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license: Public Domain

text:
      In re Miguel Deynes Soto.

      Número: CP-1998-17

      Resuelto: 24 de octubre de 2005

      Pedro E. Ortiz Álvarez, abogado del querellado.
   RESOLUCIÓN

Examinados la Moción para Solicitar Reinstalación, del Sr. Miguel Deynes Soto, y los documentos de su expe-diente, se declara “con lugar” dicha moción. Se reinstala al ejercicio de la abogacía tal y como fue solicitado, por haber cumplido el término de la suspensión decretada.

Notifíquese por telefax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta no intervinieron.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: per curiam:

text:
      In re María J. Busó Aboy, querellada.

      Número: AD-2003-1

      Resuelto: 26 de octubre de 2005

      Ramón Rodríguez Cintrón y Fernando L. Torres Ramirez, abogados de la parte querellada; María Victoria López Me-néndez y Eva Dolores Vives Figueroa, asesoras legales de la Oficina de Administración de los Tribunales; Flavio E. Cumpiano Villamor, presidente en función de la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera y del Tribunal de Circuito de Apelaciones; Aida N. Molinary De la Cruz, pre-sidenta de la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Pri-mera y del Tribunal de Circuito de Apelaciones; Delia Lugo Bougal, comisionada asociada de la Comisión de Disci-plina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera y del Tribunal de Circuito de Apelaciones.
   per curiam:

La Lie. María J. Busó Aboy fue admitida al ejercicio de la abogacía el 1 de marzo de 1990. El 21 de noviembre de 1990 juramentó como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. Posteriormente, el 12 de febrero de 1996, se le extendió un nuevo nombramiento por un segundo término de ocho años como Juez Municipal. Desde entonces ejerció su cargo en varias de las regiones judiciales del país hasta que renunció al cargo el 2 de sep-tiembre de 2003.

El caso de autos tiene su génesis en una querella pre-sentada por la Oficina de Administración de los Tribunales contra Busó Aboy, por hechos ocurridos mientras fungió como juez en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Cidra.!) A la fecha de su renuncia estaba pen-diente el procedimiento disciplinario que se llevaba en su contra por los hechos que dieron lugar a la controversia ante nos.

Luego de celebradas las vistas de rigor, el 2 de diciem-bre de 2004 la Comisión de Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de

Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelacio-nes (Comisión) emitió su informe final sobre la querella presentada. Del referido informe surge el trasfondo fáctico que exponemos a continuación.

El 15 de mayo de 2001 le fue expedido al vehículo de motor propiedad de la licenciada Buso Aboy un boleto de $15 —en concepto de falta administrativa de tránsito— de-bido a que, alegadamente, estaba estacionado en una línea amarilla en la Avenida Ponce de León en San Juan.

Días más tarde, el 24 de mayo de 2001, mientras la querellada se encontraba en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia de Cidra, le comentó a la secretaria auxiliar, Magaly Colón Mendoza, y al mantenedor de área, Daniel Mercado Aponte, que le habían expedido el antes mencionado boleto. De igual forma, les informó su inten-ción de presentar, ante el referido tribunal de Cidra, un Recurso de Revisión de Falta Administrativa de Tránsito.

En virtud de lo anterior, Mercado Aponte le facilitó un formulario para que pudiera presentar su recurso de revisión Buso Aboy solicitó de éste que cumplimentara el recurso de revisión para que no apareciera su letra en el documento y le entregó el boleto de falta administrativa. Mercado Aponte llenó los blancos relacionados con la des-cripción del vehículo, la tablilla, la sección de ley de la falta administrativa, el número del boleto, la fecha de la expedi-ción del boleto y el lugar donde ocurrió la falta administrativa.

Los fundamentos para impugnar la falta administrativa y la dirección de la parte recurrente fueron suplidos direc-tamente por Buso Aboy. Mercado Aponte también llenó el epígrafe del recurso de revisión, escribiendo el nombre de la parte recurrente como María J. Busó Aboy y, por instruc-ciones de la juez, él mismo firmó el recurso de revisión como “María Busó”.

Habiendo cumplimentado el recurso, Mercado Aponte se lo entregó a Colón Mendoza, quien al observar el boleto se percató que no había sido expedido en Cidra sino en San Juan. En virtud de lo anterior, ésta le señaló a Busó Aboy que posiblemente no podría presentar el recurso de revi-sión en el Tribunal de Primera Instancia de Cidra. No obs-tante, Busó Aboy le indicó que ella entendía que no habría problemas con su presentación y, por ello, le instó a presentarlo. Colón Mendoza procedió a así hacerlo y, en-tonces, le imprimió el sello de hora y fecha de presentación (“10:30 Mayo, 24, 2001”) y lo entró en el Libro de Radica-ciones con el número ECCI2001-00109.

Ese mismo día, Mercado Aponte buscó el formulario Re-solución de Recurso de Revisión de Falta Administrativa de Tránsito. Estando las tres personas antes mencionadas presentes en Secretaría, Mercado Aponte escribió en el for-mulario de Resolución el nombre “María Busó”, como recu-rrente, y llenó la información referente a la tablilla, el nú-mero del boleto y el número de la licencia. Colón Mendoza anotó el número de recurso de revisión. La entonces juez Busó Aboy hizo unas cruces (X) al lado de unas líneas, señalando así las razones que daban lugar a la Resolución, declarando “con lugar” el recurso de revisión y ordenando eliminar el gravamen de la licencia.

Busó Aboy firmó esa Resolución el 24 de mayo de 2001, instruyendo a Mercado Aponte para que anotara la fecha de expedición de la resolución como el 3 de julio de 2001, que era la próxima fecha en el calendario de vistas del Tribunal Municipal de Cidra en que se atenderían los re-cursos de revisión de las faltas administrativas de tránsito. Posteriormente, Colón Mendoza certificó la notificación como hecha el 3 de julio de 2001. No obstante lo anterior, no se estampó el sello del tribunal a la Resolución. Así las cosas, Colón Mendoza —a solicitud de Busó Aboy— pro-cedió a entregarle a ésta copia de los documentos, a saber: del boleto, del recurso de revisión y de la Resolución.

Posteriormente, al tratar de entrar el caso en el sistema computarizado de apoyo a los tribunales, donde se recopila la información de los casos, Colón Mendoza no pudo acce-der con el número de clave de Busó Aboy debido a que sólo podía tener acceso con el número de clave de la juez Nilda Cruz Aponte, quien en esos momentos se encontraba de vacaciones. Por tal razón, Colón Mendoza se comunicó con Busó Aboy y le explicó lo sucedido. La entonces juez Busó Aboy le informó que se comunicaría con la juez Cruz Aponte. Poco tiempo después, Busó Aboy llamó a Colón Mendoza y le comunicó que había hablado con la juez Cruz Aponte y ésta le había indicado que no había problemas con entrar el caso al sistema con su número de clave.

Siguiendo estas instrucciones, Colón Mendoza entró el recurso de revisión al sistema de apoyo computarizado el 15 de junio de 2001, utilizando la clave de acceso de la juez Cruz Aponte. Al entrar el caso, el sistema lo incluyó en el calendario de vistas y emitió las citaciones a Busó Aboy y al Departamento de Transportación y Obras Públicas para vista el 3 de julio de 2001.

Así las cosas, Colón Mendoza —preocupada por la serie de irregularidades que habían ocurrido— le informó a la juez Cruz Aponte todo lo sucedido cuando ésta llegó de sus vacaciones. La mencionada magistrada, luego de examinar el expediente y percatarse de la existencia de la resolución suscrita por la querellada, le informó el asunto al Juez Administrador de la Región Judicial de Caguas. Éste —luego de reconocer la firma de Busó Aboy en el docu-mento de resolución— decidió referir el asunto a la Oficina de la Directora Administrativa de los Tribunales, quien, a su vez, refirió el asunto a la Oficina de Asuntos Legales de la Administración de los Tribunales.

Al concluir la investigación correspondiente, el 13 de mayo de 2003 la Oficina de Administración de los Tribuna-les rindió un informe —en el cual se incluía la prueba do-cumental y las declaraciones tomadas durante dicho proce-dimiento— a la Comisión. En virtud de ello, la Comisión designó a la Leda. Delia Lugo Bougal para el procedi-miento de determinación de causa probable. El 2 de julio de 2003 la Leda. Delia Lugo Bougal rindió su informe en donde determinó que, efectivamente, existía causa probable para iniciar el procedimiento disciplinario.

Así las cosas, el 2 de septiembre de 2003 se presentó una querella contra la licenciada Busó Aboy, donde se le imputaron cargos por infracciones a los Cánones I, II, V, XI, XII(a) y (b), XXIII y XXVI de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. Además, se le imputó haber actuado en contra-vención de la Ley de la Judicatura de 1994 y de la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Ese mismo día, la licenciada Busó Aboy presentó su re-nuncia al cargo de Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia, efectiva el 15 de septiembre de 2003, para aco-gerse a los beneficios del retiro. Ésta fue aceptada por la entonces Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Sila María Calderón.

No obstante la renuncia de ésta, el 15 de septiembre de 2003 este Tribunal —conforme a las disposiciones de la Regla 37 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XV-A— instruyó a la Comisión a que continuara con los procedimientos disci-plinarios iniciados contra la licenciada Busó Aboy, de en-tender y resolver que la conducta imputada, de ser pro-bada, constituía una violación a los cánones del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Mediante resolución a esos efectos, la Comisión le con-cedió un término a la Oficina de Administración de los Tribunales para que se expresara con respecto a si los hechos imputados a la licenciada Busó Aboy constituían una posi-ble violación a los cánones del Código de Ética Profesional. De igual forma, ordenó que, de ser necesario, presentara la correspondiente querella enmendada o, si no se constituía una violación, indicara si debía desestimarse la querella.

