author:
(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau
      Secretaria del Tribunal Supremo
     Juez Asociado Señor Kol-thoff Caraballo.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Fernando Lugo Fabre, peticionario.

      Número: CC-2009-453

      Resuelto: 25 de mayo de 2010

      Mark Anthony Bimbela, abogado de la parte peticionaria; Zaira Z. Girón, procuradora general auxiliar, abogada de la parte recurrida.
   SENTENCIA

El peticionario Fernando Lugo Fabre nos solicita la re-vocación de una sentencia emitida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, confirmada por el Tribunal de Apelaciones, en la cual se le encontró culpable por el delito de actos lascivos, según estatuido en el Artículo 105(d) del Código Penal de 1974. Luego de examinar la prueba pre-sentada en el juicio y los argumentos de las partes, revoca-mos a la luz del principio de legalidad. Veamos los hechos que originan esta controversia.

I

El 26 de enero de 2006 el Ministerio Público presentó una denuncia en contra del peticionario Fernando Lugo Fabre (Lugo Fabre) por el delito de actos lascivos, según codificado en el Artículo 105(d) del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4067 (ed. 2001)). Según la denuncia, el peticionario cometió dicho delito en la persona de N.S.P,() consistente en que “utilizando medios engañosos, estando la perjudicada bajo los efectos de la anestesia ... el acusado le agarró la mano izquierda y se la llevó a su pene ejer-ciendo presión y movimientos hasta eyacular”. Apéndice, pág. 168.

El juicio, por tribunal de derecho, se prolongó por varios días del mes de abril de 2007. Como parte de los procedi-mientos, declararon diversos testigos, tanto por parte del Ministerio Público como de la defensa, incluyendo al peti-cionario Lugo Fabre, quien renunció a su derecho a no declarará) Las versiones de los testigos del Ministerio Pú-blico y de la defensa sobre lo ocurrido son diametralmente opuestas. No obstante, los testimonios de los que declara-ron a favor de cada una de las partes son coherentes entre sí, por lo que realizaremos un resumen integrado de dichas declaraciones.

La señora N.S.P. declaró que el día 23 de abril de 2004 acudió, junto a su madre Gloria, al Advance Imaging Inter-ventional Center a realizarse una biopsia de la glándula tiroides. Indicó que en dicho centro conoció al peticionario Lugo Fabre, quien se identificó como empleado de la insti-tución y la entrevistó para la intervención. Lugo Fabre le informó que no se le podía realizar la intervención ese mismo día, pues N.S.P. no tenía unos estudios de laborato-rio recientes, los cuales eran requisito para ese tipo de procedimiento. Por lo tanto, éste le dio una cita para el 28 de abril de 2004. N.S.P. le indicó que ella vivía en el estado de Florida y que regresaba a su hogar el 27 de abril, por lo que le solicitó adelantar la cita. Lugo Fabre consultó con el Dr. Delfín Bernard, médico que realizaría la intervención, sobre la situación de N.S.P. Este indicó que si N.S.P. con-seguía los estudios de laboratorio a tiempo, éste podría rea-lizarle la intervención ese mismo día a la 1:00 de la tarde. Lugo Fabre así se lo comunicó a N.S.P., quien estuvo conforme. Lugo Fabre le indicó, además, que para el pro-cedimiento debía traer una almohada y una sábana de su propiedad.

N.S.P. regresó a la hora indicada con los estudios, la almohada y la sábana. Luego de llenar cierta documenta-ción, se cambió de ropa, vistiéndose con una bata desecha-ble, que le proporcionó el laboratorio. El peticionario la preparó para el estudio colocándole unos parchos de moni-toreo del corazón en su pecho y un suero en la mano izquierda. Acto seguido, la llevó donde el doctor Bernard, quien realizaría la intervención. Este le indicó que le su-ministraría una anestesia local que adormecería el área del cuello, pero que la mantendría semiconsciente, para que así pudiera seguir las instrucciones durante el procedimiento. La intervención duró aproximadamente veinticinco minutos y luego fue llevada a un cuarto de re-cuperación por Lugo Fabre y una enfermera.

En dicho cuarto, fue acostada en un sillón reclinable que estaba localizado en un cubículo rodeado por paredes y una cortina al frente. La acomodaron con su almohada y su sábana. Se sintió un poco mareada, y se quedó dormida. Al rato, sintió que le agarraron su mano izquierda y cuando abrió un poco los ojos, vio a Lugo Fabre quien le puso la mano en su pene erecto y comenzó a masturbarse. Declaró que se quedó paralizada por el miedo y que no pudo gritar, pues no tenía voz, además de sentirse todavía un poco mareada. Indicó que el incidente duró de dos a tres minu-tos y que Lugo Fabre, al terminar, eyaculó sobre la bata que tenía puesta, su pecho y la sábana con la cual estaba arropada, que había traído de su casa. Expresó que Lugo Fabre salió del cubículo, se lavó las manos y se retiró. In-dicó que lo ocurrido fue entre las 2:00 y las 2:30 de la tarde.

N.S.P. continuó declarando que cerca de las 3:00 de la tarde vio a una enfermera de nombre Raquel y le hizo se-ñas para que ésta le cambiara el suero, el cual estaba lleno de sangre, y la ayudara a ir al baño. La enfermera le quitó el suero, le limpió el área y le puso una curita. Según lo declarado, la enfermera la llevó al baño y ésta intentó vo-mitar pero no pudo. En el baño se limpió su pecho con la bata que tenía puesta, la botó en el zafacón y se cambió de ropa. Al salir del baño, estaba otra enfermera, Lissette, quien le indicó que recogiera sus pertenencias, ya que le iban a dar de alta. No le contó a ninguna de las enfermeras lo sucedido.

Al salir al área de espera, la recibió su madre Gloria. N.S.P. le dio la almohada y la sábana a su señora madre, quien al tocar la sábana le indicó que estaba mojada y que apestaba a semen, aunque no llegó a decirlo en voz alta en el área de espera, pues N.S.P. le hizo señas —abriéndole los ojos— para que no dijera nada. Declaró que estando fuera de la institución, su madre le repitió que la sábana apestaba a semen. N.S.P., sin comentarle nada a su madre, se recostó en su hombro y comenzó a llorar. Luego se fue a su casa y descansó. Ese día no le contó nada de lo ocurrido a su madre.

Al otro día, el 24 de abril de 2004, Gloria se disponía a lavar la sábana, y N.S.P. se lo impidió y le indicó que la colocara en una bolsa plástica. En ese momento le contó lo que le había ocurrido y que no quería lavar la sábana, pues era prueba del suceso. Posteriormente, el 27 de abril de 2004 se comunicó con su abogado, quien la puso en con-tacto con la Dra. Yocasta Brugal Mena, patóloga forense, para que ésta determinara si la sábana contenía semen de Lugo Fabre. La doctora Brugal Mena recibió la sábana en mayo de 2004 y la refirió a la tecnóloga médica Leida Ro-dríguez Velez, quien, luego de analizar una muestra de ésta concluyó que, en efecto, el fluido contenido en la sá-bana era semen.

El 13 de abril de 2005 N.S.P. acudió, en compañía de su abogado, a la Policía para presentar una querella contra Lugo Fabre. Fue entrevistada por la agente Jasmine Colón. N.S.P. realizó una declaración ante la agente Colón sustancialmente similar a la anteriormente relatada. A preguntas de la agente Colón sobre la tardanza en reportar lo ocurrido (desde el 23 de abril de 2004 hasta el 13 de abril de 2005), N.S.P. le indicó que se debía a que ella desconocía cómo funcionaba el procedimiento en Puerto Rico, pues era residente del estado de Florida.

La agente Colón continuó declarando que se reunió con la doctora Brugal Mena, quien le hizo entrega de la sábana analizada. Posteriormente, en julio de 2005, la agente Co-lón citó a Lugo Fabre para entrevistarlo referente a los hechos acontecidos el 23 de abril de 2004. Le indicó que estaba investigando unos sucesos acaecidos en Advance Imaging ese día, pero no le dijo que era relacionado con N.S.P. Le solicitó a éste si podía dar una muestra de san-gre, a lo cual éste accedió, luego de consultarlo con su abogado. La Agente Colón llevó la sábana, la muestra ocu-pada a Lugo Fabre y una muestra bucal de N.S.P. al Insti-tuto de Ciencias Forenses. Con dichas muestras, el señor Fernando Mercedes Fernández, especialista de ADN en el Laboratorio de Criminalística del Instituto, concluyó que el perfil genético encontrado en la muestra de tela de la sá-bana correspondía al perfil genético de Lugo Fabre. Es de-cir, según lo declarado por el Sr. Mercedes Fernández, el semen que había en la sábana pertenecía a Lugo Fabre.

Por otra parte, por la defensa declararon cuatro testigos. Las primeras dos testigos, la Sra. Raquel Rivera Santiago y la Sra. Lourdes Narváez Espinel, declararon, en síntesis, que laboraban como enfermeras en el centro Advance Imaging para el día 23 de abril de 2004 y que no recordaban haber cambiado un suero infiltrado a N.S.P. Ambas declararon que cuando a un paciente se le infiltra un suero, se realiza un informe de incidente que se hace formar parte del expediente del paciente en Advance Imaging y que en este caso no existía dicho informe. La Sra. Lourdes Narváez Espinel declaró, además, que fue quien tomó las anotaciones de los vitales de N.S.P. el día de la intervención, desde las 2:30 hasta las 4:00 de la tarde en intervalos de quince minutos y no vio nada fuera de lo normal. En el contrainterrogatorio declaró que algunas de las anotaciones pueden tomarse desde un monitor, por lo que no necesariamente se tiene que estar en el área donde se encuentra el paciente para realizarlas.

Por otro lado, como adelantáramos, el peticionario Lugo Fabre renunció a su derecho a no declarar en el juicio y testificó a su favor. Indicó que era enfermero graduado y ostentaba una maestría en anestesia de la Universidad In-teramericana de Puerto Rico en Arecibo. Su relato sobre lo ocurrido el 23 de abril de 2004, antes del procedimiento realizado a N.S.P., es esencialmente similar a lo declarado por ésta en su testimonio. Indicó que luego de terminado el procedimiento, trasladaron a N.S.P. al área de recupera-ción donde la enfermera Lourdes Narváez y él la atendie-ron y la conectaron a un monitor cardíaco. Relató que vio a la paciente a las 2:00 de la tarde cuando llegó al área de recuperación y luego de diez a doce veces mientras hacía las rondas a los pacientes.

Indicó que observó cuando una enfermera ayudó a N.S.P. a ir al baño, donde ésta se cambió de ropa. Expresó que luego llevó a la paciente afuera, esperó que llegara el vehículo que la recogería y la ayudó a montarse en dicho vehículo. Negó haberse masturbado con la mano de N.S.P.

