author: El Juez Asoclado Señor Wolf,

text:
    Francisco Cruz, menor, representado por su madre con patria potestad Alejandrina Franco, demandante y apelante, v. Central Pasto Viejo, Inc., demandada y apelada.
    No. 5599.

    Sometido: Junio 1, 1931.

      Resuelto: Julio 9, 1931.

      A. Aponte y F. Gallao'do Díaz, abogado del apelante; Joaquín Ven-drell, abogado de la apelada.
   El Juez Asoclado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es nn pleito de daños y perjuicios entablado por el menor Francisco Cruz, representado por su madre. La demandada, Central Pasto Viejo, Inc., entre otras cosas alegó que en vida del padre de dicho menor, Raimundo Cruz por nombre, éste transigió la reclamación que aquél tenía contra la aludida demandada. La corte, después de entrar en los méritos, así lo resolvió, y el demandante apeló. La apelada sostiene que el recurso es frívolo y solicita que sea deses-timado.

El artículo 1712 del Código Civil dispone:

“El tutor no puede transigir sobre los derechos de la persona que tiene en guarda sino en la forma prescrita en el número 12 del artículo 282 y el artículo 284 del Capítulo VII, Título X, Libro Primero de este Código.
“El padre, y en su caso la madre, pueden transigir sobre los bie-nes y derechos del hijo que tuvieren bajo su potestad, pero si el valor del objeto sobre que recaiga la transacción excediera de 500 dollars, no surtirá ésta efecto sin la aprobación judicial.”

La transacción fué por $450, y la Corte de Distrito de Hu-macao creyó que esta cantidad caía dentro de las disposicio-nes de dicho artículo. Sin embargo, se sostiene por el ape-lante que hay la cuestión de si la reclamación del demandante no excedía de $500, y que, por tanto, era necesaria la apro-bación de la corte de distrito. Esa aprobación no fue obte-nida. En otras palabras, la parte apelante insiste en que el valor del objeto sobre que recayó la transacción excedía de quinientos dólares, o que fácilmente podría exceder de esa cantidad. El objeto no era claramente menor de $500. Como ésta es una proposición debatible, no podemos llegar a la con-clusión de que la apelación sea frívola.

En el curso de su opinión, la corte se fundó en Rivera v. Ribas, 31 D.P.B.. 361, como favorable al demandante. Llama-mos la atención de los letrados hacia el hecho de que la sen-tencia en ese caso fué dictada por un tribunal dividido.

Bebe denegarse la moción.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Wóle,

license: Public Domain

text:
    José Caballero Medina, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Segunda, recurrido.
    No. 822.

    Sometido: Noviembre 3, 1930.

      Resuelto: Julio 13, 1931.

      B. S. Blondet y E. Días Samtana, abogados del recurrente; el re-gistrador recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Wóle,

emitió la opinión del tribunal.

En este paso bay dos peticiones, así como dos negativas. El recurrente solicitó que la mitad de cierto predio de te-rreno se inscribiera a nombre de José Caballero Medina; que la otra mitad fuera inscrita a nombre de Félix, Felipa y Sa-turnino Viera Cúrvelo; que un embargo por la suma de $2,500 fuese inscrito a favor de José Caballero contra Félix, Felipa y Saturnino Viera.

Se denegó la inscripción en una nota que lee así: ‘ ‘ Dene-gada la inscripción solicitada a favor de José Caballero Medina y de la otra mitad a favor de Félix, Felipa y Saturnino Viera Cúrvelo, de una finca rústica (se describe parcialmente) porque tanto el demandante como los demandados no tienen participación alguna inscrita en dicha finca la cual figura a nombre de Zenón Díaz Varcárcel, y por no ser suficiente tí-tulo para inscribirla el mandamiento que ha sido presentado, etc. ’ ’

El recurrente también apeló de otra negativa y unió la discusión de ambos recursos en un solo alegato. Estrictamente hablando, los recursos debieron haber sido radicados separadamente y obtenerse permiso de este tribunal para consolidarlos o para discutirlos conjuntamente. Sin embargo, la idea del recurrente evidentemente fué que gran parte de la misma documentación podía utilizarse liara cada recurso y que esencialmente los dos podían considerarse de consuno, como en realidad pueden serlo.

El segundo recurso demuestra que el registrador se negó a cancelar ciertas inscripciones. El marshal de la Corte de Distrito de San Juan fué el portador de una orden de la corte en que se decretaba la cancelación de ciertas inscripciones hechas a favor de Félix,.Felipa y Saturnino Viera Cúrvelo. Fue denegado el asiento en la siguiente nota:

“Denegada la cancelación ordenada en el precedente manda-miento por los motivos siguientes: porque de cancelarse, como se dispone, la primera inscripción de la finca, habría que cancelar las sucesivas y las anotaciones que de ellas se derivan, según lo tiene resuelto la honorable Corte Suprema en el caso 24 D.P.R. 707, lo que redundaría en grave perjuicio de Zenón Díaz Vareárcel, de Manuela Jubes viuda de López, y de Santos Sanchidrián, terceros que contrataron con quien, según el registro, tenía derecho para ello (art. 34 de la Ley Hipotecaria) ; porque del asiento que se ordena cancelar, no resulta la causa de nulidad (artículo citado); porque, aunque dichas personas no fueran terceros, que lo son, tampoco po-dría cancelarse su derecho inscrito o anotado por no haber sido parte ni en el juicio en que se ha decretado la cancelación, ni siquiera ha-bérseles oído como lo disponen los artículos 171 y 172 del Regla-mento Hipotecario, encontrándose en igual caso Santos Sanchidrián Jiménez que tiene anotado un embargo a su favor sobre la finca, y porque en el Registro no se anotó en forma alguna el pleito enta-blado por José Caballero Medina contra los hermanos Viera Cúr-velo para que sirviera de aviso al tercero y de que su título queda-ría sujeto a las consecuencias del litigio (Ochoa vs. Hernand, 230 U. S. 139 y 164, y 40 D.P.R. 527) y por consiguiente, Zenón Díaz Vareárcel, Manuela Jubes viuda de López y Santos Sanchidrián Ji-ménez podrían presumir el derecho que ante la Corte alegaba el demandante tener en la mitad de la finca en cuestión; y Denegado asimismo el embargo ordenado en el precedente mandamiento, por-que la finca con su cabida de treinta cuerdas, según el Registro, fi-gura inscrita a nombre de Zenón Díaz Vareárcel, persona distinta de los demandados; etc.”

El recurrente arguye que la propiedad fué inscrita a favor de Félix Viera por virtud de un expediente de dominio con el defecto subsanable de no acreditarse el nombre de la persona que se alegaba era su padre; que sólo había dos modos de adquirir bienes por herencia, a saber, por testamento o por declaratoria de herederos en un procedimiento ab intes-tato; que el defecto subsanable era un aviso a compradores posteriores de un vicio de nulidad, y, por tanto, que no po-dían ser terceros; que el registrador (refiriéndose al anterior) debió fiaber exigido el testamento o la declaratoria de herederos, y que entonces hubiera descubierto el alegado fraude posteriormente declarado por la corte inferior, y con-firmado por este tribunal.

Cualquiera aplicación que pudiese tener el caso de Anaud v. Martínez, 40 D.P.R. 669, puede que en sentido alguna envolviera un caso en que personas con títulos inscritos jamás fueran incluidas como partes. Naturalmente, los defectos subsanables ponen a un comprador a efectuar ciertas pesquisas, y si en el curso de esas pesquisas resulta que los defectos eran insubsanables, entonces un comprador o comprador en perspectiva no puede alegar ser tercero.

En este recurso no nos proponemos dirimir entre el re-currente y el registrador acerca de si los adquirentes poste-riores eran o no terceros. Sería anticipar una cuestión que propiamente es materia de litigio. En otras palabras, hay una cuestión o cuestiones preliminares.

Primero, sin embargo, parece conveniente llamar nuevamente la atención hacia el hecho de que el registro no es ordinariamente el sitio en que pueden decidirse los derechos fundamentales de las partes, especialmente contra personas que tienen títulos inscritos que nunca han estado sujetos a pleito para anularlos.

El recurrente dejó de anotar su pleito en el registro. Otras personas compraron posteriormente e inscribieron sus títulos. Si el defecto subsanable en realidad era o no insubsanable, no imparta. Cuando el defecto es subsanable, a diferencia de uno insubsanable, los posteriores adquirentes tienen derecho a inscribir, de acuerdo con la ley, y sujetos a ese defecto.

Habiendo tal inscripción, sus títulos no pueden ser cance-lados hasta que se ordene que tal cosa se haga en un pleito en que ellos sean notificados y tengan la oportunidad de de-fenderse. Hernández v. Ochoa, 230 U. S. 139; Torres v. Registrador de San Juan, Sección Primera, 40 D.P.R. 527.

Beben confirmarse las notas recurridas.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Central Eureka, Inc., demandante y apelante, v. Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandado y apelado.
    No. 4900.

    Sometido: Febrero 20, 1931.

      Resuelto: Julio 13, 1931.

      J. H. Brown, G. Ruiz Nazwrio y G. JS. González, abogados de la ape-lante; Hon. Attorney General James R. Beverley y M. Rodrí-guez Serra, Segundo Subproeurador Auxiliar, abogados del ape-lado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

La corporación de esta Isla Central Eureka, Inc., apela de una sentencia que declara sin lugar su demanda en la que so-licita que el Tesorero de Puerto Rico le devuelva cierta can-tidad de dinero que le pagó bajo protesta como contribución por los años 1922 y 1923 impuesta a los intereses que satis-fizo al Irving* National Bank del Estado y ciudad de Nueva York por un préstamo que ese banco le bizo.

La única cuestión en controversia entre las partes es si dicho banco tenía o no en esta isla en las fechas expresadas un punto de negocios, oficina o agente autorizado, pues si no lo tenía, la Central Eureka, Inc., estaba obligada por la ley a retener y pagar al Tesorero de Puerto Rico la contribución correspondiente a lo que pagó por intereses.

Los artículos pertinentes ahora de la Ley No. 43 de pri-mero de julio de 1921 son así:

“See. 49. — La contribución impuesta por esta Ley, será retenida por todo individuo, corporación, asociación o sociedad, cualquiera que sea la capacidad en que actúen, incluyendo a todos los funcio-narios y empleados de El Pueblo de Puerto Rico que paguen inte-reses, rentas, sueldos, anualidades, compensaciones y cualquier otro ingreso sujeto a tributación, (excepto dividendos, beneficios de so-ciedades), a cualquier ciudadano de los Estados Unidos no residen-te en Puerto Rico, o a cualquier extranjero no residente en Puerto Rico o a cualquier corporación, asociación o sociedad extranjera no dedicada a negocios en Puerto Rico y que no tenga punto de negocios, oficina o agente en Puerto Rico.
“Las cantidades así retenidas se pagarán al Tesorero de Puerto Rico en las fechas que éste designe en los reglamentos para la apli-cación de la presente Ley.
# « #• m -* * *
“See. 52. — En ningún caso la contribución será retenida cuando el ingreso de un extranjero no residente en Puerto Rico se pague a su representante en Puerto Rico, quien estará obligado a rendir de-claración por el mismo y a retener y pagar la contribución que im-pone esta Ley.”

