Código de Enjuiciamiento Civil una apelación se interpone entregando al secretario de la corte en que fue dictada o registrada la sentencia o providencia apelada, un escrito mani■festando que se apela de ella, o de ‘determinada parte de la ■misma, and serving a similar notice on the adverse party, or his attorney. El artículo 320 del mismo cuerpo legal dispone que la diligencia de una notificación o entrega de documentos deberá hacerse personalmente a la parte o a su abogado, o podrá diligenciarse según se determina en los incisos primero y segundo de dicho artículo cuando no pueda bacerse la notificación personalmente. El texto ingles usa-las palabras service of notice, que en castellano significan “diligencia de notificación”. La palabra service, cuando se usa. con referencia a emplazamientos, autos, citaciones, notifica-ciones y otros procedimientos legales, significa la lectura del. documento a la persona que fia de ser notificada o la entrega a tal persona del original o de una copia del mismo. Clemmons v. State, 5 Okl. Cr. A. 119, 113 P. 238. El artículo 296. es claro cuando dice que se entregará al secretario el escrito de apelación, sirviéndole una notificación idéntica a la parte o al abogado. Los apelantes no ban cumplido con los re-quisitos establecidos por la ley ni están autorizados a utilizar el correo para llevar a cabo la notificación por el becbo de-que la parte apelada se niegue a firmarla. Los apelantes, lejos de alegar que bayan notificado al abogado de la parte-apelada, dicen que no hicieron la notificación, porque dicho-abogado se negó a firmarla y esto, a nuestro juicio, no es. bastante.

Debe desestimarse el recurso interpuesto.

El Juez Presidente Sr. del Toro no intervino.


author: El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

text:
    Miguel Amenguar, obrero, v. La Comisión Industrial de Puerto Rico.
    No. 1.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Resuelto: Noviembre 6, 1935.

      V. Polanco de Jesús, abogado del peticionario.
   El Juez Pbesidente Señob Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Es éste el primer recurso de revisión establecido para ante esta Corte Suprema contra una resolución de la Comisión Industrial de acuerdo con el artículo 11 de la Ley núm. 45 de 1935 para promover el bienestar de los habitantes de El Pueblo de Puerto Pico, en o referente a accidentes que causen la muerte o lesiones, o enfermedades o muerte derivadas de la ocupación de los trabajadores en el curso de su empleo, Leyes de 1935, págs. 251, 289, que dice:

“Artículo 11. — Cualquiera parte interesada podrá presentar co-pias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial, de acuerdo con esta Ley, contra la cual se haya radicado petición de revisión y haya recaído resolución de ésta, de la que podrá soli-citarse revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico dentro del término de quince .(15) días después de su notificación; Disponién-dose, que dicha revisión solamente podrá concederse sobre cuestiones de derecho.”

La ley que regía anteriormente sobre la materia, o sea la núm. 85 de 1928, sección 15, Leyes de 1928, págs. 631 y 657, otorgaba el recurso para ante la corte del distrito en que ocu-rriera el accidente y expresamente disponía que “Las deci-siones de la corte tendrán el mismo efecto que una sentencia dictada en juicio, pero no se dará apelación contra dicha sen-tencia. ’ ’

No sólo varió la Legislatura el procedimiento en cuanto a la corte para ante la cual debía interponerse el recurso, si que también en cuanto al alcance de éste, fijando además como condición previa para interponerlo la de pedir a la propia Comisión la reconsideración de su orden o decisión, dándole así una nueva oportunidad de examinar el caso antes de pasar a la jurisdicción de esta corte.

La sección 15 de la citada Ley núm 85 de 1928 disponía que:

‘ ‘ Cualquiera parte interesada podrá presentar copias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial o de una decisión de un Comisionado contra la cual no se baya radicado petición de revisión ante la Comisión en tiempo hábil o del m&mormdwn del acuerdo entre las partes, aprobado por la Comisión Industrial, ante la corte de distrito del distrito en que ocurrió el accidente solicitando la revisión de éste en el término de diez días después de la notifi-cación. La corte ordenará a la Comisión Industrial la remisión del récord del caso, oirá a las partes en controversia, dictará la decisión pertinente y notificará a las partes.”

E interpretando ese precepto legal esta Corte Suprema en el caso de Great American Indemnity Co. v. Corte, 47 D.P.R. 927, 929, dijo:

“Lo que sostienen el patrono y su asegurador es que la Corte de Distrito de Humacao estaba impedida de investigar la evidencia que tuvo ante sí la Comisión Industrial para hacer sus propias con-clusiones. Entendemos esa alegación en el sentido de que la corte' de distrito carecía de jurisdicción para examinar la prueba que se presentó ante la Comisión Industrial y, consiguientemente, para lle-gar a conclusión distinta a la de la mayoría de la comisión. ' Sin embargo, esa cuestión ha sido decidida por nosotros en sentido contrario a lo expuesto por los peticionarios, pires en los casos de White Star Bus Line, Inc. v. Corte, 41 D.P.R. 526, de Robles v. Corte, 43 D.P.R. 280 y de Robles v. Corte, 44 D.P.R. 967, hemos declarado que la corte puede revisar la prueba y dictar la sentencia 'que debió haber pronunciado la Comisión Industrial.”

Mientras que ahora por mandato expreso de-la ley la “re-visión solamente podrá concederse sobre cuestiones de de-recho.”

A la luz de lo expuesto-veamos si la revisión .procede en este caso concreto. ■ .

El peticionario sostiene que la resolución de la Comisión Industrial es errónea por los siguientes motivos:

“A. — Porque para la resolución'la Comisión se basa en un in-forme y opinión del Juez de la' Corte Municipal de 'Cíales, en vez de basarse sobre las declaraciones de los testigos que tuvo ante sí .la Comisión al celebrar las dos vistas de este caso.
“B. — Porque aunque la Comisión dice:
“ ‘Hemos oído declarar todos los testigos, y somos de opinión y resolvemos que Miguel Amenguar no era un obrero al servicio del patrono Sue. de Arturo Núñez el día 30 de mayo del año 1933, y de que el accidente sufrido por Miguel Amenguar el día 30 de mayo de 1933 no fué un accidente del trabajo.’
“Esto no obstante la Comisión no tuvo ante sí otra prueba que la prueba testifical que se practicó por el obrero en la primera vista del caso el día 24 de agosto de 1934, que era prueba directa de todos los hechos, en tanto que la que tuvo ante sí en 23 de septiembre de 1935 consistente en las declaraciones juradas de Tomás López Jr., Juan Pagán Carrer, Martín Barrios, Ceferino Marrero Arvelo y don Sabás Honoré, toda es prueba de manifestaciones de otras perso-nas, de dichos, de conclusiones, no siendo ni siquiera prueba circuns-tancial.
“C. — Porque la resolución es contraria a la prueba ya que prueba directa de los hechos no contradicha ni tachada de falta de veracidad, es desechada para darle crédito a testigos no presenciales de los he-chos y 'que sólo declaran de referencia.”

Toda la fuerza que pudiera tener lo consignado en el pá-rrafo A, a los efectos de levantar alguna cuestión de derecho, queda destruida por lo que se dice en el párrafo B. Y en cuanto al motivo C, bastará decir que es claramente insufi-ciente.

A la solicitud se acompaña copia de la resolución de la Comisión que contiene una narración de los procedimientos seguidos. Si alguna duda pudiera existir después de la sola lectura de la solicitud, desaparecería al leer la resolución que complementa lo dicho por el peticionario en el segundo de los errores señalados.

Por virtud de todo lo expuesto y además porque no consta que se pidiera a la propia Comisión Industrial la reconsidera-ción de la resolución recurrida y dicha reconsideración fuera negada, debe declararse no haber lugar al recurso.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    María del Rosario Enjuto, peticionaria y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, opositor y apelado.
    No. 7069.

    Sometido: Junio 24, 1935.

      Resuelto: Noviembre 6, 1935.

      Garlos J. Torres Lab or de, abogado de la apelante; B. A. Gómez y Tulio Rodríguez, Fiscales del Tribunal Supremo y de la Corte de Distrito de Quay ama, respectivamente, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Corte de Distrito de G-uayama removió la tutora y ordenó se cancelara la inscripción de la tutela. El Fiscal de Distrito solicita la desestimación del recurso, fundándose en que el decreto de remoción es inapelable de conformidad con los términos del artículo 198 del Código Civil (edición de 1930).