Continuó declarando que al otro día, esto es, el 24 de abril de 2004, entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, recibió una llamada en Advance Imaging de N.S.P. Esta le indicó que quería realizarle un obsequio en agradecimiento al trato que se le había brindado el día anterior. Lo citó para que se encontraran en el tercer piso del estaciona-miento multipisos del Hospital San Pablo, al lado de Advance Imaging. Declaró que N.S.P. llegó en un automóvil, el cual no recuerda cómo es, y se estacionó frente a la pared hacia el fondo del estacionamiento. El se acercó por el lado del pasajero, ella lo invitó a entrar en el vehículo y así él lo hizo. Indicó que N.S.P. le regaló un disco compacto de mú-sica en agradecimiento a sus atenciones. Siguieron conver-sando y Lugo Fabre le indicó que estaba concluyendo sus estudios de maestría y que probablemente se mudaría al estado de Florida al terminar. N.S.P. le dijo que si llegaba a mudarse, que la contactara, que ésta podía ayudarle con la relocalización. Al despedirse, Lugo Fabre le dio un beso en la mejilla, y ésta le correspondió.

Según lo declarado por Lugo Fabre, en ese momento N.S.P. le puso la mano en el muslo y le tocó los genitales, y éste se excitó. Declaró que ésta siguió tocándolo y le ofreció sexo oral, a lo que éste se negó porque no la conocía. No obstante, se bajó los pantalones y aceptó que ésta lo masturbara. Cuando sintió que iba a eyacular, se lo indicó a N.S.P., quien sacó de la parte trasera del vehículo una sábana y se la puso en la base del pene. Declaró que ésta siguió masturbándolo hasta que éste eyaculó y ella lo lim-pió con la sábana. Declaró que N.S.P. volvió a ofrecerle sexo oral, a lo que éste nuevamente se negó y se despidió de ella. Lugo Fabre concluyó su testimonio indicando que no supo de N.S.P. hasta que recibió un emplazamiento de una demanda que N.S.P. presentó contra éste y Advance Imaging en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

De acuerdo con la extensa prueba testifical, documen-tal, real y pericial recibida, el Tribunal de Primera Instan-cia declaró culpable al señor Lugo Fabre y lo sentenció a la pena fija de seis años de reclusión, con el beneficio de sen-tencia suspendida. Inconforme, éste acudió al Tribunal de Apelaciones, alegando que el foro de instancia apreció erró-neamente la prueba presentada en su contra. Adujo que la versión de N.S.P. de lo ocurrido era inverosímil, por lo que no se podía sostener su culpabilidad más allá de duda razonable. En la alternativa, alegó que la sentencia violó el principio de legalidad, pues de los hechos probados no sur-gió que éste haya engañado de forma alguna a N.S.P. Un panel dividido del Tribunal de Apelaciones confirmó la sen-tencia apelada, indicando que no encontró error mani-fiesto, pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la prueba por parte del foro de instancia. Dicho foro resol-vió, además, que no había problema con el principio de legalidad, pues se probó que Lugo Fabre “valiéndose de su condición de enfermero y del consentimiento médico pres-tado por [N.S.P.], cometió los actos imputados en el pliego acusatorio” lo que, según su criterio, constituyen los “me-dios engañosos” requeridos por el delito. Apéndice, pág. 167.()

Aún inconforme, el peticionario Lugo Fabre acude ante este Tribunal, presentando los mismos errores que pre-sentó ante el foro intermedio. El 20 de noviembre de 2009 emitimos una Resolución, en la cual le ordenamos a la Pro-curadora General que mostrara causa por la cual no debía-mos revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones. La Procuradora General compareció el 27 de enero de 2010 en cumplimiento de nuestra orden. Con el beneficio de su comparecencia, resolvemos según lo intimado.

II

Por entender que podemos resolver el presente caso a la luz del principio de legalidad, no atenderemos los errores presentados por el peticionario relacionados con la aprecia-ción de la prueba presentada. En ese sentido, brindamos total deferencia al juicio de credibilidad realizado por el Tribunal de Primera Instancia en este caso. Pasemos en-tonces a exponer el derecho aplicable a esta controversia.

A. El Artículo 8 del Código Penal de 1974 exponía el principio de legalidad. Indicaba dicho artículo que

[n]o se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como de-lito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.
No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad. Art. 8 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3031 (ed. 2001)).

El principio de legalidad es una exigencia de seguridad jurídica que requiere que el ciudadano conozca previa-mente los delitos estatuidos y sus penas correspondientes, además de garantizar que la Rama política representativa del pueblo —la Asamblea Legislativa— sea la que determine los delitos y las penas por las que el Estado puede procesar a un individuo. Véase S. Mir Puig, Derecho Penal Parte General, 7ma ed., Montevideo-Buenos Aires, Ed. B de F, 2005, pág. 115. “Mediante su formulación se adelan-tan los siguientes intereses: 1) la limitación de la arbitra-riedad [en la aplicación de la ley penal], 2) la separación de poderes, 3) la prevención general y 4) el principio de culpabilidad.” L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustan-tivo, San Juan, Pubs. J.T.S., 2007, pág. 43, citando a C. Roxin, Derecho Penal, Parte General, (Luzón Peña y otros, trads.), Madrid, Ed. Civitas, 2000, págs. 144-147.

En Puerto Rico el principio de legalidad instaura la ga-rantía de ley escrita, pues no es válido que se inste una acción penal por un hecho que no esté expresamente defi-nido como delito en la ley, lo que elimina la posibilidad de crear delitos a base de jurisprudencia o del derecho consuetudinario. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 44; Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 D.P.R. 225 (1996). Además, relacio-nado con lo anterior, se dispone la garantía de ley estricta, lo que prohíbe la creación de delitos y penas por analogía pues “el juez está impedido de penalizar un hecho no tipi-ficado como delito por su semejanza con uno tipificado como tal; o admitir un agravante o una gradación especí-fica no enumerada, basándose en sus semejanzas con una enumerada; o imponer una pena no contemplada por la ley por su analogía con una prevista en la ley”. Pueblo v. Figueroa Pomoles, 172 D.P.R. 403, 415 (2007), citando a D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Inst, para el Desarrollo del Derecho, 1983, pág. 63.

En relación con la prohibición de analogía, hemos expre-sado que “[l]a analogía conlleva aplicar la ley a unos he-chos ó situaciones no contemplados en [ésta] porque son semejantes o parecidos a los allí dispuestos. Al aplicar la analogía, el juez suple la voluntad del legislador, la cual no existe para los hechos que tiene ante sí, basado en su se-mejanza a los hechos sí tipificados”. Pueblo v. Bonilla, 148 D.P.R. 486, 503 (1999). Véanse, también: Pueblo v. Barreto Rohena, 149 D.P.R. 718, 722 (1999); Pueblo v. González Vega, 147 D.P.R. 692, 702 (1999); Pueblo v. Ríos Dávila, 143 D.P.R. 687, 697 (1997).

Esto, por supuesto, no significa que la ley penal por apli-carse no sea susceptible de interpretación, siempre que la lectura que se realice del texto legal no desborde los límites razonables de tal ejercicio. Mir Puig, op. cit., pág. 124. La diferencia entre una interpretación razonable y la analogía es que mientras la interpretación es una búsqueda de un sentido legal que se halle dentro del “sentido literal posi-ble” del estatuto, la analogía supone la aplicación de la ley penal a un supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra, pero análogo al texto legal, íd. El “sentido literal posible” del tipo puede estar influen-ciado por los precedentes judiciales que hayan interpre-tado dicho texto legal, siempre y cuando éstos se ajusten al texto claro de la ley. Pueblo v. González Vega, supra, pág. 700; Chiesa Aponte, op. cit., pág. 47. Después de todo, no podemos perder de perspectiva que los estatutos penales deben ser interpretados restrictivamente en lo que desfa-vorezcan al acusado, aunque ello no requiere que le demos a un estatuto penal un significado más limitado al que usualmente tiene dentro de la realidad social. Pueblo v. Figueroa Pomoles, supra; Pueblo v. Sierra Rodríguez, 137 D.P.R. 903 (1995).

Con lo anteriormente expuesto en mente, pasemos a analizar la modalidad del delito de actos lascivos por el cual fue acusado el peticionario Lugo Fabre, según fue es-tatuido en el Artículo 105(d) del Código Penal de 1974, supra.

B. El delito de actos lascivos estatuido en el Artículo 105 del Código Penal de 1974,() en lo pertinente, indica:

Toda persona que sin intentar consumar acceso carnal co-metiere cualquier acto impúdico o lascivo con otra será sancio-nada con pena de reclusión según más adelante se dispone si concurrieran cualesquiera de las siguientes modalidades:
(d) Si la víctima fuere compelida al acto mediante el empleo de medios engañosos que anulen o disminuyan sustancial-mente, sin su conocimiento, su capacidad de resistencia. Art. 105(d) del Código Penal de 1974, supra.

El delito de actos lascivos castiga el que una persona cometa hacia otra cualquier acto impúdico o lascivo, en las modalidades que el propio delito establece. Un acto lascivo o impúdico es aquel que tiende a despertar, excitar o satis-facer la impudicia, la pasión o los deseos sexuales del sujeto activo. Véase D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 6ta ed., San Juan, Inst. para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2000, pág. 207. Se trata de un delito que ofende el pudor e indemnidad sexual de la víctima, pero se realiza sin la intención de consumar la penetración sexual. Véase D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed., San Juan, Inst, para el Desarrollo del Dere-cho, 2008, pág. 197. El acto puede consistir en el contacto con el cuerpo de la víctima u obligar o inducir a ésta a realizar actos sobre la persona del imputado para excitar o satisfacer los deseos sexuales de éste. Íd.

El bien jurídico protegido por el delito de actos lascivos es la libertad e indemnidad sexual, pues se busca proteger aquella parte de la libertad referida al ejercicio de la pro-pia sexualidad y la disposición del propio cuerpo. F. Muñoz Conde, Derecho Penal: Parte Especial, 15ta ed., Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2004, pág. 206. En el caso de los menores, puesto que carecen de autonomía para ejercer dicha libertad, lo que se pretende proteger es la libertad futura concretada en la normal evolución y desarrollo de su personalidad, y en los incapaces se busca evitar que éstos sean utilizados como objeto sexual de terceras personas que abusen de su situación para satisfacer sus deseos sexuales. Íd., pág. 207.

El sujeto activo de este delito puede serlo cualquier persona, sin importar su sexo. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, op. cit. El sujeto pasivo podrá ser igualmente cualquier persona a la cual se le lacere su de-recho a la libertad o indemnidad sexual. La acción típica queda definida por el primer párrafo del delito, esto es, cometer cualquier acto lascivo, lo que implica cualquier acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales del sujeto activo. Por lo tanto, la definición del acto típico queda inevitablemente atada a la natura-leza de éste, en tanto el mismo pueda considerarse como tendente a excitar o satisfacer el deseo sexual del impu-tado o imputada, lo cual quedará establecido según las cir-cunstancias de cada caso.

La realización de la acción típica no es suficiente para configurar el delito, si no se cumplen con ciertas circuns-tancias esenciales establecidas en el tipo. El primer ele-mento que debe estar presente, aplicable a todas las moda-lidades, es que el acto cometido no haya sido con la intención de consumar una penetración sexual. En casos en que está presente dicha intención, entonces estaríamos ante la tentativa del delito de violación (hoy agresión sexual). Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, op. cit., pág. 198. Las demás circunstancias necesa-rias para que se configure el delito surgen de las distintas modalidades de éste, establecidas en el Artículo 105 del Código Penal de 1974, supra. En el caso ante nuestra con-sideración, al peticionario Lugo Fabre se le imputó la mo-dalidad (d), esto es, que compelió a la víctima al acto me-diante el empleo de medios engañosos que anularon o disminuyeron sustancialmente, sin su conocimiento, su ca-pacidad de resistencia.