En cumplimiento con la referida orden, y luego de con-cluir que la conducta de Busó Aboy infringía varios de los cánones del Código de Ética Profesional, el 14 de octubre de 2003 la Oficina de Administración de los Tribunales pre-sentó una querella enmendada donde se le imputaron a la licenciada Busó Aboy —además de los cargos incluidos en la querella original por violaciones a los Cánones de Ética Judicial— cuatro cargos por infracciones al Art. 1 del Preámbulo del Código de Ética Profesional (Preámbulo), 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 1 n., y a los Cánones 9, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. La Comi-sión determinó causa y autorizó la presentación de la que-rella enmendada.

Oportunamente, la licenciada Busó Aboy presentó su contestación a la querella enmendada, en la que expresó su versión de lo acontecido. En su comparecencia negó haber violado los cánones del Código de Ética Profesional y se-ñaló que no discutiría las supuestas violaciones a los Cá-nones de Ética Judicial imputados, ya que entendía que, debido a que se había acogido al retiro, éstas se habían tornado académicas. Alegó, en síntesis, que las imputacio-nes a las violaciones a los Cánones de Ética Profesional eran infundados, ya que ella nunca autorizó a Mercado Aponte a firmar por ella su recurso de revisión. Indicó, además, que si bien era cierto que había firmado la resolu-ción donde se resolvía el referido recurso, esto había sido por error involuntario y creyendo que era el recurso de revisión que ella estaba presentando para revisar el boleto que se le había expedido. Argüyó que lo anterior quedó demostrado por el hecho de que aunque existía la referida resolución se continuó con los procedimientos para poder conseguir al agente que expidió el boleto y se señaló el caso para vista a ser resuelto por la juez Cruz Aponte.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, y de llevarse a cabo la vista evidenciara correspondiente, el 2 de septiembre de 2004 la Comisión emitió su informe. En éste concluyó que la conducta imputada a la licenciada Busó Aboy constituía una violación a los Cánones I, II, V, XI, XII(a) y (b), XXIII y XXVI de Ética Judicial, ante. De igual forma, determinó que constituía una violación al Canon 38 del Código de Etica Profesional, ante. En virtud de lo anterior, recomendó que se separara a Busó Aboy de la prác-tica de la abogacía.

Posteriormente, y luego de que la querellada solicitara la reconsideración del informe, el 2 de diciembre de 2004 la Comisión emitió su informe final del caso, en el cual cam-bió su recomendación a que sólo se separara a Busó Aboy por un año de la práctica de la abogacía. La licenciada Busó Aboy no impugnó el informe final de la Comisión. Resolvemos.

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De entrada vale la pena señalar que no albergamos duda alguna de que los hechos determinados por la Comisión reflejan que la conducta de la querellada, mientras se desempeñó como Jueza Municipal, constituyó una violación a los Cánones I, II, V, XI, XII(a) y (b), XXIII y XXVI de Etica Judicial, ante. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2003 la licenciada Busó Aboy presentó la renuncia a su cargo. A la luz de lo anterior, nos limitaremos a pasar juicio sobre las actuaciones de la licenciada Busó Aboy a la luz de las disposiciones de los cánones del Código de Etica Profesional. Ello en virtud de que, según la Regla 37 de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separa-ción del Servicio por Razón de Salud de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones, ante, “el hecho de que un miembro de la Judicatura cese en sus funciones, ya sea por renuncia o por haber vencido el término de su designación, no impide que continúe un procedimiento disciplinario en su contra siem-pre que la conducta imputada dé lugar a su desaforo o suspensión del ejercicio de la abogacía”. In re Suárez Marchán, 159 D.P.R. 724, 734 (2003). Véanse, además: In re Scherrer Caillet-Bois, 162 D.P.R. 842 (2004); In re Campoamor Redín, 150 D.P.R. 138, 147-148 (2000); In re Lugo Rodríguez, 149 D.P.R. 551, 555 (1999).

I — i HH

Como es sabido, “[e]l día en que un abogado presta juramento ante el Tribunal Supremo le es concedido un gran privilegio: el de poder ejercer una profesión, honrosa por demás, que tiene una rica y extraordinaria tradición y que desempeña un importante papel en nuestra sociedad”. In re Quintero Alfaro, 161 D.P.R. Ap. (2004), Caso Núm. TS-3034, Per Curiam de 9 de febrero de 2004, pág. 2. “Al juramentar una persona como abogado, éste se convierte en funcionario del Tribunal y ministro ordenado de la justicia y se compromete a desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, compromiso e integridad.” íd. Véase Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 613-614 (1993).

No obstante, y como hemos señalado, este privilegio no está exento de responsabilidades; entre ellas está la de desempeñar con lealtad los deberes que como abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico les imponen la ley y el Código de Ética Profesional. íd.

Específicamente, el Preámbulo consigna el ideal del buen abogado y “la importancia de la fe en la justicia como factor determinante de convivencia social”. In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623, 649 (2001). Véase In re Sepulveda, Casiano, 155 D.P.R. 193 (2001). A tales efectos, y en lo aquí pertinente, el referido precepto establece que será deber de todo abogado “instituir y mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía”. In re Sepulveda, Casiano, ante, pág. 204. Es decir, “[r]ecae en la profesión jurídica la misión de preservar la fe del Pueblo en la justicia, uno de los pilares básicos para la consecución de la convivencia social dentro de una democracia”. Id.

Por otra parte, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, ante, le impone a los miembros de la clase togada la obligación de observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. In re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 813 (2005); In re Soto Colón, ante; In re Rivera García, 147 D.P.R. 746, 748-749 (1999); In re Rodríguez Ortiz, 135 D.P.R. 683, 686 (1994). Como hemos señalado, este precepto requiere “que los abogados, cuando hayan de dirigirse al tribunal —aún para criticarle— lo hagan con respeto y deferencia”. In re Crespo Enriquez, 147 D.P.R. 656, 662-663 (1999).

Por su parte, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, ante, impone a los abogados “un deber de sinceri-dad y honradez ante los tribunales, frente a sus represen-tados y al relacionarse con sus compañeros de profesión”. In re Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49, 53 (1999). Véase, además, In re Soto Colón, ante.

A tales efectos, el referido canon establece, en lo aquí pertinente, que “no es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes [sic] con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho”. (Énfasis suprimido.) In re Silvagnoli Collazo, 154 D.P.R. 533, 540 (2001). Véase, además, In re Aguila López, 152 D.P.R. 49, 52-53 (2000).

Con respecto a las obligaciones consagradas en este canon, hemos expresado, en innumerables ocasiones, que éstas constituyen “normas mínimas de conducta que sólo pretenden preservar el honor y la dignidad de la profesión”. In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572, 587 (2004). Véanse: In re Collazo Sánchez, 159 D.P.R. 769 (2003); In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002); In re Soto Colón, ante; In re Criado Vázquez, 155 D.P.R. 436 (2001). Por tal razón, el abogado no sólo debe observarlas durante un pleito, sino en toda faceta en la cual se desenvuelva. In re Collazo Sánchez, ante; In re Soto Colón, ante; In re Criado Vázquez, ante; In re Belk, Serapión, 148 D.P.R. 685, 691 (1999).

A esos efectos, hemos expresado que “[e]l compromiso de un abogado con la verdad debe ser siempre incondicional”. In re Montañez Miranda, ante, pág. 284. Véase In re Guzmán Esquilín, 146 D.P.R. 853 (1998). Ello debido a que “[m]ás que un ideal irrealizable, la verdad es atributo inseparable del ser abogado y, sin ella, la profesión jurídica no podría justificar su existencia”. In re Montañez Miranda, ante, pág. 281. Véanse: In re Sepulveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001); In re Martínez, Odell II, 148 D.P.R. 636, 641 (1999).

Conforme a lo anterior, hemos señalado que “[e]l abogado no puede proveer al tribunal información falsa o que no se ajuste a la verdad, ni puede tampoco ocultarle información certera que deba ser revelada”. In re Astado Caraballo, 149 D.P.R. 790, 799 (1999). Véase, también, In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998). De igual forma, tampoco “puede un abogado acudir al sistema de administración de justicia si, al así hacerlo, y con el fin de adelantar sus propios intereses, falta a la verdad”. In re Astado Caraballo, ante, pág. 799.

En virtud de lo anterior, este Tribunal ha ex-presado reiteradamente que se infringe el deber impuesto por el Canon 35, ante, “con el simple hecho objetivo de faltar a la verdad, lo cual supone una conducta lesiva a las instituciones de justicia, independientemente de los motivos para la falsedad”. (Énfasis suprimido.) In re Astado Caraballo, ante, pág. 799. Véase, además, In re Belk, Serapión, ante. Es decir, “[p]ara incurrir en esta falta, no es necesario que se haya faltado a la verdad deliberadamente o de mala fe, con la intención de defraudar o engañar o que se haya producido un perjuicio a terceros”. In re Astado Caraballo, ante, pág. 799. Véanse, además: In re Ortiz Martínez, ante; In re Montañez Miranda, ante; In re Sepulveda Girón, ante; In re Martínez, Odell I, ante; In re Chaar Cacho, 123 D.P.R. 655 (1989); In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993).

De otra parte, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante, extiende la obligación de los abogados de conducirse en forma digna y honrada a su vida privada. In re Quiñones Ayala, 165 D.P.R. 138 (2005); In re Soto Colón, ante; In re Silvagnoli Collazo, ante.

Todo ello debido a que “[l]a apariencia de conducta impropia puede resultar muy perniciosa con respeto de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y a la confianza que los clientes depositan en sus abogados”. In re Ortiz Martínez, ante, pág. 588. Véase, además, In re Sepulveda Girón, ante.

A tales efectos, hemos señalado que “por ser los abogados el espejo donde se refleja la imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función social que ejercen”. In re Quiñones Ayala, ante, pág. 131. Véanse, además: In re Silvagnoli Collazo, ante; In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542 (2000); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313, 319 (1974). Por tal razón, “el abogado habrá de desempeñarse con dignidad y alto sentido del honor, aunque eso implique ciertos sacrificios personales”. In re Quiñones Ayala, ante, pág. 131. Véanse, además: In re Silvagnoli Collazo, ante; In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555, 562 (1993).