La apelante admite que con anterioridad a 1904 no podía apelarse, mas sostiene que el artículo 198 del Código Civil fue derogado por la sección 295 del Código de Enjuicia-miento Civil, que autoriza una apelación “de una sentencia definitiva pronunciada en un pleito o procedimiento especial ■comenzado” en una corte de distrito. Sin embargo, el ar-tículo 295 debe ser interpretado en armonía con el artículo 292 del mismo código, que lee así:

Una sentencia o providencia, dictada en un pleito civil, excepto •cuando hubiere adquirido expresamente el carácter de definitiva, podrá ser revisada de acuerdo con lo prescrito en.este Código, y de ningún otro modo.”

En Sharon v. Hill, 26 Fed. 337, 389 (1885), la Corte de Circuito del Distrito de California, dijo:

“. . . Se dice que las sentencias son definitivas en dos sentidos.-■definitivas en lo que a la corte que las dictó se refiere, para que sean .apelables; y definitivas en lo que concierne al asunto que da lugar a la sentencia, a fin de que la misma no esté sujeta a ulterior consi-deración o modificación por el tribunal que la dictó, o en cualquier otro. Esta distinción ha sido claramente reconocida por la ley de este Estado al igual que en todas partes.
“En Hills v. Sherwood, 33 Cal. 478, la corte a este respecto dice:
“ ‘Una seiiteneia puede ser una adjudicación definitiva en diversos aspectos. Puede ser definitiva en lo que a la corte que la ■dictó concierne, sin ser definitiva en lo atinente al asunto en contro-versia. ‘El último decreto de una corte inferior es definitivo en lo que a la facultad de esa corte se refiere, pero no en lo que a la pro-piedad en sí concierne, a menos que exista un allanamiento.’ U. S. v. The Peggy, 1 Cranch 103. Aunque una sentencia puede ser defi-nitiva en lo que respecta a la corte que la dictó, y como tal puede ser apelable, sin embargo, no es definitiva en lo que respecta a la propiedad o derechos por ella afectados, mientras esté sujeta a una apelación y propensa a ser revocada.’
“Según el código, ‘una sentencia es la decisión definitiva sobre los derechos de las partes en un pleito o procedimiento,’ (Código de Enjuiciamiento Civil, artículo 577), es decir, definitiva en lo que al asunto en controversia se refiere. El código reconoce la distinción existente entre las sentencias que son definitivas en cuanto al asunto en controversia y definitivas en lo que a las cortes que las dictan se refiere. Así pues, el artículo 936 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que ‘una sentencia o providencia, dictada en un pleito civil, excepto cuando hubiera adquirido expresamente el carácter de definitiva, según este código, podrá ser revisada de acuerdo con lo prescrito en este título, y de ningún otro modo.’ ‘Guando hubiera adquirido expresamente el carácter de definitiva, según este código,’ significa, desde luego, definitiva en lo que, al asunto en .controversia se refiere, definitiva y concluyente en lo que a los derechos de las. partes en el litigio concierne.' Pero el artículo 939 provee que ‘podrá establecerse apelación (1) de una sentencia definitiva pronunciada, en un pleito,’ etc.; ‘ (2) ele una providencia concediendo o denegando-un nuevo juicio. ’ Yéase también. el artículo 963. Según estos ar-tículos es igualmente obvio que la palabra ‘definitiva’ significa de-finitiva en el otro sentido — ‘definitiva’ tan sólo en lo que a la actuación, de la corte que la dictó se refiere.”

El artículo 198 del Código Civil no fué derogado por el 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que este-artículo no es de aplicación a sentencias o providencias que lian adquirido expresamente el carácter de definitivas”, en el sentido en que se usa, la palabra “definitiva” en el artículo 292; y de acuerdo con el artículo 198.del Código Civil la providencia ordenando la remoción de un tutor se entenderá definitiva en el sentido en que esa palabra es usada en el re-ferido artículo 292.

Debe desestimarse la apelacAón.


author: El Juez Asociado Sbñoh Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. C. D. Sands, acusado y apelante.
    No. 5665.

    Sometido: Mayo 9, 1935.

      Resuelto: Noviembre 6, 1935.

      Martínez Nadal <& Navarro Ortiz, abogados del apelante; B. A. Gó-mez, Fiscal, y Luis Janer, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Sbñoh Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Sands fué convicto del delito de abuso de confianza y sostiene que la corte de distrito cometió error al declarar sin lugar una moción de nuevo juicio. El primer fundamento de la moción fué que la corte de distrito erró al permitir que cierto testigo, que no era un contador público autorizado, declarara como perito. Al presentarse la objeción en el curso del juicio, a los letrados del acusado no les fué posible presentar la ley por ellos invocada. Cuando el juez de distrito propuso que se declarara un receso, la defensa retiró la objeción. Mientras el fiscal continuaba su examen, del testigo con el objeto de demostrar su capacidad como perito contador, los letrados del acusado manifestaron que esto era innecesario, toda vez que la objeción babía sido retirada. Surgieron ligeras discusiones respecto a la naturaleza y alcance de la admisión que los letrados de la defensa estaban dispuestos a bacer y luego de un interrogatorio adicional del testigo, se permitió que éste declarara. La defensa entonces excepcionó la resolución de la corte, fundándose en que el testigo no había presentado ninguna licencia para ejercer la profesión de contador público autorizado en Puerto Rico y había admi-tido en la silla testifical que no era tal contador público auto-rizado.

Fuera de cualquier cuestión de renuncia, la investigación preliminar estableció el hecho de que el testigo estaba capa-citado para declarar como perito contador. Tampoco po-demos convenir con los letrados del apelante en que el tes-timonio posterior del testigo indicó que éste no estuviera capa-citado.

Otro fundamento de la moción fué qué el veredicto era contrario a la prueba aducida por El Pueblo. La explicación de este motivo, tal cual figura en la moción, es como sigue:

“Se basa esta alegación en el examen del testigo Juan G. García, Jefe de las Oficinas de Contabilidad de la denunciante Central Aguirre Sugar Company. Dicho testigo era el empleado que en las men-cionadas oficinas refrendaba todos los cheques librados por ol Cajero C. D. Sands, acusado en este caso. Este testigo declaró que el día 2 de noviembre de 1932, el acusado siendo el Cajero de la Central, li-bró el citado cheque de $28,050, y aunque hubo error al anotar el cheque en el libro de Caja, donde se puso la cifra de 18,050 en vez de 28,050, sin embargo el dicho testigo, al declarar en el acto de la vista, aceptó que el Pay Boll de la Central en aquella semana y en aquel final de mes ascendió aproximadamente a la suma de $28,050 más o menos y que dicho Pay Boll fué totalmente pagado y satis-fecho con el mencionado cheque de $28,050; de donde resulta la inocencia del acusado en este caso, ya 'que no se benefició en lo más mínimo ni en nada perjudicó a la Central acusadora el referido error de número cometido por el acusado en el Libro de Caja de la Central. ’ ’

A esto el apelante dice en su alegato lo siguiente:

“En toda la evidencia presentada en este caso, no se encuentra el menor indicio de prueba directa, ni de prueba circunstancial, ten-dente a demostrar que el acusado C. D. Sands se hubiere apropiado de dinero perteneciente a la Central Aguirre Sugar Co. para su propio beneficio, ni por encontrársele dinero en su poder o en su casa, o en algún depósito de cuenta corriente dé banco o por haber invertido en algún negocio de hipoteca -u operación de préstamo, o por haberlo girado a los Estados Unidos o a algún otro sitio. Es raro que en 22 de septiembre de 1934 se practique nn arqueo de caja y no se encuentre falta o error alguno en el balance de números y que dos meses exactos después del 22 de septiembre, o sea, después de las elecciones, se practique nn nuevo arqueo de caja, solicitado por el propio acusado Mr. Sands y se encuentre entonces, no el qne faltare suma alguna en la caja, ni que se hubiera descubierto evi-dencia de que el acusado Mr. Sands hubiera sustraído dinero y de-positado en algún banco, invertido en alguna operación hipotecaria o de préstamo, girado al exterior o gastado de una manera extrava-gante en fiestas, orgías, amantes o juegos, sino simplemente que había un ingreso de $28,050.00 reducido a $18,050.00 y unos egresos de siete mil y pico de dólares, aumentados a once mil y pico de dólares, lo cual lejos de llevar a la conclusión de que la caja estaba coja, debió llevar a la conclusión de que en la caja sobraba dinero, a no ser que hubiera ocurrido lo que ocurrió, un error de número en cuanto al ingreso de caja de los $28,050.00, pero una existencia en caja de lo que realmente debía estar, porque según las declaraciones de Edwards y del señor García, Jefe de Oficina, los $28,050.00 del cheque del National City Bank, cobrados para satisfacer el payroll de la Central Aguirre Sugar Co. de una semana que montaba a $28,050.00 fue totalmente pagado.
“De suerte que todo el castillo del supuesto desfalco quedó redu-cido por la propia declaración de los acusadores, a un error de nú-meros que en nada perjudicó a la Central Aguirre Sugar Co., pri-vándola de ninguna cantidad, de las que legítimamente debían apa-recer en caja, como realmente existentes.”

