author: El Juez Presidente Señob Del Tobo

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. José Alberto Muriel, acusado y apelante.
    Núm. 8337.

    Sometido: Diciembre 3, 1940.

      Resuelto: Enero 28, 1941.

      Luis Ríos Algarín y Víctor M. Marchan, abogados del apelante;

      IIon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señob Del Tobo

emitió la opinión del tribunal.

José Alberto Muriel fué acusado en unión de Juan Ra-món G-onzález y Mariano Rosario Centeno como autor de un delito de asesinato cometido en la persona de Juan Santa. Pidió juicio por separado y celebrado que fué, el jurado lo declaró culpable y la corte lo condenó a reclusión perpetua.

Apeló, imputando a la corte sentenciadora cinco errores cometidos al negarle su derecho a estar asistido de abogado, al admitir cierta evidencia sobre su identificación, al per-mitir que se introdujera como prueba determinada hoja de su expediente penal, al instruir al jurado y al negar su moción de nuevo juicio.

Tras un estudio detenido de los autos y de los alegatos e informes de la defensa y el fiscal, nos sentimos obligados a revocar la sentencia y ordenar la celebración de un nuevo juicio.

Para ello sólo tendremos que considerar el primero de los errores señalados que se formula textualmente como si-gue:

“1. La corte erró al celebrar juicio al acusado momentos des-pués de haberle designado abogado defensor, sin haber concedido a éste una oportunidad razonable de compenetrarse de los pormenores del caso y preparar la debida defensa del acusado, lo cual equivalió a negarle al acusado el derecho de estar asistido por abogado, y por ende la corte actuó sin jurisdicción en el proceso.”

Para penetrarse bien de lo ocurrido y decidir a conciencia si la corte sentenciadora actuó o no de acuerdo con la ley y la jurisprudencia sobre el particular, precisa transcribir íntegro lo que sobre el incidente consta del récord. Es así:

“INCIDENTE PRELIMINAR A LA VISTA DEL CASO CONTRA JOSÉ ALBERTO Muriel por asesinato. — Visto ante el Hon. Juez Romany.
“El día 25 de abril de 1939 se llamó el caso de epígrafe para juicio, teniendo lugar los siguientes procedimientos:
“Acusado Muriel: Yo be llegado boy a juicio, lo cual no be tenido abogado nombrado por la corte. Yo hace cinco meses que estoy detenido, y el otro juicio fué por el compañero mío, y yo no be preparado mi defensa, testigos ni nada.
“Lie. Belaval: Yo voy a atender a Juan Ramón González, quien pidió que lo defendiera en ausencia del Lie.' Ortiz Toro.
“La Corte: ¿A quién fué que se le señaló abogado!
“Sr. Belaval: A Juan Ramón González.
“Subsecretario: José Alberto Muriel dijo que pondría abogado.
“La Corte: ¿Pero ante qué Juez se leyó la acusación!
“Subsecretario: Ante el Hon. Juez Roberto Todd. Tenemos en-tendido que el abogado del caso es el Lie. Casablanca.
“Acusado Muriel: Ni testigos ni nada tengo citados, porque yo no sabía cuándo se iba a ver el juicio.
“La Corte: La corte va a suplicar al Lie. Belaval que se baga cargo de la defensa en este caso.
“Sr. Belaval: Yo no tendría inconveniente, pero son tres acu-sados del mismo delito, y no sabemos cuál va a ser la defensa, y ya yo estoy enterado desde el punto de vista de uno de los acusados. Yo difícilmente podría defender bien a otro acusado.
“Sr. Acusado Muriel: Pero mis testigos.
“La Corte: (al acusado Muriel.) A usted se le citó el día 12.
“Acusado: Muriel: Sí, señor.
“La Corte: Y no hizo nada.
‘ ‘ Acusado Muriel: Usted sabe que nosotros hemos sido citados los tres para comparecer. No se sabía cuál de los tres era al que le tocaba el juicio.
“La Corte: Usted ha debido estar preparado para su juicio. Se le citó para que viniera aquí.
“Acusado Muriel: La vez pasada yo vine y vinieron los testigos.
“La Corte: Usted puede decir el nombre de sus testigos y la corte los manda a buscar inmediatamente.
“Acusado Muriel: Usted sabrá que para un juicio, para prepa-rar la defensa de mi abogado. . . .
“La Corte: ¿Usted dice que le faltan sus testigos! La corte le va a nombrar ahora. ...
“Acusado Muriel: ¿Usted cree que sea suficiente tiempo para la defensa!
“La Corte: Es que bajo esas condiciones. . . .
“Acusado Muriel: Yo suplicaría a la corte dos o tres días para la defensa de mi abogado.
“La Corte: ¿Qué sugiere el señor Fiscal en esas condiciones?
“Sr, Fiscal Franco: La sugerencia que yo bago es que se le de-signe abogado de oficio al acusado para proceder al juicio. Este acusado ha sido citado el día 12.
“La Corte: Pero no tiene abogado, y la Corte Suprema ha re-suelto que el abogado forma parte del tribunal, forma parte de la corte, y la corte no tiene jurisdicción para conocer de un caso si no hay abogado.

Sr. Fiscal Franco: Para adquirir jurisdicción, yo sugiero que se le designe abogado.

“La Corte: Señor Ríos Algarín (que en ese momento entra al salón de la corte, acompañado del Márshal Sosa, y quien había sido solicitado por el Sr. Juez para que se hiciese cargo de este caso), la corte le suplica a Su Señoría que nos ayude en este caso. Y al Lie. Antonio Amadeo, la corte les suplica a los dos que nos ayuden en esto. Necesitamos un abogado para completar la jurisdicción de la corte, para que se administre justicia. La misión de ustedes es que se celebre un juicio impareial y que los derechos del acusado sean garantizados, y la corte les suplica que se hagan cargo de este acusado.
“Lie. Ríos Algarín: En este caso yo estoy gustoso a aceptar la representación del acusado. Yo suplico a Vuestro Honor que, te-niendo un caso en la otra sección de este tribunal, que en alguna forma se me suspenda aquel otro caso.
“Lie. Amadeo: Yo acepto también.
“Lie. Ríos Algarín: Me gustaría ver la acusación, antes de co-menzar. Y solicitamos un receso, por lo menos de diez minutos.
“La Corte: Sí, como no. Se declara un receso en este caso para que los abogados puedan conferenciar con el acusado, y mientras tanto vamos a ir despachando otros asuntos del tribunal.
“(Después del receso, se procedió entonces a sortear un Jurado para el acusado en el caso de epígrafe contra José Alberto Muriel. Una vez debidamente constituido el Jurado, y después de leída la acusación y reiterada la alegación de inocencia por el acusado, tuvo lugar lo siguiente) :
“Lie. Ríos Algarín: Antes de comenzar el desfile de la prueba, yo deseo que conste en récord la conformidad o inconformidad del acusado para aceptar esta representación. Me gustaría que el propio acusado, de sus propias manifestaciones, hiciera constar ante Vuestro Honor si está dispuesto a aceptar esta representación nuestra.
“La Corte: No, el acusado tiene derecho a un abogado, pero no al que él designe, al que él desee, porque entonces no se podría ce-lebrar nunca juicio contra él. La corte confía en la inteligencia y capacidad de los abogados que representan al acusado y es suficiente.
“(El Marshal preguntó al acusado que si tenía testigos y dijo que no.)
“Se procedió entonces a la práctica de la prueba, comenzándose con el testigo Dr. Antonio Nayas.”

Cuando el juez de distrito actuó en esa forma, ya Hacía un mes y diez y ocho días que esta Corte Suprema en el procedimiento de Habeas corpus seguido por Ramón Fernán-dez Laureano contra el Jefe del Presidio Insular, 54 D.P.R. 416, inspirándose en lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en John A. Johnson, Petitioner, v. Fred C. Zerbst, Warden, 304 U. S. 458, había puesto de relieve de modo enfático la trascendencia del derecho que tienen los acusados a estar representados por abogado ante las cortes de justicia y Había no sólo llamado vigorosamente la atención hacia el deber de éstas en relación con el asunto si que puesto en libertad al peticionario condenado a veinte años de pre-sidio, por haberlo sido sin que la corte sentenciadora le pro-porcionara la' ayuda legal necesaria para su defensa.

En dicho caso quedó resuelto de modo definitivo, que: “Toda persona acusada de delito tiene derecho, no sólo por las enmiendas quinta y sexta de la Constitución Federal si que también por los artículos 2, párrafo 2 de nuestra Ley Orgánica y 141 del Código de Enjuiciamiento Criminal, edi-ción 1935 y por la ley de marzo 9, 1905 (Comp. 6158-60), a estar representada por abogado.”

Se dirá que en este caso la corte sentenciadora designó abogado que representara al acusado como lo representó en el juicio y que por tanto cumplió con su deber. Sin embargo, no basta el mero nombramiento, la mera representación, si las circunstancias que concurren demuestran que el nombramiento fué una mera formalidad y que la representación no pudo ser eficiente.

En el caso de Powell v. Alabama, 287 U. S. 45, 57, resuelto más de cinco años antes que el de Zerbst, snpra, la propia Corte Suprema de los Estados Unidos, se expresó así:

“Tampoco creemos que la situación mejorara por razón de lo ocurrido en la mañana del juicio. En ese momento, según aparece de la conversación arriba transcrita, el Sr. Roddy manifestó a la corte que él no comparecía como abogado, pero que le gustaría comparecer en unión del abogado que la corte pudiera designar; que no se le había dado una oportunidad para preparar el caso, que no estaba familiarizado con el procedimiento vigente en Alabama y que meramente había venido como amigo de ciertas personas in-teresadas; que creía que sería mejor para los acusados que él se retirara por completo del caso. El Sr. Moody, abogado de la loca-lidad, expresó su deseo de cooperar con el Sr. Roddy en cuanto pudiera, dadas las circunstancias. A esto respondió la corte: ‘Muy bien, todos los abogados que estén dispuestos; desde luego que yo no pediría a ningún abogado que compareciera si — .’ Y el Sr. Moody continuó: ‘Estoy dispuesto a hacer eso en su favor como abogado local; procederé a cooperar en todo lo que pueda. ’ Habién-dose llegado a este dudoso entendido, se continuó inmediatamente con los juicios. Los acusados, que eran jóvenes, ignorantes y anal-fabetos, y que estaban rodeados de un sentimiento hostil, y eran llevados y traídos por soldados, y estaban procesados por un crimen atroz, considerado como horrendo en la comunidad donde debían ser juzgados, fueron puestos en su consecuencia en peligro de perder sus vidas minutos después, que, por primera vez, tin abogado inves-tido de algún grado de responsabilidad, comenzó a asumir su repre-sentación.
“No basta asumir que los abogados tan súbitamente traídos al caso, creyeran que no existía defensa alguna y ejercitaran su mejor criterio al entrar a juicio sin preparación previa. Ni ellos ni la corte podían prever lo que surgiría de una rápida y minuciosa inves-tigación de los hechos. No hubo tentativa alguna de practicar una investigación. Tampoco se dió ninguna oportunidad para ello. Los acusados fueron llevados a juicio festinadamente. El Juez Presi-dente Anderson, luego de expresar que no era su intención criticar duramente a los abogados que intentaron representar a los acusados en los juicios, dijo: ‘. . . los autos indican que la comparecencia fué más bien pro forma que diligente y activa . . Atendidas las circunstancias expuestas, resolvemos que no se les concedió a los acu-sados el derecho a asistencia de abogado en una forma substancial. Él decidir de otra manera equivaldría a ignorar la realidad. Esta conclusión se halla ampliamente sostenida por el razonamiento ex-puesto en un numero abrumador de decisiones estatales, de entre las cuales citamos las siguientes: Sheppard v. State, 165 Ga. 460, 464; 141 S. E. 196; Reliford v. State, 140 Ga. 777; 79 S. E. 1128; McArver v. State, 114 Ga. 514; 40 S. E. 779; Sánchez v. State, 199 Ind. 235, 246; 157 N. E. 1; Batchelor v. State, 189 Ind. 69, 76; 125 N. E. 773; Mitchell v. Commonwealth, 225 Ky. 83; 7 S. W. (2d) 823; Jackson v. Commonwealth, 215 Ky. 800; 287 S. W. 17; State v. Collins, 104 La. 629; 29 So. 180; State v. Pool, 50 La. Ann. 449; 23 So. 503; People ex rel. Burgess v. Risley, 66 How. Pr. (N. Y.) 67; State ex rel. Tucker v. Davis, 9 Okla. Cr. 94; 130 Pac. 962; Commonwealth v. O’Keefe, 298 Pa. 169; 148 Atl. 73; Shaffer v. Territory, 14 Ariz. 329, 333; 127 Pac. 746.
“Es cierto que una grave e inexcusable tardanza en poner en vigor nuestro derecho penal constituye uno de los grandes males de nuestra época, Frecuentemente se conceden prórrogas durante pe-ríodos de tiempo innecesariamente largos, y tardanzas inherentes a la resolución de mociones de nuevo juicio han venido a ser en ape-lación en muchos casos, un marcado reproche a la administración de la justicia. La rápida decisión de casos criminales es algo que debe estimularse y alabarse. Pero para llegar a tal resultado no se debe despojar a un acusado de delito grave, de su derecho a que se le conceda tiempo suficiente para consultar con su abogado y pre-parar su defensa. El hacer tal cosa no equivale a proceder rápi-damente dentro del espíritu de ecuanimidad de la justicia organizada y sí a proceder con la precipitación de la turba.”

