author: El Juez Asociado Señor Wolf,

text:
    Gandía, Demandante y Apelado, v. Porto Rico Fertilizer Co., Demandada y Apelante.
    No. 2474.

    Vista: Enero 14, 1924.

      Resuelto: Mayo 9, 1924.
    Apelación a la Corte de Circuito — Partes Necesarias — Resolución de Cues-tiones de Derecho por la Corte de Circuito. — Esta corte se negó a entrar en los méritos de eierta cuestión por entender que no estaban ante ella todas las partes necesarias, y contra esa resolución se estableció apelación para ante la Corte de Circuito de Apelaciones para el Primer Circuito, la cual revocó la sentencia por el fundamento de que estaban ante la corte todas las partes necesarias y devolvió el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con su opinión. Se resolvió: que la Corte de Circuito, al resolver una cuestión de ley, no quiso obligar a la Corte Suprema de Puerto Rico sobre cuestiones de hecho.
    Compraventa — Pago—Entrega de la Cosa Vendida. — Cuando las condiciones de una venta han sido convenidas y el negocio está ultimado y todo lo que el vendedor tiene que hacer con los efectos está terminado, el contrato de venta se convierte en absoluto en cnanto a las partes sin que se verifique el pago o entrega; y cuando el objeto de la venta o propuesta venta es una cosa específica, el título queda traspasado inmediatamente, especialmente cuando el comprador nada tiene que hacer.
    Sentencia de Luis Campillo, J. (San Juan, Sección Primera, decla-rando con lugar la demanda con las costas al demandado.

      Re-vocada en parte y confirmada en parte.

      C. Coll y Cuchí, abogado de la'apelante; J. B. Soto y J. Guzmán Benitez, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso viene ante nuestra consideración por virtud del mandato de la Corte de Circuito de Apelaciones en la cual la sentencia de la Corte Suprema de Puerto Rico, en tanto revocó la sentencia de la corte de distrito, fué revo-cada y el caso devuelto a esta Corte Suprema para ulterio-res procedimientos no incompatibles con la opinión de la Corte de Circuito de Apelaciones. Al ser devuelto el caso oímos primero informalmente a los abogados en Cámara sobre el efecto del mandato y entonces, el día 18 de diciem-bre señalamos el caso para otra vista en 14 de enero de 1924. En esta vista pública el abogado de Candía dejó de comparecer y archivó en cambio nn escrito qne era una pro-testa contra el acto de considerar esta corte el caso por sus méritos, basada en la teoría, según parece, de que riada quedaba por resolver a esta corte. Candía, a quien llama-remos “apelado”, aparentemente temía que podía renunciar a algo compareciendo a esta vista pública y por consiguiente no tuvimos el beneficio de un argumento de él. En el anterior escrito el apelado bacía referencia a la tentativa de la apelante, la Porto Pico Fertilizer Co., para que la Corte de Circuito de Apelaciones revisase su sentencia, pero esta mo-ción para una nueva vista y la actuación de la Corte de Cir-cuito de Apelaciones no están debidamente ante nosotros, y aunque lo estuvieran nos sentiríamos obligados a interpre-tar la actuación de la_ Corte de Circuito de Apelaciones como una confirmación de su anterior sentencia y resolu-ción, devolviendo el caso a esta corte para ulteriores proce-dimientos no incompatibles con la expresada opinión. Gandía v. Porto Rico Fertiliser Co., 291 Fed. 18.

Iíabía dos apelaciones ante la Corte de Circuito de Ape-laciones — una establecida por cada parte en este litigio. La corte dijo, “La cuestión que se trata de promover por Can-día en esta apelación «es una * de derecho, mientras que la que pretende levantar la Fertilizer Co. en su apelación es de hecho.”

La cuestión de hecho promovida por la Porto Rico Fertilizer Co. quedó finalmente resuelta por la sentencia y opi-nión de la Corte de Circuito de Apelaciones. Es completa-mente res adjuclicata. En lá apelación de la parte apelada, sin embargo, la corte resolvió expresamente que allí se consi-deraba una cuestión de derecho y por tanto no estaba con-siderando los hechos que nosotros mismos habíamos rehu-sado considerar, o sea, en quien, después de la disolución de Gandía y Stubbe, estaba investido el títnlo a las sesenta acciones de capital de la Fertilizer Company que el ape-lado todavía reclama como snyas.

En el enrso de la opinión de lá Corte de Circuito de Ape-laciones se indicó que este tribunal, en tanto revocó la sen-tencia de la corte de distrito, así lo hizo por el fundamento de que la prueba revelaba que J. D. Stubbe o sus cesiona-rios eran partes necesarias e indispensables en la acción, y dicha opinión contiene un análisis adicional de la actuación de esta Corte, y al final del párrafo la Corte de Revisión dice “De modo que la cuestión legal presentada en el caso No. 1594 es si J. D. Stubbe o Stubbe Bros, eran partes ne-cesarias e indispensables en el pleito en tanto concierne la sentencia contra el demandado respecto a las acciones.” Más adelante la corte de revisión manifestó que esta corte se había negado a considerar la cuestión de si un traspaso bueno y válido se había hecho, por el fundamento de que las partes necesarias en la decisión no estuvieron ante esta corte. Hacia el final de la opinión de la Corte de Circuito de Apelaciones, la corte dice, “Somos por tanto de opinión de que la Corte Suprema incurrió en error al revocar la sen-tencia de la corte de distrito basada en el hecho de que J. D. Stubbe, o Stubbe Bros., eran partes necesarias e indispensables en esta acción, y que su sentencia en este particular debe ser revocada y devuelto el caso á esa corte para ulteriores procedimientos no incompatibles con esta opinión.

Es evidente, por tanto, que la única cuestión que la Corte' de Circuito de Apelaciones trató de resolver y que dió lu-gar a la revocación de la sentencia de este tribunal era lá misma por la cual revocamos la sentencia de la corte de distrito, o sea, la falta de partes necesarias vél non.

En el señalamiento de errores presentado en esta corte por la apelante, Porto Rico Fertilizer Company, dicha ape-lante alegó como segundo error el siguiente: “La corte erró al declarar que el demandante y apelado, Pedro Gandía, es dueño de las sesenta acciones de la Porto Rico Fertilizer Company a que la demanda se contrae.” La apelante tenía derecho, si todas las partes estaban ante la corte de distrito y la Corte Suprema, como ahora es la ley del caso, a que se resolviera definitivamente este señalamiento de error. Esta corte no hizo tal disposición, y según lo entendemos, no se resolvió en ninguna forma este señalamiento por la Corte de Circuito de Apelaciones.

Es verdad que la Corte de Apelaciones en su opinión se expresa en estos términos: “Si las partes necesarias para su decisión estuvieron ante ella, la Corte Suprema debió ha-ber resuelto la .cuestión; y parecería, en vista de las prue-bas y de los hechos declarados probados por la Corte de Dis-trito y confirmados por ella que no podía llegarse a ninguna otra conclusión razonable que no fuera que Gandía no tras-pasó las acciones a Stubbe y que fueron traspasadas por la Fertilizer Company en sus libros a Stubbe Bros, bien negli-gente o fraudulentamente.” La Corte de Circuito de Ape-laciones por supuesto, no resolvió que los hechos como fue-ron declarados probados por la corte de distrito obligan a la Corte Suprema de Puerto Bico o a la Corte de Circuito de Apelaciones, pero la corte sólo estaba manifestando que parecería que los hechos como fueron declarados probados no justificarían ninguna otra conclusión que no fuera que las acciones en cuestión no habían sido traspasadas. La Corte de Circuito de Apelaciones se limitó expresamente 'a revisar la cuestión sobre la cual revocamos la sentencia de la corte de distrito. Si la idea de la Corte de Bevisión fué resolver la cuestión del alegado traspaso y decidir esa cues-tión en favor de Gandía, por la confirmación de la sentencia de la corte de distrito se hubiera fácilmente obtenido el re-sultado. De acuerdo con el mandato, sin embargo, hemos creído que es nuestro deber revisar el referido segundo se-ñalamiento de error, el cual, según lo entendemos, no ha sido revisado por esta corte ni por la Corte de Circuito de Apelaciones. La conclusión de la corte de distrito a la cual la Corte de Circuito de Apelaciones se refiere es la siguiente:

"Que el demandante es dueño de las sesenta acciones de la Porto Rico Fertilizer Co. a que la demanda se contrae, de las que no apa-rece de la prueba que el Sr. Gandía se baya desprendido en forma alguna, habiendo probado el demandante su derecho de propiedad con el certificado de incorporación y con el de las enmiendas de las cláusulas de incorporación de la demandada, que presentó como evi-dencia secundaria, por no haber presentado la corporación deman-dada los títulos originales de dichas acciones a pesar de haber sido requerido oportunamente para ello por esta corte a instancias del demandante.
“La escritura de disolución y liquidación de la mercantil ‘Gan-día & Stubbe’, al estipular que el Sr. Gandía se obliga a vender sus acciones a su socio Sr. Stubbe, al precio de la par, es prueba de que el Sr. Stubbe consideraba como tal dueño al Sr. Gandía, no pudiendo referirse esa promesa de venta a las acciones de la pro-piedad de la mercantil ‘Gandía & Stubbe’ que le correspondieran al Sr. Gandía, en su calidad de socio de’ la casa, pues éstas, según es de verse de la misma escritura, le fueron adjudicadas en su totali-dad al Sr. Stubbe, según es de verse del inventario y de la adjudica-ción. Y consta también probado que Pedro Gandía y Johann D. Stubbe, que formaban la firma social ‘Gandía & Stubbe’, son las mismas personas que constituían entonces la dirección y gobierno •de la Porto Rico Fertilizer Co.; así'como también que dicho Johann D. Stubbe controlaba los acuerdos y negocios de la demandada.
“Para contrarrestar la prueba presentada por el demandante, la demandada entre otras pruebas, presentó a la consideración de la corte un convenio celebrado en 20 de junio de 1913, entre la Virginia Carolina Chemical Company, y Gandía & Stubbe, documento que fué objetado por el demandante, por aparecer varias hojas en papel de copia, con diferentes caracteres de maquinilla, una página sin compaginación; debido a tales circunstancias, la corte tiene que aco-ger ese documento con algún recelo, pero aun dándole todo su valor y armonizándolo con la demás prueba, no vemos cómo ese docu-mento de fecha 20 de julio de 1913, pueda destruir los hechos que figuran en el acta de incorporación suscrita y jurada ocho días más tarde por el demandante, por Johann D. Stubbe y por Héctor Ces-tero y Federico Stubbe, los hechos referidos en las enmiendas a dichas cláusulas de incorporación, suscritas y juradas tres años más tarde, y lo contenido en la escritura de disolución y liquidación de la mercantil' ‘Gandía & Stubbe,’ en cuanto a la materia se refiere! Y con motivo de esas declaraciones juradas de dichos Johann D. Stubbe y Federico Stubbe, no. pnede la corte dar crédito a las de-claraciones de estos testigos, ni a la de Arturo Trías que era enton-ces, según aparece probado, el secretario de la corporación deman-dada. ’ ’

La corte de distrito no trató en su opinión de analizar las cláusulas de disolución. La apelante tiene razón al,de-cir que esta corte asumió que las sesenta acciones de capital habían sido traspasadas de G-andía a Stubbe. Desde luego que esta suposición tendrá , que ser considerada como obiter dictum toda vez que sólo revocamos a la corte inferior por falta de partes necesarias. Estamos enteramente convencidos, sin embargo, de que por la escritura de disolu-ción las sesenta acciones poseídas por Gandía fueron defi-nitivamente vendidas a Stubbe y que las partes en el con-trato intentaron tal venta y por sus actos posteriores demos-traron tal intención.

A pesar de la decisión de esta corte y de la de la Corte de Circuito de Apelaciones de que las sesenta acciones de capital hasta la fecha de la disolución pertenecieron a Gan-día, la apelante todavía insiste en que las sesenta acciones de capital nunca pertenecieron a Gandía. De- su resumen' de la prueba sobre este punto estamos satisfechos de que las 125 acciones pertenecientes a la sociedad Gandía & Stubbe,- las sesenta acciones pertenecientes a Gandía; las sesenta acciones pertenecientes a Stubbe, y las cinco acciones pertenecientes a otros incorporadores,' en conjunto 250 ac-ciones, todas fueron consideradas como un bloque de accio-nes y todas bajo el control de la sociedad de Gandía y Stubbe como una entidad de conformidad con el arreglo (.pooling arrangement) hecho con la Virginia Chemical Company a que nos hemos referido en nuestra anterior opinión. Gandía v. Porto Rico Fertiliser Co., 30 D.P.R. 373. Senta-das así las cosas, la cláusula quinta de la escritura de diso-lución traspasa o fija el título y la posesión de estas 250 acciones a Stubbe. A su cuenta de la Porto Rico Fertilizer Co. se cargan $25,000, que es el dinero equivalente a todas las acciones que tenían bien Gandía o Stubbe o cualquiera de sus asociados en la Porto Rico Fertilizer Co. indepen-dientemente de la Virginia Chemical Co. La expresada cláu-sula quinta demuestra que a Stubbe se le cargan las accio-nes de capital en la Porto Rico Fertilizer Co., mientras que a la cuenta de G-andía no se le cargan ningunas acciones de la Porto Rico Fertilizer Co. Los $25,000 comprendían to-das las 250 acciones de capital de algún modo bajo el control de Gandía & Stubbe, o cualquiera de ellos y por tanto en la cláusula 8 encontramos a las partes conviniendo y vendiendo estas 60 acciones que basta la fecha de la diso-lución habían pertenecido a Gandía.

Pero sin esta premisa del resto de los autos, opinamos que la escritura de disolución por sí sola muestra el tras-paso. Si bien es verdad que la cláusula octava del contrato está redactada en tiempo futuro, así también lo están otras varias cláusulas de la escritura de disolución. Era una forma de tiempo usada para indicar lo que cada una de las partes haría al firmar el contrato y una de las últimas cláusulas de la escritura hace esto algo más claro. Esta cláusula demuestra que había dividendos no repartidos de-bido a los beneficios ya acumulados, y luego siguen estas palabras en español: “Y por la presente queda especial-mente convenido que el señor Stubbe pagará al señor Gandía las cantidades que de esta suma no dividida sean declaradas de tiempo en tiempo como dividendos de dicha corporación en la proporción de las acciones que el señor Gandía vende al señor Stubbe.” La palabra “vende” es el presente de indicativo del verbo “vender” y tiene el mismo significado que las palabras inglesas “is selling.” El idioma español es rico en subjuntivos y si hubiera habido alguna duda res-pecto a si Gandía estaba realmente vendiendo a Stubbe, la forma del tiempo aquí empleada seguramente hubiera sido “venda.” El derecho a estas ganancias acumuladas es con-dicional a la venta consumada de Gandía a Stubbe.

Tenemos muy poca duda de que Gandía insistiría en estos beneficios , por virtud de esta escritura de disolución qne él mismo ofreció como prueba en la corte inferior.

Los artículos 1353 y 1354 del Código Civil de Puerto Eico prescriben lo siguiente:

“Artículo 1353. — La venta se perfeccionará entre comprador y vendedor, y será obligatoria para ambos, si hubieren convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se haya entregado.
“Artículo 1354. — La promesa de vender o com/prar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratan-tes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato.
“ Siempre que no pueda cumplirse la promesa de compra y venta, regirá para vendedor y comprador, según los casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones y contratos en el presente libro.”

Estas conclusiones son harmónicas con el desenvolvi-miento de la ley común de Inglaterra como se indica en el caso de Leonard v. Davis, 1 Black 476, que cuando las condi-ciones de una venta fian sido convenidas y el negocio está ultimado y todo lo que el vendedor tiene que hacer con los efectos está terminado, el contrato de venta se convierte en absoluto en cuanto a las partes sin que se verifique el pago o entrega. Otras autoridades en el mismo sentido general son Hatch v. Oil Co., 100 U. S. 131; Terry v. Wheeler, 25 N. Y. 520; Van Brooklen v. Smeallie, 140 N. Y., 70, 72; People v. Mills Sing, 183 Pac. 865, 24 R.C.L. 23.

Se ha resuelto generalmente, además, que cuando el ob-jeto de la venta o propuesta venta es una cosa específica, el título queda traspasado inmediatamente, especialmente cuando el comprador nada tiene que hacer. Tarling v. Baxter, 23 Eng. Rul. Cases, 257, 23 R.C.L. 1347, y especial-mente la nota 8 para demostrar que el tiempo futuro puede significar el tiempo presente.

Sin embargo, si era necesaria alguna ulterior actuación por parte de Gandía para constituir la entrega, la misma demanda de Gandía indica que esto se hizo. El párrafo octavo de dicha demanda es el siguiente:

“Una vez firmada la escritura de disolución de 24 de julio de 1916 y en vista de la promesa de venta de sus acciones que el de-mandante le hizo en la misma a Johann D. Stubbe, éste al retirarse de la casa llevó consigo los títulos de las sesenta acciones del de-mandante quien no puso ningún reparo, por la confianza que dicho Stubbe le había merecido siempre, en la persuación el demandante de que el referido Stubbe le pagaría los seis mil dollars que impor-taban dichas acciones a la par en el acto mismo de que le fuesen transferidas por el demandante, lo que no ha podido éste verificar tanto por tener Stubbe los títulos en su poder cuanto por haberse negado éste a pagarle dicha suma, alegando, según informes que ha tenido el demandante, que las sesenta acciones de que se trata le habían sido adjudicadas en la escritura de disolución para pagar cuentas de ‘Gandía & Stubbe.’ ” :

En otras palabras Gandía estuvo presente y permitió que> Stubbe tomara posesión de los artículos específicos, objeto' de la alegada promesa de venta. En el juicio también Ca-yetano Coll Cuchí era un testigo del demandante. El fué necesariamente garantizado por la parte que le citaba. El artículo 156 de la Ley de Evidencia prescribe lo siguiente:

“Artículo 156. — A la parte que presentare un testigo no le será permitido tachar su veracidad mediante evidencia de mala reputa-ción; pero podrá contradecirlo con otra evidencia, y asimismo pro-bar que en otras ocasiones hubo de hacer declaraciones incompatibles con su actual testimonio, según lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y nueve.”

No se trató de impugnar o atacar la credibilidad de este testigo aunque quizás se pretendió de algún modo demos-trar que él estaba equivocado. El declaró que Gandía le había dicho al pedirle el testigo a Gandía que firmara el traspaso, que él presentaría una reclamación contra Stubbe por el precio de las sesenta acciones, el cual era $6,000, e hizo otras manifestaciones tendentes a demostrar un tras-paso.

Gandía no fué a declarar para contradecir de algún modo la declaración de Cayetano Coll Cuchí. En el curso de nuestra opinión original en este caso, al' discutir' el pago de $8,234.06, liemos disculpado a Gandía de la necesidad de ir. a declarar en cuanto a ese dividendo pero no estábamos considerando entonces la posesión o título a estas sesenta acciones de capital. Su omisión a declarar y decir algo acerca de este traspaso es cuestión comprendida en el prin-cipio de prueba voluntariamente suprimida especificada en varios artículos de la Ley de Evidencia. Artículo 102, pá-rrafo 5 y 6; artículo 162, último párrafo.

En uno de los períodos preliminares de este litigio, cuando se trató de obtener los libros de la Porto Rico Fertilizer Co., en el procedimiento de certiorari, esta corte interpretó la demanda en el sentido de que las sesenta acciones de capital habían sido traspasadas a Stubbe. Esta sentencia fué dictada en el año 1917. Gandía v. Texidor, Juez de Distrito, 26 D.P.R. 40. Lo que dijimos fué que el peticionario Gan-día había vendido a dicho Stubbe las sesenta acciones que -él tenía de la Porto Rico Fertilizer Co.

Este fué un caso en el cual al celebrarse la vista original la Corte de Distrito de San Juan resolvió sobre la moción de nonsuit que Gandía no había probado su derecho de pro-piedad a las sesenta acciones de capital. Esta sentencia la revocamos en apelación. Gandía v. Porto Rico Fertiliser Co., 28 D.P.R. 555. Tememos, como a veces ocurre al revo-car, que la Corte de Distrito de San Juan en el próximo juicio se inclinó hacia el otro lado. El examen de todos los autos nos convence de que las sesenta acciones quedaron de-finitivamente traspasadas a Stubbe .por Gandía y por tanto la sentencia de la corte de distrito debe ser revocada en cuanto por ella se ordena a la demandada a mantener en sus libros de acciones y de transferencias de acciones las sesenta acciones de la corporación demandada, y a tener y considerar al demandante como uno de los accionistas por las sesenta acciones mencionadas, y a pagarle los dividendos que hayan de repartirse por razón de los beneficios que tenga la corporación demandada, y confirmar, como confirma, la dicha sentencia en sus demás particulares, incluyendo la condena de costas.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto, no intervino en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Aldrey,

license: Public Domain

text:
    Wolker, Demandante y Apelante, v. Compañía Ferroviaria de Circunvalación de Puerto Rico, Demandada y Apelada.
    No. 2832.

    Visto: Mayo 24, 1923.

      Resuelto: Mayo 22, 1924.
    Negligencia; Daños por — Parte no Responsable de los Daños — -Prueba.—Ha-biéndose probado que la demandada no opera el ferrocarril que causó el daño por el cual reclama el demandante, no tiene éste causa de aceión contra aquélla."

      M. Rodríguez Berra, J.' (San Juan, Segundo Distrito), en una ac-ción de daños y perjuicios, declarando sin lugar la demanda con las costas.

      Confirmada.

      A. Marín Marién, abogado del apelante; M. Acosta Velarde, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Como los nombres de la Compañía de Ferrocarriles de Puerto Rico, Compañía Ferroviaria de Circunvalación de Puerto Rico y de American Railroad Company of Porto Rico ban de ser usados frecuentemente en el curso de esta opinión, los abreviaremos en esta forma: llamaremos a la primera, Compañía de Ferrocarriles; a la segunda, Compa-ñía de Circunvalación y a la tercera, American Company.

El demandante reclama en este pleito indemnización por daños que un automóvil de su propiedad sufrió al tratar de evitar un choque con un tren de carga que cruzaba la ca-rretera de la Carolina a Río Piedras en el sitio en que está la Central Progreso y dirigió su acción contra la Compañía, de Circunvalación alegando que es una corporación de ser-vicio público dedicada al transporte de pasajeros y carga por medio de ferrocarril y que en la fecha a que la demanda se refiere (22 de septiembre de 1920) la demandada estaba explotando el servicio de carga o transporte de pasajeros entre San Juan y Carolina, usando máquinas y vagones de carga y conduciendo los mismos por la vía que cruza la ca-rretera por aquel sitio, y explotaba la dicha línea bajo el nombre de American Company, aunque era su sucesora.

La demandada hizo una negación general de todos y cada uno de los hechos alegados en la demanda y celebrado el juicio recayó sentencia declarando sin lugar la demanda por lo que el demandante interpuso esta apelación.

Uno de los motivos que tuvo la corte inferior para su sentencia fué que la demandada, Compañía de Circunvala-ción, no es responsable del accidente por el que se reclama porque es meramente una tenedora de las acciones de la American Company, la que según la prueba era la que tenía autoridad sobre los empleados de los trenes.

De la prueba resulta que la Compañía de Ferrocarriles es dueña de la línea férrea cuya explotación tiene la American Company y que la Compañía de Circunvalación no tiene el manejo y explotación de ningún ferrocarril en esta isla, habiéndose limitado a comprar por medio de un sindicato acciones y bonos de la Compañía de Ferrocarriles y de la American' Company, por lo que no puede ser responsable de los actos de los empleados de la American Company que es la que explota los ferrocarriles de la otra compañía dueña de ellos.

La única evidencia presentada por el demandante para sostener que su acción está bien dirigida contra la deman-dada es una carta que don Emilio Jiménez, como gerente de la demandada, envió el 24 de julio de 1920 a la Comisión de Servicio Público informándole que el 10 de abril del mismo año se hizo un contrato entre el representante de los accionistas de la Compañía de Ferrocarriles y los tenedo-res de acciones y de bonos de la American .Company de una parte, y de la otra un sindicato compuesto de tres perso-nas, por el cual se convino la venta al sindicato de las ac-ciones de la Compañía de Ferrocarriles, respetando los compradores los bonos emitidos pendientes de dicha com-pañía; la venta al sindicato de las acciones de la American Company y de la única emisión de bonos qne ha he-cho y qne dicho, sindicato organizó con otras personas nna compañía de servicio público con el nombre de “Compañía Ferroviaria de Circnnvalación de Pnerto Rico” con el pro-pósito de obtener todas las acciones y bonos de la Compa-ñía dé Ferrocarriles y todas las acciones y bonos y activo de la American Company y de conseguir nn traspaso a sn favor de las franquicias y propiedades de la Compañía de Ferrocarriles. En ese documento se dice también qne los derechos de ese contrato los ha cedido el sindicato a la Compañía de Circunvalación, la que se propone adquirir todas o la mayoría de las acciones y bonos de las dos com-pañías mencionadas, la cesión por la American Company del contrato de explotación que tiene con la otra compa-ñía y las franquicias y títulos de dominio de la Compañía ele Ferrocarriles. No se probó que la Comisión de Servi-cio Público aprobara esas operaciones.

Como se ve, ese documento no prueba que la demandada está explotando los ferrocarriles sino todo lo contrario, pues dice que es la American Company la que los explota, aun-que la Compañía de Circunvalación se propone conseguir la cesión de esa explotación, y tampoco prueba que tenga todas las acciones de dicha corporación, aunque se propone adqui-rirlas todas o la mayoría de ellas. Además, el testigo don Emilio Jiménez, que es director de la American Company y gerente de la Compañía de Circunvalación, declaró ter-minantemente que la American Company es la que opera los trenes que circulan entre San Juan y Carolina y que la Compañía de Circunvalación no está circulando tren alguno con su nombre ni con el de la American Company. Tam-poco esa prueba demuestra que la American Company haya traspasado su negocio a la demandada ni siquiera que haya adquirido un número tal de sus acciones que la den el control de su negocio.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto no intervino en la re-solución de este caso.


text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Irizarry, Acusado y Apelante.

      No. 2242.

    Visto: Mayo 2, 1924.

      Resuelto: Mayo 22, 1924.
    Sobreseimiento de la Causa — Juicio Rápido — Justa Causa para la Tardanza del Juicio.- — En este caso la acusación fué presentada el 29 de junio, leída al acusado el 13 de julio y celebrado el juicio el 7 de noviembre siguiente. Pedido por el acusado el sobreseimiento basándose en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el fiscal alegó como justa causa de -la tardanza el que las vacaciones de la corte tuvieron lugar en los meses de agosto y septiembre, que el término anterior a ellas fué de juicios crimi-nales y también el término después de las mismas que comenzó el 8 de octu-bre, celebrándose algunas veees hasta treinta casos diarios, y que el 29 de octubre comenzaron los juicios por jurado correspondiendo el día 7 de no-viembre al del acusado, habiendo estado la corte ocupada constantemente durante ese tiempo en esos juicios y celebrando algunas veees hasta dos jui-cios diarios por delitos graves. Se resolvió: que existió justa causa para la tardanza en la celebración del juicio.
    Mutilación — Intención de Mutilar. — En el delito de mutilación no es necesario probar la intención de mutilar. Basta que resulte la mutilación como conse-cuencia de una agresión. Jül ¡Pueblo v. Piearro, 21 D. P. R. 18.
    Sentencia de B. Días Ontrón, J. (Ponee), condenando al acusado a un año de presidio por mutilación.

      Confirmada.

      8r. A. Fiol Negrón, abogado del apelante; Sr. José E. Figueras, Fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fué declarado convicto por un jurado de un delito de mutilación y alega en la apelación que ha inter-puesto contra la sentencia condenatoria que la corte inferior cometió error al negar su petición de que la causa fuera sobreseída por no haber .sido celebrado el juicio den-tro de los ciento veinte días siguientes a la presentación de la acusación, de acuerdo con el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

La acusación fué presentada el 29 de junio y le fué leída al acusado el 13 de julio, celebrándose el juicio el 7 de no-viembre siguiente, siete días después de vencidos los 120 días a que se refiere la ley citada, contados desde la pre-sentación de la acusación, pero.el fiscal alegó como causa justa de esa tardanza que las vacaciones de la corte tuvie-ron lugar en los meses de agosto y septiembre,' que el tér-mino anterior a ellas fué de juicios criminales y también el término después de las mismas, que comenzó el 8 de oc-tubre, .celebrándose algunas veces basta treinta casos dia-rios, y que el 29 de octubre comenzaron los juicios por ju-rado correspondiendo el día 7 de noviembre al del acusado, habiendo estado la corte ocupada constantemente durante ese tiempo en esos juicios y celebrando algunas veces basta dos juicios diarios por delitos graves.

En vista de esos hechos no podemos declarar que la corte inferior cometiera el error que le atribuye el apelante pues son suficientes para justificar una justa causa para la tar-danza en celebrar la vista de la causa del apelante, según hemos declarado en el caso de El Pueblo v. Nigaglioni, 28 D.P.R. 232.

El segundo motivo de error se funda en que no se probó en el juicio la intención de mutilar, pero ya hemos resuelto en el caso de El Pueblo v. Pizarro, 21 D.P.R. 18, que no es necesaria tal prueba bastando solamente que resulte la mu-tilación como consecuencia de la agresión, y en el presente caso el apelante infirió con su machete una herida al lesio-nado en la articulación de la muñeca de la mano derecha que casi se la cercenó y como consecuencia de la cual ha perdido absolutamente los dedos índice y medio de dicha mano.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Aldeey,

text:
    Bird, Demandante y Apelado, v. The Porto Rico Railway, Light & Power Company, Demandada y Apelante.
    No. 2923.

    Sometido: Enero 24, 1924.

      Resuelto: Mayo 22, 1924.
    Negligencia — DaSos y Perjuicios — Last Clear Chance — Causa Próxima del Ac-cidente. — Llegándose a la conclusión de que el motorista vió en este caso al niño objeto del accidente entre la verja y la vía, sitio peligroso para niños dado que el espacio que mediaba entre ambas era de 2% pies y que por tanto tuvo la última oportunidad para e'vitar el accidente toeando la campana hasta conseguir que el niño saliera de aquel sitio antes de llegar al mismo con su carro o parando éste, cosas que no hizo y que hubieran evitado el accidente porque el carro iba despacio, es preciso concluir que su conducta fué la causa próxima del mismo.
    Sentencia de M. Rodríguez Sorra, J. (San Juan, Distrito Segundo), condenando a la demandada al pago de $4,000 de indemnización más las costas.

      Confirmada.

      Sr. J. H. Brown, abogado de la apelante; Sr. H. B. Francis, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

La apelante fué condenada a pagar una cantidad de dinero como indemnización al demandante, que es un menor de edad y está representado en este pleito por su padre, por la pérdida de cuatro dedos del pie derecho como conse-cuencia de un accidente sufrido por él con un carro eléctrico de la demandada.

La apelante tiene su vía de carros eléctricos en el lado sud de la carretera que conduce de San Juan a Río Piedras y en' la tarde del día en que ocurrió ese accidente el deman-dante fué con su madre a la casa contigua a la parada 17 de los carros eléctricos donde ella iba a hacer una visita. Esa casa está situada al lado sud de la vía férrea de la de mandada y en aquella época estaba separada de la vía por una cerca situada a dos pies y medio de ella, estando el balcón de la casa a una distancia de tres metros y medio de dicha cerca. Ahora hay en ese sitio una amplia acera.

■ El niño salió de la casa algunos jninutos después de ha-ber llegado a ella con su madre, pues poco después las rué-das de un carro eléctrico que lenta y silenciosamente lle-gaba a aquel sitio para hacer la parada 17 cogió el pie de-recho de dicho niño, quien también recibió un golpe en la parte posterior de la cabeza. El niño no fué cogido por la parte delantera del carro sino por un costado del mismo. Soble estos extremos no hay contradicción entre las partes pero sí en cuanto a la manera como sucedió el accidente, pues mientras los testigos del demandante declararon que cuando el carro eléctrico llegaba despacio para hacer la pa-rada 17 el niño estaba en el trecho comprendido entre la vía y la cerca, recostado de ésta, mirando hacia la casa y de espaldas a la vía, los testigos de la demandada declara-ron que cuando el carro eléctrico se aproximaba a aquel si-tio el niño venía corriendo por el pasillo que de la casa conduce a la vía y tropezó con el carro. La corte inferior dió crédito a los testigos del demandante exponiendo para ello entre otras razones que la teoría de la demandada no es creíble a pesar de que uno de sus testigos, el Sr. Ramos Casellas, le inspiraba gran respeto y lo consideraba veraz, porque no pudo asegurar que el niño a quien vió correr por el pasillo en dirección al carro fuera el mismo lesionado, porque el niño hubiera recibido el golpe en la frente y no en la parte posterior de la cabeza y porque tenía que subir un escalón de 14 a 15 pulgadas de alto para pasar del pasi-llo de la casa a la vía, que era bastante alto para detener al niño en su carrera y para hacerle observar el paso del carro.

La parte apelante en su primer motivo del recurso y bajo el fundamento de que la corte cometió error al decla-rar que la demandada fué culpable de negligencia ataca la apreciación que de la evidencia hizo la corte sentenciadora alegando que para entrar a la casa desde la vía no había que bajar un escalón de 14 a 15 pulgadas de alto sino que por el contrario había que subirlo y que no habiendo por allí otro niño que corriera, la razón que da la corte' para no creer al testigo José Ramos Casellas no es muy persuasiva.

No encontramos que la prueba sea tan clara como alega la apelante con respecto a que para llegar de la vía al pa-sillo que conduce a la casa babía que subir nn escalón y no bajarlo, y las declaraciones qne cita, aunque confusas, nos inclinan a la conclusión a que llegó la corte inferior de que había que bajar ese escalón, y por tanto que había que su-birlo para salir de la casa a la vía. En cuanto al otro ex-tremo referente al Sr. Ramos Casellas convenimos con la apelante en que el hecho de que dicho testigo no pudo afir-mar que el niño que vió correr era el demandante no es una razón muy persuasiva para no darle crédito, pero esto no puede por sí solo destruir la conclusión a que llegó la corte, tanto más cuanto que expresa también la razón de que el niño hubiera recibido el golpe en la frente y no en la parte posterior de la cabeza al chocar con el carro eléc-trico.

En los motivos segundo y cuarto del recurso se alegan como erróneas las conclusiones de la corte inferior al esti-mar que el demandante no era un intruso (trespasser) en el sitio que estaba según su prueba y en no estimar que de haber negligencia de los padres no sería imputable al menor que demanda para su beneficio, pero no es necesario considerar estas cuestiones pues aún admitiendo que hubo negligencia del menor y de sus padres no serían de tenerse en cuenta en este caso dado que a pesar de ello el motorista tuvo la última oportunidad para evitar el accidente y no lo hizo, cuestión que se trata en el tercer motivo del recurso.

