text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Arroyo, acusado y apelante.
    No. 3409.

    Visto: Marzo 28, 1928.

      Resuelto: Julio 12, 1928.

      Juan B. Soto y Carlos M. Pesquera, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

M. Yega Riollano, Jefe de Distrito de la Policía Insular, presentó denuncia contra el apelante imputándole el si-guiente becho como ocurrido en Río Piedras el 10 de abril de 1926: “Luis Arroyo, allí y entonces, ilegal, voluntaria y maliciosamente y con la intención criminal de causarle daño corporal a la joven María Olivar, le acometió y agre-dió con las manos, agarrándola fuerte y violentamente por los brazos sosteniendo una lucha con dicha joven.” Espe-cificó como circunstancia agravante la de ser el agresor un varón adulto y la agredida una mujer.

Celebrado el juicio, la corte de distrito condenó al acu-sado como autor de un delito de acometimiento y agresión grave y le impuso la pena de un año de cárcel. No con-forme Arroyo apeló para ante este tribunal señalando en su alegato la comisión de tres errores.

Por el segundo señalamiento se sostiene que la corte erró al permitir la declaración de la perjudicada por medio de un intérprete. •

La perjudicada era sordomuda. Se trató de que decla-rara por medio de su madre que fue una testigo en el juicio. La defensa se opuso y la corte suspendió la vista dando al fiscal la oportunidad de buscar un perito. Llamada de nuevo la causa, el fiscal presentó como perito a Eduardo Pons, Segundo Jefe de la New York and Porto Rico Steamship Company que tiene cuatro hermanos sordomudos y con ellos se comunica por señas y por letras y que ha servido en varias ocasiones ante las cortes como intérprete en ca-sos de sordomudos. A nuestro juicio quedó establecida per-fectamente la capacidad.

Se impugna el uso del intérprete porque éste dijo al principio que no podía entenderse con la perjudicada. Es cierto, pero también lo es que, como se deduce de sus mani-festaciones, no había logrado aún ganarse la confianza de la perjudicada y ésta al parecer rehusaba comunicarse. Pasó algún tiempo y la traducción de las señas a palabras y con-ceptos fué tan clara y precisa y a la vez tan peculiar que no hay duda alguna que fué la sordomuda la que habló por medio del testigo.

Dice Cyc. resumiendo la jurisprudencia:

“Un sordomudo puede ser interrogado por medio de preguntas escritas, las cuales él puede contestar también por escrito, o valién-dose de un intérprete que se comunique con él por medio de signos, descansando generalmente la forma del interrogatorio en la sana discreción de la corte sentenciadora.” 40 Cyc. 2413.

Y antes había dicho:

“Antiguamente la ley clasificaba a los sordomudos como idiotas y los consideraba incapaces de servir como testigos; pero la regla moderna es que el hecho de que una persona adolezca de estos de-fectos no le hace incapaz, cuando esa persona tiene suficiente capaci-dad mental para observar con certeza las cuestiones respecto de las cuales tiene que declarar y de apreciar la’fe del juramento, y puede relatar los hechos valiéndose de un método que su defecto físico le permite; sin embargo, no es propio admitir la declaración de un sordomudo que nunca ha recibido la educación adecuada para tales personas y que no puede darse cuenta de la responsabilidad que contrae al prestar juramento, o de las preguntas que se le hacen.” 40 Cyc. 2202.

En esta causa no surgió cuestión alguna con respecto a la capacidad mental de la sordomuda declarante.

Los errores primero y tercero pueden examinarse conjuntamente. Se alega que la prueba es insuficiente o que en todo caso sería suficiente para demostrar la existencia de otro delito pero en modo alguno la de aquel por el que fué acusado y condenado el apelante.

Conocemos la denuncia. Examinemos la prueba.

María Olivar, la perjudicada, dijo : que este. hombre— refiriéndose al acusado— es malo; que la cogió por las ma-nos, el pelo, la dobló, la besó en la nuca y que ella ‘gritó ‘Mamá . . . Mamá’ y entonces vino sn mamá; que le rasgó el traje y con las uñas la rasgó en el brazo. . . Que ella lo rechazaba. . . Que no quería. . . Que ella gritaba: quita, quita . . . Mamá.”

Maximina Díaz de Olivar, madre de María, dijo que vi-vía en Hato Rey, Parada 37, Río Piedras, que salió de su casa dejando en ella planchando unas camisas de su her-mano a su hija, que volvió a los diez minutos y al entrar vió al acusado que tenía a su hija “cogida por el cuello, con los pantalones desabotonados y con ella empuñada tratando de retenerla en la falda y ella tratando de zafársele, lu-chando los dos.” Que abrió la ventana y llamó a los veci-nos. Que su hija es sordomuda, pudiendo pronunciar sólo algunas palabras.

Juana Zoila Rodríguez, una vecina que se quedó en la puerta de la casa cuando la Sra. Díaz entró, dijo, entre otras cosas, que vió que “él (el acusado) la tenía cogida a ella (la perjudicada) y ella estaba haciendo fuerzas para atrás como tratando de zafársele, y él estaba halándola como para sentarla en la falda.”

Domingo Castillo declaró en resumen que vió entrar a la casa a doña Maximina y a la testigo Rodríguez y al mo-mento oyó que dijo la señora: “Miren que hombre más atrevido, sinvergüenza y descarado! ’ ’ Que en seguida salió de la casa corriendo el acusado abotonándose los pantalones y se metió en la suya que estaba cerca.

Más o menos declara lo mismo el otro' testigo Norberto Jiménez. El policía denunciante, manifestó que no tenía conocimiento personal directo de los hechos. Por certifica-ción del acta de su nacimiento se demostró que el acusado tenía treinta y cinco años cumplidos.

Estamos conformes en que esa prueba demuestra algo más que un acometimiento y agresión a una mujer por parte de. un varón adulto, pero no en que deje de ser sufi-ciente para condenar al acusado como autor de tal delito.

Todo acto ilegal de inferir algún daño violento en la persona de algún semejante con la intención de causarle daño cualquiera que sean los medios o el grado de violen-cia que se emplearen, constituirá un delito de acometimiento y agresión, dice la sección primera de la ley para determi-nar y castigar el acometimiento, etc., aprobada el 10 de marzo de 1904, Comp. 1911, p. 948. Y aquí cualesquiera que fueran los ulteriores propósitos criminales del acusado, es evidente que acometió y agredió a un semejante con la intención de causarle daño.

Hay un precepto en el Código de Enjuiciamiento Criminal que dice: ‘ ‘ Art. 286. El jurado podrá declarar al acu-sado culpable de la comisión de cualquier delito, necesaria-mente comprendido en el delito imputádole, o de tentativa de cometerlo.” Y la verdad es que en el delito de violación cometido por fuerza o violencia, y aún quizá en cualquiera .otra de sus formas, está comprendido el de acometimiento y agresión.

El caso no es nuevo en la práctica ni en la jurisprudencia. Entre las diferentes clases de acometimiento existen aque-llos que se designan como inmorales o indecentes (indecent assaults). Refiriéndose a ellos dice Ruling Case Law:

“Un acometimiento inmoral tiene muchos de los elementos de un acometimiento con la intención de realizar violación, pero no llega hasta éste por no haber la intención de cometer el delito más grave. Un acometimiento inmoral consiste en el hecho de que un varón se tome libertades inmorales con la persona de una mujer de manera lujuriosa y lasciva, sin su consentimiento y contra su voluntad, y sin la intención de cometer el delito de violación.”

Sigue el autor tratando extensamente la materia. Nin-guna de las defensas que pudieran alegarse concurre en este caso. De la prueba no sólo surge evidente el acto del acu-sado, sino la resistencia de la pobre sordomuda.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor del Toro,

license: Public Domain

text:
    Luce & Co., S. en C., demandante y apelante, v. Rosario Cintrón, Viuda de Capó, demandada y apelada.
    No. 4260.

    Visto: Marzo 12, 1928.

      Resuelto: Julio 12, 1928.

      José Tons Soio y F. Zapater, abogados de la apelante; José A. y Alberta Poventud, F. Parra Capó y F. Capó Cintrón, abogados de la apelada.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Luce & Co., S. en C. presentó una demanda en la Corte de Distrito de G-uayama dirigida contra doña Rosario Cin-trón, viuda de Capó alegando en ella tres causas de acción.

Por la primera se solicita que se declaren nulas la ins-cripción obtenida por la demandada en el registro de la propiedad a favor de su esposo fallecido, de cierta finca de cuarenta y dos cuerdas y la rectificación de la inscrip-ción de otra finca conocida con el nombre de Gaimital como contentiva de trescientas cuerdas.

Por la segunda se solicita que se declare que corresponde a la demandante cierta finca de ochenta cuerdas compuesta de dos parcelas que se baila localizada en los planos levan-tados por los agrimensores Runge (parcelas segunda de 39.5 cuerdas y tercera de 43), Clausells (parcelas de 42 y 40 cuerdas) y Caballero (parcelas de 37.48 y 40.10 cuerdas).

Y por la tercera se solicita que se ordene por la corte que se mantenga a la demandante en la posesión y disfrute de la finca de ochenta cuerdas, prohibiéndose a la deman-dada por sí o por intervención de cualquiera otra persona que despoje o perturbe o intente despojar o perturbar a la demandante en dicha posesión a pretexto de ejecutar la sentencia en el caso No. 3691, seguido ante la Corte de Dis-trito de Gruayama por Rosario Cintrón viuda de Capó contra A. Hartman y Co., sobre cumplimiento de contrato, o de cualquier otro modo, condenando a la demandada en costas, desembolsos y honorarios de abogado.

Y contiene además la demanda la siguiente petición:

“Y asimismo suplicamos de esta Honorable Corte que durante la pendencia de esta acción se decrete un injunction provisional contra la demandada previa la fianza que determine esta Honorable Corte, prohibiéndole que en tanto esté pendiente el presente pleito despoje o perturbe o intente o trate de despojar o perturbar a la demandante de la posesión de la finca de 80 cuerdas según se describe y localiza en la demanda, a pretexto de ejecutar la sentencia en el caso No. 3691 seguido ante la Corte de Distrito de Guayama por Rosario Cintrón viuda de Capó vs. A. Hartman & Co. sobre cumplimiento de contrato o de cualquier otro modo.”

La corte inmediatamente libró una orden señalando día para que la demandada compareciera a exponer razones por virtud de las cuales no debiera decretarse el injunction pendente lite solicitado, poniéndola entre tanto en entredi-cho, previa prestación de fianza por dos mil quinientos dó-lares.

La parte demandada compareció y contestó la demanda excepcionándola por no alegar en ninguna de sus tres cau-sas hechos suficientes para constituir acción, juntas ni se-paradamente, y negó algunos hechos y aceptó otros en re-lación con las tres causas de acción, exponiendo amplia-mente todo lo que a su derecho convino.

Como materia nueva alegó, en resumen:

Que por escritura pública otorgada en 1923 la demandada vendió a M. J. Oben, actuando éste como trustee y para beneficio de la demandante, 248 cuerdas de terreno que se segregaron de la estancia Gaimital de 288 cuerdas, en cuya escritura se expone y reconoce por las partes qne la diclia estancia se componía de 300 cnerdas menos diez o doce qne se segregaron para formar la finca Margarita, qne la de-mandada se encontraba sólo en posesión de 246 cnerdas qne fueron las vendidas a Oben describiéndose como colindando al norte con el resto de la finca Gaimital, resto qne consti-tuye el predio de 38 cnerdas qne se discute y qne Oben se obligó a comprar a la demandada para Luce & Co. a virtud de una opción en la qne se consigna expresamente la pen-dencia del pleito de la demandada contra A. Hartman y Co., reconociéndose también en la escritura por las partes qne la finca vendida lindaba al norte con Juan Ignacio Capó, boy la demandada, colindancia qne no era otra qne con la finca de 42 cnerdas repetidamente mencionada en la de-manda, todo lo cual constituye un “estoppel by deed” qne impide a la actora ejercitar su acción; •

Qne en 1918 la demandada presentó demanda en la Corte de Distrito de G-nayama contra A. Hartman y Co. antece-sora en título de la demandante en la qne después de descri-bir sus propiedades de 288 (Gaimital) y 42 y 10 cnerdas, así como tres fincas de A. Hartman y Co. de 246 {Olimpo), 80 y 25 cnerdas, solicitó sentencia a su favor declarando qne la misma era dueña de sus dichas tres fincas y también de una parte del exceso de 18.70 cnerdas qne el agrimensor nombrado por ambas partes transigiendo diferencias y re-conociendo los títulos de-la demandada, dictaminó qne sobra-ban después de dar a cada una de las seis fincas su respec-tiva cabida; qne elidía demanda se anotó en el registro de la propiedad de Guayama en 1916; qne A. Hartman y Co. contestó y contrademandó alegando qne las 42 y 38 cnerdas de la demandada no pudieron localizarse por coincidir con sus 80 cnerdas, negando el título de dominio de la deman-dada sobre las 42 y 38 cnerdas, por el fundamento de qne dichas porciones constituían las mismas 80 cnerdas qne habían adquirido de José Mariano Capó y solicitando a vir-tud de la alegada duplicidad de títulos sentencia a su favor y en contra de la demandada desestimando sn demanda y declarando nulo el contrato de transacción y mensura, igual-mente nulas las inscripciones en el registro y que las dichas fincas le pertenecían; que practicada la prueba la corte dictó sentencia en 1921 favorable a la demandante; que apelada dicha sentencia fué confirmada por la Corte Su-prema de Puerto Rico y que apelada de nuevo a la Corte de Circuito de Apelaciones del Primer Circuito, fué tam-bién allí confirmada con la circunstancia de haberse decla-rado sin lugar una reconsideración que reafirma el criterio de la Corte de Circuito en el sentido de haberse resuelto por el pleito el conflicto de títulos existente, y que, según se admite en la demanda, Luce y Co., S. en C., compró de A. Hartman y Co. con posterioridad a la anotación de la demanda de la demandada contra A. Hartman y Co. por lo que está en “privity” y es sucesora en título de ella.

Termina la contestación suplicando que se declare sin lugar en todas sus partes la demanda, que no se acceda al libramiento del injunction solicitado y que se impongan las costas, desembolsos y honorarios de abogado a la deman-dante.

Así las cosas, ambas partes comparecieron a los solos efectos del injunction preliminar, practicándose prueba. La corte de distrito consideró la cuestión sometídale y por los fundamentos consignados en una larga opinión, se negó a expedir el injunction pendente lite solicitado, y dejó sin efecto su orden de entredicho.

No conforme Luce y Co. S. en C. apelaron para ante esta Corte Suprema señalando en un alegato impreso que contiene 93 páginas la comisión de trece errores. La otra parte también presentó otro alegato impreso que alcanza a 84 páginas. Se trata de un pleito que ha venido debatién-dose por años y de abogados de gran sabiduría.

No seguiremos a éstos en la discusión detallada de los errores. Para ello tendríamos en verdad que prejuzgar la decisión del pleito en su fondo.

Hemos leído cuidadosamente la demanda y la contesta-ción, hemos examinado la prueba que está formada princi-palmente por los autos del pleito anterior resuelto por .tres cortes y hemos analizado los hechos a la luz de las opinio-nes emitidas y de las sentencias dictadas y a virtud de todo ello entendemos que ejercitó bien su juicio la corte de dis-trito al negarse a expedir la orden de injuMction pendente lite solicitada.

Desde 1906 esta Corte Suprema, por medio de su Juez Asociado Sr. Figueras, en el caso de Pereira v. Villafaña, 10, D.P.R. 11, 15, se expresó así:

“Los mandamientos de injunction no deben concederse sino con gran cautela y solamente en casos donde la razón y la necesidad son claros. La concesión precipitada e inconsiderada de mandamientos de injunction es peligrosa tanto para los intereses económicos del país, como para los derechos de las partes y los bien sentados prece-dentes de los tribunales.”

Aparentemente el caso que ahora levantan Luce y Co. S. en C. fué juzgado y decidido en el pleito seguido por la viuda de Capó contra A. Hartman y Co., y como Luce y Co. S. en C. adquirieron con conocimiento de dicho pleito según se desprende de sus propias alegaciones, están obli-gados por el fallo dictado en el mismo.

Las sentencias de los tribunales se pronuncian para cum-plirse. Es cierto que en este nuevo pleito se alega el fraude, pero ello no es bastante para detener el curso de la justicia adjudicada. La prueba aportada y la hábil ar-gumentación del letrado de la parte apelante pudieran ser bastantes para levantar dudas en la conciencia del juzgador, pero no en el grado suficiente para resolverse a dejar sin efecto aunque sea transitoriamente lo ya juzgado.

No vemos que sea de tal modo necesario el injunction para evitar la multiplicidad de procedimientos, que consti-tuya un argumento tan poderoso para expedirlo que deba revocarse la resolución apelada. Si a la sociedad deman-dante le asiste la razón, medios tiene en la ley para garan-tizar el fallo que pueda dictarse sin temor de que surjan en el futuro múltiples litigios.

Debe confirmarse la resolución apelada.


text:
    Cipriano Manrique, demandante y apelado, v. Antonio Ramírez González, demandado, y la Sucesión de Doña Eugenia Matute, compuesta de Juan, Joaquín y Dolores Jiménez Matute, demandados y apelantes.
    No. 4137.

    Visto: Abril 2, 1928.

      Resuelto: Julio 12, 1928.

      Rafael Arce, abogado de los apelantes; González Fagunclo <& Gon-zález Jf., abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso se dictó sentencia por esta Corte Suprema el 26 de julio de 1927 revocando la sentencia recurrida que había dictado la corte de distrito el 12 de mayo de 1925 en cuanto a los apelantes Juan, Joaquín y Dolores Jiménez Matute, y declarando, también en cuanto a ellos, sin lugar la demanda, sin especial condenación de costas. La sen-tencia quedó confirmada en cuanto al otro demandado Antonio Ramírez González.

El 6 de agosto siguiente se envió el mandato a la corte inferior. El 10 del propio mes de agosto el secretario de la corte de distrito acusó recibo del mandato.

Así las cosas, el 21 de octubre de 1927, la parte apelada presentó una moción pidiendo a esta Corte Suprema que reconsiderara su sentencia de 26 de julio del propio año.

La corte señaló un día para oir a las partes sobre la moción de reconsideración y los apelantes por escrito y oral-mente entre otras alegaciones hicieron la de qne la moción de reconsideración se había presentado demasiado tarde.

Expusieron además los apelantes qne no sólo se había recibido el mandato en la corte inferior, si qne la sentencia dictada por esta corte y registrada en la de distrito se ha-bía ejecutado, habiéndose a tal efecto solicitado por mocio-nes de 24 de agosto y 15 de septiembre de 1927, notificadas al abogado del apelado, el levantamiento del embargo tra-bado sobre los bienes de los apelantes, levantamiento qne fné decretado por la corte por órdenes de agosto 24 y sep-tiembre 26 do 1927. Se acompañaron copias certificadas de las mociones y de las órdenes. Por la primera orden se declaró nulo el embargo trabado sobre cierta snma de dinero, ordenándose sn devolución a los demandantes y por la segunda se dispuso qne se cancelara cualquier inscrip-ción en el registro practicada con motivo del embargo so-bre bienes de los apelantes decretado a los efectos de ase-gurar la sentencia que pudiera dictarse en el pleito. Al ser notificada la segunda moción al abogado del apelado, firmó: “Notificado y conforme.”

Siendo esos los hechos, no puede llegarse a otra conclu-sión que no sea a la de que la moción de reconsideración se presentó demasiado tarde.

En el caso de Falcó v. Sucesión Suau, 18 D.P.R. 744 esta corte dijo que “habiendo transcurrido próximamente cinco meses desde que se dictó la sentencia hasta que se pidió la reconsideración, sin que haya justificado la demora, ese mo-tivo sería bastante para desestimar de plano la petición.”

Aquí la parte apelada tardó en presentar su moción cerca de tres meses. La única explicación que dió, si no recorda-mos mal en el acto de la vista, fué la de que no había prisa puesto que esta corte se encontraba en vacaciones, explica-ción que carece de mérito. Si la moción se hubiera presen-tado dentro del término de diez días o si también dentro de dicho término se hubiera pedido a la corte que conce-diera otro mayor para radicar la moción y se hubiera soli-citado la retención del mandato, éste no se habría remitido a la corte de distrito. Y nada dijo el apelado que indicara siquiera por qué no pudo actuar de tal modo. Tampoco se ha alegado fraude, accidente, inadvertencia o error.

Si bien ni la ley, ni las regias de esta corte fijan el tér-mino dentro del cual deben presentarse las mociones de re-consideración, existe la práctica interior de no remitir los mandatos hasta el décimo día de dictadas las sentencias. Dentro de esos diez días es que deben presentarse las mo-ciones de reconsideración o al menos anunciarse su presen-tación pidiendo la retención del mandato.