La prueba demostró que durante los años 1922 y 1923 el Irving National Bank tenía una oficina en San Juan en los altos del Banco Comercial a cuyo frente estaba el Sr. Charles W. Fowler: que él usaba papel timbrado así: “Charles W. Fowler, representante en Puerto Rico, Irving National Bank, New York, teléfono 930, apartado 1416, calle Tetuán No. 3, San Juan, P. R.”: que en las guías del teléfono de esos años aparecía así: “Irving National Bank, Ed. Banco Comercial, Tetuán 3, representante Charles W. Fowler, San Juan, 930”: que Charles W. Fowler celebraba contratos de préstamos re-faccionarios e imponía las condiciones de ellos a nombre del Irving National Bank: qne firmaba contratos y documentos a nombre del Irving National Bank como agente o represen-tante suyo: que Fowler intervino con los representantes de la demandante en el préstamo cuyos intereses lian dado lugar a este pleito: que el préstamo dado a la Central Eureka por el Irving National Bank fue solicitado del Sr. Fowler, con quien se trataron las condiciones de él en San Juan: que los pagarés firmados por la central se entregaban al Sr. Fowler: que el dinero del Irving National Bank se entre-gaba por orden del Sr. Fowfler: que recibía y custodiaba las garantías colaterales dadas por la Central Eureka: que Fowler solicitaba negocios para el expresado banco: que don Eugenio D. Delgado también actuó como agente de ese banco en esta Isla: que el Irving National Bank ratificó las actua-ciones de Fowler y de Delgado trayendo dinero a Puerto Rico para los préstamos por ellos concedidos, y cumpliendo y acep-tando las condiciones por ellos impuestas: que a Fowler se le entregaba dinero para dicho banco, a quien lo remitía: y que el Irving National Bank hacía negocios aquí por varios millones de dólares.

No hubo prueba de que el Irving National Bank regis-trase sus cláusulas de incorporación en la Secretaría Ejecu-tiva de esta Isla y de que designase el local donde tendría sus negocios, como requiere el artículo 37 de la Ley de Cor-poraciones Privadas de 1911 para las corporaciones y socie-dades de fuera de esta isla antes de emprender negocios aquí. Por esto entendió la corte inferior que el Sr. Fowler no era un agente residente aquí del Irving National Bank sino un mero agente comercial intermediario, y declaró sin lugar la demanda.

Es cierto que no aparece de la prueba que el Irving National Bank cumpliera con el requisito exigido por la ley de corporaciones para las extranjeras que quieren hacer nego-cios en Puerto Rico pero esto no impide que si de hecho, aun-que no de derecho, tenía en esta isla nn punto de negocios, oficina o agente a quien se pagaron los intereses que ha de-vengado la contribución objeto de este pleito, cesara la obli-gación de la Central Eureka, Inc., que los pagó, de retener y pagar la expresada contribución.

Los hechos de este caso demuestran que los actos ejecu-tados por Mr. Charles W. Fowler fueron los de un agente en Puerto Rico del Irving National Bank con oficina y puesto de negocios en esta ciudad de San Juan. Casos parecidos al presente han sido resueltos en el sentido de la representación en un estado de corporaciones de otro estado. Chattanooga National Bldg. & Loan Association v. Denson, 189 U. S. 408; International Textbook Co. v. Bigg, 217 U. S. 91.

La sentencia apelada debe ser revocada y dictarse otra en su lugar de acuerdo con la demanda.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Israel Román Calero, acusado y apelante. El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Israel Román Calero, acusado y apelante. El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Israel Román Calero, acusado y apelante.
    Nos. 4300, 4304 y 4305.

    Sometidos: Mayo 7, 1931.

      Resueltos: Julio 14, 1931.

      Buenaventura Ezteves, abogado del apelante; B. A. Gómez, abo-gado de El Bueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se vieron conjuntamente tres apelaciones. En la núm. 4304 el apelante fué acusado de haber atentado contra la vida de Agustín Jiménez, con una manopla; en la núm. 4305, de ha-ber atentado contra la vida de Adolfo Méndez, con un arma punzante y cortante; y en la núm. 4300, de haber portado armas prohibidas, a saber, la manopla y un puñal. En los recursos números 4304 y 4305, los casos fueron juzgados ante jurado, y en cada uno de ellos el acusado fué declarado culpable de acometimiento y agresión grave.

En estos tres casos se suscita la cuestión de que la sentencia es contraria a la prueba; ésta tendió a demostrar que el apelante en realidad de verdad acometió a Agustín Jiménez con una manopla, y a Adolfo Méndez con un cuchillo. G-eneralmente, cuando hay conflicto en la evidencia, como aquí, el veredicto del jurado o del juez no será revisado a menos que se nos convenza de que el veredicto o la sentencia son contrarios a la prueba. El Pueblo v. Colón, 42 D.P.R. 53, 56, citando de la opinión disidente en El Pueblo v. Ortiz, 22 D.P.R. 680. Nos referiremos, sin embargo, a ciertos extremos del caso No. 4304.

El apelante sostuvo que la prueba tendió a demostrar que el arma no era una manopla. El mismo declaró que hizo uso de unas tijeras. Un médico prestó declaración tendente a de-mostrar que, dada la naturaleza de la lesión, la herida proba-blemente no pudo haber sido producida por una manopla. Además, el acusado insiste en que las manoplas no se hacen de níquel y que, por consiguiente, los testigos estaban equi-vocados al decir que en una noche oscura ellos pudieron ver el reflejo de un metal blanco. El jurado tenía derecho a pesar la declaración del doctor conjuntamente con otros ex-tremos, y, no obstante eso, tenía derecho a creer a los testigos. cuando dijeron que vieron la manopla. La opinión del mé-dico no excluía la posibilidad de que la herida pudiera haber sido producida por tal manopla. No hemos hallado en el récord manifestación alguna de nadie de que las manoplas no se puedan hacer de níquel, en vez de cobre o bronce, todo lo cual tiende a demostrar que un jurado no está necesariamente obligado por la opinión de un perito. No queda excluida la posibilidad de que los testigos estuvieran errados en su des-cripción del arma, pero que sin embargo la vieran. Todas es-tas materias eran para el jurado.

Además, el acusado declaró que utilizó unas tijeras e in-fligió las heridas. Las heridas eran más bien serias, o ca-paces de serlo. Bajo la ley (Leyes de 1904, pág. 42), “Todo acometimiento y agresión será considerado con circunstan-cias agravantes. . . cuando se cometiere con intención preme-ditada j)ara el fin calculado de inferir graves heridas corpo-rales.” Como se imputó al acusado un atentado a la vida y fué convicto de acometimiento y agresión, el uso de unas tijeras podría ser justamente lo que redujo el delito a uno de menor denominación. La prueba de que se trataba de unas tijeras en vez de una manopla, sería una variación inofen-siva. Considerando la naturaleza del veredicto, las armas usadas eran suficientemente similares. 30 C. J. págs. 135 et seq.

Otros errores se señalaron en el núm. 4304, el caso de acometimiento y agresión contra Agustín Jiménez. El testigo Dámaso Alfaro se refirió no sólo a la agresión de Agustín Jiménez, sino también a la de Adolfo Méndez. El acusado solicitó la eliminación por el fundamento de que la agresión de Méndez , no era relevante a la de Jiménez. La corte propiamente resolvió de que todo ello era parte de la res gestae. La agresión de Méndez tuvo lugar inmediatamente después de la de Jiménez.

(Guillermina Méndez había declarado; su declaración abarca tres o cuatro páginas del récord en maquinilla, y ella había contestado preguntas específicas héchasle por el fiscal del distrito. Al terminar su declaración, el acusado dijo: “¿Cómo fué eso? Vuelva otra vez a contarlo.” El fiscal se opuso a la forma de la pregunta, evidentemente por ser demasiado general. La corte resolvió que la testigo podía ser examinada específicamente hasta cualquier límite en conexión con el interrogatorio directo, y que hasta podía ser examinada respecto a extremos deprimentes para ella, y que el acusado podría impugnar su credibilidad en una u otra forma, pero que no era un procedimiento adecuado el de meramente pedirle a la testigo que repitiera su declaración. La'corte tiene discreción en estas materias, y pudo fácilmente ver que era innecesario hacer que la testigo tratara de reproducir en esta forma toda su declaración que le había sido extraída por un número de preguntas específicas. No hallamos ni error ni perjuicio.

TJn testigo dió lo que podría llamarse evidencia corrobo-rante de lo que algunas personas habían dicho respecto a cómo llegaron al sitio en que se cometió el delito. La defensa solicitó la eliminación, y el que la corte no accediera no era ni erróneo ni perjudicial.

En el caso núm. 4305, la corte también se negó a eliminar algún testimonio que formaba parte de la res gestae. El se-ñalamiento no merece discusión especial.

En el número 4300, el señalamiento es que la sentencia era contraria a la prueba, la que hemos discutido al principio.

Deten confirmarse las sentencias apeladas.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Juan G. Gallardo, Tesorero de Puerto Rico, demandante y apelado, v. The United Porto Rican Sugar Company, demandada y apelante.
    No. 5013.

    Sometido: Julio 22, 1930.

      Resuelto: Julio 20, 1931.

      J. Henri Browyi, C. Ruiz Naza/rio, G. E. González, abogados de la apelante; Attorney General James R. Beverley j Arturo Ortiz Toro, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal. Se trata de un pleito para cobrar la suma de $32,452.48, radicado por el Tesorero de Puerto Pico contra la United Porto Rican Sugar Company of Porto Rico. Los hechos fue-ron que la United Porto Rican Sugar Company había com-prado todos los bienes de ciertas corporaciones domésticas organizadas bajo las leyes de Puerto Rico, y había, asumido las obligaciones de todas esas otras corporaciones; que las aludidas corporaciones domésticas se habían disuelto y re-partido entre sus accionistas el producto de sus liquidacio-nes; que dichas corporaciones domésticas, cansantes de la demandada, habían pagado intereses y varias corporaciones extranjeras en los Estados Unidos, intereses que estaban su-jetos a tributación en Puerto Rico; que ninguna de esas cor-poraciones extranjeras tenía oficina o agente en Puerto Rico; que, por tanto, las varias corporaciones domésticas debieron haber retenido en Puerto Rico la cantidad debida en concepto de contribuciones al Pueblo de Puerto Rico. El interés ya no se adeudaba, sino que había sido satisfecho por estas cor-poraciones domésticas a las ameritadas corporaciones ex-tranjeras.

La principal alegación de la contestación fné la de que estas deudas no tenían un situs imponible en Puerto Rico; además, que la ley o leyes a virtud de las cuales el Tesorero trataba de cobrar estas contribuciones, rectamente interpre-tadas no imponían una contribución sobre intereses a estas corporaciones; que a tenor de la teoría de que las deudas de intereses no tenían un situs imponible en Puerto Rico, la con-testación expresó que todas las deudas por las cuales se tra-taban de cobrar intereses se habían contraído en Baltimore, Maryland, adonde se adeudaba todo el dinero; que deducir las contribuciones de la cantidad de intereses adeudados vio-laría la obligación de un contrato, toda vez que la totalidad de los intereses era adeudada en Baltimore, Maryland.

La sección 3 de la Ley No. 43 de 1921, tal cual está en vigor, lee como signe:

“Todos los ingresos definidos en esta Ley, que sean recibidos o devengados por ciudadanos de los Estados Unidos o extranjeros, re-sidan o no en esta isla, y por toda corporación, asociación o socie-dad, organizada o constituida en Puerto Rico, en los Estados Uni-dos o en el extranjero y que hicieren negocios en esta isla, directa-mente, o por medio de agentes o representantes, o que en cualquier forma deriven ingresos de fuentes radicadas en esta isla, o de la venta en Puerto Rico, o en el exterior, de frutos, productos o manu-facturas recolectados, producidos o manufacturados en Puerto Rico, estarán sujetos al pago de la contribución sobre ingresos que por esta Ley se establece.
“En el caso de una sucesión o de una comunidad de bienes, los ingresos se calcularán individualmente en la parte proporcional que a cada heredero o partícipe corresponda, según ley.”

La sección 19 de la Ley No. 74 de 1925 dispone lo si-guiente :

“Sección 19. — (a) En el caso de un individuo no residente que no sea ciudadano de Puerto Rico las siguientes cantidades de in-greso bruto serán consideradas como ingreso derivado de fuentes radicadas dentro de Puerto Rico;
“(1) Intereses sobre bonos, pagarés u otras obligaciones de re-sidentes, que devenguen intereses bien sean personas naturales o ju-rídicas. ’ ’

El demandante excepcionó la contestación. El caso fné sometido a la Corte de Distrito de San Juan mediante ale-gatos, y la corte sostuvo la excepción previa del G-obierno.

