author: El Juez Asociado Sr. Aldrey,

text:
    Rivera v. Rivera et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 768.
    Resuelto en mayo 7, 1912.
    Cosa Juzgada — Identidad de Personas, Cosas y Acciones.- — En el caso de autos se resolvió en apelación que existe entre este pleito y otro anterior, identidad de personas, cosas y acciones y por tanto que el aetual pleito fué resuelto ya por sentencia definitiva y firme, en 1909, por lo que es de aplicación la excep-ción alegada por los demandados de cosa juzgada, que entre las partes liti-gantes produce el efecto de tener por verdad lo que lia sido ya resuelto en una sentencia anterior pronunciada en pleito entre ellas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Robustiano Biaggi.

    Abogado del apelado: Sr. José de Diego.

   El Juez Asociado Sr. Aldrey,

emitió la opinión del tribunal.

Por resolución de 31 de mayo de 1906 la Corte de Distrito de Mayagüez declaró herederos abintestato de Silverio Ri1 vera Acevedo a sus hermanos legítimos nombrados Calixto, Dominga y Domitila Rivera y Acevedo y además, que no había lugar a declarar a Fausto y a Hortensio Rivera here-deros abintestato del finado', porque no habían demostrado su condición de hijos naturales reconocidos de Silverio Rivera Acevedo.

En 1907 los expresados Fausto y Hortensio Rivera Arza presentaron en la misma corte una demanda contra Calixto, Dominga y Domitila Rivera Acevedo, sobre declaración de herederos y milidad de auto de declaración de herederos, en la que sustancialmente alegaron los siguientes hechos:

“Io. Que Silverio Rivera Acevedo y Antonia Arza vivieron en concubinato no interrumpido desde el año 1870 hasta la muerte de Sil-verio. ....
“2.°. Que en 1871 nació Fausto Rivera .Arza como fruto de esa unión siendo por ellos reconocido en el acta de su nacimiento.
"3o. Que en 1874 y en las mismas condiciones nació Hortensio Rivera Arza.
“4o. Que Antonia Arza y Silverio Rivera fueron siempre solteros y podían casarse sin impedimento.
“5o. Que los demandantes son sus hijos naturales reconocidos.
“6o. Que Silverio Rivera y Acevedo no sólo los reconoció como hijos naturales en su partida de nacimiento, sino también en una escri-tura pública de hipoteca, en la que dicho Silverio Rivera compareció en nombre de sus hijos naturales reconocidos Fausto y Iíortensio.
“7o. Que sus padres vivieron siempre juntos y los demandantes fueron tenidos siempre públicamente como hijos de ambos.
“8o. Que los demandados son hermanos legítimos de Silverio Rivera.
‘ ‘ 9o. Que dicho Silverio Rivera falleció en 1896 sin testamento.
‘ ‘ 10°. Que -Calixto- Rivera Acevedo interesó, de la corte que declarase herederos de Silverio a sus hermanos, que son los demandados y a sus hijos naturales reconocidos, los demandantes; pero no habiendo pre-sentado la prueba para justificar este extremo, la corte sólo declaró herederos a los hermanos del difunto.
“11°. Que Calixto Rivera fué comisionado por los demandantes y demandados para solicitar la declaratoria de herederos.
“12°. Que a dicho Calixto Rivera se le entregó una nota de los documentos en los cuales fueron reconocidos los demandantes como hijos naturales. ’ ’

Que en vista de esos hechos sostienen los demandantes:

“Io. Que son hijos naturales reconocidos de Silverio Rivera Ace» vedo.
• ‘ 2o. Que son sus únicos herederos; y
“3o. Que la declaratoria de herederos a favor de sus tíos es nula por tener .ellos preferente derecho.”

Después de -esto concluyeron con la’ siguiente:

‘ ‘ SÚPLICA.
■ ‘1 Io. Que se declare a los demandantes únicos herederos de Silverio Rivera Acevedo; y . .
“2o. La nulidad de la declaratoria de herederos decretada en 31 de mayo de 1906 a favor de los demandados.”

Formulada contestación y reconvención contra esa de-manda y habiendo intervenido en ese juicio Gregorio Rivera, alegando tener derechos como hijo natural reconocido de Sil-verio Rivera, se dictó definitivamente la siguiente sentencia en 23 de febrero de 1909:

“Io. Se abstiene la corte' de hacer pronunciamiento alguno en cuanto al estado civil de los demandantes Fausto y.Hortensio Rivera y del interventor Gregorio Rivera, ni en cuanto a su alegado parentesco con el finado Silverio Rivera, por no haberse presentado prueba sobre el particular y por tenerles la corte desistidos de este extremo de sus respectivas demandas.
“2o. Declara que en cuanto a los derechos que puedan t.ener las partes en esta causa a los bienes del finado Silverio Rivera es de apli-earse el convenio y transacción verificado por escritura de 27 de junio de 1906 ante el Notario Don Mariano Riera Palmer, escritura No. 304.”
‘ ‘ 3o. Impone las costas a los demandantes. ’ ’

Por la escritura No. 304 de 27 de junio de 1906 a que se .hace referencia en este fallo, Fausto y Iiortensio Rivera, Gregorio Rivera y Calixto, Domitila y Dominga Rivera Acevedo, hicieron constar que a causa de haber declarado la Corte de Distrito de Mayagüez a Calixto, Dominga y Domi-dila, hermanos de Silverio Rivera Acevedo, como sus únicos herederos y haber desestimado la petición de los otros por .no haber demostrado su condición de hijos naturales■recono-•cidos, habían surgido diferencias entre ellos, las que transa-ban distribuyéndose y adjudicándose entre todos.los bienes -de Silverio Rivera y conviniendo además, que si aparecieren otros bienes que no hayan repartido por ese documento, se los distribuirían entre todos ellos por partes iguales.

Posteriormente a esta sentencia, contra la que no se inter-puso apelación por ninguna de las partes, presentaron los propios Fausto y Hortensio Rivera Arza en 17 de octubre de 1910 y ante la propia corte de distrito, otra demanda contra Calixto y Domitila Rivera Acevedo y contra las Sucesores de Dominga Rivera, la que tiene por título “Nulidad de decla-ratoria de herederos. T sobre declaratoria de herederos de Silverio Rivera a favor de sus hijos ilegítimos.”

En esta demanda, establecida para que se declare nula la declaratoria de herederos abintestato de Silverio Rivera hecha en favor de los demandados como hermanos de aquél y para que se declare que los demandantes Fausto y Hortensio, como hijos ilegítimos de Silverio Rivera son sus únicos y universales herederos, fundamentalmente se alegaron los si-guientes hechos:

“Io. Que los demandantes Fausto y Hortensio fueron bautizados respectivamente en 1872 y 1874 como hijos naturales reconocidos de Silverio Rivera y de Antonia Arza.
“2o. Que los demandantes han estado siempre en posesión del estado de hijos naturales de Silverio Rivera quien los reconoció como tales en una escritura de hipoteca constituida a favor de los deman-dantes y en la cual su padre compareció representándolos por ser ellos menores de edad.
“3o. Que, muerto su padre Silverio Rivera, los demandantes fue-ron declarados herederos abintestato del difunto según resolución de 31 de mayo de 1906.
“4o. Que los demandantes se consideran los únicos y universales herederos de su padre Silverio Rivera y niegan que puedan tener participación alguna en la herencia los demandados.
“5o. Que Dominga Rivera ha fallecido, siendo sus sucesores su viudo e hijos que son demandados.”

Después de lo expuesto concluye la demanda con la si-guiente :

‘ ‘ SÚPLICA.
“Io. Que se declare nula la declaratoria de herederos de Silverio Rivera hecha a favor de los demandados en 31 de mayo de 1906; -y
“2o. Que como hijos ilegítimos de Silverio Rivera se declare a los. demandantes sus únicos herederos abintestato. ’ ’

x41 contestar esta demanda, alegaron los demandados la excepción de cosa juzgada, fundándose en que el presente pleito fué resuelto ya por- la sentencia anterior de 1909, y también como .reconvención cierto contrato de transacción.

También fué interventor ahora G-regorio Eivera, en el mismo concepto que antes lo fué, e hizo las mismas alegacio-nes que los demandados.

Yisto el caso ante la Corte, de Distrito de Mayagüez, ésta dictó sentencia en 24 de agosto de 1911 la que hace los si-guientes pronunciamientos:

“Io. Declara sin lugar en todas sus partes la demanda de Calixto (suponemos debe ser Fausto) y Hortensio Rivera.
‘ ‘ 2o. Se declara sin lugar • la demanda del interventor Gregorio Rivera en cuanto solicita se le declare heredero abintestato de Silverio Rivera.
‘13o. Se declara con lugar la reconvención en el sentido de declarar como se declara por última vez y para siempre, que en cuanto a los derechos que puedan tener las'partes en este pleito a los bienes hereditarios del difunto Silverio Rivera, debe aplicarse el convenio y transacción verificados por escritura No. 304 de 27 de junio de 1906 ante el Notario de Mayagüez, Don Mariano Riera Palmer; y
“4o. Impone las costas a Fausto y Hortensio Rivera.

Esta sentencia ha sido apelada por los demandantes Fausto y Hortensio Rivera, motivando el presente recurso.

Si comparamos las demandas presentadas en 1907 y en 1910, podemos llegar a la conclusión de que hay identidad de personas, de cosas y de acción.

Identidad de personas. . El pleito de 1907 y el actual de 1910 se ha seguido entre los propios demandantes contra l'os mismos demandados, pues si bien en el presente pleito en lugar de Dominga Rivera, por haber fallecido, han sido de-mandados como sus sucesores su viudo e hijos, esto no obsta para que haya identidad de personas de conformidad con el párrafo último del artículo 1219 del Código Civil que dice así:

“Se entiende que hay identidad de personas siempre que los liti-gantes del siguiente pleito sean causahabientes de los. que entendieron en el pleito anterior o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad, o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas. ’ ’

Identidad de cosas. En los dos pleitos se trata de ob-tener las mismas cosas o sea, qne se declare nula la declara-toria de herederos de Silverio Rivera hecha en 1906 a favor de sns hermanos los demandados; y 2°., que se declare qne los demandantes como hijos ilegítimos de dicho Silverio son sns únicos herederos abintestato.

Identidad de cansas o acciones. Los demandantes han tenido para las peticiones antes consignadas las mismas causas de acción en ambos pleitos. En el pleito de 1907 se pidió qne se anulara la declaratoria de herederos de 1906 y que declarase a los demandantes únicos herederos de Silverio Rivera, fundándose en que los demandantes eran hijos natu-rales reconocidos por dicho Silverio Rivera en el acta del bautismo y en una escritura pública, a más de haber tenido constantemente el estado de hijos naturales suyos, de cuyos hechos-derivaban el derecho de ser ellos sus únicos herederos y por tanto qne no lo fueran los hermanos de él, los deman-dados, por lo que debía anularse la declaratoria hecha a favor de éstos.

La demanda de 1910 pide las dos mismas cosas que la demanda de 1907 y para ello se basa en los mismos funda-mentos o causas de acción que la anterior demanda a saber: que los demandantes fueron bautizados como hijos naturales de Silverio Rivera; que tenían la posesión de hijos naturales, habiendo sido además reconocidos por Silverio como tales hijos en una escritura pública. De estos hechos derivaron, que habiendo muerto su padre sin testamento, los demandan-tes eran sus únicos herederos y por tanto que se debía anular la declaración que en 1906 se hizo en tal concepto a favor de los demandado's.

No tenemos duda de qne hay identidad ;de personas, cosas y acción y por tanto, que el actual pleito fné resulto ya por sentencia definitiva y firme en 1909, por lo que es de aplicación la excepción alegada por los demandados de cosa juzgada, que entre las partes litigantes produce el efecto de tener por ver-dad lo que lia sido ya resuelto en una sentencia anterior pro-nunciada en pleito entre ellos.

Es cierto que la sentencia de 1909 resolviendo la demanda de 1907, en su primer pronunciamiento se abstuvo de bacer declaración en cuanto al estado civil de los demandantes y de Gregorio Rivera y en cuanto a su parentesco con Silverio Rivera, pero entendemos que el presente pleito no versa sobre filiación, sino que partiendo del hecho afirmado en la damancla de que la filiación ya existe, de que los demandantes han sido reconocidos por su padre en el acta del bautismo y en un documento público como hijos naturales, pretenden sacar como consecuencia de esos hechos, la declaración de ser únicos herederos, y la de que se anule la anterior declaratoria de herederos hecha a favor de los demandados.

La sentencia de la corte inferior no resuelve sobre la ex-cepción de cosa juzgada alegada por los demandados y el interventor, sino que por su tercer pronunciamiento declara con lugar la reconvención que alega transacción de los de-rechos hereditarios de los litigantes en los bienes de Silverio Rivera, contenida en la escritura pública antes mencionada, y la manda respetar.

Habiéndose alegado la excepción de cosa juzgada hemos debido considerarla previamente a cualquier otra cuestión de las planteadas en este pleito, y como la sostenemos, es inútil considerar las otras cuestiones ya que la sentencia anterior, acertada o errónea, impide la discusión y resolución ahora de lo que se discutió y resolvió anteriormente.

Por estas razones la sentencia de la- corte inferior debe

ser confirmada, mas no por el fundamento de la transacción, sino por el de que las cuestiones propuestas en el pleito fueron juzgadas por sentencia anterior.

(J on firmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Audrey,

license: Public Domain

text:
    The American Trading Co. v. Sepúlveda, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se espida mandamiento de certiorari.

    No. 92.
    Resuelto en mayo 7, 1912.
    Ordenes Inapelables — Nombramiento de Síndico. — Es inapelable una orden de una corte de distrito denegado el nombramiento de un síndico.
    Nombramiento de Síndico — Petición Jurada — Palta de Oposición Jurada.— El mero liecho de que no se haga oposición jurada a una solicitud también jurada para que se nombre un síndico, no es razón para que éste deba neee-sariamente ser nombrado, si la solicitud en sí misma es insuficiente para lo que se pide. '
    Id. — Posesión de la Pinca por el Demandante — Perjuicios.—En el caso de autos se resolvió que la solicitud sobre nombramiento de síndico fundada en que los demandados cuidarían mal las fincas y malbaratarían sus productos, era insuficiente, pues de la misma se desprende que en la fecha en que fué hecha los demandados no tenían posesión de las fincas sino que se hallaban en poder del demandante, existiendo solamente el temor de que los demandados tomaran posesión de ellas.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del promovente: Sr. Felipe Gasalduc.

   El Juez Asociado Sr. Audrey,

emitió la opinión del tribunal.

En la solicitud se expone que habiendo adquirido la peti-cionaria por remate seis fincas en pago de un pagaré hipote-cario, después Inocencia Quevedo como dueña de otro pagaré, siguió procedimiento ejecutivo hipotecario contra esas fincas, las que en remate fueron vendidas, una de ellas a la Señora Quevedo, y las cinco restantes a su hijo político Jaime Fer-nández : que en vista de esto la peticionaria American Trading Co. presentó demanda contra Inocencia Quevedo a fin de que se declarase la nulidad del procedimiento que contra ella siguió dicha señora y que produjo la venta y adjudica-ción de las fincas, así como que se ordene la cancelación de la inscripción de la hipoteca que garantiza el pagaré en que ba-só su acción la Sra. Quevedo, en cuanto a las expresadas fincas de la American Trading Co.; que por virtud de tal demanda presentó en 2 de abril último, moción jurada a la corte para que nombrase un síndico para esas fincas, en tanto se resolvía la contienda promovida respecto de ellas, fundándose en lo expuesto en la demanda y además: (a) en que habían sido re-matadas las fincas; (&) en la información y creencia que te-nía la peticionaria de que sería despojada de la posesión de las fincas, las qne sufrirían perjuicios por defectuoso cultivo y porque sus frutos serían malversados; y (c) que tales actos causarían irreparables perjuicios a la peticionaria. Por úl-timo alega que la corte, después de una comparecencia a la que concurrieron la peticionaria, Jaime Fernández e Inocen-cia Quevedo por sus abogados, sin que éstos presentaran opo-sición jurada ni prueba alguna, concretándose únicamente a argumentar, decidió en 30 de abril declarando sin lugar la moción.

Contra esta orden se recurre alegando que no es apelable, que infringe' las secciones 369 y 370 de los Estatutos Revisa-dos (Efectividad de sentencias), y también el artículo 182 apartado Io. y 5°., del Código de Enjuiciamiento Civil y que se trata de corregir errores de procedimiento. -

El Código de Enjuiciamiento Civil no concede apelación contra la orden recurrida. (Véase el art. 295, No. 3, y las sen-tencias.)

Salvá et al. v. Sucesión Borrás, 8 D. P. R., 203.

Moreno v. Martínes, 10 D. P. R., 525.

Fernández et al. v. Foix et al., 16 D. P. R., 262.

Balasquide v. Rossy, resuelto en febrero 9, 1912.

Los errores de procedimiento que se alegan no demues-tran que la corte baya faltado a los trámites de la ley, sino que expresan que el juez bizo mal uso de su discreción al ne-garse a nombrar un síndico.

El mero becbo de que no se baga oposición jurada a una solicitud también jurada para que se nombre un síndico, no es razón para que éste deba necesariamente ser nombrado, si la solicitud en sí misma es insuficiente para lo' que se pide.

En el presente caso el fundamento de ella es que los de-mandados cuidarán mal las fincas y malbaratarán sus pro-ductos; mas, sin embargo, falta el fundamento principal de que esto pueda suceder, pues a la fecha de esa solicitud los de-mandados no tenían las fincas en su poder, sino que se hallan en el del demandante y sólo existe el temor de que los deman-dados tomen posesión de ellas y lleguen a disfrutarlas en la manera que presume.

Lo expuesto demuestra claramente que no hubo error de procedimiento ni falta de jurisdicción en la orden de la corte, y debe desestimarse la solicitud para que se expida el auto solicitado.

Desestimada la solicitud.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, Wolf y del Toro.


author: El Juez PeesideNte Sr. HerNÁNDez,

text:
    El Pueblo v. Román.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    Sobre reconsideración de sentencia.
    No. 357.
    Resuelto en mayo 7, 1912.
    Derecho Penal — Reconsideración de Sentencia — Estatutos Eederales — Lista de los Testigos de Cargo. — Los preceptos del artículo 1033 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos son de aplicación a las cortes de circuito y .de distrito de los Estados Unidos, y no son aplicables a las cortes insulares de Puerto Rico.
    Id. — Lista de Testigos de Cargo — Renuncia.—Aun en el supuesto de que el ar-tículo 1033 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos fuera aplicable a Puerto Rico, para que un acusado pueda acogerse a sus prescripciones debe hacer en tiempo la solicitud para obtener la lista de los testigos de cargo, pues de otro modo se considerará que ha renunciado a ese derecho.
    Id. — Comparecencia Eorzosa de los Testigos de un Acusado — Testigos Euera del Territorio. — El procedimiento del artículo 1034 de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos para obligar a comparecer a los testigos de un acusado, ■se refiere a los testigos que se encuentren dentro de la jurisdicción de la corte y no a los que están fuera del territorio.
    Id. — Instrucciones al Jurado — Ley Aplicable al Caso. — El modo de plantear las cuestiones relativas a la aplicación de la ley a los hechos, es1 por medio de las instrucciones de la corte al jurado.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del promovente: Sr. Herminio Días Navarro.

      Abogado del Pueblo: Sr. Charles F. Foote, Fiscal.

   El Juez PeesideNte Sr. HerNÁNDez,

emitió la opinión del tribunal.

En este caso el apelante presenta una moción sobre recon-sideración cuyo fundamento principal estriba en haber sido juzgado sin debido procedimiento de ley. La razón específica de esa alegación es la de no haberse cumplido con las pres-cripciones de los artículos 1033 y 1034 de los Estatutos Revi-sados de los Estados Unidos. Tal argumento aparece sufi-cientemente contestado en el caso de Thiede v. Utah Territory, 159 U. S., 514, 515. Entonces la Corte Suprema de los Estados Unidos, por medio del Juez Asociado Sr. Brewer, se expresó como sigue:

‘ ‘ De acuerdo con el artículo 1033 de los Estatutos Revisados, en un caso de pena capital, el acusado tiene derecho a que por lo menos dos días antes del juicio se le entregue una copia de la acusación y una lista de los testigos que han de ser llamados al juicio. (Logan v. U. S., 144 U. S., 263, 304.) Pero este artículo es de aplicación a las cortes de circuito y de distrito de los Estados Unidos, y no regula la práctica y el procedimiento de las cortes de Utah, las que se gobiernan por los Estatutos de aquel Territorio. Esta cuestión fue ampliamente con-siderada en el caso de Hornbuckle v. Toombs, 18 Wall., 648, y se sos-tuvo, anulando anteriores decisiones, que el Congreso tuvo la inten-ción de que quedaran sometidas a la acción legislativa de las Asambleas Territoriales y a las reglas que pudieran ser adoptadas por las mismas cortes, las alegaciones y procedimientos de las Cortes de Territorio así como sus respectivas jurisdicciones.”

En el caso de Hornbuckle v. Toombs a que se ha hecho referencia, se interpuso la apelación contra una sentencia de la Corte Suprema del Territorio de Montana, y la sección 13 de la Ley Orgánica de aquel Territorio, que es equivalente a la nuestra, disponía que la Constitución y todas las leyes de los Estados Unidos que no son localmente inaplicables, ten-drán la misma fuerza y efecto dentro del Territorio de Montana que en cualquiera otra parte de los Estados Unidos.

Aun suponiendo que el artículo 1033 fuera aplicable, para que un acusado pueda acogerse a sus prescripciones debe ha-cer en tiempo sn solicitud para obtener la lista de los testigos. De otro modo se considerará que ha renunciado a ese dere-cho. (Hickory v. U. S., 155 U. S., 307-308.)

. Con respecto al artículo 1034, no vemos que el acusado dejara de tener el derecho de que por la corte se obligara a comparecer a sus testigos. Ese procedimiento sólo afecta a los testigos que se encuentren dentro de la jurisdicción de la corte. Los términos de dicho artículo no son aplicables a los testigos que estén fuera del Territorio. Además, en el presente caso no se hizo solicitud alguna para la comparecen-cia obligatoria. La solicitud que se presentó fué para que se suspendiera el juicio.

Otra razón en apoyo de la petición de reconsideración, es que la corte sentenciadora se negó a suspender el juicio. He-mos considerado ampliamente esta cuestión en la primera dis-cusión del caso y ningún razonamiento nuevo ha sido expuesto por la ilustrada defensa del acusado. En realidad, considera-mos conjuntamente las distintas mociones que hizo el acusado como si las hubiera presentado todas a la vez y en debida forma.

Otro motivo para solicitar la reconsideración de la senten-cia es, que este tribunal no consideró la aplicación que tenía el artículo 201 del Código Penal, para demostrar que el acu-sado había sido culpable del delito de asesinato con arregló a dicho artículo.

Al empezar la vista de este caso,-el abogado hizo presente que no se formuló objeción alguna a las instrucciones de la corte.

Hemos examinado dichas instrucciones cuidadosamente y encontramos en las mismas una exposición suficiente de la ley de asesinato, aplicable al caso que se desarrolló en el jui-cio. Una cuestión como ésta debe promoverse por medio de objeciones a las instrucciones.

Alega además el abogado del apelante que la preponde-rancia de la prueba estaba en favor del acusado. Tal cues-tión era de la incumbencia del jurado, y no encontramos prue-ba alguna de que baya habido error manifiesto, pasión, parcia-lidad o prejuicio en el veredicto. Hubo prueba que favorecía al acusado, pero también la había de gran fuerza en contra del mismo, especialmente la declaración del testigo Pedro-Olivera.

El conflicto lo resolvió el jurado, y de conformidad con las regias tan frecuentemente invocadas por este tribunal, no ha-bía base para la revocación de la sentencia.

Por las razones expresadas, debe desestimarse la moción.

Sin lugar la moción.

Jueces concurrentes: Sres. Asociados MacLeary, Wolf, del Toro y Aldrey.


author: Eib Juez PkesideNte Se. HeeNÁNdez, DE LOS JUECES ASOCIADOS SRES. WOLE Y DEL TORO.

text:
    El Pueblo v. Coll.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uáyama.
    No. 407.
    Resuelto en mayo 9, 1912.
    Derecho Penal — Apelación—Pliego de Excepciones — Exposición del Caso— Aprobación. — De acuerdo con el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal, el juez que preside el juicio, o la Corte Suprema, únicamente tienen jurisdicción para aprobar el pliego de excepciones o la exposición del caso, para los efectos de una apelación. Un juez en propiedad que sustituye al juez que presidió el juicio, carece de jurisdicción para aprobar dichos docu-mentos. Una exposición del caso o pliego de excepciones firmadas y apro-badas por el juez de distrito que no es el que presidió el juicio carecen de autenticidad y no surten efecto legal alguno en apelación.
    Id. — Apelación—Exposición del Caso. — Pliego de Excepciones — Reglamento del Tribunal Supremo. — El artículo 65 del Beglamento del Tribunal Supremo fué dictado para casos civiles y en materia criminal rige el artículo 298 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Id. — Apelación—Pliego de Excepciones no Autenticados — Beousaciones de .Jurado — Exclusión de la Declaración de un Testigo. — Careciendo la ex-posición del caso y pliego de excepciones presentados a los efectos de la apelación interpuesta, de la debida autenticidad por no estar firmados y apro-bados dichos documentos por el juez que presidió el juicio, sino por el que le sucedió en el cargo, no puede este tribunal considerar los motivos del recurso fundados en la denegatoria de recusaciones de jurados y en la denegatoria de exclusión del récord de la declaración de un testigo.
    Id. — Apelación—Exposición del Caso y Pliego de Excepciones — Impugna-ción del Eiscal. — El hecho de que el pliego de excepciones y la exposición del caso hayan sido presentados al Tribunal Supremo, aprobados por un juez que no presidió el juicio, sin impugnación alguna por parte del Eiscal y del acusado, no obliga a esta corte a aceptarlos como legales ni a darles un valor de que carecen.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del apelante: Sres. F. Gervoni Gely y Hermi-nio Dias, Navarro.

    Abogado del apelado: Sr. Charles E. Foote, Fiscal.

   Eib Juez PkesideNte Se. HeeNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito de Guayama el Fiscal de dicha corte presentó en 3 de febrero del año 1911, acusación jurada contra Andrés Coll y Drós por delito de asesinato, consistente en que “el citado Andrés Coll y Drós el día 2 de febrero de 1911 y en la ciudad de Guayama del distrito judicial del mismo nombre, ilegal y voluntariamente, con malicia premeditada y propósito firme y deliberado y demostrando tener un corazón pervertido y maligno, dió muerte a Antonio Castillo Alvarez, haciéndole tres disparos de revólver e infiriéndole tres heri-das de carácter grave que le produjeron la muerte, habién-dole acechado largo rato y atacádole alevosamente por la es-palda. ’ ’

El juicio del caso tuvo lugar ante la corte y un jurado en los días 28 y 29 de abril del año citado, y después de oídas las pruebas propuestas, las alegaciones de las partes y las ins-trucciones de la corte al jurado, éste pronunció su veredicto declarando al acusado culpable del delito de asesinato en se-gundo grado.

Antes de que la corte pronunciara sentencia le fué presen-tada por la representación del acusado petición de nuevo jui-cio, alegando que había cometido los siguientes errores diT-rante la sustanciación del juicio:

A. Al denegar la recusación motivada del jurado Don Angel Pacheco, quien declaró repetidas veces saber que el acu-sado había cometido el hecho que se le imputaba y que tenía formada opinión acerca de la culpabilidad o inocencia del mis-mo.

B. Al hacer las siguientes manifestaciones, cuando negó a la defensa la recusación motivada del -Sr. Pacheco: “Todos entendemos que el acusado fué el que cometió el hecho, pero la cuestión para, los doce señores del jurado es, de qué manera cometió el hecho, si fué con malicia, las circunstancias y todo.”

O. Al no admitir la recusación del jurado Don Federico Amadeo, a pesar de haber declarado este jurado más de una vez, que en caso de duda no daría el beneficio de ella al acu-sado, y a pesar de haber declarado también que tenía opinión formada acerca de la culpabilidad del acusado.

D. Al no admitir la recusación del jurado Jorge Grau, a pesar de la parcialidad manifiesta del mismo en contra del acusado.

E. Al no excluir del récord la declaración del testigo de cargo Manuel Ortiz, según había solicitado la defensa, por el fundamento de que tal declaración fué prestada sin habérsele tomado juramento al testigo, habiendo ordenado la corte que se le tomara juramento, bajo el cual expresó que lo que había declarado era la verdad, sin que se le examinara nuevamente, como debió hacerse para que en su caso pudiera ser respon-sable del delito de perjurio.

A la moción de nuevo juicio presentada por la defensa del acusado, recayó la siguiente resolución:

“La moción de nuevo juicio presentada por el abogado del acusado en este caso, se deniega por las siguientes razones: Io. Porque la corte no considera que ha cometido error al de-negar la recusación motivada del jurado Don Federico Ama-deo. 2o. Porque tampoco considera la corte que ha cometido error alguno al negar la recusación motivada del jurado Angel Pacheco. 3o. Porque no considera que incurrió en error al no admitir la recusación ■ del jurado Don Jorge Grau. 4o. Porque tampoco ha incurrido en error al permitir que el testigo de cargo Manuel Ortiz qué había declarado sin prestar juramento, volviera de nuevo a la sala de la corte y prestara el juramento bajo el cual expresó que lo que había declarado era la verdad, toda la verdad y nada mas que la verdad. Apa-rece del récord qne dicho testigo, por negligencia de alguien, no prestó juramento juntamente con los demás testigos que declararon en dicha causa, y que declaró sin estar bajo tal ju-ramento ; pero habiéndose llamado la atención de la corte so-bre este hecho, antes de que el caso fuera sometido al jurado, y considerando que la negligencia era subsanable, la corte permitió al testigo que volviera de nuevo a la sala y prestara el juramento de que se ha hecho referencia. Por lo tanto, y no existiendo en el concepto del juez que suscribe otras razo-nes para declarar con lugar la petición de nuevo juicio solici-tada por el abogado del acusado en este caso, queda, como queda dicho, declarada sin lughr dicha moción, debiendo com-parecer el acusado en el día de mañana, 16 del actual mes de mayo, para recibir sentencia sobre el fallo de convicción dado por el jurado. G-uayama, 15 de mayo de 1911. H. P. Leake, Juez del Distrito.”

Esa sentencia fué pronunciada en el día señalado al efecto, y por ella fué condenado el acusado a la pena de reclusión per-petua en el presidio, con trabajos fox-zados y las costas.

Con fecha 17 de mayo citado el abogado del acusado in-tei’puso recurso de apelación contra la sentencia y en 22 del .propio mes, contra la resolución declarando sin lugar la pe-tición de nuevo juicio.

• En' el propio día 17 de mayo presentó la representación del acusado .moción a la coi’te para que se le concediera una prórroga de veinte días a contar desde el día en que le fuera entregado el récord de la causa por el. taquígrafo, para pre-sentar la exposición del caso en el recurso de apelación enta-blado para ante esta Corte Suprema, contra la sentencia pro-nunciada y contra la orden denegatoria de nuevo juicio. Esa moción fué concedida otorgándose la prórroga solicitada por orden del mismo día, firmada por H. P. Leake, Juez interino del Distrito.

Ha venido en el récord un pliego de excepciones que no aparece por quien fuera redactado, pues no lo firma abogado alguno, y termina con las siguientes palabras: Aprobado. H. M. Hutchison, Judge. Dicho pliego no tiene fecha.

También ha venido en el récord otro escrito de exposición del caso firmado por Francisco Cervoni y Cay. Coll y Cuchí, abogados del acusado, cuyo pliego termina con la siguiente nota: Aprobado noviembre 17 de 1911. H. M. Hutchison, Juez del Distrito.

Como se ve, tanto el pliego de excepciones como el de ex-posición del caso han sido aprobados por el Juez de Distrito de Guayaron, H. M. Hutchison, el cual no intervino en el juicio. Su nombramiento para Juez de la Corte de Distrito de Guayama se hizo en Io. de julio de 1911 para tener efecto en' Io. de septiembre del mismo año, y en esta misma fecha tomó posesión del cargo.

Ahora bien, la representación del acusado apelante funda su recurso en haberse denegado al acusado recusaciones de jurados hechas con causa y en no haberse excluido del récord la declaración del testigo Manuel Ortiz, quien la había presta-do sin juramento, no habiendo sido examinado de nuevo bajo juramento, pues para subsanar la falta se estimó bastante que jurara que lo que había declarado era la verdad. En esos mis-mos fundamentos se basaba la moción de nuevo juicio, que fué denegada por la corte inferior.

Y nosotros preguntamos ¿podemos traer a examen legal tales fundamentos del recurso, tomando por base el pliego de excepciones y el de exposición del caso que obran en el récord, y que han sido aprobados por un juez que no intervino en el juicio ?

A la anterior pregunta contestamos desde luego negativa-mente.

El artículo 296 del Código de Enjuiciamiento Criminal es-tablece que cualquiera de las partes podrá oponer excepciones a la resolución de un tribunal "o juez recaída en cuestiones de derecho, entre otros motivos, por conceder o denegar una mo-ción para que se proceda a un nuevo juicio, y el- articuló' 297 establece otros dos motivos de excepciones distintos de los cuatro que enumera el 296.

Para que las excepciones a que aluden ambos artículos pue-dan ser consideradas y resueltas en grado de apelación ban de consignarse en un pliego de excepciones, que debe ser apro-bado y firmado por el juez que conozca de la causa, según prescribe el artículo 298. Ese artículo concluye así: Si el juez que presidiere el juicio cesare en el ejercicio de su cargo antes de presentarse o resolverse la declaración de excepciones, esto no será óbice para que resuelva dichas excepciones, y si dejare de hacerlo, podrá la parte irse en alzada a la Corte Suprema para que la resuelva, según lo prescrito en este artículo.

El párrafo que dejamos transcrito no es la fiel expresión del texto inglés, que dice así: “If the judge who presided at the trial ceases to hold office before the bill is tendered or settled, he may nevertheless settle such bill, or the party may, as provided in this section, apply to the Supreme Court to prove the same.” Y su traducción literal es la siguiente: “Si el juez que presidió el juicio cesa en su cargo antes de que el pliego de excepciones sea presentado o aprobado, puede, sin embargo, aprobar tal pliego, o la parte puede, según se dispo-ne en esta sección, pedir a la Corte Suprema que lo apruebe.”

Ante precepto tan terminante de la ley, el juez de Gua-yama, H. M. Hutchison, que aprobó el pliego de excepciones carecía de jurisdicción para hacerlo, pues esa jurisdicción, solamente la concede la ley al juez que preside el juicio o a esta Corte Suprema, pero nunca al que sustituya a aquél.

Lo que dejamos dicho acerca del pliego de excepciones es aplicable al escrito de exposición del caso.

Entendemos que para justificar el proceder del Juez Hut-chison de Guayama, no puede invocarse la sección 65 de nues-tro reglamento que fué dictada para casos civiles y en ejercicio de la facultad que el artículo 219 del Código de Enjuiciamiento Civil reconoce a la Corte Suprema. En materia criminal debe regir el estatuto, que nosotros no podemos derogar ni modi-ficar.

Y no se arguya que la orden denegatoria de nuevo juicio, forma parte del récord, y los lieclios en ella consignados por el juez que presidió el juicio pueden servirnos de guía para dis-cutir las' excepciones alegadas, pues la ley previene terminan-temente el modo y forma en que han de venir esas excepciones a nuestro conocimiento y las partes no son árbitras de alterar las regias de procedimiento, que son de carácter público.

Ciertamente que los pliegos de excepciones y de exposición de hechos, aprobados por un juez que no presidió el juicio, han venido a nosotros sin impugnación alguna por parte del Fiscal y del acusado; pero esa falta de impugnación no puede obli-garnos a que los aceptemos como legales, ni darles un valor de que carecen.

Los pliegos de excepciones y de exposición del caso deben aprobarse y firmarse por el juez. En el presente caso ha me-diado aprobación judicial firmada, pero por un juez que care-cía de jurisdicción para impartirla, y por tanto, es lo mismo que si tal formalidad no se hubiera llenado.

El pliego de excepciones y el escrito de exposición del caso que figuran en el récord no son documentos fehacientes, y por tanto no pueden servirnos de base para discutir los fundamen-tos del recurso.

Hemos examinado la acusación en relación con la senten-cia, pues tampoco podemos examinar las instrucciones al ju-rado por no estar autenticadas con la firma del juez, y encon-tramos que la acusación es buena, por contener todos los ele-mentos integrantes del delito de asesinato en segundo grado, •ele que el jurado juzgó culpable al acusado, y que la pena im-puesta se ajusta estrictamente a la ley.

Bebe desestimarse el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Juez concurrente: Sr. Aldrey; los Jueces Asociados, Sres. Wolf y del Toro, emitieron una opinión concurrente por sepa-rado.

Juez disidente: Sr. MacLeary.

OPINIÓN CONCURRENTE

DE LOS JUECES ASOCIADOS SRES. WOLE Y DEL TORO.

El Señor Juez del Toro y el que suscribe al par que con-currimos enteramente con la opinión de la corte, deseamos también expresar otras razones que tenemos para confirmar la sentencia. El alegado pliego de excepciones marcado “Approved” por el actual Juez de Guayama, contiene una recusación motivada, y la consiguiente excepción que se for-muló, contra el jurado Amadeo, porque cuando fue pregun-tado acerca de que si surgiera una duda razonable sobre si el acusado era el que había hecho el disparo fatal, daría al acusado el beneficio de la duda razonable, respondió que no lo daría. El pliego, que es enteramente confuso, muestra entonces (aparentemente todo con referencia al mismo ju-rado), que el jurado insistió en esta actitud aun preguntado por el juez; pero el pliego también muestra que el juez hizo la observación de que el jurado había dicho que se encon-traba en condiciones de dar un veredicto justo e imparcial en la causa. La recusación fué general y no se expresaron las razones en que se fundaba, y la jurisprudencia ha esta-blecido que una recusación es insuficiente cuando no se espe-cifican sus fundamentos. (People v. Reynolds, 16 Cal., 131; Southern Pacific Co. v. Rauh, 49 Fed. Rep., 701, y casos cita-dos; Robinson v. Territory, 85 Pac., 451.) La falta de espe-cificación es similar a la falta de objeción específica a la ad-misión o no admisión de evidencia. El derecho de objeción se considera renunciado si no se ejercita. (Falero v. Faleror 15 D. P. R., 118, 122; 16 D. P. R., 79; El Pueblo v. Asencio, 16 D. P. R., 355, 359.)

Además, no es suficiente recursar a un jurado porque ha. formado una opinión fija sobre un hecho o circunstancia del caso. El jurado debe tener una opinión sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado o parcialidad o prejuicio en contra del mismo. En un caso muy antiguo en New York' la corte, por medio del Juez Beardsley, dijo: “Toda recusa-cióu motivada debe ser por alguna causa que implique abso-luta parcialidad en contra o en pro del acusado, de tal manera mostrada que no dé lugar al ejercicio de la discreción de la corte.’’ En el caso de Lowenburg v. People, 27 N. Y., 342, el Jurado Durant fué recusado motivadamente por el fun-damento de que babía formado o expresado una opinión con respecto a la culpabilidad o inocencia del acusado, pero todo lo más que se demostró en contra de su capacidad fué que babía formado una opinión de que el acusado babía matado a Hoffman, opinión que nunca babía expresado. La corte prosigue diciendo: “Esta no fué una opinión con respecto a la culpabilidad o inocencia del acusado. El acusado pudo baber matado a Hoffman y aun así ser inocente de cualquier delito.” La corte entonces discute la opinión del Señor Juez Beardsley y dice: “Dentro de esta regla, el fundamento para recusar a Durant no se probó. Antes de que pudiera decirse que quedó establecido, la prueba debió baber sido de que babía formado y expresado una opinión con respecto a la culpabilidad o inocencia del acusado, o al menos que babía formado tal opinión. Es claro que el tener una opinión de que el acusado ba becbo algún acto que necesariamente debe mostrarse, entre otros, para poderlo declarar culpable, no es tener una opinión de que el acusado es culpable de asesinato o de cualquier otro crimen.” La misma cuestión ha sido discutida por Mr. Freeman en sus notas puestas al caso de Smith v. Eames, 36 Am. Dec., 530-531. El dice, revi-sando los casos: “Una opinión formada sobre uno o más de los becbos esenciales de una causa ciertamente no inhabilita a un jurado a menos que aparezca claramente que es de tal naturaleza que influya en el jurado al decidir por su vere-dicto la totalidad del caso. Así en un asesinato es incues-tionablemente un becbo esencial que baya ocurrido una muer-te ilegal, y sería absurdo decir que un jurado que creía o que conocía que el interfecto babía sido matado, estaba in-habilitado para actuar como jurado aunque no tuviera for-macla una opinión con respecto a la culpabilidad o inocencia <del acusado.”

En el caso de Conutser v. State, 80 Tenn., 446, la corte-dijo : el acusado mató al interfecto con una azada en un ca-mino en construcción en la presencia de un número de ciuda-danos. Estos hechos no fueron nunca disputados. Ahora se ha sostenido y basándose en la necesidad más obvia, que un jurado no tiene necesariamente una opinión sobre la cul-pabilidad o la inocencia del acusado, cuando cree que una persona ha sido matada, y, además, que la persona que se ©stá juzgando realizó la muerte, pero sin que le conste si el acto fué cometido en legítima defensa o fué meramente accidental. (Lowenburg v. People, Supra,)

En este caso que resolvemos la muerte fué pública, y todo el mundo en G-uayama la conocía, como se demostró por los comentarios hechos por el juez y copiados en el pliego de excepciones. Nosotros creemos que el sentido y el efecto de las resoluciones de la corte que han sido impugnadas, apare-cería mucho más claro del pliego, si este hubiei’a sido inspec-cionado y corregido por el juez que intervino en la causa.

Del mismo modo se trató de revisar la orden de la corte resolviendo una moción para dejar dejar sin efecto la decla-ración del testigo Ortiz porque no había sido juramentado antes de declarar. Este alegado error sólo aparece consig-nado en la moción para nuevo juicio y en la decisión de la corte con respecto a la misma. Allí aparece que se llamó la atención de la corte al hecho de que Ortiz no había sido jura-mentado cuando lo fueron los otros testigos, que se le llamó nuevamente y entonces fué juramentado. Nada en los docu-mentos que están ante nosotros demuestra si el testigo fué reexaminado después de juramentado. No se tomó objeción ■o excepción a la orden de la corte sobre el juramento del testigo. Tenemos en esto la misma opinión que hemos ex-puesto al discutir la necesidad de objeciones y excepciones específicas. La razón para ello es evidente en sí misma. La corte debe tener una oportunidad de corregir su error. Debe haber nn fin para todo litigio. Cuando un acusado se sienta silencioso y permite al testigo que sea juramentado sin for-mular objeción, renuncia su derecho a alegar el error que pudiera haberse cometido. Después que se ha permitido a los testigos qiie se retiren, el acusado no puede alegar como un error ló que ocurrió si silenciosamente lo permitió en el juicio. • A esta conclusión se llega después de la considera-ción y revisión de casos contenida en el de El Pueblo ex rel Niebuhr v. Mc Adoo, 184 N. Y., 307. Si el acusado hubiera dicho a la corte que de este modo el testigo podía escapar de las ansiedades y penas de una persecución por perjurio, la corté, si se hubiera convencido de la verdad de lá posición del acusado, o de otro modo, pudo haber permitido al testigo no sólo ser juramentado sino vuelto a examinar después del juramento. El error si lo hubo, fué abandonado. Una deci-sión específica a este efecto está contenida en el caso de Southern Railway Company v. Ellis, 51 Southeastern, 594. (Véase también, Nesbitt v. Dallam, 28 American Dec., 240-241.)

Es muy discutible, además,, si el testigo Ortiz hubiera declarado falsamente, que él pudiera resistir con éxito una persecución por perjurio, bajo la base de que no había sido juramentado antes de haber sido examinado. La sección 117 del Código Penal provee lo siguiente:

‘ ‘ Toda persona que habiendo jurado testificar, declarar, deponer o •certificar la verdad ante cualquier tribunal, funcionario o persona competente, en cualquiera de los casos en que la ley permitiere tomar tal juramento, declarare ser cierto cualquier hecho esencial, conociendo su falsedad, será culpable de perjurio. No se admitirá como defensa en ninguna causa por perjurio la circunstancia de haberse prestado o tomado el juramento en la forma irregular.”

Esta es la misma sección que forma parte del mismo capí-tulo que se aplica también a los affidavits y deposiciones. En estas formas de tomar el testimonio de los testigos, el jura-mento frecuentemente sigue más bien que precede a la reía-ción de hechos. Los tres modos se encuentran establecidos en las secciones 123, 124, 125 y 126 de la Ley de Evidencia, leyes de 1905, página 146. Con arreglo a esa ley, no bay tiempo fijo para el juramento en cualquiera de sus diferen-tes formas. Tomemos el caso del testigo Ortiz. Aun si él hubiera estado deseoso de producir un testimonio falso y hubiera sido de tal manera astuto que creyera que la falta de habérsele juramentado le hubiera dado la oportunidad para ello, su situación hubiera sido materialmente cambiada cuando fué llamado a prestar juramento de que lo que había dicho era la verdad.

El hubiera entonces tenido un locus penitentiae, y hubiera podido solicitar que se le hubiera vuelto a examinar. No habiéndolo hecho así parece que quedó obligado por el so-lemne juramento de que era cierta su declaración, y apenas podría ser oído para alegar en su favor el momento pre-ciso en que prestó juramento, cuando su declaración, si es que es esencial, hubiera podido afectar la vida o la libertad de un ciudadano.

Sin embargo, la opinión de la corte desestimando la mo-ción de nuevo juicio no forma parte del récord. Es cierto que la sección 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal,, tal como quedó enmendada por la ley de 1908, exige que una copia de la moción para nuevo juicio y de la decisión de la. corte sean incluidas en la transcripción a los efectos de la. apelación y certificadas por el secretario, pero esta disposi-ción legal no convierte a la opinión emitida en relación con la decisión en una parte del récord para el propósito de revi-sar los hechos. La función de un pliego de excepciones o de una exposición del caso, es promover las cuestiones de hecho y hacerlas partes del récord. Nosotros hemos tenido ocasión de considerar esta materia en los siguientes casos: People v. Acosta, 11 D. P. R., 249, y People v. Sutton, 17 D. P. R., 345. Véanse también los siguientos casos: Morgan v. Robinson Co., 157 Cal., 348; Porter et al. v. Industrial-Printing Co., 26 Mont., 170; 3 Cyc., 181-182.

Aquí surge otra vez la cuestión particular que nosotros hemos disentido acerca de que nosotros conoceríamos más exactamente lo que en realidad tuvo lugar, si el juez que in-tervino en la cansa hubiera tenido una oportunidad para revisar los hechos a virtud del pliego de excepciones o de la exposición del caso que se le hubieran presentado debida-mente. Es por estas razones que nosotros estamos confor-mes en que el verdadero fundamento de la sentencia de esta corte es la falta de una propia base para revisar, a saber, un pliego de excepciones o una exposición del caso debida-mente certificados por el juez sentenciador. Además, noso-tros estamos convencidos por haber examinado la transcrip-ción, que el acusado no sufrió ningún perjuicio por la acción de la corte inferior. El propio acusado subió a la silla de los testigos y basó su defensa totalmente en el hecho de que al tiempo de la muerte no era enteramente responsable por razón de haber perdido temporalmente el dominio de su voluntad.

VOTO PARTICULAR EMITIDO Y PRESENTADO POR EL JUEZ ASOCIADO SR. MACLEARY.

El apelante en este caso fné procesado ante la Corte de Distrito de Guayama a virtud de una acusación presentada contra el mismo en la referida corte, en la que se le imputaba la comisión del cielito de asesinato, porque según se ha ale-gado, el día 2 de febrero de 1911 y en la ciudad de Guayama, el acusado ilegal y voluntariamente y con malicia premeditada y propósito firme y deliberado, y demostrando tener un cora-zón pervertido y maligno, dió muerte a Antonio Castillo Alvarez, haciéndole tres disparos de revólver e infiriéndole tres heridas de carácter grave que le produjeron la muerte; ha-biéndole acechado largo rato y atacándole alevosamente por la espalda.

Se celebró el juicio de esta cansa ante Harry P. Leake, Esq., juez especial de dicha corte y un jurado, en los días 28 y 29 de abril del mencionado año 1911. Después de oída la lectura de la acusación, la alegación de no culpable formulada por el acusado, la prueba que fué presentada y las instruc-ciones de la corte, el jurado emitió su veredicto declarando al acusado culpable del delito de asesinato en segundo grado, y como consecuencia de esto la corte lo condenó a reclusión perpetua en el presidio.

Antes de que la corte dictara su sentencia, el acusado pre-sentó una moción de nuevo juicio que fué desestimada por la corte, y una vez dictada dicha sentencia el referido acusado interpuso recurso de apelación tanto de la sentencia como de la orden desestimando la moción de nuevo juicio. La trans-cripción de autos contiene un pliego de excepciones y una rela-ción del caso, así como la copia de la orden y de la sentencia de la corte al desestimar la moción de nuevo juicio, las que aparecen copiadas en toda su extensión.

Esta Corte Suprema por mayoría de votos confirmó la sentencia de' la corte inferior por el fundamento de que las instrucciones dadas por la corte sentenciadora al jurado no podían ser examinadas, en vista de que las mismas no apa-recían certificadas y firmadas por el juez sentenciador; y además, porque el pliego de excepciones y la exposición del caso no habían sido aprobados y firmados por el juez que conoció del mismo, sino por otro juez que fué nombrado pos-teriormente para la misma corte; y porque aunque con arreglo al estatuto, la orden negando la moción para nuevo juicio forma parte de los autos, sin embargo no podía servir de guía en la discusión de las excepciones, y en tanto en cuanto se hace referencia a los hechos allí expresados, dicha orden no formaba parte de los autos. En otras palabras, se negó al acusado la revisión de las cuestiones que surgieron en el juicio de su causa por no haber sido las mismas debidamente presentadas a este tribunal; y debido a cierto tecnicismo que-daron virtualmente eliminadas de los autos tanto las instruc-ciones dadas al jurado como el pliego de excepciones y la exposición del caso.

No me propongo revisar el caso conjuntamente en todos sus detalles sino que pasaré ligeramente sobre muchos puntos presentados en la transcripción • y que aparecen más razo-nados en los alegatos de los abogados, acerca de los cuales se ha insistido en el acto de los informes orales. Por ejemplo, no se hará observación alguna del hecho de que según la trans-cripción y la lista de los jurados que en ella aparece en la página 16 de los autos, solamente once hombres intervinieron como jurados en este caso. Aunque en los autos no hay expli-cación acerca de esto, pudiera suceder que en realidad el jurado consistiera de doce hombres y que debido a una omi-sión involuntaria al hacerse la copia de la lista en los autos; se omitiera el nombre de uno de dichos jurados. Si real-mente hubiera sido cierto que el acusado fue juzgado ante un jurado compuesto de once hombres solamente, tal cosa consti-tuiría quizás un error grave y fatal.

Examinando cuidadosamente las instrucciones de la corte se ve que las mismas no están completamente libres de de-fectos. Por ejemplo, el juez sentenciador no debió haber hecho referencia en la forma en que lo hizo con respecto a la Corte Suprema y al Grobernador en la parte principal de sus instrucciones; sino que debió haber estado satisfecho con instruir al jurado que era su deber considerar la culpabilidad o inocencia del acusado, y que la ley pone en manos del juez, sentenciador la responsabilidad de fijar la cuantía de la pena por tanto ésta, como otras impropiedades que pueden verse en las instrucciones, no eran esenciales y pueden no haber afectado al veredicto del jurado, aunque pudiera ser. que el mismo estuviera influido por ellas. Nadie puede decirlo.

Las excepciones formuladas a la desestimación de las recu-saciones hechas a los tres jurados que fueron posteriormente recusados perentoriamente, no serán tomadas en consideración ahora porque no es necesario discutir las cuestiones que allí se presentaron, aunque no estoy enteramente satisfecho de que, habiendo sido aprobado por el juez de la corte de distrito que se encontraba en el desempeño de su cargo, el pliego de excepciones y la exposición del caso en -la fecha en qne las mismas fneron presentadas, sin qne se hubiera formulado ob-jeción contra los mismos por ninguna persona, no fueran de-bidamente parte de los autos. En otras palabras, no consi-dero la cuestión relativa a la autoridad del presente juez de la corte de distrito de G-uayama, al aprobar un pliego de excep-ciones presentado contra las resoluciones de su predecesor como una cuestión jurisdiccional, y entiendo que la acción tomada por el mismo en cuanto a este particular fué simple-mente irregular, y no habiéndose tomado objeción contra ella debió haberse admitido sin discusión alguna. Las recusa-ciones formuladas contra los jurados y las resoluciones dic-tadas con respecto a las mismas se encuentran especificadas brevemente en la orden de la corte sentenciadora desesti-mando la moción de nuevo juicio, y si se les considera con referencia a ese documento solamente, no puede declararse que sean erróneas. Si estas recusaciones y las órdenes desesti-mando las mismas pudieran considerarse a la luz del pliego de excepciones y de la exposición del caso, indudablemente aparecerán en éstas errores sustanciales y perjudiciales a los derechos del acusado, pero como mi inconformidad se funda principalmente en otra proposición, no estudiaré estas cues-tiones detenidamente.

La admisión de la declaración de Manuel Ortiz que declaró sin la sanción de un juramento es la razón principal que tengo para disentir de la opinión de la corte y de la sentencia en esté caso, que confirma la dictada por la corte inferior. Es un principio de ley criminal bien conocido no solamente en América sino en todo el mundo, que a todo acusado que se le imputa la comisión de un delito tiene derecho a un juicio im-parcial, y que un veredicto y sentencia condenatoria por justos que sean deben quedar completamente libres de sospechas y ser enteramente compatible con la debida, justa y pura ad-ministración de la ley. (Long v. State, 10 Texas Court of Appeals, 186.)

Este tribunal se negó a considerar la cuestión referente a la legalidad y propiedad de' la declaración prestada por el testigo Ortiz por el motivo de no haber sido dicha declaración debidamente incluida en el pliego de excepciones y la exposi-ción del caso y por el fundamento de que la orden negando la moción de nuevo juicio que aparece relacionada en la trans-cripción, que según nuestro estatuto formaba parte de los autos, no podía ser considerada como tal para los fines de la revisión de este error. . No puedo estar conforme con una interpretación tan limitada de' la ley estatutoria, pues esto sería anular la intención de la legislatura. A mi juicio los hechos expresados en la orden desestimando la moción de nuevo juicio deben ser considerados como parte de los autos para todos los fines, aun cuando algunos de los mismos no aparezcan incluidos en el pliego de excepciones o en la rela-ción de los hechos. Según el artículo 356 del Código de En-juiciamiento Criminal tal como ha quedado enmendado por la ley que aparece en las leyes de la sesión de 1908, página 90 del texto inglés y página 56 de la edición española, cuya ley fue aprobada en 7 de marzo de 1908, los autos que han de presentarse a este tribunal constan de los siguientes docu-mentos a saber:

‘£ 1°., la acusación; 2°., alegación del acusado; 3°., instrucciones de la corte al jurado, si el juicio hubiere sido por jurado; 4°., instruc-ciones denegadas, si las hubiere; 5°., el veredicto; 6°., moción para nuevo juicio, si la hubiere y la decisión de la corte; 7°., opinión y sentencia; 8°., pliego de excepciones, si lo hubiere; 9°., relación de hechos si la hubiere; 10°., notificación de apelación; 11°., certificado ■del secretario haciendo constar que es copia fiel de los originales exis-tentes en los archivos de la corte. ’ ’

La moción para nuevo juicio y la resolución de la corte sobre dicha moción (6o.) forman parte de los autos de' igual manera que el pliego de excepciones (8°.), y la relación de hechos (9°.). Así son considerados todos los documentos por este estatuto, y a menos que no formaran así parte de los autos, ninguno de los mismos podría ser considerado por este tribunal. Al considerarse la resolución de la corte sobre la moción de nuevo juicio como parte de los autos no se estable-ció limitación alguna por la ley en cuanto al uso que lia de-hacerse de la misma y se bace difícil el comprender cuál sería-, el objeto de ella, a no ser el de que fuera tomada en considera-ción por esta corte al revisar los documentos relativos al juicio celebrado ante la corte inferior. Las leyes relativas al procedimiento criminal deben ser interpretadas imparcial y liberalmente como las demás leyes y no debe dárseles una in-terpretación tan limitada que despoje al acusado de- sus de-rechos a un juicio imparcial y a la revisión de cualesquiera errores que hayan sido cometidos por la corte sentenciadora al declararlo culpable. El fin principal de todas las reglas y máximas de interpretación fundadas en dichas reglas consisteen descubrir la verdadera intención de la ley que expresa la voluntad del legislador. (1 Kent’s Com. [6th Ed.], 468; Endlich Int. of Statutes, secciones 8 y 295; Parkinson v. State, 14 Md., 184; 74 Am. Dec., 529; People v. Weston, 3 Neb., 319; Le Roy ex parte, 17 D. P. R, 1229, y casos citados en la opi-nión.) Por consiguiente, considerando la resolución de la. corte desestimando la moción para nuevo juicio como parte-de los autos, como indudablemente es si el estatuto continúa, en vigor, examinemos esa resolución y veamos los hechos que-aparecen en la misma.

Según puede verse de los autos, la orden de la corte sen-tenciadora al desestimar la moción de nuevo juicio es corno-sigue : •

“En la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, Puerto Rico. El Pueblo de Puerto Rico v. Andrés Coll y Drós. Asesinato. La moción de nuevo juicio presentada por el abogado del acusado en este caso, se deniega, por las siguientes razones: 1. Porque la corte no considera que lia cometido error al denegar la recusación motivada del jurado, Don Federico Amadeo; 2. Porque tampoco considera la corte que ha cometido error alguno, al negar la recusación motivada del jurado Don Angel Pacheco; 3. Porque no considera que incurrió en error, al no admitir la recusación del jurado Don Jorge Grau; 4. Porque tampoco ha incurrido en error al permitir que el testigo de cargo, Manuel Ortiz, que había declarado sin prestar juramento, vol-viera de nuevo a la sala de la corte y prestara el juramento de que lo que había declarado era la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Aparece del récord que dicho testigo, por negligencia de alguien, no prestó juramento juntamente con los demás testigos que declararon en dicha causa, y que declaró sin estar bajo tal jura-mento; pero habiéndose llamado la atención de la corte sobre este hecho, antes de que el caso fuera sometido al jurado, y considerando que la negligencia era subsanable, la corte permitió al testigo que volviera de nuevo a la sala y prestara el juramento de que se ha hecho referencia. Por lo .tanto, y no existiendo en el concepto del juez que suscribe otras razones para declarar con lugar la petición de nuevo juicio solicitada por el abogado del acusado en este caso,' queda, como queda dicho, declarada sin lugar dicha moción, debiendo comparecer el acusado en el día de mañana, 16 del actual mes de mayo, para recibir sentencia sobre el fallo de convicción dado por el jurado. Guayama, 15 de mayo de 1911. EL P. Leake. Juez del Distrito. ’ ’

Se lia dicho que “de ninguno de los documentos sometidos a nuestra consideración aparece si el testigo fué examinado nuevamente después de haber prestado juramento.” Indu-dablemente que si se le hubiera examinado de nuevo, así lo hubiera expresado la corte de distrito en su resolución que hemos citado en toda su extensión, y debemos deducir lógica-mente de su silencio con respecto al particular, que no se hizo ningún otro examen al testigo. El juez de distrito expresa que el testigo Ortiz declaró sin haber prestado juramento alguno y que dicho juez trató de subsanar ese defecto lla-mando nuevamente a este testigo y obligándole a tomar un juramento “de que lo que había expresado era la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad,” pero nada se ha dicho de que el testigo fuera examinado nuevamente y según claramente aparece de la manifestación hecha por el juez sen-tenciador, evidentemente dicho testigo no fué examinado de nuevo. El testigo Manuel Ortiz era un comerciante en cuya tienda se encontraba el acusado Coll sentado esperando a que pasara Castillo, según el convenio que había hecho anterior-mente con él, y fué desde la puerta de esta tienda de donde se dispararon los tiros. El testigo declaró con respecto a los hechos esenciales de la muerte y la declaración del mismo fué de la mayor importancia. La ley exige que la declaración de un testigo en todos los casos criminales, y sobre todo debe deducirse cuando se trata de la vida de un acusado, que se preste bajo la sanción de un juramento, después que el mismo ha jurado decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad; y a menos que la declaración se preste en tal forma no es legal ni puede ser considerada por el, jurado al dictar su veredicto. Una sentencia condenatoria dictada sobre una declaración que ha sido prestada sin haber tomado juramento al testigo es ipso facto nula y de ningún valor.

State v. Smith, 78 N. C., 462.

Hawks v. Baker, 6 Greenleaf, 72; 19 Am. Dec., 192.

State v. Tom, 8 Oregon, 181.

State v. Lowry, 24 So. Eastern Rep., 562.

Hodd v. City of Tacoma, 88 Pac. Rep., 842.

Jackson v. Parkhurst, 4 Wendell, N. Y., 373.

40 Cyc., 2410 et seq., y casos citados.

Es inútil decir que ninguna objeción se hizo contra la misma cuando declaraba el testigo. El hecho de que no fué. juramentado cuando los demás testigos lo fueron, no apareció hasta después que 3ra había declarado y salido de la corte, y la omisión no fué advertida ni por el mismo juez sentenciador. La objeción se formuló en tiempo, cuando la moción para que se eliminara su declaración fué presentada a la corte y repe-tida de nuevo en la moción de nuevo juicio, habiéndosele pre-sentado por tal motivo dos oportunidades a la corte senten-ciadora para corregir el error en el cual había incurrido. La omisión en corregir tal defecto constituye ciertamente un error judicial.

En los casos en qne nn testigo lia declarado inadvertida-mente sin haber prestado juramento, la práctica debida es llamar nuevamente a dicho testigo a la silla y hacer qne preste el debido juramento de qne dirá la verdad, toda la verdad y nada más qne la verdad, y deberá entonces examinársele de nuevo a presencia de la corte y del jurado con respecto a las mismas cuestiones acerca de las cuales había declarado ante-riormente sin la sanción de un juramento; y en cnanto a otras cuestiones que fuera necesario. (Casos citados anterior-mente.) No puede declararse debidamente que los errores e irregularidades cometidos por la corte al admitir la declara-ción del testigo Ortiz no fueran esenciales o perjudiciales. Indudablemente que fueron muy importantes y perjudicaron el caso del acusado ante el jurado y tuvieron por objeto influir en el veredicto del jurado que fué en contra del acusado. En suma, de todo lo que aparece en la relación de hechos, aun cuando la declaración de Ortiz hubiera sido eliminada de los autos, es muy dudoso si aun así quedaría bastante para sostener la sentencia condenatoria. ('Véanse1 los autos in extenso.)

Apreciando conjuntamente todas las circunstancias de este caso según las. mismas aparecen de la transcripción de autos que ha sido presentada, la resolución desestimando la moción de nuevo juicio constituyó un grave y serio error que debió haber motivado la revocación de la sentencia dictada por la corte sentenciadora. El caso debió haberse devuelto a la Corte de Distrito de Guayama para la celebración de un nuevo juicio, de acuerdo con las terminantes disposiciones de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal y los principios generales de ley reconocidos en todos los Estados Dnidos.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Martínez v. Delgado et al.

    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    Sobre reconsideración de sentencia.
    No. 653.
    Resuelto en mayo 10, 1912.
    Jurisdicción — Modificación de una Sentencia por el Tribunal Sentenciador Después de Apelada. — Apelada una sentencia, pierde generalmente la corte sentenciadora su jurisdicción para modificarla a -menos que se haga previa notificación y consentimiento de la parte apelada.
    Sentencia — Apelación—Modificación de una Sentencia Apelada. — Apelada una sentencia y modificada en ciertos extremos sin importancia, previa noti-ficación y consentimiento de la parte apelada, por la corte sentenciadora des-pués de interpuesto el recurso, la sentencia original no queda sustituida ni anulada por- la sentencia enmendada, y la fecha de la sentencia primitiva es la que rige, debiendo considerarse la enmienda subsiguiente eomo una orden mme pro time o relativa a la sentencia original, y el recurso interpuesto y pendiente no queda perjudicado por dicha modificación.
    Acción Reivindicatoría — Identificación de la Einca — Cambio de Linderos.— El mero hecho de que en una escritura se hayan consignado erróneamente los linderos de una finca, no efecta la situación de la finca cuando se ha descrito, mencionando a uno de los anteriores dueños como colindante por el este con tierras que se sabe que radican al oeste, y por el oeste con tierras que se sabe que radican al este, y cuando en la descripción de la finca si se comienza por el punto que reclama el demandado, no quedaría comprendida la tierra en litigio sino la de un colindante, y sobre todo teniendo en cuenta que los te-rrenos en litigio fueron segregados de una finca de 760 cuerdas y que el terreno que se alega que está situado entre las dos fincas en litigio, formaba parte de otra finca distinta de 400 cuerdas que originariamente colindaban entre sí.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de El Pneblo cnando se presentó la moción sobre reconsideración: Sr. Jesús M. JRossy, Fiscal. ■

    Abogado del apelado: Sr. José Tous Soto.

       La opinión emitida en este caso en junio 17, 1911, se inserta a continuación de la presente.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El abogado de la apelada nos llama la atención al hecho de que la sentencia en este caso, dictada en abril 30, 1910, quedó enmendada o modificada por virtud de la resolución o senten-cia de julio 18, después de haber sido notificada debidamente la otra parte, para probar lo cual ba presentado una certifica-ción a este tribunal. También bace cita de autoridades en las que se sostiene, que debe siempre presumirse que la acción to-mada por la corte fué después de hacerse la debida notifica-ción. El fundamento de nuestra anterior sentencia y opinión con respecto a la relación existente entre estas dos resolu-ciones, fué el de que la corte de distrito había perdido su juris-dicción sobre el caso, por el hecho de haberse interpuesto re-curso de apelación contra la sentencia de abril 30. Sin la ■debida notificación al apelado de la propuesta enmienda en la sentencia y la aceptación por la parte contraria, la corte sen-tenciadora por lo general pierde su jurisdicción después de interpuesto el recurso de apelación, teniendo el apelante el derecho a insistir en que se resuelva el recurso por el tribunal ■de apelación. Sin embargo, en la presente apelación está de-mostrado por otras consideraciones, la jurisdicción que tene-mos para revisar la sentencia de abril 30.

Se interpuso apelación en debida forma contra la sentencia de abril 30, y permitimos que se nos remitiera una copia cer-tificada de la sentencia después de haberse hecho el traslado de la causa. La apelación en sí nos dió jurisdicción. Después de la debida notificación, esta sentencia de la corte de distrito fué modificada por resolución de julio 18,1910, en la que se ex-presaba que en vista de la moción hecha por la apelada solici-tando que se enmendara lá sentencia dictada en abril 30 de 1910, dicha sentencia debía ser enmendada en la forma en que se indicó. Después siguió la sentencia en su totalidad en la que la única modificación fué la que se refiere a que se entre-guen a la demandante los frutos percibidos por el receiver o administrador que fué nombrado en el caso. La resolución principal, o sea aquella en que se otorgó la propiedad a la ■demandante y apelada quedó sin alteración alguna. La sen-tencia ele julio 18 de 1910 aunque en sn forma es una sentencia, y como tal fue registrada, no sustituyó a la sentencia de abril 30. Esta última había sido y continúa siendo una sentencia, desde la fecha en que fue dictada. Pudo haberse ejecutado' desde abril y hubiera cambiado o fijado el título de la apelada, desde aquella fecha. La prescripción hubiera comenzado a correr contra ella desde entonces, pues en aquella fecha fué' que se resolvieron sus derechos. La sentencia posterior pudo ser considerada, o como una orden nunc pro'tune o como una. en relación a la sentencia ya dictada en abril 30. Este pre-cepto se sostiene en el caso de Estate of Potter, 141 Cal., 425 que ha sido citado por la apelada. Aunque es cierto que las partes consintieron en que se hiciera un cambio o modificación, tal hecho no alteró en manera alguna a la apelación que estaba pendiente. Esto aparece más claramente de la certificación que • se encontraba al final de la transcripción, que es como sigue:

“Nosotros, Rafael Palacios Rodríguez, Fiscal del Distrito y en representación del demandado El Pueblo de Puerto Rico y apelante, y José Tous Soto abogado del demandante y apelada, por el presente convenimos y certificamos que lo que precede es una transcripción fiel, conteniendo las copias correctas y exactas, necesarias para esta apelación, de los originales obrantes en la Secretaría de la Corte de Distrito de Ponce en el presente caso; y que lo transcrito constituye los antecedentes, documentos, pruebas y'demás procedimientos, tenidos en cuenta por la Corte de Distrito de Ponee, para pronunciar la sentencia apelada; firmando esta transcripción para que constituya el récord de esta apelación y sea usado como tal en la vista de la misma. Ponce, Puerto Rico, diciembre 24, 1910.”
Está firmado por los dos abogados.

Los autos y documentos se describen como correctos y resulta claro que se tuvo la intención de que se procediera con la apelación, de la que nunca perdimos la jurisdicción por el hecho de que las partes estuvieran conformes en que se hi-ciera la enmienda.

En la Sífó-ya vista de este caso el abogado de la apelada manifestó ante este tribunal, qne la apelada no había hecho nn completo examen en sn primer alegato porque ella se fundaba principalmente en la regia establecida por este tribunal, de que cuando la prueba es contradictoria esta corte no revocará la. sentencia apelada a menos qne se demuestre que haya habido prejuicio, parcialidad, pasión o algún otro elemento parecido. La apelada no solamente alega ahora ante esta corte una con-tradicción en la prueba, sino qne hace nn examen más completo de la prueba documental que se presentó. La duda que surgió en nuestra mente fué debida al cambio radical y no explicado que existe al parecer en los linderos de la finca que se trataba de reivindicar y porque según la declaración de algunos tes-tigos, la finca No. 174, que trataba de reivindicar el apelado, aperecía en un sitio completamente distinto. Nosotros crei-mos que estas cuestiones podrían aclararse mejor en otro juicio, pero habiendo considerado y examinado la cuestión más ampliamente, quedamos convencidos de la certeza de las ale-gaciones hechas por la apelada.

La descripción de la finca que reclama la apelada en su demanda, es como sigue:

“Pedazo de terreno radicado en el barrio de San Patricio, antes Guaraguaos, del término municipal de Ponee, compuesto de 84 cuer-das si bien en el registro figuran 76 solamente, en lindes por el este con la Sucesión Joglar, por el sur con el río de San Patricio, por el oeste con una quebrada y con una finca de 180 cuerdas, propiedad-de Juan Príncipe, de la cual subastó El Pueblo de Puerto Rico 90 cuerdas primeramente y después 60 más, para el pago de contribu-ciones, y por el Norte con la cuchilla que divide las jurisdicciones de Utuado y Ponee.”

Esta es la finca No. 174 y la descripción que de la misma, se hace en la demanda es la última descripción que existe en el registro de la propiedad. Es también la descripción conte-nida en los traspasos inmediatamente anteriores al que se hizo a la apelada. Sin embargo, cuando la finca No. 174 fué-segregada primeramente de una finca de mayor extensión, su descripción era la siguiente:

“Porción de terreno sita en el término de esta ciudad, barrio de Guaraguaos, sitio de San Patricio, bajo los puntos y linderos si-guientes: ‘se dió principio en una piedra agujereada que está en la orilla del río, siguiendo al costado y colindancia línea recta con Don José Ayala basta llegar a la altura de Yauco, donde está un árbol de laurel que'bace punto y esquina con dicbo Ayala, y siguiendo cu-chilla arriba hasta llegar a un plano en la misma cuchilla a donde está otro árbol de guaba que hace punto con Juan Salcedo, de allí si-guiendo al Poniente por línea recta hasta llegar a una loma de cu-chilla, y de allí siguiendo a una hoya abajo con vueltas y revueltas hasta llegar al río de San Patricio.’ Tiene de cabida setenta y seis cuerdas, etc.”

Esta fue la inscripción primitiva o expediente archivado en el registro, pero cuando los herederos de Eusebio Martínez adquirieron la finca algún tiempo después, se hizo otra ins-cripción en la que se reproducía la anterior, sustituyéndose a Eivera por Ayala y agregándose: “siendo las colindancias hoy de la referida finca, por el oeste con tierras de Ramón Rivera antes de José Ayala y Juan Salcedo; por el norte con la cuchilla de Yauco, por el este una quebrada seca que separa terrenos de don Félix Jorge; y por el sur con el río San Pa-tricio. ’ ’

Esta inscripción fue la que dió origen a la principal confu-sión que existe en este caso. Las inscripciones últimas de-muestran que los terrenos de Joglar están hacia el este de la finca No. 174, mientras el anterior traspaso coloca al parecer a Joglar hacia el oeste.

Juan Príncipe Vázquez adquirió la finca y la vendió a la de-mandante y apelada, volviendo a adquirirla nuevamente dicho Juan Príncipe Vázquez de José Ortiz. Este último la adquirió en 1907 por virtud de un pleito y ejecúción que se siguió contra Juan Príncipe Vázquez. La misma finca que distintas veces se describió como compuesta de 76 u 84 cuerdas de terreno, fué adquirida por Juan Príncipe en el año 1903 de los here-deros de Ensebio Martínez y este último adquirió dicta finca de su hermano Mauricio Martínez en el año 1864, con anteriori-dad a cuya fecha la finca formaba parte de otra compuesta de 760 cuerdas de terreno que pertenecía a Mauricio Martínez y Benito de Arce.

Juan Príncipe Vázquez era dueño de otra parcela de te-rreno compuesta de 180 cuerdas, según se ha expresado en la demanda. Una parte o porción de esta finca fué embargada por El Pueblo de Puerto Rico por falta de pago de las contri-buciones, y comprada por El Pueblo de Puerto Pico. Este último la arrendó a Juan Delgado, siendo éste y El Pueblo de Puerto Rico los demandados en este caso. La descripción de la parcela de 180 cuerdas, que lleva el número 4306, es como sigue:

“Un pedazo de terreno con cabida de 180 cuerdas más o menos, equivalentes a setenta hectáreas, setenta y cuatro áreas y setenta y dos centiáreas, radicado en el barrio de Tibes, lugar de San Pa-tricio, de este término municipal, y se encuentra ese terreno bajo los puntos y colindancias siguientes: empezando en la boca de una que-brada que desagua en el río, que hace punto con Eusebio Martínez, colindando con éste hasta llegar a la altura donde está un árbol de guamá que hace punto con el citado Martínez, de allí siguiendo por la cuchilla hacia el poniente hasta llegar a un árbol de cucubano que está en la misma cuchilla y hace punto con Juan Laureano Veláz-quez, de allí siguiendo al sud, por el costado de Velázquez, hasta llegar .a un padrón de emajagua que está en la orilla del río y hace punto con Velázquez y siguiendo aguas abajo hasta llegar a la boca de la quebrada donde empezó. Las colindancias por los cuatro puntos car-dinales de esa finca son: por el Norte con la cuchilla que divide las jurisdicciones de Ponce y Utuado; por el sur con el río de San Pa-tricio ; por el este con finca de Eusebio Martínez, hoy de su sucesión y por el oeste con fincas de las sucesiones de Juan y José Laureano Velázquez.”

Los representantes de El Pueblo de Puerto Rico, ya por indicación de Juan Delgado, o debido a la descripción errónea que se hizo, así como también por indicación de otros testigos, resolvieron que el lindero del este de esta ñnca, era la finca de la Sucesión Joglar, no obstante el hecho de haberse declarado que dicho lindero era la finca de Ensebio Martínez, y de acnerdo con esta resolución pusieron al demandado Juan Delgado en posesión de los terrenos que actualmente se descri-ben en la demanda. La prueba demuestra claramente que Ayala, Rivera y Joglar fueron las personas que sucesiva-mente poseyeron la finca que limitaba bien al este o al oeste con la de Eusebio Martínez, o sea la finca No. 174.

Creemos que resulta con bastante claridad de la primitiva descripción de la finca No. 174 que la Sucesión Joglar, Ayala o Rivera, según sea el caso, se encuentra al este de dicha finca No. 174. Empezando en una piedra agujereada el primer cos-tado del cuadrilátero próximo que se ha descrito, corre en dirección hacia el norte, haciendo punto con la finca de José Ayala como límite. No ha habido discusión alguna acerca de los linderos del norte y del sur. Estos son respectivamente la loma de Tauco y el río San Patricio. Cuando este primer cos-tado del cuadrilátero descrito llega a la loma de Tauco allí ter-mina. Después el otro costado se describe con dirección hacia el oeste. Si se coloca entonces la piedra hacia el lado sureste de la finca de Ayala — -la que limita asimismo con la loma en 1a. parte norte — cuando la línea divisoria llega a dicha loma, si el segundo costado ha de colocarse hacia el oeste como exije la descripción, iría con dirección a la finca del propio Ayala y no describiría una parcela de terreno independiente y limitando con Ayala. Para quitar de la finca de Ayala, la piedra ten-dría que colocarse en el ángulo suroeste de la finca de Ayala. Aparece bastante claro que al tratar de fijar los límites del este y del oeste con los nombres de los dueños de las fincas contiguas, el escribano confundió el este con el oeste.

Según se ha visto, Eusebio Martínez era el primitivo dueño de la finca No. 174 después que fué segregada de otra de mayor cabida. No solamente la descripción de la finca No. 4306 — de la que El Pueblo de Puerto Rico alega tener el título de 180 cuerdas — coloca a Eusebio Martínez en el este, sino que la descripción de la finca de Ayala igualmente coloca a dicho Martínez hacia el oeste. Esta última descripción se encuentra igualmente en los autos, en la que aparece Ayala en posesión de una parcela de 150 cnerdas.

Los autos también muestran que las fincas No. 174 y 4306 eran subdivisiones de una parcela de terreno compuesta de 760 cuerdas y que pertenecía a Martínez y a Arce. Iíay tam-bién en el registro una certificación, en la que aparece con bas-tante claridad que la finca de Ayala — 150 cnerdas — no formaba parte de la parcela de terreno de 760 cuerdas, sino que era la parcela que se encontraba mas al oeste de una parcela de 400 cnerdas que estaba situada al este de la finca de 760 cnerdas. Por tanto, no importa donde están colocadas las fincas Nos. 4306 y 174, dentro de los límites de la primitiva de 760 cuer-das, pues sería imposible colocar el terreno de Ayala entre ellas.

Hay además prueba que demuestra que cuando Ortiz em-bargó la finca No. 174, él inscribió su finca con los linderos del este y oeste cambiados en el registro de la propiedad, que Juan Delgado se encontraba presente y ayudó al márshal a deter-minar la finca. Es también una circunstancia que favorece a la apelada, el hecho de haber efectuado el registrador la ins-cripción con el cambio de linderos. El registrador tenía ante sí todas las primitivas escrituras. Además, la declaración de Juan Príncipe Vázquez, de Carlos Clausell, así como la del anterior márshal Juan Oswaldo Príncipe que procedió a la ejecu-ción del embargo a nombre de Ortiz, todas ellas colocan clara-mente a la finca No. 174 en el oeste y no en el este de Joglar o Ayala. Es cierto que el márshal era pariente de Príncipe, pero esto no anuló el efecto probatorio de su declaración. Hubo además un número bastante crecido de testigos que colocaron la finca al este de Joglar y quienes manifestaron que Eusebio Martínez nunca tuvo terrenos en el oeste del mismo. El abo-gado de la apelada hace referencia a la explicación y motivos de estas declaraciones contradictorias, pero no es necesario que nosotros analicemos las declaraciones orales. Si en reali-dad el caso necesitaba la prueba oral, el conflicto que hubo fue resuelto por el juez sentenciador y no aparece de los autos que dicho juez al apreciar la referida prueba, estuviere influido por algún motivo o consideración indebidos. Por las razones expuestas debe confirmarse la sentencia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados MacLeary, del Toro y Aldrey.


author: El Juez Asociado Sr. del Toro,

text:
    Martínez v. Delgado et al.

    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 653.
    Resuelto en junio 17, 1911.
    Facultades de los Tribunales para Enmendar sus Sentencias. — De acuerdo' con el artículo 7, núm. 8, del Código de Enjuiciamiento Civil, las cortes tienen poder para inspeccionar y corregir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia.
    Id. — Término Dentro del Cual Deben Ejercitarse. — Es regla general bien esta-blecida que una sentencia no puede enmendarse después del término en que fue dictada, a virtud de una solicitud ex parte. Debida y propia notificación debe darse a la parte contraria, de la solicitud y del remedio que se pide, a fin de que dicha parte tenga una oportunidad para comparecer y mostrar causa contra la propuesta corrección.
    Id. — Nulidad de la Enmienda. — Si la enmienda se verifica fuera del término en que se dictó la sentencia y sin notificar a la parte contraria, es nula por falta de jurisdicción de la corte para acordarla.
    Id. — Enmienda de una Sentencia Después de Apelada. — Apelada una sentencia, carece el tribunal sentenciador de jurisdicción para enmendarla, a menos que el apelante abandone la apelación o realice algún acto inconsistente con la prosecución del recurso.
    Acción Reivindicatoría — Falta de Identificación de la Finca en Litigio.— Examinada la prueba practicada, el tribunal resolvió que la demandante no ha identificado la finca que reclama como de su propiedad y en bien de la justicia, atendidas todas las circunstancias del caso, en lugar de declarar con lugar el recurso y desestimar la demanda, concedió la celebración de un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión..
    Abogado del apelante: Sr. Jesús M. Mossy, Fiscal.

    Abogado de la apelada: Sr. José Tous Soto.

       Este caso fué omitido en el volumen 17 por estar pendiente de reconsideración.

   El Juez Asociado Sr. del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Entablada la demanda en este caso por Dionisia Martínez, contra Juan Delgado y El Pueblo de Puerto Pico, se siguió el juicio por todos sus trámites y se resolvió por sentencia de 30 de abril de 1910 en contra de los demandados. El 17 de mayo de 1910, el demandado, “El Pueblo de Puerto Pico,” interpuso apelación contra dicha sentencia para ante este Tribunal Supremo.

Así las cosas, pendiente la apelación, a moción de la de-mandante se enmendó la sentencia de 30 de abril por el propio tribunal sentenciador adicionándole el siguiente pronuncia-miento: “y se ordena que se entregue a la demandante los frutos percibidos por el receiver o el producto de los mismos en dinero, después de cubiertos los gastos de la administra-ción. ’ ’

La sentencia enmendada aparece dictada y registrada como una nueva sentencia el 18 de julio de 1910 y no consta que contra ella se interpusiera recurso de apelación.

El apelante alega que la corte de distrito actuó sin juris-dicción al enmendar la sentencia, y por el contrario la apelada sostiene que la sentencia de 18 de julio es la única en vigor en este caso y que no habiéndose interpuesto apelación contra ella debe considerarse como firme y desestimarse el recurso establecido contra la de 30 de abril.

El Código de Enjuiciamiento Civil en su artículo 7, No. 8o., dispone que toda corte tiene poder para inspeccionar y corre-gir sus providencias y órdenes con el fin de ajustarlas a la ley y a la justicia.

“Todas las autoridades sostienen que una corte tiene pleno control sobre sus sentencias, órdenes y decretos durante el término en el cual fueron dictados y puede enmendarlos, corre-girlos, modificarlos o adicionarlos, por causa aparente, o puede, a su discreción y en bien de la justicia, revisarlos, suspen-derlos, revocarlos o anularlos.” (1 Black on Judgments, p. 219.)

En el presente caso es bien claro que la corte de distrito no adicionó la sentencia dentro del término en qne fué dictada. Los términos en las cortes de distrito de esta isla, son cinco, cada uno de dos meses, y como entre el 30 de abril y el 18 de julio media más de dos meses, se concluye que no pudo ser dictada y enmendada la sentencia dentro del mismo término.

“Aquella parte de la ley común que establece que ninguna sentencia puede ser enmendada después del término en que fué dictada, puede apenas decirse que sobrevive, en este país, en toda su inflexibilidad original.” (1 Black on Judgments, p. 220.)

“Una sentencia una vez registrada, debe ser corregida, si es irregular o errónea, por algún procedimiento apropiado a tal propósito; ella no puede ser meramente desatendida y la propia sentencia registrada de nuevo. Durante el término en el cual se dictó la sentencia, la corrección puede hacerse por una orden de la corte basada en la mera sugestión del error. Pero después‘que el término ba expirado, de acuerdo con la práctica en muchos de los Estados, la enmienda sólo puede hacerse a virtud de la presentación de una petición formal y moción, estableciendo el error y la alteración que se solicita, y después de la notificación a la parte contraria para que comparezca y muestre las razones por las cuales no debería hacerse la corrección # *

“La regla general, bien establecida, es la de que una sen-tencia no puede enmendarse, después del término en el cual fué dictada, a virtud de una solicitud ex parte. Debida y pro-pia notificación debe darse a la parte contraria, de la solicitud y del remedio que se pide, para que dicha parte tenga una oportunidad para comparecer y mostrar causa contra la propuesta corrección. ’ ’

1 Black on Judgments, páginas 239, 240.

. Examinado el récord en este caso, no consta que los pro-cedimientos sobre enmienda, que tuvieron lugar después del término en que se dictó la sentencia, se tramitaran con la in-tervención de la parte contraria, o sea del apelante, y en tal virtud es necesario concluir que no aparece clara la jurisdic-ción de la corte de distrito. Del hecho de' haber el apelante incluido en la transcripción la sentencia enmendada, se deduce que tenía conocimiento de su existencia, pero no que la acep-tara como válida.

Además, la enmienda aparece hecha después de inter-puesta la apelación; esto es, cuando de acuerdo con la lef y la jurisprudencia, la corte de distrito carecía de jurisdicción para ello, a menos que el apelante hubiera abandonado la apelación o hubiera realizado algún acto inconsistente con la prosecución del recurso, .lo ,que no aparece en manera alguna en los autos. (Véase 3 Cyc., 201.)

Como resultado de todo lo expuesto consideraremos, pues, como la única sentencia validamente dictada en este caso, la de 30 de abril de 1910 contra la cual se interpuso el presente recurso de apelación; siendo la enmendada de 18 de julio de 1910 una mera nulidad por haber sido dictada por la corte de distrito cuando no tenía jurisdicción sobre el caso.

(Smith v. Haynes, 30 Texas Rep., 502.)

Resuelta la anterior cuestión previa, consideraremos el recurso establecido y lo resolveremos por sus propios méritos.

La demandante Dionisia Martínez alegó bajo juramento >en su demanda:

‘ ‘ Io. Que es dueña de la finca siguiente:
“Pedazo de terreno radicado en el barrio de ‘San Patricio,’ antes * Guaraguaos, ’ del término municipal de Ponce, compuesto de 84 cuer-das, si bien en el registro figuran 76 solamente, en lindes por el Este con la sucesión Joglar; por el Sud con el río de San Patricio; por el Oeste con una quebrada y con una finca de 180 cuerdas, propiedad de Don Juan Príncipe, de la cual subastó ‘El Pueblo de Puerto Rico’ 90 cuerdas primeramente y después 60 más, para el pago de contri-buciones ; y por el Norte con la cuchilla que divide las jurisdicciones de Utuado y Ponce. Cuya finca está inscrita en el registro de la propiedad al folio 195 del tomo 148 de Ponee, finca 174 duplicado, inscripción 7a. y es la marcada con la letra B en el plano adjunto.
“2°. Que ‘El Pueblo de Puerto Rico’ arrendó a Juan Delgado de las expresadas 60 y 90 cuerdas, por medio de un agrimensor del Departamento del Interior; lo bizo éste por indicación de dicbo Juan Delgado, de la finca descrita en el becbo primero; que no ba sido subastada, ni debe contribuciones, cuya finca, el repetido Juan Delgado venía ocupando con anterioridad sin ningún título, y la sigue ocupando en la actualidad.”

El demandado Juan Delgado contestó bajo juramento:

“Io. Que niega específicamente que la demandante sea dueña de la finca descrita en el párrafo primero de la demanda.
‘ ‘ 2o. Que si bien admite el haberse introducido y tomado posesión de dicba finca, alega que lo bizo bajo título de arrendatario del ‘Pueblo de Puerto Eico/ contrato de arriendo de 19 de marzo de 1906, y niega las demás alegaciones del párrafo segundo.”

Y el otro demandado, o sea El Pueblo de Puerto Eico, con-testó también bajo juramento:

“Io. Negamos los becbos contenidos en el número Io. de la de-manda.
“2o. Igualmente negamos los hechos relacionados en el número 2o. de la demanda.”

En el acto de la vista comparecieron las partes y practi-caron sus pruebas y la corte dictó sentencia declarando con lugar la demanda, decretando que la finca descrita pertenece-a la demandante Dionisia Martínez y condenando a los demandados a que la desocupen y dejen expedita a la libre disposición de la demandante apercibidos de lanzamiento.

De las pruebas resulta que Juan Príncipe Vásquez apa-recía en el registro y a los efectos del pago de las contribu-ciones, como dueño de dos fincas rústicas situadas en el término municipal de Ponce, una de ciento ochenta cuerdas y otra de setenta y seis.

Plabiendo Príncipe dejado de pagar las contribuciones impuestas a la finca de ciento ochenta cuerdas, se embargó una porción de la misma y se remató en la Colecturía de Eentas Internas de Ponce el 9 de marzo de 1904, adquirién-dola El Pueblo de Puerto Eico en pago de la suma adeudada, ascendente a 344 pesos 88 centavos. Juan Príncipe nu redimió las tierras rematadas y el dominio de las mismas se inscribió en el registro a favor de El Pueblo de Puerto Rico el 2 de julio de 1904. El Pueblo de Puerto Rico arrendó la expresada finca en 19 de marzo de 1906 a Juan Delgado.

Así las cosas, la demandante Dionisia Martínez estableció su demanda, y la cuestión a resolver en el presente caso es si las tierras rematadas por El Pueblo y arrendadas a Delgado y poseídas en la actualidad por El Pueblo como dueño y por Delgado como arrendatario, son en realidad de verdad parte de la finca de 180 cuerdas que pertenecía a Príncipe, o cons-tituyen la finca de 76 cnerdas que Príncipe vendió a la demandante Dionisia Martínez.

Un examen cuidadoso de las pruebas practicadas nos bace dudar mucbo con respecto al hecho de si la demandante identificó la finca que reclama como de su propiedad, requisito este esencial para que pudiera prosperar la acción reivindi-catoría por ella ejercitada.

Examinando las inscripciones de la finca de 76 cuerdas en el registro de la propiedad, se observa que la colindancia Este de la misma se varió al ser vendida por el Márshal de la Corte Municipal de Ponce en un procedimiento seguido contra Príncipe en cobro de pesos; que tal variación se debió al parecer a los datos suministrados por el mismo Príncipe; que Príncipe adquirió de nuevo la finca ya con la colindancia variada y que así la vendió a la demandante en este pleito.

Tal variación era indispensable para que la finca de 76 cnerdas colindara con la de 180 cuerdas, y para que pudiera alegarse que la finca de 76 cuerdas es la misma que actual-mente poseen los demandados.

Si se tiene en cuenta además que varios testigos afirman que la antigua finca de Eusebio Martínez vendida por su sucesión a Príncipe y finalmente adquirida por la deman-dante, está en otro sitio del mismo barrio, y que si la finca poseída por los demandados es la de 76 cuerdas, entonces m> es posible encontrar en su totalidad la otra finca de 180 cuer-das, debemos concluir que la prueba con respecto a la identifi-cación es muy dudosa, como dijimos anteriormente, y que por tal motivo podría declararse con lugar el recurso y desesti-marse la demanda.

Ahora bien, examinando la prueba se notan algunas circunstancias favorables a la demandante entre ellas la de que según la titulación de la finca de 180 cuerdas, ésta colinda por el Oeste con Eusebio Martínez, antiguo dueño de la finca de 76.

Siendo esto así, nos parece que se cumple mejor con los fines de la justicia aplicando a este caso la regla establecida por esta Suprema Corte en Dapena v. Sucesión Dominici, 12 D. P. R., 66, y Cepeda v. Andino, 12 D. P. R., 197, y en su virtud declarar con lugar el recurso, pero concediendo la celebración de un nuevo juicio, en el cual las partes con la experiencia del primero presenten una prueba completa y decisiva que permita resolver la cuestión planteada sin dudas ni vacilaciones.

El recurso debe declararse con lugar y concederse la celebración de un nuevo juicio.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Hernández y Aso-ciados Wolf y Aldrey.

El Juez Asociado Sr. MacLeary, no tomó parte en la reso-lución de este caso.