text:
    Joaquín Cortada, demandante y apelado, v. Gloria y José de Jesús, demandados y apelantes.
    Núm. 7318.

    Sometido: Junio 18, 1937.

      Resuelto: Julio 12, 1937.

      J). Pellón, Jr., abogado de los apelantes; Dubón & Ochoteco, aboga-dos del apelado.
   El Juez Presidente Señor del Toro

emitió la opinión del tribunal.

Joaquín Cortada demandó a Gloria y José de Jesús en la Corte Municipal de San Juan en cobro de dinero y obtuvo una sentencia favorable. Apelaron los demandados para ante la corte de distrito y celebrado el juicio de nuevo recayó tam-bién sentencia declarando la demanda con lugar. Entonces los demandados recurrieron para ante este Tribunal Supremo, señalando en su alegato la comisión de un solo error, como sigue:

“. . . la Corte de Distrito de San Juan erró al admitir en evi-dencia los pagarés que se alegaron fueron endosados al demandante a pesar de la objeción hedía por los demandados de que el endoso no había sido probado en forma alguna; ya que el demandante no había probado que dicho endoso fuese hecho por Machado y Go., ni por persona autorizada para hacerlo, y que el demandante fuese dueño de dichos pagarés a virtud del endoso, ...”

En la demanda se alegó que el demandante era dueño y actual tenedor de tres pagarés que los demandados suscri-bieron y entregaron a favor de Machado y Co. y que fueron endosados por ésta a favor del demandante, por valor, acom-pañándose y haciéndose formar parte de la misma copia exacta de dichos pagarés.

La redacción de los pagarés y sus endosos es igual. Bas-tará transcribir uno de ellos solamente. Dice:

“Montante $125.00. — Vencimiento: 10 de enero, 1935. — Pagare-mos solidariamente a Machado & Go., en New York, o a su orden, el diez de enero de mil novecientos treinta y cinco, la suma de CIENTO VEINTICINCO dollars, valor recibido en préstamo y nos obligamos también solidariamente a pagar intereses de seis por ciento anual en caso de demora y las costas y gastos que ocasione el cobro de esta deuda y los honorarios del abogado que el tenedor de este pagaré utilice en caso de reclamación judicial. Nos sometemos expre-samente a la competencia de los Tribunales Insulares de la ciudad de San Juan, Puerto Rico.
“Consentimos expresamente en la renovación o prórroga que se conceda a instancia de cualquiera de los firmantes quedando solida-riamente responsables del balance prorrogado con igual fuerza que la obligación primitiva; y renunciamos al derecho de aviso, presen-tación y protesto.
“San Juan, Puerto Rico, 7 de junio, 1934. — .(Fdo.) José de Jesús. (Fdo.) Gloria de Jesús.
“(Al dorso) Pagúese a la orden del Sr. Joaquín Cortada,' valor recibido. — New York, enero 8 de 1935. — (Fdo.) Machado & Co. — • Joaquín Cortada.”

En su contestación que no está jurada los demandados alegaron:

“PRIMERO: — En cuanto al hecho primero de la demanda admiten los demandados haber suscrito y entregado a Machado & Co. de la ciudad de New York los tres pagarés a que so refiere la demanda, pero niegan qne éstos hayan sido endosados a favor del demandante por valor o cantidad alguna. Y alegan además en contrario los demandados que si existiese el endoso alegado éste endoso ha sido única y exclusivamente como comisión de cobro.”

Alegaron además en resumen qne enviaron a Machado & Co. mercaderías por valor de $163, valor que le fué abonado al importe de los tres pagarés, motivo por el cual sólo de-bían la suma de $112 y no la de $375 que se les reclama.

Conocidos esos antecedentes, veamos ahora lo ocurrido en el nuevo juicio en la corte de distrito. Fué así:

“Demandante: — Ofrecemos en evidencia los tres pagarés origi-nales, copia de los cuales se hicieron formar parte integrante de la demanda, cuya autenticidad y firma no fueron negadas por los deman-dados.
“Demandado: — En cuanto a los tres pagarés que aparecen trans-critos en la demanda, esta parte admite haberlos suscrito y entregado a Machado & Co., originalmente. Ahora, esta parte no admite el endoso, que es donde se basa la acción del demandante por no estar debidamente autenticada la firma de Machado & Co., ni haberse demostrado la persona que suscribió dichos pagarés, endosándolos, o qué facultades tenía como miembro de dicha firma a quien los endosó.
“Demandante: — En el caso contra Benitez Sugar Co., en el que se planteó la objeción por parte del demandado de que'la persona que aparecía endosando los vales o los pagarés, no se había demos-trado que tuviera o fuera un funcionario autorizado del dueño de los vales y que pudiera, como tal oficial del demandado, otorgar un endoso del pagaré, y la Corte Suprema resolvió que tratándose de pagarés negociables (como son éstos) el holder del pagaré, el tene-dor del pagaré, demostraba mediante su sola tenencia de que es dueño del mismo, ya que solamente podría el demandado o el maker del pagaré ser perjudicado en el caso de que se le trajera a él el vale y que ninguna otra persona puede traer un vale para su cobro que no sea el tenedor del vale.
“Demandado: — Esta parte sostiene que tratándose en este caso de una sociedad mercantil, ya que en este caso no aparece quién hizo el endoso, sino que aparece la firma ‘Machado & Co.’, se debe identifi-car como sociedad mercantil, y también debe probarse y demostrarse a la Corte, la persona que hizo el endoso, que son dos cuestiones dis-tintas. En el caso que cita el compañero aparece que hay una persona que endosa a nombre de una entidad jurídica. La presunción es que tiene facultades. En este caso aparece becba por Machado & Co., que es una sociedad mercantil, y, de acuerdo con el Código de Comercio, un socio gestor, para poder obligar a la compañía debe tener el uso de la firma; es decir, que cualquier acto realizado por un socio que no tenga el uso de la firma no obliga a la compañía.
“Juez: — Se admiten los documentos.
“DEMANDADO: — Nosotros, respetuosamente, tomamos excepción por los fundamentos de la objeción. •
“Nosotros queremos adicionar otro fundamento más de oposi-ción. Existe la presunción a favor del endoso en el sentido de que se presume que es por valor recibido, pero cuando la presunción se niega, incumbe a la otra parte probar que ba habido la transacción y que ha sido por valor recibido. Si no, se considera una gestión de cobro. Hasta tanto no se demuestre aquí que Machado & Co. reci-bió el importe de los pagarés a virtud de lo cual los endosó y cedió al demandante éstos, si no prueba estos extremos en realidad no puede alegar ni basar su acción en el carácter de dueño, como lo está 'ale-gando en la demanda. Por estos fundamentos esta parte, además, se opone a la admisión de los documentos, porque no se ha demos-trado todavía que ha habido la entrega de la cantidad importe de los pagarés, al cedente.
‘ ‘ Jubz : — Hágala constar. ’ ’

En el único error señalado, como hemos visto, no se va al fondo de la cuestión o cuestiones que puedan estar envuel-tas en el litigio. Los apelantes basan toda su contención en la inadmisibilidad de los pagarés por no haberse probado que el endoso fuese realmente hecho por Machado y Co.

El Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que cuando se entable una acción fundada en un documento, y la demanda contenga copia del mismo, o ésta vaya unida a ella, la au-tenticidad y otorgamiento en forma de dicho documento se considerarán admitidos, a menos que se jure la contestación negando la autenticidad. Artículo 119 del Código, ed. 1933. Y como en este caso la contestación no está jurada, la auten-ticidad del documento en su totalidad quedó admitida.

Esta sola consideración bastaría para desestimar el error. Pero hay más. Aunque la contestación se hubiera hecho bajo juramento, ni en el párrafo de la misma que transcribimos ni en ninguna otra parte de ella se niega que la firma que au-toriza el endoso y que dice: Machado y Co., no sea la de la misma entidad Machado y Co., a favor de la cual los deman-dados suscribieron los pagarés.

Invocan los apelantes en su alegato el núm. 5 del artículo 462 del Código de Comercio que prescribe que el endoso deberá contener la firma del endosante o de la persona legítimamente autorizada que firme por él, lo cual se expresará en la antefirma.

Cuando los documentos de que se trata se otorgaron, ya la ley que regía en cuanto a ellos no era el Código de Co-mercio sino la núm. 17 de 1930 o sea la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables. (Leyes de 1930, pág. 173).

Y esa ley en sus artículos 31 y 32 dispone:

“Artículo 31. — Un documento se negocia cuando se traspasa por una persona a otra de modo tal que constituya al cesionario en te-nedor del mismo. Si es pagadero al portador, queda negociado por la entrega; si a la orden, queda negociado por el endoso del tenedor completado con la entrega.
“Artículo 32. — El endoso deberá estar escrito en el documento misino o en un papel adherido al documento. La firma del endosante, sin palabras adicionales, es endoso suficiente.” Leyes de 1930, p. 185.

Además, al presentarlos como prueba el demandante de-mostró ser el tenedor de los pagarés y la citada ley en su artículo 52 prescribe que el tenedor de un documento nego-ciable puede ejercitar acciones judiciales fundadas en el mismo en su propio nombre, y el pago que a él se hiciere dentro del debido procedimiento de ley, cancelará el docu-mento, reputándose tenedor de buena fe, según su artículo 53, el que ha tomado el documento con arreglo a las siguien-tes circunstancias: que esté completo y sea regular en su apariencia; que se convirtió en tenedor del mismo antes de estar vencido, y sin tener conocimiento de que su aceptación o pago había sido rehusado previamente, si ése fuere el caso; que lo tomó de buena fe y por causa onerosa; que cuando le fué negociado no tenía conocimiento de defecto alguno en el documento, o en el derecho de la persona que lo negoció.

Esas circunstancias concurrían, prima facie, en el caso del demandante. Pudieron los demandados destruir la presun-ción si es que tenían prueba suficiente para ello, pero mien-tras no lo hicieran — y no lo hicieron en verdad — la corte, bajo las circunstancias concurrentes, podía actuar como ac-tuó en este caso admitiendo los pagarés en evidencia.

No habiéndose, pues, cometido el único error que se se-ñala, debe declararse sin lugar el recurso y confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

EN MOCION DE BECONSIDEBACION

Julio 30, 1937

En julio 12 actual se dictó sentencia en este caso con-firmando la apelada. Diez días después los demandados ape-lantes presentaron una moción de reconsideración que con-tiene la siguiente súplica:

“Esta parte a los fines de aclarar esta cuestión y evitar que sur-jan dudas en la profesión en el futuro, solicita de este lion. Tribunal que reconsidere su sentencia en el sentido de aclarar, que cuando se entable una acción fundada en un documento y la demanda contenga copia del mismo o ésta vaya unida, la autenticidad de dicho documento se considera admitida a menos que se jure la contestación, y excluye por' tanto los endosos y contratos posteriores al otorgamiento de dicho documento para los cuales no es necesario jurar la contes-tación. ’ ’

No se solicita pues la reconsideración de la sentencia. Lo que se pide es que se aclare cierto extremo de la opinión en que se funda.