Analizando detenidamente la modalidad imputada, la palabra “compeler” significa “obligar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no quiere”. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 2001, T. I, pág. 604. Es de-cir, que el tipo requiere que el sujeto activo obligue a la víctima al acto lascivo o impúdico, partiendo de que ésta no lo quiera llevar a cabo. La acción de compeler a la víctima debe realizarse mediante el empleo de “medios engañosos” que anulen la capacidad de resistencia de ésta, sin que la víctima conozca que la están engañando. De la víctima co-nocer del engaño, entonces no se configurará la situación típica, pues se entendería que hubo consentimiento y, por lo tanto, no habría laceración al bien jurídico de libertad sexual. Toda vez que la utilización de medios engañosos es un elemento esencial de esta modalidad del delito, debe-mos delimitar qué constituye “engaño” o “medios engaño-sos” para determinar bajo qué circunstancias dicha moda-lidad se configura.

El Artículo 7 del Código Penal de 1974, el cual contiene varias definiciones, no define “medios engañosos” ni “engaño”. Dicho artículo, no obstante, define “fraudulenta-mente o defraudar” como cualquier “[a]cto cometido me-diante ardid, simulación, trama, treta o mediante cual-quier forma de engaño”.() (Énfasis suplido.) Art. 7 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3022 (ed. 2001)). Por lo tanto, sabemos que “engaño” es, según el Código, sinónimo de fraude, ardid,() simulación,() trama() o treta.() Por otra parte, “engañar”, según definido por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “dar a la mentira apariencia de verdad” o “inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas”. Real Academia Española, op. cit., T. I, pág. 913.

Al examinar el significado de “medios engañosos” debe-mos igualmente auscultar el propósito que inspiró al legis-lador a incluir dicha modalidad en el Artículo 105. La mo-dalidad (d) del Artículo 105 fue añadida por el Proyecto del Senado 257 (P. del S. 257), que luego se convirtió en la Ley Núm. 76 del 9 de julio de 1986 (Ley Núm. 76). Según el historial legislativo de dicha ley, esa modalidad fue incluida en respuesta a una sentencia no publicada emitida por este Tribunal el 12 de abril de 1983, en el caso Pueblo v. Medina Gaud, Núm. CR-82-14. En ese caso, a un médico se le imputó el delito de tentativa de violación por haber tocado partes íntimas del cuerpo de una paciente de manera las-civa, mientras simulaba realizar un examen vaginal. El an-tiguo Tribunal Superior encontró culpable al acusado del delito de actos lascivos en su modalidad (b).() En aquella ocasión, al emitir una sentencia para revocar el fallo de ac-tos lascivos, expresamos:

En el presente caso no existe esta equivalencia entre los ele-mentos de la modalidad imputada de tentativa de violación y los elementos requeridos por el artículo 105(b). Esta última disposición está limitada a una disminución de la capacidad de resistencia de la víctima “a través de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medios similares”. Estos medios similares no incluyen el engaño por parte del autor, que es esencialmente la actuación alegada en este caso. Este resultado obedece a un defecto en la redacción del estatuto, el cual contiene una laguna que permite que ac-tuaciones como la de este caso no sea castigada como delito de actos lascivos.

Haciendo alusión directa a este pasaje de la sentencia en el caso antes mencionado, la Asamblea Legislativa ac-tuó sobre la laguna que identificamos en la redacción del delito y aprobó la Ley Núm. 76 con el propósito de “adicio-nar el engaño por parte del autor del delito como otra cir-cunstancia que debe tomarse en cuenta en la tipificación del [delito]”. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 76 (1986 Leyes de Puerto Rico 256). En la discusión del P. del S. 257 en el seno del Senado, en ocasión de la votación para su aprobación, se dio un intercambio entre el enton-ces Presidente de la Comisión de lo Jurídico de dicho cuerpo, Hon. Francisco Aponte Pérez y el Hon. Rolando Silva Iglesias, que estimamos conveniente reproducir para determinar el entendido que tenía la Asamblea Legislativa al incluir el “engaño” como modalidad de delito.

Sr. Silva: Señor, Senador, estamos aquí tipificando un delito serio, un delito grave, un delito que conlleva depravación moral y que además de eso, conlleva una pena fija de seis (6) años de presidio. Y estamos tipificándolo por un engaño. Yo quisiera que el compañero me explique, {¿\qué es lo que estamos legis-lando, o sea, cuál es el ámbito del engaño que se está legislando aquí en la tarde de hoy ?
Sr. Aponte Pérez: La enmienda lo único que quiere, señor Pre-sidente, es suplir la omisión que encontró el Tribunal Supremo en el caso de Medina Gaud. No estamos extendiendo las con-sideraciones y los límites de esta enmienda que es meritoria a los casos que menciona el compañero ....
Sr. Silva: Por eso, pero yo lo que quiero es que el compañero me diga, [¿]qué es lo que él entiende por engaño?
Sr. Aponte Pérez: Pues, no va mas allá de lo que dijo el Supremo por engaño, punto. (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones del Senado de Puerto Rico, 28 de abril de 1986, págs. 2489-2490.

Es decir, que al momento de aprobarse el P. del S. 257, la intención que tuvo la Asamblea Legislativa fue la de atender situaciones similares a las que enfrentó este Tribunal en el caso de Pueblo v. Medina Gaud. Por lo tanto, lo que la Asamblea Legislativa pretendía castigar eran situa-ciones en las cuales el sujeto activo obtuviera un consenti-miento viciado de la víctima para cometer el acto lascivo, induciendo a error a ésta mediante la simulación o la re-presentación falsa de la realización de un acto para el cual la víctima sí prestó su consentimiento. De tal manera, se consigue sancionar la lesión al bien jurídico de libertad sexual, el cual se ve lacerado en tanto su portador con-siente a dicho acto a través de las palabras u obras fingidas del sujeto activo en relación con el hecho cometido.

Examinando brevemente el derecho comparado, encon-tramos que el engaño es igualmente base de responsabili-dad penal por delitos sexuales, tanto en la doctrina estado-unidense como en la continental. Así, en la doctrina estadounidense, tanto en el delito de violación {rape), como en el de acometimiento o agresión sexual {sexual assault! sexual battery), se castiga la obtención del consentimiento de la víctima a través del engaño, lo que se conocía en el “common law” como “deception” o “fraud”() Véase Model Penal Code Secs. 213.1 y 213.4. En general, existen dos tipos principales de fraude o engaño que los estatutos es-tatales castigan: (1) la simulación de tratamiento médico a la víctima o (2) la simulación sobre la identidad del sujeto activo, normalmente cuando éste se hace pasar como el marido de la víctima. Véanse: 2 La Fave, Substantive Criminal Law Sec. 17.3(c), págs. 628-630 (2003); R.M. Perkins y R.N. Boyce, Criminal Law, 3ra ed., Nueva York, The Foundation Press, 1982, pág. 214. En ambos casos, el de-lito se configura por haberse conseguido un consentimiento viciado de la víctima mediante la simulación realizada por el sujeto activo, sea sobre la naturaleza del acto o sobre su identidad. La premisa básica de la responsabilidad penal bajo dicho delito es que una persona que es engañada sobre la naturaleza del acto que ha de llevarse a cabo no puede dar un consentimiento válido a dicha conducta. Véase Model Penal Code Sec. 213.4.

Por otro lado, en España, antes del Código Penal de 1995, el delito de abusos deshonestos constituía el equiva-lente a nuestro Artículo 105 de actos lascivos.() Dicho de-lito podía configurarse mediando engaño, como una moda-lidad del delito de estupro. () Al comentar sobre dicha modalidad, se dijo que el “abuso deshonesto realizado me-diante engaño ... se caracteriza ... porque en su ámbito la invalidez del consentimiento se muestra de un modo fla-grante, en tanto la víctima es llevada a error por el sujeto activo”. C. Carmona Salgado, Los Delitos de Abusos Desho-nestos, Barcelona, Ed. Bosch, 1981, pág. 50. En el nuevo delito de abuso fraudulento,() comenta Muñoz Conde que “[p]or engaño habrá que entender, por tanto, cualquier me-dio fraudulento empleado por el sujeto activo para conse-guir la relación, que determine causalmente un vicio de voluntad”. Muñoz Conde, op. cit., pág. 227. También se ha expresado que “el engaño consiste en la mendacidad o ardid de que se vale [el sujeto activo] para que la [víctima] con-sienta en el acceso carnal que de otro modo no hubiera permitido. Importa insistir en la necesidad de que el sujeto activo trame la manera de inducir a error a la víctima, y que lo haga con clara conciencia de estar mintiendo ... precisa-mente, para alcanzar su propósito”. (Escolios omitidos.) E. Orts Berenguer, Delitos contra la Libertad Sexual, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 1995, págs. 249-250.

Del estudio realizado, podemos colegir que, tanto en la doctrina continental como en la estadounidense, existe convergencia en cuanto al elemento de engaño en los deli-tos sexuales. En ambas tradiciones se busca castigar el que se consiga el consentimiento de la víctima a través de si-mulaciones o representaciones falsas realizadas por el su-jeto activo. Igual propósito tuvo nuestra Asamblea Legisla-tiva al incluir la modalidad (d) al Artículo 105, según vimos anteriormente. De acuerdo al texto de la ley, a su interpre-tación teleológica y al estudio del derecho comparado, po-demos entonces concluir que los “medios engañosos” del Artículo 105(d) requieren que el sujeto activo realice una simulación o una representación falsa y mendaz que in-duzca a error a la víctima y, por consiguiente, ésta con-sienta al acto lascivo como consecuencia de las actuaciones fraudulentas del autor. El empleo de dichos medios enga-ñosos son los que vician el consentimiento de la víctima “de tal manera que no tiene capacidad sustancial para negarse al acto lascivo o para resistirse al mismo”. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, op. cit., pág. 209.

En relación con el tipo subjetivo del delito, éste requiere intención, aunque será suficiente probar que el sujeto ha previsto el resultado como consecuencia probable de su ac-ción o como lo expresa el Código Penal de 2004, que el sujeto activo “ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de produ-cir el hecho delictivo realizado”. Art. 23(c) del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4651). Véase también el Art. 15(b) del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3062 (ed. 2001)).

Establecidos los elementos del delito de actos lascivos, según la modalidad (d) dispuesta en el Artículo 105 del Código Penal de 1974, pasemos a analizar la prueba pre-sentada por el Ministerio Público contra el peticionario Lugo Fabre.

III

En el caso ante nuestra consideración, la prueba presen-tada por el Ministerio Público, creída por el Tribunal de Primera Instancia, estableció que el 23 de abril de 2004 N.S.P. se encontraba en el Advance Imaging recuperándose de una biopsia que se le había realizado en dicho centro. Esta se había quedado dormida, debido a la anestesia su-ministrada durante la intervención. La prueba demostró, además, que mientras N.S.P. se reponía de dicho procedi-miento, el señor Lugo Fabre se acercó a ésta, tomó su mano y comenzó a masturbarse con ella hasta eyacular. No se demostró que N.S.P. haya consentido al acto, pues ésta se encontraba semiconsciente debido a la intervención realizada. Igualmente, se estableció que mientras el señor Lugo Fabre realizaba el acto, N.S.P. se sintió atemorizada, razón por la cual no pudo solicitar ayuda. Ante tales he-chos, la acción cometida por Lugo Fabre constituyó un acto que satisfizo la impudicia, la pasión y los deseos sexuales de éste, por lo que concluimos que cometió un acto lascivo.