> I — I

En ocasiones anteriores expresamos que este Tribunal no habrá de alterar las determinaciones de hechos de la Comisión, salvo en aquellos casos en los que se demuestre parcialidad, prejuicio o error manifiesto. In re Scherrer Caillet-Bois, ante; In re Suárez Marchán, ante; In re Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86 (1998). En este caso, tras un examen sereno y minucioso del informe rendido por la referida Comisión y de la prueba que obra en el expe-diente, no encontramos razón por la cual debamos interve-nir con las determinaciones fácticas de dicho cuerpo.

Un examen de los hechos del presente caso denotan de-formación moral de parte de la querellada Busó Aboy. La serie de irregularidades en las que incurrió Busó Aboy, analizadas en conjunto, aunque no constituyen una viola-ción al Canon 9, ante —por estar este precepto dirigido a regir la conducta del abogado litigante en corte— constitu-yen sin lugar a dudas violaciones tanto al Canon 35 como al Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante, al ésta no haber ejercido su profesión con sinceridad y honradez, al no haberse conducido de manera digna y honorable, y al haber faltado a la verdad.

Tal y como señaláramos, en el presente caso Busó Aboy no sólo presentó su recurso de revisión en el tribunal de Cidra, aun cuando tenía conocimiento que dicho foro no tenía competencia para atenderlo, sino que presentó su re-curso en un tribunal en el cual ella ejercía labores como Juez Municipal. Si a esto le añadimos que la querellada instruyó a un empleado a que cumplimentara su recurso y lo firmara para que no apareciera su letra en el docu-mento; que instó a la secretaria del tribunal a presentar y entrar en el Libro de Radicaciones el recurso de revisión —aun cuando ésta tuvo dudas con respecto a la corrección de tal acción— que cumplimentó y firmó su propia resolu-ción eximiéndose de responsabilidad, postdatándola el 3 de julio de 2001, y que le indicó a la secretaria que no había problema con que entrara el caso con el número de clave de acceso de la juez en propiedad, llegamos a la inevitable conclusión de que Busó Aboy no desempeñó su profesión con la mayor y más excelsa competencia, compromiso e integridad.

Ciertamente, el comportamiento observado por Busó Aboy no estuvo a la altura de la honrosa profesión que ostenta y mucho menos actuó como ministro y buen funcio-nario del tribunal. No hay duda que sus actuaciones viola-ron de manera inaceptable el deber de todo abogado, como funcionario del tribunal, de colaborar en la compartida e indivisible encomienda de lograr la verdad y administrar cumplida la justicia.

En el presente caso, la querellada no sólo faltó a la verdad, sino que lo hizo con el expreso propósito de engañar al tribunal. Como hemos señalado antes,

“Una información falsa presentada por abogados al tribunal constituye conducta profesional reprobable .... La mentira de-grada el carácter y envilece el espíritu y es antítesis de la con-ducta recta y honorable que el Código de Ética Profesional exige de todo abogado. Jugar al esconder con la justicia, que es jugar al esconder con la verdad, es práctica deleznable....” (Én-fasis suplido.) In re Filardi Guzmán, ante, pág. 718, citando a In re Ramos y Ferrer, 115 D.P.R. 409, 412 (1984).

Peor aún, la querellada llevó a cabo tal conducta sólo para obtener un beneficio personal, esto obviando que reiteradamente hemos expresado que el abogado “ ‘deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales [,] y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia’ ”. In re Vélez Lugo, 164 D.P.R. 751, 755 (2005). Véase In re Scherrer Caillet-Bois, ante.

Tal conducta, lejos de representar respeto y exaltación judicial, constituyó una violación a los cánones del Código de Etica Profesional y merece nuestro más fuerte repudio. Sin duda Busó Aboy se olvidó que tenía la obligación de mantener y promover inmaculada la imagen de la justicia.

Las actuaciones de Busó Aboy no sólo laceran el honor y la dignidad de la profesión, sino que violentan claramente los preceptos básicos que rigen a todos los miembros de la clase togada, los cuales imponen la obligación de actuar con el más alto sentido de compromiso y respeto hacia la profesión.

Resulta evidente que las condiciones morales de Buso Aboy no son las adecuadas para poder llevar a cabo tan ilustre profesión. Más aún, resulta inevitable llegar a la conclusión de que la querellada no tiene la entereza y cua-lidades morales, necesarias e indispensables, para poder continuar practicando la honrosa profesión de abogado en nuestra jurisdicción.

Los hechos particulares de este caso constituirían, como mínimo, causa suficiente para destituir a un juez de su puesto. Habiendo Buso Aboy renunciado a su cargo, pro-cede que actuemos contra ésta en su calidad de abogada. Por los fundamentos antes expresados y por la naturaleza y gravedad de la conducta incurrida por María J. Buso Aboy, se decreta la suspensión inmediata e indefinida de ésta del ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

      (1) La licenciada Busó Aboy fue asignada a la Sala Municipal del Tribunal de Primera Instancia de Cidra mientras la ex juez Nilda Cruz Aponte —juez asignada a dicho tribunal— se encontraba de vacaciones.

       Este es el formulario O.A.T. — Recurso de Revisión Bajo la Ley 111 de 1964, Falta Administrativa de Tránsito, según enmendada por la Ley 124 del 2 de junio de 1976.

       El cuerpo de la Resolución indica lo siguiente:
      “Visto el Recurso de Revisión sometido por el peticionario de epígrafe en Caguas Puerto Rico, el Tribunal luego de la vista llevada a cabo en relación al mismo, dicta la siguiente RESOLUCIÓN basándose en las razones que más adelante se expresan:

        X Comparece el Recurrente
      _ No comparece el Recurrente, a pesar de haber sido notificado previamente
      del señalamiento y no presentó excusas al Tribunal.
      _ Comparece el Policía denunciante.

        X No comparece el Policía denunciante, a pesar de haber sido notificado pre-viamente del señalamiento y no presentó excusas al Tribunal.

        X Sometido por las alegaciones.

        X CON LUGAR el Recurso de Revisión y se ORDENA:

        X Eliminar el gravamen de la licencia
      _ Devolución de licencia
      _ Devolver la multa pagada
      _ SIN LUGAR el Recurso de Revisión
      En Cidra, Puerto Rico a 3 de julio de 2001.

      Fdo. María J. Busó Aboy JUEZ MUNICIPAL”
      Informe final de la Comisión, págs. 10-11.

       En el primer cargo se le imputó a la querellada haber violado el Canon XII(a) y (b), y XXIII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, al valerse de su investidura judicial para sacar provecho en una controversia en la que era parte interesada, para revisar su propio recurso, para utilizar su autoridad sobre los empleados del tribunal y para inducirlos a un comportamiento irregular y en violación de la ley.
      En el segundo cargo se le imputó haber violado los Cánones I, II, V y XI de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, al faltar al deber de mantener una imagen impecable ante la sociedad y mantener la confianza de ésta en la Judicatura.
      En el tercer cargo se le imputó haber incurrido en una violación no sólo del Canon XXVI de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, sino, además, a la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y a la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, por no autoinhibirse en atender un caso en el cual tenía un interés personal en su resultado.
      En el cuarto cargo se le imputó haber violado el Art. 1 del Preámbulo del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 1 n., por haber incurrido en conducta deshonesta, impropia y contraria al espíritu de los cánones de ética profesional, cuyo fin es servir como una guía mínima para que los miembros de la profesión jurídica se desempeñen con la mayor competencia, responsabilidad e integridad.
      En el quinto cargo se le imputó haber violado el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. EX, debido a que, siendo funcionaría del tribunal, abusó de sus prerrogativas, conducta que debe ser desalentada y denunciada por todo abogado. De igual forma, se le imputó haberse valido de su cargo para instruir a funcionarios del tribunal a apartarse de sus deberes y a que actuaran de manera irregular, en violación a las normas y reglamentos de la Rama Judicial, con el pro-pósito de obtener un beneficio personal.
      En el sexto cargo se le imputó haber infringido el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al faltar a su deber de sinceridad y honradez hacia los tribunales, ya que revisó su propio boleto de tránsito.
      En el séptimo y último cargo, se le imgutó haber incurrido en conducta contraria y en violación del Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que va en detrimento del honor y la dignidad de la profesión legal.

       El Canon 9, ante, establece, en lo aquí pertinente, que:
      “El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se carac-terice por el mayor respeto ....
      “El deber de respeto propio para con los tribunales incluye también la obligación de tomar las medidas que procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de sus prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y que no observen una actitud cortés y respetuosa.”

       Hemos señalado, además, que “[s]e infringe este deber deontológico con el hecho objetivo de faltar a la verdad en funciones propias de un abogado o cuando, actuando como ciudadano común, se pretende realizar actos o negocios de trascen-dencia jurídica”. In re Martínez, Odell II, 148 D.P.R. 636, 642 (1999). Véanse, además: In re Ortiz Martínez, 161 D.P.R. 572 (2004); In re Montañez Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002); In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345 (2001).

       El Canon 38 (4 L.P.R.A. Ap. IX) establece, en lo aquí pertinente, que:

        “El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios persona-les y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su con-ducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. Tal par-ticipación conlleva necesariamente asumir posiciones que puedan resultarle perso-nalmente desagradables pero que redundan en beneficio de la profesión....
      “Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.”


text:
      In re Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal.

      Número: EN-2005-08

      Resuelto: 26 de octubre de 2005
   RESOLUCIÓN

El 8 de octubre de 2005 este Tribunal emitió la Resolu-ción Núm. EC-2005-2, mediante la cual reactivó el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial, con la encomienda de evaluar las Reglás de Procedimiento Criminal a la luz de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 24 et seq.

Con el propósito de ampliar la composición de dicho co-mité, se designa al Hon. Hiram Sánchez Martínez como miembro.

Esta designación tendrá efectividad inmediata. Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re José A. De la Texera Barnes y José G. Marrero Luna.

      Número: CP-1995-15

      Resuelto: 26 de octubre de 2005
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Solicitando Reinstalación, se au-toriza la reinstalación del Sr. José A. De la Texera Barnes al ejercicio de la abogacía, por haber cumplido el término de la suspensión decretada.