Por regla general, probablemente sin excepción, los inmuebles no son imponibles salvo en el sitio en que están ubicados. En forma similar, muy generalmente no puede im-ponerse contribución a bienes muebles tangibles salvo en el sitio en que se bailan. Safe Deposit & Trust Co. of Baltimore v. Virginia 280 U. S. 83, y casos allí citados. Los tribunales, cuando se trata de tales bienes tangibles, se ban ne-gado a seguir la máxima Mobilia sequuntur personam, y ban resuelto que sólo se debe acudir a ella cuando la convenien-cia y la justicia lo requieren; que el uso principal de una fic-ción legal es para evitar una injusticia. Union Transit Co. v. Kentucky, 199 U. S. 194, 208.

Tremendas dificultades ban surgido sobre la materia del situs para la tributación de bienes intangibles como bonos, pagarés, cuentas corrientes, y otras evidencias de crédito. Hasta una época comparativamente reciente, la teoría de nn gran número de estados era qne los bienes intangibles podían ser objeto de contribución no sólo en el domicilio del dueño, sino que, para varios fines, en el domicilio del deudor tam-bién. Blackstone v. Miller, 188 U. S. 109, es quizá el caso principal sobre la materia. La opinión fué escrita por el Juez Asociado Sr. Holmes, disintiendo el Juez Asociado Sr. Wbite. Los beclios fueron que un residente de Illinois había dejado más de cuatro millones de dólares en depósito en Nueva York, probablemente, según se imaginó la corte, para inversión fu-tura. El dueño de este dinero o valores falleció. El estado trató de imponer una contribución sobre traspaso de heren-cia, y la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que Nueva York podía legalmente hacer eso toda vez que la con-tribución era sobre un traspaso del dinero, y puede decirse que por la razón de la protección dada por Nueva York pro-porcionaba los medios de cobrar ese dinero y de que se daba validez a la deuda por el hecho de que la ley del lugar en que se encontraba el deudor lo haría pagar. El tribunal tam-bién resolvió que la máxima Mobilia seqmmtur personam sólo debía ser invocada cuando la equidad y la justicia lo reque-rían, y que no podía ser invocada con éxito en Blackstone v. Miller.

Ese caso fué seguido en grande escala por varias cortes de los Estados Unidos. Recientemente, sin embargo, en Farmers Loan Co. v. Minnesota, 280 U. S. 204, el tribunal, por voz de su Juez Asociado Sr. McReynolds, dijo:

“El caso de Blackstone v. Miller, supra, y ciertas opiniones aprobatorias del mismo, prestan apoyo a la doctrina de que ordi-nariamente, dioses in action están sujetos a contribución tanto en el domicilio del deudor como en el del acreedor; que dos estados pueden imponer contribuciones, basándose en principios diferentes o más o menos inconsistentes, sobre el mismo traspaso testamentario de tal propiedad sin que ello viole la Enmienda XIY. La tenden-cia inevitable de ese criterio es perturbar las buenas relaciones en-tre los estados y producir la clase de descontento que se esperó se apaciguaría después del establecimiento de la Unión. The Federalist, No. VII. El electo práctico del mismo lia sido malo; tal vez las dos terceras partes de los estados han tratado de evitar el mal recurriendo a leyes de exención recíprocas. Ha sido fuertemente atacado en principio. Habiendo reconsiderado los argumentos que lo sostenían a la luz de nuestras opiniones más recientes, estamos obligados a declararlo insostenible. Blackstfone v. Miller no puede ya considerarse como una correcta exposición de la ley vigente; y, para evitar malas interpretaciones, se revoca definitivamente.
“Se han expuesto cuatro criterios distintos con relación al situs para la tributación de obligaciones públicas negociables. Uno lo fija en el domicilio del dueño; otro, en el del deudor; el tercero, en el sitio en que se hallan los instrumentos — físicamente—; y el cuarto, dentro de la jurisdicción donde el dueño ha hecho que ellas lleguen a ser parte integrante de un negocio localizado. Si cada estado puede adoptar uno de estos criterios y en tal virtud imponer contribucio-nes, evidentemente los mismos bonos pueden declararse presentes en dos, o tres, o cuatro sitios al mismb tiempo, a los fines contributivos. Una posibilidad tan alarmante sugiere una premisa errónea.”
“Si bien las deudas no tienen un situs territorial real, hemos de-clarado que un estado puede aplicar propiamente la regla mobilia sequuntur personam, y tratarlas como localizadas en el domicilio del acreedor para fines de contribución. Los bienes tangibles con un situs permanente, y su traspaso testamentario, sólo pueden ser tributados por el estado en que se encuentran. Y, a nuestro juicio, las razones generales declaradas como suficientes para impedir que se les impongan contribuciones por dos estados, se aplican, bajo las presentes circunstancias, con no menor fundamento, a los intangibles con situs imponible por la debida aplicación de la ficción legal. Las condiciones primitivas han dejado de existir; los negocios se llevan a cabo ahora en una escala nacional. Una gran parte de la riqueza del país está invertida en valores negociables, cuya protec-ción contra discriminación y contribución injusta y opresiva, es ma-teria de gran trascendencia. Hace veinticuatro años, el caso de Unión Refrig. Transit Co. v. Kentucky, supra, declaró: ‘. ... en vista del enorme aumento de tales bienes (muebles tangibles) desde la intro-ducción de los ferrocarriles y el desarrollo de las fábricas, la ten-dencia ha sido, en años recientes, tratarlos como que itienen su propio situs para fines de tributación, y, correlativamente, eximirlos en el domicilio del dueño.’ Y, en verdad, las condiciones existentes de-mandan no menos imperativamente la protección de elwses in action contra tributos múltiples, bien siguiendo una aplicación errónea de una ficción legal, o teorías contradictorias sobre el derecho de un so-berano a imponer contribuciones. Por muchos años la corriente de las decisiones aquí ha seguido esa dirección.
“La tributación es algo'intensamente práctico, y las leyes relati-vas a ella deben ser interpretadas y aplicadas de manera que se evi-ten, basta donde fuere posible, consecuencias injustas y opresivas. Hemos determinado que por lo general los bienes intangibles pueden ser propiamente objeto de contribución en el domicilio de su dueño, y no podemos bailar razón suficiente' para decir que no tengan de-recho a disfrutar de la inmunidad contra la imposición de contribu-ciones en más de un sitio, al igual que la que se le otorga a los tangibles. La diferencia entre las dos cosas, aunque bastante obvia, pa-rece insuficiente para justificar la dura y opresiva discriminación contra los bienes intangibles que se propugna a favor de Minnesota.
“El caso de Railroad Convpany v. Pennsylvania—‘State Tax on Foreign Held Bond Case’15 Wall. 30, 320, claramente resolvió que el estado carecía de facultad para imponer contribuciones al dueño de bonos de una corporación ferroviaria doméstica, expedidos y pa-gaderos fuera de sus límites cuando fueron librados a, y se halla-ban en posesión de, ciudadanos y residentes de otro estado. Por voz del Juez Asociado Sr. Field, la corte allí dijo:
“ ‘Pero las deudas de una corporación, como las de los individuos, no son bienes de los deudores.en sentido alguno; son obligaciones de los deudores, y sólo tienen valor en manos de los acreedores. Con ellos, son bienes, y en sus manos pueden ser objeto de tributación. Designar las deudas como bienes del deudor es, sencillamente, hacer mal uso de los términos. Todos los bienes que puedan haber en las deudas de las corporaciones, pertenecen a los acreedores, a quienes son pagaderas, y siguen el domicilio de éstos, cualquiera que sea. Sus deudas no pueden tener una localidad separada de las partes a quienes se les deben. Este principio puede ser expuesto en muchas y diferentes maneras, y sostenido por citas de numerosos fallos, pero ningún níunero de autoridades, ni forma de expresión alguna, po-dría agregar nada a su obvia verdad, que se reconoce por su simple enunciación.’ ”

El Juez Asociado Sr. Stone estuvo conforme con el resul-tado, y los Jueces Asociados Sres. Holmes y Brandéis disintieron.

La excepción notable a la aplicación de dicha máxima es cuando el dueño de valores establece una agencia en otra ju-risdicción para préstamos o inversiones, o algo similar, según se demuestra en el caso de Bristol v. Washington County, 117 U. S. 133.

La apelante hizo mucho hincapié en el hecho de que la Le-gislatura de Puerto Rico no tuvo la intención de imponer una contribución a los intereses pagados cual en este caso. La lectura que hemos hecho de la ley nos conduce a una conclu-sión opuesta. Creemos que fue la intención imponer una con-tribución sobre ingresos derivados de cualquier fuente en Puerto Rico, y que las palabras referentes a frutos y otros géneros mencionados en la ley sólo eran aplicables a las ventas.

Hemos dicho que los intereses fueron en realidad de verdad satisfechos a los acreedores en Baltimore. La contribución se impone sobre los acreedores o el crédito. Las varias leyes de la Legislatura no impusieron pena alguna sobre un deudor que dejara de retener los derechos sobre intereses que se alegaran adeudados. Una duda seria, surge, de si cae dentro del poder de la Legislatura obligar a una corporación local a pagar contribuciones que real y fundamentalmente son pagaderas por otras personas.

Para resumir el punto principal. La posición de la Corte Suprema de los Estados Unidos es que así como los bienes inmuebles y muebles tangibles, bajo un debido proceso de ley únicamente pueden tener un solo situs para tributación, de igual .forma, con muy limitadas excepciones, los bienes intangibles deben tener un solo situs para fines de contribución. A la máxima Mobilia seguuniur personam, en bien de la justicia y la conveniencia, se le da la más amplia aplicación posible. Véanse, además, Safe Deposit & Trust Co. v. Virginia, supra, y Baldwin v. Missouri, 281 U. S. 586.

Debe revocarse la sentencia apelada y declararse la de-ma/nda sin lugar.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Porto Rican Leaf Tobacco Company, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, recurrido
    No. 848.

    Sometido: Mayo 28, 1931.

      Resuelto: Julio 20, 1931.

      J. H. .Brotan, C. Buiz Nazario y ó?. B. González, abogados de la re-currente; el registrador recurrido compareció por escrito.

       Nota: Véase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

En un contrato de refacción agrícola,'al que se refiere el presente caso, aparece una cláusula cuyo texto literal es como sigue:

“El agricultor grava a favor de la Compañía cualquier rema-nente que resulte de la liquidación del tabaco cosechado de acuerdo con el presente contrato, para garantizar cualquier deuda que en el momento de efectuarse tal liquidación tenga contraída el agricultor con la Compañía y sea entonces exigible al agricultor, hasta la suma de cinco mil dollars.”

El Registrador de la Propiedad de Guayama, al presen-társele para anotación el referido contrato, puso la siguiente nota:

"Anotado el precedente contrato, complementado por otro de ampliación entre las mismas partes, en cuanto a la cláusula del mismo que fué anteriormente denegada, con vista de la resolución de la Hon. Corte Suprema de Puerto Rico en el caso No. 840 de The Porto Rican Leaf Tobacco Company v. Reg., de fecha 30 de abril de 1931, limitándose la anotación de la mencionada cláusula a las deudas provenientes de uno u otro contrato de refacción (el original y su ampliación) y denegándose la anotación de la referida cláusula en cuanto a cualquier otra deuda que no proceda de dicba refacción, to-mando en su lugar anotación preventiva por 120 días de acuerdo con la ley al folio 217 vuelto del tomo 11 de C. A. de Cidra, finca No. 475, anotación D.”