El motorista declaró que cuando se acercaba con su ca-rro a aquel sitio vió al niño, aunque dijo que lo vió co-rriendo del pasillo de la casa para la vía, pero como la corte no dió crédito a la prueba que la demandada presentó en ese sentido sino que estimó, probado que el niño estaba recostado de la cerca, de espaldas a la vía en el pequeño espacio que entre ambas quedaba, podemos llegar a la con-clusión de que el motorista lo vió en ese sitio, que era pe-ligroso para niños dada la poca distancia que había entre la cerca y la vía férrea y por tanto tuvo la última oportu-nidad para evitar' el accidente tocando la campana hasta conseguir que el niño saliera de aquel sitio antes de llegar al mismo con su carro o parando éste, cosas que no hizo y que hubieran evitado el accidente porque el carro iba des-pacio, por lo que su conducta fué la causa próxima del mismo.

En el último motivo del recurso se alega que los hechos que estimó probados la corte inferior no son suficientes para autorizar una condena por la cantidad que fué concedida, cuya cuestión por ser de hecho dejó la apelante para dis-cutirla oralmente en la vista de la apelación, pero como no asistió a ella no conocemos en modo alguno sus razones para. sostener dicho motivo de error , y por esto dejamos de considerarlo.

La sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Wolf no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Asociado Señoe Aldeey,

text:
    Morris & Company, Demandante y Apelada, v. José González Clemente & Ca., Demandados y Apelantes.
    No. 2950.

    Visto: Junio 7, 1923.

      Resuelto: Mayo 22, 1924.
    Laudo Arbitral de Cámaras de Comercio — Causa de Acción — Cumplimiento de Compraventa Mercantil — Alegación Necesaria. — En el presente caso se resolvió: que si la demanda se considera como una acción para hacer cumplir .■judicialmente el laudo arbitral rendido por una cámara de comercio contra el demandado, no aduce hechos suficientes porque no hay ley eii Puerto Rico que respalde tal acción; y que si se la considera como una acción para cum-plimiento de contrato mercantil, para concluir que aduzca hechos suficientes debería alegar que los artículos comprados por los demandados que rehusa-ron aceptarlos han sido depositados y están a su disposición, de acuerdo con el artículo 332 del Código de Comercio.
    Sentencia de Angel Acosta, J. (Mayagüez), en acción sobre cumpli-miento de laudo arbitral decreta el pago de $2,300 importe del litigio y los intereses sobre dicha suma y las costas.

      Revocada.

      Sres. Benet & Souffront, abogados de los apelantes; Sres. J. Saba-ter y S. Suau, abogados de la apelada.
   El Juez Asociado Señoe Aldeey,

emitió la opinión del tribunal.

Morris & Co., corporación organizada con arreglo a las leyes del Estado de Maine, con casa matriz y domicilio en Chicago, Illinois, dedicada al comercio de exportación en carpes, salazones y embutidos, demandaron a José Gonzá-lez Clemente y Cía., sociedad piercantil dedicada al ramo de provisiones en general, con domicilio en Mayagüez, P. B., alegando que por sus agentes en esta Isla, los Sres. J. Ochoa y Hno., vendieron a los demandados el 24 de diciembre de 1919 cincuenta barriles de tocino al precio de $46 cada ba-rril para ser embarcados por los demandantes en dos en-víos sucesivos quincenales de 25 barriles, o sea, en la pri-mera y segunda quincena de febrero y que los demandan-tes, cumpliendo lo estipulado en la orden de venta, despa-charon desde su casa empacadora los dos expresados embar-ques, el primero el 6 de febrero de 1920 y el segundo en fe-brero 19 del mismo año, según se expresaba en el contrato, y que dichos dos embarques cubriendo los cincuenta barri-les de tocino llegaron oportunamente al puerto de destino de Mayagüez, a virtud de consignación y entrega a los de-mandados mediante los conocimientos obrantes en poder de dichos demandados: que éstos se negaron y rehusaron acep-tar la mercancía comprada y cumplir con las obligaciones del contrato y entonces, por acuerdo previo entre deman-dantes y demandados, convinieron en someter el asunto .por medio de arbitraje a la Cámara de Comercio de Puerto Pico, Sección de Mayagüez, que es un organismo consti-tuido por comerciantes de la localidad para dirimir y resolver cuestiones o diferencias de carácter comercial entre sus asociados, y que la expresada Cámara de Comercio, actuando en arbitraje, dictó fallo o laudo en mayo de 1920 a favor de los demandantes, parte del cual se inserta en la demanda y en el que se dice que consideran a los compradores en la obligación de aceptar los embarques correspondientes al litigio: que de conformidad con dicho fallo o lando los de-mandados están obligados a aceptar el referido contrato por haberlo cumplido en todas sns partes los vendedores y obligados a pagar el importe de los cincuenta barriles, qne es de $2,300, con más intereses por mora hasta el día del pago: y qne los demandados se niegan y rehúsan acatar y cumplir el lando o decisión de dicha cámara, qne es justo y equitativo, por lo que suplican a la corte qne condenase a los demandados al cumplimiento del lando recaído en su contra por el arbitraje de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Sección de Mayagiiez, a qne acepten el contrato qne se establece en la demanda y a qne le paguen los $2,300, valor de los cincuenta barriles de tocino, los intereses de mora y las costas.

Los demandados alegaron contra esa demanda la excep-ción previa de que no aduce hechos determinantes de causa de acción y habiendo sido desestimada contestaron haciendo una negación general de los hechos alegados, aduciendo otros en contrario y formulando contrademanda, y celebrado el juicio recayó sentencia declarando con lugar la demanda, contra la que establecieron este recurso en el que alegan como primer motivo de error el haber sido desestimada su excepción previa a la demanda.

Se expone en ese motivo del recurso que la demanda no tiene otro objeto que hacer obligatorio por medio de los tribunales el fallo o laudo emitido por la Cámara de Comercio de Mayagiiez y que por esto debe ser pagado el precio del contrato y que aun tratándose de ejercer la acción de cum-plimiento de un contrato de compraventa mercantil no alega que los efectos comprados estén depositados a disposición de los compradores.

En verdad, los términos en que está redactada la de-manda y el epígrafe de ella, que dice ser sobre cumpli-miento específico de un laudo arbitral, producen la impre-sión de que tiene por objeto que se condene a pagar el pre-cio del tocino a que la demanda se refiere porque la Cá-mara de Comercio ya lia resuelto que los compradores están en la obligación de aceptar los dos embarques de ese con-trato. Considerada la demanda bajo este aspecto, no aduce hechos determinantes de cansa de acción porque no hay dis-posición alguna en nuestras leyes para hacer efectivos los fallos o laudos de las cámaras de comercio. Ya dijimos en el caso de Parga y Frontera, S. en C., v. The Royal Insurance Company, Ltd., 32 D.P.R. 78, que un asegurado que no acepta un laudo arbitral a que se sometió puede recla-mar judicialmente la cuantía de la pérdida sufrida; y de igual manera si los demandados en este caso no aceptan cumplir voluntariamente el laudo de la Cámara de Comer-cio, para que puedan ser condenados a cumplir su contrato con los demandantes tendrán éstos que ejercitar su acción independientemente de dicho fallo o laudo.

Pero si interpretamos liberalmente la demanda, como de-bemos hacerlo de acuerdo con el artículo 122 del Código de Enjuiciamiento Civil para hacer cumplida justicia a las par-tes, podemos llegar a la conclusión de que a pesar de que la mente de los demandantes estuvo fija en hacer efectivo el laudo dicho, sin embargo, hicieron ciertas alegaciones en la demanda que permiten considerarla como acción para cumplimiento de un contrato de compraventa mercantil, pues dice que se celebró ese contrato y que los demandantes en cumplimiento de él embarcaron dentro de los plazos conve-nidos el artículo vendido a los demandados y.que llegó al puerto de Mayagüez a virtud de consignación y entrega a los demandados mediante los conocimientos obrantes en po-der de los demandados. Pero habiendo alegado también que los demandados se negaron a aceptar la mercancía com-prada, para que la demanda así considerada aduzca todos los hechos determinantes de acción para obligar a los de-mandados al cumplimiento del contrato de compraventa pa-gando el precio de la mercancía era necesario que alegase que los efectos comprados por los demandados han sido de-positados y están a su disposición de acuerdo con el ar-tículo 332 del Código de Comercio. Tal como está redac-tada la demanda los compradores no tienen la mercancía porque rehusaron aceptarla y se les cobra el precio de ella sin que se ofrezca entregársela y sin haber sido depositada a favor de ellos, por lo que no podría dictarse sentencia a favor de los demandantes por las alegaciones de la de-manda. porque los demandados no pueden ser condenados a pagar una mercancía que no tienen en su poder por ha-berse negado a recibirla y que no está depositada a su dis-posición para recibirla como compensación del precio que pagaran por ella.

Por las razones expuestas la corte inferior cometió error al no declarar con lugar la excepción previa opuesta a la demanda y el caso debe serle devuelto con permiso a los de-mandantes para que enmienden su demanda dentro del plazo que dicha corte les fije.


author: El Juez Asociado Sbñob Hutchison,

text:
    Ruiz Demandante y Apelante, v. Juez Municipal de Aguadilla et al., Demandados y Apelados, Pardo, Interventora y Apelada.
    No. 3091.

    Visto: Diciembre 4, 1923.

      Resuelto: Mayo 23, 1924.
    Traslado — Sumisión—Renuncia de Domicilio — Lugar del Juicio — Quaere.—Si una mera promesa do pago en el domicilio del tenedor de la obligación cons-tituye una renuncia implícita del derecho del deudor a ser demandado en la corte de su domicilio.
    Sentencia; Presunción de Ser Correcta — Errores—Obligación del Apelante. —Se presume que la sentencia apelada es correcta y el apelante siempre tiene la obligación de establecer la existencia de cualquier error que se alegue ha sido cometido. No incumbe al apelado ni a la corte de apelación disipar toda duda que pueda existir respecto a la corrección de la conclusión a que ha llegado la corte inferior en ausencia de alguna demostración adecuada en sentido contrario.
    Sentencia de Tomás Bryan, J. (Aguadilla), denegando el auto de certiorari.

      Confirmada.

      A. y S. García Bucos, abogados del apelante; T. Torres Pérez, abo-gado de los_ demandados-apelados; Sres. García Méndez & García Méndez, abogados de la interventora-apelada.
   El Juez Asociado Sbñob Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Juana Pardo estableció demanda en la Corte Municipal de Agnadilla contra Manuel Ruiz Bellido en cobro de la suma de $166, saldo debido de dos pagarés montantes a $125 cada uno, pagaderos a Juana Pardo, o-a su orden, “en el domicilio del tenedor de esta obligación.”

El demandado, residente dél municipio de Añasco, solicitó el traslado del caso por motivo de residencia, a lo que se opuso el demandante fundado en la teoría de la sumisión del demandado a la jurisdicción de la corte en que el caso fué iniciado, por virtud de la cláusula arriba citada conte-nida en cada uno de los pagarés.

La corte municipal denegó la moción y más tarde negó también una moción de reconsideración.

El demandado entonces solicitó en la Corte de Distrito de Aguadilla un auto de .certiorari, el cual fué librado pero anulado después. Y el peticionario, apelante en este caso, sin liacer un señalamiento de errores por separado, sugiere a intervalos en. el curso de su alegato que:

‘ ‘ Primer error. — Erró la corte inferior al estimar que en este caso no interviene materia alguna ele procedimiento.
‘ ‘ Segundo error. — Lo cometió la corte inferior al estimar que, de anularse la resolución negativa del traslado, revisaría cuestiones de hecho y entraría improcedentemente en la consideración de los méritos del pleito originario.
“Tercer error. — Lo cometió la corte inferior al declarar que no es errónea la resolución que motivó este certiorari.”

La mayor parte del razonamiento trata especialmente de las proposiciones envueltas en los señalamientos primero y segundo, cuya corrección puede admitirse para los fines de esta opinión.