Notifíquese por telefax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


author: El Juez Presidente Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

text:
    Partido Nuevo Progresista en Humacao, recurrido, v. José Carrasquillo, Director de Finanzas del Municipio de Humacao, peticionario.

      Número: CC-2005-15

      Resuelto: 27 de octubre de 2005

      Israel Delgado Ramos, abogado de la parte peticionaria; Carlos J. Correa Ramos, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver si una demanda instada contra el Alcalde del Municipio de Humacao, en la que se so-licita que cesara de publicar ciertos anuncios y de colocar varios letreros, se ha tornado académica debido a la remo-ción de dichos letreros y al comienzo del período de veda electoral.

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En diciembre de 2002 el Partido Nuevo Progresista de Humacao (PNP de Humacao) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una petición de interdicto preliminar y permanente contra el Municipio de Humacao (Municipio), su alcalde, Hon. Marcelo Trujillo Panisse (Alcalde), y su director de finanzas, el Sr. José Carrasquillo Jiménez.

En su demanda, el PNP de Humacao alegó, en síntesis, que el Alcalde utilizó fondos públicos para publicar su re-trato en anuncios del Municipio en contravención a la Ley Núm. 52 de 6 de agosto de 1994. Adujo, además, que empleados municipales instalaron en ciertas carreteras dos letreros gigantescos con la foto del Alcalde y un men-saje de felicitación de parte de la administración municipal. Por último, solicitó que se ordenara al Munici-pio que desistiera de publicar dichos anuncios y que remo-viera los referidos letreros de la carretera. Alegaban que los mencionados anuncios y letreros tenían el efecto de coaccionar el libre pensamiento del pueblo y constituían un mal manejo de fondos públicos, en contravención del Art. VI, Sec. 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, y al axioma de igualdad en materia electoral que permea todo nuestro ordenamiento constitucional.

El Municipio removió los letreros justo después de la presentación de la demanda. Así las cosas, el foro de ins-tancia inicialmente denegó ambas peticiones de interdicto por entender que la referente a los rótulos era improce-dente, pues ya se habían removido, y la concerniente a los anuncios no procedía, ya que no se aportó prueba de que se hubieran pagado con fondos públicos. No obstante, el foro primario reconsideró dicha decisión y reinstaló el caso para considerar exclusivamente si procedía emitir el interdicto permanente que ordenó al Municipio que cesara de publi-car los anuncios.

Luego de varios incidentes procesales, en el 2004 el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia, desestimando la demanda por entender que se había tornado académica. Resolvió que, al entrar en vigor la veda electoral el 1 de enero de 2004, en conformidad con el Art. 8.001 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3351, le compete exclusivamente a la Comisión Estatal de Elecciones la facultad de determi-nar cuáles anuncios gubernamentales pueden publicarse y cuáles no pueden publicarse por carecer de un fin público legítimo.

El PNP de Humacao recurrió de dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Alegó, en síntesis, que el pleito no debía desestimarse por académico, ya que la con-troversia era susceptible de repetirse puesto que los anun-cios podían volver a publicarse y pagarse nuevamente con fondos públicos. El foro apelativo acogió los planteamien-tos del PNP de Humacao y revocó al foro de instancia. Re-solvió que la controversia era capaz de repetirse aunque resultara electo un alcalde distinto al incumbente.

Inconforme, el Municipio acude ante nos señalando que incidió el Tribunal de Apelaciones al concluir que la contro-versia no se había tornado académica. Emitimos una orden para mostrar la causa por la cual no debíamos revocar al foro apelativo. Luego de examinar las comparecencias de las partes, procedemos a resolver.

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A. Nuestro ordenamiento contiene una sene de requisitos, de origen constitucional o de creación judicial, que los tribunales deben observar antes de pronunciarse sobre los méritos de una controversia. Dichos requisitos suelen agruparse bajo el tema general de la “justiciabilidad”. Véanse: R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, págs. 97-100; E. Chemerinsky, Constitutional Law Principles and Policies, 2da ed., Nueva York, Ed. Aspen, 2002, págs. 49-50. Se ha reconocido que un caso no es justiciable cuando las partes no tienen legitimación activa, cuando un asunto carece de madurez, cuando la pregunta ante el tribunal es una cuestión política y cuando un caso se ha tornado académico. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421-422 (1994).

Por mucho tiempo se ha debatido si las doctrinas de justiciabilidad tienen rango constitucional o si mera-mente constituyen reglas prudenciales de autolimitación judicial. Véanse: E. Chemerinsky, A Unified Approach to Justiciability, 22 (Núm. 4) Conn. L. Rev. 677, 691-694 (1990); J. Alvarez González, La protección de los derechos humanos en Puerto Rico, 57 (Núms. 1-2) Rev. Jur. U.P.R. 133, 167 (1988). Independientemente de ello, en Puerto Rico este Tribunal, como mecanismo para fomentar que la intervención judicial ocurra en el momento más oportuno, siempre ha reconocido que en casos como el de autos lo primero que hay que determinar es si la controversia es justiciable.

De acuerdo con lo antes expuesto, la cuestión de umbral en este caso es si la controversia que originó este recurso se tornó académica debido a la remoción de los letreros y a la entrada en vigor de la veda electoral.

B. Como norma general, un caso debe desestimarse por académico cuando los hechos o el derecho aplicable ha variado de tal forma que ya no existe una controversia vigente entre partes adversas. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980); Chemerinsky, op. cit, pág. 112. En esencia, la academicidad no es otra cosa que la “doctrina de la acción legitimada enmarcada en el tiempo: El interés personal requerido debe existir al comienzo del litigio (‘standing’) y debe continuar durante toda la duración de éste (academicidad)”. (Traducción nuestra.) H.P. Monaghan, Constitutional Adjudication: The Who and When, 82 (Núm. 7) Yale L.J. 1363, 1384 (1973). Véase, además, United States Parole Comm’n v. Geraghty, 445 U.S. 388, 397 (1980).

El propósito de la doctrina es evitar el uso inadecuado de recursos judiciales y obviar precedentes innecesarios. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 (2000). Por otro lado, se ha señalado que, en ocasiones, la desestimación de un caso por académico puede tener un efecto nocivo, ya que ello “puede causar que la misma pre-gunta se litigue en muchos otros tribunales hasta que sea finalmente resuelta por el Tribunal Supremo”. (Traducción nuestra.) Chemerinsky, op. cit., pág. 113. Véase, también, G.R. Nichol, Jr., Moot Cases, Chief Justice Rehnquist and the Supreme Court, 22 (Núm. 4) Conn. L. Rev. 703 (1990). Para evitar esa relitigación innecesaria, la jurisprudencia ha desarrollado cuatro excepciones a la doctrina de la aca-demicidad, a saber: (1) cuando se presenta una controver-sia recurrente y capaz de evadir la revisión judicial, (2) cuando la situación de hechos ha sido modificada por el demandado pero no tiene visos de permanencia, (3) cuando la controversia se ha tornado académica para el represen-tante de una clase pero no para otros miembros de la clase, y (4) cuando persisten consecuencias colaterales que no se han tornado académicas. Véase, en general, J.E. Nowak y R.D. Rotunda, Constitutional Law, 5ta ed., St. Paul, West Publishing, págs. 59-68.

C. Para resolver el caso de autos es necesario aclarar el significado y alcance de la excepción conocida como “cuestión recurrente capaz de evadir revisión judicial”. La doctrina de “cuestión recurrente” permite que, excepcionalmente, se revise en sus méritos una controversia técnicamente académica, dependiendo del saldo que arroje el examen de los tres criterios siguientes: (1) probabilidad de la recurrencia, (2) identidad o no de las partes involucradas en el posible pleito recurrente futuro, y (3) probabilidad de que la controversia evada revisión judicial. Cruz v. Administración, 164 D.P.R. 341 (2005).

En cuanto al primer criterio, se requiere que exista una “probabilidad razonable” de que la controversia pueda repetirse. De otra parte, en cuanto al tercero, se requiere que el daño sea “inherentemente de tan corta duración que sea probable que la controversia siempre se torne académica antes de que la litigación se complete”. (Traducción nuestra.) Chemerinsky, op. cit., pág. 118.

Por otro lado, hemos reconocido que no debemos desestimar el caso por académico si la controversia es susceptible de repetirse entre las mismas partes. San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 D.P.R. 374 (2001). Por lo tanto, resulta relevante en el análisis no sólo la susceptibilidad de repetición, sino también la identidad de las partes. Lo primero tiene el propósito de promover la economía procesal, mientras que lo segundo tiene el fin de fomentar la abstención judicial en situaciones en que los litigantes pudieron haber perdido el incentivo para continuar litigando vigorosamente el caso. Por tal razón, como regla general, debe existir tanto la capacidad de que se repita la controversia como la posibilidad de que la recurrencia sea entre las mismas partes.

No obstante, en casos que presentan cuestiones consti-tucionales revestidas de un alto interés público, hemos rei-terado que podemos entrar en los méritos de la controver-sia a pesar de que la probabilidad de repetición sea entre partes distintas. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 721 (1991). Ello se debe a que la gran impor-tancia de los intereses en pugna en casos como éstos nos lleva a atender la controversia lo antes posible para cum-plir con lo que el Prof. Owen Fiss ha llamado la tarea in-eludible de los tribunales de “imprimirle un significado claro y concreto a nuestros valores constitucionales”. (Tra-ducción nuestra.) O.M. Fiss, Foreword: The Forms of Justice, 93 (Núm. 1) Harv. L. Rev. 1, 9 (1979).