En el caso Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador de la Propiedad de Guayama, No. 840, resuelto en 30 de abril de 1931, 42 D.P.R. 180, dijimos lo siguiente:

“En el presente caso el contrato en conjunto pretende ser una ampliación del convenio anterior sobre refacción agrícola por mil quinientos dólares ya recibidos por el agricultor. La cláusula que ahora tenemos bajo nuestra consideración debe ser interpretada en relación con su contexto. Es parte de un contrato sobre refacción agrícola. Fuera de la ausencia de cualquier limitación sobre la na-turaleza de la deuda, nada hay que indique que las partes tenían en mente ningunas relaciones de futuros negocios que esencialmente fuesen distintas a las ya existentes entre ellas. Excepto en tanto fuesen ampliados por la cláusula en cuestión, ambos contratos se re-ferían exclusivamente a siembra y cultivo de tabaco. Cualesquier anticipos para refacción agrícola, en exceso de las sumas especifica-das como tales anticipos en cualquiera de los dos contratos, o en ambos, y hasta una suma adicional de $2,500, serían indudablemente una ‘deuda’ existente al tiempo de la liquidación, a menos que fue-sen pagados antes de ese tiempo. Cualquier saldo en descubierto a favor de la compañía después de extinguida la garantía fijada en el contrato original, formaría parte de tal deuda. Es una inferencia lógica que el pensamiento predominante entre las partes fué una ga-rantía adicional por los anticipos ya hechos y la posibilidad de an-ticipos adicionales para refacción agrícola, no obstante el hecho de que el lenguaje usado era lo suficientemente amplio para abarcar cualquier otra forma de deuda existente al tiempo de la liquidación. De todos modos, cualquier saldo en descubierto bajo el contrato original y cualesquier anticipos futuros en exceso de los $800 especi-ficados en el nuevo contrato, estaban incluidos en la deuda garanti-zada por la cláusula en cuestión. En tanto en cuanto dicha cláu-sula se refiere a una deuda proveniente de uno u otro contrato de refacción agrícola, no debió haber sido excluida.”

La nota puesta por el registrador de la propiedad, se ajusta a la letra y espíritu de la ley vigente en la materia y a la doctrina contenida en la resolución que acabamos de citar.

Por tales razones, debemos confirmar la nota recurrida.

El Juez Asociado Señor Hutcbinson, disintió.


author: El Juez Asociado Señob Texidoe,

text:
    Manuel Martorell, demandante y apelante, v. Crédito y Ahorro Ponceño, demandada y apelada.
    No. 5094.

    Sometido: Junio 17, 1930.

      Resuelto: Julio 21, 1931.

      R. Rivera Zaym y F. Rodríguez Alverio-, abogados de la apelante; ■ Miguel Marcos Morales, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señob Texidoe,

emitió la opinión, del tribunal.

Manuel Martorell y su esposa Pilar Torres Vázquez por escritura otorgada en 22 de septiembre de 1921 constituye-ron primera hipoteca en favor del Crédito y Ahorro Ponceño, banco constituido en Puerto Rico, por $2,000 de capital, $200 para intereses que se devengaran al tipo del 10 por ciento anual, y $500 para costas y honorarios de abogado en su caso, a vencer el 30 de marzo de 1922 y gravando una finca cuya descripción, según la escritura, es como sigue:

“Ubbana: Casa de concreto, de una planta, techada de hierro galvanizado, que mide 9 metros y 10 centímetros de frente por ocho metros y ochenta centímetros de fondo, con un martillo construido de concreto armado, de cinco metros y ochenta y un centímetros de largo por tres metros y setenta y tres centímetros de ancho, en un solar que mide diez y seis metros de frente por sesenta y nueve metros de fondo, o sea de una superficie de mil ciento cuatro metros cuadrados; colindando, entrando, que es el Sur, con terrenos de doña Manuela Espina Rivera de Solares; por la izquierda, que es el Norte, con casa de Manuel Pontón Santiago y terrenos de Ether - vina Santiago; por el fondo, que es el Este, con el río de ‘La Plata’; por el frente, que es el Oeste, con la calle de Eduardo G-iorgetti, del pueblo de Comerío, en que radica.”

Venció el crédito hipotecario y el Crédito y Ahorro Pon-ceño en 8 de enero de 1926 presentó una demanda o inició un procedimiento ejecutivo hipotecario contra el referido Mar-torell, fundándose en el crédito ya mencionado. Siguió la eje-cución adelante y terminó subastando y rematando una finca de Martorell de que se hablará más adelante.

En su demanda en el caso presente Manuel Martorell alega la existencia de ese procedimiento hipotecario; que en 6 de julio de 1922 Martorell, por conducto de Belisario Boscana, que era agente autorizado del demandado Crédito y Ahorro Ponceño, abonó a cuenta del crédito referido, la suma de $1,000 y le fué concedida una prórroga por los otros mil dóla-res hasta el 30 de marzo de 1923, previo pago de intereses; que en 8 de junio de 1923 y por conducto del mismo agente, Martorell abonó al Crédito y Ahorro Ponceño, a cuenta de capital e intereses, $603.85, quedando pendiente la suma de $500, interereses capitalizados hasta el 8 de diciembre de 1923, fecha a que fué prorrogado el crédito; que el 30 de julio de 1924 y por conducto del mismo agente Sr. Boscana, el deman-dante pagó al Crédito y Ahorro Ponceño a cuenta del capital, la suma de $300, quedando reducida la deuda a .$200 y sus intereses; que el Crédito y Ahorro Ponceño al iniciar el procedimiento ejecutivo hipotecario, a sabiendas y malicio-samente, declaró falsamente en el hecho cuarto del escrito inicial de tal procedimiento, acerca de la cuantía líquida de la reclamación, omitiendo señalar categóricamente las cantidades ciertas cobradas por intereses o a cuenta del capital de la deuda; que en la escritura de constitución de hipoteca se había cometido un error al describir la finca objeto del con-trato, apareciendo ella como de concreto armado y siendo su verdadera descripción la que sigue:

“Uebana: Una casa de una planta, construida de maderas so-bre base en parte de concreto, techada de hierro galvanizado, desti-nada para habitación, que mide nueve metros setenta centímetros de frente por ocho metros ochenta centímetros de fondo, al que tiene anexo un martillo construido de los mismos materiales, que mide cinco metros setenta y tres centímetros de ancho, destinado para co-cina y otras dependencias,”

cuya descripción es la que consta de la escritura de adquisi-ción de tal finca por Manuel Martorell en fecha' 20 de junio de 1921; que a fines del año 1923 y principios del 1924 Mar-torell, con dinero de la sociedad de gananciales, construyó sobre parte del solar descrito en la escritura de constitución de hipoteca una nueva casa cuya descripción es la siguiente:

“URBANA: Edificio de una planta con un mirador, construido todo de concreto armado y techado de hierro galvanizado, situado en el pueblo de Comerío, cuyas dimensiones son la planta baja de treinta y cinco metros con veinte centímetros de fondo, por trece metros con ochenta centímetros de frente, y el mirador tiene quince metros de fondo por trece metros con ochenta centímetros de frente. Está enclavada sobre terrenos propiedad de Manuel Martorell, entonces colindando el terreno por el Oeste o frente con la calle Eduardo G-iorgetti; por su derecha entrando, al Sur, con terrenos propiedad de Manuela María Asunción Espina de Solares; por su izquierda al Norte con solar y casa de Manuel Pontón Santiago y con terrenos de Ethervina Santiago Rivera; por el Este o fondo con el río de ‘Plata’,”

y cuyo Valor es de $14,800 y renta $150 mensuales; que tal casa fue puesta en la subasta del ejecutivo hipotecario citado, rematada y adjudicada a Juan B. Carmona en tal procedi-miento ; que el demandante ha sufrido daños y perjuicios por consecuencia de tal procedimiento ejecutivo hipotecario y los estima en la suma de $28,000, comprendidos el importe de las casas, solar y rentas y sus sufrimientos morales.

Contestó esta demanda el Crédito y Ahorro Ponceño acep-tando la existencia del ejecutivo hipotecario y negando que hubiera error en la descripción de la finca, negando la cons-trucción de nueva obra a costa de la sociedad de gananciales o de cualquier otro fondo, y el costo asignado en la demanda, neg*ando que esa nueva obra, si existía, hubiera sido rematada y entregada a Carmona, negando que por conducto de Beli-sario Boscana hubiera abonado Martorell $1,000 y cualquiera otra cantidad, negando que Boscana fuera agente autorizado o sin autorizar del Crédito y Ahorro Ponceño, negando la concesión de prórrogas y los pagos alegados en la demanda; negando que hubiera el Crédito y Ahorro Ponceño, a sabien-das y maliciosamente, o en cualquier forma, hecho declara-ción falsa en el escrito inicial del procedimiento ejecutivo sobre la cuantía líquida de la reclamación o sobre hecho al-gimo, negando la existencia de daños y perjuicios; alegando el estoppel por conducta basada en el conocimiento que Mar-torell tuvo de la escritura de hipoteca que le fue leída sin que rectificara la descripción, el estoppel por negligencia y por falsa representación, el estoppel por silencio y el estoppel de deudor que no puede alegar que es otra la finca ^hipotecada.

Se siguió el juicio y se presentó en él la evidencia y la corte dictó una sentencia declarando que la ley y los hechos están a favor de la parte demandada y sin lugar la demanda, con costas al demandante. Éste ha apelado de tal sentencia y presenta a nuestra consideración distintos señalamientos de error que examinaremos hasta donde fuere necesario.

El primer señalamiento es como sigue:

“1. — La corte inferior incurrió en manifiesto error al declarar que la suma reclamada en el procedimiento ejecutivo por el deman-dado Crédito y Ahorro Poneeño en la alegación cuarta del escrito inicial señalaba categóricamente las cantidades ciertas cobradas en concepto de intereses o a cuenta del capital de la deuda, así como también declarando la misma como la cuantía líquida a que tenía derecho el acreedor hipotecario, y admitiendo evidencia sobre esti-pulaciones de pago fuera de lo contenido en el contrato hipotecario. ’ ’

Indudablemente éste es uno de los más importantes seña-lamientos de error presentados en el caso.

La cláusula segunda de la escritura de 22 de septiembre de 1921 por la que se constituyó la hipoteca, dice así :

“A la seguridad del exacto solvendo de la expresada cantidad de dos mil dollars de principal, doscientos dollars por intereses y qui-nientos dollars para costas y honorarios de abogado, que también se compromete a satisfacer en el caso de que se proceda judicialmente al cobro de la deuda, el referido primer compareciente don Manuel Martorell Sabino, con el expreso consentimiento de su esposa tam-bién compareciente doña Pilar Torres Vázquez, constituye primera hipoteca voluntaria a favor de su mencionada acreedora ‘Crédito y Ahorro Poneeño, Incorporada’, sobre la finca agrupada que se describe en el precedente tercero de esta escritura, respondiendo dicha finca de las sumas que se dejan especificadas y permaneciendo con este gravamen hasta ínterin esta obligación quede totalmente extin-guida.”

Hemos visto cuidadosamente el escrito inicial del proce-dimiento hipotecario a que se hace referencia en este litigio. Insistimos en que el verdadero nombre y carácter es el de “escrito inicial,” porque así lo llama la ley, que parece ha querido de una manera expresa eliminar el nombre de “de-manda.” En tal escrito aparece, bajo el No. 4, la siguiente manifestación: •

■ “Que vencido este inédito hipotecario en marzo 30 de 1922, el demandado hizo abonos que lo han reducido a novecientos dos dó-lares y quince centavos, capitalizados intereses hasta el 30 de julio de 1925, sin que hasta la fecha el dicho demandado haya satisfecho el todo ni parte de este remanente de novecientos dos dólares y quince centavos, ni los intereses al tipo de diez por ciento anual con-venido, devengados desde julio 30 de 1925 y hasta el presente.”

Se trata de un procedimiento especial de carácter suma-rísimo en el que se suprime gran número de los trámites del antiguo procedimiento ejecutivo, en beneficio de garantías que pudiéramos calificar de extraordinarias para el acreedor, sin que desaparezcan otras garantías que el deudor, desde la constitución de la hipoteca, venía teniendo, pero sí la mayo-ría de los medios de defensa que en un procedimiento co-rriente y ordinario podía utilizar con más o menos éxito y con mayor o menor justicia el mismo deudor. Pero la misma naturaleza extraordinaria de este procedimiento, y la falta de estos medios de defensa exigen en el acreedor un cumpli-miento riguroso y exacto de los preceptos de la ley, sin omi-tir ninguno de los requisitos por ella exigidos, no sólo para que el procedimiento tenga todo el aspecto de legalidad ne-cesario, sino para que el juez que ha de examinar el escrito y documentos que se le unen, se sienta también garantido al dictar el auto para requerir al deudor para el pago, en la forma drástica, rápida, que el procedimiento establece.