Sobre la cuestión principal el apelante se conforma con decir que:

“Es imposible sostener que no es erróneo estimar como una re-nuncia de domicilio y eomo una sumisión al de la demandante, el heebo de que el supuesto deudor baya prometido, según aparece del texto de- dichos documentos, que pagaría en el domicilio del te-nedor de las obligaciones.
“Y no es discrecional dar a un documento una interpretación arbitraria en extremo, como sucede en este caso.
“Además, la opositora al traslado no alegó que Ruiz Bellido hu-biera hecho renuncia ni sumisión alguna de competencia sino ‘que el deudor se sometió a la jurisdicción de la Corte Municipal' de Agua-dilla’ (segunda línea, pág. 13 trans. evidencia), cosa que, no podía hacer dicho deudor y que, si lo hubiese hecho, hubiera sido absolu-tamente nulo: siendo error craso de dicho tribunal municipal el sancionar tal cuestión de derecho y mayor error aun el de la corte apelada al ratificar tal sanción.”

Puede ser que tanto la corte municipal como la de. dis-trito incurrieran en error al interpretar la cláusula conte-nida en los dos pagarés, pero esa proposición no es por sí evidente, ni el mero hecho, si lo fuere, de que el demandante hizo una mala elección de palabras al formular su protesta contra el pretendido traslado de la causa, es motivo sufi-ciente de revocación. . . •

La regla general está en favor del derecho ■ del • deman-dado a que se le demande en el sitio donde vive. Nos incli-namos al parecer de que una renuncia de este derecho, cuando para probar esto se descansa en un contrato del cual surge litigio, debe ser, si no en términos expresos, entonces nece-sariamente, o por lo menos claramente, implícita. Ni esta-mos dispuestos a discutir ahora con el apelante sobre ía pro-posición de que una mera promesa de pago' en el domicilio del acreedor o tenedor de un documento negociable no cum-ple con estos requisitos. " "r

Pero se presume que la sentencia apelada es correcta y el apelante siempre tiene la obligación de establecer lh exis-tencia de cualquier error que se alegue ha .sido cometido. No incumbe al apelado ni a esta corte disipar toda-duda que pueda existir respecto a la corrección de lá conclusión a que ha llegado la corte inferior en ausencia de> alguna de-mostración adecuada en sentido contrario.

•• Además, ’¡en el presente caso, como lia sugerido el ape-lado, una de las cuestiones levantadas en la corte de dis-trito fue que el peticionario tenía un remedio adecuado en apelación contra la resolución negando la moción de traslado. Sin embargo, si. el apelante hubiera seguido este camino, asumiendo en pro del argumento que lo tenía expedito, en-tonces el presente caso hubiera ocupado su debido sitio en-tre ese numeró pequeño de casos en los cuales no procede una segunda apelación a esta corte.

Pero fuere o no pertinente esta sugerencia del apelado a cualquier cuestión que esté ahora ante esta corte, y aparte del valor intrínseco de la proposición envuelta, no estamos disptiestós en un caso de certiorari que envuelve una suma .náenor de $'200 y que por dos veces ha sido resuelto adver-samente para el apelante por las cortes inferiores, a tratar ahóra de resolver finalmente, sin la debida ayuda del ape-lante, una importante cuestión de procedimiento y algo du-dosa que afecta a los derechos de todos los futuros litigan-tes que se encuentren en semejantes condiciones.

Debe confirmarse la sentencia' apelada.


author: El Juez Asociado Señob Aldkey,

text:
    González et al., Demandantes y Apelantes, v. Díaz et al., Demandados y Apelados.
    No. 3031.

    Visto: Noviembre 15, 1923.

      Resuelto: Mayo 23, 1924.
    BhI VINDICACIÓN DE CONDOMINIOS! — DERECHO HEREDITARIO-CAUSA DE ACCIÓN-DE-1' manda Suficiente. — Contiene hechos suficientes constitutivos de la acción rei-vindicatoría de condominios hereditarios indivisos, una demanda en la que los demandantes alegan ser dueños por título de herencia de una dozava parte cada uno de una-finca de 170 cuerdas dejada por su causante; que nunca han -veiidido, Cedido ni renunciado su derecho en esa finca; que esa finca fuá ad- . ■ judieada a su madre para el pago de deudas de la herencia sin haber obte- . -nido autorización judicial y cuando ellos eran menores de edad; y que 100-A ■ cuerdas de'esa finca las poseen los demandados.
    Id. — Alegándose en la demanda que son seis los herederos y que la finca ■ -pertenece a el-los' y a la viuda por sus gananciales, por lo que aparece claro que cada uño de los demandantes tiene en ella una dozava parte, que es la CI .qiie' reclamad,' -nó' puede concluirse que la demanda es insuficiente por no ex-jiresar las distintas participaciones de los diversos condueños para conocer las do los demandantes; y en cuanto a que la demanda lio expresa a virtud de cuáles transmisiones se encuentran los demandados en posesión de las 100 cuerdas, tal alegación no es necesaria pues basta alegar que poseen la finca que es objeto del pleito, sin que sea de aplicación lo resuelto en el caso de Swis v. G. Llinás # Cía., 81 D. P. E. 48.
    Id. — In.—Partes no Necesarias. — Dos herederos que no figuran como demandan-tes en una acción sobre reconocimiento del dereeho hereditario entablada por otros herederos no son partes necesarias en esta acción.
    SenteNoia de TS. Lloreda, J. (Areeibo), en una acción reivindicato-ría, desestimando la demanda, con las costas.

      Revocada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos.

      L. Mercader, abogado de los apelantes; Largó & Zeno, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señob Aldkey,

emitió la opinión del tribunal.

Esta apelación lia sido interpuesta porque habiendo sido sostenida por la corte inferior la excepción previa de los de-mandados de que la demanda no aduce hechos determinan-tes de .causa de acción, a petición de los demandados la corte dictó sentencia y declaró sin lugar la demanda.

Martín, Isabel, Juana-Basilisa y María del Carmen Gon-zález Bermudez, que son cuatro de los seis hijos y herede-ros de Juan Antonio González, demandaron a cuatro perso-nas alegando sustancialmente lo siguiente: que el padre de los demandantes fué dueño hasta su muerte de una finca de 170 cuerdas cuya descripción hicieron: que los cuatro de-mandantes y otros dos hermanos fueron declarados herede-ros de su padre en 1893, habiendo aceptado todos la heren-cia y quienes con su madre viuda, María Josefa Bermúdez, pasaron a ser dueños en proindiviso de dicha finca, los hijos por herencia y la viuda por sus gananciales y que los deman-dados nunca han traspasado, cedido ni renunciado su título o derecho de propiedad en dicha finca de la que son dueños en una dozava parte cada uno de los demandantes: que los demandados están poseyendo 100 cuerdas de la finca de 170 cuerdas desde hace unos cuatro años sin título alguno: que la viuda y otra persona como defensor de los entonces me-nores' de edad no emancipados hicieron en el año 1893 la partición de los bienes relictos por sn cansante y adjudica-ron a diversos supuestos acreedores en pago de las deudas allí expresadas todos los bienes inmuebles de la herencia y que la finca de 170 cuerdas mencionada fué de igual modo adjudicada en pago de deudas a María Josefa Bermúdez (la viuda) y fué inscrita a su favor en el registro de la pro-piedad, y que por sucesivas transmisiones fian llegado .a. po-der de los demandados 100 cuerdas de ella: que cuando se hizo la partición de bienes, cuando fué aprobada por el juz-gado de primera instancia y cuando fué protocolada en una notaría, los demandantes eran menores de edad no emanci-pados y no se obtuvo autorización judicial para que los bie-nes fueran dados en pago de deuda: y que los demandados poseen esas 100 cuerdas de terreno sabiendo que dicha par-tición de bienes es nula.

Por esas alegaciones y otra respecto a los frutos de esa finca solicitaron de la corte declarase que los demandantes son dueños de un condominio de una dozava parte cada uno en la finca de 170 cuerdas y que los demandados le paguen cierta cantidad por daños y perjuicios más las costas.-

A petición de los demandados y por orden de la corte fueron eliminadas algunas palabras de esa demanda y fué hecha parte demandada la viuda Josefa Bermúdez. Poste-riormente la corte declaró que los otros dos hijos y herede-ros debían ser hechos partes en el pleito y que la demanda no aduce hechos determinantes de causa de acción, dictando después la sentencia antes mencionada.

Los apelantes tratan en los tres primeros motivos de su recurso cuestiones que realmente no tienen importancia cual-quiera que sea el resultado de nuestra resolución en este caso, pues se refieren a que fueron impropiamente elimina-das ciertas palabras de la demanda, a que no debió orde-narse la inclusión de la viuda como parte en el pleito y a que se debieron eliminar las segundas excepciones previas a la demanda, y solamente en el cuarto motivo es que tra-tan, aunque ligeramente, la cuestión fundamental en esta apelación cual es, si la demanda aduce o no hechos determi-nantes de causa de acción, independientemente de si los dos herederos que no figuran en el pleito deben ser partes en él.

Los demandantes alegan ser dueños por título de heren-cia de una dozava parte cada uno de una finca de 170 cuer-das dejada por su causante: alegan que nunca han vendido, cedido ni renunciado su derecho en esa finca: que esa finca fue adjudicada a su madre para el pago de deudas de la herencia sin haber obtenido autorización judicial y cuando ellos eran menores de edad: y alegan que 100 cuerdas de esa finca las poseen los demandados.

Si todo eso es cierto, y hay que suponerlo así para resolver la excepción opuesta a la demanda, entonces resulta que siendo nula la adjudicación de bienes hecha para pago de deuda de acuerdo con lo resuelto en el caso de Longpré v. Días, 237 U.S. 519, ellos conservan en esa finca y en la porción de 100 cuerdas segregadas el derecho de una dozava parte' que les correspondía por herencia de su padre y tie-nen derecho a que tal condominio les sea reconocido por los actuales poseedores de ella, según declaramos en el caso de Capó v. Fernández, 27 D.P.R. 715, y en el de Santini v. Díaz San Miguel, 27 D.P.R. 816.

La corte inferior fundó su decisión en este particular en que la demanda no es suficiente porque no se demuestra en ella claramente el derecho de los demandantes como dueños de la finca de 170 cuerdas por no expresar las distintas par-ticipaciones de los diversos condueños para conocer la de los demandantes, pero la demanda clarámente alega que son seis lós herederos y que la finca pertenece a ellos y a la' viuda por sus gananciales por lo que aparece claro que cada uno de los demandantes tiene en ella una dozava parte, que es la que reclaman, por lo que no puede sostenerse la con-clusión de la corte inferior; y en cuanto a que la demanda no expresa a virtud de cuáles transmisiones se encuentran los demandados en posesión de las 100. cuerdas, tal alegación no es necesaria pues basta alegar que poseen la finca que es objeto del pleito, sin qne sea de aplicación lo resuelto en el caso de Ruiz v. G. Llinás & Ca., 31 D.P.R. 48.

En cnanto a si los dos herederos qne no figuran en este pleito deben ser o no partes en él, opinamos qne no son partes necesarias en el mismo porque no se trata de que se declare la nulidad de la partición de bienes en qne intervi-, nieron sino de recobrar los demandantes el condominio qne alegan tener en una finca y del cual no se fian desprendido por ser nula la adjudicación qne de ella se fiizo para el pago de deudas.

La sentencia apelada debe ser revocada y el caso de-vuelto para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Sr. Franco Soto firmó: “Conforme con la sentencia.”


text:
    Molina et al., Demandantes y Apelantes, v. Hernández, Demandado y Apelado.
    No. 3064.

    Visto: Diciembre 13, 1923.