En el caso de Royal Bank of Canada v. Goyco et al., resuelto per curiam el 10 de marzo de 1926, la corte se ex-presó así:

“Vista la moción levantando la cuestión de falta de jurisdicción presentada por la demandante-apelada y apareciendo de la certifica-ción acompañada y de los autos que la moción sobre reconsideración de los apelantes fué radicada más de 10 días después de dictada la sentencia cuya reconsideración se solicita y después de archivada la sentencia en la corte de distrito y de presentado por la apelada un memorándum de costas que fué impugnado por los apelantes, y visto además el tomo 2 de Ruling Case Law, página 174, párrafo 150, se deja sin efecto la resolución de esta corte de julio 22, 1925, y se confirma la sentencia apelada

La cita de Ruling Case Law es muy interesante y se transcribe ahora en extenso. Dice:

“Una moción de reconsideración debe ser radicada dentro del término prescrito por los estatutos o por las reglas de la corte, y una petición radicada dentro del término prescrito será considerada. Una moción en que se solicita la modificación de un mandato de la corte suprema participa de la naturaleza de una moción de recon-sideración y puede ser radicada dentro del término concedido para presentar mociones de reconsideración, a nombre de una parte que no ha renunciado tal derecho, no obstante haberse enviado copia certificada de la opinión al secretario de la corte inferior. Cuando se radica oportunamente una moción de reconsideración, la práctica es permitir que se hagan enmiendas después de haber expirado el término para radicar tal moción, señalando fundamentos adicionales para la reconsideración. Cuando después de decidirse un caso y de haber emitido su opinión la corte de apelación el mandato de ésta es enviado a la corte sentenciadora por la vía ordinaria, y tal mandato es registrado en sus libros, es ley bien establecida que la corte de apelación, en ausencia de fraude, accidente, inadvertencia o error, carece de jurisdicción para solicitar la devolución del man-dato y considerar una moción de reconsideración, y deberá dene-garse una moción solicitando permiso para radicar tal petición, ya que es evidente que debe haber un fin en todo litigio y el punto ló-gico en que la jurisdicción de una corte de apelación debe terminar és el momento en que la corte sentenciadora adquiere jurisdicción nuevamente para actuar y poner en vigor cualquier sentencia que se haya dictado. También se ha resuelto que una corte no tiene au-toridad para acceder a una reconsideración después que la sentencia final dictada sobre los méritos ha sido registrada. Además, la regla general de que la jurisdicción de una corte sobre sus propias sen-tencias no se extiende más allá del término prescrito, es aplicable a una corte de apelación y se ha resuelto que tal corte no tiene au-toridad, después de transcurrido el término durante el cual la sen-tencia fué dictada, para dejarla sin efecto y acceder a una reconsi-deración.” 2 R. C. L. p. 175.

Como es ésta una cuestión de práctica que debe ser bien conocida, parece conveniente transcribir además el resumen de la jurisprudencia sobre la misma tal como aparece en Corpus Juris. Es así:

"La cuestión de cuánto tiempo una corte puramente de apela-ción retiene jurisdicción sobre una causa,, no debe decidirse siempre sobre los mismos principios que regulan la jurisdicción de cortes de jurisdicción general. La jurisdicción de una corte de apelación sobre una causa se pierde generalmente al expedirse y remitirse el mandato y tal jurisdicción se ha perdido en verdad después que el mandato ha sido radicado en la corte inferior y ésta ha actuado de conformidad con el mismo, pero según se demuestra más adelante, la corte de apelación puede, para algunos fines, ordenar la devolu-ción del mandato para investirse nuevamente de jurisdicción. En algunos casos se ha resuelto que las cortes de apelación carecen de jurisdicción después de haberse enviado los autos a la corte inferior. Cuando el mandato no ha sido enviado a la corte inferior el caso continúa en la corte de apelación hasta que expira el término en que se ha decidido. Y en algunos casos se ha resuelto que la corte de apelación conserva su jurisdicción basta que espira el término, aun si se ba expedido el mandato. Si se ba confirmado la senten-cia y se ba declarado sin lugar una moción de reconsideración, la causa ba dejado de estar pendiente en la corte de apelación y no puede ser revivida aunque el secretario expida un procedendo■.
“En algunos estados se ba resuelto que una corte de apelación puede decidir si tiene derecho a readquirir jurisdicción para algún fin y que cuando decide tal cosa puede ordenar la devolución del mandato a fin de investirse nuevamente de jurisdicción. Esta re-gla ba sido criticada por las cortes de otros estados que se han ne-gado a adoptar una regla tan amplia. Las reglas que se siguen más generalmente son que una corte de apelación carece de autori-dad para solicitar la devolución de un mandato expedido en la forma ordinaria sin que baya habido inadvertencia y que no orde-nará la devolución del mandato para reexaminar los méritos de la causa para conceder un remedio adicional, o para cambiar la subs-tancia y efecto de su resolución final, bien porque una supuesta parte contraria no se hizo parte en la apelación, o para eliminar pa-labras redundantes en la sentencia. Sin embargo, puede ordenar la devolución del mandato cuando han habido errores de copia o fraude en la sentencia, cuando el mandato no está de acuerdo con la sen-tencia, cuando una de las partes no radicó una moción de reconsi-deración debido a información errónea dádale por el secretario de la corte de apelación, o cuando el mandato fué expedido prematura y erróneamente antes de expirar el término concedido por la ley para radicar la moción de reconsideración o para entablar recur-sos de apelación o de error para ante una corte aun más alta, siendo necesario, excepto en las cortes federales, que se ordene la devolu-ción de un mandato ya expedido antes de poderse apelar para una corte superior, a pesar de que no se ordenará la devolución del mandato con el fin de conceder la apelación de resoluciones que ya se ba determinado que- no son apelables. En algunas jurisdicciones se ba resuelto de plano que una corte no tiene autoridad para or-denar la devolución del mandato después de expirado el término durante el cual la sentencia fué dictada y el mandato fué expedido. Independientemente de su jurisdicción, una corte de apelación de-clarará sin lugar una moción solicitando se ordene la devolución del mandato cuando la parte que la presente es culpable de aban-dono y de falta de la debida diligencia, o cuando no ba cumplido con la regla de la corte que exige que se presenten declaraciones ju-radas y que se notifique la moción a la parte contraria. Otras cor-tes han resuelto que una moción para que se corrija la sentencia equivale a una moción solicitando se ordene la devolución del man-dato, que se puede ordenar la devolución de un mandato durante las vacaciones y que no procede una moción solicitando se ordene la devolución del mandato después que se actúa sobre otra moción de la misma clase.
“Después que una causa ha sido decidida en apelación y se ha devuelto a'la corte inferior, la corte de apelación no tiene jurisdic-ción para acceder a una reconsideración, por lo menos hasta tanto ordene la devolución del mandato con el fin de investirse nueva-mente de jurisdicción. Cuando la ley exige que el secretario de una corte de apelación envíe los documentos del caso a la corte inferior dentro de determinado período de tiempo después de dictar senten-cia, la corte no tiene jurisdicción para acceder a una reconsidera-ción después de haber transcurrido el lapso de tiempo estatutorio independientemente de si los documentos han sido realmente envia-dos o no a la corte inferior.” 4 C. <T. págs. 1244-1246.

Continúa el texto resumiendo la jurisprudencia sobre el poder de la corte para anular, modificar o dejar sin efecto por sí misma sus sentencias y sobre el tiempo en que puede hacerlo.

En este caso la moción de reconsideración se limita a so-licitarla. No hace la más leve petición para que se reclame el mandato. Y ya sabemos que el mandato no sólo fue re-mitido, sino archivado y produjo en la corte de distrito con el consentimiento del apelado sus efectos.

Por virtud de todo lo expuesto, debe desestimarse la moción ele reconsideración archivada en este caso.


author: El Juez Asociado Señor Texxdor,

text:
    Guillermo Montalvo, demandante y apelante, v. Jorge Lucas Valdivieso, demandado y apelado.
    No. 4322.

    Visto: Mayo 1, 1928.

      Resuelto: Julio 16, 1928.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; Ií. V. Pérez Marchcmd, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Texxdor,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de nna apelación contra nna sentencia de la Corte de Distrito de Ponce, declarando con lngar una mo-ción de nonsuit, y declarando sin lngar la demanda.

Guillermo Montalvo demandó ante la Corte de Distrito de Ponce a Jorge Lucas Valdivieso, por indemnización de da-ños y perjuicios. El demandante alegó, 'sustancialmente, que era dueño de nn automóvil Buick, licencia 1787; y que en ese automóvil iba Lacia Yanco, por la carretera, en la nocbe del 6 de enero de 1926; que en esa nocbe, y a nna Lora entre las 9 y las 10, subía el automóvil del demandado, marea Hudson, licencia 5091, guiado por el chauffeur Hono-rio Ubides, al servicio del demandado, quien iba también en el automóvil; que el dicbo chauffeur guiaba el carro del de-mandado negligentemente, y le hizo chocar con el del de-.mandante por la parte izquierda y atrás; y que a conse-cuencia del choque, el automóvil del demandante ha sufrido desperfectos en su chassis, máquina y ruedas, y no pudo caminar; que el accidente se debió exclusivamente a la ne-gligencia del chauffeur del demandado que, al pasar, no tomó las necesarias precauciones, y chocó; que el deman-dante ha sufrido perjuicios, como consecuencia del accidente, en una suma de dos mil dollars, por la rotura del carro, pérdida de su tiempo y dinero. La demanda aparece jurada.

El demandado en su contestación admitió que en la hora y noche de que se hace mérito en la demanda él viajaba con otros en su automóvil, de Yauco a Ponce, y que ocurrió un choque entre su automóvil y el Buick, licencia 1787; y negó que se debiera el accidente a negligencia del empleado del demandado, y alegó que se debió únicamente a la falta, im-pericia y descuido del demandante, quien precipitó el auto-móvil del demandado por un barranco ocasionándole desper-fectos de consideración; negó que el automóvil del deman-dante sufriera daños que le impidieran caminar; alegó que el choque fue causado por el demandante, que venía a exa-gerada velocidad; y formuló reconvención por los daños que alegó.

A la reconvención contestó el demandante negando espe-cíficamente las alegaciones de la misma.

Celebrado el juicio, y presentada la prueba del deman-dante, el demandado formuló moción de nonsuit, y la corte, en resolución de 2 de agosto de 1926, declaró con lugar tal moción, y dictó sentencia declarando sin lugar la demanda. Contra esta sentencia se interpuso la presente apelación.

El apelante ha señalado los siguientes errores:

“1. La corte inferior cometió error al considerar como no admi-tido por la contestación del demandado el hecho relativo a la pose-sión del automóvil Buick No, 1787 en relación al demandante Guillermo Montalvo y al permitir como permitió un interrogatorio im-pertinente tendente a investigar hechos que no estaban en contro-versia en relación a cierto seguro de dicho automóvil.
“2. La corte inferior cometió error al considerar que Guillermo Montalvo no tenía derecho o causa de acción contra el demandado Jorge Lucas Valdivieso por el accidente que ocurrió en 6 de Enero de 1926 relacionado con el automóvil Buick No. 1787.
“3. La corte inferior cometió error al declarar con lugar la mo-ción de nonsvÁt presentada por el demandado y desestimar como de-sestimó la demanda en el presente caso.”