La prueba presentada, no obstante, no estableció que Lugo Fabre simulara realizar otro acto, le hiciera una re-presentación falsa a N.S.P. o la indujera a error de alguna forma, de modo que viciara su consentimiento al acto. Es decir, el Ministerio Público no probó que Lugo Fabre indu-jera a N.S.P. a “tener por cierto lo que no lo es”, para co-meter el delito imputado mediante un consentimiento viciado. De hecho, de la prueba del Ministerio Público no surge que N.S.P. haya consentido de alguna manera al acto, conscientemente o a través de “medios engañosos” como re-quiere la modalidad imputada. Más bien, lo que fue probado ante el foro de instancia fue que el señor Lugo Fabre, sin autorización alguna y sin mediar palabra, se acercó a N.S.P. y realizó el acto por el cual fue hallado culpable.

Siendo así, es forzoso concluir que el Ministerio Público falló en probar un elemento esencial del delito imputado, esto es, que el señor Lugo Fabre cometió el delito de actos lascivos mediante el uso de medios engañosos que hayan viciado el consentimiento de N.S.P. al acto. El fallo emitido por la ilustrada sala sentenciadora no puede subsistir, pues el Estado no cumplió con su obligación constitucional de probar más allá de duda razonable todos los elementos esenciales del delito imputado. Véase Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780 (2002).

La Procuradora General, mediante su escrito en cumpli-miento de orden, alega que “no debe de existir ninguna diferencia entre lo acontecido en este caso y el que una persona sea drogada específicamente para estos fines, ya que el bien tutelado es la protección de la integridad y el honor sexual del individuo, quien no está en posición de consentir al acto. ... [Aun] cuando el apelante no provocó el estado de inconsciencia de la perjudicada con fines de agredirla ... éste aprovechó el estado de indefensión de la perjudicada, con pleno conocimiento de ello, para incurrir en conducta delic-tiva constitutiva de actos lascivos”. Escrito en Cumpli-miento de Orden, pág. 31.

A todas luces, la Procuradora General nos invita a que apliquemos por analogía el Artículo 105(d) a lo acontecido en el caso ante nuestra consideración, ya que, en su opinión, no existe diferencia entre los hechos probados y el que se drogue a una persona “para estos fines”, pues se probó que Lugo Fabre se aprovechó del estado de indefensión de la perjudicada. En primer lugar, la modalidad imputada re-quiere que el acto lascivo se cometa a través de medios en-gañosos, no mediante la intoxicación de la víctima con dro-gas, a diferencia de la modalidad (b) del mismo delito. En segundo lugar, el hecho de que Lugo Fabre se aprovechó del estado de semi-inconsciencia de N.S.P. no implica de forma alguna que éste utilizó medios engañosos para viciar su con-sentimiento y cometer el acto lascivo. Tomar ventaja de una persona semi-inconsciente y obligarla a realizar un acto sin su consentimiento —casi por la fuerza— no es utilizar me-dios engañosos que vicien el consentimiento de ésta al acto.

Adoptar la interpretación propuesta por la Procuradora General sería claudicar a nuestro deber de interpretar los estatutos penales de acuerdo al principio de legalidad y la prohibición de analogía que garantiza el ordenamiento. Como indicamos anteriormente, tanto el principio de lega-lidad, como la prohibición de analogía, sirven como límites a la interpretación brindada por los tribunales a los tipos penales, pues estamos impedidos de aplicar la ley a hechos o situaciones no contemplados en el delito imputado por ser semejantes a los allí contemplados.C) Por lo tanto, de-clinamos aceptar la invitación intimada por la Procuradora General de acoger una interpretación violatoria del princi-pio de legalidad y la prohibición de analogía.

En virtud de lo anterior, procede revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones que confirmó la sentencia de culpabilidad dictaminada por el Tribunal de Primera Ins-tancia por el delito de actos lascivos, y decretar la absolu-ción del señor Lugo Fabre por dicho delito.

IV

Finalmente, antes de poder disponer del caso ante nues-tra consideración, debemos examinar si, como cuestión de derecho, la prueba presentada por el Ministerio Público probó más allá de duda razonable la comisión de otro delito menor incluido en el delito de actos lascivos del Artículo 105.

En Pueblo v. Rivera Ortiz, 150 D.P.R. 457, 467 (2000), resolvimos que el delito de agresión agravada del Artículo 95(d) del Código Penal de 1974 está incluido en el delito de actos lascivos, pues “[n]o es posible cometer actos lascivos o impúdicos contra la persona de una mujer sin cometer la agresión que el acto conlleva. Tal agresión o contacto ilegal realizado por un hombre contra la persona de una mujer, sin el consentimiento de ésta, configura precisamente el delito de agresión agravada”.

Dicha modalidad del delito de agresión agravada es me-nos grave, pues establece que la pena de reclusión no ex-cederá de seis meses o una multa máxima de $500. Véase Art. 95(d) del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4032 (ed. 2001)). Véase, también, el Art. 12 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3044 (ed. 2001)). Por otro lado, el Artículo 77 de dicho Código establece que una de las razo-nes por las cuales se extingue la acción penal es la pres-cripción, la cual se computa desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se expide el mandamiento de arresto o de citación, conforme a la Regla 6 ó 7 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Véase, también, Art. 79 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3413 (ed. 2001)). La acción penal para delitos menos graves según el Código Penal de 1974, y según el actual, prescribe al año, salvo que el delito imputado esté exceptuado de dicho término. Véase Art. 78 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3412 (ed. 2001)). El delito de agresión agra-vada del Artículo 95(d) no se encuentra entre los exceptúa-dos, por lo que en su modalidad menos grave prescribe al año de la comisión de éste.

A pesar de que no albergamos duda de que los hechos probados contra el señor Lugo Fabre son constitutivos del delito de agresión agravada en su modalidad menos grave, no podemos devolver el caso al foro de instancia para que se le sentencie por dicho delito, pues la acción penal correspon-diente había prescrito al momento cuando se le encontró causa probable para arresto por el delito de actos lascivos. Véase Pueblo v. Oliver Frías, 118 D.P.R. 285 (1987). Esto es así, pues aun cuando el delito de agresión agravada del Ar-tículo 95(d) está incluido en el delito de actos lascivos por el cual se encontró causa probable para arresto conforme a derecho, dicha vista por el delito mayor interrumpe el tér-mino prescriptivo para el delito menor incluido, sólo cuando se haya celebrado dentro del término prescriptivo corres-pondiente al delito menor. Pueblo v. Oliver Frías, supra.() Véase, también, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Secs. 21.10 y 26.2, págs. 58-62 y 248-251. Eso no ocurrió en este caso.

Los hechos de este caso ocurrieron el 23 de abril de 2004, según los testimonios presentados ante el foro de instancia. No fue hasta el 26 de enero de 2006 que el Mi-nisterio Público presentó una denuncia contra el señor Lugo Fabre por el delito de actos lascivos del Artículo 105, encontrándosele causa probable para arresto ese mismo día. Por consiguiente, surge claramente que a esa fecha había transcurrido el término de un año para procesar al señor Lugo Fabre por el delito de agresión agravada en su modalidad menos grave, contado desde la comisión del de-lito hasta la determinación de causa probable para arresto. Por lo tanto, es forzoso concluir que dicha acción penal se extinguió por efecto de la prescripción, por lo que estamos impedidos de ordenar sentenciar al señor Lugo Fabre por la comisión de ese delito.

V

En suma, el Ministerio Público falló en presentar prueba sobre un elemento esencial del delito de actos las-civos del Artículo 105(d), por lo que no puede prevalecer el fallo de culpabilidad emitido por el foro de instancia. Por otro lado, el delito menor incluido de agresión agravada en su modalidad menos grave prescribió conforme la discu-sión antes expuesta. Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto, y se dicta la sentencia revocando el dicta-men del Tribunal de Apelaciones y se decreta la absolución del Sr. Fernando Lugo Fabre.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Kol-thoff Caraballo disintió con opinión escrita.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Kol-thoff Caraballo.

Respetuosamente, disiento. En primer lugar difiero en cuanto a la apreciación de la mayoría de que la controver-sia en el presente caso se enmarca a la luz del principio de legalidad. En todo caso, el presente caso requiere interpre-tar simplemente si la prueba logró demostrar, más allá de duda razonable, uno de los elementos esenciales del delito, en este caso, el engaño.

Por otro lado, como bien señala la Sentencia de la ma-yoría, el inciso (d) del Art. 105 del antiguo Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4067 (ed. 2001), fue aprobado a raíz de una Sentencia de este Tribunal en el caso Pueblo v. Medina Gaud, Núm. CR-82-14, que apuntalaba una laguna en este artículo en los casos en que la víctima fuese compelida (obligada) al acto mediante engaño, y que tal engaño dis-minuyera sustancialmente su capacidad para consentir. En la referida Sentencia, citando la propia Sentencia de la mayoría en el caso de autos, “un médico se le imputó el delito de tentativa de violación por haber tocado partes íntimas del cuerpo de una paciente de manera lasciva, mientras simulaba realizar un examen vaginal”. (Énfasis nuestro.) Sentencia, pág. 21.

Como vemos, en Pueblo v. Medina Gaud, supra, el en-gaño consistió en que la víctima permitió el acto lascivo porque se encontraba bajo la creencia de que en realidad le estaban haciendo un examen vaginal. Asimismo, el médico intencionalmente engañó a la víctima haciéndole creer que lo que le realizaba era un acto válido, relacionado con su función como galeno. Considerando lo anterior, entiendo que los elementos de la percepción de la víctima así como la intención del victimario en el caso de autos, son simila-res a los de Pueblo v. Medina Gaud, supra, que provocaron la enmienda al Art. 105 del derogado Código Penal de 1974, introduciendo así el inciso (d) en cuestión.

Como bien concluye la Sentencia de la mayoría, no hay duda de que la acción cometida por el peticionario Lugo Fabre constituyó un acto lascivo. Ahora bien, ¿conocía el peticionario Lugo Fabre que al momento de cometer su fe-choría la víctima se encontraría bajo los efectos de una anestesia? Sin duda lo conocía, pues él mismo había hecho todos los arreglos de admisión y demás pormenores, hasta dejar a la señora N.S.P. (su víctima) totalmente lista en la presencia del médico que la anestesiaría.() De no conocer el peticionario —como claramente lo conocía— que la víctima se encontraba bajo los efectos de una anestesia, ¿se habría atrevido a cometer el acto lascivo?() No me queda la menor duda de que no se hubiera atrevido.

De manera que, en el caso de autos, mientras el médico anestesió a la señora N.S.P. para un procedimiento total-mente lícito, el peticionario Lugo Fabre utilizó intencional-mente tal procedimiento para cometer su fechoría. Sin duda, la señora N.S.P. fue competida mediante engaño por-que ella prestó su consentimiento al momento de que la anestesiaron para la realización de un procedimiento lícito, mientras Lugo Fabre sabía que lo utilizaría para el acto lascivo. De esta manera, el peticionario indujo a su víctima a “tener por cierto lo [que él sabía] que [no era]”. No hay duda, desde mi perspectiva, que eso constituye el elemento de engaño que exige el referido artículo. Por esta razón, disiento respetuosamente.

