text:
    Ezequiela Maldonado, Viuda de Arce, Joaquín, Julio y José de apellidos Arce y Maldonado, demandantes y apelados, v. Municipio de Ponce, demandado y apelante.
    No. 4215.

    Sometido: Enero 10, 1928.

      Resuelto: Febrero 28, 1929.

      Fernando B. Fornaris, abogado del apelante; Felipe Colón Díaz, abogado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado apela de una sentencia condenándole al pago de daños y perjuicios por quebrantamiento de contrato-, y alega que la corte inferior cometió error al declarar que el quebrantamiento alegado había sido establecido por la prueba.

En julio de 1913 el Municipio de Ponce vendió un nicho en el cementerio municipal a la viuda de Joaquín Arce;. El nicho fué descrito én un certificado de venta otorgádole a la propietaria, así como en un asiento o asientos de los libros llevados por el municipio, como No. 173, ladera izquierda, fila primera. En 1925 el municipio vendió a Gril Velázquez el nicho No. 173, ladera primera, fila derecha. Un asiento en el registro municipal indica que en octubre de 3913 el municipio cedió en arrendamiento a Lila Mayoral ele Barnés, por un término de cinco años, el nicho No. 173, vertical, fila tercera. Alguna de la prueba del demandado tendió a demostrar que este nicho fué el que se le vendió a Velázquez en 1925.- Los nichos “verticales” y los que se describen como “de ladera” están situados en sitios distintos del cementerio.

Cuando Velázquez fue a hacer su compra, uno de los empleados del departamento de hacienda municipal hizo un "’memorándum de los nichos que había disponibles, para que él escogiera. Velázquez entonces fué al cementerio y escogió un nicho que el encargado del cementerio le indicó era uno de los que estaban disponibles según el memorándum. El nicho así elegido fué el No. 173. Yelázquez no sabía ni cuando hizo su visita al cementerio, ni en el momento del juicio, si el nicho era “vertical” o “de ladera.”

Más tarde, el mismo día, el nicho escogido por Yelázquez fué abierto por el encargado del cementerio, o por órdenes dadas por éste, y los restos de Joaquín Arce fueron sacados de allí.

Por lo menos uno de los testigos del demandante declaró en. el examen directo que el cadáver de Arce había sido colo-cado en el nidio No. 173, primera fila, “ladera izquierda.” Otro testigo de los demandantes declaró que había pintado el nicho de Arce y renovado la inscripción del mismo unos seis meses antes de la remoción de los restos. Al ser repregun-tado este testigo, el letrado del demandado obtuvo de él la información adicional de que el nicho pintado por él fué el No. 173, primera fila, “ladera izquierda.” El albañil que había clausurado el nicho de Yelázquez en 1925, después de removerse los restos de Arce y de enterrarse otro cadáver en él, dijo, como testigo del demandado, que no recordaba el número del nicho pero que estaba situado en la primera fila de los “de ladera.”

El certificado de venta fué extendido a Yelázquez, y los asientos correspondientes relativos a la misma fueron hechos varias semanas después de abrirse el nicho de Arce y de enterrarse allí otro cadáver. Nada hay que demuestre que había números duplicados o series duplicadas de números entre los nichos conocidos como “de ladera,” o que estos nichos estuviesen agrupados en secciones designadas por letras, por números o en alguna otra forma. La prueba dei -demandado tiende a demostrar solamente si el nicho entre-gado a Velazquez era o no el mismo que le fué vendido, o que se intentó venderle. No creemos necesario resolver esa cuestión por ahora.

La contención principal en el argumento del apelante es que la prueba de los demandantes no establece el hecho de una doble venta. Más específicamente, la contención es que la prueba no identifica suficientemente el nicho vendido a Velázquez como el que había sido comprado anteriormente por los demandantes. Esto, desde luego, asume la necesidad de demostrar una doble enajenación como base, del derecho a percibir indemnización por concepto de daños y perjuicios. Pin embargo, ésa no parece haber sido la teoría de la de-manda ni de la corte inferior. En realidad la venta a Velázquez ni .siquiera se menciona en la demanda, ni en las conclusiones de la corte sentenciadora.

El fundamento de la acción fué la profanación por parto del demandado de la tumba. previamente vendida y entregada a los demandantes. Cuando el municipio abrió el nicho y trasladó los restos de allí, no solamente cometía un acto dañoso (tort), sino que también quebrantaba el contrato de compraventa. La venta a Velázquez fué sólo un eslabón en la cadena de acontecimientos que conducen y explican el quebrantamiento del contrato anterior celebrado con los demandantes. Incidentalmente servía para conectar al municipio con el acto del encargado del cementerio, y para establecer así un quebrantamiento del contrato, al igual que la comisión de un acto dañoso (tort). Lo que en la demanda se alegaba, y lo que el juez sentenciador halló, fué en esencia que el municipio vendió por un precio de quince dólares, y entregó a los demandantes, cierto nicho mareado con el No. 173, primera fila, “ladera izquierda,” del cementerio de Ponce; que el cadáver de Joaquín Arce fué enterrado en el citado nicho y que posteriormente el municipio removió los restos de dicho Arce y permitió que se enterrara otro cadáver en la tumba así profanada.

No hay campo para una duda razonable respecto a lo correcta de esta conclusión. No necesita refuerzo para sos-tener la sentencia. Cualqxiier especulación por parte del juez sentenciador respecto a si el nicho vendido o que se trató de render a Velázquez fue el mismo niello previamente ven-dido y entregado a los demandantes, o respecto a si el nidio entregado a Velazquez fné o no el comprado por él, o si cualquier error en lo referente a la entrega fué cometido por el encargo del cementerio solamente, o como resultado de la negligencia o descuido de algún otro empleado, tal vez pudo liaber obscurecido la cuestión principal, pero no hubiese establecido ninguna base satisfactoria para llegar a una conclusión distinta.

El encargado del cementerio falleció antes del juicio y se permitió que varios testigos declararan respecto a admisiones o manifestaciones hechas por él. Las manifestaciones en cada caso eran al efecto de que el desenterramiento había sido autorizado por el municipio. Toda esta prueba era superfiua.

Era el deber de cierto empleado municipal conservar las constancias y suministrar los datos demostrativos de los nichos que estaban disponibles en cualquier momento en que se fuese a efectuar alguna venta de ellos. Los recibos o certificados de venta expedidos por el tesorero municipal estaban basados en la información así suministrada. Este empleado, declaró como testigo del demandado que el nicho No. 173, vertical, aparecía en la lista que el suministró a Velázquez, y que le dió a éste dicha lista a fin de que el nicho escogido por él pudiese ser preparado por el encargado del cementerio. Esto se hizo con entero conocimiento de que tal preparación envolvía la remoción de restos humanos. El certificado expedido posteriormente por el tesorero municipal describía además el nicho vendido a Velázquez como “de ladera primera, fila derecha.”

La declaración de este testiguo también demuestra que para los fines de venta o de arrendamiento, nichos que habían sido previamente arrendados, ya. estuviesen ocupados o no, eran considerados como disponibles. Después de desente-rrados, los restos de Arce y los ele un tal Agustín Burgos fueron colocados en dos cajas de pino y enterrados en otra parte del cementerio. Ninguna de las cajas fué marcada para poder ser identificadas. El abrir nidios y el traslado de restos humanos era algo no poco corriente en el cementerio de Ponce. Todas las circunstancias tienden a la conclusión de que el encargado del cementerio actuaba dentro del límite de su empleo.

De un permiso expedido por un oficial de sanidad local aparece claramente que no había error alguno respecto a la identidad de los restos. Este permiso fué presentado como prueba por el demandado. Ya dirigido al .encargado del cementerio civil y le autoriza a él, Felipe Alvira, a remover los restos de Joaquín Arce. El nombre, el apellido y la fecha del fallecimiento mencionados en el permiso correspon-dían con el nombre, apellido y la fecha 'del fallecimiento que aparecían pintados en el nicho de Arce, según fué descrito por los testigos de los demandantes.

La exclusión de cualquier admisión por parte del encar-gado del cementerio sobre la autorización recibida del muni-cipio, ni hubiese producido un resultado distinto en la corte inferior, y el error, de haberse cometido, de admitir tal prueba con la objeción del demandado, no fué perjudicial.

Otra contención del apelante es que la corte inferior cometió error al conceder indemnización por sufrimientos morales, así como una partida independiente de mil dólares que no estaba relacionada en forma alguna con la cuestión de los daños por sufrimientos morales.

La teoría del apelante es que en una acción fundada en quebrantamiento de contrato, en que solamente están en-vueltos daños nominales, y en ausencia de daños materiales, el conceder una indemnización por sufrimientos morales, no puede ser sostenida. El argumento asumé la necesidad de demostrar los gastos reales incurridos por los demandantes como resultado del quebrantamiento y concluye diciendo que en ausencia de tal demostración no hay pérdida pecuniaria. Los demandantes pagaron quince dólares por el nicho com-prado por ellos en 3913, y Velázquez pagó veinticinco dólares por el mismo nicho, o por uno similar, en 1925. Tales sumas, aunque pequeñas, no pueden ser clasificadas como meros daños nominales. Fuera de cualquier cuestión de valor especial o sentimental, a los demandantes se les privó de la posesión de bienes por los cuales ellos habían pagado algo más que un mero precio nominal. En ausencia de cualquier indica-ción en contrario, podemos asumir, sin resolverlo', que el valor del nicho o la posesión del mismo, en la única forma posible a los demandantes, sirve para hacer la debida apre-ciación de los daños. Nuestro único objeto en el presente caso es demostrar que prima facie y de conformidad con la leoría del caso del apelante, la pérdida pecuniaria no fué meramente nominal.

El letrado del apelante admite expresamente que la regla invocada, no sería aplicable a una acción ex delicto. En el presente caso el quebrantamiento de contrato consistió en la comisión de un acto ilegal (tort). Bajo estas circunstancias no creemos necesario examinar y discutir casos más o monos aislados que no se demuestra' envolvían ningún elemento de daño (tort), ni que representen el criterio moderno de las autoridades.

La ley en esta jurisdicción fué establecida más de veinte años ha en el caso de Clemadell v. Municipio de Juana Díaz, 34 D.P.R. 626, y nada hallamos en el alegato del apelante en el presente caso que justifique ahora una, desviación de la doctrina de dicho caso.

Convenimos con el apelante en que la suma total de 43,000 concedida a los demandantes por la corte inferior fué excesiva. Tomando todo en consideración creemos que novecientos dólares en la proporción de seiscientos para la viuda y cien dólares para cada uno de los hijos, es suficiente.

La sentencia apelada, debe ser modificada de conformidad, y así modificada se confirma.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesideute Seños del Toko,

license: Public Domain

text:
    La Sucesión de J. B. Dragoni, compuesta de su viuda Margarita Pelliccia y sus hijos Magdalena, Ana Lucía Teresa, María Antonia, Silvestre y Pablo Dragoni y Pelliccia, peticionaria, v. La Corte de Distrito de Ponce, Hon. Roberto H. Todd, Jr., Juez, demandada; Margarita Dragoni Pelliccia, por sí y para beneficio de la. Sucesión de J. B. Dragoni, demandante y apelada, v. María Dragoni y Dragoni, demandada y apelante.
    No. 636 y 4848.

    Sometidos: Febrero 4, 1929.

      Resueltos: Marzo 5, 1929.

      F. Parra Capó, López de Tord efe Zayas Pizarro■ y José A. y Alberto S. Poventud, abogados de los peticionarios en el eertiorari; Tous Soto efe Zapater, abogados de la demandada en el caso principal e interventora en dicho eertiorari: Tons Soto efe Sabater, abo-gados de la apelante en el segundo caso; López de Tord & Zayas Pizarro, abogados de la apelada en el mismo.
   El Juez Peesideute Seños del Toko,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de P'once Margarita Dragoni Pelliceia, por sí y para beneficio de la Sucesión de J. B. Dragoni inició nn pleito sobre declaratoria de simulación contra María Dragoni y Dragoni. La demanda original tiene fecha julio 26, 1928. Se emplazó la demandada, surgieron varios incidentes y finalmente se presentó una demanda en-mendada el 12 de noviembre, 1928, y siete días después una solicitud para que se dictara una orden para tomar la depo-sición de la testigo María Dragoni, basándose en que dicha testigo, la demandada en el pleito, intentaba ausentarse de Puerto Rico. La corte accedió y fijó el día 20 de noviembre, 1928, para la toma de la deposición.

María Dragoni presentó una oposición escrita. La corte la declaró sin lugar pero haciendo constar que no existía razón para acortar el tiempo, dado lo alegado por la de-mandada en relación con su propósito de no ausentarse de la isla, transfirió la fecha de la toma de la deposición para, el 24 del propio mes de noviembre.

El 23 de noviembre, 1928, la demandada apeló de las órdenes de la corte de 19 de noviembre decretando la toma de la deposición el 20 y del 20' desestimando la oposición de la demandada y fijando la toma de la deposición para el 24.

El 24 de noviembre, 1928, ocurrió en la corte lo que sigue:

“Llamado este caso para la toma de deposición a la demandada María Dragoni y Dragoni, comparecieron los demandantes represen-tados por sus abogados Ledos. Vicente Zayas Pizarro, Francisco Parra y Alberto S. Poventud, y la demandada representada por su abogado Ledo. José Tous Soto. Habiéndose radicado un escrito de apelación contra las órdenes de esta Corte de 19 y 20- de noviembre corriente ordenando dieba deposición y denegando la moción de la demandada para que se deje sin efecto la orden de noviembre 19,'y oídas ambas partes, la Corte es de opinión que no procede tomar dicha deposición hasta tanto se resuelva el recurso de apelación in-terpuesto; y la Corte deniega la moción oral de los demandantes para que obligue a la demandada María Dragoni y Dragoni a noti-ficarles en caso de que resuelva ausentarse de Puerto Rico.”

Así las cosas - la parte demandante en el pleito pre-sentó en esta Corte Suprema la solicitud de certiorari que se radicó con el número 636 y_ pidió además la desestimación de la apelación interpuesta por la parte demandada el 23 de noviembre radicada en esta corte con el número 4848. Ambas partes han sido oídas ampliamente y como los dos recursos están tan íntimamente relacionados estudiaremos las cuestiones planteadas en los mismos en esta sola opinión.

La cuestión fundamental a resolver es ésta: ¿Son apelables las órdenes de 19 y 20 de noviembre, 1928'?

La parte apelante sostiene que la primera o sea aquella por virtud de la cual el juez de distrito accedió a la solicitud de la parte demandante y ordenó que se tomara deposición a la testigo María Dragoni, demandada en el pleito, tiene el carácter de una sentencia final en un procedimiento especial y es por tanto apelable de acuerdo con el número 1 del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil. Y sos-tiene también que la. segunda lo es de acuerdo con el número 3 del propio artículo 295 porque tiene el carácter de una pro-videncia especial dictada después de sentencia definitiva.

En apoyo de su criterio cita la parte demandada y ape-lante el caso de Sharon v. Sharon, 67 Cal. 185 en el que.se resuelve que una sentencia final no es necesariamente la última que se pronuncia en el pleito, Hildebrand v. Superior Court, 173 Cal. 86 y Title Ins. & Trust Co. v. California Development Co., 159 Cal. 489, en los que se expone que la regla tal como se deduce de las autoridades es que son finales y apelables aquellas órdenes dictadas en procedimientos co-laterales que requieren el pago de dinero por la parte que se queja o, que exigen la comisión de un acto por o contra ella.

A nuestro juicio la jurisprudencia 'invocada no beneficia a la apelante. La naturaleza jurídica del acto de ordenar la toma de una deposición en relación con la finalidad del acto Gil sí a los efectos de apelar, no varía porque el que vaya a declarar sea uua parte o sea otro testigo cualquiera. Si se considerara tal acto como final a los fines pretendidos, po-drían considerarse finales todas las resoluciones que va dictando la corte en el curso de los litigios.

Cita también la parte apelante lo que sigue que copia de 9 Cal. Jur. 397: “Y el tomar una deposición es tan clara-mente uno de los procedimientos de la corte, como lo sería la toma de testimonio ante el master o examiner en un pleito en equidad.” Para comprobar el alcance de esa cita basta seguir la referencia que contiene al pie, esto es, lo que se dice más adelante en la página 399, a saber: “Es una regla básica que la persona que toma una deposición debe estar autorizada para ello por la ley. La toma de una deposición es una parte de los procedimientos de la corte para cuyo uso la evidencia se toma, y cuando el juez mismo actúa, es un procedimiento ante él.”

Una apelación es un procedimiento regulado por la ley y sólo cabe, en tal virtud, en los casos comprendidos en la misma. Examinada la ley que rige en Puerto B-ico — el citado artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil — se concluye fácilmente que los casos de la apelante no están en ella comprendidos.

La deposición es un medio de aportar evidencia ante el tribunal, y la corte tiene poder tanto expresamente recono-cido en la ley cuanto inherente para ordenar su toma. De acuerdo con la misma ley pueden tomarse deposiciones no sólo en los pleitos ordinarios si que también .en los procedi-mientos especiales. Artículos 111 y 135 de la Ley de Evi-dencia. Es algo que ocurre en el curso de los procedimientos, siendo revisables en apelación las resoluciones de la corte, al revisarse la sentencia, final que se dicte en el litigio.

Siendo ello así, es una consecuencia inevitable que la corte de distrito erro al considerarse a sí misma el 24 de noviembre, 1928, sin jurisdicción para actuar mientras esta Corte Su-prein a resolviera la apelación establecida contra -sus órdenes de 19 y 20 de noviembre, 1928.

En tal virtud en el certiorari No. 636 debe decretarse la nv$idad de la resolución. de 24 de noviembre, 1928', y devol-verse el pleito a la corte de su origen para que continúe conociendo del mismo de acnerdo con la ley; y en la apela-ción No. 4848 debe decretarse la desestimación solicitada.


author: El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Ignacio Flores Lorenzo, peticionario y apelado, v. La Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico, demandada y apelante.
    No. 4840.

    Sometido: Febrero 4, 1929.

      Resuelto: Marzo 5, 1929.

      TI on. Attorney General j Felipe Tañer, Sub-Procurador, abogados de la apelante; José Sabateir, abogado del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

Dictada sentencia en este caso por la corte de Distrito de Mayagüez el 28 de agosto de 1928, en contra de la deman-dada, ésta interpuso la presente apelación el 5 de septiembre siguiente. El 10 de septiembre la apelante pidió a la corte que ordenara al taquígrafo la transcripción del récord y la corte accedió. El término concedido fué prorrogado y dentro de la prórroga el taquígrafo archivó una transcripción que comprende no sólo las pruebas si que también las alega-ciones, todo certificado por él mismo como exacto. La transcripción se expidió y certificó por cuadruplicado radi-cándose el original y una copia en la Secretaría de la corte y enviándose las otras dos copias al demandante y a la de-, mandada. Sometida al juez, sentenciador, éste la aprobó: como correcta el 12 de noviembre de 1928. Y así aprobada se archivó en la secretaría de esta Corte Suprema el 8 de diciembre último.

El 15 del propio mes el demandante apelado solicitó la desestimación del recurso porque “de acuerdo con el artículo 40 del Reglamento de este Tribunal Supremo, la apelante ba debido radicar una copia certificada por el secretario de la corte inferior o por los abogados de las partes — ademáis de radicar la transcripción de la evidencia — ■ del legajo de la sentencia, dentro de treinta días de aprobada la transcripción de la evidencia certificada por el taquígrafo, lo cual no ba cumplido .... porque ba hecho incluir indebidamente en la transcripción de la evidencia certificada por el taquígrafo las alegaciones de las partes, pretendiendo que dicha transcripción de evidencia constituya el récord completo de la apelación.”

El 4 de febrero último se celebró la vista de la moción de desestimación. Sólo compareció la apelante que presentó una certificación expedida por el Secretario de la Corte de Dis-trito de Mayagüez creditiva de que en la transcripción de evidencia preparada en este caso por el taquígrafo se hallan transcritas en los folios que menciona las alegaciones, órdenes, sentencia, etc., que detalla y que constan en los autos que están bajo su custodia.

Estamos enteramente conformes con la parte apelada en que no es el taquígrafo el funcionario apropiado para certi-ficar las alegaciones, pero no lo estamos en que deba deses-timarse la apelación.

La transcripción se archivó en esta corte dentro del término de ley. Es cierto que raía parte del récord no estaba debidamente autenticada, pero ello constituye un error susceptible de corrección, no un abandono absoluto. Y en tales casos no debe desestimarse la apelación si la parte apelante corrige en tiempo el defecto o trata con buena fe cíe corregirlo.

¿Quedó aquí subsanado el defecto con la certificación del secretario presentada en el acto de la vista de la moción de desestimación?

La circunstancia de haber quedado en secretaría una copia de la transcripción del taquígrafo que comprende las alega-ciones certificadas por el secretario en la forma que cono-cemos y la ausencia de impugnación de la parte contraria, quizá serían suficientes para aceptar la certificación y con-siderar subsanada la falta. Sin -embargo, creemos que la pureza del procedimiento exige que la certificación del secre-tario no venga aislada sino al pie de los documentos mismos que autentica, a cuyo efecto se concederá un plazo razonable al apelante para archivarla.

No ha lugar a desestimar la apelación y se concede a la apelante hasta el 20 de marzo actual para archivar la certi-ficación.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,

text:
    Porto Rico Fertilizer Co., demandante-apelada-apelante v. Antonio Roig, demandado-apelante-apelado.
    No. 4315.

    Sometido: Mayo 23, 1928.

      Resuelto: Marzo 7, 1929.

      González Fagundo & González Jr., abogados del demandado-apelante-apelado; Be-sosa Besosa, abogados del demandante-apelado-apelante.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,

emitió la opinión del tribunal.

La Porto Eico Fertilizer Co. instituyó nn procedimiento en cobro de cinco mil setecientos- cuarenta y cuatro dólares treinta y siete centavos ($5,744.37), que aparecían cargados a la cuenta de Antonio Roig en los libros de F. Fernández & Compañía. En una acción anterior entablada por la Porto Pico Fertilizer1 Co. contra F. Fernández & Compañía, esta cuenta había sido embargada y vendida en pública subasta en ejecución de sentencia. La demandante fue la compra-dora en dicha venta.

Ambas partes apelan de una sentencia a favor de la demandante por la suma de tres mil ciento cuarenta y cuatro dólares treinta y siete centavos ($3,144.37), sin especial condenación de costas.

El demandado Eoig alega que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar1 una causa de acción y cita el caso de J. Ochoa y Hermanos v. Herederos de Lanza, 17 D.P.R. 420.

En dicho caso la alegación esencial de la demanda fué una simple conclusión de derecho al efecto ele que la demandante era acreedora de los demandados en virtud de ciertas obliga-ciones contraídas, especificando el importe. En el presente caso la demandante alega que el demandado Eoig adeudaba a Fernández & Compañía, según sus libros, la suma de cinco mil setecientos cuarenta y cuatro dólares treinta y siete centavos ($5,744.37) por mercancías compradas y recibidas por él, y que esta cuenta había pasado a pertenecer a la demandante. La forma en que ocurrió esto se dirá detalladamente en otro sitio y no hay cuestión alguna envuelta respecto a la sufi-ciencia de esta parte de la demanda. • Los hechos relativos a la deuda de Eoig con Fernández & Compañía son suficientes para demostrar la existencia y origen de una obligación de pagar el importe de bienes vendidos y entregados a él. Giménez v. Alfonso, 29 D.P.R. 322. Véanse también Alfaro v. Alonso, 27 D.P.R. 53, y Lizardi v. Marrero, 32 D.P.R. 598.

La segunda contención del demandado Eoig es que la corte inferior se excedió en la estimación del valor probatorio de los libros llevados por Fernández & Compañía y cometió error al basar su sentencia en tal evidencia.

La demandante presentó como prueba los libros de Eoig, así como los de Fernández & Compañía. De conformidad con nna estipulación de las partes la corte autorizó tres peritos contables para que examinaran ambos juegos de libros y rindieran un informe. Dos de estos peritos fueron nombrados por la demandante y el tercero por el demandado. Este último perito indica en su informe que en abril 13, 1921, los dos juegos de libros estaban en completa armonía. Los contables nombrados por la demandante parecen haber basado sos conclusiones en un análisis de los libros de Roig, pasando por alto prácticamente los libros de Fernández & Compañía. Ninguno de los asientos de los libros últimamente mencio-nados parece haber sido atacado por Roig. Toda la contro-versia en la corte inferior parece haber girado sobre la cuestión de si ciertos asientos en los libros llevados por Roig deberían ser o no considerados como válidos contra Fernandez & Compañía. No hubo diferencia alguna en la opinión de los peritos sobre el valor probatorio de los libros llevados por Fernández & Compañía. El juez sentenciador concedió a favor de Roig cierta partida de sus libros, que había sido rechazada por los peritos de la demandante. Al rechazar otras partidas, él estuvo de acuerdo con el informe. Cual-quier referencia hecha por el juez sentenciador en relación con los libros de Fernández & Compañía agrega poco peso a la teoría de una sentencia basada en una estimación exage-rada de su valor probatorio.

Pero los letrados de Roig alegan que de acuerdo con el libro de hojas sueltas llevado por Fernández & Compañía, de lo que ha podido obtenerse, la cuenta, de Roig terminó en febrero de 1921 y fue adquirida por la demandante en mayo de 1922. El punto principal del argumento es que en ausen-cia de algo que demuestre lo que ocurrió durante el período transcurrido entre estas dos fechas, debe darse efecto al-artículo 48 del Código de Comercio, que dispone, entre otras cosas, que:

“2. Si en los asientos de los libros llevados por dos comerciantes no hubiere conformidad, y los del nno se hubieren llevado con todas las formalidades expresadas en este título, y los del otro adolecieren de cualquier defecto o carecieran de los requisitos exigidos por este Código, los asientos de los libros en regla liarán fe contra los de los defectuosos, a no demostrarse lo contrario por medio de otras prue-bas admisibles en derecho.”

Los libros de Fernández & Compañía no estaban en poder de la demandante durante la celebración del juicio, ni en momento alguno anterior al mismo, sino que fueron presen-tados por el socio gestor de F. Fernández & Compañía al declarar como testigo de la demandante. La reclamación de la demandante no envolvía ninguna deuda de Roig que se alegara había sido contraída después de febrero de 1921, sino que se basaba exclusivamente en la cuenta, según aparecía en aquella época. No existe incompatibilidad entre la cuenta llevada por Fernández & Compañía y los asientos hechos por Roig en sus libros. No hay presunción alguna de que asientos condicionales o no justificados, en los libros de Roig, serían establecidos por asientos similares en los libros de Fernández & Compañía, de presentarse las hojas que faltaban.

Convenimos con el letrado del apelante Roig en que la corte inferior cometió error ai resolver que era admisible como ■ prueba una certificación en forma narrativa, expedida por el Secretario de la Corte de Distrito de San Juan, exponiendo hechos y conclusiones tanto positivos como negativos, en relación con haberse dictado sentencia,, expedición de la orden de ejecución y otras cuestiones que aparecían en los autos de la Porto Rico Fertilizer Co. v. Fabriciano Fernández et al., haciendo negocios bajo la razón social de^F. Fernández & Compañía. En lo que se refería a las cuestiones así expuestas, la objeción del demandado debió haberse declarado con lugar.

■ Sin embargo, el documento en cuestión se refiere a, e identi-fica una transcripción completa del diligenciamiento del marshal, o constancia oficial de lo ocurrido en la venta en pública subasta. También se introdujo como prueba un duplicado de este documento, suscrito por el máirsbal, inme-diatamente después de efectuarse la venta, a instancias del letrado de la, demandante en el pleito original. Oreemos que esto puede considerarse substancialmente como el equivalente de un certificado de venta que el marshal debe entregar al comprador de conformidad con las disposiciones del artículo 258 del Código de Enjuiciamiento Civil. Según las dispo-siciones de este artículo “este certificado transmite al com-prador todos los derechos que sobre dicha propiedad tuviera el deudor, a la fecha del cumplimiento de la orden de ejecu-ción o de haberse verificado el embargo.” Bajo estas circuns-tancias y a la luz de la presunción legal relativa a la jurisdic-ción y regularidad de los procedimientos en una corte de récord, las otras cuestiones a que se hace referencia en la certificación del secretario deben ser’ consideradas como superfinas y el error alegado como no perjudicial.

El cuarto señalamiento es que la corte inferior erró al admitir como prueba un informe escrito de los peritos contables.

El demandado Boig mientras declaraba como testigo de la demandante fué el primero en sugerir el nombramiento de un perito contable para que examinara tanto los libros llevados por él como los de la firma Fernández & Compañía. Entonces, después de alguna discusión, se llegó a un arreglo respectoi al nombramiento de peritos para que representaran a ambas partes., La forma en que el resultado del supuesto examen de los libros debía darse a conocer a la corte y a las partes, fué dejado en suspenso. En la mente del juez senten-ciador parece que estuvo presente un informe escrito cuando dijo que el examen de los libros sería pospuesto hasta que pudiera obtenerse tal informe para que sirviera de base a ulteriores investigaciones. En este momento el letrado del demandado manifestó que los libros se encontraban ante la corte, la que estaba en libertad de determinar el valor proba-' torio de los mismos y expresó su opinión al efecto de que el demandado tenía derecho a estar presente en el momento en que se examinaran los libros. El juez dijo'que la cuestión era cómo debía practicarse el examen. Los letrados del demandado creyeron que el examen debería practicarse en corte abierta. Entonces la corte y los letrados convinieron en que el examen en cuestión se practicara en el futuro, pero nada más se dijo acerca de un informe de los peritos como base para tal examen.

Cuando se ofreció como prueba el informe hecho por los peritos de la demandante, los letrados del demandado indi-caron su disposición a admitir toda aquella parte del docu-mento que se refiriera a la materialidad de los hechos que aparecen de los libros, pero se opusieron a que los peritos rechazaran ciertas partidas o cargos que contenían los libros llevados por Roig, bajo la teoría de que la corrección o in-corrección ele tales asientos era cuestión que debía ser'resuelta por la corte. El juez sentenciador después de oír los argu-mentos anunció que el informe sería admitido para consi-derarlo sobre los méritos, eliminando todas aquellas conclu-siones de los peritos que a ellos no corresponden. Entonces uno de los letrados del demandado dijo: “Esa era la cuestión que' yo quería levantar, Sr. Juez.” Inmediatamente el letrado de la demandante preguntó si se admitía el docu-mento, y el letrado del demandado contestó: “Sí, con la salvedad que yo hice y de conformidad con la resolución de la corte. ’ ’ La corte entonces anunció la, admisión del docu-mento como prueba y el letrado no se anotó excepción alguna.

El perito que identificó el informe continuó declarando como testigo de la demandante y explicó a la corte en detalle las varias cuentas y consideraciones en que sus conclusiones estaban basadas. Todo lo contenido en el informe fue repe-tido por el testigo y en muchos casos explicado detalladamente en el curso de su declaración, dándose así amplia oportunidad al demandado para repreguntar.

Estamos may de acuerdo con los letrados del apelante en que ordinariamente resoluciones relativas a la admisibilidad de prueba deben dictarse definitivamente en el momento en que se presenta la objeción y que no es recomendable la práctica de considerar tales cuestiones pqra resolverlas en el momento en que se decida el caso sobre sus méritos. Bajo las circunstancias peculiares del presente caso, no bailamos que se cometiera error que dé lugar a la revocación.

La quinta y ultima, proposición levantada por el deman-dado-apelante es que la sentencia es contraria a la prueba. La argumentación en tanto en cuanto no es una repetición de las cuestiones ya consideradas, es que la demandante después de presentar como prueba la cuenta llevada por el demandado, no podía ser oída, respecto a la corrección o validez de ninguno de los asientos en ella contenidos.

En ausencia de cualquier cita de autoridad, no estamos preparados por abora para, decir que la aquí demandante estaba obligada a aceptar como válidas y correctas, partidas cargadas a la cuenta de P. Fernández & Compañía, cuando tales partidas eran claramente de naturaleza condicional o tentativa, contrarrestadas y neutralizadas por otros asientos posteriores, y que otra prueba demostró no constituían una reclamación válida o existente contra F. Fernández & Com-pañía.

La demandante y apelante alega que la corte inferior erró al resolver que el demandado' había satisfecho cierto pagaré otorgado por F. Fernández &• Compañía a favor de Pedro Salazar y endosado por éste a la orden del demandado; al resolver que el demandado estaba justificado al cargar en sus libros el importe de tal pagaré a la cuenta de F. Fernán-dez & Compañía por encima de su objeción y protesta, y al deducir del importe reclamado por la demandante la suma de dos mil seiscientos dólares ($2,600). El demandado Boig declaró que él había satisfecho el pagaré de Salazar. Se mostró algo evasivo respecto a la forma en que se efectuó tal pago, pero según indicó no era necesario que el importe total de dicho' pagaré hubiese sido entregado a Salazar en efectivo, por cheque o en alguna otra forma específica. Tam-bién declaró qúe había enviado el pagaré en dos ocasiones a F. Fernández & Compañía, quien se lo devolvió en la primera ocasión. En • esto él ha sido corroborado por la prueba documental y no se desprende que el pagaré le fuera devuelto por segunda vez. En los- libros de F. Fernández & Compañía el pagaré tampoco aparece como una obligación pendiente a favor de Salazar, o en alguna otra forma. Boig también declaró bajo juramento que a Salazar se le había pagado igualmente. Su declaración sobre este punto no ha sido contradicha. '

Los letrados de la demandante y apelante citan en relación con esta cuestión el caso de Frías v. González, 35 D.P.R. 226, ci artículo 108 de la Ley de Evidencia, los artículos 1134, 1163, 1164 y 1182 del Código Civil, y los artículos 224 y 235 del Código de Comercio. Los hechos reseñados en el párrafo anterior hicieron cambiar el peso de la prueba; Los artículos del Código Civil y del Código de Comercio en que se descansa, en tanto en cuanto son aplicables al presente caso, no requieren la. revocación de la sentencia.

La demandante y apelante también alega que la corte inferior erró al no concederle costas.

En apoyo de esta contención los letrados de la deman-dante y apelante hacen mención de la actitud asumida por Boig’ mientras declaraba como testigo de la demandante, y de la oposición activa desplegada por los letrados del deman-dado durante el curso del juicio. No es reprensible un grado razonable de combatividad, desplegado por parte de los letrados. La hostilidad, vacilación y evasiva por parte de un demandado al declarar como testigo del demandante, son cuestiones que deben ser reguladas y tenidas dentro de ciertos límites por la corte durante la celebración del juicio. TJn desacato a la corte no puede servir de base para la concesión de costas a favor de cualquiera de las partes en una acción civil.

En el presente caso el demandado logró reducir el importe de la reclamación de la demandante aproximadamente a la mitad, y fue sin duda en reconocimiento de este hecho que la sentencia dictada a favor de la demandante m> contenía pronunciamiento alguno relativo a, costas. De todos modos, no hubo abuso de discreción y no estamos dispuestos a alterar el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Hutchison,'

text:
    Enrique Ramírez Prosperi, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.
    No. 737.

    Sometido: Noviembre 5, 1928.

      Resuelto: Marzo 8, 1929.

      Nazario & Qwrcía Méndez, abogados del recurrente; El Registrador recurrido, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Hutchison,'

emitió la opinión, del tribunal.

El registrador de la propiedad inscribió una hipoteca sobre bienes privativos del esposo, sujeta al defecto subsanable de que la esposa del deudor hipotecario no había consentido a la renuncia del derecho de hogar seguro hecha por éste.

Las secciones 1, en parte, 2 y 3 de nuestra ley sobre la materia leen como signe:

“Sección 1.- — Que todo jete de familia, que tenga familia, tendrá derecho a una finca de homestead, hasta el valor de quinientos, dollars ($500) en una estancia, plantación o predio de terreno y en los edi-ficios contenidos en el mismo, que le pertenezca o que posea legalmente, en virtud de arrendamiento o- en otra forma, y estuviere ocupado por él o ella como su residencia; y dicho homestead y todo derecho o tí-tulo sobre el mismo estará exento de embargo, sentencia, exacción o ejecución, excepción hecha de las contribuciones que adeudare, el valor de la venta (compra) de dicha propiedad o la responsabilidad incurrida por mejoras que se hicieren en la misma, y excepción hecha también de lo que más adelante se establece.
“Sección 2. — Que dicha exención continuará después de la muerte del jefe de familia, a beneficio del esposo o. esposa superviviente, mientras él o ella continúe ocupando dicho homestead, y después de la muerte de ambos, esto es del esposo y de la esposa, a beneficio de sus hijos, hasta que el menor de éstos haya llegado a la edad de veinte y un años; en caso de que el esposo o la esposa abandonase su familia, la exención continuará en favor del cónyuge que ocupe la finca como residencia; y en caso de divorcio, el tribunal que lo conceda podrá disponer del homestead según la equidad del caso.
“Sección 3. — Que no será válida ninguna renuncia o traspaso de una finca así exentada, a menos que se consigne expresamente en la escritura de traspaso por dicho jefe de familia, su esposo o esposa, si él o ella lo tuvieren, o a menos que se obtuviere o abando-nare la posesión de acuerdo con la escritura de traspaso, o sin la orden de la corte de distrito disponiendo el traspaso del título de la propiedad, siempre que la exención se haga extensiva a un hijo o hijos.”

No es necesario que resolvamos por ahora si en Puerto Rico la esposa tiene un interés o derecho de homestead adquirido sobre los bienes privativos de su esposo, cuando tales -bienes son ocupados por la familia como residencia.

El documento que se tuvo en mente al redactarse la sec-ción 3, supra, es una. exoneración, renuncia o traspaso otor-gado por ambos esposos. Las palabras “su esposo o esposa, si él o ella, lo tuvieren,” difícilmente podrían considerarse como equivalentes a, o como que se intentó que significaran, “el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere.” Un jefe de familia, al morir, puede dejar un cónyuge superviviente, pero no puede “tenerlo.” Tampoco es un cónyuge super-viviente “su esposo o esposa.” Lo que la ley exige es una escritura otorgada “por dicho jefe de familia” y “su esposo o esposa, si él o ella lo tuvieren.”

Tal interpretación está en armonía con el espíritu general y fin de la ley de hogar seguro. También está de acuerdo con lo que probablemente fué el prototipo de la sección 3, 29 C. J. pág. 785, párrafo 7; id. pág. 884, párrafo 256, et seq.

La nota recurrida debe ser confirmada.

Los Jueces Asociados Sres. Aldrey y Texidor disintieron. (Véase el prefacio.)


author: El Juez Asociado Seño» Hutchison,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Miranda, acusado y apelante.
    No. 3343.

    Sometido: Enero 12, 1928.

      Resuelto: Marzo 8, 1929.

      Agustín E. Font, abogado del apelante; José E. Figueras, abogado de El Fuello, apelado.
   El Juez Asociado Seño» Hutchison,

emitió la opinión, del tribunal.

Juan Miranda, varón adulto,, fné sentenciado por el delito de acometimiento y agresión cometido en la persona de una mujer.

Cuando se preguntó a la perjudicada si la persona que le acometió era un hombre o una mujer, el letrado del acusado .se opuso, y el fiscal indicó la necesidad de probar que el acusado era un varón adulto. El juez sentenciador entonces mencionó el hecho de que la perjudicada estaba identificando al acusado y dijo que él mismo’ podía ver que éste era un hombre de más de treinta años. Al hacerse una nueva obje-ción por el abogado del acusado, el juez sentenciador retiró su observación.

El primer señalamiento de error se basa en este incidente y evidentemente carece de mérito.

Otra contención es que la corte inferior erró al admitir declaraciones tendentes a demostrar que el acusado tenía hijos, y a este respecto se nos cita el caso de El Pueblo v. Colón, 25 D.P.R. 630, donde esta corte dijo:

“Se hizo alguna referencia a niños que lloraban, pero la. prueba no demuestra que fueran los hijos del apelante, aun si el tenerlos, fuera suficiente para demostrar que una persona es adulta.”

La prueba en el presente caso tendió a demostrar que algunos de los hijos del acusado eran ya bastante crecidos, y que cinco de ellos usaban pantalones largos. Uno de ellos vivía en Nueva York para la fecha en que se celebró el juicio. Otros de menos edad llamaban “papá” al acusado y él los trataba como hijos.

La tercera cuestión levantada por el apelante se dirige a la admisión de prueba con. relación a la existencia de estos niños mas jóvenes. La prueba a este respecto, de bailarse por sí sola, rio excluiría la teoría de adolescencia, y por 1 auto no sostendría una sentencia condenatoria. Sin embargo, de todos modos la cuestión permanecería como una de valor probatorio, al igual que en el caso de Colón, más bien que como una de admisibilidad. Bajo las circunstancias del presente caso la objeción de que 1a. prueba en cuestión no excluye la idea de una edad madura sería más plausible, aunque tal vez no tan apropiada, quizás, al objeto del acu-sado'.

El cuarto señalamiento es que la corte inferior cometió error al permitir que el fiscal presentara al-acusado para probar su edad, a fin de que el juez sentenciador pudiera tomar en consideración la apariencia general del acusado al determinar la cuestión de si era o no un adulto. El acusado ya se bailaba presente y no se le exigió que se pusiera de pie ni que ocupara la silla testifical. Tanto el fiscal como la corte explicaron el fin limitado de esta formalidad, y en respuesta a una súplica del fiscal, el juez inferior informó, (•orno resultado de su observación y para que así constara en autos, que el acusado parecía tener más de 21 años de edad.

El argumento del apelante es que el acusado fue obligado a. servir de testigo contra sí mismo. La única autoridad citada por el letrado es el caso de El Pueblo v. Ortiz, 29 D.P.R. 746.

En El Pueblo v. Ortiz, 29 D.P.R. 501, resuelto unas seis semanas antes del caso en que se funda el apelante, “no hubo absolutamente prueba para demostrar que el acusado, a quien se imputó el beebo de ser un varón adulto y agredir a una mujer, era en realidad tal adulto.” En el curso de la opinión la corte dijo: “Los autos debieran demostrar en todo caso que la corte miró al acusado y juzgó su' edad.” El sumario lee como sigue: “En el juicio de una causa criminal en el cual la edad del acusado es un elemento esen-cial del delito como ocurre en el acometimiento y agresión de un varón adulto a una mujer, los autos deberán mostrar que la sentencia se fundó en la prueba, sin que exista la presunción de que la corte juzgó la edad por la apariencia del acusado.”

En el caso posterior, titulada igualmente El Pueblo v. Ortiz:

“El fiscal.probó el delito de acometimiento y agresión pero no presentó en el juicio prueba alguna respecto a que el acusado sea-un varón adulto por cuyo motivo éste presentó moción de non suit a la corte en la que si bien empezó por pedir su absolución concluyó so-licitando que se considerase su delito como de acometimiento y agre-sión simple y manifestó que no presentaría prueba. Entonces el juez de la corte expresó que estando presente ante sí el acusado lle-gaba a la conclusión de que es un varón adulto.”

Bajo estas circunstancias esta corte dijo:

“Aunque en algunas decisiones se sostiene que el jurado o la corte' puede apreciar la edad del acusado por su sola presencia, nos-otros preferimos adoptar el criterio contrario expuesto por la Corte de Indiana en el caso de Stephenson v. The State, 28 Ind. 272.”

Al resolver el caso de Stephenson, la Corte de Indiana, dijo, entre otras cosas:,

“Es verdad que en este caso tenemos la manifestación del juez para suplir la falta de prueba, pero el juez no fué testigo, y el Es-tado no tiene derecho a aprovecharse de su conocimiento, excepto en cuestiones de las cuales la corte toma conocimiento judicial.”

En el caso de El Pueblo v. Hernández, 34 D.P.R. 324, se dijo lo siguiente:

“Si bien en el caso del Pueblo v. Ortiz, 29 D.P.R. 746, sostuvimos que la corte por una mera inspección no tenía ningún derecho a con-denar, la teoría fué que debe presentarse alguna prueba aun cuando si, como se sugiere, el juez declarara como testigo.”

Véase también El Pueblo v. Benítez, 36 D.P.R. 905.

Cuando, como en el presente caso, se llama la atención del juez sentenciador expresamente hacia el acusado, para con-tribuir a poder resolver la cuestión de la edad de éste, y el resultado de tal observación se hace constar en los autos, el juez se convierte, para todos los fines prácticos, en un testigo. El hacer caso omiso de la manifestación hecha por un juez sentenciador bajo tales circunstancias, fundándose en que esta corte no está en posición de determinar lo razonable de una impresión derivada de la observación persona], del acusado, por el mismo motivo excluiría prueba similar pro-veniente de labios de otros testigos. Incidentalmente, la doctrina del caso de Indiana, al ser así aplicada, exigiría la revocación de un número de nuestras propias deci-siones, incluyendo los casos de El Pueblo v. Hernández, y El Pueblo v. Benitez, supra, al efecto de que “a un obser-vador capacitado puede permitírsele expresar su opinión en cuanto a la edad de los seres humanos, sean ellos adultos o niños de corta edad.”

“Algunas cortes en términos generales dicen que la regla es que la prohibición que impide que se obligue a una persona en un proce-dimiento criminal a declarar contra sí misma, es una prohibición que impide el uso de compulsión física o moral para obtener la declara-ción de él, pero no excluye que su propio cuerpo sea presentado como prueba cuando ello sea pertinente, y que cuando su cuerpo es exhibido, ora sea voluntariamente o mediante orden, tal prueba, de ser perti-nente, es admisible.” 16 C. J. pág. 568, párr. 1100.

El caso principal entre los mencionados en apoyo del texto que acabamos de citar es el de Holt v. U. S., 218 U. S. 245. Por ahora no estamos preparados para levantar con-troversia alguna con la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre puntos así resueltos.

La 'Sentencia apelada debe ser confirmada.

El Juez Asociado Sr. Texidor no intervino.


author: El Juez Asociado Señor "Wolf,

text:
    Pablo Calcerrada, demandante y apelado, v. American Railroad Co. of P. R., demandada y apelante; Pablo Calcerrada, demandante y apelante, v. American Railroad Co. of P. R., demandada y apelada.
    Nos. 4336 y 4254.

      Sometidos: Febrero 23, 1928.

    Resueltos: Marzo 8, 1929.

      E. Marííw'ez Aviles, abogado de la demandante-apelada-apelante; M. Acosta Velarde, abogado de la demandada-apelante-apelada.
   El Juez Asociado Señor "Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

Los Lechos fundamentales que rodean este caso son más o menos los siguientes: Al llegar a Areeibo, un ramal de la American Railroad Company está situada a lo largo de la calle Tanamá. Los rieles están colocados frente a la esta-ción del ferrocarril de dicha ciudad. Hay tres o cuatro sitios cerca de la estación del ferrocarril, donde se pueden colocar autocamiones para ser cargados o descargados. Todos ésos, a excepción de uno, son sitios seguros donde los autocamiones pueden ser colocados por su conductor. El sitio peligroso queda sobre la vía de la misma compañía. Este es tal vez el lugar más conveniente para cargar y descargar, aunque hay un letrero pegado allí que prohíbe cargar o descargar en el sitio de referencia. El agente del demandante colocó su autocamión exactamente sobre los rieles y lo dejó a cargo de una persona que no sabía guiar, mientras él fue a ocuparse de la descarga del autocamión. Algunos vagones de la compañía ferroviaria,- que no estaban enganchados a ninguna locomotora, vinieron y chocaron con ci autocamión del demandante. El presente recurso de ape-lación'ha sido instituido contra una sentencia dictada a favor del demandante por la suma de trescientos dólares. La sentencia debe ser revocada por varios motivos.

A la demanda de daños y perjuicios fundada en la supuesta negligencia de la demandada, la American Railroad Company presentó excepción previa. La excepción fué de-clarada sin lugar. Se han celebrado dos juicios en que una de las cuestiones en controversia ha sido la negligencia con-tribuyente del demandante, y como la determinación de esta défensa resuelve definitivamente las obligaciones existentes entre las partes, la consideraremos primeramente.

La Corte de Distrito de Arecibo el día 27 de mayo de 1923 declaró con lugar una moción de nonsuit, principalmente, de no ser exclusivamente, debido a la negligencia contribu-yente del demandante. La sentencia así dictada fué revocada) en apelación. Calcerrada v. American Railroad Co., 35 D.P.R. 873.

Deseamos manifestar incidentalmente que en el recurso de apelación anterior la American Railroad Company, enton-ces apelada, no hizo hincapié en la confirmación fundándose en que la prueba a favor del demandante en oposición a la prueba de negligencia puede en ciertos casos ser pasada por alto. Existe algún conflicto1 entre las autoridades, pero la corriente de ellas es que una moción de nonsuit cuando la prueba que favorece al demandante es débil, o cuando se anularía definitivamente un veredicto rendido a su favor, la corte entonces puede declarar con lugar la moción. Estate of Morey, 147 Cal. 495; Grant v. Chicago, Milwaukee & St. Paul Railroad Co., 252 Pac. 382; 38 Cyc. 1556.

En el caso de Montana se dijo que la cuestión relativa a la existencia de prueba substancial es una cuestión de derecho que. debe ser resuelta por la corte. Las decisiones a veces dicen que si la prueba que favorece al demandante es inhe-rentemente improbable, la moción puede prevalecer. En los Estados Unidos continentales la regla es que el jurado1 apre-ciará las cuestiones de hecho, pero en Puerto Rico el llamado a apreciar la prueba es el juez únicamente. Quizá si la de-mandada nos hubiese llamado la atención a alguna de esta jurisprudencia, y hubiera hecho énfasis en algunas de las cuestiones a que nos referiremos, tal vez no hubiésemos revo-cado la sentencia.

En el recurso de apelación anterior la compañía apelante también dijo en sn alegato que la prueba de negligencia era insuficiente, pero un examen de los autos y de nuestra opinión anterior demuestra que el fundamento para la actua-ción de la corte inferior, de no haber sido el único fundamento, fué la negligencia contribuyente del demandante.

También es una cuestión a debatir si en una moción de nonsuit la corte no puede considerar la suficiencia de la demanda. Como cuestión de principio, es de dudarse que una moción de nonsuit sea aconsejable, pero si la ppieba es claramente insuficiente, la parte demandada debe someter su caso. Entonces surge un caso de absoluta res acljudicata.

Durante la segunda vista, de este caso el demandante no sometió nueva prueba sobre la parte principal de su caso. Mediante estipulación las partes convinieron en que la prueba anterior debería permanecer y ser considerada por la corte como la prueba, principal. Se renunció a todas las objeciones y excepciones, exceptuando la defensa de prescripción y tal vez las enmiendas a la demanda. La prueba de rebuttal relativa a la cuestión de negligencia contribuyente, carecía de importancia, según veremos. El caso fué visto sustaneialmente por la misma prueba del demandante, con la prueba adicional en contrario de la demandada. Ahora bien, al examinar la opinión anterior de esta corte hay que deducir necesariamente que no confirmamos la sentencia porque consideráramos que había conflicto de prueba en el punto resuelto por la sentencia de nonsuit. La corte inferior no trató de resolver el conflicto.

Lo que la corte resolvió fué que siendo la conducta de la demandada voluntaria, inexcusable y negligente, la defensa de negligencia contribuyente no podía favorecerle. Esto era claramente erróneo y las autoridades citadas por la¡ corte no sostienen tal conclusión. 29 Cyc. 509; 22 R.C.L. 926; notas 21 L.R.A. (N. S.) 427; 20 R.C.L. 144. Estas autoridades demuestran que para, que la defensa no pueda favorecerle, la conducta de la demandada debe haber sido tvanton (per-versa), wilful (decidida), o algo equivalente a eso, como en ciertos casos la aplicabilidad do la doctrina de la última oportunidad expedita para evitar el daño. No nos liemos detenido a investigar hasta qué punto la doctrina de la última oportunidad expedita, es aplicable cuando el daño es causado a la propiedad en vez de a la persona.

Asufniendo que la corte quiso decir que la actuación de la demandada fué perversa o decidida, (wilful), no hubo prueba de perversidad o decisión en es fe caso. Si bien algunos vagones sueltos corrían por una calle pública donde estaban colocados los rieles principales del ramal, este mero hecho, si bien fácilmente puede equivaler a negligencia crasa, no tiende a probar perversidad, decisión o algo similar. A juzgar por los autos, nadie sabe cómo ocurrió el accidente. No hubo prueba tendente a demostrar que los vagones sueltos fueran impulsados deliberadamente por uno de los empleados de la compañía. Según indica la compañía apelante, vagones sueltos pueden moverse debido a algo ajeno a la voluntad de. los agentes de la demandada. La. idea de perversidad o decisión tampoco fué alegada en la demanda o hecha real-mente parte de la controversia durante el juicio. Bajo estas circunstancias, la imputación de perversidad, decisión o algo similar no necesita ulterior discusión.

K¡1 conductor colocó su autocamión sobre los rieles de la compañía y lo'dejó allí mientras se fue a descargarlo. Como por sobre esta vía los trenes pueden pasar en cualqujter momento, tal proceder constituía claramente negligencia.

La tentativa de exonerar al demandante fue para demos-trar que existía- un permiso, tolerancia, o costumbre por parte de los agentes de la demandada. En el sitio en que ocurrió el accidente, en realidad la gente de vez en cuando descargaba los autocamiones. La costumbre como tal, no fué probada. La posibilidad de que un agente responsable o un funcionario de la compañía tolerara tal práctica, es remota, y la posi-bilidad de probarla es arm más remota. En realidad, el testigo Torres, presentado por el demandante, negó qne exis-tiera tal costumbre. Sin embargo, suponiendo, por ejemplo, qne algunos de los agentes de la demandada en realidad hubiese dicbo: “Ustedes pueden descargar en este sitio,” su proceder no puede impedir que surja la. defensa de negli-gencia contribuyente. El agente de la demandada no podía obligar a la. compañía contrario a las circunstancias. Y el agente del demandante estaba obligado a saber, a pesar de la supuesta o alegada autorización dúdale por la demandada, que por allí podían pasar trenes en cualquier momento.

No solamente estas improbabilidades o faltas de prueba existen, sino que también la compañía introdujo prueba muy positiva al efecto de que nadie en realidad liabía autorizado jamás que se estableciera tal costumbre, o que se tolerara tal abuso. La posibilidad o probabilidad fué qne el sitio elegido era más conveniente para descargar mercancías y que los agentes de la compañía habían recibido carga allí sin mucha protesta. Cuando el conductor del autocamión se colocó en aquel sitio altamente peligroso, lo hizo a su propio riesgo.

Si se recuerda que en la vista original del caso se halló que el demandante era culpable de negligencia contribuyente, que el caso fué prácticamente sometido por la misma, prueba en unión a la prueba en contrario de la demandada, y que la prueba de rebuttal carecía de importancia, podemos plecir que la compañía demandada presentó una defensa absoluta. La prueba de rebuttal tendió a demostrar que alguien, después del accidente,' continuó descargando sus mercancías en dicho sitio con permiso de la compañía. La prueba no era persua-siva.

La compañía apelante también alega qué no se demostró negligencia alguna. Para exponer el asunto lacónicamente, dudamos que en realidad se probara un caso de negligencia por parte de los agentes <je la compañía. Dadas las circuns-tancias de que vagones sueltos corrieran por una calle pú-blica, la prueba de negligencia debió' haber sido fácil, pero los autos escritos en maquinilla no revelan que los vagones fueran puestos en movimiento por algún agente de la com-pañía. Si bien debido a las probabilidades en contrario ño deseamos hacer hincapié en este punto, sin embargo, el apelado no nos convence de que probara tal caso de negli-gencia.

Convenimos definitivamente con la demandada que lo allegata y probata, según halló la corte inferior, no corres-ponden. En la demanda se alega que los vagones fueron desenganchados negligentemente. De la opinión' se desprende un acto voluntario por parte de la demandada. Negligencia es una cosa. El hacer voluntariamente un acto torticero es otra cosa. Este aspecto del caso adquiere mayor impor-tancia de la que adquiriría generalmente debido a la actitud de la corte en lo referente a la cuestión de negligencia con-tribuyente, según se ha expresado anteriormente.

Hasta aquí hemos estado discutiendo principalmente la prueba del caso y hemos cubierto los señalamientos segundo,, tercero, séptimo y octavo, ya que estas cuestiones afectaban necesariamente los méritos fundamentales del caso. En su cuarto señalamiento de error la apelante dice que la corte también erró al declarar que el demandante tenía un derecho-igual al de la demandada en una vía pública. Desde luego, todo el mundo tiene derecho a pasar por una calle pública,, pero la jurisprudencia es bastante clara de que como sola-mente los trenes pueden caminar sobre rieles, ellos tienen cierta preferencia, sobre los peatones y sobre otros vehículos en movimiento. Necesariamente ni un peatón ni un auto-camión tienen derecho- a estar estacionados sobre los rieles-de una compañía ferroviaria.

Los señalamientos quinto y sexto pueden ser considerados conjuntamente. Estos leen asi:

“5. La Corte de Distrito erró y abusó de su discreción al permi-tir al demandante el día de la vista del caso enmendar la demanda; en el sentido de que el truck damnificado era HP-229 en vez del truck HP-239.
“6. La Corte de Distrito erró al declarar sin. lugar la materia nueva de defensa especial de que la acción ejercitada estaba prescrita de acuerdo con el artículo 1869 del Código Civil de Puerto Rico y dictar sentencia contra la demandada.”

Otra vez, por conveniencia para los fines de la disensión, consideraremos la cuestión de prescripción. Durante la pri-mera vista del caso el demandante pidió permiso para enmen-dar su demanda por describir ésta el autocamión como HP-239 cuando en realidad de verdad era el HP-229. La corte accedió a la enmienda y entonces se permitió a la demandada que presentara otra defensa, o sea, que la acción babía pres-crito. La jurisprudencia es clara al efecto de que si una enmienda aduce una nueva causa de acción, ésta no se retro-trae a la fecha de la radicación de la demanda, pero que si la demanda es meramente defectuosa, la enmienda sí se retrotrae.

En la demanda de este caso no se trataba de describir el autocamión, a no ser por su número. Durante el juicio la demandada dijo que no tenía conocimiento alguno de ningún daño causado al autocamión HP-229, y un examen de la prueba demostró que ambas partes entraron en muchos detalles respecto a los daños ocasionados al autocamión. Por tanto, era de importancia que a la demandada se le hubiese notificado debidamente del camión en particular que había sufrido los daños.

Un demandante puede tener fácilmente varias causas de acción fundadas en daños ocasionados a autocamiones y ciertamente si confunde los distintos autocamiones al recla-mar daños y perjuicios, en el momento de enmendar su de-manda podría aducir una causa de acción enteramente dis-tinta por el autocamión en cuestión. No obstante, la materia nueva de la contestación demostraba que la demandada tenía ol debido conocimiento del autocamión determinado que fué damnificado. Se había radicado una demanda anterior en que el pleito había sido instituido no por el verdadero dueño sino por sn chauffeur, y bajo todas las circunstancias creemos Line el error, de haberse cometido, no era perjudicial.

La demandada alegaba qne la enmienda fné hecha dema-siado tarde. El demandante demostró a satisfacción de la corte qne el error fné debido a nna reproducción errónea por parte del taquígrafo del propio abogado. Dado el hecho de qne el demandante había permitido qne sn chauffeur institu-yera nna causa de acción, si se hubiese llamado la atención ele la corte inferior al particular no lo hubiésemos considerado como un abuso de discreción si ella se hubiese negado a per-mitir que el demandante enmendara su demanda. Bajo las circunstancias de la contestación y la forma peculiar en que ocurrió el accidente, no creemos que sea un abuso de dis-creción el permitir dicha enmienda.

Llegamos entonces al primer señalamiento de error de que la demanda no aduce una causa de acción. Toda la discusión anterior demuestra cuán necesario es que un demandado sea debidamente notificado de la causa de acción del demandante.. Convenimos con la compañía apelante en que la demanda era defectuosa al dejar de dar a la demandada aviso alguno de la supuesta forma en que ocurrió el accidente. Igualmente la apelante, descansando en el caso de Miranda v. Porto Rico Ry., Light & Power Co., 31 D.P.R. 778, alegó que el demandante dejó de especificar el deber que la demandada tenía para con el demandante a no ser diciendo que las mercancías eran descargadas por el autocamión en el sitio de costumbre. Dudamos, al igual que la apelante, si'el decir que surgió nna costumbre equivale a exponer un hecho ultimo, y si no es necesario acumular algunos hechos para demostrar cómo surgió la costumbre. Esto se liace aun más claro cuando nos damos cuenta de lo difícil que es que surja-una costumbre del hecho de cargar y descargar sobre rieles.

La apelante insiste principalmente en que la demanda deja de especificar que el accidente se debiera a la negligencia de los empleados de la demandada en el curso ordinario o corriente de sus deberes, y la demandada cita algunas auto-ridades a este efecto y hemos agregado otras, siguiendo las citas de Cyc. Cincinnati, etc., Railroad Co., v. Voght, 26 Ind. App. 665, 60 N. E. 797; Railroad Co. v. Adams, 25 Ind. App. 164, 56 N. E. 101; Gordon v. Coal, etc., Co., 164 Ala. 203, 51 So. 316; 33 Cyc. 1053, nota 87. Si la excepción previa hubiese girado sobre este punto solamente, creemos que la demanda llamaba la atención suficientemente al hecho de que el accidente fue causado por negligencia de los agentes de la demandada en el curso ordinario de sus deberes.

El demandante apeló fundándose en la insuficiencia de la indemnización eoncedídale por la sentencia.. Como el caso clebe ser revocado debido a que el demandante no tiene causa de acción, será innecesario considerar su apelación. Dudamos seriamente si la demanda jamás debió haberse radicado, especialmente después de la infructuosa tentativa de permitir que el chauffeur percibiera indemnización, y de la pequeña cuantía finalmente obtenida.

La sentencia dictada en el caso No. 4336 debe ser revo-cada, lo que hace innecesario tomar acción alguna en el oaso No. 4254, a no ser para archivarlo.

El Juez Presidente Sr. del Toro y el Juez Asociado Sr. Hutchison disintieron. (Véase el prefacio)


author: TiIt. Juez Presidente Señor del Toro, ■El Juez Presidente Señor del Toro,

text:
    Alejo Fonseca, demandante y apelante, v. Dorotea Molina y Santiago y Aurora Maldonado y Molina, éstos últimos representados por su Señora madre con patria potestad sobre ellos, demandados y apelados.
    No. 4835.

    Sometido: Enero 28, 1929.

      Resuelto: Marzo 11, 1929.

      F. Reirá, abogado del apelante; Arcilio Alvm-ado y Armando A. Miranda, abogados de los apelados.
   TiIt. Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 7 de diciembre último quedó archivada la transcripción en esté caso. El apelante solicitó varias prórrogas para presentar su alegato y mientras corrían el abogado Armando A. Miranda presentó un escrito notificando al Secretario y al abogado del apelante que el 15 de enero de 3929 se le había otorgado la representación de la parte apelada.

Tres días después compareció el Ledo. Arcilio Alvarado, por su propio derecho, y presentó una moción alegando, que desde el 5 de agosto de 1928 venía representando a los de-mandados; que obtuvo a favor de ellos el 19 de noviembre de 1928 una sentencia declarando sin lugar la demanda contra, ellos presentada y anulando- un embargo trabado sobre la cantidad de $914.06 depositada a nombre de los demandados Santos, Aurora y Salina Maldonado en la Se-cretaría de la Corte de Distrito de Q-uayama; que apelada la sentencia, tenía preparada la defensa de sus dienltesjj que ha recibido la notificación del abogado Miranda sobre su sustitución; que los demandados no tienen razón alguna para sustituirlo por otro abogado; que el fondo depositado constituye un res o fondo en el cual el abogado compare-ciente ya ha creado un derecho;” que sus honorarios valen doscientos dólares. Termina suplicando que la Corte Su-prema ordene que se consignen en secretaría a su favor doscientos dólares.

Señalado día para la vista de la moción, comparecieron el abogado Alvarado que la sostuvo oralmente y el abogado Miranda que se opuso. El abogado Alvarado venía prepa-rado para aportar prueba sobre los hechos alegados en su moción, pero el procedimiento pareció tan raro a la corte que ésta tomo bajo su consideración el asunto con la sola moción y los argumentos orales reservándose conceder una oportunidad al abogado Alvarado para presentar su prueba •en el caso de estimar que podían tomarse en consideración sus pretensiones.

La moción del abogado Alvarado no contiene una sola •cita legal. Ninguna fue hecha durante la vista ni ha sido luego archivada a pesar del tiempo transcurrido.

Dadas esas circunstancias, no consideramos deber-nuestro hacer mi estudio detenido de la cuestión suscitada. A pri-mera vista nos parece que sería desnaturalizar el procedi-miento en apelación si se accediera a lo que pretende el abogado Alvarado. No se trata de aclarar cuál es el abogado de la parte apelada, ante la corte, sino de investigar la natu-raleza jurídica de cierta suma depositada en la corte inferior para resolver si sobre ella existe el gravamen a que se refiere el abogado Alvarado y en caso afirmativo ordenar que se consigne la suma solicitada. Parece más propio que •el abogado establezca su reclamación en la propia corte de •distrito.

Debe, en tal virtud, declararse sin lugar la moción.

RECONSIDERACION DE MAYO 10, 1929.

■El Juez Presidente Señor del Toro,

emitió la opinión del tribunal.

El 11 de marzo último resolvimos cierta moción del abogado Alvarado presentada en este recurso en solicitud de que se adoptara por esta Corte Suprema alguna medida tendente a asegurar el cobro de sus honorarios como abogado que fué de los menores demandados.

La cuestión suscitada envolvía no sólo el reconocimiento del derecho del peticionario, si que también la decisión de si ese derecho podía hacerse efectivo en cierta suma deposi-tada en la corte de distrito a beneficio de los menores, pro-cedente de una indemnización acordada por la Comisión de Indemnizaciones a Obreros.

No se citó jurisprudencia por escrito y dijimos en la opinión emitida al efecto que tampoco se hizo cita alguna oralmente. Alvarado presentó luego una moción de recon-sideración, que os la que estamos considerando, y en ella asegura que citó en su informe oral el caso de Martínez v. Corte de Distrito, 36 D.P.R. 162.

Ttealmente recordamos ahora que el caso fué citado. En ól se citan a su vez varias decisiones interesantes que el peticionario tuvo la oportunidad de estudiar, analizar y comparar con su caso, presentando así la cuestión perfecta-mente dilucidada, y no lo hizo. Hemos estudiado algo más la materia y creemos que quizá puedan presentarse situa-ciones en que la Corte de Apelación deba intervenir dentro del recurso mismo en beneficio de los derechos de un letrado que haya sido separado indebidamente por alguna de las partes. Sin embargo, juzgando los hechos de este caso, no creemos que procede nuestra intervención tanto más cuanto que en el día de hoy se revoca la sentencia apelada que fué • dictada sobre las alegaciones y el pleito vuelve a la coide de distrito de su origen que seguirá conociendo del mismo de acuerdo con la ley. En ella podrá el abogado Alvarado, como dijimos en nuestra anterior opinión, establecer su reclamación.


author: El Juez Asociado Señor Aldbey,

text:
    Rosendo Cotal, demandante-apelante, v. Josefina Díaz, demandada-apelada.
    No. 4643.

    Sometido: Febrero 28, 1929.

    Resuelto: Marzo 12, 1929.

      Tomás Castillo León, abogado del apelante; Sergio León Lugo, abo-gado de la apelada.
   El Juez Asociado Señor Aldbey,

emitió la opinión del tribunal.

Conociendo la Corte de Distrito de Ponee de este pleito en grado de apelación originada por la sentencia que en él dictó una corte municipal, sostuvo la excepción previa' ale-gada por la demandada fundada en que la demanda no aduce íieclios determinantes de causa de acción y a instancia del actor dictó sentencia contra el demandante, contra cuyo fallo éste interpuso el presente recurso de apelación en el que alega ser errónea esa sentencia.

Se alega substancialmente en la demanda que el deman-dante era dueño basta 1924 de una finca urbana radicada en una calle de la ciudad de Ponce, compuesta aquélla de un solar de 470 metros cuadrados con 67 centímetros en el que está fabricada una casa de maderas con techo de zinc, estando lasada oficialmente la finca en $420, o sea en $350 el solar y en $70 la, casa: que en la fecha expresada.el colector de rentas internas de Ponce embargó esa finca, para el cobro de $32.38 por las contribuciones que adeudaba y la vendió en pública subasta a la demandada por dicha cantidad: que la casa considerada aisladamente es un bien vendible de lícito comercio por ser pequeña, de maderas y no agregada per-manentemente al fundo, que podía trasladarse sobre ruedas de un punto a otro de la ciudad sin menoscabo de ninguna clase según la reconocida y antigua costumbre del país; y que el procedimiento seguido por el colector para el embargo y venta de la, finca es nulo porque embargó la totalidad o sea el solar y la ca,sa cuando para responder del pago de los $32.38 debidos era bastante embargar y vender la casa solamente por ser el valor de ésta en tasación mayor que la cantidad adeudada.. Por esas alegaciones solicitó que fuese declarado nulo el embargo y venta de la finca y qne la de-mandada le devuelva el solar y la casa.

Dice la parte apelada en su alegato ante nosotros que carecemos de jurisdicción para resolver esta apelación porque no versa sobre nulidad de la tasación de $420 dada a la. finca sino sobre la nulidad de la venta hecha por el colector por precio de $32.38, cantidad ésta que es inferior a la de $300 fijada por la ley que nos confiere jurisdicción para resolver esta clase de apelaciones.

Según el artículo 295, No. 2, del Código de Enjuiciamiento Civil, enmendado en 1905, podrá establecerse apelación de nna sentencia de nna corte de distrito dictada en apelación de nna corte inferior si el valor de la cosa reclamada o cuantía de la sentencia, sin comprender frutos o intereses excediera de trescientos dólares; y si bien se solicitó en este pleito que se declarara nulo el embargo y la venta de la finca hedía por $32.38, su objeto es reclamar la, devolución o entrega de una finca que vale $420, perdida en la subasta., mediante la declaración de la nulidad alegada, por lo que siendo el valor de la cosa reclamada superior a $300 tenemos jurisdicción para resolver esta apelación.

Como se desprende de las alegaciones de la de-> manda, la única causa aducida para solicitar que la casa y el solar sean devueltos al demandante por la compradora en la subasta, única demandada, es que el colector de rentas internas debió embargar y vender solamente la casa y que por no haberlo hecho así resultan nulas las diligencias de embargo y de venta por él realizadas.

Aunque el artículo 339 del Código Político dispone que el colector de rentas internas embargará y venderá cantidad suficiente de los bienes inmuebles del contribuyente moroso para el pago de las contribuciones, no es nula la venta que hizo de la finca en cuestión compuesta de solar y de la casa en él fabricada porque teniendo los edificios y las construc-ciones de todo género adheridas al suelo el concepto de bienes inmuebles, según el artículo 335, No-. 1, del Código Civil, la casa del demandante formaba, parte del solar, cons-tituyendo así solar y casa una sola finca; y aceptando como cierto, como alega el apelante, que esa casa podía ser sepa-rada de su solar y ser trasladada a otro sitio sin detrimento para ella y que por esto era vendible independientemente del solar, sin embargo, el colector no ha cometido acto alguno nulo porque él no está obligado por la ley a investigar y a decidir en cada procedimiento si las casas pueden ser sepa-radas sin detrimento alguno del terreno en que lian sido fabricadas de modo que puedan ser vendibles aisladamente, al efecto de embargar y vender las casas aisladamente de la tierra .en que están. Además, disponiendo el artículo' 315 del Código Político que los embargos por contribuciones atrasadas sea de bienes inmuebles o de muebles producirán ol mismo efecto que un fallo judicial contra la propiedad embargada, y disponiendo el artículo 253 del Código de Enjuiciamiento Civil que si en la venta judicial se bailare presente el deudor declarado tal en la sentencia podrá de-terminar el orden para la venta de la propiedad real ■ o personal cuando se componga de varias parcelas o lotes conocidos, o de objetos que .puedan venderse con ventaja separadamente, debiendo el má'rslial ceñirse a sus instruc-ciones, el apelante tuvo una oportunidad de solicitar que la casa fuera vendida, separadamente del solar, lo que no se alega que hiciera.

Por las razones expuestas la sentencia apelada debe; ser confirmada.


author: El Juez Asociado Señoe. Texido»,

text:
    Carmen Nadal Viuda de Del Moral, demandante-apelante, v. Eurico Ramón, Alice María, Josefa Antonia, Julio Tomás y Homero Darío Beauchamps y Beauchamps, e Isabel Antonia Beauchamps que componen la Sucesión legítima de Ramón Emilio Beauchamps, demandados y apelados.
    No. 4327.

      Sometido: Febrero 14, 1929.

    Resuelto: Marzo 12, 1929.

      José Sabater, abogado de la apelante; Benet <& Sonffront, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señoe. Texido»,

emitió la opinión del tribunal.

Don Ricardo A. Gómez era dueño de la hacienda- “Carmen” en el Barrio de Anones, término municipal de Las Marías. Sobre esa finca pesaban dos gravámenes hipote-carios : uño a favor de The Union Central Life Insurance Company, por $13,390.25 y otro a favor de Doña Carmen Nadal, originalmente por $2,500 y en la fecha a que se refiere la demanda -en este caso, por $2,200, por haberse cancelado un plazo de la obligación garantizada por la hipo-teca, cuya obligación se hallaba dividida en ocho plazos anuales de $300 cada uno; y se había constituido por escri-tura pública de 10 de septiembre de 1919.

En 9 de agosto de 1921, y por medio de escritura pública, vendió Don Ricardo A. Gómez'a Don Ramón E. Beauchamps la citada hacienda “Carmen”, en precio de $15,958.09, dé-los que el comprador le entregó $367.84, y el balance quedó en poder del mismo comprador para, atender al pago de las hipotecas antes citadas.

Falleció On 13 de mayo de 1925 Don Ramón E. Beau-champs ; y en 29 de mayo del mismo año la corte de distrito de Mayagüez declaró a Eurico Ramón, Alice María, Josefa Antonia, Julio Tomás y Homero Darío, Beauchamps y Beauchamps todos ellos, y a Isabel Antonia Beauchamps, ésta como viuda y aquéllos como hijos legítimos del fenecido, herederos ab-intestato del mismo.

Vencidos los plazos que correspondían a los años 1921, 1922, 1923, 1924 y 1925 de la obligación hipotecaria a favor de Doña Carmen Nadal, sin que fueran total ni parcialmente satisfechos, esta señora presentó ante la Corte de Distrito de Mayagüez, una demanda en cobro de capital e intereses adeudados;, siendo los demandados expresados viuda e hijos de Don Ramón E. Beauchamps. La demanda tiene fecha 31 de octubre de 2925.

En la contestación los demandados admiten los hechos alegados en la demanda; pero Josefa Antonia Beauchamps y Eurico Ramón Beauchamps, alegan como defensa especial que dios repudiaron expresa y judicialmente la herencia de su padre Ramón E. Beauchamps, y piden que no les afecte sentencia alguna que en el pleito se pueda dictar.

En el juicio se probó que los dichos demandados Josefa .Antonia y Eurico Beauchamps, en 10 de noviembre de 1925 habían comparecido en el expediente de declaratoria de herederos de su padre Ramón E. Beauchamps, repudiando la herencia del mismo.

La Corte de Djstrito de Mayagüez dictó sentencia en este pleito, condenando a los demandados Alice María., Julio Tomás, Homero Darío e Isabel Antonia Beauchamps, a pagar la suma reclamada por la demandante; y declarando sin lugar la demanda en cuanto a Eurico Ramón y Josefa Beauchamps y Beauchamps; y condenando a la demandante al pago de las costas de estos demandados.

Contra esa sentencia se ha interpuesto la presente apela-ción.

El primer señalamiento de error es así:

“I. La Corte inferior erró al absolver de la demanda a los herede-ros Josefa Antonia y Enrico Ramón Beauchamps y declarar que no quedan responsables por haber repudiado la herencia de su cau-sante.”

Hemos leído los razonamientos que por la. apelante se presentan para argumentar este señalamiento de error, y diferimos radicalmente de su manera de apreciar el pro-blema. Como la misma, parte apelante conoce, el Código Civil no lia señalado plazo alguno para la repudiación de la herencia, salvo el caso en que los acreedores soliciten que el juez señale término para que los herederos manifiesten si aceptan o repudian. Ni este caso, ni ninguno de los de aceptación presunta, se ha dado en este pleito. Los here-deros estaban en el derecho de repudiar la herencia cuando lo hicieron. (Véanse los artículos 955, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, Código Civil de Puerto Pico.) La repudia-ción por parte de los dos citados herederos está bien hecha en derecho, y produce, entre otros, el efecto que le dió la corte en la sentencia apelada. El caso que se nos cita Escalona v. Sucn. Castro, 17 D.P.R. 774, sostiene la teoría en que se funda la sentencia apelada.

Como segundo error se señala el haber condenado la corte a la demandante al pago de las costas.

Si notamos que la demanda se presentó el 31 de octubre de 1925, y que los demandados Eurico Ramón y Josefa Antonia Beauchamps, repudiaron la herencia paterna en 10 ele noviembre del mismo año, tiene que parecemos dudosa la temeridad de la demandante; máxime cuando ha basado su demanda en hechos ciertos y positivos, y ha pedido el cum-plimiento de una obligación verdadera. Si la situación de dos de los demandados varió, ello ocurrió después de la demanda, y por obra de los mismos demandados. La con-dena de costas no está justificada. El error está bien seña-lado.

Debe modificarse la sentencia, en el sentido de revocar el pronunciamiento de costas, confirmándola en lo demás.