author: El Juez PresideNte Señor del Toro,

text:
    José Delgado González, demandante y apelante, v. Avelino Márquez Díaz y Saturnino Dávila, demandados y apelados.
    No. 4190.

    Visto: Noviembre 17, 1927.

      Resuelto: Marzo 6, 1928.
    Desistimiento y “Non Suit’’ — Involuntario—Falta de Tramitación o Ges-tión en el Pleito — En General. — Si bien, las cortes tienen autoridad para declarar una acción abandonada por causas distintas a las especificadas en el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil dentro de la autoridad conferídales por la Regla 3 de las Reglas para dichas cortes, sin embargo, para que surja la jurisdicción de la corte de los autos mismos, debe llevarse a ellos constancia de la previa notificación a las partes.

      OsdeNes de Gabriel Gastejón, J. (Humacao), sobre archivo y sobre-seimiento del caso por abandono y sobre pago por el. tercerista y y sus fiadores, del valor de la propiedad embargada no devuelta . por dicho tercerista.

      Revocadas y devuelto el caso.

      M. Rodrigues Berra, abogado del apelante; González Fagundo & González, Jr., abogados del demandado apelado Márquez Díaz.
   El Juez PresideNte Señor del Toro,

emitió, la opinión del tribunal.

El 30 de agosto de 1922 José.Delgado presentó una.de-elaración jurada afirmando ser suyo el auto truck marca “Harford”, licencia H. P. 89, embargado por el márshal de la Corte de Distrito de Humacao como de la propiedad del demandado, en el pleito seguido por Avelino Márquez con-tara Saturnino Dávila, en cobro de dinero. T basándole en dicha declaración jurada y en una fianza prestada por él como principal y por Onofre Solano y Miguel Morales, ■como fiadores, pidió al márshal la entrega inmediata de di■sko auto truck. Este fué tasado en $1,500. La fianza se prestó a favor de Márquez, por $3,000, siendo su condición la usual en tales casos. De acuerdo con su petición, el auto truck le fue entregado a Delgado.

El Secretario de la Corte de Distrito de Humacao noti-ficó a las partes en el pleito civil en que se decretó el embargo, lo ocurrido. A virtud de la notificación Márquez, el demandante en el dicho pleito, se apersonó en el de ter-cería. El demandado nada hizo. El tercerista Delgado se apersonó, formalmente y dictada la orden correspondiente por la corte, formuló su posición por escrito alegando, en resumen, que el auto truck había dejado de pertenecer a Dávila desde el 18 de julio de 1921, fecha en que fué adqui-rido por él por compra hecha constar en escritura pública. Márquez contestó negando la propiedad alegada por Delgado. Y así, desde octubre 10, 1922, quedó trabada la contienda.

Nada se gestionó y el 21 de noviembre de 1924 la corte dictó la siguiente resolución:

“Hoy 21 de noviembre de 1924, señalado para que compareciera la parte demandante a exponer razones por las cuales no deba te-nérsele por desistida de su acción en este caso, por falta de instan-cia, toda vez que ha transcurrido más de un año sin que haya hecho' gestión alguna en el sentido de proseguir este caso, la corte ordena el sobreseimiento y archivo del mismo, sin especial condenación de costas. Dada en Corte abierta, en Humaeao, P. B., a 21 de noviem-bre de 1924. (Firmado) Pablo Berga, Juez del Distrito.”

El 6 de mayo de 1926 compareció Márquez y pidió a la corte que habiendo transcurrido más de diez días desde la fecha de la sentencia sin que el auto truck fuese devuelto, procedía dictar sentencia contra el tercerista y sus fiadores por el valor de la propiedad más intereses a razón del seis por ciento anual. Y la corte, el 12 de mayo de 1926, vistas las secciones 14 y 15 de la ley sobre tercerías, de 1907, dictó la orden solicitada.

El 10 de febrero de 1927 el tercerista Delgado apeló de la resolución de -21 de noviembre de. 1924 y de la de 12 de mayo de 1926, para ante este tribunal. Y es su apelación la que estamos considerando.

Además de las constancias de los cuales hemos obtenido los anteriores hechos, forma parte de los autos de la ape-lación una “relación del caso” aprobada por la corte sen-tenciadora el 25 de febrero de 1926. De dicha relación trans-cribimos los dos párrafos que siguen:

“No hay constancia en los autos de que antes de dictarse la mencionada sentencia o resolución del 21 de noviembre, el deman-dante fuera citado u oído en alguna forma.”
“No aparece de-los autos que la moción en cuya virtud se dictó la mencionada orden del 12 de mayo, 1926, fuera notificada, en forma alguna, al demandante o a sus fiadores. Tampoco aparece en los autos ni en el libro de minutas de la corte que fueran oídos en forma alguna antes de dictarse la referida orden.”

En su alegato el apelante señala la comisión de cuatro errores. El primero se imputa a la corte “al dictar su re-solución de 21 de noviembre, 1924, motu proprio, sin citar ni oir previamente a la parte a quien perjudicaba.”

Discutiendo el error sostiene el apelante que la corte no tenía autoridad para dictarla y cita el artículo 192 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil que es el que determina cuándo se podrá desistir de una demanda o declararse abandonada.

Hemos examinado cuidadosamente dicho artículo y en verdad que el caso de autos no está en él comprendido.

Ello, sin embargo, no quiere decir que la corte carezca de jurisdicción para terminar un asunto enteramente aban-donado. A ese respecto se promulgó la regla 3 de las “Re-glas para las Cortes de Distrito,” que dice:

“Regla 3. — Al llamarse el calendario en cada término regular, la corte, motu propio y previa notificación de, por lo menos, cinco días a las partes, podrá ordenar la desestimación y archivo de todas las acciones, pleitos y procedimientos pendientes en los cuales no se hubiere hecho progreso alguno y anotádose en el récord, por un pe-ríodo de un año o más, debido a la negligencia de las partes, a me-nos que esta tardanza se justifique oportunamente a satisfacción del Tribunal.1 ’ (Bastardillas nuestras.)

El apelante admite la existencia de la regla y en cierto modo la aplicabilidad de la misma a su caso, pero sostiene que si en ella se basó el juez sentenciador, debió ajustarse a sus prescripciones que requieren la previa notificación a las partes. Y es aquí que surge, a nuestro juicio, la cues-tión decisiva del recurso.

De la resolución de 21 de noviembre no aparece de modo expreso que se hiciera la notificación previa exigida por la regla. Sostiene la parte apelada que debe presumirse que la ley fué cumplida.

En la relación del caso aprobada por la corte a los efec-tos de esta apelación hemos visto que se consigna que “no hay constancia en los autos de que antes de dictarse la men-cionada sentencia o resolución del 21 de noviembre, el de-mandante fuera citado ni oído en forma alguna.”

Ninguna de las partes cita jurisprudencia aplicable. • Na cuestión es dudosa, y en la duda creemos que debe resol-verse en pro de una consideración de los méritos del dere-cho en controversia.

Cuando un demandante deja de comparecer en el caso de la regla 3, su actitud se asemeja mucho a la del demandado que deja de contestar. Si el demandado no contesta, se acusa su rebeldía y puede dictarse sentencia en contra suya aún por el secretario de la corte en propios casos, pero para que la sentencia sea válida, no basta la presunción de que fué debidamente emplazado el demandado, si que es necesario-que el emplazamiento se haga formar parte del legajo de la sentencia. Y así debe hacerse en los casos de la regla 3 cuando el demandante no comparece. Para que surja la jurisdicción de la corte de los autos mismos, debe llevarse a ellos constancia de la notificación.

Habiendo llegado a la conclusión de que la resolución de 21 de noviembre de 1922 es nula por tal motivo, se hace innecesario considerar los otros errores que señala el ape-lante. En cuanto a la otra resolución apelada, bastará de-cir, que fundada como está en la de 21 de noviembre de 1922, nula ésta, cae aquélla enteramente por su base.

Parece conveniente decir que en su alegato la parte apelada insiste en que la apelación debería desestimarse, haciendo referencia a hechos que no constan de los autos. En cuanto a lo que de los autos consta, la cuestión fué estudiada y resuelta por la decisión de este tribunal de 12 de julio último dictada en este mismo caso, 37 D.P.R. 135, y en cuanto a las otras circunstancias que puedan concurrir, no formando parte del récord, no pueden ser consideradas.

Deben revocarse las órdenes apeladas y el caso devol-verse para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señoe Aldeet,

license: Public Domain

text:
    La Iglesia Católica Apostólica Romana en Puerto Rico, demandante y apelada, v. Juan Monclova Martínez, demandado apelante.
    No. 4314.

    Visto: Febrero 23, 1928.

      Resuelto: Marzo 6, 1928.
    Desistimiento t “Non Suit” — Involuntario—Imposición de Costas. — No hay disposición alguna en el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil que imponga a la corte el deber de condenar necesariamente en costas a un demandante cuyo pleito es desestimado sin solicitud suya por dejar de tramitarlo.
    SenteNCia de Luis S amalea, J. (Arecibo), declarando al demandante por desistido y abandonado de su acción.

      Confirmada.

      Luis Freyre Barbosa, abogado del apelante; 'Manuel Tons Soto, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Aldeet,

emitió la opinión del tribunal.

El apelado dejó de enmendar su demanda en el término que la corte inferior le concedió por lo que a instancia del demandado recayó sentencia teniendo al demandante por de-sistido de su acción por falta de gestión en su pleito. De este fallo apela el demandado porque la corte no impuso las costas al demandante y cita en apoyo de su recurso el ar-tículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil.

No bay disposición alguna en ese artículo que imponga a la corte el deber de condenar necesariamente en costas a un demandante cuyo pleito es desestimado sin solicitud suya por dejar de tramitarlo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Audrey,

text:
    Ulises Clavell Ríos, demandante y apelante, v. Marino y Allah Torres, demandados y apelados.
    No. 3999.

    Visto: Noviembre 23, 1927.

      Resuelto: Marzo 6, 1928.
    Eeivindicación — Derecho de Acción y Defensas — Personas que Pueden Ejer-citar la Acción. — Uno que, habiendo adquirido un título de propiedad de un terreno que reclama en reivindicación, no es dueño de dicho terreno al interponer su demanda por haberlo permutado con otro que recibió en cam-bio del mismo,, carece de acción para reivindicarlo.

      SENTENCIA de B. E. Todd, Jr., J. (Ponee), declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Felipe Colón Días, abogado del apelante; López de Tord & Zayas Bizarro, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Ulises Clavell demandó en la Corte de Distrito de Ponce en junio de 1926 a don Marino y a don Allah Torres, actuales dueños de la hacienda Caño Verde sita en el barrio Sabanetas del término municipal de Ponce, en reivindica-ción de una finca de 2 cuerdas de terreno y 25 centavos de otra, radicada también en Sabaneta, cuyo valor es de $800, alegando el demandante haberla comprado en septiembre de 1904 a Juan Camacho Ortiz según escritura pública inscrita a su favor en el registro de la propiedad y que los deman-dados están poseyendo dicha finca sin título alguno para ello.

Los demandados contestaron esa demanda alegando que están poseyendo las 2 cuerdas 25 centavos a título de dueños por haberlas heredado de su padre, quien compró en 1907 la hacienda Caño Verde, formando parte de ella las 2 cuerdas 25 centavos que la sucesión Eabasa, su vendedor, adquirió por permuta que con otra finca suya de 3 cuerdas hizo antes de 1904, y alegó otras defensas en su favor.

Celebrado el juicio la corte de distrito dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, siendo uno de sus funda-mentos la adquisición por permuta alegada por los deman-dados ; y en la apelación que contra ese fallo ha interpuesto el demandante alega como primer motivo de su recurso que la corte inferior cometió error al declarar probado el con-trato de permuta.

La prueba presentada en el juicio consistió casi exclusi-vamente en la declaración del demandante Clavell, pues él presentó su sola declaración y la escritura de compra que Juan Camacho Ortiz le otorgó en 1904. De la declaración del Sr. Clavell resulta que él compró las 2 cuerdas 25 centavos a Francisco Guillen, quien las tenía por habérselas dado Juan Camacho Ortiz en pago de una deuda y que como no había mediado entre ellos documento escrito la escritura de venta se la otorgó directamente Juan Camacho Ortiz al demandante en septiembre de 1904, enterándose entonces de que la finca que tenía Guillen era de 3 cuerdas que le había dado la hacienda Caño Verde en cambio de las 2 cuerdas 25 centavos que son objeto de este pleito, situación que Cla-vell aceptó por lo que nunca tomó posesión de la finca de 2 cuerdas 25 centavos sino de las 3 cuerdas que estaba pose-yendo Guillen, cuya finca de 3 cuerdas ha dado Clavell en arrendamiento a otras personas, cobrando sus cánones y la ha tenido en su posesión hasta que la perdió dos o tres años antes del presente litigio por sentencia dictada en pleito que contra él promovieron los herederos de Juan Camacho en reivindicación de dichas 3 cuerdas, en cuyo pleito no fueron citados de saneamiento por evicción los dueños de la hacienda Caño Verde. De otra prueba de los deman-dados resulta que Clavell dió las 3 cuerdas en arrenda-miento a Luciano Colón permitiéndole que arrancara los ár-boles que tenía, diciéndole que la había cambiado por otra de 2 cuerdas 25 centavos a Caño Verde, cuya manifestación también hizo a Domingo García, a Carlos Torres y a uno de los demandados.

Esa evidencia es prueba suficiente de que hace más de veinte años con anterioridad a la interposición de la de-manda de este pleito que las 2 cuerdas 25 centavos recla-madas ahora fueron cambiadas a la hacienda Caño Verde por otra finca de ésta de 3 cuerdas que. Clavell poseyó desde 1904, realizando con ellas actos de dueño y que por ese cam-bio existió el contrato de permuta definido en el artículo 1441 del Código Civil, a pesar de que el apelante entienda que solamente fué un simple cambio, pues fué dada una finca por otra; y como la permuta es un medio de adqui-rir la propiedad tenemos que llegar a la conclusión de que si bien el apelante obtuvo en 1904 un título de propiedad de las 2 cuerdas 25 centavos que ahora reclama en reivin-dicación, no es actualmente dueño de ella por haberla per-mutado con otra de 3 cuerdas que recibió en cambio de fe misma y, por tanto, carece de acción para reivindicarla, pox lo que la corte inferior no cometió error al declarar sin lu-gar la demanda.

En vista de la conclusión a que hemos llegado huelga considerar las otras defensas alegadas por los demandados y la sentencia apelada debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados señores Hutchison y Texidor no-intervinieron.


author: El Juez Asociado Seño®, Audrey,

text:
    Manuel Calderón, demandante y apelado, v. Herederos Desconocidos de Charles M. Boerman, demandados y apelantes.
    No. 4004.

    Visto: Enero 26, 1928.

      Resuelto: Marzo 6, 1928.
    1. Partición (División) — Acciones Sobre Partición — Procedimientos y Reme-dios — De la Demanda — Posesión en Común y Proindiviso. — En aceifo sobre división de comunidad no es necesario que en la demanda se alegue que la finca está poseída en común y proindiviso cuando en ella se expone que las partes tienen condominios en la finca de que se trata.
    2. Partición (División) — Acciones Sobre Partición — Procedimientos y Reme-dios — De la Demanda — División sin Lesionar el Valor del Inmueble.— En acción sobre división comunidad de bienes no es necesario que en la áe~ manda se alegue que la división material de la propiedad de que se trate pueda verificarse sin lesionar el valor del inmueble.
    3. Partición (División)- — Acciones Sobre Partición — Procedimientos y Reme-dios-De la Demanda — Alegación Respecto a Resultar Impropia la Finca para el Uso de que se la Destina. — En la demanda — en aeció» sobre división de comunidad — no necesita alegarse que, de hacerse la divi-sión, la finca no ha de resultar inservible para el uso a que se la destina,, y menos aún cuando se trata de la división de fincas rústicas.
    4. Partición (División) — Acciones Sobre Partición — Derecho de Acción s Defensas — Defensas del Demandado. — Si la división ha de hacer la fines impropia para el uso a que se la destina es cuestión para ser alegada come-defensa contra la división material.
    5. Partición (División) — Acciones Sobre Partición — Procedimientos y Reme-dios — Partes en la Acción — Partes Demandantes — Administradora Judicial. — Aún cuando se haya hecho la partición judicial de los bienes dé un finado y adjudicado determinada propiedad a un- heredero, si. el rpleito .fe división está pendiente de apelación y la adjudieataria de dicha propiedad aún no ha tomado posesión de ella, la administradora judicial de los bienes, y no dicha adjudieataria, es la que tiene que intervenir en una acción sobre división de comunidad de dicha finca así adjudicada.
    SbnteNcia de Pablo Berga, J. (San Juan), declarando con lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      Leopoldo Tornes, abogado de los apelantes; Ramón C. Julia, abo-gado del apelado.
   El Juez Asociado Seño®, Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Manuel Calderón presentó demanda en la Corte de Distrito de San Juan contra los herederos desconocidos de don Carlos M. Boerman solicitando la división material de una finca rústica alegando con tal fin que el demandante es dueño de un condominio de siete octavas partes en ella siendo el otro condominio de una octava parte de don Carlos M. Boerman, que por haber fallecido corresponde a sus herederos, desconocidos para el demandante; que no ha exis-tido ni existe pacto entre los condueños para conservarla in-divisa y que no ha podido requerir para la división a los dichos herederos por desconocer quiénes sean. Anotada la rebeldía de los herederos demandados compareció en el pleito doña María L. Fordham, conocida por Mrs. Charles M. Boerman, formulando excepción previa contra la demanda por falta de hechos constitutivos de causa de acción, y como albac'ea testamentaria, heredera y administradora judicial del Sr. Boerman contestó la demanda negando sus hechos. Celebrado juicio recayó sentencia declarando con lugar la demanda y decretando la división material entre las partes de la finca objeto de la demanda, disponiendo, además, que los demandados, representados por la administradora judicial, Mrs. María L. Fordham, otorguen con el demandante escritura de división de comunidad de la referida finca, apercibidos de que si no lo hicieren así dentro del término de diez días de ser firme la sentencia se procederá, a peti-ción de cualquiera de las partes, al nombramiento de un contador-partidor que haga dicha división y entregue a cada parte lo que le corresponda.

Contra .esa sentencia ha interpuesto la Sra. Fordham el presente recurso de apelación en el que alega como primer motivo para sostenerlo su excepción previa general de falta de hechos determinantes de causa de ac-ción en la demanda, porque no alega que la finca está poseída por los dueños en común y pro indiviso: que la división material de ella pueda verificarse sin lesionar el valor del inmueble: y que de hacerse la división no ha de resultar inservible para el uso a que se destina. Esas alegaciones no son necesarias en este caso porque de lo expuesto en la demanda resulta que las partes tienen condominios en la finca, y por tanto la poseen en común y proindiviso: por-que no es requisito exigido por el Código Civil en sus ar-tículos 407 al 413, que tratan de la división de la comuni-dad de bienes, que la división no haya de lesionar el valor del inmueble: y porque no tiene que alegar que de hacerse la división ha de resultar inservible para el uso a que se la destina, ya que siendo las fincas rústicas por lo general divisibles materialmente por su naturaleza, si su división ha de hacerla impropia para el uso a que se la destina es cuestión para ser alegada como defensa contra la división material. Por consiguiente, no es sostenible el primer mo-tivo de error alegado por la apelante.

Pasemos al segundo motivo del recurso en el que se alega que la sentencia recaída en el pleito es errónea porque no determina cuál parte demandada debe actuar en la división, ya que la parte que aparece realmente interesada en la finca nunca estuvo en la corte, ni compareció ni ha sido citada.

Como hemos dicho, los herederos desconocidos de Carlos M. Boerman fueron citados por edictos y compareció en el pleito la administradora judicial de ellos, pero dice la ape-lante que habiendo acreditado ella en estos autos que esos bienes ban sido divididos por nn contador-partidor, que el condominio qne tenía el Sr. Boerman en la finca expresada fné adjudicado a Esther Bassie Boerman, residente en Ru-sia, con aprobación de la corte de distrito, y que tal reso-lución es firme, la corte inferior debió suspender todo pro-cedimiento en este pleito y ordenar que fuera citada direc-tamente la interesada en el inmueble.

Según el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Lega-les Especiales los administradores judiciales del caudal de un finado representan al mismo en todos los procedimientos comenzados contra él antes de su muerte y en los que se promovieron después por o contra el caudal de la herencia, por lo que de acuerdo con ese precepto la administradora judicial apelante tiene la representación de los bienes del Sr. Boerman, y ha de estimarse que continúa en ellos no sólo porque así ella lo manifestó sino porque no se ha jus-tificado en estos autos que la persona a quien ha sido adju-dicado el condominio en ese inmueble, y que reside en Ru-sia, haya tomado posesión del mismo. Además, la apelante declaró en este pleito que la división hecha de los bienes del Sr. Boerman está pendiente de apelación en Boston y sus efectos suspendidos y que existe un pleito que puede anular cualquier división hecha por el contador-partidor, por lo que hasta que la adjudicataria tome posesión de ese con-dominio la representación del mismo como parte del caudal del finado se halla en la Sra. Boerman, que es la que tiene que intervenir en la división de la finca. El caso de Rivera v. Fernández, 33 D.P.R. 597, citado por la apelante, no tiene relación alguna con el presente caso.

En el tercer señalamiento de error se alega sin argu-mentación que la sentencia es contraria a la prueba por de-cirse que es de acuerdo con el segundo motivo que ya he-mos considerado.

Por lo expuesto la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Texidor,

text:
    Eleuteria Vázquez, demandante y apelada, v. Juan Rivera López de Victoria, demandado y apelante.
    No. 4259.

    Visto: Febrero 24, 1928.

      Resuelto: Marzo 6, 1928.
    1. Apelación y Error — -Presentación y Reserva en la Corte Ineerior de los Fundamentos de Revisión — Objeciones y Mociones, y Resoluciones So-bre las Mismas — Cuestiones Relativas a las Aleqaciones en General— Defectos u Omisiones en Estas — Juramento de las Alegaciones.— Cuando una demanda enmendada no está jurada al ser notificada al deman-dado, tal objeción no se levanta al admitir la corte dicha alegación en el juicio y del réeord aparece que medió acuerdo entro las partes para admitir aquélla, dicha objeción no sólo es inconsistente con la conducta de las partes sino tardía en apelación.
    2. Injunction- — Materias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Traspa-sos y Gravámenes — Injunction para Recobrar Posesión — De la Deman-da- — -En General. — Cuando, en procedimiento de injunction para recobrar posesión, la demanda alega el origen o título de la posesión del demandante, el medio de objetar la corrección de tal alegación es por moción para eli-minar y no por excepción previa.
    3. Apelación y Error — Revisión—Cuestiones de Hecho, Veredictos y Con-clusiones — Apreciación de las Pruebas — En General. — En materia de apreciación de prueba es necesario demostrar que el tribunal inferior incurrió en error por causa do p,asión, parcialidad o prejuicio o 'craso error esencial para que el Supremo pueda intervenir en dicha apreciación.
    4. Injunction — Materias Objeto de Protección y Remedio — Bienes, Traspa-sos y Gravámenes — Injunction para Recobrar Posesión — -Cuestiones a Considerar y Resolver. — En procedimiento de injunction para recobrar po-sesión, la posesión del demandante, y no su título a la propiedad de que se trata, es la cuestión a probar y resolver.
    SENTENCIA ele B. López Antongiorgi, J. (Gnayama), declarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      Adolfo Porrata Doria, abogado del apelante,- Miguel Mareos Morales, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de G-uayama se siguió este procedimiento de injunction para recobrar la posesión, a virtud de demanda de' Eleuteria Vázquez, en la que alegó sustancialmente bailarse desde bace más de treinta años, y basta la fecha de 26 de julio de 1926, en posesión de una finca de 14 cuerdas de terreno en el Barrio Beatriz, término municipal de Cayey, cuya finca se describe; y que en la citada fecba 26 de julio de 1926, el demandado Juan Rivera López de Victoria penetró en tal finca, sin el consentimiento, y contra la voluntad de la demandada, y tendió una cerca abarcando odio cuerdas de terreno parte de la citada finca, de la posesión de las cuales fia privado a la demandante.

El demandado, por lo que resulta del récord taquigrá-fico, parece que excepcionó la demanda. La excepción no se lia copiado en el legajo de sentencia. Aparece del legajo la contestación del demandado en la que niega la posesión de la demandante y la perturbación y despojo que en la demanda se alegan, y como materia de oposición, alega ser dueño de, y poseer, una finca radicada en el Barrio de Beatriz, término municipal de Cayey, de ocho cuerdas de te-rreno, cuyas colindancias fija, y expresa el título de adqui-sición, y la posesión de su causante.

Al empezar el juicio en este caso el abogado de la de-mandante manifestó. a la corte que tenía noticia de que el demandado tenía preparada excepción previa, y que de acuerdo con él, iba a enmendar la demanda, para describir con exactitud las ocho cuerdas ocupadas por el demandado; a esta petición se allanó expresamente el demandado, si bien no retiró la excepción, haciéndose constar que de mu-tuo acuerdo se admitió la excepción, y también de mutuo acuerdo se admitió la enmienda a la demanda.

La prueba en este caso fué un tanto larga; y fué sobre todo, contradictoria. Se insistió mucho en presentar docu-mentos y títulos que no eran pertinentes en un caso de pose-sión; y en gran parte de los interrogatorios la cuestión de propiedad parecía ser la única en debate.

La Corte de Distrito de Gruayama decidió el caso en favor de la demandante. El conflicto de prueba fué resuelto en favor de la demandante.

La sentencia de dicha corte de distrito tiene fecha 28 de enero de 1927 y contra ella se interpuso el presente recurso de apelación. Se han señalado por el demandado y ape-lante cuatro errores, que quizá pueden reducirse a dos.

El primer error atribuido a la sentencia se refiere a no liaber resuelto con lugar la excepción previa de falta de he-chos suficientes para determinar causa de acción.

Al argumentar este error el apelante sostiene que la demanda enmendada no estaba jurada cuando se le notificó al demandado. Del récord del caso aparece que tal alegación se halla jurada, en la misma fecha en que se presentó, si bien el juramento aparece después de la orden de la corte admitiendo la alegación. De todas maneras, lejos de levantarse en aquel momento, en el juicio, objeción alguna por la razón expresada, aparece del récord que existió un acuerdo entre las partes para admitir tal demanda enmendada; y ahora sería tardía, y contradictoria en la conducta del demandado, la objeción que presenta.

Sosteniendo esta alegación de error, el apelante trató la cuestión de posesión natural y posesión civil, como base de su excepción. Parece que el apelante confunde la posesión natural con la posesión actual, que es la que la ley requiere en este procedimiento.

Como alegación, en la demanda enmendada se hace la de que la demandante posee la finca de que se trata, desde hace más de treinta años, a título de dueña, y por heren-cia paterna. Quizá sobre en esta alegación lo que se refiere a origen o título de esa posesión. Pero si así fuera, el me-dio de objetar la corrección de tal alegación, no es la ex-cepción previa, sino la moción eliminatoria.

La cuestión de la posesión natural y la posesión civil, no se halla correctamente propuesta en la excepción previa; y pudo suscitarse en otra forma en el juicio.

El primer error que el apelante señala, no existe.

El segundo error señalado consiste, según el apelante, en que se dictó sentencia mandando restablecer a la demandante en la posesión de las ocho cuerdas del demandado.

El tercer señalamiento de error consistente en conceder a la demandante el remedio de injunction, resolviendo a su favor el conflicto de título.

Y el cuarto señalamiento de error al conceder el injunction basándose en una cuestión de colindancia.

En el terreno de la realidad, lo que en la argumentación de los séñalamientos de error, se discute, es la apreciación de la prueba en el caso. Y, aparte de que la corte ba apreciado la prueba con toda discreción y acierto, es doctrina constante de este tribunal, que en materia de apreciación de la prueba sería necesario demostrar que el tribunal inferior incurrió en error por causa de pasión, parcialidad o prejuicio, o en craso y evidente error esencial para que tuviéramos que intervenir en tal apreciación de prueba.

No encontramos que la Corte de Distrito de Guayama baya mandado en la sentencia que se restablezca a la demandante “en la posesión de las ocbo cuerdas de terreno del demandado.” La corte ba resuelto que las ocbo cuerdas de terreno de que se trata estaban en la posesión de la demandante, que fué privada de tal posesión por el demandado, según la estimación que de la prueba hizo la corte. El apelante al argumentar este segundo extremo se limitó a exponer lo que él cree que es la mejor apreciación de la prueba en el caso, y sí alega que la demandante no ba probado su título. No tenía que probar la demandante otra cosa que su posesión. El título no es materia de esta clase de procedimientos, según repetidas veces ba declarado por la jurisprudencia, confirmando la letra y el espíritu de la ley especial de estos casos. Ortiz v. Silva, 28 D.P.R. 386.

En cuanto al tercer señalamiento, le es de aplicación cuanto acabamos de decir. El apelante argumenta acerca de la prueba y su efecto, y acerca del título de propiedad.

El señalamiento del cuarto error, adolece de una seria equivocación del apelante. Se dice por éste que la corte concedió el remedio de injunction sustentada en el becbo de la fijación de una colindancia. No encontramos en la opinión o en la sentencia nada que justifique tal aserto.

Es verdad que en este caso, para la determinación de la finca cuya posesión alega la demandante, se ba hablado muchas veces de una quebrada, que era, o colindancia natural, o línea divisoria con respecto a otras fincas. Pero esta cuestión de hecho no ha sido la resuelta en la sentencia, ni puede decirse, leyendo la opinión, que la Corte de Distrito de Guayama haya resuelto una cuestión de colindancia en este caso. En el caso Richardson v. Martínez, de este tribunal, la cuestión era diferente de la aquí resuelta.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


text:
    Alfredo Muñoz Rodríguez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.
    No. 708.

    Sometido: Febrero 21, 1928.

      Resuelto: Marzo 6, 1928.
    Partición o División — Por Actos de las Partes — División de Comunidad— Inscripción — Defectos Subsanables — Palta de Inscripción Previa a Pa-vor de Uno de los Condueños. — Cuando dos eondóminos, uno de los cuales tiene su condominio inscrito j el otro' no, proceden por escritura pública a dividir la finca, el título de división es inscribible con el defecto subsanable de no hallarse inscrito el condominio del condueño que participa en la división.
    Nota de Lemuel Marques, R. (Caguas), denegando la inscripción de una escritura de división de bienes.

      Revocada.

      J. A. Hernández Pérez, abogado del recurrente; el registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Texidor,

emitió la opinión del tribunal.

Alfredo Muñoz Rodríguez tenía inscrito en el Registro de la Propiedad de Caguas un condominio de 75.937 cuer-das de terreno sobre una finca de 86.33 cuerdas de otra en el término municipal de San Lorenzo, siendo el otro con-dueño por 10.393 cuerdas Carlos Torres Yillafañe, cuyo de-recho no se halla inscrito. La inscripción a favor de Mu-ñoz Rodríguez fué practicada a virtud de una resolución de la Corte de Distrito de Iíumacao.

En 17 de noviembre de 1927, por escritura pública otor-gada ante el notario don J. A. Hernández Pérez, Alfredo Muñoz Rodríguez y Carlos Torres Yillafañe procedieron a dividir entre ellos la finca rústica a que se viene haciendo referencia; y presentada la primera- copia de esa escritura al Registro de la Propiedad de Caguas para inscripción de la finca que correspondió a Muñoz Rodríguez, el registrador denegó la inscripción por no hallarse inscrito el condominio de Torres Villafañe.

Contra esta nota denegatoria se ha promovido el pre-sente recurso, en el que han comparecido Alfredo Muñoz Rodríguez, como recurrente, y el Registrador de la Propie-dad de Caguas como recurrido.

En toda división de comunidad de bienes, hay una mu-tua enajenación de los derechos de los condueños sobre la parte de la finca o bienes que cada uno de ellos adquiere individual y específicamente. Por esa razón, parece necesa-rio para el registro de la propiedad que las participaciones indivisas se hallen inscritas, para cumplir así el requisito de la previa inscripción, que es una de las bases fundamen-tales del sistema hipotecario, y a lo que responde el artículo 20 de la Ley Plipotecaria cuyo primer párrafo dice:

“Art. 20. — Para inscribir o anotar los títulos en que se trans-fiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre- se haga la transmisión o gravamen.”

En el mismo artículo, párrafo quinto, se dispone que cuando el derecho no resulte inscrito a favor de persona alguna, el registrador tomará anotación preventiva, si el interesado lo pide.

Este último párrafo del artículo 20 demuestra claramente que la falta de previa inscripción no es siempre insubsana-ble, ya que la falta de inscripción no significa que el dere-cho no exista, sino que no se ha llenado el requisito de la Ley Hipotecaria, que puede llenarse, subsanando el defecto.

La falta de previa inscripción ha sido calificada de ma-neras diversas; unas veces como insubsanable, y otras como subsanable, dependiendo de las circunstancias del caso. En el presente tenemos una escritura, de la que aparece que en la finca de que se trata hay dos condueños, que son los que otorgan, si bien no aparece inscrita la participación de uno de ellos. La inscripción de la división en cuanto a Muñoz Rodríguez, que tiene su título en forma legal, no puede originar perjuicio; pero el título de división es indudable-mente defectuoso, por no aparecer del registro el derecho del otro condueño, que participa en la división, cuya divi-sión entraña una enajenación de derechos.

La falta o defecto en este caso no puede calificarse de no subsanable; y la inscripción puede y debe hacerse con el defecto subsanable de no hallarse inscrito el condominio de Carlos Torres Yillafañe. T en ese sentido se revoca la nota recurrida, y se ordena la inscripción con el dicho de-fecto.


author: El Juez Asociado Señok Wolf,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Olivo Ruiz, acusado y apelante.
    No. 3305.

    Visto: Enero 26, 1928.

      Resuelto: Marzo 6, 1928.
    1. Licencias — -Por Ocupaciones v Privilegios — Procesos y Castigos — Apela-ción. — Guando en denuncia por manejar un vehículo de motor sin licencia para ello se alega además que el acusado arrolló a un niño, y no hay nada en los autos que indique que aquélla- se atacara en la corte inferior por el fundamento de imputar dos delitos, tal alegación no puede ser atacada por primera vez en apelación.
    2. Licencias — Por Ocupaciones y Privilegios — Procesos y Castigos — Acusa-ción o Denuncia — Su Suficiencia — Manejo de Automóvil sin Licencia.— Una denuncia que alegue que el acusado manejaba un vehículo de motor sin tener licencia expedídale por el Departamento del Interior da suficiente conocimiento a aquél de que se le imputa el guiar dicho vehículo sin poseer una licencia del Comisionado del Interior.
    3. Licencias — Por Ocupaciones y Privilegios — Procesos y Castigos — Acusa-ción o Denuncia — Su Suficiencia — Manejo de Automóvil sin Licencia.— Una denuncia por manejar un vehículo de motor sin licencia para ello que ni sigue las palabras del estatuto ni alega como exige la ley que el vehículo se guiaba por un camino público es insuficiente para imputar delito alguno.
    SENTENCIA ele Domingo Sepulveda, J. (San Juan), condenando al acusado por delito de Infracción al Art. 5, inciso (a) de la Ley de Automóviles.

      Bevocada, absolviéndose al acusado.

      Adolfo Dones, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fné convicto por guiar un automóvil sin po-seer licencia. En la apelación se ataca únicamente la de-nuncia. Esta dice así:

“Que en 20 de marzo bora 5:30 p. m. de 1927, y en el barrio San Patricio de Río Piedras, P. R., que forma parte del Distrito Judicial de San Juan, P. R., el referido acusado Angel Olivo Ruiz, allí y entonces de una manera ilegal, maliciosa y voluntariamente, violó las disposiciones de la Ley para reglamentar el uso de vehícu-los de motor en los caminos públicos de Puerto Rico, consistente en que mientras manejaba como conductor el automóvil Ford No. 7725 de su propiedad, no estaba legalmente autorizado por el Departa-mento del Interior para dedicarse al manejo de tales vehículos de motor en los caminos públicos de P. R., o sea, sin tener chapa ni licencia expedida al efecto por dicho Departamento, este acusado en momentos en que manejaba dicho vehículo tuvo un accidente en el cual resultó el niño Santiago Díaz Sánchez de 13 años con una he-rida en la pierna izquierda, y la rotura de la pierna derecha. He-cho contrario a la ley.”

Nada aparece de los' autos que indique que la denuncia fuera atacada en la corte inferior por el fundamento de que imputa dos delitos. Por tanto, la alegación de que el acusado arrolló a xin niño, aunque imputa un delito distinto, no puede ser atacada en apelación. Además, las palabras objetadas son meramente redundantes o puestas para agravar el delito.

Igualmente no bailamos que sea insuficiente la alegación de que el acusado manejaba sin tener licencia expedídale por el Departamento del Interior en vez de decir del Comisionado del Interior, que es la persona autorizada por la ley para expedir licencias. El acusado tuvo conocimiento de que se le imputaba el baber guiado un automóvil sin poseer una licencia del Comisionado al hacerse mención del departamento bajo sus órdenes. Podemos tomar conocimiento judicial de que existe un departamento especial para expedir licencias.

El otro error alegado es más serio y acarrea la revocación de la sentencia. La ley prohíbe el guiar por los caminos públicos de Puerto Eico sin poseer licencia para ello. Al apelante no se le acusaba de guiar un automóvil por un camino público. La denuncia únicamente decía que éste guiaba un automóvil en Eío Piedras sin tener licencia. Non constat que él guiara un automóvil por un camino privado o dentro de su propiedad. Contrario a la contención del fiscal, las palabras de la denuncia “violó la ley manejando como conductor el automóvil, no estando legalmente autorizado para dedicarse al manejo de tales vehículos de motor en los caminos públicos de Puerto Eico” no arrojan luz alguna. Solamente dicen que el acusado no tenía licencia. En nada contribuyen para situar al acusado en un camino público. Generalmente cuando se imputa a un acusado haber cometido un delito en un camino público y el estar en un camino público es uno de los elementos esenciales del delito, la acusación o denuncia deben tratar de describir el sitio. De lo contrario un acusado nunca podría estar seguro de si estaba presente o ausente o de si él fué la persona que cometió el delito en el sitio determinado.

Aunque no se exigen grandes formalidades en una de-nuncia, deben exponerse los elementos esenciales del delito. No puede ser sostenida una denuncia que ni sigue las pala-bras del estatuto ni alega el sitio.

Bebe revocarse la sentencia apelada y absolverse al acu-sado.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Diego Agüeros & Co., S. en C., demandante y apelada, v. José Navarrete, Alberto Dávila y Dionisio Villaverde, demandados y apelantes.
    No. 4257.

    Visto: Febrero 24, 1928.

      Resuelto: Marzo 6, 1928.
    1. Apelación y Error — Presentación y Reserva en la Corte Inferior de los Fundamentos de Revisión — Objeciones y Mociones, y Resoluciones So-bre las Mismas — Cuestiones Relativas a las Alegaciones — Objeciones a la Demanda — Falta de Hechos para Constituir Causa de Acción.— Cuando, alegado como error el declarar la corte inferior sin lugar una ex-cepción previa a la demanda de falta de hechos, el apelante no hace refe-rencia en su alegato a la página o parte de los autos para demostrar que dicha excepción fué sometida o considerada por dicha corte, debe conside-rarse que la cuestión envuelta se levanta por vez primera en apelación.
    2. Embargos — Responsabilidades Sobre Fianzas y Garantías- — Acciones en General — Apelación—Revisión—Enmiendas que se Consideran Hechas en Apelación. — -En acción sobre fianza prestada de acuerdo con la sección 2 de la Ley de Tercerías de 1907 (pág. 308) si la demanda no alegare que no se satisfizo la sentencia dictada en el pleito principal y tal omisión se halla subsanada por la prueba, la demanda debe considerarse enmendada de conformidad en apelación.
    3. Apelación y Error — Revisión—Discreción de la Corte Ineerior — Suspen-sión del Juicio. — En el caso de autos, atendidas las circunstancias concu-rrentes, se resolvió que la corte inferior no abusó de su discreción al negarse a suspender el juicio.
    SENTENCIA de Charles F. Foote, J. (San Juan, Primer Distrito), de-clarando con lugar la demanda, con costas.

      Confirmada.

      José S. Alegría, abogado de los apelantes; F. Soto Gras, abogado de la apelada. •
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La sección 1, la 2 en parte y la 3 de la Ley para proveer el procedimiento en los casos de tercería sobre bienes mue-bles e inmuebles, aprobada el 14 de marzo de 1907, leen como sigue:

“Sección 1. — Que siempre que un marshal, u otro agente judicial, procediere a cumplimentar una orden de ejecución, embargo, o cualquiera otra orden contra alguna propiedad mueble, y dicha pro-piedad, o cualquiera parte de ella, fuere reclamada por un tercero, éste o su mandatario o abogado, podrá prestar juramento por es-crito ante cualquier funcionario autorizado para tomar juramentos, haciendo constar que dicha reclamación se hace de buena fe, y pre-sentarlo al agente encargado de cumplimentar la orden de ejecución o embargo.
“Sección 2. — Asimismo el reclamante constituirá y presentará una fianza al agente encargado de efectuar el embargo, con la ga-rantía de dos o más fiadores abonados, a satisfacción de dicho agente, y otorgada a favor del demandante en la orden de embargo, por una suma igual al doble del valor de la propiedad así reclamada, según tasación de dicho agente.
“Sección 3. — La fianza se constituirá con la condición de que si el reclamante no lograre justificar su derecho a la propiedad, devolverá ésta al agente- que hubiere efectuado el embargo, o al sucesor de éste, en tan buena condición como la recibió y de que también sa-tisfará el valor razonable del uso, alquiler, incremento y productos de la misma, desde la fecha de la fianza; o si dejare de devolver dicha propiedad, y pagar por el uso, alquiler, incremento y produc-tos de la misma, satisfará al demandante el valor de dicha propie-dad, con más el interés legal sobre el mismo desde la fecha de la fianza, así como todos los daños y costas a que fuere condenado.”

Los demandados apelan de una sentencia dictada en una acción entablada sobre una fianza con sujeción a los requi-sitos de la sección 3 y redactada de acuerdo con la fraseo-logía prescrita por una sección posterior de dicha ley.

El primer fundamento de esta apelación es que la corte inferior cometió error al declarar sin lugar una ex-cepción previa a la demanda por no aducir hechos suficientes para determinar una causa de acción, pero en ninguna parte del alegato se hace referencia a la página o parte de los autos correspondientes para demostrar que tal excepción previa fue en momento alguno sometida a la corte inferior o considerada por ésta. Bajo esas circunstancias, puede considerarse que la cuestión envuelta se levanta por primera vez en apelación.

La proposición sometida en el primer señalamiento de error es que la demanda no alega que no se haya satisfecho la sentencia dictada en el pleito original. La demanda con-tiene una alegación al efecto de que la acción original cul-minó en una sentencia contra Juan Llorens, demandado en aquel caso, por la suma de quinientos dólares de principal más los intereses al tipo del 12 por ciento anual, a partir del l9 de julio de 1921. En un párrafo posterior de la de-manda, el demandante alega que “los demandados” no ha-bían pagado “el capital y los intereses” mencionados. La prueba aducida en el juicio tendió a demostrar que la sen-tencia obtenida en la acción original jamás había sido satis-fecha. La prueba de la demandante fué algo vaga e inde-finida en lo que respecta a este punto, pero no fué some-tida a la prueba de repregunta, y permanece incontrover-tida en los autos. La demandante tendría poco motivo para quejarse de una resolución adversa sobre una excepción previa de falta de beclios suficientes para determinar una causa de acción si el demandado hubiese insistido en que se resolviera tal cuestión en la corte inferior. Sin embargo, es obvio que se hubiese permitido una enmienda, y que ésta hubiese sido hecha prontamente si tal excepción le hubiese sido sometida a la consideración de la corte de distrito y sostenida por ésta. De lo que se desprende que, habiendo sido subsanada la omisión por la prueba, la alegación debe considerarse enmendada de conformidad en apelación. Pueblo v. Sucesión Valdés, 31 D.P.R. 223.

Otra contención es que la corte inferior erró al negarse a suspender la vista del caso.

Cuando el caso fué llamado para juicio, el abogado de los demandados solicitó la suspensión fundándose en que acababa de informársele del estado de gravedad en que se encontraba uno de los demandados, José Navarrete, recla-mante de la propiedad embargada en el pleito original, quien se dijo tenía fiebre, con una temperatura de 40 grados, agravada por un ataque de filaría. El abogado ofreció pre-sentar inmediatamente una certificación médica, y manifestó que la declaración del demandado ausente era indispensable y que su presencia era también necesaria por la razón adi-cional de que era la persona mejor informada respecto a los hechos alegados en la contestación, siendo en realidad la única persona que conocía tales hechos.

Una súplica para que se declarara un receso con el fin de qué el abogado pudiera preparar y radicar una moción y una declaración jurada, de conformidad con el artículo 202 del Código de Enjuiciamiento Civil, hubiera ido algo más al punto. Sin embargo, los autos indican que la mo-ción fué discutida, y es lógico asumir que se refrescó la me-moria del juez sentenciador en cuanto a los detalles de la historia de la presente controversia. La única alegación afirmativa contenida en la contestación fné en síntesis qne Juan Llorens había dejado el vehículo en cuestión eñ los terrenos de la feria cerca de la carretera insular, en condi-ciones deplorables, sin focos y sin magneto; que José Gar-cía, quien había sido designado por el demandante en el pleito. original para que custodiara el carro, lo remolcó hasta la puerta posterior del edificio ocupado por Alvarez Hermanos, y lo abandonó allí a la intemperie; que José Navarrete, después de radicar su demanda de tercería, lo llevó a otro garage y pagó su cuido a razón de $8 mensua-les hasta la fecha en que se le hizo entrega del mismo al márshal; que dicho Navarrete, como medida de precaución y con el fin de que se conservara mejor, le quitó los neumá-ticos y los aros desmontables y se los llevó para su casa con el fin de guardarlos; que en cumplimiento de resolución adversa de la corte inferior respecto a la reclamación de tercería, Navarrete trató de entregar la propiedad en cues-tión a la demandante, negándose ésta a recibirla, y alegando que sólo aceptaría el pago de la sentencia que la corte dic-tara; que entonces Navarrete, dentro del tiempo prescrito por la ley, entregó el vehículo en cuestión al márshal de la corte de distrito, en el lugar en que el mismo le había sido entregado al reclamante; y que la propiedad en controver-sia no valía $800 al tiempo en que se efectuó el embargo. La contestación también contenía ciertas negaciones de un número de hechos alegados en la demanda. La principal cuestión de hechos que desarrollan las alegaciones parece ser si Navarrete devolvió o no el vehículo de referencia a la custodia del márshal en tan buenas condiciones como cuando le fué entregado. Tomándolo todo en consideración, no podemos decir que la corte inferior abusara de su discre-ción al rehusar aceptar la manifestación escueta del abo-gado de que la declaración y presencia de Navarrete en el juicio eran iíidispensables, estando acompañada, como lo es-taba, de la aseveración adicional de que Navarrete era el único testigo que podía declarar respecto a los techos ex-puestos en la contestación.

Las otras cuestiones discutidas en el alegato de los ape-lantes y que no han sido ya resueltas por nuestras manifes-taciones introductorias, en cuanto a las disposiciones esta-tutorias y la naturaleza de la fianza aquí envuelta, no re-quieren seria consideración.

Debe confirmarse la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señoe Hutchison,

text:
    Cárlos López, demandante y apelante, v. La Comisión de Indemnizaciones a Obreros de Puerto Rico, integrada por Ramón Montaner, Rafael Palacios Rodríguez, Joa-quín A. Becerril, Pedro Santana Jr., Alfredo Vargas y Prudencio Rivera Martínez, demandada y apelada.
    No. 4249.

    Visto: Enero 26, 1928.

      Resuelto: Marzo 6, 1928.
    Mandamus — Jurisdicción, Procedimientos t Remedio — Apelación—En General. — Cuando por virtud de excusas expuestas por la Comisión de Indemni-zaciones a Obreros en procedimiento de mandamus para compelerla a actuar por razón del tiempo transcurrido, la corte anula el auto expedido y deses-tima la solicitud, nada hay que demuestre tales excusas como insuficientes o que la corte inferior errara al negarse a obligar la Comisión a realizar algo imposible de cumplir y aparece por certificación unida a una moción de desestimación que el caso del peticionario fué resuelto por sus méritos, en ausencia de adjudicación alguna de costas, las cuestiones levantadas por el apelante son prima facie académicas y procede confirmar la sentencia apelada.
    Sentenoia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponee), desestimando la petición de mandamus y anulando el auto alternativo expedido.

      Confirmada.

      Leopoldo Tormes, abogado del apelante; Hon. Attorney General in-terino, J. A. López Acosta y Emilio Aldrey, Sub -Procurador, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Carlos López, en una petición de mandamits fechada marzo 16, 1927, describió un accidente que se decía haberle ocurrido el 24 de abril de 1924, y alegó que una solicitud de indemnización había sido debidamente radicada en las oficinas de la Comisión de Indemnizaciones a Obreros, qne despnés de nn incendio qne destruyó los archivos de dicha comisión en noviembre de 1926, el peticionario radicó una nueva solicitud, y que la comisión demandada, a pesar del tiempo transcurrido, no había resuelto nada con respecto a esa solicitud y había asumido una actitud de indiferencia hacia las súplicas hechas por el peticionario a este respecto.

La demandada compareció en cumplimiento de un auto condicional expedido por la corte inferior, y explicó que, como resultado del fuego .mencionado en la petición, se ha-bía hecho necesario restaurar o reconstruir el expediente del peticionario, que había sido destruido, que tal expediente estaba en vías de reproducción y que el caso del peticiona-rio sería resuelto dentro -de un tiempo razonable.

El peticionario apela de una orden dictada por virtud de las excusas así expuestas, anulando el auto condicional expedido y declarando sin lugar la petición, y dice que la resolución recurrida es contraria a los hechos y a la ley.

Siguiendo la amplia generalización de este señalamiento, el apelante indica que habían transcurrido más de dos años desde que ocurrió el accidente hasta antes de ocurrir el si-niestro, y cita extensamente el caso de Luciano v. Comisión de Indemnizaciones, 35 D.P.R. 1018. Si la petición hubiese sido radicada en marzo de 1926 en vez de marzo de 1927, y si la corte inferior hubiese anulado el auto condicional y hubiese desestimado la acción por no haberse demostrado satisfactoriamente por la demandada la razón de una de-mora prolongada, tendría gran peso la contención del ape-lante. Pero no se desprende que la explicación dada por la demandada en este caso fuera insuficiente, o que la corte inferior errara al negarse a obligar a la demandada a rea-lizar una tarea imposible de cumplir.

El 31 de enero último fué declarada sin lugar una mo-ción para desestimar la apelación por el fundamento de que no se había notificado esa moción al apelante, quien no com-pareció a- la vista. Bin embargo, aparece de una certifica-ción unida a la moción que el caso del demandante fue re-suelto en sus méritos por la comisión demandada en agosto de 1927, y, por tanto, no habiéndose hecho adjudicación al-guna de costas la única cuestión que trata de levantar el .apelante es, prima facie, académica.

Debe confirmarse la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Sres. Aldrey y Texidor no inter-vinieron.


author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Ismert Hinke Milling Co., demandante y apelada, v. Jacinto Muñoz, demandado y apelante.
    No. 4272.

    Visto: Enero 12, 1928.

      Resuelto: Marzo 7, 1928.
    1. Apelación y Error — Revisión—Enmiendas, Pruebas Adicionales y Juicio de la Causa Nuevamente — Alegaciones que se Consideran Enmendadas en Apelación. — Cuando se alega que la corporación demandante está domi-ciliada en un estado la prueba demuestra que lo estaba en otro y no surge controversia alguna sobre la capacidad de la demandante a ese respecto, el defecto es uno no substancial y puede considerarse que la demanda quedaba enmendada aún en apelación.
    2. Corporaciones — Corporaciones Extranjeras — Acciones Entabladas no Só-lo por Sino en Contra de Ellas — Partes en las Mismas — Partes De-mandantes — Capacidad para Demandar. — Cuando en acción en cobro de. un giro aceptado, el demandado basa su defensa en la falta do causa (consideration) alegando la incapacidad de la corporación demandante por hacer negocios en la Isla, sin haber sido inscrita, tal incapacidad no puede sos- , tenerse cuando se trata do ventas efectuadas, de los Estados Unidos ya que el objeto de la ley no es impedir tales ventas.
    3. Ventas — Remedios del Vendedor — Acción para Recobrar el Precio o Valor —Defensas en General — Palta de Consideración. — Efectuada una venta de efectos desde un estado de la Unión por una corporación allí domici-liada, el libre intercambio entre todas las partes de los Estados Unidos im-pediría que uno que efectúa la compra en Puerto Rico se negara luego a pagarlos.
    4. Corporaciones — Corporaciones Extranjeras — Efectuar Negocios en la Is-la — Aceptación de Giros por el Comprador. — Efectuada una venta de efectos desde un estado de la Unión por una corporación extranjera, el hecho de que en Puerto Rico se acepte el giro por el comprador no equi-' vale a que dicha corporación efectuara negocios en la Isla.
    5. Corporaciones — Corporaciones Extranjeras — Acciones no Sólo por Sino Contra Ellas — Causa de Acción. — Librado un giro pagadero a la orden de un banco que trata de cobrarlo sin éxito y en cuya actuación no pasa de ser aquél más de un agente de la corporación libradora del giro, ésta es siempre la dueña y tenedora del giro y tiene causa de acción para cobrar su importe sin necesidad de un endoso, previo del banco a su favor.

      6. Corporaciones — Corporaciones Extranjeras — Acciones Entabladas no Só-lo por Sino Contra Ellas — Costas del Procedimiento. — Cuando las cues-tiones levantadas por una parte en una apelación demuestran que el recurso es frívolo, no comete error la corte inferior al condenar en costas a dicha parte o al fijar las costas contra ella.
    SentbNCIa ele Gabriel Cas tejón, J. (Humacao), declarando con lu-gar la demanda, con costas.

      Modificada, y así modificada, con-firmada.

      Antonio L. López, abogado del apelante; Besosa & Besosa, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tri"bnnal.

La Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia a favor de la corporación demandante por una suma que exce-día de |1,300 y el caso se encuentra ante esta corte en vir-tud de un recurso de apelación debidamente interpuesto.

En la demanda se alegaba que la demandante era una corporación domiciliada en el Estado de Missouri, teniendo su oficina principal en Kansas City, Mo., mientras que la prueba demostró que dicha corporación estaba domiciliada en el Estado de Kansas.

En la contestación se aceptó la alegación de la demanda y no surgió controversia sobre la capacidad de la deman-dante a este respecto. Houston Packing Co. v. Pagán López & Co., 20 D.P.R. 249; Meunier Fréres v. Amill, 25 D.P.R. 796. Sin embargo, en beneficio de la demandante misma era necesario establecer su propia identidad, lo que creemos logró hacer.

Kansas City, Missouri, se halla en la frontera del Estado .de Missouri, separándola un río del Estado de Kansas. Existe Kansas City, Kansas, que está. separada por uno o varios puentes de Kansas City, Missouri. Las dos ciuda-des tienen muchos intereses comerciales en común. No nos detendremos a investigar si podemos tomar conocimiento judicial de estos hechos porque el error no fue substancial y porque podía considerarse que la demanda quedaba en-mendada aun en apelación, de conformidad con nuestra deci-sión en el caso de Valdés v. El Pueblo de Puerto Rico, 31 D.P.R. 223; Dragoni v. U. S. Fire Insurance Co., 36 D.P.R. 469, 483.

El demandado alegaba la incapacidad die la demandante por otros fundamentos, o sea, que siendo una corporación extranjera había tratado de hacer negocios en Puerto Rico sin estar debidamente inscrita en la oficina del Secretario Ejecutivo de Puerto Rico. El pleito se basaba en un giro que había sido aceptado pero que no fue pagado. La defensa se basaba en la falta de causa (consideration), aunque no se trató de probar esta alegación.

Aun en la teoría de que los efectos entregados no tenían valor alguno, no podría sostenerse la supuesta incapacidad. En el presente caso la demandante efectuaba negocios en Puerto Rico meramente con motivo de una venta efectuada desde Kansas. El objeto de la ley no es impedir que se efectúen ventas de los Estados Unidos continentales a Puerto Rico sino impedir que una corporación del extranjero rea-lice negocios en esta isla sin haber sido inscrita.

Además, la ley fija una pena por su infracción, y el libre intercambio entre todas partes de los Estados Unidos im-pediría que un demandado comprara efectos y que luego se negara a pagarlos. Un comprador no puede enriquecerse en esta forma. Esto está indicado en los casos citados pri-meramente en esta opinión.

En el alegato del apelante se indica que la aceptación del giro fue un acto realizado en Puerto Rico. La aceptación del giro no equivalía a efectuar negocios en esta isla y tal contención es marcadamente frívola. El caso de Royal Bank of Canada v. McCormick, 27 D.P.R. 416, es aplicable.

El giro era pagadero a la orden del First national Bank, Kansas City, Missouri. El banco trató de cobrarlo pero no pasó de ser más de un agente de la corporación demandante, que siempre fué la dueña y tenedora de dicho giro. Código de Comercio, artículo 480; Ley de Evidencia, artículo 102, párrafos 11 y 13. Como dijo la corte inferior,

“Eespeeto a la propiedad de la obligación, la misma se encuentra actualmente en posesión del librador siendo presunción controvertible ‘que las cosas que obran en poder de una persona son de su pertenencia’ (art. 102 Ley de Evidencia, párrafo 11), y siendo así bay que convenir en que tal posesión equivale a haberse recogido el giro de la tercera persona a cuya orden se espidiera volviendo la propiedad del mismo al propio librador.”

Por tanto, es enteramente errónea la alegación de que era necesario un endoso del banco.

La apelación era frívola, y, por consiguiente, no hallamos que la corte inferior cometiera error al fijar las costas, pero el apelado admite que la corte se equivocó al determinar la suma reclamada en $1,582, en vez de $1,282, y la sentencia debe modificarse en tal sentido, y entonces coivfirmarse.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Miguel Negrón, acusado y apelante.
    No. 3262.

    Visto: Enero 10, 1928.

      Resuelto: Marzo 8, 1928.
    1. Derecho Penal — Juicio—Argumentos v Conducta del Abogado (Counsel)— Intervención de la Corte — Informe de Apertura. — Cuando el abogado en su informe de apertura (opening statement) liaee manifestaciones, res-pecto a la defensa de locura que se propone probar, que envuelven una asun-ción indebida de lo que puede constituir dicha defensa, la corte tiene iioder para llamar la atención del jurado, bien durante el curso del informe o una vez terminado éste y sin necesidad de esperar a dar las instrucciones finales, para corregir las manifestaciones erróneas exponiendo lo que ella cree que debe probarse.
    2. Homicidio — Juicio—Instrucciones—Proceso por Asesinato — Instrucciones Referentes al Homicidio. — Cuando la prueba tiende a demostrar que la muerte de una persona por otra fué deliberada y premeditada, la corte inferior está justificada en no dar instrucciones sobre homicidio voluntario.
    3. Derecho Penal — Juicio—Necesidad, Requisitos y Suficiencia de las Ins-trucciones — Instrucciones Sobre Presunciones en General — Suficien-cia de Instrucción Sobre la Presunción de Evidencia del Acusado.— Una instrucción al efecto de que la presunción de inocencia a favor del acusado desaparece cuando el jurado se retira a deliberar es errónea.

      4. Derecho Penal — Apelación y Error y Oertiorari — Revisión—Errores sin Importancia — Instrucciones al Jurado — Presunción de Inocencia. — Si bien una instrucción al efecto de que la presunción de inocencia a favor del acusado desaparece cuando el jurado se retira a deliberar es errónea, sin embargo cuando esa presunción es destruida por las propias manifes-taciones del acusado aceptadas por la defensa durante el juicio, el error cometido no es perjudicial.
    SentbNoia de Angel Acosta Quintero, J. (Ponce), condenando al acusado por delito de asesinato en segundo grado.

      Confirmada.

      B. Martínez Nadal y Leopoldo Tormos, abogados del apelante; José E. Figueras, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de un caso en que el acusado durante' largo tiempo había enamorado, o trataba de enamorar, a Isabel Rodríguez. Aparentemente, llegó una época en que sus re-quiebros dejaron de ser recibidos con beneplácito. La ma-dre de la muchacha, según el acusado, se oponía en todo sentido. No obstante, el acusado, en busca de su objetivo, rondaba la casa de Isabel Rodríguez en Ponce. Así lo hizo el l9 de julio de 1926. En dicho día, mientras Isabel Rodrí-guez preparaba un pollo en su casa, se presentó el acusado y en distintas veces le hizo varios disparos, por lo menos dos de los cuales pudieron ser fatales, muriendo ella a con-secuencia de tales disparos. El acusado dijo que le había disparado a la muchacha, y que estaba dispuesto a matarse si ella moría.

Al ser acusado del delito de asesinato, el acusado hizo la alegación de inocente, pero el fin principal de la defensa fue probar que él estaba demente.

Por el momento, nos abstenemos intencionalmente de decir que los esfuerzos de la defensa tendieron a demostrar q.ue el acusado no era responsable de sus actos al hacer los disparos, ya que el primer señalamiento de error gira algo sobre ese extremo.

El primer señalamiento de error específicamente lee como sigue:

“La corte cometió error grave, perjudicial para el acusado, al regular el orden de la presentación de la evidencia por parte del acu-sado, haciendo ante el jurado que entendía del caso manifestaciones perjudiciales al acusado, y asumiendo el cargo de Fiscal durante el juicio que se ventilaba.”

De acuerdo con la ley, el orden de la prueba y la direc-ción del juicio descansan en la sana discreción del juez sen-tenciador. El apelante se queja en realidad de que cuando el fiscal había terminado su caso, y antes de que el acusado comenzara a presentar su prueba, la corte hizo ciertos co-mentarios respecto a cuál debe ser el carácter de la prueba de locura en un juicio como el presente. Sin embargo, los abogados de la defensa ya habían hecho su informe de apertura al jurado. Si bien el acusado ha dejado de trans-cribir el informe de su abogado ante el jurado al comen-zar su defensa, es evidente que hizo manifestaciones res-pecto a lo que se proponía probar, lo cual, en opinión de la corte envolvía una asunción indebida de lo que podía cons-tituir la defensa del acusado. La corte tiene amplio poder para llamar la atención de los abogados, mientras se diri-gen al jurado, respecto a lo que ella cree que debe pro-barse; corregirlos cuando ellos exponen en su argumenta-ción la ley incorrectamente o cuando asumen una situación de hechos no demostrada por la prueba; contenerlos y cri-ticarlos cuando se expresan en un lenguaje abusivo y deni-grante contra los testigos de El Pueblo, o cuando conti-núan argumentando sobre un punto que ya ha sido resuelto adversamente por la corte. 16 C. J. 830.

Si bien el texto y los casos citados en ese tomo son apli-cables más bien a los informes finales hechos por los abo-gados, los motivos en que se basa la ley son los mismos para cualquier informe hecho por los abogados al jurado.

No podemos convenir con la defensa en que la corte debe guardar silencio y esperar hasta que le dé las instrucciones al jurado para corregir supuestas manifestaciones erróneas hechas por los letrados.

La corte dijo a los abogados de la defensa qne debían estar preparados para demostrar, de conformidad con los casos de Fisher v. People, 23 Ill. 218, y People v. Messersmith, 61 Cal. 246, 248, qne antes de poderse eximir de res-ponsabilidad a nn hombre, debía demostrarse qne él no se daba cuenta de las consecuencias de sns actos. Besolvemos que ésta es una exposición correcta de la ley en sns fases principales. Ann si la corte hubiese estado ligeramente equivocada, sin embargo, la defensa ha dejado de suminis-trarnos una transcripción completa demostrativa de lo que dijo en su informe. Además, durante el juicio se le permitió al acusado que entrara libremente en la historia de su vida y que presentara peritos sobre locura. No hallamos que se cometiera error o perjuicio.

Hubo considerable discusión entre la corte y los aboga-dos sobre cuál era la ley, y la corte dijo al jurado que no debía atender lo que había dicho, sino que debía fijar su mente tan sólo en la prueba practicada. Esta advertencia fué repetida en las instrucciones. Como en los autos no ha-llamos nada lesivo en las observaciones de la corte, el caso no fué perjudicado.

El segundo y cuarto señalamientos de error leen como sigue:

“2. La corte cometió error al expresar como expresó cuando ins-truía a los señores del jurado que entendían en este caso, que no daba instrucciones de homicidio voluntario y sí solamente de asesi-nato en primero y segundo grado, y que no admitiría un veredicto de homicidio voluntario.
“4. La corte cometió error grave y perjudicial para el acusado, al negarse como se negó a dar instrucciones al jurado, que solicitó el acusado en tiempo y forma en el sentido de que podían traer un ve-redicto de homicidio voluntario en 'este caso contra el acusado. ’ ’

Para sostener' su’ posición de que la corte debió haber dado instrucciones sobre homicidio voluntario, el acusado descansa en la declaración prestada por el detective Daniel Pérez Sánchez que aparece en la página 102 de los autos, y en la de Ramón Martínez Chapel, capitán de la policía, que aparece en las páginas 168 y 169 de los autos. Trans-cribimos las dos declaraciones:

La de Daniel Pérez Sánchez es como sigue:

“Cuando lo conducíamos el capitán y yo, por el camino le pre- . gunté qué había motivado el que él le diera muerte a la joven esa, entonces él dijo que hacía tres o cuatro años tenía relaciones con ella, y que por la oposición de la madre él había decidido matarla a ella y matarse él, que él había llegado a la casa con el revólver en el bolsillo, en un bolsillo y las balas en otro, que en presencia de ella cargó el revólver y le hizo varios disparos; después que la vió caer, se hizo un disparo él, pero la bala no salió, entonces se di ó a la fuga para llegar a la. casa de los padres y despedirse de ellos y entregarse a la policía.”

La declaración de Ramón Martínez Chapel fué como sigue:

“Sí, señor; cuando yo llegué, yo le pregunté dónde estaba el revólver, me dijo que se le había perdido en un cañaveral, y al efecto, me enseñó un cañaveral que se veía de las oficinas del hipódromo: yo lo cogí en un automóvil, lo traje para fiscalía y por el camino él me dijo: yo quise matar esa muchacha y matarme yo porque la ma-dre de ella me tenía abacorado (uso las palabras de él) y me quise disparar un tiro y el tiro no salió: si ella se muere, yo me mato.”

Convenimos con el Fiscal en que nada hay en esta prueba que dé derecho al acusado a que se den instrucciones sobre homicidio. En realidad de verdad, eliminando la cuestión de locura, la prueba tendió a demostrar que la muerte de Isabel Rodríguez fué deliberada y premeditada. La actitud de la corte estaba justificada por nuestras decisiones en los casos de El Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 321, y El Pueblo v. Lassalle, 18 D.P.R. 422.

El tercer señalamiento de error es como sigue:

“La corte cometió error al manifestar como manifestó a los se-ñores del jurado que entendían de esta causa y al tiempo de instruir-les, que la defensa en este caso había aceptado que el caso que se ventilaba era uno de asesinato en primer grado, cuando esto no ocu-rrió.” •

No podemos convenir con el fiscal en que la defensa de locura es inconsistente con otras defensas que el acusado pueda presentar. Un hombre puede no haber hecho los dis-paros y sin embargo estar demente y defenderse por uno y otro fundamento. Sin embargo, la corte no estaba equivo-cada. Mientras el Capitán Chapel declaraba, según ya he-mos transcrito de la página 169, surgió la cuestión de si las manifestaciones del acusado habían sido o no volunta-rias, y el abogado del acusado dijo: “Yo creo que fué es-pontánea; yo hago mía esa declaración.” Unido esto a otras manifestaciones y actitudes del acusado que aparece de los autos, era enteramente claro que el acusado aceptó el hecho de la muerte, y que, bajo las circunstancias, el de-lito cometido fué el de asesinato.

El quinto señalamiento de error discute la suficiencia de la prueba, pero nuevamente el acusado descansa en que la prueba dejó de demostrar otro delito que el de homicidio. La corte dió amplias instrucciones respecto a locura, y no hallamos que el jurado se equivocara en la apreciación de la prueba. Además, la corte dió al jurado la oportunidad de rendir un veredicto de asesinato en segundo grado, aun-que estamos inclinados a creer que la prueba tendió a de-mostrar un caso de asesinato en primer grado.

No podemos terminar esta opinión sin hacer mención de lo que fué evidentemente un error de la corte al dar sus instrucciones al jurado. Según aparece de la página 14 de los autos, la corte dijo al jurado en sus instrucciones que la presunción de inocencia acompaña al acusado mientras está en la corte, y entonces agregó: “. . . esa presunción desaparecerá cuando os retiréis al cuarto de deliberaciones, cuando yo entregue a vosotros el caso, nombre el presidente del jurado y os marchéis bajo la custodia del márshal, a vuestro cuarto de deliberaciones, entonces es cuando ha desaparecido la presunción de inocencia y entonces es cuando podréis discutir si el acusado es inocente o el acusado es un culpable. . .” Entonces la corte continuó diciendo que cuando se levanta la defensa de locura, ésta debe estable-cerse con preponderancia de prueba.

La manifestación de que desaparece la presunción de inocencia cuando el jurado se retira a deliberar, es entera-mente errónea. Doquiera que exista la presunción de ino-cencia, ésta continúa a favor del acusado basta el momento mismo en que se rinde el veredicto. El jurado debe te-nerla presente en la sala de deliberaciones y en todo tiempo basta que on realidad se llegue a un veredicto. No sabe-mos lo que la corte tuvo en mente, pero no se tomó excep-ción alguna, y aparentemente, los abogados sabían con qué se relacionaban las observaciones lrecbas, probablemente con motivo de la defensa de locura. Casi en cualquier otro caso nos hubiéramos sentido obligados a ordenar la revoca-ción. Dado, sin embargo, el becbo de que la presunción de inocencia fue destruida por las propias manifestaciones del acusado aceptadas por la defensa, bailamos que el error co-metido a este respecto no fué perjudicial.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Texidor no intervino.

EN RECONSIDERACIÓN

San Juan, Puerto Rico, marzo 29, 1928.

Los abogados del apelante solicitan la reconsideración de nuestra opinión, toda vez que temen que parte del lenguaje usado en ella pudiera ser interpretado en el sentido de re-ferirse a supuesta conducta indebida de su parte durante la vista del caso, o en su alegato. Estamos muy de acuerdo en que la única cuestión susceptible de comentario que ba ocurrido fué que los abogados expusieron la ley errónea-mente en su informe inicial al jurado. Sin embargo, el len-guaje usado por este tribunal es una reproducción exacta de lo dicho en 16 C. J. 830, al que se hace referencia en la opinión. Nos pareció que la cita era una exposición co-rrecta de los privilegios y deberes de los jueces. También estamos de acuerdo en que las cortes y los letrados deben ser mutuamente corteses, pero no vemos que una u otra parte cometiera falta alguna en este caso.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Enrique Alcaraz, demandante y apelado, v. Pedro D’azizi, demandado y apelante.
    No. 4502.

    Visto: Marzo 5, 1928.

      Resuelto: Marzo 8, 1928.
    Costas — Fijación o Tasación — Memorándum de Costas — Apelación—Deses-timación — Defectos en el Récord — Omisión de Incorporar la Prueba.— Aún cuando en algunos recursos contra resolución dictada en el incidente sobre memorándum de costas, para juzgar la cuestión de costas debidamente puede que sea necesario elevar la prueba, cuando en un caso el Supremo no está o no queda convencido de que fuera indispensable la incorporación de tal prueba, la apelación cae dentro del principio de que, cuando se tiene a la vista las alegaciones, generalmente no procede una moción de desesti-mación.
    MooiÓN sobre desestimación de apelación, interpuesta ésta contra sentencia de Pablo Barga, J. (San Juan), aprobando un memo-rándum de costas.

      Sin lugar.

      A. B. de Jesús, abogado del apelante; Angel A. Vázquez, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de una apelación para determinar una cuestión de costas. Se ba presentado una moción para desestimar en la que se alega que la apelación es frívola porque el ape-lante lia dejado de incorporar la prueba, y por tanto, que esta corte no está en posición de juzgar los méritos del re-curso de apelación.

Anteriormente bemos resuelto que el dejar de incorpo-rar la prueba no era fundamento para ■ desestimar una ape-lación, en vista de que de las alegaciones (pleadings) podía surgir una cuestión de hecho o de derecho. Puede conce-birse que la revisión de una cuestión de costas podría pre-sentar una situación distinta.

También hemos resuelto en un número de casos que la cuestión de costas para ser juzgada debidamente podría re-querir que se elevara la prueba con el fin de que esta corte estuviera en la misma situación que la corte inferior.

En contestación a la moción de desestimación el apelante sostiene que este tribunal puede darse cuenta de la situa-ción haciendo un examen de la oposición al memorándum de costas, en el que se expuso la naturaleza de las alegaciones, la duración del juicio y otras materias. No estamos con-vencidos de que fuera indispensable la incorporación de la prueba, y, por tanto, la apelación cae dentro del principio primeramente enunciado de que cuando tenemos a la vista las alegaciones, generalmente no procede una moción de desestimación.

Se declarar sin lugar la moción de desestimación.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    María Maldonado Sánchez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Arecibo, recurrido.
    No. 714.

    Sometido: Marzo 6, 1928.

      Resuelto: Marzo 8, 1928.
    Información de Dominio — Inscripción—Denegatoria de Inscripción o Defec-tos Insubsanables — Agrupación de Fincas — -Bienes de Naturaleza Jurí-dica 'Distinta. — Si bien la resolución declaratoria del dominio es título bas-tante para la inscripción de la finca o fincas de que se trate, sin embargo, cuando del título presentado a inscripción aparece que la finca cuyo dominio se declaró justificado a favor del promovente se adquirió por éste parte por herencia y parte a título oneroso constante su matrimonio, dicho título dominical no es inscribible.
    Nota de William J. Santos, R. (Arecibo), denegando inscripción de una resolución declaratoria de dominio.

      Confirmada.

      José E. Díaz, abog'ado del recurrente; el registrador recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión, del tribunal.

La Corte de Distrito de Arecibo dictó sentencia decla-rando justificado el dominio de cierta finca rústica a favor de María Maldonado Rivera, casada con Antonio Rivera.

Del propio documento presentado para su inscripción en el registro, aparece que dicha finca fue adquirida parte por herencia y parte por compra, y, basándose en ello, el regis-trador se negó a inscribirla.

Contra la negativa interpuso la señora Maldonado el presente recurso gubernativo. Sostiene que reuniendo el documento presentado — la resolución final o sentencia de la corte de distrito — todos los requisitos exigidos por la ley y habiendo resuelto la Corte que el' dominio pertenece a la recurrente, el registrador no tiene facultades para negar la inscripción. Cita los casos de López v. Registrador, 15 D.P.R. 731; Ramos v. Registrador, 16 D.P.R. 60; De Jesús v. Registrador, 24 D.P.R .621; Caballero v. Registrador, 35 D.P.R. 617, y Cintrón v. Registrador, 35 D.P.R. 805, y el artículo 395, regla 5, de la Ley Hipotecaria.

A nuestro juicio no tiene razón la recurrente. Hemos examinado todas las decisiones que invoca y ninguna en verdad sostiene su teoría. Al contrario, la de De Jesús v. Registrador, 24 D.P.R. 621, le es adversa.

Es cierto que esta corte, basándose en la ley, en ante-riores decisiones suyas y en lo razonado por los tratadistas, resumió así las facultades de los registradores, en un caso en que se trataba de la inscripción de una venta judicial:

“La calificación del registrador, en cuanto a dichos títulos, al-canza a si el juez era o no competente por razón de la materia, la naturaleza y efecto de la resolución, si ésta se dictó en el juicio co-rrespondiente, si en él se observaron los trámites y preceptos esen-ciales para su validez y si el título contiene las circunstancias que requiere la Ley Hipotecaria para su inscripción.” Cintrón vs. Re-gistrador, 35 D.P.R. 805.

Aparentemente esa jurisprudencia favorece la contención del apelante. Sin embargo, debidamente estudiada, es lo suficientemente amplia para permitir al registrador actuar en la forma en que lo hizo.

En el citado caso de De Jesús, confirmando la nota re-currida por virtud de la cual el registrador negó la inscrip-ción de una sentencia declarando justificado el dominio de cierta finca a favor de doña Pía de Jesús, porqne siendo viuda la promovente resultaba que adquirió parte de la finca por herencia y parte a título oneroso, esta corte esta-bleció la siguiente doctrina:

“El precepto del artículo 395 de la Ley Hipotecaria, Eegla 5a.,. que prescribe que consentida o confirmada la resolución declaratoria del dominio será en su caso título bastante para la inscripción, no puede entenderse en términos tan absolutos que siempre sea obliga-toria para el registrador la inscripción, sino que ésta deberá verifi-carse en el caso de que la resolución contenga todas las circunstan-cias que según la Ley Hipotecaria y su reglamento deban consignarse en la inscripción.” 24 D.P.R. 622.

T no puede ser de otro modo. No obstante lo resuelto-por el juez, es el registrador el funcionario obligado a veri-ficar la inscripción a favor de determinada persona. La determinada persona a cuyo favor se solicita la inscripción en este caso es María Maldonado y como del mismo título-surgen dos personas distintas: María Maldonado y la so-ciedad de gananciales constituida por Antonio Rivera y Ma-ría Maldonado, con interés en la finca, es evidente que la inscripción no puede verificarse.

Y no se diga que también del título consta que de las-quince cuerdas de que se compone la finca once fueron ad-quiridas a título de herencia y cuatro por compra y por lo-tanto que se cumplirían los fines del registro haciéndolo-así constar. Se trata de una sola finca. De acuerdo con la ley y con nuestro actual sistema hipotecario, no podrían agruparse en una dos fincas que pertenecieran una privati-vemente a uno de los cónyuges y otra a la sociedad de ga-nanciales. No se pueden sumar partidas heterogéneas. Y el caso de la agrupación es similar al del expediente de do-minio.

Yéase el caso de Torres v. Registrador de Caguas, 27 D.P.R. 927 que es enteramente aplicable.

Debe confirmarse la nota recurrida.