De ahí que, en los casos en que no existe identidad de partes, sólo hemos ejercido nuestra facultad para entrar en los méritos de un caso cuando se nos ha presentado una controversia en la que está en juego un valor constitucional de la más alta jerarquía. Así, por ejemplo, en Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel, supra, rechazamos el planteamiento de academicidad para poder expresarnos sobre los contornos del derecho fundamental a la libertad de expresión. En Asoc. de Periodistas v. González, supra, procedimos de la misma manera, pero esta vez con la in-tención de dilucidar el alcance del derecho a la libertad de prensa. De igual forma, en Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, decidimos no abstenernos de ejercer nues-tra facultad adjudicativa para así poder hacer ciertos pro-nunciamientos importantes sobre la igual protección de las leyes. Similarmente, el Tribunal Supremo federal, en Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), entró en los méritos de una controversia técnicamente académica para delimitar el ámbito de aplicación del derecho a la intimidad.

A la luz de esta normativa, pasemos a considerar el caso ante nos.

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El Municipio alega que erró el foro apelativo al ordenar que se continuara con los procedimientos en el caso de autos. Aduce, en síntesis, que el pleito debe desestimarse, ya que la remoción de los letreros y el inicio del período de veda electoral han causado que el caso se torne académico. Le asiste la razón. Veamos.

El PNP de Humacao solicitó al foro de instancia que ordenara al Municipio, mediante interdicto preliminar y permanente, a remover unos letreros y dejar de publicar ciertos anuncios. Sin embargo, el Municipio removió los referidos letreros antes de adjudicarse la controversia en sus méritos. Además, mientras todavía estaba pendiente el caso, entró en vigor la veda electoral que le confiere auto-ridad exclusiva a la Comisión Estatal de Elecciones para pasar juicio sobre la legalidad de anuncios publicados por agencias gubernamentales. Resulta claro que dichos cam-bios fácticos (remoción de letreros) y normativos (entrada en vigor de la veda electoral) han provocado que “no exista una controversia actual entre partes adversas”. Véase Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra.

El PNP de Humacao alega que la controversia de autos plantea un “asunto recurrente capaz de evadir revisión judicial”. No le asiste la razón.

Por un lado, después de examinar detenidamente el ex-pediente, no hemos encontrado prueba que nos convenza de que existe una probabilidad razonable, no especulativa, de que el Alcalde vuelva a colocar los letreros o a publicar anuncios similares. Lo mismo se puede decir sobre la pro-babilidad de que, si recurriera la controversia, ésta nueva-mente evada revisión judicial.

También resulta especulativa la posibilidad de que la controversia se repita entre las mismas partes. No sabe-mos si, en caso de publicarse anuncios similares a los im-pugnados o colocarse otros letreros, el presente AJcalde to-davía estará fungiendo como tal.

Por último, en el caso de autos no están enjuego valores constitucionales de la más alta jerarquía que ameriten que, a pesar de que no existe una probabilidad razonable de que recurra la controversia entre las mismas partes, ejerzamos nuestra facultad adjudicativa para entrar en los méritos del pleito. Ello porque el PNP de Humacao se li-mita, en esencia, a expresar que la actuación del Alcalde viola el axioma de igualdad electoral. Dicho axioma, aun-que ciertamente representa un principio importante den-tro de nuestro ordenamiento jurídico, no constituye un “valor constitucional de la más alta jerarquía” equiparable en rango a derechos fundamentales como la libertad de expre-sión (Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., supra), la libertad de prensa (Asoc. de Periodistas v. González, supra) o el de-recho a la intimidad {Roe v. Wade, supra). A estos efectos, declinamos entrar a los méritos de la controversia para dilucidar el alcance de dicho axioma en situaciones como la de autos. La revisión judicial de acciones como las tomadas por el Alcalde debe esperar, pues, a un momento más oportuno.

IV

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de certio-rari, se revoca la sentencia del Tribunal de Apelaciones y se ordena la desestimación del caso por tratarse de un asunto académico.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Rivera Pérez emitió una opinión disidente.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

Muy respetuosamente disiento del curso de acción to-mada por la Mayoría por la mismas razones que expusimos en nuestra opinión disidente en el caso P.N.P. v. Gobernadora, 162 D.P.R. 239 (2004). Concluimos que el resultado que formula la Mayoría en este caso es contrario e incompatible con lo actuado y pronunciado por este Tribunal en Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 (2000); P.P.D. v. Gobernador II, 139 D.P.R. 984 (1996), y P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995). Veamos.

I

Hemos expresado en forma reiterada que al evaluar la procedencia de un interdicto preliminar examinaremos los criterios siguientes: (1) la naturaleza de los daños que pue-dan ocasionarse a las partes de concederse o denegarse el interdicto; (2) la irreparabilidad del daño o la existencia de un remedio adecuado en ley, (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse el interdicto y, sobre todo, (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita.

El propósito fundamental del interdicto preliminar surge de la razón de ser del cuarto criterio que se considera para conceder el remedio solicitado. Éste es, mantener el statu quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos para que así no se produzca una situación que convierta en aca-démica la sentencia que finalmente se dicte al atender la petición de interdicto permanente o se le ocasionen daños de mayor consideración al peticionario mientras perdura el litigio. No obstante, el criterio en torno a la academici-dad de tal causa de acción está, además, estrechamente relacionado con el segundo criterio, la irreparabilidad de los daños o la existencia de un remedio adecuado en ley.

Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un asunto por academicidad cuando ocurren cambios durante el trá-mite judicial de un caso y controversia que hacen que éste pierda su actualidad. No obstante, los cambios fácticos o judiciales a que hace referencia la jurisprudencia no pue-den comprender bajo ninguna circunstancia posible la in-acción de un tribunal y su falta de diligencia en atender un reclamo a nivel primario sobre cese y desista.

¿Se convirtió en académico el caso y controversia pen-diente ante el Tribunal de Primera Instancia y perdió su actualidad por transcurrir el período preeleccionario el 31 de diciembre de 2003? Contestamos dicha interrogante en la negativa. Este es un asunto que es recurrente y es susceptible de volver a ocurrir. De la única forma en que este asunto evade nuestra revisión judicial, cuando es traído y litigado a tiempo ante el Tribunal de Primera Instancia y no surgen circunstancias exógenas que desvanezcan la controversia, es cuando la Rama Judicial no actúa. El caso y controversia resuelto en P.P.D. v. Gobernador I, supra, no había sido atendido, a pesar de que había imperado tal conducta por previas administraciones de gobierno. El anuncio impugnado ya no se estaba publicando. No obs-tante, este Tribunal entendió que ese caso y controversia no era académico. El caso y controversia resuelto en Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., supra, fue traído a tiempo a la Rama Judicial y resuelto con diligencia y premura por el Tribunal de Primera Instancia y el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones. La expresión concertada de la Unión en el centro comercial ya había terminado y la com-pañía telefónica ya no era arrendataria de la empresa dueña de éste cuando la controversia llegó a este Tribunal para disposición final. No obstante, esta Curia entendió que dicho caso y controversia no era académico y revocó al Tribunal de Primera Instancia y al entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, que habían resuelto lo contrario. A pesar de que el asunto de autos refleja la expectativa razo-nable y la probabilidad demostrada de que la misma con-troversia recurrirá en el futuro, este Tribunal concluye que este caso y controversia es académico. No compartimos tal óptica.

HH

La Sec. 2 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “[l]as leyes garan-tizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerro-gativa electoral”. Dicha disposición constitucional consagra el principio básico de que el poder político emana del con-sentimiento y de la voluntad popular para imponer al Go-bierno una responsabilidad dual: la de abstenerse de inter-ferir con el ejercicio del sufragio universal, igual, directo y secreto, y la de proteger al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de tal prerrogativa electoral. El elector es acreedor a que su voto sea protegido por el Estado de dis-tintas formas y con distinto vigor en una multiplicidad de situaciones.

En la medida en que se subvenciona una campaña polí-tico partidista con fondos públicos, se le permite una ven-taja al partido político de gobierno sobre los demás. Esta ventaja atenta contra el axioma de igualdad electoral y socava los pilares del esquema electoral, el cual garantiza la igualdad económica entre los partidos políticos, sin limi-tarlo al período eleccionario. Esto afecta detrimentalmente el derecho de los electores a ejercer su voto libre de cual-quier coacción, ya que éstos son componentes esenciales de los partidos políticos y, por ende, son colocados en la misma desventaja económica que su partido político, frente al que subvencionó parte de su campaña política en el período preelectoral con los fondos de todo el Pueblo. Esta desven-taja, por supuesto, afecta principalmente a los electores pertenecientes a un partido político de oposición al gubernamental.

Hemos reconocido que la expresión del Gobierno de na-turaleza educativa e informativa es indispensable para que el pueblo pueda juzgar su labor y exigir remedio a los agravios gubernamentales. Nuestra jurisprudencia re-fleja la tendencia seguida a favor de la divulgación de in-formación pública, al punto de impartirle una dimensión amplia y robusta a la libertad de expresión consagrada en nuestra Carta de Derechos.

Hemos expresado en forma reiterada que existe una es-trecha relación entre el derecho a la libre expresión y la libertad de información. Sin conocimiento de hechos no se puede juzgar. Tampoco se pueden exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los procedimientos ju-diciales a través del proceso de las urnas cada cuatro años. No obstante, los derechos contenidos en la Carta de Derechos le asisten a los individuos frente al Estado. Esos derechos no pueden extenderse a las expresiones del Gobierno, porque los derechos civiles y políticos están for-mulados en cuanto a lo que el Estado no puede hacer con relación a la expresión de los individuos, y no a la inversa. El Gobierno no tiene un derecho constitucional protegido a la libre expresión.

El proceso decisional puertorriqueño responde en su realidad al postulado de igualdad inmerso en la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual per-sigue lograr una igualdad y paridad económica entre los partidos políticos para la divulgación de ideas y de mensa-jes en el país. De ello resulta que exista un amplio poder para la limitación de la propaganda gubernamental.

La See. 9 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, prescribe sobre la disposición por el Gobierno de los fondos públicos; sólo pueden ser usa-dos para un fin público y para el sostenimiento y funciona-miento de las instituciones del Estado, por autoridad de ley. La formulación por la Rama Ejecutiva o la Legislativa sobre lo que es un fin público es revisable por la Rama Judicial. No obstante, a la luz del sistema de separación de poderes, los tribunales deben actuar con prudencia y defe-rencia a la voluntad legislativa, siempre que ella esté en-marcada dentro del esquema constitucional.