La exacta forma en que la cuestión se levanta, es así:

"Esta parte demandada al examinar la opiriión dictada por este Hon. Tribunal, encuentra que en la misma se ha dicho lo siguiente:
“ ‘El Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que cuando se en-table una acción fundada en un documento, y la demanda contenga copia del mismo, o ésta vaya unida a-ella, la autenticidad y otorga-miento en forma de dicho documento se considerarán admitidos a menos que se jure la contestación negando la autenticidad. Art. 119 del Código, ed. 1933. Y como en este caso la contestación no está jurada la autenticidad del documento en su totalidad quedó admitida. Esta sola consideración bastaría para desestimar el error.’
“Queremos llamar la atención al Hon. Tribunal en-el sentido de que lo antes expuesto tiene un alcance mayor que el que parece, por-que si se examina la demanda se verá que en ella se han copiado los pagarés objeto de la causa de acción, así como los endosos hechos a los mismos, a favor del demandante en este caso.
“Esta parte está conforme con la sentencia y opinión en cuanto se refiere a que cuando se trascribe un documento en una demanda, o copia del mismo se une, el cual es la base de la causa de acción en-tablada, si no se contesta bajo juramento se tienen por admitidas su autenticidad y otorgamiento de acuerdo con el Art. 119 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico.
“Pero esta parte difiere en cuanto a que dicha admisibilidad sea extendida a todo aquello hecho posteriormente al otorgamiento del contrato o del documento, ya sean endosos o cualquier otro contrato relacionado con el documento original.
“Si se aceptara la teoría de este Iíon. Tribunal tal cual ha sido expuesta en la opinión de este caso, tenemos. entonces que .la teoría del Art. 119 antes mencionado, se extiende a los endosos que apare-cen copiados en cada una de las causas de acción, de la demanda en este caso.
“Entiende esta parte' que los endosos no caen dentro dél imperio de dicho Artículo, ya que son contratos posteriores- al otorgamiento de los pagarés, y por lo tanto la contestación- en cuanto- a ellos res-pecta no tiene que ser jurada ya que un endoso hay que probarlo.
“Véase el caso de Flores v. Sucrs. de José Falcón Sánchez, 35 D.P.R. 122 que dice:
“ ‘Al comenzar el juicio en este caso el demandante solicitó esa eliminación fundándose en que insertada en la demanda la obligación cuyo pago se reclama, la autenticidad de su otorgamiento debe darse por admitida de acuerdo con el artículo 119 del Código de Enjuicia-miento Civil, por no estar jurada la contestación. La corte inferior dictó sentencia sin resolver esa cuestión pero esa eliminación no era procedente porque aunque la contestación aceptó expresamente el otor-gamiento del documento fué negado que sus endosos trasmitieran su propiedad, negativa que no tenía que ser jurada porque el citado artículo se refiere a la autenticidad y otorgamiento en forma del do-cumento pero no a algo posterior a su otorgamiento como son los endosos. ’
“Por lo tanto, el caso antes citado aclara la situación, en el sen-tido de que los endosos, aunque la contestación no sea jurada no se entienden admitidos, ya que son actos posteriores al otorgamiento de los pagarés.”

El caso de Flores, supra, no fué citado por la parte ape-lante en su alegato original. Dicha parte se limita ahora a invocarlo a los fines que indica, sin citar autoridad otra al-guna que esclarezca y fije la cuestión.

Como se trata de algo que debe quedar dilucidado, he-mos dedicado algún tiempo a su estudio y a nuestro juicio ambas decisiones de esta corte — la del caso de Flores y la de este caso — no están en pugna si que se armonizan perfec-tamente.

Véase que el artículo 119 del Código de Enjuiciamiento Civil comienza: “Cuando se entable una demanda fundada en un documento ...(itálicas nuestras) y aquí la acción se entabló fundada no sólo en el pagaré si que en el endoso del mismo al demandante que fué alegado en la demanda ex-presamente y que constituye en realidad otro contrato cuya autenticidad y otorgamiento en forma bajo tales circunstan-cias deben considerarse admitidos por contener la demanda copia del mismo y no haberse jurado la contestación negando su autenticidad, mientras que en el caso de Flores, supra, si bien la demanda contenía copia del pagaré y de su endoso, no consta de la opinión que la acción se basara expresamente en el endoso.

Lo que decimos se entenderá mejor a la luz de lo ex-puesto por la Corte Suprema de Kansas en el caso de Morris v. Case, 46 Pac. 54, 55, a saber:

“Mas se sostiene que se acompaña copia del pagaré y que el en-doso aparece en el mismo. Es cierto, pero ¿existe alguna alegación en la demanda que indique que el demandante descansó en este en-doso como fuente de su título? No existe el más ligero indicio de tal intensión. No alega el otorgamiento del endoso, ni siquiera que es copia del pagaré con todos sus endosos, ni que la copia muestre endoso alguno. ¿Podría decirse que el endoso forma parte del pa-garé? Creemos que no. Es un contrato separado e independiente. ‘El endoso de un pagaré no equivale a un mero traspaso del mismo, sino a un contrato nuevo e independiente.’ Daniels, Negotiable Instruments, sec. 669; Hess v. State, 5 Ohio 9. Creemos que como Case no se refirió a ningún endoso, la delaración no jurada de Morris planteó la cuestión del título de Case y el peso de la prueba recayó sobre éste. Creemos que esto ha quedado bien establecido en este estado. En el caso de Washington v. Hobart, 17 Kan. 275, la corte dice: ‘ Originalmente, cuando se transfiere un pagaré a la orden, ello tiene lugar mediante un endoso escrito puesto en su reverso; y de ordinario, cuando se demanda en cobro de tal pagaré, el demandante alega en su demanda el otorgamiento del endoso y tal alegación sólo puede estar en controversia al negarse la misma bajo juramento. Mas un pagaré negociable pagadero a la orden, al igual que todo otro pagaré, puede ser .transferido en este estado sin endoso alguno, o sin necesidad de un escrito, y por la mera entrega, y en forma tal que se autorice a la persona a cuyo favor se hace el traspaso a demandar a su propio nombre. Por tanto, en un pleito en cobro de cualquier clase de pagaré, entablado por una persona que no es el tomador del mismo, cuando la demanda nada dice acerca del endoso, mas con-tiene la alegación de que el pagaré fué debidamente traspasado al demandante y que es ahora el dueño y tenedor del mismo, puede surgir la contienda sobre tal alegación mediante una alegación no jurada.’ Una cesión verbal de este pagaré hubiese sostenido la ale-gación de la demanda, mas el dejarse de jurar la contestación no admitiría una cesión verbal. Pattie v. Wilson, 25 Kan. 326. Si el pagaré fué realmente endosado, el demandante debió haberlo alegado en su demanda como uno de los hechos que constituían su causa de acción. El dejar de radicar la declaración jurada mencionada en el artículo 108 del Código Civil, negando estos hechos, no admite otra cosa que el otorgamiento del documento escrito y el endoso, cuando tales hechos se alegan en la demanda.”

Parece conveniente transcribir finalmente el resumen de la jurisprudencia que hace Corpus Juris con respecto a los documentos a que se aplica la regla, y lo que expresa la Juris-prudencia de California sobre el alcance de la misma.

Dice “Corpus Juris”:

“La regla expuesta relativa a la necesidad de negar bajo jura-mento es aplicable a los contratos de sociedad, cesiones y endosos, conocimientos de embarque, facturas, fianzas, cancelación del sello de rentas internas necesario a la validez de un documento, contra-tos, escrituras, garantías, pólizas de seguros, arrendamientos, hipo-tecas, órdenes de pago, pagarés o documentos similares a éstos. Tam-bién se ha dicho que es aplicable a recibos, cartas de pago, transaccio-nes, suscripciones, certificados y escrituras de venta en pago de con-tribuciones, y ciertos otros documentos escritos. No es aplicable al decreto de una corte, a las cuentas de mercaderías u otras cuentas corrientes, a un testamento no protocolizado, a los asientos en los libros de acciones de una corporación ni a la cesión de un documento que por sus términos expresos no es transferible. En algunas juris-dicciones la única clase de contratos a que es aplicable es a contra-tos incondicionales por escrito.” 49 C. J. 588.

T expresa “California Jurisprudence”:

“ ‘Cuando se entable una acción fundada en un documento, y la demanda contiene copia del mismo, o ésta va unida a ella, la auten-ticidad y otorgamiento en forma de dicho documento se considerarán admitidos, a menos que se jure la contestación negando dicha auten-ticidad,’ excepto cuando a la parte demandada al solicitarlo por es-crito no le fuere permitido inspeccionar el-original. Según esta dis-posición, un demandado al dejar de jurar su contestación admite que las firmas que contiene el documento que sirye de base al recurso son auténticas, y que los firmantes del mismo tenían la debida auto-ridad ; que el documento es lo que de su faz se desprende y que fué otorgado en el sitio y en la fecha indicados en el mismo. Esta admi-sión surte efecto para todos los fines del juicio y hace innecesario que se ofrezca formalmente el documento como prueba, o que se pruebe su otorgamiento y autenticidad.” 21 Cal. Jur. 159.

Por virtud, de todo lo expuesto debe declararse no ha,ber lugar a reconsiderar el particular de ■ la opinión a que la moción se refiere.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila.no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Travieso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, The Fajardo Sugar Growers’ Association y Loíza Sugar Company, demandadas.
    Núm. 1.

    Sometido: Febrero 16, 1937.

      Resuelto: Julio 12, 1937.

      J. Henri Brown, Jaime S\ífre, ■ Jr., y José A. Poventud y Arturo Aponte, abogados, respectivamente, de las demandadas; Hon. Procurador General B. Hernández García, Miguel Guerra Mon-dragón, B. Rivera Zagas y Lester P. Schoene, abogados del que-rellante.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tri-

bunal.

Cada una de las tres corporaciones demandadas ba for-mulado, por separado, excepciones previas a la querella en-mendada. Las consideraremos y resolveremos en una sola opinión y en el mismo orden en que nos ban sido sometidas:

1a. Que esta Corte Suprema carece de jurisdicción para conocer de este procedimiento de Quo Warranto, porque las leyes núm. 33 de 22 de julio de 1935 y núm. 47¡, de 7| de agosto de 1935 son inválidas y nulas por baber sido decretadas por la Legislatura Insular en exceso de sus facultades legislativas y en contravención de las disposiciones de la Ley Orgánica de Puerto Rico y de la Consti-tución Federal.

Las mismas cuestiones legales presentadas por esta ex-cepción y los mismos razonamientos aducidos en su apoyo fueron considerados por esta Corte Suprema al resolver las ■mociones para la desestimación de la querella original, pre-sentadas por cada una de las demandadas. Y no habiéndose aducido nuevas razones o fundamentos legales que nos obli-guen a variar de criterio, por las razones expuestas en la opinión emitida por esta Corte en el caso del epígrafe, el día 4 de junio de 1936 y publicada en 50 D.P.R. 163, debe decla-rarse sin lugar la excepción previa de falta de jurisdicción.

2a. Que la querella enmendada no aduce hechos suficientes para constituir una causa de acción.

La argumentación que en sus alegatos presentan las partes querelladas, para atacar la suficiencia de la querella, es en gran parte una repetición de los argumentos aducidos en apoyo de la excepción de falta de jurisdicción, la que ya he-mos desestimado.

Hemos examinado cuidadosamente la querella enmendada. Ajustándose a la regla de procedimiento que requiere que las alegaciones deben contener solamente una exposición de los hechos básicos (Iultimate facts) sobre los cuales se funda el derecho del demandante, la querella en este caso alega: Que “The Fajardo Sugar Company of Puerto Rico”, a la que nos referiremos en lo sucesivo como “La Fajardo”, es una corpo-ración organizada bajo las leyes de Puerto Rico y autorizada para dedicarse a la agricultura y a la fabricación de azúcar y para adquirir bienes inmuebles en esta Isla; que su carta cons-titutiva (cuarta, párr. 10) dispone que su derecho a poseer o controlar tierras en Puerto Rico estará limitado a 500 acres solamente, de acuerdo con las disposiciones de la sección 3 de la Resolución Conjunta núm. 23 del Congreso, aprobada en mayo Io. de' 1900; que en 1919 dicha corporación adquirió todas las propiedades y el activo de .lad‘Fajardo Sugar Company”, de New York, la cual durante los años, 1905 a 1909, por sí misma o por instrumentalidad.de “The Fajardo Sugar Growers’ Association” había .adquirido la propiedad o el control de unos 30,700 acres de terreno,- que la otra querellada,. “The Fajardo Sugar Growers’ Association”, a la que nos re-feriremos en lo sucesivo como “La Growers’” fué organizada bajo las Leyes del Estado de New York, para la siembra y cultivo de cañas de azúcar y está facultada para adquirir'las tierras que fueren necesarias para tales fines, dentro de los límites fijados por la ley; y que aunque “La Growers’-’ se describe a sí misma como una compañía por acciones, dicha en-tidad es para todo, propósito práctico una corporación, de acuerdo con la Constitución, leyes y jurisprudencia' del Es-tado de New York, bajo cuyas leyes fué organizada, y tam-bién porque por sus Cláusulas de Asociación, por sus mé-todos de negociar, por sus contratos y por cierta escritura de fideicomiso, se ha investido a sí misma de los atributos de una corporación. Y después de hacer una relación de-tallada de las disposiciones de las cláusulas de. asociación por virtud de las cuales dicha asociación se ha investido con los principales atributos de una entidad corporativa, la querella alega que “La Growers” lleva a cabo todas sus ope-raciones de crédito a nombre de “La Fajardo”, mediante cierto contrato celebrado en marzo 27 de 1923, por el cual dicha corporación se comprometió a dirigirse solamente contra el activo de “La Growers” para el solvento de cualquier deuda de esta última a favor de “La Fajardo”; que en vir-tud de dicho arreglo “La Growers” evita toda responsabi-lidad de sus miembros por las deudas de la asociación; que se obtiene garantía ulterior, contra responsabilidad de los miembros individuales por las deudas de la asociación, por medio del depósito de 2,999 acciones, de un total de 3,020 acciones del capital de la asociación, en fideicomiso, con el convenio de que todos los dividendos que devenguen dichas acciones han de ser pagados a “La Fajardo” para su distribu-ción pro rata entre sus accionistas, pero sin imponer respon-sabilidad alguna a los beneficiarios de tal fideicomiso por las deudas de “La Growers.”