      Resuelto: Mayo 23, 1924.
    Nulidad de Venta a Betbo — Prescripción de la Acción de Nulidad df, Venta a Ketbo. — El término de prescripción de la acción para anular una venta con pacto de retro bajo la teoría de que no era tal sino un préstamo con hipo-teca, empieza a contarse desde que venció el término dentro del cual el ven-dedor podía retraer y no desde que el comprador obtuvo inscripción de la consumación de la venta en el registro.
    SENTENCIA de Pablo Berga, J. (Humacao), en acción de nulidad de escritura y reivindicación, declarando sin lugar la demanda, sin costas.

      Confirmada.

      González Fagundo, abogado de los apelantes; J. Vendrell, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Los apelantes solicitaron de la Corte de Distrito de Hu-macao por demanda radicada en 18 de octubre de 1920. qne declarase nulo un contrato de venta con pacto de retro qne en 17 tie agosto de 1915 otorgaron a favor del padre de los apelados porque en realidad era un contrato- ■ de -préstamo con hipoteca. . . .

Después de celebrado el juicio la corte de distrito de-claró sin lugar la demanda fundándose en que si bien la in-tención- de las partes fué la de celebrar un contrato de' Ma-poteca y no de venta con pacto de retro, sin embargo la ac-ción de nulidad que se ejercita está prescrita -porque ha-biéndose concedido hasta el 17 ele agosto 1916 para redimir la finca, desde esta fecha empezaba a correr el término de cuatro años que fija el artículo 1268 del Código Civil para ejercitar la acción de nulidad de los contratos que tienen una causa falsa, término que había transcurrido cuando la demanda fué interpuesta.

En la apelación que los demandantes han establecido-contra esa sentencia alegan como único motivo del recurso que la corte inferior erró al contar los cuatro años desde el 17 de agosto de 1916 y no desde el 5 de junio de 1917 en cuya fecha fué presentada la escritura en el registro de la propiedad para consolidar la venta por haber vencido el plazo de redención.

Los contratos surten efecto entre las partes desde qúé los celebran y por esto no es la fecha de la inscripción en el registro de la-propiedad del contrato de venta con pacto de retro la que determina el momento en que ha de empe-zar a contarse el término de prescripción para solicitar la declaración ele su nulidad porque entonces ese término es-taría a voluntad del comprador y porque la misma ley ha declarado que desde la consumación del contrato es que em-pezará a .contarse el término de cuatro años para la pres-cripción de la acción de nulidad. El contrato no quedó con-sumado en este caso desde que fué inscrito en él registro'de la propiedad sino desde agosto de 1916 en que venció 'él plazo durante el cual los vendedores podían redimir la finca,. porque en esa fecha fué que el comprador adquirió el do-minio sin limitación ni condición alguna suspensiva, que-dando así consumada la venta.

La sentencia apelada debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor Wole,

text:
    Martínez, Promovente, v. Corte de Distrito de Aguadilla et al., Demandados.
    No. 32.

    Sometido: Majo 9, 1924.

      Resuelto: Mayo 26, 1924.
    Auto Inhibitorio — Jurisdicción.—Cuando liay una apelación la jurisdicción no ■ se pierde permanentemente sino que solamente queda suspendida. Por tanto, cuando .el apelante abandona su apelación y el apelado está presente y no existe nada que demuestre que él alegara algo sobre la privación temporal de 'jurisdicción y cuando el asunto puede ser revisado por apelación a su debido tiempo, no procede librar un auto inhibitorio para poner a prueba la cuestión y debe dejarse a las partes con sus remedios ordinarios después de la ejecución que se pretendió o pretende en esto caso.
    Solicitud de auto inhibitorio contra el Juez Tomás Bryan, (Agua-dilla).
    . Denegado.

      Víctor P. Martínez, promovente, compareció por escrito; los deman-dados no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Wole,

emitió la opinión del tribunal. •

Ante la Corte de Distrito de Aguadilla en el caso de Ballester v. Martínez, No. 4162, la corte dictó sentencia a favor de Martínez en julio 31, 1923. Ballester apeló. Por lo -general tal apelación suspende la jurisdicción de la corte inferior, de conformidad con nuestra jurisprudencia y como se indicaren el tomo 12 de Corpus Juris, página 1265. A pesar de esto otra sentencia surgió en el mismo caso contra Martínez, el día 14 de septiembre, 1923. Parece que des- „ pues de interpuesta la apelación la corte de distrito anuló su-.sentencia, de-julio 31 a favor de Martínez para luego dictar otra .contra él en septiembre 14. Esta segunda sen-tencia fue apelada por Martínez, pero esta corte desestimó la.apelación, ,32 D.P.E. 649. Todo esto ocurrió mientras es-tabú.. pendiente. en este tribunal la apelación de Ballester. Ballester .no. estaba activando su apelación. El verdadera-mente la abandonó y no podía obtener ninguna ventaja de ella. Después de liaber abierto nuevamente el caso la corte inferior, no consta que Martínez presentara ninguna cues-tión de jurisdicción. Convenimos con Martínez en que la •corte de distrito no puede adquirir jurisdicción por consen-timiento, pero cuando bay una apelación la jurisdicción no ■se pierde permanentemente sino que solamente queda sus-pendida. Por tanto, cuando el apelante abandona su apela-ción y el apelado está presente y no existe nada que de-muestre que él alegara algo sobre la privación temporal de .jurisdicción y cuando el asunto puede ser revisado por ape-lación a su debido tiempo, no estamos dispuestos a librar un auto extraordinario para poner a prueba la cuestión y •dejaremos a las partes con sus remedios ordinarios después *de la ejecución que se pretendió o pretende en este caso.

El auto inhibitorio debe ser denegado.


author: El Juez Asociado Stsñoe Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Torres, Acusado y Apelante.
    No. 2128.

    Visto: Diciembre 11, 1923.

      Resuelto: Mayo 26, 1924.
    ■Credibilidad del Testigo — Repreguntas para Ataoae la Credibilidad del Tes-tigo'. — Debe permitirse gran liberalidad en el examen de repreguntas de un testigo con el fin de poner a prueba su exactitud y credibilidad, y cuando las preguntas hechas parecen referirse a heehos y circunstancias dentro del alcance general del interrogatorio directo, se comete error al excluirlas.
    Td. — Td.—Notas Taquigráficas ante el Gran Jurado. — Cuando las notas taqui-gráficas de la investigación ante el gran jurado pasan a -la corte se con-vierten en documento público; y si bien no pueden ser ofrecidas directamente como prueba, pueden ser usadas para fines de repreguntas; por lo tanto,'es ■erróneo privar al acusado de su derecho a impugnar la declaración de un testigo por el motivo de que el testigo' había hecho declaraciones ante el gran jurado inconsistentes con su actual declaración.
    Sentencia de B. Díaz Cintrón, J. (Ponce), denegando nn nuevo juicio y condenando al acusado a 8 años de presidio, por homi-cidio voluntario.

      Revocada la sentencia y concedido un nuevo juicio.

      F. B. Fornaris, abogado del apelante; José E. Figueras, Fiscal, abo-gado del apelado. 1 '
   El Juez Asociado Stsñoe Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La prueba tendió a establecer que el apelante Gómez y el interfecto Cambrelein eran enemigos y que sus diferencias surgieron debido a la relación que cada uno de ellos -tenía ' con el trabajo del municipio de Ponce, donde Cambrelein era sobrestante y Gómez alegaba ser el carpintero. Un amigo de ambos, de apellido Torres, llevó a Gómez a casa de Cambrelein para reconciliar a los dos hombres. La prueba también tiende a demostrar que Gómez fué a la casa de Cambrelein armado de un cuchillo o punzón y que en la casa fué visto el punzón en su persona por un testigo quien avisó ese hecho a Cambrelein por medio de señas. Cuando Gómez, el acusado, y Torres llegaron a la casa de Cambre-lein este último los recibió agradablemente y les dijo que se sentaran. Casi inmediatamente, sin embargo, surgió una diferencia sobre si Gómez era o nó el carpintero del muni-cipio y Cambrelein negó o dudó si Gómez era tal carpintero. Sobre esto Gomez dijo que si Cambrelein estaba vivo le debía la vida a la tolerancia de Gómez, o palabras como ésas. Torres, viendo que su misión había fracasado, logró sacar a Gómez de la casa de Cambrelein por la escalera o hacia abajo, según fuere. Todos los testigos prácticamente están acordes en que Gómez al retirarse y antes de hacerlo, insultó desafió y continuó insultando y desafiando a Cambrelein. Este último,- sin embargo, le siguió hacia abajo y según después quedó probado, estaba armado de un revólver que nadie sabía que tenía. El campo abajo estaba oscuro y muy poco alumbrado. Los dos hombres se encontraron en esta parte apenas alumbrada y Cambrelein, es evidente, falleció de una herida de cuchillo causada por Gómez. En el juicio Gómez fué declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a la pena de ocho años de presidio.

Toda la prueba es inconsistente con cualquier otra teo-ría-- que no sea la de que los disparos fueron hechos por Cambrelein y que uno de estos disparos hirió a Gómez. Gó-mez mató a Cambrelein y sostuvo y declaró que lo hizo en defensa propia. La prneba del gobierno, no obstante, tiende a acreditar que todos los disparos fueron hechos después de separados los dos hombres o cuando ya no luchaban juntos.

Sostiene el apelante que no hubo prueba de homicidio involuntario. Sin embargo, cualquier muerte voluntaria por la cual no exista ninguna excusa legal y que no se demuestre que sea deliberada y premeditada cae dentro de la catego-ría del homicidio involuntario.

Tal vez hubo alguna prueba de .la cual el jurado tenía derecho a creer que Gómez indujo a Cambrelein a bajar la cuesta para matarlo o quizás hasta que Gómez fué a la casa de Cambrelein con esa intención o idea reservada en su mente sujeta a lo que Cambrelein dijera o hiciera. Si Gómez tuvo tal intención en su mente un disparo hecho por Cambrelein no justificaría un homicidio en defensa propia. La cuestión principal en este caso, sin embargo, es si al acu-sado se le permitió en el juicio utilizar todos los recursos que la ley permite para sacar la verdad de los testigos.

Las notas taquigráficas tomadas en la sesión del gran jurado fueron archivadas con la acusación original y llega-ron al poder del abogado del acusado en cuyo poder estu-vieron durante gran parte del juicio. Un testigo del go-bierno, Pericás, había declarado respecto a la forma en que Gómez salió de la casa de Cambrelein y en cuanto a los su-cesos interiores a esto. En el examen de repreguntas se le preguntó lo siguiente: “¿,Vd. recuerda si durante la in-vestigación que hizo el gran jurado en este mismo caso, en este mismo salón, entre el 19 de noviembre y ahora Yd. de-claró bajo juramento ante el gran jurado que Ventura Cam-brelein desde arriba y Andrés Torres Gómez desde abajo continuaron discutiendo, pero al verles a ellos en este es-tado rio pudimos aguantar a Ventura?” El fiscal se opuso por el fundamento de que no se había establecido la debida base para la pregunta y la corte desestimó la objeción. El testigo al mismo tiempo de hacerse la objeción dijo que no recordaba. El acusado entonces preguntó si era que el tes-tigo no recordaba haber prestado la declaración o no recor-daba lo que dijo. Antes de haberse hecho esta segunda pregunta el fiscal solicitó que la primera fuera eliminada. La. corte manifestó que resolvería la moción de la elimina-ción antes de terminarse el juicio pero no lo hizo. La corte no permitió que la segunda pregunta fuera contestada.

Tanto el fiscal de la corte inferior como el de esta corte parecen estar bajo la impresión de que para poder con-frontar e impugnar a un testigo con manifestaciones incon-sistentes era necesaria mayor especificación que la que apa-recía de la pregunta que hemos transcrito. La norma se-ría ver si el testigo fácilmente entendería la fecha, lugar y circunstancias por virtud de las cuales la alegada manifes-tación inconsistente se hizo. Se le dijo el lugar, aproxima-damente la fecha, y la última se precisó haciendo una refe-rencia a los procedimientos del gran jurado en el mismo caso. El testigo tuvo todas las oportunidades para conocer y entender la ocasión a que se hizo referencia, y según cree-mos no podía dejar de entenderla.