El artículo 169 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria lee como sigue:

“Con el escrito inicial del procedimiento se han de presentar:
“El escrito a que se refiere este artículo, autorizado siempre con firma de letrado, enumerará los hechos y las razones jurídicas de-terminantes de la certeza, la subsistencia y la exigibilidad del cré-dito y de la competencia del juzgado; señalará categóricamente las cantidades ciertas cobradas en concepto de intereses o a cuenta del capital de la deuda, expresando también la cuantía líquida de la reclamación que por el solo acto de iniciar el procedimiento contraerá el acreedor, sujetándose a indemnizar cuantos daños y perjuicios irro-gare al deudor o a terceros interesados por malicia o negligencia en la fiel exposición de los hechos y las circunstancias que ha de apre-ciar el juez para autorizar el procedimiento y para continuarlo.”

Es posible que surja aquí la duda de si la falta de cum-plimiento de uno de estos requisitos, especialmente el que se refiere al señalamiento de cantidades ciertas cobradas por intereses o por capital, puede por sí sola originar la nulidad del procedimiento ejecutivo hipotecario. Pero si esos requi-sitos son necesarios para que el juez despache el auto de re-querimiento, y se omite alguno de ellos, es indudable que el auto de requerimiento despachado bajo esa omisión, no puede tener efecto ni validez legal alguna. El procedimiento es estricto y el cumplimiento de las condiciones o requisitos im-puestos al escrito inicial es indispensable, de tal manera que un escrito inicial en el que se omiten algunos de esos requi-sitos no puede ni debe ser considerado por el juez para des-pachar el auto de requerimiento.

La duda podría surgir acerca de si el incumplimiento de algunas de esas condiciones o requisitos no originaría más que una responsabilidad por daños y perjuicios.' Pero esta responsabilidad no puede tener otra base que la de que en el escrito se omitieron circunstancias o hechos indispensables para que el juez autorizara el procedimiento y lo continuara. Guando la ley requiere una forma especial y determinada de pedir ante un tribunal, la desviación de esa forma puede y debe, a nuestro juicio, originar la nulidad de todo procedimiento seguido sobre la base de esa incorrección.

En este caso no se expresa categóricamente, como manda la ley, las cantidades ciertas cobradas en concepto de inte-

reses o a cuenta del capital de la deuda. Para determinar la expedición del auto de requerimiento, esa expresión cate-górica y exacta es indispensable, ella no aparece y el auto de requerimiento basado sobre ese escrito inicial es nulo.

Se lia discutido en este caso acerca de la inclusión en cuenta de la hipoteca, de las cantidades pagadas por el Crédito y Ahorro Ponceño, por cuenta de Martorell, y por razón de seguros. Ciertamente, ése no fué uno de los extremos ex-plícitos de la demanda. Pero esas sumas aparecen de la prueba presentada por la misma parte demandada (páginas 99 y 105, transcripción de evidencia, exhibits 5 y 13). En esos asientos aparecen incluidas las sumas siguientes:

< (* * % * * * *
“X-273 Castos viaje a Comerlo en gestiones de cobro_$3.50
“M-133 Pagamos en Peb. 5/23, premio póliza seguro- 57.66
“K-169 Ints. desde Enero a Junio, 1924, 6 meses sobre
$500, y sobre $57.66, de la póliza_ 27. 80
“K-464 Idem Idem de Junio a Die. 1924_ 27. 80
“X-241 Pagamos en Peb. 6 del 24 renovación póliza_57. 66
“E-63 Pagamos en Peb. 19/25, renovación póliza_ 72.08”

Esto en lo que se refiere a pagos anteriores a la ejecu-ción del crédito hipotecario.

Ofrecida esta evidencia, aunque la demanda no hablara de la inclusión en la suma adeudada de esos conceptos, no com-prendemos en qué forma podríamos negarnos a ver lo que está hiriendo tan vivamente nuestra inteligencia. Las cantidades que pudiera adeudar Martorell al Crédito y Ahorro Ponceño por concepto de pago de primas de pólizas de seguros, no pu-dieron nunca incluirse en la deuda hipotecaria, a los fines de la ejecución de ese crédito, porque no estaban aseguradas con la hipoteca. Yéase la decisión en Santos v. Crédito y Ahorro Ponceño, 41 D.P.R. 946, en donde dijimos:

“En el caso de autos, la fraseología de la cláusula mediante la cual se creó la hipoteca es demasiado palmaria para admitir inter-pretación. El hecho de que el deudor hipotecario, en párrafos pos-teriores del mismo documento asumiera ciertas obligaciones perso-nales, no puede servir de ampliación de la hipoteca para garantizar el cumplimiento de la obligación, a falta de evidencia de esa in-tención. Ni el interés de la deuda para con el banco, ni el dinero satisfecho por él al notario y al registrador de la propiedad, fueron incluidos en la hipoteca. El procedimiento ejecutivo fué nulo. Este resultado no lo afecta el hecho (también señalado por el juez sen-tenciador) de que al prorratearse el producido de la venta entre el banco y Benigno Díaz, el banco, después de la adquisición de la finca gravada, renunció su reclamación sobre los intereses y el reem-bolso de cualquier gasto en concepto de honorarios del notario y del registro.”

Si estimamos que el procedimiento ejecutivo hipotecario fué nulo, no hay necesidad de resolver acerca de los demás señalamientos de error, con excepción del octavo, fun-dado en que la corte no consideró las alegaciones de la demanda y la prueba en cuanto a los daños y perjuicios.

Argumentando este error el apelante dice así:

“La Corte no entró a considerar este punto como consecuencia de la opinión a que llegó con respecto a la causa de acción. Noso-tros sostenemos que habiendo errado la corte en las cuestiones fun-damentales envueltas en este litigio, cometió también error al no considerar y resolver sobre la prueba presentada con respecto a los daños y perjuicios.”

En efecto: la corte en la relación del caso y opinión en-tendió innecesario considerar la materia de indemnización de daños y perjuicios, porque creyó que el procedimiento ejecu-tivo hipotecario era válido. Si no lo fué, se impone tratar ese extremo.

Debe revocarse la sentencia apelada, en lo que se refiere a la validez del procedimiento ejecutivo hipotecario; y en lo que toca a la reclamación de daños y perjtiicios devolverse a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsis-tentes con esta opinión.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Elíseo Combas Guerra-Mondragón, demandante y apelado, v. Pedro G. González, demandado y apelante.
    No. 5767.

    Sometido: Julio 13, 1931.

      Resuelto: Julio 21, 1931.

      E. García Gapella, abogada del apelante; Molina, Dubón <& Ocho-teco, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Solicítase en este caso la desestimación del recurso por no haberse archivado la transcripción de los autos en esta Corte Suprema dentro del término de ley.

De la moción y de la certificación presentada unos días después resulta que interpuesta la apelación el 25 de marzo último, fueron solicitándose prórrogas por el apelante para, que el taquígrafo preparara la transcripción hasta fines de junio en que venció la última de treinta días concedida el 29 de mayo. El 1 de julio se solicitó por el apelante otra pró-rroga que fué, como tenía que ser, denegada por la corte de distrito. La certificación, que está expedida por el secreta-rio de la corte, afirma además que hasta el 3 de julio no se había presentado en la corte exposición del caso, ni trans-cripción alguna de evidencia. También que el apelante no ha beclio consignación de fondos para el pago de los honorarios del taquígrafo.

Así las cosas, el 3 de ¡julio se presentó la moción de deses-timación. Notificada la parte contraria, alega que la deses-timación no procede porque de acuerdo con la ley tiene treinta días contados a partir del 3 de julio para archivar los autos.

No tiene razón el apelante. El término de treinta días que fija la ley se cuenta a partir de la aprobación de la expo-sición del caso o de la transcripción de evidencia. Mientras esos documentos se están tramitando legalmente en el tribunal sentenciador, como es natural, el. término no comienza a correr, pero cuando cesa su tramitación como en este caso, no a virtud de la aprobación, sino por declarar la corte que carece de facultades para continuarla, que es lo que significa la negativa de la corte de 3 de julio, es como si nada exis-tiera, porque nada válido existe en verdad, y entonces hay que ir a la otra fecha fija que existe, la de la interposición del recurso, para la computación del término de treinta días, y computado así el término, hay que reconocer que feneció desde fines de abril de 1931 y concederle por tanto la razón al apelado. Debe aclararse que no sólo no se han archivado en esta corte los indicados documentos, si que también el le-gajo de la sentencia que en ciertos casos como por ejemplo en el de sentencias sobre las alegaciones permite tramitar los recursos basándose solamente en él.

Dede desestimarse el recurso.


author: El Jxmz Asociado Señob Aldeey,

text:
    Alfredo Amieiro, demandante y apelado, v. Antonio Charrón y su esposa Rosa Pesante, demandados; M. Grau e Hijos, tercerista y apelante.
    No. 5100.

    Sometido: Abril 23, 1930.

      Resuelto: Julio 21, 1931.

      José Sabater, abogado del tercerista apelante; Eivrique Báez García, abogado del apelado.
   El Jxmz Asociado Señob Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Amieiro demandó en la Corte de Distrito de Ma-yagíiez a Antonio Charrón y a su esposa para que le pagasen $467.82 de mercancías que les había vendido sin que se las satisficieran y por $2,000 de un pagaré vencido, con intereses convenidos en el mismo del 1 por ciento mensual, $100 para honorarios de abogado y las costas en caso de reclamación judicial.

El principal reclamado ascendía a $2,467.82 y para asegu-ramiento de la sentencia fué decretado el embargo por dicha cantidad, $100 convenidos por honorarios de abogado y $300 para costas e intereses, que suman $2,867.82; y fue trabado embargo en dos fincas, en un automóvil y en una póliza de se-guro contra incendio.

Después de dictada sentencia contra los demandados la compañía aseguradora entregó en la corte la cantidad de $1,500 en que fué liquidada la póliza por el incendio del esta-blecimiento comercial de los demandados, ocurrido el día anterior a la presentación de la demanda.

Solicitó el demandante qne los $1,500 le fueron entrega-dos a cuenta de sn sentencia y entonces la mercantil M. Gran e Hijos, qne en otro pleito snyo había embargado posterior-mente la póliza, presentó moción qne tituló de tercería en el pleito de Amieiro, en la qne alegó qne habiendo limitado Amieiro sn embargo sobre la póliza a $767.82, de los qne de-ben deducirse $300 por la condena en costas qne es impro-cedente por haberse dictado la sentencia en rebeldía, la dife-rencia debe ser entregada a M. Gran e Hijos cuya reclama-ción es de $1,265. También alegó qne la reclamación de Amieiro es en parte simulada y el resultado de nna conspi-ración para burlar a M. Gran e Hijos porque el pagaré qne cobró Amieiro es fraudulento.

El demandante solicitó qne la moción de M. Gran e Hijos fuese eliminada de los autos, y la corte resolviendo ambas mo-ciones ordenó que se entregasen a Amieiro los $1,500 y de-claró sin lugar la moción de tercerista M. Gran e Hijos. Es-tos han apelado esa resolución.

Los apelantes alegan dos motivos para sn recurso, qne en síntesis son: primero, haber permitido la corte qne Amieiro tomase los $1,500 para abonarlos a sn reclamación cuando la póliza estaba embargada solamente hasta $767.82, y, segundo, al no permitir prueba a los apelantes para sostener sn mo-ción.

Los apelantes no tenían derecho a impugnar la sentencia en cnanto a la simulación alegada del pagaré reclamado por Amieiro en nna moción, pues si tal simulación existe y por ella la sentencia es nula, tiene qne ser atacada la sentencia en un juicio de nulidad y no colateralmente, por lo que no cometió error la corte al no permitir prueba de ella en ese particular.

En cnanto al derecho que alegan tener los apelantes a parte de los $1,500 no era necesario qne se presentasen pruebas, pues éstas aparecen de las diligencias en el pleito de Amieiro. En él consta que al ser embargada la póliza Amieiro limitó su embargo en cuanto a ella a $767.82, renunciando así por acto propio a la mayor cantidad que produjese, por lo que sólo tiene derecho a que se le entregue de ella esa can-tidad, quedando el resto de $732.18 sujeto al embargo de M. G-rau e Hijos.

La cuestión de si de los $767.82 a que Amieiro limitó su embargo deben ser rebajados $300 por costas que se alega eran improcedentes en la sentencia en rebeldía, era ésta ma-teria impropia en la moción de M. Grau e Hijos, aparte de • que en el pagaré reclamado se obligaron los deudores a pa-gar $100 por honorarios de abogado y las costas.

La resolución apelada debe ser revocada y dictarse otra declarando que Alfredo Amieiro sólo tiene derecho a cobrar $767.82 de los $1,500 depositados por la liquidación de la pó-liza de incendio y que el resto de $732.18 quede sujeta al embargo que de ellos hizo M. Grau e Hijos.


author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

text:
    Henry G. Molina, demandante y apelado, v. Juan Fernando Pascual y Romana Bulerín, demandados y apelante el primero.
    No. 5118.

    Sometido: Marzo 4, 1930.

      Resuelto: Julio 21, 1931.

      Luis Méndez Yaz, abogado del apelante; Henry G. Molina, como abogado, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de San Juan fué presentada de-manda contra Juan Fernando Pascual y contra Romana Bu-lerín para que solidariamente pagasen al demandante la can-tidad de $7,500 sus intereses y costas, alegando para ello substancialmente que el dueño de cierta finca urbana cuya descripción se hace libró un pagaré por $7,500 con intereses, cuyo pago garantizó con hipoteca que constituyó sobre dicha finca: que el demandante es el dueño por endoso de ese pa-garé hipotecario: que el dueño de la finca hipotecada la ven-dió a Juan Fernando Pascual quien se hizo cargo de pagar esa hipoteca: que Pascual la vendió después a Romana Bu-lerín, su actual dueña, la que reservó del precio de su com-pra la cantidad de dicha hipoteca para pagarla: y que el pagaré está vencido según los hechos que consignó.

El secretario registró sentencia contra Romana Bulerín por no haber comparecido a contestar la demanda condenán-dola a pagar las cantidades reclamadas en ella. Pascual com-pareció y alegó excepciones previas contra la demandada.

Estando el pleito en ese estado el demandante solicitó de la corte que le concediera permiso para enmendar la súplica de sn demanda porque sn intención siempre fné qne la finca hipotecada fuese vendida en subasta y que si el precio obte-nido en ella no cubriese el importe de lás deudas reclama-das se cobrase la diferencia en otros bienes de los demanda-dos. La corte concedió el permiso interesado y habiendo or-denado qne se presentase nueva demanda así lo hizo el de-mandante reproduciendo en ella los mismos hechos de la anterior y variando la súplica de acuerdo con los términos dichos precedentemente.

Contra esa nueva demanda reprodujo el demandado Pas-cual las excepciones previas opuestas a la anterior demanda, y la demandada Bulerín presentó moción a la corte dándose por notificada de la nueva demanda, renunciando su derecho de apelación contra la sentencia registrada contra ella por el secretario y consintiendo en que fuese ejecutada desde luego. La corte ordenó que esa sentencia fuese ejecutada y en conse-cuencia fué vendida la finca en subasta y adjudicada al acree-dor por $4,000 para abono a su reclamación.

Las excepciones previas del demandado Pascual fueron declaradas sin lugar, contestó la demanda, y fué señalado día para juicio. Al comenzarlo solicitó dicho demandado que fuese anulada la sentencia dictada contra la Bulerín y su eje-cución porque fué impropiamente registrada por el secreta-rio ; porque él no fué notificado de la sentencia y porque tam-poco tuvo conocimiento de la subasta. La Corte rechazó las nulidades solicitadas y por méritos de la prueba condenó al demandado Pascual a pagar la cantidad de $7,500 sus intere-ses y costas pero disponiendo que toda vez que el demandante recibió $4,000 a cuenta de la deuda quedaba Pascual obligado solamente por la sentencia a pagar al demandante el balance de lo reclamado en la demanda o sea la cantidad de $3,500 como resto de la obligación más los intereses y costas, que es-pecifica.

Contra esa sentencia interpuso el demandado Pascual este recurso de apelación en el que señala tres motivos de error pero en el argumento resume los dos primeros en uno: el de haber sido infringidos los artículos 194, caso primero, en relación con el 96 del Código de Enjuiciamiento Civil y tam-bién los 315, 92, 123, 227 y 229 del mismo cuerpo legal.

Antes de resolver el primer motivo de error refundido queremos decir que los artículos citados del Código de En-juiciamiento Civil 315, 92, 123, 227 y 229 no tienen relación alguna con este caso, pues el primero de ellos se refiere a lo que es una moción y una orden: el segundo, según quedó en-mendado en 1915, a quiénes pueden hacer citaciones y a la manera de practicarlas: el tercero, como fué enmendado en 1911, a las mociones de eliminación de particulares de una alegación: el cuarto al tiempo dentro del cual el secretario deberá registrar sentencia de acuerdo con la decisión de una corte: y el quinto trata de la sentencia cuando la cuantía de la reconvención excede a la de la demanda.

Queremos decir también que la sentencia contra Romana Bulerín descansa en la demanda que no contestó y que registrada sentencia contra ella no era necesario que después se diera por notificada de la demanda posterior.

El artículo 194, caso primero, del Código de Enjuicia-miento Civil dispone que si el demandado dejare de contes-tar la demanda en pleito que nazca de un contrato sobre pago de dinero el secretario de la corte, a instancia del deman-dante, anotará sentencia para el pago de la cantidad especi-ficada en la citación, con más las costas contra el demandado o contra uno o más de los varios demandados, en los casos previstos en el artículo 96, preceptivo éste de que cuando la acción es contra dos o más demandados responsables solida-ria o mancomunadamente en un contrato, y se hiciere la ci-tación a uno o más de aquéllos pero no a todos, el deman-dante puede proceder contra los demandados citados tal como si fueren los únicos demandados; y como en este pleito am-bos demandados fueron notificados de la demanda sostiene el apelante que no pudo registrarse sentencia en rebeldía contra Romana Bulerín.

El artículo '96 citado no es de aplicación en este pleito porque se refiere al caso de que a pesar de no haber sido citados todos los demandados responsables solidaria o mancomunadamente se puede dictar sentencia contra los demandados citados, por lo que habiendo sido citados los dos demandados en este pleito podía dictar sentencia contra cualquiera de ellos que dejare de contestar la demanda. El apelante cita algunos casos de California en apoyo de su contención, pero ellos se refieren a casos de obligaciones mancomunadas (joint) y no a solidarias como son las reclamadas en este pleito. Cuando una finca hipotecada es vendida diversás veces y cada uno de los compradores se hace responsable de pagar tal deuda, puede el acreedor dirigir su acción contra todos o contra alguno o varios de ellos para cobrar el déficit del fallo, derecho que es enteramente separado contra cada una de esas personas, ninguna de las cuales tiene derecho a insistir en que cualquiera de las otras sea demandada o unida en un fallo a favor del demandante. Robson v. O’Toole, 45 Cal. App. 63, 187 Pac. 110.

Dice también el apelante que no se le notificó la sentencia dictada contra la Bulerín, la ejecución seguida contra ella ni la subasta de la finca, pero tratándose de sentencia y ejecución contra un deudor solidario no era necesario noti-ficar esas actuaciones al otro obligado también solidariamente, pues eran acciones independientes, de tál modo que pudo haber sido demandada separadamente la Bulerín y cumplirse la sentencia condenatoria dictada contra ella y demandarse después a Pascual por el déficit no cubierto por la subasta de la finca hipotecada.

El otro motivo de apelación se enuncia así:

“Infracción de los artículos 1224 y 1079 del Código Civil y los 153, 112 y 148 de la Ley Hipotecaria, el 162 de su reglamento y el 1870 del Código Civil.”

Pox la enunciación de ese motivo de error no pnede sa-berse en qué concepto ban sido infringidos dichos artículos pero en la argumentación se sostiene que el comprador y ape-lante Pascual no tiene obligación de pagar la diferencia que resulta entre el precio de la venta en subasta de la finca hi-potecada y la deuda total garantizada por ella. Esta cues-tión ha sido resuelta por este Tribunal Supremo en los casos de Hilario Santos v. Moran, 32 D.P.R. 59 y en el de Trueba v. Rosales & Co., 33 D.P.R. 1027 en sentido contrario a la proposición del apelante. En el último de ellos se estable-ció concretamente la siguiente doctrina:

“Cuando el comprador o tercero poseedor de una finca hipote-cada no toma de su cuenta y cargo el pago del gravamen hipotecario, del que sólo es responsable mediante la simple adquisición de la finca hipotecada, su responsabilidad se extiende hasta donde alcance el producto de la venta en pública subasta para cumplir la sentencia, sin que pueda hacerse efectiva en sus bienes propios cualquier dife-rencia que no cubriese el montante de la hipoteca. Esto es así por-que una condena en una acción en cobro de dinero de pagar deter-minada cantidad puede ejecutarse en todos los bienes del condenado al pago hasta cubrir su importe, por lo que en casos como el pre-sente si la finca hipotecada no cubriere en venta el importe de la sentencia, podrían ser vendidos otros bienes de los condenados al pago para satisfacerla, todo ello sin haber contraído la obligación original o hacerse cargo de la misma para con el acreedor, teniendo que pagar el déficit que resultara en la venta de la finca. Por con-siguiente, no alegando la demanda que los demandados compradores de la finca hipotecada tomaron de su cuenta y cargo el pago de la hipoteca o que reservaron su importe del precio para satisfacerla, o que su responsabilidad quedaba limitada al producto de la venta, no expone hechos suficientes para la acción que en cobro de la cantidad garantizada con hipoteca se ejercita contra ellos, pues por otro lado ni siquiera se pide la venta del inmueble para el pago del crédito, elemento que se hace necesario aun cuando se haga la elección del procedimiento ordinario para el cobro.”

En el caso presente, al comprar Pascual la finca hipote-cada se hizo cargo ele satisfacer la deuda garantizada con la hipoteca constituida en garantía del pagaré y por esto es responsable de la diferencia que no cnbrió la venta en su-basta de la finca; sin que los artículos citados por el ape-lante estén en contra de lo expuesto en los casos citados.

El caso de Trueba no está en contra de la reclamación del apelado, como alega el apelante, pues si bien es cierto que se declaró sin lugar la demanda fue, como en ella se dice, por-que los compradores de la finca hipotecada no se hicieron cargo de pagar la hipoteca o reservaron su importe del pre-cio para satisfacerla, lo que no ocurre en el presente caso.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor está conforme con el re-sultado.


author: El Juez Asociado Señor Aldrev,

text:
    Bolívar Pagán, demandante y apelado, v. El Municipio de Luquillo, Puerto Rico, demandado y apelante.
    No. 5175.

    Sometido: Junio 19, 1930.

      Resuelto: Julio 21, 1931.

      Son. Attorney General Jamies B. Beverley y Tomás Torres Pérez, Subprocurador, abogados del apelante; el apelado compareció por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Aldrev,

emitió la opinión del tribunal.

El abogado Bolívar Pagán prestó servicios profesionales al municipio de Luquillo en un pleito que estableció para im-pedir que Juan Bemabe obstaculizara a los vecinos del mismo el uso de un camino vecinal y dicho municipio consignó en su presupuesto la cantidad de $300 para pagar dichos servi-cios. El Contador de Puerto Rico (Auditor) dispuso que ese presupuesto fuese reajustado y habiéndolo sido se con-signó también dicha partida, que nunca fué pagada al abo-gado a pesar de haberla reclamado varias veces y entonces dicho abogado presentó demanda judicial reclamando $600 como valor de sus servicios. La sentencia que recayó con-denó al municipio a pagar la cantidad de $300 y el deman-dado interpuso este recurso de apelación.