      (1) A pesar de que N.S.P. es mayor de edad, utilizaremos sus iniciales para proteger su intimidad.

      (2) Los testigos por parte del Ministerio Público fueron: N.S.P., su madre Gloria, Dra. Altagracia A. Alcántara González, agente Jasmine Colón, Dr. Delfín Bernard Echeandía, Leída Rodríguez Vélez, Dra. Yocasta Brugal Mena y Fernando Mercedes Fernández. Por parte de la defensa testificaron: Raquel Rivera Santiago, Lourdes Narváez Espinel, Ida Viera Leguillou y el peticionario Fernando Lugo Fabre.

      (3) La Hon. Nélida Jiménez Velázquez emitió una opinión disidente.

      (4) El delito de actos lascivos, según estatuido en el Artículo 144 del Código Penal de 2004, contiene un lenguaje similar al del Artículo 105 del Código Penal de 1974 aquí analizado. Véase Art. 144 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4772). Por lo tanto, este análisis es aplicable a controversias surgidas a la luz del Código Penal de 2004.

      (5) Idéntica definición tiene en el Código Penal de 2004. Véase Art. 14(q) del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4642).

      (6) Ardid significa “artificio, medio empleado hábil y mañosamente para el logro de algún intento”. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 2001, T. I, pág. 199.

      (7) Simulación es la acción de simular. Simular es “[rlepresentar algo, fingiendo o imitando lo que no es”. Real Academia Española, op. cit, T. II, pág. 2068.

      (8) Tr-ama significa “[alrtificio, dolo, confabulación con que se perjudica a alguien”. Real Academia Española, op. cit., T. II, pág. 2208.

      (9) Treta significa “[alrtificio sutil e ingenioso para conseguir algún intento”. Real Academia Española, op. cit., T. II, pág. 2225.

      (10) La modalidad (b) del Artículo 105 indica que se configurará el delito “[s]i la víctima ha sido compelida al acto mediante el empleo de fuerza física irresistible o amenaza de grave e inmediato daño corporal, acompañada de la aparente aptitud para realizarlo, o anulando o disminuyendo sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de resistencia a través de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medios similares”. Art. 105(b) del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4067 (ed. 2001)).

      (11) En el Código Penal Modelo, el delito equivalente al Artículo 105 de actos lascivos es el acometimiento sexual o “sexual assault”. Véase Model Penal Code Sec. 213.4. Dicho delito se configura cuando una persona tiene contacto sexual con otra que no sea su esposa o causa que otra persona tenga contacto sexual con ésta, si se cumple cualquiera de las circunstancias incluidas en el tipo. Contacto sexual está definido como tocar las partes íntimas o sexuales de una persona con la intención de excitarse o gratificar un deseo sexual. Íd. Una de las circunstancias a través de las cuales se configura el delito es cuando el sujeto activo conoce que la víctima no tiene consciencia de que se está cometiendo un acto sexual. Íd. Es en dicha modalidad que el Código Penal Modelo incluye los casos en los cuales se engaña a la víctima para cometer el acto lascivo. En California, el delito equivalente al de actos lascivos entre personas adultas se conoce como “sexual battery” y es un delito menos grave. Este consiste, básicamente, del “sexual assault” regulado por el Código Penal Modelo, pero puede ser cometido por cualquier medio, siempre que sea en contra de la voluntad de la persona. Véase California Penal Code Sec 243.4(e). Existe una modalidad especí-fica para cuando el acto se comete representándole fraudulentamente a la víctima que el acto se realiza con fines profesionales. íd., Sec. 243.4(c). En el caso de actos lascivos hacia menores de edad, se castiga como delito grave, según la Sección 288 del Código Penal de California. íd., See. 288.

      (12) El delito de abusos deshonestos establecía que “[e]l que abusare deshones-tamente de personas de uno u otro sexo, concurriendo cualesquiera de las circuns-tancias expresadas en el artículo anterior, será castigado con la pena de prisión menor”. Art. 430 Cód. Pen. Esp. (1985). El artículo anterior al que se refiere el tipo, lo era el Artículo 429 que regulaba el delito de violación, el cual tenía tres modali-dades: (1) violación usando fuerza o intimidación; (2) violación de mujer privada de razón o de sentido, y (3) violación de mujer menor de doce años. Art. 429 Qód. Pen. Esp. (1985). Un abuso deshonesto consistía en “actos corporales externos contrarios a la moral sexual social que los prohíbe en tales circunstancias de falta de libertad en la víctima”, por ejemplo, “la sodomía, la masturbación, los besos, las caricias, [pero no] el yacimiento”. F. Muñoz Conde, Derecho Penal Parte Especial, 6ta ed., Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1985, pág. 350.

      (13) El estupro se refiere al “yacimiento carnal realizado con virgen o doncella mediante engaño o seducción”. Muñoz Conde, op. cit., págs. 353-354. En España, los Artículos 434 y 435 castigaban dos tipos de estupros: (1) el de prevalimiento, el cual indicaba que “[l]a persona que tuviese acceso carnal con otra mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose de su superioridad, originada por cualquier relación o situación, será castigada, como reo de estupro”, y (2) el fraudulento, el cual indicaba que “[c]omete, asimismo, estupro la persona que, interviniendo engaño, tuviere ac-ceso carnal con otra mayor de doce años y menor de dieciséis”. Arts. 434 y 435 Cód. Pen. Esp. (1985). El Artículo 436 indicaba que se castigaría con pena de multa “al que cometiere cualquier abuso deshonesto, concurriendo iguales circunstancias que las establecidas en los dos artículos precedentes”. Art. 436 Cód. Pen. Esp. (1985).

      (14) La regulación de los delitos sexuales cambió con el Código Penal de España de 1995. Ahora existen dos grupos de delitos sexuales: las agresiones sexuales y los abusos sexuales, los cuales se diferencian en que en los primeros interviene la fuerza o la intimidación. Por lo tanto, los antiguos abusos deshonestos pueden ser agresio-nes sexuales o abusos sexuales, dependiendo de si intervino violencia o intimidación. El abuso deshonesto como modalidad del estupro, que se codificaba en el Artículo 436, ahora quedó codificado como un abuso sexual en el Artículo 183, el cual castiga con pena de multa al que “interviniendo engaño, cometiere abuso sexual con persona mayor de trece años y menor de dieciséis”. Art. 183 Cód. Pen. Esp. (2004).

      (15) Si el Ministerio Público entendía que la prueba presentada contra el señor Lugo Fabre era constitutiva de alguna otra modalidad tipificada en el Artículo 105, debió solicitar que se enmendara la acusación para que así lo reflejara, utilizando los mecanismos que el ordenamiento le permite. Véase Regla 38(d) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. No obstante, luego de emitido el fallo de culpabilidad, no puede solicitar que se aplique analógicamente la modalidad imputada a los hechos probados en el juicio.

      (16) El profesor Chiesa lo explica de la manera siguiente: “Aun cuando [agresión agravada menos grave] fuera un delito menor incluido en [actos lascivos], si la acción penal por estos delitos está gobernada por términos prescriptivos distintos, surgiría la prescripción si el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la determina-ción de causa probable para el arresto por el delito [de actos lascivos], es mayor que el término prescriptivo para la acción penal por el delito [de agresión agravada me-nos grave].” E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Sec. 26.2, pág. 248.

      (1) No pasemos por alto que el peticionario Lugo Fabre es un enfermero gra-duado con una maestría precisamente en anestesia, por lo que tenía que conocer que el procedimiento para el cual la señora N.S.P. estaba haciendo admisión requeriría anestesia. De hecho, la prueba también demostró que fue el propio Lugo Fabre quien transportó a la señora N.S.P., del cuarto donde había ocurrido la intervención lícita del médico hacia el cuarto de recuperación donde ocurrió el acto lascivo.

      (2) El hecho de que la víctima hubiese despertado en medio del acto —aunque en realidad y como señala la Sentencia de la mayoría estaba seminconsciente— y que fuera el temor la que le impidiera gritar pidiendo ayuda, no cambia el resultado, pues, al ella despertar de su total inconsciencia, ya el acto se había cometido, aunque el peticionario no había terminado su desagradable actuación.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re José A. Axtmayer Balzac, querellado.

      Número: CP-2009-0004

      Resuelto: 1 de junio de 2010

      Carmen A. Riera Cintrón, procuradora general auxiliar, y Zaira Z. Girón Anadón, subprocuradora general; José A. Hernández Mayoral, abogado del querellado.
   per curiam:

El presente recurso nos brinda la oportunidad de examinar la norma pautada en In re Andréu, Rivera, 149 D.P.R. 820 (1999), y de esclarecer el alcance del Canon 28 del Código de Etica Profesional; específicamente, en las ins-tancias en que una comunicación escrita es enviada, simul-táneamente, a la parte contraria, a su representación legal y a todos los abogados de los codemandados.() Veamos.

I

El 3 de agosto de 2007 el Ledo. Nelson Biaggi García, miembro del bufete que representa al First Bank of Puerto Rico (First Bank) en el pleito Constructora de Las Americas, Inc. v. First Bank of Puerto Rico, et als., CC EPE-2005-0704, presentó una queja disciplinaria ante este Tribunal contra el Ledo. José A. Axtmayer Balzac,() quien repre-senta en el pleito antes mencionado a Constructora de Las Américas, Inc. (Constructora). En su queja, el licenciado Biaggi García alegó que el licenciado Axtmayer Balzac in-currió en una conducta profesional impropia al comuni-carse por escrito con el Sr. Luis M. Beauchamp, Presidente del codemandado First Bank,() y expresarle la intención de Constructora de demandarlo en su carácter personal. A esos efectos, el licenciado Biaggi García indicó que al cur-sar dicha misiva el licenciado Axtmayer Balzac infringió el Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra.

Posteriormente, el 20 de octubre de 2008 emitimos una Resolución mediante la cual ordenamos a la Procuradora General que formulara la querella correspondiente. Ésta fue presentada el 24 de marzo de 2009.

Luego de presentada la querella y su correspondiente contestación, el 28 de agosto de 2009 emitimos otra Resolución. En ella nombramos como Comisionado Especial al Ledo. Hiram Sánchez Martínez para que nos rin-diera un informe con sus determinaciones de hechos y las recomendaciones que estimara pertinentes.

Así las cosas, el 13 de enero de 2010 el Comisionado Especial rindió su informe,, en el cual hizo las determina-ciones de hechos que ahora exponemos.