La corte excluyó la segunda pregunta basada en la teo-ría, según entendemos, de que las sesiones del gran jurado son secretas. Si la corte estuvo equivocada en esto, el ape-lante fuá limitado indebidamente en su examen de repre-guntas porque asumiendo que hubo una contradicción apa-rente en su declaración ante el gran jurado y el pequeño jurado el apelante tenía derecho a investigar un poco más. Si el testigo no recordaba haber declarado ante el gran ju-rado, esta falta impugnaría su memoria y si él dijo que no recordaba haber contestado la pregunta como se le hizo, to-davía podría ser interrogado con respecto a cuál de las dos manifestaciones era verdad y habérsele dado una oportuni-dad de explicar. Si él dijo que no había hecho la alegada manifestación que se impugna,' y era esencial, pudo haber sido contradicho en debida forma como luego veremos. He-mos asumido que la pregunta original se hizo de buena fe, como-sería la presunción, pues en verdad sería cosa muy grave preguntar a un testigo acerca de una manifestación, a menos que la manifestación real o aparentemente hubiese sido hecha ante el gran jurado como lo revelan las notas taquigráficas. Si las notas taquigráficas podían usarse de algún modo, la corte incurrió en error al circunscribir el derecho a hacer repreguntas. Artículo 2 de la Ley Orgá-nica, a saber, que en todos los procesos criminales el acu-sado gozará del derecho de carearse con los testigos de cargo. La idea principal del careo es la oportunidad para hacer repreguntas. "Wigmore, Seo. 1398. Debe permitirse gran liberalidad en el examen de repreguntas de un testigo con el fin de poner a prueba su exactitud o credibilidad, y cuando las preguntas hechas parecen referirse a hechos y circunstancias dentro del alcance general del interrogatorio directo, se comete error al excluirlas. People v. Westlake, 124 Cal. 452, y otros casos citados en el alegato del ape-lante. La corte probablemente no hubiera limitado el exa-men de repreguntas si hubiera creído que el abogado tenía derecho a utilizar las notas taquigráficas en la forma pro-puesta. Desde luego que si el abogado no tenía derecho a usar las notas la corte no incurrió en error.

El abogado solicitó en términos generales que se le per-mitiera usar las notas taquigráficas para interrogar a los testigos y la corte en una orden razonada lo negó. Técni-camente éste no es el modo de obtener el uso de las notas taquigráficas ya archivadas y en poder del abogado, pero el abogado debe hacer preguntas a los testigos como se hizo en el examen del testigo Pericás. Debe hacerse constar, a medida que se examine cada testigo, que hubo alguna con-tradicción en su declaración en el salón de la corte y ante el del gran jurado. Si el abogado no estaba tratando de ofrecer manifestaciones inconsistentes, y especialmente si nadie tenía ninguna idea de que un testigo había sido in-consistente en sn declaración, nada podría haber en las no-tas taquigráficas de ningún beneficio posible para la corte, el abogado, o la investigación de lá verdad. Las notas ta-quigráficas nnnca pneden ser usadas debidamente como nn instrumento o medio de infundir temor a un testigo, sino que deben ser utilizadas únicamente con su fin legítimo de establecer la base de la contradicción. Sin embargo, el uso debido de las notas taquigráficas, suponiéndose que pueden usarse, se pretendió hacer en el interrogatorio del testigo Pericás y todo el caso después fué seguido por virtud de la teoría de que las notas de modo alguno no puedan utili-zarse en el juicio, cuya actitud puede también haber impe-dido un interrogatorio amplio de los demás testigos. Exa-minaremos la ley del gran jurado.

Los artículos pertinentes de la misma son los siguientes:

“Sección 30. — Las sesiones del Gran Jurado serán secretas. El taquígrafo de la corte o un taquígrafo designado al efecto por la corte, con cargo a El Pueblo de Puerto Rico, podrá estar presente en las sesiones para tomar la. prueba y transcribirla.
1 ‘ Sección 31. — En la transcripción taquigráfica se consignarán los nombres de los jurados que intervengan en la investigación, la prueba aducida y resolución de cada cargo, y se trasmitirá íntegra a la corte debidamente certificada antes de la lectura de la acusación.
“Sección 32. — El fiscal podrá estar presente durante la investi-gación del Gran Jurado solamente para ofrecer las pruebas que tu-viera; pero nunca durante la deliberación”
“Sección 34. — Todo miembro del Gran Jurado debe guardar se-creto acerca de cuanto se haya dicho en las deliberaciones de- éste y de la manera como hayan votado él o sus colegas; pero cualquier corte puede compelerle a descubrir el testimonio prestado por un testigo ante el Gran Jurado en los dos casos siguientes:
“1. A los efectos de juzgar si dicho testimonio es consistente con la declaración prestada ante dicha corte.
“2. En el juicio de una acusación por perjurio contra el testigo.”

Aunque hay un momento oportuno para guardar secreto en el procedimiento del gran jurado, este momento pasa al formularse la acusación (indictment). Nos limitaremos a Racer- mía referencia de Wigmore Sobre Evidencia y sus ci-tas, a saber:

“Sección 2362 (ó) Privilegio de Testigos ante el Gran Jurador-Principio General. Los testigos y denunciantes que comparecen ante el gran jurado deben estar garantidos temporalmente contra la re-velación compulsoria de sus declaraciones y quejas, porque de otro modo el Estado no podría esperar obtener bastante cantidad de prueba para la acusación del gran jurado. El secreto es el ali-ciente del Estado para obtener prueba. La política es análoga a la del privilegio de informantes en general, (post, sec. 2374), El privilegio, por tanto, no es el del miembro del gran jurado, pues éste no es sino un intérprete indiferente de la declaración. Ni tam-poco lo es enteramente del Estado, pues el interés del Estado es simplemente el motivo para constituir el privilegio. La teoría del privilegio es que el testigo está garantido contra una divulgación compulsoria; el privilegio debe por tanto ser el del testigo y des-cansa en su consentimiento.
“Pero claramente que el secreto que se garantiza es solamente temporal y provisional. El secreto permanente sería más de lo ne-cesario para hacer que el testigo esté dispuesto. Además se iría de-masiado lejos estableciendo una oportunidad para el abuso; toda vez que un testigo corrupto podría utilizarlo para hacer cargos fal-sos. Tanto como esto se admite ahora universalmente.
“1858, Bigelow, J. en el caso de Com. v. Mead, 12 Gray, 167: ‘Por cuanto estos fines .(que arriba se indican) se han cumplido, la necesidad y conveniencia de conservar el sello del secreto terminan. “Cessañte ratione cessat regula.” Después de formulada y presen-tada la acusación; y de estar el acusado obligado a contestar y el juicio ante el pequeño jurado se comienza, todos los hechos relati-vos ar delito imputado y su prosecución están necesariamente expues-tos y ño puede surgir ningún daño a la causa de la justicia pública por no ocultar por más tiempo hechos que son esenciales y pertinen-tes a la cuestión litigiosa, meramente porque su revelación puede con-ducir al descubrimiento de alguna parte de los procedimientos ante el gran jurado. Por el contrario, gran dureza e injusticia podría ■ocasionarse a menudo privando a una parte de prueba importante que es esencial a su defensa, poniendo en vigor una regla de exclu-sión, cuyo origen y fundamento descansan en la política pública, después que las razones en Tas cuales esta regla se basa han dejado de existir. El presente caso suministra un buen ejemplo de la ver-dad de esta observación. No podrá ocasionarse ningún daño a los intereses y los derechos del gobierno, a nuestro modo de ver, por una divulgación de la prueba aportada por el testigo ante el gran ju-rado. . . . Por otra parte es claro que los derechos del acusado po-drían quedar afectados grandemente y aumentar mucho su. peligro, si se le impide demostrar el hecho de que un testigo importante contra él "no debe considerarse con gran cautela y duda, pues en una ocasión anterior, al ser llamado a declarar bajo juramento había hecho un relato distinto del mismo suceso, del que ha dado en su declaración en el juicio.’
“1893. McSherry, J. en el caso de Izer v. State, 77 Md. 110, 26 Atl. 282: ‘Si los testigos que declaran falsamente ante el gran jurado están exentos de todo castigo por perjurio, meramente por el hecho del secreto del juramento del jurado el objeto que se per-sigue por esa disposición de su juramento quedaría pervertido y una medida cuyo fin era promover el bienestar público quedaría con-vertida en un medio para destruir los fines de la justicia. La ley no-permite la obligación de secreto que se ha impuesto para un fin, que se utilice con otro objeto que es enteramente distinto. El jura-mento de secreto del gran jurado no puede por tanto interponerse para obstruir la administración de justicia.’
“¿Pero cuáles son ios límites de este secreto temporal! La con-testación es en principio que éste cesa cuando el gran jurado ha terminado con sus deberes j ha acusado, o exonerado a las personas acusadas. (1) Suponiendo que el gran jurado acuse a J. S. por la declaración de Doe, es evidente que el secreto ya no puede servir-más, pues Doe .será citado como testigo en el juicio y obligado a de-clarar. Si él dice la verdad y ésta es la misma que declaró ante el gran 'jurado, la divulgación de la anterior declaración no puede po-siblemente causarle ningún daño- (en la forma de daño material o mala voluntad) que su declaración en el juicio público no tienda igualmente a producir. Si, por otra parte, él declara ahora falsa-mente o declara verdaderamente, pero antes falsamente, él no es en-manera alguna una persona que deba tener ningún privilegio. El privilegio, por tanto, no tiene más razón de existir. (2) Suponiendo, por el contrario, que el gran jurado después de oir la declaración de Doe exonere sin embargo a J. S. debe existir ahora un motivo para Doe desear e-1 secreto, — como cuando en un juicio subsiguiente se desea impugnar a Doe como testigo demostrando sus manifestaciones de prejuicio contra J. S. ante el gran jurado. Pero aquí el privi-legio también debe cesar por otra razón, o sea, que la oportunidad que tal divulgación tendrá es una contingencia demasiado pequeña para tener ningún efecto ‘a priori’ en hacer que Doe no quiera formular queja o prestar declaración ante el gran jurado; Doe na-turalmente habrá esperado que J. S. fuera acusado. Además, al ser citado Doe a un juicio civil que envuelve las mismas cuestiones, que el proceso criminal, y se desea impugnar a éste con su declara-ción anterior, todo motivo de secreto concluye por las mismas ra-zones anotadas en el párrafo (1) supra. Además, en las otras raras-contingencias en las cuales su declaración ante el gran jurado po-dría haber sido pertinente {post, sec. 2363, párrafo 2) la justicia requiere en cualquier caso que Doe nó sea exonerado de la divul-gación.
“No quedan, por tanto, en principio, ningunos casos en los cua-les después que las funciones del gran jurado han terminado, el pri-vilegio de los testigos a que sus declaraciones no sean reveladas, debe considerarse que continúa. Esta es, en efecto, la ley como ha sido aceptada hoy generalmente. Sin embargo, no ha sido ordinaria-mente expuesta en una forma tan amplia. La frase corriente es. que la divulgación puede ser necesaria ‘siempre que resulte nece-saria en el curso de la justicia.’ Haciendo caso omiso de algunas-, excepciones locales, en la práctica ésta no es una regla más estricta que'la antes referida inferible del principio.” 5 "Wigmore Sobre; Evidencia, párrafo 2362, p. 152.”

El artículo 31 es demasiado claro para ser discutido'. Las notas taquigráficas deben ser trasmitidas a la corte y por tanto se convierten en un documento público. El ar-tículo 34 tiene por fin la comparecencia de uno de los mis-mos jurados.