En la contestación a la demanda, y al tratar la alegación segunda de la misma, el demandado dice lo que sigue:

“Segundo. De este liecho de la demanda el demandado sólo acepta que en la fecha y hora de referencia el demandado viajaba con otras personas en un automóvil de su propiedad en dirección de Yaueo a Ponce; y acepta también que entre su referido auto-móvil y el automóvil Buick licencia 1787 del año 25 al 26 ocurrió un choque entre 9 y 10 de la noche del día 6 de Enero de 1926. Pero niega el demandado que el accidente de referencia ocurriese en una cuesta y niega asimismo que el referido accidente ocurriese por negligencia o falta del chauffeur del demandado, cuya conducta allí y entonces fué y siempre ha sido de gran cuidado y pericia; y por el contrario alega el demandado que dicho accidente ocurrió única y exclusivamente por la impericia, descuido y falta del demandante, cuya negligente manera de guiar precipitó el automóvil del deman-dado por un barranco, causándole daños y desperfectos de consi-deración.
“Tercero. El demandado vuelve a negar que el accidente ocu-rriera en una cuesta y niega los desperfectos que se alegan sufridos por el automóvil del demandante, así como niega que dicho automó-vil quedara en condiciones de no poder caminar, alegando el de-mandado que, según información y creencia, el referido auto Buick licencia 1787, que no se detuvo para recoger1 al demandado y w sus compañeros lesionados, marchó por su propia máquina y llegó hasta Yaueo después del accidente de referencia.”

Y además hay otras frases de la misma clase en las ale-gaciones cuarta y quinta de la contestación.

El apelante sostiene que el demandado admitió que el automóvil Buick era. propiedad del demandante; y que- la admisión de prueba en cuanto a esa propiedad fué un error de la corte.

En el récord taquigráfico se observa que, al declarar el demandante Guillermo Montalvo, y contestando al interro-gatorio de sn propio abogado dijo lo que signe:

“Ordenó el mismo policía que tenía que quitar el automóvil de allí porque obstruía el paso y lo llevamos a una calle1 transversal que bay y lo dejamos en un sitio que no molestaba el tránsito, hasta el otro día que puse un telegrama a la Insular Motor para que man-dara repararlo, informándole de lo que me había ocurrido, porque en ese entonces, el día cuatro, se me había vencido un plazo que tenía que pagar y que andaba en diligencias de conseguir el dinero para cubrir el plazo porque tenía que pagar un plazo de unos vein-ticinco dólares el diez de enero, porque debía ciento veintiocho pesos del automóvil ése a la Insular Motor, porque es en venta condi-cional que yo lo compré.”

Es evidente que el mismo demandante, en su prueba, ha levantado la cuestión de propiedad del automóvil, declarando que lo tenía en venta condicional. Lógicamente, la corte no podía impedir que en el contrainterrogatorio se tratara esta misma cuestión, que surgió del interrogatorio directo. Las objeciones que en ese particular hizo el abogado del demandante, ni eran admisibles, ni estaban en tiempo.

Se va demasiado lejos al afirmar que porque el deman-dado no hiciera una negación específica de la propiedad del automóvil Buiclc en el demandante, y redactara sus alega-ciones en la forma en que lo ha hecho, y porque en el ar-tículo 132 del Código de Enjuiciamiento Civil se diga que toda alegación esencial de la demanda no impugnada en la contestación, se tendrá por cierta, esto impida al demandado discutir y probar la propiedad, cuando el mismo deman-dante, en su testimonio directo ha presentado esta cuestión, en forma que no aparecía de su demanda. Si él afirma que el contrato que tenía era de venta condicional, hay que dar efecto a esa declaración, y a esa admisión, contra el mismo que la hace, y estaremos de lleno en la teoría verdadera de las admisiones como elemento de prueba.

Es cierto que el citado artículo de la Ley de Procedimientos, declara que las alegaciones esenciales de la demanda, no impugnadas por el demandado se tendrán por ciertas. Podría ésta ser una admisión por interpretación {constructive admission), acerca de las que se dice lo si-guiente :

“Una admisión por interpretación, como el dejar de negar una ale-gación que puede ser negada, no tiene valor1 probatorio alguno, aun-que en lo necesario para hacer cumplir su fin sea, aun si no se ofrece como prueba, concluyente sobre la controversia específica a que es aplicable la admisión, a menos que o basta que sea alterada mediante enmienda o en alguna otra forma.” 22 C. 3. 331.

En el caso Johnston v. City of Los Angeles, 31 Cal. A 41, 159 Pac. 873, el demandado Carter en una de sus defen-sas alegó que ciertas tierras estaban incluidas en el título de la ciudad, pero en el juicio abandonó tal contención. Y al resolver la apelación, la corte dijo:

‘ ‘ Se alega que el demandado Carter no puede levantar la cuestión de que la finca no fue incluida en la escritura otorgada entre Griffin y Welsh, por haber afirmado en su contestación que la finca fué incluida. Es cierto que en una de sus defensas Carter hizo esa ale-gación pero expresamente abandonó y rechazó tal contención durante la vista y por consiguiente creemos que esa alegación no puede ser considerada como una admisión del hecho controvertido.”

En ese caso se trataba de una alegación con admisión expresa.

Esta cuestión puede ser planteada y resuelta en términos sencillos y de elemental lógica. En esta clase de admisio-nes, si pueden tener realmente ese nombre, es un elemento indispensable la existencia de la alegación a la que no se ha presentado impugnación alguna. Pero si esa alegación des-aparece, la admisión que sobre ellas se sustentaba, desapa-rece también; falta la base y falta la consecuencia. Así, la alegación de propiedad no impugnada, da lugar a la ad-misión procesal de que se trata; pero si la alegación desa-parece, arrastra con ella la admisión.

Con vista de la jurisprudencia, entendemos que la posi-ción del demandante pudo quizá ser sólida, si él mismo no hubiera presentado la cuestión de la existencia de un con-trato de venta condicional. Él la promovió, y no puede quejarse de que el demandado fuera a encontrarle en ese te-rreno.

Pudo la corte admitir la prueba, máxime cuando ella na-ció de la declaración del mismo demandante, que no se li-mitó a decir lo que queda copiado, sino que insistió, en el período de repreguntas, en declarar que su contrato fué de venta condicional (página 95 y 98 del récord taquigráfico).

En cuanto al segundo señalamiento de error, consiste, como se fia dicho, en que la corte erró al declarar que Guillermo Montalvo no tenía derecho o causa de acción contra el demandado Valdivieso, por razón del accidente a que se refiere la demanda.

La lectura de la resolución de la corte inferior, en cuanto a la moción de nonsuit, nos ofrece el problema del caso con la mayor claridad posible. La corte expresa allí que si el demandante Montalvo ha alegado que el automóvil Buick que sufrió los daños era de su propiedad, ha debido probar tal propiedad, y que el carro era suyo por virtud de pró-rrogas escritas de su contrato, vencido unos días antes del accidente, y que el automóvil estaba vendido a Montalvo condicionalmente por la Insular Motor Corporation, la que podía proceder contra Valdivieso por daños al automóvil marca Buick, licencia No. 1787, del que se trata en este li-tigio; y que el caso no se había instado y seguido en nom-bre de la parte realmente interesada, porque el demandante ha declarado que el automóvil no es suyo.

Hay un error de importancia en esa apreciación de la corte. El demandante declaró que el automóvil de que se trata fué por él acquirido en venta condicional, y que le faltaba algo por pagar. Pero la conclusión que de esto ex-trae la corte, o sea que el demandante declaró que el carro no era suyo, no es la acertada. Para la corte era, y es, ex-traer consecuencias de la prueba; pero lo que pueda decir el testigo no es más que materia de hecho, y no de aprecia-ción legal.

La Ley No. 61 de 1916, estableció el sistema de las lla-madas ventas condicionales. En realidad, lo que en estas ventas sucede es que se bailan afectadas por una condición resolutoria, ya que si no so paga el precio convenido, no pasa la propiedad absoluta de los bienes vendidos’al com-prador. El artículo 6 de esa ley dice así:

“Siempre que se vendan ai’tículos bajo condición de que el título de propiedad de los mismos será retenido por el vendedor, o. por cualquiera otra persona que no sea el comprador, basta que se veri-fique el pago del precio de compra, o basta que ocurra un futuro evento o contingencia, los mismos podrán ser recuperados por el ven-dedor o su cesionario, al faltarse al cumplimiento de las condiciones de venta, y en dicho caso aquéllos serán retenidos por' un período de treinta (30) días contados desde ]a fecha en que se hubieren recu-perado y durante dicho período el comprador o su cesionario, podrán dar cumplimiento a los términos de contrato y subsiguientemente recibir dichos bienes. Después que espirare dicho plazo, si no se diere cumplimiento a los términos, el vendedor, o su cesionario, po-drá hacer vender dichos artículos en pública subasta. A menos que dichos artículos sean vendidos dentro de los treinta (30) días subsi-guientes a la fecha en que hubiere espirado dicho plazo, el compra-dor o su cesionario podrá recuperar del vendedor la cantidad pagada a cuenta de dichos artículos por el compradoí o su cesionario de acuerdo con el contrato para la venta condicional de los mismos, menos una carga razonable por el uso de dichos artículos durante el tiempo en que éstos estuvieren en poder del eompíador condicional, o de su cesionario.”

En la situación creada por una venta becba de acuerdo' con esta ley, el comprador es un verdadero dueño de los bienes comprados, pero en un dominio sujeto a desapari-ción por medio de la resolución, o sea por el acaecimiento del suceso que constituye la condición del contrato.

El Código Civil vigente en Puerto Rico, al referirse a las obligaciones condicionales, en los artículos que se van a citar, estatuye lo que sigue:

“Art. 1081. — En las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la condición.”

Y en el párrafo segundo del artículo 1080, tratando directamente de la condición resolutoria, ha dicho el mismo código:

“También será exigible toda obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio de los efectos de la resolución.”

En una venta con condición resolutoria la propiedad de los bienes vendidos pasa al comprador, quedando solamente al vendedor el derecho de resolver, de destruir, jurídica-mente, la venta, en el caso de que la condición no se cumpla. En realidad, en la venta hecha bajo el pacto de retracto convencional, no hay otra cosa que la imposición de una condición resolutoria, por virtud de la que la devolución del precio recibido, con los gastos de que trata el artículo 1421 del Código Civil, resuelve el contrato de compraventa, volviendo las cosas al estado en que se hallaban antes de aquel contrato. Algún eminente tratadista entiende que ese pacto no es un verdadero retracto, sino simplemente una compraventa con condición resolutoria. Y en la sentencia del Tribunal Supremo de España de fecha 22 de julio de 1910 se ha dicho que ese pacto equivale a una condición re-solutoria, cuyo incumplimiento repone las cosas al estado que tendrían si la venta no se hubiere verificado.

Algo análogo ocurre en las donaciones en que se esta-blece el derecho de reversión (art. 649 del Código Civil ya citado), cuyo derecho es idéntico al droit de retowr (dere-cho de devolución) del artículo 951 del Código Civil fran-cés, si bien en este caso particular el derecho se limita so-lamente al beneficio del donante.

