author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Luis Manuel López Colón, Migdalia Elsa Benítez Sánchez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, demandantes y recurridos, v. Hon. William Miranda Marín, su esposa Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos et als., demandados y peticionarios.

      Números: CC-2004-1120
    CC-2004-1122

      Resueltos: 16 de diciembre de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, y Sarah Y. Rosado Morales, procuradora general auxiliar, abogados de la parte peticionaria; Juan Javier Guadalupe Díaz, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En mayo de 2004 nueve policías municipales presen-taron una demanda en daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, contra el Municipio Autónomo de Caguas (Municipio), su alcalde, el Hon. William Miranda Marín, el Ledo. Alí Laboy Ramos y el Sr. Agustín Cartagena. Los referidos funcionarios fue-ron todos demandados tanto en su carácter personal como en su carácter oficial; también fueron demandadas sus res-pectivas esposas y sociedades legales de gananciales.

La acción, según se expresó en la demanda, estaba ba-sada en la Constitución del Estado Libre Asociado (E.L.A.), en la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, en la Cons-titución de Estados Unidos y en la Ley Federal de Dere-chos Civiles. En la referida demanda, los policías codeman-dantes alegaron que eran todos empleados municipales de carrera y que llevaban más de dieciséis años en la Policía Municipal de Caguas. Sostuvieron que a raíz del nombra-miento de Laboy Ramos como Comisionado de Seguridad Pública de la Policía Municipal de Caguas, por el alcalde William Miranda Marín —ambos conocidos afiliados al Partido Popular Democrático (P.P.D.)— se inició contra ellos un patrón de hostigamiento y persecución política. Este patrón se evidenció mediante la comisión repetitiva de actos ilegales con el alegado propósito de despojarlos de sus puestos regulares y de las funciones inherentes a éstos.

Dicho alegado patrón de conducta discriminatoria fue realizado por los referidos funcionarios, según los code-mandantes, debido a que éstos eran “conocidos afiliados” al Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) y a que “varios de ellos militaban activamente en el mismo”. En general, señala-ron que no habían sido ascendidos a rangos superiores ni habían recibido aumentos salariales acordes a los años de experiencia, mientras que otros policías con rangos inferio-res habían recibido aumentos salariales significativos. Se-ñalaron, además, que habían sido trasladados y reubicados por los demandados a realizar funciones que no estaban relacionados con el rango y el puesto que debían ejercer, así como tampoco se les había provisto los recursos, tales como radios, transmisores, vehículos oficiales, uniformes y otros para realizar su trabajo.

En fin, solicitaron del foro primario que declarase con lugar la referida demanda y condenara a los codemanda-dos al pago solidario de $200,000 para cada uno de los po-licías demandantes, $200,000 para cada una de sus espo-sas, $200,000 para las respectivas sociedades legales de gananciales compuestas por éstos y aquéllas, más las cos-tas, gastos y honorarios de abogado.

El Municipio contestó la demanda negando las alegacio-nes de discrimen y se afirmó que se desconocía la afiliación política de los demandantes. En específico, se alegó que en la Policía Municipal de Caguas existían personas con dis-tintas ideologías políticas, que el trabajo y la forma de su-pervisión de las labores de ésta se asignaban a base de las necesidades, disponibilidad de equipo y mejor utilización de recursos, por lo que no todos los guardias y policías con-taban con autos, motoras o medios de transportación o comunicación. Además, se alegó que las decisiones para proveer el servicio de vigilancia a la comunidad de Caguas no se hacían en consideración a ideas políticas.

El Municipio sostuvo, además, que los codemandantes habían recibido aumentos, por distintos conceptos, casi to-dos los años desde que comenzaron a trabajar para la Po-licía Municipal de Caguas. En especial, se alegó que los codemandantes no habían agotado los remedios adminis-trativos, ya que las reclamaciones del sistema de personal tenían que ventilarse ante la Junta de Apelaciones del Sis-tema de Administración de Personal (JASAP), quien tenía jurisdicción primaria sobre éstas.

Por su parte, el alcalde, Hon. William Miranda Marín, contestó la demanda negando que conocía la afiliación po-lítica de los codemandantes, por lo que alegó que nunca había discriminado contra ellos por esa causa ni por nin-guna otra. Además de la alegación anterior, reprodujo los demás planteamientos que hiciera el Municipio en su con-testación a la demanda, los cuales expresamos anteriormente.

La parte demandada tomó deposiciones a seis de los po-licías codemandantes. En síntesis, los policías sorpresiva-mente declararon que no eran conocidos afiliados al P.N.P., sino meramente simpatizantes de dicho partido, y uno de ellos —Juan Bautista Reyes López — era simpatizante del P.P.D. Testificaron que, a su entender, ni el ex Comisio-nado de la Policía, Ledo. Alí Laboy, ni el Hon. William Miranda Marín conocían su afiliación política. En consecuen-cia, ninguno de los policías testificó sobre actos específicos de alegado discrimen realizado por alguno de los referidos funcionarios.

En específico, tres de los policías demandantes alegaron que habían sido trasladados y reubicados a realizar funcio-nes que no estaban acorde con su rango y puesto, y para las cuales no se les brindaba el equipo necesario. Sin embargo, éstos admitieron haber presentado apelaciones ante JASAP, en 1998, por estos mismos alegados hechos discriminatorios. Las referidas apelaciones fueron todas desistidas con perjuicio y archivadas por la mencionada agencia en el 2000. Los restantes guardias declararon que las funciones que realizaban estaban de acuerdo con la descripción del puesto que ocupaban.

Además, los policías demandantes aceptaron haber re-cibido aumentos de sueldo, generales, estatutarios y por méritos durante el período en que sufrieron el alegado dis-crimen político. Ninguno declaró que recibiera un sueldo por debajo de la escala salarial del puesto que ocupaba.

Así las cosas, el Municipio presentó una moción de sen-tencia sumaria para la desestimación de la demanda en su totalidad. Esta fue acompañada de las deposiciones toma-das a los policías demandantes, certificaciones oficiales, ex-pedientes de personal y las apelaciones y resoluciones de JASAP en el caso Núm. T-X 98-12-590. En dicha solicitud se adujo, como hechos materiales incontrovertidos basados en las deposiciones tomadas a los demandantes, lo si-guiente: Primero, que los demandantes Luis M. López Co-lón, Regino Serrano y Miguel Aponte habían apelado ante JASAP las mismas actuaciones que ahora reclamaban en la demanda, y que éstos habían presentado una solicitud de desistimiento ante esta agencia, por lo cual su acción fue archivada con peijuicio en agosto del 2000, antes de que se presentara la demanda objeto del presente caso. Segundo, que los restantes codemandantes nunca acudie-ron ante JASAP a apelar las actuaciones del Municipio re-lacionadas a las condiciones de trabajo que plantearon en la demanda, por lo cual, al aplicar la doctrina de jurisdic-ción primaria, era la referida agencia quien tenía jurisdic-ción para resolver los asuntos de personal. Sobre este particular, se sostuvo que ninguna de las alegaciones de la parte demandante permitía concluir que en el presente caso concurrían las circunstancias que justificasen preterir el trámite administrativo.

En específico, el Municipio señaló que la parte deman-dante no podía presentar prueba fehaciente que estable-ciera que las alegadas actuaciones de éste ni de los funcio-narios demandados estuviesen motivadas por discrimen político ni que demostrase que éstos habían sido hostigados o perseguidos por motivo de sus ideologías políticas. En vista de ello, el Municipio sostuvo que los codemandantes carecían de causa de acción, ya que en sus deposiciones admitían no tener evidencia que demostrase que el alcalde William Miranda, los supervisores o los comisionados de la policía —en específico, el Ledo. Alí Laboy— tuviesen cono-cimiento de su afiliación política; más aún, cuando admi-tieron que no participaron activamente de actividades político-partidistas. Por ello, el Municipio sostuvo que los codemandantes no alegaron actuaciones discriminatorias por parte suya, ni en su carácter oficial ni en su carácter personal.

Además, el Municipio adujo en la referida moción que los codemandantes admitieron que las condiciones de em-pleo, que ellos alegaron ser discriminatorias, eran las mis-mas de otros compañeros, sin conocer si todos ellos compar-tían su misma ideología política; en otras palabras, que los policías no podían identificar cuáles policías municipales identificados con otro partido político recibían un trato preferential o distinto a ellos. A su vez, señaló que los code-mandantes no realizaban funciones fuera de las que com-prendían sus cargos, que éstos habían declarado que recibieron aumentos de sueldo por distintos conceptos antes, durante y después del alegado periodo discriminato-rio, y que ninguno recibía una paga que estuviese por debajo de la escala salarial del puesto que ocupaban.

Por último, el Municipio alegó que la causa de acción por discrimen presentada por los codemandantes había prescrito, ya que los alegados daños habían ocurrido en o antes de 1997 y la demanda fue presentada el 29 de diciembre de 2000, o sea, fuera del término prescriptivo de un (1) año dispuesto por el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298.

Los codemandantes se opusieron a la solicitud de sen-tencia sumaria presentada por el Municipio. Ello no obs-tante, dicha oposición se limitó a señalar —única y escue-tamente— que la naturaleza de su reclamación, al tratarse de una violación de derechos civiles, justificaba preterir el trámite administrativo y alegar que el discrimen político era un daño continuo, por lo cual no estaba prescrita la acción. En el escrito en oposición, no se hizo referencia al-guna en cuanto a las alegaciones del Municipio sobre la insuficiencia de la prueba de los codemandantes para pro-bar una causa de acción por discrimen político. Tampoco se adujeron hechos que estuviesen en controversia ni se acompañó dicha oposición con declaraciones juradas ni con alguna otra prueba documental para rebatir los hechos in-controvertidos alegados por el Municipio.

El foro primario acogió la solicitud de sentencia sumaria presentada por el Municipio y procedió a dictar sentencia, desestimando la demanda instada contra todos los deman-dados. El referido foro determinó que la bien fundamen-tada moción sostenía plenamente la alegación en cuanto a la insuficiencia de la evidencia de los demandantes para sostener una causa de acción por discrimen político. Ello, debido a que la parte demandante no presentó prueba fe-haciente que demostrase que las alegadas actuaciones del Municipio estuvieran motivadas por discrimen político ni que controvirtiera los hechos alegados por el Municipio. Lo anterior se evidenció por la carencia de documentos por parte de los codemandantes.

Dicho foro concluyó, además, que el hecho de que algu-nos de los policías demandantes hubiesen presentado una querella ante JASAP por los mismos alegados actos discri-minatorios, que hubiesen desistido de ésta y que la agencia hubiese archivado el caso con perjuicio sin que dicha deci-sión fuese apelada, impedía que pudiesen levantar nueva-mente los mismos planteamientos por medio de la de-manda instada.

Sobre las alegaciones relacionadas con el sistema de personal de los restantes policías, el foro de instancia de-terminó que el foro con jurisdicción exclusiva era JASAP, por lo cual se encontraba impedido de ejercerla.

Sobre la alegación de prescripción, el tribunal de instan-cia determinó que por ser el Ledo. Alí Laboy la persona identificada en la demanda como la que cometió los alega-dos actos discriminatorios, y al haber éste cesado sus fun-ciones el 30 de noviembre de 1999, el término de un (1) año para presentar la acción por discrimen había prescrito el 30 de noviembre de 2000. Expresó el mencionado foro que, aun cuando la parte demandante alegó que se trataba de un daño continuado, ésta no presentó contradeclaraciones ni contradocumentos para apoyar dicha alegación.

Inconformes con la anterior determinación, los code-mandantes acudieron, vía recurso de apelación, ante el Tribunal de Apelaciones. Alegaron como errores cometidos por el foro primario el determinar que no hubo discrimen en su contra, al concluir que no hubo suficiencia de prueba y al concluir que la causa de acción estaba prescrita.

El foro apelativo intermedio expresó, en la sentencia que emitiera, que las alegaciones de los codemandantes eran “preocupantes” y que existían controversias pendien-tes de adjudicar. Entendió dicho foro que la alegada pres-cripción de las causas de acción sobre discrimen político y los correspondientes daños era un hecho esencial y material; ello, según expresó, porque para determinar el mo-mento en que comienza a transcurrir el término prescrip-tivo de un (1) año, tenía que determinarse el momento específico en que el perjudicado advenía en conocimiento del daño. Dicho aspecto, señaló el foro apelativo, no era fácil de determinar ni podía resolverse por la vía sumaria.

Sobre la determinación de instancia en cuanto a que los codemandantes no presentaron ninguna prueba que con-trovirtiera los hechos establecidos por el Municipio en su solicitud de sentencia sumaria, el foro apelativo expresó:

Al examinar la solicitud de sentencia sumaria, aunque bas-tante bien fundamentada, aún quedan dudas y preocupación sobre la verdad de los hechos. Aunque podría tenerse la impre-sión de que la oposición presentada por los Apelantes no aportó nada que refutara la solicitud de los Apelados, ni en menor grado, controvirtiera el conjunto de hechos esenciales y mate-riales a su causa, según establecieron como incontrovertidos, los Apelados, ello no obra a favor de que automáticamente se resuelva sumariamente. La causa es una de inquietantes reclamaciones. (Enfasis nuestro.) Apéndice, pág. 14.

En consecuencia, el foro apelativo dictó sentencia en la que revocó al foro primario y le ordenó a que celebrara una vista evidenciaría.

Inconform.es con esta determinación, el Municipio y el Procurador General, en representación del Hon. William Miranda Marín, acudieron ante este Tribunal, de forma separada, mediante recursos de certiorari. Plantearon, en esencia, los mismos señalamientos de error. En ellos se le imputa al foro apelativo intermedio haber errado, en sín-tesis y en lo pertinente:

(1) al ordenar la celebración de una vista evidenciaría por entender que existían dudas sobre la veracidad de los hechos que surgen de la evidencia presentada con la mo-ción de sentencia sumaria, cuando la parte recurrida no aportó prueba para controvertir tales hechos;

(2) al resolver que quedó duda acerca de que los apelan-tes no ofrecieron suficiente prueba como para establecer una causa de acción por discrimen político;

(3) al resolver que no se podía determinar que la acción estaba prescrita, y

(4) al resolver que la acción justificaba preterir el trá-mite administrativo. Véanse: Petición de certiorari, CC-2004-122, pág. 7; Petición de certiorari, CC-2004-1120, pág. 9.

Consolidamos los recursos presentados. Le concedimos a la parte recurrida el término de veinte días para mostrar causa por la cual no se debía expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones. Contando con la com-parecencia de las partes, y estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a hacerlo.

Por estar relacionados, discutimos conjuntamente los señalamientos de error primero y segundo. Alegan los pe-ticionarios que el Tribunal de Apelaciones erró al ordenar la celebración de una vista evidenciaría, ya que era claro que los codemandantes no tenían una causa de acción por discrimen político. Veamos.

Establece la Sec. 1 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 257, que “[n]o podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color ... ni ideas políticas o religiosas.” En virtud del anterior mandato, y de forma consistente, este Tribunal ha expresado que los empleados públicos gozan de protección en sus cargos contra el discri-men por ideas políticas. Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, 149 D.P.R. 655 (1999); McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989); Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982).

Vale la pena destacar que la gran mayoría de las decisiones emitidas por este Tribunal respecto a la materia en controversia ha atendido el discrimen político dentro de una situación en que el empleado público es de confianza y ha sido despedido; esto es, la elaboración de normas probatorias para establecer el discrimen político se ha dado dentro de este contexto. En atención a ello, es necesario señalar que en el presente caso ni se trata de empleados de confianza ni de una demanda por despido. Trata de unas alegaciones hechas por empleados de carrera que alegan que el patrono realizó ciertos actos —alegadamente motivados por discrimen político— que resultaron perjudiciales para ellos. Ello no obstante, somos del criterio que la normativa que expondremos a continuación, la cual trata sobre empleados de confianza que han sido despedidos, aplica también, sustancialmente, al empleado de carrera y que abarca situaciones como las del presente caso donde el empleado alega actos del patrono que le fueron perjudiciales.

Este Tribunal ha resuelto que se establece una presunción, o caso prima facie de discrimen político, en la situación de un empleado público de confianza que ha sido cesanteado o despedido, cuando éste prueba los hechos siguientes: (1) que no hay un motivo racional para su despido, y (2) que ha sido sustituido por una persona que pertenece a un partido distinto al suyo, el cual es el mismo de la autoridad nominadora. Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990); McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante; Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972). En Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, ante, añadimos que el empleado deberá demostrar, ade-más, que está identificado claramente con un partido político.

De los requisitos enumerados anteriormente para establecer una presunción por discrimen político, al empleado de carrera sólo deben aplicarle: (1) el demostrar que no hubo justa causa o motivo racional para el despido o acción perjudicial de que se trate y (2) que es de una clara identificación política. El requisito de demostrar que ha sido sustituido por otra persona perteneciente a un partido distinto al suyo, no debe aplicar a los casos de empleados de carrera, ya que éstos gozan de un derecho propietario en el empleo, tienen un reconocido interés en la retención de su puesto, tienen derecho a la permanencia y sólo pueden ser removidos de sus puestos por justa causa, previa formulación de cargos y vista. Véanse: Matías v. Mun. de Lares, 150 D.P.R. 546 (2000); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215 (1995).

En McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante, señalamos que, respecto a los aspectos procesales y probatorios, una demanda fundada en un despido por razones políticas es una acción civil ordinaria en la que el demandante tiene el peso y la obligación primaria de presentar prueba. Regla 10(A) y (B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Para que pueda inferirse el discrimen político, “el demandante tiene que aportar prueba que establezca los hechos básicos antes mencionados. De así hacerlo, [entonces] el demandado [vendrá] obligado a ofrecer prueba conducente a demostrar la no existencia de los hechos básicos y, en consecuencia, la del hecho presumido”. (Énfasis nuestro.) McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante, pág. 141.

En McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante, ex-presamos, además, que la mera alegación de discrimen po-lítico no activa la presunción o inferencia de discrimen y que el demandante está obligado a establecer los requisitos anteriormente expresados. Más aún, el empleado de con-fianza despedido tiene el peso inicial de probar, por prepon-derancia de la prueba, que la conducta protegida fue el factor sustancial o motivante para la acción de despido. De otra forma, no sería posible ni razonable exigirle al Estado que derrote una presunción sostenida solamente por una alegación.

También reconocimos en McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante, que la norma adoptada en Puerto Rico era muy similar a la norma probatoria establecida en la jurisdicción federal en Mt. Healthy City Board of Ed. v. Doyle, 429 U.S. 274, (1977). De acuerdo con ésta, para que un demandante prevalezca en una acción al amparo de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, fundada en discrimen político, no es suficiente la mera ale1 gación de su existencia. El demandante tiene que cumplir con los requisitos de prueba necesarios para establecer su reclamación. Específicamente, tiene el peso inicial de pro-bar, por preponderancia de la prueba, que la conducta protegida fue el factor “sustancial” o “motivante” para la acción de despido. Una vez el empleado cumple con su deber de probar un caso prima facie, le corresponde al Estado demostrar que el demandante fue despedido por otras razones legítimas ajenas a su afiliación política. Véase McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., ante, pág. 142.

El análisis establecido en Mt. Healthy City Board of Ed. v. Doyle, ante, para los casos por discrimen político, transfiere el peso de la prueba al patrono una vez el empleado demandante produzca suficiente evidencia prima facie. Esto significa que, si el empleado demandante ha establecido un caso prima facie por discrimen, para que el patrono pueda prevalecer tendrá que producir suficiente evidencia tendente a demostrar que la acción adversa ocu-rrió por motivos no discriminatorios.

En resumen, para que un empleado de carrera, como en el presente caso, pueda activar una presunción de discrimen político, debe demostrar que ha sido despedido sin motivo racional o, en casos en que no haya habido un despido, que se ha tomado alguna acción perjudicial en su contra en el curso del empleo sin justificación racional para ello. Asimismo el demandante debe probar que es clara su identificación político-partidista. Además de lo anterior, tiene el peso inicial de probar, por preponderancia de la prueba, que la conducta protegida fue el factor sustancial o motivante para la acción perjudicial.

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Sabido es que procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas —si las hubiese— surge que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material, y como cuestión de derecho debe dictarse sentencia a favor de la parte promovente. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal: (1) analizará los documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinará si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Véanse: Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004); PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994).

Solicitada la sentencia sumaria basada en declaraciones juradas o en documentos admisibles en evidencia, la parte opositora no puede cruzarse de brazos y descansar en las alegaciones si desea derrotarla. B.C.R. Co., Inc. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 754 (1972). Dicha parte tiene que refutar los hechos alegados y sustanciar su posición con prueba consistente en contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608 (2005); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 D.P.R. 115 (1992). Si se cruza de brazos, corre el riesgo de que le dicten sentencia en su contra sin un juicio en su fondo. E.L.A. v. Cole, ante; Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1991); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990).

Al considerar la moción de sentencia sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que cons-ten en los documentos y las declaraciones juradas presentadas por la parte promovente. Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890 (1998). Cuando de los documentos no controvertidos que se acompañan surge que no existe una legítima disputa de hecho, que sólo resta aplicar el derecho y que no se ponen en peligro los intereses de las partes, se dictará sentencia sin necesidad de que se celebre una vista en los méritos. Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563 (1997).

Conforme a lo expresado, un tribunal puede dictar sentencia sumaria cuando no existan dudas sobre los hechos que no han sido controvertidos y cuando la parte contra la que se presenta no ofrece prueba para controvertirlos.

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Un análisis de las deposiciones tomadas a los codeman-dantes, y demás documentos acompañados con la moción de sentencia sumaria, revela que. no hay controversia en cuanto a los hechos siguientes: (1) que todos los codeman-dantes declararon no saber si el alcalde William Miranda o el comisionado Alí Laboy conocían sobre sus respectivas afiliaciones políticas; (2) que, contrario a lo alegado en la demanda, los demandantes no eran “conocidos afiliados” del P.N.P., ya que éstos declararon específicamente que no participaban activamente en campañas, mítines políticos o actividades del P.N.P.; (3) que las condiciones de trabajo de los policías demandantes eran las mismas que las de otros policías de la guardia municipal, y que éstos no pudieron establecer si policías de afiliación política distinta disfru-taban de mejores condiciones de trabajo; (4) que los poli-cías demandantes no contaban con evidencia sobre cuáles policías con rangos más bajos y menos tiempo de trabajo tenían un sueldo más alto que éstos; (5) que los demandan-tes no conocían si estos policías que habían recibido au-mentos salariales eran afiliados a otro partido, y (6) que los demandantes habían recibido aumentos salariales en años anteriores, coetáneos y posteriores al alegado periodo de discrimen, y que ninguno recibía un salario por debajo de la escala salarial conforme a su puesto.

Los policías no refutaron de forma alguna los anteriores hechos incontrovertidos, alegados por el Municipio. Los po-licías demandantes no presentaron declaración o docu-mento alguno en su escrito en oposición. En dicho escrito, los codemandantes se limitaron a alegar, de forma escueta, que su acción justificaba preterir el trámite administrativo y que la acción no estaba prescrita por tratarse de un daño continuado.

IV

Es correcto que este Tribunal en casos de discrimen, en los cuales es necesario establecer un elemento intencional —o sea, si la intención del patrono al realizar la alegada acción perjudicial estuvo motivada por un ánimo discrimi-natorio— no ha favorecido el uso del mecanismo de senten-cia sumaria. Véase Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994).

Expresamos en este caso que el uso de sentencia sumaria “tiene que ser mesurado y procederá sólo cuando el tribunal quede claramente convencido de que tiene ante sí, de forma no controvertida, todos los hechos materiales pertinentes y de que, por lo tanto, una vista en los méritos resulta innecesaria”. (Énfasis nuestro.) Soto v. Hotel Caribe Hilton, ante, pág. 306. En consecuencia, en casos de discrimen sólo procederá que se dicte sentencia sumariamente cuando del estudio de todos los documentos presentados surge que no existe controversia alguna sobre hechos esenciales.

Ahora bien, somos del criterio que el presente caso es distinguible del caso Soto v. Hotel Caribe Hilton, ante. En el presente caso los policías demandantes no cumplieron con su deber de establecer un caso prima facie o una pre-sunción por discrimen. Como claramente se puede apreciar, tanto de las alegaciones de la demanda como de los testi-monios prestados por los demandantes en las deposiciones que le fueron tomadas, no surge que los demandantes fue-ran de una conocida identificación política; tampoco surge algún acto específico realizado, por parte de los demanda-dos, con la intención de discriminar.

La actuación del foro de instancia de desestimar el caso por sentencia sumaria fue correcta en derecho, ya que en la etapa de descubrimiento de prueba ya era evidente que los demandantes no contaban con la evidencia suficiente para establecer un caso prima facie de discrimen político. Au-sente dicha prueba, la celebración de una vista en los mé-ritos era innecesaria, y por consiguiente, procedía desesti-mar la acción.

En resumen, este es un caso claro en que no hay contro-versia de hechos, por lo que estaban presentes las condicio-nes apropiadas para resolverlo por la vía sumaria. Dicho de otra forma, el foro de instancia tenía ante sí todos los hechos esenciales para hacer la determinación que hizo. La determinación del foro apelativo, al ordenar la celebración de una vista evidenciaría es, por consiguiente, errónea.

En vista de lo anteriormente expuesto, resulta innece-sario discutir los errores señalados en cuanto a la alegada prescripción de la acción y de la jurisdicción primaria de JASAP para atender dicho asunto.

Por los fundamentos antes expresados, procede revocar la sentencia emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri y la Juez Aso-ciada Señora Rodríguez Rodríguez concurrieron con el re-sultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no intervino.

       Luis Manuel López Colón, Miguel Aponte Rivera, Regino Serrano Mercado, Carlos Rubén Vázquez Morales, Juan Bautista Reyes López, Benjamín García Reyes, Félix Antonio Alamo Cotto, Juan Carlos Sánchez y Vicente Álvarez Aponte.

       Estos dos últimos desempeñaron el cargo de Comisionado de Seguridad Pú-blica de la Policía Municipal de Caguas. Laboy Ramos ocupó dicho cargo del 14 de enero de 1997 al 30 de noviembre de 1999, bajo la administración del Hon. William Miranda Marín. Cartagena ocupó el mismo cargo del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000, también bajo la administración del Hon. William Miranda Marín.

       Las alegaciones específicas de los codemandantes son las siguientes: Luis Manuel López Colón alegó:
      a. Que mientras realizaba funciones de vigilancia en el estacionamiento de los vehículos del Departamento de Obras Públicas no tenía personal a cargo y carecía de radio transmisor y de vehículo oficial, lo que ocasionaba que tuviera que dar vigilan-cia caminando largos tramos.
      b. Que otro personal de la guardia municipal con menos tiempo de servicio y menor rango devengaba un salario mensual mayor que el de éste.
      Por su parte, Miguel Aponte Rivera alegó:
      a. Que había brindado 20 años de servicio en la Guardia Municipal y deven-gaba un salario de $1,310.
      Regino Serrano Mercado alegó:
      a. Que su rango era de cabo y se le habían asignado tareas de plantón sin el equipo necesario.
      b. Que no se le estaba pagando conforme a la escala salarial de su rango.
      Carlos Rubén Vázquez Morales sostuvo:
      a. Que llevaba 19 años de servicio y no recibía la paga adecuada, siendo dicha cantidad inferior a la que recibían guardias con menos años de servicio.
      b. Que dicho acto era discriminatorio, por razones político-partidistas.
      c. Que fue obligado a recibir readiestramiento sin recibir pago extra por ello.
      Juan Bautista Reyes Flores, Benjamín García Reyes, Félix Antonio Álamo Co-tto, Juan Carlos Sánchez Concepción y Vicente Álvarez Aponte alegaron, respectiva-mente, que:
      a. No recibían la paga adecuada con relación a los años de servicio que habían prestado, además de ser discriminados por sus creencias políticas.
      b. Que los actos u omisión de una justa retribución económica habían mermado o impedido mayores ingresos a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por éstos y sus cónyuges. Véase Apéndice, págs. 37 — 40.

       No surge del expediente que el Ledo. Alí Laboy y el Sr. Agustín Cartagena hayan contestado la demanda.

       Este último, simpatizante del Partido Popular Democrático (P.P.D.), declaró que la razón por la cual había instado la demanda por alegado discrimen político fue porque se le había ordenado tomar un adiestramiento en la Academia de la Policía durante 1997 a 1998 y no se le había pagado extra por ello.

       Estos son: Luis M. López Colón, Vicente Álvarez Aponte y Miguel Aponte Rivera.

       Querella Núm. T-X 98-12-590 presentada el 23 de noviembre de 1998.

       Surge de las deposiciones tomadas a los codemandantes que todos recibieron aumentos de sueldo de 1994 a 2001.

       La definición y distinción entre el empleado de carrera y el empleado de confianza ha sido atendida por nuestra jurisprudencia. La mayor diferencia entre estas dos categorías de empleados es que los primeros deben pasar por el proceso de reclutamiento y selección que detalla la Ley de Personal de Servicio Público de Puerto Rico y que gozan de seguridad en el empleo, por lo cual sólo pueden ser destituidos por justa causa. Véanse: S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., 161 D.P.R. 492 (2004); Matías v. Mun. de Lares, 150 D.P.R. 546 (2000); Marrero Caratini v. Rodrí-guez Rodríguez, 138 D.P.R. 215 (1995).

       Añadimos allí que la mera alegación de un hecho básico, sin que haya sido debidamente establecido, no activa una presunción que permita la inferencia de un hecho presumido.

       En Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994), se presentó una demanda por discrimen por razón de edad al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. sees. 146-151) y de la Age Discrimination Employment Act. En este caso, el demandante, ante una moción de sentencia sumaria para des-estimar su acción, logró activar una presunción por discrimen por razón de edad. Esto es, demostró: (1) que era mayor de 40 años, (2) que estaba capacitado para efectuar su labor, (3) que fue despedido sin justa causa y (4) que fue sustituido por un empleado más joven. Una vez activada la presunción, el patrono demandado, por su parte, justificó su acción de despido por alegadas repetidas violaciones al reglamento de la compañía. Este Tribunal determinó que el demandante, al presentar documen-tos, declaraciones juradas y deposiciones, logró establecer la existencia de un motivo discriminatorio en las acciones del patrono. Por ello, este Tribunal concluyó que existían controversias de hecho que incidían en aspectos medulares del caso y que ameritaban dilucidarse en una vista en sus méritos. Específicamente, determinamos que el demandante logró establecer una controversia sobre la existencia o no de una intención discriminatoria y de si las actuaciones del patrono constituyeron un mero pretexto para encubrir el discrimen. Por ello, revocamos la sentencia dictada por el foro apelativo, la cual, a su vez, confirmaba una sentencia que desestimaba la acción por la vía sumaria.

       Ello no obstante, reiteramos lo ya resuelto por este Tribunal en cuanto a que en situaciones en las que se reclama al patrono una indemnización por violación de derechos civiles, el empleado público “queda excusado de acudir en primera instancia al foro administrativo para reclamar cualquier responsabilidad civil de dicho patrono”. Iguartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318, 332 (1998), citando a Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 595 (1990).


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text:
      In re Máximo Molina Fragosa, querellado.

      Número: AB-2003-0173

      Resuelto: 19 de diciembre de 2005

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Mariano Rosado Simmons, querellante; Máximo Molina Fragosa, notario querellado.
   per curiam:

Contra el Lie. Máximo Molina Fragosa se presentó una querella por autorizar una escritura que ado-lecía de defectos que impedían su inscripción. Luego de estudiar el expediente, los informes de la Oficina de Ins-pección de Notarías (ODIN), las respuestas del licenciado Molina Fragosa y la querella presentada, determinamos que éste violó los Cánones 18 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, el Art. 56 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 2091, y la Regla 4 del Reglamento Notarial, 4 L.P.R.A. Ap. XXIV. A continuación exponemos los hechos que motivaron la presentación de la querella, según el in-forme presentado por la ODIN.

H

El licenciado Molina Fragosa fue contratado por el Sr. Eladio Robles en 1995 para que le ayudara con la segrega-ción de un solar de su propiedad que interesaba dividir en dos lotes para venderlos. En marzo de 1995, se obtuvo la autorización de la Administración de Reglamentos y Per-misos para segregar el solar. No obstante, no fue hasta el 4 de abril de 1996 que se segregó el solar mediante una es-critura pública autorizada por el licenciado Molina Fragosa. Antes de que se autorizara esta escritura de se-gregación, el 28 de abril de 1995 el licenciado Molina Fra-gosa autorizó un testimonio de autenticidad (affidavit) en el cual el Sr. Eladio Robles vendió lo que iba a ser el primer lote al Sr. Miguel Ramos Colón y a la Sra. María Ojeda Otero (matrimonio Ramos-Ojeda) porque éstos tenían ur-gencia de tener un documento que acreditara su dominio sobre el lote. Puesto que ya habían vendido su residencia, deseaban comenzar a construir en el lote que el Sr. Eladio Robles les iba a vender. Según se desprende de la contes-tación a la querella que hiciera el licenciado Molina Fra-gosa, el matrimonio Ramos-Ojeda estaba presionando para que se realizara la venta del modo que fuera. El matrimo-nio estaba preocupado porque entendía que no se iba a poder hacer la segregación prontamente, ya que el Sr. Ela-dio Robles no había conseguido las certificaciones necesa-rias del Internal Revenue Services para que los embargos federales que pesaban en contra de su propiedad fueran cancelados, y de este modo los lotes segregados estuvieran libres de cargas.

En 1996, luego de que el matrimonio Ramos-Ojeda cons-truyera su hogar en lo que sería el lote número 1, se efec-tuó la segregación del solar del Sr. Eladio Robles, ya que el matrimonio Ramos-Ojeda necesitaba acreditar ante la Au-toridad de Energía Eléctrica que eran propietarios del solar donde se encontraba su casa para que le conectaran la electricidad y para poder disfrutar de unos incentivos económicos. Esta segregación fue autorizada por el licen-ciado Molina Fragosa el 4 de abril de 1996. Luego de efec-tuada la segregación, ese mismo día, el notario Molina Fra-gosa autorizó la escritura de compraventa del lote número 1, venta que había sido realizada un año antes por medio de un testimonio de autenticidad. En esta compraventa el licenciado Molina Fragosa dio fe de que la propiedad que se vendía estaba libre de cargas y gravámenes, aun cuando le constaba que no se habían cancelado los embargos que afectaban la propiedad del Sr. Eladio Robles, si bien este último le informó al notario y al matrimonio Ramos-Ojeda que las deudas estaban satisfechas.

Seis días más tarde, el licenciado Molina Fragosa, sa-biendo que los embargos federales que pesaban en contra de la propiedad del Sr. Eladio Robles no estaban cancela-dos, autorizó la compraventa del segundo lote resultante de la segregación. Los compradores de este lote fueron el Sr. Mariano Rosario Simmons junto con su esposa, la Sra. Carmen Avilés Negrón. En la escritura de compraventa del segundo lote el licenciado Molina Fragosa nuevamente dio fe de que la propiedad se encontraba libre de cargas y gravámenes. El 27 de agosto de 2003, el señor Rosario Simmons presentó una querella contra el licenciado Molina Fragosa. El señor Rosario Simmons adujo que le intere-saba vender su propiedad y que no había podido hacerlo porque el Registrador de la Propiedad se había negado a inscribir su título debido a que la escritura autorizada por el licenciado Molina Fragosa adolecía de defectos que im-pedían su inscripción. Los defectos que impedían la ins-cripción, según se desprende del informe de ODIN, eran que el licenciado Molina Fragosa había dado fe de que la propiedad estaba libre de cargas y gravámenes cuando en realidad no era así, y que éste no advirtió a los otorgantes sobre las consecuencias de vender y adquirir un inmueble sobre el que pendían embargos.

Antes de presentar la querella, el señor Rosario Simmons fue a la oficina del licenciado Molina Fragosa y le solicitó que solucionara el problema con la escritura. Du-rante el tiempo entre la visita del señor Rosario Simmons y la presentación de la querella, el licenciado Molina Fra-gosa hizo gestiones para que se cancelaran los embargos. No obstante, de los seis embargos que pesaban original-mente en contra de la propiedad quedaron cuatro sin cancelar.

Por otra parte, en la respuesta del licenciado Molina Fragosa a los informes de ODIN, éste se defendió seña-lando que: (1) las fincas que surgieron de la segregación eran nuevas fincas porque eran de una nueva cabida y, por lo tanto, no estaban afectadas por los embargos y estaban libres de cargas y gravámenes; (2) las partes sabían de los embargos y que él les había advertido las consecuencias de otorgar una escritura bajo esas condiciones; (3) les había recomendado a las partes esperar a que estuvieran cance-lados los embargos para otorgar la escritura de compra-venta, y (4) el testimonio de autenticidad que autorizó no contenía una compraventa sino una promesa de compraventa.

HH HH

En reiteradas ocasiones hemos señalado que los notarios están obligados a observar rigurosamente la Ley Notarial de Puerto Rico y su reglamento, los cánones del Código de Ética Profesional, las leyes pertinentes a los documentos que autorizan y la voluntad de las partes, porque de lo contrario se exponen a las sanciones disciplinarias correspondientes. La Regla 4 del Reglamento Notarial, supra, dispone que el notario es el representante de la fe pública y de la ley.() Esto implica que cuando el notario autoriza documentos debe cerciorase de que la información y los hechos que contienen sean veraces, y que tanto los negocios que se realizan ante él como el modo de hacerlos cumplan con la normativa legal vigente. Faltar a la veracidad de los hechos en un documento notarial constituye una de las faltas más graves en que puede incurrir un notario, ya que vulnera la fe pública, pilar del derecho notarial. In re González Maldonado, 152 D.P.R. 871, 895-896 (2000). Además, esta conducta constituye una violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra. El licenciado Molina Fragosa faltó a la verdad cuando au-torizó las escrituras de compraventa de los solares segre-gados del Sr. Eladio Robles al dar fe de que estaban li-bres de cargas y gravámenes cuando le constaba que sobre dichas propiedades pesaban varios embargos federales.

El licenciado Molina Fragosa pretende defender su conducta sosteniendo que las partes conocían el hecho de los embargos, que les advirtió sobre el efecto jurídico de éstos y que les aconsejó no otorgar las escrituras hasta tanto estuvieran cancelados. Lo cierto es que dio fe de un hecho falso en la escritura y que cedió ante las presiones de las partes, cuando su obligación primordial como notario es con la ley y con la verdad, y no con las partes. Véase In re Avilés, Tosado, 157 D.P.R. 867, 890 (2002). Por otro lado, el licenciado Molina Fragosa sostiene que no dio fe de un hecho falso, ya que al segregarse la finca se crean nuevas fincas con nuevas dimensiones y que por lo tanto éstas no están afectadas por los embargos que pendían sobre la antigua finca. Esta aseveración lo que demuestra es un craso desconocimiento de la ley hipotecaria. La Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, en su Art. 85 (30 L.P.R.A. see. 2306), establece que luego de una segregación los lotes resultantes estarán sujetos a los gravámenes que tuviera la propiedad antes de la división. El desconoci-miento del licenciado Molina Fragosa de esta norma, evi-denciado en su respuesta, y el ceder ante las presiones de las partes constituyen una violación al deber de diligencia y competencia contenido en el Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra.

El licenciado Molina Fragosa también infringió la Ley Notarial al autorizar la compraventa del primer lote por medio de un testimonio de autenticidad. El Art. 56 de la Ley Notarial, supra, dispone que no se podrá hacer por medio de testimonio de autenticidad negocios que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o ex-tinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. El li-cenciado Molina Fragosa sostiene que el testimonio de autenticidad que autorizó no contenía un negocio de trans-misión de derechos reales sobre el inmueble, sino una pro-mesa de compraventa. Sin embargo, tanto el lenguaje uti-lizado en el documento como los eventos posteriores a su autorización, confirman que el contenido del testimonio de autenticidad era en efecto una compraventa. En el affidá-vit se señala que las partes habían acordado hacer la com-praventa del inmueble, que en ese acto se le entregó al vendedor un cheque por la suma estipulada para la venta, y que las partes acordaron otorgar la correspondiente es-critura pública en treinta días. Luego de la autorización de este testimonio de autenticidad, el matrimonio Ramos-Ojeda procedió a construir su hogar en el terreno que ha-bían adquirido del Sr. Eladio Robles. No existe duda que el licenciado Molina Fragosa autorizó una venta en ese testi-monio de autenticidad y que violó, por lo tanto, las dispo-siciones del Art. 56 de la Ley Notarial, supra.

IV

Según se desprende de la discusión que antecede, el li-cenciado Molina Fragosa violó los Cánones 18 y 35 del Có-digo de Ética Profesional, el Art. 56 de la Ley Notarial y la Regla 4 del Reglamento Notarial, supra. Sin embargo, esta es su primera falta. Además, el licenciado Molina Fragosa asumió un rol activo en tratar de solucionar los problemas que causó con la autorización de las escrituras de compra-venta, lo que atenúa la gravedad de sus acciones. Por todo lo anterior, decretamos las suspensión del licenciado Molina Fragosa de la práctica de la notaría por el término de cuatro meses y hasta que otra cosa provea este Tribunal. Se ordena a la Oficina del Alguacil que incaute su obra notarial para el trámite de rigor correspondiente por la Direc-tora de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) La Regla 4 del Reglamento Notarial señala:
      “El Notario disfruta de plena autonomía e independencia en su función, sujeto solamente en organización jerárquica al Tribunal Supremo de Puerto Rico.
      “En el ejercicio de su ministerio, el Notario representa la fe pública y la ley para todas las partes. Su obligación de ilustrar, de orientar y de advertir ha de desplegarla con imparcialidad.” 4 L.P.R.A. Ap. XXIV.

       El Canon 35 dispone:
      “La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
      “No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
      “El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testi-gos, al redactar af[f|idávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.

       Las escrituras que contenían estos negocios jurídicos fueron la Escritura Número Dieciséis y la Escritura Número Diecisiete del Protocolo del licenciado Molina Fragosa de 1996.

       El Art. 85 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad dispone:
      “Cuando una finca inscrita se divida en dos (2) o más fincas, cada una se ins-cribirá con un número diferente, anotándose en la finca original la división operada.
      “Cuando se segregue parte de una finca inscrita para formar una nueva, se inscribirá la porción segregada con número diferente, expresándose esta circunstan-cia en la finca matriz.
      “Cuando se segregue parte de una finca inscrita para agregarla a otra igual-mente inscrita se practicará la inscripción correspondiente en el Registro de ésta, sin alterar su numeración, pero expresándose en ella la nueva descripción resultante y la procedencia de la porción agregada y se harán además las oportunas referencias por nota en las inscripciones de propiedad de ambas fincas.
      “Cuando se segregue parte de una finca que radique en dos (2) o más demarca-ciones y la finca a crearse perteneciera a una sola de aquéllas, se presentará el título en la sección donde se lleve el historial de la finca principal y el registrador deberá, de oficio, enviar dicho título acompañado de una certificación de título y cargas a la sección a que perteneciere la finca segregada. Si el registrador notificado, luego de calificar el título, practícase la segregación, dará conocimiento por escrito al regis-trador a cargo de la sección donde radicase la finca principal para que éste haga constar la segregación hecha. En caso de que la finca segregada perteneciera tam-bién a más de una demarcación, se estará a lo dispuesto en la see. 2051 de este título.
      “Cuando se agrupen dos (2) o más fincas para formar una sola, se inscribirá ésta con un nuevo número, poniéndose nota de correlación en cada una de las fincas que se agrupan.
      “Cuando se agrupen o agreguen fincas que radiquen en más de una demarca-ción se presentará el título en la sección donde habrá de llevarse el historial de la finca principal, de acuerdo con la see. 2051 de este título y de lo dispuesto en el Reglamento. La escritura de agrupación será presentada conjuntamente con una certificación de título y cargas expedidas por los registradores, a cargo de las seccio-nes a cuya demarcación, pertenezcan las demás fincas constituyentes. La solicitud de certificación que deberá relacionar la escritura de agrupación, será presentada y asentada en el Diario de dichas secciones y se pondrá nota, al expedirse la certifica-ción, al margen del folio de cada finca como aviso a terceros adquirentes.
      “El registrador que tuviese bajo su consideración la escritura de agrupación informará a los demás registradores de la acción definitiva que tome respecto al documento. En caso de que se inscriba la agrupación se pondrá nota en los folios de cada una de las fincas constituyentes.

        "En todos los casos anteriores se expresará en las nuevas inscripciones la proce-dencia de las fincas, así como los gravámenes que tuvieren antes de la división, segregación, agregación o agrupación.

      “Cuando se forme una finca de dos (2) o más, o se segregue parte de alguna con objeto de enajenarla, se hará una sola inscripción comprensiva de la nueva finca agrupada o segregada y de la enajenación de la misma.
      “En las escrituras públicas comprensivas de estas operaciones se describirán las fincas que se agrupen o las que se segreguen, así como las fincas nuevas y las por-ciones restantes que resulten de las mismas con sus modificaciones en la extensión y los linderos.” (Énfasis suplido.) 30 L.P.R.A. see. 2306.

       El Canon 18 establece:
      “Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
      “Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desple-gando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
      “Este deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente. La misión del abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consi-guiente, al sostener las causas del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan. No debe tampoco ceder en el cumplimiento de su deber por temor a perder el favor judicial ni la estimación popular. No obstante, un abogado puede asumir cualquier representación profesional si se prepara adecuadamente para ello y no impone gastos ni demoras irrazonables a su cliente y a la administración de la justicia.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.
      En reiteradas ocasiones hemos sostenido que este canon aplica también a los abogados en su función notarial. Véase In re Cardona Ubiñas, 156 D.P.R. 340 (2002).

       El Art. 56 de la Ley Notarial dispone:
      “Llámese testimonio o declaración de autenticidad al documento mediante el cual un notario a requerimiento de parte interesada, da testimonio de fe de un do-cumento no matriz, además de la fecha del testimonio:
      “(1) De la legitimación de las firmas que en él aparezcan, siempre que no se trate de los actos comprendidos en los incisos (1) al (6) de la see. 3453 del Título 31;
      “(2) de haber tomado juramento por escrito;
      “(3) de que es traducción fiel y exacta de otro, siempre que conozca ambos idiomas y así lo certifique el propio testimonio;
      “(4) de que es copia fiel y exacta de un documento que no obra en un Protocolo Notarial;
      “(5) o en general, de la identidad de cualquier objeto o cosa.
      “Podrá el notario, a requerimiento de partes interesadas, dar testimonio de fe en un documento no matriz, de la legitimación de las firmas que en él aparezcan, siempre que no se trate de los actos comprendidos en los incisos (1) al (6) de la see. 3453 del Título 31 vigente, que una traducción o copia fiel y exacta de cualquier documento que no obre en su protocolo o, en general, de la identidad de cualquier objeto o cosa.
      “Sólo los notarios podrán dar testimonio de hechos, actos o contratos de mero interés particular sin perjuicio de lo dispuesto en cualesquiera leyes vigentes. Las declaraciones de autenticidad podrán comprender o no el juramento.
      “No podrán los notarios autorizar testimonios en los casos comprendidos en la see. 2005 de este título, ni en los incisos (1) al (6) de la see. 3453 del Título 31. Esta prohibición incluye específicamente los contratos de venta de inmueble que preten-dan expresar o implícitamente, adjudicar porciones específicas en un inmueble cuya segregación no haya sido previamente aprobada por las agencias correspondientes.
      “El notario no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento privado cuyas firmas legitime.” 4 L.P.R.A. see. 2091.
      El Art. 1232 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3453, establece:
      “Deberán constar en documento público:

        “(1) Los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modi-ficación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles.
      “(2) Los arrendamientos de estos mismos bienes por seis (6) o más años, siem-pre que deban perjudicar a tercero.
      “(3) Las capitulaciones matrimoniales y la constitución y aumento de la dote siempre que se intente hacerlas valer contra terceras personas.
      “(4) La cesión, repudiación y renuncia de los derechos hereditarios o de los de la sociedad conyugal.
      “(5) El poder general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio; el poder para administrar bienes, y cualquier otro que tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero.
      “(6) La cesión de acciones o derechos procedentes de un acto consignado en escritura pública.
      “También deberán hacerse constar por escrito, aunque sea privado, los demás contratos en que la cuantía de las prestaciones de uno o de los dos contratantes exceda de trescientos (300) dólares.
      “En todo caso, los contratos efectuados por intervención de mandatario deberán constar en documento auténtico, concediéndose por la presente sección a los jueces de distrito y de paz, en ausencia de notario, facultades para certificar las declaracio-nes de autenticidad de dichos contratos, en la forma determinada por las sees. 887 eí seq. del Título 4.
      “No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, serán válidos los contratos de comercio efectuados por correspondencia, y todos aquéllos en que la formalidad del documento auténtico pueda constituir una demora perjudicial a la naturaleza y rapidez del tráfico mercantil.”


text:
      In re José G. Marrero Luna, querellado.

      Números: AB-1995-47
    CP-2004-1

      Resueltos: 20 de diciembre de 2005

      Luis M. Malpica Rodríguez, contralor interino; Roberto J. Sánchez Ramos y Salvador Antonetti Stutts, procuradores generales, querellantes; Juan E. Taboas Santiago y José De la Texera Barnes, abogados de la parte querellada; José G. Marrero Luna, abogado querellado.
   per curiam:

El abogado José G. Marrero Luna se encuen-tra suspendido de la profesión según sentencia dictada el 8 de septiembre de 2005. Lo suspendimos por el término de un (1) mes por violar el Canon 38 del Código de Ética Pro-fesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que le impone a todo abogado el deber de preservar el honor y la dignidad de la profesión. In re De la Texera Barnes, 165 D.P.R. 526 (2005). En virtud de nuestro poder inherente para reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico, procedemos a extender la suspensión del señor Marrero Luna por un término indefi-nido debido a su incumplimiento injustificado con las órde-nes de este Tribunal. In re Añeses, 117 D.P.R. 134 (1986).

I

A raíz de una auditoría realizada a la extinta Corpora-ción Azucarera de Puerto Rico, el 4 de mayo de 1995, el contralor interino Luis M. Malpica Rodríguez presentó una queja ante este Tribunal contra el abogado José G. Marrero Luna.

El 13 de septiembre de 1995 le ordenamos al Procurador General investigar la queja presentada. El Procurador General enfrentó una serie de obstáculos durante el trámite de la investigación y no fue hasta el 2004 que se encontró en posición de investigar la queja contra el señor Marrero Luna. El 24 de junio de 2004 dictamos resolución conce-diendo un término de noventa días al Procurador General para que sometiera el informe correspondiente. Como parte de la investigación, el 3 de agosto de 2004, el Procu-rador General le envió una copia de la queja al señor Ma-rrero Luna mediante una carta certificada con acuse de recibo, en la que le solicitó que presentara su posición al efecto en un término de diez días. Además, le requirió que entregara copia de los documentos que tuviera en su poder con relación a la queja presentada. Dicha carta fue enviada a la dirección que consta en la Secretaría del Tribunal Supremo, así como a la dirección que surge del directorio del Colegio de Abogados del 2004. Además, se le envió una carta al abogado José A. De la Texera Barnes, represen-tante legal del señor Marrero Luna. Ambas cartas fueron devueltas por el correo el 23 y el 25 de agosto de 2004. El 25 de agosto de 2004 el Procurador General envió nuevos requerimientos a las mismas direcciones. Esta vez conce-dió un término de cinco días para que se cumpliera con lo solicitado. Las cartas no fueron devueltas y, según el expe-diente, el señor Marrero Luna nunca compareció.

Ante esta situación, el 10 de septiembre de 2004 el Pro-curador General nos solicitó que se le ordenara al señor Marrero Luna cumplir con sus requerimientos. El 6 de oc-tubre de 2004 nos presentó otra moción, en la que informó nuevamente el incumplimiento del señor Marrero Luna y solicitó un término adicional de treinta días a partir de la comparecencia de éste para presentar el informe solicitado. El 11 de marzo de 2005 dictamos una resolución mediante la cual declaramos “con lugar” la solicitud de término adi-cional y le ordenamos al señor Marrero Luna contestar los requerimientos del Procurador General en un término de treinta días, bajo apercibimiento de que su incumplimiento podría conllevar su suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría. También notificamos al Procura-dor General de la dirección del señor Marrero Luna a la que debía enviar cualquier otro requerimiento que sur-giera durante la tramitación de la queja. Por orden expresa de este Tribunal, esta resolución fue notificada personal-mente al señor Marrero Luna.

El 23 de marzo de 2005 el Procurador General envió otra carta al señor Marrero Luna en la que solicita nueva-mente su posición respecto a la queja pendiente y le re-quiere la misma documentación a la que hace referencia en la carta del 3 de agosto de 2004. Se envió una carta certi-ficada con acuse de recibo a la dirección provista por este Tribunal en la mencionada resolución. La carta fue de-vuelta por el correo.

El 23 de junio de 2005 el Procurador General presentó una Moción Informativa Urgente, informando una vez más a este Tribunal sobre el incumplimiento del señor Marrero Luna con la orden del 11 de marzo de 2005.

Éstas no son las únicas órdenes nuestras que el señor Marrero Luna ha incumplido. El 29 de junio de 2005 el Procurador General presentó una querella, CP-2004-1, contra el señor Marrero Luna por haber incurrido en serias deficiencias al presentar las planillas de contribución sobre ingresos para 1986, 1988 y 1990, y por entender que el haber resultado convicto de las acciones criminales insta-das con relación a dichas planillas constituye depravación moral, según la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735), y violación al Canon 38 del Código de Ética Profesio-nal, supra.

Mediante Resolución de 8 de julio de 2004, ordenamos al señor Marrero Luna contestar la querella presentada, y el 9 de agosto de 2004 éste compareció y presentó una mo-ción de prórroga para contestar, la cual concedimos el 23 de diciembre de 2004. No obstante, el señor Marrero Luna incumplió con el término adicional concedido. El 11 de marzo de 2005, le concedimos un término final de treinta días y le apercibimos de que su incumplimiento podría con-llevar su suspensión indefinida del ejercicio de la profesión. Esta resolución fue notificada personalmente al señor Marrero Luna.

Según el expediente, el señor Marrero Luna aún no ha cumplido con nuestra orden del 23 de diciembre de 2004 en la querella CP-2004-1 y sólo ha presentado una moción in-formativa del 12 de julio de 2005, en la que señala la posi-bilidad de nueva representación legal. Han pasado cerca de cinco meses desde su última comparecencia y aún no cum-ple con las órdenes de este Tribunal.

HH HH HH

El incumplimiento por parte de un abogado con nuestras órdenes en el trámite de una queja constituye una falta ética separada e independiente de los méritos de dicha queja. In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55, 61 (1998). Es decir, aun cuando la queja resulte inmeritoria, el abogado puede quedar sujeto a sanción disciplinaria si demuestra dejadez e inacción durante el trámite. Id., pág. 62. De igual forma nos hemos expresado con relación al trámite de una querella. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171 (1975).

Reiteradamente hemos resuelto que todo abogado tiene el deber ineludible de responder diligentemente, no sólo a los requerimientos de este Tribunal, sino también a los de la Oficina del Procurador General, de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados y de la Oficina de Inspección de Notarías. In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687 (2001); In re Ríos Acosta I, 143 D.P.R. 128 (1997). En In re Ríos Acosta I, supra, pág. 135, señalamos que “[l]a desatención de los abogados a comunicaciones relacionadas con inves-tigaciones disciplinarias tiene el mismo efecto disruptivo [sic] de nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal”.

El Canon 12 del Código de Ética Profesional exige “desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones” en la tramitación y solución de las causas. 4 L.P.R.A. Ap. IX. “El compromiso de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, para lograr la más completa confianza y apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas sino a la jurisdicción disciplinaria de este foro.” In re Ríos Acosta I, supra, pág. 135.

Incumplir órdenes de este Tribunal constituye, además, una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, que señala que todo abogado “debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”. 4 L.P.R.A. Ap. IX. Según hemos mencionado, la naturaleza de la abogacía requiere escrupulosa atención y obediencia a las órdenes del Tribunal Supremo, particularmente en la esfera ética. Véanse: In re Santiago Méndez, 129 D.P.R. 696, 697 (1991); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490, 493-494 (1991).

IV

Según mencionamos, el señor Marrero Luna fue suspendido de la profesión por el término de un (1) mes, como resultado de otro procedimiento disciplinario. In re De la Texera Barnes, supra. Como sabemos, la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo dispone que “[s]i tras haber sido suspendido del ejercicio de la abogacía y/o del notariado, el(la) abogado(a) o notario(a) desea ser reinsta-lado^), deberá presentar una moción de reinstalación al tribunal, ya que la reinstalación no será automática, a me-nos que el tribunal así lo disponga expresamente”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Al ordenar la suspensión del señor Ma-rrero Luna mediante Sentencia de 8 de septiembre de 2005 no expresamos que éste sería reinstalado automática-mente al vencer el término de suspensión. Por el contrario, señalamos que sería “hasta que otra cosa provea este Tribunal”.

Sin embargo, la contumacia mostrada por el señor Ma-rrero Luna en desatender nuestras órdenes nos lleva a no esperar a que se presente una solicitud de reinstalación para expresarnos respecto al término de su suspensión de la profesión. Debemos señalar que no es la primera vez que sancionamos disciplinariamente a un abogado que se en-cuentra suspendido de la profesión. En In re Añeses, supra, separamos permanentemente de la profesión al Sr. José A. Añeses, a pesar de que éste se encontraba ya suspendido. El señor Añeses incumplió su obligación de rendir índices notariales e incumplió una orden de este Tribunal durante el trámite de dicho procedimiento disciplinario. Se le sus-pendió del ejercicio de la profesión hasta que rindiera los índices adeudados y ofreciera “excusas aceptables por su desatención” a la orden incumplida. En efecto, rindió los índices notariales, pero nunca compareció a ofrecer una explicación por su desatención a la orden de este Tribunal. La suspensión se mantuvo en todo su vigor y este Tribunal continuó la tramitación de los procedimientos disciplina-rios pendientes contra el señor Añeses, por sus actuaciones durante el tiempo que ejerció la profesión. El señor Añeses nuevamente incumplió las órdenes que este Tribunal emi-tió como parte de la tramitación de dichos procedimientos. Además, la Junta de Apelaciones del Sistema de Adminis-tración de Personal notificó a este Tribunal que el señor Añeses estaba ejerciendo la profesión a pesar de encon-trarse suspendido. En vista de esto, le ordenamos me-diante resolución que mostrara causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente de la abogacía. El señor Añeses incumplió nuevamente. Por consiguiente, lo sus-pendimos permanentemente mediante opinión per curiam de 31 de marzo de 1986. íd.

En los casos de autos, el señor Marrero Luna incurrió en conducta violatoria de los cánones del Código de Ética Profesional. Durante la tramitación de varios procedimientos que tenía pendiente, no sólo hizo caso omiso a los requerimientos del Procurador General, sino que también incumplió con órdenes de este Tribunal. Esta actitud de dejadez y falta de diligencia es incompatible con el ejercicio de la abogacía y es indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos de este Tribunal. No podemos tolerar este tipo de conducta. In re Negrón Negrón, 163 D.P.R. 586 (2004); In re Vargas Soto, supra. Además, encontrarse suspendido del ejercicio de la profesión no es justificación para desatender los procesos disciplinarios pendientes ante este Tribunal. Este tipo de comportamiento constituye un agravante de la suspensión ya decretada.

En virtud de nuestro poder inherente para reglamentar la profesión y ante el reiterado incumplimiento del señor Marrero Luna con las órdenes de este Tribunal, ordenamos que la suspensión de un mes del ejercicio de la profesión, decretada mediante Sentencia de 8 de septiembre de 2005, se extienda por un término indefinido.

Se dictará la sentencia correspondiente.

       El señor Marrero Luna presentó una Moción en Oposición a Moción sobre Solicitud de Información el 23 de agosto de 1995 en la que, entre otras cosas, relevó al abogado De la Texera Barnes de representarlo legalmente. Este Tribunal no se expresó al respecto y continuó notificándole toda orden o resolución referente al caso. Posteriormente, el Sr. José A. De la Texera Bames presentó una Moción Solicitando Relevo de Representación Legal, y dicha solicitud fue declarada “con lugar” por este Tribunal.


text:
      In re Edmundo Ayala Oquendo, querellado.

      Número: CP-2003-19

      Resuelto: 22 de diciembre de 2005

      Roberto J. Sánchez Ramos, procurador general, Kenneth Pa-mías Velázquez, subprocurador general, y Minnie H. Ro-dríguez López, procuradora general auxiliar, querellantes; Concepción Rodríguez Rosario, querellante; Edmundo Ayala Oquendo, abogado querellado, por derecho propio; Wilfredo Alicea, comisionado especial.
   per curiam:

El Lie. Edmundo Ayala Oquendo (licenciado Ayala) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 26 de ju-nio de 1985 y al ejercicio del notariado el 2 de septiembre de 1986.

El 25 de septiembre de 2001 el Sr. Concepción Rodrí-guez Rosario (señor Rodríguez) presentó una queja contra el referido abogado. Veamos los hechos acaecidos que die-ron pie al ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

El 23 de agosto de 1996 el señor Rodríguez, represen-tado por el Lie. Máximo Rivera Carmona, presentó una demanda de daños y perjuicios y nulidad de escritura en el Tribunal de Primera Instancia, Sala superior de Humacao, contra la sucesión de la Sra. Agustina Castro López, el Sr. Francisco Alcocer López, su esposa, la Sra. Rosa Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, el Sr. Narciso Ríos Ortiz, su esposa, la Sra. Lydia Laborde Ríos y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, así como contra el Scotiabank. A esta demanda se le asignó el Núm. NAC96-0093. El señor Rodríguez alegó en la demanda que para mayo y agosto de 1980 sostuvo conversaciones con la Sra. Agustina Castro López para comprarle un inmueble en el municipio de Fajardo. Alegó, además, que le pagó a la señora Castro, a través de la intermediaria “India Realty”, $65,000, suma de la cual en-tregó parte en efectivo y el resto lo evidenció mediante pa-garés que reflejan lo adeudado, garantizado por hipoteca el cumplimiento de tal obligación. De igual manera, expuso que para agosto de 1980, la señora Castro vendió el refe-rido inmueble a los esposos Alcocer Rodríguez. Alegó el se-ñor Rodríguez que posteriormente los esposos Alcocer Ro-dríguez le vendieron por $32,500 una participación de una mitad en común pro-indiviso del referido inmueble cuando él entendía que había comprado la totalidad de éste. Por otra parte, solicitó el desahucio de los esposos Ríos La-borde, ya que éstos ocupaban el inmueble para la fecha en que se presentó la demanda. El foro primario dictó senten-cia sumaria parcial, desestimando la demanda. El foro a quo no determinó que existiera temeridad por parte del demandante, aquí quejoso. Mediante acuerdo verbal, el se-ñor Rodríguez contrató los servicios profesionales del licen-ciado Ayala para que éste presentara un recurso de apela-ción ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones para revisar tal desestimación. El foro intermedio apela-tivo, una vez presentado el recurso, le asignó el Núm. KLAN 1998-0249. Los honorarios pactados, de forma verbal, por los servicios profesionales del licenciado Ayala as-cendieron a $3,000. Las partes contratantes acordaron que los pagos se harían a plazos. Entre febrero y mayo de 1998, el señor Rodríguez hizo catorce pagos hasta satisfacer la cantidad acordada. El foro intermedio apelativo confirmó la referida sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicho foro intermedio no concluyó que hubiera temeridad del demandante de autos ante el Tribunal de Primera Ins-tanda ni ante sí. Inconforme, el señor Rodríguez, represen-tado por el licenciado Ayala, acudió en alzada ante nos me-diante un recurso de certiorari, al que le asignamos el Núm. CC-98-628. Declinamos expedir el auto solicitado. Lo determinado originalmente por el Tribunal de Primera Ins-tancia se convirtió en final y firme.

Posteriormente, el señor Rodríguez, representado por el licenciado Ayala, presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, en la cual incluyó como demandados al Sr. Narciso Ríos Ortiz, su es-posa, Sra. Lydia Laborde, y la Sociedad Legal de Ganan-ciales compuesta por ambos, al Sr. José Raúl Peréz Ber-nabé y a su esposa, quien se denominó como Juana Doe, y a la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. En esta nueva demanda, el señor Rodríguez planteó que los esposos Ríos Laborde adquirieron por compraventa, de los esposos Alcocer Rodríguez, la mitad de la participación de éstos en el referido inmueble ubicado en Fajardo, in-mueble que, según el señor Rodríguez, le pertenecía en su totalidad. Se trajo como codemandado al señor Pérez Ber-nabé debido a que éste, en calidad de abogado-notario y propietario de “India Realty”, asesoró al señor Rodríguez en cuanto al precio y al financiamiento para adquirir el referido inmueble en el municipio de Fajardo. A esta acción se le asignó el Núm. NAC99-0031. Para la representación legal de este caso, el señor Rodríguez acordó, por escrito, contratar los servicios profesionales del licenciado Ayala. El contrato fue suscrito el 12 de marzo de 1999. En éste se incluyó una cláusula en la cual se indicaba que el licen-ciado Ayala percibiría $3,000 por representarlo en tal procedimiento. Esta cantidad se habría de pagar en dos plazos de $1,500. Asimismo, en el contrato se estableció, por escrito, que los $3,000 no incluía el trámite apelativo, en caso de que recayera sentencia adversa al demandante, o sea, al señor Rodríguez. Este pagó la mitad de los hono-rarios el 12 de marzo de 1999 y acordó saldar la otra mitad para el día en que el caso se viera en sus méritos. El 6 de marzo de 2000, día en que el Tribunal de Primera Instan-cia atendió el caso Núm. NAC99-0031 en sus méritos, el señor Rodríguez pagó el balance de $1,500 que le debía al licenciado Ayala. El foro primario desestimó la demanda. El Tribunal de Primera Instancia no concluyó que hubiera mediado temeridad del demandante de autos, aquí quejoso. A instancias del señor Rodríguez, el licenciado Ayala presentó un recurso de apelación ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones. A ese caso se le asignó el Núm. KLAN 2000-1002. Debido a que el contrato sus-crito entre las partes no incluía honorarios por trámites apelativos, las partes pactaron el pago de $1,000 por el recurso de apelación ante el foro intermedio apelativo. Esta cantidad le fue pagada al licenciado Ayala el 11 de abril de 2001. El anterior Tribunal de Circuito Apelaciones revocó la decisión del foro primario en el caso Núm. NAC99-0031, ya que determinó que la parte allí apelante, aquí quejosa, representada por el licenciado Ayala, tenía una reclamación válida que debía ventilarse en sus méri-tos y no debía desestimarse. En consecuencia, no hubo ex-presión de que mediara temeridad en la reclamación del allí apelante, aquí quejoso. Tal determinación se convirtió en final y firme.

Para esta misma fecha, el señor Rodríguez le indicó al licenciado Ayala que había extraviado los recibos por los catorce pagos, que en su totalidad sumaban $3,000, que aquél le había hecho a éste en virtud del recurso apelativo presentado por el licenciado Ayala en el caso Núm. KLAN 1998-0249, recurso de apelación presentado para revisar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el caso Núm. NAC96-0093. El licenciado Ayala le extendió el refe-rido recibo por $3,000, a la vez que señaló, mediante una anotación, que la cantidad en cuestión era por el pago de los servicios prestados en el primer recurso de apelación ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones, o sea, en el caso Núm. ELAN 1998-0249. Luego de dictada la re-ferida sentencia revocatoria por el entonces Tribunal Cir-cuito de Apelaciones, en el caso Núm. KLAN 2000-2002 el señor Rodríguez le pidió el expediente de su caso al licen-ciado Ayala, ya que se disponía contratar otra representa-ción legal.

Así las cosas, el 25 de septiembre de 2001, el señor Ro-dríguez presentó una queja contra el licenciado Ayala en la que señaló que éste le había cobrado honorarios en exceso de lo pactado. Alegó que el licenciado Ayala le cobró $10,000, o sea, $7,000 en exceso de lo pactado. Esto en virtud de que, según manifestara el señor Rodríguez, las partes solamente pactaron los servicios profesionales del licenciado Ayala en el caso Núm. NAC99-0031 ante el Tribunal de Primera Instancia, por el cual se acordó el pago de $3,000.

El 14 de noviembre de 2001 el Procurador General rin-dió un informe donde concluyó que no había evidencia para concluir que el licenciado Ayala había representado inade-cuadamente los intereses de su cliente en la tramitación del caso Núm. NAC99-0031 ante el Tribunal de Primera Instancia. Luego de estudiar la documentación de la queja concernida, el Procurador General recomendó el archivo de ésta. Posteriormente, en atención a la resolución que emi-timos el 15 de febrero de 2002, para que se reexaminara el expediente del primer caso (Núm. NAC99-0031) ante el Tribunal de Primera Instancia, el Procurador General rin-dió un Informe Suplementario el 26 de marzo de 2002, en el que señaló que los honorarios de abogado cobrados por el licenciado Ayala no guardaban proporción con las gestiones realizadas por éste en representación de su cliente. Señaló que los escritos presentados al tribunal en el referido caso fueron alrededor de siete, que éstos constaban de 3 ó 4 páginas como máximo y que la controversia no involucraba cuestiones noveles o de una gran dificultad en derecho. El 5 de septiembre de 2003 ordenamos al Procurador General que formulara la correspondiente querella en virtud de lo dispuesto en la Regla 14(e) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

El Procurador General presentó una querella contra el licenciado Ayala en nuestra Secretaría, el 13 de noviembre de 2003. Le formuló el cargo siguiente:

PRIMER CARGO

El licenciado Edmundo Ayala Oquendo violentó los principios enunciados en el Canon 24 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX C. 24 al cobrar honorarios excesivos a la ges-tión rendida a favor de su cliente. No debe olvidar el letrado que nuestra profesión es una parte integral de la administra-ción de la justicia y no un mero negocio o profesión con fines de lucro. El abogado no debe estimar su gestión profesional en más de lo que realmente vale. Querella, pág. 3.

El 1 de diciembre de 2003 el querellado presentó un escrito titulado Contestación a Querella. Argüyó que el cargo formulado en su contra en la querella no estaba sos-tenido en hechos ciertos. Por el contrario, señaló que la alegación del señor Rodríguez era infundada, maliciosa y premeditada al alegar que cobró honorarios en exceso. Sos-tuvo que el cargo imputado no era meritorio como una vio-lación ética, ya que las cantidades cobradas correspondían a tres casos distintos. Argüyó que cobró $3,000 por llevar la apelación Núm. ELAN 1998-0249 ante el foro intermedio apelativo, en el que intervino como abogado del quejoso por primera vez; $3,000 por el Caso Civil Núm. NAC99-0031 ante el Tribunal de Primera Instancia y $1,000 por la ape-lación ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones para revisar la sentencia del foro primario en ese último caso, que se le asignó el Núm. ELAN 2000-1002 por el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones. Por otro lado, argüyó que entregó al señor Rodríguez un nuevo recibo por $3,000 el 11 de abril de 2001, ya que éste había extraviado los recibos de los pagos hechos por los servicios profesiona-les prestados en el primer caso, Núm. KLAN 1998-0249, ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones. El querellado señaló que los $7,000 cobrados por los tres ca-sos, a saber, KLAN 1998-0249, NAC99-0031 y KLAN 2000-1002, fueron generosos, ya que empleó todas sus destrezas como abogado para llevarlos, dos de ellos en el nivel apela-tivo, uno de los cuales estuvo ante la consideración de este Foro. Finalmente, el querellado señaló que los honorarios de abogado devengados fueron razonables debido al alto costo de la litigación civil en Puerto Rico. Solicitó la deses-timación de la querella o, en la alternativa, el señala-miento de una vista evidenciaría para presentar prueba en apoyo de sus alegaciones.

El 15 de enero de 2004, designamos Comisionado Especial al Hon. Wilfredo Alicea López, ex Juez Superior, para recibir y evaluar la prueba que presentarían las partes. El Comisionado Especial señaló una conferencia con antela-ción al juicio para el 21 de abril de 2004. En dicha confe-rencia las partes acordaron presentar prueba testifical y documental, a saber, los testimonios del señor Rodríguez, el licenciado Ayala y todas las facturas y recibos cursados entre éstos. De igual manera, el Procurador General soli-citó que fueran elevados ante la consideración del Comisio-nado Especial copia de los autos del caso Núm. NAC99-0031 ante el Tribunal de Primera Instancia, así como copia de los autos de la queja AB-2001-207, presentada por el señor Rodríguez contra el licenciado Ayala. Finalizada la conferencia con antelación al juicio, se señaló una vista evidenciaría para el 3 de junio de 2004. Después de cele-brada la referida vista, el Comisionado Especial rindió su informe el 4 de octubre de 2004. Al formular sus determi-naciones de hechos, evaluó la prueba oral presentada, las estipulaciones de las partes, los documentos presentados en evidencia, la queja, la querella, las contestaciones a és-tas y los pronunciamientos judiciales relacionados con los hechos que dieron lugar a la formulación de la querella por el Procurador General.

Pasemos a evaluar, como cuestión de umbral, lo que dis-pone el Canon 24 del Código de Ética Profesional.

El contrato de servicios profesionales de un abogado puede ser catalogado como de arrendamiento de servicios. Éste puede ser visto como una variación del contrato de arrendamiento. No obstante, debemos puntualizar que el contrato de servicios profesionales de un abogado, contrario a cualquier otro acuerdo de arrendamiento de servicios, está supeditado a unas exigencias éticas de suma importancia para nuestra profesión Es por ello que se considera un contrato de naturaleza sui géneris

El Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra, señala los aspectos que se consideran al momento de fijar los honorarios de los abogados. Entre éstos se encuentran la naturaleza de la gestión, la novedad y la dificultad del asunto por resolver, la habilidad y el conocimiento necesario para conducir el caso adecuadamente, el tiempo y trabajo requerido, los honorarios que se acostumbra cobrar por servicios similares, la cuantía involucrada, la contingencia o certeza de la compensación, y la naturaleza de la gestión profesional, entre otros Al iniciar su gestión profesional, todo abogado debe tomar en consideración lo que señala el Canon 24, supra, en cuanto a que “[e]s deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios a ser co-brados por el abogado al inicio de la relación profesional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito”.

Por otra parte, nada impide que se otorguen contratos verbales entre los abogados y sus clientes, “ni que un contrato de honorarios ambiguo no sea válido y susceptible de interpretación”. Si bien es cierto que los contratos verbales son válidos, éstos tienen riesgos mayores de suscitar malentendidos entre el cliente y su abogado.

Pasemos a considerar las recomendaciones del Comisio-nado Especial para determinar si el querellado cobró hono-rarios de abogado en exceso y, en consecuencia, infringió el Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra, el que obliga a todos los miembros de la profesión jurídica en Puerto Rico.

Celebrada la vista evidenciaría, luego de evaluar la prueba testifical y documental presentada por las partes, los expedientes de los casos NAC99-0031 ante el Tribunal de Primera Instancia, el KLAN2000-1002 y el KLAN 1998-0249 ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones —en los que el querellado representó al señor Rodríguez— el Comisionado Especial rindió su informe. Concluyó que el querellado cobró $7,000 en honorarios por la representa-ción legal del señor Rodríguez en los referidos casos. Ex-puso que de dicho monto, $3,000 correspondían a los servi-cios prestados en el caso Núm. NAC99-0031 ante el Tribunal de Primera Instancia. Indicó, además, que de los restantes $4,000, $3,000 fueron por la representación pro-fesional en el caso Núm. KLAN 1998-0249 ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones. Concluyó que el monto remanente de $1,000 fueron los honorarios percibi-dos por la representación legal en el caso Núm. KLAN 2000-1002 ante ese mismo foro intermedio apelativo. Asi-mismo, concluyó que el Procurador General no sostuvo con prueba que le mereciera crédito que el señor Rodríguez le haya entregado al querellado $3,000 en exceso a los $7,000 que éste pactó y pagó por los servicios profesionales pres-tados por el licenciado Ayala. Finalmente, con el beneficio de la prueba testifical ante su consideración, el Comisio-nado Especial concluyó que los honorarios de $7,000, co-brados por el querellado, tanto en el caso ante el foro pri-mario como en los dos recursos ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones, fueron justos y razonables.

Es responsabilidad del Comisionado Especial, designado por este Tribunal en un caso disciplinario, atender las querellas presentadas por el Procurador General contra un abogado, así como recibir la prueba, evaluar y dirimir los conflictos de prueba. Este funcionario ocupa el rol del juzgador de primera instancia, por lo que está en mejor posición de aquilatar la prueba testifical presentada. Sus determinaciones de hechos, basadas en prueba testimonial, merecen nuestra mayor deferencia. Cuando éstas están sostenidas por la evidencia que obra en nuestro expediente, no habremos de intervenir, en ausencia de una demostración de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba.

No hemos encontrado nada en el expediente que justifi-que que intervengamos con las determinaciones de hechos formuladas por el Comisionado Especial. Éstas se encuen-tran apoyadas en la evidencia presentada y admitida. Con-cluimos que la presunción sobre su corrección no ha sido rebatida.

Coincidimos con la determinación fáctica del Comisio-nado Especial en cuanto a que los $7,000, cobrados por el querellado por representar al señor Rodríguez fue una can-tidad justa y razonable por honorarios de abogado. El que-rellado representó al señor Rodríguez en el caso Núm. KLAN 1998-0249 ante el anterior Tribunal de Circuito de Apelaciones para revisar la sentencia emitida por el foro primario en el caso Núm. NAC96-0093. De igual manera, representó al señor Rodríguez ante nos en el caso Núm. CC-98-628, recurso de certiorari presentado para revisar la sentencia del foro intermedio apelativo en el referido caso Núm. KLAN 1998-0249. Asimismo, el querellado repre-sentó al señor Rodríguez ante el foro primario en el caso Núm. NAC99-0031 y, posteriormente, ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones en el caso Núm. KLAN 2000-1002 para revisar la sentencia dictada por el foro primario en ese caso. En total, el querellado representó al aquí quejoso en cuatro recursos judiciales, en tres instancias distintas. Estamos impedidos, en esta etapa y dentro de un procedi-miento disciplinario, dirimir si hubo o no temeridad de parte del querellado en su desempeño profesional como abogado del quejoso, el señor Rodríguez, en los referidos casos. Tal determinación advino final y firme cuando el foro primario, el intermedio apelativo y este Tribunal no concluyeran que hubiera mediado temeridad alguna de la parte demandante de autos.

Le recordamos a los miembros de la clase togada la norma contenida en el Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra, en cuanto a que es deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios de abogado por ser cobrados, al inicio de la relación profesional, y que dicho acuerdo “sea reducido a escrito”. La práctica más deseable y la mejor forma de los abogados evitar disputas con sus clientes sobre los términos y las condiciones de una relación profesional, se alcanza reduciendo a escrito los contratos de servicios profesionales.

Por los fundamentos antes expuestos, exoneramos al querellado del cargo formulado por el Procurador General.

       El 22 de diciembre de 2001, el Lie. Benito Gutiérrez Díaz presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción en la que indicaba que asumía la repre-sentación legal del señor Rodríguez.

       4 L.P.R.A. Ap. IX.

       Art. 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4111. Véase, además, Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161, 171 (1989).

       Art. 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4013. Véase, además, Pérez v. Col. Cirujanos Dentista de P.R., 131 D.P.R. 545, 552 (1992).

        In re Barlucea Cordobés, 155 D.P.R. 284 (2001); Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360, 369 (1989).

        Nassar Rizek v. Hernández, supra.

        In re Barlueea Cordobés, supra.

        Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, supra, pág. 172.

        In re González Ortiz, 162 D.P.R. 80 (2004); In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).

        In re González Ortiz, supra.