El 7 de diciembre de 2005 Constructora presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, contra First Bank; Desarrolladora Campo-lago; José Osvaldo Pérez Miranda, su esposa Olga Díaz y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos com-puesta, y otros codemandados de nombres desconocidos. En su demanda, Constructora alegó que había pactado con Desarrolladora Campolago la construcción de un proyecto residencial ubicado en el municipio de Cidra, el cual sería financiado por First Bank, y que los demandados habían incumplido con sus obligaciones contractuales. Por ello, Constructora solicitó como remedio una compensación que excede los $3,000,000 por cantidades adeudadas y daños y perjuicios.()

El 11 y 12 de julio de 2007, como parte del descubri-miento de prueba, Constructora le tomó una deposición al Sr. Julio Rivera Rodríguez, Jefe del Departamento de Prés-tamos del First Bank. A raíz de las declaraciones que el señor Rivera Rodríguez hizo en la deposición, el licenciado Axtmayer Balzac ponderó la posibilidad de que el propio señor Rivera Rodríguez y el señor Beauchamp, en su carác-ter personal, le fuesen civilmente responsables a Constructora.() Esto, pues si lo declarado por el señor Rivera Rodríguez resultaba ser cierto, a juicio del licenciado Axtmayer Balzac, entonces las actuaciones de los señores Rivera Rodríguez y Beauchamp podrían ser ultra vires y acarrear consigo la responsabilidad civil de ambos para con Constructora()

Posteriormente, con el propósito de no demorar el des-cubrimiento de prueba y la toma de la deposición del señor Beauchamp, el licenciado Axtmayer Balzac decidió avisarle al señor Beauchamp de su posible responsabilidad personal para con Constructora y de la conveniencia de estar representado legalmente por un abogado que no fuese quien representara al First Bank. Por ello, decidió cursar la carta que motivó la presentación de la presente querella. ()

Contando con el beneficio del Informe del Comisionado Especial y luego de examinar el expediente de autos y las distintas posturas de las partes, procedemos a resolver.

II

El Canon 28 del Código de Ética Profesional dis-pone lo siguiente:

El abogado no debe, en forma alguna, comunicarse, negociar ni transigir con una parte representada por otro abogado en ausencia de éste. Particularmente, debe abstenerse de aconse-jar o incurrir en conducta que pueda inducir a error a una parte que no esté a su vez representada por abogado.()

Este canon regula las comunicaciones que emiten los abogados de una parte hacia la parte contraria. Su propó-sito es evitar que los abogados obtengan una ventaja inde-bida mediante acercamientos inapropiados y deshonestos hechos a una parte en ausencia de su representación legal, como también prevenir que los abogados induzcan a error a personas que no están representadas legalmente. De esa manera se salvaguarda el privilegio abogado-cliente y el derecho de los litigantes a obtener una representación legal adecuada.()

Es preciso señalar que las prohibiciones contenidas en el Canon 28 del Código de Etica Profesional, supra, aplican independientemente del nivel de educación de las partes y de la intención del abogado que emite la comunicación.() La jerarquía profesional del abogado comparada con la ausencia de preparación del adversario lego

... colocaría al abogado que así actúe en posición ventajosa y se le haría fácil inducir a error al adversario falto de su repre-sentación legal. A[u]n en casos de igualdad de circunstancias entre abogado y parte adversa, de todas formas es conducta [impropia] el ... comunicarse con dicha parte adversa en au-sencia de su abogado.()

En específico, el Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, proscribe lo siguiente: (1) que el abogado de una parte se comunique, negocie o transija con la otra parte en ausencia de su representación legal, y (2) que incurra en conducta mediante la cual induzca o pueda inducir a error a otra parte que a su vez no ostenta representación legal.() Nótese que estas prohibiciones son relativas y no absolutas. Dicho canon no proscribe, per se, toda comunicación con una parte que está representada legalmente. Más bien, sólo pro-híbe las comunicaciones que se dan con dicha parte en au-sencia de su representación legal.

En cuanto a la primera prohibición establecida por el Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, en In re Andréu, Rivera, supra, nos vimos precisados de esclarecer el alcance de dicho canon dentro del contexto de un pleito en el cual una de las partes es una corporación. En aquella ocasión optamos por ejercer nuestra jurisdicción disciplina-ria sobre unos querellados que, entre otras cosas, enviaron una carta al Presidente de la entidad sin remitirle copia a la representación legal de dicha corporación.

Luego de examinar varias reglas disciplinarias análogas a nuestro Canon 28, indicamos en aquella ocasión que para los efectos de dicho Canon los directores, empleados u oficiales de una corporación pueden ser considerados propiamente como partes de una acción judicial instada contra la corporación.() Esto, pues a pesar de la personalidad jurídica independiente de dicha entidad, ésta actúa por conducto de sus empleados. Añadimos que la determinación de si un empleado, director u oficial corporativo es parte de la acción judicial se hará tomando en cuenta factores como: el cargo que ocupa, su poder para tomar decisiones, su autoridad para vincular a la corporación o para hablar a nombre de ésta, y el asunto sobre el cual trata la comunicación.()

Consecuentemente, luego de ponderar los factores antes mencionados, resolvimos que el Presidente de la Junta y sus miembros constituían propiamente parte en el pleito. Deter-minamos que ambos querellados incurrieron en conducta impropia y contraria al Canon 28 del Código de Ética Profe-sional, supra, al comunicarse con el Presidente de la Junta y sus miembros, sin la presencia de su representación legal, para discutir asuntos inherentemente relacionados a la de-manda de intervención instada por la corporación.()

Posteriormente, en In re Martínez Lloréns, supra, censuramos enérgicamente a un abogado que se comunicó con la parte contraria en aras de llegar a un acuerdo transaccional. Al así hacerlo, indicamos que su conducta impropia “no queda[ba] justificada por el hecho de no ha-ber podido comunicarse con el abogado de [la otra parte], ya que tenía otros remedios ante los tribunales para pro-curar el pago de la sentencia [emitida] a favor de sus clientes”.()

Aún más, en In re Guzmán Rodríguez, 167 D.P.R. 310 (2006), censuramos a un abogado cuya conducta se limitó a intervenir en una reunión en la cual su cliente y la parte contraria, la cual no estuvo asistida por su representación legal, alcanzaron un acuerdo y dicho abogado lo redujo a escrito. A esos efectos, señalamos en aquella ocasión que el querellado no debió intervenir en la reunión sin la presen-cia del abogado de la parte contraria, “independientemente de las buenas intenciones que pudiera tener de poner fin al pleito en cuestión ... el Canon 28, supra, le prohibía toda comunicación con la otra parte en ausencia de su abogado, por lo que los motivos que tuviera para hacerlo no justifi-can su conducta”. (Enfasis nuestro y en el original. )()

III

En el caso de marras, el licenciado Axtmayer Balzac cursó una carta al señor Beauchamp, Presidente del code-mandado First Bank, y, simultáneamente, a todos los de-más abogados de los codemandados. Por ello, el licenciado García Biaggi, representante legal del First Bank, se quejó ante nos e indicó que el licenciado Axtmayer Balzac había incurrido en una conducta impropia y contraria al Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra. Por su parte, el li-cenciado Axtmayer Balzac adujo que su conducta no infrin-gió dicho Canon, puesto que el señor Beauchamp no era una parte en el pleito y, en la alternativa, su intención al enviar la carta nunca fue obtener ventaja ni inducir a error al se-ñor Beauchamp. No compartimos el criterio del querellado. Veamos.

Como indicamos anteriormente, el Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, prohíbe que un abogado se co-munique con una parte que está representada legalmente, si es que la comunicación ocurre en ausencia de dicha re-presentación legal. Particularmente, conforme a lo pau-tado en In re Andréu, Rivera, supra, esta prohibición es aplicable cuando la parte demandada es una persona jurí-dica y la comunicación es hecha a uno de sus empleados, oficiales o directores. Todo dependerá del cargo que ocupa el empleado, oficial o director; su poder para tomar decisio-nes; su autoridad para vincular a la corporación o para hablar a nombre de ésta, y el asunto sobre el cual trata la comunicación. ()

Conforme a lo antes mencionado, nos es forzoso concluir que el señor Beauchamp constituye, propiamente, una parte en el pleito Constructora de Las Américas, Inc. v. First Bank of Puerto Rico, et als., CC EPE-2005-0704. Para la fecha en que los hechos ocurrieron, el señor Beauchamp, como Presidente del First Bank, ostentaba el cargo más alto en la je-rarquía administrativa. Por ello, después de la Junta de Directores, es quien posee el mayor poder para tomar decisiones a nombre de la entidad, para vincularla a dichas decisiones y para hablar a su nombre. En este sentido, la normativa pautada en In re Andréu, Rivera, supra, es per-fectamente aplicable al caso de autos.

Además, las alegadas intenciones del licenciado Axtmayer Balzac al cursar su comunicación escrita no varían nuestra determinación. Ya hemos indicado que el Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, aplica “independientemente de las buenas intenciones que [pueda] tener [el abogado, puesto que dicho Canon] le prohíb[e] toda comunicación con la otra parte” en ausencia de su representación legal.()

No obstante, lo anterior no dispone completamente del asunto ante nuestra consideración. A diferencia de lo ocu-rrido en In re Andréu, Rivera, supra, en el caso de autos el licenciado Axtmayer Balzac cursó la carta objeto de esta acción disciplinaria al señor Beauchamp y, simultánea-mente, a todos los abogados de los codemandados.() Esta diferencia nos obliga a analizar si dicha notificación simul-tánea se atempera a los preceptos del Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra.

Las prohibiciones establecidas por el referido Canon, como bien nos indica el Comisionado Especial, son fáciles de implementar cuando la comunicación a analizar es una oral; bien sea transmitida personalmente, por teléfono, por circuito cerrado o mediante cualquier otro medio mecánico o electrónico de comunicación oral. Nótese que en estas instancias es suficiente con que el abogado de la parte re-ceptora de la comunicación “esté presente” en la conversa-ción y que pueda participar en ésta para proteger y aseso-rar adecuadamente a su cliente. Lo relevante es que el método de comunicación oral que sea utilizado permita la transmisión simultánea de las voces de los interlocutores, incluyendo la de todos los abogados participantes en la conversación, de manera que puedan adoptar eficazmente las medidas que estimen pertinentes para proteger los in-tereses específicos de sus clientes.() En otras palabras, lo determinante es que el método de comunicación oral esco-gido permita la intercomunicación instantánea entre las partes. ()

Ahora bien, cuando la comunicación en controversia es emitida por escrito el análisis al amparo del Canon 28 del Código de Ética Profesional, supra, resulta distinto. Como norma general, cuando la comunicación es escrita su recibo por la parte contraria no ocurre ante la “presencia física” de su representación legal. Por ello, bajo la impresión de actuar conforme a los preceptos del referido Canon, la práctica común ha sido enviar la comunicación escrita a la parte contraria y, simultáneamente, copia a su abogado.()

A nuestro juicio, toda comunicación, sea oral o escrita, entre un abogado y una parte que esté representada legalmente siempre debe hacerse en presencia de su representación legal. En específico, cuando un abogado desea comunicarse por escrito con la parte contraria debe hacerlo, en primera instancia, “por conducto” de la representación legal de la parte contraria. Esto, pues la propia naturaleza de la comunicación escrita imposibilita, en la gran mayoría de las ocasiones, que el abogado de la parte contraria esté presente cuando su cliente recibe la comunicación. Permi-tir lo contrario, aunque la comunicación escrita sea notifi-cada simultáneamente a la representación legal de la parte contraria, acarrea el riesgo de que la copia dirigida al abo-gado no sea recibida o que sea recibida con demora perju-dicial a la relación abogado-cliente que el Canon 28 del Código de Etica Profesional, supra, pretende salvaguardar. Además, una carta que resultase amenazante que le llegue al abogado con demora podría surtir un efecto nocivo en su cliente, pues lo podría inducir a actuar contrario a su mejor interés legal o podría suscitar resultados imprevistos.()

Asimismo, estimamos que el envío de la comunicación escrita a la parte contraria y, simultáneamente, a su representación legal debe hacerse sólo ante la presencia de circunstancias apremiantes y en última instancia. Por ello, un abogado sólo debe recurrir al método de envío simultáneo cuando sus intentos de enviar la comunicación escrita por conducto del abogado de la parte contraria han sido infructuosos y luego de haberle avisado a dicha representación legal que utilizará el método de envío simultáneo. Esto, siempre y cuando el aviso en cuestión contenga copia de la comunicación escrita. De esta forma se eliminan los riesgos antes descritos y se evitan los efectos nocivos causados por una demora en la entrega de la comunicación escrita. Ahora bien, en las instancias en que se haya cumplido con lo anterior y se recurra al método de envío simultáneo es preferible que, en lo posible, se entregue la comunicación a la mano cuando la parte contraria y su abogado se encuentran en el mismo lugar.

