text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Báez, acusado y apelante.
    No. 4166.

    Sometido: Mayo 15, 1933.

      Resuelto: Julio 22, 1933.

      B. Rivera Zayas y E. Báez García, abogados del apelante,- B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.

       Nota: Yéase el prefacio.

   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Enrique Báez fué acusado por el Gran Jurado del Dis-trito Judicial de Mayagüez de un delito grave de abuso de confianza imputándole que siendo funcionario de El Pueblo de- Puerto Rico como secretario de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Mayagüez y en ocasión de estar encar-gado de recibir, guardar, conservar y legalmente traspasar y desembolsar las cantidades de dinero que se depositaran en su poder en los pleitos civiles, recibió del mársbal de esa corte en uno de los días del mes de octubre de 1926 en su carácter oficial ya dicho la cantidad de $3,500 procedente de una venta judicial hecha en el pleito No. 11966 promovido por Clotilde Toro de Díaz en su carácter de madre con patria potestad de sus menores hijos, perteneciendo dicha suma a los expresados menores, y que dicho Enrique Báez ilegal, voluntaria, maliciosa y fraudulentamente se apropió para su uso particular y en forma contraria a la debida y legal ejecu-ción de sus deberes oficiales de la expresada suma de $3,500 que le había sido confiada y fue a su poder en el ejercicio de su cargo en el pleito de referencia, privando a sus dueños de la expresada cantidad.

Esa causa fue trasladada a la Corte de Distrito de Agua-dilla, donde un jurado lo declaró culpable de dicho delito y fue condenado por él.

En la apelación que ha interpuesto contra la sentencia condenatoria alega como error para su recurso que la Corte de Distrito de Aguadilla actuó sin jurisdicción al conocer de la causa y dictar sentencia contra el apelante. Este in-terpuso apelación contra la resolución de la Corte de Distrito de Mayagüez que dispuso el traslado de esta causa a la Corte de Distrito de Aguadilla y la resolvimos en estos autos con-firmando la orden de traslado (44 D.P.R. 54), por lo que no es sostenible ese alegado error.

El segundo es por haber sido admitido como prueba cierto certificado con materia perjudicial para el acu-sado. Para probar el fiscal que el acusado era secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez en la expresada época presentó una certificación del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico en la que relata los nombramientos hechos a favor del acusado para dicho cargo y a continuación de ella se dice que desem-peñó dicho cargo hasta que fué suspendido por el Gobernador en 4 de diciembre de 1926 y decretada su destitución el día 24 del mismo mes y año. El fiscal manifestó en el juicio que presentaba esa certificación en cuanto se refería a los nom-bramientos del acusado como secretario. El acusado se opuso a ella solamente por el último extremo que contiene, por no tener otro efecto en el jurado que causarle un perjuicio con respecto a su conducta y reputación. La corte admitió la certificación anunciando que en su oportunidad instruiría al jurado de manera de salvar lo que la defensa establece como temor; y en sus instrucciones al jurado le dijo con respecto a ese particular de dicha certificación qfie esa parte de ella es completamente extraña a la prueba permitida y a la que legalmente debía haberse recibido por la corte y que si esa prueba va a ella con ese aditamento es porque el documento está rendido en una sola hoja de papel y no se hubiera podido proscribir tal aditamento sin mutilarlo y sin menoscabar su autenticidad perdiendo la firma y el sello pero que repite al jurado que no debe tener para nada en cuenta ese extremo de la certificación; que no puede levantar ninguna inferencia respecto de esta circunstancia que pueda perjudicar en lo más mínimo al acusado; que tal aditamento es innecesario en absoluto y que deben tenerlo por no escrito en el docu-mento; que tal aditamento no puede operar en la conciencia del jurado en ningún sentido; que no puede determinar reac-ción alguna en su ánimo al juzgar toda la prueba admisible en derecho.

Ciertamente que el ’extremo mencionado de tal certifica-ción no era admisible en el juicio como lo reconoció el fiscal al presentarla solamente en cuanto a los nombramientos y al admitirla la corte sujeta a la instrucción que daría al jurado, como la dió, tan clara y precisa, según puede verse en ella, que si el jurado ha cumplido, como suponemos que ha cum-plido, con el deber que tiene de no tener en cuenta el extremo controvertido, tendremos que llegar a la conclusión de que no ha causado prejuicio alguno en el jurado contra el acusado. El caso de El Pueblo v. Rodríguez, 33 D.P.R. 478, que el ape-lante cita en apoyo del error alegado no es aplicable al pre-sente caso porque en él la certificación que se presentó se refería únicamente a hacer constar que el Concejo de Admi-nistración de Yauco había suspendido al acusado de su puesto por irregularidades que había cometido, por lo que su objeto en el juicio no podía ser otro que probar ese hecho con per-juicio para el acusado, mientras que en el presente el extremo. a que nos referimos de 3a certificación no fué presentado como prueba por el fiscal y aunque formaba parte del documento no impugnado en cuanto a los nombramientos, la corte dijo al jurado que no tomase en cuenta dicbo particular. El ape-lante no se opuso a esa certificación porque fuese en relación con sus nombramientos y no una certificación literal de ellos, por lo que no tenemos que resolver esta cuestión suscitada por primera vez en esta apelación. El Pueblo v. Bird, 5 D.P.R. 189; El Pueblo v. Borrás, 9 D.P.R. 411; El Pueblo v. Asencio, 16 D.P.R. 355; El Pueblo v. Alsima, 22 D.P.R. 459, y El Pueblo v. Carrión, 35 D.P.R. 901.

Para probar el fiscal que el acusado tomó posesión del cargo de secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez presentó los juramentos que con tal motivo él prestó ante funcionarios judiciales y alega el apelante en el tercer motivo de error que tales documentos no debieron ser admitidos por la corte porque no se había probado en forma legal que era secretario de la expresada corte; pero ya hemos dicho que el documento en que consta el nombramiento del apelante para tal cargo era admisible con la salvedad que hizo la corte en cuanto a una adición que tenía, y, por consiguiente, estando probado que fué nombrado para ese cargo no hubo error en admitir que tomó posesión del mismo.

En el cuarto motivo del recurso dice el apelante que fué error admitir un expediente judicial sobre autorización judicial sin que hubiera sido identificado debidamente por el secretario de la corte. El secretario de esa corte declaró que el expresado expediente es de la mencionada corte y esto es suficiente identificación del mismo, a pesar de que declaró que el expediente lo tenía el fiscal para esta causa criminal.

El quinto motivo dice: “La Corte de Distrito de Aguadilla cometió error al admitir como prueba una copia o nota simple de un recibo, que se dijo hecho por el testigo Lorenzo Suárez y la cual no es admisible en absoluto.”

Para probar el fiscal que los $3,500 a que se refiere la acusación fueron entregados por el márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez al apelante, secretario entonces de dicha corte, presentó testigos de haber visto el recibo del apelante por dicha cantidad y prueba de que ese recibo fué presentado como prueba por el fiscal en otra causa criminal seguida en la Corte Municipal de Mayagüez contra el ape-lante y remitido en apelación de esa causa a la Corte de Dis-trito de Mayagüez donde fué recibido, perdiéndose allí, sin que haya sido posible encontrarlo a pesar de haber sido buscado. Después de esa evidencia presentó el fiscal en esta causa una copia de ese recibo que el submárshal Lorenzo Suárez hizo de su puño y letra cuando entregó el recibo original al fiscal. Esa copia dice así: “No. 583. — Department of Justice, Corte de Distrito de Mayagüez. — No. 8451.— Octubre 14, 1926.- — Recibí del Márshal de esta corte la suma de tres mil quinientos dollars en liquidación de los pleitos Nos. Causa No. 11,966 — $3,500.00.—Nota: Original del Se-cretario entregado al Fiscal del Distrito.” La corte admitió esa prueba para corroborar la declaración del testigo Lorenzo Suárez, y dice el apelante que no debió ser admitida porque la declaración de ese testigo fué mandada a eliminar casi en su totalidad. Sin embargo, no fué eliminada en cuanto a que entregó dicho recibo al fiscal y en cuanto a que hizo una copia del recibo por lo que esa copia corrobora este extremo de su declaración. De todos modos, esa prueba no era perjudicial para el apelante porque sin ella hubo prueba suficiente de la existencia del recibo de dicha cantidad con la firma del apelante.

El fiscal también presentó como prueba la libreta de ingresos de dinero en un banco, en la que aparece el in-greso del cheque que por $3,398.88 envió el Tesorero de Puerto Rico a la secretaría de la Corte de Distrito de Mayagüez para pagar ciertas cantidades que habían desaparecido de ella; y el talonario de un cheque librado por $600 a favor de la señora mencionada, en la acusación. Con respecto a esos documentos alega el apelante en el sexto motivo de su recurso que no debieron ser admitidos porque no fueron identificados por el funcionario que los tiene bajo sn custodia, por el secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez, y porque era impertinente e inmaterial porque no relacionan al acusado con la comisión del delito por ser las operaciones a que se refieren posteriores a la comisión del delito imputado. Entendemos que aunque el secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez no fiizo la identificación de esos documentos, la becha por el subsecretario fué suficiente porque él fue quien actuando como secretario interino de la corte hizo el ingreso y el egreso a que se refiere. En cuanto al otro extremo de impugnación convenimos con el apelante en que no era nece-saria la prueba a que estamos refiriéndonos pero su admi-sión no pudo causarle perjuicio alguno porque el que se hubiera ingresado un dinero en el banco y luego se hubiera expedido un cheque contra dinero depositado en él nada in-culpaba al apelante. De todos modos, la declaración del tes-tigo Durán sobre los extremos expuestos y la presentación del talonario de cheques y la libreta de ingresos resultaba evidencia acumulativa y ya hemos dicho en el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 35 D.P.R. 857, lo siguiente, que copiamos del sumario: “La admisión como prueba de una lista de sorteo de lotería esté o no debidamente certificada o identi-ficada, siendo evidencia acumulativa y sin importancia, no constituye error perjudicial.”-

El séptimo motivo de apelación lee así: “La Corte de Distrito de Aguadilla cometió error al admitir como prueba un volante de fecha septiembre 26 de 1929, que. se dijo dirigido al Secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez, relacionado con un check que el señor José Durán manifestó haber recibido del Tesorero de Puerto Rico, sin que dicho volante estuviese firmado por nadie, apareciendo completa-mente anónimo, siendo una relación de hechos sin garantía de ninguna especie y no obstante referirse a otros hechos y haberse presentado por el fiscal con el solo objeto de im-presionar, como impresionó, al jurado en contra del acusado.” Este es el motivo que dice el apelante ser de más importancia.

El testigo José Darán Cruz declaró que siendo secretario interino de la Corte de Distrito de Mayagüez recibió el 26 de septiembre de 1928 nn cbeqne qne le envió el Tesorero de Pnerto Rico con un volante unido a él en el que se explicaba que era para bacer pago de ciertos fondos que se Rabian desaparecido de la Corte de Distrito de Mayagüez. Ese volante dice así: “Secretario, Corte de Distrito de Mayagüez, Mayagüez, P. R. — 1928.—Sept. 26. — Cantidad para atender a los pagos de los fondos depositados por litigantes en casos civiles con el ex Secretario de la Corte de Distrito de Maya-güez, Enrique Báez, cuya cantidad, según aparece de la in-vestigación practicada por el Auditor de Puerto Rico, fué desfalcada por dicho Enrique Báez; de acuerdo con la Re-solución Conjunta No. 48, aprobada en mayo 2, 1928. . . . $3,398.88.” El fiscal presentó como evidencia ese volante no para ser prueba de por sí sino en corroboración de la declara-ción del testigo: se opuso el apelante a que fuese admitido por no estar certificado por el Tesorero pero la corte lo ad-mitió como corroboración de aquella parte de la declaración donde el testigo dijo el objeto con que le fué mandado dicho cheque por el Tesorero. Entonces el apelante tomó excepción de esa resolución porque ese volante no está firmado por persona alguna por lo que resulta anónimo y porque es per-judicial a sus intereses. En su alegato escrito dice que esa prueba no era pertinente porque no tendía a probar la acusa-ción; porque la declaración del testigo no necesitaba corro-boración por ser completamente clara y que le es perjudicial porque parte de la base de que el apelante es culpable porque así lo demuestra la investigación hecha por Auditoría. Cuando la corte dió sus instrucciones al jurado le dijo con respecto a ese volante que lo aceptó como corroboración de la declaración del testigo Durán en aquella parte en que dijo el objeto con que se le mandó el cheque por el Tesorero y que el jurado no debía tomar ese documento en cuenta para nada que no fuese con el fin para el cual fué admitido. El motivo de admisión de esa evidencia y lo que dijo la corte al jurado en la instrucción que le dió sobre ese particular fue suficientemente claro en el sentido de que ese volante fue admitido solamente para probar por qué el Tesorero mandó ese cheque y para nada más, por lo que los jurados no han podido tenerla en cuenta como prueba de culpabilidad del apelante, ya que debe presumirse que los señores del jurado cumplieron con el juramento que prestaron y que observaron las instrucciones que les dió la corte. People v. Williams, 24 Cal. 31; People v. Kramer, 117 Cal. 647. Por otra parte, existió prueba independiente y también por repreguntas hechas por el apelante durante el juicio de que los $3,500 a que se refiere esta causa fueron entregados al apelante como secretario de la Corte de Distrito de Mayagiiez, de que no los ingresó en el banco donde tenía su cuenta y de que tal can-tidad no ha sido encontrada en dicha secretaría, por lo que en vista de esa prueba no podemos sostener que el volante a que venimos refiriéndonos causó perjuicio al apelante, tanto más teniendo en cuenta la instrucción que la corte dió al ju-rado. Además, lo que dice ese documento es una repetición de la fraseología de una ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico consignada en la resolución conjunta a que hace referencia, que por ser tal tiene la presunción legal de ser conocida por todos los habitantes de esta isla. En vista de la prueba independiente de ese documento, de la resolución con-junta citada y de la instrucción que la corte dió al jurado, no creemos que dicho documento fuese lo que causó la con-dena del apelante. En el caso de El Pueblo v. Texidor, 21 D.P.R. 14, hemos dicho lo que sigue:

“En este caso hubo evidencia suficiente de la comisión del de-lito, con independencia de la que erróneamente admitió el juez y eliminó después, por lo que no encontramos fundamento para poder afirmar que la evidencia que se ordenó al jurado que borrara de sus mentes fuera la que produjo la convicción del apelante. Es'cierto que mejor es, que la prueba impertinente no sea oída por los jura-dos, pero cuando esto ocurre, debemos suponer que los jurados cum-plieron con su deber de prescindir de esa evidencia, para llegar a la declaración de culpabilidad, a menos que sea muy importante y presentada para influenciar al jurado. No creemos que tal evidencia sea tan importante que constituya un defecto sustancial para que revoquemos la sentencia por ese motivo. En otros casos en que la evidencia era más grave que en el-presente, los tribunales ban ne-gado la revocación y la concesión de nuevo juicio. People v. Turner, 118 Cal. 324; State v. Barker, 43 Kan. 262, 23 Pac. 575, y State v. Turbeck, 29 Kan. 535.”

El caso de El Pueblo v. Rodríguez, 33 D.P.R. 478, que cita el apelante no es aplicable porque en aquél se presentó el documento sin explicar el objeto o propósito de ofrecerlo en evidencia mientras que en el presente se explicó para qué se presentaba, se declaró para qué era admitido y, además, la corte dijo al jurado para lo único que podían tenerlo en cuenta, que no era como prueba del delito. En consecuencia no podemos declarar que el mencionado documento causó perjuicio al apelante.

El octavo error que se alega es porque la corte inferior declaró constituido el jurado sin liabeiie tomado el juramento requerido por el artículo 233 del Código de En-juiciamiento Criminal y por permitir que se retirara de la sala de sesiones por orden de la corte sin advertirles que no debían hablar entre sí ni con otras personas acerca del proceso ni formar juicio respecto a él hasta que fuese some-tido a su deliberación.

Es cierto que la ley requiere que se debe tomar juramento al jurado para desempeñar bien y fielmente su cargo antes de que empiece a ejercer sus funciones, pero el hecho de que no aparezca de estos autos que tal juramento fué prestado no es prueba conclusiva de que no lo fuera. Pudo haber sido prestado ese juramento y sin embargo no decirse así en los autos. La presunción es que la ley fué cumplida tomán-dose ese juramento. Nada hay en los autos que contradiga esa presunción. Se dice en ellos que después de seleccionado el jurado éste quedó constituido por los señores que enumera; y como el juramento es un requisito legal, si quedó consti-tuído es porque existió ese juramento. Además, el apelante estuvo representado en el juicio por dos abogados y no apa-rece protesta u objeción alguna en el juicio por la falta de ese juramento; ni siquiera ellos o alguno de los dos jura que no fué prestado. No aparece tampoco que en la moción de nuevo juicio se alegase la falta de ese juramento. Por otra parte, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en un caso de asesinato, Baldwin v. The State of Kansas, 129 U. S. 52, en el que se alegó que a los jurados no se les tomó jura-mento de acuerdo con la forma prescrita por el estatuto de Kansas por lo que el jurado no era un tribunal legalmente constituido, y que la sentencia privaría al acusado de su vida sin el debido proceso de ley, la Corte Suprema bizo suyas las palabras de la Corte Suprema de Kansas en las que se ex-presó así:

“Una razón aun más contundente para contestar la alegación le-vantada es que ninguna objeción se bizo por el acusado apelante a la forma del juramento cuando se tomó o en ningún otro tiempo antes de haberse presentado el caso ante esta corte. Si existió al-guna irregularidad a ese respecto debió haber sido levantada al mo-mento eh que ocurrió. Quizá ha podido ocurrir que hubo alguna irregularidad en la forma del juramento y cuya forma es umver-salmente conocida por el uso en todas las cortes del estado; pero si la forma del juramento fué defectuosa ha debido llamarse la aten-ción de la corte hacia el hecho al momento en que el juramento se tomó, de manera que hubiera podido corregir la falta. Un acusado no puede permanecer callado y silencioso a la expectativa y correr las eventualidades de una absolución y subsiguientemente cuando se le declara culpable hacer objeciones a una irregularidad en la forma del juramento. No solamente debe levantarse la cuestió!n cuando la irregularidad se comete, sino que la forma en que el ju-ramento se tomó, así como la objeción, debieron ser incorporados en un pliego de excepción, a fin de que esta corte pueda ver si es o no suficiente. Nada de esto se hizo . . .
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“En el presente caso los autos no demuestran que en el juicio ante el jurado, ningún derecho, privilegio o inmunidad bajo la Cons-titución de los Estados Unidos se levantó o fué reclamado por el acusado. No se hizo objeción a la forma en que se tomó el jura,-mentó durante el juicio ni al radicar el acusado su moción de nuevo juicio ante la corte sentenciadora ni al hacer tampoco su mo-ción para suspender la sentencia ante aquella misma corte. La cues-tión fue que se levantó por primera vez ante la Corte Suprema del estado. Esta corte, como hemos visto, rehusó considerar la objeción por el fundamento de que no se había levantado la cuestión durante el juicio. Por esa razón nosotros también rehusamos considerarla.”

Si el juramento en este caso no fue prestado por el jurado debió llamarse la atención de la corte para que ese defecto pudiera ser corregido. Ahora la cuestión se presenta dema-siado tarde. En un caso civil se ha resuelto que no se anulará un veredicto porque uno de los jurados no haya prestado juramento cuando no se demuestra que tanto la parte que solicita la nulidad como su abogado ignoraban ése hecho; y en otro caso de igual naturaleza en el que se imputaba como error que los autos no demostraban que el jurado fue jura-mentado para decidir' las cuestiones en controversia, se dijo después de varios razonamientos, que si hubo algún defecto en la forma del juramento fue abandonado por dejar de hacer objeción contra él. Scott v. Moore, 98 Am. Dec. 581; First National Bank v. Lowther-Kaufman Oil & Coal Co., 66 S. E. 713.

Cuando declaraba el testigo Lorenzo Suárez, presen-tado por el fiscal, dijo la corte al fiscal: “Puede hacerle ls pregunta porque la corte ve que el testigo es enteramente hostil a la parte; la corte permite al fiscal que sea lo más sugestivo que quiera, ya que ha notado que el testigo le es completamente hostil.” Esas palabras son motivo para que diga el apelante que la corte incurrió en pasión, prejuicio y parcialidad. Basta leer la declaración de ese testigo para quedar convencido de que era muy hostil a la parte que lo presentó, y las palabras de la corte son la razón para permitir-preguntas sugestivas y no demuestran pasión o prejuicio contra el acusado.

En el décimo motivo se alega que la corte cometió error al permitir que cuando el jurado se retiró a deliberar llevase consigo el libro de caja del secretario de la Corte de Distrito de Mayagiiez sin que fnera ofrecido ni admitido como evidencia. Nos bastará contestar diciendo que el ape-lante no nos demuestra con los autos que ese libro fué llevado por el jurado para sus deliberaciones.

Otro motivo del recurso es que la corte inferior actuó con pasión, prejuicio y parcialidad al dar sus instrucciones al jurado. Para apoyarlo señala ocho particulares de las ins-trucciones.

Hemos dicho antes que el fiscal presentó como prueba una certificación del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico de los nombramientos hechos a favor del apelante para el cargo de secretario de la Corte de Distrito de Mayagiiez, en cuya certificación se dice también que fué suspendido y después destituido de ese cargo. Ya hemos visto que el jurado fué instruido de que el documento fué admitido solamente en cuanto a los nombramientos y no en cuanto a su suspensión y destitución y el porqué fué admitido a pesar de tener ese aditamento y que la corte instruyó al jurado que no debía tener en cuenta ese particular para ningún fin. Esa instruc-ción no demuestra en manera alguna la imputación que se le atribuye a la corte y por el contrario es una clara demos-tración del cuidado que tuvo en que ese aditamento no causara perjuicio al acusado.

Se funda también ese error en que la corte dijo al ju-rado en sus instrucciones que se había presentado como prueba nota de un recibo por $3,500 expedido por el acusado a favor del márshal de la Corte de Distrito de Mayagiiez sin que en ningún sitio del recibo aparezca el nombre del apelante y menos que fuera expedido por él. Sin embargo, la prueba testifical demostró que el recibo cuya copia se pre-sentó fué expedido y firmado por el apelante, por lo que no existe el prejuicio que se le atribuye a la corte.

No existe tampoco el error alegado porque la corte no dijo en sus instrucciones al jurado que no tomase en con-sideración la manifestación que contenía el volante que fué presentado respecto a que el acusado había desfalcado cierta cantidad de dinero, que al ser admitido por la corte ese docu-mento manifestó al jurado que lo admitía como corroboración de la declaración de un testigo en cuanto al motivo por el cual el Tesorero le envió un cheque, quedando así excluido del documento lo referente al desfalco artribuído al acusado.

También se queja el apelante en el motivo de error que estamos resolviendo de que hablando la corte al jurado de los documentos que fueron presentados menciona el libro de caja de la secretaría de la Corte de Distrito de Mayagüez sin que tal libro hubiese sido ofrecido y admitido como prueba. No consta de los autos si ese libro fué ofrecido y admitido como prueba pero sí que ambas partes hicieron preguntas sobre su contenido al testigo Emiliano Poli, por lo que no podemos sostener que al referirse a él la corte lo hiciera por prejuicio que tuviera contra el acusado. .

Se queja el apelante de que al hacer la corte la sínte-sis de la prueba mencionaba el título oficial de los testigos para impresionar al jurado y hacerle ver que eran empleados públicos. Como estos' testigos habían declarado ante el ju-rado y habían manifestado los cargos públicos que desempe-ñaban, no vemos cómo pudo ser perjudicado el acusado con que al referirse a ellos expusiera la corte los cargos que desempeñaban. Era sencillamente una descripción de la persona.

La corte dijo al jurado en las instrucciones que le dió que la prueba del fiscal había tendido a demostrar :(entre otras cosas) que el acusado recibió del márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez la cantidad de $3,500 y que había pre-sentado prueba documental y testifical para demostrar la preexistencia y la pérdida o desaparición del recibo que por - $3,500 expidió el acusado al márshal de la Corte de Distrito de Mayagüez. Esto no es decir que la corte inferior dió por probado el hecho de que el recibo existió y que estaba firmado por el acusado, como dice el apelante al imputar a la corte prejuicio contra él.

Otra queja de prejuicio atribuida a la corte es porque le dijo al jurado que se había presentado cierto documento para corroborar la declaración del testigo Suárez, a pesar de que durante el juicio le manifestó que las contestaciones de ese testigo no podían tomarse en consideración como prueba contra el acusado sino para tenerlas en cuenta como impug-nación a la veracidad de ese testigo. Esas palabras de la corte no fueron dichas en relación con el documento presen-tado como corroboración de un extremo que él declaró sino respecto de otro particular.

El hecho de que la corte dijera al jurado en sus instruc-ciones con referencia al recibo de los $3,500 que al fiscal no le había sido posible ni físicamente dable presentarlo como prueba no es demostración de prejuicio de la corte contra el apelante sino la exposición de un hecho resultante de la prueba.

Se alega en el décimosegundo error que la corte actuó con prejuicio y parcialidad al admitir el veredicto del jurado siendo contrario a la prueba; y al dictar sentencia conde-natoria.

Al argumentar el apelante dicho motivo de error vuelve a tratar cuestiones propuestas en otro de los motivos de su apelación, tales como que no se probó en la forma que de-termina la ley que el apelante fuera secretario de la Corte de Distrito de Mayagüez y que no debió ser admitido el caso civil No. 11966 porque no fue autenticado debidamente, pero esas cuestiones han sido tratadas y resueltas en otros de los motivos de esta apelación.

Dice el apelante que no hay certeza por la prueba de que él recibiera los $3,500, pero la hay suficiente de que él firmó y entregó al marshal un recibo por dicha cantidad.

Hace el apelante varias interrogaciones respecto a por qué el fiscal no presentó las libretas del banco y el libro de contabilidad de la secretaría de la Corte de Distrito de Ma-yagüez. Si esas libretas contenían algo favorable al ape-lante él debió presentarlas y no lo hizo; y en cuanto a diclio libro de caja fue identificado y objeto de preguntas en el juicio por las partes sin que el apelante luciera referen-cia a particular alguno de él para demostrar su inocencia en esta causa.

Hace referencia el apelante a nuestra opinión en otra causa criminal seguida contra él (El Pueblo v. Báez, 40 D. P. R. 24) por no haber depositado inmediatamente en el banco los $3,500 a que venimos refiriéndonos sino un mes después, para sostener que la declaración de Emiliano Poli no merece crédito. Este testigo era investigador de cuen-tas de la oficina del Auditor de Puerto Rico en la fecha a que se refiere esta causa y fué encargado de investigar las del apelante y dijo que los $3,500 no fueron ingresados por el acusado en el libro de caja de la secretaría de la corte de distrito que él llevaba ni- en el banco, pues no constaba tal ingreso en las libretas que examinó, y que no recuerda-haber declarado en otra acción que fueron depositados des-pués de haberse ido el declarante para San Juan y que lo cierto es que nunca fueron depositados en el banco. El acusado no presentó en esta causa ante el jurado prueba al-, guna de que depositara en el banco el dinero de los meno-res a que se refiere este proceso y por tanto el jurado pudo dar crédito a dicho testigo.

Tales son las impugnaciones que el apelante hace al ve-redicto del jurado y como no son sostenibles no podemos de-clarar que sea contrario a la prueba, tatito más cuanto que el examen que hemos hecho de la prueba demuestra a nues-tro juicio que hubo suficiente para la condena, por lo que ésta estuvo justificada.

El último error aducido. es por haberse negado la corte inferior a conceder al acusado prórroga para radicar la moción de nuevo juicio y porque declaró sin lugar la so-licitud hecha en tal sentido. Rendido el veredicto del ju-rado el 6 de diciembre de 1928 solicitó el acusado cuatro días después que se suspendiera el pronunciamiento de la sentencia por un término razonable porque iba a presentar mía moción de nuevo juicio y necesitaba las notas taqui-gráficas. La corte suspendió dicfio pronunciamiento de sen-tencia basta el 30 de ese mes; término qne luego le fné pro-rrogado basta el 19 de enero de 1929. Dos días antes de vencer ese término solicitó el acnsado nna nneva suspensión fnndado en qne el taquígrafo no babía podido terminar la transcripción de sns notas. Esa petición fné negada por la corte. El 19 de enero solicitó el acnsado reconsideración de dicba resolución y le fné negada.

Nos parece qne las prórrogas qne suman nn mes y nueve días concedidas al acnsado para presentar su moción anun-ciada de nuevo juicio eran suficientes para ese fin; y aun-que alegaba qne necesitaba la transcripción de las notas del taquígrafo no presentó declaración jurada del mismo con respecto a si estaba tr'abajando en ellas y a cuánto tarda-ría en terminarlas. No justificó una verdadera causa para mayor demora en el pronunciamiento de la sentencia y la corte no cometió el error que se le imputa.

No queremos terminar sin llamar la atención de los fis-cales y de los jueces a que no deben presentar y a que no deben admitir en los juicios para corroborar la declaración de un testigo, evidencia de documento que por sí nada prueba y que no es necesaria para dar credibilidad al testigo, por-que dan ocasión a que se alegue que tal prueba fué presen-tada y admitida para causar prejuicio contra el acusado, a que baya necesidad de decidir en apelación si perjudicó o no al acusado y a que en algún caso tengamos que ordenar la celebración de un nuevo juicio, con las consecuencias que el tiempo pueda causar, con tardanza en la administración de la justicia y con nuevos gastos para las partes.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Wolf y Hutcbison disin-tieron.

       Véase la discusión bajo el No. 10 de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Senos, Del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Domitila López, demandante y apelada, v. Martínez Hnos. & Co., S. en C., como liquidadora de Martínez Hnos. & Co., demandada y apelante.
    No. 5868.

    Sometido: Marzo 27, 1933.

      Resuelto: Julio 22, 1933.

      J'. P. Miranda, abogado de la apelante; Pedro G. Qwiñones, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Senos, Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Domitila López demandó en la Corte Municipal de San Juan a Martínez Hermanos y Co., S. en C., como liquida-dora de Martínez Hermanos y Co. en solicitud de una sen-tencia que declarara nulo y sin ningún valor cierto embargo trabado sobre una casa de la demandante a instancias de la demandada en un pleito en cobro de pesos que siguiera contra Rufino Font, y nula y sin ningún valor también la subasta de dicba casa celebrada a los efectos de ejecutar la sentencia dictada en el indicado pleito. Contestó opo-niéndose la demandada y fallado el caso, la parte perdidosa lo llevó a la corte de distrito. Celebrado el juicio de nuevo, fué resuelto el caso en contra de la demandada. Apeló ésta para ante la Corte Suprema que revocó la sentencia recu-rrida el 10 de febrero último. Pidió reconsideración la de-mandante y la corte accedió, oyéndose otra vez a ambas par-tes y quedando así el caso finalmente sometido a nuestra consideración y resolución.

Las alegaciones y las pruebas demuestran lo que sigue:

En marzo 5, 1930, Martínez Hermanos y Co. demandó en la Corte Municipal de San Juan a Rufino Font en cobro de $475 y el mismo día solicitó el aseguramiento de la sen-tencia que pudiera'pronunciarse. Accedió la corte; señaló la demandante como bienes a embargar una casa del de-mandado situada en Santurce y el secretario de la corte en marzo 6, 1930, dirigió al registrador de la propiedad el si-guiente mandamiento:

“En LA CORTE MUNICIPAL DEL DISTRITO JUDICIAL MUNICIPAL DE SAN JUAN, P. R., SECCIÓN SEGUNDA.-ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, El Presidente de los E. U., SS. — Martínez hermanos y co., Deman-dante, vs. rueino eont, Demandado.' — Civil No. 8828. Sobre: Cobro de Dinero. — mandamiento de embargo. — el pueblo de pueRto Rico a el Hon. Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera.
“Por cuanto en el caso arriba titulado, la Corte Municipal del Distrito Judicial Municipal de San Juan, P. R., Sección Segunda ha dictado una orden que copiada literalmente dice así:
“ ‘orden. — -Vista la moción sobre aseguramiento de sentencia pre-sentada en este caso por la demandante la Corte la declara con lu-gar y decreta el aseguramiento de la sentencia en el caso del epí-grafe, sin fianza, por constar la deuda en documento auténtico que consta en autos y ordena al Secretario expida mandamiento de embargo para ser diligenciado o anotado por el Registrador de la Pro-piedad de San Juan, P. R., Sección Primera sobre los bienes del de-mandado Rufino Pont, hasta cubrir la suma de $475.00 y las costas del procedimiento. Dada en San Juan, P. R. a 6 de marzo de 1930. (Firmado) Y. Carballeira, Juez.’
“Por CUANTO la demandante ha señalado al Secretario que sus-cribe la siguiente propiedad del demandado Rufino Font para trabar sobre ella el embargo dictado:
‘ ‘ ‘ URBANA: Casa de maderas con techo de zinc destinada a tienda, que mide cinco metros ochenta centímetros de frente por diez metros de fondo, radicada en terrenos pertenecientes a la Sucesión Fin-lay, situada en la Sección Norte del barrio de Santurce de esta ciu-dad de San Juan, colindante al Norte, Sur, Este y Oeste con terre-nos de la Sucesión Finlay.’
“Esta finca no aparece inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del demandado ni de ninguna otra persona.
“La demandante ‘Martínez Hermanos & Co.’ es una sociedad mercantil, constituida al amparo del Código de Comercio y con do-micilio en la ciudad de San Juan y el demandado Rufino Font es mayor de edad, comerciante, casado con doña Julia Olivera y vecino de San Juan.
“Por tanto:' — El Secretario que suscribe en cumplimiento de la orden copiada requiere a Ud. Hon. Registrador de la Propiedad de San Juan, P. R., Sección Primera, para que se sirva anotar en los libros del Registro a su digno cargo el precitado embargo a favor de la mercantil ‘Martínez Hermanos & Co.’ y en contra del deman-dado Rufino Font por la suma de $475.00 de principal y $25.00 para costas sobre la finca arriba descrita y hasta nueva orden de la Corte.
“San Juan, P. R., a 6 de marzo de 1930.— (Fdo.) Regina Escu-dero, See. Corte Municipal de San Juan, P. R., Sección Segunda.”

Eecibido el mandamiento, el registrador hizo la anota-ción que sigue:

‘ ‘ Anotado al folio 185 del tomo 137 de Santurce Norte, finca 6430, anotación A, con el defecto subsanable de no aparecer inscrita la finca a nombre del demandado ni de ninguna otra persona. San Juan, marzo 7 de 1930. (Fdo.) A. Malaret, Registrador. — Derechos: $4 No. 175 Arl. y C.- P. — (Hay cancelados en sellos de rentas inter-nas $4.00). (Hay un sello de goma que dice: registe© de la pro-piedad, San Juan, Puerto Rico).”

En marzo 27, 1930, el demandado Rufino Font fué em-plazado personalmente en esta ciudad de San Juan, de acuerdo con la ley. No contestó y la demandante en abril 9, 1930, pidió al secretario que anotara su rebeldía y re-gistrara sentencia en contra snya. Así lo Rizo el secreta-rio quedando la sentencia dictada y registrada el propio día 9 de abril 'de 1930.

En abril 28, 1930, la sentencia se notificó al demandado Pont.

En mayo 26, 1930, Pont compareció ante notario público y vendió la casa de qne se trata a Domitila López, la de-mandante en este pleito. En la escritura dijo qne la finca estaba libre de gravámenes, consignándose en ella qne la venta se efectnaba por $400, pagándose de contado $300.

En junio 18, 1930, la demandante en el pleito en cobro de dinero contra Font, demandada en éste, pidió la ejecu-ción de la sentencia qne Rabia obtenido en abril 9 y qne se Rabia notificado a Pont en abril 28, por ser firme. Así 10 ordenó la corte en junio 20, 1930, siguiéndose los proce-dimientos de ley qne culminaron en la subasta celebrada en julio 22, 1930, en la qne se adjudicó la casa en cuestión a la demandante por la suma de $250.

La corte de distrito falló el caso en contra de la deman-dada porque estimó que el embargo era nulo porque el se-cretario no tenía autoridad para trabarlo, citando el caso de Rodríguez v. Registrador, 42 D.P.R. 104, siendo nula en su consecuencia la venta de la casa en pública subasta de acuerdo con lo resuelto por este tribunal en el caso de Rodríguez v. Alonso, 37 D.P.R. 345.

Es cierto que en el caso de Rodríguez v. Registrador, 42 D.P.R. 104, resolvió esta corte qne un embargo debe Racer se por el mársRal bajo mandamiento librado por el secretario y no por éste; pero también lo es que posterior-mente en el caso de Ochoa Fertilizer Co. v. Registrador, 43 D.P.R. 626, considerando la misma cuestión, se expresó como signe:

“En su alegato el registrador expresa que a no ser por lo re-suelto por esta Corte Suprema en el recurso gubernativo de Baudilia Rodríguez v. Registrador de Mayagüez, 42 D.P.R. 104, Rubiera practicado la anotación. La recurrente en el suyo invoca en su favor las decisiones de esta corte en los casos de Batle v. Registrador, 30 D.P.R. 745 y Santini Fertilizer v. Registrador, 36 D.P.R. 20, y distingue la del de Rodríguez, supra.
“Veamos lo que en verdad resolvieron las decisiones citadas.
“En el caso de Batle, supra, el Secretario de la Corte de Distrito de Ponce expidió un mandamiento dirigido al Registrador de la Propiedad de Areeibo a fin de que cancelara cierto embargo y ano-tara otro, todo, desde luego, ejecutando una orden de la corte. El registrador se negó a cumplir lo que se le ordenaba porque el man-damiento no había sido expedido por el márshal del distrito de Are-eibo en que radicaba la finca embargada. Citó en apoyo de su ne-gativa el artículo 97 del Reglamento Hipotecario, el 245 del Código de Enjuiciamiento Civil y las decisiones de esta corte en los casos de Luce v. Registrador, 28 D. P. R. 968 y Benet v. Hernández, 22 D. P. R. 249. Y esta corte resolvió que la segunda parte del artículo 97 del Reglamento Hipotecario, que era la pertinente, fué derogada por la Orden General No. 100, de 12 de abril de 1900, que dice: ‘Por recomendación de la Junta Judicial se dispone lo siguiente: I. Los tribunales se comunicarán directa e indistintamente entre sí sin su-jetarse a la antigua subordinación de tribunales inferiores y supe-riores (que establece el artículo 237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. II. También podrán los tribunales dirigirse directamente a cualquier oficina del registro de la propiedad o de otra clase para el cumplimiento de las resoluciones judiciales que dictaren’; que esa orden estaba en todo su vigor, no obstante lo decidido por la Corte Suprema Nacional en el caso de Ochoa v. Hernández, 230 U. S. 139; que el caso de Luce, supra, se resolvió sin tener en cuenta la .O. G. No. 100, de 1900, y el de Benet, supra, no era aplicable por-que en él se trataba de un mandamiento de un márshal de un dis-trito al registrador de otro distrito, y que el artículo 245 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil se refería a la orden de ejecución y no enmendó la repetida Orden General. En su consecuencia se re-vocó la nota, dándose validez al mandamiento.
“Pasaron cuatro años y la doctrina del caso de Batle, supra, fué expresamente confirmada en el de Santini Fertilizer Co., Inc. v. Registrador, 36 D. P. R. 20.
“Antes de resolverse el caso de Rodríguez, supra, se decidió el de Vivaldi v. Registrador, 39 D.P.R. 721, en el que se estableció que ‘Dirigido un mandamiento de embargo al márshal del distrito en que radica la finca a embargar, trabado el embargo, no es nece-sario un nuevo mandamiento dirigido al registrador para él verifi-ear la anotación del embargo; basta. con el dirigido al marshal y su diligenciado. ’
“Y entonces vino la decisión de Rodríguez v. Registrador, 42 D. P. R. 104, cuyo resumen dice:
‘' ‘ On embargo debe hacerse por el marshal de la corte bajo el mandamiento librado por el secretario y no por éste; el secretario carece de facultades para tal acto.’
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“A nuestro juicio habiendo en consideración lo resuelto en el caso de Batle, supra, confirmado en el de Santini, supra, y los tér-minos en que está redactada la sección pertinente de la Ley sobre efectividad de sentencias, a saber: El embargo . . . de . . . inmue-bles se efectuará anotándolo en el registro de la propiedad . . . See. 9 de la Ley para asegurar la efectividad de sentencias de marzo 1, 1902, Comp. 1911, p. 885, basta que la Corte decrete el embargo y su Secretario dirija mandamiento al registro en cumplimiento del decreto, para que el registrador pueda y deba anotarlo. Esto no quiere decir que si se ordena al marshal que practique el embargo, no pueda dicho funcionario hacerlo. Puede, tal como se resolvió en el caso de Vivaldi, supra. Para embargos de esta naturaleza, esto es, los ordenados practicar por medio de anotaciones en el re-gistro, coexisten los dos medios. La orden emana siempre de la Corte y puede cumplirse por mandamiento expedido directamente al Registrador o al márshal como en los casos corrientes para que actúe.”

Y seguidamente tratando de circunscribir el caso de Ro-dríguez a sus propios hechos, dijo:

“La decisión en el caso de Rodríguez, supra, está justificada por sus propios términos. El mandamiento expedido por el secretario en tal caso era improcedente ya que el embargo de bienes no es fun-ción suya. Y expresamente consignó que a solicitud de la deman-dante, había embargado el inmueble descrito.”

Pueda o no distinguirse el caso de Rodríguez v. Registrador, la jurisprudencia sobre la materia quedó finalmente establecida para los casos que emanan de la Ley sobre Ase-guramiento de Sentencias de 1902, como sigue:

“Decretado un embargo por la corte para asegurar la efectivi-dad de la sentencia que pueda dictarse en el pleito, la orden para ,que el embargo se practique por medio de anotación en el registro emana de la corte y puede cumplirse por mandamiento expedido por el secretario directamente al registrador o al marshal corres-pondiente como en los casos ordinarios para que actúe.”

T aplicando esa jurisprudencia a este caso concreto, cae 'por su base la sentencia recurrida.

Siendo ello así, se hace innecesario detenernos en el es-tudio del caso de Rodríguez Soler v. Alonso, 37 D.P.R. 345, invocado por la corte de distrito, puesto que en él se de-cretó la nulidad de la venta partiendo de la base de la no existencia del embargo y aquí acabamos de concluir que el embargo existió.

Bastaría lo expuesto para decidir el recurso, si no se hu-bieran levantado por la parte apelada otras cuestiones que debemos estudiar y resolver.

Sostiene en primer término dicha parte que aunque el embargo hubiera podido anotarse en el registro a virtud del mandamiento del secretario, siempre sería nulo porque no se notificó al demandado en el pleito'según ordena la ley.

La exacta cuestión sugerida fué resuelta en sentido con-trario a la contención de la apelada por esta Corte Suprema en el caso de Kuenzli v. Symister, 43 D.P.R. 468. Hablando la corte por su Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó así:

"La Ley de Enjuiciamiento Civil que en materia de asegura-miento de sentencias rigió hasta 1902 disponía en su artículo 1409 que si los bienes embargados fuesen inmuebles se limitaría el embargo a librar mandamiento por duplicado al registrador de la pro-piedad para que extendiese la correspondiente anotación preventiva. La sección 9 de la referida ley de 1902 en que se funda el apelante para sostener que el embargo de la finca anotado en el registro es nulo y debe cancelarse por no haber sido notificado a sus dueños los esposos Angleró dice así:
" ‘El embargo y prohibición de enajenar inmuebles se efectua-rán anotándolos en el Registro de la Propiedad y notificándolos al demandado', con la prevención de que no podrá enajenar los bienes embargados sino en pública subasta, con citación del demandante, quedando el precio consignado a disposición del tribunal, ni enaje-nar en ningún caso los bienes en que haya recaído la prohibición. La enajenación de dichos bienes realizada en contravención a lo dis-puesto en este artículo se reputará fraudulenta para todos los efec-tos civiles y penales, y las personas responsables del fraude serán castigadas además como culpables de desacato (desobediencia).’
"En varias decisiones de este Tribunal Supremo se ha hecho re-ferencia a dicha sección en casos en que no estaba planteada la cues-tión de la nulidad de un embargo de bienes inmuebles anotado en el registro por falta de notificación al dueño deudor sino otras de distinta naturaleza. Así, en el caso Oliver v. Registrador, 22 D. P. R. 708, lo único que se resolvió es que una finca embargada sin que conste del registro que ha sido prohibida su enajenación sin pública subasta, cuya prohibición especial requiere una notificación especial al dueño de la finca, puede ser enajenada sin subasta pública. En el de Rodríguez v. Corte de Distrito, 31 D. P. R. 694, la cuestión a decidir era si cuando se embargan plantaciones puede el márshal nombrar depositario para ellas y se decidió que cuando se trataba de frutos recolectados ■ es procedente el nombramiento de un depo-sitario pero que cuando son frutos pendientes se hace necesario cons-tituir una administración judicial, aunque ineidentalmente se dijo que cuando se embargan bienes inmuebles la función del márshal se limita a expedir mandamiento por duplicado al registrador de la propiedad, haciendo la correspondiente notificación al demandado. En el de Cosme v. Santi González, 37 D. P. R. 763, se trataba de si la corte en una acción personal había adquirido jurisdicción sobre la demandada no residente en esta Isla y se declaró que no la ha-bía adquirido porque aunque se había librado por el márshal man-damiento al registrador de la propiedad para que anotase el embargo de una finca de la demandada no constaba que el embargo fué ano-tado, aunque también incidentalmente, citando la sección 9 antes mencionada, se dijo que no puede entenderse trabado el embargo hasta que quede anotado en el registro y notificado al demandado. En el caso de Wenonah v. Antonsanti, 40 D. P. R. 263, también se trataba de si la corte había adquirido jurisdicción en acción personal sobre el demandado no residente y se dijo que cuando la citación por edictos del demandado se expidió ya el embargo estaba anotado en el registro, anotación que por sí constituye una notificación a todo el mundo, y que faltaba la notificación directa al demandado que la ley exige, sin decir cómo ha de hacerse, pero que fué hecha por carta a la dirección del demandado.
"La ley que contiene la sección 9 a que venimos refiriéndonos dice en su sección segunda que el aseguramiento de sentencia se ajustará a las vai'ias reglas que establece, de las cuales las dos pri-meras dicen así:
“ ‘ (a) Si la obligación reclamada fuere de dar cosa determinada poseída por el demandado o por un tercero a su nombre, se prohi-birá al demandado, o al tercero, en su caso, la enajenación o gravamen de la cosa reclamada, basta la resolución del pleito.
“ ‘ (b) Si la obligación fuere de pagar una suma de dinero, el aseguramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deu-dor para responder de las sumas reclamadas. ’
“De acuerdo con esa ley, que es la vigente, el aseguramiento de sentencia en el caso de Symister en cobro, de dinero sólo podía con-sistir en el embargo de bienes de sus demandados sin prohibición de enajenarlos porque no reclamaba una cosa determinada, por lo que tal prohibición no fué decretada y consiguientemente no aparece en el registro. La notificación al demandado requerida por la sección 9 se refiere al caso en que se haya embargado un inmueble y se haya prohibido su enajenación, siendo necesaria la notificación al dueño porque no podrá venderlo sino en pública subasta con citación del demandante y depositando el precio en el tribunal, so pena de que la venta se repute fraudulenta y de que sea castigado por desacato; y no se refiere a un embargo sin esa prohibición porque si ésta no existe el dueño puede vender el inmueble embargado sin perjuicio de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación, según dispone el artículo 71 de la Ley Hipotecaria.
“Por lo expuesto la notificación requerida por la sección 9 de la ley para asegurar la efectividad de la sentencia no era necesaria en este caso y la sentencia apelada en cuanto no declaró nulo el embargo de la finca debe ser confirmada.”

Sostiene, por último, la dicha parte apelada que no existió embargo en este caso porque la finca objeto del mismo no estaba inscrita ni podía inscribirse en el registro de la propiedad porque era y es una finca edificada en solar ajeno.

En cuanto a que la casa no podía inscribirse por estar edificada en solar ajeno, no tiene razón la apelada. Desde 1915 decidió esta Corte que puede. Martin et al. v. Registrador de Arecibo, 22 D.P.R. 149.

Y tampoco la tiene en cuanto a que no estando inscrita la finca no cabe anotar el embargo.

En el caso de Sobrinos de Villamil v. Registrador, 32 D.P.R. 545, hablando la corte por sn Juez Asociado Sr. Wolf, dijo:

“El artículo 92 del reglamento hipotecario, en su parte perti-nente, prescribe lo( que sigue:
“ ‘Se hará anotación preventiva de todo embargo de bienes in-muebles o derechos reales que se decrete en juicio civil o criminal, aunque aquél sea preventivo, debiendo observarse las reglas siguien-tes :
“ ‘Primera.' — ■ * * * * *
“ ‘Segunda. — Si la propiedad de los bienes embargados no cons-tare inscrita, se suspenderá la anotación del embargo, y en su lugar se tomará anotación preventiva de la suspensión del mismo por ser subsanable aquel defecto.’
“Las derogaciones tácitas no son favorecidas. La idea de los au-tores de la Ley Hipotecaria fué' conceder a un ejecutante ciertos de-rechos contra el público aun cuando no estuviera inscrita la propie-dad embargada. En relación con esto los señores Galindo y Escosura, Legislación Hipotecaria, tomo 2, pág. 444, se expresan como sigue:
“ ‘Si del registro apareciese que los bienes estaban inscritos a favor de persona distinta del ejecutado, denegará la anotación; y si no estuvieren inscritos a favor de nadie, la suspenderá hasta que aquél a quien interese (si pretende en ambos casos que el dueño ver-dadero es el ejecutado) logre por los medios legales que se inscriban a nombre del deudor, y a continuación se anote el embargo.’
“Este derecho no se anula porque la ley haya variado. Lo> principal no sigue a lo accesorio, pero sí lo contrario, y el ejecutante tiene derecho a cierta especie de anotación. Esto no se alcanza por medio de una anotación preventiva por el término de 120 días, toda vez que no sólo cualquier litigio podría sobrepasar dicho límite sino que sería discutible si la prohibición de no enajenar habría de ser eficaz sin tal anotación.”

Más tarde en el caso de Armstrong v. Registrador, 34 D.P.R. 267, por medio de su Juez Asociado Sr. Aldrey, se expresó así:

“El artículo 92 del Reglamento Hipotecario estableciendo las re-glas que deben seguirse para la anotación preventiva de embargo de bienes inmuebles o derechos reales decretado en juicio civil o criminal' dispone en la segunda de ellas que si la propiedad de los bie-nes embargados no constare inscrita se suspenderá la anotación del embargo, y en su lugar se tomará anotación preventiva de la sus-pensión del mismo por ser subsanable aquel defecto; y el artículo 96 de la Ley Hipotecaria declara que la anotación exigida a conse-cuencia de no poder verificarse la inscripción por defecto subsana-ble del título presentado caducará a los 60 días de su fecha, plazo que es prorrogable a 180 días, a no ser que el título presentado emane, de autoridad judicial, en cuyo caso sólo podrá prorrogarse por otro de igual clase. De acuerdo pues con esos preceptos el embargo no se anotaba sino que se suspendía la anotación y se tomaba anotación preventiva de la suspensión por 60 días prorrogables.
“En el año 1902 (p. 313) se aprobó una ley sobre recursos contra resoluciones de los registradores de la propiedad en cuya sec-ción cuarta (Comp. 2183) se ordena a los registradores que no sus-pendan por defectos subsanables la inscripción, anotación o cancela-ción de ningún título y que hagan constar en la inscripción los de-fectos que contenga el título, así como que en cualquier tiempo en que se presente la documentación para subsanarlos harán constar la subsanaeión por nota marginal; y la sección 7^ (Comp. 2186) dis-pone que cuando nieguen la inscripción, anotación o cancelación ex-tiendan anotación preventiva por 120 días. Como consecuencia de esta ley los mandamientos de embargo! que antes no se anotaban cuando la finca no estaba inscrita en el registro a nombre de persona alguna sino que se suspendía la anotación y se tomaba anotación preventiva por ser subsanable ese defecto hay que anotarlos ahora haciendo constar dicho defecto, porque según la ley citada de 1902 no puede negarse la anotación por defectos subsanables y por tanto no procede suspender ni negar la anotación tomando anotación pre-ventiva de la suspensión por 120 días porque esta anotación sólo es procedente ahora cuando existe defecto insubsanable. En el caso de Duperón v. El Registrador, 15 D. P. R. 63, único que hemos encon-trado en nuestras decisiones con respecto a la regla segunda del ar-tículo 92 del Reglamento Hipotecario, aunque este tribunal confirmó la negativa del Registrador negando la anotación de un embargo por no estar inscrita la finca embargada, habiéndose tomado anota-ción preventiva por 120 días, la cuestión que ahora consideramos no fué tratada sino únicamente que dicho artículo y regla no estaban en contradicción con la ley para asegurar la efectividad de las senten-cías por lo que no estaba derogado por ella, que parece fué la única cuestión suscitada por el recurrente.
“Por consiguiente, la doctrina expuesta en el caso de Sobrinos de Villamil contra El Registrador, supra, lia de entenderse modifi-cada en el sentido de que la regla segunda del artículo 92 del Re-glamento Hipotecario no está vigente en cuanto dispone que si la finca embargada no está inscrita se suspenda la anotación y se tome anotación preventiva de la suspensión puesto que esto no puede ha-cerse después de la ley de 1902 citada sino que bay que verificar la anotación del embargo haciendo constar ese defecto subsanable.”

Y, por último, en el de Moscoso Hermanos v. Registrador, 35 D.P.R. 1054, per cioriam, decidió:

“Por los fundamentos de los casos de Villamil v. El Registrador, 32 D. P. R. 545, y Armstrong v. El Registrador, 34 D. P. R. 267, se revoca la nota del Registrador de la Propiedad de Humacao de fecha diciembre 15, 1925, y se ordena la anotación de embargo soli-citada con el defecto, subsanable de no estar inscrita la finca embar-gada. ’ ’

Quizá sea conveniente agregar que una de las cues-tiones levantadas en el pleito- por la parte demandada fué la de que la venta de la casa hedía como fné a la deman-dada por Rufino Pont el 26 de mayo de 1930 después de haberse dictado sentencia contra Pont el 9 de abril anterior, debe presumirse en fraude de acreedores de acuerdo con lo prescrito en el artículo 1249 del Código Civil, Ed. '1930, a saber: . . . También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas per-sonas contra las cuales se hubiere pronunciado antes sen-tencia condenatoria en cualquier instancia, o expedido man-damiento de embargo de bienes.”

Bebe revocarse la sentencia recurrida y en su lugar dic-tarse otra desestimando la demanda, sin especial condena-ción de costas.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro,

text:
    Juan F. Riberas, demandante y apelante, v. Banco Agrícola de Aguadilla, demandado y apelado.
    No. 6136.

    Sometido: Junio 2, 1933.

      Resuelto: Julio 22, 1933.

      Paseasio Fajardo, abogado del apelante; Juan B. 8oto y E. González .Metía, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

UÉste es nn caso de daños y perjuicios. Alegó el deman-dante, en resumen, que llevando cuenta corriente en el banco demandado, libró contra él nn cheque a favor de G-. M. Accept. por $30, otro a la del Municipio de Aguada por $3.95 y otro a la de P. M. Nieva por $101, y el banco, no obstante tener el demandante depositados fondos suficientes para ello, se negó a pagarlos, negativa que motivó la pérdida del con-trato de agencia para la venta de automóviles que el deman-dante había celebrado con P. M. Nieva y menoscabó sn cré-dito como holmbre de negocios en la comunidad, sufriendo doce mil dólares de daños y perjuicios por el primer con-cepto y dos mil más por el segundo.

Solicitó y obtuvo el demandado la eliminación de ciertos particulares de la demanda, y contestó negando los hechos que le perjudicaban y alegando de modo positivo que si no honró los indicados cheques, se debió a que el demandado no sólo carecía de fondos en el banco si que estaba sobregi-rado en su cuenta corriente por $224.48.

Fué el pleito a juicio y la corte lo falló en contra del de-mandante. No conforme éste interpuso el presente recurso de apelación, señalando en su alegato la comisión de seis errores. El primero se refiere a la eliminación de particu-lares de la demanda, el segundo, el tercero y el cuarto a la apreciación de las pruebas, y el quinto a la no admisión de cierta carta en evidencia. El sexto es el general cometido a juicio del apelante por la corte al dictar sentencia en contra suya imponiéndole el pago de las costas.

Comenzaremos nuestro estudio por los señalamientos dos, tres y cuatro. En su relación del caso y opinión la corte sentenciadora analiza cuidadosamente la prueba practicada y, revelando en sus conclusiones una convicción absoluta, niega crédito a la evidencia aportada por el demandante y lo otorga a la introducida por el demandado. A nuestro juicio actuó a conciencia y de acuerdo con la ley el tribunal sentenciador.

Todo este caso gira alrededor de una equivocación come-tida por el empleado del banco demandado encargado de re-cibir los depósitos al anotar en la libreta del demandante la suma de $277 en vez de la de $55 que fué la que realmente depositó el 21 de diciembre de 1929.

Basándose en el asiento de su libreta como si constituyera una fortaleza inexpugnable, sostiene el demandante y ape-lante que la corte de distrito estaba obligada a reconocerle su derecho no sólo a los $55 acreditados en los libros del banco y no en la libreta, si qne también a los $277 consignados en la libreta aunque no lo estuvieran en los libros del banco.

No bay duda alguna que tiene una gran fuerza pro-batoria un asiento becbo por el funcionario autorizado de un banco para hacerlo en la libreta del depositante. Habla por sí mismo y prima facie acredita el depósito. Pero eso no quiere decir que la verdad de la imposición no pueda ser contradicha y destruida por otra evidencia que merezca en-tero crédito a la corte, como sucedió en este caso.

Resumiendo la jurisprudencia sobre la materia, dice Corpus Juris:

“El registrar un depósito en la libreta del depositante es una admisión de la existencia de una deuda a favor de éste por parte del banco y de un contrato de devolver el dinero al depositante o a su orden; . . . Antiguamente si el funcionario de un banco registraba un depósito en la libreta de depósito al momento de efectuarse éste, el asiento era original y obligatorio para el banco; . . . Sin embargo, la regla al presente es que los derechos de las partes no son fijados o modificados por los asientos hechos en la libreta de depó-sito o por la liquidación de la misma, sino que en todos los casos la cuenta está sujeta a ser examinada y corregida, aunque un deposi-tante está obligado a tener conocimiento de los asientos hechos en su libreta al tomarse balance en la misma, y a notificar cualquier error que en ella encuentre sin irrazonable demora. Empero, una libreta de depósito es prueba prima facie de los asientos en ella con-tenidos, aunque no concluyente.” 7 C. J. 637, 638.

Tanto la relación del caso del juez sentenciador como los alegatos de las partes son extensísimos y muy extensa re-sultaría también nuestra opinión si entráramos en el aná-lisis detallado de la evidencia de una y otra parte.

Bastará decir que las declaraciones del demandante y de su hermano Ismael analizadas en sí mismas llevan la duda al ánimo del juzgador. Hay un deposit slip por $55 hecho por el propio demandante en diciembre 21, 1929, que reco-noce como el verdadero y único el banco. Como no figura en la libreta el depósito a que se refiere, dijo el demandante que no la llevó cuando lo hizo porque la tenía su hermano Ismael. Sin embargo, la libreta, según Ismael, estaba en el escritorio de ambos. Ismael asegura que su hermano le entregó y que él depositó a nombre de su hermano el mismo día 21 de diciembre los $277 que aparecen acreditados en la libreta y no en los libros del banco, entregándolos al receptor pagador Arturo Milán, sin que nada le dijera su hermano con respecto al otro depósito. El demandante tenía un pe-queño negocio en relación con autómóviles en Aguadilla. Dijo que llevaba sus cuentas de memoria y así no pudo acreditar por escrito la procedencia de los $277. Ni siquiera de me-moria pudo indicar su origen en alguna forma más o menos específica susceptible de comprobación.

Frente al testimonio de Ismael Riberas está el del receptor pagador del banco Arturo Milán que asegura que Ismael no le entregó la cantidad indicada, siendo la suma de $55 el único depósito hecho en la cuenta del demandante el referido día, habiendo anotado en la libreta $277 en vez de $55 segu-ramente por error. Aseguró que llevaba nota separada de todos los depósitos que liquidaba cada día; que se conser-, vaban los “slip-deposits” para la liquidación final de cada cuenta, y que de haberse depositado los $277 necesariamente se hubiera advertido al liquidar los depósitos del día y al re-visarse luego las hojas de depósitos.

La declaración de Milán está corroborada por la del director gerente y cajero dél banco Añeses que dijo que está obligado a asistir todas las tardes y asistió en la de la fecha de que se trata al cuadro de las operaciones del banco; que ese día no se hizo depósito alguno de $277, ni sobró dinero, ni hubo dificultad en el arqueo. También por la del subge-rente Badillo.

Hay además otra circunstancia que tuvo necesariamente que inclinar el ánimo del juzgador en contra del demandante, y es la de que por varios meses consecutivos estuvo el de-mandante recibiendo las cuentas que al fin de cada mes acos-tumbraba rendirle el banco sin que en ninguna de ellas fi-gurara el alegado depósito de $277, permitiendo que así per-manecieran. Trató el demandante de probar sus gestiones personales cerca del banco, pero la corte no creyó sn decla-ración. La referencia qne hizo al Sr. E. González Mena so-bre este extremo no pndo ser más desgraciada, pnes llamado a declarar González Mena dijo qne fné a fines de jnlio de 1930, o sea despnés de haberse negado el banco a pagar los cbeqnes de qne se trata, qne vió al demandante hablando con el snbgerente Sr. Badillo y no antes.

“Ha sido también resuelto,” se dice en 7 Corpus Juris 639, “qne la preparación de una libreta de depósito y la eli-minación de mi saldo y la devolución de éste con los cheques constituye una cuenta liquidada (account rendered), y qne a menos que el depositante presente objeción a la misma dentro de un período razonable de tiempo, queda por ella obligado, y esa cuenta puede ser abierta para ser examinada y reinstalada solamente cuando ha habido fraude.”

La jurisprudencia citada en el texto se funda en el caso de McKeen v. Boatmen’s Bank, 74 Mo. A. 281. Ya a nues-tro juicio demasiado lejos al exigir la prueba de fraude, pero aun la que se cita en la nota 67 como contraria al texto re-vela la fuerza de la cuenta que se rinde. Nos referimos al caso de Critten v. Chemical Nat. Bank, 60 App. Div. 241, 70 N.Y.S. 246, en el que se decidió que “aunque la devolución de la cuenta con los comprobantes equivale a una cuenta li-quidada (account stated) esto sólo impone al demandante la obligación de probar que ha habido equivocación o error.”

Y aquí el depositante nada hizo. Consideró que tenía bas-tante con su libreta. Pero .al querer aprovecharse de la verdad aparente que de ella surgía, solicitando la ayuda de la corte, ésta fijó la verdad real, a virtud de la plena luz que se hizo en el caso por la prueba del demandado, y negó la ayuda, condenando en costas al depositante. Hizo justicia.

No obstante ser ello innecesario, siguió la corte de dis-trito considerando en su relación del caso y opinión la evi-dencia en relación con los daños y perjuicios alegados, con-cluyendo que no se habían probado. Si para algo sirve la prueba aportada por el demandante sobre ese extremo, es para convencerse el juzgador de lo correcto de la conclusión a que antes llegara en cuanto a la no existencia del depósito de $277.

El error referente a la eliminación no existe. Lo elimi-nado fué materia redundante o meras conclusiones de ley. Surge así claro de la resolución fundada de la corte de dis-trito.

La carta cuya admisión fué negada guardaba relación con los daños y perjuicios. A éstos no se podía llegar sin antes demostrar la verdad del depósito. No se demostró y el señalamiento no debe ser considerado.

El último error, o sea el sexto, no existe. La sentencia dictada, como ya sabemos, fué la justa y procedente, y debe confirmarse.


author: El Juez Presidente Se ñor Del Tobo,

text:
    María Pantoja y José Serrano, demandantes y apelantes, v. The American Railroad Company of Porto Rico, demandada y apelada.
    No. 6004.

    Sometido: Marzo 23, 1933.

      Resuelto: Julio 22, 1933.

      Paseasio Fajardo, abogado de los apelantes; Mariano B. Aeosta Ve-larde, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Se ñor Del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un pleito iniciado por los padres de un menor que murió a. consecuencia de un choque con un vagón del ferrocarril de la demandada.

Presentada la demanda, la demandada pidió y obtuvo la eliminación de ciertos particulares de la misma, y archivada la demanda enmendada, la excepcionó y contestó. Ene el pleito a juicio y practicada prueba por ambas partes, la corte dictó sentencia declarando la demanda sin lugar. No emitió opinión, pero requerida por los demandantes, lo hizo, y de ella transcribimos los siguientes párrafos:

“De la evidencia presentada, así como de la inspección ocular, la corte considera probados los siguientes hechos:
“Que los demandantes son los padres naturales del menor Vir-ginio Serrano. Que el José Serrano, padre del menor Virginio Serrano, abandonó a la demandante Mariana Pantoja, y a su hijo, desde que dicho menor tenía la edad de cinco meses, habiendo vivido la demandante y el menor desde dicha fecha, con el testigo Pablo Castro . . . Que la demandada the American Railroad Company of Porto Rico es una corporación de Servicio Público, . . . dedi-cada a la explotación de un ferrocarril, para la conducción de pasa-jeros y carga, teniendo establecida en el pueblo de Mayagiiez, en el barrio de Marina Septentrional, una estación denominada ‘Ma-yagiiez Playa.’ Que en dicha estación y al frente de la misma, o sea, hacia el saliente, está el campo de maniobras (Railroad Yard) de la demandada, donde existen unas siete vías. Que los terrenos de dicho campo de maniobras están encerrados, teniendo hacia el po-niente una muralla de 1 metro setenta centímetros de alto por unos 344 metros de largo y por el saliente existe una muralla de hormi-gón de una altura de un metro 40 centímetros de alto, y por el Norte y Sur, la vía férrea que utiliza la demandada en su negocio. Que en los terrenos de la estación Mayagiiez Playa, así como en el campo de maniobras, no hay camino ni vereda que la cruce o atraviese, quedando cercado por las murallas que existen al Oeste y al Este. Qué el menor Yirginio Serrano, en la fecha del accidente, vivía con Pablo Castro, en una casa radicada en terrenos que colindan con el campo de maniobras (Railroad Yard) de la estación Playa y que están separados del mismo por el muro de un metro 40 centímetros de alto que queda al saliente de dichu campo de maniobras. Que el día 16 de febrero del año 1929, el menor Yirginio Serrano se encon-traba pastando una cabra en los terrenos donde está el campo do maniobras (Railroad Yard) de la demandada, estando dicho menor con su cuerpo recostado del último, en la dirección de San Juan a Mayagiiez, de tres vagones que se encontraban estacionados en el campo de maniobras (Railroad Yard) de la demandada. Que el Yirginio Serrano tenía sus pies entre los dos raílés de las vías donde estaban dichos vagones y en sus manos sostenía una soga que ama-rraba la cabra que estaba pastando. Que mientras el menor se en-contraba en la posición descrita, la locomotora No. 56 manipulada allí y entonces por Ricardo Nublet, empleado de la demandada, se encontraba efectuando maniobras para tomar aceite y al entrar en las vías donde estaban estacionados los tres vagones a que nos he-mos anteriormente referido, chocó o empujó el primero de dichos va-gones, en la dirección de San Juan a Mayagiiez, poniendo en movi-miento los mismos, y arrollando el último de dichos' vagones al me-nor Yirginio Serrano, ocasionándole la muerte a consecuencia de las heridas recibidas. Que la locomotora 56 hizo la referida manio-bra a la marcha acostumbrada y el maquinista que manipulaba la misma no vio al menor Virginio Serrano hasta después de ocurrido el accidente. Que los empleados de la demandada por la posición y sitio que ocupaba el menor Virginio Serrano, no podían sospechar ni tenían motivos para creer que dicho menor estuviera en tal sitio.
“La corte, por la evidencia practicada e inspección ocular, ha llegado a la conclusión de que el menor Virginio Serrano era un transgresor y que los empleados de la demandada, al maniobrar la locomotora No. 56, no tenían razón o motivo alguno para creer que dicho menor se encontraba en el sitio donde fué arrollado. No hay evidencia alguna, que demuestre, que el maquinista de la locomotora 56 viera antes del accidente al menor, en la situación de peligro donde voluntariamente se había colocado. Ni de las alegaciones del caso, ni de la evidencia presentada, tanto por la parte demandante como por la demandada, ni de la inspección ocular, surge que la de-mandada tuviera alguna obligación o deber especial para con el pre-citado menor en el sitio del accidente, salvo el deber de no inferirle voluntariamente daño. De la evidencia resulta que el sitio del ac-cidente no es un sitio público ni donde el menor Virginio Serrano tuviera derecho a estar ...”

No conformes los demandantes, apelaron para ante esta Corte Suprema. Señalan en su alegato la comisión de nueve errores que argumentan extensamente. Sostienen por el pri-mero que la corte erró al decretar las eliminaciones solicita-das por la demandada, especialmente la del siguiente párrafo del hecho séptimo de su demanda:

“Que a no haber sido por el accidente relacionado "que ocasionó su muerte hubiera vivido por lo menos unos cuarenta años más, du-rante el cual tiempo hubiera razonablemente proporcionado a sus padres los demandantes diez mil dollars para sus necesidades más pe-rentorias de la vida.”

Aceptando que tuvieran razón los demandantes, el error cometido no sería perjudicial. La cuestión carece de mérito si se concluye como habremos de concluir que la prueba de-muestra que la ’acción ejercitada carecía de fundamento.

Los señalamientos segundo al octavo se refieren a que la corte erró al desatender la clara prueba, de los de-mandantes, al no seguir los artículos 60 del Código de En-juiciamiento Civil y 1803 y 1804 del Código Civil y la juris-prudencia interpretativa de los mismos, al no aplicar la doc-trina de “Last Clear Chance”, al estimar que medió culpa por parte del menor, al no condenar a la demandada a in-demnizar a los demandantes-y al desestimar su moción so-bre enmienda a la demanda para conformarla con la prueba.

Todos ellos dependen de si la corte apreció bien o mal la evidencia practicada.

A nuestro juicio no se ha demostrado que la corte actuara movida por pasión, prejuicio o parcialidad o que cometiera error manifiesto alguno al apreciar la evidencia practicada por ambas partes llegando, después de resolver las contra-dicciones existentes en la misma en pro de la de la deman-dada, a las conclusiones que dejó establecidas en su relación del caso y opinión.

Fijados los hechos en la forma en que lo fueron, son los procedentes los principios de derecho que aplicara el tribunal sentenciador.

Si el accidente ocurrió dentro del campo de maniobras de la demandada que si bien está a continuación de la estación del ferrocarril no es un sitio al que deba ir o se invite a ir al público y si dicho sitio estaba además cercado y separado de la casa en que vivía el niño que sufrió el accidente por un muro de hormigón de más de un metro de alto, sin que exis-tiera por dentro de él camino ni vereda algunos, hay que con-cluir que el niño era un transgresor que como regla general no puede invocar en su favor cualquier descuido que hubie-ran cometido los empleados de la demandada en la maniobra de sus trenes.

Estamos conformes con la parte apelante en que esa re-gla general tiene excepciones y aceptamos la jurisprudencia sobre la materia tal como surge del párrafo que cita de la opinión de la Corte Suprema de Virginia en el caso de Pannill v. Potomac, F. S P. R. Co., reportado en 4 L.R.A. (N.S.) 80, 83, como sigue:

“La regla general es que el terrateniente no tiene para con el transgresor (y lo mismo se aplica a un mero licensee) el deber de mantener su terreno en un estado de seguridad para que el trans-gresor pueda penetrar en él. El transgresor ordinariamente no tiene derecho de acción por el daño que le haya ocurrido a causa de la na-turaleza de la propiedad en que penetró, y él asume el riesgo del estado del terreno, y a fin de que tenga derecho a indemnización por un daño que le ocurra debe demostrar que el mismo fué infligido protervamente, o que el dueño u ocupante, hallándose presente, pudo haber evitado el daño mediante el ejercicio de cuidado ordinario una vez descubierto el peligro. Norfolk & W. R. Co. v. Wood, 99 Va. 156, 158, 159, 37 S. E. 846; Hortenstein v. Virginia-Carolina R. Co., 102 Va. 914, 918, 47 S. E. 996; Williamson v. Southern R. Co., 104 Va. 146, 11 Va. L. Reg. 289, 70 L. R. A. 1007, 51 S. E. 195; Bishop, Non-Contract Law, par. 845; Cooley, Torts, 2d ed., 791-794.”

Pero habiéndose declarado probado “que la locomotora No. 56 hizo la referida maniobra a la marcha acostumbrada y el maquinista que manipulaba la misma no vió al menor Virginio Serrano hasta después de ocurrido el accidente y que los empleados de la demandada por la posición y sitio que ocupaba el menor, no podían sospechar ni tenían motivos para creer que dicho menor estuviera en tal sitio,” no cabe considerar este caso como uno de excepción, ni es aplicable al mismo la doctrina de “last clear chance.”

El solo hecho de ser menor la víctima del accidente no impide que pueda ser considerada como un transgresor. Cuando se trata de un niño debe tenerse mayor cuidado que cuando se trata de un adulto, debe serse más exigente con el demandado, debe tomarse en consideración el menor desa-rrollo de la inteligencia del niño tanto para realizar el acto constitutivo de la transgresión cuanto para poder defenderse del peligro, pero aun así no creemos que en este caso con-creto pueda exigirse responsabilidad a la compañía. El me-nor contaba catorce años de edad. Vivía con su madre que vivía a su vez con el testigo Castro que declaró que había enviado al menor a comprarle cigarrillos ocurriendo el ac-cidente al regresar con la compra. Bien encontrara la muerte al atrechar por dentro del campo de maniobras para llegar más pronto a su casa, ya la recibiera por haberse acercado demasiado, mientras daba de comer a la cabrita, a un va-gón que lo arrolló súbitamente, es lo cierto qne ocupaba un sitio que no tenía derecho a ocupar y que su muerte la pro-dujo un accidente debido quizá a la negligencia de la deman-dada por no mantener en estado perfecto la aguja de uno de los desvíos de su campo de maniobras, pero sin que fuera visto por los que funcionaban la locomotora y la aguja a tiempo de poder evitar el accidente.

El último error fue abandonado. La parte apelante ase-guró que la corte no había emitido opinión en el caso. La parte apelada presentó una copia de la opinión emitida a requerimiento mismo de la apelante y ésta en un alegato posterior desistió de seguir sosteniendo el error señalado y dis-cutido-.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.