El único motivo alegado ante nosotros para que revoque-mos la sentencia es por no haber sostenido la corte inferior la defensa alegada por el municipio en su contestación a la demanda referente a que el cobro hecho por el apelado en los tribunales no es el adecuado y legal por ser contrario a las secciones 20 y 21 de nuestra Carta Orgánica. En otras pa-labras, que debió seguir el procedimiento administrativo es-tablecido en las secciones citadas acudiendo con su reclama-ción ante el Contador de Puerto Rico, con apelación ante el Gobernador de esta Isla, y no el procedimiento judicial por-que se trata de una deuda liquidada por el municipio y por-que la actuación del Contador de Puerto Rico hubiera re-suelto finalmente la reclamación.

Según la sección 20 referida el Contador de Puerto Rico examinará, fiscalizará y liquidará, de acuerdo con la ley y con los reglamentos administrativos, todos los gastos de fondos y de propiedad pertenecientes al gobierno de Puerto Rico y a los municipios o dependencias del mismo y sus decisiones serán finales a no ser que se apele de ellas dentro de un año para ante el Gobernador de esta Isla, como autoriza la sección 21.

La reclamación del abogado Pagán no estaba liquidada por el municipio, pues éste no tiene el derecho de fijar arbi-trariamente una cantidad determinada como remuneración del abogado que lo representó y defendió en el pleito. La fija-ción del valor razonable de tales servicios por falta de con-trato expreso es función judicial y no administrativa, pues el Contador no está autorizado por la ley para determinar cuál es dicho valor, por lo que el abogado tenía el derecho de acu-dir con su reclamación ante los tribunales de justicia, únicos que podían resolver su controversia con el municipio.

El caso de Laborde v. Municipio de Isabela, 38 D.P.R. 65, no favorece al apelante pues en él se trataba de pleito para cobrar servicios prestados al municipio de acuerdo con un contrato y habiéndose alegado como ahora que la reclamación debió hacerse por la vía administrativa, este tribunal dijo: “Con estos antecedentes, no podemos llegar a la conclusión de que fuera la intención del Congreso crear un tribunal especial o independiente en la persona del Contador de Puerto Rico. Las únicas palabras en la ley a ese efecto son las si-guientes: ‘Las decisiones del Contador serán finales, a no ser que se apele de ellas por la parte perjudicada o por el jefe del departamento interesado, dentro de un año, en la forma que se prescribe más adelante.’ Pero no vemos dis-posición alguna en tales palabras de privar a un ciudadano que efectúa un contrato con un municipio, de su derecho a demandar, o de su derecho a demandar sin acudir primera-mente al Contador.” En el presente caso no se trataba de si la partida por importe de honorarios del abogado debía incluirse o no en el presupuesto municipal sino de la recla-mación de pago por tales servicios y de la fijación de su cuantía. En el caso de Costas Purcell v. Municipio de las Marías, 37 D.P.R. 19, se trataba de una demanda judicial co-brando servicios prestados al municipio, y dictada sentencia absolutoria fue revocada por este tribunal condenando al pago, habiendo sido consideradas en él las secciones 20 y 21, supra. El caso de Costas Purcell v. Municipio de Yauco, 39 D.P.R. 57, es similar al antes citado y revocamos la sentencia abso-lutoria que había dictado la corte inferior fundándose en que el demandante no había agotado los recursos administrativos.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor. Wole,

text:
    Juana Rodríguez Santiago, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Bayamón, Hon Luis Samalea Iglesias, Juez, demandada.
    No. 755.

    Sometido: Abril 6, 1931.

      Resuelto: Julio 21, 1931.

      Molina, Diobcm é Oehoteco, abogados de la peticionaria; el juez de-mandado compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante instó un procedimiento ordinario, para recobrar un crédito hipotecario. Al mismo tiempo trató de obtener un embargo. La Corte de Distrito de Bayamón rehusó librar el embargo substancialmente por el fundamento de que el gravamen de la hipoteca suficientemente y prima facie protegía a la demandante, y que ésta no había hecho demostración alguna de no estar así protegida. La idea es que como ninguna propiedad puede propiamente ser embargada más de lo necesario, ningún embargo debe librarse cuando el demandante tiene ya una garantía completa. La teoría opuesta es que su derecho a embargar es absoluto. Este Tribunal está dividido en cuanto a si la corte inferior tenía o no discreción para librar el embargo bajo las circunstancias. Somos todos de opinión de que la negativa era ape-lable. Independientemente de todo esto, el libramiento de autos de certiorari y la consideración de asuntos en ellos sus-citados caen dentro de la sana discreción de esta Corte. La peticionaria no dió ningunos pasos aparentes del récord para hacer algunas de las alegaciones que la corte creía faltaban. Tales pasos son innecesarios cuando se invoca el derecho de apelación; pero generalmente esta Corte no ejercerá su dis-creción en favor de un peticionario en certiorari si no está convencida de que ha agotado sus medidas remediales en la corte inferior.

Por tales razones el auto de certiorari debe anudarse.


author: El Juez Asociado Señob Wole,

text:
    F. L. de Hostos & Co., demandante-apelante-apelada, v. José E. Madera, demandado-apelado-apelante.
    No. 5594.

    Sometido: Julio 13, 1931.

      Resuelto: Julio 21, 1931.

      E. H. F. Doitin, abogado del demandante-apelante; C. Honoré, abo-gado del demandado-apelado.
   El Juez Asociado Señob Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante, quien había obtenido sentencia, solicitó un mandamiento de embargo para cubrir ciertos fondos adeuda-dos al demandado y que estaban en poder del Tesorero de Puerto Rico. Posteriormente la corte anuló el embargo por el fundamento de que el certificado incautado no era embar-gable de acuerdo con la decisión de este tribunal en Crédito Ahorro Ponceno v. Colón, 36 D.P.R. 341. La demandante apeló, y el demandado solicita la desestimación del recurso por frívolo.

La apelante radicó nn alegato en el que sostiene qne las reglas relativas a fondos en poder del Gobierno ban sido va-riadas por la Ley de 1928, permitiendo pleitos adicionales contra El Pueblo de Puerto Rico. Si bien tenemos algunas dudas no estamos convencidos de que no puede baber algún mérito en la apelación.

Se declara sin lugar la moción.


author: El Juez Asociado Señok Wole,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Irizarry, acusado y apelante.
    No. 4231.

    Sometido: Febrero 11, 1931.

      Resuelto: Julio 22, 1931.

      22. Martínez Nadal y Colberg & Bar celó Jr., abogados del apelante; 22. A. Gómez, abogado de JSl Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Pedro A. Irizarry fué acusado de atentado a la vida. En el alegato del fiscal de esta corte bay un relato sustancial-mente correcto de la prueba testifical prestada durante el juicio:

“Un resumen de la prueba de cargo demuestra que el día 31 de enero de 1930 cuando faltaban dos o tres minutos para las seis de la tarde, bora de cerrar el establecimiento comercial situado en esta ciudad de San Juan en la esquina de las calles ‘Alien’ y ‘San Justo’, perteneciente a Swiggett Brothers, penetró en el estableci-miento en aparente estado de embriaguez el individuo Teodoro Ro-dríguez a pedir una limosna; que estando ya en el momento de ce-rrar el establecimiento se le dijo que no se le podía dar nada y como dicho individuo no quisiera salir del establecimiento, el jefe del mismo, Sr. Swiggett, ordenó a su empleádo Antonio Reyes que lo sacara; que en cumplimiento de dicha orden el empleado Antonio Reyes lo sacó del establecimiento por la puerta que del mismo da a la calle de ‘San Justo’, existiendo cierta confusión en la prueba con respecto a la forma en que fué sacado del establecimiento, pues mien-tras algunos testigos expresan que lo llevó hasta afuera, otros expre-san que le dio unos empujones y lo sacó afuera; que el individuo fué y se sentó en la acera de enfrente del establecimiento a través de la calle; que como a los cinco minutos de haber ocurrido esto se pre-sentó el acusado a la puerta del establecimiento que da a San Justo, tocando violentamente; que un empleado le abrió la puerta y el acusado penetró en dicho establecimiento preguntando en una forma alterada ‘quién era el que había cometido aquel abuso’; que enton-ces el dueño del establecimiento señalando a Antonio Reyes que es-taba allí junto a él le dijo: ‘éste fué el que lo sacó’; que inmedia-tamente el acusado se lanzó sobre Antonio Reyes agarrándolo y tra-tando de sacarlo a empujones del' establecimiento; que entonces el señor Swiggett le manifestó al acusado que no lo empujara que él iría con él también al cuartel acompañándolo; que a esta interven-ción del señor Swiggett levantó el acusado la macana que llevaba en la mano descargando un golpe que el señor Swiggett aguantó en la mano; que en ese momento el señor Federico Delgado, empleado del establecimiento, intervino diciendo repetidamente al acusado que no estropeara a nadie que no había necesidad, pues todos estaban dis-puestos a ir arrestados si era necesario y como el acusado se vol-viera también contra él en actitud agresiva, le aguantó la macana sol-tando ésta el policía y quedando dicha macana en las manos de Federico Delgado; que inmediatamente el acusado sacó su revólver del bolsillo donde lo llevaba y apuntó con él; que en ese momento Swig-get ordenó a Federico Delgado que devolviera la macana al acusado, lo que aquél hizo, tirándole entonces el acusado un golpe de puño a Federico Delgado que dió lugar a que Delgado y el acusado se em-puñaran sacando de nuevo el acusado su revólver y tratando Delgado de que no le disparara, expresándole entonces el acusado a Delgado que lo soltara que no le iba a disparar con el revólver, a lo que Delgado, atendiendo a esas manifestaciones, lo soltó y entonces el acu-sado le hizo un disparo a quema ropa a Delgado, produciéndole una herida en el vientre con perforaciones intestinales, herida que puso en peligro la vida del referido Federico Delgado.
“Dicha prueba de cargo demostró toda que el acusado no pre-senció lo ocurrido entre Teodoro Rodríguez y Antonio Reyes al 'sa-car éste a aquél del establecimiento, demostrando también dicha prueba que Teodoro Rodríguez se fué a quejar del hecho al acusado.
“La prueba de descargo, en resumen, tendió a demostrar que el acusado, que estaba actuando como policía de tráfico en la esquina de Allen y San Justo, presenció el hecho ocurrido entre Teodoro Ro-dríguez y Antonio Reyes y que vió que éste le dió unas patadas al primero al sacarlo de la tienda; que entró en la tienda a arrestar a Antonio Reyes y que allí todos le hicieron resistencia y que le aco-metieron; que le quitaron la macana y lo agredieron con ella y que en lucha que dicho acusado sostenía con Federico Delgado salió un tiro que hirió a dicho Federico Delgado, expresando el acusado en su declaración ante la corte que no sabe quién dispai’ó el tiro.”

El juicio se celebró ante el juez, quien declaró culpable al acusado y le sentenció a seis meses de cárcel. El primer señalamiento es que la corte erró al decidir que la actitud asumida por el acusado no estuvo justificada, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. La teoría del apelante necesariamente es que Pedro Irizarry, un policía, estuvo justificado al fiacer lo que hizo, en la tienda de Swiggett Brothers. Esta defensa, desde luego, dependería de los Lechos. La prueba tendió fuertemente a demostrar que el policía no vió a Antonio Eeyes cuando expulsó a Teodoro Rodríguez del establecimiento. Así, pues, Pedro Irizarry, aunque un policía uniformado, no tenía derecho a penetrar en la tienda de Swig-gett Brothers para practicar nn arresto sin mandamiento. El artículo 166 del Código de Enjuiciamiento Criminal dis-pone :

“Un oficial de orden público puede hacer un arresto en cumpli-miento de una orden que le haya sido entregada con tal fin, o puede, sin una orden de arresto, detener a una persona:
“1. Por un delito público cometido, o que se ha intentado co-meter, en su presencia.”