En Louisiana se ha definido la naturaleza y esencia de las condiciones, en particular en la decisión en el caso Moss v. Smoker, 2 La. Ann. 990, donde se ha dicho:

“Una obligación condicional es aquella que se hace depender de sm acontecimiento incierto. Si la obligación no ha de producir efecto hasta que el acontecimiento ocurra, la condición es suspensiva; si la obligación produce efecto inmediatamente, pero es susceptible de ex-tinción cuando el acontecimiento ocurra, entonces la condición es re-solutoria. ’ ’

En la jurisprudencia de algunos Estados, y con relación a los efectos de la venta condicional, se encuentran declara-ciones de gran importancia legal.

En el caso Criez v. Sunset Motor Co., 123 Wash.. 604, 213 Pac. 7, se ha sostenido que el comprador condicional de un automóvil no se halla impedido de recobrar el completo-importe de los daños por destrucción por negligencia, por el hecho de que el carro estuviera asegurado por el vendedor, y el importe cobrado sobre la póliza fuera acreditado al precio del contrato. Y en el caso Stotts v. Puget Sound Traction, Light and Power Co., 94 Wash. 339, 162 Pac. 519, se sostuvo que el comprador puede sostener una acción por daños por negligencia, no obstante el hecho de que el esta-tuto requiera que las acciones deben ejercitarse en el nom-bre de la parte realmente interesada. Y aun el hecho de que el vendedor condicional tomare posesión de la propie-dad vendida, después del daño y por falta de pago del com-prador, no cambia la regla, según se dice en el caso Miller v. Des Moines City Railway Co., 196 Iowa 1033, 195 N. W. 600.

Como se ve de las citas que preceden, la regla es clara.

El Tribunal Supremo de España, en una sentencia de 13 de diciembre de 1911, ha sostenido que la cláusula de un contrato que dejaba en suspenso la adquisición del dominio, por no ser materia del aludido contrato que tiene sus carac-teres, condiciones y efectos señalados en la ley, no puede desnaturalizarlo, y hay que convenir en que estableció, no una limitación del dominio, y sí una especie de prenda o garantía para asegurar el total cobro del precio.

En sentencia de 3 de julio de 1902, ha mantenido el Tribunal Supremo de España que en las obligaciones condicio-nales existe la convención desde que se otorga por mutuo consentimiento de las partes para cuando ocurra el caso a que la condición se refiera y una vez cumplida ésta pueden hacerse aquellas obligaciones efectivas, y se retrotraen sus efectos al día de su constitución (itálicas nuestras). Éste es también el texto del artículo 1087 de nuestro Código Civil, en cuyo primer párrafo se establece la retroactividad de los efectos de la obligación condicional, cuando la condi-ción se cumple.

Como un aspecto práctico de las ventas condicionales y sus efectos, es de conveniencia recordar que en las ventas condicionales de automóviles en Puerto Rico, el comprador condicional paga los gastos y primas del seguro, la licencia y la contribución del automóvil. Se baila, por tanto, en el caso de cumplir todos los deberes del dueño o propietario del carro. Y es que, legal y prácticamente, es el dueño, con el riesgo de que su dominio se extinga si no cumple la con-dición de pagar lo convenido. Pero ésta es una relación jurídica exclusiva entre el comprador y el vendedor, ya que nadie que no sea el vendedor puede ejercer el derecho de hacer cesar aquel dominio.

Siendo esto así, Guillermo Montalvo, aun habiendo com-prado en venta condicional, puede ejercitar la acción por daños que en este caso ejercitó, y la demanda está presen-tada y el procedimiento seguido en nombre de la parte real-mente interesada. Está bien señalado el error bajo el nú-mero 2 del alegato del apelante; y debe sostenerse que existe el mismo.

Resuelto así el segundo señalamiento, el que aparece bajo el número 3 se sostiene por razones análogas.

El caso fue resuelto por la Corte de Distrito de Ponce, a virtud de moción de nonsuit. Por esta razón entendemos que la revocación debe hacerse devolviendo el caso para ul-teriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

La sentencia apelada debe revocarse, devolviendo el caso para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Esteban, Isaías y Claudia González Rodríguez, demandantes y apelados, v. Telésforo Fumero y su esposa Eufemia González Rodríguez, demandados y apelantes
    No. 4348.

    Visto: Marzo 23, 1928.

      Resuelto: Julio 16, 1928.

      C. Zeno Sama, abogado de los apelantes; L. Mercader, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

La demanda en este caso estableció sxistancialmente lo siguiente:

Agustín González, padre de los demandantes y de la de-mandada Eufemia González, era dueño de una finca rústica de seis cuerdas, en Sabana Hoyos, Areeibo, de otra de cinco cuerdas, de otra de diez cuerdas, y de otra de diez y nueve cuerdas, en el mismo término municipal; y por escrituras de distintas fechas, y ante clistintos notarios, apareció tras-pasando a los demandados, por precios diversos, tales fin-cas; y se alega por los demandantes que en esos traspasos o ventas no medió precio real ni recibo de dinero o efectos a tales títulos y calidad, ni hubo en ninguno de ellos una causa contractual real y efectiva, sino que las supuestas enajenaciones se realizaron por consecuencia de que los de-mandantes llamaron a su padre Agustín González la aten-ción hacia la vida impropia que llevaba, sosteniendo rela-ciones maritales con una mujer, y el padre, ofendido, aban-donó la casa de los demandantes, yéndose a vivir con la demandada y su esposo; y confabulándose con éstos, llevó a cabo los relacionados traspasos simulados, para privar a los demandantes de participación en su futura herencia; que los demandados prometieron al don Agustín atender a sus fincas, y han venido aprovechándose de los frutos de mismas, al amparo de las supuestas ventas; que los de-mandados agruparon las fincas de 5, 10 y 19 cuerdas, y luego la resultante con la de 6 cuerdas, formando una de 43 cuerdas que hicieron inscribir en el registro de la pro-piedad; que don Agustín González nunca dejó de ser dueño de las fincas citadas, basta su muerte, y desde esta fecha, o sea desde mayo de 1926, son dueños de ellas los deman-dantes, en común proindiviso con la demandada, y a razón de una cuarta parte cada uno. Alegan que los demandados se han utilizado de los frutos de las fincas, por cuatro años, y en un montante de $2,400 y las han gravado con una hi-poteca por $2,000, cantidad que tomaron a préstamo con tal garantía, y de la que nada entregaron a D. Agustín ni a los demandantes; y finalmente insisten en la alegación de que los traspasos fueron falsos, simulados y producto de una confabulación entre los demandados y D. Agustín Gon-zález, y que éste, después de tales escrituras, continuó siendo el dueño de las fincas. Sobre la base de tales alegaciones descansa su petición de que se declare que los referidos traspasos son ineficaces, e inexistentes en derecho, y que los demandantes son dueños de una cuarta parte cada uno, de dichas fincas, como hijos legítimos y herederos de don Agustín González, calidad respecto de la que se ha hecho-la necesaria alegación, y que se condene a los demandados a pagar a los demandantes $3,300 como su parte en los frutos y dinero retenido por los demandados.

En la contestación los demandados admitieron el falleci-miento de Agustín González, y el hecho de ser los deman-dantes y la demandada Eufemia, los hijos legítimos de dicho señor; en cuanto a la finca de 6 cuerdas, negaron la alegación correspondiente, alegando que la demandada la compró a su padre en $500, que el vendedor confesó recibi-dos, antes de la escritura; negaron la simulación y confa-bulación en las otras ventas, y alegaron que esas fincas de 5 y 10 cuerdas fueron vendidas por Agustín González a Fu-mero, por precio de $300 y $600, que el vendedor confesó recibido antes del otorgamiento de la escritura; negaron la simulación de venta de la finca de 19 cuerdas, y alegaron que Agustín González la vendió a Fumero por precio de $1,450, que confesó el vendedor haber recibido antes de otor-gar la escritura; negaron la confabulación y la simulación •en los traspasos, y alegaron la existencia de unas negocia-•ciones reales entre las partes; alegaron haber utilizado los frutos de las fincas como dueños de las mismas, y negaron el montante que a tales productos fija la demanda; negaron que los demandantes sean dueños en parte alguna, de los bienes citados. T como defensa alegaron que don Agustín González hizo entrega a los demandados de las#fincas que les vendió; que ellos han inscrito el dominio de las mismas -en el registro de la propiedad, por expediente de conver-sión de inscripción posesoria en de dominio, y han consti-tuido hipoteca sobre la finca resultante de la agrupación de las otras, siendo tal garantía a favor del Federal Land -Bank of Baltimore, y por $2,000; que la acción que ejer-citan los demandantes se halla prescrita, por virtud del ar-tículo 1268 del Código Civil. T pidieron se desestimase la ■demanda.

Se oyó el caso ante la Corte de Distrito de Arecibo, y se presentó por las partes la prueba documental y testifical tendente a sostener las respectivas contenciones. T la corte -dictó sentencia en 23 de marzo de 1927, en favor de los de-mandantes. Contra esta sentencia se interpuso el presente recurso de apelación.

Por la parte apelante se asignan a la sentencia seis ■errores, de los que trataremos, agrupando aquellos cuya naturaleza lo requiere o lo consienta.

No hemos de entrar en el estudio de tales señalamientos ■de error, sin ver primero cuáles son los hechos que deben ■estimarse como probados, para determinar el derecho que les es aplicable.

Hemos hecho el estudio del récord taquigráfico, y enten-demos que la corte de distrito llegó a una justa, juiciosa y /cuidadosa apreciación de la prueba, en la que indudable-mente se han seguido aquellos principios de evidencia que reconoce y consagra nuestra ley sobre esa materia, en va-rios de sus artículos, como el 4, en qne se dice que sola-mente se exige la certeza moral, o im grado de prueba que produzca la convicción en un ánimo no prevenido. Y en el 99, en que se define la inferencia, dándola como base los he-chos legalmente probados y las deducciones que de ellos justifiquen las ordinarias propensiones y pasiones humanas* el curso de los negocios, etc. El juez sentenciador, en la apreciación de la prueba, ha tenido presente tales princi-pios, y los de la Lógica, y ha llegado a apreciar la eviden-cia de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 162 de la Ley de Evidencia, sometiéndola a sana discreción jurídica y a las reglas estatuidas.

Veamos cuáles son los hechos. Dice el juez, en la opi-nión, páginas 11, 12, 13 y 14:

“A mediados del año 1921 los demandados residían en el barrio de Florida de Barceloneta en donde tenían arrendada una finca. En razón a que Fumero estaba en malas condiciones económicas hubo de abandonar la finca, yéndose a vivir con su esposa a Riestra, sitio del barrio Sabana Hoyos, de Areeibo, a casa de su hermano Rosendo* Estando en Riestra fué a convivir con ellos don Agustín González, disgustado por cuestiones familiares con los demandantes, con uno-de los cuales, el llamado Isaías, vivía. Al cabo de tres meses don Agustín y los demandados se trasladaron a vivir a una finca del primero, compuesta de cuarenta cuerdas, situada en el mismo barrio-de Sabana Hoyos. Allí Fumero prestaba sus servicios remunera-dos con un dólar diario, y más tarde fué interesado en la siembra de varias cuerdas de caña en la finca a partir utilidades. Don Agus-tín a los pocos días de estar con su hija Eufemia, cayó gravemente-enfermo con fiebre perniciosa, asistiéndole el Dr. R. Ve-rgne. En noviembre de 1921 don Agustín fué requerido por la Mercantil Roses y Co. para el pago de una deuda de quinientos dólares. El de-mandado Fumero aconsejó a don Agustín el traspaso de algún te-rreno para levantar una hipoteca y pagar esa deuda. En 21 de no-viembre de 1921 y por escritura pública que .fué debidamente ins-crita, don Agustín traspasó a su hija Eufemia González Rodríguez,, casada con Telésforo Fumero, una parcela de seis cuerdas que se-gregó de su finca de cuarenta cuerdas, por' precio de $500.00 que confesó haber recibido antes del otorgamiento de la escritura de-manos de la compradora. A pesar de consignarse ésto aparece de la declaración de la propia Eufemia González que tal pago no babía sido beeho como se consigna en la escritura sino que fué ‘ese mismo día, por la tarde, que le entregó el dinero; ‘aunque manifiesta acto seguido que ‘no fué el mismo día sino diez o doce días después’, o sea, en los primeros días de diciembre de 1921. En carta que en 8 de enero de 1922 ella escribió a su hermana Claudia a Islas Cana-rias, le dice que su padre ‘ni aun al médico ha podido pagar.’ Ella declaró que en diciembre le entregó los $500.00 de la venta a don Agustín y éste no satisfizo la cuenta del Dr. Yergne que sólo mon-taba a $104.00, como se verá más luego, como tampoco satisfizo la deuda de Roses y Co. Hecho este traspaso, es lo cierto que Fumero hizo gestiones en Arecibo y Manatí para obtener el dinero mediante hipoteca sobre esa parcela y fracasó en sus empeños.
“Entonces Fumero instó e indujo a don Agustín le traspasase el resto de la finca para él hipotecarla en su totalidad al Banco Federal y poder obtener así dinero para el pago de las deudas de Roses y Co., del Dr. Yergne y otras. Fumero hizo creer a don Agustín, quien tenía alrededor de noventa años de edad, que el Banco no celebraba esa clase de contratos con personas de una edad tan avanzada como la suya. En 25 de mayo de 1922 y por escritura pública don Agus-tín traspasó a Telésforo Fumero el resto de su finca de cuarenta cuerdas, o sea, treinta y cuatro cuerdas por precio de $1,450.00 que confesó haber recibido antes del otorgamiento de la escritura. Este documento fué inscrito en cuanto a 19 cuerdas por ser la cabida re-sultante del Registro y denegado respecto a las otras quince cuerdas por aparecer inscritas a nombre de tercera persona. En vista de estas circunstancias, un nueyo documento fué otorgado. El 10 de junio de 1922, y por escritura pública debidamente inscrita, don Agustín traspasó a Telésforo Fumero dos parcelas de cinco y diez cuerdas, respectivamente, por precio de $300.00 y $600.00, cantida-des que confesó haber recibido antes del otorgamiento de la escri-tura. A pesar de consignarse en estas dos escrituras el pago, apa-rece conforme a la declaración de don Lorenzo Oliver, testigo de los demandados, que la deuda de don Agustín en casa de Roses y Co., que en 1922 ascendía a $510.15, fué afianzada por el propio don Agus-tín por medio de unos pagarés personales y que la misma no fué pagada hasta marzo 21 de 1923 en que montaba con sus intereses a $558.28, mediante cheque expedido por Fumero, o sea, poco después de éste haber hipotecado la finca al Banco Federal por $2,000.00 y aparece asimismo de la declaración del Dr. Yergne, también testigo del demandado, que la deuda de don Agustín por servicios médicos a él prestados, no fueron pagados basta abril de 1923, o sea, poco después de hipotecada la finca por Fumero al Banco Federal. Fu-ínero en el mismo documento agrupó estas quince cuerdas, más las diez y nueve traspasadas en 25 de mayo de 1922 e inscritas, haciendo una sola finca de treinta, y.cuatro cuerdas.
“A través de todas estas operaciones don Agustín continuó ejer-ciendo actos de dominio, sobre la finca y sufragando los gastos de la casa en que vivía con sus hijos los demandados. Éstos promovieron en noviembre de 1922 un espediente de conversión de posesión en do-minio de la parcela de seis cuerdas y de la finca de treinta y cuatro.
“El 9 de diciembre de 1922 y mediante escritura, estas fincas fueron agrupadas constituyendo una sola de cuarenta cuerdas y así inscrita a favor de los demandados.- El 10 de marzo de 1923 hipo-tecaron esa finca al Federal Land Bank of Baltimore por la suma de $2,000.00. Ya en su poder ese dinero, el día 21 del mismo mes y año Fumero pagó a Roses y Co. la deuda que en dicha mercantil tenía pendiente don Agustín y, que ascendía entonces a $558.28. Y en abril 16 de igual año Fumero pagó al Dr. Vergne ‘la suma de $60.00 a cuenta por honorarios y $10.00 para pago de la enfermera.' Y' aunque en dicha cuenta se hace constar que el total de la misma es $104.00 y que resta la suma de $34.00, en abril 28 el Dr. Vergne expidió a Fumero recibo por la ‘cantidad de $204.00, importe de la cuenta de honorarios médicos por servicios prestados a don Agustín González.' Don Agustín sufrió también el año 22 de una pulmonía. Él continuó viviendo en la finca objeto de este pleito hasta mayo de 1926 en que murió."

Encontramos que los hechos no son otros que los allí presentados por el juez sentenciador. No hay la más leve indicación de pasión, prejuicio o parcialidad de parte del juzgador. No hay error en la apreciación de la evidencia, que quizá no puede ser calificada de realmente contradicto-ria. Y con esta declaración, resuélvense los señalados como errores bajo los números Segundo y Tercero, que no admi-timos como tales.

Refiriéndose los demás señalamientos a la existencia o a la carencia de causa en los llamados contratos de venta (señalamiento primero); a la prescripción de la acción de nulidad (señalamiento cuarto),* a la necesidad de ejercitar previamente la acción de nulidad (señalamiento quinto); y a la incapacidad de los demandantes para ejercitar su ac-ción contra actos de sn padre, de quien son herederos.

Hay en la demanda alegación de simulación de contratos, y' precisa una declaración correcta acerca de la existencia del contrato mismo, antes ele formular juicio al-guno en lo que respecta a la reivindicación.

La simulación es algo que afecta al mismo tiempo a dos elementos esenciales del contrato: el consentimiento, y la causa. No es extraño que así sea, ya que esos dos elemen-tos de la contratación conservan siempre un tortísimo lazo de unión, por ser la causa propulsora y determinante de aquél, en la esfera contractual, y en casi todas las esferas del derecho civil. Nadie consiente sin que a la determina-ción de su voluntad preceda la presencia de una causa, de un motivo para consentir. Y de aquí que el vicio que anula o que simplemente mancha la causa, se refleje en el consen-timiento. A causa ilícita, consentimiento ilícito, puede de-cirse.

El tratadista Sánchez Komán, en sus estudios sobre De-recho Civil, ha dicho lo que sigue:

“Lo que hay es, que cuando la declaración o manifestación ex-terna de un contratante no está conforme con su verdadera volun-tad, esa declaración puede calificarse de contradictoria o de ambigua. Es lo primero, cuando se quiere una cosa y se declara otra; y es lo segundo cuando la declaración es defectuosa u obscura, en orden a la expresión de la voluntad, pero no opuesta a la voluntad de-clarada. Distínguese también, en el caso de declaración contradic-toria la contradicción voluntaria y maliciosa, y la contradicción in-voluntaria e inconsciente.
“Es voluntaria la contradicción, cuando deliberadamente se de-clara una cosa, y se quiere otra; se declara vender, y lo que se quiere y hace en realidad es donar. En este caso se produce el vicio jurídico que se llama simulación, que es la contradicción voluntaria entre la declaración y la voluntad declarada, al cual se aplica aquella regla plus valet quod agiiur quam quod simulatur. Es involuntaria la contradicción cuando el contratante, sin quererlo, declara lo con-trario de lo que es su voluntad.”

Aparecen estos párrafos del eminente tratadista, en el apartado o número 11 del párrafo 2, artículo I, capítulo X, del tomo 4 de su obra 4‘Derecho Civil,” página 190 del ci-tado tomo, y en relación con el consentimiento en los con-tratos.

Y, hablando de la causa en los contratos, en el mismo tomo y obra, dice el Sr. Sánchez Román:

“Por lo demás, la causa que no es lícita, es como si no existiera para el Derecho, y degenera, por tanto, en inexistente, y no verda-dera o falsa para el mismo, produciendo el consiguiente resultado de viciar el consentimiento y anular el contrato, así como dando lu-gar a la repetición de lo entregado o pagado, cuando la torpeza, o injusticia estuviese tan sólo de parte del que recibió aquellos pagos o entregas; pero no procederá la repetición si la torpeza fuera co-mún a ambas partes.”

Por el concurso de los tres requisitos esenciales que de-termina el artículo 1228 de nuestro Código Civil (artículo 1261 del Código Civil de España) se produce, en la vida del derecho, el contrato. El Código ofrece una fórmula de ex-clusión, cuando en ese artículo dice:

“No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguien-tes:”

La expresión “No hay contrato” excluye de esa califica-ción jurídica todo lo que no esté dentro de la concurrencia de los tres requisitos. Deja de concurrir uno de ellos, y el contrato no nace, no adquiere realidad.

Tratando del consentimiento como “concurso” de volun-tades, dice el tratadista Manresa:

“La esencia del consentimiento es la conformidad de las partes sobre lo que ha de constituir el contrato, la aceptación por la una de la oferta que por la otra se le hace,- es el concurso de que la ley habla, sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. ’ ’ (Manresa, Código Civil Español, tomo 8, p. 648.)

Y Mucius Scaevola, en sus comentarios al Código Civil Español, tomo 20, pág. 585, se expresa así:

“Lo general es esto, el concurso ele voluntades, lo simultáneo de la expresión de la conformidad de dos o más personas en el objeto de la relación jurídica que quieran crear. El contrato nace, se genera, por el ayuntamiento de la voluntad de las partes (ya que la vida se ofrece también en el campo del derecho como en el de la Naturaleza) y para originar el nuevo sér, necesaria es la reunión de los dos elementos generadores, consistentes, en el contrato, en la vo-luntad de las partes.”

En los casos de simulación de contrato, es evidente que falta el consentimiento, y en general, falta la causa. Y entonces, como lia dicho Manresa, el caso es el más claro de inexistencia.