El concepto de fin público no es estático, pero sí está ligado al bienestar general que tiene que ceñirse a las cam-biantes condiciones sociales de una comunidad específica, a los problemas peculiares que éstas crean y a las nuevas obligaciones que el ciudadano impone a sus gobernantes en una sociedad compleja. Los objetivos que están contenidos en un fin público deben redundar en beneficio de la salud, la seguridad, la moral y el bienestar general de la ciudadanía. Los criterios para determinar lo que es un fin público se reducen a que contemple un beneficio público o que estén destinados a una actividad de carácter pública o semipública. Si la actividad que ha de ser costeada con fondos públicos promueve los intereses y objetivos de la entidad gubernamental, en consonancia con la política pú-blica establecida sobre el particular, es evidente el fin pú-blico y el carácter legítimo de dicha erogación. Una vez se determina que existe un fin público en relación a la eroga-ción de fondos por una entidad gubernamental, el hecho de que surja un beneficio incidental en favor de personas par-ticulares no desvirtúa el fin público a que va dirigida la actividad gubernamental.

El Gobierno de turno no puede utilizar los fondos públi-cos para beneficio del partido político en el poder. En la medida en que los fondos públicos se utilicen para propaganda político partidista en beneficio del partido político de gobierno, se está afectando detrimentalmente el derecho de los electores de los demás partidos políticos. No se per-mite el uso político partidista de los fondos públicos. Tam-poco es permitido al partido político de gobierno o al can-didato a puesto electivo de esa colectividad obtener una ventaja económica a expensas del erario. La verdadera esencia de un gobierno libre consiste en considerar los puestos públicos como un fideicomiso, encomendado para el bien del país y no para el beneficio de determinado par-tido político o grupo de individuos o electores.

La utilización de fotografías de un gobernante con le-mas políticos no constituyen el beneficio incidental que po-dría obtener el partido político en el poder cuando divulgue anuncios aun cuando su contenido rinda un fin público. Está prohibido manipular anuncios legítimos para obtener una ventaja política. Está vedado incluir en anuncios legí-timos mensajes políticos, fotografías del gobernante, junto a lemas o colores que son distintivos del partido político en el poder para influenciar la opinión pública a su favor.

Cualquier ventaja que tenga el partido político de go-bierno mediante la utilización de los fondos públicos, cons-tituye una desigualdad, por lo que está proscrita. No hay espacio en este asunto para distinciones de grado. Si el desembolso de esos fondos que pertenecen a todo el pueblo adelanta, de cualquier manera, los intereses del sector po-lítico en el poder, ello constituye una ventaja sobre los otros sectores públicos, sea ésta grande o pequeña. Lo ilí-cito de tal ventaja no depende de su dimensión, sino de su inherente inequidad. Todas están prohibidas porque inhe-rentemente aparejan la desigualdad.

De acuerdo con el Art. VI, Sec. 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, no es válido ni permisible que el Gobierno use fondos públicos para campañas publicitarias o para propaganda de carácter po-lítico partidista, ya sea de forma clara, directa, indirecta,

sutil, disimulada, sofisticada o entremezclada con activida-des informativas y legítimas.

HH I — I

La justicia debe ser inmaculada no sólo en su realidad interior, sino también en su apariencia external Sobre este particular es de vital importancia la consecuencia. Ser consecuentes nos brinda tranquilidad de conciencia. La in-consecuencia puede resultar en la injusticia.

“Debemos ... siempre tratar de utilizar la misma vara de medir.” (Énfasis suplido.) De otra forma, existe el pe-ligro, en un caso como el presente, de colocar o tratar a electores pertenecientes a sectores políticos distintos, frente a actuaciones iguales o similares del Gobierno, de forma injusta y, además, violatoria a sus derechos a la igual protección de las leyes y a un debido proceso de ley, según están protegidos por la Constitución del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos.

Es correcto que la consecuencia en nuestras decisiones no es una garantía absoluta de su corrección. No obstante, no hay duda de que ésta es de gran importancia. Ser con-secuentes le imprime estabilidad, confiabilidad y credibili-dad a nuestro sistema de justicia y, más importante aún, en casos como el presente, le imprime vivencia a nuestra democracia constitucional.

>

Por los fandamentos antes expuestos, respetuosamente DISIENTO del curso de acción de este Tribunal. Expedi-ríamos el recurso y confirmaríamos la sentencia recurrida. Devolveríamos este caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de acuerdo con lo aquí pautado.

       Dicha ley regula el contenido que deben tener los anuncios publicados por las agencias gubernamentales.

       Sin embargo, el foro de instancia denegó la petición de interdicto preliminar.

        Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656 (1997); Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776 (1994); García v. World Wide Entmt. Co., 132 D.P.R. 378 (1992); Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 D.P.R. 896 (1989); Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’l, 123 D.P.R. 379 (1989).

        Misión Ind. P.R. v. J.P y A.A.A., supra.

       íd.; Mun. de Ponce v. Gobernador, supra.

       Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 262.

        P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995).

       íd.

       íd.; Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 D.P.R. 153, 158 (1986); Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368, 381 (1984).

        P.P.D. v. Gobernador I, supra; Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 485 (1982).

        P.P.D. v. Gobernador I, supra; Santiago v. Bobby El Mundo, Inc., supra; Soto v. Srio de Justicia, supra.

       Const. E.L.A., supra, Art. II, págs. 257-364.

        P.P.D. v. Gobernador I, supra.

       íd.

       Const. E.L.A., supra, pág. 410.

       íd.

       íd.

       íd.

        In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R 758, 766 (1976).

        García Colón v. De Jesús López, 124 D.P.R. 708, 714 (1989), voto disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López.


text:
      In re Carlos Roca Rosselli.

      Número: CP-2003-15

      Resuelto: 27 de octubre de 2005

      Carlos Roca Roselli, abogado que comparece por derecho propio.
   RESOLUCIÓN

Examinada la Moción Solicitando Reinstalación, pre-sentada por el Sr. Carlos Roca Rosselli, se autoriza su reinstalación inmediata al ejercicio de la abogacía.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
    Doris Lebrón Correa et al., demandantes y peticionarios, v. Juan R. Díaz Troche et al., demandados y recurridos.

      Número: CC-2003-587

      Resuelto: 28 de octubre de 2005

      Francisco Vincenty Gronau, abogado de la parte peticionaria; Lissette Toro Vélez, Gilda Del Carmen Cruz Martino y Rita M. Vélez González, abogadas de la parte recurrida.
   per curiam:

Como expresara este Tribunal en Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40 (1980), el “temor de que se nos tache de inconsistentes no debe impedir que reconsideremos” la actuación, o decisión, errónea que ha-yamos emitido en un caso en particular.

En consecuencia, al reconsiderar la sentencia que este Tribunal emitiera en el presente caso el 14 de septiembre de 2005, la dejamos sin efecto y devolvemos el caso al foro de instancia para la celebración de procedimientos ul-teriores compatibles con lo aquí resuelto.

I — I

La Sra. Doris Lebrón Correa, por sí y en representación de sus cinco hijos, presentó una demanda de daños y per-juicios por impericia médica contra el Dr. Juan Díaz Troche y otros. En ésta se alegó que el 11 de julio de 1997 Le-brón Correa fue ingresada en el Hospital Dr. Perea, Inc., en donde fue intervenida quirúrgicamente por el doctor Díaz Troche, quien le extirpó la vesícula mediante el pro-cedimiento de laparoscopía.

Adujo la codemandante Lebrón Correa que esta inter-vención fue realizada “de manera negligente, torpe y des-viándose de las normas y prácticas aceptadas y requeridas en una buena práctica de la medicina” y que la negligencia del doctor Díaz Troche, en esta primera intervención, pro-vocó que tuviera que ser operada de emergencia, en dos ocasiones adicionales, lo cual desembocó en la extirpación de parte de su estómago. Alegó, por último, que en la ac-tualidad sufre una incapacidad permanente, situación por la que ha padecido angustias y sufrimientos; estimó todos estos daños en una suma no menor de un millón de dólares.

Tras la celebración de una vista en su fondo —en la que la parte demandante presentó toda su prueba y dio por sometido su caso— los demandados presentaron una mo-ción de desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En síntesis, alegaron que en la prueba presentada por los demandantes no esta-ban presentes los elementos de negligencia y relación causal que ameritaba la concesión de un remedio.

Mediante sentencia a esos efectos, el Tribunal de Pri-mera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, acogió la mo-ción de desestimación presentada por los demandados y desestimó la demanda presentada. Aun cuando el referido foro, en sus determinaciones, dejó claramente establecido el hecho de que el doctor Díaz Troche incurrió en negligencia al lacerar el ducto biliar de la señora Lebrón durante la primera intervención realizada y que la referida laceración “fue la que propició que la demandante tuviera que ser in-tervenida nuevamente”, dicho foro resolvió que los deman-dantes fallaron en “establee [er] el elemento de la relación causal entre la negligencia de los demandados y los daños, conforme lo requiere la normativa vigente”. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 13. A esos efectos, se-ñaló que “[d]e los testimonios reseñados es claro que no hubo ni una pizca de evidencia sobre los sufrimientos de la parte demandante” y que ésta descansó en que “al demos-trar la negligencia quedaban demostrados los daños”. Id., pág. 14.

Inconforme con la determinación del foro de instancia, la parte demandante acudió ante el Tribunal de Apelaciones. El referido foro intermedio confirmó la deter-minación del tribunal de instancia. Aún insatisfechos, los demandantes acudieron ante este Tribunal, mediante un recurso de certiorari. Expedimos.

r-H HH

Como expresáramos antes, el 14 de septiembre de 2005 revocamos tanto la actuación del tribunal de instancia como del tribunal apelativo intermedio, y concluimos que los demandantes cumplieron con su obligación de estable-cer la existencia de un daño real y la relación causal entre el acto médico negligente y el daño sufrido. En dicha oca-sión, el Tribunal le concedió a la codemandante Lebrón Co-rrea la suma de $20,000 por las angustias físicas y menta-les sufridas por ella. Nada se dispuso en cuanto a los daños alegadamente sufridos por los menores codemandantes.