No trataremos de hacer tai resumen de toda la prueba de cargo. García, que era un contador público autorizado, no solamente repasó todo el terreno cubierto por Edwards, el perito contador a que se hace referencia en el primer señala-miento, sino que también declaró muchas cosas que no se mencionan en absoluto en el alegato del apelante. Bastará decir que de su testimonio y del testimonio de otros testigos aparece: que como a las siete y media de la mañana del 22 de noviembre de 1932, Sands, cajero de la Central Aguirre Sugar Company, Inc., pidió a García que viniera a la oficina del cajero y le mostró en el piso de la bóveda donde se guar-daban los libros, un libro de caja del cual se habían arrancado las páginas correspondientes al mes de noviembre; que en-tonces Sands y García recogieron del suelo muchos papeles rotos que estaban por allí regados y los llevaron, con el libr<. de caja mutilado, a la oficina del gerente, que aún no había llegado y con quien se comunicaron entonces por teléfono.; que más tarde el vicepresidente de la corporación, el gerente de la misma y García recogieron de un basurero que había en la playa otros fragmentos de papeles y que Edwards, que había sido llamado de San Juan, con la ayuda de García, lo-gró pocos días después reconstruir las páginas que habían sido destruidas; que Sands, que había sido informado del hallazgo en el basurero de los fragmentos que faltaban, en la mañana del 25 de noviembre trasmitió a un pariente suyo en St. Petersburg, Florida, el siguiente mensaje: “Envíame un cablegrama diciéndome ven inmediatamente, urgente;” que en la tarde del mismo día recibió en respuesta un men-saje que leía así: “Yen inmediatamente, urgente;” que mos-tró esta comunicación a García y al gerente de la Central indicándoles que se le hacía necesario tomar el próximo aero-plano para Miami; que esta sugestión no tuvo la aprobación de las personas a que fué sometida y abandonó la idea de ir a Florida en aeroplano; que Sands era la única persona que tenía la llave de la puerta interior de la caja de seguridad i bóveda; que al presentársele las páginas reconstruidas del libro de caja aceptó la existencia de un déficit y su responsa-bilidad por ello; que él manifestó que le parecía que la si-tuación era mala para él; que al preguntársele si estaba dis-puesto a reparar la pérdida contestó que si le daban un tér-mino de quince días para comunicarse con su hermano en California él creía que podía repararla; y que doce o trece meses más tarde una compañía de seguros, luego de practicar una cuidadosa investigación, pagó a la Central Aguirre Sugar Co. la suma de $10,000 de conformidad con los términos de su fianza.

El testimonio de García, en adición al hecho establecido del déficit, era suficiente. No era necesario que el fiscal do-mostrara que el dinero fiabía sido bailado en poder de Sands o que éste lo había depositado en algún banco o lo había in-vertido o remitido a los Estados Unidos o lo había malgastado en una vida licenciosa o que en alguna otra forma había dis-puesto del mismo.

Después que la defensa había repreguntado al testigo Gar-cía, después que el fiscal había terminado el examen redirecto 7 después que uno de los letrados de la defensa había anun-ciado que había terminado con el testigo, ocurrió el incidente que a continuación se expresa:

“Ledo. Martínez Nadal:
“Una sola pregunta.
“P. — ¿El pay-roll se pagó, a que se refiere ese cheque de $28,000.00 se pagó?
“R. — Sí, señor.
“Nada más.
“I-Ion. Fiscal:
“P. — ¿Pero cuando se arqueó la caja faltaba cuánto?
“R. — Catorce mil quinientos y pico de pesos.
“P. — Y dentro de esos catorce mil y pico de dólares, ¿estaban los diez anil dólares del cheque?
“R. — Sí, señor.”

El testigo no dijo que la nómina en cuestión ascendía a $28,000, sino que la nómina había sido pagada. Sin embargo, si. esta declaración puede ser interpretada en el sentido de . que la nómina ascendía a $28,000, subsistiría el hecho, que salió a relucir por razón de la siguiente pregunta y respuesta, que la diferencia de $10,000 entre el cheque de $28,000 y el asiento en los libros de $18,000 no se había hecho constar ni se había explicado.

El veredicto no fué contrario a la prueba aducida por El Pueblo.

Otro fundamento de la moción se hizo constar así:

“4. — Que esta moción de nuevo juicio se basa principalmente en el descubrimiento de nuevas pruebas 'que pueden favorecer al acu-sado, las cuales, a pesar de haber empleado la mayor actividad ra-zonable, no le fué posible descubrir y aducir en la vista de la causa. Acerca del descubrimiento de dichas nuevas pruebas, exponemos lo siguiente:
“A. — Que con bastante tiempo de antelación a la fecha en que se celebró la vista de este caso, el acusado, queriendo ver y examinar los comprobantes y recibos de los pagos del pay roll de la precedente semana y últimos días del mes precedente al dos de noviembre de 1932, a fin de probar con ellos en el juicio que el dinero del cheque montante a $28,050 fué expedido por el acusado en dicha fecha dos de noviembre de 1932, fué totalmente empleado en pagar todos los gastos correspondientes al referido pay roll de la última semana y fines del mes de octubre de 1932, acudió o se personó en las oficinas de contabilidad de la central denunciante, y allí trató de examinar dichos comprobantes y recibos, así como el libro de caja de la Ponce and Guayama Railroad Company (que es una pertenencia de la Central Aguirre), y entonces el jefe de dichas oficinas le manifestó al acusado que tanto los comprobantes y recibos del referido pay roll de la Central Aguirre, como el libro de caja de la Ponce and Gua-yama Railroad Company no podía verlos y examinarlos el acusado porque se habían perdido o extraviado, habiendo desaparecido total-mente; que posteriormente el acusado, cuando sus abogados defenr sores principiaron a hacer diligencias para tratar de ver y examinar dichos comprobantes y recibos y el libro de caja referido (de la Ponce and Guayama Railroad Company) con el fin de presentarlos como prueba en la vista del caso, el acusado les manifestó a sus abogados R. Martínez Nadal, F. Navarro Ortiz y al Ledo. Vicente Palés Matos, que estaba también cooperando en su defensa, que dicho libro de caja y dichos comprobantes y recibos se habían extraviado y perdido y había desaparecido totalmente, y que el acusado, ha-biendo hecho activas diligencias en la busca de dichas pruebas, no había logrado descubrirlas o averiguar su paradero, y así dió abso-luto crédito a las manifestaciones de don Juan G. García, empleado de la central, quien le manifestó que dichas pruebas no podría verlas el acusado ni examinarlas porque se habían perdido. Alega aquí además, el acusado, que el libro de caja de la Ponce and Guayama Railroad Company, según constaba al acusado por propio conoci-miento, contenía en sus asientos todas las constancias necesarias para probar que parte de los mencionados $28,050.00, en cantidad más o menos como de seis a siete mil dólares se había invertido en pagar o satisfacer los gastos del pay roll de la Ponce and Guayama Railroad Company, cuyos gastos los satisfacía semanalmente la Central Aguirre por ser una pertenencia de ella; que estos seis o siete mil dólares, y además los recibos y comprobantes del expresado pay roll de la Central Aguirre que montaban a más de $20,000.00 probaban o hubieran probado de la manera más satisfactoria que los $28,050.00 referidos se gastaron totalmente en pagar o satisfacer los expresados pay rolls de la Central Aguirre y de la Ponce and Guayama Railroad Company; que después que el acusado hizo las referidas diligencias para conseguir dichos recibos y comprobantes y el referido libro de caja de la Ponce and Guayama Railroad Company y después que estuvo en las oficinas de la Central acusadora y que el jefe de dichas oficinas le aseguró que tanto el libro de caja como los comprobantes y re-cibos habían desaparecido totalmente, y después que el acusado con-tinuó haciendo activas diligencias que resultaron infructuosas, y se convenció de la pérdida de dichas pruebas, lo manifestó así a sus tres abogados mencionados que por otra parte estaban también ha-ciendo diligencias para tratar de ver y examinar dichas pruebas o averiguar su paradero, a fin de presentarlas en el acto de la vista celebrada el día 23 del pasado mes de abril.
“B. Alega el acusado, además, 'que en el acto de la vista de este caso, el Ministerio Fiscal presentó como prueba una caja de hierro llena de papeles, algunos rotos, conteniendo dicha caja alrededor de mil documentos más o menos; que al presentar el Fiscal como prueba en el acto de la vista dicha caja llena de papeles, manifestó que la presentaba como prueba para demostrar que en ella había muchos recibos y documentos rotos, pero sin explicar de qué época o de qué clase eran los tales recibos y documentos rotos, por lo que los defen-sores del acusado se opusieron a la admisión de dicha prueba, ale-gando que era imposible leer tantos documentos sin especificarse en qué consistía, pero la corte admitió como prueba la mencionada caja de caudales de hierro conteniendo alrededor de mil recibos y docu-mentos más o menos, algunos de ellos rotos; que en aquel momento, al presentarse como prueba por el fiscal dicha caja conteniendo una cantidad tan grande de papeles, no sospechó el acusado ni lo sospe-charon sus tres abogados defensores presentes en aquel acto, que allí pudieran estar los recibos y comprobantes del pay roll de gastos que fueron satisfechos con el referido cheque de $28,050.00; y que así transcurrió todo el tiempo de la celebración del juicio sin que el acusado ni sus abogados pudieran darse cuenta de que les'hubiera sido posible de algún modo conseguir las pruebas que tanto habían buscado, consistentes en los referidos recibos y comprobantes.
“C. — Que después de dictado el veredicto del jurado, en el juicio de esta causa que se celebró el 23 de abril último y a los pocos mi-nutos de leerse el veredicto, el acusado, acompañado de uno de sus abogados, el Ledo. F. Navarro Ortiz, se acercaron a la mencionada caja de. hierro do caudales por mera curiosidad, y al verla y exami-narla, tuvieron la sorpresa ele cerciorarse y descubrir que en dicha caja, entre el montón de papeles que en ella había, se hallaba la mayor parte de los recibos y comprobantes del pay roll de gastos de la Central Aguirre, correspondientes a la precedente semana y a los últi-mos días del mes precedente al dos de noviembre de 1932, en cuya fecha el acusado libró el citado cheque de $28,050.00; que entonces, los abogados F. Navarro Ortiz y Vicente Palés Matos, en compañía del acusado, después de haber cambiado impresiones sobre el hallazgo de aquellas pruebas que antes habían buscado con tanta diligencia, resolvieron ponerlo inmediatamente en conocimiento, como así lo hi-cieron, del otro abogado defensor, Ledo. R. Martínez Nadal, que había partido para Mayagüé^, y algunos días después, en San Juan, en una reunión que celebraron el acusado y sus tres letrados defenso-res, en la calle Alien Núm. 18, para estudiar la manera de anular el juicio celebrado, con el fin de poder presentar a la corte las prue-bas que tanto habían buscado y que al fin habían descubierto, allí entonces, en dicha reunión, a la que asistió el Sr. Constantino Fer-nández, Perito Mercantil y Contable Público, legalmente titulado para ejercer en Puerto Rico su profesión de Contable, que viene ejerciendo desde hace más de veinte años, el dicho señor Constantino Fernández manifestó al acusado y a sus defensores que el libro de caja de la Ponce and Guayama Railroad Company está actualmente en las oficinas de contabilidad de la denunciante Central Aguirre y que él estaba absolutamente seguro de tal afirmación. Aquí alegamos: que en dicho libro' de caja, según se expresa arriba, consta detalladamente la prueba de que una parte de los referidos $28,050, o sea, una suma más o menos de seis a siete mil dólares fue empleada en el pago del pay roll de gastos de aquella semana de la Ponce and Guayama Railroad Company, que es una pertenencia de la Central Aguirre; que el acusado y sus abogados defensores, hasta dicha fecha, en que oyeron la afii’mación del Contable don Constantino Fernández, es-taban bajo la creencia absoluta de que dicho libro de caja no existía, porque se había perdido o extraviado, o se lo habían robado, según arriba se expresa; y que habiendo aparecido dicho libro, o teniendo ya la seguridad que está actualmente en las oficinas de contabilidad de la Central Aguirre, y teniendo también la seguridad de que los recibos y comprobantes del referido pay roll de la Central Aguirre, correspondiente a los días precedentes al 2 de noviembre de 1932 se hallan en la mencionada caja de hierro que el Fiscal presentó como prueba en el acto de la vista, según se ha expresado, en tal virtud, •el acusado y sus tres abogados defensores tienen ahora la completa seguridad de que, si se celebrara un nuevo juicio en este caso, po-•drían presentar como prueba dicho libro de caja y dichos recibos .y comprobantes, y que tales documentos probarían satisfactoriamente •en el nuevo juicio que el acusado no se benefició con el citado cheque de $28,050.00, ni hubo ningún perjuicio para la Central Aguirre, ya que todo ese dinero se empleó y se gastó en el pago del pay roll •de gastos de la Central Aguirre y en el pago del pay roll de gastos •de la Ponce and Guayama Railroad Company, pertenencia de la Central Aguirre, lo cual había de quedar plenamente probado y .justificado al presentar como prueba en el nuevo juicio el referido libro de caja y los referidos comprobantes y recibos.
“D.' — Alega además el acusado que la prueba de que se trata, tanto los recibos y comprobantes de la Central Aguirre, que se hallan •en la caja de hierro referida como el libro de caja de la Ponce and Guajmma Railroad Company, que se halla ahora en las oficinas de ■contabilidad de la Central Aguirre, es una prueba material porque se refiere al issue levantado en el juicio, y que dicho issue es también material y no colateral porque dicha prueba tiende a demostrar que •en este caso sólo hubo un error de número al poner en el libro de •caja la cifra de $18,050, en vez de $28,050.00, pero que dichos $28,050.00 se emplearon totalmente en el pago del pay roll de gastos •de la Central Aguirre y en el pago del pay roll de gastos de la Ponce .and Guayama Railroad Company; que dicha prueba es una prueba ■competente y absolutamente admisible, sin duda de ninguna clase, .y que además es plenamente material porque hay en ella toda la potencialidad necesaria para producir en el nuevo juicio la absolu-■eión del acusado; que dicha prueba se refiere al issiie de culpable o no culpable, porque ella justifica que el acusado no tuvo ningún beneficio en la referida suma de $28,050.00; que no es una evidencia adicional, o sea, del mismo carácter de la practicada en el juicio, ■sino que es una nueva prueba que cambiará totalmente la faz del caso a favor del acusado, porque probará su completa inocencia, ya que ■en el empleo de dichos $28,050.00 no hubo beneficio alguno para él ni perjuicio para la Central, ni para nadie, según así se acreditará icon dicha prueba; que se trata además de evidencia completamente .admisible, ya que la Central no podrá negarse a llevar a la vista del muevo juicio el referido libro de caja de la Ponce and Guayama Rail-xoad Company, ni los referidos recibos y comprobantes del pay roll -de la Central Aguirre, porque ambas pruebas están en su poder, y la Central no puede negarse a presentarlas; que los hechos que se iratan de probar con dichas pruebas no podían ser probados en el juicio que se celebró por medio de otra clase de pruebas; y que la nueva prueba que tratamos de presentar en el nuevo juicio, no se-refiere a nuevas 'defensas, ni a hechos ocurridos después del juicio,, ni se trata de evidencia conocida y abandonada, sino que se trata de una prueba que el acusado y sus defensores la buscaron con la mayor diligencia antes del juicio y no la pudieron encontrar y que-la descubrieron con posterioridad al veredicto en la forma que queda expresada. ’ ’

García, en una contradeclaración jurada, dijo:

“Juro solemnemente que la última vez que hablé personalmente-con el citado C. D. Sands fué el martes día 29 de noviembre 1932, cuando él me llamó por teléfono desde el hotel para informarme que allí había un policía con una orden de arresto y que no comprendía a qué se debía aquello, porque él había hablado con Mr. Bancroft para que le concediera 15 días para él comunicarse con su familia en el Norte. Ese mismo día a que me refiero, C. D. Sands fué encar-celado y luego después solemnemente juro que no volví a verlo hasta el día del juicio.
“Juro además que en ninguna ocasión ni yo, ni nadie conectado-con la Central Aguirre Sugar Company, The Ponce & Guayama Railroad Company o Luce- & Co., S. en C., informó a C. D. Sands que-los libros y comprobantes de caja se habían extraviado. Precisa-mente en la noche del domingo, día 27 de noviembre de 1932, cuando-C. D. Sands fué llamado a la oficina para que compareciera ante los señores Bancroft, Obén, Edwards y yo, no solamente se le dijo-a C. D. Sands que todos los libros, comprobantes de caja, etc., habían sido encontrados y reconstruidos los papeles rotos, pero también se-le mostraron para que él los examinase y se cerciorara si la diferencia que habíamos encontrado en caja existía o no. Repetidas veces-aquella noche se le invitó para que él revisara como quisiera toda la documentación que él tenía al frente y que subsiguientemente se-presentó en evidencia en el caso que se ventiló ante esta corte, y ase-guro solemnemente que después de hojear el citado C. D. Sands al-gunos de los papeles que allí había, pero siempre demostrando muy poco interés en todo aquello, dijo: ‘Que si los libros reflejaban una diferencia de $14,000.00 más o menos, que él creía que estaba bien, es decir, que existía la diferencia y entonces fué que el citado C. D. Sands ofreció a Mr. Bancroft comunicarse con sus familiares a fin de tratar de reunir el dinero.’ ”

Del récord taquigráfico de lo ocurrido al presentarse en¡ juicio la prueba que abora se describe como “nuevamente descubierta” Racemos el siguiente extracto:

“Hon. Fiscal:
“Ahora yo voy a presentar, Sr. Juez, estos libros, debidamente identificados.
“Ledo. Martínez Nadal:
“No hay objeción alguna.
“Hon. Juez:
“Entonces los libros. . .
“Hon. Fiscal:
“Con los comprobantes, Sr. Juez.
“Ledo. Palés Matos:
“¿Todos?
1 ‘ Hon. Fiscal:
“Uno por uno con las partidas que hay en el libro.
“Ledo. Martínez Nadal:
“Siempre que estén en las fechas del 7 de septiembre al 22.
“Hon. Fiscal:
“Y voy a presentar los comprobantes de ingresos del dinero que recibió, firmados por él todos, uno por uno.
“Hon. Juez:
“Entonces se marca el libro con el número tres, los comprobantes con el número cuatro y los comprobantes de ingresos con el número cinco.
“P. — ¿Estos son comprobantes de egresos?
“R. — Estos son de egresos, los blancos de desembolsos y los ama-rillos de ingresos.
“R. — Llamamos al Sr. Sands a la oficina y al entrar a la oficina yo le pregunté: ‘Mr. Sands, ¿cuándo se hizo su tíltimo contado de caja?’ me dijo él: ‘Hace dos o tres días’, le digo: ‘Ud. tomó al-gunos datos que comprueban lo que Ud. hizo?’ dice: ‘.Sí, señor, los voy a buscar,’ fué a la oficina suya a su caja y trajo este libro que está aquí y me dijo: ‘Este es el arqueo que yo hice en noviembre 17.’
“P. — ¿Ese es un libro oficial de la Aguirre?
“R. — No, señor, eso lo puede hacer en cualquier clase de libro para satisfacción de que su caja está bien.
“P. — ¿Estos son los números del Sr. Sands?
“R. — Sí, señor; todos.
“P. — ¿Y qué arroja ese libro hecho por el Sr. Sands?
“R. — Viendo este libro entonces tratamos de cotejar estas parti-das con las partidas que aparecen del libro de caja y encontramos que la primera partida, aquí, que aparece con $155,644.53 al compararla con el libro de caja, había una diferencia de catorce mil pesos más o menos.
“P. — Así que ese libro privado que él llevaba con los libros ofi-ciales de la corporación que llevaba él también aparecía la suma?
“R. — Sí, señor.
“P. — ¿Que es un libro privado de él?
“R. — Sí, señor.
“Para presentarlo como prueba, Sr. Juez, dice que son los nú-meros del Sr. Sands.
“Ledo. Martínez Nadal: No hay objeción.”

Al resolver la cuestión relativa al descubrimiento de nueva prueba, el juez de distrito, después de exponer ciertos princi-pios elementales de derecho, dijo en parte :

“Si aplicamos la jurisprudencia transcrita al caso de autos, po-demos decir que el acusado, O. D. Sands, era y fué por mucho tiempo cajero de la Central Aguirre Sugar Co., Inc., y que nadie mejor que él estaba en condiciones de conocer la contabilidad que en dicha corporación se llevaba y saber de una manera clara y evidente la inversión que se daba al dinero que él recibía y pasaba por sus ma-nos al darle salida para ser empleado.
“Además si el Sr. Sands sabía que su defensa estaba en ciertos comprobantes y libros de la Central Aguirre y que tales documentos no se le facilitaron a pesar de haber requerido para ello a los direc-tores de dicha corporación, él debió de haber acudido ante esta corte solicitando de la misma que se presentaran y se trajeran dichos li-bros para ser revisados como evidencia en su caso, cosa que no hizo y lo cual demuestra, a nuestro juicio, que- él no observó en este caso una razonable y debida diligencia como lo exige la ley. Pudiendo verse en relación con el particular la doctrina siguiente:
“ ‘A new trial will not be granted on the ground of newly discovered evidence, where the evidence claimed to have been newly discovered, was known to the party before or at the time of the trial.’ People v. Lyle, 4 Pac. 977; Somona v. Stafen, 125 Cal. 32, 57 Pac. 681.”

No bailamos error que dé lugar a la revocación al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio, y la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señob Hutchison,

text:
    Ramón González Betancourt, demandante y apelado v. Pedro Fernández Reyes, demandado y apelante.
    No. 6603.

    Sometido: Marzo 21, 1935.

      Resuelto: Noviembre 8, 1935.

      Luis Mercader, abogado del apelante; Antonio Lens Cuena, abogado del apelado.

        Nota : Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

En 1921 los herederos de José Fernández y su esposa se distribuyeron entre sí 174 cuerdas de terreno. Pedro Fer-nández, aquí demandado, y su hermana, Emilia Fernández, recibieron 18.01 cuerdas cada uno. Posteriormente Pedro Fernández adquirió de sus coherederos otras dos parcelas de 18.01 cuerdas cada una, lo que hacía un total de 54.03 cuerdas. Las 18.01 cuerdas pertenecientes a Emilia se halla-ban al norte de estas 54.03 cuerdas. En 1924 Emilia Fer-nández y su esposo Carlos Domínguez segregaron y vendieron a la Plazuela Sugar Company 528.74 metros cuadrados. La Plazuela Sugar Company adquirió esta faja de terreno con el objeto de trasladar a ella parte del ferrocarril que ya tenía sobre distinta ruta. La Plazuela Sugar Company, después de inscribir sn escritura, hizo algunas excavaciones y niveló parcialmente el terreno por donde se proponía tender la nueva vía. Más tarde este proyecto fue abandonado, y los vendedores reanudaron su posesión de la finca. En 1926 Pedro Fernández, con el consentimiento de Emilia Fernández y su esposo Carlos Domínguez, hizo algunas reparaciones de su propio peculio en esta faja y más tarde la utilizó como un camino que conducía de su propiedad a la intersección de un camino municipal que iba de este a oeste por la costa al norte de las 174 cuerdas. En 1928 Emilia Fernández y su esposo vendieron las 18.01 cuerdas a Eamón González, aquí demandante. A González no le fué posible inscribir su título de los 528.74 metros previamente inscritos a nombre de la Plazuela Sugar Company. En 1931 la Plazuela Sugar Company vendió los 528.74 metros a González, quien entonces inscribió su título en el registro de la propiedad. Más tarde González instituyó el presente recurso para establecer la no existencia de una servidumbre o derecho de paso sobre la faja de 528.74 metros. La alegación de Pedro Fernández era que con anterioridad a la distribución de las 174 cuerdas los herederos de José Fernández y Dominga Eeyes habían establecido el callejón o camino para su uso común en la transportación de caña sobre la misma ruta hasta un des-vío de ferrocarril que desde 1910 estaba situado en lo que son hoy las 54.03 cuerdas, y que el camino que ahora está en controversia es el mismo así establecido, usado por viandantes y carros de bueyes, y reparado por Pedro Fernández en 1926. Al resolver esta contención el juez de distrito dijo:

“Lo que dichos testigos han dado en llamar camino no era otra cosa que uno de esos callejones que los cultivadores de gramínea tienen necesariamente que dejar entre una y otra pieza de caña para el acceso a la plantación y el transporte del fruto, cuyos callejones no siempre se forman en el mismo lugar, por cuyas circunstancias no llegan a tener las características de un verdadero camino.”

El primer motivo del recurso es que la corte de distrito cometió error al resolver que el demandado Pedro Fernández no tenía derecho de paso por el camino disentido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 477 del Código Civil (edición de 1930). Ese artículo lee así:

“La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, se considerará, si so enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo antes del otor-gamiento de la escritura.”

Un callejón de cañaveral que está sujeto a ser variado, una estrecha faja de terreno dejada sin cultivar a veces en un sitio y a veces en otro como algo indispensable para recolectar la cosecha, no es el signo aparente de la servi-dumbre o del derecho de paso permanente a que se refiere «1 artículo 477. El signo mismo debe ser permanente, no variable, ni accidental. Véanse 4 Manresa 626 y 10 Scaevola 164. Véanse también 86 Am. Dec. 577 y 19 C. J. sección 107, p. 916.

El segundo señalamiento es que la corte de distrito cometió error al resolver que en 1926, cuando Emilia Fernández y su esposo Carlos Domínguez, contrataron con Pedro Fernández el arreglo del camino que él efectuó por su cuenta, “ratificándose así la servidumbre”, los referidos Emilia Fernández y Carlos Domínguez no eran los dueños absolutos del camino objeto de este litigio sino que su propietaria lo era la Plazuela Sugar Company. Ésta era sin duda alguna la dueña del título legal en 1926. Podría admitirse que Emilia Fernández y su esposo pudieron haber logrado de la Plazuela Sugar Company que les traspasara nuevamente el terreno por una suma nominal, según lo hizo Ramón Gronzález en 1931. No lo hicieron así. En el ínterin, la posesión civil e implícita, así como el derecho exclusivo de posesión, continuó en la Plazuela Sugar Company. Aunque Emilia Fernández y Carlos Domínguez se hallaban en posesión material, no eran ni dueños del terreno ni tenían el derecho ex-elusivo de posesión. Técnicamente eran meros poseedoresen precario (tennants at will) de la Plazuela Sugar Company. Por tanto, carecían de facultad para conceder una servidum-bre de paso o para ratificar cualquier concesión implícita anterior. Y el pacto por ellos celebrado con Pedro Fernández, por el cual le permitían reparar el paso abandonado por el ferrocarril, no creó impedimento (estoppel) contra González, adquirente de la Plazuela Sugar Company. 9 R.C.L. 747, sección 16; 10 R.C.L. 675, sección 3; Id. 782, sección 97.

La tercera contención del apelante es que la corte inferior cometió error al apreciar la prueba, deduciendo de la misma conclusiones contrarias a derecho. Además de ser este seña-lamiento muy general no hallamos tal error manifiesto en la apreciación de la prueba ni en las conclusiones hechas por el juez de distrito que justifiquen la revocación.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado señor Wolf está conforme con el resul tado.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Woie,

text:
    Sucesión de Juana Sorbá Corujo, compuesta de sus hijos Josefa, Ramón y Luz María Viñas Sorbá, la última representada y asistida de su tutor Matías Ruiz, demandantes y apelados, v. Manuel Viñas y su esposa Marcelina Sorbá, demandados y apelantes.
    No. 6416

    Sometido: Diciembre 11, 1934.
    Resuelto: Noviembre 8, 1935

      E. H. F. Dottin, abogado de los apelantes; Dubón & Ochoteco, abo-gados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Woie,

emitió la opinión del tribunal.

Antonio M. Sorbá falleció ab intestato el día 3 de diciembre de 1927, dejando como herederos forzosos a su viuda Carmen Corujo, a su hija Marcelina Sorbá Corujo de Viñas, y a sus tres nietos, los demandantes en este recurso, quienes heredaron de su abuelo por representación de su difunta madre Juana Sorbá Corujo. Al tiempo de su muerte el abuelo tenía un crédito con J. Ochoa & Hno., en San Juan, por la suma de $40,000, como resultado de ciertos depósitos efectuados por él por espacio de diez o quince años con anterioridad a su muerte en 1927. El 17 de enero de 1928 tuvo lugar la partición de la herencia y nadie hizo referencia a esta importante cuenta. La prueba tiende fuertemente a demostrar que los demandantes ignoraban la existencia de la misma.

Sin embargo, en febrero o marzo, 1928, Manuel Viñas, uno de los aquí demandados y esposo de Marcelina Sorbá, la otra demandada (según parte del testimonio), visitó a J. Ochoa & Hno. y al inquirir sobre la existencia de la cuenta de $40,000 fue informado por el cajero, Arturo G-onzález, que ellos tenían allí cierto documento en relación con el dinero. Este lee así:

“Pagaremos a Don Antonio M. Sorbá en su residencia en San-turce, P. R. el día veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y dos, la suma de cuarenta mil dólares que ha (sic) tiene abonada en su cuenta, cuya suma devengará intereses al tipo de siete por ciento anual que serán pagados mensualmente o cuando el acreedor los solicite después de devengados.
“Queda expresamente convenido por deseo del acreedor, que si éste falleciese antes del vencimiento de esta obligación, los intereses devengados deberán ser pagados a su legítima hija doña Marcelina Sorbá de Viñas. Al vencimiento, el capital también deberá pagarse a la referida señora Sorbá de Viñas si así ella lo solicitare. San Juan, P. R., Noviembre 26, 1927. (Fdo.) J. Ochoa & Hno.’

Así pues, se verá que el documento tan 'sólo está suscrito por el representante de J. Oclioa & Hno. y no por Antonio M. Sorbá, quien falleció una semana después de haberse reali-zado el supuesto otorgamiento. Desde agosto, 1928, hasta allá para el 1930, los intereses adeudados sobre los $40,000, ascendentes a $8,400, fueron pagados a la aludida hija Mar-celina Sorbá de Viñas enteramente sin el conocimiento de los demás herederos. En marzo 5, 1929, falleció la viuda de Antonio M. Sorbá, y en su testamento no se hizo referencia alguna a los $40,000.

A instancias de los acreedores, J. Ochoa & Hno. fué ad-judicada en quiebra el 23 de septiembre de 1931. La prueba no controvertida fué que Marcelina Sorbá de Viñas radicó en los procedimientos de quiebra, en su propio nombre, prueba de la reclamación de los $40,000, sin revelar, jamás a ninguno de sus coherederos la existencia del mencionado crédito.

El presente recurso, que es esencialmente uno sobre li-quidación de cuenta, se inició el 8 de abril, 1932, y fué tan sólo entonces que los demandados ofrecieron entregar a los de-mandantes la parte proporcional de los intereses recaudados. Marcelina Sorbá entonces sostuvo que no había habido apro-piación alguna de la cuenta y que fué parcialmente en bene-ficio de los herederos que ella radicó prueba de la reclamación contra J. Ochoa & Hno. La Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia en favor de los demandantes.

En el juicio la prueba tendió a demostrar que cuantas veces Antonio M. Sorbá hizo depósitos' de dinero con J. Ochoa & Hno., se le daba un recibo, según el cual, mediante aviso con 30 días de antelación, podía en cualquier tiempo exigir el pago de la suma depositada. Estos recibos de depósito fue-ron bailados en poder del cajero de J. Ocboa & Hno., Arturo González. Este declaró que tales recibos no le habían sido entregados por Sorbá. Empero, explicó el documento exis-tente en este caso, diciendo que bailándose Sorbá en el hospital como una semana antes de su muerte, y a instancias su-yas, González redactó dicho documento, pero que Sorbá fa-lleció antes de firmarlo. Que Sorbá manifestó que quería favorecer a su hija.

Por los autos y por el análisis de la prueba hecho por la corte inferior, nos sentimos obligados a resolver que los reci-bos de depósito sólo vinieron a poder del síndico quizás me-diatamente, por la intervención de los demandados. Según decidió la corte inferior, y estamos de acuerdo con ella, el documento no suscrito por Sorbá no tenía valor obligatorio alguno.

Vamos un poco más lejos que la corte de distrito y re-solvemos que los demandados no explicaron satisfactoria-mente la existencia de este documento. Que con la existencia del documento sospechoso y su aceptación por los demanda-dos, éstos estaban obligados a convencer a un juez, que ac-tuaba en equidad, de que no habían participado en la fabrica-ción del mismo. Tenían igualmente que justificar su conducta al radicar ante la corte de quiebras una reclamación exclusi-vamente a nombre de Marcelina Sorbá. Surge la deducción inevitable de que los demandados tenían la intención de apro-piarse de estos $40,000 en beneficio propio. No puede darse crédito alguno a la alegación de los demandados de que te-nían el propósito de dividirlos con los demandantes.

Aceptando como hechos la incautación de los recibos de depósito y el cambio de éstos por el documento, los deman-dados fueron culpables de actos fraudulentos que equivalían a una apropiación (conversión).

Conforme hemos visto había la probabilidad, de no haber la certeza, de que si los demandantes hubieran tenido conoci-miento de la existencia de los $40,000 se hubieran puesto de acuerdo con los demandados para cobrarlos inmediatamente. Esto queda ilustrado por otro hedió importante en el caso. Sorba tenía $64,000 en el Banco Territorial que en los proce-dimientos de testamentaría fueron repartidos entre todos los herederos. Es casi incuestionable que se hubiera dado un paso similar en relación con los $40,000. La probabilidad o la certeza queda así pues fortalecida de que los demandados intencionalmente ocultaron y trataron de apropiarse de los $40,000.

En lo atinente a la ocultación, según indica la corte inferior, los demandados sostuvieron continuas relaciones de fa-milia con los demandantes, y a pesar de las numerosas opor-tunidades para notificarles cuanto fuese necesario, dejaron en absoluto de dar a los demandantes indicio alguno respecto a la existencia de los $40,000 o de que se había presentado la reclamación en la corte federal a nombre de Marcelina Sorba.

El artículo 1249 del Código Civil (edición de 1911) dispone:

“Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al con-trato.”

El principio aquí expresado puede ser aplicado aún más fuertemente a actos fraudulentos. Los demandados pusieron fuera del alcance de los demandantes el presentar reclama-ción contra Ochoa antes de ser llevados estos últimos a la quiebra. La actuación posterior de Marcelina Sorbá al re-clamar en su totalidad los $40,000 lleva consigo la teoría de una apropiación por parte de los demandados.

Durante más de tres años los demandados cobraron los réditos de los $40,000 sin notificar en absoluto a los deman-dantes. Cuando alguien se apropia de los intereses, reclama el principal y como en el presente caso, oculta los hechos, surge necesariamente una apropiación (conversion).

La apropiación ha sido definida así:

“Apropiación es cualquier acto claro de dominio ilegalmente ejer-cido sobre los bienes muebles de otra persona en oposición o en pugna con los derechos de ésta, como por ejemplo, la incautación torticera de los muebles de un semejante o cualquier ejercicio ilegal o asun-ción de autoridad, personalmente o por mediación de un tercero, contra los bienes de otra persona, privándole de la posesión, per-manentemente o por tiempo indefinido. El acto tiene que ser esen-cialmente torticero, pero no es esencial a una apropiación que baste para sostener una acción de daños y perjuicios (trover) que el de-mandado tenga absoluta tenencia (manucaption) de la propiedad, o que la use en beneficio propio, si ba ejercido dominio sobre ella con exclusión, en oposición o contrario a los derechos del dueño.” 26 R. C. L. 1098, par. 3 y casos citados.
“Apropiación es la asunción y ejercicio no autorizados del derecho de propiedad sobre bienes muebles de otras personas, alterando su condición o excluyendo así los derechos del dueño. El daño legal, denominado ‘apropiación’, es cualquier acto no autorizado de dominio o de propiedad ejercido por una persona contra los bienes muebles de otra en pugna o en oposición con los derechos de ésta. ” 65 C. J. 11, par. 1 y casos citados.

Aun cuando los hechos de los casos citados en los textos anteriores no son tan íntimamente análogos que puedan ser citados directamente, ellos enuncian el principio. No tenemos duda, según ya hemos dicho, de que hubo una apropiación a tenor de la doctrina de dichos textos.

La conducta de los demandados que hemos caracterizado de apropiación (conversion) es meramente una de las formas de culpa descritas en el artículo 1802 de nuestro Código Civil (edición de 1930).

También notamos la sugestión de la apelada de que las actuaciones de Yiñas y su esposa fueron las de un gestor oficioso y que las mismas están cubiertas por el artículo 1789 del Código Civil (edición de 1930), que lee así:

“El gestor oficioso debe desempeñar su encargo con toda la dili-gencia de un buen padre de familia e indemnizar los perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o ne-gocios que gestione.
“Los tribunales, sin embargo, podrán moderar la importancia de la indemnización según las circunstancias del caso.”

Toda vez que los demandados tomaron posesión de Jos fondos y asumieron el título de los mismos, estaban obligados a responder al igual que cualquier otro gestor oficioso, in-cluyendo especialmente el caso de que cualquier notificación a los demandantes con toda probabilidad les hubiese puesto en posición de recobrar el importe total de la sentencia.

No es necesario que prestemos atención especial a las ten-tativas de los demandados a limitar su reclamación a las sumas por ellos recibidas directamente, o de los síndicos en el procedimiento de quiebra.

Hemos eludido discutir la alegación o las admisiones con-tenidas en la contestación, o los errores uno por uno, por ser el resultado total tan claro.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino.


text:
    Sucesión de Enrique Landrón Otero, recurrente v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 959.

    Sometido: Noviembre 4, 1935.

      Resuelto: Noviembre 12, 1935.
    Recurso elevado a virtud de lo dispuesto en la Ley No. 39 de 1928 (pág. 233). El registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Córdova Dávila,

emitió la opinión del tribunal.

El presente recurso ha sido elevado a este tribunal en vir-tud de lo dispuesto en la Ley núm. 39 de 1928 (pág. 233), en relación con el artículo 2 de la ley sobre recursos contra re-soluciones de los registradores de la propiedad.

El Tesorero de Puerto Rico dirigió al Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, un mandamiento de cancelación de embargo sobre cierta finca, cuyo embargo fué trabado por el Colector de Rentas Internas para el cobro de cierta cantidad por contribuciones sobre ingresos. La suma adeudada fué satisfecha por el contribuyente y por lo tanto se solicitó la cancelación del embargo. El registrador de la propiedad requirió que se consignaran $3.00 en sellos de Rentas Internas para el debido despacho de la cancela-ción antes referida.

El Tesorero de Puerto Rico entiende que el Gobierno de Puerto Rico está exento del pago de dicho arancel, basado en la Ley de 15 de marzo de 1909, pág. 95, Leyes de ese año. El Registrador, por el contrario, sostiene que esta ley no es aplicable al presente caso. Alega el Registrador que la Ley de 1909, según la cual los Registradores de la Propiedad no podrán cobrar derecho alguno por anotar o cancelar los embargos practicados para cobro de contribuciones sobre la propiedad, no puede cubrir aquellos embargos trabados para cobrar contribuciones sobre ingresos que fueron impuestas por una ley posterior. Arguye, además, que la cancelación beneficia únicamente al deudor y no al acreedor, que lo es en este caso el Pueblo de Puerto Rico.

Entiende el Tesorero que la intención del legislador fué que ni el Pueblo de Puerto Rico ni los contribuyentes satis-ficiesen derecho alguno por la cancelación de todos los embar-gos trabados para hacer efectivas las contribuciones.

La duda que pueda surgir con respecto a la aplicación de la citada ley eximiendo al Pueblo de Puerto Rico del pago de todo derecho, cuando se trata de cancelar un embargo tra-bado para hacer efectivo el pago de contribuciones sobre in-gresos, queda, a nuestro juicio, disipada por el artículo 5 de la Ley núm. 14 de 1933, pág. 79, Leyes de ese año, según el.cual las contribuciones sobre ingresos serán cobradas “por el Tesorero de Puerto Rico mediante el mismo procedimiento de apremio establecido por la Ley para el cobro de contribu-ciones sobre la propiedad.” No bay duda de que ambas cosas, el embargo y su correspondiente anotación en el Re-gistro de la Propiedad; forman parte del procedimiento de apremio y de que, una vez terminado mediante el pago de la deuda por el contribuyente, la cancelación del embargo es una consecuencia lógica y necesaria para restituir las cosas al estado que antes tenían y devolver al contribuyente su tí-tulo sin ninguna de las sombras creadas en el Registro du-rante la tramitación del procedimiento incoado para el cobro de la contribución.

Según se deduce de la argumentación del Registrador, para la anotación del embargo no bay que pagar derechos, pero sí para la cancelación porque beneficia al deudor. El “argumento no nos convence. A nuestro juicio, si la anota-ción del embargo no requiere pago de derecho, tampoco debe requerirlo la cancelación del mismo. No estableció distincio-nes la Ley de 1909 ni tuvo en cuenta el beneficio del deudor cuando dispuso que los registradores no podrán cobrar de-recho alguno ni por las anotaciones ni por las cancelaciones de embargo. De acuerdo con el artículo tercero de la Ley núm. 12 de 1923, pág. 37, los registradores de la propiedad procederán a cancelar de oficio o a instancia de parte las ano-taciones de embargo por razón de contribuciones, al trans-currir un año desde la fecha de la anotación. Es decir, el registrador debe cancelar de oficio, sin exigir derecho alguno, las anotaciones de embargo por razón de contribuciones que tengan un año de existencia. Con mayor razón debe proceder la cancelación, sin pago de arancel, cuando la solicita el Te-sorero por haber sido satisfecha la contribución que dió ori-gen al embargo.

Bebe revocarse la nota recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    José Carro López, demandante y apelante, v. Compañía Insular de Transporte, Inc., demandada y apelada.
    No. 6519.

    Sometido: Marzo 20, 1935.

      Resuelto: Noviembre 12, 1935.

      Angel Id. Villamil, abogado del apelante; Juan B. Soto y Juan F. Soto, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

José Carrio López demandó a la Compañía Insular de Transporte para qne le pague cierta cantidad de dinero por las lesiones que sufrió en un choque de automóviles. Des-pués de celebrado el juicio fué declarada sin lugar la demanda y el demandante interpuso esta apelación.

El motivo qne alega el apelante para que- revoquemos esa sentencia e§ qne el fallo es contrario a la ley y' los hechos.

En el kilómetro 5 liectómetro 3 de la carretera que de San. Juan conduce a G-uaynabo existe una curva que dobla a la-, derecha. Después de ella sigue una recta en dirección a Guay-nabo. La carretera tiene .en ese sitio 16 pies 10 pulgadas de ancho. En la tarde del 17 de octubre de 1931 venía por esa. carretera para San Juan el demandante con tres personas más en un automóvil Hupmobile que guiaba su dueño Pedro J. Vélez. Entre ese automóvil y un autocamión Mack que iba. en dirección contraria ocurrió un choque del cual resultó le-sionado el demandante.

Según las declaraciones del demandante y de sus testigos,, el automóvil Hupmobile caminaba de 40 a 45 kilómetros por-hora, pero redujo esa velocidad a 25 ó 30 kilómetros cuando-llegó cerca de esa curva 3^ vió un autocamión que le cerraba el paso. Trató de parar poniendo los frenos, pero no pudo-ser evitado el choque con ese autocamión, que era marca Mack.. Según esos testigos, en ese sitio caminaban en dirección con-traria al Hupmobile dos autocamiones, uno marca Federal que iba por su derecha y otro Mack que trataba de pasar a! Federal por su izquierda. Manifestaron también esos testi-gos que el choque ocurrió en la, curva que hay en el kilómetro» 5 hectómetro 3. Este hecho lo reconoce el chofer que con-ducía el autocamión Mack de la demandada, jjues declaró que caminando para Guaynabo iba delante de él un autocamión Federal; que a una distancia de 300 pies de una curva pidió paso 3^ se lo dieron después de haberse echado el Federal a su derecha; que creyendo que podía pasar salió con tal ob-jeto de detrás del Federal; y que cuándo estaba a la iz-quierda del otro autocamión se presentó de pronto en direc-ción contraria el automóvil en que viajaba el demandante;-que paró el Mack para colocarse detrás del Federal, pero en ese momento ocurrió el choque. Los demás testigos de la demandada declaran en términos parecidos. En fotografías que fueron hechas al día siguiente del choque y que fueron admitidas en el juicio sin objeción, se ve el automóvil dete-nido en la derecha de la curva, estando ese sitio a 126 pies del lugar donde comienza la curva, según el acta de la ins-pección ocular que practicó la corte. La corte, en los funda-mentos de su sentencia, dice que los autocamiones iban su-biendo una curva.

Del conjunto de la prueba expuesta hay que llegar necesa-riamente a la conclusión de que el choque ocurrió en la curva, cuando en ella trataba el Mack de pasar al Federal.

La otra parte de la prueba se refiere a la velocidad a que caminaba el automóvil al llegar a la curva, diciendo los tes-tigos del demandante que marchaba a poca velocidad, mien-tras que los de la demandada manifestaron que llegó con una velocidad excesiva. El día del suceso estuvo en aquel lugar un cabo de la Policía Insular, midió una huella de' goma de rueda de automóvil que estaba marcada en la carretera y encontró que tenía 250 pies desde donde comenzaba hasta el sitio en que estaba detenido el automóvil. La corte consignó también que a 250 pies de distancia del sitio del accidente no podía ser visto un vehículo que estuviera en la carre-tera, pero sí a 200 pies.

Dispone la Ley num. 75 de 1916 (pág. 144) para regla-mentar el uso de vehículos de motor en esta isla, en su artículo 12, apartado (-a), que las personas que manejen vehículos de motor en los caminos públicos, deberán, en todo tiempo, ejer-citar el debido cuidado y tomar precauciones razonables para garantizar la seguridad de vidas y propiedades.

El hecho realizado por el chofer de la demandada de tra-tar de pasar a otro vehículo en una curva, en una carretera estrecha como la de Guaynabo, ocupando así parte de la ca-rretera a la izquierda del camión delantero, sin poder ver por razón de la curva si en dirección contraria venía otro vehículo y cerrando así el paso al que pudiera presentarse, constituye una falta del debido cuidado y precaución razona-ble que debió tener para evitar un accidente con otro vehículo’ que llegara en dirección opuesta, por lo que infringió el artículo citado. En el caso de El Pueblo v. Alvarez, 37 D.P.R. 578, dijimos que una persona actúa sin tomar las precauciones debidas cuando camina por la izquierda de la carretera, es-pecialmente al tomar una curva. T en el .de Torres v. Pías, 45 D.P.R. 17, declaramos que el conductor de un automóvil que alcanza a otro y pide paso no debe adelantarse a pasar mientras no baya suficiente espacio para hacerlo sin peligro. En la obra “Motor Vehicle Law”, de Babbitt, 4a edición, pág. 417, se dice lo siguiente: “Todo conductor de experiencia tiene conocimiento de los peligros que envuelve el pasar a otro vehículo que va en la misma dirección, especialmente en el caso ordinario en que el vehículo delantero no marcha por la extrema derecha del camino. En un camino estrecho debe ello realizarse con toda precaución, y nunca al tomar una vuelta cuando la visión está obstruida.”

Si el automóvil llegó al sitio del choque en la curva a mucha o excesiva velocidad, es de importancia secundaria' porque si el Mack no le hubiera cerrado el paso al tratar de pasar al camión que iba delante, el accidente no hubiera ocurrido a pesar de la velocidad que se le atribuye al automóvil. El conductor de éste tenía derecho a esperar que el camino no estuviese obstruido en esa forma. “Como se tiene derecho a presumir que todo conductor de un vehículo de motor ha de observar las regias de tránsito, no hay deber de estar atento a otros vehículos que vayan por el sitio del camino contrario al que corresponde, o que abandonen su sitio correspondiente y se coloquen en el que no lo es, o to-men un curso improcedente, al menos cuando no existe obstáculo o causa que en el ejercicio de razonable cuidado haga prever que ello ocurra.” Huddy Cyclopedia of Automobile Law, 9a edición, vol. 3-4, pág. 87. El autocamión de la demandada con su conducta fué la causa del accidente. “Cuando un vehículo de motor se aproxima a, o está volteando una esquina o curva, es particularmente necesario que se mantenga a la derecha del camino y el conductor no tiene derecho a transitar por la izquierda confiando en que tendrá tiempo de desviar hacia la derecha si se enfrenta con un vehículo que venga en dirección contraria." 42 C. J. 906. “Todo conductor que da alcance a otro vehículo está en el deber de anticipar la posibilidad, si no la probabilidad, de que otros vehículos se aproximen en dirección contraria, imponiéndole tal deber un grado de cuidado proporcionado al riesgo mayor concomitante en razón de su desviación hacia la izquierda para pasar.” 2 Blashfield, Cyclopedia of Automobile Law and Practice, pág. 103.

Aunque el chofer del automóvil Hupmobile hubiese sido negligente, su negligencia no sería imputable al apelante, según lo declarado en el caso de Dominguez v. Puerto Rico Railway, Light & Power Co., 19 D.P.R. 1090.

Consecuencia de todo lo expuesto es que la demandada es responsable de los daños y perjuicios que por su conducta sufrió el demandante.

El apelante José Garrió López era en la fecha del accidente un joven de veintidós años de edad, estudiaba en la escuela superior, y era uno de los<. jugadores de un team de baseball. En el choque a que venimos refiriéndonos él perdió la visión de uno de los ojos, tuvo heridas en los párpados y en la cara y tuvo que pagar médicos y clínica. Nos parece que una indemnización de tres mil dólares ($3,000.00) es justa y razonable.

La sentencia apelada debe ser revocada, con indemniza-ción al demandante y las costas.