Iowa y Wisconsin son Estados que tienen leyes semejan-tes y sus cortes han hablado. Havenor v. State, 125 Wis. 444, 104 N. W. 116; State v. Woodward, 132 Iowa, 675, 108 N. W. 753. El resultado final de estas decisiones y otras que hemos examinado es que las notas taquigráficas pueden ser usadas para fines de repreguntas; que aunque el do-cumento que contiene las notas taquigráficas no puede ser ofrecido directamente como prueba puede..ser usado por el testigo cuya declaración se impugna para refrescar su me-moria, y que tal testigo puede ser el mismo taquígrafo- o un miembro del gran jurado.

Resulta, pues, que la corte incurrió en error al limitar el alcance del examen de' repreguntas del testigo Pericás f que la corte estuvo enteramente equivocada en su actitud hacia las notas taquigráficas.

El abogado hizo un señalamiento de error en términos generales en cuanto a las instrucciones y tendríamos derecho a no considerarlo. La corte, aunque finalmente dio las debi-das instrucciones, parecía tener cierta impresión de que la defensa propia que justifica el quitar la vida a un ser hu-mano surgía sólo en defensa de la propia vida de una persona. Sin embargo, según manifestó luego la corte, el te-mor de grave daño corporal es bastante. Dudamos, además, a menos que no exista una razón especial para ello, si des-pués de decir al jurado que al acusado debe tratarse como a cualquier otro testigo, debe decírsele que este principio era cierto “teniendo en consideración el interés natural que él puede tener.” El jurado puede hacer la inferencia necesa-ria por sí mismo. Los demás señalamientos de error han sido tratados incidentalmente.

Debe revocarse la sentencia apelada y devolverse el caso para la celebración de un nuevo juicio.


author: El Juez Asociado Señok Wolf,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Vázquez, Acusado y Apelante.
    No. 2151.

    Visto: Enero 17, 1924.

      Resuelto: Mayo 26, 1924.
    Homicidio Involuntario — Prueba—Veredicto Contrario a la Prueba. — Acusado un motorista de homicidio involuntario imputándosele negligencia por no ha-¡ber parado el tranvía en determinado sitio que se alegó era una parada obli-gatoria, por no haber tocado la campana y por haber llevado el tranvía a toda velocidad en dicho sitio, se resolvió: que habiéndose demostrado que la parada no era obligatoria; no habiéndose probado concluyentemente que el .acusado no tocara la campana y resultando que el sitio donde ocurrió el •accidente no era un lugar urbanizado y que tampoco existían otras razones legales para parar o reducir la velocidad, tanto el veredicto como la sen-tencia condenatoria fueron contrarios a la prueba.
    Sentencia de M. Rodríguez Serva, J. (San Juan, Distrito Segundo), condenando al acusado a un año de presidio por homicidio invo- . luntario.

      Revocada y absueUo el acusado.

      J. H. Brown y G. Buiz Nazario, abogados del apelante; José E. Fi-gueras, fiscal, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señok Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Si bien existen varios señalamientos de error bay uno el cual estamos convencidos que debe originar una revocación bajo cualquier aspecto de las alegaciones y de la prueba, a saber, que el veredicto y sentencia son contrarios a la prueba. Discutiremos este señalamiento.

La acusación fué formulada por el delito de homicidio involuntario contra el acusado, que era el motorista de un carro eléctrico toda vez que él fué acusado en efecto colec-tiva o disyuntivamente, primero de negligencia por no haber parado el carro en-la parada 28, que se alegó era obligato-ria; segundo, al no tocar la campana, y, tercero, en la forma en que se ha ampliado o quizás ha de entenderse se-gún el pliego de particulares (bill of particulars) al haber corrido el carro a toda velocidad en el sitio en particular donde ocurrió el accidente.

En el juicio se demostró concluyentemente y aceptó la corte en sus instrucciones que la parada 28, donde el acci-dente tuvo lugar, no era una parada obligatoria, de modo que esa alegada afirmación de negligencia el jurado no te-nía derecho alguno a considerar, de acuerdo con la ley como le fué presentada.

La prueba de los testigos del G-obierno no fué satisfac-toria en cuanto al acto del acusado de pío tocar la campana. Ninguno de dichos testigos declaró categóricamente respecto a tal omisión en tocar la campana y uno de ellos manifestó que el sonido no podía ser oído dado el ruido que producía la guagua que allí había. La corte instruyó al jurado so-bre esta condición poco satisfactoria de la prueba, y no en-contramos que el gobierno presentara un caso suficiente en este sentido. Cualquier duda acerca de este punto creemos que debe disiparse por el análisis del siguiente o tercer cargo de negligencia.

El finado viajaba de San Juan a la Parada 28 én una guagua. Al llegar allí la prueba en substancia es que él pasó a la parte trasera de la guagua o, según algunos tes-tigos, al frente de la misma, sacó de allí su maleta y, al parecer, sin dar una mirada en una u otra dirección, cruzó frente al carro eléctrico que iba a toda velocidad. TTn tes-tigo manifestó que el interfecto iba mirando hacia el suelo.

La prueba tiende a demostrar que la parada 28 no es un sitio urbanizado donde, de no haber una razón legal para parar o reducir su velocidad, el carro tiene derecho a correr a toda velocidad. Olavarría v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 26 D.P.R. 645; Morales v. Porto Rico Railway, Light & Power Co., 27 D.P.R. 769. La razón para ir rebajando la velocidad o parar, entre otras, pueden ser las condiciones actuales que puedan claramente observarse, como, por ejemplo, una aglomeración de personas o vehícu-los, o la presencia de una persona en la vía.

En cuanto a la presencia de una persona en o cerca de la vía, la prueba es clara de que el motorista no vió real-mente al interfecto, o ninguna posición de peligro por parte de este último hasta que ya era demasiado tarde para parar el carro. • En este caso no podía surgir ninguna negligen-cia por la falta en observar la vía.

Considerado el hecho de que el carro tiene derecho a co-rrer a toda velocidad en la parada 28, la probabilidad o po-sibilidad de que alguna persona cruce la vía debe ser .razo-nablemente aparente, o estar dentro de la acostumbrada ex-periencia de un motorista en ese lugar. Tal experiencia o deber no fué probado por el gobierno.

En el caso de Vidal v. Porto Rico Railway Light & Power Co., 32 D.P.R. 769, indicamos que un sitio en particular, aun en la servidumbre de vía (right of toay) de una compañía de trenes, puede ser de tal modo usado o cruzado por el público, que aumente el deber de tener cuidado por parte de un motorista, pero la prueba no nos convence de ■que la parada 28 era tal sitio. Un testigo manifestó que el sitio era susceptible de aglomeración de gente a la bora del tren, pero no babía prueba aquí de la existencia de tal aglomeración al ocurrir el accidente. Ni siquiera el peli-gro para las personas que desean entrar o salir del tren en este sitio en particular quedó demostrado. No bay nada que demuestre que las guaguas siempre paraban en una forma determinada o en un lugar particular de donde hu-biera de temerse peligro. No tenemos ninguna vacilación en decir que no bubo prueba para someter al jurado, nin-guna prueba de la cual el jurado tenía derecho a inferir que el acusado babía sido culpable de alguna violación de un deber que la condición de la ley le impone.

Hemos dado a esta discusión, tal vez, más amplitud que lo que Realmente justifica el estado de las alegaciones. El acusado solicitó un pliego de particulares (bill of particulars) y la moción fué declarada con lugar.' En cuanto a este ter-cer cargo que hemos estado considerando, el pliego de par-ticulares decía:

“3. Que el motorista pasó a toda velocidad no obstante ser la parada obligatoria y un sitio de tráfico público por donde el inter-fecto. como cualquier ciudadano, tenía derecho a pasar.”

De modo que, en realidad, el acto de negligencia impu-tado fué en no rebajar la velocidad debido al carácter obli-gatorio alegado de la parada. 28. El caso, como ha sido demostrado por el interrogatorio de los testigos, fué una tentativa por probar la naturaleza obligatoria de la parada. En el pliego de particulares no se alegó ningún deber general por razón de las circunstancias especiales.

El apelante alegó haberse cometido error debido a la insuficiencia de la acusación en seguir las palabras genera-les del estatuto. Hemos considerado estos particulares en el caso de El Pueblo v. Parkhurst, 29 D.P.R. 920, y El Pueblo v. Piñero, 31 D.P.R. 1. Además, el pliego de partícula-res hacía más amplia la acusación y las deficiencias de este pliego de particulares, creemos, que son detalles que podían ser subsanados por el veredicto. Que la prueba no tendió a sostener la acusación como £ué ampliada, es nuestra ver-dadera razón para la revocación.

El apelante promueve la cuestión de jurisdicción de la corte debido a la alegada vigencia de la ley No. 41 de 1921, (p. 287), y por tanto de la jurisdicción de la Corte de Dis-trito de San Juan, Segundo Distrito. La mayoría lia soste-nido la suficiencia de esta ley en el caso de Toro et al. v. Corte de Distrito de San Juan, 30 D.P.R. 542 y los casos su-cesivos. Si esa ley era nula parecería que la Corte de Dis-trito, Segundo Distrito, tenía jurisdicción del delito por ra-zón de la anterior constitución de esa corte. De todos mo-dos, como estamos ordenando una absolución no es necesa-ria mayor consideración del asunto.

La sentencia debe ser revocada y absuelto el acusado.


author: El Juez Asociado Señor Wolp,

text:
    Rosa, Demandante y Apelante, v. Díaz et al., Demandados y Apelados.
    No. 3145.

    Visto: Enero 31, 1924.

      Resuelto: Mayo 26, 1924.
    Honorarios Excesivos — Temeridad de la Parte Vencida.- — La consideración, principal al conceder honorarios, más que la importancia del trabajo del abogado victorioso, es el grado de temeridad de la parte vencida; por lo que examinando las circunstancias de este caso y siendo la reclamación poco más de $2,000, la concesión de honorarios por $700 es excesiva.
    Resolución de B. Llorada, J. (Arecibo), en impugnación al memo-rándum de costas.

      Confirmada, pero reduciendo la suma conce-dida.

      L. Mercader, abogado del apelante; Large é Zeno, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Wolp,

emitió la opinión del tribunal.

Establecida una acción contra el demandado para el cumplimiento de un contrato y habiéndose declarado sin lugar la demanda, se queja el demandante de ser condenado al pago de honorarios de abogado en la suma de $700. Se ve inmediatamente que su demanda no fue enteramente te-meraria al expresarse que la sentencia dictada contra él fué confirmada por esta corte solamente por el voto de tres contra dos. La reclamación era por poco más de $2,000, y la concesión de una tercera parte de esa suma como' hono-rarios de abogado en un caso corriente es sumamente alta y el apelado no nos ha demostrado nada que justifique una excepción a la regla. Aunque estamos dispuestos a recono-cer que el abogado en la corte inferior tuvo que hacer grandes esfuerzos para ganar el caso, la prueba principal no es la cantidad de trabajo que tiene que hacer el abogado, sino el grado de temeridad de la parte vencida.' La cantidad, del trabajo puede desempeñar un papel, pero solamente después que ha sido determinado el grado de culpa. En Gontra del trabajo del abogado está el hecho de no haberse-visto obligado a preparar nada, sino a hacer una alegación general y no tuvo que presentar ninguna prueba. Aun cuando fuera este un caso de mayor temeridad, todavía en-contraríamos excesivos los honorarios de abogados en $700. En el caso de Fragoso v. Marxuach, 31 D.P.R, 195, y Valí Spinosa v. Nitrate Agencies Co., 31 p.P.R. 936, llamamos la atención hacia el hecho de que la política de las cortes debe ser opuesta a fijar honorarios de abogados excesivos y esto tiene aplicación a los casos de más temeridad. En vista de las circunstancias citadas, creemos que una con-dena de honorarios por $300, es una concesión suficiente.

Debe modificarse la sentencia apelada a fin de. que se ajuste a esta rebaja, y así -modificada se confirma.