Todas las partes han presentado sendas mociones de reconsideración. Resolvemos.

i — I HH h-l

Un examen del expediente del caso nos convence de que la parte demandante presentó prueba que podría ser sufi-ciente en derecho para sostener una sentencia favorable a ella, luego de que sea avalada por el tribunal de instancia en conjunto con la prueba que, en su día, presente la parte demandada; esto es, entendemos que los demandantes efectivamente presentaron prueba —cuando menos, prima facie— sobre la negligencia en que incurrió el doctor de-mandado, sobre los daños producidos y sobre el elemento de la relación causal entre los daños sufridos y la negligen-cia de los demandados. Así surge de la exposición narrativa de la vista celebrada ante el foro de instancia y de la prueba documental que consta en los autos.

En primer lugar, en esta etapa de los procedimientos, no existe controversia en torno a que al realizar la primera intervención, el doctor Díaz Troche laceró el ducto biliar de la demandante, lo que provocó que sufriera una peritonitis biliar que obligó a realizar una segunda intervención. Además, ante el foro de instancia desfiló prueba en cuanto a que, luego de esta segunda operación, la señora Lebrón experimentó un sangrado profuso que obligó a transfun-dirla en seis ocasiones y que provocó una tercera interven-ción quirúrgica, la cual fue realizada de emergencia cuando ésta comenzó a vomitar sangre.

Del mismo modo, es un hecho incontrovertido que esta tercera intervención resultó en la remoción de la mitad del estómago de la demandante como consecuencia de una gastritis hemorrágica debido a “ulceración por stress”. Asi-mismo, quedó probado que como consecuencia de esta se-cuela de intervenciones la señora Lebrón estuvo hospitalizada por espacio de tres semanas, durante las cuales sufrió intensos dolores, angustias y complicaciones y se vio obligada a desatender el cuidado de sus hijos.

Como vemos, es evidente que en el caso de autos no es-tamos ante un caso claro de “ausencia de prueba” que dé paso a una desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, ante. De la prueba desfilada ante el foro de instancia surge la existencia de la evidencia nece-saria para sostener —en esta etapa de los procedimientos— la demanda de daños y perjuicios incoada por la parte demandante.

Sobre este particular, hemos sido enfáticos al señalar que en nuestra jurisdicción, para que proceda la desestimación de una causa de acción bajo la citada Regla 39.2(c), es menester que no exista duda en cuanto a que la parte demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. Si la prueba presentada por dicha parte tiende a demostrar que bajo alguna circunstancia ésta podría prevalecer, entonces “[l]a duda que surge del testimonio del demandante requiere que [el demandado] presente su caso, lo que dará al tribunal una visión más completa de los hechos”. Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 100 D.P.R. 120, 122-123 (1971).

A tono con lo anterior, hemos señalado que para que proceda la desestimación de la demanda es menester que el tribunal esté plenamente convencido de que el demandante no tiene oportunidad alguna de prevalecer. Roselló Cruz v. García, 116 D.P.R. 511, 520 (1985); Irizarry v. A.F.F., 93 D.P.R. 416, 420-421 (1966). Definitivamente, estamos del todo convencidos de que este no es el caso que hoy tenemos ante nuestra consideración.

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Ahora bien, establecida la improcedencia de una solici-tud de desestimación al amparo de las disposiciones de la antes mencionada Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, lo procedente en derecho es que el tribunal de instancia re-ciba la prueba o evidencia que la parte demandada tenga a bien presentarle.

Sobre este particular, conviene puntualizar que la Regla 39.2(c), ante, es clara al establecer que al presen^ tar una moción de desestimación por este fundamento, el demandado no renuncia a presentar su prueba en caso de que la moción sea declarada “sin lugar”. Debe mantenerse presente la máxima de que la “esencia del debido proceso de ley es que nadie sea privado de su propiedad sin darle la oportunidad de ser oído”. (Énfasis suplido.) Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77, 78 (1974). Este derecho incluye, desde luego, la oportunidad de presentar evidencia. Véase Pagán v. Registrador, 62 D.P.R. 594, 597 (1943).

Resulta patentemente claro, en consecuencia, que lo procesalmente correcto es que se devuelva el caso al tribunal de instancia para que la parte demandada tenga opor-tunidad —si es que ésta así lo entiende procedente— de presentar su prueba, luego de lo cual el foro de instancia deberá resolver el caso en los méritos; esto es, deberá deci-dir si declara “con lugar” o “sin lugar” la demanda presentada.

Se dictará sentencia de conformidad.

       En esa ocasión, el Juez Presidente Señor Hernández Denton disintió sin opinión escrita y el Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente.

       Se demandó, además, a su esposa y a la Sociedad Legal de Gananciales integrada por ambos, al Hospital Dr. Perea Inc., al Sindicato de Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguro de Responsabilidad Médico-Hospitalaria (SIMED) y a Saint Paul Fire & Marine Insurance Company.

       En su sentencia el foro de instancia concluyó que la laceración se debió a la negligencia del cirujano y que ésta fue la causa de que la demandante tuviera que ser intervenida en dos ocasiones posteriores.

       La referida regla establece:
      “Después que el demandante haya terminado la presentación de su prueba, el demandado, sin renunciar al derecho de ofrecer prueba en el caso de que la moción sea declarada sin lugar, podrá solicitar la desestimación, fundándose en que bajo los hechos hasta ese momento probados y la ley, el demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia contra el demandante, o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido presentada. A menos que el tribunal en su orden de deses-timación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cual-quier otra desestimación, excepto la que se hubiere dictado por falta de jurisdicción, o por haber omitido acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una adju-dicación en los méritos.” 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 39.2(c).

       Sólo así se vería cumplida la norma reiteradamente sostenida por este Foro de que los tribunales tienen que velar por que la interferencia con los intereses propietarios del individuo se haga a través de un procedimiento que sea, en esencia, justo y equitativo. Almonte v. Brito, 156 D.P.R. 475 (2002); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881, 887-888 (1993); Rodríguez Rodríguez v. E.L.A, 130 D.P.R. 562, 578 (1992); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987).

       Naturalmente, de declararse “con lugar” la demanda presentada, dicho foro deberá valorar, y conceder, la compensación que entienda procedente a la parte de-mandante; esto es, tanto a la señora Lebrón Correa como a sus hijos.


author:
(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Pablo Villanueva Aponte et al., demandantes y peticionarios, v. Universidad de Puerto Rico et al., demandados y recurridos; Aníbal Santiago Maldonado et al., interventores y recurridos.

      Números: CC-2003-329
    CC-2003-293
    CC-2003-269

      Resueltos: 28 de octubre de 2005

      Jesús Hernández Sánchez, abogado de la parte peticionaria; José L. González Castañer, abogado de la parte recurrida; Luis Antonio Rabón Rojas, abogado de la parte interven-tora y recurrida.
   RESOLUCIÓN

A la Moción de Reconsideración, presentada por la parte demandada y peticionaria, se provee “no ha lugar”.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebo-llo López emitió, en reconsideración, una opinión disidente. El Juez Presidente Señor Hernández Denton y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta se inhibieron.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo

— o —

Opinión disidente emitida, en etapa de reconsideración, por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El 13 de septiembre de 2005, y mediante la emisión de una errónea y —por qué no decirlo— arbitraria e injusta sentencia, de la cual disentimos sin opinión escrita, una mayoría de los integrantes del Tribunal revocó, sub silen-tio, una correcta y bien fundamentada normativa, o juris-prudencia, establecida por este Foro desde hace varias dé-cadas; jurisprudencia de avanzada y excelencia, en lo referente a los derechos de los trabajadores puertorrique-ños, la cual tiene como base una clara intención legislativa.

No cabe duda de que la decisión emitida por la Mayoría lesiona y lastima, de forma irreparable, a un sector de la clase obrera puertorriqueña —el empleado gubernamen-tal— al establecer, en un crudo acto de legislación judicial, un período de retroactividad —de tres años— relativo a la reclamación de salarios no devengados; ello a base de la improcedente aplicación, por analogía, de la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, estatuto que, por sus propios términos, excluye, o no aplica, a los empleados gubernamentales como los aquí de-mandantes peticionarios.

Como si todo lo anteriormente expuesto fuera poco, la Mayoría aduce, en apoyo de su errónea actuación, dos fun-damentos que merecen nuestro más enérgico repudio. De manera escueta y errónea se les aplica a los demandantes, de forma indirecta, la doctrina de incuria. Peor aún, si es que ello es posible, se hace depender los justos reclamos, o derechos, de los demandantes del costo económico que aca-rrea para la parte demandada su ejercicio. Dicho de otra manera, la Mayoría le ha puesto precio, en dólares y centavos, a la justicia que este Tribunal dispensa.

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Es un principio jurídico universal que el término que tienen las personas para ejercer las diferentes acciones en reclamo de sus derechos no es, ni debe ser, ilimitado. Es por ello que se han establecido términos prescriptivos, los cuales son, naturalmente, prospectivos; esto es, éstos co-mienzan a contarse a partir de un momento en específico en adelante. La gran mayoría de los términos prescripti-vos, vigentes en nuestro ordenamiento, se encuentran en los diferentes estatutos que rigen las distintas materias legales.

Hay ocasiones, sin embargo, en que nos topamos con situaciones en que no existe un término prescriptivo esta-tuido para una situación en particular. De ordinario, ello se subsana por los estatutos, de índole general, que contiene nuestro ordenamiento. Esta fue la situación que aborda-mos en Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610 (1990). En esa ocasión nos enfrentamos a la interrogante sobre cuál era el término prescriptivo aplicable a las recla-maciones contra el Gobierno por salarios devengados, y no pagados, a sus empleados. En virtud de que “nuestro or-denamiento tiene dispuesto que en las materias que se ri-gen por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones [del Código Civil]”, en el referido caso concluimos que “el plazo para ejercitar una acción de recla-mación de salarios de un empleado gubernamental se rige por el Art. 1867 del Código Civil de Puerto Rico”. 31 L.P.R.A. see. 5297.

