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author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Nelson Vélez Lugo, querellado.

      Número: CP-2003-3

      Resuelto: 10 de julio de 2006

      Vanessa Lugo Flores, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, querellantes; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial; Nelson Vélez Lugo, pro se.

   PER CURIAM:

H

El Lie. Nelson Vélez Lugo fue admitido al ejercicio de la abogacía y del notariado los días 6 y 23 de junio de 1983, respectivamente.

Mediante una Resolución de 19 de diciembre de 2002, instruimos al Procurador General para que presentara una querella contra el licenciado Vélez Lugo por ciertos incidentes ocurridos en la tramitación del caso Pagán Ferrer v. Irizarry Tirado, Caso IPE-2001-0024, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. El Procurador General, en cumplimiento con nuestra orden, presentó la correspondiente querella el 31 de enero de 2003, en la que le formuló un cargo al licenciado Vélez Lugo por entender que éste había violado el Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. EX, al causar dilaciones innecesarias en el trámite del caso IPE-2001-0024.

El 3 de febrero de 2003 expedimos un mandamiento al licenciado Vélez Lugo en el que le ordenamos contestar la querella presentada por el Procurador General dentro de un término de quince días. El mandamiento fue diligenciado personalmente por un alguacil el 12 de febrero de 2003 y el licenciado Vélez Lugo presentó su contestación a la querella tardíamente el 20 de marzo del mismo año. El 25 de abril de 2003 nombramos un Comisionado Especial para que, en presencia de las partes, recibiera la prueba y luego nos rindiera un informe con las determinaciones de hecho y las recomendaciones que estimase pertinentes.

Terminada su encomienda, el 14 de julio de 2004 el Comisionado Especial presentó el informe que le requiriéramos. El licenciado Vélez Lugo presentó una réplica al informe del Comisionado Especial. El caso quedó sometido para nuestra adjudicación el 12 de noviembre de 2004, y estamos en posición de resolver.

II

Esta controversia tuvo su origen durante el desarrollo del Caso IPE-2001-0024 ante el juez Ricardo Santana Ra-mos, de la Sala Superior de Mayagüez del Tribunal de Primera Instancia. Según las determinaciones de hecho del Comisionado Especial, en dicho caso el licenciado Vélez Lugo representaba a la parte demandada, quien contrató sus servicios el 2 de mazo de 2001, día para el cual el tribunal ya había señalado una vista. Por esta razón, y porque ya tenía otro señalamiento anterior en Arecibo, el 2 de marzo de 2001 en horas de la mañana el licenciado Vélez Lugo presentó una moción para que se le concediera un turno de la tarde, en vez de un turno temprano en la mañana. El tribunal accedió a lo solicitado, la vista se celebró en horas de la tarde y las partes llegaron a ciertos acuerdos.

La parte demandante presentó una moción en la que alegó que la parte demandada estaba incumpliendo con lo acordado en la vista del 2 de marzo y solicitó que se le encontrara incursa en desacato. A estos efectos, el tribunal señaló una vista para el 28 de agosto de 2001, a la cual la parte demandada compareció representada por el Lie. Melvin Martínez, debido a que el licenciado Vélez Lugo tenía otro señalamiento para ese día. El licenciado Martínez le manifestó al tribunal que no se sentía preparado para la vista y que no tenía el expediente del caso consigo. El tribunal le dio una oportunidad para que se preparara y, luego, las partes llegaron a nuevas estipulaciones que fueron acogidas por el tribunal.

Transcurrido el tiempo, la parte demandante instó nuevamente al foro de instancia a encontrar a la parte demandada incursa en desacato pues, alegadamente, seguía incumpliendo con lo acordado. El tribunal procedió, entonces, a señalar una vista para el 14 de noviembre de 2001. Aunque dictada el 7 de septiembre de 2001, dicha orden fue notificada a las partes el 20 de septiembre de 2001. El 3 de octubre de 2001 el licenciado Vélez Lugo solicitó la transferencia de dicha vista e indicó que hacía cuatro meses que tenía otro señalamiento —la vista en los méritos de un caso— para ese mismo día. El foro de instancia declaró “sin lugar” la petición de transferencia de vista y concedió a las partes un término para que pudiesen coordinar una fecha en la que ambas pudiesen comparecer. No obstante, las partes no lograron ponerse de acuerdo. El día señalado para la vista de desacato no comparecieron ni el licenciado Vélez Lugo ni uno de los demandados. El otro demandado compareció representado por el licenciado Santiago Feliciano, quien le explicó al tribunal que su representado no interesaba sus servicios, sino los del licenciado Vélez Lugo. Luego de cuestionar al demandado un poco en cuanto a sus deseos de que fuera el licenciado Vélez Lugo quien lo representara, el tribunal impuso sanciones a la parte demandada y pospuso la vista para el día siguiente en la sesión de la tarde.

El licenciado Vélez Lugo compareció a la vista el día siguiente a la hora señalada y le informó al juez Ricardo Santana Ramos que su cliente estaba en vías de presentar una querella en su contra (en contra del juez) y que una vez la tuviera le entregaría copia de ésta. El juez Santana Ramos le preguntó al licenciado Vélez Lugo si estaba preparado para la vista, pero éste le aconsejó al juez Santana Ramos que se inhibiera del caso, dadas las imputaciones que su cliente le estaba haciendo en la querella. Luego de un intercambio sobre este particular, el juez Santana Ra-mos dio por terminada la sesión y, posteriormente, el caso fue trasladado a otra sala.

Con este trasfondo fáctico, y luego de recibir los testimonios de las partes y sus testigos, el Comisionado Especial entendió que el licenciado Vélez Lugo tiene una carga de trabajo que no puede manejar solo. Por esta razón, en ocasiones se ve obligado a contratar a otros abogados para que lo sustituyan cuando se enfrenta a señalamientos conflictivos. No obstante, antes de requerir los servicios de otros letrados, el licenciado Vélez Lugo siempre consulta con sus clientes para asegurarse que estén de acuerdo con este proceder. Sin embargo, como todo esto lo hace de forma precipitada, los abogados contratados para sustituirlo no siempre llegan debidamente preparados a los señalamientos. Estas actuaciones usualmente redundan en perjuicio para los clientes del licenciado Vélez Lugo, cuyas causas se ven postergadas hasta que éste encuentre un espacio en su calendario.

III

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, supra, impone al abogado el deber de tramitar las causas con puntualidad y diligencia.

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente.

Además, hemos resuelto que aunque somos conscientes de que los abogados siempre están sujetos a la posibilidad de señalamientos conflictivos, éstos no son razones válidas para suspender y posponer vistas judiciales señaladas con tiempo. Neri Tirado v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 429 (1975). No obstante, los tribunales están obligados a ser comprensivos cuando las circunstancias del caso ameritan la posposición de la vista.

De los hechos que el Comisionado Especial estimó probados se desprende que el juez Santana Ramos fue comprensivo con el licenciado Vélez Lugo al acceder a sus peticiones de señalamientos posteriores y al fomentar el diálogo y la coordinación entre los letrados de las partes para que las vistas pudieran celebrarse de acuerdo con los calendarios de ambos. Por su parte, el licenciado Vélez Lugo, al no lograr coordinar sus fechas decidió contratar, con la anuencia de sus representados, a otros letrados para que lo sustituyeran en las vistas a las que no podía asistir, con el problema adicional de que estos abogados nunca estuvieron debidamente preparados para atender las vistas a las que comparecieron. Al así proceder, el licenciado Vélez Lugo faltó a su deber de proveer un trámite y una defensa diligente, responsable y efectiva a sus clientes, ya que causó demoras innecesarias que entorpecieron el curso del caso. Por lo tanto, coincidimos con el Procurador General en que el licenciado Vélez Lugo violó el Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra.

Sin embargo, no podemos soslayar que el licenciado Vélez Lugo ha gozado de buena reputación en nuestra profesión por casi 24 años y que durante ese período nunca había sido objeto de una querella disciplinaria. Además, según nos informa el Comisionado Especial, éste reiteradamente se ha mostrado avergonzado y apesadumbrado por los inconvenientes causados, y repetidamente se ha disculpado con las partes involucradas en la controversia que suscitó la presente querella, incluido el juez Santana Ramos.

IV

Por todo lo anterior, resolvemos que el licenciado Vélez Lugo violó el Canon 12 del Código de Etica Profesional, supra. Censuramos sus actuaciones reprochables, que desembocaron en dilaciones innecesarias en la causa de acción de sus clientes, y lo apercibimos que, de repetirse en un futuro la conducta que dio curso a la presente querella, seremos mucho más severos en nuestra sanción.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rivera Pérez no interviene.


author: PER curiam:

text:
      In re Ricardo Corretjer Ruiz, querellado.

      Número: TS-2901

      Resuelto: 11 de julio de 2006

      Vanessa Lugo Flores, subprocuradora general, y Minnie H. Rodríguez López, procuradora general auxiliar, querellantes; Hon. Aurelio Gracia Morales, juez administrador del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito; Ygrí Rivera de Martínez, comisionada especial; Ricardo Corretjer Ruiz, querellado que comparece por derecho propio.
   PER curiam:

I

Ricardo Corretjer Ruiz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 7 de junio de 1967 y de la notaría el 12 de julio de 1967.

El 28 de junio de 2001 el Juez Administrador de la Región Judicial de Aibonito remitió ante nuestra consideración una copia certificada del expediente de un caso criminal en el que Corretjer Ruiz había hecho una alegación preacordada y se había declarado culpable de una infracción al Art. 22 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular (Ley de Propiedad Vehicular).

El 9 de noviembre de 2001, por estar Corretjer Ruiz suspendido indefinidamente de la profesión por un reiterado incumplimiento con la obligación de pagar la cuota del Colegio de Abogados, atendimos la comunicación referida del Juez Administrador de la Región Judicial de Aibonito, y ordenamos que los documentos procedentes del Tribunal de Primera Instancia fuesen unidos al expediente personal de Corretjer Ruiz. Dado que el delito por el cual Corretjer Ruiz había sido condenado implica depravación moral, ordenamos asimismo que si en algún momento éste solicitaba la reinstalación al ejercicio de la profesión, los referidos documentos fuesen remitidos al Procurador General para que se presentara la querella correspondiente.

Ante una solicitud de reinstalación por parte de Corretjer Ruiz, el 28 de diciembre de 2001 ordenamos que se remitiera copia de su expediente al Procurador General. El 28 de febrero de 2002 el Procurador compareció ante nos y presentó una querella contra Corretjer Ruiz por incumplir con los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y solicitó la separación permanente de éste del ejercicio de la profesión.

El 17 de septiembre de 2003 denegamos la solicitud de reinstalación de Corretjer Ruiz y le concedimos un término para que contestara la querella en su contra. No habiendo éste contestado la querella, el 24 de diciembre de 2003 dimos por negadas las alegaciones de ésta y nombramos a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez, ex juez del entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, para que, en presencia de las partes y en calidad de Comisionada Especial, recibiera la prueba y nos rindiera un informe con las determinaciones de hechos y recomendaciones que estimara pertinentes.

El querellado Corretjer Ruiz compareció tanto por escrito como personalmente ante la Comisionada Especial. Por su parte, el Procurador General sometió su caso a base de los expedientes ante el foro de primera instancia y el de la querella presentada.

La Comisionada Especial rindió el informe encomendado, y al estar en posición de adjudicar la querella, procedemos a hacerlo.

II

A Ricardo Corretjer Ruiz se le presentaron cargos criminales por unas infracciones al Art. 275 del Código Penal de 1974 y al Art. 25 de la Ley de Propiedad Vehicular por hechos ocurridos en junio del 2000. El 22 de mayo de 2001, tras negociar con el Ministerio Público, éste hizo alegación de culpabilidad por violación al Art. 22 de la Ley de Propiedad Vehicular —delito menos grave— sobre prestación de información falsa.

El Art. 22 de la Ley de Propiedad Vehicular, supra, de cuya violación se declaró culpable el querellado, sanciona el brindar información falsa al Secretario de Transportación y Obras Públicas o a la Policía a sabiendas de que es falsa. Según se desprende del informe de la Comisionada Especial, Corretjer Ruiz preparó una declaración jurada, a sabiendas de que contenía información falsa, con el propósito de obviar los procedimientos establecidos en el Negociado de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico.

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, consagra el deber de sinceridad y honradez que debe observar todo abogado y, en parte, dispone lo siguiente:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ... debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho ....
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de, los hechos ...al redactar [affidavits] u otros documentos .... (Énfasis suplido.)

Por otra parte, el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia ....
Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable. (Énfasis suplido.)

Claramente, la conducta de Ricardo Corretjer Ruiz implicó una crasa violación a los Cánones 35 y 38 antes citados. Los actos por los cuales fue condenado —a saber, brindar informes falsos a la Policía a sabiendas de su falsedad— denotan depravación moral. El hecho de que incurriera en dicha conducta como parte de su función notarial contribuyó aún más a deshonrar la profesión legal. Como si fuera poco, medió el agravante de que la declaración jurada en cuestión fue preparada mientras se encontraba separado del ejercicio de la profesión por incumplir con su obligación de pagar las cuotas del Colegio de Abogados.

III

En vista de lo anterior, concluimos que el querellado está claramente incapacitado para ejercer la profesión legal en Puerto Rico.

Por los fundamentos expresados, se decreta el desaforo permanente de Ricardo Corretjer Ruiz.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió sin opinión escrita. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Rivera Pérez no intervinieron.

       El Art. 275 penalizaba como delito grave la falsificación de documentos con intención de defraudar. 33 L.P.R.A. see. 4595.

       El Art. 25 penaliza como delito grave el suplir, a sabiendas, información falsa a cualquier expediente físico o sistema de computadoras sobre vehículos de motor. 9 L.P.R.A. see. 3224.

       Dicho Art. 22 dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
      “Toda persona que por disposición de este capítulo viniese obligada a informar determinados hechos al Secretario de Transportación y Obras Públicas o a la Policía de Puerto Rico y no lo hiciese o suministrase informes falsos a sabiendas o teniendo razones para creer que son falsos la suministre como verdadera, incurrirá en delito menos grave ....”9 L.P.R.A. see. 3221.

       “La depravación moral, tratándose de abogados, consiste ‘en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios’ y por lo tanto ... todo delito que conlleve fraude como ‘ingrediente básico’ ha de siempre ser considerado como uno que implica ‘torpeza moral’.” In re León Sánchez, 159 D.P.R. Ap. (2003), Caso Núm. 10,994, Opinión per curiam, pág. 4. Véase, además, In re Calderón Nieves, 157 D.P.R. 299 (2002).

       Cabe señalar que el incumplimiento con la obligación de pago de la cuota del Colegio de Abogados ha sido un problema recurrente para Corretjer Ruiz y que, antes de haber sido suspendido del ejercicio de la profesión por ello, había recibido oportunidades para corregir su conducta.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Fabianita Flores Concepción, querellante y recurrida, v. Taíno Motors, Inc., y Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc., coquerelladas y peticionaria la última.

      Número: CC-2005-889

      Resuelto: 12 de julio de 2006

      Antonio J. Colón-Alsina y Carlos J. Grovas-Porrata, abogados de Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc., parte coquerellada y peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos del presente caso son, en apretada síntesis, los siguientes: el 21 de marzo de 1995 la Sra. Fabianita Flores Concepción adquirió de Top Auto Sales, Corp. un automóvil nuevo, marca Mitsubishi, modelo Montero, del año 1995. Luego de varios años, y vencida la garantía básica otorgada a dicho vehículo, el 15 de febrero de 2001 Flores Concepción recibió una notificación de seguridad de parte de Mitsubishi Motor Sales of Caribbean, Inc. (Mitsubishi), indicándole que se había determinado que existía un defecto relacionado con la seguridad de ciertos modelos Monteros de 1992-1996. En específico, se le explicó que el posible defecto consistía en que el tornillo que aseguraba la polea del cigüeñal podía soltarse y la polea podía desprenderse totalmente del vehículo y causar pérdida en la asistencia del power steering. Por esto, se le indicó a Flores Concepción que se comunicara con un centro de servicio autorizado para, sin costo alguno, realizar el trabajo que fuera pertinente a su automóvil, a saber, inspeccionar, ajustar o reemplazar el damper.

Tras hacer la correspondiente cita, el 23 de abril de 2001 Flores Concepción llevó su vehículo a las instalaciones del centro de servicio autorizado de Mitsubishi, entonces conocido como Cacique Motors, en donde, conforme la campaña de seguridad, le cambiaron el tornillo del damper. Posteriormente —y luego de que el vehículo funcionara bien por espacio de un año y ocho meses desde que fue efectuada la referida reparación— éste comenzó a presentar un zumbido en el motor, por lo cual Flores Concepción se comunicó con Mitsubishi al número de teléfono registrado para la campaña de seguridad. Allí le indicaron que, por razones de seguridad, llevara su automóvil en grúa hasta el centro de servicios para verificar el damper. Así procedieron a hacerlo Flores Concepción y su esposo Wilfredo Sanjurjo Sepúlveda, y llevaron el vehículo a Taino Motors.

El automóvil permaneció en el centro de servicios para la reparación correspondiente. Luego de que el técnico de Mitsubishi inspeccionara la unidad, autorizando cambiarle el tornillo del damper, el damper y el cigüeñal del vehículo, el 3 de marzo de 2003 Sanjurjo Sepúlveda recibió una llamada de dicho centro de servicios a través de la cual le notificaron que las bielas del referido vehículo estaban dobladas. En vista de ello, le requirieron el pago de esa reparación, a lo cual Flores Concepción se opuso, por lo cual no se llevó a cabo dicho arreglo. En virtud de lo anterior, el 4 de marzo de 2003 Flores Concepción y Sanjurjo Sepúlveda presentaron una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.), contra Taino Motors y Mitsubishi en la que solicitaron se le entregara su vehículo arreglado y libre de costo.

Luego de varios trámites e incidentes procesales, y de haberse celebrado una vista administrativa, el 30 de septiembre de 2003 D.A.Co. emitió resolución en la que declaró “con lugar” la querella —la cual fue notificada ese mismo día— ordenándole a Mitsubishi que reparara satisfactoriamente, y sin costo alguno, los defectos del vehículo de los querellantes. A su vez, D.A.Co. desestimó la reclamación contra Taino Motors.

Mitsubishi presentó, en tiempo, una moción de reconsideración. Dieciséis días después de presentada dicha moción, D.A.Co. acogió la solicitud de reconsideración y le concedió un término de diez días a la parte querellante para que replicara; el referido foro señaló que “próximamente se considerarían] los méritos de la misma”. Orden de D.A.Co., Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 67.

No obstante lo anterior, e inconforme con la antes mencionada determinación, el 25 de noviembre de 2003 Mitsubishi acudió —vía recurso de revisión administrativa— ante el Tribunal de Apelaciones. El 9 de marzo de 2004, mediante resolución a esos efectos, el foro apelativo intermedio le concedió un término de quince días a Mitsubishi para mostrar causa por la cual —conforme lo resuelto en Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601, 612 (1997)— no debía desestimar el recurso presentado por prematuro.

En cumplimiento con lo ordenado, el 30 de marzo de 2004 Mitsubishi compareció ante el referido foro. Alegó, en síntesis, que a su entender lo resuelto en Lagares v. E.L.A., ante —a los efectos de que un tribunal de instancia podía acoger una moción de reconsideración aun cuando la hubiese denegado de plano, de estimarlo procedente, si aún no ha transcurrido el término para interponer el recurso de apelación o revisión— se circunscribía a las solicitudes de reconsideración en casos civiles, ello en virtud de las disposiciones de la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, por lo cual nada tenía que ver con los procedimientos de reconsideración de acuerdo con la See. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. see. 2165. Conforme a lo anterior, argumentó que, aun cuando ambas disposiciones legales eran parecidas, existían entre ellas diferencias sustanciales y fundamentales, por lo cual Lagares v. E.L.A., ante, no debía aplicarse por analogía al presente caso.

A esos efectos, Mitsubishi destacó que ambas disposiciones contenían términos distintos dentro de los cuales una parte adversamente afectada podía presentar una moción de reconsideración, a saber: ante la agencia, el plazo es de veinte días, y ante el tribunal de instancia es de quince días; que las agencias cuentan con un término de quince días para atender dicha moción, mientras que el tribunal de instancia cuenta con un término de diez días; que, a diferencia de los tribunales de instancia —para los cuales no existe un límite de tiempo— las agencias administrativas tienen un término jurisdiccional de noventa días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de reconsideración, para resolverla una vez ésta era acogida; que la mera presentación de una solicitud de reconsideración ante una agencia administrativa interrumpe el término para acudir en revisión judicial sin estar sujeto a que se acoja la moción, y que, por el contrario, en el foro judicial, si el tribunal de instancia no acoge oportunamente la solicitud —o dentro del término para acudir ante el Tribunal de Apelaciones— el término no se considera interrumpido ni se extiende de forma alguna.

Mitsubishi alegó, además, que de considerarse que D.A.Co. tenía facultad para acoger la solicitud de reconsideración, el término de noventa días establecido para que el referido foro la resolviera había vencido el 18 de enero de 2004, sin que la agencia se hubiese expresado al respecto. En vista de ello, señaló que D.A.Co. había perdido jurisdicción sobre el asunto, por lo cual éste se encontraba maduro para ser atendido por el foro apelativo intermedio.

Tras varios trámites e incidentes procesales, el 30 de abril de 2004 el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución en la que desestimó el recurso por falta de jurisdicción. Al así resolver, estableció que la doctrina establecida en Lagares v. E.L.A., ante, aplicaba, con igual fuerza, en el presente caso ya que, de manera excepcional, podían aplicarse las Reglas de Procedimiento Civil al procedimiento administrativo siempre que no fueran incompatibles con la naturaleza de dicho procedimiento. El foro apelativo intermedio determinó que D.A.Co. —mientras no hubiese transcurrido el término para recurrir en revisión judicial y no se hubiese presentado un recurso de revisión judicial— podía considerar y atender la moción de reconsideración si ésta fue debida y oportunamente presentada. Resolvió que D.A.Co. tenía jurisdicción el 5 de noviembre de 2003 cuando acogió la moción de reconsideración presentada por Mitsubishi, un día después de transcurrido el término establecido en la Sec. 3.15 de la L.P.A.U., ante, pero dentro del término para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones, ya que Mitsubishi todavía no había presentado su recurso de revisión. En consecuencia, el foro apelativo intermedio concluyó que el recurso presentado por Mitsubishi era prematuro, por lo cual carecía de jurisdicción para atenderlo.

Insatisfecha con tal proceder, el 26 de septiembre de 2005 Mitsubishi acudió ante este Tribunal —vía certiorari— alegando, en síntesis, que incidió el foro apelativo intermedio al aplicar la doctrina de Lagares v. E.L.A., ante, a una agencia administrativa que actuó sobre una moción de reconsideración fuera del término de quince días establecido en la Sec. 3.15 de la L.P.A.U., ante, contrario a lo establecido en la opinión de este Tribunal en el caso Aut. Desp. Sólidos v. Mun. San Juan, 150 D.P.R. 106 (2000), y a la Regla 28.1 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del Departamento de Asuntos del Consumidor, Reglamento Núm. 6219 de 18 de octubre de 2000.

Examinada la solicitud de certiorari, el 20 de enero de 2006 emitimos una resolución en la cual concedimos un término de veinte días a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones. Estando en condiciones de resolver el recurso presentado, procedemos a hacerlo.

HH

A. Como es sabido, la See. 4.2 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2172, establece un término de treinta días para solicitar la revisión judicial de una decisión final de una agencia. Particularmente, la referida disposición estatutaria dispone que este plazo comienza a transcurrir a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación de la decisión administrativa o a partir de la fecha aplicable cuando el término es interrumpido mediante la oportuna presentación de una moción de reconsideración. Pérez v. VPH Motor Corp., 152 D.P.R. 475, 483 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 115-116 (1998).

Específicamente, la Sec. 3.15 de la L.P.A.U., ante, rige el procedimiento cuando una parte adversamente afectada por una determinación administrativa desea solicitar una reconsideración ante la agencia. Pérez v. VPH Motor Corp., ante, págs. 482-483; Rodríguez et al. v. A.R.Pe., 149 D.P.R. 111, 115-116 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., ante, págs. 115-116. Véase, además, D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 482.

A tales efectos la referida Sec. 3.15 de la L.P.A.U., ante, establece, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. (Enfasis nuestro.)

Como podemos notar, surge de esta disposición estatutaria que una oportuna moción de reconsideración interrumpe automáticamente el término para acudir en revisión judicial. De igual forma, se desprende de ésta que, presentada oportunamente dicha moción, la agencia administrativa puede hacer, dentro del término de quince días, lo siguiente: (1) tomar alguna determinación en su consideración; (2) rechazarla de plano, o (3) no actuar sobre ésta, lo cual equivale a rechazarla de plano. Específicamente se establece que, cuando la agencia no toma determinación alguna dentro del referido plazo de quince días, el término para presentar un recurso de revisión comenzará a correr nuevamente desde la expiración de dicho plazo. Aut. Desp. Sólidos v. Mun. San Juan, ante; Misión Ind. P.R. v. J.P., ante, pág. 116; Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888, 904 (1992). Véase, además, Fernández Quiñones, op. cit., pág. 483.

En Misión Ind. P.R. v. J.P., ante, atendimos la interrogante de en qué momento comenzaba a transcurrir el plazo para la revisión judicial cuando la agencia denegaba una solicitud de reconsideración dentro del término de quince días establecido en la Sec. 3.15 de la L.P.A.U., ante, pero notificada a las partes luego de expirado dicho término. Adoptando la interpretación que de la referida Sec. 3.15 hiciera una mayoría de los integrantes de este Tribunal en la sentencia emitida en Rivera v. Mun. de Carolina, 140 D.P.R. 131 (1996), determinamos que, si dentro del plazo de quince días la agencia deniega expresamente la moción de reconsideración, el término para solicitar la revisión judicial comienza a contar a partir de la fecha de la notificación de tal decisión y no a partir de la expiración del plazo de quince días. Misión Ind. P.R. v. J.P., ante, pág. 116.

De este modo, rechazamos la interpretación en cuanto a que la referida Sec. 3.15 de la L.P.A.U., ante, exige el archivo en autos, dentro del plazo de quince días, de una copia de la notificación de la decisión administrativa en la cual se denegaba la moción de reconsideración, para interrumpir el término para solicitar revisión judicial. Misión Ind. P.R. v. J.P., ante, págs. 116-117. A esos efectos, expresamos

... que es sólo cuando la agencia no actúa en forma alguna con respecto a la moción de reconsideración que el término para recurrir judicialmente se comienza a contar a partir de la ex-piración del referido plazo de quince (15) días .... Misión Ind. P.R. v. J.P., ante, pág. 116.

Ahora bien, el presente caso es distinto, ya que la agencia tomó su determinación respecto a la moción de reconsideración y, a su vez, uotificó a las partes fuera del plazo de quince dIas. Por ser esto asI, debemos resolver si la agenda tenla jurisdicción para acoger y emitir una determinación con respecto a dicha moción aun luego de transcurrido el antes mencionado término.

B. La Regla 47 de Procedimiento Civil, ante, regula lo pertinente a la presentación de mociones de reconsjderacjón ante los tribunales de instancja. Soc. de Gananciales v. Sánchez, 148 D.P.R. 326, 334-335 (1999). A tales efectos, la referida regla establece en lo aquf pertinente:

La parte adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia del Tribunal de Primera Instancia podr, dentro del término jurisdiccional de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden ... presentar una moción de reconsideración de la resolución, orden o sentencia ....
El tribunal, dentro de los diez (10) días de haberse presentado dicha moción, deber considerarla. Si la rechazare de plano, el término para apelar o presentar un recurso de certiorari se considerar como que nunca fue interrumpido. ...
... Si el tribunal dejare de tomar alguna acción dentro de los diez (10) días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 47.

La transcrita disposición busca “crear la oportunidad para que un tribunal sentenciador pueda realizar la significativa tarea de corregir cualquier error que haya cometido al dictar una sentencia o resolución” y “evitar que el medio procesal de la reconsideración se convierta en una vía para dilatar injustificadamente la ejecución de un dictamen judicial”. Lagares v. E.L.A., ante, pág. 612. Véanse, además: J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. II, pág. 765; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, San Juan, Michie de Puerto Rico, 1997, pág. 294.

Hemos indicado, reiteradamente, que si el foro primario no toma acción alguna con respecto a una moción de reconsideración oportunamente presentada, dentro de los diez días de haber sido instada, ésta se entiende rechazada de plano y se considerará que el término para acudir en revisión judicial ante el foro pertinente nunca fue interrumpido por la mencionada moción. Soc. de Gananciales v. Sánchez, ante; Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991); Rodríguez Rivera v. Autoridad Carreteras, 110 D.P.R. 184 (1980); Cuevas Segarra, op. cit, pág. 770.

Ello no obstante, hemos reconocido que cuando un tribunal rechaza de plano una moción de reconsideración oportunamente interpuesta, ya fuese por acción afirmativa o por inacción, dicho foro no queda privado, automáticamente, de su facultad para reconsiderar su actuación previa. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314 (1997); Villanueva v. Hernández Class, ante; Rodríguez Rivera v. Autoridad Carreteras, ante; El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 800 (1965).

A tales efectos, en Lagares v. E.L.A., ante, entre otras cosas, reiteramos dicha norma y establecimos que, mientras no haya transcurrido el término para recurrir en alzada, el tribunal puede considerar y atender la moción de reconsideraciOn. A esos efectos, especIficamente expresamos que aunque el foro de instancia haya denegado inicialmente la moción de reconsideración puede acogerla, posteriormente, de estimarlo procedente, si aân no ha transcurrido el término para interponer el recurso de apelación o revision. Lagares v. E.L.A., ante, pág. 613. Señalamos que "U]o determinativo para que se interrumpa el tOrmino de apelación o revisiOn es que el foro de instancia tome alguna acción para acoger la moción de reconsideradon mientras atm tiene jurisdicciOn sobre el caso". Id. De este modo, una vez la moción de reconsideración se acoge, el tOrmino para la apelaciOn o la revisiOn queda interrumpido hasta que se resuelva definitivamente dicha moción. Id.

En el presente caso, y conforme con la decisión emitida en Lagares v. E.L.A., ante, el Tribunal de Apelaciones determinó que D.A.Co. podía considerar una moción de reconsideración siempre y cuando no hubiese transcurrido el término para acudir en revisión judicial; ello por el fundamento de que pueden aplicarse al ámbito administrativo las Reglas de Procedimiento Civil siempre que sean compatibles con la naturaleza de dicho procedimiento.

Hemos senalado que las Reglas de Procedimiento Civil no aplican automáticamente en procedimientos administrativos. Pérez v. VPH Motor Corp., ante, pág. 484. Véanse: Lopez Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); Berríos v. Comisión de Minería, 102 D.P.R. 228 (1974); Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717 (1961). No obstante lo anterior, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha aplicado dichas reglas al ordenamiento procesal administrativo, siempre que éstas fueran compatibles con dicho proceso y propiciaran una solución justa, rápida y económica. Florenciani v. Retiro, 162 D.P.R. 365 (2004); Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 D.P.R. 341 (2004); Pérez v. VPH Motor Corp., ante; Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., 147 D.P.R. 816, 822 (1999); Pérez Rodríguez v. P.R. Park. Systems, Inc., 119 D.P.R. 634, 639-640 (1987). Ahora bien, hemos señalado que ello no procede cuando la extensión de las reglas judiciales acarrea trabas que obstaculizan la flexibilidad, agilidad o sencillez que debe tener el proceso administrativo. Florenciani v. Retiro, ante; Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, ante; Pérez v. VPH Motor Corp., ante.

Conforme a lo anterior, hemos incorporado al ámbito administrativo normas aplicables a los litigios civiles. Véase Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714 (2003). Particularmente, hemos aplicado por analogía la antes mencionada Regla 47 de Procedimiento Civil para resolver ciertas controversias con respecto a la interrupción del término para acudir en revisión judicial. Pérez v. VPH Motor Corp., ante, págs. 485-486. Así pues, hemos establecido, entre otras cosas, que la interrupción del término para acudir en alzada, producto de la oportuna solicitud de reconsideración de una de las partes ante la agencia administrativa, beneficia a cualquier otra parte en el pleito. Pérez v. VPH Motor Corp., ante.

A su vez, hemos determinado que “tomar alguna determinación” sobre la moción de reconsideración equivale a que una agencia administrativa ordene a la parte adversa exponer su posición respecto a ésta. Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., ante. De igual forma, en Febles v. Romar, ante, aplicamos, de forma prospectiva y por analogía, lo resuelto en Lagares v. E.L.A., ante, a los efectos de que el término para notificar una moción de reconsideración a las demás partes no es de carácter jurisdiccional, sino de cumplimiento estricto.

1—i

Argumenta el peticionario que erró el Tribunal de Apelaciones al aplicar la antes mencionada norma establecida en Lagares v. E.L.A., ante, a una agencia administrativa que actuó fuera del término de quince días establecido en la Sec. 3.15 de la L.P.A.U., ante; ello por entender que tal actuación es contraria a lo establecido por este Tribunal en Adm. Desp. Sólidos v. Mun. San Juan, ante, y, a su vez, a lo dispuesto en la Regla 28.1 del Reglamento Núm. 6219 de D.A.Co., ante.

En el referido caso, resuelto mediante Sentencia, una parte acudió al Tribunal de Apelaciones luego de que la agencia administrativa denegara su moción siete meses después de que fue oportunamente presentada. Allí resolvimos que una parte que pretende incoar un recurso de revisión judicial tenía que acatar el mandato de la L.P.A.U. a los efectos de que, si la agencia concernida no consideró su solicitud de reconsideración dentro de los quince días que tenía para hacerlo, dicha parte tenía treinta días, a partir de la fecha en que se cumplieron los quince días antes mencionados, para presentar su recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Como no lo hizo, determinamos que su recurso fue tardío, por lo cual el Tribunal de Apelaciones actuó sin jurisdicción y, por ende, este Tribunal estaba impedido de adjudicar la controversia.

Como vemos, los hechos del referido caso son distintos al caso de autos. Allí la agencia tomó su determinación con respecto a la moción de reconsideración no sólo fuera del plazo de quince días establecido en la Sec. 3.15 de la L.P.A.U., ante, sino que, además, la denegó fuera del término establecido para recurrir en revisión judicial. En este caso, por el contrario, si bien es cierto que D.A.Co. tomó su determinación fuera del plazo de quince días, lo hizo dentro del término que tenía la parte perdidosa para acudir ante el Tribunal de Apelaciones y antes de que se presentara un recurso de revisión judicial.

HH f—I h-H

Somos del criterio que de manera similar a los casos en los cuales hemos aplicado anteriormente la Regla 47 de Procedimiento Civil, ante, aplicar a la situación de hechos de este caso lo establecido en Lagares v. E.L.A., no perturba ni es incompatible con el proceso administrativo. Ello no incide sobre la “necesidad de que los organismos administrativos funcionen sin la flexibilidad que generalmente caracteriza a los tribunales”. Pérez v. VPH Motor Corp., ante. En última instancia, dicha determinación resulta procedente cuando la aplicación de las normas de las Reglas de Procedimiento Civil sean compatibles con el proceso administrativo y propicien una solución justa, rápida y económica. No hay duda que adoptar en este caso lo resuelto en Lagares v. E.L.A., ante, propicia los mencionados objetivos.

El hecho de que una agencia administrativa pueda acoger una moción de reconsideración —luego de transcurrido el plazo de quince días que se establece para que la agencia la atienda y antes de que se presente un recurso judicial en revisión de la decisión administrativa emitida— ciertamente no produce incertidumbre alguna respecto a cuándo comienza a transcurrir el término para recurrir en revisión judicial. Sólo cuando todavía no ha transcurrido el término para acudir en revisión ante el foro judicial y no se haya presentado el recurso de revisión judicial, es que la agencia tendría jurisdicción para tomar alguna determinación sobre la moción de reconsideración presentada fuera del mencionado término de quince días. Lo anteriormente expresado resulta ser cónsono con lo dispuesto en la antes mencionada Regla 28.2 del Reglamento Núm. 6219, ante, para que D.A.Co. pueda reconsiderar sus resoluciones, a iniciativa propia, antes de que expire el término pautado para presentar el recurso de revisión judicial.

Resolvemos, en consecuencia, que una agencia administrativa tiene jurisdicción para acoger una moción de reconsideración, aun después de transcurrido el término establecido para ello en la Sec. 3.15 de la L.P.A.U., ante, siempre y cuando no haya transcurrido el término para acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones y no se haya presentado un recurso ante dicho foro. En este caso D.A.Co. acogió la moción de reconsideración dieciséis días luego de presentada la moción de reconsideración, pero dentro del término para recurrir en revisión judicial y antes de que Mitsubishi presentara su recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones. Al ser así, y teniendo jurisdicción D.A.Co. para acoger su moción de reconsideración, resolvemos que el recurso presentado por Mitsubishi —con posterioridad a que D.A.Co. acogiera la moción de reconsideración— fue prematuro, por lo cual el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción para resolverlo.

IV

No obstante lo anteriormente expresado y resuelto, so-mos del criterio que la norma hoy establecida debe tener efecto prospectivo. Ello porque ésta es de nueva creación y la aplicación de dicha norma al presente caso conllevaría, en cierto modo, la comisión de una injusticia contra una parte —Mitsubishi— que hoy no tendría derecho a la presentación de un nuevo recurso judicial para revisar la decisión emitida por D.A.Co., ya que habrían transcurrido todos los términos posibles.

Por ello, procede expedir el recurso de certiorari presentado, dictar sentencia revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolver el caso a dicho foro apelativo para que dilucide y resuelva el recurso presentado por Mitsubishi.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión de conformidad en parte y disidente en parte.

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Estoy conforme con lo expresado por la mayoría del Tribunal en los acápites I al III de la opinión emitida en el caso de autos. Comparto con la mayoría el claro criterio de que la norma formulada en Lagares v. E.L.A., 144 D.P.R. 601 (1997), aplica también a los procedimientos administrativos. Las agencias como el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) tienen la indudable facultad para acoger en cualquier momento una moción de reconsideración debidamente presentada, mientras no haya transcurrido el término para acudir al foro apelativo.

Con lo que no estoy de acuerdo es con el dictamen de la mayoría del Tribunal de darle sólo efecto prospectivo a la aludida norma, reconocida formalmente hoy en el caso de autos. Veamos.

Como principio general, las normas que pautamos en los casos que llegan a nuestra consideración tienen efecto inmediato. Adjudicamos tales casos precisamente aplicando a las partes en disputa las normas que pautamos en dichos casos. Nuestro quehacer judicial se desenvuelve a través de casos y controversias concretas, las cuales resolvemos dictaminando las normas pertinentes, que tienen efecto enseguida. No tenemos facultad para resolver cuestiones jurídicas en abstracto, sino en pleitos reales que adjudicamos haciendo valer en ellos las normas que sean procedentes.

Por vía de excepción, en raras ocasiones decidimos que las nuevas normas pautadas en algún caso habrán de tener sólo efectos prospectivos. Pero ello ocurre muy pocas veces, sólo cuando están presentes circunstancias verdaderamente extraordinarias. Lo hemos hecho cuando en un caso particular formulamos una norma de nuevo cuño, que no era fácilmente anticipable, y cuya inesperada aplicación en dicho caso podía ocasionar resultados sustancialmente injustos para la parte que confió en la norma anterior que quedó desplazada por la nueva norma. Igual lo ha hecho el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Véase Chevron Oil Co. v. Huson, 404 U.S. 97 (1971). Hemos hecho hincapié en que la decisión excepcional de darle sólo efecto prospectivo a una opinión normativa nuestra debe fundamentarse “principalmente en consideraciones de política pública y orden social”, Datiz v. Hospital Episcopal, 163 D.P.R. 10 (2004), habiendo reconocido antes que en tales casos nuestro norte debe ser “conceder remedios justos y equitativos que respondan a la mejor convivencia social”. Gorbea Vallés v. Registrador, 131 D.P.R. 10, 16-18 (1992).

Es menester enfatizar el carácter excepcional de la decisión de darle sólo efecto prospectivo a la norma que pautamos en algún caso. Nótese que al no darle vigencia a tal norma de inmediato y no aplicarla a las partes de ese pleito, nos acercamos a la situación de una opinión consultiva, que nos está vedada. Véase R. Calderón Jiménez, Retroactividad o prospectividad de las decisiones de los tribunales, 53 (Núms. 2-3) Rev. C. Abo. P.R. 107 (abrilseptiembre 1992). Además, si las normas que pautamos tuviesen sólo efecto prospectivo, los litigantes no tendrían interés en acudir ante nos para resolver sus disputas.

No creo que en el caso de autos existen las circunstancias extraordinarias que justifiquen favorecer a la peticionaria Mitsubishi, eximiéndole de la aplicación de la norma medular que se reconoce en este caso. Para comenzar, la norma en cuestión era anticipable, como bien intima la mayoría del Tribunal en su propio dictamen. Era previsible que la norma de Lagares v. E.L.A., supra, se aplicaría a los procedimientos administrativos, en vista de que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de que las reglas judiciales son extensibles al ámbito administrativo por analogía si son compatibles y ello propicia soluciones justas, rápidas y económicas. Pérez v. VPH Motor Corp., 152 D.P.R. 475 (2000); Ortiz v. Adm. Sist. de Retiro Emp. Gob., 147 D.P.R. 816 (1999); Pérez Rodríguez v. P.R. Park. Systems, Inc., 119 D.P.R. 634 (1987).

Además, era claramente previsible que la norma en cuestión de Lagares v. E.L.A., supra, se extendería a las agencias administrativas, porque ya en Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714 (2003), habíamos aplicado otro aspecto de la norma de Lagares v. E.L.A., supra, precisamente al proceso administrativo: el término para notificar una moción de reconsideración a las partes restantes en un pleito es de cumplimiento estricto. En aquel momento sí se justificaba darle efecto prospectivo a nuestra decisión, “en vista de que extendíamos] por primera vez al ámbito administrativo la norma establecida en Lagares v. E.L.A. ...”. (Enfasis suplido.) Febles v. Romar, supra, pág. 723. El hecho de que recientemente ya habíamos aplicado un aspecto de Lagares v. E.L.A., supra, a los procedimientos administrativos debió haber sido aviso suficiente para Mitsubishi de que el resto de la norma de dicho caso aplicaría a su caso.

Más aún, el propio Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de D.A.Co., Reglamento Núm. 6219 de 18 de octubre de 2000, en su Regla 28.2, expresamente dispone que dicha agencia “podrá reconsiderar sus resoluciones ... antes de que expire el término para radicar revisión judicial”. Es decir, la propia agencia involucrada en el caso de autos ya tenía incorporada a su Reglamento la norma que habíamos sentado en Lagares v. E.L.A., supra, y que aquí nos concierne. Al amparo de esta disposición reglamentaria, D.A.Co. acogió la moción de reconsideración presentada por Mitsubishi. No obstante, cuando D.A.Co. le dio un término a la parte que se había querellado contra Mitsubishi, para que replicara a la moción de reconsideración aludida, Mitsubishi optó por abandonar el procedimiento administrativo y recurrió al foro apelativo. Este Foro entonces le dio un término a Mitsubishi para mostrar causa por la cual no debía desestimar su recurso por prematuro, precisamente al amparo de lo resuelto en Lagares v. E.L.A., supra. Mitsubishi contestó la orden referida atacando la aplicabilidad de dicho caso al proceso administrativo. Es decir, a pesar de lo que ya habíamos hecho en Febles v. Romar, supra, a pesar de lo dispuesto en la Regla 28 del Reglamento de D.A.Co., supra, y a pesar de lo intimado por el foro apelativo sobre la aplicabilidad de Lagares v. E.L.A., supra, Mitsubishi optó por hacerse de la vista larga y atacar la otra aplicación de Lagares al proceso administrativo, que este Tribunal hoy reconoce formalmente.

Es por lo anterior que no puedo estar de acuerdo con la apreciación de la mayoría del Tribunal de que la aplicación de Lagares v. E.L.A., supra, a los procedimientos administrativos en este caso “conllevaría, en cierto modo, ... una injusticia contra ... Mitsubishi ..." (Énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 523. No hay tal injusticia: la aplicación de Lagares v. E.L.A., supra, aquí no sólo era claramente previsible por lo ya indicado, sino que ya D.A.Co. así lo había provisto en su Reglamento y el foro apelativo se lo había intimado claramente a Mitsubishi. Por lo tanto, si hubiese alguna consecuencia adversa para la peticionaria, sería autoinfligida.

No hay en este caso ninguna sorpresa adversa que justifique apartamos de la norma y darle sólo efectos prospectivos a nuestro dictamen medular aquí. Lo que hay es la obstinación de Mitsubishi en no admitir una normativa clara y obvia. Mitsubishi optó por ignorar tal normativa, y ello tiene consecuencias. No debe este Foro “cogerle pena” a una parte que actuó tan deliberadamente.

Como la mayoría prefiere seguir aquí un curso que para mí es desacertado, yo DISIENTO respecto a esa parte de su opinión.

       A este vehículo se le otorgó una garantía básica, “bumper to bumper” de 3 años o 36,000 millas, lo que primero ocurriera, y una garantía extendida para cubrir defectos en motor y transmisión por 5 años ó 60,000 millas, lo que primero ocurriera. Conforme a los términos de ésta, la garantía venció el 21 de marzo de 2000, por el transcurso de los cinco años desde la compraventa del automóvil.

       La referida notificación se envió en cumplimiento con los requerimientos del “National Traffic and Motor Vehicle Safety Act”.

       Antes de la intervención de Taino Motors, Flores López había notado que a su automóvil se le encendía la luz de check engine. A raíz de esto, llevó su vehículo a un mecánico de su preferencia, quien recomendó el cambio de varias piezas. El 7 de enero de 2003 Flores Concepción adquirió dichas piezas, las cuales posteriormente llevó a Taino Motors para su instalación.

       Conforme las disposiciones de la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. see. 2165, Mitsubishi tenía el término de veinte días para presentar dicha moción.

       Según establece la antes mencionada Sec. 3.15, la agencia tenía el término de quince días para atender dicha moción de reconsideración.

       Asimismo, Mitsubishi presentó una moción en auxilio de nuestra jurisdicción, la cual declaramos “sin lugar” por improcedente.

       Es preciso señalar que la moción de reconsideración en el ámbito administrativo dejó de ser un requisito jurisdiccional para poder recurrir en revisión judicial. D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, págs. 482-483.

       Vale la pena señalar que en Rivera v. Mun. de Carolina, 140 D.P.R. 131 (1996), se intimó de igual forma, que el mismo efecto tendría si la agencia decide considerar la moción de reconsideración en sus méritos.

       De particular pertinencia para el presente caso es lo dispuesto en la Regla 28 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del Departamento de Asuntos del Consumidor, Reglamento Núm. 6219 de 18 de octubre de 2000, sobre reconsideración y revisión judicial. La referida regla contiene un lenguaje similar al de la Sec. 3.15 de la L.P.A.U., ante. Dicha regla establece que el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.CO.) “podrá reconsiderar sus resoluciones a iniciativa propia antes de que expire el término para radicar revisión judicial”. Regla 28.2 del Reglamento Núm. 6219, ante.

        Específicamente, la Regla 28.1, ante, dispone, en lo aquí pertinente, lo siguiente:
      “[L]a parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial interlocutoria o final podrá solicitar [Reconsideración. La solicitud de [Reconsideración deberá ser presentada y recibida en el Departamento dentro del término junsdiccional de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden. El Departamento dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha solicitud podrá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión judicial comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatona o desde que expiren esos quince días, según el caso.”

       En Pérez Rodríguez v. P.R. Park. Systems, Inc., 119 D.P.R. 634 (1987), este Tribunal, al analizar el Art. 16 de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. sec. 341o), aplicó el principio contenido en la referida Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, a los efectos de que si “se tomare alguna determinación en su consideración [de la moción de reconsideración], el término [para acudir en alzada] ... empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución ... resolviendo definitivamente la moción de reconsideración”. Ala luz de lo anterior, este Tribunal resolvió que, según la citada Regla 47, el término de treinta das para acudir del D.A.Co. al Tribunal de Circuito de Apelaciones establecido en el referido Art. 16, se entenda interrumpido cuando dicho organismo administrativo tomaba acción afirmativa dentro del referido término.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Departamento de Educación, recurrido, v. Sindicato Puertorriqueño de Maestros, peticionario.

      Número: CC-2005-795

      Resuelto: 13 de julio de 2006

      Rafael A. Nadal Arcelay y Melissa López Díaz, abogados de la parte peticionaria; Mariana D. Negrón Vargas, subprocuradora general, y Guillermo A. Mangual Amador, procurador general auxiliar, abogados del Departamento de Educación, parte recurrida; José Vélez Ortiz y Ricardo Santos Ortiz, abogados de la Federación de Maestros; Raymond E. Morales, abogado de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 25 de febrero de 2003, el Sindicato Puertorriqueño de Maestros (Sindicato) presentó, al amparo de la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 (3 L.P.R.A. see. 1451 et seq.), una petición de representación ante la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (Comisión). En la referida petición alegó que un número sustancial de empleados que componían la unidad apropiada de maestros o personal docente del Departamento de Educación deseaban estar representados por el Sindicato. Además, solicitó que se iniciara el procedimiento correspondiente con el fin de ser certificado como representante exclusivo de dicha unidad apropiada.

La Federación de Maestros de Puerto Rico (Federación), representante certificada de la unidad peticionada, solicitó la desestimación de la petición presentada por el Sindicato. En un escrito posterior indicó que debido a que la celebración de la elección estaba sujeta a la verificación de interés sustancial, la Comisión debía verificar las firmas existentes en los endosos de las tarjetas de representación, presentadas por el Sindicato, ya que algunos de sus miembros tenían motivos fundados para sospechar que se les había incluido como endosantes del Sindicato cuando nunca habían firmado tales endosos.

Conforme a su reglamento, la Comisión procedió a verificar si existía el alegado interés sustancial, según las tarjetas sometidas por el Sindicato. El número de empleados en la lista sometida por el Departamento de Educación en la unidad apropiada de maestros o personal docente era de 39,506, siendo 11,852 la cantidad correspondiente al treinta por ciento requerido por las disposiciones de la Ley Núm. 45, ante. Determinó la Comisión que el Sindicato sólo había obtenido 10,380 tarjetas de representación, faltando un total de 1,472 para cumplir con el treinta por ciento del interés sustancial. Por consiguiente, la Comisión desestimó la petición de representación presentada por el Sindicato.

El Sindicato solicitó la reconsideración de la desestimación de su petición. Alegó que había revisado y recontado todas las tarjetas de representación que sometió a la consideración de la Comisión y que había contado 13,001 tarjetas de empleados de la unidad apropiada en cuestión, y que 12,825 de ellas eran válidas. Por consiguiente, solicitó que se celebrara una vista en la que éste tuviera la oportunidad de constatar una a una las tarjetas de representación en poder de la Comisión.

En virtud de la referida solicitud de reconsideración, la Comisión ordenó a su División de Investigaciones a reexaminar y realizar un recuento de la muestra de interés sometida por el Sindicato y a rendir un informe sobre sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. En el informe que sometiera a la Comisión, la División de Investigaciones determinó que el número de tarjetas válidas sometidas por el Sindicato para la determinación del interés sustancial ascendía a 11,519, cantidad que no componía el treinta por ciento requerido.

Conforme al informe rendido por la División de Investigaciones, la Comisión emitió una Resolución el 5 de enero de 2005 en la que confirmó su determinación anterior, esto es, desestimó la petición de representación presentada por el Sindicato por falta de interés sustancial y decretó el archivo del caso.

El Sindicato presentó un escrito titulado Urgente Reconsideración, en el que le solicitó a la Comisión que se le otorgara veinte días laborables “para comparecer y presentar prueba frente a la Resolución del 5 de enero de 2005 que cumple con el 30% requerido para su Petición de Elección; se ordene y a esos efectos se entregue copia de la Lista de Elegibles en poder de la Honorable Comisión y/o Departamento de Educación; se dé acceso al expediente administrativo en la Honorable Comisión, bajo las medidas que se entiendan apropiadas”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 188. Mediante carta a esos efectos, la Comisión informó al representante legal del Sindicato que, por haberse ordenado el cierre y archivo del caso mediante la Resolución emitida el 5 de enero de 2005, no consideraría la referida solicitud de reconsideración.

Inconforme con la desestimación de su petición de representación, el Sindicato acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión administrativa. Alegó que la petición cumplía con el treinta por ciento de interés sustancial requerido, razón por la cual la Resolución de la Comisión debía ser revocada; además, solicitó del tribunal apelativo que ordenase la elección según solicitada por el Sindicato.

Tanto la Comisión como la Federación solicitaron la desestimación del recurso presentado por alegada falta de jurisdicción. Argumentaron que la resolución en la cual se desestimó la petición del proceso de representación emitida por la Comisión no era revisable.

Trabada la controversia a los fines de determinar si el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para revisar una resolución de la Comisión dictada como parte del procedimiento de representación, dicho foro resolvió que de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, una resolución de la Junta de Relaciones del Trabajo (Junta) dentro de un procedimiento de representación no era revisable, salvo por la vía colateral como parte de una determinación de la Junta sobre práctica ilícita de trabajo. Esta normativa se había hecho extensiva a casos similares ante la Comisión en el caso Federación v. Molina, 160 D.P.R. 571 (2003).

E1 referido foro expresó, además, que en el caso ante su consideración no se encontraba presente ninguna de las excepciones plasmadas por este Tribunal en Federación v. Molina, ante, y que permitían la revisión de una decisión de la Comisión sobre si procedía o no iniciar cargos por prácticas ilícitas. En virtud de ello, el foro apelativo intermedio se declaró sin jurisdicción para revisar la resolución recurrida.

Insatisfecho con el anterior dictamen, el Sindicato acudió ante este Tribunal mediante un recurso de certiorari, imputándole al foro apelativo intermedio haber errado

... al declararse sin jurisdicción por alegadamente no encontrarse presente ninguna de las excepciones de Federación de Maestros v. Molina Torres, 2003 TSPR 159, a pesar de que el laudo de la Comisión de Relaciones del Trabajo del servicio público viola derechos constitucionales y estatutarios de miles de trabajadores, está fundamentado en una interpretación errónea de la ley y va en contra de los propósitos de la Ley 45, supra.

Examinada la Petición de certiorari, concedimos a la parte recurrida el término de veinte días para mostrar causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones, en vista de los resuelto por este Tribunal en A.R.Pe. v. Coordinadora, 165 D.P.R. 850 (2005).

La parte recurrida ha comparecido en cumplimiento de núestra orden. Estando en condiciones de resolver el recurso presentado, procedemos a así hacerlo. Confirmamos; veamos por qué.

HH

La Ley Núm. 45, ante, fue aprobada con el propósito de conferirle a los empleados públicos que no estén cubiertos por la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 61 et seq., el derecho a la organización sindical y a la negociación colectiva, siempre que se observen los parámetros establecidos en la mencionada ley.

A esos fines, la Ley Núm. 45, ante, les reconoció a los empleados de las agencias del gobierno central el derecho a organizarse y afiliarse en organizaciones sindicales de su elección. 3 L.P.R.A. sec. 1451b. De esta manera, los empleados de las diferentes unidades apropiadas que deseen sindicalizarse podrán escoger, mediante el voto mayoritario, la organización que habrá de representarles ante la agencia correspondiente. 3 L.P.R.A. see. 145 lg. La organización sindical que prevalezca en las elecciones, y que sea certificada como representante exclusivo de los empleados comprendidos en esa unidad apropiada, tendrá la autoridad para negociar con la agencia correspondiente un convenio colectivo "en el que se discutan y acuerden disposiciones sobre salarios, beneficios marginales, términos y condiciones de empleo ...”. 3 L.P.R.A. see. 145lj.

Mediante la aprobación de esta pieza legislativa se creó la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público, entidad encargada de interpretar, aplicar y hacer cumplir las disposiciones de la ley en relación con los procesos de organización, certificación, descertificación de organizaciones sindicales, procedimientos relacionados con la conciliación y el arbitraje de negociaciones de convenios colectivos, procedimientos relacionados con prácticas ilícitas, y en todos aquellos aspectos que la ley le haya delegado alguna actuación en particular.

En lo que respecta a la controversia ante nuestra consideración, debemos señalar que esta pieza legislativa estableció el procedimiento a seguir en los procesos de organización y certificación de organizaciones sindicales para la negociación colectiva. La See. 4.5 de la Ley Núm. 45, ante, 3 L.P.R.A. sec. 1451g, dispone que

[l]as organizaciones sindicales interesadas en ser certificadas como representantes exclusivos de una unidad apropiada para fines de negociación colectiva someterán ante la Comisión prueba demostrativa de que un treinta por ciento (30) del total de empleados en dicha unidad apropiada ha endosado una petición para que se lleve a cabo una votación para determinar si desean estar representados por una organización sindical. (Enfasis suplido.)

La See. 4.6 de la Ley Núm. 45, ante, además, le confirió a la Comisión la facultad de aprobar un reglamento en el que se establezcan los procedimientos que observarán las organizaciones obreras y los patronos en la elección del representante sindical. 3 L.P.R.A. see. 145 lh. En la preparación de dicho reglamento, la Comisión deberá considerar los procedimientos establecidos en la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. íd.

A esos fines, la Comisión adoptó el Reglamento Núm. 6385 de 26 de enero de 2002. Éste regula, entre otros, el procedimiento de representación, el cual se inicia con la presentación de una petición de parte de una organización sindical que solicita una elección para escoger un representante exclusivo. Art. Ill, Sec. 300 del Reglamento Núm. 6385, ante. Dicha petición tiene que cumplir con to-dos los requisitos reglamentarios. Art. Ill, Sec. 302 del Reglamento Núm. 6385, ante.

Una petición de representación se podrá presentar para los propsitos siguientes: solicitar una elección para escoger un representante exclusivo; clarificar una unidad apropiada; enmendar una certificación de representante exclusivo, y descertificar un representante exclusivo bajo los incisos (a) y (b) de la See. 4.7 de la Ley Núm. 45, ante, 3 L.P.R.A. sec. 1451i(a) y (b). Art. Ill, Sec. 300(A) del Regia mentó Núm. 6385, ante. Estos procedimientos mencionados se considerarán como investigativos y no dé adjudicación.

De particular relevancia al presente caso, el Reglamento Núm. 6385 dispone que toda petición presentada por alguna organización obrera, ál amparo del Art. Ill, Sec. 300(A)(1) del referido Reglamento, ante, o de un grupo de empleados al amparo del Art. Ill, Sec. 300(A)(4) del mismo reglamento, deberá estar acompañada de un interés sustancial de no menos de un treinta por ciento de los empleados en la unidad apropiada; los documentos originales que evidencien el interés sustancial, los cuales deberán contener el nombre de la agencia, el nombre y la firma de la persona y su clasificación o puesto, y una lista en orden alfabético —por apellidos primero y nombre después— de todas las personas que firmaron el interés sustancial con su clasificación o puesto. Art. Ill, Sec. 302(B)(1) y (B)(2) del Reglamento Núm. 6385, ante.

Luego de presentada la petición, y en casos en que las unidades apropiadas no hayan sido previamente establecidas, la Comisión notificará a las partes para que comparezcan ante un agente de ésta y puedan discutir y estipular las controversias sobre el alcance y la composición de las unidades apropiadas. Art. Ill, Sec. 305(B) del Reglamento Núm. 6385, ante. Si la controversia subsiste, la Comisión podrá ordenar la celebración de una Sesión Especial para la Determinación de Unidades Apropiadas. Id. En dicha Sesión las partes tendrán el derecho de presentar evidencia ante la Comisión sobre cómo debe quedar establecida la unidad apropiada.

Luego de que la Comisión determine las unidades apropiadas, o luego de haberse presentado una petición bajo el Art. Ill, Sec. 300(A)(1) o(A)(4) del Reglamento Núm. 6385, ante, en aquellos casos en que la Comisión ya hubiese previamente determinado las unidades apropiadas, ordenará una investigación de la muestra del interés sometida para verificar si la peticionaria o las interventoras, de haber alguna, cumplen con el requisito de interés sustancial en las unidades apropiadas determinadas por la Comisión. Art. Ill, Sec. 307(B) del Reglamento Núm. 6385, ante.

De la peticionaria cumplir con el requisito de interés sustancial de treinta por ciento, la Comisión ordenará una elección. Art. Ill, Sec. 307(C) del Reglamento Núm. 6385, ante.

Podemos colegir de lo anterior, en consecuencia, que el hecho de que la organización sindical que presente la petición cumpla con el requisito de interés sustancial es determinante para que la Comisión ordene una elección.

II

A. En cuanto al ámbito de revisión judicial de las decisiones emitidas por la Comisión, la Sec. 10.1 de la Ley Núm. 45, ante, dispone que

' [e]l Tribunal de Circuito de Apelaciones, a solicitud de parte, tendrá jurisdicción para entender discrecionalmente en los recursos de revisión de órdenes y resoluciones finales de la Comisión según los términos que dispone las sees. 2101 et seq. de este título, conocidas como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”. Los recursos de revisión serán competencia de los Paneles de la Región Judicial de San Juan. (Enfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 1452d.

Recientemente, este Tribunal analizó la disposición antes citada en el caso A.R.PE. v. Coordinadora, ante, con el propósito de resolver si el Tribunal de Apelaciones podía revisar una determinación de unidad apropiada de la Comisión. Los hechos del mencionado caso, en apretada síntesis, fueron los siguientes: la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (C.U.T.E.) presentó una petición de representación ante la Comisión con el propósito de convertirse en la representante exclusiva de los empleados de la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.). Luego de celebrada una vista, la Comisión determinó qué empleados constituían la unidad apropiada para participar en la elección en la que los empleados de A.R.Pe. determinarían si deseaban ser representados por la C.U.T.E. Posterior a dicha determinación, A.R.Pe. presentó una moción con sus excepciones a la determinación de unidad apropiada.

En el entretanto, la Comisión celebró la elección y certificó a la C.U.T.E. como el representante exclusivo de los empleados. Luego, la Comisión resolvió finalmente la cuestión sobre unidad apropiada, al determinar que se mantuvieran en la unidad apropiada los puestos que A.R.Pe. solicitó que se excluyeran de ésta.

A.R.Pe. apeló dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones y alegó que era revisable, ya que la configuración de una unidad apropiada era determinante en el ejercicio de los derechos y obligaciones de los empleados y patronos en el marco de las relaciones laborales. El tribunal apelativo intermedio desestimó el recurso de revisión por entender que la determinación de unidad apropiada no era revisable, ya que era una decisión interlocutoria que no adjudicaba derechos u obligaciones. Además, aplicando por analogía la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, también señaló que las determinaciones de unidad apropiada sólo eran revisables por la vía colateral como parte de una determinación de práctica ilícita.

Revocamos la determinación del tribunal apelativo. Al así hacerlo, expresamos que la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, ciertamente, limita la revisión judicial de las decisiones que emite la Junta a decisiones finales sobre prácticas ilícitas del trabajo. Ello, no obstante, indicamos que, a diferencia de lo anterior, un análisis de la Sec. 10.1 de la Ley Núm. 45, ante, revela que ésta expresamente establece una revisión directa al foro apelativo intermedio de todas las decisiones de la Comisión que fuesen “órdenes y resoluciones finales”. En vista de que la Ley Núm. 45, ante, no contiene una limitación análoga a la de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en cuanto al ámbito de revisión judicial, establecimos que no procedía aplicarla, por analogía, a un caso efectuado ante la Comisión.

En resumen, en A.R.Pe. v. Coordinadora, ante, resolvimos que para determinar silas decisiones emitidas en los procedimientos ante la Comisión eran "Ordenes o resoluciones finales" -y por ende, revisables ante el foro apelativo intermedio.- corresponde analizarlas a la luz de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A. U.) y sus disposiciones en cuanto a la revision de decisiones administrativas.

B. La Sec. 4.2 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2172, sobre la revision judicial de decisiones administrativas, dis-pone que

IIu]na parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) dIas contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la Sección 2165 de este tItulo, cuando el término para instar el recurso de revision judicial haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna de una moción de reconsideración. La parte notificará la presentación del recurso de revision a la agencia y a todas las partes dentro del término para instar el recurso de revision. La notificación p0-drá hacerse por correo.

De la anterior disposición podemos colegir que una orden o resolución administrativa debe cumplir con dos requisitos para que sea revisable judicialmente, a saber: (1) que la resolución que se pretenda revisar sea final y no interlocutoria, y (2) que la parte adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios provistos por la agencia. Véanse: Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 (2004); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483 (1997).

EspecIficamente sobre lo que constituye una "or-den o resolución", la L.P.A.U. define dichos términos como “cualquier decisión o acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u obligaciones de una o más personas específicas (Citas omitidas.) Sec. 1.3(f), 3 L.P.R.A. sec. 2102(f).

Por otro lado, una orden o resolución parcial, según la L.P.A.U., es “aquella acción agencial que adjudique algún derecho u obligación que no ponga fin a la controversia total sino a un aspecto específico de la misma”. See. 1.3(g), 3 L.P.R.A. sec. 2102(g). La referida disposición estatutaria también define una orden interlocutoria como aquella “acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente procesal”. (Énfasis suplido.) Sec. 1.3(h), 3 L.P.R.A. sec. 2102(h). Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, incluso aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. La disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en el recurso de revisión de la orden o resolución final de la agencia. See. 4.2 de la L.P.A.U., ante.

Aunque la L.P.A.U. no define específicamente lo que constituye una “orden o resolución final”, sí establece sus requisitos. Según la Sec. 3.14 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. see. 2164, éstos son: que ésta incluya unas determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho de la decisión, una advertencia sobre el derecho a solicitar una reconsideración o revisión judicial —según sea el caso— y que esté firmada por el jefe de la agencia o por cualquier otro funcionario autorizado por ley.

Como es sabido, mediante la aprobación de la L.P. A.U., la Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Al así hacerlo, se aseguró que la intervención judicial se realizara después de que concluyeran los trámites administrativos y se adjudicaran todas las controversias pendientes ante la agencia. La intención legislativa consistió en evitar una intromisión indebida, y a destiempo, en el trámite administrativo por parte de los tribunales. Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 (2006).

Una “orden o resolución final” de una agencia administrativa, según hemos interpretado en nuestra jurisprudencia, es aquella que dispone del caso ante la agencia y tiene efectos de adjudicación y dispositivos sobre las partes. Se trata de la resolución que culmina en forma final el procedimiento administrativo respecto a todas las controversias. Véase J. Exam. Tec. Méd. v. Elias et al., ante.

En Comisionado Seguros v. Universal, ante, expresamos que dos condiciones tenían que ser satisfechas para que una decisión administrativa pudiese ser considerada final: primero, la actuación de la agencia debe representar la culminación de su proceso decisorio, y segundo, la actuación administrativa debe determinar todos los derechos y las obligaciones de las partes o surgir de ésta consecuencias legales. Id.

III

En conformidad con lo anteriormente expuesto, nos resta determinar si en el presente caso la resolución de la Comisión que desestima una petición de representación por no cumplirse con el interés sustancial, es una “orden o resolución final” según el derecho administrativo vigente y, por lo tanto, revisable ante el Tribunal de Apelaciones.

En el antes citado caso A.R.Pe. v. Coordinadora, resolvimos que la naturaleza de la resolución emitida por la Comisión era una “orden o resolución final”, conforme a la L.P.A.U., por las razones siguientes: (1) se emitió luego de celebrada una vista, donde ambas partes (A.R.Pe. y C.U.T.E.) presentaron evidencia y luego presentaron alegatos; (2) la Comisión emitió una determinación de unidad apropiada en donde se adjudicaron los derechos y las obligaciones de empleados a ser representados por una organización obrera; (3) se resolvieron finalmente las excepciones presentadas por A.R.Pe., por lo que finalizó la controversia en cuanto a este aspecto; (4) se incluyeron determinaciones de hecho y conclusiones de derecho; (5) fue firmada por el Presidente de la Comisión, y (6) la Comisión llevó a cabo el procedimiento eleccionario y certificó al representante de la negociación colectiva (C.U.T.E.), dándole fin a la controversia.

Resolvimos —en ese caso en particular— que la determinación era final ya que, culminados los procedimientos ante la agencia, ya no quedaba asunto pendiente alguno que resolver. Además, porque una determinación de unidad apropiada reconoce derechos sustantivos a los empleados públicos en tanto les reconoce el derecho a la negociación colectiva. Dicha determinación también le impone al patrono la obligación de negociar con los empleados públicos a través de su representante exclusivo. Al constituirse derechos y obligaciones de las partes, no hay duda de que la determinación de unidad apropiada en ese caso era propiamente una adjudicación final revisable.

Resulta pertinente señalar, en este momento —sobre lo que constituye una “adjudicación”— que la See. 1.3(b) de la L.P.A.U. la define como “el pronunciamiento mediante el cual una agencia determina los derechos, obligaciones o privilegios que corresponda a una parte”. 3 L.P.R.A. sec. 2102(b). Sobre ese particular, expresamos en A.R.Pe. v. Coordinadora, ante, que la configuración de la unidad apropiada y la determinación de si un puesto forma parte de esta unidad constituía, ciertamente, una adjudicación para efectos de la L.P.A. U.

Por otro lado, se debe mantener presente que las determinaciones de una agencia en procesos adjudicativos son aquellas que definen los derechos y deberes legales de personas específicas. Por eso, este Tribunal ha definido el proceso de adjudicación como cuasi judicial. Véase J.P. v. Frente Unido I, 165 D.P.R. 445 (2005).

IV

En el presente caso, el Sindicato alega que la determinación de la Comisión de desestimar la petición de elección —sin otorgarle la oportunidad razonable de confirmar el interés sustancial— violó derechos fundamentales de libertad de asociación y expresión de los maestros, además de que constituyó una violación al debido proceso de ley. Sostiene, específicamente, que puede cumplir con el interés sustancial y que la Comisión pudo haber recibido prueba, frente a la corroboración del patrono, de los endosos que el Sindicato alega son válidos.

Por su parte, la Comisión alega que el propósito de demostrar adecuadamente la existencia de un interés sustancial, por parte de organizaciones obreras y de peticionarios individuales que inician o que interesen participar en un caso de representación, es determinar si llevar a cabo la elección sirve un propósito útil bajo la ley y si existe un interés suficiente por parte de los empleados para justificar la utilización del tiempo de la agencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la elección. Según la Comisión, dicho proceso es investigativo y está dentro de los poderes discrecionales de la agencia administrativa.

A modo ilustrativo, y con relación a lo que constituye la muestra de interés sustancial (showing of interest), reseñamos brevemente lo expresado por la Federal Labor Reía tions Authority en North Carolina Army National Guard et al, 34 FLRA 377, 383 (1990):

A Regional Directors determination of the adequacy of the showing of interest is administrative in nature and is not subject to collateral attack at a unit or representation hearing. The requirement that a showing of interest be made serves an administrative purpose in helping to avoid unnecessary expenditure of time and funds where there is no reasonable assurance that a genuine representation question exists and prevents the parties from abusing the Authoritys processes. (Énfasis suplido.)

La anterior postura ha sido avalada por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo en el caso Gaylord Bag Co., 313 NLRB 306, 306-307 (1993). A esos efectos, allí se ex-presó:

The Board consistently has held that the showing of interest is a matter for administrative determination, and is not litigable by the parties. It is exclusively within the Boards discretion to determine whether a partys showing of interest is sufficient to warrant processing a petition. The purpose of a showing of interest is to determine whether the conduct of an election serves a useful purpose under the statute—that is, whether there is sufficient employee interest to warrant the expenditure of time, effort, and funds to conduct an election .... (Énfasis suplido y citas omitidas.)

En este caso, la Comisión desestimó la petición de representación porque el Sindicato incumplió con un requisito reglamentario: la muestra del treinta por ciento de interés sustancial. Es menester enfatizar que dicha determinación fue tomada luego que la Comisión ordenara a su División de Investigaciones que investigara el asunto del interés sustancial, la cual encontró que aún faltaban 333 tarjetas para que el Sindicato cumpliera con el requerido treinta por ciento.

No hay duda de que la determinación sobre si existe o no el referido interés sustancial es un procedimiento de naturaleza investigativa que lleva a cabo la Comisión en el cual, luego dé presentada una petición de representación, se determina si verdaderamente se justifica la celebración de una elección. A diferencia del procedimiento de determinación de unidad apropiada, en el que se adjudican finalmente los derechos y las obligaciones de las personas a ser representadas por una organización obrera, en el caso de una determinación de interés sustancial se trata de investigar si dicha organización obrera cumple o no con un requisito esencial inicial para proceder a celebrar una elección.

Ausente la demostración de interés sustancial, la Comisión no tiene que considerar a dicha organización laboral como posible representante exclusivo ni celebrar elección alguna. Además, durante dicho procedimiento no se celebran vistas ni se adjudica derecho sustantivo u obligación alguna, por lo cual, la determinación sobre si una organización obrera cumple o no con el requisito de interés sustancial es un asunto puramente administrativo dentro del poder discrecional de la agencia, sin las características de un proceso de adjudicación luego de una vista administrativa.

Tal y como lo ha resuelto la jurisprudencia laboral federal, determinar si existe la muestra de interés sustancial es un asunto encomendado a la discreción de la agencia. En cuanto a estos asuntos en que una agencia ejercita su discreción administrativa, nuestra jurisprudencia ha establecido, como norma general, que este hecho impide la revisión judicial. Véanse: Luce & Co. v. Junta de Relaciones del Trabajo de P.R., 82 D.P.R. 96 (1961); Federación v. Molina, ante.

Además, la determinación en que se desestima la petición no es final. Una determinación de la Comisión sobre estos asuntos es sin perjuicio, ya que dentro del término de presentación que dispone la Sec. 303(C) del Reglamento de la Comisión —periodo de noventa a sesenta días previo al vencimiento de un convenio colectivo o cuando no exista un convenio— el peticionario puede volver a presentar una petición de representación siempre y cuando cumpla con los requisitos de la citada See. 302 del Reglamento Núm. 6385, ante. Por consiguiente, la desestimación de la petición presentada por el Sindicato no impide que éste pueda volver a iniciar un procedimiento para representar a la unidad apropiada en cuestión.

En conclusión, consideramos que la resolución en este caso no es final, de acuerdo con las disposiciones de la L.P.A.U. y el caso A.R.Pe. v. Coordinadora, ante. Estamos ante una determinación administrativa que, repetimos, ha sido encomendada a la discreción de la agencia y que responde a su política administrativa especializada. El foro apelativo intermedio, ciertamente, carecía de jurisdicción.

Por los fundamentos antes expuestos, procede expedir el presente recurso y dictar Sentencia confirmatoria de la emitida en el presente caso por el Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

       Adujo que sólo había 176 repetidas.

       Un simple cálculo matemático indica que al Sindicato aún le faltaban 333 tapetas para componer el treinta por ciento el interés sustancial.

       Tan reciente como el 19 de octubre de 2005, en A.R.Pe. v. Coordinadora, 165 D.P.R. 850 (2005), discutimos ampliamente las disposiciones de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 (3 L.P.R.A. see. 1451 et seq.). Nos remitimos a la referida discusión. Véanse, además: Asociación Maestros v. Comisión, 159 D.P.R. 81 (2003); Federación v. Molina, 160 D.P.R. 571 (2003).

       Dispone, además, el Reglamento Núm. 6385 de la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público de 26 de enero de 2002 que las referidas sesiones especiales serán públicas y comenzarán con una exposición oral de cada parte sobre cómo debe quedar constituida la unidad apropiada. Luego de celebrada la Sesión Especial, las partes podrán someter alegatos dentro del término que les conceda la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (Comisión). Luego de que la Comisión haya obtenido toda la evidencia pertinente y cuente con las posiciones expresadas por las partes, entonces determinará cuál será la unidad apropiada y ordenará la celebración de una elección. Una vez la Comisión le notifique a las partes la Determinación de Unidad Apropiada, éstas tendrán catorce días para presentar las excepciones. Luego de celebrada la elección, y si no hay objeciones, la Comisión emitirá una Certificación de Representante Exclusivo y ordenará el cierre y archivo del caso. Art. Ill, Sec. 309(D), (G) y (H) del Reglamento Núm. 6385, ante.

       La Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998 (3 L.RR.A. see. 1451 et seq.) dispone específicamente sobre la revisión judicial de laudos de arbitraje y sobre las determinaciones que adjudican controversias sobre prácticas ilícitas. Véase Secs. 6.1(g) y 9.3(j) de la Ley Núm. 45, ante, 3 L.RR.A. secs. 1451p y 1452c. Sin embargo, no dispone específicamente sobre la revisión de determinaciones de unidad apropiada ni sobre las peticiones de representación.

       En la referida moción solicitó que se excluyeran ciertos puestos de la unidad apropiada por entender que estaban íntimamente ligados a la gerencia.

       En dicha resolución se incluyeron determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, y fue firmada por el Presidente de la Comisión.

       Dicho esquema de revisión judicial de decisiones de la Junta de Relaciones del Trabajo fue incorporado de la jurisdicción federal a la nuestra. A esos efectos hemos resuelto que las decisiones y órdenes dimanantes de casos de representación sólo son revisables mediante un ataque colateral imbricado en una decisión relativa a alguna práctica ilícita del trabajo. Véanse: Federación v. Molina, ante; U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 D.P.R. 335 (1994); Luce & Co. v. Junta de Relaciones del Trabajo de P.R., 82 D.P.R. 96 (1961); Junta de Relaciones del Trabajo v. Ortega, 79 D.P.R. 760 (1956).

       A dicho resultado se llega de una lectura conjunta de los incisos (3) y (4) del Art. 5, y el Art. 9 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sees. 66(3) y(4), y 70.

       En otras palabras, la Ley Núm. 45, ante, no limita la revisión judicial de decisiones de la Comisión a decisiones finales sobre prácticas ilícitas del trabajo.

       Citando al Tribunal Supremo de Estados Unidos en Bennett v. Spear, 520 U.S. 154 (1997).

       Se resolvieron de forma final las excepciones presentadas por la Administración de Reglamentos y Permisos sobre la unidad apropiada.

       Citando el Code of Federal Regulations, 5 C.F.R. sec. 2422.2(f)(1).

       Citando a Barnes Hospital, 306 NLRB 201 n. 2 (1992); Globe Iron Foundry, 112 NLRB 1200 (1955); Potomac Electric Power Co., 111 NLRB 553, 554 (1955); S.H. Kress Co., 137 NLRB 1244,1248 (1962); NLRB v. J.I. Case Co., 201 F.2d 597 (9no Cir. 1953); Stockton Roofing Co., 304 NLRB 699 (1991).

       A esos efectos, ni el Reglamento Núm. 6385 ni la Ley Núm. 45, ante, proveen una vista para estos casos. Es de notar que, contrario a lo anterior, el reglamento sí provee para la celebración de una vista —en donde cada parte presentará prueba— en casos donde existan controversias sobre la composición de las unidades apropiadas. Véase Sec. 305(B) del referido Reglamento.

       En Federación v. Molina, ante, resolvimos que la determinación que hace la Comisión al resolver si inicia o no una querella por prácticas ilícitas no constituye una “orden final” a los efectos de revisarla ante el foro apelativo intermedio, ya que dicha determinación depende en su totalidad de la discreción de la Comisión y, por consiguiente, no está sujeta a ser revisada judicialmente.


text:
      In re Medidas Especiales para la Extensión de Términos por Motivo de Concesión del Viernes 28 de Julio de 2006 como Día Libre.

      Número: EM-2006-05

      Resuelto: 14 de julio de 2006
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

El Juez Presidente, Hon. Federico Hernández Denton, concedió libre el 28 de julio de 2006 con cargo a la licencia de vacaciones a los empleados y las empleadas de la Rama Judicial. A tales efectos, y en virtud de la facultad del Tribunal Supremo para reglamentar los procedimientos judiciales, al computar los términos dispuestos en las distintas leyes y reglas aplicables a los procedimientos y trámites judiciales, se aplicará lo dispuesto por los Arts. 388 y 389 del Código Político de 1902 (1 L.P.R.A. sees. 72 y 73), y se considerará el viernes 28 de julio de 2006 como si fuera un día feriado completo. Cualquier término a vencer ese día se extenderá hasta el lunes 31 de julio de 2006, próximo día laborable.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Aldolfo J. Vilá Alonso.

      Número: TS-3953

      Resuelto: 21 de julio de 2006

      Adolfo J. Vilá Alonso, peticionario.
    Sala de Verano integrada por el Juez Presidente Señor Hernández Denton, el Juez Asociado Señor Rivera Pérez y la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.
   RESOLUCIÓN

Examinada nuevamente la Solicitud de Readmisión al ejercicio de la abogacía presentada por el peticionario, a la luz de la información expuesta por el Colegio de Abogados y la comunicación del Presidente de la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía del 21 de junio de 2006, el Tribunal reconsidera su Resolución de 8 de febrero de 2006 y autoriza la reinstalación de Adolfo J. Vilá Alonso al ejercicio de la abogacía.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

(.Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo


text:
      In re Agradecimiento a los Miembros del Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado.

      Número: EN-2006-3

      Resuelto: 21 de julio de 2006
   RESOLUCIÓN

Mediante Resolución de 3 de abril de 2003 (In re Comité Revisión Manual, 159 D.P.R. 161 (2003)), designamos el Comité para la Revisión del Manual de Instrucciones al Jurado (Comité), adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial (Secretariado), para que, de acuerdo con las múltiples enmiendas que por décadas se han incorporado al Código Penal, a las Reglas de Procedimiento Criminal y a las Reglas de Evidencia, así como la aprobación de leyes especiales y el desarrollo jurisprudencial relacionados con dichos preceptos, revisaran el Libro de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, aprobado el 7 de mayo de 1976.

Posteriormente, con la aprobación del nuevo Código Penal, mediante la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, cuya vigencia fue efectiva el 1ro de mayo de 2005, fue necesario ampliar los trabajos de revisión del Comité para dar la debida consideración a las disposiciones del nuevo Código Penal.

De acuerdo con lo anterior, a comienzos de mayo del 2005 autorizamos al Secretariado a divulgar el Proyecto Preliminar que hasta entonces había elaborado el Comité, de manera que sirviera a los Jueces y a las Juezas como guía para uso de forma discrecional.

Habiendo cumplido su encomienda, el pasado 2 de junio el Comité hizo entrega formal de su Proyecto Final. Corresponde ahora al Tribunal analizar las recomendaciones, por lo que hemos solicitado al Secretariado que, en coordinación con la Academia Judicial, someta el Proyecto del Libro de Instrucciones al Jurado a un proceso de consulta interna y que, de acuerdo con ello, remita sus recomendaciones a este Tribunal lo antes posible.

Este Tribunal tiene por cumplida la tarea que le fuera delegada al Comité y acepta el Proyecto Final presentado.

Por último, el Tribunal agradece a los miembros del Comité su excelente labor, su compromiso para mejorar el sistema de justicia y con la protección de los derechos constitucionales. Son éstos:

Leda. Ygrí Rivera de Martínez, presidenta

Prof. Ernesto L. Chiesa Aponte

Hon. Wanda Cruz Ayala

Hon. Asdrúbal Domenech Rosa

Ledo. Félix Fumero Pugliessi

Ledo. Pedro G. Goyco Amador

Ledo. Héctor Quiñones Vargas

Ledo. Francisco Rebollo Casalduc

Prof. Olga E. Resumil

Hon. Bárbara M. Sanfiorenzo Zaragoza

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo