author: El Juez PrusideNte Señor Del Tobo,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Rodríguez, acusado y apelante.
    No. 2779.

    Visto: Junio 4, 1926.

      Resuelto: Julio 8, 1926.
    1. Alimentos (Food) — Pan — Reglamentos de Sanidad — Interpretación — “Adulterado”, Definido. — En el naso de autos se define la- palabra adul-terado en la acepción usada en la sección 1 del Reglamento de Sanidad No. 53 sobre almacenaje y venta de alimentos y drogas en la Isla promulgado en mayo 10, 1917.
    2. Alimentos (Food) — Pan—Contravención a los Reglamentos! de Sanidad — Proceso y Castigo — Denuncia—Suficiencia de la Misma. — En esta causa por infracción al artículo 1 de] Reglamento de Sanidad No. 53, se resolvió: que la acusación no imputaba debidamente la infracción, y en todo (‘aso que la prueba no fué suficiente.
    SENTENCIA de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por infracción al reglamento de Sanidad No. 53.

      Revo-cada y absuelto el acusado.

      Rafael Arjona 8iapa, abogado del apelante; José E. Figueras, abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez PrusideNte Señor Del Tobo,

emitió la- opinión dei tribunal.

La acusación en este caso, tal como fue presentada, en lo pertinente, dice:

“Que en 11 de agosto del 1925 y en la calle Buena Vista del Distrito Judicial Municipal de Yauco, que forma parte del Distrito Judicial de Ponce, Puerto Rico, el acusado arriba mencionado que es dueño de una panadería donde se elabora pan para la venta y consumo público, de una manera ilegal, maliciosa y voluntaria, allí y entonces elaboró y vendía pan adulterado con ácido según certi-ficación del Director del Laboratorio Químico Dr. R. del Valle Sá-rraga, donde en fecha 11 del mes de agosto se mandó una muestra oficial bajo el No. 41132, y resultó adulterado con el 8.41 por ciento de acidez y mal elaborado resultando nocivo a la salud del público consumidor y en contravención a las disposiciones del art. 1 del Re-glamento de Sanidad No. 53.”

Al llamarse la causa para la vista, el acusado pidió a la corte que ordenara la eliminación de toda aquella parte de la acusación que comienza en “según certificación” y termina en “Sanidad No. 53,” y la corte accedió. De suerte que las palabras “resultando nocivo a la salud del público consu-midor” quedaron eliminadas.

Se practicó la prueba consistente en la declaración de Manuel Vidal, jefe local de Sanidad, que se limitó a decir que había ocupado el pan en la panadería del acusado y lo había enviado al Laboratorio Insular, y en la del Químico Auxiliar del Laboratorio Sr. Gradea, que reconoció el informe del Laboratorio y explicó cómo se llegaba a la conclusión que contenía. Ni una palabra dijo con respecto a que el pan fuera nocivo a la salud o impropio como alimento. El in-forme, también introducido como prueba, contiene la si-guiente “Conclusión: Ácido, mal elaborado,” y fija como acidez: “8.41 por 10 gramos.” No dice que el pan estu-viera adulterado, ni que fuera impropio como alimento, o nocivo a la salud. Tampoco que la acidez fuera mayor que el standard que pudiera haberse fijado de acuerdo con la ley.

Esa faé la prueba de cargo. No hubo prueba de des-cargo. Y la corte al dictar' su fallo condenatorio dijo que declaraba culpable al acusado “por entender que de la prueba practicada y de acuerdo con el examen que se bizo en el Laboratorio ese pan era nocivo a la salud por tener exceso de acidez.”

El precepto por cuya infracción se acusó y condenó al apelante es el artículo 1 del Reglamento de Sanidad No. 53, sobre almacenaje y venta de alimentos y drogas en la Isla de Puerto Rico, promulgado en 10 de mayo de 1917. Dice así:

“Art. 1. — Ninguna persona, sindicato, corporación, institución de cualquier carácter que sea, venderá, ofrecerá, expondrá en venta o tendrá para la venta, hará conducir o almacenará alimento o droga alguno, para el consumo en la Isla de Puerto Rico, que esté adulterado o falsamente rotulado, dentro del concepto legal que se define en este Reglamento, y que es el mismo que se expresa en los artículos 7 y 8 de la Ley de Alimentos y Drogas, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, en junio 30, 1906.”

“Adulterated,” en la acepción que guarda relación con este caso significa según el Webster’s New International Dictionary, “debased by% the admixture of a foreign substance; adulterated; hence, spurious; counterfeit,” y “adulterar”, según el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Castellana por Zerolo, también en relación con la acepción que guarda relación con este caso, significa:' “viciar, falsificar alguna cosa.”

La ley federal a la que se refiere el Reglamento, en su sección 7 establece seis diferentes grupos de casos en que alimentos se considerarán adulterados a los efectos de la ley. En los cinco primeros los elementos de mezcla, adición, 'extracción, sustitución o variación, más o menos esenciales al concepto de adulteración, existen. El sexto es como sigue:

“Seis. — Si está compuesto en todo o en parte de un animal o substancia vegetal, sucio, descompuesto, o putrefacto, o de cualquier porción de un animal impropio para ser usado como alimento, esté o no manufacturado, o si es el producto de un animal enfermo, o de tino que ba muerto por otra causa distinta a la matanza.” Federal Food and Drugs Act and Decisions, compiled by C. A. G-winn, pag. 11.

Dentro ele este grupo sexto podría quizá comprende'rse este caso, pero la acidez del pan tendría que ser de tal na-turaleza que implicara por lo menos descomposición.

Aquella parte de la acusación que tendía a expresarese concepto en palabras más o menos llanas susceptibles de ser entendidas por un acusado vulgar, a saber: “resultando nocivo a la salud del consumidor,” fueron eliminadas, y en la prueba, en lenguaje corriente, nada dijeron los testigos con respecto a que el pan de que se trata estuviera descompuesto y fuera impropio para ser usado como alimento. A menos que deba concluirse que el grado de acidez fijado en el examen' necesariamente establece la conclusión de la descomposición del pan y de su impropiedad como alimento — -y ello no nos lia sido demostrado por el fiscal — debe concluirse que la prueba fué por lo menos deficiente.

Muchas leyes prescriben determinado standard para ciertos artículos y si la prescripción no se cumple se consi-dera el artículo adulterado irrespectivamente de si algo se le ba añadido o quitado o de si es en sí mismo o nó im-propio para el consumo. Ejemplo: la adulteración de leche. Ley y jurisprudencia de Puerto Rico. Véase 3 C. J. 2.

Además de lo que hemos indicado dijo el químico Gadea que tenía conocimiento por la literatura sobre el particular, que tres y medio o cuatro por ciento grados era la acidez fijada al pan como máximo y que el laboratorio de la Isla “más benévolo concedía hasta cinco y medio grados,” pero el propio químico también dijo que no tenía conocimiento de que el acuerdo del laboratorio hubiera sido sancionado y publicado.

Bajo cualquier aspecto, pues, que se examine este caso, es necesario concluir que dados los términos de la acusación y lo deficiente de la prueba, se impone la revocación de la sentencia recurrida y la absolución del acusado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señou del Tobo,

license: Public Domain

text:
    Agustín Hernández Mena, demandante y apelante, v. Bernardo Lecumberri, demandado y apelado.
    No. 3837.

    Visto: Marzo 2, 1926.

      Resuelto: Julio 8, 1926.
    Apelación y Error — Resolución y Disposición del Oaso — Confirmación— Error Alesado que no se Demuestra por el Apelante — En General.— Atendidas las alegaciones de la demanda y los fundamentos de la sentencia apelada, se resolvió: que el alegato del apelante no destruía los fundamen-tos de la corte basados en los hechos resultantes de la demanda misma, y se confirmó la sentencia apelada.
    Sentencia de Pablo Perga, J. (San Juan), desestimando la demanda, con costas.

      Confirmada.

    Angel Arroyo representó al apelante en el acto de la vista; Monse-rrat y Monserrat, abogados del apelado.
   El Juez Presidente Señou del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La sentencia apelada en este caso se dictó sobre las ale-gaciones. La demanda es larga y confusa. Fue exeepeio-nada por falta de hechos suficientes para constituir una cansa de acción. T la excepción fné declarada con lugar, quedando convertida luego la resolución en sentencia.

Desentrañados los hechos, consta que Hernández Mena, el demandante, era dueño de un solar con una casa y varias otras construcciones situado en Santurce, P. R.; que el solar y la casa fueron vendidos en pública subasta al de-mandado Lecumberri en un pleito en cobro de pesos que se siguió contra el demandante Hernández Mena; que Lecum-berri demandó en desahucio al ocupante de la finca Ru-perto Fuentes; que el demandante pidió intervenir en el pleito de desahucio y no se le permitió, y que el deman-dante alega que ha sido despojado de su propiedad injus-tamente ocasionándosele perjuicios que fija en cinco mil dólares.

Los fundamentos de la sentencia apelada fueron que el demandante carecía de acción para solicitar la nulidad del pleito de desahucio en el que no era parte ni se le permi-tió intervenir, no pndiendo afectarle en modo alguno la sentencia dictada; que en la misma demanda se alega. que ■los bienes de que se trata son propiedad de Lecumberri por títnlo procedente del propio demandante, y qne la ac-ción de daños y perjuicios era improcedente porque corres-pondería en todo caso al dueño y el dueño lo era Lecum-berri.

El alegato del apelante no contiene un señalamiento se-parado de errores y es tan confuso como la demanda. Lo hemos leído no obstante cuidadosamente y no destruye los fundamentos de la corte basados en los últimos hechos que resultan de la demanda misma, despojada de sus alegacio-nes dudosas, contradictorias o ininteligibles.

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    José Sella Vélez, demandante y apelante, v. Librada Pacheco y Francisco Alvarado, demandados y apelados.
    No. 3902.

    Visto: Junio 1, 1926.

      Resuelto: Julio 8, 1926.
    “Venue” — Domicilio y Residencia de las Partes — ¡’artes .Demandadas— Demandados que Residen en Distintos Distritos Judiciales — Traslado al Distrito de un Oo-deimandado Viviendo Otro en Aquél en que se OoMENZ'ó la Acción. — Demandadas dos personas quo residen en distintos distritos judiciales, si una de ellas reside en el distrito en que se lia comen-zado la¡ acción, el caso debe verso en dkho d’süito y el otro doman .Jado "o tiene derecho al traslado del pleito al distrito de su domicilio.
    ResoduciÓN de Angel Aeosta Quintero, J. (Ponce), concediendo el traslado solicitado.

      Revocada y denegado el traslado.

      E. Huertas Zagas y Erasto Arjona, abogados del apelante; A. Ortiz Toro, abogado de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

José Sella Vélez demandó en la Corte de Distrito de Ponce a Librada Pacheco y a Francisco Alvarado recla-mando la nulidad de ciertos actos y a consecuencia de ella la indemnización de perjuicios.

La demandada Librada Pacheco, vecina de Ponce, excep-cionó la demanda.. El demandado Francisco Alvarado, ve-nino de Jayuya, distrito judicial de Arécibo, excepcionó .taxnbién la demanda y solicitó el traslado del pleito a la corte de distrito de sn domicilio. El demandante se opnso. La corte declaró con lngar el traslado. Solicitó el deman-dante reconsideración y fue negada. Apeló entonces para ante este tribunal.

El apelado sostiene que tratándose, como se trata en efecto, de nna acción personal, tiene derecho como deman-dado a que el pleito se tramite en el distrito de su domicilio. Estaríamos enteramente conformes si el apelado fuera el único demandado, pero existe otro demandado, Librada Pacheco, que reside en Ponce, distrito en que se entabló la de-manda. Y para tal caso la Corte Suprema de California ha dicho:

“La prueba a que debe someterse la cuestión es: ¿Reside alguna de las partes necesarias en el condado donde se ha comenzado la acción? En caso afirmativo, el caso debe verse allí.” Hellman v Logan, 148 Cal. 58.

En el caso citado de California y en otros más que apa-recen mencionados en el Vol. 1, pág. 276, de FarralPs Code Civil Procedure, se basó la decisión de esta corte en Nieves v. Sucesión Mangual, 31 D.P.R. 551. El criterio de esta corte quedó fijado claramente sobre el particular.

Debe revocarse la resolución recurrida, negarse el tras-lado solicitado y devolverse el caso para ulteriores procedi-mientos de conformidad con esta opinion.


text:
    Telésfora García y Guillerma Zayas, demandantes y apelantes, v. Emilio Fernández y su esposa María Pérez Ríos; Ramona Caldas, Julián Fernán Díaz Morales, Pascual Borrás, Antonio Guarch, José Garriga Más y Celia Pérez Clemente, demandados y apelados.
    No. 3725.

    Visto: Diciembre 15, 1925.

      Resuelto: Julio 8, 1926.
    1. Fraude — Acciones—Evidencia—Suficiencia de la Misma. — En esta acción-sobre nulidad de declaratoria de herederos, de partición de herencia e ins-eripciones — se resolvió que la prueba sobre fraude aportada era muy escasa para destruir traspasos constantes en escrituras públicas inscritas en el re-gistro.
    2. Alegaciones — Alegaciones Enmendadas t Suplementarias y Nuevas Ale-gaciones (Repleader) — Permiso para Enmendar — Solicitud de Permiso y Resolución Sobre. Aquella — Parte Contraria — Derecho a Ser Oída por la Corte Antes de Esta Ensolver. — Solicitado permiso para archivar una contestación enmendada, ésta se notificó a la parte contraria desde su pre-sentación a la eorte y dicha parte nada objetó hasta el día del juicio en que pidió la eliminación por el motivo de que la corte no oyó a dicha liarte antes de resolver sobre la admisión de dicha alegación enmendada. Se re-solvió: que la eorte no venía obligada a oir a dicha parte antes de resolver sobre la admisión de dicha contestación enmendada.
    3. Apelación y Error — Revisión—Errores no Perjudiciales — Evidencia que no Afecta al Resultado de un Caso. — Si bien la admisión de una depo-sición tomada ante notario y que éste entregó abierta, a uno'de los aboga-dos de una de las partes, es errónea, sin embargo el error no es perjudicial cuando además de probada su autenticidad dicha evidencia es prueba acu-mulativa y su admisión, según la eorte inferior, en nada cambiaba el resul-tado a que ella había de llegar en la consideración del caso.
    Sentencia de Pablo Berga, J. (Iiumacao), declarando sin lugar la demanda y la contra-demanda, sin costas.

      Confirmada..

      V. P. Rodrigues Oriiz, y F. Q-onzalez Fagundo, abogados de las apelantes; Acuña é Janer, abogados de los apelados.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Telésfora García y Guillerma Zayas alegando ser here-deras de Ramona Calderón entablaron demanda solicitando la nulidad de cierta declaratoria ■ de herederos, de una par-tición de herencia y de varias inscripciones en el registro de la propiedad, todo en relación con uña finca rústica si-tuada en Cagnas.

Se admite por ambas partes que en junio de 1873 Pas-cual Borras vendió a Julián Morales la finca de que se trata.

Las demandantes alegan que Julián Morales estaba ca-sado desde 1865 con Ramona Calderón, madre y abuela, respectivamente, de las demandantes y que como Morales murió sin dejar ascendientes ni descendientes ni otros pa-rientes que su viuda, ésta heredó la finca, y que como. Ramona ■ Calderón jamás se desprendió de la indicada finca y las demandantes son sns únicas herederas, la finca les per-tenece, Y alegan además las demandantes qne cierta de-claratoria de herederos de Julián Morales hecha por el Juez Sarmiento en 1892 a favor de nn hijo natural y cierta par-tición de la herencia de Morales otorgada en el propio año de 1892 por el hijo natural y la viuda Ramona Caldas y va-rias transferencias de la finca en cuestión constantes en es-crituras públicas inscritas en el registro de la propiedad, la primera de las cuales lleva fecha 13 de mayo de 1892, son nulas por estar viciadas de fraude.

Pué el pleito a juicio y la corte declaró la demanda sin lugar. Para fundar su sentencia escribió el juez de dis-trito una opinión de quince páginas en la que relaciona y analiza la prueba documental y testifical aportada y con-cluye que las demandantes no probaron en forma alguna el fraude que alegaron.

Hemos analizado cuidadosamente las alegaciones, las pruebas y los alegatos y a nuestro juicio la sentencia dictada debe confirmarse. Pocas veces se habrá llevado a los tribunales un pleito de esta naturaleza contando con tan escasa prueba para destruir traspasos constantes en escrituras públicas inscritas en el registro.

La única circunstancia que introduce confusión es la de que en la partida de matrimonio que presentaron las de-mandantes aparece el nombre de su causante como Ramona Calderón que ellas sostienen que es el verdadero, mientras que en la partición de 1892 y en la primera transferencia de igual año figura Ramona Caldas como la viuda de Julián Morales, pero la prueba testifical demostró de modo con-vincente que si pudo existir variedad en el nombre, se tra-taba en verdad de una sola persona.

Siendo ese el resultado de la prueba, no incurrió en error la corte sentenciadora al reconocer como válidas la escri-tura de partición y la de venta.

Los errores que señalan las apelantes en relación con el permiso que se concedió a los demandados para ar-chivar una contestación enmendada y con la admisión de ciertas escrituras, no existen, a nuestro juicio.

La enmienda se radicó con permiso de la corte más de dos meses antes de la celebración del juicio y la corte no estaba obligada a oir a la parte demandante antes de resolver sobre su admisión, como dicha parte pretende. La contestación enmendada fué notificada a las demandantes desde su presentación, y nada objetaron hasta el propio día de la celebración del juicio en que pidieron su elimina-ción por el motivo indicado.

Al presentarse la escritura de partición, las demandan-tes se opusieron porque expresándose que los otorgantes no sabían firmar, tenía que hacerlo un testigo. -En la escri-tura se expresa: “Así lo otorgan y no firman, porque ex-pusieron no saber escribir, lo que hace .a sus ruegos don Hermógenes Alvarez, que en unión de don José Ortiz Llau-ger fueron a la vez testigos presentes . . . .” estando fir-mada por dichos testigos.

Citando el caso de Aponte v. Registrador de Caguas, 27 D.P.R. 893, resolvió el juez sentenciador la cuestión debida-mente así: “No era nepesario que el testigo instrumental' que firmó por los otorgantes consignara los nombres y ape-llidos de las personas por quienes firmó, puesto que los otor-gantes no eran más que dos y ninguno sabía escribir, no existiendo ambigüedad. ’ ’

Igual error fué alegado en relación con la escritura de venta de la finca en litigio hecha por Ramona Caldas viuda de Morales a favor de Pascual Borrás en 13 de mayo de 1892..

Otros errores en relación con la admisión de las pruebas aparecen en la exposición, pero no se hace de ellos mérito en el alegato de las apelantes.

Se insiste por las apelantes en su alegato en que la corte erró al admitir la deposición de cierto testigo. El error existe. La deposición fué tomada ante un notario y en lugar de haber sido dirigida sellada, bajo sobre o faja, al secretario de la corte que entendía en el pleito como ter-minantemente exige el art. 144 de la ley de evidencia, el notario la entregó abierta a nno de los abogados de los de-mandados.

Abora bien, entendemos que el error no fné perjudicial tanto porque a virtud de las declaraciones en el juicio del abogado de los demandados a qnien se entregó la deposi-ción y del abogado de las demandantes qne intervino e bizo las repreguntas y levantó las objeciones, se probó sn autenti-cidad, cuanto y especialmente porque el propio juez senten-ciador consigna en sn relación del caso y opinión lo que si-gue: “Sin embargo, la corte bace constar que la admisión en evidencia de dicba deposición en nada cambiará el re-r sultado a que ba de llegar en la consideración del caso, pues dicba evidencia es prueba acumulativa, por baber declarado sobre los mismos extremos los testigos Juan Ramírez y Emi-liano Fernández, quienes merecen entero crédito.”

Debe confirmarse la sentencia recurrida.


author: El Juez Asoctado Señor Franco Soto,

text:
    Juan Rodríguez, menor de edad, representado por su defensor Juan Irizarry Rodríguez, demandante y apelado, v. The National Cash Register Co., demandada y apelante.
    No. 3651.

    Visto: Diciembre 17, 1925.

      Resuelto: Julio 9, 1926.
    1. Patrono y Empleado — Responsabilidad por Daños a Terceras Personas— Acciones — Demanda—Alegaciones en la Misma — Negligencia del Pa-trono en la Elección del "Empleado. — En acción fundada, en los artículos 1803 y 1804 del Código Civil y dirigida contra una corporación por el daño pausado por la negligencia de un empleado de aquélla al actuar en el curso de su empleo, el demandante no necesita alegar en su demanda que el pa-trono fué negligente en la elección de sn empleado.
    2. Patrono y Empleado — Responsabilidad por Daños a Terceras Personas— Acciones — Demanda—Alegaciones en la Misma — Deber del Patrono para con el Tercero. — En este caso se alegó que de la demanda no se desprendía deber alguno de la demandada para con el demandante, ni in-cumplimiento do ese deber para hacerla responsable. Se resolvió: que "las circunstancias que concurrieron al accidente, especificadas en la demanda, contienen suficientemente las alegaciones de cuya omisión se queja el ape-lante.

      3. Patrono y Empleado — Responsabilidad! por. Daííos a Terceras Personas— Acciones — Demanda—Alegaciones en la Misma — Autoridad del Agente para Emplear al Tercero. — En esta acción — contra un principal por la negligencia de su agente — se objetó la demanda porque no alegaba que el agente estaba autorizado para emplear al demandante. Se resolvió: que la alegación estaba implícitamente contenida en las alegaciones y que dada la naturaleza del negocio del agente era lógico que tal autorización se consi-derase inherente a la agencia.
    4. Patrono y Empleado — Actos u Omisiones del- Empleado — Da&os a Terce-ros Empleados por un Agente — Doctrina del Co-empleado — Aplicabili-dad de la Misma a Puerto Rico. — La doctrina del eo-empleado (fellow-servant)i no es aplicable en Puerto Rico (Correa v. Fajardo Sugar Go., 29: 341; Arzuaga v. Oriiz, 266 Fed. 453).
    5. Suspensión (Continuance) — Inoomparecencia de Testigos — En General.— Dentro de las circunstancias concurrentes, la actuación del tribunal inferior al denegar moeión de suspensión de juicio fundada en la no comparecencia de dos testigos se resolvió fué correcta.
    6. Limitación de Acciones.— Computación del Período de Limitación — Co-mienzo de la Acción u Otro Procedimiento — Caso en que las Alega-ciones se Enmiendan — Enmiendas que Amplían las Alegaciones Origi-nales. — Una demanda, enmendada que no cambia la causa de acción y que sólo amplía la original consignando más detallada y específicamente los hechos que integran la acción ejercitada, se retrotrae a la fecha de la radi-cación de la demanda original y puede sostenerse sin consideración al esta-tuto de prescripción.
    SENTENCIA de Tomás Bryan, J. (Mayagüez), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Manuel Cruz Moría, abogado de la apelante; Mariano Aeosta Ve-larde, y Federico Acosta Velarde, abogados del apelado.
   El Juez Asoctado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación de una sentencia que condenó a la corporación demandada a satisfacer al demandante la suma de $1,000 y costas a consecuencia de caer sobre, sus pies y producirle una extensa lesión en el tercio inferior del pie derecho, un aparato conocido con el nombre de “archivo de crédito” y de un peso de más de 125 libras.

Alegó el demandante, en síntesis, que allá el 15 de marzo de 1920, José Casals Valdés, agente o empleado de la de-mandada, “The National Cash Register Company,” requirió al demandante, que entonces contaba menos de 14 años, me-diante remuneración, para que le ayudase a cargar y con-dueír dicho aparata “archivo de crédito” del mostrador de una tienda a una carretilla que se encontraba en la calle; que mientras Casals y el demandante conducían el aparato j en momentos de' colocarlo en la carretilla, Casals de una manera negligente y sin el debido cuidado soltó de sus manos el aparato, que dejó caer en los pies del demandante, cau-sándole una herida como de cinco pulgadas de longitud sobre la articulación tibio-fibular; y que a consecuencia de la misma sufrió grandes dolores físicos, viéndose obligado a perma-necer recluido en un hospital bajo tratamiento médico por más de seis meses, quedando con defectos físicos en su pierna que durarán toda su vida, dificultándole su, desarrollo físico y su trabajo para ganarse el sustento.

Las conclusiones de la corte inferior que sostienen su sentencia, dicen como sigue:

“Que el demandante, Juan Rodríguez, en la fecha a que se re-fieren los hechos alegados en la demanda era un niño menor de ca-torce años de edad. Que la demandada es una corporación creada y organizada bajo las leyes del Estado de Ohio, Estados Unidos de América, y debidamente autorizada para hacer negocios en Puerto Rico. Que los aparatos ‘Archivos de Crédito’ marca ‘National,’ tienen un peso de más de 125 libras. Que José Casals Yaldés, allá por el día 15 de Marzo de 1920, fecha en que ocurrieron los hechos de la demanda, era un empleado de la demandada, dedicado a la venta de artículos ‘Archivos de Crédito’ marca ‘National,’ pertene-cientes a la corporación demandada y que percibía como remunera-ción por sus servicios a la demandada una comisión por las ventas que efectuaba de artículos de la demandada. Que el día 15 de Marzo de 1920, José Casals Yaldés, empleado de la demandada, y mientras se dedicaba a los negocios de la demandada, consistentes en ofrecer en venta al comerciante de Mayagüez, José Rivera Olán, un ‘Archivo de Crédito,’ propiedad de la demandada, Casals requi-rió al demandante que le ayudara a cargar el referido ‘Archivo de Crédito’ para trasladarlo del mostrador de la tienda del Sr. Rivera Olán a una carretilla que se encontraba en la calle frente a la tienda. Que el demandante y el empleado de la demandada, José Casals Yal-dés, cargaron el ‘Archivo de Crédito,’ cogiendo cada uno por los extremos del aparato, y que mientras cargaban así el referido ‘Ar-chivo de Crédito’ el empleado de la demandada, José Casals Yaldés, soltó sus manos y dejó de cargar por lo que se cayó el aparato sobre el pie derecho del demandante. Que como consecuencia de esto el demandante sufrió una herida en el pie derecho, como de cinco pul-gadas de longitud, en el tercio inferior de su pierna derecha, sobre la articulación tibio-fíbula-tereial. Que el demandante estuvo re-cluido en el Hospital Municipal de Mayagüez y bajo tratamiento' médico por más de seis meses. Que el demandante padeció algunos dolores físicos y angustias mentales a consecuencia del golpe y he-rida recibida, así como durante las curas y tratamiento médico a que fué necesario someterlo. Que la caída del ‘Archivo de Crédito’ so-bre el pie del demandante así como la herida recibida y los daños y perjuicios ocasionados al demandante se debieron sólo y exclusiva-mente a la culpa, descuido y negligencia del empleado de la deman-dada José Casals Yaldés. Que el demandante ha sufrido daños y perjuicios por la herida recibida, por los dolores físicos causados por la herida y curaciones médicas, por las angustias mentales sufridas y por lo dejado de ganar, en la suma de mil dollars.”

I. Discute la apelante en su primer señalamiento de error que la demanda-no aduce hechos suficientes constitu-tivos de una causa de acción. Varios son los motivos que se aducen y que examinaremos separadamente.

(a) Se sostiene que no se alegó que el patrono fué negligente en la elección de su empleado, siendo ésta una acción que se funda en los artículos 1803 y 1804 del Código Civil. Tal alegación no es necesaria por parte del demandante. La responsabilidad del dueño o principal no terminapor el liecbo de emplear toda la diligencia de un buen padre de familia en la selección de sus empleados. ■ Debe probarse además como defensa afirmativa que tuvo el cuidado y vigilancia para evitar el daño. Esta Corte Suprema había determinado el alcance del artículo 1804 y en el caso de Maldonado v. The Porto Rico Drug Co., 31 D.P.R. 764, se dijo lo siguiente:

“Para juzgar el efecto de esa prueba es necesario fijar antes el alcance del precepto legal invocado. Es igual al párrafo último del artículo 1903 del antiguo Código Civil. La parte apelada no cita jurisprudencia alguna aplicable. Tampoco la hemos encontrado en el examen que bemos beeho de las sentencias de la Corte Suprema de España. Manresa se limita en sus comentarios a decir lo que sigue:
“ ‘Réstanos indicar para dejar explicado el alcance o extensión de la responsabilidad impuesta a aquellas personas que deben responder de los daños causados por otros, así como los efectos de esta obligación:
“ ‘l9. — Que dicha responsabilidad cesa cuando las personas a quienes la impone el art. 1908, prueban que emplearon toda la dili-gencia de un buen padre de familia, estableciéndose en su virtud en dicho artículo una presunción legal de la culpabilidad de las per-sonas citadas en él, pues en razón a las relaciones de autoridad o su-perioridad que mantienen con los autores del daño causado, la ley presume que les es imputable la causa del mismo por su propia culpa o negligencia, considerándoles como autores morales de dicho daño por no haber puesto de su parte el cuidado o la vigilancia ne-cesaria para evitar que aquéllos dieran origen a él, conforme con cuyo criterio se halla la sentencia de 18 de mayo de 1904 antes ci-tada. Pero esa presunción establecida por la ley no es absoluta o juris et de jure, sino juris tantum, y por consiguiente, cede a la prueba en contrario.’
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“ ‘Nuestro Código no ha seguido la escuela italiana, sino más bien se ha inspirado en el criterio de la doctrina francesa, puesto que impone la obligación de reparar el daño causado en virtud de una presunción juris tantum de culpa por parte del que tiene bajo su autoridad o dependencia al causante del daño, derivada del he-cho de no haber puesto el cuidado y la vigilancia debida en los actos de sus subordinados para evitar dicho resultado. Así es, que según el párrafo último del art. 1903, cesa dicha responsabilidad cuando se prueba que los obligados por los actos ajenos, emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia. Luego no es la causa de. la obligación impuesta la representación, ni el interés, ni la necesi-dad de que haya quien responda del daño causado por el que no tiene personalidad ni garantías de solvencia para responder por sí, sino, el incumplimiento implícito o supuesto de los deberes de precaución y de prudencia que imponen los vínculos civiles que unen al obli-gado con las personas por quienes debe reparar el mal causado. Por ese motivo coloca dicha obligación entre las que provienen de la culpa o negligencia. ’ 12 Manresa. Comentarios al Código Civil, 610 y 617.
“Si se diera al precepto el alcance que al parecer pretende la apelada, sería muy fácil hacer ilusoria cualquier reclamación esta-blecida bajo el amparo del artículo 1804. No basta que- se elijan empleados competentes. Esa es una circunstancia a considerar. Debe demostrarse algo concreto en relación con el caso investigado.”

La C.orte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, en el caso de Arzuaga v. Ortiz, 266 Fed. Rep. 453-55, interpre-tando en igual sentido dicho artículo 1804, apoyándose en la autoridad de Manresa y en el caso de Panamá Railroad Co. v. Toppin, 252 U.S. 308, se expresa así:

“Queda por considerar cuáles son los derechos de un empleado en contra de su principal de acuerdo con las disposiciones de las sec-ciones 1803 y 1804 del Código Civil. Estos artículos son revalidación de las antiguas disposiciones del Código Civil Español. El artículo 1803 impone responsabilidad a todas las personas por su negligencia individual y el 1804 establece responsabilidad sobre ciertas personas por la negligencia de sus hijos, pupilos y aprendices, y sobre aque-llas que dirigen o conducen un establecimiento o empresa por la ne-gligencia de sus empleados. Por ejemplo:
“Hace al padre, y, por muerte de éste, a la madre, responsable de los perjuicios causados por los hijos menores dé edad que viven en su compañía.
“A los tutores por los perjuicios causados por los menores o in-capacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía.
“A los dueños o directores de un establecimiento o empresa por los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en los cuales estuvieren empleados o con ocasión de sus fun-ciones ;
“A los maestros o directores de artes y oficios por los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices mientras permanezcan bajo su custodia.
“Prescribe, sin embargo, que la responsabilidad de que trata este artículo (1804) cesará cuando la persona responsable pruebe que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.
“Manresa en sus Comentarios al Código Civil, al hablar de la responsabilidad que imponen estas disposiciones, se expresa así:
“ ‘Que dicha responsabilidad cesa cuando las personas a quienes la impone el art. 1903, . . .’12 Manresa, 611.
“Aparece de lo anterior que el dueño o director de un estableci-miento o empresa es responsable por el daño causado por la negli-gencia de su empleado que actúa en el curso de su empleo, a menos que pruebe como defensa afirmativa que tuvo el cuidado y vigilancia de un buen padre de familia para evitar el daño, y que esto es así sea o nó la persona perjudicada un empleado ocupado en la misma empresa; también que el deber del dueño o director no termina por el hecho de haber ejercitado la diligencia de un buen padre de fa-milia al seleccionar sus empleados; que debe hacer más y mostrar que ejercitó la debida diligencia inspeccionando el trabajo del esta-blecimiento o empresa' en el cual sus empleados están ocupados. Este parece ser el criterio sustentado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Panamá Railroad Co. v. Toppin, 252 U. S. 308, 40 Sup. Ct. 319, 64 L. Ed. —, resuelto en marzo 15, 1920.
“En ese caso la corte estaba interpretando el artículo 2347 del Código Civil de Panamá y el artículo 5 de la ley de Panamá No. 62 de 1887, el cual contiene disposiciones semejantes a las de los artículos 1803 y 1804 del Código Civil de Puerto Rico. El artículo 2347 de ese Código prescribía lo siguiente:
“ ‘Toda persona es responsable no sólo por sus propios actos, a los fines de indemnizar el daño, sino por el acto de aquellos que pue-den estar bajo su cuidado.
“ ‘De modo que el padre, y en su defecto la madre, es responsa-ble por los actos del hijo menor que vive en su misma casa.
“ ‘De modo que el tutor o guardián es responsable por la con-ducta del pupilo que vive bajo su protección y cuidado.
“ ‘Así pues el marido es responsable por la conducta de su es-posa.
“ ‘También los directores de colegios y escuelas responden por los actos de los estudiantes mientras están bajo su cuidado, y los ar-pistas y empresarios por los actos de sus aprendices y dependientes en casos semejantes.
“ ‘Pero esta responsabilidad cesará si con el ejercicio de-la au-toridad y cuidado que sus respectivos caracteres prescriben en cuanto a ello y le confieren, no pudieron impedir el acto. ’
“El artículo 5 de la ley de Panamá No. 62 de 1887 disponía:
“ ‘Las compañías de ferrocarriles son responsables por los-daños y lesiones causados a personas y propiedades por razón del servicio de dichos ferrocarriles y que se imputan a la falta de cuidado, aban-dono o violación de los respectivos reglamentos de policía que se expedirán por el gobierno tan pronto sea promulgada lá ley.’
“En ese caso un maquinista de la compañía de ferrocarriles de Panamá, mientras conducía una locomotora en la ciudad de. Colón a una velocidad mayor que la permitida por los reglamentos de po-lieía de Panamá, arrolló al demandante mientras iba éste en su ca-ballo, y toda vez que la compañía de ferrocarriles había usado el debido cuidado en la selección de su maquinista, una de sus con-tenciones fué que no podía ser hecha responsable bajo la ley de Pa-namá por el daño causado por la negligencia del maquinista. En contestación a esta alegación, el Juez Asociado Sr. Brandéis, al emitir la opinión de la corte, se expresó así:
“ ‘Esta contención fué hecha y rechazada por la Suprema Corte de Colombia en un caso semejante al presente. Cancino v. Railroad of the North, resuelto en diciembre 16, 1897, XIII Gaceta Judicial, números 652, 653. Se estableció allí una demanda contra el em-presario de un tranvía para recobrar daños por la pérdida de una casa por fuego debido al manejo negligente de una locomotora. La corte basó la responsabilidad en el artículo 2347 del Código Civil, que declara que toda duda en cuanto a la existencia de la dependen-cia necesaria quedó disipada por el artículo 5 de la ley 62 de 1887, el cual “sin mencionar en forma alguna los dependientes, empica-dos o trabajadores de las empresas de ferrocarril, hace responsable a sus empresarios por los daños y perjuicios que puedan causar a las personas o a la propiedad debido al servicio de dichos caminos.’’ La corte continúa: “Y no existe en los autos ninguna prueba de que ningún cuidado o precaución, ya por párte del empresario o del maquinista, se tuvo o tomó para impedir el fuego, la prueba de que el empresario por su parte había ejercitado mucho cuidado en la se-lección de sus empleados no era suficiente a juicio de la eoifte, por-que la diligencia y cuidado de que aquí se trata es aquella que de-bió haber sido ejercitada para impedir un daño que pudo fácilmente 'haber sido previsto.” Este caso parece revocar en efecto la autori-dad principal a la cual nos ha hecho referencia el demandante en error — y en realidad no es improbable que tal fuera el objeto dei artículo 5 de la ley 62 de 1887!”

(b) La apelante alega que no se desprende de la demanda deber alguno que ella tuviera para la protección del demandante y que no se alega su incumplimiento para hacerla responsable. Basta contestar que la demanda especifica todas las circunstancias que concurrieron al accidente y éstas contienen suficientemente las alegaciones de cuya omisión se queja la apelante.

(c) El motivo de que tampoco se alega que el agente estuviera autorizado por su principal para emplear a otras personas en el traslado de los aparatos “archivos de cré-dito” es otra circunstancia qne está contenida implícitamente en las alegaciones. El agente de la demandada se ocupaba en la venta de aparatos de la demandada y eso exigía el ■traslado de los mismos. Su peso, que excedía de más de 125 libras, requería la ayuda de otras personas para su remoción y parecía lo más lógico que en el curso ordinario de su em-pleo tal autorización se considerase inherente a su agencia para requerir la cooperación y esfuerzo de otras personas para realizar el fin del negocio.

(d) Por este motivo se sustenta la teoría de que si Casals era un empleado de la demandada, al emplear a su vez al demandante éste se convirtió en. un co-empleado (fellow servant) y asumió el riesgo del empleo. Esta es otra cuestión que no es nueva. Esta corte y la de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, tienen resuelto que dicha teoría no es aplicable en Puerto Pico.

En el caso de Correa v. The Fajardo Sugar Co., 29 D.P.R. 341, esta Corte Suprema dijo:

“Aunque generalmente las cortes federales parecen inclinarse a resolver que la doctrina de res ipsa loquitur no es aplicable a una ■acción por daños establecida por un empleado contra su patrono, la regla así establecida en las jurisdicciones en que rige el derecho civil donde la doctrina de co-empleados es desconocida y donde la máxima en cuestión está en completa armonía con los principios en que descansa el Código Civil.”

Y la Corte de Circuito de Apelaciones, Primer Circuito, ■en el caso de Arzuaga, supra, dijo asimismo:

“La regla del co-empleado no prevalece en Puerto Rico; la de-fensa del buen padre contenida en el artículo 1804 del código es la regla que allí rige.”

(e) Finalmente se ataca la suficiencia de la demanda ar-guyendo que si es cierto que Casals era un empleado de la demandada y el demandante su co-empleado, se debió alegar que dicho demandante había renunciado a los beneficios de la ley sobre indemnizaciones a obreros por accidentes del trabajo. Alegadas en la demanda las circunstancias en que aparece prestando el demandante sus servicios al agente de la demandada y dentro de las cuales tuvo lugar el accidente,, no puede deducirse como cuestión legal que el demandante podía invocar la protección de la ley sobre indemnizaciones a obreros por accidentes del trabajo, y siendo ello así me-nos podía renunciar a sus beneficios.

II. El segundo error se refiere a que la corte inferior abusó de su discreción al denegar la suspensión del juicio. La moción se fundó en la no comparecencia de dos testigos que eran policías insulares y uno de ellos se encontraba enfermo. De ellos se acompañaban dos affidavits conteniendo sus declaraciones. De éstas aparece que la prueba era de carácter acumulativo y no se explicó la incomparecencia del testigo que estaba en condiciones de comparecer. Además, el juicio que empezó el 31 de marzo, 1923, fue suspendido sin embargo para continuarlo el 19 de mayo, quedando el demandado en condiciones de continuar con su prueba pues solamente se babía practicado parte de la misma. La actuación, por tanto, de la corte fue correcta.

III. En este número se sostiene que la corte inferior debió declarar con lugar la prescripción de la acción que aparece de la faz de la demanda enmendada de mayo 9, 1.922. La resolución de la corte en ese respecto, en parte, dice:

“Aparece de los autos que la demanda original fué radicada en Julio 10 de 1920 o sea a los tres meses y días después del suceso, compareciendo la demandada mediante excepción previa en agosto 31 de 1920. La demanda enmendada no cambia ni aduce una nueva causa de acción. En ella solamente se amplía la demanda original, consignándose más detallada y específicamente los hechos que inte-gran la acción que ejercita el demandante. Aparece también de la demanda y de la prueba aportada que el demandante es menor de edad por lo que la corte entiende que el demandante tiene un tér-mino hasta seis meses después de haber llegado a la mayoría de edad para ejercitar su acción. (Pérez v. Guánica Central, 17 D.P.R. 963. — Art. 40 Cód. de Enj. Civil.) ”

Se puede aducir además que no cambiando la demanda enmendada la causa de acción, no existe solución de conti-nuidad entre ella y la original y sus efectos se retrotraen a la fecha de la radicación de la demanda original.

“La regla general es que una enmienda a una demanda que no establece' una _nueva causa de acción sino meramente amplía y da mayor precisión a las alegaciones en. apoyo de la causa.originalmente establecida, o expresa nuevos fundamentos o especificaciones afines a tales imputaciones o alegaciones, se retrotrae al comienzo de la acción y puede ser sostenida sin consideración al estatuto de pres-eripeión. ’ ’ 17 h.C.L. 821.

IV. La apelante señala como error la conclusión de. la corte inferior que declara que José Casals Valdés al tiempo de ocurrir el accidente era agente de la demandada y a la apreciación que de la prueba hizo el juez inferior. La prueba en conjunto sostiene ese extremo. Las reglas generales que gobiernan estos casos no admiten discusión. Singer Manufacturing Co. v. Rahn, 132 U.S. 522. La única controversia es su aplicación a las relaciones existentes entre la apelante y Casáis. El gerente general de la apelante declaró que Casals representaba a la corporación y se le había asignado el distrito oeste de la isla que tenía bajo su control y admi-nistración; vendía los aparatos y recibía una comisión por cada operación. La corte inferior estuvo justificada en sos-tener, por tanto, que Casals era un agente o empleado de la apelante. Véanse también los casos de Lewis v. National Cash Reg. Co., 84 N.Y.L. 598, 87 Atl. 345; Williams v. Nal. Cash Reg. Co., 157 Ky. 836, 164 S.W. 112, y Nat. Cash Reg. Co. v. Williams, 171 S.W. 162, 161 Ky. 550.

No hay duda de que la apelante fué responsable de la negligencia de Casals que actuaba en el curso ordinario de su empleo. No se dió a conocer por la demandada ningún hecho específico que demostrara la diligencia de un' buen padre de familia para evitar el daño. Por el contrario, la evidencia indica que no se tuvo en cuenta el consejo de la ley. Coincidía que se trataba de un menor de 14 años y no obstante Casals utilizó sus servicios para ayudarle a trans-portar un peso de más de 125 libras. Aunque se insiste que el demandante fué un intruso, la corte inferior llegó a la conclusión de que el demandante fué requerido mediante pago .para emplear sus servicios y que el accidente ocurrió en la ■forma que alegó el demandante. De todos modos, la cues-tión relativa a si el demandante era o no un intruso no hace diferencia. La responsabilidad de la apelante era igual siendo o no el demandante un empleado ocupado en la misma empresa. Arzuaga, supra, p. 454.

V. Se discute como error haberse fijado la cuantía de los daños en $1,000.

El demandante fué curado de primera intención por el Dr. Gluzmán Rodríguez y luego continuó bajo su tratamiento. El perito médico describe la lesión, el tratamiento a que fué sometido el paciente por 4 ó 5 meses y sus probables con-secuencias. ■

Refiere el Dr. Gruzmán, en síntesis, que durante los pri-meros diez días se le presentó una infección al demandante que le pudo producir la muerte, que fué objeto por esa ra-zón de una intervención quirúrgica; que las curas a que fué sometido eran muy dolorosas: que debido al carácter per-manente de la herida, el músculo ha perdido como media pulgada de su poder extensivo para estirar la pierna y que oso sólo puede corregirse mediante otra operación y que du-rante 4 ó 5 meses después de salir el paciente del hospital le vió que cojeaba quejándose de que el pie le dolía, diciendo el testigo eso era debido al tejido cicatrizal que producía el encogimiento de la pierna.

La ocupación del demandante, por otra parte, al tiempo de ocurrir el accidente, era la de limpiabotas. Declaró que ganaba 50 centavos diarios j había días que alcanzaba a $2. Si tenemos en cuenta las curaciones dolorosas a que fué so-metido el demandante durante cuatro o cinco meses y los probables efectos de la lesión, especialmente en relación a su aptitud para el trabajo, la cantidad de $1,000 fijada por la corte está justificada. Es cierto que las declaraciones del Dr. Guzmán Rodríguez fueron contradichas por el Dr. T. Ramírez Cuerda refiriéndose principalmente a las consecuen-cias de la herida en relación con el trabajo a que puede de-dicarse el demandante, pero la corte inferior tomando en conjunto todas las circunstancias concurrentes determinó como justa dicha suma de $1,000.

Los restantes errores sólo se discuten someramente. La falta de citas de autoridades y de una argumentación más convincente, nos exime de su discusión.

Por todo lo expuesto, debe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señok Fjbanoo Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Manuel González Segarra, acusado y apelante.
    No. 2690.

    Visto: Junio 9, 1926.

      Resuelto: Julio 9, 1926.
    1. Derecho Penal — Objeciones a la Evidencia, Mociones para Eliminar y Excepciones — Tiempo Oportuno para Hacer la Objeción — Objeción a Manifestaciones ya Hechas por el Testigo. — Guando la manifestación' de un testigo ya está hecha al hacerse objeción a la misma, dicha objeción es tardía.
    2. Testigos — Privilegio de Testigos — Renuncia de Aquél — Personas Proce-sadas por Delitos — Acusado que Declara en su Propio Interés. — Un acusado no está obligado a declarar contra sí mismo, pero si usa su privi-legio de declarar en su propio interés, él se somete a todas las disposiciones que regulan el examen directo y de repreguntas de testigos y su privilegio entonces no es mayor que el de cualquier otro testigo.
    3. Derecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Perjuicios al Acusado — Repregunta no Relacionada con el Examen Directo. — Asumiendo una repregunta hecha a un acusado no tenga relación con el interrogatorio directo, su admisión no constituye error cuando no apareee demostración alguna que de ella resultara algún perjuicio al acusado.
    4. Estorbo (Nuisance) — Estorbos Públicos — Procesos Criminales — Obstruc-ción de Calles — En General.- — Dependiendo de las circunstancias que con-curran si la instalación de un tanque y bomba de gasolina en la acera de una calle constituye o no un estorbo público, dentro de las de este caso
      se resolvió: que la instalación hecha por el acusado era una obstrucción y. estorbo al libre tráfico del público y dicho acusado será culpable bajo el artículo 329 del Código Penal.
    Sentencia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), condenando al acusado por delito contra la salud y seguridad pública (infracción al ar-tículo 329 del Código Penal).

      Confirmada.

      Buenaventura Esteves, abogado del apelante; José E. Eigueras, .abo-gado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Fjbanoo Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La corte inferior en grado de apelación impuso al acu-sado $2 de multa por instalar una bomba para la venta de g.asolína en la calle “Comercio” de Lares, obstruyendo el libre tránsito del vecindario.

I. Los dos primeros errores que señala el apelante se refieren a la prueba y pueden considerarse conjuntamente.

(a) Estando declarando José Márquez Seín, Alcalde de Lares, manifestó que el acusado una vez había pedido permiso a la asamblea municipal para instalar una bomba frente al edificio que él ocupa, hacía cosa de año y medio. A. esto se opuso el acusado, pero su objeción fué tardía pues ya la manifestación estaba hecha y nada aparece que hiciera moción alguna para que se eliminara del récord.

(b) El acusado declaró y .ya cuando había terminado el interrogatorio a preguntas de su abogado, el'fiscal lo preguntó: “¿Hace año y medio lid. pidió permiso al municipio para instalar una bomba í” La defensa se opuso y su objeción se fundó más bien en que la pregunta no fue objeto de interrogatorio directo. Cita en su apoyo el-apelante el artículo 2, inciso 3, de nuestra Ley Orgánica, que prescribe que ninguna persona será obligada en ninguna causa criminal a ser testigo contra sí mismo, y sostuvo que el haber permitido al fiscal que hiciera del acusado “un arma contra sí mismo,” constituye una violación de aquel precepto constitucional. El acusado no está obligado a declarar contra sí mismo, artículo 7 del Código de Enjuicia-miento Criminal, pero la ley al mismo tiempo le da el pri-vilegio de declarar en sn propio interés y si se decide a ha-cerlo, él se somete a todas las disposiciones qne regulan el 'examen directo y de repreguntas de testigos. Su privilegio no es mayor que el de cualquier otro testigo. Él abandona, mientras declara, el carácter de parte interesada y toma el de un testigo. Clark v. Reese, 35 Cal. 89; People v. Beck, 58 Cal. 212, 214.

Asumiendo, por otro lado, que la repregunta no tuviera relación con el interrogatorio directo, no aparece demostra-ción que de ella resultare algún perjuicio para el acusado.

II. Por este error se discute la apreciación de la prueba. Ésta demuestra en síntesis que el acusado, sin autorización alguna, colocó un tanque con su bomba para la venta de. gasolina en una acera de la calle principal de La-res, ocupando un espacio de la acera como de 18 pulgadas, cuando su ancho total es de 48 pulgadas, quedando un trecho de 30 pulgadas para el tránsito de personas.

El artículo 329 del Código Penal, tal como fué enmen-dado por la Ley No. 60 de marzo 7 de 1912, prescribe:

“Art. 329. — Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecoroso u ofensivo a los sentidos, o que obstruyere el libre goce de alguna propiedad de modo que estorbare el bienestar de toda una sociedad o vecindario, o un gran número de personas, o que ilegalmente obs-truyere el libre tránsito, en la forma acostumbrada, por cualquier lago, río, bahía, corriente, canal o cuenca navegable, o por cualquier parque, plaza, calle o carretera pública, constituye un estorbo pú-blico (nuisance) ; Disponiéndose que la emisión de humo de las em-presas manufactureras útiles, excepto en los municipios de la Clase I, no se considerará ni se' tendrá como estorbo público a menos que resulte afirmativamente de la prueba presentada ante la Corte, que afecta perjudicialmente la salud de considerable número de perso-nas; Disponiéndose, además, que nada de lo contenido en esta ley se interpretará en el sentido de que se prohiba a los concejos mu-nicipales de todos los municipios de la Isla la adopción de ordenan-zas municipales requiriendo que dichas empresas manufactureras usen y empleen medios adecuados para impedir la innecesaria emi-sión de humo, cenizas y hollín, en detrimento y perjuicio de los ve-cinos de las ciudades y pueblos; y nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de eximir a los dueños de lás ex-, presadas empresas manufactureras de responsabilidad por infracción de dichas ordenanzas municipales.”

Estamos de acuerdo con el apelante que la instalación de un tanque con su bomba para la venta de gasolina no constituye un estorbo público (nuisance) per se. Depende de las circunstancias que concurran y dentro de las de este caso, parece claro que la instalación del tanque y bomba he-cha por el acusado es una obstrucción y estorbo al libre tráfico del público.

La Corte Suprema de California en el caso de Marini v. Graham, 67 Cal. 130, interpretando el artículo 370 del Có-digo Penal de aquel estado, equivalente al 329, pues este precepto en la enmienda de que fue objeto, en lo substancial no ha sido variado, dice:

“Las aceras de una calle pública de una ciudad son partes de la calle. Cualquier obstrucción de la acera es, por consiguiente, una obstrucción de la calle y un estorbo público; pero es un estorbo público porque interviene con el libre uso de la calle por los. vian-dantes en general, y no solamente por alguna persona en particular; es, por tanto, una ofensa contra el público, que es corregible única-mente por el público y no se puede demandar por tal ofensa, excepto cuando un individuo ha sufrido algún daño especial que exceda lo que sea común a él con el resto del público.”

T en el de Taylor v. Reynolds, 92 Cal. 573, asimismo de-clara :

“La obstrucción de una calle o acera en una ciudad es un es-torbo público, y una persona que mantenga dicho estorbo es culpable de un misdemeanor bajo el precepto del Código Penal.

Bor todo lo expuesto, dehe confirmarse la sentencia ape-lada.


author: El Juez Asociado Señor Franco Soto,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santiago Lugo, acusado y apelante.
    No. 2739.

    Visto: Junio 22, 1926.

      Resuelto: Julio 9, 1926.
    1. Desecho Penal — Apelación y Error, y Certiorari — Revisión—Errores no Perjudiciales — Admisión de Prueba Objetada — Errores Subsanados por el Propio Apelante.- — El error al negar la eliminación de manifestaciones' de un testigo, de existir, queda subsanado por el apelante cuando, al repre-. guntar él al testigo, éste repite sustancialmente la materia cuya eliminación aquél solicitó.
    2. Homicidio — Juicio—Cuestiones para el Jurado — Cuestiones Relativas a La Legítima Defensa — Decisión de si se Actuó o nó en Legítima De-fensa. — En proceso por atentado a la vida — agresión con la intención de' cometer asesinato — cuando la prueba tiende a establecer nn caso de legítima-defensa, la corte inferior está justificada al denegar instrucción sobre abso-, lueión perentoria fundada en qne el aeusado actuó en legítima defensa, ya que, de acuerdo eon el artículo 55 del Código Penal, debe someter la prueba-sobre tal extremo al jurado.
    SeNtencia de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), condenando al acusado' por delito de ataque para cometer homicidio.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormos, abogado del apelante; José E. Pigueras, abogado, de El Pueblo, apelado. I
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

El acusado fue convicto por un jurado del delito de ata-que con intención de cometer homicidio y la corte le con-denó a sufrir la pena de un año de presidio.

No es necesario que nos detengamos a examinar el primer señalamiento de error por haber qnedado subsanada la omisión que se aducía como fundamento, toda vez que la. certificación del Secretario de la corte de distrito unida a los autos a instancias del fiscal, acredita que la acusación fné firmada y endosada por el Presidente del gran jurado que conoció del caso y formuló la acusación.

Aunque al argumentar el segundo motivo de errors el apelante no señala específicamente las manifestaciones del testigo Eulogio Borrero que interesó que fueran eliminadas, se desprende del récord qne si el error existiera, quedó subsanado por el mismo apelante, quien en el período de repre-guntas interrogó al testigo sobre los mismos becbos, repi-tiendo el testigo sustaneialmente la materia cuya elimina-ción babía sido pedida.

Los restantes errores se refieren a no baber la corte inferior instruido al jurado que absolviera perentoriamente al acusado por baber actuado en legítima defensa y porque la sentencia es contraria a las pruebas.

La prueba sostiene en conjunto que el perjudicado y el acusado no estaban en buenos términos, que tuvieron unas palabras y de ellas surgió el disgusto que acabó en una riña, sostenida por el primero con un palo y por el segundo con un machete, recibiendo aquél ocho heridas, dos de ellas de suma gravedad. En estas condiciones la corte inferior es-tuvo justificada en no instruir al jurado según fué solici-tado por la defensa, quien por disposición del artículo 55 del Código Penal tenía que someter la prueba en ese extremo a la decisión del jurado. Por' lo demás la evidencia sostiene la sentencia y ésta debe ser confirmada.


text:
    Andrea Suárez, viuda de González, tercerista y apelada, v. Central Pasto Viejo, Inc., demandados y apelantes.
    No. 3597.

    Visto: Marzo 10, 1926.

      Resuelto: Julio 9, 1926.
    Embargos — Reclamaciones bor Terceras J’ersonas — Tercerías—Absolución le Varios Demandados en el '.Pleito que Motivó la Tercería — Efecto.— Absueltos dos de tres demandados de una demanda en pleito que motivó una tercería, ésta, como incidente, se convierte en un punto académico, y el hecho de que el otro demandado fuera condenado en dicho pleito no varía aquella conclusión, cuando la teoría do la demanda fué la existencia de una sociedad entro los demandados, el embargo de bienes se hizo como pertene-ciente a. dicha sociedad y la evidencia no sostuvo dicha teoría.
    Sentencia de Pablo Perga, J. (Humacao), declarando con lugar la demanda de tercería, sin costas.

      Confirmada.

      Henry G. Molina y González Fagundo & González Jr., 'abogado» de los apelantes; Rafael López Antongiorgi y F. Cervoni Gely, abo-gados de la tercerista.
   El Juez Asociado Señor Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una demanda de tercería entablada por Andrea Suárez viuda de González reclamando la propiedad de bie-nes muebles, consistente en cierto ganado vacuno que fué embargado en la demanda que en cobro de dinero estableció la Central Pasto Viejo, Inc., contra Arturo Aponte, Jr., Antonio González y José López del Valle individualmente y como socios de “Aponte González.” El pleito de terce-ría siguió por todos sus trámites y la corte inferior dictó sentencia declarando con lugar la demanda, por lo que la Central Pasto Viejo, Inc., interpuso esta apelación.

La sección 14 de la ley para proveer el procedimiento en los casos de tercería, etc., aprobada en marzo 14, 1907, (sec-ción 5273 Comp. 1911, pág. 890), en su último párrafo dice:

“Dicho fallo se dictará a favor del litigante victorioso en el asunto donde se decretó la orden de embargo, o cualquiera otra que haya motivado la tercería; y cuando el fallo se dictare a favor del demandante en la orden de embargo, o de los diversos demandan-tes, si hubiere más de uno, se fijará en dicho fallo la cuantía, y el orden prelativo de la reclamación de cada demandante. En todo caso, en que no se -trate de abandono de acción por el demandante, o de rebeldía del demandado, el Juez reservará su sentencia en la tercería hasta que haya recaído sentencia en el asunto que motivó la tercería.”

El asunto que motivó la tercería, o sea, en el pleito principal, los demandados Arturo Aponte, Jr., y José López del Valle fueron absueltos de la demanda y la sentencia fué con-firmada en apelación por esta Corte Suprema, 35 D.P.R. 206. La primera cuestión que surge entonces es que siendo ese el resultado del pleito principal, la tercería como inci-dente se ba convertido en un punto académico, pues el embargo ipso jure había quedado sin efecto. Y no es óbice para que lleguemos a esta conclusión el que, en el primer pleito, individualmente Antonio González fuese' condenado a pagar la suma reclamada por la Central Pasto Viejo, Inc., porque la teoría de la demanda fué que los demandados for-maban nna sociedad bajo el nombre de “Aponte & Gonzá-lez,” y el embargo de bienes se bizo como pertenecientes a dicha sociedad, no sosteniendo la evidencia en modo alguno dicha teoría.

De todos modos, aparece además que en noviembre 9, 1922, se trabó el embargo y tres días antes, noviembre 6, 1922, la tercerista había adquirido dichos bienes de Luciano 11. Fuertes, Antonio González y Arturo Aponte, quienes te-nían constituida una sociedad civil para fines agrícolas desde 1919, y fué la dueña de dichos bienes.

Por lo expuesto, debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Seño» Franco Soto,

text:
    Compañía Mercantil Arroyana, demandante y apelada, v. The Home Insurance Company, demandada y apelante.

      No. 3539

    Visto: Abril 23, 1926.

      Resuelto: Julio 9, 1926.
    3. Seguros — Acciones Sobre Pólizas — De la Demanda — Alegación en Cuantoal Cumplimiento de las Condiciones de la Póliza — En General.- — En acción en cobro de póliza si en la demanda se consigna la celebración del contrato de seguro, el premio pagado y el tiempo en que estaba eD vigor, la cantidad asegurada) y la ocurrencia del siniestro, la demandante cumple con el estatuto (Comp. 5311) alegando en términos generales que cumplió-con todas las condiciones de la póliza.
    2. Apelación y-Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Conclu-siones — Conclusiones Sobre Prueba Contradictoria. — En el caso do autos la- corte inferior resolvió dos cuestiones en. sentido adverso al apelante — una referente a la interpretación del contrato de seguro y la otra referente a la propiedad de la cosa asegurada. Se resolvió: que la prueba sobre dichos extremos fué contradictoria y no se encontraba-, de su examen, que la con-clusión de la corte inferior fuera errónea.
    3. Seguros — Cancelación, Entrega (Surrender), Abandono -o Rescisión de la Póliza- — Horma en que Opera la Cancelación de Una Póliza y Efecto de la Cancelación — Siniestro Cuando ya el Aviso de Cancelación Surtía sus Efectos. — Recibido aviso de cancelación de una póliza en fecha bas-tante remota a un siniestro separado e independiente de un conato ocurrido con anterioridad, sin relación de causa y efecto entre ambos acontecimientos, y basada la acción de cobro en los daños causados por el segundo siniestro cuando ya la cancelación estaba surtiendo sus efectos, no cabe darle efecto a la póliza- después de dicho aviso de cancelación.
    4. Seguros — Acciones Sobre Pólizas — Del Peso de la Prueba — Valor de los Objetos Asegurados. — Guando no se trata de una póliza de valor value

      policy, como en el caso do autos, al asegurado incumbe la prueba del justo valor que los objetos asegurados tuvieren en el mercado al tiempo de ocu-rrir el siniestro.
    5. Apelación y Error — Hevisión—Cuestiones de I-Iech-o, Veredictos y Conclu-siones — Conclusiones Sobre las Pruebas — Suficiencia de Tsstas para Sostener Aquéllas — Prueba Insuficiente para Sostener Una Conclu-sión. — Examinada! la prueba relacionada con el valor de la propiedad des-truida al tiempo del siniestro, se resolvió: que las pérdidas que se alegaron causadas no fueron probadas y la corte inferior erró a! considerar suficiente la prueba sobre tal extremo.
    6. Evidencia — Prueba Documental — Presentación (Production), Autentica-ción y Efecto — Libros de Cuentas — Objeciones a su' Presentación — Ob-jeciones que Van al Peso Probatorio y no a su Pertinencia (Competency). — La objeción becha a la presentación do un libro mayor por la forma (irregularidades) en que se ha llevado se refiere más bien al peso — alcance de su fuerza probatoria — que a su admisión competency (P. P. Am. Tob. Co. v. Canel, 32: 553, ratificado).
    7. Seguros — Pérdida de los Derechos Bajo Una Póliza por Quebrantamiento de Garantía, Estipulación o Condición Subsiguiente — Estipulaciones de la “ Iron-Safe Clause” — Prueba de las Existencias a la Pecha del Si-niestro.- — -En aeción en cobro de póliza, cuando la evidencia aportada para probar las existencias a la fecha del siniestro no da una idea cierta y ver-dadera de dichas existencias en el momento de que el siniestro ocurrió, queda incumplida una de las condiciones esenciales de la póliza (iron-safe clause) sin cuyo cumplimiento el asegurado no tiene aeción para reclamar.
    Sentencia de Gabriel Gaslejón, J. (Gnayama), declarando con lu-gar la demanda, sin costas.

      Revocada, declarándose sin lugar la demanda, sin especial condena de costas.

      Henry G. Molina y Leopoldo Feliú, abogados del apelante; E. H. F. Doltin y G. Domínguez Rubio, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Seño» Franco Soto,

emitió la opinión del tribunal.

La demandante aseguró por conducto de F. A. C. Has-trup, broker, en la compañía demandada las existencias de harinas en saco que tenía almacenadas en un edificio de mani-postería sito en Arroyo. El seguro alcanzaba a la cantidad de $15,000, pero se dividió en cinco pólizas de $3,000 cada una, pero solamente es objeto de este pleito la póliza No. 55,750 que fue expedida en julio 22, 1921, para tener efecto por tres meses mediante la prima de $22.50 que pagó la de-mandante. Se alega en la demanda que en agosto 15, 1921, ocurrió un incendio en la fábrica de pasta donde estaban almacenadas las existencias de harina aseguradas, y que dichas existencias fueron destruidas totalmente por el fuego.

La demandada sostuvo en sus varias defensas que la ha-rina no era propiedad de la demandante y sí de la Kansas Milling Co.; que la póliza había sido cancelada y negó que la demandante cumpliera con las condiciones de la, póliza para poder recobrar los daños causados por el fuego.

La corte inferior sostuvo la demanda y condenó a la de-mandada al pago de los $3,000 objeto del seguro.

Como primera cuestión la apelante sostiene la insu-ficiencia de la demanda porque la alegación de “que la de-mandante ha cumplido todas y cada una de las condiciones de la precitada póliza de seguro.” contiene condicio-nes que incumbía cumplir a la apelada, pero que no se rela-cionan ni mencionan en la demanda.

El artículo 127 del Código de Enjuiciamiento Civil dice:

“Art. 127. — Al alegar el cumplimiento de las condiciones esta-blecidas en un contrato, no será necesario exponer los hechos proba-torios de dicho cumplimiento, pero podrá manifestarse en términos generales que la parte cumplió debidamente todas las condiciones que le concernían, y si se impugnare dicha alegación, la parte que hizo ésta deberá probar en el juicio los hechos que demuestren dicho cumplimiento.”

Consignándose en la demanda la celebración del contrato de seguro, el premio pagado y el tiempo que estaba en vigor, cantidad asegurada y la ocurrencia del siniestro, la deman-dante cumplió con el estatuto alegando en términos gene-rales que cumplió con todas las condiciones de la póliza.

Una de las cuestiones que va al fondo del caso y que las partes discuten extensamente se refiere a la interpretación del contrato y a la propiedad de la harina. La apelante sostiene que la póliza de seguró comprendía 1,300 sacos de harina con las marcas ‘‘Golden Seal” y “Lassens Perfection,” que es el distintivo de la marca de fábrica déla Kansas Milling Co. La contención establece que se tra-taba de un seguro fijo y determinado sobre cantidad y ca-lidad de la harina y no sobre una póliza flotante como sos-tiene la apelada. Asimismo alega la apelante que la harina así asegurada era de la propiedad de la Kansas Milling Co. por tener la apelada sólo en depósito la mercancía asegu-rada y aparecer la misma endosada a su favor.

La póliza al referirse a la casa asegurada, dice “on stock of flour in bags, while contained in the two-story, etc” Si atendemos a la letra del contrato, no hay duda alguna que se trata de una póliza flotante. La prueba de la apelante trató de establecer, sin embargo, que la intención de los con-tratantes fué distinta, en sentido de que el convenio se hizo bajo la base de extender las pólizas sobre harinas en sacos, -én- cantidad específica, tratando de reforzar su posición.ale-gando a la vez que la harina asegurada era la de la Kansas Milling Co. y la que tenía en depósito la apelada entretanto ■satisficiera su precio. Uno y otro extremo: fueron resueltos por la corte en sentido adverso a la apelante. La prueba fué contradictoria y no encontramos de su examen que • la conclusión de la corte fuera errónea.

Se imputa como error no concluir y decidir la .corte inferior que la póliza fué cancelada.

La póliza contiene la siguiente cláusula:

“9. — El seguro puede terminarse en cualquier momento a peti-ción del asegurado, caso en el cual la compañía retendrá el tipo acostumbrado para seguros por corto tiempo por el período que la póliza baya estado en vigor. El seguro también puede terminarse en cualquier momento a discreción de la compañía, dando aviso al efecto al asegurado, debiendo devolver la compañía, al solicitarse, la proporción correspondiente de la prima por el tiempo no trans-currido a partir de la fecha de la terminación de la póliza.”

La corte inferior resolviendo esa defensa, dice así:

‘'La prueba demuestra que después de ocurrir un conato de in-cendio en la fábrica de pastas que tuvo lugar en la madrugada del lunes 15 de-agosto de 1921 la demandada comunicó a la demandante la cancelación de la póliza.
“A nuestro entender tal cancelación ba sido tardía ya que en el momento de la misma la póliza estaba afecta a las responsabilidades sufridas por el dicho conato de incendio.”

En la demanda se alega, sin embargo, que en agosto 15, 1921, ocurrió un incendio en la fábrica de pastas, destruyendo totalmente la mercancía. Como un conato significa un acto que empieza y no llega a consumarse, parece existir cierta incongruencia entre lo alegado y lo que sienta probado el juez inferior. La prueba es la que parece aclarar esa con-tradicción. José D. Padilla, presidente de la corporación de-mandante, se encontraba en San Juan la noche del lunes, 15 de agosto de 1921. En la mañana temprano visitó a P. A. C. Hastrup, de quien decía que más que llamarle su broker, personalmente era su agente y le notificó, como agente tam-bién de la compañía de seguros, haber sido llamado por telé-fono desde Arroyo o G-uayama dándosele aviso del conato ocurrido en la fábrica de pastas. Padilla ofreció salir inme-diatamente para Arroyo y avisar por teléfono a su llegada de lo que encontrare. Hastrup dice que no recibió, sin embargo, ninguna comunicación de él y dos días después, el 17 de agosto, se encontraba en Adjuntas en donde recibió el segundo aviso de la destrucción total de las existencias ase-guradas. Y Hastrup el día que fué avisado del conato, 15 de agosto, por instrucciones de la compañía aseguradora, dirigió a la apelada el siguiente telegrama:

‘‘August 15th, 1921. — Compañía Mercantil Arroyana, Arroyo.— Koerber acaba cancelar sus cinco pólizas por total quince mil dollars sobre harina extendidas veintidós Julio ppdo. devolviéndome premio no devengado. Esto desde luego no afecta validez reclama-ción motivo conato esta madrugada. Espero amplios detalles suyos. Hastrup. ’ ’

Este aviso fué confirmado por carta que dice:

“F. A. C. Hastrup, San Juan, Porto Rico. — -August 15th, 1921. • — Compañía Mercantil Arroyana, Arroyo, P. R. — Muy Señores n/ y amigos: — Esta mañana a primera hora me visitó su estimado Sr. Padilla notificándome haber recibido noticia de esa de un incendio ocurrido en la harina recientemente asegurada con la Home Insurance Co. of New York, de los mutuos amigos Koerber & Co., por la suma de $15,000.
“Inmediatamente me puse a la voz con los citados Agentes y tam-bién con el Sr. Macias, Representante de los beneficiarios bajo esas pólizas, y ambos me expresaron su gran estrañeza al acontecimiento en vista de haber sido ayer Domingo y seguramente permanecido cerrado el local, lo que hace más inexplicable el siniestro.
“En el ínterin también hablé por teléfono con el Sr. Fantauzzi para saber algunas nuevas sobre el particular, y este amigo me con-testó que el fuego en sí hizo poco daño pero que el agua de las man-gueras de incendio dañaron bastante número de sacos. Repítoles mi sorpresa desagradable sobre este acontecimiento máxime cuando próximamente hace cosa de una semana los Sres. Koerber me llama-ron la atención sobre el precio demasiado alto en que estaba asegu-rada esa harina, puesto que el mercado había bajado considerable-mente y que realmente su valor no pasaba de $10,000 a $11,000.
“Les notifiqué a Vdes. por telégrafo que acababa de recibir en-dosos de cancelación por parte de Koerber para esas cinco pólizas así como un cheque por el premio no devengado bajo las mismas. Todo esto se lo incluyo bajo este sobre, suplicándoles firmar los cinco ‘lost policy release’ devolviéndolos acá junto con las pólizas para hacerlos firmar aquí también por el Sr. Macías.
“Ansiosamente espero sus nuevas noticias sobre la ocurrencia, y en el ínterin quedo, suyo affmo. amigo y s. s.”

El cheque indicado aparece cobrado -por la apelada y su contenido, así como el endoso que de él hizo la apelada, leen así:

“The National City Bank of New York.- — San Juan KOR- Branch. — The National City Bank of New York. — No. 591 BER San Juan, P. R. August 15tk 1921. — Pay to the order of & Cia. Mercantil Arroyana eighty-sex 25/100 [I. S. Dollars.— CO. Korber & Co. INC., (sgd.) W. Woods. U. S. $86.25/100. uro. “Endosos: Páguese a la orden de Royal Bank of Canada Valor en cuenta Arroyo, P. R., Agosto 18, 1921. Compañía Mercantil Arroyana (Fdo.) José D. Padilla, Presidente.”

La apelada ha tratado de explicar su teoría en sentido de que si bien existió un conato el 15 de agosto, el incendio que sucedió dos días después causando la pérdida total de las existencias, fue la continuación del conato que parece que no había sido extinguido. No hay evidencia, no obs-tante, que tienda a establecer tal teoría. El peso de la prueba estaba en la apelada y era un hecho que debió escla-recer enteramente. Como hemos visto, nada informó de lo ocurrido a consecuencia del conato. Lejos de hacerlo se en-contraba en Adjuntas durante la segunda ocurrencia. La apelada cobró el cheque al día siguiente del voraz incendio que destruyó todo y ello fue la aceptación implícita por la apelada de haber recibido en tiempo el aviso de la cancela-ción, en fecha bastante remota al segundo siniestro, sepa-rado e independiente del conato, sin relación de causa a efecto entre ambos acontecimientos. La cancelación no se refería, por tanto, a pérdidas ya sufridas por el conato. Por el contrario, en el aviso se reservaba a la apelada el derecho de reclamar por tales pérdidas y por' ello no cabe discutir que la cancelación fué hecha después de causados' los.daños.

Tía apelada basó su demanda, .sin embargo, en los daños o pérdidas causados por el segundo siniestro, ya cuando la can-"eéláción de la póliza estaba surtiendo todos sus efectos'y la corte erró al darle efecto a la póliza después de haberse dado el aviso de cancelación. ¡

Asumiendo, por otra parte, que la póliza hubiera continuado en vigor, la apelante sostiene que no se cumplie- . ron por la apelada, entre otras condiciones de la póliza, las siguientes: El valor de la harina en el mercado .el 15 de agosto de 1921 ni la cantidad almacenada en dicha fecha.

La cláusula pertinente de la póliza en cuanto al valor de la propiedad destruida, dispone:

“La compañía por la presente conviene con el asegurado . . . . que si la propiedad antes descrita o cualquier parte de la misma es destruida o averiada por fuego .... la compañía pagará o respon-derá al asegurado del valor de la propiedad así destruida, o del montante de tales daños ocasionados a la misma, hasta una canti-dad que no exceda, con respecto a todas y cada una de las partidas arriba especificadas, de la suma que aparece al lado opuesto respec-tivamente, sin exceder en total la suma .de tres mil dólares, y no, 'excediendo en ningún caso, la cantidad del valor asegurable del ase-gurado al tiempo de ocurrir el incendio:” '

Los artículos 397, 406 y 4Ó8 .del Código de Comercio pres-criben :

“Art. 397. — La garantía del asegurador sólo se extenderá a los objetos asegurados y en el sitio en que lo fueron, y en ningún-caso .excederá su responsabilidad de la suma en que se valuaron los ob-jetos o .se estimaron los riesgos.
“Art. 406. — La valuación de los daños causados por el incendió, se fijará por peritos en la forma establecida en la póliza, por con-venio que celebren las partes, o, en su defecto, con arreglo a lo dis-puesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
“Art. 408. — 'Si el valor de las pérdidas sufridas excediere de la cantidad asegurada, él asegurado será reputado su propio asegura-dor por esté exceso, y sufragará la parte alícuota que le corres-ponda de pérdidas y gastos.”

Según la póliza la obligación de la apelada era pagar o indemnizar a la apelada del valor de la propiedad destruida, no excediendo de la suma de $3,000 que se señaló como límite máximo de la responsabilidad de la compañía aseguradora. La valoración se debe hacer entonces estimando los objetos asegurados por el justo valor que tuvieren en el mercado al tiempo.de ocurrir el incendio. .No se trata, pues, .de.una póliza que pueda incluirse dentro de la denominación de value policies y al.asegurado incumbe la prueba del valor de las harinas para dejar cumplida esa parte del contrato. La única prueba presentada a ese ñn es la del testigo José L. Padilla y presidente de la corporación apelada'. ¡Él de- . claró que en la fecha del incendio la harina valía a'$10.25, $10 y $9.75, pero este precio parece inferirlo de los libros, pues dijo “que el valor total de la harina destruida por el ■ incendio, que estaba depositada en mi almacén, viendo'los libros para decirlo y según éstos, era de $22,629.72.” Así puede verse en repetidas manifestaciones del testigo que al referirse al valor de la propiedad destruida lo deducé de los libros o del precio de factura de sus compras. Preguntado, por ejemplo, del valor de, 588 sacos que tenía en existencia el 31 de mayo de 1921, contestó: ‘£ Tengo que ver el saldo que dan los libros .... cinco mil novecientos cuarenta dollars cinco centavos, según los libros.” Asimismo dice, “se-gún los libros” para valorar la existencia de sacos que tenía on 30 de junio de 1921. Y la harina en sacos procedente de 1¿ Kansas Milling Co. la estima por el precio de factura porque después de afirmar que “el valor de la factura de esos 1,300 sacos de harina era de $12,770.00,” añadió: “Til precio convenido con el Sr. Macías por esa harina en el con-venio de que he hablado, era pagar el valor total de $12,770, el mismo precio estipulado en los contratos de compra.” Su declaración puede decirse que se resume en estas palabras: “El.15 de agosto nosotros teníamos una existencia de harina por valor de $22,629.72. Comprada parte a crédito y parte al contado. Los libros, el libro mayor indica ahí. En ese valor está incluida la harina de la partida de 1,300 sacos. . .” Y respecto a estos últimos sacos finaliza su declaración, diciendo: “Ese cálculo lo hago a $10.00, de acuerdo con el precio del contrato.”

Con esta prueba no podemos -decir que se ha cumplido la regla que unánimemente parece sostener la jurispruden-cia de que el valor de la propiedad destruida debe ser el valor justo en el mercado (fair market value). Las auto-ridades la expresan así:

“Un contrato de seguro contra incendio regularmente es un con-trato de indemnización y el asegurado tiene derecho a que se le ponga en la misma situación pecuniaria en que él hubiera estado si no hubiese ocurrido el incendio; y excepto en el caso de pólizas de valor (valued 'policies), o cuando hay disposiciones estatutorias que limiten el montante de la responsabilidad, la regla general es que en un caso de pérdida total el asegurado tiene derecho a recibir el valor justo ■ en el mercado de la propiedad al tiempo y en el lugar del siniestro, hasta pero sin exceder del montante de la póliza, aun-que exceda del límite de seguro fijado por una regla de la campa-ñía aseguradora. De acuerdo con esta regla el asegurado no tiene derecho a recibir el valor de la propiedad, como su valor real, aun-que el.costo original de la propiedad puede considerarse como prueba de su valor en relación con prueba de su depreciación; tampoco afecta la responsabilidad de la compañía aseguradora por el valor real de la propiedad el hecho de que el asegurado había ofrecido vender la propiedad por menos de su valor real, ni el hecho de que no se pueda determinar sin dificultad el montante de la pérdida, y que hasta cierto punto sea cuestión de cálculos. El valor real debe calcularse al tiempo de la pérdida y no al tiempo que la.propiedad esté en peligro por haberse desarrollado un incendio.” 26 C. J., págs. 351-52, see. 450.

TGn 14 R.C.L. 1304, sección 478, se expone, en síntesis, igual doctrina, diciéndose:

"El montante a recibir por la pérdida de objetos asegurados contra incendio es el valor real o en el mercado de los objetos al tiempo y lugar del incendio.”

No parece necesario que insistamos para decir qne las pérdidas que se alegan cansadas por el incendio no han sido probadas según exige la póliza y la jurisprudencia, y la corte cometió error al considerar suficiente la prueba en ese ex-tremo.

La apelante sostiene que tampoco quedó establecido por la prueba, de acuerdo con los términos de la póliza, la cantidad de harina que tenía la apelada el día 15 de agosto de 1921.

La apelante se refiere en este punto a la cláusula que contiene la póliza y que generalmente se conoce bajo el nom-bre .de “iron-safe ¿lause,” la que dispone:

"l9. — El asegurado practicará, por lo menos una vez al año, un inventario detallado de las existencias cubiertas por el seguro, y a menos que tal inventario haya sido practicado dentro de los doce meses anteriores a la fecha de esta póliza, el asegurado debe inven-tariar detalladamente las existencias dentro de días a partir de la fe-cha en que se expide la póliza; de lo contrario esta póliza quedará completamente nula y sin valor a partir del vencimiento de tal pe-ríodo y el premio por el tiempo no transcurrido será devuelto al asegurado. ■ ■ '
■ “29. — El asegurado conservará un juego completo de libros de contabilidad, que demostrarán claramente el movimiento de los ne-gocios, incluyendo todas las compras, ventas y embarques, al. .con-tado o a plazo, desde la fecha del inventario mencionado'en-lá sec-ción anterior, y durante la vigencia de esta póliza.
“39. — El.asegurado deberá llevar tales libros e inventarios, con-juntamente con el inventario anterior al último, si éste ha sido practicado, completamente cerrados en cajas de seguridad á prueba de fuego, tanto de noche como en cualquier hora que el edificio des-crito no esté regularmente abierto a operaciones comerciales; no pudiendo cumplir con esta disposición, el asegurado se compromete a guardar tales libros e inventarios en un sitio libre de peligro de un incendio que pueda destruir el mencionado edificio.
“Si el asegurado dejare de presentar tal juego de libros e inven-tarios. para que sean inspeccionados por la compañía, la presente póliza quedará inmediatamente nula y sin valor, tal falta consti-tuirá un impedimento perpetuo para recibir indemnización bajo esta póliza, y no se sostendrá ningún pleito o acción judicial por cual-quier pérdida o daño cubierto por esta póliza.”

La evidencia de la apelada para probar sus existencias en la fecha del siniestro, consistió en la declaración de José D. Padilla, con vista del libro mayor, único libro que fuá presentado como prueba. La apelante objetó la • presenta-ción del libro por la forma .en que se había llevado, pero, sus-objeciones se referían más bien .al peso que a su, admisión {competency). Véase el caso de The Porto Rican American Tobacco Company v. Canel, 32 D.P.R. 553.

Las diversas manifestaciones de Padilla refiriéndose a la existencia de harina, dicen así: “Yo no puedo contestarle con exactitud qué cantidad de harina tenía la mercantil én la. fábrica de pastas porque los libros, desde luego, son los que lo indican. A fines de enero de 1921, no puédo'apreciar aproximadamente, con los libros a la vista tampoco, po'rque Jos libros no lo pueden decir con exactitud.” El testigo ex-plica, entonces .las dificultades de llevar una cuenta exacta, .diciendo que se acostumbraba llevar unas notas o libretas, qué se quemaron en el fuego, y de éstas se hacía el resumen, bien semanal o mensualmente llevándose a los libros. El tes-tigo, no obstante, se contradice diciendo: “En síntesis, se llevaba la contabilidad exacta de las existencias, que en cual-quier momento dado se entraban en la fábrica de pastas; .las llevaba porque para eso hay los libros, las libre-tas, y digo que sí, que llevaba la cuenta justa en que se po-dían determinar los números de sacos en cualquier día.” Después de esta declaración ocurre en seguida el siguiente incidente:

“P.- — Pues diga a la corte los sacos que había en 31 de Enero. Ri-ANd ’puedo decirlo porque estaba en las libretas y se quemaron. El libro mayor es el volumen concentrado; y ese que IJd. explica-son Jas misceláneas. P. — Ud no llevaba un libro especial sobre exis-tencia deÉharina? R. — Llevaba mis notas. Llega, por ejem-plo,- el mes de enero del 21; el mes de febrero entraban esas hari-nas, en pequeños lotes o en grandes lotes y a veces, por aquello dé reunir' mayor cantidad no se entraba en la misma fecha, porque como esó no es obligación hacerlo, porque eso estaba desde luego a juicio y discreción del administrador. Entraba harina a la fábrica y no se hacía figurar en el libro Mayor.”

• El testigo, en resumen, afirmó que no podía determinar ni aproximadamente, la harina que estaba en la fábrica en enero de 1921, ni en los siguientes meses de febrero, marzo y abril, ni aun en todo el mes de mayo, con excepción del día'31. Desde esta última fecha es que aparecen llevarse las cuentas con más regularidad. A pesar de esto los 1,300 saqos de harina que fueron comprados a la Kansas Milling Go.-, -aún cuando se le dió entrada en el libro mayor en re-lación con la cuenta “Existencia de la fábrica de pastas,” que fué la que se quemó con las existencias, no ingresó en su totalidad en dicha fábrica en la fecha que indica el libro, julio 31, 1921, haciéndose el ingreso de parte de ella en los primeros días de agosto. Si esto es así, ¿cómo es posible concluir que la sola prueba del libro mayor, con las irregu-laridades con que aparece llevado, en donde figuraban en-, tradas que realmente no existían, puede ser la prueba ine-quívoca de lo que-debió aparecer clara y fijamente de las existencias en el día y sitio del siniestro? Si como alegó la apelada y sostuvo la corte inferior que el contrato de seguro en este caso no era específico sino sobre existencias no de-terminadas, esto exigía por el carácter de flotante que se le daba a la póliza una cuenta diaria sobre las entradas y sa-lidas de harinas, por el movimiento de la industria a que se dedicaba en la fabricación diaria de pan y pastas, junto al negocio de compraventa del artículo en el que también traficaba particularmente Padilla al mismo tiempo de tener la representación de la apelada eomo presidente y manager de la misma.

No se demostró, en resumen, por la apelada un récord completo de los negocios realizados para poner en claro las existencias de harina en un momento dado. La misma cláu-sula de llevar un juego de libros demostrativo, de todas las operaciones, de compras y ventas, tanto al contado como a crédito, en unión del último inventario del negocio, fué in-terpretada en el caso de Rodríguez v. U. S. Fire Ins. Co., 34 D.P.R. 385, donde se sostuvo la insuficiencia de una prueba más o menos análoga a la aportada en el presente caso. Una interpretación sana y razonable de la misma cláu-sula la encontramos en Home Insurance Co. of New York v. Williams, 237 Fed. 171, 176, en donde la doctrina sentada es como sigue:

“La cláusula de ‘iron safe’ obligaba al asegurado a llevar un juego de libros que permitiera a la compañía aseguradora determi-nar de los libros y papeles que se le sometieran con certeza razona-ble la cantidad de efectos en existencia al tiempo de ocurrir el in-cendio sin tener que recurrir a prueba oral, excepto en lo qpb se refería a la forma de llevar tales libros.”

En el caso de Compañía L’Union de París v. Goldsmith, 8 Fed. Rep. (2d Series) 137, la Corte de Circuito de Ape-laciones del Primer Circuito, refiriéndose a una de las ins-tracciones que establecían que la cláusula “iron-safe clause,” igual en sus términos a la del presente caso, es válida y obligatoria al asegurado, y que fue denegada por la corte inferior, dijo lo siguiente:

“Uno de los errores señalados es que la corte rehusó dar al ju-rado la siguiente instrucción:
“ ‘Se les instruye que la cláusula denominada “iron safe” con-tenida en los Exhibits A y B del demandado, era una válida y obli-gaba al asegurado, el demandante; y que ustedes no pueden traer un veredicto a favor del demandante a menos que antes la prueba les demuestre claramente que se ha cumplido substancialmente con todos y cada uno de los requisitos y condiciones de la denominada “iron safe clause.” Denegada. La demandada toma excepción. A. m o.’
“Esta instrucción debió haber sido dada y la corte cometió error al negarse a trasmitirla al jurado.”

Otro caso que parece bien análogo, donde la asegurada no pudo decir por sus libros las existencias que tenía el día del siniestro, es el de Coggins v. Aetna Ins. Co., 8 L.R.A. (N.S.) 839, 841, siendo el razonamiento de la Corte Suprema de North.Carolina el siguiente:

“Nunca se ha hecho un inventario de los efectos comprendidos en la existencia de la tienda .de Erastus, la cubierta por la póliza, No hay ahora, y nunca los han habido, ningunos datos de los cuales se pudiera hacer un inventario razonablemente aproximado. El de-mandante declarando por sí mismo sobre esta cuestión, correcta y propiamente dijo: ‘No, no sé qué cantidad de ferretería, provisio-nes y zapatos yo tenía.’ . . . . La corte tenía razón, por consi-guiente, al resolver, basándose en la declaración del demandante, que había un incumplimiento de- la primera estipulación de la de-nominada ‘iron safe clause.’ ”

Aplicando la misma doctrina podemos concluir que la prueba aportada en el presente caso no ha podido dar una idea cierta y verdadera de las existencias en el momento del siniestro, quedando incumplida implícitamente una de las condiciones más esenciales de la póliza, sin cuyo cumplimiento la asegurada no tiene acción para reclamar.

Siendo éstas las conclusiones' a, que hemos llegado, no es necesario que discutamos las demás cuestiones que levanta la apelante.

Por todo lo expuesto, debe revocarse la sentencia apelada.