Resolvimos en el antes citado caso que los empleados gubernamentales tienen el período de tres años —contados a partir del cese en la prestación de servicios— para pre-sentar la acción correspondiente en cobro de los haberes a que supuestamente tienen derecho y que no le fueron satisfechos. Determinamos, además, que a tenor con la ju-risprudencia que sobre este tema había desarrollado este Tribunal, estos tres años comenzaban a decursar cuando el empleado cesaba en su empleo, cuando interrumpía sus servicios por un período de tiempo o cuando ocurría una novación en su contrato de empleo.

Es importante enfatizar el hecho de que en el citado caso Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., ante, pág. 621, este Tribunal se negó a utilizar, de forma alguna, la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico debido a que “dicha [ley] específicamente ex-cluyó de su aplicación, entre otros, a los empleados gubernamentales”. (Énfasis suplido.)

Es por ello que, cuando menos, sorprende la actuación de la Mayoría en el caso al utilizar, por analogía, la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico para perjudicar los derechos de los empleados gubernamentales. En un burdo acto de legislación judicial, la Mayoría ha creado un nuevo término “prescriptivo” re-troactivo que limita a tres .años el tiempo por el cual el empleado gubernamental puede reclamar los salarios que no le fueron satisfechos, término contenido en la mencio-nada ley, la cual, repetimos, no le aplica a los empleados gubernamentales.

A esos efectos, la Mayoría señala que como “el Regla-mento de la UPR, que rige en lo esencial la reclamación de los peticionarios, no contiene disposición alguna sobre la retroactividad de reclamaciones salariales de los emplea-dos de esa institución”, existe una “laguna normativa”; en vista de ello, concluye —en un absurdo acto de malaba-rismo jurídico— que “procede aplicar el término más aná-logo, que es el que provee la Ley de Salario Mínimo”.

Como resulta obvio, la contradicción espantosa en la que incurre la Mayoría “salta a la vista y hiere la retina”. Por un lado ésta acepta —realmente no le queda otro re-medio— que la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licen-cia por Enfermedad de Puerto Rico no aplica, o excluye, a los empleados gubernamentales. Ello no obstante, a ren-glón seguido, determina que el término de retroactividad de tres años que establece esa ley es el que debe utilizarse, por analogía, en el presente caso para coartar, o limitar, los derechos de los empleados gubernamentales; esto es, “por cuánto tiempo pasado se pueden reclamar salarios que no se pagaron”, a pesar de que se debían haber pagado.

La Mayoría pasa por alto, o ignora, el hecho de que en Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., ante, los empleados reclamaron, de forma retroactiva más de diez años de sa-larios no devengados, sin que este Tribunal limitara el nú-mero de años que podían ser reclamados. Específicamente en ese caso, los salarios reclamados correspondían a servi-cios prestados durante periodos que alcanzaban hasta los veintitrés años para algunos reclamantes. Esa era la norma jurisprudencial hasta hoy vigente, la cual, cierta-mente, le hacía justicia al empleado gubernamental.

Es evidente que ante la creación de la nueva norma ju-risprudencial, de ahora en adelante, los empleados guber-namentales que interesen reclamar la totalidad de sus de-rechos estarán obligados a instar sus reclamaciones, no a partir del momento dispuesto hasta ahora por el antes ci-tado Art. 1867 y por nuestra jurisprudencia —esto es, den-tro de los tres años del cese en su empleo, la interrupción de sus servicios o la novación de sus contratos— sino den-tro de los tres años contados a partir del día en que se prestó el servicio en particular no pagado, situación que en el pasado nos hemos negado, específicamente, a avalar.

En Muñoz v. Corte, 63 D.P.R. 245 (1944) —caso que la Mayoría cita para intentar justificar su actuación, seña-lando que “esta cuestión no es realmente novel”, ya que había sido anticipada en éste— nos negamos, específica-mente, a resolver que el término prescriptivo establecido por el citado Art. 1867 del Código Civil comenzaba a decur-sar “desde que al final de cada semana recibió el pago de sus salarios”, por entender que dicha interpretación era contraria al historial legislativo y a la jurisprudencia in-terpretativa de la referida disposición estatutaria.

Resulta importante enfatizar que desde 1944 —fecha cuando resolvimos Muñoz v. Corte, ante— hemos señalado que esta cuestión, esto es, la de la retroactividad en esta clase de situaciones, debe ser resuelta por la Asamblea Le-gislativa, y no por este Tribunal.

No hay duda, en consecuencia, que no se trata, como nos quiere hacer creer la Mayoría, de que en nuestro ordena-miento jurídico exista un vacío, en cuanto a la retroactivi-dad aplicable a esta clase de casos, que haya que suplir. De lo que verdaderamente se trata es de que este Tribunal siempre ha entendido que este es un asunto de la exclusiva incumbencia de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y que hasta que este Cuerpo actúe sobre éste, se deberá per-mitir que el empleado gubernamental pueda reclamar por todos los años que no le pagaron lo que la ley ordenaba.

Lo más lamentable y desgraciado de la actuación mayo-ritaria, sin embargo, son las razones que expuso la Mayo-ría para intentar justificar su errónea actuación, funda-mentos que merecen el más enérgico rechazo de todos.

Se expresa en la sentencia mayoritaria, en primer lugar, que los empleados demandantes demoraron muchos años, sin justificación alguna, en presentar su acción. Nada más lejos de la verdad. Ignora la Mayoría que en el presente caso no estamos ante una dilación injustificada. Los em-pleados demandantes actuaron dentro del período pres-criptivo que para presentar su acción establecían las leyes pertinentes y su jurisprudencia interpretativa. Mal puede imputársele incuria a un demandante que actúa cum-pliendo con los términos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la mayoría intenta justificar su errónea actuación expresando que ésta alivia la difícil situación presupuestaria de la demandada Universidad de Puerto Rico, asunto o consideración que resulta totalmente impertinente. La función de este Tribunal es hacer justicia. Ello se logra mediante la emisión, de manera imparcial y objetiva, de decisiones correctas en derecho. La injusticia no tiene cabida en este Tribunal. Mucho menos la tiene consideraciones relativas a dólares y centavos. Nos nega-mos a ponerle precio a la justicia que dispensamos.

En fin, no pudimos, ni estamos en posición de, suscribir este crudo, y arbitrario, acto de legislación judicial. Es por ello que disentimos.

       Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998 (29 L.P.R.A. see. 250).

       Este caso se trataba de demandas millonarias donde cientos de policías re-clamaban el pago de unos pasos de retribución concedidos por virtud de varias leyes laborables.

       El Art. 1867 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5297, dispone lo siguiente: “Por el transcurso de tres (3) años prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
      “(1) La de pagar a los jueces, abogados, registradores, notarios, peritos, agentes y curiales, sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubie-sen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obli-gaciones se refieran.

        “(2) La de satisfacer a los farmacéuticos las medicinas que suministraron; a los profesores y maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron, o por el ejercicio de su profesión, arte u oficio.
      “(3) La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios, y de los suministros o desembolsos que hubiesen hecho, concernientes a los mismos.
      “(4) La de abonar a los posaderos la comida y habitación, y a los mercade-res el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dedi-quen a distinto tráfico.
      “El tiempo para la prescripción de las acciones a que se refieren los tres párrafos anteriores se contará desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios.”

       Aun cuando el patrono lo vuelva a emplear.

       Citando a Agostini v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 219, 230 (1961).

        In re Roldan González, 113 D.P.R. 238, 242 (1982).

       Un sencillo ejemplo ilustra lo anteriormente dicho: el patrono X deja de pagarle al empleado Y parte de los salarios correspondientes a 1997, 1998 y 1999. El empleado Y deja de trabajar para X en 2004, por lo que, a tenor con lo dispuesto en el citado Art. 1867, desde este momento tiene tres años —hasta 2007— para recla-mar los salarios no pagados. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia mayoritaria, este empleado sólo podrá reclamar por los tres años “anteriores a la fecha en que entabló la reclamación judicial”, lo cual significa que si presenta su acción en 2007, sólo podrá reclamar por 2004, 2005 y 2006. El problema es que durante esos años el empleado no tiene nada que reclamar, ya que había cesado de trabajar en el 2004.


text:
      In re José A. De la Texera Barnes y José G. Marrero Luna.

      Número: CP-1995-15

      Resuelto: 28 de octubre de 2005
   RESOLUCIÓN

Examinada la “Moción solicitando reinstalación”, se or-dena a la Oficina de Inspección de Notarías que entregue el sello y la obra notarial al Lie. José A. De la Texera Bames.

Notifíquese por telefax y por la vía ordinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no intervino.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Walter Colón Rivera.

      Número: TS-10878

      Resuelto: 31 de octubre de 2005

      Carmen H. Carlos, directora de la Oficina de Inspección de Notarías; Pedro Malavet Vega, abogado del notario suspendido.
   RESOLUCIÓN

Vista la Solicitud de Inicio de Proceso de Reinstalación, presentada por el Ledo. Walter Colón Rivera, así como el Informe sobre el Estado de la Obra Notarial Incautada, presentado por la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, se reinstala al licenciado Colón Rivera al ejerci-cio de la notaría.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Manuel E. Rivera Lamoutte, querellado.

      Número: TS-5028

      Resuelto: 4 de noviembre de 2005

      Harry Anduze Montano, abogado de la parte peticionaria; Roberto J. Sánchez Ramos y Salvador Antonetti Stutts, pro-curadores generales.
   RESOLUCIÓN

Conforme a lo expresado en el informe presentado por el Procurador General y lo solicitado por la Sra. Carmen Ca-rrón, tutora del Ledo. Manuel E. Rivera Lamoutte, a través de su representación legal, se autoriza la inactivación vo-luntaria de la profesión del licenciado Rivera Lamoutte por razones de salud.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo Interina.

(Fdo.) Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina