author: El Juez PeesideNte Se. HeRNÁNdez,

text:
    Veray Molinary, Demandante, Apelante y Apelado, v. Marín et al., Demandados, Apelados y Apelantes.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla en pleito sobre bienes reservables.
    No. 1533.
    Resuelto en marzo 8, 1918.

    Bienes Reservables — Preceptos que Regulan la Acción. — Debe regularse por el artíeulo 93'6 del Código Civil Revisado, en relación con el 935, y no por el 799 ya derogado, la acción en que se reclama el cumplimiento de una obli-gación de reservar, cuando en las alegaciones de la demanda se establece, para demostrar el carácter reservable de la mitad de una casa, que el causante de los demandados hubo dicha mitad, en estado de viudedad, de un hijo ha-bido en primer matrimonio, quien adquirió a la muerte de la madre; y que el demandante es el único descendiente de la cónyuge muerta.
    Obligación de Reservar — Reserva Lineal o Troncal. — La obligación de re-servar establecida por los artículos 935 y 936 del Código Civil es especial, pues afecta únicamente al viudo o viuda que pase a segundo matrimonio, mientras que la reserva lineal o troncal a que se refiere el artículo 799 afecta a cualquier ascendiente que se encontrare en las condiciones por él fijadas.
    Id. — Cesación de Reserva — Donación.—El artículo 970 del Código Civil que declara que la reserva cesará cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre sabiendo que estaban segunda vez casados, debe entenderse que se refiere a la donación y al testamento, por cuanto las cosas dadas o dejadas de otra manera están excluidas de antemano de la reserva en el artíeulo 969 del propio código.
    Cosas — Definición de Cosas.' — Para' explicar el concepto de cosas pueden ser-vir de guía los preceptos legales contenidos en el título 1, Libro II, del Có-digo Civil.
    Derecho de Reserva — Nulidad de Inscripción.' — Cuando el derecho a la re-serva no existe, surge como consecuencia la nulidad de la mención de ella consignada en el registro, y su consiguiente cancelación.
    Id.- — Expediente Posesorio — Procedimiento Inadecuado. — El expediente pose-sorio no es el procedimiento adecuado para la inscripción del derecho de reserva,
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del demandante: Sres. Francis & Soto.'

      Abogados de los demandados: Sres. Reichard & Reichard.

       En abril 15, 1918, fuó denegada la reconsideración solicitada.

   El Juez PeesideNte Se. HeRNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Agua-dilla. presentó demanda en 12 de abril de 1915 José Bernabé Veray Molinary contra Amelia Marín y Teresa, Ana y Francisco Veray y Marín, sobre bienes reservables, en la que alega, como hechos fundamentales de su acción los siguientes:.

Io. Que en el registro de la propiedad de Agua'dilla apa-rece inscrita la casa No. 2 de la calle del Progreso de dicha ciudad, según se describe en la demanda; 2o. Que dicha finca:-no está gravada con carga alguna y tiene un valor de $3,000; estando inscrita la mitad de ella a favor del demandante José Bernabé Veray Molinary y la otra mitad a favor de José Ve-ray Llamas; 3o. Que la mitad inscrita a favor de José Ve-ray Llamas lo fné y continúa siéndolo con el carácter de hien reservable, habiéndola heredado Veray Llamas de su hijo Francisco Veray Marxuach, quien murió en estado de solte-ría y la hubo por herencia de Isabel Marxuach Echavarría, cuya muerte ocurrió antes que la de Francisco Veray Mar-xuach; 4o. Que José Veray Llamas estuvo casado en pri-meras nupcias con Isabel Marxuach Echavarría en cuyo ma-trimonio procreó tres hijos llamados Francisco, José y Francisco, los que fallecieron antes que Veray Llamas; 5o. Que los dos hijos nombrados Francisco Veray Marxuach, murie-ron sin haber contraído matrimonio ni dejar descendientes y que José Veray Marxuach casó con Antonia Molinary, fa-lleciendo ambos sin dejar más descendientes que el deman-dante José Bernabé Veray Molinary; 6o. Que en 17 de oc-tubre de 1911, dejó de existir José Veray Llamas, bajo testa-mento, estando casado al tiempo de su muerte con Amelia Marín Pérez, en cuyo testamento instituyó por herederos a sus tres hijos habidos en el matrimonio, Teresa, Ana y Francisco Veray Marín, y a su nieto el demandante José Bernabé Veray Molinary; 7o. Que José Bernabé Veray y Molinari es el único descendiente de Isabel Marxuach y Echavarría.

Alega además el demandante qne los demandados desde la fecha en qne ocnrrió el fallecimiento de José Yeray Llamas, 17 de octubre de 1911, han estado percibiendo la mitad de la renta de la casa no obstante tener derecho el demandante al cobro de ella, ascendiente esa mitad a $1,457 a razón de $35 por un período de tiempo de tres años, cinco meses y diez y nueve días.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte senten-cia con los siguientes pronunciamientos:

Que el demandante es el legítimo y único dueño de ía mi-tad de la finca urbana que se describe en la demanda y que aparece inscrita en el registro de la propiedad a favor de José Yeray Llamas con carácter de bien reservable.

' Que el registrador de la propiedad del distrito de Agua-dilla proceda a extender a favor del demandante la nota marginal o inscripción que proceda, a los efectos de que la dicha mitad actualmente inscrita a favor de José Yeray Llamas quede inscrita a favor y nombre del demandante José Ber-nabé Yeray y Molinary, a quien le corresponde por ser el único descendiente de Isabel Marxuach y Echavarría.

Que los demandados ni juntos ni separadamente tienen derecho a cobrar o percibir cantidad alguna por concepto de alquiler de la finca de que se trata, por no pertenecer ésta a ellos ni a ninguno de ellos.

Que se condene a los demandados a pagar al demandante la suma de $1,457 indebidamente cobrada y percibida por los demandados, con más las costas, desembolsos y honorarios de abogado que el pleito origine.

Los demandados aceptaron los hechos fundamentales de la demanda tendentes a sostener el carácter de reservable de la mitad de la finca urbana de que se trata, pero negando en absoluto que esa mitad ni parte alguna de ella tenga tal ca-rácter, por lo que solicitaron se declarara sin lugar la de-manda. Además formularon contrademanda con súplica de que se decrete que es nula y sin ningún valor ni efecto legal la inscripción de posesión de la finca urbana descrita en la demanda y se disponga que el registrador de la propiedad cancele el asiento de posesión' citado, condenando al deman-dante al pago de costas, gastos y honorarios de abogado, con los demás pronunciamientos de ley.

Celebrado el juicio la corte dictó sentencia en 26 de fe-brero de 1916, por la que desestima demanda y contrade-manda, tanto en la forma como en el fondo, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas, gastos, desembolsos y honora-rios de abogados.

Contra la anterior sentencia interpusieron ambas partes recurso de apelación, la parte demandante en cuanto se deses-tima la demanda, y la parte demandada en cuanto se deses-tima la contrademanda.

La corte de Aguadilla ha decidido el caso bajo la teoría de que debe ser regulado por el artículo 936 en relación con el 935 del Código Civil reformado, mientras que el demandante-apelante sostiene que la ley aplicable es el artículo 799, pues aunque derogado porley de 8 de marzo de 1906, no puede darse efecto retroactivo a tal derogación habiéndose originado como se originó la obligación de reservar en el año de 1890 en que ocurrió el fallecimiento de Francisco Veray Marxuach. El artículo 3 del mismo código prescribe que las leyes no tendrán efecto retroactivo a no disponerse expresamente lo contrario, sin que en caso alguno pueda el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legis-lación anterior.

• Los artículos 799, 935 y 936 que dejamos citados, dicen así:

“Art. 799. — El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste hubiere adquirido por título lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano, se halla obligado a reservar los que hubiere adqui-rido por ministerio de la ley en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde los bienes proceden. ’ ’
“Art. 935. — El viudo o viuda que pase a segundo matrimonio estará obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la propiedad de todos los bienes que haya adquirido de su difunto con-sorte por testamento, por sucesión intestada, donación u otro cual-quier título lucrativo; pero no su mitad de gananciales.
“Art. 936. — La disposición del artículo anterior es aplicable a. los bienes r, ue por los títulos en él expresados baya adquirido el viudo o viuda de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio, y los que baya habido de los parientes del difunto por consideración a éste.”

Consideradas en relación con los preceptos legales trans-critos, las alegaciones de la demanda en que se establece para demostrar el carácter de reservable de la mitad de la casa número 2 de la calle del Progreso de Aguadilla, que José Ve-ray Llamas estuvo casado en primeras nupcias con Isabel Marxuaeh Echavarría y que el demandante es el único des-cendiente de esa señora, sin gran esfuerzo se llega a la con-clusión de que la acción ejercitada debe regularse según sos-tiene la corte de distrito por el artículo 936 del Código Civil revisado en relación con el 935, y no por el 799 ya derogudo. La anterior conclusión se sostiene más si se tiene en cuenta que según certificación del Registrador de la Propiedad de Aguadilla aportada al juicio como prueba, en la inscripción de la casa de que se trata, alegada como uno de los funda-mentos de la demanda, se hace constar que Veray Llamas había adquirido la mitad del valor de la casa y solar por herencia de su hijo Francisco Veray Marxuaeh fallecido en estado de soltería el año de 1890 y Veray y Molinary adquirió la otra mitad por herencia de su padre José Veray Marxuaeh fallecido en 1884, habiendo adquirido el inmueble Francisco y José Veray Marxuaeh de por mitad desde el año 1878 por herencia de su madre Isabel Marxuaeh Echevarría, teniendo la mitad correspondiente a Veray Llamas carácter de reservable por haber contraído segundo matrimonio, se-gún todo constaba en el expediente posesorio instruido ante el Juzgado de Primera Instancia de Aguadilla, y aprobado en 18 de mayo de 1891.

Además siendo especial la obligación de reservar esta-blecida por los artículos 935 y 936 del Código Civil, pues afecta únicamente al viudo o viuda que pase a segundo ma-trimonio, mientras que la reserva lineal o- troncal a qne se refiere el artículo 799 afecta a cualquier ascendiente qne se encontrare en las condiciones por él fijadas, es claro qne re-clamándose como se reclama en el presente caso el cumpli-miento de la obligación de reservar a qne se cree estaba su-jeto José Veray Llamas en concepto de viudo de Isabel Mar-xuach, debe regularse la acción por el artículo 936 en re-lación con el 935 del Código Civil, y no por el 799, aunque admitamos que éste no estaba derogado en la fecha en que caso de existir se originara el derecho de reserva, fecha anterior a la de 8 de marzo de 1906 en que fué derogado ese ar-tículo.

Y siendo ello así, también es de aplicación la excepción a la obligación de reservar consignada en el artículo 937, que reza como sigue:

“Art. 937. — Cesará la obligación de reservar cuando los hijos de un matrimonio, mayores de edad, que tengan derecho a los bienes, renuncien expresamente a él, o cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o a su madre, sabiendo que estaban segunda vez casados.”

Comentando Scaevola el artículo 970 del Código Civil Es-pañol, que es el 937 del Eevisado, se expresa en los siguientes términos:

“El artículo 970 declara que la reserva cesará cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre sabiendo que estaban segunda vez casados.
“-Por de pronto, no puede llamarse a esto de ningún modo cesación de la reserva, puesto que lo que se hace es excluir de la misma las mencionadas cosas. Si la reserva no empieza, en cuanto a ellas, ¿ cómo ha de decirse que cesa? Debe además advertirse que el Código se entrega en este artículo al lenguaje vulgar sustituyendo la nomencla-tura de las cosas donadas, por la de dadas, y la de dejadas en testa-mento, legadas o mandadas por la de dejadas simplemente. Debere-mos sin embargo, entender que se refiere a la donación y al testamento, por cuanto las cosas dadas o dejadas de otra manera están excluidas de antemano de la reserva en el artículo 969.
"Por último el código requiere que la donación o la disposición testamentaria a favor del padre para que desaparezca la reserva, han de ser otorgadas a sabiendas de que estaba casado segunda vez. * * * El código declara segregadas de la reserva las cosas donadas o dejadas en el caso de que se ocupa. * * * Donde el código dice que cesa la reserva debería y quiere decir que no empieza, que no tiene lugar. Pero el efecto es el mismo en ambos supuestos: el de que no se hallan sometidas a la reserva las cosas dadas o dejadas a conciencia de que el padre había casado segunda vez. El principio de la reserva queda parcialmente destruido; el interés de los her-manos en los bienes que pasan de su patrimonio al del padre, queda también a merced del azar de que se otorgue o no testamento; pero la disposición del código es muy clara y no abrigamos esperanza de que su aplicación se ajuste a las buenas doctrinas, contradiciendo en lo que sea necesario el testo del artículo.” Scaevola, tomo 17, páginas 218, 220.

No podemos ir contra el testo del artículo transcrito, pues según el artículo 13 del mismo código, cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la' letra de ella no debe ser me-nospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Para explicar el concepto de cosas pueden servir de guía los pre-ceptos leg’ales contenidos en el Título I, Libro II del Código Civil.

Bonel y Sánchez, comentando el artículo 970 del Código Civil Español, dice así:

"Elemental es cuanto se preceptúa en este artículo, y no cabe poner en duda que la obligación de reservar cesa cuando a ella re-nuncia aquél en cuyo favor se constituyó, siempre que éste sea mayor de edad, y espontáneamente otorgue dicha renuncia; o cuando se trata de cosas que los hijos del primer matrimonio dejaron al padre o madre sobreviviente, sabiendo que habían contraído segundas nup-cias, pues la ley presume que el hijo que tal hizo con su padre o su madre demuestra su deseo de que el favorecido por tal herencia, disfrute y disponga como mejor le parezca de dichos bienes, sin con-sideración a la persona y línea de donde proceden.” Código Civil Español, tomo 3, pág. 631.

Sentimos no estar conformes con la opinión del ilustrado comentarista don José María Manresa y Navarro que trans-cribimos a continuación:

“Por último, — dice dicho comentarista, — el artículo 970 excluye de la reserva las cosas dadas o dejadas por los lujos a" sus padres sabiendo que estaban segunda vez casados.
“En este caso, a pesar de adquirirse los bienes por título lucra-tivo y proceder de los hijos, no existe la reserva en cuanto a esos bienes, no nace en realidad, pues siendo uno de los fundamentos de la institución la presunta voluntad del causante no cabe alegarlo cuando de los actos o disposiciones de los mismos hijos se deduce una voluntad contraria, sin que el legislador deba conceder a los des-cendientes más protección que la que los mismos interesados quisieron prestarles.
. “Por esto si alguno de los hijos constándole el segundó matri-monio de su padre o de su madre quiso dejarles o cederles gratuita-mente parte de sus bienes, con preferencia a sus hermanos o sobrinos, es justo que la ley no imponga entonces la obligación de reservar esos bienes. Sin embargo, esto no puede referirse a lo que el padre o madre adquiera de sus hijos por herencia intestada o como legítima, porque entonces no son los hijos los que dan o dejan los bienes sino que es la ley quien les impone la obligación de dejarlos y por tanto no puede presumirse una voluntad que no puede existir.”

La anterior doctrina no puede ser aplicable a un caso en que por precepto imperativo de la ley cesa la obligación de reservar cuando se trata de cosas dadas por los hijos a su padre o a su madre sabiendo que estaban segunda vez ca-sados. La excepción es clara y no necesita interpretación.

Según resulta de la evidencia suministrada por los de-mandados, Francisco Veray Marxuach falleció en el añu 1890 bajo testamento otorgado en 28 de octubre del mismo año ante el notario don Juan Arroyo Budía, en cuyo testamento, después de declarar “haber fallecido su madre, que carece de descendientes, que su padre don José Veray Llamas es su único heredero y que siempre ha vivido al calor de éste, ina-tituye y nombra por su único y universal heredero a su refe-rido padre Sr. Yeray Llamas para que goce y disfrute libre-mente todos los bienes, derechos y acciones del testador.” Y según la misma evidencia Francisco Yeray Marxuach sabía que su padre José Yeray Llamas estaba casado en segundas nupcias con Amelia Marín, en la que ya había procreado hijos, pues todos vivían bajo el mismo techo y la expresada señora encontrándose aquél enfermo lo asistía con asiduidad pres-tándole atenciones de madre hasta que ocurrió su falleci-miento.

José Yeray Llamas no estaba pues en la obligación de re-servar y sus herederos o causahabientes los demandados no están por tanto sujetos al cumplimiento de esa obligación. En su consecuencia la demanda ha sido bien desestimada pol-la corte de Aguadilla en todos los extremos que comprende.

En cuanto a la contrademanda estamos conformes con la corte inferior en que no habiéndose alegado vicio alguno de los que pueden anular la inscripción de posesión de la finca urbana de que se trata, no cabe decretar la nulidad preten-dida ; pero estimando como estimamos que el derebho a la re-serva no existe, surg’e como consecuencia la nulidad de la men-ción de reserva consignada en la inscripción de posesión y su consiguiente cancelación en el registro, con tanto mayor mo-tivo cuanto que un expediente posesorio no es procedimiento adecuado para la inscripción del derecho de reserva.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Aguadilla en 26 de febrero de 1916, en cuanto declara sin lugar la demanda, y modificarse en cuanto desestima la contrademanda, deci-diendo en su lug-ar que aunque no cabe declarar la nulidad de la inscripción de posesión de la finca urbana de que se trata, debe declarar nula la mención de reserva consignada en esa inscripción, como así se liará constar en el Registro de la Propiedad de Aguadilla en el modo y forma procedentes.

Confirmada la sentencia apelada en cuanto de-clara sin lugar la demanda, pero modificada en cuanto desestima la contrademanda, de-clarando nula la mención de reserva consig-nada en la inscripción de posesión de la finca urbana.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Pkesidente Su. Heenández,

license: Public Domain

text:
    Chiqués, Demandante y Apelante, v. Diez, Juez Municipal, et al., Demandados y Apelados, y Santiago, Interventor y Apelado.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao en recurso de certiorari.

    Moción del interventor y apelado para que se desestime la apelación.
    No. 1779.
    Resuelto en marzo 14, 1918.
    Desestimación de Apelación — Eliminación de la Exposición del Caso. — Eli-minada de la transcripción de autos la exposición del caso por orden de la corte sentenciadora, no por ello procede desestimar el recurso, pues la falta de exposición del caso no es razón legal bastante para ello.
    Id. — Transcripción de Autos Archivada Después de la Moción. — Presentada una moción de desestimación cuando ya lia sido radicada la transcripción de autos, aunque fuera del término prescrito por la ley, esa presentación constó-' tuye impedimento eficaz para que prospere la moción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del interventor: Sr. Enrique Campillo.

    Abogados del demandante: Sres. Rafael Arce y M. Tous Soto.

   El Juez Pkesidente Su. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

En recurso de certiorari promovido ante la Corte de Dis-trito de Humacao por Miguel CMqués contra el Juez de la Corte Municipal de Caguas, Ricardo Diez, y otros, con motivo de procedimientos seguidos en elidía corte municipal para ejecutar sentencia dictada en juicio seguido por Miguel Santiago contra el Chiqués, sobre dai'íos y perjuicios, la corte de Humacao declaró sin lugar aquel recurso por resolución de 14 de noviembre de 1917.

De la anterior resolución apeló Miguel CMqués para ante esta Corte Suprema, habiendo radicado el escrito de apela-ción en la Corte de Distrito de Humacao el 13 de diciembre siguiente.

En 14 de enero del corriente año presentó moción a esta Corte Suprema, Miguel Santiago para que se desestimara el recurso de apelación por no haberse elevado aún la trans-cripción de autos, sin haberse solicitado prórroga para ha-cerlo, habiéndose desestimado tal moción por orden de 31 de enero citado, por el fundamento de no aparecer si existía o no exposición del caso al efecto de determinar si había ven-cido o no el término para radicar la transcripción.

La transcripción de autos, incluyendo en ella una exposi-ción del caso aprobada por el juez de Humacao en 3 de enero de 1918, fué radicada en la secretaría de esta Corte Suprema el 5 de febrero próximo pasado.

En 27 del propio febrero presentó Miguel Santiago una moción para que fuera reconsiderada la orden de 31 de enero, eliminando de la transcripción de autos la exposición del caso y desestimando en su consecuencia el recurso, toda vez que la corte de Humacao por orden de 16 de febrero dispuso fuera eliminada de los autos originales por no existir eviden-cia que pudiera ser materia de la exposición, por cuya razón la transcripción había sido presentada fuera del término legal, que debe contarse desde la fecha en que fué interpuesto el recurso de apelación.

Entendemos que si bien la exposición del caso ha sido eli-minada por orden del juez de Humacao de los autos originales y en sn virtud debe tenerse por eliminada de la transcripción de autos, no por ello procede desestimar el recurso, pues la falta de exposición del caso no es razón legal bastante para tal desestimación según jurisprudencia repetida de este tribunal, y habiéndose presentado la última moción de destima-ción cuando ya había sido radicada la transcripción de autos, aunque fuera del término prescrito por la ley, esa presen-tación constituye impedimento eficaz para' que prospere la moción, según la sección 58 del Reglamento de esta Corte Su-prema y la jurisprudencia constante establecida sobre el particular. Y no obsta a ello la primera moción de desestima-ción, pues esa fué resuelta en sentido negativo por orden de 31 de enero, contra la que no podemos volver en virtud de he-chos posteriores a la misma.

Por las razones expuestas debe entenderse por eliminada la exposición del caso de la transcripción de autos y decla-rarse sin lugar la desestimación del recurso.

Eliminada la exposición del caso y declarada sin lugar la desestimación del recurso.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Hutchison.


author: El Juez Presídeme Sr. Hernández,

text:
    Alemany, Demandante y Apelado, v. García, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre acción para recobrar la posesión.
    No. 1780.
    Resuelto en marzo 14, 1918.
    Acción para Recobrar la Posesión — Requisitos Indispensables. — Para que prospere una acción para recobrar la propiedad sólo se exigen como requisi-tos indispensables la posesión real de la propiedad por parte del demandante' y la privación de la posesión por algún acto ilegal del demandado.
    Administrador Judicial — Incautación de Bienes de Personas Extrañas a la Herencia — Acto Ilegal. — El hedió de que una persona nombrada adminis-trador judicial prive, sin orden o autorización de la corte, y valiéndose de la certificación expedídale de su nombramiento, de la posesión de una finca a una persona extraña a la herencia constituye un acto ilegal, pues obra con extralimitación de sus facultades de administrador.

      Id. — Id.—Derechos Dominicales de los Herederos — Modo de Reclamarlos.— No pudiendo un administrador judicial ocupar una finca que esté poseyendo persona extraña a la herencia, si los herederos tienen algún derecho dominical sobre esa finca por haber pertenecido a su causante pueden, conforme al ar-tículo 443 del Código Civil, ejercitarlo en forma correspondiente impetrando el amparo de los tribunales de justicia.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Sabater.

    Ahogado del apelado: Sr. Angel A. Vázquez.

   El Juez Presídeme Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Se trata de recurso de apelación interpuesto por el de-mandado contra senteucia que en 28 de febrero de 1917 pro-nunció la Corte de Distrito de Mayagiiez declarando con lu-gar la demanda y ordenando en su consecuencia que el de-mandante sea restituido en la posesión de un trozo de te-rreno de 16 cuerdas de extensión que forma parte de una finca de 47 cuerdas, cuya posesión será respetada por el deman-dado, con imposición a éste de costas, gastos, desembolsos y honorarios de abogado.

En la demanda enmendada archivada en 19 de diciembre de 1916, “sobre acción para recobrar la posesión,” alega el demandante Caspar Alemany y Oliver como hechos funda-mentales de su acción que por escritura pública otorgada a su favor en 17 de julio de 1915 por el márshal de la Corte de Distrito de Mayagiiez en virtud de orden de dicha corte, ad-quirió en subasta pública una finca rústica de 47 cuerdas ra-dicada en el barrio de Cerróte del término municipal de Las Marías, bajo las colindancias que describe, cuya escritura fue inscrita en el registro de la propiedad a favor del comprador; que desde la fecha expresada entró en posesión de dicha finca; que el demandado Epifanio G-arcía Hernández en su carácter de administrador judicial de la sucesión de Isidro García, a fines de noviembre de 1915, sin orden ni autorización de la corte ilegal y violentamente le arrebató la posesión de una parcela de 16 cuerdas, parte de la finca descrita, situada al lado noroeste de ella; y que desde fines de noviembre de 1915 fia continnado el demandado en posesión de dicba parcela, utilizando sus productos, basta .que en el mes de julio de 1916 fué restituido el demandante en la posesión por orden que dictó la corte para asegurar la efectividad de la sentencia.

La demanda concluye con la súplica de que se dicte sen-tencia ordenando que el demandante sea restituido en la po-sesión de las 16 cuerdas, debiendo respetar el demandado esa posesión, sin perjuicio de que si se cree con algún derecho so-bre la parcela de terreno lo utilice de acuerdo con la ley, con imposición al demandado en la representación en que ha obrado, del pago de las costas, gastos, desembolsos y hono-rarios del abogado del demandante.

El demandado al contestar la demanda opuso la excep-ción de que no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción y además alegó que al mostrar al demandante la credencial de administrador de los bienes del difunto Isidro Grarcía dicho demandante voluntariamente le entregó la posesión de la finca de 16 cuerdas que el demandante estaba poseyendo sin derecho alguno para ello; que esas 16 cuerdas no forman parte de ninguna finca del demandante pues per-tenecen en pleno dominio a la sucesión de Isidro Grarcía falle-cido en 25 de octubre de 1881, quien las adquirió en 29 de enero de 1880 por compra a Juan Santos Sotomayor, cuyo título fué inscrito en el registro de la propiedad en 28 de julio del año siguiente, mientras que el título del demandante de-riva de expediente posesorio cuya inscripción no ha sido con-vertida en inscripción de dominio.

Celebrado el juicio la corte de Mayagüez dictó la sentencia que como dijimos al principio es la materia del presente re-curso sometido a nuestra consideración.

Alega la parte apelante como motivos del recurso los si-guientes :

Io. Que la corte erró al resolver y considerar el caso como uno de acción posesoria siendo realmente de acción reivin-dicatoría, según las alegaciones del demandante.

2°. Que la corte erró en la apreciación de la prueba, y la sentencia es contraria a la ley.

3o. Que la prueba del demandante es insuficiente para declarar con lugar la demanda.

La acción que ejercita el demandante es posesoria, pues así se expresa en el título de la demanda, sobre acción para recobrar la posesión,” lo confirma la súplica de la misma en la que sólo se solicita la restitución en la posesión sin pedir declaratoria alguna de dominio, y lo demuestra la misma demanda en que se alega la posesión del demandante y. la privación de ella por el demandado de modo ilegal. Las alegaciones del título de propiedad en virtud del cual el demandante tiene derecho a la posesión y de su consiguiente inscripción en el registro podrán ser innecesarias, pero no varían el objeto de la acción.

Ciertamente que falta prueba de que el demandado arre-batara al demandante violentamente el terreno de que se trata; y ello tampoco era necesario para el buen éxito de la acción ejercitada. Para que dicha acción prospere sólo se exigen como requisitos indispensables la posesión real de. la propiedad por parte del demandante y la privación de la posesión por algún acto ilegal del demandado. Es indiscu-tible que Gaspar Alemany y Oliver estaba en posesión de las 16 cuerdas de terreno y que el demandado Epifanio García Hernández le privó de esa posesión por modo ilegal. El demandado, como muy bien dice el juez en su opinión, no solicitó ni obtuvo orden o autorización de la corte para to-mar posesión; sólo poseía el nombramiento de administrador judicial por certificación o mandamiento del secretario de dicha corte, en 'el cual se describía la finca de que debía in-cautarse como se incautó el administrador, pero ese docu-mento no equivale a una orden o resolución ni autorizaba al demandado para tomar posesión de la finca descrita. El nombramiento de administrador judicial en los términos en que fué expedido fué la causa determinante de que el deman-dante se prestara a dejar el terreno pues al decirle el deman-dado al reclamarle la finca, “Entérese de eso,” aludiendo a la credencial de sn nombramiento de administrador judicial, el demandante le contestó qne si no iba el marshal de la corte no le daba posesión y qne si tomaba posesión le pa-garía daños y perjuicios. El acto del demandado fué un acto ilegal pues obraba, con extralimitación de sus faculta-des de administrador judicial y no podía producir efectos legales.

El administrador G-arcía Hernández no podía ocupar una finca que estaba poseyendo una persona extraña a la heren-cia de Isidro García fallecido el 25 de octubre de 1881, y si los herederos del Isidro García tenían algún derecho domi-nical sobre esa finca por haber pertenecido a su causante, ha podido ser ejercitada en la forma correspondiente impe-trando el amparo de los tribunales de justicia.

El que se crea con acción o derecho para privar a otro de la tenencia de una cosa siempre que el tenedor resista la entrega deberá solicitar el auxilio de la autoridad compe-tente, según el artículo 443 del Código Civil. Y el artículo 448 preceptúa que todo poseedor tiene derecho a ser respe-tado en su posesión; y si fuere inquietado en ella deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen.

El demandante no obró expontánea y voluntariamente al entregar la finca a] demandado, pues si se prestó a la en-trega fué por la influencia que ejerció en su ánimo la creden-cial de administrador judicial que le presentó el demandado para conseguir el fin que se proponía, y su resistencia se demostró al exigir para la entrega la presencia del márshal de la corte y reclamar daños y perjuicios. Debe ser resti-tuido en su posesión.

Por las razones expuestas es de confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada la sentencia ajelada.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y 'Hutchison.


author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Martínez, Peticionario, v. Crosas, Juez de Distrito, Demandado.
    Solicitud para que se espida un auto de certiorari al Juez de la Corte de Distrito de Aguadillo, en un procedimiento sobre administración judicial.
    No. 216.
    Resuelto en marzo 15, 1918.
    Administración Judicial — Oposición a la Ocupación de Bienes — Insuficien-cia de la Moción. — Cuando el escrito de oposición a la ocupación de bienes por un administrador judicial se limita a simples manifestaciones, sin docu-mentarlas ni jurarlas, no son bastantes para servir de base a una resolución judicial, por lo que la corte no puede tomarlas en consideración para conce-der lo que se pide.
    Id. — Bienes Sujetos a Administración. — Los bienes que pueden ser ocupados por- un administrador judicial de una testamentaría, son aquellos que se ba-ilaban en poder del causante al tiempo de su muerte.
    Id. — Bienes que no Pertenecen a la Testamentaría — Devolución — Procedi-miento Adecuado. — Cuando se demuestra claramente que se ban ocupado bie-nes como de la testamentaría que no estaban en poder del causante, la corte debe ordenar su devolución en el mismo procedimiento sin necesidad de que la persona que los reclama tenga que acudir a un juicio ordinario indepen-diente de la testamentaría.
    Id. — Reclamación de Bienes — Cuándo Procede el Juicio Ordinario. — El juicio ordinario para reclamar bienes que están en posesión de un administrador judicial, sólo es necesario cuando a pesar de baber tenido el causante de la testamentaría la posesión en el momento de su muerte otro se cree con dere-cho a la cosa.
    Id — Fianza del Administrador — Alcance de la Misma. — Conforme el artículo 32 de la ley de procedimientos legales especiales la fianza que presta un admi-nistrador judicial lo es solamente en beneficio de los herederos y para responder de los actos de su administración.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del peticionario: Sres. Víctor P. Martínez y Luis Muñoz Morales.

    Abogado del demandado: Sr. Juan B. Boto.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Don Víctor Martínez y Martínez murió en el año 1912, dejando un hijo legítimo nombrado Víctor Primo Martínez y González, quien un mes después fué declarado su único he-redero abintestato.

. Algunos años después consiguió Cecilia Méndez que sus hijos Pedro Angel y Laura María fueran declarados por sen-tencia hijos naturales reconocidos de don Víctor Martínez y Martínez, y también que se les declarase herederos de su padre, en unión del hijo legítimo, en la cuota que a los hijos naturales concede el Código Civil.

Posteriormente Cecilia Méndez, en nombre de sus dichos hijos menores de edad, presentó moción jurada a la Corte de Distrito de Aguadilla solicitando que nombrase un ad-ministrador judicial que se incautase de los bienes relictos por don Víctor Martínez y Martínez, alegando qne se hallan en poder del hijo legítimo, algunos de ellos inscrito a su nombre. A tal efecto relacionó dichos bienes.

Se opuso el hijo legítimo a que se decretase la adminis-tración alegando, entre otras cosas, que el pasivo de su cau-sante fué mayor que su activo; y en cuanto a la relación de los bienes hecha por Cecilia Méndez, expuso que los bienes que se reseñaron pertenecen unos al acreedor de Víctor Mar-tínez y Martínez, sin mencionar quién sea; negó que otros hayan pertenecido al causante, pero tampoco expresa qne pertenezcan a él, y aunque con respecto a otros hace esta manifestación no consigna en virtud de qué título los adqui-rió. Con la oposición acompañó dos declaraciones juradas {affidavits) de dos personas, referentes a que ellas practi-caron un inventario de los bienes del que resulta que las deu-das eran mayores que los bienes dejados. No expresaron por orden de quién hicieron tal cosa, por más que parece de-ducirse que fué por orden'del heredero.

El juez decretó la administración judicial, nombró admi-nistrador y ordenó que se le dierá posesión de los bienes re-lacionados en la solicitud de Cecilia Méndez, a cuyo fin el secretario libró mandamiento al márshal en el que los rela-cionó.

Posiblemente entonces no se entregaron todos al adminis-trador, porque después pidió Cecilia Méndez que se entre-garan a dicho funcionario algunos bienes de los que no había tomado posesión, lo que dio lugar a qne el hijo legítimo se opusiera alegando, entre otras cosas, en términos generales, que ciertos establecimientos a que se refiere la moción de Cecilia Méndez son de su propiedad particular por haberlos comprado en 1906, según le constaba al abogado de la parte contraria. El juez ordenó la entrega que se pedía.

Después de esto presentó el hijo legítimo nueva moción, entre otras cosas, para que se le entregaran los bienes de su propiedad que habían sido ocupados como de la herencia. La moción no está jurada ni documentada, pero es la pri-mera vez que el heredero Víctor Primo Martínez, en su larga oposición en este caso, consigna algo que pudiera justificar su pretensión ya que en ella expresa cuáles bienes de los ocu-pados le pertenecen por ser de su propiedad particular, dividiendo los ocupados en tres grupos: uno en el que incluye los que le pertenecen por haberlos adquirido después de la muerte de su padre; en otro figuran los que adquirió con anterioridad a esa fecha, y en el tercero los que le fueron adjudicados en la liquidación de la herencia de sus padres. Después de ser oído sobre esta moción el administrador judicial, resolvió la corte de distrito la solicitud, en cuanto al particular mencionado, desestimándola, fundándose en que si .se le entregaran los bienes por su sola afirmación sería impracticable la administración judicial, y en que si un co-heredero se cree con derecho a la propiedad exclusiva de una finca incluida en una administración judicial o inventariada a los fines de las operaciones divisorias, el remedio para el coheredero es presentar una demanda por separado pidiendo que se declare la propiedad exclusiva a su nombre, inter-puesta contra, la sucesión o entidad de la herencia.

Más tarde y a instancia de la madre de los menores or-denó la corte que se entregaran al administrador dos fincas que según el registro de la propiedad adquirió el hijo legí-timo por herencia de sus padres, fundándose en que prima facie pertenecían al caudal de la herencia. También en otra orden autorizó al administrador para que demandara judi-cialmente del hijo legítimo ciertos bienes que no habían sido incluidos en el inventario notarial que se había hecho de los bienes, porque figuraban inscritos a su nombre' en el regis-tro de la propiedad.

Nuevamente insistió el hijo legítimo en que se le devol-vieran los bienes'ocupados y en apoyo de su petición pre-sentó por primera vez dos escrituras públicas referentes a dos de los bienes ocupados, refiriéndose una a una finca de II cuerdas y 95 céntimos radicada en el barrio de Hato Arriba de San Sebastián, que antes de la muerte de su padre compró a José de los Santos Hernández, y siendo la otra una escri-tura por la cual después de la muerte de su padre vendió con precio aplazado y garantizado con hipoteca una finca de III cuerdas en el barrio de Purísima Concepción del término municipal de las Marías, que en vida de su padre adquirió de Pedro Méndez por adjudicación en pago de un crédito-hipotecario.

Al resolver la corte esta nueva petición la negó en Io. de diciembre de 1917, fundada en que en anteriores resoluciones dictadas en el caso tenía resuelto que cuando se trata de re-clamar bienes que se. hallan bajo administración debe utili-zarse la vía ordinaria correspondiente.

En este estado el asunto presentó Víctor P. Martínez y González en esta Corte Suprema un recurso de certiorari contra el juez de la Corte de Distrito de Aguadilla por dis-tintos motivos, y librado el auto, al verificarse la vista del mismo, su abogado, oralmente y por escrito limitó el recurso a la cuestión a que hemos venido refiriéndonos y cuyo resul-tado final fué la orden de Io de diciembre de 1917, que en lo sustancial hemos transcrito.

Por los antecedentes expuestos se ve claramente que si bien la denuncia de bienes relictos, hecha bajo juramento por Cecilia Méndez fué atacada por la oposición, también jurada, -.de Víctor P. Martínez y González, sin embargo, tal oposición en nada contradecía aquella denuncia toda vez que no con-signaba hecho alguno que pudiera llevar a la corte el conven-cimiento de que había ordenado la ocupación de bienes qne no pertenecían a la herencia de Víctor Martínez y Martínez. La posterior oposición del hijo legítimo a la ocupación de bienes se limitó a simples manifestaciones suyas, sin docu-mentarlas ni jurarlas, y no son bastantes para servir de base a una resolución judicial, por lo qne la corte no podía tomar-las en consideración para concederle lo que pedía. El Pueblo v. Pujols, 23 D. P. R. 881.

Afín y medio necesitó el heredero legítimo para conven-cerse de que no debía contentarse con simples manifestaciones y que debía presentar al juez alguna prueba que destruyera la afirmación jurada hecha por Cecilia Méndez de que los bienes que relacionaba en su moción constituían el caudal de-jado por don Víctor Martínez y Martínez, pues hasta el 26 de noviembre de 1917 no le presentó las copias notariales de las dos escrituras públicas que hemos reseñado, según las cuales la finca y crédito hipotecario a que se refieren no for-man parte del caudal relicto por dicho causante ya que desde antes de su muerte se hallaban en la posesión de su hijo le-gítimo por haberlas comprado a terceras personas.

Sin embargo, a pesar de aparecer esto claro de dichos documentos el juez'se negó a resolver la petición por entender que don Víctor P. Martínez debía hacer su reclamación en un juicio ordinario independiente.

Los bienes que pueden ser ocupados por la administración judicial de una testamentaría son aquellos que se hallaban en poder del causante al tiempo de su muerte. Por tanto, cuando en una administración judicial se ocupan bienes como de la testamentaría que no estaban en posesión del causante de ella al tiempo de su muerte y esto se demuestra claramente a la corte que ordenó su incautación y entrega al adminis-trador judicial, debe ésta ordenar su devolución en el mismo procedimiento sin necesidad de que la persona que los re-clama tenga que acudir a un juicio ordinario independiente de la testamentaría. Esta clase de juicio sólo es necesario cuando a pesar de haber tenido el cansante de la testamen taría la posesión en el momento de su muerte, otro se cree con derecho a la cosa.

La alegación del abogado de la madre de los menores he-cha en la vista de este recurso contraria a lo que decimos, no está sostenida por su conducta en el tribunal inferior, toda vez que al hacer notarialmente el inventario de bienes no incluyó en él algunos de los que relacionó en su moción, teniendo en cuenta para esa eliminación que están inscritas a favor del heredero legítimo por lo que pidió y obtuvo de la corte permiso para que el administrador judicial los de-mandase en juicio ordinario.

El hecho de que el administrador judicial tiene prestada una fianza no sostiene tampoco la tesis del abogado de la demandada, toda vez que del artículo 32 de la Ley de Proce-dimientos Legales Especiales se desprende que la fianza se presta solamente en beneficio de los herederos y para res-ponderles de los actos de administración, ya que el adminis-trador puede ser relevado de ella por los herederos que sean mayores de edad. Por otra parte la denuncia de los bienes, origen de la ocupación fué hecha por la madre de los menores.

Por la's razones expuestas la corte inferior erró al no tomar en consideración los documentos que le presentó el peticionario Víctor P. Martínez y González, y en cuanto a este particular debe anularse su orden de Io. de diciembre de 1917 y devolvérsele los autos con instrucciones de que los con-sidere y resuelva de acuerdo con los principios enunciados .en esta opinión.

Anulada la resolución de Io. de diciembre de 1917, recurrida, en cuanto no se tomaron en consideración los documentos presentados por el peticionario.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Hutchison. '


author: El Juez Asociado Sb. del Tobo,

text:
    Rivera, Demandante y Apelante, v. Sucesión Rodríguez et al., Demandadas y Apeladas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección Ia., en pleito sobre nulidad de juicio.
    Moción del demandado Celestino Benitez solicitando el traslado del pleito.
    No. 1713.
    Resuelto en marzo 15, 1918.
    Traslado — Acción de Nulidad — Residencia de los Demandados.- — Cuando re-sulta de la demanda que los demandados son todos vecinos de determinado distrito judicial y que la acción que se ejercita está limitada a la solicitud de ciertas nulidades, no estando la acción comprendida en ninguno de los apartados del artículo 75 del Código do Enjuiciamiento Civil, el caso debe regularse por las disposiciones del 81 del mismo código, que determina que el pleito deberá verse en el distrito en que residieren los demandados o algu-nos de ellos al iniciarse el litigio.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luis Freyre Barbosa.

      . Abogado de las apeladas: Sr. Fulgencio Pinero.

   El Juez Asociado Sb. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

Francisco Rivera Morales entabló una demanda en la Corte de Distrito de San Juan, contra los herederos de Ma-ría de Jesús Rodríguez, y Celestino Benitez Morales, sobre “nulidad de juicio y otros extremos.”

Emplazados los demandados, todos residentes en el te-rritorio de la Corte de Distrito de Humacao, excepcionaron la demanda por no constituir los hechos alegados en la misma una causa de acción y pidieron que el pleito fuera trasladado a la corte de su domicilio.

La Corte de Distrito de San Juan decretó el traslado por medio de una resolución que copiada en lo pertinente, dice así:

“Resulta de la demanda que los demandados son todos vecinos de Juncos, P. R., dentro del Distrito Judicial de Iíumacao.
“Se solicita en la demanda qne se declaren nulos ciertos proce-dimientos judiciales seguidos ante la Corte de Distrito de Humacao, así como el remate y adjudicación de dos fincas rústicas radicadas en el barrio de Cnbuy de la jurisdicción de Loíza y de ciertas ins-cripciones practicadas en el registro de la propiedad.
“El presente caso no está comprendido dentro de ninguno de los apartados del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil, por lo que debe regularse por las disposiciones del artículo 81 que determina que en todos los demás casos el pleito deberá verse en el distrito en que residieron los demandados o alguno de ellos, al iniciarse el litigio.
“ Por las razones expuestas, la corte es de opinión que debe de-clarar y declara con lugar la moción de traslado y ordena que este pleito sea trasladado a la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao. ’ ’

Tiene la razón la corte de' San Juan, porque si bien es cierto qne las alegaciones de la demanda se refieren a una finca situada fuera del territorio de la corte de distrito de Humacao, también lo es que la acción que se ejercita está limitada a la solicitud de ciertas nulidades, no estando, por tanto, comprendida en ninguno de los apartados del artículo 75 del Código de Enjuiciamiento Civil. Yéase Hernández et al. v. Bernardini et al., 25, D. P. R. 461.

En tal virtud procede la confirmación de la orden recu-rrida.

Confirmada la orden apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Hutchison.

El Juez Asociado Sr. Aldrey no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Pabón, en Representación de Herminia Alvarado, Demandante y Apelado, v. Alvarado y López, Demandados y Apelante el Ultimo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en mi incidente de traslado.
    No. 1783.
    Resuelto en marzo 15, 1918.
    Traslado — Sumisión de Partes en un Pleito Anterior. — El hecho de haberse sometido las partes en un primer pleito a la jurisdicción de una corte no significa que renunciaron el derecho de solicitar el traslado en caso de que se les demandara en otro pleito, aun cuando hubiera surgido el segundo del primero, por lo que el caso no cae bajo ninguna de las excepciones al artículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    ALog;ado del apelante: Sr. José Sabater.

    El apelado compareció en nombre propio.
   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Trátase de una solicitud pidiendo el traslado del caso pre-sentada por el demandado Herminio López. En una acción anterior, Angélica Alvarado, en representación de una hija ilegítima conocida por Herminia Alvarado, presentó en 28 de agosto de 1915 un pleito en contra del citado Herminio López interesando se declarase a la referida Herminia Al-varádo hija natural de Eurípides López, resultando dicho pleito anterior en una sentencia en contra de las pretensiones de la citada hija natural. La presente acción, traída por quien pretende tener autorización concedida por la Corte de Distrito de Aguadilla, persigue se declare la nulidad de to-dos los procedimientos habidos en el caso anterior, alegán-dose en la demanda el fraude y confabulación entre Herminio López y Angélica Alvarado quien, según se alega en la de-manda, inició el mencionado pleito anterior sin autorización de nadie y con el propósito de poner un obstáculo legal en el camino de la citada niña natural. También se alega' en la demanda que tanto Llerminio López como Angélica Alvarado eran vecinos de Mayagüez y no de Aguadilla, donde ambos pleitos se radicaron. Herminio López presentó una excepción previa, una declaración jurada de méritos, y una solicitud de traslado fundándose en que su residencia legal era Mayagüez. La Corte de Distrito de Aguadilla rehusó ordenar el traslado, por la razón de que las partes se habían sometido a dicha Corte de Distrito de Aguadilla en el pleito anterior.

Ahora bien, aún cuando tenemos considerable simpatía hacia la actitud de la corte, creemos sin embargo que el ar-tículo 81 del Código de Enjuiciamiento Civil regula el caso. El artículo 75 del propio, cuerpo legal enumera ciertos casos, que más o menos afectan bienes reales, que deben verse1 en el distrito en que radiquen tales bienes reales. El artículo 81 dice que en todos los demás casos el pleito deberá verse en el distrito en que residieren los demandados. Las excep-ciones enumeradas en aquel artículo no guardan relación al-guna con el presente caso. Se ha seguido el curso determi-nado por el artículo 82, que fija las formalidades que han de llevarse a cabo para obtener el traslado del caso.

El caso de People v. Temple, 103 Cal. 447, 37 Pac. 414, demuestra que un procedimiento que persigue la nulidad puede iniciarse mediante moción al efecto cuando la senten-cia es nula de su faz, o cuando se presenta una solicitud opor-tuna a tales fines; pero que para anular una sentencia que no es nula de su faz el modo apropiado para conseguirlo es presentando un pleito. Aquí se trataba de una acción para anular una sentencia que no era nula de su faz y fué debida-mente concebida. Era un pleito que no caía dentro de las excepciones enumeradas en el artículo 75 del Código de En-juiciamiento Civil, y por lo tanto está regulado por las res-tantes disposiciones del artículo 81 del propio Código. Véase también el caso de Rivera v. Sucesión Rodríguez et al., (pág. 230) decidido con fecha de hoy.

No podemos estar conformes con la corte inferior de qne por el hecho de haberse sometido las partes en el primer caso renunciaron al derecho de solicitar el tráslado en el caso de qne se les demandara en otro pleito aún cuando hubiese sur-gido el seg’undo caso del primero. El derecho a defenderse en la jurisdicción de su propio domicilio está claramente se-ñalado en el código y nos sentimos obligados por sus pre-ceptos.

Es de revocarse la orden recurrida.

Revocada la nota recurrida y ordenado el tras-lado del caso a la Corte de Distrito de May agües.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Pabón, Demandante y Apelante, v. Solivellas y Compañía et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en causa sobre injunction.

    No. 1777.
    Resuelto en marzo 15, 1918.
    Injunction — Embargo de Bienes Personales — Discreción de la Corte. — Para recuperar bienes personales en casos de embargos o ejecución, no es regla invariable el recurrir al procedimiento especialmente determinado por la ley de 12 de marzo de 1908, sino que también puede reeurrirse al de injunction y en este último caso la corte tiene discreción para denegarlo bajo los princi-pios generales de la equidad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José >Sabater.

    Abogados de'los apelados: Sres. Benet & Souffront.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el apelante trató de conseguir se dictara una orden de injunction contra un embargo de bienes inmuebles así como de bienes muebles. Después de varias vueltas y revueltas de los litigantes la corte en definitiva permitió que permaneciese el injunction contra la propiedad inmueble pero no contra los bienes personales embargados. El apelante se queja de la falta de no haberse incluido los bienes muebles dentro del alcance del injunction. Convenimos con el ape-lante que para recuperar bienes personales, .objeto del embargo, no es preciso recurrir al procedimiento especialmente determinado por la Ley de 12 de marzo de 1908. Véase la sección 5260 y siguientes de la Compilación.

Existe el derecho de elección, pero cuando se pide un injimction para conseguir esos fines, cambia entonces la si-tuación. La corte muy bien pudiera haber expedido el injunction, pero tenía discreción para denegarlo especialmente cuando aparece que el deudor o interventor tiene otro re-medio en ley. La propia ley de 12 de marzo de 1908, le daba al apelante tal remedio, y aún cuando la corte inferior quizás tenía facultades para expedir un injunction en un pleito or-dinario, tenía sin embargo discreción para denegarlo e in-sistir que el apelante siguiese el remedio especial concedido por el estatuto. En casos de embargo de bienes inmuebles, nuestras leyes especialmente señalan el remedio de injunction, pero no así en casos de embargo o ejecución de bienes perso-nales.

Es de confirmarse la resolución recurrida.

Confirmada la resolución apelada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados 'del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: Ei: Juez Asociado Se. Wole,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Escriba, Acusado y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en cansa por infracción a la sección 15 de la Ley de Pesas y Medidas.
    No. 1225
    Resuelto en marzo 18, 1918.
    Acusaciones — Ley de Pesas y Medidas — Alegación de Eraude. — Ni el Código Penal ni la ley requieren que en las acusaciones por infracción de la seeeióu 15 de la Ley de Pesas y Medidas se exponga el hecho de que con el fraude se ■beneficiara el acusado u otra persona alguna.
    Id. — Id.—Intención Criminal. — No es un elemento necesario del delito previsto y castigado por la ley de 18 de agosto de 1913 sobre pesas y medidas la in-tención criminal, por lo que no hay que alegarla ni probarla.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Antonio Trujillo G-üil y J. Martines Dávila.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   Ei: Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El apelante fue convicto de haber dado ilegal, voluntaria y maliciosamente un peso falso a ciertas carretadas de cañas en ocasión de ser pesador de la Central Carmen, con una diferencia de 1,000 libras, defraudando así al agricultor o colono Felipe Rosado. No hay ninguna relación de errores en el alegato; sin embargo, entraremos a considerar algunas de las cuestiones levantadas por el apelante en términos ge-nerales.

Ni el Código Penal ni la ley requieren que la acusación exponga el hecho de que con la defraudación se beneficiaba el acusado o la central. Era suficiente sin que se especifi-cara el motivo de que alguien había sido defraudado mediante la acción ilegal del apelante.

Luego alega el apelante que no hubo prueba alguna de intención criminal. Quizás podría tener algún mérito esta contención si exigiera la ley una alegación de semejante in-tención criminal. Creemos que fué otra la intención de la Legislatura. La sección 15 de la Ley de 18 de agosto de 1913, sesión extraordinaria de 1913, (Leyes de 1914, p. 107), reza como sigue:

“Ninguna persona dará, o permitirá que se dé, ningún peso o medida falto o incompleto en la venta o traspaso de artículos, efectos o mercancías, y ninguna persona usará, o permitirá que se use, ninguna pesa o medida falsa en ninguna transacción industrial o comercial, como base para fijar el precio o pago en la venta, tras-paso o transporte de cualesquiera artículos, efectos o mercancías.”

Esta es una de las distintas secciones determinantes de los deberes y responsabilidades de varias clases que tienen los pesadores en las operaciones mercantiles, algunas de ellas positivas como la de marcar los artículos y la de exhibir las balanzas, y otras prohibitivas-como la sección 15, supra, de cuya violación se acusó al apelante. La sección 20 de la pro-pia ley dispone que:

“Toda persona que infrinja cualquiera de las precedentes dis-posiciones de esta Ley o de las reglas y reglamentos prescritos en cumplimiento de la misma, y toda persona que, como patrono, o como oficial, director, accionista, o agente de cualquier corporación, o como miembro de una razón social o compañía, o de otro modo, disponga, ordene, permita o consienta cualquiera infracción de las precedentes disposiciones de esta Ley o de dichas reglas o reglamentos, será con-siderada culpable de un delito menos grave (misdemeanor), y con-victa que fuere en una corte de jurisdicción competente, será casti-gada por la primera falta con una multa máxima de cincuenta dólares o con prisión que no exceda de cincuenta días, y por la se-gunda falta, con una multa ño menor de cincuenta dólares, ni mayor de doscientos cincuenta dólares, o con prisión por un término no mayor de noventa días, y por las subsiguientes faltas, con una multa que no sea menor de doscientos dólares ni mayor de quinientos dólares, y con prisión por un término que no sea mayor de un año. ’ ’

Es evidente que la legislatura consideró estas cuestiones a la misma luz que la de las ordenanzas municipales, las in-fracciones de las cuales generalmente se califican de mala prohibited, y en las que no es un elemento necesario la intención criminal. Commonwealth v. Sacks, 43 L. R. A. (N. S.) 1; State v. Armour, 136 N. W. 565; 40 Cyc. 887, nota 67. Véase también el caso de El Pueblo v. Ferraris, 15 D. P. R. 813, opiniones de la mayoría y disidente donde se hace nna re-visión de las autoridades.

En la acusación se alegó la intención criminal. Nos in-clinamos a creer que ésta era una alegación superflua y ma- ■ teria de forma con arreglo al artículo 83 del Código de En-juiciamiento Criminal. Además, en este caso los hechos prácticamente no han sido impugnados, y no existe posibili-dad alguna para que se extraviase el apelante con la forma de la acusación.

Es de confirmarse la sentencia recurrida.

Confirmada la sentencia apelada.

Jaeces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados del Toro, Aldrey y Hutchison.


author: "El Juez Presideote Se. HerNÁNdez,

text:
    Alcaide, Demandante y Apelado, v. Morales et al., Demandadas y Apelantes.
    Apelaciones procedentes de'la Corte de Distrito de Guayama en pleito sobre nulidad de reconocimiento de hija natural.
    Moción del demandante-apelado para que se desestimen las apelaciones.
    Nos. 1817 y 1818.
    Resueltos en marzo 19, 1918.
    Apelación — Fundamentos de la Sentencia. — El recurso de apelación no se da contra los fundamentos de las sentencias sino contra éstas, que son las que deciden los derechos de las partes en un pleito o procedimiento. No son los fundamentos los que propiamente causan perjuicio o agravio determinante de apelación a una parte, sino las sentencias mismas.
    Id. — Sentencia Desestimando una Oontrademanda. — El pronunciamiento de una corte desestimando una contrademanda no irroga propiamente agravio o per-juicio alguno, cuando la misma sentencia de que se apela al declarar sin lugar la demanda implícitamente reconoce al demandado el derecho que trata de conseguir que se le reconozca mediante la contrademanda.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogados de las apelantes: Sres. M. Benitez Flores y Eugenio Benitez Castaño.

    Abogados del apelado: Sres. Alvarez Nava y Domínguez y F. Soto Gras.

   "El Juez Presideote Se. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de G-uayama inició pleito Simón Antonio Alcaide y Baiz contra María de los Dolores Morales, conocida por María de los Dolores Alcaide, y su madre Ma-ría Morales, con objeto de anular el reconocimiento hecho por el demandante de la demandada María de los Dolores Al-caide como hija natural suya, fundándose para ello en que dicho reconocimiento era nulo de acuerdo con la ley y fue obtenido por las simulaciones y fraudulentas representacio-nes de la madre de la demandada, reconocida en cuanto a la paternidad del demandante, siendo lo cierto que la menor reconocida no era ni pudo ser hija del demandante.

La demandada María Morales contestó la demanda ne-gando los hechos perjudiciales de la misma, y la otra deman-dada María de los Dolores Alcaide, además de hacer lo pro-pio presentó separadamente una contrademanda con súplica de que se la declare hija natural reconocida de Simón Antonio Alcaide.

Celebrado el juicio la corte de Guayama dictó sentencia en 8 de enero de 1918, a favor de las partes demandadas, consignando en ella que “si bien de la prueba practicada-aparece que el demandante Simón A. Alcaide y Baiz, debido a su impotencia para la procreación a causa de esterilidad no fué ni pudo ser el que engendró a la menor María de los Dolores Alcaide Morales, sin embargo los actos negligentes y voluntarios de dicho demandante han creado un ‘estoppel by latches’ que impide ir contra sus propios actos, y le priva por tanto de usar del derecho de anular el reconocimiento efectuado a favor de dicha menor y el cual aparece en el actá de nacimiento de la menor María de los Dolores, en el Regis-tro Civil de Arroyo, de fecha 3 de octubre de 1900, y por con-siguiente procede desestimar como se desestima la demanda interpuesta y asimismo debe desestimar y se desestima la contrademanda interpuesta por María de los Dolores Alcaide y Morales por carecer de finalidad legal.

Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apela-ción María de los’ Dolores Alcaide en cuanto desestima la contrademanda por ella interpuesta, y consigna para deses-timar la demanda que de la prueba practicada aparece que el demandante Simón A. Alcaide y Baiz, debido a su impo-tencia para la procreación a cansa de esterilidad no fue ni pudo ser el que engendró a la menor María de los Dolores Alcaide Morales. También la otra demandada María Morales radicó escrito de apelación contra la sentencia en cuanto desestima la demanda consignando el fundamentó anterior-mente transcrito.

La representación de Simón Antonio Alcaide y Baiz ha presentado ante esta Corte Suprema dos mociones, una de ellas, número 1034, que es la que obra en estos autos, para que se desestime la apelación interpuesta por María Morales, y la otra bajo el número 1035 para que se desestime la apela-ción interpuesta por María de los Dolores Alcaide. Ambas mociones fueron discutidas ante esta corte en la audiencia del día 4 de marzo corriente y por la relación que guardan entre sí nos parece conveniente como lo Lacemos considerar-las conjuntamente y decidirlas por una sola resolución.

Los recursos de apelación interpuestos por María Morales y María de los Dolores Alcaide no contra la sentencia que dictó la Corte de Distrito de G-uayama en 8 de enero de 1918 desestimando la demanda, sino contra un fundamento de la misma, son inadmisibles pues el recurso de apelación no se da contra los fundamentos de las sentencias sino contra és-tas, que son las que deciden los derechos de las partes en un pleito o procedimiento. Artículos 188 y 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Díaz Caneja v. La Administración, 11 D. P. R. 203; Enrich v. Forteza, 18 D. P. R. 459; Pellicier v. Hernández, 19 D. P. R. 117; Freyre v. Quintero y The Na tional Surety Company, 23 D. P. R. 128. No son los funda-mentos de las sentencias los que propiamente cansan perjui-cio o agravio, determinantes de apelación a nna parte si no las sentencias mismas.

El recurso de apelación interpuesto por María de los Dolores Alcaide contra la sentencia de 8 de enero de 1918, en cuanto desestima la contrademanda por ella interpuesta, también es inadmisible. Tal pronunciamiento no le irroga propiamente agravio o perjuicio alguno, toda vez que la misma sentencia de que se apela, al declarar sin lugar la de-manda implícitamente reconoce a María de los Dolores Al-caide el derecho que trata de conseguir que se le reconozca mediante la contrademanda. La llamada contrademanda más que contrademanda es una defensa contra la demanda.

Por las razones expuestas procede declarar con lugar las-dos mociones presentadas por Simón A. Alcaide, y desesti-mar los recursos de apelación interpuestos por María Morales y María de los Dolores Alcaide contra la sentencia que pronunció la Corte de Distrito de G-uayama en 8 de enero de 1918.

Desestimadas las apelaciones.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. Hutchison firmó “conforme con la sentencia.”


author: En Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Moral y Compañía, Demandante y Apelada, v. New York & Porto Rico Steamship Company, Demandada y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre injunction e indemnización de perjuicios.
    No. 1712.
    Resuelto en marzo 21, 1918.
    Gravamen — Conductor Marítimo — Efectos del Cargador. — Un conductor marí-timo posee, para responder del importe del flete, un gravamen sobre los efec-tos del cargador, vigente basta la misma entrega de los efectos.

      Entrega de Efectos — Pérdida de Gravámenes — Tenencia en Concepto de Guardador. — Cuando entre el conductor marítimo y el consignatario existe una comenzada o simbólica entrega de los efectos por razón de la entrega del co-nocimiento y de otros actos y palabras del agente del conductor, especialmente al decir al consignatorio que puede recoger sus efectos del muelle, desde ese mo-mento el conductor pierde su gravamen sobre los bienes, y su tenencia posterior de los mismos lo es en concepto de guardador, sin gravamen.
    Daííos y Perjuicios — Consulta de Abogados. — Una consulta hecha a un abogado por una persona que está privada de la posesión de determinados efectos, y en general una consulta cualquiera, no forma parte de los daños causados por la injusta retensión de-tales bienes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Charles Hartzell.

    Ahogado de la apelada: Sr. Angel A. Vázquez.

   En Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Es una teoría que puede ser aceptada incondicionalmente en este caso la de que un conductor marítimo posee, para responder del importe del flete, un gravamen sobre los efec-tos del cargador, vigente basta la misma entrega de los efectos. En este caso, sin embargo, el consignatario fue a la oficina del agente del conductor y le entregó el conoci-miento marcado “pagadero por anticipado,” práctica que general aunque no universalmente, significa que el flete ha sido pagado. El dicho agente también avisó al consignata-rio que podía recoger los efectos. En vista de la prueba y de las conclusiones de la corte, no tenemos duda de que era la intención de las partes, por sus actos, hacer entrega de los efectos, desapareciendo de ese modo el gravamen. La única duda que tenemos sobre la materia surge de la estipulación convenida durante el curso del pleito. En ella se expresaba que el demandado comenzó a entregar los efectos y luego retuvo una parte de los mismos. El demandante en la esti-pulación casi renunció a sus derechos ante la corte, pero en conjunto somos de opinión que existió una comenzada o sim-bólica . entrega de los efectos por razón de la entrega del co-nocimiento y de otros actos y palabras del agente, especial-mente al decir al demandante que podía recoger sus efectos del muelle. Desde ese momento la compañía demandada per-dió su gravamen, y su tenencia posterior de los efectos, si es que alguna relación legal existía, era en concepto de guar-dador sin un gravamen. Se sostiene que, generalmente, los efectos son entregados gradualmente por carretadas, dándose un recibo aparte para cada carretada, y que sólo cuando el total de la carga es entregado es que se firma el recibo final. En otras palabras, se insiste en que la tenencia es en carác-ter de tal conductor basta que se bace la entrega final. Puede o no ser que los recibos que se dan por estos lotes separada-mente sean una constancia de la entrega de los efectos según se especifica en el conocimiento. No estamos llamados a decidir si en general el gravamen continúa basta tal entrega final, pero sí resolvemos que los actos, conducta, e inteligencia de las partes en este caso, tendían todos a verificar una en-trega al tiempo en que fue entregado el conocimiento. El becbo de que el muelle donde los efectos están depositados es un sitio público añade fuerza a nuestra conclusión; así como el de que la entrega de los efectos babía comenzado y fue meramente suspendida basta el día siguiente por razón de la fuerte lluvia; y, además, el de que la demandada sólo trató de retener los efectos después de baber recibido aviso por cable de que el flete no babía sido pagado. En ninguna época, basta donde la evidencia demuestra, requirió la com-pañía demandada el pago del flete, ni indicó a la demandante que el flete no babía sido pagado; y la prueba testifical ten-día a demostrar que es la costumbre pagar el flete en el puerto de embarque.

Después que la compañía demandada babía aceptado el conocimiento, y dicbo al demandante que recogiera sus efec-tos, estando éste recogiéndolos cuando fue interrumpido por la lluvia, dudamos si hubiera sido la compañía responsable por la pérdida posible de los ochenta sacos de avena que quedaban en el muelle y que fueron los- efectos que la com-pañía demandada había tratado posteriormente de retener para asegurar su supuesto gravamen.

No podemos convenir con el apelante en que no bubo prueba del pago de los cien dollars al abogado Vázquez, pero sí creemos que esos cien dollars no eran propiamente parte de los daños correspondientes a la demandante. Honorarios pagado por una consulta becba por una persona que está pri-vada de la posesión de determinados efectos, y en general por una consulta cualquiera, no forma parte de los daños causa-dos por tal injusta retención. 8 R. C. L. 60. Véanse también los artículos 1068, 1073 y 1074 del Código Civil. No se pro-baron más daños a satisfacción de la corte inferior, y la de-mandante tenía sólo derecho a daños nominales.

Ni vemos tampoco la temeridad por parte de la deman-dada. Aunque no convenimos con el apelante en que fuera de la incumbencia de la apelada el efectuar el pago del flete, especialmente cuando tal pago no fué exigido, hubo suficiente duda de la entrega de los efectos para justificar el que la de-mandada se defendiese. Sin duda alguna el importe del flete no había sido pagado.

En cuanto se refiere al pleito en sí, la demandante pedía, según parece, tres mil dollars por daños que han quedado injustificados. Echando a un lado esta petición de tres mil dollars, es dudoso que el valor de todos los ochenta sacos de avena retenidos excediera de quinientos dollars, y no hubo indicación alguna en los autos de que el demandante habría de perder la avena. Por estas consideraciones, y de acuerdo con las decisiones de esta corte en los casos de Martínez v. Padilla, 19 D. P. R. 582, y Hernaiz, Targa & Co. v. Vivas et al., 24 D. P. R. 836, debe anularse la concesión de honorarios de abogado.

La sentencia debe ser confirmada en cuanto prohibía a la demandada intervenir cuando se recogieran los efectos, mo-dificándola en cnanto a los daños, concediéndolos-nominales, y revocada en cnanto a ’honorarios de abogado.

Confirmada la sentencia apelada pero modi-ficándola en cuanto a los daños que se fijan en $1 y revocada en cuanto a honorarios de ahogado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados del Toro y Hutchi-son.

HI Juez Presidente Sr. Hernández y el Asociado Sr. Al-drey no intervinieron.


text:
    F. Carrera y Hno., Demandante y Apelada, v. New York and Porto Rico Steamship Company, Demandada y Apelante.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez en pleito sobre injunction e indemnización de perjuicios.
    No. 1711.
    Resuelto en marzo 21, 1918.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso No. 1712, Moral y Compañía v. New York §• Porto Pico Steamship Company, p. 241.
    Abogado de la apelante:. Sr. Charles Hartzell.

    Abogado de la apelada: Sr. Angel A. Vázquez.

   Confirmada la sentencia apelada, pero modi-ficándola en cuanto a. los daños que se fijan en $1.00 y revocada en cuanto, a honorarios de ahogado.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro y Hutchison.

El Presidente Sr. Hernández y el Asociado Sr. Aldrey no intervinieron.


author: El Juez Asociado Se. del Tobo,

text:
    El Pueblo, Demandante y Apelado, v. Cintrón, Acusado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., en causa por infracción al artículo 263 del Có-' digo Penal.
    No. 1213.
    Resuelto en marzo 21, 1918.
    Abandono de Menores — Ley No. 37 de 1915. — El artículo 263 del Código Penal no ha sido derogado por la Ley No. 37 de 1915.
    Id. — Concepto del Abandono — I-Iechos Delictivos Según el Código Penal.— El concepto de “abandono” de la ley número 37 de 1915 no es enteramente igual al del artículo 263 del Código Penal. Un niño a quien su padre aban-dona voluntariamente y sin excusa legal en el sentido de no atender a su sostenimiento material, pero que es retenido a su calor, dentro de su hogar, por los esfuerzos y sacrificios de la madre, no presenta el caso a que se refiere la ley número 37 y sin embargo está comprendido dentro de las prescripciones del artículo 263.
    Id. — Competencia de los Tribunales. — El sitio donde están los hijos y no el lugar donde se encuentra el padre al tiempo o durante el período de la queja, fija la competencia para la persecución por el no sostenimiento de los hijos.
    Id. — El Adulterio por Pabte de la Mujer no Excusa al Padre del Abandono de Menores. — El hecho de que la mujer cometa adulterio, no es motivo para justificar el abandono de los hijos porgarte del padre, pues su obligación es independiente del acto de la madre.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Enrique Campillo.

    Abogado del apelado: Sr. Salvador Mestre, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. del Tobo,

emitió la opinión del tribunal.

La acusación formulada por el fiscal en esta causa, en lo ■ pertinente, dice así:

"El citado Juan Cintrón, siendo legalmente casado con María Román, con la que ha procreado tres hijos,’llamados Vicenta, Luz y Amelia, de 12, 10 y 5 años de edad respectivamente, hace cerca de seis meses que, sin excusa legal, de una manera voluntaria e ilegal, ha dejado de proveerles del indispensable alimento y vestuario; cuyo hecho delictivo ha ocurrido dentro del Distrito Judicial de San Juan.”

Alegó el acusado que no era culpable, y oída la prueba, la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a., lo condenó a sufrir seis meses de cárcel y a pagar las costas. No con-forme con la sentencia, interpuso contra ella el presente re-curso de apelación.

1. En el acto de la vista del recurso alegó el apelante que el artículo 263 del Código Penal había sido implícitamente derogado por la ley No. 37 de 1915.

El artículo 263 forma parte del capítulo segundo, que se refiere al “abandono y descuido de menores,” del título trece del Código Penal que trata de los “delitos contra la hones-tidad y moral públicas. ’ ’ Dicho artículo es como sigue: .

“Art. 263. — -Todo padre -o madre de nn niño, que voluntariamente ■y sin escusa legal, dejare de cumplir cualquiera de las obligaciones que la ley le impone, de proveerle del indispensable alimento, ves-tuario o asistencia médica, incurrirá en misdemeanor.”

La ley No. 37 de 1915, se decretó “para establecer un sistema de cortes para niños, proveer lo necesario para aten-der a niños abandonados y delincuentes, y disponer el pro-cedimiento para la delincuencia infantil y para otros fines,” y contiene una sección que dice:

“Sección 29. — Los padres o cualquier persona responsable del abandono de un niño o que hubiere contribuido al abandono, serán culpables de delito menos grave (misdemeanor), y castigados con multa que no exceda de cien dólares o prisión por un período máximo de treinta días o ambas penas.
“La imposibilidad de la persona responsable del abandono para el sostenimiento del niño, en cualquier momento en que fuere demos-trada antes de la sentencia, constituirá una circunstancia eximente de dicha responsabilidad.
“La corte para niños tendrá jurisdicción exclusiva en. todos estos casos por el procedimiento establecido para los delitos menos graves en las cortes municipales; pero si el hecho constituyese un delito grave, la corte lo notificará al fiscal del distrito, a los efectos que procedan con arreglo al Código de Enjuiciamiento Criminal.”

Es indudable que ambas íeyes, el Código Penal en su ca-pítulo 2o. Título XIII, y la ley No. 37 de 1915, se refieren a la misma materia, pero también lo es que pueden subsistir independientemente.

El legislador en el Código Penal se limita a definir cier-tos techos constitutivos de delito y a fijar el castigo que debe imponerse a los culpables, y en la ley No. 37 crea y es-tablece un sistema completo tratando de resolver un problema social digno en verdad de preferente atención.

Si- estudiamos cuidadosamente las leyes a que nos venimos refiriendo, veremos que el concepto de “abandono” de la ley No. 37 no es enteramente igual al del artículo 263 del Código. Un niño a quien su padre abandona voluntariamente y sin excusa legal en el sentido de no atender a su sostenimiento material, pero que es retenido a su calor, dentro de su hogar, por los esfuerzos y sacrificios de la madre, no presenta el caso a que se refiere la ley No. 37 y sin embargo está com-prendido dentro de las prescripciones del artículo 263.

2. Alega además el apelante que no se probó la jurisdic-ción de la Corte de Distrito de San Juan para conocer de esta causa. Ta hemos visto que en la acusación se alegó que el hecho delictivo ocurrió dentro del distrito judicial de San Juan. El acusado no pidió que se determinara más concre-tamente el sitio. Así comenzó la vista y en ella se demostró que María Román vivía con su marido, el acusado, en Cayey, y que salió de su casa con sus tres hijos porque el marido la maltrataba; que desde hacían cinco años más o menos había abandonado su hogar de Cayey, y desde hacían dos su marido no le pasaba nada; que vivía “en la calle del Cristo No. 12.” En el acto de la vista no se atacó la jurisdicción de la corte.

Bajo tales circunstancias, no creemos que pueda prosperar la contención del acusado. (Véanse los casos de El Pueblo v. París, 25 D. P. R. 111 y El Pueblo v. The Juncos Central Co., 24 D. P. R. 320). La del Cristo es una de las calles de la ciudad de San Juan y viviendo en ella los hijos que tenían derecho a ser sostenidos por el padre, fue dentro del distrito judicial de San Juan donde se consumó el delito.

¡i* * * el ^.(¿0 ¿on¿[e estaban los hijos y no el lugar donde se encontraba el padre al tiempo o durante el período de la queja, fija la competencia para la persecución por el no sostenimiento de los hijos.” 29 Cyc. 1678.

3. Sostiene por último el apelante que la sentencia es contraria a derecho. Acepta que la acusación impnta la co-misión del delito previsto y castigado por el artículo 263 del Código Penal, pero alega que la prueba demuestra que el acusado mientras pudo y debió, sostuvo a sus hijos, y, por tanto, que no cometió delito alguno.

María Eomán, la esposa, aceptó que tenía cuatro hijos y que el último no era del acusado. Explica el hecho así: “que ella era una madre, con sus hijos, que estaba en casa de su hermana, que su hermana se vió atrasada de casa, no tenía con que pagar la casa, y ella (la dicente) verdadera-mente sabía trabajar, pero los trabajos estaban malos, sus hijos estaban muertos de hambre, no tenía quien les diera un centavo, y ella estaba cansada de reclamarle y nada le daba, y creyendo hacerlo mejor cometió una falta, y lo que hizo fue cada vez empeorar más la situación, porque el otro hombre se embarcó y le dejó otro chiquito que tiene cinco meses, pero él ha sido el culpable. ”

El hecho de que la mujer cometiera adulterio, ¿puede ser motivo bastante para justificar el abandono de los hijos "por parte del padre? . En manera alguna. Su obligación es independiente del acto de la madre. Véanse los casos de Bennefield v. State, 80 Ga. 107, 4 S. E. 869, y Moore v. State, 1 Ga. App. 502, 57 S. E. 1016.

En cuanto al hecho de si el acusado se encontraba en con-diciones de sostener a sus hijos, es bastante la prueba, a nuestro juicio.

María Román, la esposa, declaró que su marido era ta-baquero, que tenía establecimiento en Cayey, y reses y fin-cas y casa. Que cuando se separó le mandaba quince pesos mensuales, luego diez; que: los últimos cinco los recibió ha-cían dos 'años. Vicenta Cintrón, hija del acusado y de Ma-ría Román, niña de 12 años que cursaba el séptimo grado en las escuelas, declaró que la mantenía su madre, que su padre “era militar, y ahora tiene tienda y estancia # * * que no le manda nada, que ella le escribió unas cartas pero no le contestó, qne ella le escribió mandándole a decir qne le mandara algo, y él no le contestó.” El acnsado admitió qne le enviaba qnince pesos mensuales a sn señora, pero dijo qne ésta le contestaba con provocaciones diciéndole qne esa cantidad no era suficiente para sostenerse. Dijo también que no tenía tienda, sino “un ventorrillo donde ganaba los ali-mentos para mandarle a su familia.”

No se trata aquí de decidir si la cantidad enviada era o no suficiente con arreglo a los recursos del acnsado y a las necesidades de sus hijos. Lo qne se trata de averiguar es si el acusado voluntariamente y sin excusa legal dejó de cum-plir con el deber de alimentar a sus hijos.

El mismo acusado, como hemos visto, reconoce que tiene .un ventorrillo donde gana los alimentos para mandarle a su familia. Su declaración no es clara en cuanto al hecho de si continuó enviando el dinero después de recibir las pro-testas de su esposa. Pero aún interpretándola en el sentido de que continuó, su manifestación estaría en conflicto con las declaraciones de su esposa y de su hija. T que el aban-dono fué largo y persistente, lo revelan con toda claridad las palabras de la hija.

Ahora bien, tomando en consideración todas las circuns-tancias que concurren en este caso, nos parece que la pena de seis meses de cárcel es demasiado severa. Diez días de pri-vación de libertad constituirán a nuestro juicio un castigo suficiente. Si el acnsado persiste en sn actitud y se le acusa por segunda vez, entonces la corte estaría justificada en im-ponerle un castigo más fuerte.

Debe confirmarse la sentencia en cuanto declara culpable al acusado, pero modificarse en cuanto a la imposición de la pena en el sentido indicado.

Confirmada la sentencia apelada pero modifi-cada en el sentido de que el acusado deberá sufrir dies días de cárcel.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf- Aldrey y Hutchison.


author: El Juez Peesidente Se.. Heenández,

text:
    Polanco, Demandante y Apelante, v. Goffinet et al., Demandados y Apelados.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Hnmacao en pleito sobre nnlidad de procedimiento ejecutivo hipo-tecario.
    Moción de los demandados y apelados solicitando la desestimación de la apelación.
    No. 1800.
    Resuelto en marzo 23, 1918.
    Transcripción de Autos — Certificación Aislada de los. Documentos que la Dorman. — Cuando los documentos de la transcripción de autos han sido certi-ficados aisladamente y no por medio de una sola certificación que los com-prenda a todos, semejante proceder no entraña un defecto que invalide o haga ineficaz la transcripción, pues dichos documentos han quedado autenticados que es el fin que persigue la ley al exigir la certificación del secretario.
    Apelación — Cancelación de Hipoteca — Disolución de Embarco. — Una orden dejando sin efeeto la retención del producto de una venta judicial en procedi-miento hipotecario y el embargo de bienes para asegurar la efectividad de la sentencia, es apelable con arreglo al artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. Sarmiento, Rodríguez Se-rró, y Puig.

    Abogado de los apelados: Sr. Lorenzo Jiménez García.

   El Juez Peesidente Se.. Heenández,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio seguido ante la Corte de Distrito de Humacao por José Jacinto Nicolás Polanco contra August y Constant Goffinet, sobre nulidad de procedimiento ejecutivo hipoteca-^ rio, dicha corte por orden de octubre 10 de 1917, declaró con lugar -el aseguramiento de sentencia solicitado por el deman-dante y ordenó al márshal de la corte retener el producto de la venta judicial de la finca del demandante, que se verifi-cara con motivo del procedimiento hipotecario, decretando además el embargo de bienes de los demandados que pudie-ran ser habidos en 1-a isla, hasta la cantidad de $10,500 dollars.

A moción de los demandados la misma corte por orden-de 23 de enero de 1918, dejó sin efecto la retención y embargo ordenados en octubre 10, 1917, a menos que el demandante preste nna fianza de $3,000 para obtener la retención de la cantidad importe de la venta en procedimiento de ejecución hipotecaria, y de $2,000 para practicar el embargo de los bienes de los demandados. Contra esta orden interpuso Po-lanco recurso de apelación.

Los apelados solicitan ahora la desestimación del recurso, primero, porque los documentos que forman la transcripción de autos han sido certificados aisladamente y no por medio de una sola certificación del secretario que los expidió se-gún exige el artículo 299 del Código de Enjuiciamiento Civil, tal como quedó enmendado por la ley No. 21 de marzo 9 de 1911; segundo, porque en la transcripción faltan ciertos-documentos de que se acompañan copias certificadas; ter-cero, porque la orden recurrida no es apelable.

La ley No. 70 y no la 21 de 9 de enero de- 1911, dispone que constituirá el récord de una apelación • la certificación que librará el secretario del tribunal a quo o los abogados de las partes, del legajo de la sentencia y de la notificación de la apelación, y según el artículo 233 del Código de Enjui-ciamiento Civil, en todos los casos, fuera del de rebeldía, constituyen el legajo de la sentencia, las alegaciones, co-pia de la decisión de la corte o árbitro, todos los pliegos de excepciones formulados y presentados y copia de cualquier resolución recaída respecto de alguna excepción previa re-ferente a un cambio o substitución de partes, y copia de la sentencia.

En el presente caso en que no hay pliego de excepciones ni resolución de ellas, constituyen el récord de apelación las alegaciones de las partes, la orden apelada y la notificación del escrito de apelación, elementos todos obrantes en la trans-cripción de autos archivada. En el caso de que los apelados estimen que han debido venir en el récord los documentos ele que acompañan copias certificadas podrán liacer uso del derecho que les reconoce la sección 55 del reglamento de esta corte.

Si bien los documentos de-la transcripción de autos lian sido certificados aisladamente y no por medio de una sola certificación que los comprenda a todos, semejante proceder no entraña un defecto que invalide o baga ineficaz la trans-cripción, pues dichos documentos han quedado autenticados que es el fin que persigue la ley al exigir la certificación del secretario.

Finalmente la orden recurrida es apelable con arreglo al artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil y jurispru-dencia de esta Corte Suprema. Hermida & Palos v. Gestera, 20, D. P. R. 452, y Pizá & González v. Ramis, 24 D. P. R. 868.

Por las razones expuestas procede declarar sin lugar la moción de la parte apelada para que se desestime el recurso.

Sin lugar la moción sobre desestimación de apelación.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados Wolf, del Toro, Al-drey y Huíchison.


author: El Juez Asociado Sr. Hutchison,

text:
    Gómez, Recurrente, v. El Registrador de Guayama, Recurrido.
    Becubso gubernativo contra nota del Begistrador de la Pro- - piedad de Guayama denegando la inscripción de una es-critura de cancelación de hipoteca.
    No. 354.
    Resuelto en marzo 30, 1918.
    Cancelación de Hipoteca — Poder para Enajenar. — No debe denegarse la ins-cripción en el registro de una escritura de cancelación que se presenta acom-pañada de un poder otorgado por la esposa en favor del esposo, en que se autoriza a éste a enajenar bienes gananciales, pues la cancelación de una hipoteca es un acto de enajenación.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del recurrente: Sr.es. Francis & Arnaldo.

    El registrador recurrido, Sr. A. Malaret, no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

Denegada que fué la cancelación de una hipoteca, por lo que se tomó en su lugar anotación preventiva, el recurrente posteriormente a fin de que se convirtiese la anotación pre-ventiva en inscripción definitiva volvió a presentar al registro la escritura de cancelación acompañada del poder, a que la misma se refería, poder que otorgó la esposa en favor de su esposo en el que se le autorizaba, entre otras cosas, a ena-jenar bienes gananciales.

La nota del registrador, que en lo pertinente se transcribe, dice así:

“No practicada la conversión solicitada de la anotación letra A de la finca número 1617 hecha al folio 104 vuelto del tomo 32 de esta ciudad, por cuanto la escritura de poder No. 70 otorgada en 7 de julio de 1904 ante el Notario José Mariano Capó que ahora se presenta en su totalidad, no contiene cláusula para cancelar hipo-tecas.”

La cancelación de una hipoteca es un acto de enajenación. Baquero v. El Registrador, 22 D. P. R. 24.

Véase también el caso de Gutiérrez v. El Registrador, 24 D. P. R. 879.

La nota del registrador debe ser revocada.

Revocada la nota recurrida y ordenada la can-celación solicitada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    E. Rubio e Hijos, Demandante y Apelada, v. Carrasco, Demandado y Apelante.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Agnadilla en pleito sobre cobro do dinero.
    No. 1716.
    Resuelto en abril 2, 1918.
    Cobro de Dinero — Cuenta Abierta (Open Account) — Demanda.—Cuando una demanda en cobro de dinero se basa en una cuenta abierta (open account), deben incluirse en ella las partidas de mercaderías vendidas y entregadas al demandado y no pagadas por él, el precio y todas las demás circunstan-cias necesarias para formar una conclusión exaeta y completa de las tran-sacciones ocurridas.
    Id. — Cuentas Liquidadas (Accounts Stated) — Alegaciones Esenciales de la Demanda. — Si una demanda en cobro de dinero se basa en varias cuentas liquidadas (accounts stated), no basta alegar que se ha practicado - una li-quidación de la cuenta del demandado, resultando un balance a favor del demandante y en contra del demandado por determinada suma, sino que debe alegarse además que la cuenta se rindió al demandado y éste, en alguna de las formas reconocidas en derecho, mostró su- conformidad con el balance.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José D. Rodríguez.

    Abogados de la apelada: Sres. J. García Rucos y Juan B. Soto.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

La'demandante alega en sn demanda:

“2. Qne el demandado Julián Carrasco ba venido desde bace algún tiempo practicando operaciones de compraventa de mercaderías con la demandante ‘E. Rubio e hijos,’ y, practicada una liquidación de la cuenta de dicho demandado en 3 de febrero del corriente año 191b, resultó nn balance en favor de la demandante y contra el demandado por la suma de trescientos ochenta y cuatro dollars sesenta y ocho centavos ($384.68);
. “3. Qne asimismo el expresado Julián Carrasco ba rea-lizado. ■ operaciones de compraventa de mercaderías desde hace algún tiempo con la mercantil de esta plaza ‘Sanders Philippi y Compañía, Sucesores, S. en C.’ y practicada una liquidación de la oue.nta del demandado, en 3 de febrero de 1916, resultó en favor de la dicha mercantil y contra el men-cionado demandado un balance de mil cuatrocientos diez y nueve dólares con treinta y nueve centavos;
“4. Que así también, el referido Julián Carrasco ha ve-nido por algún tiempo efectuando operaciones de compra-venta de mercaderías con la mercantil de esta plaza ‘Yumet y Compañía,’ y, practicada en febrero 3 del corriente año de 1916 la oportuna liquidación de la cuenta del referido de-mandado, resultó en contra de éste y a favor de la dicha Yumet y Compañía un balance por la suma de cuatrocientos diez y seis dólares con ocho centavos;
“5. Que, además, el referido Julián Carrasco, realizaba operaciones de compraventa de mercaderías con la mercan-til de Aguadilla ‘F. Carrera Pinos.’ y, en 3 de febrero de 1916. se practicó una liquidación de la cuenta del demandado, re-sultando un balance en favor de dicha mercantil F. Carrera Pinos, y en contra de Julián Carrasco por la suma de cuatro-cientos setenta y un dólares con noventa y cuatro centavos;
“6. Que en 3 de febrero de 1916 las expresadas mercanti-les ‘Sanders Philippi y Compañía Sucesores, S. en C.,’ ‘Yumet y Compañía’ y ‘F. Carrera Hnos.’ acordaron ceder y al efecto en dicho día cedieron a título de venta a la mer-cantil aquí demandante ‘E. Rubio e hijos’ los mencionados créditos que tenían contra el aquí demandado; las cuales cesiones fueron notificadas al supradicho demandado.
“7. Que la aquí demandante ha practicado extrajudi-ciales gestiones cerca del mencionado demandado, hasta hace pocos días, a fin de que éste hiciera efectivos a la deman-dante los expresados importes adeudádoles, o sea los $384.68 importe del balance de la cuenta del demandante con el de-mandado y además los $1,419.39, $416.08 y $471.94 correspon-dientes a los créditos respectivamente cedidos por ‘Sanders Philippi y Compañía, Sucesores, S. en C.,’ ‘Yiimet y Com-pañía’ y ‘F. Carrera linos.’, las cuales cantidades ascien-den a $2,692.09 en total y constituyen un crédito vencido y exigible; habiendo resultado hasta hoy completamente in-fructuosas tales gestiones de cobro.”

El demandado alegó que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar una causa de acción. Su excep-ción fué desestimada, y contestada la demanda y celebrado-el juicio, la corte dictó sentencia declarando con lugar la pretensión de la demandante. Y el demandado entonces in-terpuso el presente recurso de apelación.

Señala la parte apelante en su alegato la comisión de1 varios errores. Nos limitaremos al estudio y resolución del primero, que se refiere al cometido por la corte de distrito al desestimar la excepción previa a la demanda.

Tiene razón el apelante, porque si la demanda se basaba en una cuenta abierta (open account), debieron incluirse en ella las partidas de mercaderías vendidas y entregadas al demandado y no pagadas por él, el precio y todas las demás circunstancias necesarias para formar una conclusión exacta y completa de las transacciones ocurridas. Y si la demanda, como parece que fué la intención de la demandante, se basaba en varias cuentas liquidadas (accounts stated), entonces no debió haberse limitado la demandante a alegar que se había practicado una liquidación de la cuenta del demandado en cada caso resultando un balance a favor de la demandante y en contra del demandado por determinada suma, sino que debió haber alegado además que la cuenta se rindió al de-mandado y éste en alguna de las formas reconocidas en de-recho'mostró su conformidad con el balance. Véase el tomo primero, página 204 a 225 de la obra de derecho Ruling Case Law, que* trata con claridad y concisión sobre esta materia.

En tal virtud debe revocarse la sentencia apelada y en su lugar dictarse otra declarando con lugar la excepción previa del demandado, concediendo a la demandante el tér-mino de 20 días para que enmiende sn demanda.

Revocada la sentencia apelada y dictada otra declarando con lugar la excepción previa del demandado y concediendo a la deman-dante 20 días para enmendar su demanda.

Jneces concurrentes: Sres. Asociados Wolf y Hutchison.

Los Jneces Sres. Presidente Hernández y Asociado Al-drey no intervinieron.