Surge además la cuestión de si el apelante en verdad vió que se cometiera un delito, suponiendo que él fuese testigo de todas las cosas que Antonio Beyes hizo al echar a Teodoro Bodríguez. En otras palabras, el apelante no puede estar se-guro a virtud de los hechos revelados, que Antonio Beyes había cometido un misdemeanor y que no estaba haciendo uso de la fuerza necesaria para desalojar a una persona que no tenía derecho a estar en el sitio.

Naturalmente, aunque un policía no tenga derecho a prac-ticar un arresto, si al tratar de hacerlo es indebidamente ata-cado, tiene derecho a defenderse como cualquier otro ciuda-dano. Sin embargo, un policía que penetra en un estableci-miento para practicar un arresto sin mandamiento no tiene más derechos que cualquier otro ciudadano.

Es innecesario que consideremos ampliamente la cuestión de si el apelante presenció la comisión de un misdemeanor. La jurisprudencia de este tribunal y de otras cortes es cons-tante en el sentido de que cuando un policía practica un arresto no tiene derecho a hacer uso de fuerza indebida. El Pueblo v. Cruz, 25 D.P.R. 327; El Pueblo v. Toro, 26 D.P.R. 45; 5 C. J. 25; y otros casos citados en el alegato del Fiscal.

La prueba de cargo tendió a demostrar que los que esta-ban en la tienda de Sw'iggett, particularmente Federico Delgado, trataron de impedir que el policía hiciera uso de fuerza indebida; que ellos protestaron de que estaban dispuestos a someterse al arresto. La prueba también tendió a demos-trar que- el policía, irascible y excitado, a nada prestaba oído, y que cuando Federico Delgado trató de impedir que él utili-zara la macana, él sacó su pistola y disparó contra Federico Delgado. De la evidencia que la corte tenía derecho a creer, se desprende que el acusado no tenía derecho a disparar contra Federico Delgado y que no estaba actuando en defensa propia.

El segundo señalamiento alega que la corte erró en la apreciación de la prueba. Según hemos indicado ya, la corte estuvo justificada en creer que Pedro Irizarry no vió que se cometiera delito alguno y no presenció el lanzamiento de Teodoro Rodríguez sino que basó su actuación únicamente en la queja que le hizo Teodoro Rodríguez. Asimismo la corte tenía derecho a creer que el apelante sin justificación alguna loara ello disparó contra Federico Delgado y lo hirió. Bajo las circunstancias del testimonio ante la corte, ésta estuvo justificada al creer que Pedro Irizarry no dijo la verdad en la silla testifical. Por ejemplo, él declaró que no disparó su pistola sino que ésta accidentalmente hizo fuego en la lucha entre Federico Delgado y él, cuando en realidad él había manifestado que se había visto obligado a usar su pistola. También declaró otros extremos en completa contradicción con las demás declaraciones prestadas por los testigos del gobierno, algunos de ellos no pertenecientes al establecimiento de Swiggett. Es curioso notar que al principio de su alegato el apelante dice que es innecesario invocar el principio del Código de Enjuiciamiento Criminal que da al policía el derecho a penetrar por la fuerza, toda vez que cuando él solicitó permiso para entrar la puerta le fué abierta personalmente por el señor Swiggett. En la silla testifical el policía declaró que tuvo que abrirse paso por la puerta parcialmente abierta.

No hallamos error y la sentencia debe ser confirmada.


text:
    La Sucesión de José S. Mandés Cintrón, compuesta de su Viuda María Ortiz Muñoz, su hijo legítimo José S. Mandés Ortiz y sus hijos naturales reconocidos José Juan y José Alejandro Mandés, demandante-apelada-apelante, v. La Sucesión de Alfonso G. Agüero Vázquez, compuesta por su Viuda Adelina Capó Núñez y los hijos legítimos María Adelina, Rosa Dolores, Alfonso María, Adelina del Carmen y Alberto Rafael Agüero Capó, demandada-apelante-apelada.
    No. 5090.

    Sometido: Abril 30, 1930.
    Resuelto: Julio 22, 1931.

      Tous Soto & Zapater, abogados de la demandada-apelante; Ti. Rivera Zayas j A. L. López, abogados de la demandada-apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el 15 de agosto de 1928 la Corte de Distrito de San Juan dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por creer que los demandantes no tenían derecho a recobrar ciertas propiedades adjudicadas a los demandados en un pro-cedimiento ejecutivo hipotecario. Previa vista de una mo-ción de reconsideración'la corte resolvió qpe los demandan-tes tenían derecho a dos de los ocho predios de terreno, toda vez que no estaban incluidos en el procedimiento hipoteca-rio. No estaba envuelta cuestión alguna de nulidad del pro-cedimiento hipotecario por ese fundamento. Los demandan-tes apelaron sobre la teoría de que les asistía el derecho a recobrar los ocho predios de terreno. Los demandados ape-laron señalando como error el que se concediera a los deman-mantes parte alguna de los terrenos. Designaremos a las partes tal cual fueron conocidas en la corte inferior.

Mandés compró propiedades de varias personas. Otorgó hipoteca sobre algunas de ellas. En un procedimiento eje-cutivo, los acreedores Passalacqua Hnos. & Oía. obtuvieron la buena pro en la venta de la propiedad hipotecada, que se suponía incluir ocho predios. Las fincas adquiridas fueron vendidas en 1911 a Adelina Capó Núñez en su propia repre-sentación y la de sus menores hijos. Posteriormente la venta hubo de ser ratificada, y lo fué, por los Sucrs. de Passalacqua Hnos. & Oía. La ratificación se hizo porque cuando la escri-tura de las fincas fué otorgada la referida firma se había disuelto.

Los demandantes, viuda y herederos de Mandés, atacan el procedimiento ejecutivo por dos fundamentos a saber, en orden de importancia, que no se hizo parte a uno de los herederos de Mandés, y que al tiempo de la venta en ejecución Passalacqua Hnos. & Cía. no era dueña del crédito hipotecario.

Los demandados, en contestación al primer reparo men-cionado alegaron varios hechos. Uno de éstos fué que todos los procedimientos ejecutivos no estaban ante la corte en el presente caso, y por tanto no podía saberse si el pretendido heredero había sido o no debidamente llevado al procedi-miento ejecutivo. Los demandantes respondieron que en su demanda ellos alegaron la ausencia de tal heredero y que el hecho así alegado no fué suficientemente negado por la con-testación. La réplica de los demandados es que la alegación de la demanda fué que no se hizo parte a dicho heredero; que un procedimiento ejecutivo sumario es de tal naturaleza que no hay partes. ' Estamos dispuestos a resolver según lo hemos hecho en otros casos que una contestación que no niega, admite hechos, pero también es cierto que tal contestación sólo admite hechos bien alegados y no aquéllos que el que alega quiso exponer. En otras palabras, que la contestación no admitió que la debida citación o requerimiento no se hizo al referido heredero de Mandés. De suerte que los deman-dados quedaron en el juicio en libertad de basarse en cual-quier hecho o presunción que pudiera ayudar a su caso. Es-tamos conformes con los demandados en que no se demostró la falta de tal citación o requerimiento. Según dicen los de-mandados semejante citación o requerimiento no es para que el deudor comparezca ante la Corte, sino para que pague. Estrictamente Rabiando no bay partes demandadas.

Este es un caso en que los procedimientos tuvieron lugar en 1903 cuando el Código de Enjuiciamiento Civil Español estaba aún en vigor. La corte inferior resolvió que un requerimiento al alegado heredero menor de edad no era necesario, y trató de hacer distinción, del caso de Arvelo v. Banco Territorial y Agrícola, 25 D.P.R. 728. En ese caso resolvimos que la notificación de la citación o el requerimiento a una viuda en posesión de la patria potestad, era insuficiente para afectar a los herederos, a menos que, en efecto, el requerimiento se le hiciera como tal madre. En el presente caso no sabemos cómo se hizo el requerimiento a la madre. La corte y los demandados insisten en que de acuerdo con el sistema español la notificación a un menor era una herejía, y estamos inclinados a convenir en ello, pero de todos modos no tenemos lo bastante en los autos que nos justifique en resolver que el requerimiento no fué debidamente hecho.

Se alegó. en la demanda que al tiempo del procedimiento ejecutivo Passalacqua Hnos. & Oía. había cedido su crédito hipotecario a varias personas de apellido Passalacqua. Se trató posteriormente de rescindir la cesión, o fué en realidad así rescindida. Estamos convencidos de nuestro examen del récord que al tiempo en que los demandados o sus derechohabientes adquirieron de Passalacqua Hnos. & Oía. nada había en el Registro de la Propiedad que demostrara que Passalacqua Hnos. & Cía. no era dueño del crédito hipotecario y continuaba siéndolo. Así, pues, los demandados o sus sucesores en título podían comprar válidamente. Torres v. Lothrop, 231 U. S. 171; el mismo caso en 16 D.P.R. 180. Se hizo una inscripción del traspaso, pero fué posteriormente.

Tenemos la idea, además, de que los referidos cesionarios plenamente consintieron la venta hecha a nombre de sus ce-dentes, aun cuando no se llevara a cabo oportunamente una rescisión formal. Para cualquier fin práctico o legal, aun suponiendo que los demandantes sabían de la cesión, la venta de los bienes hipotecados tuvo lugar a nombre de los verda-deros acreedores. No fiemos pasado por alto el hecfio, re-calcado por los demandados, de que se alegó que la cesión era nula en virtud del artículo 1362 del Código Civil, toda vez que se trataba de una venta a miembros de la firma. De acuerdo con los demandantes no podía inscribirse la cesión por ese motivo.

No habiendo obtenido una inscripción, los cesionarios no tenían derecho a iniciar un procedimiento ejecutivo.

G-eneralmente, cuando una persona suscita una cuestión de falta de título de esta índole, acecha en lontananza la posibilidad de un pleito por el verdadero dueño. Aquí, sin embargo, hay un completo impedimento (.estoppel) contra todos los alegados cesionarios que en realidad o rescindieron la cesión a tiempo o consintieron la venta en ejecución. Si los deudores hubieran pagado a Passalacqua Hnos. & Cía., no podrían ser sometidos con éxito a un pleito posterior.

El tercer señalamiento de error de los demandantes se refiere a la escritura de ratificación por los liquidadores de la venta hecha por Passalacqua Hnos. & Cía. a los demandados o sus derechohabientes. Estamos inclinados a convenir con los demandados en que los liquidadores tenían tal derecho.

Sin embargo, si el procdimiento ejecutivo era válido, los demandantes no tienen ulterior interés en lo que sucedió des-pués del mismo. Entonces, ellos nada tenían que ver con los demandados ni con la relación de éstos con Passalacqua Hnos. & Cía. Es innecesario considerar las otras defensas de los demandados.

Llegamos ahora a la apelación de los demandados. No hallamos que los dos predios excluidos formaran parte de las propiedades hipotecadas, y esto se podía averiguar fá-cilmente del registro. Al comprar de Passalacqua Hnos. & Cía. los demandados estaban obligados a conocer e identificar los terrenos enajenados. La presunción de título que surge de su posesión y la continuación de ésta fue destruida por el registro. No obstante su buena fe, ningún justo título podía surgir en su favor. Estamos convencidos por lo que han de-mostrado los demandantes de que los terrenos en cuestión no estaban incluidos en la hipoteca.

Los demandados alegaron que la corte no tenía derecho a reconsiderar la sentencia. No tenemos duda de que la corte puede reconsiderar su sentencia por lo menos dentro del término, y posteriormente en ciertos casos; que una moción es bastante, y que una moción de nuevo juicio no es el único remedio; que una corte, en bien de la justicia cuando no ha transcurrido mucho tiempo, no tiene que esperar una revocación.

Bebe confirmarse la sentencia apelada. i