El Tribunal Supremo de España, en sentencia de fecha 30 de noviembre de 1909, pág. 501 et seq., tomo 116, Juris-prudencia Civil, ha dicho lo que sigue:

“Considerando que no es dable confundir un contrato simulado con un contrato nulo o rescindible, toda vez que la simulación sig-nifica indudablemente por su propia naturaleza la inexistencia del contrato, al contrario de lo que acontece respecto de los segundos; en los que, supuesta su realidad y certeza, es obligado examinar las condiciones de su celebración para resolver acerca de la procedencia de la nulidad o rescisión, examen absolutamente improcedente por contradictorio cuando el contrato no ha existido, ya que de la inexis-tencia no se pueden deducir más consecuencias jurídicas que las que necesariamente se derivan de esta misma inexistencia, o sean las pro-cedentes cual si no se hubiese intentado siquiera la celebración de tales supuestos contratos;
“Considerando que esto sentado, como la Audiencia de Cáceres estima justificado que los de que se trata fueron simulados, es decir que no existieron, habiendo sido realmente fingidos para burlar por este procedimiento los derechos de los nietos reclamados al morir la abuela doña María del Rosario Fernández de Aguilar y González, es manifiesto que cualquiera que sea la propiedad con que el Tribunal sentenciador declara la rescisión de los contratos discutidos, como hay que partir del hecho de la simulación o inexistencia de los mismos por no impugnarse en el recurso, ninguna aplicación tienen las reglas y preceptos que regulan la materia de la rescisión ni aun los de la misma nulidad, sino solamente las consecuencias que el mismo Tribunal deduce, cuales son las que, como queda expuesto, producen el hecho culminante de la inexistencia, o sean las de que los bienes sobre que versa la cuestión del pleito no salieron realmente del poder de la supuesta vendedora, y que por lo mismo constituyen parte del haber hereditario a su fallecimiento. ’ ’

En el caso de que se trata había unos pretensos contra-tos de compraventa, con el verdadero objeto de traspasar a una persona gratuitamente bienes que, en el futuro podían contarse como herencia de la cedente. No hubo ni una trans-misión efectiva de las fincas, ni un precio real y cierto. De las escrituras aparecía la compraventa, como aparecían la transmisión del título y la entrega del precio. La realidad era otra, y contraria a las manifestaciones de los otorgan-tes. De aquí la simulación.

Conviene en este caso que resolvemos, la cita hecha, por-que aparte de la declaración en cuanto a la inexistencia del contrato por haber intervenido la simulación, se establece la cualidad jurídica de los bienes, análoga a la del caso ante nosotros, diciéndose

“que los bienes sobre que versa la cuestión del pleito, no salieron realmente del poder de la supuesta Atendedora, y que, por lo mismo, constituyen parte del haber hereditario a su fallecimiento.”

La prueba en el caso presente autoriza a creer, como lo creyó la corte de distrito, que no hubo entrega de precio en los expresados contratos, y que las fincas que aparecían objeto de las pretensas ventas no pasaron nunca del poder de don Agustín González, que continuó ejerciendo actos de dominio sobre ellas.

No basta con la consideración de los principios generales en cuanto al consentimiento y la causa. Preciso se hace traer la luz de esos principios al contrato de compra y venta. Y al hacerlo así, en este arquetipo de los contratos consen-súales, encontramos que el contrato requiere, de acuerdo con el artículo 1348 del Código Civil, la obligación de uno de los contratantes de entregar el precio, y del otro de en-tregar la cosa vendida. Y si no existen esas obligaciones, si no hay transmisión por parte de un contratante, de la cosa, y por el otro de la estimación de su valor o precio, no hay propósito de entregar la una y el otro, no hay tan sólo la falta de la cansa, sino del consentimiento.

No hnbo, pnes, contrato en los casos acusados en la de-manda; y nos encontramos frente a lo que Manresa tiene por caso típico de inexistencia.

Si el caso es de inexistencia, es obvio, de acuerdo con los principios del Derecho, que no cabe la prescripción. No hay en el terreno puramente jurídico, un fundamento que autorice a tratar de la prescripción, ya que el artículo 1267 del Código Civil exige, para darle el carácter de anulables, contratos en los que concurran los requisitos expresados en el artículo 1228, aunque heridos de vicio o defecto. Un consentimiento viciado puede dar origen a un contrato, porque cabe la confirmación de éste, que hace desaparecer el vicio. Pero es preciso que el consentimiento haya sido una realidad; realidad enferma, pero realidad siempre. Donde no cabe confirmación es en donde no hay consentimiento, o donde falta otro 4e l°s requisitos esenciales del contrato. En el caso ante nosotros, estúdiese la cuestión desde cualquier punto de vista, y ya sea que falte el consentimiento como concurso de voluntades para comprar y vender, ya sea que no exista la causa, el hecho es que el contrato no existe por no concurrir en el acto de que se trata, los requisitos esenciales para la creación de tal contrato.

En el caso Oliver v. Oliver, 23 D.P.R. 181, este tribunal ha sostenido, en lo que afecta a la falta de un requisito esen-cial del contrato, y a sus consecuencias, lo que sigue:

“El ‘consentimiento de las partes contratantes,’ requerido por el artículo 1228, falta por completo en uno u otro caso, y según el len-guaje sencillo de ese artículo ‘no hay contrato.’ No hay nada por ‘anularse’, dentro del significado del artículo 1267, nada en que pueda fundarse ‘la acción de nulidad’ a que se refiere el artículo 1268.”

Quedan así resueltos los supuestos errores que aparecen señalados bajo los números Primero y Segundo, por ,1a parte apelante.

Realmente, el señalamiento de error que aparece bajo el número cuarto no hace referencia más que a la prescripción, siquiera se insista, de una manera ocasional, en lo que re-fiere a la existencia de causa, indicando que bay un con-trato. Esta- misma manera de proceder al insistir en la existencia del contrato, indica que la apelante se da exacta cuenta de que sólo sobre esa base podría invocar la pres-cripción.

Para anular un contrato en el que han concurrido los requisitos necesarios para su existencia (artículo 1267 del Código Civil) se dan los términos del artículo 1268 del mismo Código. Pero lo que se precisa es que haya contrato, y que lo haya por la concurrencia de los elementos que se-ñala el artículo 1228, sin lo que í£no hay contrato.” T si no existe tal contrato jurídico, no hay aplicación de este precepto de prescripción de acción: tal el caso de la inexis-tencia de contrato.

En el caso Oliver v. Oliver, supra, se ha dicho (terminando el párrafo que antes se cita en esta opinión):

“. . . De aquí se infiere que la prescripción alegada no cons-tituye defensa alguna en una acción reivindicatoría de bienes inmue-bles así vendidos.”

En el caso Sucesión Suro v. Sucesión Prado, 21 D.P.R. 241, este tribunal estimó y declaró que:

“La duración de la acción de nulidad a que se refiere el artículo transcrito sólo es aplicable, según el artículo anterior, 1267, a los contratos en que concurran los requisitos que expresa el artículo 1228, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invali-dan con arregló a la ley, siendo aquellos requisitos, consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato, y causa de la obligación que se establezca.”

Y luego se dice:

“Tenemos, pues, que aceptar como hecho admitido por ambas partes para decidir sobre duración o prescripción de la acción de nu-lidad de la escritura de 29 de noviembre de 1879, que doña Encar-nación Prado intervino en dicha escritura por sí y en representación de los menores hijos de don Juan Suro, no en concepto de curadora ad litem de los mismos, sino en el de madre con patria potestad-sobre ellos. Siendo ello así, como la madre, según la legislación de Partidas vigente en la fecha del contrato, no tenía patria potestad sobre sus menores hijos, la cual competía únicamente al padre, leyes 2 y 3, título XVII, partida 4a., surge como consecuencia lógica que los menores hijos de don Juan Suro no tuvieron representación al-guna en la mencionada escritura ni bajo concepto alguno intervinie-ron en ella, ni por tanto prestaron su consentimiento al contrato por sí o por medio de representación legal. Faltó, pues, en el contrato, por parte de los menores Suro, el consentimiento que debió prestar su representante legal, representante que no aparece existiera, ya que su madre no podía representarlos por falta de tutela o cúratela o de patria potestad sobre los mismos, y por falta de semejante requi-sito la acción de nulidad del contrato no puede regirse por el artículo 1268 del Código Civil, aplicable como hemos dicho antes a los con-tratos en que concurren todos los requisitos que expresa el artículo 1228.”

En la decisión en el caso Cruz v. Sucesión Gregorio Kuinlan, 29 D.P.R. 877, dijo este tribunal:

“El segundo motivo de error se refiere a la infracción del ar-tículo 1268 del Código Civil.
“Ese artículo se halla en capítulo que trata de la nulidad de los contratos y dispone que la acción de nulidad sólo durará cuatro años, y fundándose en él los apelantes y en que la venta tuvo lugar en el año 1910 alegan que la acción para pedir su nulidad está prescrita por haber sido presentada la demanda después de los cuatro años.
“El tiempo de prescripción fijado en ese precepto es, como dice el artículo precedente 1267, para los contratos en que concurren los requisitos del artículo 1228, o sea en los que hay consentimiento, ob-jeto y causa, si adolecen de algunos de los vicios que los invaliden con arreglo a la ley.”

En el caso Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804, este tribunal lia sostenido en su integridad la doctrina legal expuesta en el caso Oliver v. Oliver, que queda citado.

,El fundamento jurídico de esa doctrina aparece expre-sado en la sentencia del Tribunal Supremo de España de fecha 30 de noviembre de 1909 que antes se cita en esta opi-nión. Dice el Tribunal Supremo de España:

. . ya que de la inexistencia no se pueden deducir más con-secuencias jurídicas que las que necesariamente se derivan de esta misma inexistencia; o sean las procedentes cual si no se hubiese in-tentado siquiera la celebración de tales supuestos contratos.” (Itá-licas nuestra).

De algo que no lia tenido nunca existencia jurídica, es imposible extraer consecuencias de ese orden, o de otro cualquiera. Y para establecer la prescripción, falta el con-trato, falta la fecha o la época de que ha de partirse para computar el tiempo. No existe, pues, el error señalado en cuarto lugar.

En cuanto al marcado bajo el número quinto, tampoco aparece' la existencia de tal error.

Se ha repetido, por la jurisprudencia constante de Puerto Rico, el principio que rige en esta materia. Señaladamente, en los casos Sucesión Nieves v. Sánchez, 17 D.P.R. 878; Oliver v. Oliver, 23 D.P.R. 181; El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223, y Amy v. Sucesión Verges, 33 D.P.R. 372.

Cuando la parte demandante no deriva necesariamente su derecho de la nulidad del título de la demandada, sino de hechos y causas distintos de tal nulidad, no tiene aplicación la doctrina de previo ejercicio de la acción de nulidad.

En la decisión del caso Oliver v. Oliver, supra, se estudia esta materia con toda extensión, y se mantiene el principio legal que antes dejamos enunciado.

En el caso El Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223, se cita la opinión en el caso El Pueblo v. Dimas, 18 D.P.R. 1061, en el que este Tribunal Supremo expuso la doctrina en este particular en la forma que sigue:

“La doctrina legal de que cuando se ejercita la acción reivindi-catoría contra personas que están en posesión de la cosa objeto del pleito en virtud de un título que se tenía por legítimo, es preciso que antes se pida la nulidad de éste, sólo tiene aplicación cuando la nulidad produce la acción, pero no cuando el derecho de reivindicar es independiente de ella. (Sents. del T. S. de E. de 16 de octubre de 1873, 17 de enero de 1889, 6 de abril de 1889 y 13 de febrero de 1892.)”