Continúa alegando la querella, que la “Loíza Sugar Company”, a la que denominaremos en lo sucesivo “La Loíza”, es una corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico y facultada para comprar o arrendar bienes inmuebles; que sus Cláusulas de incorporación (Sección Cuarta, inciso (c)) proveen expresamente que su derecho a poseer y controlar tierras en Puerto Rico estará limitado a 500 acres solamente, describiéndose tal limitación de acuerdo con la ley del Con-greso de mayo Io. de 1900; que en violación de su carta cons-titutiva y de la ley del Congreso, en octubre 6 de 1925 “La Loíza” era dueña y controlaba unos 11,038.13 acres de tierra en esta Isla; que en octubre 6, 1925, “La Fajardo” compró todas las acciones de “La Loíza”, adquiriendo así el domi-nio y control de todas las tierras de labrantío de dicha corpo-ración y el manejo de sus negocios; que en 10 de enero de 1935 “La Loíza” vendió a “La Growers” todas las tierras de labranza que poseía y controlaba en ésta Isla, con ex-cepción de 598.72 acres, habiéndose verificado tal traspaso con el fin de ocultar la entidad verdaderamente dueña de las mismas; que la suma total de tierras de labrantío de que en la actualidad es dueña “La Growers”, y en las cua-les se dedica a la agricultura, monta a 23,123.41 acres.

Se alega también en la querella que en 19 de marzo de 1919 “The Greenwich Trust Company”, corporación del Es-tado de Connecticut, y el señor John S. Keith, quien actuaba, a instigación y bajo el control y a nombre de “La Fajardo”' y de “La Growers”, celebraron un contrato de fideicomiso-{trust) por el cual 2,999 de las 3,020 acciones del capital social de “La Growers” fueron depositadas con la compañía fideicomisaria antedicha, la cual habría de recibir todos Ios-dividendos que acrezcan a dichas acciones y pagarlos a “La Fajardo” para ser distribuidos entre los accionistas de esta última corporación; que de acuerdo con los informes que tiene el querellante, los que cree ciertos, por virtud de diclia escritura de fideicomiso “La Fajardo” obtuvo el completo dominio de las propiedades y negocios de “La Growers”, el cual dominio ejercita activamente, y se obligó a hacerse cargo de cualquier pérdida económica que pueda ocurrir en los ne-gocios de dicha asociación; que los administradores, oficiales y fiduciarios de “La Growers” han sido con frecuencia a un mismo tiempo oficiales o directores de “La Fajardo” y han .actuado y continúan actuando a instigación, bajo el control y a nombre de dicha última corporación; que mediante el control que ejerce sobre los representantes de “La Growers” y por medio del contrato de fideicomiso ya mencionado, “La Fa-jardo” domina y controla las propiedades y negocios de “La ^Growers” tan efectivamente como si fueran de su propiedad.

T se alega por último que por contrato celebrado en marzo 27 de 1923, “La Growers” se comprometió a entregar sus cañas a “La Fajardo”, comprometiéndose ésta a comprar dichas cañas a precios corrientes, basados sobre un 60 por ciento del contenido de azúcar, pero nunca por menos del costo de producción de la caña, el que incluirá gastos de arriendos, intereses y contribuciones; que de acuerdo con los términos de dicho contrato la siembra, recolección y en-trega de la caña no pueden realizarse bajo una razonable expectativa de provecho; que por medio de dicho contrato y del referido instrumento de fideicomiso, “La Fajardo” absorbe las ganancias y las pérdidas que puedan ocurrir en el negocio y operaciones de “La Growers”; que la suma total de tierras de labrantío que “La Fajardo” posee o con-trola en la actualidad, tanto por sí misma como por medio de sus dos subsidiarias o agentes, las otras dos demandadas, asciende a 23,800 acres, hecho que es contrario a la política pública de El Pueblo de Puerto Eico y que está en patente conflicto con el bienestar económico de la comunidad.

.Si ■ aceptamos como debemos aceptar, para los fines de .una excepción previa de falta de causa de acción, que los he-chos alegados son ciertos, la querella a nuestro juicio alega hechos suficientes para constituir una causa de acción contra todas y cada una de las tres corporaciones demandadas.

Considerada en conjunto, la querella expone en términos claros y precisos la concepción, desarrollo y existencia de un plan preconcebido y realizado con el propósito de evadir y violar las restricciones legales que prohíben a las corporacio-nes agrícolas tener el dominio o control de más de 500 acres de tierras dedicadas a la agricultura. En ese plan se hace figurar como actora principal (master mind) a The Fajardo Sugar Company of Puerto Rico, y como partes secundarias, sujetas al control y dirección de la primera, a “Loíza Sugar Company” y “The Fajardo Sugar Growers’ Association.” Los medios y procedimientos de que se ha valido “La Fa-jardo” para adquirir y tener bajo su dominio o control 23,800 cuerdas de tierras laborables aparecen específicamente ale-gados en la querella, y demuestran prima facie que la ley ha sido violada por las demandadas.

Debe desestimarse esta excepción.

3a. La Resolución Conjunta del Congreso de mayo 1°, 1900, discrimina arbitraria, caprichosa e inconstitueionalmente contra las corporaciones agrícolas, favoreciendo a las sociedades civiles y otras entidades dedicadas también a la agricultura, con infracción a la Enmienda Y de la Constitución.

La parte pertinente de dicha Resolución Conjunta (31 Stat. at Large, Res. 23, p. 715) lee así:

“Section 3.— .... No corporation shall be authorized to conduct the business of buying and selling real estate or be permitted to hold or own real estate except such as may be reasonably necessary to enable it to carry out the purposes for which it was created and every corporation hereafter authorized to engage in agriculttvre shall by its charter be restricted to the’ ownership and control of not to exceed five hundred acres of land; and this provision shall be held to prevent .any member of a corporation engaged in agriculture from being in any wise interested 'in any other corporation engaged in agriculture. Corporations, however, may loan funds upon real estate security, and purchase real estate when necessary for-the. collection of loans, but they shall dispose of real /estate so obtained .within five years after receiving tbe title. Corporations not organized in Porto Rico, and doing business therein, shall be bound by the provisions of this section so far as they are applicable.” (Itálicas nuestras.)

Dicha, sección ha sido traducida al castellano así:

“Ninguna sociedad estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racional-mente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obe-deció su creación; y, en lo sucesivo, el dominio y manejo de terrenos de toda sociedad autorizada para dedicarse a la agricultura, estarán limitados, por sus estatutos, a una cantidad que no exceda de quinien-tos acres; y esta previsión será adoptada para 'impedw a cualquier miembro de una sociedad agrícola que tenga interés de ningún género en otra sociedad de 'igual índole. Podrán, sin embargo, las socieda-des efectuar préstamos, con garantías sobre bienes raíces, y adqui-rir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán enajenarlos dentro de los cinco años desde que reciban el título de propiedad de los mismos. Las sociedades que no hayan sido organizadas en Puerto Pico, y que hagan negocios allí, estarán obli-gadas a cumplir lo dispuesto en esta Sección, hasta donde sea apli-cable.” (Itálicas nuestras.)

La versión al castellano de las palabras que hemos puesto en itálicas en el texto inglés es tan defectuosa que, aun cuando el texto inglés es el que debe prevalecer, nos creemos obli-gados a hacer nuestra propia traducción para que ella sirva de base a la interpretación que hemos de dar al estatuto. La traducción correcta, a nuestro juicio, es la siguiente:

“Y toda corporación que en lo sucesivo fuere autorizada para dedicarse a la agricultura será limitada por sus cláusulas de incor-poración al dominio y control de no más de quinientos acres de tierra; y esta disposición será interpretada en el sentido de impedir a cual-quier miembro de una corporación dedicada a la agricultura que esté interesado en alguna forma en cualquiera otra corporación dedicada a la agricultura.”

Arguyen las corporaciones demandadas que la disposición legal transcrita es anticonstitucional porque les niega la “igual protección de las leyes”, estableciendo un discrimen en contra de las corporaciones agrícolas y en favor de las sociedades civiles agrícolas. Los numerosos casos citados en apoyo de esta contención son inaplicables al de autos. Se refieren todos ellos a estatutos de carácter fiscal por los cua-les se imponen contribuciones a ciertas corporaciones ya exis-tentes, eximiendo de su pago a otras entidades corporativas dedicadas a negocios similares..

No se trata en el caso de autos de corporaciones ya crea-das al amparo de una ley anterior. La limitación provista por el estatuto que estamos interpretando es aplicable sola-mente a "every corporation hereafter authorized to engage in agriculture”— toda corporación que en lo sucesivo fuere autorizada para dedicarse a la agricultura. “The Fajardo Sugar Company of Puerto Rico” y “Loíza Sugar Company” fueron organizadas bajo las leyes de Puerto Rico con posterio-ridad a la fecha en que empezó a regir la Resolución Conjunta de mayo Io. de 1900, y en obediencia a sus disposiciones una y otra insertaron en sus cláusulas de incorporación la limita-ción estatutaria que les prohibe tener el dominio y control de tierras laborables en exceso de quinientos acres. Sin la aceptación e inserción de esos requisitos del estatuto, dichas corporaciones no hubiesen podido adquirir jamás existencia legal. Y “The Fajardo Sugar Growers’ Association”, al de-dicarse voluntariamente a hacer negocios y a la agricultura en Puerto Rico, quedó obligada a respetar las disposiciones del estatuto.'■

La corporación, según la definición del Chief Justice Marshall, es un ser artificial, invisible, intangible, que existe solamente ante los ojos de la ley; y puede ser creada sola-mente de acuerdo con los términos de una' disposición legis-lativa. Darmouth College v. Woodward, 4 Wheaton, 518, 636; Feiner v. Reiss, 98 N. Y. App. Div. 45; Pennsylvania R. R. v. Canal Com’rs, 21 Pa. St. 9; Stowe v. Flagg, 72 Ill. 397; Hoadley v. County Commissioners of Essex, 105 Mass. 519.

La incorporación, como instrumentalidad para dedicarse a cualquiera clase de negocios, no es un derecho inherente al ciudadano. Es un privilegio que el Estado concede a un nú-mero de ciudadanos, para que puedan actuar como si fueran una sola persona, bajo un nombre colectivo, con responsabili-dad limitada. Siendo la corporación una criatura de la ley positiva, sus derechos, facultades y deberes no pueden ser otros que aquéllos prescritos por el estatuto que le dio exis-tencia legal. Véanse: U. S. v. Trinidad Coal Company, 137 U.S. 160; In Re Gibbs Estate, 157 Pa. St. 59.

Los estados se lian reservado en sus leyes reguladoras de las corporaciones la facultad de limitar el capital social; especificar la clase de negocios a que podrán dedicarse esta clase de asociaciones; fijar el valor nominal y la clase de acciones en que podrá dividirse el cajútal social; enumerar los poderes que una corporación podrá ejercitar en el desa-rrollo de sus negocios; fijar la cantidad y la clase de obli-gaciones que podrá contraer, etc.

Además de los poderes que expresamente les confiera su carta constitutiva (charter), las corporaciones pueden ejerci-tar todos aquellos poderes implícitos (implied powers) que sean indispensablemente necesarios, convenientes o adecua-dos para el ejercicio de sus facultades expresas.

Las corporaciones demandadas fueron organizadas bajo una ley que exjoresamente les prohíbe poseer o controlar más de quinientos acres de tierras de labrantío, .prohibición que se hizo constar en términos expresos y claros en sus cláusulas de incorporación. No nos convence el argumento de que dichas corporaciones necesitan más de quinientos acres para po-der realizar el propósito principal para el que fueron orga-nizadas — la siembra de cañas y la fabricación de azúcar- — -y que por lo tanto tienen poderes implícitos para poseer y con-trolar el número de acres que sean necesarios para tales fines, pues la doctrina de los poderes implícitos no puede ser invo-cada ante una prohibición expresa del estatuto, especialmente cuando esa prohibición ha sido llevada al estatuto para dar validez y efecto a la política pública enunciada por el Estado creador de dichas corporaciones. El fin que persigue el es-tatuto es impedir el acaparamiento de las tierras laborables de esta pequeña Isla de 3,435 millas cuadradas, por un pe-queño número de corporaciones — monstruos Frankenstein, como las llama el Juez Brandéis en Liggett Co. v. Lee, 288 U. S. 517, 548 — y proteger a su población de 1,700,000 almas contra un monopolio que acabaría por convertirles en meros siervos de una gran factoría azucarera.

Somos de opinión que la Resolución Conjunta de mayo Io. de 1900 no viola derecho alguno de las corporaciones de-mandadas, ni les niega en manera alguna la igual protección de las leyes.

Debemos sostener además que las corporaciones demandadas están impedidas (estopped) de alegar la inconstitucionalidad del estatuto. Sus incorporadores solicitaron y obtuvieron del Estado una franquicia corporativa redactada de acuerdo con el estatuto que abora atacan, y no puede permitírseles que rechacen ahora sus limitaciones, sin que re-, nuncien al mismo tiempo los beneficios y privilegios de la incorporación. Dice Corpus Juris:

“Cuando se han organizado corporaciones y éstas proceden a hacer negocios bajo las disposiciones de un estatuto, y reciben bene-ficios a virtud del mismo, no tienen derecho a ser oídas en cuanto a la alegación de que el estatuto es inconstitucional.” 12 C. J. 770, sección 194.

Véanse: Grand Rapids & Indiana Railway Co. v. Osborn, 193 U. S. 17; 48 L. Ed. 598, 604; St. John et al. v. Iowa Business Men’s Building & Loan Ass’n., 136 Iowa 448, 113 N. W. 863; Minneapolis S St. L. R. Co. v. Gourie & N. W. Ry Co., 123 Iowa, 543, 99 N. W. 181, 183; State ex rel People’s Fire Ins. Co., v. Michel, 125 La. 55, 51 So. 66.

El estatuto en cuestión no es una ley de carácter mandato-rio. Es por su naturaleza opcional. Los incorporadores de las entidades demandadas no estaban obligados a elegir la forma corporativa para el desarrollo de sus negocios en Puerto Rico. El Estado les brindó las oportunidades y privilegios de la incorporación, pero sujetos a todas aquellas limitaciones y restricciones provistas por el mismo estatuto y por las demás leyes vigentes para la protección de la comunidad insular. La Corte Suprema de Massachusetts, en un caso similar al de autos, se expresó así:

“Ésas fueron las condiciones bajo las cuales la corporación nació y aceptó su franquicia. Si estas restricciones fueron originalmente legales, y si no han sido rescindidas o afectadas por subsiguientes mo-dificaciones de las mismas, la corporación no puede, mientras con-tinúe ejercitando sus franquicias, quejarse de que se le obligue a cumplir las condiciones. Es exactamente igual a si la corporación hubiese sido creada por una carta constitutiva especial que contu-viera esas mismas restricciones. La corporación no puede levantar cuestión alguna sobre la constitucionalidad de un procedimiento que se ajusta a lo dispuesto en la carta constitutiva que ella aceptó de buen grado. Nació y se comprometió a existir sujeta a estas res-tricciones y no puede ahora ser oída en queja contra ellas.”

Murphy et al. v. Worcester Consol. St. Ry. Co., 199 Mass. 279. 85 N. E. 507, 509.

Véanse también: State v. Boston & Maine R. R. Co., 75 N. H. 327, 74 Atl. 542; Electric Co. v. Dow, 166 U. S. 489, 41 L. Ed. 1088; Mayor, etc., of the City of New York v. Manhattan Ry. Co., 143 N. Y. 1, 37 N. E. 494, 501.

Ann cuando las corporaciones demandadas no hubiesen insertado en sus cartas constitutivas la limitación de los 500 acres, estarían igualmente obligadas por el estatuto, que ya regía en la fecha de su organización, por ser doctrina jurídica muy bien sentada la de que “las leyes bajo las cuales se organizan las corporaciones forman parte de sus cartas constitutivas y son obligatorias para ellas.” 12 C. J. 770, sección 194; Alabama & V. Ry. Co. v. Odeneal, 73 Miss. 34, 19 So. 202; Interstate Cons. St. Ry. Co. v. Massachusetts, 207 U. S. 79, 52 L. Ed. 111; Kankas City & C. R. R. Co. v. Stiles, 242 U. S. 111, 117.

La facultad del Congreso Nacional para limitar la cantidad de tierras que una corporación agrícola puede poseer legalmente dentro de los límites territoriales de Puerto Rico es indiscutible. Está sostenida por copiosa jurisprudencia que nos limitaremos a citar, para no hacer innecesariamente larga esta opinión. Véanse: El Paso, etc., Railway Company y. Gutiérrez, 215 U. S. 87; National Bank v. County of Yankton, 101 U. S. 129; U. S. v. McMillan, 165 U. S. 504, 511; In Re McGraw Estate, 111 N. Y. 66, confirmado en 136 U. S. 152; Late Corporation of the Church, etc., (Mormon Church) y. U. S., 136 U. S. 1.

4a. Que existe indebida acumulación de partes demandadas.

Alega la Loíza Sugar Company que ella no es parte pro-pia o necesaria en este procedimiento, porque aun en la hi-pótesis de que la Fajardo Sugar Company of Porto Rico po-seyera cierto número de sus acciones, el remedio legal apli-cable no sería el de disolución de ambas corporaciones, sino el disponer que la Fajardo se desprenda de las acciones que posee, si alguna ley así lo impusiere.

En la opinión dictada en junio 4 de 1936, en este mismo procedimiento (50 D.P.R. 163), declaramos que “dados los términos de la querella, la entidad central violadora de la ley resulta ser la querellada “The Fajardo Sugar Company of Porto Rico”; y que las otras dos querelladas, son, según los términos de la querella, “entidades subsidiarias suyas,” usa-das como agencias para controlar y poseer tierras en exceso de las permitidas por la ley y por sus propias cláusulas de incorporación.

Si es cierto — y debemos admitir que lo es para los fines de una excepción previa — que la Loíza Sugar Company era en octubre 6 de 1925 dueña de más de once mil acres de tie-rras, que adquirió en violación de la ley; que en esa fecha la Fajardo Sugar Company compró todas las acciones de “La Loíza” y adquirió el control y manejo de sus negocios; que en 10 de enero de 1935 la Loíza vendió a The Fajardo Sugar Growers’ Association todas las tierras que poseía, con excepción de 598.72 acres, y que ese traspaso se verificó con el fin de ocultar la entidad verdaderamente dueña de dichas tierras; y por último, que The Fajardo Sugar Growers’ Association es subsidiaria de The Fajardo Sugar Co., y que la primera es controlada, financiada y dirigida por la se-gunda, y que ésta la lia utilizado además como medio o agen-cia para adquirir la propiedad o el control de 30,700 acres de terreno, en contravención del estatuto y de su carta constitu-tiva, tenemos que llegar a la conclusión inevitable de que todas y cada una de las entidades demandadas son partes propias y necesarias en este procedimiento. No sería posible llegar basta el fondo de la alegada combinación ilegal y ha-cer respetar por medio de una sentencia de esta corte la polí-tica pública de descentralización de las tierras laborables de nuestra Isla, si no sometiéramos a nuestra jurisdicción a to-das aquellas personas o entidades jurídicas señaladas en la querella como partes integrantes de la alegada combinación. La Loíza Sugar Company parece ser uno de los eslabones de la cadena que se dice forjó la Fajardo Sugar Co. para mania-tar la ley. Es a nuestro juicio parte necesaria en este pro-cedimiento. Debe desestimarse esta excepción.

Se alega, a nombre de Tbe Fajardo Sugar Growers’ Association que ésta lia sido indebidamente incluida como parte en este procedimiento. El fundamento de esta excepción es que dicha asociación no es una corporación en el sentido y alcance que la palabra corporación tiene en la Kesolución Conjunta de mayo Io. de 1900.

En la querella se alega que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia del Estado de New York la citada asociación es para todo propósito práctico una corporación; y además, que por sus cláusulas de asociación, por sus métodos de nego-ciar, por sus contratos y por los términos de cierta escritura de fideicomiso, de la que es liarte “La Fajardo”, “La Growers” se ha investido a sí misma de los atributos de una cor-poración. En la relación que hicimos al principio de esta opi-nión hemos condensado las alegaciones de la querella tendien-tes a establecer el control financiero que ejerce “La Fajardo” sobre “La Growers”, sobre sus acciones, sobre sus dividen-dos, frutos y beneficios, etc.

La resolución definitiva de la cuestión legal de si “La Growers ’ es o no es una corporación, dentro del alcance y significado del estatuto, depende necesariamente de la inter-pretación que demos a sus cláusulas de asociación, de la que a sus leyes lian dado las cortes del Estado de New York y de la suficiencia de la prueba que pueda aducir la parte que-rellante para establecer los hechos por ella alegados. La ex-cepción previa admite necesariamente la veracidad de los he-chos alegados. Y éstos son a nuestro juicio suficientes para que resolvamos que The Fajardo Sugar Growers’ Association es parte necesaria en este procedimiento. Y no estaría de más consignar aquí que la consideraríamos parte necesaria, aun cuando no fuese una corporación, si de las alegaciones y de la prueba resultase que dicha asociación es subsidiaria de The Fajardo Sugar Company of Porto Rico y utilizada por ésta como instrumento, medio o agencia para violar la ley y evitar sus sanciones. La interdependencia de las tres enti-dades querelladas entre sí y la relación íntima que existe entre los hechos imputados a todas y a cada una de ellas— hechos que constituyen las transacción ilegal que es materia de la causa de acción — -son por sí solas suficientes para que resolvamos que las tres entidades querelladas son partes necesarias y declaremos sin lugar la excepción.

5a. Indebida acumulación de acciones.

Hemos estudiado cuidadosamente la muy hábil argumen-tación de los letrados de The Fajardo Sugar Company y de la Fajardo Sugar Growers’ Association para convencernos de que en la querella se han acumulado indebidamente ocho distintas causas de acción. No lo han logrado.

La querella denuncia la concepción y la realización de un plan general, preconcebido y llevado a efecto con el propó-sito de violar le ley. Como parte principal y como principal beneficiarla del plan se señala a The Fajardo Sugar Company of Porto Rico. Como partes secundarias, como medios o instrumentos de que ésta se sirve para el desarrollo del plan, figuran las otras dos querelladas. El fin único del plan es el de liacer posible que, en contravención de la ley y de la política pública enunciada por el Congreso y por El Pueblo de Puerto Eico, Tbe Fajardo Sugar Company of Porto Pico posea o controle 23,800 cuerdas de terrenos propios para la siembra de cañas de azúcar.

Los actos que se imputan a cada una de las tres deman-dadas, como overt acts realizados en obediencia a una direc-ción central y a un plan común, no pueden ser considerados como cansas de acción distintas e individuales que deban ejer-citarse separadamente. Todos esos actos están tan íntima-mente entrelazados que en realidad constituyen una sola transacción. Uno solo es también el fin que se persigue mediante la acción que se ejercita — disolver y desmembrar una combinación ilegal, mediante la disolución de sus partes integrantes, y desvincular el latifundio por ella creado.

“Por la naturaleza misma de las cosas, para que exista una in-debida acumulación debe haber dos o más causas de acción alega-das. Una excepción previa por indebida acumulación de causas de acción no es por tanto sostenible simplemente porque en la demanda se alega una sola causa de acción bajo dos o más aspectos (counts) ; porque el contrato objeto de la acción especifica varias y distintas partidas o pagos por hacer; porque se aleguen varias clases de per-juicios ; porque los actos realizados en el desarrollo de una conspira-ción cubren distintas transacciones; o porque se pida más de una clase de remedios.” 1 Bancroft’s Code Pleading, págs. 338-339.

Véanse también: Lucero et al. v. Vilá, 17 D.P.R. 152; Battle v. Torruella, 39 D.P.R. 205; Serra, Garabís & Co., Inc., v. Municipio, 42 D.P.R. 468; Stubbe Bros., Inc. v. Díaz, 43 D.P.R. 79; E. Solé & Co. v. Rocafort, 45 D.P.R. 31; Cochran, Síndico v. Fernández, 47 D.P.R. 704 y Doudell v. Shoo, 20 Cal. App. 424.

No existe, a nuestro juicio, la alegada indebida acumula-ción. La excepción debe ser desestimada.

Haremos constar, para terminar, que la querella enmen-dada es perfectamente inteligible, libre de ambigüedades y que su lectura no ha dejado en nuestro ánimo duda alguna en cuanto a la causa de acción que se ejercita ni en cuanto a la suficiencia de los hechos alegados para sostenerla. Los argumentos aducidos en contrario no son convincentes.

Por las razones expuestas deben declararse- sin hogar to-das y cada tona de las excepciones previas formuladas. Y se concede a cada una de las demandadas un término de treinta días para contestar la querella enmendada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.

El Juez Asociado Señor Wolf está conforme con el re-sultado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, querellante, v. The Fajardo Sugar Company of Porto Rico, The Fajardo Sugar Growers' Association y Loíza Sugar Company, demandadas.
    Núm. 1.

    Sometido: Mayo 3, 1937.

      Resuelto: Julio 12, 1937.

      J. Henri Brown, Jaime Sifre, Jr., y José A. Puventud y Arturo Aponte, abogados, respectivamente, de las demandadas; Hon. Proowador General B. Fernómdez Gwi'cía; M. Guerra Mondra-gón, B. 'Rivera Zayas y Lester P. Schoene, abogados del quere-llante.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

En abril 26 de 1937 la querellada ‘ ‘ Tlie Fajardo Sugar Growers’ Association” radicó una moción enmendada solici-tando se ordene la concelación de las anotaciones practicadas en los Registros de la Propiedad de Humacao y San Juan, con el propósito de bacer constar la pendencia de este proce-dimiento de Quo Warranto. Estas anotaciones de lis pendens se hicieron constar al margen de las inscripciones de varias fincas pertenecientes a dicha querellada, las que aparecen re-lacionadas en los Exhibits “D” y “E” unidos a la querella. Alega la promovente que todas las fincas afectadas por ano-tación del aviso de lis pendens, con excepción de las descri-tas bajo los números 62, 65, 68, 69, 70, 71, 93 y 96 del Exhibit “E”, fueron adquiridas por ella con anterioridad a la aprobación de las leyes números 33 y 47, aprobadas en 22 de julio y en 7 de agosto de 1935, respectivamente (Leyes de Puerto Rico, Sesión Extraordinaria 1935, págs. 419 y 531); que las anotaciones practicadas son ineficaces y nulas porque las disposiciones del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil no son de aplicación en un caso como el presente; y que aun cuando dichas disposiciones fueren aplicables, las refe-ridas anotaciones son ineficaces y nulas:

1. Porque la citada Ley núm. 47 es inválida en tanto en cuanto au-toriza la imposición de penalidades por infracciones de la Carta Orgánica o de la Resolución Conjunta del Congreso de mayo 1 de 1900, por no tener la Legislatura Insular facultades para castigar violaciones de leyes federales.

2. Porque dicha Ley núm. 47 es nula por cuanto incluye más de un asunto, en violación del Artículo 34 de la Carta Orgánica de Puerto Rico, tratándose en ella de procedimientos de quo war-ranto, de la cancelación de .inscripciones, de la nulidad de actos y contratos, de la venta y expropiación forzosa de' propiedades.

Se alega que la Ley núm. 47 es nula, además, porque infringe la sección 34 de la Ley Orgánica al referirse en su sección 1 a disposiciones de la Ley Orgánica por su título únicamente sin reproducir ni publicar aquellas partes de la ley federal que se intenta extender o enmendar; porque in-tenta incorporar por referencia a su título la Ley de Expro-piación Forzosa de Puerto Rico, sin mencionar el asunto en el título de la Ley núm. 47; porque El Pueblo de Puerto Rico la interpreta en el sentido de permitir procedimientos de quo warranto contra individuos o entidades que no son corpo-raciones, sin que se exprese así en su título; porque impone penalidades sin mencionarlas en el título; porque el título de la ley omite el anunciar que sus disposiciones tendrán efecto retroactivo; y porque menoscaba o afecta las obliga-ciones contractuales de las querelladas.

La promovente alega que las disposiciones de la Ley núm. 47 no le pueden ser aplicadas, por no ser ella una corpora-ción.

Se alega por último en la moción que las anotaciones de lis pendens son nulas en cuanto a las propiedades adqui-ridas por la querellada promovente con anterioridad a la aprobación de la Ley núm. 47, porque dichas anotaciones serían autorizadas por el artículo 91 del Código de Enjui-ciamiento Civil únicamente sobre las disposiciones de la sec-ción 6 de la Ley de Quo Warranto de marzo Io. de 1902, se-gún fue enmendada por la sección 2 de la Ley núm. 47; y que las referidas disposiciones de la Ley núm. 47 son nulas e ineficaces porque (a) establecen penalidades que no exis-tían cuando los inmuebles fueron adquiridos, haciendo que la ley sea ex post facto y como tal prohibida por. la Ley Or-gánica en su artículo segundo; y (b) privan a la querellada del debido procedimiento de ley y de la igual protección de las leyes, al afectar contratos formalizados e inscritos antes de la aprobación de la Ley núm. 47.

Las otras dos querelladas, The Fajardo Sugar Company of Porto Rico y Loíza Sugar Company* han radicado sendos escritos en apoyo de la moción, y el querellante lia formulado su oposición a la cancelación solicitada.

La única cuestión legal que nos presenta esta moción es: ¿Son aplicables a una situación de lieclio y de derecho tal como la que se describe en la querella las disposiciones del artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil? Estudiada esa cuestión a la luz de la jurisprudencia sentada por este Tribunal, debemos resolver que son de aplicación.

El citado artículo, tal como fué traducido al castellano por este tribunal en el caso de Manrique de Lar a v. Registrador, 23 D.P.R. 864, 865, lee así:

“En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la de-manda y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anotación al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nom-bres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción. ...”

El lenguaje del estatuto es bien claro. No es requisito necesario, como pretenden las promoventes, para que pueda anotarse en el registro el aviso de lis pendens, que exista una controversia entre las partes en cuanto al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble, ni tampoco que el demandante reclame algún derecho al dominio o a la pose-sión de esa propiedad. Esta Corte Suprema ha resuelto ya en varias decisiones que todo lo que se exige es que la- acción que se ejercita afecte al título o derecho de posesión. En Manrique de Lara v. Registrador, supra, esta corte se expresó así:

‘ ‘ Como se ve, el texto inglés no exige como condición para la ano-tación de la demanda o de la contestación que el demandante y en su caso el demandado pidan se declare que lo que reclaman es suyo, sino que basta que la acción que se ejercita afecte al título o al de-i’eeho de posesión de una propiedad inmueble.”

La intención del legislador al aprobar el artículo 91, snpra, y el artículo 42 de la Ley Hipotecaria fue la de que al ejer-citarse una acción de la naturaleza de la que se ejercita en e.l presente caso pudiera darse aviso constructivo a terceras personas que pudieran adquirir los bienes litigiosos sin cono-cimiento expreso de la pendencia del pleito, y evitar que esas personas pudiesen más tarde alegar su condición de tercero. Para la anotación preventiva que autoriza el artículo 42 de la Ley Hipotecaria se requiere que la demanda lo sea de pro-piedad o de cualquier derecho real. Para la anotación del aviso de lis pendens que autoriza el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Civil todo lo que se requiere es que la acción afecte al título o derecho de posesión de un inmueble. Véanse Manrique de Lara v. Registrador, supra; Velázquez v. Registrador, 27 D. P. R. 268; Morales v. Cruz, Vélez, 36 D.P.R. 242, 243; Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 532, 539; Fernández v. Registrador, 45 D.P.R. 716, 720; y Olivera v. Registrador, ante, pág. 413.

En el caso ante nos existe una acción pendiente y se funda en que El Pueblo de Puerto Rico, que es el querellante, con-cedió a The Fajardo Sugar Company of Porto Rico y a Loíza Sugar Company cartas constitutivas por las cuales ambas corporaciones aceptaron y se sometieron expresamente a la limitación provista por la Resolución Conjunta del Con-greso de Io. de mayo de 1900, de acuerdo con la cual se les prohíbe poseer o controlar tierras en exceso de 500 acres; y que la otra querellada solicitó y obtuvo licencia para hacer negocios en Puerto Rico, aceptando y sometiéndose a tal li-mitación; y que en violación de la citada Resolución Con-junta y de sus cartas constitutivas, dichas tres entidades, por medio de un plan común, formado y llevado a efecto con el propósito de violar la ley, controlan y poseen unos 23,800 acres de terrenos. Se alega también en la querella que la Fajardo Sugar Growers’ Association es subsidiaria de The Fajardo Sugar Co. of Puerto Rico.; y que esta última es. la verdadera dueña de dichas tierras. La simple lectura de la querella es suficiente para convencernos de que la acción pendiente afecta el título y el derecho de posesión de las pro-piedades inmuebles con respecto a las cuales se ha anotado el aviso de lis pendens. El querellante tiene por tanto dere-cho a que el aviso de acción pendiente permanezca anotado en el Registro hasta la terminación del litigio, o sea hasta que se determine por sentencia de esta corte si las querella-das tienen un título válido o si tienen derecho a continuar poseyendo y controlando 23,800 acres de terreno no obstante' la prohibición estatutaria.

No encontramos justificada la diferencia que trata de establecer la promovente en favor de aquellas propiedades •que alega’fueron adquiridas por ella con posterioridad a las citadas leyes número 33 y 47 de 1935. Cuando las tres que-relladas fueron organizadas y obtuvieron licencia para hacer negocios en esta Isla, ya regían en ella la Resolución Con-junta de Io. de mayo de 1900, la ley de Io. de marzo de 1902 estableciendo los procedimientos de Quo Warranto (Leyes de 1902, p. 305, Comp. 1319-1327) y la ley de 9 de marzo de 1911 titulada Ley para poner en vigor una ley de corporacio- ■ nes (Leyes de 1911, pág. 93, Comp. 407-471). Y esas leyes bastarían por sí solas para sostener la acción que se ejercita en este procedimiento, de acuerdo con nuestra decisión de junio 4 de 1938.

Creemos innecesario discutir nuevamente las- cuestiones levantadas por la promovente en cuanto a la validez y cons-titucionalidad de las citadas leyes números 33 y 47 de 1935. Esas mismas cuestiones fueron consideradas y resueltas, en cuanto consideramos necesario resolverlas, en la decisión de la moción sobre jurisdicción que dictamos en junio 4 de 1936 (50 D.P.R. 163, 181) y a la cual nos atenemos.

Por las razones expuestas se declara sm lugar la moción sobre cancelación de las anotaciones del aviso de acción pen-diente.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no' intervino.


text:
    Herminia García Vda. de Rolón, demandante y apelante v. Jaime Vázquez y Lydia Rivera, demandados y apelados.
    Núm. 6782.

    Sometido: Junio 11, 1937.

      Resuelto: Julio 13, 1937.

      Armando A. Miranda abogado de la apelante; Dubón & O chopeco, abogaclos_ de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Travieso

emitió la opinión del tribunal.

Herminia G-árcía Viuda de Bolón radicó demanda ante la Corte Municipal de Bayamón alegando que ella era dueña de una finca en la que está enclavada una casa ocupada como residencia de ella y de sus Rijos desde Race unos veinte años, y en la que ña tenido establecido su bogar seguro; que es actualmente jefe de una familia de varios Rijos; que ella y su difunto esposo constituyeron hipoteca sobre la finca a favor de los demandados; que éstos ejecutaron la hipoteca y les fue adjudicada la finca; y que los demandados han des-alojado a la demandante de dicha propiedad. Se pide sen-tencia por la que se declare que la demandante tiene un de-recho de hogar seguro, homestead, hasta la suma de $500.

Los demandados en su contestación negaron específica-mente los hechos esenciales de la demanda, y alegaron como materia nueva que al procederse a la ejecución de la hipoteca y al ponerse en posesión del inmueble a los demandados, la demandante no residía en la finca ni tenía constituido de-recho alguno de hogar seguro sobre la misma, habiendo uti-lizado la casa desde enero 5 de 1923 como casa de vecindad, para dar sus apartamientos en arrendamiento a diferentes inquilinos.

La corte municipal desestimó la demanda por el funda-mento de que la demandante no había probado su derecho de homestead. Elevado el caso a la Corte de Distrito de Bayamón, esta dictó sentencia declarando sin lugar la de-manda. La demandante interpuso el presente recurso, radi-cando su escrito de apelación el día 4 de diciembre de 1933.

En 31 de agosto de 1934 la demandante apelante presentó ante la Corte de Distrito de Bayamón una moción solicitando un nuevo juicio. Alegaba en dicha moción que la demandante se acogió para su apelación al procedimiento para preparar la transcripción de evidencia; que a instancias del taquígrafo que tomó las notas, la demandante solicitó diversas prórrogas del término para radicar la transcripción de evidencia; que sin que la demandante ni su abogado tuviesen noticias de ello, el taquígrafo se embarcó para Estados Unidos sin haber preparado la transcripción; que la demandante y su abogado hicieron gestiones que resultaron infructuosas para saber el paradero del taquígrafo; y que por esos motivos-la demandante y apelante se veía imposibilitada de presentar la transcripción de la evidencia. En su resolución denegando el nuevo juicio la Corte sentenciadora hizo constar que la orden para la preparación de la transcripción fué dictada en 5 de diciembre de 1933 y notificada al taquígrafo el 12 del mismo mes; que la demandante obtuvo seis prórrogas de treinta días cada una, expirando la última en junio 13 de 1934, en cuya fecha solicitó nueva prórroga; que todas las solicitudes de prórroga se basaban en la alegación de que “debido al mucho trabajo que ha tenido el taquígrafo de esta corte en estos últimos días no ha podido estar terminada la transcripción de la evidencia”; que antes de proveer a la última solicitud de prórroga, la corte requirió a la demandante para que justificara las diligencias que hubiere practicado para conseguir que el taquígrafo ter-minase la transcripción, y que nada justificó la demandante; que en- julio 10, 1934, la demandante presentó una moción alegando que el taquígrafo se había ausentado para Estados Unidos sin terminar la transcripción y solicitando se le con-cediera un término razonable a la demandante para preparar una exposición del caso; que vistas las decisiones en Cruz v. Sucn. Jiménez, 30 D.P.R. 57, y 30 D.P.R. 853, la corte concedió a la demandante apelante un término de veinte días para ilustrar a la corte en cuanto a sus facultades- para conceder el término solicitado; que la demandante nada hizo sobre el particular; y que por fin en Io. de septiembre, 1934, la demandante radicó la moción de nuevo juicio. La corte hace constar además, que el taquígrafo renunció y cesó en su cargo el 21 de febrero de 1934, y que no obstante ese hecho, la demandante fundó sus solicitudes de prórroga de marzo 17, abril 19, mayo 15 y junio 13, en “el mucho trabajo que ha tenido el taquígrafo de esta Corte en estos últimos días.” Basándose en la falta de diligencia de la parte apelante, la corte- declaró sin lugar la moción de nuevo juicio. La de-mandante apeló.

Sostiene la apelante que la resolución denegando el nuevo juicio constituye un atropello contra la demandante y es con-traria a derecho y a la jurisprudencia de este Tribunal Supremo.

La concesión o la denegación de un nuevo juicio es una facultad discrecional de la corte sentenciadora. Y solamente debe intervenir la corte de apelaciones cuando se trata de un caso claro de abuso de discreción.

La demandante apelante no actuó en este caso con la de-bida diligencia para perfeccionar su apelación, ya fuera pre-sentando la transcripción de la evidencia o solicitando de esta Corte Suprema la concesión de un término razonable para la radicación de una exposición del caso. La orden de transcripción de evidencia fué notificada al taquígrafo el 12 de diciembre de 1934. Dos meses y nueve días más tarde, el 21 de febrero ele 1934, el taquígrafo renunció su cargo. No podemos creer que el abogado de la demandante permane-ciese desde esa fecba basta el Io. de septiembre ignorando la renuncia y la ausencia del taquígrafo. Más aún, en 10 de julio de 1934, sabedor ya de la ausencia y renuncia del taquígrafo, el abogado de la demandante acudió a la corte de distrito en solicitud de un término para radicar una expo-sición del caso, en vez de dirigir su petición a esta Corte Suprema, que era la única que hubiera podido concederle el término que pedía. Y cuando la corte inferior, citando la jurisprudencia de esta Corte Suprema, le sugirió su caren-cia de facultades para concederle el término solicitado y le concedió un término de veinte días para que ayudase a la corte presentándole autoridades que sostengan su facultad, el abogado de la demandante no ayudó en nada a la corte y dejó transcurrir cerca de dos meses más antes de radicar su moción de nuevo juicio.

En el caso de Buxó, Jr., v. Sellés, 48 D.P.R. 827, al revocar una resolución concediendo un nuevo juicio, por ha-ber fallecido el taquígrafo que tomó las notas taquigráficas del juicio, esta corte se expresó así:

“Al demostrarse debidamente la imposibilidad de reproducir las notas taquigráficas, de ordinario no intervendremos con la discreción de la corte inferior al conceder un nuevo juicio. Sánchez Osorio v. Vizcarrondo, 45 D.P.R. 66; Amaral v. Gerena, 46 D.P.R. 735.
“No estamos convencidos de la imposibilidad de reproducir los hechos que se desarrollaron durante el juicio. Creemos que las de-moras fueron inusitadas, conforme insiste el apelante, y no creemos que los demandados han demostrado suficientemente una. defensa meritoria.
1 c & * sfc ^
“Es cierto que la transcripción taquigráfica de ordinario es nece-saria, pero el juez sentenciador la tenía o no la necesitó. Los he-chos últimos quizá pudieron ser simples en extremo. La posibilidad de que fueran simples no se excluye de los affidavits que aparecen en autos, como tampoco la posibilidad de que la prueba pudiera ser fá-cilmente incorporada, acudiendo al juez que vió la causa.
“Conforme hemos dicho, las demoras y el dejar de moverse den-tro del período estatutario en solicitud de la incorporación, son fac-tores extraordinarios en este recurso. Las demoras son imputables al cliente, ...”

En el caso ante nos no se presentó ningún affidavit de méritos para poner a la corte inferior y a esta Corte Su-prema en condiciones de poder determinar si la demandante tenía una cansa de acción meritoria y si la había sostenido con prueba también meritoria. Tampoco se nos ha conven-cido de la imposibilidad de reproducir los hechos que se des-arrollaron durante el juicio. La simple lectura de las ale-gaciones de las partes revela que la prueba practicada debió ser poco complicada y fácil de reproducir. La relación del caso y opinión de la Corte sentenciadora demuestra que la prueba practicada en el juicio era sumamente sencilla y fácil de reproducir.

Los hechos que hemos expuesto justifican, a nuestro jui-cio, la resolución recurrida, la cual debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.


author: El Juez Asociado Señob. Tbavieso

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eligio Suárez, acusado y apelante.
    Núm. 6592.

    Sometido: Junio 22, 1937.

      Resuelto: Julio 13, 1937.

      Abelardo Casanova Prats, abogado del apelante; B. A. Gómez, Fiscal, abogado de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señob. Tbavieso

emitió la opinión del tribunal.

Eligió Suárez fue acusado y convicto de un delito de in-fracción al artículo 11 de la Ley núm. 67 de 13 de mayo de 1934 (Leyes de 1934, pág. 459), titulada “Ley para regla-mentar la manufactura, posesión, almacenaje, transporte, venta o donación de explosivos en Puerto Rico, definiendo los delitos, estableciendo penas, declarando una emergencia, y para otros fines.” El delito imputádole se describe así en la acusación:

“El referido acusado Eligió Suárez, allá para uno de los días del mes de julio de 1935 y en la municipalidad de San Juan, Puerto Rico, que forma parte del distrito judicial del mismo nombre, ile-galmente usó dinamita y otro explosivo desconocido para el fiscal que suscribe, con el propósito de hacer daño y destruir el edificio que ocupa la oficina del correo de Puerta de Tierra.”

No conforme con la pena de tres años de cárcel con tra-bajos forzados que le fué impuesta, el acusado interpuso el presente recurso. Y para sostenerlo imputa a la corte sen-tenciadora la comisión de once errorés. Precederemos a con-siderarlos en el mismo orden en que han sido formulados.

1. Que la Corte de Distrito de San Juan erró al asumir jurisdic-ción para conocer del caso.

Arguye el apelante que la jurisdicción en este caso corresponde exclusivamente a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, por tratarse de un edi-ficio de correo federal; que aun cuando las cortes insulares tuvieran jurisdicción sobre estos casos, de la prueba no apa-rece que el alegado delito fuera cometido dentro de la ju-risdicción de la Corte de Distrito de San Juan; y que la ley bajo la cual se ha formulado la acusación es anticonstitucio-nal porque contiene más de un asunto bajo un mismo título.

La prueba ofrecida por El Pueblo dejó establecido fuera de toda duda que “el edificio que ocupa la oficina de correos de Puerta de Tierra”, o sea el sitio donde ocurrieron los hechos delictivos que se imputan al acusado, está ubicado en la parada 5%, en la esquina de la Avenida Ponce de León y la calle “Padre Hoff”, en el Barrio de Puerta de Tierra. Esta corte tiene conocimiento judicial de que el barrio de Puerta de Tierra está comprendido dentro de los límites jurisdiccionales de la Corte de Distrito de San Juan.

El estatuto (Ley núm. 67 de 1934) define el delito que se imputa al apelante así:

“Artículo 11. — Uso Ilegal. — Castigos.—Toda persona que use dinamita u otro explosivo ilegalmente con el propósito de hacer daño corporal, o de aterrorizar o asustar a cualquier persona, o para hacer daño o destruir cualquier propiedad, o para hacer daño a la misma en cualquier forma, podrá ser castigada, etc.”

La acusación en el caso de autos se ajusta al lenguaje del estatuto y es suficiente para informar al acusado sobre la naturaleza del delito que se le imputa. Las palabras “el edificio que ocupa la oficina de correos de Puerta de Tierra” no imputan al acusado la comisión de un delito federal. Esas palabras han sido insertadas en la acusación para des-cribir e identificar mejor la propiedad que se alega el acu-sado trató de destruir ilegahnente. La acusación sería igual-mente suficiente si imputase al acusado el propósito de des-truir “el edificio situado en la esquina de la Avenida Ponce de León y de la calle Padre Hoff. ’ ’ Todo lo que requiere el estatuto es que se use el explosivo con el propósito de hacer daño o destruir una propiedad, no importa quién pueda ser su dueño. Si el acusado levanta la cuestión jurisdiccional, alegando que la propiedad que se ha tratado de destruir pertenece al Pueblo de los Estados Unidos y que por consi-guiente la Corte Federal tiene jurisdicción exclusiva sobre el caso, es a él a quien incumbe sostener tal alegación.

Dice el apelante en su alegato: “Se ha resuelto por las Cortes de Estados Unidos que se presume que cuando el Gobierno Federal ocupa tierras o edificios para fines gubernamentales, tales tierras y edificios son propiedad del Gobierno Federal, y por lo tanto, es exclusiva la jurisdicción de las Cortes Federales.” Pero no nos ayuda el apelante señalándonos las fuentes de su información, pues no cita ni una sola autoridad que sostenga tal doctrina. Y aunque he-mos hecho un cuidadoso estudio de la jurisprudencia federal sobre la materia, no hemos podido encontrar base para sostenerla.

Los estados — y El Pueblo de Puerto Rico por virtud de su Carta Orgánica — tienen jurisdicción exclusiva para cono-cer de y castigar todos aquellos delitos que fueren cometidos dentro de sus límites territoriales. Esa es la regla general de jurisdicción. Y se funda, naturalmente, en que los esta-dos son soberanos, con todos los poderes inherentes a la so-beranía, mientras el Gobierno Federal es un gobierno de po-deres delegados, que puede ejercer solamente aquéllos que le hayan sido cedidos por los estados. La excepción a la regla general es la que establece la Constitución Federal (Art. 1, Sección 8, cláusula 17) al conceder al Congreso el poder le-gislativo exclusivo sobre todos aquellos locales (places) com-prados con. el consentimiento de la Legislatura del Estado en que radicaren para la construcción de fuertes, almacenes, arsenales, y otros edificios necesarios. Cuando el Gobierno Federal compra terrenos para cualesquiera de los indicados fines y la legislatura estadual da su consentimiento, los te-rrenos así comprados quedan ipso facto sometidos a la. ju-risdicción exclusiva del Congreso y la jurisdicción del estado cesa por completo. Véase U. S. v. Cornell (C.C.R.I. 1819) 2 Mason 60, 25 Fed. Cases núm. 14867.

La jurisprudencia que fiemos examinado sostiene:

“Un estado conserva completa y exclusiva jurisdicción política sobre terrenos comprados por los Estados Unidos s'in el consenti-miento del estado o cuando la jurisdicción política sobre dichos te-rrenos no fia sido cedida en alguna otra forma a los Estados Unidos por el Estado.”

U. S. v. San Francisco Bridge Co., 88 F. 891.

En el caso de U. S. v. Penn, 48 Fed. 669, los Estados Uni-dos liabían comprado los terrenos de Arlington,. durante la guerra, en una subasta por falta de pago de contribuciones. El Estado de Virginia nunca cedió su jurisdicción sobre dicha propiedad. Y se sostuvo que la Corte Federal no tenía jurisdicción sobre un delito de fiurto menor cometido en el Cementerio Nacional en aquel estado.

En Fort Leavenworth R. R. Co. v. Lowe, 114 U. S. 525, 531, 29 L. Ed. 264, al sostener que el estado de Kansas no fiabía perdido su jurisdicción sobre la Reserva Militar de Fort Leavenworth, la Corte Suprema Federal dijo:

“El consentimiento de los estados para la compra de terrenos dentro de sus límites para los propósitos especiales mencionados es esencial, de acuerdo con la Constitución, para transferir al Gobierno Federal, junto con el título, la jurisdicción política y el dominio. Cuando las tierras son adquiridas sin tal consentimiento, la posesión de los Estados Unidos, a menos que la jurisdicción política le haya sido cedida en alguna otra forma, es simplemente la de un propie-tario ordinario. La propiedad en ese caso, a menos que sea usada para llevar a cabo los propósitos del g’obierno, está sujeta a la auto-rielad legislativa y al control de los estados al igual que la propie-dad de ciudadanos privados.”

Véanse también: U. S. v. Cornell, supra; Commonwealth v. Clary, 8 Mass. 72; In re Kelly, 71 Fed. 545, y casos citados en U.S.C.A., Constitution, págs. 440-448.

En Fort Leavenworth R. R. Co. v. Lowe, supra, dijo también el Tribunal Supremo Federal:

“Por consiguiente, cuando los Estados Unidos han adquirido te-rrenos dentro de los límites de un estado, .en cualquier otra forma que no sea por compra con el consentimiento del estado, el Gobierno Federal poseerá los terrenos sujetos a la siguiente condición: que si sobre ellos se construyen fuertes, arsenales u otros edificios públicos para los usos generales del Gobierno Federal, tales edificios, con sus pertenencias, como instrumentos para el ejercicio de sus poderes, es-tarán libres de aquella intervención y jurisdicción del estado que pu-diera destruir o disminuir su uso efectivo para los fines indicados. Tal es la ley con referencia a todas las instrumentalidades creadas por el Gobierno General. Su exención del control del estado es esen-cial a la independencia y autoridad soberana de los Estados Unidos dentro de la esfera de sus poderes delegados. Pero cuando no son usados como tales instrumentalidades, el poder legislativo del Estado sobre los locales adquiridos será tan completo como sobre cualquiera otra propiedad dentro de sus límites.”

El caso de Battle v. United States, 209 U. S. 36, 52 L. Ed. 670, citado por el apelante, no es una autoridad para soste-ner su teoría de que cuando el Gobierno Federal ocupa un edificio para el servicio de correo debe presumirse que ese edificio es propiedad de dicho Gobierno, y, por lo tanto, que la jurisdicción de las cortes federales es exclusiva. En el citado caso se trataba de un asesinato cometido sobre terre-nos comprados por los Estados Unidos, en la ciudad de Macon, Estado de Georgia, en los que se había construido un edi-ficio para correo y corte de justicia y sobre los cuales el Es-tado de Georgia había cedido su jurisdicción. La única cues-tión que se debatió en el caso fué si el Congreso tenía poder para comprar terrenos para correos y cortes. Y esa cuestión quedó resuelta así:

“No puede haber duda en cuanto al poder del Congreso para comprar tierras dentro de un estado para correos o cortes, con el consentimiento de la legislatura del estado, y para ejercer el poder exclusivo de legislar sobre esas tierras. Los edificios de correos figu-ran entre los otros edificios necesarios {other needful buildings) para la construcción de los cuales, lo mismo que para la de fuertes, alma-cenes y arsenales, se asume que se comprarán terrenos, y para los cuales se han comprado terrenos por el Gobierno de los Estados Unidos.” (Itálicas nuestras).

La sección 6 de la ley de febrero 16 de 1903, de nuestra Legislatura Insular, tampoco ayuda en nada al apelante en sus esfuerzos para sostener la alegada presunción de juris-dicción exclusiva de la Corte Federal sobre el delito que se le imputa. Por los términos de dicha sección, El Pueblo de Puerto Rico, ajustándose a la doctrina sostenida por la ju-risprudencia que hemos citado, cede jurisdicción exclusiva a los Estados Unidos sobre las tierras que el Gobierno Federal pueda en lo sucesivo adquirir en Puerto Rico, mediante com-pra o expropiación forzosa. No basta, pues, que el Gobierno Federal ocupe un edificio con una oficina de correos, para que de esa mera ocupación surja como consecuencia inevitable la jurisdicción exclusiva de los tribunales nacionales. Es necesario que el Gobierno Federal haya comprado o expro-piado el edificio. Ese hecho no puede presumirse, debe pro-barse por el que lo alega. Y una vez probado, la jurisdicción federal queda establecida a virtud de la citada sección de la ley de febrero 16 de 1903.

La jurisdicción excepcional no se presume nunca. El que la alega debe probarla. En el caso de autos el fiscal alegó que el delito había sido cometido en la Municipalidad de San Juan, Puerto Rico, que forma parte del Distrito Judicial de San Juan. Y la prueba demuestra que el edificio que se trató de dañar o destruir radica dentro de esa jurisdicción. No existiendo presunción legal alguna a favor de la jurisdicción federal invocada por el apelante, por el mero hecho de que en el edificio estuviese instalada una oficina de correos, el fiscal no estaba obligado a probar la negativa o sea que el edificio no era propiedad de los Estados Unidos, por compra o expropiación. Era al acusado a quien incumbía probar su afirmación, demostrando que el caso está'comprendido, por excepción, dentro de la jurisdicción federal. Del récord no aparece que el acusado presentara prueba alguna tendiente a sostener sú alegación. Véanse: People v. Collins, 105 Cal. 504; People v. Fredericks, 106 Cal. 554; United States v. Jones, 109 U. S. 513.

No erró la corte inferior al asumir jurisdicción.

2. Que la corte 'inferior erró al no resolver que los hechos alegados en la acusación no constituyen delito público alguno, por ser anticonstitucional y nula la Ley Núm. 67 de 13 de mayo de 1934, especialmente en su Artículo 11.

Se alega como motivo de anticonstitucionalidad que el tí-tulo de dicha ley no incluye el “uso” ilegal de explosivos, que castiga en su artículo 11, violando así el artículo 34 de nuestra Carta Orgánica, que dispone que “no se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título.”

En Cepeda v. Lugo, Alcaide, 50 D.P.R. 379, se planteó la misma cuestión que aquí plantea el apelante, y la resolvimos sosteniendo que al usar la palabra “posesión” en el título de la ley la legislatura había tenido la intención de incluir en ella el “uso.”

Arguye el apelante, para destruir el efecto de la citada decisión, que no fué la intención de la Legislatura incluir “uso” cuándo hablaba de “posesión.” Y en apoyo de su contención aduce el hecho de que en mayo 9 de 1936, la misma iegislatura aprobó la Ley núm. 66 titulada “Ley para en-mendar, con el fin de conformarle con el artículo 11, el Título de la Ley núm. 67 aprobada en marzo 13, 1934, y para otros fines”, cuya sección primera lee así:

“Sección 1. — Que el título de la Ley Número 67 aprobada en marzo 13, 1934, queda por la presente enmendado en la forma si-guiente: ‘Para reglamentar la manufactura, uso, posesión, almace-naje, transporte, venta o donación de explosivos en Puerto Rico, de-finiendo los delitos, estableciendo penas, declarando una emergencia; y para otros fines.’ ” (L. 1936, p. 343.)

T sigue arguyendo el apelante que la aprobación de la citada enmienda demuestra "que la intención original de la legislatura no fue incluir la palabra ‘uso’ ni darle el signi-ficado de ‘uso’ a la palabra ‘posesión’ que usa en el título de la ley;” y que ‘‘bay que llegar a la conclusión inevitable de que la legislatura ha interpretado su intención en la misma forma en que la plantearon los apelantes en el caso de refe-rencia (Cepeda v. Lugo, supra)', y no en la forma en que la interpretara este Honorable Tribunal.” En otras palabras, el apelante sostiene que la Legislatura, invadiendo el campo del Poder Judicial, ba revocado la decisión de este tribunal.

La argumentación del apelante es bábil pero no convin-cente. No estamos autorizados para presumir que la Legis-latura baya tenido la intención que le atribuye el apelante. Para acejjtar esa presunción tendríamos que aceptar primero que la legislatura no tuvo, basta que aprobó la Ley núm. 66 de 1936, la intención de castigar el uso de explosivos para destruir o hacer daño a la propiedad. A nuestro juicio, el propósito de la Legislatura al aprobar la mencionada ley fue el de conformar su legislación a la interpretación judicial, evitando así que en el futuro pudieran suscitarse dudas en cuanto a la intención legislativa. Opinamos que la ley de cuya infracción se acusa al apelante es válida y constitucional y que la corte inferior no erró al sostener su validez.

3. Que la corte inferior erró al declarar sin lugar la ex-cepción perentoria sobre insuficiencia y ambigüedad de la acusación.

Ya hemos resuelto, al discutir los errores anteriores, que la acusación se ajusta al estatuto y contiene todos los ele-mentos necesarios para, informar al acusado en cuanto a la naturaleza del delito que se le imputa.

Alega el apelante que la acusación es ambigua porque dice que el acusado usó dinamita y ‘‘otro explosivo descono-eido para el fiscal”; y que como la ley castiga el uso de ciertos explosivos y no castiga el de otros, la alegación resulta ambi-gua porque no se sabe si el explosivo desconocido por el fiscal es uno de los castigados o uno de los no castigados por la ley.

De la transcripción de autos aparece que al serle leída la acusación el acusado hizo alegación de inocente, sin for-mular excepción alguna en contra de la acusación, quedando así el caso listo para juicio. El día 17 de abril de 1936, al ser llamado el caso para juicio, el acusado radicó excepción perentoria a la denuncia y alegó:

“Que los hechos alegados en la acusación son insuficientes y am-biguos y no determinan delito público alguno.”

Ni en el escrito radicado por el apelante, ni en ninguna parte del récord aparece que el acusado hiciera una especi-ficación de la alegada ambigüedad de la acusación. Sí apa-rece del récord que la excepción perentoria fué sometida sin argumentación. La corte no tuvo una oportunidad de cono-cer en qué consistía la alegada ambigüedad.

Somos de opinión que la excepción por ambigüedad fué interpuesta tardíamente. El acusado debió formularla antes de contestar la acusación o por lo menos en cualquier fecha anterior a la señalada para el juicio, para dar una oportuni-dad al fiscal de explicar o enmendar cualquier ambigüedad que pudiera haber en la acusación. Y debió además hacer constar específicamente la alegada ambigüedad, que ahora señala por primera vez en apelación.

Entendemos además que no existe tal ambigüedad. La acusación -imputa al acusado el uso de dinamita, explosivo cuyo uso está castigado por la ley. Las palabras “y otro explosivo desconocido para el fiscal” no eran absolutamente necesarias para completar la descripción del delito, y pueden ser consideradas como superfluas {surplusage). Si el fiscal desconocía el otro explosivo, no podría exigírsele que lo es-pecificara en la acusación y habría que presumir que ese ex-plosivo era de los no castigados por la ley.

No cometió la corte el error que se le imputa.

4. Que la córte sentenciadora erró al admitir evidencia oral para probar que el edificio es propiedad de una persona particular y está arrendado al correo por dicha persona, cuando ese hecho debió probarse con la mejor prueba, que es la documental.

El alegado error carece de importancia. Y si alguno se hubiere cometido, en nada pudo perjudicar los derechos del acusado. El delito que se imputó a éste fue el de usar explosivos para destruir o causar daño a una propiedad si-tuada dentro de la jurisdicción de la corte. El fiscal no es-taba obligado a probar quién era el dueño del edificio, por ser ése un. hecho inmaterial y no un elemento necesario para sostener la acusación. Si al acusado le interesaba probar que el edificio era propiedad de los Estados Unidos, a los efec-tos de sostener su excepción de falta de jurisdicción, amplia oportunidad tuvo para probarlo y no lo hizo.

5. Que la corte inferior erró al negarse a eliminar del récord la conclusión del testigo Juan Igaravidez de que había estallado una bomba en Puerta de Tierra.

Después de haber declarado dicho testigo que conocía de vista al acusado y que lo había visto tres veces, el interroga-torio por el fiscal siguió así:

“P. ¿Qué noche lo vió?
“E. La noche en que estalló la bomba en Puerta de Tierra.
“P. ¿En qué parte de Puerta de Tierra?
“E. Al salir del correo.
“Defensa: Que se elimine eso de la bomba.
“Juez: No estamos ante un jurado.
“Defensa: Excepción.
“P. ¿Cómo sabe que sonó una bomba?
“E. Porque cuando bajaba por el callejón, cuando venía por la Francesa, sentí el estruendo.
“P. ¿Qué sintió?
“E. Vi que estalló.
“P. ¿Que estalló qué?
“E. Un estruendo grande.
“P. ¿Desde dónde vió eso?
“E. Venía doblando de la Francesa y doblaba por el Padre Iíoff, para San Agustín 48, en que yo vivía.”

No hubo error en permitir el interrogatorio qne precede. El testigo no estaba dando su opinión sobre si la explosión había sido cansada por una bomba o no. Si habló de bomba fue para precisar la noche en que había visto al acusado. Fué un testigo presencial del hecho de haber ocurrido una explo-sión. y la corte estuvo justificada en permitirle relatar los hechos percibidos por él. En nada pudieron perjudicarse los derechos substanciales del acusado, especialmente como hizo constar la corte, tratándose de un juicio ante tribunal de de-recho. El mismo abogado defensor al repreguntar a los tes-tigos de cargo y al examinar los de descargo en varias ocasio-nes les preguntó dónde estaban cuando estalló “la bomba” o cuando sonó la “explosión”. Y debemos presumir que no lo hacía con la intención de perjudicar a su defendido.

6, 7, 8 y 9. Todos estos señalamientos se refieren a la alegada insuficiencia de la evidencia, imputando a la corte el error de haber declarado sin lugar la moción para la absolución perentoria del acusado.

Hemos estudiado cuidadosamente la transcripción de evi-dencia y las conclusiones de hecho a que llegó la corte sen-tenciadora, y encontramos que las últimas están ampliamente sostenidas por la prueba. No existen conflictos entre los tes-tigos de cargo, los cuales se corroboran por completo unos a otros. La evidencia presenta conflictos entre los testigos de cargo y los de la defensa, pues mientras los primeros de-claran sobre la presencia del acusado en el sitio en que ocu-rrió y en el momento de ocurrir la explosión, los otros tratan de sostener la defensa de coartada que presenta el acusado y declaran que el acusado se encontraba en otro sitio en aquel momento. Es la corte sentenciadora, ante la cual compare-cen y deponen los testigos, la que está investida de faculta-des para pesar la prueba, juzgar sobre la credibilidad de los testigos y resolver los conflictos que puedan surgir de sus declaraciones. No puede la corte de apelación intervenir con la discreción judicial de la corte inferior, a menos que ésta hubiese incurrido en manifiesto error o hubiese actuado apa-sionadamente o movida por parcialidad o prejuicio al apreciar la evidencia. Y el apelante no ha hecho tales imputaciones.

La identificación del acusado como autor del atentado quedó establecida por las declaraciones de dos testigos, el poli-cía Aristides Ferrer y el paisano Juan Igaravídez, quienes identificaron al acusado como la persona a quien habían visto salir corriendo del edificio y subirse al estribo de un auto-móvil que venía lentamente por la carretera, en el momento en que ocurrió la explosión.

La defensa interpuesta por el acusado era la de coartada, alibi, o sea que el acusado se encontraba en un sitio distinto al en que se cometió el delito, en el momento en que el delito fué cometido. Para que la defensa de coartada pueda ser efec-tiva, o por lo menos suficiente para que pueda crear en la mente del juzgador una duda razonable en cuanto a la culpa-bilidad del acusado, es necesario que la evidencia presentada para sostenerla excluya la posibilidad de que el acusado estu-viera presente en el sitio en que se cometió el delito, en el momento de su comisión. Examinemos la prueba.

La evidencia, considerada en conjunto, fija el momento en que ocurrió la explosión entre las 12 y 12.10 de la noche del 25 al 26 de julio de 1935. Para sostener su coartada el acusado presentó la prueba siguiente:

Casimiro Rodríguez, quien declaró que la noche del 25 de julio fué a visitar al licenciado Casanova en su casa en la Plaza de Colón, de San Juan; que al pasar por la Plaza Bal-do rio ty encontró a Ramón Jaime Santana y a su hermano el Licenciado Santana y todos juntos fueron a visitar a Casanova; que él, el testigo, se retiró como a las 10.30 ó 10.35 P. M., dejando allí al acusado.

Ramón Jaime Santana, corrobora la declaración de Casi-miro Rodríguez, y declara que la visita a Casanova terminó como a las 11 u 11.05 P. M. y que él se separó del acusado Suárez, en la calle San José, como a las 11.30 P. M.

El Licenciado Casanova Prats, abogado defensor del acusado, declaró: “Como a las diez y media n once menos cnarto, nna cosa así, más o menos, creo no llegaba a las once de la noche, se retiraron ellos de mi casa,” refiriéndose al acusado y a los hermanos Santana: qne ellos, regularmente, había veces salían de sn casa a las once y media y hasta las doce de la noche, pero esa noche insistieron en irse más tem-prano. Y al preguntarle el juez a qué hora se fueron, con-testó: “Poco más o menos de 10.30 a 11 de la noche; más bien entre ese tiempo, como a las once menos cuarto.”

Como se ve las anteriores declaraciones no destruyen la posibilidad de que el acusado estuviera en el sitio y en el momento de la explosión. Aun cuando el juez sentenciador hubiese dado entero crédito a dichas declaraciones, siempre era posible que el acusado estuviese a las 10.35 en casa de Casanova, donde dice Rodríguez que le dejó, o a las 11.30 en la calle San José, donde Santana le dejara, o a las 10.45 saliendo de casa de Casanova, según declaró éste; y que a pesar de todo eso estuviera en el sitio del crimen a las 12 ó 12.10 de esa misma noche. Aceptando como absolutamente verídicas esas tres declaraciones, ninguna de ellas nos dice dónde estaba el acusado durante el tiempo que hubo de trans-currir desde las 11.30 cuando se separó en la calle San José de los hermanos Santana y las 12 o 12.10, hora en que esta-lló la bomba. Y ese lapso de tiempo era más que suficiente para que el acusado pudiese ir desde San Juan a Puerta de Tierra, cometer el delito que se le imputa y regresar al punto de partida, pues según la declaración de uno de los testigos de la defensa (Página 60 T. de E.) para ir en automóvil, a 30 millas por hora, a altas horas de la noche cuando hay poco tráfico, desde la Parada 5 ó 7 de Puerta de Tierra al Garage Las Monjas en San Juan se invierten unos cinco minutos.

Para completar la prueba de su coartada presentó la defensa dos testigos más, quienes declararon:

José López Cepero: que estaba en su casa cuando sonó la bomba; que poco antes, como tres o cuatro minutos antes, había salido del garage Las Monjas, donde fue a guardar un carro; que vió en el garage al acusado, como a las doce menos tres minutos; que se fué a su casa a las doce menos dos minu-tos, tardando en llegar a ella tres o cuatro minutos, y que en el momento en que abría la puerta de entrada ocurrió la explosión.

Rafael López: que es amigo íntimo del acusado; que tra-baja en el garage “Las Monjas”; que en el momento en que reventó la bomba el acusado estaba en el garage hablando con él; que el acusado estuvo allí desde las 11 de esa noche hasta después de ocurrida la explosión, hasta las 12.15.

Es de notarse el conflicto que existe entre la declaración de este último testigo y la del testigo Santana. Éste declaró positivamente que él, su hermano y el acusado salieron de casa del Lie. Casanova a las once y pico; y que se separó del acusado “Serían las once y media, una cosa así.” ¿Cómo es posible, a menos que posea el don de la ubicuidad, que el acusado estuviera en el garage Las Monjas, hablando con su amigo Rafael López desde las 11 hasta las 12.15, y que a las 11.30 estuviera en la calle San José con los hermanos Santana?

Los testigos de rebuttal, Gutiérrez y Villanueva, declara-ron haber estado en el garage inmediatamente después de oír la explosión y que el acusado no estaba allí como aseguran los testigos de defensa; y que el único que estaba allí era el watchman Rafael López, hablando con otro que no era el acusado.

La corte sentenciadora, después de hacer un resumen de la prueba, se expresó así:

“. . . En este caso, después de ver y oír declarar los testigos, comparar y analizar sus declaraciones y considerar el interés o pre-juicio que pudieren tener los testigos al declarar en la forma en que lo hicieron y considerando además que la duda razonable no debe ser una duda caprichosa, ni fingida o imaginada por el juzgador con el fin de evadir la responsabilidad de impartir justicia, tenemos la convicción o certeza moral de que la culpabilidad del acusado ha sido probada más allá de toda duda razonable.”

El récord justifica las conclusiones a qne llegó el juzgador y no nos creemos autorizados para modificarlas.

Se queja el apelante en su décimo señalamiento de que la pena de tres años de cárcel que le ha sido impuesta es excesiva. No lo es a nuestro juicio. Si algún delito merece la aplicación de una pena severa es el de usar explosivos para aterrorizar a toda una comunidad, poniendo en peligro la vida de personas inocentes. No importa cuál pueda ser el móvil personal o político que se persiga con tan cobardes atentados, el autor de ellos es merecedor de una severa pena. No puede quejarse el apelante en este caso de una pena que consideramos- excesivamente benigna.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Asociado Señor Córdova Dávila no intervino.