No hay duda de que fueron más dramáticas las circuns-tancias que concurrieron en el caso de Powell, supra, que las que en éste concurren, pero los principios aplicables, en el fondo, son los mismos.

Aquí el propio acusado comienza manifestando que había ‘‘llegado a juicio” sin abogado nombrado por la corte, que llevaba cinco meses preso, que no tenía preparada su de-fensa, que no tenía sus testigos. Se dirige la corte al abo-gado Sr. Belaval. Este manifiesta que tiene que atender a otro de los coacusados, Juan Ramón González. Informa el Subsecretario del tribunal que Muriel había dicho “que pondría abogado” y luego que tenía entendido “que el abogado del caso es el Lie. Casablanca.” Sin embargo, si ello era así, Casablanca no estaba presente ni consta qne fuera citado.

Insiste Muriel en que no tenía citados sus testigos. Vuelve la corte a dirigirse al Sr. Belaval y le sugiere se haga cargo de la defensa y el abogado juiciosamente con-testa: “Yo no tendría inconveniente, pero son tres acusados del mismo delito, y no sabemos cuál va a ser la defensa, y ya yo estoy enterado desde el punto de vista de uno de los acusados, Yo difícilmente podría defender bien a otro acu-sado.”

Apunta el acusado personalmente “pero mis testigos. . .” y dice la corte, “A usted se le citó el día doce.” Replica Muriel, dirigiéndose al juez, “Usted sabe que nosotros he-mos sido citados los tres para comparecer. No se sabía cuál de los tres era al que le tocaba el juicio.” — De los autos consta que los tres coacusados al leérseles la acusación soli-citaron juicios por separado. — Y la corte contesta: “Usted ha debido estar preparado para Su juicio. Se le citó para que viniera aquí.” La corte le indica, luego de otra mani-festación de Muriel, que nombre sus testigos para citarlos. Insinúa el acusado que el tiempo no sería suficiente y ter-mina suplicando la concesión de dos o tres días para su defensa.

Duda al parecer la corte y le pide al fiscal que sugiera lo que debe hacerse “bajo esas condiciones” y el fiscal su-giere que se nombre un abogado de oficio, insistiendo en que el acusado había sido citado desde el doce. Sigue la inde-cisión en el ánimo de la corte actuando sin duda bajo la influencia de la reciente decisión de esta corte ya citada y el fiscal insiste en que para adquirir jurisdicción será suficiente la designación de un abogado, pero se decide finalmente y nombra abogado de oficio al Lie. Ríos Algarín que acepta. “Me gustaría,” dice, “ver la acusación antes de comenzar.” Ver la acusación, no al acusado. Es la corte la que al de-clarar el receso lo hace “para que los abogados puedan conferenciar con el acusado.”

No consta el tiempo exacto transcurrido, pero muy breve tuvo necesariamente que ser ya que el juicio continuó en la misma sesión. Sólo se pidieron diez minutos. Tampoco consta si el abogado conferenció con el acusado. Aparece que dijo antes de comenzar la práctica de la prueba que le gustaría que se hiciera constar en récord las propias mani-festaciones del acusado sobre si estaba dispuesto a aceptar su representación, petición que súbitamente, sin nada inquirir, resolvió la corte en los siguientes términos:

“No, el acusado tiene derecho a un abogado, pero no al que él designe, al que él desee, porque entonces no se podría celebrar nunca juicio contra él.”

Es cierto que cuando un acusado no contrata por sí mismo los servicios de un abogado, cuando es insolvente como en este caso, no tiene derecho a que la corte designe tal o cual abogado que no esté a su alcance o dentro de su poder designar, pero la actitud asumida por la corte en un caso extremo como éste es insostenible dentro de la buena práctica a seguir. Un acusado no tiene derecho por ejemplo en San Juan, a pedir que se le nombre de oficio un abogado de Mayagüez o de Ponce cuando el de San Juan que se le nombra está perfectamente cualificado, pero un acusado tiene derecho a hablar en relación con su abogado. Podría ex-presar algo a la corte que la convenciera de que el abogado designádole no podría o no estaba en condiciones de defen-derlo. Podría sugerir algún otro abogado que estuviera dispuesto a aceptar. Impedir que el acusado actúe en forma alguna como se hizo en este caso, es un procedimiento abu-sivo que no puede tolerarse.

De las anteriores consideraciones y aún más elocuente-mente del récord mismo apreciado directamente, sin comen-tarios de fuera, por la razón y la conciencia, se deduce y concluye que la corte no cumplió con su deber de propor-cionar al acusado la ayuda legal necesaria para su defensa. No colocó al abogado que designara en verdaderas condicio-nes de cumplir su misión bien y fielmente.

Es cierto que de la lectura de la transcripción se des-prende que el abogado Sr. Eíos Algarín hizo lo que pudo durante el juicio por defender al acusado, pero se desprende también su falta de conocimiento de los antecedentes del proceso, de contacto con el acusado y con los hechos, y a este respecto parece justo y conveniente transcribir del alegato lo que sigue:

“La corte sentenciadora en el caso de vuestro acusado apelante, si bien tuvo en cuenta que el acusado era acreedor a estar repre-sentado por letrado defensor, convirtió en negativa esta asistencia legal que proporcionó al acusado al proceder a celebrar el juicio cuando los abogados nombrados que no conocían al acusado ni los hechos del caso no habían tenido apenas diez minutos para preparar la defensa del acusado. Es humanamente imposible, Sres. Jueces, que un abogado en tan corto espacio de tiempo pueda preparar una defensa digna de llamarse tal, sin que su actuación sea una mera representación formal.
“ 'The right of an accused to have his counsel prepare for trial js a substantial right and to deny counsel sufficient time to prepare defense is also the denial of a substantial right and under such circumstances to have counsel appointed to represent him would be a meaningless formality and a barren right.
“A trial is a farce if the defendant be not given an opportunity to prepare for trial. Schields v. McMicking, 23 Phil. Is. 526).’
“Vuestro acusado apelante pidió personalmente a la corte por lo menos tres días para buscar un abogado y preparar su defensa. La corte no accedió y procedió a nombrar en el acto abogado de oficio y proseguir el caso inmediatamente. .
“Podría argumentarse quizás que el abogado debió haber pedido la suspensión del casó para así poder preparar una mejor defensa. El abogado nombrado, quien es a la vez suscribiente de este alegato, no lo hizo así por no entorpecer los procedimientos de la corte y no dilatar los fines de la justicia, pero al través de un estudio posterior del caso ha podido darse cuenta que de haber contado con un tiempo razonable para compenetrarse mejor de los hechos del mismo, hubiese podido presentar una mejor defensa. Pero aun suponiendo que por negligencia o por desconocimiento de la ley el abogado no hubiese solicitado tal suspensión, de ello no debiera hacerse víctima al acu-sado, máxime en un caso que aparejaba reclusión perpetua, y en el que la designación del abogado estuvo a cargo enteramente de la corte y. no del acusado. No es de justicia que recaiga sobre un acusado todo el peso de un posible error o inadvertencia de su abo-gado, principalmente en un caso de las circunstancias del que nos ocupa. ’ ’

Debe revocarse la sentencia apelada y ordenarse la cele-bración de un nuevo juicio.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señok Tkayieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agustín Haddock, acusado y apelante.
    Núm. 8466.

    Sometido: Enero 24, 1941.

      Resuelto: Enero 28, 1941.

      José C. Aponte y Tibaldo Aponte, abogados del apelante;

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gomes, Fiscal del Tribunal Supremo, y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señok Tkayieso

emitió la opinión del tribunal.

Agustín Haddock fue acusado, convicto y sentenciado a seis meses de cárcel por infracción de los artículos 1, 7 y 10 de la Ley núm. 14 de 1936, enmendada por la número 95 de 1937, consistente en tener en su poder un arma de fuego o revólver sin haberlo declarado e identificado por escrito ante el Jefe de la Policía Insular del Distrito de G-uayama, que es el distrito donde reside el acusado. Para sostener su recurso ante esta corte señala tres errores que a su juicio fueron cometidos por la corte sentenciadora. Los discuti-remos brevemente, pues a nuestro juicio carecen en absoluto de méritos.

1. Se queja el apelante de que la corte inferior permitiese la declaración verbal de un policía sobre la expedición de una orden de allanamiento.

El incidente que motivó este señalamiento ocurrió como si-gue:

Al declarar el policía Aponte que el 27 de octubre de 1939 él y otros dos policías fueron provistos de una orden de allanamiento a registrar la casa de Haddock, se opuso la defensa, alegando que debería presentarse la orden por ser ésta la mejor prueba. Contestó la corte que el testigo no estaba declarando sobre la orden, y continuó así el interro-gatorio :

“Fiscal:
¿Provisto de esa orden, qué hizo Ud.?
R. — Llegamos a la casa de Agustín Haddock y registramos la casa.
“DEFENSA:
Nos vamos a oponer porque éste ha sido un registro con una or-den de allanamiento y nosotros tenemos el derecho de ver la orden, a ver la legalidad de la orden.
‘ ‘ FISCAL:
“Si S. S*. cree que la orden está mal dada . . .
“Juez :
Ésa es una cuestión para levantarla previamente al juicio.
“DEFENSA:
Pero la situación es la siguiente: nosotros nos hicimos cargo en este momento de este caso y nosotros no vamos a presentar ninguna moción para suprimir la evidencia. Nosotros queremos que, si hay una orden de allanamiento, que se nos muestre.”

La corte declaró sin lugar la objeción y la defensa anotó su excepción.

No hubo error en la decisión de la corte inferior. El tes-tigo no estaba declarando sobre el contenido de la orden de allanamiento y sí sobre las gestiones practicadas por él y sus compañeros a virtud de dicha orden. Si la orden de allanamiento adolecía de algún defecto legal que hacía inad-misible en evidencia cualquier objeto ocupado por la policía en el acto del registro, la objeción debió presentarse antes del juicio. La objeción en el caso de autos fue interpuesta tardíamente. El Pueblo v. Cerecedo, 21 D.P.R. 56, 61; El Pueblo v. Lebrón, 46 D.P.R. 588, 592; El Pueblo v. Santiago, 55 D.P.R. 999; El Pueblo v. Semidey, 56 D.P.R. 159; People v. Adams, 176 N. Y. 351; State v. Turner, 136 Am. St. Rep. 129, 135 et seq.; Weeks v. U. S., 232 U. S. 383; Wigmore sobre Evidencia, artículo 2183. Además, el error que pu-diera haberse cometido quedó subsanado por la manifesta-ción de la defensa de que no tenía el propósito de presentar una moción para la supresión de la evidencia, y también por su manifestación expresa al ser ofrecido en evidencia el revól-ver de que no tenía objeción a su admisión.

Que la corte inferior erró al negarse a eliminar del récord una supuesta confesión del acusado, ya que las manifestaciones del mismo no constituyen una confesión.

El policía Aponte declaró que él ocupó el revólver en casa del acusado; que le preguntó al acusado si el revólver estaba inscrito y el acusado le dijo que no, “que ese revólver se lo iiabía empeñado un negrito en su casa” y que no sabía quién era el negrito, que no lo conocía. Pidió el abogado defensor que se eliminase la confesión y la corte la denegó, dando como razón la de que la ley no castiga al dueño del arma, sino al que la posee y que el acusado había admitido la po-sesión al decir que él tenía el revólver porque se lo había empeñado otra persona.

Las declaraciones eran admisibles en evidencia como ad-misiones del acusado. No fueron ofrecidas como una confe-sión del delito hecha por el acusado. No erró la corte inferior al denegar su eliminación.

La prueba es suficiente para sostener la sentencia re-currida, la cual debe ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    Juan E. Pérez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, recurrido.
    Núm. 1082.

    Sometido: Enero 24, 1941.

      Resuelto: Enero 28, 1941.

      Enrique Rincón, abogado del recurrente;
    el registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Para el pago de contribuciones, el Colector de Rentas Internas de Lares vendió en pública subasta como de la propiedad de “Salvador Lecároz” una finca en el referido pueblo, habiéndose expedido el correspondiente certificado de compra. Presentado el certificado para su inscripción en el Registro de la Propiedad el 2 de mayo de 1940, se denegó la inscripción por el fundamento de que el procedimiento de apremio se había seguido contra “Salvador Lecároz” y la finca descrita en dicho certificado aparecía inscrita a nombre de “Salvador Lecároz e Inciburu”, surgiendo duda en la mente del registrador en cuanto a la identidad de la persona. En dicho procedimiento Salvador Lecároz había sido citado por edictos publicados en el periódico “El Impartial.”

No conforme el interesado, recurrió para ante este Tribunal, confirmándose la nota recurrida. (Pérez v. Registrador, 57 D.P.R. 326.) En el syllabus de dicho caso se dice:

“Un procedimiento de subasta para pago de contribuciones se siguió en este caso contra Salvador Lecároz, sin que se expresaran sus circunstancias personales. La propiedad se hallaba inscrita a nombre de Salvador Lecároz Inciburu, viudo. Se resolvió que cuando como en este caso tenga duda razonable y fundada en torno a si la persona contra quien se siguió dicho procedimiento y aquélla a cuyo favor aparece inscrita la propiedad son exactamente la misma persona, el registrador actúa correctamente al negarse a inscribir el certificado de venta expedido.”

Enmendó entonces el Colector de Rentas Internas el cer-tificado de venta, sustituyendo el nombre de “Salvador Lecároz” por “Salvador Lecároz Inciburu”. Se presentó nuevamente el documento al Registro de la Propiedad, el 11 de septiembre, retirándose el 27 del mismo mes, y volvién-dose a presentar el 17 de diciembre de 1940, siendo denegada la inscripción por los fundamentos que se consignan en la siguiente nota, motivo de este recurso:

“Denegada la inscripción de este documento por observar que la inscripción se pretende bajo el mismo edicto dirigido a don,Salvador Lecároz, debiendo publicarse un nuevo edicto dirigido a don Salvador Lecároz Ineiburn, tomando en su lugar anotación preventiva por ciento veinte días a favor del adquirente Juan E. Pérez, al folio 132 v. del tomo 42 de Lares, finca número 3086, anotación C.”

En su alegato el registrador, sosteniendo los fundamen-tos de la nota recurrida, se expresa en los siguientes términos:

“Don Salvador Lecároz e Inciburu tiene derecho a que se le informe de este procedimiento si a virtud del mismo ha de privár-sele del sagrado derecho de propiedad. La simple corrección del nombre nada le informa. Es indispensable, si su paradero se ignora, que se le cite por medio de un nuevo edicto dirigido a él, notificán-dole del procedimiento y de la subasta.
“Entendemos que en un caso de esta naturaleza todo el proce-dimiento debe iniciarse de nuevo: nuevo embargo, nuevo edicto, nueva subasta y nuevo certificado de compra.
“La citación al dueño de la finca participa de la solemnidad de un emplazamiento. Si el emplazamiento resulta nulo, la corte no ha adquirido jurisdicción y todo el procedimiento cae, viciado de nulidad. ’ ’

En vista de lo resuelto en el caso de Peres v. Registrador, supra, nada tenemos que agregar a lo dicho por el registra-dor, procediendo por consiguiente la desestimación del recurso y la confirmación de la nota recurrida.


author: .El Juez Asociado Señor De Jesús

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Vicente Rodríguez Santel, acusado y apelante.
    Núm. 8567.

    Sometido: Enero 27, 1941.

      Resuelto: Enero 28, 1941.

      Vicente Rodríguez Santel, por su propio derecho;

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo y Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   .El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

El fiscal de este tribunal, con fecha 2 de diciembre del año pasado, radicó una moción solicitando que se desestime el recurso por el fundamento de que el apelante radicó su escrito de apelación el 30 de enero de 1940 y a la fecha en que se radicó la expresada moción, aun no había presentado en este tribunal la transcripción de evidencia ni practicado diligencia alguna para formalizar el recurso, conforme re-sulta de la certificación de 30 de agosto último expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan. Hallán-dose pendiente dicha moción, el 9 de enero del corriente año el acusado radicó la transcripción de evidencia, y señalada la vista de la moción para desestimar, radicó un alegato in-teresando se deniegue la moción del fiscal.

La mera tardanza en la elevación de la transcripción de evidencia, sin causa justificada, sería suficiente para que hubiésemos considerado abandonado el recurso, pero tratán-dose de un caso en que el apelante no está representado por abogado en este tribunal, hemos examinado los autos y la transcripción de evidencia, y de ellos resulta que la apelación es claramente frívola, pues la. prueba sostiene todas y cada una de las alegaciones de la acusación, sin que se hayan co-metido los dos errores que señala el apelante en su alegato.

En tal virtud, procede declarar con lugar la moción del fiscal■ de 'este tribunal radicada en 2 de diciembre último, y en su consecuencia desestimar el recurso por abandono.


author: El Juez Presidente Señor Del Toro

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Ramón González, acusado y apelante.
    Núm. 8228.

    Sometido: Diciembre 19, 1940.

      Resuelto: Enero 29, 1941.

      Edgar 8. Belavál, abogado del apelante;

      Hon. Procurador General George A. Malcolm, R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, j Luis Negrón Fernández, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Presidente Señor Del Toro

emitió la opinión del tribunal.

En noviembre 28, 1938, el fiscal del distrito de San Juan formuló acusación contra Juan Ramón González, José Alberto Muriel y Mariano Rosario Centeno por asesinato de Juan Santa, perpetrado en Loíza en la nocbe del 9 de octubre anterior.

González pidió que se le juzgara separadamente y cele-brado el juicio el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y la corte le impuso le pena de reclusión per-petua.

Apeló y señala en su alegato siete errores como cometidos por la corte sentenciadora 1, al desestimar su moción de especificaciones; 2, al permitir su identificación en forma improcedente; 3 y 4, al permitir que en el juicio se declarara sobre actos y manifestaciones de Alvaro López y un tal Pascual; 5, al permitir que el fiscal llevara a conocimiento del jurado una declaración que no estaba en evidencia; 6, al apreciar la prueba, y 7, al declarar sin lugar la moción de nuevo juicio. .

Tras nn estudio detenido de los autos y de los alegatos nos sentimos obligados a revocar la sentencia apelada por haberse cometido el quinto de los errores señalados y como consecuencia del mismo el séptimo.

El dicho quinto error se formula en el alegato textual-mente como signe:

"Y. Erró la Honorable Corte de Distrito de San Juan al per-mitir la actuación incorrecta del Fiscal, trayendo éste a conocimiento del jurado una declaración que no estaba en evidencia.”

Aparece de la transcripción de la evidencia que habían declarado los testigos de cargo Antonio Navas, cirujano que practicó la autopsia de Juan Santa; José Ruidíaz, dueño de la tienda cerca de la Central Canóvanas que quedó al cui-dado de Santa y frente a la cual estaba su cadáver; Luis Vélez, con quien se encontró José Alberto Muriel y le pre-guntó por el acusado, en la noche del suceso; Alvaro López, a quien Vélez preguntó por González a instancias de Muriel; Epifanio Díaz, que en la noche del 9 de octubre, 1938, vió corriendo al acusado cerca de la tienda de Ruidíaz; Félix Santiago, que esa noche pasaba con una vaca por allí y vió que detrás de la tienda de Ruidíaz el acusado, Mariano y un moreno tenían empuñado a Santa; Francisco Hernández, que oyó conversar la misma noche al acusado con Mariano Rosario Centeno en el cuarto de éste a donde iba a dormir el acusado, pareciéndole que instigaba a Mariano a que le entregara algo; Antonio Cruz, vendedor de piraguas, a quien Muriel en la noche de autos y en la plaza de Canóvanas le preguntó por el acusado; José Calderón, chófer que condujo en la parrilla de su carro, la repetida noche, al acusado y a su acompañante, una persona trigueña, de patillas, desde Canóvanas hacia la central, viéndolos tirarse antes de llegar e irse corriendo, y Antonio Torres que vió al acusado en Canóvanas, como a las siete y media y lnego como a las diez y media.

También aparece de la transcripción qne ya habían de-clarado los testigos de descargo Francisco Torres, Carmen Méndez, Gerarda Flores, Pablo Pojas, Gabriel Benabe, Francisco Vázquez, Isabelo Fuentes, Quintina Fermaint, Amado López, Nicasio Esquilín, Ezequiel Ortiz, Eduardo García, Felipe Hernández, Picarda Hernández, Justa Pivera, e Inés Dávila, todos en relación con la circunstancia de ha-ber visto al acusado en la plaza de Canóvanas, donde se celebraban fiestas patronales, alrededor del tiempo en que el crimen fué cometido, y que el fiscal repreguntaba al acusado, cuando ocurrió lo que sigue:

“P. — ¿Usted se supuso que cuando Antonio el heladero le dijo que Muriel lo estaba buscando era para comunicarle una noticia buena para usted y sin embargo cuando la policía le preguntó usted le dice ‘Muriel estuvo por aquí y es un hombre peligroso’?
“R. — Antonio el heladero me dijo que Muriel me estaba buscando y que estaba con un pantalón azul, una camisa azúl y un sombrero de fieltro.
“P. — ¿Por qué fué que usted le dijo a la policía y levantó sos-pechas sobre el crimen sobre José Alberto Muriel y sin embargo cuando Mariano Rosario le imputó el crimen entonces usted no dijo nada sobre Mariano Rosario sino que insistió sobre Muriel?
“Defensa: No ha habido evidencia ninguna de que Mariano Rosario haya declarado nada del crimen. Sobre eso no ha habido nada en la declaración del testigo.
“Fiscal: Estoy tratando de impugnar la veracidad del testigo en el sentido de que como él ha relacionado sus actividades en relación con la noche del crimen, estoy yo sentando las bases para poder impugnar su declaración.
“Sr. Juez: Vamos a preguntarle primero al testigo si Mariano Rosario le imputó en su presencia el crimen, si es que Rosario se la hizo. Si el acusado niega, no se le puede hacer más preguntas sobre eso.
“Defensa: Me opongo a cualquier pregunta sobre si Mariano Rosario le imputó el crimen a José Ramón González.
“Sr. Juez: Yo le voy a hacer una pregunta al acusado.
"Sr. Juez: P. — ¿Mariano Bosario le imputó a usted que usted había cometido el crimen ese?
"B. — Nada.
"P. — ¿Mariano Bosario en presencia suya dijo que usted había cometido ese hecho?
"B. En presencia mía, no.
"Fiscal: P. — ¿Usted recuerda haber estado en mi oficina y re-cuerda que allí Mariano Bosario, delante de usted y delante de José Alberto Muriel, le dijo a usted y describió la participación suya en el crimen?
“B. — La participación del crimen no la dijo.
"P. — ¿Es cierto o no que Mariano Bosario dijo delante de us-ted y delante de José Alberto Muriel que él, Mariano Bosario y usted habían salido de los cuarteles de la Central y se habían en-contrado con Muriel y fueron a la tienda?
"B. — No recuerdo si lo dijo.
"Defensa: Nos oponemos a esas preguntas.
"Sr. Juez: La corte va a permitir la pregunta porque se está repreguntando.
"Defensa: Tomamos excepción.
"P. — ¿Lo cierto es que en esos momentos usted levantó sospechas sobre José Alberto Muriel?
"B. — No levanté sospechas, sino que le dije al policía que ese hombre había preguntado por mí.
"P. — ¿Lo cierto es que usted no dijo nada sobre Mariano Bo-sario ?
"B. — No sé nada de eso.
“P. — ¿Usted recuerda que yo mandé a buscar a usted, a Mariano Bosario y a José Alberto Muriel?
“B. — No, señor. Yo no tengo que declarar nada más.
"Fiscal: La corte dirá si el testigo está obligado o no a declarar.
"Defensa: Yo mantengo que la pregunta del Fiscal es inadmisi-ble.
"Sr. Juez: La corte resuelve que la pregunta del Fiscal es ad-misible.
“Defensa: Tomamos excepción.
“Fiscal: Pues, nada más con el'testigo.”

Terminó su prueba la defensa y en “rebuttal” el fiscal se limitó a introducir al testigo Lnis Villalobos cuya decla-ración versó únicamente sobre el becbo de que en la plaza de Canóvanas no había reloj público. Y se dió por termi-nada la práctica de la evidencia.

No es posible admitir qne a título de contradecir el tes-timonio de un testigo se lleve por el fiscal a la mente del jurado la impresión de que existe contra el acusado cierta prueba de su culpabilidad, cuando en el récord no hay antece-dente alguno que lo justifique y cuando luego ni siquiera se intenta lo más mínimo en relación con'la anunciada contra-dicción.

En su alegato la defensa sostiene que las manifestaciones de Bosario Centeno a que se refirió el fiscal, de haberse hecho, no hubieran podido admitirse por sí mismas en evidencia porque lo hubieran sido después de terminada la complici-dad, porque no se demostró que fueran hechas en presencia del acusado y porque no se probó que el acusado con su silencio hubiera asentido. Además porque tampoco hubieran podido admitirse para impugnar la declaración del acusado actuando como su propio testigo porque no habían sido objeto del interrogatorio directo, porque no impugnaban de hecho su veracidad, porque de existir, habían sido volunta-riamente suprimidas por el fiscal y porque en todo caso hubieran sido prueba directa, inadmisible en el turno de la refutación. Y por último porque se fundaban en prueba inadmisible por sí misma y por la forma incorrecta en que se introdujeron asumiendo la existencia de hechos que no estaban en evidencia.

No seguiremos al apelante en todos los fundamentos que expone para sostener su señalamiento de error. Nos de-tendremos únicamente en la consideración del último, o sea sobre la forma en que las supuestas imputaciones de Cen-teno se introdujeron en el proceso.

En el caso de Buel v. State, 80 N. W. 78, 83, de la Corte Suprema de Wisconsin, en el que se revocó la sentencia con-denatoria y se ordenó la celebración de nn nuevo juicio, el Juez Marshall, hablando por la corte, se expresó así:

“La administración de justicia exige que el poder discrecional de las cortes sentenciadoras no sea circunscrito dentro de límites demasiado estrechos, pero a su vez requiere que se le fije un límite que impida que en el curso de un proceso pueda crearse determinado prejuicio especialmente en casos importantes como éste, que pueda llevar al jurado a fijar los hechos sobre base que no sea la evidencia legítimamente producida en corte. Resulta claro que se traspasó tal límite al permitir que se extendiera el contrainterrogatorio en cuestión hasta el extremo que se llevó. Una cosa es el formular honradamente repreguntas con el fin de desacreditar a un testigo y. otra muy diferente el hacer preguntas a un testigo que es parte en el proceso especialmente en un caso criminal grave, con el pro-pósito de perjudicar su causa ante los ojos del jurado y hacer creer a éste que el testigo, dada su mala reputación, pudo haber cometido-el delito imputádole. La lectura de las preguntas en cuestión lleva a la conclusión inevitable de que el fiscal no tenía la menor idea de que prueba podría derivarse de las materias que implicaban. De-cimos 'implicaban’ porque el hacer las preguntas directas en la forma en que se formularon implicaba en cierto grado que el exami-nador poseía información en que basaba sus preguntas, y aunque las contestaciones fueron negativas, el mal efecto de las insinuacio-nes producido por las preguntas no fué ni pudo ser totalmente borrado de las mentes de los jurados. Es inútil referirse a autori-dades sobre la materia. Los tratadistas y los casos ya resueltos generalmente coinciden al efecto de que mientras el eontrainterro-gatorio se conduzca con razonable imparcialidad, a fin de comprobar la credibilidad de un testigo, el mismo es permisible, pero que desde el momento en que se formulan preguntas sobre hechos relacionados con la reputación del testigo, que son irrelevantes a los que están én controversia, para cualquier fin que no sea impugnar su credibi-lidad, o que manifiestamente no guarden relación con la credibilidad, se abusa del derecho a repreguntar, y al objetarse, su ejercicio deberá circunscribirse dentro de límites legítimos. Whar. Ev., secciones 473, 477, y notas.”

Este caso es aun más fuerte. A virtud de la acusación, el jurado quedó enterado de que el crimen se imputaba al acusado como cometido en unión de Muriel y Centeno y la evidencia practicada tendía a demostrar la muerte violenta de Santa y a reunir de modo sospechoso al acusado con Muriel y Centeno alrededor y en el sitio del suceso, habiendo declarado un testigo, Félix Santiago, que los tres “tenían a Juan Santa empuñado.”

Bajo esas circunstancias dejar caer sobre la conciencia del jurado a virtud de las repetidas preguntas no sólo del fiscal si que del juez el hecho de que Centeno había declarado ante el fiscal y en presencia del acusado imputando a éste la comisión del crimen, es algo que va más allá del radio más amplio y liberal que pueda fijarse para las repreguntas y que necesariamente tuvo que dejar una huella profunda en la mente del jurado en cuanto al resultado.final de la escena descrita por el testigo Santiago, que parece especialmente calculado por el fiscal con la ayuda consciente o inconsciente de la corte para producir tal impresión. Y admitir como buena esa práctica sería destruir en sus cimientos nuestro sistema de enjuiciamiento criminal.

Nuestra ley orgánica- — artículo -2! de la Ley Orgánica para proveer un gobierno civil para Puerto Rico, y para otros fines, aprobada en marzo 2, 1917 — garantiza el derecho que tiene todo acusado en un proceso criminal a carearse con los testigos de cargo y prescribe que ninguna persona será considerada responsable de un delito sin el debido proceso de ley.

Aquí al introducirse en la forma subrepticia en que se introdujo el testimonio de Centeno, se privó al acusado de su derecho a carearse con el testigo, castigándosele en su consecuencia sin el debido procedimiento legal. La senten-cia condenatoria dictada de tal modo no puede subsistir.

Se declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia apelada y se ordena la celebración de un nuevo juicio.


author: El Juez Presidente Señor Del T-oro

text:
    Juan R. Rodríguez, demandante y apelado, v. Banco Popular de Puerto Rico, en su carácter de Liquidador del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandado y apelante. Luis M. Vela, demandante y apelado, v. Banco Popular de Puerto Rico, en su carácter de Liquidador del Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, demandado y apelante.
    Núms. 8276 y 8277.

    Sometidos: Enero 27, 1941

      Resueltos: Enero 31, 1941.

      Monserrat, De la Haba & Monserrat y Rafael Baragaño, abogados del apelante;

      G. Benitez Gautier y Jorge Benitez Gautier, abogados del- apelado.
   El Juez Presidente Señor Del T-oro

emitió la opinión del tribunal.

Como estos recursos envuelven la misma cuestión y fue-ron argumentados el mismo día por los mismos abogados, serán estudiados en una sola opinión que servirá de base a las resoluciones finales que en los mismos se dicten.

De los autos resulta que Juan R. Rodríguez y Luis M. Vela demandaron ante la Corte Municipal de San Juan al' Banco Popular de Puerto Rico en su carácter de liquidador del Banco Territorial y Agrícola en reclamación de quinien-tos dólares cada uno por concepto de cierto derecho de hogar seguro.

Seguidos los pleitos por todos sus trámites fueron re-sueltos por sentencias de 4 de mayo de 1940 declarando las demandas con lugar. El 15 del propio mes de mayo, 1940, apeló de las sentencias el Banco demandado, certificando los records los ahogados de ambas partes el treinta y uno. A las certificaciones siguen excepciones previas formuladas por el demandado con fecha junio 8, 1940, y mociones sobre señalamiento dirigidas al secretario de la corte fechadas en agosto 20, 1940, pidiéndole que señalara la vista de las mociones en el calendario especial “de la próxima semana.”

Así las cosas, en agosto 23, 1940, los demandantes apela-dos pidieron a la corte del distrito la desestimación de los recursos porque la parte apelante no había hecho gestión alguna para señalar sus casos en el calendario del 15 de agosto de 1940, y sometida la cuestión a la corte ésta declaró desiertos los recursos por resoluciones de septiembre 19, 1940, contra las cuales estableció el banco demandado ape-lante las presentes apelaciones para ante este tribunal, cuya desestimación solicitan los apelados por causa de frivolidad. Sobre las mociones de desestimación por frivolidad fueron oídas ambas partes por sus abogados por este tribunal en su sesión del 27 de este mes de enero.

Los fundamentos de las resoluciones apeladas fueron los mismos, como sigue:

“El demandante solicita la desestimación de esta apelación, procedente de la Corte Municipal de San Juan. Aparece que el récord se radicó en esta corte el día 3 de junio de 1940, y que el demandado apelante no solicitó la inclusión del caso en el primer calendario subsiguiente, o sea, el de agosto 15 de 1940. También aparece que en junio 8 el demandado apelante radicó una excepción previa, y en agosto 20 solicitó la inclusión de dicha excepción pre-via en el calendario especial.
“La ley exige la desestimación de apelaciones de cortes muni-cipales si el apelante no solicita la inclusión del caso en la primera lectura del calendario subsiguiente a la radicación del caso. Es un deber imperativo de la corte, de acuerdo con el estatuto, el deses-timar la apelación cuando el apelante no toma la medida indicada. Manrique v. Corte, 48 D.P.R. 619. En el caso de autos el apelante no la tomó. Insiste, sin embargo, en que fué suficiente su solicitud de señalamiento de la excepción previa en el calendario especial. Si dicha solicitud se hubiese hecho antes de agosto 15, 1940, (fecha de la lectura del calendario general) quizás tendría mérito la conten-ción del apelante. Mas la solicitud de señalamiento de la excepción previa en el calendario especial fué hecha después de agosto 15, 1940, o sea, después de haber surgido el deber imperativo de esta corte de desestimar la apelación y después de haber vencido el término que tenía el apelante para dar el último paso esencial para la perfección de su apelación. No era necesario que la corte dispusiera de la ex-cepción previa radicada por el apelante antes de señalarse el caso para su vista, ya que la ley que reglamenta las apelaciones de esta índole dispone que en la vista del caso en apelación puede conside-rarse entre otras cosas, una excepción previa.
“Las gestiones del apelante con posterioridad a la lectura del calendario en agosto 15, demuestran diligencia, y de tratarse de un asunto discrecional la corte se inclinaría a dejar en pie el recurso. No obstante, tratándose de un precepto imperativo, según la cons-tante jurisprudencia de esta jurisdicción, no es posible establecer excepciones, y la corte no puede negarse a desestimar la apelación cuando como en este caso el mandato del estatuto resulta incumplido. Manrique v. Corte, supra.
“Por los fundamentos expuestos, se declara con lugar la moción del demandante, y en su consecuencia desierto el recurso, imponién-dose al demandado el pago de las costas.”

Examinadas las resoluciones apeladas a la luz de los hechos, de la ley y de la jurisprudencia, las encontramos bien fundadas. La frivolidad de los recursos es, pues, aparente.

Después de la decisión del caso de Manrique v. Corte, 48 D.P.R. 619, en que funda sus resoluciones la corte senten-ciadora, esta Corte Suprema decidió en el caso de Cobián v. Espina, 50 D.P.R. 185, tomando del resumen, lo qne sigue:

“Cuando radicados los autos de un caso procedente de la corte municipal en la de distrito, el apelante deja de solicitar la inclusión del pleito en la primera lectura del calendario o lista de señala-mientos, el recurso interpuesto debe desestimarse.”
“Siendo el deber de la corte de distrito desestimar una apelación procedente de la corte municipal cuando, radicados los autos, el apelante deja de solicitar la inclusión del pleito en la primera lec-tura del calendario o lista de señalamientos, un recurso contra sen-tencia declarando por tal motivo desierta la apelación debe desesti-marse por frívolo.”

Y a iguales conclusiones llegó en el de A. S. Aloe & Co. v. Talavera, 56 D.P.R. 198.

Recientemente, en Alvarez v. Corte, decidido en noviembre ultimo, 57 D.P.R. 644, se confirmó una resolución de la corte de distrito negándose a desestimar un recurso procedente de una corte municipal por estimarse que había existido un cumplimiento sustancial del estatuto al pagarse por el apelante los derechos de calendario y pedirse, antes de su lectura, que el caso fuera señalado para una fecha anterior a la que le hubiera correspondido de haberse incluido en el calendario subsiguiente a la radicación del caso, pero aquí no hubo ese cumplimiento sustancial, no siendo en tal virtud la jurisprudencia aplicable.

El apelante no impugnó por escrito las mociones de deses-timación pero lo hizo oralmente en la vista de las mismas. Además había ya radicado sus alegatos, iguales en ambos casos. Sostiene que usando la ley la palabra “subsiguiente” y no la palabra “siguiente”, la inclusión que se está obligado a pedir no lo es en el calendario que siga inmediatamente a la radicación de los autos en la corte de distrito, sino en aquél que sigue al siguiente. No estamos conformes.

La ley dice: “. . . El apelante deberá solicitar la inclu-sión del pleito en el calendario o lista de señalamientos civiles, en la primera lectura que del mismo haya de cele-brarse subsiguientemente a la radicación del caso. . . .” See. 3, Ley 31 de mayo 11, 1934 (pág. 293, 295). Y subsi-guiente, p. a. de subseguirse, quiere decir que se subsigue, seguirse una cosa a otra inmediatamente. Diccionario En-ciclopédico de la Lengua Castellana por Elias Zerolo, Miguel de Toro y Emiliano Isaza, París, 1895, pág. 810. Y el ca-lendario que subsiguió a la fecha de la radicación de los casos en la corte del distrito — junio 3, 1940 — fué el que le siguió inmediatamente — agosto 15, 1940 — como decidió la corte sentenciadora, y no el que siguió inmediatamente al primero — septiembre 2, 1940 — como pretende la parte ape-lante.

Las mociones deben declararse con lugar, desestimándose en su consecuencia, por frívolas, ambas apelaciones.


author: El Juez Asociado Señor Travieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Barrio Fajardo, acusado y apelante.
    Núm. 8499.

    Sometido: Enero 28, 1941.

      Resuelto: Enero 31, 1941.

      Amador Ramírez Silva, abogado del apelante;

      Non. Procurador General George A. Malcolm y R. A. Gómez, Fiscal del Tribunal Supremo, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

El día 14 de julio' de 1939, como a las 4 p. m., el acusado apelante conducía como chófer un automóvil-guagua por un camino vecinal que conduce de la Colonia de Cañas San Francisco, en Hormigueros, a la Carretera Insular núm. 78, Km. 0, Hm. 3. Al salir de dicho camino vecinal y entrar en la carretera, la guagua conducida por el acusado chocó con una motocicleta conducida por el policía insular Luis Ramos Noriega, quien sufrió la fractura de una pierna y otras lesiones.

• Se formuló denuncia contra el conductor de la guagua, el apelante, por violación del artículo 328 del Código Penal, imputándole que en el momento y sitio del accidente condu-cía dicho vehículo “sin la debida prudencia o circunspección y por su descuido y negligencia dejó chocar dicho vehículo con la motocicleta” y que “la falta de prudencia o circuns-pección, descuido y negligencia, consisten en que el aquí acusado, José Barrio Fajardo, mientras conducía dicha gua-gua, allí y entonces, al salir a la carretera núm. 78 por el camino que conduce a la Colonia San Francisco, no redujo la velocidad de dicho vehículo, ni dió aviso con la bocina, klaxon u otro aparato de alarma que se úse para tal fin, lo que dió lugar al accidente.”

El presente recurso, interpuesto por el acusado contra la sentencia que le condena a $100 de multa o tres meses de cárcel, se basa en dos señalamientos de error, relacionado el primero con la admisión de cierta pregunta y el segundo con la apreciación de la evidencia.

Después de declarar el testigo de cargo Angel Ortiz, que en el momento del accidente él estaba cerca-de la carre-tera; que sintió el golpe, vió la motocicleta encima del po-licía y ayudó a levantar al herido; y que vió también cuando la guagua salía del callejón a la carretera, continuó así el interrogatorio:

“P. — ¿Redujo la velocidad la guagua al salir a la carretera?
“B. — Si quiere que le diga, él no salía a velocidad, pero yo no pude apreciar el klaxon.
“P. — ¿Usted sabe si esa guagua tocó klaxon o bocina?
“B. — Sí, señor.
“P. — Mire a ver esta firma que está puesta en esta declaración, ¿de quién es?
“B. — Es mía.
“P. — Ahora, mire a ver si recuerda si declaró en esa declaración que Ud. prestó ante el Juez de Paz de Hormigueros, el mismo día de los sucesos, ‘que al salir esa guagua de allí no redujo la velocidad ni tocó klason’.
“Lio. Ramírez Silva:
“Yo me voy a oponer a la pregunta, señor juez, porque tendría primero que sentarse las bases.
“Hon. Juez:
“La corte permite la pregunta.
“Lio. Bamírez Silva:
“Tomamos excepción por los mismos fundamentos.
“P. — ¿Usted declaró eso o no lo declaró en Hormigueros?
“B. — Yo vi que la guagua salió y en seguida chocó con la mo-tocicleta.
“P. — ¿Pero a qué velocidad venía?
“B. — Yo no vi a qué velocidad venía; no pude apreciar.
“Hon. Juez:
“Pero mire testigo: ¿usted no puede determinar si venía a mucha o poca velocidad; si venía despacio o si venía ligero, a regular ve-locidad o a mucha velocidad?
“B. — Por eso mismo es que no puedo decir . . .
“P. — Bueno; ¿tocó klaxon el de la guagua o no tocó?
“B. — No, señor, yo no pude apreciar.
“P. — ¿Usted no declaró ante el Juez de Paz de Hormigueros, Sr. Cesáreo A. Bodríguez, el día 14 de julio del año pasado, esto es, el mismo día que ocurrieron los hechos, ‘que al salir la guagua a la carretera no redujo la velocidad ni tocó klaxon?’
“B. — Bueno, yo declaré ante el Juez de Paz, sí, señor.
“P. — Declaró eso o no lo declaró?
“R. — Sí, señor.
“P._Añora, ¿qué pasó allí al salir la guagua a la carretera?
“R. — Cuando salió la guagua a la carretera yo salía de casa, y entonces venía un policía en una motocicleta y la guagua cbocó con éL
“P. — ¿Como a qué distancia estaba usted abí?
“R. — Como a seis metros.
“P. — ¿El de la guagua qu§ bizo cuando cbocó con la motocicleta?
“R. — -El cbocó y se quedó allí.
“P. — ¿Usted no declaró ante el Juez de Paz de Hormigueros que él se había dado a la fuga?
“R. — Me parece que se quedó allí; no estoy seguro.
“IioN. Juez:
“Abora parece que no sabe si se quedó allí.
“P. — ¿Usted no sabe decir si se quedó allí o no?
“R. — No, señor.
“Nada más. (Al mársbal). Este testigo que no se vaya.”

La alegación del apelante al efecto de que al tratar de tachar a dicho testigo el fiscal no se ajustó a las prescrip-ciones del artículo 521 del Código de Enjuiciamiento Civil (artículo 159 de la Ley de Evidencia) carece de fundamento.. Tratándose de manifestaciones anteriores hechas por el tes-tigo, por escrito y bajo su firma, lo único que tenía que hacer el fiscal era enseñarle las declaraciones al testigo “antes de1 podérsele interrogar acerca de ellas.” No encontramos que-se haya errado en manera alguna en la admisión del prece-dente interrogatorio.

Se imputa a la corte inferior el haber apreciado erróneamente la prueba. Examinémosla.

Declaró en primer término Luis Ramos Noriega, el poli-cía lesionado, y dijo: que el día del accidente él venía en su motocicleta de San Germán hacia Hormigueros; que al llegar al callejón de San Francisco, el acusado salió a la carretera con la guagua que iba guiando; que salió a bas-tante velocidad y no tocó klaxon; que era una velocidad bastante exagerada; que por ese motivo el acusado se atra-veso, chocó con él y se dió a la fuga; que él venía en su motocicleta con toda precaución y a su derecha; que el acusado venía por su derecha, pero al llegar a la carretera dobló hacia la izquierda, en dirección hacia San G-ermán.

Santos Rosa, vecino de Hormigueros, declaró que en el momento del suceso se encontraba en la carretera frente a la Colonia San Francisco; que vió cuando salía la guagua de dicha colonia para la carretera y le dió a la motocicleta por la parte trasera; que la guagua “no venía ligero, por-que la virada era muy. recia para él.” Preguntado si cuando el acusado salía a la carretera tocó klaxon o bocina, respondió: “Yo oí como un pito, cuando venía la motocicleta y salía la guagua a coger la carretera.” Siguió declarando que él no pudo apreciar la velocidad a que venía uno y otro; ■que cuando el acusado vió caer al policía, siguió en la gua-gua sin prestarle auxilio; y que no puede decir de cuál de los dos fué el pito que él oyó.

El próximo testigo fué Ángel Ortiz, cuyo testimonio ana-lizamos al discutir el primer señalamiento. Declaró que el camino por donde venía el acusado es de piedra y tierra con hoyos.

José Marchany Vélez declaró que vive cerca del sitio en donde ocurrió el choque; que estando frente a su casa pudo ver que la guagua salía por el callejón y al entrar a la carre-tera se enfrentó con la motocicleta y chocó con ella, cayendo el policía al suelo; que la guagua “salió poco a poco, por-que yo sentí un pito, y cuando salió así ya estaba el guardia debajo de la motocicleta; y que el de la guagua se fugó.

José Serra Rivera dijo que él presenció el choque entre la guagua y la motocicleta; que el acusado salía con la guagua del callejón para la carretera, por donde él venía, y al entrar a la carretera venía al mismo tiempo un policía en una motocicleta y chocó con el policía tirándolo al suelo; que la guagua venía andando bien, andando poco a poco. Preguntado por el fiscal si recordaba haber declarado ante el juez de paz “que la guagua al entrar a la carretera no redujo la velocidad,” respondió: “Bueno, sí, pero no venía muy ligero.” Declaró por último que no sintió que la gua-gua tocara el klaxon.

Denegada la moción para la absolución perentoria del acusado, por ser insuficiente la prueba de la negligencia criminal, la defensa ofreció la declaración del sargento Bus-quéis para probrar que poco después del accidente el acusado se presentó voluntariamente en el cuartel a dar cuenta de lo ocurrido.

Conviene hacer constar que aun cuando el fiscal trató de impugnar las declaraciones de sus dos testigos Ángel Ortiz y José Serra Rivera, haciéndoles preguntas sobre las decla-raciones prestadas por uno y otro ante el juez de paz, la impugnación del segundo no tuvo éxito, pues si bien admitió haber declarado anteriormente “que la guagua al entrar a la carretera no redujo la velocidad,” explicó lo que había querido decir y declaró: “Bueno, sí, pero no venía muy li-gero.”

Para que pueda sostenerse una sentencia condenatoria por un delito de infracción del artículo 328 del Código Penal, ■ es necesario que la prueba del Pueblo demuestre que el acu-sado manejó el vehículo con un grado de negligencia o des-cuido mayor que el que se requiere para obtener una indem-nización en un caso civil. En el caso de El Pueblo v. Rodríguez, 47 D.P.R. 600, esta Corte Suprema siguió como doctrina aplicable a procesos de esta naturaleza, la sentada en el caso de People v. Adams, 124 N. E. 575, en el que la Corte Suprema de Illinois se expresó así:

“. . . . Para que la negligencia sea criminal, es necesario que sea crasa o temeraria. Negligencia crasa es aquella que toca a los ' límites de la imprudencia, y negligencia temeraria, tal cual es apli-cada al manejo de un vehículo de motor, implica un abandono positivo de las reglas de diligencia y un flemático menosprecio de sus ■consecuencias, según apunta Babbitt en su obra sobre Vehículos de Motor, sección 1517. . . La responsabilidad criminal no puede es-tar basada en todo acto legal descuidadamente realizado, meramente porque tal descuido produzca la muerte de una persona. Para que la negligencia sea criminal, es necesario que esta sea imprudente o temeraria y de tal naturaleza que demuestre un absoluto menos-precio de la seguridad de los demás bajo circunstancias que proba-blemente produzcan daño a éstos.” (Citas.)

Examinada y apreciada en conjunto la prueba aportada en este caso y teniendo en cuenta las circunstancias espe-ciales dentro de las cuales se desarrollaron los sucesos, no es ella suficiente a nuestro juicio para llevar al ánimo del juzgador la firme convicción de que el acusado apelante fué criminalmente negligente en el manejo de la guagua. La corte inferior cometió error manifiesto en su apreciación del alcance de la evidencia y procede, por tanto, la revocación de la sentencia.


text:
    Inés Rodríguez Otero, demandante y apelada, v. Ell Tee, Inc., y Great American Indemnity Co., demandados y apelantes.
    Núm. 8077.

    Sometido: Enero 28, 1941.

      Resuelto: Enero 31, 1941.

      J. Valld&júli Rodríguez, abogado de los apelantes;

      E. Martínez Aviles, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor De Jesús

emitió la opinión del tribunal.

Se radicó la demanda de este pleito contra Ell Tee, Inc. y Great American Indemnity Co. en reclamación de los daños y perjuicios que alegó haber sufrido la demandante con mo-tivo de la muerte de su hermana Enriqueta Rodríguez Otero al ser arrollada por el autocamión H-541, propiedad de la demandada Ell Tee, Inc., asegurado con la codemandada Great American Indemnity Co. La demandada Ell Tee, Inc. fué emplazada. No lo fue The Great American Indemnity Co. No compareció Ell Tee, Inc. y luego de anotada su rebeldía se señaló el caso en calendario especial para la celebración del juicio. Antes de celebrarse éste, la corte inferior llamó la atención al abogado de la demandante ha-cia el hecho de que la compañía aseguradora no había sido emplazada y entonces dicho abogado solicitó de la corte se diese a la demandante por desistida del pleito contra la referida compañía. Celebrado el juicio, la corte, con fecha 4 de noviembre de 1938, declaró con lugar la demanda contra Ell Tee, Inc. y el mismo día se notificó la sentencia a la deman-dada. Así las cosas, el 3 de diciembre siguiente Ell Tee, Inc. y la compañía aseguradora, Great American Indemnity Co., radicaron en la corte inferior una moción jurada titu-lada “Moción para que se deje sin efecto la sentencia, se levante la rebeldía anotada y se admita la contestación que se acompaña.” Se acompañó un proyecto de contestación debidamente jurada, a nombre de las dos compañías. El 8 del mismo mes la demandante radicó una extensa moción oponiéndose a que se dejara sin efecto la sentencia. Se celebró una audiencia, presentándose prueba en relación con la indicada moción, y el 26 de enero de 1939 la corte inferior la declaró sin lugar, dejando subsistente la sentencia dictada contra Ell Tee, Inc. Dos días después, el 28 de enero de 1939, las dos compañías radicaron un escrito de apelación contra la sentencia y contra la antedicha resolución. Desde entonces el caso ha venido a este tribunal dos veces con motivo de mociones para desestimar la apelación (56 D.P.ít. 749), una vez por certiorari y finalmente en esta ocasión, en en que consideramos los méritos del recurso.

The Great American Indemnity Co., si bien fué demandada en este pleito, nunca fué emplazada, y con anterioridad a la celebración del juicio la demandante desistió de su acción contra ella, continuando el pleito contra la otra demandada, no dictándose, naturalmente, sentencia alguna contra la referida compañía aseguradora. En tal virtud, no tiene derecho dicha compañía aseguradora a apelar de una sentencia que no fué dictada contra ella ni tampoco a invocar el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil para que se le exima de los efectos de dicha sentencia. A este efecto dice el citado artículo 140:

“. . . La corte puede también, a su arbitrio . . . eximir a al-guna persona o a sus representantes legales, de los efectos de una sentencia, orden u. otro procedimiento que se hubiese dictado contra ella, por causa de equivocación, inadvertencia, sorpresa o excusable negligencia; ...” (Bastardillas nuestras.)

Se argüirá que la compañía aseguradora podría tener algún interés en la sentencia, pero es lo cierto que la doman-dante no estaba obligada a demandarla, y que dieba compañía en ningún momento solicitó intervenir en el pleito, como bien pudo hacerlo si es que. consideraba qne sus intereses podían ser lesionados al dictarse nna sentencia contra la' asegurada. Por consiguiente, careciendo la compañía ase-' guradora de personalidad para impugnar la sentencia, debe-mos descartar dicha demandada a los efectos de este pleito, y concentrar nuestra atención en los derechos de la única parte contra quien se dictó la sentencia: Ell Tee, Inc.

Como la sentencia contra Ell Tee, Inc. fué notificada el é de noviembre de 1938 y como la moción solicitando cine la misma fuese dejada sin efecto no suspendió el término para apelar, puesto que no se trataba de una moción de reconsideración, al radicarse el escrito de apelación contra la sentencia el 28 de enero de 1939, había transcurrido con exceso el término de treinta días que concede la ley para interponer recurso de apelación. Sin embargo, la apelación de Ell Tee, Inc. contra la resolución de enero 26, 1939, se interpuso a tiempo. Por consiguiente, concentraremos nuestra atención a determinar si la corte inferior hizo o no buen uso de su discreción al denegar la moción de la demandada Ell Tee, Inc. solicitando se dejase sin efecto la sentencia dictada contra ella. Como hemos indicado anteriormente, la demanda fué dirigida desde el primer instante contra las dos compañías en el carácter indicado. También resulta de la prueba que se practicó en el incidente para dejar sin efecto la sentencia, que el abogado de la demandante, desde el 11 de agosto de 1938 — cerca de dos meses antes de radicarse la demanda — , escribió a la compañía aseguradora dando los primeros pasos tendentes a una transacción del pleito. De dicha carta, exhibit 1 de la demandada, tomamos los siguientes párrafos:

“Comoquiera que a ustedes les consta que desde el primer mo-mento he venido haciendo gestiones cerca de ustedes en mi carácter de abogado de doña Inés, y comoquiera que ella no me ha retirado la representación que me diera el primer día, y como por otra parte dichas personas interesadas no le permiten, al parecer, que me rati-fique por escrito el contrato verbal entre nosotros celebrado, deseo prevenirles para el caso de que, si se intentare burlar la buena fe de otro compañero, haciéndole entrega de este asunto, sin advertirle £obre los servicios que ya he prestado y sin hacerle saber que me ¿habían dado su representación, me lo permítan saber ustedes tan ■pronto tuvieren conocimiento oficial de ello, para poder en tiempo tomar la acción correspondiente a los fines de proteger mis derechos.
Hasta tanto estas dudas mías tengan su confirmación los hechos ■(sic), yo continúo ostentando la representación legal de la señora Inés Otero.”

Desde la fecha últimamente citada en adelante, continua-ron las negociaciones, llegándose a ofrecer por la asegura-dora hasta $400, exigiendo la demandante la cantidad de $500 para transigir. No cesaron en ningún momento las negociaciones, pues como aparece de la carta de primero de octubre de 1938 (dda., exh. 3), en dicha fecha la aseguradora escribía al abogado de la demandante en los siguientes tér-minos :

“Ledo. E. Martínez Avilés,
Arecibo, P. R.
Re: 12-M-6221, Enriqueta Rodríguez
Otero vs. Louis Tuttman.
Muy señor nuestro y amigo:
Acusamos recibo de su carta del 21 de septiembre ppdo., en re-lación con el caso de epígrafe, la que no contestamos antes por estar esperando contestación de la Compañía en relación con este asunto.
Dada la circunstancia de encontrarse en Nueva York nuestro Sr. Carrión, a quien entre otros asuntos encomendamos el que nos ocupa, no dudamos que próximamente tendremos contestación de él, dándonos la resolución de la Compañía en lo que respecta a este caso, oportunidad que aprovecharemos para dirigirnos a usted nueva-mente dándole el contenido de dicha resolución.
Atentamente,
(Fdo.) D. R. CarríóN, Ino.”
(Bastardillas nuestras.)

De la declaración no contradicha del testigo Rafael Porrata Doria, secretario y agente de reclamaciones de la aseguradora, contestando el interrogatorio del abogado de la demandante, tomamos lo siguiente:

“P. — ¿La demanda fué radicada el 4 de octubre? — Sí, señor.
“P. — ¿Después hablé con usted en algún momento? — Sí, señor.
“P. — ¿Dónde?—En la oficina.
“P. — ¿Sobre qué? — Sobre eso mismo, que no contestara, que dejara en suspenso.
“P. — ¿Hubo las palabras ésas? — Sí, señor; y si no, hubiéramos contestado de la misma manera que contestamos siempre. (T. de E., pág. 21.)

A preguntas del juez de la corte inferior, el mismo testigo declaró:

“P. — ¿En alguna fecha el abogado les escribió que él no conti-nuaba las conversaciones y que iba a seguir el pleito? ¿En alguna fecha el abogado les dijo, o escribió diciéndoles, que él daba por terminadas las conversaciones? — La única carta que a eso se refiere es la del 21 de septiembre, en la que dice: ‘Si en el curso de la presente semana no ofrecieren ofertas, considero que tienen el pro-pósito de no hacerlo;’ pero esta carta se desvirtúa con un telefonema al representante nuestro, Mayol, para que Corbet transmitiera a Martínez (abogado de la demandante) que no teníamos prisa, porque tenía un año para demandar.” (T. de E., pág. 21.)

Se observará por el exhibit 3 antes transcrito, la actitud en que se hallaba la compañía, por los términos en que con-testó la carta de 21 de septiembre.

Es de presumir que la asegurada conocía estas nego-ciaciones entre el abogado de la demandante y la compañía aseguradora, pues es de conocimiento público el hecho de que en las pólizas de seguro de automóviles se estipula que el asegurado, en caso de ser demandado, lo notificará a la compañía aseguradora remitiéndole copia de la demanda, emplazamiento, etc., para que la aseguradora pueda hacerse cargo del pleito, y que en caso de no cumplir el asegurado tal condición, la aseguradora queda exonerada de la obliga-ción de la póliza. De modo, pues, que la demandada Ell Tee, Tnc., en ausencia de un aviso de que la demandante había terminado las negociaciones con la aseguradora, podía con-fiar en que éstas subsistían, y por esa razón no contestar la demanda, cosa que hubiera sido inútil si el pleito se transigía.

Podría alegarse que un oficial de la demandada Eli Tee, Inc. declaró en el juicio en rebeldía citado por la demandante, pero no consta del récord cuándo fué citado dicho testigo, para así determinar si en efecto tuvo la de-mandada tiempo suficiente para radicar su contestación y defenderse en el juicio. Opinamos que existió una excusa razonable por parte de Ell Tee, Inc., para no contestar oportunamente la demanda.

Existe además una circunstancia muy poderosa que debió mover la discreción del tribunal inferior a dejar sin efecto la sentencia, y es que ni de la demanda ni de la prueba surge que la demandante tenga una causa de acción contra Ell Tee, Inc.

El párrafo 6 de la demanda, donde se expresa el carác-ter. con que la demandante interpone la acción, dice así:

“6. Que la demandante, en su carácter de hermana, es el pa-riente más cercano que dejara dicha Enriqueta Rodríguez Otero, y que ha sufrido daños y perjuicios por la suma de un mil sesenta dólares ($1,060), mil dólares en que calcula razonablemente los per-juicios ocasionados por los sufrimientos y pérdidas del cariño y afecto de su hermana y por la ayuda material que de la misma recibía, y sesenta dólares por los gastos en el entierro y funerales de su predicha hermana.”

La demanda no contiene alegación alguna al efecto de que la demandante sea la única heredera de la interfecta ni que ésta falleciese sin otorgar testamento. Arguye, no obstante, la demandante, que la causa de acción por daños y perjuicios surge del artículo 1803 del Código Civil, y que por consiguiente la demandante, por ser hermana de la in-terfecta tiene derecho a indemnización.

En el caso de Ruberté v. American Railroad Co., 52 D.P.R. 471, un padre obtúvo indemnización por la muerte de su hijo, de quien no era heredero, ya que el hijo había dejado descendientes legítimos, Se dijo entonces por este tribunal:

“El hecho fné que Justo Ruberté no sólo tenía el deber de ali-mentar a su padre sino que en verdad contribuía a su sostenimiento. Habiéndose establecido la negligencia de la demandada, surgió en su consecuencia una causa de acción en favor de Pablo Ruberté por razón de la muerte de su hijo.”

La decisión en el caso de Ruberté, supra, está predicada en el hecho de haber privado al padre, por el acto negligente de la demandada, de continuar recibiendo de su hijo los ali-mentos a que tenía derecho mientras éste viviese.

De acuerdo con el artículo 143 del Código Civil, los as-cendientes y descendientes legítimos están obligados recí-procamente a darse alimentos; pero esa obligación no existe entre los hermanos a menos que concurran las circunstan-cias especificadas en dicho artículo, circunstancias que no resultan en este caso ni de la demanda ni tampoco de la prueba que sirvió de base a la sentencia. El citado precepto legal dice así:

“Art. 143. — Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente:
“1. Los cónyuges.
“2. Los ascendientes y descendientes legítimos.
“3. Los padres y los hijos legitimados y los descendientes legí-timos de éstos.
“4. Los padres y los hijos ilegítimos y los descendientes legítimos de éstos.
“5. El adoptante y el adoptado, salvo lo dispuesto en el artículo 136.
“Los hermanos deben también a sus hermanos legítimos, aunque sólo sean -uterinos o consanguíneos, los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por cualquiera otra causa que no sea imputable al alimentista, no puede éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, comprendidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.” (Bastardillas nuestras.)

La prueba no demuestra que la demandante dependiese de la interfecta para su subsistencia. Entendiéndolo así, la corte inferior, en su resolución de 26 de enero de 1939 antes citada, dice;

“Además, tuvimos oportunidad de conocer la prueba en este caso y estamos convencidos de que bubo causa de acción para enta-blar el litigio y aunque expusimos en' nuestra sentencia que babía cierta circunstancia que no demostraba una negligencia grave, y que la demandante no dependía para su sustento de lo poco que ganaba Enriqueta Bodríguez Otero, lucimos justicia a la parte demandada concediendo una indemnización sumamente baja y es nuestra opinión que cualquier resolución que se dictara aliora, obligando a la parte demandante a otro pleito costoso, iría en contra de una buena ad-ministración de justicia.
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“Estamos también convencidos que de acuerdo con el artículo 1803 y siguientes, que son la fuente primordial en Puerto Rico para la reclamación de daños y perjuicios por culpa o negligencia, la demandante tiene causa de acción aunque no haya dependido para su subsistencia de la causante, pues siendo heredera de la misma, la ley le reconoce el derecho, aun cuando no viva bajo el mismo techo o esté sujeta a una dependencia. La indemnización que se ha concedido es tan reducida que aun por los sufrimientos de la hermana demandante, que es el pariente más cercano y a quien corres-ponde la sucesión intestada, estaría justificada una compensación de esa índole.”

Como hemos visto por las disposiciones del artículo 143 supra, y por lo resuelto en el caso de Ruberté v. American Railroad, Co., supra, la demandante, por el solo hecho de ser hermana de la interfecta, aun en el supuesto de que •dependiera de ella para su sostenimiento, no tiene derecho a indemnización por no concurrir las circunstancias enume-radas en el citado artículo 143. A falta de ascendientes y descendientes legítimos o legitimados, heredan los colatera-les y los cónyuges, por el orden que se establece en los ar-tículos 904 al 910 del Código Civil (ed. 1930); pero esto no implica que cada hermano o cada pariente colateral pueda por sí solo establecer una demanda separadamente en recla-mación de daños y perjuicios. Es necesario alegar y probar qne el demandante o demandantes es o son el único o únicos herederos del interfecto, para qne pneda prosperar la acción. En el caso de antos no sólo dejó de alegarse qne la deman-dante fnera la única heredera de la interfecta, sino qne tampoco se alegó qne aqnélla no hnbiese dejado testamento válido, requisitos indispensables para qne pneda ser llamada a la herencia la sucesión intestada.

Consideradas las circunstancias concurrentes, es decir, la negligencia excusable de la demandada Ell Tee, Inc. al no contestar la demanda, y la circunstancia adicional de qne ni la demanda ni la prueba justifican la sentencia dictada, entendemos que la corte sentenciadora en bien de la justi-cia y haciendo uso de la discreción que le concede el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, debió dejar sin efecto la sentencia dictada contra Ell Tee, Inc., conceder a la demandante un plazo razonable para enmendar su de-manda, y en caso de hacerlo, conceder a la demandada Eli Tee, Inc. un plazo para radicar alegaciones, sin perjuicio de permitir intervenir a la Great American Indemnity Co., si lo solicitare, uniéndose a la demandada para oponerse a las pretensiones de la demandante.

Por lo expuesto, procede declarar sin lugar los recursos interpuestos por la Great American Indemnity Co. contra la resolución de 26 de enero de 1939, dictada por la Corte de Dis-trito de Arecibo, y contra la sentencia de 4 de noviembre de 1938 dictada contra Ell Tee, Inc., y con lugar el interpuesto por esta última compañía contra la ameritada resolución de 26 de enero de 1939, que en su consecuencia se revoca, y dejar sin efecto la aludida sentencia, devolviéndose el caso a la corte inferior para ulteriores procedimientos no inconsisten-tes con esta opinión.


text:
    Núm. 1209.
    Fontaine et als., peticionarios, v. Corte, dmdada.
    Junio 25, 1940.
   Por los motivos consignados en el caso Núm. 1208, Fontaine et als. v. Corte de Distrito de Bayamón, resuelto en el día de boy (ante., pág. 139), se revoca la orden de marzo 13, 1940, dictada en el caso criminal núm. 4190 de la Corte de Distrito de Bayamón, seguido por el Pueblo de Puerto Rico v. Ramón Fontaine Morales, Antonio Ruiz Barreto y Oscar Guzmán, y se ordena el archivo y sobreseimiento del proceso.


author: Juez Asociado Sr. Wolf.)

text:
    Núm. 8155.
    Vidal et al. apldos. v. Monagas et als., apltes.
    Junio 28, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Wolf.)

Por CUANTO, en este caso pendiente ante la Corte de Distrito de Mayagüez el juez se inhibió por haber sido recusado por los abo-gados de los demandantes por ser según ellos su enemigo irreconcilia-ble y no obstante haber retirado posteriormente la recusación, el juez se inhibió y decretó el traslado, apelando de su resolución los de-mandados ;

Por cuanto, los apelantes sostienen, y estamos de acuerdo con ellos, que los motivos que expuso el juez para inhibirse, no justifican su resolución;

Por tanto, la resolución de febrero 23, 1940, queda por la pre-sente revocada y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con esta resolución.


author: Juez Asociado Sr. De Jesús.)

text:
    Núm. 8046.
    Medina, aplte. v. Rodríguez, Juez Municipal, apldo.
    Julio 9, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. De Jesús.)

Por cuanto, en el caso arriba expresado el peticionario fué arrestado en el pueblo de Aguas Buenas el 27 de junio de 1937 para responder de un delito de portar armas prohibidas, siendo puesto en libertad provisional el mismo día mediante fianza que prestó ante el Juez de Paz de dicho pueblo;

Por cuanto, no fué hasta el 28 de abril de 1938 que se radicó en la Corte Municipal de Caguas la correspondiente denuncia, o sea diez meses después de verificado el arresto;

Por cuanto, el peticionario presentó una moción en dicha Corte Municipal interesando que en vista de lo prescrito en el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal se ordenase el archivo y sobreseimiento de la causa por haberse radicado la denuncia después de transcurridos sesenta días desde la fecha en que se practicó el arresto, moción que fué denegada por la Corte Municipal por en-tender que había existido justa causa para tal dilación;

Por cuanto, el peticionario radicó en la Corte de Distrito de Humaeao la acción de mandamus de este caso contra el Juez Municipal de Cagúas, solicitando se le ordenase proceder a archivar la referida causa, y celebrada la vista del caso en la corte inferior, dicho tribunal desestimó la petición de mandamus por estimar que había existido justa causa para la dilación en la radicación de la denuncia;

POR Cuanto, la alegada justa causa consistió en la aseveración de que se había jurado ante el Juez de Paz de Aguas Buenas la referida denuncia el mismo día del arresto y que el Juez de Paz la había remitido juntamente con la fianza a la Corte Municipal de Caguas, asegurando el Secretario de esta última que nunca llegó a sus manos la tal denuncia;

POR cuanto, señalada la vista de este recurso de apelación inter-puesto por el peticionario, el fiscal de este tribunal, que asumió la representación del Juez demadado se allanó alrecurso por estimar que no había existido justa causa;

Por cuanto, este tribunal conviene con el peticionario y con el fiscal que no se ha probado una justa causa para la dilación en radi-car la denuncia en la Corte Municipal de Caguas dentro del término de sesenta días a partir del arresto del acusado como prescribe la ley;

Por tanto, vistos los autos de este caso' y el artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal, se declara con lugar el recurso,, se revoca la sentencia apelada y en su lugar se dicta la presente, ordenando al demandado, lion. Tulio Rodríguez Muñiz, Juez de la Corte Municipal de Caguas, que sin excusa o pretexto alguno proceda a sobreseer la causa criminal número 9432 de dicha Corte Municipal, seguida contra el peticionario por un delito de portar armas prohi-bidas, y siendo preceptiva la imposición de las costas a la parte contra quien se dicte la sentencia, se imponen éstas al demandado.


author: Juez Asociado Sr. Hutchison.)

text:
    Núm. 192.
    Vázquez, recurrente, v. Comisión Industrial, etc., Dmdada.
    Julio 16, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por Cuanto, en julio 10, 1933, la Comisión Industrial dictó una resolución que reza como sigue:

“Vista la comunicación que con feeba 15 de los corrientes dirige a esta' Comis.ón Industrial el Lie. Edelmiro Soldevila representante del obrero en este caso en relación con la imposibilidad en que se ba encontrado de poder trasladarse a San Juan desde su casa donde fue enviado por el especialista en enfermedades de la vista de este Organismo Dr. Luis J. Fernández, eon la advertencia de que debería comparecer de nuevo dentro de dos semanas, por carecer de dinero para pagar los gastos de viaje y no proporcionárselos la Compañía Aseguradora del patrono en este caso Great American Indemnity, la Comisión Industrial ordena de nuevo a dicha Compañía que traiga a este ■obrero ante ella para fijar el grado de incapacidad con que ha quedado y po-der así dictar resolución definitiva en el caso.”

POR cuaNto, en 30 de abril de 1934, la Corte de Distrito de IXu-macao dictó la siguiente resolución:

"Examinados los autos del caso ante la Comisión Industrial de Puerto Pico y apareciendo de los mismos que la instancia de la Compañía Asegura-dora para el archivo definitivo del caso no se fundó en evidencia legal ofre-cida a, y admitida por, dicha Comisión, y apareciendo también justificada la Resolución apelada, en lo que se refiere a la Resolución que ahora dicta esta Corte, y no apareciendo notificada la apelación al lesionado, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto en este caso, quedando en pleno vigor la orden o Resolución apelada y en libertad la apelante para plantear ante la Comisión Industrial, cumpliendo los requisitos legales al efeeto, todos los recursos a que tenga derecho en el procedimiento.”

POR cuanto, en 9 de enero de 1940 la Comisión dictó la siguiente resolución :

"Aparece de autos que con fecha marzo 20 de 1933 la Great. American Indemnity Co. radicó en esta Comisión Industrial una carta en la cual, sus-«tancialmente, comunica que el obrero en este caso había abandonado el tra-tamiento, según informes que alega tener la compañía aseguradora, y solici-tando el archivo del caso.
"Como esa carta no había sido notificada con copia al obrero, la Comi-sión Industrial con fecha abril 15 • de 1933 dictó el acuerdo Núm. 28, en su sesión Núm. 812 y notificadas las partes en abril 22 de 1938, resolviendo por dicho acuerdo la Comisión Industrial que se notificara con copia de la carta de la compañía aseguradora al obrero, a través de su abogado, para que in-formara lo que hubiese de cierto en la información suministrada por la ase-guradora.
"Comunicado el obrero, por conducto de su abogado, de la carta antes mencionada, el Die. Edelmiro Soldevila, en representación del obrero, en mayo 15 de 1933, contestó oponiéndose a que se accediera a lo solicitado por la com-pañía aseguradora y que por el contrario debería instruirse a dicha asegura-dora en el sentido de que rinda el informe médico final, mandando a citar por su cuenta al obrero para practicar el correspondiente examen médico y, exponiendo como fundamento en su carta, que el obrero no había vuelto donde el oculista, Dr. ^Fernández, debido a que la aseguradora no le había enviado dinero alguno para el viaje ni le había dado aviso alguno en este sentido, según información que obra en su poder. De esta alegación no se dio cono-cimiento a la compañía aseguradora. No obstante sirvió de base para la re-solución que la Comisión Industrial dictó con fecha julio 10 de 1933 y no-tificadas las partes en julio 18 del mismo año. En dicha resolución la Comisión Industrial ordena a la compañía aseguradora 'que traiga a este obrero ante ella para fijar el grado de incapacidad con que ha quedado y poder dictar resolución .definitiva en el caso.’
“De esta resolución apeló la compañía aseguradora para ante la Corte de Distrito de Humaeao, la que dictó resolución en 30 de abril de 1934, en la que, luego de confirmar la resolución antes referida de la Comisión Industrial, ter-mina resolviendo que quede en pleno vigor la orden o resolución apelada y en libertad la apelante para plantear ante la Comisión Industrial, cumpliendo los requisitos legales al efeeto, todo recurso a que tenga derecho en el procedimiento.
“De esta exposición salta a la vista que de la alegación-fundamento en esta resolución de 10 de julio de 1933 no se dió ocasión para discutirla ni re-futarla a la compañía aseguradora.
“Y por lo tanto es nuestra opinión que le asiste a dicha compañía asegu-radora derecho a pretender que se le dé oportunidad de ser oída para ofrecer la evidencia de que disponga a los fines de determinar si el obrero abandonó o no el tratamiento médico y si tiene derecho o no a compensación por cualquier incapacidad con que quedara afecto como consecuencia del accidente.
“Consideramos que esta resolución nuestra cubre principios de derecho y de equidad que por un motivo u otro han sido omitidos en la sustanciación de este caso y con cuyo remedio consideramos no se perjudica ninguna de las partes y que por el contrario se acelera el procedimiento ante la Comisión Industrial para que las partes puedan ofrecer la prueba de que dispongan y se pueda llegar a una conclusión definitiva en el caso cuanto antes posible. ’ ’

PoR cuaNto, la Comisión — después de confirmada su resolución de julio 10, 1933, por la resolución de la Corte de Distrito de Hu-maeao dictada en 30 de abril de 1934 — carecía de jurisdicción o fa-cultades para dejar sin efecto su dicha resolución de julio 10, 1933, y abrir de nuevo el caso — no siendo uno de los “recursos a que tenga derecho en el procedimiento” la moción de la compañía aseguradora para dejar sin efecto la dicha resolución y abrir de nuevo el caso, presentada después de confirmada la misma, en vez de haberlo hecho antes de acudir a la Corte de Distrito de Humaeao en recurso de revisión.

POR tanto, se deja sin efecto la resolución recurrida dictada por la Comisión Industrial en enero 9, 1940, y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos no inconsistentes con la presente resolución.

El Juez Asociado Sr. De Jesús no intervino.


text:
    Núm. 187.
    Gómez Vda. de Gely, et al., recurrentes, v. Comisión Industrial, et al., dmdados.
    Julio 18, 1940.
   (Por la Corte, a propuesta del

Juez Asociado Sr. Hutchison.)

Por cuanto, la Comisión Industrial desestimó una apelación interpuesta por los pretensos beneficiarios del occiso, Ramón Gely, de una resolución dictada por el Administrador del Fondo del Estado y confirmó dicha resolución;

POR Cuanto, la Comisión basó su propia resolución en las siguien-tes conclusiones de becbos:

“La Sumí, de P. Alvarez, es dueña en el pueblo de Arroyo, de una panadería denominada ‘La Moderna’ y el pan que fabrica es distribuido por 4 6 5 hombres de los que uno era Ramón Gely, el obrero de este caso.
“El día 11 de agosto de 1936 mientras Gely vendía por la carretera de Arroyo a Patillas el pan obtenido de dicha panadería, fué arrollado por un ‘truoh’ falleciendo el mismo día del accidente, por consecuencia de las lesiones recibidas. El Administrador del Pondo del Estado dictó resolución en el caso con focha abril 11 de 1939, negando su compensabilidad por el fundamento ‘De que para la fecha del accidento no había relación de patrono y obrero entre Ramón Gely y la Sucn. de P. Alvarez.’
“La viuda de Cely, Sra. Ramona Quiñones y una hija natural reconocida de nombre Juana Gely, alegando ser las beneficiarías del obrero oeeiso, apelaron de esta resolución, celebrándose la vista correspondiente a este reeurso ante la Comisión Industrial el día 15 del ppdo, agosto, compareciendo el Pondo del Estado representado por el Lie. Atiles Morón y los beneficiarios por el Lie. Miguel A. Casiano.
“La prueba practicada en ese acto lleva a la conclusión de que el pan que distribuían en el pueblo de Arroyo y sus contornos las 4 ó 5 personas por medio de los que la panadería ‘La Moderna’ vendía el pan que fabricaba, era adqui-rido por estas personas a un precio de 2 centavos menos que al que ellos lo re-vendían, pagando el importe del adquirido- a la panadería semanalmente, durante los días domingo y lunes en que ellos cobraban de su clientela el importo del pan repartido entre ésta. Que la clientela pertenecía a cada uno de los vende-dores, sin que la panadería tuviera conocimiento de. las personas que la consti-tuían. Que cuando la cuenta de alguno de estos clientes se perdía por no pa-garla, la persona que se lo había vendido era la responsable de pagarla a la panadería, sin que ésta asumiera pérdida de clase alguna por tal concepto. Que estos vendedores podían vender el pan al preeio que les viniera en ganas, dándose la ocasión de que cuando la competencia era grande con otras panaderías, fuera vendido por ellos a menor precio del en que fué adquirido. . Que en la tarde de cada día cada uno de estos vendedores encargaba a la panadería la cantidad de pan que iba a tomar al día siguiente para su fabricación durante la noche, y que si algún pan sobraba no era obligación de la panadería el aceptarlo, pero por ser estos vendedores hombres honrados y antiguos clientes de la casa, para mantenerlos contentos, si se trataba de poca cantidad de pan sobrado, 5 6 6 libras, la panadería lo cambiaba por igual cantidad de pan fresco para el día siguiente, quedándose la panadería con el pan devuelto, que era vendido como pan viejo a 6 centavos a los obreros del campo. Que los referidos vendedores de pan, además de esta ocupación, podían dedicarse a otros menesteres de su incumbencia, como vender dulces, piraguas, etc. Que estos vendedores repartían el pan así adqui-rido-por los lugares donde tenían sus clientes sin que la panadería tuviera que ver nada en ello.’’

POR Cuanto, los únicos errores señalados por los recurrentes son los siguientes-

“1. La Iíon. Oomisión Industrial cometió grave error al resolver como re-solvió que las relaciones existentes entre el revendón de pan Ramón Gcly .y la Sucn. de Pedro Álvarez, dueña de la panadería, no eran las de patrono y obrero.
“2. Que la Comisión Industrial debió tomar y no tomó en consideración ciertas y determinadas circunstancias para resolver si existían o no relaciones de patrono y obrero en el easo del revendón de pan.”

Por CUANTO, las circunstancias que según los recurrentes debió tomar y no tomó en consideración la Comisión, son las siguientes:

"A. El patrono utilizó como distribuidores del pan que fabricaba a varios revendones, entre ellos a Ramón Gely, y limitaba su número a cinco o seis.
”B. El sobrante del pan era devuelto por los revendones al patrono al fi-nalizar la labor del día.
"O. El patrono era quien fijaba el precio de la reventa a los revendones.
“D. El jornal o salario de estos revendones se fijaba en una comisión de dos centavos por cada libra de pan que se vendía.
“E. El patrono facilitaba a los revendones el equipo, consistente en carros para la venta del pan.
”E. Los revendones podían fiar el pan y el patrono esperaba que los reven-dones cobraran a los clientes para liquidar sus cuentas, respondiéndole los re-vendones al patrono de aquellos clientes que no pagaran.
Í(G. Los clientes no eran de los revendones sino de la panadería.
"H. El patrono podía suspender de empleo y en ocasiones suspendió o des-tituyó a algunos de los revendones.
“I. El patrono estableció condiciones que debían sor cumplidas por los re-vendones en la venta del pan en cuanto al lugar de sus operaciones, salarios y uso del equipo.”

Por Cuanto, en una moción sobre reconsideración ante la Comi-sión, las recurrentes en su alegato en apoyo de dicha moción, some-tieron a la Comisión sustancialmente las mismas cuestiones y el mismo análisis de la prueba como las contenidas en su alegato ante este Tribunal, y la Comisión declaró sin lugar dicha moción.

Por Cuanto, esta corte carece de jurisdicción o poder para revisar cuestiones de hecho una vez resueltas por la Comisión siempre que exista alguna prueba para sostener la conclusión a que la Comisión haya llegado.

Por cuanto, si bien el caso está en la línea (véase Easton v. Industrial Accident Commission, 167 P. 288) y futuros casos más o menos parecidos al presente serán resueltos de acuerdo con los hechos establecidos si no son idénticos a los hechos establecidos en el pre-sente easo no encontramos motivos suficientes para revocar la reso-lución recurrida.

Por tanto, por la presente se confirma la resolución dictada por la Comisión Industrial en octubre 23, 1939.

El Juez Asociado Si'. De Jesús no intervino.