Y la decisión en este caso, El Pueblo v. Sucn. de Valdés, confirma esa doctrina. En Amy v. Sucn. Verges, ya citado, resolviendo acerca de esta misma materia, se confirma la doctrina legal establecida.

En Sucn. Nieves v. Sucn. Sánchez, en la opinión de los Jueces Asociados Sres. del Toro y Wolf, se expresa la misma doctrina, citándose las sentencias del Tribunal Supremo de España a que se liace referencia luego en el caso El Pueblo v. Dimas.

En estos casos de simulación de venta, y para los efec-tos de la acción que se ejercite, es imprescindible tener pre-sente lo dicho en la Sentencia del Tribunal Supremo de España de fecha 30 de noviembre de 1909 que antes hemos citado:

“. sino solamente las consecuencias que el mismo Tribunal deduce, cuales son las que, como queda expuesto, producen el hecho culminante de la inexistencia, o sean las de que los bienes sobre que versa la cuestión del pleito no salieron realmente del poder de la su-puesta vendedora, y que, por lo mismo constituyen parte del haber hereditario a su fallecimiento.”

Y así, el título de los demandantes es su derecho heredi-tario, sin que en los demandados haya título, ya que la in-existencia del contrato no deja lugar a la creación de tí-tulo alguno.

No existe, pues, el error que se señala bajo ese número quinto.

Se señala como error que se declaró con lugar la demanda estando impedidos los demandantes para ejercitar la acción, por ser herederos y continuadores de la personalidad de su padre, y no poder ir contra sus propios actos.

El principio no puede aplicarse en todos los casos. Cuando se trata de actos que crean derechos y obligaciones, que tienen eficacia jurídica, la ley, en protección del estado legítimo, de derecho, que por tales actos se ha creado, cie-rra el paso a los que los realizaron, para impedirles que los contradigan en sus efectos y consecuencias. Pero esto se hace sobre la base de la existencia de estados de derecho en los que se dan la verdad y la legitimidad como elementos esenciales.

El Tribunal Supremo de España, en sentencia de 13 de julio de 1892, ha dicho:

“. . . que el principio de que no se puede ir contra los propios actos, supone que los actos que se invocan como excepción tengan significación y eficacia jurídicas contrarias a la acción intentada. . .”

Y en la de 10 de marzo de 1890 dijo el mismo Tribunal Supremo de España:

“El principio según el cual nadie puede ir válidamente contra sus propios actos, se refiere a los que, como expresión del consentimiento se realizan con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho.”

No se dan esas condiciones en los casos de simulación de contrato, que ni crean, modifican o extinguen derecho al-guno, ni producen nada eficaz.

En sentencia de 24 de abril de 1895, el mismo Tribunal Supremo de España ha sostenido que no cabe invocar la doctrina de que nadie puede ir en juicio contra sus propios actos, cuando el supuesto acto obstativo carece de eficacia obligatoria. Y en otra sentencia del mismo Tribunal Supremo, de fecha 7 de diciembre de 1896, se ha declarado que los actos contra los cuales no es lícito accionar a quien los ha ejecutado ni a sus sucesores universales, son aquellos que, por su carácter trascendental, o por constituir conven-ción, causan estado, definiendo de modo inalterable la situa-ción jurídica de su autor.

No existiendo en este caso un contrato, y no habiéndose creado derecho de ninguna clase por las escrituras simula-das de que se trata, no puede concederse que la corte inferior errara en la forma que se acusa en el señalamiento marcado con el número sexto.

Queda aún por considerar el señalamiento de error nú-mero tercero.

Es innecesario citar decisiones. Son tantas y tan cons-tantes las qne establecen en esta jurisdicción la doctrina de qne, salvo los casos de pasión, prejuicio, parcialidad o ma-nifiesto error en cuanto a la apreciación que de la prueba baga el tribunal a quo, este Tribunal Supremo no ba de cam-biar o modificar tal apreciación, que el citarlas sería una larga tarea, no justificable.

En la apreciación de la prueba, la Corte de Distrito de Arecibo ba sido prudente y lógica, y de tales normas de con-ducta judicial ba nacido el acierto con que la prueba fué pesada y estimada en el litigio. La corte tomó la prueba en su conjunto, y de los elementos probatorios destacó los becbos que una sana conciencia puede y debe aceptar como resultado.

No existe tampoco el señalado error.

Por las consideraciones apuntadas, debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señoe Aldbey,

text:
    José de Gracia, demandante-apelado, v. Gerardo Guardiola, demandado, y Mario Escudero, tercerista-apelante; José de Gracia, demandante-apelado, v. Gerardo Guardiola, demandado, y Algio Guardiola, tercerista-apelante.
    Nos. 4324 y 4325.

    Vistos: Diciembre 16, 1927.

      Resueltos: Julio 16, 1928.

      F. Soto Oras, abogado de los terceristas-apelantes; Blondet & Cam-pillo, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señoe Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Seguiremos estos recursos con el título que los terceris-tas pusieron en sus demandas, a saber “José de Gracia v. Gerardo Guardiola y Mario Escudero, tercerista”, e igual forma en el otro pleito, con la diferencia de ser el tercerista Algio Guardiola, cuando en realidad ban debido titularse Mario Escudero, o Algio Guardiola, según el caso, v. José de Gracia y Gerardo Guardiola.

Para asegurar José de Gracia después de sentencia la condena de pagar dinero que obtuvo contra Gerardo Guar-diola hizo que el 9 de junio de 1926 se embargaran dos auto-ómnibus, que en adelante llamaremos guaguas por ser el nombre con que generalmente son conocidos aquí esos vehículos de pasajeros, de las cuales una, que tiene el nom-bre de Eisman, estaba en poder de Mario Escudero, y fué tasada entonces por el marshal en $1,500, cuya devolución obtuvo mediante fianza que fué prestada por cantidad de $3,000: la otra guagua, cuyo nombre es María Luisa, fué embargada en poder de Algio Guardiola, tasada por el marshal en $4,000, y obtuvo su devolución también con fianza de $8,000.

Después de esos embargos presentaron Mario Escudero y Algio Guardiola demandas separadas de tercería con el fin de que esos vehículos, quéden libres del embargo, alegando cada uno ser el dueño respectivamente de una de esas gua-guas por haberla comprado. A esas demandas se opuso so-lamente el demandado José de Gracia y celebrados los co-rrespondientes juicios recayó sentencia en ellos declarando sin lugar las respectivas demandas y condenando a Mario Escudero y a Algio Guardiola y a sus fiadores a pagar $1,500 el primero y $4,000 el segundo a José de Gracia con intere-ses legales desde el embargo y las costas.

De esas sentencias apelaron los terceristas para ante nos-otros presentando alegatos comunes en ambos casos por fundarse los recursos en los mismos motivos, por lo que resolveremos ambos asuntos en una sola opinión.

El motivo fundamental de la corte inferior, como lo demuestra su argumentación, para declarar sin lugar esas demandas de tercerías es, que apareciendo probado que ambas guaguas fueron compradas por los terceristas a la mercantil Alvarez Hermanos en contratos de venta condicional en los que esos vehículos quedaban de la propiedad absoluta del vendedor mientras su precio pagadero en plazos fuese satisfecho, los terceristas carecen de acción y personalidad para establecer dichas demandas como dueños de esas guaguas.

Ese fundamento se impugna como erróneo en el primer motivo de estos recursos y lo es, según hemos resuelto hoy en el caso de Montalvo v. Valdivieso, No. 4322, (pág. 545) en el que por las razones allí consignadas decidimos que en los contratos de venta condicional la propiedad se transfiere al comprador aunque sujeta a la condición resolutoria del contrato y que por tanto tal comprador puede ejercitar la ac-ción correspondiente por daños causados a la propiedad así comprada, y por consiguiente puede también reclamar en tercería la propiedad comprada de esa manera.

También dijo la corte como razón adicional en cada uno de esos casos lo siguiente: “Por otra parte, examinada en conjunto toda la evidencia presentada en este caso (aun suponiendo que un título de venta condicional fuere suficiente para interponer una tercería), llegamos a la conclusión de que, por todas las circunstancias que concurren en este caso y que aparecen de la prueba, debe declararse sin lugar la demanda de tercería.” Esto es todo lo que se dice sobre ese fundamento en el que no se expresan cuáles son las circunstancias concurrentes para que la prueba justifique que se declaren sin lugar las respectivas demandas de - tercería.

Hemos examinado la prueba en ambos casos y no encon-tramos circunstancia alguna para que se rechacen las pre-tensiones de los terceristas si su compra condicional les da derecho a reclamar esas guaguas en tercería. De la prueba resulta que la guagua María Luisa fué vendida por Alvarez Hermanos condicionalmente a Gerardo Guardiola, quien en 10 de diciembre de 1925 la devolvió a los vendedores me-diante un documento escrito de dación en pago: que en esa misma fecha Alvarez Hermanos la vendieron a Algio Guardiola, hermano de Gerardo Guardiola, seis meses antes de ser embargada, por documento escrito de venta condi-cional: que ese traspaso fué registrado entonces a favor de Algio Guardiola en la oficina de automóviles del Depar-tamento del Interior: que Algio Guardiola ha pagado las contribuciones de esa guagua y los plazos debidos a Alvarez Hermanos, restándole por satisfacerles solamente unos quinientos dólares y que adquirió de Gerardo Guardiola la licencia que tenía de la Comisión de Servicio Público para transportar pasajeros en dicha guagua. La prueba en el caso de Mario Escudero es parecida a la anterior pues tam-bién resulta que la guagua Eisman la vendió Alvarez Her-manos a Félix Escudero, quien trabajó con ella mediante un certificado para conducir pasajeros que adquirió de Gerardo Guardiola, porque entonces no se daban certificados nuevos: que algún tiempo después la devolvió a los vende-dores por dación en pago: que en 30 de diciembre de 1925,, seis meses antes del embargo, Alvarez Hermanos la vendió a Mario Escudero en 'venta condicional mediante documento escrito: que la guagua fué registrada a nombre de Mario Escudero como compra condicional en la oficina de automó-viles del Departamento del Interior: que para operar con olía conduciendo pasajeros adquirió la licencia que tenía Gerardo Guardiola, traspaso que fué aprobado por la Comi-sión de Servicio Público el 29 de diciembre de 1925: y que esa guagua nunca fué vendida por Alvarez Hermanos a. Gerardo Guardiola.

No vemos en esa prueba circunstancia alguna que impida dictar sentencia a favor de los terceristas.

Las sentencias apeladas deben ser revocadas en ambos casos, dictándose otras declarando con lugar las demandas, de tercerías sin especial condenación de costas.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.