En resumen, el Canon 28 del Código de Etica Profesio-nal, supra, no proscribe todas las comunicaciones que un abogado sostenga con una parte que esté a su vez repre-sentada legalmente. Sólo prohíbe las comunicaciones que ocurran con dicha parte en ausencia de su representación legal. Consecuentemente, cuando un abogado opte por co-municarse por escrito con la parte contraria deberá proce-der conforme a la norma aquí esbozada.

En primera instancia, el abogado deberá remitir la co-municación escrita por conducto de la representación legal de la parte contraria. Cuando este método de envío resulte infructuoso y concurran circunstancias apremiantes, el abogado deberá apercibirle a la representación legal de la parte contraria que desea enviar la comunicación escrita directamente a dicha parte. En este aviso se le deberá ade-lantar copia de la comunicación escrita al abogado de la parte contraria.

Luego de realizar el aviso antes descrito, el abogado po-drá enviar la comunicación escrita simultáneamente a la parte contraria y a su representación legal. Es preferible que dicha comunicación escrita se entregue a la mano si-multáneamente, si es que la parte contraria y su represen-tación legal se encuentran en el mismo lugar. De lo contra-rio, el abogado podrá enviarla por correo certificado con aviso de recibo simultáneamente a la parte contraria y a su representación legal. ()

IV

En el caso de autos no surge del expediente que el licen-ciado Axtmayer Balzac le haya enviado la comunicación escrita al señor Beauchamp, primeramente, por conducto de su abogado, ni que dichos intentos de comunicación con la parte contraria hayan sido infructuosos. Tampoco surge del expediente que hubiesen circunstancias apremiantes que justificaran el envío simultaneo de la carta al señor Beauchamp y a su representación legal.() Por ello, al ha-ber utilizado el método de envío simultáneo en primera instancia, el licenciado Axtmayer Balzac violó el Canon 28 del Código de Etica Profesional, supra.

Sin embargo, en esta ocasión hemos de limitar nuestra facultad disciplinaria a una amonestación. () El licenciado Axtmayer Balzac goza de buena reputación entre los miembros de la profesión togada. Ha mantenido un histo-rial profesional limpio durante los treinta y cinco años que lleva ejerciendo la profesión de abogacía y, anteriormente, no había sido objeto de procedimiento disciplinario alguno.

Además, tanto el querellado como el Comisionado Especial y la Procuradora General, están de acuerdo en que ninguna parte en el pleito quedó perjudicada por el envío simultáneo de la comunicación escrita objeto de este proce-dimiento disciplinario. Dicha comunicación tampoco tuvo “el propósito de intimidar al señor Beauchamp”, “ni fue redactada en lenguaje amenazante”.()

V

Por los fundamentos antes expuestos, amonestamos al Ledo. José A. Axtmayer Balzac por haber infringido el Canon 28 del Código de Etica Profesional, supra. Le apercibi-mos que de incurrir nuevamente en conducta contraria a los cánones del Código de Etica Profesional, podrá ser san-cionado de forma más severa.

El Juez Presidente Señor Hernández Denton no interviene. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez se inhibió. El Juez Asociado Señor Kolthoíf Caraballo no intervino.

      (1) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 28.

      (2) El licenciado Axtmayer Balzac fue admitido al ejercicio de la abogacía el 11 de diciembre de 1975 y al ejercicio de la notaría el 26 de junio de 1981.

      (3) El 28 de septiembre de 2009 el señor Beauchamp cesó sus labores como presidente de First Bank of Puerto Rico.

      (4) Véase Informe del Comisionado Especial, págs. 1-2.

      (6) Según el licenciado Axtmayer Balzac, la deposición del señor Rivera Rodrí-guez reveló que sus acciones en torno al financiamiento del proyecto residencial no tenían base documental o reglamentaria, sino que eran autorizaciones que recibía directamente del señor Beauchamp. Véase Informe del Comisionado Especial, págs. 3-4.

      (6) Véase Informe del Comisionado Especial, págs. 3-4.

      (7) íd.

      (8) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 28.

      (9) In re Andréu, Rivera, supra, pág. 825. Véanse, además: In re Ríos Meléndez, 175 D.P.R. 923 (2009); In re Amundaray Rodríguez I, 172 D.P.R. 60 (2007); In re Hernández Rosario, 170 D.P.R. 103, 115 (2007); In re Guzmán Rodríguez, 167 D.P.R. 310, 314-315 (2006); In re Chiques Velázquez, 161 D.P.R. 303, 306 (2004); In re Martínez Lloréns, 158 D.P.R. 642, 645-646 (2003).

      (10) In re Ríos Meléndez, supra; In re Amundaray Rodríguez I, supra; In re Hernández Rosario, supra, págs. 115-116; In re Guzmán Rodríguez, supra, pág. 315; In re Chiques Velázquez, supra; In re Martínez Llorens, supra, pág. 646; In re Andréu, Rivera, supra.

      (11) S. Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, edición especial, San Juan, Pubs. STP, 1995, págs. 4.67-4.68.

      (12) En cuanto a esta segunda prohibición establecida por el Canon 28 del Código de Ética Profesional, véanse: In re Castillo Herrera, 159 D.P.R. 276 (2003); In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55 (1998); In re Soto Cardona, 143 D.P.R. 50 (1997).

      (l3) In re Andréu, Rivera, supra, págs. 828-830. Esta norma fue reiterada en In re Castillo Herrera, supra, págs. 279-280, y en In re Amundaray Rodríguez I, supra.

      (14) In re Andréu, Rivera, supra, pág. 829.

      (15) íd., págs. 830-831.

      (16) In re Martínez Lloréns, supra, pág. 647; In re Ríos Acosta, supra.

      (17) In re Guzmán Rodríguez, supra, págs. 316-317. Cf. In re Pabón García, 118 D.P.R. 723 (1987).

      (18) In re Andréu, Rivera, supra, pág. 829.

      (19) In re Guzmán Rodríguez, supra, págs. 316-317; In re Ríos Meléndez, supra. Cf. In re Pabón García, supra.

      (20) Surge del expediente que todos los abogados involucrados en el caso tienen sus oficinas en el mismo edificio.

      (21) Véase Informe del Comisionado Especial, pág. 13.

      (22) íd., págs. 13-14.

      (23) Existen argumentos a favor y en contra de una norma que le permita a un abogado enviarle a la parte contraria una comunicación escrita sobre algún aspecto del pleito, si notifica simultáneamente copia de dicha comunicación al abogado de la parte receptora. A favor, podría argumentarse que puede haber ocasiones en las que un abogado tiene suficientes motivos para creer que las ofertas de transacción que le ha realizado a la parte contraria, a través de su representación legal, no han llegado a conocimiento de dicha parte. Así, para asegurarse que la parte contraria sepa de las ofertas ya realizadas, y de las que están por realizarse, si alguna, el abogado podría estar interesado en enviarle las ofertas directamente a la parte contraria.
      De igual forma, en contra de lo anterior, podría argumentarse que el riesgo de que la parte contraria no reciba la comunicación escrita siempre está presente en un sistema adversativo de litigación. Este sistema reconoce un amplio margen a la dis-creción profesional de los abogados. Por ello, enuncia este argumento, que la falta de un abogado, consistente en no informar a su cliente sobre los asuntos del caso, debe ser atendida de otro modo y no circunvalando el conocimiento de la comunicación escrita que debe tener la representación legal de la parte receptora de dicha comunicación. Véase Informe del Comisionado Especial, págs. 14-15.

      (24) Véase Informe del Comisionado Especial, págs. 15-16.

      (25) La norma aquí esbozada no se circunscribe a partes contrarias, sino se extiende a todas las partes dentro de un pleito.

      (26) De haber concurrido circunstancias apremiantes, el licenciado Axtmayer Balzac hubiese tenido que enviar el aviso previo antes descrito, como paso anterior a incurrir en el método de envío simultáneo.

      (27) Al imponer sanciones disciplinarias hemos de considerar, entre otras cosas, el historial profesional del querellado, si ha sido objeto de acción disciplinaria anterior, si goza de buena reputación entre los miembros de la profesión legal, si su conducta impropia causó perjuicio a otra parte. In re Soto Cardona, supra.

      (28) Véase Informe del Comisionado Especial, pág. 17.


text:
    Héctor Rafael Ponce Ayala, Ex parte.

      Número: CC-2010-0302

      Resuelto: 2 de junio de 2010

      María T. Cabellero García, procuradora general auxiliar, y Zaire Z. Girón Anadón, subprocuradora general, abogadas de la parte peticionaria; José E. Arzola Méndez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Hernández Denton

emitió la opinión concurrente.

Concurrimos con el resultado de la decisión del Tribunal en el caso de epígrafe en cuanto determina que el periodo máximo de seis meses de detención preventiva dispuesto en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico comienza a transcurrir cuando un imputado es ingresado a una institución carcelaria por ra-zón de no haber prestado la fianza que se le impuso tras haberse encontrado causa probable para el arresto. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. No obstante, no estamos de acuerdo con los fundamentos allí expuestos por entender que éstos son producto de un enfoque desmesu-rado en la definición de “detención preventiva”, sin ésta ser propiamente contextualizada. Veamos.

i — I

Consideramos que la solución a la controversia de autos se desprende de una lectura somera de la propia Constitución. Al realizar dicho ejercicio salta a la vista que la activación de todas las garantías contenidas en la Sec. 11 del Art. II, incluso el derecho aquí en controversia, está necesariamente condicionada a que haya comenzado un proceso criminal. Ello, como es conocido, sólo ocurre una vez una autoridad judicial emite una determinación de causa probable para el arresto. Dicha determinación es una condición necesaria para que una persona pueda exi-gir las garantías y los derechos de la Sec. 11 del Art. II, y marca el comienzo del periodo durante el cual podrá hacerlo. Por ende, entendemos que estas garantías no tie-nen efecto alguno antes de ese momento.

La Sec. 11 del Art. II de la Constitución indica que “[é\n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará de ...”. (Énfasis suplido.) Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. El resto de la sección citada instituye las garantías y los derechos que cobijan a los im-putados en procesos criminales. Éstos son los derechos a: juicio rápido y público; ser informado de lo que se imputa; carearse con los testigos de cargo; la citación compulsoria de los testigos de defensa; asistencia de abogado; presunción de inocencia; juicio por jurado en casos de delitos graves; no ser obligado a incriminarse; que su silencio no sea utilizado en su contra ni comentado; la protección contra la doble expo-sición; quedar en libertad bajo fianza; que la detención pre-ventiva antes del juicio no exceda de seis meses; que las multas y fianzas no sean excesivas, y no ser encarcelado por deuda. Del texto de la referida disposición se desprende que todos y cada uno de estos derechos y garantías pertenecen al ámbito de los procedimientos criminales.()

Como indicamos, los procesos criminales en nuestra juris-dicción inician una vez se determina judicialmente que existe causa probable para un arresto. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559 (2009); Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 152 (2004). Es necesario que “el tribunal adquier[a] jurisdicción sobre la persona del imputado” para que ello ocurra. (Cita omitida.) Pueblo v. Guzmán, supra, pág. 153.

Por su parte, la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico exige que las órdenes de arresto, al igual que las de registros y allanamientos, sean emitidas por una autoridad judicial. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Dicha sección otorga a todos los ciudadanos una protección contra actuaciones irrazonables por parte del Estado. Esta protección es espe-cialmente relevante durante lo que se conoce como la etapa investigativa, cuando el Estado interviene o intenta inter-venir con alguna persona para esclarecer o detener la co-misión de un delito. Una orden de arresto, es decir, una orden judicial para que una persona sea puesta a disposi-ción de un tribunal, debe cumplir con determinados crite-rios mínimos constitucionales y marca el fin de la etapa investigativa. Estos requieren que una orden de arresto de un ciudadano: (1) sea expedida por autoridad judicial; (2) esté basada en causa probable; (3) esté apoyada tal causa probable en una declaración jurada, y (4) sea específica en cuanto a la persona a ser arrestada. Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 559 (2003), citando a E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 20.

La Regla 6 de Procedimiento Criminal provee un proce-dimiento estatutario en el que se busca asegurar que la orden que se emita cumpla estas exigencias mínimas. 34 L.P.R.A. Ap. II. Esto, pues, la Constitución no exige que se observe un procedimiento específico. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 559. De acuerdo con la Regla 6, un magistrado examina la denuncia jurada, las declaraciones juradas o los testigos bajo juramento y, de quedar convencido de que existe causa probable para creer que el sospechoso en cues-tión ha cometido el delito que se le imputa, emite una or-den de arresto contra éste y le impone una fianza. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 6. Una vez esto ocurre, da inicio el pro-cedimiento criminal y la persona contará con la protección de todos los derechos contenidos en la Sec. 11, Art. II de la Constitución.

Lo anterior, por supuesto, no significa que no se pueda arrestar a una persona sin una orden de arresto emitida por una autoridad judicial. Nuestro ordenamiento permite que se pueda determinar causa probable para el arresto de una persona después que ésta ha sido detenida por un agente del orden público. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 11. Una vez un agente arresta a un ciudadano debe conducirlo sin dila-ción irrazonable ante un magistrado. Dicha exigencia cons-titucional también ha sido plasmada estatutariamente. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 22(a). Hemos resuelto que en nuestra jurisdicción, donde hay salas y jueces de turno que pueden atender los casos a cualquier hora, una dilación que exceda de treinta y seis horas se presumirá injustificada. Pueblo v. Aponte, 167 D.P.R. 578, 584-585 (2006).

La razón por la cual se requiere la conducción pronta de un arrestado ante un magistrado es que un arresto sin orden se presume irrazonable. Ello, pues, a pesar de que un agente del orden público ha determinado que tiene mo-tivos fundados para realizarlo, no ha mediado una deter-minación previa de causa probable por parte de una auto-ridad judicial, que es lo que exige la Constitución para privar válidamente a una persona de su libertad. E.L. Chiesa, Derecho procesal penal: etapa investigativa, Estados Unidos, Pubs. JTS, 2006, pág. 168. Cuando el agente conduce al arrestado ante un magistrado y se celebra una vista al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Civil, supra, éste debe determinar si existe causa probable para el arresto.

Asimismo, en el pasado hemos dicho que la referida de-terminación judicial de causa probable convalida el arresto efectuado previamente. Pueblo v. Aponte, supra, pág. 583. Sin embargo, no es hasta que el magistrado hace dicha determinación, que a fin de cuentas es nueva e indepen-diente, que inicia el procedimiento criminal. El efecto de la determinación de causa probable, es decir, el inicio de la acción penal, no se retrotrae al momento del arresto, pues sólo una determinación judicial puede ordenarlo. De hecho, en nuestro ordenamiento sólo una determinación de causa probable para el arresto interrumpe el término prescriptive de la acción penal, independientemente de si se arrestó ya a la persona o no. Art. 101 del Código Penal de 2004 (33 L.P.R.A. sec. 4729).

hH I — I

De todo lo anterior se deduce que un análisis pausado e integrado de la propia Constitución y de los principios bá-sicos del funcionamiento de nuestro ordenamiento procesal criminal, revela la forma correcta de fundamentar la solu-ción a la controversia que presenta este caso. Una vez se reconoce que la Sec. 10 del Art. II de la Constitución, supra, protege a todos los ciudadanos contra intervenciones indebidas por parte del Estado durante la etapa investiga-tiva, y que dichas intervenciones sólo pueden ser sanciona-das por la autorización judicial que da inicio a la acción penal y activa las protecciones de la Sec. 11, Art. II, la solución de la controversia ante nos se cristaliza.

Dicho análisis revela que la garantía que protege a los ciudadanos de permanecer detenidos preventivamente más de seis meses en espera de juicio por no haber pres-tado la fianza, se activa con la determinación de causa probable para el arresto. Es en ese momento que el tribunal asume jurisdicción sobre una persona y ésta queda sujeta a un procedimiento criminal en espera del juicio. Una vez una persona se encuentra en espera de juicio, se le impon-drá una fianza la cual deberá prestar para quedar en libertad. De no prestarla será ingresado y es entonces que comienza a transcurrir el término de seis meses. Dicho tér-mino no podrá comenzar a transcurrir antes del inicio de la acción penal, pues en ese momento no se ha activado la garantía en cuestión.

Creemos que la Opinión del Tribunal adolece de un pro-blema fundamental en tanto se enfoca excesivamente en el significado literal de la frase “detención preventiva”, sin contextualizarla dentro de la propia Sec. 11, Art. II de la Constitución, así como dentro del marco de las proteccio-nes constitucionales y del inicio de la acción penal. No re-conocer el ámbito de aplicación de la Sec. 11, Art. II, en relación con el de la Sec. 10, Art. II, y concebir la contro-versia como un asunto relativo a las posibles definiciones de una frase redunda inevitablemente en un análisis superficial. Tampoco podemos estar de acuerdo con las opi-niones disidentes en tanto éstas adolecen del mismo enfo-que desmesurado en la frase “detención preventiva” o ase-veran que el resultado en este caso es contrario a derecho. La Constitución debe concebirse como un cuerpo normativo cuyas dimensiones están intrínsecamente entrelazadas. Un análisis dirigido por dicha visión, a nuestro entender, revela prontamente los fundamentos adecuados para sos-tener la decisión que se emitió.

De hecho, nuestro criterio coincide con el del Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal, adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial de esta Curia, el cual ha sometido en su propuesta de Reglas de Procedimiento Penal una norma que coincide precisamente con el resultado en este caso. Dicho comité está compuesto por reconocidos miembros de la judicatura, la academia, abogados de defensa, fiscales y juristas con conocimiento amplio sobre los derechos constitucionales que operan en el ámbito del derecho procesal penal. Las reglas propuestas, así como los comentarios que las acom-pañan, se encuentran en este momento ante la evaluación de este Tribunal.

La Regla 1014(A)(1) propuesta define detención preven-tiva como, “la efectiva privación de libertad de una persona imputada de delito en una institución penitenciaria del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico”. (Énfasis suplido.) Pro-yecto de Reglas de Procedimiento Penal, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, enero 2008, pág. 135. Por su parte, la Regla 1014(C) dispone que “[e]l plazo de seis meses comenzará a transcurrir desde el día en que la persona imputada es arrestada por no prestar la fianza”. (Én-fasis suplido.) íd. Cabe destacar que dicha regla también dispone que una persona que estime que ha permanecido encarcelada más de seis meses en espera de juicio deberá presentar una moción a esos efectos que será resuelta, luego de la celebración mandatoria de una vista, por el juez o jueza que presida el proceso penal. Íd., pág. 136. Por lo tanto, ya no estará disponible el recurso de hábeas corpus. Véase Informe de Reglas de Procedimiento Penal, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, diciembre 2008, págs. 810-816.

En fin, entendemos que una lectura del texto constitucio-nal, así como la aplicación de nuestro derecho procesal criminal, indican que el término máximo de seis meses de de-tención preventiva comienza a transcurrir una vez un imputado es ingresado a prisión por no prestar la fianza impuesta. Por ello, concurrimos con la decisión del Tribunal.

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A modo de epílogo, debemos señalar un asunto que nos preocupa profundamente. Tras certificarse la decisión, la Secretaria del Tribunal nos remitió el expediente. Nos per-catamos entonces, para nuestra sorpresa, que en ningún momento durante el trámite del recurso se expidió el auto de certiorari. Esto, a nuestro juicio, provoca serias dudas sobre la eficacia de la decisión mediante la cual se revocó la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se or-denó la detención inmediata del Sr. Héctor Rafael Ponce Ayala. Veamos el tracto procesal de este caso ante nos.

El 12 de abril de 2010 el Ministerio Público presentó un recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdic-ción en la que nos solicitó que revocáramos la sentencia del Tribunal de Apelaciones que decretó la excarcelación de Héctor Rafael Ponce Ayala. Dos días después, ordenamos a Ponce Ayala que, no más tarde de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de dicha orden, mostrara causa por la cual no debíamos “expedir el auto de certiorari y revocar la sentencia objeto de este recurso”. Resolución del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2010.

Como es sabido, el Art. 3.002 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, dispone los asuntos sobre los cuales este Tribunal tendrá competencia. Entre éstos se encuentran aquellos relaciona-dos con las sentencias o resoluciones del Tribunal de Ape-laciones “[m]ediante auto de ‘certiorari’, a ser expedido discrecionalmente”. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. sec. 24s.

Por su parte, la Regla 46 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, regula lo relativo a las órdenes para mostrar causa. Ésta dispone que una vez haya “[ejxpirado el plazo para contestar, el Tribunal resolverá lo que en de-recho proceda: (1) denegando el recurso; (2) expidiendo el auto definitivo y revocando, modificando o confirmando la sentencia o resolución ..(Énfasis suplido.) Íd.

Contrario a lo anterior, una vez el señor Ponce Ayala compareció, se circuló la decisión del caso, se acortaron los términos reglamentarios para emitir nuestro voto según la Regla 5 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, y se certificó la Sentencia, sin expedir el auto de certiorari como ha sido la costumbre cuando emitimos una orden de mos-trar causa.

Este incumplimiento del procedimiento que siempre se ha seguido en este Tribunal durante la tramitación de los casos, pone en tela de juicio la validez y eficacia de la de-cisión del Tribunal, así como del arresto y encarcelamiento del señor Ponce Ayala decretados en ésta.

      (1) Evidentemente, algunos de estos derechos pueden ejercerse por ciudadanos que no se encuentren enfrentando un procedimiento criminal. Ello puede ser en virtud de otra disposición constitucional o de una disposición estatutaria. Así, por ejemplo, el derecho a asistencia de abogado durante la vista de Regla 6 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, emana de dicha regla, pues, recalcamos, en ese momento aún no ha iniciado el proceso criminal.